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CA20171031 Unlocked | Ley procesal | Caso de ley
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Año XXI / Nº 737
CAS. N° 13064-2016 LIMA Proceso Especial. Nulidad de Resolución Administrativa. Pago de Incrementos Remunerativos. Lima, dos de Junio de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Seguro Social de Salud – Essalud a fojas doscientos noventa y ocho, contra el auto de vista de fecha tres de setiembre de dos mil quince, a fojas doscientos ochenta y siete, que conﬁ rma el auto N° 04 a fojas doscientos trece, de fecha diez de diciembre de dos mil trece, que declara fundada la excepción de caducidad, en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso y archívese los actuados de la materia. Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: I) Se recurre de una resolución expedida por una Sala Superior, como órgano de segundo grado, que pone ﬁ n al proceso; II) Ha sido interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; III) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la
norma; y, IV) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° del Codigo Procesal Civil. Tercero.- La parte impugnante cumple con la exigencia de procedencia establecida en el artículo 388, numeral
acto de lesividad para impugnar las resoluciones administrativas que expida dicho colegiado, por lo que, como entidad pública
cuenta con un plazo de tres años para impugnar las resoluciones administrativas que expida la Autoridad Nacional del Servicio Civil
SERVIR; y, b) La infracción normativa de los incisos 3) y 5)
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, alegando
afectación del debido proceso porque no existe una adecuada
motivación, ya que se ha realizado una incorrecta evaluación de los hechos acontecidos en el caso. Octavo.- Evaluado el recurso, se advierte que, si bien la entidad impugnante cumple con citar las normas legales que a su criterio se habrían infringido al expedirse el auto de vista, también lo es que el recurso adolece de
claridad y precisión, pues se limita a formular agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas en las instancias de mérito, así como se circunscribe a cuestionar aspectos referidos a los hechos
a la valoración de la prueba, sin tener en cuenta que aquellos
son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los ﬁ nes del recurso de casación; por otro lado, es de apreciar que en la forma que propone el recurso no cumple con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada (en este caso respecto a que el plazo de caducidad a que hace referencia el articulo 202° numeral 202.5 de la Ley N° 27444, resultan aplicables a los Consejos o Tribunales que quisieran demandar la nulidad de o ﬁ cios de los actos administrativos que éstos mismos emitieran), lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo deben ser aplicadas
del Código Adjetivo, pues no consintió la resolución adversa de
primer grado. Por otra parte, se aprecia que la impugnante cumple
interpretadas correctamente, pues no basta invocar la norma
con lo previsto en el numeral 4) del citado artículo, indicando que su pedido casatorio es revocatorio. Cuarto.- Sobre los demás requisitos, cabe enfatizar que cuando el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso y no actúa como una instancia ﬁ nal de fallo en el que se analiza primero el proceso
normas cuya aplicación o interpretación al caso concreto se
pretende, sino, que debe demostrar la pertinencia de las mismas
la relación fáctica establecida y cómo su aplicación o correcta
interpretación modi ﬁ caría el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos; ﬁ nalmente, es de señalar que la
recurrente invoca un supuesto de infracción normativa procesal de manera genérica, alegando afectación al debido proceso por inadecuada motivación de la resolución recurrida e incorrecta evaluación de la hechos, sin expresar mayor argumentación que de sustento a la causal que se propone. Noveno.- En consecuencia, al veri ﬁ car que la argumentación expuesta en el
recurso, no satisface los requisitos previstos en los numerales 2)
luego el recurso. Quinto.- Asimismo, como ha señalado esta
Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, es decir, cumplir
con describir con claridad y precisión en qué radica la infracción
ello, que sus ﬁ nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la Republica. Sexto.- Además, de lo antes señalado, la parte recurrente debe describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o cuál es el precedente judicial que se denuncia; así como debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre
normativa, así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, conllevan a que los cargos descritos en los literales a) y b), resulten improcedentes. Por estas consideraciones y con la facultad conferida por el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos noventa y ocho por la entidad demandante, Seguro Social de Salud – Essalud, contra
decisión impugnada, tal como lo exigen los numerales 2) y 3)
auto de vista a fojas doscientos ochenta y siete, de fecha tres
del artículo 388° del Código Procesal Civil. Sétimo.- En el caso concreto de autos, la entidad recurrente denuncia como causales:
de setiembre de dos mil quince; ORDENARON publicar el texto de
la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme
a) La infracción normativa de los artículos 2° inciso 3) y 202.5 de la Ley N° 27444, sosteniendo que la Sala Superior infringe dicha norma al interpretarla incorrectamente y no considerar que tal disposición regula la impugnación judicial de los actos
administrativos emitidos por órganos administrativos colegiados, estableciendo un plazo mayor al común para las entidades públicas que pretendan su nulidad en sede judicial; Añade, que se efectúa una infracción a dicha norma al no aplicarla en forma sistemática con otras como el inciso 2) del artículo 19° y
a Ley; en los seguidos por la entidad demandante Seguro Social
de Salud – Essalud contra el Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y otro, sobre acción contenciosa administrativa; Interviene como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron. S.S. HUAMANI LLAMAS, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-54
artículo 13° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y que no
CAS. N° 11915-2016 LIMA Proceso Especial. Nulidad de Resolución Administrativa. Restitución de Pensión de Invalidez. Lima, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Oﬁ cina de Normalización Previsional, de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, a fojas ciento treinta y dos,
se ha considerado el principio de favorecimiento del proceso que señala el artículo 2° inciso 3) de la Ley N° 27444, para optar por darle trámite a la demanda; además, alega que la Sala no tuvo en cuenta que la entidad no actuó en el procedimiento como un administrado en busca de tutela jurisdiccional efectiva, sino, como una entidad administrativa dentro de un procedimiento
donde el Tribunal del Servicio Civil interviene como segunda y última instancia administrativa, y por ende, no requiere expedir el
contra la sentencia de vista a fojas ciento noventa y dos, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, que con ﬁ rma la sentencia de
El Peruano Martes 31 de octubre de 2017
fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, a fojas ochenta y seis, que declara fundada la demanda, en el proceso contencioso administrativo sobre restitución de pensión de invalidez; para
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad y luego los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se veri ﬁ ca que el medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1.), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se veri ﬁ ca que no le es exigible al recurrente ya que la sentencia de primera instancia no le fue adversa; por otra parte, se advierte que también ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como causal, la infracción normativa del artículo 33° de la Ley N° 19990 y del inciso 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, manifestando que no se ha considerado que la pensión de invalidez caduca cuando el pensionista recupera la capacidad física o mental ya que en el caso de autos la comisión médica evaluadora del Hospital de EsSalud diagnosticó que el demandante sólo tiene una incapacidad parcial del 27%, por lo tanto, se ha emitido una sentencia con falta de motivación. Quinto.- Del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, ademas, se encuentra planteado de tal forma que lo que pretende la entidad recurrente es que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos y una revaloración de los medios probatorios que en su momento fueron actuados en
la instancia correspondientes, como si se tratara de una tercera
instancia, ﬁ nalidad contraria a los ﬁ nes del recurso de casación cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas, con mayor razón si
la instancia de merito ha establecido que no obra documentación
que permita acreditar que la incapacidad del actor disminuyó de 68
% a un 27% de menoscabo; por lo que el recurso de casación no
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual el recurso interpuesto deviene en IMPROCEDENTE. Por estas consideraciones, y de conformidad, con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Oﬁ cina de Normalización Previsional - ONP , de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, a fojas ciento treinta y dos contra la sentencia de vista a fojas ciento noventa y dos, de fecha tres de diciembre de dos mil quince; y DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Rosario Carbajal Gonzales contra la Oﬁ cina de Normalización Previsional - ONP, sobre restitución de pensión de invalidez; Interviniendo como ponente, la señora Juez Suprema Torres vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA,
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-55
CAS. Nº 12514-2016 LORETO Nombramiento en Plaza Orgánica. PROCESO ESPECIAL. Lima, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante Rosa López Ortiz, de fecha 10 de febrero de 2016, (fojas 205 a 210), contra la sentencia de vista de fecha 13 de noviembre
de 2015, (fojas 189 a 193); para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal
Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364 (Ley que modi ﬁ ca diversos artículos del Código Procesal Civil), aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS). Segundo.- Se veri ﬁ ca que el medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al primer requisito de procedencia del recurso, previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito de apelación, (fojas 140
a 144); asimismo cumple con lo previsto en el inciso 4) del citado
artículo, al precisar su pedido casatorio como revocatorio. Cuarto.- Respecto a los demás requisitos de procedencia previstos en
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente precisa como causales de su recurso de casación:
i) Infracción normativa del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, alegando que el plazo para interponer la demanda no es aplicable, ya que la presente demanda es contra el silencio administrativo – denegatoria ﬁ cta en la cual había incurrido la demandada. ii) Infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; alegando que por una decisión equivocada del Colegiado no se ha pronunciado sobre el fondo de su petitorio. Quinto.- Estando a lo señalado, se advierte que si bien es cierto la demandante cumple con precisar las normas, que a su criterio se habría infringido al expedirse la sentencia de vista, también lo es que, sus argumentos están formulados de manera genérica y no lo su ﬁ cientemente claros y concretos como lo exige la norma vigente a ﬁ n de poder demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas respecto de la decisión recurrida, lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, por lo que no basta alegar que existen infracciones de normas sino que se debe demostrar la pertinencia de la misma o de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modi ﬁ caría el resultado del juzgamiento; por lo que no habiendo cumplido el recurso de casación con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, corresponde declarar su improcedencia. Por estas consideraciones, y en aplicación con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante Rosa López
Ortiz, de fecha 10 de febrero de 2016, (fojas 205 a 210), contra la sentencia de vista de fecha 13 de noviembre de 2015, (fojas 189
a 193); ORDENARON la publicación de la presente resolución
en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por el demandante Rosa López Ortiz contra la Dirección Regional de Educación de Loreto y otro, sobre nombramiento en plaza orgánica y otros cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-56
CAS. N° 14882-2016 HUANCAVELICA Reposición laboral Ley N° 24041. PROCESO ESPECIAL. Lima, catorce de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de Huancavelica, de fecha 02 de agosto de 2016, de fojas 434, contra la sentencia de vista de fecha 14 de julio de 2016, a fojas 425, que con ﬁ rmando la sentencia apelada de fecha 11 de noviembre de 2015, a fojas 379, que declara fundada la demanda contenciosa administrativa, sobre reincorporación laboral en aplicación de la Ley N° 24041; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se veri ﬁ ca que el medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al primer requisito de procedencia del recurso, previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364, la entidad recurrente cumple con el mismo al haber impugnado la sentencia de primera instancia que fue desfavorable a sus intereses según se aprecia a fojas 394; en relación al requisito previsto en el inciso 4) del citado artículo, ha cumplido con precisar que su pedido casatorio es revocatorio. Cuarto.- Respecto a los demás requisitos de procedencia el recurso de casación previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada sustenta su recurso en: a) Infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 24041, debido a su incorrecta interpretación sosteniendo que, la labor ininterrumpida por más de 1 año, deberá ser en una plaza vacante, y bajo la modalidad de un contrato por servicios personales, más no así bajo un contrato modal por suplencia, como ocurre en el caso del demandante, quien conforme sostiene el propio colegiado fue contratado bajo los alcances de un contrato modal cuyo objetivo era cubrir temporalmente la plaza existente, objetivo que se ha venido cumpliendo, y que al concluir su último contrato se decidió no renovarle más; b) Inobservancia del precedente vinculante contenido en la Casación N° 658-2005-PIURA, que ha interpretado el artículo 1° de la Ley N° 24041, y c) Inaplicabilidad de los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 del precedente vinculante de la sentencia del
Tribunal Constitucional N° 05057-2013-AA-JUNÍN, sosteniendo que, la Sala no ha tenido en cuenta y mucho menos aplicado el indicado precedente vinculante, pese a que en el numeral 5 de
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere con ﬁ rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar
parte resolutiva, se ha establecido que la aplicación de dicho
precedente es para el ámbito de la contratación laboral del Estado, del cual es parte el Gobierno Regional de Huancavelica. Quinto.- Examinado el agravio contenido en el ítem a) se aprecia que la entidad recurrente no cumple el requisito de procedencia
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada,
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.
previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, esto es, demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; en tanto ha estructurado su recurso de casación como una de instancia sin tener en cuenta que este medio impugnatorio es uno de pleno derecho en el cual está proscrita la posibilidad de valorar nuevamente los medios probatorios, ello en virtud que la entidad demandada pretende que este Supremo Tribunal determine que el actor desempeñó cargo de naturaleza temporal, lo que fue desvirtuado por los órganos jurisdiccionales inferiores en aplicación del principio de primacía de la realidad, consideraciones por las cuales su denuncia deviene en improcedente. Sexto.- En relación a la causal contenida en el ítem b) la sentencia casatoria que invoca la entidad recurrente no ha sido emitida conforme a los alcances del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, motivo por el cual no reúne las características necesarias para ser considerada precedente vinculante de observancia obligatoria, por lo que esta denuncia deviene en improcedente. Séptimo.- En referencia a la causal detalla en el ítem c) debe precisarse que el precedente vinculante N° 05057-2013-PA/TC no resulta de aplicable a su caso al no haberse dispuesto su ingreso a la carrera pública; en tanto el accionante tiene la condición de servidor público contratado, bajo
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte
que la recurrente cumple con lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de
fojas 107 a 110; por otra parte, se observa que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio como anulatorio. Quinto.- En cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en mención, la recurrente denuncia como causal de casación:
Infracción normativa por la interpretación errónea de la Ley N° 23495 y su reglamento Decreto Supremo N° 015-83-PCM; sosteniendo que “La Sala de su Presidencia deja establecido en su Resolución Sentencial que con la emisión de la Ley N° 28389 se declara cerrado de ﬁ nitivamente el Régimen Pensionario del Decreto Ley N° 20530 en cuanto a la nivelación de las pensiones con las remuneraciones rigiendo las nuevas reglas pensionarias en virtud a la teoría de los hechos cumplidos”. Sexto.- Respecto
la causal denunciada, de su análisis y fundamentación, se
advierte que si bien es cierto la recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, y no así por el
Decreto Legislativo N° 728, régimen laboral al que si le resulta
aplicable dicho precedente vinculante, criterio que ha sido recogido por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Corte Suprema, según es de verse en la Casación N° 12475-2014-MOQUEGUA, consiguientemente su agravio deviene en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil; modi ﬁ cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de Huancavelica, de fecha 02 de agosto de 2016, de fojas 434, contra la sentencia de vista de fecha 14 de julio de 2016, a fojas 425; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme
ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma
la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modi ﬁ caría
el resultado del juzgamiento; máxime si las instancias de mérito han desarrollado lo establecido en el criterio que dichas asignaciones no tienen naturaleza remunerativa ni pensionable y que la nivelación de pensión de cesantía del Régimen del Decreto Ley N° 20530, el cual por la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, se encuentra proscrita por Ley; razón por la cual se ha
infringido con ello el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte demandante Marina Raquel Soto de Noriega, de fecha 20 de junio de 2016, de fojas 170 a 173, contra la sentencia de vista de fecha 24 de mayo de 2016, de fojas 159 a 165, y ORDENARON la publicación del texto de
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el
demandante Víctor José Cesinardo Arias contra el Gobierno Regional de Huancavelica y otro, sobre reincorporación laboral en aplicación de la Ley N° 24041; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-57
a Ley; en los seguidos por Marina Raquel Soto de Noriega
CAS. Nº 13608-2016 CAJAMARCA PROCESO ESPECIAL. Nivelación de Pensión Asignación del Decreto Supremo N° 065-2003-EF y Decreto Supremo N° 056-
contra la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca sobre nivelación de pensión - Decreto Supremo N° 065-2003-EF y Decreto Supremo N° 056-2004-EF
2004-EF. Lima, cinco de junio de dos mil diecisiete. VISTOS;
otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte demandante Marina Raquel Soto de Noriega, de fecha 20 de junio de 2016, de fojas 170 a 173, contra la sentencia de vista de fecha 24 de mayo de 2016, de fojas 159 a 165; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se veriﬁ ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias,
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-58
CAS. N° 14022-2015 LIMA Pase a la situación de retiro por incapacidad psicofísica. En el caso de autos, habiéndose acreditado que la incapacidad del recurrente ocurrió a consecuencia de servicio le corresponde percibir una pensión de invalidez conforme lo dispone el literal a) del artículo 11° del Decreto Ley N° 19846. Lima, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número catorce mil veintidós guión dos mil quince Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Fredy Agustín Málaga Huanqui de fecha catorce de mayo de dos mil quince, a fojas 716, contra la sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil quince, a fojas 684, expedida por la Tercera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, que con ﬁ rma la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, a fojas 609, que declara infundada la demanda; en el proceso seguido con el Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú, sobre pase a la situación de retiro por incapacidad psicofísica. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha veinte de julio de dos mil dieciséis, a fojas 94 del cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante Fredy Agustín Málaga Huanqui de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 29364, por las causales de: La infracción normativa procesal del artículo 139° incisos 3) y 5) de la
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone ﬁ n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; iii)
Dentro del plazo de diez días de noti ﬁ cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente de noti ﬁ cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada
parte recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i)
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por Ley N° 27327. Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código
Constitución Política del Estado e infracción normativa material del artículo 11° del Decreto Ley N° 19846. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nuli ﬁ cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. Segundo.- El Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución, ha establecido que éste “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modi ﬁ cación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)” (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). Tercero.- En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, la resolución judicial exprese una su ﬁ ciente justi ﬁ cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, pues de lo contrario se estaría vulnerando el debido proceso que se consagra en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y su ﬁ ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Cuarto.- Si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la causal de infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma su ﬁ ciente los fundamentos que le han servido de base emitir pronunciamiento, consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú resulta infundada. Quinto.- Habiéndose desestimado la infracción procesal, corresponde analizar si se ha incurrido en infracción normativa del artículo 11° del Decreto Ley N° 19846, la misma que se encuentra referida a la pensión de invalidez a consecuencia del servicio, por tanto esta Suprema Sala emitirá pronunciamiento únicamente respecto a dicho extremo. Por tanto, corresponde hacer un recuento de los hechos que sustentan el presente caso. Sexto.- Objeto de la pretensión: Mediante escrito de demanda a fojas 367, de fecha 23 de enero de 2009, el recurrente estableció como pretensión, la nulidad de la Resolución Directoral N° 0787- 2007.MGP./DAP, se ordene a la emplazada emita nueva resolución pasando al actor a la situación de retiro por la causal de incapacidad psicofísica, afección contraída por acto de servicio y en consecuencia se ordene la determinación de la remuneración pensionable según lo dispuesto por el artículo 11° del Decreto Ley N° 19846, en función a la declaración de incapacidad como consecuencia de acto de servicio. Séptimo.- Por sentencia de primera instancia de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, a fojas 609, se declaró infundada la demanda, al manifestar que en autos no existe medio de prueba alguna que acredite el nexo causal entre lo ocurrido en el entrenamiento militar realizado el mes de noviembre de 2004, con la enfermedad diagnosticada en
el Acta de Junta de Sanidad de fojas 8 y 483, por lo cual se
concuerda con el criterio arribado por la demandada en su Resolución Directoral N° 0787-2007.MGP./DAP y el Acta N° 070- 2008 de la Junta Permanente Médico Legal, donde concluyeron que la atención que padece el demandante ha sido contraída en
acto fuera del servicio, por lo cual la demanda debe ser infundada. Tampoco a desmerecido con pericia o Informe Médico de Parte lo señalado y concluido en el Acta de Junta de Sanidad N° 296-06 a fojas 8 y el Acta de Junta Permanente Médico Legal N° 070-2008
a fojas 19, que hacen referencia que el actor puede realizar
trabajos administrativos y que la incapacidad que padece es por un acto fuera de servicio, instrumentales que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13º del Decreto Ley N° 19846, constituyen prueba determinante a efectos de ser o no declarado inválido o incapaz para el servicio el demandante. Octavo.- Por su
parte la Sala Superior mediante sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil quince, a fojas 684, con ﬁ rmó la sentencia apelada que declara infundada la demanda, básicamente bajo los mismos argumentos ya que establece que de la historia clínica acompañada por el propio accionante, se veri ﬁ ca que éste ya había sido atendido por el servicio de Neurología. Asimismo, el 31 de marzo de 2001, el demandante presentó Síndrome Convulsivo con diagnóstico clínico EPILESIA; por ende, se aprecia con claridad que, antes de noviembre de 2004 (mes de ocurrencia de
los hechos), el actor ya contaba con antecedentes de la enfermedad en mención. Aunque el CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) ha reconocido que el demandante es incapacitado y por ello lo inscribió en el registro nacional correspondiente; también debe atenderse a que de aquella resolución no se corrobora que la enfermedad que padece sea como consecuencia de lo sucedido en el año 2004; razón por la cual la resolución del CONADIS resulta siendo insu ﬁ ciente. Noveno.- Cuestión jurídica en debate.- Esta Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la incapacidad del recurrente fue a consecuencia del servicio o es un acto ajeno al servicio. Décimo.- Respecto a las causales denunciadas, tenemos que el artículo 11° del Decreto Ley N° 19846 establece: “El personal que en acto o consecuencia del servicio se invalida cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados percibirá: a) El íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes a las del grado o jerarquía del servidor, en situación de actividad (…)”. Undécimo.- Asimismo, resulta necesario invocar el artículo 7° del Decreto Ley N° 19846 que prescribe: “(…) se entiende por actos del servicio, el que realizan los miembros de la fuerza armada y fuerzas policiales en cumplimiento de las funciones y deberes que le son propios o de órdenes de la superioridad. Asimismo, se entiende como consecuencia del servicio, todo hecho derivado de él, que no pueda ser referido a otra causa. Duodécimo.- El artículo 16° del Decreto Supremo N° 009-DE-CCFA, de fecha 17 de diciembre de 1987, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 19846 prescribe: “Para el efecto de obtener pensión de invalidez, se considera inválido al servidor que deviene inapto o incapaz para permanecer en la Situación de Actividad, por acto directo del servicio, con ocasión o como consecuencia de las actividades que le son propias; de tal modo que la lesión, enfermedad o sus secuelas no puedan provenir de otra causa”. El artículo 18° del mismo cuerpo normativo establece: “Al personal que en Acción de Armas, en Acto con ocasión o como consecuencia del servicio, se invalide, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados, se le expedirá Cédula del Retiro por invalidez y percibirá como pensión: a) El íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes a las del grado o jerarquía del servidor, en Situación de Actividad (…)”. Décimo Tercero.- El artículo 10° del citado Decreto Supremo también señala que para ﬁ nes de este se
entiende por: acción de armas, la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en combate frente a un enemigo externo o en una lucha frente a fuerzas subversivas internas. Acto de Servicio, es el que realizan los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en cumplimiento de las funciones y deberes que le son propios o de órdenes de la superioridad. Consecuencia del Servicio, es todo hecho derivada de él, que no puede ser referido a otra causa. Ocasión del Servicio, es el que por causas externas muera o quede inválido como resultado de los servicios que ha prestado con anterioridad, en cumplimiento de la misión institucional o funciones que le son inherentes al cargo. Décimo Cuarto.- Solución del caso en concreto: Se desprende del Acta N° 070-2008 de fecha 01 de agosto de 2008, que corre a fojas 19 elaborada por la Junta Permanente Médico Legal de la Marina de Guerra del Perú, que el demandante manifestó que en noviembre de 2004 sufrió un accidente cuando se encontraba prestando servicios en el destacamento de Infantería de la Marina de Mollendo, en el valle del Rio Tambo, donde el O ﬁ cial a cargo ordenó efectuar la práctica de cruce del rio por un cabo; acción por la cual el OM2 Miguel Ángel Silvera Torrelio y el OM2 Hernán Cevallos Ticona lo sujetaron por la espalda y cabeza aventándolo al rio, golpeándose la cabeza y la espalda, entrando en crisis nerviosa, perdiendo la noción del tiempo, y quedándose desorientado por el lapso de 4 horas, despertando con un fuerte dolor de cabeza en inmediaciones del cuartel del Ejército de Chucarapi totalmente desnudo. Al respecto se puede determinar de la misma acta, que lo establecido por el recurrente se encuentra corroborado por las declaraciones de Julio Baylón Cariapaza, Miguel Silvera Torrelio, Roger Huamán Inga, Luis Alberto Fano Vallejos y Pedro Vásquez Paucar, quienes han manifestado que el día del accidente el actor fue introducido al rio y a salir del agua reaccionó en forma violenta. Décimo Quinto.- Ahora bien, de los medios probatorios que obran en el expediente, entre ellos el Acta de Junta de Sanidad de fecha 30 de marzo de 2006 obrante a fojas 08 emitida por la Dirección de Salud y Centro Médico Naval se desprende que el actor presenta edema cerebral y 02 días antes de la fecha en que ingreso al centro médico naval el 31 de marzo de 2005 presentó 2 crisis convulsivas tónicas generalizadas, diagnosticándolo con EPILEPSIA CIE-10:G40 conforme también se acredita de la papeleta de egreso emitida por la Dirección de Sanidad Naval a fojas 38. De la Resolución Directoral N° 0787-2007.MGP/DAP del
01 de octubre de 2007 que corre a fojas 09, se aprecia que el actor
se encontró en tratamiento médico por dicha enfermedad desde el
31 de marzo de 2005 al 30 de marzo de 2006. Del Certi ﬁ cado de
Discapacidad a fojas 24 emitido por la Comisión Médica de la
Dirección de Salud y Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” de fecha 24 de octubre de 2008 también se aprecia que el actor fue diagnosticado con EPILEPSIA G40
concluyendo que no puede trabajar. Del Informe Neuropsicológico que corre a fojas 45 emitido por el centro médico naval se desprende que del examen practicado al actor se llegó a la conclusión de que a nivel neuropsicológico se encuentra con deterioro cognitivo leve de las funciones cognitivas superiores que indica alteración evidenciada a través de di ﬁ cultades predominantes de contenido audio verbal y de avocación (memoria) anterógrada y presenta síndrome amnésico leve, recomendándose seguimiento y control neurológico y neuropsicológico. Décimo Sexto.- En consecuencia, de los medios probatorios expuestos en el considerando anterior, se puede observar que el actor presentó cuadros de epilepsia y fue diagnosticado con dicha enfermedad después del accidente que tuvo en noviembre de 2004, por lo tanto se puede concluir válidamente que obtuvo dicha enfermedad incapacitándose a consecuencia del servicio prestado en el destacamento de Infantería de la Marina de Mollendo, en el valle del Rio Tambo en noviembre de 2004, en donde fue arrojado al rio por sus compañeros, golpeándose la cabeza y la espalda; con mayor razón si la emplazada no ha presentado medios probatorios que pueda desvirtuar los hechos a ﬁ rmados por el actor en la citada Acta N° 070-2008 los mismos que fueron corroborados por sus compañeros conforme se establece en el considerando décimo cuarto, ni tampoco se aprecian documentales que puedan acreditar que el actor padecía de epilepsia antes de lo sucedido en noviembre de 2004, ya que por el contrario de las documentales presentadas en el proceso que fueron emitidas por la Marina de Guerra del Perú, se constata que es la misma emplazada quien estableció que el actor padece de epilepsia desde marzo del 2005,
incapacidad psicofísica; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO C-1577518-59
CAS. Nº 10959-2016 AREQUIPA Recálculo de Pensión de Jubilación Adelantada. PROCESO ESPECIAL. Lima, dieciocho de mayo de dos mil deicisiete.
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Oﬁ cina de Normalización Previsional – (ONP), de fecha 23 de mayo de 2016, (fojas 162 a 167), contra
sentencia de vista de fecha 22 de abril de 2016, (fojas 146 a
156); cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, deben ser cali ﬁ cados conforme a la modi ﬁ cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modi ﬁ ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). Segundo.- Del análisis del presente medio de impugnación se veri ﬁ ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por una Sala Superior que, como órgano revisor en segundo grado, pone ﬁ n al proceso; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada;
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de noti ﬁ cada
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra
como se desprende por ejemplo del informe médico neurológico emitido por la demandada de fecha 13 de noviembre de 2015 obrante a fojas 78 del cuadernillo, en el que se precisó que el actor presenta convulsión tónico clónico generalizado recurrente desde
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Previo al análisis de los requisitos de procedencia contenidos en
año 2005 con antecedentes de epilepsia idiopática desde marzo
artículo 388º del Código Procesal Civil, debe precisarse que
de 2005, además, de lo expuesto en la demanda y la contestación se puede inferir que el actor ingresó a la Marina de Guerra del
Perú con buen estado de salud, al ser un requisito para el ingreso
recurso de casación es un medio de impugnación de carácter
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, teniendo por ﬁ nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación efectuada por la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que con ﬁ guran la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada
permanencia en instituciones de las fuerzas armadas. Por lo
tanto, se concluye que el recurrente adquirió la su incapacidad a consecuencia del Servicio prestado en la Marina de Guerra del Perú. Décimo Séptimo.- Además, teniendo en cuenta que la misma emplazada por medio de la Dirección de Salud y Centro
Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” ha emitido el certi ﬁ cado de discapacidad a fojas 24 con el cual se acredita que
actor se encuentra imposibilitado para trabajar, documento que
no ha sido impugnado por la demandada ni ha sido rebatido con otro medios probatorio posterior, por lo tanto mantiene su validez. Respecto a la Papeleta de Hospitalización que corre a fojas 239, debe manifestarse que si bien dicho documento tiene como fecha de emisión el 31 de marzo de 2001, la emplazada ha comunicado mediante Memorándum N° 191 de fecha 01 de marzo de 2016 a fojas 88 del cuadernillo de casación que por error se consignó dicha fecha cuando lo correcto es que debe decir 31 de marzo de 2005, por lo tanto dicho documento refuerza el fundamente respecto a que no existe medio de prueba que acredite que el
actor padecía de epilepsia antes de los sucesos ocurridos en noviembre de 2004 conforme se establece en el considerando anterior. Décimo Octavo.- Por lo tanto, al haberse determinado que el accidente que causó la incapacidad del recurrente se dio a consecuencia de un acto de servicio y encontrándose imposibilitado para trabajar, corresponde que se le otorgue
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, tal
como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364. Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil se advierte que la parte demandada cumple con dicho requisito pues apeló la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito de apelación, (fojas 111 a 113). Por otra parte, se observa que ha cumplido con el inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- La entidad recurrente denuncia, como causal de su recurso de casación: la infracción normativa del segundo párrafo del artículo 2º del Decreto Ley N° 25967, en cuanto se ha omitido veri ﬁ car que la falta de aportación para la sustitución de otros períodos se deba a la falta de prestación de servicios, en razón de accidente, enfermedad, maternidad, licencia con goce de haber o paro forzoso, así como
pensión de invalidez conforme lo dispone el literal a) del artículo 11° del Decreto Ley N° 19846. Por lo tanto, este Supremo Tribunal considera que la decisión emitida por el Ad Quem ha incurrido en
que durante tal período el demandante dejó de aportar por cese laboral y extinción del contrato de trabajo. Sexto.- Examinada la denuncia invocada, se advierte que el recurso casatorio materia
causal de infracción normativa material denunciada, motivo por
de cali ﬁ cación, no cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, en razón
cual el recurso de casación debe declararse fundado. Décimo
Noveno.- Por estas consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal Civil. 4. DECISIÓN:
que la entidad recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción que motiva su denuncia casatoria sobre la resolución impugnada. Veri ﬁ cándose además, que en su exposición se buscan cuestionar juicios de hecho establecidos
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante Fredy Agustín Málaga Huanqui de fecha catorce de mayo de dos mil quince, a fojas 716; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil quince, a fojas 684, expedida por la Tercera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, a fojas 609, que declara infundada la demanda y REFORMÁNDOLA declara fundada la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución Directoral N° 0787-2007. MGP./DAP en el extremo referido al actor y ORDENARON que la entidad demandada cumpla con emitir nueva resolución otorgando al demandante una pensión de invalidez nivelable de conformidad con los considerandos expuesto en la presente resolución, con el pago de reintegros e intereses legales generados. Sin costos ni costas del proceso: DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por el demandante Fredy Agustín Málaga Huanqui contra el Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú, sobre pase a la situación de retiro por
en la instancia de mérito, propiciando su revaloración; resultando un recurso impugnatorio ajeno a los ﬁ nes esenciales de la casación, previstos en el artículo 384° del Código Procesal Civil, como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Por lo que el recurso así expuesto resulta improcedente. Por lo expuesto y en aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Oﬁ cina de Normalización Previsional – (ONP), de fecha 23 de mayo de 2016, (fojas 162 a 167), contra
156); ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial "El Peruano", conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Daniel Exequiel Oyarzun Álvarez contra la Oﬁ cina de Normalización Previsional – (ONP), sobre recálculo de pensión de jubilación adelantada; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO C-1577518-60
CAS. N° 17811-2016 LAMBAYEQUE Acción Contenciosa Administrativo. Proceso Especial. Lima, doce de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO:
procedencia. Tercero.- El artículo 386° del Código Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 16 de agosto de 2016, de fojas 154 a 158 contra la sentencia de vista de fojas 145 a 149, de fecha 05 de julio de 2016, que revocó la sentencia de fecha 22 de diciembre de 2015 de fojas 122 a 123, que declara improcedente la demanda y
reformándola la declara fundada; cuyos requisitos de admisibilidad
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido previamente
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere
con ﬁ rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º
procedencia deben ser cali ﬁ cados conforme a la modi ﬁ cación
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación. Segundo.- En tal sentido, se veri ﬁ ca que el medio impugnatorio
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre de una sentencia expedida por una Sala Superior, como órgano de segundo grado, que pone ﬁ n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma;
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por
del Código Procesal Civil, se advierte la entidad recurrente no apeló
sentencia de primera instancia porque no le fue desfavorable.
Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364. Quinto.- Respecto a los demás requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causal la infracción normativa de la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 29059, de la Ley N° 27803 y del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado, señalando que, para la incorporación del demandante debe tenerse en cuenta que exista una plaza vacante, situación que no se advierte en el presente caso. Sexto.- En relación a los agravios expuestos la entidad recurrente no ha cumplido con la exigencia prevista por el
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; al no haber demostrado la incidencia directa de las infracciones normativas sobre la resolución impugnada, requisito de procedencia que tiene estricta vinculación con el requisito de trascendencia y cuya corrección necesariamente implica la corrección de la decisión adoptada; en tanto la Sala Superior luego de valorar y compulsar las pruebas aportadas al proceso ha establecido que las reincorporaciones de los trabajadores del Sector Público estarán sujetas a disponibilidad de plazas presupuestadas vacantes de carácter permanente que se hubiese generado, siendo que en el presente caso es la administración que se muestra renuente a
Ley Nº 27231. Tercero.- El accionante cumple la exigencia de
procedencia establecida en el artículo 388, numeral 1, del Código Adjetivo, se veri ﬁ ca que a la parte recurrente no le es exigible, toda vez que la sentencia de primera instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 122. Cuarto.- Respecto de los demás requisitos de procedencia, el impugnante re ﬁ ere que no se ha tenido en cuenta que el Decreto Supremo Extraordinario N° 043- 93-PCM establece que el incremento remunerativo por el Decreto Ley N° 25981, no es aplicable a los trabajadores del sector público que ﬁ nancian sus planillas con cargo a la fuente de tesoro público, asimismo no se encuentra inmerso dentro del supuesto de hecho de la Ley N° 26233. Agrega también que existe error de derecho al inaplicar el artículo 6 de la ley N° 30114 de Presupuesto del Sector Público para el año ﬁ scal 2014, el cual ordena que queda prohibido cualquier reajuste o incremento de boni ﬁ caciones.
Quinto.- Analizada las causal descrita en el recurso de casación,
se aprecia que la parte recurrente no ha precisado cuál es la causal de casación que invoca, por lo que el recurso adolece de claridad
reincorporación, por consiguiente la causal propuesta deviene
precisión, así como a realizado una genérica argumentación
en improcedente. Por estas consideraciones y en aplicación
dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil:
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 26
julio de 2016, interpuesto a fojas 196 por el Gobierno Regional
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición del recurso de casación, por su parte
de Lambayeque, contra la sentencia de vista de fecha 01 de julio
de 2016, que corre a fojas 183; ORDENARON la publicación de
órgano de mérito ha emitido pronunciamiento conforme a los
agravios descritos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y luego de veri ﬁ car los medios probatorios adjuntos al proceso. En tal contexto el recurso resulta inviable, pues los órganos de grado han motivado su decisión de acuerdo a ley; en consecuencia, la causal denunciada resulta improcedente por la forma. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 16 de agosto de 2016, de fojas 154 a 158 contra la sentencia de vista de fojas 145 a 149, de fecha 05 de julio de 2016, que revocó la sentencia de fecha 22 de diciembre de 2015 de fojas 122 a 123 y, ORDENARON la publicación de
la presente resolución en el Diario O ﬁ cial ”El Peruano”, conforme
a ley; en los seguidos por don Luis Alberto Wong Ruiz con el
Gobierno Regional de Lambayeque, sobre reincorporación; y, los
devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER
C-1577518-62
CAS. N° 13093-2016 LIMA Caducidad. Proceso Especial. Lima, dos de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero:
Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso
de casación interpuesto el 20 de mayo de 2016 por la entidad demandante Seguro Social de Salud - EsSalud, de fojas 152
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por
160, el mismo que debe ser cali ﬁ cado teniendo en cuenta
Teresa Amparo Lapeyre Gamarra contra la Dirección Regional de Salud de Lambayeque y otro sobre proceso contencioso
los parámetros establecidos en la modi ﬁ catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a ﬁ n de veri ﬁ car
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia
administrativo. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO C-1577518-61
CAS. N° 15817-2016 LAMBAYEQUE Proceso especial. Reincorporación. Lima, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.-
de dicho recurso. Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se veri ﬁ ca que el mismo cumple con los requisitos
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone ﬁ n al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de noti ﬁ cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal en referencia. Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de o ﬁ cio, los defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto: La fundamentación por parte de
El recurso de casación de fecha 26 de julio de 2016, interpuesto
fojas 196 por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra
sentencia de vista de fecha 01 de julio de 2016 que corre a
fojas 183 que revoca la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y reformándola declararon fundada; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y
388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Se veri ﬁ ca que
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad
contemplados en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos de
entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando
ordenadamente cuáles son las denuncias que con ﬁ guran las
causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que dentro de los causes formales autorizados por Ley
le someten las partes a su consideración. Quinto: El artículo 386°
del Código Procesal Civil establece como causal de casación "la
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere con ﬁ rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y
4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Sexto:
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente apeló la resolución de primera instancia, conforme se tiene de fojas 65 a 71, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se observa que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Sétimo: En cuanto a los demás requisitos de procedencia, la entidad recurrente invoca como causal de casación: i) Infracción normativa del artículo 202.5 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; al considerar que es aplicable al caso el plazo común ﬁ jado en el artículo 19° del Decreto Supremo 013-2008-JUS, sin efectuar un análisis conjunto de las normas que llevaba determinar que la impugnación judicial de los actos Administrativos emitidos por órganos colegiados tienen tratamiento especial en la ley. Es así que la entidad demandante, no actúa como un Administrado sino como una entidad Administrativa dentro de un procedimiento donde el Tribunal del Servicio Civil - SERVIR interviene como segunda y última instancia administrativa, resultando aplicable
lo dispuesto en el artículo 19° numeral 2) del Decreto Supremo
N° 013-2008-JUS, que establece que cuando la ley faculta a las entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del artículo 13° del indicado dispositivo, el plazo para su impugnación será el establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, esto es 3 años; ii) Infracción normativa al principio de favorecimiento del proceso previsto en el artículo 2° inciso 3) de la Ley N° 27444, sustentando que ante la normativa
contradictoria se debió aplicar el Principio Pro Actione y admitir a trámite la demanda; y, iii) Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, por cuanto
la motivación esgrimida en la resolución recurrida es totalmente
incongruente con los hechos acontecidos en el presente caso, que demuestran que EsSalud -como entidad pública- puede impugnar las resoluciones administrativas del SERVIR en el plazo de tres años posteriores a su noti ﬁ cación. Octavo: Respecto a las causales denunciadas en los ítems i), ii)y iii), se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, pues
no basta invocar la norma para su aplicación al caso concreto que se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modi ﬁ caría el resultado del juzgamiento; infringiendo con ello el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en improcedente. Por estas consideraciones
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil,
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto por la entidad demandante Seguro Social de Salud - EsSalud, de fojas 152 a 160, contra la resolución de vista de fojas 110 a 113, de fecha 02 de marzo de 2015; DISPUSIERON publicar la
presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la entidad demandante Seguro Social de Salud - EsSalud con el Tribunal de Servicio Civil y otro, sobre proceso contencioso administrativo; interviniendo como ponente
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S.
HUAMANI LLAMAS, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-63
CAS. N° 15182-2016 ICA Acción Contenciosa Administrativa. Proceso Especial. Lima doce de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO:
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha 08 de agosto de 2016 de fojas 214 a 238, interpuesto por el demandante Abdonio Basilio Paucas, contra la Sentencia de Vista de fecha 26 de julio 2016, de fojas 203 a 206 que con ﬁ rmó la sentencia de primera instancia de fecha 20 de abril de 2016, a fojas 108, que declaró fundada en parte la demanda; correspondiendo cali ﬁ car los requisitos
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone ﬁ n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de noti ﬁ cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de noti ﬁ cación a fojas 182; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley Nº 27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que
el recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a
que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito,
a fojas 170, veri ﬁ cándose el cumplimiento de dicho requisito.
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: La infracción normativa, de la motivación de las resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 50° inciso 6) y articulo 122° incisos 3) y 4) del Código Procesal civil, sosteniendo que el caso de autos el juzgador ha incurrido en error infrapetita, ya que no se ha pronunciado en todos los extremos alegados o los hechos relevantes del litigio, asimismo ha omitido pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas a través de los actos postulatorios o impugnatorios. La aplicación indebida de los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo N° 25697, precisando que si bien es cierto a partir del mes de diciembre de 1992 el ingreso total permanente superó los S/ 150.00 soles en su condición de profesional al que tenia derecho de percibir conforme a los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo N° 25697, mas cierto es aun que este incremento no es consecuencia de la aplicación correcta del acotado cuerpo legal, sino que es consecuencia de la aplicación de lo establecido por el Decreto Supremo N° 194-92-EF que en
su artículo 1° otorgó una boni ﬁ cación excepciona los servidores administrativos de las universidades públicas en equivalente a S/ 50.00 soles a partir del 1 de octubre de 1992. Sexto: Analizado
el recurso de casación propuesto se advierte que éste ha sido
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de casación al no exponer con claridad y precisión infracción alguna ni demostrar la incidencia directa de la misma sobre el sentido de la decisión impugnada, pues el recurrente se limita a invocar normas de manera genérica y desarrolla su fundamentación en hechos que han sido materia de controversia, conforme es de verse de los actuados en el presente proceso, pretendiendo que esta Suprema Sala realice un reexamen de aquéllos que en su momento fueron actuados en las instancias correspondientes sin considerar que ello no se condice con los ﬁ nes del extraordinario recurso de casación, máxime si la sala ha emitido pronunciamiento conforme a los agravios expuestos en
el recurso de apelación y luego de veri ﬁ car las planillas de pago
de diciembre en adelante (de fojas 12 y siguientes ) que hizo concluir que percibió un ingreso mayor al previsto en el Decreto Ley N° 25697 razón por la que no corresponde otorgarse el bene ﬁ cio solicitado por ese periodo, siendo ello así al incumplir con lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, corresponde declarar su improcedencia por la forma. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 08 de agosto de 2016 de fojas 214 a 238, interpuesto por el demandante Abdonio Basilio Paucas, contra la Sentencia de Vista de fecha 26 de julio 2016, de fojas 203 a 206, ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Abdonio Basilio Paucas contra la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga de Ica sobre acción contenciosa administrativa. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Chumpitaz
Rivera, y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO C-1577518-64
CAS. N° 13928-2016 LAMBAYEQUE Proceso Especial. Nulidad de Resolución Administrativa. Reconocimiento de Derechos Laborales. Pago de Boni ﬁ caciones, Reintegros e Intereses Legales. Convenios Colectivos. Lima, ocho de Junio de dos mil diecisiete. VISTOS; con los acompañados y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la entidad
Municipalidad Provincial de Chiclayo a fojas trescientos cuarenta y cuatro, contra la sentencia de vista a fojas trescientos cuatro, de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, que con ﬁ rma la resolución apelada obrante a fojas doscientos treinta
y seis, de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, en cuanto reconoce al demandante los bene ﬁ cios de: a) Reconocimiento de récord laboral, b) Modi ﬁ cación de su fecha de ingreso en la planilla y boletas de pago; c) El extremo que declara infundado la aplicación a su caso, de la escala remunerativa aprobada por Resolución Administrativa N° 932-2008-GPCH/A,
d) Pago de la remuneración personal, modi ﬁ cando en cuanto
a su monto, debiendo ser el 15% de la remuneración básica,
correspondiente a 3 quinquenios y e) El extremo que desestima
el pago de bene ﬁ cios provenientes de convenios colectivos de
los años1996 al 2002; se revoca en los siguientes extremos:
1) En cuanto desestima la pretensión de asignación familiar,
reformándola se declara fundada dicha pretensión, debiendo
la demandada reconocer y pagar dicho bene ﬁ cio a partir del
año 2004, fecha en que el demandante puso en conocimiento su carga familiar y 2) El extremo que ordena pagar bene ﬁ cios derivados de convenios colectivos celebrados desde el año 2006 y reformándose se declara improcedente dicho extremo. Segundo.- En tal sentido, se veri ﬁ ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: I) Se recurre de una sentencia expedida por la Sala Superior que en revisión pone ﬁ n al proceso; II) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Chiclayo que emitió la resolución impugnada; III) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) La recurrente se encuentra exonerada de la tasa judicial según el
artículo 24° literal i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial modi ﬁ cado por la Ley Nº 27327, concordante con el artículo 413° del Codigo Procesal Civil. Tercero.- Asimismo, cumple con el requisito de procedencia previsto por
el artículo 388°, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no
consintió la sentencia adversa de primera instancia. Cuarto.- Respecto a las causales de casación establecidas en el artículo
386° del Código Procesal Civil, la impugnante denuncia la infracción normativa, señalando: I) Que el artículo 43° inciso d) de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo modi ﬁ cada por la Ley N° 27912 establece que los convenios colectivos tienen una duración de 1 año, por lo que el Convenio Colectivo del año 2006 no puede vulnerar dicho parámetro; II) Existe una incompetencia del juzgado de origen; III) Las negociaciones colectivas de los servidores públicos deberá efectuarse considerando el límite constitucional que impone un presupuesto equilibrado
y equitativo; IV) El incremento remunerativo establecido por
convenio colectivo ésta prohibido por el artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276. Quinto.- La argumentación presentada no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° numerales 2) y 3) del Codigo Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión adoptada; sino, por el contrario pretende cuestionar la base fáctica en que se ha sustentado la sentencia de vista y con ello pretender un reexamen del material probatorio, respecto a la incidencia de los convenios colectivos en los derechos laborales pretendidos en la demanda, aspecto que no ha sido amparado por la sentencia impugnada que declaro improcedente la pretensión que aludía a los bene ﬁ cios derivados de convenios colectivos celebrados desde el año dos mil seis; consecuentemente, el argumento resulta impreciso, siendo de esta manera el recurso materia de examen contrario a los ﬁ nes casatorios consagrados en el artículo 384° del Código Procesal Civil, debiendo por tanto declararse improcedente. Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392° del Codigo Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por entidad Municipalidad Provincial de Chiclayo, a fojas trescientos cuarenta y cuatro, contra la sentencia de vista a fojas trescientos cuatro, de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis; y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por Kilder Wilson Gil Bustamante contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre acción contenciosa administrativa; Interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-65
CAS. Nº 16520-2016 MOQUEGUA Reincorporación. Proceso especial. Lima, veintiocho de junio del dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- El
recurso de casación de fecha 25 de agosto de 2016, interpuesto a fojas 468 por la Municipalidad Distrital de Torata, contra la sentencia de vista de fecha 03 de agosto de 2016, que corre a fojas 449 que con ﬁ rma la sentencia apelada que declara fundada la demanda; el mismo que debe ser cali ﬁ cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modi ﬁ catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a ﬁ n de veri ﬁ car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Se veri ﬁ ca que el medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- El artículo 386° del Código Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere con ﬁ rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada;
4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte
que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, porque le fue desfavorable, conforme se tiene a fojas 404, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio, dando cumplimiento
a los requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente,
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364. Quinto.- Respecto a los demás requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente invoca como causales de su recurso de casación la i) infracción normativa del artículo 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, señalando que, la sentencia emitida por la Sala Superior carece de la debida motivación, siendo el caso que no se ha valorado las pruebas presentadas por parte de la entidad demandada; ii) Infracción normativa del artículo 28° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, porque el ingreso a la carrera administrativa es por concurso público, en la cual se establecen derechos, deberes y responsabilidades. Sexto.- En relación a los agravios expuestos en lo ítems i) y ii) la entidad recurrente no ha cumplido con la exigencia prevista por el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; al no haber demostrado la incidencia directa de las infracciones normativas sobre la resolución impugnada, requisito de procedencia que tiene estricta vinculación con el requisito de trascendencia y cuya corrección necesariamente implica la corrección de la decisión adoptada; en tanto la Sala Superior luego de valorar y compulsar las pruebas aportadas al proceso ha establecido que el demandante se encuentra bajo el amparo del artículo 1° de la Ley N° 24041, debido a que la demandante ha laborado en forma permanente y durante un periodo que si bien presenta interrupción, la misma debe ser considerada como una mera suspensión; por consiguiente la causal propuesta deviene
en improcedente. Sétimo.- Que, de otro lado y en atención a que la instancia de mérito ha determinado que el demandante fue contratado como Secretaria de la O ﬁ cina de Procuraduría Pública, desde el año 2013 al 2014 mediante locación de servicios, el mismo que ha sido declarado desnaturalizado en proceso judicial, corresponde remitir copias de las sentencias de las instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la República a ﬁ n de que determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en la contratación del demandante, bajo parámetros diferentes a los establecidos en la norma en mención,
y de ser el caso establezcan las sanciones pertinentes, conforme
a lo establecido en el artículo 243° de la Ley N° 27444. Por estas consideraciones y en aplicación de lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 25 de agosto de 2015, interpuesto
a fojas 468 por la Municipalidad Distrital de Torata, contra la
sentencia de vista de fecha 03 de agosto de 2016, que corre a fojas 449,; DISPUSIERON remitir copias de las sentencias de las instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la República a ﬁ n de que determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en la contratación del demandante; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oﬁ cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por doña Elsa Fortunata Cutipa Mamani contra la Municipalidad Distrital de Torata, sobre reincorporación; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-66
CAS. N° 15631-2016 LAMBAYEQUE Reincorporación por Ley N° 27803. Proceso Especial. Lima, doce de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO:
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 02 de setiembre de 2016 de fojas 211 a 216, interpuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contra la Sentencia de Vista de fecha 01 de junio
Ley N° 27803. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera, y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO C-1577518-67
CAS. N° 16597-2016 PIURA Proceso Especial. Nulidad de Resolución Administrativa. Procedimiento Disciplinario Sancionador. Lima, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de examen por este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública del Gobierno Regional de Piura, a fojas ciento sesenta y seis, contra la sentencia de vista a fojas ciento cincuenta y tres, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, que revoca la apelada obrante a fojas ciento cinco, de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, que declara infundada la demanda, reformándola la declara fundada, ordenando que la demandada cumpla con emitir nuevo acto administrativo respetando los derechos del debido proceso y motivación de resolución; teniendo en cuenta los considerandos expuestos en la presente resolución. Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: I) Se recurre de una sentencia expedida por la Sala Superior que en revisión pone ﬁ n al proceso; II) Ha sido interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura que emitió la resolución impugnada; III) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) La recurrente se encuentra exonerada de la tasa judicial según el artículo 24º literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial modi ﬁ cado por la Ley Nº 27231, concordante con el articulo 413º del Código Procesal Civil. Tercero.- A la recurrente no les es exigible el requisito de procedencia previsto por el artículo 388º, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues la sentencia de primera instancia le fue favorable. Cuarto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia la infracción normativa de los artículos 163º y 173º de la Ley N° 27444, señalando que si la Sala Superior hubiera considerado que el proceso disciplinario se inició con la noti ﬁ cación al demandante de la Resolución Ejecutiva Regional N° 197-2007/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, que resuelve aperturarle proceso administrativo disciplinario, esto es, antes de transcurrido un año, se hubiera declarado fundado su recurso de apelación. Quinto.- Dicha denuncia no cumple con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; pretendiendo por el contrario cuestionar los hechos fácticos establecidos en la propia sentencia impugnada y con ello efectuar un reexamen del material probatorio, respecto a que tomándose para el presente caso la fecha en que cesó la infracción, pues las presuntas infracciones se encuentran dentro del Informe Largo N° 020- 2004-2-5349 reformulado (SAGU) “Examen Especial a la O ﬁ cina de Recursos Humanos, sede Central y Unidades de Personal de las Gerencias Sub Regionales Luciano Castillo Colonna y Morropón – Huancabamba, periodo del uno de enero de dos mil tres al veintitrés de julio de dos mil cinco, tiempo último a partir de donde debe computarse los 4 años conforme se indica en el artículo 233º de la Ley N° 27444, y siendo que la fecha de expedición de la Resolución Gerencia General Regional N° 074-2013-GOBIERNO –REGIONAL-PIURA-GGR, que resolvió sancionar al demandante con cese temporal sin goce de remuneraciones por el lapso de 2 meses, es el veintidós de marzo de dos mil trece, se concluye que han transcurrido 07 años, 7 meses y 27 días, por lo que se ha producido la prescripción que establece la norma ante citada; ﬁ nalidad que escapa a los ﬁ nes casatorios que convoca a esta Sala Suprema el artículo 384º del Código Procesal Civil, por lo que, el recurso debe ser declarado improcedente. Por estas consideraciones: de conformidad con lo dispuesto por el articulo 392º del Código Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de Piura a fojas ciento sesenta y seis, contra la sentencia de vista a fojas ciento cincuenta y tres, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “ El Peruano” conforme a Ley; en los seguidos por Teodulo Humberto Correa Canova contra el Gobierno Regional de Piura, sobre acción contenciosa administrativa; Interviniendo como ponente la Señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-68
2016 de fojas 191 a 194, que revocó la sentencia emitida en
primera instancia de fecha 01 de octubre de 2015 de fojas 132 a
137, que declaró infundada la demanda y reformándola la declara fundada; correspondiendo cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado
la Ley N° 27584. Segundo: El ordenamiento procesal señala
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción normativa que
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente
judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone ﬁ n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de noti ﬁ cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de noti ﬁ cación obrante a fojas 107 reverso; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por
Ley Nº 27231. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil,
veri ﬁ ca que a la parte recurrente no le es exigible, toda vez que
sentencia de primera instancia no le fue adversa, conforme se
aprecia de fojas 141 a 143, veri ﬁ cándose el cumplimiento de dicho
requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto: En cuanto
las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo
388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante denuncia la siguiente causal: indebida interpretación del artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 059-2003-TR, precisando que la sala revoca la sentencia de primera instancia que declara infundada la
demanda a fundada al considerar erróneamente como un plazo de
prescripción cuando dicho dispositivo legal infra legal solo contiene directivas de procedimiento destinada a que los trabajadores
ﬁ cados como cesados irregularmente en la década de los 90
opten por alguno de los derechos que reconoce la Ley N° 27803.
Asimismo el tiempo de cinco días hábiles que hace referencia
artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 059-2003-TR no
debe interpretarse como la creación de un plazo de prescripción
respecto de los derechos a que hace referencia la Ley N° 27803 sino que esta situación debe interpretarse como una mera regla
procedimiento que debían observar los trabajadores cali ﬁ cados
como cesados irregularmente a efectos de escoger entre uno y
otro bene ﬁ cio reconocido por la acotada ley. Sexto: Analizado el recurso de casación propuesto se advierte que si bien cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han infringido
emitirse la sentencia de vista, también es que no cumple con
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, sino que debe demostrar la pertinencia de los dispositivos invocados a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modi ﬁ caría el resultado del juzgamiento para lograr una debida evaluación de su caso, no obstante ello, de los argumentos que sustentan el recurso sub examine, se veriﬁ ca que éstos están
dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia
debate, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala
realice un re-examen de los hechos y una revaloración de medios
prueba que en su momento fueron actuados en las instancias
correspondientes, sin considerar que ello no se condicen con los
ﬁ nes del extraordinario recurso de casación. En consecuencia la argumentación expuesta en el recurso infringe lo previsto en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto el recurso planteado deviene en improcedente por la forma. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso
casación de fecha 02 de setiembre de 2016 de fojas 211 a 216,
interpuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contra la Sentencia de Vista de fecha 01 de junio de 2016 de fojas 191 a 195; ORDENARON la publicación de la presente resolución
CAS. Nº 20527-2016 LIMA Contencioso administrativo. PROCESO ESPECIAL. Lima, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el recurrente Leoncio Mafaldo Llerena de fecha 15 de julio de 2016, de fojas
el Diario O ﬁ cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso
Contencioso Administrativo seguido, por Irenio López Aguilar contra el Ministerio del Interior y otro, sobre reincorporación por
527 a 532, contra la sentencia de vista contenida en la resolución
número diecinueve de fecha 20 de abril de 2016, de fojas 475
a 485, que con ﬁ rma la sentencia de primera instancia de fecha
25 de junio de 2014 de fojas 366 a 374, que declara infundada
la demanda contencioso administrativa; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad
y procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del
Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo
N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, el Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- Que en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone ﬁ n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante
la Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de Lima, que emitió
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de noti ﬁ cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de noti ﬁ cación de fojas 485 (vuelta); y, iv) El recurrente se encuentra
exonerado del pago de tasa judicial, en aplicación del artículo 24º
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley Nº 27327. Cuarto.- Que, el artículo 386° del Código Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo
388 del acotado código adjetivo se establecen como requisitos
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera
instancia, cuando esta fuere con ﬁ rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. (sic.). Quinto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 435 a 440; por otra parte, se observa que el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio revocatorio; por lo que este requisito ha sido cumplido. Sexto.- Que, en cuanto a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el impugnante denuncia como causal: Infracción normativa por vulneración del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, señalando que la sentencia de vista ha sido emitida con mani ﬁ esta violación al derecho a la tutela procesal efectiva que comprende
el acceso a la justicia y al debido proceso; al haberse lesionado
su derecho fundamental que tiene a percibir los incrementos de remuneraciones otorgados por los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, los que se interpretaron de manera errónea. Sétimo.- Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio tiene como ﬁ nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que con ﬁ guran la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. Octavo.- Que, analizada la causal denunciada; se advierte que, si bien es cierto el recurrente cumple con señalar la norma legal que a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con precisar en qué consiste ésta y con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación modi ﬁ caría el resultado del juzgamiento; razón por la cual no es procedente la denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en los incisos 3) del artículo 388° del Código Procesal
Civil. Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el recurrente Leoncio Mafaldo Llerena de fecha 15 de julio de 2016, de fojas 527 a 532, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve de fecha 20 de abril de 2016; y DISPUSIERON la publicación de
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el
demandante Leoncio Mafaldo Llerena contra el Banco de la Nación; sobre acción contencioso administrativa. Interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. HUAMANI LLAMAS, MAC RAE THAYS, RODAS RAMIREZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO
C-1577518-69
CAS. N° 12082-2015 CUSCO Aun cuando la demandante ostenta el Grado de Magíster, no cumple con el requisito previsto en el Decreto Supremo N° 081- 2006-EF, para el otorgamiento de la asignación por contar con título de maestría ó doctorado (Escala 10), que es el de ser docente. Lima, nueve de Mayo del dos mil diecisiete. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número doce mil ochenta y dos - dos mil quince – Cusco; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fecha 06 de julio del 2015, obrante de fojas 181, por la demandante Mabel Rocio Luque Delgado, contra la sentencia de vista de fojas 169 a 176, de fecha 12 de junio de 2015, que con ﬁ rmando la sentencia apelada de fojas 113 a 120, de fecha 08 de enero de 2015, declara infundada la demanda; en los seguidos por la recurrente contra la Dirección Regional de Educación del Cusco y otros sobre Proceso Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
Mediante resolución de fojas 49 a 51, de fecha 16 de junio de 2016, del cuaderno de casación, esta Suprema Sala, ha declarado procedente el recurso interpuesto, por la causal de infracción normativa del artículo 2° del Decreto Supremo N° 086-2006- EF. CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación tiene por ﬁ nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO: La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES:
TERCERO: De la lectura del escrito de demanda incoada el 21 de marzo del 2014, a fojas 14, se aprecia que mediante el presente proceso la demandante tiene por objeto que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 0061 de fecha 02 de Enero del 2014 y del Decreto Administrativo N° 226–2012– UGEL–C/DAA/OE de fecha 29 de Octubre del 2012. En consecuencia, se ordene a la demandada que cumpla con el pago de la Asignación Especial de carácter mensual por tener estudios concluidos de maestría que se regula y se otorga de acuerdo a las Escalas 8 y 9 del anexo del Decreto Supremo N° 050–2005–EF y Escala 9 y 10 del anexo del Decreto Supremo N° 081–2006-EF, más el pago de devengados desde el mes de agosto del 2012, fecha de petición hasta la conclusión del proceso e intereses legales. Como fundamentos de su pretensión, señala que tiene la calidad de Auxiliar en Educación nombrada mediante Resolución N° 756 del 23 de diciembre del 2010; por lo que, al haber realizado estudios de maestría y obtenido el grado de Magister, corresponde se le pague la boni ﬁ cación por estudios de maestría. CUARTO:
Mediante sentencia de fojas 113, de fecha 08 de enero del 2015, se declaró infundada la demanda, al considerar que el artículo 3° del Decreto Supremo N° 081-2006-EF, establece que la Asignación Especial por Labor Pedagógica Efectiva se otorga de manera diferenciada, siempre que se cumpla con los requisitos del cuadro anexo. Precisando dicho cuadro anexo que existe un Incremento General por Labor Pedagógica, el cual se otorga a personal docente (Directores, Sub Directores, Docentes y Auxiliares de Educación) en los rubros de: Educación Básica Productiva y Educación Superior no Universitaria; y un Incremento Diferenciado donde se regulan escalas y requisitos que se debe cumplir para acceder al incremento. Es, así que en las Escalas 9 y 10, se regula que para la percepción del Incremento Diferenciado se requiere que el DOCENTE tenga estudios de Maestría o Doctorado o se haya titulado como Magíster o Doctor, lo que determina que no sea aplicable a Auxiliares de Educación. Por lo que, estando a que en el caso de autos si bien es cierto la demandante tiene el Grado de Magíster no es menos cierto que no cumple con el requisito de ser docente, al ostentar el cargo Auxiliar de Educación. QUINTO:
El Colegiado de la Sala Superior con ﬁ rmó la sentencia apelada, señalando como fundamento de su decisión que de la revisión del Decreto Supremo N° 050-2005-EF y del Decreto Supremo N° 081- 2006-EF, se advierte primero que la asignación de carácter
mensual por tener estudios concluidos de maestría solo la percibe el Director, Subdirector y Docente; por otra parte, del cuadro anexado se tiene que tanto para la Escala 8 y 9, que son las que pretende el pago la demandante, se indica que la condición que se debe de cumplir, en ambos casos, es el de docente. Es así que, obra a fojas 5 la boleta de pago de la demandante, en la cual se consigna en la parte referente al cargo, Auxiliar en Educación, lo que se corrobora con la Resolución Directoral Nº 0189 de fecha 30 de marzo del 2012 (folios 9). En ese orden de ideas, y como se ha observado del análisis del Decreto Supremo en cuestión el pago de la boni ﬁ cación solicitada solo le corresponde al Director, Subdirector y Docente, y siendo que la demandante tiene la calidad de Auxiliar en Edeucación no le corresponde percibir dicha boni ﬁ cación. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: SEXTO:
obrante a fojas trescientos cuatro, de fecha siete de setiembre de dos mil quince,que declara fundada la demanda; en consecuencia nulo el despido incausado sufrido por el demandante, ordena que la entidad demandada cumpla con reponer al actor en el puesto de vigilante y/o guardián en la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa, o en otro puesto con similar nivel, por encontrarse sujeto a un contrato laboral de naturaleza permanente, teniendo presente tal derecho, en modo alguno implica declaración, nombramiento o ingreso a la carrera administrativa. Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo
387º del Código Procesal Civil, esto es: I) Se recurre de una sentencia expedida por la Sala Superior que en revisión pone ﬁ n al proceso; II) Ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal material por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar si corresponde otorgar a la demandante en su calidad de Auxiliar en Educación el pago de la boni ﬁ cación por estudios de maestría dispuesta por el Decreto Supremo N° 081-2006-EF. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: SÉTIMO: Mediante el Decreto Supremo N° 081- 2006-EF, se dispuso incrementar la “Asignación Especial por Labor Pedagógica Efectiva”, de carácter mensual, otorgada mediante Decretos Supremos Nº 065-2003-EF, Nº 097-2003-EF, Nº 014-2004-EF, Nº 056-2004-EF, Nº 050-2005-EF y Nº 069-2005- EF, de acuerdo al Anexo adjunto. Indicado su artículo 2° -materia de denuncia- que, dicho incremento se otorgaría a los docentes activos y Auxiliares de Educación, nombrados y contratados del Magisterio Nacional, de Educación Básica, Técnico Productiva y Superior No Universitaria, que desarrollan labor pedagógica efectiva con alumnos, y directores y subdirectores de Instituciones Educativas Públicas sin aula a su cargo, pero con labor efectiva en la respectiva Dirección, comprendidos en la Ley del Profesorado y normas complementarias. OCTAVO: En ese sentido, es menester mencionar que el artículo 3° del Decreto Supremo N° 081-2006- EF precisa que, el incremento de la Asignación Especial se otorgará en forma general a todos los docentes, y adicionalmente en forma diferenciada, a todos aquellos que cumplan con las condicionantes establecidas en el Anexo adjunto. Señalándose en el referido Anexo adjunto que, el pago de la asignación por estudios de maestría ó doctorado concluidos (Escala 9) y por contar con título de maestría ó doctorado (Escala 10), se otorga a "Docentes"; a diferencia de las Escalas 1 a 4, en las que no se hace referencia a cargos y se incluye al personal nombrado y contratado, que cuente o no con título pedagógico. NOVENO: El Principio de Legalidad es un principio fundamental del Derecho Público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas, en tal sentido actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El Principio de Legalidad Administrativa, emerge cuando todas las acciones que emanan del poder público se encuentran en completa armonía con las reglas de derecho, esto es, que los actos y comportamientos de la administración deben estar justi ﬁ cados en una ley previa, que otorgue una cobertura legal previa a toda potestad administrativa, de manera que cuando la Administración cuenta con ella, su actuación es verdaderamente legítima. DÉCIMO: En el presente caso, la demandante es Auxiliar de Educación conforme se advierte de la Resolución Directoral Nº 0189 de fecha 30 de marzo del 2012 a fojas 9 y de la boleta de pago a fojas 5, por lo que aun cuando ostente Grado de Magíster, no cumple con el requisito previsto en el Decreto Supremo N° 081- 2006-EF, para el otorgamiento de la ASIGNACIÓN POR CONTAR CON
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución
impugnada; III) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) La recurrente se encuentra
exonerada de la tasa judicial según el artículo 24º literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial modi ﬁ cado por la Ley Nº 27231, concordado con el articulo 413º del Código Procesal Civil. Tercero.- Asimismo, cumple con el requisito de procedencia previsto por el artículo 388º, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera instancia. Cuarto.- Respecto a las causales de casación establecidas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia “el apartamiento inmotivado del precedente judicial – caso Huatuco”; señalando que el Tribunal Constitucional en dicha sentencia garantiza que el ingreso a la administración pública se realiza por concurso público conforme
lo establecido en el art. 5 de la Ley N° 28175, supuesto que
actor no cumple, pues ingreso a laborar para un proyecto de
inversión. Quinto.- La argumentación presentada no cumple los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del articulo 388º del Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión, así como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión expresada en el fallo, en
principio porque no señala con precisión el número de la sentencia del Tribunal Constitucional que supuestamente la Sala Superior
expedir pronunciamiento se habría apartado inmotivadamente,
además, conforme se establece en su motivo 5.7, la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 5057-2013-PA/TC no es aplicable
régimen del Decreto Legislativo N° 276; de ahí que el recurso
sub examine deba ser rechazado por improcedente. Por estas consideraciones, conforme al artículo 392º del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de Arequipa a fojas trescientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista a fojas trescientos cincuenta y nueve, de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a Ley; los seguidos por Edwin Richard Minauro Ramos contra el Gobierno Regional de Arequipa, sobre acción contenciosa administrativa; Interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-71
CAS. Nº 21074-2016 ANCASH Recalculo de la Boniﬁ cación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación Articulo 48° Ley 24029, modiﬁ cado el artículo 1° de la Ley N° 25212. Proceso
Especial. Lima, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. VISTOS; con el acompañado y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene
10), que es el de ser
docente. En consecuencia, no se con ﬁ gura la infracción normativa materia de denuncia, debiendo desestimarse el recurso de casación. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 181, por la demandante Mabel Rocio Luque Delgado, en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fojas 169 a 176, de fecha 12 de junio de 2015; en los seguidos por Mabel Rocio Luque Delgado contra la Dirección Regional de Educación del Cusco y otros sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-70
interpuesto por el Gobierno Regional de Ancash de fecha dos de setiembre de dos mil dieciséis de fojas 159 a 164, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número catorce de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis de fojas 147 a 154; correspondiendo cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal
de casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo
CAS. N° 16638-2016 AREQUIPA Proceso Especial. Nulidad de Resolución Administrativa. Reposición Laboral. Lima, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a pronunciamiento de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de Arequipa a fojas trescientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista a fojas trescientos treinta y nueve, de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, que con ﬁ rma la resolución apelada
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone ﬁ n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de noti ﬁ cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de noti ﬁ cación de fojas 156,
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar la
tasa judicial en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413 del Código Procesal Civil. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386 establece como causal de casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo el artículo 388 del Código acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere con ﬁ rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 85 a 87; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio; por lo que ambos requisitos han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto
a las causales de casación previstas en el artículo 386° del Código
Procesal Civil la parte impugnante re ﬁ ere que los fundamentos de la sentencia de vista incurren en forma indudable en causal de apartamiento inmotivado del precedente judicial, por cuanto
el Tribunal Constitucional de la República en sendas sentencias,
ya se ha pronunciado al respecto, amparándose en la resolución de la Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC de fecha 14.06.2011, expedida por los señores vocales integrantes de la Primera y de la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil, que tiene la calidad
de precedente administrativo de observancia obligatoria. Sétimo.- El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio tiene como ﬁ nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que con ﬁ guran la infracción normativa
o el apartamiento del precedente judicial denunciados. Octavo.-
Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que éste ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de casación, pues, la entidad recurrente al no hacer referencia a las sentencias expedidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, conforme al artículo 37 de la Ley Nº 27584; de igual forma; máxime, si el criterio asumido por las instancias de mérito es coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, en la que se señala que la boni ﬁ cación solicitada se calcula sobre la base de la remuneración total o íntegra; por lo que, se determina el incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, debiéndose declararse su improcedencia. Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Ancash de fecha dos de setiembre de dos mil dieciséis obrante de fojas 159 a 164, contra la sentencia de vista contenida en la resolución
número catorce de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis; y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Marleny Milagros Ahon Mendoza; sobre nulidad de resolución administrativa y, los devolvieron. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. HUAMANI LLAMAS, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO
C-1577518-72
CAS. N° 15976-2016 PIURA Proceso especial. Sanción disciplinaria. Lima, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema el
recurso de casación de fecha 11 de agosto de 2016, interpuesto
a fojas 621 por el Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú, que revoca la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y reformándola declararon fundada; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser cali ﬁ cados, conforme
a la modi ﬁ cación establecida por la Ley N° 29364, norma que
reforma diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). Segundo.- Que, del análisis del presente medio de impugnación, se veri ﬁ ca que cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone ﬁ n al proceso expedido
por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez de noti ﬁ cada la resolución recurrida; y, d) la entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en
mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por Ley N° 27231. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos
de procedencia contenidos en el artículo 388° del Código Procesal
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio de impugnación de carácter formal que sólo puede fundarse en
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas
o de revaloración probatoria, teniendo por ﬁ nes esenciales la
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación efectuada por el recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente
cuáles son las denuncias que con ﬁ guran la infracción normativa
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio
o revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del
artículo 388° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil,
se advierte de autos que la recurrente no apeló de la sentencia de
primera instancia, en razón a que aquella no le fue adversa; por otra parte, cumple con lo previsto en el inciso 4) del citado artículo,
al indicar su pedido casatorio como anulatorio. Quinto.- Que, la
parte recurrente denuncia como causal la infracción normativa del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado; repitiendo la tesis expuesta a lo largo del proceso. Sexto.- Que,
de los fundamentos expuestos por la parte recurrente, se advierte que el recurso de casación presentado no cumple el requisito
contenido en el texto de del inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; esto es, no ha demostrado la incidencia directa de
la infracción sobre la decisión impugnada. Finalmente, a mayor
abundamiento, las denuncias y cuestionamientos invocados por la recurrente, se encuentran relacionados a cuestiones de hecho, que ya fueron valoradas por las instancias; razón por la que además, la petición contenida en el recurso, resulta ajena a
los ﬁ nes del recurso de la casación previstos en el artículo 384º del Código Procesal Civil, referidos a cuestiones de derecho, con exclusión de los hechos y las pruebas. Por estas consideraciones
y en aplicación de lo establecido en el artículo 392° del Código
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 11 de agosto de 2016, interpuesto a fojas 621 por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, contra la sentencia de vista que corre a fojas 602, de fecha 08 de julio de 2016; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por don Luis Alberto Arrunátegui Silva con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú; interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-73
CAS. N° 15095-2016 MADRE DE DIOS Proceso Especial. Nulidad de Resolución Administrativa. Adjudicación de Plaza. Lima, dieciséis de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; con los acompañados y, CONSIDERANDO:
Primero.- Es objeto de examen por esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el demandante Eleuterio Soncco Macedo a fojas seiscientos veintisiete, contra la sentencia de vista a fojas seiscientos diecisiete, de fecha quince de enero de dos mil
dieciséis, que con ﬁ rma la resolución apelada que declara infundada
la demanda, el que debe ser cali ﬁ cado conforme a la Ley N° 29364,
publicado en el Diario O ﬁ cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de
dos mil nueve. Segundo.- En tal sentido, se veri ﬁ ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es:
I) Se recurre de una sentencia expedida por la Sala Superior que
en revisión pone ﬁ n al proceso; II) Ha sido interpuesto ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios que emitió la resolución impugnada; III) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) El recurrente se
encuentra exonerado de la tasa judicial según el artículo 24º literal
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
modi ﬁ cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Asimismo, cumple con
el requisito de procedencia previsto por el artículo 388º, inciso 1)
del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera instancia. Cuarto.- En cuanto a los demás requisitos de procedencia es preciso destacar que el recurso de casación es eminentemente formal y procede sólo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal Civil modi ﬁ cado por la Ley N° 29364, esto es: I) La Infracción normativa y II) El Apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto.- No obstante lo antes señalado, el recurrente debe además, describir con claridad y precisión en qué consiste la
infracción normativa o cuál es el precedente judicial del que se aparta; así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es
27444; reexaminando los juicios de hecho establecidos en la instancia revisora. Sexto.- Que, la causal denunciada, carece del requisito referido en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, en razón a que el recurrente, no cumple con demostrar la incidencia directa de las infracciones que motivan su denuncia casatoria sobre la resolución impugnada; más aun cuando se observa que, el recurrente, busca cuestionar juicios de hecho establecidos, propiciando su revaloración; propósito que resulta ajeno a los ﬁ nes esenciales de la casación, previstos en
anulatorio o revocatorio, tal como lo exigen los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley
29364. Sexto.- Del estudio del recurso presentado se advierte
que el mismo ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de casación, ni las causales
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal Civil modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, pues se limita a denunciar en forma genérica la contravención a las normas que garantizan
artículo 384° del Código Procesal Civil, como son: la adecuada
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; pues como ya se ha señalado en el considerando tercero, dentro de éste recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; por lo que el recurso así expuesto resulta improcedente. Por estas consideraciones y en aplicación de lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 14 de setiembre de 2016, interpuesto a fojas 268 por el demandante don Fausto Valentín Maza Ávila, contra la sentencia de vista que corre a fojas 324, de fecha 11 de agosto de 2016; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Fausto Valentín Maza Ávila con el Gobierno Regional de Ancash y otro; interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-75
derecho a un debido proceso, aplicación indebida e inaplicación
de una norma de derecho material del articulo 202º.3 de la Ley N° 27444 pues, según señala el impugnante no se tuvo presente que
Resolución Ejecutiva Regional N° 072-2011-GOREMAD/PR ha
sido expedida fuera del plazo de 1 año que tenía la administración para declarar la nulidad de la Resolución Directoral Regional N°
0346-2011-GOREMAD/DRE/D.UGEL-TAH; aspecto que incluso ha sido resuelto por la Sala Superior en virtud del principio constitucional de doble instancia que establece el artículo 139º inciso 6) de la Constitución Política del Perú, no siendo esta Corte de Casación tercera instancia, para su nueva revisión; corresponde declarar improcedente el recurso planteado. Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante Eleuterio Soncco
Macedo a fojas seiscientos veintisiete contra la sentencia de vista
fojas seiscientos diecisiete, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano” conforme a Ley; en los seguidos por Eleuterio Soncco Macedo contra la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios y otro, sobre acción contenciosa administrativa; interviniendo como ponente la Señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-74
CAS. N° 17810-2016 ANCASH Proceso especial. Sanción disciplinaria. Lima, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; con los acompañados y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema el
CAS. N° 12028-2016 LIMA Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Ley N° 27803. Proceso Especial. Lima, doce de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS; y CONSIDERANDO:
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de fecha 16 de mayo de 2016, de fojas 446 a 452, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número quince de fecha 22 de marzo de 2016, de fojas 430 a 439, que con ﬁ rma la sentencia apelada de veinticuatro de octubre de dos mil doce, de fojas 381 a 388, que declara fundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser cali ﬁ cados conforme a la modi ﬁ cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modi ﬁ ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se veriﬁ ca que el medio impugnatorio propuesto
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS
recurso de casación de fecha 14 de setiembre de 2016, interpuesto
fojas 388 por el demandante don Fausto Valentín Maza Ávila,
contra la sentencia de vista de fecha 11 de agosto de 2016 que corre a fojas 324 que revoca la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y reformándola declararon infundada; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, deben ser cali ﬁ cados
conforme a la modi ﬁ cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modi ﬁ ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil,
esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Contenciosa Administrativa Laboral Previsional la Corte Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere con ﬁ rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que a la parte recurrente no le es exigible dicho requisito ya que la sentencia de primera instancia le fue favorable. Por otra parte, se advierte que
Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de
Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley
27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo).
Segundo.- Que, del análisis del presente medio de impugnación, se veri ﬁ ca que cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código adjetivo acotado, es decir:
a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone ﬁ n al proceso expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez días de noti ﬁ cada la resolución recurrida; y, d) el
impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, en
mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por Ley N° 27327. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos
procedencia contenidos en el artículo 388° del Código Procesal
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio
de impugnación de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas
de revaloración probatoria, teniendo por ﬁ nes esenciales la
misma ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado
el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción del inicio 5) de artículo 139° de la constitución política del estado e infracción de la Resolución Ministerial N°089-2010-TR y del artículo 5) de la Ley 29059 en contraposición contra la cuarta disposición complementaria, transitoria y ﬁ nal de la ley N° 29059; señalando que el debido proceso es un derecho fundamental, que tiene toda persona que
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o
revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente, no ha apelado la sentencia de primera instancia, en razón a que aquella no le fue adversa; por
que ésta condición no le resulta exigible. Asimismo, respecto
faculta e exigir al estado un juzgamineto imparcial y justo, ante
del requisito señalado en el inciso 4) del aludido artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente re ﬁ ere que su pedido casatorio
revocatorio. Quinto.- Que, el recurrente denuncia como causal
juez responsable competente e independiente, el estado no
solo está obligado a prestación jurisdiccional (cuando se ejercen los derechos de acción y contradicción) sino a proveer bajo determinadas garantías mínimas que le auguren tal juzgamiento imparcial y justo, en el considerando sexto se señala que en
infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución
Política del Estado y del artículo 67° inciso 67.1 de la Ley N°
la sentencia de vista, se argumenta la aplicación de cuarta disposición complementaria, transitoria y ﬁ nal de la Ley N°29059 para con ﬁ rmar la sentencia de primera instancia, sin embargo, no se ha tenido presente el artículo 5 de la propia Ley N° 29059 en aplicación de una interpretación sistemática, conforme se precisa solicita tener presente. Sexto.- Analizadas la causales denunciadas, se advierte, que si bien es cierto, el recurrente cumple con señalar las normas legales que a su criterio se han infringido al emitir sentencia de vista, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, es decir que la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia o in ﬂ uencia que su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se
modi ﬁ que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna, pues se limita a reproducir las normas aduciendo una interpretación errónea de las mismas sin sustentar lo alegado, estructurando su recurso como uno de instancia, reiterando argumentos vertidos en el decurso del proceso, cuestionando
el criterio expuesto por las instancias de mérito al discrepar del
sentido del mismo por resultarle adverso; razón por la cual no es procedente la denuncia formulada al incumplir el requisito
señalado en el inciso 3) del artículo 386° del Código adjetivo acotado. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo de fecha 16 de mayo de 2016, de
fojas 446 a 452, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número quince de fecha 22 de marzo de 2016, de fojas 430 a 439, que con ﬁ rma la sentencia apelada de 24 de octubre de 2012, de fojas 381 a 388, que declara fundada la demanda. ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso
Contencioso Administrativo seguido por Rosa Abelina Montes
Ortiz contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
- MTPE, sobre proceso contencioso administrativo. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO C-1577518-76
CAS. N° 15081-2016 CUSCO Proceso Especial. Nulidad de Resolución Administrativas. Pago de Incrementos Remunerativos. Lima, dieciséis de junio de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante María Candelaria Tito Zamalloa a fojas quinientos treinta y dos, contra la sentencia de vista a fojas
quinientos trece, de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, que revoca la resolución apelada obrante a fojas trescientos ochenta
y uno, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, que declara
fundada en parte la demanda, reformándola la declara infundada. Segundo.- Se veri ﬁ ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo , y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: I) Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; II) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que emitió la resolución impugnada; III) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) La recurrente se encuentra exonerada del pago
de la tasa judicial según el artículo 24° literal i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- A la recurrente no le es exigible
el requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo
388° del Código Procesal Civil pues la sentencia de primera instancia le fue favorable. Cuarto.- Que, respecto a las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil,
la impugnante denuncia la infracción normativa de los Decretos
Supremos N° 103-88-EF, Nº 220-88-EF, Nº 007-89-EF, Nº 021- 89-EF, Nº 044-89-EF, Nº 062-89-EF, Nº 132-89-EF y Nº296-89- EF; artículos 54º y 57º de la Constitución Política del Peru de mil novecientos setenta y nueve; 28º y 26º de la Constitución Politica del Perú mil novecientos noventa y tres, señalando que la Sala Superior al momento de expedir pronunciamiento no ha considerado que dichas normas tenían como objetivo fundamental proteger el poder adquisitivo de la remuneración laboral frente aquel proceso in ﬂ acionario, además, los convenios colectivos tiene fuerza de ley para las partes, así como la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos y todo pacto en contrario es nulo. Quinto.- La denuncia propuesta no cumple con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º
del Codigo Procesal Civil, esto es describir con claridad y precisión
la infracción normativa, asi como demostrar la incidencia directa
de dicha infracción sobre la decisión expresada en el fallo, pues en principio hace referencia a los preceptos invocados en forma genérica, sin realizar una interpretación jurídica sobre los mismos, además, pretende cuestionar la base fáctica establecida en la propia sentencia impugnada, respecto a que se existe exclusión de percibir los bene ﬁ cios establecidos en los Decretos Supremos
denunciados, los servidores públicos que tengan regímenes laborales que provengan de negociación colectiva, ﬁ nalidad que dista de los ﬁ nes casatorios consagrados en el artículo 384º del Codigo Procesal Civil, de ahí que el recurso deba ser declarado improcedente, careciendo de relevancia el análisis del requisito contenido en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones, conforme al artículo 392º del
Código Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por María Candelaria Tito Zamalloa a fojas quinientos treinta y dos, contra la sentencia de vista a fojas quinientos trece de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis; y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano.” conforme a ley; en los seguidos por María Candelaria Tito Zamalloa contra el Seguro Social de Salud - ESSALUD, sobre acción contenciosa administrativa; interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega;
y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER
C-1577518-77
CAS. N° 14095-2016 AREQUIPA
Reincorporación por Ley N° 27803. Proceso Especial. Lima, doce de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS; y, CONSIDERANDO:
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 04 de julio de 2016 de fojas 340 a 348, interpuesto por la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos- SUNARP, contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de mayo de 2016 de fojas 312 a 321, que con ﬁ rmó la sentencia emitida en primera instancia de fecha 30 de setiembre de 2015 de fojas
267 a 271, que declaró fundada la demanda; correspondiendo
cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del
artículo 35°, así como el artículo 36º del Decreto Supremo N° 013- 2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Segundo:
El ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de forma
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto:
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone ﬁn al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de noti ﬁ cada la resolución que se impugna,
conforme se corrobora con el cargo de noti ﬁ cación obrante a fojas
107 reverso; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley Nº 27231. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de fojas 277
a 281, veri ﬁ cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo,
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo,
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que
la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, este requisito ha
sido cumplido. Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, el impugnante denuncia la siguiente causal: la infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y la Resolución Ministerial N° 089-2010-TR y de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29059, precisando que la decisión de la sala incurre en una motivación aparente, asimismo, que mediante la citada resolución ministerial se pone ﬁ n al programa extraordinario de acceso al bene ﬁ cio, esto es, el proceso de reincorporación y reubicación laboral de los bene ﬁ ciarios de la Ley N° 27803 ha concluido tras haber asignado todas las plazas presupuestadas vacantes para el bene ﬁ cio de la reincorporación o reubicación laboral. Finalmente precisa que el artículo 11 de la Ley N° 27803 no hace mas que señalar que una norma básica que regula el ingreso a las entidades públicas, esto es que la plaza debe estar debidamente presupuestada, conforme a los documentos de gestión correspondientes, lo contrario, implica quebrar todo el ordenamiento jurídico legal administrativo que rige a las entidades del Estado y la constitución de un abuso de derecho que solo bene ﬁ cia a unos en perjuicio de las grandes mayorías. Sexto.- La argumentación antes descrita no puede prosperar porque adolece de claridad y precisión, pues de los agravios denunciados por la recurrente se advierte que su recurso se limita a formular agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas en la instancia de
mérito superior, respecto a que la actora ha sido considerada como una trabajadora cesada irregularmente, optó por el bene ﬁ cio de
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio principal como anulatorio y subordinado como revocatorio. QUINTO: En cuanto a las exigencias contenidas en
reincorporación o reubicación laboral, postergándose por largo
tiempo el cumplimiento de la ﬁ nalidad prevista en la Ley N° 27803, que ha sido rati ﬁ cada en la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 29059; así como se circunscribe
cuestionar aspectos referidos a los hechos y a la valoración de
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del precitado Código Procesal,
entidad recurrente invoca como causal casatoria, la Infracción
normativa de los dispositivos legales siguientes: i) Principio de Seguridad Jurídica, Legalidad y Debido Proceso, materializado en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, así como en la indebida interpretación y aplicación del artículo 3° incisos 1) y 2) de la Ley N° 27444, respecto a la e ﬁ cacia y validez de la Resolución Directoral UGEL Tacna N° 2290 emitida por la Directora de la UGEL Tacna. ii) Contravención al principio de motivación y a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 135° de la Constitución Política del Estado), que constituyen condición sustancial para la validez de las resoluciones judiciales; toda vez que, la Sala Superior ha omitido por completo analizar sus argumentos de defensa, centrados en que ha operado la sustracción de la materia, ya que antes de la emisión de la Resolución Directoral UGEL Tacna N° 2290 emitida por la Directora de la UGEL Tacna, designando al demandante en el cargo de Director del Área de Asesoría Jurídica de la UGEL Tacna, se encontraba vigente la Resolución Directoral Regional N° 00013, emitida por la Directora Regional de Educación de Tacna designando en el cargo de Director del Área de Asesoría Jurídica al abogado Fredy Reynaldo León Huancaya; contraviniéndose con ello el Principio de Legalidad, el artículo 10° de la Ley N° 27444, el Principio de Congruencia (artículo VII del Título Preliminar del Código adjetivo) y lo establecido en el artículo 122° incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil, que constituyen condición sustancial para la validez de las resoluciones judiciales. SEXTO: Respecto a los agravios descritos en los ítems i) y ii), se advierte que se cumple con el requisito de procedencia previsto en el artículo 388º numeral 2) del Código Procesal Civil, al indicar las normas que considera habrían sido infringidas al emitirse la sentencia de vista. Sin embargo, se limita a cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia recurrida, al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, pretendiendo reabrir el debate sobre la valoración realizada respecto de los medios probatorios aportados al proceso, no siendo atendible en la medida que el recurso de casación no apertura una tercera instancia, debiendo realizar el análisis de la resolución impugnada a partir de los fundamentos expuestos en la misma, de modo que las demás piezas procesales solo pueden ser evaluadas para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación; razón por la cual las denuncias propuestas son improcedentes, al incumplir el requisito señalado en el artículo 388° inciso 3) del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del precitado Código Procesal:
prueba que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los ﬁ nes del recurso de casación, desde que las sentencias
de mérito han expuesto los motivos de hecho y de derecho, que sustentan el sentido de su decisión, luego de la compulsa de los hechos y de la valoración conjunta de la prueba, expresando aquellos que son esenciales y determinantes; apreciándose que
sentencia de vista, dando respuesta a los agravios expuestos
en el recurso de apelación que se resume en la parte expositiva, ha expuesto la justi ﬁ cación por qué es fundada la demanda; esto es, el órgano de mérito superior sustentó su decisión, basándose en los actuados, así como ponderando los hechos alegados por las partes durante los actos postulatorios; entonces, de acuerdo
la relación de hecho o base fáctica que subyace en el proceso,
entidad recurrente no cumple con exponer argumentación que
demuestre la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; en consecuencia, al veri ﬁ car que la argumentación
expuesta en el recurso, no satisface los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es decir, cumplir con describir con claridad y precisión en qué radica la infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; de modo que la denuncia invocada resulta improcedente por la forma. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 04 de julio de 2016 de fojas 340 a 348, interpuesto por la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa de
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-
SUNARP, contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de mayo de 2016 de fojas 312 a 321; ORDENARON la publicación de la
presente resolución en el Diario O ﬁ cial ”El Peruano”, conforme
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido, por
Mónica Maritza Chirinos Suarez, contra la Zona Registral N°
– Sede Arequipa de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos - SUNARP sobre reincorporación por Ley N° 27803. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera, y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO C-1577518-78
CAS. N° 16510-2016 TACNA PROCESO ESPECIAL. Declaración de Nulidad de O ﬁ cio de Acto
Administrativo. Lima, veintisiete de Junio de dos mil diecisiete. VISTOS; con los acompañados; y CONSIDERANDO: PRIMERO:
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública Regional del Gobierno Regional de Tacna, a fojas 418, contra la sentencia de vista de fojas 368 a 380, de fecha 02 de junio del 2016; en los seguidos por Cesar Fermín Pino Vargas contra el Gobierno Regional de Tacna y otros sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1577518-79
CAS. N° 11920-2016 LIMA Proceso especial. Pensión de jubilación adelantada. Lima, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. VISTOS; con el acompañado adjunto y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública Regional del Gobierno Regional de Tacna, a fojas 418, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser cali ﬁ cados conforme
la modi ﬁ cación establecida por la Ley N° 29364, norma que
modi ﬁ ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros,
los referidos al recurso de casación. SEGUNDO: Del análisis del presente medio impugnatorio se veri ﬁ ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone ﬁ n al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de noti ﬁ cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. TERCERO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, establece como causal de casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere con ﬁ rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 22 de abril
de 2016, interpuesto a fojas 137 por la O ﬁ cina de Normalización Previsional, contra la sentencia de vista de fecha 30 de diciembre 2015 que corre a fojas 121 que revoca la sentencia apelada que declara infundada y reformándola declararon fundada; recurso cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser cali ﬁ cados conforme a la modi ﬁ cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modi ﬁ ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). Segundo.- Que, del análisis del presente medio de impugnación, se veri ﬁ ca que con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone ﬁ n al proceso expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez de noti ﬁ cada la resolución recurrida; y, d) la entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi ﬁ cado por Ley N° 27231. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: Respecto
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364, se advierte que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 332, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se advierte que ha cumplido
procedencia contenidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio de impugnación de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas
artículo 388° del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente, no ha apelado la sentencia de primera instancia, en razón a que aquella no le fue adversa; por lo que ésta condición no resulta exigible. Quinto.- Que, el recurrente denuncia como causales de su recurso, la infracción normativa del artículo 32° numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 y afectación al debido proceso: falta de motivación de la sentencia de vista; señalando que la autoridad administrativa tiene el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva así como aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Sexto.- Que, la causal denunciada, carece del requisito referido en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil,
en razón a que la recurrente no cumple con demostrar la incidencia
directa de la infracción que motiva su denuncia casatoria sobre la
resolución impugnada; más por el contrario, se veri ﬁ ca que en su exposición, busca cuestionar juicios de hecho establecidos en la instancia de mérito, propiciando su revaloración; propósito que resulta ajeno a los ﬁ nes esenciales de la casación, previstos en
el artículo 384° del Código Procesal Civil, como son la adecuada
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; pues como ya se ha señalado en el considerando tercero, dentro
de éste recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas;
por lo que el recurso así expuesto resulta improcedente. Por estas consideraciones y en aplicación de lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 22 de abril de 2016, interpuesto a fojas 137, por la O ﬁ cina de Normalización Previsional, contra la sentencia de vista que corre a fojas 121, de fecha 30 de diciembre de 2015; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por don Carlos Justo Coquis Mesinas con la O ﬁ cina de Normalización Previsional; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER
C-1577518-80
CAS. N° 15928-2016 MADRE DE DIOS Destitución y Reincorporación. Proceso Especial. Lima, veintitrés
de junio de dos mil diecisiete. VISTOS, con los acompañados; y,
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante
Pablo Puma Calle de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, de fojas 180 a 184, contra la sentencia de vista de fecha quince de mayo de dos mil dieciséis, de fojas 160 a 166 que con ﬁ rma
la sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de agosto
de dos mil quince, de fojas 121 a 134, que declara infundada
la demanda y reformándola la declara infundada la demanda,
sobre nivelación de pensión – Decreto N° 065-2003-EF y Decreto Supremo N° 056-2004-EF y otros cargos; para cuyo efecto este
Colegiado debe proceder a cali ﬁ car los requisitos de admisibilidad
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal
Civil, modi ﬁ cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, (Ley que modi ﬁ ca diversos artículos del Código Procesal Civi

References: Resolución 
 artículo 387
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 413
 artículo 388
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 artículo 388
 artículo 392
 artículo 388
 resolución 
 artículo 19

artículo 13
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 35
 artículo 387
 artículo 388
 artículo 388
 artículo 33
 artículo 139
 artículo 388
 artículo 392
 resolución 
 artículo 36
 artículo 35
 artículo 387
 artículo 388
 artículo 388
 artículo 19
 artículo 139
 artículo 388
 artículo 392
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 artículo 36
 artículo 35
 artículo 387
 artículo 388
 artículo 388
 artículo 1
 artículo 1
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 artículo 388
 artículo 37
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 artículo 392
 artículo 1
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 artículo 1
 artículo 36
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 artículo 2
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 artículo 24
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 artículo 11
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 artículo 35
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 artículo 36
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 artículo 387
 artículo 386
 artículo 1
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 artículo 19
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 artículo 392
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 artículo 35
 artículo 36
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386
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 artículo 3
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 artículo 1
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 artículo 388
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 artículo 387
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388
 artículo 386
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 artículo 24
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 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 122
 artículo 388
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 artículo 388
 artículo 392
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 artículo 392
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 artículo 35
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 artículo 392
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