Source: http://derechocomercial.edu.uy/ClaseSAAdm01.htm
Timestamp: 2019-02-21 09:34:48+00:00

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Responsabilidad civil de los administradores de sociedades anónimas
Responsabilidad es la obligación de un sujeto de reparar el daño sufrido por otro[1].
Es un principio general de Derecho, el que cada persona responda por las consecuencias de sus actos. Esta regla general de Derecho tiene, también, cabida en materia de sociedades anónimas, por lo que son éstas las responsables de sus actos y no los integrantes de sus órganos. No lo son, entonces, los administradores cuando actúan en el desempeño de sus funciones de gestión y representación[2].
Por aplicación de la doctrina del órgano, en ausencia de una norma expresa atributiva de responsabilidad, por los actos celebrados por los administradores, en su función de administración y representación de la sociedad, debe entenderse exclusivamente responsable la sociedad administrada[3].
De ahí que sea imprescindible la existencia de normas expresas que atribuyan responsabilidad al administrador y a los directores. Si no existe una norma expresa, éstos no pueden ser responsabilizados frente a terceros por los actos cometidos dentro del ámbito de sus funciones.
Cuando los administradores o directores actúan en el marco de la Ley, diligentemente, dentro de los límites del objeto social y de acuerdo a las previsiones estatutarias, no contraen responsabilidad personal por el cumplimiento de actos de gestión y representación. Las consecuencias de sus actos recaen en la sociedad administrada[4].
Su responsabilidad nacerá cuando, en la gestión de los negocios sociales y en la representación de la sociedad, incurran en la violación de disposiciones legales o estatutarias o cometan faltas de diligencia[5]. La inercia de los administradores en el ejercicio de sus funciones, la negligencia en la observación de las obligaciones a su cargo, también, son fuente de responsabilidad.
I. Solidaridad de la responsabilidad civil
La responsabilidad de los directores de sociedades anónimas es solidaria.
Jurídicamente, una obligación es solidaria cuando el cumplimiento de la totalidad del objeto de la obligación puede ser demandado individualmente a uno cualquiera de los deudores o cuando el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación, puede ser reclamado a cualquiera de quienes están ligados por su cumplimiento o por la coactuación. Trasladando estos conceptos al caso de los directores, implica que tanto la sociedad, como los accionistas o los terceros, pueden exigir ilimitadamente a cada uno de ellos en particular, el resarcimiento total de los daños y perjuicios sufridos por la decisión del directorio que entrañó una violación de los estatutos, abuso de facultades, dolo o culpa grave, mal desempeño del cargo, etcétera[6].
Siendo solidaria la responsabilidad, la acción de resarcimiento puede ejercitarse contra cualquiera de los directores, sin que a éstos les sea dado exceptuarse alegando que la acción debe antes ser dirigida contra alguno de sus colegas o contra todos en conjunto. El director que afronte solo la responsabilidad, puede repetir contra los demás lo que hubiese sido obligado a pagar, deducido lo que le corresponde[7].
El fundamento de la solidaridad se encuentra en el hecho de integrar un cuerpo colegiado en el que la voluntad del órgano es la resultante de la coincidencia de la mayor parte de las voluntades individuales que lo integran. Es decir, la mayoría queda solidariamente ligada por el hecho de haber aprobado la decisión y la minoría por no haberse opuesto formalmente a lo decidido, para lo cual la Ley pone en sus manos los resortes jurídicos necesarios[8].
Un segundo fundamento, de orden pragmático, consiste en que resultaría ilusorio para el reclamante, lograr el resarcimiento del daño sufrido, si tuviera que determinarse cuál o cuáles de los directores son los realmente responsables[9].
Para que exista responsabilidad deben reunirse cuatro requisitos:
debe existir un hecho ilícito;
debe existir culpa;
debe haber un daño y
debe probarse la existencia del nexo causal entre el hecho ilícito y el daño causado.
Analizaremos, uno por uno, estos elementos.
A. Hecho ilícito
Como toda responsabilidad civil, la del administrador y directores supone la producción de un acto o hecho que reúna determinadas características de ilicitud[15], generalmente referidas como causales de responsabilidad.
En materia de sociedades anónimas la norma principal en materia de responsabilidad se encuentra en el art. 391 de la Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989 (LSC), cuyo parágrafo 1 dispone:
“El administrador o los directores responderán solidariamente hacia la sociedad, los accionistas, y los terceros por los daños y perjuicios resultantes, directa o indirectamente de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83 y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave.”
La causales incluida en la norma que acabamos de transcribir son las siguientes:
1. violación de la Ley, de los estatutos o de los reglamentos;
2. por mal desempeño de su cargo;
3. y por abuso de facultades, dolo o culpa grave.
Existen otras causales de responsabilidad de administradores, civiles y penales, previstas en disposiciones expresas de la LSC y de otras leyes. Por un análisis de esas diversas causales de responsabilidad, haga click en este hipervínculo.
La responsabilidad de los administradores queda comprometida cuando se haya causado daños y perjuicios. La sola comisión de un acto ilícito, antiestatutario o negligente no apareja la responsabilidad. Es menester que ese acto haya provocado un perjuicio dado que en nuestro sistema legal, la responsabilidad tiene una función reparadora.
En el art. 391 la LSC dispone que los administradores responden por los daños directos e indirectos.
Con esta disposición, la LSC se aparta del régimen general de responsabilidad civil, que sólo involucra al daño directamente causado.
Sobre el significado de la expresión "daños y perjuicios resultantes, directa o indirectamente...", caben diversas interpretaciones.
Se ha entendido que la LSC hace referencia al daño emergente y lucro cesante, sin hacer distinción entre lo previsible e imprevisible. El daño directo sería la pérdida patrimonial y el indirecto sería el lucro cesante ocasionado por esa pérdida.
En nuestra opinión, la LSC, con la inclusión del daño indirecto entre los daños resarcibles, pretendió superar las disquisiciones que han ocupado a los civilistas, respecto a la limitación que los arts. 1323 y 1326 del Código Civil (CC) imponen a la resarcibilidad del daño. El art. 1323 del CC establece que "El daño comprende no sólo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito". Y el art. 1326 del CC dispone que "Las personas obligadas a la reparación del daño causado por las que de ellas dependen, tienen derecho a ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere y si el que causó el daño lo hizo sin orden ni conocimiento de la persona a quien debía obediencia y era capaz de delito o cuasidelito según el artículo 1320".
Damos un ejemplo: El administrador causa daños patrimoniales a la sociedad (daño directo e inmediato) y, como consecuencia de ellos, se perjudican los acreedores sociales que no pueden recuperar sus créditos (daño indirecto). También, se perjudica el accionista que ve disminuido el valor de su participación accionaria. En ambos casos, el daño es indirecto.
Debe existir nexo causal entre el hecho y el daño, de acuerdo a principios generales.
El hecho causa un daño y los daños pueden producirse en cascada: como consecuencia del daño directo puede sobrevenir otro daño que ha de ser indirecto.
Damos un ejemplo. El accionista a quien no se paga un dividendo sufre un daño directo por no recibir la prestación a que tiene derecho. El accionista puede, además, sufrir un daño indirecto, cuando por ejemplo, por no recibir la prestación a tiempo, no ha podido cumplir por su parte con una obligación, lo cual le ocasionó un daño.
En el art. 391 de la LSC establece que el administrador o los directores responderán por los daños y perjuicios resultantes de la violación de la Ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo (según el criterio del art. 83) y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave. ¿Cómo debe interpretarse esta referencia expresa a diversos grados de culpabilidad?
1. Opinión que atribuye responsabilidad objetiva al administrador y a los directores de sociedades anónimas
Se ha interpretado que bastaría la producción del acto ilegal o antiestatutario para dar nacimiento a la responsabilidad del administrador y los directores. La referencia al dolo, abuso de facultades y a la culpa grave no estaría calificando las condiciones generadoras de la responsabilidad sino agregando nuevas causales para hacer responder a los administradores por cualquier otro daño producido mediante conductas dolosas, abusivas o incurriendo en culpa grave.
En este sentido, Galindo Farías considera que si se trata de la violación de una norma contenida en la Ley o en los estatutos, la existencia de la culpa se constataría objetivamente. Se comprobaría la culpa con el simple examen objetivo de los hechos o actos realizados en violación de las normas preestablecidas. Por lo tanto, toda violación material de los deberes objetivamente determinados en la Ley o en los estatutos, sería fuente de responsabilidad para los administradores, si su incumplimiento hubiere dado lugar a la causación de un daño[19].
Claro que, dice Galindo Farías, si el daño fuese causado por mal desempeño del cargo, la responsabilidad dependería de la acreditación de la negligencia, de la falta de atención o de cuidado, en que hubiere incurrido el administrador o los directores. En este caso, la calificación de la culpa sería de naturaleza subjetiva. Su existencia y grado serán objeto de un juicio estimativo. En esta hipótesis no se encontraría una disposición objetiva y específica, legal o convencional, que sirva para confrontar la conducta observada con aquella actividad que se espera del administrador o los directores[20].
Coincidimos con que la referencia al dolo, al abuso de facultades y a la culpa grave, no estaría calificando a la violación de la Ley o el estatuto, sino agregando nuevas causales de responsabilidad. Aun actuando de conformidad con la Ley y los estatutos, el administrador o los directores, pueden ser responsabilizados por el daño producido con dolo. Dicho de otra forma, en los casos de violación de la Ley o el estatuto, no se requiere la coexistiencia del abuso de facultades, dolo o culpa grave.
No obstante la interpretación que acabamos de referir, consideramos que la LSC no supone una desviación del sistema general de responsabilidad. En los casos de violación de la Ley o el estatuto, sólo existirá responsabilidad del administrador o los directores, cuando se haya configurado el elemento subjetivo[21].
Claro está que la buena fe de los administradores no puede ser aceptada como excusa del incumplimiento de sus obligaciones, de su negligencia o de la violación de disposiciones legales o antiestatutarias. No es causa de absolución[22].
Tampoco la inexperiencia basta para exonerar de responsabilidad al administrador o a los directores. Por el contrario, si esa inexperiencia ha sido la razón del perjuicio sufrido, ella puede constituir una circunstancia agravante porque el administrador o director, ha cometido una primera falta al aceptar una misión que era incapaz de cumplir[23].
III. Acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad anónima
La acción de responsabilidad es aquella que puede ejercerse contra alguien a quien se imputa ser el culpable de un acto dañoso o perjudicial. La titularidad de la acción corresponde a quien ha sufrido un perjuicio[25].
Teniendo en cuenta sus eventuales titulares, podemos distinguir dos clases de acciones de responsabilidad con el administrador y los directores:
la acción por el daño causado a la sociedad (acción social)
y las acciones correspondientees a los accionistas y a los terceros por el daño sufrido personalmente (acción individual).
A. La acción por daño a la sociedad (acción social)
a. Legitimación para el ejercicio de la acción social
La responsabilidad de directores o de administradores de sociedades anónimas se puede generar respecto a la sociedad, los accionistas o los terceros, quienes tendrán el ejercicio de las correspondientes acciones judiciales. Señalamos una importante diferencia con el art. 83 que, para los demás tipos, establece sólo responsabilidad frente a la sociedad y a los socios pero no frente a terceros.
* Ejercicio de la acción social por la propia sociedad
El ejercicio de la acción por la sociedad se resuelve por la asamblea (art. 393) y se ejecuta por el órgano de administración.
El art. 358 dispone que en la asamblea sólo puede tratarse lo que está en el orden del día. Sin embargo, se exceptúa de ese régimen el tema de la responsabilidad de administradores, directores o síndicos y de su remoción (art. 358 y 393). Ello es lógico, siendo los administradores quienes deben formular el orden del día, difícilmente incluirán tales cuestiones.
Para resolver el ejercicio de una acción de responsabilidad bastará la mayoría de presentes. La LSC no impone una mayoría especial.
Si la asamblea resuelve ejercer la acción de responsabilidad, ello apareja la remoción del administrador o directores afectados (art. 393). Quien debe promover la acción es el nuevo administrador o el nuevo directorio. La norma establece un plazo de 90 días para ello.
* Ejercicio de la acción social por los accionistas
Cualquier accionista puede promover la acción si el administrador no lo hizo en el plazo de 90 días (art. 396.2).
Si en la asamblea se hubiere resuelto por mayoría no promover acción, los accionistas que se opusieron a la extinción de la responsabilidad, podrán ejercer la acción social (art. 396, inc. 1).
* Ejercicio de la acción social por acreedores
El art. 395 permite, también, a los acreedores el ejercicio de la acción social de responsabilidad. Dispone:
“Los acreedores de la sociedad sólo podrán iniciar la acción de responsabilidad cuando ésta tenga por finalidad la reconstrucción del patrimonio social, insuficiente para cubrir las deudas sociales a consecuencia de los actos u omisiones generadores de responsabilidad y siempre que la sociedad o los accionistas no la hayan promovido.”
El artículo 396 agrega:
“En caso de concordato, moratoria o liquidación judicial, la acción será resuelta y entablada por los interventores o síndicos designados en los respectivos trámites y en su defecto, por los acreedores individualmente.”
b. Norma respecto de la sociedad controlante y sus administradores
La acción de responsabilidad puede ser ejercida por el socio o accionista de la sociedad controlada, quien puede demandar la reparación del daño sufrido por la sociedad y del daño sufrido personalmente (art. 51, inc. 3). Esta norma es más tuteladora que la general contenida en el art. 394 en que sólo se permite el ejercicio de la acción social por un accionista en determinadas circunstancias: si la acción no es ejercida por los administradores o si la asamblea resolvió extinguir la responsabilidad de los administradores con la oposición del accionista.
El art. 51, en el inc. 4, agrega:
“Si la sociedad controlante fuera condenada, deberá pagar al socio o accionista los gastos y honorarios del juicio, más un 5 % calculado sobre el monto de la indemnización debida.”
La norma crea una sanción adicional a favor del accionista promotor de la acción y a cargo de la sociedad controlante.
c. Exoneración de responsabilidad
Los incs. 2, 3 y 4 del art. 391 de la LSC disponen respecto de los casos y las condiciones en que los administradores o directores de sociedades anónimas quedarán exonerados de responsabilidad. Básicamente, se distingue según la resolución generadora de responsabilidad se haya tomado en una sesión del directorio o fuera de ella.
* Exoneración de responsabilidad respecto de resoluciones adoptadas en sesión de directorio
Para el caso en que la resolución hubiese sido adoptada en una sesión del directorio, la LSC prevé dos sub-hipótesis, según el director estuviese presente o ausente en dicha sesión.
Si el director estaba presente, debió cumplir con dos condiciones: no haber votado la resolución y haber dejado constancia en actas de su oposición.
Puede suceder que los demás directores se hayan negado a dejar constancia formal de la oposición. En dicho caso, quien votó en contra debe comunicar en forma fehaciente a la sociedad su oposición en un plazo de 10 días de la reunión. El plazo para realizar esta comunicación se cuenta a partir de la reunión en que se haya adoptado la resolución.
Si el director no concurrió a la sesión que adoptó la resolución y toma conocimiento de ella después, debe tomar dos providencias, para liberarse de responsabilidad.
Debe comunicar, en forma fehaciente, su oposición en el plazo de 10 días a contar de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución.
Debe, además, solicitar la reconsideración de la resolución generadora de responsabilidad. Por esta vía, el director podrá manifestar su oposición expresamente y solicitar se deje constancia de ella en actas o hacer la comunicación fehaciente, si los restantes directores se opusieran a incluir en el acta esa oposición.
La LSC aclara que la abstención o la ausencia injustificada no exime de responsabilidad (art. 391). Además, aunque se justifique la ausencia del director, éste debe actuar en la forma antes analizada para eximirse de responsabilidad.
* Exoneración de responsabilidad respecto de resoluciones adoptadas fuera de directorio
Si el acto o hecho generador de responsabilidad no se resolvió en una sesión de directorio, sólo serán responsables los directores que hayan participado en ella.
La LSC impone que, en cuanto ese acto o hecho llegue al conocimiento de los demás directores, estos deben plantearlo en el directorio para que éste adopte resolución al respecto y puedan dejar constancia formal de su oposición.
Como norma de carácter general, el art. 102, dispone que la aprobación de balances anuales y de la memoria, no implica la aprobación de la gestión de los administradores, o directores ni de los síndicos. La LSC no admite, por lo tanto, una aprobación tácita de sus gestiones.
Tratándose de sociedades anónimas se aplica el art. 392 de la LSC. La asamblea, por mayoría de presentes, podrá resolver aprobar la gestión o renunciar al ejercicio de una acción de responsabilidad o aprobar una fórmula transaccional; pero tal facultad tiene limitaciones y condiciones en la LSC.
* Tal resolución no tiene eficacia si se trata de responsabilidad por violación de la Ley o de los estatutos. De manera que podrá ser eficaz la renuncia, sólo si la responsabilidad se generó por el mal desempeño del cargo.
* No será eficaz esa resolución si no se planteó en la asamblea, los hechos concretos que son generadores de la responsabilidad. Nunca ha de tener eficacia una declaración genérica de exoneración de responsabilidad. Los accionistas podrían aprobar la gestión sin tener conocimiento de ilícitos o violaciones estatutarias concretas. Para que tenga eficacia una resolución de extinción de responsabilidad, tuvo que ponerse en conocimiento de los accionistas, reunidos en asamblea, hechos concretos susceptibles de generar responsabilidad, para que se delibere, se aprecie su gravedad y se resuelva con conocimiento de causa.
* El tema de la responsabilidad debe plantearse en el orden del día. La exigencia se justifica pues, de este modo, los accionistas se pueden informar previamente sobre el tema para estar en condiciones de votar. Si el directorio que extiende el orden del día, no incluye la responsabilidad y, luego, el grupo que lo apoya lo plantea como tema, para votar sorpresivamente la aprobación de la gestión, tal resolución no tendrá eficacia liberatoria.
El tema de la responsabilidad puede ser propuesto, en una asamblea, por cualquier accionista que denuncie hechos concretos generadores de responsabilidad y, entonces, será tratado aunque no figure en el orden del día. Si la asamblea trata el tema de la responsabilidad, no incluido en el orden del día, y resuelve liberar de responsabilidad o transar, tal resolución asamblearia no tendrá eficacia. Por lo contrario, si se trata el tema y se resuelve responsabilizar a los administradores y ejercer las acciones pertinentes, esa resolución tiene eficacia. Lo que la LSC no quiere es el planteo sorpresivo del tema con el efecto de liberar de responsabilidad.
* Aun cuando se configuren todas las circunstancias antes referidas, para que la extinción sea válida, existe una última posibilidad: que la minoría se oponga a tal resolución. De acuerdo al art. 394 los administradores no quedan liberados de responsabilidad si se oponen accionistas que representen el 5 % del capital integrado.
* También, pierde eficacia la resolución que los libera de responsabilidad si, posteriormente, se produce la liquidación judicial de la sociedad.
e. Naturaleza de la responsabilidad del administrador y los directores, por el daño causado a la sociedad
Se han sostenido dos posiciones antagónicas que atribuyen, respectivamente, naturaleza extracontractual o contractual a la responsabilidad de los administradores. Quienes sostienen que la responsabilidad de los administradores es de naturaleza extracontractual basan su argumentación en su origen legal. Argumentan, en síntesis, que la responsabilidad de los administradores, en todos los casos, es extracontractual puesto que se funda en un precepto legal que la impone.
En nuestro concepto, la responsabilidad del administrador y los directores, respecto a la sociedad es contractual, de acuerdo a la distinción efectuada por Gamarra. La responsabilidad del administrador y los directores es de naturaleza contractual, puesto que se fundan en la existencia de un vínculo preexistente entre el administrador o los directores, y la sociedad administrada[26].
Para Gamarra, la responsabilidad contractual deriva de la violación de una obligación o de un deber que corresponde a una obligación preexistente. La responsabilidad extracontractual nace como consecuencia de la violación de un deber genérico de no dañar. La extracontractual es violación de un deber jurídico donde no existe relación obligacional entre los sujetos. La responsabilidad extracontractual vincula a sujetos que antes no estaban relacionados entre si. Supone la infracción de deberes no obligacionales.
* Importancia de la distinción
La distinción entre la naturaleza contractual y extracontractual interesa por la extensión de la responsabilidad y por la prescripción que es diferente en un caso y en otro.
La regulación general del CC, en materia de responsabilidad contractual, dispone que, si en el incumplimiento no hubo dolo del obligado, éste responde de los daños y perjuicios previstos o que se pudieron prever y que sean consecuencia directa e inmediata del incumplimiento. Si en el incumplimiento hubo dolo del obligado, éste responde de las consecuencias inmediatas y directas, tanto de las previsibles como de las imprevisibles.
Si la responsabilidad se califica como extracontractual, se responde siempre de las consecuencias del hecho ilícito, previsibles o imprevisibles.
En materia de responsabilidad del administrador y los directores, podría entenderse que, en todos los casos, dado que la LSC no distingue, se responde de lo previsible y lo imprevisible. Creemos más acertado, sin embargo, aplicar los principios del CC. Se responde de lo previsible e imprevisible, si la responsabilidad es contractual, según haya o no dolo.
También, interesa determinar la naturaleza de la responsabilidad, fundamentalmente, por la diferencia en el término de prescripción: 4 años si se trata de responsabilidad contractual y 20 años si es responsabilidad extracontractual. El art. 51 de la LSC establece una prescripción corta de 3 años sólo para las hipótesis del abuso de control.
B. La acción individual por daño a los accionistas
El administrador y los directores, pueden incurrir en responsabilidad frente a los accionistas cuando, con sus actos u omisiones, afectan derechos que tienen como tales. Los accionistas tienen derechos patrimoniales, derechos políticos, derechos de control y otros y, en cuanto ellos le sean desconocidos, tendrán acción de responsabilidad contra el administrador. Frente a un desconocimiento de sus derechos pueden actuar contra la sociedad, reclamando se les reconozca sus derechos o pueden actuar contra el administrador o los directores por los daños y perjuicios sufridos.
Damos un ejemplo: el accionista puede reclamar al administrador porque no se le ha pagado un dividendo. El daño directo es el no recibir la ganancia dispuesta en la asamblea. El daño indirecto será el lucro cesante: por no haber recibido ese dinero no pudo hacer una inversión que le hubiera proporcionado determinada rentabilidad.
a. Causales de responsabilidad previstas especialmente por la LSC
* Privación del ejercicio del derecho de preferencia
El administrador o los directores de una sociedad anónima, responden si se vulneran los derechos de preferencia de los accionistas (art. 329).
* Negación de información a los accionistas
El inciso final del art. 321 dispone:
b. Naturaleza jurídica de la responsabilidad por el daño causado a los accionistas
Se ha sostenido que la responsabilidad del administrador y los directores, por sus hechos ilícitos es una responsabilidad extracontractual, aun respecto de los accionistas. Se argumenta que el administrador no celebra un contrato con el accionista porque el administrador es designado por un acto social de otro órgano social: la asamblea de accionistas.
Nosotros entendemos que, la responsabilidad es contractual. Existe un negocio societario que vincula al accionista con la sociedad; sus derechos derivan de ese contrato. El administrador o el directorio, es el órgano de la sociedad, creado por ese negocio. De modo que, toda vez que se vulnere un derecho del estatuto del accionista, se transgrede el contrato social y la sociedad y los administradores contraerán responsabilidad contractual frente al accionista.
En cuanto a los perjuicios sufridos personalmente, como consecuencia del daño patrimonial experimentado por la sociedad en la cual participa, entendemos que el accionista carece de legitimación. La Ley no habilita al accionista a promover un juicio porque la mala gestión de la sociedad perjudicó el patrimonio de la sociedad y con ello el valor de su participación. En tal caso, no existe un nexo causal entre el hecho del administrador y el daño sufrido por el accionista; se interpone la sociedad. El hecho dañó a la sociedad y luego, mediatamente, a sus socios o accionistas. Los accionistas pueden promover la acción social para recomponer el patrimonio social, cuando se dan las condiciones para ello y, de este modo, ha de lograr reparar el daño sufrido personalmente.
No tendría sentido admitir que se ejerzan acciones por la sociedad para recomponer su patrimonio y a la vez permitir el ejercicio de acciones personales por cada accionista para compensar el menor valor de sus participaciones sociales. Cuando se repare el patrimonio social, a la vez, quedará reparada la situación personal de cada accionista.
* Responsabilidad extracontractual
También, tienen acción de responsabilidad los accionistas en cuanto han sido perjudicados en sus derechos particulares, ajenos a su posición de socios, por los cuales deben ser considerados como terceros[27]. Cuando el accionista se relaciona como un tercero con la sociedad, celebrando contratos, o resulta afectado como un tercero por actos de la sociedad y, en esa calidad, sufre daños por hechos ilícitos de los administradores, el régimen será el aplicable a los terceros.
Una hipótesis especial de responsabilidad es la que resulta en el caso del accionista que hubiere adquirido acciones inducido por el engaño de un balance falso. En la hipótesis planteada, el accionista podría reclamar daños y perjuicios contra los directores, colocándose en la posición de un tercero[28]. El daño se habría producido antes de adquirir la calidad de accionista, esto es, lo sufrió como tercero.
3. La acción individual por daño a los acreedores
Hay acuerdo en la doctrina en que los acreedores están legitimados para responsabilizar a los administradores, si se les causa un daño, directamente, en su patrimonio. Debe existir, claro está, nexo causal directo o inmediato, entre el hecho del administrador y el daño sufrido por el tercero.
Hay acuerdo, también, en que los acreedores tienen legitimación para promover la acción social de responsabilidad, si el hecho del administrador causó un perjuicio a la sociedad, provocando pérdidas patrimoniales y la sociedad no ejerce tal acción. Esa acción tiene por objeto la reparación del daño sufrido por la sociedad y no el daño personal (art. 395).
En cambio, las opiniones difieren respecto al caso en que el acreedor pretenda de los administradores un resarcimiento al daño producido a su propio patrimonio, indirectamente, como consecuencia del daño causado al patrimonio social. A este daño se lo conoce como "daño reflejo".
Entre el administrador y el acreedor se interpone la sociedad. El daño se causa a la sociedad y el incumplimiento de la sociedad le causa un daño al acreedor. Hay nexo causal entre el hecho y el daño sufrido por el acreedor, pero de carácter mediato o indirecto.
a. Posiciones respecto a la viabilidad de una acción individual de responsabilidad por el daño reflejo a los acreedores
En una posición restrictiva, la LSC no reconocería al tercero una acción individual para reclamar la responsabilidad del administrador. En esta posición, la única posibilidad que la LSC le atribuiría a los acreedores para resarcirse del daño reflejo, es el ejercicio de la acción social de responsabildad, en función de la legitimación que le atribuye el art. 395, en aquellos casos en que ni la sociedad, ni los accionistas la hubieran promovido.
En otra posición, se advierte que el art. 391 le confiere legitimación a los terceros, sin distinguir si se otorga a los efectos de la acción social de responsabilidad o a los efectos de la acción individual. Además, la legitimación que se confiere es tanto por el daño directo que pudieren sufrir los terceros, como por el daño resultante indirectamente de la actuación de los administradores.
En una tercera posición (Caffera y Mantero Mauri), el art. 391 sólo daría legitimación a los acreedores para promover la acción social de responsabilidad. No obstante, estos podrían promover una acción de responsabilidad amparada en el art. 1.319 del Código Civil.
La responsabilidad frente a terceros es extracontractual, porque se funda en la trasgresión de una norma que impone a los administradores un determinado comportamiento.
Por tratarse de responsabilidad extracontractual, la LSC no realiza las distinciones que se vieron en materia de responsabilidad contractual. Se responde siempre de las consecuencias del hecho ilícito, previsibles o imprevisibles.
Siendo esta responsabilidad extracontractual, prescribe a los cuatro años[7].
[1] Peirano Facio, Responsabilidad extracontractual, pp. 20 y 21.
[2] Rodríguez Olivera, Responsabilidad civil de administradores de sociedades anónimas, p. 69.
[3] Rodríguez Olivera, íd. ibíd.
[4] Rodríguez Olivera, íd. ibíd.
[5] Rodríguez Olivera, íd. ibíd.
[6] Sasot Betes y Sasot, Sociedades anónimas, el órgano de administración, p. 527/528.
[7] Garo apud Sasot Betes y Sasot, íd., p. 530.
[8] Sasot Betes & Sasot, íd. ibíd.
[9] Sasot Betes & Sasot, íd. ibíd.
[15] Miller Artola, De la administración y de la representación de las sociedades anónimas, in: Rippe Kaiser, Pérez Idiartegaray & Gaggero, Análisis Exegético de la Ley 16.060, Sociedades Comerciales, t. II, pp. 193 y 194.
[19] Galindo Farías, Sociedad Anónima, Responsabilidad Civil de los Administradores, p. 93 ss.
[20] Galindo Farías, íd. ibíd.
[21] Rodríguez Olivera, op. cit., p. 209. Conforme Dalsace, Manuel des sociétés anonymes, p. 216, y Uría, Derecho mercantil, p. 229.
[22] Steiger, Le Droit des Sociétés Anonymes en Suisse, p. 272. La sentencia del 5 de febrero de 1.910 de la Corte de Amiens, citada por Steiger, se refier al caso de una sociedad que había distribuido dividendos ficticios poco antes de un aumento de capital. Los suscriptores de las nuevas acciones pretendían que las habían suscripto en virtud de haber llegado a su conocimiento tal distribución. Se comprobó la buena fe de los administradores; se probó que fueron engañados por actos del director gerente. La Corte igualmente estableció que los administradores eran culpables por falta de vigilancia, lo que era suficiente para entrañar su resposnabilidad y les condenó a reembolsar a los suscriptores el importe de sus acciones.
[23] Marx, De la responsabilité des administrateurs dans les sociétés anonymes, p. 18.
[25] Rodríguez Olivera, íd., p. 237.
[26] En el CCom, el administrador era reputado como mandatario y, aunque fuera discutible tal naturaleza, por la utilización de esa calificación legal, se le aplicaba – en lo no especialmente previsto - el régimen del contrato de mandato y se sostenía que su responsabilidad frente a la sociedad era de naturaleza contractual. En el CCom, la relación de “mandato” se creaba entre la sociedad – persona jurídica - y el administrador; por ello y coherentemente, la Ley no acordaba acción al accionista contra el administrador para exigirle responsabilidad por el mal desempeño del mandato.
[27] Rodríguez Olivera, op. cit., p. 238.
[28] Rodríguez Olivera, íd., p. 193.
[1] Código penal, art. 253 (De la quiebra fraudulenta). El quebrado fraudulento será castigado con dos a ocho años de penitenciaría y dos a diez años de inhabilitación comercial o industrial.
[2] Andrioli menciona al Decreto italiano del 30 de marzo de 1942:
“Cuando en las leyes y en los reglamentos son invocadas las disposiciones del CC de 1865 y del CCom de 1882, se entienden invocadas las disposiciones correspondientes al nuevo Código” (Andrioli, Il foro italiano, LXVI, parte IV, p. 44 y ss.).
A falta de textos como el expresado, es precisamente que se plantea el problema interpretativo que entramos a considerar.
[3] Manzini, t. 1, pp. 415 y 416.
[4] Manzini, íd. ibíd.
[5] Andrioli, op. cit.
[6] Rodríguez Olivera, Responsabilidad penal en las sociedades anónimas.
[7] La distinción entre la naturaleza contractual y extracontractual interesa por la extensión de la responsabilidad y por la prescripción, que es diferente en un caso y en otro.
La regulación general de los códigos uruguayos, tanto en materia de responsabilidad contractual (arts. 1345 y 1323 CC, y art. 222 CCom) como extracontractual (art. 1319 CC), dispone que el obligado responde de los daños y perjuicios que sean consecuencia directa e inmediata del incumplimiento (ello significa que debe existir nexo causal directo entre el incumplimiento y el daño). El daño comprende la pérdida sufrida (daño emergente) y el lucro de que se le ha privado (lucro cesante).
Hay diferencias, en cambio, en cuanto a los daños previsibles o no previsibles. En el caso de la responsabilidad contractual, si en el incumplimiento no hubo dolo del obligado, éste responde de los daños y perjuicios previstos o que se pudieron prever. Si en el incumplimiento hubo dolo del obligado, éste responde tanto de las previsibles como de las imprevisibles (art. 1346 CC y art. 223 CCom). En el caso de la responsabilidad extracontractual, la Ley uruguaya no distingue, respondiéndose siempre de las consecuencias del hecho ilícito, previsibles o imprevisibles.
Hay diferencias en los términos de prescripción: 20 años si es responsabilidad contractual y 4 años si es responsabilidad extracontractual (arts. 1216). Si el hecho generador de responsabilidad configura un ilícito penal, el término de prescripción es el fijado por el Código Penal (arts. 117 y 119).

References: artículo 83
 artículo 1320
 artículo 396
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