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Timestamp: 2019-09-23 09:24:20+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 89/2013 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 89/13
EXPEDIENTE: “RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR EL ABG. MIGUEL ANGEL BRITEZ PEREIRA EN LA CAUSA: “CESAR PASTOR MARTINEZ Y OTROS S/POSECION Y TRAFICO DE DROGAS Y ASOCIACION CRIMINAL”.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes Marzo del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Señores Ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, MIGUEL OSCAR BAJAC Y JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: “RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR EL ABG. MIGUEL ANGEL BRITEZ PEREIRA EN LA CAUSA: “CESAR PASTOR MARTINEZ Y OTROS S/POSECION Y TRAFICO DE DROGAS Y ASOCIACION CRIMINAL”, a fin de resolver el Recurso de Revisión planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 15 de fecha 24 de marzo de 2010, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, confirmatoria de la S. D. N° 287 de fecha 21 de agosto de 2009, dictada por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de esta Capital.
¿Es admisible para su estudio el Recurso de Revisión interpuesto?
Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, MIGUEL OSCAR BAJAC Y JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: que el condenado Carlos López Ibarra, plantea el recurso de revisión a favor de su persona, a través de su abogado defensor, solicitando el pronunciamiento directo de esta Sala Penal y la rectificación de la condena impuesta reduciendo la sanción de 17 años de pena privativa de libertad a una de cinco años o un máximo de seis años, a tenor de los artículos 484 y 475 del C.P.P., asimismo del Art. 21 de la Ley N° 1881/02.
En primer término, corresponde realizar el examen de admisibilidad del recurso interpuesto, y en tal sentido, se advierte que los requisitos formales de interposición se hallan debidamente acreditados, a tenor de lo dispuesto en los artículos 481, 482 y 483 del Código Procesal Penal, conforme se expone a continuación: a) Objeto impugnado: El fallo atacado tiene carácter de definitivo; vale decir, contra el mismo ya no caben recursos ordinarios, ni el extraordinario de Casación, con excepción del recurso impetrado; b) Plazo: el lapso temporal para interponerlo no está sometido a plazo preclusivo, porque procede en todo tiempo; c) Sujeto Legitimado: El condenado, como principalísimo sujeto del proceso penal, se halla en posesión de la legitimación activa para promoverlo; d) Forma de interposición: El recurso ha sido planteado, por escrito, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y no obstante de las desprolijidades de estilo, contiene la casuística legal (Art. 481 numeral 4 in fine y 5 del C.P.P) que, según se corrobore, apoyaría la positividad o negatividad de su procedencia y por último, expone la propuesta de solución consistente en la reducción de la condena a cinco (05) años de como máximo de pena privativa de libertad. En resumen, con las salvedades explicadas, voto por la admisibilidad del recurso de revisión impetrado y, en consecuencia, por entrar a analizar el fondo de la impugnación.
A SUS TURNOS, los señores Ministros MIGUEL OSCAR BAJAC Y JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, manifiestan que se adhieren al voto que antecede.
LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El defensor técnico del condenado, Abg. MIGUEL ANGEL BRITEZ PEREIRA, plantea recurso de revisión contra el Acuerdo y Sentencia N° 15 de fecha 24 de marzo del 2010, pronunciado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, confirmatoria de la S.D.N°287 de fecha 21 de agosto de 2009, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Capital, en el cual se le ha impuesto una pena privativa de libertad de diez y siete (17) años.
El revisionista, en el contexto de la argumentación que desgrana en el escrito forense que suscribe, alega que su defendido ha sido condenado a diez y siete (17) años de pena privativa de libertad, subsumido la conducta del incoado en el Art. 26 de la Ley 1340/88 que castiga con penitenciaría de 10 a 25 años al que realizare actividades en el territorio, tendientes a remitir a otros países sustancias prohibidas. Ley 1340/88 Art. 26. “El que desde el territorio nacional realizare actividades tendientes a remitir a países extranjeros sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan, así como materias primas y cualquier producto o sustancia empleable en su elaboración, transformación o industrialización, será castigada con penitenciaría de diez a veinticinco años…”. Que en nuestra estructura jurídica relacionada a la materia que reprime el tráfico ilícito de drogas, también rige la Ley N° 1881/02 que modificó la Ley N° 1340 en algunos artículos. Asevera, que si bien no fue derogado en forma expresa el Art. 26 de la mencionada ley, pero sí el artículo que le sirve de base y antecedente, que es el Art. 21, quedando redactado de la siguiente forma: “El que sin autorización introdujere al país o remitiere al exterior las sustancias a las que se refiere el Art. 1 de ésta ley, o el que autorice ilícitamente su introducción o remisión, será castigado con penitenciaría de cinco a diez años, decomiso de las sustancias, multa por el cuádruplo de su valor, y destitución e inhabilitación general por el doble de la condena, en el supuesto de que fuere funcionario público”, constituyéndose en la norma más benigna que debe ser considerada para la punición, es resaltante que el órgano acusador mencionó o mejor requirió que los hechos sean subsumidos en el Art. 21 de la Ley 1340, derogado.
Manifiesta el recurrente, de que la resolución en estudio, ha basado la condena en el Art. 26 de la Ley 1340/88 y; efectivamente, existe una ley más benigna que aplicar, la cual fue ignorada debido a una deficiencia interpretativa e integración del derecho por parte de los encargados de juzgar la causa y del órgano revisor, se debe puntualizar que la propia Fiscalía sostuvo la acusación sobre la base del Art. 21 de la Ley 1340 que encontraba derogada.
Asimismo argumenta que existe irracionalidad contrapuesta de las disposiciones mencionadas (Art. 26 Ley y Art. 21 Ley 1881), ya que no es lógico que un acto preparatorio tenga mayor sanción que la comisión efectiva del hecho reprochable; debe existir relación entre el hecho cometido y la pena aplicada conforme al Principio de Proporcionalidad con la magnitud del ilícito.
En conclusión, solicita la aplicación de una ley más benigna, la aplicación del art. 21 de la Ley N° 1881/02, ya que la realidad es la coexistencia de las disposiciones que configuran hechos punibles y que han sido dictadas dentro de la potestad del Poder Legislativo y está atribución tiene un límite que son las normas constitucionales. Resulta que, en el caso en concreto, la conformación de ambas normas revelan irracionabilidad y arbitrariedad que atentan contra el Principio de Proporcionalidad y propician una injusticia que atenta con el Principio de Igualdad y Equivalencia Axiológica, todo esto quebrantan el debido proceso, incluso contra el principio de Legalidad que rige la materia penal que altera el contenido material de la justicia y que únicamente pueden ser resueltas por esta Corte Suprema de Justicia, para poder alcanzar un fin válido de justicia y que guarde proporción y actitud suficiente con ese fin.
Al evacuar el traslado corrídole al Fiscal Adjunto, encargado de la atención de vistas y traslados de expedientes dirigidos a la Fiscalía General del Estado, luego de reproducir las líneas argumentativas expuestas por el recurrente y describir las secuelas procesales que desembocaron en las consecuencias jurídico penales que la causa motivó, se aboca al estudio de la admisibilidad del recurso. En ese marco de análisis – previa consideraciones doctrinarias sobre la naturaleza, alcances, tipicidad procesal y condiciones de interposición del recurso de revisión – expresa que es posible sostener la admisibilidad del recurso por el cumplimiento de las formalidades previstas (sujeto – objeto – Forma de interposición y causal), no obstante de la indebida forma de fundamentación.
Al analizar la procedencia o no del recurso en función a las disposiciones legales en que se apoya el revisionista y luego de cotejar los alcances normativos de las leyes involucradas, se puede decir con certeza que la defensa pretende que se le aplique en ésta instancia a su representado , prevé y sanciona hechos consumados, la importación o exportación de estupefacientes; mientras que el artículo 26 de la Ley 1340/88, tipifica las actividades tendientes a la exportación o importación de estupefacientes, es decir, los actos preparatorios de la conducta prevista en el artículo 21 modificada por la Ley 1881/02. Si bien los marcos penales entre el hecho consumado y los actos de preparación, serían desproporcionados en éste caso, son hechos punibles autónomos, y la desproporcionalidad referida por la defensa debería ser estudiado en el ámbito legislativo, y no jurisdiccional.
Sigue arguyendo la Fiscalía, de que los hechos probados con relación al condenado de marras, tal como lo juzgó acertadamente El Tribunal, su conducta se encuadra en lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 1340/88 – normativa que no fue modificada por la Ley 1881/02, por lo que no corresponde examinar lo ya considerado; pues lo ya probado fue calificado y condenado en su momento, de conformidad a la aplicación correcta de la ley, y confirmado por las instancias de control. De esta forma, queda vedado el nuevo estudio de lo ya analizado, pues como ya se indicó, es una vía excepcional de revisión de la cosa juzgada, únicamente por los motivos o causales taxativamente establecidas y en procedimiento determinado. Sobre la base de los fundamentos expuestos, se puede sostener sin temor a equívocos, que todos los cuestionamientos formulados por el revisionista, respecto de los fallos pronunciados en autos, no revisten la entidad necesaria para modificar el juicio positivo de responsabilidad penal del condenado Carlos Antonio López Ibarra, que se concretó en la sentencia emitida y en las demás resoluciones atacadas, por lo que no son objeto de revisión, por tanto, no hacer lugar al Recurso de Revisión planteado por improcedente.
Definidos los extremos de acuerdo a las posiciones argumentativas de las partes involucradas en el presente recurso – conforme a los términos en discusión, cabe observar la primera de las causales invocadas guarda relación con la prescripción legal consagrada en el Art. 481 numeral 4° del C.P.P., que dispone: “…o corresponda aplicar una norma más favorable…” Este dispositivo procesal está orientado a incidir sobre la cosa juzgada y no precisamente – como ocurre para la generalidad de las causales – para subsanar los grandes evidentes errores que puedan haber producido en el juicio penal, sino que por la benevolencia que entraña para el condenado la aparición de una ley penal, amnistía o jurisprudencia (extra – actividad jurisprudencia), estas se aplican en su favor ajustando la sanción penal recaída a los alcances normativos o interpretativos que subyacen en ellas, y aún absolver de culpa y pena en la hipótesis de que el hecho punible por el cual recayó la condena haya sido despenalizado.
Sobre las líneas exegéticas trazada, en los sucesivo, habré de discernir si los argumentos desgranados por el revisionista se encuentran enmarcados dentro de la causal con la que con énfasis proyecta la reivindicación del derecho que según firma – se le ha negado en tanto y en cuanto, los órganos juzgados no han tenido en consideración el artículo 21 de la Ley N° 1881/02, cuando debían hacerlo por ser una ley penal más benigna.
Para abordar la cuestión se debe partir de la idea que el recurso de revisión es un derecho y garantía de profunda raigambre constitucional y recepcionada en nuestra Carta Magna en el artículo 17 inc. 4), que dispone: “…no se pueden reabrir procesos fenecidos salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal”. Precisamente la cláusula revisora invocada es tributaria de ella y como tal, es una reglamentación procesal plasmada en el Artículo 481 inc. 5 del C.P.P., del cual se infiere que la aplicación de una ley pena más benigna presupone la existencia de una ley penal posterior o al menos distinta a la aplicada primigeniamente y que resultan más favorables para el condenado.
De las connotaciones del caso en particular se denota que la misma deviene improcedente, puesto que para la procedencia del Recurso Extraordinario de Revisión constituye como condición sine qua non, la aparición de una Ley Nueva que no haya sido conocido al momento de dictarse la sentencia condenatoria y que modifique la situación del condenado.
Por otra parte, el revisionista pretende una nueva subsunción sobre los mismos hechos respecto a otro tipo penal sin que él mismo constituya una Ley Nueva, cuestión que resulta ajena a la naturaleza misma de la revisión.
En conclusión, conforme a las condiciones vertidas y al no configurarse las causales impetradas en los términos del Art. 481 inc. 5 del C.P.P., corresponde HACER LUGAR al Recurso de Revisión interpuesto a favor del condenado Carlos Antonio López Ibarra, quedando incólume el Acuerdo y Sentencia N°15 de fecha 24 de marzo de 2010, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, confirmatoria de la S.D.N° 287 de fecha 21 de agosto de 2009, dictada por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de ésta Capital, debiendo remitirse los autos inmediatamente al Juzgado de Ejecución de Origen, sin prejuicio de lo dispuesto por el artículo 489 del C.P.P.. Es mi voto.
A SUS TURNOS, los señores Ministros MIGUEL OSCAR BAJAC y JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
Asunción, 22 de Marzo del 2013.
1 DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el presente recurso.
2 NO HACER LUGAR al recurso de revisión interpuesto por MIGUEL ANGEL BRITEZ PEREIRA, abogado por la defensa de CARLOS ANTONIO LOPEZ IBARRA, conforme a los argumentos vertidos en la parte exordio de la presente resolución.
3 REMITIR estos autos al Juzgado Penal competente a sus efectos.
4 ANOTAR, registrar y notificar.
Firmando los Dres. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, MIGUEL OSCAR BAJAC y RAÚL TORRES KIRMSER.

References: in fine
 resolución 
 artículo 26
 artículo 21
 artículo 26
 artículo 21
 artículo 17
 Artículo 481
 artículo 489