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Timestamp: 2014-04-25 05:17:22+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0385/2013-L - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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(DIRCABI) contra Alain Nuñez Rojas, Edhita Pedraza Becerra y William TorrezTordoya, Vocales
Acción de amparo constitucional Expediente:2011-24181-49-AAC
En revisión la Resolución 50 de 28 de julio de 2011, cursante de fs. 172 a 176, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Moises Aguilera López en representación de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz y Ana Canizarez Ortiz, Jueza Técnica del Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas del mismo Distrito Judicial -ahora departamento-.
Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2011, cursante a fs. 80 a 85 vta., el accionante, manifestó que:
El 19 de julio de 1999, se inició investigación por la supuesta clonación de teléfonos celulares contra Marco Marino Diodato del Gallo, involucrado en actividades ilícitas de narcotráfico y otros delitos; el 28 del mismo mes y año, se efectuó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) sobre la existencia de dos laboratorios de fabricación de cocaína en una propiedad del antes señalado, en la que se encontraban súbditos italianos y nacionales, a los que se les implicó en una red vinculada con una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico; el caso se encontraba radicado en el Tribunal Primero de Partido de Sustancias Controladas, instancia que dispuso la detención formal de los implicados; y la incautación y anotación preventiva de todos los bienes de su propiedad; el 18 de agosto de ese año, los fiscales hicieron conocer un listado de las propiedades de Marco Marino Diodato del Gallo, en la cual se encuentra la propiedad denominada “MOTACUSAL”, motivo de la presente acción.
En primera instancia, se dictó fallo absolutorio y levantamiento de todas las medidas jurisdiccionales; disposición ante la cual, el Ministerio Público recurrió en apelación, dando lugar a que el 2 de septiembre del 2000, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz dicte Auto de Vista revocando la sentencia absolutoria condenando a Marco Marino Diodato del Gallo a diez años de prisión y determinó la confiscación de todos sus bienes, donde se encuentra la propiedad “MOTACUSAL” tal como evidencia el informe emitido por Derechos Reales (DD.RR.) señalando que tiene 15 ha y 9565 m², inscrito a nombre de Gina Banzer de Diodato con Cédula de Identidad (CI) 1983827, registrado ese derecho propietario desde el 9 de octubre de 1997, hace notar que no es una tercera persona, sino que era la esposa del procesado y actual prófugo Marco Marino Diodato del Gallo; razón por la cual, dicha propiedad también fue anotada preventivamente a favor del Ministerio Público.
Posterior al Auto de Vista que revocó el fallo y condenó a los acusados, las partes recurrieron en casación y el 3 de julio de 2001, la Sala Penal Primera pronunció el Auto Supremo 349/2001, en el cual casa el fallo recurrido y dispone únicamente la libertad de Félix Sosa, manteniendo todas las demás medidas a los demás procesados; y consiguientemente, una vez vuelto el expediente al juzgado, certifica que la resolución se encuentra plenamente ejecutoriada y con autoridad de cosa juzgada.
Transcurrido el proceso, el 25 de marzo de 2008, Jenny Banzer de Abastoflor, en representación de Gina Banzer Suárez, acreditando su personería por un poder notarial otorgado donde registró un número de CI diferente al que estaba inscrito en DD.RR., presentó un incidente de devolución de la propiedad “MOTACUSAL”, supuestamente porque los bienes anotados preventivamente en primera instancia, se mantuvieron incólume con relación a la propiedad de terceras personas, las cuales no intervinieron, situación que no se aplica al presente caso, puesto que ese bien fue adquirido como bien ganancial de los esposos Diodato y el fallo de divorcio que muestra la apoderada, fue ejecutoriada mucho después del proceso penal que condenó a Marco Marino Diodato del Gallo y ordenó la confiscación de todos los bienes del procesado. A pesar de estos antecedentes la Jueza Técnica del Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas de Santa Cruz, dispuso la devolución de la propiedad, razón por la cual y ante una inadecuada valoración de las pruebas acompañadas en el expediente, el Ministerio Público apeló tal decisión y la Sala Penal Primera a través del Auto de Vista 888 de 18 de diciembre de 2010, declara admisible e improcedente la apelación incidental planteada, sin haber considerado los antecedentes del proceso y menos que existe la circular 02/2009, emitida por la Corte Suprema -hoy Tribunal Supremo- de Justicia, que claramente ordena a todos los administradores de justicia que cuando tengan que resolver cuestiones relacionadas a bienes incautados, tienen la obligación de oficio de notificar a DIRCABI, con todas las resoluciones, autos y sentencias, a efectos de que esta instancia como administradora de los bienes pueda accionar conforme a derecho.
El accionante denunció como lesionados los derechos de la institución que representa al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, a la defensa y a las garantías constitucionales, citando al efecto el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, ordenando que el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas dicte nueva resolución conforme a derecho.
Celebrada la audiencia pública el 28 de julio de 2011, según consta en el acta cursante de fs. 157 a 172, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante mediante su abogado, en audiencia ratificó íntegramente la acción planteada y ampliándola, señaló lo siguiente: a) De acuerdo a los arts. 157 y 158 de Código de Procedimiento Penal (CPP) y en base al reglamento del Decreto Supremo 26143 de 18 de diciembre, DIRCABI tiene suficiente legitimación activa para accionar en el presente caso; b) El 7 de abril de 2011, fue notificado con el Auto de Vista 888, dictado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, donde se le hace conocer la improcedencia de la apelación interpuesta por el Ministerio Público; c) Debido al proceso iniciado contra Marco Marino Diodato del Gallo, el 13 de septiembre de 1999, se anotó preventivamente entre otras, la propiedad denominada “MOTACUSAL”, registrado en DD.RR. a nombre de Gina Banzer Suárez de Diodato, esposa del implicado, haciendo notar que ésta no es una tercera persona; d) La solicitud de devolución que hizo Jenny Banzer de Abastoflor en representación de Gina Banzer Suárez con un poder notariado donde consignó un número de CI diferente al que registró en DD.RR.; por lo cual, también en el presente caso existiría falsedad ideológica; e) A pesar de que la propiedad mencionada esta inscrita a nombre de Gina Banzer Suarez de Diodato, se aclaró que se constituye en un bien ganancial y tampoco se puede presumir el desconocimiento del origen ilícito de esos bienes; por lo tanto, la solicitud de devolución es fuera de lugar, puesto que su petición la basa en el art. 104 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008) el cual fue derogado por el Código de Procedimiento Penal; asimismo, existe una disposición transitoria en la cual se establece que mientras entre en vigencia todas las cuestiones relacionadas a incidentes de devolución de bienes en materia de narcotráfico deberían ser impuestas ante los jueces de sustancias controladas; f) El antecedente de este incidente es contradictorio y extemporáneo puesto que no debieron presentar el incidente en ejecución de sentencia, además que no pudieron demostrar el origen lícito de la propiedad; y, g) DIRCABI actuó en defensa de los derechos e intereses del Estado, porque estos bienes producto del narcotráfico constituyen patrimonio de la sociedad; razón por la cual, personas particulares no pueden alegar derechos y mucho menos a través de documentación irregular.
Alain Nuñez Rojas, William TorrezTordoya y Editha Pedraza Becerra, Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 99 a 100, señalaron que: 1) La acción de amparo constitucional estipulada en el art. 128 de la CPE, es clara en cuanto a determinar la procedencia del recurso que señala en forma taxativa la procedencia en los casos que no hubiere otro medio o recurso para la protección de esos derechos, puesto que la tutela no abre su ámbito de protección en forma indiscriminada; 2) Al tribunal de garantías no le está permitido considerar hechos controvertidos y producidos dentro de un proceso judicial; 3) “Luego de haber leído detenidamente el ininteligible recurso de amparo constitucional” (sic), no entendieron el motivo legal por el cual se encuentran demandados, puesto que en el confuso, reiterativo y oscuro fundamento, no explican el motivo para la interposición de dicho recurso; 4) El Auto que es cuestionado en la presente acción de amparo constitucional, ha sido debidamente fundamentado producto de la aplicación de las reglas de la sana crítica y el prudente arbitrio conferido a servidores públicos tanto por la norma legal adjetiva como sustantiva; 5) El accionante menciona que se le han afectado una serie de derechos pero sin la debida fundamentación de como se lesionan esos derechos y garantías que se consideran como suprimidos, no identifica los dos elementos de la causa de pedir; es decir, cuales son elementos fácticos; 6) En la presente demanda, se encuentra ausente, el hecho de demostrar y expresar de manera específica la relación de causalidad entre el hecho que sirva de fundamento y la lesión causada; y, 7) Del cuaderno procesal se tiene demostrado que no han incurrido en ningún acto ilegal, menos omisión indebida, peor aún que se hayan vulnerado derechos constitucionales; por lo cual, solicitan se deniegue la tutela.
Ana Canizarez Ortiz, Jueza Técnica del Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas -codemandada-, a través de informe escrito cursante de fs. 97 a 98, expresó lo siguiente: i) Una vez devuelto el expediente de la Corte Suprema de Justicia, se apersonó Gina Banzer Suárez demandando en la vía incidental el levantamiento de la anotación preventiva registrada en DD.RR., que pesa sobre su propiedad denominada “MOTACUSAL”; luego del trámite procedimental pertinente y análisis pormenorizado de las pruebas presentadas, se dispuso la devolución del inmueble reclamado; ii) Los fundamentos de esa decisión fueron que sobre el mismo, solamente pesaba una anotación preventiva y que la reclamante no fue sindicada, procesada ni sentenciada en dicho proceso penal, no existía ningún acta de incautación, menos una orden de confiscación definitiva; por lo que, al tratarse de un proceso penal regido por el Código de Procedimiento Penal abrogado, se aplicó la norma establecida en el art. 104 de la L1008; iii) Asimismo, el Auto de Vista condenatorio de 2 de septiembre de 2000, dentro de las medidas jurisdiccionales sobre los bienes confiscados, no indica nada sobre el bien inmueble de Gina Banzer Suárez, puesto que los Vocales solo disponen la confiscación de los bienes de los condenados; y, iv) El accionante debe tener en cuenta que el amparo constitucional no puede ser desnaturalizado, transformándolo como un sustitutivo de otros recursos previstos por ley, pudiendo ser planteado una vez que estén agotadas todas las vías legales, en consecuencia solicita declarar improcedente la presente acción.
La tercera interesada Gina Banzer Suárez, en audiencia, mediante su abogado, señaló lo siguiente: a) Es deber de la persona que acusa probar la misma, lamentablemente, se escucha una serie de situaciones temerarias, como que el Notario de Fe Pública falsificó el poder otorgado, sin observar que ésta tiene una explicación legal; b) Debido a una duplicidad en el número de CI, se le otorga nueva numeración a Gina Banzer Suárez; por lo tanto, éste cambió; c) Indica que la parte accionante no tiene legitimación activa, puesto que en ninguna de las partes de las resoluciones indica que se haya incautado el bien “MOTACUSAL”, ya que la legitima propietaria jamás ha sido mencionada en el proceso; d) La afirmación de que el bien está confiscado, es temeraria, puesto que el Auto Supremo al que hacen referencia solo es respecto al procesado Felix Sosa; quiere decir, que todas las demás medidas jurisdiccionales de primera instancia están confirmadas y se mantienen incólumes con relación a los bienes de terceras personas; e) Hizo llegar una copia del testimonio de la demanda de divorcio que claramente indica, que sobre los bienes gananciales no existe absolutamente ninguno que dividir; f) El accionante no tiene legitimación activa, porque el bien no es del Estado, no ha sido nunca y no ha estado incautado, menos confiscado, sí existe una anotación preventiva; por lo tanto, no causa efecto; g) Tratan de enmendar falencias que el Ministerio Público tuvo, que en el transcurso del proceso pudo y debió interponer lo que por derecho le correspondía; h) DIRCABI está sirviendo de “chivo expiatorio” puesto que si el bien estaría incautado no habrían personas con intención de apoderarse del mismo, ya que, inclusive dieron dinero para adjudicarse estos terrenos; y, i) Por todo lo expuesto y en vista de que no existe personería acreditada ni legitimación activa, solicitó declarar la improcedencia de la presente acción.
La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 50 de 28 de julio de 2011, cursante de fs. 172 a 176, concedió la tutela solicitada; en consecuencia, dispuso: 1) La nulidad del Auto 87 de 26 de agosto de 2010, pronunciado por la Jueza Técnica del Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas; 2) La nulidad del Auto de Vista 888, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 3) Que la referida Jueza Técnica, disponga la notificación con el incidente de devolución del inmueble a todas las partes intervinientes inclusive a DIRCABI, en base a los siguientes fundamentos: i) Que el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ.1993) indica que los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia, están obligados a revisar los procesos de oficio a tiempo de conocer una causa para verificar y establecer si los funcionarios o jueces inferiores cumplieron las disposiciones que rigen su tramitación y conclusión; ii) Que la Jueza a quo incumplió la circular 02/2009, emitida por la Corte Suprema de Justicia, que instruía a todos los jueces del sistema penal hacer partícipe a DIRCABI, por lo que no se observa ninguna notificación con el incidente de resolución y apelación de devolución del inmueble; iii) Se evidencia que en la misma omisión incurrió la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, no se consideró que no cursaba ninguna notificación a esa Dirección; sin embargo, aún con esos defectos dictó el Auto de Vista de 18 de diciembre de 2010; iv) Que esta omisión de las autoridades demandadas que no participaron a DIRCABI, ha vulnerado conforme lo manifiesta el accionante, las reglas del debido proceso establecidas en el art. 115. II de la CPE, y; v) Con relación a lo manifestado por la tercera interesada en el sentido de que la referida Dirección no tendría legitimación activa para presentar la acción de amparo constitucional, cabe mencionar que sí tiene legitimación activa por estar contemplada dentro del art. 257 del CPP, como la institución encargada de la administración de los bienes incautados, ya que cuando se presenta el memorial solicitando el incidente de devolución del inmueble, estaba en plena vigencia el Código de Procedimiento Penal.
Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las conclusiones que se señalan a continuación:
II.1. Cursa certificación de tradición de DD.RR. de 07 de agosto de 2007, donde se evidencia que la propiedad “MOTACUSAL” con partida 010305117, folio 28659 y matrícula computarizada 7012010002961, ubicada en Arroyuelo con una superficie de 15,9565 ha, tiene como propietaria a Gina Banzer de Diodato (fs. 8 a 9).
II.2. Por folio real, con partida computarizada 010305117 se advierte el registro de una superficie de 15,9565 ha a nombre de Gina Banzer de Diodato y un gravamen de anotación preventiva como consecuencia de un juicio penal a favor del Ministerio Público mediante Resolución de 30 de agosto de 1999 (fs. 10).
II.3. Mediante memorial de 18 de agosto de 1999, los Fiscales de Materia, presentaron al Juez Primero de Partido de Sustancias Controladas, la lista de bienes inmuebles de los encausados dentro del proceso penal por la presunta comisión de los delitos de narcotráfico que siguió el Ministerio Publico contra Marco Marino Diodato del Gallo y otros, entre las cuales figura un fundo rústico denominado “MOTACUSAL” (fs. 125 a 127 vta.).
II.4. A través de Resolución 23/00 de 28 de febrero del 2000, el Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas, absuelve de “culpa y pena de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación, complicidad y encubrimiento” (sic) a los procesados Marco Marino Diodato del Gallo, Rocco Colanzi Di Biase, Fausto BarbonariFerentelli, Natale Armonio, GrigotVillazonLopez, Felix Sosa Picanderai y Arturo Bejarano Domínguez (fs. 22 a 51).
II.5. Por Auto de vista 131 de 2 de septiembre del 2000, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito judicial de Santa Cruz, revocó en parte la resolución absolutoria y confirmó en parte en lo referente a favor de los coprocesados Rocco Colanzi Di Biase y Fausto BarbonariFerentelli, por existir solamente prueba semiplena, no suficiente como para fundar una condena, en consecuencia se confirmó su absolución de culpa y pena; por otro lado, ordenaron la confiscación de los bienes incautados de propiedad de los procesados condenados confirmando la orden de dejar sin efecto las medidas precautorias jurisdiccionales que se hubieren tomado en relación a los absueltos y sea en ejecución de sentencia, una vez ésta haya pasado en autoridad de cosa juzgada (fs. 52 a 57 vta.).
II.6. Mediante Auto Supremo de 3 de julio del 2001, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, casó parcialmente el Auto de Vista recurrido solo con relación al procesado Félix Sosa Picanderai, deliberando en el fondo lo absuelven de culpa y pena por el delito de encubrimiento en la fabricación de sustancias controladas al existir prueba semiplena; por otro, declaró infundados e improcedente los demás recursos (fs. 58 a 64 vta.).
II.7. Mediante memorial de 20 de marzo de 2008, Jenny Banzer de Abastoflor en representación de Gina Banzer Suarez, en ejecución de sentencia interpuso incidente de devolución de inmueble (fs. 65 a 70 vta.).
II.8. Por circular 02/09 de 23 de enero de 2009, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Bolivia, hizo conocer al Decano en ejercicio de la Presidencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, que a partir de la fecha los operadores de justicia en materia de Sustancias Controladas, deben notificar de oficio a DIRCABI, antes de su ejecutoria, con el objeto de que esta entidad pueda tomar las acciones pertinentes en ejercicio de sus atribuciones (fs. 139).
II.9.A través del Auto 87 de 26 de agosto de 2010, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas de Santa Cruz, ordenó la devolución del inmueble denominado “MOTACUSAL” a su propietaria Gina Banzer Suarez (fs. 71 a 72 vta.).
II.10.Por Auto de Vista 888, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró admisible e improcedente la apelación planteada por la representante del Ministerio Público (fs. 73 a 75 vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denunció como lesionados los derechos de la institución que representa al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, a la defensa y garantías constitucionales; toda vez que, el 20 de marzo de 2008, Jenny Banzer de Abastoflor, en representación de Gina Banzer Suárez, presentó incidente de devolución de la propiedad “MOTACUSAL”, disponiendo la Jueza Técnica del Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas del Distrito Judicial de Santa Cruz, la devolución de la propiedad; por lo cual, ante una inadecuada valoración de la pruebas acompañadas en el expediente, el Ministerio Público apeló la decisión pronunciandose la Sala Penal Primera del mismo Distrito, a través del Auto de Vista 888, declarando admisible e improcedente la apelación incidental planteada, sin considerar los antecedentes del proceso y menos la existencia de la circular 02/09 de 23 de enero de 2009, emitida por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a todos los administradores de justicia en caso tengan que resolver cuestiones relacionadas a bienes incautados, de oficio tienen la obligación de notificar a DIRCABI con todas las resoluciones, autos, sentencias, a efectos de que esta instancia como administradora de dichos bienes pueda accionar conforme a derecho. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional El art. 128 de la CPE, establece el amparo constitucional como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley. Esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada, conforme determina el art. 129.I de la CPE: “ de donde resulta que: “…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente, de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
III.2. Sobre la resolución de incautación El art. 254 del CPP, dispone que el juez de la instrucción, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a decomiso o confiscación, mediante resolución fundamentada, dispondrá: a) Su incautación e inventario en el que conste su naturaleza y estado de conservación; b) La anotación preventiva de la resolución de incautación tratándose de bienes sujetos a registro; y, c) Su entrega al DIRCABI a efecto de su administración.
Asimismo, con relación a los incidentes sobre la calidad de los bienes establece que: 1) Durante el proceso, hasta antes de dictarse resolución, los propietarios de bienes incautados, podrán promover incidente ante el juez de la instrucción que emitió la orden, en el que se debatirá: i) Si dicho bien está sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a ley; ii) Si fue adquirido con fecha anterior a la resolución de incautación y con desconocimiento del origen ilícito del mismo o de su utilización como objeto del delito; en todo caso, deberá justificar su origen. El imputado únicamente podrá fundar su incidente en la causal establecida en el numeral uno, señalado precedentemente; 2) El juez de la instrucción, mediante resolución fundamentada: i) Ratificará la incautación del bien objeto del incidente; o, ii) revocará la misma, disponiendo en su caso, la cancelación de la anotación preventiva y ordenará a DIRCABI la devolución de los bienes o del dinero proveniente de su venta, con más los intereses devengados a la fecha. Esta resolución será recurrible mediante apelación incidental, sin recurso ulterior.
III.3.Dependencia y atribuciones de DIRCABI El art. 257 del CPP, dispone que DIRCABI es dependiente del Ministerio de Gobierno y tiene las siguientes atribuciones: a) Administración directa o delegada en empresas privadas contratadas al efecto de los bienes incautados, de los confiscados y decomisados hasta el momento de su monetización; b) El registro e inventario de los bienes incautados, el que especificará su naturaleza y estado de conservación; c) La creación y actualización del registro de empresas administradoras calificadas; d) La suscripción de los correspondientes contratos de administración; e) La fiscalización y supervisión de las empresas administradoras durante la ejecución del contrato; y, f) Las establecidas en los reglamentos correspondientes.
Asimismo, el art. 258 del mismo cuerpo legal adjetivo con relación al régimen de administración de bienes incautados establece que: “La administración de los bienes incautados se sujetará al siguiente régimen”: 1) Depósito a nombre de la referida Dirección de las joyas, títulos valores y dinero incautado o percibido por la venta de los bienes incautados, en un banco o entidad financiera del sistema nacional, asegurando el mantenimiento de valor e intereses; 2) La entrega en calidad de depósito a titulares de derechos de uso y goce sobre los bienes que acrediten de manera fehaciente la constitución de sus derechos con anterioridad a la resolución de incautación. Extinguidos estos derechos, sus titulares entregarán de manera inmediata, bajo responsabilidad penal, los bienes a DIRCABI; 3) Designación como depositarios de un solo inmueble incautado a familiares del imputado que habitan en el mismo con anterioridad a la resolución de incautación; 4) Venta directa o en pública subasta de los bienes muebles consumibles o perecibles, sin necesidad del consentimiento del propietario; 5) Venta en pública subasta de semovientes y bienes muebles susceptibles de disminución de sus valor por desactualización tecnológica, sin necesidad del consentimiento del propietario; 6) Venta de los demás bienes en pública subasta, previo consentimiento expreso y escrito de su propietario, conforme a ley; y, 7) Medidas convenientes para el cuidado y conservación de los bienes que no fueron objeto de venta.
Por otro lado, el art. 260 del CPP, dispone la Administración y destino de bienes confiscados y decomisados: i) El juez o tribunal, a momento de dictar resolución resolverá el destino de los bienes incautados que no fueron objeto de devolución con motivo del incidente sustanciado ante el juez de la instrucción; ii) DIRCABI dará cumplimiento al destino de los bienes según determinación en el fallo que adquiere calidad de cosa juzgada y, según los casos, dispondrá u ordenará a la empresa administradora; a) La devolución de los bienes incautados y, en su caso, el dinero e intereses provenientes de su venta, a las personas que acrediten derecho de propiedad sobre los mismos y ejecutará la cancelación de las anotaciones preventivas; b) La venta en subasta pública de los bienes decomisados o confiscados, no fueron objeto de disposición anterior, procedimiento que se iniciará dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria; c) El depósito a nombre del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, del dinero decomisado y confiscado y del proveniente de la venta de los bienes confiscados y decomisados, en un banco del sistema nacional; y, d) El pago a acreedores con garantía real sobre el bien confiscado o decomisado, registrada con anterioridad a la resolución de incautación y reconocida judicialmente, con el importe proveniente de su venta; y, iii) El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas utilizará los recursos provenientes de la venta de los bienes confiscados y decomisados para: 1) El cumplimiento de los fines de prevención, interdicción, rehabilitación y régimen penitenciario establecidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y, 2) Cubrir los gastos de administración.
III.4. En cuanto al reglamento de administración de bienes incautados, decomisados y confiscados -Decreto Supremo (DS) 26143 de 6 de abril de 2001-. En concordancia con los art. 257 y ss. del CPP, 10, 11 y 13 del Reglamento de DIRCABI, dispone que éste es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio de Gobierno y tiene competencia de ámbito nacional; asimismo, tiene independencia de gestión técnica, legal y administrativa y cuenta con estructura propia, encontrándose bajo dependencia funcional del Ministro de Gobierno, la que se entiende como la supervisión de éste sobre el cumplimiento de las normas, objetivos y resultados institucionales.
Tiene la misión institucional de administrar los bienes incautados, decomisados y confiscados de acuerdo a la legislación vigente, en todo el territorio boliviano, sus atribuciones son las de: i) Administración directa o delegada en empresas privadas contratadas al efecto de los bienes incautados y de los confiscados y decomisados hasta el momento de su monetización; ii) El registro e inventario de los bienes incautados, el que especificará su naturaleza y estado de conservación; iii) La creación o actualización de registro de empresas administradoras calificadas; iv) Las suscripción de los correspondientes contratos de administración; v) La fiscalización y supervisión de las empresas privadas, contratadas para la administración delegada de bienes; vi) El pago de los acreedores con garantía real, debidamente acreditada sobre los bienes confiscados o decomisados, según disposiciones legales; vii) Dar cumplimiento a sentencias judiciales en relación a los bienes bajo su administración; viii) Establecer una base de datos actualizada, de los bienes bajo su administración, al servicio de la Sociedad Civil y las Entidades Públicas; ix) Contratar los seguros respectivos para resguardar los bienes bajo su administración; y, x) Las demás establecidas en la ley, el presente reglamento y demás disposiciones concordantes.
III.5. La configuración del debido proceso La SCP 1486/2011-R de 10 de octubre, sobre este aspecto estableció: “Como reiteradamente señaló la jurisprudencia constitucional, el debido proceso es consagrado en una triple dimensión por la Constitución Política del Estado: 1) En los arts. 115. II y 117.I, como una garantía, 2) En el art. 137, como un derecho fundamental; y, 3) En el art. 180, como un principio procesal. Al respecto, la SC 0513/2011-R de 25 de abril, ha entendido al debido proceso: 'Como instituto jurídico y mecanismo de protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales dentro de un proceso administrativo o judicial, garantiza un proceso justo exento de posibles abusos originados en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que diriman determinada situación jurídica o administrativa; se constituye en un instrumento de sujeción a las normas prescritas en el ordenamiento jurídico y en el medio de protección de otros derechos fundamentales contenidos como elementos del debido proceso'. (…) La concepción que se ha asumido del debido proceso refiere que es: '…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia; en suma, se le de la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos o corresponda definir su situación jurídica; garantía aplicable en el ámbito judicial en general, como también en el administrativo' (las negrillas nos corresponden) (SC 0196/2010-R de 24 de mayo, entre otras). III.6.De la seguridad jurídica La SCP 0624/2012 de 23 de julio, al respecto refirió: “En primer lugar se establece que la seguridad jurídica, era un derecho fundamental en el régimen constitucional anterior; sin embargo, a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado actual, el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica se encuentra establecida en la normativa constitucional como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia (art. 178 de la CPE) y como un principio articulador de la economía plural (art. 306.II de la CPE). En este sentido, el principio de seguridad jurídica ya no es tutelable a través de la acción de amparo constitucional cuyo fin es dar protección a los derechos establecidos en la CPE, Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Estado boliviano y la ley. Así se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional reciente, como en la SC 0096/2010-R de 4 de mayo, cuando establece: '…cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: «A la vida, la salud y la seguridad», a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del «derecho a la seguridad jurídica» como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE)…'". III.7.Análisis del caso concreto De la revisión de los antecedentes adjuntos a la presente acción, se constató que Jenny Banzer de Abastoflor en representación de Gina Banzer Suárez, en ejecución de resolución interpuso incidente de devolución de inmueble, que fue concedido por el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas el 26 de agosto de 2010, ordenando la devolución del inmueble denominado “MOTACUSAL”, sentencia que fue recurrida en apelación incidental por el Ministerio Público y resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 18 de diciembre de 2010, declarándola admisible e improcedente, la apelación planteada. De lo precedentemente expuesto y de las conclusiones desarrolladas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que el 18 de agosto de 1999, los Fiscales de Materia, informaron al Juez Primero de Partido de la misma materia, sobre los bienes inmuebles de los encausados, adjuntando la lista en la que figuraba el fundo denominado “MOTACUSAL”, dentro de delitos por narcotráfico que siguió el Ministerio Público contra Marco Marino Diodato del Gallo y otros; por Resolución de 28 de febrero del 2000, el referido Juez, lo absolvió de culpa y pena como también a Rocco Colanzi Di Biase, Fausto BarbonariFerentelli, Natale Armonio, GrigotVillazonLopez, Felix Sosa Picanderai y Arturo Bejarano Domínguez; apelado el mismo, fue resuelto por Auto de 2 de septiembre del mismo año, por la Sala Penal Segunda, que revocó en parte y confirmó en parte la sentencia absolutoria a favor de los coprocesados Rocco Colanzi Di Biase y Fausto BarnonariFerentelli, por existir prueba semiplena, no suficiente para fundar condena; en consecuencia, confirmaron la absolución solo para éstos y no así para los demás, ordenando en la misma la confiscación de los bienes incautados de propiedad de los procesados condenados, entre ellos Marco Marino Dioadato del Gallo y la propiedad “MOTACUSAL”; razón por la cual, cuenta con una inscripción de gravamen a favor del Ministerio Público como se podrá advertir en el folio real desarrollado en la Conclusión II.2 del presente fallo; por otro lado, confirmaron la orden de dejar sin efecto las medidas precautorias jurisdiccionales que se hubieren tomado en relación a los absueltos; es decir, de Rocco Colanzi Di Biase y Fausto BarnonariFerentelli, sea ésta en ejecución de sentencia y no así de los demás; disposición contra la cual, los sancionados presentaron recurso de casación, que fue resuelta por Auto Supremo de 3 de julio de 2001, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que casó solo con relación a Félix Sosa Picanderai, absolviéndolo de culpa y pena por el delito de encubrimiento en la fabricación de sustancias controladas al existir solamente prueba semiplena, declarando infundados e improcedente los otros recursos interpuestos, sin que exista otro posterior al de casación éste adquirió ejecutoria y la calidad de cosa juzgada. De esta manera, el 20 de marzo de 2008, Jenny Banzer de Abastoflor, en representación de Gina Banzer Suarez, en ejecución de sentencia interpuso incidente de devolución del inmueble el “MOTACUSAL”, que se encontraba en la lista proporcionada por los Fiscales de Materia a cargo de la investigación, a lo que la Jueza Técnica del Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas, ordenó la devolución del referido inmueble, sin previamente haber puesto en conocimiento o notificado del incidente planteado a DIRCABI, institución responsable de la administración de los bienes incautados, decomisados y confiscados conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional precedentemente desarrollado, con el que se desvirtúa la falta de legitimación activa de DIRCABI; razón por la cual, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, emitió la circular 02/09, que puso a conocimiento de todos los presidentes de las Cortes Superiores de Distrito con notas de atención, la instrucción a los operadores de justicia de la materia que deben notificar de oficio a DIRCABI antes de su ejecutoria, para que tomen las acciones que correspondan en el ejercicio de sus atribuciones, aspecto que no fue cumplido en el presente caso, omisión con la que la Jueza Técnica del Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas que conoció el incidente, vulneró el derecho al debido proceso del accionante, toda vez que, al no ser notificado no pudo apersonarse dentro del proceso incidental; igualmente, los Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, incurrieron en la misma lesión, pues debieron haber observado esa omisión y vulneración, debiendo reparar el mismo, al no haber actuado conforme a los procedimientos legales, también incurrieron en la vulneración de ese derecho. En cuanto al principio de seguridad jurídica, invocado por el accionante como un derecho, ésta se encuentra establecida en la Constitución Política del Estado vigente, como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia y como un articulador de la economía plural, en ese sentido ya no es tutelable a través de la acción de amparo constitucional.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales, aplicando correctamente las normas.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50 de 28 de julio de 2011, cursante de fs. 172 a 176, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos alcances en los que concedió el Tribunal de garantías.

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