Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/6086
Timestamp: 2020-05-31 01:40:39+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 119/2007
SENTENCIA 119/2007, de 21 de mayo
ECLI:ES:TC:2007:119
En el recurso de amparo núm. 2518-2004, interpuesto por doña Inmaculada Romera Bernal, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí y asistida por la Abogada doña María Jacinta Chercoles Cejudo, contra los Autos del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla de 14 de noviembre de 2003 y 6 de febrero de 2004, dictados en las actuaciones núm. 696-2003, que, respectivamente, procedieron a acordar y confirmar en reposición el archivo de su demanda de despido, así como frente a la providencia de 15 de marzo de 2004 que tuvo por no anunciado el recurso de suplicación contra el último de los Autos citados. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la entidad mercantil Atento Teleservicios España, S.A., representada por la Procuradora doña Blanca Berriatua Horta y asistida por la Letrada doña Isabel Cid-Harguindey Romero. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante demanda que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 20 de abril de 2004, la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí interpuso recurso de amparo en nombre y representación de doña Inmaculada Romera Bernal contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento.
a) El día 2 de septiembre de 2003 la recurrente en amparo presentó demanda por despido. Para justificar haber cumplido con el requisito del intento de conciliación previa, adjuntó a la demanda fotocopia del acta de conciliación celebrada el 26 de agosto de 2003, instada por la recurrente y otra trabajadora (doña Noelia Salvador López) contra Atento Teleservicios España, S.A., y Telefónica Móviles, S.A., a cuyo acto sólo compareció la segunda de las empresas mencionadas. Según consta en el acta levantada al efecto, el acto concluyó con el resultado de “sin avenencia” respecto de la empresa compareciente e “intentado sin efecto” respecto de la no compareciente al acto.
b) La compañera de trabajo de la Sra. Romera Bernal, doña Noelia Salvador López, había interpuesto demanda por despido en fecha anterior a la recurrente, turnada en el Juzgado de lo Social de Sevilla núm. 2 y que dio lugar a los autos 692-2003. Su expediente de conciliación había sido unificado al de doña Inmaculada Romera Bernal, levantándose un acta de conciliación común para las dos trabajadoras.
c) El Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla admitió a trámite la demanda de la Sra. Romera Bernal el día 4 de septiembre de 2003, señalando la fecha de 4 de noviembre para la celebración del juicio. Llegada ésta se acordó la suspensión del juicio, requiriendo el juzgador verbalmente a la actora, además de la indicación de otros datos, la aportación en el plazo de cuatro días del original [o una copia certificada, dice la recurrente en amparo] del acta de conciliación de 26 de agosto de 2003.
d) A través de su representante, por medio de escrito de 6 de noviembre de 2003 se dirigió la recurrente en amparo al Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla (en el que su compañera deducía su demanda) con el objeto de que se le expidiera copia certificada del acta de conciliación de 26 de agosto de 2003, cuyo original obraba en ese Juzgado —pues se afirma que se entregó una única certificación, que fue aportada con dicha demanda—, para poderla presentar ante el Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla en los autos de despido 696-2003, tal y como se le había reclamado.
e) Por medio de escrito de 7 de noviembre de 2003 presentado ante el Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, la recurrente aportó copia de la solicitud formulada ante el Juzgado de lo Social núm. 2 en relación con el acta de conciliación de 26 de agosto de 2003, interesando, en todo caso, que el propio Juzgado de lo Social núm. 10 reclamase su desglose.
f) Por providencia de 12 de noviembre de 2003 el Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla ordenó que se expidiera testimonio del acta de conciliación solicitada. Consta en autos diligencia de la Secretaria del mismo en la que da fe de que en las actuaciones por despido núm. 692-2003 se encuentra el acta de conciliación que se acompaña y señala que concuerda bien y fielmente con su original. Este certificado se realiza en dos folios con el membrete de la Administración de Justicia, pero sólo en el segundo de ellos está estampado el sello del Juzgado. El documento coincide con la fotocopia que aportó la demandante en los autos núm. 696-2003.
g) Por providencia de 13 de noviembre de 2003 el Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla hace constar que el representante procesal de la demandante comparece para ratificar su escrito de 7 de noviembre de 2003 y aportar testimonio del acta de conciliación solicitada el día 4 de noviembre de 2003, solicitando el señalamiento de nueva vista.
h) Por Auto del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, de 14 de noviembre de 2003, se procede al archivo de las actuaciones por no haberse cumplimentado el requerimiento efectuado a la parte recurrente. Dice el juzgador que en el acta de la vista oral celebrada el día 4 de noviembre de 2003 se le concedió un plazo de cuatro días para que aportara el original del acta de conciliación y para que detallara el número de trabajadores afectados por ese asunto, habiéndose presentado escrito dentro de plazo cumplimentando solo parcialmente el requerimiento efectuado.
i) Con fecha de 1 de diciembre de 2003 la recurrente presenta escrito ante el Juzgado de lo Social interesando la aclaración del Auto de archivo de su demanda con los efectos previstos en el art. 448.2 LEC, al objeto de que el órgano judicial razonase los motivos por los que consideraba que no se había cumplimentado el requerimiento de subsanación con relación al acta de conciliación. A este respecto señala que en el mismo acto del juicio del día 4 de noviembre de 2003 comunicó que el acta original de la conciliación previa que se le requería estaba depositada en los autos núm. 692-2033 que se seguían en el Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla, dado que el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) había acumulado los dos expedientes y sólo había facilitado una copia, que fue entregada por su compañera de trabajo en aquel procedimiento; que con fecha de 6 de noviembre de 2003 (dentro del plazo de cuatro días) solicitó al Juzgado de lo Social núm. 2 que le entregase el acta original o copia certificada para aportarlo a los autos núm. 696-2003; que con fecha de 7 de noviembre (también dentro del plazo de los cuatro días, por tanto) presentó escrito ante el Juzgado de lo Social núm. 10 en el que comunicaba los hechos anteriores e interesaba, en todo caso, que reclamase su desglose al Juzgado de lo Social núm. 2, dado que, a pesar de haberlo solicitado, aún no se le había entregado la certificación; que tras varias llamadas de teléfono al Juzgado de lo Social núm. 2 se le dijo que hasta el día 12 de noviembre de 2003 no la firmaría la Secretaria; que el siguiente día 13 se hizo constar mediante diligencia del Juzgado de lo Social núm. 2 que se entrega certificación del acta de conciliación, compareciendo ese mismo día ante el Juzgado de lo Social núm. 10 aportando el documento. A pesar de ello, prosigue, el Auto de 14 de noviembre de 2003 afirma que “aporta copia del acta de conciliación, sin que se haya cumplimentado el requerimiento efectuado”, lo que supondría una incongruencia manifiesta, pues se hizo entrega de la copia expedida por el Juzgado de lo Social núm. 2 el mismo día que le fue facilitada.
j) El 2 de diciembre de 2003 la recurrente presenta escrito promoviendo nulidad de actuaciones, denunciando que se le debió conceder un plazo de quince días para acreditar formalmente la celebración del acto de conciliación, en aplicación del art. 81.2 LPL. Asimismo, el siguiente día 4 interpuso contra el Auto de 11 de noviembre de 2003 recurso de reposición. Alegaba haber actuado con diligencia. Por ello, no sería de recibo imponer tan grave medida como el archivo de la demanda, cuando dentro de plazo se hizo todo lo posible para aportar el acta. Denunciaba, en consecuencia, la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por rechazarse in limine litis su demanda y efectuarse una interpretación excesivamente rigorista de los requisitos de forma, máxime cuando las partes demandadas aceptaban que se efectuó el acto de conciliación y no pusieron traba alguna a la admisión de la demanda. Por lo demás, añadía, el órgano judicial no puede ir en contra de sus propios actos firmes, teniendo en cuenta que por providencia de 4 de septiembre de 2003 admitió la demanda sin exigir que se aportase el acta original y sin conceder el plazo de subsanación de quince días que establece el art. 81.2 LPL.
k) Por providencia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, de 9 de enero de 2004, se acuerda lo siguiente: “Dada cuenta, los anteriores escritos, únase a los autos de su razón. Visto el contenido del escrito presentado por la parte actora con fecha 1-12-03 no ha lugar a admitirlo. Visto el contenido del escrito presentado por la parte actora con fecha 2-12-03 no ha lugar a admitirlo. Visto el contenido del escrito presentado por la parte actora el 4-12-03 únase a los autos de su razón se tiene por interpuesto en tiempo y forma recurso de reposición por la parte demandante contra el auto de archivo dictado el pasado 14-11-03 y dese traslado a las demás partes por cinco días para que aleguen lo que estimen conveniente conforme a derecho”. Contra esta providencia, la recurrente formuló recurso de reposición alegando la falta de motivación en la inadmisión del escrito de aclaración y del incidente de nulidad de actuaciones.
l) Frente al Auto de 6 de febrero de 2004 la parte recurrente anunció su intención de interponer recurso de suplicación. Por providencia de 15 de marzo de 2004 (notificada el día 26 siguiente) se acuerda no haber lugar al recurso al no darse los supuestos previstos en los arts. 189 y 184.2 LPL.
3. En opinión de la recurrente en amparo, la interpretación que efectuaron las resoluciones del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla vulnera el art. 24.1 CE. Son, a su juicio, manifiestamente contrarias a Derecho, dado que debió continuarse el juicio y admitirse la demanda en lugar de proceder a su archivo, pues se cumplimentó dentro del plazo lo requerido. Sostiene que obró con diligencia en el proceso, ya que, dentro del plazo de cuatro días concedido a partir del 4 de noviembre de 2003, solicitó (el 6 de noviembre de 2003) del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla copia certificada, o bien original o testimonio, del acta de conciliación de 26 de agosto de 2003, y el siguiente día 7 interesó del propio Juzgado de lo Social núm. 10 que de oficio reclamase y solicitase su desglose, procediendo a hacer entrega del documento el mismo día en que se le facilitó.
4. Por providencia de 8 de junio de 2005 la Sección Primera de este Tribunal admitió a trámite el recurso de amparo y, en aplicación del art. 51 LOTC, constando remitidas las actuaciones solicitadas con anterioridad al Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, requirió a este órgano judicial para que en el plazo de diez días emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para su comparecencia en este proceso constitucional.
5. El día 22 de julio de 2005 tuvo entrada en este Tribunal escrito de la Procuradora de los Tribunales doña Blanca Berriatua Horta, en el que solicitaba se le tuviera por personada y parte en este procedimiento de amparo en nombre de Atento Teleservicios España, S.A. Por posterior diligencia de ordenación, de 7 de octubre de 2005, se tuvo por recibido ese escrito y se acordó la personación solicitada, concediéndose asimismo el plazo de veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que presentaran las alegaciones que estimaran pertinentes (art. 52.1 LOTC).
6. La representación de la demandante de amparo, con fecha 25 de octubre de 2005, presentó escrito reiterando en esencia los contenidos de su demanda.
7. La representación de Atento Teleservicios España, S.A., presentó sus alegaciones el día 27 de octubre de 2005, solicitando la inadmisión del recurso y, subsidiariamente, su desestimación.
8. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el día 14 de noviembre de 2005, interesando el otorgamiento del amparo. En su criterio, se hace recaer exclusivamente sobre la demandante la responsabilidad de la falta de incorporación temporánea del acta de conciliación a los autos, aún cuando aquélla, tras el requerimiento efectuado al inicio de la vista oral celebrada el día 4 de noviembre de 2003, actuó diligentemente. En efecto, elaboró el correspondiente escrito de solicitud de testimonio al día siguiente; lo presentó el inmediatamente posterior en el Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla, y dio puntual cuenta de todo ello al Juzgado de lo Social núm. 10, al que, además, y dada la urgencia del requerimiento, pidió la realización de un trámite paralelo de tanta simplicidad como la remisión de un exhorto a otro Juzgado, que no solo radica en la misma localidad, sino que comparte dependencias con el primero. Siendo esas las circunstancias, la decisión de archivar la demanda adolece de un rigor excesivo que se opone frontalmente al principio “pro actione”, no solo por hacer gravitar en exclusiva la responsabilidad de la cumplimentación del requisito en la demandante, sino porque además desconoce su plena diligencia actuando en los tres primeros días del plazo concedido, a la vez que soslaya la propia responsabilidad del órgano judicial al no acordar la remisión del exhorto.
9. Por providencia de 3 de mayo de 2007 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 7 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
1. La presente demanda de amparo se dirige contra los Autos del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla de 14 de noviembre de 2003 y 6 de febrero de 2004, así como frente a la providencia de 15 de marzo de 2004, resoluciones todas ellas dictadas en el procedimiento número 696-2003 sobre despido, y mediante las que, respectivamente, se acordó y confirmó en reposición el archivo de la demanda que la recurrente había entablado, así como tener por no anunciado el recurso de suplicación contra el Auto de 6 de febrero de 2004.
2. Con carácter previo procede examinar si concurre la indicada objeción de carácter procesal esgrimida por Atento Teleservicios España, S.A., que, de ser apreciada, determinaría la inadmisión del recurso en esta fase. Como con reiteración hemos dicho, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (SSTC 228/2001, de 26 de noviembre, FJ 2; 18/2002, de 28 de enero, FJ 3; 213/2003, de 1 de diciembre, FJ 2; 106/2005, de 9 de mayo, FJ 2; 17/2006, de 30 de enero, FJ 2, y 140/2006, de 8 de mayo, FJ 2, entre tantas otras).
3. Dado que la recurrente en amparo se queja de la denegación injustificada de ese derecho de acceso a la jurisdicción, hemos de comenzar recordando que, al estar en juego la obtención de una primera resolución judicial sobre la pretensión deducida en el proceso, los cánones de control de constitucionalidad se amplían por la proyección del principio pro actione, con el objeto de evitar que determinadas aplicaciones o interpretaciones de los presupuestos procesales eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva sobre la pretensión a él sometida (por todas, SSTC 207/1998, de 26 de octubre, FJ 3; 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 172/2002, de 30 de septiembre, FJ 3; 184/2004, de 2 de noviembre, FJ 3; y 79/2005, de 4 de abril, FJ 2).
4. Conforme al canon de control constitucional descrito, la decisión judicial de archivo de la demanda no puede estar fundada, en primer lugar, en una interpretación de la causa legal aplicada que resulte arbitraria o manifiestamente irrazonable, o en cuya aplicación se aprecie que el órgano judicial ha incurrido en error patente sobre los hechos concurrentes.
5. Según se dijo, sin embargo, el enjuiciamiento de una decisión judicial de archivo que impide el acceso al proceso no puede detenerse en el control expuesto, dado que debemos comprobar, asimismo, si la causa esgrimida por el órgano judicial resulta, además, adecuada para proceder al archivo en el caso concreto o si, por el contrario, puesta en relación la entidad de la infracción procesal y las consecuencias derivadas del cierre del proceso, resulta una decisión rigurosa o excesivamente formalista y desproporcionada, sacrificando el derecho de acceso a la jurisdicción en contra del principio pro actione.
6. El órgano judicial rechazó la validez de ese intento razonando que cuando la demandante presentó el testimonio recibido del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla el mismo carecía del necesario detalle respecto del documento de pretendida acreditación, además de ser inexistente en uno de los folios cualquier sello, firma o rúbrica que lo validase; que tal deficiencia impedía tener por cierta la existencia del supuesto original, y que, aun en el caso de que así se estimare, habría también que entender que no se cumplió el requerimiento, pues, de otro modo, podrían las partes obtener múltiples testimonios de los documentos que figuren en distintos autos y si ello bastase para admitir sus acciones les sería posible entablarlas ante distintos órganos judiciales para después elegir cuál de éstos enjuiciaría su causa, constituyendo una infracción procesal que no se ha de permitir. Se afirma, asimismo, que el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación expide tantos documentos originales como numerosas sean las partes en litigio, de tal forma que cada trabajador posea siempre un original del acta, por lo que no era (o no debería haber sido) necesario solicitar testimonio alguno.
7. Finalmente, a igual conclusión se llega analizando las características del requerimiento judicial, que, según se dijo, debe favorecer la subsanación. En efecto, tiene importancia recordar que el órgano judicial admitió a trámite la demanda sin dar a la recurrente el plazo de subsanación regulado en el art. 81.2 LPL (quince días, computados como en él se indica), concediéndole únicamente el previsto en el art. 81.1 LPL (cuatro días, en los términos del precepto), y que no lo hizo al presentarse la demanda, que como se ha dicho inicialmente admitió, sino en un momento posterior, incluso sin dictar resolución expresa al comunicárselo verbalmente en el acto de la vista oral del día 4 de noviembre de 2003.
Otorgar el amparo solicitado por doña Inmaculada Romera Bernal y, en consecuencia:
2º Anular los Autos del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, de 14 de noviembre de 2003 y 6 de febrero de 2004, dictados en las actuaciones núm. 696-2003.
3º Retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior a la primera de dichas resoluciones a fin de que por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Type and record number Recurso de amparo 2518-2004
Promovido por doña Inmaculada Romera Bernal respecto a las resoluciones de un Juzgado de lo Social de Sevilla que archivaron su demanda contra Atento Teleservicios España, S.A., por despido.
El archivo de la demanda de despido por incumplimiento del requisito de aportación de certificación acreditativa del acto de conciliación -celebrado por una pluralidad de trabajadores y del que se extendió un único acta- es una decisión judicial que, pese a venir amparada en una interpretación del precepto legal posible en Derecho, resulta desproporcionada.
La Sentencia aborda la fricción existente entre la causa legal de archivo y el sacrificio que su rigorista aplicación implica en el derecho de acceso al proceso. En este sentido destaca nuestro Tribunal, en primer lugar, que la medida adoptada, pese a no ser arbitraria ni irrazonable, no tiene fundamento en una regulación legal inequívoca. En segundo lugar, resalta la voluntad de cumplimiento de los requisitos procesales por parte de la representación legal de la trabajadora, al adjuntar a la demanda fotocopia del acta de conciliación, y al personarse para satisfacer el trámite de subsanación en el órgano judicial donde obraba el original de la certificación -presentado por otra trabajadora- solicitando testimonio del mismo, resultando contrario al principio pro actione negar validez a estos intentos. Finalmente, reprocha también al órgano judicial el que su actuación no favoreciera la subsanación dado que, tras la admisión a trámite de la demanda, concedió un plazo de subsanación de cuatro días, y no de quince días, y sin dictar resolución judicial, comunicándolo verbalmente en el acto de la vista.
La indeterminación del mandato judicial, junto con la inactividad del órgano judicial, a pesar de que la parte le solicitó su directa intervención, es contraria al derecho de acceso al proceso integrado en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva [FFJJ 6, 7].
Resulta contrario al principio pro actione el negar validez a los intentos de cumplimiento del requisito de aportación de certificación acreditativa del acto de conciliación por parte de la representación legal de la trabajadora, que adjuntó a la demanda fotocopia del acta de conciliación y se personó para satisfacer el trámite de subsanación en el órgano judicial donde obraba el original de la certificación solicitando testimonio del mismo [FJ 6].
Si está en juego la obtención de una primera resolución judicial sobre la pretensión deducida en el proceso, los cánones de control de constitucionalidad se amplían por la proyección del principio pro actione, con el objeto de evitar que determinadas aplicaciones o interpretaciones de los presupuestos procesales eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva sobre la pretensión a él sometida (SSTC 207/1998, 79/2005) [FJ 3].
Es una exigencia constitucional que el órgano judicial favorezca la corrección de los defectos que puedan ser reparados, garantizando en lo posible su subsanación [FJ 5].
La obligación legal del órgano judicial contenida en el art. 81.1 de la Ley de procedimiento laboral no puede confundirse con una facultad ilimitada del juzgador (STC 127/2006) [FJ 3].
La finalidad que inspira la conciliación previa es la de evitación del proceso [FJ 3].
No cabe acoger el obstáculo procesal de falta de agotamiento de la vía judicial previa porque, una vez dictada la providencia en la que se declaraba la improcedencia del recurso y en la que se explicitaba el motivo de su inviabilidad, la defensa de la demandante pudo razonablemente entender que no era sostenible la vía de la suplicación laboral para reparar las lesiones que denuncia, y que únicamente cabía ya acudir al amparo constitucional (STC 10/1998) [FJ 2].
Artículo 81.1, ff. 3, 7
Artículo 81.2, ff. 3 a 7
Derecho de acceso a la jurisdicciónDerecho de acceso a la jurisdicción, Vulnerado, ff. 3, 7
Derecho de acceso a la jurisdicciónDerecho de acceso a la jurisdicción, ff. 1, 3 a 7
Archivo de demandaArchivo de demanda, ff. 1, 3 a 7
Demanda por despidoDemanda por despido, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Principio pro actionePrincipio pro actione, Doctrina constitucional, ff. 3, 5, 6
Subsanación de defectos procesalesSubsanación de defectos procesales, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 81

Artículo 81