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Timestamp: 2017-06-24 20:43:52+00:00

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Entre Rios Legal - Código Fiscal - Libro Primero
Decreto Ley 6505/1980 Boletín Oficial, 14/02/1981
T.O. Decreto 2093/2000 Boletín Oficial, 30/05/2000
TÍTULO I: DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
Art. 1.- Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los tributos y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos.
Art. 2.- Las normas tributarias entrarán en vigencia salvo disposición en contrario, el décimo día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3.- Ningún tributo puede ser creado, modificado o suprimido sino en virtud de ley. Sólo la ley puede:
a) Definir el hecho imponible, fijar la alícuota o monto del tributo, la base de su cálculo, indicar el sujeto pasivo y otorgar exenciones o reducciones.
b) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones.
Art. 4.- Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho.
La analogía es admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos o exenciones.
Art. 5.- A las situaciones que no pueden resolverse por las disposiciones de este Código o de las leyes específicas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales de Derecho Tributario, y en su defecto los de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines.
Art. 6.- Cuando la norma relativa al hecho imponible se refiera a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse o apartarse expresamente de ellas, podrá asignársele el significado que más se adapte a la realidad económica considerada por la ley al crear el tributo.
Si las formas jurídicas utilizadas fueren inadecuadas a la realidad económica de los hechos gravados, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de tales formas.
TÍTULO II: DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL
Art. 7.- La Dirección General de Rentas será la encargada de la aplicación de este Código, leyes fiscales especiales y normas reglamentarias, sin perjuicio de las facultades que las leyes atribuyan a otros órganos del Estado.
La Dirección General de Rentas se llamará en este Código y demás leyes fiscales "La Dirección". El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas se denominará "el ministerio". (Art. conforme Ley 9621)
Art. 8.- Son funciones de la Dirección la determinación, verificación y percepción de los tributos, la acreditación y devolución de sumas de dinero por pago indebido de obligaciones tributarias y la aplicación de sanciones.
Art. 9.- La Dirección podrá interpretar con carácter general las disposiciones de la legislación impositiva. Dichas interpretaciones entrarán en vigencia a partir del décimo día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10.- Las facultades que este Código y otras leyes fiscales atribuyen a la Dirección serán ejercidas por el director general quien la representa ante los poderes públicos, contribuyentes, responsables y terceros.
El cargo de director general será desempeñado por un Doctor en Ciencias Económicas, contador público nacional o profesional de la rama de las Ciencias Económicas, quien deberá acreditar idoneidad para el ejercicio de la profesión y una antigüedad mínima de cinco años de la fecha de graduación. (Art. conforme Ley 9621)
Art. 11.- El director general podrá delegar sus atribuciones y facultades, excepto las siguientes:
a) Consideración y resolución de los recursos de reconsideración.
b) Dictado de resoluciones generales interpretativas y normativas.
En caso de ausencia o impedimento del director general será reemplazado por el director de Impuestos, del Interior y Fiscalización, en ese orden.
(Art. conforme Ley 9621)
Art. 12.- En el ejercicio de sus funciones la Dirección tendrá las siguientes facultades:
1) Exigir de contribuyentes, responsables o terceros la exhibición de libros, comprobantes y elementos justificativos de operaciones y actos que estén vinculados al hecho imponible.
2) Inspeccionar lugares, vehículos, establecimientos donde se presuma la existencia de elementos demostrativos de materias gravadas.
3) Requerir informes y comunicaciones a particulares y órganos de la Administración Pública y Judicial. Tales informes y la documentación que obre en la Dirección tendrán carácter reservado y sólo podrán ser conocidos por los contribuyentes y responsables cuando el estado de las actuaciones lo permita.
4) Citar ante la Dirección a los contribuyentes, responsables y terceros que tengan conocimiento de los negocios y operaciones de los primeros, para que comparezcan ante sus oficinas a dar contestación verbal o escrita a todas las preguntas o requerimientos que se les formulen, dentro de un plazo que fijará la Dirección.
Cuando se responda verbalmente a los requerimientos citados en el párrafo anterior o cuando se examinen libros, papeles, etc., se dejará constancia en actas de la existencia e individualización de los elementos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales. Dichas actas de constatación, que extenderán los funcionarios y empleados de la Dirección, sean o no firmadas por los interesados, servirán de prueba en los juicios respectivos.
5) Requerir por medio del director general y demás funcionarios especialmente autorizados por la Dirección, el auxilio inmediato de la fuerza pública ante inconvenientes en el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera necesario para hacer comparecer a los contribuyentes, responsables o terceros, o cuando fuere menester para la ejecución de las órdenes de allanamiento.
6) Requerir por medio del director general y demás funcionarios autorizados por él, orden de allanamiento al juez que corresponda quien determinará la procedencia de la solicitud, debiendo especificarse en la misma el lugar y oportunidad en que habrá de practicarse. Deberán ser despachadas por el juez dentro de las veinticuatro horas, habilitando días y horas si fuera solicitado. (Inc. conforme Ley 9621)
7) Adoptar las medidas cautelares que se estime precisas para la conservación de la documentación u otro elemento de prueba relevante para la determinación de la materia imponible con el objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración, excepto aquellas medidas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Las mismas podrán consistir, en su caso, en la intervención, depósito o secuestro de las mercaderías o productos sometidos a gravamen, así como de archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trata.
Las medidas cautelares que se adopten se levantarán una vez desaparecidas las circunstancias que justificaron su adopción y deberán acordarse bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido, y, en su defecto, el funcionario o empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal .
8) Intervenir los documentos inspeccionados, disponer medidas para su conservación e incautarse de los mismos cuando la gravedad del caso lo requiera.
9) Fijar valores básicos mínimos para determinados bienes a los fines de la liquidación de tributos previstos en este Código o leyes especiales.
10) Designar agente de información a entes públicos o privados y a particulares, respecto a hechos que constituyan o modifiquen hechos imponibles, cuando sin resultar contribuyentes, hayan intervenido en su realización o hayan tomado conocimiento de su existencia, salvo lo dispuesto por las normas nacionales o provinciales relativas al deber del secreto profesional.
11) Suscribir requerimientos, intimaciones y en general cualquier tipo de actos, con impresión facsimilar mediante sistemas computarizados. (Inc. incorporado por Ley 9621)
12) Establecer categorías de contribuyentes, tomando como referencia las características de la actividad, la cuantía de sus bases imponibles, sus márgenes brutos de utilidad, el interés social que revisten, la capacidad contributiva y cualquier otro parámetro que resulte significativo para el sector, y asignarles tratamientos diferenciados, sin violentar el art. 3 de este código. (Inc. incorporado por Ley 9621)
TÍTULO III: DE LOS SUJETOS PASIVOS
Art. 13.- El sujeto pasivo es la persona obligada al cumplimiento de la obligación tributaria sea en calidad de contribuyente o responsable.
Art. 14.- Cuando un mismo acto, operación o situación que origine obligaciones fiscales sea realizado o se verifique respecto de dos o más personas, todas serán consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en su totalidad, salvo el derecho del Fisco a dividir la obligación a cargo de cada una de ellas.
Los actos, operaciones o situaciones en que interviniese una persona o entidad se atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades pueden ser consideradas como constituyendo una unidad o conjunto económico que hubiere sido adoptado para eludir en todo o en parte obligaciones fiscales. En este caso, ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes codeudores de los gravámenes con responsabilidad solidaria y total.
El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando sea de utilidad para la dirección que los otros obligados también lo cumplan.
Art. 15.- Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible, los siguientes:
1) Las personas físicas, prescindiendo de su capacidad.
2) Las personas jurídicas.
3) Las sociedades, asociaciones, empresas, sucesiones indivisas y entidades sin personería jurídica que realicen actos u operaciones o se hallen en las situaciones que este Código o leyes especiales consideren como hechos imponibles.
4) Las uniones transitorias de empresas y las agrupaciones de colaboración empresaria regidas por la ley 19550 . Las empresas participantes son solidariamente responsables del tributo.
5) Los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido en la ley nacional 24441; los fondos comunes de inversión no comprendidos en el párr. 1 del art. 1 de la ley nacional 24083 y sus modificaciones y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. (Inc. incorporado por Ley 9621)
Art. 16.- Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales, impuesto por este Código y leyes especiales.
Iguales obligaciones y deberes corresponden a los herederos y demás sucesores a título universal, respecto de las obligaciones fiscales del causante, conforme a las normas del Código Civil .
Art. 17.- Se encuentran obligados solidaria e ilimitadamente al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, en la misma forma y oportunidad que rija para éstos, las siguientes personas:
2) Los directores, gerentes, representantes, fiduciarios y administradores de las personas jurídicas, asociaciones y demás sujetos con personalidad jurídica aludidos en los incs. 2, 3, 4 y 5 del art. 15;
3) Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personalidad jurídica;
4) Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan;
5) Los síndicos o liquidadores de los concursos;
6) Los que participen por sus funciones públicas o por su oficio o profesión, en la celebración de actos, operaciones o situaciones gravadas o que den nacimiento a otras obligaciones previstas en este código;
7) Los sucesores a título particular en bienes, en fondos de comercio o en el activo y pasivo de personas jurídicas y demás entes citados en el art. 15. A estos efectos se consideran sucesores a los socios y accionistas de las sociedades liquidadas;
8) Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo faciliten u ocasionen con su culpa o dolo el incumplimiento de obligaciones tributarias del contribuyente o responsable. La responsabilidad establecida en los incs. 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo se limita al valor de los bienes que se disponen o administren, a menos que los representantes hubieran actuado con dolo.
La responsabilidad establecida por el inc. 7 se limita a las obligaciones tributarias referidas al bien, empresa o explotación transferido adeudados hasta la fecha de la transferencia. Dicha responsabilidad cesará cuando se hubiere expedido certificado de libre deuda, o ante un pedido expreso no se expidiera en el plazo que fije la reglamentación, o cuando la obligación fuera afianzada por el transmitente, o cuando hubieren transcurrido dos años desde la fecha en que se comunicó la transferencia a la dirección sin que ésta haya determinado la obligación tributaria o promovido acción judicial para su cobro.
Artículo nuevo) Los responsables indicados en el artículo anterior, responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes.
Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva.
(Art. incorporado por Ley 9621)
Art. 18.- Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de percepción las personas que por designación de la ley o de la Dirección deban efectuar la retención o percepción de los tributos correspondientes a actos u operaciones en los que intervengan en razón de sus funciones públicas o de su actividad, oficio o profesión.
Efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción responderá solidariamente.
Art. 19.- Los agentes de recaudación que designe el ministerio serán los únicos responsables por los importes que recauden. (Art. conforme Ley 9621)
TÍTULO IV: DEL DOMICILIO TRIBUTARIO
Art. 20.- Los contribuyentes y responsables deben constituir un domicilio en la provincia para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la aplicación de este código y demás leyes especiales. (Art. conforme Ley 9621)
Art. 21.- Se considera domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables de los tributos, en el orden que se indican, los siguientes:
1) Personas de existencia visible:
a. El lugar de su residencia habitual.
b. El lugar donde ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional o medio de vida.
c. El lugar en que se encuentren ubicados los bienes o se produzcan los hechos sujetos a imposición.
2) Personas de existencia ideal:
a. El lugar donde se encuentre su dirección o administración.
b. El lugar donde desarrollen su principal actividad.
Cuando el contribuyente o responsable se domicilie fuera del territorio de la provincia y no tenga en la misma ningún representante o no se pueda establecer el domicilio de éste, se considera domicilio fiscal el lugar de la provincia en que el contribuyente tenga sus negocios, explotación, la principal fuente de sus recursos o sus inmuebles y subsidiariamente el lugar de su última residencia en la provincia.
El domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables, para todos los efectos tributarios, tiene el carácter de domicilio constituido siendo válidas y vinculantes todas las notificaciones administrativas y judiciales que allí se realicen.
Artículo nuevo: Se podrá constituir un domicilio especial sólo a los fines procesales. El domicilio especial es válido a todos los efectos tributarios, pero únicamente en la causa para la que fue constituido.
Art. 22.- El domicilio tributario deberá ser consignado en las declaraciones juradas, instrumentos públicos o privados creados para la transmisión del dominio de bienes inmuebles o muebles registrables, y en toda presentación de los obligados ante la autoridad de aplicación.
Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta obligación, se reputará subsistente el último que se haya comunicado en la forma debida.
Art. 23.- Los contribuyentes que no cumplimenten la obligación de consignar su domicilio fiscal ante la Dirección General de Rentas, en el plazo que fije la reglamentación, y previa aplicación de la preceptiva de los artículos anteriores, se harán pasibles de tenerlo por constituido en el despacho del funcionario a cargo de la autoridad de aplicación, excepto el caso de los contribuyentes del impuesto inmobiliario que quedará constituido en el lugar del inmueble.
TÍTULO V: DE LOS DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y TERCEROS
Art. 24.- Los contribuyentes y responsables, aunque se hallen exentos, y los terceros están obligados a cumplir los deberes que este Código o leyes especiales establezcan para facilitar a la Dirección la determinación, verificación, fiscalización y percepción de tributos.
Sin perjuicio de los que establezcan disposiciones especiales están obligados a:
1) Inscribirse ante la Dirección en los casos y plazos que establezca la reglamentación.
2) Denunciar los hechos imponibles y proporcionar los datos necesarios para establecer la base del tributo, presentando las declaraciones juradas que exija la legislación o su reglamentación.
3) Conservar, mientras el tributo no esté prescripto, la documentación relacionada con operaciones o situaciones que constituyen materia gravada y que puede ser utilizada para establecer la veracidad de las declaraciones juradas.
4) Emitir facturas o documentos equivalentes por las operaciones que se realicen, en la forma y condiciones establecidas en la legislación vigente.
5) Registrar todas las operaciones en los libros habilitados al efecto, conforme a las disposiciones legales vigentes.
6) Presentar o exhibir la documentación mencionada precedentemente y toda otra que fuere requerida por la Dirección, en ejercicio de su facultad de fiscalización, sea respecto del requerido o de tercero.
7) Evacuar todo pedido de informes o aclaraciones referido a la materia tributaria o documentación relacionada con ella.
8) Comunicar dentro de los veinte días de ocurrido cualquier hecho que dé nacimiento a una nueva situación tributaria, modifique o extinga la existente.
9) Comunicar dentro de los veinte días de ocurrido la iniciación o cese de actividades.
10) Facilitar a los funcionarios competentes la realización de inspecciones, fiscalizaciones o determinaciones impositivas permitiendo el acceso a locales y documentación que le fuere requerida.
11) Denunciar los cambios de domicilio dentro de los veinte días de producidos.
12) Concurrir a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida y presentar los comprobantes de pago que le fueran solicitados.
13) Los síndicos en concurso preventivo o quiebra deberán comunicar a la dirección la presentación en concurso dentro de los cinco días posteriores a la decisión judicial de apertura, en la forma que a tal fin establezca la dirección. (Inc. conforme Ley 9621)
14) Presentar en el caso de cese de actividades sujetas al Convenio Multilateral, la constancia de haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 14 , inc. b) de dicho instrumento legal.
15) Exhibir en lugar visible en el domicilio tributario, en sus medios de transporte o en los lugares donde se ejerza la actividad gravada, los certificados o constancias que acrediten su condición de inscriptos como contribuyentes del o los impuestos legislados en este código y el comprobante de pago del anticipo inmediato anterior. (Inc. incorporado por Ley 9621)
Artículo nuevo: La dirección puede establecer con carácter general, la obligación para determinadas categorías de contribuyentes o responsables, de llevar uno o más libros o sistemas de registro donde anotarán las operaciones y los actos relevantes para la determinación de sus obligaciones tributarias, con independencia de los libros de comercio exigidos por la ley.
Art. 25.- La Dirección podrá designar agentes de información, control, retención o percepción a quienes en ejercicio de sus funciones o actividades intervengan en la realización o tomen conocimiento de hechos que constituyan o modifiquen hechos imponibles, según las normas de este Código u otras leyes fiscales, salvo lo dispuesto por las normas legales respecto del deber del secreto profesional.
Art. 26.- Los agentes y funcionarios de la Administración Pública provincial, de sus organismos autárquicos o descentralizados, de las municipalidades y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, están obligados a comunicar a la Dirección los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus tareas o funciones y que puedan constituir o modificar hechos imponibles.
Los jueces notificarán de oficio a la Dirección la iniciación de juicios universales, dentro de los cinco días de producida, a fin de que tome la intervención que corresponda.
Art. 27.- Ningún escribano otorgará escritura y ninguna oficina pública o juez realizará tramitación alguna con respecto a negocios, bienes o actos, relacionados con obligaciones tributarias cuyo cumplimiento no se pruebe con certificación de la Dirección o comprobante de pago.
TÍTULO VI: DE LA DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Art. 28.- La determinación de las obligaciones tributarias se efectuará de conformidad con las bases imponibles, valores de aforo, alícuotas importes fijos y mínimos establecidos por este Código, la Ley Impositiva u otras leyes.
Art. 29.- Salvo cuando este Código, la Ley Impositiva u otras leyes fijen otro procedimiento, la determinación y pago de la obligación tributaria se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los contribuyentes y responsables en el tiempo y condiciones que establezca la Dirección. Cuando ésta lo juzgue necesario, podrá hacer extensiva a terceros la obligación de informar respecto de las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables.
Art. 30.- La Dirección podrá disponer cuando así convenga y lo requiera la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de los datos aportados por los contribuyentes, responsables, terceros o los que ella posea.
La liquidación administrativa de impuestos, así como la de intereses resarcitorios, actualizaciones y anticipos expedidos por la Dirección, para su notificación y ejercicio de las facultades de cobranza previstas en este Código, podrá emitirse mediante sistemas mecánicos o computacionales. Dicha liquidación contendrá los datos correspondientes al sujeto pasivo y a su deuda y, cuando correspondiere, la mención del nombre, cargo del funcionario y firma, la que podrá estar suscripta en forma facsimilar.
Art. 31.- La declaración jurada está sujeta a verificación por la dirección y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la dirección, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte.
El declarante será también responsable por la veracidad de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad.
Artículo nuevo: El contribuyente o responsable podrá presentar declaración jurada rectificativa, sujeta a aprobación por la dirección, por haber incurrido en error de hecho o de derecho, si antes no se hubiera determinado de oficio la obligación tributaria.
(Incorporado por Ley 9621)
Art. 32.- Cuando en la declaración jurada se deduzcan del impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, no procederá para su impugnación el procedimiento de determinación de oficio, correspondiendo la intimación de pago por la diferencia que de dicha impugnación surja.
Art. 33.- Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o las presentadas resulten impugnadas la Dirección procederá a determinar de oficio sobre base cierta tomando en consideración los elementos probatorios que respalden la misma o cuando este Código o las leyes respectivas establezcan taxativamente, los hechos y circunstancias que deberá tener en cuenta a los fines de la determinación.
Supletoriamente, y con carácter excepcional, la Dirección podrá utilizar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta cuando de los elementos aportados se presuma la existencia de la materia imponible y la magnitud de ésta. En el caso de contribuyentes que llevaren contabilidad, la determinación sobre base presunta requiere de la impugnación previa de la misma.
Art. 34.- Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete al director general y a aquellos funcionarios respecto de quienes se haya delegado expresamente la citada facultad.
Sin embargo, no será necesario dictar resolución determinativa de oficio de la obligación tributaria si con anterioridad a dicho acto, el responsable prestase conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que tendrá los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para la Dirección.
Art. 35.- A los fines de la determinación sobre base presunta podrán servir especialmente como indicios el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el consumo de gas o energía eléctrica, la adquisición de materias primas o envases, los servicios de transporte utilizados, la venta de subproductos, el alquiler del negocio y de la casahabitación, el nivel de vida del contribuyente y cualquier otro elemento de juicio que permita inducir la existencia y monto del tributo.
Art. 36.- A los fines de la determinación sobre la base presunta del impuesto sobre los ingresos brutos podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, que:
a) El resultado de promediar el total de los ingresos controlados por la Dirección en no menos de diez días continuos o alternados de un mismo mes, fraccionados en dos períodos de cinco días cada uno, con un intervalo entre ellos no inferior a siete días, multiplicado por el número de sus días hábiles comerciales, constituye el ingreso bruto gravado de ese mes.
Si el mencionado control se realizara durante no menos de cuatro meses continuos o alternados de un mismo ejercicio fiscal, el promedio de ventas constatadas podrá aplicarse a los restantes meses no controlados del citado ejercicio fiscal y de los períodos no prescriptos, impagos total o parcialmente, previo reajuste en función de la estacionalidad de la actividad o ramo inspeccionado.
b) En el caso en que se comprueben operaciones marginales durante un período fiscalizado, que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlos con las operaciones de ese mismo período, registradas y facturadas conforme a las normas de facturación que establezca la Dirección, aplicado sobre las ventas de los períodos no prescriptos, determinará, salvo prueba en contrario, y previo reajuste en función de la estacionalidad de la actividad o ramo inspeccionado, el monto de las diferencias omitidas.
c) El monto depurado de los depósitos bancarios efectuados constituye ingresos brutos en el respectivo período fiscal.
d) Los ingresos brutos de las personas de existencia visible equivalen por lo menos a tres veces los salarios y sus respectivas cargas previsionales devengados en el respectivo período fiscal.
e) Los ingresos brutos de las personas de existencia visible equivalen por lo menos a seis veces los consumos de los servicios básicos tales como energía eléctrica, agua, teléfono y servicios similares.
f) Las diferencias físicas del inventario de mercaderías comprobadas por la dirección se considerarán margen bruto omitido del período fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen tales diferencias y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos del mismo período.
A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se deberá multiplicar la suma que representa el margen bruto omitido por el coeficiente que resulte de dividir las ventas declaradas por el obligado sobre la utilidad bruta declarada, perteneciente al período fiscal cerrado inmediato anterior y que conste en sus declaraciones juradas impositivas o el que surja de otros elementos de juicio a falta de aquélla. (Inc. incorporado por Ley 9621)
g) La omisión de contabilizar, registrar o declarar compras, comprobada por la dirección, será considerada como omisión de ventas. A tal fin, el importe de ventas omitidas será el resultante de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad bruta sobre las compras declaradas por el obligado en sus declaraciones juradas impositivas y otros elementos de juicio a falta de aquellas del ejercicio. (Inc. incorporado por Ley 9621) h) La omisión de contabilizar, registrar o declarar gastos, será considerada como utilidad bruta omitida del período fiscal al que pertenezcan. A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos, citados en los dos incisos precedentes se aplicará el procedimiento establecido en el párr. 2 del inc. f). (Inc. incorporado por Ley 9621)
Las presunciones establecidas en los distintos incisos de este artículo no podrán aplicarse conjuntamente para un mismo gravamen por un mismo período fiscal.
La carencia de contabilidad o de comprobantes fehacientes de las operaciones hará nacer la presunción que la determinación de los gravámenes efectuada por la Dirección en base a los índices señalados oportunamente u otros contenidos en este Código o en leyes tributarias respectivas o que sean técnicamente aceptables, es legal y correcta, sin perjuicio del derecho del contribuyente o responsable a probar lo contrario. Esta prueba deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basada en hechos generales.
La prueba que aporte el contribuyente no hará decaer la determinación de la Dirección sino solamente en la justa medida de la prueba cuya carga corre por cuenta del mismo.
Practicada por la Dirección la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta practicada en tiempo oportuno.
La determinación a que se refiere este artículo no podrá ser impugnada fundándose en hechos que el contribuyente no hubiere puesto oportunamente en conocimiento de la Dirección.
Art. 37.- Si la determinación practicada por la Dirección resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente o responsable de así denunciarlo y satisfacer el tributo correspondiente al excedente, "so pena" de aplicación de las sanciones pertinentes previstas en este Código.
La resolución administrativa de determinación del tributo, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente o responsable en los siguientes casos:
Cuando en la resolución respectiva se hubiera dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior.
Cuando se compruebe la existencia de dolo por parte de los obligados en la aportación de los elementos de juicio que sirvieron de base a la determinación anterior.
Art. 38.- En los casos de contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno o más períodos y la Dirección conozca por declaraciones o determinación de oficio la medida en que les ha correspondido tributar gravamen, los emplazará para que dentro de un plazo de quince (15) días presenten las declaraciones juradas e ingresen el tributo correspondiente.
Si dentro de dicho plazo los responsables no regularizan su situación, la Dirección, sin más trámite, podrá requerirles judicialmente el pago a cuenta del tributo que en definitiva les corresponda abonar, de una suma equivalente a tantas veces el tributo declarado o determinado respecto a cualquiera de los períodos no prescriptos, cuantos sean los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones.
Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, la Dirección no estará obligada a considerar la reclamación del contribuyente contra el importe requerido sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses que correspondan.
Art. 39.- En relación al impuesto de sellos, cuando los precios de los inmuebles que figuren en las escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, y ello no sea explicado satisfactoriamente por los interesados, por las características particulares del inmueble o por otras circunstancias, la Dirección podrá impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado sobre el cual deberá liquidarse el impuesto.
Art. 40.- La determinación por la Dirección que rectifique una declaración o que se efectúe por falta de ella, quedará firme a los quince días de notificada, salvo que dentro de ese término se interponga recurso de reconsideración. Transcurrido el término indicado en el párrafo anterior sin que la determinación haya sido impugnada, la Dirección no podrá modificarla, salvo el caso en que se descubra error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de datos y elementos que sirvieron de base para la determinación.
Toda determinación impositiva firme implicará la consolidación de la deuda a la fecha en que ella se practicó.
TÍTULO VII: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Art. 41.- Constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de los contribuyentes, responsables y terceros que viole las disposiciones de colaboración, las relativas a la determinación de la obligación tributaria o que obstaculice la fiscalización por parte de la Dirección.
Incurren en incumplimiento de los deberes formales sin perjuicio de otras situaciones, los que no cumplan las obligaciones previstas en el art. 24 o los restantes deberes formales establecidos por este Código, su reglamentación o por la Dirección.
Art. 42.- El incumplimiento de los deberes formales será sancionado con multa de veinte pesos ($ 20) a dos mil pesos ($ 2000).
Sin perjuicio de la multa que pudiere corresponder, podrá disponerse la clausura por tres (3) hasta diez (10) días de los establecimientos respecto de los cuales se compruebe que han incurrido en cualquiera de los hechos u omisiones que se establecen seguidamente:
a) El contribuyente no se encuentre inscripto como tal en la Dirección General de Rentas.
b) No entregue o no emita factura o comprobante equivalente conforme a las normas de facturación vigentes en el orden nacional o establecidas por la dirección.
c) No lleve registro o anotaciones de adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, locaciones o prestaciones.
La sanción de clausura también procederá ante la negativa del contribuyente o responsable a suministrar en el plazo que se le acuerde al efecto, la documentación prevista en alguno de los incisos precedentes.
Estas sanciones son independientes de las que puedan corresponder por la comisión de otras infracciones.
(Art. conforme Ley 9621 y 9700)
Art. 43.- Las infracciones a los deberes formales quedarán configuradas por el solo hecho del incumplimiento y las multas quedarán devengadas en la fecha que éste se produzca sin necesidad de actuación administrativa, de acuerdo con la graduación que mediante resolución general fije la Dirección dentro de los límites establecidos por el artículo anterior.
Art. 44.- Constituirá omisión el incumplimiento culpable, total o parcial, de la obligación de abonar los tributos, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable.
Art. 45.- El que omitiere el pago de impuestos, anticipos o ingresos a cuenta será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar oportunamente, siempre que no constituya defraudación tributaria o que no tenga previsto un régimen sancionatorio distinto.
No incurrirá en la infracción punible, quien demuestre haber dejado de cumplir total o parcialmente su obligación tributaria por error excusable. La excusabilidad del error será declarada en cada caso particular por la dirección mediante resolución fundada.
Cuando la omisión fuera subsanada en el término de quince (15) días corridos posteriores a la intimación del contribuyente y el tributo y sus intereses fueran cancelados dentro de dicho lapso, generará como sanción una multa automática del diez por ciento (10%) de la obligación tributaria omitida, que será exigible junto con el tributo.
Art. 46.- La omisión en el impuesto de sellos y en las tasas retributivas de servicios será sancionada con una multa del cien por ciento (100%) del tributo omitido. Si el pago fuera espontáneo deberá abonarse una multa del cincuenta por ciento (50%) que se reducirá al veinte por ciento (20%) si el ingreso se realizara dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes al vencimiento de la obligación.
Art. 47.- La omisión de los impuestos inmobiliario y a los automotores, sus anticipos o cuotas, será sancionada con una multa del diez por ciento (10%), que se reducirá al cinco por ciento (5%) si el ingreso se realizara dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes al vencimiento de la obligación.
La omisión correspondiente al impuesto devengado por mejoras no denunciadas será sancionada con una multa del veinticinco por ciento (25%) del tributo.
Art. 48.- (Derogado por Ley 9621) La omisión en el impuesto a los automotores, sus anticipos o cuotas de financiación que se acuerden para tributos no vencidos, será sancionada con una multa del cinco por ciento (5%).
Art. 49.- (Derogado por Ley 9621) En todos los casos contemplados en los dos artículos precedentes, la multa se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) si el pago se efectuare espontáneamente dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes al vencimiento de la obligación.
Art. 50.- Las infracciones previstas en los artículos anteriores para los impuestos de sellos y tasas retributivas de servicios, inmobiliario y a los automotores, se configurarán por el solo hecho del incumplimiento del pago del tributo al tiempo fijado para hacerlo y las multas quedarán devengadas en esa fecha y serán exigibles sin actuación administrativa previa.
Art. 51.- Constituirá defraudación tributaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal: a) Todo hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación, o en general, cualquier maniobra efectuada por los contribuyentes, responsables o terceros, con el propósito de producir la evasión total o parcial de las obligaciones tributarias que les incumben a ellos o a otros sujetos.
b) No ingresar en el término previsto para hacerlo los tributos retenidos, percibidos o recaudados por los agentes de retención, percepción o recaudación, salvo cuando se acredite la imposibilidad de efectuarlo por causa de fuerza mayor o disposición legal, judicial o administrativa.
Art. 52.- La defraudación tributaria será sancionada con una multa graduable de una a diez veces el importe del tributo evadido. (Art. conforme Ley 9621)
Art. 53.- Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas, incurrir en ocultaciones maliciosas o en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el inc. a) del art. 51 de este Código, cuando:
a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el art. 29 de este Código.
b) En la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que tengan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.
c) La inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.
d) No lleven o no exhiban libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación.
e) Se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos.
f) Se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asientos.
g) Se omita la declaración de hechos previstos en la ley como generadores de tributos o no se proporcione la documentación correspondiente, o se produzcan informaciones inexactas sobre las actividades o negocios.
h) No lleven o no exhiban, los contribuyentes o responsables, libros especiales cuando deban hacerlo por disposición de la Dirección para la determinación de las obligaciones tributarias.
i) Se incurra en omisión por parte de los sujetos pasivos de inscribirse en los registros de contribuyentes y responsables, cuando por la naturaleza, el volumen de las operaciones o la magnitud del patrimonio, no podrían ignorar la citada obligación.
j) La tenencia de documentos, actos o contratos sin fecha, o sin firma de la parte, que lo posee o con cualquier otra omisión que aunque dé al acto el carácter de incompleto o inexistente, pueda ser salvado por la persona en cuyo poder se encuentra.
k) Cuando se produzcan cambios de titularidad de un negocio inscribiéndolo a nombre del cónyuge, otro familiar o tercero al sólo efecto de eludir obligaciones fiscales y se probare debidamente la continuidad económica. (Incorporado por Ley 9621)
Art. 54.- La Dirección, previo a aplicar la multa por defraudación, dispondrá la instrucción de un sumario notificando al presunto infractor y emplazándolo para que en el plazo de quince días presente su defensa, bajo apercibimiento de proseguirse el sumario sin su intervención.
Junto con la defensa deberá ofrecer todas las pruebas de que pretenda valerse, cuya admisión y producción se regirá por las normas previstas en el título de este Código correspondiente al procedimiento administrativo tributario. Vencido el término de prueba la Dirección dispondrá el cierre del sumario y dictará resolución.
Art. 55.- Cuando existan actuaciones tendientes a determinar las obligaciones tributarias y medie semiplena prueba o indicios vehementes de la existencia de defraudación tributaria la Dirección podrá disponer la instrucción del sumario establecido en el artículo anterior antes de dictar la resolución determinativa pudiendo decidir ambas cuestiones en una misma resolución o en el sumario con posterioridad a la determinación.
Art. 56.- Las resoluciones mencionadas en el artículo anterior deberán ser notificadas a los interesados junto con los fundamentos de la misma.
Art. 57.- Las sanciones por omisión o defraudación, serán de aplicación cuando existiere intimación, actuación o similar, o cuando se hubiere iniciado inspección.
Art. 58.- Los agentes de retención, percepción o recaudación que no ingresen los importes retenidos, percibidos o recaudados dentro del término previsto para hacerlo y siempre que dichos importes se ingresaren espontáneamente, deberán abonar una multa del cien por ciento (100%) que se reducirá al cincuenta por ciento (50%) si el ingreso se realizara dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes al vencimiento del término para hacerlo.
Cuando la conducta del responsable y las demás circunstancias lo aconsejen, la dirección podrá reducir hasta en un ochenta por ciento (80%) la sanción pertinente siempre que el ingreso se efectúe dentro de los diez (10) días corridos siguientes al término para hacerlo.
La dirección podrá mediante resolución fundada remitir total o parcialmente la multa del presente artículo a los agentes de recaudación por la falta de ingreso en término, siempre que con anterioridad se hubiera convenido formalmente un resarcimiento o interés punitorio por el atraso y la conducta del agente y demás circunstancias del caso lo aconsejen.
La multa prevista en este artículo quedará devengada por el sólo hecho del incumplimiento a la fecha en que éste se produzca y deberá abonarse juntamente con el ingreso de los importes retenidos, percibidos o recaudados.
Art. 59.- La dirección podrá reducir hasta en un cincuenta por ciento (50%) la multa por omisión y defraudación, cuando el infractor acepte la pretensión fiscal en el curso del procedimiento de determinación tributaria, antes que ésta ocurra, tomando en consideración su conducta fiscal como antecedente para proceder a la reducción.
Art. 60.- La Dirección podrá remitir total o parcialmente las sanciones previstas en este Código cuando existiere culpa leve.
Art. 61.- (Derogado por Ley 9621) Si un contribuyente rectificare voluntariamente sus declaraciones juradas antes de corrérsele la vista del art. 88 y no fuere reincidente en la infracción de defraudación tributaria, la multa por omisión y por defraudación, se reducirá a un tercio (1/3) de su mínimo legal.
Cuando la pretensión fiscal fuere aceptada una vez corrida la vista pero antes de operarse el vencimiento del plazo de 15 (quince) días acordado para contestarla, la multa por omisión y por defraudación, excepto reincidencia en la comisión de la infracción prevista por esta última, se reducirá a dos tercios (2/3) de su mínimo legal.
En caso de que la determinación de oficio practicada por la Dirección fuese consentida por el interesado la multa que le hubiere sido aplicada por omisión y defraudación, no mediando la reincidencia a que se refieren los párrafos anteriores, quedará reducida de pleno derecho al mínimo legal.
TÍTULO VIII: DE LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Art. 62.- La obligación tributaria se extingue por:
El pago Art. 63.- El pago de los tributos debe efectuarse por los contribuyentes y responsables en los plazos que fije este Código, leyes especiales o la Dirección, pudiendo esta última exigir anticipos a cuenta de aquéllos.
Cuando no exista plazo establecido el pago deberá efectuarse dentro de los quince días de la realización del hecho imponible, o de quedar firme la determinación de oficio.
La mora en el pago se produce de pleno derecho por el solo vencimiento del plazo.
Si el día del vencimiento del plazo para el pago resultara inhábil bancario, el vencimiento operará el siguiente día hábil.
El Poder Ejecutivo podrá, en las condiciones que él mismo establezca, otorgar descuentos por el pago con anticipación al vencimiento general, los que no podrán superar una vez y un cuarto del porcentual resultante de considerar para el tiempo de anticipación la mayor tasa de interés activa que perciba el "Banco de Entre Ríos S.A." al tiempo de establecerse el descuento.
El Poder Ejecutivo podrá establecer descuentos de hasta el quince por ciento (15%) en los impuestos inmobiliario y a los automotores correspondientes a inmuebles o vehículos por los cuales se haya tributado correctamente el impuesto del período fiscal anterior o como beneficio por pago anticipado. (Art. conforme Ley 9621)
Art. 64.- La Dirección, al tiempo de realizar la emisión de las liquidaciones de los impuestos inmobiliarios y a los automotores, podrá establecer con carácter general recargos para los pagos que se efectúen fuera de término para hacerlos pero dentro de períodos predeterminados. El recargo no podrá ser superior al 1,5 veces la mayor tasa activa que cobre el Banco de la Nación Argentina al tiempo de establecer el recargo, en función de la duración del período que se determine.
El pago de la obligación con el recargo correspondiente, dentro de los períodos que se establezcan, excluirá la aplicación de la multa prevista para la omisión de los mencionados tributos e intereses de la deuda.
Art. 65.- El pago de los tributos se efectuará en la entidad bancaria que actúe como agente financiero u otros entes con los cuales se hubiere celebrado convenio de recaudación por parte de la provincia y en las oficinas de la dirección habilitadas al efecto. (Art. conforme Ley 9621)
Art. 66.- El pago deberá efectuarse en dinero en efectivo, con cheques o giros bancarios o postales o cualquier otro medio, de acuerdo con la reglamentación que la Dirección establezca.
Art. 67.- Los contribuyentes y responsables imputarán los pagos que efectúen al tiempo de hacerlo. Si lo omitieren, los pagos se imputarán a las deudas de años más remotos. Dentro de cada año el importe abonado se imputará a intereses, multas y capital actualizado en ese orden.
En el caso de facilidades de pago ordinarias o extraordinarias, inclusive regímenes especiales, la imputación de los pagos que se hubieren efectuado se hará en proporción al total de la deuda que en su oportunidad se hubiere consolidado o comenzando por los períodos más antiguos.
Art. 68.- La Dirección podrá modificar la imputación efectuada por el contribuyente e imputar el pago conforme a las normas sobre pagos sin imputación.
Cuando se modifique la imputación originaria del pago, la Dirección notificará al deudor o responsable, debiendo éstos en tal caso abonar las diferencias resultantes si las hubiere, en el plazo de quince días de dicha notificación. En caso de observación efectuada dentro del mismo plazo, se seguirá el trámite establecido para la determinación de oficio.
Art. 69.- El pago total o parcial de un tributo, aun cuando fuere recibido sin reserva alguna, no constituye presunción de pago de:
1) Prestaciones anteriores del mismo tributo correspondiente al mismo año fiscal.
2) Obligaciones tributarias correspondientes a años fiscales anteriores.
3) Intereses, multas sin actualización correspondientes a la prestación que se paga.
Art. 70.- La dirección podrá, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, conceder a los contribuyentes y responsables facilidades para el pago de deudas tributarias vencidas, por plazos que no excedan de treinta y seis (36) meses".
Cuando se soliciten planes de facilidades de pago por plazos que excedan de treinta y seis (36) meses, será facultad del ministerio otorgar hasta sesenta (60) meses y del Poder Ejecutivo hasta noventa y seis (96) meses.
El otorgamiento de facilidades de pago es facultativo de la dirección, el ministerio o del Poder Ejecutivo.
La decisión denegatoria será irrecurrible.
Art. 71.- Los contribuyentes y responsables que acepten la pretensión fiscal determinada por la dirección, podrán acogerse a un plan de facilidades de pago y período de espera no superior a seis (6) meses, siempre y cuando acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan cumplir oportunamente con el ajuste fiscal practicado.
La dirección queda facultada para otorgar el plan de facilidades y el tiempo de espera no superior a seis (6) meses, que sumados no podrán exceder de treinta y seis (36) meses, como así también, verificar las condiciones económico-financieras del contribuyente que solicite dichos regímenes para la cancelación del ajuste practicado. El período de espera generará también, los intereses resarcitorios establecidos en este Código Fiscal.
La dirección determinará con carácter general los recaudos mínimos que exigirá para la concesión de facilidades y las garantías o fianzas que sean necesarias, así como la procedencia de la sustitución de las mismas.
Art. 72.- El otorgamiento de facilidades de pago implicará la consolidación de la deuda a la fecha del pedido y se devengará, a partir de la misma fecha, el interés que fije la dirección, que no podrá exceder el equivalente a la tasa que cobre el "Banco de la Nación Argentina" en las operaciones de descuentos comerciales, incrementadas en un diez por ciento (10%) anual. Para la liquidación de dicho interés se computarán como mes entero las fracciones menores de dicho período.
Art. 73.- La dirección podrá compensar de oficio o a pedido de parte, los débitos y créditos correspondientes a un mismo sujeto pasivo, por períodos fiscales no prescriptos, aunque se refieran a distintas obligaciones tributarias.
En tales casos será de aplicación lo dispuesto en el art. 67 de este código.
La compensación extingue las deudas al momento de su coexistencia con el crédito.
Art. 74.- Cuando el contribuyente o responsable fuese acreedor de deuda líquida y exigible del Estado provincial por cualquier otro motivo, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la compensación de su crédito con obligaciones tributarias que adeude.
Art. 75.- Los contribuyentes podrán solicitar la devolución o la acreditación para futuros pagos de determinados tributos, de las sumas que resultaren a su favor por pagos indebidos o excesivos.
Prescripción Art. 76.- Prescriben por el transcurso de cinco 5 (cinco) años las facultades del Fisco para:
a) Verificar y rectificar las declaraciones juradas de los contribuyentes y responsables, determinar obligaciones fiscales, modificar imputaciones de pago y aplicar sanciones.
b) Promover acción judicial por cobro de deudas tributarias.
Art. 77.- Prescribe por el transcurso de 5 (cinco) años la acción de los contribuyentes, responsables y terceros por repetición de pagos y la facultad de rectificar declaraciones juradas.
Art. 78.- Los pagos que se efectúen para satisfacer una deuda prescripta no están sujetos a repetición.
Art. 79.- El curso de los términos de prescripción comenzará el primero de enero del año siguiente a aquél en que se produjo el hecho imponible, se cometió la infracción, debió efectuarse o se efectuó el pago, según el tipo de acción que se prescriba.
Cuando el impuesto se abone mediante anticipo y un pago final, el curso de los términos de prescripción comenzará el 1 de enero del año siguiente al de vencimiento del plazo para el pago final.
Art. 80.- La prescripción de las facultades de la Dirección para determinar, verificar, rectificar, aplicar sanciones, cobrar créditos tributarios o modificar imputaciones de pago, se interrumpirá por:
a) Reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del contribuyente o responsable.
b) Por la realización de trámites administrativos, con conocimiento del contribuyente o responsable para la determinación o verificación del tributo o para obtener su pago.
c) La intimación a cumplir un deber formal.
d) Las demás causas de interrupción previstas en el Código Civil .
La prescripción de la acción de repetición se interrumpirá por la interposición de acción administrativa o judicial, tendiente a obtener la devolución de lo pagado.
El término de prescripción interrumpido comenzará su curso nuevamente, el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se produjo la interrupción, salvo que subsistiera causa de suspensión del curso.
Art. 81.- El término de prescripción de las facultades del Fisco para la determinación de cobro de las obligaciones tributarias se suspenderá durante la tramitación de los procedimientos administrativos o judiciales.
El curso del término de prescripción se reiniciará pasados seis meses de la última actuación, realizada en tales procedimientos.
Art. 82.- No comenzará el curso de los términos de prescripción contra el Fisco mientras éste no haya podido conocer el hecho por algún acto que lo exteriorice en la provincia.
Condonación Art. 83.- La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada por ley dictada con carácter general.
El Poder Ejecutivo podrá, con carácter general o individual, cuando medien circunstancias debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de pago de los intereses y multas.
La Dirección solamente podrá remitir parcial o totalmente las multas, en los casos previstos en los arts. 58 y 60 .
Intereses Art. 84.- Las deudas tributarias, incluidas las multas, que no sean abonadas en término devengarán un interés del dos por ciento (2%) mensual, quedando facultada la Dirección para modificar la tasa de interés.
La obligación del pago de los intereses subsiste aunque se hubiera recibido sin reservas el pago de la deuda principal.
Los agentes recaudadores autorizados por la Dirección se encuentran facultados para liquidar y percibir los intereses que trata el presente artículo.
TÍTULO IX: DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS
Art. 85.- El procedimiento administrativo tributario se regirá por las presentes disposiciones y supletoriamente por las normas del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia.
Art. 86.- Las acciones administrativas tributarias se pueden iniciar:
a) A petición de parte interesada.
b) Ante denuncia de terceros.
Art. 87.- Cuando la acción se inicia a petición de parte, ésta deberá expresar las razones de hecho y de derecho en que la funda, adjuntar la prueba documental que obre en su poder y ofrecer todas las restantes de que intenta valerse.
Art. 88.- Cuando la acción se inicia por denuncia o de oficio, previo a resolver se dará vista de todo lo actuado al interesado, por el término de quince días para que alegue las razones de hecho y de derecho que estime corresponder y ofrezca la prueba pertinente en la forma establecida en el artículo precedente.
Art. 89.- La Dirección deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas desechando las que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias.
Se dispondrá la producción de las pruebas admitidas en un plazo que no exceda de veinte días, salvo decisión fundada de la Dirección que lo amplíe.
La producción de la prueba estará a cargo del contribuyente, responsable o tercero.
Art. 90.- No podrá ofrecerse más de tres testigos y uno suplente para el caso que alguno no pudiera declarar por muerte, incapacidad o ausencia.
Art. 91.- La Dirección podrá ordenar la realización de verificaciones y otras pruebas cuya producción estará a su cargo.
Art. 92.- Cuando del procedimiento resulte una determinación tributaria o la aplicación de multas, en la vista establecida en el art. 88 de este título, se entregará al sujeto pasivo copia de la parte pertinente de las actuaciones.
Art. 93.- Estando las actuaciones en estado de resolver, la Dirección deberá dictar el acto administrativo en el plazo de treinta días prorrogables por otro período igual.
Art. 94.- Dicha resolución deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:
b) Individualización del contribuyente, responsable o tercero considerado en las actuaciones.
c) Relación sucinta de la causa que dio origen a la acción administrativa.
d) Decisión adoptada por la Dirección sobre el particular y sus fundamentos.
e) Cuando corresponda, suma líquida a abonar por el contribuyente, responsable o tercero, discriminada por concepto. Tratándose de conceptos cuyo monto deba actualizarse hasta el día de pago bastará la indicación de las bases para su cálculo.
f) Firma del funcionario autorizado.
Art. 95.- El contribuyente, responsable o tercero, considerado en las actuaciones podrá pedir dentro de los cinco días de notificado, que se corrijan los errores materiales, se subsanen omisiones o se aclaren conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación sustancial.
Dicho pedido deberá formularse ante el funcionario del que emanó el acto y no suspenderá el plazo para recurrir.
Art. 96.- Las resoluciones de la Dirección quedarán firmes a los quince días de notificadas al contribuyente o responsable, salvo que en dicho plazo interpongan recursos de reconsideración o de apelación, según corresponda.
La interposición de los recursos administrativos suspende la ejecución de las resoluciones recurridas pero no el curso de los intereses.
Sólo serán susceptibles de recursos administrativos los actos que causen estado en su respectiva instancia.
Art. 97.- Los recursos de reconsideración y de apelación comprenderán el de nulidad por defectos de forma.
Art. 98.- El recurso de reconsideración procederá contra resoluciones del director general de Rentas o de otros funcionarios con facultades delegadas.
El recurso se interpondrá por escrito ante el funcionario que dictó la resolución, será fundado y deberá contener el ofrecimiento de la prueba que considera pertinente con sujeción, a lo dispuesto en los arts. 87 y 90 de este título.
No se admitirá ofrecimiento de prueba cuando el recurrente ha tenido oportunidad procesal de hacerlo con anterioridad.
En todos los casos el contribuyente podrá interponer el recurso de reconsideración o el de apelación ante la delegación de la Dirección General de Rentas del lugar de su domicilio.
Art. 99.- La Dirección dispondrá la producción de las pruebas con sujeción a lo dispuesto en los arts. 88 y 90 de este título y dictará resolución dentro de los cuarenta días de encontrarse en estado las actuaciones.
Art. 100.- Contra la resolución de la Dirección recaída en el recurso de reconsideración procederá recurso de apelación ante el Ministerio, que se interpondrá con sujeción a lo dispuesto en el art. 98 con las modificaciones contenidas en el presente, previo pago de la suma que se mande ingresar en la resolución recurrida con excepción de las multas.
El escrito correspondiente deberá contener una crítica concreta y razonada de la resolución recurrida. En los recursos de apelación no podrán ofrecerse nuevas pruebas excepto de hechos posteriores o documentos que no pudieron presentarse al interponerse el recurso de reconsideración.
Art. 101.- Recibido el recurso de apelación, la Dirección procederá a considerar el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad, dispondrá la producción de las pruebas ofrecidas con sujeción a lo dispuesto en el art. 100 y se remitirá al Ministerio las actuaciones con un escrito de contestación a los fundamentos del apelante.
Art. 102.- Si no se han cumplimentado los requisitos formales de admisibilidad del recurso de apelación, la Dirección lo tendrá por no presentado en resolución fundada.
Si la prueba ofrecida no cumple los requisitos previstos en el art. 89 no se admitirá su producción.
Art. 103.- El Ministerio dictará resolución dentro de los noventa días de recibidas las actuaciones.
Art. 104.- La resolución dictada por el Ministerio tendrá carácter de definitiva en sede administrativa y sólo será susceptible en dicha instancia de pedido de aclaratoria en el plazo y con los alcances previstos en el art. 95 .
En ningún caso serán de aplicación las normas sobre recursos establecidas por la ley 7060 , de Procedimientos para Trámites Administrativos u otra que la sustituya.
Art. 105.- Contra la decisión del ministerio el contribuyente o responsable podrá interponer dentro de los treinta (30) días hábiles recurso contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia. (Art. conforme Ley 9621)
Art. 106.- Contra la resolución de la Dirección recaída en la acción de repetición procederá el recurso de apelación.
Notificaciones Art. 107.- Las notificaciones sólo podrán efectuarse válidamente por los siguientes medios:
a) Cédula.
b) Acta.
c) Telegrama colacionado.
d) Carta documento, carta conformada o similares.
e) Constancia firmada por el contribuyente o responsable o sus representantes en el expediente.
f) Presentación de escritos de los que surja el conocimiento del acto, resolución o decisión.
g) Edictos publicados por tres veces en el Boletín Oficial y en un diario del lugar ante la imposibilidad de realizar la notificación, por cualquiera de los medios expuestos en el presente artículo, por desconocerse el domicilio.
Las resoluciones que determinen tributos, impongan sanciones o decidan recursos y el requerimiento de pago para la iniciación del cobro ejecutivo, deberán notificarse al interesado o a su representante debidamente constituido, en el domicilio fiscal o en las oficinas de la Dirección. En este caso, se perfeccionará la notificación entregándole al notificado copia de la resolución que debe ser puesta en conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación del día, hora y lugar en que se haya practicado.
Art. 108.- En el caso previsto en el inc. g) del artículo anterior, la notificación se tendrá por efectuada el tercer día hábil posterior al de la última publicación.
Art. 109.- Las notificaciones contendrán, con la excepción prevista en el artículo siguiente, la transcripción de la parte resolutiva con mención de la carátula y del número del expediente o actuación.
El interesado podrá solicitar a su cargo copia íntegra de la resolución.
Art. 110.- En las notificaciones por cédula, ésta deberá contener copia de la resolución o actuación de que se trata, con los datos necesarios para su debida comprensión. Será entregada por el agente de la dirección que corresponda, en el domicilio fiscal del contribuyente o responsable o en el especial constituido.
En el original de la cédula dejará constancia de la notificación y de la entrega de copias, consignando el día y hora de la diligencia, con su firma y la del interesado, salvo que este se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.
Art. 111.- Si el notificador no encontrara a la persona que va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento, establecimiento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior.Art. 112.- En los casos de notificación en las formas previstas en los incs. c) y d) del art. 107 , será constancia suficiente de la notificación efectuada el aviso de recepción o recibo de entrega de cualquiera de las piezas postales citadas en dichos incisos el que deberá agregarse a las actuaciones.
Artículo nuevo: Si el notificador no pudiese entregar la cédula, ya sea por negativa o imposibilidad de hacerlo, la fijará en la puerta del acceso correspondiente al domicilio de notificación, de lo cual dejará constancia en la cédula original. Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad. (Art. incorporado por Ley 9621)
Plazos procesales Art. 113.- Salvo disposición expresa en contrario los plazos establecidos en este Código y demás leyes tributarias se cuentan por días hábiles y se computarán a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación.
Cuando este Código no fije expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señalará la Dirección de conformidad a las particularidades e importancia de la diligencia, o en su defecto, se considerará que es de quince días hábiles.
TÍTULO X: DEL APREMIO FISCAL
Art. 114.- La Dirección procederá al cobro judicial por vía de apremio u otros procedimientos que impongan normas específicas, de los tributos, anticipos o cuotas y sus actualizaciones, intereses y multas y todo otro crédito fiscal una vez vencidos los plazos para los pagos, sin necesidad de intimación o requerimiento alguno.
Sin perjuicio de las facultades de la Dirección, las acciones del Fisco provincial para el cobro de las obligaciones fiscales, serán efectuadas por los procuradores fiscales que designe el Poder Ejecutivo.
Los procuradores fiscales sean o no empleados en relación de dependencia de la provincia, no podrán reclamar contra ésta el pago de honorarios. Percibirán los que correspondan de acuerdo con el arancel común cuando resulte a cargo de los contribuyentes o responsables.
La provincia reconocerá a los procuradores fiscales los honorarios regulados por su intervención en los concursos y quiebras siempre que se produzca el efectivo ingreso de tributos y que ella haya sido condenada en costas. Tales honorarios se pagarán en forma proporcional al ingreso fiscal efectivamente producido y no podrá, en ningún caso, exceder el diez por ciento (10%) de la suma ingresada.
Art. 115.- El procedimiento de apremio provincial y municipal se regirá por las disposiciones del presente Código y supletoriamente se aplicarán las normas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial .
Art. 116.- Será competente para entender en el juicio de apremio el juez del domicilio tributario o real del demandado a elección del actor.
Cuando no se conozca el domicilio real del deudor en la provincia y el tributario resultare de difícil determinación, el apremio será tramitado ante los jueces competentes de la ciudad de Paraná, citando y emplazando al deudor a los efectos dispuestos por el art. 120 en la forma que prevé el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial para deudores con domicilio desconocido.
Si sólo se conociere el domicilio real del deudor fuera del territorio provincial, será éste el domicilio para la citación y emplazamiento a los fines del art. 120 , pudiendo promoverse las acciones judiciales ante los jueces de la ciudad de Paraná.
Art. 117.- Será título ejecutivo suficiente:
a) La liquidación de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto.
La liquidación de deuda deberá contener la firma del funcionario habilitado, el nombre del demandado, el tributo o los conceptos reclamados, la fecha y lugar de emisión y el monto total del crédito. (Inc. conforme Ley 9700)
b) El testimonio de las resoluciones administrativas de las que resulte un crédito de origen no tributario a favor del Estado.
Art. 118.- El diligenciamiento de los mandamientos de intimación de pago y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de los empleados de la Dirección, designados por ésta como Oficiales de Justicia.
(Art. conforme Ley 9700)
Art. 119.- Tratándose de propietarios ignorados de bienes por los que se adeuden impuestos, tasas y otros tributos, procederá el embargo y citación en las mismas condiciones y formas que las dispuestas en el art 142 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, para el caso de deudores con domicilio desconocido. En los edictos se consignarán los datos de identificación del bien y los conceptos reclamados.
Art. 120.- Con la interposición de la demanda se peticionarán las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil y Comercial y se emplazará al deudor para que comparezca a estar a derecho y a oponer excepciones dentro del término de cinco días, sin perjuicio de la ampliación legal, bajo apercibimiento de que si no comparece se seguirá el juicio en rebeldía y si comparece y no opone excepciones se llevará adelante la ejecución.
Art. 121.- Sólo podrán hacerse valer las excepciones siguientes:
a) Falta de personería.
c) Inhabilidad del título ejecutivo.
d) Pago total.
e) Plazo concedido documentado.
f) Litis pendencia.
Art. 122.- Las costas se impondrán al demandado cuando la acción se hubiere promovido o sustanciado a consecuencia del incumplimiento de un deber formal a su cargo o mediaren incumplimientos de deberes formales o infracciones a normas fiscales que obstaculicen o dificulten la pretensión del Fisco.
Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados o los no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma en que establezca la autoridad de aplicación, no serán hábiles para fundar excepciones. Acreditados los mismos en los autos, procederá su archivo o revisión del monto demandado con costas a los ejecutados.
Artículo 122º bis: En ningún caso se decretará la caducidad de instancia cuando el apremio se hubiere paralizado por fuerza mayor o disposición de la Ley.
Podrá la actora solicitar la suspensión o paralización del trámite del juicio, cualquiera fuere la causa y el término de suspensión, en cuyo caso no se decretará la caducidad de la instancia.
(Art. agregado por Ley 9700)
Art. 123.- La Dirección podrá solicitar judicialmente embargo preventivo por las sumas que presumiblemente adeuden los sujetos pasivos. Para solicitar la medida será título suficiente la certificación de deuda presunta que expida la Dirección, en la que constarán las bases en que se funda la estimación.
Los jueces deberán decretarlo en el término de cuarenta y ocho horas bajo la responsabilidad del Fisco y caducará si dentro del término de ciento veinte días no se iniciare el correspondiente juicio de apremio. El término fijado para la caducidad del embargo se suspenderá desde la fecha de interposición del recurso de reconsideración contra la determinación y hasta diez (10) días de quedar firme la resolución definitiva.
El embargo previsto en este artículo podrá ser sustituido por garantía real o personal suficiente.
Art. 124.- Cuando no se conociera el monto adeudado por anticipos, pagos finales o cuotas de tributos, por no haberse presentado en término las respectivas declaraciones juradas, la Dirección podrá reclamar por vía de apremio fiscal por cada uno de ellos un monto igual al valor del último anticipo, cuota o pago final efectuado, actualizados cuando correspondiere, conforme a las normas en vigencia, con más los intereses previstos en este Código. Cuando no existieren anticipos, cuotas o pagos finales la Dirección podrá reclamar por la vía indicada, por cada uno de ellos, un monto de hasta diez veces el importe mínimo del tributo.
Será título ejecutivo suficiente la certificación que efectúe la Dirección, en la que constarán las bases en que se funda la liquidación.
Los importes reclamados en virtud de lo dispuesto en este artículo lo serán sin perjuicio de los reajustes que correspondan por declaraciones juradas o determinaciones de oficio.
Art. 125.- La Dirección podrá no iniciar o desistir los juicios declarando la deuda carente de interés fiscal para su ejecución o cobro compulsivo cuando se reúnan las siguientes condiciones:
a) El importe del reclamo constituido por la sumatoria del tributo no exceda de Pesos Quinientos ($ 500).
b) En el caso de impuestos anuales, la deuda se refiera por lo menos a un período y no sea el vigente.
c) Se hayan agotado las gestiones administrativas tendientes a cobrar la deuda.
d) El deudor no tenga bienes susceptibles de ejecución y que aparezca como insolvente.
Los jueces no podrán proveer escritos por los que se desista de los juicios, sin que se acompañe la instrucción expresa de la Dirección en tal sentido o el Procurador Fiscal se encuentre debidamente autorizado para ello en el mandato que se le otorgue.
TÍTULO XI: DE LAS DISPOSICIONES VARIAS
Art. 126.- Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Dirección son secretos.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de la Dirección están obligados a mantener en la más estricta reserva todo lo que llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, no pudiendo comunicarlo a persona alguna, salvo a sus superiores jerárquicos, y a los interesados cuando la Dirección lo autorice.
Las informaciones antedichas no serán admitidas como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo que las solicite el interesado o en los procesos criminales por delitos comunes siempre que a criterio del juez aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen.
El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Dirección para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquéllas para las que fueron obtenidas, ni subsiste frente a los pedidos de informes de las municipalidades de la provincia o del Fisco nacional u otros fiscos provinciales.
No están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas y a la falta de pago de obligaciones tributarias exigibles, quedando facultada la dirección para dar a publicidad dicha información, en la oportunidad y condiciones que la misma establezca. (Art. conforme Ley 9621)
Art. 127.- Para la determinación de la base imponible se depreciarán las fracciones de un peso ($ 1).
La base mínima será de un peso ($ 1).
Art. 128.- En las liquidaciones de los tributos se depreciarán los importes de cinco centavos ($ 0,05) e inferiores, computándose como diez centavos ($ 0,10) los mayores de cinco centavos ($ 0,05).
El mínimo importe de los tributos será de diez centavos ($ 0,10), salvo tratamiento especial.

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Artículo 122
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