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Timestamp: 2019-11-22 10:54:54+00:00

Document:
Irekia Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco :: Disposición BOPV 201700700
Disposición 201700700
Fecha boletín: 08-02-2017 Publicado en el Boletín nº 2016027
Materias: INSTALACIONES; TRATAMIENTO DE RESIDUOS; IMPACTO AMBIENTAL; AUTORIZACIONES; AYALA
Nº orden: 201700700
Con fecha de 28 de julio de 2014, Tramame, S.A. y Remai, S.A. solicitaron ante el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la instalación de tratamiento de escorias en el término municipal de Ayala.
Igualmente, se presenta informe del Ayuntamiento de Ayala, de 11 de septiembre de 2014, acreditativo de la compatibilidad urbanística de la actividad.
Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución de 16 de enero de 2015, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Tramame, S.A. y Remai, S.A, en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, ambas con fecha de 16 de febrero de 2015.
Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que se han presentado once escritos de alegaciones que de forma resumida se recogen en el anexo I de la presente Resolución, junto con las consideraciones de este órgano respecto a las mismas.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco solicita el 30 de marzo de 2015 informe al Ayuntamiento de Ayala, a la Agencia Vasca del Agua, al Departamento de Salud y al Departamento de Seguridad.
Con fecha 15 de junio de 2015, en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, el conjunto del expediente se ha puesto a disposición de Tramame, S.A. y Remai, S.A.
Con fecha 26 de junio de 2015, Tramame, S.A. y Remai, S.A. remiten escrito mediante el que realizan algunas observaciones en relación con distintos aspectos recogidos en los informes emitidos por los organismos competentes.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 16/2002, con fecha de 19 de enero de 2016 este Órgano remitió a los organismos competentes las alegaciones realizadas por Tramame, S.A. y Remai, S.A, así como la propuesta de autorización, que fue igualmente remitida a ambas empresas, con el resultado que obra en el expediente.
Con fecha de 9 y 16 de febrero de 2016 el Ayuntamiento de Ayala remite escritos mediante los cuales da contestación a distintos aspectos recogidos en la Propuesta de Resolución de fecha de 19 de enero de 2016.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se somete a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Tramame, S.A. y Remai, S.A. tales autorizaciones se circunscriben a la de gestión de residuos no peligrosos, vertido a la red general de saneamiento, vertidos a cauce , a la de emisiones a la atmósfera y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de producción de residuos y a la de prevención y corrección de la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la citada Ley 16/2002, de 1 de julio, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituirá a los medios de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos que puedan establecer las Administraciones competentes para el ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. A estos efectos, la autorización ambiental integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad local cuando implique la denegación del ejercicio de las actividades o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22. Afirma el citado artículo 28 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables, siendo así que en la Comunidad Autónoma del País Vasco el régimen de actividades clasificadas se encuentra regulado en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Tramame, S.A. y Remai, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la citada Ley 3/1998, de 27 de febrero.
Por último, en orden a determinar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta, tanto el uso de las mejores técnicas disponibles, como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF «Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Treatments Industries», de la Comisión Europea.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, una vez analizados los informes obrantes en el expediente, se suscribió Propuesta de Resolución a la que se incorporaron las condiciones aplicables a la actividad promovida por Tramame, S.A. y Remai, S.A.
Vistos la propuesta de Resolución de 19 de enero de 2016 del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la misma, el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y demás normativa de aplicación,
Primero.– Conceder a Tramame, S.A. y Remai, S.A. con domicilio social en Polígono Markijana, C/ Murga, n.º 56 del término municipal de Ayala y CIF: A01049030 (Tramame) y A01029008 (Remai), autorización ambiental integrada para la instalación de tratamiento de escorias en el término municipal de Ayala, con las condiciones establecidas en el apartado segundo de esta Resolución.
La actividad se encuentra incluida en la siguiente categoría 5.4.c del Anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación:
«5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
c) Tratamiento de escorias y cenizas;»
La instalación se ubica en el kilómetro 1 de la carretera Respaldiza-Markijana, en el Polígono Industrial de Murga 56, en Ayala (Álava) con una superficie total de 47.972 m
El proceso productivo consta de las siguientes líneas:
a) Recuperación de material inoxidable de las escorias de acería o refractarios.
Esta actividad la lleva a cabo la mercantil Tramame, S.A.
La recuperación de material consiste en la separación densimétrica del material inerte y de los pequeños fragmentos de acero inoxidable contenidos en las escorias, mediante distintas operaciones mecánicas.
La materia prima utilizada en estas operaciones es escoria negra de horno de arco eléctrico de acero inoxidable, con un consumo anual estimado de 35.000 Tn.
Además, Tramame, S.A. recibe material refractario que sigue una línea independiente del proceso, evitando de esta forma mezclas indeseadas con otros materiales.
La producción anual de Tramame, S.A. es aproximadamente un 4,5% en peso de las escorias procesadas, es decir aproximadamente entre 1.500-1.600 toneladas de acero inoxidable recuperado.
La capacidad de tratamiento (en instalaciones) diario de la planta es de aproximadamente 118 t/día. Asimismo, la capacidad autorizada de gestión es de 35.000 Tn independientemente de si se tratan escorias o refractarios.
● Almacenamiento en un pabellón para el secado de la materia prima.
● Criba de barras para la segregación de partes finas y fracción gruesa (bloques y placas grandes).
● Machacadora para el tratamiento de la fracción gruesa.
● Molinos de impacto: una vez obtenida la fracción de un tamaño mínimo adecuado se trasladan mediante cintas transportadoras en distintas tolvas. De la tolva se alimenta a los molinos de impactos, donde se fragmenta más aun la materia.
● Mesa densimétrica con ventilador donde se separa la fracción inoxidable de la escoria.
● Envasado y expedición de la fracción inoxidable y la escoria.
La escoria remanente una vez extraída la fracción metálica (alrededor de 33.400 Tn), se empleará en los distintos usos establecidos en el artículo 5 del Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero en horno de arco eléctrico. En caso contrario se gestionará como residuo mediante su entrega a gestor autorizado.
b) Fragmentación de grandes piezas metálicas defectuosas o desechadas de acero o arrabio.
Remai, S.A. fragmenta grandes piezas metálicas defectuosas o desechadas de acero o arrabio, que por su gran tamaño no pueden ser reutilizadas directamente como nueva materia prima en acería.
La capacidad de tratamiento (en instalaciones) diario de la planta es de aproximadamente 118 t/día. Asimismo, la capacidad autorizada de gestión es de 35.000 Tn/año de piezas metálicas.
El proceso productivo de Remai, S.A. consta de las siguientes fases:
● Recepción del material en solera de hormigón y clasificación.
● Fragmentación por diferentes métodos:
○ Retroexcavadoras dotadas con electroimanes y pulpos: la rotura por impacto se lleva a cabo mediante la utilización de una pesada pera la cual es elevada mediante la retroexcavadora y elevada hasta una altura determinada. Una vez todo preparado la pera es soltada desde dicha altura sobre el material a romper.
○ Corte por soplete industrial: a este punto llegan las piezas que por su gran tamaño no han podido ser fragmentadas por los otros métodos. Consiste en la utilización de varios sopletes los cuales cortan la pieza mediante la acción de las elevadas temperaturas que se obtienen en la combustión de una mezcla propano-oxigeno.
○ Explosivos con lanza térmica: se dispone del uso de explosivos con la previa utilización de la lanza térmica. Las piezas de mayor tamaño son barrenadas previamente mediante la utilización de la lanza térmica de oxigeno junto con unas varillas de tubo roscado de 1/8", esta perforación de las piezas se realiza dentro de una zona protegida y cerrada la cual está conectada a un filtro de mangas para reducir posibles emisiones a la atmosfera. Una vez realizados los diferentes agujeros con la lanza térmica, se introducen en los mismos cargas explosivas. Se dispone de un foso formado por lingoteras cuadradas y diseñado para mejorar los niveles de seguridad y evitar posibles proyecciones en el fragmentado de las piezas. Una vez se carga el foso con las piezas a dinamitar, se cubre con piezas planas de acero, las cuales se fijan a las lingoteras. Las piezas y las tapas se posicionan en el foso mediante la utilización de grúa y retros.
○ Operaciones de cribado, en cribas estáticas sin accionamiento, obteniendo la separación de los materiales cribados y obteniendo 2 productos granulométricos: pasa o no pasa.
● Expedición: cuando todo el material ha sido fragmentado por cualquiera de los métodos anteriormente descritos, todos los fragmentos son recogidos mediante electroimanes y pulpos, y cargados para su expedición.
Las aguas pluviales de escorrentía son vertidas a cauce tras su tratamiento.
Los residuos peligrosos y residuos no peligrosos generados provienen principalmente de las actividades generales de mantenimiento de maquinaria móvil (vehículos).
En la actividad de Tramame, S.A. y Remai, S.A, se aplican mejores técnicas disponibles recogidas en los siguientes BREFs europeos:
● BREF para la Industria de Gestores de Residuos ("Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Treatments Industries, agosto de 2006).
● BREF para el almacenamiento (Mejores Técnicas Disponibles de referencia europea respecto a las emisiones generadas por el almacenamiento")
● Inspecciones visuales periódicas de almacenamientos al aire libre.
● Minimizar el polvo generado durante la transferencia y manipulación de sólidos: control velocidad del viento, reducción de distancias de transporte interno, reducción de la altura de caída de la pala cargadora, limpieza de neumáticos, humedecer los acopios.
● Emplear cintas transportadoras y canales de descarga para reducir las distancias de transporte.
● Disponer de un sistema de gestión que dé trazabilidad a los residuos (IKS-eeM).
● Disponer de reglas de mezclado de residuos, procedimientos de segregación y compatibilidad.
● Disponer un diario de incidencias.
● Zonas de operaciones de tratamiento bien equipadas.
● Disponer de sistemas independientes de segregación de las aguas.
Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de tratamiento de escorias, promovida por Tramame, S.A. y Remai, S.A. en el término municipal de Ayala (Álava):
B) Tramame, S.A. y Remai, S.A. remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración.
C) Tramame, S.A. y Remai, S.A. responderán solidariamente del cumplimiento de las medidas y requisitos contemplados en la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.2 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
C.1.– Condiciones y controles para la recepción, manipulación y almacenamiento de residuos.
C.1.1.– Residuos admisibles.
Tramame, S.A. y Remai, S.A. podrán gestionar en las diferentes líneas de tratamiento anteriormente indicadas residuos correspondientes a los siguientes códigos LER incluidos en la Lista Europea de Residuos publicada mediante la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Asimismo, la asignación de los códigos de los residuos y su clasificación dará cumplimiento a lo establecido en la citada Decisión, así como a lo establecido en el Reglamento (UE) n.1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Siendo así, únicamente se admitirán los residuos identificados a continuación:
a) Recuperación de material inoxidable de las escorias de acería o refractarios (Tramame, S.A.).
b) Fragmentación de grandes piezas metálicas defectuosas o desechadas de acero o arrabio (Remai, S.A.)
C.1.2.– Control de entrada de residuos.
No podrán aceptarse residuos que difieran de los señalados en la presente Autorización. En todo caso, la ampliación de los residuos a gestionar requerirá la aprobación previa de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ajustándose a lo dispuesto en el apartado H de esta Resolución.
Comprobada la posibilidad de admisión de un residuo, Tramame, S.A. y Remai, S.A. remitirán al titular del mismo documento acreditativo de la aceptación, en el que se fijen las condiciones de ésta y, en su caso, la fecha de caducidad para el caso de que no se realice ninguna entrega de residuo. En el mismo se deberán recoger los parámetros limitativos o condicionantes para la aceptación del residuo y los que, en su caso, deban analizarse antes de la recepción de cada partida.
De conformidad con lo establecido en los Objetivos Estratégicos del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020 y cara a poder dar cumplimiento a los mismos, en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad, este Órgano podrá solicitar, cuando las circunstancias así lo requieran, justificación de la imposibilidad técnico-económica de la gestión de los residuos objeto de autorización.
De conformidad con lo establecido en los Objetivos Estratégicos del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020, antes del envío de residuos con cargo a un Documento de Aceptación emitido al amparo de la presente Resolución, éste deberá ser validado ante este Órgano Ambiental. No podrá procederse a la recepción de los residuos objeto de gestión por parte de Tramame, S.A. y Remai, S.A. sin la previa validación del Documento de Aceptación por este Órgano a realizar en el plazo de 15 días naturales desde su recepción. Transcurrido dicho plazo sin posicionamiento expreso se considerará que éste es favorable. El Documento de Aceptación a validar deberá incluir, entre otros, parámetros limitativos, identificación de los residuos, y fecha de caducidad para el caso de que no se realice ninguna entrega de residuo.
Al objeto de verificar la posibilidad de aceptación y recepción de residuos Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán disponer en todo momento de los medios técnicos y humanos que permitan la comprobación de los parámetros de aceptación de los mismos.
C.1.3.– Operaciones de carga y descarga.
C.1.4.– Almacenamiento de los residuos recepcionados.
a) El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos a valorizar será de dos años.
b) Se dispondrá de áreas de almacenamiento diferenciadas para cada uno de los tipos genéricos de residuos admisibles.
c) En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Ayala.
d) En casos especiales de parada técnica de la instalación, u otras situaciones derivadas de un funcionamiento anómalo de la misma, Tramame, S.A. y Remai, S.A. podrán actuar como centro de transferencia de los residuos señalados en el apartado C.1.1 para proceder a su traslado a otra instalación autorizada para la gestión de los mismos.
C.1.5.– Registro de datos de los residuos gestionados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán registrar y conservar en archivo las solicitudes de admisión, documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento, o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a 3 años, donde recogerá por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos y cuando proceda se inscribirá también el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el citado archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos, debiendo figurar en el mismo, al menos los siguientes datos:
● Registro de los datos relativos a las partidas de residuos rechazadas (origen, cantidad, empresa de transporte, causas del rechazo y destino alternativo).
Los resultados de los controles mencionados en el apartado C.1.2 de esta Resolución se recogerán en el registro regulado en el presente apartado, así como aquellos controles de contraste que pueden realizar Tramame, S.A. y Remai, S.A.
Con periodicidad mensual deberá remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente en formato Excel (a la dirección de correo electrónico ippc@euskadi.eus) empleando el modelo habilitado por este Órgano y cumplimentando la información recogida en el mismo acumulada para el año en vigor y diferenciando la gestión realizada cada mes.
C.1.6.– Residuos importados de fuera del estado.
C.2.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.
C.2.1.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos tratados en la planta.
Sin perjuicio de las condiciones y controles para la aceptación, recepción, inspección y almacenamiento de residuos indicados en el apartado C.1, Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Se deberá remitir un estudio de la viabilidad de la realización de las operaciones de trituración, cribado y almacenamiento de residuos y otros materiales de naturaleza pulverulenta sobre pavimento impermeable, capaz de soportar todas las cargas previsibles y de retener posibles fugas o derrames de los mismos y en edificación cubierta superiormente y lateralmente. Por ello, la balsa de decantación deberá ubicarse fuera de la citada franja.
b) Se eliminarán los actuales acopios a la intemperie de material a gestionar, así como el acopio de material ya gestionado.
c) Las trituradoras de escorias y refractarios, así como las instalaciones que se implementen para el triturado y trasiego automatizado de otros materiales, deberán disponer de elementos de minimización de la emisión de partículas, como rascadores en los retornos de las cintas, recogida de material en la base, aspiraciones focalizadas y carenados.
d) Para el barrenado se empleará siempre la estructura metálica habilitada, no pudiéndose emplear la lanza térmica a la intemperie en ningún caso.
e) Se deberá avisar con una antelación de 48 horas, tanto al Ayuntamiento de Ayala como a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la realización de operaciones de barrenado previas a una voladura, informando de la fecha exacta prevista para la misma.
C.2.2.– Condiciones a cumplir para la consideración del fin de vida de los residuos gestionados.
En el caso de las chatarras de hierro y acero resultantes del proceso de gestión, se deberá acreditar la emisión de las correspondientes declaraciones de conformidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) 333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
La escoria remanente una vez extraída la fracción metálica, se empleará en los distintos usos establecidos en el artículo 5 del Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero en horno de arco eléctrico.
Asimismo, para aquellas chatarras de hierro y acero, y la escoria resultantes del proceso de gestión, y cuyas características no se ajusten a lo establecido en el anexo I del Reglamento (UE) 333/2011 y al Decreto 34/2003 respectivamente, se acreditará su gestión como residuo mediante la presentación del correspondiente documento de aceptación de un gestor autorizado.
C.2.3.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.
C.2.3.1.– Condiciones generales.
La planta de Tramame, S.A. y Remai, S.A. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución y los requisitos técnicos establecidos por la Viceconsejería de Medio Ambiente en sus correspondientes instrucciones técnicas; en cualquier caso salvaguardando la salud humana y el medio ambiente.
Se observarán en todo momento las medidas de la contaminación atmosférica indicadas en el proyecto, especialmente las destinadas a evitar la emisión de polvo, tales como el riego de acopios de materiales pulverulentos y limpieza de viales.
C.2.3.2.– Identificación de los focos. Catalogación.
La instalación de Tramame, S.A., cuya actividad se corresponde al código A 04 02 10 01 (Tratamiento de escorias siderúrgicas) y B 09 10 09 51 (Almacenamiento u operaciones de manipulación tales como el mezclado separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de los residuos no metálicos o de residuos metálicos pulverulentos, con capacidad de manipulación de estos materiales > 100 Vdía y < 500 Udía) del anexo del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, cuenta con los siguientes focos:
La instalación de Remai, S.A., cuya actividad se corresponde al código 09 10 09 06 (Fragmentadoras o trituradoras de chatarra o demás residuos metálicos) y 04 02 08 03 (Oxicorte por soplete) del anexo del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:
En el caso de que un foco sistemático, en el año en que le corresponda realizar mediciones, funcione con una frecuencia media igual o inferior a doce veces por año con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia cuando la duración global de las emisiones sea superior al cinco por ciento del tiempo de funcionamiento de la planta, no será preciso realizar un control sobre dicho foco ese año, debiendo realizarse el año inmediatamente posterior, siempre que no persistan las condiciones por las que se eximió su control. Esa circunstancia deberá ser justificada en el correspondiente programa de vigilancia ambiental.
La actividad general de las instalaciones de Tramame, S.A. y Remai, S.A, además, supone un foco de emisión difusa de importancia. Entre las principales actividades que emiten de forma difusa se encuentran la descarga, transporte y separación; la molienda-trituración; el perforado por lanza térmica; la rotura mediante explosivos y el tráfico rodado interno de camiones y maquinaria.
C.2.3.3.– Valores límite de emisión.
C.2.3.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.
Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación no inferior a la establecida en el apartado segundo, subapartado C.2.3.2. Las secciones y la ubicación de los puntos de muestreo deberán cumplir lo establecido en las instrucciones técnicas publicadas mediante la Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
C.2.3.5.– Minimización de emisiones difusas.
Los sistemas de control y tratamiento del foco 0100000349-01 de la Lanza Térmica deberán estar instalados y funcionando adecuadamente siempre que la planta esté funcionando. Por ello, no se permitirá el barrenado o punzado con lanza térmica sin el correcto funcionamiento de la aspiración y filtración de dicha actividad. Para asegurar el cumplimiento de este requisito, la instalación deberá tener instalado y en funcionamiento durante las horas de funcionamiento de la instalación un dispositivo de video, en el que quede constancia de lo anterior, y deberá guardar los registros grabados como mínimo un mes.
Con objeto de minimizar las emisiones difusas se llevará a cabo, como mínimo:
● Un correcto mantenimiento de los filtros de mangas, de los sistemas de captación de emisiones del perforado con lanza térmica, y de la cobertura del foso de rotura mediante explosivos.
● Utilizar sistemáticamente sistemas lava-ruedas con balsas de decantación.
● Para la limpieza de las instalaciones de la planta además de aplicar buenas prácticas ambientales y las mejoras técnicas disponibles, se dispondrán y utilizarán sistemáticamente barredoras/aspiradoras para limpieza de suelos y viales.
● En lugares de exposición de áreas a viento deberán instalarse barreras cortavientos (naturales y/o artificiales).
● Limitar a 20 km/h la entrada y salida de vehículos a planta.
● Utilizar diariamente una barredora/aspiradora en la instalación.
● Manejar los equipos y maquinaria de manipulación del material pulverulento con precaución y velocidades moderadas.
● Distribuir la carga de los camiones homogéneamente.
C.2.4.– Condiciones para el vertido a cauce y red de saneamiento.
C.2.4.1.– Clasificación, origen de las aguas residuales, medio receptor y localización del punto de vertido.
Actividad: Valorización de metales ya clasificados.
Clase-grupo-cnae: 1 -7ter-38.32.
Término municipal: Aiara/Ayala.
Punto de vertido 1: Aguas de escorrentía pluvial.
Tipos de aguas residuales: aguas industriales.
Forma de evacuación: directa.
Medio receptor: Izoria.
Cuenca: Izoria.
Unidad hidrológica: Ibaizabal.
Coordenadas UTM (etrs89): X: 499.429.
Se autoriza el vertido de las aguas de escorrentía susceptibles de arrastrar contaminación tras entrar en contacto con el material almacenado en el parque exterior de las instalaciones de Recuperación de Materiales Industriales S.A (Remaisa) y Tratamiento y Transformación de Metales Metalúrgicos S.A. (Tramamesa). Las aguas sanitarias asimilables a urbanas generadas en las instalaciones se conectarán al colector de saneamiento.
Actuación pendiente de ejecución:
En relación con el vertido de las aguas de escorrentía pluvial, en el plazo no superior a doce (12) meses, desde la presente Resolución de autorización ambiental integrada, deberá instalarse el sistema de depuración previsto para el tratamiento de las aguas de escorrentía generadas en las instalaciones, así como las medidas necesarias para asegurar la correcta recogida de las aguas residuales. Las acciones correctoras consistirán en:
● Módulo de ajuste del pH que se situará en la cabeza de la balsa de decantación (a 30 metros del punto de evacuación de la balsa de decantación), mediante el suministro de dióxido de carbono CO
● Balsa de decantación 36,5 m de longitud x 6 m de ancho x 2.25 m de profundidad. Dispone de tabique separador a los 16,7 m desde la cabecera de la balsa y de acceso mediante rampa para facilitar las tareas de mantenimiento de la misma.
● Arqueta de control del vertido.
● Sistema (muro o similar) que delimite la «zona de acopios», que permita mantener las escorias dentro de la zona habilitada, con el objetivo de que los materiales o restos de residuos no invadan ni se acumulen sobre las canaletas y las mismas se mantengan limpias en todo momento.
● Sistema de drenaje en el frente de acopio de escorias (paralelo al eje del río Izoria) que evacue a la canaleta perimetral para su posterior tratamiento. En el diseño del mismo, se garantizará la posibilidad de muestrear el lixiviado generado.
● Adecuación del sistema de lavarruedas en circuito cerrado.
Una vez ejecutadas las medidas correctoras establecidas, el titular deberá acreditar la puesta en marcha de las instalaciones.
Punto de vertido 2: aguas sanitarias a red de saneamiento.
Para las aguas sanitarias se deberán respetar las condiciones de vertido establecidas por el Ayuntamiento de Ayala.
C.2.4.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido a cauce.
Vertido1: aguas de escorrentía pluvial.
Caudal punta horario: 1.578 m
Volumen máximo anual: 37.884 m
C.2.4.3.– Valores límite de emisión.
Los parámetros característicos de la contaminación del vertido serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:
No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de emisión. Además deberán cumplirse las normas de calidad ambiental del medio receptor. En caso contrario, la entidad titular estará obligada a instalar el tratamiento adecuado que sea necesario, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de aquéllas.
Vertido 2: aguas sanitarias.
C.2.4.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.
Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales se ajustarán a la documentación presentada por el peticionario durante el transcurso de la tramitación de la presente autorización y constarán básicamente de los siguientes elementos:
Vertido 1: aguas de escorrentía pluvial.
A) Hasta la ejecución de la actuación del sistema de depuración.
● Balsa de decantación existente en la actualidad.
● Punto de control de vertido.
B) Tras la ejecución del sistema de depuración.
● Balsa de decantación 36,5 m de longitud x 6 m de ancho x 2.2 5 m de profundidad. Dispone de tabique separador a los 16,7 m desde la cabecera de la balsa y de acceso mediante rampa para facilitar las tareas de mantenimiento de la misma.
Se considera que las instalaciones de depuración proyectadas son, en principio, suficientes para cumplir los límites indicados en el apartado C.2.4.3 de este informe. No obstante, si posteriormente se comprobase la insuficiencia de las instalaciones de depuración, el titular deberá ejecutar las modificaciones precisas a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa la comunicación a la Agencia Vasca del Agua y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.
Se considera que para garantizar la correcta recogida y posterior tratamiento de las aguas de escorrentía, será vital mantener las canaletas perimetrales libres de acopios y materiales. por ello, deberá disponer de un sistema (muro o similar) que delimite la «zona de acopios» y así mantener las escorias dentro de la zona habilitada, con el objetivo de que los materiales o restos de residuos no invadan ni se acumulen sobre las canaletas y las mismas se mantengan limpias en todo momento. Asimismo, deberá disponer de un sistema de drenaje en el frente de acopio de escorias (paralelo al eje del río Izoria) que evacue a la canaleta perimetral para su posterior tratamiento. En el diseño del mismo, se garantizará la posibilidad de muestrear el lixiviado generado.
C.2.4.5.– Evacuación del vertido. Arqueta de control.
Se dispondrá una arqueta de control para cada agua residual autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos y comprobar el rendimiento de las instalaciones de depuración. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno, por parte de la Agencia Vasca del Agua de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este caso la medición del caudal vertido se realizará por mediciones indirectas.
C.2.4.6.– Condiciones económico-administrativas. Canon de control de vertidos a cauce.
El importe del canon de control de vertidos (c.c.v.), en aplicación del artículo 113 del texto refundido de la ley de aguas y del artículo 291 del reglamento del dominio público hidráulico (real decreto 606/2003), y posterior actualización de los precios básicos en aplicación del artículo 80 de la ley 22/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2014, es el siguiente:
V volumen del vertido autorizado (m
Pu precio unitario de control de vertido.
C2 coeficiente en función de las características del vertido.
C3 coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.
Hasta la ejecución de la actuación.
(1) Calidad ambiental del medio receptor conforme a las definiciones establecidas en la nota (*****) del anexo IV del RDPH, teniendo en cuenta en su aplicación los objetivos establecidos en el plan hidrológico del cantábrico de 7 de junio de 2013.
Pu = 0,04207 x 3,2 = 0,134624 euros/m
Canon de control de vertidos = 37.884 x 0,134624 = 5.100,09 euros/año.
Tras la ejecución de la actuación.
V: volumen total:
Pb: agua residual: industrial.
C2: clase 1:
C3: con tratamiento adecuado.
C4: zona de categoría: iii (1)
V = 37.884 m
Pu = 0,04207 x 0,5 = 0,021035 euros/m
Canon de control de vertidos 37.884 x 0,021035 = 796,89 euros/año.
El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las comunidades autónomas o las corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (artículo 113.7. t.r.l.a).
C.2.5.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.
En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Ayala.
Para trasladar los residuos producidos a otras Comunidades Autónomas se dará cumplimiento al Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, así como al posterior desarrollo que se realice de la norma en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
C.2.5.1.– Residuos Peligrosos.
Residuo 1: «baterías de plomo».
Identificación: A01049030/0100000927/1/1.
Cantidad anual generada: 250 kilogramos.
Es recogido en contenedor identificado para dicho residuo depositado en zona específica para el mismo.
Residuo 2: «Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes (aceites usados)».
Identificación: A01049030/0100000927/1/2.
Código de la operación de destino: R13/9.
Cantidad anual generada: 1.700 kilogramos.
Se genera en operaciones de reposición de aceite; consiste en aceites mecánicos e hidráulicos usados.
Residuo 3: «Aceites hidráulicos sintéticos».
Identificación: A01049030/0100000927/1/3
LER: 13 01 11.
Se genera en operaciones de reposición de aceite.
Identificación: A01049030/0100000927/1/4.
Se genera en el mantenimiento de los vehículos.
Es recogido en contenedor/big-bags identificado para dicho residuo.
Residuo 5: «líquido de frenos».
Identificación: A01049030/0100000927/1/5.
LER: 16 01 13.
Residuo 6: «Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas».
Identificación: 01049030/0100000927/1/6
CER: 16 01 14.
Es recogido en bidón/contenedor identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.
Residuo 7: «Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas».
Identificación: A01049030/0100000927/1/7.
Cantidad anual generada: 125 kilogramos.
Se genera en la recogida y agrupación de absorbentes y textiles; consiste en trapos, material absorbente, filtros, impregnados de aceite, disolvente y pintura.
Residuo 8: «Equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12».
Identificación: A01049030/0100000927/1/8.
Componentes peligrosos: C6.
CER: 16 02 13.
Residuo 9: «Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio».
Identificación: A01049030/0100000927/1/9.
Residuo 10: «Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas».
Identificación: A01049030/0100000927/1/10.
Característica/s de peligrosidad: H5/14.
Se generan en la recogida y agrupación de envases vacíos; consiste en envases metálicos, plásticos, compuestos, que han contenido aceites, pintura y disolventes.
Residuo 11: «Líquidos acuosos de limpieza».
Identificación: A01049030/0100000927/1/11.
LER: 12 03 01.
Cantidad anual producida: 600 kilogramos.
Se generan en la limpieza de las piezas de la maquinaria durante los trabajos de mantenimiento.
Es recogido en un contenedor instalado en la propia máquina de limpieza, y son gestionados directamente por la empresa propietaria de la máquina.
a) La denominación y codificación correspondiente a cada residuo peligroso se establece de acuerdo con la situación y características del mismo, documentadas en el marco de la tramitación de la autorización. Aun cuando ciertos códigos pueden experimentar alguna variación, existen otros de carácter básico que, por su propia naturaleza, deben permanecer inalterables durante el transcurso de la actividad productora. Son los que definen el tipo y constituyentes peligrosos del residuo. En orden a verificar la correcta jerarquización en las vías de gestión y asegurar el cumplimiento de lo establecido tanto en la Estrategia Comunitaria para la Gestión de los Residuos como en el IV Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2015-2020 la información contenida en los documentos de aceptación de cada residuo será objeto de validación por parte de este Órgano previa solicitud del gestor autorizado correspondiente. La verificación cobrará especial relevancia en los casos en los que se solicite la validación de códigos de deposición o eliminación en documentos de aceptación de residuos previamente gestionados de acuerdo a un código de operación de gestión de recuperación o valorización.
h) Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
j) En tanto en cuanto Tramame, S.A. y Remai, S.A. sean poseedores de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberán cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
k) En la medida en que Tramame, S.A. y Remai, S.A. sean poseedores de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, éstas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.
l) Anualmente Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración. Dicha remisión se realizará junto con el programa de vigilancia ambiental del año correspondiente.
m) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, en el caso de superar las 10 toneladas anuales de residuos peligrosos generados, Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una periodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos tal y como establece el artículo 17.6 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados siempre que el desarrollo normativo de la citada Ley no catalogue a Tramame, S.A. y Remai, S.A. como pequeños productores de residuos peligrosos.
n) Si Tramame, S.A. y Remai, S.A. fueran los poseedores finales de un envase comercial o industrial de un suministrador que se haya adherido a la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, Tramame, S.A. y Remai, S.A. son los responsables de la correcta gestión ambiental del residuo de envase o envase usado y en consecuencia deberá entregarlo a un gestor autorizado para dicho residuo.
o) Los documentos referenciados en los apartados e) y f) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), m) y n) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-eeM de conformidad con lo establecido en el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
p) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991 (art. 3) para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
C.2.5.2.– Residuos no peligrosos.
f) Si Tramame, S.A. y Remai, S.A. fueran el poseedor final de un envase comercial o industrial de un suministrador que se haya adherido a la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, Tramame, S.A. y Remai, S.A. es el responsable de la correcta gestión ambiental del residuo de envase o envase usado y en consecuencia deberá entregarlo a un gestor autorizado para dicho residuo.
h) Los documentos referenciados en los apartados d), e) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV) y g) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-eeM de conformidad con lo establecido en el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
C.2.6.– Condiciones en relación con la protección del suelo.
De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Tramame, S.A. y Remai, S.A, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección del suelo.
C.2.7.– Condiciones en relación con el ruido.
Además, si existiese un modo del funcionamiento del proceso claramente diferenciado del resto de la actividad, excluidas las voladuras para las cuales existe un procedimiento de control específico, se deberá determinar un nivel de ruido asociado a este modo de funcionamiento (LAeq,Ti), siendo Ti el tiempo de duración de dicho modo de funcionamiento. Este nivel no deberá superar en 5dB los valores fijados en la Tabla 1.
a) Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán realizar el control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:
c) Asimismo, se deberá controlar la incidencia de las emisiones difusas de la actividad. En concreto, se realizará una medición de inmisión en PM10, como mínimo, dos veces al año, en los siguientes periodos: 15 de abril al 15 de mayo y del 15 de octubre al 15 de noviembre. La medición se realizará por una Entidad de Colaboración Ambiental (ECA) acreditada por la UNE-EN ISO/IEC 17020 en dicho parámetro. Las coordenadas del punto de medición serán las siguientes: UTM 30N ETRS89; X: 499.172; Y: 4.770.074.
D.2.– Control de la calidad del agua de vertido a cauce y a la red de saneamiento.
D.2.1.– Control de la calidad del agua de vertido a cauce.
a) La entidad titular acreditará ante la Agencia Vasca del Agua, las condiciones en que vierte al medio receptor.
b) Se llevarán a cabo seis controles anuales para los parámetros limitados en el punto C.2.4.2.3, repartidos a intervalos regulares.
Una vez ejecutado el sistema de depuración previsto en la presente autorización, en los controles del primer año se deberán analizar los parámetros cromo total y fluoruros, al objeto de comprobar su eliminación en el vertido.
c) Cada control que será realizado y certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica (artículo 255 del Reglamento del dominio público hidráulico), se llevara a cabo sobre cada uno de los parámetros autorizados y sobre el parámetro magnesio (Mg), considerándose que cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros verifican los respectivos límites impuestos.
Los resultados de los controles se remitirán en formato electrónico a la Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales de la Agencia Vasca del Agua (jerrazkin@uragentzia.eus) en el plazo de un mes desde la toma de muestras.
Así mismo, se deberá implementar un procedimiento adecuado para el mantenimiento de las instalaciones de depuración, que permita detectar los diversos problemas que puedan surgir, y asegure en todo momento el correcto funcionamiento de las mismas, durante el periodo de vigencia de la autorización.
La administración competente, cuando lo estime oportuno, inspeccionará las instalaciones de depuración y podrá efectuar aforos y análisis del efluente para comprobar que los caudales y parámetros de los vertidos no superan los límites autorizados y, en su caso, el rendimiento de las instalaciones de depuración. Asimismo podrá exigir la entidad titular que designe un responsable de la explotación de las instalaciones de depuración, con titulación adecuada.
d) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de produccion de contaminantes.
e) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros de control establecidos en el apartado a) de este punto cumplan los límites del apartado segundo, subapartado C.2.4.3 de esta Resolución.
D.2.2.– Control de la calidad del agua de vertido a la red de saneamiento.
De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, además de los controles que establezca el Ayuntamiento de Ayala se realizarán las siguientes analíticas:
a) Se deberán realizar las evaluaciones de los índices acústicos Ld, Le, Ln, LAeq,Ti y LAeq,60 segundos con una periodicidad anual. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse otra periodicidad para las mediciones.
b) Todas las evaluaciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por Entidad de Colaboración Ambiental que disponga de acreditación según UNE-EN ISO/IEC 17025 para el muestreo espacial y temporal en el ámbito de la acústica. En todo caso, el órgano ambiental velará porque las entidades que realicen dichas evaluaciones tengan la capacidad técnica adecuada
D.4.– Control de suelo y aguas subterráneas.
Se deberá presentar una actualización del Informe Preliminar de Situación de Suelo presentado ante este Órgano, contemplando el conjunto de instalaciones existentes a día de hoy y que comprenda el contenido correspondiente a una actividad de grupo I según lo establecido en el procedimiento operativo desarrollado por este Órgano y disponible en:
Por otra parte, se realizará una propuesta sobre la necesidad de realizar un informe base o de la situación de partida descrito en la Ley 16/2002 y siguiendo las directrices que proporciona la Comunicación de la Comisión. Orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales (2014/C 136/03) disponible en:
En cualquiera de los casos será necesario, en primer lugar, identificar de forma exhaustiva e indicar la cantidad de todas las sustancias y mezclas peligrosas utilizadas, producidas o emitidas (materias primas, productos, productos intermedios, subproductos, emisiones, residuos, etc.) por la instalación sometida a autorización ambiental integrada y por aquellas otras con un vínculo técnico con éstas. En segundo lugar, se valorará la relevancia de cada una de estas sustancias/mezclas de cara a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas así como el riesgo de que se produzca una afección a estos medios. Con esta información y con los datos cuantitativos ya existentes que el operador de la instalación pueda presentar (investigaciones previas de la calidad del suelo, resultados de control y seguimiento de las aguas subterráneas, etc.) este Órgano decidirá acerca de la realización del informe base o de la situación de partida descrito en la Ley 16/2002. Éste contendrá la información sobre el estado de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por sustancias peligrosas relevantes, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.1.f y 22 bis de la Ley 16/2002.
D.5.– Control de los indicadores de la actividad.
Los residuos generados en las paradas y puestas en marcha, las operaciones de mantenimiento así como en situaciones anómalas deberán ser gestionados de acuerdo a lo establecido en el apartado segundo, subapartado C.2.5. «Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta», pero no se requerirá que dichos residuos se encuentren incluidos entre el listado de los residuos autorizados.
Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 4/2015 de 25 de junio.
Con carácter previo al cese de actividad, Tramame, S.A. Y Remai, S.A. deberán proceder a la gestión de todos los residuos existentes en las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en el apartado segundo, subapartado C.2.5 de la presente Resolución.
En el caso de solicitar el cese temporal de la actividad regulado en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales, Tramame, S.A. y Remai, S.A. deberán remitir junto con la solicitud del cese temporal un documento que indique como va a dar cumplimiento a los controles y requisitos establecidos en la autorización ambiental integrada que le son de aplicación pese a la inactividad de la planta.
Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido o emisión accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento de Ayala, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:
F) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.
G) Con carácter anual, antes del 31 de marzo, Tramame, S.A. y Remai, S.A. remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente la Declaración Medioambiental de los datos referidos al año anterior sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, y el Programa de Vigilancia Ambiental.
H) Cualquier cambio o modificación de las instalaciones, únicamente se podrá realizar una vez cumplimentado en su totalidad el formulario disponible en la siguiente dirección electrónica
Asimismo, en caso de que la modificación proyectada esté incluida entre los supuestos recogidos en el Anexo IB de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco o en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el mismo deberá someterse previamente a su autorización al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
En caso de que la modificación, sin encontrarse recogida en el Anexo IB de la Ley 3/1998, ni en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se encontrase recogida en el Anexo II de la misma, este Órgano se pronunciará en un plazo máximo de tres meses sobre el sometimiento de dicha modificación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En aquellos casos en los que la modificación prevea la ocupación de nuevo suelo y dicho suelo soporte o haya soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con carácter previo a la ejecución de la modificación se deberá disponer de la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento que se va a ocupar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
I) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Autorización Ambiental Integrada está tipificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y podrían dar lugar a las sanciones establecidas en el artículo 31 de la citada Ley 16/2002, de 1 de julio.
Tercero.– Asignar el código de registro 16-I-01-000000000359 a la instalación explotada por Tramame, S.A. y Remai, S.A. en el Polígono Industrial de Murga, 56 Ayala y cuya ubicación es: UTM 30N ETRS89, X: 499301.26 Y: 4770093.42 Z: 196 m.
e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud del artículo 22.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Quinto.– Requerir a Tramame, S.A. y Remai, S.A. para que en los plazos señalados a continuación presente ante este órgano la siguiente documentación:
En un plazo de dos meses:
● Estudio de la viabilidad de la realización de las operaciones sobre pavimento impermeable y en edificación cubierta superiormente y lateralmente (punto C.2.1.a).
● Actualización y propuesta de control para el suelo y las aguas subterráneas (punto D.4).
● Control de la emisión acústica (apartado D.3).
Antes de la primera gestión de los residuos:
● Documentos de aceptación emitido por un gestor autorizado para la gestión de los residuos peligrosos generados: LER 130111, 160107, 160113, 160114, 150202, 160213, 200121 y 150110 (TRAMAME Y REMAI) y en el caso de REMAI también los LER 160601 y 130205; y los residuos no peligrosos generados: LER 170213, 170201, 200101, 160103, 100215, y 161104.(C.2.5)
En un plazo de seis meses:
● Proyecto para la impermeabilización de las zonas de trituración, cribado y almacenamiento de residuos y otros materiales pulverulentos (apartado C.2.1.a).
En un plazo de doce meses:
● Documentación acreditativa de la eliminación de los actuales acopios a la intemperie de material a gestionar, así como los de material ya gestionado (punto C.2.1.b).
● Documentación acreditativa de la ejecución del programa de reducción de la contaminación mediante la implantación del sistema de depuración previsto (punto C.2.4.1.1).
● La extinción de la personalidad jurídica de Tramame, S.A. y Remai, S.A, en los supuestos previstos en la normativa vigente.
● Producción de residuos peligrosos EU3/3863/2009.
● Producción de residuos no peligrosos 0100000927.
● Gestión de residuos no peligrosos EUX/012/09.
Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Tramame, S.A. y Remai, S.A, al Ayuntamiento de Ayala, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.
ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES
En el trámite de audiencia realizado por el Órgano ambiental en el marco del procedimiento de autorización ambiental integrada correspondiente a la actividad promovida por Tramame, S.A. y Remai, S.A. en Ayala se han recibido distintos escritos de alegaciones que, de forma resumida, se exponen a continuación, junto con las consideraciones del órgano ambiental al respecto.
1.– Alegación: licencias de actividad clasificada y de apertura.
El Ayuntamiento de Ayala y las Junta Administrativas de Ayala, Murga y Luiaondo, recogen entre sus alegaciones que:
«Con respecto al expediente de Actividad municipal cabe señalar que las empresas «Tramame, S.A» y «Remai, S.A» vienen desarrollando desde hace décadas las actividades de «Tratamiento y transfomiación de materiales metalúrgicos» y «Recuperación de materiales industriales». No obstante, las citadas mercantiles carecen de la pertinente Licencia de Apertura que exige la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Desde este Ayuntamiento se han realizado reiterados requerimientos municipales, en aras a que dichas empresas aporten la documentación necesaria para poder dar cumplimiento a las medidas correctoras impuestas a través de las respectivas Licencias de Actividad otorgadas en el año 2006 («Tramame, S.A,» el 03-05-2006 y «Remai, S.A.» el 21-12-2006).
Se adjuntan a este informe de alegaciones en su Anexo I, los últimos informes realizados por los Servicios Técnicos municipales con objeto de dar respuesta a la documentación presentada por «Tramame, S.A.» y «Remai, S.A.». En estos informes se constata que ha vencido el plazo otorgado a las mercantiles para que presenten la documentación que justifica el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad arriba citada.
Se acompaña, como Documento Anexo 2, dossier con algunos de los múltiples Informes rendidos por los Servicios Técnicos Municipales, en los que se refleja el contumaz incumplimiento de las medidas correctoras impuestas en las Licencias de Actividad otorgadas en 2006.
Como también se indica en dicho informe, desde el Ayuntamiento se han trasladado a las empresas los informes sobre las condiciones necesarias para la autorización de las obras que se indican. Y, si bien se ha presentado por parte de las empresas, tanto en Gobierno Vasco como en URA y en este ayuntamiento un proyecto, en el mes de julio de 2014, para ejecutar las obras necesarias para el cumplimiento de algunas de las medidas correctoras exigidas en su día, dichas obras no se han ejecutado, por retrasos injustificados, una vez más imputables a las promotoras.
«5.– Por otra parte, además de la autorización de vertidos de las aguas a la red municipal, las promotoras deberán acreditar, previamente a la concesión de la licencia de apertura, disponer de la autorización de enganche a colector emitida por la Junta Administrativa de Murga, tal y como señala el informe de los servicios técnicos municipales de 17 de marzo de 2015.
Y hasta el momento no se ha acreditado antes este Ayuntamiento que se disponga de la autorización de enganche a colector de la Junta Administrativa de Murga, lo que es preceptivo para la licencia de apertura.»
«Tramame, S.A. y Remai, S.A. no disponen de la pertinente licencia de apertura municipal para las actividades que están desarrollando, por no haber adoptado aún las medidas correctoras impuestas en su día, en la licencia de actividad.»
«Las mercantiles Tramame, S.A. y Remai, S.A. vienen desarrollando desde hace décadas las actividades de recuperación de chatarras y escorias férricas y de acero inoxidable, sin previa obtención de las pertinentes Licencias de Apertura que exigía la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, circunstancia que dio lugar a reiterados requerimientos municipales, en orden a que dichas empresas aportasen la documentación acreditativa de la implantación de las medidas correctoras impuestas a través de las Licencias de Actividad otorgadas en el año 2006».
«Debido a estos hechos, realizamos esta alegación con el objetivo de solucionar de una vez por todas los continuos daños que se están produciendo por esta mercantil, de la que conocemos que llevan trabajando durante décadas sin ningún tipo de licencia de apertura ni licencia de actividad, que debido a las innumerables denuncias este departamento de Medio Ambiente impuso unas medidas correctoras y preventivas en 2006 y que a día de hoy muchas de esas medidas no han sido instaladas y las que han sido implantadas no están siendo utilizadas.»
El Ayuntamiento de Ayala, así como Juan Antonio Llanos Zulueta, María Ángeles Menoyo, Joseba Barrón Menoyo, Koldo Barrón Menoyo y Eugenia Olabarrieta recogen la siguiente alegación descrita en el escrito presentado por Juan Antonio Llanos Zulueta de la siguiente forma:
«Solicito a ese Departamento de Medio Ambiente que no se entregue esta autorización, hasta que esta empresa no cumpla con todas las medidas que tenían que haber cumplido desde hace años, como el asfaltado de toda la superficie.........»
El régimen jurídico aplicable a las actividades clasificadas se contempla en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
El artículo 64.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, establece que «Serán competencia municipal las funciones a desarrollar para la efectiva inspección y control de las actividades clasificadas, hallándose facultados los alcaldes o alcaldesas respectivos para decretar la suspensión o clausura de las actividades ilícitas, la revocación de las licencias y la imposición de las sanciones legalmente determinadas».
2.– Alegación: plan de Vigilancia Ambiental.
La Junta Administrativa de Murga y la Junta Administrativa de Luiaondo, recogen entre sus alegaciones que:
«Por su parte, el Documento Refundido del plan de Vigilancia Ambiental presentado por la empresa, establece una periodicidad de 3 años (¡!) para realizar los controles propuestos.
Pues bien, al margen de la inaceptable amplitud propuesta para el control de las emisiones acústicas, debemos poner de manifiesto la absoluta inutilidad que tendrán dichas campañas –incluso en la hipótesis de que las mismas fueran llevadas a efecto–, en tanto en cuanto serán contratadas por la propia empresa afectada que, debido a sus características de funcionamiento, podrá reducir a su antojo los niveles acústicos generados, como ha hecho ya en mediciones precedentes realizadas por ese Departamento de Medio Ambiente.»
Sin perjuicio de la información aportada por el promotor en la solicitud de autorización ambiental integrada, en la presente Resolución este Órgano ha establecido para el control del ruido (punto D.3) una periodicidad anual, que a la vista de los resultados obtenidos durante el primer año de control podrá ser revisada.
Los controles reglamentarios requeridos en la autorización, en cumplimiento del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se realizan a través de una entidad colaboradora del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, para el desempeño de las actuaciones de verificación, validación y control de las actividades.
Se debe señalar que las entidades a quienes este Órgano faculta para la realización de labores de control e inspección deben cumplir con los criterios de competencia técnica y de cumplimiento de normas de referencia estandarizadas que, entre otras, aseguran la representatividad del muestreo realizado.
3.– Alegación: ampliación horario de la actividad.
El Ayuntamiento de Ayala, así como la Junta Administrativa de Murga, la Junta Administrativa de Luiaondo, y Koldo Barrón Menoyo recogen entre sus alegaciones que:
«Pese a ello en el proyecto presentado para tramitar la autorización ambiental integrada, las promotoras, recogen una ampliación de horario a 24 horas al día durante los 365 días al año. Por lo que desde el Ayuntamiento se insiste en que Gobierno Vasco, en el expediente que se está tramitando, exija el cumplimiento de todas las medidas correctoras impuestas en su día, previamente a analizar la ampliación de horario solicitada, y que en cualquier caso se exija asimismo, el cumplimiento del Decreto 213/2012 de 16 de octubre de contaminación acústica de la CAPV y demás normativa concordante, (solicitando que la justificación normativa se realice para cada uno de los periodos que establece el Decreto, es decir exigiendo que se actualicen los estudios acústicos presentados con anterioridad en este Ayuntamiento).»
«A pesar de no tener permiso para ello, la empresa estuvo trabajando en horario de noche hasta el 1 de enero que el ayuntamiento envió rescrito de que no podían trabajar en horario nocturno.»
En relación, asimismo, con esta cuestión el Ayuntamiento de Ayala y la Junta Administrativa de Murga recogen la siguiente alegación descrita en el escrito presentado por el Ayuntamiento de Ayala de la siguiente forma:
«Asimismo solicito que no se autorice la ampliación de horario, en tanto no se acredite el cumplimiento de todas las medidas correctoras impuestas en su día, y se justifiquen medidas correctoras adicionales que garanticen que no se producirán molestias con la actividad en horario nocturno, al que pretende ampliarse, a tenor de la normativa vigente.»
Conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, corresponde a la autoridad municipal la competencia para vigilar y controlar el cumplimiento de las medidas correctoras recogidas en las licencias municipales de actividad.
El objeto de la autorización ambiental integrada es establecer un sistema de prevención de la contaminación en las instalaciones que contemple todas las condiciones y requisitos que se deben cumplir en materia ambiental.
En la presente autorización ambiental integrada se recogen, tanto medidas para la minimización de la emisión acústica, como valores límite de emisión acústica diferenciados en función de la franja horaria según la normativa vigente, sin perjuicio de ulteriores medidas adicionales que se estimen necesarias a la vista del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
Siendo así, en el apartado C.2.1.a se establece que las operaciones de trituración, cribado y almacenamiento de residuos se realicen en edificación cubierta superiormente y lateralmente, y en el C.2.7 se recoge que el índice de ruido LAeq,60 segundos transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A) entre las 23:00 y 07:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni el índice LAmax los 35 dB(A), así como que no se transmita un ruido superior a 75 dB (A) d día y 65 dB (A) de noche en todo el perímetro del cierre exterior del recinto industrial.
Se debe señalar que la limitación de la emisión acústica establecida en la autorización ambiental integrada se realiza sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la zonificación que lleve a cabo por la autoridad municipal correspondiente en el marco de las competencias que en esta materia le atribuye la normativa vigente en materia de ruidos.
4.– Alegación: contaminación acústica.
La Junta Administrativa de Murga, las Juntas Administrativas de Ayala y Koldo Barrón Menoyo recogen entre sus alegaciones que:
«En síntesis, la petición que formula la Junta Administrativa de Murga en relación con la contaminación acústica generada por Tramame, S A., consiste en lo siguiente:
2.– Implantación de pantallas acústicas en el perímetro de las instalaciones, principalmente en su colindancia con la carretera general.»
«Que se obligue a incorporar todas las medidas correctoras y preventivas que no han sido incorporadas y todas las necesarias para acabar con los continuos daños, como................, la implantación de pantallas acústicas,..................»
Aiara Batuz recoge entre las alegaciones de su escrito:
«Consideramos que no se ha aplicado la normativa autonómica, el Decreto 213/2012, que entró en vigor el 1 de enero de 2013. En éste, los objetivos de calidad en el exterior de las viviendas son:
Es decir, 45 dB (decibelios) en período nocturno. En la medición realizada en Remaisa, en la parte delantera de la vivienda ubicada junto a la entrada se llegaba a 56 dB. Por tanto, consideramos que se están incumpliendo los Objetivos de Calidad Acústica en la vivienda cercana. Se solicita que se implanten medidas correctoras adicionales, como por ejemplo una pantalla acústica a ubicar paralela a la carretera entre los focos emisores y la vivienda. La pantalla debe ser absorbente en el lado de la carretera para que no provoque un aumento de la inmisión en la vivienda por efecto de rebote de la emisión de la carretera sobre la misma.
En primer lugar se debe señalar la diferencia existente entre objetivos de calidad acústica y valores límite de emisión, tal y como se definen en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido:
Por lo tanto, los objetivos de calidad acústica vienen referidos al índice acústico en un espacio, que puede abarcar a más de una infraestructura, actividad, etc., mientras que el valor límite podrá referirse al índice acústico emitido por un determinado foco o actividad.
Se debe señalar que la gestión de los objetivos de calidad acústica, a través de la zonificación acústica del municipio de Ayala en este caso, corresponde al Ayuntamiento de acuerdo a lo establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
La normativa establece condiciones para las vibraciones, bien para las actividades nuevas, o bien para la valoración de los objetivos de calidad acústica, tal y como se recoge en los artículos 3.3, 26 y en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
La actividad de gestión de residuos peligrosos se encuentra implantada en el emplazamiento objeto de autorización ambiental integrada antes de la aprobación de la normativa de aplicación, por lo que no procede su consideración como actividad nueva a efectos de la Ley 37/2003, y el establecimiento de condiciones para las vibraciones, y ello, sin perjuicio de ulteriores medidas adicionales que se estimasen necesarias a la vista del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
En la presente autorización se establecen medidas de minimización de la emisión de ruido orientadas a minimizar en el propio foco de emisión, sin perjuicio de ulteriores medidas adicionales que se estimasen necesarias a la vista del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental. Por lo tanto, se recogen medidas para la minimización de la emisión acústica, así como valores límite de emisión acústica diferenciados en función de la franja horaria según la normativa vigente.
Se debe señalar que la limitación de la emisión acústica establecida en la autorización ambiental integrada se realiza sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la zonificación que lleve a cabo por la autoridad municipal correspondiente.
5.– Alegación: contaminación atmosférica.
Las Juntas Administrativas de Ayala, el Ayuntamiento de Ayala, la Junta Administrativa de Murga, la Junta Administrativa de Luiaondo, Juan Antonio Llanos Zulueta, María Ángeles Menoyo, Koldo Barrón Menoyo, POESSA y Francisco Javier Olabarrieta Basualdo recogen la siguiente alegación descrita en el escrito presentado por la Junta Administrativa de Murga de la siguiente forma:
«Siendo de diversa la naturaleza las emisiones a la atmosfera generadas por la actividad de que se trata, quizá las más peligrosas para la salud sean las que se producen al efectuarse los trabajos de corte con lanza térmica sin emplear ningún tipo de filtro.
En efecto, tras formularse numerosas reclamaciones dirigidas al Ayuntamiento por parte de esta Junta, se nos informó de la instalación en la empresa de un sistema de captación de humos que, inexplicablemente, jamás es utilizado.»
Este Órgano ha establecido en los puntos C.2.1.d y C.2.1.e de la presente autorización la exigencia de emplear siempre la estructura metálica habilitada, no pudiéndose emplear la lanza térmica a la intemperie en ningún caso, y el aviso con una antelación de 48 horas, tanto al Ayuntamiento de Ayala como a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la realización de operaciones de barrenado previas a una voladura, informando de la fecha exacta prevista para la misma.
De acuerdo a lo establecido en el apartado cuarto, punto h, la autorización podrá ser revisada de oficio, en caso de que se confirme necesario a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental u otras observaciones que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relación con los impactos ambientales que pudieran producirse.
6.– Alegación: emisiones difusas.
La Junta Administrativa de Murga, María Ángeles Menoyo y Eugenia Olabarrieta recogen la siguiente alegación descrita en el escrito presentado por la Junta Administrativa de Murga de la siguiente forma:
«La gravedad de la afección generada a la salud de las personas por estas emisiones de partículas difusas justifica sobradamente, en nuestra opinión, la instalación de una Estación de Muestreo de Inmisión con carácter permanente, tal y como ha sido llevado a cabo en muchos otros municipios con empresas contaminantes, cuyos resultados sean comprobados periódicamente por los Servicios Técnicos de ese Departamento de Medio Ambiente, en orden a evitar que los mismos puedan ser alterados por parte de la empresa interesada.
Por lo tanto, la petición que realizamos en este punto consiste en:
1.– La instalación de una Estación de Muestreo de Inmisión con carácter permanente, en el punto de control identificado en el Proyecto presentado por «Tramame, S.A.» con la clave PVA-05.
2.– Un programa de inspección ambiental estricto, que asegure un adecuado y periódico control por parte de ese Departamento de Medio Ambiente de la implantación de las medidas preventivas y de control señaladas con carácter obligatorio en la Resolución dictada en fecha 20 de marzo de 2014 por el Jefe del Servicio de Aire.»
Asimismo, Juana Basaldua Pinedo y Aiara Batuz recogen la siguiente alegación descrita en el escrito presentado por Juana Basaldua Pinedo de la siguiente forma:
«Recibimos enormes cantidades de polvo que salen de una tejavana que tienen detrás de la empresa construcciones Ayala y sabemos que se les ha obligado a colocar unas cascadas de agua pero que no utilizan y el polvo viene a todas horas hacia las viviendas y además esto se agrava por el estado en el que se encuentra la carretera general llena de gravilla de esta empresa y que produce enormes cantidades de polvo.»
En la presente autorización se establecen medidas de minimización de las emisiones de partículas orientadas a la minimización en el propio foco de emisión, sin perjuicio de ulteriores medidas adicionales que se estimasen necesarias a la vista del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
Por ello, en el apartado C.2.1.a se ha establecido que las operaciones de trituración, cribado y almacenamiento de residuos y otros materiales de naturaleza pulverulenta se deberán realizar sobre pavimento impermeable y en edificación cubierta superiormente y lateralmente, eliminando los actuales acopios. Por otra parte, se exige que el triturado y trasiego automatizado de cualquier material disponga de elementos de minimización de la emisión de partículas, como rascadores en los retornos de las cintas, recogida de material en la base, aspiraciones focalizadas y carenados.
7.– Alegación: inspección y vigilancia ambiental.
La Junta Administrativa de Murga y la Junta Administrativa de Luiaondo recogen entre sus alegaciones que:
«Consideramos imprescindible, en estas circunstancias, que sean los Servicios Técnicos pertenecientes a esa Administración quienes, en ejercicio de las competencias de inspección que les asignan los artículos 22 y siguientes del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, lleven a cabo periódicamente las correspondientes mediciones sin previo aviso a la empresa a fin de comprobar el cumplimiento de los niveles máximos autorizados.»
«Consecuentemente, reiteramos nuestra solicitud de que se realice por parte de los Servicios de Inspección de ese Departamento de Medio Ambiente, en el marco de un programa de inspección ambiental lo más estricto posible, un adecuado control periódico del cumplimiento de las medidas correctoras de la emisión de polvo. Sin aviso previo a los responsables de la empresa.»
Eugenia Olabarrieta solicita que se coloque un medidor de contaminación atmosférica y de ruidos que puedan comprobar objetivamente todas las alegaciones expuestas.»
Se debe señalar que independientemente de la realización de los controles reglamentarios a través de Entidades de Colaboración Ambiental, este Órgano realizará mediante personal funcionario las visitas de inspección necesarias dando cumplimiento al Capítulo III (arts. 21 a 25) del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Sin perjuicio de lo anterior, en la presente autorización se establecen medidas de minimización de las emisiones de partículas orientadas a la minimización en el propio foco de emisión, sin perjuicio de ulteriores medidas adicionales que se estimasen necesarias a la vista del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
Siendo así, en el apartado C.2.1.a se ha establecido como medidas preventivas que las operaciones de trituración, cribado y almacenamiento de residuos y otros materiales de naturaleza pulverulenta se deberán realizar sobre pavimento impermeable y en edificación cubierta superiormente y lateralmente, eliminando los actuales acopios (C.2.1.b). Por otra parte, se exige que el triturado y trasiego automatizado de cualquier material disponga de elementos de minimización de la emisión de partículas, como rascadores en los retornos de las cintas, recogida de material en la base, aspiraciones focalizadas y carenados (C.2.1.c).
8.– Alegación: almacenamientos a la intemperie.
La Junta Administrativa de Murga, Juan Antonio Llanos Zulueta, Joseba Barrón Menoyo, Koldo Barrón Menoyo, Eugenia Olabarrieta y POESSA recogen la siguiente alegación descrita en el escrito presentado por la Junta Administrativa de Murga de la siguiente forma:
«2.– Los acopios de escorias habrán de localizarse íntegramente en pabellones o depósitos completamente cerrados, sin que resulte suficiente la propuesta genérica realizada por la empresa, al manifestar que 'En la medida de lo posible (técnica y económicamente) se tomarán medidas como la construcción de hangares o pabellones, para la reducción de superficies expuestas al viento.»
Poessa recoge entre las alegaciones de su escrito:
«1.– Almacenamiento de grandes montañas de escoria en la misma orilla del río Izoria, sin ningún tipo de muro y en la zona inundable prevista por Medio Ambiente del Gobierno Vasco para dicho polígono, a 300 metros de la desembocadura en el río Nervión.»
El punto C.2.1.b de la autorización prescribe la eliminación de los actuales acopios a la intemperie de material a gestionar, así como los de material ya gestionado.
En la presente autorización se establecen medidas de minimización de las emisiones de partículas y de la carga contaminante en aguas de escorrentía orientadas a la minimización en el propio foco de emisión, sin perjuicio de ulteriores medidas adicionales que se estimasen necesarias a la vista del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
Por otra parte, el apartado C.2.4.1.1 marca la realización de un programa de reducción de la contaminación en lo que al vertido a cauce se refiere en un plazo no superior a doce meses, entre las cuales se encuentra la ejecución de una balsa de decantación de 36,5 m de longitud x 6 m de ancho x 2.25m de profundidad.
Se debe tener en cuenta que las medidas citadas se establecen sin perjuicio de ulteriores medidas adicionales que se estimasen necesarias a la vista del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
9.– Alegación: voladuras.
La Junta Administrativa de Murga recoge entre sus alegaciones que:
«Para paliar esta afección, consideramos necesario que tanto la Junta Administrativa de Murga, como el Ayuntamiento de Ayala, sean preavisados con la suficiente antelación de las fechas y horarios aproximados en que tendrán lugar las voladuras, a fin de que los vecinos de las viviendas puedan abrir puertas y ventanas para reducir la onda expansiva de la explosión y, por tanto, los daños a sus viviendas y, en su caso, puedan realizar por su cuenta los controles que estimen pertinentes.»
El punto C.2.1.e de la autorización prescribe el aviso con una antelación de 48 horas, tanto al Ayuntamiento de Ayala como a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la realización de operaciones de barrenado previas a una voladura, informando de la fecha exacta prevista para la misma.
10.– Alegación: vibraciones.
Las Juntas Administrativas de Ayala, Juana Basaldua Pinedo, Koldo Barrón Menoyo, Eugenia Olabarrieta, POESSA, Aiara Batuz y Francisco Javier Olabarrieta Basualdo recogen la siguiente alegación descrita en el escrito presentado por Aiara Batuz de la siguiente forma:
«No se aporta ninguna información sobre las vibraciones que generan las detonaciones en el foso, que están provocando perjuicios en las viviendas y edificios cercanos. En este punto, consideramos que también es de aplicación el Decreto 213/2012 de contaminación acústica de la CAPV y el Real Decreto 1367/2007 de zonificación acústica, objetivos de calidad acústica y emisiones acústicas (Tabla C del Anexo II).»
Por lo tanto, la tabla C del Anexo II referida en la alegación, al referirse a objetivos de calidad no lo hace a una competencia de este Órgano ya que la gestión de los objetivos, a través de la zonificación acústica del municipio de Ayala en este caso, corresponde al Ayuntamiento de acuerdo a lo establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
11.– Alegación: afección sobre las aguas.
Aiara Batuz recoge la siguiente alegación:
«La contaminación de las aguas del rio Izoria por el lixiviado de los materiales depositados en los acúmulos de escorias y, en general en las instalaciones de las empresas, es evidente como demuestran estas imágenes tomadas en la ribera del rio Izoria a la altura de la actividad...»
«EL lixiviado de las escorias de pH muy básico precipita en las riberas del río Izoria. La contaminación es patente.
La balsa de decantación no funciona correctamente, ya que no depura las aguas, sólo les quita sólidos en suspensión. El vertido de la misma sobre la ribera produce también incrustaciones de contaminantes en la ribera:...»
«Se solicita se obligue a la empresa a instalar verdaderas medidas correctoras de la contaminación que está provocando sobre el río Izoria»
En la autorización se establecen medidas orientadas a la minimización de la carga contaminante en aguas de escorrentía orientadas a la prevención en el propio foco de emisión, así como medidas de mejora del tratamiento para las aguas de escorrentía.
Por otra parte, el apartado C.2.4.1.1 marca la realización de un programa de reducción de la contaminación en lo que al vertido a cauce se refiere en un plazo no superior a doce meses, entre las cuales se encuentra la ejecución de una balsa de decantación de 36,5 m de longitud x 6 m de ancho x 2.25 m de profundidad.
12.– Alegación: autorizaciones sectoriales.
El Ayuntamiento de Ayala recoge entre las alegaciones de su escrito:
2.– En este punto debemos insistir, en que la resolución de 23 de julio de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente por la que se concedió a Tramame, S.A. autorización para la actividad de gestión de residuos no peligrosos, ha caducado, puesto que no sólo no se ha llegado a acreditar hasta el momento, como exigía su apartado quinto, las condiciones impuestas (pavimento impermeabilizado, y adopción de medidas correctoras de emisiones acústicas), sino que además ha transcurrido el plazo de vigencia de la misma (previsto en cinco años en su apartado cuarto). Y Remai, S.A. no ha dispuesto nunca de ninguna autorización de gestión de residuos. Nos remitimos a la copia de dicha resolución que se adjunta como Anexo IV al informe de los servicios técnicos municipales que se acompaña a este escrito como Documento n.º 2.»
En relación con esta cuestión, debe indicarse que la actividad desarrollada por Tramame, S.A. y Remai, S.A. se incorporó al Anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo mediante la Ley 5/2013.
La autorización ambiental integrada viene a englobar al conjunto de las autorizaciones ambientales de carácter sectorial que le resultan de aplicación a la instalación, y su objeto es establecer un sistema de prevención de la contaminación global por parte del titular de la misma.
Asimismo, se debe señalar que con fecha de 28 de julio de 2014 se solicitó la obtención de la autorización ambiental integrada, en la que además de la información de Tramame, S.A. también se incorpora la información referida a la actividad de Remai, S.A.
13.– Alegación: planeamiento municipal.
El Ayuntamiento de Ayala, así como Aiara Batuz recogen la siguiente alegación descrita en el escrito presentado por el Ayuntamiento de Ayala de la siguiente forma:
«Segunda.– El proyecto presentado para obtener la Autorización Ambiental Integrada no respeta el vigente planeamiento municipal. Balsa de decantación y explanada.»
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la solicitud de autorización debe acompañarse de un Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.
En el procedimiento tramitado por este órgano consta el informe emitido por el Ayuntamiento el 11 de septiembre de 2014.
14.– Alegación: licencia de obra.
«Cuarta.– Cubierta metálica sin legalizar. Falta de legalización de la ampliación de la actividad.
El proyecto presentado en julio de 2014, para la tramitación de la autorización ambiental integrada recoge asimismo una tejavana ejecutada ilegalmente, sin la previa y preceptiva licencia municipal de obras.»
La competencia en materia de licencias de obras recae en el Ayuntamiento de Ayala.
15.– Alegación: evaluación de impacto ambiental.
«La actividad que desarrollan Tramame-Remaisa debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental dado que se trata de una actividad de las contempladas en el Anexo II. Grupo 9, apartado e) de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental:
Y la razón es que la actividad se desarrolla fuera de una nave industrial y la capacidad de tratamiento supera las 5.000 tn. anuales y las 100 tn. de almacenamiento.
También es una actividad que se incluye en el Anexo I de la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente, (modificado por el Decreto 211/2012 por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas de la CAPV):
Por lo tanto, se solicita el inicio del procedimiento de evaluación ambiental definido en la legislación sectorial.»
En primer lugar, se debe señalar que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a la que se hace mención en la alegación, establece en su artículo 40 que «Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar y corregir los efectos que sobre el medio ambiente puedan ser originados por la ejecución de los planes y proyectos contenidos en el Anexo I de esta Ley». Por lo tanto, se trata de una evaluación previa a la ejecución de los proyectos que se encuentren en el ámbito de aplicación.
En todo caso, debe indicarse que la Disposición final undécima de la mencionada norma establece que Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a efectos de los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, y de la aplicación de la presente Ley como legislación básica, las Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria.
Considerando que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se procedió a la promulgación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de protección del medio ambiente del País Vasco que contempla el régimen aplicable en materia de evaluación de impacto ambiental, la citada Ley 21/2013 de 9 de diciembre no resultó de aplicación en esta Comunidad Autónoma hasta el 12 de diciembre de 2014.
Conforme a lo anterior, en el momento en el que Tramame, S.A. y Remai, S.A. presentaron su solicitud de autorización ambiental integrada ante este órgano resultaban de aplicación la mencionada Ley 3/1998, de 27 de febrero.
En el Anexo IB de la mencionada norma se señala que se encuentran sometidas a evaluación de impacto ambiental las siguientes instalaciones de gestión de residuos:
«4.1.– Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente de residuos radiactivos.
4.2.– Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos peligrosos así como para la eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad, tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes.
Vertederos de residuos inertes que reciban 10 toneladas al día o más, o que tengan una capacidad total de 25.000 toneladas o más, o que, aún no superando estos umbrales, se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles y ocupen una superficie igual o mayor de 1 hectárea.»
La actividad desarrollada por Tramame, S.A. y Remai, S.A no se encuentra contemplada en el apartado arriba transcrito, por lo que no se encuentra sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
16.– Alegación: suelos contaminados.
«2.– En relación los suelos contaminados. Informe preliminar de la situación del suelo.
Las parcelas identificadas en el inventario no corresponden con las realmente ocupadas por Tramame, S.A. y Remai, S.A., tal como se puede observar en esta imagen del visor Geoeuskadi, toda la superficie de las empresas está potencialmente afectada por contaminación.
Consideramos que no se puede valorar como «Alta» la calidad del suelo de Tramame-Remaisa ya que es obvio que existen indicios organolépticos de contaminación en una superficie de más de 100 m
Así mismo, consideramos que no se ha valorado el riesgo que suponen los fosos donde se producen detonaciones y el almacén de escorias procesadas.
Por tanto, se solicita una nueva valoración de la contaminación del suelo verificando las cuestiones señaladas.»
En la presente Resolución se incorporan los aspectos de control de suelos y aguas subterráneas establecidos por la Ley 16/2002 (artículos 12.f, 22.b y 22.j), requiriéndose en el punto D.4 una actualización del informe presentado para incorporar el contenido requerido para una actividad de grupo I, y de acuerdo a las directrices establecidas en procedimiento operativo desarrollado por este Órgano. Según lo establecido en el punto quinto, el promotor deberá entregar el informe requerido en un plazo de tres meses.
Una vez presentado el documento requerido, se valorará por parte de este Órgano y, en su caso, se requerirá completar la información que se considerase insuficiente o subsanar la que se considere errónea, y todo ello sin perjuicio de ulteriores medidas adicionales que se estimasen necesarias a la vista del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
Asimismo, este Órgano va a proceder a inspeccionar la instalación para, en caso de confirmarse la concurrencia del supuesto de indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes en el suelo en concentraciones que puedan suponer un riesgo, iniciar el procedimiento de declaración de calidad del suelo, tal y como se recoge en el artículo 23 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

References: Resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 28
 artículo 22
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 40
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 113
 artículo 291
 artículo 80
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 22
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 64
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 40
 Resolución 
 artículo 23