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Timestamp: 2017-12-18 01:02:53+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 142/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 142/17
JUICIO: "ANDRES GARAY OCAMPO CONTRA RESOLUCIÓN N° 832 DEL 02 DE MARZO DE 2016 Y OTRA, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA". N° 195. AÑO: 2016.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de mayo de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, María Celeste Jara Talavera, Gregorio Ramón Rolando Ojeda y Arsenio Coronel Benítez, en su sala de audiencias y público despacho, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "ANDRES GARAY OCAMPO contra Resolución N° 832 del 02 de marzo de 2016 y otra, dictadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA".
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que, en fecha trece de abril del año dos mil dieciséis se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, el señor ANDRES GARAY OCAMPO, a promover demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones DGJP N° 28, de fecha 06 de enero de 2010 y la DGJP N° 832, del 02 de marzo de 2016, dictadas por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Funda la demanda en los siguientes términos: “HECHOS: Que, por Resolución DGJP No. 1.228 de fecha 07 de Mayo del Año 2.007 soy beneficiario del HABER DE RETIRO como efectivo de las Fuerzas Armadas de la Nación. La resolución de jubilación a la fecha se ajusta a derecho, en casi su totalidad, luego de promovida la Acción de Inconstitucionalidad contra los Artículos 8 y 18 inc. w) de la Ley N°: 2.345/2.003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO y el Art. 6 del Decreto Reglamentario N° 1579/2004, por mi parte ante la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que, la referida acción judicial fue resuelta favorablemente a mi pretensión conforme al Acuerdo y Sentencia N° 1.050 de fecha 13 de noviembre de 2.008, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.- No obstante, previo los trámites de rigor a fin de que se dicte resolución ministerial ajustada a lo resuelto por la acción judicial promovida, en la resolución que me acuerda el haber de retiro, se ha omitido en la misma - la aplicación para el cálculo jubilatorio - lo dispuesto por el Art. 18 inc. w), de la Ley N° 2.345/03 que cobra plena y absoluta vigencia con lo resuelto y dispuesto en el Art. 1 de la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia N° 1050 del 13-XI-08 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de la Sub­secretaría de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda en la Fundamentación del rechazo de mi solicitud manifiesta que el cumplimiento de lo resuelto y ordenado por la Corte Suprema de Justicia es de cumplimiento imposible en razón de que el Art. 8 de la Ley N°: 2345/ 2003 y el Artículo 6o del Decreto Reglamentario N°:1579/ 2004 fue modificado por la Ley N°: 3542/2008, habiéndose establecido una nueva forma de actualización para Jubilados y Pensionados y que tanto la Ley citada como su Decreto Reglamentario actualmente se encuentra derogados y por lo tanto ellos no pueden aplicar una Ley que actualmente está derogada. Que, es de suma importancia mencionar que existe Jurisprudencia que favorece a mis pretensiones conforme lo demuestro con el Acuerdo y Sentencia N°: 1050 de fecha 13 de noviembre de 2008 que en su parte Resolutiva dispone "HACER LUGAR a la acción de Inconstitucionalidad planteada y en consecuencia declarar la inaplicabilidad de los mencionados artículos.- Que, en el fundamento del mismo el Preopinante el Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia el Doctor José V. Altamirano manifiesta lo siguiente "CON RELACIÓN AL ART. 8 DE LA LEY EN CUESTIÓN EL ART. 103 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DISPONE QUE "LA LEY" GARANTIZARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS HABERES JUBILATORIOS EN IGUALDAD DE TRATAMIENTO DISPENSADO AL FUNCIONARIO PÚBLICO EN ACTIVIDAD. POR TANTO NI LA LEY, EN ESTE CASO LA LEY N°: 2345/2003, NI LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO RELACIONADO CON "...EL MECANISMO DE PRECISO A UTILIZAR", PUEDEN OPONERSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA CONSTITUCIONAL TRANSCRIPTA, PORQUE CARECEN DE VALIDEZ (ART. 137 CN). DE AHÍ AL SUPEDITAR EL ART. 8 DE LA LEY N°: 2345/2003, LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS BENEFICIOS PAGADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL JUBILACIONES Y PENSIONES AL "...PROMEDIO DE LOS INCREMENTOS DE SALARIOS..."CREA UNA MEDIA DE REGULACIÓN, ENTRE BÁSICOS Y ALTOS SALARIOS DE LA COHORTE DE LOS FUNCIONARIOS ACTIVOS, NO PREVISTA. EN LA CONSTITUCIÓN, QUE PUEDE CIERTAMENTE BENEFICIAR A LOS PRIMEROS PERO DECIDIDAMENTE PERJUDICAR A LOS SEGUNDOS LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ORDENA QUE LA LEY GARANTICE "...LA ACTUALIZACIÓN DE LOS HABERES JUBILATORIOS " EL ART. 46 DE LA CN DISPONE: "DE LA IGUALDAD DE LA PERSONAS: TODOS LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA SON IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS. NO SE ADMITEN DISCRIMINACIONES. EL ESTADO REMOVERÁ LOS OBSTÁCULOS E IMPEDIRÁ LOS FACTORES QUE LAS MANTENGAN O LAS PROPICIEN. LAS PROTECCIONES QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE DESIGUALDADES INJUSTAS NO SERÁN CONSIDERADAS COMO FACTORES DISCRIMINATORIOS SINO IGUALITARIOS". Además estas normas jurídicas contravienen expresamente las disposiciones establecidas en los Artículos 14, 46 y 103 de la Constitución Nacional, creando una mayor desigualdad en cotejo con lo ya expuesto en cuanto al agravio constitucional que genera el mecanismo de actualización establecido en el Art. 8 de la Ley 2345/2003 y su decreto reglamentario.- A modo de referencia y a fin de que quede claro para la sumatoria de los años de servicio, queda incólume por la acción judicial incoada y resuelta, el Art. 192 de la Ley N°: 1115/97"Del Estatuto del Personal Militar", que expresa "...El personal militar tendrá derecho a bonificación de oficio, para los fines del cómputo del tiempo de servicio al solo efecto de completar sus años de servicio si no hubiera alcanzado treinta años de servicio y para la percepción de los haberes de retiro, exclusivamente en los siguientes casos: ...2) a partir de quince años en actividad se le reconocerá como bonificación el tiempo pasado como: a) alumnos de institutos de formación militar hasta un máximo de cuatro años en total, para aquellos de instrucción continua; y de un día por cada día efectivo de instrucción, práctica...". Artículo que fuera derogado por el Art. 18 Inc. w) de la Ley 2345/03 y como consecuencia de la acción de Inconstitucionalidad instaurada resulta de plena aplicación al accionante.- DERECHO Como podrá observar o notarse, en mi legajo personal expedida por el Comando de las Fuerzas Militares., Estado Mayor Conjunto, Dirección General de Personal, reconoce una antigüedad de VEINTE Y OCHO (28) AÑOS, OCHO (08) MESES, la misma además por Orden Especial N°: 31 de fecha 20 de Junio de 1974 en el apartado N°: 5 Alta - a) Personal (como alumnos de la Escuela Mecánica de Aviación con antigüedad del 28 de Febrero de 1974...- ANDRÉS GARAY...debiendo Bonificarme la cantidad TRES (3) AÑOS, DOS (02) MESES Y NUEVE (09) DÍAS (desde el 28 de febrero de 1974 hasta 8 de diciembre de 1976) como Alumno de la Escuela Mecánica de Aviación, que sumados a la antigüedad como efectivo de las Fuerzas Armadas dan un total de: TREINTA Y DOS (32) AÑOS y NUEVE (09) DÍAS, por lo que por imperio del Acuerdo y Sentencia emanado de la Corte Suprema de Justicia deber ser considerada y modificada la Resolución N°. 1228 de fecha 07 de mayo de 2007 de HABER DE RETIRO, debiendo computarse y consignarse en ella la antigüedad adquirida de TREINTA y DOS (32) AÑOS, Y NUEVE (09) DÍAS, conforme a derecho.- HECHOS NUEVOS QUE AMERITAN PARA CONCEDERME LO SOLICITADO Que existiendo antecedentes favorables dictadas por esa Dirección y concretamente recaídas en los Expedientes SIME Nos.96.636/2.014, Recurrente DARÍO ROGELIO GONZÁLEZ LEGUIZAMON, con C.I. No. 517.943, SIME N°: 95.652/2014 Recurrente DOMINGO ALFONSO CABALLERO MEZA con C.I. N°: 606.285 y SIME N°: 95.616/2014 Recurrente MARIO CASILDO AYALA CABRERA con C.I. N°: 605.872, todos camaradas míos que atravesaron la misma situación que me afecta actualmente, fueron beneficiados por Resoluciones favorables dictadas por esta Dirección individualizadas como SIME N°: 95.636/2014, Resolución N°: 21.062 de fecha 22/06/2015, SIME N°: 95.652/2014, Resolución N°: 21.061 DE FECHA 22/06/2015 y SIME N° 95.616/2014 con Resolución N°: 21.066 de fecha 22/06/2015 es importante mencionar y sabemos que en un Estado de Derecho, la aplicación de los artículos de la Carta Magna por los órganos juzgadores, se encuentran en primer lugar, lo que equivale que en caso de que existan disposiciones contrarias a la misma establecida en una ley, en los tratados, decretos reglamentarios, etc.; estos quedan sin valor alguno porque siempre prima la disposición del artículo constitucional. Que atendiendo todo lo señalado precedentemente y las disposiciones legales citadas, mi parte solicita a ese Excmo. Tribunal revoque las Resoluciones citadas, cuya RECONSIDERACIÓN solicito a través del presente pedido, y por lo tanto disponga la Revocatoria inmediata de las mencionadas Resoluciones Denegatorias DGJP N°: 28 de fecha 06 de Enero de 2.010 y DGJP- 832 de fecha 02 de Marzo de 2016" (fs. 17/19).
Termina solicitando que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte sentencia haciendo lugar, con costas, a la demandada.
Por Providencia de fecha 15 de abril de 2.016, se tiene por presentado al recurrente y se libra oficio a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, para que remita a este Tribunal, copias autenticadas de los antecedentes administrativos relacionados con la resolución impugnada (fs. 19 vlto.).
Que, en fecha 16 de agosto de dos mil dieciséis, se presentó el Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda, FERNANDO R. CUBILLA, quien pasó a contestar la presente demanda, en los siguientes términos: "(1) NEGACIÓN CATEGÓRICA: QUE, NIEGO CATEGÓRICAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS Y DERECHOS EN QUE PRETENDE FUNDARSE LA PARTE ACTORA EN EL TRASLADO QUE SE RESPONDE, SALVO AQUELLOS QUE FUESEN EXPRESAMENTE RECONOCIDOS POR MI PARTE EN ESTA PRESENTACIÓN, LO QUE PETICIONO, SE TENGA EN CUENTA AL MOMENTO DE DICTARSE RESOLUCIÓN DEFINITIVA. (2) HECHOS (2.1): ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: La génesis de la presente controversia se verifica en la presentación realizada por el Sr. Andrés Garay Ocampos, en el sentido de solicitar el cumplimiento del Acuerdo y Sentencia No. 1.050 de fecha 13 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Como primera medida, debemos señalar que el Sr. Andrés Garay Ocampo se desempeñó en carácter de SUB OFICIAL PRINCIPAL de las Fuerzas Armadas de la Nación, que ante el retiro o baja se le computó a su favor veintiocho (28) años y siete (7) meses de servicios prestados en las Fuerzas Armadas de la Nación, según Informe N° 1504/2007 del Departamento de Fojas de Servicios, correspondiéndole el porcentaje del (92%) como haber de retiro. Siendo así, se dictó la Resolución No. 07 de mayo de 2007, en que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones resolvió: "Art. 1°.- Acordar haber de retiro a los siguientes efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad con los Artes. 188° de la Ley N° 1115/97 "Del Estatuto del Personal Militar" y 2°, 5° y 8° de la Ley N° 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de jubilaciones y Pensiones del Sector Publico".- SUB OFICIAL PRINCIPAL ANDRÉS CARAY OCAMPO, con CI.C N° 689.363, en la suma mensual de GUÁRANLES UN MILLÓN OCHOCLENTOS TRELNTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (GS.1.831.435), en mérito a los veintiocho años y siete meses de servicios prestados...". Posteriormente, ante imponer el recurso de amparo constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, se declaró la Inconstitucional el Art. 8o de la Ley N° 2345/2003, según Acuerdo y Sentencia No. 1050 del 13 de noviembre de 2008, según consta en autos y antecedentes administrativos. Al respecto, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones dicto la Resolución No. 28 de fecha 06 de enero de 2010, en la cual consigno: "...Que la sentencia No. 1050 de fecha 13 de noviembre de 2008, presentada, declara inconstitucional el Art. 8° de la Ley N° 2345/03 y el Art. 6o del Decreto N° 1579/2004, referente al sistema de Actualización de las jubilaciones y pensiones. Sin embargo, el Art. 8° de la Ley N° 2345/03 fue modificado por la Ley N° 3542/2008, habiéndose establecido una nueva forma, de Actualización mucho más benigna para los jubilados y pensiones (se aplica directamente la tasa de inflamación). El Art. 6° del decreto N° 1579/2004 ha quedado implícitamente derogado. POR TANTO, al ordenar la Corte que la Administración se abstenga de aplicar, en lo sucesivo, una Ley derogada, nos encontramos ante el escándalo jurídico en que se pide se deje de aplicar una Ley que desde luego se ha dejado de aplicar, por estar derogada. En consecuencia, el pedido del recurrente es de cumplimiento imposible y debe denegarse...". Se observa, que al momento de dictarse o declararse la inconstitucionalidad del Art. 8° de la Ley N° 2345/2003, por la Corte Suprema de Justicia, peticionado por el Sr. Andrés Garay Ocampo, se solicita a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se abstenga a aplicar dicha norma legal, pero, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, observa que en ese momento, ya se encontraba derogada por la Ley N° 3.542/2008, y ante tal situación consideró de imposible cumplimiento el Acuerdo y Sentencia No. 1050/2008, repetimos, ya que dicha norma legal declarada inconstitucional se encontraba derogada. La Ley N° 3.542/2008 estableció una nueva forma de actualización para los jubilados y pensionados, estipulando lo siguiente: "Art 8°.- Conforme lo dispone el Artículo 103 de la Constitución Nacional, todos los beneficios que paga la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda se actualizarán anualmente, de oficio, por dicho Ministerio. La tasa de actualización será la variación del índice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al período inmediatamente precedente. Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este artículo, los beneficios correspondientes a los programas no contributivos". La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, ha dictado la Resolución DGJP No. 28 de fecha 06 de enero de 2010, en cual se consignó que: "...Que la Sentencia No. 1050 de fecha 13 de noviembre de 2008, presentada, declara inconstitucional el Art. 8" de la Ley N° 2345/2003" y el Art. 6o del Decreto 1579/2004, referente al Sistema de Actualización de las jubilaciones y las pensiones. Sin embargo, el Art. 8° de la Ley N° 2345/2003 fue modificado por la Ley N° 3542/2008, habiéndose establecido una nueva forma de. actualización mucho más benigna para los jubilados y pensionados (se aplica directamente la tasa de la inflación). El Art. 6° del Decreto N° 1579/2004 ha quedado implícitamente derogado. POR TANTO, al ordenar la Corte que la Administración se abstenga de aplicar, en lo sucesivo, una Ley derogada, nos encontramos ante el escándalo jurídico en que se pide se deje de aplicar una ley que desde luego se ha dejado de aplicar, por estar derogada. En consecuencia, el pedido es cumplimiento imposible y debe denegarse...". (sic). A modo de posición definitiva de la Administración, y en base a las argumentaciones realizadas por la contribuyente al interponer el correspondiente Recurso de Reconsideración, vía Resolución N° 832 de fecha 02 de marzo de 2.016, comunicó al citado la INVIABILIDAD DE SU PEDIMENTO, resolviendo: "RECHAZAR, por improcedente, el Recurso de Reconsideración planteado por el Señor ANDRÉS GARAY OCAMPO, con C.I.C. N° 689.363, contra las Resoluciones DGJP N° 28/2010 "POR LA CUAL SE DENIEGA PEDIDO DE, CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, POR IMPOSIBLE", en base a los motivos expresados precedentemente. (2.2): ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: En su ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, la actora se agravia contra la posición de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, argumentando que no se ha dado cumplimiento al Acuerdo y Sentencia No. 1.050 de fecha 13 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y consignar en su legajo para la jubilación la antigüedad adquirida de TREINTA Y DOS (32) AÑOS, Y NUEVE (9) DÍAS. Asimismo, alega cuanto sigue: "...Que, por Resolución DGJP No. 1.228 de fecha 07 de mayo de 2007 soy beneficiario del HABER DE RETIRO como efectivo de las Fuerzas Armadas de la Nación. La resolución de jubilación a la fecha se ajusta a derecho, en casi su totalidad, luego de promovida la Acción de Inconstitucionalidad contra los artículos 18 inc. w) de la Ley N° 2.345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" y el Art. 6 del Decreto Reglamentario N° 1579/2004, por mi parte ante la Constitución Nacional ante la Corte Suprema de Justicia. Que, la referida acción judicial fue resuelta favorablemente a mi pretensión conforme al Acuerdo y Sentencia N° 1050 de fecha 13 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, previo los tramites de rigor a fin de que se dicte resolución ministerial ajustada a lo resuelto por la acción judicial promovida, en la resolución que me acuerda del haber de retiro, se ha omitido en la misma - la aplicación para el cálculo jubilatorio- lo dispuesto por el Art. 18 inc. w) de la Ley N° 2.345/03 que cobra plena y absoluta vigencia con lo resuelto y dispuesto en el Art. 1 de la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia N° 1050 del 13-X1-08... Que, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de la Subsecretaría de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda en la Fundamentación del rechazo de mi solicitad manifiesta que el cumplimiento de lo resuelto y ordenado por la Corte Suprema de Justicia es de cumplimiento imposible en razón de que el Art. 8 de la Ley N° 2345/2003 y el Artículo 6° del Decreto Reglamentario N° 1579/2004 fue modificado por la Ley N° 3542/2008, habiéndose establecido una nueva forma de actualización para jubilados y pensionados y que tanto la ley citada como su decreto reglamentario actualmente se encuentra derogados y por lo tanto ellos no pueden aplicar una ley que actualmente está derogada. Que es de suma importancia mencionar que existe jurisprudencia que favorece a mis pretensiones conforme lo demuestro con el Acuerdo y Sentencia No. 1050 de fecha 13 de noviembre de 2008...".
(2.3): CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: En ese sentido, y a fin de aclarar la confusión de conceptos en los que incurre la parte autora, nos permitimos recordar que: Que es oportuno aclarar al Excmo. Tribunal de Cuentas, que el Ministerio de Hacienda, no puede apartarse del texto de la ley, debiendo ceñirse estrictamente a ella, con, interpretación restrictiva, es decir con aplicación literal del contenido de su disposición, conforme lo entendió la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Por lo demás, la máxima en el Derecho Administrativo es el "Principio de Legalidad", es decir lo que no está autorizado está prohibido. Ello significa que la Administración debe regirse estrictamente a lo que dispone la ley, tal como lo hizo la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones al dictar el acto administrativo impugnado. El principio de legalidad según el autor Roberto Dromi en su obra Derecho Administrativo expresa así: "legalidad: El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuación administrativa y por ello puede concebírsele como extremo al procedimiento, constituyendo simultáneamente la condición esencial para su existencia. Se determina jurídicamente por la concurrencia de cuatro condiciones que forman su contexto: 1) determinación de su aplicación (reserva legal), 2) ordenación jerárquica de sujeción de las normas a la ley; 3) determinación de selección de normas aplicables al caso concreto, 4) precisión de los poderes que la norma confiere a la Administración". Según el citado autor, el procedimiento tiende no solo a la protección subjetiva del recurrente, sino también la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de la legalidad y la justicia en el funcionamiento administrativo. Que, en ese orden de cosas, la Ley de Organización Administrativa, disposición aplicable al Régimen de Jubilaciones y Pensiones en general, en su art. 253° dispone lo siguiente: "Que ninguna autoridad podrá disponer de los fondos de jubilaciones y pensiones ni retardar su entrega para darles otra aplicación que no sean las expresamente asignada..."; y en art. 273 destaca: "Los fondos de las jubilaciones y prensiones pertenecen a todos los funcionarios y empleados que contribuyan a su formación, en consecuencia no se podrá imputarles erogaciones de ninguna clase extrañas a las previstas en esta ley. Repetimos, el acto administrativo recurrido no vulnera ningún derecho constitucional ni legal de la accionante. La RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, se fundamentó en la observancia del principio de legalidad y la imposibilidad de invocar derechos que taxativamente no son mencionados por la Constitución Nacional; y los derechos pretendidos están reglados por leyes especiales, y expresamente indican que los sujetos de derecho cobrarán a partir de la Resolución dictada por autoridad administrativa competente, en este caso la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. El Tratadista ROBERTO DROMI, que en su pág. 256 de su obra "DERECHO ADMINISTRATIVO" dice: "LA ESTABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ES UN CARÁCTER ESENCIAL DE ÉL, QUE SIGNIFICA LA PROHIBICIÓN DE REVOCACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS QUE CREAN, RECONOCEN O DECLARAN UN DERECHO SUBJETIVO, UNA VEZ QUE HAYAN SIDO NOTIFICADOS AL INTERESADO, SALVO QUE SE EXTINGA O ALTERE EL ACTO EN BENEFICIO DEL INTERESADO... LA REVOCACIÓN ES PUES, LA DECLARACIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE, SUSTITUYE O MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD O LEGITIMIDAD...". Igualmente mencionamos que: "cuando una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta que el órgano en función administrativa debe seguir, se dice que su actividad es reglada. En este caso, el órgano no puede emplear su propio criterio acerca de qué es lo más conveniente o mejor; no puede apartarse de lo que las normas le indican " (Jorge H. Sarmiento García, "Alcance del control Judicial" En Juan Carlos Cassagne (Director), Cuestiones del contencioso administrativo, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2.006 p. 249). Por otro lado, la parte actora peticiona la equiparación de sus haberes jubilatorios, en el sentido de que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones reconoce una antigüedad de VEINTIOCHO AÑOS Y OCHO MESES, y según su interpretación le corresponde una antigüedad de TREINTA Y DOS AÑOS Y NUEVE DÍAS, ya que supuestamente la Administración no le reconoce los TRES AÑOS y DOS MESES, en la cual se desempeñaba como "Alumno de la Escuela Mecánica de Aviación. Al respecto, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a través del el Departamento de Jubilaciones y Haberes de Retiro, procedió a realizar la equiparación de los haberes jubilatorios del recurrente conforme a la jerarquía y los años de servicios prestados, según se desprende del Informe MH/SSEAF/DGJP/DJHR N° 2614 de fecha 2 de Diciembre de 2015, en el que fue consignado: "...este Departamento informa cuanto sigue: Obra a fojas 38, Calculo del haber de Retiro N° 976/07, en la cual puede constatare que al momento de su retiro ostentaba la jerarquía de Sub Oficial Principal con 28 años y 7 meses de servicios prestados en las FF.AA., siendo practicado la mencionada liquidación según el informe proporcionado por el Dpto. de Cotización Previsional obrantes a fojas 36 y 37, correspondiéndole el 92% sobre la base del haber Jubilatorio de conformidad a los artículos 188° de la Ley N° 1115/97 y el Art. 8o de la Ley N° 2345/03. Por Res. DGJP N° 1228/07, se le acuerda el Haber de Retiro al recurrente, siendo incluido en Planilla de Pagos bajo el número de beneficiario 317.463 en el mes de Mayo/2007 (ver Liquidación de Pagos a foja 41). Cabe aclarar que, en los meses de Febrero y Julio de 2012 se procedió a la equiparación de la asignación de conformidad a la Ley N° 4493/11 teniendo en cuenta la jerarquía, años de servicios y el porcentaje que le correspondía al momento de su retiro, es decir, en el 1er. semestre Sub Oficial Principal M38 - Gs. 5.051.900 (92%) = Gs. 4.647.748; y en el 2o semestre Sub Oficial Principal M38 - Gs. 6.301.200 = Gs. 5.797.104. Cabe aclarar que al momento de su retiro el recurrente ostentaba la jerarquía de Sub Oficial Principal con 28 años y 7 meses de servicios prestados. En el mes de Febrero/2015 se procedió a la actualización del 10% según el PGN sobre la asignación que venía percibiendo; es decir, de Gs. 5.797.104 + 10% Gs. 6.376.814, monto el cual se halla percibiendo actualmente...". VV.EE., podrán corroborar que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones ha procedido a la aplicación taxativa de la Ley N° 4.493/2011, conforme a los años de servicios y respetando la gradualidad establecida en la ley especial (Ley N° 1115/97 "Del Estatuto del Personal Militar"), es decir, los haberes jubilatorios de la parte actora a la fecha se hallan equiparados con el sueldo del que está actividad, en correspondencia al grado jerárquico y años de servicios que ostentaba al momento de su retiro. Cabe señalar, que la Ley N° 4.493/11 "QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA ESCALA DEL SUELDO BÁSICO MENSUAL Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS PÚBLLCAS”, en su Art. 12 reza: "Los componentes de la Fuerzas Públicas que se encuentren en situación de retiro percibirán sus haberes equiparados con el sueldo del que está en actividad y en correspondencia al grado jerárquico que ostentaba al momento de su retiro, respetándose los derechos adquiridos en cuanto al haber jubilatorio se refiere y al tiempo de servicio prestado, ajustándose estrictamente a lo establecido en los decretos y resoluciones que acordaron el pase a retiro en cada caso". Asimismo, el ORDEN DE TRABAJO DGJP N° 5/12 de fecha 31 de enero de 2.012, "POR LA CUAL SE DISPONE QUE EL DEPARTAMENTO DE JUBILACIONES Y HABERES DE RETIRO DE LA DGJP EQUIPARE EN FORMA AUTOMÁTICA LOS HABERES DE RETIRO DE POLICÍAS Y MILITARES, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 4.493/11", que en el Art. 1°), señala: "El Departamento de Jubilaciones y Haberes de Retiro deberá actualizar en forma automática los Haberes de Retiro de los Policías y Militares Retirados, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 4.493/11 y al Anexo de Personal que acompaña a la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2012". Art. 2°, "Los Haberes de Retiro que se hayan acordado en base a la Ley N° 2345/03 y que aún no se hayan incluido en planilla, se deberá equipar, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 1° de esta Orden de Trabajo e incluir en planilla". Art. 3°, "Las Equiparaciones de los Haberes de Retiro, se abonarán desde el mes en que se sean incluidas en planilla, de conformidad a las normas presupuestarias...". Es así que, para el caso en cuestión es inimaginable la supuesta ilegalidad de la Resolución recaída. Claro es el procedimiento aplicado por el Departamento de Jubilaciones y Haberes de Retiro en realizar la liquidación en base a lo establecido en la Ley N° 4493/11, contabilizándose con el porcentaje de años de servicios prestados al momento del paso a retiro, según se puede evidenciar en los antecedentes administrativos, actos administrativos, leyes y reglamentaciones, como así también, en la Resolución recurrida N° 832/2016 (28 años y 7 meses). Esto resulta que el Informe N° 2614 de fecha 02 de diciembre de 2015 elaborado por el Departamento de Jubilados y Haberes de Retiro, consta que se realizó el reajuste conforme a lo dispuesto en la Ley N° 4.493/11, por lo que no podría darse una mala praxis en el cálculo de los beneficios de los haberes de retiro correspondiente al recurrente.
Los puntos argumentados por la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, así como el proceder con la sana crítica - "lógica interpretativa" - en relación a la aplicación de las normativas vigentes al momento en que el Señor Andrés Garay Ocampos solicita la equiparación de sus haberes jubilatorios, en ese estamento, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, dentro de la Ley N° 4493/11, Art. 12; hacen que la demanda instaurada contra la dependencia del Ministerio de Hacienda no prospere y resulte improcedente hacer lugar a la demanda contencioso administrativa. La actualización supone un mejoramiento gradual conforme a la disponibilidad asignada en la Ley de Presupuesto, que en el caso de los haberes jubilatorios debe dispensarse en igualdad de tratamiento dispensado a quien está en actividad. Ello tiene por objeto evitar la detracción de los haberes, tomando como parámetro las remuneraciones que general los aportes y contribuciones, recursos ordinarios de los organismos previsionales con los que atienen el pago de los beneficios. El principio básico que sustenta el sistema y previsional paraguayo es el de necesaria proporcionalidad que debe existime entre el sistema previsional paraguayo es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, entendiendo dicha relación como un parámetro razonable para conjugar la naturaleza del haber provisional, los fines que persiguen su reconocimiento y el establecimiento de una razonable reglamentación en la materia. En resumen:La equiparación del haber jubilatorio con el haber de actividad supone igualdad, en otros términos, el monto del haber jubilatorio es exactamente igual al que percibe un funcionario en actividad. La actualización, en cambio, supone un mecanismo que permite establecer un mecanismo entre la razonable proporcionalidad que debe existir entre la situación del trabajador activo y el jubilado, como consecuencia, justamente de la diferencia que existe entre el haber de pasividad y el haber del funcionario en actividad. La disquisición antes expuesta cobra relevancia, pues, con respecto a la actualización, la Constitución Nacional en su art. 103, establece: "...La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad dé tratamiento dispensando al funcionario público en actividad...". Es decir, que lo que está plenamente garantizado al jubilado es su derecho a la actualización de su haber jubilatorio en los mismos porcentajes de sueldos dispensados a los funcionarios en actividad conforme al programa previsto en el Presupuesto General de la Nación, lo cual no equivale a una equiparación, es decir; otorgamiento del mismo sueldo de un funcionario en actividad considerando la categoría, años de servicios y cargo correspondiente del jubilado. En conclusión, la Dirección General de jubilaciones y Pensiones no hizo sino implementar, a través de las Resoluciones recurridas, el beneficio de la asignación que corresponde al Sr. ANDRÉS GARAY OCAMPO, sobre la base del Informe del Departamento de Jubilaciones y Haberes de Retiro, de la citada repartición, por lo que ésta representación ministerial solicita al Excmo. Tribunal de Cuentas, Primera Sala, la confirmación de las resoluciones impugnada en todos sus términos, por corresponder así en derecho. Repetimos a VV.EE., la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones como órgano ejecutor del Ministerio de Hacienda, en este caso no hizo otra cosa que la aplicación irrestricta de la Ley. POR TANTO, EN BASE A LA DISPOSICIÓN LEGAL TRANSCRIPTA, CONCLUIMOS QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA HA OBRADO Y RESUELTO BIEN, POR LO QUE SU RESOLUCIÓN DEBE PERMANECER FIRME. EN CONSECUENCIA, LA PRESENTE DEMANDA NO PUEDE PROSPERAR Y EL EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL DE CUENTAS DEBE DICTAR SENTENCIA RECHAZANDO LA MISMA POR IMPROCEDENTE".
Termina solicitando que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, rechace la demanda promovida, con costas.
Por Providencia del 18 de agosto de 2016, se reconoce la personería del recurrente y se tiene por contestada la demanda contencioso administrativa (fs. 36 vlto.).
Por A.I. N° 895 del 30 de agosto de 2016, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se declara competente para entender en el presente juicio y se recibe la causa a prueba (fs. 37).
Por Providencia del 14 de noviembre de 2016, se agregan las pruebas diligenciadas, declarándose cerrado el período probatorio y se llama Autos para Acuerdo y Sentencia (fs. 44).
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Conforme al escrito de fs. 17/19 de autos, el señor ANDRES GARAY OCAMPO, promueve demanda contencioso administrativa contra la Resolución D.G.J.P. N° 28, de fecha 28 de enero de 2010 y D.G.J.P. N° 832, de fecha 02 de marzo de 2016, dictadas por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, que denegó el reconocimiento de años de servicio como personal militar.
El demandante argumenta que pasó a retiro por Decreto N° 1228 del 7 de mayo de 2007, fijándose su haber de retiro en la suma correspondiente a 28 años y 7 meses de antigüedad dentro del cuadro de las Fuerzas Armadas de la Nación, encontrándose en vigencia la Ley N° 1115/97 "Del Estatuto del Personal Militar", del 26 de agosto de 1997 Posteriormente entró en vigencia la Ley N° 2345 del 24 de diciembre de 2003 "Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", derogando en parte la anterior Ley.
El accionante sigue manifestando que dicha ley le fue aplicada en afectación al personal militar en Situación de Retiro bajo la vigencia de la Ley N° 1115/97 y que por esta razón recurrió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a promover una Acción de Inconstitucionalidad contra los Artículos 8 y 18 inc. w) de la citada Ley N° 2345/03 y contra el Art. 6 del Decreto N° 1579 del 30 de enero de 2004, siendo resuelta por Acuerdo y Sentencia N° 1050 del 13 de noviembre de 2008, por el cual se hizo lugar a la Acción de Inconstitucionalidad y se declararon inaplicables los artículos en discusión, quedando nuevamente restablecida la vigencia de los arts. 187, 192 numeral 2), 211, 217, 218, 219, 224 y 226 de la Ley N° 1115/97.
Por otro lado, la institución demandada manifiesta que: "... Se observa que al momento de dictarse o declararse la Inconstitucionalidad del Art. 8 de la Ley N° 2345/2003, por la Corte Suprema de Justicia, peticionado por el Sr. Andrés Garay Ocampo, se solicita a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se abstenga a aplicar dicha norma legal, pero, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, observa que en ese momento, ya se encontraba modificada la Ley N° 2345/2003 por la Ley N° 3542/2008, y ante tal situación consideró de imposible cumplimiento el Acuerdo y Sentencia N° 1050/2008, repetimos, ya que dicha norma declarada inconstitucional ya se encontraba derogada ..." (fs. 28/36).
Con relación a la solicitud planteada en sede administrativa, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Hacienda, a través de su Dictamen N° 2112 de fecha 16 de diciembre de 2015 recomendó rechazar la solicitud de reconsideración..."en razón de que sus haberes jubilatorios a la fecha se hallan correctamente equiparados..." (fs.125/129), la que tuvo como resultado la resolución hoy impugnada.
Analizando las constancias de autos, se comprueba que en la instancia administrativa el recurrente agregó copia del Acuerdo y Sentencia N° 1050 del 13 de noviembre de 2008, dictado por la Sala Constitucional de la Excma. Corte Suprema de Justicia en el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: “ANDRES GARAY OCAMPO CONTRA ARTS. 8 Y 18 INC. W) DE LA LEY N° 2345 DEL 24/12/2005 Y ART. 6 DEL DECRETO N° 1579 DEL 30/01/2004", cuya parte resolutiva copiada expresa: "HACER LUGAR, a la acción de inconstitucionalidad planteada, y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de los Arts. 8 y 18 inc. w) de la Ley N° 2345/2003 y del Art. 6 del Decreto N° 1579 del 30/01/2004, con relación con a los accionantes".
Por tanto, cabe analizar la vigencia y el alcance de las disposiciones invocadas por las partes, a fin de llegar a una correcta interpretación de la norma aplicable a la cuestión debatida, lo que implica que esa interpretación no podrá apartarse del marco legal y constitucional, que establece la observancia en la prelación de las leyes, por imperio del Art. 137 de la C.N.; como también se impone la observancia en cuanto al deber y facultad que tienen todos los Magistrados de fundar sus resoluciones en la Constitución y en las leyes, conforme a las jerarquías de las normas vigentes y al principio de congruencia, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 15, Inc. b) del CPC.
Entrando al quit de la cuestión, resulta pertinente tener en cuenta que la presente Litis se basa en el reconocimiento o no de los años correspondientes a los cursados como alumno de la escuela de mecánica de aviación, los cuales según la institución militar le son reconocidos con sus años de antigüedad de la siguiente manera: "como alumno 2 años, 5 meses, 19 días y como sub oficial 28 años, 4 meses, 25 días totalizando así 30 años, 10 meses, 14 días"; conforme a ello, el acuerdo y Sentencia supra citado, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al declarar la inaplicabilidad del Art. 18 inc. w) de la Ley N° 2345, habilitó nuevamente para el recurrente, la aplicación del art. 192 numeral 2) inc. a) que expresa: "Artículo 192.- El personal militar tendrá derecho a bonificación de oficio, para los fines del cómputo del tiempo de servicio al solo efecto de completar sus años de servicios si no hubiere alcanzado treinta años de servicios y para la percepción de los haberes de retiro, exclusivamente en los siguientes casos: ...2) a partir de quince años de servicios en actividad, se le reconocerá como bonificación el tiempo pasado como: a) alumnos de institutos de formación militar hasta un máximo de cuatro años en total, para aquellos de instrucción continua...".
Siendo ello así, y considerando la acción de inconstitucionalidad glosada en autos, este Tribunal no puede apartarse de los resuelto por la Sala Constitucional, por lo que corresponde en derecho que sean reconocidos los años del accionante como alumno de la Escuela Mecánica de Aviación del 20 de junio de 1974 al 9 de diciembre de 1976, años con los cuales el accionante completa los 30 años de servicio prestado al Estado.
En consecuencia, y por los fundamentos precedentemente expresados, y teniendo en cuenta lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, corresponde hacer lugar a la presente demanda, revocando la Resolución DGJP N° 28 del 06 de enero de 2010 y, su consecuencia, la Resolución DGJP N° 832 del 02 de marzo de 2016, debiendo la Institución demandada reconocer los 30 años de servicio prestado al estado como funcionario militar por corresponder en derecho; por tanto, disponer que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda abone al señor ANDRES GARAY OCAMPO el pago del 100% del haber jubilatorio, más la diferencia entre lo abonado hasta la fecha por el Ministerio de Hacienda y lo correspondiente, retroactivamente desde la fecha del Acuerdo y Sentencia N° 1050 del 13 de noviembre del 2008 dictado por la Corte Suprema de Justicia . Las costas deben imponerse a la parte vencida de conformidad al artículo 192 del CPC. ES MI VOTO.
A su turno, los Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, MARÍA CELESTE JARA TALAVERA y ARSENIO CORONEL BENÍTEZ manifiestan que se adhieren al voto del Miembro preopinante por sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación delmismo firman los Excmos. Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala por ante mí, el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 16 de mayo de 2.017.
1.-) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, instaurada en los autos "ANDRES GARAY OCAMPO contra Resolución N° 832, del 02 de marzo de 2016 y otra, dictadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA" y, en consecuencia;
2.-) REVOCAR, la Resolución DGJP N° 28, del 06 de enero de 2010 y, su consecuencia, la Resolución DGJP N° 832, del 02 de marzo de 2016, debiendo la Institución demandada reconocer los 30 años de servicio prestado al estado como funcionario militar por corresponder en derecho; y, por tanto;
3.-) DISPONER, que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda abone al señor ANDRES GARAY OCAMPO el pago del 100% del haber jubilatorio, más la diferencia entre lo abonado hasta la fecha por el Ministerio de Hacienda y lo correspondiente, retroactivamente desde la fecha del Acuerdo y Sentencia N° 1050 del 13 de noviembre del 2008 dictado por la Corte Suprema de Justicia.
4.-) IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa.
5.-) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de justicia.
DÓLAR 5450 5550

References: RESOLUCIÓN 
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 Artículo 6
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 Artículo 103
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 Artículo 6
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 artículo 192
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