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Timestamp: 2019-08-26 10:18:11+00:00

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﻿ SENTENCIA 3846-03 DE JUNIO 28 DE 2007
SENTENCIA 3846-03 DE 28 DE JUNIO DE 2007
CONTENIDO:INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE UN SINDICATO DE INDUSTRIA. LOS MIEMBROS DEL SINDICATO DEBEN TRABAJAR EN EMPRESAS DE LA MISMA RAMA ECONÓMICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SINDICATO, SINDICATO DE INDUSTRIA, REGISTRO DEL SINDICATO, INSCRIPCIÓN DEL SINDICATO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:430 DE OCTUBRE DE 2007, PG.1809
Sentencia 3846-03 de junio 28 de 2007
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE UN SINDICATO DE INDUSTRIA
Los miembros del sindicato deben trabajar en empresas de la misma rama económica.
EXTRACTOS: «Carlos Arturo Mamanche Velásquez, en calidad de representante legal de “Asotral”, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó del Consejo de Estado la nulidad de las resoluciones 557 del 9 de abril de 2003 y 1127 del 12 de junio de 2003, proferidas por la inspectora del grupo de trabajo, empleo y seguridad social de la dirección territorial del Ministerio de la Protección Social y la Resolución 1692 del 29 de julio de 2003, por medio de las cuales se resolvió negar la inscripción en el registro sindical de la organización denominada “Sindicato de Trabajadores de la Industria de Productos Alimenticios y la Comercialización de Bebidas, Aguas, Lácteos y Chocolates, Asotral”.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho, pretende se ordene al Ministerio de la Protección Social, inscribir en el registro sindical a la organización mencionada, a partir del 8 de enero de 2003 y se ordene dar cumplimiento del fallo en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. [...].
Respecto de la excepción manifestada casi por la totalidad de los terceros intervinientes, mediante la cual señalan que como el objeto del debate es la negación de la inscripción en el registro sindical, y comoquiera que dicho registro es el mecanismo jurídico por medio del cual las organizaciones sindicales adquieren personería jurídica, se debe entender que el sindicato demandante, carece de personería jurídica para actuar y en síntesis, se edifica la falta de legitimación por activa.
No será de recibo la afirmación anterior, toda vez que el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 365, señala que toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación y a partir de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica, siendo el registro un requisito para que el Ministerio de Protección Social, revise que la fundación y sus estatutos cumplan con los requisitos mínimos para su inscripción. Si se llegare a aceptar lo señalado por los terceros intervinientes, se estaría negando el acceso a la justicia a todas las organizaciones sindicales que no conformes con la decisión del ministerio quisieran controvertirla ante la jurisdicción. Se negará la excepción planteada. [...].
En primera medida se debe establecer que el artículo 39 de la Constitución Política, señala que los empleadores y trabajadores tiene derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado y su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución; además señala que la estructura interna, funcionamiento y organización, se sujetará al orden legal y a los principios democráticos.
En razón a lo anterior, el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas de derecho colectivo plasmado en el código, y dichas organizaciones estarán sometidas a la inspección y vigilancia del gobierno.
En razón a lo anterior, se debe concluir que el derecho de asociación no es absoluto; que a pesar que dicho derecho se puede ejercer sin intervención del Estado, no se puede dejar al arbitrio de los asociados que establezcan y condicionen su derecho sindical a la arbitrariedad y discrecionalidad, pasando por alto los requisitos mínimos, límites y condiciones señaladas por la ley para ejercer dicho derecho.
Luego de dicha reunión de fundación, la organización sindical está en la obligación de solicitar al Ministerio de la Protección Social su inscripción en el registro, para que pueda actuar válidamente como sujetos de derechos; es decir, que si bien la norma estableció que la personería jurídica de los sindicatos se obtiene automáticamente desde el momento de su fundación, no quiere decir que se pueda omitir el requisito de inscripción, momento administrativo en donde el Estado entra a estudiar la forma y modo como se constituyó la organización sindical con el objeto de que esta etapa cumpla con los requisitos mínimos. En el evento que los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la constitución o si su constitución aconteció con un número de miembros inferior al exigido por ley, se procederá a negar la inscripción del registro.
De lo dicho se concluye, que no es posible señalar que el acto de fundación y de inscripción son totalmente indiferentes entre sí por cuanto uno depende del otro; es por esto que el Ministerio tenía plena facultad para objetar la inscripción y plantear las inconsistencias en la constitución con el fin de que la organización sindical subsanara o explicará las inconsistencias y proceder a su posterior inscripción.
El derecho sindical no es absoluto y ello significa que sobre aquel recae la inspección y vigilancia del Estado con el fin que se cumplan los cometidos y no se violen las normas que regulan el desarrollo de dicho derecho constitucional.
Dentro del plenario, se tiene que la causa predominante para negar la inscripción en el registro, obedeció que Asotral, se constituyó como un sindicato de industria o por rama de actividad económica y que dentro de las empresas para las cuales laboraban los trabajadores miembros del sindicato, se encontraba una que no ejercía las mismas actividades ni desarrollaba negocios dentro de la misma rama económica, por lo que no se podía integrar la actividad de producción o industrial con la actividad de distribución.
En aras a resolver este planteamiento la Sala se ocupara de determinar qué se entiende por sindicato de industria y posteriormente determinará las diferentes actividades o ramas económicas con el fin de establecer si las empresas para las cuales laboraban los trabajadores ejercen la misma actividad económica y se encuentran dentro de la misma rama.
En razón a lo anterior, es necesario estudiar si las empresas a las que pertenecen los trabajadores miembros de Asotral, desarrollan la misma actividad o pertenecen a la misma rama económica.
Respecto de la Empresa Eficiencia y Servicios S.A., el objeto social consiste en prestar servicios de publicidad, estudios de mercadeo, aseo y mantenimiento, distribución de productos terminados, por lo que el desarrollo empresarial de dicha empresa gira en torno a la prestación de servicios, dentro de los cuales está el de distribuir, productos elaborados por las otras empresas en las cuales trabajan los demás miembros del sindicato.
En lo atinente a Panamco S.A., Alpina S.A. y Nacional de Chocolates, se puede observar según certificaciones de existencia y representación legal, que sus actividades principales son la producción de productos alimenticios; es decir dichas empresas se encuentran dentro de la actividad industrial, a la cual no pertenece la Empresa Eficiencia y Servicios. En este orden de ideas, se infiere del artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, que los miembros del sindicato Asotral, deben trabajar en empresas que desarrollen la misma actividad en el mismo ramo económico y por ello bajo el pretexto del derecho sindical, no es dable agrupar en una organización sindical, trabajadores que laboren en empresas sin afinidad de actividades y de sector.
Acorde con lo precedente, el Ministerio de la Protección Social, al proferir los actos administrativos demandados, negó la inscripción en el registro sindical, toda vez que los estatutos de Asotral, son contrarios a la ley, por cuanto no cumplen con el requisito mínimo de vincular trabajadores de empresas del mismo sector.
Si bien es cierto el derecho de asociación es un derecho constitucional, no puede entenderse como lo hace ver el actor, como un derecho absoluto.
En conclusión no se encuentra irregularidad alguna en las actuaciones proferidas por el Ministerio de la Protección Social, toda vez que los actos demandados fueron proferidos en ejercicio de las atribuciones legales que le competen.
Comoquiera que los cargos endilgados, como causales de nulidad de las resoluciones demandadas no se demostraron y no se logró desvirtuar la presunción de legalidad, se denegarán las pretensiones de la demanda».
(Sentencia de 28 de junio de 2007. Expediente 3846-03. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado).

References: artículo 85
 Resolución 
 artículo 176
 artículo 365
 artículo 39
 artículo 353
 artículo 356