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Timestamp: 2019-06-16 02:44:48+00:00

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Ley 9/2010 de 30 de Ago C.A. Castilla y León (Derecho a la vivienda) | Iberley
LEY 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 07-09-2010
Fecha de entrada en vigor: 08/09/2010
Boletín: Boletín Oficial de Castilla y León Número 173
Las referencias a la «calificación provisional» de las viviendas de protección pública que se contengan en los preceptos de esta ley , se entenderán hechas a la «calificación» de las viviendas de protección pública según lo establecido en el DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio y en la LEY 10/2013, de 16 de diciembre
Las referencias a la «calificación definitiva» de las viviendas de protección pública que se contengan en los preceptos de esta ley se entenderán hechas a la licencia de primera ocupación según lo establecido en el DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio y en la LEY 10/2013, de 16 de diciembre
Esta participación activa de los poderes públicos debe coexistir con el respeto absoluto al principio de libertad de empresa que consagra la Constitución Española, que implica un reconocimiento a la iniciativa privada y a la libertad de decisión, no sólo para crear empresas promotoras o constructoras, sino también para dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las propias condiciones del mercado. Actividad empresarial que, por fundarse en una libertad constitucionalmente garantizada, ha de ejercerse en condiciones de igualdad, pero también, de otra parte, con plena sujeción a la normativa sobre ordenación del mercado y de la actividad económica general. IV
Además este Título Primero regula la planificación en materia de vivienda. Se configura el Plan de Vivienda de Castilla y León como el elemento integrador de las medidas de fomento, esto es, de impulso y de incentivo, que desde la Administración de Castilla y León se pretende realizar. Modulando, en su caso, las actuaciones o medidas contempladas por la Administración General del Estado en sus distintos planes de financiación, ya que las competencias del Estado se circunscriben a las bases de ordenación del crédito y a las de planificación y coordinación de la actividad económica (artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución Española). VIII
Se regula de forma pormenorizada la información que los promotores o los propietarios de las viviendas deben facilitar a los compradores o arrendatarios. En todo caso, se exige un plus de información en el caso de que la vivienda a comprar, en primera o ulterior transmisión, o a alquilar sea una vivienda de protección pública. En este sentido, resulta fundamental conocer el precio máximo de venta o renta, los derechos y prerrogativas de la Administración y el conjunto de limitaciones y prohibiciones a la facultad de disponer que tienela vivienda de protección pública.
Además, en este título se establece el régimen de las cantidades anticipadas para la construcción de las viviendas y el régimen del depósito de las fianzas de los contratos de arrendamiento y de suministro y servicios que afecten a fincas urbanas. X
Se concretan, asimismo, las distintas formas de promoción de la vivienda protegida, distinguiendo en primer lugar entre promoción pública y promoción privada. Igualmente se regula la figura del autopromotory del promotor para uso propio, entendiendo como tal a las personas físicas, agrupadas en cooperativas de viviendas, en comunidades de propietarios o en cualquier otra entidad cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios o arrendatarios de viviendas, que decidan, impulsen, programen y financien, con medios propios o ajenos, viviendas de protección pública destinadas a satisfacer la necesidad de vivienda de sus socios o partícipes.
Seguidamente, se establecen los derechos y prerrogativas de las Administraciones Públicas. En este sentido, la calificación de una vivienda como de protección pública supone la sujeción de ésta a los derechos de adquisición preferente y retracto a favor de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o del Ayuntamiento respectivo en el caso de Patrimonios Municipales de Suelo. También se regula la potestad de desahucio y de imponer multas coercitivas a favor de las Administraciones Públicas y, por último, la posibilidad de declarar otras actuaciones protegidas.
1. La presente Ley tiene como objeto establecer las normas pertinentes para hacer efectivo en Castilla y León el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 2. A tal efecto, la Ley regula.
Artículo 2. Principios generales de la política de vivienda.
La política de vivienda de las Administraciones Públicas de Castilla y León, al servicio de los ciudadanos de Castilla y León, se sujetará a los siguientes principios.
Artículo 3. Concepto de vivienda y anejos.
Artículo 4. Igualdad en el derecho de acceso a una vivienda de protección pública.
Artículo 5. Colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública.
- a) Las familias, y en particular las familias numerosas, las familias monoparentales con hijos menores de edad a cargo, o bien con hijos mayores de edad en situación de dependencia, así como las familias con parto múltiple o adopción simultánea, conforme a la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad de Castilla y León.
- b) Las personas dependientes o con discapacidad, así como las familias en las que convivan.
- c) Las personas mayores de 65 años, así como las familias en las que convivan.
- d) Los jóvenes menores de 35 años.
- e) Las víctimas de violencia de género y de terrorismo.
- f) Las unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión social por alguna de las siguientes circunstancias:
- g) Los deudores hipotecarios que se encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial.
- h) Las personas que pierdan el derecho a usar la vivienda que constituya su residencia habitual y permanente por sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.
- i) Las personas que habiten una vivienda sujeta a expediente de expropiación o situada en un inmueble que haya sido declarado en ruina.
- j) Las personas que habiten un alojamiento provisional como consecuencia de operaciones de emergencia o situaciones catastróficas que hayan implicado la pérdida de la vivienda, u otro tipo de alojamiento cedido en precario por administraciones públicas u otras personas jurídicas.
- k) Las personas que habiten, mediante título legal, una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad o superficie inadecuada a la composición familiar, entendiendo como tales:
- l) Castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de especial necesidad y soliciten ser retornados.
3. El acceso a una vivienda de protección pública de los colectivos recogidos en este artículo estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos.+
Modificación realizada (5 (apdo. 1)) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (5 (apdo. 1)) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Modificación realizada (Articulo inicial) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 08-09-2010
Texto Original. Publicado el 07-09-2010 en vigor desde 08-09-2010
21/12/2013 (Vigente)
08/09/2010 (Versión Original)
Artículo 6. Competencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León es competente para desarrollar una política propia en materia de vivienda que incluya, entre otras, las siguientes facultades.
a) El desarrollo reglamentario y aplicación de la legislación autonómica y estatal sobre edificación, seguridad, higiene, habitabilidad, diseño y calidad de las viviendas, así como en materia de protección del consumidor y usuario de éstas, y cuantas otras competencias no hayan sido atribuidas a otras Administraciones Públicas. b) El fomento y la promoción de la construcción de viviendas de protección pública que sean necesarias en función de la demanda, con el fin de contribuir a garantizar la efectividad del derecho a la vivienda.
Artículo 7. Competencias de las Entidades Locales.
Artículo 8. Transmisiones de suelos en el sector público.
Artículo 9. El Plan de Vivienda de Castilla y León.
Modificación realizada (10, 13, 47, 97, 98, 99, 100, D.A. 1ª, D.T. 3ª) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (10, 13, 47, 97, 98, 99, 100, D.A. 1ª y D.T. 3ª) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 11. Tramitación y aprobación.
Artículo 12. Los Planes Municipales de Vivienda.
Artículo 13. Contenido de los Planes Municipales de Vivienda.
1. Los planes municipales de vivienda deberán contener, como mínimo, las menciones a las que se refiere el artículo 10, referidas a su ámbito territorial. 2. Específicamente deberán incluir las líneas de actuación vinculadas a la utilización de los instrumentos de política de suelo y vivienda establecidos por la legislación urbanística, con una referencia especial a la concreción de las reservas para vivienda de protección pública, a la calificación o la reserva de terrenos destinados a alojamientos sobre suelo dotacional, y a la utilización y gestión del patrimonio público de suelo para vivienda.
Artículo 14. Tramitación y aprobación de los Planes Municipales de Vivienda.
Artículo 15. Los planes de vivienda en áreas rurales.
Artículo 16. Requisitos de la edificación.
Las viviendas de obra nueva y las que resulten de la alteración de la configuración arquitectónica de los edificios deben cumplir las condiciones de calidad relativas a la funcionalidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y sostenibilidadfijadas en la normativa vigente.
Artículo 17. Fomento de accesibilidad.
1. La Comunidad de Castilla y León impulsará medidas de fomento de la accesibilidad en las viviendas, a fin de que se lleven a cabo las obras de transformación necesarias para que los interiores de las mismas, o los elementos y los servicios comunes del edificio, sean utilizables por todas las personas, y en especial las que tengan algún tipo de discapacidad, con los requisitos establecidos en la legislación aplicable.
2. Cuando deban llevarse a cabo en los edificios de viviendas las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, de conformidad con la legislación sectorial aplicable así como la normativa en materia de propiedad horizontal, concurrirá interés social como causa para el ejercicio de la potestad expropiatoriapor la Administración local y para la urgencia a los fines expropiatorios.
Artículo 18. Garantías de la calidad.
1. La Consejería competente en materia de vivienda elaborará un Plan Integral de Calidad, en el que se recogerán las medidas de garantía de la calidad aplicables tanto en el control de los proyectos, de los materiales y de las unidades de obra, como en las pruebas de servicio correspondientes, y las relativas a las condiciones de uso y mantenimiento de las viviendas.
Modificación realizada (18 (apdo. 2)) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (18 (apdo. 2)) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 19. Ahorro energético y sostenibilidad.
1. La Comunidad de Castilla y León promoverá e incentivará las condiciones necesarias para la adopción de soluciones técnicas que comporten medidas de ahorro y eficiencia de energía y agua, y, en general, las exigencias de la arquitectura sostenible de acuerdo con criterios bioclimáticos.
2. En particular, fomentará la utilización de materiales reciclados y no contaminantes que, por su composición o estructura, se adecuen mejor a las condiciones climáticas y de construcción propias de la zona en que se realice la obra, con el objeto de racionalizar el mantenimiento y evitar impactos ambientales negativos.
3. También se impulsará la preservación del medio ambiente, mediante la utilización de fuentes de energía renovables para el calentamiento de agua, la producción de electricidad y para calefacción y refrigeración, así como la gestión de los residuos generados por la construcción.
5. Igualmente fomentará la investigación e innovación en el sector de la construcción.
Modificación realizada (19 (apdo. 4)) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (19 (apdo. 4)) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 20. Concepto y contenido.
1. El Libro del Edificio es el conjunto de documentos, cualquiera que sea su soporte, que recoge la información técnica y jurídica del edificio así como las incidencias que puedan afectarle.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre ordenación de la edificación, el Libro del Edificio contendrá los siguientes documentos y/o especificaciones.
a) Identificación del edificio y plano de su emplazamiento.
b) Las fechas de la licencia de obras, del comienzo y finalización de la obra y de la licencia de primera ocupación o de la presentación de su solicitud, y copia de la misma si ya se hubiera obtenido y, en su caso, la calificación definitiva.
c) Datos identificativosde los agentes intervinientesen el proceso de edificación.
d) Los datos técnicos de la construcción.
e) El acta de recepción.
f) Información sobre la situación jurídica del edificio.
g) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.
h) Identificación de los seguros de daños materiales o de caución a que hace referencia el artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
3. Los propietarios tienen la obligación de consignar en el Libro del Edificio las obras de reforma o rehabilitación que se realicen así como las tareas de mantenimiento, inspecciones técnicas y posibles incidencias.
4. Reglamentariamente se desarrollarán los aspectos relativos al contenido del Libro del Edificio.
Artículo 21. Entrega y depósito.
1. Los promotores deben entregar el Libro del Edificio al primer adquirente y, en posteriores transmisiones, el libro debe entregarse siempre al nuevo adquirente. En caso de una comunidad de propietarios, debe entregarse el libro a su presidente, dando conocimiento de su existencia al resto de propietarios, así como que lo tienen a su disposición.
2. En los términos previstos en la normativa que resulte de aplicación, el promotor deberá proceder al depósito de un ejemplar del Libro del Edificio, acompañado de la certificación del arquitecto director de la obra, en que se acredite que ése es el Libro del edificio y que le ha sido entregado al promotor.
Artículo 22. Responsabilidad en el uso y habitabilidad de la vivienda.
1. Es responsabilidad de los titulares y usuarios de las viviendas mantenerlas en condiciones de uso y habitabilidad, y llevar a cabo las obras que fueren precisas para su mantenimiento o reposición.
2. A fin de verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en el apartado anterior, deberán llevarse a cabo periódicamente inspecciones técnicas de los edificios de viviendas, en los términos previstos en la normativa urbanística, así como en la normativa que en desarrollo de la presente ley pudiera dictarse.
Artículo 23. La publicidad de la vivienda.
1. Toda publicidad destinada a promover la adquisición o arrendamiento de las viviendas debe ajustarse a los siguientes principios.
a) Claridad, exactitud y veracidad de la información relativa a las características de las viviendas, sus servicios e instalaciones, así como a las condiciones jurídicas y económicas de adquisición o arrendamiento.
b) No omisión de datos esenciales, que pueda inducir a los destinatarios a error con repercusiones económicas.
2. La publicidad deberá contener, como mínimo, las siguientes referencias:
a) La identificación del promotor o propietario.
b) Emplazamiento del edificio.
c) La descripción de la vivienda con mención de superficie útil y construida y, en su caso, de los anejos vinculados o no a ésta.
d) Especificación de si las viviendas se encuentran terminadas, en fase de construcción o sólo proyectadas.
e) Precio de venta o de arrendamiento y, en su caso, las condiciones básicas de financiación.
f) Entidad que, en su caso, garantiza las cantidades entregadas a cuenta.
g) Cuando se trate de viviendas de protección pública deberá hacerse mención expresa de tal circunstancia.
Artículo 24. La publicidad de los anejos.
1. La publicidad relativa a viviendas con trasteros, plazas de garaje u otros espacios análogos que puedan prestar un servicio accesorio, indicará necesariamente si se trata o no de anejos jurídicamente vinculados, e incluirá información complementaria sobre sus características concretas.
2. En la publicidad deberá ofrecerse, en su caso, información separada y diferenciada sobre la vivienda y sobre la superficie útil de los anejos, su precio y ubicación.
Artículo 25. Exigibilidad del contenido de la publicidad.
Artículo 26. Información.
Artículo 27. Información para la venta en primera transmisión.
Los promotores deberán proporcionar en su oferta de venta a los adquirentes de viviendas en primera transmisión, la información básica sobre sus características, que necesariamente incluirá los siguientes aspectos.
a) Identificación del promotor y constructor: nombre o razón social, domicilio e inscripción en el registro mercantil o los registros públicos correspondientes.
b) Condiciones económicas de la transmisión: precio total, con indicación de las tasas y de los impuestos que la gravan y que legalmente le corresponden al comprador, y los demás gastos inherentes al contrato que le son imputables; pagos aplazados y sus intereses, así como las condiciones para su aplicación; garantías para el aseguramiento del cobro de las cantidades entregadas a cuenta, mencionando la entidad garante y la cuenta especial en la que hayan de efectuarse los ingresos con sujeción a la normativa aplicable.
c) Características esenciales de la vivienda: los materiales utilizados en la construcción, la orientación principal, el grado de aislamiento térmico y acústico, las medidas de ahorro energético, los servicios e instalaciones de que dispone, tanto individuales como comunes del edificio o complejo inmobiliario del que forma parte. Igualmente se acompañará plano de emplazamiento y plano acotado a escala de la vivienda.
d) Información jurídica del inmueble: identificación registral de la finca, con la referencia de las cargas, gravámenes y afecciones de cualquier naturaleza y la cuota de participación fijada en el título de propiedad, en su caso. e) Información administrativa: en el caso de una oferta de transmisión de viviendas en proyecto o en construcción, información sobre la licencia de obras y, si las obras han finalizado, la fecha de la licencia de primera ocupación o de su solicitud si no se hubiera otorgado aún. Además, en el caso de viviendas de protección pública, la indicación de la fecha de la calificación provisional o definitiva, el precio máximo de venta fijado en aquélla así como los derechos y prerrogativas de la Administración y las limitaciones y prohibiciones a la facultad de disponer previstos en la presente Ley.
Artículo 28. Información para la venta en segunda y posteriores transmisiones.
La información de la oferta para la venta de viviendas en segunda o posteriores transmisiones deberá contener, al menos, los siguientes aspectos.
a) Identificación del vendedor y, en su caso, de la persona física o jurídica que intervenga, en el marco de una actividad profesional o empresarial, para la mediación entre el vendedor y el comprador de la vivienda.
b) Condiciones económicas de la transmisión: precio total y conceptos en éste incluidos, así como las condiciones de financiación que, en su caso, pudieran establecerse.
c) Características esenciales de la vivienda: acreditación de la superficie útil y construida; la antigüedad del edificio, los servicios e instalaciones de que dispone, tanto individuales como comunes, y el estado de ocupación de la vivienda.
d) Información jurídica del inmueble: la identificación registral de la finca, con la referencia de las cargas, gravámenes y afecciones de cualquier naturaleza, y la cuota de participación fijada en el título de propiedad.
e) En el caso de viviendas de protección pública, además de lo anterior, indicación expresa de tal circunstancia y de la sujeción al régimen legal de protección que le sea aplicable.
Artículo 29. Información para el arrendamiento.
1. En los términos previstos en la legislación civil aplicable, los arrendadores deben proporcionar a los potenciales arrendatarios información suficiente sobre las condiciones esenciales de la vivienda, así como de las condiciones básicas del contrato.
2. En particular, los arrendadores deben proporcionar información relativa a la descripción y condiciones físicas de la vivienda, con indicación de la superficie útil y de los servicios, instalaciones y suministros con que cuente así como los servicios comunes que tenga el edificio.
3. En el caso de viviendas de protección pública deberá acompañarse información relativa a la calificación definitiva, en especial el precio máximo de renta.
Artículo 30. Reserva de viviendas.
1. Para la reserva de vivienda, el vendedor deberá dar a conocer al comprador las características de la vivienda.
su ubicación dentro del edificio, su superficie útil, el precio máximo de venta haciendo referencia, si es el caso, a los anejos, con indicación expresa de si están vinculados o no así como las fechas estimadas de inicio, finalización de obra y formalización del contrato de compraventa.
2. En el caso de viviendas de protección pública, la cantidad en concepto de reserva no podrá ser superior al 1% del precio máximo de venta vigente en el momento de la firma del contrato.
3. Las cantidades entregadas en concepto de reserva deberán ser garantizadas en los mismos términos que las cantidades anticipadas a cuenta del precio en las compraventas de viviendas, o, al menos, ser depositadas en una cuenta especial de titularidad del vendedor, independiente de cualquier otra clase de fondos; sin que pueda disponerse de ellas hasta la constitución de las garantías de las cantidades anticipadas a que se refiere el artículo 35 de la presente Ley.
Artículo 31. Entrega de materiales de construcción.
Artículo 32. Cantidades anticipadas.
1. En los términos previstos en la legislación vigente, los promotores podrán recibir de los compradores cantidades anticipadas, en concepto de reserva o adquisición de la vivienda.
2. La entrega de cantidades anticipadas obligará al promotor a garantizar su devolución en el caso de que, por cualquier causa, la construcción no llegue a iniciarse o a concluirse en los plazos establecidos en el contrato.
3. Para poder percibir cantidades anticipadas para la construcción de viviendas de protección pública, el promotor deberá haber obtenido la calificación provisional.
4. Excepcionalmente, en las promociones de viviendas realizadas por cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios o cualquier otra entidad cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios o arrendatarios de las viviendas, podrán percibirse de los interesados además de lo recogido en el apartado anterior las cantidades precisas para la adquisición del suelo en el que se emplazarán las viviendas.
Artículo 33. Constitución de las garantías de las cantidades anticipadas.
1. Las cantidades entregadas como anticipo serán garantizadas mediante aval concedido por una entidad financiera o por seguro de caución. La garantía cubrirá el principal y los intereses legales desde la fecha de entrega de las cantidades hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución.
2. Los promotores no podrán repercutir el coste de constitución de las garantías a los adquirentes de las viviendas.
3. Las cantidades anticipadas deberán ser ingresadas en una cuenta especial y sólo se podrá disponer de ellas para atender los gastos derivados de la construcción de las viviendas.
4. Las cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios o cualquier otra entidad, cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios o arrendatarios de las viviendas, que perciban de los socios y comuneros cantidades anticipadas para la adquisición del suelo y la construcción de las viviendas, las depositarán en cuenta especial de titularidad del vendedor, con separación de otra clase de fondos, y sólo podrán disponer de las mismas para atender los gastos derivados de la construcción de las viviendas.
Artículo 34. Extinción y cancelación de las garantías de las cantidades anticipadas.
Artículo 35. Requisitos para el arrendamiento de viviendas.
1. La formalización de los contratos de arrendamiento de viviendas en edificios cuya declaración de obra nueva terminada se produzca con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, requerirá la previa obtención de la licencia de primera ocupación.
2. En el caso de viviendas de protección pública será necesaria, además, la formalización y la obtención por escrito de la calificación definitiva.
Artículo 36. Prestación de fianza en los contratos de arrendamiento de viviendas.
1. En la formalización de los contratos de arrendamiento de vivienda es obligatoria la prestación de una fianza en los términos establecidos por la legislación sobre arrendamientos urbanos.
2. Dicha fianza deberá depositarse en la forma y condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
Artículo 37. Obligatoriedad del depósito.
1. Los arrendadores y subarrendadores de viviendas, estén o no destinadas a uso de vivienda, y del resto de fincas urbanas sujetos a la legislación vigente en materia de arrendamientos urbanos, estarán obligados a depositar a disposición del órgano de la Administración de la Comunidad que se determine reglamentariamente, el importe de las fianzas reguladas en dicha legislación, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de formalización del contrato de arrendamiento.
2. En aquellos casos en que sea exigible la prestación de fianzas para la formalización de contratos que afecten a fincas urbanas en garantía del pago del precio del servicio prestado en virtud del contrato, las empresas de suministros y servicios estarán obligadas a depositar su importe a disposición del órgano de la Administración de la Comunidad que se determine reglamentariamente.
3. Los depósitos a los que se refieren los apartados anteriores no devengarán interés alguno.
4. Están exentos de la obligación señalada en este artículo las Administraciones Públicas y el resto de entidades del sector público.
Modificación realizada (37 (apdo. 1)) por LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia de urbanismo. (BOCYL de 19-09-2014) en vigor desde 20-09-2014
20/09/2014 (Vigente)
Artículo 38. Realización del depósito.
1. El depósito del importe de las fianzas a que se refiere el artículo anterior se realizará, según se determine reglamentariamente, por alguno o algunos de los modos siguientes.
a) En régimen general, bien directamente en las oficinas correspondientes de la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León, o bien, en virtud del correspondiente convenio, en las Cámaras de la Propiedad Urbana u otras entidades análogas.
b) Mediante un régimen de concierto con arrendadores cuyas fianzas superen la cantidad que se determine, así como con las empresas de suministros y servicios.
2. Los arrendadores que se acojan al régimen de concierto y las empresas de suministros y servicios, a las que se aplicará en todo caso dicho régimen, deberán presentar durante el mes de enero de cada año declaración-liquidación que contenga un estado demostrativo de las fianzas constituidas, devueltas o aplicadas a las finalidades a que estén afectadas durante el año anterior. El saldo resultante determinará el depósito a realizar en función del porcentaje que sobre aquél se establezca reglamentariamente.
Artículo 39. Comunicación al arrendatario.
Artículo 40. Inspección.
Artículo 41. Naturaleza de los depósitos.
Artículo 42. Devolución del depósito.
Artículo 43. Conceptos
Modificación realizada (43) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (43) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 44. Régimen de uso de las viviendas de protección pública.
Las viviendas de protección pública podrán ser destinadas a venta, uso propio, arrendamiento con o sin opción de compra u otras formas de uso justificadas por razones sociales, conforme a su correspondiente régimen jurídico.
Artículo 45. Clases de viviendas de protección pública
- a) Vivienda de protección pública general.
- b) Vivienda joven.
- c) Vivienda de precio limitado para familias.
- d) Vivienda de protección pública en el medio rural.
5. Podrán calificarse como viviendas de protección pública en el medio rural aquellas que se promuevan para uso propio cuya superficie útil no sea inferior a 70 ni superior a 120 metros cuadrados, y que estén situadas en las localidades o municipios cuya relación se aprobará mediante orden de la consejería competente en materia de vivienda. Para estas viviendas se aplicarán las siguientes reglas:
- a) En su construcción se fomentará la utilización de tipologías de edificación tradicional y de materiales procedentes de la zona, así como la aplicación de criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al paisaje.
- b) Tendrán la consideración de anejos, que deberán estar vinculados a la vivienda, tanto en proyecto como registralmente, aquellos espacios en los que se desarrollen actividades propias del medio rural, tales como las vinculadas a la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la artesanía, la restauración, el alojamiento turístico, las actividades de ocio y tiempo libre, la elaboración de productos alimenticios con métodos tradicionales y otras análogas
Modificación realizada (45) por LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia de urbanismo. (BOCYL de 19-09-2014) en vigor desde 20-09-2014
Modificación realizada (45) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (45) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 46. Otros elementos susceptibles de protección.
1. Cuando la calificación provisional se refiera a una promoción completa de viviendas, la protección pública se extenderá a los garajes, trasteros y otros anejos, vinculados o no, cualquiera que sea su denominación.
2. Cuando la calificación provisional no se refiera a una promoción completa, las viviendas de protección pública deberán tener obligatoriamente como anejos vinculados, al menos, una plaza de garaje y un trastero, si existen en la promoción, quedando sometidos éstos al régimen de protección pública establecido en la calificación.
4. En todo caso, la adquisición de una vivienda de protección pública no podrá condicionarse a la compra de plazas de garaje no vinculadas a la vivienda.
Modificación realizada (46 (apdo. 3)) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Artículo 47. Vivienda de protección pública en el medio rural.
1. Reglamentariamente se establecerá un tipo de vivienda de protección pública en el medio rural, que deberá adaptarse en cuanto a sus precios, superficies, distribuciones y anejos, a las peculiaridades y actividades propias del ámbito rural.
2. En la construcción de estas viviendas se fomentará la utilización de materiales procedentes de la zona, y su ejecución de acuerdo con la edificación tradicional y con criterios de sostenibilidady respeto al medio ambiente.
Modificación realizada (48) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (48) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 49. El valor del suelo en la promoción de viviendas de protección pública.
1. En las transmisiones de suelo destinado a la promoción de vivienda de protección pública, su valor se determinará teniendo en cuenta el valor de los terrenos y el presupuesto de las obras de urbanización.
2. Reglamentariamente se podrá modular el porcentaje señalado anteriormente en función de la clase de vivienda de protección pública, respetando el máximo previsto.
3. Lo previsto en este artículo será a los solos efectos de la enajenación de suelo que la normativa urbanística establezca como obligatoria para la construcción de viviendas de protección pública.
Modificación realizada (50) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (50) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Modificación realizada (51) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (51) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 52. Calidad.
Modificación realizada (53) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (53) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Modificación realizada (54) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (54) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 55. Destino y ocupación de las viviendas de protección pública.
Artículo 56. Arbitraje.
Artículo 57. Adquisición de derechos relacionados con las viviendas de protección pública.
Artículo 58. Promoción de las viviendas de protección pública.
1. Las viviendas de protección pública podrán ser de promoción pública o promoción privada.
3. Tendrán la consideración de promoción privada las viviendas promovidas por una persona física o jurídica distinta de las señaladas en el apartado anterior.
4. Las viviendas de protección pública, con independencia de que tengan la consideración de promoción pública o privada, podrán calificarse en cualquiera de los regímenes de protección o clases de viviendas de protección pública previstas en la normativa autonómica.
Modificación realizada (58 (apdo. 2)) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (58 (apdo. 2)) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 59. Autopromotor.
Tendrá la consideración de autopromotorla persona física, individualmente considerada, que decida, impulse, programe y financie, con medios propios o ajenos la construcción, reforma o rehabilitación, directa o indirectamente, de una vivienda de protección pública, destinada a satisfacer su necesidad de vivienda.
Artículo 60. Promotores para uso propio.
1. Tendrán la consideración de promotores para uso propio, las personas físicas, agrupadas en cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios o cualquier otra entidad cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios o arrendatarios de las viviendas, que decidan, impulsen, programen y financien, con medios propios o ajenos, la construcción de viviendas de protección pública destinadas a satisfacer la necesidad de vivienda de sus socios o partícipes.
2. Derogado
Modificación realizada (60 (apdos. 3 y 4 )) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (60 (apdos. 3 y 4)) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 61. Medidas de fomento para la promoción.
1. Las Administraciones Públicas, dentro de su respectivo ámbito de competencias, fomentarán la promoción de viviendas de protección pública a las que se refiere la presente ley mediante el establecimiento de medidas económicas, fiscales, urbanísticas y de cualquier otra naturaleza que favorezcan tales actuaciones.
2. El importe y requisitos de concesión de las ayudas económicas se establecerán en la correspondiente normativa reguladora, pudiendo ser, entre otras, las siguientes.
a) Préstamos cualificados o convenidos, con garantía hipotecaria o personal, concedidos por entidades de crédito dentro de los convenios suscritos a tal efecto.
c) Subsidios de préstamos cualificados o convenidos.
d) Cualquier otra que se establezca en la normativa reguladora.
Modificación realizada (61 (apdo. 3)) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (61 (apdo. 3)) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 62. Titulares de las viviendas de protección pública.
b) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el IPREM, y, en caso de adquisición en primera transmisión, no inferiores a una vez el IPREM, calculados con los criterios que se determinen mediante orden de la consejería competente en materia de vivienda.
c) No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España, o que siendo titular de tales derechos no pueda ocupar la vivienda por causas que no le sean imputables, incluidas situaciones de proindiviso o aquellas otras en el que el puesto de trabajo se localice a más de 50 kilómetros de la vivienda. No obstante, podrán ser titulares de otras viviendas las familias que necesiten una vivienda de mayor superficie por el aumento del número de sus miembros, así como las personas mayores de 65 años, las personas con movilidad reducida y las víctimas de violencia de género o del terrorismo, cuando se trate de acceder a otra vivienda más adaptada a sus necesidades. En todos estos casos, la vivienda anterior deberá ser vendida o alquilada dentro del plazo de un año a contar desde la firma del contrato de compraventa o alquiler de la vivienda nueva; este plazo podrá prorrogarse cuando la vivienda anterior no haya podido ser vendida o alquilada por causas no imputables al interesado.
3. Los requisitos establecidos en el apartado primero de este artículo no serán exigibles en las adquisiciones mortis causa de viviendas de protección pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de esta ley. Tampoco serán exigibles en el ámbito de las actuaciones de regeneración y renovación urbana, en lo relativo a las personas con residencia principal acreditada en el ámbito.
Modificación realizada (63 (apdo. 1.c)) por LEY 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias. (BOCYL de 31-12-2015) en vigor desde 01-01-2016
Modificación realizada (63) por LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia de urbanismo. (BOCYL de 19-09-2014) en vigor desde 20-09-2014
Modificación realizada (63) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (63) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 64. El Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León.
1. El Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León constituye uno de los instrumentos para contribuir a garantizar a los ciudadanos los principios de igualdad, concurrencia y publicidad en el acceso a una vivienda de protección pública, a fin de eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones de dichas viviendas.
2. Reglamentariamente se establecerá el régimen de la inscripción y del funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León.
Artículo insertado por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Artículo 65. Formas de transmisión de las viviendas de protección pública.
1. Las viviendas de protección pública podrán ser objeto de transmisión, arrendamiento, o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan su ocupación o uso.
2. Las viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento podrán ser transmitidas, por promociones completas y sin sujeción a los precios máximos de venta, a sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, o a fondos de inversión inmobiliaria, previa autorización administrativa. El adquirente se subrogará en las condiciones, compromisos, plazos y rentas máximas previstas en la calificación de las viviendas.
3. Los titulares de viviendas de protección pública con destino a arrendamiento podrán enajenarlas en los términos y condiciones previstos reglamentariamente, teniendo preferencia para su adquisición los inquilinos que hayan permanecido al menos cinco años en alquiler en el momento de la venta o del ejercicio de la opción de compra.
Artículo 66. Cláusulas obligatorias en los contratos de compraventa y arrendamiento sobre las viviendas de protección pública.
1. Los contratos de compraventa y arrendamiento de las viviendas de protección pública deberán formalizarse por escrito.
2. Además de cuanto deban contener de conformidad con la legislación civil o sectorial aplicable, habrán de constar en ellos, al menos, los siguientes extremos.
a) La calificación de la vivienda como de protección pública, en la modalidad que corresponda, con expresa constancia de las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer y los derechos y prerrogativas de las Administraciones Públicas sobre tales viviendas, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
b) La identificación de los anejos que, vinculados o no a la vivienda, son objeto de transmisión o arrendamiento.
c) La indicación de que el adquirente o arrendatario cumple los requisitos de acceso a la vivienda.
d) El precio de venta o arrendamiento.
3. Reglamentariamente se podrán establecer aquellas otras menciones o cláusulas que deban contener dichos contratos de compraventa o arrendamiento.
c) En el caso de transmisiones o arrendamientos de una vivienda de protección pública a personas jurídicas públicas o privadas.
5. En caso de arrendamiento, la resolución se notificará al arrendador y al arrendatario
Modificación realizada (67 (apdo. 3, letra c)) por LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia de urbanismo. (BOCYL de 19-09-2014) en vigor desde 20-09-2014
Modificación realizada (67) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (67) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 68. Plazo de entrega y puesta a disposición.
2. Los promotores o titulares de las viviendas con destino a arrendamiento deberán poner las mismas a disposición de los arrendatarios en el plazo máximo de tres meses desde la fecha del contrato de arrendamiento, salvo que en el contrato se establezca uno inferior.
3. Excepcionalmente y previa autorización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, podrán prorrogarse los plazos previstos en los números anteriores cuando concurran circunstancias ajenas al promotor o titular de las viviendas que impidan su cumplimiento.
Modificación realizada (68 (apdo. 1)) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (68 (apdo. 1)) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Modificación realizada (69) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (69) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 70. Medidas de fomento para adquirentes y arrendatarios.
1. Las Administraciones Públicas, dentro de su respectivo ámbito de competencias, fomentarán las actuaciones protegibles a las que se refiere la presente ley mediante el establecimiento de medidas económicas, fiscales y de cualquier otra naturaleza que incentiven tales actuaciones.
2. El importe y requisitos de concesión de las ayudas económicas se establecerán en las correspondientes convocatorias o planes de vivienda, pudiendo ser, entre otras, las siguientes.
a) Préstamos cualificados o convenidos, con garantía hipotecaria o personal, concedidos por entidades de crédito dentro de los convenios suscritos a tal efecto. b) Subvenciones.
d) Avales para el pago de la entrada de una vivienda o las cuotas de amortización del préstamo hipotecario.
e) Cualquier otra que se establezca en los planes de vivienda.
Modificación realizada (71) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (71) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 72. Prohibiciones y limitaciones en las viviendas de promoción pública
Modificación realizada (72) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (72) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 73. Derechos y prerrogativas de las Administraciones Públicas.
1. La calificación de una vivienda y de sus anejos vinculados como de protección pública supone, mientras dure el régimen legal de protección aplicable a cada vivienda, su sujeción a los derechos de adquisición preferente y retracto establecidos en la presente Ley a favor de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o del Ayuntamiento respectivo, cuando se trate de viviendas construidas sobre patrimonios municipales de suelo, o de entidades públicas designadas por aquéllas.
2. Igualmente se reconoce a las Administraciones Públicas la potestad de desahucio administrativo contra las personas que ocupen una vivienda de protección pública de titularidad pública en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
3. Las Administraciones Públicas podrán imponer multas coercitivas en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 74. Derecho de adquisición preferente.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León ostenta un derecho de adquisición preferente en la segunda y posterior transmisión de las viviendas de protección pública y sus anejos vinculados, excepto en los casos en los que la transmisión tenga lugar entre cónyuges, entre miembros de una pareja inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León o entre parientes hasta el segundo grado por consanguinidad, cuando se trate de la transmisión de una cuota indivisa de la vivienda a favor de quien ya fuese cotitular de ésta, en las transmisiones mortiscausa, así como en los casos de subasta o adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo.
2. El derecho de adquisición preferente deberá ejercitarse por la Administración en el plazo de dos meses a partir del día siguiente en el que se comunique a la Administración pública correspondiente la decisión de transmitir la vivienda; dicha comunicación deberá incluir, al menos, la identificación de la vivienda, nombre y domicilio del que pretende adquirir la misma así como el precio y resto de condiciones de la transmisión.
3. Si en el plazo de seis meses no se formalizara en documento público la transmisión, quedará sin efecto la renuncia de la Administración al ejercicio del derecho de adquisición preferente. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en el que se notifique la renuncia del ejercicio del derecho de adquisición preferente o, en su caso, desde que se hayan producido los efectos del silencio administrativo.
4. El derecho de adquisición preferente regulado en este artículo podrá ser ejercido por las entidades locales, o entidades de ellas dependientes, cuando la vivienda que se pretenda enajenar proceda de sus patrimonios públicos de suelo. También podrá ejercitarse tal derecho a favor de una persona o unidad familiar que cumpla los requisitos para acceder a ella.
Artículo 75. Derecho de retracto.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, o el Ayuntamiento respectivo cuando se trate de viviendas construidas sobre patrimonios municipales de suelo, ostentan, mientras dure el régimen legal de protección, el derecho de retracto legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de las viviendas de protección pública y sus anejos vinculados, y se puede ejercitar conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su normativa de desarrollo.
2. En el plazo de un mes desde el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, deberá presentarse en la Administración pública correspondiente una copia simple de la misma.
3. El derecho de retracto podrá ejercerse por la Administración en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la copia a la que se refiere el apartado anterior en los siguientes casos.
a) Cuando no se hubiera realizado la comunicación prevista en el artículo anterior o en ésta se hubieran omitido cualquiera de los extremos señalados en dicho precepto.
b) Cuando se formalice la transmisión de la vivienda y no hubiera transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho de adquisición preferente.
c) Cuando la transmisión se haya realizado en condiciones diferentes a las incluidas en la comunicación de la decisión de vender.
4. Transcurrido el plazo de dos meses sin que se hubiera notificado al adquirente la resolución por la que se ejercita el retracto, se considera que la Administración renuncia a su ejercicio.
5. El derecho de retracto regulado en este artículo podrá ser cedido por la Consejería competente en materia de vivienda a otras administraciones públicas territoriales así como a empresas y fundaciones públicas.
Artículo 76. Competencia para el ejercicio del derecho de adquisición preferente y de retracto.
Artículo 77. El desahucio administrativo.
Procederá el desahucio administrativo contra adjudicatarios u ocupantes de las viviendas de titularidad pública, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones complementarias, por las siguientes causas.
a) La falta de pago de las cantidades pactadas en el contrato de compraventa o arrendamiento, así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente.
b) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente u ocupar la misma por personas ajenas a la unidad familiar sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.
c) La cesión total o parcial de la vivienda, local o edificación bajo cualquier título.
d) Destinar la vivienda, local o edificación complementaria a un uso indebido o no autorizado.
e) Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o edificación complementaria sin título legal para ello.
Artículo 78. El procedimiento de desahucio administrativo.
1. El procedimiento para el ejercicio del desahucio administrativo se ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, con las especialidades previstas en este artículo.
2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en la letra a) del artículo anterior, se requerirá a la persona obligada al pago para que abone en el plazo de quince días los importes vencidos y exigibles, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio.
3. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en la letra b) del artículo anterior, la resolución por la que se imponga la sanción podrá declarar, además, el desahucio administrativo.
4. Cuando el desahucio se fundamente en las causas previstas en las letras c), d), e) y f) del artículo anterior, se notificará al interesado la existencia de dicha circunstancia con indicación de que en el plazo de quince días, formule alegaciones, presente la documentación que estime oportuna y proponga cuantas pruebas considere pertinentes.
En las resoluciones que acuerden el desahucio, se concederá un plazo de quince días para que el ocupante entregue las llaves de la vivienda, apercibiéndole de que, en caso contrario, se procederá a su lanzamiento, así como de cuantas personas, mobiliario o enseres hubiere en ella. 5. Si fuese necesario entrar en el domicilio del sujeto afectado, la Administración Pública deberá obtener la preceptiva autorización judicial.
6. En la Administración de la Comunidad de Castilla y León será competente para dictar las resoluciones que declaren el desahucio el titular de la Consejería competente en materia de vivienda, sin perjuicio de la desconcentración o delegación que pudiera hacerse.
1. Sin perjuicio de las posibles sanciones, se podrán imponer multas coercitivas, hasta un máximo de tres, para asegurar la eficacia de los actos administrativos frente al incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, cuando se trate de actos personalísimos en los que no quepa la compulsión directa sobre la persona del obligado, o actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
2. El importe de las multas coercitivas será el del mínimo que la presente ley establece para cada una de las infracciones en función de su calificación como leve, grave o muy grave, incrementándose en un 50% para la segunda multa coercitiva y en un 100% para la tercera.
3. Será competente para la imposición de multas coercitivas el titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia donde se haya cometido la infracción en el caso de que ésta sea calificada como leve o grave y el titular de la Consejería competente en materia de vivienda cuando la infracción sea calificada como muy grave.
Artículo 80. Calificación o declaración de actuación protegida.
Artículo 81. Actuaciones protegidas.
Tendrán la consideración de actuaciones protegidas las siguientes.
a) La generación, adquisición, promoción y urbanización de suelo con destino a la construcción de viviendas de protección pública en cualquiera de sus clases.
b) La adquisición de viviendas usadas.
c) La rehabilitación de edificios para destinarlos a vivienda de protección pública.
d) La rehabilitación de edificios y viviendas.
e) Las actuaciones de regeneración y renovación urbana.
g) Las ayudas a colectivos de especial protección para el acceso a la vivienda.
h) Cualquiera otra actuación que se establezca reglamentariamente.
Modificación realizada (81 (letra e)) por LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia de urbanismo. (BOCYL de 19-09-2014) en vigor desde 20-09-2014
Artículo 82. Contenido de la calificación o declaración de actuación protegida.
Artículo 83. Programa de fomento del alquiler.
Artículo 84. Actuaciones del programa de fomento del alquiler.
El programa de fomento del alquiler podrá comprender, entre otras, las siguientes actuaciones.
a) Intermediación en el arrendamiento de vivienda entre su propietario y el futuro arrendatario.
b) Puesta de la vivienda, por parte de su propietario, a disposición directamente de la Consejería competente en materia de vivienda, de organismos autónomos y entes públicos de derecho privado que integran la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de fundaciones públicas, o de sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas.
Artículo 85. Incentivos del programa de fomento del alquiler.
1. Los propietarios de viviendas que las incluyan en el programa del fomento de alquiler podrán obtener, entre otros, los siguientes incentivos.
a) Contratación de un seguro que garantice los eventuales impagos de la renta por parte del arrendatario.
b) Contratación de un seguro que garantice los posibles desperfectos en la vivienda una vez finalizado el arrendamiento o, en su caso, la cesión.
c) Información, asesoramiento y apoyo a la tramitación para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación en la vivienda para posteriormente destinarla al arrendamiento, así como respecto de cualesquiera ayudas que pudieran corresponder por destinar la vivienda al arrendamiento.
d) Información y asesoramiento para la celebración del contrato de arrendamiento.
2. Los arrendatarios de las viviendas incluidas en el programa del fomento de alquiler podrán obtener, entre otros, los siguientes incentivos:
a) Garantía de que la vivienda se encuentra en perfectas condiciones de uso y habitabilidad y dispone de todos los servicios necesarios.
b) Fijación de un precio máximo de arrendamiento que, en el momento de formalizar el contrato de arrendamiento, no podrá ser superior al precio legal de referencia de una vivienda de protección pública en la misma localidad.
c) Establecimiento de un máximo de ingresos que la unidad familiar del arrendatario destine al pago del precio del arrendamiento.
d) Contratación de un seguro multirriesgodel hogar.
e) Información y asesoramiento para la celebración del contrato de arrendamiento.
f) Información, asesoramiento y apoyo a la tramitación de cualquier ayuda que pudiera corresponderle.
3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y alcance de los incentivos establecidos en los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 86. Requisitos para acceder al programa de fomento del alquiler.
Artículo 87. Colaboración entre Administraciones Públicas.
Artículo 88. Colaboración con Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Artículo 89. Colaboración con Colegios Profesionales.
Artículo 90. Colaboración con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.
Artículo 91. Colaboración con entidades financieras.
Artículo 92. Colaboración con otros agentes relacionados con la materia de vivienda.
Artículo 93. Constitución y carácter.
Modificación realizada por LEY 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administracion de la Comunidad de Castilla y Leon. (BOCYL de 19-09-2014) en vigor desde 20-09-2014
Artículo 94. Funciones.
Artículo 95. Composición.
Artículo 96. Funcionamiento.
Artículo 97. Carácter.
1. Las Comisiones Territoriales de Vivienda de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora son órganos permanentes, de carácter deliberante, y en su caso resolutorio, en los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios de viviendas de protección pública en Castilla y León, sin perjuicio de cualquier otro asunto que les sea encomendado, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.
2. Las Comisiones Territoriales de Vivienda ejercerán sus funciones integradas en la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 98. Funciones.
Las funciones de las Comisiones Territoriales de Vivienda, dentro de su ámbito territorial de competencia, serán las siguientes.
a) Las que le sean atribuidas por la normativa de selección de adquirentes y arrendatarios de viviendas de protección pública en Castilla y León.
b) Elaborar estudios sobre necesidades de vivienda, que podrán completarse con estudios pormenorizados sobre cuantificación de cupos, tipología y dimensiones de las viviendas que se precisan, régimen de cesión de las viviendas que se deben construir o adquirir, destacando lo relativo a la idoneidad de los terrenos cuya cesión o adquisición esté prevista y con cuantos otros datos se estimen oportunos para realizar una política de vivienda ajustada a la realidad social.
c) Proponer, al titular de la Consejería competente en materia de vivienda, programas de vivienda de protección pública y promoción pública, que podrán incluir la definición de las zonas de influencia socioeconómica de los municipios donde se prevea la promoción o adquisición de dichas viviendas.
d) Emitir cuantos informes sean requeridos por la Consejería competente en materia de vivienda o por el Consejo de Vivienda de Castilla y León.
e) Cualquiera otra que sea atribuida por las disposiciones que en desarrollo de la presente Ley pudieran dictarse.
Artículo 99. Composición.
1. Las Comisiones Territoriales de Vivienda estarán integradas por un Presidente que será el titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la respectiva provincia, un vicepresidente que será el titular del Departamento Territorial competente en materia de vivienda de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia respectiva y un Secretario, con voz pero sin voto, que será el titular de la Secretaría Técnica del Departamento Territorial competente en materia de vivienda de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia respectiva, o un funcionario al servicio de dicha Delegación Territorial designado por el Presidente. Asimismo estarán formadas por un máximo de nueve vocales en representación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de la Administración Local y de las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en la provincia.
2. En cada una de las Comisiones Territoriales de Vivienda existirá una ponencia técnica con la composición y funciones que se determinen reglamentariamente.
Artículo 100. Funcionamiento.
El funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Vivienda se ajustará a lo dispuesto en los preceptos básicos contenidos en el Capítulo II, del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 101. Principios de la potestad sancionadora.
Artículo 102. Infracciones muy graves.
Tendrán la calificación de muy graves las siguientes infracciones.
f) Dedicar las viviendas de protección pública a usos no autorizados o alterar el régimen de uso y utilización previsto en su calificación definitiva sin la preceptiva autorización. g) La ocupación de una vivienda de protección pública sin título legal.
Modificación realizada (102 (letra q)) por LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia de urbanismo. (BOCYL de 19-09-2014) en vigor desde 20-09-2014
Artículo 103. Infracciones graves.
Tendrán la calificación de graves las siguientes infracciones.
b) No incluir en los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas de protección pública las cláusulas establecidas como obligatorias. c) La omisión del visado por la Administración de los contratos de viviendas de protección pública, así como la de cualquier autorización prevista en la presente Ley.
o) El incumplimiento de la obligación de depositar las fianzas de arrendamientos urbanos cuando la cuantía de la fianza sea superior a 600 euros, la obstrucción de la labor inspectora y la presentación fuera de plazo de la declaración anual en el régimen de concierto.
q) Carecer de cualquiera de los documentos exigibles para formalizar la venta o arrendamiento de viviendas. r) El incumplimiento de los requisitos previos exigibles para proceder a la venta o arrendamiento de una vivienda en proyecto, en construcción o terminada.
Modificación realizada (103 (letra o)) por LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia de urbanismo. (BOCYL de 19-09-2014) en vigor desde 20-09-2014
Tendrán la calificación de leves las siguientes infracciones.
Artículo 105. Sanciones y graduación.
1. Las cuantías de las sanciones serán las siguientes.
Modificación realizada (105 (apdo. 3)) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (105 (apdo. 3)) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 106. Prescripción de las infracciones y sanciones.
Modificación realizada (107) por LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. (BOCYL de 20-12-2013) en vigor desde 21-12-2013
Modificación realizada (107) por DECRETO-LEY 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. (BOCYL de 05-08-2013) en vigor desde 06-08-2013
Artículo 108. Procedimiento sancionador.
El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley, y sin perjuicio de sus especialidades, será el previsto en las disposiciones normativas por las que se regula el procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Adquisición de viviendas de promoción directa destinadas al arrendamiento.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León favorecerá el acceso a la propiedad de las viviendas de su titularidad destinadas a arrendamiento a los arrendatarios de las mismas, deduciendo del precio de venta los importes abonados en concepto de renta y en los términos que se determinen reglamentariamente.
Segunda. Utilización de medios telemáticos.
Primera. Exigibilidad del Libro del Edificio.
Segunda. Viviendas de protección pública calificadas provisionalmente.
Tercera. Comisiones Territoriales de Vivienda.
A las Comisiones Territoriales de Vivienda previstas en la presente ley, les serán de aplicación las disposiciones previstas en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, en tanto no se oponga a lo previsto en la presente Ley.
Cuarta. Departamentos territoriales competentes en materia de vivienda.
Quinta. Derechos de adquisición preferente y retracto.
Primera. Modificación del artículo 110 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Se modifica el artículo 110 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, que queda redactado en los siguientes términos.
«Artículo 110. Inspección técnica de construcciones.
Segunda. Modificación del apartado 2 de la Disposición Adicional de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.
«Disposición Adicional Primera. Gestión Patrimonial en materia de Vivienda.
2. La Consejería competente en materia de hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de vivienda, podrá ceder o enajenar inmuebles propiedad de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León a favor de empresas, públicas o privadas, únicamente a los efectos de promover la construcción de viviendas de protección pública, y en las condiciones establecidas en la presente Ley.»
Tercera. Superficies.
Cuarta. Normas de diseño y habitabilidad.
Quinta. Actualización de sanciones.
Sexta. Desarrollo reglamentario.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: J uanV ICenteH erreraC ampo
LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia de urbanismo.
LEY 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administracion de la Comunidad de Castilla y Leon.
Fecha: 2013-12-21
Artículo 45. Clases de viviendas de protección pública.
Artículo 43. Definiciones.
Artículo 50. Plazo del régimen legal de protección y descalificación.
Artículo 53. Calificación provisional y definitiva de las viviendas de protección pública.
Artículo 54. Recalificación.
Artículo 69. Cambios de uso y destino.
Artículo 71. Limitaciones y prohibiciones en general.
Artículo 72. Limitaciones y prohibiciones en las viviendas de promoción pública directa.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Leon.
Fecha Publicación: 1999-04-15
Entrada en Vigor: 2010-09-08
Artículo 129. Programas Municipales de Suelo.
LEY ORGANICA 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla-León.
REAL DECRETO 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda.
ORDEN FOM/1884/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el Registro Publico de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y Leon.
ORDEN FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la seleccion de los adquirentes y arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y Leon.
LEY 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y Leon.
desde 20/09/2014 hasta 01/01/2016
desde 21/12/2013 hasta 20/09/2014
desde 06/08/2013 hasta 21/12/2013
desde 08/09/2010 hasta 06/08/2013

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 10

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
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Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30
 artículo 35

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 49

Artículo 52

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62
 artículo 55

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66
 resolución 

Artículo 68

Artículo 70

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75
 resolución 

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78
 resolución 

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 108
 artículo 110
 artículo 110

Artículo 45

Artículo 43

Artículo 50

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 69

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 129

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