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Timestamp: 2019-09-22 15:10:41+00:00

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REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Decreto 467/99
Que la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946 dispone que la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS integra el MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Que la PROCURACION GENERAL DE LA NACION ha solicitado la intervención de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS en los sumarios, siendo conveniente regular dicho cometido.
Artículo 1º — Apruébase el Reglamento de Investigaciones Administrativas que, como ANEXO I, forma parte del presente decreto.
Art. 2º — Deróganse el Decreto Nº 1798 del 1 de Setiembre de 1980, y los Nros. 1590/67 y 1462/ 94, en sus partes pertinentes.
Art. 3º — El Reglamento que por el presente se aprueba, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Jorge A. Rodríguez. — Raúl E. Granillo Ocampo. — Carlos V. Corach.
ARTICULO 1º — El Reglamento de Investigaciones Administrativas se aplicará al personal comprendido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, al docente comprendido en estatutos especiales, así como a todo aquel que carezca de un régimen especial en materia de investigaciones.
Asimismo, será de aplicación al personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo celebradas en el marco de la Ley Nº 24.185, que no hayan previsto un régimen especial.
ARTICULO 2º — Facúltase a los señores Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y Secretarios del Poder Ejecutivo Nacional, para que establezcan el régimen a aplicar cuando existan imputados sometidos a diferentes regímenes procesales disciplinarios.
ARTICULO 3º — Cuando un hecho, acción u omisión pueda significar responsabilidad disciplinaria, exista o no perjuicio fiscal, para cuya sanción se exija una investigación previa, ésta se sustanciará como información sumaria o sumario.
ARTICULO 4º — La información sumaria o el sumario será siempre instruido en la jurisdicción donde se produzca el hecho, cualquiera fuere la situación de revista del sumariado.
ARTICULO 5º — Cuando de una información sumaria o sumario surgiere la participación en el hecho que lo motiva, de personal de otro organismo, el titular de éste deberá ponerlo a disposición del responsable de la investigación, en la oportunidad en que el mismo lo requiera.
ARTICULO 6º — La sustanciación de las informaciones sumarias y los sumarios se efectuará en la oficina de sumarios del área respectiva, y estará a cargo de funcionarios letrados de planta permanente.
ARTICULO 7º — La Procuración del Tesoro de la Nación será competente en la sustanciación de las informaciones sumarias y sumarios que tiendan a esclarecer hechos, actos u omisiones que se produzcan en su jurisdicción; las que sean ordenadas por el Poder Ejecutivo Nacional, y los sumarios cuando se trate de agentes que revisten en el nivel A o B del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa o equivalentes y ejerzan un cargo con funciones ejecutivas en cualquiera de sus niveles, de acuerdo con los sistemas de selección implementados para la cobertura de los mismos.
ARTICULO 8º — La competencia de los instructores es improrrogable. Los mismos podrán desplazarse dentro del país cuando la sustanciación del sumario lo requiera, previa autorización de la superioridad.
ARTICULO 9º — La autoridad que ordenó la información sumaria o el sumario podrá encomendar a otros funcionarios la realización de diligencias concretas y determinadas fuera del asiento de sus funciones, mediante resolución fundada.
ARTICULO 10. — Son deberes de los instructores:
3. Reunir los informes y la documentación relacionados con un eventual perjuicio fiscal, a efectos de la oportuna intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en caso de corresponder en razón del monto, o bien para respaldar su propio pronunciamiento en tal sentido. (Punto sustituido por art. 1° del Decreto N° 1012/2012 B.O. 06/07/2012. Vigencia: de aplicación a los sumarios que se hallen en trámite, con excepción de aquellos que ya se encuentren en sede de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los que seguirán su proceso para la opinión de ese ente, antes de ser reintegrados a su lugar de origen)
ARTICULO 11. — Para mantener el buen orden y decoro en la sustanciación de las investigaciones, los instructores podrán mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que fuere útil para la información sumaria o sumario, y excluir de las audiencias a quienes las perturben.
ARTICULO 12. — Cuando correspondiere el desglose de la pieza respectiva para trámite separado, el instructor deberá dejar constancia de ello, como así también fotocopia autenticada de la misma en el expediente.
ARTICULO 13. — Cuando el hecho que motiva el sumario constituya presuntamente delito de acción pública, el instructor deberá verificar si se ha realizado la denuncia policial o judicial correspondiente y, en caso de no haberse cumplido este requisito, deberá notificar fehacientemente tal hecho a la autoridad de quien dependa el responsable de efectuarla.
ARTICULO 14. — Si durante la instrucción de un sumario surgieran indicios de haberse cometido un delito de acción pública, el instructor librará testimonio o copia autenticada de las piezas en las que consten tales hechos, y las remitirá al organismo que corresponda a fin de que efectúe la denuncia del caso ante la autoridad policial o judicial.
ARTICULO 15. — Los instructores tendrán independencia en sus funciones, debiendo evitarse todo acto que pueda afectarla.
ARTICULO 16. — En caso de ausencia que lo justifique, el superior designará reemplazante del instructor interviniente.
ARTICULO 17. — El instructor podrá ser apartado de una investigación por causas legales o reglamentarias por resolución fundada de la autoridad que ordenara la información sumaria o sumario pertinente, o por el Procurador del Tesoro de la Nación, en su caso.
ARTICULO 18. — Cuando razones debidamente fundadas lo justifiquen podrá nombrarse un instructor ad-hoc debiendo recaer la designación en un funcionario de otra dependencia, el cual estará sujeto a las prescripciones establecidas para los instructores en el presente reglamento.
ARTICULO 19. — Durante la sustanciación de la información sumaria o del sumario puesto a su cargo, los instructores ad-hoc serán desafectados en la medida necesaria de sus tareas habituales, hasta la conclusión de la investigación, dependiendo directamente a ese efecto y durante ese lapso, de la autoridad superior de la oficina de sumarios.
ARTICULO 20. — Cada instructor podrá ser auxiliado por un secretario para la sustanciación de las investigaciones que se le encomienden. Los secretarios serán nombrados por el superior del instructor, a pedido de este último.
ARTICULO 21. — Los secretarios tendrán a su cargo labrar las actuaciones, siendo personal y directamente responsables de la conservación y guarda de las mismas. Asimismo responderán por el cumplimiento de las diligencias que les fueran encomendadas por los instructores.
ARTICULO 22. — El instructor y el secretario deberán excusarse y podrán a su vez ser recusados:
ARTICULO 23. — La recusación deberá ser deducida en el primer acto procesal en el que se intervenga. Si la causal fuere sobreviniente o desconocida sólo podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de la clausura definitiva de las actuaciones. En el mismo acto deberá ofrecerse la prueba del impedimento o causal invocada.
ARTICULO 24. — El recusado deberá producir informe escrito sobre las causales alegadas y remitirá las actuaciones a su superior. La resolución que se dicte será irrecurrible y deberá producirse dentro de los cinco (5) días. Pasado dicho lapso se ampliará el plazo, designando nuevo instructor de ser necesario.
ARTICULO 25. — La excusación deberá ser deducida inmediatamente de conocidas las causales alegadas, elevándose informe escrito sobre las mismas al superior.
ARTICULO 26. — A fin de que las investigaciones se efectúen con la mayor celeridad posible, se considerará trámite de urgencia todo lo referente a la sustanciación de las mismas, salvo calificación expresa de ‘‘muy urgente’’ impuesta por el instructor.
ARTICULO 27. — Deben observarse los siguientes plazos:
ARTICULO 28. — Los plazos se computarán en días hábiles administrativos, a partir del siguiente al de la notificación.
ARTICULO 29. — Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan por alguno de los siguientes medios:
ARTICULO 30. — Las notificaciones serán dirigidas al último domicilio conocido por la administración, el que se reputará subsistente a todos los efectos legales mientras no se designe otro.
ARTICULO 31. — Las denuncias deberán contener, en cuanto fuera posible, la relación del hecho denunciado, con la circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución y demás elementos que puedan conducir a su comprobación, como asimismo acompañar la prueba que tenga en su poder el denunciante.
ARTICULO 32. — El funcionario que reciba la denuncia labrará un acta en la que verificará la identidad del denunciante, asentará su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión, domicilio y documento de identidad; se expresarán los hechos y se agregará la documentación u otros elementos de prueba que ofrezca, relativos a lo denunciado, firmándola ambos a continuación en todas las fojas de que constare.
ARTICULO 33. — Ordenada la información sumaria o el sumario, en la primera diligencia el instructor citará al denunciante para la ratificación de la denuncia, como así también para que manifieste si tiene algo más que agregar, quitar o enmendar. Si no compareciere, se lo citará por segunda vez. En el supuesto de que no concurriere, sin causa que lo justifique, el instructor deberá disponer las diligencias y medidas tendientes a esclarecer la o las irregularidades denunciadas, siempre y cuando resultaren ‘‘prima facie’’ verosímiles.
Autoridad Competente - Objeto
ARTICULO 34. — Los jefes de unidades orgánicas no inferiores a departamento o jerarquía similar o superior, podrán ordenar la instrucción de información sumaria en los siguientes casos:
ARTICULO 35. — Las informaciones se instruirán siguiendo, en lo posible, las normas de procedimiento que este reglamento establece para la instrucción de sumarios, prescindiendo de todo trámite que no fuere directamente conducente al objeto buscado y simplificando las diligencias.
ARTICULO 36. — Al presunto imputado sólo se le podrá recibir declaración en los términos del Artículo 62 del presente.
ARTICULO 37. — En caso de advertirse hechos independientes que requieran otra investigación, se dejará constancia de ello y se comunicará, mediante informe circunstanciado, a quien tenga a su cargo la facultad de ordenar esa investigación.
ARTICULO 38.— El plazo para la sustanciación de la información sumaria será de veinte (20) días.
ARTICULO 39. — El instructor hará un informe final de todo lo actuado, donde se propondrá a la autoridad que ordenó la investigación, la instrucción o no de sumario.
ARTICULO 40. — Cuando la información sumaria no sea cabeza de sumario, el informe será presentado por el instructor en una audiencia oral y pública que será presidida por la autoridad que ordenó la investigación.
ARTICULO 41. — La autoridad superior, en el plazo de cinco días de recibido el informe final o, en su caso, de celebrada la audiencia del artículo anterior, dictará el acto administrativo resolviendo la instrucción o no de sumario. Esta resolución será notificada al imputado.
ARTICULO 42. — El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones.
ARTICULO 43. — El sumario se promoverá de oficio o por denuncia. Será cabeza del sumario la información sumaria, si la hubiere.
ARTICULO 44. — La instrucción del sumario será dispuesta por autoridad de jerarquía no inferior a Subsecretario. En los organismos jurídicamente descentralizados, será dispuesta por la autoridad superior o por aquella en la que ésta delegue esa facultad. En todos los casos se requerirá dictamen previo del servicio jurídico permanente.
La autoridad que disponga el sumario, según el caso, deberá efectuar en ese mismo acto, u ordenar que se efectúe dentro del quinto día de aceptado el cargo por el instructor, la comunicación a que se refiere el artículo 3º, segundo párrafo.
ARTICULO 45. — La orden de sumario deberá indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del hecho u omisión objeto de investigación.
ARTICULO 46. — El sumario será secreto hasta que el instructor dé por terminada la prueba de cargo, y no se admitirán en él debates ni defensas, salvo la solicitud de medidas de prueba.
ARTICULO 47. — El sumario se sustanciará en forma actuada, formando expediente y agregándose en anexos, pruebas, constancias y actuaciones, siguiendo el orden cronológico en días y horas.
ARTICULO 48. — Toda actuación incorporada al sumario deberá ser foliada y firmada por el instructor y el secretario, si lo hubiera, consignándose lugar y fecha de su agregación, realizándose, en lo posible, mediante escritura a máquina, aclarándose las firmas en todos los casos.
ARTICULO 49. — Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan de 200 fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto.
ARTICULO 50. — Con los antecedentes del expediente se pueden formar anexos, los que serán numerados y foliados en forma independiente, si el instructor así lo considerara conveniente dado su volumen o para una mejor compulsa y orden.
ARTICULO 51. — En todo acto en que deba participar el sumariado durante la etapa instructoria, se admitirá la presencia de su letrado, sin derecho alguno de intervención.
ARTICULO 52. — En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al sumariado.
ARTICULO 53. — Cuando la permanencia en funciones fuera inconveniente para el esclarecimiento del hecho investigado, la autoridad administrativa competente podrá disponer el traslado del agente sumariado. Este se hará efectivo dentro del asiento habitual de sus tareas, y de no ser ello posible, a no más de 50 km. del mismo por un plazo no mayor al establecido para la instrucción sumarial.
ARTICULO 54. — Cuando no fuera posible el traslado del agente o la gravedad del hecho lo hiciera aconsejable, el agente presuntamente incurso en falta podrá ser suspendido preventivamente por un término no mayor de treinta (30) días, prorrogable por otro período de hasta sesenta (60) días. Ambos términos se computarán en días corridos. La aplicación de estas medidas lo será sin perjuicio de las previstas en los Artículos 57 a 59.
ARTICULO 55. — Vencidos los términos a que se refiere el artículo anterior sin que se hubiere dictado resolución conclusiva en el sumario, el agente deberá reintegrarse al servicio, pudiendo serle asignada, de resultar conveniente, una función diferente.
ARTICULO 56. —- En los casos en que las medidas preventivas o su prórroga se dispusieran durante la instrucción del sumario, deberán resolverse previo informe fundado por el instructor.
ARTICULO 57. — Cuando el agente se encontrare privado de libertad, será suspendido preventivamente, instruyéndose el sumario pertinente, debiendo ser reintegrado al servicio dentro de los dos (2) días de recobrada la libertad.
ARTICULO 58. — Cuando al agente se le haya dictado auto de procesamiento por hecho ajeno al servicio, y la naturaleza del delito que se le imputa fuera incompatible con su desempeño en la función, en el caso que no fuera posible asignarle otra, podrá disponerse la suspensión preventiva del mismo hasta tanto recaiga pronunciamiento en la causa penal a su respecto.
ARTICULO 59. — Cuando el proceso se hubiere originado en hechos del servicio o a él vinculados, podrá suspenderse al agente hasta la finalización del mismo a su respecto, sin perjuicio de la sanción que correspondiere en el orden administrativo.
ARTICULO 60. — El pago de haberes por el lapso de la suspensión se ajustará a los siguientes recaudos:
ARTICULO 61. — Cuando hubiere motivo suficiente para considerar que un agente es responsable del hecho que se investiga, se procederá a recibirle declaración sin exigir juramento ni promesa de decir verdad. Ese llamamiento implicará su vinculación como sumariado.
ARTICULO 62. — Cuando respecto de un agente solamente existiere estado de sospecha, el instructor podrá llamarlo para prestar declaración sobre hechos personales que pudieran implicarlo.
ARTICULO 60. — La no concurrencia del sumariado, su silencio o negativa a declarar, no hará presunción alguna en su contra.
ARTICULO 64. — En ningún caso se le exigirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le podrán hacer cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión, ni podrá ser obligado al reconocimiento de documentos privados que obraren en su contra.
ARTICULO 65. — La inobservancia del precepto anterior hará nulo el acto.
ARTICULO 66. — Si el sumariado no compareciere a la primera citación, se dejará constancia de ello y se procederá a citarlo por segunda y última vez. Si no concurriere, se continuará con el procedimiento; pero si antes de la clausura de la etapa de investigación se presentare a prestar declaración, la misma le será recibida.
ARTICULO 67. — El sumariado, previa acreditación de identidad, será preguntado por su edad, estado civil, profesión, cargo, función y domicilio. A continuación se le harán conocer las causas que han motivado la iniciación del sumario, el hecho que se le atribuye y se lo interrogará sobre todos los pormenores que puedan conducir a su esclarecimiento, así como también por todas las circunstancias que sirvan para establecer la mayor o menor gravedad de los mismos y su participación en ellos.
ARTICULO 68. — Las preguntas serán claras y precisas. El interrogado podrá, si lo desea, dictar por sí sus declaraciones. Si no lo hiciere, lo hará el instructor procurando utilizar las mismas palabras de que aquél se hubiere valido.
ARTICULO 69. — Se permitirá al interrogado exponer cuanto tenga por conveniente para su descargo o para la explicación de los hechos, evacuándose las diligencias que propusiere, si el instructor las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones efectuadas.
ARTICULO 70. — Concluida su declaración, el interrogado deberá leerla por sí mismo. Si no lo hiciere, el instructor o el secretario la leerán íntegramente, haciéndose mención expresa de la lectura. En ese acto, se le preguntará si ratifica su contenido y si tiene algo que añadir, quitar o enmendar.
ARTICULO 71. — Si el interrogado no ratificara sus respuestas o tuviere algo que añadir, quitar o enmendar, así se hará, pero en ningún caso se borrará o testará lo escrito sino que las nuevas manifestaciones, enmiendas o alteraciones se agregarán a continuación de lo actuado, relacionando cada punto con lo que conste más arriba y sea objeto de modificación.
ARTICULO 72. — La declaración será firmada por todos los que hubieren intervenido en ella, salvo en el supuesto del artículo siguiente. El sumariado rubricará además cada una de las fojas de que conste el acto. Si no quisiere firmar se interpretará como negativa a declarar.
ARTICULO 73. — Si el interrogado no pudiere firmar la declaración, se hará mención de ello firmando dos testigos previa lectura del acto. En este supuesto, el instructor y los testigos rubricarán además cada una de las fojas en que conste la misma.
ARTICULO 74. — El sumariado podrá ampliar la declaración cuantas veces lo estime necesario ante el instructor, quien la recibirá inmediatamente, siempre que el estado del trámite lo permita. Asimismo el instructor podrá llamar al sumariado cuantas veces lo considere conveniente, para que amplíe o aclare su declaración.
ARTICULO 75. — Los mayores de 14 años podrán ser llamados como testigos. Los menores de esa edad podrán ser interrogados, cuando fuere necesario a efectos de esclarecer los hechos.
ARTICULO 76. — Estarán obligados a declarar como testigos, todos los agentes de la Administración Pública Nacional y las personas vinculadas a la misma en razón de contratos administrativos. En este último caso, podrán ser citados a título personal y como representantes, y su negativa a declarar se comunicará a la autoridad a cuyo cargo se encuentra su contralor, la que podrá aplicar las sanciones previstas en las normas que reglan las contrataciones del Estado.
ARTICULO 77. — No podrán ser ofrecidos ni declarar como testigos el Presidente y el Vicepresidente de la Nación.
ARTICULO 78. — Quedan exceptuados de la obligación de comparecer, pudiendo declarar por oficio: el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo y funcionarios de jerarquía equivalente, oficiales superiores de las fuerzas armadas, embajadores y ministros plenipotenciarios, jefes y subjefes de las fuerzas de seguridad y de la Policía Federal, rectores y decanos de universidades nacionales, presidentes de entidades financieras oficiales y otras personas que, a juicio del instructor, puedan ser exceptuadas de la obligación de comparecer.
ARTICULO 79. — Quedan eximidos de la obligación de declarar, pudiendo hacerlo voluntariamente, ya sea en forma personal o mediante oficio, las siguientes personas: legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales municipales, gobernadores y vicegobernadores, ministros provinciales y funcionarios de jerarquía equivalente, magistrados nacionales y provinciales y funcionarios judiciales asimilados a esa calidad, obispos y dignatarios de la Iglesia Católica y otras religiones reconocidas, jefes y subjefes de las policías provinciales.
ARTICULO 80. — Las personas ajenas a la administración pública nacional no están obligadas a prestar declaración, pudiendo hacerlo voluntaria y personalmente, con las salvedades del artículo precedente.
ARTICULO 81. — Si alguno de los testigos se hallare imposibilitado de comparecer o tuviere alguna otra razón para no hacerlo, atendible a juicio del instructor, será examinado en su domicilio o en el lugar en que se hallare.
El testigo deberá ser citado por comunicación firmada por el instructor, la que contendrá la enunciación de la obligación de concurrir si se tratare de un agente de la Administración Pública Nacional, bajo apercibimiento de ser sancionado en caso de incomparecencia.
ARTICULO 82. — Los testigos prestarán juramento o promesa de decir verdad antes de declarar y serán informados de las consecuencias a que puedan dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.
ARTICULO 83. — Al comenzar su declaración, previa acreditación de identidad, los testigos serán preguntados:
ARTICULO 84. — Los testigos serán libremente interrogados sobre lo que supieren respecto de los hechos que han motivado el sumario, o de circunstancias que a juicio del instructor, interesen a la investigación.
ARTICULO 85. — Las preguntas no contendrán más de un hecho y serán claras y concretas. No se podrán formular en términos afirmativos o que sugieran la respuesta o sean ofensivos o vejatorios.
ARTICULO 86. — El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas en los siguientes casos:
ARTICULO 87. — El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes a menos que por la índole de la pregunta se le autorizare, y deberá dar siempre razón de sus dichos.
ARTICULO 88. — Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de falsedad, el instructor efectuará las comunicaciones correspondientes o procederá, en su caso, conforme a lo prescripto en el Artículo 13.
ARTICULO 89. — En la forma del interrogatorio se observará lo prescripto por el presente reglamento para la declaración del sumariado, en cuanto no esté previsto precedentemente y fuese compatible con la declaración testimonial.
ARTICULO 90. — Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario discordaren acerca de algún hecho o circunstancia que convenga dilucidar, el instructor podrá realizar los careos correspondientes. Estos serán dispuestos de oficio o a pedido del sumariado y efectuarse entre testigos, testigos y sumariados o entre sumariados. Los imputados también podrán ser sometidos a careos.
En los careos se exigirá a los testigos juramento o promesa de decir verdad, no así a los sumariados o imputados.
ARTICULO 91. — Los sumariados están obligados a concurrir pero no a someterse al careo.
ARTICULO 92. — El careo se realizará de a dos personas por vez, dándose lectura, en lo pertinente, a las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando el instructor la atención de los careados sobre las contradicciones, a fin de que entre sí se reconvengan para obtener el esclarecimiento de la verdad. Se transcribirán las preguntas y contestaciones que mutuamente se hicieren y se harán constar además las particularidades que sean pertinentes, firmando ambos la diligencia que se extienda previa lectura y ratificación.
ARTICULO 93. — Si alguno de los que deban carearse se hallare imposibilitado de concurrir o eximido de hacerlo en virtud de los Artículos 78 y 79, se leerá al que esté presente, su declaración y las particularidades de la del ausente con las que exista desacuerdo, y se consignarán en la diligencia las explicaciones que dé y las observaciones que haga para confirmar, variar o modificar sus anteriores asertos. Si subsistiere la controversia se librará nota a la autoridad del lugar donde el declarante ausente preste servicios o a la persona que al efecto se designe, insertando la declaración literal del testigo ausente; la del presente sólo en la parte que sea necesaria; y el medio careo a fin de que complete esta diligencia con el ausente en la misma forma establecida precedentemente.
ARTICULO 94. — La confesión del sumariado hace prueba suficiente en su contra salvo que fuere inverosímil o contradicha por otras probanzas, no pudiendo dividirse en perjuicio del mismo. Ella no dispensa al instructor de una completa investigación de los hechos ni de la búsqueda de otros responsables.
ARTICULO 95. — El instructor podrá ordenar el examen pericial en caso necesario disponiendo los puntos de pericia. Designará al perito y fijará el plazo en que deba producir su informe. Dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud del perito, efectuada con anterioridad al vencimiento del mismo.
ARTICULO 96. — Toda designación de peritos se notificará al sumariado.
ARTICULO 97. — El perito deberá excusarse y podrá a su vez ser recusado por las causas previstas en el Artículo 22. La excusación o recusación deberá deducirse dentro de los cinco (5) días de la correspondiente notificación o de tenerse conocimiento de la causa cuando fuere sobreviniente o desconocida.
ARTICULO 98. — La recusación o excusación de los peritos deberá efectuarse por escrito, dentro del plazo establecido, expresando la causa de la misma y la prueba de testigos o documental que tuviera. El instructor resolverá de inmediato, luego de producida la prueba sobre la recusación o excusación planteada y la resolución que dicte será irrecurrible.
La designación de nuevo perito, cuando procediere, deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días de dictada la resolución de remoción.
ARTICULO 99. — Si el perito designado perteneciera o fuera un organismo oficial se le requerirá su colaboración.
Cuando no hubiere en el lugar organismos nacionales que contaren con los peritos requeridos, el instructor sumariante solicitará, siguiendo la vía jerárquica, la colaboración de organismos provinciales o municipales. En el caso de no contar con el perito requerido, se podrá recurrir a particulares.
ARTICULO 100. — El perito deberá aceptar el cargo dentro de los diez (10) días de notificado de su designación.
ARTICULO 101. — El nombramiento de peritos que irrogue gastos al Estado podrá ser solicitado por el instructor sumariante únicamente cuando existan razones que lo justifiquen, con arreglo a las disposiciones establecidas al respecto por las normas legales y reglamentarias que rigen tales contrataciones.
ARTICULO 102. — Los peritos emitirán opinión por escrito. La misma contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que funden su opinión.
ARTICULO 103. — El instructor deberá incorporar al sumario todo dato, antecedente, instrumento o información que, del curso de la investigación, surja como necesario o conveniente para el esclarecimiento de los hechos o la individualización de los responsables.
ARTICULO 104. — Los informes que se soliciten deberán versar sobre hechos concretos y claramente individualizados y que resulten de la documentación, archivo o registro del informante. Asimismo podrá solicitarse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados relacionados con el sumario.
ARTICULO 105. — Los informes solicitados en virtud del artículo precedente deberán ser contestados dentro de los diez (10) días hábiles, salvo que la providencia que los haya ordenado hubiere fijado otro plazo en razón de circunstancias especiales. En caso de incumplimiento se informará a la autoridad con competencia para ordenar las medidas tendientes a deslindar responsabilidades, cuando se trate de organismos oficiales.
ARTICULO 106. — El instructor, de oficio o a pedido de parte y en la medida que la investigación lo requiera, practicará una inspección en lugares o cosas, dejando constancia circunstanciada en el acta que labrará al efecto, a la que deberá agregar los croquis, fotografías y objetos que correspondan. Asimismo, podrá disponer la concurrencia de peritos y testigos a dicho acto.
ARTICULO 107. — Practicadas todas las averiguaciones y tramitaciones conducentes al esclarecimiento del hecho investigado, diligenciadas las medidas de prueba y agregado el legajo personal del sumariado, o su copia certificada, el instructor procederá a dar por terminadas las actuaciones en lo relacionado con la investigación, disponiendo la clausura de la misma.
ARTICULO 108. — Clausurada la investigación, el instructor producirá, dentro de un plazo de diez (10) días, un informe lo más preciso posible, que deberá contener:
e) La opinión y mención de aquellos elementos que puedan configurar la existencia de un presunto perjuicio fiscal, para la ulterior elevación a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, siempre que su contenido patrimonial supere la suma que establezcan conjuntamente la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.
Para los supuestos en los que el contenido patrimonial del presunto perjuicio fiscal fuere inferior a tal importe, el Instructor realizará la pertinente evaluación y calificación sobre la significación económica, recurriendo a las pautas que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION utiliza para su propio desempeño. Ante situaciones de complejidad podrá solicitar la opinión de ese organismo, el cual seguirá para ello, similares mecanismos a los empleados para el resto de los casos. Asimismo, en aquellos sumarios administrativos en los que la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS interviene como parte acusadora y, en discrepancia con la opinión del Instructor, a su criterio exista perjuicio fiscal y su contenido patrimonial supere la suma establecida, este deberá solicitar la opinión de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, la cual seguirá para ello, similares mecanismos a los empleados para el resto de los casos. (Inciso sustituido por art. 1° del Decreto N° 1012/2012 B.O. 06/07/2012. Vigencia: de aplicación a los sumarios que se hallen en trámite, con excepción de aquellos que ya se encuentren en sede de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los que seguirán su proceso para la opinión de ese ente, antes de ser reintegrados a su lugar de origen)
ARTICULO 109. — Cuando corresponda, dentro de los tres (3) días de producido el informe del instructor, deberán girarse las actuaciones sumariales, o sus copias certificadas, a la Sindicatura General de la Nación a los fines de la consideración del perjuicio fiscal y, en su caso, la calificación como de relevante significación económica. Una vez recibidas en devolución las actuaciones y, en aquellos casos en que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hubiera asumido el rol de parte acusadora, que prevé el artículo 3º, segundo párrafo, se le correrá vista de las conclusiones aludidas y del dictamen emitido por la Sindicatura General de la Nación, a cuyo fin se le girará el sumario con todos sus agregados, o sus copias certificadas, dentro del plazo de tres (3) días. Devueltas las actuaciones a la sede de la instrucción, continuará el trámite.
ARTICULO 110. — Producido el informe a que se refiere el artículo 108 y, en su caso, emitidos los dictámenes por la Sindicatura General de la Nación y/o por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se notificará al sumariado en forma fehaciente para que tome vista de las actuaciones dentro del tercer día de notificado, debiendo examinarlas en presencia de personal autorizado; no podrá retirarlas pero podrá solicitar la extracción de fotocopias a su cargo. En esta diligencia podrá ser asistido por su letrado.
ARTICULO 111. — El sumariado podrá, se formule o no cargo, con asistencia de letrado si lo deseare, efectuar su defensa y proponer las medidas de prueba que estime oportunas, dentro del plazo de diez (10) días a partir del vencimiento del plazo de vista establecido en el Artículo 110.
ARTICULO 112. — En aquellos supuestos en que el sumariado o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no ofrecieren pruebas o las mismas no fueren consideradas procedentes por el instructor, no será necesaria la producción de un informe final, procediendo a la elevación de las actuaciones dentro del plazo de tres (3) días del vencimiento del plazo establecido en el artículo 111.
ARTICULO 113. — Cuando el sumariado o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su caso propusieren medidas de prueba, el instructor ordenará la producción de aquellas que considere procedentes.
ARTICULO 114. — Se podrá ofrecer hasta un máximo de cinco testigos y dos supletorios, denunciando nombre y apellido, ocupación y domicilio de los mismos. El número de testigos podrá ser ampliado cuando, a juicio del instructor, la cantidad de hechos o la complejidad de los mismos así lo justifique.
ARTICULO 115. — Producida la prueba ofrecida por el sumariado y en su caso, por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el instructor, previa resolución definitiva de clausura de las actuaciones, emitirá un nuevo informe en el plazo de diez (10) días, que consistirá en el análisis de aquélla.
ARTICULO 116. — Producido el informe a que se refiere el Artículo anterior, el instructor remitirá las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que alegue sobre el mérito de la prueba y el informe aludido.
ARTICULO 117. — Agregados los informes previstos en los artículos 115 y 116, se notificará al sumariado que podrá alegar sobre el mérito de la prueba y los informes aludidos, en el término de seis (6) días.
ARTICULO 118. — Producido el informe y los alegatos sobre la prueba, el instructor elevará las actuaciones a su superior. Este, a su vez, las remitirá dentro de los cinco (5) días de recibidas a la autoridad competente o, de considerarlo necesario, las devolverá al instructor con las observaciones del caso, fijando un plazo no mayor de diez (10) días para su diligenciamiento y nueva elevación.
En los sumarios cuyo objeto se refiera a los funcionarios mencionados en el artículo 7 del presente Reglamento o en los casos que la autoridad competente lo considere procedente, en razón de la significativa trascendencia institucional de la investigación, o cuando la Sindicatura General de la Nación se pronuncie respecto de la existencia de perjuicio fiscal de relevante significación económica, deberá cumplirse con el procedimiento dispuesto en el artículo siguiente.
ARTICULO 119. — Recibidas las actuaciones por la autoridad que ordenó la instrucción del sumario, se llevará a cabo una audiencia oral y pública dentro de los diez (10) días, que será presidida por dicha autoridad o la que legalmente la reemplace en caso de vacancia, impedimento, u otra causa, en la cual el instructor presentará el informe previsto en el artículo 108, y en su caso, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el informe previsto en el artículo 109.
ARTICULO 120. — La convocatoria de la audiencia se notificará al sumariado, cuya concurrencia no será obligatoria. Su realización deberá darse a publicidad en el Boletín Oficial y en cualquier otro medio que la autoridad estime conveniente, por un plazo de un (1) día y con una antelación no menor de dos (2) días a la fecha fijada. En todos los casos los gastos que irrogue la realización de la audiencia correrán por cuenta de la jurisdicción que hubiera ordenado el sumario.
ARTICULO 121. — La audiencia se llevará a cabo a la hora señalada, otorgándose un plazo de tolerancia de treinta (30) minutos. Las personas que asistan a la audiencia, deberán permanecer respetuosamente y en silencio, no podrán llevar objetos aptos para molestar u ofender, ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debidos, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.
ARTICULO 122. — Recibidas las actuaciones o, en su caso, producida la audiencia oral y pública, y previo dictamen del servicio jurídico permanente, la autoridad competente dictará resolución.
ARTICULO 123. — La resolución definitiva que se dicte deberá ser notificada a las partes y a la Sindicatura General de la Nación si correspondiere.
Una vez firme la resolución, se publicará en el Boletín Oficial y en el medio en el que se publicó la audiencia pública, se comunicará a la oficina de sumarios interviniente y se dejará constancia de la misma en el legajo personal del agente.
En todos los casos, incluso cuando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no hubiese tomado la intervención a la que se refiere el artículo 3º, segundo párrafo deberá remitírsele, dentro del quinto día de su dictado, copia autenticada de la resolución final.
ARTICULO 124. — El sancionado y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrán interponer recurso administrativo contra las decisiones finales y por los siguientes motivos:
1. Inobservancia o errónea aplicación del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley Nº 22.140, que diera lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias no expulsivas.
ARTICULO 125. — El recurso deberá interponerse ante la Procuración del Tesoro de la Nación dentro de los diez (10) días de notificada la medida adoptada fundada en las normas mencionadas en el artículo anterior.
ARTICULO 126. — El recurso resultará optativo de las vías impugnativas previstas en la ley 19.549 y en su reglamentación aprobada por Decreto 1759/72 (T.O.1991). De resultar denegada la pretensión, quedará agotada la instancia administrativa. De admitirse la petición nulificante, las actuaciones deberán volver a sustanciarse a partir del último acto válido.
ARTICULO 127. — La instrucción de un sumario se sustanciará en un plazo de noventa (90) días, contados desde la fecha de notificación de la designación al instructor y hasta la resolución de clausura a que se refiere el Artículo 107, no computándose las demoras causadas por el diligenciamiento de oficios, realización de pericias u otros trámites, cuya duración no dependa de la actividad del instructor.
ARTICULO 128. — La supervisión y registro de las actuaciones que se sustancien en virtud de lo establecido por el presente reglamento, serán efectuados por la oficina de sumarios correspondiente, la que estará a cargo de un funcionario letrado.
ARTICULO 129. — El Procurador del Tesoro de la Nación podrá disponer por intermedio de la Dirección Nacional de Sumarios la auditoría de los sumarios concluidos o en trámite que se sustancien en la órbita del Cuerpo de Abogados del Estado, no resultando aplicable en la especie la reserva de las actuaciones dispuesta por el Artículo 46 del presente.
ARTICULO 130. — Si el trámite debiera suspenderse por estar pendiente la causa penal, el instructor informará de ello a su superior, quedando desafectado del mismo hasta su reapertura. No obstante, deberá requerir informes periódicos a efectos de conocer la situación procesal del sumariado.
ARTICULO 131. — La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes, tendrán lugar con prescindencia de que los hechos que las originen constituyan delito.
ARTICULO 132. — La aplicación del presente Reglamento de Investigaciones Administrativas será independiente de las medidas preventivas y sanciones contenidas en el régimen estatutario que rija al personal involucrado, cuando éste no se encuentre comprendido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley Nº 22.140.
ARTICULO 133. — El presente reglamento será de aplicación a los sumarios en trámite a la fecha de su entrada en vigencia, con excepción de los plazos en curso y las diligencias que hayan tenido principio de ejecución, los cuales se regirán por las normas hasta entonces vigentes.
ARTICULO 134. — La Procuración del Tesoro de la Nación será la autoridad de interpretación del presente reglamento y propondrá las pertinentes normas reglamentarias.

References: Artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 62
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 Artículo 13
 Artículo 22
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 108
 Artículo 110
 artículo 111
 resolución 
 artículo 7
 artículo 108
 artículo 109
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 Artículo 107
 Artículo 46