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Timestamp: 2019-11-22 11:07:23+00:00

Document:
ATC 642/1986, 23 de Julio de 1986 - Jurisprudencia - VLEX 58128815
Fecha de Resolución: 23 de Julio de 1986
Número de Recurso: 1135/1985
Sentencia citada en: 77 sentencias, 13 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
El Procurador de los Tribunales don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de Abel Matutes Torres, S. A., Banco de Ibiza, Banco de Albacete, Algemene Bank Netherland NV, Banco de Alicante, Banco Alicantino de Comercio, Bank of America SAE, Banco de Andalucía, Banco Arabe Español, Banco de Asturias, Banco Atlántico, Bankers Trust Company, Banco de Barcelona, Barclays Bank PLC, Banco de Bilbao, Banco do Brasil, Banco Cantábrico, Banco de Castilla, Banco Catalán de Desarrollo, Banca Catalana, Banco Central, Citibank NA, Banco Santander de Negocios, Banco Comercial Español, Banco de Crédito y Ahorro, Banco Comercial Trasatlántico, Banco del Comercio, Commerzbank AG, Contintental Illinois National Bank and Trust Co. of Chicago, Credit Lyonnais, Banco de Crédito Balear, Banco de Crédito Comercial, Banco de Crédito e Inversiones, The Chase Manhattan Bank NA, Chemical Bank, Banco de Depósitos, Banco del Desarrollo Econó mico Español, Bank of Credit and Commerce SAE, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Banco Español de Crédito, Banco Etchevarría, Banco de Europa, Banco de Expansión Industrial, Banco de la Exportación, Banco de Extremadura, Banco de Financiación Industrial, Banco de Finanzas, Banco de Fomento, Banco de Galicia, Banco Garriga Nogués, Banco General, Banco Natwest March, Banco de Granada, Banco Guipuzcoano, Banco Herrero, Banco Hispano Americano, Banco Hispano Industrial, Banco de Huelva, Banco de Huesca, Banque Indosuez, Banco Industrial de Bilbao, Banco Industrial de Cataluña, Banco Industrial de Guipuzcoa, Banco Industrial del Mediterráneo, Banco Industrial del Sur, Banco Industrial del Tajo, Banco Intercontinental Español, Banco Internacional de Comercio, Banco de las Islas Canarias, Banco de Jerez, Banca Jover, Banco Latino, Banco de Levante, Banco de Londres y América del Sur, BNP España, Banco de Madrid, Manufacturers Hanover Trust Company, Banca March, Banca Mas Sardá, Banco de Inversión Herrero-Interbank, Banco Mercantil de Tarragona, Banco Meridional, Morgan Guarantee Trust Company of New York, Banco de Murcia, National Westminster Bank PLC, Banque Nationale de Paris, Banca Nazionale del Lavoro, Banco del Norte, Banco Occidental, Banco del Oeste, Banque Paribas, Banco Pastor, Banco Peninsular, Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Banco Perfecto Castro Canosa, Banco Popular Español, Banco Popular Industrial, Banco de Préstamo y Ahorro, Banco de Progreso, Banco de Promoción de Negocios, Banca Pueyo, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Banco Saudí Español, Banco Simeón, Sindicato de Banqueros de Barcelona, Société Générale de Banque en Espagne, Banco de Toledo, Banco Trelles, Banco Urquijo Unión, Banco de Valencia, Barclays Bank SAE, Banco de Vasconia, Banco de Victoria, Banco de Vizcaya y Banco Zaragozano, y mediante escrito que se registró de entrada en este Tribunal el día 10 de diciembre de 1985, interpuso recurso de amparo constitucional contra la Resolución de la Dirección General de Tributos de 24 de noviembre de 1980 por la que se aprobaron los modelos e instrucciones de resúmenes anuales de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre Sociedades, en el extremo atinente al modelo e instrucciones referidos a los rendimientos del capital mobiliario, concepto «intereses de todo tipo de cuentas, imposiciones y depósitos» (modelo 192, hoja C); Resolución que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el día 10 de diciembre de 1980, por estimar que dicha norma, en el punto señalado, vulnera el derecho fundamental contenido en el art. 18.1 de la Constitución (C.E.), que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar.
De las alegaciones y documentos aportados se deduce lo que sigue:
Interpuesta reclamación económicoadministrativa ante el Tribunal Económico- Administrativo Central (TEAC) y tras declararse la suspensión del acto recurrido, el Pleno de dicho órgano acordó el 6 de noviembre de 1981 desestimar la reclamación, confirmando, en consecuencia, la resolución reclamada.
Agotada la vía económicoadministrativa los ahora demandantes dedujeron recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, la cual, tras acordar la suspensión del acto impugnado, dictó el 5 de abril de 1983 Sentencia desestimatoria.
Acuden a este Tribunal las entidades de crédito ahora solicitantes de amparo invocando la infracción del derecho a la intimidad personal y familiar garantizado por el art. 18.1 de la C.E.
La hoja C del modelo 192, que es el objeto del recurso, desborda o va más allá de los limites legales del derecho fundamental a la intimidad señalados en la Sentencia 110/1984 de este Tribunal, pues supone una privación de las garantias legales que deben rodear a toda intromisión o injerencia de una autoridad u órgano de un poder público en la intimidad económica y familiar reconocida en la mencionada Sentencia. La intromisión de la autoridad pública en el ámbito de la intimidad no encuentra justificación y legitimidad si no está expresamente autorizada por Ley y es acordada por la autoridad competente de acuerdo con aquélla. A falta de cualquiera de ambos presupuestos, se opera una vulneración del derecho consignado en el art. 18.1 de la C.E., conforme corroboran los textos de los Convenios Internacionales aplicables a esta materia.
Por providencia de 22 de enero de 1986 se advirtió al Procurador de los recurrentes su falta de representación con respecto a las entidades bancarias Bankers Trust Company, Continental Illinois National Bank and Trust Co. of Chicago, Manufacturers Hanover Trust Company y Banco Perfecto Castro Canosa, y con respecto a las restantes se le hizo saber la posible concurrencia del motivo de inadmisibilidad de carácter insubsanable consistente en carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional, conforme a lo establecido en el art. 50.2 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), abriéndose plazo para alegaciones. En cuanto a la suspensión solicitada por otrosí, se decidió acordar lo procedente una vez se proveyera sobre la admisión o no a trámite del recurso.
En el plazo concedido, los recurrentes alegan que en el caso planteado no pueden escindirse netamente los planos de la constitucionalidad y de la legalidad, ya que la violación del régimen legal de los arts. 41 al 45 de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, representa, al propio tiempo, una violación del art. 18.1 de la C.E. La resolución del Tribunal Supremo, al interpretar los mencionados preceptos legales, menoscaba el contenido constitucional declarado del derecho fundamental a la intimidad, por incorrecta inteligencia de la doctrina contenida en la Sentencia 110/1984, de este Tribunal. Se está en presencia de un caso en el que tanto la Resolución administrativa recurrida como las ulteriores resoluciones judiciales confirmatorias de la misma han hecho caso omiso de la existencia del art. 18.1 de la C.E. al no haber efectuado la interpretación y aplicación de los arts. 41 al 45 de la Ley 50/1977 de acuerdo con el contenido constitucionalmente declarado del art. 18.1 de la C.E., que ha resultado así vulnerado. Tras una referencia a los arts. 8.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 17 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos en relación con los arts. 2.2 y 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, se alude al art. 18.4 de la C.E., que establece la limitación por Ley del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, lo cual implica que un uso de la informática que trasgrediera los límites y garantías legales violaría el derecho fundamental a la intimidad, garantía legal que ha de referirse a todo el derecho a la intimidad, con abstracción de si la intromisión se realiza mediante el uso de la informática o por otros medios.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, tras apuntar, en primer lugar, que resulta difícil admitir pacíficamente que se pueda tener legitimación para postular el amparo del derecho a la intimidad de unos terceros, dado el carácter personalísimo del mismo, por lo que más que de interés legítimo habría que hablar más bien de interés licito, y aludir seguidamente a la insuficiente invocación formal en el proceso antecedente del derecho fundamental vulnerado, tal y como exige el art. 44.1 c) de la LOTC, ajusta su alegación al motivo de inadmisión que se puso de manifiesto a los recurrentes, esto es, a la falta de contenido que justifique una decisión por Sentencia de este Tribunal.
Una diligencia de la Secretaría de la Sala Primera de este Tribunal hace constar que, en el plazo que le fue concedido, el Procurador que actúa en nombre de los recurrentes no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado en el sentido de que acreditara la representación de cuatro de las entidades bancarias por las que dijo comparecer.
En la providencia de 22 de enero de 1986 de la Sección Segunda de este Tribunal se requirió al Procurador de los recurrentes para que acreditara la representación con la que manifestaba actuar respecto de las entidades bancarias Bankers Trust Company, Continental Illinois National Bank and Trust Co. of Chicago, Manufacturers Hanover Trust Company y Banco Perfecto Castro Canosa, sin que en el plazo concedido se llevara a cabo tal acreditación. Procede por ello tener a dichas entidades por apartadas del recurso, a tenor de lo previsto en el art. 49.2 a) de la LOTC, en relación con el art. 81 de la misma.
Por lo que se refiere al resto de los recurrentes, lo que debe dilucidarse en el presente Auto es si concurre la causa de inadmisión consistente en carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión en forma de Sentencia por parte de este Tribunal. Mantienen los demandantes que la Resolución de la Dirección General de Tributos de 24 de noviembre de 1980 por la que se aprueban los modelos e instrucciones de resúmenes anuales de retención a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades, en el extremo atinente al modelo e instrucciones referidos a los rendimientos del capital mobiliario, concepto «intereses de todo tipo de cuentas, imposiciones y depósitos» (modelo 192, hoja C) ha vulnerado el derecho a la intimidad que garantiza el art. 18.1 de la C.E. Las entidades bancarias demandantes han acudido a este Tribunal por estimar que la hoja C del modelo 192 a que se ha hecho referencia desborda o va más allá de los limites legales del derecho fundamental a la intimidad, conforme ha declarado la Sentencia 110/1984 de este Tribunal, pues supone una privación de las garantías legales que deben rodear a toda intromisión o injerencia de una autoridad u organo de un poder público en la intimidad personal y familiar que se reconoce en la mencionada Sentencia.
El derecho a la intimidad, que ha tenido acogida explícita en la Constitución con el carácer de fundamental, parte de la idea originaria del respeto a la vida privada personal y familiar, la cual debe quedar excluida del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, salvo autorización del interesado. En tal sentido, la Sentencia de este Tribunal 110/1984, tras aludir a las manifestaciones tradicionales de este derecho, en particular a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, se refiere a la extensión que ha experimentado la protección que de este derecho se deriva, como consecuencia de los avances de la técnica y del desarrollo de los medios de comunicación de masas, lo que obliga al «reconocimiento global de un derecho a la intimidad o a la vida privada que abarque las intromisiones que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de vida».
Llegados a este punto, es conveniente recordar que el exigible deber de colaboración genéricamente previsto en la Ley General Tributaria se completa con otros preceptos de rango legal suficiente, tendentes a la prestación de colaboración por parte de las entidades de crédito en relación con las distintas figuras impositivas, en función de sus respectivas peculiaridades. A este respecto no puede discutirse (puesto que ya se ha efectuado en dos instancias judiciales en las que se ha hecho presente la debida contradicción) la suficiencia de la cobertura legal de la obligación que se concreta en la aportación por parte de las entidades bancarias de una información referida a los rendimientos del capital mobiliario, ni se acierte a comprender cuál podría ser la justificación suficiente para que unas rentas efectivamente percibidas queden excluidas del conocimiento por la Hacienda Pública a diferencia de otras y ello por una concepción del secreto bancario que de esa forma se covertiría en refugio privilegiado para unos rendimientos integrantes de la renta de las personas, cuyo conocimiento quedaría reservado a la voluntariedad de las declaraciones que efectúen en su momento los sujetos pasivos del impuesto.
En consecuencia, la Sección acuerda la inadmisión del recurso y el archivo de las actuaciones.Madrid, a veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y seis.
AAP Madrid 448/2003, 17 de Octubre de 2003

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