Source: https://es.scribd.com/doc/155971484/LECTURA-10-El-Uso-Del-Derecho-Convencional-Internacional
Timestamp: 2018-01-22 12:09:52+00:00

Document:
Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N0 1, pp.
149 - 187 [2012] Nogueira Alcalá, Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…”
EL USO DEL DERECHO CONVENCIONAL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CHILENO EN EL PERIODO 2006-2010*
RESUMEN: El presente estudio analiza cómo el Tribunal Constitucional en el último quinquenio ha asumido el derecho internacional de los derechos humanos en un contexto de un constitucionalismo que afronta los derechos como un sistema único de fuente constitucional y de fuente internacional, a partir de la aﬁrmación de estos como derivaciones de la dignidad humana. El centro del análisis se encuentra en la consideración de si los derechos humanos asegurados por vía convencional internacional forman o no parte de un bloque de constitucionalidad y si ellos son utilizados como canon o parámetro de control de constitucionalidad de normas infraconstitucionales, todo ello de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del periodo analizado. Palabras clave: Tribunal Constitucional chileno, derechos humanos, bloque de constitucionalidad, parámetro de control de constitucionalidad. ABSTRACT: The study analyses how the Constitutional Court in the last ﬁve years has taken on the international law of human rights in the context of constitutionalism facing rights as a single international source, since the assertion of these as derivations of human dignity and constitutional source. The analysis standpoint is located in the consideration of whether human rights secured by international conventional route form or not part of a block of constitutionality and if they are used as canon or control of constitutionality for under constitutional norms, everything according to the jurisprudence of the Constitutional Court in the analyzed period. Key words: Chilean Constitutional Court, Human rights, block of constitutionality, parameter control of constitutionality.
* Este artículo es parte del proyecto de investigación Fondecyt Regular Nº 1110016-2011 sobre “Análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre utilización del derecho constitucional extranjero y del derecho internacional de los derechos humanos y sus implicancias para el parámetro de control de constitucionalidad” del cual el autor es investigador principal. ** Profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad de Talca. Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca; Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional; Presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Miembro Asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya. Doctor en Derecho, Universidad Católica de Lovaina la Nueva.
Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N0 1, pp. 149 - 187 [2012] Nogueira Alcalá, Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…”
Este estudio forma parte de un proyecto de investigación Fondecyt que tiene por objeto investigar el uso del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional extranjero como de las resoluciones y sentencias de las jurisdicciones constitucionales extranjeras y de las Cortes internacionales y de los órganos de aplicación e interpretación del primero. Este artículo centra su atención solamente en el análisis del uso del derecho internacional de los derechos humanos por parte de nuestro Tribunal Constitucional. El periodo analizado es aquel posterior a la reforma constitucional de 2005, en que se concreta la modiﬁcación de competencias e integración del Tribunal Constitucional, adquiriendo el tribunal reformado el control reparador concreto y abstracto de constitucionalidad de preceptos legales. La nueva integración empieza a operar progresivamente a partir de 2006. Esta razón es la que nos permite escoger el quinquenio 2006-2010 como periodo del análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional. El análisis que se realiza de sus sentencias es de carácter cuantitativo como cualitativo, lo que permite analizar la cantidad de sentencias que hacen referencia a la materia de nuestro interés, como asimismo, se indaga especíﬁcamente cuando se utiliza el derecho internacional de los derechos humanos por el Tribunal Constitucional chileno como parámetro de control de constitucionalidad y en que materias especíﬁcas.
En el ámbito regional americano la interrelación entre derecho constitucional y derecho internacional de los derechos fundamentales o humanos adquiere una dimensión especial y más estrecha, constituyendo una verdadera fusión y un único sistema de derechos, los cuales se alimentan de la fuente interna constitucional y de las fuentes del derecho internacional, incorporándose esta últimas generalmente como parte del bloque constitucional de derechos, como una opción consciente y deliberada de los constituyentes originarios o derivados nacionales en las Cartas Fundamentales del último tercio del siglo XX y primeros años del siglo XXI, los cuales han incorporado al derecho constitucional los atributos y garantías de los derechos asegurados por el derecho internacional convencional de los derechos humanos, como estándar mínimo de los ordenamientos jurídicos nacionales, además, en las constituciones desde la última década del siglo XX y estos primeros años del siglo XXI, incorporan con rango constitucional no solo los derechos humanos, sino las propias convenciones internacionales que aseguran tales derechos y garantías. Así es posible de comprobarlo como veremos a continuación: La Constitución chilena, reformada en 1989, en su artículo 5°, inciso 2°, determina que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y proveer tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentren vigentes”.
La reforma constitucional argentina de 1994, incorpora a la Carta Fundamental, en su artículo 75, numeral 22, que establece las atribuciones del Congreso, la especiﬁcación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ellos son: “la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanas o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículos alguno de la Primera Parte de esta Constitución y deben entenderse complementarias de los derechos y garantías por ellos reconocidas. Solo podrán ser denunciados, en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. “Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. La Constitución boliviana de 2009, en su artículo 410 explicita con meridiana claridad la idea del bloque de constitucionalidad, determinando: “II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas del Derecho Comunitario, ratiﬁcados por el país”. La Constitución de Brasil de 1988, artículo 4, determina que “la República de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios: II.- Prevalencia de los Derechos Humanos”. A su vez, en la enmienda constitucional N° 45 de 2004, estableció en su artículo 5°, LXXVIII N° 3 que “Los tratados y convenciones internacionales aprobados, en cada Cámara del Congreso Nacional, en dos votaciones, por tres quintos de los votos de los respectivos miembros, serán equivalentes a las enmiendas constitucionales”, con lo cual los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. La Constitución de Colombia en su artículo 93 determina “Los tratados y convenios internacionales ratiﬁcados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratiﬁcados por Colombia”. La Constitución ecuatoriana de 2008, en su artículo 417 prescribe que “en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”. La Constitución de Guatemala en su artículo 46 determina: “Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratiﬁcados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.
La Constitución de México, reformada el 10 de junio de 2011, en su artículo 1º determina: “Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. La Constitución de Nicaragua con las reformas de 2005, determina en su artículo 46: “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”. La Constitución de República Dominicana de 2010, en su capítulo III, artículo 74 determina en su numeral 2 y 3: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratiﬁcados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los Tribunales y demás órganos del Estado”. La Constitución de Venezuela de 1999, en su artículo 23, determina: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratiﬁcados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Las disposiciones de las Constituciones latinoamericanas, por regla general, refuerzan la fuerza normativa de los derechos asegurados por tratados internacionales de derechos humanos, como la legitimidad y autoridad de los tribunales internacionales destinados a asegurar y garantizar en el plano regional el cumplimiento de los estándares mínimos que los estados partes se comprometieron libre y voluntariamente a garantizar y promover a través de las ratiﬁcaciones de los respectivos instrumentos internacionales. Concluyamos este párrafo señalando que las obligaciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos constituye un ius commune regional que forma parte del orden público latinoamericano que los Estados Partes deben asegurar y garantizar a las personas sometidas a su jurisdicción y que muchos países de la región han constitucionalizado. Además debe tenerse presente que el no aseguramiento por los órganos estatales de este ius commune y orden público regional, en estándares mínimos de respeto y garantía de los derechos, genera responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos, lo cual se determina en el ámbito regional por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ejerce su jurisdicción en virtud del amparo interamericano de derechos que determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos, activado por cualquier persona que considere sus derechos humanos vulnerados
o bien de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. 243-262. modiﬁcarlo o suspenderlo. introducido por la reforma constitucional de 2005. una ley interna contradictoria con el tratado no tiene la aptitud de derogarlo. Sobre dicha disposición constitucional se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su fallo Rol Nº 804 de 2007. además. modiﬁcados o suspendidos sino de acuerdo a la forma prevista en los propios tratados o conforme con las normas generales del derecho internacional. el artículo 54 Nº 1. donde el precepto legal preterido no pierde validez ni vigencia. la disposición comentada. Abramovich. dada su naturaleza convencional. el cual. se realiza en la forma prevista en los propios tratados. de acuerdo a lo pactado por los concelebrantes. que lleva a interpretar y aplicar la norma que mejor favorece los derechos de la persona o que menos los limita o restringe. se encuentra asegurado por el artículo 5º inciso 2º de la Constitución. que refuerza el rol de los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y vigentes. modiﬁcación o suspensión de los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentren vigentes. 39 N0 1. sin que ello implique considerar la existencia de jerarquía entre ellos. Finalmente. normas convencionales internacionales que la República de Chile ha ratiﬁcado o adherido. 37 y ss. Quiroga (2005) pp.187 [2012] Nogueira Alcalá. en su considerando 12º. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 153 por actos u omisiones de cualquier funcionario u órgano del Estado. inciso 5º.Revista Chilena de Derecho. Asimismo. el cual desde la 1 Aguilar (2007) pp. vol. 223-281. Esta perspectiva modiﬁca la concepción tradicional del derecho internacional y del derecho constitucional. Sagüés (2002) pp. forman parte de nuestro ordenamiento jurídico sin dejar de ser derecho internacional. . “cuyo origen se encuentra en la Constitución española de 1978”. especialmente los que aseguran derechos humanos. En tales circunstancias. Bazán (2007) pp. pp. tanto los asegurados por la Carta Fundamental como los asegurados y garantizados por el derecho internacional convencional. solo no se aplica cuando entra en conﬂicto con la norma convencional. 137-183. determinando la internacionalización de la Constitución y la constitucionalización del derecho internacional1. Esta perspectiva lleva a aplicar siempre preferentemente el tratado frente a la ley interna cuando exista tensión entre ambas normas jurídicas. lo que determina la responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Ortiz (2003). analiza el citado inciso constitucional. como ya hemos visto. Bovino y Courtis (compiladores) (2007). debiendo tenerse presente. por la simple razón de que carece de toda validez. el enfoque limitador del ejercicio de la soberanía por los derechos esenciales de la persona y el deber de los órganos estatales de respetarlos y promoverlos. debe recordarse que dichos tratados. expresando un acto jurídico que se ha producido en contravención a las formas exigidas por la Constitución”. especíﬁcamente en el ámbito de los derechos humanos o fundamentales siempre debe aplicarse el principio “pro homine” o “favor persona”. esto es. 33-52. esto es. al establecer que ellos no pueden ser derogados. Los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentren vigentes son así normas jurídicas que gozan de una especial protección constitucional. en palabras del Tribunal Constitucional. 149 . Torres (2009) pp. lo que exige su aplicabilidad preferente frente al derecho interno. En el ámbito chileno. sino solo deber de aplicación preferente del tratado o la convención. “reconoce que la derogación.
Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” perspectiva normativa. de cinco de octubre de 2010. preﬁriendo aquellas interpretaciones que armonicen los derechos y obligaciones que del tratado internacional se derivan con el orden jurídico chileno”. Esta regla. en este ámbito de la “ratio decidendi” del fallo. para procurar cumplir de buena fe las disposiciones y los ﬁnes del tratado. Chile de 2006”3. dentro del marco constitucional. Serie C No 154. El Tribunal Constitucional en su sentencia Rol Nº 804. A su vez. de 26 de septiembre de 2006. a su vez.154 Revista Chilena de Derecho. considerando 15º. considerando 73°. tal como lo determinó la sentencia “Almonacid Arellano y otros vs. la que ordena que: “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y ﬁn”. 3 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. como también lo ha explicitado nuestro Tribunal Constitucional en diversos fallos2. “(…) debe realizar todos los esfuerzos posibles. 2 . La sentencia del Tribunal Constitucional comentada. pp. la regla de oro en la interpretación internacional está dada por el artículo 31 Nº 1 de la Convención de Viena. el tema queda dentro de las Sentencias del Tribunal Constitucional. debe materializar en debida forma y de buena fe las obligaciones convencionales. siendo la norma convencional la que mejor protege los derechos fundamentales o humanos. todas las autoridades y cada una de ellas en el marco de sus funciones y atribuciones. actuando en el marco de sus atribuciones y en la forma que establece la Constitución. posibilita a los jueces ordinarios aplicar el “control de convencionalidad” que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los jueces nacionales dando aplicación preferente a los derechos asegurados y garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos y las convenciones complementarias respecto del derecho interno. sin que exista un problema de constitucionalidad de esta última. Nº 1361-09. Luego el Tribunal Constitucional en la misma sentencia Rol Nº 804. para materializar en debida forma y de buena fe las obligaciones contenidas en ella”. 149 . considerando 25º. según la cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplida por ellas de buena fe”. roles N° 740-07. dentro del ámbito constitucional. el Tribunal Constitucional acude a los artículos 31 y 27 de la Convención sobre Derecho de los Tratados de Viena de 1969. 39 N0 1. el Tribunal Constitucional en su fallo Rol Nº 804. que la autoridad nacional competente. como asimismo establece la obligación del juez de realizar los máximos esfuerzos para cumplir de buena fe las disposiciones y ﬁnes del tratado disponiendo en su considerando 4º del fallo: “En este sentido. indudablemente. considerando 69°. Nº 1484-09. caso Almonacid Arellano y otros vs. conciliando sus disposiciones con otras normas del Derecho Interno. ante la existencia de un conﬂicto entre un tratado y una ley. El Tribunal Constitucional explicita también en su considerando 12º. de trece de mayo de dos mil nueve. Chile. vol. sobre la labor de interpretación de las normas de tratados y de derecho interno. En los términos explicitados por el Tribunal Constitucional. ﬁnalmente precisa que.187 [2012] Nogueira Alcalá. da aplicación a la norma contenida en el artículo 27 de la misma Convención. aﬁrma en su considerando 5º: “Que. cuando derecho interno y derecho convencional entran en conﬂicto. el intérprete en general y el juez en particular debe realizar los mayores esfuerzos. de dieciocho de abril de dos mil ocho. debe concretarse en la aplicación de la norma que mejor conserva o protege tales derechos.
garantía y promoción de los derechos fundamentales y no cumplió con sus deberes en la materia. pero especialmente en materia de derechos humanos. 4 Sobre la materia ver: Aguiar (1997) pp. son la pieza clave en la aplicación de la regla de derecho convencional internacional. por sus acciones u omisiones. lo que signiﬁca que. en la etapa previa al agotamiento de los recursos internos. ello queda claramente especiﬁcado en la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 2. Crawford (2004).187 [2012] Nogueira Alcalá. siendo llamados a aplicar el control de convencionalidad como determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. sino de contraste entre un tratado internacional vigente y una ley nacional. sitúa a los Estados en la calidad de principales responsables de la vulneración de derechos en su ámbito jurisdiccional. Serie A Nº 14. teniendo la competencia para conocer y remediar cualquier violación a los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional antes de que un caso se presente ante una instancia internacional. es porque un tribunal doméstico falló en su obligación de respeto. 176-190. 39 N0 1. los jueces son así los operadores primarios del principio de subsidiariedad propio del Derecho internacional de los Derechos Humanos. . vulnerando con ello el artículo 25 de la Convención. cuyo incumplimiento determina la emergencia de la responsabilidad internacional del Estado por la acción de cualquiera de sus órganos o agentes que signiﬁquen. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 155 atribuciones de los jueces ordinarios los que deben caliﬁcar y decidir sobre la materia: “No existe. generalmente ocurre cuando los jueces nacionales no aplican dicho estándar convencional regional. vol.Revista Chilena de Derecho. el cual ofrece la dimensión de que protege los derechos humanos y no los intereses de los Estados contratantes. aseguramiento. constituyendo esto último una responsabilidad compartida de los diversos órganos estatales. La apertura constitucional al derecho convencional internacional de los derechos humanos requiere también de jueces ordinarios y constitucionales abiertos a nuevas alternativas de interpretación que hagan realidad el aseguramiento y garantía de los derechos en beneﬁcio de las personas titulares de los derechos fundamentales. que corresponde caliﬁcar y decidir al juez de la instancia”. La determinación de dicha responsabilidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. un problema de constitucionalidad –oposición sustantiva de la ley a la Constitución–. de asegurar y garantizar los derechos que ella considera. 149 . En el ámbito regional americano. Los tribunales ordinarios y constitucionales en cuanto agentes del Estado. puesto que para llegar al sistema interamericano se deben haber agotado los recursos judiciales ordinarios internos. de esta manera. o porque el ordenamiento jurídico del Estado no consideraba los recursos jurisdiccionales eﬁcaces para la protección de los derechos. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artículos 1º y 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). El incumplimiento de las obligaciones generales contenidas en el derecho convencional internacional en general. Opinión Consultiva Nº 14/94 de 9 de diciembre de 1994. Del Toro Huerta (2002). cuando llega un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. violación de tales derechos humanos4. que determinan las obligaciones especíﬁcas del Estado parte. respecto de cada uno de los atributos y garantías que integran tales derechos. pp.
1249.) y una dimensión cualitativa (3. 1254. y 807). 993. y 1423) y a ocho fallos en 2010 (roles 1365.156 Revista Chilena de Derecho. centrada en los casos en que se utiliza el derecho internacional de los derechos humanos como parte del canon o parámetro de control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. pese a la invocación de atributos de derechos esenciales contenidos en tratados internacionales por los requirentes. dicho análisis tiene una dimensión cuantitativa (3. 739. 834. 576.). Será a parir del año 2007. 783. que el Tribunal Constitucional utilizará el derecho internacional de derechos humanos en sus considerandos o razonamientos previos a la parte resolutiva de sus sentencias. en cuatro sentencias utiliza los derechos y garantías asegurados por la Convención Americana de Derechos Humanos (Roles Nº 519. 1247. 986.187 [2012] Nogueira Alcalá. 1273. 1348. . En algunos casos. 1424. EL USO DEL DERECHO CONVENCIONAL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CHILENO EN EL QUINQUENIO 2006-2010 Es en este contexto jurídico político regional. y 1419). En una sentencia se utilizan los derechos asegurados por la Convención sobre no discriminación de la Mujer (Rol Nº 698). del cual participa nuestro texto constitucional. 1250. 1363. el Tribunal no se pronuncia respecto de ellos (Sentencia rol Nº 555). como asimismo dirigidos a la protección de sectores especíﬁcos de población o de derechos especíﬁcos. en tres sentencias utiliza la Declaración sobre Protección de la persona contra la Tortura u otros tratos crueles. en que debemos analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el quinquenio objeto de nuestro estudio. 1152. a ocho en 2008 (roles 740. a once en 2009 (roles 1006. 149 . 739. en sentencias de inaplicabilidad no aplica consideraciones de derecho internacional de derechos humanos contenidas en tratados internacionales sobre la materia en su argumentación jurídica especíﬁca.1. 1145. 1130. vol. El Tribunal Constitucional durante el año 2007. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 3. 1567. en tal perspectiva. 786. 3. En dos sentencias realiza referencias a derechos asegurados por la Declaración Americana de Derechos Humanos (Roles Nº 519 y 576). Análisis cuantitativo del uso del derecho internacional de los derechos humanos y de las resoluciones de órganos de aplicación por el tribunal constitucional en el periodo 2006-2010 Puede señalarse que el Tribunal Constitucional en 2006.2. 1340. En cinco sentencias utiliza los derechos asegurados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (Roles Nº 519. y 1273). 576. En una sentencia se utilizan los principios y derechos asegurados por la Convención sobre Derechos del Niño (Rol Nº 786). El análisis de los fallos del Tribunal Constitucional referentes a menciones y citas del derecho internacional de los derechos humanos y de órganos de aplicación del mismo o cortes internacionales de derechos humanos alcanzan a siete en 2007 (roles 519. 39 N0 1.1. 1518. 739 y 807). utiliza también el soft law (derecho blando) en materia de derechos humanos. 1361. 698. 783 y 807). 1328. 576. pp. 1351. En efecto en 2007 el Tribunal Constitucional citará en sus razonamientos en el análisis de casos concretos diversos instrumentos convencionales de derechos humanos universales y regionales. 1352.
Sociales y Culturales de Naciones Unidas (rol 1348). 1567. 1130. . 993. vol. 1558. Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (rol 1348). Convención Americana sobre Derechos Humanos ( roles 1006. 834. a sentencias Corte Interamericana de Derechos Humanos (roles 986 y 1130). Corte Interamericana de Derechos Humanos (rol 1361). en relación al conjunto de fallos dictados en cada uno de los años del quinquenio. 1247 y 1145). pp. el Tribunal Constitucional considerará el derecho internacional de los derechos humanos y sus órganos de aplicación en los siguientes fallos: Declaración Universal de Derechos Humanos (rol 1419). Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ( roles 1006. En 2008. con distinta intensidad y objeto por parte del Tribunal Constitucional. 1557). 1419). 576 y 786). 986. 1130 y 1249). y a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (rol 1273). Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (rol 1348). 1348). a la Convención Americana de Derechos Humanos (roles 740. Pacto Internacional de Derechos Económicos. 1351. a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (rol 740). 1518. el Tribunal Constitucional realiza una alusión al derecho internacional de los derechos humanos en los instrumentos que se señalan a continuación y sus órganos de aplicación: Declaración Universal de Derechos Humanos (1328. 1145 y 1328). 993. Convención Americana sobre Derechos Humanos (roles 1352. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (roles 1352. Carta Democrática Interamericana (rol 1567). En 2009. Corte Interamericana de Derechos Humanos (rol 1567).187 [2012] Nogueira Alcalá. 1351. el Tribunal Constitucional en sus sentencias hará referencia con diversas perspectivas al derecho convencional de derechos humanos y a sus órganos de interpretación y aplicación: al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (roles 740. Convención sobre Derechos del Niño (rol 1340). Puede sostenerse que desde 2007 hasta 2010 que es el límite diacrónico de nuestra investigación. 834. Una sentencia alude a las Reglas Mínimas sobre Medidas No Privativas de Libertad (Reglas de Tokio).Revista Chilena de Derecho. a la Convención sobre Derechos del Niño (roles 834 y 986). Tribunal Europeo de Derechos Humanos (rol 1365. 1423 y 1424 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas ( roles 1423 y 1424). Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de Nueva York de 1966 (rol 1567). en Rol Nº 807. Sociales y Culturales de Naciones Unidas (rol 1363). Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 157 inhumanos o degradantes de la Asamblea de Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1975 (Roles Nº 519. a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (rol 740). hay un uso del derecho internacional de los derechos humanos moderado. y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (rol 1254). 39 N0 1. Convenios Organización Internacional del Trabajo (roles 1273. En una sentencia cita las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la administración de Justicia de Menores (reglas de Beijing) en Rol Nº 786. a las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (rol 740). 149 . y Declaración de Viena en II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (rol 1567). y 1249). En 2010. manteniéndose tales citas entre siete y once anuales en todo el quinquenio. Pacto Internacional de Derechos Económicos. 1567).
Dicho postulado básico en materia de derechos fundamentales lleva a aplicar siempre la disposición más amplia o favorable a los derechos de las personas. o su la norma en elaboración puede o no llegar a integrar el ordenamiento jurídico. 65-83. es interesante de señalar que. si integran o no el parámetro de control de constitucionalidad y si por tanto posibilitan o no la determinación de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de normas legales que en los casos especíﬁcos producen un efecto de inconstitucionalidad por vulnerar tales derechos. implica la utilización de una hermenéutica especial.portafolio. pp. sobre ello se ha escrito mucho y no es del caso entrar aquí en dicha materia5. 15 y ss. En caso de duda. y una sentencia en 2010 (rol 1567). 1557). vol. una sentencia en 2009 (rol 1361).2. 5 6 Ver Nogueira (2006) pp. . Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” Asimismo. Finalmente. 3.158 Revista Chilena de Derecho. debe optarse claramente por la interpretación que mejor proteja.187 [2012] Nogueira Alcalá. Cancado (2006) pp. más especíﬁca aun que la del derecho constitucional. aunque los requirentes ante el Tribunal Constitucional. puede también destacarse el escaso uso que realiza el tribunal constitucional chileno de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 310 y ss. en el periodo hay solo tres sentencias que la citan en 2008 (roles 986 y 1130). no siempre invocan correctamente el derecho internacional de los derechos humanos. Hernández (2007) pp. lo que lleva a la interpretación que mejor favorezca y garantice. La misma cantidad de citas tiene la Corte Europea de Derechos Humanos pese a que con ella no existe ninguna vinculación jurídica. tanto en su fuente constitucional como en su fuente de derecho internacional de los derechos humanos. lo que va llevando al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre si los derechos asegurados por tal derecho convencional son o no derechos esenciales y fundamentales. Castilla (2009) pp. se ve en el periodo analizado una creciente invocación de dicho derecho. asegure y garantice los derechos humanos en su conjunto. www. 361-394. regla o norma jurídica que en mejor forma garantice el o los derechos esenciales o fundamentales del ser humano. Meléndez “Instrumentos internacionales aplicables a la administración de justicia”. 48-49. en una estructura coherente a la luz de los valores que los informan6. no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de Derecho Internacional de los derechos humanos incorporada al Derecho Interno. La incorporación del estándar regional americano en el estándar constitucional a través de la regla de interpretación “favor persona” por parte del Tribunal Constitucional El derecho de los derechos fundamentales. Carpio (2004). optimizando los derechos humanos.org/cuadernos p. por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento. una cita en 2009 (rol 1254) y tres citas en 2010 (rol 1365. si la norma debe o no ser expulsada del ordenamiento jurídico. 1558. 39 N0 1. 149 . Dentro de esta perspectiva. el Tribunal Constitucional en sus fallos del periodo analizado ha comenzado a utilizar en materia de derechos fundamentales el postulado “pro homine” o “favor persona”. Ver Pinto (1997). en Cuadernos Electrónicos Derechos Humanos y Democracia.
7 8 Bidart (1994) p. 34. en su artículo 23. en el Caso de la “Masacre de Mapiripán”. al establecer que las disposiciones de la Convención no pueden ser interpretadas en el sentido de “excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros internacionales de la misma naturaleza”. El principio favor persona. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. de 29 agosto de 1986. precisa: “Los tratados. (Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados). La Constitución de Venezuela de 1999. lo que implica acudir a la norma más protectora y garantizadora de los derechos y la interpretación que mejor los asegure. fortalece el principio pro persona o pro homine. al exigirle al operador jurídico la aplicación de la norma más favorable al ejercicio de los derechos. supra nota 233. como asimismo. párrafos. tal como señalaba Bidart Campos7. favorecer y tutelar la aplicación de aquella norma jurídica que mejor asegura. garantice y los promueva. en la Opinión Consultiva OC-5/85. 180 y 181. tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. párrafo 106. seleccionar. El postulado “favor persona” consagra que es válida y necesaria la regla que determina el preferir. supra nota 232. garantiza y promueve los derechos de la persona. como asimismo. Tal perspectiva ha sido utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchas oportunidades. en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta . supra nota 152. para solo señalar algunos casos a manera ejemplar. aplicar la norma o la interpretación más restrictiva al establecer regulaciones limitativas del ejercicio de los derechos de la persona. especialmente Opinión separada Magistrado Rodolfo Piza Escalante. conservando y aplicando aquella interpretación que mejor protege el o los derechos humanos. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). la Opinión Consultiva OC-7/86. Asimismo. 52. vol. dando preferencia a la interpretación que más fuertemente despliegue la eﬁcacia jurídica de la norma. dotando de seguridad jurídica la obligación de las judicaturas nacionales de aplicar dicha regla.187 [2012] Nogueira Alcalá. la Opinión Consultiva OC 18/03. El principio favor persona o pro homine implica una interpretación que optimice los derechos fundamentales. párrafo 156. han constitucionalizado el postulado de interpretación de derechos “favor persona”8. pactos y convenciones relativos a derechos humanos. algunas que se han reformado durante el último decenio. En tal perspectiva. La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 29 literal d. lo que exige compatibilizar todos los derechos entre sí y con el bien común. 39 N0 1. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 159 El principio favor persona es llamado también de “integralidad maximizadora del sistema”. tal postulado se ha incorporado en las constituciones más recientes de América Latina. en el Caso Ricardo Canese.Revista Chilena de Derecho. pp. las diversas constituciones que han sido establecidas o han empezado a regir en estos primeros años del siglo XXI. se ha desarrollado el principio de “aplicación de la norma más favorable a la tutela de los derechos humanos” como derivado del artículo 29 literal b). 149 . pro homine o pro cives no exime al operador jurídico de realizar una interpretación armonizante en el entendido de que todos ellos son derechos da cada persona y de toda persona. párrafo. suscritos y ratiﬁcados por Venezuela. En el derecho constitucional latinoamericano.
obliga al juez constitucional a aplicar el principio “favor persona” o “pro homine” en forma consecuente con el deber impuesto al Estado por la Carta Fundamental de estar al “servicio de la persona humana” y de limitar el ejercicio de la soberanía en función del respeto irrestricto del derecho más esencial derivado de la propia naturaleza humana de la que el nasciturus participa en plenitud” 9. tienen la obligación de promover. en el ámbito de sus competencias. Todas las autoridades. parece ineludible tener presente el principio “pro homine” o “favor libertatis” deﬁnido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente forma: “Entre diversas opciones se ha de escoger la que restringe en menor escala el derecho protegido (. respetar. reﬂejada en las posiciones encontradas de los expertos del mundo de la ciencia.187 [2012] Nogueira Alcalá. sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. en el ejercicio de sus funciones. 10 Sentencia del Tribunal Constitucional. 1985)’ (Rol 740)”10. proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” Nuestro Tribunal Constitucional ha asumido este postulado de interpretación de derechos fundamentales en su jurisprudencia a partir de 2008.160 Revista Chilena de Derecho. en caso de conﬂicto entre derechos fundamentales. en los términos que establezca la ley”. Rol N° 740-07. se aplicarán de manera preferente sobre esta. Esta perspectiva ha sido reiterada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 1361-09. ratiﬁcados o a los que se hubiera adherido el Estado. La Constitución de Bolivia de 2009. considerando 73º. por otra parte. II. este Tribunal debe buscar aquella interpretación que se avenga mejor con el respeto de los derechos constitucionales. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables”. vol.. El artículo 74 Nº 4. que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución. . el Tribunal constitucional determinó: “Que de todo lo expuesto solo es posible concluir que la existencia de una norma reglamentaria que contiene disposiciones que pueden llevar a afectar la protección del derecho a la vida de la persona que está por nacer y que la Constitución buscó cautelar especialmente. su sentencia sobre la LEGE de 2009.. en su artículo 256 prescribe que: “I. y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Constitución y la ley de la República. 39 N0 1. de 2008. En efecto. Así lo ha sostenido: “En tal sentido. indivisibilidad y progresividad. Rol 1361-09. de la Constitución de República Dominicana de 2010. de trece de mayo de dos mil nueve. la vulnera porque la sola duda razonable. procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”… La reforma constitucional de México de 2011 en el artículo 1º. considerando 69°. donde se asume el postulado con el alcance precisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. el Estado deberá prevenir. de que la aplicación de esas normas reglamentarias pueda llegar a afectar el derecho a la vida del nasciturus. precisa: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. interdependencia. en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y. 9 Sentencia del Tribunal Constitucional. de dieciocho de abril de dos mil ocho. pp. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ﬁrmados. con cita explícita a ella: “Que.) debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana” (Opinión Consultiva 5. incisos 2º y 3º de la Constitución. determina que: “Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías. el fallo Rol N° 740-07. 149 . En consecuencia. investigar.
El derecho internacional de los derechos humanos y su uso como canon o parámetro de control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional en sus sentencias Como hemos podido determinar en el párrafo anterior. C. vol. todo lo cual está en perfecta armonía con las Bases de nuestra institucionalidad (Capítulo I de la Constitución) el cual irradia todo el ordenamiento constitucional y todo el sistema jurídico chileno. 1049. pp. en la medida que los derechos y la dignidad de la persona son los pilares fundamentales del ordenamiento constitucional en un constitucionalismo democrático contemporáneo. T-945/06. Este enfoque de los derechos supera en enfoque tradicional de la jerarquía normativa y posibilita siempre aplicar la norma que mejor protege el o los derechos en análisis o aquella que lo restringe o limita menos. Corte Suprema de Justicia. C-1056 de 2004. 11 Exp. la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica14. T-110/11. actualizando su forma de comprender e interpretar los derechos.2003.AA/TC. Proceso Nº 35644 Magistrado Ponente JAVIER ZAPATA ORTIZ Bogotá D.3. C. Exp.376/10. C-187 de 2006. Nº 0075-2004 AA/TC. XXXVI.817 de 2004. C-148 de 2005. 149 . 8780-2005 PHC/ TC. de 30 de mayo de 2001. una nueva metodología para la solución de conﬂictos entre normas jurídicas Tal perspectiva ha sido asumida asimismo por diversas jurisdicciones constitucionales regionales como son el Tribunal Constitucional peruano11. . 12 Sentencias Corte Constitucional: C-551 de 2003. la Corte Constitucional de Colombia12. T-105/11. veinte de enero de dos mil once (2011). la Corte Suprema argentina13.Revista Chilena de Derecho. 13 Expediente J.. 23. T-284 de 2006. En el periodo analizado el Tribunal Constitucional utilizará los atributos y garantías de los derechos asegurados por el derecho convencional internacional de derechos humanos ratiﬁcado por Chile y vigente en variados casos. 14 Expediente 04-001673-0007-CO. C-185/11. el Tribunal Constitucional utiliza durante el periodo 2006-2010 el derecho internacional de los derechos humanos en forma moderada. Nº 1003-98 AA/TC. asumiendo criterios y reglas interpretativas de los derechos fundamentales. 39 N0 1. En esta parte del artículo nos detendremos solamente en el análisis de su utilización como parte del bloque de derechos esenciales que deben ser asegurados y promovidos por mandato del artículo 5º inciso segundo de la Constitución. en los cuales tales derechos son invocados por los requirentes y solicitan que sean considerados para determinar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de diversas normas legales. 3. T-233/11. Sala Casación Penal.187 [2012] Nogueira Alcalá. C. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 161 Esto implica que el Tribunal Constitucional asume como argumento de autoridad es estándar regional americano desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el estándar constitucional. lo que implica su utilización práctica como canon o parte del parámetro de control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales que integran nuestro ordenamiento jurídico. Exp. Exp. sin perjuicio de implicar una nueva forma de relacionar el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.
322. se precisa por parte de los requirentes que es inconstitucional que los representantes legales de una sociedad respondan personalmente o sean objeto de arresto. 12 y 14 de la Ley Nº 17. Como explicita el propio Tribunal Constitucional en su sentencia rol Nº 519 de 2007. en su relación del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de las normas contenidas en los artículos 3º. y por ello. con motivo de la modiﬁcación de la Ley Nº 17. pp. como bien ha resuelto la Excma. argumentando que en el caso especíﬁco no nos encontramos en presencia de una prisión por deuda. Los requirentes señalan que las normas de la Constitución Política violentadas serían los artículos 1º. Corte Suprema en fallo de ﬁnes del año pasado. (B) el derecho a la identidad personal. (C) el derecho a la revisión de la sentencia penal o derecho al recurso.187 [2012] Nogueira Alcalá. y (E) la prohibición de reformatio in pejus. 149 . “es pertinente destacar que no estamos frente a un caso de prisión por deudas. Rol Nº 1006 y Nº 1145 de 2009). En el periodo analizado. . en sus sentencias. normas que especíﬁcamente prohíben la prisión por deudas (roles 576 y 807 de 2007. Indican también. 244-252. el trabajador.322. Los casos en que se considera y aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 Nº 7 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su artículo 11º. debe entenderse que se aplican por sobre otro tipo de normas. 39 N0 1. 15 Nogueira (2006). como señala en su considerando 23º: “(…) Por tanto. de la Constitución les otorga rango constitucional o supra legal. Rol Nº 1249 de 2008. vol. (D) la presunción de inocencia.162 Revista Chilena de Derecho. 5º. 3º. no es aplicable el Pacto de San José de Costa Rica”. El Tribunal Constitucional asume como parte de los derechos de las personas aquel contemplado en las convenciones internacionales de derechos humanos aludidas por el requirente. asume como derechos esenciales los asegurados por diversos instrumentos del derecho convencional internacional de derechos humanos. y tal como lo consigna el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. los cuales son integrados en cuanto tales al razonamiento del tribunal para determinar la eventual inaplicabilidad por inconstitucionalidad de normas infraconstitucionales. ya que es una obligación de la sociedad respecto al trabajador y no una obligación personal de tales representantes legales. inciso segundo. que consagran la prohibición absoluta de la prisión por deudas. y dado que el artículo 5º. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” Nuestro análisis se centrará en cómo el Tribunal Constitucional. A. el Tribunal Constitucional asumirá los siguientes atributos y garantías de los derechos contenidos en el derecho convencional internacional de los derechos humanos como parte del bloque constitucional de derechos15 y como canon o parámetro de control de constitucionalidad de normas legales: (A) el caso de la prohibición de prisión por deudas. toda vez que el empleador se apropia o distrae dinero de propiedad de un tercero. que existen disposiciones precisas. 19 Nº 3 y Nº 7. pp. en relación con diversas causas seguidas ante el Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago. como se explicará más adelante. tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Jenny Schultz & Melissa Castan. VIGÉSIMO SEXTO: Que. Precisamente por lo mismo. una deuda emanada de un contrato puramente civil. Strasbourg. de modo de no poner al servicio de causas únicamente particulares o privadas el aparato represivo del Estado. De esta forma. inciso segundo. Kerl. el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales admite la posibilidad de la detención o privación de libertad en su artículo 5º “por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida en la ley”. como resulta claro. entendiendo por tales aquellas que tuvieran como antecedente el mero interés pecuniario de un individuo (“una obligación contractual” u “obligaciones de carácter netamente civil”). tuvieron especial preocupación por la libertad de las personas frente a los abusos en que pudiere incurrir el Estado mediante detenciones ilegales o arbitrarias.Revista Chilena de Derecho. N. Sobre el punto. De modo que cuando un tribunal impone la privación de libertad para compeler al cumplimiento de una obligación legal ello no importa una vulneración de la prohibición de la prisión por deudas. Covenant on Civil and Political Rights. (Sarah Joseph. inciso segundo. Materials and Commentary. los más importantes tratados internacionales de derechos humanos. el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”. 39 N0 1. en armonía con lo anterior. es aceptable. en concordancia con el mandato constitucional establecido en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que. de la Constitución Política de la República. sean de derecho privado o público. la Declaración Americana de Derechos Humanos. CCPR Commentary. 149 . En efecto. particularmente respecto de diversos tratados internacionales que prohíben la denominada “prisión por deudas”. The International Covenant on Civil and Political Rights. esto es. en los considerandos 25 a 29º: VIGÉSIMO QUINTO: Que por lo demás y a mayor abundamiento. Cases. En esta misma línea. el Tribunal Constitucional español ha sentenciado que “solo puede hablarse con propiedad de prisión por deudas cuando la insolvencia tiene su base en el incumplimiento de una obligación contractual” (STC de España Rol Nº 230/1991). se ha concluido que las obligaciones contractuales a que suelen aludir los pactos internacionales dicen más bien relación con obligaciones civiles emanadas típicamente del derecho privado. pp. Engel.P. Publisher. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 163 El Tribunal Constitucional se detendrá extensamente en el análisis del por qué no se infringe el derecho contenido en los tratados internacionales que prohíben la prisión por deudas. vol. 2004). Arlington. que de aquellas establecidas por la ley. que no obedecieran al quebrantamiento de un mandato legal y a una causa debidamente justiﬁcada en la razón y la equidad. prohíbe la detención “por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil”. contrariamente a lo sostenido por los requirentes. Second Edition. 1993).187 [2012] Nogueira Alcalá. en su artículo 25. proscribieron la privación de la libertad por deudas. En el mismo sentido. la doctrina ha señalado que esto signiﬁca que la privación de libertad basada en el incumplimiento de obligaciones legales. tal como lo ordena el artículo 5º. U.N. por lo que no se darían las condiciones para estimarse infringidas dichas convenciones en lo referente a los atributos de aseguramiento de la libertad individual y la garantía de la prohibición de prisión por deudas. antecedente directo del Pacto de San José de Costa Rica. (Manfred Nowak. esto es. el precepto legal en cuestión se encuentra en armonía con los deberes impuestos al Estado en materia de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. De este modo se ha aceptado la privación de liber- .
39 N0 1. adicionalmente. antecedente directo del Pacto de San José de Costa Rica. en modo alguno. y agregando en el considerando 26º: “Que en armonía con lo anterior. la Declaración Americana de Derechos Humanos. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” tad frente al grave incumplimiento de determinados deberes legales en la medida que estuviere envuelto el interés social y el buen funcionamiento de la comunidad. 149 . como reﬂexiona el Tribunal en su considerando vigésimo quinto. A lo anterior debe agregarse que corresponde a un apremio con un claro interés social y público involucrado. . que constituye el ﬁn que debe perseguir el Estado. con el incumplimiento de las obligaciones legales que involucran intereses de toda la sociedad. repitiendo el considerando 25º del rol Nº 519. no puede desconocerse que el deber legal que le asiste al empleador de enterar en las instituciones de previsión social los dineros que previamente ha descontado a sus trabajadores para tal propósito. pp. como es el requerimiento de pagar las cotizaciones dentro de un determinado plazo. El Tribunal Constitucional abunda en razonamientos del por qué la norma legal chilena no vulnera las obligaciones en materia de respeto y promoción de derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. en particular las observaciones de los países participantes en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada en San José de Costa Rica en noviembre de 1969. por último. Además. en concordancia con lo ya razonado. el Tribunal Constitucional acertadamente considera que. dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. VIGÉSIMO OCTAVO: Que. en su artículo 25. como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. aunque al realizar tal reconocimiento el Tribunal razona integrando el derecho a no ser objeto de prisión por deudas como parte del parámetro de control de constitucionalidad en forma tácita. ambas comparten ser una privación de libertad por deudas con fuente directa en la ley. no se está en presencia de una prisión por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente. el numeral 7º del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos reitera que “nadie será detenido por deudas. por lo cual no hay una vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos. sino que ante una apropiación indebida del empleador de dineros que son propiedad de los trabajadores. en primer término.187 [2012] Nogueira Alcalá. en otras palabras. tal como lo reconoce el artículo 1º de nuestra Carta Fundamental. La discusión en torno al establecimiento de la disposición. deber que además se impone especialmente al Estado supervigilar en el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República”. En una perspectiva diferente. como lo precisa en su considerando vigésimo tercero. 5º inciso 2º de la Constitución. el bien común. Dicha semejanza se observa al constatar que el arresto del empleador es consecuencia. VIGÉSIMO NOVENO: Que. que tiene como consecuencia asegurar pensiones dignas para los trabajadores del país. en sentencia rol Nº 576 de 2007. tiene cierta analogía o similitud con el cumplimiento de ciertos “deberes alimentarios”. en relación a este capítulo. Su argumentación se realiza tanto en torno a la Convención Americana de Derechos Humanos. a la cual reenvía el art. toda vez que del pago de las respectivas cotizaciones pende en buena medida un correcto funcionamiento del sistema de seguridad social. inciso segundo. como ya se ha razonado.164 Revista Chilena de Derecho. vol. permite sostener que su ﬁnalidad se vincula con la proscripción de la privación de libertad derivada de deudas propiamente civiles y. de la desobediencia de una orden judicial.
el Tribunal Constitucional asume que “para acoger la acción interpuesta resultaría necesario que se veriﬁcara una doble condición: en primer lugar. Precisamente por lo mismo. adicionalmente. vol. 149 .Revista Chilena de Derecho. Luego de desentrañar los contenidos de dicho derecho en el ámbito de los tratados internacionales de derechos humanos vinculantes para el Estado chileno. el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”. y en segundo lugar. dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. en particular las observaciones de los países miembros. inciso segundo. tal contradicción habilitara a esta Magistratura para declarar inaplicable el precepto legal”. además.216 –o más precisamente entre los efectos que produciría la aplicación de ese precepto en la gestión pendiente– y alguna de las normas de derecho internacional invocadas. 39 N0 1. de la Carta Fundamental. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente.7 del Pacto de San José de Costa Rica prescribe: “Nadie será detenido por deudas. . y que.187 [2012] Nogueira Alcalá. El Tribunal Constitucional concluirá su razonamiento sobre la materia haciendo una analogía respecto del contenido del artículo 7 Nº 7 de la Convención Americana. el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el cuestionamiento de la ley Nº 18. como lo explicita en su considerando vigésimo séptimo. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 165 prohíbe ser detenido “por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil”. El Tribunal Constitucional asume como parámetro de control los derechos asegurados convencionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el considerando undécimo y decimotercero: “Que el artículo 7. en concordancia con lo ya razonado. La discusión en torno al establecimiento de la disposición. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. el numeral 7º del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos reitera que “nadie será detenido por deudas. pp. que existiera contradicción entre el artículo 19 de la Ley Nº 18. el Tribunal Constitucional determina que existe una armonía entre dichas obligaciones de respeto y promoción de los derechos esenciales contenidos en ellos y el mandato constitucional del artículo 19 Nº 7 de la Carta Fundamental. permite sostener que su ﬁnalidad se vincula con la proscripción de la privación de libertad derivada de deudas propiamente civiles y. repitiendo el considerando del fallo Nº 519. en modo alguno. considerando 27º. Por su parte.216. En la sentencia rol Nº 807 de 2007. ya reproducido. el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales admite la posibilidad de la detención o privación de libertad “por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida en la ley”. que autoriza a los tribunales a determinar la privación de libertad de personas por incumplimiento de deberes alimentarios a la privación de libertad por incumplimiento de deberes en materia de enterar cotizaciones pertenecientes a los trabajadores por parte de su empleadores a las instituciones provisionales. en virtud del derecho a no ser objeto de prisión por deudas. lo que realiza en el considerando vigésimo octavo: “Que. al incumplimiento de las obligaciones legales que involucran intereses de toda la sociedad”. en virtud de lo establecido en el artículo 5º.
en cuanto esta última solo prohíbe el encarcelamiento por obligaciones contraídas en virtud de un contrato. ﬁgura que es reprochada en los sistemas jurídicos modernos y. En la causa Rol N° 2415-07. concluyendo que en el caso especíﬁco “este Tribunal decidirá que no concurre en la especie el presupuesto constitucional consistente en que “la impugnación esté fundada razonablemente”. seguida ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua. 5. 39 N0 1. del . en el texto constitucional chileno. En consecuencia. no solo ﬂuye del sentido de los términos contenidos en esos preceptos ya transcritos. como puede apreciarse. ya que ella es efecto del delito. sino además y sobre todo de la naturaleza de la institución de la libertad vigilada. En la sentencia rol Nº 1006 de 2009 se plantea la inconstitucionalidad del artículo 96 del Código Tributario que prevé el arresto por no pago de deudas tributarias al ser presuntamente contrario al artículo 19 numeral 7 que garantiza el derecho a la libertad personal. concretamente. ya transcrita. sino de una sentencia judicial. En la sentencia rol Nº 1249-2008. 149 . que es un beneﬁcio alternativo a la cárcel. como expresa inequívocamente su texto. Nº 7.216. Lo prohibido es que la conducta de no pagar una obligación pecuniaria sea tratada jurídicamente como causa de una sanción privativa de libertad”. El Tribunal constitucional agrega en el considerando 16º que: “el pago de la indemnización es una condición del beneﬁcio de la libertad vigilada y no la causa de la privación de libertad. pues el incumplimiento de ese pago no es causa de la privación de libertad. en relación con el artículo 7º. alzándose como una especie de “prisión por deudas”. 7. “De la sola lectura del texto de la norma del Pacto de San José transcrita ﬂuye inequívoco su sentido: prohibir que una persona pueda sufrir privación de libertad como consecuencia del no pago de una deuda.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El actor aﬁrma que la aplicación al caso sub lite de la norma legal cuestionada constituiría una amenaza ilegítima de privación de su libertad. se continuará el análisis de la eventual contradicción con la norma contenida en el Pacto de San José de Costa Rica. vol. destinado a favorecer la reinserción y rehabilitación de las personas que han delinquido. sujeta a ciertas condiciones. caratulada “Tesoreria General de la República con Sanchirico Galliani y otros”.187 [2012] Nogueira Alcalá.166 Revista Chilena de Derecho. el requirente plantea la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art. sino que ha establecido una condición para que una persona condenada por un delito pueda concedérsele o mantener el goce del beneﬁcio de cierta libertad cumpliendo los requisitos establecidos legalmente. las normas de derecho internacional que se invocan como infringidas no son idénticas y la primera es más comprensiva que la segunda. sino el delito que lo antecede”. Esta sola restricción es suﬁciente para desestimar la contradicción alegada a su respecto. el Tribunal Constitucional reitera las consideraciones ya formuladas en el fallo rol Nº 807. pues la deuda que se presenta como causal de indebido encarcelamiento no proviene de un contrato. de 4 de octubre de 2007. en causa criminal por lesiones. el Tribunal determinará que “es el pago de la indemnización civil derivada de los daños del delito. Luego el Tribunal determina que la Ley no ha dispuesto que se encarcele a una persona por no pagar una deuda. sino que impide o revoca el beneﬁcio”. por contravenir la prohibición de prisión por deudas contenida en el art. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” “Que. en el Nº 7 del artículo 19. pp. cuya no veriﬁcación inicial o cuyo incumplimiento posterior no causa la cárcel. por lo que el requerimiento de fojas uno debe ser declarado inadmisible”. literal d) de la Ley 18. y en lo que sigue.
Los cinco ministros que consideran que la acción de inaplicabilidad debe ser acogida lo hacen en virtud de otras consideraciones de hecho y derecho. en cuanto tal. no puede sino involucrar bienes propios. y no corresponde a una deuda entre particulares. La acción de inaplicabilidad es objeto de trámite por el Tribunal Constitucional. pp. en razón de ello. el cual no logra acuerdo sobre la materia. como lo precisan en los considerandos 12º a 17º del fallo. sentencia de amparo de segunda instancia. encuentra su origen en la ley. 39 N0 1. que les permite concluir que el apremio es arbitrario y no legítimo en el caso concreto. como establece en su considerando 11º: “Que del hecho de que de la eventual aplicación del precepto legal impugnado resultaría un apremio que no vulneraría los requisitos constitucionales enumerados en las letras b) y siguientes del artículo 19 Nº 7. aplicable al caso de que se trata por disposición expresa del artículo 5º de la misma Constitución. tal como lo ha señalado la propia Corte Suprema en sede de amparo. no se sigue necesariamente que su aplicación no infrinja el derecho a la libertad personal que asegura el inciso primero del numeral 7º del artículo 19o . 149 . integrando ambos grupos la prohibición de prisión por deudas contenido en la CADH como parte central de su razonamiento para resolver el caso. forzoso es concluir que no lo está siendo en virtud del incumplimiento de una supuesta deuda puramente convencional. pero en virtud de que se está en presencia de un apremio ilegítimo de afecta la libertad personal. de fecha 17 de julio de 2007). uno que rechaza la inaplicabilidad y otro que la admite. Los cinco magistrados que rechazan la inaplicabilidad aﬁrmarán en el considerando 24º que : “ (…) así las cosas. cuando el contribuyente no consigna las sumas descontadas por concepto de impuestos. por cuanto la obligación tributaria perseguida.Revista Chilena de Derecho. Por el contrario. y cuyo cumplimiento se pretende mediante el apremio solicitado. Los ministros del Tribunal que rechazan la acción de inaplicabilidad argumentan en el sentido de que no existe en el caso un apremio ilegítimo o arbitrario y concluye que se está en presencia de un apremio legítimo. como si se tratara de una obligación personal de orden civil. habrá que desestimarla. sobre esta misma materia: “respecto que la medida de apremio (…) resultaría vulneratoria de lo dispuesto en el artículo 7 Nº 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). en el considerando 22º del fallo. que es el Fisco. y. el obligado al pago del impuesto. se ve compelido a hacerlo a través del apremio personal o arresto. vol. derivada de un contrato. que emane de un vínculo contractual”. sino que estamos frente a una eventual apropiación indebida de dineros ajenos”. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 167 Pacto de San José de Costa Rica. con sus respectivos reajustes e intereses. nos encontramos frente a un proceso de cobro derivado del incumplimiento de una obligación tributaria de retención y entero de dinero. Los cinco ministros que rechazan la inaplicabilidad en el caso concreto determinan en su considerando primero que: “(…) En el caso concreto.187 [2012] Nogueira Alcalá. En consecuencia. reteniendo en su poder dineros de tributos que le son entregados por otra persona. (Proceso Rol Nº 3585-2007. dividiéndose los ministros en dos grupos por partes iguales en la sentencia. constituyendo una verdadera prisión por deudas. por lo que su responsabilidad legal consiste en poner dichos fondos a disposición de su legítimo propietario. de una relación de orden mercantil ni simplemente de un pago de lo debido que. en la cual el requirente es depositario y no dueño. aquí no existe deuda de ninguna especie.
149 . se deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 169 del Código Sanitario. el Tribunal Constitucional. las letras a) y b) del numeral 7º de ese artículo 19. el cual prohíbe la privación de la libertad personal por deudas. 576. en relación con lo dispuesto en el número 7º del artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –que tendría jerarquía constitucional–. en virtud de las cuales nadie puede ser privado de su libertad personal ni puede esta ser restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. y el inciso segundo del artículo 5º de la Carta. en su considerando 4º. con cumple los estándares constitucionales.073-2009. en el considerando 4º de la sentencia. El requerimiento plantea que la aplicación del precepto legal impugnado. llegando a la conclusión en los casos analizados. en los que el organismo público recurrido solicita a la Intendencia Regional Metropolitana el arresto de los recurrentes. lo que prohíbe el numeral 1º del artículo 19 de la Carta Fundamental. que lo faculta para requerir al Intendente o al Gobernador respectivo el auxilio de la fuerza pública a efectos de realizar la detención del supuesto infractor y su ingreso al respectivo establecimiento penal. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” que el apremio no resulte ilegítimo. 807. y dentro de un debido proceso. haciendo alusión a los casos anteriormente resueltos sobre la misma impugnación. en todos los casos considerados en que se alega vulneración del art. enjuiciando a partir del mismo la posible existencia de una causal de inaplicabilidad de las disposiciones legales cuestionadas en cada caso particular. de que no hay infracción de la norma convencional que asegura la prohibición de prisión por deudas por las disposiciones legales que se cuestionan. por no haber pagado multas impuestas por ese Instituto. ya que en los casos . la acción de inaplicabilidad será acogida ya que se entiende que esta privación de libertad en virtud de normas administrativas. que prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. en una interpretación compatible y conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.187 [2012] Nogueira Alcalá. vol.168 Revista Chilena de Derecho. en relación con lo dispuesto en el inciso quinto del numeral 3º de la misma regla constitucional. 519. como límite al ejercicio de la soberanía. El Tribunal Constitucional rechaza el planteamiento de la parte requirente. que establece el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por la Constitución. los roles Nºs. 39 N0 1. así como por los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentren vigentes. 1006 y 1145). por vía de sustitución y apremio. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de prohibición de prisión por deudas. expedidos en conformidad al artículo 169 del Código Sanitario. en el recurso de amparo preventivo interpuesto en contra del Instituto de Salud Pública ante la Corte de Apelaciones de Santiago. el Tribunal Constitucional integra como parte del parámetro de control dicha dimensión del derecho de libertad personal convencional. En la sentencia rol Nº 1518-09 de 2010. El requirente expresa que dicho amparo persigue que la mencionada Corte deje sin efecto determinados oﬁcios (6). pp. como se dispone esencialmente en los considerandos 17º a 19º: Así. puede vulnerar el inciso cuarto del numeral 1º del artículo 19 de la Constitución. Rol de Ingreso Nº 3. Sin perjuicio de ello. en el caso concreto indicado. de que en el caso se estaría en presencia de una posible aplicación de la norma convencional que prohíbe la prisión por deudas.
o en los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y vigentes. cuyo texto actual fue ﬁjado por el artículo 1º de la Ley Nº 20. 149 . en la medida de lo posible. teniendo como elemento básico para adoptar tal posición el derecho a la identidad del menor. en un sentido restringido. B. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. por ser contrarios a los numerales 2º. por lo que. todos del artículo 19 de la Constitución Política. inciso quinto. el derecho de la persona a ser inscrita inmediatamente después de su nacimiento. ellos son la Convención sobre Derechos del Niño.030. en virtud del cual se pueden establecer limitaciones o restricciones de otros bienes o derechos asegurados constitucionalmente. sobre esa base. publicada en el Diario Oﬁcial del día 3 de julio de 2005. 3º. Desde este punto de vista existe una estrecha vinculación entre el derecho a la identidad personal y la dignidad humana –piedra angular de todo el ediﬁcio de los derechos fundamentales– pues esta solo se aﬁrma cuando la persona goza de la seguridad de conocer su origen y. 39 N0 1. el Tribunal Constitucional tendrá que obtenerlo del derecho internacional de los derechos humanos. siendo deber de los órganos estatales respetar y promover tales derechos. 199 y 199 bis del Código Civil. a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. y 4º. en el que se investiga la paternidad de su representado por demanda interpuesta en su contra por doña Susana Magri Vásquez.Revista Chilena de Derecho. Dicha declaración se solicita respecto del juicio ordinario caratulado “Magri con Magri”. pp. vol. En este caso. que determina la limitación del ejercicio del poder público (soberanía) por el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. el Tribunal Constitucional rechazará la pretensión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos señalados en el caso concreto. del que conoce actualmente el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago. el requerimiento solicita que se declaren inaplicables los artículos 188. ya sea que se encuentren asegurados en la Constitución. Para poder establecer esta perspectiva. a tener un nombre desde que nace y. el cual no existe como derecho fundamental en el texto de la Constitución. inciso segundo. El derecho a la identidad personal extraído del derecho internacional de los derechos humanos ratiﬁcado y vigente.” (…) . Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 169 concretos no se ha establecido una privación de libertad en virtud de la existencia de deudas producto de obligaciones contractuales o civiles. RUC 07-2-0098411-5. necesariamente el Tribunal Constitucional debe partir del artículo 5º inciso 2º de la Constitución. En el caso Rol Nº 834 de 2008. como se determina en los considerandos 15 y 22º: “DECIMOQUINTO: “ (…) El derecho a la identidad personal comprende –en un sentido amplio– la posibilidad de que todo ser humano sea uno mismo y no otro y. el derecho a la identidad no se encuentra asegurado por la Carta Fundamental. debiendo extraerlo interpretativamente de las disposiciones de tres convenciones o pactos internacionales. el cual como derecho esencial constituye un ﬁn legítimo. RIT Nº C-680-2007. puede aspirar a ser reconocida como tal dentro de la sociedad. En este caso.187 [2012] Nogueira Alcalá. el que es utilizado como parámetro de control de constitucionalidad para determinar inconstitucionalidad de preceptos legales (rol Nº 834 de 2008 y rol Nº 1340 de 2009).
por su parte. ello no puede constituir un obstáculo para que el juez constitucional le brinde adecuada protección. cual es el derecho a la identidad personal. de la Constitución Política. Por su parte. por el contrario. en esta sentencia. El Tribunal Constitucional asume el derecho a la identidad como parte del parámetro de control para decidir si hay o no inconstitucionalidad en el caso concreto. . expone que en la causa RIT Nº C-111-2009. 39 N0 1. en la medida que dicha norma constitucional exige a los órganos estatales respetar y promover los derechos esenciales asegurados en el texto constitucional o en los tratados internacionales que contengan derechos esenciales de la persona humana. seguida por investigación/reclamación de paternidad. inciso segundo. Sobre el particular. no apreciándose discriminación en la aplicación de las normas que se impugnan en estos autos. como la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 7º). su razonabilidad y objetividad en conexión con el respeto a la igualdad ante la ley”. carece de sentido entrar a examinar. caratulada “Muñoz con Muñoz”. consagran este derecho. 149 . el cual se encuentra asegurado por tratados internacionales ratiﬁcados y vigentes. este es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos que prescribe que: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. vol. por ser contrario a la Ley Fundamental. tiene que ver con la plena protección de un derecho ligado estrechamente al valor de la dignidad humana. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” “VIGÉSIMO SEGUNDO: Que los antecedentes recordados no solo dan cuenta de que los preceptos legales impugnados en esta litis no han pretendido discriminar en el ejercicio de las acciones de ﬁliación ante los tribunales de justicia sino que. La sentencia rol 1340 de 2009. ha de tenerse presente que aun cuando la Constitución chilena no lo reconozca expresamente en su texto. los cuales constituyen un límite al ejercicio de la soberanía. se ha ordenado oﬁciar a esta Magistratura Constitucional para que se pronuncie sobre la inaplicabilidad del artículo 206 del Código Civil. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos. mediante nombres supuestos si fuere necesario” (artículo 18). pp.2). el requerimiento consigna dos órdenes de argumentaciones: a) Que diversos tratados internacionales de aquellos que Chile ha ratiﬁcado y que se encuentran vigentes. su propósito ha obedecido a la idea de corregir las distorsiones que diﬁcultaban el debido acceso a la justicia en un ámbito que. por su estrecha vinculación con la dignidad humana y porque tampoco puede desconocerse que él sí se encuentra protegido expresamente en diversos tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y vigentes en nuestro país.187 [2012] Nogueira Alcalá. Lo anterior. que “todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre” (artículo 24. por eventual privación del derecho a la identidad asegurado por diversos instrumentos internacionales. precisamente. en el considerando octavo de la sentencia: “Que. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisa. en lo que atañe al derecho a la identidad personal. se inicia por el requerimiento del Juez Presidente del Juzgado de Familia de Pudahuel.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 18). como se ha expresado.170 Revista Chilena de Derecho. El Tribunal Constitucional se hace cargo de la infracción de la disposición legal cuestionada del artículo 5°.
Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 171 A su turno. como asimismo determina que todos los individuos poseen tal derecho. inciso 2º de la Constitución: “Que debe reconocerse. vía interpretativa de disposiciones de tres tratados internacionales. que aun cuando la Constitución chilena no reconozca. En el considerando 10º de la sentencia el Tribunal Constitucional analiza algunos atributos que integran el derecho a la identidad. ratiﬁcados por Chile y vigentes. inciso primero. en cuanto valor que. la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que: “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre. de acuerdo con el segundo razonamiento realizado por el tribunal solicitante de la declaración de inconstitucionalidad del art. en su texto. de respetarlos y promoverlos. la existencia de un derecho a la identidad. 39 N0 1. consagran el derecho a la identidad personal generando. El Tribunal Constitucional en el considerando noveno de la sentencia asume la existencia de este derecho esencial de la persona humana a la identidad. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera (…) (artículo 7. pp. La afirmación precedente se concilia perfectamente con el criterio sostenido por esta Magistratura en el sentido de que el derecho a la identidad personal está estrechamente ligado a la dignidad humana. Asimismo. Asimismo. por ende. 206 del código Civil. se inﬁere que “la identidad queda comprendido (sic) en la categoría de ‘los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana’ como reza el artículo 5º de la Constitución Política de la República. a adquirir una nacionalidad y. como lo exige el artículo 5º. por lo cual existe la obligación del Tribunal Constitucional.Revista Chilena de Derecho. que cita el juez requirente en apoyo de su argumentación. en el literal b del mismo considerando 8º de la sentencia: “Que de las referidas normas internacionales. en la medida de lo posible. de la Ley Suprema. numerales 1 y 2). ello no puede constituir un obstáculo para que el juez constitucional le brinde adecuada protección. la obligación de los órganos del Estado de respetarlos y promoverlos. constituye la piedra angular de todos los derechos fundamentales que la Ley Suprema consagra. el Tribunal Constitucional precisa. unidas a doctrina autorizada que cita. en los términos aludidos en el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental. el derecho a la identidad. independientemente de su edad. anclando tal derecho en la dignidad de todo ser humano. Además. en efecto. asegurado por diversos instrumentos del derecho convencional internacional. precisamente por su estrecha vinculación con la dignidad humana y porque se encuentra protegido expresamente en diversos tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes en nuestro país (Sentencia Rol Nº 834. que los diversos instrumentos internacionales. considerando 22º). el Tribunal Constitucional en el mismo considerando 10º reconoce que la Constitución no constituye un sistema hermético de derechos que tienen su fuente únicamente en el propio texto constitucional. como órgano del Estado. a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. vol. toda vez que atañe intrínsecamente a su propia individualidad tanto personalmente como en su dimensión social. sino que el texto por . 149 .187 [2012] Nogueira Alcalá. a partir de su consagración en el artículo 1º. sobrepasando el ámbito inicialmente resguardado referido a los derechos del niño para entender que beneﬁcia a toda persona en su condición de tal”.
aun cuando en este caso no hace alusión explícita a que este es un atributo de las garantías judiciales expresamente previsto en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de .187 [2012] Nogueira Alcalá. El tema se considera en las sentencias roles Nº 986 de 2008. pp. El caso más trascendente es la sentencia rol 986 de 2008 o caso Aarón David Vásquez Muñoz. en su considerando 11º y 15º. inciso segundo. del Código Procesal Penal. En este caso. ya sea que estén asegurados en la propia Carta Fundamental o en tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentren vigentes”. de la Constitución. incluir el derecho a la identidad personal entre aquellos derechos esenciales a la naturaleza humana a que alude el artículo 5°. los atributos del derecho se extraen vía interpretativa del derecho convencional internacional de derechos humanos. Nº 1443 de 2010. Nº 1501 de 2010 Por problemas de extensión del trabajo analizaremos solamente las sentencias más relevantes en la materia. después de haberse anulado el primero que había favorecido la posición sostenida por la defensa del acusado a requerimiento de la ﬁscalía. en el cual se analiza si la ausencia de un derecho a recurrir del segundo fallo de un tribunal penal oral. aplicándosele la pena de 7 años de internación en régimen cerrado. debiendo siempre ser respetados por todos los órganos estatales: “Las consideraciones que preceden justiﬁcan. estableciendo el segundo fallo una condena al acusado como autor del delito de homicidio caliﬁcado con el agravante de alevosía. y que se erigen como límite de la soberanía. el Tribunal Constitucional asume como derecho esencial el derecho a la identidad que debe ser respetado y garantizado por las normas infraconstitucionales. El Tribunal Constitucional asume que el derecho al recurso es parte del debido proceso. en virtud de su contraposición con el derecho a la revisión de la sentencia penal asegurado por el art. Nº 821 de 2008. formulado una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 387. El derecho a la revisión de la sentencia o derecho al recurso como atributo integrante del debido proceso o de las garantías judiciales en materia penal. El Tribunal Constitucional.2 literal h de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el art. 8. en virtud del cual se enjuiciará la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 206 del Código Civil. precisamente. debiendo los órganos del Estado respetarlos y promoverlos. Nº 1432 de 2010. 14 del PIDCyP de ONU.172 Revista Chilena de Derecho. los cuales constituyen límites al ejercicio de la soberanía. Nº 1130 de 2008. 39 N0 1. C. En ambas sentencias analizadas en este párrafo. 149 . siguiendo su razonamiento. inciso segundo. integra este derecho a la identidad asegurado por instrumentos convencionales internacionales al parámetro de control de constitucionalidad. lleva a considerar como integrantes del sistema de derechos asegurados constitucionalmente a aquellos cuyos atributos y garantías se encuentran en las fuentes del derecho convencional internacional. sentencia que se considera agraviante por el acusado y sobre la cual considera que tiene el derecho fundamental a la revisión de este segundo fallo. constituyendo parte del parámetro de constitucionalidad con el cual se enjuicia a las leyes en su aplicación a los casos concretos. vol. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” la norma de reenvío del artículo 5º inciso 2º de la Constitución.
Uno de esos tratados es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional considera que en el caso concreto. señalan los requirentes que violan.h) que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. del Código Procesal Penal. que es un componente inseparable de la noción de debido proceso el derecho al recurso del condenado. según lo entiende “la unanimidad de la doctrina”. el artículo 5°. el requirente tiene otros recursos que le franquea el sistema jurídico para impugnar la segunda sentencia. además. en primer término. inciso segundo. como son los recursos de queja y de revisión de sentencias firmes. de los artículos 364 y 372 a 387 del Código Procesal Penal y. en síntesis. seguida ante el Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes.187 [2012] Nogueira Alcalá. no resulta contraria a la Constitución por este capítulo”. Respecto del artículo 364. ya que estos votos aluden directamente al derecho al recurso previsto en los tratados internacionales de derechos humanos. RUC 0800077921-1. En el caso de la sentencia rol Nº 1432 de 2010. presentaron un requerimiento de inaplicabilidad. en relación con la causa RIT 22-2009. como asimismo. de acuerdo al artículo 5º. cuya argumentación debemos necesariamente explicitar. El Tribunal Constitucional en su considerando 20º solo hace referencia a que: “ (…) Los requirentes sostienen. la aplicación del artículo 387 del Código Procesal Penal no resulta contraria a la Constitución. vol. Ellos sostienen que el derecho al recurso debe cumplir con los parámetros de ser un recurso ordinario y un recurso de tendencia general que revise hechos y derecho aplicable. que conforman el Título IV del Libro III del Código Procesal Penal y regulan el recurso de nulidad.Revista Chilena de Derecho. 149 . como explicita en el considerando 23º: “Que en tales circunstancias. En dicho precepto se impone a los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. inciso segundo. por lo cual la sentencia no habría considerado dichos estándares mínimos. artículo 14. determinan que el fallo no consideró los estándares sobre derecho al recurso ﬁjados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa con Costa Rica. de la Constitución Política. Convención Americana sobre Derechos Humanos. por una parte. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 173 Naciones Unidas. pp. que en cuanto derechos esenciales limitan el ejercicio de la soberanía y deben ser respetados y promovidos por todos los órganos estatales. del artículo 390 del Código Penal. Dicho tratado establece en su artículo 8. inciso 2º de la Constitución. derechos fundamentales que se encuentran garantizados por la Constitución. se inicia por requerimiento de los abogados Matías Mundaca Campos y Miguel Alfaro Cortés. señalando además que se encuentra consagrado en instrumentos internacionales ratiﬁcados por Chile. que dispone que las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal son inapelables. El Tribunal Constitucional en su sentencia también precisará en los considerandos 38º a 40º que. que desde los orígenes de la Constitución Política integra dicha noción. en representación de Leonardo del Tránsito Mazuela Montenegro.2 literal h. Dicha sentencia tendrá tres votos disidentes. 39 N0 1. este Tribunal Constitucional decidirá que en este caso concreto la aplicación del artículo 387. artículo 8. en su artículo 14. Indican los actores que la Corte Interamericana ha señalado al respecto lo siguiente: . y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. y de los artículos 372 a 387.2.2. así como por los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentran vigentes. por la otra. que contemplan el derecho a recurrir”.
. 4.174 Revista Chilena de Derecho. En segundo lugar.”. porque dicho recurso establece causales especíﬁcas de procedencia para la impugnación. y que el artículo 5º. de las cuestiones de hecho y de derecho.187 [2012] Nogueira Alcalá. ante un tribunal superior. esto es. sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. eﬁcaz y amplio (Caso Herrera Ulloa con Costa Rica. debe complementarse con lo establecido en el artículo 8. Exponen los actores que los artículos 372 a 383 y 387 del Código Procesal Penal establecen causales precisas y determinadas para la procedencia del recurso y que los artículos 364 y 384 a 386 del Código. incisos tercero y quinto. como se ha señalado. ha de ser “un recurso amplio que permita que el tribunal superior realice un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior”. Precisan que el artículo 19. de la misma Constitución. los requirentes sostienen que los artículos 364 y 372 a 387 del Código Procesal Penal infringen el derecho al debido proceso que la Constitución consagra. en relación al artículo 19. Nº 26º)”. pp. 3. que obliga a respetar y promover los derechos humanos. Que debe tratarse de “un recurso ordinario eﬁcaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho”. al ser aplicados en el asunto pendiente. que es el diseño legislativo del sistema de recursos contemplado en el Código Procesal Penal. así como diversas formalidades. Que el recurso debe garantizar un examen integral de la decisión recurrida. inciso segundo. Nº 3º. Nº 3º. porque impide exponer los elementos del caso. la naturaleza del recurso no garantiza un examen “integral”. Que la posibilidad de recurrir del fallo debe ser accesible. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 1. El Tribunal Constitucional en el considerando 10º de la sentencia determina que el requerimiento no plantea un cuestionamiento concreto sino uno de carácter abstracto. El Tribunal Constitucional precisa en su considerando octavo los aspectos centrales del requerimiento: “Que. de la Constitución consagra el derecho a un proceso legal. La situación descrita generaría un agravio al derecho a la defensa penal. por el tribunal que conoce del recurso (ad quem). que no corresponde al Tribunal resolver a través de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Indican que en dicha disposición se señala como una garantía mínima del proceso penal el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Que “el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal. producirán efectos contrarios al derecho fundamental al recurso. lo que reduce su accesibilidad. 2. racional y justo. como ya lo ha señalado en casos anteriores: “Que de la lectura del requerimiento se desprende que los fundamentos del mismo están más bien dirigidos no a una determinada aplicación concreta de normas legales que pueda . Agregan. apoyándose en los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. vol. ordinario.2.. 39 N0 1. incluyendo las cuestiones de hecho y la prueba en que se sustentan. En primer lugar. Añaden que ello establecería una limitación al derecho que lo afecta en su esencia (artículo 19. esto es. Aducen que dicha garantía no se cumple por el recurso de nulidad que regulan las disposiciones impugnadas. 2 de julio de 2004). que dicho recurso debe ser accesible. 149 .
como ha sostenido este Tribunal. tratándose del imputado criminal. y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en cuanto a los derechos a la defensa y a un procedimiento racional y justo. La Convención Americana de Derechos Humanos dispone que: “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. se esgrimen los mismos argumentos por el requirente. en sus incisos segundo y quinto. agregando que tal derecho está asegurado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. considerando que en el caso concreto se vulnera lo dispuesto en el número 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental. en el sistema recursivo. el cual contempla la nulidad por vulneración de derechos humanos. y Nº 1003. En tal sentido. 39 N0 1. como asimismo. 821. Ambas normas están vigentes en nuestro país conforme al artículo 5º. se preﬁrió el control horizontal al control vertical. ya que la ausencia de recurso afecta el derecho a la defensa y el debido proceso que se contiene en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. como precisa el 13º. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 175 resultar inconstitucional. en plena igualdad. a mayor abundamiento. de la Constitución”. 934 y 986. vol.5 que: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior. Durante todo el proceso. El Tribunal Constitucional considera que el recurrente busca. C. siendo dicho derecho parte del parámetro de control de constitucionalidad. 481. el Tribunal Constitucional entra en materia. En el caso rol Nº 1443 de 2010. como determina en su considerando 20º. precisando que el derecho al recurso forma parte del derecho al debido proceso como se ha señalado en los roles 376. dicho derecho es expresamente reconocido en tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentran vigentes. toda persona tiene derecho. no le corresponde pronunciarse sobre cuestionamientos genéricos u opciones de política legislativa (sentencias roles Nº 664. además de los principios de oralidad e inmediación como se desprende del debate legislativo. inciso segundo. que exige un recurso amplio . suplirlas por las normas del código procesal civil y hacer renacer el recurso de apelación. lo cual no es posible en virtud de los principios informadores del proceso penal. 478. 6º. como señala en sus considerandos 14º a 19º. Luego. la sentencia argumenta en el mismo sentido que lo ya expresado en el caso analizado en este párrafo. como se aﬁrma en el considerando 12º. El Tribunal Constitucional considera que el derecho al recurso está conﬁgurado legalmente a través del recurso de nulidad que contiene el Código Procesal Penal. C. En la acción de inaplicabilidad rol Nº 1501. 17º. El Tribunal Constitucional precisará que el derecho al recurso que integra el debido proceso no signiﬁca necesariamente doble instancia. explicitado en el considerando 22º a 23º. se cuestiona la constitucionalidad del mismo artículo 387 del Código Procesal Penal. sino que contra todo el diseño legislativo del sistema de recursos del Código Procesal Penal. agregando que. a las siguientes garantías mínimas: h) Derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior”. Nº 966. pp. ni a la existencia necesaria de un recurso de apelación. C.187 [2012] Nogueira Alcalá.Revista Chilena de Derecho. 4º)”. 149 . frente a un caso similar al contemplado en el caso 1432. al inaplicarse las disposiciones cuestionadas. lo que es analizado en el considerando 24 de la sentencia. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14. cosa que no había explicitado en los casos anteriores: “Que. conforme a lo prescrito por la ley”. 389. Así.
000. en orden a que los Estados tienen un margen de apreciación a la hora de conﬁgurar el derecho al recurso en su respectiva legislación procesal. en otros casos. además de existir. la decisión del Tribunal Constitucional no es por unanimidad. sino más bien frente a un caso de ausencia de recurso.2 literal h de la CADH y al estándar de la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. pp. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” en contra de la sentencia condenatoria. en este caso. vol. declara la inadmisibilidad por problemas de incumplimiento de requisitos de la acción por parte de los requirentes. en sentencia dictada el día 2 de julio de 2004. En todo caso. Expone que. En algunos casos en Tribunal constitucional entra al fondo del asunto. sin perjuicio de considerar en los casos concretos. cosa que no ocurría en dicho caso al ser analizado el estatuto del recurso de casación en Costa Rica. En uno de los casos que entra al conocimiento del fondo del asunto. En los casos analizados el Tribunal Constitucional incorpora a su razonamiento y al parámetro de control constitucional los atributos que integran el derecho a la revisión de la sentencia penal que se encuentra en el artículo 8. El Tribunal Constitucional en el considerando 8º a 10º determina que en este caso no hay gestión pendiente por lo que no procede la acción de inaplicabilidad y la declara inadmisible. hace presumir que es para comercializarla. debe ser eﬁcaz. a juicio de dicha Corte.187 [2012] Nogueira Alcalá. en sus considerandos 8º a 10º. y tres jueces disidentes invocan la infracción al derecho a la revisión de la sentencia penal prevista en el artículo 8. referido a la ausencia del recurso. se repiten las mismas consideraciones vertidas en el caso anteriormente analizado en los casos anteriores. porque no era posible revisar y analizar todas las cuestiones debatidas ante el tribunal inferior. El recurrente cita lo razonado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa v/s Costa Rica. el medio de impugnación. el requirente lo considera cercenado por el precepto impugnado. D. Indica el requirente que la norma impugnada establece que la posesión de la droga. Caso Aarón Vásquez. roles Nº 1432 y 1443. Hace presente que el caso sub lite es de mayor gravedad que el citado. ilustrando sobre la materia. Derecho a la presunción de inocencia (Rol Nº 993 y rol Nº 1152 de 2008) El rol Nº 993 del Tribunal Constitucional se inicia por requerimiento en acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley N° 20. no ha sido vulnerado en los casos concretos. amplio y funcional a los derechos del imputado.176 Revista Chilena de Derecho. que considera como elemento integrante del debido proceso. que dicho atributo básico del derecho al debido proceso o de las garantías judiciales en materia penal. en lo que se denomina el derecho al recurso. 149 . literal h. ya que en nuestro sistema no se está en presencia de un recurso insuﬁciente. permitiendo un examen integral de la decisión.2. en la causa seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco por el delito sancionado por la citada ley. o rechaza el requerimiento en virtud de la existencia de una cuestión abstracta y no de un control concreto. aunque sea en cantidades mínimas. 39 N0 1. valores y normas constitucionales. referida al tráﬁco ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. otorgán- . contrariando principios. único precedente de la Corte Interamericana en casos contenciosos. argumentación que refuerza con citas de un voto particular de dicha sentencia.
que más bien se podría referir al “trato de inocente”. lo que es ratiﬁcado en el considerando 12º al estudiar la historia ﬁdedigna del precepto. 460 y 681. dentro del criterio de interpretación conforme a la Constitución. al menos. 39 N0 1. el respeto hacia las labores que desarrollan tanto el legislador al elaborar las normas de rango legislativo como la judicatura al aplicarlas. razona en la perspectiva del postulado de interpretación conforme con la Constitución. El Tribunal Constitucional aceptando la presunción de inocencia contenida en los tratados como parte de los derechos esenciales que deben ser asegurados y promovidos en virtud del artículo 5º inciso 2º. la existencia del hecho punible y la participación del acusado (in dubio pro reo). consagrada expresamente en la Constitución. en el considerando 5º: “Que. por el mecanismo del reenvío. 38. El Tribunal Constitucional precisa en la sentencia que si bien el principio de presunción de inocencia no está contemplado en el texto de la Constitución. como asimismo su alcance jurídico en los considerando 4º: “Que.187 [2012] Nogueira Alcalá. en su función de contralor de la constitucionalidad de la ley. entre otras”. y que. 420. en cuya virtud el imputado no debe probar su inocencia. lo que constituye una inversión de la carga de la prueba vulnerándose la presunción de inocencia que constituye un derecho esencial que emana de la naturaleza humana. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 177 dole un valor de presunción absoluta a la simple posesión. correspondiendo a la parte acusadora acreditar. suﬁcientemente. vol. según la cual toda persona debe ser tratada como inocente mientras una sentencia de término no declare lo contrario (nulla poena sine indicio). a partir del supuesto de la posesión. Así el . la norma impugnada. Luego el Tribunal Constitucional en razón de diversos análisis jurídicos determina que no hay vulneración del derecho a la presunción de inocencia. desligándose el Estado de la carga de acreditar tal responsabilidad. Una primera regla de trato o conducta hacia el imputado. este Tribunal agregó que “dicho principio. 149 . presume responsabilidad penal. art. Así. importa la obligación de tratar al imputado como si fuera inocente. (…)”. y solo en el evento de no ser ello posible. alguna interpretación del precepto cuestionado que permita armonizarlo con la Carta Fundamental. sí está asegurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Por ello. La llamada “presunción de inocencia” está compuesta de dos reglas complementarias entre sí. pp. Una segunda regla de juicio. constituyendo una parte integrante del derecho a la investigación y procedimiento racional y justo o debido proceso. 368. las restricciones tienen carácter excepcional y provisional y deben responder a la necesidad de su justiﬁcación.Revista Chilena de Derecho. obliga al Tribunal Constitucional. dejando a la persona afectada en la posición de probar su inocencia. como precisa en su considerando 3º. 5º inciso 2º de la Constitución tienen rango constitucional ya que garantizan el respeto de los derechos humanos. 304. continuando la cita anterior. a buscar. reduciendo las limitaciones y perturbaciones en sus derechos al mínimo indispensable para el cumplimiento de los ﬁnes del proceso. en su considerando 11º. considerando que no hay inversión de la prueba como argumenta el requirente. criterio que ha sido seguido en las sentencias roles 29. declarar su inconstitucionalidad. la que se encuentra contemplada en diversos tratados internacionales vigentes y ratiﬁcados por Chile.
El Tribunal precisa el cuestionamiento a la disposición legal formulado por la requirente señalando en su considerando 4º “Que el requirente sostiene que. Añade que además infringiría el artículo 16. así como los artículos 11. la norma legal reprochada habría vulnerado la presunción de inocencia y. del que forma parte la presunción de inocencia en materia penal: En consecuencia.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. sin perjuicio de violentar también el propio numeral 2º del artículo 16 de la Ley Fundamental”.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades. por infringir la presunción de inocencia y establecer una suspensión del derecho de sufragio. La sentencia tiene un voto concurrente de dos ministros (Bertelsen y Correa). 39 N0 1. Pacto de San José de Costa Rica.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. causa que se inicia por una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 61 de la Ley N° 18. entrega el peso de la prueba al imputado –en su deﬁnición lata del artículo 7º del Código Procesal Penal–. con lo cual no hay afectación de la presunción de inocencia. Rol N° 24-2008. garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentren vigentes. transgredido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución.178 Revista Chilena de Derecho. sin perjuicio de que estas admiten prueba en contrario.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. pp. así como en los diversos tratados internacionales que menciona. todo ello de acuerdo a los considerandos 14 y 15º. La parte requirente explica que la norma en cuestión desconoce el principio de inocencia que contemplaría el artículo 5° de la Constitución al reconocer como límite del ejercicio de la soberanía el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. pero más precisamente al detenido. de la propia Constitución Política. con ello. este último considera que hay una vulneración del justo y racional procedimiento contemplado en el inciso 5º del artículo 19 Nº 3 de la Constitución.187 [2012] Nogueira Alcalá. y un voto disidente del Ministro Fernández. en la causa electoral Rol N° 331-2008. vol. 14. 149 . al contemplar tal incapacidad temporal para el desempeño del cargo de alcalde respecto de quien ha sido acusado en un proceso penal por delito que la ley sanciona con pena aﬂictiva. seguida ante el Tribunal Electoral Regional de Puerto Montt y actualmente ante el Tribunal Caliﬁcador de Elecciones. especialmente si por “justiﬁcar” se entiende el conjunto de actuaciones establecidos en los artículos 7º y 8º del Código Procesal Penal que aquel puede realizar en su defensa desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. .2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8. la expresión “a menos que justiﬁque” del precepto impugnado en la especie. rechazando el requerimiento. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” Tribunal Constitucional concluye que existe una interpretación del precepto legal cuestionado conforme a la Constitución y descarta la objeción de una presunción legal de responsabilidad penal. Tales anomalías procesales colisionan con la segunda parte del inciso quinto del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República”. En la sentencia rol Nº 1152 de 2008 del Tribunal Constitucional se cuestiona la constitucionalidad del artículo 61 de la Ley Nº 18. sin que haya sido aún condenado por ese motivo. por la interposición de un recurso de apelación. N° 2. en cuanto a la situación concreta en que el afectado de la causa sub lite se encuentra.
en una contravención al derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa. los cuales están por acoger la acción de inaplicabilidad por considerar que si hay vulneración de la presunción de inocencia (Ministros señores Mario Fernández Baeza y Marcelo Venegas Palacios). En los casos analizados precedentemente el Tribunal Constitucional acepta que la presunción de inocencia asegurado y garantizado como atributo de las garantías judiciales y debido proceso por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas constituye un derecho esencial que integra el derecho esencial al debido proceso y forma parte del parámetro de control de constitucionalidad. El derecho de defensa y la Reformatio in pejus (rol 1250 de 2009) El abogado Raimundo Javier Hales Zúñiga. pp. a su juicio. vol. letra h). se vulneraría el derecho a defensa. se materializaría. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. . en representación del señor Renato José Luis Ananías Chenevey. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 179 El Tribunal Constitucional no encuentra mérito para declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. ya que el precepto legal es armónico con las causales de suspensión del sufragio previstas en el artículo 16o de la Constitución. 149 . por aplicación de la norma cuestionada. El fallo tiene dos votos disidentes. Todo ello con el objeto de fundar su argumentación en orden a que. lo cuales sostienen en su considerando 3º de su voto disidente: “Que la vulneración de la Constitución resultante de la aplicación de la norma impugnada se origina en confusiones conceptuales sobre los derechos políticos establecidos en los artículos 13. razonamiento que desarrolla en sus considerandos 7º a 9º del fallo. el requirente estima que la aplicación del precepto legal impugnado en el caso concreto invocado puede infringir el derecho al debido proceso. como a toda otra persona.Revista Chilena de Derecho. de aceptarse la eventual imposición de una pena más severa por parte de la Corte Suprema en este caso concreto. además de no comprender el porqué dichas normas afectarían el principio de presunción de inocencia. en el inciso quinto del Nº 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. 16 y 17 de la Carta y de la defectuosa vinculación con ellos de las normas de la Ley Nº 18.187 [2012] Nogueira Alcalá. que se le asegura. ha requerido a esta Magistratura para que declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 548 del Código de Procedimiento Penal en la causa Rol Nº 79. en consonancia con el artículo 8º. E. que se citarán y que requieren aclararse en este fallo”.695. y que se encuentra con recurso de casación en el fondo pendiente de fallo ante la Corte Suprema bajo el Rol 4455-2008. por delitos reiterados de giro doloso de cheques. que se sigue en contra de la misma persona señalada ante el 2º Juzgado del Crimen de San Miguel –en la actualidad 8º Juzgado–. Esta misma infracción. con el cual el Tribunal Constitucional debe determinar en los casos concretos si las respectivas disposiciones legales son susceptibles de aplicarse produciendo un efecto inconstitucional. por lo cual el Tribunal Constitucional rechaza el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 39 N0 1.920-PL y acumuladas. además. Como cuestión de fondo. pues frente a dicha sentencia adversa no cabría al sentenciado un nuevo recurso para alzarse en su contra.
Luego. norma de Derecho Internacional ratiﬁcada por Chile y vigente de la cual. en concordancia con el inciso segundo del artículo 5º de nuestra Carta Fundamental. mismo que. independientemente de que se haya interpuesto en interés de una de las partes en la litis. lo cual pone de relieve que su sentido último. En concreto. hace residir el sustento normativo de su pretensión en lo previsto en el literal h) del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” El Tribunal Constitucional en su sentencia considera el cuestionamiento formulado por el requirente respecto de si la reforma peyorativa forma parte del debido proceso y garantías judiciales del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en su considerando 5º: “QUINTO: Que el primer cuestionamiento de constitucionalidad que el requirente formula a la norma legal impugnada consiste en que esta vulneraría el derecho a una tutela judicial efectiva. argumentando. alegada por el requirente. con apoyo en la opinión de algunos autores y en cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. es del caso establecer que lo que la Carta Fundamental chilena consagra es el derecho a un justo y racional procedimiento. sobre la base de una nueva ponderación jurídica de los hechos probados en la causa. a su juicio. El Ministro señor Jorge Correa Sutil concurre a lo resuelto. Sin embargo. A juicio de este previniente. Que. no es posible inter- .180 Revista Chilena de Derecho. en lo que se reﬁere a la supuesta infracción a la tutela judicial efectiva. 149 . imponiéndole una pena mayor que la establecida en el fallo recurrido. que los derechos humanos forman parte del parámetro de control pero que no hay suﬁcientes antecedentes para determinar que la reforma peyorativa forma parte de las garantías judiciales previstas en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y además precisa lo siguiente: 1º. pp. vol. que él estima como parte del derecho a la tutela judicial efectiva”. considerando que ello es posible de considerar respecto de una sentencia de apelación pero no respecto de una sentencia de casación: “SEXTO: Que. esta expectativa del recurrente podría explicarse en un recurso de apelación.187 [2012] Nogueira Alcalá. la proscripción constitucional de la reforma peyorativa. impediría que la sentencia recaída en un recurso de casación en el fondo empeore la situación del condenado. en cuya virtud toda persona sometida a proceso tiene derecho “a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. el Tribunal Constitucional analiza si la reforma peyorativa forma parte del contenido del artículo 8º de la Convención Americana y por tanto si es aplicable a una sentencia que revise otra sentencia anterior de primera instancia. 39 N0 1. que por naturaleza tiene por objeto la enmienda de la resolución recurrida para extirpar los supuestos agravios en que esta haya incurrido. es el de precaver y asegurar la integridad del ordenamiento jurídico y su observancia por los sentenciadores”. eso no sucede en un recurso de casación en el fondo. mismo que tiene por ﬁnalidad subsanar los vicios de derecho que se hayan cometido en la sentencia impugnada. en consideración a la materia. De ello cabría razonablemente deducir que el nuevo pronunciamiento que recaiga en el asunto no puede ser más agraviante que el anterior para el recurrente. Ahora bien. ningún precepto de nuestra Ley Fundamental ni tampoco la norma que él cita de la Convención Americana de Derechos Humanos impiden expresamente la reforma peyorativa por parte de las sentencias que un tribunal superior expida en revisión de una de primera instancia. inﬁere. contra lo sustentado por el requirente.
de aquellos que la Carta Fundamental reconoce. Que el precepto legal impugnado establece la denominada reforma peyorativa (reformatio in peius).187 [2012] Nogueira Alcalá. 120/1989 y 120/1995). como acertadamente lo señala el requirente. (…) . es irracional o injusta. “es opinión comúnmente admitida entender que la interdicción de la reforma peyorativa constituye un principio general del Derecho Procesal. que se traduce en la posibilidad de que el señor Ananías Chenevey resulte condenado a una pena mayor que la que le ha sido impuesta por el tribunal de alzada. los ministros señores Hernán Vodanovic Schnake. los cuales consideraron que la reforma peyorativa afecta el derecho al recurso contenido en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. con la limitación determinada por la pretensión de las partes” (Sentencia rol 84/1985. que determina la posibilidad de que este desarrolle los poderes que tiene atribuidos. (…). Este planteamiento no es nuevo ni exclusivo de nuestro derecho. que consiste en una modiﬁcación de la pena en perjuicio del imputado. asegura a las personas que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 8 de julio de 1985). al punto que hoy se le puede concebir entre aquellas garantías que en el proceso penal constituyen verdaderos derechos fundamentales. debiendo el legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. Los ordenamientos jurídicos contemporáneos vedan tal posibilidad. pues como lo señalara el Tribunal Constitucional español hace ya casi un cuarto de siglo. Lo que corresponde. 3º. 2º. de la que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte central y también la doctrina y la jurisprudencia extranjera. 39 N0 1. como consecuencia de la regla expresada en el brocardo tantum devolutum cuantum appelatum. (…) Puede criticarse. afectando el derecho a defensa como lo señala la parte requirente: “1º. El mismo tribunal español ha señalado que la prohibición de la reformatio in peius “resulta constitucionalmente exigible en la medida que su desconocimiento comporta indefensión y puede contravenir la necesaria congruencia que en el recurso ha de existir entre la pretensión impugnatoria y el correspondiente fallo de la sentencia” (sentencias 8/1999. pero no es irracional que el legislador crea posible y preﬁera que los errores jurídicos.Revista Chilena de Derecho. sin entenderlo como parte de una tradición universal. La sentencia contó con la disidencia de tres ministros que estuvieron por acoger la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. no obstante ser el mismo el único que recurrió de casación en contra del fallo. en consecuencia. Que el texto de la Carta Fundamental que se alega infringido. y así se establece en el nuevo Código Procesal Penal. pp. es examinar si la aplicación de la norma legal al caso concreto. Se entiende así que es la impugnación de una sentencia lo que opera la investidura del Juez superior. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 181 pretar un derecho o garantía constitucional. que se produce sin que ninguna de las partes del proceso lo solicite y a consecuencia exclusivamente del ejercicio legítimo del derecho al recurso por parte del condenado. la mala aplicación del derecho resulte corregida. 149 . vol. aunque sea a costa de defraudar las legítimas pretensiones del propio litigante que permite que esa revisión ocurra. Mario Fernández Baeza y señora Marisol Peña Torres. (…)”. cuya vigencia en nuestro Derecho no puede discutirse. en primer lugar. Lo es.
pese a no estar contemplada expresamente ni en la Constitución ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que. producto de la reforma constitucional de 2005. el Tribunal Constitucional explicita como norma aplicable también el inciso 1º del artículo 1º de la Carta Fundamental en la medida que se considera que todos los derechos fundamentales tienen su fundamento en la dignidad del ser humano. La vía normativa constitucional utilizada por el Tribunal Constitucional al efecto. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 5º. los atributos y garantías de los derechos que se encuentran asegurados y garantizados por los tratados y convenciones ratiﬁcadas por Chile y se encuentran vigentes. el Tribunal Constitucional. rol Nº 555 de 19 de diciembre de 2006. CONSIDERACIONES FINALES Del análisis efectuado en el presente artículo es posible concluir que el Tribunal Constitucional en el quinquenio analizado. rol Nº 591 de 11 de enero de 2007. en control de constitucionalidad reparador concreto. aun cuando este fuere invocado por los requirentes (sentencias rol Nº 468 de 9 de diciembre de 2006. acepta que la reformatio in pejus.187 [2012] Nogueira Alcalá. el cual no puede ser desconocido al menos en el ámbito del recurso de apelación como punto pacíﬁco del razonamiento de la sentencia en el considerando sexto. Asimismo ha determinado que una ley contradictoria . vol. 4. como norma de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Las sentencias del Tribunal Constitucional han pasado desde una prescindencia del derecho internacional de los derechos humanos como regla general.182 Revista Chilena de Derecho. se encuentra en el capítulo I de Bases de la Institucionalidad y está constituida por el artículo 5º inciso 2º de la Constitución. Tal perspectiva implica reconocer por parte del Tribunal Constitucional que forman parte de los derechos esenciales que constituyen límites al ejercicio de la soberanía. el alcance del derecho al recurso implica que la proscripción de la reformatio in peius se encuentra implícita en la normativa constitucional. lo que genera resistencia signiﬁcativa en parte de los ministros de dicha corporación. así. a partir de 2007. El Tribunal Constitucional asimismo ha establecido que. como asimismo como norma que establece el deber imperativo de respetar y promover los derechos asegurados por el texto de la Carta Fundamental como los asegurados por los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y vigentes. ya que el Estado no puede sancionar el ejercicio del derecho al recurso. una vez más. más aún cuando el artículo 5º de la Carta Fundamental lo conmina no solo a respetar sino también a promover dicho derecho”. que incluyó el nuevo artículo 54 Nº 1. donde la minoría disidente considera que su aceptación en este ámbito si afecta el derecho de defensa y el derecho al recurso. 149 . progresivamente. 39 N0 1. a través de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. aun cuando la sentencia tiene votos disidentes cuando determina que la “reformatio in pejus” no se encuentra prohibida en el ámbito de la casación. inciso 5º. integra implícitamente el derecho de defensa. En este último caso. En ocasiones. implica que los tratados internacionales ratiﬁcados por Chile y que se encuentren vigentes gozan de una especial protección constitucional. entre otras) a un uso moderado y tímido de las normas jurídicas internacionales. va incluyendo al derecho internacional convencional de los derechos humanos en el canon o parámetro de control de constitucionalidad de normas infraconstitucionales como son las leyes. pp.
187 [2012] Nogueira Alcalá. su utilización maniﬁesta un valor interpretativo relevante. ya que deja en manos de los jueces del fondo en materias de protección. los derechos implícitos y los derechos esenciales asegurados por el derecho convencional internacional de derechos humanos. vol. al menos. 39 N0 1. Nº 1432 de 2010. se considera en las sentencias roles Nº 986 de 2008. El Tribunal Constitucional también ha determinado que el intérprete en general y el juez en particular debe realizar los mayores esfuerzos. Nº 1130 de 2008. cuando esta proteja mejor los derechos fundamentales o los restrinja menos. preﬁriendo aquellas interpretaciones que armonicen los derechos y obligaciones que del tratado internacional se derivan con el orden jurídico chileno.Revista Chilena de Derecho. aunque no siempre lo explicita. lo que se ve reforzado por la aplicación del principio favor persona. indemnización por error judicial. recurso de nulidad penal. En otras ocasiones. el cual pese a no considerar nuevos elementos a los que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico interno. rol Nº 576 de 2007. En virtud del reconocimiento de este bloque constitucional de derechos. ya que refuerza la argumentación asumida corroborando la sintonía entre estándar internacional y estándar constitucional. rol Nº 1249 de 2008. se encuentra integrado por los derechos explícitamente asegurados en el artículo 19 de la Carta Fundamental. y la prohibición de la reformatio en pejus como parte integrante del derecho de defensa y garantías judiciales en sentencia rol Nº 1250 de 2009 . Esta perspectiva. El Tribunal Constitucional asegura aún tímidamente los atributos y garantías de tales derechos esenciales contenidos en el derecho convencional internacional referente a derechos humanos como parte del bloque constitucional de derechos. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 183 con un tratado no puede suspenderlo. el que. modiﬁcarlo ni derogarlo. Nº 821 de 2008. pp. amparo. fuera de potenciar el uso de los tratados de derechos humanos por el Tribunal Constitucional. como ocurre claramente con el derecho a la identidad en la sentencia rol Nº 519 de 2007. como parte del canon o parámetro de control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales en su razonamiento. Nº 1443 de 2010. al expresar un acto jurídico producido en contravención a las formas exigidas por la Constitución. rol 1340 de 2009. dentro del ámbito constitucional. rol Nº 807 de 2007. conciliando sus disposiciones con otras normas del Derecho Interno. la prohibición de privación de libertad por deudas. el Tribunal Constitucional integra los atributos y garantías que forman parte de los derechos convencionales que no están asegurados en el derecho constitucional positivo. abre la puerta para que todos los jueces ordinarios puedan aplicar el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano contra Chile en 2006. Nº 1501 de 2010. el derecho a la revisión de la sentencia o derecho al recurso como atributo integrante del debido proceso. rol Nº 1518-09 de 2010. rol Nº 834 de 2008. mediante un test de conformidad. el asumir la norma convencional en forma preferente a la de derecho interno. careciendo la primera de validez. para procurar cumplir de buena fe las disposiciones y los ﬁnes del tratado. en que se explicita la exis- . 149 . el derecho a la presunción de inocencia en las sentencias rol Nº 993 y rol Nº 1152 de 2008. el Tribunal Constitucional utiliza el derecho convencional internacional de derechos humanos como argumento de autoridad complementario.
como curre avanzado el año 2007 (sentencia rol Nº 728 de julio de 2007) o a ﬁnes de 2008. el estándar internacional se utiliza como argumento de refuerzo de la decisión del Tribunal ( sentencia rol Nº 747 de 31 de agosto de 2007. la sentencia causa rol Nº 740 de 18 de abril de 2008. existiendo casos en que los requirentes invocan los atributos de derechos esenciales que se encuentran asegurados y garantizados por el derecho convencional internacional (CADH) y el Tribunal Constitucional preﬁere resolver el caso considerando solo las normas de la Constitución formal. sentencia rol Nº 1273-08 de 20 de abril de 2010.. constituyendo un parámetro conjunto nacional-internacional del enjuiciamiento de normas infraconstitucionales. en que cita normas de la declaración Universal de Derechos Humanos. 39 N0 1. 149 . 3º. sobre inaplicabilidad de normas disciplinarias del C. ejercidas dentro del ámbito de sus competencias. cuando el tema es conﬂictivo e implica a la jurisdicción militar (sentencia rol Nº 1029 de 24 de noviembre de 2008). Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” tencia una coincidencia de atributos del derecho o de los derechos analizados a través de la mención de las disposiciones convencionales respectivas. sentencia Rol Nº 1247 de 14 de julio de 2009. en que se precisa la concordancia del estándar constitucional con el del art. donde respecto del derecho a la vida. por lo que la supresión de la referencia del instrumento internacional no signiﬁca ninguna pérdida sustantiva para la argumentación jurídica del Tribunal Constitucional (sentencia rol Nº 740 de 18 de abril de 2008. ya sea para concluir que se incurre en el caso concreto en una vulneración de los derechos asegurados y garantizados en sus atributos o que no hay vulneración de tales derechos en el caso concreto analizado. en materia de derecho de aclaración o respuesta y debido proceso) o “ad abundantiam”16. . orilla el tratamiento de los atributos de derechos esenciales contenidos en el derecho convencional internacional vinculante para el Estado de Chile. 2º CADH).T. art 1º. la Observación General Nº 6 del Comité de Derechos Humanos de ONU. puede señalarse la escasa atención que el Tribunal Constitucional presta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4º de la CADH. Por otra parte. pp. del PIDCyP. ya que la materia será objeto de otro estudio en el ámbito de esta investigación. no existiendo interés en manifestar sintonía con el estándar regional americano ﬁjado por ella. vale decir. debe precisarse que esta perspectiva no es sistemática en la conducta del Tribunal Constitucional.184 Revista Chilena de Derecho.O. 1º CADH) y que exigen adecuar el ordenamiento jurídico a través de “medidas legislativas o de otro carácter” (art. vol. cuyos órganos deben respetar y garantizar (art. de manera preliminar. 9 de la CADH en materia de tipicidad. El Tribunal Constitucional por diferentes razones. dentro de las cuales se encuentran las decisiones jurisdiccionales de los tribunales ordinarios y constitucionales. en que cita Convenio 102 de la OIT y Observación General Nº 16 del Comité de Derechos Económicos. omitiendo toda referencia al derecho convencional internacional de derechos humanos. art. el tribunal maniﬁesta la concordancia entre el estándar del derecho a la vida del que está por nacer en la Constitución y en el art. las citas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son escasísimas. Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre PIDESC). 449.187 [2012] Nogueira Alcalá. como elementos redundantes. En todo caso. lo que contrasta con el uso de la jurisprudencia de Cortes Constitucionales Europeas con 16 Queralt Jiménez (2007) p.
149 .Revista Chilena de Derecho. Lima. Universidad Católica Andrés Bello) pp. Alberto. . Víctor. Aguilar. Editores del Puerto) 1006 pp. Palestra Editores) 166 pp. Finalmente. Christian (compiladores) (2007): La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. Ed. Bidart Campos. Humberto “El uso del derecho convencional internacional de los derechos humanos…” 185 las cuales no existe ninguna vinculación jurídica (Alemania. Bovino. Abramovich. pp. Bazán. España. Germán (1994): “La Interpretación de los derechos humanos” en Lecturas constitucionales andinas N° 3. 223-281. y Courtis. Revista Estudios Constitucionales. que obliga a interpretar las normas utilizando aquella solución que mejor proteja y garantice los derechos o aquella que menos los restrinja o limite según sea el caso (sentencias rol Nº 740-07 de 2008 y rol Nº 1361-09 de 2009). Centro de Estudios Constitucionales de Chile. 39 N0 1. las cuales varían a través del tiempo. lo que además despeja el tema de la jerarquía normativa reemplazándolo por el de la aplicabilidad preferente de la norma más protectora de los derechos o menos restrictiva de ellos. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Asdrúbal (1997): Derechos Humanos y responsabilidad internacional del Estado (Caracas. Editorial Jurídica de Chile) 560 pp. y que deberán decantarse en el futuro próximo. Año 5 Nº 2 (Santiago. Universidad de Talca) pp. cuando ella asegure un mejor disfrute y ejercicio de los derechos que la norma jurídica interna en el caso especíﬁco. La experiencia de una década (Buenos Aires. 137-183. Revista Estudios Constitucionales.187 [2012] Nogueira Alcalá. Esta falta de interés por la jurisprudencia regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede llevar en más de algún caso a que pueda esta última determinar la responsabilidad internacional del Estado de Chile por vulneración de derechos humanos en virtud de sentencias del Tribunal Constitucional chileno. Gonzalo (2007): La internacionalización del derecho constitucional. Italia) o con la Corte Europea de Derechos Humanos. la que se resiste a reconocer como estándar mínimo de respeto de los derechos el establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aquella que lo reconoce como estándar mínimo común en América Latina. Antonio (2006): El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI (Santiago. año 5 Nº 1 (Santiago. Carpio Marcos. Víctor (2007): La interacción del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno en Argentina. vol. Comisión Andina de Juristas. lo que por un mínimo de coherencia exige preferir la norma convencional a la norma de derecho interno. Ello lleva a vislumbrar la existencia de dos almas al interior del Tribunal Constitucional sobre la materia. el caso Aarón Vásquez sobre derecho a la revisión de la sentencia penal podría ser el primero en que ello se concrete. Cancado Trindade. Edgar (2004): La Interpretación de los Derechos Fundamentales (Lima. BIBLIOGRAFÍA Aguiar. Universidad de Talca) pp. Monte Ávila Editores. la que está dada por la aceptación en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional de la regla de interpretación de derechos fundamentales “favor persona”. cabe terminar con una nota optimista este artículo. 176-190.
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Corte Superior de Ucayali, Honor y Libertad de Informacion
El Aborto Ante La Corte Suprema (Dworkin)

References: artículo 5
 artículo 75
 artículo 410
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 93
 artículo 417
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 74
 artículo 23
 artículo 54
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 74
 artículo 256
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 96
e contrario
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 169
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 169
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 206
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 387
 artículo 206
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 364
 artículo 5
 artículo 387
 artículo 14
 artículo 390
 artículo 8
 artículo 387
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 387
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 5
in dubio
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 61
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 61
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 548
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 54
 artículo 19
 resolución