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Timestamp: 2017-10-23 00:39:40+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 334/2012, AP - Madrid, Sec. 27, Rec 185/2011, 16-04-2012 | Iberley
Sentencia Penal Nº 334/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27, Rec 185/2011 de 16 de Abril de 2012
Sentencia Penal Nº 96/2010, AP - Cadiz, Sec. 3, Rec 2/2010, 18-03-2010
Órden: Penal Fecha: 18/03/2010 Tribunal: Ap - Cadiz Ponente: Rubio Encinas, Ana Maria Num. Sentencia: 96/2010 Num. Recurso: 2/2010
Sentencia Penal Nº 324/2013, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 25/2013, 01-07-2013
Órden: Penal Fecha: 01/07/2013 Tribunal: Ap - Asturias Num. Sentencia: 324/2013 Num. Recurso: 25/2013
Sentencia Penal Nº 441/2015, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 677/2015, 17-07-2015
Órden: Penal Fecha: 17/07/2015 Tribunal: Ap - Tenerife Ponente: Gonzalez Ramos, Juan Carlos Num. Sentencia: 441/2015 Num. Recurso: 677/2015
Sentencia Penal Nº 404/2011, AP - Tarragona, Sec. 4, Rec 438/2011, 06-10-2011
Órden: Penal Fecha: 06/10/2011 Tribunal: Ap - Tarragona Ponente: Barcenilla Visus, Maria De Los Angeles Num. Sentencia: 404/2011 Num. Recurso: 438/2011
Sentencia Penal Nº 627/2015, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 1193/2015, 03-12-2015
Órden: Penal Fecha: 03/12/2015 Tribunal: Ap - Tenerife Ponente: Gonzalez Ramos, Juan Carlos Num. Sentencia: 627/2015 Num. Recurso: 1193/2015
Ponente: Romera Vaquero, Maria Consuelo
Núm. Sentencia: 334/2012
Núm. Recurso: 185/2011
Núm. Cendoj: 28079370272012100271
Rollo de Apelación nº 185/11
J. Oral nº 321/09
SENTENCIA Nº 334/12
MAGISTRADOS: D.JOSE DE LA MATA AMAYA
DÑA.ANA Mª PÉREZ MARUGÁN
En Madrid , a dieciséis de abril de dos mil doce.
Vistos por esta Sección de la Audiencia Provincial de esta capital en grado de apelación y en audiencia pública los autos de Juicio Oral nº 321/09 ,procedentes del Juzgado de lo Penal nº 2 de Getafe seguido por delito de maltrato familiar siendo apelante el Ministerio Fiscal, apelado Hugo y Ponente la Magistrada Dña . CONSUELO ROMERA VAQUERO.
PRIMERO: Por la Ilma. Sra. Magistrada- Juez del Juzgado de lo Penal nº 2 de Getafe , se dictó sentencia en fecha 29 de octubre de 2010 en la que se recogen como HECHOS PROBADOS : " UNICO.- El dia 17 de marzo de 2009, sobre las 23.30 horas, el acusado D. Hugo , se hallaba en su domicilio sito en la calle Clérigos de la localidad de Villaconejos (Madrid) manteniendo una discusión con su hijo, Santiago , en presencia de la novia de éste, cuando escuchándolo Dª Ángeles , que vive en la misma finca y distinta vivienda, ex pareja del acusado y madre de Santiago , acude al domicilio del acusado, momento en el cual se inicia una discusión entre ellos, marchándose la Sra Ángeles a su domicilio y desde donde ambos se dirigieron expresiones, concretamente el acusado profirió expresiones tales como "hija de puta, zorra, sinvergüenza."
No resulta probado que el acusado acometiera o golpeara a la Sra. Ángeles en los términos que se le imputan, ni que le causara lesión alguna".
Y con el siguiente FALLO : " Que DEBO CONDENAR Y CONDENO al acusado D. Hugo en concepto de autor de una FALTA DE INJURIAS, precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de CINCO DIAS DE LOCALIZACION PERMANENTE, asi como al pago de la mitad de las costas procesales.
Debo ABSOLVER Y ABSUELVO al acusado D. Hugo del delito de maltrato en el ámbito familiar del que venía siendo acusado, declarando de oficio el pago de la mitad de las costas procesales.
No se mantienen las medidas cautelares relativas a la protección de la victima acordadas durante la sustanciación de los recursos que contra la presente resolución pudieran formularse.
Notifiquese la presente resolución a las partes, previniéndoles de que contra la misma podrán interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de DIEZ días desde su notificación. Notifiquese asi mismo esta resolución a los ofendidos o perjudicados por el delito, aunque no hubieren sido parte en el procedimiento.
Asi, por esta mi sentencia , lo pronuncio, mando y firmo."
SEGUNDO: Notificada la misma , se interpuso contra ella recurso de apelación por el Ministerio Fiscal, que fue admitido en ambos efectos, tramitándose conforme a lo establecido en el art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , siendo elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO: Una vez recibidas las mismas, y formado el rollo de apelación nº 185/11 en fecha 28 de marzo de 2008 se dictó auto en 9 de mayo 2011 por el que se denegaba la prueba testifical solicitada por la parte recurrente, señalándose para deliberación el día 13 de octubre de 2011.
En fecha 11 de octubre de 2011 se suspendió el indicado señalamiento acordándose se remitiese por el juzgado " a quo" copia de la grabación del procedimiento, por encontrarse la remitida grapada a la causa, siendo imposible, por ello ,su visualización, remitiéndose por el Juzgado de lo Penal en fecha 19 de octubre de 2011 nueva copia de grabación, señalándose para deliberación y fallo del recurso el día 10 de mayo de 2012, modificándose dicho señalamiento por providencia de fecha 11 de abril de 2012 por el que fijaba el día 12 de abril de 2012 para deliberación y fallo quedando los autos vistos para sentencia.
Se dan por reproducidos los de la sentencia recurrida , que se aceptan en su integridad.
PRIMERO: Discrepa el Ministerio Fiscal de la sentencia de instancia, aduciendo como motivo de apelación error en al apreciación de la prueba por parte de la juez " a quo" , propugnando la condena del acusado como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar por violencia de género( y no únicamente como autor de una falta de vejaciones injustas por la que se le sanciona en la sentencia de instancia ) y ello en base a la declaración de la víctima, alegato que no ha de tener acogida.
Así señala la sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de marzo de 2009 que " La cuestión que se plantea en el recurso de amparo ha sido analizada y resuelta en numerosas ocasiones por este Tribunal, conformando un cuerpo de doctrina sobre el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) que, iniciado con la STC 167/2002, de 18 de septiembre , ha tenido continuidad hasta la actualidad (entre otras muchas, SSTC 114/2006, de 5 de abril, FJ 2 ; 213/2007, de 8 de octubre, FJ 2 ; 64/2008, de 26 de mayo, FJ 3 ; 180/2008, de 22 de diciembre, FJ 2 , y 21/2009, de 26 de enero , FJ 2). Según esta doctrina, el derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías exige que sólo el órgano judicial ante el que se practiquen, con plena contradicción y publicidad, pueda valorar las pruebas personales. Por ello, este Tribunal ha apreciado la vulneración de aquel derecho cuando la Sentencia absolutoria de la primera instancia es revocada en apelación y se dicta una condenatoria o que agrava la situación del recurrente, en el caso de que hubiera sido ya condenado, y la misma se basa en una apreciación diversa de los testimonios (declaraciones de las partes o de testigos); esto es, se veda la posibilidad de que el órgano de apelación condene a quien ha sido absuelto en la instancia, o que empeore su situación si fue condenado, si para ello fija un nuevo relato de hechos probados que tiene su origen en la apreciación de pruebas cuya cabal valoración precise que se practiquen a presencia del órgano judicial que ha de decidir. En este sentido, hemos subrayado explícitamente que la exigencia de inmediación en la práctica de las pruebas personales sería vacua, como garantía de efectiva defensa de las partes y de la adecuada apreciación de aquéllas, si un Tribunal superior pudiera reconsiderarlas con la mera fundamentación de la Sentencia recurrida o la constancia documental que proporciona el acta del juicio oral.
En el mismo orden de cosas, es también doctrina constitucional reiterada que la constatación de la existencia de la lesión anterior conlleva la del derecho a la presunción de inocencia si tales medios de prueba, indebidamente valorados en la fase de recurso, se alzaron como única o esencial prueba de cargo para sustentar la condena ( SSTC 207/2007, de 24 de septiembre, FJ 2 ; 28/2008, de 11 de febrero , y 24/2009, de 26 de enero , FJ 2, entre otras muchas)."
A la vista de la doctrina reseñada, dado que el Ministerio Fiscal alega en su recurso su disconformidad con la valoración efectuada por la juzgadora de instancia de las declaraciones de acusado , víctima y testigos , ha de llegarse a la conclusión de que no caben estimarse las pretensiones de dicha acusación, pues no cabe llevar a cabo en esta instancia una valoración de las pruebas personales distinta a la realizada por la juez "a quo" ,como pretende la parte apelante , ya que en absoluto puede considerarse bastante para la salvaguarda de los principios de inmediación y contradicción la grabación del acto del juicio oral, a los efectos de la doctrina jurisprudencial anteriormente reseñada , como ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de mayo de 2009 .
Nos encontramos en este caso con que la magistrada de lo Penal, dentro de las facultades que le otorga el principio de libre valoración de la prueba , basa su resolución absolutoria en que el acusado negó haber agredido a la denunciante ,cuya versión incriminatoria no se vio avalada por corroboración periférica alguna respecto de la agresión que dijo haber sufrido a manos del apelado y tratándose ,por tanto, la expuesta de una valoración de pruebas personales que conduce a una resolución absolutoria , de acuerdo con la jurisprudencia constitucional enunciada, la misma ha de ser ratificada en esta instancia.
SEGUNDO: No se aprecian motivos para la imposición a parte determinada de las costas de este recurso.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación al caso, administrando justicia en nombre del Rey:
Que , con desestimación del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Ilma. Sra. Magistrada- Juez del Juzgado de lo Penal nº 2 de Getafe , cuyo fallo literalmente se transcribe en los Antecedentes que preceden, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida ,declarando de oficio las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes. Contra la presente, no cabe recurso ordinario alguno.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta sentencia para su conocimiento y cumplimiento.
Así por esta sentencia, de la que se llevara Certificación al rollo de sala , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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