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Timestamp: 2019-10-13 21:04:48+00:00

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STC 137/2000, 29 de Mayo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 143107
STC 137/2000, 29 de Mayo de 2000
Número de Recurso: 2063/1996
RA 2063/96. Promovido por don Sebastien T. C. respecto de los Autos de la Audiencia Provincial de Vitoria y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao que confirmaron la denegación de un permiso de salida por el Centro Penitenciario de Nanclares de Oca. Supuesta vulneración de los derechos a no ser discriminado por razón de la nacionalidad, a la tutela judicial efectiva (motivación) y en la prisión: denegación de permiso de salida a un recluso ajena a su nacionalidad francesa, que es razonada y no está desconectada de los fines de la institución.
Sentencia citada en: 1516 sentencias, 19 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 2063/96, interpuesto por don Sebastien T.C., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Lourdes Cano Ochoa y con la dirección letrada de doña Teresa Marcos Cuadrado, contra el Auto de fecha 28 de mayo de 1996, dictado por la Audiencia Provincial de Vitoria, por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao de 30 de agosto y 3 de noviembre de 1995, sobre denegación de un permiso de salida. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 20 de mayo de 1996, el recluso en el establecimiento penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava) don Sebastien T.C. se dirigió a la Audiencia Provincial de Álava para que se le designara Abogado y Procurador de oficio, caso de no haber sido ya designados, con la intención de interponer recurso de amparo contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que le había sido notificada denegándole un permiso de salida. Tal escrito, que no contenía una relación circunstanciada de hechos ni acompañaba copias de las resoluciones que se pretendían impugnar, fue remitido por la Dirección del Centro Penitenciario a este Tribunal, teniendo entrada en la fecha antes señalada.
La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 3 de junio de 1996, acordó conceder al solicitante, de conformidad con lo dispuesto por el art. 50.5 LOTC, un plazo de diez días para que manifestara de forma concreta y precisa la resolución judicial que pretendía recurrir, para que aportara copia, traslado o certificación de la misma, y para que acreditara fehacientemente la fecha de notificación a su representación procesal de la que puso fin a la vía judicial, así como haber invocado en el proceso judicial el derecho constitucional que estima violado; apercibiéndole que de no verificarlo se procedería al archivo de las actuaciones.
La misma Sección Tercera de este Tribunal dictó una providencia de 16 de septiembre de 1996 por la que, no habiéndose subsanado los defectos de la petición referida en el plazo concedido, se acordaba el archivo de las actuaciones. Mas antes de que esta resolución fuera notificada al solicitante se recibió en este Tribunal copia de la resolución impugnada y escrito del recurso de apelación de la que dimanaba, remitidos por el solicitante a través de la dirección del establecimiento penitenciario, que fueron registrados el 18 de septiembre de 1996. La resolución impugnada resultó ser el Auto núm. 167/1996 de la Audiencia Provincial de Vitoria, de 28 de marzo de 1996, que desestima el recurso de apelación, rollo 90/96, interpuesto contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao que confirmó la denegación de un permiso de salida en el procedimiento núm. 5943/95.
El Director del establecimiento penitenciario de Nanclares de la Oca remitió un oficio, registrado el 11 de diciembre de 1996, por el que se ponía en conocimiento de este Tribunal que don Sebastien T.C. no había reingresado al establecimiento el día 15 de noviembre de 1996, tras disfrutar de un permiso de salida ordinario de siete días, autorizado por la Audiencia Provincial de Vitoria.
El 13 de diciembre de 1996 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal la demanda que presentó la Procuradora de los Tribunales doña Lourdes Cano Ochoa, una vez designada a tal efecto junto con el Letrado que la suscribe. Allí se nos cuenta que, solicitado por el recurrente permiso de salida, fue denegado por Acuerdo de la Junta de Régimen del Centro Penitenciario; interpuesto recurso de queja, éste fue desestimado por Auto de fecha 30 de agosto de 1995. Contra dicho Auto se interpuso recurso de reforma, que fue asimismo desestimado por Auto del Juzgado de 3 de noviembre de 1995. Y que el Auto mencionado en último lugar fue objeto de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Vitoria, que lo desestimó por Auto núm. 167/1996, de 28 de marzo de 1996, y que es la resolución impugnada mediante el presente recurso de amparo.
La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 24 de febrero de 1997, acordó, de conformidad a lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formularan las alegaciones que estimaran oportunas en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda (art. 50.1.c LOTC).
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado en este Tribunal el 13 de marzo de 1997, interesó que la demanda fuera admitida a trámite al no parecer que el recurso de amparo careciera de contenido constitucional, ya que el caso guardaba, a su juicio, una gran similitud con el resuelto en la STC 112/1996, en el que se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El demandante presentó a través de la Procuradora de los Tribunales doña Lourdes Cano Ochoa escrito en el que sostenía la existencia de contenido en el recurso de amparo por él interpuesto.
La Sección Tercera, por providencia de 29 de abril de 1997, acordó admitir a trámite la demanda y que se dirigiera atenta comunicación a la Audiencia Provincial de Álava y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao a fin de que se remitieran las actuaciones correspondientes y se procediera al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional.
El Ministerio Fiscal presentó su alegato el 25 de agosto de 1997. Tras situar los hechos de esta demanda de amparo, recordó que en el escrito en que pidió la admisión del recurso se hacía eco de la STC 112/1996 en que el amparo se otorgó, en caso similar al que ahora nos ocupa, desde la perspectiva conjunta de los arts. 24 25 y 17 CE. Coinciden aquí y allí, no sólo los órganos judiciales que denegaron el permiso, sino, lo que es más importante, la fundamentación jurídica de la desestimación del recurso, que en la Sentencia antedicha fue considerada insuficiente y restrictiva de los derechos fundamentales en juego. Por ello, el Fiscal consideró importante reproducir aquí, como doctrina del Tribunal Constitucional, los dos últimos párrafos de aquella Sentencia, y así lo hace en su escrito.
El representante procesal del demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de julio de 1997, en el que reprodujo y reiteró las formuladas en la demanda en solicitud del otorgamiento del amparo.
Por providencia de 25 de mayo de 2000 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el siguiente día 29 del mismo mes y año.
Quien demanda el amparo ante este Tribunal lo hace por considerar que las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Vitoria y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao han vulnerado sus derechos fundamentales al resolver los recursos contra el acuerdo de la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Nanclares de Oca, denegatorio de un permiso ordinario de salida.
En la demanda de amparo se habla, con acierto, de que no se puede discriminar en relación con el disfrute de este tipo de permisos penitenciarios por causa de la nacionalidad, en este caso francesa, del solicitante. Pues, a pesar de la literalidad de la redacción que se contiene en el art. 14 CE, a partir de la doctrina general que este Tribunal Constitucional ha elaborado en materia de extranjeros –especialmente en las SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, 99/1985, de 30 de septiembre, 115/1987, de 7 de julio, y 94/1993, de 22 de marzo– se garantizan a todas las personas, y no sólo a los españoles, los derechos "imprescindibles para la garantía de la dignidad humana" (STC 107/1984, FJ 3) y no hay duda de que entre éstos debe inducirse el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero a la hora de explicar los motivos y de exponer los argumentos acreditativos de la discriminación, en la denegación del permiso de salida por el hecho de ser extranjero, en la demanda se guarda un silencio total que sólo se ve interrumpido por la simple invocación a la igualdad. Por tanto, el demandante no ha desplegado, como es su obligación, una mínima actividad, ni mostrado indicio alguno, para llevarnos al convencimiento de que ha sido objeto de un trato discriminatorio en la aplicación de la ley que ha llevado a cabo la resolución judicial impugnada y que pudiera haber servido para vincular la hipotética desigualdad de trato de que se queja con alguna de las causas expresamente prohibidas en el art. 14 CE. Por lo que debe también rechazarse el motivo de lesión del principio de igualdad ante la Ley.
Procede examinar ahora si se ha producido la vulneración de alguno de los otros dos derechos fundamentales que se invocan como lesionados; esto es, si existe vulneración constitucional en la doble perspectiva planteada: finalidad de la pena y motivación exigible a las resoluciones judiciales. En este sentido, el recurrente alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el art. 24.1 CE y el incumplimiento del mandato implícito contenido en el art. 25 CE dirigido a hacer posible el disfrute de los mecanismos e instituciones dirigidos a garantizar la orientación resocializadora de las penas privativas de libertad.
Por último, respecto de la eventual lesión del art. 25 CE basta con reiterar lo ya señalado por este Tribunal en la STC 81/1997, FJ 3 b), recogiendo y confirmando doctrina anterior establecida en las SSTC 112/1996 y 2/1997, de 13 de enero, posteriormente asumida en las SSTC 88/1998, de 21 de abril, y 204/1999, de 8 de noviembre, en el sentido de que, aun cuando la posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE), de forma que todos los permisos de salida cooperan potencialmente a la preparación de la vida en libertad del interno, esa simple congruencia de la institución de los permisos penitenciarios de salida con el mandato constitucional establecido en el art. 25.2 CE, no es suficiente para conferirles la categoría de derecho subjetivo, ni menos aún de derecho fundamental. Por tanto, hemos de concluir en la línea de lo afirmado en la citada STC 81/1997 que todo lo relacionado con los permisos de salida es una cuestión situada esencialmente en el terreno de la aplicación de la legalidad ordinaria, de forma que la concesión de los permisos no es automática, una vez constatados los requisitos objetivos previstos en la Ley. No basta entonces con que éstos concurran, sino que, además, no han de darse otras circunstancias que aconsejen su denegación, a la vista de la perturbación que puedan ocasionar en relación con los fines antes expresados y cuya apreciación corresponde a las autoridades penitenciarias y, en último término, a los órganos judiciales encargados de la fiscalización de estas decisiones.
SAP Burgos 470/2003, 25 de Septiembre de 2003

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