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Timestamp: 2017-06-29 03:57:17+00:00

Document:
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil quince estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “OSCAR MAURICIO ALVAREZ COLMAN C/ RESOLUCIONES M.H. N° 354 DE FECHA 07/JUL/04, LA RESOLUCION FICTA DENEGATORIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA; Y LA RESOLUCION DGA N° 153 DE FECHA 13/SET/04 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y sentencia N° 1219 de fecha 26 de diciembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió platear y votar las siguientes: CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENITEZ RIERA, BLANCO, y PUCHETA DE CORREA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: El Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda MARCOS A MORINIGO, no ha fundado concreta y específicamente el Recurso de Nulidad planteado, por lo que se le debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad de conformidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso.
A su turno los Dres. BLANCO Y PUCHETA DE CORREA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 1219 de fecha 26 de diciembre de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resuelve “1.-) HACER LUGAR, a la presente demanda promovida por el Señor Oscar Mauricio Álvarez Colman de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución y en consecuencia; 2.-) REVOCAR la resolución M.H. N° 354 de fecha 07 de Julio dé 2004, la Resolución Ficta Denegatoria del Ministerio de Hacienda, y la Resolución DGA N° 153 de fecha 13 de Setiembre de 2004, dictada por la Dirección General de Aduanas. 3.-) IMPONER las costas, a la perdidosa. 4. ANOTAR, registrar y remitir copia a la EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA." Que la apelante se agravió en contra del fallo impugnado, señalando que para analizar el fallo del Tribunal de Cuentas; debe referirse a la doctrina, sobre la teoría que identifica las leyes de orden público con las leyes imperativas. La misma entiende que una cuestión se llama de orden público cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que solo juega un interés particular, por eso las leyes de orden público son irrenunciables, imperativas: por el contrario las de orden privado son renunciables, permisivas y confieren a los interesados la posibilidad de apartarse de sus disposiciones y sustituirlas por otras... En ese sentido expone que el deber de los funcionarios de la Administración Publica, de circunscribir sus actos a los mandatos de la Ley, bajo pena de ser pasibles de sanciones y de la nulidad de sus actos.. .Entonces tenemos una aparente colisión de normas, en primer lugar Art. 9° de la nueva Ley N°2345/2003 también exige para que se proceda a la jubilación automática de los funcionarios públicos la edad de SESENTA Y DOS (62) Años; en contraposición al artículo 124 de la ley 2344/2003 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2004, que dispone: "El poder ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda procederá a disponer la jubilación automática de todos los funcionarios, de los organismos y entidades del Estado que durante el ejercicio 2004. Cumplan con los requisitos estableados en la Ley;y 2) El artículo 9 no de la Ley N° 2345/03 pone un límite de edad para que el funcionario preste servicio activo estableciendo su jubilación completa ordinaria. Expone que la resolución recurrida por el hoy accionante se formuló de conformidad al artículo 127 de la Ley 2344/03 que dispone la jubilación automática de aquellos funcionarios que reúnen las condiciones para una jubilación completa ordinaria. Expone de que la doctrina es uniforme ya que considera que la jubilación es ordinaria cuando el funcionario reúne los requisitos establecidos en la Ley (tiempo de servicio, edad, y aporte al fondo jubilatorio)... Expone que otra discrepancia con el Tribunal es la imposición de costas a la vencida; considera que las costas deben ser impuestas a la actora por la Teoría del riesgo asumido; señala que las costas debieron haber sido impuestas en el orden causado; porque se ha producido una interpretación judicial de normas legales, concluimos que existió un error en cuanto a la imposición de costas... Concluyó peticionando que se revoque la decisión del Tribunal de Cuentas.
Que el Abogado VICTOR SANCHEZ CANO, en representación del Sr. OSCAR MAURICIO ALVAREZ COLMAN, ha contestado el traslado corrídole en los términos del escrito obrante a fs. 109/110 de autos, expresando en su parte sustancial que: “Señala que la parte actora manifiesta que se agravia de la resolución recurrida en autos porque supuestamente no se ajusta a la realidad pasando a transcribir algunas consideraciones expuestas por el pre-opinante como así también lo ya expuesto reiterativamente en su escrito de demanda y alegatos finales. Arguye que la resolución recurrida se halla plenamente ajustada a derecho, considerando que la Resolución M.H. N° 354 de fecha 07 de julio de 2004 acordaba la jubilación ordinaria automática al Señor OSCAR MAURICIO ALVAREZ COLMAN, y la Sentencia del Tribunal se sustenta en que no se puede obligar al actor a jubilarse, siendo que la nueva ley dispone que la jubilación obligatoria sólo opera una vez cumplido los 62 años de edad, lo cual no había ocurrido al momento de dictarse la resolución administrativa ( RES. M.H. N° 354 del 07 de julio de 2004) como tampoco existió consentimiento expreso por parte del actor para acogerse a la jubilación... Con respecto a las Costas impuestas a la perdidosa NO EXTTE NINGUN ARGUMENTO que permita encuadrar la conducta de la Abogacía del Tesoro dentro del Art. 193 del C.P.C. y pretender con ello la atenuación de su responsabilidad para hacerse cargo de las costas, pues las razones que esgrime para aminorar su evidente responsabilidad, en nada se compadece con la posición que asume al fundamentar un recurso en esta instancia, al afirmar la supuesta existencia “una aparente colisión de normas” cuando lo que realmente existe por parte del Ministerio de Hacienda es la persistencia en la aplicación de NORMAS DEROGADAS E INAPLICABLES. Culmina solicitando que el Acuerdo y Sentencia N° 1219 de fecha 26 de Diciembre de 2012 sea confirmado en todas sus partes, imponiendo las Costas a la perdidosa en virtud del Art. 192 del C.P.C. Que entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, visualizo que el nudo gordiano sobre el cual rola el presente litigio, radica en determinar si la jubilación automática concernía o al administrado. Y por otro lado si corresponde o no hacer lugar a los recursos que buscan revocar los Actos Administrativos que resolvieron disponer la Jubilación ordinaria automática del mismo. Al respecto debo señalar, que para la dilucidación de esta causa resulta indispensable analizar los documentos que obran en ella, y que consisten en los siguientes: a) Fotocopia autenticada de la Nota D.A. N° 768 de fecha 09 de julio del 2004, del Director Administrativo del Ministerio de Hacienda- Lic. Giulio Laratro, recibido en la Secretaria Privada de la Dirección General de Aduanas, en fecha 12 de julio del 2.004 (fs. 31), b) Fotocopia de la Resolución N° 354 de fecha 07 de julio de 2004, “Por la cual se acuerda jubilación ordinaria automática a funcionarios de la Administración pública", dictada por el Ministerio de Hacienda; (fs.32) c) Fotocopia autenticada de la Resolución N° 153 de fecha 13 de setiembre de 2.004, dictada por la Dirección General de Aduanas en donde se designa a otra persona en el cargo del Sr. Oscar Mauricio Álvarez Colman, el mismo al momento de las mencionadas resoluciones poseía 59 años de edad, es decir, aun no cumplía los 62 años exigidos por la Ley N°2345/03, cuando según constancias de autos el mismo aún tenía intenciones de continuar trabajando. Que de los documentos citados en el parágrafo anterior, se desprende en primer lugar que la Resolución M.H. N° 354 de fecha 07 de julio de 2004 acordaba la jubilación ordinaria automática al Señor OSCAR MAURICIO ALVAREZ COLMAN, y el fallo del Aquo Quo se resguarda en que no se puede constreñir al actor a jubilarse, siendo que la nueva ley dispone que la jubilación obligatoria sólo opera una vez cumplido los 62 años de edad, lo cual no había ocurrido al momento de dictarse la resolución administrativa (Res. M.H. N° 354 del 07 de julio de 2004) como tampoco existió consentimiento expreso por parte del actor para acogerse a la jubilación. Ahora bien expongo de que la misma no tiene fuerza de verdad legal, pues las disposiciones legales mencionadas en la resolución que Jubila al actor del Juicio OSCAR MAURICIO ALVARES se encuentran expresamente derogadas o son jurídicamente inaplicables por expresa disposición de la Ley según: a) El art 1° del Decreto -Ley N° 11.308 del 19 de mayo de 1937 mencionado en la Resolución M.H. N° 354 se halla expresamente derogado por el Art. 18 inc a) de la Ley N° 2.345/03 “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO” que dice: “A partir de la fecha de la publicación de esta Ley, quedan derogadas las siguientes disposiciones legales: a los Artículos 1°, 5 °, 10 y 11 del Decreto Ley 11.308/37”. b) El Art. 4° de la Ley N°369 del 20 de agosto de 1956 mencionado en la Resolución M.H. N° 354 se halla expresamente derogado por el Art. 18 inc. x de la Ley N° 2345/03 que dice: ...x) el Artículo 2o de la Ley 197/93 y su modificación según el Artículo 2° de la Ley 1138/97”. c) El art. 127 de la Ley N° 2.344 del 31 de diciembre de 2.003 mencionado en la resolución M.H. N° 354 es jurídicamente inaplicable por disposición del Art. 18 inc z) Ley N° 2345/03: “cualquier otra disposición legal que se oponga a lo establecido en esta Ley.
QUE resulta pertinente puntualizar que en virtud de lo dispuesto por el art. 2 1° y 2° del Código Civil: “Las Leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar derechos adquiridos. Las leyes nuevas deben ser aplicadas a hechos anteriores solamente cuando priven a las personas de meros derechos en expectativa, o de facultades les eran propias y no la hubiesen ejercido”. La Administración con la interpretación arbitraria que realizó, violó el principio de legalidad de la ley, que tiene jerarquía constitucional. Justamente este principio tiene como misión principal precautelar la seguridad jurídica, el cual ha sido infringido por la Institución demandada, por lo que su restauración únicamente puede darse mediante la revocación del acto administrativo cuestionado, y el consecuente otorgamiento de los derechos que legalmente le corresponden OSCAR MAURICIO ALVARES a jubilarse en el momento que legítimamente le corresponde. Que por tanto, de acuerdo a las consideraciones legales realizadas precedentemente, a lo que debe sumarse las pruebas instrumentales en respaldo de la conclusión arribada, no resta otra opción que confirmar in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 1219 de fecha 26 de Julio de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas 1a Sala. Como lógico corolario, la revocatoria de la Resolución M.H. N° 354 de fecha 07 de julio del 2004, la Resolución Ficta Denegatoria del Ministerio de Hacienda, y la Resolución DGA N° 153 de fecha 13 de Setiembre de 2004, dictada por la Dirección General de Aduanas. En cuanto a las costas, deben imponerse en ambas instancias a la parte perdidosa en virtud del principio contenido en el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO. Que a su turno, los Dres. SINDULFO BLANCO y ALICIA PUCHETA DE CORREA dijeron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, que antecede, por los mismos fundamento. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada sentencia que inmediatamente sigue:
VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
2. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fiscal Marcos Morínigo, representante del Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, 3. CONFIRMAR in tottum el Acuerdo y Sentencia N°.1219 de fecha 26 de diciembre de 2.012, emitido por el Tribunal de Cuentas 1a Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución, por lo tanto RATIFICAR la revocatoria de la Resolución MH. N° 354 de fecha 07 de julio del 2004, la Resolución Ficta Denegatoria del Ministerio de Hacienda, y la Resolución DGA N° 153 de fecha 13 de Setiembre de 2004, dictada por la Dirección General de Aduanas. 4. IMPONER las costas en ambas instancias a la parte perdidosa.
5. ANOTAR y notificar. Alicia Pucheta de Correa. Ministra Luis María Benítez R. Ministro Sindulfo Blanco. Ministro Ante mí:
Abg. Norma Dominguez V. Secretaria (mc)

References: Resolución 
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 artículo 124
 artículo 9
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 artículo 127
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 Artículo 2
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