Source: https://es.scribd.com/doc/53149375/Violencia-intrafamiliar-y-relativa-a-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-Procedimientos-policiales-en-el-marco-de-violencia-intrafamiliar-genero
Timestamp: 2016-04-28 20:08:56+00:00

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Manual de apoyo para la formación de personal policial
Ministerio del Interior Viceministerio de Asuntos Políticos Dirección de Derechos Humanos
Procedimientos policiales en el marco de violencia intrafamiliar, género y relativo a personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad con perspectiva de Derechos Humanos.
Compilación y edición: Andrés Vázquez Revisión: Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior A. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA Violencia Intrafamiliar, de género y personas en situación de vulnerabilidad B. FUNDAMENTACIÓN El estudio de esta materia posibilitará al alumno contar con las herramientas pertinentes para resolver situaciones cotidianas relacionadas con distintas formas de violencia en el ejercicio de la labor policial, distinguiendo claramente las competencias entre las intervenciones que pueden ser objeto de mediación comunitaria de las que requieran su intervención de oficio por corresponder a un hecho punible. El personal policial capacitado conocerá los procedimientos de actuación, de derivación y registro. La intervención temprana, los programas de resolución de conflictos y la intervención penal hacen al quehacer del agente policial, y en función de la aplicación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana se construye la capacidad de responder a hechos y actos de violencia perpetrada especialmente por motivos de género, en el ámbito intrafamiliar o dirigida a personas que hacen parte de grupos en situación de vulnerabilidad. C. CONTENIDOS 1 – Introducción y fundamentos Fundamentos de la Asistencia e Intervención primaria relativa a la violencia de género, intrafamiliar y relacionada con grupos en situación de vulnerabilidad en el marco de la labor policial en la comunidad. Concepto de asistencia. Concepto de Servicio como funcionario público. Principios generales de intervención policial y el uso de la fuerza. 2 - Seguridad y rol policial Concepto de Seguridad Ciudadana. La Policía Nacional y su relación con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. La Policía Nacional y la comunidad. Principio de cumplir y hacer cumplir la ley. La policía como defensor y protector de derechos y Derechos Humanos 3 - Derechos Humanos
Derecho a vivir sin violencia, concepto de Derechos Humanos. Sistema de protección y asistencia: Elementos básicos relativos a los sistemas de protección internacional, regional y nacional (concepto de división de poderes, sistemas nacionales, sistemas locales de protección y jurisdiccional). Medidas que deben ser consideradas en durante los procedimientos policiales: atención, registro, aprehensión, detención, traslados, allanamientos y persecución de personas. 4 – Rol de la Policía Nacional en Asistencia e intervención en situaciones relativas a violencia intrafamiliar, de género y grupos en situación de vulnerabilidad Concepto de víctima: víctima de delitos, víctima de violencia. Asistencia, protección y represión: alcances, roles y principios. Excepciones a la mediación policial: delitos medioambientales, invasión de inmuebles, violencia intrafamiliar, acoso laboral, presencia de lesiones, amenazas a la integridad física y la vida. Grupos en situación de vulnerabilidad y sistemas de protección especial. Perspectiva de derecho para el relacionamiento, atención, asistencia e intervención de fuerza con personas que hacen parte de grupos en situación de vulnerabilidad. 5 – Procedimientos Procedimiento Policial frente a violencia intrafamiliar. Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley 1600/2000. Ley de Adultos Mayores, Ley 1885/2002. Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/2002. Proceso penal y derechos indígenas.
1 – Introducción y fundamentos
Fundamentos de la Asistencia e Intervención primaria relativa a la violencia de género, intrafamiliar y relacionada con grupos en situación de vulnerabilidad en el marco de la labor policial en la comunidad. Considerando que uno de los objetivos fundamentales de todo Estado de derecho 1 debe ser la eficacia del sistema jurídico para la resolución de sus conflictos, dicha meta siempre debe ser responsabilidad de la administración de justicia a fin de que la misma sea oportuna, ágil y expedita (sin trabas, libre de obstáculos). Para mantener el orden, la sociedad crea distintos acuerdos y normas de convivencia que hacen parte de su sistema legislativo positivo: leyes, estatutos, protocolos, procedimientos, contratos, etcétera. Existen distintos ámbitos para resolver la transgresión de esas normas. De acuerdo a la gravedad de la transgresión se denominan a los conflictos con la ley como crímenes, delitos o faltas. Los crímenes y delitos obligatoriamente son resueltos por el sistema jurisdiccional 2 por medio de procesos que en algunos casos requiere de la intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional para la investigación. En el caso de las faltas, no necesariamente se deben resolver en los juzgados. En algunos casos, en los que no se configura ningún hecho que requiera la intervención obligatoria de la autoridad judicial, se permite que las mismas personas involucradas resuelvan sus conflictos de común acuerdo con la participación de un tercero o policía. A este proceso se lo denomina mediación. La mediación, que puede ser comunitaria o judicial, se circunscribe a hechos y actos que no sean delitos o crímenes, y, su implementación puede variar de acuerdo a las normas establecidas en casa municipio en función del alcance y competencia de la jurisdicción de los Juzgados de Faltas municipales. Concepto de asistencia.
1 El Estado de derecho está conformado por dos componentes: el Estado, como forma de organización política y el derecho, como conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. Se entiende por Sistema Jurisdiccional al conjunto de relaciones que se establecen en el funcionamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial es aquel poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Por "Poder", en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad y autonomía.
Se entiende por asistencia al acto de prestar algún tipo de apoyo, soporte o ayuda a una persona. La Real Academia Española define asistencia como la “Acción de prestar socorro, favor o ayuda”. En términos jurídicos, asistencia refiere al “servicio que las personas que son auxiliares de justicia prestan a las personas que precisan de sus conocimientos jurídicos para defender sus derechos”. Concepto de Servicio como funcionario público3. La definición de Policía refiere al cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes de un país, a las órdenes de las autoridades políticas. El principio general frente a la comunidad es el de prestar asistencia y servicio. La Policía forma parte del Estado. Todas las personas que hacen parte del funcionariado público cumplen un rol importante en la sociedad, pero el personal que integra la Policía Nacional del Paraguay representa al Estado Paraguayo y es su brazo armado responsable de cumplir y hacer cumplir la ley. La Policía es una pieza clave en una sociedad tan compleja, grande y desarrollada como la del Paraguay. Los agentes policiales cumplen un rol esencial en la protección de los Derechos Humanos de todas las personas y en el mantenimiento del orden social. Principios generales de intervención policial y el uso de la fuerza. Para cumplir con su mandato de hacer respetar la ley, la policía no necesariamente debe realizar detenciones en cada circunstancia donde se ha violentado alguna ley, aún cuando esté facultada para hacerlo. Este poder no le permite hacer distinción en función de género, raza, ocupación profesional, nivel socioeconómico o afiliación política. Se permitirán las distinciones consideradas en la legislación vigente a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, por su edad o condición4. El personal policial puede y debe usar la fuerza necesaria para cumplir su mandato. Sin embargo, un uso excesivo o inapropiado de la fuerza puede significar responsabilidad administrativa, civil y/o penal. Por lo tanto, debe usarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria. El artículo 4º de la Ley 222/93 Orgánica de la Policía Nacional autoriza al personal a utilizar la fuerza y establece que: “La Policía Nacional, como órgano de seguridad interna del Estado, podrá hacer uso de la fuerza pública para el cumplimiento de su cometido, y de esa forma cumplir sus funciones, obligaciones
3 4 Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial Manual de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional del Paraguay
y atribuciones de la Policía”. Cuando éste es el caso, debe usarse siempre el nivel e intensidad de fuerza que logre el objetivo legal con el menor daño posible, considerando la gravedad del hecho y las condiciones particulares del caso. Siempre que existan las condiciones para hacerlo sin ocasionar una situación de riesgo inminente para el policía o terceros, debe anunciarse la intención de usar o incrementar el nivel de fuerza y darse un tiempo razonable para permitir que la persona disminuya su resistencia. Los niveles de fuerza se utilizarán para disminuir o eliminar una resistencia a la acción policial. Por lo tanto, como regla general no se puede utilizar ningún nivel de fuerza física contra una persona que no ofrezca resistencia alguna. Cuando el personal policial enfrenta cierta resistencia, debe utilizar un nivel e intensidad de fuerza apropiado para vencerla. El nivel e intensidad utilizados deben ser los mínimos posibles y podrán aumentarse en función del incremento de la resistencia. De igual forma, deberán disminuir en la medida en que la resistencia disminuya. Este incremento o disminución no necesariamente debe darse de forma escalonada, pero siempre se buscará utilizar el menor nivel de fuerza requerido para las nuevas circunstancias. Por este motivo, el policía debe evaluar constantemente la resistencia y las circunstancias. Como norma general, la simple presencia policial lleva implícito el uso de la fuerza pública de intervención del Estado ante una situación que requiere mantener o establecer el orden de acuerdo a normas determinadas, a esta situación, se la denomina “Uso de la fuerza continua”. El personal policial tiene la potestad de hacer uso de la fuerza física para reducir o inmovilizar a una persona o inclusive la fuerza letal. Para estos casos se determinan dos escenarios específicos: cuando sea estrictamente necesario para salvar una vida, o cuando exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves para el personal policial u otras personas. 1. Utilizar medios no violentos, en la medida de lo posible, antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego. 2. Solamente es aceptable el uso de la fuerza y de armas de fuego cuando los otros mecanismos hayan sido agotados o fueron ineficaces e incapaces para obtener el resultado legal pretendido. 3. En caso de que utilizar legítimamente la fuerza y las armas de fuego sea inevitable, el personal policial debe: ◦ Utilizar la fuerza con moderación y responder en proporción a la gravedad de la infracción y del objetivo legítimo que se pretende alcanzar. ◦ Respetar y preservar la vida humana y minimizar los daños y sufrimiento. ◦ Asegurar que cualquier persona herida o afectada reciba asistencia y
cuidados médicos lo más rápido posible. ◦ Garantizar que los familiares o personas cercanas de cualquier persona herida o afectada sean notificadas en la mayor brevedad posible. Actos prohibidos como uso de la fuerza: Los siguientes actos se encuentran prohibidos por constituir un uso inadecuado de la fuerza: • • • • • Controlar a una persona con la aplicación de técnicas de defensa personal que restrinjan la respiración o la irrigación de sangre al cerebro. Colocar a una persona esposada en una posición que restrinja su respiración. Realizar disparos de advertencia. Disparar hacia una multitud, salvo en algunos casos autorizados para los grupos especiales con entrenamiento específico. Disparar desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en los casos en que, de no hacerlo, sea evidente que el personal interviniente o terceros inocentes resultarán gravemente heridos y no haya otra alternativa para evitarlo. Disparar hacia un objetivo no muy definido a través de ventanas, puertas, paredes u otros obstáculos. Disparar a un presunto responsable cuando otros niveles de fuerza están disponibles y resultarían efectivos. Disparar cuando hay un riesgo inminente para terceros. Disparar para controlar a personas que solamente se encuentran causando daños a objetos materiales. Disparar para detener a personas cuyas acciones solamente pueden producir heridas o daños a ellas mismas. Disparar a personas que únicamente están cometiendo faltas administrativas. Desenfundar, exhibir o manipular un arma de fuego a menos que su uso potencial en la situación sea apropiado, o si las circunstancias claramente requieren el uso del arma para controlar una situación peligrosa. Disparar para sacrificar un animal si no hay una situación de emergencia que represente riesgos para el policía o terceros.
Desde el año 2010 se cuenta con procedimientos especiales sobre Uso de la Fuerza para la Policía Nacional.
Concepto de Seguridad Ciudadana. Para el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional, la seguridad ciudadana no es concebida exclusivamente como sinónimo de respuesta a la violencia sino como un servicio público que se construye sobre la base del respeto irrestricto a los Derechos Humanos, la participación ciudadana y la profesionalización de todas aquellas personas que son responsables de hacer cumplir la Ley. En el documento base de Política de Seguridad Ciudadana, se define a la misma como la garantía de seguridad de la población en general, se inscribe en el marco de las políticas generales del Estado y tiene en cuenta un total respeto de las garantías fundamentales y de los Derechos Humanos de los ciudadanos. Abordar la seguridad desde esta perspectiva significa considerar que el aumento de la violencia y la inseguridad entre los habitantes de los pueblos, debe comprenderse como un fenómeno generado por distintas causas, en el cual confluyen factores económicos, sociales y políticos. En el Paraguay, los delitos contra la propiedad y en general los delitos violentos o aquellos ligados a la desigual distribución de riquezas en las zonas rurales, señalan la necesidad de encarar políticas públicas que apunten a la construcción de una sociedad políticamente democrática, socialmente solidaria y económicamente equitativa. La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la violencia, la criminalidad, la disponibilidad de armas de fuego, el consumo de alcohol y drogas, así como el tráfico de estas últimas, son factores que podrían incidir el incremento de delitos y que tienden a aumentar la inseguridad. Las medidas de control represivo y preventivo son insuficientes dadas las condiciones sociales adversas, por lo que hay que estimar la necesidad de adecuar el rol del Estado no solo a la disminución de la violencia y conflictividad en el mediano y largo plazo, sino también a la administración de su crecimiento en el corto plazo. Esto implica el desarrollo de políticas sociales eficientes y eficaces, y de políticas que se materialicen a nivel de gestión pública y asignación presupuestaria así como a nivel de reformas institucionales y administrativas. En esta propuesta de Política Pública se establece como objetivo “Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana para todos y todas quienes habitan el territorio nacional, circunscriptos con plena vigencia de los Derechos Humanos. Entre las políticas priorizadas para alcanzar esta meta se encuentran “Desarrollar e implementar Sistemas de Información sobre Criminalidad, a través de la aplicación sistemática de Encuestas Nacionales de Seguridad Ciudadana, Centro de Información Estadística y Observatorio de Criminalidad y Seguridad Ciudadana”, e “Instalar la credibilidad en el Sistema Policial como servicio a la
comunidad”. La Policía Nacional es un actor clave en la tarea de otorgar seguridad a la comunidad, debiendo adecuar todas sus acciones a la legislación nacional, los principios del debido proceso, y a las normas y principios nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Esto significa que el personal policial, en su función de servicio público, debe realizar sus acciones pensando en la comunidad, y enfocando todo su actuar a las acciones preventivas y represivas del delito, atendiendo que las mismas, en todo momento, estén ajustadas al derecho. La Policía Nacional y su relación con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Aunque los policías son siempre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en la mayoría de los países existen también organismos no policiales cuyos funcionarios hacen cumplir la ley, por ejemplo los guardias de fronteras o los funcionarios de aduanas. En el Paraguay intervienen desde Agentes Fiscales, funcionarios de la Dirección General de Migraciones, la Policía de Tránsito y funcionarios del ámbito municipal como las CODENIS, hasta funcionarios de distintas reparticiones del Estado especializados en la atención, servicio y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Más importante aún es el hecho de que la función policial abarque a menudo áreas mucho más amplias que la mera tarea de garantizar el cumplimiento de la ley incluyendo en su trabajo el análisis de factores que contribuyen al diseño de políticas públicas, el trabajo de sensibilización para la prevención del delito o el trabajo comunitario. Generalmente las funciones policiales abarcan: • • • la prevención y detección del delito; el mantenimiento del orden público; la prestación de ayuda a la población.
La expresión labor policial (o acción o trabajo policial) se usa con muchos significados distintos, aunque se emplea en particular para designar el proceso de “garantizar el cumplimiento de la ley” en todos sus aspectos. La policía por sí sola nunca puede garantizar ese cumplimiento. La labor policial puede abarcar de hecho organismos y entidades distintos a la policía. El cumplimiento de la ley, se toma como un proceso social en el que intervienen otras instancias gubernamentales y la sociedad civil en general, y no como un deber profesional que lleva a cabo un solo organismo del Estado.
La Guía Básica de Derechos Humanos y la Guía de Abordaje Policial en la comunidad fueron creadas en el año 2010 y están disponibles en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Más información en http://www.mdi.gov.py o al teléfono (021) 415 2024.
La Policía Nacional y la comunidad. El concepto de orden está relacionado con el de “seguridad en la comunidad”. Para garantizar la seguridad de la comunidad es necesaria la cooperación entre todas las entidades intervinientes, así como de la sociedad civil. La Policía Nacional es parte de la sociedad. Todo su trabajo se realiza en función de la comunidad en la que se establece. Es imposible suponer que una dependencia policial puede realizar bien su labor manteniéndose ajena a la comunidad en la que existe y para quien sirve. Todo funcionario policial forma parte de una cadena de acciones que deliberadamente se establecen en función de la comunidad en la que trabajan. Los procedimientos de patrullaje, por ejemplo, no sirven solamente para desalentar a personas a cometer delitos y crímenes, sino que permiten, además, conocer a quienes hacen parte de esa comunidad, fortalecer la confianza en la fuerza policial, conversar con los vecinos, conocer sus problemas y ser parte de la búsqueda de soluciones.
Recuerde Son características principales del trato policial a los habitantes: • La amabilidad. • El trato igualitario. • La consideración de grupos en situación de vulnerabilidad (Niñez y Adolescencia, Mujeres y niñas, Personas migrantes, Indígenas y con discapacidad, GLTB). • Asegurar la seguridad de la información. • La gratuidad. Principio de cumplir y hacer cumplir la ley. Uno de los principios fundamentales de la labor policial está centrado en el principio de “cumplir y hacer cumplir la ley”. El significado va más allá de comprender que el personal policial debe ser respetuoso de las leyes establecidas y conocerlas para hacerlas cumplir. Este principio refleja el compromiso del personal policial en convertirse en un ejemplo para la comunidad, en respetar los derechos de todas las personas, brindar un trato digno incluyendo a las personas que se encuentran en conflicto con la Ley, y promover el respeto a los Derechos Humanos y la excelencia en la atención y el servicio que presta a la comunidad. En contrapartida, se convierte en un promotor de buenas prácticas, genera la buena predisposición ciudadana y, por sobre todas las cosas, establece el lazo de confianza indispensable para facilitar su labor en el mantenimiento del orden público.
Policía como defensor y protector de derechos y de Derechos Humanos. El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. Todas las leyes y normas que hacen parte al ordenamiento jurídico del Estado hacen parte de lo que se denomina “derecho positivo”. En el caso de los Estados democráticos como el paraguayo, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución Nacional, que se rige como la norma suprema, los tratados internacionales debidamente ratificados, por las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación y por los Decretos del Poder Ejecutivo, así como también otros documentos administrativos como las Resoluciones. La ley suprema de la Nación es la Constitución Nacional del Paraguay, si nos imagináramos una pirámide, la Constitución Nacional se encontraría en su cima, en su punta superior. La seguirían los tratados internacionales, las leyes y códigos nacionales, las leyes especiales y el resto de las normas, leyes y contratos. Este ordenamiento no significa que una ley sea mejor que otra, sino que significa que ninguna orden o normativa, puede desconocer los principios y derechos reconocidos en una norma superior. Por ejemplo, ante una amenaza de muerte y maltrato psicológico sin presencia de lesiones entre dos personas convivientes, no se podrá realizar una mediación comunitaria por más que las partes implicadas así lo deseen. La misma deberá ser remitida a la Comisaría Jurisdiccional para su normal procedimiento de registro y derivación al Ministerio Público por tratarse de un delito de acción penal pública enmarcado en el tipo penal de “Violencia Familiar” en concordancia al artículo 229 del Código Penal del Paraguay. Además, se establece la lucha contra la violencia intrafamiliar como un principio constitucional. Si el mismo hecho hubiera ocurrido entre dos vecinos que no sean familiares y se constatase que no significa un peligro real para su integridad física o de terceros, entonces se podrá intervenir para lograr un acuerdo amistoso de no agresión y la búsqueda de una solución común. En la Constitución Nacional, además del ordenamiento del Estado y sus características fundamentales, se establecen los principios y derechos que se reconocen en el país para todas las personas físicas y jurídicas. Entre estos derechos se reconocen todos los derechos procesales, el debido proceso y los Derechos Humanos. Considerando que la labor policial incluye la prevención y detección del delito; el mantenimiento del orden público; y la prestación de ayuda a la población, el rol de protector de derechos convierte a la Policía Nacional en una institución defensora de todos esos derechos, incluyendo a todos los Derechos Humanos. El personal policial es garante y promotor de la defensa de los Derechos Humanos y de la seguridad en la comunidad en la que trabaja. Por ello, la Policía Nacional
se constituye en un actor clave en la tarea de otorgar seguridad a la comunidad, debiendo adecuar todas sus acciones a las normas y principios nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Ello significa que el Policía, en su calidad de servidor público, debe realizar sus acciones pensando en la comunidad, y enfocando todo su actuar en las acciones preventivas y represivas del delito, atendiendo que las mismas, en todo momento, deben estar ajustadas a derecho. En caso que el personal policial deba aprehender o detener a una persona, debe hacerlo cuidando de su dignidad, bienestar y en cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales penales y de Derechos Humanos.
Recuerde La privación de libertad de una persona es procedente exclusivamente en los siguientes casos: • Por aprehensión justificada ante: ◦ Flagrancia de delito ◦ Fuga ◦ Indicios justificados de participación en un hecho punible Por una orden de detención solicitada por un Agente Fiscal Por una orden judicial que solicite la Prisión Preventiva
Desde el mismo momento que una persona es aprehendida, se encuentra bajo responsabilidad del Estado. El cuidado de la Policía Nacional implica garantizar su salud, integridad física, dignidad y el pleno respeto de todos sus derechos como persona humana y todas sus garantías procesales.
Derecho a vivir sin violencia. El “derecho a la seguridad5” es un derecho básico garantizado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un derecho difícil de garantizar, debido a los muchos factores que intervienen a la hora de proporcionar seguridad. Cierto grado de tranquilidad en la sociedad es una condición previa y necesaria para garantizar la prosperidad de la población. De hecho, el vínculo entre seguridad y disfrute pleno de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales se reconoce cada vez más, como se refleja en el hecho de que las iniciativas internacionales de desarrollo se vinculen con cuestiones de seguridad. Para que las personas puedan vivir juntas pacíficamente, surgen normas de comportamiento en el seno de los grupos y entre unos grupos y otros, que se sostienen de forma natural mediante la socialización y la disciplina informal o que pueden imponerse desde fuera mediante normas formales. En última instancia, corresponde al Estado la responsabilidad de garantizar un nivel mínimo de orden, y la policía es una de las varias entidades del Estado que tiene encomendada la tarea de hacer efectiva esa obligación. En el año 2010 se presentó la Política Nacional de Seguridad Ciudadana (PNCS) como plataforma para la gestión de las diversas problemáticas y necesidades que debe abordar el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, incluida la Policía Nacional. La PNSC es definida como el conjunto de intervenciones públicas llevadas a cabo de manera integral por diferentes actores estatales y sociales, tanto públicos como privados, de manera sostenida y bajo condiciones de buen gobierno a los efectos específicos de abordar, prevenir y resolver aquellos riesgos y conflictos (concretos o previsibles) de carácter violento y/o delictivo que lesionen los derechos y libertades de la ciudadanía en un determinado ámbito espacio-temporal en sus dimensiones objetivas y subjetivas. Se trata, pues, de una política de prevención y control de la violencia y el delito, mediante el uso legítimo de las herramientas institucionales que le otorga el marco de un Estado de Derecho democrático en alianza y coordinación con la sociedad civil6.
5 6 “Seguro” significa “no afectado por el peligro o el miedo; a salvo, protegido”, y “seguridad” significa “una sensación segura”, según la definición de la Real Academia Española Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Documento base. Dirección de Políticas de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior. Asunción, Paraguay. 2010. Pág.29
Concepto de Derechos Humanos7. Los Derechos Humanos son un conjunto de normas y preceptos basados en valores que hacen a la condición libre, igual y digna que poseen todos los seres humanos, sin importar su sexo, identidad de género, raza, religión, edad, condición social, ideas políticas, tradiciones, costumbres o cualquier otra característica. Se reconocen como garantías legales universales que protegen a los individuos y grupos contra aquellos actos de los gobiernos e instancias privadas que interfieren con los derechos fundamentales y la dignidad humana. Los Derechos Humanos son universales, están contemplados en la Ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los Derechos Humanos establece las obligaciones que tienen los Estados de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Son universales e inalienables: El principio de la universalidad de los Derechos Humanos es la piedra angular del derecho internacional de los Derechos Humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de la temática. Los Derechos Humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Son interdependientes e indivisibles: Todos los Derechos Humanos, sean éstos derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la Ley y la libertad de expresión; derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Son iguales y no discriminatorios: La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de Derechos Humanos. Está presente en todos los principales tratados de Derechos Humanos y constituye el tema central
7 Elaborado en base al documento “Derechos Humanos” de Soledad Villagra de Biederman que hizo parte del material de apoyo de la cátedra hasta el año 2010.
de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Generan derechos y obligaciones: Los Derechos Humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los Derechos Humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los Derechos Humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los Derechos Humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los Derechos Humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros Derechos Humanos, también debemos respetar los Derechos Humanos de los demás. Los Derechos Humanos se ejercen principalmente frente al poder público , Estado y agentes estatales, o frente a instancias privadas como personas físicas o jurídicas como las empresas. • • Los Derechos Humanos implican obligaciones a cargo del Estado, es él, el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social son atentados contra los Derechos Humanos. Pueden ser crímenes, incluso gravísimos, pero si es la mera obra de particulares no será una violación de Derechos Humanos, El Estado puede violar los Derechos Humanos por acción u omisión.
Las violaciones a los Derechos Humanos hacen más difícil la tarea de la aplicación de la Ley porque: • • • • • • Atentan la confianza del público, Obstaculizan la labor eficaz de la justicia, Aíslan a quienes son funcionarios de la comunidad, Fomentan la impunidad haciendo que personas culpables queden libres y personas inocentes sean castigadas, Niegan el acceso a la justicia a personas que son víctimas de delitos o crímenes, Fuerzan a quienes son funcionarios a ser más reactivos que preventivos en el planeamiento de la lucha contra la delincuencia y el delito,
Agravan el desarrollo de “lo público”.
Utilidad del respeto de los Derechos Humanos para funcionarios estatales: • • • • • • • • Aumenta la confianza de la comunidad, Fortalece la solución pacífica de conflictos y la realización de denuncias, Mejora la acción de la justicia, da buenos resultados, y los procesos penales prosperan en los tribunales, Los agentes responsables de hacer cumplir la Ley son considerados parte de la comunidad y encargados de una valiosa función social, Colabora en aumentar la administración imparcial de la justicia y la confianza en el sistema estatal, Da ejemplos a otras personas en el respeto de la Ley, Colabora en conseguir el apoyo de los medios de la comunidad internacional y de autoridades políticas, Quienes son funcionarios honran a su institución, a su gobierno y al Estado que representan.
Sistema de protección y asistencia8 ¿Quién vigila el cumplimiento de los Derechos Humanos a nivel nacional? • Funcionarios y agentes estatales, incluyendo al personal policial, son responsables de cumplir la Ley, ya sean dependientes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo: cómo es el caso de la Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público o de la Corte Suprema de Justicia, Comisiones Parlamentarias, o el Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional, entre otros, Las instituciones nacionales oficiales de control de Derechos Humanos: como la Defensoría del Pueblo, Las ONG (Organizaciones No gubernamentales), las organizaciones religiosas, los medios de comunicación e información, las organizaciones profesionales y las universidades.
Sistema Internacional, regional y nacional La vigilancia a nivel internacional se establece por medio de mecanismos intergubernamentales de control, como es el caso de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos o las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos.
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de las oficinas nacionales de las distintas agencias establecidas en el país que realizan investigaciones o proyectos relativos a los Derechos Humanos, se establecen distintas instancias de formación, entrenamiento, observancia y supervisión del cumplimiento de los acuerdos relativos a los Derechos Humanos. Estas instancias de control pueden acceder a las dependencias policiales y otras instalaciones estatales para realizar investigaciones. Algunos de estos mecanismos especiales u órganos de supervisión que han visitado nuestro país son: el Comité para la prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; el Comité de los Derechos del Niño, Relatores especiales de los derechos de la mujer, de derechos de las personas indígenas y de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), también se cuenta con una oficina oficial en el país, que aunque no realiza investigaciones propias en el país, facilita la realización de cursos, apoyo a instituciones y el accionar de distintas instancias del sistema interamericano en nuestro territorio: como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño, entre otros. Todos ellos con capacidad de actuar en el país. Entre las ONGs internacionales de Derechos Humanos mundialmente reconocidas se encuentran Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Save The Children, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), entre otras. En el marco regional también se encuentran instancias como el MERCOSUR, con la Red de Altas Autoridades en Derechos Humamos (RAADDHH), en la que se establecen acuerdos multilaterales para la creación de políticas públicas en Derechos Humanos. Las características de todas estas instancias son: • Ser garantizadas en el plano internacional, • Protegidas jurídicamente, • Centradas en la dignidad del ser humano, • Capaces de obligar a los Estados y agentes del Estado, • No pueden ser suprimidas ni suspendidas, • Se consideran iguales e interdependientes, • Universales. En el plano nacional se establecen distintas instancias encargadas de la observancia, protección, investigación y sanción relativas a los Derechos Humanos. Algunas privadas, como las Organizaciones de Derechos Humanos, y otras dentro del sistema estatal.
Entre las privadas se pueden mencionar el Comité de Iglesias para Ayuda en Emergencias (CIPAE), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Codehupy), la Coordinadora de Derechos de la Niñez (CDIA), la Coordinadora de Mujeres Rurales (CONAMURI), la Coordinadora Nacional de Derechos de Personas con Discapacidades (Conaprodi) entre algunas de las redes principales, y muchas otras organizaciones de defensa de Derechos Humanos. En el plano gubernamental, además de las Secretarías Nacionales de defensa de grupos en situación de vulnerabilidad como la de la Mujer, la de Niñez y Adolescencia o los Institutos del indígena o de personas excepcionales 9; la red de Direcciones de Derechos Humanos, que incluye al Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional, o la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, órgano principal de defensa de los derechos de las personas en el Estado, es una institución gubernamental independiente. Tiene rango constitucional, y se constituye como órgano responsable de la defensa de los Derechos Humanos, de la canalización de reclamos populares, y la protección de intereses comunitarios. En ningún caso, tendrá función judicial ni competencia ejecutiva. Esto significa que su función se establece como independiente de todos los poderes del Estado. La organización del Estado se divide en tres poderes: el Poder Ejecutivo, encargado de administración pública y del cual depende la Policía Nacional por medio del Ministerio del Interior; el Poder Legislativo, encargado de la producción y aprobación de Leyes nacionales y la observancia de su cumplimiento; y el Poder Judicial, encargado de la administración de justicia. La división de poderes garantiza la independencia de la gestión de cada uno en favor de todas las personas que habitan nuestro país.
9 Si bien el termino internacionalmente reconocido y correcto según la convenciòn de las Naciones Unidas sobre esa temática es de “personas con discapacidad”, el Instituto responsable de brindar asistencia a las personas con discapacidad en el Paraguay se llama Instituto para la Protección de Personas Excepcionales (INPRO)
Para la canalización de los reclamos y el servicio que requieren todas las personas, el Estado se organiza en dos sistemas principales: el sistema jurisdiccional y el sistema de protección. El sistema jurisdiccional es responsable de resolver los conflictos presentados en relación a todo tipo de conflicto con la Ley, la violación de derechos individuales o colectivos, incluyendo la violación de Derechos Humanos. Hacen parte del sistema jurisdiccional el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, y las instancias municipales con competencia para dirimir conflictos. El sistema de protección es responsable de establecer políticas públicas de defensa de derechos, administrar mecanismos que los garanticen a todas las personas físicas o jurídicas, e interceder por la defensa de derechos individuales. Hacen parte de este grupo las secretarías especializadas (como en el caso de la mujer, niñez, indígenas, etc.), la mayoría de los Ministerios, y entes interinstitucionales como la Mesa para la prevención y combate a la trata de personas, oficinas especializadas de entes gubernamentales o municipales como la Oficina de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Industria y Comercio, o las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), y las organizaciones no gubernamentales. Para garantizar un mejor servicio a la comunidad, es importante que el personal policial se interiorice en saber cuáles son las instancias de los órganos de protección o jurisdiccional que suelen o deben intervenir en su jurisdicción de manera de poder guiar eficazmente a las consultas y reclamos de la comunidad en la cual realiza su labor. Todas estas instancias pueden interactuar por medio de redes y mesas sectoriales en las que se analizan, definen y coordinan el trabajo que se realiza en la comunidad a nivel barrial, municipal, departamental, regional o nacional. En estas redes participa la Policía Nacional. Algunos ejemplos son: las Comisiones Vecinales, la Pastoral Ecuménica del Migrante, la Comisión Interinstitucional de Prevención de la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes, la Mesa sobre Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, la Mesa Interinstitucional de Prevención y Combate a la Trata de Personas o la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer. Medidas que deben ser consideradas durante los procedimientos policiales: atención, registro, aprehensión, detención, traslados, allanamientos y persecución de personas. El Código de Conducta para los funcionarios responsables de hacer cumplir la
Ley10 debe ser contemplado y respetado por todos los y las agentes policiales. Sus principales puntos son: • Cumplir siempre la Ley, sirviendo a la comunidad y protegiéndola de todo hecho o acción que atente contra el orden y la seguridad. • Respetar y proteger la dignidad de las personas garantizándoles sus Derechos Humanos. • Utilizar la fuerza solamente cuando sea estrictamente necesario, actuando según las formas reglamentadas. • Mantener en secreto toda información que sea confidencial y que deba ser resguardada para evitar la revictimización de niñas, niños, adolescentes, mujeres o de cualquier otra persona. Sin embargo, la misma deberá ser difundida en el caso que el cumplimiento del deber y la justicia así lo exijan. • No realizar, promover o tolerar cualquier acto de tortura u otra forma de trato cruel, inhumano o degradante. • Asegurar la protección de la salud de las personas que están bajo la responsabilidad del personal policial. • Combatir y oponerse a los actos de corrupción. Asimismo, evitar cometer hechos de corrupción que impliquen soborno, recepción de coima u otro tipo de beneficio o favor (incluyendo los favores sexuales). Principios generales del actuar policial: El trabajo del policía es muy importante para las personas y la sociedad. La ética, la técnica, el profesionalismo y la legalidad son esenciales para realizar un trabajo policial más efectivo y más humano. El personal policial es garante y promotor de la defensa de los Derechos Humanos y de la seguridad en la comunidad en la que trabaja. La Ley 222/93 orgánica de la policía nacional determina la función, alcances y límites de la función policial: • • • • • Cumplir y hacer cumplir la Ley. Prevenir, detectar y reprimir delitos. Mantener y preservar el orden público. Identificar e investigar delitos. Responder a las solicitudes de auxilio y asistencia en emergencias.
Para proteger a la sociedad y cumplir con sus funciones, el personal policial tiene ciertos poderes que deben ser utilizados en el marco de la Ley. Registrar a una persona, ya sea se encuentre a pie o en un vehículo, siempre y cuando se cuente con sospechas suficientes o con una denuncia específica, donde conste que la misma está implicada en un delito o crimen.
10 Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, de la cual Paraguay es parte integrante.
Si se requiere aprehender a una persona, sólo se deberá hacer cuando se encuentre en flagrante comisión de delito o cuando exista una orden judicial. Utilizar la fuerza, instrumentos no letales de protección y armas de fuego exclusivamente cuando fuese necesario y de forma proporcional a la amenaza que se presenta. Se deben recepcionar en todas las dependencias de la Policía Nacional las denuncias formuladas por la ciudadanía, aún fuera de su área física de responsabilidad; intervenir y canalizar inmediatamente e informar todo lo actuado a la comisaría jurisdiccional correspondiente. Derechos fundamentales de las personas que se deben garantizar en la tarea policial: • • • • • • • Protección de la vida e integridad física. Protección de la libertad de circulación, de ideas y pensamientos, conciencia y creencia religiosa. Protección a la libertad de realizar reuniones y manifestaciones pacíficas. Garantía del debido proceso. Ninguna persona puede ser aprehendida o detenida arbitrariamente. Toda persona debe conocer el motivo por el cual está siendo acusada y aprehendida. El personal policial solo puede detener a una persona cuando cuenta con una orden judicial o si la encuentra en flagrante comisión de delito. El personal policial debe tratar a todas las personas por igual, sin hacer ningún tipo de discriminación por razón de género, raza, edad, orientación sexual, religión, clase social, o discapacidad.
4 – Rol de la Policía Nacional en Asistencia e intervención en situaciones relativas a violencia intrafamiliar, de género y grupos en situación de vulnerabilidad
Concepto de víctima: víctima de delito, víctima de violencia. Víctima es toda persona que padece daño a su integridad física o bienes materiales por culpa ajena o por causa fortuita. Víctima de delito es cuando el daño que padece se encuentra mencionado en alguna norma legal como un hecho posible de ser sancionado, y que obliga a una institución del Estado a reparar u obligar una reparación, a petición de las partes o de oficio, por algún funcionario público responsable de hacer cumplir la Ley. En general por violencia entendemos cualquier acción u omisión intencional que dañe o pueda dañar a una persona. Distintas formas de violencia: • • • Violencia física: Malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza, agresión física Violencia psicológica: Trato cruel, inhumano o degradante, agresión verbal, revictimización, exposición voluntaria de su imagen o datos personales Violencia institucional: Ignorar la denuncia o la solicitud de auxilio, acción de desatender, “ningunear”, a la persona basada en su condición
El Estado, por medio de todas sus instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de la Defensa Pública, entre otros, está obligado a asistir a toda persona que se encuentre en situación de víctima de un delito, un crimen o requiera la protección y asistencia ante cualquier forma de violencia. El derecho de peticionar ante las autoridades para realizar cualquier tipo de denuncia, solicitar auxilio, atención o protección no tiene ninguna restricción por edad, condición económica, sexo o identidad de género, orientación sexual, condición física, origen étnico, condición de salud (incluida la salud mental), ni nacionalidad. Asistencia, protección y represión: alcances, roles y principios. Conducta y comportamiento policial: El Código de Conducta para los funcionarios
responsables de hacer cumplir la Ley11 debe ser contemplado y respetado por todos los y las agentes policiales. Sus principales puntos son: • • • • Cumplir siempre la Ley, sirviendo a la comunidad y protegiéndola de todo hecho o acción que atente contra el orden y la seguridad. Respetar y proteger la dignidad de las personas garantizándoles sus Derechos Humanos. Utilizar la fuerza solamente cuando sea estrictamente necesario, actuando según las formas reglamentadas. Mantener en secreto toda información que sea confidencial y que deba ser resguardada para evitar la revictimización de niñas, niños, adolescentes, mujeres o de cualquier otra persona. Sin embargo, se deberá difundir en el caso que el cumplimiento del deber y la justicia así lo exijan. No realizar, promover o tolerar cualquier acto de tortura u otra forma de trato cruel, inhumano y degradante. Asegurar la protección de la salud de las personas que están bajo la responsabilidad del personal policial. Combatir y oponerse a los actos de corrupción. Asimismo, evitar cometer hechos de corrupción que impliquen soborno, recepción de “coima” u otro.
Los principios generales del actuar policial se basan en el concepto general que el trabajo del policía es muy importante para las personas y la sociedad, y que la ética, la técnica, el profesionalismo y la legalidad son esenciales para realizar un trabajo policial más efectivo y más humano. La Misión y poderes del actuar policial están establecidos en la Ley 222/93 Orgánica de la Policía Nacional determina la función, alcances y límites de la función policial: • • • • • • • • • •
Cumplir y hacer cumplir la Ley. Prevenir, detectar y reprimir delitos. Mantener y preservar el orden público. Identificar e investigar delitos. Responder a las solicitudes de auxilio y asistencia en emergencias. Para proteger a la sociedad y cumplir con sus funciones, el personal policial tiene ciertos poderes que deben ser utilizados en el marco de la Ley. Registrar a una persona, ya sea se encuentre a pie o en un vehículo, siempre y cuando se cuente con sospechas suficientes o con una denuncia específica, donde conste que la misma está implicada en un delito o crimen. Aprehender a una persona que se encuentre en flagrante comisión de delito o cuando exista una orden judicial. Utilizar la fuerza, instrumentos no letales de protección y armas de fuego exclusivamente cuando fuese necesario, y de forma proporcional a la amenaza que se presenta. Recepcionar en todas las dependencias de la Policía Nacional, las
Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, de la cual Paraguay es parte integrante.
denuncias formuladas por la ciudadanía, aún fuera de su área física de responsabilidad; intervenir y canalizar inmediatamente e informar todo lo actuado a la comisaría jurisdiccional correspondiente. La función policial se caracteriza por ser eminentemente preventiva aunque, también debe realizar funciones y labores represivas, debiendo enmarcar su actuar estrictamente dentro de lo que la Ley le faculta, estando siempre al servicio público y al de todos los ciudadanos y cada uno de los habitantes de nuestro país, sin distinción de ninguna especie, procurando siempre propugnar medidas para mantener el clima de normalidad y tranquilidad que la ciudadanía requiere, para su normal funcionamiento. La premisa de “asistir” a la población parte del principio que todo funcionario público actúa en todo momento en representación del Estado, y como tal, debe responder a la comunidad en consecuencia de los compromisos asumidos como Estado. Esto define a la Policía Nacional en cinco roles principales: el rol preventivo, el rol de control del orden público, el rol de integración comunitaria, el rol educativo y el rol de institución pública. • ROL PREVENTIVO: Esta función, cumplida en cada instante, es difícilmente cuantificable y medible con un patrón, puesto que no es tampoco medible la capacidad de delinquir o anteponerse a los requerimientos imprevistos de la comunidad.
Esta acción está representada en la protección de la vida de cada habitante de la nación y de sus bienes y la conservación del orden público en forma constante o cada vez que éste es quebrantado y sea necesario restablecerlo, actos que se ven cumplidos cuando el personal policial es capaz de anticiparse a los hechos, disminuyendo el factor de riesgo y aumentando la sensación de seguridad. • ROL DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO: Este se ejerce a través de la fiscalización que la Ley impone a la Institución y que se orienta a la detención de las personas que se encuentran en conflicto con la Ley y a los reglamentos existentes en materia jurídica.
A su vez, cuando actúa en cumplimiento de una orden judicial, ejerce la acción de poner a disposición de los tribunales de justicia, a los individuos que cometen hechos, que revisten características de delito o los que estos requieren mediante los mandatos emanados por las diferentes judicaturas existentes a lo largo del país, para mantener la paz y tranquilidad ciudadana, cuando su normal funcionamiento ha sido quebrantada. • ROL DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA: Este rol es entendido como el conjunto de actividades cumplidas que garantizan la representación del
Estado, la soberanía nacional, o el resguardo de fronteras, compartiendo con los lugareños estrategias comunes de acción para garantizar la seguridad ciudadana. • ROL EDUCATIVO: Con este rol el personal policial se transforma en maestro y educador tanto de la juventud como de la comunidad en general, concurriendo a colegios, sedes vecinales, u otras organizaciones sociales que ven la autoridad en un funcionario policial, traspasando sus conocimientos y vivencias en temas como delincuencia, alcoholismo, drogadicción, seguridad en general, educación en Derechos Humanos, orientación familiar, tránsito y en todas aquellas materias en las cuales pueda prestar ayuda, contribuyendo a formar conciencia en conductas y soluciones a problemas que, al ser dejados de lado, suelen transformarse en efectos negativos para la seguridad ciudadana. ROL DE INSTITUCIÓN PÚBLICA: Es entendido como una tarea de buen servicio a la comunidad, donde el personal policial reacciona ante la emergencia, ante las consultas de quienes habitan el territorio nacional o las personas turistas que lo visitan, atendiendo consultas, salvando vidas, cooperando con las comunidades y orientando a personas; asistiendo a víctimas o grupos de personas, actuando cuando la sociedad en forma inesperada lo requiere.
Excepciones a la mediación policial ¿QUÉ SE PUEDE MEDIAR? El artículo 54 de la Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación, dice: “Podrán ser objeto de mediación todos los asuntos que deriven de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica, o se vinculen a ella, siempre que dichos asuntos sean susceptibles de transacción, conciliación o arbitraje”. ¿QUÉ NO SE PUEDE MEDIAR? El artículo 2° de la Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación, señala que podrá ser objeto de medicación “Toda cuestión transigible y de contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firme y ejecutoriada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera la intervención del Ministerio Público”. Cuando la Ley de Arbitraje y Mediación señala taxativamente la prohibición de mediar sobre cualquier hecho que requiera la intervención del Ministerio Público, señala claramente la prohibición de someter a mediación aquellos actos que, acuerdo a nuestro código penal, se definan como delitos y crímenes.
Cuando la Ley se refiere a “toda cuestión transigible 12 y de contenido patrimonial13”, se refiere a todo acto u hecho que no se encuentre obligatoriamente sujeto a sanción en el derecho, ya sea penal como civil, y que además, se relacione exclusivamente a cuestiones patrimoniales, contractuales o de relacionamiento que no impliquen riesgos a la seguridad, integridad o dignidad de una persona. Delitos medioambientales. Un delito ecológico o delito medioambiental se puede definir como una acción que atenta contra el medio ambiente que es sancionado por medio de la legislación medioambiental. La expresión es una noción jurídica reciente por lo que no cuenta con una definición unánime, lo que no impide que sea reconocida por la mayoría de los países. La Interpol, como organización policial internacional, empezó a luchar contra los delitos medioambientales en 1992. En el Paragua, se cuenta con una Fiscalía de Medio Ambiente y una Secretaría de Medio Ambiente como los organismos del Estado responsables de la persecución penal de los delitos, en el caso de la fiscalía, y del establecimiento de las políticas públicas necesarias para la aplicación de las Leyes en el caso de la Secretaría. Son algunos delitos ambientales comunes en el ámbito comunitario y que suelen generar disputas entre la población: La polución sonora, (Ley Nº 1.100/97 de Prevención de la polución sonora), por la que se prohíben ruidos y sonidos molestos entendiendo a aquellos que por su intensidad o duración causan mortificación auditiva o que puedan provocar daños a la salud física o psíquica de las personas. Esta Ley tiene por objeto prevenir la polución sonora en la vía pública, plazas, parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y sociales y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora. Prohíbe en todo el territorio de la República, causar ruidos y sonidos molestos así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la población. Establece que la difusión publicitaria de cualquier naturaleza con amplificadores o
12 De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se define a transigir, como ‘Tolerar o consentir algo que se considera negativo o injusto, con el fin de acabar con un altercado o desencuentro’. En el texto citado, se entenderá entonces como “Toda cuestión que sea posible de ser tolerada” De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se define a patrimonio, como el “Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica”.
altavoces, fijos o móviles, tanto desde el interior de los locales como en la vía pública debe tener autorización de los municipios, previa verificación técnica para adecuarla a los niveles máximos permitidos por el artículo 9º de la Ley, dentro de un horario establecido. Están incluidos dentro de esta restricción, la difusión de campañas de concientización cívica, electorales y de educación comunitaria. Esta Ley, además, prohíbe el uso de bocinas y sirenas de automotores, salvo razón de peligro inminente; a excepción de los vehículos de la policía, ambulancias, cuerpos de bomberos y de otras instituciones cuando por necesidad o ceremonial deban utilizarlas. La transgresión a la presente Ley será sancionada con multas que serán establecidas por ordenanzas y no podrán exceder el valor de cincuenta jornales mínimos y que podrán conllevar la inhabilitación del local de reunión, el retiro del automotor de la vía pública y, en el caso de equipos sonoros, la suspensión de los responsables de los mismos por el tiempo que establezca la reglamentación municipal. En caso de reincidencia en la transgresión de esta Ley se aplicará el doble de la multa establecida y ante una nueva transgresión, la misma conllevará la clausura del local respectivo de reunión hasta un año, y en el caso de automotores, la segunda reincidencia conllevará la prohibición de circular por la vía pública hasta seis meses. La emisión de gases tóxicos de vehículos en movimiento o detenidos, (Resolución nº 1/07 de la SEAM, por la cual se establecen los Parámetros de emisión de poluyentes vehiculares y se establecen multas a infractores), y se establece que la Dirección de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales es el responsable de las acciones que corresponda para la implementación de la presente normativa, creando multas de 10 a 500 jornales mínimos diarios a los infractores de la presente normativa. La desatención de las normas y reglamentos de caza, (Ley N° 2717/05 Que modifica el articulo 6° de la Ley N° 716/96 “QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”), reconociendo sanciones para la recolección o la preservación del hábitat de especies declaradas endémicas o en peligro de extinción será castigado con pena privativa de libertad de uno a cinco años o con multa de quinientos a mil jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. En ambos casos se aplicará, además, el comiso de los elementos utilizados para el efecto. La Ley también incluye penas para captura de especies protegidas.También se cuenta con legislación relativa a la disposición de residuos tóxicos, residuos comunes, poda de árboles, quema de basura, entre otros delitos y faltas. En todos los casos que se cuente con dudas al respecto del procedimiento correcto y si es posible la realización de una mediación comunitaria se puede realizar consultas a la Fiscalía de Medio Ambiente al número (021) 490 917 de
7hs a 19hs, o en su defecto a la central de atención de delitos penales al (021) 454 611 durante las 24hs. Invasión de inmuebles. Sólo existe competencia para intervenir una vez consumado el delito de invasión de inmueble ajeno, ya que no se castiga la tentativa. El ingreso a un inmueble ajeno debe ser en forma violenta o clandestina para que se configure el delito de invasión de inmueble ajeno. Sólo se debe proceder a la privación de libertad en caso de que se cuente con una orden judicial escrita; la misma, no puede ser genérica o innominada. Ante una denuncia de invasión de inmueble ajeno se debe: • Tomar la denuncia del propietario o persona que lo represente. • Constituirse en las inmediaciones del inmueble y verificar los hechos descriptos en la denuncia, comunicándolos al Ministerio Público. • Acompañar a la comitiva fiscal en caso de que requieran custodia policial, a los efectos de inspeccionar el lugar del hecho. Asimismo, realizar el registro del inmueble, llevar a cabo operaciones técnicas, secuestrar objetos relacionados al hecho punible, etc. • Verificar que la comitiva fiscal cuente con la respectiva orden judicial de allanamiento para ingresar al inmueble y, en caso de que no disponga de una orden de allanamiento, sólo se deberá brindar custodia del lugar hasta tanto se cuente con la orden judicial. Procedimiento en desalojos de gran envergadura según Resolución 531 de la Comandancia de la Policía Nacional, septiembre de 2009. • • • Ante todo desalojo la Policía Nacional deberá actuar respetando la dignidad y derecho de todas las personas, pero en el caso de desalojos de gran envergadura existen procedimientos específicos. Se deberá exigir el mandamiento de desalojo emanado del juzgado civil y comercial. Una vez recibido este mandamiento, se deberá informar a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior o en su defecto a la Cámara de Diputados, adjuntando una imagen satelital georeferenciada si el inmueble es de gran extensión; así también, el plano con los detalles importantes de la finca. Se deberá solicitar al personal de inteligencia de la Policía Nacional que realice un informe en el que se consigne: ◦ La cantidad de personas que se encuentran en el inmueble, detallando sexo y edad. ◦ Extensión de la tierra ocupada, y si existen, las mejoras introducidas tales como vivienda u otra construcción. ◦ Los detalles sobre la organización a la que pertenece el grupo, si
corresponde. ◦ Cualquier otro detalle que permita conocer al grupo para facilitar el proceso de mediación para que no se produzca violencia. • El Jefe Policial deberá preparar el procedimiento y organizar una reunión de coordinación con el oficial de justicia y demás actores involucrados. Los representantes del grupo afectado pueden participar de esta reunión si así lo solicitan. Designar al personal necesario, que deberá alcanzar el doble del número de ocupantes del inmueble. Cuidar, proteger y respetar, en todo momento, la dignidad de todas las personas durante el procedimiento. En el proceso de desalojo se deben respetar los bienes de las personas desalojadas y no destruirlos ni dañarlos intencionalmente. La orden es de desalojo y no de destrucción de bienes.
Violencia intrafamiliar y de género. El Código Penal sanciona las conductas consideradas hechos punibles, que sean consideradas como violencia familiar, o sus derivaciones en otros hechos punibles de quienes sean presuntos autores, cómplices, instigadores o participantes. El Código Procesal Penal, establece la forma en la cual estos hechos serán perseguidos o investigados. La Ley 1600/2000 establece normas de protección para las personas consideradas víctimas de de violencia física, psicológicas y o emocionales dentro del ámbito familiar a fin de restablecer en forma urgente su seguridad y la de otras personas que hacen parte del grupo familiar (artículo 1). Por tanto en la persecución penal de los hechos punibles, crímenes y delitos, ambas normas son aplicables paralelamente, sin ser excluyentes unas con otras, no existiendo impedimento legal alguno y siendo el personal policial el responsable del cumplimiento de estas normas legales. La intervención por violencia intrafamiliar, es la participación del personal policial en el auxilio, esclarecimiento e investigación de actos de violencia, ejercidos por miembros de la familia o grupo familiar en agravio de sus propios familiares y/o cohabitantes, dicha intervención se hace en cumplimiento de su función. El criterio básico es que el hecho debe enmarcarse dentro de los parámetros establecidos para violencia intrafamiliar: alguna forma de violencia relacionada directamente con el vínculo formal de las personas implicadas ya sea que se encuentren en situación de convivencia formal, supuestos de convivencia y pareja o que la convivencia haya concluido. No cualquier delito o crimen que ocurra en una vivienda o espacio de convivencia
de un grupo familiar es necesariamente un hecho de violencia familiar. Hay algunos casos en los que poder establecer este tipo de situaciones será simple, como en el caso de un robo entre quienes conviven o hayan convivido. Sin embargo es posible que, en la atención o prestación de auxilio, el personal policial no pueda establecer claramente si corresponde o no a una situación de violencia familiar, casos en los que se deberá prestar asistencia y consignar en el acta de intervención la referencia o denuncia de si el hecho punible ocurrió en el ámbito familiar o de convivencia. De esta manera se registra un indicio que podrá ser considerado relevante o no, en el proceso de la investigación fiscal y judicial posterior. Cuando una persona se acerca a una Comisaría, otra instancia policial, de salud, o ante el personal policial para realizar una consulta o denuncia por malos tratos, posiblemente sea la primera vez que se decide a hablar del tema, después de un largo tiempo de haber estado sometida a situaciones de violencia.
La intervención del personal policial ante una denuncia o un pedido de auxilio es única e irrepetible y debe ser considerada en cada caso con la mayor atención y cuidado.
Ya sea porque será posible recoger información que pudiera ser clave en el juzgamiento de una persona, como porque podría ser la única oportunidad de prestar auxilio a una persona víctima. La recolección de información, ya sea por medio de la persona denunciante, la persona denunciada, personas que puedan dar testimonio de lo ocurrido, cómo la observación del personal interviniente de la “escena de violencia” y la enumeración de aquellas situaciones o elementos observados serán claves para contribuir a evitar la revictimización y ayudar al investigador a definir si corresponde o no a un hecho de violencia intrafamiliar. La intervención policial por violencia de género, es el proceso mediante el cual, personal policial interviene en hechos que vulneran los derechos de las mujeres en su familia, atendiendo, auxiliando y aportando información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos y comunicándolos a la autoridad competente. La actuación policial es obligatoria cuando violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar o ante distintas formas de violencias de ámbito doméstico y cultural que sean propias de las mujeres como el feminicidio, formas de discriminación, castigo o maltrato y el crimen de odio por razones de género. Incluye a los delitos o crímenes cometidos en función de la identidad de género u orientación sexual de una persona dentro o fuera de la familia o grupo familiar o de convivencia. La intervención policial con niños, niñas y adolescentes, es el proceso mediante el cual, el personal policial interviene en hechos que vulneran los derechos de las niñas, niños y/o adolescentes que hacen parte de un grupo familiar atendiendo, auxiliando y aportando información que contribuya a
esclarecer los hechos y comunicando a la autoridad competente. El criterio básico es que la niña, niño o adolescente, se encuentre involucrado como víctima o autor del hecho materia de intervención. Todo hecho punible que afecte en calidad intrafamiliar o de género a niños, niñas conocimiento del Juzgado de la Niñez y la jurisdicción para que arbitre las medidas de necesarias. de víctima o directa de violencia o adolescentes será puesto en Adolescencia que corresponda en protección que sean consideradas
La Policía Nacional del Paraguay cuenta con la División de Atención a Víctimas de Violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana: • Comisaría 7ma Metropolitana. Tel: (021) 228 518 • Comisaría 6ta Metropolitana. Tel: (021) 204 876 • Comisaría 15ta Metropolitana. Tel: (021) 557 500 La División de Atención a Víctimas de Violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes no se involucra obligatoriamente en todos los casos de violencia intrafamiliar y de género, también asesora y guía a cualquier comisaría jurisdiccional en la atención de este tipo de casos. El ámbito de competencia de la División de Atención a Víctimas de Violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, incluye personas adultas mayores, personas en situación de calle (incluyendo niños/as), y personas en situación de abandono.
Recuerde Todo hecho de violencia intrafamiliar es un DELITO y esta prohibida su mediación. Debe, en todos los casos, ser derivado a una Comisaría Jurisdiccional o a una Comisaría Especializada. Una vez en la comisaría, se verificará la necesidad de solicitar una medida de urgencia a un juzgado de paz, y si cumple con los requisitos de “habitualidad + violencias + vínculo familiar” para derivar, en un plazo máximo de seis horas y de oficio, al Ministerio Público por el delito de “VIOLENCIA FAMILIAR”. Se puede considerar como violencia intrafamiliar a: • toda forma de violencia entre parejas, ex-parejas, noviazgos, o amantes. • toda forma de violencia entre familiares que convivan. • toda forma de violencia entre parejas de hecho (de distinto o del mismo sexo). • toda forma de violencia entre personas que vivan en el domicilio familiar o que estén empleadas en el mismo, como el caso de amistades de la familia, personal doméstico, criadas y criados. La persona que ejerce violencia puede ser aprehendida cuando su libertad pueda significar riesgo de vida o seguridad de quien es víctima o de alguna otra persona.
Respuesta a la violencia intrafamiliar. Acciones de prevención: herramientas para garantizar el acceso a la justicia
Medidas Aprehensión Competencia Policía Nacional Condiciones Cuando se encuentra a la persona agresora en flagrante delito. En este caso, la persona detenida debe ser puesta a disposición del Agente Fiscal o Agente Fiscal de turno de forma inmediata hasta seis horas o en término de la distancia. Ley 222/93, Artículo 6.1 Ley 1286/98, Artículo 239 Ley 1600/00, Artículo 3 Ley 1680/01, Artículo 3 A solicitud de la víctima o de oficio Ley 1600/00, Artículo 2 De oficio en virtud del interés superior del niño Ley 1680/01, Artículo 175
Otorgamiento de Juzgado de Paz las garantías de protección Juzgado de la urgente Niñez y la Adolescencia , o Codeni (en caso incapacidad del Juzgado) Allanamiento de Policía Nacional morada
En caso de flagrante delito o de muy grave peligro de su perpetración Ley 222/93, Artículo 6.1, 6.2, 6.4 Ley 1600/00, Artículo 3 El Agente Fiscal puede solicitar autorización de quien tenga la posesión del lugar del lugar para acceder a los lugares públicos o privados donde exista peligro de perpetración de violencia o ésta se haya producido. Puede solicitar una orden de allanamiento al Juzgado Penal de Garantía para acceder en caso de negativa. Ley 1562/00, Artículo 5 Ley 1286/98, Artículo 187 De oficio o a solicitud del Agente Fiscal debe identificar, precautelar, registrar en Acta y poner a disposición de la investigación todo aquel elemento que sea identificado por la persona víctima, quien tuviera conocimiento del hecho, testigos, o el dictado de su experiencia que haya sido o pudiera ser utilizado para infringir agresión o alguna forma de violencia. Ley 222/93, Artículo 6.4 Ley 1286/98, Artículos 58 a 60 Ley 1600/00 Artículo 2.e El Agente Fiscal goza del libre acceso y de la capacidad de solicitar el apoyo de la Policía Nacional para el relevamiento de un lugar público o privado para identificar todo aquel elemento que haya sido o pudiera ser utilizado para infringir agresión o alguna forma de violencia Ley 1286/98 Artículos 56 y 58 a 61 Durante el proceso de instrucción de medidas de protección y urgencia tiene acceso a las pruebas remitidas y ordenará la prohibición de introducción de armas, sustancias psicotrópicas y/o tóxicas en la vivienda cuando las mismas se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño Ley 1600/00, Artículo 2.e
Recolección de Policía Nacional información relevante para una futura investigación
Después de la violencia. Denuncia y atención primaria Las denuncias de violencia intrafamiliar y de género son de atención obligatoria del Estado. Esto significa que para un funcionario estatal o agente responsable de hacer cumplir la Ley es imperativa su intervención a favor de la persona víctima en todos los casos. Las denuncias de violencia intrafamiliar y de género son de denuncia obligatoria para toda persona que tenga conocimiento. Esto significa que omitir una denuncia de cualquier hecho de violencia intrafamiliar o de género del que se tenga conocimiento puede incurrir en una sanción penal por corresponsabilidad y omisión de auxilio. La denuncia se puede realizar por medio del sistema de atención de denuncias telefónicas 911, en cualquier Comisaría Jurisdiccional o en las de Atención a Victimas de Violencia contra la Mujer, Niñas, Niños o Adolescentes; en cualquier Fiscalía Barrial o dependencia del Ministerio Público, en cualquier Centro de Salud o Juzgado de Paz, sin necesidad de realizarla en la misma jurisdicción en la que ocurrió el hecho de violencia. Las denuncias de violencia intrafamiliar y de género no requieren la asistencia de gestores, gestoras, abogados, abogadas o profesionales del derecho y puede ser realizada sin ningún tipo de restricción relativa a la edad, estado de salud o condición. Tampoco requiere de un certificado médico o de cualquier otra índole que la confirme. Una denuncia de violencia intrafamiliar o de género debe ser remitida obligatoriamente al sistema jurisdiccional y no puede ser sometida a mediación. Toda conciliación será posible solamente en la etapa de intervención del Juzgado Penal de Garantías. Cuando el hecho de violencia no sea un hecho aislado y fuera precedido por hechos de violencia anteriores, se puede considerar el testimonio de la persona víctima como sospecha suficiente para que se determine habitualidad y se inicien las investigaciones preliminares por el delito de “violencia familiar”. Cuando ocurre un hecho de violencia intrafamiliar o de género no suele ser un hecho aislado. Es importante que cualquier registro de intervención o denuncia recoja la mayor cantidad de información posible de manera que se provea de la información necesaria para el proceso de investigación preliminar. Medidas de asistencia El Estado y la sociedad civil proveen de manera organizada y coordinada, medidas de asistencia para el tratamiento de las consecuencias de la violencia intrafamiliar y de género. Estas medidas pueden estar destinadas al tratamiento de las personas víctimas o victimarias. Sin perjuicio de que sean tomadas medidas de protección y de urgencia, podrán
ser articuladas medidas de asistencia. Estas medidas, destinadas en su mayoría, destinadas a la atención de personas víctimas de violencia son coordinadas por el Estado. La atención especializada que se proporcione en materia de violencia intrafamiliar por cualquier institución privada o de la Administración Pública, tiene siempre como objetivo la protección de los receptores de la violencia y re-educativos, respecto de quien la provoque en la familia, ausente de prejuicios sexistas, de patrones estereotipados de comportamiento, de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación. Medidas de protección urgentes En nuestro país, la Ley 1600/00 “Contra la Violencia Doméstica”, establece la potestad del Juzgado de Paz para otorgar o autorizar que sean otorgadas ciertas medidas obligatorias para la protección y asistencia de urgencia que requiera toda persona que es víctima de un hecho de violencia intrafamiliar o de género que pone en riesgo su vida e integridad física. La Ley 1600/00 es una Ley civil cuyo objetivo es el de ofrecer medidas de protección y urgencia por las que se atribuye al sistema jurisdiccional la función de oficiosidad y premura en la intervención para proteger a una persona integrante del grupo familiar. La interposición de esta medida de urgencia no limita el accionar del fuero penal u otra disposición administrativa. Exclusión de hogar: Medida que podrá ser solicitada por cualquier Juzgado de Paz por la cual se ordena que la persona agresora o victimaria de violencia salga de la vivienda familiar por un tiempo determinado. La medida que solicita la exclusión de hogar presupone el uso de la fuerza si fuera necesario, y el allanamiento de morada sin restricción de horario. La exclusión de hogar podrá ser solicitada por un Agente Fiscal, Defensor o incluso la CODENI como medidas extraordinarias ante la ausencia o imposibilidad de contactar a un Juez o Jueza de Paz. La denuncia de abandono de hogar: El abandono de hogar no existe como delito. Lo que sí existe es el incumplimiento a las obligaciones de madre-padre, esposa, esposo, compañera, o compañero, que en un momento dado puede ser utilizado para definir la custodia de los hijos e hijas o inclusive señalarse como maltrato, por haberlos abandonado. Por ello, es recomendable acudir primero a un Juzgado de la Niñez o Juzgado de Paz de no haber niños y niñas involucrados para definir la residencia separada, se fije la custodia, alimentos y visitas de los hijos e hijas menores de 18 años de edad cuando los hubiere. Al retirarse del hogar puede llevar consigo sus objetos personales. En cuanto a los hijos o hijas comunes es importante decidir legalmente la custodia, alimentos y visitas. Prohibición de acercamiento: Se entenderá como prohibición de acercamiento a la
medida que, solicitada o ratificada por un Juzgado de Paz o Juzgado Penal de Garantías para evitar que una persona sindicada o identificada como victimaria de otra u otras, pueda estar en contacto o ejercer alguna medida coercitiva o de presión sobre la persona víctima. Acoso laboral. El acoso laboral o acoso moral en el lugar del trabajo, conocido frecuentemente a través del término, es tanto la acción de un hostigador u hostigadores, conducente a producir miedo o terror en la persona trabajadora afectada hacia su lugar de trabajo. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros (entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical descendente, también llamado bossing 14). Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años. A la misma en ocasiones se añaden "accidentes fortuitos", y hasta agresiones físicas en los casos más graves. Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación (o normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas, la cual es considerada por sus agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales (ambición de poder, de riquezas, posición social, etc.) En la legislación paraguaya está legislado el acoso sexual como un delito especialmente cuando se produce en el lugar del trabajo. Ante cualquier duda o consulta sobre denuncias o mediaciones laborales, se debe recurrir al Vice Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Dirección General del Trabajo-Sección Mediación, Denuncias y Relaciones Públicas, de Lunes a Viernes de 7hs a 17hs o llamando al teléfono (021) 493 209. Presencia de lesiones, amenazas a la integridad física y la vida. Si nos encontramos con la presencia de lesiones o amenazas a la integridad y la vida estamos seguros que NO es posible realizar una mediación comunitaria. Pero no podemos tener plena seguridad si corresponde a un hecho de acción penal pública o de acción penal privada a instancia de parte, que podría ser considerado en una mediación judicial. Un hecho de acción penal pública tiene intervención de oficio, y sanción obligatoria y requiere la intervención de la Policía Nacional.
14 Del inglés boss, jefe
Como medida general se considera que: • Si la amenaza es física, con una sustancia peligrosa o tóxica, fuego, objeto contundente, arma punzante, arma de fuego o explosivo, es un delito de acción penal pública que podría configurarse en intento de homicidio, por lo que se debe dar intervención obligatoria al Ministerio Público. Todo hecho con presencia de lesiones o amenazas verbales a la integridad y la vida que ocurra en el ámbito de convivencia familiar, ya sea entre personas vinculadas afectivamente (matrimonios, concubinatos, noviazgos o amantes), familiares o que vivan con la familia como en el caso del personal doméstico, se considere como acción penal pública de actuación de oficio por VIOLENCIA FAMILIAR y se derive al Ministerio Público y al Juzgado de Paz competente. Todo hecho con presencia de lesiones o amenazas verbales a la integridad y la vida que ocurra en ámbito laboral, podría ser un hecho de acoso y se debe recomendar la consulta al Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si las personas o alguna de ellas desea hacer una denuncia, se debe radicar la denuncia en cualquier fiscalía barrial por ser de acción penal privada o de acción penal pública a instancia de partes de acuerdo al tipo de lesión o hecho. Todo hecho con presencia de lesiones o amenazas verbales a la integridad y la vida que ocurra en un vecindario o entre personas desconocidas corresponden a una acción penal que no requiere la intervención de oficio. Si las personas o alguna de ellas desea hacer una denuncia, se debe radicar la denuncia en cualquier fiscalía barrial por ser de acción penal privada o de acción penal pública a instancia de partes de acuerdo al tipo de lesión o hecho.
Sobre formas de violencia doméstica El Código Penal de Paraguay tipifica como delito a la violencia familiar. Artículo 229 Código Penal- Violencia familiar establece que “en el ámbito familiar, ejerciera o sometiera habitualmente a violencia física o dolores psíquicos considerables sobre otro con quien conviva, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o multa”. La violencia doméstica intrafamiliar se denomina a todo patrón continuo de actividades perjudiciales destinadas a la manipulación y al control de la victima. Puede incluir el abuso físico, sexual, psicológico, emocional y verbal. El tener miedo a cualquier persona que haga o hizo parte del grupo familiar, hubiere o no relación de parentesco.
La legislación en Paraguay, considerando a los sujetos protegidos por la Ley 1600 refiere también a los “supuestos de parejas no convivientes” como noviazgos o relaciones sentimentales no formales. Puede incluir el abuso psicológico, verbal y emocional que puede ser tan destructivo como la violencia física. Sucede en todos los grupos socio-económicos, religiosos, raciales, en relaciones heterosexuales y homosexuales, a las personas de cualquier edad y con distintas aptitudes físicas. Sin desconocer que la violencia doméstica intrafamiliar puede ser cometida contra toda persona que hace parte de un grupo familiar, es trascendentalmente importante reconocer el hecho que en todos los países del mundo la principal víctima es una mujer, una niña o una mujer adolescente. Las estadísticas policiales refieren a 95% de víctimas dentro de este grupo. Para la Convención de Belem do Para se debe entender por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. En ella se amplía la concepción de violencia de género, ya que no se incluye únicamente las formas antes mencionadas (las perpetradas al interior de la familia o unidad doméstica) sino también, aquellas que se viven en las comunidades y las que son perpetradas por el estado o sus agentes. Sobre formas de violencia contra la niñez y la adolescencia El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/00, señala claramente la obligación de toda la sociedad, y subsidiariamente del Estado, de proteger a todo niño, niña o adolescente contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación en cualquiera de sus formas. Esta obligación incluye la de denunciar obligatoriamente a las autoridades cuando se tenga conocimiento de tales hechos punibles. El mismo Código reconoce el derecho de todo niño, niña, o adolescente a realizar una denuncia o peticionar frente al Estado sin necesidad de hacerse acompañar por una persona adulta para hacerlo. Sobre formas de violencia contra las personas adultas mayores La violencia al adulto mayor comprende actos contra su integridad física, psicológica, descuido de su nutrición, vestido, albergue y de sus cuidados médicos. La Constitución Nacional expresa claramente la obligación de quienes son hijos e hijas en la garantía de la integridad física y cuidado de sus padres (Art. 53), como así también la de sus parientes conocidos, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y la Ley de personas adultas mayores. La Ley 1885/02 establece la competencia del Juzgado de Paz para interponer medidas de alimentación y
asistencia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial por toda persona adulta mayor que habite el territorio nacional. Sobre violencia contra el “personal de servicio” doméstico, criadas y criados Las mujeres y las niñas son quienes mayoritariamente se dedican a tareas de trabajo doméstico. A pesar que hay hombres adultos que se dedican a tareas de servicios puntuales en hogares de terceros, el nivel de dependencia económica y la relación laboral no los enfrenta tan frecuentemente a situaciones de maltrato y violencia como a las mujeres, niñas y niños. La violencia contra las personas que realizan distintas formas de trabajo doméstico está asociada a factores de discriminación en el marco de la pobreza y la marginación social. En el caso de niños y niñas que se dedican a tareas domésticas o se encuentran bajo la figura del criadazgo, esta situación suele estar agravada por el abandono o descuido de su formación escolar. La falta de educación afecta directamente al conocimiento de las herramientas legales para exigir el acceso a la justicia y reclamar por sus derechos, incluido el derecho de denunciar toda forma de violencia. Todas las personas tienen derecho a denunciar toda forma de maltrato y violencia, y en Paraguay, la legislación reconoce por medio de la Ley 1600/00 que sean tomadas medidas de protección para toda persona que integre el grupo familiar, incluyendo al personal de servicio doméstico. Perspectiva de derecho para el relacionamiento, atención, asistencia e intervención de fuerza con personas que hacen parte de grupos en situación de vulnerabilidad. La Organización de las Naciones Unidas defina a los grupos en situación de vulnerabilidad, a aquellos grupos de personas que en virtud de ciertas características de género, raza, condición económica, social, cultural, étnica, lingüística, cronológica, funcional o de otra índole, sufre la omisión, precariedad y discriminación en la atención de su situación por parte de los poderes del Estado.
- Causas de discriminación a las personas Las personas que pertenecen a estos grupos, cuentan con medidas especiales de protección en el trato por parte del personal policial. Reciben, además, algunas medidas protección especial en conflictos que puedan surgir en su comunidad que hayan sido originados por motivo de discriminación en función de su pertenencia al grupo. Se debe consultar siempre con el personal superior ante cualquier duda en procedimientos de atención, asistencia, mediación y auxilio. Principios fundamentales de relacionamiento con personas gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero. La Constitución Nacional prohíbe toda forma de discriminación y establece que la Ley es exactamente igual para todas las personas. • El registro de una mujer lesbiana deberá ser realizado por personal policial de sexo femenino, de ser posible. • El registro de una persona homosexual masculino será realizado de la misma manera que se realiza a otros hombres. • El registro de una persona travesti o transexual con identidad de género femenina deberá ser realizado, por personal policial femenino, de ser posible. • El registro de una persona travesti o transexual con identidad de género masculina deberá ser realizado, por personal policial masculino, de ser posible. • En caso que la persona utilice una identidad de género distinta a su identidad sexual, pregunte cómo debe ser llamada. • No humille a una persona travesti o transexual llamándola en voz alta por el nombre que figura en su documento de identidad. • Al dirigirse a las personas travestis o transexuales con identidad de género femenino, utilice siempre pronombres femeninos. • Al dirigirse a las personas travestis o transexuales con identidad de género
masculino, utilice siempre pronombres masculinos. Principios fundamentales de relacionamiento con personas discapacidad física, visual, auditiva, intelectual o psicosocial. con
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Ley 3540/08, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta incrementada por la dificultad de interacción entre una persona y barreras de actitud o barreras del entorno que impiden su participación en la sociedad. En toda sede policial se debe garantizar que personas con cualquier tipo de discapacidad puedan realizar denuncias. Personas con discapacidad física: • Si va brindar ayuda a una persona en silla de ruedas, deje que ella le indique cómo hacerlo. • Si la persona usa silla de ruedas, no la empuje ni la toque, si antes ella no se lo ha indicado, la silla es parte de su espacio personal. • Si debe ayudarle a desplazarse, cuide de no exponerla a riesgos innecesarios. • Si la persona en silla de ruedas o con limitación motora es sospechosa, o víctima de violencia, se deberá proceder con especial cuidado para que la intervención del personal policial no ponga en riesgo su integridad física. • Si debe registrar a una persona en silla de ruedas, no la quite de la silla, salvo que sea necesario para el registro. En ese caso, ayúdela a sentarse en otro lugar y no en el suelo. • Si va a ayudar a trasladarse a una persona con dificultades para mover las piernas, ajuste sus pasos a los de ella. • Si una persona que usa muletas o bastones es sospechosa y necesita ser registrada, tenga cuidado de no separarla de sus muletas o bastones, ya que los mismos le permiten mantener equilibrio. Será mejor hacerla sentar en alguna silla para facilitar el procedimiento. Personas con discapacidad visual • Cuando le hable a una persona con discapacidad visual, primero, identifíquese; luego, asegúrese de que sepa que se dirige a ella; además, explíquele de qué se trata el procedimiento policial. • Utilice un tono de voz normal. Una persona con discapacidad visual no necesariamente tiene una discapacidad auditiva. • Siempre que se aleje de una persona no vidente, avísele de manera que sepa que se va. Cuando guíe a una persona no vidente, no la tome del brazo, porque lo usa para su equilibrio, deje que ella le tome del brazo o del hombro para que pueda ser conducida por usted, además debe colocarse del lado opuesto al bastón. En caso de que esté guiándola a un lugar donde sentarse, lleve su mano hasta el borde de la silla o banco para que pueda
sentarse sola. Si le va dar orientaciones para llegar a un lugar no use datos visuales como “llegue hasta donde está el kiosco rojo” sino “vaya 3 cuadras y luego gire a la derecha”.
Personas con discapacidad auditiva: • Antes de hablar a una persona sorda, tóquele levemente el hombro. • Para poder comunicarse con una persona sorda, hable siempre de frente para que pueda leer sus labios, pues generalmente, ellas entienden leyendo los labios. • Los gestos ayudan mucho a comprender un mensaje. Utilícelos. • Hable con la persona sorda de manera normal y pausada. Por más que grite, no podrá oír y sus expresiones faciales parecerán agresivas. • Si no comprende lo que la persona sorda dice, pídale que repita o escriba. • Si una persona sorda quiere realizar una denuncia, se le debe facilitar un intérprete de lengua de señas, de ser posible; o permitir que haga dicha denuncia, acompañada de un familiar u otra persona que facilite la comunicación. En todos los casos, cuando hable, diríjase a la persona sorda y no a su intérprete. • De no haber intérprete, recuerde que hay personal policial capacitado en lenguaje de señas, si es necesario solicite la presencia de alguien que cuente con dicha capacitación. Personas con discapacidad intelectual: Los hombres y mujeres con discapacidad intelectual tienen en general una forma de pensar y razonar diferente a la de otras personas. Esto les suele ocasionar dificultades en su manera de comunicarse, en el trato social, en el manejo independiente, etc. Con el apoyo necesario por parte de su familia y de los servicios educativos, de salud, de recreación y en general, de toda la comunidad, pueden estudiar, trabajar y compartir espacios con todas las personas, de manera independiente. • • • Cuando hable con la persona, hágalo de manera clara y concreta, con términos sencillos. Es mejor dar indicaciones puntuales, y si es una persona adulta, no le hable como a un niño o una niña. Si tiene que tomarle una denuncia, no desestime la información que él o ella le pueda dar y escúchele con atención, sea paciente y respete sus tiempos para explicar las cosas.
Personas con discapacidad psicosocial: Los hombres y mujeres con discapacidad psicosocial tienen dificultades en su forma de pensar, de sentir y expresar sus emociones, en sus motivaciones, aprendizajes, conductas y percepciones; por lo que, pueden tener problemas para
relacionarse con las otras personas. Esta discapacidad se debe a factores biológicos que se suman a las características de la vida familiar y social de la persona y causan una discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial puede ser temporal o permanente y generalmente comienza en la adolescencia. Los tipos de discapacidad psicosocial temporal o permanente pueden ser: depresión mayor, trastorno bipolar, obsesivo – compulsivo, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, estrés post-traumático, esquizofrenia, etc. • • Cuando se acerque a una persona con discapacidad psicosocial, actúe de manera amigable, y demuéstrele interés. Si la persona con discapacidad psicosocial se acerca a usted para comentarle algo o si le quiere hacer una denuncia, tómese el tiempo para escuchar lo que dice y respete su derecho a ser escuchada y no desestime lo que ella le cuente. Evite situaciones que puedan generar violencia. Si se da una situación de descontrol lo que primero se debe hacer es calmarse primero uno mismo y luego tratar de calmar a la persona hablándole de manera tranquila. Ante un episodio de delirios, alucinaciones, crisis de nervios, etc. permanezca tranquilo y brinde su apoyo, pregunte a la persona cómo puede ayudar y si hay una persona de apoyo a quien recurrir.
Principios fundamentales de relacionamiento con personas indígenas y afrodescendientes. El Código Procesal Penal no cuenta con procedimientos específicos de justicia indígena ni consuetudinaria en relación con comunidades afroamericanas. Sin embargo, cuenta con un procedimiento especial al respecto de las personas que hacen parte de una comunidad indígena en relación a hechos punibles que se sucedan en el límite normal del territorio de la comunidad, como una forma de reconocimiento a estas normas siempre y cuando no correspondan a hechos y actos que atenten contra la vida, dignidad y derechos fundamentales de una persona. En su artículo 27, en su parte pertinente, dispone que: “se extinguirá la acción penal cuando se trate de hechos punibles que afecten bienes jurídicos propios de una comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros y tanto el imputado como la víctima o, en su caso, sus familiares, acepten el modo como la comunidad ha resuelto el conflicto conforme a su propio derecho consuetudinario”. En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que se declare la extinción de la acción penal ante el juez de paz. El juez de paz convocará a la víctima o a sus familiares, al imputado, al representante del Ministerio Público y a los representantes legales de la comunidad o, cuando ellos
no hayan sido nombrados, a seis miembros de la comunidad elegidos por la víctima y el imputado, a una audiencia oral dentro de los tres días de presentada la solicitud, con el fin de verificar si se reúnen los requisitos previstos en este artículo y en la Constitución Nacional. Principios fundamentales de relacionamiento con personas que viven con VIH/ sida. El Artículo 18 de la Ley 3940/09 “Que establece los derechos y garantías frente al VIH/sida”, determina claramente la prohibición de toda forma de discriminación y cualquier acto degradante en perjuicio de las personas que viven y conviven con el VIH/sida. Asimismo, se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y garantías de estas personas cuando fuesen impuestas por la sola razón de su estado serológico real o presunto. La misma norma determina que es responsabilidad del Estado, y por extensión de todas las personas que son funcionarias públicas, garantizar a todas las personas que viven y conviven con el VIH/sida el pleno ejercicio de todos los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional para todos los habitantes de la República. En materia de bioseguridad y profilaxis15 en el desempeño de la función policial se establecen medidas específicas comunes a otras enfermedades transmisibles por fluidos y sangre, especialmente en lo relativo a procedimientos en accidentes y de personas que sangran. La aplicación de los principios de la lucha contra las infecciones constituye un aspecto vital de la práctica cotidiana de todo personal profesional que deba intervenir en situaciones relacionadas con la exposición de personas accidentadas o en primeros auxilios. La observación de las normas enunciadas para prevenir la transmisión de ciertos agentes presentes en la sangre, como el virus de la hepatitis B, es más que suficiente para prevenir la transmisión del VIH. El personal de primeros auxilios (agentes paramédicos, técnicos de urgencias médicas, policías, bomberos, vigilantes, etc.) no está más expuesto que una enfermera de los servicios de urgencia de un hospital. La lucha contra las infecciones en los establecimientos sanitarios incluye: • • • precauciones en relación con la sangre y otros líquidos orgánicos; precauciones en relación con las inyecciones y perforaciones de la piel; aplicación eficaz de la esterilización y la desinfección.
Normas de Bioseguridad ante el VIH. Fuente: OPS VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana: Normas de Bioseguridad. Washington D.C. EUA, OPS, 1989
En los países con sistemas de salud limitados quizá no sea posible adoptar todas las recomendaciones que se formulan a continuación. Siempre que la escasez de recursos impida adoptar una recomendación determinada, habrá que ofrecer una alternativa eficaz. • Precauciones en relación con la sangre y otros líquidos orgánicos. Como el VIH y otros agentes infecciosos pueden transmitirse por la sangre y otros líquidos orgánicos, la enfermera debe siempre tratar todos los productos sanguíneos y líquidos orgánicos como si fueran infecciosos. Lavado de manos. Hay que lavar bien con agua y jabón las manos y cualesquiera otras partes del cuerpo que han sido contaminadas con sangre o líquidos orgánicos. Hay que lavarse bien las manos inmediatamente después de retirar los guantes protectores. Guantes y otras prendas de protección. Frente a un accidente o derramamiento de sangre se deben llevar guantes de buena calidad siempre que entren en contacto directo con la sangre y los líquidos orgánicos. Cuando no se disponga de guantes se recurrirá a otros métodos para evitar el contacto directo con la sangre; así, por ejemplo, para manejar una aguja o jeringa ensangrentada pueden utilizarse pinzas, gasas, paños o incluso hojas de árbol a falta de otra cosa. Si no se dispone de guantes desechables, habrá que cambiarse de guantes, lavarlos y desinfectarlos o esterilizarlos después de cada contacto con sangre. Reanimación de boca a boca. Aunque se ha encontrado el VIH en la saliva, no hay pruebas concluyentes de que esta intervenga en la transmisión de aquel. Sin embargo, para reducir la exposición profesional al VIH habrá que usar boquillas, bolsas de reanimación u otros dispositivos de ventilación siempre que se disponga de ese material para practicar la reanimación.
Precauciones en relación con las muestras de laboratorio • Se debe llevar siempre guantes cuando manipule y trabaje con muestras de sangre u otros líquidos orgánicos • Todas las heridas abiertas de las manos o los brazos deben recubrirse con un apósito impermeable. Hay que lavarse siempre las manos con agua y jabón inmediatamente después de haber estado en contacto con las muestras. • Las muestras deben guardarse en recipientes con tapa de seguridad para evitar que se viertan durante el transporte. Hay que tomar precauciones para impedir la contaminación del exterior del recipiente. Las muestras enviadas por correo o por otros medios deberán introducirse en recipientes de plástico irrompibles. • Siempre que se perfore o desgarre un guante habrá que cambiarlo; además, habrá que lavarse cuidadosamente las manos tan pronto como lo permita la seguridad.
5 – Procedimientos
Procedimiento Policial frente a violencia intrafamiliar. Resolución de la Comandancia de la Policía Nacional Nro 253 del 7 de marzo de 2011 relativa a procedimientos policiales ante la comisión de hechos punibles cuando están relacionados con violencia intrafamiliar o de género. Título I. De las consideraciones generales 1. Del procedimiento general sobre violencia familiar • Responder a la solicitud de auxilio y valorar el nivel de riesgo. Si es necesario, identificar y aprehender a la persona victimaria. Es probable que el nivel de riesgo no amerite la aprehensión pero sí sea necesario que sea tomada una medida de protección de urgencia que deberá ser aplicada de acuerdo a la legislación vigente (Ley 1600/00) Prestar el auxilio necesario y en caso que se requiera asistencia médica asegurarse que sea suministrada a cualquier persona involucrada. Remitirla a la persona victimaria a la comisaría jurisdiccional en caso que la aprehensión fuera realizada por personal de División de Atención a Víctimas de Violencia, Seguridad Urbana Especializada o Sistema de Emergencias 911. La instancia que realiza la aprehensión comunicará dentro de las 6 horas al agente fiscal competente, en caso que el victimario sea un adulto, la fiscalía jurisdiccional y en caso de que sea adolescente, la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, o, de corresponder Fiscalía Penal de la Adolescencia. En este último caso deberá ser informado inmediatamente al Juzgado Penal de la Adolescencia, o en su defecto al Juzgado Penal de Garantías. Llevar una estadística mensual sobre aprehensiones realizadas en el marco de violencia familiar o doméstica a estadística policial, bajo la denominación de “aprehensión por hecho vinculado a violencia doméstica” a ser elevada al estamento superior.
2. Del allanamiento de morada en el ámbito de violencia intrafamiliar y doméstica. • Toda respuesta a una solicitud de auxilio realizada por la persona víctima o por cualquier otra persona que tenga presunción suficiente del riesgo a la vida o integridad física a una persona dentro del un grupo familiar, presupone una situación de flagrancia de delito por lo que no será necesaria la orden de allanamiento judicial o el permiso expreso de una persona que habite en ese domicilio. Se deberá consignar expresamente los detalles del pedido de auxilio y datos sobre su constancia en actas, registros previos o grabaciones del sistema de emergencias en el registro de intervención policial. En los casos que se proceda en cumplimiento de una orden de exclusión de
hogar, se deberá considerar que esta orden judicial presupone la realización de un allanamiento de morada y el uso de la fuerza de ser necesario. El cumplimiento de una orden de protección de urgencia se realizará en cualquier momento del día o de la noche 3. De la verificación de habitualidad • Verificar en los registros propios o de otra institución que haga parte de la red de atención a víctimas de violencia, testimonios de la persona agredida, o base de datos de la Policía Nacional la existencia de otras denuncias sobre violencia doméstica y/o familiar contra la persona victimaria salvaguardando en todo momento la confidencialidad de la información en cumplimiento de las normativa vigente. Cuando no se verifiquen otras denuncias anteriores consignar lo manifestado por la persona víctima al respecto de los antecedentes, frecuencia y tipo de violencia a la que estuvo expuesta por parte de la misma persona agresora. Derivar la denuncia actual por Violencia Familiar describiendo los antecedentes que correspondan.
Título II. De los procedimientos específicos frente al tipo de hecho punible tipificado 4. Lesión, lesión grave o maltrato ◦ Cuando se tratare de personas adultas, verificar si el hecho ocurrió en el marco de violencia familiar y en caso afirmativo informar al Ministerio Público. ◦ En el caso que se tome intervención ante una denuncia o se actúe de oficio por hechos que pudieran entenderse como lesión, lesión grave o maltrato se consignará en la denuncia la vinculación con un hecho de violencia familiar. ◦ De tratarse de una persona adulta víctima, se deberá: ▪ Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho ▪ Auxiliar a la persona víctima ▪ De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercano a los efectos de elaborar el diagnóstico médico ▪ Labrar acta de todas las actuaciones ▪ Remitir copia de lo actuado al Agente Fiscal ◦ De tratarse de un niño, niña o adolescente víctima se deberá: ▪ Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho ▪ Auxiliar a la persona víctima
▪ De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercano a los efectos de elaborar el diagnóstico médico ▪ En los casos graves que amerite la internación de la víctima comunicar esta circunstancia a las autoridades jurisdiccionales ▪ Comunicar a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia o la Defensoría de Niñez ▪ Dejar a la víctima a cargo de la persona que designe el Agente Fiscal o Defensoría, previa verificación del lugar y de las condiciones en que dicha guarda provisoria será llevada a cabo. No se dejará a cargo de personas que presenten signos de ebriedad o de consumo de estupefacientes, así como a aquellas personas que presuntamente fueron identificadas como victimarias o cualquier otra situación que pudiera interpretarse como de riesgo a la integridad física o moral de los niños, las niñas o adolescentes. El interviniente constará en acta dicha circunstancia. ▪ Labrar acta de lo actuado y transcribir la denuncia informando a las instancias intervinientes. ▪ Entregar copia de la denuncia y orientaciones a la persona responsable del niño, niña o adolescente. 5. Coacción y Coacción Grave ◦ Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho ◦ Auxiliar a la persona víctima ◦ Acompañarla a un centro médico o asistencial más cercano a los efectos de elaborar el diagnóstico médico ◦ Comunicar el hecho por medio de la mesa de entrada de la Fiscalía, y también telefónicamente al Agente Fiscal de Turno ◦ De tratarse de una persona menor de dieciocho años comunicar a la Fiscalía de la Niñez o a la Defensoría de la Niñez ◦ Dejar al niño, niña o adolescente a cargo de la persona que designe el Agente Fiscal o la Defensoría de la Niñez, previa verificación del lugar y constatación de las condiciones en que dicha guarda provisoria será llevada a cabo. No se dejará a cargo de personas que presenten signos de ebriedad o de consumo de estupefacientes, así como a aquellas personas que presuntamente fueron identificadas como victimarios. El interviniente constará en acta dicha circunstancia. ◦ Labrar actas de todas las actuaciones. 6. Coacción sexual y violación ◦ Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho
◦ Auxiliar a la persona víctima ◦ De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercano a los efectos de elaborar el diagnóstico médico y los cuidados y atenciones de urgencia establecidos en los protocolos propios de atención primaria ente coacción sexual y violación ◦ Comunicar el hecho a la Unidad Fiscal, por medio de la mesa de entrada de la Fiscalía, y también telefónicamente al Agente Fiscal de Turno, indicar en las actuaciones si la persona víctima fue derivada de urgencia para su atención en médica y primeros auxilios ◦ En caso que no requiera de asistencia médica de urgencia o primeros auxilios, acompañarla a la Clínica Forense del Ministerio Público a los efectos de contar con el diagnóstico y asistencia médica oportuna. En los casos que no fuere posible dicha derivación ir al centro asistencial público o privado más cercano e informar de esta actuación al Ministerio Público ◦ En caso que se tratara de una persona menor de catorce años se debe comunicar de inmediato el hecho a la Unidad Fiscal y la Fiscalía de la Niñez, por medio de la mesa de entrada de la Fiscalía, y también telefónicamente al Agente Fiscal de Turno o la Defensoría de la Niñez ▪ Dejar a la víctima a cargo de la persona que designe el Agente Fiscal o la Defensoría, previa verificación del lugar y de las condiciones en que dicha guarda provisoria será llevada a cabo. No se dejará a cargo de personas que presenten signos de ebriedad o de consumo de estupefacientes, así como a aquellas personas que presuntamente fueron identificadas como victimarias. Labrar acta de lo actuado firmando el agente interviniente y a la persona que asume la responsabilidad de testificar. El interviniente constará en acta dicha circunstancia. 7. Abuso sexual de personas indefensas ◦ Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho ◦ Auxiliar a la persona víctima ◦ De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercano a los efectos de elaborar el diagnóstico médico ◦ Informar al Juzgado de Paz para el establecimiento de las medidas que considere oportunas para cautelar su integridad física en forma directa o por medio de las Oficinas de Atención Permanente del Poder Judicial en donde estuvieran habilitadas ◦ Comunicar el hecho a la Unidad Fiscal, por medio de la mesa de entrada de la Fiscalía, y también telefónicamente al Agente Fiscal de Turno ◦ De tratarse de una persona menor de dieciocho años, dejar a la víctima a cargo de la persona que designe el Agente Fiscal o Defensoría, previa verificación del lugar y de las condiciones en que dicha guarda provisoria será llevada a cabo. No se dejará a cargo de personas que presenten signos de ebriedad o de consumo de estupefacientes, así como a aquellas
personas que presuntamente fueron identificadas como victimarios. Firmar el agente interviniente y a la persona que asume la responsabilidad y hacer constar en el acta dicha circunstancia. 8. Violencia Familiar ◦ Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho ◦ Auxiliar a la persona víctima ◦ De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercanos a los efectos de elaborar el diagnóstico médico. ◦ Comunicar el hecho a la Unidad Fiscal, por medio de la mesa de entrada de la Fiscalía, y también telefónicamente al Agente Fiscal de turno. De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercanos a los efectos de elaborar el diagnóstico médico. Corresponderá el procedimiento de lesión, lesión grave o maltrato ◦ Labrar acta de todas las actuaciones ◦ Registrar la denuncia o labrar el Acta de procedimiento ante la actuación de oficio y comunicarla al Ministerio Público ◦ En caso que hubiera una persona menor de dieciocho años en el grupo familiar, haya sido o no víctima directa de la violencia, se deberá comunicar y dejar a la víctima a cargo de la persona que designe el juzgado o en su defecto el Agente Fiscal o la Defensoría de la Niñez, previa verificación del lugar y de las condiciones en que dicha guarda provisoria será llevada a cabo. No se dejará a cargo de personas que presenten signos de ebriedad o de consumo de estupefacientes, así como a aquellas personas que presuntamente fueron identificadas como victimarios. Hacer constar en el acta lo actuado, firmando el agente interviniente y a la persona que asume la responsabilidad. El interviniente constará en acta dicha circunstancia identificando a testigos si los hubiere. 9. Abandono ◦ Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho. ◦ Auxiliar a la persona víctima. ◦ De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercano a los efectos de elaborar el diagnóstico médico. ◦ Comunicar el hecho a la Unidad Fiscal, por medio de la mesa de entrada de la Fiscalía, y también telefónicamente al Agente Fiscal de turno. ◦ Labrar acta de todas las actuaciones ◦ Si la víctima es una persona adulta mayor comunicar el hecho a la Defensoría de Pobres y Ausentes (en lo civil) ◦ Si la víctima es niño, niña o adolescente, luego de auxiliarlo: ▪ Se deberá comunicar a la CODENI y solicitar su intervención
▪ Comunicar a la Defensoría de la Niñez o la Fiscalía de Niñez y Adolescencia de turno. ▪ Dejar a la víctima a cargo de la persona que designe el Agente Fiscal o la Defensoría, previa verificación del lugar y de las condiciones en que dicha guarda provisoria será llevada a cabo. No se dejará a cargo de personas que presenten signos de ebriedad o de consumo de estupefacientes, así como a aquellas personas que presuntamente fueron identificadas como victimarias. Hacer constar en el acta lo actuado firmando el agente interviniente y a la persona que asume la responsabilidad. El interviniente constará en acta dicha circunstancia identificando a testigos si los hubiere. ▪ Remitir copia de lo actuado a la CODENI 10. Violación del deber de cuidado y educación de niños, niñas y adolescentes o cuidado de ancianos y discapacitados ◦ Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho ◦ Auxiliar a la persona víctima. ◦ De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercano a los efectos de elaborar el diagnóstico médico. ◦ Comunicar el hecho a la Unidad Fiscal Penal, por medio de la mesa de entrada de la Fiscalía, y también telefónicamente al Agente Fiscal de turno. ◦ Cuando la víctima sea niño, niña o adolescente, luego de prestar auxilio se deberá, ▪ Comunicar el hecho a la Unidad Fiscal Penal y la Fiscalía de la Niñez o Defensoría de la Niñez. La comunicación a las fiscalía podrá ser por medio de la mesa de entrada general del ministerio Público ▪ Dejar a la víctima a cargo de la persona que designe el Agente Fiscal o Defensoría, previa verificación del lugar y de las condiciones en que dicha guarda provisoria será llevada a cabo. No se dejará a cargo de personas que presenten signos de ebriedad o de consumo de estupefacientes, así como a aquellas personas que presuntamente fueron identificadas como victimarios. Hacer constar en acta lo actuado firmando el agente interviniente y a la persona que asume la responsabilidad. El interviniente constará en acta dicha circunstancia identificando a testigos si los hubiere. 11. Violación de Patria Potestad Identificar la persona denunciada, a la víctima y a posibles testigos del hecho Auxiliar a la persona víctima De ser necesario acompañarla a un centro médico o asistencial más cercano a los efectos de elaborar el diagnóstico médico
Comunicar el hecho a la Unidad Fiscal Penal y la Fiscalía de la Niñez o Defensoría de la Niñez. La comunicación a las fiscalía podrá ser por medio de la mesa de entrada general del ministerio Público, Dejar a la víctima a cargo de quienes ejerzan la patria potestad sobre los niños y adolescentes, previa presentación del Certificado de Nacimiento y verificación del lugar. No se dejará a cargo de padres o madres que presenten signos de ebriedad o de consumo de estupefacientes, así como en presencia de aquellas personas que presuntamente fueron identificadas como victimarias. Labrar acta de lo actuado haciendo firmar al agente interviniente y a la persona que ejerce la responsabilidad. El interviniente constará en acta dicha circunstancia identificando a testigos si los hubiere. Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley 1600/2000. Artículo 1º Alcance y Bienes Protegidos Esta Ley establece las normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de uno de los integrantes del grupo familiar, que comprende el originado por el parentesco, en el matrimonio o unión de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia, asimismo en el supuesto de parejas no convivientes y los hijos, sean o no comunes. Todo afectado podrá denunciar estos hechos ante el Juez de Paz del lugar, en forma oral o escrita, a fin de obtener medidas de protección para su seguridad personal o la de su familia. Las actuaciones serán gratuitas. En los casos en que la persona afectada no estuviese en condiciones de realizar la denuncia por si misma, lo podrán hacer los parientes o quienes tengan conocimiento del hecho. En los casos en que la denuncia se efectuara ante la Policía Nacional o en los centros de salud, la misma será remitida al Juez de Paz en forma inmediata. La correcta aplicación de la Ley 1600, requiere necesariamente comprender tres premisas: • Que se aplicación no se limita exclusivamente a la protección de mujeres, sino que incluye a toda persona que se encuentre o se haya encontrado en relación de convivencia sean o no familiares, • Que no requiere necesariamente que las personas sean pareja o se encuentren casadas, sino que cualquier tipo de relación sentimental, incluyendo de personas amantes, noviazgos o relaciones sentimentales de personas del mismo sexo, y • Que es obligación de la policía derivar a los juzgados de paz el acta de procedimiento de denuncia de toda situación de violencia doméstica en los que pueda existir riesgo de integridad física o vida de cualquier persona cohabitante con la persona agresora para la imposición de medidas de protección urgentes independientemente que se haya derivado al Ministerio Público en función del delito de violencia familiar (Artículo 229 del Código
Penal) o algún otro tipo penal. Artículo 2º Medidas de protección urgentes Acreditada la verosimilitud de los hechos denunciados, el Juez de Paz instruirá un procedimiento especial de protección a favor de la victima y en el mismo acto podrá adoptar las siguientes medidas de protección, de conformidad a las circunstancias del caso y a lo solicitado por la victima: a) Ordenar la exclusión del denunciado del hogar donde habita el grupo familiar b) Prohibir el acceso del denunciado a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la victima; c) En caso de salida de la vivienda de la victima disponer la entrega de sus efectos personales y los de los hijos menores en su caso, igual que los muebles de uso indispensable; d) Disponer el reintegro al domicilio de la victima que hubiera salido del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso al autor de los hechos; e) Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas, sustancias psicotrópicas y/o tóxicas en la vivienda, cuando las mismas se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a los miembros del grupo familiar, y f) Cualquier otra que a criterio del Juzgado proteja a la victima En todos los casos las medidas ordenadas mantendrán su vigencia hasta que el Juez que las dictó ordene su levantamiento, sea de oficio o a petición de parte, por haber cesado las causas que dieron origen, o haber terminado el procedimiento. Juntamente con la implementación de las medidas de protección ordenadas, el juez dispondrá: la entrega de antecedentes del caso al imputado y fijará día y hora para la audiencia, prevista en el artículo 4º de esta Ley. Artículo 3º Asistencia Complementaria a las víctimas. Las víctimas de violencia doméstica tienen derecho a una atención urgente y personalizada por parte de las Instituciones de Salud Pública y de la Policía Nacional. En tal sentido, se establece lo siguiente: (…) La Policía Nacional debe. a) Auxiliar a la víctima que se encuentre en peligro, aún cuando se encuentre dentro de su domicilio, siempre que ésta, sus parientes o quienes tengan conocimiento lo requieran, b) Aprehender al denunciado en caso de encontrarlo en flagrante comisión de hechos punibles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 239 del Código Procesal Penal. c) Remitir copia del acta al juzgado de Paz competente dentro de las veinticuatro horas; y
d) Cumplir las medidas de protección dispuestas por el Juez de paz, cuya ejecución estuviese a su cargo. Ley de Adultos Mayores, Ley 1885/2002. DEL PARENTESCO Y LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS Artículo 8°.- Es obligación de los miembros de la familia asistir y proteger a las personas de la tercera edad que sean parientes de la misma, en la forma establecida en el Libro I, Titulo II, Capítulo XII, del Código Civil. DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO Artículo 9°.- Serán competentes para entender en los juicios por prestación de alimentos a favor de las personas de la tercera edad, los jueces de paz de todo territorio de la República. Artículo 10.- En cuanto al procedimiento, se aplicará las disposiciones contenidas en el Libro IV, Título IV, del Código Procesal Civil. De acuerdo a esta Ley, se establece la obligación de cuidado y de prestación de alimentos como responsabilidad de las personas que hacen parte de la familia. Las denuncias de violencia hacia personas adultas mayores deberán remitirse al Juzgado de Paz competente y a la Fiscalía Penal ante indicios de un hecho punible. Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/2002. De acuerdo a nuestra legislación, niño o niña es toda persona hasta los 13 años incompletos y adolescente es toda persona entre los 14 años y 18 años (hasta el día que cumpla sus 18 años inclusive). Las consideraciones específicas a niños, niñas y adolescentes son las siguientes: • • • • • Un niño, niña o adolescente puede realizar cualquier tipo de denuncias solo/a, sin necesidad de estar acompañado/a de una persona adulta o por sus padres. La forma más segura de conocer la edad de una persona es verificando su identidad. Igualmente esto no deberá limitar el auxilio o la intervención policial. Si el personal policial duda que sea aún una persona adolescente o adulta, se la considerará adolescente. Si la duda es entre adolescente o niño/a, se la considerará niño/a. El personal policial tiene la obligación de proteger a todo niño, niña o adolescente de cualquier forma de maltrato, violencia o agresión, inclusive de sus padres y aunque ocurriera dentro de su domicilio. Toda situación de abandono, maltrato o incumplimiento de una orden judicial previa que afecte a un niño, niña o adolescente debe ser atendida
por el personal policial. Es obligación del personal policial, derivar la denuncia a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, a la Defensoría de Niñez y Adolescencia y al Juzgado de Niñez y Adolescencia, según sea el caso, sin perjuicio de solicitar la intervención de un Juzgado de Paz cuando se requiera de una orden de protección de urgencia. Así como, a la Fiscalía Penal si existieran indicios de algún hecho punible tipificado en la legislación penal. La responsabilidad penal es adquirida a los 14 años de edad, antes de esa edad no se puede aprehender o detener a ningún niño o niña en una dependencia policial. Una persona adolescente no podrá permanecer en celdas con personas adultas. Se deberá, inmediatamente, comunicar al Fiscal Penal de turno, y este a su vez, al Juzgado Penal de la adolescencia, y a alguna persona adulta responsable que refiera el adolescente. Si no es posible identificar a un familiar o persona adulta responsable, se deberá comunicar inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y/o al Defensor Penal de la Adolescencia. En una intervención policial, debido a un hecho punible que involucre a un niño, niña o adolescente, se deberá comunicar inmediatamente a sus familiares o tutores, la Consejería Municipal de Niñez, CODENI o la Fiscalía o Defensoría de Niñez y Adolescencia, según el caso particular. Las personas menores de 14 años no pueden permanecer en sede policial, por estar exentas de responsabilidad penal. Para los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, se podrá solicitar el acompañamiento, del Centro de Referencia de Casos de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, llamando al 021. 147.
Proceso penal y derechos indígenas. Ley Nro. 1286/98 Código Procesal Penal, Artículo 26. Comunidades Indígenas: También se extinguirá la acción penal cuando se trate de hechos punibles que afecten bienes jurídicos propios de una comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros y tanto el imputado como la víctima o, en su caso, sus familiares, acepten el modo como la comunidad ha resuelto el conflicto conforme a su propio derecho consuetudinario. En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que se declare la extinción de la acción penal ante el juez de paz. El juez de paz convocará a la víctima o a sus familiares, al imputado, al representante del Ministerio Público y a los representantes legales de la comunidad o, cuando ellos no hayan sido nombrados, a seis miembros de la comunidad elegidos por la víctima y el imputado, a una audiencia oral dentro de los tres días de presentada la solicitud, con el fin de verificar si se reúnen los requisitos previstos en este artículo y en la Constitución Nacional.
Anexo - Algunas actividades que pueden desarrollarse
1. Actividades de presentación
Las actividades de presentación son utilizadas para abrir un espacio de confianza y de trabajo. En el caso de los procesos de formación con grupos de personas que comparten espacios de interacción similares, estas dinámicas permiten que conozcan diferentes aspectos de la personalidad de quienes son sus colegas cotidianamente y se genere en el grupo empatía significativa, clima de cooperación y actitud participativa para el proceso de aprendizaje entre pares. Según el contexto y el grupo con que se está comenzando la tarea, se pueden utilizar algunas ideas para propiciar que las personas se involucren en estas actividades.
Ideas para propiciar la participación en actividades de presentación
Nunca acabamos de conocer a otro. El conocimiento es un proceso, no un acto. Las personas somos una permanente caja de sorpresas. Cada uno y una es un misterio en esencia y no terminamos de conocer a las otras personas. Cuando nos conocemos mejor, somos capaces de enfrentar más eficientemente tareas comunes. En un grupo de trabajo se puede contar con un mejor clima de colaboración si sus miembros se conocen y apoyan mutuamente. El conocimiento de las otras personas comienza en la periferia de lo que mostramos (gestos, frases, comportamientos,...) pero podemos ir conociendo rasgos más profundos de las personalidades de los demás.
Presentación por tarjetas Se reparten tarjetas con los nombres de los integrantes del grupo. (Si alguien saca su propio nombre, lo cambia). Se procede a entrevistar a la persona cuyo nombre figuraba en la tarjeta. Posteriormente, cada pareja elige a otra y se forma un cuarteto en el que cada uno presenta a la persona que conoció. No se puede hablar de sí mismo. Al final pueden hacerse preguntas directamente. Presentación personal verbal Cada participante se presenta diciendo su nombre, en qué lugar o dependencia de la institución trabaja, y una cualidad que le gusta de sí mismo. También se puede aprovechar esta ocasión para relevar expectativas acerca del Programa de Actualización, Curso, Entrenamiento, etc. Este tipo de presentación es recomendable en grupos de no más de treinta personas.
Se conforman en grupos de cinco personas. Se invita a que cada grupo lea y reflexione acerca de una historia distinta. Se solicita a los y las participantes: • Identificar a los actores del sistema de protección de derechos implicados en la respuesta a la situación. • Consignar las competencias propias de cada actor. • Señalar la ruta de trabajo, que a criterio del grupo, debe seguirse en la situación planteada. Pueden redactarse preguntas dirigidas según cada caso y luego se presentan los comentarios en plenario.
Algunos ejemplos a utilizarse
(I) La historia de Victoria
La señora Victoria Balmaceda concurre al Juzgado de Paz a promover denuncia por violencia doméstica contra su concubino, con quien se halla unida de hecho hace siete años, resultando víctima la citada y sus menores hijos de tres y cinco años de edad respectivamente. La misma alega que su concubino es ebrio consuetudinario y casi cada noche al llegar al domicilio en común, imprime violencia contra los miembros de su familia incluyendo golpes, patadas, injurias verbales y amenazas de muerte, infundiendo miedo e inseguridad en ellos. El Juzgado imprime los trámites pertinentes fijando audiencia a fin que las partes comparezcan a efectos de sustanciar el procedimiento especial de protección. Diligenciadas las pruebas ofrecidas por la denunciante, consistente en instrumentales (Diagnóstico Médico refiriendo golpes en la cabeza y en diversas partes del cuerpo de la señora Balmaceda, Denuncias por ante la Comisaría de su barrio) y testificales (dos vecinos quienes en forma conteste expresaron la veracidad de los hechos denunciados); el Juzgado dicta resolución luego de tres días de haber concluido la referida audiencia de sustanciación. La resolución hace lugar a la acción, disponiendo la salida de la vivienda del denunciado y la asistencia a un programa para alcohólicos anónimos, estableciendo igualmente como medida de control, la comparecencia de las partes los días lunes de cada mes, durante tres meses consecutivos, a fin de verificar la evolución en su caso, del tratamiento dispensado y la conducta del denunciado. Consecuentemente el victimario interpone recurso de apelación en los términos del artículo 6º de la Ley 1600/2000, alegando que la resolución carece de eficacia pues fue dictada después de tres días de haberse llevado a cabo la audiencia de sustanciación, y no inmediatamente al concluir la misma; incumpliendo lo preceptuado en el artículo 5º de la mencionada Ley, en el sentido de proceder a la lectura de la resolución en la misma audiencia.
Pregunta complementaria: A su criterio, en el caso que el Juzgado de Paz haya ordenado el allanamiento de domicilio, y remitido oficio a la Policía Nacional. A su criterio, ¿corresponde o no cumplir la orden de allanamiento? Fundamente la respuesta.
(II) La historia de Claudia
La Srta. Claudia Gómez instaura una acción de violencia doméstica contra su ex novio, fundada en el artículo 1º de la Ley 1600/2000, manifestando que el mismo la hostiga en su vivienda, en su lugar de trabajo, en el club que frecuenta, y que en los últimos días mientras se desplazaba en su vehículo, se percató que el victimario la seguía. Asimismo expresó que recibe de parte del citado, llamadas telefónicas constantemente, aun en horas de la madrugada, volviéndose insostenible la situación, no sólo porque el hostigamiento constituye un obstáculo constante para la movilidad de ella, limitando sus actividades e invadiendo su privacidad, sino por el peligro que conlleva para su integridad una situación como la descripta. La denunciante alegó que el motivo del hostigamiento es la ruptura de su relación con el citado luego de tres años, decisión que tomó, cansada de las agresiones e injurias permanentes por parte del denunciado, por celos infundados, que en palabras de la víctima rayan la anormalidad, ya que en más de una ocasión amenazó con quitarse la vida y quitarle la vida a ella, si no cedía ante sus caprichos. El Juzgado de Paz interviniente dictó resolución disponiendo medidas como la prohibición de acceso del denunciado al hogar y al lugar de trabajo de la denunciante en un radio de 500 metros, así como la prohibición de realizar llamadas telefónicas a la misma, y de acercamiento a los lugares que frecuenta la víctima. El denunciado interpuso recurso de apelación conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1600/2000, fundado en que las medidas fueron ordenadas sin atender a la vigencia o tiempo de duración impuesto en el artículo 5o - primer párrafo de la mencionada Ley, atentando contra la seguridad jurídica que todo ciudadano requiere.
Pregunta complementaria: A su criterio, en el caso que el Juzgado de Paz ordene montar guardia frente al domicilio de la víctima, ¿corresponde o no que la policía cumpla con la orden judicial? Fundamente la respuesta. (III) La historia de Anastasia
La señora Anastasia Espínola de Torres, comparece ante el Juzgado de Paz de su localidad, denunciando un hecho de violencia doméstica contra su marido y padre de sus tres hijos menores de edad, de diez, trece y quince años de edad, respectivamente. La denunciante explicita que los hechos consisten en maltratos verbales y físicos, y en ocasiones sexuales, ya que la obliga a mantener relaciones contra su voluntad, amedrentándola en el sentido que si la misma lo denuncia, la expulsará del hogar conyugal, atendiendo a que el inmueble en el que habitan es un bien propio, producto de la herencia de los padres del agresor. Además la amenaza de privarle de la convivencia con sus hijos, e inclusive del relacionamiento con los mismos, basado en que si la víctima es expulsada del hogar, no tendrá como mantenerlos, pues es sólo ama de casa, y no posee un salario o empleo que le permita llevarse con ella a sus hijos. El Juzgado de Paz ordena prima facie la medida cautelar de protección consistente en la salida de la vivienda del victimario, hasta tanto se resuelva en la audiencia de sustanciación la vigencia o no de la medida, prohibiendo el acceso del denunciado a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la víctima, así como la entrega de sus
efectos personales, ínterin se sustancia la audiencia referida. Efectivamente la medida fue ratificada por el Juzgado interviniente, por el plazo de tres meses, disponiendo asimismo la convivencia de los menores hijos con la madre, en el hogar conyugal, habiéndose comprometido la misma a iniciar por ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de su domicilio, los Regímenes de Convivencia y de Relacionamiento pertinentes, así como el Juicio de alimentos. El denunciado interpuso recursos de apelación y nulidad basados en la arbitrariedad de la medida, y atendiendo a que la primera providencia no dispuso junto con las medidas de protección ordenadas, la entrega de copias de los antecedentes del caso, atentando consecuentemente contra su derecho constitucional a la defensa en juicio.
Pregunta complementaria: A su criterio, en el caso que el Juzgado de Paz ordene montar guardia frente al domicilio de la víctima, ¿corresponde o no que la policía cumpla con la orden judicial? Fundamente la respuesta.
3. Comunicación con víctimas de violencia en la tarea policial
a. Objetivos: • Sensibilizar a los participantes y reflexionar sobre la importancia de los procesos comunicacionales que los involucran en la tarea de entrevistar y recolectar información en diversas situaciones de violencias. • Identificar elementos conceptuales y procedimentales mínimos a ser considerados en la tarea de entrevistar y recolectar información en diversas situaciones de violencias b. Desarrollo de la actividad: Se espera que el tema sea introducido hilando el proceso de trabajo que se viene desarrollando y los objetivos del mismo. Se dispone la sala de trabajo de manera que los participantes puedan verse y escucharse. Preferentemente en forma de semicírculo. Primer Momento: Creando el clima para introducir el tema La persona facilitadora invita a los participantes a pensarse a nivel individual como una persona víctima de alguna forma de violencia. Realiza la invitación en primera persona y puede sugerir que los participantes cierren los ojos para realizar el ejercicio de visualización, respirando lentamente, inhalando y exhalando. Pide que cada persona identifique una forma concreta de violencia, luego que se piense y se vea a sí misma en esa situación, luego que se sienta en esa situación y, finalmente, que se imagine cómo necesitaría o le gustaría ser atendido y contenido para poder expresar lo que le esta ocurriendo ante las autoridades policiales. Las consignas se dan lentamente, una por vez, dejando intervalos de tiempo razonables para que cada participante pueda completar el ejercicio. Antes de volver a abrir los ojos, se reitera la invitación de respirar lentamente, inhalando y exhalando hasta poder reintegrarse a la plenaria. En plenaria, la persona facilitadora invita a plantear las situaciones de violencia elegidas, sentimientos vivenciados y necesidades de atención y contención identificadas. En un papel-poster o pizarra se escriben las respuestas y, al terminar de colectarlas, se pregunta a la plenaria para qué cree que sirve el ejercicio. Redondea este momento enfatizando la importancia de: • • • ser empáticos con las personas que traen a nuestro conocimiento situaciones en las que tomamos intervención, producir retroalimentación a nivel de lenguaje corporal y verbal con lo que escuchamos tomar acciones preparatorias que colaboren con el clima de comunicación en el marco de la confidencialidad y la confianza de la víctima o denunciante hacia el servicio prestado por la institución policial.
Segundo Momento: Identificando elementos externos que facilitan el proceso de comunicación La persona facilitadora invita a los participantes a conformar grupos de no más de cinco personas. Cada grupo se asume como un equipo de profesionales policiales a cargo de realizar entrevistas con víctimas o denunciantes de situaciones de violencias. Se les invita a que conversen y contesten las siguientes preguntas fundamentando sus respuestas: ¿Qué elementos materiales y personales colaboran con la generación de un clima de confianza para asegurar una comunicación efectiva entre la persona víctima o denunciante y el profesional policial? ¿Qué elementos materiales y personales obstaculizan la generación de un clima de confianza para asegurar una comunicación efectiva entre la persona víctima o denunciante y el profesional policial? Si el proceso de comunicación se realizara en “el lugar en el que se produce la situación”, ¿qué elementos colaboran con la recolección de datos y qué elementos obstaculizan la recolección de datos? ¿Cuál es la importancia del adecuado registro de los datos? Finalizada el trabajo en grupos, la persona facilitadora invita a compartir en plenaria lo conversado. Cada grupo va exponiendo sus conclusiones y la persona facilitadora va registrando las ideas fuerza rescatadas por cada grupo, focalizando en “facilitadoras” y “obstaculizadoras” en situación de entrevista y recolección de información en situación de flagrancia del hecho. Una vez que todos los grupos han compartido sus reflexiones y se han escuchado, se pregunta en plenaria cuál es el propósito del ejercicio. Se retroalimentan las respuestas y se van redondeando las ideas, rescatando, ordenando o agregando elementos conceptuales a los enumerados. Tercer Momento: La importancia del registro de datos para una intervención oportuna, adecuada y eficiente. Se retoma la actividad, distribuyendo entre los participantes el formulario de registro de denuncias. Se pide que individualmente cada participante lea el documento en voz baja. Finalizada la lectura individual, se va compartiendo en plenaria cada apartado del formulario recalcando la importancia de cada dato y su para qué. Se piden sugerencias de los participantes para agregar datos y/o realizar precisiones de lenguaje. Se explica que el modo de completar el formulario está vinculado al proceso de comunicación que se logre en la entrevista y que no debería ser completado inquisitivamente. La víctima o denunciante pueden o no
firmar el formulario, ya que pueden desear mantener su identidad en anonimato por seguridad, situación que debe ser respetada por el profesional policial. Lo importante es que la calidad de los datos relevados sea útil para impulsar acciones de orientación, asistencia, investigación y derivación a las instancias jurisdiccionales y de protección. Cuarto Momento: Habilidades comunicacionales en entrevistas La persona facilitadora introduce elementos básicos de comunicación: ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? Secuencia comunicacional, obstáculos y elementos facilitadores de la comunicación. Interferencia y ruido. Lo hace en forma expositiva y participativa, animando a los participantes a realizar aportes o a generar preguntas. Utiliza idealmente como soporte audiovisual el power point y la pizarra o papel poster. Posteriormente, se enumeran los elementos fundamentales de un proceso de comunicación interpersonal efectiva: escucha atenta, adecuacion de las preguntas y retroalimentación usando el parafraseo, y mensajes en primera persona, entre otros. Desarrolla elementos que hacen a cada una de estas herramientas. Quinto Momento: Práctica con el grupo, diferentes tipos de intervenciones comunicacionales. Formulación de preguntas, parafraseos, mensajes en primera persona. Cuando se entiende que el grupo cuenta con los elementos mínimos, se propone el siguiente ejercicio de juego de roles: se invita a armar grupos de cuatro participantes. En cada grupo una persona asume el rol de víctima o de denunciante, otra de acompañante de la víctima o denunciante, otra de profesional policial, y otra, de observador. La persona facilitadora explica que se espera que haga cada uno en su rol, en general. Luego, se acerca a cada grupo e indica a la persona que asume el rol de victima y/o denunciante sobre qué tipo de violencias va a realizar su relato. En lo posible, se asegurará de que haya diversidad de situaciones de violencias en conversación. Le indica a la persona que asume el rol de observador que registre las intervenciones comunicacionales de quien representa el rol de profesional policial que le parecieron adecuadas y oportunas consignando por qué. Ej: realiza preguntas abiertas porque necesita recolectar cantidad de información; interrumpe y parafrasea porque necesita entender y evitar que el relato se haga confuso y extenso, etc. En tanto el juego de roles se realiza, el facilitador se acerca a los grupos a observar las intervenciones comunicacionales. Tomará en cuenta lo que observa para retroalimentar los aprendizajes en plenaria.
El facilitador invitará a desarmar los grupos y a ubicarse de tal modo que todos puedan participar de la plenaria. En esa instancia, irá pidiendo al observador de cada grupo que comparta sus observaciones con el resto. Va anotando en la pizarra o en el papel póster las ideas fuerzas más significativas. Terminada la socialización de las observaciones trabaja con las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Qué se nos hizo más difícil en el desempeño de roles? ¿Qué nos resultó más fácil? ¿Qué tendríamos que fortalecer como habilidad y como práctica? Sexto Momento: Conclusiones provisorias Se distribuye entre los y las participantes el material de lectura complementaria sobre el tema. Se invita a que cada uno piense y anote tres aprendizajes y tres desafíos que se lleva de la sesión de trabajo. Entrega las notas al facilitador. Termina la sesión con una ronda en la que cada participante expresa con una palabra como se sintió durante el encuentro de trabajo.
4. Mesas de café (o tererejere)
Esta actividad se puede utilizar para: • Reconocer violencias en el ámbito doméstico de acuerdo a las conceptualizaciones internacionalmente utilizadas y a la tipificación específica de nuestro país. • Sensibilizar sobre características propias de grupos específicos y reconocer elementos que producen estigmatización y doble victimización. La persona facilitadora propone al grupo: • • • • • Agruparse en forma aleatoria en grupos de no más de cinco personas. Elegir a una persona del grupo como moderadora. Elegir una de las situaciones que se les presentarán. Identificar en las situaciones: elementos que caracterizan las violencias, tipo de violencia y su relación con el ámbito doméstico. Identificar las instancias sociales, instituciones gubernamentales en general y dependencias de la Policía Nacional que atiendan al sector específico de referencia. ¿Existe algún prejuicio relacionado con el grupo específico con el que estamos trabajando? Identificar al menos tres acciones que podrían colaborar con minimizar el prejuicio y tres instancias gubernamentales o no gubernamentales que pudieran acompañar la intervención.
Se preparan previamente al menos seis mesas. En cada una de ellas se disponen relatos de situaciones de violencias y/o recortes periodísticos que aborden situaciones de violencias. Cada grupo al menos conversará en torno a dos mesas diferentes. Cada grupo se ubica en una mesa. El moderador muestra el material y el grupo elige la situación que analizará. Se lee en voz alta la situación y grupalmente se la analiza teniendo en cuenta las tres últimas preguntas enumeradas previamente. El moderador toma notas de las respuestas más significativas del grupo. Terminada la tarea en una mesa, el grupo se traslada a otra mesa y repite la actividad con otros relatos o recortes periodísticos. Si se dispone de mayor tiempo todos los grupos pueden pasar por todas las mesas. La actividad concluye con una plenaria en la que se comparten las reflexiones de cada grupo. El facilitador da intervención a los moderadores de cada grupo y luego cierra con reflexiones o preguntas sobre el tema.
Esta actividad apunta a tornar visibles los prejuicios que tenemos en general las personas sobre las violencias. La actividad se plantea en forma individual: se invita a los participantes a observar el esqueleto humano y colocarle nombre. Recolectadas las fichas de todos los participantes, el facilitador cuantifica cuántos colocaron nombres femeninos y cuántos masculinos. Expone al grupo los resultados y abre una breve conversación sobre los prejuicios que se asocian a las decisiones tomadas por los participantes en el momento de seleccionar un nombre. Una versión de este ejercicio consiste en proponer al alumnado que imagine que cuenta con una cantidad considerable de dinero que no necesite y tuviera que hacer un regalo a un niño de 5 años. Luego a una niña de la misma edad. Se recomienda hacer una lista en un pizarrón o cartulina de los regalos que harían, tanto para los varones, como para las mujeres. Al analizar las listas, se podrá observar los estereotipos de tareas asignadas para los varones y los que son asignadas a las mujeres (generalmente las los varones tienen regalos que estereotipan el poder social, el ocio y el esparcimiento como revólveres, juguetes de superhéroes, pelotas, ropa de deporte u ocio, etc. En cambio a las mujeres se las relaciona con juguetes vinculados con tareas del hogar, el cuidado de niños, o la belleza -en función de los varones-). Estas actividades también permiten reflexionar sobre la identidad de género.
6 La caja secreta
La caja secreta es una estrategia que permite en cualquier momento de la sesión de aprendizaje o trabajo grupal, que los participantes formulen aquellas preguntas que se les han presentado y no pudieron ser conversadas en ese momento ya sea por falta de tiempo o por no animarse a preguntar a viva voz durante la plenaria. Desde la primera sesión, se pone a disposición del grupo una caja, papeles y bolígrafos. La caja queda en un lugar determinado de la sala de trabajo y la consigna es que “la caja secreta” está abierta a que cualquiera, en cualquier momento del trabajo, pueda acercarse y colocar su pregunta, inquietud o comentario. Se revisa la caja en los momentos de pausa o al final de cada sesión de trabajo. Puede hacerse en presencia del grupo o sin ellos. Cuando no están presentes, se traerá a la siguiente sesión (o en esa misma sesión, si se tratara del único espacio) las preguntas o inquietudes agrupadas por ejes, contenidos o similitudes, y se plantearán algunas respuestas como disparadoras. Cuando está presente el grupo, se pueden extraer de a una e ir conversándolas o extraer todas las preguntas y organizarlas para luego conversar sobre ellas. De esta manera, se amplían los canales de comunicación y se posibilita que personas que tienen una participación menos activa en lo verbal, puedan aportar al grupo sus inquietudes, sugerencias o valoraciones.
7 Violencias, percepciones y acciones desde el rol policial
Con esta actividad se busca contribuir a explicitar las percepciones del grupo en relación a las violencias y las acciones policiales frente a ellas, procurando determinar su ajuste a las pautas del enfoque de derechos. Para ello: • • • • • • Se conforman grupos de hasta cinco personas. Cada grupo elige al menos tres preguntas de las propuestas. El grupo intercambia ideas sobre las mismas (una persona del grupo toma notas de lo conversado) El grupo selecciona las ideas fuerza de lo conversado y las expone en un papelógrafo. Se realiza la puesta en común en plenaria por respuestas a cada pregunta.
Conversamos entorno a… • ¿Qué es la violencia para nosotros/as? • ¿Qué hechos de violencia hemos vivido o han vivido otras y otros? • ¿Cómo esos hechos han condicionado o influido en nuestra vida? • ¿De qué manera se manifiestan las violencias de género e intergeneracional en el país? • ¿Cómo afecta la vida cotidiana de: a. niñez y adolescencia b. la mujer c. los grupos excluidos por razones de opción sexual, religión, etnia, u otros • ¿Cuál es la respuesta institucional policial frente a las situaciones de violencias denunciadas por: a. niñez y adolescencia b. la mujer c. los grupos excluidos por razones de opción sexual, religión, etnia, u otros
8 Ejercicios para abordar la temática de policía comunitaria
Ejercicio 1: Policía y comunidad El objetivo de este ejercicio es definir el marco de actuación del profesional policial dentro del esquema de una sociedad democrática. Se sugiere al grupo leer y comentar en subgrupos de cuatro personas el siguiente texto:
“La policía constituye un servicio público de la comunidad, siendo su razón de ser la de garantizar, a todos los ciudadanos, el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertadas que la Ley reconoce”. Carta Europea del Policía, 1992 A lo largo de la historia, la seguridad, ya sea del Estado o la de quienes son ciudadanos, ha sido una de las principales preocupaciones. Para tal efecto, los diferentes Estados han creado Leyes e instituciones que tienen como función, mantener el orden público y asegurar la convivencia social. En el caso de los cuerpos policiales estos tiene su origen en la protección y garantía de ciertos elementos particulares.
Se invita a identificar en la Ley 222/93 “Ley orgánica de la Policía Nacional”, las funciones que reflejan alguna relación del personal profesional policial y la comunidad. Ejercicio 2: Policía preventiva, policía comunitaria El objetivo del ejercicio es identificar el modelo comunitario y habilitar el espacio para debatir sobre su aplicación a las condiciones propias. Se presentan partes del texto siguiente al grupo y se organizan conversaciones sobre lo leído (lo nuevo, lo ya conocido y lo posible en cada situación).
“La policía nunca pensó en tener responsabilidad por la calidad de vida. La nueva orientación del trabajo policial es mas proactiva que reactiva”. Hernan Goldstein, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin, EEUU, es uno de los más reconocidos investigadores sobre la policía comunitaria. Una Policía es preventiva, cuando orienta su desempeño a conocer las posibles condiciones de vulnerabilidad de la población y las amenazas que aumentan el riesgo de victimización entre sus integrantes; incidiendo en mejorar las capacidades de la misma para prevenirlas, contenerlas y enfrentarlas. De ahí que cuando se habla de policía preventiva, salta rápidamente a nuestra mente la figura de las Policías Comunitarias. Dicha relación tiene sentido, si recordamos que mientras las “policías del régimen” hacían referencia en su actuar a un interés único, manifestado en la pronunciación del Estado mediante las clases gobernantes; una policía democrática, en cambio, atiende a las demandas, intereses y necesidades de la población. Una policía preventiva, lejos de orientar su desempeño en función de la sospecha, la contención y la represión del delito, busca disminuir su incidencia, mediante estrategias orientadas a mejorar las relaciones sociales de la comunidad; mediando para el establecimiento de normas mínimas de convivencia entre los vecinos; procurando alianzas estratégicas con grupos que pudiesen aportar soluciones mínimas a condiciones de vulnerabilidad dentro de la población o a mejorar las capacidades para enfrentar un riesgo; y por último, incidiendo en el mejoramiento de espacios físicos, que puedan exacerbar la condición y/o la percepción de inseguridad
dentro de la población. El fin último de una policía preventiva no es solamente la persecución del delito, sino, la disminución de su incidencia en la comunidad, mediante la procuración de mejores prácticas sociales dentro de la misma. Ésta debe poseer capacidad de enfrentar una alteración súbita de la paz y la tranquilidad, ocasionada por la manifestación de un hecho delictivo, siendo su obligación contenerlo y/o reprimirlo para que no trascienda a mayores proporciones. Siempre y cuando se tenga en cuenta, la racionalidad en el uso del recurso de la fuerza y el respeto al debido proceso. El concepto de policía comunitaria implica cambios en la concepción del rol de la policía en nuestras sociedades. La pregunta fundamental es “¿quién define el ‘orden’ y cómo debe mantenerse?” El concepto se refiere a un grupo de medidas que le adjudica a la comunidad un rol importante en la definición de la labor policial y en guiar su desempeño a nivel local. Entre los elementos esenciales de una policía comunitaria se incluyen: la prevención comunitaria, el despliegue de patrullas para interactuar con la comunidad en situaciones rutinarias, la articulación con la ciudadanía a cumplir con tareas de servicio público, y oportunidades para recepcionar las opiniones y sugerencias (retroalimentación) que tenga el público sobre la operación policial. (Bayley 1984) En el modelo de una policía comunitaria se asume lo siguiente: las vecindades o pequeñas comunidades sirven como ubicación de la organización y operación policial; la labor policial se organiza y conduce a nivel vecinal o comunitario; cada comunidad enfrenta problemas del orden que son únicos y distintos a los que un modelo policial tradicional no responde; el consenso logrado en la comunidad debe guiar la respuesta de la policía a los problemas comunitarios del orden público. (Murphy citado en Zhao 1996) La adopción de la metodología de una policía comunitaria generalmente no requiere cambios en las Leyes orgánicas ni en los reglamentos de los cuerpos policiales. Sin embargo, dentro de este amplio marco regulatorio, el impacto sobre aspectos de administración y gerencia institucional es considerable. Una policía comunitaria implica una mayor generalización de destrezas y tareas policiales, una descentralización de las estructuras organizativas, y una mayor autoridad para los comandantes policiales en cada dependencia. También es importante que la institución premie la exitosa identificación y resolución de problemas. (Zhao 1996) El concepto de Policía Comunitaria, no basa su desempeño en una receta generalizada a todas las localidades donde preste servicio la institución. Mas bien, ésta se basa en la justa observancia al marco legal dispuesto y a los Derechos Humanos, aceptando en su definición local, el sazón de las características de la comunidad, media vez no se contrapongan al ordenamiento primordial, en tanto que si pueda complementarlo. Estudio de casos: Luego de este breve acercamiento al concepto de policía preventiva, es el momento de discutir sobre algunos ejemplos y elaborar un listado de tareas concretas que se pueden implementar en el trabajo cotidiano para luchar contra la violencia doméstica. Trabajar esta actividad en pequeños grupos y exponerlo ante el resto de compañeros. Policía enfocada a los problemas Herman Goldstein traza la distinción entre las tres fases que sigue una institución para adoptar la metodología de una policía comunitaria y así aumentar la cooperación con la ciudadanía para resolver crímenes. La primera fase se caracteriza por actividades
como el patrullaje a pie y las reuniones con la comunidad. Los buenos resultados logrados dejan avanzar a una segunda fase de mayor descentralización. En esta etapa, los oficiales son asignados a un vecindario y trabajan con la comunidad para controlar el crimen. Un rasgo más sofisticado de la policía comunitaria se incorpora en una tercera etapa, cuando la policía apoya a la comunidad en su propia definición de sus problemas y cómo resolverlos. En esta fase, la policía desarrolla el “problem oriented policing”, es decir que la actividad policial está orientada al análisis y respuesta de los problemas específicos que afectan a la comunidad. Este modelo se basa en la idea que la policía no puede resolver todas las causas del crimen, pero sí puede servir de vínculo a otros servicios que los resuelvan. En Montreal, Canadá, sólo el 30 por ciento de las llamadas a la policía se referían a un crimen. Éstas eran referidas a un agente, mientras que el otro 70 por ciento quedaba prácticamente sin atenderse. Los operadores telefónicos recibieron capacitación sobre cómo discernir entre llamadas y cómo referirlas a los servicios apropiados. En Uruguay, desde el año 2007 se llevan a cabo congresos contra la violencia doméstica organizados por la Policía que buscan identificar líneas de acción para el trabajo preventivo. “Ventanas Rotas” La política del “mantenimiento del orden”, también llamada la política de las “ventanas rotas”, se utiliza mucho en los Estados Unidos. La teoría de las ventanas rotas se refiere a un barrio que se ve descuidado o existen características específicas que generan violencia. En este modelo, la policía usa acciones específicas. En España, la Guardia Civil ha desarrollado campañas específicas para concientizar a mujeres sobre medidas de prevención ante casos de agresión o violencia doméstica en aquellas comunidades en las que se registraba un mayor número de denuncias relacionadas. Por otro lado, la Comisión Estatal de Seguridad Local también ha estudiado el borrador del Real Decreto por el que se aprobará el Reglamento que regulará las Juntas Locales de Seguridad, en el marco de las cuales los Ayuntamientos establecerán el grado de implicación de sus policías.
Sopa de letras Se propone al grupo que localice la mayor cantidad de palabras que se relacionen con el tema de desempeño policial en una sociedad democrática
9 Trabajos a distancia
Los trabajos a distancia son asignaciones realizadas en los grupos como una forma de integrar los diversos temas abordados, propiciar la reflexión sobre ellos y ampliar la información relativa. Asimismo, permiten anticipar temas a abordar, retomar los conceptos que requieren ser reforzados y plantear nuevos itinerarios para el trabajo. Ficha de trabajo a distancia sobre el enfoque de derechos
¿De qué manera están presentes los principios del enfoque de Derechos Humanos en nuestras acciones? Los/las invitamos a que en grupos de tres, lean el texto sugerido: Preguntas frecuentes sobre el enfoque de Derechos Humanos en la cooperación para el desarrollo. (Fuente: Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cap. III, “El enfoque basado en los Derechos Humanos: definición y aspectos generales”. http://www.un.org) A partir de lo leído les proponemos que compartan sus respuestas a las siguientes preguntas: • ¿Cuáles serían para ustedes las ideas más significativas del texto y cómo se vinculan con su trabajo? Escriban las tres más importantes del texto y una pregunta que quieran compartir en el próximo encuentro. • Si eligieran una acción concreta emprendida por ustedes, (a) ¿De qué manera creen que están presentes en la acción elegida los principios del enfoque de Derechos Humanos? (b) ¿Qué podrían hacer en la acción elegida para tenerlos más en cuenta? (c) ¿Qué NO deberían hacer para garantizar este principio en la acción elegida?
Ficha de trabajo a distancia sobre las violencias
¿Cómo nos afectan las VIOLENCIAS y a qué desafíos nos comprometen? Se invita a que, reunidos en grupos de cuatro personas, lean los siguientes textos: • Rubén Capdevila y otros (2009) Violencia social y derechos de la niñez en Paraguay. Asunción: CDIA-Plan Internacional. - Marco teórico, pp. 13 a 21; - Marco jurídico, pp. 26 a 28; - Análisis cualitativo y descriptivo, pp. 31 a 59. • Myrian González Vera (2009) ¿Hasta cuándo? Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico en: Codehupy (2009) Derechos Humanos en Paraguay | Yvypóra derécho Paraguáipe. Asunción: Codehupy, pp. 323 a 335. Ejercicio 1. Elaborar un cuadro caracterizando los diferentes tipos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes (considerar tipo de violencia, características, efectos psicosociales y comunitarios, señales de alertas)
Tipo de violencia Característic as de la violencia Efectos psicosociale s y comunitario s en la persona víctima Señales de alerta
Ejercicio 2. Preparar un cuadro caracterizando los diferentes tipos de violencia que afectan a mujeres niñas, adolescentes y adultas (considerando tipo de violencia, características, efectos psicosociales y comunitarios y señales de alertas)
Característic as de la violencia
Efectos psicosociale s y comunitario s en la persona víctima
Ejercicio 3. Enumerar las normas de derecho internacional y nacional que deben ser tenidas en cuenta para la protección y punición de situaciones de violencias. Ejercicio 4. Considerando la normativa vigente sobre protección y punición de las violencias y a la luz de las competencias de la Policía Nacional (en el marco de la Ley orgánica policial), señalar: - Tres acciones preventivas de la Policía Nacional a través de la especialidad. − Tres acciones investigativas de la Policía Nacional a través de la especialidad.
Trabajo a distancia sobre policía comunitaria
El modelo de la policía comunitaria: filosofía, obstaculizadores y desafíos en democracias en construcción Se invita a formar parejas para leer los siguientes textos: • Hugo Früling (2006) El desafío de la reforma policial en América latina en: Revista Eletrónica. • Alberto Montbrun (2002) Policía y seguridad pública: modelos en marcha en: Revista La Ley – Gran Cuyo. Año VI Nº 1. • Carmen Rosa León Escribano (2004) Manual de seguridad preventiva y policía comunitaria. Guatemala: Iepades/NED. Responder las siguientes preguntas conforme a los criterios autorales de estos textos: ¿En qué consiste el modelo de la policía comunitaria y qué paradigma lo sostiene? ¿Qué elementos caracterizan el modelo operativo de la policía comunitaria? ¿De qué manera los elementos mencionados pueden ser tenidos en cuenta en la División Especializada en los procedimientos?
10 Actividades de cierre
Este tipo de propuestas se utiliza para socializar las emociones que se han generado entre personas que participaron de un proceso de trabajo. Pueden ser utilizadas al final de un proceso o como cierres parciales a los efectos de ir verificando el alcance de los contenidos, el desarrollo de las competencias, las percepciones, las emociones, etc. ¿Qué me llevo? ¿Qué aporté? Cada participante expresa en pocas palabras algo que aprendió en la sesión de aprendizaje, en el módulo o en el proceso de trabajo y algo que aportó al grupo. Puede consistir en una afirmación o en una pregunta, como por ejemplo: “Me llevo mayor claridad sobre los conceptos de género”; “sobre los procedimientos de cómo atender a personas víctimas de violencias”; “Aporté mi curiosidad”; “Aporté mis saberes sobre una situacion determinada”. ¿Qué sentí? Se invita a que cada participante en una palabra exprese un sentimiento o una emoción respecto de la sesión o sesiones de trabajo en que participó. Por ejemplo: “Ganas”, “Sueño”, “Entusiasmo”. Telaraña Se utiliza con varios propósitos. Entre ellos: cerrar un proceso de trabajo grupal en el que se quiera enfatizar la importancia de lo grupal en la tarea y en los resultados frente a otras personas. Se dispone de un ovillo de lana o una madeja de hilo. La persona facilitadora invita a los participantes a formar una ronda. Se dan las consignas pertinentes al momento que se está invitando a cerrar, por ejemplo: “Los invito a que podamos expresar qué espero de mi compañero/a de trabajo en la tarea común y qué estoy dispuesto a dar en esa tarea”. Comienza la persona facilitadora sosteniendo la punta del ovillo o hilo y manifestando lo que se expresa en la consigna. Terminada su alocución, se queda con la punta y pasa la lana o hilo a cualquiera de las personas del grupo. La lana o hilo va entretejiendo una red o telaraña. Al término del juego, todos los participantes tuvieron que poder expresarse. Una variante de la dinámica es que se pueda ir desarmando la telaraña en el sentido inverso a la que se tejió y cada participante pueda repetir lo que su compañero dijo o responder a una segunda pregunta.
Las estrategias de evaluación se asocian principalmente al proceso de trabajo y a verificar efectivamente el logro de los resultados de aprendizaje. Para ello, se toman en consideración los trabajos realizados por las personas participantes a lo largo del proceso formativo, tanto en los encuentros presenciales como en los trabajos a distancia. Principalmente, se debe prestar atención a: • • • • • • • • La asistencia a los encuentros presenciales; El involucramiento activo en las sesiones de aprendizaje; La presentación de los trabajos a distancia en fecha para poder compartir con el grupo de pares; La presentación de ideas propias a partir de las lecturas realizadas y de las actividades desarrolladas, La conexión de estas ideas con la práctica policial; La disposición para el contacto con personas de diferentes grupos; La reflexión crítica frente a la temática de las violencias; El manejo de los instrumentos que dan cuenta de los procedimientos de trabajo.
Se considerará que un desempeño eficiente del personal profesional policial se aprecia en sus competencias generales para la realización de acciones de prevención comunitaria y atención de situaciones relevadas en cuestiones de violencia doméstica e intrafamiliar, conforme a los procedimientos establecidos con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género, en coordinación con las instituciones públicas y privadas de la comunidad.
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 Artículo 239
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 2
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