Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/92/STSJC19921221b.htm
Timestamp: 2018-08-14 06:47:45+00:00

Document:
de 21 de desembre de 1992, núm. 18/1992 (Sala Civil i Penal)
Ilmos. Sres. Magistrados: D. Luis Ma. Díaz Valcárcel, D. Jesús E. Corbal Fernández, D. Joaquin Badia Tobella, Da. Ma. Rosa Virolés Piñol.
VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de mayor cuantía num. 188/84 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barcelona, sobre legitimidad de filiación, preterición y nulidad de testamento, cuyo recurso fue interpuesto por la demandante recurrente X, representada por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis, y defendida por el letrado D. José Pintó Ruiz, contra D. Y, demandado-recurrente, representado por el Procurador D. Ramon Barbany P., y defendido por el letrado D. Francisco Fernández de Villavicencio, la entidad Y2, S. A., demandada recurrida, representada por la procuradora Da. Cristina Ruiz de Santillana y defendida por el letrado D. Manuel Serra Domínguez, y contra Y3, D, Y4, D. Y5 y D. Y6, herencia yacente de D. Z e ignoradas personas tenedoras de acciones Y2, S. A., todos ellos incomparecidos en el presente recurso, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barcelona, fueron vistos autos a instancia de Dª. X contra Dª. Y4, Y3, Y, Y2, S.A. D. Y5 y D. Y6, la herencia yacente e ignoradas personas que se crean con derecho o pretendan ser herederos de D. Z y contra los ignorados tenedores de acciones de la Compañía Y2, S.A. y contra el Ministerio Fiscal; la parte actora formalizó demanda arreglada a las prescripciones legales y previa alegación de los hechos y fundamentos que estimó oportunos, solicitó se dictara sentencia, conforme es de ver en aras a la economía procesal en los folios 203, ampliándose la demanda posteriormente (folios 468 a 496).
Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados para que en el término legal comparecieran en autos, personándose en forma y contestando aquella Dª. Y4, D. Y, Y3 y la Compañía Y2, S.A., lo cual verificaron oportunamente evacuando el trámite de contestación a la demanda con las prescripciones legales. El resto de los demandados no comparecieron. Se formuló reconvención por los hechos relacionados en el escrito de contestación.
Por el juzgado se dictó sentencia con fecha 19 de septiembre de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que estimando la demanda y su ampliación formulada por el procurador D. Narciso Ranera Cahis, actuando en nombre y representación de Dª. X contra Dª. Y4, representada por el Procurador Sr. José Girona Casagran, Y, representado por el Procurador Sr. Ramón Barbany Pons, Y3, representada por el Procurador Sr. Ángel Quemada Ruiz, la Compañía Y2, S.A., representada por el Procurador Sra. Cristina Ruiz Santillana, contra D. Y5 V. S., D. Y6, la herencia yacente e ignoradas personas que se crean con derecho o pretendan ser herederos de D. Z y contra los ignorados tenedores de acciones de la Compañía Y2, S.A. y contra el Ministerio Fiscal, debo DECLARAR Y DECLARO: Primero. - Que la actora Da. X es hija de D. Z y en su consecuencia ostenta todos los derechos familiares y sucesorios derivados de tal filiación y líbrese firme que sea la presente resolución, el oportuno mandado al Sr. Juez encargado del Registro Civil de Barcelona correspondiente, para la extensión de los oportunos asientos. Segundo. - Que el testamento otorgado por el difunto D. Z el 17 de marzo de 1967 en Manresa ante el Notario D. Vicente Coca y Coca señalado en su protocolo bajo núm. --- es nulo, por preterición errónea de la hija del testador la actora Da X y en su consecuencia debo decretar y decreto la nulidad de la escritura de aceptación de herencia e inventario, otorgada por D. Y ante el Notario de Manresa Don Vicente Coca y Coca a 21 de Octubre de 1982 y la nulidad y cancelación de los asientos registrales consiguientes, siendo nulos e ineficaces todos cuantos actos y negocios jurídicos haya realizado dicho demandado en su condición de heredero de D. Z de disposición de la herencia (o parte de ella) o de disposición de bienes adquiridos por tal título sucesorio, con la consiguiente nulidad y cancelación de las inscripciones registrales causadas por dichos actos. Tercero. - Que Dª. X, es heredera abintestato como hija única de su difunto padre D. Z, y en su consecuencia como tal, titular de la herencia en su universalidad y dueña de todos los bienes, derechos y acciones que la integran, sin excepción, y en consecuencia, sin perjuicio de cualesquiera otros integrados en el caudal relicto, es dueña (y le deben ser entregados por sus respectivos detentadores) de cuantos bienes se relacionan con la escritura de aceptación de herencia e inventario de 21 de octubre de 1982 relacionada con la declaración anterior; de cuantos bienes se relacionan asimismo en el hecho quinto de la ampliación de la demanda (folios 476 vuelto) y también como tal heredera, de aquellos relacionados en el hecho sexto de la misma ampliación de demanda que figuran como pertenecientes a la Compañía demandada Y2, S.A. Cuarto. - Que el demandado Y y también Y2 S.A. en cuanto a aquellos que estuvieran o hubieran estado en su poder deben restituir todos los bienes, derechos y acciones de la herencia mencionados en la precedente declaración y en su defecto su valor que se determinará en periodo de ejecución de sentencia, con el límite para los enajenados en favor de tercero de buena fe antes de la interposición de la demanda, establecido en el art. 275 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, y el importe de los frutos naturales, industriales y civiles de tales bienes, alzados a partir de la muerte del causante, que se determinarán en periodo de ejecución de sentencia. Quinto. - Que desestimando como desestimo la reconvención deducida por Da. Y4 contra Da. X debo absolver y absuelvo de todas las pretensiones deducidas en aquella a Da. X. Sexto. - Que no procede efectuar pronunciamiento alguno en materia de costas. Y en su consecuencia debo condenar y condeno a las partes: I.- A estar y pasar por todas y cada una de las anteriores declaraciones. II.- A efectuar cuantos actos sean precisos para la efectividad de las anteriores declaraciones, y en su consecuencia a efectuar las entregas y disposiciones y a pagar en su caso, las cantidades que se mencionan en las anteriores declaraciones, que se determinarán en ejecución de sentencia».
Tercero. - Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por D. Y, Da. Y4 y por la entidad Y2, S.A. el cual fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada por la Sección l6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 15 de octubre de 1991, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Se revoca en parte la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barcelona y en su lugar se declara que la actora tiene derecho a percibir, desde el momento de la muerte del causante la legítima individual que le corresponde como única hija de D. Z, igual a una cuarta parte de los bienes relictos y donatum calculados de conformidad con las reglas o bases que dispone el artículo 129 de la Compilación, a determinar en ejecución de sentencia, valor que satisfará el heredero en dinero o bienes de la herencia más los intereses devengados desde la muerte del causante. Se confirma el primer pronunciamiento de la Sentencia impugnada. Se imponen las costas causadas a Y2, S.A. en primera instancia a la actora, y respecto a las restantes costas cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento».
Cuarto. - El Procurador D. Narciso Ranera Cahis, en representación de Da. X, formuló recurso de casación por infracción de normas, que basaba en los motivos siguientes:
1. - Al amparo del num. 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 141 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña de 21 de julio de 1960 en su párrafo 3º.
2. - Al amparo del num. 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del párrafo 2º del art. 675 del Código civil Español en relación con el 4-1 del mismo cuerpo legal.
3. - Al amparo del num. 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los arts. 687 del Código civil, 101 y 105-2, 106 y 107.
4. - Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil por infracción del art. 1253 del Código civil.
5. - Al amparo del num. 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por otra infracción del art. 1253 del Código civil.
6. - Al amparo del art. 1692 párrafo 4, por infracción del art. 1249 del Código civil,
7. - Al amparo del num. 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil por infracción de la disposición transitoria 6ª de la Compilación Catalana y de la transitoria 12ª del Código civil y de la disposición transitoria 7ª de la Compilación Catalana, Compilación modificada por la Ley de el Parlamento Catalán de 20 de marzo de 1984, texto refundido aprobado por Decreto de 19 de julio de 1984 y en relación con dicha transitoria 7ª también la núm. 12 de las transitorias del Código civil y 6ª de la Compilación modificada por le Parlamento catalán de 20 de marzo de 1984 en relación con el art. 4-1 del Código civil.
Que el Procurador D. Ramón Barbany Pons, en representación de D. Y, interpuso asimismo recurso de casación por infracción de normas, que basaba en los motivos siguientes:
1. - Al amparo del art. 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 135 en relación con el 112 y 127 del Código Civil.
2. - Al amparo del art. 1692-4º de la Ley de Enjuiciamineto Civil y el art. 1214 del Código civil, y
3. - Al amparo del art. 1692, apartado 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del art. 1253 del Código civil.
Quinto. - Admitidos los recursos, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que las devolvió con su escrito de 31 de julio de 1992, considerando procedente la admisión a trámite del recurso por los motivos invocados por los recurrentes y se concedió el plazo de veinte días a la parte recurrida para la formalización por escrito de impugnación, habiéndose efectuado por las representaciones de D. Y y Da X, respectivamente mediante escrito de fecha siete y ocho de octubre último, en los que alegaron cuanto estimaron procedente y por providencia de fecha diecinueve de octubre último, se tuvo por evacuado el traslado conferido de impugnación y se señaló para la celebración de vista el día veintiséis de noviembre último, en que tuvo lugar, con asistencia de los letrados y procuradores de las partes, los cuales solicitaron se casara la sentencia recurrida de conformidad con lo solicitado en cuanto a los recurrentes, y que no se diera lugar al recurso condenando en costas a la recurrente, en cuanto a la recurrida.
Primero. -A fin de concretar el ámbito de conocimiento que corresponde a esta Sala de Casación en el presente caso procede sintetizar las diversas cuestiones que constituyeron el objeto procesal del juicio de mayor cuantía núm. 188 de 1984 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Barcelona en dos apartados, haciendo exclusión de los restantes temas, que aún habiendo sido materia de debate y decisión en las instancias, sin embargo quedan fuera del juicio jurisdiccional al no haber sido planteados por las partes que pudieron tener interés en hacerlos valer. El primer apartado aludido hace referencia a la declaración de filiación extramatrimonial solicitada por Dª X respecto a D. Z con posterioridad al fallecimiento de éste ocurrido el 28 de abril de 1982. El segundo apartado, de análisis subsidiario respecto del anterior, pues según que se estime o no la declaración de filiación interesada correspondería o no pasar a su examen, se refiere a la trascendencia jurídica sucesoria que puede tener el hecho de que Dª X no figure mencionada en el testamento otorgado por D. Z el día 17 de marzo de 1967. La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia el 19 de setiembre de 1988, acordó, entre otros pronunciamientos, que Dª X es hija de D. Z, y que el testamento otorgado por éste era nulo por preterición errónea, con declaración de la Sra. X1 como única heredera abintestato de su padre. La Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de esta Ciudad, a quien le correspondió conocer del recurso de apelación, en Sentencia de 15 de octubre de 1991 mantuvo la declaración de filiación, pero revocó la resolución del Juzgado en el extremo relativo a la valoración de la omisión testamentaria, y con base en el entendimiento de que no se daba un supuesto de preterición errónea, como había estimado el Juzgado, sino de preterición intencional, sustituye la anulación del testamento y sus consecuencias, por el reconocimiento del mero derecho a percibir la legítima (siendo de destacar ya la irrelevancia del «lapsus calami», que se ha de considerar subsanado, de consignar como segundo apellido de D. Z. el de A., en lugar del de B.). Contra esta Sentencia formularon sendos recursos de casación Dª X y D. Y, éste por su condición de heredero testamentario de D. Z En el recurso del Sr. Y se combate la declaración de filiación mediante los motivos siguientes: Infracción del art. 135, en relación con los artículos 112 y 127, todos ellos del Código civil: Infracción de los principios del «onus probandi» y de los «iuxta allegata et probata» y el art. 1214 del Código civil; e infracción del art 1253 del Código civil. La totalidad de los motivos se amparan en el ordinal cuarto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según texto resultante de la Ley 10/ 1992, de 30 de abril. Y en el recurso de Dª X se pretende restablecer el contenido de la Sentencia del Juzgado de la Instancia entendiendo que ha habido preterición errónea (no intencional) a través de los siguientes motivos (todos ellos por la vía procesal del numeral cuarto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluso el cuarto en que por un evidente lapsus perfectamente subsanable se omitió la concreción del ordinal aplicable): Infracción del art. 141, párrafo tercero, de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña de 21 de julio de 1960; Infracción del art. 675, párrafo segundo, en relación con el 4ª, apartado uno, ambos del Código civil; Infracción del art. 687 del Código civil y 101, 105, dos, 106 y 107 (hay que entender) de la Compilación; Infracción del art. 1253 del Código civil: Otra infracción del mismo precepto anterior; Infracción del art. 1249 del Código civil; e infracción de las disposiciones transitorias sexta de la Compilación de 22 (sic) de julio de 1960; duodécima del Código civil, y séptima de la Compilación Catalana modificada por la Ley del Parlamento de Cataluña de 20 de marzo de 1984, texto refundido aprobado por Decreto de 19 de julio de 1984; y en relación con dicha transitoria séptima también la número dos de las transitorias del Código Civil a las que aquélla se remite y sexta de la Compilación modificada por el Parlamento catalán de 20 de marzo de 1986 en relación con el art. 4º, uno, del Código Civil.
Segundo. - Procede examinar en primer lugar el recurso entablado por D. Y porque contemplada en abstracto la hipótesis de que se estimara el mismo, en el sentido de revocarse el pronunciamiento judicial de la instancia relativa al vínculo de filiación extramatrimonial, no sería preciso el examen del otro recurso de casación al carecer Dª X de la condición jurídica de legitimaria en la sucesión de D. Z y ser por ello absolutamente irrelevante la omisión de la misma en el testamento otorgado por dicho Sr. P. C. el 17 de marzo de 1967. Es de lamentar no poder reproducir, ni siquiera someramente, el amplio discurso desarrollado en el escrito del recurso (que destaca en alta medida por su brillantez y profundidad, sí que también singular habilidad; lo que asimismo es de decir, porque justicia obliga, respecto de los demás escritos obrantes en la casación, y es extensible a las conclusiones de primera instancia), pero razones obvias, especialmente de espacio, lo justifican. Y aunque resumir un contenido tan erudito en unas pocas líneas constituye una tarea ardua, es preciso llevarla a cabo aún a riesgo de reducir su lustre. En síntesis, el recurrente viene a sostener que toda filiación jurídica por naturaleza (se excluye la adoptiva) tiene como base y fundamento la existencia previa de una filiación biológica, y que la amplia libertad en la investigación de la paternidad responde a la necesidad de buscar la verdad material. La posesión de estado no basta por si sola para declarar la filiación. Para que esto sea así es preciso que de tal posesión se infiera la filiación biológica. Tal es el sistema del Código civil (después de la reforma de 198 l), y tal es el sistema de la Compilación de Cataluña de 1960 y sus precedentes históricos romanos y canónicos. Para el recurso la Sentencia recurrida declara que la actora es hija de D. Z. porque gozó desde 1973 de la posesión de estado, pero no porque D. Z fuera realmente su progenitor. Era precisa una prueba de posesión de estado que alcanzara épocas cercanas a la época de la procreación y no tan posteriores como las que se practicaron. Al partir simplemente de la existencia de una posesión de estado la Sentencia infringe el principio de la verdad biológica. A continuación se añade que no hay prueba de que los supuestos padres tuvieran relación, o se conocieran, al tiempo de la concepción. En el caso de que la Sala haya considerado acreditadas tales relaciones por pruebas directas, la Sentencia contradice el principio «iuxta allegata e probata» estrechamente ligado al de «onus probandi» que consagra el art, 1214 del Código civil porque la afirmación se basaría en pruebas inexistentes en autos; y en el supuesto de que deduzca las relaciones (convivencia, y por tanto generación) de presunciones se infringiría por la Sentencia recurrida el art. 1253 del Código civil porque de las pruebas obrantes en autos no cabe hacer tal inferencia sin quebrantar las reglas más elementales de la lógica y del criterio humano. Y añade que la Audiencia no establece los hechos de que virtualmente obtiene la convicción; que las circunstancias político-sociales de la época no pueden llevar por sí solas a la conclusión de que las relaciones existieran, y hay una total oscuridad en autos respecto de toda clase de relaciones de la actora y su madre Dª R. con D. Z. con anterioridad al año 1972, contrastando la nula actividad probatoria referida al período 1957-1972 con el lujo de detalles y pruebas referidas a los años posteriores. Antes de entrar en el enjuiciamiento del planteamiento efectuado es preciso hacer dos breves apreciaciones de especial interés para centrar la temática. Una primera apreciación, de índole fundamentalmente fáctica, viene dada por la necesidad de hacer constar que D. Z estaba casado con Dª Y4 desde el 9 de noviembre de 1946, si bien por Sentencias Eclesiásticas de 24 de Febrero y 22 de diciembre de 1958 se decretó la separación perpetua por adulterio con declaración de culpabilidad del marido, y que Dª X nació el 24 de noviembre de 1960, si bien hasta el año 1976 en que se tramitó expediente gubernativo en que recayó resolución autorizando el cambio de apellidos figuró con los de su madre R (en la misma resolución también se autorizó sustituir el nombre del padre a efectos identificadores de K por el de Z). Y en la perspectiva jurídica conviene destacar que no resulta relevante una previa determinación de la legislación aplicable, si la del Código Civil o la de la Compilación de Cataluña, porque si bien no hay datos con seguridad suficiente para establecer cual era la vecindad civil de la madre Y3 al tiempo de nacimiento de su hija, sin embargo la solución, tal y como resulta planteado el caso, es sustancialmente idéntica se atienda a una u otra normativa jurídica, aunque convenga advertir que de existir la vecindad civil catalana, no habría sido preciso acudir a la aplicación supletoria del Código Civil, dado que aunque la Compilación no menciona la posesión de estado, esta situación se integra en el sistema como criterio valorativo de la existencia de la filiación biológica, y dentro de la amplia libertad probatoria consustancial a la tradición jurídica catalana en la materia, comprendida como fuente integradora en el art. 1 de la Compilación; y todo ello sin perjuicio de que solicitada la aplicación del Código civil quepa aplicar el Derecho privativo catalán, si éste es el que corresponde al caso, siempre dentro de los límites configuradores de la aplicación del «iura novit curia» (cambio de punto de vista jurídico), que en absoluto es privativo (en contra de lo que se afirma en uno de los escritos obrantes en el rollo de casación) de las instancias. Retornando el hilo del recurso, se ha de decir, que efectivamente resulta incuestionable la vigencia en materia de filiación, tanto en el ámbito de aplicación del Código Civil como en el de aplicación del Derecho Catalán, del principio de la verdad biológica. En tal sentido asiste la razón al recurrente. El criterio de la veracidad biológica -verdad real o material- se impone sobre el de la posesión de estado. Esta posesión no puede operar como criterio autónomo de determinación de la filiación, a modo de una «adopción de hecho»; de tal manera que si se demuestra que no es veraz la generación, la filiación no puede declarase. Pero la posesión de estado tiene un indudable valor para inferir o deducir la filiación, y en definitiva acreditar o justificar una declaración. Puede operar como hecho o dato revelador de la procreación; como dice la doctrina jurisprudencial (ad exemplum, S.S. 19 de junio, 5 de noviembre 1987 y 10 de marzo de 1988) «es una situación residual en que puede hallarse un hijo cuya paternidad no matrimonial no le está reconocida formalmente y, sin embargo, las circunstancias concretas en que se halla en el seno de la sociedad o del círculo familiar permiten establecer el reconocimiento presunto de la filiación por la homologación judicial de estas circunstancias mediante la sentencia firme que así lo proclame». El principio de la veracidad biológica se manifiesta en el art. 39, dos de la Constitució Espanyola (el Tribunal Supremo ha resaltado el rango constitucional del derecho a investigar la paternidad en cuanto se estima más protegible, en interés del menor, la realidad a la ficción legal); es acogido en el Código Civil singularmente arts. 127, 135 y 140, párrafo segundo, redactados por Ley de 13 de mayo de 1981), y ha sido siempre consustancial al Derecho Catalán, debiendo tenerse presente en la aplicación del art. 4 de la Compilación en relación con el 1, p. dos, del mismo Texto legal. También es de resaltar que la doctrina jurisprudencial ha venido acentuando la prevalencia del principio, con superación de planteamientos más o menos formalistas en aras del realismo y de la verdad. El primer motivo del recurso de casación que se examina, conformado en torno a dicha doctrina, -salvo en lo que se refiere a si la situación fáctica del caso permite apreciar una posesión de estado con entidad suficiente para sentar paternidad biológica, lo que obviamente ha de contemplarse en la perspectiva de los otros motivos-, no puede ser acogido, y ello es así porque la Sentencia impugnada no comete la infracción que se denuncia. Del contexto de la misma, que no resulta desvirtuado por párrafos aislados, claramente se deduce una apreciación valorativa de la posesión de estado como unidad circunstancial (conjunto de circunstancias) idónea para revelar una presunción fundada de filiación biológica, aunque igualmente sea advertible un propósito de destacar la relevancia operativa de la posesión de estado en orden a la fijación de la filiación, que en realidad no es otra cosa que un discurso dialéctico teleológicamnete q1entado a justificar o explicar el que una verdad biológica pueda derivarse de situaciones en qué no se dan o no son posibles probanzas del mayor rango o eficacia. Pero en modo alguno configura la posesión de estado (con sus elementos clásicos de nomen, tractatus y fama) como un expediente determinante de la filiación que haga abstracción de la realidad natural. Aparte además que la Sentencia de la Audiencia no contradice la del Juzgado (sino que abunda en ella), y en esta resolución de primera instancia los términos son contundentes (dice: «del conjunto de la prueba practicada resulta plenamente acreditada tal paternidad»; más adelante añade « ... constatan la realidad de una paternidad clara y abiertamente proclamada por el progenitor que aleja toda duda en orden a su realidad ... » y en el fundamento jurídico cuarto señala que «evidenciada la mencionada paternidad, se obvia la procedencia de la ejercitada acción de reclamación de dicha paternidad, de conformidad con el art. 39 de la Constitución Española y el art. 4 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña en plena coincidencia con lo dispuesto en los arts. 127, 131 y 132 del Código Civil»). El esfuerzo argumentativo de la Sentencia para tratar de responder a la disceptación del apelante en torno a la oscuridad que aducía en relación con el tiempo de la generación no empaña la conclusión de la Sala, ni permite elucubrar acerca de si el Tribunal de la apelación por deficiencia probatoria cambió el fundamento de la declaración desviando la atención del campo de la verdad biológica a un mero supuesto de realidad sociológica totalmente desconectada de la natural. La misma suerte desestimatoria del primer motivo debe seguirla el segundo motivo, porque además de que ninguna de las Sentencias de instancia aducen en fundamento de la conclusión de paternidad pruebas directas, entendido este concepto en el sentido de elementos de prueba que pudieran acreditar de forma inmediata la realidad biológica, -verdad de generación-, como ocurre con aquellas probanzas (ad exemplum, la sangre), que de forma muy rigurosa crean altas probabilidades de veracidad, hasta el punto de que el mecanismo de la convicción judicial opera más mecánicamente que racionalmente, pues lógicamente existen y se valoran pruebas directas, pero para acreditar los indicios cuya conjunción armónica permite sentar la deducción presuntiva; en todo caso no se ha producido vulneración del art. 1214 del Código Civil, al no exigirse una demostración probatoria de la parte demandada que, invirtiendo el «onus probandi», determine la atribución a la misma de consecuencias desfavorables de la falta de prueba. Si bien parece oportuno advertir que en el juego de las situaciones presuntivas, dimanantes de hechos complejos, la aportación de los diversos indicios o contraindicios y su fijación procesal, presentan matices peculiares y casuísticos, con lo que se quiere decir que no es labor que quepa descargar sobre una sola de las partes, pues a las que enuncia la presunción le basta con traer a los autos aquellos que puedan ser suficientes para obtener la convicción judicial, y no cabe exigirle que someta a debata probatorio todos los que teóricamente al menos pueden tener relación con el «thema decidendi». El tercer motivo, y con él todo el recurso, igualmente debe ser desestimado. Resulta evidente que la posesión de estado es una situación presuntiva especialmente idónea para declarar la existencia de una paternidad; e igualmente resulta incuestionable que es posible combatir en casación la fundamentación de la instancia. Sin embargo esta impugnación casacional tiene, por un lado, un coto vedado; la certeza de los indicios, y por otro, un límite claro y terminante: sólo cabe valorar si se infringió el art. 1253 del Código Civil por sentarse una inferencia absurda, inverosímil o contraria a las reglas de la sana lógica. Es decir, las afirmaciones base son inmutables en casación, y no cabe sustituir una deducción o inferencia por otra más o menos dudosa, que exigiría sentar hipótesis, hacer cábalas, teorizar o especular con datos existentes, o con los que faltan y pudo haber. La «cognitio judicial» de la casación, por muy relevante que sea el principio de la veracidad biológica, no puede llevar más allá de si dados los datos contemplados es lógica o ¡lógica la conclusión del juzgador «a quo». Es cierto que a veces, por deficiencia de las Sentencias de Instancia, faltan los elementos fácticos que permiten hacer el examen de «logicidad», y se hace preciso acudir, lamentablemente, a las apreciaciones mediales. Pero no es este el caso. La Sentencia de primera instancia con loable acierto nos dice los datos que contempla, los que además detalla especificando elementos de prueba de que resultan y folios de autos en que constan; y la Sala de la Audiencia que resuelve en segunda instancia explícitamente acoge tal material probatorio (fundamento de derecho segundo en el que se dice «a tales efectos, -filiación-, se aceptan los datos recogidos en la sentencia que se impugna»). Sucede que en tanto otras situaciones fácticas que conducen a una declaración de filiación pueden ser sensiblemente similares entre sí, cuando se trata de las posesiones de estado, ello no suele ocurrir. La posesión de estado puede ser reveladora de la filiación biológica con mayor o menor intensidad. Como conjunto de indicios o circunstancias, estas pueden ser más o menos numerosas, más o menos intensas, más o menos convincentes en definitiva, y pueden haber aspectos más o menos oscuros, pero lo que importa y trasciende es la conclusión que resulta del conjunto. Los indicios tomados individualmente pueden ser insuficientes, o incluso en ocasiones equívocos, pero la conclusión que se deduce del acervo ha de ser plenamente armónica, razonable e inequívoca. La inferencia que se extrae por las Sentencias del caso es plenamente coherente. En absoluto puede calificarse de contraria a las reglas de la lógica y del criterio humano. El que pudieran ser más los elementos fácticos a integrar en el conjunto, y acaso más enérgicos, no permiten destruir una presunción ajustada a derecho; y de ninguna manera cabe condicionar la apreciación de la posesión de estado a la prueba de determinados hechos como la concurrencia de dicha posesión en momento próximo a la generación, o la acreditación de convivencia, o la menos de relaciones, entre los padres al tiempo de la procreación, porque ni la ley, ni el raciocinio lógico lo exigen como indispensables; aparte de advertir en el caso, que es fácilmente comprobable en autos la existencia de datos de los que integran según el juzgador «a quo» la situación de posesión de estado que son de fecha anterior al año 1972. Y además, habida cuenta especialmente las circunstancias personales del Sr. Y y las ambientales o sociales de la época (que la Sentencia recurrida acertadamente refleja),y la eventualidad o incertidumbre de las perspectivas de futuro de las relaciones extramatrimoniales, no puede extrañar, (y menos permite construir un signo unívoco de inexistencia de dichas relaciones), la ausencia de vestigios fácticos en el tiempo inmediato o próximo al nacimiento. En resumen, el razonamiento judicial es convincente al efecto pretendido.
Tercero. - Desestimado el recurso de casación que pretendía contradecir el pronunciamiento judicial de paternidad, procede examinar el otro recurso de casación; el planteado por Dª X, y en el que, mediante siete motivos, se trata de dejar sin efecto la decisión de la Audiencia que revocó la del juzgado, y obtener la nulidad del testamento otorgado por D. Z el 17 de marzo de 1967 y como consecuencia la apertura de la sucesión abintestato del Sr. Z. con declaración de la actora-recurrente como única heredera intestada del padre. Antes de entrar en el estudio detallado de los motivos del recurso es preciso dejar sentado que no cabe polemizar sobre la condición de legitimaria de Da. X., ni en relación a si, a causa de la omisión en el testamento del Sr. Z, está comprendida o no en el ámbito de aplicación del art. 141 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña de 21 de julio de 1960, por lo que resultaría ocioso cualquier comentario acerca de las alegaciones efectuadas en torno a si la regulación legal comprende el supuesto de autos y al alcance de la incidencia constitucional (principio de igualdad del art. 14 y disposición transitoria tercera de la Constitució Espanyolaa ). La razón de efectuar esta exclusión se halla en que la Sentencia de la Audiencia declara explícitamente el carácter de legitimaria de la actora y reconoce que la falta de mención en el testamento de su padre D. Z de fecha 17 de marzo de 1967 constituye preterición, y por lo tanto es de aplicación el art. 141 de la Compilación, y tal conclusión no ha sido adecuadamente impugnada en casación por lo que devino firme, sin que sea cauce procesal idóneo para su planteamiento el del escrito de impugnación del art. 1710, dos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sólo cabe discutir si la preterición es intencional o es errónea, pero no si hay preterición. En el primer motivo del recurso formulado por la Sra. X1 se alega infracción del párrafo tercero del art. 141 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña de 21 de julio de 1960. El art. 141 (en su redacción originaria de 1960) establece, en su p. segundo, que «la preterició del legitimari no donarà lloc a la nul·litat del testament; però al preterit li quedarà salvat el dret a exigir allò que per llegítima li correspongui»; y p. 3º «nogensmenys, la preterició del legitimari qui sigui fill o descendent legítim del testador que hagi nascut o arribat a ésser legitimari, després d'atorgat el testament, o l'existència del qual el causant ignorava en testar, constituirà preterició errònia i conferirà al legitimari preterit acció per a obtenir la nul·litat total del testament». La Sentencia impugnada, con fundamento en una serie de circunstancias (tiempo transcurrido desde finales de 1978 en que se sancionó la Constitución hasta el 28 de abril de 1982 en que falleció D. Z.; conocimiento por éste del cambio político-social y legislativo, como consecuencia de dicho Texto Fundamental, que se produjo en relación con la situación de los hijos extramatrimoniales; las circunstancias personales del Sr. Z. en orden a preparación, cultura y posición económica; importancia del patrimonio con deducción lógica de un interés y preocupación por asegurar su sucesión; fácil acceso a un asesoramiento jurídico que incluso podía procurarse por si mismo), estima que el Sr. Z. conoció plenamente el alcance de la operatividad de la Constitución en cuanto a la situación (condición) de su hija extramatrimonial, y concretamente en el ámbito sucesorio, y a pesar de ello decidió mantener sus últimas voluntades tal y como las había expresado en su testamento de 17 de marzo de 1967. Y esta voluntad de mantener la disposición por causa de la muerte que tenía efectuada, la valora la Sentencia como excluyente del supuesto de preterición errónea, y por lo tanto constitutiva de preterición intencional, que sólo concede derecho a legítima. Para la parte recurrente, la resolución recurrida infringe el apartado tercero del precepto, porque en esta norma se contempla como incurso en preterición errónea al (preterido) «que haya llegado a ser legitimario después de otorgado el testamento y Dª X adquirió tal condición de legitimaria como consecuencia del nuevo sistema constitucional en materia de filiación, teniendo por lo demás la condición de preterida, tal y como ello se entiende según el primer párrafo del art. 141 de la Compilación. La recurrente viene a sostener en la interpretación del precepto una tesis eminentemente objetivista (mandato objetivo), de la que, en lo que trasciende al caso, parece deducir que desaparecida la situación de error del causante, como consecuencia del conocimiento de que determinada persona ha adquirido la condición de legitimario, (-en el supuesto litigioso por cambio constitucional, pero podría ser por adopción, u otra eventualidad-), solo cabría valorar como relevante para excluir la calificación legal de preterición errónea un nuevo acto de disposición «mortis causa» en el que omitiera totalmente al nuevo legitimario. Por el contrario, la Sentencia de instancia mantiene una tesis más subjetivista en el sentido de admitir la posibilidad de valorar una voluntad consciente del causante de que prevalezca la disposición de sus bienes para el caso de muerte tal y como la tiene efectuada en un testamento de fecha anterior, a pesar de que el acontecimiento posterior, e imprevisible al tiempo de testar, puede llegar a afectar indirectamente a la integridad de dicho testamento. Y tal voluntad puede constar en forma explícita, sin necesidad de acto formal, o implícita, y revelarse al juzgador por medios de prueba directos o indirectos. Debe ya advertirse que no se trata de una nueva disposición «mortis causa», ni una alteración o subsanación de voluntad existente, ni de dar valor a una mera inactividad del «decuius» una vez conocido el acontecimiento sobrevenido, sino de una expresión de voluntad en determinado sentido, que en el caso de presunción exigirá la concurrencia de una base fáctica cierta y consistente que permita una inferencia lógica y razonable, pero esto es otra cosa, porque forma parte del tema probatorio, y no de la interpretación del derecho sustantivo civil. De darse el caso, no cabría hablar ya de preterición errónea (o no intencional), sino que ya no hay error, y existe voluntad, consciencia de preterir, por lo que los efectos jurídicos habrán de ser cuando por el interesado se denuncie la situación, los de la preterición intencional, también llamada voluntaria o deseada. Es claro que el causante no puede privar de la legítima, pero resulta discordante con la situación real la anulación del testamento. El testador no ignora que el heredero tendrá que hacer efectiva la legítima al legitimario con arreglo a lo legalmente establecido, pero no parece racional exigirle que vuelva a repetir el testamento sin mención del legitimario para que cupiere entender la preterición como intencional, y no errónea. Sería tanto como exigir un acto testatorio para efectuar únicamente una desheredación tácita sin causa. La doctrina expuesta parece la solución más correcta para decidir el caso de autos, tanto en la perspectiva técnica-jurídica de aplicación del derecho como en la de justicia del caso concreto. Y es que existen argumentos de notoria entidad en su apoyo. Destacan la consideración de la tradición jurídica catalana, formada por las antiguas leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina, en materia de preterición, y cuyo valor para interpretar e integrar las normas del Derecho Catalán viene explícitamente reconocida en el art. 1, párrafo segundo, de la Compilación, como ya antes se dijo. En Cataluña se aplicaba el Derecho Romano y concretamente el régimen surgido de la Novela 115 con arreglo a la que los que debiendo haber sido instituidos en el testamento eran preteridos podían obtener mediante la «querela inofficiosi testamenti», la rescisión de la institución del heredero, según unos, o la anulación del testamento, según otros. El Privilegio concedido por el Rey Pedro III a los ciudadanos de Barcelona el 19 de octubre de 1339 (const. única, título 1, libro 60, vol. 20) reforzó las facultades del testador y configuró el efecto de la preterición en el justo marco de la protección de la legítima, que era el único límite a la libertad de disponer de los bienes por causa de muerte. Se decía « ... tal testamento u otra cualquiera última voluntad, no sea ni se pueda llamar nulo o nula, ni pueda anularse, aunque sean preteridas o desheredadas las personas que según «iure communi» debieran instituirse, o no se haga mención alguna de póstumo o póstumos ... », y se añadía más adelante « ... empero las personas que debieran instituirse y a aquellas a las que deba hacerse mención, les quede a salvo su derecho sobre la legítima, a no ser que fueran justamente preteridos y también desheredados ... ». Cancer (Var. Res. Parte la, Cap. 40. núms. 40 a 44) resuelve un caso muy concreto (mujer que había instituido heredera a un pariente y que con posterioridad se casa, tiene un hijo y fallece en fecha próxima al parto), al que no considera aplicable en Privilegio, y a continuación expone su opinión de que éste no se extiende a los póstumos, engendrados y nacidos después de otorgado el testamento. El fundamento se halla en un defecto de voluntad del causante; la preterición no fue consciente, sino que respondió a una situación de ignorancia (desconocimiento). De tal doctrina emana la denominada preterición errónea; y el sistema, reconocido en la jurisprudencia, pasó en su esencia a la Compilación, haciéndose extensivo a toda Cataluña. Parece obvio por lo tanto la «ratio essendi» de la regulación legal, y la fundamentación eminentemente subjetiva y de presunción «iuris tantum», y no «iuris et de iure». Además, como se razona en la resolución recurrida, y con gran detalle se expresa en el escrito impugnatorio del recurso de D. Y1, la norma relativa a la preterición errónea es de carácter excepcional. La regla general es la preterición intencional, de modo que la no intencional, como excepción que es, debe ser interpretada restringidamente. Y por último, como argumentos de refuerzo aún cabe añadir que, manteniéndose la intangibilidad del testamento (y claro es, con la razonabilidad dimanante del conocimiento de la voluntad o deseo del causante) se contribuye a la operatividad del principio general de conservación del negocio jurídico -favor testamenti- y el más específico de sagrado respeto a la voluntad del testador, sin el mínimo detrimento legal, al conservar la legitimaria en su cabal integridad el derecho a la legítima conferido por el derecho positivo. Por todo ello procede desestimar el primer motivo del recurso, ya que con la interpretación seguido por el juzgador «a quo» no se ha vulnerado el art. 141, tercero, de la Compilación. La misma suerte desestimatoria debe seguir el motivo segundo en el que se aduce vulneración del párrafo segundo del art. 675 del Código Civil en el que se establece que «el testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la Ley». La inaplicabilidad del precepto resulta, por un lado, de que un testamento con preterición errónea no sería nulo con nulidad radical, sino todo la más anulable, -impugnable-; por otro lado, el precepto se refiere a un testador que hubiese consignado en su testamento una cláusula de prohibición de impugnación del mismo (la disposición legal respondió según enseña la doctrina a la finalidad de cortar abusos producidos bajo el derecho anterior al código, en que solía insertarse la cláusula prohibitiva, bajo pena de pérdida de los derechos que pudieran corresponder al impugnante); y en cualquier caso, se hace supuesto de la cuestión, porque, como se ha dicho, la preterición se valora como intencional, y no como errónea. Igualmente debe ser desestimado el motivo tercero del recurso en le que se denuncia infracción del art. 687 del Código Civil y de los artículos 101, 105, dos, 106 y 107, hay que entender aunque no se dice, de la Compilación, y es que tales preceptos se refieren a las formalidades de los actos de última voluntad, -testamentos, codicilos y memorias testamentarias-, y en el caso no se contempla ningún nuevo acto jurídico «mortis causa», por lo que no se prescinde de formalidades necesarias y solemnes de ningún género. Tampoco se trata de subsanar nada, ni de dar eficacia a algo como si se testara de nuevo, ni de dar fuerza a una abstención como acto de última voluntad. No se aprecia una mera inactividad, por lo que no se acoge ni siquiera la doctrina (por cierto mantenida en la Sentencia del T.S. de 4 de julio de 1889) de que «quién pudiendo reformar un testamento, no lo hizo, es porque quiso mantenerlo». Lo que se hace es valorar una voluntad del causante de conservar, pese al acontecimiento sobrevenido (y sin perjuicio de los efectos legales que correspondan), un testamento existente, sin necesidad de volver a testar para en forma expresa o tácita contemplar dicho acaecimiento. La entidad o intensidad de los hechos, datos o circunstancias que permiten inferir la voluntad de que se trata es un tema probatorio, y por ende ajeno al motivo. Precisamente los motivos cuarto, quinto y sexto tienden a impugnar la presunción posesoria. Excluido de pleno el último, porque la denuncia de infracción del o tiene por si sola ninguna eficacia en art. 1249 del Código Civil en casación al tratarse de un problema de apreciación probatoria -«error de hecho»-, de conocimiento limitado a la instancia, los otros dos motivos se centran en la vulneración del art. 1253 del mismo cuerpo legal citado que al referirse a las presunciones «hominis» exige para su estimación como medio de prueba la indispensabilidad de que el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. El planteamiento casacional de la problemática, cuando se pretende impugnar las presunciones acogidas en la Sentencia impugnada, exige para la prosperabilidad del recurso la constancia de que la inferencia efectuada es ilegal, absurda, inverosímil o contraria a las reglas de la lógica (ad. exemplum. S.S. 25 de julio y 3 y 26 de diciembre de 1991 y 17 de mayo de 1992). Y en el caso ocurre que la deducción extraída por el juzgador «a quo» no sólo no incurre en ninguno de tales defectos, ni se advierte irrazonabilidad ni arbitrariedad alguna, sino que se estima cabalmente convincente y correcta, e incluso cabría añadir otras circunstancias que la refuerzan, siquiera no sea necesario. Y además la conclusión final es esencialmente justa. Por todo ello procede también desestimar los motivos cuarto y quinto del recurso, en los que además no se dice nada relevante qué desvirtúe la deducción de la Sala de instancia, se incurre en algunos sofismas, tratándose de sustituir una apreciación objetiva por consideraciones subjetivas, y en concretos aspectos se hace supuesto de la cuestión. Por último debe rechazarse el motivo séptimo, porque en el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia impugnada, al que el mismo se refiere, se hacen unas interesantes consideraciones en relación con el desajuste temporal de la legislación ordinaria como consecuencia de los cambios sociales y constitucionales, y se hace especial hincapié en los reajustes de las instituciones civiles para adecuarlas a principios razonables, con concreta referencia a la reforma efectuada en el art. 141 de la Compilación (Texto Refundido aprobado por Decreto Ley de 19 de julio de 1984) cuando, como aquí ocurre, la declaración judicial de filiación se produce después de fallecido el testador, sin embargo sucede que toda la argumentación es «ex abundantia» (o subsidiaria), por lo que al no prosperar la impugnación de la fundamentación principal que constituye la base determinante del fallo, queda excluida de la casación; y además, en todo caso, aunque es cierta la inaplicabilidad al supuesto, por razones de derecho intemporal, del texto compilado de 1984 (párrafo cuarto del art. 14 l), siempre procedería, por lo que se razonó, el mantenimiento del fallo recurrido, deviniendo por ende irrelevante el eventual acogimiento del motivo (S.S. T.S. 30 de enero, 15 de febrero, y 6 de marzo de 1992, entre otras).
Cuarto. - En aplicación de lo dispuesto en el art. 1715, último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas causadas en la casación a la recurrente Dª X, salvo las causadas por el recurrente D. Y que deberá correr con las ocasionadas a su instancia, y sin que sea preciso hacer pronunciamiento al respecto del depósito al no haberse constituido por ser innecesario con arreglo a la Ley (art. 1703).
Que desestimamos los recursos de casación formulados por las representaciones procesales de Dª X y D. Y contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona el día 15 de octubre de 1991 la que confirmamos íntegramente, con la imposición de las costas causadas a la recurrente Dª X, salvo las causadas a su instancia.
Líbrese a la mencionada Sección los autos y rollo de apelación que en su día fueron remitidos a esta Sala, junto con la certificación de la presente resolución para su cumplimiento,

References: artículo 129
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