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Timestamp: 2020-01-18 20:29:22+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 1199/08 de Corte Constitucional, 4 de Diciembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 425929150
Sentencia de Constitucionalidad nº 1199/08 de Corte Constitucional, 4 de Diciembre de 2008
Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporacion de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, artículos 2, 4, 47, 48, 49, 72 (todos parciales). La primera de las imputaciones efectuadas se centro en la posibilidad de derivar varios sentidos de la expresión “reconciliación nacional” que hace parte del texto de los articulos 2, 4 y 48 de la ley de la referencia. Los actores pretenden la declaratoria de inexequibilidad de tal formulacion, porque, al omitir definir de manera precisa el concepto de reconciliacion, se permite que esta sea espontáneamente entendida tanto desde la dimension minimalista, como la maximalista o la democratica. Igualmente, se cuestiono la norma que establece la vigencia de la ley en cuestion, por admitir una interpretación segun la cual todas las disposiciones constitutivas de la misma entraron en vigencia a partir de su promulgacion. Asi mismo, se demando la inconstitucionalidad de la norma que asigna al gobierno la obligacion de implementar un programa institucional de reparacion colectiva, pues de su texto es dable asumir que se dara mayor importancia a los actos de reparacion simbolica que a los individuales, lo cual va en contra del derecho fundamental a la paz. Se recordo que, de manera excepcional se ha admitido la viabilidad de la emision de un pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de “entendimientos” de una norma, lo cual esta supeditado al surgimiento de un evidente conflicto de indole constitucional al respecto y el carácter sostenido y prevalente del mismo. En relacion con los cargos primero y cuarto, se determino su falta de certeza y pertinencia, por lo tanto, la corte se declaro inhibida para pronunciarse sobre su exequibilidad. Tambien se hizo hincapie en el reconocimiento de la autonomia legislativa en la fijacion de la fecha de entrada en vigencia de una norma, lo cual tiene como circunstancia exceptiva, la discriminacion o afectacion de una regla o valor superior, situacion frente a la cual se admite la intervencion del juez constitucional. Sobre el particular, se establecio que la regla en comento no lesiona el modelo de justicia transición, los derechos de la victimas, ni el derecho a la paz. Por ello, se declaro su constitucionalidad en el entendido de que el derecho a los beneficios contenidos en la ley 975 esta sujeto a la cabal satisfaccion de los requisitos exigidos en la misma, en consonancia con la interpretacion que de ellos ha hecho esta corporacion. Finalmente, se estudio el cargo en contra de la expresion “los servicios sociales brindados por el gobierno a las victimas (…) hace parte de la reparacion y de la rehabilitacion”, como conclusion de lo cual se reconocio su clara vulneracion la constitucion nacional, la jurisprudencia y la preceptiva internacional. Se declaro, entonces, su inexequibilidad.
Sentencia citada en: 54 sentencias, 15 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
C-1199-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-1199/08
Es claro que a través de los cargos formulados se pretende que esta corporación se pronuncie, no directamente sobre la validez constitucional de los textos legales demandados, sino sobre la interpretación que de ellos pudiere hacerse, así como sobre la eventual adecuación o no de tales interpretaciones con el texto superior, habiéndose señalado que no resulta factible realizar un juicio constitucional frente a las aplicaciones concretas de la norma legal demandada, ni frente a las interpretaciones que de ella pudieran eventualmente hacerse, imposibilidad que obedece a varias circunstancias: de una parte, a que la misión de guardar la integridad y supremacía de la Constitución que compete a esta corporación debe cumplirse en los estrictos y precisos términos del artículo 241 superior, precepto que no le atribuye ninguna facultad a este respecto; y de otra, a que la interpretación sobre el sentido de las normas legales corresponde a la corporación judicial que en cada caso ejerce las funciones de órgano límite frente a la materia de que se trate, es decir, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según sea el caso. No obstante, en algunos casos esta corporación ha aceptado la posibilidad de pronunciarse sobre la exequibilidad de las interpretaciones que de las normas legales puedan hacer los operadores jurídicos, únicamente cuando de manera evidente y notoria las interpretaciones cuestionadas entrañan un problema de verdadera naturaleza constitucional, habiendo destacado el carácter claramente excepcional de esta circunstancia.
En los cargos en que los actores cuestionan las posibles interpretaciones inconstitucionales que podrían resultar del concepto de reconciliación nacional, incluido en el texto de los artículos 2°, 4° y 48° de la Ley 975 de 2005, al iguala que de la expresión deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva, que hace parte del texto del artículo 49 de la misma Ley 975 de 2005, pese al hecho de haberse admitido la demanda en relación con tales cargos, por reunirse los requisitos de carácter formal establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, llegados a este punto considera la Sala que no se reúnen a plenitud los requisitos necesarios para hacer posible el juicio de constitucionalidad que a partir de ellos se plantea. Particularmente, se observa que estas glosas no cumplen debidamente con los criterios de certeza y pertinencia, por cuanto no se encuentra que ellos contengan una proposición jurídica real y existente, que se derive directamente del texto de las normas atacadas. Por el contrario, parece notorio que en ambos casos se critica algo que las normas en realidad no dicen, y en lo que atañe a la falta de pertinencia de estos dos cargos, resalta la Corte que no cumplen con este criterio las acusaciones que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellas otras que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico.
La Corte ha relievado la importancia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que tienen un contenido propio y específico dentro de un contexto de justicia transicional, los cuales si bien no agotan el catálogo de derechos de las víctimas, constituyen la columna vertebral de tales garantías, resaltando además la cercanía y mutua dependencia existente entre estos tres conceptos, al señalar:  la verdad, la justicia y la reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad y no es posible llegar a la reparación sin la justicia.
El derecho a la reparación en la ley de justicia y paz tiene un contenido propio, que se deriva del texto de su artículo 8°, norma que si bien no define el concepto de reparación, si se refiere a los distintos tipos de prestaciones que ella engloba, al establecer: El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas, observándose que no todos los componentes del concepto de reparación tienen contenido económico, siendo la rehabilitación uno de los aspectos que conforman el concepto de reparación, que se refiere a las acciones que buscan restablecer la salud de las víctimas, incluyendo tanto los aspectos puramente somáticos, como los relacionados con su bienestar emocional o su salud mental, aspectos igualmente necesarios para vivir y desarrollar una existencia digna; de allí que pueda aseverarse que todas las acciones de rehabilitación que se ejecuten dentro del marco de esta ley se consideren actos de reparación, pero no al contrario.
El segmento normativo acusado que establece: Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación contenido en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, tiene por efecto la posibilidad de que la reparación debida a las víctimas se vea reducida por efecto de los servicios sociales de los que ellas hubieren sido beneficiarias, al punto que en casos concretos algunas víctimas podrían no recibir suma o prestación alguna por concepto de reparación, e incluso, que algunas de ellas vinieran a ser, paradójicamente, deudoras del Gobierno que hubiere provisto los referidos servicios, con lo que se lesionaría el derecho de las víctimas a la reparación integral, dentro de un contexto de justicia transicional. Amén de que resulta inadecuado plantear que la acción gubernamental, en desarrollo de deberes de carácter general que al Estado atañen, pueda suplir la acción reparatoria que recae de manera principal en los perpetradores de los delitos, y que aun cuando en últimas puede ser cumplida por el Estado desde su posición de garante, tiene una naturaleza ostensiblemente diferente.
Demandantes: R.U.Y. y otros
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2°, 4°, 47, 48, 49 y 72 (todos parciales) de la Ley 975 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos R.U.Y., M.P.S., V.T., P.S., C.R., O.H., E.C.M., L.N.V., A.A.N., L.S.M., J.A.B.M., J.L.S.V., J.H.D. Ahumada, A.Á.F. y E.G.R., obrando todos en nombre y representación de distintas organizaciones sociales, solicitaron ante esta corporación la declaratoria de inexequibilidad de ciertas expresiones e incisos que hacen parte de los artículos 2°, 4°, 47, 48, 49, 71 y 72 de la Ley 975 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
Varios de los demandantes interpusieron recurso de súplica contra la decisión de rechazo contenida en el auto anterior, determinación que fue confirmada por la Sala Plena de esta corporación mediante auto A-089 de abril 9 de 2008, con ponencia del Magistrado H.A.S.P..
También se ordenó comunicar la iniciación de este proceso al señor Presidente de la República, a la Presidenta del Congreso y a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional. De igual manera se extendió invitación al F. General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, así como a las facultades de derecho de las Universidades del Rosario, Externado de Colombia, de los Andes, J. y Nacional de Colombia, para que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos demandados.
Ley 975 de 2005
Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de F.ías para la Justicia y la Paz.
ARTÍCULO 72. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.
En el caso del artículo 72 de la ley parcialmente demandada, sostienen los actores que esta norma admite una interpretación según la cual todas las disposiciones de esta ley entraron en vigencia a partir de su promulgación, interpretación que consideran errada ya que, afirman, también es posible entender que la Ley 975 de 2005 tiene una vigencia escalonada en el tiempo. Anotan que esta última postura es la que parece desprenderse de los razonamientos que esta Corte hizo al proferir la sentencia C-370 de 2006, en la que al declarar la inexequibilidad de varias disposiciones de esta misma ley, se abstuvo de conferirle efecto retroactivo a ese pronunciamiento.
En lo referente al programa institucional de reparación colectiva, a que se refiere el artículo 49 parcialmente demandado, sostienen los accionantes que uno de los posibles entendimientos de este concepto podría conducir a que se asuma que las obligaciones de reparación a cargo del Gobierno Nacional se restringen a, o al menos privilegian, mecanismos de reparación colectiva y simbólica por sobre mecanismos de reparación individual e indemnizatoria. Los actores consideran que esta interpretación sería inconstitucional, por restringir indebidamente el alcance del principio de reparación integral y excluir la posibilidad de reparación individual para cada una de las víctimas.
Primer cargo: Sobre el concepto de reconciliación nacional
Inicialmente, la demanda desarrolla la llamada noción minimalista de reconciliación, la cual afirma que reduce este concepto a la tolerancia obligada o por resignación, en la que los otrora actores en conflicto se comprometen y se esfuerzan por no agredirse, aun cuando la enemistad, la animadversión, e incluso el odio entre ellos, continúen vigentes. De acuerdo con la demanda, esta forma de reconciliación resulta inconstitucional por ser contraria al principio de justicia transicional, por desconocer los derechos de las víctimas, lo que infringe el contenido del artículo 93 superior, y por atentar contra el derecho a la paz, al que se refiere el artículo 22 de la Constitución.
Por las mismas razones, afirman que la visión maximalista, al no exigir e incluso obstruir, el procesamiento de los responsables y la aplicación de sanciones penales, deja muy en segundo plano, y por ende desatiende, los derechos de las víctimas, en primer término a la justicia, pero también a la verdad y la reparación, puesto que por su misma naturaleza, estas últimas suponen la completa investigación de los hechos criminales. D. sobre las finalidades del castigo penal y los efectos socialmente nocivos que tiene el fenómeno de la impunidad, entre ellos el sentimiento de desprotección que invade a las víctimas, así como el latente peligro de repetición de las conductas no sancionadas, a partir de lo cual sostienen que este tipo de reconciliación es contrario al derecho a la paz, al estar ésta sustentada sobre bases deleznables y poco realistas.
Finalmente, agregan que la noción maximalista de reconciliación parte del supuesto de que el perdón es un elemento insustituible de la paz, con lo cual impone a las víctimas una carga demasiado onerosa, que es contraria al principio de autonomía (art. 16 C.P.) y a la dignidad humana (art. 1° ibídem). También explican que la imposibilidad de discrepar sobre las formas y caminos para alcanzar la paz implica la descalificación como actores sociales legítimos de todos aquellos que no estén en capacidad de perdonar o de construir relaciones de confianza con sus antiguos victimarios, lo que a su turno vulnera el principio democrático a que antes se hizo referencia.
Segundo cargo: Sobre la vigencia de la Ley 975 de 2005 a partir de lo establecido en su artículo 72
Según se afirma en la demanda, el segundo cargo se dirige contra la norma que establece la vigencia de la Ley 975 de 2005, por admitir una interpretación según la cual todas las disposiciones de esta ley entraron en vigencia a partir de su promulgación. Los actores explican que en realidad debe entenderse que esta ley tiene una vigencia escalonada en el tiempo, en especial en lo que se refiere al juzgamiento de crímenes atroces. También señalan que la conclusión a que se llegue en relación con la entrada en vigencia de esta ley tiene importantes consecuencias en lo que se refiere a los efectos de la sentencia C-370 de 2006.
Seguidamente, plantean que el artículo 10 de la ley parcialmente demandada contiene una regla que causa la vigencia escalonada de esta ley, cual es el envío de un listado que el Gobierno Nacional debía remitir a la F.ía General de la Nación con los nombres de aquellas personas que por ser miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley, hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados por la comisión de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos[4]. Según afirman los demandantes, dado que el envío de este listado tiene el importante efecto de determinar qué personas podrían acceder a los beneficios penales previstos en esta ley, dicha remisión debe entenderse como una condición suspensiva de cuya verificación dependió, en su momento, la entrada en vigencia de un importante número de artículos de esta ley[5].
Mientras tanto, la vulneración a los derechos de las víctimas, cuya vigencia se deriva del bloque de constitucionalidad y del derecho a acceder a la administración de justicia (arts. 93 y 229 C.P.) vendría dada por el hecho de que al permitirse la aplicación de normas que en su momento fueron declaradas inexequibles en razón a su oposición con estos principios, se produciría una nueva lesión de esos mismos derechos. Por su parte, al decir de los actores, el derecho a la paz (art. 22) se afectaría en la medida en que una pretendida concordia lograda bajo las condiciones antes descritas dejaría muchas heridas abiertas y, por ende, no resulta sostenible en el tiempo.
Cuarto cargo: Concepto y alcances del Programa Institucional de Reparación Colectiva
Intervenciones ciudadanas frente a los cargos primero, segundo y cuarto
Frente al primer cuestionamiento, relacionado con la expresión reconciliación nacional, este interviniente adhiere al análisis de los demandantes y pide a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de los preceptos acusados en la forma planteada en la demanda. A propósito de este tema, hace un recuento de las obligaciones que el Estado colombiano tiene dentro del marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resaltando la necesidad de investigar y sancionar de manera efectiva las violaciones de los derechos humanos y la de reparar a las víctimas. Afirma que el Estado no puede renunciar a unos mínimos de verdad, justicia y reparación, ni siquiera en aplicación de mecanismos de justicia de transición.
En relación con el segundo cargo, el representante de este Ministerio contradice la argumentación de los demandantes, en especial la premisa de que la ley puede contener, a lo largo de su articulado, disposiciones que de manera implícita alteren o introduzcan excepciones a la regla sobre vigencia de la norma que directamente hubiere expresado el legislador. Rechaza también la pertinencia de las citas jurisprudenciales traídas por los actores, pues en su concepto no se refieren al tema debatido, y en su lugar plantea que, conforme se explica en la sentencia C-084 de 1996 (M.P.C.G.D., la fecha de entrada en vigencia de la ley depende directamente de la voluntad del legislador o, en defecto de aquella, se rige por lo previsto en la Ley 4ª de 1913 que la establece en dos meses después de la fecha de su promulgación.
Frente al cuarto cargo, dirigido contra la expresión deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva, contenida en el artículo 49 de la Ley 975 de 2005, el interviniente trascribe y comenta los demás artículos de esta ley que tratan sobre el tema de la reparación[10], con apoyo en lo cual descarta la tesis de los demandantes sobre la posibilidad de que la norma cuestionada se interprete de un modo restrictivo, que desconozca el carácter integral de la reparación debida a las víctimas.
Concluida esta exposición, y sin referirse de manera directa a ninguno de los distintos cargos de la demanda, la interviniente afirma que aquéllos no cumplen los requisitos necesarios para que la Corte Constitucional pueda pronunciarse en relación con ellos, pues en su opinión el concepto de la violación es disperso, inexacto y vago.
Sin embargo, en aparente discordancia con las anteriores consideraciones, el escrito concluye solicitando a la Corte que se declare la exequibilidad de la norma, sin especificar a cuáles de las disposiciones demandadas se refiere. Finalmente, con igual imprecisión, plantea también que este caso habría operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional derivado de la sentencia C-370 de 2006, en la cual esta corporación ya se pronunció sobre algunas normas de las aquí acusadas, declarando la exequibilidad de las mismas, después de lo cual cita y transcribe parcialmente varios pronunciamientos de esta Corte sobre el fenómeno de la cosa juzgada y sus alcances.
A partir de estas consideraciones, concluye solicitando a la Corte que declare la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4° y 48 de la Ley 975 de 2005 en relación con la noción de reconciliación nacional.
De otra parte, una vez vencido el término de fijación en lista, presentaron sendos escritos de intervención la F.ía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR.
En relación con el primer cargo sobre el concepto de reconciliación nacional, aun cuando lo hicieron a partir de diversas consideraciones, todas esas entidades pidieron a la Corte declararse inhibida para decidir al respecto. La F.ía General de la Nación extendió esta solicitud a todos los cargos de la demanda.
El concepto del Procurador General de la Nación frente a los cargos primero, segundo y cuarto:
Al término de estas consideraciones concluye el Procurador que las tres acusaciones aquí analizadas son extrañas al objeto y fin del juicio de inexequibilidad ante la Corte Constitucional y, por ende, se solicitará a tal corporación declararse inhibida para pronunciarse respecto de ellos.
Consideraciones de la Corte Constitucional frente a los cargos primero, segundo y cuarto.
Según resulta del documento de corrección de la demanda presentado por los actores el día 29 de octubre de 2007, los tres cargos que se analizan tienen en común el hecho de que la pretensión con la que concluyen busca la declaratoria de inexequibilidad de ciertos entendimientos de las expresiones demandadas, que en opinión de los demandantes resultarían opuestos e incompatibles con varias disposiciones constitucionales. Las referidas glosas coinciden también en que cada uno de ellas plantea, como pretensión subsidiaria, la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones que en cada caso fueron acusadas.
Frente a este planteamiento es pertinente recordar que, según se ha explicado de manera reiterada[12], el control abstracto de constitucionalidad se materializa en la confrontación directa, verificable y objetiva del texto legal demandado con los preceptos constitucionales que el actor considera infringidos por aquél. Por el contrario, se ha señalado que no resulta factible realizar un juicio constitucional frente a las aplicaciones concretas de la norma legal demandada, ni frente a las interpretaciones que de ella pudieran eventualmente hacerse, imposibilidad que obedece a varias circunstancias: de una parte, a que la misión de guardar la integridad y supremacía de la Constitución que compete a esta corporación debe cumplirse en los estrictos y precisos términos del artículo 241 superior, precepto que no le atribuye ninguna facultad a este respecto; y de otra, a que la interpretación sobre el sentido de las normas legales corresponde a la corporación judicial que en cada caso ejerce las funciones de órgano límite frente a la materia de que se trate, es decir, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según sea el caso.
Entrando al análisis concreto de estos cargos, debe recordarse que en el primero de ellos los actores cuestionan las posibles interpretaciones inconstitucionales que podrían resultar del concepto de reconciliación nacional, incluido en el texto de los artículos 2°, 4° y 48° de la Ley 975 de 2005, para lo cual ilustran a la Corte sobre las diversas y muy divergentes aproximaciones que en relación con este concepto pueden tenerse. Simultáneamente, tanto la demanda original como el escrito de corrección se refieren a los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional en relación con este tema, cuyo contenido se constituiría, según se afirma en el segundo de estos documentos[17], en el mejor ejemplo de que se trata de interpretaciones derivadas directamente del texto de las propias normas, y no de interpretaciones que solamente hayan sido hechas por los demandantes.
Por su parte, el cargo cuarto de la demanda se refiere a las interpretaciones que podrían darse a partir de la expresión deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva, que hace parte del texto del artículo 49 de la misma Ley 975 de 2005. Para los actores el riesgo de inconstitucionalidad consiste en que se privilegien las formas colectivas y simbólicas de reparación en desmedro de las reparaciones individuales de carácter administrativo, a las que, según lo explicado, tienen derecho las víctimas de delitos atroces.
En la misma línea, tampoco encuentra la Corte que el deber que el artículo 49 impone al Gobierno de implementar un programa institucional de reparación colectiva pueda entenderse como autorización, ni siquiera eventual, para ignorar otros aspectos del concepto de reparación integral, ampliamente desarrollados por otras disposiciones de la misma ley.
Por otra parte, y retomando el concepto de certeza a que se refiere la citada sentencia C-1052 de 2001, resalta la Corte que tampoco podrían considerarse ciertas las acusaciones de inconstitucionalidad construidas a partir de otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda, como es el caso de los decretos reglamentarios reiteradamente citados por los demandantes como elemento demostrativo de la notoria factibilidad de las interpretaciones cuestionadas.
En esta misma línea, y en lo que atañe a la falta de pertinencia de estos dos cargos, resalta la Corte que no cumplen con este criterio las acusaciones que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellas otras que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico;.
Finalmente, aun cuando las consideraciones precedentes bastan para adoptar una decisión inhibitoria con respecto a estos dos cargos, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia, es importante destacar el hecho de que el contenido de los decretos reglamentarios expedidos por el Presidente de la República no puede aducirse en un caso como este como prueba indirecta, pero fehaciente, del real contenido de la norma legal acusada, ni de la factibilidad de las interpretaciones cuestionadas, conclusión que se sustenta en varias razones de fondo, relacionadas con la naturaleza jurídica de los decretos reglamentarios, entre ellas: i) que siendo la ley y el decreto normas cuya expedición corresponde a distintas autoridades, mal podría sostenerse que el contenido de este último sirva para inferir los alcances y la real intención del órgano legislativo que expidió aquélla; ii) que en su auténtico sentido, la potestad reglamentaria (art. 189, num. 11° C.P.) no es una herramienta válida de interpretación de las leyes, sino apenas un mecanismo de instrucción de parte de la suprema autoridad administrativa a los restantes miembros de la rama ejecutiva, sobre la mejor forma de ejecutar aquéllas; iii) en directa consonancia con el punto anterior, que el mecanismo de interpretación de las leyes a través de otras normas previsto por la Constitución Política es fundamentalmente la expedición de una nueva ley por parte del Congreso de la República (art. 150, num. 2° C.P.); iv) que al provenir de una autoridad diferente al órgano legislativo, el decreto reglamentario bien podría en realidad exceder o alterar el auténtico contenido de la ley reglamentada, caso en el cual es posible solicitar su nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 84 Código Contencioso Administrativo).
Como se recordará, el segundo cargo afirma que la expresión demandada (-rige a partir de la fecha de su promulgación-) admite una interpretación tanto errada como inconstitucional, según la cual la ley 975 de 2005 entró en vigencia a partir de su promulgación para todos los efectos. Según los actores explican a continuación, la vigencia de esta ley (975 de 2005) a partir de la fecha de su promulgación, es sólo una de las posibles interpretaciones que del texto acusado podrían hacerse, siendo procedentes otras, tales como aquella según la cual en realidad la ley 975 de 2005 tiene una vigencia escalonada o diferenciada en el tiempo, conclusión que se derivaría de la existencia de una condición contenida en el artículo 10° de la misma ley, relativa al envío del Gobierno a la F.ía General de la Nación de un listado de personas que serían los destinatarios de los beneficios penales establecidos en esta ley.
Quinto cargo: Sobre la inclusión de los servicios sociales ofrecidos por el Gobierno a las víctimas dentro de los conceptos de la reparación y rehabilitación debida a éstas.
Intervenciones ciudadanas en relación con este cargo.
La opinión del Procurador General en relación con este cargo.
Consideraciones de la Corte Constitucional frente al cargo quinto.
Establece el precepto demandado que Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.. Los demandantes cuestionan la exequibilidad de esta norma al considerar que ella permite una sensible disminución en el alcance de la reparación debida a las víctimas, ya que al cuantificar esta última podría descontarse todo lo relacionado con servicios sociales recibidos por ellas, lo cual propiciaría situaciones en las cuales se considerará atendido este deber, pese a que las víctimas hayan recibido muy poco o incluso nada, por concepto de verdadera reparación.
Sobre el alcance de los derechos de las víctimas y su fundamento constitucional, expuso la Corte en el fallo C-454 de 2006 (M.P.J.C.T.):
Esta reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias.
En sus pronunciamientos sobre el tema esta Corte ha relievado la importancia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, los cuales si bien no agotan el catálogo de derechos de las víctimas, constituyen la columna vertebral de tales garantías. Esta corporación ha resaltado además la cercanía y mutua dependencia existente entre estos tres conceptos, al señalar:  la verdad, la justicia y la reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia.[24]
Ahora bien, esa trilogía de derechos tiene un contenido propio y específico dentro de un contexto de justicia transicional como el que, en efecto, subyace a las instituciones contenidas en la Ley 975 de 2005. No en vano, la mayor parte de los cargos de inconstitucionalidad que esta Corte ha decidido en relación con las disposiciones de esta ley han tenido que ver con la eventual vulneración de alguno de esos derechos. Por ello, la doctrina de esta corporación sobre el tema se encuentra contenida en las decisiones proferidas en relación con esas demandas, particularmente en la tantas veces nombrada sentencia C-370 de 2006, en la que esta corporación decidió sobre la exequibilidad de un gran número de artículos de esa ley. Esos enfoques han sido ampliamente reiterados en sentencias posteriores sobre la misma norma, especialmente en el fallo C-575 de 2006 (M.P.Á.T.G., y de igual manera resultan pertinentes y por lo mismo se reiteran también en relación con el tema que ahora se plantea.
Esa disposición (El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas) es reiterada y desarrollada por el artículo 44 de la misma ley, norma que hace parte del Capítulo IX (artículos 42 a 55), el cual desarrolla las distintas instituciones que integran el derecho a la reparación.
Sin embargo, revisado el trámite legislativo que antecedió a la aprobación de la Ley 975 de 2005, se observa que el proyecto original[27] contenía un artículo 59 en el que se ejemplificaban las acciones que constituyen servicios sociales y cuya ejecución podría ser considerada parte de la reparación debida a las víctimas, el cual incluía  entre otros, la asistencia en salud, en educación, subsidio de vivienda, acceso a programas de titulación de tierras para las víctimas directas de desplazamiento forzado, y acceso a créditos para reposición de bienes y reparación de inmuebles[28].
Establece el segmento normativo acusado que Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.
Más aún, destaca la Corte que la expresión hacen parte, empleada en la norma demandada, es de carácter imperativo y no puramente eventual o permisivo, lo que de manera considerable allana el camino para que al amparo de esta norma se pretenda, en casos concretos, eludir o tener por sensiblemente reducidas las obligaciones relativas a la reparación de las víctimas, so pretexto de que ellas han sido ya reparadas a través de los servicios sociales que con carácter general debe prestar el Gobierno.
Tercero: Declarar EXEQUIBLE la expresión rige a partir de la fecha de su promulgación, contenida en el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que el derecho a los beneficios se obtiene a partir del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas pertinentes de dicha ley, de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 y demás sentencias sobre tales disposiciones.
Cuarto: C., notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
Presidente Ausente en comisión
J.A.R. M.J.C. ESPINOSA
N.P.P. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrado Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO A LA SENTENCIA C-1199 DE 2008 DEL MAGISTRADO J.A.R.
En este punto hay que tener en cuenta la diferencia entre vigencia y eficacia de la norma jurídica. Como se ha señalado, la ley condicionó su eficacia al cumplimiento de unos pasos que estaban claramente señalados, a saber: desmovilización, presentación de una lista del Gobierno a la F.ía General de la Nación, contribución, confesión, resarcimiento, etc. Además, se pueden perder los beneficios y nadie puede exigir eficacia de la ley si no cumple esas etapas, pues el esquema era recíproco. Eso afecta la parte del artículo 72 que establece la entrada en vigencia de la ley a partir de la fecha de su promulgación.
[1] Los demandantes aluden a las reflexiones hechas en la sentencia C-370 de 2006 (Ms. Ps. C.E., C.T., E.G., M.C., T.G. y V.H., en la que la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de un gran número de normas de la Ley 975 de 2005.
[3] Sentencias C-302 de 1999 y C-371 de 2000 (en ambas M.P.C.G.D..
[12] Cfr., entre muchas otras, las sentencias C-447 de 1997 (M.P.A.M.C., C-1294 de 2001 (M.P.M.G.M.C., C-362 de 2001 y C-1299 de 2005 (en ambas M.P.Á.T.G.) y C-074 de 2007 (M.P.N.P.P.).
[13] Ver particularmente las sentencias C-1436 de 2000 (M.P.A.B.S., C-426 de 2002 y C-207 de 2003 (en ambas M.P.R.E.G.) y C-569 de 2004 (M.P.R.U.Y..
[15] Cfr. sentencia C-1052 de 2001 (M.P.M.J.C.E., ampliamente reiterada.
[16] Cfr. a este respecto, entre los fallos más recientes, las sentencias C-074 de 2007 (M.P.N.P.P., C-111 de 2007 (M.P.Á.T.G.) y C-187 de 2008 (M.P.H.A.S.P..
[17] F. 178 del expediente.
[18] Cfr. especialmente las sentencias C-084 de 1996 y C-368 de 2000 (en ambas M.P.C.G.D., C-215 de 1999 (M.P.M.V.S.M., C-581 de 2001 (M.P.J.A.R., C-434 de 2003 (M.P.J.C.T.) y C-932 de 2006 (M.P.H.A.S.P..
[22] En la versión original de la Constitución Política de 1991 las víctimas son mencionadas en el numeral 4° del artículo 250 como un sujeto por cuya protección deberá velar la F.ía General de la Nación y en el artículo 30 transitorio, relacionado con la posibilidad de que el Gobierno Nacional confiriera indultos o amnistías por delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución, siendo imposible conceder estos beneficios por delitos en cuya comisión se hubiere aprovechado el estado de indefensión de las víctimas.
[23] Cfr. especialmente las sentencias C-228 de 2002 (Ms. Ps. M.J.C.E. y E.M.L., C-004 de 2003 (M.P.E.M.L., C-775 de 2003 (M.P.J.A.R., C-454 de 2006 (M.P.J.C.T.) y C-060 de 2008 (M.P.N.P.P.). Estas sentencias contienen además referencias a muchos otros pronunciamientos de esta corporación sobre los derechos de las víctimas, así como a la normatividad y la doctrina internacionales sobre la materia.
[24] Sentencia C-775 de 2003 (M.P.J.A.R.).
[27] Proyecto de Ley 211 de 2005 Senado  293 de 2005 Cámara.
Sentencia de Tutela nº 454/95 de Corte Constitucional, 5 de Octubre de 1995

References: artículo 241
 artículo 49
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 47
 artículo 241

ARTÍCULO 72
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 artículo 49
 artículo 93
 artículo 22
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 artículo 241
 artículo 49
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 resolución 
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 artículo 59
 artículo 72
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 artículo 250
 artículo 30