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Timestamp: 2017-11-23 12:46:06+00:00

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TRABAJO SOCIAL EN CUENCA: agosto 2010
Cae por primera vez el número de asistidos por la Ley de Dependencia
Publicado por Carmen Morán en El País del 28/08/2010.
Más de 230.000 personas con derecho a recibir ayuda están en lista de espera - Los profesionales del sector atribuyen el colapso a la crisis y la mala gestión.
El número de personas atendidas bajo la Ley de Dependencia ha descendido por primera vez desde que arrancó esta norma, en 2007, en lugar de incrementarse en varios miles como venía ocurriendo mes tras mes. Y ello en un escenario en el que hay aún 236.930 usuarios con derecho a una ayuda que siguen esperando a recibirla.
El número de personas atendidas bajo la Ley de Dependencia ha descendido por primera vez desde que arrancó esta norma, en 2007, en lugar de incrementarse en varios miles como venía ocurriendo mes tras mes. Y ello en un escenario en el que hay aún 236.930 usuarios con derecho a una ayuda que siguen esperando a recibirla. Si esta lista de espera está enquistada a pesar de que cada mes reciben su ayuda varios miles de usuarios, difícilmente podrá deshacerse el nudo con meses como este de agosto, en que el número de personas atendidas ha bajado.
"Este estancamiento es significativo, porque indica que si no se hace un esfuerzo mayor en personal, servicios y recursos, se puede decir que la ley ha dado de sí todo lo que podía, y hay miles de personas esperando", dice el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "El parón puede atribuirse en parte a la crisis, pero las estadísticas demuestran cada mes que buena parte de la culpa la tiene la incapacidad de gestión. Hay comunidades que, cuando ponen voluntad, mejoran sus datos notablemente", añade Ramírez.
En febrero de este año se superó la cifra emblemática de 500.000 ciudadanos atendidos, un número que venía creciendo imparable hasta agosto, cuando se ha producido el freno. El Gobierno lo achaca al esfuerzo de los meses anteriores y a la coincidencia con un mes vacacional, pero esa explicación no concuerda con los datos: en agosto del año pasado, el número de personas que ya recibía una ayuda se incrementó en casi 26.000, y los meses anteriores la cifra había sido similar y, desde luego, mayor que la de los meses de este verano.
"Los datos actuales muestran que el sistema no tiene capacidad -o voluntad- de entrega de los servicios y prestaciones a los que las personas tienen derecho", critica José Manuel Ramírez.
La estadística de atendidos solo experimentó un decremento, en junio de 2009, pero debido a que se limpiaron los datos del registro oficial, que estaban inflados con miles de personas que ya habían fallecido y de dependientes que aparecían duplicados. Tal era el caos en la recogida y volcado de información, que aún no se ha resuelto por completo. De hecho, la directora del Imserso, Purificación Causapié, sostiene que el descenso de este mes también se justifica "porque ahora se cruzan con más eficacia los datos de las personas fallecidas con los del INE", para ir depurando la estadística. Siendo así, cabría pensar que los fallecidos o las personas duplicadas aún se contaban por miles. Y a saber si en la lista de espera no pasa lo mismo.
Significativa es también la reducción que se viene produciendo en los últimos meses sobre la cifra de grandes dependientes (grado III nivel II), no tanto por la cantidad, alrededor de 5.000 entre la primavera y el verano, sino porque indica que el número de grandes dependientes se está estabilizando. Estos son los usuarios más graves y que requieren atención urgente. Son, además, los casos más caros, tanto si se les concede una ayuda para que les cuide un familiar en casa como si se les otorga una plaza de residencia.
Podría decirse que el número de grandes dependientes, los más graves, ha tocado techo y simplemente hay un relevo de las bajas. Dado que desde que comenzó la ley se ha atendido con preferencia a estas personas, cabe pensar que se ha alcanzado con ellos la velocidad de crucero y que son los grados de dependencia inferiores los que están entrando ahora en el sistema. Así lo opina también la directora del Imserso.
Esto reducirá las aportaciones que hace el Gobierno a las comunidades, más cuantiosas cuanto más necesitada de ayuda está la persona dependiente. "De seguir la tendencia actual, con el número de grandes dependientes estabilizado y la progresión del resto (severos y moderados), el Estado aportaría en total algo menos de 2.000 millones de euros, lo que significa, en la práctica, la congelación presupuestaria por parte del Gobierno", explica Luis Barriga, de la Asociación de Gerentes. "Las comunidades autónomas y los usuarios (vía copago) tendrían que aportar unos 3.000 millones, según nuestros cálculos estimados", añade Luis Barriga.
La Ley de Dependencia muestra además otros signos de paralización, si se echa un vistazo a las prestaciones y servicios que se vienen concediendo. No para de crecer el número de ayudas para que los familiares cuiden en casa al anciano o discapacitado, cuando esta prestación está recogida en la ley como algo que debería ser excepcional, y no la norma en que se ha convertido. Estas ayudas suponen ya 357.841. Un 58% de los dependientes atendidos recibe una de estas pagas.
Sin embargo, la concesión de una plaza de residencia o centro de día, los servicios propios para los ancianos más incapacitados, está también prácticamente estancada.
"El escaso desarrollo de los centros y servicios, frente a las prestaciones económicas que se están concediendo, impide que el sistema desarrolle todo su potencial de creación de empleo, algo lamentable dado el momento económico que estamos atravesando", dice Ramírez.
Una gestión desigual para un derecho universal
- Personas atendidas. Si ha de tenerse en cuenta el número de personas atendidas en relación con la población de cada comunidad autónoma, tres de ellas destacan: Cantabria, La Rioja y Andalucía, todas por encima del 2%, cuando la media nacional es de un 1,31%. En la parte alta de la tabla estarían Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco; y algo después, con 1,4% Extremadura, Cataluña y Murcia. El resto no alcanza la media nacional. A la cola están Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, que no llegan al 1% de personas atendidas en relación con la población.
- Dictaminados. Indicador de buena gestión es también el número de solicitantes de una ayuda que ya tienen establecido su nivel y grado de dependencia, a partir del cual se dictaminará qué prestación necesitan. En este caso brillan en la tabla oficial las mismas comunidades y vuelven a quedar en la cola también las mismas. Castilla y León marca la media nacional, 2,71% respecto a la población. Canarias, Madrid, Baleares y Valencia no llegan al 2%. Estas diferencias, tanto en personas atendidas como en las dictaminadas, se traducen, de hecho, en graves diferencias entre unos ciudadanos y otros al acceder a sus derechos.
- Perfil. Más de la mitad de los solicitantes de una ayuda (el 52%) son personas de 80 y más edad, en su mayoría mujeres. Un 26% tiene de 65 a 79 años. Los menores de tres años representan un 0,3% del total de solicitantes.
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Etiquetas: Derechos Humanos, Prostitución, Tráfico de personas
Publicado en El País por CARMEN MORÁN - Madrid - 24/08/2010
La gente ya sabe que gestionar una ayuda para la dependencia en comunidades como Madrid, por ejemplo, le puede llevar más de un año, un plazo que en otras regiones es mucho más corto. Y los dependientes, la gran mayoría por encima de los 80 años, no quieren ni pueden esperar tanto, así que algunos han decidido empadronarse en otras regiones y formalizar allí todos los trámites.
La gente ya sabe que gestionar una ayuda para la dependencia en comunidades como Madrid, por ejemplo, le puede llevar más de un año, un plazo que en otras regiones es mucho más corto. Y los dependientes, la gran mayoría por encima de los 80 años, no quieren ni pueden esperar tanto, así que algunos han decidido empadronarse en otras regiones y formalizar allí todos los trámites. Algunos incluso aprovechan las vacaciones en la costa para que los profesionales baremen el grado de dependencia de sus ancianos.
El boca a boca funciona. El que tiene amigos o familiares en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sabe que allí las cosas van más rápido que en Valencia, y al que quiere una residencia en Murcia no se le escapa que tendrá más opciones saltando a Almería. Si las comunidades que gestionan con menos eficacia no revierten esa situación, sus ciudadanos seguirán yéndose a otras para que les concedan sus derechos. Se ha iniciado el turismo de la dependencia, una suerte de exilio que huye de la ineficiencia de algunos Gobiernos.
La madre murió y su hija aún espera
Su madre, octogenaria, murió esperando una ayuda de dependencia solicitada en Madrid en febrero del año pasado. La hija, de 60 años, con una gran invalidez, la pidió al mismo tiempo y hace ya meses que se marchó a Málaga, alquiló un piso y trató de que fuera la comunidad andaluza la que se hiciera cargo de su caso. El clima le es más beneficioso. Pero incluso en la distancia, la Comunidad de Madrid plantea problemas con esta ley. "Las trabajadoras sociales de Andalucía me dijeron que en lugar de comenzar los trámites de nuevo trasladara el expediente iniciado en Madrid, para no perder derechos adquiridos. Y así lo solicité". Ha quedado atrapada en una espiral burocrática de la que todavía no ha salido. Mientras, sus piernas siguen fallando, la vista está cada día peor y se cae muchas veces a pesar de la ayuda de sus muletas. Pero Internet es la herramienta que la ayuda a poner quejas y más quejas contra la Administración madrileña.
En diciembre del año pasado solicitó el traslado de su expediente (número 9387/2009) y solo la contestaron en marzo, para decirle que su caso estaba en trámites, a la espera de ser llamada para valorar su dependencia. "Eso no era lo que yo había pedido así que me quejé a Edmundo Ahijón, responsable de esto en Madrid". En mayo, un mensaje le pide perdón por el error, pero le avisan "de que el proceso no es sencillo y que tardará". E. T. P., que ha sido funcionaria y se sabe los entresijos de las reclamaciones, puso otra queja. Pero todo parece inútil. Por último, en Andalucía le han dicho que quizá es más operativo iniciar los trámites de nuevo en Málaga. "Y eso es lo que estoy haciendo, pero, en paralelo, sigo con mis reclamaciones para ver si consigo que se atiendan mis derechos", dice.
Todavía recuerda el último año de vida, "horroroso", que pasó su madre. "Estuvo hospitalizada meses y pretendían que yo la llevara a casa, ella no estaba en condiciones para ello. Ni yo podía atenderla. En el hospital me dijeron que con mi pensión de 1.300 euros, podía contratar a alguien". Pero la Ley de Dependencia es universal, todos tienen los mismos derechos. Además, E. T. P también está "llena de dolores", y toma 14 pastillas diarias.
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Tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascendientes
Fiscalía General del Estado: violencia intrafamiliar
Circular 1/2010, de 23 de julio de 2010, de la Fiscalía General del Estado, sobre el tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascendientes.
I.- Introducción II.-El principio de celeridad en la tramitación de los expedientes. III.- Fase de
instrucción III.-1 Iniciación. Recepción de la notitia criminis III.-2 Medidas cautelares III.-2.1
Ideas generales III.-2.2 La Libertad vigilada III.-2.3 Alejamiento III.-2.4 Convivencia con grupo
familiar o educativo III.-2.5 Internamiento cautelar III.-2.6 Otras medidas III.-3 Diligencias de
investigación III.-4 Principio de oportunidad y soluciones extrajudiciales IV.- Calificación jurídica
de los hechos V.- Fase de audiencia VI.- Medidas imponibles VII.- Fase de ejecución VIII.-
Transcribimos aquí la Introducción de este documento:
En el ámbito del Derecho penal juvenil los malos tratos familiares protagonizados por los menores están proliferando últimamente de forma que como mínimo cabría calificar de preocupante. Ya la Consulta de la Fiscalía General del Estado 3/2004, de 26 de noviembre subrayaba como apunte criminológico, el dato constatable de la incidencia que en el ámbito del Derecho penal juvenil tienen los malos tratos familiares protagonizados por los menores, en la mayoría de los casos adolescentes varones, hacia sus progenitores,
normalmente la madre….
Haciéndose eco de esta realidad y tratando de escudriñar sus causas, la conclusión nº 21 de las adoptadas en el seno de la Reunión sobre violencia doméstica de Fiscales españoles e iberoamericanos celebrada en Madrid los días 16 a 18 de octubre de 2002 destacaba que entre las causas de la violencia de adolescentes contra sus progenitores se encuentran las siguientes: una sociedad permisiva que educa a los niños en sus derechos, pero no en sus deberes, donde ha calado de forma equívoca el lema “no poner límites” y “dejar hacer”, abortando una correcta maduración, así como el hecho de que hay padres que no sólo no se hacen respetar, sino que menoscaban la autoridad de los maestros, la policía o de otros ciudadanos cuando en defensa de la convivencia reprenden a sus descendientes.
En efecto, las causas de estos comportamientos violentos radican en deficiencias del proceso educativo de sus autores, más que en otras causas habitualmente asociadas a la delincuencia juvenil como puedan ser las relacionadas con la marginalidad. La etiología de estos comportamientos suele corresponder a la ausencia de unos patrones o reglas de conducta adecuados en el núcleo familiar, sin imposición de límites y normas, generando carencias educativas (teoría de la laxitud) o a una desacertada combinación de estilos educativos sancionadores y permisivos, que dan lugar en ocasiones a que el menor no acepte ningún control. No se trata de un fenómeno asociado exclusivamente a las denominadas broken families, ni a familias desestructuradas, no siendo por ello infrecuente que el menor maltratador esté integrado en familias con nivel económico y social medio y alto.
Desde el punto de vista sociológico se ha apuntado que este tipo de maltrato se da fundamentalmente en casos de adolescentes masculinos en familias monoparentales, que se han criado solo con su madre y hacia la que adoptan posturas patriarcales y machistas.
No obstante, se está detectando una evolución en el perfil del menor maltratador desde el punto de vista del sexo: mientras que sigue siendo mayoritariamente la madre la víctima, cada vez se tiende a una mayor equiparación entre el número de victimarios hijos e hijas.
Suelen detectarse ciertas peculiaridades en este tipo de criminalidad. Se trata normalmente de adolescentes cuyos padres sienten la imposibilidad absoluta de enfrentarse a las situaciones que se han generado, y que pasan de comportamientos desobedientes a comportamientos claramente agresivos y violentos hacía sus padres y entorno más inmediato. Aunque existen menores maltratadores que cometen otros delitos, la mayoría circunscriben su actividad delictiva a la violencia en el ámbito doméstico para con los miembros de su entorno familiar. Es por ello esencial la existencia de recursos específicos para estos menores que permitan también un tratamiento individualizado y focalizado hacia la singular problemática que presentan.
Deben en todo caso discriminarse los supuestos en los que el menor incurre en conductas de maltrato propiamente delictivas, de aquellas otras que, reflejando un conflicto o crisis familiar, no son susceptibles de tipificación penal y correlativamente impiden cualquier intervención desde el ámbito de la justicia juvenil. Son frecuentes las denuncias que relatan problemas conductuales atípicos (inasistencia a los centros de enseñanza, incumplimiento de los horarios establecidos por los progenitores, ausencia absoluta de disciplina en el seno del hogar, fugas etc...). Estos supuestos, que podrían englobarse dentro del grupo de comportamientos etiquetados por la doctrina anglosajona bajo la categoría de status offenders y que permitían la intervención del sistema de reforma en los modelos tutelares, han sido definitivamente desterrados de nuestra justicia juvenil tras la derogación de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores.
En estos casos debe optarse por la derivación hacia las instituciones de protección de menores, evitando la confusión entre la esfera sancionadora educativa y la esfera protectora. Por otra parte, no es infrecuente que los ascendientes víctimas de maltrato acudan a la Fiscalía en demanda de orientación, sin voluntad de formular denuncia y judicializar el conflicto. Dado que algunas Comunidades Autónomas disponen de programas para abordar, al margen del proceso penal, los problemas de agresividad de los adolescentes hacia sus ascendientes, las Secciones de Menores deberán disponer de toda la información sobre estos programas extrajudiciales a fin de orientar en su caso a quienes puedan ser sus destinatarios.
El fenómeno de los malos tratos de los menores hacia sus ascendientes suele venir precedido de un proceso dilatado en el tiempo y que en sus primeras fases se integra por conductas que aun no teniendo relevancia penal, ponen de manifiesto una situación de riesgo que debe ser abordada desde los servicios sociales e instituciones de protección de menores, y en el que las intervenciones a través de terapias familiares pueden tener una eficacia preventiva indiscutible. La intervención terapéutica en las primeras fases puede evitar las posteriores actuaciones -siempre más traumáticas-desde el sistema de Justicia Juvenil.
Por ello, cuando un menor de edad inferior a los 14 años sea denunciado por la comisión de estos hechos, ha de tenerse en cuenta que, pese a la exención legal de responsabilidad penal, puede concurrir un importante factor de riesgo que debe atenderse desde el sistema de protección con todos los recursos que en cada territorio autonómico estén disponibles y en la idea de que las intervenciones precoces son siempre más eficaces. Así, en todo caso antes de archivar las diligencias por ser el denunciado menor de 14 años, se informará a los padres o representantes legales de la existencia de programas extrajudiciales de posible aplicación y se ponderará la necesidad de remitir testimonio a la Entidad Pública de protección para la valoración y remedio de la situación de riesgo apreciada.
Queda al margen de la presente Circular el tratamiento de los supuestos de violencia de género en la jurisdicción de menores, teniendo en cuenta que tal manifestación delictiva, cuya incidencia en la jurisdicción especial es mucho menor, presenta unos perfiles que hacen aconsejable su tratamiento diferenciado.
Igualmente, por las mismas razones, no se abordan otras manifestaciones de violencia doméstica como puede ser el maltrato entre colaterales.
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Etiquetas: Menores en conflicto, violencia intrafamiliar
Publicado en El País por M. R. SAHUQUILLO / N. GALARRAGA - Madrid - 22/08/2010
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Etiquetas: Maltrato, Niños, Violencia de Género
Fallida enseñanza en valores
Educación para la Ciudadanía se ha quedado reducida a una 'maría'
Publicado en El País, por CARLOS CARABAÑA - Madrid - 28/06/2010
Varios directores de instituto relatan la siguiente historia. Llega la hora de impartir Educación para la Ciudadanía: el Partido Popular y parte de la Iglesia recomiendan la objeción de conciencia y algunas familias solicitan al centro que sus hijos no reciban la materia.
Varios directores de instituto relatan la siguiente historia. Llega la hora de impartir Educación para la Ciudadanía: el Partido Popular y parte de la Iglesia recomiendan la objeción de conciencia y algunas familias solicitan al centro que sus hijos no reciban la materia. Pero no la tienen ese curso y al siguiente, con las protestas ya apagadas, los chavales asisten sin problemas a esas clases. La Generalitat valenciana amenazó con impartir esa materia en inglés. Dos años después, se le dedican escasas horas, como si se tratara de una maría.
Alejandro Tiana, secretario general de Educación cuando se implantó Ciudadanía con la LOE en 2006, está convencido de que "la sombra de sospecha arrojada" ha perjudicado a la asignatura. "En la mayor parte de las comunidades autónomas las horas de clase se dejaron al mínimo impuesto desde la Administración [35 sesiones por curso]", explica. "Lo normal es aumentarlas". Para el filósofo Fernando Savater, prologuista del texto para Ciudadanía de la Fundación Cives, "una clase es poco, pero menos es nada". Y reflexiona: "Si la religión estuviera donde debe de estar, fuera de la escuela pública, habría más horas para una asignatura que es muy importante".
Solo en Castilla-La Mancha y Galicia, gobernadas entonces por el PSOE, Educación para la Ciudadanía tiene dos horas a la semana. Los docentes señalan la escasa carga lectiva como la lacra de la asignatura. "Se convierte en una maría[sin tiempo, fácil de aprobar y poco valorada por el alumnado]", dice Fernando Ventura, profesor en Pamplona. "Para desarrollarla harían falta, como mínimo, dos horas".
"Además", recuerda Tiana, "es una recomendación de las instituciones europeas". Casi la mitad de estos países ha concretado la enseñanza en valores como una materia independiente. Los contenidos son cuatro círculos concéntricos: convivencia con el entorno próximo, principios de vida en una sociedad democrática, ejercicio de la ciudadanía en un contexto global y situación y relación del individuo consigo mismo. Las lecciones relativas a la identidad afectivo sexual fueron las más cuestionadas.
Con el libro de texto Joven@s Ciudadanos (Alhambra Pearson), María Pilar Torrijo, filóloga que imparte Educación para la Ciudadanía, cuenta las páginas de la discordia. "Tres de 143, que se titulan Quién Soy, chico y chica, hombre y mujer, el resto del temario -derechos humanos, convivencia, respeto al otro- es indiscutible". Los docentes preguntados aseguran que ya estaban incluidos estos temas en la Ética de 4º de ESO, que, como la filosofía de Bachillerato, ha adquirido el apellido "y Ciudadanía".
Álvaro Marchesi, secretario de Estado de Educación cuando se incluyó Ética en la LOGSE así como la educación en valores de forma transversal a todas las materias, cree que esa asignatura, era "mucho más fuerte, se hablaba de la vida, la muerte y el sexo". "Creer que dos horas a la semana van a transformar a las nuevas generaciones", explica Marchesi, "es no entender el impacto de una disciplina, o cómo va a competir con la influencia de la familia". Savater, que opina que la transversalidad "es una forma de zafarse", cree que "es disparatada la idea de que solo los padres pueden transmitir valores".
Pero esa parte del temario interesa a los chavales. Como la solidaridad, los diferentes sistemas políticos en Europa, los derechos humanos, los impuestos... O eso aseguran los docentes. A Marta, alumna asturiana, le ha gustado "la parte de la violencia contra las mujeres y la explicación de que a una chica le puede gustar otra chica". Los profesores precisan que impartirla es difícil.
Los estudiantes entre 13 y 14 están comenzando a desarrollar el pensamiento abstracto. La metodología es activa: material audiovisual, debates, charlas, discusiones... y un poco de exposición teórica. Juana María Serrano, directora de un centro en Toledo, ve la dificultad de impartir estos conceptos a esas edades, "pero con la tasa de abandono [30%], si pretendemos de verdad formar ciudadanos, hay que hacerlo antes de que dejen los estudios".
Tiana recuerda que las negociaciones no fueron complicadas. "Hablamos con los religiosos docentes (la FERE) y se marcó una posición intermedia, que no es fácil y nunca se sabe dónde está". Una línea roja, verbalizada en el enunciado La familia en el marco de la Constitución española. "La reacción de parte de la Conferencia Episcopal, solicitando la retirada y la objeción -un absurdo jurídico-", explica, "fue una sorpresa parcial". Uno de los miedos era convertir la pizarra en un púlpito. Pero los profesores defienden su profesionalidad.
La materia se completa con actividades paralelas. Un instituto de Asturias tiene un comité de alumnos, formados en gestión de conflictos, que supervisados por los docentes, decide las sanciones a sus compañeros; en Cantabria pueden participar al principio de las evaluaciones y expresan sus quejas, muchas referidas a los deberes excesivos; en varios centros, los alumnos han ayudado a elaborar el reglamento interno y reciben charlas de ONG como Movimiento por Paz; se hacen visitas a los Parlamentos autonómicos y los alumnos juegan en los sillones a defender diferentes posturas.
Yolanda Barros, profesora en el País Vasco, valora la asignatura: "Superan la resistencia de ir, por ejemplo, a un cineclub, y aprenden". Un opositor a profesor de historia y máster en Educación para la Ciudadanía la resume: "Es como hacer que un chaval vea el telediario y lo entienda". Marchesi puntualiza el enunciado: "Interpretar el telediario de acuerdo con los derechos humanos".
Etiquetas: Derechos Humanos, Educación, Niños, No violencia
Claves sobre la igualdad y la no discriminación en España
La Fundación Luis Vives ha publicado en la web el documento Claves sobre la igualdad y la no discriminación en España, elaborado por Esther Camuñas y Lorena Álvarez de Sotomayor.
La igualdad es un término multidisciplinar que abarca diferentes ámbitos más allá del género, como son la orientación sexual, la raza o etnia, las creencias religiosas, la discapacidad y la edad, y que hace referencia al derecho de todas las personas que componen la sociedad a tener las mismas posibilidades de acceso al bienestar social.
Las características que rodean a este derecho fundamental están en constante evolución, igual que la sociedad, gestándose así nuevas terminologías para explicar todos sus aspectos, evolucionando la legislación y creándose nuevos organismos de medición y control.
Para construir una sociedad igualitaria es necesario desarrollar una legislación contra la discriminación que se complemente con la aplicación de una serie de medidas legislativas como la acción positiva o los ajustes razonables, encaminados a prevenir y compensar la discriminación sufrida por algunos colectivos.
Además, la información y sensibilización juegan un papel fundamental a la hora de prevenir y combatir actitudes como la homofobia, la misoginia, el racismo o la xenofobia.
En España se están llevando a cabo importantes avances en el ámbito de la igualdad pero aún queda mucho trabajo por hacer. El objetivo de esta guía es contribuir a este proceso, poniendo a disposición de todas las personas interesadas en este ámbito información sobre las distintas facetas que engloban este término y mostrando la realidad actual a partir de datos, ejemplos, órganos de referencia y legislación.
Etiquetas: Derechos Humanos, Igualdad
The Giving Pledge (El compromiso de dar)
En la noticia publicada más abajo, que hemos encontrado en El País de 4/08/2010, nos sorprende ver a algunos de los personajes más ricos del mundo comprometiéndose a donar la mitad de su fortuna al ámbito de la filantropía. Suena generoso, pero no suficiente. Están en su derecho a ocupar parte de su tiempo libre en hacer obras de caridad y lo respetamos. Pero sería más interesante, y posiblemente más útil, verlos comprometidos en un alianza que presionase a los especuladores, a las multinacionales y a los gobiernos para promover un mundo socialmente más justo, donde la riqueza no esté tan desigualmente repartida y en el que las personas adquieran educación, salud y vivienda por derecho, y no por limosna.
SANDRO POZZI | Nueva York 04/08/2010
Hace algo más de un año, Warren Buffett y Bill Gates, los hombres más ricos en Estados Unidos, cenaron en secreto en Nueva York con una docena de grandes fortunas del país para hablar de todo lo que podría llegar a hacer si juntaban su dinero. Fue un encuentro sin precedentes, que muchos llegaron a sospechar se trataba de una reunión clandestina para, en plena crisis financiera, ver cómo podían dominar el mundo.
Publicado por Trabajo Social Cuenca en 18:04 2 comentarios:
Etiquetas: Beneficencia, pobreza, Política Social
Consentimiento informado sobre interrupción voluntaria del embarazo
El Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo persigue el doble objetivo de regular, en cumplimiento de los mandatos contenidos en el artículo 16.4, y 17.2 de la Ley Orgánica, por un lado, las especificidades de funcionamiento del comité clínico encargado de confirmar el diagnóstico de las enfermedades extremadamente graves e incurables del feto que puede originar el supuesto de interrupción del embarazo referido en el artículo 15, letra c), de aquélla, y, por otro, la información requerida por el artículo 17 para la prestación del consentimiento de la mujer que haya solicitado la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo.
Así, en lo referente al comité clínico, el presente real decreto define su naturaleza, su composición, el carácter de su actuación y regula su régimen de funcionamiento y el procedimiento necesario para la emisión de su dictamen, que se limitará a constatar la existencia o no de la enfermedad extremadamente grave e incurable del feto, previamente diagnosticada.
Con relación a la información previa al consentimiento de la mujer gestante, y con carácter general, la regulación contenida en la presente norma trata de asegurar que la prestación se realice con las garantías establecidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. En este sentido, desarrolla el propósito fundamental de la misma de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer a través, principalmente, de un proceso de información previo, claro y objetivo, en el sentido de que la información es la circunstancia determinante de la decisión de la mujer embarazada de seguir adelante con la gestación o de proceder a su interrupción. No puede olvidarse que esta información tiene como fin asegurar esta determinación y la protección de los intereses en presencia, desde la vida prenatal a la salud de la mujer gestante, garantizando, a su vez, a la mujer su intimidad y confidencialidad.
Este Real Decreto regula también, de modo específico, el deber de información establecido en el apartado cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, para el consentimiento en el caso de las mujeres de 16 y 17 años de edad. Al respecto, el artículo 8 establece que:
El artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, en su apartado cuarto dispone que:
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Cae por primera vez el número de asistidos por la ...
El retraso en las ayudas empuja a dependientes a c...
Tratamiento desde el sistema de justicia juvenil d...
Claves sobre la igualdad y la no discriminación en...
Consentimiento informado sobre interrupción volunt...
Nueva Tarjeta Acreditativa de Grado de Discapacida...

References: Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 17
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 13