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Mundo Tributario Venezuela: 08/18/10
Publicada en G.O N° 39.478 de fecha 02/08/2010 creacion de dirección de Vigilancia del correcto funcionam los Servi Públicos en la Defensoría Pública
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELANúmero 39.478Caracas, lunes 02 de agosto de 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELADEFENSORÍA DEL PUEBLODESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLOResolución Nº DdP-2010-162Caracas, 28 de julio de 2010200º y 151ºResolución:GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, Defensora del Pueblo, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.836, de fecha 20 de Diciembre de 2007, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 273 ejusdem, y el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número 37.995, de fecha 05 de agosto de 2004,Considerando:Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 29 numerales 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, corresponde al Defensor o Defensora del Pueblo en su carácter de máxima autoridad organizar y dirigir la Institución, así como dictar, aprobar y modificar sus reglamentos internos, de manera que respondan a los objetivos institucionales.Resuelve:Primero.—Crear la Dirección de Vigilancia de los Servicios Públicos, la cual estará adscrita a la Dirección General de Atención al Ciudadano.Segundo.—La Dirección de Vigilancia de los Servicios Públicos, estará a cargo de un Director o Directora, quien será de libre nombramiento y remoción del Defensor o Defensora del Pueblo.Tercero.-—Son atribuciones de la Dirección de Vigilancia de los Servicios Públicos:1. Promover, diseñar y ejecutar políticas para la vigilancia del correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos.2. Proponer y apoyar en la interposición de las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos.3. Colaborar con la Dirección General de Premoción y Divulgación, en el diseño y ejecución de actividades de formación, promoción y divulgación sobre los derechos de consumidores y usuarios, de manera especial a funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo, servidores públicos, estudiantes y miembros de las comunidades.4. Coordinar con los entes prestadores y reguladores, canales permanentes de comunicación, a fin de realizar las observaciones y recomendaciones correspondientes, todo ello en función de la protección de los derechos humanos, en referencia a los derechos de los consumidores y usuarios al disfrute de bienes y servicios de calidad.5. Promover en los prestadores de servicios públicos, la creación de oficinas encargadas de recibir y tramitar las quejas y reclamos de los consumidores y usuarios, a fin de que reciban respuesta oportuna de sus reclamos, y en general, garantizar todo cuanto pueda servir a la defensa de sus derechos.6. Asesorar en materia de servicios públicos, en el marco de las competencias de la Dirección General de Atención al Ciudadano.7. Promover y realizar las Investigaciones, con preeminencia de aportes técnicos y jurídicos de entes públicos o privados, institutos universitarios y colegios profesionales, a fin de producir diagnósticos certeros que permitan avanzar en la defensa y protección de los intereses colectivos de todos los ciudadanos como consumidores y usuarios de los servicios públicos.8. Apoyar en el análisis y recomendaciones, conjuntamente con las direcciones de la Defensoría del Pueblo, a los proyectos de Ley con referencia a los servicios públicos.9. Las demás que le sean asignadas por el Defensor o Defensora del Pueblo y la normativa interna de la institución.Cuarto.—Incorporar a la Dirección de Vigilancia de los Servicios Públicos, adscrita a la Dirección General de Atención al Ciudadano, a la estructura de la Institución y al Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; y las atribuciones aquí conferidas, dentro de las competencias de la Dirección General de Atención al Ciudadano.Quinto.—La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Publican en G.O N° 5.990 de fecha 29/07/2010 reforma parcial de la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELANúmero 5.990 ExtraordinarioCaracas, jueves 29 de julio de 2010LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELADecreta:La siguiente,LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO Nº 5.384 CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓNPrimero.—Se modifica la denominación del Decreto Nº 5.384 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, en la forma siguiente:LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN CENTRALDE PLANIFICACIÓNSegundo.—Se modifica el artículo 2, en la forma siguiente:Artículo 2º—Finalidades. La Comisión Central de Planificación realizará sus funciones y ejercerá las atribuciones atendiendo a las siguientes finalidades:1. Impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, asegurando la gestión social y planificada de la función pública administrativa.2. Garantizar una planificación estratégica, participativa y corresponsable.3. Orientar el establecimiento de un modelo socialista capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de la sociedad, para lograr la suprema felicidad social.4. Preservar la soberanía nacional y la integridad territorial.5. Fomentar alianzas internacionales, basadas en la cooperación, la solidaridad y la complementariedad entre los Estados y sus pueblos, con pleno respeto a la soberanía de ellos y al principio de libre determinación.6. Recomendar al Presidente o Presidenta de la República los lineamientos y políticas a ser planteadas por el Ejecutivo Nacional ante el Consejo Federal de Gobierno.Tercero.—Se modifica el artículo 4, en la reforma siguiente:Artículo 4º—Atribuciones de la Comisión Central de Planificación. La Comisión Central de Planificación tendrá las siguientes atribuciones:1 Elaborar los lineamientos estratégicos, políticas y planes a ser presentados a la consideración del Presidente o Presidenta de la República, haciendo seguimiento y evaluación del cumplimiento de ellos una vez aprobados.2. Elaborar el mapa central de la estructura económica nacional, tanto estatal o pública como privada, que sirva de base para planificar y controlar la construcción del modelo socialista venezolano.3. Controlar y coordinar que los ministerios del Poder Popular, servicios autónomos, institutos autónomos, empresas, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles del Estado y demás entes adscritos descentralizados, actúen de conformidad con los lineamientos, políticas y planes emanados de la Comisión Central de Planificación, debidamente aprobados por el Presidente o Presidenta de la República. En ese sentido, los referidos entes no gozarán de autonomía organizativa, ni de autonomía para la planificación administrativa-financiera. En consecuencia, todos los órganos y entes de la Administración Pública, no obstante su naturaleza y forma organizativa previstas en los instrumentos de creación, deberán actuar conforme a lo establecido en este numeral, y las potestades atribuidas a la Comisión Central de Planificación se realizarán sin menoscabo de los controles de tutela, accionarial y estatutario a los cuales aquéllos estén sometidos. La personalidad jurídica y el patrimonio propio no debe ser obstáculo para el cumplimiento de lo ordenado en el presente numeral.4. Crear las Comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, así como designar a sus integrantes.5. Planificar, conducir, evaluar y supervisar las actividades de formación y capacitación en materia de planificación, incluyendo los seminarios, talleres y cursos que se organicen y faciliten en esta materia.6. Rendir informes periódicos al Presidente o Presidenta de la República de sus actuaciones y de los avances en la elaboración de los lineamientos, políticas y planes estratégicos.7. Las demás que le sean asignadas por el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto.Cuarto.—Se modifica el artículo 6, en la forma siguiente:Artículo 6º—Conformación de la Comisión Central de Planificación. La Comisión Central de Planificación estará integrada por:1. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, quien la presidirá y coordinará.2. El ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de planificación, quien actuará de Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva.3. Los Vicepresidentes o Vicepresidentas Sectoriales del Consejo de Ministros y demás ministros o ministras del Poder Popular designados o designadas por el Presidente o Presidenta de la República.4. Los demás ciudadanos o ciudadanas que sean designados o designadas por el Presidente o Presidenta de la República.Quinto.—Se suprime el artículo 8.Sexto.—Se suprime el artículo 9.Séptimo.—Se suprime el artículo 10.Octavo.—Se suprime el artículo 11.Noveno.—Se suprime el artículo 12.Décimo.—Se modifica el artículo 15 que pasa a ser el artículo 10, en la forma siguiente:Artículo 10.—De las instancias de apoyo técnico. La Comisión Central de Planificación para el cumplimiento de sus funciones se apoyará en instancias ya establecidas en los órganos y entes de la Administración Pública.Décimo Primero.—Se modifica el artículo 16 que pasa a ser el artículo 11, en la forma siguiente:Artículo 11—Obligación de informar. Todos los órganos y entes del Estado, así como las personas naturales o jurídicas de derecho privado, deberán suministrar la información y documentación que sea requerida por la Comisión Central de Planificación.La información suministrada de conformidad con este artículo tendrá carácter confidencial, cuando así sea requerida por la parte interesada o cuando así lo determine la Comisión Central de Planificación, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución y las leyes.Décimo Segundo.—Se modifica el artículo 18 que pasa a ser el artículo 13, en la forma siguiente:Artículo 13.—Sanción. Cualquier persona natural o jurídica del sector privado que se niegue a suministrar información que sea requerida por la Comisión Central de Planificación, será sancionada con multa que oscilará entre cien unidades tributarias (100 U.T.) y quinientas unidades tributarias (500 U.T.), la cual será impuesta por el Contralor o Contralora General de la República a solicitud de la Comisión Central de Planificación, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas estarán sometidos a las sanciones previstas en las leyes que regulan sus actuaciones.Luego de impuesta la sanción, de persistir la negativa en el suministro de la información, a las personas infractoras se les impondrá una nueva sanción con la mayor cuantía prevista en el presente artículo, y estarán sujetas a las inspecciones que ordene la Comisión Central de Planificación para obtener la información requerida, pudiendo valerse de la fuerza pública para el cumplimiento de tal fin.DISPOSICIÓN FINAL:Única.—De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase a continuación en un solo texto el Decreto Nº 5.384 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.841 de fecha 22 de junio de 2007, con las reformas aquí sancionadas y en el correspondiente texto íntegro corríjase e incorpórese donde sea necesario el lenguaje de género, los nombres de los ministerios por "ministerio del Poder Popular con competencia en materia de", y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.Dada, firmada y sellada en el Palacio federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los quince días del mes de abril de dos mil diez. Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación.Promulgación de la Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº 5.384 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil diez. Años 200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELADecreta:la siguiente,LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓNArtículo 1º—Objeto. La presente Ley tiene por objeto crear la Comisión Central de Planificación, de carácter permanente, que atendiendo a una visión de totalidad, elaborará, coordinará, consolidará, hará seguimiento y evaluación de los lineamientos estratégicos, políticas y planes, atendiendo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, estableciendo un marco normativo que permita la integración armónica de todos los principios de rango constitucional y legal relativos a la planificación, organización, control y supervisión de la Administración Pública.Artículo 2º—Finalidades. La Comisión Central de Planificación realizará sus funciones y ejercerá las atribuciones atendiendo a las siguientes finalidades:1. Impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, asegurando la gestión social y planificada de la función pública administrativa.2. Garantizar una planificación estratégica, participativa y corresponsable.3. Orientar el establecimiento de un modelo socialista capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de la sociedad, para lograr la suprema felicidad social.4. Preservar la soberanía nacional y la integridad territorial.5. Fomentar alianzas internacionales, basadas en la cooperación, la solidaridad y la complementariedad entre los Estados y sus pueblos, con pleno respeto a la soberanía de ellos y al principio de libre determinación.6. Recomendar al Presidente o Presidenta de la República, los lineamientos y políticas a ser planteadas por el Ejecutivo Nacional ante el Consejo Federal de Gobierno.Artículo 3º—Ámbito de los lineamientos estratégicos, políticas y planes. Los lineamientos estratégicos, políticas y planes a cargo de la Comisión Central de Planificación comprenderán los ámbitos político, social, económico, político-territorial, seguridad y defensa, científico-tecnológico, cultural, educativo, internacional y los demás que fije el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto.Artículo 4º—Atribuciones de la Comisión Central de Planificación. La Comisión Central de Planificación tendrá las siguientes atribuciones:1. Elaborar los lineamientos estratégicos, políticas y planes a ser presentados a la consideración del Presidente o Presidenta de la República, haciendo seguimiento y evaluación del cumplimiento de ellos una vez aprobados.2. Elaborar el mapa central de la estructura económica nacional, tanto estatal o pública como privada, que sirva de base para planificar y controlar la construcción del modelo socialista venezolano.3. Controlar y coordinar que los ministerios del Poder Popular, servicios autónomos, institutos autónomos, empresas, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles del Estado y demás entes adscritos descentralizados, actúen de conformidad con los lineamientos, políticas y planes emanados de la Comisión Central de Planificación, debidamente aprobados por el Presidente o Presidenta de la República. En ese sentido, los referidos entes no gozarán de autonomía organizativa, ni de autonomía para la planificación administrativa-financiera. En consecuencia, todos los órganos y entes de la Administración Pública, no obstante su naturaleza y forma organizativa previstas en los instrumentos de creación, deberán actuar conforme a lo establecido en este numeral, y las potestades atribuidas a la Comisión Central de Planificación se realizarán sin menoscabo de los controles de tutela, accionarial y estatutario, a los cuales aquéllos estén sometidos. La personalidad jurídica y el patrimonio propio no debe ser obstáculo para el cumplimiento de lo ordenado en el presente numeral.4. Crear las Comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, así como designar a sus integrantes.5. Planificar, conducir, evaluar y supervisar las actividades de formación y capacitación en materia de planificación, incluyendo los seminarios, talleres y cursos que se organicen y faciliten esta materia.6. Rendir informes periódicos al Presidente o Presidenta de la República de sus actuaciones y de los avances en la elaboración de los lineamientos, políticas y planes estratégicos.7. Las demás que le sean asignadas por el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto.Artículo 5º—Materias de prioridad en la elaboración de los lineamientos estratégicos, políticas y planes. Se consideran materias de prioridad en los ámbitos de competencia indicados en el artículo 3 de la presente Ley, las siguientes:1. Controlar y coordinar la función planificadora de los ministerios, servicios autónomos, institutos autónomos, empresas, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles y demás entes adscritos del Estado tanto centralizados como descentralizados.2. Planificar y controlar el proceso de transformación de las empresas del Estado en empresas de carácter socialista.3. Garantizar la planificación centralizada de la actividad económica para satisfacer las necesidades del pueblo, orientando el proceso productivo a la inclusión de los excluidos y excluidas y a la construcción de un modelo socialista de desarrollo económico soberano, endógeno y sustentable.4. Articular y coordinar los mecanismos de intercambio y distribución de la producción nacional, con base en las necesidades del pueblo y en los costos reales de producción por ramo, sector y unidad productiva, para la fijación de precios justos.5. Garantizar que las compras del Estado y el gasto público, se correspondan con el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y el bienestar social.6. Simplificar los procesos administrativos para asegurar una gestión del Estado eficiente, eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, luchando contra el burocratismo y la corrupción en la Administración Pública.7. Combatir el monopolio y los oligopolios privados, como mecanismos y estructuras de dominación, de distorsión de los precios y de la oferta de los productos.8. Asegurar el acceso universal a los servicios públicos, superando la capacidad contributiva como criterio de acceso de la población, la fragmentación institucional del Estado como prestador de servicios y fortaleciendo su función de dirección, regulación y control sobre el sector privado cuando actúen en este ámbito.9. Establecer una nueva distribución y ocupación de los espacios subnacionales garantizando la seguridad y defensa integral de la Nación, aprovechando las fortalezas de cada región para crear cooperación y complementariedad entre ellas, desconcentrando actividades y poblaciones.10. Promover y difundir, a través de la cultura y la educación, los valores y principios de nuestra identidad nacional e idiosincrasia latinoamericana y caribeña, resaltando el carácter pluricultural y multiétnico de nuestro pueblo.11. Garantizar una política internacional soberana e independiente, dirigida a fortalecer un mundo pluripolar e impulsar la integración regional, bajo los valores de cooperación, solidaridad y complementariedad entre los pueblos, conforme a los lineamientos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), y el objetivo estratégico de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR).12. Cualquier otro que sea asignado por el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto.Artículo 6º—Conformación de la Comisión Central de Planificación. La Comisión Central de Planificación estará integrada por:1. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, quien la presidirá y coordinará.2. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de planificación, quien actuará de Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva.3. Los Vicepresidentes o Vicepresidentas Sectoriales del Consejo de Ministros y demás Ministros o Ministras del Poder Popular designados o designadas por el Presidente o Presidenta de la República.4. Los demás ciudadanos o ciudadanas que sean designados o designadas por el Presidente o Presidenta de la República.Artículo 7º—Convocatoria y decisiones de la Comisión Central de Planificación. La convocatoria a las reuniones de la Comisión Central de Planificación será realizada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República.Los lineamientos estratégicos, políticas y planes nacionales, regionales, sectoriales e internacionales deberán ser sometidos a la aprobación del Presidente o Presidenta de la República, a través del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, conjuntamente con la Secretaria Ejecutiva.Artículo 8º—Aprobación y publicación de lineamientos en planificación. Los lineamientos estratégicos, políticas y planes nacionales, regionales, sectoriales e internacionales, una vez aprobados por el Presidente o Presidenta de la República, serán de obligatorio cumplimiento y podrán ser dictados mediante decreto aprobado en Consejo de Ministros y Ministras, para su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.Artículo 9º—De la obligatoriedad en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos, políticas y planes. Los ministerios, servicios autónomos, institutos autónomos, empresas, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles del Estado y demás entes adscritos descentralizados, se regirán en sus actuaciones por los lineamientos estratégicos, políticas y planes aprobados conforme a la planificación centralizada.Los Ministros y Ministras, en ejercicio de sus funciones de coordinación, supervisión y control, conforme a la legislación vigente, harán cumplir dichos lineamientos, políticas y planes por los órganos desconcentrados y entes descentralizados funcionalmente que les estén adscritos, haciendo seguimiento y evaluando el impacto de los mismos.Artículo 10.—De las instancias de apoyo técnico. La Comisión Central de Planificación para el cumplimiento de sus funciones se apoyará en instancias ya establecidas en los órganos y entes de la Administración Pública.Artículo 11.—Obligación de informar. Todos los órganos y entes del Estado, así como las personas naturales o jurídicas de derecho privado, deberán suministrar la información y documentación que sea requerida por la Comisión Central de Planificación.La información suministrada de conformidad con este artículo tendrá carácter confidencial, cuando así sea requerida por la parte interesada o cuando así lo determine la Comisión Central de Planificación, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución de la República y las leyes.Artículo 12.—Funciones de auditoría e inspección. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión Central de Planificación tendrá las más amplias facultades de auditoría e inspección, las cuales ejercerá de conformidad con las previsiones legales, pudiendo apoyarse en los organismos especializados competentes, que deberán prestar la colaboración requerida. El ejercicio de estas funciones de auditoría e inspección se realizará sin perjuicio de las normas que rigen la actividad de los órganos que integran el Sistema Nacional de Comercio Fiscal.Artículo 13.—Sanción. Cualquier persona natural o jurídica del sector privado que se niegue a suministrar información que sea requerida por la Comisión Central de Planificación, será sancionada con multa que oscilará entre cien unidades tributarias (100 U.T.) y quinientas unidades tributarias (500 U.T.), la cual será impuesta por el Contralor o Contralora General de la República a solicitud de la Comisión Central de Planificación, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas estarán sometidos a las sanciones previstas en las leyes que regulan sus actuaciones.Luego de impuesta la sanción, de persistir la negativa en el suministro de la información, a las personas infractoras se les impondrá una nueva sanción con la mayor cuantía prevista en el presente artículo, y estarán sujetas a las inspecciones que ordene la Comisión Central de Planificación para obtener la información requerida, pudiendo valerse de la fuerza pública para el cumplimiento de tal fin.Artículo 14.—De la obligatoriedad y aplicación prevalente. Las normas y principios relativos a la planificación, organización, control y supervisión de la Administración Pública contenidas en la presente Ley, son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y entes de la Administración Pública y serán aplicadas de manera prevalente en el ordenamiento jurídico vigente.Todo acto de rango legal o sublegal deberá ser dictado con observancia de los principios aquí establecidos.DISPOSICIONES TRANSITORIASPrimera.—A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Comisión Central de Planificación impulsará y pondrá en marcha un proceso intenso de revisión de los planes, presupuestos y estrategias de todas las empresas del Estado, a fin de reorientar su dirección y gerencia, sus modos de producción y de gestión, hacia el nuevo modelo de desarrollo económico y social.Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, la Comisión Central de Planificación debe haber concluido el proceso de revisión que corresponda a las empresas del Estado.Segunda.—Los gastos de la Comisión Central de Planificación estarán a cargo de la Vicepresidencia de la República, de conformidad con las previsiones y créditos presupuestarios correspondientes, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico que rige la materia.DISPOSICIÓN FINALÚnica.—La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los quince del mes de abril de dos mil diez. Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación.Promulgación de la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil diez. Años 200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
Publican en G.O N° 39.480 de fecha 04/08/2010 Régimen de Administración de Contingentes Arancelarios para determinados productos de uruguay
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELANúmero 39.480Caracas, miércoles 04 de agosto de 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULARPARA LA ALIMENTACIÓNResolución DM/Nº 024-10MINISTERIO DEL PODER POPULARDE PLANIFICACIÓN Y FINANZASResolución DM/Nº 2.721MINISTERIO DEL PODER POPULARPARA EL COMERCIOResolución DM S/NMINISTERIO DEL PODER POPULARPARA LA AGRICULTURA Y TIERRASResolución DM S/NMINISTERIO DEL PODER POPULARPARA LA SALUDResolución DM S/NCaracas, 03 de agosto de 2010200º y 151ºResolución Conjunta:Por cuanto se requiere continuar garantizando el acceso al mercado, de conformidad con los compromisos asumidos por la República Bolivariana de Venezuela en la Organización Mundial del Comercio, de manera equilibrada con la producción nacional, a fin de asegurar el abastecimiento de productos lácteos, cereales y oleaginosas en el mercado nacional, tanto a la agroindustria como al Consumidor a niveles de precios equitativos.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 18, 60 y numeral 1 del artículo 77 del Decreto Nº 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, conjuntamente con el numeral 1 del artículo 11; el numeral 1 del artículo 14; el numeral 10 del artículo 17 y numerales 1, 2, 3, 7 y 14 del artículo 26 del Decreto Nº 6.732 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo establecido en numeral 29 del artículo 2 del Decreto 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 4 del Decreto Nº 5.879, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, aunado al artículo 18, literales "k" y "n" de la Ley de Mercadeo Agrícola, concatenado con los artículos 1, 2, 3 y 5 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, y el artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, anexo del Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, y con la lista LXXXVI de Venezuela Sección I-B sobre Agricultura, negociada en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT DE 1994), adoptado mediante Resolución Conjunta Nº 288 y Nº 629 de fecha 2 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.411 Extraordinario de fecha 10 de diciembre de 1999, emanada de los Ministerios de Finanzas y de Industria y Comercio, respectivamente, modificada parcialmente a través de la Resolución Conjunta Nº 741 y Nº 202 de fecha 26 de febrero de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.183 de fecha 24 de abril de 2001, emanada de los Ministerios de Finanzas y de la Producción y el Comercio; estos Despachos,Resuelven:Artículo 1º—Se establece el Régimen de Administración de Contingentes Arancelarios para los productos contenidos en la Lista LXXXVI - Sección I-B, resultantes de las negociaciones sobre la Agricultura en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, indicados a continuación:Posición Arancelaria Descripción del Producto Cuantía del Contingente TM Tipo Arancelario Aplicado %04.01 Leche y nata (Crema sin concentrar) 18.342 400402.10 Leche en Polvo inferior o igual al 1,5% de grasa en peso. 145 400402.21 Leche concentrada, en polvo o gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 76.037 4004.06 Quesos 3.686 401005.90.11 Maíz Amarillo 583.459 201007.00.90 Sorgo 1.114.290 4012.01 Habas de Soya 168.963 4012.07 Nuez y Almendra de Palma 4.619 4015.07 Aceite de Soya 130.040 4015.10 Los demás aceites 55 4015.11 Aceite de Palma 224 4015.12 Aceite de Girasol o Cártamo 151.612 4015.13 Aceite de Coco (Copra) 536 4015.15 Las demás grasas y aceites vegetales. 1.795 3015.18 Grasas y aceites animales y vegetales 84.326 4023.04 Torta de Soya 696.880 40Artículo 2º—A las importaciones contempladas dentro del contingente, se aplicará el arancel conforme a lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 del Arancel de Aduanas promulgado mediante el Decreto Nº 3.679 de fecha 30 de mayo de 2005, siempre que no resulte superior al nivel del tipo arancelario aplicado en el marco de la cuantía del contingente, señalado en el artículo anterior.Artículo 3º—Los Contingentes serán distribuidos mediante Licencia de Importación entre las empresas concurrentes que garanticen la importación y distribución del producto en el mercado nacional, asegurando en todo caso la participación en el contingente de las empresas que incursionen por primera vez en la actividad importadora.En los casos de Pymes, Cooperativas, Empresas de Producción Social (EPS) y otras formas asociativas, el Estado facilitará mecanismos e instrumentos para viabilizar sus operaciones de importación.Artículo 4º—Para garantizar una gestión transparente relacionada con los Contingentes Arancelarios, los Ministerios del Poder Popular de Planificación y Finanzas, para el Comercio; para la Agricultura y Tierras, para la Salud y para la Alimentación, establecerán los mecanismos que consideren necesarios con el objeto de administrar el mismo. Estos Ministerios convocarán a otros organismos cuando así lo consideren conveniente.Artículo 5º—Los Ministerios coordinadamente deberán aplicar los mecanismos necesarios para el otorgamiento de las Licencias de Importación con base en los criterios de participación, transparencia y equidad, en un plazo no mayor de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de publicación de esta Resolución.Artículo 6º—El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, considerando las opiniones de las Juntas Nacionales de los rubros sujetos a Contingentes Arancelarios, presentará trimestralmente sus estimaciones de producción nacional de los mismos, a los efectos de armonizar con las políticas de administración de Contingente Arancelario.Artículo 7º—Para los efectos de asignación del Contingente Arancelario, los interesados deberán registrarse ante la Dirección General de Mercadeo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, consignando el formato de inscripción con la información requerida acompañada de los siguientes recaudos:1. Copia del Documento Constitutivo debidamente registrado (información actualizada);2. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) y Número de Identificación Tributaria (NIT);3. Copia de la Licencia de Industria, Comercio, Servicio o de índole similar (Patente de Industria y Comercio);4. Copia del Registro Sanitario del producto o productos bajo la marca comercial que el solicitante prevé colocar en el mercado nacional, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, cuando corresponda;5. Copia del Registro Sanitario, con indicación de la marca comercial, correspondiente al producto a ser elaborado, bajo la Licencia de Importación solicitada, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, cuando corresponda;6. Declaración del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios fiscales;7. Declaración jurada de las importaciones realizadas durante los últimos tres (3) años, indicando volumen, valor e identificando en cada producto su Código Arancelario al mayor nivel de desagregación;8. Descripción de los productos a ser elaborados con la materia prima a importar, según el formato Nº 1, establecido como requisito para la solicitud de Licencia de Importación, debidamente notariado.Artículo 8º—Los interesados deberán consignar ante la Dirección General de Mercadeo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el formato de solicitud de Licencia de Importación, con toda la información requerida. La recepción de la solicitud o solicitudes no implica su procesamiento, los requisitos omitidos deberán ser completados para su posterior tramitación.Para el momento del otorgamiento de la licencia, los interesados deberán consignar timbre fiscal equivalente a quince Unidades Tributarias (15 U.T.), de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 10, de la Ley de Timbre Fiscal, en concordancia con el artículo 229 del Código Orgánico Tributario. Este requisito será exigido para cada Licencia, al momento de su retiro.Artículo 9º—La Dirección General de Mercadeo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación contará con un plazo no superior a treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de su recepción para dar respuesta a solicitud de la Licencia de Importación correspondiente.Artículo 10.—Las Licencias de importación, tendrán una vigencia desde seis (06) meses hasta un (01) año, no sujeto a prórroga, y serán válidas por un puerto principal y un puerto alterno nacional. Las mismas no podrán ser transferidas a terceros y deberán ser utilizadas exclusivamente para los fines que fueron concebidas. El consignatario deberá ser el destinatario real de la mercancía. Igualmente, el volumen declarado ante la Aduana no deberá ser superior al valor del volumen autorizado en la Licencia de Importación.Artículo 11.—Como paso previo para una nueva solicitud de Licencia de Importación para un mismo rubro, las empresas beneficiarias del Régimen de Contingencia, deberán notificar por escrito a la Dirección General de Mercadeo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el destino de los insumos adquiridos bajo el Régimen de la última licencia otorgada, el volumen declarado en la aduana y las divisas autorizadas para ejecutar dicha importación. Todo ello, según formato Nº 2, establecido por este organismo para tal fin. Asimismo, el escrito deberá estar acompañado de los respectivos soportes probatorios de nacionalización del producto.Artículo 12.—Una vez agotado el contingente, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, emitirá Licencias Automáticas de Importación.Artículo 13.—Si el interesado no realiza la importación durante el lapso de vigencia de la Licencia, deberá devolver la misma al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a su vencimiento. En ningún caso se otorgará renovación de Licencias de Importación.Artículo 14.—El mecanismo de Administración de Contingente que se establece mediante la presente Resolución, tendrá vigencia de un (01) año, contado a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.Artículo 15.—Se deroga la Resolución Conjunta dictada por los Ministerios para Economía y Finanzas DM/Nº, para el Comercio DM/Nº 104, para la Agricultura y Tierras DM/Nº 0060/2009, para la Salud DM/Nº 199 y para la Alimentación DM/Nº 042-09, de fecha 22 de julio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.236 de fecha 06 de agosto de 2009.Artículo 16.—La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Publican en G.O N° 5.991 del 29/07/2010 reforma Ley de Tierras
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELANúmero 5.991 ExtraordinarioCaracas, jueves 29 de julio de 2010LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELADecreta:la siguiente,LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIOPrimero.—Se modifica el artículo 1, en la forma siguiente:Artículo 1º—La presente Ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.Segundo.—Se modifica el artículo 2, en la forma siguiente:Artículo 2º—Con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, a los efectos de la presente Ley, queda afectado el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación de uso agrícola. Dicha afectación queda sujeta al siguiente régimen:1. Tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras (INTI): Serán sometidas a un promedio de ocupación y al estudio, atendiendo a un conjunto de factores determinantes tales como:a. Plan Nacional de Producción Agroalimentaria.b. Capacidad de trabajo del usuario.c. Densidad de población local apta para el trabajo agrario.d. Condiciones agrológicas de la tierra.e. Rubros preferenciales de producción.f. Extensión general de tierras existentes en la zona sujeta al promedio de ocupación.g. Áreas de reserva y protección de recursos naturales necesarias en la zona.h. Condiciones de infraestructura existente.i. Riesgos previsibles en la zona.j. Los demás parámetros técnicos para el establecimiento del promedio de ocupación que se desarrollen en el Reglamento de la presente Ley y en otros instrumentos normativos.2. Tierras propiedad de la República: Quedan sujetas al mismo régimen establecido para las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI).3. Tierras baldías: Serán objeto de planes especiales de desarrollo socioeconómico dentro de un esquema efectivo de producción, garantizando la biodiversidad de los recursos existentes.4. Tierras baldías en jurisdicción de los estados y municipios: Su administración por parte de los entes correspondientes, queda sometida al régimen de la presente Ley.Corresponde a los estados y municipios el establecimiento de la seguridad agroalimentaria de su respectiva jurisdicción en coordinación con los planes nacionales.A los efectos de planificar el uso de las tierras cuya administración les corresponda, se tomará como base las necesidades agroalimentarias de los centros urbanos cercanos, considerando su población actual y la necesidad progresiva de sustento de las generaciones futuras. En la elaboración de dichos planes, los estados y los municipios asegurarán la producción básica de los rubros alimenticios fundamentales.En caso de que las tierras rurales de un estado o municipio, por razones agrológicas, carezcan de condiciones para producir los rubros básicos para la seguridad agroalimentaria de las poblaciones que se hallen bajo su jurisdicción, se establecerá un acuerdo de intercambio y distribución con otros municipios o estados, por medio de sus órganos competentes.Cuando los estados o municipios incumplan con el mandato previsto en este artículo, el Ejecutivo Nacional asumirá su cumplimiento.5. Tierras privadas: Quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional.Tercero.—Se modifica el artículo 4, en la forma siguiente:Artículo 4º—Las organizaciones colectivas económicas para la producción agrícola se establecerán teniendo como base los principios de mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema colectivo, cooperativo, comunitario, consejos de campesinos y campesinas, consejos comunales y cualquier otro tipo de organización colectiva. En tal sentido, se estructurará el fundo colectivo mediante la organización y destinación de bienes productivos, la organización de personas para el trabajo colectivo y el desarrollo del poder autogestionario de los mismos.Cuarto.—Se modifica el artículo 5, en la forma siguiente:Artículo 5º—Las actividades agrarias de mecanización, recolección, transporte, transformación, distribución e intercambio de productos agrícolas, se establecerán en forma autogestionaria y cogestionaria a través de consejos comunales, consejos de campesinos y campesinas, organizaciones cooperativas, comunas y cualquier otro tipo de organización colectiva.Quinto.—Se modifica el artículo 7, en la forma siguiente:Artículo 7º—A los efectos de la presente Ley, se entiende por latifundio toda aquella extensión de tierras que supere el promedio de ocupación de la región o no alcance un rendimiento idóneo del ochenta por ciento (80%). El rendimiento idóneo responderá a la vocación de uso agrícola de la tierra y su capacidad de uso agroproductivo, de acuerdo a planes y políticas del Ejecutivo Nacional, en el marco de un régimen que favorezca el bien común y a la función social.Asimismo, a los efectos de la presente Ley, se entiende por tercerización toda forma de aprovechamiento de la tierra con vocación de uso agrícola mediante el otorgamiento a un tercero del derecho de usufructo sobre ésta o el mandato de trabajarla, bien sea a través de la constitución de sociedades, arrendamientos, comodatos, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo o, en general, cualquier forma o negocio jurídico, oneroso o no, con los cuales el que se atribuye la propiedad de la tierra efectúa su aprovechamiento con la intermediación de un tercero, o lo delega en él.No están comprendidos dentro de la definición establecida en el aparte anterior los contratos celebrados con el objeto de realizar obras de infraestructura, mecanización de suelos, nivelación, riego, extracción, fumigación y cualquier otra actividad que sólo pretenda incorporar, reparar o mejorar las condiciones de agrosoporte productivo de las tierras.El latifundio, así como la tercerización, son mecanismos contrarios a los valores y principios del desarrollo agrario nacional y, por tanto, contrarios al espíritu, propósito y razón de la presente Ley.Sexto.—Se modifica el artículo 8, en la forma siguiente:Artículo 8º—Se garantiza al sector campesino su incorporación al proceso productivo a través del establecimiento de condiciones adecuadas para la producción. En tal sentido, se promueve la estructuración de los fundos mediante la adjudicación de las tierras y la destinación de bienes inmuebles, muebles, incluidos los semovientes, al fin productivo de las mismas.La unidad de producción constituida de acuerdo con los términos de esta Ley será indivisible e inembargable; podrá ser mejorada mediante la incorporación de nuevas técnicas, condiciones de producción, transformación, distribución, comercialización e intercambio de los productos agrícolas.Séptimo.—Se modifica el artículo 10, en la forma siguiente:Artículo 10.—A fin de estimular el desarrollo local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de esta Ley, los municipios coordinarán con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras y los entes ejecutores de la ley, programas de incentivos a la producción y aseguramiento de la distribución e intercambio de productos agrícolas.Octavo.—Se modifica el artículo 12, en la forma siguiente:Artículo 12.—Se reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona apta para el trabajo agrícola, en los casos y formas establecidos en esta Ley.Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) con vocación de uso agrícola, pueden ser objeto de adjudicación, a través de la cual se otorga al campesino o campesina el derecho de propiedad agraria. En ejercicio de ese derecho, el campesino o campesina podrá usar, gozar y percibir los frutos de la tierra. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación alguna.Noveno.—Se modifica el artículo 13, en la forma siguiente:Artículo 13.—Son sujetos beneficiarios del régimen establecido en esta Ley, todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural, especialmente para la producción agrícola y el desarrollo agrario, como oficio u ocupación principal.La adjudicación de tierras, la garantía de permanencia, el rescate de tierras y la expropiación agraria contenidas en la presente Ley, deben procurar preferentemente el beneficio de los campesinos y campesinas que tengan la voluntad y la disposición para la producción agrícola en armonía con los planes y programas agrarios del Ejecutivo Nacional, en atención a la función social de la tierra con vocación de uso agrícola y al principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja.Décimo.—Se modifica el artículo 14, en la forma siguiente:Artículo 14.—Son sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación de tierras, las ciudadanas venezolanas que sean jefa de familia que se comprometan a trabajar la tierra para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de su comunidad y de la Nación. A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola se les garantizará subsidio especial alimentario pre y postnatal por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER).Son también sujetos preferenciales de adjudicación de tierras, los campesinos y campesinas, venezolanos y venezolanas que hubieren permanecido por un período ininterrumpido superior a tres años trabajando tierras privadas, bajo alguna forma de tercerización, cuando éstas fueren expropiadas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.Igualmente, son sujetos preferenciales de adjudicación de tierras aquellos campesinos y campesinas, venezolanos y venezolanas que sean ocupantes históricos de las tierras que trabajan en condiciones de ocupación precaria.Décimo Primero.—Se modifica el artículo 17, en la forma siguiente:Artículo 17.—Dentro del régimen del uso de tierras con vocación para la producción agrícola que permita alcanzar la soberanía alimentaria, se garantiza:1. La permanencia de los grupos de población asentados en las tierras que han venido ocupando.2. La permanencia de los pequeños y medianos productores agrarios en las tierras que han venido ocupando de forma pacífica e ininterrumpida superior a tres años.3. La permanencia de los grupos organizados para el uso colectivo de la tierra, así como los sistemas colectivos, cooperativos, comunitarios, consejos de campesinos y campesinas, consejos comunales y cualquier otro tipo de organización colectiva en las tierras ocupadas con fines de uso agrícola.4. La permanencia de los campesinos y campesinas en las tierras privadas que trabajan, aun cuando no sean de su propiedad; si dicho trabajo es realizado con ocasión de la constitución de sociedades, contratos de mandato, arrendamiento, comodato, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo o, en general, cualesquiera formas o negocios jurídicos efectuados con quien se atribuya la propiedad de las tierras, por un período mínimo ininterrumpido de tres años.5. A todos los campesinos y campesinas, el derecho fundamental a generar su bienestar; y en tal sentido no podrán ser desalojados de ninguna tierra que ocupen con fines de obtener una adjudicación o garantía de permanencia sin que se cumpla previamente con el debido proceso administrativo por ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI).6. A los pescadores y pescadoras artesanales y acuicultores y acuicultoras el goce de los beneficios establecidos en esta Ley.7. La protección de la cultura, el folklore, la artesanía, las técnicas ancestrales de cultivo, las costumbres, usos y tradición oral campesinos, así como la biodiversidad del hábitat.8. De manera preferente a los ciudadanos nacidos y ciudadanas nacidas y residentes en zonas rurales, con una edad comprendida entre dieciocho y veinticinco años, el acceso a una parcela productiva agraria, o a un fundo estructurado para asegurar la sustentabilidad del desarrollo agrario.PARÁGRAFO PRIMERO.—La garantía de permanencia otorgada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), es de carácter estrictamente personal, y las tierras agrícolas en ella comprendidas sólo podrán ser aprovechadas por el titular del acto que al efecto fuere dictado, o sus familiares directos, salvo autorización expresa del mencionado Instituto.PARÁGRAFO SEGUNDO.—La garantía de permanencia puede declararse sobre las tierras determinadas en el artículo 2 de la presente Ley, y deberá ser declarada mediante acto dictado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI). El acto que declare, niegue o revoque la garantía de permanencia agota la vía administrativa; contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro de los treinta días continuos siguientes por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación de las tierras ocupadas.PARÁGRAFO TERCERO.—En cualquier estado y grado del proceso judicial de que se trate, puede consignarse el acto dictado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), que dé inicio al procedimiento para la declaratoria de la garantía de permanencia, o el acto definitivo que la declara, debiendo el juez o jueza de la causa abstenerse de practicar cualquier medida de desalojo en contra de los sujetos beneficiarios de dicha garantía.PARÁGRAFO CUARTO.—El acto que niegue o declare la garantía de permanencia basado en falsos supuestos de hecho será sometido a la revisión correspondiente por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), pudiendo éste ratificar, revocar o corregir dicho acto. La petición de desalojo por la parte interesada deberá llevarse a cabo por ante el órgano jurisdiccional competente.PARÁGRAFO QUINTO.—A los efectos de la aplicación del numeral cuarto del presente artículo, quien invoque el beneficio en él establecido, deberá demostrar fehacientemente ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), que ha permanecido por un período ininterrumpido superior a los tres años, ejerciendo la actividad agrícola en las tierras privadas sobre las cuales pretende se le otorgue la garantía de permanencia, independientemente de que exista o no una contraprestación como resultado de su relación, contrato o negocio jurídico con el legítimo propietario.Una vez otorgada la garantía de permanencia a favor del solicitante, con fundamento en dicho numeral cuarto, cesarán los efectos de las sociedades, contratos o negocios jurídicos celebrados con el legítimo propietario de la tierra privada, el cual perderá todo derecho a los frutos, utilidades o beneficios del trabajo de dicha tierra por parte del beneficiario de la garantía de permanencia.

References: artículo 280
 artículo 273
 artículo 29
 artículo 280
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 213
 artículo 3
 artículo 213
 artículo 77
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 4
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 artículo 10
 artículo 229
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 artículo 7
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 artículo 2
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 artículo 13
 artículo 14
 artículo 17
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