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Timestamp: 2019-05-25 21:26:15+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-10-27Regresar
La etapa de concertación estará más agitada este año que de costumbre. La inflación cercana a 5 por ciento con la que podría cerrar el 2015, les da argumentos a los trabajadores e inquieta a los empresarios.
Si, año tras año, la mesa de concertación en la que se define el incremento del salario mínimo es un escenario de fuertes tensiones, en esta ocasión será peor. (Vea el gráfico: Salario mínimo: ¿por qué subirlo mucho o poco?).
Los negociadores tienen frente a sí la expectativa de una inflación alta, la cual podría cerrar el año en lo que el centro de pensamiento Anif llama “el peligroso rango 5,5-6,0 %”. En consecuencia, el alza del sueldo básico en el país, en el 2016, tendería a acercarse al impensable 7 por ciento que ni siquiera pudieron lograr las centrales obreras el año pasado, cuando pidieron un aumento del 9,5 por ciento.
La mesa de concertación es un triángulo, integrado por Gobierno, empresarios y los sindicatos, cada uno de los cuales tiene sus seguidores, los cuales ayudan a construir el debate para que, desde el 7 de diciembre, arranque en firme la negociación que concluirá en la fijación d el salario mínimo del próximo año.
Dicho debate empezó ya, como de costumbre, polarizado entre argumentos de los empleadores, que este año jugarán con la carta de la desaceleración económica, y los de los trabajadores, cuya realidad cotidiana es la pérdida de poder adquisitivo, debido al incremento en precios de la canasta familiar, por la inflación.
( 2015-10-27) Consultar
Fuente: urnadecristal.gov.co
Certificado electoral te da derecho a medio día de descanso remunerado.
El Decreto 2559 de 1997 consagra el Certificado Electoral como un instrumento público que contiene la declaración del Presidente de la mesa de votación, del Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil del lugar donde se haya inscrito la cédula de ciudadanía, y expresa que el ciudadano cumplió con el deber de votar en las elecciones correspondientes. Con el certificado electoral se obtienen importantes beneficios.
Quizá el beneficio más importante y llamativo para los ciudadanos es que por votar tienes derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado. El beneficio está contemplado en la ley 403 de 1997, en el artículo 3°. Esto debes concertarlo con tu jefe directo hasta 30 días después de la elección.
Por cada elección se entrega un certificado electoral, es decir que por cada elección que se vote hay medio día compensatorio obligatorio.
¿Qué hacer con los empleadores que no cumplen con el beneficio?
Recuerda que debes concertar con tu jefe directo la fecha en la que vas a tomar el beneficio. Debes hacerlo hasta 30 días después de la elección, es decir que si votaste el 25 de octubre tienes hasta el 25 de noviembre para concertar este beneficio.
Una consulta elevada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) motivó la aclaración sobre algunas inquietudes que, comúnmente, surgen en los contribuyentes del impuesto a la riqueza y su complementario de normalización tributaria.
De esta manera, la entidad aclaró lo siguiente:
1. Los avalúos de sus bienes y derechos que deberá tener en cuenta el contribuyente para saber si incurrió en el hecho generador del impuesto a la riqueza serán relativos a 2015 y no los que se encontraban a 31 de diciembre del 2014.
2. El impuesto a la riqueza no deroga la renta presuntiva, en lo atinente al impuesto sobre la renta y complementarios. A su juicio, es importante tener en cuenta que se trata de dos impuestos totalmente diferentes, con supuestos distintos.
3.El impuesto a la riqueza y su complementario de normalización tributaria debe cancelarse en dos cuotas iguales en las fechas establecidas para el respecto en el artículo 38-1 del Estatuto Tributario.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto 24973, ago. 27/15
Desde abril de 2015 los colombianos ya pueden afiliarse a este sistema que les permite a las personas que por condiciones extremas o de su condición no alcancen los requisitos para pensionarse. Conozca cómo.
Desde abril de 2015 los colombianos podrán acceder a estas ayudas, que son un mecanismo de ahorro para la vejez, denominado BEPs. Forma parte del Sistema de Protección Social e independiente del Sistema de Pensiones, consistente en la formación de un ahorro a largo plazo para lo cual podrán usarse incentivos puntuales y aleatorios que estimulen a las personas a ingresar y permanecer ahorrando.
Son un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez, dirigido a personas de escasos recursos que deseen vincularse, para comenzar a ahorrar y construir un capital que les asegure un ingreso periódico a partir del momento en que se cumpla la edad de pensión y durante el resto de su vida.
Los BEPS son un programa que hace parte del nuevo modelo de protección para la vejez que viene impulsando el Gobierno Nacional y que favorecerá aproximadamente a 7 millones de colombianos independientes, de bajos recursos que hoy no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión, o que habiendo cotizado, cumplieron la edad y no lograron obtenerla.
Tratándose de las actuaciones de la Junta Central de Contadores, tiene gran importancia el deber de actualización de datos previsto en la Resolución 13 de 2014, puesto que, en cumplimiento de ese deber, los contadores y las firmas de contadores inscritos deben reportar sus direcciones postales y electrónicas, datos cruciales para la realización de notificaciones.
Uno de los grandes avances del Derecho Procesal consiste en haber consagrado la publicidad de los procesos respecto de las partes que intervienen en él. Además del acceso al expediente, la publicidad también tiene que ver con la participación en las distintas diligencias procesales, garantía de especial importancia cuando se trata de la práctica de pruebas.
Por lo general la primera y la última notificación deben hacerse en forma personal. Una vez las partes están vinculadas al proceso lo común es la notificación en estrados o por estado.
Fuente: comunidadcontable.com
Iniciar un negocio o empresa propia, en sí mismo, es todo un reto. No sólo por la misma inversión que se debe hacer con el fin de empezar a crear los procesos de producción o de prestación de servicios necesarios, sino también porque implica llevar una contabilidad que, aunque sencilla y pequeña, puede verse un poco complicada.
Dentro de esa contabilidad, el tema de los salarios es también muy importante. Ya sea porque la persona trabaje sola, porque se haya asociado con alguien más o porque ya cuenta con un empleado o dos.
Según Rodrigo Zárate, Director del Doctorado en Gestión de la Universidad EAN, “los salarios son parte integral de todo emprendimiento y no son ni más ni menos importantes que cualquier otro egreso que tenga el emprendimiento, por lo tanto, el emprendedor debe considerar los salarios desde el momento mismo en que estructura su emprendimiento”.
Lo que sucede es que pensar en un negocio o empresa propia implica de establecer una proyección económica que, aunque al inicio puede ser complicada de concebir para obtener ganancias, es necesaria: “la iniciativa de emprendimiento debe incluir una planeación financiera que permita germinar y hacer crecer esta idea y esto se logra a través de recursos físicos, tecnológicos y humanos”, afirma Marcela Castillo, Business Manager Adecco Profesional.
Durante mucho tiempo primó la tesis según la cual la profesión contable solamente podía ser ejercida por personales naturales. Ésta escondía el propósito sempiterno de los nacionalistas de obstaculizar el funcionamiento de las firmas.
La realidad se impuso. Es evidente que las organizaciones de profesionales son una forma de prestar colectivamente los servicios contables, como lo reconocen muchísimas legislaciones en el mundo. Sin embargo, la ley colombiana no siempre ha regulado con claridad el tratamiento de ellas desde el punto de vista disciplinario.
La Ley 43 de 1990 establece expresamente que la Junta Central de Contadores vigilará las sociedades de contadores públicos. Algunos alegaron que tal vigilancia solo podía ser ejercida por la Superintendencia de Sociedades. La jurisprudencia aclaró que una cosa es la vigilancia profesional y otra la que corresponde a la citada superintendencia.
Aunque la ley no determinó la necesidad de obtener un permiso de funcionamiento y los casos en los cuales éste se podría suspender, en el parágrafo 1 del artículo 26 se refirió a la cancelación de tal permiso. Mediante el Decreto 1510 de 1998 se aclaró que:
“ART. 4º—En acatamiento de lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 43 de 1990, y sin perjuicio de la aplicación de sanciones de competencia de otros organismos, la junta central de contadores podrá imponer sanciones de amonestación, multa, suspensión de la inscripción y cancelación de la inscripción a las sociedades de contadores públicos y demás personas jurídicas sometidas a su inspección y vigilancia.”
Así se despejó la equivocada alusión al permiso de funcionamiento y, por otra parte, se subrayó que también corresponde a la Junta la vigilancia de las personas que prestan servicios contables aunque no sean sociedades de contadores públicos.
Mientras la Junta se ocupe específicamente de las conductas de que tratan los artículos 659 a 660, mencionados, puede estar totalmente tranquila aplicando la “prescripción” del artículo 638.
En Contrapartida 721 fijamos nuestra posición política frente a la ya excesivamente larga controversia sobre la caducidad de la facultad sancionatoria de la Junta Central de Contadores.
Algunos abogados han sostenido que dicha caducidad siempre se rige por las normas administrativas y nunca por las normas tributarias, alegando que éstas no son aplicables cuando se trata de procesos disciplinarios. Están equivocados.
En primer lugar dígase que la naturaleza de una norma no depende del cuerpo al cual pertenece (por ejemplo, código, estatuto, ley, decreto) sino del asunto que regula. Por lo tanto debe advertirse que hay normas disciplinarias en otras normas distintas de la Ley 43 de 1990.
Mediante la Ley 6 de 1992 se trasladó la competencia para sancionar ciertas conductas de la DIAN a la Junta Central de Contadores y, al mismo tiempo, se decidió que desde entonces un representante de la autoridad fiscal formara parte de la autoridad disciplinaria (artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario). Simultáneamente se decidió que, respecto de estas conductas trasladas, la “prescripción” sería de cinco años (artículo 638 del mismo estatuto).
AJUSTES POR INFLACION - implican un mayor valor real de los activos. Debe probarse el efecto inflacionario sobre los activos.
Según el artículo 236 del E.T., cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas.
En seguida establece el artículo 237 del mismo estatuto que, para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. Luego la norma señala que, de esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable.
Adicionalmente, que en lo concerniente al patrimonio, se harán previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales. Sobre el reconocimiento de ajustes por inflación para efectos del cálculo de la renta a través del sistema de comparación patrimonial, esta Sala ha señalado que estos ajustes implican un mayor valor real de los activos por efectos de la inflación y a su vez, un ingreso por el mismo concepto, por ello, no se consideran "nominales" ni están comprendidos dentro del ajuste al patrimonio que se realiza previamente a la determinación la renta por comparación patrimonial, a que se refiere el inciso segundo del artículo 237 del E. T..
La Sala también consideró en la providencia citada, que como el ajuste por inflación implica un ingreso que debe reflejarse en la declaración de renta, no es procedente restarlo automáticamente, para realizar el ajuste al patrimonio de que trata el artículo 237 del E.T., como sí ocurre con los "ajustes nominales".
RENTA GRAVABLE - No es procedente que se lleve a un renglón de ingresos.
La Sala considera que no es acertada la afirmación de la parte actora, pues, de conformidad con el artículo 236 del E.T., la renta por comparación patrimonial es una renta gravable, es decir, una renta sobre la que se ha practicado la totalidad de las disminuciones que permite la legislación tributaria [artículo 26 E.T].
El renglón de "otros ingresos" por su parte, refleja, como su nombre lo indica, flujos de ingresos que se tienen en cuenta para el cálculo de la renta bruta, esto es, la renta previa a la disminución de las deducciones; de tal manera que sería incorrecto llevar una renta gravable a un renglón de ingresos.
Sobre la suficiencia probatoria de los certificados expedidos por revisores fiscales y contadores públicos, esta corporación ha dicho que, conforme con el artículo 777 del E.T., cuando se trata de presentar a la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes.
Que ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad. Además, deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - No se vulnera porque la administración reconozca algunos argumentos de la defensa expuestos en la contestación al requerimiento especial.
La Sala recuerda que falta de motivación se denomina técnicamente: expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada, y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse.
Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo. Para decidir si la liquidación oficial demandada fue debidamente motivada, la Sala considera que, en los términos del artículo 712 del E.T., la liquidación oficial de revisión debe contener entre otros elementos, una explicación sumaria de las modificaciones efectuadas a la liquidación privada.
Esta exigencia constituye una garantía a favor del contribuyente, como mecanismo de salvaguarda de sus derechos de defensa y al debido proceso. Sobre la motivación de los actos administrativos a través de los cuales se determinen obligaciones tributarias, esta Sala ha señalado que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente.
AMPLIACION DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Finalidad. Improcedencia cuando no se incluyen hechos nuevos.
Para resolver el cargo propuesto, la Sala considera que el artículo 711 del E. T. funge como una limitante al contenido de la liquidación oficial de revisión. Tal disposición exige que se guarde identidad entre el requerimiento especial, su ampliación si la hubiere y la liquidación oficial de revisión.
Esta limitante, como forma concreta de la garantía del derecho al debido proceso, constituye lo que la jurisprudencia de esta corporación ha definido como el principio de identidad. Sobre el particular, la Sala ha señalado que según el artículo 703 del E.T., para expedir la liquidación oficial de revisión es necesario que la Administración, previamente, envíe un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con las explicaciones de las razones en que se sustenta; es decir, se trata de una actuación imprescindible para la determinación oficial del impuesto y se erige, junto con la declaración y la ampliación al requerimiento, en el marco dentro del cual la administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente.
Por ello, el artículo 711 ibídem establece que el acto liquidatorio debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación.
FALSA MOTIVACION - No se presenta cuando el acto plasma las razones de la administración.
Para no incurrir en la "falta de motivación", la administración está obligada a expresar los motivos que fundamentan sus decisiones, y a establecer correspondencia entre los hechos y las consideraciones jurídicas contenidas en su acto administrativo.
Los motivos en que se funda el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. La motivación adecuada de un acto administrativo lo legitima, pues debe suministrar, a su destinatario, ojala hasta convencerlo, las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción del mismo.
La motivación idónea del acto administrativo preserva el principio de legalidad y, desde luego, no da paso a la arbitrariedad ni al capricho de los servidores que lo emitan.
En el caso concreto la Sala considera que no hay ausencia de motivación, pues en la resolución demandada se encuentran plasmadas las razones que llevaron a la Administración a proferir el acto, y se hizo un suficiente y adecuado análisis de los elementos fácticos tenidos en cuenta, como quiera que se señaló las características del producto y su composición, así como su forma de utilización.
MOTIVACION DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES - La ausencia de motivación de hechos y de derechos afectan su validez; falta de indicación de bases gravables para determinación del tributo y de las pruebas
Las liquidaciones oficiales de impuestos deben ser motivadas al menos sumariamente, según ordena el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 446 del Acuerdo Municipal 061 de 1993, pues de esta forma el particular conoce las razones que tuvo la Administración para tomar una decisión determinada, de suerte que pueda controvertirla a través de los respectivos medios de defensa.
Esta Corporación ha considerado en relación con los actos de determinación de las obligaciones tributarias que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente, en acatamiento del debido proceso y del derecho de defensa. La ausencia de motivación afecta la validez de los actos administrativos.
Como se observa, la decisión de modificar la liquidación del impuesto de industria y comercio, y la determinación del anticipo para el periodo siguiente no se encuentran motivadas, pues las consideraciones del acto administrativo no son lo suficientemente indicativas de las razones de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la Administración.

References: artículo 3
 artículo 38
 Resolución 
 artículo 26
 artículo 23
 artículo 638
 artículo 236
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 236
 artículo 777
 artículo 712
 artículo 711
 artículo 703
 artículo 711
 resolución 
 artículo 35
 artículo 446