Source: https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/640/975
Timestamp: 2020-03-29 17:24:00+00:00

Document:
El legítimo contradictor en los procesos de nulidad de sentencia en el Ecuador | Pauta-Cedillo | IUSTITIA SOCIALIS
William Heriberto Pauta-Cedillo
https://orcid.org/0000-0001-5563-6717
Inicio > Vol. 5, Núm. 1 (5) >	Pauta-Cedillo
http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.640
El legítimo contradictor en los procesos de nulidad de sentencia en el Ecuador
The legitimate contradictor in the process of nullity of sentence in Ecuador
william.pauta@psg.ucacue.edu.ec
En los procesos de nulidad de sentencia ejecutoriada en el Ecuador existen diversos criterios sobre la asistencia del juez como legitimo contradictor dentro del juicio de nulidad de sentencia. El objeto del presente artículo consiste en determinar que el juez no solo es quien dicta una sentencia sino también es un testigo de la decisión judicial, dicho de otra manera, la decisión judicial de la administrador de justicia resuelve la pretensión del actor en base a los hechos probados y conectados con la norma jurídica, es indispensable la presencia del juez ante los procesos de nulidad de sentencia para que respalde su decisión judicial, de otra manera se estaría vulnerando el derecho a la defensa del juzgador. La metodología que se utilizó para el desarrollo del artículo fue de tipo analítico-descriptivo, se compararon definiciones, normativas constitucionales e infra constitucionales, además de criterios de autores conocedores del tema.
Descriptores: Indefensión; legitimo contradictor; nulidad; sentencia ejecutoriada; seguridad jurídica.
In the process of nullity of sentence executed in Ecuador there are several criteria on the assistance of the judge as a legitimate contradictory within the judgment of nullity of sentence. The purpose of this article is to determine that the judge is not only the one who dictates a sentence but is also a witness to the judicial decision, in other words, the judicial decision of the justice administrator resolves the actor's claim based on the proven facts and connected with the legal norm, it is essential the presence of the judge before the process of nullity of sentence to support his judicial decision, otherwise the right to the defense of the judge would be violated. The methodology that was used for the development of the article was of an analytical-descriptive type, definitions, constitutional regulations and constitutional infra were compared, in addition to criteria of authors familiar with the subject.
Descriptors: Helplessness; legitimate contradictory; nullity; enforceable judgment;
El Derecho Constitucional es la base de un ordenamiento jurídico que busca la armonía y da seguridad a quienes la comparten dentro de un Estado, puesto que esta vela por los derechos fundamentales de las personas. El Ecuador sin duda alguna es un Estado Constitucional de derechos y justicia, su soberanía radica en la voluntad del pueblo y se ejerce a través del poder público, su legislación mantiene como norma suprema a la Constitución de la Republica aprobada en el año 2008.
Uno de los aspectos de mayor relevancia que brinda esta constitución es el derecho a la defensa, el mismo que garantiza el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, este derecho se encuentra considerado en todas las normas que dan protección y seguridad a la defensa pudiendo llegar incluso a tomar en cuenta el principio de contradicción. La norma más clara que presenta la constitución recae en su artículo 75, el mismo que determina con exactitud y claridad que ninguna persona quedara en la indefensión.
Bajo este contexto, en la presente investigación se plantea como problemática de estudio el derecho a la defensa de los jueces como legítimos contradictores dentro de los procesos de nulidad de sentencia en el Ecuador, por cuanto en la actualidad se ha creado una indefensión a los jueces quienes administran justicia mediante una sentencia y esta es cuestionada sin su presencia (Granda Torres & Herrera Abrahan, 2019).
El estudio de los procesos de nulidad de sentencia es de gran importancia no solo para los que acceden a la administración de justicia buscando la reparación de un derecho, sino también para los juzgadores que ponen fin a un litigio mediante una decisión judicial y esta resolución es puesta ante un análisis y cuestionamiento de otro juzgador, para que verifique si existió o no alguna nulidad que violento el debido proceso y seguridad jurídica.
Dentro de la legislación ecuatoriana se contempla el Código Orgánico General de Procesos (norma infra constitucional), cuerpo normativo que da las pautas necesarias para que se presente la demanda de nulidad de sentencia, sin embargo, no determina si el juez quien emitió la sentencia a ser sometida a un análisis debe estar presente. Se debe aclarar que la normativa no es discutida, sino el proceso como tal ya que existen dos tipos de criterios por parte de los juzgadores; unos jueces consideran como legitimo contradictor al juzgador que emitió la sentencia y al beneficiario de la sentencia (o de la misma); y, otros jueces reconocen que se debe contar de forma exclusiva con el beneficiario de la sentencia como legitimo contradictor, dejando de lado al juez que emitió la sentencia, es aquí donde surge este problema jurídico a resolver.
Es evidente entonces, que existe un vacío que debe ser analizado ya que un juez es quien emite una sentencia en base a su criterio después de haber compilado todos los elementos de convicción, por consiguiente, no se debe dejar de lado la intervención del juez dentro de la acción ya que es el único que puede defender su decisión judicial.
En este orden de ideas, el objetivó del presente artículo consiste en analizar si el juez que emitió la sentencia es un legítimo contradictor dentro de los procesos de nulidad de sentencia en el Ecuador.
Dentro de la legislación ecuatoriana se contempla el Código Orgánico General de Procesos, norma infra constitucional que promueve la iniciativa para presentar un proceso judicial de nulidad de sentencia ejecutoriada. Al respecto, García (2018) refiere que la presentación de la demanda de nulidad no suspende la ejecución de la sentencia, no obstante, si este proceso de nulidad de sentencia se declara con lugar, regresa al estado desde donde se declaró la nulidad. La sentencia ejecutoriada puede ser analizada de acuerdo al código en cuatro condiciones.
El primer numeral, manifiesta que se puede presentar la demanda si existió omisión por parte del juzgador en relación a la jurisdicción y competencia, entendiendo que, jurisdicción es el poder y potestad otorgada a los jueces y tribunales para administrar justicia (Ediciones Legales EDLE S.A., 2015). El mismo cuerpo normativo señala que en toda audiencia oral debe existir una etapa de saneamiento en donde el juzgador ventila, analiza y observa si existe o no una falta de jurisdicción o competencia y no solo en la etapa de saneamiento, esta observación y condición también se la realiza en el momento de calificar la demanda, dado que, si no se cumple la condición antes indicada y requisitos establecidos en la ley, el juzgador incluso puede inhibirse de conocer la causa.
La excepción es un poder amplio que corresponde presentar al demandado y se satisface con la presentación de oposición ante las pretensiones del actor, el objeto de la excepción es defensa contra el ataque, además es la parte fundamental de la contestación a la demanda (García, s.f.). Refiriendo a las circunstancias en donde el juzgador que emite una sentencia tiene dos momentos para observar y analizar, si tiene capacidad jurisdiccional y competencia para emitir un pronunciamiento judicial, ya que el demandado dentro de su contestación a la demanda puede alegar como excepciones previas la falta de competencia y jurisdicción para que el juez se pronuncie en audiencia sobre tal excepción.
El numeral dos, trata de la ilegitimidad de personería por cualquiera de las partes, lo que acerca una vez más a la excepción previa contemplada en el Articulo 153 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP, 2016) donde se la denomina falta de legitimación, esta excepción también puede ser planteada por la parte demandada y discutida dentro de la audiencia en la etapa de saneamiento. La falta de legitimación dentro de una causa, involucra a la persona que no es el llamado a responder ni contradecir lo que solicita o manifiesta el actor en su demanda, porque se le ha demandado por error (Buenaño, 2018). Existe la posibilidad de presentar esta excepción dentro del proceso lo que evidencia que no se impide el derecho a la defensa.
Los dos numerales anteriores abalizan su argumentación basados en que la demanda de nulidad de sentencia, se podrá presentar salvo que estas excepciones previas se hayan planteado y resuelto dentro de la audiencia. Las excepciones que se crea asistido el demandado se las presentará en la contestación y se las resolverá en audiencia, si el demandado por cualquier motivo no presentó excepciones se quedara sin este recurso, de igual manera el juzgador que calificó, tanto la demanda como la contestación de la misma, realizo una sentencia en base a un criterio formado, por lo que el juez es el único que puede defender su sentencia.
El numeral tercero determina que se podrá presentar la demanda de nulidad de sentencia, si no se ha citado al demandado y si el mismo no ha comparecido al proceso, este apartado es el que más observaciones trae a la materia de estudio puesto que es debatible la condición de la citación, ya que la norma suprema dispone que ninguna persona quedará en la indefensión, por consiguiente, considerando el ordenamiento jurídico ecuatoriano ninguna ley podrá prevalecer sobre la constitución, consagrando de esta manera el principio jerárquico en conflictos normativos con el fin de tutelar el debido proceso (Oyarte, 2016).
En este orden de ideas, el capítulo primero del libro segundo del COGEP (2016) establece con exactitud las formas de citación; la misma que puede ser en persona, mediante tres boletas o citación a través de uno de los medios de comunicación, el juez para convocar a la respectiva audiencia dependiendo el caso, verifica si los demandados han sido o no citados, posterior a este análisis si los demandados han comparecido al juicio el juzgador señala la respectiva audiencia y en su defecto dependiendo el procedimiento si los demandados no comparecen, se llama audiencia con la constancia de la falta de comparecencia, excepto en los procedimientos ejecutivos que se dicte sentencia de acuerdo a lo que dispone el artículo 352 del COGEP, en el caso de los procedimientos monitorios el auto de calificación queda en firme de acuerdo al artículo 358 del mismo código.
Quien alega este numeral deberá probarlo puesto que cada acta de la citación, constituye un instrumento público que goza de presunción de autenticidad; y; la parte que alega su falsedad, sea material o ideológica, deberá actuar en prueba concluyente que destruya tal presunción.
Al final del apartado cuarto Ibídem esclarece que la demanda de nulidad de sentencia se podrá presentar cuando no se haya notificado a cualquiera de las partes sobre la convocatoria a una audiencia y dicha parte no haya comparecido a la respectiva audiencia, es preciso destacar que este apartado mantiene la vigencia de tutelar la seguridad jurídica y el debido proceso, ya que este tipo de errores por parte del juzgador deja en la indefensión a una de las partes, si un juez con o sin conocimiento de causa dicta sentencia sin observar la falta de notificación, el administrador de justicia deberá rendir cuentas y detalles sobre el porqué de esta falta catastrófica que deja sin derecho a la defensa a la parte que no fue notificada. Tama (2009) refiere que la indefensión es un estado de desventaja jurídica que no solo observa a las partes en litigio, sino también a la sociedad para una correcta administración de justicia, la indefensión actúa de forma poderosa contra quien no ejerce el derecho a la defensa.
Ante lo manifestado, si existe la falta de notificación es necesario cumplir con el proceso de nulidad de sentencia, para que no se vean afectados los intereses de las partes en litigio, el juez que emite la sentencia deberá pronunciarse sobre la falta de notificación ya que es un error inexcusable. Si la parte afectada de una sentencia ejecutoriada considera que es nula esta deberá ser presentar ante un juez distinto al que conoció la causa, de la misma materia; la demanda se podrá presentar siempre que la sentencia no se encuentre ejecutada ya que es importante tener en cuenta el principio de seguridad jurídica contemplado en el ordenamiento jurídico (Buenaño, 2016).
Por lo expuesto, se determina con claridad que para proceder con la nulidad expuesta en los párrafos que antecede, esta no debe ser ejecutada ya que se afectaría el principio de seguridad jurídica que brinda el Estado. En tal razón, se debe determinar si es que el juzgador que emitió la sentencia formara parte del nuevo proceso en donde se discutirá sobre la validez de la sentencia emitida, ya que el éxito de una demanda fomenta la participación de los litigantes; es decir, actor y demandado, reconociendo que los derechos ventilados en juicio son de interés de ambas partes y el efecto de este litigio se resuelve con una sentencia en firme que causa obligatoriedad para las partes, en este contexto, el art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ, 2015) determina que es obligación de los jueces velar por la constante aplicación de la Constitución, normas internacionales y demás leyes internas; con el fin de mantener una administración de justicia adecuada.
En este punto de la investigación, es preciso determinar quién debe formar parte de los contradictores dentro de la demanda de nulidad de sentencia, ya que es claro y evidente que no se puede dejar en la indefensión al juez que emitió la sentencia, por lo tanto, es necesario establecer si el juez es o no un legítimo contradictor por cuanto es quien emitió la sentencia, de esta manera también se debe analizar si las demandas que involucra la falta de citación deben contar con la presencia del citador quien realizo la notificación, en el caso de citación por boleta o en persona ya que es el único que puede dar fe de su realización.
Atendiendo estas consideraciones, se debe precisar que la sentencia es un proceso largo de operaciones de carácter lógico y crítico, donde el juez examina entre la tesis del actor y del demandado la valoración adicional de la prueba y de los hechos, concluyendo con la contribución de sus experiencias apoyadas en el conocimiento, la misma que se evidencia en la toma de una decisión ajustada al derecho y la justicia (Couture, 2010). En efecto, la llamada sentencia es el instrumento mediante el cual un juez toma la decisión de un litigio y dentro de esta se encuentra un valor intrínseco, que es la potestad de un hombre que con su valoración, razonamiento y experiencia emite un fallo.
La sentencia es una decisión que fue tomada por una persona capaz y competente, designada por la administración de justicia que cumple la función de garantizar una convivencia armónica de la sociedad. La finalidad de la sentencia es fijar la interpretación en la norma jurídica y acoplarla a las pretensiones deducidas en el proceso; el medio para resolver las pretensiones es la interpretación que es formada por el administrador de justicia en base a los hechos admitidos y probados por quien lo solicita (Quintana, s.f.). Con este aporte se evidencia una vez más la importancia de la sentencia y sobre todo la trascendencia del administrador de justicia, que en base a su experiencia y conocimiento formula un criterio para la solución de un litigio, Sin duda, la sociedad necesita la seguridad de convivencia armónica que está regulada por el respeto de cada persona y si esta se ve afectada, conlleva a una desorganización social, por lo tanto, la sentencia es el medio por el cual se resuelven los conflictos entre las partes y brinda armonía social.
Cosa juzgada dentro de los procesos de nulidad de sentencia
La sentencia que no ha sido apelada por ninguna de las partes procesales adquiere la autoridad de cosa juzgada, es preciso destacar que las personas que acudieron a la administración de justicia para buscar la solución a sus conflictos y recibieron una decisión judicial y esta a su vez no fue impugnada da a entender que la decisión judicial fue aceptada por las partes. La sentencia es inapelable y adquiere la calidad de irrevocable cuando contra ella no se ha presentado ningún tipo de recurso, en este momento la sentencia adquiere el grado de cosa juzgada (García, 2018).
El juzgador lo que busca es una obra de justicia más que una obra de legalidad, de ahí la importancia que tiene la sentencia y la misma toma fuerza cuando adquiere la institución de cosa juzgada. Es así que, son firmes aquellas sentencias que no cabe recurso alguno por cuanto la ley así lo estipula, por un término que ha trascurrido en su integridad y a fenecido la opción de presentar recurso alguno, dando a establecer que ninguna de las partes lo presento, la cosa juzgada impide que se presente una nueva resolución sobre lo litigado por cuanto un juez ya se pronunció, el termino que tiene la sentencia para ser objetada, prescribe y toma firmeza con la autoridad de cosa juzgada (López y García de la Serrana, 2019).
Se indica que la sentencia ejecutoriada deja sin efecto recurso alguno para ser presentado, detalla que no puede presentar pronunciamiento sobre la decisión judicial tomada, esta institución es la certeza de la seguridad jurídica de un Estado. De las diferentes connotaciones, uso y acepciones que se utiliza del principio de seguridad jurídica se debe destacar a lo que conlleva la verdad de este principio jurídico, que es valor jurídico, con certeza jurídica, con atributo objetivo del Estado y una garantía del orden jurídico (Orosco, 2016). Es por este principio que la sociedad se encuentra en calma, confiada de una legislación que brinda seguridad a aquellos que acceden a la administración de justicia; de los múltiples litigios diarios propios de la convivencia, se genera una certeza al referirse que el único acto que termina por solucionar los conflictos entre las partes es la denominada sentencia.
La institución de cosa juzgada brinda la garantía necesaria para continuar con otra etapa de un proceso, por ejemplo, las personas que plantean un juicio ejecutivo ya sea por cheque, pagare, letra de cambio, etc. esperan y aspiran con la sentencia llegar a ejecutar la obligación pendiente de pago, en un juicio ordinario de reivindicación el actor con la sentencia espera disfrutar de su bien y múltiples casos más donde el que accede a la administración busca esta figura llamada sentencia para poner fin a una controversia. Con esta argumentación se entiende que la sentencia es un acto del cual se emana el fin de las controversias, sin embargo, el legislador crea una figura muy importante e indispensable para garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que es la nulidad de sentencia ejecutoriada que determina en su artículo 112 del COGEP, La sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso es nula en los siguientes casos: 1. Por falta de jurisdicción o competencia (…). 2. Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, (…). 3. Por no haberse citado con la demanda a la o el demandado (…). 4. Por no haberse notificado a las partes la convocatoria a las audiencias (…). (COGEP, 2016).
Ante la figura legal de nulidad de sentencia ejecutoriada norma infra constitucional se debe destacar que es indispensable la valoración de una sentencia si se han cometido inobservancias por parte de juzgador, para que esta valoración sede es necesario que encuentre presente el dueño de la lógica y razonamiento que emitió una sentencia, es decir, el juzgador. Aquí surge el problema ya que el código no determina si el juez que emitió la sentencia debe estar o no presente como contradictor dentro de los procesos de nulidad de sentencia, es por ello que en la práctica diaria existe procesos judiciales que se cuenta con el juez como legitimo contradictor y otros procesos en los cuales no se cuentan con el juez que emitió la sentencia, esto causa la indefensión del juzgador. El legislador con el fin de no dejar en la indefensión ha creado dos tipos de nulidades para resolver sobre las controversias procesales.
Hay diferenciar entre la nulidad procesal que son omisiones a las solemnidades sustanciales del proceso la misma que es resuelta por el juzgador inicial, y la nulidad de sentencia ejecutoriada que es resuelta por un juez distinto al que conoció la causa, situación que crea inconformidad con seguridad jurídica puesto que la sentencia ejecutoriada adquiere institución de cosa juzgada. El Legislador crea la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada y atenta contra el sistema procesal en su institución de cosa juzgada, la mala utilización de esta acción puede incurrir en conducta dolosa o fraudulenta por parte de los sujetos procesales, ya que conducta equivoca puede llevar a separar el ideal previsto de la norma legal e incurrir en afecciones constitucionales desorbitantes que lesionen la tutela judicial efectiva y sobre todo la seguridad jurídica del estado (Jijón, s.f.). En este contexto, es importante que proceso de nulidad de sentencia ejecutoriada, sea observada por el administrador de justicia que emitió la sentencia con el fin de evitar vulneraciones a la seguridad jurídica.
Seguridad jurídica de la institución cosa juzgada
La sentencia emitida por un juez brinda la seguridad jurídica que la sociedad necesita, es por ello que un acto que afecte a la decisión judicial que ha tomado el administrador de justicia debe ser revisado de forma minuciosa, ya que es, el medio por el cual se adquiere la certeza práctica de la justicia, es un principio universal reconocido por el derecho que brinda seguridad al que conoce o puede conocer lo previsto en la ley y en el poder público, de una declaración de la voluntad soberana que prohíbe o permite (Sentencia N° 198-15-SEP-CC, 2015). El legislador con la nulidad de sentencia ejecutoriada avizora algún tipo de incongruencia en la decisión judicial y permite que la parte afectada presente un nuevo incidente ante la sentencia, situación que es rescatable siempre y cuando no se afecten o vulneren más derechos constitucionales.
De esta manera, el nuevo juez que conoce la causa debe verificar que no se trate de un simple capricho y que la deslealtad procesal utilice este medio para dilatar la persecución del objetivo llamada ejecución, ya que se afectaría a la esencia de la garantía constitucional. La seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y sus normas, seguido de esta prescripción constitucional la seguridad jurídica es patrimonio del Estado, es un elemento esencial que garantiza la sujeción de todos los poderes constitucionales, es la confianza y certeza del ordenamiento jurídico, por lo que se constituye un elemento esencial en la vida social, su aplicación es en todos los procesos judiciales y su confianza no solo radica a quienes acuden a la administración de justicia sino también contra quien va dirigida la acción, es por ello que este principio se ve desarrollado en el deber y responsabilidad de los ecuatorianos (Ruiz, Guamán, Aguirre, y Ávila, 2012).
Por lo consiguiente, se puede afirmar que la sentencia ejecutoriada es la certeza del ordenamiento jurídico que brinda la seguridad jurídica a la sociedad, para una convivencia armónica, es primordial destacar que de los múltiples conflictos diarios se crea inconvenientes de las partes y estas buscan un conciliador que es el Estado, la interpretación constitucional determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar fundamental donde se asienta la confianza ciudadana (Sentencia N° 023-13-SEP-CC, 2013). La institución de cosa juzgada brinda a la ciudadanía la tranquilidad que un proceso judicial termino y esta es una decisión en firme, es por ello que la nulidad de sentencia ejecutoriada debe ser tratada de forma minuciosa ya que se atentaría con dicho principio.
En relación con la manifestado, el principio de seguridad garantiza que la situación jurídica no será cambiada sino de conformidad con la ley; al dictarse una sentencia de cualquier materia se brinda la tranquila a la persona que accedió a la administración de justicia, ante tal sentencia existe diversos tipos de recursos, estos pueden ser de aclaración o revisión, dentro de algunos proceso incluso existen más de dos recurso de revisión, si la sentencia es impugnada sube al superior para su respectivo análisis, si en la sala se confirma la sentencia de primer grado y esta no es impugnada nuevamente adquiere la calidad de cosa juzgada, con ello el fin de un litigio procesal.
En consecuencia, la falta de seguridad jurídica de un Estado conduce a la anarquía ya que se perdería los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Lo que más afecta a la seguridad jurídica no solo es la falta de aplicación de la constitución y las leyes sino también cuando el uso del poder arbitrario crea, modifica o extingue derechos (Aguirre, 2010). La estabilidad que brinda el principio de seguridad jurídica se ve reflejada en una convivencia armónica de la sociedad, que ve cumplir los mandatos constitucionales, es decir, la aplicación directa de las normas jurídicas por las autoridades competentes.
La sentencia ejecutoriada o cosa juzgada que es sometida a un nuevo proceso judicial crea la incertidumbre de lo que ya se analizó, dicho esto: la importancia de la cosa juzgada se determina en la voluntad del Estado contenida en la ley a efectos de hacer valer sus derechos, así como la necesidad que tiene un Estado de utilizar la institución de cosa juzgada para terminar con los litigios que amenazan contra la vida, el honor, el patrimonio; esta valiosa institución quita la incertidumbre en la vida jurídica que siendo de otra manera no se podría tener paz, ni armonía social (Devis, 2011).
La naturaleza de la cosa juzgada es el núcleo de la realidad de un Estado, sino existe la institución de cosa juzgada solo habría una certeza provisional de la sentencia ya que en cualquier momento otro proceso lo podría modificar, a tal punto que nunca exista una certeza jurídica, ni se terminen los conflictos litigiosos (Ibídem). Al presentar una demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada sin las formalidades sustanciales y sin los contradictores esenciales se vulnera la seguridad jurídica que es la base del ordenamiento jurídico, ya que se ventila y se deja en duda la institución de cosa juzgada mediante un nuevo proceso judicial, en donde se volvería a resolver lo que en su debido momento ya fue resuelto.
Indefensión del juez como legítimo contradictor
El juez como legitimo contradictor tiene afección cuando no se encuentra presente dentro de un proceso judicial y por ende no puede contradecir para defenderse o defender su argumento que motivo para la decisión judicial, por ello se analiza la importancia de la presencia del juez que emitió la sentencia como legitimo contradictor dentro del proceso de nulidad de sentencia, si bien es cierto la norma establece que estas demandas se presentaran ante un juez distinto del que conoció la causa, sin embargo, la norma no esclarece si el juez que emitió la sentencia debe o no ser considerado como contradictor. El demandado o afectado es quien contradice la pretensión del demandante (Cabanellas de Torres, 2012).
En estos términos, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) determina que las personas tienen derecho al acceso gratuito a la justicia y que por ningún motivo podrán quedar en la indefensión. Con ello existe la prohibición constitucional de sufrir indefensión, es decir, falta de defensa, abandono y desamparo de cualquier persona, al no contarse con la presencia del juez que emitió la sentencia que es debatida dentro del juicio de nulidad de sentencia, en este caso, la figura de sentencia puede ser anulada ya que no existe un contradictor que garantice su defensa, a ello; El derecho de defensa constitucional ha adoptado una perspectiva de defensa procesal, como actividad que una persona responde a la iniciativa de otra, que afecte o pueda llegar a afectar sus intereses, ya que dentro de esta actividad se ventila la declaración de derechos (Zavala, 2016).
En este contexto, el derecho a la defensa garantiza la contradicción, es claro que el juez puede ser afectado dentro de sus intereses ya que al dejar sin efecto una sentencia, se dejaría de lado también la formulación que motivo la sentencia, es decir, el trabajo del juzgador; El único que puede defender una sentencia ejecutoriada es quien la emitió y si no se cuenta con la presencia de quien administro justicia, se presentaría un cuadro de indefensión que es prohibido por la Constitución de la República del Ecuador y esta no puede ser inobservada, puesto que; el Derecho Constitucional es muy importante ya que se enmarca entre las relaciones de los individuos, Estado e individuo, Estado sociedad; y, entre Estados. El Derecho Constitucional no es una ciencia estática ni exacta, según la sociedad evolucione esta también lo hará, de acuerdo a los requerimientos que la sociedad exija (Blacio, 2018).
Con lo anterior expuesto, es indispensable el derecho a la defensa, pues se enmarca en un cuadro de protección jurídica del individuo con la sociedad y los que acceden a la administración de justicia para buscar un derecho e incluso protección jurídica también contra quien va dirigida la acción, a ello la corte menciona; la debida garantía consiste en escuchar a todas las personas que solicitan el accionar de un derecho dentro de un plazo razonable que lo determina la ley para cada caso, por una autoridad revestida de competencia, independiente e imparcial, ya que toda persona tiene acceso a una recurso sencillo y rápido para la reparación de un derecho ya sea civil, penal, laboral, etc., así como la protección constitucional apegada a los tratados internacionales que reconocen el derecho fundamental a la defensa de quien se encuentra en indefensión (Sentencia N° 052-13-SEP-CC, 2013).
El sistema judicial ecuatoriano revestido por norma suprema determina que por ningún concepto se dejara en la indefensión a ninguna persona; dentro de los procesos de nulidad de sentencia ejecutoriada se ha creado la duda si es que el juez que emitió la sentencia es un legítimo contradictor, después del análisis realizado el hecho de que un juez haya tomado una decisión judicial en calidad de administrador de justicia y ha resuelto en base a su sana crítica esto convierte en obligatoriedad para las partes y es más si esta sentencia no ha sido apelada dentro del término legal adquiere la institución de cosa juzgada, es necesario contar con la presencia del juez que emitió la sentencia dentro de los procesos de nulidad de sentencia ejecutoriada, si bien es cierto el juzgador no es el beneficiario ni desaventajado de la sentencia ya que es el creador de la sentencia y el único que puede defender su argumentación.
El juez no solo es quien dicta un sentencia sino también es un testigo de la decisión judicial, en este sentido, la decisión deliberada del juez resuelve la pretensión del actor; la sociedad presiona y exige al juez una solución a los conflictos, quien con su capacidad argumentativa realiza una expresión fundamentada en los hechos conocidos y apegados al derecho, en donde marca la distancia entre lo pretendido y lo correcto, esta fundamentación es exclusiva del juez y es el único que podrá testificar sobre su decisión (Accatino, 2003). Por consiguiente, el juez también es un legítimo contradictor dentro de los procesos de nulidad de sentencia ejecutoriada (ver figura 1) ya que es el único que puede testificar y dar fe de la argumentación lógica y jurídica que le llevo al convencimiento para realizar una obra de justicia llamada sentencia.
Figura 1. Partes procesales del juicio de nulidad de sentencia ejecutoriada.
El presente artículo se desarrolló bajo el enfoque de la investigación jurídico documental, puesto que para fundamentar el legítimo contradictor dentro de los procesos de nulidad de sentencia y la indefensión de los jueces fue necesario recurrir a la revisión de libros, revistas jurídicas, normas infra constitucionales y constitucionales, así como, sentencias de la Corte Nacional del Ecuador, a partir de esta revisión teórica se visualizó el problema jurídico a través de fuentes formales del derecho considerando la normativa jurídica presente. Los métodos empleados en la investigación fueron inductivo-deductivo mediante el establecimiento de proposiciones de carácter general relacionadas con la problemática en estudio y las causas que la generan, así como la formulación de conclusiones generales de la temática abordada en función de la normativa nacional. El método analítico-sintético permitió la separación de los elementos que conforman las variables de estudio para analizarlos a profundidad y comprender su funcionamiento en los juzgados de la República del Ecuador (Morejón, Erazo, Vázquez y Narváez, 2020).
La presente investigación ha permitido demostrar que el juez es el único testigo de la decisión judicial llamada sentencia, por consiguiente, es necesario la presencia del juez que emitió la sentencia dentro de los procesos de nulidad de sentencia ejecutoriada ya que sin la presencia del primer juzgador se vulnera el principio constitucional de indefensión y seguridad jurídica.
Dentro del estudio presentado se pude determinar que el legislador crea la norma de nulidad de sentencia ejecutoriada con el fin de salvaguardad los intereses de los afectados de una sentencia, en el sentido de revisar una vez más la decisión judicial ya que puede existir algún tipo de omisión que afecte la validez de los procesos he influya a la hora de dictar sentencia, sin embargo, ante esta perspectiva el legislador no es claro con norma y deja campo abierto para la vulneración de derechos constitucionales tales como la indefensión de juez como el principio de seguridad jurídica.
Con ello, ante la presentación de la demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada se crea la desconfianza de la institución jurídica de cosa juzgada, institución que es de vital importancia dentro de un Estado social de derecho y justicia ya que es instrumento mediante el cual se resuelve la pretensión del actor y del demandado, con el fin de terminar un litigio y llevar la tranquilidad social. Es menester, destacar que con el estudio se ha demostrado la importancia de la institución de cosa juzgada, con lo anterior expuesto, se determina que al momento de presentar la nulidad de sentencia ejecutoriada se debe convocar como uno de los legítimos contradictores al juez que dicto la primera sentencia, para no atentar contra la seguridad jurídica.
Es parte fundamental de los procesos de nulidad de sentencia ejecutoriada el juez que emitió la sentencia ya que sin la presencia del juzgador se estaría dejando sin el derecho a la defensa que es un principio constitucional, además, al contarse con la presencia del juzgador se vulnera también el derecho a la seguridad jurídica por cuanto se cuestiona la autoridad de cosa juzgada sin la presencia del administrador de justicia que dictó sentencia.
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Copyright (c) 2020 William Heriberto Pauta-Cedillo, Cecilia Ivonne Narváez-Zurita, José Luis Vázquez-Calle, Juan Carlos Erazo-Álvarez

References: artículo 75
 resolución 
 artículo 352
 artículo 358
 resolución 
 artículo 112
 artículo 75