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Timestamp: 2019-09-23 09:08:26+00:00

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Acuerdo y Sentencia 93/2013 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 93/13
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes Marzo del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Señores Ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN LA CAUSA: “OSCAR DANIEL DUARTE VILLALBA Y OTRO S/ ROBO AGRAVADO”, a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casación, interpuesto por el Abogado AMERICO NORBERTO PEÑA FERNANDEZ, en representación del Sr. Hugo Alcides Pereira Marecos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 05 de fecha 10 de febrero de 2012, dictado por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Central.
Para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El Abogado AMERICO NORBERTO PEÑA FERNANDEZ, en representación del Sr. Hugo Alcides Pereira Marecos, ha promovido el recurso extraordinario de casación en contra del fallo individualizado como Acuerdo y Sentencia Nº 05 del 10 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, de la Circunscripción Judicial de Central; resolución por la cual se dispuso: “1. DECLARAR, la competencia de este Tribunal de Apelaciones para entender en la presente causa. ADMITIRel Recurso de Apelación Especial interpuesto por la defensa técnica, contra la S.D. N° 074 de fecha 8 de junio de 2.011, dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia presidido por la Jueza Liza María Battilana. 3.) CONFIRMAR en todas sus partes la resolución apelada…”
Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, corresponde verificar la concurrencia de los requisitos indispensables que debe contener la acción recursiva interpuesta, para así, del cotejo respectivo, determinar la admisibilidad de la misma y en consecuencia la procedencia del estudio de la pretensión impugnativa.
En tal sentido, es importante destacar que el sistema recursivo inmerso en nuestra legislación procesal penal, rige su institución con un criterio de taxatividad, prescribiéndose que los fallos deben ser impugnados exclusivamente por los medios y en las forma previstas por el Código Ritual.
Tal es así que el Art. 480 del C.P.P., en lo que al trámite y resolución del Recurso que nos ocupa se refiere, nos remite al Art. 468 del mismo cuerpo legal, normativa que su vez determina las condiciones de forma y tiempo que posibilitan la admisión del medio impugnativo desplegado. Resulta entonces, que de la constatación de las constancias de autos con la impugnación deducida, surge claramente que la Defensa del procesado Pedro Pereira, Abog. María Cristina Salinas, ha interpuesto por escrito su pretensión pertinente, dentro del plazo legal establecido para la presentación del mismo, afirmándose en tal sentido, que el recurso deducido cumple con las condiciones de temporalidad exigidas, debiéndose proceder seguidamente a la verificación de las que conciernen al aspecto formal necesario.
En ese orden de cosas, la exigencia de su interposición por escrito, no resume el cúmulo de requisitos establecidos por ley, y que tornan viable su procedencia, debiendo por lo tanto ser considerado en ese aspecto, el objeto y los motivos que condicionan la procedencia de su estudio.
Para el análisis de los requerimientos que ameritan la procedencia invocada, debemos remitirnos a los Art. 477 y 478 del Código Procesal Penal, reguladores del objeto recursivo y las causales de su interposición, y que prescriben que el recurso extraordinario de casación sólo podrá ser deducido en contra de las sentencias definitivas del tribunal de Apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, determinándose con ello el objeto claro del recurso de casación y los tipos de resoluciones que son pasibles de impugnación por este medio.
Así pues, efectuando la constatación pertinente con las constancias de autos, y sobre todo con el escrito recursivo, de la simple lectura del mismo, surge que el laudo recurrido por la impetrante, corresponde al objeto legislado para esta vía de impugnación, en tanto que la recurrente objeta un fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones que ciertamente reviste el carácter de sentencia definitiva, ya que conforme fuera resulta la cuestión que cayera bajo su percepción al tiempo del estudio de la apelación planteada, por el fallo cuestionado se resuelve confirmar la resolución apelada, situación procesal de la cual, consecuentemente, resulta la subsistencia de la Sentencia Definitiva Nº 074 de fecha 08 de junio de 2.011, dictado por el Tribunal de Sentencia Nº 5 de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná; resolución por la cual, ese cuerpo colegiado resolvió, entre otras cosas: “…Calificar definitivamentela conducta, del acusado HUGO ALCIDES PEREIRA MARECOS incursándola dentro de las previsiones del artículo 167 inciso 1° numeral 1, en concordancia con el artículo 29 inc. 2°, todos del código penal…Condenaral acusadoHUGO ALCIDES PEREIRA MARECOS a cumplir 5 años de pena privativa de libertad…”
Finalmente, en la exposición de motivos defendidos por la casacionista, y la concerniente fundamentación efectuada, se pude constatar la alegación de las causales previstas en el Art. 478 del Código Procesal, sustentado su pretensión específicamente en la invocación del inciso 3º, deviniendo procedente el estudio y consideración de los puntos recurridos como agraviantes a su parte; tal es así, que en la comprobación de tales supuestos versará el estudio del fondo de la cuestión. Por todo lo expuesto, estando reunidos los presupuestos legales de admisibilidad del recurso extraordinario de casación corresponde declararlo en tal sentido. Es mi voto.
A SUS TURNOS, los señores Ministros BLANCO y BENITEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El Representante del acusado HUGO ALCIDES PEREIRA MARECOS al tiempo de fundamentar el Recurso Extraordinario de Casación, alega que el fallo impugnado incurre en un vicio de falta de fundamentación, puesto que el mismo solo utilizo formulismos y relatos insustanciales sin dar expresamente respuestas a los agravios vertidos por el casacionista. Sigue manifestando que el Tribunal de Apelaciones evadió la responsabilidad de estudiar el objeto del recurso especial de Apelación utilizando frases insustanciales y dogmatismos vacíos de contenido, dictando un fallo sin mencionar cuales eran las “evidencias importantes” que incriminaban al recurrente.
ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: Examinado el Acuerdo y Sentencia impugnado en el contexto integral de su advenimiento, surge que, efectivamente, el mismo padece de vicios de procedimiento en la actividad juzgadora alegada en razón de haber omitido expedirse acerca de todos los puntos de la Sentencia Definitiva del A quo que han sido puesto en crisis por la parte acusada y por otra parte, se observa una fundamentación contradictoria.
Que el acusado al tiempo de implementar el Recurso de Apelación Especial sus agravios se centralizaban sobre la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Merito respecto a la participación del encausado HUGO ALCIDES PEREIRA MARECOS; específicamente respecto a las declaraciones testifícales; cuestionamiento sobre las instrumentales y documentales; la reprochabilidad y antijuridicidad, y en lo que respecta a la aplicación del Art. 65 del Código Penal.
Precisamente, tal como lo ilustran los autos, el Tribunal de Apelaciones, emisor del fallo impugnado, debía ceñir su actividad jurisdiccional exclusivamente a los puntos cuestionados del pronunciamiento recaído en la instancia originaria, toda vez que su competencia funcional esta limitada a los ítems de la resolución a que se refieren las impugnaciones, por así exigirlo el principio reconocido a través del aforismo tantum devolutum cuantum appellatum (solo hay devolución de lo que ha sido apelado) que se encuentra expresamente consagrada en el Art. 456 del C.P.P. en el contexto de las normas generales que rigen los recursos.
Lo afirmado precedentemente es una cuestión obvia, puesto que si a los fines de la impugnación, a las partes se le otorga el derecho, por un lado, para recurrir y por otro, se le exige fundar el recurso expresando en forma concreta y separada cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende (Art. 468 del Código Procesal Penal) como condición de viabilidad, es precisamente para que el órgano de alzada reclamado, como deber y obligación legal correlativo, lo tenga en cuenta y resuelva la contienda jurídica en función a las propuestas de las partes que constituyen la materia del debate y la medida de su competencia; de ahí que cuando cualquiera de las partes, impetra la intervención del órgano jurisdiccional , estaejerciendo un derecho y por lo tanto reclama la tutela judicial efectiva de quien administra justicia, por lo que basta que este ultimo omita la oportuna y adecuada ponderación de los argumentos expuestos y capaces de gravitar en la decisión final, para considerarlo como un fallo carente de fundamentación y atentatorio contra la exigencia constitucional de la debida fundamentación.
Como bien lo enseña Bidart Campos: “El derecho a la jurisdicción no se satisface ni se agota con el mero acceso a un juez, ni con la secuela del debido proceso, sino que exige culminar con una sentencia (valida) que resuelva “todas “las pretensiones y “todas” las cuestiones de hecho y de derecho incluidas en la causa. Dejar de resolver una cuestión de orden constitucional es amputar el meollo de la causa y de la sentencia. No es resolver todo. El residuo no juzgado deja sin jurisdicción al justiciable pretensor.”(El Derecho, Jurisprudencia General, Tomo 128, Pag. 221 y sgtes.).
En el caso de autos, el A quem dictante del fallo impugnado, no ha considerado razonadamente los planteos o argumentos oportunamente introducidos, a titulo de agravios, por la parte recurrente que, precisamente, determina la extensión y el límite de su competencia en el ejercicio de su jurisdicción; que a mas de ser un índice revelador, elocuente de la desaprensiva atención que el Tribunal de Apelaciones ha brindado a los puntos de la resolución impugnada, la omisión, de gravedad institucional contaminante del fallo, permite afirmar que ha rehuido a su primaria labor de selección, interpretación y elaboración de los elementos fácticos y jurídicos que el caso traído a su consideración exigía y en ese contexto, al fundar su decisión, debía hacerlo en atención a los agravios desgranados por el apelante y a la contestación de la parte adversa, todo ello a la luz de las normas cuya aplicación han sido controvertidas, de tal modo que las partes estén en condiciones de poder verificar la correcta aplicación de la normatividad en vigor aplicable al caso y la exposición de un razonamiento lógico debía constituir su acabada y palmaria demostración.
En las condiciones apuntadas, el decisorio impugnado esta afectado de un vicio formal denominado incongruencia omisiva, cuya esencia estriba en la vulneración, por parte del Tribunal de Apelaciones, del deber del adecuado atendimiento y resolución de cuantas pretensiones se hayan alegado oportuna y temporáneamente, dándoles respuestas jurídicas, positivas o negativas, a los puntos controvertidos. El Acuerdo y Sentencia en examen, reitero, se abstiene en absoluto de honrar tal exigencia pues omite todo análisis a las materias sustanciales sobre los que ha versado la Apelación Especial. En tal sentido, debe reconocerse que los cuestionamientos introducidos en la apelación en tanto involucran a elementos probatorios cuya exclusión, inclusión y validez han sido controvertidas intensamente en la instancia de origen – eran susceptibles de gravitar en la solución final adoptada; máxime considerando que según se infiere del tenor de la sentencia primaria, las pruebas cuestionadas fueron merituadas globalmente, conforme lo ha expresado el A quo al afirmar que luego se introdujeron por su lectura la gran cantidad de instrumentales, como informes de todo tipo producidos por las partes y que constan en el expediente. Las mismas también son evaluadas y consideradas por el Tribunal para sacar las conclusiones en este juicio. Lo que da la pauta que los planteamientos desatendidos o silenciados por el Tribunal de Apelaciones, no trataban de cuestiones baladíes, inoperantes o inconducentes, sino que de su decisión asertiva sobre los ítems señalados, podía afirmarse la legitimidad o no de lo decidido en la instancia inferior.
Ante casos similares, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha reprobado con la sanción nulificatoria a las resoluciones judiciales incursas en las anomalías descriptas, entre las que se puede citar: el Acuerdo y Sentencia Nº 1870 de fecha 28 de diciembre del 2.004 en el Expte. “Gladys Zunilda Villalba y Carlos Raúl González Villalba s/ Producción de Documentos no Auténticos en Villarrica”; Acuerdo y Sentencia Nº 235 de fecha 18 de abril del 2.005 en el Expte: “Hugo Javier Pera s/ Hecho Punible c/ el Patrimonio Estafa y Lesión de Confianza – y c/ la Prueba Documental y producción de Documento no Autentico en Caraguatay”; Acuerdo y Sentencia Nº 596 de fecha 26 de julio del 2.005 en el Expte: “Juan Carlos Suárez Aguilera s/ Posesión y Trafico de Estupefacientes” y el Acuerdo y Sentencia Nº 639 de fecha 4 de agosto del 2.005 en el Expte: “Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el Defensor Público Abog. Cesar Ramón Báez en la causa: Ministerio Publico c/ Mariano Benítez y Otros s/ Homicidio enAguapety”; Acuerdo y Sentencia N° 1865 de fecha 20 de diciembre de 2005, emitido en el expediente “Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por la Defensora Publica Violeta González en los autos:” Alfredo David Kravetz S/ Robo Agravado con Resultado de Muerte”.
Pero la resolución recurrida no solamente padece del vicio omisivo reseñado, sino también es notoriamente contradictoria en relación a sus fundamentos expuestos en el exordio de la impugnada resolución. En efecto, el Tribunal de Apelaciones, conforme lo revela el fallo emitido, se limito a que el Tribunal de Alzada no tiene competencia para analizar el merito de la prueba, ni de revalorar las pruebas, sin embargo el mismo no realizo un mínimo de razonamiento respecto a los agravios del casacionista manifestando de manera incompleta e insuficiente“que existen otras evidencias importantes y no solo el acto de reconocimiento de personas”.
Ahora bien, cabe expresar que la valoración de pruebas se debe buscar la verdad con estricta observancia de las disposiciones establecidas por éste código, según reza el artículo 172 del C.P.P. Es decir, el objetivo último del juicio es develar lo históricamente acontecido en una búsqueda que debe perseguirse con apego a las disposiciones legales. Cierto es que esa valoración está sujeta a la sana crítica, entendida ésta como la libre apreciación del valor de las pruebas, como preceptúa el artículo 175 del C.P.P., pero la sana critica no puede estar desconectada de la lógica; de las reglas de la razón, de la experiencia o del parámetro del buen entendimiento humano; aspecto que deben ser corroborados por los Tribunales de Alzada,porque de lo contrario, si así no obraran los tribunales, podrían quedar sin reparo evidentes incorrecciones de derecho, o inadmisibles extremos de arbitrariedad o de absurdo, incompatibles a todas luces con el objetivo primero antes expuesto: la verdad material en el proceso.
En otras palabras, puede afirmarse que el control del íter lógico seguido para llegar a la condena se circunscribe a un análisis sobre el funcionamiento explícito o implícito de la sentencia como juicio de valor, por lo que no depende esta tarea de la percepción visual o auditiva directa de la prueba, que lleva a cabo el tribunal de grado en virtud de su inmediación y de oralidad. Esta exégesis ha sido asumida en el A y S N° 29 del 21 de febrero de 2.007 dictado en la causa: “MENELEO RAMÓN LEÓN S/ ESTAFA” del que textualmente exprese:“…Ciertamente, no está en la esfera del Tribunal de Apelaciones, ni aun de de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revalorar las pruebas y juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de merito; empero cuando el recurso – como en el caso porta agravios fundados en la falta de motivación por ilogicidad, contradicción o incongruencia , la labor del Tribunal de Alzada no es revalorización, sino control de las reglas supremas y universales del pensamiento humano, vale decir, si la motivación en el plano fáctico ha rebasado los límites impuestos por la sana critica que viene denunciado por el recurrente, el Tribunal de Apelaciones esta exigido a ejercer el control de la logicidad de las motivaciones de la sentencia recurrida, pues se trata de la fiscalizar, si para llegar al resultado final plasmado en el decisorio conclusivo, se ha observado las reglas de valoración probatoria y en función a ella expresar su conclusión sobre dicha verificación, explicando la correlación lógica de argumentos o de razones suficientes que demuestren porque se excluyen los agravios sobre tales extremos y se confirma lo decidido por el juzgador sobre tan sensible materia, lo cual no significa la incursión del Tribunal en el terreno de los hechos, ni hurgar en cuestiones fácticas que les son vedadas…”.
Lo expuesto hasta aquí tiene que ver con lo que acontece en el caso en estudio, ya que el contenido de los argumentos vertidos por los Miembros del Tribunal de Merito, incurren en el vicio de falta de fundamentación probatoria. Salta a la vista la inconsistencia argumental tenida en cuenta por el Tribunal de Alzada para determina que existen otros medios de prueba que comprueban la culpabilidad del encausado sin expresar cuales son estas pruebas.
Cabe expresar que el principio de libre valoración de la prueba no significa, que el Tribunal tenga una facultad “libérrima y omnímoda”, sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los elementos probatorios, puesto que el mismo derivaría en un modelo de intima convicción. El sistema de la "íntima convicción" se caracteriza por la ausencia de toda regla acerca del valor de las pruebas; el juzgador aprecia según su propio entendimiento y no está obligado a expresar las razones de su convencimiento, sí a señalar las pruebas que lo han convencido en uno u otro sentido. (Véase Jorge Claria Olmedo, Derecho Procesal Penal Tomo II, Pág. 344). El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar las percepciones durante el juicio “según las reglas del criterio racional”, es decir, según las reglas de la lógica, y, dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia, y esto de manera alguna constituye “revaloración probatoria” en términos estrictos significa una nueva valoración y distinta frente a una valoración anterior, cuestión que se haya prohibida ante los Tribunales de Alzada.
Si bien es cierto que el modelo de casación se estructura sobre el principio de inalterabilidad de los hechos y del respecto de valoración probatoria de la instancia de mérito, en esta etapa sí puede realizarse un control lógico de la motivación seguida por los jueces, cuando existe la sospecha de razonamientos arbitrarios o absurdos, que de por sí vulneran los principios rectores del debido proceso y las facultades que hacen al derecho a la defensa en juicio.
No debe perderse de vista que los Jueces, cualquiera sea su jerarquía, enfocan conflictos individuales, concretos y no pueden entonces detenerse en generalidades o manejarse con abstracciones; sino que deben acudir a la mismísima realidad del caso, porque deben responder a las intransferibles y propias modalidades de cada causa. Así dentro del debido proceso que promete y garantiza la Constitución Nacional no tiene cabida la jurisprudencia de conceptos o de construcciones jurídicas basadas en dogmas, que en todo caso deben dejarse para el ámbito académico, porque en la casa de la justicia las argumentaciones meramente mecánicas o rutinarias no son legitimas, en tanto que es menester que la legalidad de una decisión sea demostrada con la enunciación de las razones que justifican la aplicación de la ley en el caso singular, ya que solamente mediante el control sobre la validez de esas razones como resultado de una unión compleja de selecciones y valoraciones se puede establecer si lo resuelto deriva de la ley o del arbitrio del juzgador.
Desde esa perspectiva, la omisiones y pasividades aludidas no solo suponen un quiebre de principios procesales sino que una trasgresión de mayor radio en tanto proyecta sus efectos a categoría de indefensión de quien hallándose bajo la salvaguarda jurisdiccional y decisoria de un órgano judicial e independientemente del rol que ejerce en el proceso – espera fundadamente que aquel emita una resolución razonada atinente a los extremos planteados, como reflejo o manifestación, a su vez, de otro derecho fundamental, esto es el de obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses por el mecanismo de la doble instancia llamado a controlar la legalidad de una Sentencia Definitiva primaria.
En conclusión conforme a las argumentaciones arriba expuestas, a las normas legales citadas, a los fallos constantes y uniformes traídos a colación y de manera coincidente con el Dictamen Fiscal, corresponde anular íntegramente, por manifiestamente infundada, el Acuerdo y Sentencia Nº 05 de fecha 10 de febrero de 2012, dictado por el Tribunal de Apelación, Penal de la Circunscripción Judicial de Central, que se perfila como notoriamente desconectado de los cánones procedimentales de rigor y carente del debido sustento normativo, contrariando el deber, dimanante de un sistema republicano, de arribar a conclusiones que se encuentren fundada en la Constitución y la Ley, tal como lo requiere el Articulo 256 – segundo párrafo de la Constitución Nacional, en concordancia con el Articulo 125 del C.P.P., que lo reglamenta. En consecuencia, de conformidad al Artículo 473 del C.P.P., debe reenviarse la causa al Tribunal de Apelaciones de la misma Circunscripción Judicial que sigue en orden de turno a los efectos que resuelva el recurso de apelación Especial planteado por la parte querellante, conforme a derecho. Voto en el sentido y con los alcances expuestos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 25 de Marzo del 2013.
DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el recurso extraordinario de casación interpuesto en estos autos.
HACER LUGAR al recurso extraordinario de casación, interpuesto por el Abogado AMERICO NORBERTO PEÑA FERNANDEZ, en representación del Sr. Hugo Alcides PereiraMarecos, CASAR y REENVIAR el Acuerdo y Sentencia Nº 05 de fecha 10 de febrero de 2012, dictado por el Tribunal de Apelación, Penal de la Circunscripción Judicial de Central.
Firmando los Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA.
Ante mí: Secretaria KARINNA PENONI.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 167
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 172
 artículo 175
 resolución 
 Artículo 473