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Timestamp: 2019-02-21 21:58:58+00:00

Document:
Madrid (España), 17 de octubre de 2011
Año 8, Núm. 350
[BOE] Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Por otra parte, la presente Ley pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, cuya disposición adicional decimoquinta dispone que «en el plazo de 6 meses el Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que contemple la atribución al orden jurisdiccional social, entre otras cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la autoridad laboral en los procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo». [BOE 11 - 10 - 2011] [Texto completo]
[BOE] Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
También se suprime el límite cuantitativo del procedimiento monitorio, equiparándolo de este modo al proceso monitorio europeo, con el fin de evitar limitaciones de acceso a este procedimiento, que se ha convertido con mucho en la forma más frecuente de iniciar las reclamaciones judiciales de cantidad. [BOE 11 - 10 - 2011] [Texto completo]
[BOE] Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La reforma toma como referencia la situación económica actual tanto para la adopción de las medidas como para la valoración de su implementación. Esta ley asume el impulso que se ha venido dando desde el Gobierno a la evaluación económica de las normas, que en este caso ha resultado prioritaria. [BOE 11 - 10 - 2011] [Texto completo]
[BOE] Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
[BOE 13 - 10 - 2011] [Texto completo]
[TJUE] En caso de cancelación de un vuelo, los pasajeros pueden reclamar, bajo ciertas condiciones, una compensación por el perjuicio moral además de la concedida por el perjuicio material sufrido.
Además, el pasajero tiene derecho a las compensaciones por cancelación del vuelo cuando su avión ha despegado pero, por la razón que sea, se ha visto después obligado a regresar al aeropuerto de origen y dicho pasajero ha sido finalmente transferido a otro vuelo
El Reglamento sobre compensación a los pasajeros aéreos establece medidas estandarizadas que las compañías aéreas deben aplicar respecto a sus pasajeros en los casos de denegación de embarque, cancelación o gran retraso de un vuelo. El Reglamento precisa, no obstante, que éste se aplica sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria. De este modo, la compensación concedida en virtud del Reglamento puede ser deducida de la eventual compensación suplementaria a la que los pasajeros pueden optar.
Entre las medidas estandarizadas previstas por el referido Reglamento en los casos de cancelación de un vuelo, los pasajeros pueden obtener el reembolso de su billete o conseguir un transporte alternativo. Además, durante la espera de un vuelo posterior, la compañía aérea debe ofrecerles atención adecuada (por ejemplo, alojamiento, la posibilidad de restauración y de efectuar llamadas telefónicas). Por último, cuando el vuelo se cancela sin previo aviso o con un preaviso muy breve y no existen circunstancias extraordinarias, los pasajeros tienen también derecho a una compensación a tanto alzado, cuyo importe varía en función de la distancia del vuelo programado.
Paralelamente, el Convenio de Montreal precisa las condiciones en que los pasajeros pueden entablar acciones destinadas a obtener una indemnización de daños y perjuicios con carácter individual a causa de la cancelación de un vuelo. En particular, este Convenio limita la responsabilidad del transportista en caso de cancelación a 4.150 derechos especiales de giro [DEG] por pasajero.
La familia Pato Rodríguez, la familia López Sousa y el Sr. Puga Lueiro habían reservado pasaje para un vuelo de Air France con salida en París (Francia) y destino en Vigo (España) programado para el 25 de septiembre de 2008. El vuelo despegó a la hora prevista, pero regresó al aeropuerto Charles de Gaulle poco después, debido a un problema técnico de la aeronave. Esos siete pasajeros fueron recolocados al día siguiente en otros vuelos, pero, entretanto, sólo el Sr. Puga Lueiro recibió asistencia de la compañía aérea. La familia Pato Rodríguez fue reconducida hacia Oporto (Portugal) y, desde allí, tuvo que tomar un taxi hasta la ciudad de Vigo, donde residían.
Los siete pasajeros de que se trata interpusieron una demanda con objeto de obtener 250 euros cada uno de ellos en concepto de compensación por la cancelación del vuelo. Además, la familia Pato Rodríguez reclama 170 euros por los gastos de traslado en taxi y 650 euros por persona en concepto de reparación del perjuicio moral. La familia López Sousa solicita igualmente 650 euros por persona como reparación del perjuicio moral, así como el reembolso de los gastos de las comidas en el aeropuerto y de un día adicional de guardería para su perro. El Sr. Puga Lueiro reclama 300 euros como reparación de su perjuicio moral.
En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, que conoce del asunto, solicita al Tribunal de Justicia que clarifique si el presente caso puede considerarse una «cancelación» de un vuelo. Además, el órgano jurisdiccional español desea saber si la «compensación suplementaria» que los pasajeros pueden reclamar cubre todo tipo de perjuicio, incluido el moral, y si esta compensación se refiere igualmente a los gastos que los pasajeros han tenido que efectuar a causa del incumplimiento, por parte del transportista aéreo, de las obligaciones de asistencia y atención que le incumben.
En su sentencia pronunciada hoy, el Tribunal de Justicia precisa, en primer lugar, su interpretación del concepto de «cancelación» en el sentido de que no se refiere exclusivamente al supuesto de que el avión de que se trate no haya despegado en modo alguno. En efecto, dicho concepto incluye igualmente el supuesto de que el avión haya despegado, pero, por la razón que sea, se vea obligado a regresar al aeropuerto de origen y los pasajeros de dicho avión hayan sido transferidos a otros vuelos.
Además, el Tribunal de Justicia precisa que, a efectos de examinar si existe una «cancelación», es necesario estudiar la situación individual de cada pasajero transportado, es decir, examinar si, en lo que atañe al pasajero en cuestión, la programación inicial del vuelo se ha abandonado. De este modo, para estimar que se ha producido una cancelación de un vuelo, no es en absoluto necesario que todos los pasajeros que hubieran reservado una plaza en el vuelo inicialmente previsto sean transportados en otro vuelo.
Así, en la medida en que, en el presente caso, los siete pasajeros fueron transferidos a otros vuelos, programados para el día siguiente del día de salida previsto, para alcanzar su destino final (Vigo), el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que «su» vuelo respectivo inicialmente previsto debe entenderse «cancelado».
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisa que el concepto de «compensación suplementaria» permite al juez nacional conceder una indemnización por el perjuicio moral derivado del incumplimiento del contrato de transporte aéreo, en las condiciones previstas por el Convenio de Montreal o por el Derecho nacional.
En efecto, el Tribunal de Justicia estima que la «compensación suplementaria» pretende completar la aplicación de las medidas estandarizadas e inmediatas previstas por el Reglamento. Por tanto, esta «compensación suplementaria» permite que los pasajeros sean compensados por la totalidad del perjuicio material y moral que hayan sufrido a causa del incumplimiento, por parte del transportista aéreo, de sus obligaciones contractuales, en las condiciones y con los límites previstos por el Convenio de Montreal o por el Derecho nacional.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia añade que, cuando un transportista incumple las obligaciones de asistencia (reembolso del billete o conducción hasta el destino final, asunción de los gastos de traslado entre el aeropuerto de llegada y el aeropuerto inicialmente previsto) y de asunción de los gastos que le incumben en virtud del Reglamento (gastos de restauración, alojamiento y comunicación), los pasajeros aéreos están legitimados para invocar un derecho a compensación. No obstante, en la medida en que estas compensaciones resultan directamente del Reglamento, no pueden considerarse comprendidas en una compensación «suplementaria».
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999, firmado por la Comunidad Europea el 9 de diciembre de 1999 y aprobado en nombre de ésta por la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001 (DO L 194, p. 39). Este Convenio se desarrolla mediante el Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DO L 285, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO L 140, p. 2).
Los derechos especiales de giro en el Convenio de Montreal se refieren al derecho especial de giro definido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, debe efectuarse una conversión de las sumas en las monedas nacionales. A 15 de septiembre de 2011, 4.150 DEG correspondían aproximadamente a 4.750 euros.
Sin embargo, en su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional español no precisó si el avión despegó de nuevo más tarde con algunos de los pasajeros y llegó, con retraso, a su destino, o si, por el contrario, no volvió a salir.
[TS] Nacionalidad. Una denuncia por malos tratos no es mala conducta cívica
Formulada solicitud de reconocimiento de la nacionalidad española por D. Gabriel , nacional de la Marruecos, le fue denegada por resolución del Ministerio de Justicia de 12 de diciembre de 2006, basándose dicha resolución en que aún cuando la solicitante llevaba el tiempo exigido de residencia legal en España y había justificado una integración suficiente en la sociedad española, "no ha justificado suficiente buena conducta cívica, ya que según consta en la documentación que obra en el expediente tiene antecedentes de fecha 24/02/2000, ya que le consta una denuncia de su mujer por amenazas, diligencias previas 1238/2000. La prescripción de la falta por incomparecencia no justifica positivamente la buena conducta que el artículo 22.4 del Código Civil exige al solicitante".
D. Gabriel interpuso contra esa resolución recurso de reposición, que fue desestimado por nueva resolución de 29 de octubre de 2007, donde, tras exponerse unas consideraciones generales sobre la materia examinada, se dijo lo siguiente acerca del concreto objeto del recurso: "Por ello, en el caso presente, la mera alegación del recurrente que sostiene su integración positiva en la vida social española no puede desvirtuar el motivo de denegación de la resolución impugnada, pues, sin perjuicio del resultado penal de la denuncia interpuesta por su esposa, ha quedado probado que a lo largo de su trayectoria personal existieron hechos de especial relevancia que, por su gravedad, no pueden dejar de valorarse en esta resolución, al trascender de la esfera estrictamente familiar y privada para centrarse en un aspecto social relevante: el menoscabo de las relaciones familiares como consecuencia de la violencia doméstica. Como quiera que en el juicio de faltas 1128/2001 no se llegó a probar que el interesado no estuviera implicado en los hechos denunciados, y dado que estos se encuentran relativamente próximos a su solicitud de nacionalidad, se ha de concluir que no puede entenderse acreditada la buena conducta cívica del recurrente"
No conforme con esta resolución, D. Gabriel interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, en el que recayó sentencia estimatoria de 24 de marzo de 2009.
El Supremo desestima el recurso de la Abogacia del Estado.
El Congreso de EEUU aprobó este miércoles por amplio margen los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Panamá y Corea del Sur, otorgando al presidente Barack Obama una importante victoria política para su agenda comercial. (elmundo.es) [13 - 10 - 2011] [Texto completo]
Los portugueses comienzan ya a notar las duras exigencias del rescate económico practicado del pasado mayo. El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, del Partido Social Demócrata (PSD), ha anunciado algunas de las medidas que albergará el draconiano presupuesto de Portugal para el año que viene, encaminado a cumplir las condiciones de las instituciones internacionales que prestaron dinero este país para escapar de la bancarrota. Entre estas medidas, se cuenta la de suprimir las pagas extra de Navidad y de Verano del año que viene para todos aquellos funcionarios y empleados de empresas públicas que ganen más allá de 1.000 euros al mes. Los pensionistas que ganen más de esa suma también se quedarán sin esas pagas extra, según ha anunciado el primer ministro. (elpais.com) [14 - 10 - 2011] [Texto completo]
ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia española sobre Discapacidad 2012-2020.
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia española sobre Discapacidad 2012-2020 con el objetivo de servir de marco de referencia y directriz de todas las políticas públicas que se desarrollen en nuestro país en materia de discapacidad con una visión integral de las mismas. [17 - 10 - 2011] [Texto completo]
XIII Reunión del Grupo de Trabajo Permanente Hispano-Marroquí sobre Inmigración. Terrón y Zambrana destacan la cooperación entre España y Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular
La secretaria de Estado señala que "a través del diálogo con los terceros países hemos garantizado una gestión ordenada de la inmigración". "Mantenemos los controles de frontera y todas las personas que intentan llegar a España de forma ilegal están destinadas a ser repatriadas", recalca el secretario de Estado de Seguridad. [17 - 10 - 2011] [Texto completo]
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución