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Timestamp: 2018-04-22 08:51:57+00:00

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Novedades juridicas en Polonia - | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii
Varés & Asociados, en "El Toque"
Publicado por CLAUDIA PADRÓN CUETO | Nov 17, 2017 | Uncategorized
EVOLUCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD EN ESPAÑA Y EN POLONIA
Una de las características que comparten los sistemas judiciales de España y de Polonia es un elevado índice de litigiosidad, que a menudo supone un reto para las capacidades materiales y personales de la Administración Sin embargo, analizando las cifras, encontramos que son los polacos quienes con más asiduidad hacen uso de su derecho a la tutela judicial.
Así, el número de asuntos abiertos ante los juzgados y tribunales españoles en el primer trimestre de 2017 ha sido de 1.501.522, un incremento del 1% respecto al mismo periodo de 2016, según el informe emitido por el CGPJ. Los órganos judiciales españoles dieron solución a 1.552.034 asuntos entre el 1 de enero y 31 de marzo de este año quedando en trámite al final del trimestre poco más de dos millones de asuntos, lo que supone un 4,2% menos que en la misma fecha del año anterior. El Consejo General del Poder Judicial prevé para el conjunto de 2017 el ingreso más de cinco millones y medio de asuntos, y la resolución de un número aún superior.
Por su parte, en el año 2016 ingresaron más de 14 millones de asuntos en los juzgados y tribunales de Polonia, lo que supuso una disminución del 1,6% respecto a las cifras del año anterior, Sin embargo, la litigiosidad ha aumentado desde el año 2012 en un 6,2%. Respecto al número de asuntos solucionados en 2016, un 6% menos que en el 2015.
Juan Antonio Godoy en Radio Nacional - Radio Exterior de España
En este link podrán escuchar la entrevista realizada a Juan Antonio Godoy en el programa Marca España de Radio Exterior de España el pasado 1 de diciembre.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-vares-asociados-bufete-espanol-polonia/3817462/
La resaca del Brexit: consecuencias jurídicas para polacos, españoles y británicos (publicado en Polska Viva de julio de 2016).
El pasado 23 de junio asistimos a uno de esos eventos históricos que se producen solamente cada muchas décadas. Contra pronóstico, los votantes del Reino Unido decidieron en referéndum la salida del país de la UE. Mucho se ha hablado en estas semanas respecto a los motivos de dicha decisión así como de sus efectos tras más de 40 años de permanencia, pero lo cierto es que aún es pronto para determinar estos últimos, que podrán variar sustancialmente en virtud de los términos en que se negocie la salida.
Lo que sí cabe afirmar desde ya mismo es que los cambios serán sustanciales siquiera desde un punto de vista cuantitativo, ya que son 850.000 polacos y más de 200.000 españoles los que viven en el Reino Unido, al tiempo que 1.000.000 y 5.000 británicos residen en nuestros respectivos países. Habida cuenta de dicha situación, y desde la necesaria cautela, sí estamos en disposición de adelantar algunas consecuencias legales y jurídicas prácticas para estos grupos de población.
La primera y más evidente de ellas tiene que ver con la libertad de circulación y residencia. Tras la salida del Reino Unido, dejará de operar el art. 21 del Tratado de Funcionamiento de la UE y salvo que se negocie en contrario, los ciudadanos de los otros países citados perderán la libertad de establecerse libremente en territorio británico. Y por el mismo motivo, también el derecho al sufragio activo y pasivo que preveía la legislación comunitaria.
Asimismo, desaparecerá la libertad de prestación de servicios, con lo que los trabajadores autónomos polacos y españoles no tendrían derecho a prestar servicios en el Reino Unido y viceversa. Además, aquellos que queden en este último país presumiblemente verán cómo las normas que regulan su actividad se endurecen, al decaer la obligación para el Gobierno británico de aplicar los regímenes armonizados del Derecho del trabajo, tradicionalmente más protectores.
En tercer lugar, las sociedades mercantiles del Reino Unido ya no podrán actuar libremente en España o en Polonia, y al contrario. Si bien aún no podemos saber hasta qué punto quedará limitada la libertad con la que actualmente cuentan, cabe prever un giro proteccionista por parte de ambos actores.
En lo que respecta a tributación e impuestos, el Reino Unido recuperará plena libertad sobre el IVA, los impuestos especiales y los aranceles, lo que incidirá sustancialmente en los actuales flujos comerciales. También podrán verse afectadas las pensiones de jubilación: actualmente, la legislación comunitaria permite que los trabajadores de la UE computen los periodos cotizados en los distintos países miembros. Al perder vigencia dicha normativa, los derechos adquiridos de los trabajadores se verán afectados a menos que las partes negocien –como es de esperar- una solución.
Y por último, en cuanto al funcionamiento de la Administración de Justicia se refiere, cabe prever un retroceso en el grado de cooperación judicial y policial. Por ejemplo, la llamada “euroorden”, que agiliza la puesta a disposición de las autoridades de los países miembros a fugitivos dejará de aplicar si no es sustituida, en el contexto de las negociaciones de salida, por una figura similar. Lo mismo sucederá con los mecanismos que facilitan la ejecución de sentencias civiles y mercantiles de unos países en otros, que probablemente perderán en efectividad.
En definitiva, se trata de cambios de significativo calado, cuya importancia quizá fue subestimada por políticos y electores. Sin embargo, cada cambio lleva consigo nuevas oportunidades. Es, por tanto, tiempo de tener los ojos abiertos.
La ley en el tiempo: la prescripción (artículo publicado en Polska Viva, junio de 2016)
¿Cura el tiempo todas las heridas? Podemos decir sin temor a equivocarnos que no hay mal en este mundo cuyos efectos no queden atemperados por el paso del tiempo. Es la naturaleza humana. Y, en una ciencia tan humana como la jurídica, este principio tiene también su reflejo: se trata de la prescripción.
La prescripción es la institución legal por la que el transcurso del tiempo extingue o crea determinados derechos. Esta figura, que data de antiguo –los romanos ya la conocían y aplicaban-, tiene aplicaciones en distintas ramas del Derecho. Así por ejemplo, en determinadas condiciones, uno puede adquirir en propiedad un bien mueble o inmueble solamente por haberlo poseído durante un número de años. También sucede que, si debemos dinero a Hacienda, y esta no nos lo reclama en el plazo de cuatro años, ya no podrá hacerlo después. Y lo mismo –con plazos más breves— pasa con las multas de tráfico.
No obstante, la vertiente de la prescripción que más controversia genera es la penal. En la prescripción penal, el Estado, debido al tiempo pasado, renuncia a juzgar a alguien, o bien a aplicarle una pena a que hubiera sido condenado. La lógica es triple: por un lado, en nuestros sistemas, la pena tiene una función correctiva. Si dejamos pasar demasiado tiempo, la persona a quien juzgamos o castigamos ya no es la misma que cometió el delito. Por otro, el afán de retribución de la víctima también suele atenuarse con el paso de los años. Y por último, se trata de motivar al Estado para que actúe con la mayor rapidez posible.
Los plazos de prescripción varían según la naturaleza del delito, y en general, se calculan a partir de la pena que este lleve aparejada. Sin embargo, algunos crímenes no prescriben nunca. Así, tanto en Polonia como en España y en virtud de convenios internacionales de los que ambos son parte, la prescripción no aplica a los delitos de genocidio, lesa humanidad ni a aquellos que se realicen contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. A los citados, y por mor de nuestro histórico y ya superado problema, el Código Penal español añade los de terrorismo, si hubieren ocasionado la muerte de una persona.
¿Es ese catálogo suficiente? Para muchos, no. Con bastante buen criterio, hay una parte importante de la ciudadanía que estaría a favor de añadir a la lista los delitos más relacionados con la tan dañina corrupción política: malversación de fondos públicos, cohecho (soborno) o prevaricación (dictar resoluciones judiciales a sabiendas de su injusticia). Son delitos cuya compleja instrucción hace que las acusaciones se prolonguen en el tiempo, y que a menudo llegan fuera de plazo. Da qué pensar el hecho de que el legislador, consciente de este fenómeno, se trate a sí mismo de manera tan benévola.
Sin embargo, el debate estrella de los últimos tiempos en nuestros países lo constituyen los delitos de abusos sexuales a menores. Hace algunos meses, el Tribunal Supremo de Polonia denegaba a EE.UU. la extradición del afamado director de cine Roman Polański, acusado de la violación de una menor en 1977, bajo la premisa de la prescripción del delito de acuerdo a la ley polaca. El Gobierno polaco ha anunciado recientemente su intención de recurrir la decisión del Tribunal Supremo, pero, incluso teniendo en cuenta la formidable capacidad de presión norteamericana, lo normal será que dicho recurso se desestime. En España, hechos tales como los abusos sexuales cometidos durante años sobre menores en un colegio de Barcelona han reavivado también dicha controversia. Unos piensan que, habida cuenta del tiempo que a menudo tardan en aflorar las consecuencias de este tipo de actos, no debería haber límite temporal para perseguirlos. Otros consideran que una ampliación de unos plazos ya suficientemente generosos no traería sino una mayor inseguridad jurídica.
Sea como fuere, y mientras el debate se sustancia, el tiempo sigue, impertérrito, su curso.
El factor humano en la justicia (Articulo publicado en Polska Viva, mayo de 2016)
Apenas lleva a cualquier letrado principiante unos meses de ejercicio el darse cuenta de que el sistema de Administración de Justicia está preocupantemente lejos de la perfección. No solamente hemos terminado aceptando con naturalidad que cualquier pleito pueda necesitar dos años para resolverse, sino que de manera frecuente somos testigos de sentencias injustas y mal fundamentadas, independientemente de que nos sean o no propicias.
Muchos son los factores que determinan este defectuoso funcionamiento, que es rasgo común de los sistemas polaco y español. Entre ellos, una insuficiente dotación económica, un escaso aprovechamiento de las nuevas tecnologías o una planificación orgánica que denota la rigidez propia de las administraciones públicas a la hora de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y que siempre va un paso por detrás de estos. Sin embargo, hoy quisiera detenerme en uno de los elementos que más distorsiona la acción de la justicia: el fieramente humano.
Dicho componente, que nunca está del todo ausente, se hace especialmente visible en algunas ocasiones. Un ejemplo: hace unos días, asistí a una vista en Poznan en la que se dirimía la devolución de un menor, hijo de polaca y español, que había sido sustraído por su madre de su domicilio habitual en España y llevado a Polonia. El padre había recurrido a los juzgados para solicitar, en virtud del tratado internacional que regula estos casos, el retorno del menor a España. Y estaba cargado de razón. Tras nuestro alegato final, y el de la defensa de la madre, el tribunal solicitó al Ministerio Fiscal -que debe necesariamente intervenir cuando un asunto afecta a menores- su opinión. Para nuestra incredulidad, su representante informó a favor de la madre y en contra de nuestra tesis. Una vez terminada la vista, mientras esperábamos en el pasillo a que se dictara sentencia, no pude evitar dirigirme a la fiscal –una señora en la cincuentena larga- y preguntarle cómo era posible que hubiera sostenido algo semejante. La respuesta, escalofriante: “¿Y qué crees? ¿que en España una fiscal hubiera defendido a un hombre polaco?”
Esto sucedió en Polonia, pero por favor, que nadie piense que cosas así son exclusiva del país que generosamente nos acoge. El factor humano está presente en todos los sistemas. En todos sitios pueden hallarse jueces desmotivados, fiscales más comprometidos con el género o la nacionalidad que con la Justicia o funcionarios carentes de la más mínima empatía hacia el justiciable. Personas desencantadas con la profesión que olvidan la importancia de lo que nos traemos entre manos, y hasta qué punto una decisión tomada a la ligera puede, por injusta, condicionar la vida de una persona. Felizmente, son minoría.
En definitiva, la Justicia es una institución humana, y por lo tanto, no exenta de las flaquezas propias del humano que se desempeña en su seno. Por ello, y a pesar de los muy buenos profesionales con los que también cuenta, no es razonable esperar siempre de ella un funcionamiento impecable. Es ese mismo motivo el que hace que todos aquellos que representamos un papel en esta actividad debemos tener presente, en todo momento, nuestra parcela de responsabilidad.
El divorcio ante notario (artículo publicado en Polska Viva, abril de 2016)
Estimadas lectoras polacas, el buen tiempo se acerca y es hora de ir pensando en un nuevo destino para esa entidad que dormita frente al televisor y que sólo recupera –a medias- la conciencia cuando el Real Madrid marca un gol. Queridos conciudadanos residentes en Polonia, las nochebuenas cenando carpa en gelatina y col hervida pueden pasar en breve a ser sólo un mal recuerdo. Para facilitar las cosas a unas y a otros recientemente ha entrado en vigor en España la nueva Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria que, entre otras reformas de menor interés, introduce por primera vez la posibilidad de divorciarse ante notario.
El divorcio ante notario tiene idénticos efectos al que se lleva a cabo ante los juzgados –extinción del vínculo matrimonial, cese de la obligación y presunción de convivencia de los cónyuges, extinción del régimen económico matrimonial, etc…– y ofrece destacables ventajas sobre aquel, tales como la inmediatez o la posibilidad de evitar cualquier tipo de contacto o conversación con el cónyuge, ya que puede efectuarse mediante apoderamiento a abogado. Sin embargo, no todos los divorcios son susceptibles de celebrarse ante notario: la ley reserva esta posibilidad para aquellos casos en los que haya un acuerdo entre los cónyuges. Además, la esposa no podrá estar embarazada ni el matrimonio podrá tener hijos menores de edad o cuya capacidad haya sido modificada judicialmente y que sean dependientes de sus progenitores. Por último, y como en el resto de modalidades de divorcio, será necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde que se contrajera matrimonio.
El elemento central de este tipo de divorcio es la confección de un convenio regulador. Dicho convenio es un documento en el que se recogen las condiciones acordadas por los cónyuges que desean divorciarse. Como mínimo, debe contener previsiones respecto al uso de la vivienda y enseres familiares, a la liquidación del régimen económico matrimonial –cómo se reparten los bienes comunes, si los hay– y por último, en referencia a la pensión acordada a favor del cónyuge al que el divorcio provoque un desequilibrio económico, así como las bases de su actualización.
Es evidente el deseo del legislador de eliminar obstáculos a un trámite que –a pesar de las bromas con las que nos permitíamos comenzar este artículo– nunca resulta agradable. No obstante, también se ha preocupado de evitar que al albur de esta buscada simplicidad puedan cometerse abusos contra el cónyuge que tenga una posición más desprotegida. Para ello, ha previsto un doble mecanismo: por un lado, la obligatoriedad de que, al igual que en un divorcio judicial, los cónyuges sean asistidos por un abogado durante el proceso. Por otro, la posibilidad de que el notario se niegue a autorizarlo si considera que el acuerdo propuesto es gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos.
Una vez el vínculo matrimonial quede disuelto, aún deberemos llevar a cabo algunas actuaciones: en primer lugar, necesitaremos inscribir el divorcio en el Registro Civil. Además, acudiremos al Registro de la Propiedad para inscribir la nueva titularidad de los inmuebles que haya surgido como consecuencia del acto. Y finalmente, para aquellos divorcios ante notario entre ciudadanos polacos y españoles, deberemos encargarnos de obtener el reconocimiento e inscripción de la resolución notarial española en el homólogo en Polonia del Registro Civil, la Oficina del Estado Civil (Urząd Stanu Cywilnego). De otro modo, el divorcio español no tendrá efectos en este último país.
En definitiva, el divorcio ante notario resulta una opción atractiva al permitir una mayor celeridad en las actuaciones y al imponer un menor desgaste psicológico a las partes afectadas, que pueden delegar en sus asesores legales la mayor parte del trámite.
La ley gitana (Artículo publicado en Polska Viva de febrero de 2016)
La protección de los derechos animales (artículo publicado en Polska Viva, julio-agosto de 2015)
Una temporada a la sombra. (Artículo publicado en Polska Viva, junio de 2015)
Liquidando una sociedad en Polonia (publicado en Polska Viva, mayo de 2015)
La práctica totalidad de guías sobre “cómo hacer negocios en Polonia” que habitualmente publican bufetes y asociaciones incorporan el consabido epígrafe sobre los distintos modos de establecer una presencia legal en el país. Y dentro de estos, por ser a menudo la forma más ventajosa, suele hacerse hincapié en la manera de crear una sociedad de responsabilidad limitada. Empero, todo buen plan de negocio debe tener prevista una vía de salida si las cosas no marchan como en principio esperamos. Por ello, conviene arrojar algo de luz sobre una cuestión que -quizá por aquello de no generar malos augurios en el empresario incipiente- muchas guías omiten: cómo se cierra una empresa.
El proceso de liquidación de una sociedad coincide con la etapa final de su funcionamiento. Como sucede en el Derecho español, el legislador prevé una serie de casos en las que las sociedades deben ser liquidadas. Dichos casos son los siguientes: cuando así se haya previsto en los estatutos; en el momento en que lo decidan los socios en junta general; cuando se declare el concurso de acreedores, o bien en otras situaciones previstas por la ley (por ejemplo, cuando la sociedad vaya a ser absorbida u objeto de segregación).
Siempre con el objeto de salvaguardar en la medida de lo posible los derechos de los acreedores, la ley establece una serie de pasos a la hora de liquidar una sociedad: en primer lugar, los socios –o sus representantes- deberán adoptar la resolución de disolverla. Dicha resolución deberá tener forma de escritura notarial, y la primera consecuencia del otorgamiento será la obligación añadir la coletilla “en liquidación” al nombre de la entidad en cuestión.
La resolución, acompañada de no poca documentación anexa, deberá ser a continuación presentada al KRS, homónimo polaco de nuestro Registro Mercantil. Esta institución inscribirá la liquidación y la hará pública mediante un anuncio en su boletín oficial.
Además, en la resolución deberá designarse uno o varios liquidadores. Sólo estos podrán, desde ese momento, representar a la sociedad, perdiendo la capacidad de hacerlo los que hasta ese momento eran miembros del órgano de administración o apoderados. La función del liquidador no será la de continuar con las operaciones ordinarias de la sociedad –mucho menos emprender otras nuevas- sino, grosso modo, la de cobrar los créditos y liquidar las deudas de la misma. Para ello, el primer paso será la elaboración del llamado “balance de apertura” donde se recoge la situación financiera de la empresa. El balance deberá ser aprobado por la junta general de socios. Deberá igualmente comunicarse la liquidación a los acreedores de que la sociedad tenga conocimiento, de tal manera que en el plazo de tres meses, puedan presentar a cobro sus reclamaciones. Asimismo, en dicha fase se procederá a actualizar los datos relativos al IVA, impuesto de sociedades y a la Seguridad Social, de tal manera que las obligaciones correspondientes queden correctamente provistas.
Una vez haya transcurrido un plazo de al menos seis meses, y se hayan cobrado los créditos y liquidado las deudas, se aprobará el llamado “balance de cierre”, quedando el remanente, si lo hubiera, a disposición de los socios en proporción a su participación en la sociedad. Sólo entonces podrá solicitarse al KRS la cancelación de la inscripción de la misma.
Así las cosas, conviene recordar dos puntos: primeramente, que ni es instantánea, ni es simple; y en segundo lugar, que se trata de una actividad obligatoria en los casos legalmente previstos, pudiendo su incumplimiento o cumplimiento defectuoso conllevar graves consecuencias. Es aconsejable, por tanto, recurrir a profesionales de acreditada experiencia.
Comprando una vivienda en Polonia, segunda parte (Artículo publicado en Polska Viva - febrero de 2015)
Comprando una vivienda en Polonia, primera parte. (Artículo publicado en Polska Viva diciembre 2014 - enero 2015
Si hubiera que clasificar a los distintos pueblos de Europa en dos grupos, uno formado por aquellos en los que impera la mentalidad del “comerciante/industrial”, y otro en el que predomina la del “campesino/terrateniente”, lo más seguro es que Polonia y España formasen parte de este último. A polacos y españoles nos gusta la tierra. O, en los últimos tiempos, su versión actualizada; es decir, el “ladrillo”. En eso somos diferentes a países como el Reino Unido o Alemania – no digamos ya EE.UU. – donde el valor de los bienes se mide principalmente por el “cash-flow” que generan, y que por tanto, son más proclives a invertir en industria o mercaderías. Esta característica, que seguramente hunda sus raíces en complejos motivos históricos y religiosos, tiene evidentes consecuencias en la práctica. Por ejemplo, más de un 80% de nuestros ciudadanos viven en su propia casa, en contraposición con otros europeos, que pueden transcurrir por este mundo de alquiler en alquiler, sin sentir la más mínima desazón al respecto.
Así las cosas, y como quiera que muchos españoles de los que viven en Polonia pueden plantearse la posibilidad de adquirir una vivienda en Polonia, resulta conveniente presentar una somera explicación del aspecto legal de tal operación. En este artículo, nos centraremos en el ámbito registral.
Una vez hayamos encontrado un inmueble que nos interese, lo primero que debemos hacer es acceder al Registro de la Propiedad (en polaco “Księga Wieczysta”). Se trata de un registro administrado por el juzgado regional competente y de libre acceso al público, el que podremos averiguar una serie de datos de gran relevancia sobre la finca en cuestión. Dichos datos aparecen clasificados en distintas secciones:
La sección I contiene una descripción del inmueble: dónde se encuentra, cuántos metros cuadrados tiene, o cómo se distribuye. Puede suceder que haya una discrepancia entre dichas informaciones y el estado cierto del inmueble. En ese caso, deberemos comunicarlo al vendedor para que inste al Registro la corrección de los datos.
La sección II nos informará sobre el propietario. Lo normal será que aparezca el nombre del vendedor, sea este persona física o jurídica. Sin embargo, que el nombre sea distinto no significa necesariamente que nos encontremos ante un intento de fraude. A menudo la inscripción de una compra tarda varios meses en aparecer en el Registro, por lo que puede ser que todavía no se haya llevado a cabo la inscripción. Si ese es el caso, deberemos pedir al notario que vaya a encargarse de autorizar la escritura de compraventa que se dirija al Registro para comprobar si realmente el ahora vendedor ha solicitado la inscripción de la compra.
En la sección III se inscriben todos los derechos reales que puedan afectar al inmueble, con la excepción de las hipotecas. Aquí encontraremos referencias a las servidumbres, los derechos de adquisición preferente, o los célebres “usufructos perpetuos” (użytkowanie wieczyste) a las que pueda estar sujeta la vivienda. Podemos también encontrar anotaciones preventivas provenientes de precontratos de venta vigentes a la fecha. En ese último caso, lo más razonable será desistir de la compra.
Y por último, en la sección IV aparecen los derechos reales de hipoteca. Es decir, si el inmueble se ha usado como garantía hipotecaria de alguna deuda, aquí se inscribirá la cuantía de la misma, el nombre del beneficiario, y otros datos de relevancia. El hecho de que la vivienda garantice una deuda no significa que no pueda ser vendida. No obstante el comprador debe saber que si el deudor no pagase, el acreedor hipotecario podrá ejecutar la hipoteca y el nuevo dueño perderá la finca. Se trata, por tanto, de una cuestión de máxima importancia.
En general, la compra de una vivienda no es una actividad especialmente compleja, pero sí requiere tener claros una serie de conceptos sobre los que intentaremos arrojar luz en sucesivos artículos. Sin embargo, si queremos una máxima seguridad o no estamos completamente seguros sobre los pasos a seguir, lo más aconsejable es ponernos en manos de profesionales. A dichos efectos, una agencia inmobiliaria o un despacho de abogados podrán, sin duda, sernos de gran ayuda.
Extradición, Unión Europea y Derechos Humanos. (Artículo publicado en Polska Viva de junio 2014)
Entre otras muchas, España y Polonia comparten la característica de ser países frontera de la UE. Ello, unido a las peculiaridades económicas y sociales de los países con los que limitan, hace que en ambas naciones exista una intensa actividad en el ámbito del Derecho Penal Internacional, es decir, de la rama del Derecho que regula los delitos y las penas que acarrean, cuando los mismos incumben a más de un Estado.
El problema de la internacionalidad en la persecución del crimen viene de antiguo. Es una reacción natural de aquellas personas que han cometido un delito intentar evitar sus consecuencias poniéndose fuera del alcance de la autoridad. Durante siglos, la salida más fácil fue “acogerse a sagrado” o, según la expresión que ha llegado a nuestros días, “llamarse a andana”. Ello consistía en que, después de cometer el desaguisado, el autor corriera a refugiarse en la primera iglesia o monasterio que encontrara, beneficiándose así de la protección que estos dispensaban a los perseguidos por la Justicia. Una vez allí dentro, el infractor aguantaba tanto tiempo como el que tardaran los perseguidores en cansarse de esperar.
Sin embargo, una opción todavía más efectiva era, simplemente, la de abandonar el país. Por ello, no pasó mucho tiempo antes de que los Estados empezaran a pensar en fórmulas para evitar ser burlados. Nació así una institución fundamental dentro del Derecho Penal Internacional: la extradición. Se trata del procedimiento por el que una persona acusada o condenada por un delito en un Estado que es detenida en otro Estado diferente, es devuelta al primero para que pueda ser juzgada o para que cumpla la pena ya impuesta.
La extradición es una figura compleja desde el punto de vista jurídico: ya desde una primera reflexión surge de manera natural una serie de interesantes cuestiones. Por ejemplo: ¿qué pasa cuando un país reclama la extradición de un sujeto para castigarle por crímenes políticos? ¿Debe un país extraditar a uno de sus nacionales cuando lo reclame otro Estado? ¿Puede un Estado de la UE conceder la extradición de una persona si anteriormente otro Estado miembro, en base a los mismos hechos, la hubiera denegado?
En los últimos meses nuestro despacho ha intervenido en un apasionante asunto que se ha desarrollado en España ante la Audiencia Nacional y cuya resolución ha servido para dar respuesta a alguna de estas preguntas. Nuestro cliente, un ciudadano polaco de origen bielorruso, fue detenido mientras se encontraba de vacaciones en España. La orden de detención internacional había sido cursada por la República de Bielorrusia, que le reclamaba para el cumplimiento de una larga condena de prisión por lo que, teóricamente, era un delito societario. Sin embargo, la verdadera motivación de Bielorrusia -que como es sabido, es un régimen presidencialista de rasgo dictatorial- era castigar al reclamado por las actividades de oposición política que este había desarrollado en su juventud, cuando aún residía en su país de origen. Para completar el cuadro, ha de tenerse en cuenta que con anterioridad Bielorrusia había solicitado la extradición a Polonia, quien la había denegado por considerar que concurrían elementos de persecución política.
Así las cosas, la estrategia de defensa elaborada por el despacho se basó en cuatro puntos: primeramente, en virtud del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, España debería acatar la decisión previa del tribunal polaco. Segunda idea: si España no extradita a sus nacionales, extraditar a un ciudadano de un país de la UE supondría una violación del principio de no discriminación contenido en el Tratado de Funcionamiento de la UE. En tercer lugar, existían elementos evidentes que hacían pensar que la extradición, teóricamente motivada por un delito societario, respondía en realidad a una persecución política. Y por último, el hecho de que las prisiones de Bielorrusia -flagrante incumplidor de las obligaciones más básicas de respeto a los Derechos Humanos- presenten condiciones infrahumanas.
Nos llevaría muchas páginas desarrollar la decisión que, recientemente, puso fin al procedimiento, así que baste saber que la historia tuvo final feliz. La Audiencia Nacional escuchó (algunos de) nuestros argumentos, el reclamado no fue extraditado y pudo volver a casa con su familia. Así, otras personas que en el futuro se encuentren en una situación similar, lo tendrán más fácil.
Una última cosa: aquellos de nuestros lectores que tengan curiosidad por saber en qué se basó exactamente la Audiencia para denegar la extradición pueden acceder al texto íntegro en la sección “novedades jurídicas” de nuestra web www.abogadosenpolonia.com.
Escrito extradicional.
Escrito por el que se solicita motivadamente la denegación de la extradición.
Escrito extradicional.pdf
Documento Adobe Acrobat 447.3 KB
Auto de denegación de la extradición.
Resolución de la Audiencia Nacional de 5 de mayo de 2014 por la que se deniega la extradición solicitada por la República de Bielorrusia.
Auto denegando extradición.pdf
Tasas judiciales en España y en Polonia. (Artículo publicado en Polska Viva de mayo de 2014)
Muchas son las ingratas novedades con las que los políticos, independientemente de su signo, obsequian cada semana al sufrido ciudadano. Tantas que aquel, inmerso como está en sus problemas cotidianos, a menudo se limita a recibir el siguiente palo en su castigada espalda sin apenas protesta alguna. Sin embargo, no debemos confundirnos: dentro de los desmanes, hay grados. Y quizá uno de los más importantes de los últimos tiempos, por constituir un auténtico torpedo en la línea de flotación de los derechos del ciudadano es la instauración y el mantenimiento de las llamadas “tasas judiciales”, es decir, los pagos que deben realizarse a la administración de justicia para que esta desempeñe su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
No cabe duda de que el buen funcionamiento de un Estado se basa en que su sistema judicial actúe correctamente, ya que sólo desde esa confianza pueden realizarse las actividades que dan sentido a la sociedad. Tampoco es un secreto que ni España ni Polonia se caracterizan por contar con un sistema judicial especialmente eficiente. Lo cierto es que, a pesar del esfuerzo ingente que jueces y secretarios judiciales llevan a cabo, los resultados son insatisfactorios, principalmente por la lentitud de los procedimientos.
Así las cosas, y como en cualquier sistema sobrecargado, se plantean dos opciones: o bien dotar al mismo de más medios y mejor organización, o bien reducir el número de personas que acceden al mismo. Teniendo los políticos que tenemos, y dado que la primera de las opciones les habría exigido un esfuerzo de liderazgo, creatividad y capacidad de aunar voluntades, ha triunfado la segunda: disuadir al usuario mediante el cobro de una tasa por el inicio de un procedimiento judicial.
El importe de las citadas tasas varía dependiendo del tipo de asunto de que se trate, pero en cualquier caso, está lejos de ser simbólico: así, en un procedimiento ordinario por la vía civil, un juzgado polaco cobrará el 5% del valor del pleito. Por un proceso similar, su homólogo español exigirá un fijo de 300 EUR más un 0,1 % de la cuantía si el demandante es una persona física y un 0,5% si se trata de una persona jurídica. Cantidades que, a menudo, hacen que el ofendido deba replantearse si merece la pena pedir justicia.
Aquellos que defienden este sistema argumentan que el dinero recaudado de esa manera permite mejorar el acceso a la justicia gratuita para aquellas personas cuya situación económica no les permite costearse un abogado, y que además, la litigiosidad –es decir, el volumen de asuntos que llegan al juzgado- desciende significativamente. Dejando de lado lo criticable que resulta considerar un éxito el hecho de que a igual número de controversias, menos de ellas lleguen a resolverse por la vía judicial, lo cierto es que la práctica demuestra que las tasas en nada han contribuido a mejorar el funcionamiento de la Justicia. Los procesos siguen sufriendo dilaciones indebidas, y las capacidades de ejecución efectiva de las sentencias condenatorias en absoluto parecen haber variado.
Si bien el mecanismo de las tasas es -aún con sus especialidades- similar en España y en Polonia, llama la atención la diferente reacción que su existencia ha producido entre los profesionales del Derecho. Así, mientras que en España la instauración de las tasas ha provocado la oposición de la mayor parte de los partidos políticos, la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad y una airada reacción por parte de jueces, abogados y procuradores que han tenido como efecto una sustancial rebaja respecto a las originariamente previstas, en Polonia -y quizá porque su existencia cuenta ya con gran tradición- se toma con mayor naturalidad, siendo escasas son las voces que se manifiestan en contra. Ello a pesar de la evidencia del efecto perverso: entorpecer, e incluso impedir, el acceso a la Justicia a los más desfavorecidos.
En definitiva, en un sistema híper-regulado y súper-politizado, es responsabilidad de los ciudadanos permanecer en alerta frente a todo tipo de acciones que puedan poner en peligro sus derechos. Consecuentemente, cualquier decisión que le dificulte el acceso a juez justo, independiente e inamovible, supone una desprotección frente al poder, y debe ser contestada con rotundidad. No olvidemos que, como dijo Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.
Importación de vehículos a Polonia (Artículo publicado en Polska Viva de abril 2014)
La crisis económica de la que tímidamente comenzamos a recuperarnos ha tenido un significativo impacto en los saldos migratorios entre Polonia y España. Es bien conocido que durante los años ochenta y noventa, el número de ciudadanos polacos que decidía probar suerte en España superaba con creces al de españoles lo suficientemente osados como para establecerse en un país que, en aquel momento, seguía siendo un gran desconocido. Sin embargo, las tendencias se han invertido, y hoy en día, son miles los españoles que, cada año, se rinden a los múltiples atractivos del país que nos acoge.
Como consecuencia de dicha creciente interrelación y de la proximidad geográfica, venimos asistiendo a la aparición de un nuevo colectivo: el de personas cuya vida familiar y profesional se desarrolla a caballo de ambos países, y que pasan largas temporadas entre Polonia y España. Este colectivo, cada vez más numeroso, tiene sus propias dudas existenciales. Pues bien, en este artículo vamos a intentar arrojar algo de luz sobre una de las más comunes: “¿Qué hacemos con el coche?”.
A la hora de decidir si merece la pena traer nuestro vehículo desde España y matricularlo en Polonia, o si por el contrario es mejor dejarlo allí y buscar uno en destino, debemos tener en cuenta el papeleo que la primera opción supone. Traerlo supondrá, en primer lugar, la necesidad de darlo de baja en España. Para ello, habrá que ir a la delegación competente de la Dirección General de Tráfico y entregar los siguientes documentos: DNI y permiso de conducir del titular, o bien, si está a nombre de una sociedad, documento acreditativo de que podemos representarla (escrituras o poder vigente) y tarjeta de identificación fiscal de la misma. Además necesitaremos el permiso de circulación, la tarjeta de la inspección técnica y por último, el justificante de haber abonado el impuesto de circulación del año en curso. Pagando 8 euros, la DGT procederá a anular el permiso de circulación español.
A partir de ahí, tenemos dos opciones para hacerlo llegar a Polonia. La primera es encargar el transporte por camión hasta la ciudad de destino. Las empresas que se dedican a esto cobran aproximadamente 500 EUR por el servicio. La segunda, traerlo andando, lo que, teniendo en cuenta combustibles y peajes, cuesta poco más o menos lo mismo que enviarlo en camión Si esto último es lo que deseamos, aprovechando nuestra visita a la DGT solicitaremos unas placas de matrícula verdes, que nos permitirán circular con el coche durante 60 días siempre y cuando tengamos la ITV y el seguro en vigor.
Ya tenemos el coche en Polonia, y llega el momento de matricularlo en dicho país. Para ello, en primer lugar, necesitaremos contar con la tarjeta de residencia temporal o permanente polaca, y estar convenientemente empadronados. Tras ello, nos dirigiremos al organismo encargado de estos quehaceres, que en Varsovia es el llamado ”Wydział Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień” o Departamento de Matriculación de Vehículos y de Expedición de Permisos” sito en la plaza Sokratesa Starynkiewicza 7/9, y les entregaremos: solicitud de matriculación de vehículos cumplimentada (puede obtenerse en internet), nuestro documento de identidad o pasaporte, prueba de empadronamiento en Polonia, algún documento que pruebe que el vehículo es nuestro (factura de compra, contrato de compraventa, sentencia judicial, o una declaración jurada), permiso de circulación español o cualquier otro documento que pruebe que el coche estaba matriculado allí, certificado de inspección técnica realizada en Polonia, y por último, justificante de haber abonado el VAT (si corresponde) y la tasa de matriculación correspondiente. Si hemos seguido los pasos correctamente, en cuestión de media hora, nos recogerán las placas antiguas y nos harán entrega de otras, flamantes y con las letras PL.
Sin embargo, no hemos terminado todavía, puesto que antes de empezar a circular, deberemos contratar el seguro, ya sea “a terceros” (llamado OC) que es obligatorio, o bien “a todo riesgo” (AC), voluntario.
En resumen, traer nuestro coche a Polonia supone un esfuerzo y un gasto significativos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que al hacerlo, dejaremos de pagar el impuesto de circulación anual en España, y ahorraremos también en el seguro, normalmente más barato en Polonia. Por tanto, es una opción conveniente si planeamos pasar unos años allí.
Responsabilidad Social Corporativa y fundaciones (Artículo publicado en Polska Viva de marzo 2014).
Desde que se originara a mediados de los años 50, el concepto de responsabilidad social corporativa ha ganado en presencia, y se ha convertido en un elemento fundamental en la gestión de la empresa moderna. Muchas organizaciones –algunas entidades sin ónimo de lucro también- se han dado cuenta de la importancia de devolver a la sociedad una parte de los beneficios que generan, y de las ventajas que esto supone para ellas mismas en términos de imagen, mejora de la cultura empresarial interna, incentivación al trabajo, etc… Por ello, aplican sus capacidades gestoras a tareas tales como mejora del medio ambiente, la distribución equitativa de la riqueza, u obras de interés social.
Existe la creencia generalizada –y sólo en parte fundada- de que este tipo de actividad es exclusivo de países ricos y de grandes empresas. Lo cierto es que, según se desprende del informe que publica anualmente la ONG “AccountAbility”, el ranking de los primeros está encabezado por Estados nórdicos: Suecia, Islandia, Dinamarca y Finlandia. Algunas grandes potencias económicas aparecen en lugares más discretos. Por ejemplo Estados Unidos ocupa el puesto 21, Corea del Sur, el 34 y Brasil, el 53. En lo que a nosotros respecta, España ocupa el 19 y Polonia, el 46.
En lo que a empresas respecta, es curioso constatar que copan las primeras posiciones algunos nombres que, como Umicore, Natura o Statoil, resultan desconocidos para el gran público. Sin embargo, pronto aparecen otras mucho más familiares: Intel (puesto 14), Adidas (17), e incluso algunas españolas como Enagas, Inditex o Acciona, que se cuelan entre las 30 primeras del ranking de la revista especializada “Corporate Knights”.
Sin embargo, no necesitamos ser Nestlé o Siemens para cumplir con nuestra pequeña parcela de responsabilidad social. Tanto la legislación española como la polaca prevén vías para ayudarnos en ese empeño. Una de las que están al alcance de cualquier pequeño o mediano empresario que desarrolle su actividad en Polonia es la constitución de una fundación.
En Polonia, las fundaciones están reguladas por una ley de 6 de abril de 1984. Dicha norma las define -de manera no poco ambigua- como una forma de organización cuyo propósito es destinar un determinado capital a un fin de tipo social o de utilidad económica. Para crear una fundación, es necesario que el fundador otorgue unos estatutos en los que se determine su denominación, domicilio, capital, ámbito de actuación, y régimen según el cual se rige, así como los órganos que la forman y su funcionamiento. Sin embargo, la fundación no adquiere personalidad jurídica en el momento del otorgamiento de dichos estatutos, sino cuando se inscribe en el Registro Nacional de Empresarios, o KRS.
La fundación ofrece una serie de ventajas sobre las sociedades mercantiles tradicionales. Por ejemplo, a diferencia de en el caso de estas, no hay un capital social mínimo para constituirlas. Tampoco existen restricciones a la hora de que una fundación cree otras fundaciones, posibilitando por tanto auténticos “árboles” que permiten diversas estrategias de ingeniería legal. Existe, asimismo, una mayor libertad a la hora de determinar el régimen de funcionamiento de la fundación y de sus órganos que la que pueda alcanzarse a través de las sociedades mercantiles.
Sin embargo, quizá el mayor atractivo de está opción es de carácter económico. En primer lugar, las fundaciones pueden tener acceso a distintas subvenciones, y pueden optar a recibir un 1% de la cuota que los contribuyentes paguen en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que, tras la entrada en vigor de la Ley sobre Beneficio Público y Voluntariado de 2004, estos pueden asignar el citado porcentaje a aquellas organizaciones que se encuentren en la lista oficial que a estos efectos mantiene el Ministerio de Trabajo y Política Social.
Pero sobre todo, destaca el ventajoso tratamiento fiscal que se hace a aquellos ingresos que van destinados a fines sociales, así como a las retribuciones de los administradores.
En resumen, más allá de los beneficios que para la sociedad y para la imagen de nuestra empresa puede suponer el establecimiento de una fundación, esta puede ser una buena manera de llevar a la práctica la idea del colonizador y político británico Cecil Rhodes, que, con el pragmatismo propio de sus compatriotas, dijo: «La filantropía pura está muy bien, pero la filantropía más un cinco por ciento es mucho mejor.»

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