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ODR-Online Dispute Resolution, en sus siglas en inglés, en español es lo mismo que Resolución de Disputas en Línea, en siglas: RDL
La posibilidad de que sin moverse de casa, cualquiera pueda resolver la controversia que le enfrenta a otro, ya sea particular, familia o empresa se aplica sobre todo en el ámbito del comercio electrónico, dónde ha tenido su génesis, pero cada vez más se va extendiendo a otros ámbitos.
ODR-Online Dispute Resolution o RDL-Resolución de Disputas en Línea, aunque son métodos extrajudiciales deben obedecer a un procedimiento estandarizado para garantizar la aplicación del derecho con independencia de las distintas especificaciones técnicas que en cada momento se apliquen.
Sobre ello debate el Grupo de Trabajo III de la UNCITRAL,
A través del uso de la ODR-Online Dispute Resolution, adcordis ofrece desde España un nuevo enfoque de los servicios jurídicos.
En adcordis trabajamos online para poner a disposición del ciudadano un procedimiento extrajudicial que integre los nuevos medios online de solución de conflictos fuera de los tribunales con plenas garantías configurando así un genuino derecho de tutela extrajudicial efectiva.
Por eso hemos querido llamar a nuestro blog: justiciaonline
La misión del equipo ODR adcordis es facilitar una genuina justiciaonline, que para nosotros es tanto como decir el derecho a la tutela extrajudicial efectiva.
Difundimos la ODR para garantizar la justiciaonline
Somos ad cordis:
Susana García Calledesde Valencia
Juan Antonio Herreradesde Málaga
María Luisa Lagunilla y
Ricardo de Sosa Llera desde Santander
Coordinados por Antonio J. Almarza
Contamos con la dirección académica de Andrés Vázquez y la asistencia en la distancia del Dr D. Alberto Elisavetsky que nos guían en esta aventura
En el equipo ad cordis postulamos el arreglo voluntario de las diferencias con prioridad al recurso a los mecanismos jurisdiccionales como la mejor vía para cimentar en la sociedad relaciones de cooperación y no de sumisión
Por eso nuestro lema: Promovemos la concordia
Nuestros servicios siguen una pauta de actuación que se resume en un principio: Posponer el litigio para anticipar la solución.
Integramos perfiles profesionales diversos para ampliar nuestro enfoque a la hora de afrontar la resolución “online” de muchos conflictos que enfrentan a las familias, las pymes y los consumidores.
Además, en el ámbito de E.Commerce, somos proveedores de RDL para la plataforma transnacional youstice en España.
ad cordis ha nacido en la web porque pretende que con un simple “clic”, cualquiera pueda acceder a la justiciaonline.
Resolución de disputas a golpe de clic: El abismo de la inmediatez
noviembre 10, 2016 / antonio j. almarza / 0 Comments
Lo que sigue es un fragmento de la ponencia que con el título: Resolución de disputas a golpe de clic: El abismo de la inmediatez, tuvimos la suerte de desarrollar el pasado día 7 de Octubre en el Palacio de Congresos de Torremolinos, dentro del 12º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.
Fue una filósofa española y malagueña de pro, María Zambrano quien nos dejó esa acertada y valiente reflexión que nos permitimos traer aquí casi a modo de invocación para presentarnos hoy ante sus paisanos.
Pero este es un Congreso jurídico y es preciso que el equipo adcordis contribuya siquiera someramente a dotar esta intervención de ese carácter que sin duda es el motivo principal que nos reúne.
Ya hemos aclarado que no somos mediadores por lo que poco tenemos que aportar sobre la Ley 5/12 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles que por lo demás todos conocemos y aplicamos a diario.
Si acaso es procedente dejar constancia de la apuesta decidida que esa norma realiza por las actuaciones desarrolladas por métodos electrónicos en su artículo 24.
Allí se establece además en su número 2 el carácter prioritario o preferente de este tipo de mediación cuándo ésta va dirigida a la reclamación de cantidades que no excedan de 600 euros.
Como es bien sabido, estamos en el ámbito de las llamadas “small claims“, reclamaciones de pequeña cuantía que tienen un difícil tratamiento en sede judicial no tanto por causa de su regulación como por los efectos disuasorios que supone su escaso valor económico a la hora de decidir enfrentarse con el procedimiento que les da inicio.
Para entender mejor la regulación legal se hace preciso conectar esta disposición con las previsiones de la L.E.C.
Con carácter general, la Ley de Enjuicimiento Civil reserva el ámbito del juicio verbal a aquellas pretensiones inferiores a los 6.000 euros si bien discrimina la intervención preceptiva de abogado y procurador para aquellas superiores a los 2.000 facilitando al interesado el acceso personal y directo a la jurisdicción a través de unos impresos normalizados para las comprendidas hasta ese límite que además se resuelven en única instancia y carecen de recurso de apelación.
Para entender el uso que se viene realizando de estas previsiones legales, a nuestro entender resulta paradigmático el supuesto resuelto por el auto de 26 de Enero de 2.015 del Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona que tanto ha hecho discurrir a los mediadores en encendidas polémicas sobre todo a cuenta del supuesto carácter voluntario que impondría a la mediación.
Recordemos sucintamente los hechos objeto de litigio:
Una aseguradora lleva a juicio a un particular por un importe de 402,75 euros correspondientes al valor de sustitución de un vehículo que le proporcionó temporalmente por un accidente acaecido el 11 de febrero de 2.013. Tras resolver el procedimiento instado a tal efecto mediante sentencia de 25 de Noviembre de 2.014, el juzgado número 52 de Barcelona impone una multa por mala fe procesal de 40,52 euros a la aseguradora en el auto que nos ocupa.
Repárese que estamos ante una pretensión de cuantía inferior a 600 euros, cuyo acaecimiento no se discute pues únicamente se pretende concretar su eventual reembolso, negado por el particular.
Es obvio que ese extremo pudo haberse sometido a mediación por medios electrónicos para lo que era especialmente indicado de acuerdo con el artículo 24.2 de la ley 5/12, disponiendo además la aseguradora de todo un amplio abanico de medidas alternativas que sin embargo optó por obviar para plantear directamente su pretensión ante el juzgado.
Reparemos en algo que quizá no ha sido suficientemente destacado.
Parece claro que de haberse planteado el debate sobre la posición inversa es decir únicamente sobre la legitimidad de incluir los 402,75 euros como derecho a percibir por el particular afectado, muy probablemente el asunto no habría tenido entrada en la sede judicial, ya que el incentivo para ello a todas luces no compensaba al interesado del esfuerzo y molestias a desplegar para ejercitar su derecho.
Es esta clara falta de simetría que en ocasiones enfrentan consumidores y empresarios a la hora de afrontar idénticas pretensiones jurídicas, lo que acarrea que la misma posición jurídica prevista en cada caso para cada uno de ellos en cuanto que demandante sólo sea teórica y, en la práctica se torne en clara desventaja del particular.
Si bien la norma no lo pretende ni lo busca, pues está pensada para amparar a ambos por igual en su pretensión, en la práctica, la previsible falta de uso por la falta de estímulos o incentivos, la deja en manos de una sola de las partes enfrentadas, curiosamente la que posee mayor capacidad económica.
De ahí que la intervención del Juzgado de Barcelona sea particularmente oportuna para siquiera limitar estos efectos, cuando además, en el caso de ciertas corporaciones incluso se les otorga por ley la exención de tasas.
En definitiva, el problema de las “small claims” o reclamaciones de escasa cuantía, ha de afrontarse también como una cuestión de costes operativos y estímulos a un comportamiento determinado que ha de juzgarse más o menos valioso a la luz del ordenamiento.
No se trata tanto de imponer una mediación por ley, como de enfrentar al que voluntariamente desprecie estos mecanismos alternativos a unas consecuencias ciertas que le harán cuestionarse su decisión.
El auto de 26 de Enero de 2.015 que ha motivado esta reflexión, da un paso fundamental, pues al imponer la sanción por mala fe procesal a la aseguradora, incentiva que en lo sucesivo, aquellos otros que puedan tener veleidades similares, se ajusten en su uso de la jurisdicción como última ratio, una vez fracasados otras tentativas de arreglo; lo que nos lleva a que la satisfacción de la tutela efectiva no ha de ser necesariamente judicial.
Si todos conocemos un grupo de magistrados que no dudan a la hora de afirmar que mediación es justicia, pocas dudas cabe albergar de que la justicia no se puede limitar tampoco sólo a la mediación y ha de comprender en general todos los métodos de ADR ya se administren estos en forma presencial u online.
El diccionario de la Real Academia Española contiene en su tercera acepción de “abismo” una definición que nos interesa destacar ahora particularmente: “Diferencia inmensa” Como por ejemplo cuando se dice que: Entre el original y la copia hay un abismo.
Pretendemos que esa invitación al abismo que vamos a concretar a continuación al momento de explicarles el funcionamiento de youstice se acoja por ustedes con la misma naturalidad con que otro malagueño ilustre, Pablo Picasso, tuvo a bien advertirnos de que: “Todo lo que puedas imaginar es real”

References: Resolución 
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 artículo 24
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