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Timestamp: 2019-12-06 02:17:59+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 4, de 11/01/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 4
Sesión plenaria núm. 4 (Sesión extraordinaria)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 39-1, de 5 de enero de 2012. (Número de expediente 410/000002.) ... (Página6)
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 39-1, de 5 de enero de 2012. (Número de expediente 410/000002.) ... (Página9)
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2011) (Corrección de errores en BOE núm. 8, de 10 de enero de 2012) (Número de expediente 130/000001.) ... (Página9)
Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1 "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 39-1, de 5 de enero de 2012. (Número de expediente 410/000002.) ... (Página31)
- Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV- EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una Comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.(Número de expediente 155/000002.) ... (Página33)
- Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV- EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una Comisión permanente sobre seguridad vial y movilidad sostenible. (Número de expediente 155/000003.) ... (Página33)
- Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV- EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una Comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad. (Número de expediente 155/000005.) ... (Página33)
- Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE y sus Sociedades. (Número de expediente 155/000004.) ... (Página33)
- Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. (Número de expediente 155/000001.) ... (Página34)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página34)
Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.) ... (Página34)
Propuestas de creación de comisiones. (Votación.) ... (Página35)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página6)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1 ... (Página6)
Presentan la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados los señores Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Martínez Gorriarán, de Unión Progreso y Democracia y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, se aprueba por 327 votos a favor y seis abstenciones.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página9)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1 ... (Página9)
Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, se aprueba por asentimiento.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página9)
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público ... (Página9)
Para exponer las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley, interviene el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
En turno en contra interviene el señor Alonso Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Intervienen de nuevo el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) y el señor Alonso Suárez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, Bosch i Pascual y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página31)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1 ... (Página31)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuestas de creación de comisiones ... (Página33)
Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ... (Página33)
Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una comisión permanente sobre seguridad vial y movilidad sostenible ... (Página33)
Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad ... (Página33)
Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una comisión mixta de control parlamentario de la Corporación de RTVE y sus sociedades ... (Página33)
Solicitud de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de creación de una comisión mixta para el estudio del problema de las drogas ... (Página34)
Interviene el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se aprueba por 197 votos a favor, 138 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 141 votos a favor, 175 en contra y 22 abstenciones.
Sometidas a votación las tres enmiendas presentadas a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1, todas ellas son rechazadas.
Votación de conjunto ... (Página35)
Sometida a votación de conjunto la proposición de reforma del artículo 46.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se aprueba por 337 votos a favor y seis abstenciones.
Sometida a votación la creación de las cinco comisiones que figuran en el orden del día, se aprueba por asentimiento.
El señor PRESIDENTE: Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, vamos a proceder al llamamiento de los señores diputados proclamados electos por la Junta Electoral Central para que presten juramento o promesa de acatar la Constitución.
En sustitución de doña Isabel María Borrego Cortés, pregunto a don Rogelio Araújo Gil si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ARAÚJO GIL: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, pregunto a doña María Teresa Martín Pozo si jura o promete acatar la Constitución.
La señora MARTÍN POZO: Juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Ignacio Cosidó Gutiérrez, pregunto a don Enrique Luis Martín Rodríguez si jura o promete acatar la Constitución.
El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, pregunto a doña Irene Moreno Felipe si jura o promete acatar la Constitución.
La señora MORENO FELIPE: Juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Álvaro María Nadal Belda, pregunto a don Antonio Pérez Insúa si jura o promete acatar la Constitución.
El señor PÉREZ INSUA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Alfonso Alfredo de Senillosa Ramoneda, pregunto a don Roberto Soravilla Fernández si jura o promete acatar la Constitución.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Alejandro Ramírez del Molino Morán, pregunto a doña María Piedra Escrita Jiménez Díaz si jura o promete acatar la Constitución.
La señora JIMÉNEZ DÍAZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don José María Lassalle Ruiz, pregunto a don Javier Puente Redondo si jura o promete acatar la Constitución.
El señor PUENTE REDONDO: Juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Juan Manuel Moreno Bonilla, pregunto a doña Paloma García Gálvez si jura o promete acatar la Constitución.
La señora GARCÍA GÁLVEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Jaime García-Legaz Ponce, pregunto a don Teodoro García Egea si jura o promete acatar la Constitución.
El señor GARCÍA EGEA: Juro.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Tomás Burgos Gallego, pregunto a don Ildefonso Pastor González si jura o promete acatar la Constitución.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don Rogelio Araújo Gil, doña María Teresa Martín Pozo, don Enrique Luis Martín Rodríguez, doña Irene Moreno Felipe, don Antonio
Pérez Insúa, don Roberto Soravilla Fernández, doña María Piedra Escrita Jiménez Díaz, don Javier Puente Redondo, doña Paloma García Gálvez, don Teodoro García Egea y don Ildefonso Pastor González han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. (Aplausos.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1. (Número de expediente 410/000002.)
El señor PRESIDENTE: Vamos con el punto I del orden del día, que es la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y de Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se modifica el artículo 46.1.
Para presentar la proposición de reforma del Reglamento van a intervenir los grupos que han hecho esa propuesta de reforma de mayor a menor. En primer lugar y por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Hernando.
Como viene siendo tradicional en la Cámara y tras el debate de investidura, procedemos en este primer turno del orden del día de la sesión a proceder a la modificación del artículo 46.1 del Reglamento de la Cámara. El objetivo de la modificación de este Reglamento es adaptar precisamente la organización de las comisiones de esta Cámara a la estructura gubernamental, que ha sido modificada también en esta legislatura con el nuevo Gobierno.
Nuestro objetivo desde el primer momento ha sido intentar alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para, de una forma consensuada, tener un sistema que permita presentar al Gobierno y presentarse al Gobierno en sus iniciativas parlamentarias, pero a su vez facilitar la actuación de la oposición para el control legítimo de las actividades gubernamentales y también a través de los grupos parlamentarios presentar iniciativas que respondan a los compromisos electorales de cada una de las formaciones políticas. La propuesta que realizamos hoy no coincide exactamente con el reparto de funciones de los distintos ministerios. Hemos procedido a hacer una reducción en el número de comisiones respecto a la anterior legislatura, pero para mantener también el acuerdo con el resto de las formaciones políticas hemos añadido algunas comisiones más que existían en la anterior legislatura que nos han parecido a todos los grupos objeto de consenso sobre materias específicas que merecían en esta Cámara tener una consideración especial y relevante. Estoy hablando de discapacidad o de la Comisión de Igualdad, asuntos en los que esta Cámara tiene que tener especial dedicación para conseguir que estos temas absolutamente relevantes y trascendentales para la sociedad española ocupen el lugar que les corresponde y tengamos los avances que necesita nuestra sociedad en unos momentos en los que estamos azotados por una crisis que es necesario vencer entre todos, cada uno desde sus legítimas posiciones, cada uno desde sus legítimos compromisos electorales, pero teniendo en cuenta, señorías, desde mi punto de vista, que no solo representamos territorios en esta Cámara, sino que representamos a la soberanía nacional y, por lo tanto, estamos comprometidos en intentar vencer esta crisis que ha situado a nuestro país en récord de paro, de desempleo y de desprotección social. Por lo tanto, a eso es a lo que animamos al conjunto de los grupos parlamentarios. Nuestra voluntad de llegar a acuerdos y de consenso está manifiestamente demostrada en esta proposición firmada por todos los grupos de la Cámara. Va a ser una forma de actuación del grupo de la mayoría y, por lo tanto, a eso es a lo que llamamos a todas sus señorías, a seguir avanzando en -vuelvo a insistir- la legítima defensa de las ideologías y la pluralidad aquí representadas para conseguir defender los intereses generales de los ciudadanos españoles adecuadamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la modificación del artículo 46.1 de nuestro Reglamento, que establece la creación de las comisiones legislativas permanentes. En este sentido, valoramos en lo que de positivo tiene el acuerdo alcanzado por casi todos los grupos parlamentarios -no ha sido así en relación con la firma del Grupo Mixto- para la adecuación a la estructura que se fija en el real decreto por el cual se modifica la estructura de los ministerios con el nuevo Gobierno. No obstante, quiero indicar que nuestro grupo entiende que, como ha venido siendo costumbre habitual, está en la lógica parlamentaria esta adecuación de las comisiones legislativas y su correlación con la estructura del Gobierno, con las singularidades que ha destacado ya el diputado interviniente por el grupo de Gobierno. De esta forma se pueden
conseguir los objetivos que a esta Cámara, y por tanto a este Pleno y a las comisiones legislativas, se le tienen encomendados en cuanto al control parlamentario del Gobierno y en cuanto a la presentación y aprobación de iniciativas legislativas.
Pero déjenme que no me resista a indicarles que hace cuatro años se hacía también este debate. Entonces intervenía en él por parte del Grupo Parlamentario Popular el diputado señor Merino, y les recuerdo que hace cuatro años y con relación a temas de medio ambiente y agricultura decía el señor Merino refiriéndose a los agricultores y ganaderos: estos colectivos, tan necesarios para la economía española, estarían mucho mejor protegidos en un ministerio específico, porque los asuntos medioambientales, los asuntos de abastecimiento, depuración de agua, etcétera, poco o nada tienen que ver con ellos. Ahora, la coherencia del Partido Popular ha llevado a crear un Ministerio de Agricultura e incluir en él los temas de medio ambiente.
También quiero decirles que nos ha parecido positivo, en las negociaciones que se han mantenido por los grupos proponentes, el mantenimiento de la Comisión de Igualdad y de la Comisión de Cultura con una singularidad propia, aunque no haya esa correlación en el ámbito de los ministerios. No nos ha parecido tan conveniente la desaparición de la singularidad propia de la comisión que tuviera encomendada la materia de la ciencia y la innovación, fruto también de ese decaimiento en la estructura del Gobierno del señor Rajoy y de esa poda que ha recibido, como en otros muchos asuntos y aspectos, nuestro Estado del bienestar.
Para no intervenir en otros puntos que tienen que ver también con el ámbito de la estructura parlamentaria de esta Cámara y de los reglamentos, quiero indicar que hay suscrita una proposición de los mismos grupos parlamentarios que hemos suscrito la del artículo 46 que tiene que ver con la creación, en virtud del artículo 50, de comisiones no legislativas pero sí permanentes, con las cuales estamos de acuerdo. Se ha referido a alguna de ellas el portavoz del grupo del Gobierno. Además, aunque será una consideración que ha de hacer la Cámara, porque es en virtud del artículo 51 del Reglamento, hay una propuesta de creación de una comisión no legislativa y no permanente de cambio climático que aplaudimos y consideramos positiva. Reitero que vamos a votar a favor de esta toma en consideración, puesto que somos proponentes de la misma.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo también va a votar afirmativamente esta toma en consideración y quiere hacer algunas valoraciones. En primer lugar, nos parece de una coherencia muy notable la estructura de comisiones que se está sometiendo a la aprobación de la Cámara a través de la modificación del artículo 46 del Reglamento. Nos parece que nadie habría comprendido que no hubiera seguido sus trabajos la Comisión de Igualdad, que creo que tiene un cometido importantísimo, y esta es una de las funciones que creo que la Cámara debe realizar. Igualmente comprendemos que se haya querido dar una singularidad al tema de cultura. Y en nuestra opinión también habría sido positivo que hubiera permanecido la Comisión de Vivienda. En cualquier caso, como no se ha llegado a este acuerdo, vamos a pedir cuanto antes el restablecimiento de la subcomisión que ya existía -en este caso va a tener que ser dependiente de Fomento- para el estudio del sistema hipotecario español, puesto que es una cuestión que en estos momentos creo que preocupa a muchos ciudadanos.
Desde el punto de vista de los acuerdos que forman parte de las propuestas de creación de comisiones que serán analizadas en el punto V del orden del día, en el que creo que no va a haber intervenciones, quisiéramos subrayar nuestro acuerdo con todas ellas y nuestro convencimiento de que va a ser creada la Comisión no permanente sobre el Cambio Climático, que estimamos absolutamente necesaria, y valoramos muy positivamente que se haya tomado en consideración una solicitud de nuestro grupo de ampliar la función de la Comisión permanente sobre Seguridad Vial al estudio sobre la movilidad sostenible. Este aspecto le da un realce indispensable a esta comisión y creemos que esta propuesta, que ha sido asumida por los grupos que la presentan, va a ser francamente positiva. En cualquier caso, tenemos los instrumentos para ponernos a trabajar y Convergència i Unió, una vez más y como siempre, manifiesta su voluntad de trabajar a fondo en la dinámica parlamentaria a través de su participación en todas y cada una de estas comisiones.
Por el Grupo de Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Por el Grupo de Izquierda Unida, ICV-EUiA, Chunta: La Izquierda Plural, porque así es como nos gustaría que se nos llamase cuando el presidente nos cite, tengo que decir que efectivamente nuestro grupo ha firmado esta proposición porque entendíamos que era importante ponernos a trabajar ya, pero no queremos dejar de resaltar en este momento que no estamos de acuerdo con que no se hayan creado las comisiones de medio ambiente, de vivienda y de administraciones públicas. Creemos que realmente es un error situar a las administraciones
públicas como una parte del problema; creemos que ya fue un error incluirlas en el ministerio de los recortes y es un error doble que no tengan una comisión propia. Creemos que la Administración pública tiene en estos momentos que fortalecerse y por eso el marco de una comisión era importante. Igualmente, es una mala señal que no haya comisión de la vivienda cuando en estos momentos estamos hablando de uno de los problemas más importantes y los españoles pensarán que este parlamento no tiene en cuenta lo que hoy tiene en cuenta la mayor parte de la población de este país; creemos que es un error. Y que no haya comisión de medio ambiente no es un error, es que el Gobierno no tiene en cuenta estas circunstancias y creemos que eso va a dificultar el trabajo. Eso sí, nuestros diputados van a trabajar como si hubiese comisiones y van a forzar que las comisiones que hoy no se crean en la práctica funcionen como tal comisión. Vamos a trabajar para que haya mucho trabajo sobre vivienda, mucho trabajo para que las administraciones públicas, repito, no se incluyan en el ministerio de los recortes sino que tengan una vida propia y también para que medio ambiente cuente. Por eso, repito, se ha perdido esa oportunidad de que hoy los españoles y las españolas entendiesen que este Parlamento sintoniza con la calle. Lamentamos que el Partido Popular, que el Gobierno, no lo haya visto así. Eso sí, estamos de acuerdo con la Comisión de Igualdad y también estamos de acuerdo con la Comisión de Cultura. Es verdad que la Comisión de Cooperación se aprueba por imperativo legal, y nosotros le vamos a dar contenido porque entendemos que esta comisión, más allá de que el Gobierno no la haya considerado importante a nivel ministerial, sí va a tener importancia en el trabajo de Izquierda Unida. Por eso, en este momento tenemos ese sabor agridulce de que entendíamos que hoy podía haber sido un momento en el que los españoles y las españolas entendiesen que este Parlamento sintoniza con los problemas de la calle y, al menos en estos tres aspectos, no ha sido así.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Estamos de acuerdo con la reforma propuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán, en todos los sentidos.
Han sido explicitadas por otros portavoces las razones para la creación de estas comisiones. Por lo tanto, simplemente quiero señalar nuestro voto favorable.
Estos son los grupos que han presentado la proposición de reforma. Como el Grupo Mixto no participó en esta propuesta, tiene ahora tiempo para la fijación de posiciones y parece que su portavoz va a ser el señor Tardà.
De hecho, hablo en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña. Debo decirles que no es la primera vez que oigo en un debate de este tipo al inicio de una legislatura cómo se utilizan términos como: la búsqueda de mayor diligencia, una mayor funcionalidad y también, por qué no, dar mayor realce a este Parlamento. La verdad es que todo suena un tanto a palabras vacuas porque a lo largo de la legislatura no hay el mismo empeño, van perdiendo fuelle los grupos parlamentarios a la hora de ir hacia una transformación profunda y global del funcionamiento de este Parlamento, que casi podríamos decir que tiene un aire decimonónico en cuanto a su funcionamiento. De hecho, nosotros queremos aprovechar este debate para poner en la hoja de ruta de todos nosotros algunas necesidades imperativas. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que no sea posible crear -es un esfuerzo titánico- una comisión de investigación. Ahora, con una mayoría absoluta del Partido Popular, ustedes, los compañeros socialistas, pagarán el pato de no haber querido modificar profundamente este Reglamento. Constituir ahora una comisión de investigación será casi imposible. Por eso, dentro de un rato nosotros vamos a presentar enmiendas a esta proposición de ley, que espero que la Mesa las acepte, a fin y efecto de modificar el artículo para que dos grupos parlamentarios, o la Mesa del Congreso, o el mismo Gobierno sean suficiente para crear una comisión de investigación. Si no, es evidente que no hemos escuchado el ruido y el clamor de las plazas en el Estado español.
Por otro lado, hay otra necesidad imperiosa que ya no se puede obviar más. Son los derechos lingüísticos de las personas catalanohablantes, euskaloparlantes o galegoparlantes que quieran utilizar esa lengua en este Parlamento. No tiene ningún sentido ya que se empeñen en seguir poniendo puertas al campo, a la libertad de uso de las lenguas que son cooficiales, al menos en algunos de los territorios del actual Estado español. Espero que dentro de un rato tengamos la oportunidad de defender nuestras enmiendas para que tengan ustedes hoy la opción, la posibilidad ante el Partido Popular, y me remito a los compañeros socialistas, de empezar a rectificar lo que no han querido hacer durante ocho años y que ahora, repito, ustedes van a ser los damnificados, las
víctimas, como lo hemos sido nosotros durante ocho años. Ahora sabrán lo que vale un peine.
Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que se ha debatido aquí. Cierren las puertas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 327; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento de la Cámara.
ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1. (Número de expediente 410/000002.)
El señor PRESIDENTE: El punto II del orden del día es: acuerdo para la tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de reforma de referencia. Recuerdo a sus señorías que, al haber sido adoptado el acuerdo de tramitación en lectura única, está previsto el debate y votación de la proposición de reforma en el orden del día de hoy a continuación del debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 20/2011. A partir de este momento, de acuerdo con la Mesa y Junta de Portavoces, se abre un plazo de una hora para que puedan presentarse en el registro de la Cámara las enmiendas a la proposición de reforma.
Ahora comenzaríamos el debate del real decreto-ley. Para el gobierno de sus señorías puedo avanzar que no habrá votaciones ni del decreto-ley ni de las enmiendas a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso que se va a modificar antes de las doce y media.
- REAL DECRETO-LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 130/000001.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos pues al punto III del orden del día: convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Para presentar el decreto-ley tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas señor Montoro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno, señores diputados, me corresponde hoy el honor de subir a esta tribuna para defender el Real Decreto-ley 20/2011 relativo a medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. En definitiva, las primeras medidas que adopta el Gobierno del Partido Popular en España; medidas que son de carácter urgente porque así lo requiere la situación. Son una respuesta contundente a una situación extraordinariamente difícil como la que está atravesando España, como la que está atravesando nuestra economía. Señorías, el final del año pasado se ha caracterizado por esos 5 millones largos de parados que son consecuencia de la peor crisis económica, la más larga crisis económica que ha aparecido en nuestro país. Al tiempo, la economía está parada, está en las puertas de una recesión económica, y las finanzas públicas se encuentran fuertemente desequilibradas, deterioradas como consecuencia de la situación económica del país y también, por supuesto, de la reducción de los ingresos tributarios consecuencia de esa crisis, pero también consecuencia de las pésimas decisiones adoptadas en materia de política presupuestaria en estos últimos años que no han hecho sino agravar no ya la situación de esas finanzas públicas, señorías, sino la propia crisis económica y la peor consecuencia, el paro en nuestro país.
Por si fuera poco, a los pocos días de llegar al Gobierno, de entrar en los ministerios, tuvimos acceso a una información relevante en relación con el incumplimiento de los objetivos de déficit público en España, en nuestro país, la desviación de los objetivos comprometidos por el Reino de España en su programa de estabilidad en nada menos que 2 puntos porcentuales de producto interior bruto, es decir, más de 20.000 millones de euros, una desviación en relación con el objetivo inicialmente marcado del 6 por ciento del producto interior bruto, superior a su tercera parte. Señorías, si el nuevo Gobierno conoció esa desviación nada más llegar a su lugar de trabajo, de destino, de nueva ocupación, es evidente que el anterior Gobierno conocía sobradamente esa situación. No fue capaz de explicarlo a la sociedad española ni fue capaz de explicarlo así, como yo lo estoy haciendo esta mañana desde esta tribuna, al Gobierno entrante. Tuvieron que ser los servicios técnicos los que advirtieran una vez más sobre la grave situación que estábamos atravesando en términos de incumplimiento de déficit público. Ante ello, señorías, el Gobierno reacciona con este decreto-ley y, en paralelo, con el acuerdo de no disponibilidad de créditos de mayor envergadura, de mayor amplitud de la historia de la democracia, porque había que reaccionar así. Había que reaccionar también pidiendo un esfuerzo a los españoles en forma de subida temporal y excepcional de un recargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y del IBI, el impuesto que grava la tenencia de los inmuebles pero solo para determinados valores y determinados inmuebles en los pueblos y en las ciudades españolas. Son medidas excepcionales para un tiempo excepcional, medidas excepcionales para recuperar la credibilidad de España, medidas excepcionales para decir a todos, a la sociedad, a los inversores, a nuestros socios europeos, que el Gobierno de España está comprometido con la corrección del déficit público más allá de donde arraigue ese déficit público, porque es responsabilidad del Gobierno de España no solo la supervisión y la tutela presupuestaria del conjunto de las Administraciones públicas, sino la adopción de las medidas correctoras para que esas situaciones de déficit que se puedan producir en otras Administraciones públicas se corrijan y se eviten. Esa es la responsabilidad del Gobierno de España y de estas Cortes Generales, ese es el Estado de las autonomías de España, señorías. Esas decisiones que hemos llevado adelante lo que hacen es promover el mayor ajuste presupuestario de la historia de la democracia, como decía, un ajuste por valor de 15.189 millones de euros, un ajuste que va en mayor proporción a la contención, al ahorro de gasto público, gasto residente en los ministerios del Gobierno de España que también afecta, como no puede ser de otra manera, a determinados elementos, a determinados componentes de la financiación de nuestras administraciones territoriales. También hace falta poner de relieve que vale la pena no realizar esos gastos, no materializarlos, con tal de mejorar la financiación de la economía de nuestro país. Esta es la primera condición para superar la crisis económica y volver a crear empleo, mejorar, promover la financiación de la economía de nuestro país. Por eso era tan urgente, tan importante, tan obligado, tomar decisiones en materia de gastos y tomar determinadas decisiones excepcionales y temporales en materia de subida de impuestos. Lo era también para actualizar algunos elementos en relación con la Ley de Presupuestos prorrogada para el año siguiente, algunos elementos que necesitan de esa actualización a la que el Gobierno anterior había renunciado materialmente. Y también lo era para llevar adelante algunos compromisos electorales del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, que era urgente que entraran en vigor desde el mismo 1 de enero del año 2012; como eran también urgentes los cambios tributarios, puesto que los periodos de devengo comenzaban el 1 de enero del año 2012.
Había urgencia en hacer ese ajuste; un ajuste que radica en una contención del gasto público de 8.914 millones de euros y en una subida temporal de impuestos de 6.275 millones de euros. Había esa necesidad, pero se ha hecho -quiero insistir en ello esta mañana ante la Cámara y ante toda la sociedad española- de la manera más ponderada en términos económicos y en términos sociales, porque ya dijimos -lo dijimos continuamente a lo largo de la anterior legislatura, así como en la campaña electoral- que no todos los españoles iban a sufrir las mismas consecuencias, los mismos costes, para salir de la crisis económica. Por tanto, vamos a hacer un ajuste, pero un ajuste ponderado términos sociales, que no afecte a las capas sociales de menor capacidad económica y que no se hace descansar sobre los más débiles. Es un ajuste equilibrado, ponderado en términos sociales; al igual que la subida de impuestos, subida en la que estamos reclamando, pidiendo, ese esfuerzo, ese sacrificio, a quien puede hacerlo, a quienes tienen renta para hacerlo. No nos hubiera gustado como Gobierno pedir este sacrificio, pero entendemos que el interés general de España así lo requiere, así lo necesita, en un momento como el que estamos atravesando. No hemos dudado en hacerlo y en trasladárselo a la gente, diciéndole que proporcionalmente a su capacidad económica necesitamos que durante dos años hagan una contribución mayor a la financiación del conjunto del Estado, a la financiación de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales, de nuestros ayuntamientos. Eso es lo que hemos pedido -insisto en esta idea, señorías- a quienes pueden hacerlo ponderadamente de acuerdo con la capacidad adquisitiva, económica, para que realmente haya ese reparto equitativo, ponderado, de los esfuerzos, del ajuste que necesitamos para superar esta crisis económica. Así, señorías, tomamos decisiones que son lo más neutrales posibles en relación con no perjudicar el crecimiento de nuestra economía. Hemos sido muy cuidadosos, muy selectivos, a la hora de fijar qué categoría de impuestos debían sostener este esfuerzo adicional que se está pidiendo a los contribuyentes, y hemos descartado aquellos que
recaen sobre el consumo en términos generales hoy y que además recaen también ponderadamente sobre las capas sociales que menor capacidad económica tienen, que más han sufrido en esta crisis, y que hoy tienen también mayores desventajas comparativas para superar cuanto antes esta situación de crisis, esta situación de paro. Asimismo hemos rechazado pedir ningún tipo de esfuerzo a tantos autónomos, a tanta pequeña y mediana empresa, a tantos comerciantes, que ya han sufrido mucho esta crisis. No hay ninguna intención por parte de este Gobierno y mucho menos contenido alguno, de subir impuestos, sino por el contrario estamos ya examinando cómo podemos mejorar su financiación, cómo podemos mejorar su tributación, para que ellos se conviertan cuanto antes en los motores de la salida de esta situación de crisis, en los motores de la creación de empleo que con urgencia necesitamos.
Sus señorías ya conocen de sobra el contenido del decreto-ley, que cumple también con determinados compromisos electorales que nos parecen esenciales en la vertebración de nuestro de Estado de derecho, como es la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones en nuestro país. Por eso se programa una subida de las pensiones, y si la inflación fuere mayor que esa subida programada en el decreto-ley se corregiría a comienzos del año siguiente de manera que las pensiones mantuvieran su poder adquisitivo, puesto que no son los pensionistas los que deben sufrir las consecuencias de esos ajustes de presupuesto, sino al contrario, hay que seguir manteniendo su capacidad que es en definitiva seguir reconociendo lo que en su día hicieron por el trabajo de todos, por el desarrollo de nuestro país; se trata de seguir diciéndoles que el Estado español tiene capacidad para seguir manteniendo ese poder adquisitivo. Sí que exigimos esfuerzos, pero son ponderados, a tantas otras capas sociales, como ocurre con los funcionarios públicos para los que estamos programando una congelación de sus sueldos y también un aumento, ponderado, de la jornada laboral para que con esa contribución, en forma de un mayor número de horas trabajadas contribuyan con mayor eficacia a garantizar y a mejorar los servicios públicos de nuestro país, donde también radica una de las palancas fundamentales de nuestro crecimiento económico y de nuestra creación de empleo. Hemos hecho también otro tipo de cambios, cambios relativos a la aplicación de la Ley de Dependencia, a la llamada renta de emancipación. Cambios en definitiva que no perjudican a ninguno de los beneficiarios de las actuales prestaciones sociales y sí aplazan la entrada en vigor de la ampliación de nuevos beneficiarios por entender que lo prioritario en un momento como el que estamos atravesando es garantizar esa financiación por los beneficiarios actuales, y hacer compatible esa garantía de la financiación con la corrección rápida y comprometida con el déficit público para financiar nuestra economía y superar esta situación cuanto antes.
En materia tributaria, señorías, voy a poner algún ejemplo relativo a lo que significa el esfuerzo que estamos pidiendo también a la ciudadanía a través de ese recargo temporal y excepcional en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Decirles, por ejemplo, que para rentas hasta 17.707 euros la media del recargo del IRPF es de 52 euros al año, que equivale a un euro cada semana. Hay que tener en cuenta que en los niveles más bajos de este tramo, 6 millones de contribuyentes no tendrán que pagar ningún recargo. Para las rentas comprendidas entre 17.707 euros y 33.007 euros, el recargo medio anual es de 180 euros al año, que equivale aproximadamente a medio euro al día. Para las rentas comprendidas entre 33.000 y 53.000 euros se eleva a 448 euros al año, que significa un euro y medio más al día. Es en los tramos superiores donde obviamente hay también un número más reducido de contribuyentes donde la media de gravamen complementario oscila desde los 1.153 euros y 13.465 para las rentas superiores a 300.000 euros anuales.
En resumen, estamos pidiendo un esfuerzo tributario pero ponderado de acuerdo con la capacidad adquisitiva de los contribuyentes excepcional y temporal, y con el compromiso de que el Gobierno de España rebajará la carga tributaria de los contribuyentes una vez que se ponga en marcha. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro objetivo, el crecimiento económico creador de empleo que estamos deseando que vuelva cuanto antes a nuestro país y que da sentido a las decisiones de austeridad, de ahorro público y de financiación a nuestros entes territoriales y a nuestros ayuntamientos que se derivan de las decisiones tributarias. No hace falta que les recuerde, señorías, que la mitad del aumento del impuesto sobre la renta de las personas físicas que he mencionado, en algunos casos relativo a las rentas del trabajo pero también las rentas del capital tienen un graven así, un gravamen extraordinario progresivo, la mitad de esa recaudación, prácticamente va a las comunidades autónomas. Con esto queremos expresar que nuestro compromiso es atender esa necesidad perentoria de financiar los servicios públicos que tienen nuestras administraciones territoriales en sus manos y de los que depende la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros contribuyentes, y hacerlo en el caso del IBI donde la práctica totalidad, como no puede ser de otra manera, va a mejorar la financiación de nuestras corporaciones locales en un momento en el que están pasándolo de una manera muy crítica.
El problema, señorías, ha sido hacer frente a ese agujero, al agujero de los 20.000 millones de euros, a ese agujero que podemos calificar de auténtico agujero negro de nuestro país y de nuestra economía. Ese es el motivo por el que el Gobierno acude al Parlamento con este elenco de medidas que he tratado de resumirles y sobre todo de explicarles y de justificarles. Lo hacemos en un momento en el que iniciamos nuestra andadura como Gobierno, y lo hacemos en un momento en el que solicitamos desde esta tribuna que dejemos las ideologías a un lado para tomar decisiones que corten de raíz la crisis económica que estamos viviendo, señorías. Es un
momento donde también el debate político debe tener la altura que requiere la actual circunstancia por la que estamos atravesando en España, señorías. Este es el momento de comprobar cuál será esta mañana la posición política de los diferentes grupos representados en esta Cámara en relación con el doble aspecto, la doble vertiente de este decreto-ley: la austeridad en el gasto y el esfuerzo de compromiso temporal en materia tributaria, en definitiva, el compromiso en esta Cámara por reducir cuanto antes el déficit público para volver a financiar el crecimiento y la economía y volver a la senda de recuperación de empleo cuanto antes. No bastará con la política presupuestaria, señorías, y este Gobierno lo quiere dejar explícito desde el primer momento. Necesitamos reformas estructurales, reformas estructurales importantes en el ámbito bancario, en el ámbito financiero; necesitamos reformas en el ámbito laboral; en el ámbito de la competencia, en el ámbito de la mejora de la competitividad de nuestras empresas, de la internacionalización de nuestras inversiones empresariales. Necesitamos ese compromiso por parte de la Cámara de apoyar a un gobierno que realmente haga frente de una vez por todas a la peor crisis, a la más larga crisis de nuestra historia. Ese es el mandato que recibimos en las últimas elecciones generales en España el 20 de noviembre, mandato para actuar, mandato para tomar decisiones, mandato para que de esta Cámara nazcan soluciones cuanto antes, lo antes posible; mandato que es en definitiva el que quiere representar el Gobierno y el que reclama en forma de apoyo, desde la colaboración y desde el diálogo con los grupos políticos, al resto de los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. Quedamos a su entera disposición para recibir sus posiciones políticas y en todo caso considerarlas, llevarlas adelante y concretarlas en nuevas actuaciones del Gobierno.
¿Algún grupo quiere utilizar turno en contra? (Asentimiento.) Lo pide el Grupo Parlamentario Socialista, y como grupo más numeroso puede utilizarlo. Tiene la palabra el señor Alonso.
Señoras y señores diputados, señor Rajoy, los socialistas somos conscientes, como quizá ningún otro grupo político, de la dureza de la peor crisis económica de los últimos ochenta años de la historia del mundo. No en vano, no en vano nos hemos dejado la piel en la lucha contra la misma a lo largo de los últimos años, cuando hemos estado en el Gobierno y, por cierto, manteniendo siempre los servicios públicos esenciales y siempre anteponiendo los intereses generales del país a los de partido, a los intereses electorales, si usted quiere traducirlo así señor Rajoy. Queremos que España salga adelante, pero creemos que las medidas de este real decreto-ley no van a contribuir en absoluto a ello. En el debate de investidura -recordarán ustedes, señorías- ofrecimos a los miembros del futuro Gobierno del Partido Popular consensos básicos en política económica. Ese fue el tono y el contenido de lo que dijo nuestro representante, nuestro presidente de grupo, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien llegó a proponer hasta tres acuerdos de Estado. Sin embargo ustedes, señores del PP, señor Rajoy, ni siquiera se han molestado en llamar para hablar de ello ni menos aún para evaluar la composición del ajuste fiscal que hoy debatimos. Acaba de decir el señor Montoro que reclama consensos; nosotros lo ofrecimos y ustedes ni siquiera han tomado nota de ese ofrecimiento. Es lo primero que quería decir muy claramente desde esta tribuna.
El conjunto de las medidas, señor Rajoy es malo, francamente malo. Contiene un ajuste básicamente injusto para la mayoría de los ciudadanos e ineficiente para la mejora de la economía española. Explicaré por ello las razones que claramente justifican nuestro voto en contra. En el real decreto-ley, el acuerdo de no disponibilidad implica un aumento de impuestos a los ciudadanos de unos 5.300 millones de euros y una reducción del gasto público de 8.900 millones de euros, lo que implica un ajuste adicional de unos 15.200 millones de euros en 2012. Ustedes -usted mismo, señor Rajoy- dieron la callada por respuesta cuando -lo recordarán todos ustedes, señoras y señores diputados-, reiteradamente, antes y durante el periodo electoral, se les preguntó cómo pensaban cuadrar los números. Como también reiteradamente manifestaron -que fue lo único que dijeron- que no iban a subir impuestos en ningún caso, indagamos repetidas veces sobre los gastos que ustedes iban a recortar y, una y otra vez, dieron la callada por respuesta; al final, señoras y señores diputados, señor Rajoy, lo que han hecho ha sido subir los impuestos y hacer un recorte tremendo en términos de viabilidad de la economía española y en términos de equidad para las clases medias, rentas bajas y rentas del trabajo. (Aplausos.) Ustedes sabían, señor Rajoy, como todo el mundo, señor Montoro, desde 2010 cuál era la senda del ajuste fiscal -lo sabíamos todos, era pública y notoria- y conocían como todo el mundo, desde 2010, que la reducción estimada del déficit para el periodo 2011 -un 6 por ciento de déficit estimado- a 2012 -un 4,4 por ciento estimado- implicaba necesariamente aunque no hubiera ninguna desviación del déficit, seguro sí o sí, el ahorro de 16.500 millones de euros, y las decisiones que el Gobierno del Partido Popular adopta en este real decreto suponen, como les decía antes, un ajuste de 15.200 millones de euros. En tal caso, señor Rajoy, verde y con asas. Ustedes ya sabían mucho antes de las elecciones lo que iban a hacer, cuánto y cómo iban a ajustar, a recortar, y lo ocultaron a los ciudadanos, un engaño objetivo vinculado al único plan que tenían entonces que era el de llegar a La Moncloa.
Lo segundo que quiero decir al respecto es que el traspaso de poderes fue modélico, se les dio toda la información, pero ustedes para justificar ese engaño objetivo, para disimularlo, para disimular esa evidencia engancharon con un supuesto argumento que es falaz como argumento. Puede ser cierto -seguramente lo sea- que se hayan encontrado con 2 o con 2,2 puntos de exceso del déficit previsto y, si ello es así, deberían dejar muy claro que este exceso, esta desviación, como se les dijo en el traspaso de poderes y como se ha demostrado, no proviene de la Administración del Estado porque el Estado, básicamente, ha cumplido con los objetivos que le tocaban de cumplimiento del déficit, sino de las comunidades autónomas -de algunas sobre todo- cuyas cuentas conocían necesariamente porque gobiernan en once de ellas, en algunas desde hace muchos años y en otras desde mayo del año pasado. Usted mismo, señor Rajoy, acaba de reconocer en una entrevista que esto es así, y en tal caso deberían explicarnos qué piensan hacer al respecto porque hay cosas que no serían de recibo. No sería de recibo, primero, que ustedes no discriminaran entre las comunidades autónomas que han despilfarrado y las que no han despilfarrado, las que han gastado razonablemente. En segundo lugar, ustedes, como Gobierno del Estado, no deberían asumir el despilfarro de las comunidades despilfarradoras. En tercer lugar, supongo que ustedes en ningún caso van a asumir que las comunidades autónomas bajen los servicios sociales; que recorten educación pública, sanidad pública y servicios sociales esenciales. Por cierto, señor Rajoy, señor Montoro, ¿ustedes adquieren hoy aquí el compromiso de que ni ustedes ni las comunidades autónomas donde gobiernan van a rebajar esos servicios públicos esenciales: sanidad, educación y el resto de prestaciones esenciales que prestan las comunidades autónomas? Y, en cuarto y último lugar, díganos finalmente -si hay esa desviación del déficit que no ponemos en duda como hecho- cuál es la desviación de cada comunidad autónoma y de dónde sale esa desviación, porque todos sabemos, señor Rajoy, que hay comunidades autónomas que han despilfarrado. Ahí está la Comunidad Valenciana (Un señor diputado: ¡Andalucía!) y ahí están comunidades como Andalucía, que no han despilfarrado. (Rumores.-Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Andalucía presta excelentes servicios públicos y gracias a una buena gestión ha podido hacer políticas de austeridad. Hay un dato inevitable: Andalucía ha podido reducir su gasto no financiero en un 7,5 por ciento de 2008 a 2010, y ese es el dato del millón. Buenos servicios, buena austeridad, por tanto un comportamiento fiscal adecuado, y esa es la diferencia entre una comunidad como la valenciana, gobernada por ustedes, y una comunidad como Andalucía, gobernada por los socialistas. En cualquier caso, señor Rajoy, dada esa desviación de 2 puntos, ¿cómo van a ajustar al menos los 20.000 millones de esa desviación y cuándo nos lo va a explicar? Porque lo menos que podía haber hecho hoy era subir a esta tribuna. Ya que preside el Gobierno de la nación -nada menos- y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, haber dado la cara y haber subido, insisto, a esta tribuna para explicar estas medidas que entre otras cosas son una enmienda a la totalidad de su propio programa. (Aplausos.) Señoras y señores diputados, es inaudito que tengamos un presidente del Gobierno que es el único de Europa que todavía no ha subido a la tribuna de su Parlamento a explicar unas medidas y un recorte del calado que hoy se propone en este real decreto-ley.
Señor Rajoy, su Gobierno ha optado por castigar a las clases medias y a los trabajadores asalariados a través de la mayor subida del impuesto sobre la renta de toda la historia de la democracia, una medida que además va a detraer el consumo privado y a generar más paro. Las clases medias y las rentas del trabajo, las personas y familias -este es el dato- con ingresos por debajo de los 53.000 euros anuales aportan más del 75 por ciento de la recaudación y representan el 95 por ciento de los contribuyentes; 17 millones de personas, 17 millones de contribuyentes, que son los que van a soportar la mayor parte del incremento tributario, porque las rentas altas, las de más de 300.000 euros, se ven muy poco afectadas. Solo representan el 0,2 por ciento del total de los contribuyentes, 29.000 personas, y además todos sabemos muy bien que los que más ganan tributan por sociedades patrimoniales y se benefician de la gran maraña de deducciones existentes que, por cierto, hay que reformar, como en el impuesto sobre las grandes fortunas que nosotros traeremos a esta Cámara y que vamos a proponer los socialistas.
Señorías, hay que decir claramente que la subida del 1 por ciento de las pensiones se va a neutralizar básicamente con el incremento del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las pensiones no mantendrán su poder adquisitivo, que es la prueba del algodón: si los pensionistas van a poder seguir comprando lo que pueden comprar o van a poder comprar menos; si van a poder seguir pagando lo que ahora pueden pagar o van a pagar menos. Señorías, en torno a la mitad de los perceptores de pensiones de jubilación, 2.720.000 personas pensionistas, se verá afectada por lo que digo, por la bajada objetiva de las pensiones. En otro orden de cosas pero vinculado al conjunto, al paquete de medidas, y de una manera muy directa, se nos propone una subida del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles que, tal y como la han diseñado los señores del Gobierno del Partido Popular -la famosa división por mitades-, es francamente una ocurrencia que genera una gran injusticia social y lleva al absurdo -para que lo vean, señoras y señores diputados- de que, por ejemplo, a la mitad de los inmuebles de un pueblo de bajo nivel de renta, pongamos por caso de aquí, de la sierra de Madrid, se le aplique la subida del IBI, mientras que la mitad del municipio de Majadahonda, que es uno de los de mayores niveles de renta, no se verá afectado, siendo así que muchos de los inmuebles de la mitad inferior, no afectada
por la subida del segundo, tienen claramente más valor que muchos inmuebles de la mitad superior afectada por la subida del primero. Es decir, un disparate y una injusticia que no sé cómo se justifica porque va a castigar, y mucho, a propietarios de bienes inmuebles mucho menos ricos o incluso que no lo sean en absoluto, y no va a afectar a muchos otros que sí que lo son, que tienen inmuebles que tienen valor y que tienen tamaño patrimonial.
También, señorías, creemos que es un grave error el restablecimiento de la desgravación del impuesto sobre la renta de las personas físicas por adquisición de la vivienda habitual. Por cierto, nos tendrán que explicar cómo se penaliza la titularidad patrimonial por IBI y luego se vuelve a meter la desgravación por la misma titularidad patrimonial de bienes inmuebles. Como decía, la desgravación de impuesto sobre la renta para la vivienda en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010 es francamente no aprender nada de la crisis y es hacer caso omiso de lo que recomiendan los principales organismos internacionales (el Fondo Monetario, la OCDE y la Comisión Europea). Van a incentivar de nuevo la burbuja inmobiliaria, y esto tiene efectos negativos sobre la recaudación en un momento de ajuste presupuestario y además es una medida injusta porque beneficia solo a las rentas altas con capacidad de obtener en el futuro un préstamo; además, al aplicarla con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011, es un regalo fiscal a quienes han podido conseguir una hipoteca y no habrá servido para lo que tiene que ser el objetivo de la política fiscal y de la política económica general, en este caso para dar salida al stock de viviendas sin vender; no habrá servido para eso. En definitiva, plantean una reforma fiscal injusta y regresiva en términos de igualdad real. Nosotros, como es sabido -y si no lo digo yo ahora aquí-, defendemos un nuevo modelo de fiscalidad que eleva la tributación para las rentas y patrimonios más altos, que prioriza la lucha contra el fraude fiscal. Por cierto, su plan de lucha contra el fraude fiscal no es en absoluto ambicioso. Hablan, si no recuerdo mal, de obtener 8.000 millones por este capítulo cuando en este mismo año se han obtenido ya 10.400 millones por la vía de la lucha contra el fraude fiscal; o sea, que poca ambición, por no decir ninguna, tienen también en este sentido. En tercer lugar, estamos por revisar los beneficios fiscales del impuesto sobre sociedades desde las grandes empresas a las pequeñas y medias empresas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el impuesto sobre sociedades, tal y como está configurado, no es justo. Las grandes corporaciones se benefician de beneficios -valga la redundancia- fiscales que en absoluto son asumibles, mientras que las medianas y las pequeñas, no. Por añadidura las corporaciones multinacionales asignan a sus filiales en España las cuentas negativas de resultados, precisamente por esos beneficios y, en consecuencia, producen una penalización añadida a la economía española. Además defendimos el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, en el espacio de la Unión Europea y del G-20 que le es propio, y propugnamos, una vez culminado el proceso de reestructuración, un impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras que contribuya a financiar medidas encaminadas a la creación de empleo.
Señoras y señores diputados, vamos a votar en contra de este real-decreto porque además las medidas son ineficientes. Si finalmente se cierra este ejercicio de 2011 con un desequilibrio del 8 por ciento del PIB en el conjunto de las administraciones públicas, tendrán que llevar a cabo un ajuste de al menos 36 millones de euros para llegar a la meta fijada del 4,4 por ciento del PIB en 2012, algo imposible de conseguir y algo que puede provocar consecuencias tremendas, realmente graves, en términos de agravación de la recesión económica y de penalización a la creación de empleo o, lo que es más, en términos de aumento del desempleo, que es lo que va a ocurrir con las medidas del Gobierno del Partido Popular.
Los socialistas estamos de acuerdo en que el proceso de consolidación fiscal es necesario -eso debe quedar muy claro- para poder acceder, entre otras cosas, a la financiación exterior, pero ese proceso de consolidación fiscal no es suficiente para estimular el crecimiento y la creación de empleo. Verán ustedes, 2012 arranca cuando la crisis económica presenta una nueva y grave recaída; el crecimiento se ha frenado en la eurozona desde el tercer trimestre de 2011 y todos los indicadores adelantados de nuestra economía prevén una recaída del PIB en el cuarto trimestre de 2011 y en todo 2012. De hecho, organismos públicos y privados están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento tanto para España como para la gran mayoría de países de la zona euro en 2012 y en 2013. El recrudecimiento de la crisis internacional hace necesario, como defendemos nosotros, los socialistas, compaginar las políticas de ajuste, que son necesarias, con una política clara de estímulos y reformas para reactivar la economía, para crecer, señoras y señores diputados, y para crear empleo. Es necesario reconsiderar la senda de ajuste fiscal en Europa. A ver qué va a hacer, señor Rajoy, en términos de política económica internacional, sobre todo en la zona euro, para conseguir esto que le estoy diciendo, porque ya verán, señoras y señores diputados, que esto es lo que se va a hacer en el futuro en la Unión Europea. Por el contrario, lo que está defendiendo el Partido Popular son políticas extremas de austeridad, lo que va a debilitar aún más la demanda interna y va a aumentar el paro. Su política -se lo digo porque es así, lo que creo, lo que creemos los socialistas, y lo tenemos muy claro- hará que la economía española caiga en una profunda recesión y además los acreedores -eso lo saben ustedes bien- saben perfectamente que un crecimiento negativo del PIB hace cada vez más insostenible la financiación de la deuda, y por eso van a castigar -y castigan de hecho- los programas de ajustes excesivos e ineficientes, elevando la prima de riesgo, que es lo que también va a ocurrir. España, señoras y señores diputados, necesita mejorar su competitividad
para crecer y eso requiere ir cambiando, como hicimos los socialistas cuando gobernamos, nuestro modelo productivo, que es una tarea ardua y compleja pero que hay que abordar decisivamente. No podemos competir reduciendo salarios sino aumentando nuestra productividad, con más investigación, con innovación y con mejor formación, y las medidas que hoy se quieren aprobar van justo en la dirección contraria.
Señoras y señores diputados, estamos en contra de la congelación del salario mínimo interprofesional porque afecta especialmente a los jóvenes, que es un motivo importantísimo; en segundo lugar, porque es uno de los más bajos de la Unión Europea; en tercer lugar, porque no tiene ningún impacto sobre el gasto público, y, en cuarto lugar -no lo olvidemos-, porque el único impacto que tiene es justamente para mermar los ingresos de la Seguridad Social, habida cuenta de que más de 2 millones de trabajadores tienen las cotizaciones ligadas al salario mínimo.
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, le ruego que vaya acabando.
El señor ALONSO SUÁREZ: Sí, claro, señor presidente. Un minuto.
La eliminación de la renta básica de emancipación supone un ataque directo a los jóvenes, que no podrán optar más por esta ayuda destinada a fomentar el alquiler, precisamente en un país que tiene una tasa de alquiler de las más bajas de toda Europa; y estamos en contra de la reducción -y esto es importantísimo- de los capítulos de investigación, desarrollo e innovación y de educación. Ese es el futuro de nuestro país. Ahí está el futuro del cambio de modelo productivo y ahí está el futuro de nuestra economía, y en eso, señor Rajoy, no se debería recortar ni una peseta; al contrario, se debería hacer el esfuerzo por seguir aumentando estos capítulos. En cuanto al Ministerio de Fomento, son 1.614 millones. Se va a paralizar mucha obra pública en marcha, que es necesaria para mejorar la competitividad de nuestra economía, y se van a perder miles de puestos de trabajo. Y del aplazamiento de la Ley de Dependencia qué les voy a decir. Es un aplazamiento injusto que además perjudica a las comunidades autónomas que han extendido más y mejor el servicio de atención a la dependencia.
Señor Rajoy, son malas soluciones. Nosotros no vamos a apoyar medidas injustas e ineficientes como las referidas, pero tienen ustedes nuestra mano tendida para su reconsideración. Ahí están los consensos que les hemos ofrecido y el espíritu de acuerdo. Digan algo al respecto y, si quieren, tramiten este decreto-ley por el procedimiento ordinario para abrirlo a la discusión, al debate y al consenso, y para corregir estas medidas en interés de todos los ciudadanos, que es el interés general, el auténtico interés general. En definitiva, señorías, las medidas adoptadas, tanto la subida de impuestos como el recorte del gasto, van a debilitar la demanda agregada, van a provocar más paro y van a profundizar la recesión, y además son injustas porque golpean a las clases medias y bajas y a las rentas del trabajo. Señoras y señores diputados, la suma de la ineficiencia y de la falta de equidad determina inequívocamente el voto en contra de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.-El señor Montoro Romero pide la palabra.)
Me pide la palabra el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señor Montoro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señor portavoz del Grupo Socialista, estamos donde sabíamos que íbamos a estar, estamos sin su apoyo, estamos con descalificaciones gratuitas, estamos (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) donde los tópicos no les dejan ni ver el presente ni ver el futuro. (Protestas.) ¿Cómo puede subir a esta tribuna a decir que había certidumbre, certeza en una desviación de dos puntos del producto interior bruto, 20.000 millones largos de euros de déficit público, y decir que, como la mayor parte es de las comunidades autónomas, el Gobierno de España, los servicios centrales del Gobierno, incluida la Intervención General del Estado, no conocen o interpretan apriorísticamente que eso no le corresponde al Gobierno de España? Esta es una cuestión importante. (Rumores.) Además el señor Pérez Rubalcaba, al que vi en televisión muy pocas horas después, tenía evidentemente el mismo documento que tenía el Gobierno y sabía perfectamente el desglose. Yo, como miembro el Gobierno de España, no tuve ese documento hasta que llegué al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo quiero dejar dicho aquí con toda claridad y con toda rotundidad. Quien sí lo tenía era el Gobierno anterior, y por supuesto que lo tenían los más importantes diputados del Grupo Socialista; lo sabían. Y si sabían ustedes esa desviación, ¿por qué no están haciendo propuestas para corregirla? (Aplausos.) ¿O es que es admisible que cerremos el año con esa desviación? (Aplausos.) Esta es la cuestión. (Un señor diputado: Lea el papel.) No le tengo que leer ningún papel que sean estimaciones hasta que no tenga el cierre de cuentas (Rumores.-Algunos señores diputados: ¡Ah!) y nos anticipemos a lo que es ese cierre de cuentas mandando unas señales claras en forma de toma de decisiones del Gobierno. Esta es la cuestión. Si al Grupo Socialista no le parece grave que haya desaparecido el superávit de la Seguridad Social y que ella esté cerrando el año 2011 en déficit, si no les preocupa y les parece normal, consecuencia de la crisis que han gestionado, ahí entiendo su templanza. A nosotros sí nos preocupa esa situación presupuestaria y financiera de la Seguridad Social; nos preocupa y mucho, razón por la que hay que
tomar medidas en el orden de la austeridad y la contención del gasto público y medidas relativas a financiar a esas corporaciones locales de las que dependen servicios públicos tan fundamentales como la educación, la sanidad o buena parte de las prestaciones sociales. (Aplausos.) Esta es la cuestión.
Ustedes se oponen con el argumento de que aquí alguien ha falseado. ¿Quién ha falseado? ¿El Gobierno actual o el Gobierno anterior? Fácil respuesta, señor Alonso. Usted no tiene más que subir aquí a decir: es verdad, se nos estaba diciendo -no a quienes en ese momento ya habíamos ganado las elecciones representando al Partido Popular, no- a la sociedad española que íbamos a cumplir los objetivos comprometidos en el programa de estabilidad del Reino de España. Eso es lo que estaban diciendo. ¿O no estaban diciendo eso tampoco ustedes y aquí ya no nos entendemos ninguno ni en lo básico? Claro que estaban diciendo eso. Estaban diciendo que se estaba cumpliendo, cuando no es así. Además, les voy a poner otro antecedente, otro precedente, señorías, y permítanme que lo haga con toda la humildad que corresponde por supuesto al momento, pero me parece que es una cuestión suficientemente trascendente para serlo. Yo he sido ministro de Hacienda de un Gobierno de España saliente, señorías. Yo he sido ministro de Hacienda y responsable, por tanto, de esas cuentas públicas, de las cuentas del conjunto del Estado español. Quieren ustedes decir cuando se produjo la salida del Gobierno del Partido Popular en el año 2004, ¿cuánto había de déficit oculto? ¿Dónde? (Rumores.) ¿En el Estado? ¿En la Seguridad Social? ¿En las comunidades autónomas? ¿En las corporaciones locales? (Aplausos.) ¿Dónde estaba el déficit oculto? Señorías, ¿dónde estaba? Con los socialistas siempre estamos en lo mismo, y no pasa nada; ya sabemos que siempre estamos en lo mismo. Estamos en la recesión, estamos en el paro y estamos en el déficit público y si hace falta el déficit público oculto, pero digamos las cosas como son. Ese es el estado de la cuestión. Comprendo que el señor Alonso tenga un papel difícil, interesante, de subir aquí a la tribuna a defender lo indefendible de esa herencia, pero no era este el caso. El caso es si ustedes apoyan o no las medidas que está adoptando el nuevo Gobierno de España (Varios señores diputados: No, no, no.), como responden desde ahí, a coro. (Rumores.) Pero digan por qué no; porque lo está haciendo el Gobierno de España. Esa es su forma de hacer política, esa es la forma de empezar la legislatura, señorías. (Rumores.) No se sostiene la acusación ni de injustas ni de ineficientes, señorías, ni de injustas ni de ineficientes. En primer lugar, lo más ineficiente para el crecimiento económico habría sido permitir que España tenga una déficit público tan elevado que sea infinanciable, eso es lo más ineficiente frente al crecimiento económico. Eso es lo que no es asumible. ¿O es asumible? ¿Qué hubiera significado eso en términos de mercado? ¿Dónde habría situado la valoración del Reino de España en esos mercados? ¿Es asumible que ese es el déficit público de nuestro país? ¿Esa es la eficiencia a la que ustedes se refieren? En términos de equidad, ¿de verdad, señor Alonso, usted sube a criticar falta de equidad en unas medidas que no merman ningún derecho social (Rumores.) y que lo que piden es un esfuerzo proporcional a los que más tienen? (Aplausos.) Eso es lo que hace. ¿Eso le parece injusto? (Una señora diputada: A los demócratas.) Eso le parece injusto al mismo Grupo Socialista que en su día defendió congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, subir el IVA y asistir pasivamente llamándole ajuste a la destrucción de más de 2.300.000 empleos en el sector privado de la economía y en el cierre. (Aplausos.) Esa es la injusticia, señorías; esa es la injusticia. A partir de esa injusticia, señorías, ya me contarán. Estamos hablando de valorar las propuestas que está haciendo el Gobierno. Por supuesto que hay muchos más contribuyentes, como he explicado desde la tribuna, señor Alonso, que tienen rentas del orden de 17.000, 30.000, 40.000 euros al año; contribuyentes a los que el Gobierno, y lo está proponiendo ante la Cámara, les pide un esfuerzo, pero es un esfuerzo pequeño, como he explicado aquí, en esas cifras que usted no ha sido capaz de rebatir, obviamente. Un esfuerzo pequeño de muchos hace un gran esfuerzo de país, señorías; un esfuerzo proporcionado porque estamos pidiendo mucho más proporcionalmente a los que más renta tienen y también a los que más patrimonio tienen, así como a los que más patrimonio inmobiliario tienen, como es el caso del IBI, que está segmentado para gravar precisamente a los valores patrimoniales, que está gravando una propiedad, una tenencia de bienes, no la compra de un bien patrimonial, como sería la desgravación en el impuesto sobre la renta sino la tenencia de bienes patrimoniales, que solo se refiere a esa subida, y también lo hace proporcionalmente a los valores más altos en cada municipio. Es decir, estamos, señoría, ante un ajuste que, por lo que fuere, los gobiernos socialistas antes no hicieron. Está bien, cada uno está en su condición de proponer a la Cámara el ajuste que entienda más equitativo y más eficaz para el crecimiento económico y la creación de empleo. Señorías, esa es la democracia, en definitiva, y esa es la democracia, señor Alonso. Por tanto, estamos haciendo eso. Pero usted no puede subir aquí a repetir tópicos que no se sostienen en planteamientos, en cifras y mucho menos en la experiencia. Luego no hable de mano tendida. ¡Vaya mano tendida! En la primera ocasión se vuelve la cara a un decreto ley que es urgente. Si no, suba usted a decir que no había necesidad de hacer eso, de tomar estas medidas y suba a decir a qué derecho pasivo se le están quitando sus derechos sociales; suba a decir esto en esta tribuna o que los impuestos que está proponiendo el Gobierno son más injustos que lo fueron en el año 2010 la subida de los suyos, impuestos especiales, primero, y subida del IVA, después. Si usted es capaz de completar ese argumento podríamos entrar en consideración, pero no descalifique sobre tópicos porque, señorías, España no está para tópicos. Está para que la política ponga las luces largas
para salir cuanto antes de esta crisis. (Aplausos.) Está para hacer esa política, señorías, una política de compromisos, de encuentros, y no una política de descalificaciones gratuitas y baratas. Estamos en un momento de la crisis en el que la sociedad está agotada, y eso es lo que siente el Gobierno de España en este momento, que tenemos que dar respuestas claras y contundentes, pero siempre equilibradas, siempre ponderadas porque eso es lo que realmente mejorará la reputación de nuestro país y también la propia calidad de los debates políticos que tengamos en esta Cámara.
Tiene la palabra el señor Alonso.
Señoras y señores diputados, señor Montoro, no nos haga comulgar con ruegas de molino y menos con ruedas de molino de ese tamaño. Ustedes conocían perfectamente la senda de ajuste de estabilidad fiscal. Era pública y notoria desde 2010 y sabían que si gobernaban, aunque no hubiera desviación del déficit, tenían que ahorrar 16.500 millones de euros, como lo hubiéramos tenido que hacer nosotros si gobernásemos. Lo que pasa es que nosotros si hubiéramos gobernado, si estuviéramos ahí sentados, lo hubiéramos hecho de una manera completamente distinta, más eficiente y mucho más justa fiscalmente. (Aplausos.) No nos haga comulgar con ruedas de molino. Ustedes esto ya lo sabían antes de las elecciones y como se empeñaron en que no iban a subir impuestos, que luego han subido, y no quisieron decir en qué parte del gasto público iban a recortar, nosotros dijimos: los señores del Partido Popular no están siendo muy explícitos en periodo electoral. Pero es que tampoco lo fueron en el debate de investidura; se lo volvimos a requerir. Antes de las elecciones tenían todos los datos del ajuste previsto inevitable. En el traspaso de poderes e incluso antes sabían perfectamente bien dónde estaba la desviación del déficit, porque está en las comunidades autónomas, y ustedes gobiernan la mayoría de ellas. Señor Montoro, gobiernan once comunidades autónomas. (Aplausos.) Lo sabían perfectamente. Además, en el traspaso de poderes se les dio esa información. Usted ha apelado a un documento que les pasó el Gobierno; léalo aquí. Es tan sencillo como eso. En el documento todos veremos cuál es el desglose que les pasa el Gobierno; les dio toda la información. Ustedes tenían esa información y más porque gobiernan en esas once comunidades autónomas. Por tanto, ustedes consumaron un engaño objetivo. Esto es así, señor Montoro -y hay que decirlo-, objetivamente hablando. No es un juicio de intenciones, es algo absolutamente certero, cierto y demostrado, probado por la fortaleza de los hechos, señor Montoro. Ustedes conocían perfectamente el déficit y qué es lo que iban a hacer en cuanto al componente del ajuste. Y por cierto, repito, que ni lo dijeron públicamente ni muchísimo menos lo han hablando antes del día de hoy con nadie, al menos con nosotros no lo han hablado para nada.
En segundo lugar, señor Montoro -tengo que decírselo porque es verdad-, las medidas son claramente injustas y además penalizan a las rentas medias, a las rentas bajas y a las rentas del trabajo. Además, lo del IBI. Créame, esa segmentación -tal y como lo han hecho- es disparatada y provoca una gran injusticia. Haga cálculos y compare, por ejemplo, las titularidades patrimoniales de bienes inmuebles de un municipio de la mitad inferior con las de la mitad superior de otro municipio y se dará cuenta de que efectivamente hay gente que tiene inmuebles de mucho más valor que no van a pagar la subida y otra gente que tiene inmuebles con mucho menos valor que sí van a pagar la subida del IBI. Dígame qué manera es esa de hacer las cosas.
No me ha contestado a lo de las pensiones. Será porque no le interesa que yo le recuerde que con los gobiernos socialistas efectivamente las pensiones subieron como nunca en la historia de España. (Aplausos.) El incremento medio fue del 30 por ciento en las pensiones mínimas, señor Montoro, y con esto 2.720.000 pensionistas van a perder poder adquisitivo porque se lo va a llevar la subida de impuestos. Y tienen que decírselo porque tienen que saberlo, y nosotros desde luego lo vamos a decir porque es la pura verdad, señoras y señores diputados. (Aplausos.) No se ha referido a dos requerimientos que le he hecho y que son muy claros. Dado que el señor Rajoy no comparece -esperemos que lo haga en el futuro y que nos lo explique-, usted podía haber aprovechado su comparecencia aquí en el día de hoy, el que haya subido a la tribuna, para adoptar ese compromiso. Primero, explicar qué déficit tiene cada comunidad autónoma y, segundo, comprometerse a que ninguna comunidad autónoma gobernada por ustedes -ni desde luego con la acción o inacción del Gobierno del Estado- va a recortar en sanidad pública, en educación pública y en servicios sociales elementales, básicos para los ciudadanos. Adquiera usted aquí ese compromiso rotundo de que no va a haber recortes en estos capítulos que le digo, porque es aquí donde hay que asumir ese tipo de compromiso, y en el futuro veremos si efectivamente ustedes los cumplen o no los cumplen.
En cuanto al tema del impuesto sobre la renta de las personas físicas usted lleva unos días -desde el día 30 de diciembre- enfatizando la progresividad del impuesto. Hombre, señor Montoro, faltaría más que usted hiciera un impuesto técnicamente regresivo. No sé si le gustaría o no pero es que la progresividad del impuesto sobre la renta en el sistema tributario es una exigencia constitucional, lo dice la Constitución. ¿O qué querían ustedes, subir el 7 por ciento del impuesto a las rentas bajas y solo el 0,75 a las rentas altas? ¿Eso es lo que querían? Pero claro, la Constitución y nuestro sistema tributario dicen otra cosa, dicen que los tributos
tienen que obedecer al principio de progresividad y de igualdad. Y esto último es lo que se les olvida a ustedes porque penalizan, penan, castigan a las rentas medias y bajas y a las rentas del trabajo, y en particular, en concreto su traducción persona a persona, a 19 millones de contribuyentes que son los que van a soportar el coste de la subida fiscal. Eso es lo que hacen ustedes, segmentar la sociedad y hacerla más desigual, menos equitativa. (Aplausos.)
Finalmente, señor Montoro, créame que tenemos la mano tendida. Nosotros hemos lidiado contra una crisis durísima y adoptamos medidas impopulares cuando fue necesario pero nunca tocamos los servicios sociales básicos, nunca jamás -el contenido esencial ahí está respetado-, nunca tocamos las prestaciones por desempleo, mejoramos el sistema de pensiones a pesar de que, efectivamente, se pidió ese esfuerzo en mayo de 2010, pero en el cómputo total del poder adquisitivo en el periodo acumulado de gobiernos socialistas las pensiones subieron como nunca en la historia de España. Y eso hay que decirlo una y otra vez, y nosotros lo vamos a decir una y otra vez en esta tribuna o donde haga falta, donde sea necesario. La subida fiscal tal y como la plantean es injusta; los recortes son tremendos y penalizan a gente que realmente necesita recursos para seguir luchando contra la crisis económica. No es manera de hacer las cosas. Las medidas son malas. El real decreto-ley no puede ser apoyado. Ábranlo a la tramitación parlamentaria y hagan lo que no han hecho hasta ahora, que es hablar con los grupos parlamentarios, hablar con nosotros y buscar consensos que conviertan en justo lo que es injusto y en eficiente y eficaz lo que es claramente ineficiente e ineficaz. Señor Rajoy, en estas condiciones este real decreto no se puede apoyar, se ponga usted como se ponga. Su responsabilidad es la de gobernar. Gobierne. Ahora, si gobierna con injusticia, si gobierna saltándose a la torera el principio de igualdad constitucional en la distribución de los tributos, si gobierna de una manera poco inteligente, ineficaz, se lo tendremos que reprochar. Qué quiere que le diga, suyo es el Gobierno; quizá no lo sería si hubieran dicho antes de las elecciones lo que están diciendo hoy aquí y ahora.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
Tiene la palabra el señor Montoro.
Señor Alonso, para ser breve y finalizar desde el escaño, déjeme que lleve una reflexión al seno de su grupo político. Ustedes han tenido la responsabilidad de gobernar España durante estos últimos ocho años. Usted concretamente tiene la experiencia de haber sido miembro del Gobierno de España y, por tanto, las calificaciones que está emitiendo su señoría en relación con las cuestiones que se conocen o no se conocen, que se estiman desde fuera o no se estiman, sabe que no se sostienen. En primer lugar, no es lo mismo estar dentro de las máquinas que estar fuera de las máquinas a la hora de tomar decisiones y de conocer la realidad de esas cuentas públicas. Por tanto, no insistan más. Aquello que ustedes no nos facilitaron estando dentro de las máquinas nunca lo podíamos conocer desde fuera de las máquinas, señoría. No insistan más, porque no se sostiene. Es más, cuando pedimos esa información a los funcionarios y altos cargos del Gobierno anterior es cuando llegamos a tener ese conocimiento, que en todo caso siguen siendo estimaciones que nos llevan a ello.
En segundo lugar, se lo digo también en términos de recomendación para el resto de legislatura, apéese de los tópicos, porque la crisis está ahí. La crisis, el paro y el deterioro de la imagen de España están ahí delante. (Rumores.) Cuando un gobierno trae un decreto-ley, en definitiva, un conjunto de medidas que no toca un ápice a ningún derecho social, el portavoz del Grupo Socialista lo debería haber reconocido y haber puesto un solo ejemplo donde haya una medida que está perjudicando a alguien en términos de derecho social. A nadie. Y toma decisiones, decisiones que no nos gustan, que no son propias de nuestro Gobierno ni de nuestro ideario, relativas a un mayor esfuerzo tributario, y lo hacemos con progresividad, con la misma progresividad con la que hicimos la reforma de los impuestos en el pasado de España, con la misma con la que bajamos el impuesto sobre la renta de las personas físicas haciendo un impuesto más progresivo, y yo celebro que usted lo reconozca. Porque fue un Gobierno socialista el que en el año 2007 hizo del impuesto sobre la renta un impuesto dual, un impuesto donde las rentas del capital van a tipo proporcional y no progresivo, mientras las rentas del trabajo sí quedaron a tipos progresivos. (Aplausos.) Eso lo hizo un Gobierno socialista, señorías. Ahora nosotros traemos una escala progresiva, tanto para rentas del trabajo como para rentas del capital, pero esa es la realidad de nuestra historia reciente. Por eso decía, señor Alonso, bájese del burro de los tópicos. No esta el país para tópicos. El país está para llevar adelante debates de altura, de contenidos, debates concretos, sobre medidas concretas; debates que, en definitiva, permitan salir cuanto antes de esta crisis. Y de esta crisis tenemos que salir ganando la imagen como país y, en definitiva, volviendo a demostrar que somos un país creíble, que apuesta por los servicios públicos sabiendo que están fundamentados en la renta y en el empleo. Para tener buenos servicios públicos necesitamos crecer y crear empleo, que es lo que garantiza realmente el Estado del bienestar, y no, por el contrario, una crisis que lo que hace es perjudicar la imagen de España, llevándonos a retroceder todavía más en términos de paro, en términos de falta de crecimiento económico y en términos de falta de vertebración del Estado de las autonomías en nuestro país.
Señor Alonso, reitero la invitación para que en las próximas medidas que traiga este Gobierno a la Cámara domine el diálogo y domine esa apuesta. Pero hoy, francamente, le voy a expresar la conclusión de que el Grupo Socialista no ha estado a la altura de las circunstancias (Rumores.-Aplausos) en un debate que era fundamental para abrir la legislatura con otro tono y con otro enfoque.
Sustanciado este debate en contra, pasamos ahora a la fijación de posición de los grupos de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Jorquera. Por favor, los diputados y diputadas que quieran abandonar el hemiciclo, que lo hagan cuanto antes.
Señor Jorquera, tiene usted la palabra.
Señorías, tenía pensado en este turno de fijación de posición explicar en ocho puntos las razones por las cuales el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la convalidación de este real decreto-ley, pero ya les anticipo que no lo voy a hacer. Renuncio a fijar posición en nombre del Bloque Nacionalista Galego en este debate para actuar, en cambio, de portavoz, y sin que sirva de precedente, de más de 700.000 votantes: de los votantes del BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, UPN, Compromís, Foro por Asturias y Geroa Bai. Voy a actuar como portavoz de más de 700.000 votantes para expresar nuestra absoluta disconformidad con una aplicación del Reglamento sin precedentes en esta Cámara. Por primera vez, en un debate de esta naturaleza se impide que cada una de las fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto puedan expresar su posición al restringir a tres el número de intervinientes. Es decir, se priva a más de medio millón de votantes de Coalición Canaria-Nueva Canarias, UPN, Compromís, Foro por Asturias y Geroa Bai de la voz de sus representantes en esta Cámara; de la voz en un Parlamento donde la palabra, la voz, poder parlar, señorías -que de ahí deriva lo de Parlamento-, es consustancial al derecho de participación. Simplemente, quisiera introducir unos elementos de reflexión. El debate entre el Gobierno y el principal partido de la oposición ocupó prácticamente dos horas; nosotros, simplemente habíamos solicitado que el representante de cada una de las fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto pudiese disponer al menos de dos minutos cada uno. Segundo elemento de reflexión: el Grupo Mixto no es el responsable de la anomalía que representa que esté integrado por ocho fuerzas políticas y sea el tercer grupo en número de diputados de esta Cámara; no es el responsable de que a la hora de configurar los grupos parlamentarios no se hubiese optado por una configuración más respetuosa con la pluralidad realmente existente en esta Cámara. Y un último elemento de reflexión, señorías: los ciudadanos, en las pasadas elecciones generales apostaron por mayor pluralidad, porque exista en este Congreso de los Diputados un arco político más diverso, más plural. Con estas maneras de aplicar el Reglamento total y absolutamente restrictivas, se está conculcando el respeto a la pluralidad, se está privando de voz a todos esos ciudadanos. Por eso declino, como representante del BNG, fijar posición en nombre del BNG, aprovecho la ocasión que me da esta tribuna para denunciar esta situación y anticipo que los representantes de las fuerzas políticas que he mencionado compareceremos al final del Pleno para dar explicaciones a los medios de comunicación de lo que aquí está sucediendo, un mal precedente para la democracia, para el parlamentarismo.
Tiene la palabra, dentro del Grupo Mixto, el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Señorías, señor presidente, por supuesto, compartimos la protesta por las condiciones de trabajo a las que nos vemos obligados, dentro del Grupo Mixto, las formaciones que lo formamos y que entendemos acaban coartando el derecho a la libertad de expresión que tenemos en esta Cámara.
Nosotros sí haremos uso de la palabra para fijar posiciones y querría destacar tres verdades que creemos que no pueden ser pasadas por alto. La primera verdad sería que el Gobierno español, a pesar de lo que se nos dice, apenas recorta; casi no se tocan los ámbitos que son más prescindibles y suntuarios: la Corona, el Senado, algunos ministerios redundantes y sobre todo el Ejército. Parece que los tiempos no pasan y que los tanques y las metralletas todavía no se pueden tocar. En Alemania, cuando empezó la crisis recortaron un 40 por ciento el gasto militar; no es el caso, por descontado. La segunda verdad: el grueso de la deuda pública es culpa del Gobierno español, éste acumula el 66 por ciento del total del déficit cuando solo gestiona el correspondiente 30 por ciento, en términos presupuestarios, de las competencias que tiene y muy pocas de esas competencias están relacionadas con los servicios básicos. Otra cosa es que el Gobierno español se fabrique unos objetivos que le permiten el doble de margen que las comunidades autónomas y después diga que cumple mientras las comunidades autónomas incumplen. Ese es otro tema y en mi pueblo a eso se le llama jugar con las cartas marcadas, y no altera la realidad y es que el gran moroso y el gran irresponsable ha sido -y sigue siendo- el Gobierno central, que ha vivido todos estos años under the coconuts, que pretende seguir viviendo haciendo pagar el pato a otros y gastando a discreción.
Tercera verdad: pagarán los de siempre. El aumento del IRPF castiga a los que más lo sufren, las clases
medias, trabajadores y asalariados. No se tocan los privilegios de la banca ni de los poderosos. Además, como ustedes saben muy bien, ese incremento del IRPF pasa de largo las arcas del Gobierno catalán y es ingresado íntegramente por el Gobierno español. Eso dispara todavía más el diferencial de la balanza fiscal entre Cataluña y España. Esta es la verdad más dolorosa. Durante décadas hemos estado pagando las facturas del poder español: el trabajo de catalanes, valencianos, baleares, entre otros, ha permitido construir autovías sin tráfico, trenes de alta velocidad sin pasajeros, aeropuertos sin aviones. Las aportaciones catalanas, en concreto al Gobierno central, han acabado doblando, repito, doblando las aportaciones de la Unión Europea en fondos de cohesión desde los años ochenta hasta ahora. Y todo eso por razones políticas, no económicas ni sociales. Se ha sufragado un auténtico plan Marshall para vertebrar la España radial por centralismo y por españolismo. Nos irrita que se ignoren estas verdades, o que se ignore la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, o el Fondo de Competitividad que salvarían a Cataluña de la quiebra y que encima son medidas pactadas, acordadas. Son ley, son ley española y se ignoran. O que se ignoren las propuestas fiscales del Gobierno catalán, algo ingenuas sin duda y que ya nacen difuntas. Señor Duran i Lleida... (Pronuncia palabras en catalán.) Pero, la indignidad sube un escalón y se convierte en indecencia cuando nos advierten que el Gobierno central, después de hacer una deplorable gestión bananera, ahora controlará e intervendrá a aquellos que como Cataluña le han pagado los caprichos todos estos años. Hombre, ¡manda narices! ¿Cuál será el próximo paso? ¿Intervenir a doña Angela Merkel? ¿Será ese el próximo paso? Es que es el colmo.
Señor Rajoy, señor Montoro, señores del Gobierno, ¿qué está pasando? ¿No pueden poner un poco de sentido común en todo esto? Corregir un sistema económico desequilibrado que penaliza a los que más trabajan y producen, un sistema que nos maltrata, que nos considera menores de edad, frívolos, incompetentes cuando, de hecho, estamos subvencionando la broma muy por encima de lo que nos corresponde. ¿Tanto cuesta admitir la verdad de las cosas? Los catalanes, si no queremos perder hasta la camisa en este régimen injusto, tenemos que partir cuanto antes. No por dinero, o no solo por dinero sino ante todo por entereza y por dignidad. Cuantos más impuestos se nos imponen más razones se nos regalan, cuantas más verdades denunciamos más claro vemos el camino. Gracias por indicarnos con tanta rotundidad y precisión que solo existe un camino, el de la libertad. Así que les propongo una última cosa. Señor Rajoy, señores del Gobierno, dejen que los catalanes decidamos, que votemos si queremos salir de este sistema. Y si es que no, que no queremos largarnos, nos callaremos, prometo que callaremos. Si es que sí, entonces seremos Escocia y a ustedes les ofreceremos el privilegio de tener un líder como David Cameron, elegante, un conservador de pedigrí, un auténtico amigo de la democracia. ¿Aceptan el reto?
Tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, en primer lugar quiero hacer mías las manifestaciones realizadas por el compañero del BNG en relación con la situación del Grupo Mixto. Queremos denunciar primero cómo con el tiempo y el reparto del mismo que se ha hecho a nuestro grupo y a los distintos subgrupos se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión y participación, que deberían ser principios esenciales de esta Cámara. Queremos denunciar que esto comenzó con la no concesión a nuestro grupo de su derecho a tener grupo parlamentario y que sigue ahora situando a todo el Grupo Mixto y a todos sus subgrupos en unas condiciones que no deberían ser aceptadas por esta Cámara, por este Congreso. Pero vayamos a lo que nos ocupa.
Tras conocerse el paquete de medidas que ha presentado el Gobierno, los mercados aplaudieron. Aplaudió la CEOE, aplaudió la banca, aplaudieron los grandes inversores y no aplaudió ningún sindicato ni ninguna organización social. Es para tomar nota y es lógico porque el Estado español es el tercero en toda Europa en el que las desigualdades sociales se están incrementando, y mucho; crecen los ricos en sus riquezas y crecen los pobres en su pobreza. Pondré un ejemplo. La semana pasada salió un dato significativo: la matriculación de coches y venta de los mismos en el Estado español ha descendido un 18 por ciento y, sin embargo -y esto es insultante-, la venta de coches de lujo, de esos que valen más de 65.000 euros, se ha incrementado en un 83 por ciento. Los pobres siguen siendo más pobres, las estrecheces se extienden entre sectores más grandes de la población. Y este paquete de medidas va en la misma dirección: supone, en definitiva, un gran trasvase, un ingente trasvase de dinero procedente de las rentas más bajas y medias de la población hacia los sectores más favorecidos, la banca y la gran propiedad. Este paquete de medidas, desde el punto de vista de Amaiur, es un gran fraude social. Es un gran fraude porque se suma a ese otro gran fraude, el fiscal, que el año pasado dejó 90.000 millones de euros sin pasar por el fisco, huída encabezada por las principales empresas del Ibex 35 que operan impunemente en los paraísos fiscales. Es un fraude porque agrede, en primer lugar, a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, congelando el salario mínimo interprofesional y concediendo únicamente una subida del uno por ciento a los 9 millones de pensionistas del Estado, muy por debajo del índice del coste de vida. Fraude porque sigue sin desmantelar esa guarida que para las grandes fortunas son las sociedades de inversión de capital variable, porque se sigue sin reintroducir el impuesto del patrimonio y porque se sigue
dando un tratamiento completamente injusto para las rentas del trabajo en proporción a la tributación de las rentas del capital. Fraude también porque agrede a los servicios públicos con una nueva congelación del salario del funcionariado, con una congelación y amortización de sus plantillas que necesaria y objetivamente va a conducir a un deterioro de los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales. Y gran fraude social, en última instancia, porque una vez más el Gobierno de España crea una línea de avales por importe de 100.000 millones de euros para la banca pública, que es una de las principales responsables de la crisis social en la que estamos y también una de las principales responsables del déficit público que padecen las administraciones.
Visto todo esto, Amaiur y gran parte de nuestro pueblo afirma que poco o nada esperamos de estas instituciones, de estos gobiernos que atienden mucho más, por desgracia, a las llamadas telefónicas de Obama, de Merkel o de Sarkozy que al clamor que parte de los 5 millones de parados y paradas existentes en el Estado español. Por esta razón y por muchas otras exigimos un marco soberano en materia económica y social, un marco propio de relaciones laborales, de negociación colectiva, de protección social, para hacer frente desde nuestra propia casa, que es la mejor defensa que tenemos para ello, a esta crisis desde parámetros progresistas y de izquierdas, defendiendo, como hacemos aquí y allí, una política que pase por el reparto de la riqueza, por el reparto del trabajo, por una reforma fiscal profunda, por que se materialice de una forma efectiva y no retórica la igualdad entre todos los hombres y mujeres y para que, en definitiva, se puedan dar importantes pasos -y en eso estamos en nuestro pueblo- para la construcción de una sociedad más solidaria, una sociedad alternativa, un modelo económico y social diferente al actual, asentado en la justicia social, en la solidaridad y en el respeto y hermanamiento con la naturaleza. Es por eso por lo que desde esta tribuna hacemos un doble llamamiento. En primer lugar, a todas las fuerzas políticas de nuestro pueblo, en especial a las de izquierda, a Geroa Bai, a Izquierda-Ezkerra, a Ezker Batua y al PNV también, para que ante los anuncios que ha hecho este Gobierno de recortes y de mayor control de nuestras ya mermadísimas autonomías, hagamos frente, allá en Nafarroa, en el conjunto de Euskal Herria, a esta nueva agresión. También, tendiendo una mano, sinceramente, sin ninguna condición, a las izquierdas presentes en esta Cámara para que, respetando nuestras propias decisiones, a la izquierda política y social existente en el Estado, conjuntamente podamos hacer frente a todas estas medidas antisociales, a todo este gran fraude social, a todas estas medidas que en definitiva, señor ministro de Justicia -no le termino de ubicar muy bien-, son realmente de juzgado de guardia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señores ministros -porque no hay señoras ministras en este momento-, vaya manera de comenzar la legislatura. Lo hacemos para convalidar, o no, un Real Decreto-ley que se denomina de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que incluye toda una serie de actuaciones que, unidas a la declaración de no disponibilidad de multitud de partidas de todos los ministerios por importe de 8.900 millones de euros, alcanza una cifra total que se sitúa en el entorno de los 15.000 millones de euros, 1,5 puntos en términos porcentuales de producto interior bruto. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) En todo caso, una cuantía y unas medidas que van a ahondar en una profunda recesión económica de la que no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a salir. Según nos dice el Gobierno, este es el inicio del inicio, y ni tan siquiera las medidas cubren la desviación estimada, aún no conocida, del déficit público del año pasado; panorama realmente complicado. Si además se desea cumplir con el objetivo del 4,4 por ciento del conjunto de las administraciones públicas de déficit para este año, en el que el producto interior bruto experimentará muy probablemente una reducción en torno al uno por ciento y el paro superará ampliamente los 5 millones de personas, con una tasa que se aproxima peligrosamente hacia el 25 por ciento como media y muy superior en amplios colectivos como los jóvenes y en importantes ámbitos territoriales, la tarea puede ser titánica e incluso me atrevería a decir que prácticamente imposible.
Si me permite, señor Montoro, a modo de paréntesis, ya que este debate ha surgido aquí, no puedo dejar de señalar el giro de 180 grados que se ha producido en su posición y en la de su partido en relación con la política económica. Hace pocos meses ustedes no eran partidarios de subir los impuestos porque entendían que penalizaban la actividad económica, que lo que había que hacer era bajarlos para, de esa manera, siguiendo las teorías de Laffer y de los neocon americanos, impulsar la actividad, el empleo y con ello animar la recaudación y reducir el déficit. Una especie de círculo virtuoso que nos llevaría de una manera placentera, bajando los impuestos, a salir de la crisis. Pero a la hora de la verdad, ha cogido la podadora, se ha puesto a cuadrar las cifras subiendo los impuestos, y habla de temporalidad -no tenga miedo, señor Montoro, no lo haga con complejos-, subiendo los impuestos a las rentas de trabajo, a las rentas de capital y el IBI, de momento -veremos qué pasa con el proyecto de presupuestos-, y recortando gastos públicos, incluidos los de inversión en infraestructuras, en I+D+i, que todos consideramos fundamentales para ganar productividad y dinamizar la actividad económica.
Sabíamos que no tenían ustedes una varita mágica y con este real decreto-ley se ha puesto en evidencia. De igual manera, en Euskadi le hemos oído reiteradas veces al diputado don Leopoldo Barreda, hoy aquí presente, imputar al PNV la responsabilidad de la crisis económica por ayudar al PSOE a subir el IVA y a congelar las pensiones aun a sabiendas de que eso último no era cierto. Señor Barreda, ¿qué hubieran tenido que hacer ustedes ahora en el caso de que el anterior Gobierno no hubiera adoptado medidas de control y reducción de gasto público? De todas formas, no es momento de reproches, es momento de atinar en el diagnóstico, en las previsiones macroeconómicas y adoptar las medidas más adecuadas o al menos las menos dañinas para salir cuanto antes de la situación. Ustedes han adoptado estas medidas y podían haber adoptado otras. No solo son unas posibles, sino que son posibles también otras y algunas son menos deseables que otras. Huyendo de la demagogia y siendo realistas, la cuestión clave es si cabe otra política, si hay alternativa a la austeridad y al control del déficit público; en definitiva, si podemos incumplir los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea sobre el déficit y el endeudamiento públicos. Me temo que la respuesta es que no depende de nosotros, depende de la Unión Europea y fundamentalmente de la señora Merkel, y de momento no parece que esté muy dispuesta. Una Europa política más fuerte y cohesionada, con instrumentos de política económica adecuados para llevar a cabo una política de estabilización y de solidaridad, nos daría un margen de maniobra. Una Europa que acepte los eurobonos para abaratar el coste de financiación de aquellos países que tienen más problemas para financiarse, y una Europa con un Banco Central Europeo que actúe como prestamista de última instancia y que entienda que sin el control del déficit público de los Estados, tampoco es posible controlar los tipos de interés ni a corto ni a largo plazo. Solo así los especuladores pueden desaparecer y conseguir que la prima de riesgo que determina el coste del endeudamiento se sitúe en niveles razonables reduciéndose su volatilidad. No hemos oído ni al presidente del Gobierno ni a ningún ministro económico manifestarse en este sentido, ni mucho menos plantearlo ante las instituciones comunitarias.
El Gobierno ha de intentar ganar grados de libertad en Europa para modular la política de control del déficit público; para situarlo en el 3 por ciento, sí, pero no en el año 2013, sino dos o tres años más tarde. Pero, mientras sigan las cosas como están en el ámbito europeo, no nos queda más remedio que cumplir con los compromisos adoptados, y en ese estrecho margen es donde se han de tomar las medidas y donde se ha de buscar el consenso. Ustedes han tomado de momento unas y nosotros creemos que algunas de ellas son negativas para la recuperación de la economía, tal y como ya les he comentado antes -las infraestructuras y la I+D+i-, y en otras, si me permiten, se ve una supuesta subida de las pensiones, y eso, señor Montoro, como usted bien sabe, es un auténtico engaño. Se establece una subida de las pensiones del uno por ciento y ello les permite decir que no congelan las pensiones. Sabe usted, señor ministro, que eso no es cierto. En primer lugar, incumplen su compromiso de recuperar el poder adquisitivo que los pensionistas habían perdido en el ejercicio anterior con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, tal y como lo habían anunciado reiteradamente, pero, eso sí, en campaña electoral. En segundo lugar, no parece que vayan a aplicar la cláusula aprobada en el Pacto de Toledo de la actualización de las pensiones con el dato de inflación de noviembre. Y además, en tercer lugar, esta pequeñísima subida del uno por ciento que se ha realizado también va a reducirse por la propia subida del sistema tributario, de los impuestos. Así que la subida no es real, yo diría que es solo demagogia. Incluso aunque la subida fuera real, íntegra del uno por ciento, ello supondría a cada pensionista tan solo 30 céntimos de euro al día de media, en román paladino que, con la subida que a bombo y platillo vende el Gobierno, los pensionistas a penas alcanzarían a tomar un café cada cuatro días. Hoy, sin embargo, nos ha dicho que se va a garantizar la capacidad adquisitiva de las pensiones. Veremos, señor Montoro, cómo contemplan esta cuestión en el proyecto de presupuestos y en función de ello nos definiremos.
Reconozco su valentía al subir la tarifa del IRPF hasta 7 puntos porcentuales y de manera progresiva. Es cierto que ello incorpora equidad al sistema tributario, de la misma manera que sube la tributación de las rentas de capital y ello nos parece relativamente razonable. El principio de que el que más tiene, más debe aportar, ha de ser aplicado a la solución del control del déficit público sin ninguna duda. Creemos también acertado profundizar en la lucha contra el fraude fiscal con todos los instrumentos posibles, por motivos recaudatorios y de justicia social. En ello apoyaremos al Gobierno sin ninguna duda. No sabemos nada, sin embargo, sobre las intenciones del Gobierno de revisar el resto del sistema tributario ni la orientación que pretende. Nada sabemos sobre la fiscalidad de las grandes fortunas, ni sobre las Sicav, ni sobre las transacciones financieras con el fin de evitar la de carácter más especulativo. Son temas en los que antes o después será inevitable entrar y sobre los que nos gustaría discutir. Nos preocupa también de manera especial las intenciones ocultas, o no tan ocultas, del Gobierno con el fin de controlar las cuentas públicas de las comunidades autónomas. No sabemos qué quieren decir cuando se habla de control presupuestario a priori, de autorizaciones presupuestarias; no sabemos si pretenden suplantar o anular los parlamentos autonómicos; en definitiva, la manera en la que van a ejercer el control, si van a utilizar más el palo que la zanahoria, la imposición que el consenso. No nos gustaría que con la disculpa del déficit público se produjeran movimientos recentralizadores, cambios en el marco competencial, ni menoscabo de la democracia y capacidad de decisión de las instituciones autonómicas.
Como saben sus señorías, desde el Grupo Vasco venimos defendiendo la necesidad de reformar el gasto público desde hace doce años en esta misma Cámara, desde el respeto a los estatutos, exigiendo su cumplimiento; desde los criterios de eficiencia, de eficacia, evitando despilfarros, solapamientos y mal uso de los recursos públicos. Hemos predicado en el desierto. Ahora vienen las urgencias y los recortes indiscriminados con el riesgo de recortar incluso gastos sociales básicos como la sanidad, la educación y otras prestaciones sociales. Creemos necesario tener mucho cuidado y hacer bien las cosas. Queremos, en este sentido, llegar a un acuerdo en relación con el nuevo marco jurídico cuando se apruebe la ley de estabilidad presupuestaria. Tampoco conocemos la naturaleza de las medidas que el Gobierno va a plantear para dinamizar la actividad económica. Solo hemos oído hablar de algunas reformas estructurales: la desgraciadamente aún inacabada y pendiente del sistema financiero y la nada fácil reforma del mercado de trabajo. Esperemos que su Gobierno tenga más ideas y propuestas para contrarrestar en parte el efecto recesivo de las medidas de contención del déficit público que contempla este real decreto-ley. Es aún pronto para exigir más responsabilidad a este Gobierno, pero dada la situación económica de emergencia, es imprescindible trabajar con total intensidad. El proyecto de presupuestos para este año nos dará la oportunidad de debatir en profundidad y nos mostrará el alcance de sus medidas y de sus políticas. Esperamos poder colaborar desde el Grupo Vasco. Será un presupuesto difícil, pero es importante que goce del máximo consenso posible.
Para concluir, señor ministro, señorías, en relación con la convalidación de este real decreto-ley, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco en el Congreso, el Partido Nacionalista Vasco, ve más sombras que luces, tal y como he puesto de manifiesto, y en coherencia votaremos en contra del mismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Señora presidenta, señorías, para valorar estas primeras medidas del Gobierno si uno quiere tener un mínimo de justicia, de rigor intelectual, como es el caso de nuestro grupo, hay que reconocer, en primer lugar, como bien ha dicho el señor ministro, la extremada gravedad de la situación económica en que ustedes han llegado al Gobierno. Es algo que todos, y no solo ustedes, deberíamos tener en cuenta, y nosotros queremos hacer ese reconocimiento. Creemos además que en una situación de tanta gravedad es necesario un Gobierno con valentía, un Gobierno capaz de tomar medidas, aunque estas medidas sean impopulares, y también queremos valorar expresamente que ustedes en este real decreto muestren esa valentía, muestren la capacidad de tomar medidas impopulares. Otra cuestión diferente es que estas medidas, además de impopulares, sean las adecuadas; cuestión sobre la que tenemos sinceras dudas que intentaré explicarles; pero queremos valorar la situación en que han llegado al Gobierno y su capacidad de tomar medidas impopulares. No podemos aceptar, sin embargo, la justificación de que ustedes se han encontrado con una sorpresa al llegar al Gobierno; lo lamentamos. Sinceramente, no quiero utilizar adjetivos descalificatorios, pero no se me ocurre otra cosa que lamentable y surrealista el debate que se ha producido entre ustedes y el PSOE sobre el déficit oculto. Estamos hablando de 20.000 millones de euros, 2 puntos de PIB, una desviación del objetivo del 33 por ciento. Nosotros les tenemos en tan alta estima, tanto a ustedes como a nuestros colegas parlamentarios del PSOE, como para creer que es imposible que no hayan visto que se estaba produciendo un agujero de tal magnitud en las instituciones que unos y otros gobernaban. Sinceramente, creemos que tienen una responsabilidad compartida en este asunto. Yo no he ocupado ningún cargo público, pero leo los periódicos, y en el mes de julio cualquier periódico nos decía que en junio las comunidades habían agotado ya el margen de déficit para todo el año. Creemos que con este comportamiento están ambos incurriendo en una grave responsabilidad, porque generan lo que menos nos podemos permitir generar hoy en día, que es desconfianza; desconfianza, en primer lugar, de los votantes, de los ciudadanos españoles que nos han enviado a todos aquí y que tienen la sensación de que se les trata como a menores de edad, que se les pide cada cuatro años que firmen un cheque en blanco, y desconfianza -si eso no fuese bastante preocupante- de cara a nuestros socios europeos y los mercados internacionales, a los que yo supongo que les preocupa poco si la culpa es del PSOE o del Partido Popular. Lo que les preocupa es que hay un país que ha hecho giras, ha hecho presentaciones de power point, ha hecho promesas y ha hecho juramentos de que iba a cumplir el déficit del 6 por ciento y ahora se encuentran con un país que da la sensación de poco serio, y a ellos no les importa de quién es la culpa. (Risas.) Lamento que encima le parezca gracioso, señoría.
Entrando en las medidas, identifican ustedes a continuación como causa de las desviaciones el déficit autonómico. Nos alegra compartir el diagnóstico. Es algo que nosotros venimos diciendo desde el inicio de la crisis, y los datos van dando la razón: la desviación en las cuentas públicas se produce en las cuentas autonómicas. Sin embargo, esa alegría por compartir el diagnóstico pronto se ha trocado en desconcierto y preocupación, porque nos desconcierta que, si la desviación está en las comunidades autónomas, el recorte del gasto se realice en la Administración central. Ustedes han hecho un recorte de 8.900 millones de euros en la Administración central. Se comportan como un jardinero que nos dijese que tiene que arreglar el jardín porque hay un árbol frondoso, con ramas excesivas, y entrase al jardín
y podase el arbolito raquítico que tiene al lado. Créanme, señorías, que la metáfora del arbolito raquítico no es exagerada en absoluto. Nos han pedido altura de miras y visión de Estado; vamos a intentar tenerlas. Nosotros pensamos que el proceso de descentralización en España ha llegado demasiado lejos, se lo decimos sinceramente, y que el Estado, la Administración central tiene un carácter ya casi residual. Esta Administración hoy en día controla únicamente el 20 por ciento del gasto público, y esta cifra de por sí es pequeña, pero es que detrás de esa cifra hay básicamente un gasto por transferencias, un gasto previamente comprometido con apenas capacidad de actuación discrecional. Son los 30.000 millones de prestaciones por desempleo, son los 27.000 millones de pago de intereses de la deuda, es el pago de los salarios de los funcionarios, y la capacidad de actuación discrecional de la Administración central es mínima. Es un Estado residual con un par de puntos de PIB. Sobre ese par de puntos del PIB han aplicado ustedes este recorte afectando a partidas tan sensibles como el gasto en infraestructuras o el gasto en investigación y desarrollo.
Esto nos lleva a lo que echamos en falta en el real decreto. Precisamente habría que haber comenzado los ajustes por las comunidades autónomas si allí es donde se produce la desviación, no seguir adelgazando el Estado para hacerles hueco. Sobre eso no hay nada. Lo juzgaremos en su momento, pero creemos que ahora estamos en un momento importante, porque es la última oportunidad que tenemos de levantar la mirada y ver hacia dónde nos dirigimos en ese ajuste de las comunidades autónomas. Lo que vemos hasta ahora nos preocupa, señorías, porque parece que ustedes solo se van a centrar en recortar un determinado número de millones de gasto y quieren hacerlo de manera consensuada, informal, aprovechando la coincidencia de color político. Nosotros pensamos que es necesario reducir el gasto autonómico, pero no de cualquier manera. Es necesario tener un diseño de país, saber a dónde queremos llegar cuando estos recortes se hayan realizado. Volviendo a la metáfora del jardinero, el jardinero tiene un jardín ideal que da sentido a qué ramas recorta, cuáles no o cuáles quiere incluso fortalecer. Nos da la sensación de que ese modelo no existe, o si existe nosotros no lo conocemos. Nosotros sí lo tenemos y algunas grandes líneas me gustaría compartirlas con ustedes.
Creemos que es necesario preservar la sanidad, la educación, los servicios públicos esenciales tan importantes que están en manos autonómicas. Hay que priorizar el recorte en otro tipo de gastos corrientes, superfluos, y mantener, sin embargo, un mismo nivel de calidad educativa, sanitaria, en todo el territorio nacional, y eso debe guiar los recortes. No se trata de: recorten ustedes tantos millones, y cada uno como quiera, como está sucediendo. Ese tipo de recortes en el número de consejerías, en el número de unidades administrativas, en los organismos redundantes que duplican órganos del Estado: agencias meteorológicas, consejos económicos y sociales, embajadas, televisiones autonómicas, en los entes no administrativos que pululan en torno a las comunidades, que ya no sabe uno si son 2.700 o 4.000, pero son miles, ese tipo de recortes es el tipo de recortes que hay que priorizar. Para poder hacer esto, en nuestra opinión, y este es un punto sobre el que querría poner un importante acento, énfasis, creemos que no se puede hacer informalmente, sino que hay que crear mecanismos institucionales de coordinación entre las comunidades y con la Administración central. No es posible hacerlo de manera informal, y ese es uno de los grandes retos que tiene este Parlamento, en nuestra opinión, en este momento. No tiene sentido, señorías, que no pueda hacerse dentro de España entre la Administración central y las comunidades autónomas lo que está sucediendo en Europa entre la Comisión Europea y los Estados miembros. Nosotros hemos registrado una proposición no de ley sobre la que llamamos su atención, en la línea de los comentarios del otro día del señor De Guindos, para establecer una especie de semestre español, dentro de España, equivalente al semestre europeo, en el que los presupuestos autonómicos se supervisen antes de ir a los parlamentos y se asegure el cumplimiento del tipo de requisitos que antes he señalado. Insisto, esto crea gran polémica, pero ¿es normal que no podamos hacer dentro de España lo que la Unión Europea hace con los Estados soberanos? No descartamos la necesidad, más bien pensamos que es también algo necesario, incluso de una reforma constitucional del título VIII que delimite con más claridad las competencias de los diferentes niveles de la Administración. No voy a entrar en el detalle del resto de medidas, porque otros oradores me han ahorrado tener que hacerlo. Solo querría señalar que, en nuestra opinión, lo que básicamente sucede es que como se adelgaza el Estado, ya muy pequeño, y no las comunidades autónomas, de momento lo que se hace es trasladar esta carga sobre los ciudadanos, que bastantes problemas tenían ya necesitando desendeudarse. Esto se hace con un recorte del gasto mucho más sensible socialmente de lo que dice el Gobierno, solo hay que ver quiénes están afectados: los que cobran el salario mínimo, los beneficiaros de la dependencia, los funcionarios, que acumulan ya importantes pérdidas de poder adquisitivo, incluso los propios pensionistas, aunque se diga lo contrario. Y se carga también sobre la sociedad una subida de impuestos no tan progresiva como se dice, porque el IRPF es un impuesto que grava básicamente a las rentas del trabajo dependiente. Solo hay un 5 por ciento de contribuyentes que declaren más de 53.000 euros. Sin una reforma fiscal a fondo y sin lucha contra el fraude es imposible llegar realmente a las grandes fortunas en España. Todo este cúmulo de problemas encontramos en las medidas que nos ocupan.
Me permito terminar siguiendo con el lado de los impuestos, señalando otro par de ejemplos de mal diseño de nuestro sistema autonómico. ¿Tiene sentido que en este esfuerzo fiscal que se pide a los españoles de subida del IRPF la primera comunidad por renta per cápita de
España, que es el País Vasco, y la tercera, que es Navarra, queden totalmente al margen por su régimen fiscal privilegiado? ¿Tiene sentido que la corresponsabilidad fiscal que siempre se nos dice en cada reforma de la financiación autonómica que ya se ha conseguido siga sin verse por ninguna parte y sea el Gobierno central el que siempre tiene la tarea impopular de subir los impuestos, mientras hay comunidades que sus impuestos propios, como el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones, los bonifican al cien por cien?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Anchuelo, vaya terminando.
El señor ANCHUELO CREGO: Termino, señora presidenta.
En nuestra opinión, ustedes han empezado por el final, lo que habría que haber hecho en último extremo y si era inevitable, que era adelgazar todavía más la Administración central y aumentar las cargas de los ciudadanos, y han dejado para más adelante lo esencial, que es la reforma del modelo autonómico. Con lo que hemos visto hasta ahora, no nos queda otro remedio que oponernos a la convalidación de este real decreto. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, escuchando el único debate que va a haber en este Pleno, que es el debate que se ha producido entre los dos únicos grupos que pueden debatir, podríamos llegar a una conclusión, que es la de que entre todos la mataron y ella sola se murió. Lo cierto es que hay un déficit importante, lo cierto es que el déficit está ahí con 5 millones de parados y con 300.000 personas que han sido desahuciados de sus viviendas. Pero eso no ha pasado por casualidad. Alguien ha tomado decisiones en algún momento determinado de la historia. Alguien determinó que toda España era urbanizable. Alguien no intervino en promover vivienda pública. Alguien miró para otro lado con los excesos de la banca. Alguien dejó que creciera el precio de la vivienda privada de manera escandalosa. Alguien dejó que se inflara la burbuja. Alguien hizo rebajas fiscales, especialmente a los más ricos, y ahora nos faltan recursos, tenemos déficit y la única alternativa que se presenta es una alternativa de recortes, de ajuste duro, cargando contra la inversión pública del Estado, contra el empleo y atacando los servicios públicos, y todo ello enmarcado en la hoja de ruta que ha diseñado la CEOE en nuestro país. Podríamos afirmar que con el decreto de recortes, señor Montoro, como se dice en términos campesinos, han salido ustedes arando desde la casa.
Señor Montoro, la prioridad de su partido durante la campaña electoral y en el debate de investidura del señor Rajoy fue la creación de empleo. Pues bien, ni una sola de esas medidas de este decreto está orientada a crear empleo; más bien todo lo contrario. Son medidas que crean más paro, más crisis y más sufrimiento a más personas cada día. Este decreto continúa y acentúa las políticas de ajuste que se han venido aplicando en España desde mayo de 2010. Las dificultades que atravesamos son consecuencia precisamente del pertinaz ajuste que se ha venido desarrollando. No resuelven el déficit ni ayudan a crear empleo. El camino emprendido puede abocarnos a la recesión y a la depresión. Estamos ante un golpe de mercado. El ministro de Economía, señor De Guindos, dijo públicamente que si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Con esas declaraciones no es una exageración hablar de que estamos en un golpe de mercado. Ustedes justifican sus medidas afirmando que es imposible cumplir el objetivo del déficit que puede rondar el 8 por ciento. Nos dicen que ese incremento del déficit tiene su base principal en las comunidades autónomas y que desconocían ese dato. Curiosamente, ustedes gobiernan en algunas de las que más déficit presentan. No echen balones fuera, también es responsabilidad suya. Y siendo cierto que ha habido derroches, como la construcción de aeropuertos sin aviones en distintas comunidades autónomas, no es menos cierto que las comunidades han tenido una disminución de ingresos del Estado debida a los regalos y rebajas fiscales a los más ricos practicadas durante años y a la ausencia de voluntad política de luchar contra el fraude fiscal. En los últimos meses del pasado año, todas las previsiones parecen confirmar que la economía española se ha contraído. En este período tanto el consumo privado como la inversión han mostrado debilidad, apuntando a un descenso del producto interior bruto en el último tramo del año 2011 entre el 0,2 y el 0,3 por ciento.
Las propuestas contenidas en el decreto no solucionan ninguno de estos problemas, ni son pan para hoy y sí más hambre para mañana. Dentro de 3 o 6 meses volverán ustedes a venir al Congreso pidiendo nuevos sacrificios, dando una vuelta de nuevo a la tuerca. Por otra parte, la prima de riesgo ha vuelto a crecer rozando los 400 puntos. Todo ello indica que los distintos mensajes lanzados hasta el momento con el fin de calmar y dar confianza a los mercados no han servido de nada. Los especuladores están solo para especular. Nos traen unas medidas para conseguir unos objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea, pero se niegan a traer a esta Cámara la carta que ustedes mismos reclamaron al Gobierno anterior. Traigan ya la carta, que la conozcamos al menos. El principal objetivo de esas medidas es garantizar que el Estado español devuelva la deuda a los especuladores. No estamos de acuerdo, el objetivo más importante para nuestro país es el empleo, y ello nos obliga a adoptar las medidas adecuadas que permitan estimular la economía productiva y crear puestos de trabajo. Ustedes sacrifican las políticas de empleo y no
incorporan ningún plan, ninguna propuesta que vaya en esa dirección.
Los últimos datos del paro registrado que hemos conocido señalaban tanto un aumento de desempleados como una elevada destrucción de puestos de trabajo, tal y como refleja la caída de afiliación a la Seguridad Social. En su conjunto, en 2011 casi se ha duplicado el incremento del paro registrado con respecto a 2010; la crisis se ha agravado seriamente y las políticas de austeridad han servido para acelerar esa situación, lo que pone de manifiesto el fracaso de las políticas de ajuste y su necesaria y urgente reconsideración tanto en España como en el resto de Europa. No se puede utilizar la crisis como excusa para la privatización y el recorte de lo público y para deteriorar las condiciones de los trabajadores. Atacar lo público es atacar, sin duda, la democracia. Solo un plan de estímulo de la economía puede invertir la tendencia actual, en la que el desempleo es el gran lastre que tiene nuestro país para salir de la crisis, y este decreto no va en esa dirección. No contempla ni una sola medida de fomento de la economía productiva y del empleo, ahondando por el contrario en el ajuste de un recorte de gasto público de 8.900 millones de euros. ¿Dónde queda la prioridad para el empleo? Sin embargo, la subida de impuestos que ustedes proponen confirma que sí es posible disminuir el déficit con más ingresos. Bienvenidos a la idea de que la reducción del déficit no solo pasa por el recorte de gastos, sino también por el aumento de los ingresos, que pueden jugar un papel determinante en este objetivo. Pero estas medidas fiscales, aparentemente progresivas, hacen recaer su coste principalmente sobre las rentas del trabajo y los ingresos por IRPF. De cada cinco euros del conjunto de la subida de impuestos, cuatro corresponden a las rentas del trabajo y uno solamente a las rentas del capital ahorro, que deberían estar tributando a los mismos tipos que las rentas del trabajo por justicia y equidad fiscal.
La recuperación de la desgravación por compra de vivienda apenas afectará al stock inmobiliario mientras no fluya el crédito; tampoco a la movilidad en el empleo al no facilitarse un potente mercado de alquiler. Solo servirá para que no se ajusten los precios de los inmuebles, beneficiando una vez más a los bancos, que, aunque sigan sin dar crédito a las familias y empresas, podrán disfrutar de un nuevo aval de 100.000 millones de euros adicionales a los ya concedidos en ejercicios anteriores. La banca siempre gana y los altos directivos más.
En cuanto a la modificación del IBI, se tendría que haber realizado en estrecha colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo que es urgente es hacer un plan de financiación definitivo de las haciendas locales. Se sigue sin modificar el tratamiento legal de las Sicav. No tocan ustedes el impuesto sobre sociedades y no se recupera totalmente el impuesto sobre el patrimonio, de forma que paguen más las grandes fortunas. Recortan 600 millones de apoyo a la I+D+i, que es crucial para la salida de la crisis y para avanzar en el necesario cambio de modelo productivo. Sin embargo, mantienen los privilegios de la Iglesia católica. Es evidente que la ciencia y la religión no merecen para ustedes el mismo tratamiento. Con la Iglesia -podíamos decir, de nuevo- hemos topado, amigo Sancho.
Con respecto a la compensación por copia privada, no solo suprimen el canon digital, sino que además castigan a todos, beneficiando únicamente a las multinacionales del sector. Las grandes empresas siguen beneficiándose del descontrol tributario mientras las pymes tributan de manera efectiva por encima de lo que están tributando las grandes empresas en nuestro país. Bienvenidos a la idea de que es necesaria una lucha mucho más eficiente y seria contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En efecto, son políticas que tienen el mayor recorrido recaudatorio y las mayores posibilidades de aumentar los ingresos fiscales sin que para recaudar más se tenga que castigar a trabajadores, pensionistas y empleados públicos. Vamos a ver cómo concretan ustedes su plan antifraude, pero desde luego no es una buena señal que de cada cien técnicos de Hacienda o de Trabajo que se jubilen noventa no se repongan. Una buena propuesta para combatir el fraude sería limitar -y se lo proponemos concretamente- a 1.000 euros todos los pagos en efectivo. Esa sería una buena propuesta. Si tributaran adecuadamente todas las personas físicas y jurídicas que tienen el deber de hacerlo, el Estado de bienestar gozaría de una salud a prueba de crisis y especuladores.
Sus medidas no protegen a los más débiles; al contrario, congelan ustedes el salario mínimo por vez primera desde su creación, congelan la retribución de los empleados públicos y aumentan su jornada de trabajo, lo que en la práctica es una reducción salarial. Congelar el salario mínimo y los sueldos de los empleados públicos supone reducir los salarios reales de los trabajadores y se presiona indirectamente sobre la negociación colectiva. ¿Es esto proteger a los más débiles? En su línea de recortes, menoscaban los medios de comunicación públicos con la reducción de 200 millones en Radiotelevisión Española, reducen inversiones en transporte, Renfe, y en las infraestructuras de compensación en la minería del carbón. Por ello, no estamos de acuerdo con este real decreto y votaremos en contra de la convalidación. No obstante, valoramos positivamente algunas de las medidas de este decreto, como la prolongación de la ayuda de 426 euros a los parados, que ya incluíamos en nuestro propio programa electoral, o la subida del tipo marginal del IRPF. Sin embargo, no creemos que a medio y largo plazo haya una salida social de la crisis que venga de la mano de la moderación salarial ni del recorte del gasto social. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Ya anunciamos que nuestra oposición sería crítica, rigurosa y constructiva, de propuestas alternativas para contribuir a una salida social de la crisis. Por eso, volvemos a proponerles un Pleno monográfico para tratar sobre el empleo en nuestro país. Volvemos a proponerles que haya un debate para un nuevo modelo productivo en nuestro país entre las fuerzas políticas, sociales y sindicales.
Le pedimos que traiga a la Cámara una reforma fiscal completa, de acuerdo con los principios de progresividad y justicia fiscal. Le planteamos, señor Rajoy, que en la cumbre europea del 20 de enero defiendan ustedes la implantación de un impuesto de las transacciones financieras y se comprometa a implantarla en España.
Concluyo. Señoras y señores del Gobierno, el grupo parlamentario que represento subraya su actitud negociadora y constructiva. Conseguir una salida social de la crisis que no recaiga sobre las espaldas de los más débiles y de los trabajadores es un objetivo que debería ser irrenunciable para todos y todas. Hablan ustedes de que es necesario hacer sacrificios y de que los trabajadores españoles tienen que apretarse el cinturón porque así lo exigen desde el exterior. Señor ministro, como decía Oscar Wilde, aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante, es como aconsejar que coma menos el que se está muriendo de hambre. Los recortes en el gasto público no son la solución. Y hago una petición final. Dado que se recorta un 10 por ciento del complemento de productividad a los altos cargos de esta Cámara, ¿por qué no pide su Gobierno a la Mesa que se suprima el fondo privado de pensiones a sus señorías? La ética y la ciudadanía seguramente se lo tendrían en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
Señor presidente del Gobierno, señor ministro, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a la convalidación de este real decreto-ley sobre medidas urgentes en materia fiscal y presupuestaria para reducir el déficit público y el déficit fiscal, y ante una situación muy delicada de la economía española y de profunda crisis, va a ser de coherencia política, una posición de rigor económico y, al mismo tiempo, de coraje político, que vamos a manifestar a través de un voto a favor de este real decreto-ley, aunque no compartamos algunos de los aspectos a los que más adelante me referiré. Por este motivo, señoras y señores diputados, quiero aprovechar la ocasión para reivindicar públicamente el reconocimiento a la coherencia de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió -vuelvo a repetir, el reconocimiento público de la coherencia de Convergència i Unió- respecto de las medidas ante la crisis.
Nosotros hemos asumido, desde la oposición al Gobierno del Partido Socialista, desde la oposición al Gobierno del Partido Popular y desde el Govern de la Generalitat, con un gran coraje, con un gran rigor y con una gran responsabilidad, la necesidad de tomar medidas duras e impopulares. Seguramente, si se hubiesen hecho las cosas bien, ahora no hubiera hecho falta tomar decisiones de tal envergadura. En este contexto, señorías, no todas las formaciones políticas pueden decir lo mismo, porque esta actitud de responsabilidad y de coherencia no la tuvo el Partido Popular cuando era oposición al Partido Socialista, ni ahora el Partido Socialista cuando es oposición al Gobierno del Partido Popular. Pero en Convergència i Unió somos diferentes, y por eso apelamos a este reconocimiento a la coherencia política, al rigor presupuestario y también, por qué no decirlo, al coraje y a la valentía política, para tomar estas decisiones. Desde esta perspectiva, nosotros -repito- vamos a votar a favor de este real decreto, entre otras cosas, por los siguientes motivos. En primer lugar, por la coherencia y la responsabilidad ante una situación de crisis de extrema gravedad y para frenar también posibles ataques de mercados sobre la deuda soberana española. En segundo lugar, porque en este real decreto -y también hay que manifestarlo- hay elementos que coinciden con nuestras reivindicaciones y planteamientos. En tercer lugar, porque Convergència i Unió es una formación política tremendamente europeísta y consciente de los deberes que conjuntamente la Unión Europea se ha impuesto para salir de la crisis. Al mismo tiempo, quiero manifestar que estas medidas que estamos hoy debatiendo diferentes instancias de la Unión Europea las han calificado como positivas. El mayor ejemplo es lo que estamos haciendo desde el Govern de la Generalitat, desde el Gobierno de Cataluña, por cierto, criticado irresponsablemente, y muchísimo, por los socialistas catalanes, cuando nosotros en Madrid dábamos apoyo al Gobierno sobre reformas que eran necesarias, y también, señorías, cuando el PP en Cataluña nos critica -por cierto, el ministro Soria, que no está presente en el hemiciclo- por incrementar tasas o establecer otras nuevas. Señorías, desde esta tribuna, les pido con la máxima fuerza, respeto y lealtad a los diferentes gobiernos centrales y autonómicos cuando plantean y toman decisiones importantes para combatir la crisis. No tiene sentido criticar la subida de tasas cuando aquí se incrementan los impuestos.
Nuestra máxima reserva, y quizá nuestra máxima preocupación ante este real decreto, es el incremento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que marca unos niveles de presión fiscal, que a nuestro entender son confiscatorios y tremendamente injustos. El señor ministro en su intervención ha planteado que será única y exclusivamente para los dos próximos años, 2012 y 2013. Desde Convergència i Unió esperamos que sea una medida transitoria y vigilaremos e insistiremos para que finalmente esto sea así. Seguramente, la aplicación de medidas como las que ustedes han fijado con esta tremenda subida del impuesto sobre la renta de las personas físicas nosotros la hubiéramos planteado de otra manera. Este incremento, quizás el más importante desde la reciente democracia, es, a nuestro entender, social y moralmente injustos, y van a penalizar a las clases medias, a las clases bajas, a los pensionistas y también a las clases altas. En definitiva, van a perjudicar a todas las rentas del trabajo.
Hay también otros aspectos de este real decreto planteado por el Gobierno del Partido Popular que no compartimos al cien por cien, entre ellos, la subida que ustedes han planteado del IBI. A nosotros nos hubiera gustado que hubieran planteado una solución global a la financiación de las corporaciones locales, ustedes han planteado un aspecto que entendemos que atenta o puede atentar a la autonomía financiera municipal. Probablemente, sea positivo para algunas corporaciones locales, pero es negativo para otras; por tanto, nosotros seguiremos insistiendo a lo largo de esta legislatura en que es necesaria una solución integral a la financiación de las corporaciones locales para poder resolver la financiación de los ayuntamientos de todo el Estado español.
Hay otro aspecto, señor ministro, del que discrepamos rotundamente y esperamos que a lo largo de estos próximos meses lo podamos resolver. Es el que hace referencia al poder adquisitivo de las pensiones del año 2011 y que se haga a costa de aplazar sine die el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad, que suelen ser precisamente algunas de las más bajas del sistema. Insto al Gobierno, en este caso al señor ministro, a corregir este grave desliz, que imagino corresponde a este periodo de los cien primeros días en el que a veces hay ciertos despistes; y al mismo tiempo nosotros queremos que se mantengan aquellos mandatos legales con relación a la fiscalidad de estas pensiones de viudedad. Sabe usted perfectamente, señor ministro, que hemos coincidido en la anterior legislatura en que habíamos de resolver esta situación y ustedes en este real decreto también han hecho caso omiso de este mandato fiscal. Existe asimismo otra discrepancia -que esperamos podamos resolver a lo largo de los próximos presupuestos generales para el año 2012-, que es la que afecta a la reducción del 15 por ciento de los pagos destinados a financiar el transporte metropolitano de Madrid y Barcelona. Al mismo tiempo, señorías, hay otros aspectos en los que coincidimos con aquellos puntos que están reflejados en este real decreto.
Compartimos con el Gobierno la necesidad de congelar sueldos y plantillas para frenar el incremento del gasto público. Compartimos también con el Gobierno el cumplimiento del compromiso adoptado tradicionalmente con los acuerdos del Pacto de Toledo por todas las fuerzas parlamentarias sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones también en el año 2011 y esperamos que se prevea también para el año 2012, ya que el real decreto corrige la anómala situación del 2011, pero nada dice del año 2012. Compartimos también la oportunidad de recuperar, de manera temporal, señor ministro, la deducción por inversión en vivienda, pero no nos engañemos, es más de lo mismo y no serán estas las medidas que nos ayuden a modificar el modelo productivo ni la creación de empleo. También compartimos el mantenimiento para el año 2012 de la reducción del rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo. Compartimos asimismo la aplicación del tipo reducido del IVA al 4 por ciento para la adquisición de vivienda. Compartimos también las decisiones planteadas por el Gobierno en lo relativo a paralizar durante un año todas aquellas aplicaciones de la Ley de Dependencia a nuevos colectivos; esto nos permitirá valorar adecuadamente la financiación de las diferentes administraciones públicas.
Como han visto, señorías, hay algunos aspectos en los que nosotros hubiéramos actuado de manera diferente, como es el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el que nosotros vamos a ser muy insistentes, señor ministro, y vamos a plantear con nuestra máxima fuerza parlamentaria que este sea un impuesto temporal, excepcional, y que a partir del año 2014 se pueda producir la bajada correspondiente. Al mismo tiempo, señor ministro, sabe usted perfectamente que nosotros somos un grupo parlamentario preocupado por el impulso de la economía productiva, por todas aquellas políticas industriales que puedan ir encaminadas a generar empleo y confianza para poder luchar contra lo que yo diría que es uno de los cánceres principales de la economía española como es el paro. Y hemos echado en falta a lo largo de las 75 páginas de este real decreto que no existiera ni una medida, ni una sola medida orientada al impulso de la economía productiva y ni una sola medida orientada a la creación de empleo. Esperemos que esta sea una situación coyuntural y que rápidamente el Gobierno también se ponga las pilas para aplicar todas aquellas medidas que vayan orientadas hacia el incremento de la economía productiva, porque sin crecimiento económico no va a haber recuperación económica. En este real decreto ustedes plantean única y exclusivamente reducción del gasto público e incremento de impuestos y de esta manera no se reanima, no se reactiva la economía española; por lo tanto, esta es una cuestión que echamos en falta. Seguramente ustedes próximamente traerán a esta Cámara algunos proyectos de ley que vayan orientados en esta dirección y, si no lo hacen, nosotros lógicamente seguiremos insistiendo en ello.
Señorías -repito-, este es un real decreto en el que por una posición de responsabilidad, de coherencia política y también de valentía política -por qué no decirlo- ante una situación de extrema gravedad de la economía española y ante una situación de crisis profunda, nuestro grupo parlamentario va a transformar esta coherencia política y este rigor económico -que es típico de nuestro grupo parlamentario a lo largo de estos últimos años en el Congreso de los Diputados- en un voto a favor de este real decreto.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular doña Elvira Rodríguez.
Señor presidente del Gobierno, miembros del Gobierno, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en la convalidación del Real Decreto-ley 20/2011. Nuestra posición no va a sorprender a nadie, vamos a votar a favor de la convalidación. En su exposición y en el posterior debate con el portavoz socialista el ministro de Hacienda ha dejado muy claras las razones por las que el Gobierno tomó la decisión de aprobar este real decreto-ley, razones que nosotros compartimos. En mi intervención voy a resaltar algunas de las cuestiones que me parecen significativas para apoyar la decisión del Gobierno y también voy a hacer algún comentario respecto a las posiciones y los argumentos que han manifestado con anterioridad otros grupos de esta Cámara. En primer lugar, voy a referirme al tiempo o a las fechas -si ustedes lo prefieren- en las que el real decreto-ley ha tenido que aprobarse; en segundo lugar, a la situación a la que el real decreto-ley pretende hacer frente y, por último, al contenido del propio real decreto-ley.
El presidente del Gobierno en el uso de sus facultades decidió disolver las Cámaras y convocar anticipadamente las elecciones. Lo hizo a finales de septiembre, aunque anunció su decisión a finales de julio y fijó el 20 de noviembre para que los españoles acudiéramos a las urnas. Además, en el decreto de disolución se fijó como fecha de constitución de las Cortes Generales el día 13 de diciembre, lo que dio comienzo al proceso de investidura y designación y posterior toma de posesión del nuevo Gobierno. De acuerdo con la normativa en vigor, se suspendió el proceso de aprobación del presupuesto para 2012 y empezaron a correr los plazos que todos conocemos. El Gobierno saliente, en funciones hasta su sustitución, tenía entre sus obligaciones las de hacer frente a las necesidades ordinarias del cada día y además no dejar un vacío de poder y de representación especialmente en lo que respecta a nuestros compromisos internacionales; entre ellos, el del cumplimiento de la senda del déficit público al que nos comprometimos con Europa y que constituye un elemento esencial para la confianza y respuesta de los organismos internacionales y de los mercados financieros, que son indispensables para la financiación de España, fuertemente endeudada con el exterior.
Si las fechas eran las que eran, elegidas voluntariamente por el anterior presidente del Gobierno, debieron llevar consigo que la prórroga ajustada del presupuesto la hiciera el Gobierno saliente, que contaba con toda la información en poder de sus servicios para realizarla y que debía así lanzar un mensaje de confianza respecto al cumplimiento de los compromisos que había adquirido. Y era necesaria una prórroga ajustada porque el presupuesto de 2011, señorías, respondía inicialmente a un objetivo de déficit de las administraciones públicas del 6 por ciento, mientras que el de 2012 debería diseñarse para conseguir un déficit del 4,4 por ciento, 1,6 puntos porcentuales menos que el que se debía prorrogar. Esfuerzo, por cierto, señor portavoz de UPyD, que en el compromiso correspondía en su totalidad a la Administración General del Estado -repase usted el desglose de la senda y podrá ver que lo que estoy diciendo es así-. Pero no se hizo -permítanme que les diga, señorías-, en un ejercicio de clara irresponsabilidad fiscal y el nuevo Gobierno que tomó posesión el 22 de diciembre hubo de realizar el ajuste antes de que se acabara el año; es decir, contó con una semana para determinar el contenido del obligado real decreto-ley. De ahí la urgencia de esta norma, que queda claramente justificada por las circunstancias que acabo de exponer.
Y, si las fechas eran casi imposibles, la situación que determinaba el contenido de la norma no era mucho mejor. Los mensajes que transmitía el Gobierno saliente eran de tranquilidad y de garantía de cumplimiento de las obligaciones fiscales españolas. Es cierto que muchos organismos y analistas nacionales e internacionales no confiaban en que se alcanzara el objetivo del 6 por ciento marcado, pero las intervenciones públicas del Gobierno decían lo contrario. Recordemos las del mes de noviembre de la vicepresidenta económica asegurando su cumplimiento. Señor Alonso, usted antes decía que verde y con asas y nosotros terminamos diciendo que verde y con asas, botijo, pero las intervenciones del Gobierno saliente, del Gobierno socialista, eran todas de cumplimiento. Me pregunto, para los que nos acusan de no decir la verdad: ¿será casualidad que una de ellas fuera precisamente el 18 de noviembre, dos días antes de las elecciones, al concluir el Consejo de Ministros que precisamente revisó a la baja las cifras del crecimiento? Y a finales de noviembre, el día 28, la vicepresidenta económica volvió a repetir sus predicciones; todos lo hemos podido leer e incluso ver y escuchar.
Pero la realidad no era esta. Como ha señalado el ministro de Hacienda, con los datos que suministra la Intervención General al Gobierno entrante, el déficit estimado para 2011 se separaba sensiblemente del comprometido con una desviación de más de 2 puntos porcentuales. El conjunto de las comunidades autónomas, la Seguridad Social, la Administración del Estado y las corporaciones locales, es decir, todos los subsectores, se desviaban de su compromiso. Y hago una matización más, señor Alonso, cuando se habla de separación del compromiso de déficit, también podemos ver qué es lo que contiene ese compromiso o a qué se debe la separación y me parece muy fuerte que usted desde esta tribuna esta mañana haya puesto precisamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía como ejemplo de no despilfarro (Aplausos.), precisamente hoy o en estos días cuando estamos viendo, señor Alonso, ejemplos vergonzosos de lo que significa despilfarro de gasto público, porque despilfarro no es desequilibrio o desequilibrio no es despilfarro, puede coincidir pero en este caso me parece que el ejemplo está francamente mal traído. En este caso, ya no solo había que hacer frente a la urgencia de las fechas, sino que también se tenían que tomar decisiones drásticas para, en cuanto se aprobara el presupuesto para 2012, se lanzase el mensaje claro de que el nuevo
Gobierno estaba dispuesto a cumplir con los compromisos de España y a adoptar las medidas oportunas para ajustar nuestras cuentas públicas. Así, con poco tiempo y atendiendo a circunstancias en gran parte imprevistas y muy graves, se tuvieron que tomar las decisiones que se contienen en el real decreto-ley y que, como su propio nombre indica, han dado lugar a medidas urgentes para la corrección del déficit público.
Señorías, todos conocen el contenido del real decreto-ley que ajusta el presupuesto prorrogado y regula, entre otras materias, determinadas cuestiones de personal, de pensiones públicas y tributarias, por lo que no voy a repetir su contenido, pero, como señalé al comienzo de mi intervención, sí voy a resaltar algunas. El presidente Rajoy, en su investidura, puso de manifiesto que las circunstancias a las que se iba a enfrentar el Gobierno -circunstancias económicas- eran las más difíciles a las que se haya enfrentado Gobierno alguno desde la restauración de la democracia, que en la política no existe la herencia a beneficio de inventario, pero que es de máxima importancia compartir la visión de dónde estamos y por qué estamos precisamente donde estamos, porque sin ese análisis no es posible trazar un plan adecuado para afrontar los problemas. Y que ese diagnóstico, señorías, tenía que responder a un compromiso del que pretendía hacer bandera en su Gobierno, y cito textualmente: Decir siempre la verdad aunque duela; decir la verdad sin adorno y sin excusas. Eso es precisamente lo que nos encontramos en el contenido del real decreto-ley que hoy se trae a convalidación de esta Cámara y eso es precisamente lo que hizo el Gobierno en su sesión de 30 de diciembre. Sin tapujos y sin huidas hacia delante el Gobierno ha cumplido con su obligación y ha gobernado; se ha enfrentado a una situación imprevista, la ha puesto de manifiesto cumpliendo su compromiso de decir la verdad y ha tomado las medidas oportunas: coraje y rigor, señor Sánchez i Llibre, como usted ha recogido en su intervención.
Señorías, gobernar supone decidir y elegir, y eso es lo que ha hecho el Gobierno en este real decreto-ley. Ha realizado una consolidación fiscal de más de un punto del PIB que incluye el acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones de euros en los ministerios de la Administración central que se aprobó en ese mismo Consejo de Ministros de 30 de diciembre. Como señalaba, el Gobierno ha decidido y ha elegido con premura en las fechas y gravedad en las circunstancias y ha querido que el impacto del ajuste no sea el mismo para todos los españoles sino que soporten más los que más tienen en un ejercicio de responsabilidad y de justicia. Sí, de justicia, señor Alonso, de justicia y de igualdad. Es por eso que se compaginan medidas como la del levantamiento de la congelación de las pensiones al reestablecer la recuperación de su poder adquisitivo, que se suspendió por el anterior Gobierno para 2011, y la del mantenimiento de los 400 euros para los parados que hayan dejado de percibir las prestaciones y subsidios, con otras como la congelación del sueldo de los trabajadores públicos y la suspensión de la oferta pública de empleo para 2012, con las excepciones de los servicios básicos, de la seguridad y de los funcionarios de lucha contra el fraude. Medidas que se complementan con unos recargos temporales -sí, señor Sánchez i Llibre, temporales, lo pone en el real decreto-ley y también ha hecho mención de ello el señor ministro de Hacienda- en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en la tarifa general y en la de rentas de capital, que gravan sensiblemente más a los que más rentas perciben.
El señor portavoz del Grupo Socialista ha hablado de que el ajuste discrimina y castiga más a las rentas medias y bajas y a las rentas del trabajo. Y a las rentas de capital; es decir, con la estructura de nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y dicen que el real decreto-ley infringe el principio constitucional de igualdad. ¿Le parece a usted que la subida del IVA es igualitaria? Claro, grava por igual a todos los españoles, pero el principio de igualdad significa precisamente trato desigual para los desiguales, y eso lo cumple especialmente el real decreto-ley.
Señor presidente, señorías, concluyo. Como señaló el presidente Rajoy en el debate de su investidura y ha reiterado el Gobierno en este real decreto-ley, es el primer paso para conseguir que España vuelva a crecer y a crear empleo, cuestión imprescindible para que nuestro Estado del bienestar, nuestra sanidad, nuestras pensiones y la educación de nuestros hijos queden garantizados. Volveremos a debatir nuevas medidas en esta Cámara -sí, señor Sánchez i Llibre- en materia laboral, en materia financiera, de reestructuración de nuestras administraciones y en no mucho tiempo el presupuesto del año en curso, pero ahora es el momento de convalidación de este real decreto-ley y, como anuncié al principio, nuestro grupo va a votar a favor y siento que, con excepción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), si no he entendido mal, el resto de los grupos no lo hagan.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, pide la palabra.)
El señor Montoro me pide la palabra. La tiene usted.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, hago uso de la palabra solo para agradecer al Grupo Parlamentario Popular su apoyo y agradecer especialmente la valoración de su portavoz, doña Elvira Rodríguez. Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo al decreto-ley por parte del grupo nacionalista catalán de Convergència i Unió, reiterándole que toda la materia tributaria, toda la subida de impuestos, es temporal y por tanto el compromiso del Gobierno es
rectificar eso cumplido el tiempo que se programa en ese real decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Realizado el debate del punto número III pasamos al punto número IV, que es la tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
En el tiempo que se ha dado por la Mesa -una hora- se han presentado por ERC tres enmiendas a la proposición de reforma y para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.
Señorías, tal como les anunciaba en mi primera intervención, hemos presentado tres enmiendas. En la primera, relacionada con el artículo 6, solicitamos que se añada un punto 3 a fin y efecto de que quede reflejado en el Reglamento que los diputados y las diputadas gozaremos del derecho -igual que tienen los diputados que utilizan la lengua española- de utilizar las lenguas catalana, vasca y gallega en este Parlamento, tanto en Pleno como en Comisión.
En segundo lugar hemos presentado una enmienda relativa al artículo 52, el que regula cómo debe crearse una comisión de investigación. Entendemos que ese artículo no tiene sentido en el Parlamento de una democracia avanzada, como es la del Estado español, máxime en un contexto de mayoría absoluta de la derecha. Creemos que hacemos un mal servicio a la democracia, puesto que conocemos la manera de proceder del Partido Popular. Entendemos que deberíamos ir hacia una modificación del artículo 52 a fin y efecto de que la simple voluntad de dos grupos parlamentarios así como la voluntad de la Mesa del Congreso o bien de una quinta parte de los diputados y diputadas sea condición suficiente para que se pueda abrir una comisión de investigación. Creemos que esto es el pan y la sal de la sociedad, que quiere ver reflejados su actitud y su comportamiento crítico ante una democracia que, al menos a veces, parece que hace aguas.
En definitiva, entendemos que estas dos enmiendas deberían ser votadas afirmativamente al menos por parte de la izquierda. Pero hemos hecho otra enmienda subsidiaria a estas dos entendiendo que quizás no se atreverán ni tan solo a votarlas a favor aun cuando vayamos a perderlas. Proponemos añadir una adicional transitoria a fin y efecto de que, por lo menos, tengan la valentía de marcar la pauta a la derecha aprobando una transitoria que viene a decir lo siguiente: que en el plazo de un año -insisto, un año- habremos instado y batallado para que exista una profunda revisión del Reglamento a fin de poder profundizar en la democracia. Si consideran que no es el momento de aprobar las dos primeras, al menos, por favor, voten sí a esta disposición transitoria porque como mínimo pondríamos los mimbres para conseguir en los próximos meses un funcionamiento más democrático de esta institución. Nosotros, que les quede claro, no vamos a renunciar a nuestros derechos lingüísticos, y ya les anunciamos hoy aquí que utilizaremos la lengua catalana siempre que lo consideremos oportuno a partir del próximo día. Ya estamos hartos -repito, hartos- de esperar. El señor Rubalcaba dijo en el año 2004 que se iba a solucionar. Todo fueron mentiras políticas. Si el Partido Socialista nos engañó, ¿qué podemos esperar del Partido Popular? (Rumores.) Si ustedes quieren insumisión lingüística, la habrá. (Rumores y protestas) Tranquilos, no se preocupen. Con los derechos no se juega.
Para los grupos que han presentado la proposición de reforma hay un turno de fijación de posiciones, que pido que sea corto. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
Intervendré muy brevemente, simplemente para significar nuestro apoyo a la enmienda número 2 presentada. No es ninguna novedad. No solo en la anterior legislatura sino en la que presidió el señor Marín nuestro grupo presentó enmiendas, conjuntamente con otros representantes parlamentarios de otros partidos políticos, en este sentido y, por lo tanto, nos parece coherente pedir este derecho de utilizar cualquier lengua oficial en la Cámara.
En cuanto a la enmienda número uno, quisiera decir al señor Tardà que estamos -yo creo que él es el primero- bastante escaldados de fiarlo todo a futuro, y que el compromiso de hacer esto, el compromiso de hacer lo otro o el compromiso de presentar un proyecto de ley al final son brindis al sol respecto a los cuales nuestro
grupo, sinceramente, no nos vamos a negar pero tampoco los vamos a apoyar.
Por el Grupo de UPyD, señor Martínez Gorriarán.
Consideramos que la reforma del Reglamento es un tema muy importante, muy serio, y nuestro grupo se compromete a hacer propuestas al respecto y a debatir todas las que se presenten, pero hoy hemos aprobado un método de lectura única que no permite debatir las enmiendas y por eso no nos parece que proceda el apoyarlas, de manera que no lo vamos a hacer.
Por el Grupo IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela. (Risas.)
El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, mire qué fácil es: Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, CHA. Es facilísimo. (Risas.)
Señoras y señores diputados, aunque a algunos de ustedes les pueda parecer que no es el momento oportuno, nuestro grupo va a fijar posición no solo por las formas sino sobre todo y fundamentalmente por el contenido. (Pronuncia palabras en catalán.- Rumores.) Creo que se entiende, pero traduzco: Votaremos a favor de la enmienda presentada por Esquerra Republicana, del Grupo Mixto, entre otras cosas porque coincide con algo que hemos venido reiteradamente planteando en esta Cámara. La enmienda más pronto o más tarde se va a tener que situar en el debate de este Parlamento porque nos plantea tres retos que tienen mucho que ver con la calidad de la democracia, que tienen que ver con el funcionamiento de esta Cámara -y hoy a lo mejor es un buen día para recordarlo-, que tienen mucho que ver con la necesaria función de ejercicio de control del Ejecutivo que esta Cámara tiene que tener y que tienen que ver también con la normalización en el uso de las lenguas. Normalizar de una vez por todas, reconocer los derechos lingüísticos de las personas que tenemos una lengua distinta del castellano para que este Parlamento se parezca lo más posible a la sociedad de nuestro país, creo que no es ninguna cosa que debería temer nadie.
En segundo lugar, facilitar las comisiones de investigación es una cosa que puede ayudar a aumentar la calidad de nuestra democracia. Recuerden, señoras y señores diputados, que una de las funciones importantes de esta Cámara es controlar al Poder Ejecutivo y lo es más en momentos de mayoría absoluta. Y recuerden sobre todo que democracia no solo es votar, democracia es sobre todo que existan contrapoderes, y cuando el poder se convierte en absoluto el riesgo de absolutismo es muy importante. Por esas razones vamos a dar nuestro voto a favor a las tres enmiendas sin tener en cuenta que posiblemente no sea el momento, pero nos interesa más el fondo que la forma.
Nuestro grupo, como todos pueden imaginarse, va a apoyar la enmienda número 2. De hecho, es una enmienda que recoge lo que podríamos llamar el espíritu del grupo de Sitges, que fue un encuentro entre diputados y diputadas de diversas fuerzas políticas que creemos que sería positivo que esta Cámara pudiera ser una expresión de la pluralidad lingüística del Estado español. Creo que esto fue en la VIII legislatura. Se llegó a presentar un texto articulado y, como coincide con esta propuesta, nuestro grupo le va a dar el apoyo.
Por lo que se refiere a las otras dos enmiendas, entran en otra consideración, que creo que podemos compartir la totalidad de los diputados y diputadas, al menos todos los grupos. Creo que todos los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones tenemos en nuestros programas electorales un compromiso de mejorar la participación, la pluralidad, el nivel de representatividad de la Cámara, facilitar que a través de reformas reglamentarias pudieran intervenir incluso los ciudadanos. Veo al señor Rubalcaba, por ejemplo, que lo propuso; nuestro líder Duran i Lleida también lo hizo, y creo que el Partido Popular también. Por tanto, este es un espíritu que considero que vale la pena reivindicar. De todas maneras, cuando un espíritu es tan compartido las iniciativas deben ser conjuntas, no a instancia de parte, aprovechando un trámite colateral, sino buscando consenso. A nuestro grupo le gustaría que así fuera. Por tanto, en las enmiendas 1 y 3, aceptando este espíritu pero creyendo que debemos buscar otra fórmula que sea de consenso, vamos a abstenernos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz.
Señor Tardà, sin perjuicio de la mayor o menor corrección técnica de las enmiendas presentadas en este trámite de lectura única de una proposición de reforma del
Reglamento, nuestro grupo entiende que merece la pena que los grupos parlamentarios nos impliquemos de forma eficaz en una reforma del Reglamento tendente a los fines que se exponen en la enmienda número uno, de adición, que ha presentado usted, en relación con la mejora en el funcionamiento y eficacia de estas Cámaras y la profundidad democrática, el aumento de la calidad democrática, trabajos que ya intentó nuestro grupo en la etapa de gobierno anterior y que llevó a iniciativas legislativas como la iniciativa legislativa popular, donde se buscó la cercanía de los ciudadanos en relación con aquellos que somos sus representantes. Por ello, señor Tardà, le anuncio que nuestro grupo va a votar a favor de la enmienda número uno, de adición. Y creo que dentro de ese debate es donde tendría que tratarse de una reforma más profunda del reglamento, en la cual nos comprometemos a trabajar si así se aprueba por esta Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Hernando.
Señorías, en el día de hoy hemos procedido a modificar el artículo 46.1 del Reglamento de la Cámara. Hubiera deseado que el señor Tardà, a la hora de hacer sus enmiendas, hubiera planteado una reforma distinta quizás a la que hemos acordado los grupos de forma mayoritaria y casi por consenso. El señor Tardà plantea en este momento procesal una reforma que nada tiene que ver con el artículo 46.1, sino que afecta a otra serie de artículos; una reforma por cierto que en su momento usted tuvo la oportunidad de llevar a cabo, porque le recuerdo que en la legislatura 2004-2008 usted cogobernó con el Partido Socialista, ese Partido Socialista que a usted le engañó en ese momento. Tengo que decirle que el Grupo Parlamentario Popular no le va a engañar a usted. Lo tenemos muy claro en determinadas cosas. Conoce nuestras tesis en materias que usted ha planteado desde hace tiempo. Por lo tanto, si se ha llevado a engaño usted con el señor Rubalcaba o con otros miembros del Partido Socialista a los que usted durante cuatro años apoyó en esta Cámara para crear las condiciones que han llevado al país donde le han llevado, allá usted. Nosotros no le vamos a engañar. Eso se lo garantizo, señor Tardà. (Aplausos.)
En segundo lugar, y quiero decírselo con todo el cariño y el respeto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me sorprende en ustedes esta nueva vocación encontrada y manifestada por pretender en este trámite anunciar reformas de reglamento que ustedes no quisieron llevar a cabo precisamente en la legislatura 2004-2008. (Rumores.) Ustedes hicieron un pacto con nosotros para hacer esa reforma y ustedes lo bloquearon. Hable con la señora Chacón, que ahora hace determinados alardes, para saber de verdad cuál fue su posición en la reunión en Sigüenza, en el parador, donde habíamos pactado entre ustedes y nosotros un acuerdo para la reforma reglamentaria y que desde el propio Gobierno socialista se boicoteó. Como le digo, la señora Chacón o incluso el señor Rubalcaba le pueden a usted contar y relatar. (Rumores.) Yo estaba allí y si quiere usted luego se lo cuento.
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 155/000002.)
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (Número de expediente 155/000003.)
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente 155/000005.)
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN DE RTVE Y SUS SOCIEDADES. (Número de expediente 155/000004.)
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS. (Número de expediente 155/000001.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del punto número IV, el punto número V es la propuesta de creación de varias comisiones, que todos ustedes conocen y que ha sido hecha por los grupos parlamentarios. Normalmente este tipo de solicitud no tiene intervenciones, pero pregunto al Pleno si alguien quiere intervenir en este punto número V.
El señor Baldoví pide la palabra. Tiene la palabra para intervenir.
Vaya por delante que el voto de Compromís va a ser afirmativo. Entendemos que la creación de estas cinco comisiones permanentes es muy útil. En el caso de la de Televisión Española entendemos que es un servicio público muy necesario, con grandes profesionales que hacen informativos que, a mi juicio, tienen una gran independencia y una gran calidad. Por tanto, mi reconocimiento a esos grandes profesionales. Pero el otro día aquí, en el debate de investidura, Compromís basó su voto en el apoyo del entonces candidato y ahora presidente, señor Rajoy, a los dieciséis años ininterrumpidos del Gobierno del Partido Popular en el País Valenciano y la situación a la que nos han conducido. Quiero hablar, aunque a alguno le parezca mal, de esa situación que ahora, al pasar los días se ha visto y se ha magnificado mucho más, se vio reflejada cuando yo volvía a Valencia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado Baldoví, le llamo a la cuestión porque no puede usted utilizar este turno para hablar de cosas que no tienen nada que ver con la creación de comisiones. Céntrese en la cuestión. (Aplausos.)
El señor BALDOVÍ RODA: Solo quiero decir una cosa, cuando yo volví a Valencia el titular de la televisión autonómica era: El señor Rajoy defiende a la Comunidad Valenciana contra los ataques de Baldoví. (Rumores.) Simplemente lo que quiero decir con esto es que me parece que esa no es la televisión que los ciudadanos nos están pidiendo. Lo único que quiero decir es que espero que esta comisión que se va a crear sirva firmemente para que cosas como las que pasaron el día 20 en mi comunidad no se vuelvan a repetir.
Creo que está suficientemente debatido el asunto porque no tenía nada que ver con el tema.
Vamos a proceder a la votación de los puntos III, IV y V, y lo haremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
REAL DECRETO-LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 130/000001.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación. Cierren las puertas. Punto número III. Convalidación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 197; en contra, 138; abstenciones, cuatro.
¿Algún grupo pide que se tramite como proyecto de ley? (Asentimiento.)
Vamos a proceder a la votación para la tramitación del real decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 141; en contra, 175; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Por tanto, no se tramitará como proyecto de ley. (Rumores.) Silencio, por favor.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto IV, tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se han presentado tres enmiendas y, por lo tanto, vamos a proceder a votar cada una de ellas por separado.
Comienza la votación de la enmienda número 1. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 127; en contra, 190; abstenciones, 24.
Pasamos a votar la enmienda número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 44; en contra, 298.
Pasamos a la votación de la enmienda número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 25; en contra, 295; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora a la votación de conjunto de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que se ha presentado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 337; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de reforma.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE COMISIONES. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Creo que el punto número V, que era propuestas de creación de comisiones, se puede aprobar por asentimiento. ¿Es así? (Asentimiento.) Queda aprobada por asentimiento la creación de las cinco comisiones que aquí se detallan.

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 ARTÍCULO 46
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 artículo 50
 artículo 51
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 ARTÍCULO 46
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 artículo 46
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