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Timestamp: 2019-09-16 10:16:08+00:00

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Derecho Ecuador - Aspectos Procesales de la acción de nulidad de laudo arbitral
Aspectos Procesales de la acción de nulidad de laudo arbitral
Autor: Andrés A. Cervantes Valarezo[1]
El presente artículo recopila un breve estudio sobre la legislación procesal que regula la acción de nulidad de laudo arbitral en el Ecuador. De tal manera, se analiza la naturaleza de este proceso, la posibilidad de interponer recursos dentro de la acción de nulidad, la autoridad competente para sustanciar las instancias del juicio, entre otros. Todo lo antes dicho, bajo la guía de distintos fallos judiciales ecuatorianos que son contradictorios y hacen que una reforma legal sea inminente.
Acción de nulidad ? apelación ? recursos ? laudo ? Ecuador
Introducción a la acción de nulidad
El arbitraje es un método alterno de solución de conflictos de carácter jurisdiccional, mediante el cual las partes renuncian a la justicia ordinaria y se someten a un proceso de administrado o ad hoc cuyo objeto es la resolución de la controversia transigible mediante laudo arbitral[1] (Redfern, 2009).
El laudo expedido dentro de un proceso arbitral es por su naturaleza irrecurrible, no admite más recursos que los permitidos expresamente por la Ley. En el caso de Ecuador, solo procede la aclaración y la ampliación del laudo. Esto, de ninguna forma significa una violación a la tutela judicial por los siguientes motivos:
1. Las partes al pactar un compromiso arbitral renuncian, por disposición legal, a la interposición de recursos contra el laudo arbitral. Así lo ha aclarado al Corte Constitucional del Ecuador:
Una de las características principales del proceso arbitral, es la establecida en el artículo 30 de la Ley de Arbitraje y Mediación, la cual señala que los laudos arbitrales son inapelables; por lo que, las partes, al aceptar someterse a un proceso arbitral implícitamente aceptan la inapelabilidad de los laudos arbitrales.
(Corte Constitucional Ecuador, 2013)[2]
2. Nos encontramos frente a un caso de renuncia legítima del derecho de apelación, de acuerdo a la norma contenida en el artículo 11 del código civil ecuatoriano, puesto que solo mira el interés de las partes contratantes y no se encuentra prohibida su renuncia.
3. Una de las características y principios fundamentales del arbitraje es la celeridad, que se vería seriamente afectada si se admitiesen en su trámite todos los recursos naturales de la justicia ordinaria, hecho que tornaría inefectivo al arbitraje.
4. En palabras de Caivano, no existe violación al derecho a la defensa ni a la tutela judicial puesto que las partes ?pueden acceder a una instancia de revisión judicial a través de la acción de nulidad? (Caivano,2000)[3]
La acción de nulidad de laudos arbitrales es para la doctrina en voz de Alsina:
?Un medio de impugnación característico y específico del juicio arbitral, existente en la generalidad de legislaciones?de control a posteriori sobre la existencia de los presupuestos y de los caracteres funcionales y formales que la ley exige para la eficacia y validez de los procedimientos y de las decisiones arbitrales (Alsina, 1965)[4].
En Ecuador la nulidad del laudo arbitral se tramita como una acción autónoma y no como un recurso, puesto que es conocida por la Función Judicial en un proceso distinto al sustanciado por el Tribunal de Arbitraje. En este sentido, Enrique Véscovi señala que el objeto de la acción de nulidad es conseguir la nulidad de la resolución mediante un juicio distinto mientras que los recursos se tramitan dentro del proceso principal (Véscovi, 1999)[5].
Esta precisión no es innecesaria, cabe recordar que la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador tuvo que ser reformada en el año 2005 puesto que confundía los términos recurso y acción en lo relativo a la nulidad del laudo. Además, como se verá más adelante, esta distinción tiene relevancia procesal en lo que respecta a la interposición de recursos dentro de la acción de nulidad del laudo.
Oportunidad para la interposición de la acción
La LAM establece que la acción de nulidad puede ser interpuesta dentro de los diez días siguientes luego de que el laudo quede ejecutoriado o en firme.
Cabe precisar que el laudo solo admite recursos horizontales de aclaración cuando las disposiciones del laudo sean ininteligibles, o de ampliación cuando se haya omitido resolver uno de los puntos de la Litis. Si no se interponen estos medios de impugnación el laudo queda ejecutoriado por el ministerio de la Ley en el término de tres días luego de notificado.
Así lo ha dicho la Corte Constitucional de Ecuador:
Por tanto, se puede concluir, sin que se requiera de un mayor análisis, que la decisión final en un proceso quedará inmediatamente ejecutoriada luego de haber sido notificada la providencia mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación y aclaración (Corte Constitucional, 2012)[6].
La Ley establece que si la acción es presentada fuera de término ?se tendrá por no interpuesta y no se la aceptará a trámite?[7] sin embargo, la Ley no establece claramente quién debe desechar este tipo de acciones, si el propio Tribunal de Arbitraje o el Presidente de la Corte que conoce de la nulidad.
Hay quienes sostienen que dicha actividad debería corresponderle al Tribunal de Arbitraje y que de esta forma se ahorraría dilaciones innecesarias a las partes y sobrecarga de trabajo a las Cortes Provinciales. Se argumenta además, que la extemporaneidad es un parámetro sumamente objetivo por lo que no existiría conflicto entre el accionante y el Tribunal de Arbitraje; y, finalmente, en caso de que se inadmita injustamente una acción de nulidad presentada dentro de término se podría impugnar dicha decisión vía acción extraordinaria de protección.
El procedimiento DE la acción de nulidad
Hay quienes sostienen que la acción de nulidad no tiene un procedimiento establecido en la LAM y por lo tanto dicha acción debe ser sustanciada en juicio ordinario como lo dispone el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. Este criterio fue sostenido en el caso de Latin American Telecom Inc. c. Pacifictel[8] y en la controversia entre Pacifictel c. Nedetel, en esta última se señaló que:
?Al no establecerse en la ley el procedimiento a seguirse frente a tales acciones, lo que corresponde por el mismo mandato de la ley, es su sustanciación en sustanciación en juicio ordinario, sin que pueda considerarse acertada, la interpretación por la cual?dicha acción de nulidad merezca un trámite especial o sumarísimo como podría pensarse?(CORTE SUPREMA, 2007)
El sustanciar la acción de nulidad bajo procedimiento ordinario implica que de la decisión de nulidad se pueda interponer recursos horizontales como la ampliación, aclaración, y verticales como la apelación, recurso de hecho. Además, la Corte Nacional de Justicia, en los casos de Otecel c. Locsat y Asec Vs. Ministerio de Turismo señaló que la acción de nulidad era un proceso de conocimiento por lo cual procedería también el recurso de casación.
Por otro lado la Corte Constitucional del Ecuador, cuyos dictámenes son vinculantes, parece haber aclarado esta situación señalando que:
?El trámite de nulidad establecido es ágil, pues el Presidente de la Corte Superior, facultado para el efecto, debe resolverlo en el término de 30 días, siendo únicamente este trámite el que debe ser observado en estas causas, como en efecto ha aplicado el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, sin que para estas pueda aplicarse el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, ya que este precepto es aplicable a aquellos casos en que la ley no ha determinado un procedimiento especial (Corte Constitucional, 2009)[9].
La LAM establece un procedimiento para tramitar la acción de nulidad, procedimiento que es imperfecto y adolece de vacíos normativos pero es un procedimiento en fin. Afirmamos que es un procedimiento puesto que la Ley señala expresamente quién es el Juez Competente y el tiempo máximo de resolución. Hasta que se produzca una reforma legislativa el procedimiento debe adaptarse a las reglas del artículo 76 de la CRE[2] referente al debido proceso.
Finalmente, no es lógico pensar que la acción de nulidad deba tramitarse en juicio ordinario puesto que la LAM es clara al ordenar que el Juez de anulación ?resolverá la acción de nulidad dentro del término de treinta días contados desde la fecha que avocó conocimiento de la causa? mientras que el procedimiento ordinario está diseñado para durar hasta cuarenta días - contando los términos de contestación a la demanda, reconvención y prueba-, sin contar, el tiempo en que efectivamente el juez dicte sentencia.
Recursos contra la sentencia de nulidad de laudo
Las decisiones judiciales ecuatorianas a este respecto son ampliamente contradictorias. Por un lado, existen sentencias que establecen que la anulación de un laudo se tramita en juicio ordinario, por lo que la sentencia expedida en ese tipo de procedimiento admitiría los recursos consustanciales al mismo.
Además, la disposición supletoria de la LAM contenida en el artículo 321 del CPC es clara ?siempre que la ley no deniegue expresamente un recurso se entenderá que lo concede? y no existe disposición legal alguna que niegue la posibilidad de apelar la sentencia del Juez de anulación.
Otro de los argumentos que sustenta esta posición, es que si el legislador hubiere deseado que no se pueda interponer recurso alguno en el juicio de nulidad de laudo arbitral, así lo hubiera dispuesto expresamente, como sí lo ha hecho respecto de otros procedimientos, como el juicio de recusación al señalar en el artículo 889 del CPC que ninguna providencia del mismo es apelable.
Dar paso a una interpretación contraria equivaldría a que los Presidentes de las Cortes Provinciales no estuvieran sujetos a ningún control de legalidad en sus resoluciones, lo que además de ilógico e injusto contraviene expresamente el principio de seguridad jurídica consagrado en la CRE y el artículo 25 del COFJ[3].
Por otro lado, existen decisiones judiciales que apelan a la naturaleza y la celeridad del arbitraje, alegando que las partes al someterse al arbitraje pretendieron apartar de la Justicia ordinaria el conocimiento de la controversia. Además, algunas sentencias han establecido que la acción de nulidad es de aquellos procesos de única instancia y que por lo tanto no procede recurso alguno.
Por ejemplo, en el caso de Asec c. Ministerio de Turismo, la Sala de Conjueces manifestó que ??el proceso de nulidad de laudo arbitral es uno de los procesos de conocimiento, de única instancia, establecidos en nuestro ordenamiento jurídico?. Además, la Corte Nacional de Justicia ha puesto al principio de celeridad por encima de las normas supletorias del CPC al señalar que:
?Si admitiéramos como válido que se puede interponer recursos de apelación respecto del fallo del Presidente de la Corte Provincial, estaríamos atentando contra dicho principio (refiriéndose a la celeridad) que inspira al arbitraje, y estaríamos llevando a la ?judicialización? del arbitraje a niveles que en realidad riñen con los principios que inspiran dicho método alternativo de solución de conflictos (Corte Nacional de Justicia, 2010)[10].
Otro de los argumentos que sustentan esta postura es que el artículo 208 del COFJ establece las competencias de las Salas Especializadas de las Cortes Provinciales entre las que no consta la de conocer y resolver los recursos de apelación que se planteen contra las sentencias del Presidente de la Corte Provincial; por lo que siendo la administración de justicia de carácter eminentemente público, ámbito en el cual, por disposición del Art. 226 de la CRE solo está permitido hacer lo que ordena la Ley, no procedería la apelación de esta decisión dado que no existiría autoridad competente para sustanciarla.
La ex Corte Suprema de Justicia ha señalado en varios fallos que no procede recurso de casación ni recurso de hecho contra la sentencia que declara nulo al laudo arbitral. Por ejemplo, en La Ganga c. Colonial Seguros y Reaseguros se dijo que:
Siendo la acción de nulidad de un laudo arbitral, un recurso incidente, respecto del arbitraje al que se han sometido las partes y respecto del cual el Tribunal inferior no es admisible el recurso propuesto, tanto más que la decisión objetada no resuelve sobre lo principal de la materia del arbitraje en derecho, sino que se pronuncia sobre nulidades del laudo arbitral, del que la posterior Ley de Arbitraje y Mediación, no contempla el recurso extraordinario de casación. En consecuencia de lo expuesto esta tercera Sala declara inadmisible el recurso de hecho y por ende el recurso de casación (Corte Suprema de Justicia, 2003)[11].
El artículo 2 de la Ley de Casación establece que la casación es un recurso que procede contra sentencias o autos dictados por las Cortes Provinciales o sus salas especializadas, de lo que se infiere que no siendo el Presidente de la Corte Provincial una ?corte? o ?una de sus salas?, no es procedente casar dichas decisiones, así se señaló en Masgas c. Oilcorp (Corte Nacional, 2009)[12].
Sin embargo, el defender la postura de que no procede recurso alguno contra la sentencia del Juez de anulación, podría conllevar la violación al derecho de doble conforme consagrado en el artículo 76 literal M de la norma fundamental que consagra como garantía del debido proceso el ?recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos?.
Existe cierto sector de la doctrina ecuatoriana que menciona que la falta de recursos no viola el derecho de doble instancia ya mencionado, puesto que, en la acción de nulidad de laudo no se decide sobre el derecho de las partes sino más bien sobre la validez jurídica del laudo arbitral.
Sin embargo, aquella posición es en extremo forzada si consideramos que la sentencia de nulidad de laudo es un instrumento de tutela jurisdiccional que precisamente confirma o deja sin efecto el derecho de las partes declarado mediante laudo arbitral y por lo tanto les afecta jurídicamente de forma directa.
Es necesario hacer notar que la LAM tiene un vacío legal peligroso. La ley no prevé qué debe hacerse en caso de que el laudo sea declarado nulo, al contrario de lo que sucede en otros países en que se ha establecido que la controversia pase a conocimiento de un tribunal arbitral distinto al que la conoció en primer término para que la resuelva en un tiempo limitado.
Decimos que es una laguna normativa riesgosa puesto que implicaría denegación de justicia a las partes, que por falta de procedimiento, se verían impedidas de obtener una resolución a su conflicto.
Uno de los principales problemas se relaciona a la autoridad competente para conocer y resolver la controversia de novo, ya que bajo la legislación actual, debería ser la justicia ordinaria en caso de que el plazo de ley hubiere fenecido y los árbitros fueren despojados de su jurisdicción temporánea. Sin embargo, el conflicto aparece cuando el referido plazo no se ha extinguido aún, siendo preciso además considerar que la voluntad originaria de las partes, al momento de comprometerse a arbitraje, fue la de precisamente alejar el conocimiento de la controversia de la justicia ordinaria.
En lo referente al aspecto procesal de la acción de nulidad una consideramos que una reforma legal es absolutamente necesaria; sin embargo, hasta que ello suceda, lo más viable es que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia expida un punto vinculante de derecho que obligue a los Jueces a determinar si la acción de nulidad de laudo admite apelación, recurso de hecho y casación, o si por el contrario, constituye un recurso de única instancia.
Además, debe ampliarse el procedimiento contemplado en el artículo 31 de la ley de arbitraje estableciendo las etapas del juicio de nulidad de laudo arbitral; y, finalmente, señalar cuál es el Juez competente para conocer la acción de nulidad, precisando si es el Juez del foro elegido por las partes o si lo es aquel del lugar donde se expidió el laudo.
Finalmente, existen situaciones que deben ser reguladas de forma expresa, como se lo ha hecho en el derecho comparado, por ejemplo, precisar si la controversia debe ser conocida nuevamente en sede arbitral o por el contrario ante la justicia ordinaria, cuando el laudo haya sido anulado por extemporáneo.
[1] Mediador y Secretario General del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Autor de varios artículos académicos de entre los que constan ?la nulidad de los laudos?, ?el silencio administrativo, un derecho contra la negligencia?, entre otros. Actualmente se desempeña como asociado en la firma Ius & Lex abogados en litigios civiles, laborales y de arbitraje. Comentarios bienvenidos a andrescervantes@uees.edu.ec o @acv1993.
[2] CRE: entiéndase como Constitución de la República del Ecuador, 2008.
[3] COFJ: entiéndase como Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador.
[1] Alan Redfern et al. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5ta edición. Nueva York: Oxford University Press, 2009, p. 246.
[2] SENTENCIA No. 081-13-SEP-CC, CASO No. 0091-13-EP. Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S. A., en contra del auto del 04 de diciembre de 2012 a las 08:40, dictado por la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la causa N. 0 687-2012.
[3] Caivano, Roque. Arbitraje. Editorial Ad-Hoc, Argentina, 2000. Pg. 281.
[4] Hugo Alsina. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo VII. Buenos Aires: Ed. Ediar. 1965, p. 87.
[5] Véscovi, Enrique. Teoría General del Proceso. Editorial Temis, Colombia 1999, pg. 270-275.
[6] Corte Constitucional. Caso No. 1037-10-EP de 17 de abril de 2012.
[7] Artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador.
[8] 11-VII-2007 (Resolución No. 242-2007, Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, R.O. 542-S, 6-III-2009). Latin American Telecom Inc vs. Pacifictel.
[9] Caso signado con el número 0008-2008-DI publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 605 de jueves 4 de junio de 2009.
[10] Corte Nacional de Justicia. Juicio No. 124-2008 ER. 02 de marzo de 2010.
[11] Corte Suprema de Justicia Tercera Sala de lo Civil y Mercantil. No. 207-2003 de 2 de octubre de 2003.
[12] Corte Nacional de Justicia. Sala de lo Civil y Mercantil. Juicio No. 327-2009 Masgas c. Oilcorp S.A. de 01 de septiembre de 2009.

References: resolución 
 artículo 30
 artículo 11
 resolución 
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 76
 artículo 321
 artículo 889
 artículo 25
 artículo 208
 artículo 2
 artículo 76
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 Artículo 31