Source: https://cidhmorelos.wordpress.com/category/seguridad-ciudadana-2/
Timestamp: 2019-03-26 11:11:53+00:00

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Seguridad ciudadana | Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
octubre 19, 2016 · 15:00
Seguridad Ciudadana, no policíaca ni militar.
En Morelos la violencia cotidiana ha llevado a sectores de la sociedad a priorizar la exigencia de seguridad por encima del respeto a los derechos humanos. Consideramos que es una dicotomía falsa. La utilización de la fuerza policiaca y militar no garantiza mayor seguridad, y sí representa una mayor violación de los derechos humanos.
Por esa razón, ante los crímenes que se cometen en colonias populares y pueblos, se destruye el tejido social y eleva el grado de vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos de la sociedad, quienes ahora también son víctimas de criminalización, y se les responsabiliza de su propia muerte, como si la violencia fuera consustancial a la pobreza. El uso desmedido de las fuerzas federales en contra de pueblos y comunidades, con retenes y operativos permanentes, no resuelve ni la violencia ni la impunidad, sino que tiende a elevar. De ahí que resulte necesario tener un diagnóstico claro de las causas de la violencia y tomar medidas para garantizar la vida, la seguridad y la justicia para el conjunto de la sociedad, y no solamente para un sector privilegiado económica, social y políticamente. Ninguna muerte violenta debe permanecer en la impunidad. Ninguna vida vale más que otra. La indignación no puede surgir como consecuencia de la discriminación, sino de la exigencia del respeto de derechos para todas y todos.
La grave desigualdad social y la crisis de derechos humanos se debe precisamente a políticas enfocadas a defender privilegios. Pero la violencia criminal que se mantiene en la impunidad termina por afectar a todos los sectores tarde o temprano. Por eso es que se requiere una política de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos. No al ejército en labores de seguridad pública.
Nos oponemos a que siga la violencia criminal e institucional, mediante un cambio que permita construir una nueva convivencialidad, donde el respeto a los derechos humanos esté en el centro de las políticas públicas. El fracaso gubernamental del mando único requiere cambiar de estrategia, no de insistir en la misma visión autoritaria.
Mientras no haya una política de seguridad ciudadana seguiremos viendo como se utiliza a los cuerpos policiacos y militares para defender a las instituciones y los edificios públicos, mientras quienes cometen éstos crimenes siguen actuando a la luz pública sin sanción alguna.
En medio de esta violencia creciente el feminicidio se mantiene en los más altos niveles, por lo que no dejaremos de exigir pleno cumplimiento de todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Esta herramienta consideramos que es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social, por lo que exigimos se cumplan todas las medidas establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos.
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julio 14, 2016 · 10:43
Sindicato Mexicano de Electricistas – División Cuernavaca, ANUEE-Morelos, OPT-Morelos. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.
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agosto 25, 2014 · 09:13
Criminalización de las luchas sociales
Nos colocamos del lado de quienes luchan en defensa de sus derechos. Es parte de la construcción de relaciones sociales basadas en la solidaridad. Nos oponemos al uso de la fuerza pública contra los movimientos sociales. Consideramos que la protesta social ocurre cuando se cierran otras vías legales para hacer valer las demandas. El derecho de petición contemplado en la Constitución que no es respetado por los de arriba. Es un derecho político a la libertad de expresión, de manifestación y de organización. Derechos humanos, que son cada vez más violentados por los dueños del poder y del dinero. No podemos permanecer neutrales. Quien permanece impávido ante un abuso de poder lo convalida. La impotencia es un sentimiento que se genera cuando la rabia acumulada por las injusticias no encuentra opciones de lucha. No callar, no aceptar, no claudicar, es parte de la toma de conciencia de que otro mundo es posible, donde la justicia se siente entre nosotras y nosotros. Así lo entendemos, como parte de nuestra decisión de comprender la irracionalidad del poder para construir una racionalidad distinta. No las razones del dinero, ni de la fuerza del que no le importan las razones. No la razón del poder, sino el poder de la razón. Cuando nos unimos y organizamos con objetivos claros y precisos, podemos desarrollar estrategias y planes que nos coloquen en mejores condiciones y circunstancias que las impuestas por el sistema capitalista. No es fácil. No, en medio de la desinformación y desorganización, así no es posible. Si lo es, cuando nos atrevemos a luchar. Es cierto que los procesos sociales son de largo plazo. Nunca los cambios han sido de un momento a otro. Por eso, nuestra determinación de construir una fuerza organizada desde abajo, que tenga la lucha por los derechos humanos como un objetivo estratégico. Es lo que nos permite resistir y no claudicar. No al uso de la fuerza pública para solucionar conflictos sociales en Morelos.
Hace ya cuatro años se utilizó la PFP para desalojar a los trabajadores del SME y cerrar la Compañía de Luz, a la vez que se detuvo a los dirigentes sindicales y se les acusó de secuestrar a funcionarios, hecho por los que compañeros como Marco Antonio García y Héctor Salazar siguen firmando su libertad provisional y están sujetos a proceso. En Atenco fue utilizado el esquema de acusar a los dirigentes de secuestro y permanecieron años en prisión. Actualmente son víctimas de agresiones por grupos paramilitares y provocadores para imponerles el mismo proyecto que ya fue derrotado.
El anuncio de la creación del nuevo grupo represivo de la Gendarmería y la militarización de 21 de los municipios en Morelos, lejos de ser buenas señales para el pueblo, significa mayor amenaza para la lucha social. Las detenciones de opositores al Plan Integral Morelos y la campaña de desprestigio a opositores a la autopista en Tepoztlán, así como el desalojo del campamento de 5 trabajadoras de la construcción quienes tras 9 días de permanecer en huelga de hambre a las puertas de gobierno, y la detención de Luis Alejo Rosales, del sindicato de la construcción, bajo el montaje de secuestro en contra del Sub Secretario de Gobierno, son una muestra. Por otra parte, a un año de la arbitraria detención y traslado a un penal federal de Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit exigimos la liberación inmediata de la defensora, quien fue detenida en un operativo mixto por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal el 21 de agosto de 2013.
Estos casos se ubican en el contexto de la aprobación de diversas iniciativas legislativas, a nivel federal, que giran en torno al ejercicio del derecho a la protesta social y a la libertad de expresión. Estas leyes más que proteger y ampliar, buscan inhibir y limitar derechos básicos de las y los ciudadanos en una sociedad democrática, tales como la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación, por lo que denunciamos el andamiaje que se construye para criminalizar la protesta social. Encontramos sumamente preocupante el cerco a las libertades democráticas construido desde el Estado para violentar derechos en las calles, y ahora también en internet, así como las acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o una vía pública, una sobre burocratización para ejercer derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcional de penas para delitos relacionados con concentraciones. Este tipo de legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar la protesta social en todas sus expresiones. Es el caso de las reformas al Código Penal en materia de terrorismo, la geolocalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la inminente aprobación de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia se suspensión de garantías. Esta forma de cerrazón y autoritarismo político es un pésimo mensaje para toda la clase trabajadora que está en pie de lucha contra las políticas neoliberales y privatizadoras que el gobierno lleva a cabo, por lo que exigimos que no se continúe criminalizando la protesta social en el estado de Morelos.
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marzo 12, 2013 · 16:07
Urgen medidas integrales de seguridad
Paloma Estrada Muñoz y José Martínez Cruz
Duele tanta muerte diaria. No podemos permanecer indiferentes. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado, si bien el Mando Único policíaco se aprobó en Morelos. ¿Acaso se puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La iniciativa de Mando Único de Felipe Calderón ahora retomada por Graco Ramírez. ¿Gobierno de nueva visión? Esta es una vieja estrategia puesta en practica en otro estado que ha dado resultados negativos. Más aún cuando se plantea que en 3 meses funcione con un millar de elementos con un salario de 16,800 pesos cada uno, lo que da unos 168 millones mensuales, significa que en otras áreas disminuirá el gasto público. A la vista del atentado, no puede uno menos que alertar sobre el crecimiento de acciones violentas protagonizadas por este tipo de policías. La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana.
En este contexto ocurre el atentado al Procurador. Está claro y es muy grave. 3 de sus guardaespaldas muertos y un policía herido. Una serie de dudas no esclarecidas. Pero también hay claridad en otras. Cuando una acción descoordinada entre policías tiene saldos mortales, hay responsabilidades políticas, no sólo operativas. El nivel de crisis institucional ha llegado demasiado lejos. Falta de credibilidad aunada a la desconfianza interna llevan al gobierno a denunciar un atentado planeado desde sus propias filas para descarrilar su estrategia de seguridad. Pero el gobernador se equivoca en el destinatario de sus críticas defensivas. ¿Detractores? Claro, hay abogados con historial poco ético que lucran con causas y aprovechan para golpear y luego tratan de ser incluidos en el aparato gubernamental. También hay dirigentes de partidos que ya ocuparon el gobierno estatal y demostraron actuar contrariamente al pueblo. Pero hay muchas voces críticas que se levantan contra los desaciertos del gobierno actual. Si no se escuchan no se toman en cuenta en el diseño de políticas públicas incluyentes. Lo que está claro es que los niveles de violencia e inseguridad en Morelos han crecido. Y los desatinos también. Siguen siendo asesinados jóvenes en las calles y el feminicidio resulta imparable. El atentado contra el Procurador es la secuela de otros hechos igualmente graves. Lo deliberado está claro: un retén fuertemente armado implica alto riesgo para quien pasa por ahí, menos para los delincuentes, que eluden! Hay 10 policías detenidos y sujetos a investigación pero, ¿se irá a fondo en la investigación, o solo se trata de fabricar culpables a modo?
Hay que recordar que la iniciativa de Calderón, ex presidente panista, y ahora de Graco, para crear el Mando Único, evadió ceñirse al Artículo 115 Constitucional de 1999 que dice: “La índole social y natural del municipio como unidad política, administrativa y territorial, de nuestra vida nacional (…) devolviéndole al municipio la función principal del gobierno directo de la comunidad básica, en virtud de que éste es una comunidad social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa (…)”. De esta manera, el municipio se reconoce como la forma primaria de relación entre los gobernantes y los gobernados. Las fracciones II y III del Artículo 115 otorgan a los municipios personalidad jurídica propia, facultades para manejar su patrimonio, expedir los bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas y para tener bajo su cargo las funciones y servicios públicos. Los “servicios públicos” incluyen a la Seguridad Pública en los términos del Artículo 21 Constitucional.
Por otra parte, el Municipio es como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, un poder público de los estados miembros de la Federación, división consagrada en el Artículo 49 Constitucional. De esta manera se puede afirmar que el “poder municipal” tiene como titular a todos los miembros de los ayuntamientos en un estado parte de la Federación, por lo que es válido y aplicable la prohibición que el Artículo 49 establece respecto a que “no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación”. Bajo esta interpretación, la iniciativa de Calderón y ahora retomada por el Gobernador de Morelos, para desaparecer las corporaciones policíacas municipales e integrarlas a un Mando Único estatal, viola las disposiciones contenidas en el Artículo anterior, al trasladar el mando de las policías municipales al Poder Ejecutivo. Así, el presidente municipal, responsable de la Seguridad Pública en su respectivo ayuntamiento por mandato de ley, se somete a la autoridad del gobernador perdiendo toda autonomía; además, supeditado a un mando militar.
Aunque el gobernador ha hecho innumerables llamados a la unidad; a la corresponsabilidad y participación activa de gobierno y ciudadanos en la lucha contra el crimen organizado, cuando es el Estado, el único garante y responsable de la seguridad pública. Y, contradictoriamente, quitó a los alcaldes facultades en la materia reduciéndolos a simples administradores de los territorios municipales. Los principios consagrados en la Constitución, no pueden ser modificados discrecionalmente por el legislativo federal y estatal sólo con una votación de mayoría calificada, emitida por consigna o por factores coyunturales, como tampoco pueden ser modificados de facto por los Poderes Ejecutivos federal y estatales, como se hizo en Morelos. Pues estos principios no surgen de manera espontánea ni son un capricho u ocurrencia de nadie. Son fundamentos de un Estado democrático que van acordes al desarrollo histórico y cultural de la Nación, a los procesos sociales y a la inserción del país a la comunidad internacional, por lo que dichos principios deben prevalecer o, en su caso, mejorar, pero nunca retroceder, privilegiando en todo momento el interés público, el bien común, la dignidad y los derechos de las personas. Los primeros resultados, negativos, están a la vista no solo de los “detractores”, sino del pueblo que no comulga con ruedas de molino, pues sabe que retenes fuertemente armados con la vieja estrategia de militarizar la policía, coloca en mayor riesgo a la ciudadanía en Morelos, por eso es necesaria la movilización de la sociedad civil para decir ¡ya basta!
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