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Timestamp: 2020-07-13 15:28:02+00:00

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SENTENCIA 2006-00986 DE 22 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:CRITERIOS PARA DEMOSTRAR EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR LA DILACIÓN INJUSTIFICADA EN EL TRÁMITE DEL PROCESO PENAL. SE RECUERDA QUE PARA VERIFICAR SI EXISTIÓ UN DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA PRESUNTA DILACIÓN INJUSTIFICADA DE UN PROCESO, DEBE CONSIDERARSE SI ESE RETARDO ESTUVO O NO JUSTIFICADO, CONCLUSIÓN A LA QUE SE LLEGA LUEGO DE SEÑALAR LA COMPLEJIDAD DEL ASUNTO, EL COMPORTAMIENTO DEL RECURRENTE, LA FORMA COMO HAYA SIDO LLEVADO EL CASO, EL VOLUMEN DE TRABAJO DEL DESPACHO DE CONOCIMIENTO Y LOS ESTÁNDARES DE FUNCIONAMIENTO, QUE NO ESTÁN REFERIDOS A LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALEN EN LA LEY, SINO AL PROMEDIO DE DURACIÓN DE LOS PROCESOS DEL TIPO POR EL QUE SE DEMANDA LA MORA. EN ESE SENTIDO, SI ANALIZA QUE EN UNA DENUNCIA POR EL DELITO DE ESTAFA, LOS HECHOS NO PRESENTAN MAYOR COMPLEJIDAD PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y PESE A ELLO, TERMINA PROFIRIENDO EL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO UNA SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA, LUEGO DE 8 AÑOS, RAZÓN POR LA CUAL EN SEGUNDA INSTANCIA Y AL TRANSCURRIR UNOS MESES, LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DECIDE PRESCRIBIR LA ACCIÓN PENAL EN APLICACIÓN FAVORABLE DEL RÉGIMEN PREVISTO EN LA LEY 599 DE 2000. EN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL POR LA DILACIÓN INJUSTIFICADA EN EL TRÁMITE DEL PROCESO PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PENAL, RAMA JUDICIAL, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PROCESO PENAL, ESTAFA, MORA JUDICIAL, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ESTAFA EN LA COMPRAVENTA
Sentencia 2006-00986 de junio 22 de 2017
Bogotá, D.C. veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Exp.: 35038
Rad.: 25000-23-26-000-2006-00986-01
Actor: Luis Alfonso Gamboa Vargas y otros
8. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una providencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(3).
8.1. Como la sentencia de primera instancia fue apelada únicamente por la parte demandante, entonces la Sala no podrá desmejorar la situación del apelante único, en aplicación del principio de la non reformatio in pejus establecido en el artículo 31 de la Constitución Política, cuando allí se establece que “... Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley...” y que “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. No obstante, a pesar de que la alzada se centra únicamente sobre el tema de la indemnización de perjuicios decretada en primera instancia, la Sala estudiará todos los fundamentos de la responsabilidad pues, en caso de que se observe que no están dados los presupuestos para el surgimiento de esta última, entonces no habrá lugar a variar las decisiones de la providencia objeto de impugnación, independientemente de los argumentos ventilados en relación con la indemnización de perjuicios.
9. Al proceso se allegaron copias autenticadas de sendos procesos judiciales adelantados ante la jurisdicción ordinaria penal, documentos todos ellos que cumplen con la exigencia de autenticación consagrada en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
10.1. Mediante escrito radicado el 1 de marzo de 1996 ante la Fiscalía General de la Nación, los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa formularon denuncia penal en contra de los señores Víctor Hugo Villegas Vélez y Franco Carlos Antonio del Vecchio Rocciouli. Los hechos que fundamentaron dicho libelo, fueron los siguientes:
PRIMERO: El 12 de enero de 1995 celebré (Luis Alberto Gamboa Vargas) un contrato en calidad de vendedor con los señores VÍCTOR HUGO VILLEGAS VÉLEZ y FRANCO DEL VECCHIO, en calidad de compradores de bienes muebles (maquinaria y equipo), por la suma de $ 150’000.000,oo.
SEGUNDO: De dicho contrato los denunciados me quedaron adeudando la suma de $ 90’000.000,oo.
TERCERO: En consecuencia y para su pago los denunciados, para dar cumplimiento al pago del precio, me ofrecieron cancelar con un apartamento penthouse ubicado en la carrera 9B bis Nº 118-45 tercer piso de esta ciudad, al cual le dieron un valor de precisamente $ 150’000.000,oo, y que dicho apartamento era de propiedad del señor VÍCTOR HUGO VILLEGAS VÉLEZ.
CUARTO: Como dicho valor excedía la suma adeudada, nos propusieron ya entonces a mí y a mi esposa que les vendiéramos la casa en la cual habitábamos por el excedente, ubicada en la calle 52A Nº 69A-28 del barrio Normandía, y que como dicha casa tenía una hipoteca, el señor VÍCTOR HUGO VILLEGAS VÉLEZ se comprometía a cancelarla junto con sus respectivos intereses al señor Alfonso Martínez Arévalo.
QUINTO: Aceptada la oferta se acordó que se harían el mismo día primero (1º) de junio de 1995, las dos escrituras en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá, es decir VÍCTOR HUGO VILLEGAS VÉLEZ nos haría las escrituras del apartamento penthouse de su propiedad y nosotros le haríamos a él la escritura de nuestra casa.
Para tal efecto VÍCTOR HUGO VILLEGAS VÉLEZ, manifestó que él mandaba a elaborar las escrituras, y días después nos informó que ya las había mandado a hacer, y que como primera hora de firma nosotros lo haríamos a las once de la mañana por la casa de nosotros, y la firma que él nos haría del apartamento penthouse a las dos de la tarde del mismo día.
SEXTO: Llegado el día y la hora de la firma, compareció sólo el denunciado VÍCTOR HUGO VILLEGAS y nos manifestó que la escritura se la deberíamos hacer a la señora MARTHA SOLARTE y el señor LUIS ERNESTO SOLARTE, que no desconfiáramos de él que era un hombre de negocios y de palabra, y que la escritura que él nos iba a firmar la había mandado a hacer en otra notaría. Como nos había entregado ya la posesión del apartamento, no le vimos ningún problema.
SÉPTIMO: Nosotros presionados por la deuda de hipoteca, por la cual ya nos iban a iniciar una demanda, accedimos a firmar las escrituras a estas personas. Pero como ese día se encontraba allí el Dr. Alfonso Martínez, este elaboró un documento de su puño y letra para asegurar la firma del apartamento para autenticarlo en esa notaría, pero el denunciado VÍCTOR HUGO VILLEGAS se negó a firmar, argumentando que era un hombre de negocios y que a las 2:00 de la tarde nos firmaba las escrituras.
OCTAVO: Efectivamente señor Fiscal, ese día PRIMERO DE JUNIO DE 1995, firmamos las escrituras a nombre de las personas que él nos indicó y luego nos invitó a tomar un jugo cerca a la Notaría Veinticinco mientras daban las dos de la tarde, para firmar la otra escritura en la Notaría donde él la había mandado a hacer. A la una y media de la tarde sorpresivamente nos manifestó que iba a hacer una vuelta cerquita y que él nos llamaba para darnos la dirección de la notaría donde había mandado a hacer la escritura.
NOVENO: Y nos quedamos esperando, porque el señor nunca llamó. Al día siguiente le llamamos, y la secretaría nos manifestó que él había viajado a la ciudad de Pereira urgente. Por fin a los ocho (8) días logramos comunicarnos y nos manifestó que no había podido hacer la minuta porque la primera copia de la escritura “SE LE HABÍA IDO POR UNA ALCANTARILLA”, y que había que hacer una segunda copia.
DÉCIMO: De todas maneras, como ya teníamos la posesión, empezamos a arreglar el apartamento para pasarnos a vivir, y el celador del edificio nos informó que ese apartamento tenía problemas y que tenía varios dueños, entre ellos la señora AMELIA CASTILLO. Le hicimos el reclamo al señor VÍCTOR HUGO VILLEGAS, y este al ver que no nos podía responder, nos manifestó que la señora AMELIA CASTILLO, era la dueña del apartamento, pero que esta nos hacía las escrituras y nos dio el teléfono... para que nos entendiéramos con ella.
DÉCIMO-PRIMERO: Nos contactamos con dicha señora, pero ella nos manifestó que ella le había vendido a la señora GLORIA GONZÁLEZ y nos dio el teléfono de ella 2 14 02 66 y que vivía en la carrera 11 A Nº 119-11, de igual forma la señora AMELIA CASTILLO nos manifestó que ese apartamento tenía una hipoteca que estaba a nombre del señor NAIN...
DÉCIMO-SÉPTIMO: El señor VÍCTOR HUGO VILLEGAS, nunca nos entregó el dinero, y nosotros teníamos ya un compromiso con el nuevo apartamento que habíamos adquirido con la CORPORACIÓN GRANAHORRAR, y como teníamos que cancelar el dinero, y ante el incumplimiento del señor VÍCTOR VILLEGAS, la señora MARTHA SOLARTE, para solucionar el problema y para que nosotros procediéramos a entregarle la casa, accedieron a entregarnos la suma de $ 30 000 000,oo, que adeudaban VÍCTOR HUGO VILLEGAS y FRANCO DEL VECCHIO. No los cancelaron y ambos se niegan a cancelarlo, uno se cubre detrás del otro y así sucesivamente... (fls. 1 y ss., cdno. pbas. Nº 2).
10.2. El proceso fue objeto de conocimiento primero por la Fiscalía General de la Nación y, formulada la resolución de acusación en contra de los señores Víctor Hugo Villegas Vélez y Franco Carlos Antonio del Vecchio, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia de condena del 30 de septiembre de 2004, con las siguientes decisiones de interés para el proceso contencioso:
PRIMERO. DECRETAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, en favor de FRANCO DEL VECCHIO RICCICULI y HERMES ROMUALDO TORRES SUESCUYM, por los delitos de HURTO, FALSEDAD MATERIAL DE PARTICULAR EN DOCUMENTO PÚBLICO, y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA, dentro de la causa acumulada Nº 1999-0230.
SEGUNDO.- NO DECRETAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, en favor de VÍCTOR HUGO VILLEGAS, por el delito de ESTAFA AGRAVADA POR LA CUANTÍA, dentro de la causa acumulada Nº 1998-0173, atendiendo lo signado en los artículos 83 y 86 del Código Penal.
CUARTO. condenar a VÍCTOR HUGO VILLEGAS VÉLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.476.988 de Bogotá, y demás condiciones civiles y personales conocidas en autos, a la pena principal de CUARENTA Y SIETE (47) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA (70) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, en calidad de autor responsable del delito de ESTAFA AGRAVADA POR LA CUANTÍA.
QUINTO. CONDENAR a FRANCO CARLOS ANTONIO DEL VECCHIO RICCICULI, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.430.824 de Bogotá, y demás condiciones civiles y personales conocidas en autos, a la pena principal de TREINTA Y CINCO (35) MESES DE PRISIÓN, y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, en calidad de coautor responsable del delito de Estafa Agravada por la cuantía.
DÉCIMO. CONDENAR a VÍCTOR HUGO VILLEGAS y FRANCO CARLOS ANTONIO DEL VECCHIO RICCICULI, al pago solidario de QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE SU PAGO, una vez ejecutoriado el fallo, en favor de ALFONSO GAMBOA y su esposa AMPARO HURTADO DE GAMBOA... (fls. 44-46, cdno. pbas. Nº 2).
10.2.1. Como sustento de dichas decisiones, consideró el Juzgado Octavo Penal del Circuito que en el proceso penal existían suficientes pruebas para concluir que, con aprovechamiento de la buena fe de los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, los procesados incurrieron en maniobras fraudulentas para no pagar la suma que habían pactado por la compra de una maquinaria y para apropiarse, además, de otros bienes de la mencionada pareja. En lo pertinente, se transcribe lo manifestado el juzgado penal de primera instancia:
Pese a que VÍCTOR HUGO VILLEGAS anexa una copia de la escritura pública en la que la señora AMELIA CASTILLO, le vende el inmueble y subroga la hipoteca, la misma se llevó a cabo en el mes de julio de 1995, es decir mucho después de haber celebrado la transacción con los denunciantes o esposos GAMBOA, en otras palabras cuando él no era propietario del inmueble que dijo venderles y del cual les correría la respectiva escritura el 1º de junio de 1995, con lo que desplegó entonces el procesado VÍCTOR HUGO VILLEGAS nuevos artificios y engaños para mantener en error a los esposos GAMBOA, a quienes les hizo creer que era el propietario del inmueble prometido en venta, cuando en realidad no era así, ocultándoles además sobre que dicho inmueble pesaba un gravamen hipotecario: conducta con la que logró que el denunciante y su cónyuge se desprendieran de sus bienes a favor suyo y de su socio FRANCO ANTONIO DEL VECHIO RICCICULI, con el consiguiente perjuicio ajeno y perjuicio ilícito suyo y de su socio.
Es clara la participación en la comisión de este delito tanto de FRANCO DEL VECCHIO RICCICULI, y VÍCTOR HUGO VILLEGAS, comoquiera que todo el andamiaje de este proceso, comenzó con la compra que estos hacían de una maquinaria al señor GAMBOA, habiéndose comprometido a cancelarle con la entrega de varios vehículos, a los cuales les asignaron un valor, superior al establecido en el comercio, y los cuales fueron efectivamente vendidos por el señor GAMBOA, por un valor inferior, tal y como se encuentra demostrado con los respectivos contratos de compraventa allegados al proceso, aunado a que DEL VECCHIO y VÍCTOR VILLEGAS, le manifestaron que la única forma en que podrían cancelarles era con un apartamento que tenían en sociedad en Santa Bárbara, y pese a que DEL VECCHIO se muestra ajeno a dicha negociación, alegando que él no tuvo nada que ver en eso, y que había hecho un cruce de cuentas con VILLEGAS, los medios de prueba demuestran que estos dos personajes se confabularon para defraudar el patrimonio económico de la familia GAMBOA.
No puede desconocerse además, que una vez los esposos GAMBOA se dan cuenta de la estafa de que fueron víctimas se negaban a hacer entrega de su casa en Normandía a los OLARTE, quienes con el fin de que estos desalojaran el lugar, les entregaron la suma de $ 30.000.000, afirmación que se encuentra corroborada con la declaración rendida ante este despacho judicial por parte de MARTHA LIGIA OLARTE NIETO... conducta que no torna en lícita la de los aquí procesados (fls. 28-30, cdno. pbas. Nº 2).
Respecto a la causa adelantada en contra de VÍCTOR HUGO VILLEGAS y FRANCO DEL VECCHIO RICCICULI, el Despacho teniendo en cuenta lo normado en el artículo 97 del Código Penal, los tasará de manera prudencial en QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE SU PAGO, los cuales fueron tasados teniéndose en cuenta los $ 90.000.000 adeudados por los procesados en virtud del mencionado contrato de compraventa, por el valor comercial de la casa de Normandía de propiedad de los GAMBOA, al cual se le descontaron los $ 54.000.000 de la hipoteca cancelada por los OLARTE, así como los $ 18.000.000 cancelados por intereses, y los $ 30.000.000 que les cancelaron los OLARTE a los GAMBOA para que desalojaran la casa, y la entrega que realizó VÍCTOR HUGO VILLEGAS a LUIS ALFONSO GAMBOA, de 200 esferos marca Parker, por valor de $ 30.000.000, así como el transcurso del tiempo desde la ocurrencia de los hechos, año 1995, los cuales deberán ser cancelados una vez ejecutoriado el fallo, solidariamente por los procesados, en favor de LUIS ALFONSO GAMBOA, y su esposa AMPARO HURTADO DE GAMBOA (fls. 41 y 42, cdno. pbas. Nº 2).
10.3. Apelada la decisión antes reseñada, mediante impugnación presentada únicamente por el abogado del procesado Franco Carlos Antonio del Vecchio Rocciouli, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió, por medio de la sentencia del 26 de mayo de 2005, “... declarar la prescripción de la acción penal de los delitos de estafa agravada por la cuantía, dentro de las causas acumuladas Nos. 1998-0173 y 1999-0177...” y, además, “... disponer la cesación del procedimiento a favor de VÍCTOR HUGO VILLEGAS VÉLEZ y FRANCO CARLOS ANTONIO DEL VECCHIO ROCIULLI por los delitos a que se contraen las referidas causas...”. Para esos efectos el ad quem en sede penal consideró que por aplicación del principio de favorabilidad, el término de prescripción de los delitos objeto del proceso penal había disminuido con la entrada en vigor de la Ley 599 de 2000, razón por la que procedida cesar todo el procedimiento. Según se manifestó en esta sentencia de segundo grado:
El artículo 83 del Código Penal estipula que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) ni superior a veinte (20) años. A su turno, el artículo 86 ibídem, dispone que la prescripción se interrumpe con la resolución de acusación debidamente ejecutoriada, pero “Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)”.
De igual manera, en la causa Nº 1998-0173 por hechos acontecidos el 10 de marzo de 1993, el pliego de cargos adquirió ejecutoria el 4 de noviembre de 1998.
El delito de estafa de acuerdo con el artículo 356 del Código Penal anterior y vigente para el momento de perpetración de los sucesos, tenía una pena privativa de la libertad que oscilaba de uno (1) a diez (10) años y multa de un mil a quinientos mil pesos, en tanto a la luz del artículo 246 de la Ley 599 de 2000, se prevé una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, guarismo que en este caso se incrementa de una tercera (1/3) parte a la mitad (1/2) en aplicación del artículo 372 del estatuto punitivo anterior, el cual es similar al artículo 267 de la actual codificación penal.
Comoquiera que entre el momento de la comisión de los hechos en las referidas actuaciones y hasta la fecha, han estado vigentes dos codificaciones penales —D.L. 100/80 y L. 599/2000—, resultando aplicable por razón de la favorabilidad esta última, dado que si bien es cierto se aumentó el mínimo de la pena, también lo es que se disminuyó el máximo con relación a la normatividad derogada, para efectos de contabilización del término prescriptivo, es el límite máximo el que ha de tenerse en cuenta de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal.
Pues bien, dentro de la causa 1998-0173 se produjo la interrupción del término prescriptivo a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación: 4 de noviembre de 1998 (fl. 38, c.o. 2ª inst. juz. 55 p. cto.); a su vez en la causa 1999-0177, dicha interrupción tuvo lugar el día 27 de enero de 1999 cuando cobró ejecutoria el pliego de cargos (fl. 63 c.o. 2ª Inst. juz. 9 p. cto.).
Comoquiera que a consecuencia de lo anterior comenzó a correr de nuevo el término extintivo de las acciones penales, pero por la mitad del ordinario (art. 86, inc. 2º id), sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco (5) años y debiéndose, además, contabilizar éste de forma independiente para cada una de las infracciones imputadas al procesado (art. 84 inciso último C.P.), tiénese (sic) de acuerdo con estas premisas y ante el sub lite, que para el delito de estafa agravada (art. 256 y 247, L. 599/2000 antes 356 y 372, D.L. 100/80) el máximo de la sanción ascendería a doce (12) años de prisión, luego el término extintivo de la acción penal con posterioridad a la ejecutoria de la resolución de acusación, sería de seis (6) años, por ser la mitad del referido máximo punitivo.
En consecuencia, y como desde la ejecutoria de las citadas resoluciones de acusación (4 de noviembre de 1998 y 27 de enero de 1999) a este momento, han transcurrido seis (6) años, seis (6) meses y quince (15) días para el primer evento y siete (7) años, diez (10) meses y once (11) días para el segundo, el lapso prescriptivo de las acciones penales por las referidas conductas punibles ha sido superado ampliamente, con lo que el Estado perdió la potestad punitiva para su persecución y por ende, no queda alternativa distinta a esta corporación que declarar la prescripción de las mismas y por ende, decretar la cesación de procedimiento por tal motivo (fls. 51 y ss., cdno. pbas. Nº 2).
10.4. Los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa son cónyuges, según matrimonio celebrado el 2 de febrero de 1974 (fl. 56, cdno. pbas. Nº 2). La segunda de los mencionados, entre el 11 de junio de 1992 y el 3 de agosto de 1995, fue propietaria de una casa ubicada en Bogotá en la calle 52 A # 71 A – 28, hasta que vendió el inmueble al señor Luis Ernesto Solarte Nieto (certificados emitidos por la oficina de catastro y la oficina de registro de instrumentos públicos, fls. 87 y ss., cdno. pbas. Nº 2). El señor Gamboa Vargas era propietario de “... 6 chasis de Bulldozer Japoneses Komatzu D85-A18-E modelos 1987 y 1988...”, según certificado expedido por la empresa ESMERACOL S.A. (fls. 64 y ss., cdno. pbas. Nº 2). El día 12 de enero de 1995, el señor Luis Alfonso Gamboa Vargas, en calidad de vendedor, celebró con los señores Franco del Vecchio y Víctor Hugo Villegas Vélez, en calidad de compradores, contrato de compraventa que tenía por objeto y precio:
... transferir a los compradores el derecho de dominio y la posesión material que tiene sobre el equipo que se describe a continuación y del cual es titular de acuerdo al inventario que se anexa y forma parte integral del presente documento de compraventa...
SEGUNDA – PRECIO -. Los COMPRADORES pagarán al VENDEDOR la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 150’000.000,oo) con el valor de una serie de vehículos dentro de los cuales se entrega un BMW 735 modelo 1990 por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 85’000.000,oo)m un MITSUBISHI ECLIPSE MODELO 1992 por valor de TRINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 35’000.000,oo), el saldo, es decir, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30’000.000,oo) serán cancelados con el valor comercial de otro vehículo, dentro de un plazo no superior a cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la fecha en la cual se firma la presente compraventa (fls. 65 y ss., cdno. pbas. Nº 2).
11. Al revisar el fondo de las pretensiones formuladas por la parte actora, es necesario que la Sala estudie la existencia de los elementos que conforman la responsabilidad, como son el daño, un hecho —por acción u omisión— de las demandadas y el nexo de causalidad entre ambos. En el análisis de la imputación del daño y la determinación de las indemnizaciones, si hubiere lugar a éstas, la Sala se concentrará en dar respuesta a las siguientes preguntas:
12.1. Debe establecerse en qué consistió el daño padecido por los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa por virtud de la prescripción de la acción penal decidida en favor de unas personas que, según dijeron aquellos en el denuncio penal presentado ante la Fiscalía General de la Nación, supuestamente estafaron a los hoy demandantes en reparación.
12.2. Acto seguido, en el entendido de que la Sala considera que sí se demostró el daño cuyo resarcimiento pretenden los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, entonces se estudiará la imputabilidad del mismo a la Nación Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial porque, según dicen los demandantes, dichas entidades no resolvieron dentro de un plazo razonable las acciones penales que se tramitaban en contra de los supuestos estafadores, señores Víctor Hugo Villegas Vélez y Franco Carlos Antonio del Vecchio.
12.3. Finalmente, como se dirá que en el presente caso el daño es imputable a las entidades demandadas, entonces se analizará si en el presente caso es dable una condena en concreto como la que solicita la parte actora —apelante única— o si, en aras de la preservación del principio de la non reformatio in pejus, es necesario mantener la condena en abstracto fijada por el tribunal de primera instancia.
13. La Sala tiene por demostrado el daño alegado por la parte actora, representado en el hecho de que prescribiera la acción penal, antes de que concluyera el trámite de la denuncia promovida por los demandantes Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, en contra de los señores Víctor Hugo Villegas Vélez y Franco Carlos Antonio del Vecchio. Por dicho detrimento, en la demanda se solicita la indemnización de todos los perjuicios materiales y morales, que la parte actora tasa en la suma en pesos de $ 2.336.600.000,oo moneda corriente. Para determinar la prosperidad de dichas deprecaciones, es pertinente reiterar lo que en forma reciente resolvió la Sala en un caso en el cual se afectó del derecho de acceso a la administración de justicia de una persona afectada con decisiones de tutela que le fueron adversas:
11.1. En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, concuerda la Sala con la argumentación esgrimida en la sentencia de primera instancia, en el sentido de afirmar que dentro del expediente no existe prueba alguna del perjuicio económico que, según dice el demandante, se causó como consecuencia del rechazo de las acciones de tutela radicadas por el señor Fernando Cruz Barrios en contra de la sentencia de casación proferida el 21 de mayo de 2003 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, aunque sea cierto que la posible prosperidad de las acciones de amparo presentadas podría haber causado algún beneficio económico al tutelante, también es verdadero que dicha posibilidad constituía una mera eventualidad que, por su carácter incierto, no sería susceptible de ser entendida como un activo propio que hubiera ingresado al patrimonio del actor, lo que a su vez implica la carencia de demostración del daño emergente a que se alude en el libelo introductorio al presente trámite. Otro tanto puede concluirse al estudiarse el lucro cesante invocado, pues en el proceso no existe evidencia alguna de que el señor Cruz Barrios haya incurrido en gastos económicos para la atención los trámites de tutela.
11.2. Ahora bien, lo que sí se evidenció es que, por virtud de los autos proferidos por la Corte Suprema de Justicia el 1 de octubre de 2003 y el 27 de mayo de 2004, se impidió al demandante el trámite de fondo de las acciones de tutela por él presentadas en contra de la sentencia de casación del 21 de mayo de 2003, lo que implica que existió una afectación del derecho de acceso a la administración de justicia que, a la luz de la reciente jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, podría tenerse como un daño inmaterial por afectación relevante a un derecho constitucionalmente protegido, con la salvedad de que en el resarcimiento del mismo deben preferirse las medidas de reparación no pecuniaria, por encima de las condenas de carácter patrimonial. Sobre esto último se afirmó en una de las sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de Sección Tercera el 28 de agosto de 2014:
“De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia su compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º grado de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.”
“En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño (subrayas del texto citado)(4).”
11.3. Finalmente, en lo que tiene que ver con el daño moral que presuntamente padeció el señor Fernando Cruz Barrios por haberse rechazado las acciones de tutela por él promovidas, coincide también la Sala con el razonamiento consignado en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de aseverar que en el plenario no existe prueba alguna que dé cuenta de la existencia de este tipo de menoscabo, el cual tampoco puede inferirse a partir de las reglas de la experiencia al no existir premisa alguna que permita concluir que todas las personas sufren una afectación emocional por el fracaso de sus pretensiones judiciales, o por la afectación del derecho de acceso a la administración de justicia. Pertinente es reiterar al respecto que la jurisprudencia de esta corporación, uniforme y antigua, ha sido clara en precisar que no es posible inferir el padecimiento de un perjuicio moral a partir del sufrimiento de una pérdida material o económica, lo cual debe estar plenamente comprobado para que pueda generar una indemnización. Al respecto se dijo en reciente pronunciamiento de esta Subsección:
“33. En relación con el dolor moral que pueda generar la pérdida, destrucción o afectación de los bienes materiales, la jurisprudencia de esta corporación considera que ese daño es susceptible de reparación, siempre y cuando se encuentre acreditada su ocurrencia. En sentencia del 5 de octubre de 1989, explicó: “Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”.(5)”
“Y en sentencia del 13 de abril de 2000, consideró: “El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume”[(6)] [(7)].”
11.4. De conformidad con lo anterior, en el proceso sólo se demostró la ocurrencia de un daño relacionado con la afectación del derecho de acceso a la administración de justicia y, en caso de que el mismo resulte ser antijurídico con base en las consideraciones relacionadas con la imputabilidad del menoscabo, entonces se referirá la vía de su resarcimiento en el acápite de indemnización de perjuicios(8).
13.1. Al aplicar en el caso concreto los criterios jurisprudenciales que se acaban de referir, en lo relacionado con el daño material que supuestamente padecieron los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, considera la Sala que, aunque la prosperidad de la acción penal promovida en contra de los señores Víctor Hugo Villegas Vélez y Franco Carlos Antonio del Vecchio podría haber generado una indemnización económica a favor de la parte civil tal como se decidió en la sentencia proferida por el Juzgado 8º Penal del Circuito de Bogotá con fecha 30 de septiembre de 2004 —párr. 10.2, hechos probados—, también es cierto que para ese momento tal evento constituía una mera expectativa de incierta ocurrencia, sin que el beneficio concedido por el juzgador a quo en lo penal pueda considerarse como un activo en el patrimonio de los hoy solicitantes en reparación, razón ésta suficiente para entender que no es procedente su entendimiento como un daño emergente supuestamente padecido por estos últimos. Del mismo modo debe proveerse sobre la indemnización por lucro cesante que persiguen los cónyuges que hoy deprecan el restablecimiento pecuniario, pues no se encuentra demostrado en el expediente que ellos hayan perdido una renta al prescribir el proceso penal.
13.2. En todo caso, debe precisarse que si bien era incierto el éxito de las pretensiones de la parte civil dentro del proceso penal, también es verdadero que existía una alta probabilidad de que las pretensiones de la parte civil resultaran definitivamente prósperas como corolario de dicho trámite pues, de hecho, ya se había obtenido una decisión favorable en primera instancia, por virtud de la cual se concedía a los hoy accionantes en reparación una indemnización equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para entonces –párr. 10.2, hechos probados–. Con ello se cumplen los criterios para poder afirmar que en el caso concreto, los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa sufrieron un daño por pérdida de oportunidad, según han sido definidos dichos presupuestos por la reciente jurisprudencia de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado:
15.9. Recapitulando lo anterior, la Sala precisa que los elementos del daño de pérdida de oportunidad son: i) Falta de certeza o aleatoriedad del resultado esperado, es decir, la incertidumbre respecto a si el beneficio o perjuicio se iba a recibir o evitar; ii) Certeza de la existencia de una oportunidad; iii) Certeza de que la posibilidad de adquirir el beneficio o evitar el perjuicio se extinguió de manera irreversible del patrimonio de la víctima(9).
13.3. Además, se tiene en el sub lite un daño por la afectación relevante a bienes constitucionalmente protegidos, en especial por la conculcación del derecho a una tutela judicial efectiva de los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, tal como lo definió esta Subsección “B” en un reciente pronunciamiento y frente a un caso similar al de autos:
En esas condiciones, se insiste, aunque el daño alegado por los actores deviene en meramente eventual, si se precisa como la pérdida de las pretensiones económicas no resueltas, la imposibilidad de obtener su decisión definitiva sí corresponde a un daño cierto que el actor no tenía el deber jurídico de soportar, por cuanto el ordenamiento jurídico le garantiza que el asunto llevado al conocimiento de la justicia debe ser resuelto de fondo, máxime tratándose de un asunto penal que conlleva el establecimiento de las reales condiciones del caso, cuestión que va de la mano con el derecho de la víctima a la verdad.
Por ello, la Sala ha resaltado que la imposibilidad de obtener resolución judicial del caso por prescripción de la acción penal constituye un daño, entendido como la transgresión a un derecho constitucional y convencionalmente amparado, que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar, pues le asiste derecho a que su controversia sea resuelta dentro de las oportunidades legales, cuando el no hacerlo tiene la posibilidad de impedir la resolución de fondo del asunto.
En esas condiciones sí se acreditó un daño antijurídico padecido por la actora, consistente en la privación del derecho a la tutela judicial efectiva dentro de la investigación que promovió por el delito de hurto y la demanda de parte civil que presentó dentro de dicho trámite, único respecto del cual se realizará el juicio de imputación, habiendo quedado demostrado el carácter eventual consistente en la pérdida económica del valor de las pretensiones contenidas en la demanda de constitución de parte civil(10).
13.4. Por la misma vía debe precisarse que, aunque en el proceso no existen pruebas directas para soportar la tesis de que los peticionarios en resarcimiento sufrieron una afectación emocional por la prescripción de la acción penal y, según la jurisprudencia citada más arriba —párr. 13, análisis de la Sala— no puede presumirse ese menoscabo cuando se trata de la pérdida de bienes materiales, lo cierto es que en el sub lite sí existen indicios del padecimiento de un daño moral por parte de los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa pues el daño no consistió tan solo en una merma material ya representada en la pérdida de una oportunidad como antes se aludió, sino también en la imposibilidad de obtener justicia y verdad —una tutela judicial efectiva— respecto de un delito del cual fueron víctimas, frustración esta que, de acuerdo con las reglas de la experiencia, implica el padecimiento de angustia y dolor.
13.5. De manera que en el presente caso se acreditó tanto el daño por pérdida de oportunidad, como la afectación relevante del derecho de los demandantes a acceder a la administración de justicia y el daño moral; detrimentos cuyo resarcimiento será estudiado en caso de que exista la posibilidad de imputar responsabilidad a la Nación – Rama Judicial, aspecto este que pasa a revisarse en seguida.
14. Al analizar la imputación del daño a la Nación – Rama Judicial, observa la Sala que en los casos de prescripción de la acción penal que se reputa acaecida por una dilación injustificada por parte de los despachos judiciales involucrados, la Subsección “B” de la Sección Tercera ya ha fijado una dogmática según la cual la imputación de responsabilidad a partir de ese género de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, sólo es posible con el lleno de ciertos requisitos. En los términos expresados en la ya citada sentencia del 2 de mayo de 2016:
De tiempo atrás, la Corporación ha indicado que para verificar si existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la presunta dilación injustificada de un proceso, debe considerarse “si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la que se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora”(11).
Estas consideraciones van en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al alcance del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto ha señalado que para determinar si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable deben analizarse los siguientes criterios: El marco temporal del proceso (i); la complejidad del asunto (ii); la actividad procesal del interesado (iii); conducta de las autoridades (iv) y la afectación jurídica de la parte interesada (iv)(12).
Así, para el análisis de la imputación, deberá verificarse entonces si se incurrió dentro del curso de la investigación en irregularidades de tal magnitud que determinaron, por razón del actuar injustificado estatal, la prescripción de la acción penal(13).
14.1. Aplicadas las anteriores consideraciones al caso concreto, se tiene que la denuncia penal por el delito de estafa, fue presentada por los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, el día primero de marzo de 1996 —párr. 10.1, hechos probados—, y que la sentencia de primera instancia se profirió aproximadamente 8 años después, calendada el 30 de septiembre de 2004 y emanada del Juzgado 8º Penal del Circuito de Bogotá —párr. 10.2, hechos probados—. Una vez apelada dicha decisión, transcurridos casi 8 meses desde la calenda del fallo penal de primer grado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá profirió la sentencia de segunda instancia fechada el 26 de mayo de 2005, en la cual se declaró la prescripción de la acción penal por aplicación favorable del régimen consagrado de la Ley 599 de 2000 —párr. 10.3, hechos probados—.
14.2. Frente a dichas actuaciones, considera la Sala que si bien se estaba procesando la denuncia penal presentada por varias personas en contra de los acusados en el delito de estafa, también es cierto que los hechos relacionados con dicho punible no comportaban mayor complejidad para el establecimiento de las premisas fácticas que permitieran llegar a una solución final y de fondo frente a la situación jurídica de los presuntos victimarios —señores Víctor Hugo Villegas Vélez y Franco Carlos Antonio del Vecchio—, y la de los que supuestamente fueron objeto de las maniobras fraudulentas por ellos llevados a cabo.
14.3. Así, por ejemplo, en el caso de la denuncia presentada por quienes obran hoy como accionantes en reparación directa —los cónyuges Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa—, tan sólo era necesario que las instancias judiciales en lo penal verificaran las circunstancias en que se celebraron los negocios jurídicos por medio de los cuales se entregó a los penalmente encartados una maquinaria y unos inmuebles que eran propiedad de la pareja de esposos, con el consiguiente detrimento patrimonial para estos últimos —párr. 10.4, hechos probados—, constatación esta frente a la cual no se aprecia razonable el término del proceso penal transcurrido entre el 1º de marzo de 1996 y el 26 de mayo de 2005, máxime cuando no se observa maniobra dilatoria alguna por parte de quienes en el presente caso reclaman indemnización de perjuicios.
14.4. En todo caso, la Sala no pasa por alto el hecho de que en el proceso penal en el que eran parte civil los hoy demandantes, se acumularon varias de las denuncias penales radicadas en contra de los señores Víctor Hugo Villegas Vélez y Franco Carlos Antonio del Vecchio, lo que en principio podría justificar el hecho de que el trámite de dicha causa se hiciera lento y farragoso. No obstante, dicha exculpación pierde todo sustento si se tiene en cuenta que los directores del proceso judicial tenían a su alcance todos los mecanismos para dar celeridad al trámite, de tal manera que las consecuencias del carácter complicado de éste no pueden hacerse recaer sobre los usuarios de la administración de justicia, conclusión que se refuerza al observar que la entidad demandada no desplegó dentro de la presente contención, esfuerzo probatorio o argumentativo alguno para señalar que la prescripción del proceso penal se dio por causas diferentes a la lentitud con que el mismo fue tramitado por las autoridades judiciales que lo tuvieron a su cargo.
14.5. Por manera que, en el contexto de lo probado dentro del proceso, el daño padecido por los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gambo, le resulta imputable a la Nación – Rama Judicial por la injustificada dilación con la que se tramitó la causa penal suscitada por la denuncia por ellos presentada el 1º de marzo de 1996.
15. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la liquidación de perjuicios, en la sentencia de primera instancia se decretó una condena en abstracto tomando como base la pérdida económica que los hoy demandantes en reparación padecieron como consecuencia de la supuesta estafa de que fueron víctimas, decisión que no se encuentra acorde con el daño que resultó probado dentro del proceso que, tal como se expuso más arriba, consiste en la afectación relevante del derecho de los peticionarios a una tutela judicial efectiva, la pérdida de oportunidad y el daño moral.
15.1. Además, habida cuenta de que la parte actora es apelante única dentro del trámite de esta segunda instancia, entonces no se puede desmejorar su situación frente a la condena que decretó el a quo y respecto de la cual no se formuló reparo en el punto específico de los detrimentos que se consideraron probados en la providencia objeto de la impugnación, lo cual es una situación que implica que se confirme la decisión al respecto asumida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien resolvió “... CONDENAR EN ABSTRACTO a la NACIÓN – RAMA JUUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, al pago de los perjuicios materiales causados a los demandantes LUIS ALFONSO GAMBOA VARGAS y AMPARO HURTADO DE GAMBOA, con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, acontecido en el proceso 1999-0177, teniendo como parámetros para la liquidación, solamente el valor de los gastos en que incurrieron los demandantes en el trámite del proceso criminal, tales como el pago efectuado al profesional del derecho que representó los intereses de la parte civil, gastos de pericias, fotocopias, notificaciones, entre otros, con fundamentos en lo establecido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo...” —párr. 4, antecedentes—.
15.2. Al revisar la liquidación de los perjuicios por pérdida de oportunidad, observa la Sala que es procedente reconocer el 75% de los 500 salarios mínimos que habían sido concedidos a los hoy demandantes como parte civil, cuando se falló la primera instancia del proceso penal. Ello por cuanto así se ha decidido por la Subsección en casos similares al de autos(14). De esa forma, se calcula matemáticamente ese porcentaje así:
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes = 100 %
75% = (500 * 75) ÷ 100
75% = 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes
15.2. Al estudiarse la liquidación de perjuicios por la afectación relevante al derecho de los peticionarios a una tutela judicial efectiva, estima la Sala que es procedente el reconocimiento de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los dos demandantes, porque así se ha determinado en otras sentencias sobre supuestos de hechos similares(15). Además, se librará un exhorto a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, para que disponga directivas encaminadas a evitar la morosidad en el trámite de procesos judiciales en materia penal.
15.3. Y al revisarse lo correspondiente a la liquidación de los perjuicios por daño moral, en consonancia con el monto reconocido en el apartado inmediatamente anterior, y en viendo que el detrimento aquí aludido está estrechamente relacionado con la afectación del derecho a una tutela judicial efectiva, entonces se reconocerá una indemnización equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa.
16. De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, observa la Sala que en el presente caso debe confirmarse la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por la dilación injustificada en el trámite del proceso penal en el que eran parte civil los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, y se condenó en abstracto a la entidad demandada. En todo caso, a pesar de confirmarse la declaratoria de responsabilidad, la sentencia apelada habrá de modificarse en lo que tiene que ver con el rubro de indemnización de perjuicios.
1. por las razones expuestas en la parte motiva, MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es la proferida en primera instancia por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fecha 14 de noviembre de 2007, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR que la JUEZ 8 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, no tiene legitimación material en la causa por pasiva.
SEGUNDO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, al pago de los perjuicios materiales causados a los demandantes LUIS ALFONSO GAMBOA VARGAS y AMPARO HURTADO DE GAMBOA, con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, acontecido en el proceso 1999-0177, teniendo como parámetros para la liquidación, solamente el valor de los gastos en que incurrieron los demandantes en el trámite del proceso criminal, tales como el pago efectuado al profesional del derecho que representó los intereses de la parte civil, gastos de pericias, fotocopias, notificaciones, entre otros, con fundamento en lo establecido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al pago de 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo, a favor de los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, como indemnización de los perjuicios por pérdida de oportunidad.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al pago de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente sentencia, a favor de cada uno de los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, como indemnización de perjuicios por la afectación relevante al derecho de acceso a la administración de justicia con una tutela judicial efectiva. También como resarcimiento de este año, EXHÓRTASE a la misma entidad y a la Fiscalía General de la Nación para que asuma directivas administrativas tendientes a evitar la morosidad judicial en materia penal.
QUINTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración judicial al pago de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente sentencia, a favor de cada uno de los señores Luis Alfonso Gamboa Vargas y Amparo Hurtado de Gamboa, como indemnización de perjuicios morales.
SEXTO: La condena en abstracto será actualizada de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO. Sin costas.
3. Sin condena en costas en el trámite de la segunda instancia.
4. EXPÍDANSE, por la Secretaría de esta Sección, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas al demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.
5. CÚMPLASE la sentencia en los términos de los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
6. en firme el presente proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo que sea de su competencia.
Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala (con impedimento)—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo—Carmenza Yolanda Mejía Martínez, conjuez».
4 [6] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 28 de agosto de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), actor: Ana Rita Alarcón Viuda de Gutiérrez, demandado: Municipio de Pereira”.
5 [7] “[11] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de octubre de 1989, Exp. 5320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo”.
6 [10] “[12] Sentencias del 5 de octubre de 1989, Exp. 5320, del 7 de abril de 1994, Exp. 9367 y del 11 de noviembre de 1999, Exp. 12652, entre otras en Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, Exp. 11.892, actor: Franklyn Liévano Fernández”.
7 [11] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, sentencia del 14 de octubre de 2015, Rad. 25000-23-26-000-2001-02347-01 (34217), actor: Rosa María Molina Beltrán, demandado: Municipio de Silvania”.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, sentencia del 2 de mayo de 2016, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 25000-23-31-000-2004-01262-25 (37344), actor: Fernando Cruz Barrios, demandado: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Se dijo en la síntesis del caso de dicha sentencia, lo siguiente: “El señor Fernando Cruz Barrios promovió proceso ordinario laboral en contra del banco “Bancafé”, el cual fue tramitado en primera instancia ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá quien, por medio de sentencia del 28 de febrero de 2001, profirió decisión parcialmente favorable a las pretensiones del demandante. Apelado dicho fallo por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga lo revocó y, en su lugar, profirió la sentencia del 8 de mayo de 2002 en la que se reconocieron unas indemnizaciones muy inferiores a las solicitadas en el libelo introductorio, y a las reconocidas en primera instancia por el juez a quo. Inconforme con dicho desenlace, el señor Cruz Barrios promovió recurso extraordinario de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia quien, en proveído del 21 de mayo de 2003, resolvió no casar la sentencia contra la cual se dirigía el medio de control, al considerar que éste no cumplía con el rigor técnico fijado por la ley procesal y la jurisprudencia. Posteriormente, el hoy demandante en reparación, interpuso dos acciones de tutela en contra de la decisión asumida por la Sala de Casación Laboral, ambas rechazadas por la Corte Suprema de Justicia quien, además, omitió remitir los expedientes para su eventual revisión por la Corte Constitucional, lo cual se hizo mediante las decisiones judiciales respecto de las cuales se predica el error judicial en el proceso de reparación directa de la referencia”.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 5 de abril de 2017, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 17001-23-31-000-2000-00645-01 (25706), actor: Ángela María Gutiérrez Campiño y otros, demandado: Cajanal y otro.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, sentencia del 2 de mayo de 2016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 13001-23-31-000-2001-00506-01 (37111), actor: Hernando Holguín y Cía. Ltda. y otros, demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
11 [28] “Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 30 de octubre del 2013, Rad. 30495, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo”.
12 [29] “Corte Interamericana de Derechos humanos, caso Furlan y familiares vs. Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012. Párrafo 152. Estos criterios también han sido tenidos en cuenta por la Corte Europea de Derechos Humanos que ha establecido que el carácter razonable de la duración de un proceso se aprecia según las circunstancias particulares del asunto y frente a tres criterios: la complejidad del asunto, el comportamiento del interesado, el comportamiento de las autoridades nacionales (particularmente las autoridades judiciales), teniendo en cuenta el contexto político y social. Ver Caso Pretto contra Italia, del 08 de diciembre de 1983, citado por Frederic Sudre en Droit europeen et internacional des droits de l´homme. Ed. Presses Universitaires de France. 10 edition, Paris 2011, pág. 452”.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera –Subsección “B”– sentencia del 2 de mayo de 2016, ya citada.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, sentencia del 31 de mayo de 2016, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 63001-23-31-000-2003-00002-01 (38047), actor: Juan Carlos Carvajal Restrepo, demandado: Nación – Rama Judicial.
15 Se invoca en este punto una sentencia ya citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, sentencia del 2 de mayo de 2016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 13001-23-31-000-2001-00506-01 (37111), actor: Hernando Holguín y Cía. Ltda. y otros, demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial. En la parte resolutiva de esa providencia se dispuso: “... CUARTO. CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a la sociedad Hernando Holguín M. y Cía. Ltda. el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por el daño producido por la transgresión al derecho constitucional y convencionalmente amparado al acceso a la administración de justicia mediante un recurso judicial efectivo...”.

References: artículo 31
 artículo 254
 resolución 
 artículo 97
 artículo 83
 artículo 86
 resolución 
 artículo 83
 artículo 356
 artículo 246
 artículo 372
 artículo 267
 artículo 83
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 177
 artículo 115
 artículo 37