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Timestamp: 2019-01-16 23:02:14+00:00

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﻿ SENTENCIA T-193 DE MARZO 14 DE 2002
SENTENCIA T-193 DE 14 DE MARZO DE 2002
CONTENIDO:SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. NO SE VULNERA NINGÚN DERECHO FUNDAMENTAL MEDIANTE SU SUSPENSIÓN POR MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO, DERECHOS COLECTIVOS, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL
Sentencia T-193 de marzo 14 de 2002
Sent. T-193, mar. 14/2002
Ref.: T-537268
Peticionarios: Álvaro Pava
Accionado: Unión Temporal EPSA ESP, Inelco del Pacífico
1. El personero municipal de Pradera (Valle), actuando por solicitud del señor Álvaro Pava, manifiesta que la entidad accionada vulnera los derechos a este último a la integridad personal, igualdad y debido proceso al haber suspendido el servicio de alumbrado público entre las calles 6ª y 7ª y las carreras 10ª y 11, espacio dentro del cual se encuentra ubicado el inmueble donde habita el señor Pava.
2. Tal suspensión del servicio público, desde el 16 de mayo de 2001, fue hecha en virtud de la falta de pago de la administración municipal de Pradera, quien celebró un contrato de concesión con la accionada para la prestación del servicio. Según el accionante, tal corte de luz no es legítimo en la medida en que él ha venido pagando cumplidamente la tarifa fijada por la administración municipal, recaudada por la entidad accionada por el uso del servicio. Por tanto, no debe verse sometido a la inseguridad que genera la falta de alumbrado.
3. Añade que la empresa accionada ha vulnerado el debido proceso en la medida en que cortó la luz intempestivamente y no a los tres meses de falta de pago por parte de la administración como debió hacerlo en los términos de la Ley 142 de 1994, tomando así una decisión abusiva y dominante que prohíbe la mencionada norma. Según el accionante, el hecho de no haber suspendido el servicio a tiempo ha hecho que la deuda ascienda a tal monto ($ 1.600.600) que se torne impagable prolongando así el perjuicio. Igualmente, aduce que la accionada pudo haber acudido a las acciones ordinarias para el cobro de la deuda en lugar de hacerle sufrir las consecuencias.
4. Según el accionante, la vulneración al derecho a la igualdad radica en el hecho de que sólo a ese sector de la ciudad se le suspendió el servicio, no obstante los demás sectores se encontraban en iguales circunstancias. Es decir, con incumplimiento de pago por parte de la administración, pero con las tarifas a cargo de los particulares usuarios del servicio al día.
5. Solicita le sea reinstalado el servicio de alumbrado público en el sector de su residencia.
1. La entidad accionada, actuando a través de su representante legal, aduce que el corte del servicio se debe al incumplimiento de pago por parte del municipio de Pradera, quien es el directamente obligado a la prestación de los servicios públicos en los términos de la Constitución (art. 311).
2. No obstante los intentos de acuerdo de pago, ha sido imposible que el municipio se ponga al día en el cumplimiento de obligaciones del contrato.
3. Se equivoca el accionante al invocar la Ley 142 de 1994 como aplicable al caso, ya que ésta se encarga de regular la prestación de servicios públicos de carácter domiciliario dentro de los cuales no se encuentra el de alumbrado público.
4. En lo referente al corte del servicio pasados los tres meses, la accionada aduce que éste es un ejercicio legítimo del derecho emanado de una de las cláusulas del contrato según la cual: “si durante el desarrollo del contrato, los recaudos de la tarifa de alumbrado público fuesen inferiores a los requerimientos económicos previstos en la columna 16 del flujo financiero proyectado, necesarios para mantener el equilibrio contractual, el concedente deberá cubrir la diferencia con recursos propios. Si persiste la falta de ingresos necesarios por más de tres meses consecutivos, el concesionario suspenderá la prestación de los servicios con los correspondientes perjuicios a cargo del concedente (...)”. El hecho de que no haya suspendido el servicio inmediatamente pasados los tres meses no constituye una vulneración al debido proceso como lo alega el accionado, ya que pasados los tres meses se estuvo intentando llegar a un acuerdo con la administración y en virtud de la imposibilidad de lograr uno de carácter viable, se vieron avocados al uso de la facultad de suspensión del servicio la cual no pierde su vigencia con la prolongación del incumplimiento del cesionario.
5. Finalmente, añade que si bien el accionante y demás usuarios del servicio público han venido pagando la tarifa establecida por la prestación del servicio, la totalidad del monto del contrato no se ve cubierta por el conjunto de éstas. En efecto, el municipio debe cubrir el resto del costo del servicio por medio de apropiaciones presupuestales como lo contempla la cláusula 12ª del contrato: “la remuneración del presente contrato consiste en los recursos provenientes del recaudo de la tarifa de alumbrado público fijada mediante acuerdo emanado del Consejo Municipal y que será pagada directamente por los usuarios al concesionario y de los aportes del municipio necesarios para completar los ingresos requeridos por el proyecto (...)”.
6. Hasta el momento el municipio no ha pagado configurándose así en el verdadero vulnerador de los derechos del accionante ya que es en él en quien está radicada la obligación de prestar el servicio. El hecho de que la empresa recaude las tarifas de los usuarios no cambia su naturaleza de mero intermediario por la de obligado directo con los habitantes del municipio.
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Pradera Valle, en sentencia del 3 de septiembre de 2001, concedió la tutela por considerar que la accionada debió haber acudido a un proceso ejecutivo contra el municipio para el cobro de lo adeudado y no quitar el servicio haciendo que la comunidad que ha pagado la tasa sufra el perjuicio. La tasa ha sido directamente pagada a la entidad accionada como concesionario del contrato.
De ordenarse la restauración del servicio se estaría permitiendo la conducta morosa del Estado en cuanto deudor frente a la entidad accionada y en su carácter de obligado a garantizar la prestación de los servicios públicos del municipio (C.P., art. 311).
Además, en ningún momento se probó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante. Con respecto a las eventuales vulneraciones, estima el juez que la seguridad se debe ver garantizada por el cuerpo de policía del municipio independientemente de la prestación del servicio de alumbrado.
1. Copia de recibos de pago del servicio de luz del señor Álvaro Pava de los meses de septiembre y octubre de 2001. En ésta consta que se pagó mil ochocientos pesos por el concepto de alumbrado público. Igualmente, la dirección del accionante (cra. 10 Nº 6-51).
2. Copia del contrato de concesión para la prestación del servicio de alumbrado público suscrito entre el municipio de Pradera (Valle) y la Unión Temporal EPSA-ESP, Inelco del Pacífico Ltda. suscrito el 19 de noviembre de 1997.
3. Oficio de abril 28 de 2001 de la Superintendencia de Servicios Públicos de Antioquia dirigido al Alcalde de Pradera en el cual se le informa que en virtud del acuerdo 043 de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el municipio puede llegar a acuerdos con la accionada y debe procurarlos para que no se vean afectados los habitantes por la no prestación del servicio. En el mismo se establece que “EADE cuenta con todo el respaldo de la ley para suspenderles el servicio en cualquier momento, ya que están dadas las condiciones para que esto ocurra”.
4. Copia de la Resolución 43 de 1995 del Ministerio de Minas y Energía en la cual se consagra en el artículo 9º: “el municipio es responsable del pago del suministro, mantenimiento y expansión del servicio [de alumbrado público]. Éste podrá celebrar convenios con las empresas de servicios públicos con el fin de que los cobros se efectúen directamente a los usuarios, mediante la utilización de la infraestructura de las empresas públicas distribuidoras.
PAR. 1º—Los convenios estipularán la forma de manejo y administración de dichos recursos por parte de las empresas de servicios públicos. Éstas no asumirán obligaciones por manejo de cartera, y en todo caso, el municipio les cancelará la totalidad de la deuda por el servicio de alumbrado público dentro de los períodos señalados para tal fin”.
5. Comunicación del representante legal de la accionada del 15 de diciembre de 1998 dirigida al alcalde de Pradera en la cual se le informa que existe un rompimiento del equilibrio económico del contrato, y que, según los términos del contrato, el municipio debía cubrir el déficit existente.
6. Acuerdo de pago entre la accionada y el municipio de Pradera sobre la deuda del contrato de prestación del servicio de alumbrado público, suscrito el 4 de julio de 2000.
7. Acuerdo de pago entre la accionada y el municipio de Pradera sobre el pago de la deuda del contrato de prestación del servicio de alumbrado público, suscrito el 10 de julio de 2001. En el mismo, el municipio se compromete a radicar en el mes de julio de ese año un proyecto de acuerdo ante el consejo municipal “debidamente sustentado, promocionado y discutido con la comunidad” con el proyecto de las nuevas tarifas que se implementarán para el cobro del servicio de alumbrado público.
8. Escrito dirigido por la accionada al alcalde del municipio de Pradera el 2 de mayo de 2001 en el cual se informa que en virtud de la desatención de la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico por parte del municipio y la falta de apropiaciones presupuestales para el cubrimiento de la creciente deuda de el municipio con la accionada, a pesar de los intentos de acercamiento para lograr un acuerdo de pago viable, de no pagarse la deuda dentro del término de 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo ser verán en la obligación de suspender el servicio de alumbrado, teniendo en cuenta que así lo permiten los términos del contrato y que la situación económica de la entidad hace imposible continuar prestando el servicio.
9. Relación de casos de perturbación del orden público en el parque principal de Pradera entre la fecha de la suspensión del servicio (mayo 15/2001) hasta el 4 de agosto del mismo año.
4. (Sic) Inspección judicial realizada el 31 de agosto de 2001 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Pradera en la cual se constató que para la fecha el sector aledaño al Parque Simón Bolívar (lugar cercano al domicilio del accionante) se encuentra sin luz a partir de las 6:45 p.m.
En esta oportunidad, la Sala debe determinar si el corte del suministro de alumbrado eléctrico en la cuadra en la cual habita el señor Álvaro Pava, por parte de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA ESP e Inelco del Pacífico, en virtud del incumplimiento de pago por parte del municipio configura una vulneración a los derechos fundamentales a la vida y la igualdad del accionante.
1. Necesidad de prueba de la vulneración o amenaza de vulneración de un derecho fundamental.
“Al igual que ocurre con la tutela como mecanismo principal, la tutela como mecanismo transitorio de protección supone la existencia de una prueba sobre la amenaza o violación de los derechos constitucionales. El mecanismo transitorio únicamente se explica por la necesidad de evitar el perjuicio irremediable. Por lo tanto, no habiéndose demostrado la amenaza o violación de un derecho fundamental, no resulta legítimo acudir a este medio de defensa“ (1) .
(1) Ver Sentencia T-374 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett (En esta ocasión, la accionante, quien era concejal, alegaba que se había proferido una resolución de aceptación de renuncia a su cargo la cual alteraba el contenido de una carta abierta de renuncia firmada por ella bajo circunstancias diferentes a las que se presentaban en el momento que ésta fue aceptada. Agregaba que tal resolución de aceptación de renuncia no contenía en su texto la posibilidad de ser recurrida por vía gubernativa y que, en consecuencia, se le estaba vulnerando el debido proceso al cerrársele la posibilidad de acudir ante la justicia contencioso administrativa por no permitirle agotar la vía gubernativa, requisito para la admisión de la demanda. La Corte encontró que no estaba probada ni la vulneración, ni la eventual vulneración del debido proceso ya que si bien la resolución no contenía por escrito la posibilidad de ser impugnada, la accionante sí había interpuesto recurso de reposición. En cuanto a la imposibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala estimó que ésta no estaba probada y se basaba en suposiciones de la actora ya que no había interpuesto demanda alguna).
En un caso de similar naturaleza al que ahora se estudia, la Corte estimó que por el sólo hecho de falta de alumbrado público no se encontraba probado de manera grave e inminente el peligro de vulneración del derecho fundamental a la vida de los accionantes (2) .
(2) Ver Sentencia T-077 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara (en esta ocasión la Sala de Revisión estimó que el hecho de que desde hace dos años no se hubiera prestado el servicio de alumbrado público a los accionantes, no era prueba suficiente de la vulneración de derechos fundamentales a la vida e integridad personal, para que prosperara la acción de tutela en lugar de las acciones populares).
2. El acceso a los servicios públicos y su naturaleza de derecho colectivo.
Los consagrados en la Carta política de 1991, capítulo III, no son los únicos derechos colectivos existentes. La Ley 472 de 1998 consagró otros más, estableciendo, además, que tal enumeración no era taxativa. Dentro de éstos se contempló la prestación de servicios públicos:
3. Procedencia excepcionalísima de la tutela para la protección de derechos colectivos.
Si bien la Constitución consagra expresamente la existencia de acciones populares para la protección de derechos colectivos (C.P., art. 88), las cuales fueron desarrolladas por la Ley 472 de 1998, y el Decreto 2591 estipula en su artículo 6º que la tutela será improcedente “cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política”, el mismo artículo consagra que “lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable”.
En tal sentido, y siendo considerablemente exigentes en la prueba de la vulneración de un derecho fundamental conexo con el derecho colectivo en virtud de la existencia de la consagración de las acciones populares como un mecanismo expedito en la Ley 472 de 1998, la Corte ha considerado que “para que la tutela proceda y prevalezca en caso de afectación de un interés colectivo, es necesario (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea “consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo”. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza” (3) .
(3) Ver Sentencia SU-116 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett (en esta ocasión la Corte estudió el caso de una señora a la cual le cruzaban aguas negras por el interior de su casa a manera de acequia generando graves problemas para la salud y en consecuencia la vida de la accionante. Tal perjuicio estaba probado por medio de inspección judicial en la que se constató que la casa de la accionante se encontraba totalmente inundada y que por el centro de ésta cruzaban aguas lluvias).
La idoneidad de la Ley 472 de 1998 para la protección de derechos colectivos e incluso para la protección de derechos fundamentales conexos con éstos se planteó en los siguientes términos:
“[La Ley 142 de 1998] “unifica términos, competencia, procedimientos, requisitos para la procedencia de la acción popular, en aras de lograr la protección real y efectiva de los derechos e intereses colectivos, y con ellos, de los derechos fundamentales que puedan resultar lesionados mediante la afectación de un derecho de esta naturaleza” (T-1451/2000). En particular, esa ley consagra, en su artículo 25, la facultad del juez, una vez admitida la demanda, e incluso antes de su notificación, de decretar medidas cautelares con el objeto de prevenir un daño inminente o cesar los que se hubieren causado. Igualmente lo faculta para celebrar pactos de cumplimiento para la protección inmediata y concertada de los derechos colectivos afectados, pacto que se constituye en una sentencia anticipada (art. 27) y se fijan términos perentorios para la práctica de pruebas y la adopción de un fallo definitivo.
Como bien lo destaca la mencionada sentencia T-1451 de 2000, el juez de tutela no puede dejar de tomar en cuenta la presencia de la Ley 472 de 1998, ya que ésta subsana el vacío legal que había llevado a que los jueces, “a través de sus decisiones, y para resolver casos concretos, suplieran esa falta de decisión legislativa en la materia, extendiendo la protección que de derechos fundamentales estaban obligados a realizar, para cobijar ciertos derechos colectivos que se encuentran en estrecha relación con éstos”. En tales circunstancias, la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados en el fundamento 4 de la presente sentencia, para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (C.P., art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario” (4) .
(iii) No estando probada la posible vulneración de derechos fundamentales, con base en lo establecido en la línea jurisprudencial de esta corporación según la cual para que prospere la tutela en casos que comprendan la protección de derechos colectivos, “la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente” (5) , la Sala estima que si bien puede existir en el caso una controversia relativa a derechos de carácter colectivo, ésta debe ser resuelta a través de las acciones populares en virtud de que la adecuada prestación del servicio de alumbrado público es un interés de carácter colectivo según la Ley 472 de 1998.
1. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira en octubre 18 de 2001 y, en consecuencia, NEGAR la tutela a los derechos a la vida y la igualdad del señor Álvaro Pava.
2. EXHORTAR a la Unión Temporal EPSA ESP, Inelco del Pacífico y a la Alcaldía Municipal de Pradera para que, dentro de la órbita de sus competencias, adopten los mecanismos necesarios para el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales en aras de prestar el servicio de alumbrado público a la población.

References: Resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 88
 artículo 25