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Timestamp: 2019-10-18 19:04:47+00:00

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Anayeli García/ Angélica Jocelyn Soto
Apresurados por tener una reforma que permitiera mantener al país en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en mayo pasado, el Congreso de la Unión avaló modificaciones a las leyes Federal del Trabajo (LFT), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Sin embargo, conservaron el sistema de contratación outsourcing; usaron como moneda de cambio la inscripción obligatoria de las trabajadoras del hogar a la seguridad social y privilegiaron la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres.
Además, libraron de responsabilidad a los patrones que crean ambientes de violencia en los espacios de trabajo y no incluyeron fondo de vivienda para las trabajadoras del hogar.
Estos temas quedaron fuera de la reforma, a pesar de que se discutieron durante la redacción y valoración del dictamen, y que por años se han planteado en los recintos legislativos.
Irrelevantes concesiones sindicales
Dos de las expertas que participaron en estas discusiones legislativas, la integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, Rosario Ortiz Magallón, y la economista Carmen Ponce Meléndez, del Observatorio Laboral, dijeron que el principal avance para las mujeres fue en materia sindical.
En los Artículos 358º y 371º de la LFT se estableció que la directiva de los sindicatos debe conformarse proporcionalmente en razón de género para que las sindicalistas estén representadas en los órganos de decisión.
Aunque esto permite mayor participación de las mujeres en la representación obrera, el 58 por ciento de las trabajadoras del país labora en condiciones informales, es decir, más de la mitad no tiene derechos laborales y, por lo mismo, no tiene sindicato.
Pero “esta reforma sindical –con 30 años de retraso– no es para ellas (las trabajadoras informales). Están excluidas de la reforma laboral; eso implica que van a seguir con salarios miserables. Además, las trabajadoras seguirán sin derechos laborales”, denunció la economista Carmen Ponce.
Outsourcing y trabajo doméstico
El outsourcing o tercerización es una práctica que usan empresas como AT&T, Banco Azteca, BBVA, Elektra y dependencias de gobierno para subcontratar a terceros un servicio que requieren pero que es diferente a su razón social.
Por ejemplo, una empresa de zapatos puede subcontratar el servicio de transporte, pero no puede subcontratar a quienes elaboran los zapatos, porque ésa es su razón social.
Sin embargo, estas empresas contratan a todo su personal mediante outsourcing. De esta forma, evaden el reconocimiento directo de la relación laboral y el pago de derechos de la mayoría de su plantilla. Esto ocurre principalmente en el sector de limpia y maquila, donde se emplean más mujeres que hombres.
Un ejemplo. En 2015, hubo un caso de 59 trabajadoras de intendencia de los planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), quienes fueron despedidas de un día para otro sin garantía laboral. Exigieron sus derechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) pero al estar contratadas por outsourcing la empresa subcontratista y la institución educativa se negaron a reconocerlas como empleadas suyas.
En México, está práctica era ilegal hasta 2012, cuando el Poder Legislativo decidió reglamentarla en la LFT. Por sus efectos negativos para las trabajadoras, se esperaba que este 2019 se eliminara, no sucedió.
Al respecto, Carmen Ponce afirmó: “Yo he manifestado mi desacuerdo, formo parte del Observatorio Laboral (que estuvo en más negociaciones) y sí les reclamé en su cara, tres veces, y les dije que no estaba de acuerdo, y también les dije que eso implica que van a seguir los salarios miserables y las condiciones laborales miserables”.
Pero lejos de eliminar el outsourcing, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, propuso crear una unidad revisora para inspeccionar los centros de trabajo en donde usen este modelo.
El problema es que “va a necesitar un ejército de inspectores para revisar el outsourcing porque está en todas las actividades económicas y además (se requiere) que esos inspectores pasen una especie de prueba de honestidad. Eso no funciona”, subrayó la economista, quien también añadió que el reciente reconocimiento del derecho de las trabajadoras domésticas a la seguridad social obligatoria fue en realidad una moneda de cambio utilizada por la administración actual para restar presión social a la exigencia de eliminar el outsourcing.
Según datos de la economista, en 2018 la tercerización tuvo una tasa de crecimiento del cinco por ciento; el trabajo en los hogares tuvo una caída del 3.3 por ciento; y el comercio informal creció 2.5 por ciento. Es decir, lo que más ha crecido en los últimos años no es el trabajo del hogar sino la informalidad, producto de los contratos por honorarios y la tercerización.
“Yo no estoy menospreciando o subestimando ese logro (la obligatoriedad del IMSS para trabajadoras del hogar), que además también es resultado de un trabajo de años de Marcelina Bautista, de sus sindicatos y de muchas trabajadoras domésticas; pero pensar que con eso se resolvió la informalidad laboral (...) es en lo que no estoy de acuerdo. Claro que es una moneda de cambio”, dijo la especialista.
Según su análisis, la razón por la que hay resistencia para que se elimine este modo de contratación es que es un mecanismo que reduce costos, pero a costillas de las trabajadoras, de sus bajos salarios, de su jubilación, su servicio médico, créditos hipotecarios, préstamos personales, guarderías, protección contra accidentes, etc.
Además de usar los derechos de las trabajadoras del hogar como moneda de cambio, la reforma dejó intactos artículos lesivos a las trabajadoras, en los que se establece que puede pagárseles una parte de su salario en especie y que deben descansar mínimo nueve horas al día, lo que permite que trabajen hasta 14 horas seguidas.
La nueva reforma cambió el nombre de trabajadores “domésticos” en el capítulo XIII Trabajadores del Hogar de la LFT, en donde se incluye la obligación de inscribirlos en el IMSS mediante el pago de las cuotas correspondientes.
Continuidad a la injusticia laboral
Una modificación importante, la más reciente de las reformas laborales, fue la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que serán sustituidas por un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus correspondientes locales en cada entidad federativa.
El Artículo 590º de la LFT dice que estos centros están obligados a establecer planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Asimismo, el Artículo 684º de la norma dirá que para ser conciliador se deben tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género.
En opinión de la sindicalista Rosario Ortiz, éste es un ejemplo de cambios negativos en la LFT, ya que este modelo pretende garantizar justicia, lo que es positivo, pero conserva la conciliación como mecanismos principal para dirimir conflictos en casos de violencia contra las mujeres; Y significa que las trabajadoras víctimas de violencia sexual, discriminación o explotación laboral, tendrán que conciliar con sus agresores, aun cuando ello contradiga lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Artículo 685º de la ley laboral precisa que en casos de discriminación por embarazo y trata laboral no es obligatoria la conciliación, ya que ambos son delitos penales y no se pueden conciliar.
Otro paso fue que, según el Artículo 684º, si en un conflicto laboral hay indicios de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad tomará medidas para que en ningún momento se reúna o encare a las personas involucradas.
En el Artículo 857º de la nueva ley laboral se establece, también, como medida precautoria en caso de despido, que el patrón se abstenga de dar de baja a la trabajadora embarazada de la institución de seguridad social en donde esté afiliada.
La discriminación por embarazo se castiga en México desde 2014 con penas económicas y hasta cárcel, pero eso no ha evitado que sea la principal causa de discriminación laboral en el país.
Acoso y hostigamiento sexual impunes
Respecto a una vida libre de violencia, el Artículo 132º de la LFT ahora dice que los patrones deben implementar, de acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual.
La sindicalista Ortiz Magallón destacó que el Legislativo rechazó la propuesta de incluir en la LFT el hostigamiento sexual como riesgo de trabajo, a pesar de que el objetivo de esta redacción era reconocer que este problema no es individual, sino un problema de la relación de trabajo que lacera la integridad física y mental de las trabajadoras.
Diabetes, hipertensión, infartos, cáncer y hasta suicidio son daños frecuentes contra la salud generados por el acoso sexual y el hostigamiento en el mundo laboral, principalmente entre las mujeres, de acuerdo con una investigación de Margarita Pulido Navarro, experta en medicina del trabajo en México.
Sin embargo, estas propuestas de reforma no fueron aprobadas debido a la resistencia y al rechazo explícito de la representación patronal que participó en las negociaciones de la reforma, denunció Ortiz.
Otra propuesta que quedó fuera es la de establecer por escrito que el patrón es el responsable de crear un ambiente sano y libre de violencia laboral en el trabajo. El punto desapareció entre las idas y venidas del dictamen en las Cámaras legislativas.
“Porque ¿cómo al patrón le íbamos a pedir eso? Sigue habiendo muchos prejuicios y estereotipos y no quieren que el patrón se inmiscuya de una manera mucho más responsable en el espacio laboral que genera él junto con los trabajadores.
“El ambiente para discutir todo esto fue muy fuerte porque sigue habiendo una resistencia muy grande para colocar este tema. Aunque logramos avances importantes en lo que se aprobó ahora, siguen siendo insuficientes porque la temática central de la justicia laboral no quedó”, reconoció la sindicalista.
Ortiz y otras expertas en derecho laboral participaron con argumentos y propuestas en los debates previos de la reforma y están conscientes, por lo mismo, de lo que finalmente quedó fuera de ésta. Ahora desconocen cuándo habrá una nueva posibilidad de cambio en la materia.
Familias proletarias sin protección
La reforma amplió los artículos en materia de trabajo y responsabilidades familiares al agregar que las madres y trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años estén diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia de cuidados médicos de uno a 25 días durante tres años.
También se estableció que las mujeres podrán disfrutar de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares.
Esto no se acerca a lo que establecen varios convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en materia de protección a la maternidad y responsabilidades familiares, que –por cierto– México no ha querido ratificar.
Por ejemplo, el Convenio 183 de la OIT establece que la máxima protección a la maternidad debe extenderse de 12 (plazo que tiene México) a 14 semanas de licencia, pero la nueva versión de la LFT no se modificó.
La reforma laboral de AMLO fue en realidad fruto de una exigencia de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, quien condicionó su apoyo al TMEC para que México contara con una legislación laboral con salarios demasiado bajos y laxos, y además atraiga inversiones extranjeras, especialmente las de su país.
La reforma sindical aprobada excluyó a las trabajadoras que no cuentan con contrato colectivo de trabajo, sindicatos, salarios justos, derechos como guarderías y seguridad social, y abre la puerta a que más mujeres no tengan jubilación, servicio médico, préstamos personales, préstamos hipotecarios, protección contra accidentes, por mencionar algunos derechos. A esto se suman las resistencias y evasivas que mostraron los representantes patronales en el cabildeo que realizaron en ambas Cámaras para reconocer plenamente los derechos de las trabajadoras.

References: Artículo 590
 Artículo 684
 Artículo 685
 Artículo 684
 Artículo 857
 Artículo 132