Source: https://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=27
Timestamp: 2019-08-24 06:35:15+00:00

Document:
Caso 11.822, Informe de solución amistosa No. 24/09, Reyes Penagos Martínez y otros (México)
TERCERO.- Medidas de Satisfacción y Garantías de no repetición
Beneficiario Concepto Monto
SÉPTIMA.- Daño Inmaterial.
Caso 12.228, Informe No. 117/09, Alfonso Martín del Campo Dodd (México)
Caso 12.642, Informe de solución amistosa No. 90/10, José Iván Correa Arévalo (México)
ACTA DE REUNION DE TRABAJO CASO 12.642 JOSÉ IVÁN CORREA ARÉVALO 24 DE OCTUBRE DE 2008
En el Informe No. 2/06 de fecha 28 de febrero de 2006, la Comisión concluyó que el Estado mexicano era responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Miguel Orlando Muñoz Guzmán. Asimismo determinó que el expediente no contenía elementos que permitieran imputar responsabilidad internacional al Estado por la alegada desaparición forzada de Miguel Orlando Muñoz Guzmán. En consecuencia, no halló responsabilidad del Estado por la alegada violación de los derechos a la vida, la integridad física y la libertad personal; como tampoco del derecho a la integridad personal de sus familiares. Sin embargo, recomendó al Estado investigar en la jurisdicción ordinaria el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán y, de establecerse que hubo desaparición forzada, sancionar a los responsables.
Conforme a la denuncia, el señor Miguel Orlando Muñoz Guzmán, teniente del Ejército mexicano, desapareció el 8 de mayo de 1993 a los 25 años de edad. Fue visto por última vez en dicha fecha por sus camaradas del 26º Batallón de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, cuando se preparaba para salir de franco. La familia del Teniente Muñoz Guzmán indica que éste era un oficial dedicado a su carrera, y por lo tanto restan credibilidad a la versión oficial del Ejército, de acuerdo a la cual habría desertado y luego viajado a Estados Unidos. Explican que hasta la fecha no se ha llevado adelante en México una investigación seria encaminada a establecer su paradero y sancionar a los responsables de su desaparición forzada. Argumentan que las irregularidades que han rodeado a este Caso han sido deliberadas, con la intención de encubrir a los responsables. También mencionan el hecho de que la familia empezó a recibir amenazas anónimas, que atribuyen a los militares, desde el momento en que acudieron a denunciar los hechos.
El 7 de noviembre de 2013, la CIDH solicitó a las partes que informaran sobre las medidas de cumplimiento de dichas recomendaciones.
El Estado manifestó que en octubre de 2013 se llevó a cabo una reunión entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y los peticionarios, en la que se definieron las acciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones, y se establecieron siete acuerdos relativos a la revisión conjunta de la integración de la indagatoria. Adicionalmente, el Estado refirió que les solicitó a los familiares del señor Miguel Orlando Muñoz Guzmán su perfil genético con el fin de fortalecer las líneas actuales de la investigación. Los peticionarios manifestaron que valoran los referidos acuerdos, y que esperan que éstos sean cumplidos cabalmente; sin embargo, reiteraron que mientras esto suceda, la recomendación relacionada con la investigación, juicio y sanción de los responsables continúa sin cumplirse por el Estado mexicano. Por otra parte, refirieron que desde la emisión del informe de Fondo No. 2/06, el Estado ha sido omiso en abordar la recomendación consistente en la reparación a los familiares del señor Muñoz Guzmán.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que no se dado cumplimiento a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
El 20 de marzo de 2009, mediante Informe de Solución Amistosa No. 24/09, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa para el caso de Reyes Penagos Martínez, Enrique Flores González y Julieta Flores Castillo. La denuncia presentada por los peticionarios se basó en la presunta detención ilegal de las víctimas, los actos de tortura a los que habrían sido sometidos y la alegada ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos Martínez. En resumen, los peticionarios informaron que las víctimas fueron detenidas el 16 de diciembre de 1995, durante un violento desalojo de un plantón de protesta que se había desarrollado en el ejido de Nueva Palestina, y que los días siguientes a su detención, las víctimas fueron torturadas. Respecto de la señora Flores Castillo, agregaron que, además, había sido víctima de violación sexual. Adicionalmente, señalaron que en las primeras horas del 18 de diciembre el señor Reyes Penagos Martínez había sido trasladado con rumbo desconocido, y que horas después fue encontrado su cuerpo sin vida, cerca de Jaltenangó. Respecto de Enrique Flores González y de Julieta Flores Castillo, informaron que fueron liberados dos meses después. En materia de justicia, indicaron que, con motivo de la detención y posterior muerte del señor Reyes Penagos Martínez, se inició una averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Sin embargo, a su criterio, la investigación no habría sido integrada correctamente y habría adolecido de múltiples vicios.
El 1 de marzo de 1999 en la sede de la CIDH, las partes suscribieron el compromiso de iniciar un proceso de solución amistosa y el 3 de noviembre de 2006, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, suscribieron un acuerdo sobre reparación del daño a las víctimas y sus familiares. En el compromiso de 1999, el Estado se comprometió a:
a) La investigación de los hechos de que fue víctima el señor Reyes Penagos Martínez, sometimiento a juicio a los responsables con el fin de que sean sancionados de conformidad con la resolución judicial definitiva.
b) Continuar las investigaciones y, en su momento ejercitar las acciones penales que correspondan, a partir de las declaraciones emitidas por Enrique Flores González y Julieta Flores Castillo y demás elementos probatorios por los actos de tortura que señalan haber sufrido. Lo anterior con la finalidad de someter a juicio y sancionar a quienes resultaran responsables de estos hechos.
c) Determinar y entregar el monto de la ayuda económica o indemnización y reparación a las víctimas y sus familiares, con la participación de los peticionarios”.
Posteriormente, en el “Acuerdo sobre la Reparación del daño a las víctimas y sus familiares”, suscrito el 3 de noviembre de 2006, las partes convinieron:
a) Reconocimiento Público de Responsabilidad Internacional del Estado mexicano.
El Estado se compromete a realizar un pronunciamiento público en donde reconozca SU RESPONSABILIDAD en los hechos señalados en el primer apartado, en virtud de que la muerte de Reyes Penagos Martínez y la detención y tortura de Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González, cometidos pos diversos servidores públicos del Estado de Chiapas, le son imputables.
El Estado también se compromete a que en el mismo acto se les pedirá perdón público a las víctimas y a sus familiares por los hechos denunciados ante la CIDH, mismos que fueron consecuencia de una violación a los derechos humanos.
Este pronunciamiento podrá ser hecho al momento en que se realice el pago correspondiente a la reparación del daño material e inmaterial acordado en los párrafos precedentes.
De igual forma el Estado se compromete a publicar en dos periódicos de circulación local el pronunciamiento público.
b) Investigación y sanción de los responsables
Asimismo el Estado se compromete a continuar con las investigaciones hasta conseguir la sanción de los responsables de esos crímenes, mediante una investigación seria e imparcial de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos con la finalidad de evitar su revictimización por falta de acceso a la justicia.
SEXTA.- Daño Material.
En este sentido se han acordado las siguientes cantidades:
1. Familia Penagos Roblero
SÉPTIMA.- Daño Inmaterial. […] Las cantidades acordadas son las siguientes:
NOVENA.- En virtud de las alteraciones en las condiciones de existencia de las víctimas y sus familiares, la Fiscalía General del Estado de Chiapas se compromete a realizar las gestiones que resulten necesarias, ante las autoridades componentes, a efecto de que les sean otorgadas becas de estudio a los tres hijos menores del señor Reyes Penagos. En el entendido que la Fiscalía General no puede garantizar que el resultado de las mismas sean positivas, no obstante expresa su compromiso para impulsar diligentemente estas solicitudes y buscar un resultado favorable para los hijos del señor Reyes Penagos.
DÉCIMA.- En este mismo sentido, el Estado se compromete a realizar gestiones para que los beneficiarios obtengan acceso a un seguro médico.
En su Informe No. 24/09, la CIDH analizó las medidas adoptadas por el Estado mexicano y reconoció el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de: i) reconocimiento de responsabilidad estatal; ii) publicación del texto del acto de reconocimiento público de responsabilidad estatal; iii) indemnización pecuniaria; y iv) acceso a seguro médico, en beneficio de Enrique Flores y Julieta Flores. Adicionalmente, en el referido informe la CIDH decidió:
“2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes, en particular, la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos Martínez y de la detención ilegal y tortura del señor Enrique Flores y de la señora Julieta Flores”.
El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de los compromisos pendientes.
En relación con recomendación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados, el Estado reiteró que ha venido dando seguimiento a su cumplimiento. Informó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas era la instancia encargada de vigilar que las investigaciones se realicen en forma diligente. Sobre el delito de violación cometido en contra de una de las víctimas, informó que el Ministerio Público ejercitó acción penal el 13 de septiembre de 2012 en contra de siete sindicados. Destacó que la víctima ha tenido la posibilidad de acceder a los expedientes y al proceso y ratificó su compromiso de garantizarle el ejercicio de su derecho a la coadyuvancia. En cuanto a la investigación de los delitos cometidos en contra de Reyes Penagos y Enrique Flores, indicó que las indagatorias administrativas y penales en contra de servidores públicos involucrados fueron agotadas y se les aplicó las sanciones correspondientes.
Los peticionarios señalaron que el Estado ha fallado en realizar gestiones para investigar efectivamente tanto la ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos como la detención ilegal y tortura del señor Enrique Flores y de la señora Julieta Flores. Señalaron que el Estado solamente ha hecho referencia a ciertas diligencias de las investigaciones del delito cometido en contra de la señora Julieta Flores pero no se ha referido a investigaciones de violaciones de derechos humanos en perjuicio de otras víctimas.
Por lo expuesto, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.
En su Informe No. 63/02, de 22 de octubre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado mexicano era responsable por la violación de los artículos 5, 7, 8(1), 8(2), 8(3) y 25 de la Convención Americana, así como de los artículos 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; todo ello en violación del deber de respeto y garantía consagrado en el artículo 1(1) de la Convención Americana, en perjuicio del señor Alfonso Martín del Campo Dodd. Dicha responsabilidad del Estado de México deriva de la detención arbitraria y el sometimiento de la víctima a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, por parte de policías judiciales de la Ciudad de México, con el objeto de hacerle confesar el doble homicidio de su hermana y su cuñado; y de la inobservancia de las garantías del debido proceso en el juicio seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd, particularmente en lo que respecta a su derecho a la presunción de inocencia -en virtud de que distintos magistrados ignoraron sus denuncias de tortura y dieron valor a la supuesta confesión obtenida en tales condiciones-.
En consecuencia, la CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
1. Impulsar las medidas conducentes para anular la confesión obtenida bajo tortura en las instalaciones de la PGJDF el 30 de mayo de 1992 y de todas las actuaciones derivadas de ella; revisar la totalidad del proceso judicial contra la víctima en el presente caso; y disponer de inmediato la liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd mientras se sustancian tales medidas.
2. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Alfonso Martín del Campo Dodd.
En vistas de la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, la CIDH, en virtud de lo dispuesto en los artículos 50 de la Convención Americana y 44 de su Reglamento, decidió someter el asunto a la Corte Interamericana. La demanda se presentó el 30 de enero de 2003.
El 3 de septiembre de 2004, el Alto Tribunal Interamericano emitió su sentencia sobre Excepciones Preliminares. En la oportunidad, resolvió acoger la excepción ratione temporis interpuesta por el Estado de México, y ordenó archivar el expediente.
A partir de entonces, la Comisión inició un proceso de análisis sobre el posible seguimiento a las recomendaciones contenidas en su Informe No. 63/02. Luego de haber analizado cuidadosamente los alegatos de las dos partes, la CIDH concluyó que, en virtud del artículo 51.2 de la Convención, subsiste la obligación del Estado de cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión.
En tal sentido, la Comisión entendió que en virtud de los principios de eficacia, utilidad y buena fe que rigen las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, en caso que la demanda de la Comisión Interamericana no sobrepase los requisitos formales para ser sometido a la Corte, la Comisión mantiene la competencia para implementar las facultades que establece el artículo 51 de la Convención70. Adicionalmente, consideró que “al no haber un pronunciamiento sobre el fondo que considere ‘si hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Convención Americana, la obligación convencional del Estado de cumplir de buena fe con las recomendaciones emitidas a partir de la responsabilidad establecida en el Informe 62/02 [sic] se mantiene”71.
En consecuencia, el 30 de marzo de 2009 la CIDH adoptó su Informe de Fondo No. 33/09 (Informe Artículo 51), mediante el cual analizó el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado de México, y concluyó que no existía una implementación efectiva de las mismas. Ante esa situación, ratificó las conclusiones dictaminadas en el Informe 63/02, y reiteró sus recomendaciones.
Finalmente, el 12 de noviembre de 2009, la CIDH aprobó su informe de Fondo No. 117/09 (Informe artículo 51 - Publicación). En la oportunidad, la CIDH reiteró una vez más las conclusiones adoptadas respecto de la situación denunciada por el señor Alfonso Martín del Campo Dodd y sus recomendaciones al Estado.
El 15 de noviembre de 2012, la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas para el presente caso. El Estado no respondió a la solicitud de la CIDH.
Los peticionarios reiteraron que continuaban sin cumplirse las recomendaciones de la CIDH, en consecuencia, el Estado estaba incumpliendo sus obligaciones internacionales y que el señor del Campo Dodd continuaba privado de su libertad. Informaron que el señor Martín del Campo Dodd presentó en agosto de 2010 ante la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, una solicitud de reconocimiento de inocencia donde hizo referencia al trámite internacional del caso, y el 25 de noviembre de 2011, la referida Sala declaró infundado el incidente. Agregaron que contra dicha decisión promovió el 16 de noviembre de 2011 un recurso de amparo, que a la fecha sigue en curso. Señalaron que el 17 de agosto de 2012, a nueve meses de haber admitido la demanda de amparo, el Juez Tercero de Distrito se declaró incompetente para conocer y resolver el recurso, que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con sede en Pachuca Hidalgo para que resuelva el conflicto competencial. Asimismo, indicaron que como consecuencia de una solicitud realizada por Martín del Campo Dodd al Gobierno Federal para que cumpla con el informe de fondo y se decrete su liberación, en noviembre de 2012 recibió una comunicación de la Dirección General de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal en la cual se solicita la presencia de sus familiares para revisar el asunto y determinar si resulta de la competencia de la Consejería Jurídica del Distrito Federal.
Por lo expuesto, la CIDH concluye que las recomendaciones reseñadas siguen pendientes de cumplimiento. En consecuencia, seguirá supervisando su cumplimiento.
El 15 de julio de 2010, mediante Informe No. 90/10, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa para el caso de José Iván Correa Arévalo. En la petición se alegaba que José Iván Correa Arévalo, joven estudiante de 17 años, falleció el día 28 de mayo de 1991 a consecuencia del impacto de un proyectil de arma de fuego en su cabeza. Se sostenía que la muerte del joven José Iván –la cual estaría vinculada con su condición de líder estudiantil independiente- no habría sido investigada diligentemente por las autoridades mexicanas, y que los responsables de su muerte no fueron condenados. En suma, alegaron los peticionarios que la investigación realizada por el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas habría sido sustanciada sin la debida diligencia, y que, sin perjuicio del transcurso de los años, la justicia mexicana no habría logrado determinar los motivos del asesinato de la presunta víctima ni sancionar a los responsables.
En el Informe la CIDH dejó constancia de que durante una reunión de trabajo realizada el 24 de octubre de 2008, durante el 133° período ordinario de sesiones de la CIDH las partes acordaron:
CASO 12.642
En el marco de la celebración de una reunión de trabajo en el Caso 12.642, José Iván Correa Arévalo durante el 133º período ordinario de sesiones de la CIDH, las partes acordaron:
Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a continuar la investigación diligente y exhaustiva y a abrir nuevas líneas de investigación para lograr el pronto esclarecimiento de la verdad histórica acerca del homicidio de José Iván Correa Arévalo. Durante la investigación, se realizarán mesas de trabajo entre los agentes encargados de la misma y la coadyuvancia para la revisión integral del expediente.
Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por la falta de investigación diligente de las autoridades en lo que respecta al homicidio de José Iván Correa Arévalo. Este reconocimiento y disculpa pública será publicado en los diarios de mayor circulación del Estado de Chiapas. Los peticionarios se comprometen a presentar una propuesta de texto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en el plazo de 15 días contados a partir del día de la fecha. La propuesta será analizada por las autoridades del Estado de Chiapas en el plazo de 15 días a partir de que la misma sea recibida. El texto final será acordado entre las partes. Frente al requerimiento de los peticionarios de que el acto público referido sea encabezado por el titular del Ejecutivo del Estado de Chiapas, el Ministerio de Justicia se compromete a plantear esta solicitud a dicha autoridad, y en su defecto, a que sea el Titular del Ministerio de Justicia quien encabece el acto. Las partes acordarán la fecha de celebración del acto público, buscando que sea posible la presencia del Comisionado Florentín Meléndez, Relator para México. En la concertación de dicho acto, las partes manifiestan que existe la posibilidad de firmar el Acuerdo de Solución Amistosa en este caso.
Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a ofrecer un tratamiento psicológico al Señor Juan Ignacio Correa López y a incorporarlo, junto con su familia al Programa de Salud del Seguro Popular, conforme a lo acordado en la Minuta de Trabajo firmada en el Estado de Chiapas el día 8 de octubre de 2008.
Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a incorporar al Señor Juan Ignacio Correa López al Programa de Vivienda de Interés Social en los términos de la Minuta de Trabajo firmada en el Estado de Chiapas el día 8 de octubre de 2008.
Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a incorporar al Señor Juan Ignacio Correa López al Programa de Reactivación Económica del Estado de Chiapas, para la adquisición de un crédito destinado a actividades empresariales. El Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a gestionar, en caso de que sea necesario, la amortización del crédito y su no reembolso para beneficio del peticionario.
Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a otorgar una indemnización en concepto de daño material y moral, al Señor Juan Ignacio Correa López, por un monto total de $600.000 pesos (seiscientos mil pesos moneda nacional) libre de todo gravamen.
Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a gestionar ante el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez del Estado de Chiapas, la denominación con su nombre de la calle en que fue privado de la vida José Iván Correa Arévalo; o, en su defecto, a gestionar ante la autoridad educativa respectiva la colocación de una placa alusiva a los hechos del presente caso, en el Colegio de Bachilleres Plantel 01 (COBACH), al cual asistía José Iván Correa Arévalo.
También se indica en el referido Informe de la CIDH que posteriormente, el 19 de febrero de 2009, las partes celebraron una reunión en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En la oportunidad, dejaron constancia en un acta de lo siguiente: i) la Procuraduría General de Justicia indicó que continuaba con la investigación para el esclarecimiento de los hechos, e informó sobre el establecimiento de una mesa de trabajo para informar semestralmente a la CIDH sobre los avances que fueren obtenidos al respecto; ii) las partes acordaron la fecha, hora y lugar en que se llevaría a cabo el reconocimiento público de responsabilidad y disculpa pública; iii) los representantes del Estado hicieron entrega de un proyecto de texto de reconocimiento de responsabilidad y se comprometieron a su publicación, una vez que su texto quedare consensuado; iv) la Procuraduría General de Justicia informó respecto de las gestiones realizadas para brindar tratamiento psicológico al señor Juan Ignacio Correa López, e incorporarlo, tanto a él como a su familia, al programa de salud del seguro popular; v) la Secretaría General de Gobierno informó sobre las gestiones efectuadas para lograr la incorporación del señor Correa López al programa de vivienda de interés social del Estado y a los programas de Reactivación Económica de la Secretaría de Desarrollo Social; y vi) los peticionarios expresaron su aceptación con la colocación de una placa en la biblioteca del COBACH, en memoria de José Iván Correa Arévalo, en lugar de la nominación de la calle en la que sucedieron los hechos. Además, el Gobierno de Chiapas hizo entrega al señor Correa López de la indemnización en concepto de daño material y moral previamente acordada.
El 21 de marzo de 2009, durante la reunión de trabajo celebrada en el 134° período ordinario de sesiones de la CIDH, las partes suscribieron un acta de reunión de trabajo, donde reconocieron “el cumplimiento de la presente solución amistosa con el acuerdo de seguir dando seguimiento a los puntos 1 y 4 del acuerdo del acta de Reunión de Trabajo del 24 de octubre de 2008[.]”.
En su informe, la CIDH dejó constancia de haber seguido de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda y valoró altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr esta solución que resulta compatible con el objeto y fin de la Convención. Asimismo, tomó nota de los compromisos asumidos por el Estado que, hasta la fecha del Informe de Solución Amistosa estaban pendientes de cumplimiento:
Incorporación del señor Juan Ignacio Correa López al Programa de Vivienda de Interés Social; y
Esclarecimiento de la verdad histórica acerca del homicidio de José Iván Correa Arévalo, a través de la sustanciación de una investigación diligente y exhaustiva.
El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de los compromisos pendientes. El Estado no aportó información. Los peticionarios rechazaron la afirmación del Estado respecto al cumplimiento total del acuerdo. Los peticionarios afirmaron la falta de cumplimiento sobre la investigación de los hechos. En particular indicaron que a pesar de que se cuenta con información suficiente para determinar que el caso fue un homicidio, no se han tomado acciones de investigación en contra de las autoridades materiales ni en contra de las autoridades que encubrieron el crimen.
Por lo anterior, la Comisión observa que continúa pendiente el cumplimiento de:

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 63
 Artículo 51
 artículo 51