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Timestamp: 2017-12-11 20:49:39+00:00

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REAL DECRETO-LEY 3/2003, de 16 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas a finales del mes de febrero y durante la primera quincena del mes de mayo de 2003.
B.O.E. Nº 118 de 17/05/2003
REAL DECRETO-LEY 3/2003, de 16 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daÃ±os causados por las inundaciones producidas a finales del mes de febrero y durante la primera quincena del mes de mayo de 2003.
Durante los dÃ­as 24 al 27 de febrero, ambos inclusive, en las cuencas de los rÃ­os Ebro y Duero, asÃ­ como en otros rÃ­os de la Comunidad AutÃ³noma de La Rioja, y en la primera quincena del presente mes de mayo en las Comunidades AutÃ³nomas de Castilla y LeÃ³n, La Rioja, Foral de Navarra y AragÃ³n, se han producido graves inundaciones que han ocasionado importantes daÃ±os en bienes de titularidad pÃºblica y privada.
La magnitud de los hechos y sus consecuencias obligan, desde el principio constitucional de solidaridad y por aplicaciÃ³n de los de equidad e igualdad de trato en relaciÃ³n con situaciones precedentes, a la actuaciÃ³n de los poderes pÃºblicos y a la adopciÃ³n, para las zonas afectadas, de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras concordantes con las adoptadas anteriormente en ocasiones semejantes, al objeto de favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparaciÃ³n de los daÃ±os producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por las inundaciones.
Habida cuenta de que estas contingencias no tienen cobertura completa en el marco del seguro agrario combinado, se hace necesario arbitrar medidas paliativas adecuadas, en consonancia con la naturaleza e incidencia de los daÃ±os ocasionados en las producciones de los territorios afectados y en las rentas de los agricultores.
En su virtud, en uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos y Ministro de EconomÃ­a y de los Ministros de Justicia, de Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n y de Administraciones PÃºblicas y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 16 de mayo del 2003, D I S P O N G O :
1. Las medidas establecidas en este real decreto ley se aplicarÃ¡n a la reparaciÃ³n de los daÃ±os ocasionados por las inundaciones producidas a finales del mes de febrero y durante la primera quincena del mes de mayo de 2003.
Los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n afectados de las Comunidades AutÃ³nomas de Castilla y LeÃ³n, La Rioja, AragÃ³n y Comunidad Foral de Navarra a los que concretamente sean de aplicaciÃ³n las medidas aludidas se determinarÃ¡n por orden del Ministro del Interior.
A los proyectos que ejecuten las entidades locales en los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n a los que se hace referencia en el artÃ­culo anterior, relativos a las obras de reparaciÃ³n o restituciÃ³n de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artÃ­culo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del RÃ©gimen Local, y a la red viaria de las diputaciones provinciales, se les aplicarÃ¡ el trÃ¡mite de urgencia, y el Estado podrÃ¡ concederles una subvenciÃ³n de hasta el 50 por ciento de su coste.
Se faculta a los titulares de los departamentos ministeriales competentes por razÃ³n de la materia para declarar zona de actuaciÃ³n especial las Ã¡reas afectadas, al objeto de que dichos departamentos, sus organismos autÃ³nomos y entidades pÃºblicas dependientes de aquÃ©llos puedan llevar a cabo las restauraciones que procedan. A los efectos indicados, se declaran de emergencia las obras que vayan a ejecutar tales departamentos para reparar los daÃ±os causados en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su Ã¡mbito de competencias.
SerÃ¡n objeto de indemnizaciÃ³n los daÃ±os provocados por las inundaciones en las explotaciones agrarias que, teniendo pÃ³lizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios, hayan sufrido pÃ©rdidas por daÃ±os en sus producciones no cubiertos por las lÃ­neas de seguros agrarios combinados.
No obstante, para el caso de producciones que en las fechas del siniestro no hayan iniciado el perÃ­odo de contrataciÃ³n del seguro correspondiente, tambiÃ©n podrÃ¡n percibir las anteriores indemnizaciones, siempre y cuando el agricultor hubiese contratado el seguro correspondiente a dichas producciones en el ejercicio anterior.
Dichas indemnizaciones irÃ¡n destinadas a los titulares de aquellas explotaciones que, estando ubicadas en el Ã¡mbito seÃ±alado en el artÃ­culo 1, hayan sufrido pÃ©rdidas superiores al 20 o al 30 por ciento de la producciÃ³n, segÃºn se trate o no de zona desfavorecida, con arreglo a los criterios establecidos por la UniÃ³n Europea a este respecto.
2. Se concede una reducciÃ³n en el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas correspondiente al ejercicio 2003 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocios o bienes afectos a esa actividad hayan sido daÃ±ados como consecuencia directa de las inundaciones, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daÃ±os que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducciÃ³n serÃ¡ proporcional al tiempo transcurrido desde el dÃ­a en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daÃ±os producidos dÃ© origen a ello, el supuesto de cese en su ejercicio, que surtirÃ¡ efectos desde el dÃ­a 31 de diciembre de 2002.
3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos seÃ±alados en los apartados anteriores comprenderÃ¡n las de los recargos legalmente autorizados sobre ellos.
4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal podrÃ¡n pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este real decreto ley, y conforme a las previsiones contenidas en el apartado 4.1 del artÃ­culo 35 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, el Ministerio de Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, podrÃ¡ autorizar, con carÃ¡cter excepcional, la reducciÃ³n de los Ã­ndices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/225/2003, de 11 de febrero, que desarrolla para el aÃ±o 2003 el rÃ©gimen de estimaciÃ³n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y el rÃ©gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensiÃ³n de contratos o la reducciÃ³n temporal de la jornada de trabajo en virtud de circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrÃ¡ autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el tÃ­tulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en las inundaciones, no se compute a efectos de consumir los perÃ­odos mÃ¡ximos de percepciÃ³n establecidos. Igualmente, podrÃ¡ autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los perÃ­odos de cotizaciÃ³n necesarios para tener derecho a aquÃ©llas.
2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier rÃ©gimen de la Seguridad Social, podrÃ¡n solicitar y obtener, previa justificaciÃ³n de los daÃ±os sufridos, una moratoria de un aÃ±o sin interÃ©s en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2003 respecto a las inundaciones producidas a finales del mes de febrero, y a los meses de mayo y junio de 2003, respecto a las acaecidas en la primera quincena del mes de mayo.
3. Se declara urgente la ocupaciÃ³n de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realizaciÃ³n de las obras a que se refiere este artÃ­culo, a los efectos establecidos en el artÃ­culo 52 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
1. Las ayudas por los daÃ±os en el continente de la vivienda sÃ³lo se concederÃ¡n cuando Ã©stos superen el 20 por ciento de su valor y, en todo caso, tendrÃ¡n un lÃ­mite mÃ¡ximo de 24.000 euros.
2. La valoraciÃ³n de los daÃ±os se efectuarÃ¡ por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, y se referirÃ¡ al valor real del daÃ±o efectivamente causado en el continente de la vivienda, con distinciÃ³n entre la cuantÃ­a que, en su caso, correspondiese indemnizar al Consorcio con arreglo a la normativa que regula su actividad y la cuantÃ­a que cupiese otorgar en concepto de ayuda con arreglo a este real decreto ley.
3. La financiaciÃ³n especÃ­fica de estas ayudas se efectuarÃ¡ en un 50 por ciento por la AdministraciÃ³n General del Estado, y el resto, por las Administraciones territoriales, segÃºn los acuerdos que alcancen entre ellas en los convenios que suscriban al efecto.
1. En los casos de ayudas materiales previstas en el artÃ­culo anterior, no serÃ¡ aplicable el rÃ©gimen de ayudas contemplado para estos daÃ±os en la Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993, modificada parcialmente por la de 30 de julio de 1996.
Se instruye al Instituto de CrÃ©dito Oficial (ICO), en su condiciÃ³n de Agencia Financiera del Estado, para instrumentar una lÃ­nea de prÃ©stamos por importe de 18.030.000,00 euros, que podrÃ¡ ser ampliada por el Ministerio de EconomÃ­a en funciÃ³n de la evaluaciÃ³n de los daÃ±os y de la demanda consiguiente, utilizando la mediaciÃ³n de las entidades financieras con implantaciÃ³n en las comunidades autÃ³nomas afectadas, suscribiendo con ellas los oportunos convenios de colaboraciÃ³n.
c) InterÃ©s: el tipo de cesiÃ³n por el ICO a las entidades financieras serÃ¡ del tres por ciento TAE, con un margen mÃ¡ximo de intermediaciÃ³n para las mismas del 0,75 por ciento. En consecuencia, el tipo final mÃ¡ximo para el prestatario serÃ¡ del 3,7 por ciento TAE.
La instrumentaciÃ³n de la lÃ­nea de prÃ©stamos a que se refiere este artÃ­culo se llevarÃ¡ a cabo por el ICO, en el ejercicio de las funciones a que se refiere la disposiciÃ³n adicional sexta.dos.2, pÃ¡rrafo a), del Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtenciÃ³n de los recursos y el tipo antes citado del tres por ciento serÃ¡ cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones PÃºblicas para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artÃ­culo 2, en la parte que financia la AdministraciÃ³n General del Estado, hasta un importe mÃ¡ximo de 1,8 millones de euros, con cargo al crÃ©dito que a estos efectos se habilite, con el carÃ¡cter de incorporable, en los presupuestos de dicho departamento.
De igual modo, se faculta al titular del Ministerio de Administraciones PÃºblicas para establecer el procedimiento para la concesiÃ³n de las mencionadas subvenciones, asÃ­ como su seguimiento y control, en el marco de la cooperaciÃ³n econÃ³mica del Estado a las inversiones de las entidades locales
1. Se crea una comisiÃ³n interministerial para la aplicaciÃ³n de las medidas establecidas en este real decreto ley, coordinada por la DirecciÃ³n General de ProtecciÃ³n Civil e integrada por representantes de los Ministerios de Justicia, de Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, de la Presidencia, de Administraciones PÃºblicas y de EconomÃ­a, asÃ­ como por los Delegados del Gobierno en las comunidades autÃ³nomas afectadas y por un representante del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
2. El seguimiento de las medidas previstas en este real decreto ley se llevarÃ¡ a cabo por la comisiÃ³n a que se refiere el apartado anterior, en coordinaciÃ³n con las autoridades de las comunidades autÃ³nomas afectadas, a travÃ©s de las Delegaciones del Gobierno.
1. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autÃ³nomas afectadas podrÃ¡n solicitar del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, para una mÃ¡s correcta evaluaciÃ³n de los daÃ±os, las correspondientes valoraciones previstas en este real decreto ley, siempre que no afecten a bienes de titularidad pÃºblica.
2. El Consorcio tendrÃ¡ derecho al abono por parte de la AdministraciÃ³n General del Estado de los trabajos de peritaciÃ³n conforme al baremo de honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores de seguros.
La AdministraciÃ³n General del Estado podrÃ¡ celebrar con las comunidades autÃ³nomas y con otras Administraciones pÃºblicas los convenios de colaboraciÃ³n que exija la aplicaciÃ³n de este real decreto ley.
El valor de las ayudas concedidas en aplicaciÃ³n de este real decreto ley, en lo que a daÃ±os materiales se refiere, no podrÃ¡ superar en ningÃºn caso la diferencia entre el valor del daÃ±o producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos pÃºblicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pÃ³lizas de aseguramiento.
Se declaran inhÃ¡biles los dÃ­as 6, 7, 8 y 9 de mayo, en el Ã¡mbito territorial de los municipios que se incluyan en la orden que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este real decreto ley, a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles, administrativos, judiciales y registrales.
Los dÃ­as mencionados serÃ¡n descontados en el cÃ³mputo de los plazos establecidos para cada caso, y deberÃ¡n llevarse a efecto los actos y diligencias que en ellos no pudieron tener lugar en los ocho dÃ­as hÃ¡biles siguientes al de la publicaciÃ³n de este real decreto ley, sin perjuicio de la validez de las actuaciones y de las diligencias practicadas en dÃ­a inhÃ¡bil, si se hubieran realizado con todos los requisitos legales necesarios.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. DaÃ±os en infraestructuras pÃºblicas titularidad de comunidades de regantes.
A los efectos previstos en el artÃ­culo 3, se declaran de emergencia las obras que ejecute el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n para reparar los daÃ±os causados en infraestructuras pÃºblicas de titularidad de las comunidades de regantes, comprendidas en su Ã¡mbito de competencia La reparaciÃ³n de estos daÃ±os se financiarÃ¡ con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, hasta un importe mÃ¡ximo de seis millones de euros.
El Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales, en el Ã¡mbito de sus competencias, dictarÃ¡n las disposiciones necesarias y establecerÃ¡n los plazos para la ejecuciÃ³n de lo establecido en este real decreto ley.
El presente real decreto ley entrarÃ¡ en vigor el mismo dÃ­a de su publicaciÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Estado".

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