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Timestamp: 2017-12-14 04:27:00+00:00

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Sentencia A.P. Ciudad Real 145/2010 de 24 de mayo. Ordenación de la edificación. Acción resolutoria. Pago. Incumplimiento - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Ciudad Real 145/2010 de 24 de mayo
Ordenación de la edificación: El incumplimiento del pago, faculta al vendedor para retener el cincuenta por ciento de las cantidades entregadas. Clara voluntad de los demandantes de no cumplir el contrato, por carecer de disponibilidad económica y no compareciendo a la citación para elevar a escritura pública los contratos de compraventa.
Rollo de Apelación Civil: 1060/2010
Autos:de PROCEDIMIENTO ORDINARIO n.º 276/2009
Juzgado: de Primera Instancia n.º 2 de DAIMIEL
SENTENCIA N.º 145
D.ª MARÍA PILAR ASTRAY CHACÓN
CIUDAD REAL, a Veinticuatro de Mayo de Dos Mil Diez.-
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 276/2009, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de DAIMIEL, a los que ha
correspondido el Rollo 1060/2010, en los que aparece como parte apelante D. Marino Y D.ª Delfina representados por la procuradora D.ª ANA MARIA PEREZ AYUSO, y asistidos por el Letrado D. JOSE
LUIS LOPEZ DE SANCHO, y como apelado " PROYECTOS Y OPROMOCIONES LA FUENTE, S.L. " representado por el
procurador D. MANUEL CORTES MUÑOZ, y asistido por el Letrado D. BERNARDO CORTES CESPEDES, sobre Reclamación
de Cantidad, y siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARÍA PILAR ASTRAY CHACÓN.
Primero.-Por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Daimiel se dictó sentencia en los referidos autos, de fecha Trés de Diciembre de Dos Mil Nueve, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª ANA MARIA VEGA FANEGA, en nombre y representación de D.ª Marino Y D.ª Delfina, contra PROYECTOS Y PROMOCIONES LA FUENTE, S.L. "con imposición de las costas causadas a la parte actora.
Segundo.-Notificada la sentencia a las partes, se interpuso contra la misma recurso de apelación en tiempo y forma por la parte recurrente-demandante, admitiéndose el recurso y dándole el trámite correspondiente, las partes hicieron las alegaciones que estimaron conveniente en apoyo de sus respectivos intereses, elevándose los autos a la Audiencia y correspondiendo a esta Sección por turno de reparto, se formó el correspondiente rollo y se turnó Ponencia, señalándose día para la votación y fallo del recurso.
Tercero.-En la tramitación de esta apelación se han observado las prescripciones legales.
Primero.-- Aduce la recurrente, ante la desestimación de su demanda en primera Instancia, que la Sentencia impugnada incurre en error cuando entiende que la apelante ejercito acción resolutoria, incidiendo en la ausencia de ejercicio de las mismas, lo que alega es de suma importancia pues enerva las referencias que contienen los fundamentos de derecho primero y segundo al Art. 1124 del código civil.
Parte, pues, la apelante, de que el contrato fue resuelto de común acuerdo entre las partes. Y ello porque la constructora demandada mediante burofax requirió a los apelantes- demandantes, para que comparecieran en la notaria para el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, señalando literalmente en dicho requerimiento que " la incomparecencia a dicho acto de otorgamiento de escritura pública de compraventa será el incumplimiento del contrato de compraventa, rescindiéndose los derechos de compraventa de los inmuebles señalados en el párrafo primer de la presente, según indica la estipulación sexta del contrato y quedarán retenidas las cantidades entregadas en concepto de incumplimiento del contrato de compraventa e indemnización por daños y perjuicios".
Incide igualmente que la cláusula quinta del contrato, cuando regula el incumplimiento de pago, faculta al vendedor para retener el cincuenta por ciento de las cantidades entregadas, motivo por el cual, ante la resolución que afirma acordada por ambas partes, formula demanda solicitando la condena a la demandada a reintegrarle el cincuenta por ciento de las cantidades entregadas.
Entiende así que los actos de la demandada, evidencian de forma concluyente la resolución del contrato. Insiste, a su vez, que aunque no se entendiese de aplicación de lo expuesto, ha de partirse que meses antes del requerimiento los demandantes habían manifestado su imposibilidad de hacer frente al pago de las dos viviendas y que adquirieron una vivienda a un precio más económico que el que comportaba la adquisición de las dos viviendas. Y que la demandada no solo decidió sino que notificó su resolución, lo que revela el hecho de no haber instado el cumplimiento de los contratos.
Alega que la demandada no ha acreditado la contratación de seguro o aval a que se refiere la Ley 57/68 y la Disposición Adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación.
En último lugar, en todo caso, entiende improcedente la condena en costas a dicha parte, aduciendo concurren dudas de hecho o de derecho, pues alega que la comunicación resolutoria repetidamente citada indujo a los demandantes a pensar que de contrario se aceptaba la misma.
Segundo.-- La cuestión que aquí se plantea ha de partir de una serie de premisas de hecho que han sido consideradas adecuadamente por la Sentencia de Instancia. La mayor parte de las alegaciones que realiza la parte, con cita a conversaciones previas o comunicaciones, lo que claramente revela es la voluntad de los demandantes de no cumplir el contrato, por carecer de disponibilidad económica y por tener mejor opción mediante una compra de una vivienda de precio menor, en lugar de las viviendas que en su día y en virtud de los contratos privados de compraventa no controvertidos, adquirieron a la demandada.
Las cláusulas citadas por la apelante facultan al vendedor para resolver el contrato, estableciendo a favor del mismo la retención de hasta el 50% de las cantidades abonadas en concepto de daños y perjuicios. Dichas cláusulas quinta y sexta, plantean en primer lugar la cuestión interpretativa de si la voluntad de las partes alcanza únicamente al establecimiento de un derecho de retención o, por el contrario, limitan la indemnización por daños y perjuicios en caso de resolución a dicho porcentaje. Y en este sentido incide la demandante y apelante en el escrito de recurso de apelación, en orden a entender, que la rescisión contractual conlleva la indemnización estipulada del 50% de las cantidades entregadas y no la retención del 100%.
Tercero.-- Sin embargo, en esta pretensión, no quedan constatados los elementos fácticos que determinan el éxito de su pretensión. Y ello porque esencialmente ha partirse de las siguientes premisas:
-Que la demandante ha incumplido con las obligaciones inherentes al contrato de compraventa. No ha comparecido a la citación para elevar a escritura pública los contratos de compraventa y en consecuencia tampoco ha abonado el precio pactado. En consecuencia, como acertadamente señala la Juez de Instancia, concurre falta de acción, por cuanto no corresponde a quien ha incumplido la opción por exigir el cumplimiento de la obligación u optar por la resolución, con indemnización de los daños y perjuicios (Art. 1124 del c. civil). La Sentencia de Instancia no incurre en confusión, entendiendo que la demandante ejercita una acción re0solutoria, sino que incide en la falta de acción.
- Cierto que el requerimiento a los fines de convocatoria al acto de otorgamiento de escritura pública, contiene igualmente un requerimiento sobre las posibles consecuencias de la incomparecencia en cuanto a la resolución del contrato. Sin embargo la demandada no ha ejercitado acción resolutoria, por lo que la demandante se anticipa, partiendo de una equivocada premisa, que a su vez, pretende incidir en la confluencia de acuerdo, es decir de resolución pactada por ambas partes, lo que de modo alguno puede admitirse en supuestos de incumplimiento cuando la parte demandada ha desplegado los actos necesarios para el cumplimiento del contrato (convocatoria para otorgamiento de escritura pública).
- En todo caso la pretensión de los demandantes, basada en un eventual pacto de resolución con la aceptación de lo manifestado en el requerimiento, no determinaría la estimación de la demanda. Y ello porque si parte de la aceptación o acuerdo de lo que denomina una manifestación de voluntad resolutoria de la demandada, no puede escindirse el texto de dicho requerimiento, y defender el pacto resolutorio, más no las consecuencias de retención de las cantidades percibidas que igualmente contiene dicho requerimiento sobre el cual se defiende se produjo el acuerdo.
No obsta a lo aquí expuesto las alegaciones que realiza la parte sobre el cumplimiento o no por la demandada de las obligaciones inherentes a las cantidades percibidas a cuenta, oponiendo la demandada que no se da su presupuesto ya que las cantidades entregadas no lo son a cuenta de una vivienda con destino a domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial, sino a los fines de inversión especulativa. De igual manera, dicho aspecto incide en la interpretación de la DA 1.ª de la LOE en relación con la Ley 57/98. Y ello no constituye materia de este procedimiento. En su caso, el eventual incumplimiento de dichas obligaciones, darían lugar a la infracción correspondiente, que, se reitera, no es objeto ni materia de este recurso.
Cuarto.-- Son de imponer al apelante las costas del recurso, al verse desestimadas sus pretensiones (art. 394 en relación con el 398 de la LEC)
Por unanimidad, ACORDAMOS; DESESTIMAR el recurso de Apelación interpuesto por parte de la Procuradora Sra. ANA MARIA PEREZ AYUSO, en nombre y representación de D. Marino Y D.ª Delfina, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Daimiel, con fecha tres de Diciembre de Dos Mil Nueve, debiendo CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS, dicha resolución.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. TORRES, CASERO, ASTRAY Y MORENO.

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
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