Source: https://boliviapetrolera.blogspot.com/2009/02/
Timestamp: 2017-06-24 05:07:44+00:00

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Hidrocarburos Bolivia: febrero 2009
Repsol anuncia megaproducción de gas en pozo descubierto en Chuquisaca
La hispano-argentina Repsol anunció que el pozo Huacaya descubierto a finales de 2007 en la región sur del departamento de Chuquisaca tendrá una megaproducción de al menos 800 mil metros cúbicos diarios, comparable a los campos de San Alberto y Margarita, los más grandes de Bolivia.El informe se conoció tras las pruebas de producción que realiza Repsol en el pozo Huacaya, según el portal El Mundo.esEl pozo Huacaya se encuentra en el departamento de Chuquisaca, a unos 700 kilómetros al sur de La Paz, y es participado por un consorcio formado por Repsol YPF en un 37,5 por ciento, British Gas con el mismo porcentaje y Panamerican Energy en un 25 por ciento.La megaproducción de este nuevo pozo anunciada por esta compañía petrolera fue comparada en España con el 1% del consumo anual de gas natural en ese país.Las operaciones de exploración del pozo Huacaya, que se encuentra entre la población que lleva el mismo nombre en el departamento de Chuquisaca y la provincia O´conor de Tarija, se iniciaron en junio de 2006.
El Gobierno completa pago a Ashmore Energy International
El Gobierno acordó con Ashmore Energy International (AEI) pagarle 120,57 millones de dólares por el 25 por ciento de Transredes. Sin embargo, las dos cuotas autorizadas por decretos dan un total de 136,95 millones. Estas cifras reportan una diferencia de 16,37 millones.La indemnización para AEI Luxembourg Holdings fue acordada en 120,57 millones de dólares por las 2,5 millones de acciones que poseía en Transredes, según establece el artículo 2 del decreto 29726, promulgado el 1 de octubre de 2008.La primera cuota de 67,80 millones de dólares fue aprobada hace cinco meses, por decreto. Precisamente, el inciso II del artículo 5 del DS 29726 autoriza al Ministerio de Hacienda que instruya al BDP la transferencia "de manera temporal y no definitiva" de ese monto a YPFB para "efectos de justa y adecuada indemnización" a AEI.El pago de la segunda y última cuota de 69,15 millones de dólares, fue autorizado mediante decreto supremo 17, promulgado el 20 de febrero de 2009.
Huacaya producirá 800.000 metros cúbicos diarios de gas
El pozo Huacaya X-1, que es operado por la hispano argentina Repsol, podrá producir unos 800.000 metros cúbicos de gas diarios, según refleja el informe de la gestión 2008 de la petrolera.“Las pruebas de producción, aún en curso, han registrado caudales cercanos a los 800.000 metros cúbicos de gas diarios (0,3 billones de metros cúbicos al año), equivalentes al 1% del consumo anual en España, y equiparables a los resultados del pozo Margarita X-1, en el megayacimiento de Margarita”, señala el reporte de la compañía.Huacaya se encuentra en Chuquisaca y su descubrimiento fue reportado en diciembre del 2007.Repsol es el operador del consorcio que explota este campo, con una participación del 37,5%, y en él participan además las empresa British Gas con un 37,5% y Panamerican Energy con un 25%.
Director dice que el avance en la obra de Río Grande es nulo
Fernando Vincenti, director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en representación del Ministerio de la Presidencia, sostuvo ayer que las obras de la planta separadora de líquidos de Río Grande —a cargo del cuestionado consorcio Catler-Uniservice— tienen un avance más económico que físico.“Hay un gran avance económico, pero no se ve un avance físico”, sostuvo en referencia a las obras civiles en el mismo lugar, y no a la fabricación de los equipos que se deben instalar en la planta. La construcción de la maquinaria se realiza en EEUU y en Argentina. Vincenti indicó que el directorio aún no tiene información sobre el avance de esta obra.No obstante, el ejecutivo indicó que ésa no es una razón para rescindir el contrato con Catler, debido a que se trata de una “decisión seria”, por la importancia de la instalación de la planta para el abastecimiento de GLP.
Tras los hechos irregulares con indicios de corrupción que se presentaron en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que ahora están en investigación, el Gobierno prepara un nuevo relanzamiento —el segundo en menos de un año— de la estatal petrolera, informó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, Óscar Coca.“Independientemente de algunos problemas e inconvenientes que se tienen en el caso del ex presidente de YPFB (Santos Ramírez), que tiene que ser aclarado y resuelto, YPFB se va a consolidar, nosotros hemos pensado en su relanzamiento”, sostuvo la autoridad, en una rueda de prensa ofrecida ayer en su despacho.Indicó que esta tarea ahora está en manos del actual presidente interino de la estatal, Carlos Villegas, que —dijo Coca— está trabajando internamente en una reingeniería de la empresa.“Esto quiere decir que tiene que haber una nueva reestructuración, que obedece a nuevos cánones y nuevos esquemas. Se está razonando que (YPFB) debería trabajar por rendimiento y producción, ya no solamente en un esquema como ha trabajado hasta ahora. Es obvio y es natural que tiene que haber reajustes y esto lo está trabajando la presidencia actual”, añadió Coca.Pese a que hubo anuncios desde el 2006, el primer relanzamiento de YPFB se produjo en abril del 2008, durante la gestión de Santos Ramírez, con la emisión de al menos cuatro decretos (entre ellos el cuestionado 29506) que convirtieron a la empresa en corporativa y le dieron luz verde para equiparse, realizar contratos directos y constituir otras empresas, entre otras facultades.Una fuente gubernamental informó que el relanzamiento de la estatal estaría programado para el próximo fin de semana en la refinería Gualberto Villarroel, situada en Cochabamba.Al respecto, Fernando Vincenti, miembro del directorio de YPFB, explicó a La Razón que se está realizando una evaluación y un diagnóstico a la situación de la empresa, proceso que tomará unos tres días. “Una vez que se tengan los resultados y en función a la información que se recabe, entraremos a reflexionar y esbozar una nueva recomposición de YPFB”, indicó Vincenti.El ministro Coca sostuvo que en la nueva gestión de la empresa ya hubo supresión de algunos cargos, en razón de que había supernumerarios. Recordó que Villegas ya hizo cambios y redujo el personal. “No se trata sólo de cambiar personas, sino la estructura misma de la empresa, que saldrá fruto de un análisis muy profundo y una reingeniería...”YPFB tendrá los mil millonesLa inversión de 1.000 millones de dólares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) este año se mantiene, a pesar de las irregularidades detectadas en la empresa, informó ayer el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca.“La cifra de los 1.000 millones de dólares se mantiene permanente, en razón a que en el sector de hidrocarburos no hubo las inversiones esperadas por parte de las entidades privadas, por lo que el Estado lo hará”, sostuvo la autoridad.El Gobierno inscribió en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2009 el monto que será invertido en la estatal petrolera. Estos recursos provendrán de un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB), que aún no fue desembolsado.“Las inversiones tienen que seguir y si no vienen las hace el Estado”. El ministro Coca agregó que este crédito debe estar sujeto al rigor de la fiscalización ejercida desde instancias como la Contraloría General de la República. “Es una tarea que no se la puede eludir y si hubo falencias, es el momento de ser rigurosos”.
YPFB compró una empresa casi quebrada
La empresa Full Industry, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compró durante la gestión de Santos Ramírez para convertirla en Servicios e Industrias Petroleras SA (YPFB-SIPSA), estaba en posible quiebra técnica. Ésta es una de las razones por las que la estatal presentó una segunda querella contra Santos Ramírez Valverde.La semana pasada, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció en Santa Cruz que presentaría una segunda querella criminal contra el ex ejecutivo de la estatal petrolera Santos Ramírez y sus colaboradores, por la conformación de YPFB-SIPSA.A través de una nota de prensa, la estatal informó que la demanda ya fue presentada “por la compra del 100% del paquete accionario de la empresa Full Industry, que ocasionó daño económico al Estado boliviano y que contraviene el Decreto Supremo 29272 (2007)”, del Plan Nacional de Desarrollo (PND).La primera querella contra Ramírez fue por irregularidades en la firma del contrato con el consorcio Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande.La segunda acción legal se extiende a Misael Gemio, Esther Carmona, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, Rolando Aguado, Nilda Domínguez y Lucy Barbery, que intervinieron en el hecho calificado por Villegas como delictuoso.La documentación entregada al Ministerio Público ofrece una serie de pruebas, entre las que se señala que cuando se compró las 220 acciones de Full Industry, ésta no contaba con experiencia específica en el rubro petrolero.Según el informe de YPFB, la empresa atravesaba una posible quiebra técnica, se dedicaba solamente a la recalificación de garrafas y con un incremento de Bs 26.000 pasó a constituirse en una empresa calificada para perforación de pozos, exploración, mantenimiento, equipamiento de campos petrolíferos y otros.Además, la compañía YPFB-SIPSA, que se dedica a la recalificación de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y al servicio de perforación de pozos petroleros, no tiene infraestructura propia en Santa Cruz, ya que opera en el domicilio de su ex gerente Rogelio Ashimine, según informó el abogado del ex ejecutivo de SIPSA, Gerardo Morales.De acuerdo con la querella presentada, se imputa a Santos Ramírez por conductas tipificadas en el Código Penal, como asociación delictuosa, malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.En la querella se señala que “de forma totalmente irregular se entregó a Lucy Barbery y Nilda Domínguez dos de las 220 acciones”. Añade que Ashimine y Rolando Aguado dispusieron de “forma discrecional el manejo de fondos de YPFB SIPSA, incluso después de la intervención de YPFB”, que comenzó el 31 de enero.Demandan a Villegas por robo y allanamientoEl ex gerente de la empresa YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras SA) Rogelio Ashimine presentó una demanda en contra del presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, y del comandante de la Policia cruceña, Franz Lea Plaza, por robo y allanamiento, entre otros, informó Gerardo Morales, abogado del ex ejecutivo.Morales explicó que Villegas es el actor intelectual del ingreso violento de la Policía y funcionarios de Yacimientos a las oficinas de YPFB-SIPSA, de propiedad de su cliente, para llevarse maquinaria y documentos.“La denuncia ya está (desde el 13 de febrero) en la Fiscalía y en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), por allanamiento, asociación delictuosa, robo agravado y atentado contra el derecho al trabajo”, sostuvo.Morales señaló que a pesar de que YPFB es la propietaria del 99 por ciento de las acciones de SIPSA, no dio a esta empresa oficinas dentro de sus instalaciones, razón por la que Rogelio Ashimine, que fue nombrado gerente de YPFB-SIPSA por el directorio, operaba en su oficina particular.“Por lo tanto, el domicilio es de una persona jurídica particular... La oficina es de Rogelio Ashmine”. Morales agregó que los efectivos ingresaron sin ninguna orden e hicieron allanamiento, con la sola expresión de que cumplían órdenes de Villegas.
YPFB y Sergas inician transición por el servicio de gas domiciliario
La estatal petrolera inició ayer la fase de transición con la empresa Sergas para controlar el servicio de gas domiciliario en el departamento de Santa Cruz; sin embargo, recién ejercerá tuición directa del negocio en marzo, informó el responsable regional de YPFB, Fernando Vincenti.“Un equipo técnico comenzó a recabar informes de la empresa Sergas y en unas dos semanas estaremos manejando las 5.000 instalaciones del operador privado. Además, vamos a contratar a una docena de funcionarios para que se hagan cargo del servicio. En la actualidad estamos administrando más de 60.000 instalaciones en todo el país”, explicó.A su vez, el vicepresidente de Operaciones de YPFB, José Luis Gutiérrez, garantizó el normal servicio de gas domiciliario para la población. “Estamos en plena fase informativa, para ello Sergas nos explica el manejo del negocio. No habrá cambios traumáticos, por el contrario, habrá continuidad en el servicio”, sostuvo.El presidente de Sergas, José Luis Camacho, indicó que aguardan la resolución de la Superintendencia de Hidrocarburos para entregar el servicio.“Nosotros seguimos atendiendo normalmente, ya no respaldados en el contrato con YPFB sino en la ley que nos obliga a continuar con el servicio hasta que haya la transferencia legal. El contrato terminó el 24 de febrero. En las primeras reuniones con el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, se habló de la posibilidad de que continuemos dos meses, para que haya una etapa de aprendizaje de YPFB y eso se interrumpió. Ahora, se han reanudado las conversaciones y estamos informando a los funcionarios de la estatal cómo se maneja el negocio y cómo prestamos el servicio a la población y a las industrias”, aseveró Camacho.La Superintendencia de Hidrocarburos informó de que aprobó la resolución para que YPFB se haga cargo del servicio.Cabe recordar que la estatal prometió asumir el control pleno hasta marzo, cuando los operadores de Cochabamba y Chuquisaca concluyan su relación contractual con el Estado.En el caso de la empresa Emtagas, en Tarija, se aprobará un decreto supremo para que ésta continúe en el servicio por 60 días más, tiempo en el que se analizará la situación de esa empresa, dijo el presidente de YPFB, Carlos Villegas. Las empresas y los precios - La red primaria pasará a YPFB porque se construyó con recursos provenientes del Fondo de Inversión, que superó los $us 4 millones.- La empresa Emcogas distribuye gas en las ciudades de Cochabamba, Cliza y Punata; Emdigas es la comercializadora en Sucre; Emtagas realiza las entregas en Tarija, Entre Ríos, Bermejo, Yacuiba y Villa Montes; Sergas distribuye en Santa Cruz, La Bélgica, Minero, Saipina, Montero y Warnes. YPFB comercializa en La Paz, El Alto, Viacha, Oruro, Potosí y Camiri; y Cosermo en Monteagudo.- Según Sergas, por la misma cantidad de gas de una garrafa que actualmente está en Bs 22,50, el sistema de gas por redes sólo cuesta Bs 18; lo que significa una reducción de casi un 30%.
En casi 3 años, la nacionalización del gas avanzó sólo en papeles
A casi tres años de que el presidente Evo Morales firmara el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo del 2006, el proceso bandera de su gobierno no logró ser operativo y avanzó sólo en su normativa; en ello coincidieron cinco expertos consultados por este medio.Para el ex superintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, el proceso fue “políticamente exitoso”, pues fue más allá del propio decreto de nacionalización y logró, en muchos casos, casi el 100% de participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la actividad hidrocarburífera del país.Sin embargo, aseguró, “ese éxito no se ha traducido en el tema operativo”, ya que hubo una importante baja en la producción de gas natural de alrededor de 42 a casi 37 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).A decir del ex presidente de YPFB y actual asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales Olivera, “el proceso como tal está consolidado, pero el cambio radical en toda la cadena productiva (de los hidrocarburos) requiere su tiempo y está avanzando progresivamente”.Mientras, el senador oficialista, Félix Rojas, calificó el proceso como “altamente positivo” y que dejó beneficios económicos al país como la triplicación de los ingresos de las prefecturas, alcaldías y universidades.El también ex superintendente del rubro, Carlos Miranda, sostuvo que hasta el momento “el resumen total de este proceso no es positivo”. Explicó que la exploración está prácticamente paralizada y la producción de gas va en franca declinación al no poder cumplir ni con el compromiso de exportación a la Argentina.Agregó que la producción de crudo disminuyó y que las refinerías han llegado al máximo de su capacidad, por lo que el suministro interno de carburantes enfrenta serias dificultades que deben ser subsanadas con mayores importaciones de diesel y gasolina.Al respecto, De la Fuente señaló que el 2005 se logró una producción histórica de 50.400 barriles de crudo por día y que hoy las cifras oficiales son de 44.000 barriles diarios. “Las refinerías privadas han salido del mercado porque no hay crudo para venderles y YPFB sólo tiene una capacidad de refino de 38 mil barriles”, añadió.El analista y experto en temas de hidrocarburos, Humberto Vacaflor, manifestó que “los frutos de la nacionalización son hasta ahora la falta de inversiones nacionales y extranjeras”.En diciembre del 2008, el entonces presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, informó que las empresas que operan en el país no cumplieron la inversión comprometida para la gestión 2008. Precisó que estas compañías invirtieron menos de $us 300 millones en lo referido al Capex (la inversión de capital), cuando en el presupuesto de inversión que presentaron a YPFB habían comprometido $us 311 millones.Morales Olivera recordó que los contratos petroleros permiten al Estado “controlar y obligar a las empresas a realizar las inversiones necesarias para desarrollar las actividades productivas”.A decir del presidente del Comité Cívico de Camiri (Santa Cruz), Mirko Orgaz, las empresas “continúan negociando” su inversión con el Estado, cuando tenían hasta seis meses de plazo para informar de ese tema después de suscribir los contratos. Orgaz acotó que “no se avanzó en la industrialización, ya que Bolivia sigue exportando materia prima”.De la Fuente consideró que la nacionalización fue más una expropiación sin una indemnización previa. Añadió que ese pago es el que ahora están negociando las petroleras.En cambio, para Orgaz y Vacaflor, el proceso de nacionalización fue una compra de acciones de las empresas extranjeras. “Son compras que como son apresuradas y por urgencias electorales, se hacen por facturas muy elevadas. Hay una larga negociación, pero las empresas están felices porque están sacando más (dinero) del que podían sacar en una venta normal”, dijo Vacaflor.“No hubo una verdadera nacionalización como el pueblo quería, en cumplimiento de la agenda de octubre del 2003. Lo que hubo es una renovación de contratos”, opinó el dirigente alteño, Roberto de la Cruz.El 2008, el Gobierno aprobó dos decretos para convertir a YPFB en una empresa corporativa (29507) y para permitirle realizar contrataciones directas (29506).El economista Gonzalo Chávez atribuyó las fallas del proceso a la crisis de YPFB, por la que ya pasaron seis presidentes. “Vemos una empresa con serios problemas de gestión, de corrupción, sin inversiones significativas en el sector y con cuellos de botella en temas de diesel y aprovisionamiento de gas. No hemos crecido en nuestros mercados, no hubo inversión extranjera directa, por lo tanto la nacionalización se quedó todavía en el discurso”.
Sergas deja de manejar red domiciliaria
Ayer venció el contrato por 20 años que tenía la empresa privada Sergas en Santa Cruz para controlar las redes de gas domiciliario, sin embargo la falta de una resolución de la Superintendencia de Hidrocarburos aún impide que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asuma el control de esa actividad.El asesor jurídico de la reguladora Leonardo Chiquie informó que la norma que dará pie a esta situación se encuentra en fase de elaboración y falta su aprobación y publicación.El director de redes de gas de YPFB, José Luis Lavadez, declaró que la empresa espera esta normativa de la Superintendencia para ejercer tuición en las instalaciones e infraestructura montadas hasta la fecha por Sergas. La estatal asumirá el control pleno de la actividad hasta marzo cuando los otros operadores privados de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca concluyan su relación contractual con el Estado.Esto en el marco de lo que manda la Ley de Hidrocarburos, el Decreto 28701 de nacionalización y la nueva Constitución Política del Estado.Según el responsable de YPFB en Santa Cruz, Fernando Vincenti, la firma Sergas no cumplió el contrato y la expansión de la red domiciliaria.El Secretario de Hacienda de la Prefectura cruceña comentó que YPFB con los hechos de corrupción que la rodean tiene pésimos antecedentes para hacerse cargo de la actividad y sólo perjudicará a que se completen las conexiones en la región.Más datosSegún la Superintendencia de Hidrocarburos, en Bolivia hay seis empresas distribuidoras de gas natural: Emcogas, Emdigas, Emtagas, Sergas, YPFB y Cosermo.La empresa Emcogas distribuye gas natural en las ciudades de Cochabamba, Cliza y Punata.Emdigas es la comercializadora en Sucre; Emtagas realiza las entregas en Tarija, Entre Ríos, Bermejo, Yacuiba y Villamontes; Sergas distribuye en Santa Cruz, La Bélgica, Minero, Saipina, Montero y Warnes. YPFB comercializa en La Paz, El Alto, Viacha, Oruro, Potosí y Camiri; y Cosermo en Monteagudo. Publicado por
Un 75% de la gasolina que usa el transporte en Puno es boliviano
A pesar de la aplicación del plan Puño de Hierro de control fronterizo para evitar el contrabando de combustibles, en la localidad peruana de Puno el 75 por ciento del parque automotor del transporte público consume gasolina boliviana por su mejor calidad.Así lo revela una nota difundida ayer en el diario Los Andes (www.losandes.com.pe) de esa región a propósito del rechazo de los transportistas interprovinciales de reducir el valor de los pasajes.El presidente de la Federación de Transportistas, Choferes y afines de la Región, Milton Ángles Béjar, reveló que los puntos de ingreso de la gasolina de contrabando son Hancco Hancco (Moho) y Desaguadero, frontera boliviana.La Superintendencia de Hidrocarburos anunció que analizará el asunto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Aduana para evaluar las fuentes de provisión de los transportistas peruanos.Además buscará información oficial de compras de gasolina en el país vecino para no sólo contar con datos de un gremio de choferes.Para frenar la escasez de carburantes, el Gobierno, el 12 de noviembre de 2008, aprobó el Decreto 29788, que penaliza con la Ley 1008 (de lucha contra el narcotráfico) el comercio ilícito de carburantes en desmedro del mercado interno y puso en vigencia el plan Puño de Hierro, a cargo de la Aduana y las Fuerzas Armadas.La norma establece que aquellas personas, surtidores o entidades que sean sorprendidos en posesión ilícita de gasolina, querosén, diésel oil y gas licuado de petróleo (GLP) serán sometidos a un proceso penal en el marco del artículo 48 de la Ley 1008 de sustancias controladas y otras normas legales vigentes. Además, dispone que la incautación de combustibles de contrabando pase directamente a YPFB, sin necesidad de intervención de jueces y fiscales.Según el fiscal Fernando Ganam, un vacío legal en la Ley 1008 referente a los precursores para la elaboración de cocaína impide a la Fiscalía encarcelar a quienes se dedican al contrabando de combustibles.En las primeras horas de su ejecución se incautaron de al menos 120.000 litros de diésel tras el desplazamiento de 900 efectivos para controlar la distribución y venta de carburantes en más de 500 surtidores. Datos oficiales de YPFB señalan que en 2008 la producción de petróleo en el país bajó en 4.250 barriles desde la gestión 2005 por la declinación de los campos petroleros y la falta de inversión.La información procedente de Puno señala que en asamblea general de transportistas de servicio interprovincial se acordó no disminuir el costo actual de los pasajes en las distintas rutas como era el pedido de la población y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pues informaron que la mayor parte de la flota automotriz de la región se abastece de combustible procedente de Bolivia.Ángles Béjar dijo que en la reciente asamblea estuvieron presentes transportistas de ocho provincias de la región, donde se rechazó el planteamiento del MEM, pues según dijo no hay razón para adoptar el pedido gubernamental. “Al final de la reunión, por unanimidad, los representantes de las diferentes empresas de transporte interprovincial rechazaron cualquier tipo de disminución en el pasaje, porque el combustible de Bolivia es mejor que el nacional, y éste tiende a aumentar”.Contó que la gasolina de 84 octanos de procedencia peruana es escasa en las principales ciudades de la región.El analista en hidrocarburos Hugo del Granado explicó que una de las causas para que en Perú se consuma principalmente gasolina boliviana es el descuido de las autoridades en control de la frontera entre ambos países.“La norma que penaliza el contrabando sigue latente pero los controles se han descuidado y lo mismo seguramente sucede con el GLP”.El otro factor puede ser la lejanía de las refinerías peruanas para abastecer con combustibles líquidos a poblaciones como la de Puno donde sus transportistas prefieren recurrir a la oferta boliviana.Del Granado aseguró que la calidad del carburante es similar en ambos países.El proyecto del GobiernoEl ex ministro de Hidrocarburos Saúl Ávalos culpó a las FFAA por fallas en los controles.El precio congelado en el país es una de las causas para la salida de carburantes.La subvención le cuesta al país más de 120 millones de dólares anuales.
Como en todo el mundo, la celebración del Carnaval también se vivió en las provincias cruceñas, donde cada lugar guarda sus tradiciones y costumbres.
Varias zonas rurales y fronterizas de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando comenzaron ayer a sufrir por la falta de diésel y GLP principalmente. A ello se suma la escasez de gas natural que afecta a las industrias de Cochabamba, Oruro y La Paz, según la Cámara Nacional de Industrias.El problema se da especialmente en las áreas fronterizas de San Matías, Puerto Suárez y Puerto Quijarro y las poblaciones de Roboré y San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz. Mientras que en Beni y Pando sufren las localidades de Magdalena, San Borja, Riberalta, Guayaramerín, San Joaquín y Rurrenabaque, según reportes de esas poblaciones.La presidenta del Comité Cívico femenino de Puerto Suárez, Silvana Zambrana, exteriorizó su preocupación por la escasez de GLP, ya que cada día hay que hacer largas filas para acceder a una garrafa.“Es un dolor de cabeza, porque las 4.000 garrafas que legan semanalmente no alcanzan para la población. Además han aparecido los revendedores que lucran con el energético y venden la garrafa en Bs 80”, denunció.En la zona fronteriza con Brasil la única agencia que comercializa GLP es Margas que vende cada garrafa en Bs 22,50. La dirigente cívica solicitó a YPFB que se incremente el cupo por lo menos a 4.500 garrafas. En Puerto Quijarro la siuación es más complicada, ya que el producto prácticamente desapareció y la gente tiene que abastecerse del energético brasileño en Bs 80 y 100. En ambas poblaciones también hay crisis de diésel. La situación se complica, ya que hubo repliegue de las FFAA desde el miércoles.Precisamente ayer volvieron las largas filas en los surtidores Chapaco y Lido en Puerto Suárez y Quijarro donde el cupo diario de 10.000 litros se acabó en tres horas.Por su lado, en San José de Chiquitos, el dueño del surtidor Quiroz, Ricardo Quiroz, dijo que YPFB recortó la asignación de cupos. Antes se le entregaba 50.000 litros por semana de gasolina y ahora sólo 35.000, mientras que de diésel se le entrega 80.000 litros; antes le daban 120.000.Similar acción se registra en las localidades benianas de Magdalena, San Borja, Riberalta, Guayaramerín, San Joaquín y Rurrenabaque.Al respecto, YPFB admitió que hay cierta crisis por la falta de producción de gas y líquidos; sin embargo, asegura que por las fiestas de Carnaval hay una sobredemanda de GLP y de diésel.No obstante, también reconoció que hay ausencia de los militares en las zonas fronterizas, lo cual puede aumentar el contrabando.En tanto, los industriales están alarmados por la falta de gas natural, que pone en vilo a más de un centenar de empresas.No hay control- Puño de hierro. El Decreto 29788 que puso en vigencia el Plan Puño de Hierro para luchar contra el contrabando y la especulación de combustibles, tiende a fracasar debido a que los militares prácticamente abandonaron el control en las áreas fronterizas. El Control Operativo Aduanero apenas controla en algunas zonas.- Flexibilidad. La normativa que prohíbe el transporte de gasolina, diésel, querosén y Gas Licuado de Petróleo sin autorización, se ha vuelto ‘flexible’ por la falta de control de la Superintendencia de Hidrocarburos.- Surtidores. En la mayoría de las estaciones de servicio de Santa Cruz desaparecieron los militares. Hasta la pasada semana cada uno de los surtidores era resguardado por dos militares que evitaban la venta de combustibles en bidones y turriles las 24 horas.YPFB tiene dudas para controlar el gas domiciliarioLa estatal petrolera YPFB admitió ayer que el control del gas domiciliario en el país será dificil y podría posponerse entre uno y dos meses. No obstante, el Gobierno alista la aprobación de un decreto supremo para analizar la situación jurídica de las cinco empresas que manejan el negocio en el país.Cabe recordar que las primeras empresas que cumplen su contrato de concesión (24 de febrero) son Sergas en Santa Cruz y Emtagas en Tarija. Para ello, YPFB anunció la anterior semana que estaba lista para controlar el servicio. Sin embargo, ayer el titular de la estatal reconoció que el asunto es complicado. A ello se suma que la nueva CPE reconoce a empresas estatales de los gobiernos autónomos departamentales y de los gobiernos municipales. Además señala que como atribuciones exclusivas de los municipios, está el participar en la conformación de empresas en el ámbito del negocio del gas domiciliario.
Warnes ya cuenta con gas domiciliario en el casco viejo
La empresa Sergas inauguró ayer el servicio de gas domiciliario en el municipio de Warnes. Sin embargo, de las 261 instalaciones realizadas, tan sólo una cuenta con el medidor que le permite utilizar el carburante. Para los primeros días de marzo se anuncia la colocación de los medidores a los demás beneficiarios.La Guardería Municipal Comunitaria es la primera beneficiada con el servicio. En ese lugar son atendidos, con recursos del municipio, unos 50 niños cuyos padres trabajan y no tienen con quién dejarlos. Allí les dan desayuno, almuerzo y merienda, por lo que el servicio de gas domiciliario será de gran utilidad.Una vez que cuenten con el gas, los demás beneficiarios ya no tendrán que peregrinar con su garrafa en busca de gas, con la consiguiente pérdida de tiempo y el gasto que esto significa.En Warnes, Sergas invertirá $us 1,2 millones que provienen del Fondo de Redes, creado con un porcentaje de las ventas de gas a los domicilios y a los comercios. Este fondo, aportado por los primeros usuarios, sumó $us 10 millones. Además, Sergas invertirá $us 1,7 millones en Montero, un monto similar de las conexiones programadas en el Plan 3.000 y la Villa Primero de Mayo, y entre cuatro y cinco millones en las instalaciones efectuadas dentro del segundo anillo en Santa Cruz de la Sierra.En todo el departamento, Sergas cuenta con más de 600 kilómetros de tuberías y ha realizado 8.600 instalaciones y 4.000 más se encuentran en proceso.Sobre la decisión del Gobierno de que YPFB se haga cargo del servicio de gas domiciliario, el gerente comercial de Sergas, Ricardo García, indicó que ellos continuarán trabajando normalmente hasta conocer oficialmente la medida.Por otra parte, en Sergas informaron de que cuentan con su propio proveedor de medidores y que no utilizan los que compró YPFB, que tuvieron problemas en El Alto.En otro orden de cosas, la Cámara Nacional de Industrias denunció que las empresas de La Paz, Oruro y Cochabamba, en las últimas tres semanas, sufrieron el racionamiento de gas natural. En YPFB no se pronunciaron al respecto.El Gobierno cumple el falloLa directora legal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, María Inés Vera, informó de que ratificó que el decreto supremo que prohíbe la importación de vehículos usados anteriores a 2004 continúa en vigencia, toda vez que el fallo emitido por la Corte Superior de Distrito de La Paz no establece una disposición contraria.Por su parte el ministro Luis Arce Catacora indicó que la parte dispositiva del fallo de la Corte Superior de Distrito de La Paz no contiene ni dispone ninguna orden expresa a ser cumplida por el Ejecutivo, ya que omite señalar la acción que deba ser ejecutada.Arce explicó que la resolución de la Corte no ordena el ingreso ni dispone la no aplicación del decreto supremo que prohíbe la importación de autos usados. Los dirigentes de los importadores indicaron que analizarán la posición del Ejecutivo. El proyecto en cifras 1.410Conexiones en WarnesEs la cantidad de instalaciones comprometidas por Sergas. Ya se tienen 1.380 contratos y 261 instalaciones realizadas. En cinco meses se concluirá con todo el proyecto$us 1,2 millonesInversión anunciadaEs el monto que Sergas invertirá en Warnes. Provienen del Fondo de Redes, cuya utilización es autorizada por la ‘Súper’ deHidrocarburosBs 18Costo del servicioEs el monto de la tarifa mínima que pagarán los usuarios del servicio en Warnes. Por este dinero recibirán gas equivalente a una garrafa. El servicio para el comercio es $us 5
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) omitió observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (antes Hacienda) y desembolsó el dinero del fideicomiso a Catler-Uniservice para desarrollar el proyecto de la planta de extracción de licuables (gasolina natural y gas licuado de petróleo, GLP) en el campo Río Grande, en Santa Cruz.Así lo confirmó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, en una entrevista en Cadena A. “Tenemos conocimiento de que incluso hay observaciones que se habrían hecho de parte del Ministro de Hacienda (Luis Arce) cuando se instruían los desembolsos”.Añadió que, a pesar de esto, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez no tomó en cuenta al fideicomitente, que en este caso era Hacienda.“Lamentablemente, quien debía cuidar que ese fideicomiso sea desembolsado de acuerdo a norma, al propio decreto que se le facultaba para lograr que la planta separadora de líquidos funcione, es la máxima autoridad ejecutiva, en ese momento el ex Presidente de YPFB”.Sin embargo dijo que “esto no sucedió, todo lo que podemos ver (es que) no sucedió, vemos más bien que de parte del ex presidente hay notas que manifiestan que pese a las observaciones se deben desembolsar” los adelantos del fideicomiso.Los desembolsos a Catler- Uniservice se efectuaron sin una orden de inicio de tareas, supervisión, certificación de avance de obras y sin boletas de garantía.“Es clarísimo cuando miramos el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y vemos que de la cuenta del fideicomiso se le ha desembolsado más de tres millones de dólares a Catler-Uniservice, se puede ver que esos dineros la empresa los ha utilizado para otros fines, como el pago de cuentas, pago de deudas, etcétera, que no tenían nada que ver con lo que es el objetivo del fideicomiso”.Contrariamente a lo dicho por Suxo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en una solicitada publicada en medios locales el 6 de febrero, señala que “el Ministerio de Hacienda desconocía la forma en que estos recursos fueron utilizados y menos los destinatarios finales de esos recursos, que en este tema la función del Ministerio de Hacienda termina con la constitución del fideicomiso y que el posterior desembolso de los recursos constituidos en el fideicomiso es competencia de la entidad fiduciaria (el Banco Unión) a requerimiento formal y expreso del beneficiario (YPFB)”.Sin embargo, señala, se hicieron tres desembolsos a dos empresas. El primero de 35 millones de dólares para la apertura de una carta de crédito a nombre de Gulsby PS, destinados la compra del equipo básico de ingeniería y diseño de la planta en Río Grande. Esto se hace el 12 de noviembre de 2008. El segundo fue el 1 de diciembre y el tercero el 14 de enero de 2009, mediante traspasos a Catler-Uniservice S.R.L. por 1,65 millones de dólares cada uno como anticipos de obras.Suxo forma parte de la comisión de Gobierno responsable de investigar las irregularidades en YPFB por orden del presidente Evo Morales del 31 de enero a raíz de la implicación de Ramírez en posibles actos de corrupción en la adjudicación y ejecución del proyecto de Río Grande.El ex ejecutivo de YPFB fue enviado al Penal de San Pedro de La Paz el 13 de febrero, acusado de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo. La pena máxima de estos delitos es de ocho años.El fideicomiso fue autorizado por los decretos 29564, del 14 de mayo de 2008, y 29662, del 30 de julio de 2008. Para su constitución, el ministerio de Hacienda suscribió un contrato con el Banco Unión y YPFB, el primero se convirtió en el fiduciario, es decir, quien administra el dinero, y la estatal es el beneficiario.A pesar de que el monto inicial de constitución era de 90 millones de dólares, sólo se pusieron 45 millones en el Banco Unión a pesar de que el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) era la primera entidad elegida.En una solicitada, Economía y Finanzas justificó el cambio de entidad porque el BDP no puede realizar operaciones de comercio exterior directamente al ser de segundo piso (sólo canaliza sus operaciones de financiamiento a empresas a través de créditos a bancos que sirven de intermediarios). Además señala que esta decisión permitió un ahorro de 900.000 dólares.El Ministerio, en su solicitada, también aclara que el fideicomiso fue incorporado en el Presupuesto General de la Nación Reformulado del año pasado (PGN 2008) aprobado por el Congreso en octubre. Agrega que esto “no representa la pérdida de los recursos públicos” porque “son recursos transmitidos de manera temporal y no definitiva”. Para esto se fija un tiempo de dos años y seis meses. Sin embargo, el contrato firmado con Catler-Uniservice cambió el requisito de las garantías bancarias por pólizas de seguros mediante tres adendas.Estas últimas no ofrecen el respaldo para recuperar el monto adelantado.La estatal tenía un fideicomiso adicionalEl Presupuesto General de la Nación (PGN) reformulado de 2008 aprobó un segundo fideicomiso de 85 millones de dólares en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aunque se desconoce para qué fue creado y los desembolsos efectuados a la fecha.El anexo IV “constitución de fideicomisos” señala: “Constitución de Fideicomiso a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP- SAM), para ser utilizado por YPFB para la constitución de un patrimonio autónomo”.Este monto presupuestado por el ex Ministerio de Hacienda, según ese documento, es adicional a los 45 millones de dólares consignados para financiar la construcción de la planta de extracción de líquidos para la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina natural.El director de la estatal petrolera, Raúl Barroso, señaló que el directorio no conoció la asignación de estos recursos pese a que siempre reclamó que las autoridades máximas divulgaran el presupuesto en detalle de la empresa.Recordó que esa instancia fiscalizadora sólo autorizó que se gestionasen fondos, pero no el uso.“Nunca fue transparente la información de la Presidencia de YPFB hacia el Directorio y eso se lo manifestó al Ministerio de Hidrocarburos”.En criterio de Barroso, la prioridad de YPFB nunca debió ser la instalación de plantas de gas licuado de petróleo (GLP), sino aumentar la capacidad productiva de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell para aumentar la oferta de diésel y gasolina y evitar la importación.Ayer, La Prensa intentó conocer una versión del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, sobre el destino de estos fondos en una conferencia de prensa, pero la autoridad abandonó la reunión sin contestar una sola consulta.ObservacionesYPFB no protocolizó el contrato con Catler-Uniservice ante la Notaría de Gobierno.El trámite es un requisito para que cualquier acuerdo de este tipo tenga vigencia.La Contraloría no recibió el documento a pesar de que la firma del contrato tiene seis meses.Para cumplir el requisito, YPFB tenía cinco días a partir de su suscripción.El documento no fue entregado al Directorio de YPFB para su autorización.El Decreto 29506 autoriza al presidente de YPFB a hacer contratos directos.En esta norma se basó Santos Ramírez para actuar en la firma con Catler-Uniservice.El trámite de la licencia ambiental no fue iniciado por la empresa adjudicataria.Sin este permiso no se puede encarar obras en el campo petrolero de Río Grande.La aprobación demora al menos ocho meses hasta su obtención. 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Recortes de gas afectan a industrias de tres regiones
En los últimos tres fines de semana, las industrias asentadas en La Paz, Cochabamba y Oruro han soportado racionamientos de gas que, incluso, llegaron a prolongarse por más de dos días consecutivos y ocasionaron considerables bajas en la producción, denunció ayer la Cámara Nacional de Industrias (CNI).A través de una nota de prensa, el gremio recordó que el occidente del país se abastece de gas natural a través del Gasoducto al Altiplano (GAA), que tiene una capacidad nominal de 73,15 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd). Sin embargo, en las últimas semanas la demanda llegó a sobrepasar los 99 MMpcd en algunas horas puntuales.Según la CNI, esta elevación del consumo afecta la operación normal del ducto y provoca que pierda presión, por lo que se deben restringir las entregas, a fin de evitar el colapso del sistema, “que representa un perjuicio mayor a todos los consumidores”. Cuando hay racionamientos en la provisión de gas, las primeras afectadas son las industrias.La Cámara apuntó que no es normal que estos problemas se presenten en la época de lluvias, debido a que el sector eléctrico sustituye la generación termoeléctrica por hidroeléctrica al aprovechar el caudal de los embalses, especialmente el de Corani. De esta forma, queda más gas natural para el consumo de otros usuarios y consumidores.“No obstante, en el presente año la precipitación pluvial fue menor al promedio esperado, lo cual redundó en que el volumen embalsado en Corani no pueda lograr el nivel que se requiere para garantizar la generación hidroeléctrica durante el período seco del año. Por lo tanto, el despacho de carga actualmente es en su mayoría termoeléctrico e incrementa la demanda de gas natural”, explicó la entidad.La CNI consideró que es necesario que el Ejecutivo tome las medidas necesarias para controlar que las distribuidoras de gas “ejecuten adecuadamente los planes de contingencia” elaborados por la comisión que coordina el suministro al occidente.
Gas domiciliario moviliza a Tarija y Santa Cruz
Mientras YPFB alista su personal para asumir el control de las compañías de servicios de gas domiciliario, Sergas en Santa Cruz, Emtagas en Tarija, Emcogas en Cochabamba y Emdigas en Sucre, las llamadas organizaciones sociales, prefecturas y alcaldías de Santa Cruz y Tarija, se declararon en estado de alerta y advirtieron de que no dejarán que la estatal petrolera monopolice ese servicio a partir del 1 de marzo.En Santa Cruz, el asesor de Hidrocarburos de la Prefectura, José Padilla, dijo que cualquier acción de YPFB debe enmarcarse en la Ley 3058, que señala que ese servicio debe licitarse, pero antes de ello hay que coordinar con los gobiernos municipales. En tanto, la COD, la Fedjuve y la Alcaldía no descartan iniciar medidas legales. Actualmente, Sergas tiene un 46% de acciones, la CRE 46%, la Alcaldía 4% y YPFB un 4%.En Tarija la COD, el Comité Cívico, las juntas vecinales, cooperativas y otras instituciones decidieron asumir la defensa de Emtagas, tanto por la vía legal como también con medidas de presión, indicó el secretario de Hidrocarburos de la Prefectura, Sebastián Daroca. El 93% de las acciones de Emtagas corresponde a la Prefectura, el 6% a YPFB y 1% a las alcaldías. Precisamente hoy el alcalde de Warnes, Nyls Carmona, y el presidente de Sergas, José Luis Camacho, inaugurarán el servicio de gas domiciliario en esa población. La inversión es de $us 1,2 millones. Publicado por
Por irregularidades en SIPSA, YPFB paraliza tareas en 2 pozos
Santa Cruz / El Deber.- Por graves “irregularidades y anomalías” en la constitución de la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Carlos Villegas, decidió que la perforación de los pozos 34D y 35H en el campo Víbora, de propiedad de la YPFB-Andina, no se inicien hasta que se resuelvan las deficiencias jurídicas, administrativas y financieras.Villegas, quien ayer inspeccionó el estado en que se encuentra el equipo de perforación en el campo Víbora, en especial el taladro chino alquilado a YPFB por la compañía PDVSA Servicios de Venezuela, dijo que esta maquinaria está en condiciones óptimas para iniciar los trabajos planificados.Sin embargo insistió que las tareas no comenzarán de inmediato por los problemas legales que tiene YPFB-SIPSA.Para empezar, Villegas remarcó que esta empresa se creó sin la autorización del directorio de Yacimientos. La compra de acciones por parte de la petrolera estatal de la firma Full Industry, por más de 200.000 dólares, para que cambie su razón social y se transforme en SIPSA, no tuvo el aval de la máxima instancia de la nacionalizada y de las autoridades nacionales del sector de hidrocarburos.La autoridad afirmó posteriormente que entre las distintas irregularidades cometidas en la administración de SIPSA, su ex gerente Rogelio Ashimine Oshiro dio un aporte individual de aproximadamente 100.000 bolivianos para iniciar las actividades de perforación, pues aparentemente la empresa carecía de fondos. Por si fuera poco, denunció que Ashimine Oshiro, después de ser destituido de su cargo, siguió trabajando en la empresa.“Cuando me posesionaron como Presidente de Yacimientos, yo mandé una carta indicándole que quedaba inmediatamente destituido del cargo; a pesar de eso, pude verificar que hubo un trabajo. A pesar de haber estado destituido, el señor Ashimine y todo el equipo que le acompaña, del 3 de enero a esta parte, ha emitido cheques, ha realizado erogaciones por montos importantes, no me acuerdo exactamente, está entre 600.000 y 800.000 bolivianos, más o menos”. Villegas dijo que este hecho le parece que es otra irregularidad.Con relación al anuncio que hizo Ashimine Oshiro días atrás en sentido de iniciar un juicio contra Villegas, el aludido restó importancia a la posibilidad, pues mencionó que YPFB, como propietaria del 99 por ciento de las acciones de SIPSA, es la que toma la decisión de intervenir las oficinas.Villegas enfatizó que más bien será YPFB que presente una querella contra los ejecutivos de SIPSA, por las supuestas irregularidades cometidas.Recordó la denuncia que la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó ante la Fiscalía de La Paz contra YPFB-SIPSA y su directorio, por los supuestos daños económicos contra el Estado.Los delitos que cometieron los funcionarios implicados, según la ministra Suxo, son: asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el uso de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.No fue posible ubicar a Rogelio Ashimine Oshiro ni a ninguno de los ejecutivos de SIPSA. En la página web de esta empresa hay un número de un teléfono celular, pero nadie contestó ante el llamado de este diario.SIPSA es una empresa privada que debió ser formada con capitales del Estado, cuyas remuneraciones a sus principales ejecutivos eran superiores a las que percibe el Presidente de la República, en tanto que generaba sus propios pasivos para abonar los sueldos de sus trabajadores, funcionarios y ejecutivos jerárquicos.Contradicciones por un supuesto sobornoErnesto Michel, gobernador del penal de San Pedro, afirmó ayer que los hermanos Córdoba le informaron haber recibido una oferta de soborno de 150.000 dólares el martes 17, alrededor de las 16.00, mientras que el abogado defensor de Ernesto Córdoba, Jorge Borda, sostuvo que la correspondiente denuncia fue hecha la semana pasada.El miércoles, Borda aseguró que dos hombres, a través de la reja que separa el zaguán del patio delantero en el panóptico, formularon a su cliente y a su hermano Luis Fernando la propuesta de “callar o inculpar” al ex presidente de YPFB Santos Ramírez a cambio de 50.000 dólares para cada uno, aunque los internos del sector La Posta, donde se hallan recluidos los hermanos, no acceden a ese espacio.La versión hecha pública por Michel indica que los Córdoba le comunicaron que un hombre, a quien no se pudo identificar, conversó con ellos. “El martes, aproximadamente a las 16.00, me encontraba en la puerta de la sección La Posta. Se me acercó uno de los Córdoba y solicitó hablar conmigo, entramos a la oficina del oficial de servicio y manifestó que un ciudadano de civil, aparentemente policía, le había indicado que le iba a entregar 150.000 dólares para que se calle. Nada más”.El Gobernador del penal mostró el registro de visitas de ese día, en el que no constaba el ingreso de persona alguna a esa hora.La teoría de Borda consiste en que Lucio Lazo, garzón de El Caballito, club nocturno de propiedad de Ernesto Córdoba, recibió el dinero a nombre de su patrón, sin consulta ni aviso previo, y pretendía llevarlo a Palos Blancos, provincia Sud Yungas, de donde es originario.“Gulsby tiene condiciones”La empresa estadounidense Gulsby, subcontratada por Catler-Uniservice para la construcción del 80 por ciento de la planta separadora de licuables en Río Grande, que se adjudicó de manera “irregular”, cumple las especificaciones necesarias para realizar la obra, afirmó ayer el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce.“Aparentemente la empresa Gulsby ha estado cumpliendo las especificaciones que tenía que cumplir para la construcción de la planta y obviamente será valorada técnicamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”.La autoridad dijo que por mandato del Presidente de la República, junto con YPFB y el Ministerio de Transparencia, se realizó, de manera conjunta, una valoración jurídica sobre los contratos firmados entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice, empresa que subcontrató a Gulsby.“Nosotros estamos haciendo la valoración jurídica de estos contratos, y cuando concluyamos esa labor, vamos a informar al Presidente y al Vicepresidente”.Un grupo de fiscales viajará el 5 de marzo a Estados Unidos y Argentina para verificar si las empresas Gulsby, Sika y Lito Gonella realizan trabajos para Catler-Uniservice, a fin de construir la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.EnergíaSIPSA debió hacerse cargo de la perforación de pozos en el campo Víbora.El Presidente de la estatal prefiere solucionar irregularidades antes de comenzar esa labor.Transparencia abrió querella contra los ejecutivos de la empresa de servicios SIPSA.
YPFB presupuestó $us 800 mil por una planta inexistente
Entre enero y marzo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) planeaba invertir 800.000 dólares para supervisar el montaje de la planta de extracción de licuables de gas natural de Río Grande (Santa Cruz), cuando se sabe que este equipo aún está en construcción.Así lo refleja el resumen de inversión de la estatal petrolera para el primer trimestre del año, al que tuvo acceso La Razón.El contrato para la provisión e instalación de la planta, de donde se extraerá gas licuado de petróleo y gasolina, fue suscrito con la sociedad accidental Catler-Uniservice el 14 de julio del 2008. Según el documento, la planta debería ser entregada en 340 días, es decir, en julio de este año.Sin embargo, de acuerdo con información de YPFB, se conoce que la obra recién se inició en noviembre del 2008, por lo que se calcula su conclusión para el mismo mes de esta gestión. No obstante, en la estatal petrolera ya se previó gastar los 800.000 dólares hasta marzo del 2009 para supervisar el montaje de la planta.Los equipos que conformarán la separadora son construidos por tres empresas subcontratistas, una de EEUU y dos de Argentina. Gulsby de Houston, Texas, está encargada de fabricar el Turboexpander, que significa el 80% de la obra. Los tanques y otros accesorios de la planta están a cargo de las empresas argentinas Gonella y SICA.La construcción e instalación de la obra tendrá un costo de 86,3 millones de dólares, de acuerdo con el contrato suscrito entre YPFB y Catler-Uniservice.Ayer, el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, indicó que, según el reporte de la comisión gubernamental que la semana pasada estuvo en Houston para verificar el avance de la obra, Gulsby estaría cumpliendo. Aunque, aclaró que el informe aún está en elaboración y será entregado al presidente Evo Morales.“Aparentemente la empresa Gulsby (...) ha estado cumpliendo las especificaciones que tenía que cumplir para la construcción de la planta (...) pero será valorada técnicamente por YPFB”, indicó el ministro Héctor Arce.Conforme al resumen de inversiones del primer trimestre de YPFB, hasta marzo se preveía invertir 289,7 millones de dólares, bajo la modalidad de contratación directa establecida en el Decreto 29506, sistema que fue empleado para la adjudicación de la obra a Catler-Uniservice y que hoy es cuestionado porque habría dado paso a los hechos de corrupción en la petrolera.Además de lo presupuestado para la supervisión del montaje de la planta de Río Grande, se prevé una inversión de $us 400.000 para supervisar el estudio de ingeniería conceptual y básica de una segunda planta de extracción de líquidos, pero en el Chaco.Los montos más elevados que figuran en el resumen de inversiones de YPFB son para la adquisición de equipos de perforación petrolera ($us 198 millones); para la readecuación y modernización de 32 estaciones de servicio a nivel nacional, por $us 18,8 millones; para la adquisición de 10 camiones cisternas para gas licuado de petróleo y 50 camiones para hidrocarburos líquidos, por $us 14,3 millones.Además figuran, entre otros, los gabinetes de regulación y medición para la instalación de gas domiciliario, por $us 16,4 millones.DatosRazonable • El ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, consideró que los 800 mil dólares para la supervisión de la planta separadora son razonables, ya que equivalen aproximadamente al uno por ciento del costo de la obra.Desembolsos • Para la construcción de la planta, el Gobierno abrió un primer fideicomiso por 45 millones de dólares. De ellos, 35 millones se emplearon para abrir una carta de crédito para Gulsby. A la fecha, se ha desembolsado $us 13 millones.
Perforación en campo Víbora no avanzó ni un centímetro
(ANF).- La perforación del pozo 34D en el campo Víbora está paralizada, la contratista de YPFB-Andina SA, la recién creada de Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), de la mano de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no iniciaron la excavación, de acuerdo con el informe de la nacionalizada.En YPFB-Andina aseguraron que los trabajos de perforación están en cronograma. Sin embargo, el taladro no fue introducido ni un centímetro, a pesar de que, precisamente, esa actividad fue inaugurada por el presidente de la República, Evo Morales, el viernes 23 de enero en una ceremonia realizada en el mismo campo, ubicado a 170 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.A pesar de que el equipo de fabricación china fue traído por Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) para la estatal boliviana, éste fue alquilado por YPFB-SIPSA a YPFB-Andina.El contrato de servicios de perforación de dos pozos en el campo Víbora fue suscrito por el presidente de la operadora Mario Arenas y el gerente de la nueva compañía, Rogelio Ashimine, informaron en la nacionalizada filial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.El contrato entre YPFB-Andina y YPFB-SIPSA fue firmado el 16 de diciembre del 2008, con la aquiescencia del directorio de la nacionalizada, informaron en la compañía. Este máximo órgano está integrado por cinco representantes estatales y dos de la socia privada, Repsol.SIPSA es la compañía “Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima”, creada en agosto del año pasado por Santos Ramírez, con la compra del 99 por ciento de las acciones de Full Industry SA por parte de YPFB. Ese mismo mes nombraron a Ashimine como Gerente General.PERFORACIÓN“El costo estimado” del servicio de perforación de los pozos 34D y 35H es 4,33 millones de dólares, de acuerdo con el informe de YPFB-Andina, aclarando que “sin embargo los costos reales se dan en función a tarifas de precios derivados de los estándares de servicios de perforación del sector petrolero”.En YPFB-Andina SA aseguran que la empresa “no ha cancelado ningún monto de dinero” a YPFB-SIPSA, debido a que los pagos se realizan “en relación al avance de la perforación”.El equipo de fabricación china fue proporcionado por Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), llegó a Bolivia en julio, el día 30 de ese mes fue recibido en Patacamaya en un acto en el que participó el presidente Evo Morales, quien en enero dio por inaugurada la perforación. Publicado por
Guabirá negocia vender alcohol carburante
El ingenio azucarero Guabirá S.A. confirmó que negocia con la estatal YPFB la provisión de alcohol carburante para mezclarlo con la gasolina.Así la empresa estatal puede ahorrarse divisas en la actual compra de combustible de bajo octanaje que es importado del exterior a $us 1,10 por litro, señaló el presidente de esta agrondustria norteña, Mariano ‘Kiko’ Aguilera, en conferencia de prensa ofrecida ayer.Según Aguilera, Guabirá ofrece a YPFB a $us 0,45 el litro de alcohol anhidro o carburante.El ejecutivo de esta factoría azucarera explicó que ya se reunió con funcionarios de la petrolera estatal y que en 15 días se conocerá si es que este proyecto de compraventa de alcohol se concreta.Aguilera dijo que Guabirá puede invertir alrededor de $us 1,5 a 2 millones para poner en funcionamiento la fábrica de alcohol anhidro que fue desmontada hace algunos años, al no prosperar las gestiones para aumentar el porcentaje de alcohol carburante que puede mezclarse con la gasolina.Además, si hay el acuerdo, esta empresa puede entregar a YPFB 30 millones de litros, a partir de junio próximo.“El alcohol carburante tiene mayor octanaje que la gasolina que están importando, con lo que puede ganar el Gobierno y el consumidor, y vamos a crear mayores fuentes de empleo”, expresó Aguilera al indicar que la forma de pago incluso puede ser a través de un trueque, alcohol carburante por diésel.Por su parte, el vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, José Luis Gutiérrez, manifestó que de manera oficial no está al tanto de esta negociación, pero que de producirse algún tipo de acuerdo con los ingenios azucareros tiene que revisarse las actuales normas que limitan la mezcla de alcohol carburante con la gasolina.De otro lado, Kiko Aguilera manifestó que este año Guabirá tendrá una ampliación de su producción de azúcar, lo que la llevará a tener una capacidad de producción de 4 millones de quintales de azúcar y más de 100 millones de litros de alcohol. El año pasado produjo 2,9 millones de quintales de azúcar y 67 millones de litros de alcohol.Por el momento, en la fábrica hay un intenso trabajo en la colocación de una nueva caldera, instalación de nuevos molinos y otros implementos para que alcance esa capacidad productiva.Son más de 600 obreros los que trabajan en la planta y en tareas de mantenimiento.Asimismo, en la producción de electricidad, esta agroindustria producirá más de 41 megavatios de energía, lo que signficará para el Estado boliviano un ahorro de entre $us 7 millones y 11 millones, según a cómo esté el precio del gas natural, que es el monto que representa el volumen de gas que se destina a la generación eléctrica en el país.En el caldero nuevo, el trapiche y la segunda turbina, Guabirá invertirá alrededor de $us 23 millones.Asimismo, dentro de las buenas prácticas laborales, iniciadas con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Guabirá planea construir viviendas para zafreros y para pequeños cañeros, con un monto inicial de $us 600.000, destacó Aguilera.Se entregó cerca de $us 5 millones de crédito prezafraPara la zafra 2009 Guabirá entregó alrededor de $us 4,8 millones a 44 cooperativas cañeras para beneficiar a más de 1.400 productores que ingresan materia prima a esa factoría. Ayer, en un acto, el presidente de esta empresa, Mariano ‘Kiko’ Aguilera, entregó los cheques a los dirigentes de las cooperativas. Por cada quintal entregado por los proveedores de caña de azúcar a Guabirá, recibieron $us 2, a una tasa anual del 8% de interés, que está muy por debajo del mercado financiero.Andrés Cruz, de la Federación de Cañeros Campesinos, y Grover Rioja, de la Cooperativa San Félix, agradecieron el gesto de Guabirá y destacaron que el dinero servirá para preparar la maquinaria agrícola, pagar mecánicos y comprar llantas y repuestos. Desde el norte - Molienda. Guabirá planifica trabajar 180 días de zafra, pretende moler 2,4 millones t de caña. Si existen las condiciones climáticas puede incrementar 200.000 t más.- Capacidad. De las 12.000 t de caña molidas durante la zafra 2009 por día, para este año proyecta moler 17.000 t diarias más. La zafra para esta agroindustria comenzará en el mes de mayo.- Plan. En junio pretende comenzar con su proyecto de engorde de ganado, en coordinación con los productores de la región.- Apoyo. Ayer Guabirá entregó $us 500 para apoyar al joven tenista montereño Akío Tonconi, que participa en torneos departamentales y nacionales.
Gas boliviano comenzará a distribuirse en la ciudad de Marilia, São Paolo
Según la revista digital hidrocarburosbolivia.com, "ya están concluidas en su totalidad las obras de canalización y los ramales. Esta previsto que el sistema inicie sus operaciones en la primera quincena de marzo. Inicialmente, la red que sale de la Estación de Control y Presión hasta el Distrito Industrial abastecerá a 10 industrias y estaciones de servicio en la ciudad de Marilia".Según la Directora Técnica de Gás-Brasiliano, en una primera etapa se atenderán 4 grandes industrias y 6 pequeñas industrias. Los trabajos se iniciaron en mayo de 2008, en total la red doméstica tiene 12 Km. Todo el trabajo fue ejecutado por la concesionaria Gás-Brasiliano que depende de la Italiana ENI.El tendido de una red que atienda otros extremos de la ciudad dependerá de la demanda existente por las industrias e incluso el sector residencial pero no está descartado.Todo el trabajo de canalización en las áreas atendidas por Gas-Brasiliano, Bauru, Marília y Itápolis requiere una inversión de 132 millones de dólares y están contemplados en el plan de cinco años, entre los años 2005 a 2009, informó la indicada web. Publicado por
Evo exige a la franco-belga Total que invierta en el país
El presidente Evo Morales afirmó ayer que ha exigido a la empresa franco-belga TotalFinaElf cumplir con sus compromisos de inversión en el país o, de lo contrario, el Estado tomará decisiones para hacer esas inversiones.En una rueda de prensa con medios internacionales, el Primer Mandatario informó que en su reciente viaje a Francia se reunió con los principales ejecutivos de la empresa para pedirles que “aceleren” sus inversiones en Bolivia cumpliendo los contratos que han suscrito con el Gobierno.“Hemos exigido la inmediata inversión”. El Jefe de Estado boliviano agregó que si la empresa no tiene “cierta voluntad” para hacerlo, entonces “Bolivia tiene todo el derecho de tomar decisiones para invertir” porque no quiere verse perjudicada.Total es una de las principales petroleras presentes en Bolivia y es socia de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de la brasileña Petrobras y de la hispano argentina Repsol YPF en los campos más ricos en gas del país.El gobierno de Morales ha reclamado varias veces a las petroleras extranjeras que concreten el desarrollo de nuevos proyectos para aumentar la capacidad de producción del gas del país, que se encuentra al límite y con problemas para cumplir con los mercados de Brasil y Argentina.Las empresas han aducido la existencia de incertidumbre sobre la posibilidad de que sus contratos, que entraron en vigor hace dos años (2007), tras la nacionalización iniciada en el 2006, se vean afectados por la nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en Bolivia.Sin embargo, Morales subrayó ayer que los contratos que fueron firmados y aprobados por el Congreso Nacional no tendrán cambios y que la nueva Constitución regirá para los convenios que sean firmados en adelante.Con respecto a los proyectos de explotación del litio boliviano, Evo Morales afirmó que el Estado “jamás perderá” el control del recurso y tendrá una participación mayoritaria en las iniciativas para el desarrollo de esta industria. Agregó que éstas son dos condiciones “innegociables” para tener socios privados.Bolivia, según el Ejecutivo, tiene las mayores reservas de litio del mundo, concentradas principalmente en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.La riqueza de litio de Bolivia ha despertado el interés de al menos cuatro empresas transnacionales —Mitsubishi y Sumitomo de Japón, LG de Corea del Sur, y Bolloré de Francia—, que aspiran a usar este metal en la fabricación de baterías para automóviles eléctricos.El presidente Morales remarcó que su administración ha definido una política en la que el Estado “buscará socios y no dueños del litio” para llevar a cabo la explotación de este mineral.“El Estado siempre tendrá la mayor cantidad de acciones y eso será parte de las negociaciones que debe hacer el ministro (de minería) con la participación de las fuerzas sociales”. EFEAPUNTESViaje • Entre el domingo y el martes, el presidente Evo Morales estuvo en Rusia y en Francia. En el primer país firmó un acuerdo energético con la estatal petrolera rusa Gazprom.Francia • Además de reunirse con su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, el Mandatario boliviano tuvo encuentros con representantes de empresas de los rubros energético y minero.
Suxo presenta denuncia por alquiler de un taladro
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) paga entre $us 30 y 60 millones por el alquiler de un taladro de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), denunció ayer la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, en una conferencia de prensa.Según la autoridad, se trata de una irregularidad más cometida en la gestión de Santos Ramírez al frente de la estatal petrolera, que se constituiría en un posible “daño económico” para el Estado, debido a que con ese dinero, YPFB pudo haber adquirido un equipo similar propio.La información que dio ayer la ministra contradice a las versiones del vicepresidente de PDVSA, Eulogio Pinto, y del ex presidente de YPFB, ofrecidas el 30 de julio del 2008 en un acto realizado cuando el taladro llegó a la localidad de Patacamaya.Entonces, el ejecutivo de PDVSA sostuvo que el nuevo equipo de perforación que llegó a Bolivia fue puesto por la empresa venezolana como un capital de trabajo para la compañía que constituyeron junto a YPFB. Mientras, Ramírez indicó que la perforadora fue comprada a la petrolera venezolana, con un crédito que se pagaría a sí mismo, con cinco años de trabajo.“Está aquí y está puesto por Petróleos de Venezuela SA como un capital de trabajo para una empresa que constituimos juntas”, sostuvo Pinto entonces.“El equipo viene de la alianza (con PDVSA) bajo la administración de YPFB. Es el mismo equipo que con su trabajo irá pagando su costo”, dijo Ramírez.El taladro ahora forma parte de la empresa Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA-YPFB), cuya constitución fue observada por Carlos Villegas, actual presidente e interventor de YPFB.En ese caso, Suxo explicó que YPFB tiene 100% del paquete accionario de SIPSA y que se pagó $us 216.000 por la empresa. Agregó que se desembolsó el 40% de $us 1,89 millones por el contrato de recalificación de garrafas. Involucró en el caso a Ramírez, Misael Gemio, Esther Carmona, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, entre otros.
YPFB se querella contra Santos y 16 ex funcionarios
Por distintas acciones irregulares e indicios de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el actual presidente interventor de la estatal, Carlos Villegas, presentó ayer una querella criminal en contra de la ex máxima autoridad de la petrolera, Santos Ramírez, y de 16 ex funcionarios de su gestión.La documentación que sustenta la acción fue entregada ayer al fiscal Edward Mollinedo, de la comisión especial que investiga los hechos de corrupción en YPFB, el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, ejecutivo del consorcio Catler-Uniservice, y el volteo de $us 450.000 que llevaba el empresario el día del incidente.Así, Villegas se constituyó en parte civil en la acción asumida contra el ex ejecutivo de la estatal y “quienes le colaboraron en la función administrativa y legal hasta el 31 de enero pasado”, señala una nota de prensa de YPFB.Además de Ramírez, los ex trabajadores incluidos en la querella son Julio Anagua Chumacero, Esther Carmona Nogales, Daniel Álvarez Gantier, Javier Guzmán Navarro, Diego Argandoña Aramayo, Linneth Sclink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván García Coca, Federico Galán Laime, Richard Aguilera Montesinos, María Cecilia Palacios Jiménez, Pablo Valeriano Barroso, Ramiro Lizarazu Orellana, Mauricio Ochoa Urioste y Juan Carlos Arellano Paz.Los 16 ex funcionarios de la empresa y Santos Ramírez fueron imputados como autores intelectuales y materiales por hechos delictivos referidos al uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, contratos lesivos al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.YPFB indicó que los 17 imputados habrían infringido seis artículos del Código Penal.Según el informe de la estatal, las 17 personas estarían involucradas con el irregular contrato entre YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice, para la provisión e instalación de la planta de extracción de licuables de gas natural en el campo Río Grande, ubicado en la provincia Cordillera de la región cruceña.El contrato se firmó el 14 de julio del 2008, por un valor de $us 86,3 millones. Para financiar el proyecto, se constituyó un fideicomiso por $us 45 millones (la mitad del dinero requerido), de los cuales a la fecha ya se desembolsaron $us 16,3 millones.Entre las irregularidades cometidas por Ramírez y los 16 ex funcionarios, están la contratación de Catler-Uniservice que “no contaba con la certificación presupuestaria, lo cual vulneró la Ley de la República 1178 y la Ley Financial 2042, apelando para esta contratación a la Resolución de Directorio 023/2008 de fecha 16 de abril, que no es compatible con la ley citada anteriormente”, informó YPFB.También se observó que el consorcio se haya constituido tres días antes de la firma del contrato y que el documento no fuera protocolizado en la Notaría de Gobierno sino ante un notario de fe pública. Según YPFB, estas irregularidades implicaron “un manejo discrecional de las normas establecidas en el Decreto Supremo 29506”.AntecedentesDelitos • El escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reveló tras el volteo de 450.000 dólares y el asesinato del representante de Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’Arlach, el 27 de enero.Investigación • La semana pasada, Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pidió a la Fiscalía que amplíe la investigación a Miguel O’Connor D’Arlach, hermano del fallecido, para establecer el destino del dinero.
Ashimine denuncia a Villegas por intervención a YPFB-SIPSA
El ex gerente de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), Rogelio Ashimine Oshiro, presentó una denuncia en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz en contra del actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y el interventor Fernando Vincenti por cuatro delitos relacionados con la intervención de la empresa que dirigía.La queja también fue ampliada al comandante de la Policía cruceña, Franz Lea Plaza, e incluye a otros presuntos partícipes en el hecho, como Dante Justiniano, Sergio Reyes, Asunta Arteaga, Guido Sandoval y Juana Mery Ortiz.Villegas informó el jueves que en esta compañía, conformada por el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, se encontraron irregularidades en su constitución y se instruyó una auditoría técnico-legal.El documento, presentado por la red PAT, señala que desde el 31 de enero YPFB-SIPSA “vive siendo víctima de los delitos de allanamiento de domicilio, asociación delictuosa, robo agravado y atentado contra la libertad de trabajo”.En comunicación con La Prensa, Vincenti aseguró que la denuncia “le tiene sin cuidado” y que Ashimine debe probar lo que dice en su acusación.Aclaró que la intervención se hizo en el marco de la ley y con la presencia de un Notario de Fe Pública a quien le fueron entregados los documentos hallados.Este medio también buscó una entrevista con Villegas, pero en su oficina dijeron que estaba de viaje y se buscaría un contacto. La solicitud no fue atendida.Ashimine fue destituido del cargo de gerente el mismo día de la intervención (31 de enero). Sin embargo, la formulación de cargos hecha ayer la presentó como gerente de la firma porque asegura que sólo el Directorio puede definir su alejamiento de YPFB-SIPSA al ser una empresa privada y donde la estatal YPFB no tiene tuición alguna.Argumentó que “un numeroso grupo de fiscales, armados y encabezados por el actual comandante departamental de la Policía, Franz Lea Plaza Vargas, y también personas vestidas de civil armadas procedieron a la toma física de sus instalaciones”. Además se desalojó a sus empleados bajo amenaza de ser detenidos en caso de resistencia. Vincenti detalló que se trata de una oficina con tres ambientes ubicada en la empresa constructora RW. Añadió que “Ashimine debe explicar por qué una fotocopiadora y dos computadoras de YPFB estaban en el lugar”.YPFB ordenó investigar a SIPSA después de las irregularidades encontradas en el contrato entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice que llevó a la destitución de Ramírez el 31 de enero, acusado de actos de corrupción en Yacimientos.“Acciones son de la estatal”La accionista de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. Lucy Barbery Rivero aseguró que las 220 acciones de su empresa Full Industry fueron vendidas en su totalidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y no como figura en los documentos notariados, sólo 218 acciones.El testimonio notariado de cambio de nombre de la firma establece como socios a YPFB con 218 acciones, Lucy Barbery con una acción y Nilda Domínguez con otra.Barbery relató que “un gerente de planificación” hizo el negocio con los tres propietarios. “Ellos nos piden que por una o dos semanas pongamos nuestro nombre como socios”.En declaración a la red PAT aseguró que el pedido fue para conformar una sociedad anónima. El precio de venta era de 216.000 dólares que no fueron pagados a los socios de Full Industry. De acuerdo con la ley, el Estado conforma con empresas privadas sociedades anónimas mixtas sometidas a control de la Ley Safco, pero una sociedad anónima está libre de esa fiscalización.En Potosí hallan irregularidadesEn la imagen se observa el muro perimetral por el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pagó 100.000 bolivianos a Ingeniería de Proyectos y Construcción (Inprocon) para la edificación de una planta de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) en Cala Cala, Potosí. Según la cadena A, esta obra no se inició y en lugar de la pared de delimitación sólo se ubicó una estaca. El dinero se desembolsó en dos pagos, el 7 de noviembre de 2008, respaldado con facturas. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) iniciará la indagación sobre la veracidad del documento fiscal.Suman deudas con PDVSAEl ex gerente de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) Rogelio Ashimine afirmó que hay un contrato con YPFB Andina por 120.000 dólares por el montaje del taladro PDV-08 en el campo Víbora y reveló mayores obligaciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA) por la perforación de este pozo.La deuda por la puesta en operación del equipo, de acuerdo con Ashimine, asciende a 13.500 dólares por día, sin embargo aclaró que aún no se llegó a cancelar nada.Documentos a los que accedió La Prensa la semana pasada dan cuenta de que la petrolera estatal venezolana había reclamado en principio a YPFB y Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) una deuda de 6,5 millones de dólares por el costo del transporte del taladro de perforación que llegó al país el 30 de julio de 2008 desde Caracas. A esta obligación se suma el costo por el personal que se encontraba a la espera de la instalación del aparato.Así consta en la minuta de la reunión que sostuvieron representantes de ambas empresas el 14 de noviembre del año pasado y difundida por el Comité Cívico de Camiri.El ex ejecutivo, que asegura ser aún gerente de la empresa, confirmó que SIPSA tiene un contrato suscrito con YPFB por 1,8 millones de dólares para prestarle el servicio de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).Algunos datosEl 4 de septiembre de 2008 se constituyó YPFB-SIPSA como una sociedad anónima.De una recalificadora de garrafas amplió sus actividades a la perforación de pozos.Tiene un contrato con YPFB por 1,8 millones de dólares y una planta en El Alto. Publicado por
La rusa Gazprom compromete $us 4.500 millones para el gas
Moscú / Agencias y La Prensa.- La estatal rusa Gazprom comprometió inversiones de 4.500 millones de dólares para desarrollar el sector hidrocarburos y cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y defensa luego del encuentro de ayer entre el presidente Evo Morales con su homólogo de Rusia, Dimitri Medvedev, en la capital Moscú.Ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta para robustecer la cooperación bilateral de esa nación euroasiática en materia energética, defensa y lucha antidrogas.Con el convenio, Rusia amplía su presencia en la región y profundiza las relaciones que ya tenía con Cuba y Venezuela, naciones contestatarias al régimen de Estados Unidos.En conferencia de prensa en el Kremlin, sede de los poderes de Rusia, Medvedev destacó el impulso que cobró la relación bilateral tras la firma de los acuerdos con Morales.Señaló que Bolivia “es un socio con perspectiva” y agregó que “el aumento de las relaciones con América Latina no supone una decisión competitiva ni el deseo de retar a nadie”, en una aparente referencia a la tradicional influencia del Gobierno de Washington en la zona.Morales llegó a Rusia para explorar un programa de inversiones petroleras por 4.500 millones de dólares, 3.000 de los cuales se desembolsarán en el mediano plazo a través de la empresa estatal Gazprom.Los capitales del consorcio ruso-francés (también tiene participación de la franco-belga Total-Elf) se destinarán a los yacimientos Sunchar, del departamento sureño de Tarija, y Acero, en el límite entre Chuquisaca y Santa Cruz.Una misión rusa liderada por Vladimir Kulikov, director de Gazprom para Latinoamérica, ya estuvo en el país en enero para afinar los acuerdos sobre las inversiones.La estatal petrolera rusa planea aterrizar en Bolivia, que posee la segunda reserva de gas de Sudamérica (47 trillones de pies cúbicos). En enero, YPFB, Gazprom y el Instituto de Investigación Científica de Gases Naturales y Tecnologías del Gas (VNIIGaz) suscribieron un memorándum de entendimiento. Las autoridades nacionales se comprometieron a brindar toda la información del sector para “elaborar propuestas que apunten a garantizar el suministro seguro y sostenible de gas a nivel interno y externo”.VNIIGaz elaborará un estudio que deberá estar concluido a finales de 2010 y que se iniciará con una evaluación de la industria y una certificación de las reservas de gas natural para proyectar inversiones.La filial de Gazprom sugerirá también acciones para acelerar la industrialización del gas y la masificación del consumo de ese producto en el mercado interno boliviano. En un convenio separado, VNIIGaz comprometió asistencia técnica y financiera para instalar un instituto de investigaciones sobre gas natural.Morales agradeció ayer la calidez que le tributaron autoridades de Moscú en su visita de Estado de más de 24 horas a este país euroasiático que concluyó anoche. “Tengo la esperanza que este encuentro histórico entre nuestros pueblos siente una base para desarrollar nuestras relaciones”.El Presidente boliviano agregó que su visita fue de importancia histórica para ambos pueblos y se mostró esperanzado en que su acercamiento a Moscú consolide los lazos de amistad y confianza mutua.Morales fue recibido en medio de honores que le tributó el legendario Ejército Rojo en el aeropuerto de Moscú, cubierto por copos nieve.El Kremlin ampliará cooperación con armamentoEl ministro de Defensa ruso, Anatoli Serdiukov, aseguró ayer que su país y Bolivia tienen buenas perspectivas de desarrollar su cooperación militar, durante un encuentro en Moscú con su homólogo boliviano, Walker San Miguel.Según informó el ministerio de Defensa ruso en un comunicado, Serdiukov afirmó que “la cooperación militar y técnica entre ambas naciones se hace cada vez más concreta y tiene buenas perspectivas para su ulterior desarrollo”.Durante su primera visita a Moscú, el presidente boliviano, Evo Morales, se reunió con su colega ruso, Dimitri Medvedev, tras lo cual ambos países firmaron dos acuerdos de cooperación en el ámbito de defensa y de control del tráfico ilegal de narcóticos.Fuentes de la industria militar rusa precisaron que las dos partes ya trabajan en los respectivos contratos y que próximamente también se puede esperar la firma de acuerdos para la compra por Bolivia de diversas armas de fuego y blindados ligeros.El director del Servicio Federal de Cooperación Militar y Técnica de Rusia, Mijail Dmitriev, informó que Moscú estudia la posibilidad de conceder a La Paz un crédito para la adquisición de armamento ruso, según la agencia Interfax.Explicó que Bolivia está interesada en adquirir, además de helicópteros, diversos tipos de armamento para su Ejército de tierra y la Armada, aunque subrayó que las partes todavía no iniciaron negociaciones concretas al respecto.Agregó: “Sólo estamos en los comienzos de nuestra cooperación. Pronto crearemos grupos de trabajo o comisiones y pondremos manos a la obra” para perfilar el armamento que se propone adquirir el Gobierno de La Paz y las sumas que tiene previsto destinar a ese fin.Habrá ayuda antidrogasEl Gobierno de Rusia se comprometió a apoyar la lucha antinarcóticos que lleva adelante el país.El acuerdo prevé el establecimiento de procedimientos de cooperación para la lucha antidrogas del país sudamericano, que prescindió unilateralmente de la ayuda de Estados Unidos en esta materia.El presidente ruso, Dimitri Medvedev, dijo que actualmente se estudia el suministro de helicópteros rusos a Bolivia y subrayó que no se descarta la posibilidad de ampliar la nomenclatura de las exportaciones en este ámbito.Viacheslav Davidenko, portavoz del monopolio ruso de venta de armas, Rosoboronexport, precisó que La Paz está interesada en comprar una partida de helicópteros militares de transporte Mi-17B-5 para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.Bolivia se ha convertido en un país de tránsito de droga fabricada en Perú después de haber erradicado del central Chapare más de 50.000 hectáreas de plantíos de coca, base para la fabricación sintética de cocaína.Evo con agenda amplia en ParísEl presidente de Bolivia, Evo Morales, visitará hoy París por primera vez desde que accedió al cargo, con una apretada agenda política que incluye una reunión con su colega francés, Nicolas Sarkozy, y también económica, con encuentros con directivos de diferentes empresas. Esto incluye reuniones con directivos de las empresas Bolloré, Total y Airbus. En el primer caso, el presidente se interesará en el proyecto inversor del grupo galo en la explotación del litio del Salar de Uyuni. Bolivia tiene en su suelo la mitad de las reservas mundiales de litio, y Bolloré mostró en octubre su voluntad de colaborar con la explotación de este metal.Ambos mandatarios abordarán también las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina (CAN), y la directiva europea de expulsión de extranjeros, muy criticada por el presidente boliviano. También se discutirá la seguridad jurídica, la protección de las inversiones extranjeras y en particular las de Francia.
YPFB pospone hasta marzo el control del gas domiciliario
Si bien el 24 de febrero vence el plazo de concesión de los 20 años que tiene la empresa Sergas para controlar la red de gas domiciliario en Santa Cruz y la estatal petrolera YPFB anunció que se hará cargo del negocio, ésta demorará hasta marzo, informó ayer el responsable regional de Yacimientos, Fernando Vincenti.“YPFB no sólo manejará el negocio del gas domiciliario en Santa Cruz, sino también en todo el país. Hay cinco concesionarias en Bolivia y ninguna de ellas ha cumplido mínimamente con los planes de inversión comprometidos. Nosotros hemos enviado una nota a la Superintendencia de Hidrocarburos tal como establece el contrato y hemos asegurado nuestro interés de administrar el servicio en Santa Cruz a partir de marzo”, aseveró.Fuentes de YPFB en La Paz señalaron que el retraso obedece a los cambios producidos en la estatal, como producto de las denuncias de corrupción en las que aparecen involucrados varios funcionarios de esa empresa.En la actualidad, YPFB administra alrededor de 60.000 conexiones domiciliarias en el país, por lo que manejar 6.000 más en Santa Cruz no tiene ningún impedimento para la empresa.“Existe la capacidad para controlar el servicio a partir de marzo. Por la Ley de Hidrocarburos vamos a manejar todo el negocio y no habrá ninguna sociedad con la Alcaldía, Prefectura, CRE o Sergas. Éste es un servicio social”, sostuvo.Por su lado, el asesor de Hidrocarburos, Minería y Energía de la Prefectura, José Padilla, indicó que el tema será analizado mañana con los representantes de la Alcaldía, de Sergas y de la CRE.No obstante, adelantó que pedirán a YPFB una ampliación del plazo de la concesión, además de que debe haber una transición. Asimismo, señaló que analizan con la CRE, Sergas y la Alcaldía, la creación de una cooperativa o una empresa.Por otra parte, denunció que por la ampliación de nuevas redes en la capital cruceña, la empresa estatal adeuda $us 15 millones a Sergas. “Yacimientos se tiró la plata y no hizo nada”, dijo.Algunos expertos consideran que Sergas ha crecido con mayor ritmo, pero no contó con el apoyo del Gobierno a través de la devolución del Fondo de Operación, de ahí la supuesta deuda de la estatal petrolera de $us 15 millones. Señalan que de haberse dado esa inyección de recursos, Sergas tendría 10 mil usuarios más.En YPFB admitieron que hay un proyecto nacional de nombre PK-130 destinado a hacer instalaciones gratuitas por parte de YPFB en el occidente boliviano, especialmente en la ciudad de El Alto, donde se ha hecho una mayor cantidad de instalaciones.En Santa Cruz, sólo se ha recibido este proyecto para las poblaciones de Camiri y Cuevo.La respuesta de Vincenti no se dejó esperar y negó la deuda. Afirmó que las instalaciones de la red primaria estuvieron a cargo de YPFB, mientras que Sergas hizo las instalaciones domiciliarias y cobró a los beneficiarios. “Sergas no cumplió con el contrato y por eso vamos a hacernos cargo del servicio”, aseveró.Al respecto, EL DEBER intentó conocer la versión de los ejecutivos de Sergas; sin embargo por cuarta vez no se pudo conocer su opinión.Se habla del monopolio en la redFuentes del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal petrolera confirmaron anoche que Yacimientos se convertirá en la empresa que tendrá el monopolio de la distribución de la red de gas domiciliario en el territorio nacional. Las compañías Emcogas, de Cochabamba; Emdigas, de Sucre, y Emtagas, de Tarija, supuestamente pasarán a manos de Yacimientos de forma gradual.Funcionarios de la petrolera señalaron que la empresa administrará toda la infraestructura tal como lo establecen la Superintendencia de Hidrocarburos en su reglamento y los decretos supremos 28291 y 28701.Cabe recordar que a fines del año pasado YPFB inauguró la ampliación de las redes primarias de gas en el Plan Tres Mil, para poder llegar con el suministro de gas a usuarios industriales, comerciales y domésticos. En esa oportunidad se dio inicio a las obras de la ampliación de la red primaria con tubería de acero. Después de terminar este tendido, se procederá a instalar las estaciones distritales de regulación que regularán la presión del gas. Después se procederá a conectar las tuberías de polietileno que pasarán por las calles y de ahí se iniciará la instalación interna domiciliaria.Las cifras- Beneficiarios. El número de usuarios es de 8.431.- Inversión. La inversión de Sergas es de $us 4.500.000.- Tarifas. El precio por millar de pies cúbicos de gas es de $us 1,7.- Provincias. El consumo actual de gas natural por Sergas está en 0,80 Mmcd. Hasta la fecha se han hecho ampliaciones de redes para la instalación de gas domiciliario en los municipios de Warnes y Montero para 6.500 nuevos usuarios, por un costo de $us 10 millones.
YPFB-SIPSA se conformó sin una norma legal de respaldo
La empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA), formada por el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, se creó sin resolución de directorio ni decreto supremo que autorice su constitución.Los directivos Ebmar Galarza, Raúl Barroso y Fernando Vincenti aseguraron que no fueron informados por la ex autoridad sobre el nacimiento de la firma y tampoco sobre la suscripción de contratos con YPFB.Para formar esta compañía dedicada a la recalificación de garrafas y otros servicios, Ramírez simplemente se amparó en la Resolución Suprema 228612 de su nombramiento, el 12 de marzo de 2008.Según los directivos, para suscribir cualquier contrato o negocio que supere más de un millón de dólares, el presidente de la estatal está obligado a contar con el visto bueno de ese cuerpo fiscalizador.El Estatuto de YPFB, en su artículo 9 (k), dice que el directorio debe otorgar el permiso para la creación de sociedades comerciales. Además, en la parte d) otorga como atribución del directorio aprobar las condiciones y suscripción de los contratos, prevista en la Ley de Hidrocarburos.La norma fue incumplida por Ramírez, quien da curso a YPFB-SIPSA como empresa privada con la compra de 218 acciones a nombre de la estatal.Quedaron con una acción en la firma Lucy Barbery Rivero y Nelly Salvatierra.La notaria de Fe Pública que elaboró el Testimonio de Constitución de SIPSA y que modifica el nombre de Full Industry a la nueva firma da cuenta que sólo fueron presentados “una minuta de modificación de denominación en los estatutos y en la escritura de constitución adjunta la copia legalizada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas y la Resolución Suprema No. 228612”.Esta última confiere la representación legal de YPFB a Santos Ramírez al nombrarlo presidente interino.Galarza explicó a La Prensa que si el Presidente de YPFB no tenía la resolución de directorio, podría haber creado alguna sociedad, siempre y cuando lo respalde un decreto supremo o la aprobación del Congreso, pero tampoco se cumplió con estos procedimientos.En la página web de la Gaceta Oficial del Estado no existe una norma sobre la creación de SIPSA.Vincenti justificó este requisito porque “si es una empresa que compromete activos de YPFB, debe ser autorizada y no solamente consultada por el directorio, porque se trata de la disposición de recursos”.La sociedad se formó el 4 de septiembre sobre la base de lo que fue la recalificadora de garrafas Full Industry, a la que no se le terminó de cancelar los 216.000 dólares que se le comprometió por la transacción.El 12 de febrero, el presidente de YPFB Carlos Villegas, informó que YPFB-SIPSA tenía irregularidades en su constitución, presupuesto y personal. Añadió que fue creado para cumplir la función de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) y prestar servicios de perforación petrolera. Aunque también iba a dedicarse a la construcción de plantas, tendido e instalación de poliductos y plantas de almacenamiento.Lo paradójico es que SIPSA pasó a hacer el mismo trabajo de Full Industry y logró firmar un contrato por 1,8 millones de dólares con YPFB, lo que tampoco fue conocido por el directorio.También se le concedió la administración del taladro PDV-08 adquirido a Venezuela para el pozo 34D en el campo Víbora, de Santa Cruz, donde aún no se iniciaron las obras. Ese equipo debía ser manejado exclusivamente por la empresa y no por una firma privada.Vincenti confirmó que fueron sorprendidos. “Nosotros sabíamos que YPFB iba a operar ese taladro, en el marco del convenio que se hizo entre YPFB con Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.Trabajadores de YPFB reconocen que existe exceso de personalEl Sindicato de Trabajadores Petroleros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció que cuando el ex presidente Santos Ramírez asumió la presidencia advirtió de que la estatal tenía un déficit de 400 millones de bolivianos y, por eso, se tendría que parar las contrataciones.Sin embargo se hizo lo contrario, incrementando la deuda a 500 millones con la selección de una mayor cantidad de personal.El secretario general, Ramiro Saavedra, en entrevista en radio Erbol, reconoció que existe un exceso de personal en la estatal.Agregó que el número debería bajar de 1500 empleados sobre la base de una relocalización de acuerdo con la preparación de los trabajadores y las necesidades en cada región.“Tal vez estamos todos aquí en La Paz, pero podemos ir a los campos petroleros”.El 12 de febrero, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó sobre el despido de 74 trabajadores, entre ejecutivos y obreros, debido a que la nacionalizada se convirtió en una agencia de empleos que no corresponde, porque es una empresa operativa.“Hubo un crecimiento exponencial hasta llegar a 1.557 trabajadores, con una asimetría absoluta entre gente vinculada a lo administrativo versus lo técnico”.Saavedra denunció que para contratar al personal, la decisión se hacía por convocatorias, pero llegaron cartas que decían que “Marcelino Cusicanqui, que trabajaba en Recursos Humanos, les indicaba que esa convocatoria no era para afuera, sino era interna; era muy extraño”.Aseguró que existen “focos fundamentales de corrupción”, como en la planta de Senkata en El Alto, donde se contrata personal bajo influencia de familiares y no con criterios técnicos, que son los que necesita la empresa.Además admitió diferencias salariales grandes entre los trabajadores y los ejecutivos.”Yo le cito un caso: hay un ingeniero que gana 12.000 bolivianos y no hace nada”.Explicó que existe una escala salarial, una de no profesionales, que llegaba como máximo a 6.000 bolivianos, y la de profesionales, que tiene un nivel alto, que hasta antes de la promulgación del decreto supremo de austeridad llegaba a 30.000 bolivianos. Sin embargo, explicó que se optó por hacer una planilla única que en este momento no reconoce el trabajo de los técnicos. La Prensa informó sobre la existencia de personal ejecutivo en la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) con haberes de 22.000 bolivianos, por encima del sueldo del Presidente de la República.AntecedentesEl 27 de enero es asesinado el empresario Jorge O’Connor en un domicilio de la Tejada Sorzano.La investigación del asesinato devela corrupción y hechos irregulares en la estatal.El 31 de enero, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, es destituido del cargo.El presidente Evo Morales ordena la intervención de la estatal petrolera.Se inicia la auditoría a todos los contratos hechos por YPFB en los anteriores tres años.El 12 de febrero, el actual presidente, Carlos Villegas, informa irregularidades en SIPSA.El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción inicia una auditoría.YPFB-SIPSA tendría deudas y se hace de personal sin contratos y presupuesto.La empresa formada por Santos Ramírez pagaba jugosos salarios.Su gerente, Rogelio Ashmine, percibía 23.500 bolivianos como honorarios, más que Evo.
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References: artículo 2
 artículo 5
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 artículo 48
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 artículo 9
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