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Timestamp: 2018-06-25 19:23:44+00:00

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historiadiplomaticadevenezuela - Las reclamaciones internacionales soberanía a prueba. Decreto de 6 de marzo de 1854 y doctrina sobre responsabilidad Internacional. Casos de Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Francia – Inglaterra y España.
Las reclamaciones internacionales soberanía a prueba. Decreto de 6 de marzo de 1854 y doctrina sobre responsabilidad Internacional. Casos de Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Francia – Inglaterra y España.
A raíz del nacimiento de Venezuela como Estado independiente, tras su separación de la Gran Colombia surgieron ciertas responsabilidades en cuanto a deudas publicas que tenia la Gran Colombia las cuales debían se cubiertas por las tres naciones nacientes (Venezuela, Nueva Granada y Ecuador).
Bandera de Ecuador 1830
Bandera de Venezuela 1830
Bandera de la República de la Nueva Granada 1830
En este sentido, Venezuela tenía que hacerse cargo junto con las otras dos naciones de no sólo de la deuda pública colombiana, sino que además debía asumir los compromisos que se habían adquirido como Gran Colombia y también debía hacerse responsable por los actos que sus agentes o funcionarios hayan realizado en perjuicio de terceros.
Fuente:http://www.ritmodominicano.com/wiki.php?title=Discusi%C3%B3n:Gran_Colombia
Mapa Político-Administrativo de la Gran Colombia
Fuente:http://www.kalipedia.com/historia-venezuela/tema/republica-liberal/disolucion-gran-colombia.html?x=20080801klphishve_23.Kes
Mapa Ilustrativo de la Gran Colombia
La principal deuda que se tenía era con los ingleses, capitales con los que se sostuvo la guerra de independencia, para responder a esto las se llegó a un acuerdo en 1834 entre Venezuela y Nueva Granada, al que se uniría mas tarde Ecuador. La deuda sería, entonces, dividida de la siguiente forma:
Nueva Granada cancelará 50% de la deuda total
Venezuela cancelará 28,5%
Ecuador 21,5%
Mapa de la repartición de deudas públicas, a raiz de la separación de la Gran Colombia.
Fuente:http://html.rincondelvago.com/creacion-y-disolucion-de-la-gran-colombia.html
Editado por Lilly Fajardo y Lissette González
De esta forma Venezuela reconoció los siguientes saldos:
570.000 libras del empréstito contraído el 13 de marzo de 1822 con Herring, Graham y Powels de Londres por un total de 2.000.000 de Libras
1.318.395 libras de un préstamo total de 4.625.950 libras, contraído con B.A. Galdsschmidt y Compañía de Londres.
1.977.896,07 pesos de deuda consolidada de 3% de interés inscrito en el Gran Libro de la Deuda Nacional.
1.527.416,37 y medio de deuda consolidad al 5% inscrito en el Gran Libro de la Deuda Nacional.
17.955 libras de un préstamo total de 63.000 libras realizado por los Estados Unidos Mexicanos, al cual se le realizarían ciertas deducciones con la aparición de documentos de pago que parea el momento del acuerdo no se tenían registrados. (Arcaya, xxxx, pág. 20-21)
Cabe destacar que como no todas las deudas al 3% y al 5% habían sido registradas en el libro, mencionado anteriormente, los tres gobiernos establecieron un lapso de tiempo por el cual los acreedores podían presentar los documentos de crédito para el cobro de las correspondientes responsabilidades a una Comisión formada por tres ministros de cada país (Santos Michelena por Venezuela, Rufino Cuervo por Nueva Granada y Francisco Marcos por Ecuador), dicha comisión iniciaría funciones el 25 de abril de 1838 y las culminaría en mayo de 1839. Las deudas que aparecieran de esta forma serían divididas en los porcentajes antes mencionados.
En relación a la deuda interna las deudas quedarían de la siguiente forma:
De la consolidada y consolidable del 3%: 2.781.040.29 $
De la consolidada y consolidable del 5%, de la flotante radicada y no radicada y de la Tesorería Colombiana: 4.356.600,45 $
De la de reconocimiento de intereses de Colombia: 80.274,37 $
Dando un total de 7.217915,12 $, del cual Venezuela sólo habría de cancelar 3.439.867,61$ debido a que habíamos amortizado gran parte de esta deuda entre los años 1830 y 1838. Además, se emitieron “billetes por el valor de otros $ 1.316.610 en el pago de los intereses, hasta el primero de julio de 1840 por la fracción de la deuda consolidable de Colombia”. (Arcaya, xxxx,pág.22)
Otras deudas que se reconocieron son la de 28.500 $ correspondientes a un crédito de Pedor Deutan por dos buques embargados durante la Guerra de independencia y otro por el mismo monto a Juan D. Danels por una reclamación contra Colombia por el valor de dos buques que había sido tomado por la armada colombiana.
En cuanto a lo que le correspondía pagar a Venezuela por los empréstitos colombianos de 1822 y 1824, el gobierno entablo negociaciones con los correspondientes acreedores con los que llego a un acuerdo establecido en el Decreto Ejecutivo de 16 de septiembre de 1840 del cual Pedro M. Arcaya hace un análisis artículo por artículo: pág. 23-24
La importancia de este decreto es que Venezuela logró este tema del ámbito de los “compromisos Internacionales” ubicándolo así en el de “contratos” hechos por el gobierno venezolano con individuos particulares, es decir, las mismas dejaron de ser deudas diplomáticas. Con esto la nación se vio obligada a emitir:
Por deuda activa 11.802.473,56 $
Por deuda diferida, la misma suma de 11.802.473,56 $
Dando un total de 23.604.947,12 $ a la que se le agrega un monto por lo que se le debía a Jaime Mackintosh, cuyas re aclamaciones también eran llevadas por el representante británico frente a la Comisión de los tres Ministros, Comisión Liquidadora de Bogotá. Se supone que la comisión había dispuesto que el pago de la parte venezolana la llevara a cabo el Gobierno de Ecuador mediante otras compensaciones, mas el ciudadano británico no se conformo con esa solución. No obstante, Venezuela logró negociar directamente con él y consiguió llegar a un acuerdo en el que cancelaria el 28,5% que le correspondiese. (Arcaya, pág. 26)
Como vemos a raíz de la separación de la Gran Colombia vinieron un gran número de reclamos de tipo económico por todos los compromisos que ésta había adquirido. No obstante, a raíz de los sucesos propios de la independencia se sucintaron otros daños que las naciones pedían fueran resarcidos por el Estado venezolano.
Bandera de los EEUU 1840
Entre estas está el caso de Estados Unidos, que reclamaba una indemnización por los perjuicios sufridos por sus ciudadanos en Puerto Cabello atribuidos a las tropas revolucionarias entre finales 1835 y principios de 1836 (Revolución de 1835). En cuanto a este tema el gobierno se comprometió a liquidar los efectos consumidos por la “autoridades legitimas” durante estos sucesos, pero se negó a cancelar los perjuicios causados por los “actos arbitrarios de los facciosos”.
Como vemos la posición que se asumió fue la de reconocer los daños causados por las “autoridades legitimas”, además de que se estableció que todo extranjero así como un nacional puede reclamar ante un tribunal para que sea indemnizado con los bienes de los insurrectos causantes de los perjuicios. Con lo que se establece que ningún extranjero tiene más derechos que los que se le conceden a los nacionales dentro del marco de la Constitución y las Leyes de la República.
Obviamente la Legación americana presento protestas frente a esta respuesta, mas la posición de Venezuela siguió siendo la misma, es decir que “Los partidos revolucionarios que no llegan a establecer un Gobierno, podrán comprometer la responsabilidad de las personas que a ellos pertenecen…, nunca la de la nación…” (Pulido, 1963, pág. 22)
Producto de las conmociones y revoluciones propias de las naciones nacientes los reclamos no dejaron de llegar a la Secretaria de Relaciones Exteriores. Pero estas reclamaciones eran demandadas por ciudadanos, a través de sus Cónsules y Ministros en el territorio venezolano, que no había logrado respuesta por medios legales. En este sentido se puede mencionar una circular del Secretario de Relaciones Exteriores con fecha del 24 de marzo de 1840 (Ibis, pág. 23) en la que se señala, básicamente, que como los “súbditos extranjeros” habían descuidado sus juicios, en las instancias correspondientes, y no habían presentados el seguimiento adecuado ellos mismos habían hecho de esos reclamos algo irreparable. Sin dejar de mencionar que como todo ciudadano, los extranjeros que se encontraban en territorio venezolano debían someter a las leyes nacionales y a los procedimientos que esta estableciera para procurar justicia, si en algún momento al sentirse agraviados llegaran a aspirar a ella. Argumento basado en el artículo 218 de la Constitución de 1830.
Sin embargo, Venezuela se vio, en muchos casos, en la necesidad de ir en contra de este principio debido a la presión que las grandes potencias ejercían sobre ella. Ejemplo de esto es el resultado favorable que tuvieron diversas reclamaciones francesas y españolas en 1849, de las cuales, muchas fueron admitidas sin importar si se trataba de perjuicios causados por autoridades legitimas o no. El hecho es que esta situación llevó al establecimiento de dos convenios, uno con Francia y otro con España, en 1851.
Como la mayoría de este tipo de reclamaciones provenían de la Guerra de Independencia, cuyos principales afectados eran los españoles se estableció un marco espacia para ellos el cual quedó sentado en el “Tratado de Paz y Reconocimiento” firmado en Madrid el 30 de marzo de 1845. El mismo en su artículo 4 señala: “que los ciudadanos y súbditos respectivos de ambas Naciones conserven expeditos y libres sus derechos para reclamar y obtener justicia y plena satisfacción de las deudas contraídas entre sí bon finde”
Mientras que el artículo 5 reza que Venezuela:
reconoce espontáneamente como deuda nacional consolidable la suma a que ascienda la deuda de Tesorería del Gobierno español que conste registrada en los libros de cuenta y razón de la Tesorerías de la antigua Capitanía General de Venezuela (…) más siendo difícil (…) fijar definitivamente este punto (…) han convenido en dejar su resolución para un arreglo posterior. Debe entenderse, sin embargo que las cantidades que según dicho arreglo resulten calificadas y admitidas como legitimo pago, mientras este no se verifique, ganaran el cinco por ciento de interés anual, empezándose a contar desde un año después de canjeadas las ratificaciones del presente Tratado.
Por su parte el artículo 6 señala que Venezuela restituirá todos los bienes muebles o inmuebles, que hayan sido tomados por motivo de la guerra por el Gobierno, a sus antiguos dueños o sus descendientes. Mientras que en artículo 7, se aclara que cualquier desperfecto o mejora que hayan tenido dichos bienes no podrán reclamarse.
Posteriormente, con la **Explanación del Tratado de Paz y Reconocimiento del 7 de agosto de 1846** Venezuela siente el 5 de julio de 1811 como la fecha hasta la cual “la Republica reconoce la deuda de Tesorería declarándose categóricamente que la Republica de Venezuela en ningún caso admitirá en comprobación de reclamaciones la prueba de testigos o certificaciones” (Pulido, 1963, pág. 26) por lo complicado de su comprobación y porque pueden dar pie a fraude.
Para detener las reclamaciones que llegaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Congreso dicta una Ley que es conocida como el Decreto del 6 de marzo de 1854. Establece como principio lo que Venezuela había señalado anteriormente, tal cual reza en su artículo único, citado por María T. Pulido Santana:
Ningún extranjero tiene acción para reclamar del Gobierno legitimo de la Republica, por vía de indemnización o resarcimiento, los daños o perjuicios que sufran sus intereses por consecuencia de las conmociones políticas o cualquiera otra causa, cuando tales daños y perjuicios no hayan sido causados por autoridades legitimas; salvándose siempre el derecho de repetir contra un tercero toda clase de indemnizaciones con arreglo a las leyes comunes, y en los casos prescritos por ellas (1963, pág.27)
A partir de esto veremos como muchos tratados y declaraciones entre Venezuela y naciones europeas consagraran este principio (caso de los Países Bajos en 1855, Cerdeña, en 1858 o el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Venezuela y las Naciones Anseáticas firmado en 1860).
Este Decreto produjo las protestas de países como España y Holanda más no se llevó adelante ninguna discusión.
Como tal este decreto sienta las bases para detener las reclamaciones diplomáticas al establecer cuales eran las responsabilidades del Estado, no obstante, no señala como se determinaba “el modo y términos de sustanciar y reconocer los créditos reclamados, los cuales se fundaban tanto en suplementos hechos a la revolución federal como en perjuicios sufridos a causa de la misma” (Ibis, pág. 56). Para esto se establece el Decreto de 20 de julio de 1864, del cual María Pulido, señala como principales disposiciones, las siguientes:
La que limitaba la responsabilidad de la nación al valor de la propiedad tomada para uso público, y negaba, en consecuencia, el resarcimiento de perjuicios (Art. 1°).
La que mandaba promover ante los tribunales un juicio de expertos, caso de no avenirse el ministro y el interesado en la fijación de la cantidad perdida.
La que disponía –y es la principal- cómo, transcurrido cierto plazo, todo reclamo se ventilaría ante los tribunales ordinarios hasta establecer su cuantía, y que no se admitirían por la vía diplomática sino después de agotado los demás recursos legales (Art. 5°) (1963, pág. 56)
Este decreto volvió a generar la exaltación de otras naciones más ese principio establecido en el Decreto de 6 de marzo de 1854 ya había quedado sentado en otros tratados firmados entre Venezuela y muchas de las naciones que protestaban. Un ejemplo es el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 25 de marzo de 1843 firmado en Caracas por Venezuela y Francia el cual en su artículo 3 señala que los súbditos franceses gozarán “de los mismos derechos y privilegios concedidos a los nacionales, así como estarán sujetos en su ejercicio a las mismas condiciones que éstos.” ( Pag. 154)
Posteriormente, el 14 de febrero de 1873 el Presidente de la República parea detener nuevamente las reclamaciones que seguían siendo introducidas dicta dos decretos; en el primero, establecía los derechos y deberes de los extranjeros domiciliados en el país; mientras que el segundo, establecía las reglas a seguir en caso de introducir algún tipo de reclamo por perjuicios sufridos en tiempos de guerra como de paz. Estos decretos reafirman normas establecidas ya, en sus antecesores, como por ejemplo: que para que un extranjero acuda a instancias diplomáticas para realizar algún tipo de reclamación debe primero agotar las instancias legales y debe ser claro que se juzgó injustamente en su caso, o la disposición de que el estado es irresponsable frente a daños causados por facciones, etc.
Arcaya, P. M. (xxxx) Historia de las reclamaciones en Venezuela. Caracas.
Pulido S. María T. (1963) La Diplomacia en Venezuela. Tesis de Grado, Universidad Central de Venezuela, Caracas
(1961) Anales Diplomáticos de Venezuela, Tomo IV, Caracas
Reconocimiento de la Independencia por parte de España
Leyes y Decretos de Venezuela 1851-1860
Tratado de Paz y Amistad Venezuela- España 1845
Diplomacia en Venezuela
La primera misión Diplomática de Fermin Toro
Textos Digitalizados :
Uno de los textos claves para entender el tema de las reclamaciones Internacionales es el de Pedro Manuel Arcaya llamado "Historia de las reclamaciones en Venezuela" donde explica todas las reclamaciones, que se le hicieron a Venezuela, desde la época de la independencia. Dentro del tema que estamos tratando, este texto muestra y desarrolla de manera muy detalllada las difererentes reclamaciones que contrajo el país, a partir de la separación con la gran Colombia y los compromisos de deuda interna y externa, que se distribuyo entre los países que conformaban la gran Colombia, esto a raíz de su disolución. El siguiente archivo, es parte del libro de Arcaya, donde se puede apreciar la información antes nombrada:
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Para el tema de las controversias de Venezuela con varios Estados por reclamaciones Diplomáticas, recomendamos el libro de María Teresa Pulido Santana “ La diplomacia en Venezuela” allí la autora plantea una de las primeras reclamaciones a partir del tratado de paz y reconocimiento, celebrado entre España y Venezuela en 1845, donde Venezuela reconoce como deuda Nacional consolidable, la deuda con la tesorería del gobierno Español de todos los bienes muebles e inmuebles, entre otros que se confiscaron en la guerra de independencia, a continuación parte del texto antes nombrado:
Diploma CIA en Venezuela
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Realizado por las Bachilleres: Fajardo, Lilly. C.I: 16.557.036
González, Lissette. C.I: 16.113.494

References: artículo 218
 artículo 4
 artículo 5
 resolución 
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 3