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Timestamp: 2019-12-12 22:17:10+00:00

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Resolución de 21 de noviembre de 2019, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2018
PRIMERA PARTE. Evaluación del cumplimiento de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno durante el ejercicio 2018
2. Precisiones metodológicas.
3. Aspectos competenciales.
4. Grupos de clasificación.
5. Respuesta ciudadana.
A) Órganos constitucionales y de relevancia constitucional y entes reguladores.
C) Sector público institucional estatal.
E) Sujetos privados.
F) Respuesta ciudadana.
SEGUNDA PARTE. Actividades del CTBG durante el ejercicio 2018
a) Gobernanza y organización.
b) Recursos humanos y retribuciones.
c) Gestión presupuestaria.
d) Contratación y convenios.
B. Eje RESUELVE.
C. Eje COLABORA.
D. Eje INTERPRETA.
E. Eje SUPERVISA.
F. Eje FORMA.
G. Eje COMUNICA.
H. Eje RINDE.
I. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
J. Conclusiones sobre la actividad del Consejo en 2018.
El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, señala en el artículo 6 que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo deberá regirse por los principios de transparencia y participación ciudadana, que se concretan, entre otras, en la siguiente disposición: «b) Tras su aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el "Boletín Oficial del Estado". Se prestará especial atención a que resulte claramente identificable el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos, entidades y órganos obligados de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».
Evaluación del cumplimiento de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno durante el ejercicio 2018
1.º) Obligaciones de buen gobierno.
- En la Administración General del Estado (AGE), la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la misma, obliga al órgano competente para la instrucción de los procedimientos sancionadores -la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de la Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP)- a elevar al Gobierno cada seis meses, un informe sobre el cumplimiento de dichas obligaciones para su remisión al Congreso de los Diputados.
- En el ámbito autonómico y local, los órganos competentes en materia de buen gobierno y de conflictos de intereses de los altos cargos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y las Entidades Locales (EE. LL.) están generalmente obligados a publicar e informar de los resultados de su gestión a los Parlamentos, Asambleas o Plenos correspondientes.
2.º) Entidades locales.
3.º) Entidades del artículo 3 de la Ley de Transparencia.
Se trata de los sujetos mencionados en los dos apartados del artículo 3 de la Ley: por un lado, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales; y, por otro, las entidades privadas que han percibido durante el ejercicio ayudas o subvenciones públicas por importe superior a 100.000 euros o que han financiado, al menos, el 40?% de sus ingresos con cargo a subvenciones o ayudas superiores a 5.000 euros/año.
4.º) Órganos constitucionales, órganos de relevancia constitucional y organismos independientes de ámbito estatal.
Contabilizando los tres niveles de Administración -central, autonómica y local- y según los datos proporcionados a fecha actual por el Inventario de Entes del Sector Público (INVENTE) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/invente/Paginas/inicio.aspx- el número de sujetos de derecho público comprendidos en el ámbito de la Ley de Transparencia asciende en la actualidad a más de 18.500.
Compuesto por los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional mencionados en el artículo 2.1, aptdo. f), de la Ley de Transparencia -Casa de Su Majestad el Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social (CES) y Fiscalía General del Estado- junto con los organismos estatales con funciones reguladoras -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
a) Un primer grupo compuesto por cinco organismos autónomos, dos entidades colaboradoras de la Seguridad Social, dos organismos de regulación especial y una universidad pública (10 entidades): Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Umivale, Solimat, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Autoridad Portuaria de Cartagena, Museo del Prado y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
b) Un segundo grupo con cuatro sociedades mercantiles estatales y una fundación pública (5 entidades): Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.A. (SENASA), Suelo Empresarial del Atlántico, S.L., Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Estos organismos son los Comisionados y Consejos autonómicos de Transparencia y los otros organismos públicos que las CC. AA. en uso de su autonomía han ido creando desde 2015 a la actualidad con la misión genérica de resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de sus ámbitos territoriales al amparo del artículo 24 de la Ley y de garantizar el cumplimiento de la normativa de transparencia por sus entidades y órganos propios. Por oposición a los órganos y entes autonómicos encargados de cumplir las obligaciones de publicidad activa y acceso a la información -órganos «gestores» de la transparencia-, estos organismos podrían denominarse propiamente órganos «garantes».
- GRUPO V.
Integrado por los sujetos enumerados en el artículo 3 de la Ley de Transparencia: los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y las entidades privadas que hubieran percibido durante el ejercicio ayudas o subvenciones públicas por importe superior a 100.000 euros o que hubieran financiado, al menos, el 40?% de sus ingresos con cargo a subvenciones o ayudas superiores a 5.000 euros/año.
En cuanto al seguimiento realizado en 2018 de las recomendaciones efectuadas a los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, así como por el Banco de España y las Autoridades Administrativas Independientes de ámbito estatal (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIReF-), evaluadas en 2016, cabe destacar el esfuerzo realizado por todos ellos para incorporar dichas recomendaciones, tanto las vinculadas al nivel de cumplimiento obligatorio de la Ley, en un porcentaje que se sitúa en un 38,09?%, como las vinculadas al nivel de transparencia voluntaria. En ambos supuestos, debe destacarse como buena práctica el caso de la AIReF, que en el nivel de cumplimiento obligatorio ha implementado el total de las recomendaciones recibidas y en el nivel de transparencia voluntaria, ha publicado los datos e informaciones correspondientes a los viajes oficiales de su equipo directivo, obsequios institucionales recibidos, bienes muebles de interés cultural depositados en el organismo y los vehículos oficiales que tienen en uso. Junto a las de la AIReF, pueden destacarse también, en este apartado de buenas prácticas en materia de transparencia voluntaria, los casos del Congreso de los Diputados y el Banco de España que han publicado en su portal de transparencia las agendas de trabajo, respectivamente, de la presidenta y la subgobernadora.
En cuanto a este Consejo que no se incluyó en la evaluación de 2016, pero que en 2017 fue objeto de una auto-evaluación, de las 17 recomendaciones de mejora de su portal web, se han incorporado 12 (71?%).
a) Publicidad activa.
En materia de publicidad activa, se ha detectado en 2018 un notable incremento del número de visitantes (60?%) y del número de páginas visitadas (49,35?%).
b) Acceso a la información.
En materia de acceso a la información, se observa un incremento considerable de las solicitudes, que se cifra en un 40,52?% de 2018 respecto de 2017 y que, a su vez, supone un incremento de un 88,76 % respecto de 2015, primer año completo de funcionamiento del Portal. Este crecimiento, que se ha acelerado en 2018 respecto de 2017, podría muy bien representar la consolidación de una tendencia incremental hacia el futuro.
Respecto de las variables ligadas a la tramitación y la resolución de las solicitudes de información se detecta en 2018 una gran similitud con los datos registrados en 2017, habiendo aumentado porcentaje de solicitudes resueltas: un 96,20?% de solicitudes resueltas frente al 92,01?% registrado en 2017. Se aprecia, por tanto, un incremento en la capacidad de resolución de las solicitudes y una tendencia a la estabilidad en la distribución de resoluciones favorables y desfavorables.
En cuanto al ejercicio del derecho de acceso por vía electrónica, la cifra en 2018 presenta un alto grado de estabilidad: un 88% frente a un 87,45?% registrado en 2017.
c) Grado de incorporación de las recomendaciones derivadas de la evaluación de 2016.
El nivel de cumplimiento medio en 2018 en este bloque de obligaciones para las 10 entidades evaluadas pertenecientes al primer grupo es del 62,36?%, aunque existe una gran variabilidad. La información de tipo institucional es la que presenta un nivel de cumplimiento más elevado y la información sobre planificación es la que presenta menor grado de cumplimiento.
En cuanto al segundo grupo, el nivel del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al bloque de información institucional, organizativa y de planificación es más elevado, un 68,33?%, seis puntos porcentuales más que el primer grupo de entidades evaluadas, pero también existe variabilidad aunque menor que en el primer grupo.
b) Información de relevancia jurídica.
El nivel de cumplimiento de este grupo de obligaciones es elevado, un 87?%, aunque nuevamente existe gran variabilidad.
c) Información económica, estadística y presupuestaria.
En el caso del primer grupo el índice de cumplimiento de la información obligatoria es del 53,04?%. El segundo grupo presenta un peor desempeño con un nivel medio del 48,57?%.
d) Información patrimonial.
Este bloque de obligaciones solo es aplicable al primer grupo y el índice global de cumplimiento es del 32,14?% El principal factor explicativo de este nivel de cumplimiento es la ausencia de publicación de la información en las webs de los sujetos obligados y la necesidad de recurrir a la información centralizada en el Portal de Transparencia de la AGE, Como en los bloques anteriores, se aprecia un escaso uso de formatos reutilizables en la publicación de la información así como la carencia de datos de actualización de la misma.
e) Información complementaria desde el punto de la transparencia y buenas prácticas.
f) Índice de cumplimiento de la información obligatoria (ICIO).
Como recomendaciones básicas, de carácter esencial, cabe señalar tres relacionadas con la localización de la información -articular un espacio diferenciado en su web que permita a los ciudadanos acceder a las informaciones obligatorias establecidas por la Ley de Transparencia-; estructuración de la información -que debe ajustarse al patrón definido por la Ley de Transparencia-; y los contenidos -debe publicarse toda la información obligatoria, advirtiendo expresamente si se diera la circunstancia de que para una información concreta no ha habido actividad en el organismo.
a) Órganos Garantes.
Al tenor de los datos aportados en los cuestionarios, durante 2018 se han formulado 1.666 reclamaciones frente a solicitudes de información pública resueltas por organismos y entidades públicas de ámbito autonómico., lo que supone lo que supone un aumento del 42,6?% respecto de 2017. Este incremento de las reclamaciones es paralelo al experimentado en el ámbito estatal: en 2018 se han formulado 1.338 reclamaciones ante el Consejo frente a las 1.067 que se formularon en 2017, con un incremento del 25,4?% interanual.
c) Órganos Gestores.
- Publicidad activa.
De los datos proporcionados resulta, primeramente, que en 2018 se han recibido por las diecinueve Comunidades y Ciudades Autónomas que han respondido a la encuesta 6.840 solicitudes de información pública. El incremento de solicitudes en el ámbito autonómico respecto del año 2017 es de un 29,32?%.
Únicamente hay que destacar dos aspectos necesitados de mejora: el mayor número de solicitudes resueltas por silencio administrativo en relación con la AGE, en el que el porcentaje de este es prácticamente inexistente, y el incremento del tiempo medio de resolución de expedientes -37,29 días- frente a 2017 -30,82 días-.
b) Obligaciones específicas.
En opinión de este Consejo, esta situación puede venir motivada por la especial atención que parecen prestar los partidos políticos al cumplimiento de las obligaciones de publicidad derivadas de su normativa propia y específica ( LOPP y LOFPP), respecto de las obligaciones de publicidad activa y las características o atributos de la información que se contemplan en la Ley de Transparencia.
a) Impacto de la transparencia.
b) Confianza de los ciudadanos en la información recibida.
c) Información que debería ser objeto de publicación proactiva.
Actividades del CTBG durante el ejercicio 2018
A. Eje ACTIVA.
A 31 de diciembre de 2018 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contaba con veintidós efectivos, todos ellos funcionarios de carrera por expresa disposición estatutaria, si bien la plantilla real del organismo era de veinte efectivos al cierre del ejercicio. Esta plantilla es prácticamente similar a la que constituyó la dotación inicial de recursos del organismo y claramente insuficiente para que este Consejo pueda desempeñar sus funciones con eficacia., tanto las que derivan de la Ley de Transparencia, del Estatuto del Consejo y del plan estratégico 2015-2020 del organismo, como aquellas otras relacionadas con su órgano colegiado de dirección, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que carece de estructura propia. Y sin olvidar la nueva función de informe asignada al Consejo por el artículo 154.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ( LCSP), que entró en vigor en febrero de 2018.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha contado con un presupuesto inicial para 2018 de 2.276.860 euros, lo que ha supuesto una reducción del 22?% (642.160 euros) con respecto al ejercicio anterior. Prácticamente el 95?% del presupuesto para 2018 ha estado destinado al pago de las nóminas de su personal y al pago de los gastos necesarios para su funcionamiento.
En cuanto a su ejecución asciende a 1.744.770,80 euros (76,63?%), produciéndose un remanente de 532.089,20 euros (23,37?%). El nivel de ejecución alcanzado en 2018 supera el del ejercicio 2017.
a) Reclamaciones tramitadas durante 2018.
Durante 2018 han tenido entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1.338 reclamaciones formuladas por ciudadanos al amparo del artículo 24 de la Ley de Transparencia, un 25,4?% más que en el año 2017. Este crecimiento anual de las reclamaciones tramitadas ha sido una constante en los cuatro años de actividad del Consejo.
- Ámbito estatal.
De las 1.338 reclamaciones tramitadas por el Consejo durante 2018, 755 -el 56,43?% del total- iban dirigidas a impugnar resoluciones de sujetos obligados de ámbito estatal.
- Ámbito autonómico y local.
En cuanto a las reclamaciones de ámbito autonómico y local, en 2018 se han recibido en el Consejo 583 reclamaciones de ámbito autonómico y local, el 43,57?% de las 1.338 reclamaciones entradas en total.
El silencio administrativo es la causa más frecuente de reclamación ante el Consejo frente a resoluciones de las administraciones territoriales. La segunda causa más frecuente es la disconformidad con la información que se ha proporcionado, un 21,1?%. A distancia, en tercera posición se encuentran las causas de inadmisión.
b) Resoluciones a reclamaciones.
Sobre esas 1.688 reclamaciones, y a 31 de diciembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió el 78?% del total, quedando pendientes de tramitación el 22?% restante.
c) Transparencia de las reclamaciones.
b) Ámbitos estatal y territorial.
c) Ámbito ciudadano.
b) Tramitación de denuncias.
En el año 2018 el Consejo ha recibido setenta y cuatro denuncias por parte de ciudadanos referidas a diversos incumplimientos de la Ley de Transparencia. El número de denuncias ha aumentado un 10,4?% respecto de 2017, si bien diez de ellas han sido presentadas por la misma persona y por los mismos motivos.
Así, en 2018, ha habido un menor número de denuncias sobre las cuales el Consejo ha podido entrar a considerar el fondo del asunto, (diecinueve frente a veinte siete en el año 2017). Ello supone un porcentaje del 25,67?%, frente al 40,30?% del año anterior.
Ello supone que el Consejo pudo actuar en veintitrés de las setenta y cuatro denuncias, un 31,08?%.
c) Seguimiento del cumplimiento de las resoluciones del CTBG.
De las 356 resoluciones dictadas por el Consejo que requieren ejecución por el órgano responsable, 87 habían sido iniciadas en años anteriores y han sido resueltas en 2018. De ellas, 77, el 88,51?%, se hallaban suspendidas en su ejecución -31 por haber sido la reclamación objeto de recurso ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y 46 a la espera de la resolución de un recurso contencioso-administrativo sobre el mismo objeto de reclamación-. En las diez restantes, el 11,49?% del total, 9 no consta el cumplimiento de nueve y una fue archivada.
Respecto de las restantes 269 reclamaciones dictadas en 2018, a 31 de diciembre, 204 (el 75,83?%), habían sido cumplidas por los responsables. De las 65 resoluciones restantes (24,17?%), 32 se encontraban suspendidas por haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo por los órganos responsables de su ejecución, nueve permanecían pendientes y 24 permanecían incumplidas pese a las gestiones y requerimientos efectuados por este Consejo.
En relación con las 154 reclamaciones iniciadas en el 2018 y en las que se dicta resolución estimatoria este mismo año, a 31 de diciembre de 2018, 87 de ellas (56,49?%), habían sido cumplidas por los responsables. De las 67 resoluciones restantes (43,51?%), dos se encontraban suspendidas por haber interpuesto los órganos responsables de su ejecución los correspondientes recursos contencioso-administrativos y sobre 65 no consta su cumplimiento pese a las gestiones y requerimientos efectuados por este Consejo.
- Suspensión de la ejecución.
La mayoría de estos recursos han sido interpuestos por entidades públicas: 32 en el caso del Estado, lo que representa el 82,9?% de los recursos interpuestos en 2018, y dos en el de las Administraciones Territoriales (en adelante AA. TT.) lo que supone un 66,7?% del total. Los 13 recursos restantes han sido interpuestos por particulares, tanto personas físicas como jurídicas.
a) Acciones de Difusión y Sensibilización.
b) Acciones de Comunicación.
Con independencia de las acciones de comunicación realizadas directamente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tenido durante 2018 una presencia en prensa, tanto tradicional como digital, así como en otro tipo de foros y redes de la web (blogs, newsletter, comunidades de Internet.).
a) Situación de vacancia de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
b) Insuficiente dotación de personal.
La plantilla debería incrementarse en 33 efectivos -el 150?%- hasta llegar a 55, cifra que permitiría: 1.º) mantener el actual nivel de actividad, atendiendo al crecimiento «vegetativo» de las iniciativas planteadas por la ciudadanía; 2.º) desarrollar adecuadamente las funciones menos prioritarias y acometer las todavía no abordadas y 3.º) desarrollar eficientemente las nuevas funciones que pueden asignarse a medio plazo al organismo.
c) Recursos judiciales.
El coste acumulado por el pago de estos servicios, más el coste del convenio de colaboración del organismo con el Servicio Jurídico-Abogacía del Estado -que, además de realizar la asesoría jurídica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le representa en los recursos promovidos por ciudadanos o por órganos de las AA. TT., respecto de los que no se plantea conflicto ninguno-, asciende a la cantidad de 287.159,46 euros.

References: Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 154
 artículo 24
 resolución 
 resolución