Source: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/Libroweb/cap3.html
Timestamp: 2018-11-18 02:06:20+00:00

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EL PERÍODO DE LA PROSPERIDAD Y EL PROGRESO: 1842 A 1866
La época que va de 1842 a 1866 la denominamos el Período de la Prosperidad y el Progreso, que coincide con la etapa de auge guanero. A lo largo de estos años, el Estado peruano logró un mayor grado de afirmación institucional en sus relaciones con terceros países.
Durante este período el marco constitucional vigente fue más estable. Las relaciones internacionales ocuparon un lugar importante en los debates del Congreso.
Durante los primeros años estuvo en vigencia la Constitución de 1839 la que fue sustituida por la de 1856. Posteriormente rigió la Constitución de 1860 y luego la de 1867. En el capítulo anterior hemos presentado ya los temas internacionales de la Constitución de 1839, en el marco del período denominado de la Determinación Nacional. Las tres constituciones adicionales de esta época mantuvieron similar marco normativo para los asuntos internacionales.
En lo que concierne a la Constitución de 1856, debemos señalar que ésta atribuyó la dirección de las relaciones internacionales al Presidente de la República en su artículo 89, inciso 11. La Constitución facultó al Primer Mandatario para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, comercio y cualesquiera otros, que deberían ser sometidos al Congreso para su ratificación. En efecto, el artículo 55, inciso 15, definió como atribuciones del Congreso aprobar o desechar tratados de paz, concordatos y demás convenciones.
Respecto a la seguridad nacional, el artículo 55, inciso 13, definió como atribuciones del Congreso prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República y para la estación de escuadras en sus puertos. Con respecto a la guerra, el artículo 55, inciso 14, definió como atribuciones del Congreso decretar la guerra, previo informe del Poder Ejecutivo, y requerir a éste para negociar la paz.
En referencia al nombramiento de funcionarios diplomáticos, el artículo 89, inciso 13, facultó al Presidente para nombrar y remover a los ministros de Estado y a los agentes diplomáticos. En el inciso 12 del mismo artículo, la Constitución responsabilizó también al Presidente de la recepción de ministros extranjeros y la recepción de cónsules.
Con respecto a las relaciones con el Papado, el artículo 89, inciso 19, atribuyó al Presidente la concesión o negación del pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, siempre que tuvieran asentimiento del Congreso.
Por su parte, la Constitución de 1860 atribuyó la dirección de las relaciones internacionales al Poder Ejecutivo. El artículo 94, inciso 11, facultó al Presidente para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar los tratados, sometiendo éstos previamente a la consideración del Congreso. El artículo 59, inciso 16, estableció como atribuciones del Congreso aprobar los tratados de paz, concordatos y demás convenciones celebradas con los Gobiernos extranjeros. El artículo 94, inciso 1, atribuyó al Presidente la facultad de conservar el orden interior y seguridad exterior de la República. El artículo 59, inciso 14, fijó como atribuciones del Congreso prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional. Con respecto al Estado de guerra, el artículo 59, inciso 15, facultó al Congreso para resolver la declaración de guerra, a solicitud del Poder Ejecutivo. Asimismo, otorgó al Parlamento el derecho de requerir al Ejecutivo para que negocie la paz. En materia de las relaciones con la Santa Sede, el artículo 94, inciso 19, señaló como atribuciones del Presidente el conceder o negar el pase a decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, con asentimiento del Congreso.
Años más tarde, la Constitución de 1867, que estuvo en vigencia en realidad tan sólo un año, en el artículo 85, inciso 11, facultó al Primer Mandatario a realizar las negociaciones diplomáticas y la celebración de tratados. Sin embargo, éstos debían ser sometidos a la aprobación del Congreso para tener valor. El artículo 59, inciso 18, estableció efectivamente como atribuciones del Congreso el aprobar y desaprobar los tratados de paz, concordatos y demás convenios. En el artículo 59, inciso 16, se señaló también como atribución del Congreso, prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional. El Estado de guerra fue regulado en el artículo 59, inciso 17, que definió como responsabilidad parlamentaria resolver la declaración de guerra, previo informe del Poder Ejecutivo. En el mismo inciso, se facultó al Congreso para requerir al Ejecutivo a negociar la paz. En referencia a la autorización de viajes presidenciales al exterior, el artículo 86 dispuso que el Primer Mandatario no podía salir del territorio de la República, durante el período de su mandato, sin permiso del Congreso.
En cuanto a las relaciones con la Santa Sede, el artículo 85, inciso 19, dispuso que el Presidente estaba facultado para conceder o negar el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, con asentimiento del Congreso.
A partir de 1845 el Perú vivió un período de relativa prosperidad económica, a raíz de los ingresos provenientes de la exportación del guano. Este período, que Jorge Basadre ha llamado de “prosperidad falaz”, se caracterizó por el crecimiento del aparato estatal, la consolidación de determinadas instituciones y el enriquecimiento de aquellos sectores vinculados a la producción y comercialización de ese fertilizante natural.
Debe decirse, sin embargo, que dicha riqueza no originó un crecimiento significativo del aparato productivo a nivel nacional, ni se distribuyó equitativamente entre los diversos sectores de la población. Por el contrario, el crecimiento de las importaciones afectó notablemente a un sector importante de los artesanos del país.
Entre los cambios que el Perú experimentó durante el auge guanero, se produjo una reorientación de su política internacional. Superada la influencia excesiva de Colombia y Bolivia, propia de la primera época, nuestro país afirmó definitivamente su identidad nacional en sus relaciones con los demás países.
Entre las actividades de carácter internacional que más ocuparon el trabajo del Parlamento nacional podemos señalar las correspondientes a las relaciones con Bolivia y la voluntad de definir las fronteras con el Ecuador que desembocó en la guerra con dicho país entre 1858 y 1860. Comentarios especiales merecen también las disputas internacionales del Perú con España. En este período el Perú realizó mayores acercamientos con otros Estados. Debe destacarse también la continuación de un “nacionalismo continental” en el que el Perú asumió una posición de liderazgo. La posición peruana en relación a la política externa de otras naciones dio lugar a querellas con los Estados Unidos y potencias europeas. En este período cabe destacar la creciente organización, intensificación e institucionalización de la gestión diplomática de la República.
i. Las relaciones con Bolivia
Desde la fallida invasión del Mariscal Agustín Gamarra a Bolivia, en 1841, las relaciones entre el Perú y Bolivia permanecieron muy tensas. El malestar continuó luego del ascenso del Mariscal Ramón Castilla a la Presidencia.
Entre 1844 y 1846, el Presidente boliviano Ballivián se planteó la posibilidad de invadir las provincias peruanas de Tarapacá, Arica y Tacna. Como parte de las maniobras para hacer realidad su plan, Ballivián envió al Perú a Domingo del Oro. Éste debía conseguir apoyo de peruanos para lograr la incorporación a Bolivia de una parte de la provincia de Tacna y de su capital.
Del Oro llegó a Lima a principios de 1845 y, luego de observar el ambiente, recomendó a Ballivián posponer sus planes. Luego de su arribo a Lima, Del Oro creyó descubrir una conspiración entre el Gobierno peruano y el Gobierno argentino para invadir y dividirse el territorio boliviano. Estas informaciones de Del Oro a su Gobierno incrementaron la tensión entre ambos países.
En 1847, los preparativos militares en el Perú se encontraban bastante avanzados, inclusive, el Consejo de Estado había autorizado secretamente al Ejecutivo para iniciar la guerra en el mes de marzo. A pesar de ello, y de los planes de Ballivián, Castilla decidió mantener comunicación con el Gobierno boliviano.
Mientras tanto, desde febrero de 1842, el Gobierno boliviano había incrementado los derechos de introducción de productos agrícolas y manufacturas peruanas en general al 20% y, en el caso de los licores, al 25% o más. Posteriormente, en octubre de 1844, el Gobierno boliviano había elevado los derechos mencionados aún más, llegando hasta el 40%.
Por este motivo, y a modo de represalia, a mediados de 1845 el Gobierno peruano elevó los derechos existentes sobre productos procedentes de Bolivia y creó otros nuevos impuestos, ya fuera que se tratara de mercancías destinadas al mercado peruano o en tránsito hacia otros países.
La medida mencionada perjudicaba a Bolivia, especialmente a aquellas provincias bolivianas que comerciaban sus productos a través del puerto peruano de Arica.
Por ello, en el mes de diciembre, Ballivián niveló los derechos a pagar por los productos peruanos con aquellos fijados sobre productos de ultramar. Al mismo tiempo, inició preparativos de guerra contra el Perú.
Debe notarse que en marzo de 1847, el Gobierno boliviano llegó a prohibir el comercio hacia nuestro país. Poco después, el Encargado de Negocios peruano se retiró de Bolivia.
La situación había llegado a tal nivel de tensión que Ballivián procedió a prohibir la correspondencia con el Perú y el paso de ciudadanos bolivianos por territorio peruano. En realidad, los ejércitos de ambos países estaban ya dispuestos a iniciar la guerra(35) .
Pero, al parecer, la política beligerante de Ballivián no era muy popular en Bolivia. Así, el Parlamento de ese país, le negó la autorización para iniciar la guerra contra el Perú por lo que, siguiendo estos lineamientos, a fines de junio el Ministro de Relaciones Exteriores boliviano Tomás Frías tuvo que proponer al Gobierno peruano renovar negociaciones para un Tratado de comercio.
En julio, arribó a Lima el representante boliviano Matías Carrasco, un viejo conocido de Castilla. Pocos días después, se iniciaron negociaciones entre los dos países en la ciudad de Arequipa. Éstas culminaron en la firma de un Tratado de paz y comercio, el 3 de noviembre de 1847. Entre otros acuerdos, se estableció que los límites entre ambas repúblicas serían fijados por una Comisión mixta. La agitación política de desterrados y emigrados en ambas naciones sería reprimida. Los derechos sobre los productos de ambos países fueron rebajados a niveles satisfactorios para ambas partes. El Tratado sufrió algunas modificaciones posteriormente, previas a su aprobación final por los Parlamentos nacionales. El canje de ratificaciones se realizó en 1849.
Según Basadre, el régimen comercial fijado en el Tratado no funcionó eficientemente, por lo que una gran cantidad de mercaderías bolivianas de contrabando ingresaron por el sur peruano(36) .
Resurgimiento de la tensión en las relaciones con Bolivia
El 22 de setiembre de 1855, el Gobierno de Castilla había dispuesto que el comercio y libre tránsito entre el Perú y Bolivia continuaran en el Estado fijado por el reglamento de 4 de mayo de 1852. El 24 de octubre del mismo año, Bolivia dio facilidades especiales al tráfico de artículos producidos en el Perú.
Sin embargo, la armonía entre los dos países se vio enturbiada por las actividades conspiratorias de los proscritos peruanos en Bolivia y de los exiliados bolivianos en el Perú.
El 27 de enero de 1859 ambas Repúblicas firmaron un convenio para retirar a los refugiados y asilados a ochenta leguas de la frontera común. Se señala que el acuerdo no fue cumplido cabalmente por el Perú y que, inclusive, una expedición opuesta al Gobierno del Presidente boliviano Linares llegó a salir de territorio peruano, lo que ocasionó gran malestar en el país altiplánico. El representante boliviano en Lima exigió satisfacciones al Gobierno del Perú y, al no recibirlas, se retiró a su país.
Ante estos incidentes, el Congreso peruano autorizó a Castilla a reforzar el Ejército nacional. Al mismo tiempo, en el mes de junio, el Gobierno peruano envió a Bolivia a su representante Juan Manuel Polar (37) , sin lograr resultados.
En marzo de 1860, el Gobierno boliviano exigió explicaciones por la acumulación de elementos de guerra en la frontera y condicionó la reapertura de negociaciones diplomáticas al retiro de las tropas peruanas estacionadas en Puno.
A fines de abril del mismo año, el Gobierno de nuestro país se negó a ceder a las pretensiones bolivianas y se reservó el derecho de exigir sus propias satisfacciones.
El 14 de mayo, Linares prohibió toda comunicación entre su país y el Perú.
El 21 de noviembre, el Congreso peruano autorizó a Castilla a emprender la guerra contra Bolivia.
A principios de 1861, el Gobierno de Linares fue derrocado. Asumió la presidencia el General José María Acha, quien logró mejorar las relaciones con el Perú. Así, el 10 de octubre de 1862, el Congreso peruano derogó la autorización de guerra.(38)
Producto de los nuevos esfuerzos de paz, el 5 de noviembre de 1863 ambas Repúblicas firmaron un Tratado de Paz y Amistad. Allí se acordó olvidar los agravios pasados y establecer pautas para las relaciones futuras. Bolivia se comprometió a dar efecto exclusivamente a aquellas leyes monetarias expedidas durante ese año y fundamentadas sobre principios y condiciones recíprocas. El 5 de setiembre de 1864, se firmó un Tratado de Comercio y Aduanas. Este abolió el sistema de guías y torna–guías establecido en 1847, para el tráfico de mercaderías introducidas a través del puerto peruano de Arica con destino a Bolivia. A partir de ese momento, se reconoció el principio de libertad de comercio entre ambas repúblicas. Bolivia aceptó pagar el arancel peruano para el despacho de importación de las mercaderías introducidas por Arica para consumo boliviano. A su vez, el Perú se comprometió a no alterar dicho arancel sin consentimiento boliviano y a pagar una subvención anual de 450,000 pesos (39 ).
Debe señalarse que en la sesión del 15 de noviembre de 1864, se puso en discusión el dictamen de la Comisión Diplomática acerca del Tratado de Paz y Amistad entre el Perú y la República de Bolivia. El dictamen, aprobado luego por unanimidad, decía:
“El Congreso en ejercicio de la atribución 16 del artículo 59° de la Constitución, aprueba el Tratado de Paz y Amistad celebrado por el Gobierno de la República y el de la de Bolivia, y firmado en Lima por los respectivos plenipotenciarios el 5 de noviembre de 1863, con excepción del artículo 19, retirado por el Poder Ejecutivo y bajo el principio de que la solicitud de la extradición de reos de crímenes atroces, de que se ocupa el artículo 12, se efectuará según lo prescriban las leyes penales de cada una de las partes contratantes, lo cual se declarará así por medio de cartas reversales”(40)
El Tratado de Comercio y Aduanas de 1864 fue denunciado por el Perú en 1870.
En sesión de 29 de octubre de 1872, se puso en debate el dictamen de la Comisión Diplomática acerca de un nuevo Tratado de Comercio y Aduanas entre Perú y Bolivia. La Comisión era favorable a la aprobación de dicho Tratado. No obstante, el Congresista Bernales declaró su oposición al nuevo acuerdo, según el cual todas las mercaderías que se exportasen por Arica a Bolivia no pagarían derechos, mientras que el Perú se comprometía a pagar 400,000 soles por los beneficios que recibiera por el tránsito de las mercaderías mencionadas. Por otro lado, el Perú perjudicaba su dignidad, pues tendría que pedir permiso cada dos años para poder renovar los aranceles de aduana(41) .
El Congresista Ramón Ribeyro defendió la moción de la Comisión, afirmando que el objetivo del Perú era establecer el “cobro de derechos en sus aduanas respectivas a las mercaderías que se internen para Bolivia, era el de evitar el contrabando que se efectuaba antes con el sistema de guías y contraguías, pues muchos de los efectos despachados para Bolivia, serían consumidos en los departamentos del sur”(42) .
Ribeyro también señaló que el pago de 400,000 soles anuales a Bolivia era “equitativo”, en tanto los beneficios que el país obtendría por el despacho de mercaderías sería mayor. Aclaró que de acuerdo con el Tratado, el Perú sí podría elevar el arancel aduanero sin la anuencia de Bolivia. El debate se prolongó hasta la sesión de 31 de octubre, fecha en que la moción fue aprobada por “todos los votos menos 27”(43) .
ii. Las relaciones con Ecuador
Las relaciones entre Perú y Ecuador fueron amistosas hasta 1840, año en que Ecuador comenzó a exigir la fijación definitiva de límites. El Perú, que en esos momentos se hallaba envuelto en un conflicto con Bolivia, envió a Quito al Ministro Plenipotenciario Matías León. Éste entabló negociaciones con José Valdivieso, Plenipotenciario ecuatoriano, quien reclamó para su país los territorios de Jaén y Maynas. Esta pretensión era infundada, por varios motivos. Uno de ellos era que ambos territorios habían sido reincorporados al Virreinato del Perú en 1802 y, por lo tanto, eran parte del territorio peruano en el momento de su independencia. Otro de los motivos era el hecho que sus habitantes habían expresado libremente su deseo de pertenecer al Perú enviando representantes electos a los Congresos peruanos de 1822 y 1827–28.
En vista de la imposibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, el Ministro León retornó al Perú. Un año después, en 1842, ambos países reiniciaron negociaciones en Lima. Éstas fracasaron nuevamente, debido a que el representante ecuatoriano Bernardo Daste insistió en reclamar los territorios de Jaén y Maynas.
En 1853, el Gobierno peruano creó el Gobierno Político y Militar de Loreto, incluyendo los territorios bañados por los ríos Marañón y Amazonas. Los representantes ecuatoriano y neogranadino reclamaron por la creación de dicho Gobierno. Ante ello, el Gobierno peruano, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores José Tirado, confirmó la validez del principio de uti possidetis y su legítimo derecho a los territorios antedichos.
En ese mismo año, se presentó en Ecuador un proyecto de ley que declaraba la libre navegación en varios ríos amazónicos, asumiendo erróneamente que ellos pertenecían a dicho país. Los ríos en cuestión eran los conocidos como Chinchipe, Santiago, Morona, Pastaza, Tigre, Curaray, Naucana, Napo, Putumayo, entre otros. Mariano Sanz, representante de nuestro país en Quito reclamó de inmediato reafirmando los derechos peruanos sobre los ríos mencionados(44) .
La guerra con el Ecuador, 1858–1860
En realidad, a raíz de las guerras de Independencia, la Gran Colombia se había hecho de una deuda con acreedores británicos. Una vez que la Gran Colombia se dividió, Ecuador tuvo que asumir parte del pago de dicha deuda externa. El 21 de setiembre de 1857, el Gobierno ecuatoriano celebró un acuerdo con sus acreedores británicos cediéndoles una porción de territorio para condonar parte de la suma que debía pagarles.
Entre los territorios cedidos por el Ecuador se hallaba el área del cantón de Canelos, ubicada al occidente de la confluencia de los ríos Bobonaza y Pastaza. Lo cierto es que este territorio pertenecía al Perú en virtud de la Real Cédula de 1802, el principio de uti possidetis de 1810 y la posesión continuada.
En vista de ello, el Plenipotenciario peruano Juan Celestino Cavero hizo llegar al Gobierno ecuatoriano una nota de protesta, indicando los derechos de propiedad del Perú sobre el territorio mencionado. También pidió la suspensión del arreglo con los intereses británicos, a la vez que exigió la celebración de un Tratado de límites a plazo fijo. Se envió al mismo tiempo una nota de protesta ante el Encargado de Negocios británico, rechazando el arreglo al que venían llegando con el Gobierno ecuatoriano.
Debe destacarse que este rechazo peruano a la concesión de tierras a extranjeros fue luego secundado por Chile, Colombia y los Estados Unidos, asumiéndose como principio de afirmación de identidad y soberanía territorial.
El Gobierno del Ecuador se negó a suspender el acuerdo con sus acreedores, mostrándose dispuesto, en cambio, a la celebración de un Tratado de límites. Cavero manifestó su descontento ante la posición de las autoridades ecuatorianas, por lo que éstas solicitaron al Gobierno peruano su retiro, sin obtener resultados.
Finalmente, Cavero se retiró del Ecuador, pues una comunicación dirigida al Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores le fue devuelta sin abrir. El Gobierno peruano pidió a Francisco Icaza, Plenipotenciario de ese país en Lima, que Cavero fuese aceptado nuevamente como representante peruano ante el Ecuador. Icaza respondió ratificando la demanda de retiro de Cavero.
Como producto de este incidente es que el Congreso de la República tuvo que analizar como parte de sus atribuciones las relaciones con el vecino país. En la sesión del 20 de octubre de 1858, el Ministro de Relaciones Exteriores expuso, por iniciativa propia, ante el Congreso Extraordinario Constitucional esta situación a fin de informar y tener una opinión de los representantes de la nación sobre “asuntos de gravedad ocurridos en su ramo”.
El Ministro manifestó que el Gobierno del Ecuador había desconocido en la práctica las funciones de Celestino Cavero, Ministro peruano en Quito, llegando a devolverle comunicaciones cerradas. Pero lo que resultaba más grave era, dijo, que el Congreso de ese país, en uso de sus atribuciones, había autorizado a su Ejecutivo para “hacer la guerra ofensiva al Perú”, declarando se tuviese por capital la residencia del Presidente y autorizando a éste a realizar un empréstito de 3 millones de pesos, hipotecando las islas Galápagos.
En vista de la información que había presentado, el Ministro peruano solicitó que “se diese al Poder Ejecutivo, una autorización extraordinaria para poder emplear los últimos recursos del Derecho de Gentes hasta obtener las satisfacciones y reparaciones debidas y, una paz sólida y decorosa.”(45)
Dada la magnitud del acuerdo a tomarse, el Presidente del Congreso nombró una Comisión especial para que estudiara la documentación presentada por el Ministro y preparara el proyecto correspondiente. Debe destacarse que a pedido del Congresista Gómez Sánchez la documentación también pasó a las Comisiones Diplomáticas de ambas cámaras. Adicionalmente, el Congreso se declaró en sesión permanente. Las Comisiones presentaron un proyecto de ley que fue debatido por los parlamentarios y cuya versión aprobada fue la siguiente:
“El Congreso Extraordinario de la República Peruana.
Que del expediente diplomático que ha presentado el Ministro de Relaciones Exteriores y de su informe verbal, resulta que el Gobierno del Ecuador, lejos de satisfacer los agravios inferidos al Perú en la persona de su Ministro residente en aquella República y de acceder a nuestras justas demandas sobre territorialidad, se ha colocado en actitud hostil aumentando considerablemente su Ejército, poniendo en actividad la Guardia Nacional y recabando del Congreso autorización para hacer la guerra al Perú.
Declara: Que la República se encuentra amenazada por una guerra exterior y en su consecuencia autoriza al Poder Ejecutivo:
1. Para levantar el Ejército hasta el pie de quince mil hombres, a medida que lo exijan las circunstancias y para que, a su juicio, pueda llamar a servir a los militares que no se hallen en actividad, sin distinción del partido político a que hayan pertenecido, revalidándoles sus despachos y dando cuenta al Congreso.
2. Para proporcionarse los fondos suficientes con el fin de sostener el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
3. Para organizar ésta en el número y en los pueblos que juzgue conveniente y trasladarla dentro o fuera del territorio como lo requieran las necesidades del servicio.
4. Para que después de agotados los recursos diplomáticos, emplee la coerción, incluso la declaración de guerra, hasta alcanzar las satisfacciones y reparaciones debidas al honor de la República, y una paz sólida y decorosa.
5. Para que el Presidente de la República, si lo cree necesario, mande en persona las fuerzas de mar y tierra, y las conduzca dentro o fuera del territorio como sea más conforme a la dirección de la guerra.
6. Del uso de la presente autorización, se dará cuenta detallada al Congreso”(46) .
Con la autorización del Congreso, el Ejecutivo procedió a bloquear pacíficamente la costa ecuatoriana(47) . El 10 de agosto de 1859, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una circular a los cuerpos diplomáticos y consulares residentes en la República. Allí se explicó que la actitud del Perú había sido causada por la cesión de territorio peruano a intereses británicos; las injurias contra el Gobierno y el pueblo peruano; los atentados contra ciudadanos de nuestro país en Ecuador; el apoyo a insurrectos peruanos exiliados en dicho país; y el conflicto suscitado alrededor del Ministro Cavero.
En pleno proceso militar, el 20 de agosto de 1859, la mediación española logró la firma de un armisticio entre el General Guillermo Franco, Comandante General de Guayaquil y el Vicealmirante peruano Ignacio Mariátegui. Por dicho armisticio las fuerzas ecuatorianas acantonadas en Guayaquil se comprometieron a desocupar dicha ciudad. Sus habitantes quedaron en libertad para organizar un Gobierno provisional. A cambio del arreglo de la cuestión pendiente, las fuerzas peruanas estacionadas frente a Guayaquil se comprometieron a no tomar la ciudad y a suspender el bloqueo.
Poco después, el Gobierno peruano suspendió indefinidamente el bloqueo no sólo de Guayaquil, sino de toda la costa ecuatoriana (48) .
Debe anotarse que en esos momentos el Ecuador atravesaba un período de fuertes conflictos internos. Por una parte, el caudillo Guillermo Franco se había apoderado de la costa. A su vez, la ciudad de Loja había adoptado individualmente un Gobierno federal y nombrado un Presidente propio. Del mismo modo, Quito estaba bajo un Gobierno provisorio encabezado por tres jefes supremos.
En vista de que ninguna de las facciones ecuatorianas manifestó su voluntad de resolver la cuestión pendiente entre los dos países, el Presidente Castilla partió hacia el Ecuador para reiniciar las hostilidades. Sin embargo, al observar la situación en que se encontraba dicho país y el hecho de que no existía una unidad para el diálogo, Castilla suspendió las operaciones militares al mismo tiempo que daba un plazo de treinta días a los caudillos ecuatorianos para resolver sus diferencias y proceder a celebrar un acuerdo con el Perú.
Al expirar el plazo fijado por Castilla, la escuadra peruana bloqueó nuevamente Guayaquil. A mediados de noviembre, Castilla solicitó a las autoridades de dicha ciudad que permitieran el desembarco de las tropas peruanas. Una vez conseguida dicha autorización, las fuerzas peruanas se situaron en Mapasingue, a poca distancia de Guayaquil.
El 3 de diciembre, los gobiernos de Guayaquil y Azuay firmaron una Convención con representantes peruanos. Se comprometieron a procurar la unificación del Ecuador y a no cometer ningún acto hostil contra el Ejército peruano. Una vez establecido el Gobierno único ecuatoriano, se celebraría un acuerdo de paz entre las dos repúblicas.
En estas circunstancias, los gobiernos del Guayas, Azuay y Loja se unificaron momentáneamente bajo la autoridad del General Guillermo Franco. Éste aceptó reconocer nuevamente a Cavero como representante peruano, tal como había sido pedido por el Gobierno de Castilla en setiembre de 1858. También hizo un saludo al pabellón peruano. Paralelamente, Castilla solicitó que se permitiera a sus tropas acampar en la propia ciudad de Guayaquil. Franco accedió también a esta petición y las tropas peruanas pudieron ingresar a la parte norte de la ciudad, a principios de enero de 1860.
El 25 de enero de 1860, el Ministro peruano Manuel Morales y su homólogo ecuatoriano Nicolás Estrada, firmaron el Tratado de Paz, Amistad y Alianza de Mapasingue. Éste fue ratificado al día siguiente por Castilla y por Franco, este último en calidad de Jefe Supremo del Ecuador. En tal virtud, el Gobierno ecuatoriano declaró nula la cesión de los territorios reclamados por el Perú a los acreedores británicos, en vista de los documentos presentados por el Gobierno peruano demostraban la propiedad de dichos territorios.
Ambos países acordaron, por otra parte, nombrar una Comisión mixta para demarcar los límites. Las autoridades ecuatorianas se comprometieron a demostrar sus derechos sobre los territorios de Quijos y Canelos, en un plazo de dos años. El uti possidetis de 1829 y la Real Cédula de 1802 fueron aceptados provisionalmente. También se lograron acuerdos acerca de la alianza defensiva entre ambos países, la ayuda mutua entre los dos gobiernos y los principios de derecho referentes a las relaciones entre ambos Estados y entre sus ciudadanos. Se señaló también en el arreglo que las cuestiones que surgiesen entre las partes serían sometidas obligatoriamente a arbitraje.
Debe señalarse que, en reciprocidad a la actitud positiva asumida por las autoridades ecuatorianas, Castilla obsequió a su Ejército una cantidad considerable de armamento y uniformes.
Poco después, el régimen del General Franco cayó. Era setiembre de 1860. Fue derrotado por el Gobierno de García Moreno, situado en Quito.
En abril de 1861, García Moreno declaró insubsistente el Tratado de Mapasingue. A pesar de ello, la Convención ecuatoriana mantuvo la derogatoria de la concesión del territorio peruano otorgada a los acreedores británicos de su país.
Suspendido todo intento de enajenar los territorios peruanos, los límites entre Perú y Ecuador permanecieron en una situación de statu quo.
Debe señalarse que el Gobierno peruano no reaccionó ante el desconocimiento del Tratado efectuado por el Gobierno del Ecuador, pues su atención se hallaba concentrada entonces en otras materias: en el resultado de los debates parlamentarios entre conservadores y liberales; en controlar las conspiraciones de la oposición liberal; en la aparente inminencia de una intervención europea en Hispanoamérica; y en la posibilidad de un conflicto con Bolivia.(49)
Más adelante, ya durante el Gobierno del Presidente San Román, en 1863, el Congreso peruano debatió cuál debía ser la posición del país frente al Tratado de Mapasingue, desconocido por el Gobierno ecuatoriano.
La Comisión Diplomática del Congreso, fundamentándose en los principios vigentes del derecho internacional, planteó no imponer el reconocimiento del Tratado por la fuerza, proponiendo, por el contrario, rechazarlo. Por otra parte, se manifestaba que el arreglo debía ser considerado, en última instancia, ilegal, ya que había sido celebrado con un Gobierno que representaba tan sólo a un sector del Ecuador. Se señalaba, además, que dicho Tratado contenía acuerdos contrarios al honor del Perú, perjudiciales para sus derechos, y que podían tener consecuencias negativas en el futuro. Así, la cláusula relativa a los límites era inconveniente pues aceptaba como sujeto a duda el título de nuestro país sobre los territorios amazónicos. Se dictaminó también que la alianza defensiva entre los dos países necesitaba ser perfeccionada mediante la celebración de un pacto que estableciera las condiciones de dicha alianza de manera explícita, especial, detallada y temporal.
En vista de los argumentos del dictamen de la Comisión Diplomática, el Tratado de Mapasingue fue rechazado en el Congreso, por ley de 28 de enero de 1863. Debe señalarse que el Congreso recomendó allí al Poder Ejecutivo restablecer las relaciones entre el Perú y Ecuador sobre bases justas, equitativas y honrosas para ambos países(50) . Es decir, el Congreso de la República no avaló un arreglo sobre el cual entendió que, si bien podría beneficiar al país temporalmente, su nulidad podría ser argüida en cualquier momento.
Las actividades propias de estas complejas relaciones con el vecino país del Ecuador continuarían así durante las etapas siguientes, como lo veremos en su oportunidad.
iii. El Conflicto y Guerra con España, 1864 – 1866
Las relaciones del Perú con España no habían sido restablecidas desde la Independencia, a pesar de que se realizaron algunos intentos en tal sentido.
Lo único que se tiene registrado sobre el particular es que en sesión de 23 de agosto de 1845, el Ministro de Relaciones Exteriores solicitó autorización del Senado para celebrar Tratados de Paz, Amistad y Comercio con España. La nota correspondiente fue sometida a la evaluación de la Comisión Diplomática, la cual presentó un dictamen favorable en sesión de 5 de setiembre, apoyando el nombramiento de un Ministro Plenipotenciario ante la Corte española.(51)
Durante este período denominado de la Prosperidad y el Progreso, el Congreso peruano tuvo una posición determinante frente a la actitud poco pacifista mostrada por la España de entonces.
Para Jorge Basadre, el conflicto con España tuvo causas ocultas y causas visibles. Entre las causas ocultas considera la esperanza de un sector español de poder restaurar la monarquía en América; el deseo de las autoridades españolas de apoderarse de las islas guaneras peruanas; la intención de obligar al Perú a cancelar la deuda proveniente de la época virreinal; y la coyuntura política peruana, que forzó al Gobierno a asumir una actitud vehemente en el frente externo.
Las causas visibles del conflicto fueron la poca evolución de las negociaciones diplomáticas entre las partes implicadas; la concepción rígida del honor y dignidad, tanto nacionales como personales; la actitud impositiva de las potencias europeas con respecto a los países americanos; la supervivencia de los sentimientos de enemistad surgidos de las guerras de Independencia; y la falta de relaciones diplomáticas entre España y el Perú(52) .
Con España, desde los tiempos de la Independencia se habían hecho algunos intentos de lograr un acuerdo bilateral. Uno de los puntos más sensibles para este entendimiento era la adecuada compensación que el Perú debía otorgar a España por las consecuencias de la guerra de la Independencia y las expropiaciones y confiscaciones que se habían realizado entonces. Ello porque en la capitulación de Ayacucho, el Perú había reconocido la deuda contraída por el fisco español en el territorio nacional, compromiso que había sido reiterado en agosto de 1831.
En setiembre de 1853, el Plenipotenciario peruano Joaquín José de Osma firmó en Madrid un Tratado de Paz y Amistad con España. Así, el Gobierno del Perú aceptó una vez más las deudas contraídas por el Estado durante la época colonial, sin fijar límites temporales. En un plazo de dos años, el Gobierno peruano debía sancionar y promulgar una ley de consolidación de dicha deuda. En caso de no emitirse dicha ley, debía celebrarse un convenio especial acerca de los créditos de los súbditos españoles. El Gobierno peruano se comprometió también a restituir todo el dinero y bienes confiscados a los súbditos españoles durante la guerra de Independencia, ya fuera directamente a ellos o a sus herederos.
Celebrado el Tratado, no fue presentado al Congreso para su discusión pues se encontraba en receso. En vista de ello, el Canciller José Gregorio Paz–Soldán lo reservó para la Legislatura siguiente.
Cabe anotar, por otra parte, que durante la guerra citada con el Ecuador, una barca española había sido apresada por las fuerzas navales peruanas. El Ministro de España en Chile había reclamado ante los representantes peruanos, pero el Gobierno peruano no le hizo caso.
Con todos estos antecedentes, poco tiempo después el Gobierno peruano envió a España a Pedro Gálvez, con la finalidad de firmar un nuevo Tratado de Paz y Amistad. Gálvez insistió en que se reconociera la independencia peruana y su propio título de Ministro, antes de celebrar el Tratado mencionado. El Gobierno español no accedió a estas condiciones, por lo que no se llegó a acuerdo alguno(53) .
Así las cosas, en agosto de 1862 partió de Cádiz una división naval española con destino a América. La expedición tenía por propósitos oficiales procurar un acercamiento entre España y los países americanos, y realizar investigaciones científicas de diverso tipo en este continente, por lo que fue denominada “Expedición Científica Española”. Estaba comandada por el General Luis Hernández de Pinzón y se componía de las embarcaciones “Resolución”, “Triunfo” y “Vencedora”. A ellas debía unirse la “Covadonga”, estacionada en el Río de la Plata.
Las instrucciones de Pinzón disponían que la expedición debía respaldar las acciones de los representantes diplomáticos españoles. Si bien mencionaban el reconocimiento de su Gobierno a la independencia de las repúblicas americanas también señalaban que era necesario proteger los intereses de los súbditos españoles. La opinión pública española adjudicaba al Perú una posición hostil frente a su país, por lo cual los diplomáticos ibéricos, respaldados por la Expedición Científica, tenían la misión de protestar con energía ante el menor exceso cometido contra súbditos españoles.
La partida de la Expedición Científica generó gran preocupación en toda América Hispana. En el Perú, el Gobierno del General Miguel de San Román tuvo noticias de que la expedición planeaba agredir a nuestro país.
Por ello, el 3 de enero de 1863, una vez más el Parlamento nacional tuvo que recibir al Consejo de Ministros, en sesión, a fin de analizar la situación. El Ministro de Relaciones Exteriores leyó un oficio del agente diplomático del Perú en Buenos Aires y otro del Cónsul general peruano en Saint Thomas, en los que se daba cuenta de la Expedición Científica. El Ministro describió también el Estado de las relaciones del Perú con los otros países del continente y “concluyó pidiendo que el Congreso tomara las medidas que creyera más convenientes para salvar la situación peligrosa en que se encontraba la nación, con motivo de la aproximación de la escuadra española”.
El Ministro de Gobierno leyó un proyecto de ley, proponiendo que el Congreso declarara “la Patria en peligro” y autorizara al Poder Ejecutivo a preparar la defensa del territorio nacional y a enfrentar cualquier perturbación interna que pudiera ocurrir. Entre las medidas a tomar estaban: incrementar las fuerzas de Ejército y Marina y asegurar los fondos necesarios.
Como en otras oportunidades en la que la integridad de la patria estaba en peligro, el Presidente del Congreso tuvo que nombrar una Comisión especial destinada a examinar el proyecto presentado. Esta Comisión quedó integrada por los Senadores Ibarra y Derteano y los Diputados Lavalle, Bueno y Calderón(54) .
Según Jorge Basadre, la opinión pública se oponía mayoritariamente a la petición hecha por el Ejecutivo al Parlamento, por lo que aquél cambió su solicitud. En consecuencia, a los pocos días de realizada la petición, el Presidente del Consejo de Ministros envió una nota al Congreso, modificando el proyecto de ley que había presentado. Entre los cambios que se habían efectuado, se retiraba el artículo que declaraba a la patria en peligro. En vista de estas consideraciones, y luego de un acalorado debate, el Congreso decidió devolver el proyecto al Ministerio de Gobierno, por 48 votos contra 46(55) . La naturaleza de la votación nos lleva a recordar cómo los temas de trascendencia nacional son a veces ardorosamente debatidos.
Alrededor de estas fechas, la escuadra española había pasado por Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Hernández de Pinzón tuvo una entrevista en la capital uruguaya con el Ministro peruano Buenaventura Seoane, sin lograr un entendimiento cordial. En Buenos Aires, Hernández de Pinzón firmó un acuerdo por el que el Gobierno argentino se comprometió a enviar un representante oficial a Madrid. La expedición llegó a Valparaíso a principios de mayo de 1863, donde fue objeto de grandes agasajos.
La expedición arribó al Callao el 10 de julio de ese año y sus miembros permanecieron en la capital hasta el día 26. Si bien los expedicionarios recibieron una serie de atenciones sociales, el Gobierno peruano no llegó a entablar con ellos conversaciones oficiales.
Para Jorge Basadre, Pinzón consideró aquello como una desatención y se lo comunicó al General José Rufino Echenique. Éste, a su vez, informó al Presidente Pezet acerca del malestar del enviado español. El Presidente se limitó a enviar a José Antonio de Lavalle en breve misión extraoficial para entrevistarse con Pinzón y obtener mayor información acerca de las intenciones de la expedición española. A fines de julio, la expedición española partió con destino hacia América Central y del Norte(56) .
Pero uno de los pretextos que motivó el riesgo de enfrentamiento armado con España sucedió pocos días más tarde, el 4 de agosto de 1863. Un grupo de colonos vascos que trabajaban en la hacienda de Talambo, en Chiclayo, discutieron con su patrón debido a desacuerdos laborales. El patrón ordenó a algunos de sus empleados que capturaran al líder de los colonos y lo expulsaran de la hacienda. Como resultado, se produjo una riña, en que resultó muerto uno de los vascos.
La autoridad Judicial había ordenado en primera instancia el encarcelamiento de algunos de los colonos que habían participado en la riña. La Corte Superior de Trujillo revocó el fallo inicial y dispuso el enjuiciamiento del patrón de la hacienda y del juez de primera instancia. Finalmente, a mediados de febrero de 1864, la Corte Suprema anularía este fallo y ordenaría la prosecución del juicio entablado en primera instancia.
El Gobierno peruano cumplió con informar acerca de los acontecimientos a los pocos días de que éstos se produjeron. Más adelante, ordenó a Mariano Moreyra, Cónsul del Perú en España, informar a las autoridades de ese país sobre lo sucedido, que no tenía responsabilidad el Gobierno, pero sí voluntad de resolverlos de manera justa y mantener relaciones pacíficas, ordenándole además entregar copia de toda la documentación Judicial pertinente.
A pesar de las gestiones, el incidente de Talambo fue mal recibido por algunos españoles, tanto en la península ibérica como en el Perú. En esos momentos, se hallaba de incógnito en nuestro país el antiguo político peninsular Eusebio de Salazar y Mazarredo, quien guardaba sentimientos hostiles hacia el Perú y había tomado contacto con otros españoles descontentos. Salazar y Mazarredo se entrevistó con Hernández Pinzón en Acapulco a principios de noviembre. Aparentemente, ambos acordaron que la escuadra española ocupara las islas guaneras de Chincha, en respuesta al incidente de Talambo. A continuación, Salazar y Mazarredo partió a Madrid para informar a su Gobierno acerca de los planes de la escuadra española. Hernández de Pinzón, por su parte, se dirigió hacia el Perú.
La escuadra española llegó al Callao el 13 de diciembre de 1863. El Gobierno peruano dejó pasar nuevamente la oportunidad de entrar en conversaciones directas con Hernández de Pinzón, quien luego de recibir otra vez una serie de atenciones sociales, partió hacia Valparaíso. Allí discutió con Salvador Tavira, representante de España, acerca de la posibilidad de recibir auxilio para la escuadra desde el puerto chileno, en caso de una guerra con el Perú.
Como es evidente, el Gobierno peruano veía con preocupación la situación internacional. En esta coyuntura, el 11 de enero de 1864, el entonces Canciller Juan Antonio Ribeyro(57) invitó a las repúblicas americanas del Pacífico a reunirse en el II Congreso Americano. Los objetivos de la asamblea eran: declarar al continente una sola familia decidida a defender su independencia; declarar la censura moral contra quienes perturbaran o traicionaran la causa americana; y abolir la guerra continental privilegiando el arbitraje. Los asistentes debían también celebrar una Convención postal y fijarse facilidades recíprocas. Los países que aceptaron la invitación fueron Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela.
Salazar y Mazarredo había sido nombrado Ministro Residente en Bolivia y Comisario Especial Extraordinario de España en el Perú. Sus instrucciones oficiales eran lograr un arreglo pacífico del incidente de Talambo. En caso de no ser recibido por el Gobierno peruano debía enviar a éste un ultimátum dándole el plazo de treinta horas para contestar. Sólo en caso de no recibir respuesta a dicho ultimátum, estaba autorizado para emplear la fuerza. Llegado al Callao el 18 de marzo de 1864, solicitó poco después audiencia con el Ministro Ribeyro, para presentar sus credenciales.
El Canciller respondió cordialmente a Salazar y Mazarredo y lo admitió de manera condicional ya que el título de “Comisario” no estaba de acuerdo con las normas y convenciones de la política internacional. En respuesta, éste envió un memorándum sumamente violento al Gobierno peruano. Entre otras afirmaciones, aseveró que no se le quería recibir, amenazó con represalias ante cualquier exceso en contra de súbditos españoles y presentó una versión distorsionada del incidente de Talambo. A continuación partió al encuentro de la escuadra española. A su vez, la Cancillería del Perú publicó un manifiesto exponiendo sus puntos de vista y ratificó su disposición a lograr un entendimiento pacífico con España (58) .
El 14 de abril, sin haber cumplido con presentar un ultimátum al Gobierno peruano como lo ordenaban las instrucciones oficiales, la expedición española ocupó las islas de Chincha. Dos días después, las embarcaciones españolas se presentaron en el Callao y capturaron un transporte peruano. Paralelamente, los jefes españoles trataron de justificar sus acciones contra nuestro país con una declaración oficial, difundida públicamente, en la que afirmaban que el Perú no había hecho los esfuerzos necesarios para que España reconociera su independencia y que, por el contrario, tenía una actitud hostil frente a su país, señalando que por tal motivo, capturarían todas las islas peruanas y las embarcaciones que se opusieran a ello.
Ante tal situación la Cancillería peruana declaró rotas las relaciones con la expedición española, en tanto se mantuviera la ocupación de las islas de Chincha. Señaló que el Gobierno peruano esperaba satisfacciones de la escuadra española incluyendo un saludo a la bandera peruana, y que las aceptaría cordialmente. Asimismo, se informó a los países extranjeros acerca de los sucesos ocurridos, en un tono conciliatorio. Se pidió la mediación norteamericana y francesa, aunque sin resultados, y se ofrecieron garantías a los españoles residentes en el Perú.
En vista de estos incidentes, la Comisión Permanente del Congreso autorizó al Gobierno a celebrar un empréstito para reforzar las fuerzas armadas. Se enviaron comisiones a Estados Unidos y Europa para comprar armamento y embarcaciones.
El Cuerpo Diplomático extranjero planteó al Gobierno peruano una mediación en el conflicto. El Canciller Ribeyro señaló que nuestro Gobierno podría enviar un representante oficial a Madrid para discutir el incidente de Talambo y arreglar la deuda con España, bajo las condiciones de la desocupación de las islas guaneras, la devolución de la barca apresada, el saludo de la escuadra española a la bandera peruana, la prosecución del proceso Judicial peruano hasta su terminación y la destitución de Salazar y Mazarredo.
A principios de mayo de 1864, una Comisión del Cuerpo Diplomático se entrevistó con los jefes españoles en las islas de Chincha, aparentemente sin conocimiento de la Cancillería peruana. Expusieron entonces cuáles eran las condiciones del Gobierno de nuestro país para poder entablar negociaciones con España. Los jefes españoles se negaron a saludar la bandera peruana y desocupar las islas, pero liberaron la embarcación capturada.
El 7 de mayo, los jefes españoles emitieron una declaración negando cualquier interés en modificar la organización política peruana, vale decir, en reinstaurar la monarquía. Destacaron que la explotación y comercio guaneros habían continuado bajo la ocupación española. Dieron al Gobierno del Perú un plazo de 48 horas para ofrecer satisfacciones a España, tanto por el incidente de Talambo como con respecto a la deuda con su país, antes de iniciar nuevas hostilidades contra el territorio peruano. El Gobierno se negó a entablar cualquier negociación en tanto los españoles ocuparan territorio nacional. Pocos días después, Salazar y Mazarredo abandonó las costas peruanas con rumbo a Europa. En el camino, hizo llegar a su Gobierno noticias infundadas acerca de supuestos atentados promovidos por el Gobierno peruano en su contra. Ello incrementó aún más el descontento español.
Las acciones de la Expedición Científica fueron discutidas en el Congreso en sesión de 4 de agosto de 1864, con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores. En dicha sesión, el Diputado Larrañaga planteó un conjunto de preguntas al Canciller, entre ellas si el Ejecutivo tuvo conocimiento acerca de la Comisión diplomática extranjera que visitó a los españoles en las islas Chincha; si el Ejecutivo había autorizado al Cónsul peruano en Madrid y al Ministro residente en Francia para tratar con el gabinete español; si el Ministro sabía el motivo por el que la “Covadonga” había ingresado a aguas del Callao; si hubo comunicación entre el Poder Ejecutivo y el jefe de la “Covadonga”; y, finalmente, si el Ejecutivo sabía que hubiesen “comisionados” destinados a atentar contra el agente español Salazar y Mazarredo, en el vapor en que partió hacia Europa(59) .
El Ministro negó que el Ejecutivo tuviera conocimiento acerca de la Comisión diplomática que fue a las islas, negó también que hubiera tenido comunicación con el jefe de la “Covadonga” y que supiera que alguien planeara atentar contra Salazar y Mazarredo. En el caso de la pregunta acerca de los representantes diplomáticos peruanos en Madrid y París, indicó que la información correspondiente constaba en su Memoria. En cuanto a la tercera interrogante señaló que el propio Presidente la había respondido en su último mensaje ante el Congreso.(60)
El 11 de agosto el Presidente Pezet nombró un nuevo gabinete encabezado por el Senador Manuel Costas. El destacado jurista Toribio Pacheco fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. Las sesiones del Congreso, para debatir el conflicto con España, continuaron. El 27 de agosto, con asistencia del Gabinete Ministerial, la Comisión Mixta destinada a estudiar el asunto emitió un dictamen que, en mayoría, proponía tomar un acuerdo del Congreso con el siguiente tenor:
“Autorízase al Poder Ejecutivo para que en su oportunidad haga la guerra a España, si por los medios que reconoce el derecho internacional, no obtiene una amplia y satisfactoria reparación de los agravios que se han inferido a la nación. El Congreso dictará cuantas resoluciones sean necesarias para llevar a cabo la presente ley”(61) .
La moción fue discutida por los Congresistas en varias sesiones sucesivas. En la sesión de 31 de agosto, el Congresista General José Rufino Echenique, presentó la siguiente proposición alternativa:
“El Congreso, considerando:
1. Que la ocupación armada de las islas de Chincha por la flota española surta en sus aguas, es un atentado contra el derecho de gentes, contra el honor y la integridad del Perú, y un insulto contra la integridad de la América.
2. Que el Gobierno de España continuando en la ocupación de las islas hace suyo el atentado que consumaron sus agentes oficiales.
3. Que el silencio del Gobierno español respecto al despacho informativo que le dirigió el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú de 13 de abril último, en que le manifestó el extraño comportamiento con que el Comisario Regio se procuraba la ocasión de crear un conflicto inmotivado, es un nuevo insulto contra la República.
1. La nación peruana, ultrajada en su honra, invadida en su territorio por la injustificable y violenta agresión española en 14 de abril último; resuelta a sucumbir primero que a mancillar su honor, acepta la violenta situación en que la ha colocado la España, y asume la plenitud de su derecho para defenderse y rechazar la fuerza con la fuerza.
2. El Gobierno, con tal fin, hará uso de la autorización que le fue otorgada por la Comisión Permanente, pendiendo solicitar del Congreso, todas las demás que estime oportunas para llenar tan sagrado deber.
3. La nación peruana, que respeta en su decoro la honra de la América, prohibe a su Gobierno iniciar proposiciones de arreglo con el Gobierno de España en lo referente a las cuestiones que motivaron la actualidad; y para que la devolución de las islas sea tan digna como lo exige el honor de la República.
4. El Gobierno del Perú no podrá ajustar ningún arreglo relativo al reconocimiento de la independencia, sino pasados seis meses después que las islas de Chincha hayan sido solemnemente devueltas por el Gobierno español y se encuentren ambas naciones en perfecta paz como lo estaban antes de los sucesos del Comisario Mazarredo”(62) .
En la sesión de 31 de agosto, el Congresista Calderón también presentó una propuesta alternativa de resolución:
“El Congreso de la República Peruana.
Habiendo considerado seria y detenidamente la situación en que se halla la República a consecuencia de la sorpresiva y violenta ocupación de las islas de Chincha, verificada el 14 de abril último por la escuadra española que comanda el General Pinzón.
Ha dado la siguiente resolución.
El Poder Ejecutivo continuará haciendo con la mayor actividad los aprestos necesarios para repeler la agresión mantenida por las fuerzas marítimas de España, que ocupan las islas de Chincha y cualquiera otra que en adelante se intentare.
El Poder Ejecutivo, exigirá con arreglo a la ley de las naciones, la reparación y satisfacción que debe al Perú el Gobierno de España, por las graves ofensas hechas por sus agentes a la soberanía, al honor y a la integridad de la República.
El Gobierno amplía hasta donde fuese indispensable para el cumplimiento del artículo 1° de esta resolución la autorización que la Comisión Permanente en uso de la 5a de sus atribuciones constitucionales, dio al Poder Ejecutivo, el 17 de abril del presente año.
El Congreso se reserva conforme a la Constitución la facultad de aprobar o desaprobar teniendo en mira los derechos e intereses bien entendidos de la República cualquier arreglo, Convención o Tratado que el Poder Ejecutivo celebre con el Gobierno de España.
El Poder Ejecutivo, antes que esta Legislatura cierre sus sesiones dará cuenta detallada del modo como hasta entonces haya cumplido la presente resolución, y del uso que haya hecho de la autorización que ella contiene”. (63)
El dictamen de la Comisión Mixta fue finalmente descartado por 89 votos contra 21. Aparentemente, las dos proposiciones alternativas elaboradas por Echenique y Calderón pasaron a consideración de la Comisión Diplomática.
En la sesión de 1° de setiembre, los Congresistas Castilla y Cavero presentaron otra proposición alternativa:
“El Ejecutivo procederá a declarar y notificar la guerra al Gobierno de Su Majestad Católica Isabel 2a si en el término de treinta días, después de promulgada la presente ley, las fuerzas navales de Su Majestad Católica, no han abandonado las aguas de las islas de Chincha y del Pacífico, repasando el Estrecho de Hornos o el Estrecho de Magallanes”(64) .
La nueva proposición pasó a la Comisión Diplomática, para ser evaluada. La Comisión Mixta presentó una nueva versión de su primer dictamen, cuyo primer artículo decía “se autoriza al Ejecutivo para que declare la guerra a España”. Esta nueva versión fue también rechazada, por lo que el 3 de setiembre, la Comisión emitió otro dictamen, cuyo primer artículo era el siguiente:
“El Poder Ejecutivo, haciendo uso de los medios ordinarios y extraordinarios de que pueda disponer por leyes y resoluciones preexistentes, y por las que al respecto expida el Congreso, mantendrá la integridad del territorio, repeliendo con la fuerza toda agresión o usurpación que se haya consumado, o que se intentare confirmar en lo sucesivo”(65) .
El martes 6 de setiembre, los Congresistas Castilla y Echenique presentaron una versión alternativa para el segundo artículo del dictamen:
“El Congreso, conforme a la atribución 15a del artículo 59 de la Constitución, resuelve la guerra como el último medio de obtener del Gobierno de Su Majestad Católica, la más completa y honrosa satisfacción por las ofensas que sus agentes han irrogado al Perú, si no son desocupadas las islas de Chincha y saludado el pabellón nacional, pudiendo el Poder Ejecutivo emplear, conforme a sus atribuciones constitucionales, cualesquiera de los medios permitidos por el derecho de gentes, para entrar en relaciones oficiales con el Gobierno de España”.(66)
Con el apoyo de la Comisión Diplomática, el proyecto del artículo presentado por Castilla y Echenique fue aprobado por 117 votos contra 11.
A pesar de la tendencia que primaba en el Congreso, el Canciller Pacheco intentó propiciar un arreglo diplomático del conflicto. Como él mismo lo admitió frente al Parlamento, favorecía el uso de la fuerza en defensa de la soberanía peruana pero consideraba que el país no tenía la capacidad económica y militar para emprender una guerra en ese momento. El Canciller envió a Federico Barreda en calidad de Ministro Plenipotenciario ante Francia e Inglaterra.
Barreda arribó a París a mediados de setiembre de 1864. Su misión era promover conversaciones con España a través de sus representantes en Londres o París, o por mediación de diplomáticos franceses o británicos. El Gobierno peruano esperaba que la expedición española desocupara las islas guaneras y saludase la bandera peruana. Una embarcación nacional contestaría el saludo convenientemente. A continuación, se iniciarían negociaciones sobre todos los puntos en discusión y desacuerdo recurriendo, en caso de ser necesario, al arbitraje de una potencia mixta. Desafortunadamente, el Gobierno español rechazó este esfuerzo diplomático(67) .
A mediados de octubre, el Presidente Pezet convocó a un nuevo gabinete de tendencia conservadora. Estuvo encabezado por el General José Allende, Ministro de Guerra. Pedro José Calderón era Ministro de Relaciones Exteriores.(68) El nombramiento del nuevo gabinete coincidió con la instalación, el 15 de octubre, del II Congreso Americano convocado por el Gobierno peruano a principios de ese año. La asamblea estuvo presidida por el representante peruano José Gregorio Paz–Soldán y celebró sesiones hasta el 13 de marzo del año siguiente. Una vez instalado, el Congreso Americano trató de negociar directamente con el Almirante español Hernández de Pinzón, para que sus fuerzas desocuparan las islas de Chincha, pero el intento fracasó(69) .
A fines de noviembre, el Congreso peruano dispuso que el Ejecutivo tomara medidas para recuperar las islas de Chincha en un plazo de ocho días. Recién podría celebrarse un Tratado, una vez lograda la desocupación. El Gobierno peruano pidió entonces su opinión al Congreso Americano, el cual recomendó privilegiar la negociación, al menos hasta que se contaran con los elementos bélicos necesarios. En vista de ello, el Gobierno consiguió que el Congreso anulara el plazo que le había dado para recuperar las islas.
Por su parte, el Gobierno español había iniciado una nueva ofensiva diplomática y reforzado su escuadra con la finalidad de apresurar una solución del conflicto. La cancillería ibérica reiteró sus puntos de vista mediante una declaración de 8 de noviembre. Hernández de Pinzón fue reemplazado por José Manuel Pareja, quien asumió la autoridad diplomática y militar de la escuadra española. A ésta se unió un grupo adicional de embarcaciones enviadas desde la península. Pareja tenía una posición inflexible: la escuadra sólo desocuparía las islas de Chincha una vez que se resolvieran los reclamos españoles. Por ello desoyó las nuevas invocaciones del Congreso Americano para devolver dichas islas, llegando incluso a amenazar a los países asistentes a dicho congreso(70) .
El Gobierno peruano se vio intimidado por el reforzamiento de la escuadra española. Ello contribuyó a la decisión de nombrar al General Manuel Ignacio de Vivanco como Ministro Plenipotenciario ante el Almirante Pareja(71) . Las responsabilidades de Vivanco eran comunicar la no participación del Gobierno peruano en las hostilidades que Salazar y Mazarredo había sufrido camino a Europa, declarar la voluntad del Gobierno peruano de investigar dichos incidentes y aceptar el envío de un nuevo Comisario Especial español. Además, debía informar acerca de la disposición del Gobierno peruano a enviar un representante a España para negociar el arreglo de las cuestiones pendientes y, una vez conseguido dicho arreglo, proceder a la devolución de las islas de Chincha y a efectuar un saludo a la bandera peruana.
El 29 de diciembre de 1864, el Canciller peruano se presentó ante el Congreso, en sesión, para informar acerca de la misión Vivanco. Afirmó que la responsabilidad principal de Vivanco era exigir la devolución de las islas de Chincha y el saludo del pabellón nacional conforme a la ley previa de 9 de setiembre. Ambas eran condiciones “sine qua non” de todo Tratado definitivo entre los dos países(72) .
El Congresista Cárdenas planteó tres preguntas concretas al Canciller. Quería saber cuál era la investidura oficial del Almirante Pareja; si las instrucciones de Vivanco lo autorizaban a tratar, negociar o arreglar la cuestión con España; y si Vivanco tenía instrucciones de tratar las cuatro bases propuestas por el gabinete español al Plenipotenciario peruano en Francia, Mariano Moreyra.(73)
El Ministro respondió:
“...nunca más que ahora podía concebirse grande esperanza de que el conflicto tenga una solución decorosa y digna para el Perú. Que en cuanto a las interpelaciones por ser de tan grave trascendencia, creía no debía dejar sentado el precedente de que a los Ministros se les exigiera manifestasen el contenido de las instrucciones que daban a sus agentes, porque según la Constitución, las Relaciones Exteriores pertenecían al Poder Ejecutivo con obligación de traer al Congreso los tratados que se celebrasen para su aprobación o desaprobación, pero que sin embargo haciendo justicia a la exaltación de patriotismo del señor Cárdenas, y demás representantes, y porque el Ejecutivo deseaba guardar la mayor armonía con el Poder Legislativo, contestaría las interpelaciones del señor Cárdenas”.(74)
A continuación, el Ministro sostuvo que el Gobierno peruano reconocía al Almirante Pareja como “Excelentísimo” tal como lo habían hecho los plenipotenciarios hispanoamericanos asistentes al Congreso de Lima. Señaló que el General Vivanco debía recibir el mismo tratamiento de parte de Pareja. Reiteró que Vivanco exigiría la desocupación de las islas, y el saludo del pabellón nacional conforme a la ley de 9 de setiembre. Agregó que el Congreso podría aprobar o desaprobar la conducta del Gobierno, solamente una vez que el General Vivanco hubiera tenido “éxito” en su misión.
Cárdenas señaló que el Ministro había “esquivado” sus preguntas con “mucha habilidad”. Por ello, en la siguiente sesión, del 30 de diciembre, planteó al Ministro las mismas interrogantes, emplazándolo a contestar de “modo preciso”. El Ministro respondió:
“...el día de ayer había tenido el honor de exponer a la consideración del Congreso el límite de sus deberes constitucionales y el derecho claro e incuestionable del Congreso en materia de Relaciones Exteriores. Deberes que hoy se veía obligado a recordar para inteligencia del señor Cárdenas, haciéndole notar que las Relaciones Exteriores estaban encomendadas al Poder Ejecutivo, y que su derecho y su deber eran conducirlas hasta la conclusión de cada uno de los asuntos, para que si han sido mal conducidos, repruebe la conducta del Ejecutivo, y proceda en consecuencia; si han sido bien conducidos, apruebe la conducta del Ejecutivo, y proceda en consecuencia a lo que haya por conveniente. Pero que con todo eso, salvando estrictamente los límites constitucionales de su deber, y animado por el deseo de que haya perfecto acuerdo y armonía entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, iba a satisfacer las interpelaciones que se sirviesen hacerle los representantes”(75) .
El Ministro sostuvo que el General Vivanco tenía la misión de exigir la desocupación de las islas de Chincha y el saludo al pabellón nacional. Ambas acciones eran requisitos indispensables para proceder a cualquier arreglo definitivo de las cuestiones pendientes entre ambos países. Con respecto a este arreglo, el Ministro indicó que Vivanco tenía “carta blanca” para negociar. En cuanto a la investidura de Pareja, señaló que era reconocido como Comandante en Jefe de las Fuerzas de Su Majestad Católica y, por lo tanto, “estaba competentemente autorizado para tratar”. En referencia a la pregunta acerca de las condiciones planteadas por el Gobierno español, el Ministro dijo:
“El General Vivanco discutirá todas las proposiciones que se le hagan, rechazando las que sean contrarias la honra de la nación. Discutirá las proposiciones [hechas a] Moreyra, y las rechazará conforme a ese principio”.(76)
El Congresista Quiñones preguntó al Ministro cuáles eran los planes del Gobierno, en caso de que Pareja se negara a desocupar las islas guaneras, a saludar al pabellón nacional, o a aceptar un rechazo peruano a las condiciones propuestas previamente a Moreyra. Quiñones quería saber, más específicamente, si el Perú estaría preparado para vengar una nueva afrenta de parte de los españoles. Además, el parlamentario preguntó si las negociaciones con Pareja, se harían de acuerdo con los plenipotenciarios asistentes al Congreso de Lima.
El Ministro respondió que el fracaso de las negociaciones era únicamente una hipótesis. Agregó que la escuadra peruana estaría lista para vengar una nueva afrenta, hasta donde lo permitiera su capacidad. Concluyó diciendo que el Gobierno mantendría informado al Congreso Americano acerca de sus acciones, preservando al mismo tiempo la autonomía que le correspondía(77) .
Debe señalarse que durante el encuentro que sostuvieron ambos representantes, Pareja presentó un contraproyecto a Vivanco, que incrementaba las exigencias al Gobierno peruano. Junto a las condiciones propuestas por éste se pedía una indemnización de tres millones de pesos por los gastos de la escuadra española; una declaración de reprobación e indignación hacia las hostilidades contra Salazar y Mazarredo, ante un representante ibérico; y la obligación de saludar a la escuadra española desde los fuertes del Callao. Cumplidas estas condiciones, la escuadra invasora desocuparía las islas de Chincha. También se solicitó la recepción oficial de un comandante de las fuerzas navales y un Comisario Especial destinado a supervisar el proceso Judicial acerca del incidente de Talambo. Finalmente, el pago de una compensación a los súbditos españoles por todos los secuestros, confiscaciones y préstamos que hubieran sufrido desde la guerra de independencia. En caso no se cumpliera cualquiera de estas condiciones, las islas de Chincha sería ocupadas nuevamente.
El Consejo de Ministros estudió el contraproyecto de Vivanco e hizo una serie de observaciones. Rechazó la mención a Talambo, pues éste era un asunto netamente Judicial. El saludo entre las escuadras debía ser recíproco. Se propuso negociar la cuestión de la indemnización por los gastos de la escuadra o someterla al arbitraje. Finalmente, se rechazó la amenaza de una nueva ocupación de las islas de Chincha(78) .
Vivanco se reunió nuevamente con Pareja a fines de enero de 1865. El Canciller informó al Congreso acerca de los resultados del encuentro en sesión el día 25 de ese mes. Pareja había entregado dos proyectos de Tratado a Vivanco, afirmando estar dispuesto a suscribir cualquiera de ellos.
El primer proyecto indicaba que el Perú acreditaría un Ministro ante la Corte española, una vez que las desavenencias se resolvieran. Dicho Ministro estaría autorizado para negociar y concluir un Tratado de Paz, Amistad y Comercio. En ese Tratado, se fijarían las bases para “la liquidación, reconocimiento y pago de las cantidades que por secuestros, confiscación, préstamos de la guerra de la Independencia o cualquier otro motivo deba el Perú a los súbditos de España”. Además, el Gobierno español enviaría al Perú un Comisario para “entablar gestiones o reclamaciones acerca de la causa seguida por el suceso de Talambo”. En el caso de que dicho comisario no llegara a Lima en un término de cuatro meses, las islas de Chincha serían desocupadas inmediatamente. Una vez que las desavenencias entre Perú y España hubieran sido resueltas y se hubieran devuelto las islas de Chincha a nuestro país, la escuadra española se dirigiría al Callao y saludaría al pabellón nacional con 21 cañonazos(79) .
El segundo proyecto proponía que el Gobierno español censuraría oficialmente la ocupación de las islas de Chincha y su similar peruano condenaría las acciones en contra de Mazarredo, cuando éste se dirigía a Europa. Una vez cumplidas estas satisfacciones recíprocas, el Gobierno español procedería a entregar las islas al Plenipotenciario peruano. También enviaría un Comisario para realizar las gestiones y reclamaciones relacionadas al incidente de Talambo(80) .
Por su parte, el Gobierno del Perú autorizaría a su Plenipotenciario en España a negociar y concluir un Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio. Allí se fijarían las bases para la liquidación, reconocimiento y pago de las cantidades por secuestros, confiscaciones y préstamos de la guerra de Independencia, y por cualquier otro motivo, de parte del Perú para con súbditos españoles debidamente reconocidos. La séptima cláusula del proyecto, indicaba que el Perú indemnizaría a España con 3 millones de pesos fuertes españoles. Ello cubriría los gastos hechos por el Gobierno español, a raíz de que el Perú se había negado inicialmente a tratar con Hernández Pinzón.
Además de los dos proyectos, Pareja había entregado a Vivanco un ultimátum, que el Canciller leyó al Parlamento nacional. Dicho ultimátum decía:
“Comandancia General de la Escuadra del Pacífico. El infrascrito, Comandante General de la Escuadra española en las aguas del Pacífico y Plenipotenciario de Su Majestad Católica, tiene el honor de dirigirse al Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, para manifestarle, que terminadas que han sido sin ningún resultado las conferencias habidas entre el Plenipotenciario de la República el Excmo. Sr. General D. Manuel Ignacio de Vivanco, y el que suscribe, para llegar a fijar las bases preliminares, de un arreglo justo y equitativo entre el Perú y la España, y siendo necesario poner término al actual conflicto; ha llegado el caso de que el Gobierno de la República, manifieste de una manera categórica, si está dispuesto a aceptar el proyecto de arreglo establecido en las circulares del Excmo. Sr. Ministro de Estado de Su Majestad Católica, dirigidas al Cuerpo Diplomático Español en el extranjero en 25 de junio y 8 de noviembre últimos, y transmitido al Sr. D. Mariano Moreyra Cónsul del Perú en Madrid, autorizado por su Gobierno para este caso en aquella fecha, y posteriormente de una manera confidencial, por el infrascrito, al Excmo. Sr. Gral. Vivanco en 30 de diciembre último, según tuve el honor de manifestar a V.E. en mi comunicación de la misma fecha. El que suscribe, espera por lo tanto, que en el término preciso de cuarenta y ocho horas, se servirá V.E. responder a esta comunicación. El infrascrito aprovecha esta ocasión para reiterar a V.E. las seguridades de su más alta y distinguida consideración”(81) .
El Ministro también leyó las bases propuestas por Pareja, para llegar a un arreglo diplomático definitivo con el Perú. El Gobierno peruano enviaría un representante a Madrid. Allí debía declarar la desaprobación oficial de los maltratos inferidos contra Salazar y Mazarredo y su secretario, cuando ambos se dirigían a Europa. Además, debía ofrecer un castigo contra los responsables de dichos maltratos. Asimismo, debía celebrarse un Tratado entre los dos países. El Gobierno español, por su parte, enviaría a Lima un nuevo Comisario para reclamar justicia en la causa de Talambo. Una vez recibido dicho comisario, la fuerza española devolvería las islas de Chincha al Perú(82) .
Los documentos presentados por el Canciller, fueron examinados por la Comisión Diplomática del Congreso, que presentó su dictamen en sesión nocturna el propio 25 de enero de 1865. La Comisión consideró que las bases propuestas al Gobierno peruano eran inaceptables “como contrarias a la dignidad nacional”. Agregó que los proyectos de Tratado propuestos por el Gobierno español, no podían ser tomados en consideración por el Congreso, “por no haber llegado el caso de ejercer la atribución que le concede el inciso 16 del artículo 59° de la Constitución; y que en su virtud debe devolverlos al Ejecutivo”. La Comisión se refería a que no podía aprobar o desaprobar los proyectos de Tratado, a pesar de considerarlos indignos, ya que el Ejecutivo no los había suscrito aún.(83)
Una vez sometido a votación, el dictamen fue descartado. Al día siguiente, el pleno decidió reconsiderarlo. Sin embargo, antes de que fuera puesto nuevamente a votación, la Comisión presentó un nuevo dictamen, cuya parte dispositiva decía:
“[la Comisión] opina que no habiendo sido aceptados dichos proyectos y no habiendo otros tratados ajustados sobre los cuales pueda el Congreso ejercer su atribución 16a, artículo 59 de la Constitución; deben devolverse al Ejecutivo los mencionados documentos, para que cumpla las obligaciones que le impone la Constitución, la ley de 9 de setiembre último, y el honor nacional”(84) .
El Parlamento devolvió entonces al Ejecutivo los documentos presentados, dejando en manos de éste la decisión de cómo proceder ante los proyectos de Tratado y el ultimátum presentados por Pareja(85) .
De ese modo, el Poder Legislativo cumplió formalmente con la facultad que tenía, pero al mismo tiempo trasladó al Poder Ejecutivo la responsabilidad política de tomar una decisión final.
Debe anotarse que el Gobierno de Pezet temía que Pareja bombardeara los puertos peruanos y capturara otras islas guaneras. Por ello, Vivanco viajó a la embarcación española “Villa de Madrid” y firmó un Tratado Preliminar de Paz y Amistad el 27 de enero de 1865. Dicho documento es conocido con el nombre de Tratado Vivanco–Pareja. Allí se declaró que el Gobierno español desaprobaba la captura de las islas de Chincha, mientras que el Perú censuraba los actos hostiles en contra de Salazar y Mazarredo. El Gobierno peruano se comprometía a acreditar un representante en Madrid, y a aceptar un Comisario Especial encargado de tomar acción con respecto al incidente de Talambo. Asimismo, se sentaron las bases para la compensación a aquellos españoles que hubieran sido objeto de secuestros, confiscaciones o préstamos desde la guerra de independencia. El Perú también debía indemnizar a España por tres millones de pesos, para cubrir los gastos ocasionados por la escuadra. Finalmente, se acordó un saludo recíproco y simultáneo de banderas.
Una vez recibida la noticia del Tratado, la Comisión Diplomática del Congreso presentó dos dictámenes al respecto: uno en mayoría y otro en minoría. El Congreso se clausuró el 1º de febrero sin que se discutieran ambos dictámenes. El Presidente Pezet no convocó a una Legislatura extraordinaria. Optó por ratificar el Tratado el día 2 de febrero, partiendo de las premisas de que se trataba de un acuerdo preliminar y de que cumplía con las instrucciones dadas por las leyes del 9 de setiembre y 27 de enero(86) .
Una vez ratificado el Tratado por el Ejecutivo, las escuadras peruana y española cumplieron con el saludo de banderas recíproco. Las islas de Chincha fueron desocupadas el 3 de febrero. El Gobierno llegó a girar las letras de pago correspondientes a la indemnización de tres millones de pesos ofrecida a España. De igual modo, se envió a la península la misión del Contralmirante Domingo Valle–Riestra. A su vez, la Corona española envió al Comisario Especial Jacinto Albístur.
Desde la firma misma del Tratado Vivanco–Pareja se produjeron numerosas protestas populares en contra de dicho acuerdo y contra el propio Gobierno. El día 5 de febrero, ocurrieron una serie de ataques contra marineros integrantes de la escuadra española que habían desembarcado en el Callao, produciéndose la muerte de uno de ellos(87) .
El 28 de febrero el Prefecto de Arequipa, Coronel Mariano Ignacio Prado, se levantó contra el Gobierno. De este modo se inició el autodenominado “Movimiento de Restauración de la Honra Nacional”, al que se plegaron otros jefes militares.
En abril, se sublevó en Chiclayo el Coronel José Balta, quien luego reconoció el liderazgo de Prado. A fines de junio, la mayor parte de barcos de la armada se unieron a la sublevación.
Luego de sucesivos enfrentamientos, Lima cayó en poder de los rebeldes el 6 de noviembre. El Presidente Pezet y sus principales colaboradores tuvieron que huir del país.
El Vicepresidente Diez–Canseco, quien había apoyado la insurrección, asumió temporalmente el mando supremo. El 26 de noviembre, Prado fue proclamado Dictador del Perú por sus seguidores(88) .
Luego de asumir el mando supremo, Prado estableció un nuevo gabinete, presidido por José Gálvez, Secretario de Guerra y Marina. José Toribio Pacheco fue nombrado nuevamente Ministro de Relaciones Exteriores,quien tomó medidas para hacer efectiva la política de alianza con Chile, Bolivia y Ecuador.
Chile había declarado la guerra a España en setiembre, a raíz de una reclamación altisonante que la monarquía ibérica había realizado. Desde entonces, la escuadra española había bloqueado varios puertos chilenos, incluyendo Valparaíso. El 26 de noviembre, la embarcación chilena “Esmeralda” logró capturar a la goleta española “Covadonga” lo que ocasionó el suicidio del Almirante español Pareja pocos días después.
El 5 de diciembre, Perú y Chile firmaron un Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva. El documento hizo énfasis en la unión de fuerzas navales para combatir a la escuadra española. Las fuerzas conjuntas debían obedecer las órdenes del Gobierno en cuyas aguas se hallaran. En ese momento, había premura por levantar el bloqueo español a los puertos chilenos, por lo que las naves peruanas “Apurímac” y “Amazonas” partieron hacia el sur. A ellas se sumaron posteriormente el “Huáscar” y la “Independencia” recién llegados de Europa.
El 14 de enero de 1866, el Gobierno de Prado repudió el Tratado Vivanco–Pareja, debido a que había sido impuesto por ultimátum, a que no había sido aprobado por el Congreso y a que atentaba contra la honra y dignidad nacional. Al mismo tiempo, declaró la guerra a España y prohibió a los españoles que salieran de nuestro país y que efectuaran transacciones con sus bienes. A principios de febrero, las escuadras unidas de Chile y el Perú hicieron huir a dos embarcaciones españolas en el combate de Abtao.
El 30 de enero, Ecuador se adhirió al Tratado de alianza ofensiva y defensiva entre Perú y Chile. Bolivia hizo lo propio el 22 de marzo. En consecuencia, la escuadra española no podía abastecerse regularmente en la costa del Pacífico, desde Guayaquil hasta el Cabo de Hornos. A pesar de ello, el nuevo jefe de la escuadra ibérica Casto Méndez Núñez recibió órdenes de no abandonar el Pacífico Sur hasta no lograr las satisfacciones pedidas ya fuera pacíficamente o mediante el uso de la fuerza.
El 31 de marzo la escuadra española bombardeó el puerto de Valparaíso causando gran destrucción. Luego, partió hacia el Callao, donde arribó el 25 de abril. Al día siguiente, dirigió un manifiesto al cuerpo diplomático y consular, anunciando el bloqueo del Callao. Allí, enumeró las nuevas ofensas que en su concepto el Gobierno peruano había realizado en contra de España. Por ello, al advertir el bombardeo inminente del Callao dió un plazo de cuatro días a los extranjeros residentes en el puerto para que pudieran ponerse a salvo(89) .
Ante la inminencia del ataque español, las autoridades iniciaron los preparativos para la defensa del puerto. La población masculina del Callao y de Lima se presentó en masa para combatir. También se construyeron nuevas fortificaciones y se reforzaron las existentes. Los jóvenes que no pudieron recibir armas formaron cuerpos de bomberos y enfermeros. Aquellos que no podían combatir, entre ellos ancianos, mujeres, y niños, abandonaron gradualmente la plaza.
El ataque español se produjo el día 2 de mayo. A pesar de la superioridad de la artillería española, los defensores peruanos lograron averiar seriamente a las embarcaciones enemigas. Lamentablemente, una de las víctimas peruanas fue el Secretario de Guerra, José Gálvez, quien falleció al explotar la torre en que se hallaba. A pesar de ello, los daños causados por los españoles en la plaza peruana fueron menores. Al caer la tarde, la escuadra española se retiró con varias bajas y sin haber conseguido destruir el puerto como era su objetivo original.
Los defensores del Callao, en cambio, estaban listos para reiniciar el combate al día siguiente. La escuadra española se refugió en la isla de San Lorenzo para reparar sus averías y sepultar a los caídos. El 10 de mayo, emprendió el viaje de retorno a España. De ese modo, culminó la guerra con dicho país(90) sin éxito alguno para los españoles.
iv) Las relaciones con otros Estados
En esta época de la prosperidad y el progreso existió también una participación activa del Congreso en las relaciones con Brasil, con el Vaticano, con Italia, así como con Bélgica.
a. Las relaciones con Brasil
El 23 de octubre de 1851, Bartolomé Herrera, Ministro interino de Relaciones Exteriores del Perú, firmó en Lima, una Convención Fluvial con el Ministro Plenipotenciario brasileño Duarte Da Ponte Ribeiro. El acuerdo estableció la necesidad de promover la navegación a vapor por el río Amazonas, y sus afluentes. Con esa finalidad, ambos gobiernos se comprometieron a aportar 20,000 pesos anuales cada uno, durante 5 años, para sostener una empresa de navegación amazónica. Los comerciantes peruanos y brasileños estarían exentos del pago de impuestos especiales, diferentes a los de los nacionales. Además, la Convención declaró que la navegación en el Amazonas debía corresponder exclusivamente a los Estados ribereños.
Con respecto a la delimitación fronteriza, la Convención reconoció el principio de uti possidetis de jure. La frontera fue definida en los siguientes términos:
“(...) reconocen, respectivamente, como frontera, la población de Tabatinga, y de ésta para el Norte la línea recta que va a encontrar de frente al río Yapurá en su confluencia con el Apaporis, y de Tabatinga para el Sur el río Yavarí, desde su confluencia con el Amazonas”(91)
La Convención estableció que una Comisión Mixta reconocería la frontera, haría los ajustes de detalle y precisaría los límites entre ambos países. La Convención fue aprobada por el Perú el 1° de diciembre de 1851 y el canje de ratificaciones se efectuó el 18 de octubre de 1852, en Río de Janeiro. La Comisión Mixta inició sus operaciones recién en 1866.
El Estado peruano necesitaba lograr la libre navegación por el Amazonas, con la finalidad de que su región selvática tuviera acceso fluvial al Océano Atlántico. Este derecho se consagró mediante la celebración de la Convención Fluvial de 1858, por el cual se acuerda que el Gobierno brasileño autorizó a las embarcaciones peruanas registradas a navegar del Brasil al Perú, y viceversa, a través de los ríos Amazonas y Marañón. El Gobierno peruano concedió el mismo derecho a las embarcaciones brasileñas(92) .
El Parlamento peruano inició el debate de la Convención Fluvial el 25 de noviembre de 1858. Las Comisiones Diplomáticas del Congreso emitieron un dictamen recomendando la aprobación del acuerdo. En el debate, el Congresista Sosa se mostró en desacuerdo y pidió que se realizaran nuevas negociaciones con Brasil, tratando de obtener una política de navegación “menos exclusiva” permitiendo el “tráfico de naves amigas”(93) .
En la sesión siguiente, el Congresista Evaristo Gómez Sánchez, miembro de la Comisión Diplomática de su Cámara, reiteró su apoyo a la aprobación de la Convención Fluvial(94) . Finalmente, en sesión de 10 de diciembre, el Congreso aprobó el dictamen de las Comisiones Diplomáticas y, por lo tanto, el Convenio en sí, por 49 votos contra 36(95) .
Las ratificaciones de la Convención fueron canjeadas en París, en 1859.
Por esta Convención el Estado peruano reconoció como brasileños los territorios del triángulo formado por los ríos Yapurá y Amazonas, y la línea recta imaginaria trazada entre el río Apaporis y la población de Tabatinga. La Comisión Mixta encargada de demarcar la frontera entre ambos países inició sus actividades en 1866.
Debe señalarse que en diciembre de 1866, el Emperador brasileño declaró la libertad de navegación para las embarcaciones mercantes de todas las naciones, en el río Amazonas hasta la frontera del Brasil, y en los ríos Tocatins, Tapajoz, Madera y Negro.
A fines de 1868, el Gobierno del Presidente José Balta emitió un decreto supremo equivalente, por el que declaró abierta la navegación en todos los ríos del Perú a los buques mercantes de cualquier nacionalidad(96) .
Señalamos aquí que durante el proceso de demarcación la Comisión descubrió que la línea fronteriza trazada entre Tabatinga y el río Yapurá, cortaba dos veces al río Putumayo. Con la finalidad de evitar problemas posteriores, los miembros de la Comisión Mixta realizaron un ajuste de la línea, por el cual cada país cedió al otro una pequeña porción de territorio. Con tal finalidad, José de la Riva Agüero, Canciller peruano, y Felipe José Pereira Leal, Plenipotenciario brasileño, suscribieron un Convenio de Canje de Territorios en el río Putumayo, el 11 de febrero de 1874(97) .
El Congreso peruano discutió el Convenio de Canje en su sesión del 12 de setiembre de 1874. El Senador Luna se opuso a la aprobación del Convenio, argumentando que los terrenos cedidos por el Perú en dicho Tratado eran más extensos de lo que parecían en el plano correspondiente, debido a que éste carecía de escala(98) . No obstante esta objeción, la Comisión Diplomática del Senado fue del parecer mayoritario de proponer al Senado la aprobación del Convenio. Entre los argumentos que pronunció a favor del acuerdo, el Senador José Antonio de Lavalle, Presidente de la Comisión Diplomática, sostuvo:
“.. a pesar de ser la parte cedida por el Perú un tanto mayor, éste no perdía, pues ya los límites no serían imaginarios sino fijos como lo son las aguas del río”.(99)
Lavalle agregó que el acuerdo no anularía la Convención Fluvial. El Senador La Fuente, por su parte, advirtió que el Convenio de Canje se refería únicamente a la frontera alrededor del río Putumayo y no al resto de la frontera común. Luego de breve discusión, el Convenio de Canje fue aprobado por 74 votos contra 32.
El Presidente Manuel Pardo ratificó el Convenio el 13 de abril de 1875 y los instrumentos de ratificación fueron canjeados el día 23.
b. Las relaciones con el Papado y reconocimiento del Reino de Italia
En mayo de 1852, el connotado clérigo e intelectual peruano Bartolomé Herrera fue nombrado Ministro de nuestro país en Roma, Turín, Nápoles y Florencia. Su misión era pedir al Papa el reconocimiento del derecho de Patronato para el Gobierno peruano. También, lograr la dispensa necesaria para la celebración de matrimonios mixtos entre católicos y protestantes. Su encargo llegaba también a obtener diversas concesiones referentes a los obispos, religiosos, canónigos y vicarios provincianos. Finalmente, debía conseguir las bulas concernientes a los obispados de Puno y Junín, creados por el Congreso en 1832.
Una vez en Europa, Herrera solicitó autorización oficial para promover la inmigración italiana al Perú, a través del Consulado ante los Estados Pontificios. El Gobierno peruano se negó a hacerlo, ya que no se contaba con terrenos estatales definidos para los posibles colonos.
Herrera tuvo también gran interés en firmar un Concordato con la Santa Sede, estableciendo de ese modo relaciones oficiales entre la Iglesia y el Estado peruano republicano. Sin embargo, Herrera no había recibido del Senado la autorización necesaria para realizar tal acuerdo. Esta autorización llegó a ser emitida por la Cámara Alta recién en noviembre de 1853, poco después de que Herrera había ya dejado Roma(100) .
El 9 de febrero de 1855, falleció el Arzobispo de Lima Francisco Javier de Luna Pizarro, dejando la sede vacante. El Gobierno de Castilla propuso ante la Santa Sede a Monseñor José Manuel Pasquel. El Papa nombró Arzobispo a Pasquel mediante bulas en que no se hizo referencia a la presentación hecha por el Gobierno peruano.
En vista de ello, el Ejecutivo dio pase a las bulas, pero haciendo suplicación de las cláusulas consideradas contrarias al patronato y regalías de la nación. Además, la fórmula del juramento de fidelidad que Pasquel debía realizar, fue modificada, agregando el acatamiento a la soberanía nacional, como ya se había hecho anteriormente.
La Convención Nacional, como parte de sus atribuciones, tuvo que aprobar el pase concedido a las bulas papales.
Posteriormente, hacia 1861, el proceso de reunificación italiana promovido por Víctor Manuel II, Rey de Cerdeña, se hallaba bastante avanzado. A pesar de ello, el monarca no contaba con el reconocimiento de Venecia, ni de los Estados Pontificios, con su capital en Roma.
El día 14 de mayo, el Parlamento reunido en la ciudad de Turín proclamó Rey de Italia a Víctor Manuel. El Gobierno peruano se apresuró a reconocer al nuevo reino, con expresiones de especial cordialidad (101) .
c. Las relaciones con Bélgica
El primer Tratado de Amistad, Comercio, y Navegación entre el Perú y Bélgica se celebró en Londres el 16 de mayo de 1850. El Perú estuvo representado por Joaquín de Osma mientras que Bélgica por Silvano Van de Weyer. Entre sus varias disposiciones, el acuerdo señaló que los ciudadanos de ambos países gozarían de las libertades de consciencia, tránsito, residencia, contratación, adquisición y comercio en ambas naciones. Asimismo, sus personas y bienes gozarían de la misma protección que los nacionales y sus derechos estarían bajo el amparo de los Tribunales de Justicia(102) .
Los artículos peruanos introducidos en Bélgica en embarcaciones con bandera peruana, estarían sujetos al pago de los mismos derechos que si hubieran sido importados en buques con bandera belga y viceversa. Los productos exportados en embarcaciones peruanas o belgas de los puertos de ambos Estados hacia cualquier otro país, estarían sujetos a las mismas formalidades y al pago de los mismos derechos que se exigieran para la exportación bajo bandera nacional. Ambos países podían nombrar cónsules y vicecónsules para proteger su comercio, los cuales debían obtener la aprobación del Gobierno ante el cual hubieran sido acreditados(103) .
El Tratado de 1850 fue sometido al Congreso y aprobado por éste el 15 de noviembre de dicho año. Fue ratificado por el Poder Ejecutivo el 1° de diciembre de 1851, y las ratificaciones fueron canjeadas al año siguiente.
Años más tarde, el 25 de febrero de 1860, los gobiernos del Perú y Bélgica celebraron un nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en Santiago de Chile, en reemplazo del anterior.
En esta oportunidad, nuestro país estuvo representado por el Ministro Juan Manuel Polar y Bélgica por el Cónsul Luis José Derote. El documento fijó condiciones similares a las del acuerdo anterior.
Este nuevo acuerdo fue examinado por el Congreso peruano y aprobado el 12 de agosto del mismo año. El Poder Ejecutivo ratificó el Tratado el 15 de octubre(104) .
Debe señalarse que en la sesión de 2 de octubre de 1860, el Congresista Manuel Irigoyen, entonces miembro de la Comisión Diplomática de la Cámara de Diputados, propuso agregar una cláusula al Tratado celebrado con Bélgica. La proposición de Irigoyen, que fue finalmente aprobada por el Parlamento, decía lo siguiente:
“1° Que al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado por los representantes de la República y de Bélgica, se agregue el artículo siguiente: No se reconocen más casos de reclamación diplomática, respecto de los asuntos sometidos, o que se sometieren al Poder Judicial; que los de denegación y retardo de justicia.
2° Que este principio se tenga como ley de la República, y se consigne en todos los tratados que en adelante se celebren” (105) .
No podemos precisar si la adición de Irigoyen fue efectivamente incluida en el texto del Tratado con Bélgica. En todo caso, las ratificaciones del acuerdo fueron canjeadas en Lima el 21 de noviembre del mismo año de 1860.
El 14 de agosto de 1864, los gobiernos del Perú y Bélgica suscribieron un nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en la ciudad de Bruselas, en reemplazo del que habían celebrado en 1860. También suscribieron una Convención Consular. El Perú estuvo representado por el Ministro Plenipotenciario Pedro Gálvez, mientras que Bélgica lo estuvo por el Conde D´Aspremont Lynden. El Tratado renovó las libertades de tránsito, industria, posesión, contratación, comercio, navegación y consciencia para los ciudadanos de ambos países. También ratificó la protección oficial y amparo Judicial para sus personas, derechos y bienes.
El Tratado ofrecía libertad y seguridad a los buques peruanos en Bélgica, y a los belgas en el Perú, para ingresar en todos los lugares, puertos y ríos que estuvieran abiertos al comercio extranjero, “con tal de que se sometan a los reglamentos de policía aplicados a los ciudadanos de las naciones más favorecidas”. Asimismo, declaraba que los buques peruanos que transitaran por puertos belgas y viceversa no estarían sujetos al pago de otros derechos “que aquellos que actualmente se imponen o en lo sucesivo de impusieren a los buques de la nación más favorecida...”. El acuerdo reconocía el mismo criterio para el caso de los derechos de carga y descarga, y el cabotaje(106) .
El Congreso peruano discutió este Tratado con Bélgica en sesión de 5 de diciembre de 1874. El Senador Althaus manifestó su desacuerdo con la cláusula de “nación más favorecida”, no sólo en el caso del Tratado con Bélgica, sino con respecto a cualquier acuerdo similar. Advirtió que el Gobierno tenía un contrato con la empresa francesa propietaria del muelle dársena del Callao por el cual los buques peruanos pagaban un derecho menor para ingresar a dicho puerto. Con ello, Althaus señaló implícitamente que, si el acuerdo celebrado con Bélgica era aprobado, los buques de dicha nación estarían oficialmente autorizados para gozar del mismo privilegio en el muelle dársena del Callao(107) .
Los Senadores Gálvez y Santisteban expresaron su desacuerdo con Althaus indicando que el muelle dársena del Callao era administrado por una empresa privada. Por lo tanto, los buques belgas no podían acogerse a la cláusula de “nación más favorecida” para utilizar sus instalaciones. El Congreso acordó entonces enviar el Tratado con Bélgica a la Comisión Diplomática, con la finalidad de encontrar una salida para el inconveniente planteado por Althaus.(108)
No hemos encontrado más información acerca de la discusión parlamentaria del Tratado con Bélgica de 1874. Sin embargo, la versión final del acuerdo incluyó la siguiente declaración adicional, que posiblemente se refería a los derechos de la empresa francesa propietaria del muelle dársena del Callao:
“Los infrascritos declaran que el artículo 1º que permite la navegación en las aguas de cada una de las partes contratantes, en los mismos términos de la nación más favorecida, es aplicable cuando dichas aguas están abiertas a la navegación de todos los países en general; pero no cuando sean propiedad exclusiva de algunos Estados”(109)
El Tratado con Bélgica fue aprobado por el Congreso el 5 de mayo de 1875 y ratificado por el Ejecutivo el 12 de agosto. Las ratificaciones fueron canjeadas en Bruselas el 21 de diciembre del mismo año.
La Convención Consular con Bélgica de 1874 comprometió a ambas partes para admitir cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares en todos sus puertos, ciudades y plazas. Para ello, los nombrados debían contar con el beneplácito del país al que fueran asignados. En el caso de que fuesen extranjeros, sólo podrían ser arrestados en caso de crimen calificado y penado como tal por la legislación local, estarían exentos de todo impuesto y de todo servicio militar o policial. En todos los casos, sus domicilios y documentos eran inviolables. Entre las varias atribuciones concedidas a los agentes consulares, éstos estaban autorizados a colocar el escudo de armas y la bandera de su nación en la parte exterior de su despacho o domicilio (110) .
La Convención establecía que cuando la justicia del país tuviera que recibir alguna declaración jurídica o deposición de parte de los agentes consulares, debía invitarlos por escrito a hacerlo. En caso de que el agente consular estuviera impedido, el funcionario Judicial debía ir a su despacho o domicilio, para recibir la declaración o deposición. Asimismo, los agentes consulares tendrían derecho a dirigirse a las autoridades administrativas o judiciales “para reclamar contra toda infracción de los tratados existentes entre el Perú y la Bélgica y para proteger los derechos y los intereses de sus nacionales”.
El Parlamento discutió la Convención Consular en sesión del 9 de enero de 1875. La Comisión Diplomática del Senado emitió un dictamen apoyando la aprobación de dicho acuerdo. A pesar de ello, el Senador José Távara se opuso afirmando que la Convención otorgaba a cónsules y vicecónsules inmunidades y prerrogativas que, según él, sólo se podían conceder a los ministros. Entre dichas prerrogativas se encontraba el uso de su bandera nacional. El Senador Araníbar apoyó a Távara y agregó que el acuerdo otorgaba a los cónsules la potestad de requerir a los jueces nacionales lo que era contrario a la legislación y dignidad nacional (111) .
El Senador Gálvez defendió la legitimidad del Tratado, señalando que el derecho internacional reconocía el uso de la bandera como signo distintivo de las casas consulares. Con respecto al requerimiento de jueces, señaló que era habitual y que sería una concesión recíproca, por lo que no dañaría la dignidad nacional.
El dictamen de la Comisión Diplomática fue sometido a votación y aprobado por 75 votos contra 30. De ese modo, la Convención quedó aprobada. El Ejecutivo la ratificó el 10 de agosto de 1875 y el canje de ratificaciones se efectuó el 21 de diciembre del mismo año.
v) El «Nacionalismo Continental»
Además de la acción exterior emprendida por el Perú en el ámbito de las relaciones bilaterales, esta época se caracterizó por plantear y promover la concepción del “nacionalismo continental”.
A partir de la década de 1840, las potencias europeas habían renovado su interés por los recursos económicos de Hispanoamérica. Inglaterra y Francia vieron en éstos la posibilidad de cobrar los préstamos que habían hecho a los países hispanoamericanos durante y después de las guerras de Independencia. España, por su parte, quiso en algunos casos recuperar antiguas posesiones u obtener satisfacciones económicas por la pérdida de sus colonias.
Las autoridades peruanas tomaron una posición muy firme contra las pretensiones europeas. Políticos e intelectuales peruanos elaboraron un discurso de solidaridad y defensa conjunta entre las naciones de América Hispana, sustentado en las tradiciones históricas y culturales comunes. A ellas se sumó una revaloración del ideario republicanista que había dado origen a las naciones hispanoamericanas. Este discurso, inspirado en el denominado “nacionalismo continental”, le dio proyección y contenido a la política internacional peruana, a la que el Congreso de la República contribuyó decididamente.
a. La Expedición Floreana
Hacia 1843, el General ecuatoriano Juan José Flores se propuso restablecer el sistema monárquico para su país, Perú y Bolivia. Para ello, planeó invitar a un príncipe español, quien podía asumir el reinado directamente o gobernar a través del mismo Flores, quien actuaría como regente.
En 1846, Flores llegó a Madrid y entró en conversaciones con las autoridades españolas con la finalidad de hacer realidad sus planes monárquicos. Poco después, se iniciaron los preparativos para la visita de la expedición monarquista “Floreana” a Madrid y Londres, con apoyo financiero de la Reina Madre María Cristina de España.
Ante estos acontecimientos, el Ministro peruano en Londres Juan Manuel Iturregui se dirigió a los gobiernos español e inglés para expresar la oposición de nuestro país a la expedición Floreana. Esta actitud fue imitada por los representantes de Argentina, Chile, Ecuador y Nueva Granada.
Al mismo tiempo, el Gobierno peruano tuvo que adoptar una serie de medidas. El 7 de noviembre de 1846 se cerraron los puertos del país a los súbditos y mercaderías españolas. Las personas y propiedades de españoles residentes en el Perú serían protegidas por las autoridades, siempre que mantuvieran una buena conducta. Los prefectos y gobernadores de la costa fueron advertidos de la amenaza extranjera. El Canciller José Gregorio Paz–Soldán invitó a los países americanos a adherirse a la posición peruana, defendiendo como propia la causa nacional del Ecuador.
Ante la reacción sudamericana, el Gobierno británico embargó los barcos que Flores preparaba en Londres, lo que provocó el fracaso de la expedición(112) .
b. El primer Congreso de Lima
El 12 de setiembre de 1839, el Congreso de Huancayo había emitido una ley disponiendo que el Ejecutivo invitara a todos los países americanos a celebrar tratados de paz y alianza defensiva, para ayudarse mutuamente en el caso de una invasión extranjera. Este dispositivo no tuvo gran efecto.
Sin embargo, ante los acontecimientos de la expedición Floreana, el 9 de noviembre de 1847 el Gobierno peruano invitó a todos los gobiernos de América a una reunión de plenipotenciarios en Lima. El objetivo era establecer las bases para la defensa y seguridad de los pueblos sudamericanos. Paralelamente se habían producido la invasión norteamericana en México y la intervención franco–inglesa en el Río de la Plata.
La invitación del Gobierno peruano fue aceptada por Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva Granada. Los plenipotenciarios de estos países se reunieron con el representante peruano, Manuel Ferreyros, entre diciembre de 1847 y marzo de 1848.
El 8 de febrero de 1848 se firmó un Tratado de Confederación, un Tratado de Comercio, una Convención Consular y una Convención Postal.
El Tratado de Confederación acordó una alianza defensiva entre las cinco repúblicas, en caso de una invasión, intervención o ultraje grave proveniente del extranjero. También se fijó el reconocimiento del principio de uti possidetis para la demarcación de fronteras, con la posibilidad de hacer cambios o compensaciones. Asimismo, se declaró la preferencia por el arbitraje para las cuestiones de límites y se proscribió la guerra entre los países firmantes. Se planeó además crear un Congreso de plenipotenciarios que debía reunirse cada tres años, para intervenir en los conflictos entre los países asociados. Finalmente, se prohibió que los asociados realizaran desmembraciones, agregaciones o segregaciones territoriales, sin consentimiento de los demás.
El Tratado de Comercio estableció una reducción preferencial de un tercio de los derechos aduaneros para los productos naturales y manufacturados de cada uno de los signatarios.
Estos tratados no fueron aprobados formalmente. A pesar de ello, iniciaron o confirmaron ciertos conceptos que más adelante pasarían a ser propios del derecho internacional hispanoamericano, entre los que destacan la unión confederativa mediante un Congreso de plenipotenciarios prominente o único; ayuda mutua en caso de agresión contra la independencia política o la integridad territorial; validez del principio de uti possidetis para la fijación de límites; proscripción de la guerra y del derecho de conquista. Del mismo modo, la solución pacífica de conflictos; la no intervención; el asilo político; los deberes recíprocos en caso de guerras civiles; el libre tránsito e igualdad entre extranjeros y nacionales, con la renuncia consiguiente a la protección diplomática; la codificación del derecho internacional; la libre navegación fluvial, y la libertad profesional, entre otros.(113)
c. La cuestión de las islas de Lobos
En la medida que la explotación del guano de las islas era promisorio, hacia 1852, ciudadanos británicos, franceses y norteamericanos cuestionaron la propiedad peruana de las islas guaneras de Lobos, afirmando que eran tierra de nadie .
En agosto de dicho año, el Secretario de Estado Daniel Webster llegó a negar la soberanía de nuestro país sobre las islas mencionadas aduciendo que se hallaban lejos del territorio continental del Perú.
El Gobierno peruano envió a los Estados Unidos al Ministro Juan De Osma, a fin de defender la posición del Perú. Paralelamente las fuerzas armadas tuvieron que aprestarse a defender la soberanía nacional, en caso de que ciudadanos norteamericanos intentaran llevar a cabo cualquier acto de dominio sobre territorio peruano. Pero lo que más impacto suscitó fue la brillante refutación hecha a nombre del Gobierno del Perú.
En efecto, el entonces Ministro peruano de Relaciones Exteriores, José Manuel Tirado, quien había sido miembro de la Comisión Diplomática de la Cámara de Diputados en 1845, 1848 y 1849, refutó de manera extraordinaria y convincente las afirmaciones de Webster en una nota de 23 de octubre. Allí citó una serie de documentos históricos que hacían referencia al antiguo vínculo que existía entre dichas islas y el territorio nacional. También mencionó los trabajos de reconocimiento, demarcación hidrográfica, descripción geológica y cálculo de reservas guaneras, realizados por el Gobierno en 1847. Adicionalmente, invocó una serie de preceptos de derecho internacional y varios dispositivos peruanos que prohibían la pesca de buques extranjeros en islas peruanas y regulaban la extracción de guano.
El Gobierno norteamericano reaccionó positivamente ante la posición oficial de nuestro país. A mediados de noviembre de 1853, Edward Everett, nuevo Secretario de Estado, señaló que su país había carecido de la información pertinente y por ello había cometido una injusticia internacional al negar la soberanía peruana sobre las islas de Lobos. En consecuencia, reconoció al Perú la propiedad sobre dichas islas. Los gobiernos de Gran Bretaña y Francia tomaron medidas similares (114) .
Por otra parte, desde mediados de la década de 1850 hasta principios de la década de 1860, la política del nacionalismo continental del Gobierno peruano se afianzó. Ella contó con el apoyo pleno de la opinión pública. Los sucesos más destacados en la defensa de los derechos de las repúblicas hispanoamericanas fueron el auxilio a las repúblicas centroamericanas, en contra del aventurero norteamericano William Walker, la firma del Tratado Continental de 1856; y la firme oposición a la intervención europea en México, Santo Domingo y Ecuador.
En 1856, el Perú se opuso decididamente a la intervención norteamericana en América Central. Un año antes, una expedición de aventureros norteamericanos encabezados por William Walker llegó a Nicaragua, llamada por una facción liberal de ese país para enfrentar a sus rivales conservadores. Aprovechando las circunstancias, Walker pudo ascender hasta la presidencia de Nicaragua en 1856 y amenazó la soberanía de las otras repúblicas centroamericanas. Las delegaciones peruanas en Washington y Londres auxiliaron a José de Marcoleta, representante diplomático del régimen nicaragüense opuesto a la intervención de Walker. El Ministro de los Estados Unidos en Managua, reconoció al Gobierno del aventurero norteamericano, por lo que el representante peruano Juan Ignacio de Osma presentó una protesta ante Washington, el 8 de setiembre de 1856. Poco tiempo después, solicitó el retiro del funcionario norteamericano adepto a Walker y la prohibición oficial de otras expediciones de aventureros a América Central.
El Gobierno peruano también renovó la idea de un pacto de alianza y defensa continental. En 1855, Cipriano Coronel Zegarra, Ministro del Perú en Chile, invitó a los demás países hispanoamericanos a reunirse para discutir la posibilidad de un Tratado continental sobre dichos aspectos. Las conversaciones se celebraron en Santiago, y como resultado Perú, Chile y Ecuador firmaron un Tratado de defensa continental. Argentina y Brasil asistieron a las reuniones, pero no llegaron a asociarse al pacto. El Tratado de Santiago, firmado el 15 de setiembre de 1856, estableció que los países asociados se auxiliarían mutuamente, en caso de que fuerzas provenientes de países extranjeros intervinieran en sus asuntos sin contar con la anuencia del Gobierno legalmente reconocido. Además, negó reconocimiento a las cesiones o enajenaciones territoriales, excepto aquellas que se realizaran para determinar demarcaciones geográficas con ventaja mutua. El Tratado también creó la ciudadanía común; afirmó el principio de plena libertad de tráfico de las banderas americanas en los mares y ríos continentales, y reconoció la protección de la bandera y mercadería neutrales; concedió facilidades para la circulación de correspondencia e impresos; y declaró la validez de los documentos otorgados en cualquiera de los países asociados, incluyendo sentencias y pruebas judiciales. El acuerdo de Santiago también autorizó la extradición de los reos de crímenes graves; proclamó el esfuerzo común para difundir la educación primaria; y acordó el intercambio de títulos y la uniformidad de sistemas monetarios y aduaneros. Asimismo, comprometió a los asociados a realizar negociaciones de avenimiento en caso de conflictos entre ellos, y a no intervenir en los disturbios y agitaciones ajenas. El principio de asilo político fue ratificado. Finalmente, se creó un Consejo de Plenipotenciarios, que debía reunirse periódicamente en la capital de cada país, para mediar en los casos de conflicto y promover los principios de paz y cooperación.
Un sector de la Convención Nacional (1855–1857) recibió con gran entusiasmo el Tratado de Santiago, a pesar de que se hicieron algunas observaciones acerca de él. Entre los representantes que apoyaron con mayor pasión el ideal americanista que sustentaba el acuerdo, estuvo el Diputado por Piura Ignacio Escudero, miembro de la Comisión Diplomática. En su dictamen de Comisión, Escudero afirmó:
“Señor: Ese inmenso pensamiento que sólo pudo engendrarse en la cabeza del Gran Bolívar; el pensamiento de fundir en un interés único, el interés de las repúblicas hispanoamericanas, representándolas en un Congreso de Plenipotenciarios; el pensamiento de agrupar diez naciones, alrededor de una misma bandera; el «Principio Americano», la idea, que parecía utópica —que sería singular en el mundo— de someter tan colosal extensión de territorio y el guarismo inconmensurable de individuos que está llamado a poblarle, a una misma y única ley, ya que por un milagro de la Providencia descienden de un mismo tronco, hablan el mismo idioma, reconocen la misma forma de Gobierno y profesan la misma religión; la idea grandiosa de dar, por aglomeración de fuerzas, al principio democrático, la dominación y la inmortalidad, y a naciones débiles, ahora, porque son infantes, paz y ventura en el interior y prepotencia en el exterior —prepotencia de trascendencia incalculable e infinita, y que podría palanquear al mundo—; ese pensamiento que, caído de los labios de Bolívar, se ha guardado, cual el creyente su fe, en el corazón de todo buen americano, halagando su existencia y meciéndole en las doradas ilusiones de un porvenir fantástico; la voluntad de Dios escrita en la continuidad del mayor de sus signos en la tierra —los Andes— cuya traducción inspirada a Bolívar es —Confederación Americana— ese pensamiento y esa voluntad, van a consumarse ya; y la virgen América, cual un día el mundo, presintiendo el advenimiento de su Redentor, le aguarda en paz y en misterioso silencio, agitado el seno con vagas, indefinibles e inefables emociones”(115) .
Escudero consideraba que el Tratado tenía limitaciones, a pesar de su valor. Podría haber servido, por ejemplo, para incrementar el grado de libertad e igualdad en América Hispana. Sin embargo, lo consideraba un avance sumamente importante. No se podía esperar a que las naciones hispanoamericanas fueran perfectas, para iniciar recién el proceso de integración. Escudero tenía confianza en que la unión las haría más fuertes:
“...Otro error, igualmente funesto, sería el de aguardar que las secciones estuviesen reformadas para verificar entonces la Confederación. Sí, las naciones américo – españolas se reformarán por sí, y crecerán y serán poderosas. Ninguna nación muere en la cuna, tal es la ley inmutable del Altísimo. Pero, sin la Confederación, se detiene su bienestar y su desarrollo precoz. Faltando a la ley, también divina, de la asociación, se malogra, con escasa vista política, la oportunidad, elemento indispensable para alcanzar fáciles y grandes resultados. Oportunidad que está viva hoy, entre otras gravísimas razones, por la homogeneidad de circunstancias personales de los socios. Se pone en peligro, finalmente, el fecundo pensamiento de Bolívar, porque no pudiendo ser simultáneo el crecimiento de los Estados, la superioridad de cualquiera de ellos despertaría en él la vana confianza, y el egoísmo y todas las malas pasiones, haciendo desaparecer, quizá para siempre, la esperanza de la prometida y suspirada encarnación del verbo en las entrañas de la virgen América.
La asociación del individuo multiplicó su poder en la familia. La asociación de las familias produjo el tremendo poder de la Nación. La asociación de las naciones conmoverá al mundo. La asociación de los mundos escalará el cielo. La iniciativa en esta era apocalíptica de portentosos fenómenos ha sido dada por Dios a la América: hágase en ella su voluntad”(116)
Debe señalarse que la Convención Nacional discutió el Tratado y decidió dejar pendiente su aprobación, devolviéndolo al Ejecutivo para que se negociaran cuatro enmiendas. La primera era limitar el libre acceso a mares, ríos, costas y puertos, dándole curso sólo cuando no existiesen restricciones fijadas por tratados anteriores. Así, por ejemplo, la libertad de navegación contradecía el pacto firmado con el Brasil en 1851, lo que fue objetado por el Gobierno de dicho país. En segundo lugar, atenuar el cumplimiento recíproco de sentencias, limitando el acuerdo a las de carácter civil. En tercer lugar, corregir el artículo referente a la extradición. Y, finalmente, eliminar el artículo referente a la uniformidad aduanera.
Casi paralelamente, el encargado de la legación peruana en Washington, Juan Ignacio de Osma celebró un proyecto de alianza y confederación hispanoamericana en dicha ciudad. El propósito del proyecto, firmado el 9 de noviembre de 1856, era facilitar que un mayor número de países de América Hispana se asociaran en contra de la intervención extranjera. El proyecto contó con la adhesión de México, Nueva Granada, Venezuela, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.
Una vez introducidas las modificaciones solicitadas por el Congreso, el Gobierno peruano trató de lograr la adhesión de otros países latinoamericanos a la nueva versión del Tratado de Santiago. Entre ellos estuvieron Ecuador, Colombia, Venezuela, las Repúblicas Centroamericanas, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
En el caso de América Central, el Gobierno creó allí una legación peruana, que fue encomendada a Pedro Gálvez. Su misión era lograr tanto la aprobación del Tratado mencionado, como auxiliar a las repúblicas de esa región en contra de William Walker. Gálvez obtuvo la adhesión de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua al Tratado de defensa continental, y firmó tratados bilaterales de amistad y comercio con esos países. Además, promovió exitosamente las operaciones de guerra en contra de Walker. En el caso de Costa Rica, acordó un empréstito peruano para dicha República. Una vez cumplidos sus objetivos en Centroamérica, Gálvez pasó a Colombia, donde firmó un Tratado de Amistad y Comercio, sin conseguir la suscripción del Tratado de Santiago. Sin embargo, logró a continuación la adhesión de Venezuela, y la firma de un Tratado bilateral con ese país (117) .
El Perú también se enfrentó a los proyectos monárquicos e intervencionistas en Santo Domingo, México y Ecuador. En el caso de Santo Domingo, en 1861, el Presidente General Pedro Santa Ana reincorporó su país a la monarquía española en calidad de capitanía general. A fines de agosto de ese año, el Canciller peruano José Fabio Melgar envió una circular a los gobiernos americanos rechazando la acción de Santa Ana y protestando por el papel que España pudiera tener en los acontecimientos. Asimismo, invitó a los otros países del continente a conformar una alianza defensiva en contra de la intervención europea.
En el mismo año de 1861, se tuvieron noticias de una presunta alianza entre Francia Inglaterra y España, para invadir México. A fines de noviembre, el Gobierno peruano advirtió a los otros gobiernos americanos acerca del peligro que se cernía sobre la soberanía de aquella República. Al mismo tiempo, mencionó la necesidad de un frente común en defensa de la independencia americana. Paralelamente, el Presidente Castilla envió a América del Norte una misión encabezada por el destacado intelectual Manuel Nicolás Corpancho, quien era un firme defensor del nacionalismo continental.
En Estados Unidos, Corpancho se entrevistó con el Secretario de Estado, William H. Seward. De acuerdo con sus instrucciones, Corpancho le informó acerca de la disposición del Perú y de los otros países sudamericanos para hacer un frente común en contra del intervencionismo europeo. También le comunicó que el Perú estaba en capacidad de enviar una expedición militar de 5,000 a 6,000 hombres, para auxiliar a la República Mexicana. Seward pidió a Corpancho que el Gobierno peruano le hiciera llegar mayor información.
A continuación, Corpancho viajó a México. Se presentó ante el Presidente Benito Juárez en la ciudad capital a mediados de marzo de 1862, y le informó acerca de la posición peruana con respecto a la intervención europea en su país. Corpancho recibió expresiones de agradecimiento de Juárez, quien además suscribió el Tratado de Santiago. Poco después, Juárez se vio forzado a abandonar la capital. Asumió el poder el General Juan Nepomuceno Almonte, quien apoyaba la intervención europea en México. En consecuencia, el nuevo Gobierno expulsó a Corpancho el día 20 de agosto. (118)
A mediados de 1861, el Presidente ecuatoriano García Moreno propuso al Emperador Napoleón III el establecimiento de una monarquía dependiente del Imperio Francés, en Ecuador y Perú. El Perú protestó a fines de agosto frente a este proyecto. En opinión de Jorge Basadre, el Presidente Castilla estuvo decidido a adoptar medidas de fuerza en caso de que García Moreno tratara de materializar sus planes, lo que finalmente ocurrió.
d. El apoyo al movimiento independentista de Cuba
Otro ejemplo a la posición continental por parte del Congreso del Perú fue el apoyo al movimiento de independencia cubano. En sesión de 25 de noviembre de 1872, el Diputado José Távara pidió que el Ministro de Relaciones Exteriores presentara a la Cámara toda la documentación referente a las relaciones del Perú con Cuba. El Congresista estaba especialmente interesado en las comunicaciones que el Canciller peruano hubiera intercambiado con su similar de Washington, acerca de la “cuestión española”. Para sustentar su solicitud, Távara expuso acerca de la situación que atravesaba la isla de Cuba. También recordó que el Gobierno anterior, encabezado por el General José Balta, había reconocido como beligerantes a quienes luchaban por la independencia de la isla, les había enviado 200,000 soles, e incluso se había considerado enviar la escuadra peruana en auxilio de los patriotas cubanos. El pedido de Távara fue aprobado(119) .
Casi dos años después del pedido de Távara, el 14 de agosto de 1874, el Canciller José de la Riva Agüero se presentó ante la Cámara, para informar que los partidarios de la independencia cubana en los Estados Unidos, preparaban una expedición a la isla. El Gobierno peruano quería auxiliar a dicha expedición, proporcionándole 4,000 rifles. Para poder adquirir dicho armamento, la Cámara debía autorizar al Ejecutivo a invertir 200,000 soles de la deuda consolidada(120) .
En la siguiente sesión, el 17 de agosto, los Diputados Manuel María Gálvez, Luciano Benjamín Cisneros, Juan Francisco Balta, Nicanor Rodríguez, Tadeo Terry y José Távara propusieron que se autorizara al Ejecutivo a invertir hasta 300,000 soles en bonos de la deuda interna consolidada, para el auxilio de Cuba. El motivo era que el valor real de dichos bonos en el mercado era menor que su valor nominal. Por lo tanto, era preciso incrementar la cantidad a invertir, para poder socorrer efectivamente a los patriotas cubanos(121) .
Una vez que el Ministro de Relaciones Exteriores estuvo presente en la Cámara, el Presidente de la misma, General Mariano Ignacio Prado, apoyó la propuesta anterior. Para ello, hizo leer un conjunto de comunicaciones que había intercambiado con patriotas cubanos, en los que éstos solicitaban ayuda para su causa(122) .
A continuación, se inició el debate de la proposición. Debe resaltarse que fue el Diputado Puga quien indicó que el Perú había realizado negociaciones de paz con España, las que habían resultado en el Tratado de Washington de 1871, estando pendiente su aprobación por el Congreso. Sugería, por lo tanto, que antes de auxiliar a Cuba el Congreso tenía que desaprobar dicho Tratado, para no perjudicar la honorabilidad internacional del país.
El Diputado Gálvez replicó que el Tratado de Washington era exclusivamente un acuerdo de tregua indefinida y que, además, aún se encontraba en discusión. Por otra parte, el auxilio del Perú a Cuba sería reservado e indirecto, ya que el armamento sería adquirido por los propios patriotas cubanos y no se haría llegar en un buque peruano.
Interrogado al respecto, el Ministro de Relaciones Exteriores señaló que lo más conveniente era dejar pendiente la aprobación del Tratado de Tregua y expuso una serie de motivos. En primer lugar, los plazos fijados para su aprobación se habían cumplido. En segundo lugar, en caso fuera desaprobado, el Gobierno de los Estados Unidos –que había servido como intermediario– podía darse por ofendido. Por otra parte, la tregua entre el Perú y España existía de hecho aunque no de derecho, pues se habían suspendido las hostilidades entre ambos países, desde el triunfo peruano del 2 de mayo de 1866. Finalmente, el proyecto de auxilio a Cuba se sometió a votación. Fue aprobado por 75 votos a favor y un voto en contra, emitido por el Diputado Puga(123) .
Una vez aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto de auxilio a Cuba pasó a la Cámara Alta. Los Senadores se negaron a aprobar una inversión de 300,000 soles, señalando como máximo un monto de 200,000. Ello fue comunicado a los Diputados mediante una nota, leída en la Cámara Baja en sesión de 10 de setiembre. La Presidencia de la Cámara encargó a la Comisión de Hacienda que estudiara el asunto(124) .
Luego de que la Comisión de Hacienda examinó la cuestión, la Cámara de Diputados insistió en solicitar la aprobación del proyecto a la Cámara de Senadores. La proposición correspondiente fue leída en la sesión de la Cámara Alta de 7 de noviembre de 1874, y decía:
“Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de 300,000 soles en bonos de la deuda interna consolidada en favorecer la independencia de Cuba con arreglo al acuerdo que celebre con el agente de esa República”(125) .
Sometida a votación, 74 Congresistas se manifestaron a favor y 52 en contra. En consecuencia, el proyecto fue descartado, ya que el número de votos a favor no alcanzó los dos tercios necesarios, que era de 84(126) .
En vista de ello, un grupo de Senadores presentó una moción equivalente, por la cual el auxilio a Cuba sería sólo de 200,000 soles, los cuales serían incluidos dentro del presupuesto general. La moción fue sometida a votación en la sesión del 23 de enero de 1875. Fue aprobada por 56 votos contra 52, por lo que nuevamente no alcanzó los dos tercios necesarios.
Es interesante mencionar que el Senador Santisteban se opuso al proyecto en los siguientes términos:
“Digo que no, porque antes que todo miramiento personal está la Constitución del Estado y ella prescribe que para convertirse en ley, un proyecto necesita ser aprobado expresa y directamente y no por inducción, sea por ambas cámaras, sea por el Congreso reunido en caso de disentimiento y por mayoría de dos tercios; no, porque los 200,000 soles servirán para reembolsar al General (Mariano Ignacio) Prado, o a las personas que contribuyeron a la compra del armamento y de ningún modo para auxiliar a Cuba, ni un fusil, ni un cartucho; no, porque se acusaría de falsa y pérfida nuestra política exterior, y finalmente, no, para salvar la dignidad del Congreso y la honra del General Prado: que se prestaría tal vez a malignos comentarios. Lima, 30 de enero de 1875”(127) .
En la siguiente sesión, un grupo de Congresistas pidió la reconsideración de la moción, lo que fue admitido a discusión. Finalmente, por falta de tiempo, la cuestión quedó pendiente para la siguiente Legislatura donde, en apariencia, no se llegó a discutir(128) .
e. Algunas conclusiones
Terminando este capítulo debemos entonces señalar, a manera de conclusiones generales para este período, que durante estas épocas de la Determinación y de la Afirmación Nacional, que ocupa la historia regular de nuestra patria durante prácticamente el siglo XIX, el Perú fue escenario de un Estado en formación en todos los aspectos, sean éstos institucionales, políticos, económicos, sociales y culturales, donde el Congreso tuvo una activa y decisiva participación.
Debemos recalcar, como lo dijimos al inicio de este capítulo, que en vista que el servicio diplomático estaba en proceso de profesionalización, algunos parlamentarios participaron como representantes plenipotenciarios. Asimismo varios expertos, académicos e intelectuales que habían colaborado previamente con el Ejecutivo, representaron luego a la nación en el cargo de parlamentario de la República.
Es notorio asimismo el progresivo y repetitivo proceso de refundar el Estado peruano con la aprobación de sucesivas Constituciones, por los Congresos Constituyentes. Aun cuando los cortos períodos de vigencia de muchas de ellas nos presentan una sensación de variedad, debemos señalar que el marco constitucional de las relaciones internacionales tuvo cierta continuidad. Las atribuciones que cada Congreso Constituyente reconoció tanto al Parlamento como al Ejecutivo, en tanto poderes constituidos, se mantuvieron constantes salvo raras excepciones.
Es importante también destacar que el Estado peruano, con amplia participación del Congreso de la República, tuvo que pasar por un proceso progresivo de reconocimiento internacional, lo que finalmente le permitió lograr su determinación como Estado, pero sobre todo, su afirmación como República viable. Además de la búsqueda de esta identidad para sí y frente a terceros países, fueron signos de nuestra política exterior la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la solidaridad continental y la búsqueda de condiciones económicas propicias para los ciudadanos peruanos. El Congreso de la República, y muy particularmente su Comisión Diplomática, cumplieron un papel fundamental dentro de dicho proceso de definición y afirmación.
El Congreso, de acuerdo a las atribuciones conferidas en las Constituciones, tuvo que actuar en forma decisiva en la definición territorial del país y en la defensa de la soberanía a partir de los principios jurídicos que definieron el territorio peruano, como la libre determinación y el uti possidetis. Tuvo que aprobar los tratados considerados convenientes y desaprobar aquellos que se consideraba que iban en contra de los intereses nacionales. La declaración de la guerra, de gran responsabilidad por la trascendencia de sus efectos, fue ejercida también cuando se hizo necesaria.
Merece resaltarse el hecho de que el Congreso casi siempre tuvo una vocación de paz y concordia en el escenario internacional. Por ello, salvo raras oportunidades, tuvo que respaldar al Poder Ejecutivo en el esfuerzo por lograr la paz y una política de cooperación entre los países.
Pero también fomentó la integración y solidaridad regionales. Así, fue notable el pleno apoyo que nuestro Parlamento dio a los dos Congresos Americanos que se celebraron en Lima en 1847 y en 1864. Esta actitud contribuyó a forjar nuestro interés por promover la integración en el nacimiento de una constante de integración, que se ha mantenido hasta nuestros días y que se vislumbra con mayor proyección en este siglo a través de los procesos de integración.
En el ámbito Legislativo, hubo dos tipos de iniciativas que debemos destacar. Por un lado, aquellas leyes referidas al servicio diplomático nacional y al trato de los agentes extranjeros. Por otro lado, los proyectos destinados a elevar o reducir los aranceles de importación de productos extranjeros. A lo largo de la época, la exportación jugó un rol fundamental en la economía de nuestro país, motivo por el cual la política comercial tuvo una fuerte influencia sobre nuestra política internacional.
Como veremos en el siguiente capítulo, todas estas funciones del Congreso se fortalecieron aún más a raíz de la Guerra del Pacífico y del período subsiguiente.

References: artículo 89
 artículo 55
 artículo 55
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 artículo 89
 artículo 89
 artículo 94
 artículo 59
 artículo 94
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 94
 artículo 85
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 86
 artículo 85
 artículo 59
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 1
 resolución 
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 1