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Timestamp: 2019-12-08 00:05:03+00:00

Document:
Sentencia Número 12531 de 15-02-2002. Consejo de Estado.
15 / 02 / 02 Actualidad Tributaria, Biblioteca, Jurisprudencia 731
Fecha:15-02-2002.
N° de Sentencia:12531.
Tema:Impuestos, anticipos, retenciones y sanciones.
Consejero Ponente:Ligia López Díaz.
Accionante:GOOD YEAR DE COLOMBIA S.A.
Medio de control:.
Estatuto Tributario,Articulos 688,691,708,107,142.
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dos (2002).
Radiation número: 76001-23-24-000-1999-1652-01(12531).
Actor: GOOD YEAR DE COLOMBIA S.A.
Referencia: IMPUESTOS SOBRE LA RENTA AÑO GRAVABLE 1995.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la Sentencia del 29 de marzo de 2001, por medio de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo, Sala de Descongestión Sede Cali acogió las súplicas de la demanda en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la mencionada sociedad contra el acto administrativo que le determinó el impuesto de renta, complementarios y sanción por inexactitud correspondiente al año gravable de 1.995.
Por concepto de asistencia técnica recibida en el año 1995, la sociedad GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. canceló a GOODYEAR TIRE la suma de $5.257.551.942, equivalente al 5% de las ventas netas del producto fabricado en Colombia, efectuadas en el año 1995, de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato suscrito entre ellas.
El monto pagado por la demandante a Goodyear Tire por la prestación del servicio de asistencia técnica del año 1995 fue registrado contablemente como costo de ventas imputable al mismo periodo e incluido como tal en la declaración de renta del año gravable 1995.
Mediante requerimiento especial No. 030-48 del 10 de agosto de 1998, la División para el Control y Penalización Tributaria de la Administración de Impuestos de Cali, propone modificar la declaración de renta presentada por la demandante por el año 1995, rechazando del costo de ventas la suma de $4.206.042.000. Considera la Administración que a pesar de que el valor llevado al costo de ventas por $5.257.551.942 corresponde a una “expensa necesaria”, debió contabilizarse como cargo diferido de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del Artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, por tener tal naturaleza.
Con base en lo anterior, pretende modificar la liquidación privada en los siguientes términos: de los $5.257.552.000 causados a favor de Goodyear Tire por la asistencia técnica recibida propone la Administración de Impuestos llevar como costo de ventas la suma de $1.051.510.000 y el resto, esto es, $4.206.042.000 como cargo diferido, asumiendo que se debe amortizar el costo en 5 años. Adicionalmente propone la imposición de sanción por inexactitud por $2.483.966.000.
Previa respuesta al requerimiento especial, el 25 de enero de 1999 la Administración notificó a la demandante la Ampliación del Requerimiento Especial No. 0001 por medio del cual propone el rechazo de la totalidad de los $5.257.552.00, solicitados como costo.
Mediante Liquidación Oficial de Revisión No. 900046, notificada el 9 de abril de 1999, modificó la liquidación privada en los términos planteados en el requerimiento especial y desistiendo de los cargos de la ampliación.
Ante el Tribunal Administrativo del Valle la sociedad actora acudió en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y adujo violación de las siguientes disposiciones legales: Artículos 4, 6, 29, 74, 83 y 228 de la Constitución Política; 59, 85 y 168 del Código Contencioso Administrativo; 26, 58, 142, 143, 647, 703, 708, 711,730 y 742 del Estatuto Tributario; 17, 39 y 67 del Decreto 2649 de 1993 y 174 y 183 del Código de Procedimiento Civil.
En el concepto de violación, anota la demandante que mediante la ampliación al requerimiento especial No. 0001 del 25 de enero de 1999 se reemplazó en su integridad el requerimiento especial No. 030-48 del 10 de agosto de 1998. En consecuencia, La Administración al notificar la Liquidación Oficial de Revisión No. 900046 el 9 de abril de 1999, pretermitió el término señalado para dar respuesta a la ampliación al requerimiento especial, ya que la liquidación de revisión solamente podía ser proferida luego de vencido el término de tres meses establecido en la ley para responder, esto es, a partir del 26 de abril de 1999.
Afirma que por medio de la liquidación oficial de revisión no se desistió de la ampliación del requerimiento especial y que en consecuencia, al producir plenos efectos jurídicos la ampliación al requerimiento especial y encontrarse sustituido íntegramente el requerimiento especial proferido inicialmente, no existe coherencia entre las modificaciones que pretende realizar la administración de impuestos a través de la liquidación oficial y la ampliación al requerimiento especial, violándose de esta forma el artículo 711 del Estatuto Tributario.
Considera que el requerimiento especial fue sustituido de manera íntegra por la mencionada ampliación, proponiendo una nueva determinación del tributo, por lo cual, a partir del momento de la notificación de ésta última, dejó de estar el requerimiento especial vigente, para dar paso a la ampliación del requerimiento como nuevo acto administrativo, pretendiendo con la liquidación de revisión revivir un acto sin validez.
Por otra parte afirma que si el requerimiento especial fue sustituido por la ampliación al mismo y posteriormente se desiste de éste y se plantean los argumentos propuestos inicialmente, se está en frente de una segunda ampliación del requerimiento especial, procedimiento que no es válido, puesto que la ley solo le dio a las autoridades tributarias una oportunidad para ampliar el requerimiento especial.
Anota que la Administración no explica ni siquiera sumariamente cuales son los fundamentos de hecho ni de derecho en los cuales fundamenta su decisión para que la demandante deba amortizar el costo incurrido por asistencia técnica en un término de cinco (5) años, como tampoco por qué solamente es viable un porcentaje anual del 20%.
En cuanto al fondo del asunto, afirma que no existe por parte de la Administración de Impuestos, cuestionamiento alguno en cuanto a la necesidad de asistencia técnica que le es prestada a la demandante por parte de Goodyear Tire, pero que contradictoriamente se manifiesta en el punto 3.4.1 de la Liquidación de Revisión que la sociedad contribuyente no presenta elementos probatorios que permitan ratificar que la asistencia técnica solamente produce efecto en los ingresos del período gravable 1995 y que por tal circunstancia no puede ser imputada a periodos gravables diferentes.
Al respecto, señala que los conocimientos tecnológicos fueron aplicados de inmediato al proceso productivo de la Compañía en el año gravable 1995, afirma que toda la tecnología que se recibe de Goodyear Tire en el desarrollo del contrato de asistencia técnica se “consume” en el respectivo año; por tal razón en la declaración de renta del año gravable 1995 se lleva la suma de $5.257.551.942 al renglón 20 – costo de ventas actividad económica principal.
Estima que para determinar que una erogación deba tratarse como cargo diferido por ser de investigación y desarrollo se debe efectuar un análisis profundo y técnico, y aún si se llegase a determinar que es de investigación y desarrollo, sería facultativo para el contribuyente registrar la erogación como cargo diferido o como costo del periodo, pues el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 señala que “las sumas incurridas en investigación y desarrollo pueden registrarse como cargos diferidos”.
Señala que contrario a lo afirmado por la Administración, no se está frente a un “proyecto”, lo que la demandante tiene contratado es una asistencia técnica con el objeto de tener acceso permanente a nuevas fuentes de información, razón por la cual no podría registrarse el costo como un cargo diferido sino como costo de ventas del período gravable 1995.
Afirma que si el costo de la asistencia técnica estaba directamente relacionado con el ingreso del año 1995 (5% de las ventas netas), no existió ningún costo relacionado con los inventarios finales, los cuales no se vendieron, puesto que el costo por asistencia técnica, solamente se causaba en el momento en que éstos fueran enajenados.
Reitera que el costo incurrido en la asistencia técnica fue imputable solamente para el año gravable 1995 ya que éste no podría generar beneficios futuros, por cuanto para generar ingresos en cada uno de los siguientes períodos gravables se hace necesario incurrir nuevamente en costo por prestación de servicios de asistencia técnica.
Respecto a la proporcionalidad del costo en el caso de la prestación de servicios de asistencia técnica, afirma que las partes en el contrato suscrito establecieron la remuneración del contrato de asistencia técnica en el 5% de las ventas netas de los productos fabricados en Colombia, durante el período en el cual se preste dicha asistencia, considera que tal porcentaje es razonable, teniendo en cuenta la importancia del servicio para la producción de la Compañía y por ende para la generación de ingresos.
Concluye al respecto señalando que las autoridades tributarias en ninguno de los actos administrativos que profirió, señaló cuáles eran los motivos para determinar que el porcentaje aplicable al caso específico de Goodyear de Colombia S.A., era del 20% y no otro, razón por la cual estima que debe aceptarse el porcentaje utilizado por la demandante, esto es el 100%, teniendo en cuenta que por la naturaleza misma del negocio, el servicio recibido se consumió en el año 1995 y no generó ingresos futuros.
En cuanto a la deducción del mayor valor liquidado por contribución especial, estima que en caso de confirmarse los actos acusados, debe tenerse en cuenta que el mayor valor liquidado por contribución especial ($290,667,000) es deducible en la depuración del impuesto sobre la renta. En consecuencia, afirma que de llegar a prosperar los cargos expuestos por la Administración, la contribución especial liquidada oficialmente sería de $966.636.000, o sea que se incrementaría con respecto a la incluida en la declaración de renta en $291.000.000, monto que de igual manera sería deducible en la depuración de la renta gravable, puesto que a pesar de la liquidación oficial, la declaración arrojaría también saldo a favor.
Finalmente, respecto a la sanción por inexactitud impuesta en los actos oficiales, considera que ésta no tiene fundamento legal en la medida en que el hecho que pretende sancionar la Administración no se adecúa a la conducta sancionable consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario.
Afirma que si se analiza el cuerpo de la liquidación oficial de revisión, se puede observar que el costo rechazado no ha sido por su inexistencia o la utilización de datos o factores equivocados o falsos en la declaración, sino por considerar la Autoridad Tributaria que este valor debió ser tratado como un cargo diferido y amortizado en periodos siguientes.
Con ocasión a los alegatos de conclusión, reiteró los argumentos antes expuestos.
La entidad oficial demandada a través de su apoderado judicial se opuso a las pretensiones del demandante con los siguientes argumentos, que se sintetizan así:
Señala que el término mínimo de respuesta a la ampliación del requerimiento especial, señalado por el artículo 708 del Estatuto Tributario se cumplió teniendo en cuenta que la Administración desistió de la ampliación al requerimiento, lo cual equivale a realizar el estudio a la luz de las glosas contenidas en el requerimiento especial No 00030-48 de agosto 10 de 1998 y no de su ampliación.
En la etapa de los alegatos de conclusión, presentó escrito afirmando que el aludido contrato de asistencia técnica estuvo encaminado a la realización de un proyecto que provee beneficios actuales, es decir, imputables al periodo de desembolso, pero que también genera beneficios hacia el futuro; en consecuencia estima que no existe justificación técnica para pretender el manejo total del desembolso en cuestión como costo de ventas en el año gravable de 1995.
Considera que la totalidad del contrato de asistencia técnica no estuvo de manera exclusiva encaminado a suministrar todos los servicios técnicos y de ingeniería, datos, artículos, conocimientos generales y toda la demás asistencia técnica relativa a los productos incluidos que permitiera al contribuyente ofrecer condiciones de calidad y competitividad.
Afirma que estudiado el contrato se encuentra que las obligaciones adquiridas por la Casa Matriz no se limitan únicamente al servicio de asistencia técnica, sino que incluye la realización de una serie de labores que poco o nada tienen que ver con la producción de los llamados bienes incluidos.
Señala que erogaciones realizadas para adelantar procesos de capacitación en el personal de la sociedad contribuyente y para fortalecer el servicio de venta en sus clientes, no puede pretender imputarse de un solo tajo como costo de ventas del periodo gravable, porque tales desembolsos tienen como función implícita financiar procesos que produzcan resultados de mediano y largo plazo, es decir, que no se limitan a producir beneficio único en el período de erogación como pretende el demandante.
El Tribunal Contencioso Administrativo Sala de Descongestión Sede Cali emitió pronunciamiento favorable a las súplicas de la demanda, centrando su análisis en la alegada pretermisión del término señalado para la respuesta a la ampliación del requerimiento especial, señalando que la liquidación oficial de revisión No. 900046 del 9 de abril de 1999 se notificó antes del término legalmente establecido, violando de esta forma los artículos 708 y 730 del Estatuto Tributario.
La apoderada judicial de las parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, señalando que la División de Fiscalización profirió la ampliación de Requerimiento Especial No. 0001 fechada el 25 de enero de 1999 y notificada en la misma fecha, según consta en la planilla de correo No. 0249, pero dicha actuación fue desistida al quedar por fuera del término de revisión y por tratarse de un acto administrativo de trámite.
Señala que el contrato de asistencia técnica hace referencia a aspectos técnicos de funcionamiento de la empresa, involucrando a diversas secciones de su área productiva, en consecuencia, los aspectos relativos a la asistencia de orden técnico implican el desarrollo de actividades que tienen un efecto en el año gravable de 1995 (efecto presente) y un efecto futuro (años posteriores a 1995) y mal podría afirmarse que tales actividades implican erogaciones que sólo tienen correlación con los ingresos del periodo discutido.
Concluye afirmando: “ El contrato suscrito entre las sociedades Goodyear Tire (Casa Matriz) y Goodyear de Colombia S.A. comprende la prestación de servicios referentes a aspectos tales como mercadeo, comerciales, personal, capacitación, etc.; que no constituyen en modo alguno asistencia técnica.
“ Las erogaciones por concepto de mercadeo, comerciales, personal y capacitación, anteriormente referidas, no pueden ser imputadas en su totalidad como costo de ventas del periodo gravable discutido, porque la capacidad de generar ingresos futuros, de suerte que en aplicación del principio de asignación contable y de proporcionalidad fiscal, tales erogaciones deben manejarse como activos diferidos amortizables”.
El apoderado judicial de la parte demandante al alegar de conclusión, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y señaló que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no propone excepciones, ni expone las razones de su defensa, lo cual conforme al artículo 95 del Código de Procedimiento Civil debe apreciarse como un indicio grave en contra del demandado.
Respecto a la afirmación de la Administración según la cual la asistencia técnica se refiere a actividades comerciales y de mercadeo, afirma que ésta no ha tenido en cuenta que el contrato de asistencia técnica celebrado por Goodyear Tire (casa matriz) y Goodyear de Colombia S.A., fue adicionado con un “Otro Sí”, el 31 de agosto de 1995, con vigencia a partir del 1 de enero de 1995 (fecha en la que se suscribió el contrato de asistencia técnica entre las mismas partes), por medio del cual se acordó suprimir del objeto del contrato de asistencia técnica, el servicio de apoyo en el área de mercadeo, ya que el mismo no se había prestado, ni se prestaría en el futuro al amparo de dicho contrato, de tal forma que en dicho contrato sólo quedó comprendido el servicio de asesoría en el área de producción. En consecuencia afirma que la remuneración pagada durante el año gravable 1995 por parte de la demandante, correspondió única y exclusivamente a la prestación de servicios de asistencia técnica en la producción de llantas y neumáticos.
La apoderada judicial de la Nación al alegar de conclusión puso de presente que el contrato suscrito entre las sociedades Goodyear Tire (Casa Matriz) y Goodyear de Colombia S.A. comprende la prestación de servicios referentes a aspectos tales como mercadeo, comerciales, personal, capacitación etc. Que no constituyen asistencia técnica, razón por la cual no pueden ser imputadas en su totalidad como costo de ventas del periodo gravable discutido y que en aplicación del principio de asignación contable y de proporcionalidad fiscal, tales erogaciones deben manejarse como activos diferidos amortizables.
En cuanto a la sanción por inexactitud impuesta, estima que es procedente, teniendo en cuenta que la situación que la originó encaja en la conducta que la norma señala como sancionable, en lo que respecta al rechazo de costos pues las erogaciones efectuadas por la sociedad en desarrollo del proyecto de asistencia técnica no constituyen costo sino un gasto amortizable.
La Procuradora Séptima Delegada en lo Contencioso ante el Consejo de Estado estimó que la sentencia de primera instancia debe ser revocada y que en su lugar se debe declarar la nulidad parcial de la Liquidación de Revisión 9000046 del 9 de abril de 1999, en relación con la sanción por inexactitud.
A su juicio, si la Administración le informó a la sociedad en la Liquidación de Revisión que desistía de la ampliación al requerimiento, esto equivale a una revocatoria tácita del mismo y en consecuencia el derecho a responder dicha ampliación dejó de regir.
Considera que conforme a las pruebas aportadas al expediente, la asistencia técnica tuvo como finalidad el desarrollo, extensión, perfeccionamiento y mejoramiento de la empresa y que por tratarse de un cargo diferido el costo debió amortizarse en un periodo de cinco años, de acuerdo con los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario, razón por la cual solo puede aceptarse como costo, en el año gravable 1995, el 20% de la cantidad que la sociedad pagó por concepto de asistencia técnica.
De acuerdo con el Artículo 688 interpretado armónicamente con los Artículos 691 y 708 del Estatuto en cuestión, corresponde al Jefe de Unidad de Fiscalización proferir, entre otros actos, el requerimiento especial y una vez recibida la respuesta o vencido el término para hacerla, es el Jefe de la Unidad de Liquidación quien dentro de los tres meses siguientes, podrá ordenar la ampliación por una sola vez, para incluir hechos y conceptos no contemplados en el inicial y proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones.
Considera la Sala equivocada la interpretación que del Artículo 708 del Estatuto Tributario hace el a-quo, para sostener que en el caso en estudio la Administración Tributaria violó el debido proceso y el derecho de defensa al no tener en cuenta el término procesal señalado en dicha norma.
En este orden de ideas, para la Sala no existió vulneración alguna del debido proceso ni del derecho de defensa que le asiste al contribuyente, toda vez que la Administración al desistir de la ampliación al requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión se basó en las glosas contenidas en el requerimiento especial No. 00030-48 del 10 de agosto de 1998, requerimiento que fue respondido oportunamente por la actora, sin tener en cuenta las propuestas en dicha ampliación.
El Artículo 711 del Estatuto Tributario, consagra el principio de correspondencia entre la declaración, el requerimiento y la liquidación para que ésta se contraiga exclusivamente a la declaración y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento. Tiene por fundamento la guarda del derecho de defensa, con el sentido de que debiendo contener el requerimiento «todos los puntos» que se propone modificar la Administración, constituye la oportunidad del contribuyente de dar las explicaciones y pruebas adecuadas a su defensa, para que no se concreten en un mayor gravamen; aspecto que fue respetado por las Autoridades Tributarias teniendo en cuenta que a folio 55 del expediente obra la liquidación oficial de revisión No. 900046 del 9 de abril de 1999, la cual se concretó a las modificaciones propuestas en el citado requerimiento.
En consecuencia estima la Sala que el asunto fundamental a dilucidar no es otro que el reconocimiento de las deducciones pagadas por la sociedad contribuyente a una sociedad vinculada, que la entidad demandada considera improcedente por carecer de los requisitos exigidos por el artículo 107 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que al castigar la contribuyente las utilidades del ejercicio del año gravable 1995 con un costo de ventas de $5.257.551.942, éste valor debió contabilizarse como cargos diferidos, por cuanto los beneficios económicos resultantes de la asistencia técnica recibida se realizarán tanto en dicha vigencia fiscal como en futuras.
Evidentemente en materia tributaria no resulta suficiente la relación dentro del denuncio tributario de un gasto para que este sea deducible, pues el gasto debió realizarse efectivamente dentro de la vigencia fiscal correspondiente y cumplir además las exigencias contenidas en el artículo 107 del Estatuto Tributario, es decir, constituir una expensa necesaria para producir la renta y además que la misma corresponda al concepto del gasto necesario o normalmente acostumbrado dentro de la actividad propia del contribuyente generadora de ingresos, siempre que no tenga su fuente en el quebrantamiento de las normas legales o que su deducibilidad este prohibida por la ley.
Precisamente, la actora para probar la realidad del gasto rechazado por la Administración de Impuestos presentó con ocasión de la demanda un «CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA» celebrado entre ella y la beneficiaria del pago, el cual cuestiona la Administración Tributaria.
La entidad demandada no presentó los argumentos fácticos y legales que la llevaron a concluir que el contrato en mención debía ser tratado como una inversión amortizable y así limitar el valor deducido.
Conforme al artículo 142 del Estatuto Tributario, son inversiones necesarias amortizables, “los desembolsos efectuados o causados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y que, de acuerdo con la técnica contable , deban registrarse como activos, para su amortización en más de un año o período gravable; o tratarse como diferidos, ya fueren gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo”
La normas contables disponen que se registran como costo o gasto diferido aquellas partidas que inciden en un ingreso futuro y se amortizarán hasta que el beneficio económico esté total o parcialmente consumido o perdido (D.R. 2649/93, ART. 55).
Del contrato que se examina no puede inferirse que la suma de $5.257.551.942, deducida por el contribuyente en el año 1995, deba asociarse a ingresos que se devenguen en periodos posteriores, al contrario, de acuerdo a lo pactado, el valor pagado por la actora se liquidó con base en los ingresos obtenidos en el año 1995, como puede verificarse tanto en la certificación del Revisor fiscal de la sociedad que obra a folio 75 del expediente, como en el texto del acuerdo, el cual disponía en su cláusula sexta:
“ En consideración a la asistencia técnica que obtendrá el beneficiario de acuerdo con el presente contrato, GOODYEAR recibirá del BENEFICIARIO en Akron, Ohio, Estados Unidos de América cada trimestre durante la vigencia del presente Contrato y las prórrogas que se hagan del mismo, en dólares de los Estados Unidos de América, por lo menos un cinco por ciento (5%) o cualquier otra cifra como se acuerde entre las partes del valor de las ventas netas hechas por el BENEFICIARIO DE PRODUCTOS INCLUIDOS. El termino ventas netas significara con relación al año correspondiente o parte de él, el valor total de las ventas facturadas por el BENEFICIARIO a sus distribuidores durante dicho año o parte de él, deduciendo los descuentos, devoluciones, impuestos a las ventas y cancelaciones de pedidos. Esta retribución será pagada trimestralmente por el BENEFICIARIO en o antes del último día del mes siguiente a la terminación de cada trimestre calendario o parte de él que termine durante la vigencia de este Contrato…” (folios 5 y siguientes del Cuaderno principal en fotocopia, con nota de autenticación del 2 de Agosto de 1999)
En acatamiento a lo dispuesto en el referido contrato de asistencia técnica, la demandante canceló a la Sociedad Goodyear Tire la suma de $5.257.551.942, equivalente al 5% de las ventas netas del producto fabricado en Colombia, efectuadas en el año 1995.
Para la Sala, la Administración no puede rechazar la procedencia del costo de ventas cuestionado, con el argumento que por tratarse de un contrato de asistencia técnica a largo plazo, genera beneficios actuales y futuros y que por tal razón se debe tratar como un activo diferido sujeto a amortización, por cuanto con dicho argumento se está cuestionando el concepto del gasto y no la viabilidad del mismo teniendo en cuenta los requisitos contenidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Para la Sala es viable el costo solicitado teniendo en cuenta que está demostrada la relación de causalidad con la actividad productora de renta y su necesidad y proporcionalidad.
Además, no puede dársele tratamiento al costo de ventas solicitado de activos diferidos sujetos a amortización teniendo en cuenta que para la Administración el contrato suscrito entre las sociedades Goodyear Tire y Goodyear de Colombia S.A. comprende la prestación de servicios referentes a aspectos tales como mercadeo, comerciales, personal, capacitación, etc., los cuales representan beneficios futuros, por cuanto dicho contrato fue adicionado con un “otro sí” el 31 de agosto de 1995, con vigencia a partir del 1º de enero de 1995, (folio 43 exp.) por medio del cual las partes acuerdan suprimir del objeto del contrato de asistencia técnica, el servicio de apoyo en el área de mercadeo, quedando en consecuencia solamente comprendido el servicio de asesoría en el área de producción.
En consecuencia la Sala habrá de confirmar la sentencia apelada pero por la razones anteriormente expuestas.
1º CONFÍRMASE la sentencia apelada pero por las razones aquí expuestas.
2º RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la Abogada Flori Elena Fierro Manzano, de conformidad con el poder que obra al folio 342 del expediente.
GERMÁN AYALA MANTILLA LIGIA LÓPEZ DÍAZ
« Oficio Número 220-004193, de 14-02-2002. Superintendencia de sociedades.
Sentencia Número C-109 de 20-02-2002. Corte Constitucional. »

References: Artículo 67
 artículo 711
 artículo 67
e contrario
 artículo 647
 artículo 708
 artículo 95
 Artículo 688
 Artículo 708
 Artículo 711
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 142
 artículo 107