Source: http://blog.notin.net/2011/10/31/vinculajurisprud-ii/
Timestamp: 2013-12-08 12:08:43+00:00

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Navegación: / Inicio / SOBRE EL VALOR VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (y II) Imprimir Email Enlace corto SOBRE EL VALOR VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (y II)
Por antoniolucena el 31 octubre, 2011 en 0cc Titulo Preliminar (1-16), 8ce Organización Territorial, TC y Reforma (137-158), FUNCIONAMIENTO EN GRAL -LRJAPyPAC-, PROCESAL, UNIÓN EUROPEA _
En una entrada anterior expusimos cómo una aparentemente bien fundada sentencia, de 18 de Mayo de 2011, dictada por un simple Juzgado de Primera Instancia de La Coruña, parecía poder desencadenar un replanteamiento global de nuestro actual sistema de protección de las legítimas. Puede que nos hayamos pasado toda la vida equivocados sobre esta cuestión. ¿Y en cuantas otras?
No nos interesaba –ni nos interesa ahora- si dicha sentencia lleva o no razón, esto es, si el bien legado, se puede o no entregar sin previa partición o consentimiento de los legitimarios. Nos preocupa la inseguridad que una sentencia como esa introduce en el sistema. ¿Quien se atreverá a asegurar que mañana otro juez no volverá a disentir sobre este u otro particular?
Repárese en que, en la sentencia de referencia, no existe el más mínimo atisbo de atemperamiento a la realidad social del tiempo (art. 3.1 Cc): Se trata de pura negación de la doctrina hasta la fecha pacífica al respecto.
No es posible continuar “sine die” en la indefinición. En dicha entrada anterior sugerimos la conveniencia de un replanteamiento informático de la vinculación de los jueces a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Entre la disidencia “incontrolada” y la prohibición de la discrepancia, es posible, entendemos, encontrar un punto medio.
Con posterioridad a la elaboración de esta entrada se ha dictado la STC, Pleno, 37/2012 de 19 Mar. 2012 (un comentario sobre ella aquí), que clarifica la cuestión: Los jueces no están vinculados por las sentencias del Tribunal Supremo, bastando con motivar su criterio para apartarse de ellas; con la sola excepción de las sentencias estimatorias de recurso de casación en interés de ley, cuyo criterio están obligados a seguir. “El art. 100.7 LJCA establece lo siguiente: «La sentencia que se dicte respetará, en todo caso, la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal. En este caso, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y a partir de su inserción en él vinculará a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional».
la doctrina legal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sentada en sentencias estimatorias del recurso de casación en interés de ley no sólo tiene el valor complementario del ordenamiento jurídico que a la jurisprudencia del Tribunal Supremo le atribuye el art. 1.6 del Código civil (SSTC 120/1994, de 25 de abril, FJ 1; 133/1995, de 25 de septiembre, FJ 5; 129/2003, de 30 de junio, FJ 6; y 265/2005, de 24 de octubre, FJ 2, por todas), sino, además, verdadera fuerza vinculante para los Jueces y Tribunales inferiores en grado de dicho orden jurisdiccional, en virtud de lo establecido en el art. 100.7 LJCA.
Por ello necesariamente ha de entenderse… que lo que se cuestiona en el presente caso no es, en realidad, una mera interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo (en cuyo caso habríamos de declarar la inadmisibilidad de la cuestión), sino la constitucionalidad de determinados preceptos legales (los arts. 81 LSV y 132 LPC), cuyo contenido vinculante para el Juzgado promotor de la presente cuestión, como para todos los órganos judiciales inferiores en grado del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ha sido determinado conforme a lo dispuesto en el art. 100.7 LJCA por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las citadas sentencias en interés de ley. Esto es, los preceptos legales cuestionados tienen para los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo el contenido preciso (ese mismo y no otro) que el Tribunal Supremo ha establecido al sentar doctrina legal vinculante en sentencias en interés de ley, como último y superior intérprete de la legalidad ordinaria, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Constitucional (arts. 123.1 CE).
De este modo el Juzgado promotor de la presente cuestión viene obligado a aplicar los arts. 81 LSV y 132 LPC con el contenido establecido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las citadas Sentencias en interés de ley, hasta el punto de que, de obrar de otro modo, incurriría incluso en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por desatención de esa doctrina legal que le vincula a tenor de lo dispuesto en el art. 100.7 LJCA (SSTC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 7, y 82/2009, de 23 de marzo, FJ 8), y, en consecuencia, por inaplicar los referidos preceptos legales sin plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los mismos.
lo que en realidad se pretende cuestionar por el órgano judicial no es una interpretación jurisprudencial concreta, sino la ley misma (bien que con el contenido resultante de la doctrina legal vinculante sentada por el Tribunal Supremo conforme a lo dispuesto en el art. 100.7 LJCA)…” (STC, Pleno, 37/2012 de 19 Mar. 2012)
El reconocimiento de carácter vinculante a la doctrina legal del Tribunal Supremo aproxima a éste al Tribunal Constitucional. Aunque con matices, éste sería un legislador negativo, ¡y aquél, positivo! (+ aquí).
VINCULACIÓN JURISPRUDENCIAL e INDEPENDENCIA JUDICIAL
- De una parte afirma en su Exposición de Motivos: “En un sistema jurídico como el nuestro, en el que el precedente carece de carácter vinculante- sólo atribuida a la ley y a las demás fuentes del Derecho objetivo-, no carece ni debe carecer de un relevante interés para todos la singularísima eficacia ejemplar de la doctrina ligada al precedente, no autoritario pero sí dotado de singular autoridad eficacia jurídica”.
- Y de otra, en el art. 493 LEC parece decir justamente lo contrario:
¿Por qué dice lo que dice el art. 493 LEC? Supongo que porque, no pudiéndose acudir directamente al TS para denunciar infracciones procesales (los TSJ son los competentes –arts. 468 y 490 LEC-), la única manera de garantizar el valor de las sentencias recaídas en recursos en interés de ley es otorgarles fuerza “vinculante”.
“…lo único censurable desde la perspectiva constitucional, y en mérito a la igualdad en la aplicación de la Ley [...] es la falta de motivación del cambio decisorio…. Por ello [...] se dicte otra en la que se aplique el criterio adoptado en la Sentencia aportada como termino de comparación o se justifique debidamente el que se siguió en la que aquí se impugna.” (STC 25/1999 de 8 de Marzo)
__ Para que la doctrina del TS ”complemente” el ordenamiento jurídico debe ser, según el tenor del art. 1.6 del CC, “reiterada”; requisito éste que se traduce en la necesidad de que existan dos o más sentencias en un mismo sentido. El TS en sus distintas Salas ha insistido en que una única sentencia no constituye jurisprudencia y que se debe invocar al menos dos sentencias “sustancialmente idénticas” (SSTS Sala 1a. de 14 de junio de 1991, 12 de diciembre de 1990 y 11 de diciembre de 1989).
Siendo esto así, ¿como es posible que el mismo TS, tras reiterar que una sola sentencia no crea jurisprudencia, indicara que en la única «resolución citada por el recurrente, actuó la Sala 1ª del TS en “pleno”, lo cual atribuye a la misma una especial fuerza en lo que a constitución de doctrina jurisprudencial se refiere» (STS de 15 de julio de 1988).
Aún reinando la ley, es claro que quien gobierna es el Supremo. A nivel práctico, y sin perjuicio de que a los efectos del art. 477.3 LEC convenga siempre citar al menos dos sentencias, la exigencia de dos sentencias plenamente conformes parece haber quedado arrumbada: Normalmente, se tratará de cambiar el criterio anterior; y cuando no, la intervención del Pleno -o de una Sección especial- dotará de especial transcendencia a lo decidido. Se trata de algo ciertamente lógico.
El TC, a diferencia del TS, no forma parte –entre nosotros- del Poder Judicial. Posee un marcado carácter de legislador negativo. Todo ello permite que su jurisprudencia pueda eventualmente tener eficacia retroactiva (art. 40 LOTC), algo que se niega a los cambios jurisprudenciales del TS.
Si un juez se aparta de la jurisprudencia del TS, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, ¿podría incurrir en delito de prevaricación? Así lo afirma la STS de 11 de diciembre de 2002, Sala 2ª: El juez en tal caso habría dictado una sentencia “injusta” (cfr arts.446 y 447 del Código Penal). La cuestión es muy dudosa. El juez encausado, al así obrar, siendo que su interpretación era razonable aunque apartada del criterio del TS, ¿habría hecho uso de su independencia -117 CE- o prevaricado? Más aún, ¿sería posible entender que el TS habría en esta sentencia presionado indebidamente al juez encausado en el ejercicio de su potestad jurisdiccional y en consecuencia habría incurrido en una falta grave del art. 417 LOPJ?
Entre “DOCTRINA LEGAL“ del Tribunal Supremo e “IDENTIDAD SUSTANCIAL” de los asuntos sometidos a su consideración, ¿existe PLENA CORRESPONDENCIA?
“Acerca del interés casacional es cierto que, en su modalidad de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, exige coincidencia entre el caso resuelto por la sentencia impugnada y los casos sobre los que se pronunciaron las sentencias invocadas como representativas de aquella doctrina jurisprudencial, de modo que la interpretación de una norma determinada no se intente trasladar a unos hechos opuestos o distintos de los que justificaron o explican tal interpretación; pero no lo es menos que dicha coincidencia basta con que sea sustancial, pues exigir una total identidad equivaldría a eliminar en la práctica esta modalidad de interés casacional, como también la consistente en existir jurisprudencia contradictoria de las Audiencia Provinciales si se tiene presente que en el Derecho privado, regido generalmente por el principio de autonomía de la voluntad, el contenido de los negocios jurídicos es tan diverso que lo normal es la diferencia y lo excepcional la identidad.
Así, en relación con el interés casacional, la sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2010 (rec. 1307/07) lo considera justificado, pese a la falta de identidad entre los casos, por la necesidad de decidir si la jurisprudencia sobre un determinado problema en materia de títulos nobiliarios es o no también aplicable a un problema distinto pero similar y aún no resuelto por esta Sala” (STS 1 de Octubre de 2011)
Se constata que, de hecho, una estricta “identidad sustancial” del asunto sometido a consideración con los precedentes no es necesaria a efectos del recurso de casación en materia civil (STS 1 de Octubre de 2011). Tampoco, a lo que pudimos comprobar en una entrada anterior, a efectos del recurso en interés de ley en materia contencioso-administrativa (STS 28 de Enero de 2009).
LA VINCULACIÓN A LA DOCTRINA EMANADA DE DETERMINADO TRIBUNAL NO IMPLICA NECESARIAMENTE SOMETIMIENTO JERÁRQUICO AL MISMO
_ Justamente esto es lo que ocurre en nuestro Derecho, vía art. 10.2 CE, con las sentencias del TEDH.
__ No es el TEDH sino el Consejo de Ministros el encargado de seguir adelante la ejecución. La víctima, el particular, carece de legitimación para actuar ante dicho Consejo de Ministros.
__ El CEDH no obliga a dar efecto interno a las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante la anulación de la autoridad de cosa juzgada de la decisión judicial nacional que dicho Tribunal haya estimado contraria al Convenio.
“… el demandante postulaba en su recurso de revisión la consideración de la STEDH de 29 de febrero de 2000 como un «nuevo documento», a los efectos del motivo de revisión del art. 1796.1 LEC 1881 («habrá lugar a la revisión de una sentencia firme: … si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado»), que se corresponde con el art. 510.1 de la vigente LEC 2000…
… el Convenio europeo de derechos humanos no … confiere al justiciable un derecho para ampliar los motivos previstos en el Derecho interno para la reapertura del procedimiento judicial que ha dado lugar a una Sentencia firme y ejecutoria (STC 245/1991, de 16 Diciembre, FJ 2).
Por otra parte, tampoco resulta de aplicación al presente caso la doctrina sentada en la ya citada STC 240/2005, de 10 de octubre, FJ 6, en la que, respecto de la inadmisión de un recurso de revisión penal basado en el motivo consistente en sobrevenir después de la sentencia condenatoria firme «nuevos hechos … de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado» (art. 954.4 de la Ley de enjuiciamiento criminal: LECrim), afirmamos que no sería conforme al art. 24.1 CE una decisión judicial que denegase la interposición del recurso de revisión por entender que una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no constituye un hecho nuevo a tales efectos, pues se trataría de «una decisión de inadmisión que por su rigorismo y por su formalismo excesivo revela una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan –especialmente la seguridad jurídica que deriva de la intangibilidad de las Sentencias firmes– y los intereses que sacrifican, que en este caso es, ni más ni menos, que un derecho fundamental como el derecho a la presunción de inocencia proclamado en el art. 24.2 CE».
Pues bien, a diferencia del supuesto al que se aludía en la STC 240/2005, en el presente asunto el recurso de revisión no fue inadmitido, sino desestimado, y el motivo de revisión invocado por el recurrente fue, como ya se dijo, el previsto en el art. 1796.1 LEC 1881 (que después de pronunciada la sentencia firme «se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado»), razonándose fundadamente por el Tribunal Supremo que no se puede hablar con propiedad de documento «recobrado» en relación con una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos… cuya revisión se solicita.
En efecto, en el presente caso no está en discusión que una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda ser considerada como un «hecho nuevo»… sino que lo determinante es que la Sentencia del Tribunal Europeo… no puede entenderse como un documento recobrado, a los efectos del motivo de revisión establecido a la sazón en el art. 1796.1 LEC 1881, que se corresponde con el art. 510.1 de la vigente LEC.
… para que una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuese causa de revisión de sentencias firmes tendría que modificarse la actual normativa, estableciendo un nuevo motivo legal de revisión ad hoc… en definitiva, el legislador español no ha adoptado ninguna disposición que obligue a los Jueces y Tribunales a la revisión de sentencias firmes con fundamento en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que haya declarado la vulneración de un derecho fundamental reconocido por el Convenio europeo de derechos humanos. La queja del recurrente ha de ser, por tanto, desestimada y, con ella, el presente recurso de amparo…” (STC 197/2006, de 5 Julio)_
Reajustando el reparto competencial entre el Estado y las Autonomías
“…con la unificación de doctrina no se puede definir por el Estatuto la función jurisdiccional del Tribunal Supremo ni se limita la configuración de la misma por la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni se hace referencia a un recurso procesal específico, sino sólo a aquella función reservada al Tribunal Supremo y referida en el Estatuto por relación a su resultado -la unificación de la doctrina de todos los órganos judiciales, esto es, con mayor propiedad, la unificación de la aplicación e interpretación del Derecho-, alcanzado mediante un orden de recursos procesales que sólo a la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde establecer. Interpretado en esos términos, el inciso para la unificación de doctrina del art. 95.2 no es contrario a la Constitución” (STC 31/2010, de 28 de junio de 2010, F. 44)
UNA NUEVA CULTURA DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
_ A los rudimentos jurídicos, tradicionalmente incluidos dentro de una “cultura general”, se han venido a sumar en fecha reciente, a raíz de la globalización, los económicos. ¿Y los informáticos? Me pregunto cómo es que algunos de entre nosotros, aún en nuestros días, siguen mostrando nulo interés por la informática; guste o no, forma parte ya esencial de nuestra vida. Propongo incorporar la informática, como ya se hizo con la economía, al campo de nuestra cultura general. Instintivamente, de forma natural y sin forzamientos, nuestro trabajo jurídico habrá de verse adaptado en lo posible a sus requerimientos.
Sugiero dos propuestas, ambas con implicaciones informáticas:
- Una de lege data, la adaptación de las sentencias a determinados requerimientos informáticos que, estructurando su contenido, faciliten su comprensión, agilicen su consulta y fomenten su rápida difusión; particularmente, por lo que al tema que tratamos respecta (la vinculación jurisprudencial al TS), propugnamos la recepción formal en nuestro Derecho de los “anticipatory overruling “.
- De lege ferenda, postulamos la instauración de un sistema de “prejudicialidad ordinaria” en el que el órgano inferior pueda –rectius, deba- con carácter previo a su decisión plantear respetuosamente ante el Tribunal Supremo las posibilidades de reconsiderar su doctrina y las razones que abonarían semejante decisión; el TS vendría entonces obligado a adoptar una decisión por la que confirme o, por el contrario, matice o abandone su anterior criterio.
Veamos un ejemplo. Tras la STS 4 de Julio de 2011 ha quedado clara la ineficacia del requerimiento resolutorio de la compraventa de inmuebles efectuado mediante burofax (art. 1504 Cc). También que la demanda en que se ejercita la acción de resolución por incumplimiento sirve como requerimiento del art. 1504 Cc. ¡ Fijación de dos criterios jurisprudenciales en una sola sentencia ! Pues bien, nada debería impedir -entendemos- a un Juzgado o Sala discrepar razonadamente de dichos criterios, eso sí, acompañando ”nueva” argumentación.
“En cuanto a la forma de llevar a cabo el requerimiento, partiendo del tenor literal del artículo 1504 CC , que habla de requerimiento judicial o mediante acta notarial, la jurisprudencia ha declarado tradicionalmente que tales formas, en las que se incluye el acto de conciliación…, son las únicas fehacientes y garantizadoras de la realidad del hecho notificado…. También nuestra jurisprudencia ha rechazado en algún caso que tenga valor de requerimiento previo el efectuado mediante la presentación de la demanda ( STS de 10 de junio de 1996 ( RJ 1996, 5363) ). Es cierto, sin embargo, que en algunas sentencias recientes de esta Sala se ha admitido en varios casos el requerimiento efectuado por medios fehacientes distintos, como a través de telegrama, e incluso, mediante burofax…
Llegados a este punto, razones… aconsejan a esta Sala, reunida en Pleno, mantener el criterio tradicional y fijar doctrina jurisprudencial en el sentido de que no procede reconocer válidos efectos resolutorios en el ámbito del artículo 1504 CC al requerimiento efectuado mediante burofax, por continuar siendo imprescindible en la actualidad -el legislador ha tenido oportunidad de mitigar el rigor del precepto y no lo ha hecho- que el conocimiento fehaciente del hecho notificado cuente con la singular garantía que le otorga la supervisión de la autoridad judicial o de un fedatario público notarial…
… la Sala considera que, en tanto no se haya producido el pago del precio, debe reconocerse eficacia resolutoria a la demanda en que se ejercita la acción de resolución por incumplimiento, como forma de interpelación judicial literalmente contemplada en el artículo 1504 CC , por lo que procede fijar la jurisprudencia en este sentido, rectificando con ello el criterio de las sentencias anteriores en las que se ha desechado esta posibilidad” (STS 4 de Julio de 2011)
A./ Parece razonable permitir que el juez se desvíe de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si aporta razones de peso para justificar su discrepancia. En efecto, ¿por qué un tribunal inferior tiene que seguir un precedente existiendo fundadas razones para considerar que en ulterior instancia su decisión será revocada? A dicha facultad del tribunal o juez inferior de apartarse del precedente vinculante establecido en una decisión del tribunal supremo, en el sistema del Common law se le conoce como anticipatory overruling (derogación anticipada).
En una línea exactamente contraria al distinguishing, el juez puede considerar que el precedente es plenamente aplicable al caso, a pesar de que hay algunos aspectos que lo diferencian. A tal efecto, puede realizar un trabajo destinado a hace desaparecer tales diferencias, esta actividad se le denomina harmonizing.
El tratamiento diferenciado, a nivel informático, de las figuras aquí consideradas, habría indefectiblemente de tener repercusión en materia de condena en costas. En efecto, difícilmente debería el Tribunal condenar en costas, en primera instancia, al vencido, cuando hubiese formulado un anticipatory overruling o un restrictive distinguishing.
B./ Suponiendo que nuestro actual estado de imprevisibilidad de las Sentencias resulte incompatible con el principio de igualdad en la aplicación de la ley o con el principio de seguridad jurídica, ambos constitucionales, ¿qué podría no obstante hacer el TC? Prácticamente nada, “tapar agujeros”; actuar sólo en los casos más sangrantes. Porque “ad imposibilia nemo tenetur”, la Constitución, aún voluntarista, no podría hacernos cumplir a todos y cada uno de los españoles una pretendida obligación de amar a la Patria, ser “justos y benéficos”.
Hoy, como antes de 1868, “la diversidad de fueros embaraza la administración de justicia”. En estudio aparte hemos sugerido la refundición en un único ramo o jurisdicción de las distintas salas u órdenes actualmente existentes en España. No se trata de una innovación, sino de retornar a nuestros orígenes. Como en la Roma republicana, la división del derecho habría que hacerla no por materias, sino por procedimientos; cada uno con sus propias hechuras y posibilidades de pedir. Un nuevo pretor (al que denominamos “juez de la competencia”), a modo de “ventanilla única judicial”, previa su depuración procesal, se encargaría de redireccionar a cada juez la demanda –y en su caso contestación- presentadas.
_ La palabreja significa “suplemento o adición a un escrito”. De eso, de tres cosas que hasta ahora he omitido, trato para terminar.
*&* Los cambios jurisprudenciales –overruling-, por razonables que resulten, suelen dejar un regusto amargo, por el carácter retroactivo que implícitamente poseen. Ningún mérito -ni demérito- es atribuible al litigante por él afectado. Y sin embargo le afecta. La cuestión tiene especial relevancia en el campo penal, cuando se produce un cambio de criterio interpretativo en contra del reo. ¿Es posible aplicar el nuevo criterio jurisprudencial a quienes realizaron las acciones u omisiones antes de que se adoptara por primera vez?
La tendencia en el derecho norteamericano es a utilizar una variante de esta forma de overruling consistente en posponer los efectos de la nueva regla a una fecha futura determinada, la que casi siempre es correspondiente con la época de sesiones del Congreso.
*&* Podremos discutir si la vinculación a la doctrina del TS es o no conforme a Ley. Lo que difícilmente podremos cuestionar es que es necesaria, para la adecuada protección de la seguridad jurídica, la igualdad y la credibilidad en la justicia. Siendo esto así, si es el caso, ¿habría que cambiar la ley? ¿No bastaría tal vez con que el TC explícitamente admitiera la constitucionalidad de tal vinculación?
“el carácter vinculante de la doctrina legal para los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional es, desde luego, incuestionable a tenor … de la propia finalidad del recurso de casación en interés de Ley que atiende a la preservación del principio de seguridad jurídica… /… obligado para el Juzgador de instancia seguir la interpretación realizada por la sentencia de esta Sala” (STS, Sala 3ª, de 18 de enero de 2005)
*&* En una entrada anterior expusimos la conveniencia de que existiera, no sólo un Registro Único -de carácter no sólo civil-, sino también un cuerpo de legislación único, sin distinción formal entre leyes y reglamentos e incluso entre ordenamiento estatal y autonómico, “ahorrando” así al ciudadano la añadida dificultad derivada de la innecesaria proliferación. Esto presupone una integración de la herramienta informática en la mentalidad y diseño legislativo. Se trata de traducir a nivel informático -un nuevo lenguaje- las competencias normativas de los distintos actores implicados en el proceso. Pues bien, tenga o no carácter normativo, qué duda cabe, también convendría cerrar dicho diseño informático con la doctrina jurisprudencial recaída sobre las distintas normas. Unicidad y actualización “on line” habrían de procurar de inmediato al sistema seguridad y, lo que es más importante, TRANSPARENCIA.
1 CcJurisprudencia 1 Cc

References: De lege ferenda
 resolución 
 artículo 1504
 artículo 1504
 resolución 
 artículo 1504