Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920135.html
Timestamp: 2019-11-21 03:51:06+00:00

Document:
as201920135
Auto Supremo: 135/2019
Expediente: LP-73-18-S
Partes: Jeanette Mayra Revollo Valda c/ Juan Bautista Orihuela Urquieta y Karine Helga León Guerra
Proceso: Resolución de contrato por incumplimiento, más pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 399 a 402 interpuesto por Juan Bautista Orihuela Urquieta y Karine Helga León Guerra contra el Auto de Vista No. 376/2017 de 25 de septiembre, cursante de fs. 393 a 395 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de resolución de contrato por incumplimiento más pago de daños y perjuicios seguido por Jeanette Mayra Revollo Valda en contra de los recurrentes; la contestación al recurso de casación de fs. 405 a 408 vta., el Auto de concesión de fecha 23 de mayo de 2018 cursante a fs. 409; el Auto Supremo de admisión Nº 549/2018-RA de fs. 415 a 416; los antecedentes procesales, y;
Planteada la demanda de resolución de contrato por incumplimiento más pago de daños y perjuicios interpuesta por Jeanette Mayra Revollo Valda en contra de Juan Bautista Orihuela Urquieta y Karine Helga León Guerra, quienes previa su citación opusieron excepción previa de prescripción y excepción previa de incapacidad o impersonería de la demandante de fs. 48 a 49, que fueron resueltas mediante Auto de 27 de mayo de 2013 de fs. 56 y 57 declarando IMPROBADAS ambas excepciones; del mismo modo de fs. 88 a 94 vta., los demandados opusieron la excepción perentoria de incumplimiento de contrato, contestaron negativamente a la demanda y plantearon acción reconvencional de declaración judicial de perfeccionamiento de la transferencia, cumplimiento de contrato, mora del acreedor, y pago de daños y perjuicios. Acción reconvencional subsanada mediante memoriales de fs. 101 a 102 vta. y 105.
Desarrollado el proceso el Juez de Partido Séptimo en materia Civil y Comercial de la ciudad de La Paz emitió la Sentencia Nº 187/2015 del 03 de noviembre cursante de fs. 330 a 342 vta., declarando PROBADA en parte la demanda de resolución de contrato por incumplimiento de pago, sin haber lugar al pago de daños y perjuicios, IMPROBADAS la demanda reconvencional y la excepción perentoria de incumplimiento de contrato; se determinó que en ejecución de sentencia se proceda a la restitución simultanea de lo recibido por ambas partes, debiendo los demandados restituir el departamento Nº 305 del tercer piso con una superficie de 117.24 m2 y el garaje Nº 8 del semisótano con una superficie de 30.39 m2, situados en el edificio multifamiliar Pucara de la calle Nanawa Nº 1805 Zona Miraflores de la ciudad de La Paz; y la demandante restituir la suma de $us. 27. 000, sea en el plazo máximo de 70 días, bajo apercibimiento de ley, sin costas por tratarse de proceso doble.
Resolución de primera instancia que fue apelada por Juan Bautista Orihuela Urquieta y Karine Helga León Guerra a través del memorial de fs. 347 a 350 vta., lo cual fue resuelto por Auto de Vista Nº 376/2017 de 25 de septiembre, cursante de fs. 393 a 395 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 187/2015 de fecha 03 de noviembre razonando que:
Manifestó que no corresponde considerar la apelación planteada de fs 59 a 60, 98, y 345 puesto que no se la fundamentó juntamente con la apelación de fs. 347 a 350 vta., contra la Sentencia Nº 187/2015 de fs. 330 a 342 vta., mismo que está acorde al art. 259 inc. 3 del Código Procesal Civil.
Aludió al art. 568.I del Código Civil, prestando atención que la resolución tiene lugar por el incumplimiento voluntario de la contraparte, la resolución se acoge cuando la parte solicitante cumple con su obligación, y en sentido contrario resulta improcedente la pretensión.
Con respecto a los agravios acusados en cuanto a que la cuenta Nº 1052743593 se encontraba inmovilizada, que la demandante rehusó firmar los trámites financieros, el Tribunal de instancia alegó que del análisis de los documentos de 11 de diciembre de 2007 y el adendum de 09 de julio de 2008, es que existió obligación para la actora de firmar los trámites con la entidad financiera; en el mismo sentido citó que a fs. 34 se detalla mediante la certificación emitida por el Banco Económico que la caja de ahorro Nº 1052743593 se encontraba activa desde el 01/01/2008 hasta el 08/06/2012, por lo tanto los demandados tenían la posibilidad de cumplir el depósito de $us. 116.
Adujo que la excepción non adimpleti contractus procede cuando una parte ofrece la realización de su prestación, que en el presente caso no se cumple por la parte demandada.
Finalmente, enfatizó que la posesión y el pago de impuestos no son pruebas idóneas, pertinentes para demostrar el cumplimiento de una obligación, de acuerdo a lo pactado por las partes.
Resolución que fue impugnada vía recurso de casación de fs. 399 a 402 interpuesto por Juan Bautista Orihuela Urquieta y Karine Helga León Guerra, recurso que se analiza.
1. Acusó la falta de motivación y fundamentación en relación al recurso de apelación, puesto que el Tribunal de segunda instancia solo se pronunció sobre la falta de perfeccionamiento de la venta, sin considerar que la venta es a solo consensu, en tal sentido el Auto de Vista sería incongruente en lo externo e interno, y en la sentencia.
2. Del mismo modo, denunció que el Tribunal incurre en la misma incongruencia que el juez de instancia al confirmar la sentencia, tal que no se establece de manera clara que parte de la demanda sería considerada probada, y únicamente referirse que en ejecución de sentencia se proceda a la restitución, por lo que el fallo sería incongruente tanto en lo interno como en lo externo.
1. Acusó la errónea interpretación e indebida aplicación de la ley por el juez y Tribunal de Alzada en cuanto a los arts. 568, 584 y 585 del Código Civil, tomando como base el documento de compra venta de departamento y garaje de fecha 11 de diciembre de 2007 y reiterada por el documento de fecha 09 de julio de 2008, puesto que tales instrumentos no reflejan una fecha de inicio del primer pago mensual, tampoco el número de cuotas que vayan a cubrir el monto adeudado, ni la finalización del pago mensual, por lo tanto al no reflejar tales requisitos no se debería considerar la resolución de contrato. A tal extremo añadió que al no existir ningún término o plazo de cumplimiento de los pagos mensuales, se suma a ello la falta de requerimiento ante el incumplimiento conforme al art. 570 del CC.
2. A su reclamo, además, agregó la incorrecta interpretación de los arts. 584 y 585 del Código Civil, puesto que los juzgadores de instancia no tomaron en cuenta que el instrumento del 11 de diciembre de 2007 es de una transferencia en calidad de venta real y enajenación perpetua, más no así de una transferencia a cuotas o con reserva de propiedad.
3. Denunció error de apreciación de pruebas, ya que no se consideró el contenido de los documentos del 11 de diciembre de 2007 y del 09 de julio de 2008, sin considerar tampoco la certificación del Banco Económico de fs. 119 del 06 de marzo de 2014 en el que certifica la inmovilización de la cuenta 10-52743593 (número de cuenta donde se debió efectuar el pago de las cuotas del contrato), es decir que no se podía realizar ninguna gestión o transacción, por lo que no se podía efectuar ningún depósito.
4. Del mismo modo no se valoró correctamente el financiamiento realizado de la mutual La Paz conforme a las notas MLP/GC/1820758407 y MLP/GN/E142/2914, ya que con estos documentos demostrarían haber cumplido con lo pactado mediante el documento del 11 de diciembre de 2007, además de demostrar la mala fe del demandante por la no extensión de los títulos de propiedad.
Por último, solicita se admita el recurso de casación en el fondo, pidiendo se case el Auto de Vista Nº 376/2017 de 25 de septiembre declarando improbada la demanda principal. Alternativamente plantea nulidad en la forma.
1. Respondió al recurso de casación indicando que el recurrente realiza afirmaciones subjetivas, argumentos sin sustento alguno, no fija de manera clara ninguna violación efectiva a la ley infringida, por lo que se debería rechazar el recurso de casación interpuesto.
2. En cuanto al fondo manifestó que el pago de las cuotas se las debía efectuar mensualmente a partir de la firma del documento de 09 de julio de 2008, tal como se acredita en el memorial de contestación a fs. 90 siendo el pago mensual de las cuotas de $us. 116, de tal manera que los demandados conocían el plazo para el pago de las cuotas pactadas.
3. Por otra parte, contestando a la errónea interpretación de los arts. 584 y 585 del Código Civil, refirió que los demandantes confesaron mediante su contestación a la demanda el saldo restante es de $us. 13. 000, concluyendo que tales acusaciones no tienen sustento de hecho ni de derecho.
4. Con respecto al reclamo sobre el error en la apreciación de pruebas, respondió que tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista se consideró de manera íntegra los documentos del 11 de diciembre de 2007 y del 09 de julio de 2008, mismas que estipulan la cancelación de las cuotas mediante depósitos en el Banco Económico, las cuales fueron incumplidas por los demandados.
5. Con referencia a la falta de valoración de la certificación cursante a fs. 119, aclaró que la misma no tuvo relevancia, porque se tomó en cuenta la certificación de fs. 34, ya que este si corresponde al tiempo en que se debió cumplir con la obligación.
6. Respecto a la nulidad en cuanto forma, manifestó que el Auto de Vista Nº 376/2017 cumple con lo previsto en el art. 213 y 218 del Código Procesal Civil; asimismo, el Auto de Vista referido fundamentó su decisión en base a normas aplicables, por lo que no existe el vicio reclamado.
Por último, pide tener por respondido el recurso de casación interpuesto por los demandados, y que este Tribunal declare infundado el recurso de casación planteado, sea con costas en todas las instancias.
III.1.- De la Interpretación del art. 568 del Código Civil.
Que al respecto, el art. 568 del Código Civil prevé: I. "En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…”. La norma citada, evidentemente presenta en lo principal dos alternativas, las acciones de resolución de contrato y el cumplimiento de contrato que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por lo dispuesto en dicho precepto normativo, la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; o por otro lado, que la parte que ha cumplido, pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.
En este sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre que: “…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…”, ahora bien, es preciso tener presente que al ser aplicable el art. 568 del CC, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante, determinar para su procedencia el orden o prelación de la obligaciones generadas, es decir, se debe establecer qué obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato, es decir que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución del mismo, interpretación que debe ser realizada por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del CC.
III.2. Cómputo del tiempo en razón de los meses.
El art 1487 del Código Civil establece: “(Computación de los meses y los años). I. El mes o los meses y el año o los años se computan desde el día siguiente de su iniciación hasta el día de la fecha igual a la del mes o de los meses y a la del año o de los años que respectivamente sean necesarios para completarlos. Así, el lapso comenzado el día 15 de un mes concluirá el día 15 del mes correspondiente para complementarlo, cualquiera sea el número de días del mes o de los meses y del año o de los años. II. Si el lapso debe cumplirse en un día que no tenga el mes se entenderá cumplido el último día de ese mes.”, en tal sentido estas reglas norman la forma de computar el tiempo, estableciendo un régimen legal supletorio que opera si las leyes o las partes no disponen un modo de computar los plazos diferentes, de manera que al computar el término en meses se los computa al día siguiente de su iniciación y termina en la misma fecha al mes siguiente.
Del análisis del recurso de casación se puede advertir reclamos o puntos de controversia, tanto de forma como de fondo interpuestos de forma indistinta, en consecuencia, a los efectos de otorgar una argumentación jurídica clara, coherente y por metodología estructural de la resolución, corresponde de inicio absolver los reclamos de forma, en el entendido, que de ser evidente los mismos no correspondería un análisis en el fondo de la litis.
1. Ante el reclamo de incongruencia del Tribunal Ad quem sobre la falta de perfeccionamiento de la venta, sin considerar que la venta es a solo consensu. Al respecto, de la revisión de obrados a fs. 395 vta., se observa que el Tribunal hace referencia a la sentencia dirigiéndose al punto 2 del Considerando IV en sus incisos a, b y c, aspecto por el que el Tribunal Ad quem consideró que tal razonamiento era adecuado, por lo que no advirtió error en la fundamentación de la sentencia, por esa razón el estar acorde con los agravios planteados en el recurso no conllevan una falta de motivación, puesto que el Tribunal de Alzada asumió tales argumentos como propios, además agregó que: “máxime si la posesión y pago de impuestos que podría haberse efectuado no son pruebas idóneas, pertinentes para demostrar el cumplimiento de una obligación en la forma como se habría pactado”, por esta razón no es evidente reclamo planteado.
2. Respecto a la acusación de no establecerse en el fallo de primera y segunda instancia de manera clara, qué parte de la demanda sería considerada probada, y únicamente disponer que en ejecución de sentencia se proceda a la restitución sin referirse a la existencia de los documentos del 11 de diciembre de 2006 y 9 de julio de 2008. En relación a ello es claro que el Auto de Vista confirma la Sentencia que declara probada la demanda interpuesta a fs. 36 a 39, de resolución de contrato por incumplimiento, incluso citando el bien inmueble que se debe restituir, por tal razón no se advierte tal acusación, es más, realizando el control de logicidad de la motivación de las resoluciones en primera y segunda instancia se establece que las mismas no contienen proposiciones opuestas en su parte considerativa con la parte decisoria, en las que mencionan y fundamentan los contratos del 11 de diciembre de 2007 y del 09 de julio de 2008, a fs. 339 vta., en la sentencia y a fs. 395 en el Auto de Vista.
3. Refiriendo a que el Auto de Vista no consideró que el objeto de la apelación fue la sentencia, así como la aplicación de la Ley de Abreviación Procesal Civil y el Código Procesal Civil. Es necesario aclarar en este punto que los recurrentes confunden el objeto del recurso de apelación con el de su procedencia y admisibilidad, por tal motivo mediante Auto el 21 de julio de 2016 a fs. 368 vta., se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, por lo tanto, los agravios planteados han sido resueltos mediante el Auto de Vista Nº 376/2017, por lo que es incoherente el reclamo planteado.
Por otra parte respecto a la falta de requerimiento ante el incumplimiento conforme al art. 570 del CC, en el punto1 in fine y al punto 4 de los reclamos de fondo, cabe aludir a la aplicación del per saltum (pasar por alto), toda vez que la recurrente no reclamó este punto al momento de interponer su recurso de apelación de fs. 347 a 350 vta., en tal sentido en cuanto a este reclamo en particular no mereció pronunciamiento alguno en segunda instancia debido a que el mismo no fue objeto del recurso de apelación, lo que imposibilita que este Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre este reclamo, ello en conformidad con el art. 272.II del Código Procesal Civil.
1. Con referencia al punto 1 de las acusaciones en el fondo, cabe aclarar que el motivo de la litis se desprende del documento privado de 11 de diciembre de 2007 a fs. 31 y del adendum del 9 de julio de 2008 a fs. 33, del cual diremos que conforme a doctrina aplicable III.1 y III.2 tanto la demandante como los demandados en un primer momento a través del documento de 11 de diciembre de 2007 realizaron un acto jurídico por el que Jeanette Mayra Revollo Valda manifestó la voluntad de transferir un bien inmueble a cambio de una suma de dinero de $us. 13.000 mediante financiamiento bancario. Posteriormente con base en la libertad contractual modificaron la forma de pago, conforme adendum del 9 de julio de 2008, donde en su cláusula cuarta Juan Bautista Orihuela Urquieta y Karine Helga León Guerra se obligaron a realizar un pago mensual de $us. 116 a favor de Jeanette Mayra Revollo Valda. De tal modo que, conforme al adendum existe una modificación por acuerdo de las partes, según el cual la modificación de los términos de un contrato o su extinción voluntaria son resorte de las partes que lo celebraron, cuyo contenido permanecerá inmutable en tanto no se verifiquen acuerdos modificatorios o extintivos. Por esta razón ante la verificación del acuerdo modificatorio materializado en el adendum del 9 de julio de 2008 a fs. 33 se estableció qué partes modificaron el contrato en cuanto a la forma de pago, prestación que es objeto de análisis para establecer o no la demanda de resolución de contrato.
De lo descrito no existe interpretación errónea del art. 568 del Código Civil, ya que Jeanette Mayra Revollo Valda demandó la resolución de contrato por incumplimiento del pago establecida en la cláusula cuarta del adendum del 9 de julio de 2008 a fs. 33, aspecto que es precisado por el Auto de Vista Nº 376/2017 en el punto 2 del considerado II.
2. De manera similar en cuanto a la acusación de que los instrumentos referidos de 11 de diciembre de 2007 y el adendum de 9 de julio de 2008, no reflejarían una fecha de inicio del primer pago mensual, tampoco el número de cuotas que vayan a cubrir el monto adeudado, ni la finalización del pago mensual, nos remitimos a la doctrina III.2, ya que del análisis de la cláusula cuarta del adendum de 9 de julio de 2008 se establece un “… pago mensual … ”, en tal sentido y siendo la suscripción del adendum el 9 de julio de 2008 se entiende que el inicio del cómputo de meses es a partir del 10 julio de 2008 concluyendo su exigibilidad el 10 de agosto de 2008 respecto al primer mes y a cada 10 de cada mes, en razón de los 12 meses fijados en la adenda, régimen supletorio que opera en el presente caso; asimismo del análisis de la cláusula cuarta del adendum se desprende que: “… realizaran el depósito de $us. 116.- (Ciento Dieciséis 00/100 Dólares americanos) durante los primeros 12 meses”, de ahí que incluso las partes establecen en un primer momento el número de cuotas de debieron ser cubiertas, y que de la revisión no existe el cumplimiento de lo acordado por las partes. Por los motivos señalados el reclamo de los recurrentes deviene en infundado.
3. Los recurrentes acusaron que los juzgadores de instancia no tomaron en cuenta que el instrumento del 11 de diciembre de 2007 es de una transferencia en calidad de venta real y enajenación perpetua, mas no así de una transferencia a cuotas o con reserva de propiedad, no obstante de la revisión de obrados a fs. 340 vta., el juez ya indicó en su punto 3 del considerando IV sobre la naturaleza de la venta conforme al art. 584 del Código Civil, indicando también que: “la referida demandante ha mantenido intacto su derecho de propiedad sobre los pre-citados inmuebles no correspondiendo consecuente declarar judicialmente la perfección de la transferencia de los pre-citados inmuebles como pretenden los citados demandados”, además debemos remarcar que los contratos suscritos por las partes están sujetos a término conforme al art. 508 del Código Civil, tal como se detalló en el parágrafo anterior, por lo que la acreedora tenía la posibilidad de exigir el pago o resolver el contrato, en tal razón no existe interpretación errónea de la ley.
Al punto 3 en cuanto a los reclamos de fondo se tiene a fs. 251 el informe emitido por el Banco Económico del 05 de diciembre de 2014 donde comunica que la cuenta N° 1052-743593, durante las gestiones 2008-2009-2010-2011-2012 se encontraba activa sin ningún impedimento para realizar depósitos. Motivo por el que los juzgadores de instancia determinaron el incumplimiento de pago de $us. 116 mensuales, deviniendo en infundado su reclamo.
Por todos los fundamentos expuestos corresponde dictar resolución conforme lo prevé el art. 220 II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 399 a 402 interpuesto por Juan Bautista Orihuela Urquieta y Karine Helga León Guerra, contra el Auto de Vista N° 376/2017 de 25 de septiembre cursante de fs. 393 a 395 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

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