Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/AS-2017/as201700101.html
Timestamp: 2019-03-20 11:21:22+00:00

Document:
as201700101
AUTO SUPREMO: 101/2017.
FECHA: Sucre, 23 de octubre de 2017.
EXPEDIENTE Nº: 06/2017.
PROCESO: Homologación de Sentencia.
PARTES: Mónica Bravo Vincaya.
MAGISTRADA TRAMITADORA: Norka Natalia Mercado Guzmán.
VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de homologación de sentencia planteada por Mónica Bravo Vincaya, los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO I: En la demanda de fs. 16 a 17, Mónica Bravo Vincaya solicitó la homologación de la Sentencia 44/13 dictada el 25 de enero de 2013 por la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia Nº 17 (de Familia) de Sevilla, España, que en referencia a la demanda de declaratoria judicial de discapacidad y tutela ordinara seguida por la demandante declaró a su esposo Javier Soliz García en total y absoluta incapacidad para regir sus acciones personales y administrar sus bienes y la designó tutora legal y albacea, resolución que adquirió la calidad de cosa juzgada como lo certifica el testimonio correspondiente.
Añadió que en el proceso seguido en España, solicitó la declaratoria de incapacidad de su esposo porque conforme se evidenció y probó en juicio, su esposo sufrió deterioro severo postraumático, enfermedad de carácter crónico y permanente que afectó su capacidad de comprensión y no tiene medida en la consecuencia de sus actos, peor aún en la administración de sus bienes debido a un accidente automovilístico que sufrió en ese país.
Toda vez que retornaron a su país natal y siendo necesario a efectos jurídicos y legales, solicita la homologación de la referida sentencia y que se ordene al Juez Público de Familia de turno de Santa Cruz de la Sierra, la inmediata restitución del declarado interdicto que actualmente se encuentra con sus padres.
CONSIDERANDO II: Admitida la demanda mediante providencia de fs. 38 y previa citación, el señor Fiscal General del Estado, mediante Requerimiento de fs. 489 a 490, señaló que corresponde rechazar la homologación de sentencia solicitada porque la Sentencia 44/13 pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 17 de Sevilla, carece de autenticidad por falta de sello seco del mencionado documento que hace presumir que no cumple con el requisito exigido por el art. 555-6) del CPC. Tampoco existe la constancia de que la resolución se encuentre ejecutoriada como dispone el numeral 5) de la misma disposición legal.
También fueron citados Mario Soliz Andia y Hortencia García Alcoba de Soliz, padres de Javier Soliz García quienes se apersonaron con memorial de fs. 469 a 472 y contestaron señalando que es real la discapacidad de su hijo Javier Soliz García en un 84% debido a un gravísimo accidente de tránsito que sufrió el año 2010.
Añadieron que la demandante, habría falseado ideológicamente el certificado de nacimiento de Mayté Andrea Soliz Bravo ocurrido el 28 de abril de 2011, para de esa forma hacerse pasar en una primera etapa como concubina de su hijo incapacitado para que la Procuraduría acepte ser parte de la demanda en España que culminó con la Sentencia 44/13 de 25 de enero de 2013 que ahora busca homologar. Añadieron que impidió que sus padres pese a viajar a España pudiesen recoger a su hijo porque ella permanecía oculta.
Señalaron que la demandante en su condición de tutora de su hijo se benefició con la indemnización social que le correspondía y además recibió la renta o pago social de por vida en la suma de € 2.200 (Dos mil doscientos Euros) y sin hacer nada para su recuperación hasta que hicieron la denuncia ante el Consulado Español, ordenando el Juzgado de ese país suspender la entrega mensual del monto social hasta la fecha.
Después de oficiar esos actos delictuosos, logró confundir a los Oficiales del Registro Civil Consular en Sevilla, España para formalizar un matrimonio civil el 28 de junio de 2013, reconocido y homologado a la fecha con el fin de trasladarse a Bolivia el 17 de marzo de 2014, donde de nuevo confundiendo y haciendo errar a los notarios y otros funcionarios públicos, lograr que su hijo firmara un reconocimiento de derecho del único bien inmueble que lograron adquirir y en el que construyeron una vivienda familiar. Señalaron que el lote de terreno que había comprado el 29 de diciembre de 2008, por lo que afirmaron que se configura el tipo penal de engaño a persona incapaz.
Añadieron que cuando tuvieron la guarda de su hijo, fueron sujetos de la violencia de la demandante Mónica Bravo a quien únicamente le interesaba llevárselo como fuente de financiamiento económico para transformarse en turista del mundo entero con su aparente pareja y lo que peor es que mientras viajaba dejaba a Javier en un orfanato de ancianos, todos esos actos aparte de ser la fundamentación con la que rebaten la homologación de sentencia dictada en el extranjero, es también argumento para sustentar las acciones penales ya iniciadas en causa penal y familiar bajo la soberanía de la competencia de nuestro Estado Plurinacional.
Efectuando un detalle de la causa penal iniciada, señalaron que el 20 de enero de 2017, Elizabeth Soliz García solicitó al Juez Público Décimo de Familia de Santa Cruz la declaratoria de interdicción de su hijo Javier, proceso en el que el 1 de febrero de 2017, fueron nombrados curadores ad litem para que atiendan la causas, asistan y sean administradores provisionales y cuidadores de la persona demandada y de sus intereses, motivo por el cual representan a su hijo Javier Soliz García, único hijo varón de cinco nacidos en el seno familiar.
Concluyeron señalando que de la lectura de las copias legalizadas que adjuntan al memorial de contestación con la que se oponen a la pretensión de la demandante, se evidencia que existe un proceso penal con número de caso FIS 1700543 que a esa fecha se encontraba con imputación formal por los delitos de Engaño a Persona Incapaz, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado contra Mónica Bravo Vincaya y, asimismo la demanda de interdicción en que fueron nombrados curadores ad litem por lo que se entiende que existe oposición que se transforma a en un proceso contencioso jurisdiccional que impide que se resuelva la solicitud de homologación de sentencia dictada en el extranjero.
CONSIDERANDO III: Según dispone el artículo 502 del Código Procesal Civil, las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de Bolivia efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo que establezcan los tratados o convenios existentes y las disposiciones del presente Capítulo. En caso de no existir tratado o convenio, el art. 504, establece el principio de reciprocidad en los casos en los que el país en que fue dictada la sentencia extranjera, dé la misma fuerza que se reconoce a las sentencias pronunciadas en el Estado Plurinacional de Bolivia, como ocurre con España.
Continuando con el análisis se tiene que el citado art. 502 del CPC, señala que los efectos de las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero son imperativos, probatorios y de fuerza ejecutoria, correspondiendo precisar lo siguiente:
Sobre el efecto probatorio, la doctrina1 señala que la sentencia firme y ejecutoriada conforma una realidad jurídica y material que puede servir para acreditar un hecho en un proceso posterior en los siguientes casos:
Cuando se alega la función negativa de la cosa juzgada para excluir un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que se produjo la sentencia, ello con fundamento en la seguridad jurídica.
Cuando se hace valer la denominada eficacia positiva o prejudicial, se supone la necesidad de partir de lo ya resuelto en el proceso, para que el nuevo pronunciamiento sea el presupuesto lógico-jurídico.
En relación al efecto imperativo consiste en los efectos que son propios de las sentencias; es decir, declarativos, constitutivos y de condena.
En cuanto a las reglas existentes para la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, el art. 503 de la misma norma procesal civil señala en su parágrafo I, que las sentencias extranjeras para su ejecución y cumplimiento deberán ser reconocidas y ejecutadas en el Estado Plurinacional, si correspondiere, sin que proceda la revisión del objeto sobre el cual hubieren recaído.
Resulta relevante señalar que en el mismo art. 503-II, se apunta que el reconocimiento es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de fondo y forma señalados por la norma, mientras que el parágrafo II, establece que la ejecución es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto el cumplimiento de las sentencias dictadas en el extranjero. Por consiguiente, existe diferencia entre el acto de reconocer y el acto de ejecutar una sentencia dictada en el extranjero.
A efecto de esclarecer el procedimiento, el art. 506 del Código Procesal Civil, señala:
I. Solo serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de condena al cumplimiento de obligaciones.
II. Cuando únicamente se trate de hacer valer los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, deberá acompañarse la documentación prevista en el Parágrafo II del Artículo anterior.
III. El tribunal ante quien se pretendiere hacer valer los efectos imperativos o probatorios de la sentencia extranjera, se pronunciará sobre el mérito de la misma en relación al efecto pretendido, previa comprobación de haberse observado los requisitos del parágrafo I del artículo anterior, sin que sea necesario seguir el procedimiento fijado en el Artículo siguiente.
Se concluye entonces que en los casos de sentencias con efectos probatorios o imperativos (en este caso declarativos y constitutivos) el Tribunal debe valorar y pronunciarse sobre el efecto pretendido además de comprobar los requisitos de validez de la resolución cuya homologación se pretende, actividad jurisdiccional que no es opuesta a la expresa prohibición señalada por el art. 503-I del CPC.
Finalmente se tiene que por expresa previsión del art. 506-I del tantas veces citado CPC, únicamente las sentencias extranjeras de condena al cumplimiento de obligaciones son susceptibles de ejecución o procedimiento de exequátur, previo cumplimiento del procedimiento señalado por el art. 507 de la misma normativa procesal civil.
Respecto a la naturaleza de la sentencia que declara la interdicción es declarativa y constitutiva, en tanto que, aparte de que proclama el estado de incapacidad, crea una relación jurídica y da nacimiento a un nuevo estado, motivo por el que, precisamente por su carácter de constitutiva, como generalmente sucede con ese tipo de fallos, sus efectos empiezan cuando ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada; en consecuencia, la sentencia cuya homologación se pretende, debe ser analizada a la luz del art. 503-II y 506-II y III del Procesal Civil a efecto de su reconocimiento y de su efecto probatorio en el territorio nacional, no pudiendo ordenarse su ejecución al no tratarse de una sentencia de condena al cumplimiento de obligaciones.
CONSIDERANDO IV: Con dicho preámbulo y en cuanto a los requisitos de validez señalados por el art. 505-II del CPC, cursa de fs. 2 a 6 vta., la Sentencia 44/13 emitida el 25 de enero de 2013 por María Isabel Gonzáles Arcos, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Nº 17 de Sevilla, España, con la que a instancia de Mónica Bravo Vincaya, representada por la Procuradora Eva María Mora Rodríguez se declaró a Javier Soliz García en total y absoluta incapacidad para regir su persona y sus bienes, constituyéndose en consecuencia, en estado de incapacidad total, con privación del derecho de sufragio. En dicha resolución se nombró como tutora del incapaz a su pareja, Mónica Bravo Vincaya, quien debía realizar inventario de los bienes del tutelado en el plazo de sesenta día siguientes a su nombramiento y rendir cuentas anuales ante dicho Juzgado.
En la resolución en análisis se dejó constancia de que el demandado no contestó a la demanda y que respondió a la misma, el Ministerio Fiscal formulando oposición por razones formales y de prueba. La juez de la causa tuvo como probado el hecho de que el demandado padece Deterioro Severo Postraumático, enfermedad de carácter crónico y permanente que afecta y disminuye su capacidad de entender y conocer el alcance y consecuencia de sus actos, así como de subvenir las necesidades materiales de su existencia, afectando dicha limitación tanto al gobierno de su persona como de sus bienes. A fs. 6 y 6 vta., cursan las legalizaciones correspondientes.
Se extraña sin embargo, que no se acompañaron a la demanda copias legalizadas o autenticadas de las piezas necesarias del proceso que acrediten que se cumplieron las normas del debido proceso más aún si existió oposición del Ministerio Fiscal por razones formales y de prueba. A ello se añade, que no cursa la certificación de la ejecutoria de la sentencia presentada a consideración de este Tribunal, concluyéndose que en lo formal no se ha dado cumplimiento a los requisitos de validez que permitan efectuar el análisis de fondo tendiente al reconocimiento del valor probatorio o imperativo de la resolución.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 38 de la Ley del Órgano Judicial DENIEGA EL RECONOCIMIENTO de la Sentencia 44/13 emitida el 25 de enero de 2013 por María Isabel Gonzáles Arcos, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Nº 17 de Sevilla, España.
No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina al haber solicitado permiso los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de octubre de 2017.
1 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000200002

References: resolución 
 resolución 
 artículo 502
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 38