Source: https://www.scribd.com/document/59948934/Regimes-especiales-del-trabajo
Timestamp: 2018-02-24 20:52:46+00:00

Document:
Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución y desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo propio; el trabajo es considerado como un factor de producción que supone el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, este hecho social crea la necesidad de regulación y es por ello que surge dentro del Derecho la rama del Derecho del Trabajo que no es más que el conjunto de Normas de orden público que regulan las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social y que por gozar de un sistema homogéneo de estas normas, además de un sistema administrativo y judicial propio lo hacen ser autónomo de las demás ramas, claro está que relacionándose con ellas. Este Derecho del Trabajo no surge de la noche a la mañana, tiene un período de evolución histórica que se irá desarrollando a lo largo del presente manuscrito, pasando por la época antigua, edad media, edad moderna y contemporánea, llegando a América y comparando su evolución con respecto a las antiguas potencias europeas, en donde se observa mayor evolución de las normas en América Latina que con respecto a los países europeos. Finalmente se destaca la Ley Orgánica del Trabajo Venezolana de 1997, se convierte en el instrumento que rige las relaciones de trabajo hasta nuestros días. Los Regímenes Especiales agrupa el Título V de la Ley Orgánica del Trabajo las disposiciones referentes al trabajo de los menores y de los aprendices; de los trabajadores domésticos; de los conserjes; de los trabajadores a domicilio; de los deportistas profesionales; de los trabajadores rurales; del trabajo en el transporte (terrestre, marítimo, fluvial, lacustre, aéreo y motorizado); y del trabajo de los minusválidos. En ese orden los estudiaremos sucintamente. La especialidad de estos regímenes radica en las diferencias que ellos presentan con respecto al régimen general de la relación de trabajo (Título I), en vista de la peculiar condición de los sujetos, merecedores de una preferente atención del legislador; de las circunstancias propias del trabajo mismo, o del medio en que éste se realiza, que no permiten la aplicación de las reglas ordinarias. Sin embargo, éstas se entenderán aplicables en cuanto no resulte modificado por el dispositivo de excepción que dichos regímenes contienen. La Ley Orgánica del Trabajo eliminó el trabajo de la mujer de los Regímenes Especiales, consecuente con la idea de no discriminar en las condiciones de trabajo por razón del sexo, predicada por las modernas tendencias sociales, ideológicas y culturales. No obstante, dedica el Título VI a las normas de protección de la maternidad y la familia. Nos parece un acierto la incorporación de los regímenes especiales al texto de la L.O.T. de 1990, para cubrir un notorio vacío de las leyes desde 1936, y resolver de ese modo la inconstitucional regulación de dichas materias mediante disposiciones reglamentarias, tal como se hizo en los reglamentos de 1938 (Trabajo de la gente de mar) y de 1973 (menores, aprendices, mujeres, conserjes, a domicilio, domésticos, deportistas profesionales y trabajadores rurales). Si bien algunos de esos regímenes reglamentados estaban ya contemplados en la Ley del Trabajo (domésticos, mujeres, menores), en la del INCE (aprendices); y en el Reglamento en la Agricultura y en la Cría, de 1945, dictado por el
Ejecutivo en ejercicio del mandato que recibió a tal fin del constituyente de 1936 (Const. Nac., art. 32, ord.8°), lo cierto es que, con excepción del último citado y de la gente de mar, en todos los demás regímenes regulados aparecían excedidos los poderes reglamentarios del Ejecutivo Nacional. Dos reproches nos merece la LOT en el punto: a) El excesivo recargo del tratamiento, saturado de detalles que bien hubieran podido quedar para el Reglamento, sin recurrir a las sospechosas "amplias facultades" que el Art. 13, ejusdem, predica para esa función del Ejecutivo Nacional. Declarar prohibido mediante norma legal expresa, a los deportistas profesionales, maltratar de palabra u obra a los árbitros, compañeros de trabajo y a los jugadores contrarios (art. 314), nos parece una patente demostración de lo dicho, dado que, por similares razones, habría sido necesario prohibir expresamente a los actores, músicos, tripulantes de naves aéreas, marítimas, etc., el irrespeto al público, a los pasajeros y compañeros de equipo, y a los directores de orquesta invitados por el patrono para funciones especiales. b) La minuciosidad del legislador al regular el trabajo en el transporte (terrestre, navegación marítima, fluvial, lacustre, aérea y trabajo de motorizados), contrasta con el tratamiento elusivo que recibe la labor de los actores, músicos folkloristas y demás trabajadores intelectuales y culturales. Así, mientras al trabajo aéreo dedica la ley trece pormenorizados artículos, y al marítimo, fluvial y lacustre veinticuatro, al de los actores, músicos, etc., dedica un sólo artículo (374), remisorio al Reglamento de la Ley. Si, como se dijo, el propósito de los proyectistas de la LOT fue la de eliminar la sombra de inconstitucionalidad e ilegalidad que pesaba sobre el Reglamento de 1973, el artículo 374 nos parece inexplicable, por ser la posición totalmente opuesta a dicho propósito.
RÉGIMEN ESPECIAL: LA MATERNIDAD
1. Prohibición al patrono de exigir exámenes médicos o de laboratorio destinados a diagnosticar el embarazo de la aspirante a un empleo, o de solicitar la presentación de certificados médicos con ese mismo fin (Art. 381). Este tipo de "prohibición" encierra realmente una limitación legal de la capacidad del patrono para contratar trabajadores de sexo femenino. 2. Inamovilidad en el empleo durante el embarazo, hasta un año después del parto. Este derecho tiene en común con la inamovilidad reconocida a ciertos trabajadores ²(p. ej.: a los proponentes de un sindicato, artículo 450; o a los directivos del sindicato, art. 451); o a trabajadores en especial situación de peligro de pérdida del empleo por el ejercicio de sus derechos (p. ej.; durante la negociación colectiva o la tramitación y desarrollo del conflicto de trabajo, arts. 458 y 506)², el hecho de que en ambos tipos de situaciones se requiere la calificación de la falta por el Inspector del Trabajo, de modo previo al despido (confróntese los arts. 384 y 453 LOT). Pero se diferencia en que la inamovilidad de la embarazada no suspende eljus variandi del patrono, dentro de las limitaciones impuestas por el artículo 382 para procurar el normal desarrollo del feto e impedir el aborto. El empleador puede trasladar a la trabajadora por razones de servicio justificadas, siempre que no se perjudique su estado de gravidez, se le rebaje el salario o, en general, se desmejoren sus condiciones de trabajo por ese motivo (Art. 383).
3. Descansos: prenatal de seis (6) semanas, y post-natal de doce (12) semanas; este último puede tener una duración mayor a causa de enfermedad que, según dictamen médico, sea consecuencia del embarazo o del parto, e incapacite para el trabajo. 4. Derecho a gozar de las vacaciones vencidas y no disfrutadas a continuación inmediata del descanso de maternidad, cuando así sea solicitado por la trabajadora. 5. Los períodos de descanso por maternidad deben computarse como tiempo de servicios, a los efectos de la antigüedad de la trabajadora (Art. 389). El conflicto colectivo (Art. 505 LOT) y la maternidad son excepciones únicas dentro del régimen general de la suspensión del contrato de trabajo, en cuanto al trato que recibe la antigüedad. 6. La trabajadora adoptante de un niño menor de tres (3) años tiene derecho a un descanso de maternidad de diez (10) semanas, como máximo, contado "a partir de la fecha en que le sea dado en colocación familiar autorizada por el Consejo de protección del niño y del adolescente con miras a la adopción" (Art. 387). Alude esta regla al período de prueba de por lo menos seis meses, en que el menor debe permanecer en el hogar del solicitante de la adopción. 7. Los períodos anuales de inamovilidad posteriores al parto y a la adopción están legalmente concebidos como medios de estrechar los nexos de familia y de facilitar la relación natural entre la madre y el hijo. En los supuestos de nacer muerto el hijo, o de morir en el curso del año de inamovilidad, la protección especial que este derecho de excepción concede a la trabajadora carece del objeto práctico para el cual fue instituido, por lo cual ha de entenderse extinguido, en el primer supuesto, al vencimiento del reposo post-natal; y, en el segundo, el día mismo del deceso del hijo que causa la inamovilidad. 8. Derecho a dos (2) descansos diarios de media (1/2) hora cada uno, para amamantar el hijo en la guardería respectiva. De no haber guarderías, dichos descansos serán de una (1) hora cada uno (Art. 393 LOT). Según el artículo 100 del RLOT, el período de lactancia no será inferior de seis (6) meses. 9. Los patronos que ocupen más de veinte (20) trabajadores deberán mantener una guardería infantil donde puedan dejar a sus hijos durante la jornada de trabajo. El cumplimiento de esta obligación podrá hacerse mediante acuerdo, aprobado por el Ministerio del ramo, de varios patronos para instalar y poner en funcionamiento una sola guardería equidistante a los diversos lugares de trabajo, o mediante el pago de los servicios de guardería a instituciones dedicadas a tal fin (Art. 392).
RÉGIMEN ESPECIAL: TRABAJO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente junto con el Código Civil, contienen disposiciones sobre el trabajo de los menores de dieciocho años de edad, son ellos quienes legislan las normas, por medio de la intervención del estado, amparando por la protección física y moral del menor. El nuevo sistema legal de protección al niño y al adolescente está integrado por los siguientes órganos: a) Administrativos (Consejos Nacional, Estadal y Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente).
b) Jurisdiccionales (Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, y Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia). c) Ministerio Público d) Entidades de Atención. e) Defensorios del Niño y del Adolescente (Artículo 115 LOPNA). Los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente, órganos administrativos permanentes encargados de asegurar la protección del menor en el ámbito territorial de cada municipio, son los competentes para autorizar a los adolescentes para trabajar y llevar el registro de adolescentes trabajadores, así como para denunciar ante el Ministerio Público las infracciones de carácter administrativo, civil o penal contra niños o adolescentes (LOPNA 158 y 160). La capacidad se divide en dos grandes bloques para aquellos menores de 14 años quienes ya poseen la capacidad para el trabajo y los mayores de 14 quienes pueden celebrar libremente contratos de trabajo, individuales y colectivos, asociarse en sindicatos y ejercer las acciones derivadas de su actividad laboral y económica, con los límites que imponen las facultades legales de los padres (Artículo 101 LOPNA). En ningún caso el menor perderá, sin embargo, su derecho a remuneraciones y prestaciones. Excepcionalmente, el menor de 14 años y mayor de 12 puede trabajar, si está autorizado por los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente (Artículo 96, Párrafo. Tercero LOPNA). La persona del menor trabajador continúa sujeta al poder de protección legalmente reconocido a quienes detentan el derecho y el deber de dirección, guarda y corrección sobre él (Padres, representantes o responsables). La jornada de trabajo de los adolescentes no podrá exceder de seis horas diarias, divididas en dos períodos, ninguno de los cuales será mayor de cuatro horas. Entre esos dos períodos, los adolescentes disfrutarán de un descanso de una hora. La jornada semanal no puede exceder de treinta (30) horas (art. 102 LOPNA). Esta misma regla prohíbe el trabajo del adolescente en horas extraordinarias, igual que lo hacía el artículo 28 de la Ley Tutelar del Menor. Trabajos y comportamientos prohibidos, Se prohíbe el trabajo de menores y adolescentes en minas, talleres de fundición, empresas que acarreen riesgos para la vida o salud, o en trabajos superiores a su fuerza o que retarden su desarrollo físico normal (Artículo 249 LOT). El artículo 250 de la LOT, que prohíbe el trabajo de menores en labores que puedan perjudicar su formación intelectual y moral, o en detalles de licores, excluye de esta última clasificación a los hoteles, restaurantes, comedores de buques y aeronaves, y demás establecimientos y lugares análogos. Prohíbe, asimismo, la LOT, en relación con la remuneración del menor:
a) Establecer diferencias con los demás trabajadores en condiciones iguales (Art. 258). b) Estipular el salario del menor por unidad de obra, por piezas, a destajo y, aunque la norma lo omite, a comisión (Art. 259). Otras exigencias de la LOT y de la LOPNA. a) Registro de trabajadores. Todo adolescente debe ser inscrito en el Registro de Adolescentes Trabajadores llevado, a tal efecto, por el Consejo de Protección. Los datos de ese Registro, que se especifican en el artículo 98 LOPNA, deben ser enviados mensualmente al Ministerio del Trabajo, a los fines de la inspección y supervisión del trabajo. La inscripción da derecho a una credencial de trabajador con vigencia de un año (art. 99) Libro de registro, para ser llevado en toda empresa, con los datos específicos de cada menor de 18 años, inclusive los relativos a la escuela a la que asiste y su grado de instrucción (artículo 265 LOT). d) Notificación obligatoria al Consejo de Protección y a la Inspectoría de haberse contratado a un menor para el servicio doméstico, dentro de los quince (15) días siguientes a ese acto (Art. 262 LOT, 31 LTM). e) De acuerdo con lo estatuido por el artículo 261 LOT, el patrono está obligado a conceder a los menores que emplee, facilidades para que puedan cumplir sus deberes escolares y asistir a escuelas de capacitación profesional. Jurisdicción. Los asuntos contenciosos del trabajo de niños y adolescentes, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, serán competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente. El procedimiento aplicable es el preceptuado en los artículos 454 y ss. De la LOPNA, excepto en materia de fuero sindical, la cual se regirá por el Capítulo Vil del Título VII de la LOT. Prescripción. Las acciones provenientes de las relaciones de trabajo del niño y del adolescente prescriben a los cinco (5) años (art. 114 LOPNA). De igual toda empresa debe cumplir con los siguientes artículos: Artículo 263. Todo menor que preste trabajo dependiente deberá estar provisto de una libreta que suministrará el Ministerio del ramo, en la cual se indicarán los siguientes datos: a) Nombres del menor y de sus padres o representante legal, número de su Cédula de Identidad y residencia; b) Horario de trabajo, naturaleza de su labor y salario; y
c) Fecha de nacimiento. Artículo 264. Los menores que laboran de manera independiente, tales como vendedores ambulantes, limpiabotas, pregoneros y otros, serán provistos por el Ministerio del ramo del trabajo de un carnet que, además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, señale la escuela donde estudia y su respectivo horario de clases. Artículo 265. Toda empresa, explotación o establecimiento industrial o comercial que contrate menores deberá llevar un libro de registro con indicación de los siguientes datos: a) Nombres del menor; b) Fecha de nacimiento; c) Nombre de los padres o del representante legal; d) Residencia; e) Naturaleza de la labor; f) Horario de trabajo; g) Salario; h) Certificado de aptitud; i) Grado de instrucción; j) Escuela a que asiste el menor; y k) Cualquier otro que el Ejecutivo determine en el Reglamento de esta Ley o por Resoluciones especiales
RÉGIMEN ESPECIAL: EL DEPORTE COMO TRABAJO
Para entender la existencia del Derecho Deportivo, se debe comenzar por establecer un concepto de derecho; el derecho es un producto social; y se comprende como una facultad del estado para imponer el orden y dar cohesión y reglas específicas al grupo social para el que fue creado. Para este trabajo, reconociendo las limitaciones que tiene la conceptualización, ya que todo concepto es limitado e incompleto, se define al Derecho como el conjunto de normas, principios e instituciones, creadas por la instancia legitimada para hacerlo, que regulan la vida del hombre en sociedad. De los elementos que integran la definición que se propone, se debe resaltar que estas normas, principios e instituciones deben ser creados por entidades con legitimidad para hacerlo
y la legitimidad del Derecho surge del órgano que lo crea, por lo que no toda norma o conjunto de normas son objeto de aquel. Por otra parte, y como referencia expresa en el ámbito internacional, la Conferencia General de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, en su 20 sesión emitió el 21 de noviembre de 1978 la "Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte", que en los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nos habla sobre las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos. La Carta Internacional de la UNESCO proclama el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano para favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica. A este posicionamiento la UNESCO recomienda en su artículo 1o. de dicha carta que "la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos´ (2009, septiembre). La Ley Orgánica del Trabajo en el Titulo V, Capitulo V referente a los Regímenes Especiales, trata lo relacionado a los Deportistas Profesionales, y establece: Artículo 302 LOT. Los deportistas que actúen con carácter profesional, mediante una remuneración y bajo la dependencia de otra persona, empresa o entidad deportiva se considerarán trabajadores. Igualmente serán considerados deportistas los directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos, cuando presten sus servicios en las condiciones señaladas. Forma del contrato Artículo 303. En el contrato de trabajo que suscriban los deportistas, el cual deberá hacerse por escrito, se establecerán expresamente todas las condiciones pertinentes a la relación de trabajo y, especialmente, el régimen de cesiones, traslados o transferencias a otras entidades o empresas. La forma del contrato de trabajo, de igual se encuentra regulada por los Artículos 70 y 71 de la LOT, al decir: Artículo 70 LOT. El contrato de trabajo se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse su existencia en caso de celebrarse en forma oral. Artículo 71 LOT. El contrato de trabajo escrito se extenderá en dos (2) ejemplares, uno de los cuales se entregará al trabajador, y contendrá las especificaciones siguientes: a) El nombre, nacionalidad, edad, estado civil y domicilio o residencia de los contratantes; b) El servicio que deba prestarse, que se determinará con la mayor precisión posible; c) La duración del contrato o la indicación de que es por tiempo indeterminado, según el caso;
d) La obra o la labor que deba realizarse, cuando se contrate para una obra determinada; e) La duración de la jornada ordinaria de trabajo, cuando se haya estipulado por unidad de tiempo o por tarea; f) El salario estipulado o la manera de calcularlo y su forma y lugar de pago; g) El lugar donde deba prestarse el servicio; y h) Cualesquiera otras estipulaciones lícitas que acuerden los contratantes. Artículo 312 LOT. Los deportistas profesionales podrán oponerse a su transferencia a otra empresa, equipo o club, cuando exista causa que justifique su oposición. Artículo 314. Queda prohibido a los trabajadores deportistas todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros de los eventos o partidos, a sus compañeros de trabajo o a los jugadores contrarios. El deporte deja de ser una actividad recreativa cuando los deportistas deben dedicar gran parte de su tiempo a una preparación física y técnica para su rendimiento en la competición se optimo de acuerdo a sus capacidades. El trabajo de los deportistas profesionales se miraba como un mero espectáculo o manifestación artística, lo cual ya no ocurre, pues en la actualidad es bien sabido que esto es solo uno de los puntos de vista desde donde se le puede mirar, pero que en ninguna medida puede restarle importancia a los aspectos jurídico-laborales del vínculo existente entre el deportista y su entidad deportiva, puesto que detrás de cada partido o encuentro existe una intensa actividad destinada a la preparación física, psíquica y técnica de los jugadores profesionales, en la que suceden una serie de circunstancias que requieren una adecuada intervención normativa del derecho del trabajo . Convenios y acuerdos internacionales Finalmente, merece destacarse el reconocimiento que la LOT hace de los convenios y acuerdos "con organizaciones deportivas de otros países", como fuente normativa inmediata supletoria del contrato de trabajo del deportista profesional, siempre que tales convenios y acuerdos no colidan con el ordenamiento jurídico vigente en Venezuela.
RÉGIMEN ESPECIAL: CONSERJERIA
Los conserjes son definidos como "trabajadores que tienen a su cargo la custodia de un inmueble, la atención, aseo y mantenimiento del mismo". No se consideran conserjes, los trabajadores de empresas que proporcionen únicamente servicios de vigilancia y custodia de inmuebles, ni quienes realicen labores de atención y limpieza en oficinas o dependencias particulares, o en áreas comunes.
Sin demasiada exactitud técnica, puede decirse que la vivienda del conserje es un derecho accesorio de otro principal, el de percibir el salario en retribución del servicio. Descanso mínimo y devolución de la vivienda Otra regla digna de ser destacada es la referente al reposo mínimo de nueve horas consecutivas de que debe gozar este trabajador, a partir de las 10 de la noche (Art. 285 LOT). La que se contrae al deber del conserje de entregar la vivienda que le ha sido proporcionada por el patrono a la terminación del contrato de trabajo tiene también relevancia: cuando las partes no se hayan acordado sobre la fecha para desocupar la vivienda, el Inspector del Trabajo o la primera autoridad civil del Municipio o Parroquia, la fijará prudencialmente.
RÉGIMEN ESPECIAL: MOTORIZADOS
La última Sección legal del trabajo en el transporte (Sección Cuarta, Cap., VIL Titulo V, LOT), está dedicada al trabajo de los motorizados, o sea, de quienes prestan servicios como repartidores, mensajeros u otros semejantes, con vehículos propios, o de sus patronos (Art. 371). Son obligaciones especiales del empleador de esta especie de trabajadores: a) el mantenimiento del vehículo; b) los gastos del combustible necesario para la prestación del servicio (estimado por acuerdo de ambas partes, o por los Ministerios del Trabajo y de Transporte y Comunicaciones, previa consulta a los organismos sindicales y empresariales en el ramo); c) el costo del seguro contra accidentes y riesgos civiles del vehículo y de su conductor, en la medida que dichos Ministerios determinen en Resolución conjunta; y d) el suministro de uniformes, cascos y demás implementos de seguridad, una vez al año, por lo menos (Arte. 372373).
RÉGIMEN ESPECIAL: TRANSPORTE TERRESTRE
El trabajo de conductores y demás trabajadores en vehículos de transporte urbano e interurbano, públicos o privados, de pasajeros, de carga o mixtos, se rigen especialmente por las disposiciones de los artículos 327-332 de la LOT, además de las del régimen general que resulten aplicables. Jornada La jornada ha de establecerse, con preferencia, mediante convenciones colectivas o Resoluciones conjuntas de los Ministerios del Trabajo y de Transporte y Comunicaciones. Los límites máximos legales fijados para las jornadas diaria y semanal de trabajo son los mismos del régimen general. Salario Se introducen como modalidades especiales del salario, las del salario por viaje, por distancia, por unidad de carga o por un porcentaje del valor del flete, además del salario por unidad de tiempo (Art. 327). Examinadas con atención pudiera descubrirse en las dos primeras formas salariales (por viaje y por distancia), variantes del salario por obra determinada o por tarea,
porque toma en cuenta el tiempo (Art. 329, Parágrafo Primero); en la tercera (por unidad de carga), una forma del destajo, y en el porcentaje del valor del flete, de la comisión. Obligaciones especiales Con el erróneo nombre de prohibiciones (son, en verdad, obligaciones, cuyo incumplimiento ocasiona la resolución justificada del contrato, pero no su nulidad), el artículo 332 LOT tipifica dos faltas graves del conductor de vehículos: la ingestión de alcohol durante el trabajo, y la de drogas dentro o fuera del mismo. Técnicamente, ninguno de estos dos hechos modifican el cuadro general de las causas de despido justificado (Art. 102 LOT), ya que ambos están manifiestamente comprendidos en los literales d), e) o i) de esta disposición; pero entendemos que el propósito legislativo de enfatizarlos como faltas graves propias del trabajo en el transporte, no es otro que poner de relieve el peligro que el alcohol y las drogas representan para la seguridad de los pasajeros, de la carga y del mismo conductor del vehículo.
RÉGIMEN ESPECIAL: TRANSPORTE AÉREO
Es el prestado por tripulantes de aeronaves civiles durante el tiempo de navegación y el de su permanencia en tierra (Art. 358 LOT). Se rige por las disposiciones especiales de la Sección III del Cap. VII, Título V de la LOT, y por las generales de este mismo ordenamiento que resulten aplicables. La jornada quedara establecida por convenciones colectivas o Resoluciones conjuntas de los Ministerios del Trabajo y Transporte y Comunicaciones (Art. 360). Vencida la jornada, el tripulante no podrá interrumpir el servicio en un aeropuerto distinto al de su destino, a menos que se requieran todavía más de tres horas para cumplir su itinerario (Art. 362). El tripulante deberá prolongar su jornada en vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento. Descanso semanal: Deberá coincidir con el domingo una vez al mes, por lo menos. Obligaciones especiales de los tripulantes Están contenidas en los artículos 369 y 370 de la LOT, y, además, bajo la denominación de "prohibiciones". Entre ellas destacamos: a) Velar porque los pasajeros y efectos transportados cumplan los requisitos legales exigidos. b) Mantener vigentes la documentación personal y de la nave para la prestación del servicio. c) cumplir las normas legales para la importación y exportación de mercancías (Art. 369). Excepción a la regla sobre el salario La estipulación de un salario diferente para el servicio de una aeronave de categoría distinta, o de categoría igual en rutas o itinerarios diversos, o en atención a la clase y complejidad de los equipos, o a la antigüedad del trabajador, no constituye violación al principio de igualdad del salario (Art. 365).
RÉGIMEN ESPECIAL: TRABAJO MARÍTIMO
Navegación marítima, fluvial y lacustre (Artículos 333 A 357 L.O.T.) Las más importantes disposiciones especiales del régimen legal del trabajo a bordo de buques mercantes; en embarcaciones para el transporte de personas y cosas, y en accesorios de navegación, son las siguientes: Contrato de enganche preferentemente escrito, formalizado ante la Capitanía de Puerto del lugar de enrolamiento, con el contenido obligatorio que se precisa en los literales a, b y c del artículo 335 LOT. Principales obligaciones del patrono (Art. 346) A) Alojamiento y alimentación sana y nutritiva: - En puerto extranjero, si el trabajador no puede permanecer a bordo; - En domingos y feriados de descanso caídos en puertos distintos del de contratación, en supuesto igual al anterior, el equivalente del valor de la comida, así como del transporte, debe ser pagado en moneda de curso legal en ese puerto; - Asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica en caso de accidente o enfermedad de cualquier clase. B) Permiso al trabajador para el ejercicio del voto si no compromete la seguridad del buque y la fecha y horas de salida. C) Repatriación del trabajador, o traslado al lugar del enrolamiento, al término de la relación por cualquier causa, incluso por apresamiento o siniestro del buque (Art. 355). Adicionalmente, el patrono queda obligado legalmente: - A inscribir al trabajador en el rol de tripulantes (Art. 333). - A no permitir que ningún buque sea tripulado por menos de dos (2) hombres, - A no ordenar a ningún tripulante salir a navegar, si el buque no reúne las condiciones mínimas de navegabilidad y seguridad e higiene industriales (Art. 349). - A no despedir al trabajador mientras el buque esté en el mar o en un puerto extranjero, salvo que éste sea el lugar del enrolamiento, - A pagar un aumento proporcional de salario al trabajador contratado por viaje, si éste se retarda (Art. 336). - A permitir un delegado sindical que gozará de fuero en los buques de bandera venezolana con más de quince (15) tripulantes, elegido por éstos. (Art. 356).
Jornada - Descansos - Vacaciones. Cuarenta y cuatro (44) horas semanales, modificable por acuerdo, siempre que el promedio de duración del trabajo no exceda de cuarenta y cuatro (44) horas por semana en un lapso de ocho (8) semanas (Art. 339). La duración de los reposos y comidas no se computa como parte de la jornada efectiva (Art. 192). El trabajo en días domingos y feriados será remunerado y el descanso compensatorio podrá acumularse al período de vacaciones (Art. 339). Descanso diario de ocho (8) horas ininterrumpidas dentro de las 24 horas del día, salvo en buques de poco porte, en los que puede establecerse el servicio en dos turnos (Art. 341). Descanso de cuatro (4) horas inmediatamente anteriores al turno de guardia, salvo en caso de emergencia o iniciación del contrato de enganche (Art. 340). El trabajador tiene derecho a gozar sus vacaciones anuales en tierra; adicionalmente al período de vacación a que tiene derecho, gozará de tres (3) días de descanso remunerado "cuando el buque no permanezca regularmente más de 24 horas en el puerto" (Art. 345).
RÉGIMEN ESPECIAL: DEL TRABAJO A DOMICILIO
RÉGIMEN ESPECIAL: DEL TELETRABAJO
Definición. Etimológicamente el término Teletrabajo procede de la unión de la palabra griega tele, usada como prefijo, que significa "lejos", y de trabajo, que es la acción de trabajar, palabra latina tripaliare (de tripalium, instrumento de tortura) que significa realizar una acción física o intelectual continuada, con esfuerzo.
El teletrabajo se define en un informe de la Comisión Europea como aquel que designa aquellas actividades ejercidas lejos de la sede de la empresa (se le denomina también en ocasiones trabajo a distancia, a través de la comunicación diferida o directa por medio de las nuevas tecnologías). Una definición más prolija sería la siguiente: es una forma flexible de trabajo, que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa durante una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama de actividades (Tratamiento, transmisión y acumulación de información; gestión de recursos;
ventas y operaciones comerciales; consultoría y auditoría; diseño, traducción etc...) y puede realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el teletrabajo implica el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa. En Venezuela, los servidores venezolanos, como Auyantepuy.com y terra.com.ve, en sus páginas de Teletrabajo, ofrecen servicios y bienes. Además de ser un hecho cotidiano que al entrar a revisar la cuenta personal de correo electrónico se encuentren un sin número de ofertas de prestación de servicios. Planteada esta realidad, vale decir, la existencia de personas que prestan sus servicios a través de la utilización de medios telemáticos y/o informáticos, como consecuencia de los grandes avances tecnológicos, y conociendo que toda prestación de servicio en la que se beneficia una persona distinta al prestador del mismo, genera derechos y obligaciones para cada una de sus partes, nace entonces, la imperiosa necesidad de encuadrar jurídicamente su existencia, ya se trate de Teletrabajo Subordinado o Autónomo. Sin embargo, bajo una óptica jurídica-conceptual, no puede equipararse Teletrabajo con trabajo a distancia. Se tratan de supuestos, que aunque no son totalmente diferentes entre sí, se produce entre ellos una suerte de relación género-especie, pudiéndose decir que todo Teletrabajo es trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia es Teletrabajo. El Teletrabajo se caracteriza por la utilización de medios telemáticos y/o informáticos que permiten ejecutar y externalizar la actividad encomendada, además de favorecer una constante y más rápida comunicación con la empresa. No se trata solo de un trabajo ejecutado fuera de la empresa, sino que, además es requisito indispensable que con el uso intensivo del teléfono, fax, correo electrónico, video terminal, video conferencia, entre otras técnicas informáticas y telemáticas existentes, se aporte valor a la actividad desempeñada. Ahora bien, no toda prestación de servicios a distancia, realizada con los medios telemáticos, merece la calificación de Teletrabajo, bien porque puede ser que la mayor parte de esa actividad no se preste a distancia, o bien porque el uso del ordenador con el software aplicativo instalado en el mismo por la empresa, se aplica durante menos del cincuenta por ciento del horario de trabajo y durante el resto de la jornada se dedica a otra actividad, criterio éste seguido por la doctrina alemana. Quedan por tanto excluidos los casos en los que el ordenador cumple funciones de máquinas de escribir, o que el fax y correo electrónico se utilizan sólo para enviar la información que ha sido recabada. Concluyendo, el Teletrabajo, consiste fundamentalmente en recibir, tratar y enviar informaciones inmateriales por naturaleza, lo que le distingue del trabajo a domicilio tradicional basado en el intercambio de bienes materiales cuantificables y fungibles.
RÉGIMEN ESPECIAL: ACTORES, MÚSICOS TRABAJADORES INTELECTUALES Y CULTURALES.
Las condiciones de trabajo especiales de este importante núcleo de trabajadores serán fijadas por el Ejecutivo Nacional, mediante Decretos o Resoluciones. En las páginas introductorias del presente Capítulo, dedicado a los Regímenes Especiales de Trabajo, manifestamos nuestra
extrañeza por el trato esquivo que esta apreciable categoría de trabajadores recibió de un legislador minucioso, hasta la redundancia, en la regulación de otras especies de trabajo. Con la creación de la Ley de Protección para el Músico, dirigida al Profesional de la música que da esparcimiento, alegría, felicidad y bienestar a toda una población, enmarcado en el desarrollo humano, sin distingos de edad, sexo, religión, ni condición social, se le daría categoría de Trabajador y sería protegido por el Estado, a través de un Sistema de Seguridad Social confiable, que lo dignifique y le brinde el acceso a todos los beneficios que en forma directa reciben los trabajadores, amparados por la Ley Orgánica del Trabajo, y no en forma supletoria como en el actualidad se señala en el Capítulo VIII, de la Ley del Trabajo, bajo el aparte "Del Trabajo de los Actores, Músicos, Folkloristas y demás trabajadores Intelectuales y Culturales", que reza en su artículo 374: "Artículo 374: El Ejecutivo Nacional, en el reglamento de esta ley o por Resolución del Ministerio del ramo, establecerá las condiciones y modalidades especiales para la protección
RÉGIMEN ESPECIAL: DEL TRABAJO DE LOS MINUSVÁLIDOS
Minusválida es, según el artículo 375 de la LOT, "toda persona cuyas posibilidades de aprendizaje y de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo están sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia física o mental". El Ejecutivo Nacional establecerá los términos y condiciones en que las empresas públicas y privadas deberán conceder empleo a los minusválidos (Art. 376), y elaborará programas de "concientización" para ayudar a esta categoría de trabajadores, en coordinación con las asociaciones de patronos y trabajadores, el I. V.S.S. y cualquier otro ente público o privado dedicado a la atención de los minusválidos (Art. 378). La plenaria de la Asamblea Nacional sancionó en sesión extraordinaria efectuada en la Plaza El Venezolano, la Ley para Personas con Discapacidad, ordenando su remisión al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. Esta norma tiene como objeto establecer las disposiciones, cuyos preceptos son de orden público para alcanzar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, mediante la participación solidaria de la sociedad y la familia, las acciones de los órganos y entes públicos nacionales, estadales y municipales, entes privados nacionales, organizaciones sociales en función de la planificación, coordinación e integración de políticas públicas destinadas a prevenir la discapacidad, promover, proteger y asegurar los derechos humanos, el respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la recuperación de oportunidades, la inclusión e integración social, el derecho al trabajo y las condiciones laborales satisfactorias de acuerdo con sus particularidades, la seguridad social, la educación, la cultura y el deporte de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y los Tratados, Pactos y Convenios suscritos y ratificados por la República. En cuanto al ámbito de aplicación, la ley ampara a todas las personas con discapacidad y rige para los órganos y entes públicos y privados, nacionales e internacionales que realicen actividades dentro del territorio venezolano.
Asimismo, se establece que discapacidad es la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anómalas, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente. Igualmente, se aprobó que personas con discapacidad son todas aquellas que por causas congénitas o adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras impliquen desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. Se reconocen como personas con discapacidad: las sordas, las ciegas, las sordociegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las autistas y con cualesquiera combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante científica, técnica y profesionalmente calificadas de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud. En el artículo 33 se establece que las personas con discapacidad que tengan como acompañantes y auxiliares animales entrenados para sus necesidades de apoyo y servicio, debidamente identificados y certificados como tales, tienen derecho a que permanezcan con ellos y las acompañan a todos los espacios y ambientes donde se desenvuelvan. Por ninguna disposición privada o particular puede impedirse el ejercicio de este derecho en cualquier lugar privado o público donde se permita el acceso de personas. Asimismo, fue aprobado que las instituciones nacionales, estadales, municipales y parroquiales, además de las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de 5% de personas con discapacidad permanente, de su dinámica total, sean ellos ejecutivos, empleados u obreros, donde no podrán oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad; igualmente, los cargos que se asignen a las personas con discapacidad no deben impedir su desempeño, presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo, ni exceder de la capacidad para desempeñarlo, tampoco están obligados a ejecutar tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que tengan. En el artículo 51 aprobado por la plenaria, queda establecido la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, para la integración y coordinaciones de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral de las personas con discapacidad en todo el territorio de la República, que estarán bajo la rectoría del ministerio con competencia en materia de desarrollo social.
En las disposiciones transitorias queda establecido que las empresas públicas, privadas o mixtas que presten servicio de transporte cumplirán con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la ley , en un lapso no mayor de 2 años contados a partir del primer año de su entrada en vigencia. En esos artículos se indica que las empresas que presten servicios de transporte colectivo de pasajeros deben destinar en cada una de sus unidades, por lo menos un puesto plenamente identificado, adaptado para personas con discapacidad con seguridad de sujeción inmovilizadora. Esas unidades, además deben poseer estribos, escalones y agarraderos, así como rampas o sistemas de elevación y señalizaciones auditivas y visuales que garanticen plena accesibilidad, seguridad, información y orientación a las personas con discapacidad. Otra de las disposiciones transitorias indica, que los organismos públicos y empresas públicas, privadas o mixtas se adecuarán al Capítulo IV del Título II de esta ley. Las personas con discapacidad fueron objeto de la más flagrante exclusión, olvido y maltrato al ignorar su real existencia y condición por los gobiernos anteriores, muchos elementos se han nutrido por la consulta pública a través del Parlamentarismo Social de Calle en todo el país, donde se tomaron en cuenta las observaciones de los discapacitados, sus familiares, amigos y ciudadanos interesados en integrar a la sociedad con plenos derechos a todos los discapacitados. Finalmente, señala que se trata de una ley moderna, actualizada que reconoce y respeta la diferencia y aceptación de la diversidad humana, que respeta las capacidades en evolución con discapacidad y otros principios en el marco del humanismo social.
RÉGIMEN ESPECIAL: EL TRABAJO DE LOS INDÍGENAS Y EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
Artículo 119.- El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley. Artículo 120.- El aprovechamiento de los recursos naturales en el hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley. Artículo 121.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de
carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones. Artículo 122.- Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticas. Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral. Artículo 124.- Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales. Artículo 125.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley. Artículo 126.- Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional. Artículo 260.- Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. La gestión ambiental en Venezuela está cada vez más demandada de la participación de los actores de la sociedad civil, sean estas organizaciones no gubernamentales ambientalistas, grupos organizados de las comunidades, pueblos indígenas y otros. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece claramente que el gobierno de la nación tiene un carácter participativo (Art. 6), lo que garantiza un espacio
amplio de actuación a los grupos mencionados y a los ciudadanos particulares. El derecho a la más amplia participación de las personas se manifiesta, entre otras formas, en el derecho de acceder a la información, datos, documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas (Art. 28). La Constitución establece por primera vez en el país, los denominados Derechos Ambientales (Capítulo IX), en el cual se establece como obligación del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar una alta calidad ambiental para la población (Art. 127). Igualmente, el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio con base en las premisas del desarrollo sustentable, incluyendo la información, consulta y participación ciudadana (Art. 128). La Constitución Bolivariana reconoce ampliamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas (Art. 119), incluyendo los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas que corresponda (Art. 120). El preámbulo anterior, basado en las normas constitucionales, tiene como propósito presentar el escenario más amplio de participación de las comunidades en la gestión ambiental y de los recursos naturales en el país, con lo cual Venezuela se equipara con los países más desarrollados a este respecto. Es importante señalar que los estudios de impacto ambiental (EIA) adquirieron por primera vez rango constitucional, al establecerse que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de EIA y estudios socio-culturales, normados mediante el Decreto No. 1257 vigente, sobre actividades susceptibles de dañar el ambiente confiriéndole la potestad al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), llamar a consulta pública cuando lo considere pertinente, aún cuando sus resultados no tengan carácter vinculante a los efectos substantivos del estudio. Las reformas probables en la normativa ambiental, pudieran exigir el carácter obligatorio a las consultas públicas de las evaluaciones ambientales exigidas a los proyectos de desarrollo, de manera de darle conformidad a las pautas constitucionales mencionadas anteriormente. Los Decretos Ambientales vinculados a la Ley Penal del Ambiente sobre calidad de aire (No. 638), efluentes y vertidos líquidos (No. 883) , materiales y desechos peligrosos (No. 2635), exige al MARN, a los fines de lograr la participación de la comunidad que propicie la creación de Juntas Asesoras Regionales y Locales para el seguimiento de la calidad ambiental. Es evidente la creciente tendencia mundial a la participación de las comunidades en el devenir de sus propios asuntos, incluyendo aquellos relacionados con su aspiración a una mejor calidad de vida. En la práctica, esto significa que los promotores de proyectos, especialmente de aquellos que potencialmente tienen impactos adversos al ambiente, deben incluir desde las mismas ideas iniciales, las variables de carácter socio-ambiental que permitan en primer lugar, cumplir con la normativa legal, y en segundo lugar, anticipar reacciones, comportamientos, formas de proceder , entre otros, que finalmente conduzcan a darle viabilidad social a los proyectos, tal como la pautan las más sencillas prácticas del desarrollo sustentable.
Gaceta Oficial, 2005-12-27, núm. 38344, págs. 343651-343664 Ley, Tribunal Superior de Justicia, Gaceta Oficial, Venezuela (Consultado el 2006-04-02) Tiene por objeto establecer los principios y bases para: 1. Promover los principios de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe, en un Estado de justicia, federal y descentralizado. 2. Desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la Constitución, en las leyes, convenios, pactos y tratados suscritos y ratificados por la República. 3. Proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, con fundamento e n sus culturas e idiomas. 4. Establecer los mecanismos de relación entre los pueblos y comunidades indígenas y los organismos del Poder público y otros sectores de la colectividad nacional. 5. Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, comunidades indígenas y de sus miembros.
Los Convenios constituyen los instrumentos internacionales de naturaleza laboral por excelencia. A diferencia de los Tratados Internacionales ordinarios, los Convenios emanan de un órgano multinacional y tripartito, lo que les hace ser diferentes. De otra parte, son obligatorios, aún no encontrándose ratificados, por los Estados miembros. Pero en cuanto a su naturaleza jurídica, se les considera como Tratados para todos los efectos legales por lo cual, en nuestra legislación, se entienden incorporados ± una vez ratificados ± a nuestra legislación, en el rango de Ley ordinaria, tal y como lo dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República. Corresponde a la Conferencia Internacional del trabajo pronunciarse respecto de la adopción de los Convenios Internacionales. El texto de los Convenios es sometido a revisión de parte de una Comisión Técnica, y su redacción final es llevada a cabo por un Comité de Redacción. Su aprobación opera por acuerdo de una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes. El Convenio lleva la firma del Presidente de la Conferencia y del Director General de la OIT, y se remite copia a cada Estado miembro. Una vez aprobado el Convenio los Estados miembros se obligan a "...someter en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas" (art. 19 N° 5 letra a Acta de Constitución de la OIT), y además "...informarán al Director General de la Oficina (...) sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad..." (Art. 19 N° 5 c). Ahora bien, si el Estado miembro no consigue la aprobación, queda obligado a informar al Director General de la Oficina de tal evento, así como también del estado de su legislación y de
los mecanismos o vías que propone para poner en ejecución cualesquiera de las disposiciones del Convenio, sea por vía legislativa, administrativa, a través de contratos colectivos o por cualquier otra vía. Por otro lado, si el Estado signatario consigue el consentimiento del órgano legislativo para aprobar el Convenio, comunicará tal ratificación al Director general y adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio. En términos generales, ello significa que el Estado que ratifica debe por fuerza ajustar su legislación a la letra y espíritu del Convenio (art. 19, N° 5 d). Los Convenios entran en vigencia e el plazo de 12 meses desde el momento de su ratificación; y puede ser denunciado (esto es, dejado sin efecto) en el transcurso del año siguiente al periodo de 10 años después de su entrada en vigor. La interpretación de los Convenios será sometida a la Corte Internacional de Justicia para su resolución (art. 37 N° 1). No obstante, la costumbre ha determinado que se recurra al Director General de la OIT para que formule las aclaraciones necesarias, ateniéndose luego a sus dictámenes. Por último, el hecho de que un Estado deje de ser miembro de la OIT no resta fuerza legal a los Convenios libremente suscritos por dicho Estado.
Aspectos Socio-económicos Laborales.
Importante es recordar la función del Estado Venezolano en la economía: Promover, conjuntamente con la iniciativa privada, el desarrollo armónico de la economía nacional. Es un Estado Promotor que está obligado a respetar la iniciativa privada. Según el artículo 299 de la Constitución vigente, el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se funda en los siguientes principios: 1. El de justicia social. 2. Democracia. 3. Eficiencia. 4. Libre competencia. 5. Protección del ambiente. 6. Productividad. 7. Solidaridad. ¿Qué fines persigue ese régimen socioeconómico? El de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. ¿Cómo puede lograr esos fines? 1. A través de la creación de fuentes de trabajo.
2. Lograr alto valor agregado nacional. 3. Elevar el nivel de vida de la población. 4. Fortalecer la soberanía económica nacional. ¿Qué garantías debe cumplir el Estado? 1. La seguridad jurídica. 2. Y el crecimiento económico. ¿Cuál es la ulterior finalidad? Garantizar una justa distribución de la riqueza. ¿Cómo alcanzar ésta? A través de una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta, en concordancia, con el artículo 4 de la Carta Fundamental citada, con lo de que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en la misma. El artículo 5, eiusdem, estatuye, que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. A modo complementario nos pareció acertado incluir en esta tan compleja y completa investigación o monografía, un punto que resulta verdaderamente relevante en el tema del trabajo siendo un hecho social, como lo es la estabilidad laboral. Al respecto podemos señalar lo siguiente: La Estabilidad Laboral consiste en una garantía contra la privación injustificada del empleo; esta estabilidad puede ser considerada desde dos puntos de vistas: A) Estabilidad Absoluta: la cual origina el derecho del trabajador a ser reincorporado en el cargo del cual fue privado por su patrono sin autorización del inspector del trabajo de la jurisdicción. Esta estabilidad esta contemplada en la (L.O.T) en los siguientes casos:
Los trabajadores promoventes de un sindicato, (Art 450, L.O.T). Los miembros de la Junta Directiva del sindicato. Los trabajadores presentantes de un proyecto de convención colectiva, (Art 520, L.O.T). Los miembros de la las Juntas Directivas Seccionales de un sindicato Nacional, (Art 418, L.O.T). Los trabajadores de las empresas durante las elecciones sindicales. Los delegados de los grupos de mas de 15 trabajadores, tripulantes en Buques de bandera Venezolana, (Art 357, L.O.T). Los trabajadores durante la tramitación de un conflicto de trabajo. (Art 458, L.O.T). Los trabajadores en conflicto de solidaridad, (Art 503 y 458, L.O.T).
Los trabajadores notificados del pliego de peticiones de su patrono para modificar las condiciones de trabajo en la empresa, (Art 37, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente de Trabajo.
B) Estabilidad Relativa: la cual engendra tan solo el derecho a una indemnización a favor del trabajador que se retire o sea despedido por causas imputables a su patrono, (sea privado de su empleo por causas ajenas a su voluntad). Esta estabilidad constituye el régimen general aplicable al trabajo subordinado o dependiente. En esta estabilidad la obligación del patrono de reenganchar al trabajador es, técnicamente, de carácter facultativo. Se dice que es de carácter facultativo, porque al momento del cumplimiento puede el patrono liberarse de ella pagando la indemnización en dinero prevista en el artículo 25 de la L.O.T. Es importante señalar las objeciones que se hacen en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a quienes quedan privados de estabilidad relativa. Al respecto podemos invocar el (Art 45, 114, 115, y 275 de la L.O.T). En los cuales se señalan los siguientes: Los empleados de dirección: Se entiende como trabajador de dirección y confianza, aquel trabajador que por su cargo y por las funciones que presta, tiene una gran responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa, en cuanto poseen mando y jerarquía frente a los demás empleados. Los trabajadores de dirección y confianza actúan como representantes del patrono o empleador, y en tales condiciones, las actuaciones del estos trabajadores frente a los demás empleados, obligan al empleador o patrono, tal como lo establece el Código sustantivo del trabajo. Los trabajadores de dirección y confianza, tienen un tratamiento diferente, especialmente en lo relacionado con la jornada de trabajo, pues para este tipo de trabajadores, no se les aplica la jornada máxima. Si las condiciones de trabajo así lo exigen, el trabajador de dirección y confianza, deberá trabajar más de la jornada legal, pues estando la empresa bajo su responsabilidad, no puede ausentarse de ella mientras que las obligaciones exijan su presencia. Los trabajadores de dirección y confianza pueden pertenecer a un sindicato pero no pueden formar parte de las juntas directivas de los sindicatos. La calidad de trabajador de dirección y confianza puede ser expresamente contemplada en el respectivo contrato de trabajo, pero si así no se hiciese, lo que prima no es la enumerado en el contrato, sino la naturaleza de las funciones que se cumplen; lo que significa que la condición de ser empleado de dirección y confianza, no está dado por el contrato en sí, sino por las funciones desempeñadas por el empleado, puesto que así no figure en el contrato, ha sido la voluntad del empleador el asignarle ese tipo de funciones.
Documents Similar To Régimes especiales del trabajo
Régimes especiales del trabajo will be available on

References: artículo 374
 artículo 450
 artículo 382
 artículo 100
 artículo 28
 artículo 250
 artículo 98
 artículo 261
 Artículo 263
 Artículo 264
 Artículo 265
 artículo 1
 Artículo 302
 Artículo 303
 Artículo 70
 Artículo 71
 Artículo 312
 Artículo 314
 Resolución 
 resolución 
 artículo 332
 artículo 335
 artículo 374
 Resolución 
 artículo 375
 artículo 33
 artículo 51

Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 124
 Artículo 125
 Artículo 126
 Artículo 260
 artículo 5
 resolución 
 artículo 299
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 25