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Timestamp: 2018-04-20 08:49:11+00:00

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Publicado en BOC núm. 87 de 07 de Mayo de 2010 y BOE núm. 130 de 28 de Mayo de 2010
Artículo Primero Modificaciones de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Artículo Segundo Modificación de la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Recurso especial en materia de contratación
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Ampliación del ámbito del silencio positivo
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Supuestos de silencio negativo previstos en normas sectoriales
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Procedimientos administrativos iniciados
Ley de Cantabria 1/2010, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico.
Esta modificación parcial de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se centra en dos áreas materiales claramente diferenciadas. La primera de ellas, es la referida al ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de éstos que se enmarca en un contexto más amplio, impulsado por el ordenamiento comunitario, de mejora de la regulación y actuación administrativa y de simplificación de los procedimientos. Debe tenerse en cuenta, en concreto, que el 28 de diciembre de 2006 entró en vigor la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, cuyo objetivo es conseguir un efectivo mercado interior, eliminando los obstáculos legales y administrativos que dificultan la prestación de servicios entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea, disponiendo un marco general para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de éstos.
Esta Directiva se inscribe en el contexto de la «estrategia de Lisboa» y propone cuatro objetivos principales para conseguir un mercado interior de servicios:
— Facilitar la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios en la Unión Europea;
— Reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios de dichos servicios;
— Fomentar la calidad de los servicios;
— Establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros.
Tal y como se señala en el artículo 1 de la referida Directiva, en ella se establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los mismos. Como consecuencia de todo ello el Estado ha procedido a desarrollar normativamente estas previsiones, en concreto, por medio de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
La necesidad de dar cumplimiento a dicha normativa exige la oportuna modificación de varios artículos de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y, asimismo, la inclusión de otros de nueva creación.
Más concretamente, entre las previsiones de la legislación estatal básica y la Directiva destaca la implantación de la ventanilla única para los procedimientos relacionados con las actividades de servicios. Esta ventanilla permitirá, tanto a los prestadores de servicios como a los ciudadanos, acceder a determinada información y realizar varios trámites con mayor comodidad y agilidad, lo cual se ha considerado necesario reflejar en el artículo 103 de la referida Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, en sus apartados 4 y 5.
También en la normativa comunitaria y la legislación básica se prevé que el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio sólo debe sujetarse a autorización si, además de no ser discriminatorio, se encuentra justificado en razones de interés general que, además, no pueden ser satisfechas mediante otro tipo de medidas menos restrictivas. Estas exigencias hacen conveniente la inclusión de una serie de preceptos en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, en los que, por un lado, se especifiquen los principios que, conforme a las mismas, rigen en las intervenciones administrativas relacionadas con el acceso o el ejercicio de una actividad de servicios y, por otro, se definan los mecanismos de intervención que utiliza la citada legislación básica tales como autorización, declaración responsable y comunicación previa. A estas finalidades se dirige la inclusión de dos nuevos preceptos, el 107 bis y el 107 ter, en el texto de la citada Ley.
En este contexto, de conformidad con la reducción de cargas que propone la normativa básica, se incorpora, asimismo, un precepto, el artículo 104 quáter, relativo a los supuestos en que se suprime la aportación de datos que obran en poder de la Administración y, con la misma finalidad, se modifica el artículo 109, de conformidad con la actual legislación básica, exigiendo al legislador que en el futuro explique en cada caso qué razones imperiosas de interés general le llevan a prever que el silencio sea negativo. De otro lado, con el fin de adecuar la legislación vigente a este mismo mandato, la disposición adicional segunda encomienda al Gobierno la tarea de identificar los supuestos de silencio desestimatorio que cumplen este requisito.
Por otro lado, el artículo 5.1 de la Directiva Comunitaria 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, dispone que «Los Estados miembros verificarán los procedimientos y trámites aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio. Cuando los procedimientos y formalidades estudiados de conformidad con este apartado no sean lo suficientemente simples, los Estados miembros los simplificarán». En directa conexión con dicho precepto, en noviembre de 2006, la Comisión propuso poner en marcha un ambicioso programa de acción destinado a reducir la carga administrativa que impone la reglamentación en vigor en la Unión Europea. En el marco de esta iniciativa se cuantificó en un veinticinco por ciento el objetivo de reducción que deberían alcanzar conjuntamente la Unión Europea y los Estados miembros, a más tardar en el año 2012.
Se consideran cargas administrativas aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y los ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa vigente en cada caso. Y, más concretamente, tratándose de empresas, las cargas administrativas son los costes que aquéllas deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, por parte de autoridades públicas o terceros. Estas cargas constituyen un subconjunto de los costes administrativos de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la normativa.
Ello explica la introducción en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de varios preceptos como el artículo 117 bis, en el que se enuncian una serie de principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas, y el artículo 117 ter, denominado «iniciativa para garantizar la mejora regulatoria», entendiendo que la adopción por las Administraciones Públicas de una estrategia de mejora normativa dirigida a obtener un ordenamiento jurídico de calidad aporta beneficios a la economía y al funcionamiento general de un país. Para conseguir este objetivo, además de la inclusión de los dos artículos citados, se modifican los artículos 118, 120 y 121 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, incluyendo la elaboración de un informe denominado «de mejora de la regulación» que tiene por objeto justificar qué trámites se han reducido o qué procedimientos se han simplificado y, en aquellos casos en que la norma se dirija a la regulación de cualquier actividad económica, qué cargas administrativas se han reducido.
No obstante, dado que en la actualidad se está en proceso de definir a nivel estatal un modelo de medición de cargas administrativas a utilizar por todas las Administraciones Públicas, que permita disponer de un instrumento homogéneo de medición, parece aconsejable diferir la obligatoriedad de dicho informe al momento en que se desarrolle reglamentariamente el contenido del informe establecido en los artículos referidos, tal y como prevé el apartado 3 de la disposición final segunda de la presente Ley.
La otra área que se ha considerado que necesitaba una modificación es la referida a la contratación pública, por dos razones. De un lado, porque en el tiempo transcurrido desde su aprobación inicial, se ha producido una modificación sustancial en la legislación básica aplicable en esta materia, en concreto, nos referimos a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Y, por otro lado, porque es necesario modificar también la regulación del recurso especial en materia de contratación con el fin de adaptarlo a los requerimientos del Derecho comunitario. Por ello resulta oportuno habilitar al Gobierno para que cree un órgano independiente para la resolución del citado recurso, respetando las exigencias de la legislación básica estatal.
Asimismo, se ha considerado necesario, al amparo de la política emprendida por el Gobierno de Cantabria de reducción de cargas administrativas y mejora de la gestión administrativa, modificar, en primer lugar, del artículo 148 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de forma que cada «órgano de contratación» deberá formalizar sus contratos, evitando la centralización en un único órgano como ocurre hasta ahora, lo que supone un reparto de tareas que indudablemente mejorará la gestión administrativa a este respecto. En segundo lugar, también se modifica el artículo 145 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, asignando a la Consejería u organismo público competente por razón de la materia la competencia para la adjudicación provisional y definitiva de los contratos, y también, se clarifican las funciones asignadas a la Consejería de Presidencia y Justicia.
Se considera, igualmente, adecuada la modificación del artículo 150 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, ya que, efectivamente, esta materia ha sido objeto de modificación legislativa por parte del Estado, por medio de las previsiones de los artículos 187 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, las cuales tienen carácter básico, y por ello resulta recomendable desde un criterio de adecuada técnica legislativa y de mejora de la seguridad jurídica proceder a la adecuación del contenido del mencionado artículo 150 al nuevo marco legislativo.
Asimismo, a la vista del funcionamiento ordinario de la Mesa de Contratación, se ha considerado que es necesario modificar las previsiones del artículo 152 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, en cuanto a la composición de la Mesa de Contratación, ya que una ampliación de sus miembros puede facilitar los debates y mejorar la profundidad y calidad de las decisiones a adoptar, evitando igualmente que la presidencia de la mesa tenga que actuar en muchas ocasiones como dirimente, con lo que se facilita igualmente el consenso en su seno. Así, se han tomado como referencia las previsiones del artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ya que si bien este precepto no tiene carácter básico, de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Primera, sí parece adecuada la composición recogida, a la finalidad buscada con esta reforma para Cantabria. La misma idea de adecuar la composición de la Mesa de Contratación a lo dispuesto en el artículo 21.2 del citado Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, obliga a modificar también otra ley, la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico y, en concreto, su artículo 17.2, excluyendo del mismo la referencia a las mesas de contratación.
Finalmente, se ha aprovechado la reforma de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, para clarificar algunos extremos que pueden plantear problemas interpretativos. Así, se da nueva redacción al artículo 111.3; se adapta la disposición adicional décima de la Ley al reciente cambio operado por el artículo 15.2 de la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y de contenido financiero, y se suprime la referencia al Consejo Asesor de Radiotelevisión Española desaparecido tras la derogación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, operada por la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
La Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, queda modificada en los siguientes términos:
Primero. Se añaden dos nuevos apartados, números 4 y 5, al artículo 103, que quedan redactados en los siguientes términos:
«4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos al acceso o ejercicio de una actividad de servicios la Administración habilitará un sistema de ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, que permita a los prestadores de servicios:
5. En los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a realizar la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la información prevista en la legislación básica estatal, que deberá ser clara e inequívoca.»
Segundo. Se añade un nuevo artículo 107 bis, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 107 bis Principios de las intervenciones para el acceso o ejercicio de una actividad
3. La Administración Pública Autonómica velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrá comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.»
Tercero. Se añade un nuevo artículo 107 ter, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 107 ter Autorización, declaración responsable y comunicación previa
7. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa que en todo caso se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.»
Cuarto. Se añade un nuevo artículo 107 quáter, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 107 quáter Supresión de trámites en los procedimientos iniciados a instancia de parte
En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la Administración podrá suprimir la obligación de aportar documentación que afecte a datos de carácter personal, debiendo ser ella quien los recabe utilizando medios electrónicos. Tal supresión requerirá en todo caso que se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.»
Quinto. Se modifica el artículo 109, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 109 Silencio administrativo
2. La incorporación de nuevos supuestos de silencio desestimatorio al Anexo II de la presente Ley, deberá realizarse previa especificación de las razones imperiosas de interés general que justifican dicho carácter.»
Sexto. Se modifica el apartado número 3 del artículo 111, quedando redactado en los siguientes términos:
«3. Cuando el decreto afecte a las competencias de más de una Consejería, tanto su elevación al Consejo de Gobierno como su firma corresponde al Consejero Secretario del Consejo de Gobierno.»
Séptimo. Se añade un nuevo artículo 117 Bis, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 117 bis Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas
8. En todo caso, se procurará mantener un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general.»
Octavo. Se añade un nuevo artículo 117 ter, redactado en los siguientes términos:
«Artículo 117 ter Iniciativa para garantizar la mejora regulatoria
b) Prestará la máxima atención al proceso de consulta pública en la elaboración de sus proyectos normativos, fomentando la participación de los interesados en las iniciativas normativas, con el objetivo de mejorar la calidad de la normas.»
Noveno. Se modifica el artículo 118, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 118 Anteproyectos de ley
4. Los anteproyectos de ley presentados ante el Gobierno de Cantabria irán acompañados de una exposición de motivos que exprese los que hubieren dado origen a su elaboración, así como los fines perseguidos por la misma y los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. Se incluirá también, cuando proceda, la relación de disposiciones que queden total o parcialmente derogadas.»
Décimo. Se modifica el artículo 120, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 120 Decretos del Gobierno
3. De los proyectos de decreto se dará traslado a las Secretarías Generales de las demás Consejerías para que formulen observaciones con carácter previo a su informe por la Dirección General del Servicio Jurídico y demás órganos consultivos cuyo dictamen sea preceptivo.»
Undécimo. Se modifica el artículo 121, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 121 Órdenes de los Consejeros
4. Las órdenes indicadas en el apartado anterior deberán ser informadas por la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria.»
Duodécimo. Se modifica el artículo 145, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 145 Competencias procedimentales
2. Corresponde a la Consejería de Presidencia y Justicia, a través de los órganos que tengan asignada la función, la tramitación de los expedientes de contratación y de los expedientes correspondientes a la adjudicación, suspensión, modificación y extinción de los contratos, sin perjuicio de los trámites que correspondan a los órganos de las Consejerías u organismos públicos promotores de la contratación.»
Decimotercero. Se modifica el artículo 148, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 148 Formalización de contratos
Cada órgano de contratación será el facultado para formalizar todos los contratos que correspondan al ámbito de su competencia.»
Decimocuarto. Se modifica el artículo 150, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 150 Contratación centralizada
b) Mediante el procedimiento especial de adopción de tipo. Este procedimiento se desarrollará en dos fases. La primera tendrá por objeto la adopción de tipos contractuales para cada clase de bienes, obras o servicios, mediante la conclusión de un acuerdo marco, o la apertura de un sistema dinámico. La segunda fase tendrá por finalidad la contratación específica de los bienes, obras o servicios conforme a las normas aplicables a cada uno de los sistemas contractuales.»
Decimoquinto. Se modifica el artículo 152, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 152 Mesa de Contratación
c) El Secretario, que será desempeñado por el Jefe de la unidad de contratación de la Consejería de Presidencia y Justicia, o persona de su unidad en quien delegue.»
Decimosexto. Se modifica la disposición adicional décima, que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional décima Régimen jurídico del Consejo Económico y Social, del Consejo de la Mujer y del Consejo de la Juventud
El Consejo Económico y Social, el Consejo de la Mujer y el Consejo de la Juventud se regirán por su legislación específica.»
La Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, queda modificada en los siguientes términos:
Único. El apartado 2 del artículo 17 queda redactado como sigue:
«2. La intervención de los letrados del Servicio Jurídico, con voz pero sin voto, en las juntas, comisiones, comités y demás órganos colegiados en que con arreglo a las normas vigentes sea precisa su intervención, se limitará a la vigilancia del cumplimiento de la legalidad vigente en la adopción de acuerdos y actuación de los mismos.»
Se autoriza al Gobierno para que, dentro del respeto a la legislación básica estatal, cree un órgano colegiado independiente para el conocimiento y la resolución de los recursos especiales en materia de contratación que se interpongan en relación con los procedimientos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma, para los entes, las entidades y los organismos que integran su sector público, así como, en su caso, para los entes que integran la Administración Local en Cantabria, con el fin de garantizar la aplicación correcta de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, y la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.
El Consejo de Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, remitirá al Parlamento un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
En el mismo proyecto de ley se elaborará el Anexo II de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, actualizado con indicación de todos los procedimientos en los que el silencio debe ser considerado desestimatorio.
Entretanto se dicte la ley prevista en la disposición adicional segunda de esta Ley, subsistirán los supuestos de silencio desestimatorio contemplados en leyes sectoriales.
A los procedimientos administrativos que se encontraran iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
Se faculta al Gobierno de Cantabria para aprobar, en el plazo máximo de seis meses, el desarrollo reglamentario del informe de impacto para la mejora de la regulación y la reducción de las cargas administrativas a que se refiere esta norma.
1. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria con las excepciones que se prevén en los dos apartados siguientes.
2. La modificación de los artículos 111.3, 145, 148, 150 y 152 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, entrará en vigor en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
3. La modificación de los artículos 118, 120 y 121 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, no entrará en vigor hasta el momento en el que se desarrolle reglamentariamente el contenido del informe de impacto para la mejora de la regulación y la reducción de las cargas administrativas a que hacen referencia dichos artículos.

References: artículo 1
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 109
 artículo 5
 artículo 117
 artículo 117
 resolución 
 artículo 148
 artículo 145
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 152
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 111
 artículo 15
 artículo 103
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 109
 artículo 111
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 118
 artículo 120
 artículo 121
 artículo 145
 artículo 148
 artículo 150
 artículo 152
 artículo 17
 resolución