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Timestamp: 2018-09-24 08:20:05+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2009-00104/1276-2014 DE AGOSTO 8 DE 2017
SENTENCIA 2009-00104 DE 08 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EXCEPCIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS. SE PRECISA QUE LAS SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADAS, ES DECIR, AQUELLAS EN QUE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO NO SE HAN REALIZADO, NO CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS SINO MERAS EXPECTATIVAS. ES DECIR, TALES DERECHOS ADQUIRIDOS QUE SON INTANGIBLES, SE DIFERENCIAN DE LAS MERAS EXPECTATIVAS, PUES LOS PRIMEROS NO PUEDEN SER DESCONOCIDOS POR UNA LEY POSTERIOR, NI POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NI JUDICIALESEN CAMBIO, LOS SEGUNDOS SON APENAS AQUELLAS POSIBILIDADES O ESPERANZAS QUE SE TIENEN DE OBTENER ALGÚN DÍA UN DERECHOEN CONSECUENCIA, PUEDEN SER MODIFICADAS DISCRECIONALMENTE POR EL LEGISLADOR. ASÍ LAS COSAS, EN EL ALCANCE DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS COMO VERDADERAS FUENTES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, CON SU CARÁCTER ESENCIALMENTE NORMATIVO, SE TIENE QUE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, SON DE ORDEN PRESTACIONAL COMO SALARIAL, CONSIGNADOS EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SOLEMNIDAD CONVENCIONAL, DERECHO LABORAL, DERECHO LABORAL COLECTIVO, BENEFICIARIO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 2009-00104 de agosto 8 de 2017
Expediente: 17001-23-31-000-2009-00104-01 (1276-2014)
Demandante: Diego Giraldo Sanz
Demandado: Nación-Ministerio de la Protección Social-Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria S.A.)
Tema: Beneficios de convención colectiva; cambio de naturaleza jurídica del empleo; la nueva condición de servidor público torna improcedente el reconocimiento de los beneficios consagrados en la convención colectiva de trabajo.
Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil diecisiete.
5.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA), esta corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
5.2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar i) si el demandante en su calidad de empleado público de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, a partir del 26 de junio de 2003, es beneficiario de los derechos previstos en la convención colectiva de trabajo suscrita por su anterior empleador, Instituto de Seguros Sociales (ISS), y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Sintraseguridadsocial), el 31 de octubre de 2001; y ii) si tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales y otras acreencias laborales y a la indemnización por la supresión del cargo, con fundamento en el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo.
5.3. Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta corporación, se destaca:
a) Certificación del coordinador de talento humano de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, en la que asegura que el actor laboró al servicio de dicha entidad desde el 26 de junio de 2003 hasta el 17 de noviembre de 2008 (fl. 31, cdno. 1).
b) Oficio TH-9401 de 12 de noviembre de 2008, de la apoderada general del liquidador Fiduagraria S.A., por medio del cual se le informó al demandante de la terminación de la relación laboral por supresión de su cargo de médico, código 2085, grado 18 (fl. 32, cdno. 1).
c) Fotocopia autenticada de Resolución APL 1264 de 4 de diciembre de 2008, «Por medio de la cual se establece el monto de liquidación definitiva de prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo de un empleado público de la planta de personal de la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN», de la apoderada general del liquidador Fiduagraria S.A. (fl. 33-35, cdno. 1).
c)(sic) Resolución 638 de 11 de enero de 2005, por medio de la cual se reconoce al demandante una suma de dinero correspondiente a lo dejado de percibir entre el 26 de junio de 2003 y el 31 de octubre de 2004 en aplicación de la Sentencia C-314 de 2004 (fl. 37, cdno. 1).
d) Fotocopia simple de la convención colectiva de trabajo, de 31 de octubre de 2001, suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Sintraseguridadsocial). De igual manera, de conformidad con su artículo 3º son beneficiarios de dicha convención colectiva los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del ISS (fl. 2-77, cdno. 3).
De las pruebas que obran en el proceso, se desprende que el actor i) se vinculó al Instituto de Seguros Sociales (ISS), el 1º de septiembre de 1988, como médico general, grado 36, jornada de 8 horas; a partir del 26 de junio de 2003, fue incorporado como médico, empleado público, código 2085, grado 18, jornada de 8 horas, a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, en virtud del Decreto 1750 de esa fecha, «Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas empresas sociales del Estado»; ii) mediante Decreto 4280 de 11 de noviembre de 2008, se modificó la planta de personal de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, y su cargo fue suprimido a partir del 13 de noviembre de ese año (fl. 32, cdno. 1); y iii) pide en la demanda que se ordene a la accionada «[...] reliquidar y pagar la indemnización por supresión del cargo y las prestaciones sociales definitivas y otras acreencias laborales [...]» (fl. 297).
En punto a la resolución del presente asunto, la Sala compendiará su análisis en los siguientes capítulos:
— La facultad del Gobierno Nacional para modificar el régimen jurídico laboral de los servidores públicos como consecuencia de la escisión del ISS.
— Concepto, alcance y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo; imposibilidad de beneficio por parte de los empleados públicos, y
— Derecho a la negociación colectiva y sus excepciones, derechos adquiridos.
1) Facultad del Gobierno Nacional para modificar el régimen jurídico laboral de los servidores públicos como consecuencia de la escisión del Instituto de Seguros Sociales.
Por medio del Decreto-Ley 1750 de 26 de junio de 2003, «Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean empresas sociales del Estado», el Gobierno Nacional dispuso escindir del ISS la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, las clínicas y todos los centros de atención ambulatoria. Y acto seguido, ordenó la creación de empresas sociales del Estado con la finalidad de prestar los servicios de salud, como servicio público esencial a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993.
Como consecuencia de lo anterior, en este decreto se estableció que los servidores de las empresas sociales del Estado, de creación estatal como aconteció con la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, adquirirían la calidad de empleados públicos, salvo las personas que sin ser directivos, o que desempeñasen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes debían asumir la calidad de trabajadores oficiales. Sobre el particular, se consignó en el artículo 16 lo siguiente:
Carácter de los servidores. Para todos los efectos legales, los servidores de las empresas sociales del Estado creadas en el presente decreto serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes serán trabajadores oficiales.
Por su parte, la Corte Constitucional, a través de Sentencia C-314 de 1º de abril de 2004, por la cual se atendió la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 18 (parciales) del Decreto 1750 de 2003, sostuvo:
3. Facultad del legislador extraordinario para modificar el régimen laboral de los servidores públicos adscritos al Instituto de Seguros Sociales.
Antes de entrar en el primer problema jurídico planteado, esta Corte considera indispensable recordar que la misma corporación, mediante providencia C-306 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), determinó ajustados a la Constitución, entre otros, los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 por el cual se modificó el régimen jurídico laboral de los servidores públicos del Instituto de los Seguros Sociales que fueron reubicados como consecuencia de la escisión de la entidad.
De conformidad con el fallo, al dictar los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 el gobierno no excedió las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 16 de la Ley 790 de 2002, ya que las mismas incluyen la posibilidad de escindir el Instituto de Seguros Sociales, la de crear las entidades que resulten de la escisión, la de señalar la estructura orgánica de las entidades creadas y la de determinar la naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico, la integración de su patrimonio y el régimen de personal de las nuevas entidades (resalta la Sala).
Posteriormente y en similar sentido, se pronunció la misma Corte Constitucional en Sentencia C-349 de 2004, a propósito de la demanda de inexequibilidad de la letra d) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002(1), «por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República», y sobre el Decreto Extraordinario 1750 de 2003, en la que dijo:
Es decir, que la modificación del régimen jurídico laboral de los servidores públicos del Instituto de Seguros Sociales, como consecuencia de su escisión, se encuentra ajustada a los cánones constitucionales y legales.
2) Concepto, alcance y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo, imposibilidad de beneficio por parte de los empleados públicos.
El artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), al definir las convenciones colectivas de trabajo, hace referencia a que estas fijan las condiciones de los contratos individuales de trabajo, por el término de sus vigencias; es decir, como instrumentos de negociación de las condiciones laborales de los trabajadores, en manera alguna, pueden ser predicables sus beneficios a servidores públicos que se encuentran actualmente vinculados a través de una forma legal y reglamentaria, como lo son en este caso, los empleados públicos, tal como quedó acreditada la calidad del demandante desde el 26 de junio de 2003, en la planta de personal de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino.
De tal suerte que aceptada la calidad de empleado público, mediante vinculación legal y reglamentaria, no es dable la aplicación de los beneficios laborales convencionales propios de los trabajadores, pues tales beneficios solo quedarán vigentes para el campo de las condiciones que regirán las relaciones de los contratos individuales de trabajo, que, por su naturaleza, logran un margen diferencial de vinculación respecto de los primeros servidores públicos; la relación legal y reglamentaria —se repite— conlleva la imposibilidad de suscribir convenciones colectivas o de solicitar la aplicación de algún beneficio derivado de ella.
Ello se deduce del aludido texto del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo:
Definición. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia.
Por lo dicho, quienes, como consecuencia del proceso de escisión ordenado en el Decreto 1750 de 2003, han adquirido la calidad de empleados públicos no tendrán ya vigentes las anteriores vinculaciones como trabajadores oficiales; y, por ende, no los ha de regir las convenciones colectivas acordadas (sin que esto traiga consigo la solución de la relación laboral con la administración). Los beneficios consignados en la convención colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001 entre Sintraseguridadsocial y la empresa industrial y comercial del Estado Instituto de Seguros Sociales son inaplicables.
3) Derecho a la negociación colectiva y sus excepciones, derechos adquiridos(2).
En este orden, debe precisarse que los derechos adquiridos, a juicio de la Corte Constitucional, en estudio realizado en Sentencia C-314 de 2004, «son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien reclama el (sic) derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas».
Y, por tanto, tales derechos adquiridos que son «intangibles», se diferencian de las meras expectativas, pues los primeros no pueden ser desconocidos por una ley posterior, ni por las autoridades administrativas ni judiciales; en cambio, los segundos «son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador»(3).
Sin embargo, debe destacar la Sala la notoria diferenciación frente a la forma como los empleados públicos y los trabajadores oficiales se vinculan a la administración(4), fruto de lo cual a los trabajadores oficiales se les ha concedido el derecho a la negociación colectiva (CST, art. 467), con el fin de optimizar los derechos mínimos laborales que la Constitución y la ley les concede; privilegio de negociación del cual se encuentran excluidos los empleados públicos. Diferencia que, en todo caso, hace la ley (CST, art. 416), por expresa y previa autorización constitucional del artículo 55 de la norma superior, cuando garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones labores, bajo «[...] las excepciones que señale la ley».
Por su parte, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo prevé:
Limitación de las funciones. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga.
En la pluricitada Sentencia C-314 de 2004, la Corte Constitucional recordó lo afirmado en Sentencia C-110 de 1994 cuando estudió la constitucionalidad de la norma transcrita, en la que precisó los alcances de esa norma laboral, en el sentido de que al establecer tal restricción al derecho a la negociación colectiva frente a los sindicatos de los empleados públicos (consistente en la imposibilidad de presentar pliegos de peticiones destinados a celebrar convenciones colectivas de trabajo), no contraría la Carta Política, amén de que dicha prohibición, logra su fundamento «[…] en una garantía invaluable para la preservación de los intereses públicos: la integridad y continuidad del servicio», y concluyó:
Por otro lado, se aclaró en la citada providencia que, al compás del derecho a la negociación colectiva, el pertenecer a uno u otro régimen laboral por la potestad general de regulación de la estructura de la administración pública, per se no constituye un derecho adquirido:
En segundo lugar, retomando lo dicho por la jurisprudencia, el derecho a pertenecer a uno u otro régimen laboral no constituye un derecho adquirido, pues el legislador, habilitado por una potestad general de regulación, puede determinar la estructura de la administración pública de acuerdo con su valoración de las necesidades públicas.
El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos —los que antes han sido trabajadores oficiales— tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva las condiciones laborales de sus cargos(5).
En consecuencia, la Sala habrá de confirmar la providencia recurrida porque (i) la convención colectiva no aplica a los empleados públicos; (ii) el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003 previó la condición de empleado público en cabeza del demandante; (iii) desde el 26 de junio de 2003 los trabajadores oficiales del ISS adquirieron la calidad de empleados públicos de la ESE, de manera que debe aplicárseles la normativa general dictada para esta clase de servidores públicos y no la convención colectiva de trabajo; y (iv) pertenecer a un determinado régimen laboral no constituye un derecho adquirido, dando lugar a que lo accesorio siga la suerte de lo principal, y en ese orden, el reclamante como empleado público no debe quedar amparado por la convención colectiva de trabajo.
Sumado a lo anterior, debe decirse que la Corte Constitucional, en el fallo C-314 de 2004, una vez evocadas las posturas adoptadas por esa misma corporación a través de sentencias C-168 de 1995, C-262 de 1995, C-209 de 1997, C-478 de 1998 y C-453 de 2002 y en comprensión de lo que tiene previsto por derechos adquiridos, principio de confianza legítima, del entendido de los artículos 53 y 58 de la Constitución Política así como del artículo 17 de la Ley 153 de 1887, y del alcance de las convenciones colectivas como verdaderas fuentes de derechos y obligaciones, con su carácter esencialmente normativo, se tiene que los derechos adquiridos, tanto de orden prestacional como salarial, consignados en la convención colectiva a la que ahora hace alusión el actor, rigieron y siguieron vigentes, solo para quienes, producto de la redefinición del régimen laboral decretado en «el marco de una reestructuración administrativa», hayan continuado bajo la calidad de trabajadores oficiales, pues, de lo contrario, se rompe el principio de equilibrio si para un actual trabajador oficial que antes de la escisión del ISS ostentaba la calidad de empleado público, resultare beneficiado de una convención colectiva que en momento alguno hizo de él la consolidación de un derecho preferencial.
En cambio, para quienes, como en el caso del demandante, antes de esa escisión presuntamente eran trabajadores oficiales y en la actualidad se encuentran vinculados como empleados públicos, estos por la modificación de régimen laboral que, en todo caso, no es un derecho adquirido(6), como se anotó, deben tener consigo su protección por la vía del principio de la confianza legítima en desarrollo del principio de la buena fe(7), y de la proporción que el Estado les debe para adaptarse a esa nueva situación(8), producto de una decisión sorpresiva que pudo haber afectado situaciones jurídicas particulares, pero ante todo, constituyentes de meras expectativas(9), mas no de derechos adquiridos.
Pues no de otra forma deben entenderse los derroteros trazados por la Corte Constitucional que desde un principio afirmó, en la aludida providencia, que de no aceptarse lo anterior, se estaría ante la presencia de la creación prohibitiva de una tercera clase de servidores públicos, la cual se torna inaceptable; es decir, de aquellos que siendo empleados públicos sí pueden beneficiarse de convenciones colectivas, cuando el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo lo impide bajo la excusa admitida del canon 55 de la Carta Política, pues las «[...] dificultades prácticas y políticas que experimentarían tanto la administración como el Congreso de la República para adelantar la negociación de los pliegos de modificaciones con los sindicatos de empleados públicos son inconvenientes notorios y suficientes para impedir que este tipo de procedimientos se ofrezcan a dichos servidores»(10).
En suma, debe indicarse que en este asunto es imposible, desde el punto de vista constitucional y legal, como se ha explicado, aplicar los beneficios de la convención colectiva a favor del actor, pues varió, el 26 de junio de 2003, su régimen legal de vinculación con la administración: de trabajador oficial a empleado público.
Visto lo anterior, estima la Sala que, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, ha de confirmarse la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda.
En atención a que quien se halla habilitado legalmente para ello, confirió poder en nombre de la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, ESE Rita Arango Álvarez del Pino, hoy liquidada, se reconocerá personería a la profesional del derecho destinataria de este.
1. Confírmase la sentencia proferida el 23 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas (Sala de Descongestión) que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Diego Giraldo Sanz contra la Nación-Ministerio de la Protección Social-Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fidugraria S.A.), conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2. Reconócese personería a la abogada Liliana Moneada Vargas, con cédula de ciudadanía 36.457.742 y tarjeta profesional de abogado 161.323 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social - ESE Rita Arango Álvarez del Pino, hoy liquidada, en los términos del poder que obra en folio 688 del expediente.
1 «d) Escindir entidades u organismos administrativos del orden nacional creados o autorizados por la ley;»
2 El artículo 58 de la Constitución Política determina que «[...] se garantizarán la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores». Y por su parte, el artículo 53 ibídem señala que «la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». Y el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, dispone que “las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley que las anule o las cercene”. Referencias legales tenidas en cuenta por la Corte Constitucional en Sentencia C-314 de 2004.
3 Así lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-314 de 2004, en la que cita apartes de la Sentencia C-453 de 2002.
4 En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional a través de Sentencia C-413 de 2004: «Para iniciar debe recordarse que la clasificación de empleados públicos y trabajadores oficiales fue sistematizada por el Decreto 3135 de 1968, en el marco de la reforma administrativa de ese año en Colombia. El artículo 5º de dicha normatividad establece que "las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, son empleados públicos; sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. (En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo(9). Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales. Sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo»(10).
5 Sentencia C-314 de 2004.
6 Sobre el particular, en la Sentencia C-314 de 2004, se dijo: «En segundo lugar, retomando lo dicho por la jurisprudencia, el derecho a pertenecer a uno u otro régimen laboral no constituye un derecho adquirido, pues el legislador, habilitado por una potestad general de regulación, puede determinar la estructura de la administración pública de acuerdo con su valoración de las necesidades públicas».
7 En Sentencia C-349-04, señaló la Corte Constitucional, frente al principio de la buena fe: «la buena fe entendida como aquel principio general de derecho según el cual los sujetos deben conducirse bajo parámetros de honestidad en las relaciones jurídicas, es decir bajo el convencimiento de actuar legítimamente, válidamente y por medios exentos de fraude, es de presunción general. Es decir, la buena fe se presume y esta presunción cobija igualmente al legislador en el ejercicio de la función legislativa. En tal virtud, la mala fe debe probarse, por lo cual el actuar doloso o fraudulento no puede tan solo afirmarse».
8 Aún incluso, la Corte Constitucional ha permitido la figura de la ESTABILIDAD IMPERFECTA, reiterada en Sentencia C-349 de 2004, cuando al efecto, precisó: «La indemnización dada al empleado que ha sido desvinculado de su puesto de trabajo constituye el reconocimiento del derecho que tiene a la estabilidad laboral. A pesar de que el ejercicio de este derecho no es pleno, pues, como se dijo, debe ceder frente a situaciones que comprometan intereses públicos concretos, que requieran modificar la administración central, adecuándola a las necesidades de la sociedad, esta carga no puede conllevar su total desconocimiento. Por ello, la Corte ha determinado que, en tales casos se tiene derecho a una “estabilidad laboral imperfecta”, materializada mediante una indemnización. Al respecto, la Corte ha establecido: “Así entendida, la cláusula de reserva se erige en un desconocimiento frontal de la garantía de estabilidad laboral que reconoce la Carta Política de manera expresa en el artículo 53 superior. En efecto, si bien esta garantía no reviste un carácter absoluto, por cuanto no significa un derecho del trabajador a permanecer indefinidamente en el cargo, concretándose tan sólo en el contenido de continuidad y permanencia que deben revestir las relaciones obrero-patronales, si involucra la necesidad de pagar una indemnización cuando dichas expectativas de permanencia resultan ser injustificadamente defraudadas. De esta manera, para la Corte la terminación puede considerarse respetuosa del mencionado derecho de rango superior, aunque no obedezca a una de las causales de justa terminación consagradas por la ley, siempre y cuando se reconozca la correspondiente indemnización por despido injustificado. Sentencia C-003 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)». Sentencia C-1341 de 2000».
9 Al respecto, en la Sentencia C-314 de 2004, se dijo: “«[...] las meras expectativas, es decir, las situaciones jurídicas que no se han configurado o consolidado en cabeza de sus futuros titulares, pueden ser discrecionalmente modificadas por el legislador de acuerdo con la evaluación que haga de las necesidades públicas. Así lo estableció el artículo 17 de la Ley 153 de 1887 al señalar que “las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley que las anule o las cercene”».
10 Corte Constitucional, Sentencia C-314 de 2004.

References: artículo 129
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 194
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 467
 artículo 467
 artículo 55
 artículo 416
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 416
 artículo 58
 artículo 53
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 17