Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620359.html
Timestamp: 2019-03-23 12:37:43+00:00

Document:
as201620359
Auto Supremo: 359/2016 Sucre: 19 de abril 2016 Expediente: CB – 90 – 15 – S Partes: “COINBOL” LTDA. c/ “JUVALGO” LTDA. Y “CONTECO” LTDA. Proceso: Ordinario Cumplimiento de Contrato de Asociación Accidental
Restitución de Facultades y Funciones. Distrito: Cochabamba
VISTOS: El recurso de casaciónen la forma y en el fondo de fs. 2600 a 2606, interpuesto por la Empresa JUVALGO LTDA., a través de su representante legal Julio H. Valenzuela Gonzales por sí y por la empresa JUVALGO LTDA., y el recurso de casación en el fondo interpuesto por Mario Freddy Antonio López Prada por sí y en representación legal de COINBOL S.R.L., de fs. 2611 a 2626, contra del Auto de Vista Nº 027/2015 de 23 de febrero, cursante de fs. 2591 a 2596, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso Ordinario de Cumplimiento de Contrato de Asociación Accidental Restitución de Facultades y Funciones seguido por “COINBOL” LTDA., en contra de “JUVALGO” LTDA. y “CONTECO” LTDA., la contestación de fs. 2611 a 2626 y de fs. 2629 a 2630, el Auto de concesión de fs. 2631; los antecedentes del proceso, y:
El Juez Sexto de Partido en lo Civil de la ciudad de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia N° 120/2006, de 30 de octubre, que cursa de fs. 2318 a 2325 y vta., que declara PROBADA en parte la demanda principal solo con relación a la rendición de cuentas y probadas en parte las excepciones perentorias con relación al cumplimiento de contratos de asociación accidental y de cuentas en participación y restitución de facultades y funciones interpuestas por el demandado Julio H. Valenzuela Gonzales de ilegalidad, falta de acción y derecho, falsedad, improcedencia, incumplimiento de contratos y las interpuestas por Luis Oni Torrez Gómez Ortega de Falsedad, Ilegalidad e improbada la acción reconvencional, disponiendo en consecuencia que el demandado Julio H. Valenzuela Gonzales rinda cuentas de los manejos de la Asociación Accidental o de cuentas en participación conformada por CONTECO S.R.L. COINBOL S.R.L. y JUVALGO S.R.L., a partir de 1ro. de abril de 1998, al 08 de mayo de 1998, sea en término de 10 días a computarse de su legal notificación con la presente Sentencia, bajo conminatoria de procederse en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 34 inc. 1 de la Ley 1760.
Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por Julio Humberto Valenzuela González por sí y en representación de JUVALGO LTDA. por memorial de fs. 2387 a 2395, y por Mario Freddy Antonio López Prada en representación de COINBOL S.R.L. por memorial de fs. 2398 a 2404 y vta., que mereció el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.027/23.02.2015 de 23 de febrero de 2015, cursante de fs. 2591 a 2596, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que ANULA el Auto de concesión de alzada de 12 de febrero de 2011, respecto de la apelación de Sentencia presentada por el demandante Mario López Parada por los fundamentos expuestos en dicha Resolución y de contrario declara ejecutoriada la Sentencia y CONFIRMA la Sentencia apelada respecto de la apelación de Sentencia presentada por el codemandado Julio H. Valenzuela Gonzales, con costas; con el fundamento de que la Asociación Accidental o de cuentas en participación integrada por CONTECO-COINBOL Y JUVALGO, se ha conformado como establece el art. 365 del Código de Comercio, para un determinado objetivo, la ejecución de los 100.000 mts.2 de pavimento rígido, trabajo que se ha entregado en forma provisional desde 26 de febrero de 1997 al 20 de noviembre de 1997 en forma definitiva como consta de las actas de fs. 533 a 546 de obrados, al concluir el objetivo en fecha 13 de enero de 1998, se tiene que ha concluido conforme establece el artículo 369 del referido Código y el Gerente General como encargado del consorcio, debió haber rendido cuentas a los demás asociados, al haber ya rendido cuentas al 31 de marzo de 1998, por lo que correspondía rendir cuentas del 1ro de abril de 1998 a la renuncia del Gerente General que fue el 8 de mayo de 1998, sin duda alguna, estos hechos demuestran que con relación a la rendición de cuentas las excepciones perentorias interpuestas por el demandado Julio H. Valenzuela Gonzales de ilegalidad, falta de acción y derecho, falsedad, improcedencia, incumplimiento de contrato no son evidentes, respecto a la acción reconvencional de cumplimiento de contrato y aporte la totalidad de sus aportes y el 50% de $us. 100.000, más el pago de daños y perjuicios, se evidencia que la prueba referida, acredita efectivamente que el demandante no ha cumplido con su obligación de cubrir el monto de $us. 150.000, como aporte a la Asociación Accidental o de cuentas en participación, conforme a concluido correctamente el A-quo, por lo que el contrato debe cumplirse en la forma en la que las partes ha n convenido voluntariamente, conforme prevé el artículo 520 del Código Civil, no siendo evidentes los agravios formulados por el apelante Julio H. Valenzuela Gonzales, si bien es cierto que el A-quo en el Auto de relación procesal de fecha 29 de octubre de 1998, no fijo como un punto de hecho a probar la rendición de cuentas pretendida por el actor, no es menos cierto que el codemandado Julio H. Valenzuela Gonzales, no observó ni impugnó oportunamente el referido Auto de relación procesal, dejando precluir su derecho de reclamo, por consiguiente de acuerdo al artículo 17.III de la Ley 025, la nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos, lo que no ocurrió en el caso presente.
Por otro lado respecto de la apelación de Mario López Prada de la revisión de antecedentes la Sentencia Nº 120, de 30 de octubre de 2006, fue notificada a Mario López Prada a través de su abogado patrocinante, Sentencia de la cual se pide enmienda y complementación, mereciendo Auto complementario pronunciado por el Juez, corriendo su plazo para interponer apelación desde el 3 de noviembre de 2006, en Autos el actor apelante Mario Freddy Antonio López Prada presentó su recurso de apelación el día 27 de noviembre de 2006, consecuentemente fuera del plazo establecido en el artículo 220 del Adjetivo Civil, extemporaneidad que no fue observada por el Tribunal de Alzada, Tribunal que debía rechazar la apelación y en consecuencia anular el Auto de concesión del mismo, declarando la ejecutoria de la Sentencia, consecuentemente estando definido el tema de la alzada del demandante López Prada, deberá estarse a lo resuelto sobre el particular por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Liquidadora, en sentido de haberse presentado extemporáneamente la Alzada del demandante Mario López Prada. Fallo que a su vez es recurrido de casación por Julio H. Valenzuela Gonzales y a su vez Por Mario Freddy Antonio López Prada mismo que se pasa a analizar:
Del recurso de casación de JULIO H. VALENZUELA GONZALES por sí y en representación de “JUVALGO LTDA.”.
II.1.- Refiere el recurrente, que el Auto de Vista que confirma el Auto interlocutorio que declara sin lugar a la designación de nuevo perito y aprueba el informe pericial bajo el argumento de que un proceso no puede designarse doble perito de oficio a satisfacción de las partes ya que el dictamen supone que no favorece a ninguna de las partes y debe ser apreciada por el juzgador en Sentencia con relación a los demás medios probatorios, la sana crítica y demás elementos de convicción, por lo que la emisión de doble informe pericial acarrearía incongruencia con mayor perjuicio a las partes, determinación que resulta violatoria de ley, además de contener interpretación incorrecta y aplicación indebida de la ley.
II.2.- Sentencia ultra-petita conforme dispone el art. 254-4 del Código de Procedimiento Civil procederá el recurso de casación en la forma cuando la Sentencia o el Auto recurrido hubiere sido dictado otorgando más de lo pedido por las partes que en el presente caso se ha producido ya que de acuerdo al contenido de la demanda el actor expresamente dice: demando en la vía ordinaria de hecho, en primera instancia el cumplimiento de los acuerdos societarios libremente pactados, la rendición de cuentas sobre la gestión gerencial desarrolladas por Valenzuela en todo lo que va desde la iniciación de las obras hasta la fecha de inicio de la demanda que es el 13 de enero de 1997, de lo anterior se tiene demostrado objetivamente que la Sentencia de 30 de octubre de 2006 es ultrapetita, por cuanto jamás se demandó la rendición de cuentas desde el primero de abril de 1998 hasta el ocho de mayo de 1998, sino desde el inicio de la gestión gerencial hasta la fecha de inicio de la demanda que es el 13 de enero de 1997.
II.3.- Señala que existe violación y aplicación indebida de la Ley ya que por determinación del art. 369 del Código de Comercio todo asociado encargado de las operaciones tiene derecho a pedir la rendición de cuentas de las mismas, siempre en relación a este punto a tiempo de formular el recurso de apelación menciono que la rendición de cuentas no se halla señalada en el Auto de relación procesal por consiguiente no correspondía presentarse y menos valorar prueba al margen de los puntos señalados en dicho Auto, sin embargo de ello el Tribunal de apelación no obstante de reconocer que en el Auto de relación procesal no se fijó como punto de hecho a probar la rendición de cuentas, este no fue objetado por su persona, dejando prelucir su derecho de acuerdo al art. 17.III de la Ley 025, lo que resulta una aberración interpretativa de la ley y su consiguiente violación toda vez que la mencionada Ley no tiene efecto retroactivo y aunque no objete el Auto de relación procesal, sino la producción y valoración probatoria de un elemento controvertido, por lo que se violó los arts. 371, 376, 381, 397 y 190 del Código de Procedimiento Civil.
II.1.- Finalmente señala que ha existido disposición contradictoria e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley que confirma el Auto interlocutorio de 27 de noviembre de 2006, ya que el Tribunal de apelación anuló la concesión de Alzada respecto a la apelación de la Sentencia presentada por Mario López Prada por su presentación extemporánea cómo es posible que confirme el Auto de 27 de noviembre de 2006 si la apelación presentada contra el referido Auto versa precisamente al hecho de que se negó implícitamente la solicitud de que no se conceda la apelación de la Sentencia al demandante por estar fuera del término, por lo que la contradicción es manifiesta, lo que da merito a la casación en el fondo, existiendo interpretación errónea de los arts. 221 en relación al art. 196 inc. 2) ambos del Código de Procedimiento Civil.
Pidiendo se dicte Auto Supremo casando en parte el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de rendición de cuentas.
Del recurso de casación de MARIO FREDDY ANTONIO LOPEZ PRADA por sí y en representación de “COINBOL S.R.L.”.
II.1.- El recurrente manifiesta que plantea recurso de casación en el fondo toda vez que el Auto de Vista contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, por contener disposiciones contradictorias y además que en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en error de hecho y de derecho, toda vez que el Auto de Vista recurrido al anular la Concesión de Alzada, respecto de la Sentencia Nº 120, de 30 de octubre de 2006, incurre en indebida interpretación y aplicación errónea e indebida del art. 220 numeral I del Código de Procedimiento Civil, ya que cuando solicito la aclaración y complementación de la Sentencia esta fue rechazada, la apelación concedida a mi persona mediante Auto del Juez de la causa es ratificada, luego de la regularización del proceso, es ratificado por otro Auto también del Juez de la causa sin embargo el Auto de Vista recurrido desconociendo esa verdad material anula el Auto de concesión de Alzada, por lo que en síntesis el auto recurrido ha efectuado una interpretación errónea y por tanto una aplicación indebida del art. 220 del C. de Proc. Civil y violado el at. 180 de la Constitución Política del Estado referido al principio de verdad material y el art. 115 de la Carta Magna y lo establecido en el art. 30 numeral 11 de la Ley del Órgano Judicial.
Finalmente señala que interpone recurso de casación en la forma, toda vez que no se ha cumplido con el requisito esencial de decretar Autos conforme manda el art. 234 del Código de Procedimiento Civil, por consiguiente esa etapa procesal no ha precluido.
DE LA CONTESTACION AL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR JULIO HUMBERTO VALENZUELA GONZALES.
El demandado en su recurso señala que se recurre de casación en el fondo, sin embargo toda su argumentación es pura parafernalia y por lo tanto debe ser rechazada.
DE LA CONTESTACION AL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR MARIO FREDDY ANTONIO LOPEZ PRADA POR SI Y EN REPRESENTACION DE COINBOL S.R.L.
Respecto al recurso de casación interpuesto por el demandante señala que al no haber interpuesto recurso de apelación en el plazo previsto por ley se ha declarado la ejecutoria de la Sentencia, por lo que resulta inadmisible el recurso de casación, puesto que la ejecutoria declarada de la Sentencia hace inviable este recurso, ya que la parafernalia del ahora recurrente, no es más que una pretendida innovación al procedimiento judicial en materia de recursos, pretendiendo una revisión del Auto supremo mediante un nuevo recurso de casación, cuando toda discusión sobre la presentación extemporánea del recurso apelación ya ha sido definido por el Tribunal Supremo de Justicia, es decir goza de firmeza e inamovilidad o sea es cosa juzgada formal y material, por lo que ningún Tribunal puede reexaminarlo o modificarlo, menos aún otro Tribunal de la misma jerarquía en un nuevo recurso de casación.
La jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado sobre el tema en el Auto Supremo Nº 583/2014 de 10 de octubre, refiriendo que: “e) La negativa del demandado a rendir cuentas obliga a continuar el juicio hasta la sentencia, pues no procede la intimación directa a rendir cuentas sin que previamente se haya establecido la obligación de rendirlas… 13. Trámite del juicio de comprobación. a) producida la negativa del demandado, el procedimiento debe continuar, según hemos dicho, por los trámites del juicio ordinario. B) En consecuencia, debe abrirse a prueba, a fin de que el actor justifique los hechos en que funda su negativa…”
DEL RECURSO DE CASACION DE JULIO H. VALENZUELA GONZALES POR SI Y EN REPRESENTACION DE JUVALGO LTDA.
1.- En lo que respecta al primer punto el recurrente refiere, que el Auto de Vista que confirma el Auto interlocutorio que declara sin lugar a la designación de nuevo perito y aprueba el informe pericial bajo el argumento de que un proceso no puede designarse doble perito de oficio a satisfacción de las partes, ya que el dictamen supone que no favorece a ninguna de las partes y debe ser apreciada por el juzgador en Sentencia con relación a los demás medios probatorios, la sana crítica y demás elementos de convicción, por lo que la emisión de doble informe pericial acarrearía incongruencia con mayor perjuicio a las partes, determinación que resulta violatoria de ley, además de contener interpretación incorrecta y aplicación indebida de la ley; sobre esta denuncia es preciso señalar, que del análisis de antecedentes del proceso se evidencia a fs. 914 a 929 y complementación a fs. 1094 a 1126, el informe pericial, concluye señalando que: “…por la falta de documentación original de respaldo, que no me ha permitido verificar la veracidad e integridad y validez de los comprobantes contables, asimismo por los importes significativos de las sobrevaluaciones y subvaluaciones de las cuentas, además por la incertidumbre tributaria, aspectos expuestos en puntos anteriores, en mi opinión el balance general y el estado de resultados del Comercio COIMBOL-JUVALGO por las fecha comprendidas entre el 08 de febrero de 1996 al 31 de marzo de 1998, no presentan razonablemente la situación patrimonial, financiera y económica a esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones legales aplicables. Finalmente, en vista de las serias deficiencias contables-administrativas, recomiendo la elaboración de nuevos estados financieros, en base a los documentos originales o equivalentes, en adhesión a los principios contables, Código de Comercio, Ley 843 (texto ordenado en 1995). Por otra parte sugiero que de manera paralela se practique una auditoría técnica de las obras ejecutadas en la construcción de 100.000 metros cuadrados de pavimento rígido, con el fin de efectuar una comparación del estudio técnico respecto a los nuevos estados financieros, lo que permitirá determinar saldo razonables”, ahora que por informe complementario de fs. 1094 a 1126 refiere que: “… la documentación contable, de COINBOL – JUVALGO y otros documentos que acompañe han sido evaluados; por tanto, mi informe se realizó en base cierta; en vista a ello, dichos documentos respaldan y certifican el contenido del informe pericial. En vista de que las observaciones efectuadas por el señor Julio H. Valenzuela G., no son consistentes, el informe pericial presentado permanece integro. Una observación consistente, se considera, cuando está documentada, es sujeta a cuantificación, generando reflexión que obliga a una explicación, ampliación, o modificación del informe en este caso no existe una observación consistente, pese a ello, he declarado todos los aspectos, que podían inducir a incertidumbres”, aspectos que fueron considerados por los de instancia toda vez que el informe pericial cuenta con toda la eficacia probatoria conforme lo establece el art. 441 del Código de Procedimiento Civil que señala “La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicciones que la causa ofreciere”, en virtud a ello, el A quo llega a la convicción en Sentencia y declara probada en parte la demanda principal, y el Tribunal de Alzada ratifica ese razonamiento de la Sentencia arguyendo que: “…no puede designarse doble perito de oficio o a satisfacción de las partes precisamente porque este debe ser imparcial…”, entendimiento correcto, toda vez que el Juez para llegar a la verdad de los hechos a través de sus facultades ordena realizar peritaje de oficio para que sea imparcial con las partes, y no favorecer a ninguna de ellas, consecuentemente no hay ninguna vulneración o indefensión a ninguna de las partes, por el contrario los de instancia efectuaron un correcto análisis de la problemática en cuestión, no siendo en consecuencia sustentable su reclamo.
2.- En lo que respecta a los puntos dos y tres, el recurrente cuestiona que la Sentencia fuese ultra petita conforme dispone el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil procederá el recurso de casación en la forma cuando la Sentencia o el Auto recurrido hubiere sido dictado otorgando más de lo pedido por las partes, ya que de acuerdo al contenido de la demanda el actor expresamente dice: demando en la vía ordinaria de hecho, en primera instancia el cumplimiento de los acuerdos societarios libremente pactados, la rendición de cuentas sobre la gestión gerencial desarrolladas por Valenzuela en todo lo que va desde la iniciación de las obras hasta la fecha de inicio de la demanda que es el 13 de enero de 1997, de lo anterior se tiene demostrado objetivamente que la Sentencia de 30 de octubre de 2006 es ultra petita, por cuanto jamás se demandó la rendición de cuentas desde el 01 de abril de 1998 hasta el 08 de mayo de 1998, sino desde el inicio de la gestión gerencial hasta la fecha de inicio de la demanda que es el 13 de enero de 1997; más aún, que la rendición de cuentas no se halla señalada en el Auto de relación procesal por consiguiente no correspondía presentarse y menos valorar la prueba al margen de los puntos señalados en dicho Auto, sin embargo de ello el Tribunal de apelación no obstante de reconocer que en el Auto de relación procesal no se fijó como punto de hecho a probar la rendición de cuentas, este no fue objetado por su persona, dejando prelucir su derecho de acuerdo al art. 17.III de la Ley 025, lo que resulta una equivocación interpretativa de la ley y su consiguiente violación toda vez que la mencionada Ley no tiene efecto retroactivo y aunque no objete el Auto de relación procesal, sino la producción y valoración probatoria de un elemento controvertido, por lo que se violó los arts. 371, 376, 381, 397 y 190 del Código de Procedimiento Civil; al respecto corresponde indicar sobre estas denuncias, en el contexto de que el Tribunal de Alzada ya habría absuelto el mismo punto en el considerando I de fs. 2593 a 2594, en el entendido de que: “…Si bien es cierto que el a quo en el auto de relación procesal de fecha 29 de octubre de 1998, no fijo como un punto de hecho a probar la rendición de cuentas pretendida por el actor, no es menos cierto que el codemandado Julio H. Valenzuela Gonzales, no observo ni impugno oportunamente el referido auto de relación procesal, dejando precluir su derecho de reclamo sobre ese extremo, convalidando el mismo, por consiguiente de acuerdo al artículo 17. III de la Ley 025, la nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos, lo que no ocurrió en el caso presente”, razonamiento que tiene sustento en el entendido de que, el A quo al momento de emitir el Auto de relación procesal conforme lo establece el art. 371 del Código de Procedimiento Civil, que expresa: “(Fijación de los puntos de hecho a probarse). Al sujetarse la causa a prueba el Juez fijara, en Auto expreso y en forma precisa, los puntos de hecho a probarse. Este Auto podrá ser objetado por las partes dentro de tercero día y dará lugar a pronunciamiento previo e inmediato. Podrá ser apelado en el efecto devolutivo sin recurso ulterior”, lo que significa que una vez notificadas con el Auto de apertura de término probatorio los puntos de hecho a ser demostrados, las partes tenían un plazo de tres días para objetar los puntos de hecho, y en todo caso solicitar la modificación, complementación o rectificación de dichos puntos fijados por el Juez, y en caso de negativa por el Operador Judicial, la norma faculta que dicha Resolución denegatoria pueda ser recurrida de apelación y por ningún motivo de casación, conforme lo expresado, en ese sentido el reclamo traído a casación no cuenta con el fundamento fáctico suficiente que pueda sustentar el reclamo toda vez que los de instancia al pronunciar sus Resoluciones las realizan en base a la revisión de todo lo obrado, no siendo evidentes en consecuencia sus reclamos, más aun, que la Ley de la 025 en su art. 16 expresa de manera puntual lo siguiente:“(CONTINUIDAD DEL PROCESO Y PRECLUSIÓN). I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”, por lo que no habiendo el recurrente interpuesto el correspondiente recurso de apelación contra dicha Resolución ha dejado precluir su derecho, consiguientemente ha consentido en su contenido, consecuentemente sus reclamos devienen en infundados.
1.- Finalmente señala que ha existido disposición contradictoria e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley al confirmase el Auto de 27 de noviembre de 2006, ya que el Tribunal de apelación anuló la concesión de Alzada respecto a la apelación de la Sentencia presentada por Mario López Prada por su presentación extemporánea; y cuestiona cómo es posible que confirme el Auto de 27 de noviembre de 2006 si la apelación contra el referido Auto versa precisamente al hecho de que se negó implícitamente la solicitud de que no se conceda la apelación de la Sentencia al demandante por estar fuera del término, por lo que la contradicción es manifiesta, lo que da merito a la casación en el fondo, existiendo interpretación errónea de los arts. 221 en relación al art. 196 num. 2) ambos del Código de Procedimiento Civil; respecto a esta denuncia y a la disposición contradictoria corresponde describir la secuencia procesal, así se tiene el Auto de fs. 2347 a 2348, en dicha Resolución el A quo alega que la complementación y enmienda de una de las partes reanuda el plazo para recurrir de apelación y tramitada la fase recursiva, sobre este punto luego de la emisión del Auto de Vista de fs. 2512 a 2515, se pronuncia el Auto Supremo Nº 402/2014 de 12 de septiembre, (fs. 2576 a 2582), que concluye señalando que respecto a la apelación de Mario Freddy A. López Prada (demandante) su plazo para apelar transcurría luego de la complementación que el mismo hubiera solicitado, es decir, desde el 03 de noviembre de 2006 al 13 de noviembre de 2006, no pudiendo ser reanudado ese término en base a la petición de complementación y enmienda que Julio H. Valenzuela Gonzales, hubiera solicitado, por lo que en dicho Auto Supremo dispuso que el Ad quem emita nueva Resolución.
El Auto de Vista de fs. 2591 a 2596 en el numeral 6 de su parte dispositiva confirma el Auto de 27 de noviembre de 2006, (fs. 2347), cuyo fundamento refiere que el plazo para recurrir de apelación del actor se computaría desde la notificación con el Auto de 14 de noviembre de 2006, relativo a una complementación y enmienda que hubiere solicitado Julio H. Valenzuela Gonzales, esta confirmación al Auto de 27 de noviembre de 2006, tiene que ver con el criterio del A quo, el que pronuncia su decisión con el fundamento de que el plazo –del actor- para recurrir de la Sentencia se computa desde la notificación con el Auto que absuelve la aclaración y complementación que hubiere solicitado Julio H. Valenzuela Gonzales. El Auto de Vista recurrido de fs. 2591 a 2596 refirió en sentido contrario a lo expuesto que el plazo para recurrir del actor se inicia el 03 de noviembre de 2006 y vencía el 13 de noviembre de esa gestión, remitiendo su decisión a criterio del Auto Supremo Nº 402/2014 de 12 de septiembre, en base a ese razonamiento anuló el Auto de concesión del recurso de apelación (respecto a las apelaciones de Mario Freddy A. López Prada), de acuerdo al detalle descrito el Auto de Vista asume que el plazo para recurrir se computa desde el 03 de noviembre de 2006 y por otra parte señala que el plazo se computa desde la notificación de la Resolución que absuelve la petición de enmienda Julio H. Valenzuela Gonzales, esto es desde el 17 de noviembre de 2006. Con ese criterio en la parte dispositiva del Auto de Vista anula la concesión de la apelación del actor y confirma el Auto de fecha 27 de noviembre de 2006 (criterio que sustentaba que el plazo para recurrir del actor, se iniciaría el 17 de noviembre de 2006). De ello se advierte, que existen disposiciones contradictorias que resultan ser una causal de casación conforme al art. 253 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, por lo que corresponde enmendar parcialmente el decisorio de segunda instancia.
Corresponde señalar que las disposiciones contradictorias deben estar contenidas en la parte dispositiva del fallo que se impugna como ocurre en la especie, el Ad quem anula parcialmente el Auto de concesión, respecto a los recursos de Apelación del actor por haber sido planteados en forma extemporánea, y por otra parte contradictoriamente confirma el Auto de 27 de noviembre de 2006 que refiere otro tipo de computo de plazos para que el actor pueda recurrir, sobre el particular se debe señalar que el A.S. Nº 402/2014 de 12 de septiembre, ya definió que el computo de plazos para que el actor pueda recurrir, que se iniciaría desde el 03 de noviembre al 13 de noviembre de 2006, y que dicho plazo no podía ser restablecido con la solicitud de complementación y enmienda formulada por Julio H. Valenzuela Gonzales.
Del recurso de casación en el fondo de MARIO FREDDY ANTONIO LOPEZ PRADA por sí y en representación de “COINBOL S.R.L.”
1.- El recurrente manifiesta que plantea recurso de casación en el fondo toda vez que el Auto de Vista contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, por contener disposiciones contradictorias y además que en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en error de hecho y de derecho, toda vez que el Auto de Vista recurrido al anular la Concesión de Alzada, respecto de la Sentencia Nº 120 de 30 de octubre de 2006, incurre en indebida interpretación y aplicación errónea e indebida del art. 220 numeral I del Código de Procedimiento Civil.
En la sub lite, examinado el Auto de Vista recurrido de fecha 23 de febrero de 2015, cursante de fs. 2591 a 2596, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se tiene que el razonamiento realizado por el Ad quem fue el de anular el Auto de concesión de Alzada, en sentido de considerar que: ”…en relación de la Sentencia planteada por el demandante Mario López Prada, corresponde manifestar que el Tribunal Supremo en su Sala Civil Liquidadora, por Auto Supremo de 12 de septiembre de 2014, ha definido el tema de la apelación del demandante en la forma siguiente: “Con relación al recurso de Mario López Prada.- Que, de la revisión de antecedentes, la Sentencia Nº 120 de 30 de octubre de 2006 cursante a fojas 2318 a 2325 vuelta, fue notificado a Mario López Prada a través de su abogado patrocinante Dr. Juan Galleguillas a horas 11:20 del 1º de noviembre de 2006 conforme en diligencias de notificación de fs. 2326 de obrados, sentencia de la cual se pide enmienda y complementación en aplicación del artículo 196 numeral 2) del adjetivo Civil dentro las 24 horas, mencionando auto complementario por el juez, notificado con este al mismo abogado patrocinante el 3 de noviembre de 2006 a horas 11:00, corriendo a partir de esa hora y fecha 10 días para presentar su apelación, es decir hasta el 13 de noviembre de 2008 a horas 11:00 en virtud a lo previsto en el art. 220 parágrafo I numeral 1) del Código de Procedimiento Civil (…) el actor apelante Mario López Prada presento su recurso de apelación el día 27 de noviembre de 2006 a horas 09:10 a.m. así se desprende del cargo de recepción de la Auxiliar del Juzgado de fojas 2405 de obrados, consecuentemente, exageradamente fuera del plazo establecido por el art. 220 del Adjetivo Civil, extemporaneidad que no fue observada por el Tribunal de alzada, tribunal que debía rechazar la apelación y en consecuencia anular el auto de concesión del mismo, declarando la ejecutoria de la sentencia (…) Consecuentemente estando definido el tema de la alzada del demandante López Prada, debiera estarse a lo resuelto sobre el particular por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Liquidadora, en sentido de haberse presentado extemporáneamente la alzada del demandante Mario López Prada.” consiguientemente de estos antecedentes y del análisis realizado al mismo, resulta ser una Resolución anulatoria pues no ingresó a considerar y menos a resolver cuestiones de fondo del asunto, sino se limitó al examen del recurso mismo, de donde se tiene que el Tribunal de Alzada observó lo ya dispuesto por Auto Supremo de 12 de septiembre de 2014, y con su resultado determinó la anulación del Auto de concesión del recurso aludido.
Así mismo se hace pertinente señalar que la jurisprudencia sentada tanto por la Ex Corte Suprema como por el actual Tribunal Supremo de Justicia ha establecido de manera uniforme en reiterados fallos en sentido de que contra una Resolución de Alzada anulatoria no procede recurso de casación en el fondo, sino únicamente en la forma; el recurrente al haber interpuesto recurso de casación en el fondo contra una Resolución anulatoria, no ha comprendido la naturaleza del fallo deduciendo equivocadamente la impugnación por este medio, razonamiento que ha sido expuesto también en la (Sentencia Constitucional Plurinacional 1456/2013 y Autos Supremos: 55/2014; 070/2014; 375/2014), por lo que concluyendo se dirá que al haberse equivocado la vía mediante el recurso de casación en el fondo, el mismo deviene en improcedente.
Conforme a los argumentos expuestos, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por los arts. 220.I, .II, .IV del Código Procesal Civil (Ley Nº 439).
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 220.I, .II, .IV del Código Procesal Civil (Ley Nº 439) declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Mario Freddy Antonio López Prada por sí y en representación legal de COINBOL S.R.L., de fs. 2611 a 2626, asimismo declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Julio H. Valenzuela Gonzales representante legal por sí y por la Empresa JUVALGO LTDA., de fs. 2600 a 2606, contra del Auto de Vista Nº 027/2015 de 23 de febrero, cursante de fs. 2591 a 2596, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Por otro lado en consideración al recurso de casación en el fondo CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 027/2015 de 23 de febrero, cursante de fs. 2591 a 2596, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respecto al numeral 6 y REVOCA el Auto de 27 de noviembre de 2006 en lo pertinente a que el plazo de recurrir de apelación relativo al actor se reanudaría luego de la notificación de 17 de noviembre de 2006 esto respecto al derecho de recurrir del actor.

References: Resolución 
 Resolución 
e contrario
 artículo 369
 artículo 520
 artículo 17
 artículo 220
 artículo 17
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 196
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución