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Timestamp: 2018-08-15 06:37:24+00:00

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Boletín CF+S 27 -- El Plan Hidrológico español: un estudio de caso > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n27/nnews.html
1 Crónica judicial
1.1 El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo admite a trámite la demanda contra el embalse de Itoiz
1.2 El fiscal pide ocho años de cárcel para el secretario de Estado de Fomento. Blanco aprobó una presa sin informes técnicos
1.3 La fiscalía vincula a cargos del Gobierno con concesionarias de obras públicas. Las presuntas irregularidades en el embalse de Yesa afectan a dos secretarios de Estado
1.4 El juez amplía los supuestos de delito en el proceso contra Yesa
2 Noticias desde Aragón
2.1 El trasvase oculto
2.2 La decisiva intervención de Bruselas
2.3 «Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio»
2.4 ¿Hasta cuando la demagogia? La Asociación Río Aragón pide al Gobierno de Aragón que abandone el «inviable Pacto del Agua»
2.5 El Gobierno de Aragón reconsidera el Pacto del Agua
2.6 No es posible transferir caudal del Ebro sin aumentar la regulación
2.7 La Comisión del Agua nace politizada y vacía de contenido
2.8 Clamor en Jaca contra los embalses
2.9 Los embalses son nocivos para la práctica de la pesca en los ríos
2.10 Una barricada vecinal echa de Artieda a los ténicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro
2.11 Ahogados en el Plan Hidrológico
2.12 Fundación `Nueva Cultura del Agua' propone crear siete embalses laterales como alternativa al recrecimiento de Yesa
2.13 El Delta sigue hundiéndose
3 Noticias desde Levante
3.1 Polémica en la Universidad de Murcia
3.2 Urbanización de 5.508 Viviendas en Níjar camufladas de parque temático del cine
3.3 El fiscal general ordena investigar el robo del agua en el Segura
3.4 Canales del Taibilla cobrará el agua un 25% más cara al tener que recurrir a desaladoras
3.5 El Parlamento Europeo obliga a Bruselas a revisar el apoyo financiero al trasvase Júcar-Vinalopó
3.6 Escritores de La Ribera con el Júcar
4 «En todas partes cuecen habas...»
4.1 Representantes de Ayuntamientos y grupos ecologistas se concentrarán ante las oficinas del Canal de Isabel II en protesta por la desecación crónica de los ríos de Madrid y Guadalajara
4.2 El Trasvase Tajo-La Mancha
4.3 El Plan Hidrológico es deficiente en el suministro de agua y degrada el medio ambiente, dice Castillo López
5 Noticias desde Europa y Latinoamérica
5.1 La Privatización del Agua y el Banco Mundial
5.2 Europa consume el 70% del agua en el mundo y malgasta casi la mitad
6.1 Agua para todos o Todos por el agua
6.2 Pla afirma que los socialistas nunca han renunciado al agua del Ebro
6.3 El PSPV considera suficiente la alternativa del Gobierno al PHN. Oposición a la paralización del Tajo-Segura
6.4 IU-Aragón valora positivamente el principio de acuerdo alcanzado sobre Yesa
6.5 Masiva concentración en Murcia en demanda de agua. 15.000 personas mostraron su repulsa por la paralización del trasvase del Ebro
Pamplona (España), 2 de marzo de 2002[1]
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite la demanda de la Coordinadora de Itoiz contra la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2000 que avaló la legalidad de las afecciones medioambientales del embalse.
La notificación de la admisión a trámite se produjo el 13 de septiembre de 2001, pero la Sección Cuarta del Tribunal de Estrasburgo, que debe determinar si se vulneraron preceptos del Convenio de Roma de 1950 sobre Derechos y Libertades Fundamentales, concedió al Gobierno español un plazo para formular alegaciones sobre la tramitación y el fondo del asunto, que fueron presentadas el pasado 3 de enero.
La Coordinadora de Itoiz, que agrupa a varias organizaciones opuestas al embalse, adujo en su demanda que el proyecto técnico del embalse, aprobado en 1990 por el entonces Ministerio de Obras Públicas (ahora Fomento) vulneraba la legislación de espacios protegidos de Navarra y que años después, en 1996, el Parlamento foral aprobó fraudulentamente una modificación legislativa para encajar medioambientalmente las afecciones generadas en zonas protegidas del entorno. De esa manera se hacía inejecutable cualquier fallo judicial contra el proyecto por motivos ecológicos. No obstante, en 1997 el Supremo anuló parcialmente la obra de Itoiz al estimar que la legislación de 1996 no era aplicable al caso.
Por otro lado, el Estado pidió permiso en febrero a la Audiencia Nacional para el llenado de Itoiz, previo levantamiento de la prohibición que pesa sobre ello desde el auto de la Audiencia Nacional de marzo de 1996. La Audiencia Nacional aún no ha contestado.
La Coordinadora señaló ayer que el Plan de Emergencia de Itoiz incumple la legalidad vigente y asume y analiza como `riesgo catastrófico' la posibilidad de un grave deslizamiento de las laderas de la presa, opción que los técnicos ministeriales consideran inexistente, pero que viene siendo denunciada por el organismo opositor. El plan, siempre según los opuestos al embalse, carece de cualquier medida de evacuación de la población afectada, 66.000 personas sólo en la comunidad foral.
Mikel Muez, José Antonio Hernández
Pamplona, Madrid (España), 4 de abril de 2002[2]
La fiscalía del Tribunal Superior de Madrid reclama ocho años y seis meses de cárcel y otros diez de inhabilitación en el cargo para Benigno Blanco, actual secretario de Estado del Ministerio de Infraestructuras y secretario de Estado de Aguas de Medio Ambiente cuando ocurrieron los hechos. El fiscal le imputa prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos. Le acusa de haber aprobado en 1996 el proyecto del embalse de Santaliestra (Huesca) a sabiendas de que carecía de los preceptivos informes geotécnicos y de que su construcción podía haber acarreado «una catástrofe» en la zona.
Blanco tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid para responder de esos tres delitos. Junto a él también figuran como acusados otros seis ex altos cargos y técnicos de Ministerio de Medio Ambiente. Entre ellos, Tomás Ángel Sancho Marco, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); Carlos Manuel Escartín Hernández, ex subdirector general de Obras Hidráulicas; José María Vizcaíno, ex subdirector del Área de Presas, y Mikel Zueco Ruiz, director de proyectos técnicos. Para éstos, las penas solicitadas fluctúan entre diecisiete años de inhabilitación y once años de cárcel. El escrito de acusación incluye delitos de fraude y estafa para tres de los acusados: Francisco Fiteni Rodríguez, director técnico de la CHE; Íñigo Barahona Fernández, ingeniero de caminos, y el citado Mikel Zueco.
Este escrito de acusación de la Fiscalía es fruto de la querella interpuesta en 1999 por el Ayuntamiento de Santa Liestra contra los promotores y responsables del embalse proyectado en la localidad, cuya construcción anuló hace sólo unos meses la Audiencia Nacional.
El actual número dos de Fomento cometió los supuestos delitos que le imputa el fiscal tras ser nombrado, en julio de 1996, secretario de Estado de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, en la etapa en la que su titular era Isabel Tocino. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, califica de «escandalosa» la «maquinación» en la que participó Blanco para construir «a toda costa» la presa de Santa Liestra. Con su actitud, vulneró «flagrantemente» la legislación medioambiental y «despreció la seguridad» de la obra. Es decir, que aprobó el proyecto a sabiendas de que éste carecía del preceptivo informe geotécnico, necesario para conocer las características del suelo sobre el que se iba a levantar la presa, y obviando el peligro que su construcción podía acarrear a los habitantes de la zona. «La ejecución del proyecto, aprobado definitivamente por la resolución de 26 de mayo de 1997 devendría en una catástrofe de considerables proporciones», subraya el fiscal en su escrito.
El fiscal imputa también a Blanco un delito de infidelidad en la custodia de documentos: le culpa de «la desaparición de informes» que advertían con nitidez del peligro de construir la citada presa. Según el fiscal, la ex ministra Tocino, tras recibir informes que avisaban del peligro que suponía contruir una presa en la zona elegida, encomendó a Blanco y a Escartín que los analizasen. Pero éstos «no tramitaron los informes que les remitió la ministra ni ordenaron su estudio».
Las obras del proyecto de embalse de Santa Liestra nunca llegaron a iniciarse. El plan fue anulado por sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada el pasado 23 de noviembre de 2001.
Los jueces invalidaron el proyecto de la presa tras calificar la actuación de Blanco de «insólita y anómala» y «contraria al sentido común». Y es que dio luz verde al embalse pese a que tenía la «firme constatación» de que no se había realizado ningún sondeo en la cerrada donde, sobre el río Esera, iba a construirse. La idea inicial era que el embalse tuviese una altura de cien metros y una capacidad de ochenta hectómetros cúbicos.
«Me sorprende mucho»
Benigno Blanco indicó ayer a este periódico que ignoraba el contenido del escrito del fiscal de Madrid. Aseguró que, sobre este tema, tenía «la conciencia intelectual, moral y jurídica, tranquila», y añadió: «A lo mejor pudo cometerse un fallo administrativo, pero buscarle trascendencia penal a este asunto me sorprende mucho». Blanco agregó que su decisión no consistió en la aprobación definitiva del proyecto: «Yo aprobé el proyecto pero condicionado a que antes se hiciesen los estudios geológicos de la zona.» Además agregó que, como secretario de Estado, siempre se ha abstenido de actuar «en aquellas decisiones relacionadas con Iberdrola», compañía para la que trabajó antes de acceder a ese cargo.
Madrid (España), 8 de julio de 2002[3]
En la investigación que lleva el Jugado 19 de Madrid, del que es titular Pedro Sanz Pastor, están imputados, de momento, Escartín, Carrillo y el ex secretario general técnico de Medio Ambiente Carlos Vazquez Cobos. En el informe de la fiscalía se denuncian nuevas supuestas irregularidades, que relaciona con Benigno Blanco, Pascual Fernández y Tomás Sancho, según fuentes cercanas al juzgado. La investigación judicial se abrió a raíz de una querella del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza). Este diario no ha recibido respuesta en sus intentos de recabar la versión de Blanco y de Fernández.
Proyecto invalidado
Pero la idea cobró fuerza en el segundo semestre de 1998, precisamente, a raíz del interés que por esta presa mostraron Escartín y Sancho, a quienes movían `intereses privados', según la fiscalía. Las obras de recrecimiento de Yesa, cuyo coste alcanza los 150 millones de euros, fueron adjudicadas el 20 de diciembre de 2000 por Pascual Fernández a una Unión Temporal de Empresas y llevan más de un año paralizadas. El fiscal de Medio Ambiente explica que en 1998, Blanco, Escartín y Sancho, entre otros, adoptaron «decisiones claves para sacar adelante» el proyecto.
Antes de que se hubiese aprobado el recrecimiento de Yesa, Aguas de la Cuenca del Ebro encargó a una empresa privada de la que Sancho «era apoderado» (Barbany y Sancho, SL) un proyecto para una conducción de agua entre Yesa y Zaragoza. Fue Blanco, según el fiscal, quien demandó el dinero para ello a la Secretaría de Estado de Presupuestos. Y fue Sancho quien adjudicó la redacción del proyecto, por importe de 240 millones de pesetas, a su socio en Barbany y Sancho, SL.
A juicio de la fiscalía, esta obra, aparte de su costosísimo importe, suponía privatizar el transporte y explotación del agua que iban a consumir los vecinos de Zaragoza. Además, era innecesaria, porque en esa época se estaba construyendo el embalse de la Loteta, que abastecería «sobradamente de agua» a la capital zaragozana. No obstante, a iniciativa de Blanco, el Consejo de Ministros la declaró de interés general.
La ex directora general de Medio Ambiente Dolores Carrillo se vio «presionada» por Sancho y Escartín, según el fiscal, para tomar la decisión de alzar la cota de la presa a sabiendas de las anomalías que había en el proyecto.
El aviso de Villar Mir a Tocino
El 14 de abril de 2000, en pleno proceso de presentación de ofertas para ganar una obra de 150 millones de euros para el recrecimiento de la presa de Yesa, la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, recibió una carta que le advertía de supuestas irregularidades, según el escrito presentado por el fiscal en el Juzgado número 19 de Madrid.
Juan Manuel Villar Mir, presidente de Obrascon-Huarte-Laín, una de las licitadoras, se dirigió en estos términos a Tocino: «He intentado en estos últimos días, sin conseguirlo, visitarte para hacerte conocer la preocupación que te transmito en estas líneas. Se trata del concurso para el recrecimiento de la presa de Yesa. He tenido noticias, quizás infundadas pero muy preocupantes, de la inminente adjudicación de esta obra a una UTE formada por tres empresas, cuyo proyecto de hecho está redactado por la empresa Euroestudios, que participó en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato. Este dato, según me confirmó el director general, es conocido por los servicios técnicos del ministerio. Mi grave preocupación proviene de la lectura del apartado 3 artículo 53 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que indica: ``En los contratos sometidos a esta ley, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras''. [...] Estoy seguro de que comprenderás que me sienta en la obligación de trasladarte mi preocupación. Sin embargo, tengo la certeza de que tu buen criterio decidirá de la manera más correcta». La advertencia cayó en saco roto: el concurso se adjudicó a las empresas que habían colaborado con Euroestudios.
Zaragoza (España), 12 de noviembre de 2003[4].
El auto ve indicios de «abusos» en los altos funcionarios, además de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que instruye el caso por presunta prevaricación en el recrecimiento de Yesa, ha dictado un nuevo auto en el confirma la imputación de todos los acusados, rechaza los recursos presentados por la defensa ejercida por el Estado y amplía los indicios delictivos a «abusos en el ejercicio de su función» de los funcionarios públicos. El auto, fechado el 23 de octubre, podría ser uno de los últimos pasos antes de que se inicie el juicio oral.
Según el escrito del juez instructor, existen indicios de que durante la tramitación y adjudicación del proyecto de recrecimiento de Yesa se produjeron los delitos de «prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función».
En el mismo auto, ratifica la imputación, en una u otra forma, de Carlos Manuel Escartín Hernández (ex-Director General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente), Dolores Carrillo (ex-Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental), Carlos Vázquez Cobos (ex-Secretario Técnico del citado ministerio), Tomás Sancho (ex-presidente de la CHE), José Luis Uceda y Ángel Nuñez (ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Ebro).
El juez rechaza el recurso del abogado del Estado (que actúa como defensa de los imputados), así como la necesidad de realizar nuevas diligencias. El escrito indica que estas peticiones tienen como finalidad alargar el proceso, que considera «ya largo y extenso». Además, señala que el resto de pruebas y averiguaciones deberán quedar reservadas para el juicio oral.
Solana advirtió ayer de que si la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) continúa con los trabajos de recrecimiento del embalse de Yesa, el Ayuntamiento de Artieda pedirá las oportunas responsabilidades penales para los responsables de este organismo. Además, indicó que se está estudiando la petición de la paralización cautelar de las obras hasta que se celebre el juicio oral, puesto que «la sentencia tiene que tirar por tierra todo el proyecto».
Solana indicó que el auto es un «golpe de moral» para las más de cincuenta personas que desde hace unas semanas realizan, por turnos, un ayuno voluntario en contra del recrecimiento de Yesa.
La Asociación Río Aragón se congratuló ayer por el escrito judicial, y recordó que «en la comarca de la Jacetana han sido dieciocho las personas que han realizado este ayuno». Precisamente, el domingo fueron veintidos personas de la comarca de Huesca las que tomaron el testigo de esta iniciativa (en forma de un reloj de agua), y la semana que viene harán lo propio un grupo de voluntarios de la ciudad de Zaragoza.
La asociación señaló que ha recibido «decenas de muestras de solidaridad durante estos días», al tiempo que recordó que se está consiguiendo «que lleguen a sectores cada vez más numerosos de la población las demandas que dieron lugar a este ayuno».
Barcelona (España); 1 de septiembre de 2002[5].
El Pirineo aragonés también está en pie de guerra contra el PHN, pero no por el trasvase de las aguas del Ebro sino por el impacto que supone la construcción de embalses en esta región.
En la cuenca del Ebro ya existen hoy día 170 grandes presas; cuatrocientos pueblos yacen bajo sus aguas. Quienes se oponen creen que estos embalses sólo son la garantía de que exista agua para el trasvase previsto en el PHN.
Mientras la UE subvenciona la retirada de regadíos, el Estado financia obras destinadas a incrementarlos; España es uno de los países del mundo que más agua consumen en relación con sus recursos hídricos.
La pegatina del Gobierno dibuja un gran grifo que mana de los Pirineos y derrama su agua sobre Zaragoza capital. En los pueblos montañeses amenazados, la pegatina más vista acusa sin imágenes: «Embalses = trasvase». El Pirineo aragonés se ha levantado contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y se queja de que sólo se hable del polémico trasvase del Ebro (1.050 hectómetros cúbicos al año), y no de los 120 pantanos que absorben más de un tercio de su presupuesto tetrabillonario.
En diciembre del 2001 la Audiencia Nacional paralizó por «ilegal e insólito» el proyecto del embalse de Santaliestra, ya presupuestado por el Gobierno, debido a irregularidades como el archivo por parte del Ministerio de Medio Ambiente de unos informes científicos que advertían del grave peligro geológico que entrañaba. Hace meses, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros que había declarado urgente esta obra.
Santaliestra es uno de los tres grandes embalses que enfrentan a regiones enteras de Aragón con el Gobierno Aznar. Para Zaragoza, por ejemplo, proponen emplear parte de esos cientos de miles de millones en arreglar la red de distribución, que pierde en fugas un tercio del agua. En el Pirineo oscense sólo queda virgen un río importante: el Ara. Los demás cursos de la región no tuvieron la misma suerte: en la cuenca del Ebro existen ya 170 grandes presas que se han tragado cuarenta pueblos.
Los municipios pirenaicos reflejan la angustia de «un siglo de miedo», explica Ángel Gayúbar, portavoz de la Asociación Cultural en Defensa del Río Ésera y vencedor parcial de una lucha de lustros contra el muro de Santaliestra, de cien metros de altura y a sólo trescientos de su pueblo. Después de un siglo de anegamiento y despoblación de valles, todavía quedan tres grandes pantanos en proyecto --además del de Itoiz en la vecina Navarra-- que mantienen amenazados a municipios enteros e impiden «el desarrollo de una comarca demasiado acostumbrada al terror psicológico de ver cómo el agua se la va a tragar».
El plan de recrecimiento del embalse de Yesa, que en 1959 ahogó tres pueblos, prevé triplicar su extensión para llevar agua a los regantes del canal de Bardenas, construir dos centrales hidroeléctricas y «asegurar el abastecimiento futuro» de Zaragoza. Aparece aquí un segundo punto de conflicto: mientras la UE ha subvencionado este año la retirada, sólo en Aragón, de 35.000 hectáreas de regadíos en aras de la política agrícola común (PAC), el Estado financia con cientos de miles de millones obras en teoría destinadas a incrementar esa superficie regada.
La primera piedra del recrecimiento de Yesa se puso hace más de un año; hubo detenidos. Su culminación sepultaría el pueblo de Sigüés (185 habitantes), tres iglesias románicas, veintidos kilómetros del Camino de Santiago y los labrantíos de otras dos localidades (Artieda y Mianos), que seguramente se verían abocadas a la desaparición, como ya ocurrió hace 42 años con Ruesta y Tiermas, testigos fantasmales y decrépitos de la tristeza del hermoso valle de Leire, que observan desde su espléndido aislamiento los benedictinos del célebre monasterio.
El tercer proyecto conflictivo --además de Yesa y Santaliestra-- es Biscarrués, junto a la localidad oscense de Ayerbe. Sería el tercer gran muro construido en el río Gállego en veinticinco kilómetros. Por el camino quedaría la aldea de Erés, amenazada de muerte desde hace un cuarto de siglo, más de un millar de hectáreas productivas de otras tres localidades y el floreciente negocio turístico de los deportes de riesgo en el valle, que este año atrajo a 30.000 visitantes. Una tesis doctoral de la Universidad de Zaragoza asegura que los beneficios de este pujante sector no sólo garantizan el futuro de la comarca, sino que superan en trescientos millones de euros la prosperidad que pudiera aportar en las próximas décadas el discutido pantano.
La vertiente judicial del PHN es más densa: además de la reciente sentencia administrativa que paraliza Santaliestra, existe una querella criminal en Madrid por el mismo proyecto que afecta a ocho ex altos cargos de Medio Ambiente y Fomento. El alcalde Javier Mur (Chunta Aragonesista) se jacta de haber conseguido que por primera vez declarara ante un tribunal un secretario de Estado en ejercicio. Fue Benigno Blanco, ex secretario de Estado de Aguas y ex jefe del gabinete jurídico de Iberdrola. El juzgado de instrucción número 38 de Madrid había archivado el caso por no apreciar indicios de delito. La apelación del fiscal es demoledora: acusa a Blanco, junto a otros siete altos cargos de Medio Ambiente y Fomento, de presunta prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y ocultación de documentos esenciales para la instrucción de la causa.
Mur asegura que recibió ofertas millonarias para que dejara de oponerse al pantano de Santaliestra (que costaría, en principio, 138,2 millones de euros), «por cerrar la boca y dejar que se carguen el pueblo». También alega que la pretensión de edificar en una zona sísmica con frecuentes deslizamientos de tierras ocultó informes que advierten del peligro. Aguas abajo, junto al Ésera, viven miles de personas en un río también jalonado por presas. Recurrentes estudios geológicos habían comparado la situación de Santaliestra con la de Vaiont (Italia), donde un deslizamiento de tierras en el vaso de un embalse de similar configuración dejó 2.600 muertos y el colapso de una comarca. Por último, existe la denuncia de que el ministerio pagó estudios fantasma que jamás se realizaron por valor de cientos de millones de pesetas.
El recrecimiento de Yesa también está rodeado de querellas criminales: el juzgado número 19 de Madrid investiga las actividades de Carlos Escartín --que era director general de Obras Hidráulicas cuando Isabel Tocino fue titular de Medio Ambiente--, quien nada más dejar el cargo recaló con un contrato millonario en la constructora ACS (dirigida por Florentino Pérez), a la que había adjudicado el recrecimiento de Yesa (más de 120 millones de euros). La duda no es si Escartín violó la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos --que impone dos años de alejamiento--, sino si él y otros ex altos cargos de Medio Ambiente incurrieron en prevaricación y cohecho. El juez tiene la última palabra del asunto.
Santaliestra, Yesa y Biscarrués, además de otros veintiocho embalses menores, están incluidos en el pacto del agua que el gobierno central y el aragonés --ambos del PSOE-- sellaron en 1992 por un valor de 405.000 millones de pesetas, ahora en fase de revisión. Su principal impulsor fue Antonio Aragón, entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y que hoy cumple condena en prisión como uno de los protagonistas del caso Urralburu, la trama navarra del caso Roldán. Muchas de esas 28 pequeñas presas del pacto del agua fueron aceptadas por las gentes de la zona por sus posibles efectos positivos para la agricultura y la generación de electricidad.
Años después, el ejecutivo de Aznar las incluyó todas en el PHN de Matas. Una primera incógnita difícil de despejar es por qué, de esas 31 presas, sólo se pusieron en marcha inmediatamente las tres que habían generado contestación social. La opinión de los grupos contrarios al PHN es tajante: esos embalses son la llave del Plan Hidrológico, la garantía de que exista agua para el trasvase del Ebro, que ya ha enfrentado al gobierno del Partido Popular con el ejecutivo aragonés y el catalán. En resumen, y según esta plataforma, «sacrificar una región por el desarrollo descontrolado de otras».
Los informes negativos
Pero el Ministerio de Medio Ambiente destaca que hay más obras en marcha (ya se ha gastado la tercera parte del dinero previsto) y que estas tres grandes obras son las que generan mayor demanda informativa, sencillamente «porque afectan a más gente» que las pequeñas. En el ministerio recuerdan que el artículo 16.2 del PHN garantiza que ninguno de esos embalses servirá para alimentar el polémico trasvase.
Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, dirigió durante la tramitación del PHN un informe encargado por el gobierno, en el que participaron más de doscientos científicos. Sus conclusiones negativas fueron obviadas luego por Matas, que costeó los estudios. Arrojo, convertido hoy en cabeza visible de este movimiento crítico, insiste en la «inconsistencia» del plan, que prevé 450.000 nuevas hectáreas de regadío mientras la UE subvenciona a los agricultores para que reduzcan esos cultivos (maíz, arroz, etcétera). De su informe se desprendía que, para que un cultivo sea rentable, el metro cúbico de agua debe costar en torno a tres céntimos. Con las obras del PHN, cuesta unos dieciocho. La conclusión de Arrojo echa por tierra los objetivos oficiales. «Los embalses podrán hacerse, pero los regadíos no: Europa, además, multa la sobreproducción agrícola», sentencia el profesor. De cumplirse sus augurios, la situación sería similar a la del embalse de Riaño (León), que hace quince años generó una enorme movilización social y después no ha servido para acondicionar una sola de las hectáreas de regadío prometidas, las mismas que en su momento sirvieron al gobierno socialista para justificarlo y ganarse el apoyo de los regantes.
Un problema secular
Las asociaciones ecologistas y de afectados, más algunos partidos políticos Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, ciertos sectores del PSOE, denuncian que el PHN es un «pelotazo para las constructoras y las eléctricas» que no vertebra un desarrollo sostenible a largo plazo en un país donde el agua ha sido un problema secular. Arguyen el drama de los pueblos hundidos, el aplastamiento de economías de incipiente turismo rural en comarcas naturalmente privilegiadas, el peligro para las poblaciones cercanas a los muros, los atentados ecológicos en zonas declaradas «de interés comunitario» por la UE... Sus esperanzas están en Bruselas, que acogió su manifestación con interés y aportaría el cuarenta por ciento de los fondos. La negativa de Europa a concederlos daría al traste con las intenciones de Aznar, que ha calificado el plan de «absolutamente necesario desde el punto de vista de la cohesión social y de la vertebración del país».
¿Hay alternativas? Estos colectivos proponen, para empezar, arreglar las conducciones: según cifras oficiales, el cuarenta por ciento del agua trasvasada en España se pierde por evaporación y deficiencias en ellas (el ochenta por ciento de todo el agua consumida en nuestro país se gasta en regadíos). La nueva filosofía, la llamada nueva cultura del agua, iría más allá: ahorro, gestión de la demanda en lugar de aumento indefinido de la oferta, uso racional del agua con técnicas de riego más eficaces, depuración y reutilización, subida del precio del agua, aplicar el principio de recuperación de su coste a los agricultores y acabar con la sobreexplotación ilegal de acuíferos.
España es uno de los países del mundo que más agua consumen en relación con sus recursos hídricos: sigue siendo un bien escaso, aunque el 75% no pase por el contador. Todo se ve diferente desde las tierras amenazadas. En la desierta Ruesta, devorada por las zarzas, los habitantes de la vecina aldea de Artieda recuerdan que hace cuarenta años sus antiguos paisanos se asomaban todos los días a ver si era verdad que el pantano de Yesa inundaría todo lo que abarcaba la vista. Un día el agua vino y ellos se fueron. Hoy todavía confían en que alguien, en última instancia un juez, se preocupe, ya no sólo por sus ecosistemas, sino por ellos, una minoría con pocos votos y por cuya dignidad y memoria ningún ministro ni constructora se ha preocupado.
Barcelona (España), 1 de septiembre de 2002.
La reacción social contra el plan hidrológico en Aragón no es precisamente marginal. En los tres últimos años, las asociaciones implicadas --agrupadas en la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET)-- han organizado una huelga de hambre de veintiún días (mayo de 1999), un paro general en todas las comarcas pirenaicas (25 de octubre del 2000) y encadenamientos ante la puerta del Ministerio de Medio Ambiente, en la madrileña plaza de San Juan de la Cruz. Su última iniciativa, la Marcha Azul por una Nueva Cultura del Agua, llevó el pasado mes de septiembre hasta Bruselas la mayor manifestación con presencia internacional jamás convocada hasta ahora en la capital europea: 10.000 personas, llegadas desde España en autocares subvencionados por ayuntamientos y asociaciones, aviones y coches particulares.
El objetivo era convencer a la Unión Europea de las «ilegalidades» del Plan Hidrológico Nacional (PHN), cuya financiación depende en un cuarenta por ciento del ejecutivo comunitario. El Gobierno de Aragón (PSOE), muy crítico con el trasvase del Ebro, se desmarcó oficialmente, en cambio, de esta movilización global, por estar a favor de los embalses del pacto del agua. De ahí la frase inscrita en pegatinas y carteles: «Embalses = trasvase».
Pese a ello, puede decirse que tuvieron cierto éxito: fueron recibidos por ministros europeos y delegaciones comunitarias; el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea, Alexander de Roo, declaró que Europa «no puede financiar un plan hidrológico que vulnera las leyes europeas en materia de agua, aves, hábitat y espacios protegidos». Hace unos meses, la Comisión Europea solicitó información a España sobre la presunta existencia de ayudas prohibidas en la financiación pública del embalse de Yesa.
Poco tiempo después, el Parlamento de Bruselas aprobaba una declaración en la que se criticaba el PHN por no cumplir las directrices continentales en la materia. Si Bruselas abriera expediente al gobierno español o se negara a aportar el billón largo de pesetas que se le adjudica en la ley, el gobierno español se vería forzado a cambiar un plan hidrológico que hasta el momento ha considerado fundamental para la «solidaridad interterritorial» española.
Ernesto Aguirre Burgui
Zaragoza (España), 8 de abril de 2002.
Varios miles de personas se concentraron ayer en Ejea de los Caballeros en un acto reivindicativo organizado por el ayuntamiento en contra del trasvase de agua del Ebro a otras cuencas y a favor del recrecimiento del embalse de Yesa y de las obras del Pacto del Agua. La manifestación, llevada a cabo dentro de la tradicional Fiesta del Agua, congregó a miles de vecinos de Ejea y de otras localidades de la comarca. Entre los asistentes estuvo el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias.
Para el que no conozca la zona le doy algunas pistas:
El embalse de Yesa se sitúa en el río Aragón. Aguas abajo de Yesa el río Aragón discurre por Navarra a lo largo de mas de ochenta kilómetros hasta desembocar en el Ebro, también en Navarra. A lo largo de este tramo se localizan un monton de usos del agua, entre otros los ecológicos.
El recrecimiento del embalse de Yesa supone, además del embalse y la presa (esta última en Navarra), la DETRACCIÓN de agua del río (y de su cuenca) para llevarla mediante un canal a las Bardenas donde se riegan tierras fundamentalmente de la Comunidad Autónoma de Aragón en la cuenca del Arbas. El recrecimiento se ha justificado para dar agua de abastecimiento a Zaragoza y aumentar los regadíos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Estamos hablando de un trasvase en toda regla que toma agua aguas arriba de unos usuarios para dársela a otros.
¿Se imaginan lo que habría dicho el señor Iglesias si el trasvase Ebro-Levante tuviera su origen en Cantabria?
¿Les suena de algo el refrán de «ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio»?
Huesca (España), 7 de abril de 2002.
La Asociación Río Aragón Contra el Recrecimiento de Yesa - COAGRET demanda del Gobierno de Aragón que «abandone el inviable Pacto del Agua como referente de nuestra política hidráulica y pase a considerar los valles y ríos amenazados por embalses como piezas básicas de la ordenación territorial aragonesa desde la perspectiva de una Nueva Cultura del Agua». Con motivo de la puesta en marcha hoy del campo de trabajo ``Huertas de Artieda'', la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento del embalse de Yesa manifiesta en un comunicado que el objetivo es crear un centro de trabajo desde el que lanzar actividades que los voluntarios que a él acudan propongan. Así se proponen recorridos por la zona afectada, charlas, trabajos de huerta, acciones reivindicativas, entre otras cosas. «También se pretende que se convierta en un foco de solidaridad con cualquier otro territorio (Biscarrués, Santaliestra) que pueda tener problemas similares a los nuestros.»
La asociación deja clara su oposición al recrecimiento de Yesa y a todos los grandes embalses previstos en el Pacto del Agua «así como al trasvase del Ebro (mejor dicho del Pirineo) por responder al mismo modelo de rancia política hidráulica». Además, denuncia a «todos los que intentan confundir a los aragoneses identificando desarrollo del medio rural y regadíos. Por ello apostamos por una Nueva Cultura del Agua que entienda los ríos como símbolo de identidad de los territorios y las gentes que habitan sus orillas y que exigimos que se aproveche con eficiencia las innumerables obras hidráulicas construidas en el pasado y que nos han convertido en el país con mayor número de presas por habitante», indican. Por todo ello piden al Gobierno de Aragón «que deje de actuar como gobierno de una parte de Aragón encastillado en un inviable Pacto del Agua quimérico y concebido contra una parte de la sociedad aragonesa (la montañesa). Pacto que, por su propia irracionalidad y la lucha mantenida desde las asociaciones de afectados, va perdiendo sus obras más emblemáticas que eran la razón de ser de quien lo diseñó». Además exigen que el ejecutivo autónomo apueste por una ordenación territorial de Aragón desde nuevos principios donde la canal de Berdún, La Galliguera o los valles del Isera y Ara «se conviertan en focos de desarrollo con la oportunidad que se les negó en el pasado y se les quiere negar en el presente. Para ello es necesario retornar parte de las riquezas generadas por las aguas que embalsan estos territorios.»
La Asociación Río Aragón considera que la concentración celebrada hoy en Ejea de los Caballeros «está cargada de una fuerte componente de insolidaridad e injusticia. Los máximos responsables del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias y José Angel Biel al encabezarla se convierten en abanderados de una causa que está provocando una dolorosa fractura en la sociedad aragonesa y se alinean con las tesis de la cúpula dirigente del Ministerio de Medio Ambiente que a no tardar se sentará en el banco de los encausados por la justicia», concluyen.
Madrid (España), 30 de julio de 2002.
El calendario no se ha cumplido. «Han pasado diez años y no hemos adelantado nada», dice un diputado socialista.
Zaragoza (España), 24 de marzo de 2003[6].
El agua no se podrá detraer del Ebro en verano, época de máxima necesidad, por lo que será necesario construir nuevos embalses tanto en la cuenca receptora como en la donante. Con estos proyectos ha llegado la polémica. El embalse de Yesa, cuyo recrecimiento fue definido por Jaume Matas como «la piedra angular del PHN», es uno de los más polémicos.
El proyecto para trasvasar aguas del Ebro a las cuencas del Levante obliga a construir nuevas presas con su consiguiente impacto ambiental, económico y social. En las zonas receptoras, sólo la creación de grandes vasos permitiría almacenar los caudales transferidos en invierno para utilizarlos en las estaciones de mayor demanda (primavera y verano). En la cuenca del Ebro, cuanta más regulación se establezca, más disponibilidad de recurso hídrico habrá para utilizarlo de una forma u otra, bien en la propia cuenca, bien para derivarlo a otros sitios.
Ésta última cuestión ha creado gran polémica en la Comunidad Autónoma, ya que los detractores del Pacto del Agua entienden que el acuerdo hidráulico (reclamado por todas las asociaciones agrarias y defendido por PP, PSOE, PAR y, con parámetros revisionistas, IU) puede servir para los fines del trasvasismo cuando en 1992 nació como garante de las necesidades aragonesas.
La realidad es que en el PHN se destaca la necesidad de regular la cuenca cedente para asegurar caudales transferibles en un sistema hidrográfico de carácter torrencial. En la página 151 de su «Análisis de los sistemas hidráulicos» se dice: «En los términos de una demanda añadida al sistema, no es deseable plantear ninguna transferencia desde el curso bajo del Ebro si no se dispone de algún almacenamiento que permita cierta modulación en la toma. Si este almacenamiento fuese de quinientos hectómetros cúbicos podrían derivarse setecientos hectómetros cúbicos al año. Si fuese de mil, se podrían derivar mil hectómetros cúbicos al año; y si fuese de 1.500 se podrían derivar 1.200 hectómetros cúbicos al año.»
Los textos del PHN establecen que los embalses tributarios del trasvase serán Mequinenza, Ribarroja y Flix. Para ello, se plantea la liberación de concesiones hidroeléctricas. Sin embargo, posteriormente no establece coste del trasvase por ese concepto. Lo que sí explicita es la posibilidad de que puedan cederse caudales «desde otros embalses actuales o futuros» si los órganos de gestión de la cuenca cedente lo acuerdan.
Para aumentar la suspicacia sobre los embalses, las cifras del Plan Nacional de Regadíos en Aragón no casan con el aumento de regulación previsto. De acuerdo al plan, la comunidad necesitaría 272 hectómetros cúbicos más de agua regulada para satisfacer el incremento de superficie regable hasta 2008. Los embalses previstos en el Pacto del Agua aumentarán la dotación en 2.100 hectómetros cúbicos.
La sorpresa en el Levante
Por lo que respecta a embalses en las cuencas receptoras, la forma en que se ha ido desvelando gradualmente la necesidad de grandes presas para almacenar el agua del Ebro evidencia el intento de vender el trasvase como algo que sólo aportará beneficios al Levante. El descubrimiento de que disfrutar de esos recursos tenía la contrapartida de inundar varios términos municipales ha sido una sorpresa que ha levantado una gran polémica en las comarcas afectadas, donde se ha pasado a rechazar el PHN.
Las directrices técnicas del PHN hablaba de varias alternativas de pequeño tamaño, como las presas de Calig, Gorra, Alcalá o Villamarchante, ninguna de más de ochenta hectómetros cúbicos. Posteriormente, se rechazaron por cuestiones geológicas y empezaron a barajarse opciones más agresivas y con mayor impacto territorial.
Los impulsores del trasvase pusieron sus ojos principalmente en dos obras hidráulicas que ya estaban contempladas, pero con otros fines y mucha menor regulación: el embalse de Azorín en Monóvar (Alicante) y el de El Marquesado en Turís (Valencia), que estaban planteados con unos cuarenta hectómetros cúbicos cada uno y fundamentalmente para prevenir avenidas. Sin embargo, los proyectos se reconvirtieron, para dar satisfacción al trasvase, en dos grandes vasos de entre 150 y doscientos hectómetros cúbicos.
La fuerte polémica suscitada en estos dos municipios, donde hasta los representantes del Partido Popular se han opuesto al PHN si ello supone que se inunde sus términos municipales, ha hecho que el Ministerio de Medio Ambiente haya hablado de repartir el esfuerzo de regulación entre más zonas, con embalses más peqequeños. Lo cierto es que, por ahora, no se sabe dónde se ubicarían los nuevos pantanos. Y lo que ya está más que claro es que el trasvase también tiene un precio no deseado en parte del Levante.
Zaragoza (España), 22 de abril de 2003[7].
La Comisión del Agua de Aragón se constituyó ayer en Zaragoza con una acusada composición política y con ningún cometido hasta después de las elecciones
La Comisión del Agua de Aragón se constituyó ayer en Zaragoza con una acusada composición política y con ningún cometido hasta después de las elecciones. En un acto vacío de contenido, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, explicó que lo más importante del momento, que calificó como «histórico», es que Aragón cuenta a partir de ahora con un organismo «que podría considerarse como el Parlamento del Agua».
El consejero rechazó las críticas por realizar nombramientos partidistas y desvirtuar la composición de la Comisión. «Si hubiera querido un acto electoralista, hubiera sido distinto. Simplemente ha sido la constitución del órgano, la toma de posesión de sus miembros y la explicación de los primeros trabajos que llegarán», dijo Boné.
Como publicó Heraldo hace una semana, la Comisión del Agua cuenta con 54 miembros, de los que veintiocho son destacados militantes o dirigentes de distintos partidos y veinticuatro pertenecen a PSOE y PAR. Boné se escudó en la sencillez del acto y en la ausencia de debate para defender su voluntad de alejar esta Comisión del ambiente electoral. Además, indicó que el proceso de designación de los miembros ha obligado a constituirla en este momento.
«Es un instrumento para trabajar en la definición de las bases de la política del agua en Aragón y en el informe preceptivo de los planes relacionados con el ciclo hidráulico», dijo el consejero. Tras un breve discurso, hubo un turno de ruegos y preguntas aprovechado por el representante de CHA, Bizén Fuster, (hay uno por cada partido) para cuestionar los nombramientos de cuatro expertos, que son tres personas de la dirección del PSOE y el director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal.
Fuster llamó la atención sobre el proceso de nombramiento de los miembros, que ha llevado a que José Luis Rubio, presidente de la Federación de Regantes del Ebro, ocupe un puesto como representante de una organización en «defensa de los afectados por obras de regulación y canalización».
Este hecho también fue destacado por el representante de COAGRET, José Javier Gracia, que indicó que, en la comisión, hay dieciseis representantes de los usuarios. Además, Gracia consideró que la comisión nace con una profunda contradicción, porque se ideó al mismo tiempo para dar legitimidad al Pacto del Agua y para buscar el consenso, lo que calificó como «intereses irreconciliables». Boné restó importancia a estas críticas y dijo que CHA es sólo «una pequeña parte del parlamento aragonés».
Jaca (España), 12 de mayo de 2003[8].
Más de 5.000 personas se manifestaron ayer en Jaca para expresar su rechazo a la construcción de embalses en el Pirineo, en lo que constituyó una nueva gran movilización de los territorios afectados por el Plan Hidrológico Nacional, esta vez con el incentivo de la presencia de la escritora catalana Rosa Regás, lectora del manifiesto y orgullosa de su compromiso con este movimiento, y del reciente premio Goldman, Pedro Arrojo, quien mostró su optimismo por la victoria sobre el hormigón.
La manifestación partió de la calle Mayor a las doce y media. La encabezaban los danzantes del palotiau, que acompañaban a las primeras pancartas: la que iniciaba el recorrido, con el lema de la convocatoria, «Por la dignidad de la montaña, stop embalses, es de justicia», llevada por gentes de los colectivos convocantes; la que portaban Rosa Regás, Pedro Arrojo, Manel Tomás, de la Plataforma de Defensa de les Terres de l'Ebre, los alcaldes de Jaca, Enrique Villarroya, Artieda, Luis Solana, y Santaliestra, Javier Mur, los concejales de Jaca, Juan Manuel Ramón, Sabiñánigo, Victoria Broto, y Huesca, Miguel Solana, y el presidente de CHA, Bizén Fuster; y la tercera, «Queremos vivir en el Pirineo», llevada por jóvenes de la zona. Los colectivos convocantes, la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa organizadora de la movilización --ACUDE, Coordinadora Biscarrués--, Mallos de Riglos, Asociación Río Susía, Ebro Vivo y COAGRET, así como la nutrida representación, de más de quinientas personas, procedente del delta, portaban las demás pancartas de oposición a los pantanos de Santaliestra, Biscarrués, Susía y el recrecimiento de Yesa y de preservación del delta. Durante el recorrido, los danzantes bailaron el palotiau de Lanuza --con mantos azules, por el agua, y granates, por el color de los pendones de los pueblos de la montaña-- y Os Gaiters de Chaca animaron con su música. El nudo, símbolo del no al trasvase portado por gentes del delta tuvo también su protagonismo.
En la plaza de Biscós, después de recorrer las avenidas Primer Viernes de Mayo, Juan XXIII y Escuela Militar de Montaña, los asistentes vieron bailar a la vez el palotiau de Lanuza a los cincuenta danzantes y escucharon las palabras de Manel Tomás, el presidente de la Asociación Río Aragón, Javier Jiménez, y Pedro Arrojo antes de la lectura del manifiesto. Tomás habló de la unión de Pirineo y delta a través de los ríos, y de que en ambos territorios somos las víctimas del PHN y pidió desde Jaca al gobierno catalán que pare el trasvase. «Si no lo para este gobierno, lo parará el próximo porque en Cataluña no queremos un gobierno trasvasista --se dirigió al Gobierno de Aragón--, porque aprecian su oposición al trasvase, pero que también puede parar los pantanos y le pedimos que lo haga. No queremos en Aragón un gobierno pantanista.»
Javier Jiménez se refirió al camino andado desde hace cuatro años para llegar al triunfo de la racionalidad, la coherencia, el trabajo serio y la justicia, frente a la demagogia, la hipocresía, la propaganda hueca y los chanchullos . Recordó a las gentes durante años forzadas a salir de más de cuarenta pueblos del Pirineo a causa de los pantanos, y a quienes han ayudado con sus discursos, como los profesores Pedro Arrojo, José Manuel Nicolau y Javier Martínez Gil. Expresó la solidaridad con las gentes de Lechago e Itoiz, y pidió a los políticos de Aragón que digan si quieren seguir amenazando ríos e inundando pueblos. «No apoyaremos partidos pantaneros ni trasvasistas», afirmó.
Pedro Arrojo, presentado con la frase de Bertold Brecht que recuerda que «los hombres que luchan toda la vida son los imprescindibles», ofreció el Goldman a los presentes y dijo que el mundo entero reconoce la nueva cultura del agua y pone sus ojos en la cuenca del Ebro, donde surgió. Podemos estar orgullosos, aunque ha caído sobre nosotros una gran responsabilidad.
Antes de dar lectura al manifiesto, Rosa Regás se mostró «muy satisfecha de que me hayáis invitado porque estoy en contra de que el delta desaparezca, de que los pantanos ocupen valles y obliguen a abandonar pueblos y de un PHN que sólo favorece a las multinacionales y depredadores de la tierra. Sigamos protestando --animó--, porque es la forma de conseguir lo que queremos».
Aunque la lluvia ya amenazaba, hubo fin de fiesta musical. A Ronda d'os Chotos d'Embún --con músicos de La Ronda de Boltaña--, interpretó la Habanera Triste y canciones de su repertorio, y no faltó No pas pantanos.
El manifiesto, expresó «el porqué de una lucha que seguiremos haciendo, porque recordamos el dolor de nuestros padres abandonando pueblos que iban a ser inundados. Porque sabemos que bajo declaraciones de interés general se esconden intereses inconfesables. Porque sabemos que se ha acabado el tiempo de proyectos de embalses como Jánovas, Santaliestra, Susía, Biscarrués y Yesa. Porque nadie es capaz de entender los llamamientos a la solidaridad hechos por el que más tiene hacia el que menos posee.
Hoy, aquí, denunciamos a quienes han impulsado un PHN irracional, injusto, insolidario e insostenible, que se intenta aplicar por razones testiculares y con ese marchamo militar que tanto parece gustar a quienes nos gobiernan desde Madrid. Pero también denunciamos un Pacto del Agua que bebe de las mismas fuentes y al que se aferran como náufragos sin horizonte nuestros gobernantes en el Pignatelli , reflejó el documento, en el que se apuesta por la nueva cultura del agua como única solución frente a una vieja cultura ya moribunda.»
Jaca (Huesca), 16 de junio de 2003.
La construcción de embalses es nociva para la práctica de la pesca porque la mayor parte de las especies de río «tienen que efectuar una corta migración para buscar frezaderos, zonas ideales para poner sus huevos, y si se les pone una barrera no pueden pasar».
Delibes fue el encargado de inaugurar en el Palacio de Congresos el simposio sobre ``Conservación de la Naturaleza'' que se celebra hasta mañana enmarcado en el XXIII Campeonato del Mundo de Salmónidos Mosca que se desarrolla en los ríos de la Jacetania y el Alto Gállego.
El biólogo explicó que si las especies de peces que viven en los ríos no encuentran frezaderos buenos «eso originará que se acaben o existan muchas menos especies», por lo que agregó que «las presas son desaconsejables en este sentido».
«Es curioso que muchos países están trabajando en sentido opuesto al nuestro --señaló-- porque en Estados Unidos y en Francia se están demoliendo presas porque se ha llegado a la conclusión, evaluando lo que producen y el efecto negativo, de que el efecto negativo es mayor y que la producción es muy escasa».
Delibes, quien disertó sobre «Pesca a mosca, presente y futuro», consideró que esta actividad «ha bajado mucho en todo el mundo y, sobre todo, en España» en los últimos años debido a que el desarrollo «ha dado lugar a un uso y abuso del agua» que hace que los ríos bajen «más secos, se contaminen y se usen para regar y esa bajada del nivel y de la calidad del agua afecta a las truchas».
«Yo empecé a pescar con mi padre --el escritor Miguel Delibes-- cuando tenía diez años y tengo 47», lo que le ha permitido practicar esta modalidad «en muchos lugares del mundo y diría que hace cincuenta años posiblemente España era el mejor lugar para pescar truchas», afirmó.
Delibes evocó que cuando empezó a pescar «viví otras épocas espectaculares en España que ahora no son ni sombra de lo que fueron» y, aunque consideró que los ríos del Pirineo «son de los que mejor se conservan», apuntó que «los veo un poquito más bajos de lo que fueron hace unas décadas».
Como medidas para protegerlos y que no se degraden más, el biólogo apostó por «frenar un poco el desarrollo, no construir tantas carreteras junto a los ríos porque los degradan, no dragar tantos cauces fluviales y no aprovechar tanto el agua para el riego agrícola ni siquiera para el uso humano ni para crear campos de golf».
A su juicio, estas medidas «van en contra del progreso, un progreso mal entendido», por lo que se mostró «relativamente pesimista» porque al final todos estos proyectos «pesan mucho más en la balanza de los políticos que creen que lo de la pesca es un entretenimiento y que da igual, que no es tan importante».
Sobre el Plan Hidrológico Nacional, el también periodista comentó que «dudo que se lleve a cabo» y explicó que «algunos ictiólogos amigos míos afirman que desde el punto de vista biológico y ecológico es un riesgo enorme porque va a mezclar la ictiozona, los peces, de distintas cuencas fluviales y eso es un error garrafal».
«Es otra consecuencia del progreso entre comillas, porque igual es una marcha atrás», planteó, toda vez que señaló que «posiblemente habría que pensárselo dos o tres veces y a lo mejor echar marcha atrás porque las consecuencias del PHN no presumen ser muy atractivas a primera vista».
Juan Delibes trabajó siete años como investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y fue director durante doce años de la revista Trofeo de caza y pesca, siendo en la actualidad el director del programa Caza y Pesca, antes Canal Seasons, de Canal Satélite Digital.
Entre los objetivos de su trabajo destacó el hecho de poder divulgar como periodista e investigador «el resultado de las investigaciones y la labor científica para la práctica de la pesca y la caza más racional».
Entre las curiosidades que comentó se encuentra el hecho de que el documento más antiguo conocido en el que se cuenta el origen de la pesca con mosca fue escrito a finales del siglo XV por Fernando Basurto, natural de Jaca, lo que desbanca al referente clásico conocido como el Manuscrito de Astorga, de 1624, que se había tomado como precedente en nuestro país.
En el escrito de Basurto, un pescador explica a un joven cazador noble como construir un modelo de mosca artificial, una historia muy bonita «que la hizo un señor de Jaca hace quinientos años, que me parece interesante y que, como estoy en Jaca, me hace ilusión resaltar», concluyó.
Jaca (España), 20 de enero de 2004.
Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro no pudieron comenzar a levantar en Artieda (Zaragoza) las actas previas de expropiación de las tierras afectadas por el proyecto de recrecimiento de Yesa, al impedir un centenar de vecinos su entrada al pueblo.
Personas llegadas desde poblaciones cercanas como Sigüés, Salvatierra de Esca, Mianos, Berdún, Jaca, Canfranc, Ansó o Sabiñánigo estuvieron acompañando a los vecinos de Artieda en esta jornada, en la que también estuvieron presentes los alcaldes de Santaliestra, Javier Mur, y de Biscarrués, José Torralba.
Junto a ellos, había representantes de asociaciones y colectivos contrarios a la construcción de embalses en el Pirineo como la Asociación Río Aragón, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, ACUDE, COAGRET o Ebro Vivo.
«Manos arriba esto es un atraco»
Los técnicos de la CHE, que llegaron alrededor de las nueve y cuarto horas, abandonaron el pueblo a las once y media horas, entre gritos de júbilo de los vecinos, seguidos poco después por los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta el lugar.
El alcalde de Artieda, Luis Solana, consideró que lo vivido «es la respuesta de un pueblo ante algo que siente como un atraco», por lo que «creo que con esa firmeza, esa dignidad y esa fuerza nunca podrán con nosotros», afirmó.
Ante la anunciada presencia de los técnicos de la CHE en los próximos tres días, indicó que «mañana no sé qué haremos, habrá que pensar un poco» y agradeció «el apoyo de gente de la comarca».
Reconoció que «esto va a ser difícil mantenerlo todos los días, porque la gente tiene su faena pero creemos que la respuesta del pueblo ha quedado patente».
En este sentido, realizó un nuevo llamamiento a los vecinos de la comarca para que el domingo acudan a Artieda a la concentración convocada bajo el lema «Todos somos Artieda».
Por su parte, el alcalde de Santaliestra, Javier Mur, explicó que esta jornada «es una escenificación» de lo que «hemos gritado todos, manos arriba esto es un atraco».
Recordó que en Santaliestra, donde está previsto otro embalse, «se anuló todo el procedimiento» e ironizó que son gente que «viene de otras épocas, de un pasado más o menos cercano, pues actúan pensado que los tiempos no han cambiado y que no estamos en democracia y todavía tienen añoranza de estos tiempos pasados».
«Quiero vivir aquí. Yesa no»
En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los vecinos de Artieda, José Iguácel, dijo que los vecinos estaban muy contentos y orgullosos porque «todo ha sido muy pacífico».
A lo largo de la mañana, los concentrados, acompañados con bombos, cacerolas y cajas, corearon consignas como «fuera, fuera», «ladrones», «todos a la cárcel» o «manos arriba, esto es un atraco», mientras que por megafonía difundieron sonidos del NODO, el anuncio de la muerte de Franco, estrofas del Cara al Sol o el himno del PP.
Asimismo desplegaron pancartas con el texto «Queremos vivir en el Pirineo», «Por una montaña viva sin embalses» o «Quiero vivir aquí. Yesa no», que colgaban de los balcones y las paredes de la primeras casas del pueblo Artieda.
También colocaron algunas pegatinas de «Yesa no» en el coche en el que se habían desplazado hasta el pueblo los técnicos de la CHE y en el que permanecieron gran parte del tiempo que estuvieron en el pueblo.
Madrid (España), 1 de febrero de 2004[9].
Artieda, en Aragón, lucha por no quedar bajo las aguas del embalse de Yesa, cuya capacidad se pretende triplicar.
A la entrada del pueblo, situado en una colina en el valle del río Aragón, en la comarca de la Jacetania, puede leerse en una pancarta que va de un lado a otro de la calle: «Quiero vivir aquí». Un poco más adelante, otra: «Ríos sin presas, pueblos vivos». Unos pocos metros más, a la derecha: «¿Tu madre tiene pueblo? A la mía se lo inundaron», y así hasta llegar al centro de la localidad, desde el que se divisa la Sierra de Leire, el valle del Roncal y, al fondo, las cumbres nevadas de los Pirineos.
Artieda, un municipio del bajo Pirineo en la provincia de Zaragoza con 106 habitantes y 1.200 hectáreas, debe de ser el pueblo con más pancartas por metro cuadrado de España. Esta pequeña villa se ha convertido en los últimos días en símbolo de la polémica hidráulica o conflicto del agua, esa amalgama de proyectos, obras, documentos, informes y leyes que constantemente plantean cuestiones como: ¿Embalses sí o embalses no?; ¿trasvase sí, trasvase no?; ¿inundaciones sí, inundaciones no?; ¿agua para regar o agua para especular?...
Como a otros pueblos del Pirineo, a Artieda parece haberle llegado su hora, junto a Mianos (sesenta habitantes) y Sigüés (doscientos habitantes). Los tres, enclaves del Camino de Santiago aragonés, se ven afectados por el recrecimiento de la presa de Yesa, situada en el municipio que le da nombre, en la frontera entre Navarra y Aragón.
El embalse, que hasta ahora tenía una capacidad de quinientos hectómetros cúbicos, va a ser ampliado para alcanzar 1.500 hectómetros, con un coste de unos 166 millones de euros. Quedará entre los mayores de España, pero a costa de inundar gran parte de los citados municipios. En el caso de Sigüés, la inundación afectaría al propio casco urbano.
La razón no es otra que la ejecución del Pacto del Agua, alcanzado y aprobado por unanimidad en las Cortes aragonesas en 1992 y, después, incluido en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Se trata de la realización de un listado de obras hidráulicas en la región, entre las que figura el recrecimiento de Yesa, «con el fin de proveer de agua a los regadíos de la zona llana de Aragón, conocida como Bardenas; mejorar el suministro de agua de la zona media del Ebro; garantizar el suministro en otras zonas; y abastecer a la ciudad de Zaragoza y su entorno», en palabras del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Vicente Lacasa.
Los de Artieda lideran la resistencia de las gentes de la montaña y estos días se han mostrado más beligerantes que nunca, porque los funcionarios de la confederación hidrográfica llegaban cada mañana para que firmaran las actas de expropiación de sus tierras. Las mismas a las que se aferran con dignidad numantina, aun sabiendo que probablemente serán pasadas por agua. Y cada mañana les esperaban todos, jóvenes y viejos, a la entrada del pueblo al grito de «¡fuera!, ¡fuera!» y los funcionarios tenían que irse por donde habían venido. Nadie ha firmado las actas de expropiación en Artieda, donde gobierna la Chunta Aragonesista (CHA) de la mano de Luis Solana (43 años). Tampoco lo han hecho en Mianos ni en Sigüés, adonde todavía no han llegado a expropiar.
«Nadie nos ha explicado qué va a pasar con nosotros. ¿Cómo vamos a aceptar que, de golpe y porrazo, nos inunden las tierras, que son nuestro medio de vida?», exclama Carlos Pérez, un hombre de 34 años que desde las pasadas municipales es alcalde de Mianos (CHA). «Vinieron funcionarios de la confederación y negociaron con el anterior alcalde (PP) y le dijeron que qué queríamos a cambio. El resultado es la construcción de un montón de nichos en el cementerio. Igual que en Sigüés», añade.
«En nuestro caso», dice Daniel Salinas (PAR), alcalde de Sigüés, «hablamos de que el agua nos entra por las puertas. No se puede hacer tanto electoralismo jugando con las vidas de las personas. Hay que pactar una cota de embalse que no nos inunde».
Los lugareños cuentan que hay una historia amarga de los embalses. Aragón es una región en la que hay zonas donde llueve poco y pueblos que desde hace cien años esperan el agua como fuente de desarrollo. Y, a lo largo de la historia, se ha creado una conciencia de que los embalses eran buenos per se. «En Aragón hay dos mitos: la Virgen del Pilar y el agua», dice Solana. Las gentes de la montaña son las que han padecido históricamente las consecuencias de esas políticas hidráulicas: 4.000 personas desalojadas, treinta pueblos abandonados, 8.000 hectáreas de fondo de valle anegadas en el Pirineo central, según el único estudio existente al respecto, realizado por la Fundación Nueva Cultura del Agua.
«Hemos visto cómo, tras la construcción del actual embalse de Yesa (1959), nuestros vecinos de los pueblos cercanos abandonaban sus pueblos, sus hogares, su historia, porque les inundaban su medio de vida», dice Alfredo Solano, teniente alcalde de Artieda.
Solano se refiere a Tiermas, Ruesta y Escó, las primeras víctimas de esta presa junto a sus 1.500 habitantes, algunos de los cuales emigraron a las poblaciones que ahora vuelven a verse amenazadas por las inundaciones. Aquéllos son hoy pueblos fantasma.
«Tiermas era cabeza de comarca, tenía unos baños termales que lo convirtieron en centro turístico. A su alrededor se creó una red de servicios y relaciones comerciales que dio vida a la comarca. Su abandono fue decisivo en la evolución de nuestros pueblos», dice Solano.
«Vivimos como podemos. Alrededor del agua gira todo. Si no hay agua no hay vida», dice Luis Ciudad, presidente de la citada comunidad de regantes, que engloba a unas 25.000 familias.
«Queremos regular el río Aragón salvando los pueblos», dice Iglesias. «Creo que se puede acordar una cota suficiente e inferior a la proyectada. Sospecho que esa cantidad de agua es para actividades que no se quieren publicar», agrega. Pero, la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, ya ha advertido de que no llenar a la cota máxima es malgastar la obra.
Las declaraciones sentimentales de los de Artieda, basadas en valores vitales, contrastan con las económicas de los regantes de Bardenas, una retahíla de cifras sobre las necesidades de agua: «Somos deficitarios. Necesitamos trescientos hectómetros cúbicos para regar las 77.000 hectáreas de regadío que tenemos. Si se van a ampliar hasta 110.000, necesitaremos novecientos hectómetros. Más los cien que necesita Zaragoza para beber y los 150 de reserva... Es lo que necesita Aragón para desarrollarse», dice Ciudad.
Los que le han puesto palabras a los sentimientos de las gentes de la montaña han creado lo que se llama «Nueva Cultura del Agua». Una movimiento que nace en 1994, cuando Josep Borrell, entonces ministro de Obras Públicas, lanzó su anteproyecto del Plan Hidrológico, y que encabeza Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico y recientemente Premio Goldman de Medio Ambiente.
Este movimiento es firme opositor del PHN, y viene dando la batalla a la administración desde que se reactivó el plan. El pasado viernes, sin ir más lejos, presentaban un informe sobre la «Corrupción e irregularidades en la Gestión del Agua en España», avalado por el ex jefe de la fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. La presa de Yesa es el primer punto de dicho informe ya que varios ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, entre los que destacan Carlos Escartín (ex director general de obras hidráulicas) y Tomás Sancho (ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro), están inmersos en un proceso judicial acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en relación a la adjudicación a la empresa ACS de las obras de ampliación del embalse.
«El recrecimiento de Yesa es un proyecto innecesario porque existen alternativas más razonables para obtener agua si sólo se quiere regar Aragón, como modernizar los sistemas de regadío (se sigue regando por inundación en lugar de por aspersión o goteo) y mejorar las redes de abastecimiento (donde se pierde un cuarenta por ciento del agua por escapes). Pero Yesa esconde tres grandes negocios: el del hormigón, las hidroeléctricas y la especulación con aguas públicas, al poder los potenciales usuarios vender sus concesiones (derechos de uso)», dice Arrojo.
Desde la Administración insisten en que ni una gota de agua de Yesa irá al trasvase y que el noventa por ciento es para regadío, pese a que las hectáreas de regadío proyectadas en el PHN superan, nada menos que en 104.000, las proyectadas en el Plan Nacional de Regadíos, que prevé una ampliación de 6.000 con horizonte 2008. De ahí la pregunta de ¿qué se va regar con tanta agua?, o ¿es que el agua no es para regar?
Navarra (España), 24 de junio de 2004
La Asociación ``Río Aragón'', presentó esta mañana el informe que encargó a la Fundación ``Nueva Cultura del Agua'' para presentar alternativas viables al recrecimiento del pantano de Yesa. Este informe plantea que la creación de siete embalses laterales en la zona de Bardenas que permitiría garantizar el agua a los regantes y evitar conflictos con los Pirineos.
Según el presidente de la Fundación ``Nueva Cultura del Agua'', el catedrático y Premio Goldman, Pedro Arrojo, estas alternativas «siguen el enfoque técnico de la gestión hidrológica de los países más avanzados y en vez de grandes regulaciones de cabecera apuesta por la regulación en tránsito». «Además --prosiguió-- supone menores costes para los regantes y supera los conflictos clásicos entre el llano y la montaña.»
Este informe, que esta tarde se presentará ante la Ponencia de Obras Polémicas de la Comisión del Agua, plantea también que Zaragoza se abastezca de manera exclusiva desde el embalse de La Loteta. «La capacidad de la Loteta que alcanza los 97 hectómetros cúbicos permite regular la demanda de abastecimiento», informó el técnico del informe, José Javier Gracia.
Los siete embalses que se utilizarían para gestionar una capacidad de agua semejante a un recrecimiento intermedio del pantano de Yesa, 491 hectómetros cúbicos, serían los de Sangüesa, Erla 1 y 2, Erla Suroriental, Carcastillo, Marracos y Orés. «Esta alternativa proporcionará un servicio adecuado a las demandas que se solicitan», mantuvo José Javier Gracia.
Los embalses se realizarían, según reza el informe, en orden relativo y los primeros sobre los que se trabajaría son aquellos de menor coste.
Pedro Arrojo añadió también que la ejecución de estos planes alternativos sería más ágil en el tiempo y evitaría contradicciones con la Directiva Marco de la Unión Europea y los procesos judiciales abiertos. «Estos litigios provocan que los presupuestos se multipliquen como ocurrió con los embalses de Montearagón o con el de Itoiz», señaló el catedrático.
Por su parte, el vicepresidente de la Fundación ``Nueva Cultura del Agua'', Javier Martínez Gil, incidió en que estas propuestas «permiten un giro hacia una política hidrológica respetuosa y eficaz. El proyecto merece se considerado y que sea expuesto públicamente», añadió.
El presidente del grupo sindical agrario UAGA-COAG, Javier Sánchez, que estaba presente en la presentación de este informe valoró que la polémica de Yesa «dura ya 25 años» y «no podemos permitirnos más años de debate».
Por su parte, el presidente de la Asociación ``Río Aragón'', Miguel Solana aseguró que harán «lo que haga falta» para que las alternativas existentes se lleven adelante. «Yesa no es un fin, es un medio; y hay medios diferentes», consideró.
Pedro Arrojo, que aseguró que la Fundación ``Nueva Cultura del Agua'' se limita a ofrecer alternativas y no se posiciona en ningún punto, advirtió que todas las soluciones, incluida la del recrecimiento de Yesa, pasan por una modernización de los regadíos. El premio Goldman añadió que las alternativas presentadas elimina además las posibilidades de regulación de cualquier futuro trasvase del Ebro.
Narcís Prat[10]
Barcelona (España), 21 de septiembre de 2004
El freno del trasvase no basta. Para cubrir las necesidades del bajo Ebro y de Levante son necesarios también menos regadíos y más ahorro.
Desde que se puso en marcha el Plan Hidrológico Nacional (PHN), allá por el año 1998, algunas partes del delta del Ebro se han hundido varios centímetros por debajo del nivel del mar y la línea de la costa ha retrocedido varias decenas de metros en algunos lugares. El anuncio de que no se va a realizar el trasvase hecho por el nuevo Gobierno no debe hacernos olvidar que los problemas en el bajo Ebro subsisten, y que sin una nueva cultura del agua seguirán existiendo durante mucho tiempo. Por ello será muy interesante ver cómo los nuevos responsables de la política del agua en España comienzan su andadura.
Tampoco deben seguir aceptándose los nuevos regadíos que se prevén en el PHN, cuya realización supondría disminuir aún más la calidad del agua del río, haciéndola en algunos momentos muy difícil de potabilizar. Y aquí incluimos los regadíos del canal Segarra-Garrigues; el nuevo Ejecutivo catalán debe ser consciente de que cuando ponga en marcha esta zona regable será en parte culpable de la disminución del flujo del río y de la pérdida de calidad de las aguas del bajo Ebro.
Aunque se anule el trasvase, sigue vigente la razón principal por la cual el delta del Ebro sigue hundiéndose: la falta de sedimentos. Los aportes de nuevos sedimentos al delta no se pueden realizar sin un cambio profundo en la manera de gestionar el agua en la cuenca del Ebro. También en este aspecto esperamos grandes cambios del nuevo Gobierno y uno de ellos es imprescindible: la reforma de la administración hidráulica. Hay que promover una nueva administración basada en la innovación y la creación de grupos interdisciplinares que sepan dar un nuevo rumbo a la política hidrológica española. Hasta ahora, un grupo de profesionales de una determinada formación (ingenieros de caminos) han pilotado la gestión del agua en España. Si no cambia este monopolio, será imposible avanzar hacia una nueva cultura del agua.
Pero el destino del Ebro va intrínsecamente ligado al de las zonas de Levante que ahora ven desaparecer su expectativa de recibir nuevos caudales mediante un trasvase. Para salvar el Ebro se necesita una verdadera revolución en la gestión del agua de Valencia, Murcia y Almería. Hoy sabemos que en Valencia es posible con medidas alternativas (reutilización, desalación, ahorro, etcétera) llegar a una gestión sostenible del agua, lo que no es posible en Murcia sin un cambio de paradigma en su modelo de desarrollo. Ni toda el agua del Ebro podría saciar la sed de la Murcia donde el desarrollo económico se basa en la especulación urbanística y en una agricultura donde el agua no tiene el precio real (que debería incluir el impacto ambiental). Para poder establecer un modelo sostenible de gestión del agua en Murcia se necesita un cambio en su modelo de desarrollo. Si esto no se reconoce, no hay quien pueda gestionar el agua en Murcia, mientras que en Valencia sí es posible aún la aplicación de un modelo de gestión alternativo.
Se espera mucho de este Gobierno, pero también se duda mucho. Hasta ahora sólo tenemos expectativas, esperemos que pronto tengamos realidades. Parece que el no al trasvase viene acompañado de un sí a las obras del Anexo II del Plan Hidrológico Nacional (es decir embalses, canalizaciones, etcétera...), obras extraordinariamente dañinas ambientalmente. Esto no debería ser tolerado por las organizaciones ambientales. Hay que derogar todo el PHN y empezar de nuevo la planificación hidrológica de acuerdo con las directrices de la Directiva Marco de Agua de la UE. De no ser así, los dineros de Bruselas pueden producir efectos ambientales perversos. Habrá que estar ojo avizor a los movimientos del nuevo Gobierno de Madrid y a los de sus socios catalanes. La nueva cultura del agua no son sólo palabras, esperamos hechos.
Murcia (España), 27 de septiembre de 2002[11].
«El Gobierno no ha entendido en qué consiste la autonomía universitaria.»
Unas improvisadas declaraciones del vicepresidente y portavoz del gobierno regional, Antonio Gómez Fayrén, desataron la polémica el pasado día 10. El número dos del ejecutivo autónomo expresaba «nuestra preocupación por que se utilice el derecho a la libertad de cátedra, que el gobierno respeta, con fines políticos y para interferir en la consecución del interés general», que Gómez Fayrén identificaba con el Plan Hidrológico y el trasvase del Ebro.
Estas manifestaciones iban dirigidas contra Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, profesores del departamento universitario de ecología y relevantes miembros de Ecologistas en Acción, y algunos de cuyos trabajos reforzaban las tesis de los opositores al trasvase del Ebro.
Desde entonces, el debate ha ido creciendo con la adición de opiniones y revelaciones que han contribuido a encresparlo.
El departamento de ecología difunde un comunicado en el que acusaba al gobierno de tenerlo vetado para la realización de informes y estudios y de presionar a empresas para que no les encargaran trabajos. Numerosos profesores censuran al ejecutivo por atentar contra la libertad de cátedra y de investigación, y ocho asociaciones de estudiantes, encabezadas por Estudiantes Demócratas, con amplia presencia en la Universidad de Murcia y próxima al PP, realiza un siniestro llamamiento a la delación: «Que se vigilen y denuncien --piden en un comunicado-- las actitudes y comportamientos contrarios a los intereses y necesidades de la Región de Murcia, se desarrollen donde se desarrollen.»
De la Cierva toma partido
El Gobierno ha realizado varios intentos para tratar de desactivar una polémica de la que, de momento, no sale bien parado. El pasado miércoles, Gómez Fayrén llamó al rector José Ballesta por teléfono para explicarle el sentido de sus manifestaciones y anunciarle que daba por zanjado el debate.
Pero la controversia sigue su curso, ajena ya a los dictados de quienes la engendraron.
El consejero de Educación y Cultura, Fernando de la Cierva, lejos de tratar de apaciguar los ánimos en la primera universidad de la Región, califica de «absurda» la afirmación del departamento de ecología de estar vetado por el gobierno, del que apunta que «sólo defiende los intereses de la Región», y señala que «la libertad de cátedra sólo puede esgrimirse en el ejercicio de la docencia y la investigación, no cuando se actúa como un perito contratado por una empresa», en referencia a la labor de Miguel Ángel Esteve.
El catedrático de bioquímica y biología molecular y ex rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Lozano Teruel, opina que «la libertad de cátedra ha de ser entendida en su contexto, y sólo debe referirse a la materia que se transmite al alumno».
Respecto a los estudios del PHN señala que «deben ser abordados por científicos cualificados. Hay una forma muy sencilla de saber qué profesor tiene tal calificación: mediante su currículum. Esto, en cualquier caso, no significa que dos investigadores valiosos no puedan establecer un debate, pero nunca debe realizarse ex cátedra».
El catedrático de derecho penal, Gerardo Landrove, señala que «todo lo que sea coartar las libertades está mal. La libertad de cátedra abarca todo cuanto un profesor hace, aunque no tenga nada que ver con su carrera. Da la impresión de que quieren que en esta universidad no se pueda discutir de nada. Los políticos creen que todos somos tan borregos como sus votantes».
Almería (España), 14 de noviembre de 2002.
La Consejería de Medio Ambiente se ha plegado a los intereses desarrollistas del Ayuntamiento de Níjar y ha autorizado la construcción de la ciudad más grande del municipio de Níjar (paraje de Rodenas) y una de las más grandes de la provincia. La ciudad ocupará una superficie de 306 hectáreas con un total de 5.508 viviendas, lo que supone una población de unos 20.000 habitantes.
Además de las 306 hectáreas de viviendas se dedicarán, según el proyecto, cincuenta hectáreas a «parque temático de cine-terciario». El ambiguo término «cine-terciario» oculta que esas cincuenta hectáreas pueden dedicarse bien a un parque temático de cine o bien a un parque terciario. «Parque terciario» quiere decir que esas cincuenta hectáreas pueden dedicarse a tiendas y grandes almacenes que sirvan de equipamiento a las 5.508 viviendas proyectadas. El cine es una tapadera para construir la ciudad más grande del municipio de Níjar y que supondrá duplicar su población actual.
En muchas poblaciones de Níjar no se dispone de agua potable, sus aguas residuales se vierten directamente a las ramblas, se producen constantes cortes de luz, el servicio de recogida de basuras es deplorable, se acumulan todo tipo de residuos en los lugares mas inverosímiles, etc.
Ante esta perspectiva resulta insultante que en vez de subsanarse estos defectos, el Ayuntamiento de Níjar pretenda duplicar la población del municipio sin antes solucionar los problemas existentes.
En el proyecto se pretende extraer el agua mediante pozos, lo que legalmente es inviable pues el acuífero está sobre explotado y la calidad del agua es muy inferior a la exigida por el Real Decreto 1.138/90 que regula la potabilidad del agua.
La ciudad estará lindando con el LIC que une Sierra Alhamilla con el Parque de Cabo de Gata lo que supondrá una afección a la zona de amortiguación del LIC y del parque.
Pedimos a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio que no autorice una ciudad de esta magnitud que tanto va a perjudicar al medio ambiente de la provincia y a la calidad de vida de las poblaciones limítrofes que verán empeorar aun más los ya deplorables servicios municipales.
Pedimos a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio que no se pliegue a los intereses especulativos del Ayuntamiento de Níjar y otros, y que lo sensato y correcto es que ahora que se encuentra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque en revisión sea este documento y su trámite el que evalúe la idoneidad o no de esta obra, aunque desde Ecologistas en Acción ya podemos adelantar que este tipo de proyectos son los que a corto y medio plazo van a provocar el colapso del Parque Natural de Cabo de Gata. Y quizás esto es lo que pretendan entre todos, aprovechar el boom económico y no dejar pasar la oportunidad sin que se exprima al máximo sus posibilidades monetarias aunque detrás venga la más absoluta de las catástrofes.
Zaragoza (España), 1 de abril de 2003.
Cardenal retira de los procesos abiertos al jefe de la Fiscalía de Murcia y confirma la competencia de los juzgados de Madrid. La Confederación del Segura no consigue evitar la entrega de 487 expedientes.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha ordenado continuar la investigación de 487 expedientes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), así como de las causas que se instruyen en relación con el presunto robo de caudales y de la contaminación del agua en esta cuenca. Cardenal respalda de esta forma las actuaciones emprendidas por el fiscal especial de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, y rechaza las dudas sobre la investigación planteadas por la CHS. Esta medida se suma a la decisión adoptada hace unas semanas de retirar de todos los procesos abiertos al fiscal jefe de Murcia, Guillermo Sena.
El escrito enviado por el fiscal general es una respuesta a una carta remitida a mediados del mes de diciembre pasado por el presidente de la CHS, Juan Cánovas, y en la que prácticamente venía a pedir impunidad en el proceso. La misiva de Cánovas dudaba de la fundamentación jurídica de las acciones emprendidas por Valerio y dudaba de su competencia en los asuntos del agua en el Segura.
Valerio, que ya investiga otros casos en la zona, se ha interesado ahora por 487, algunos de ellos tramitados hace más de diez años y en los que considera que podría haber indicios de posibles irregularidades en la gestión de las aguas. La CHS alega para no remitir la información requerida que no ha sido informada sobre las razones del procedimiento.
Según explicaron ayer Pro-Río, Ecologistas en Acción de Murcia, Segura Limpio, La Unió-COAG y la Plataforma del Noroeste, que han llevado a los juzgados el presunto robo y la contaminación del agua, esta resolución «es un espaldarazo a todos los colectivos que venimos denunciando la desaparición sistemática y organizada de los caudales del Segura».
Estas organizaciones recuerdan que existen instituciones que «guardan silencio y miran para otro lado» mientras la contaminación crece en la zona y desaparecen riegos tradicionales y el caudal ecológico del río. Por ello, exigen que «acabe la impunidad en el robo del agua y el envenenamiento de comarcas enteras».
Lorca (España), 24 de junio de 2003[12].
Los usuarios del Taibilla ya pueden evitar que goteen los grifos y reducir, como sea, el consumo diario de agua porque se anuncia un «aumento muy importante de las tarifas». El presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Isidoro Carrillo, precisó ayer que el precio del metro cúbico que vende a los ayuntamientos subirá un veinticinco por ciento: de los 0,25 euros actuales por metro cúbico hasta 0,31 euros.
Tras la reunión que mantuvo en Lorca el comité ejecutivo del organismo, que gestiona el abastecimiento a 76 municipios de Murcia, Alicante y Albacete, Carrillo recordó que esta tasa ha estado siete años congelada.
Aunque aclaró que el incremento final aún está pendiente de estudios financieros, el porcentaje de aumento sobre la tarifa actual, el equivalente a 42,10 de las antiguas pesetas, oscilará entre cinco y siete céntimos de euros: de ocho a diez pesetas. La propuesta se presentará al consejo de administración, donde están representados todos los ayuntamientos, en una reunión a celebrar en julio o septiembre.
La justificación a esa subida tan notable está en la escasez de recursos que padece la mancomunidad. «Es la situación deficitaria más importante de los últimos años. Es muy preocupante. Las previsiones para cubrir la demanda hasta el final del año hidrológico, el 30 de septiembre, son que el déficit de agua potable supere los 46 hectómetros cúbicos. Hemos tenido que pedir recursos a las cuencas del Segura y Júcar.»
Las medidas a aplicar para paliar esta crisis, hasta que dentro de unos años llegue el anunciado trasvase del Ebro, es la incorporación de las desaladoras. Y el metro cúbico de agua desalada es bastante caro: 0,48 euros.
Carrillo indicó que la próxima semana «empezará a funcionar la planta de Alicante, que producirá dieciocho hectómetros cúbicos al año, y estamos pendientes de que se termine la de San Pedro del Pinatar, que proporcionará otros veinticuatro».
El presidente del Taibilla añadió que «se ha firmado un convenio con la empresa Aguas de la Cuenca del Segura para construir otra desaladora en Mazarrón, que nos dará veinte hectómetros cúbicos para abastecimiento, y hay en estudio una segunda en Alicante, con otros dieciocho. Cuando todas estén en marcha creo que tendremos suficiente agua para atender la demanda del desarrollo económico de la zona».
Pero esta solución tiene como consecuencia el encarecimiento del recibo del agua, puesto que «el río Taibilla lleva cuatro años con un descenso de aportaciones que no se había conocido en la historia. Este año es un cinco por ciento menor que el anterior, y del trasvase del Tajo no podemos obtener más. No hay más remedio que repercutirlo en las tarifas».
Y ese incremento del precio del metro cúbico irá subiendo cada año durante por lo menos otras cuatro anualidades: cada vez que se ponga en marcha una planta potabilizadora.
Es la pregunta del millón. El presidente de la mancomunidad no puede dar respuesta porque, como apunta, son los ayuntamientos los que repercuten en el recibo de sus vecinos los cánones que consideran oportunos, sea directamente o a través de empresas de servicios.
De ahí que los abonados del municipio de Murcia paguen 1,5 euros por cada metro cúbico que beben. Con un gasto de veintiún metros cúbicos, el recibo ascendería a 31,41 euros: 14,37 de consumo; 6,95 de cuota: 0,89 de contador, y 8,20 de saneamiento.
Comunidad Valenciana (España), 28 de julio de 2004[13]
El primer informe que adopta el nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones del 13 de junio supone un serio rapapolvo a la política urbanística y de aguas del PP español. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara, así llamada porque recoge las quejas de los ciudadanos, aprobó ayer por aplastante mayoría, sólo en contra de los tres votos de tres eurodiputados populares españoles, un demoledor informe contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) valenciana y otro que obliga a la Comisión Europea a revisar la financiación comunitaria que otorgó al trasvase Júcar-Vinalopó.
La adopción de sendos informes se tomó tras un acalorado debate en el que diversos eurodiputados tacharon la LRAU de «ley antieuropea, antiecológica e indigna» y hasta hicieron un llamamiento a todos los ciudadanos europeos para no hacer inversiones inmobiliarias en la Comunidad Valenciana mientras se mantenga una situación que consideran de «inseguridad jurídica» en la que «no se respeta ni siquiera el derecho a la propiedad» y se deja vía libre a la especulación y la corrupción.
Aunque el grueso de la reunión se dedicó a debatir sobre los abusos que, según el informe parlamentario, ha facilitado la controvertida ley urbanística, lo cierto es que jurídicamente tiene más calado la aprobación del relativo al trasvase porque obliga expresamente a Bruselas a revisar su decisión de otorgar 80 millones de euros de fondos europeos para costear las obras. «Si los datos del nuevo Gobierno español son distintos a los que nos aportaron en su momento», explica un funcionario de la Comisión, «y vemos que no se cumplen las condiciones bajo las cuales se otorgaron los fondos, estaríamos obligados a emitir un informe negativo».
Entre las condiciones impuestas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sufragar las obras con fondos europeos se encuentran la de no utilizar agua del Ebro y la de mantener un caudal ecológico en la cuenca cedente. Un portavoz de la Comisión explicó a los eurodiputados que el proyecto no parece vulnerar ninguna de las directivas medioambientales europeas, si bien utilizaba los datos oficiales que España había enviado antes del cambio de Gobierno en Madrid. El eurodiputado verde por Valencia, David Hammerstein denunció el hecho de que las obras ya hayan comenzado sin haber dilucidado primero si se cumplen las condiciones impuestas por el BEI. «Los viejos datos no son ciertos», dijo Hammerstein. «No hay agua suficiente para el trasvase. Estas obras ya iniciadas son un despilfarro a costa del contribuyente».
La eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez-Cortines defendió el proyecto asegurando que no se hace para fomentar el turismo, sino para surtir de agua a los acuíferos desecados de la zona, lo que en parte contradijo después el representante de la Generalitat añadiendo que el agua se usará también para el abastecimiento urbano.
Pero Gutiérrez-Cortines y sus dos correligionarios Carlos Iturgaiz y José Manuel García Margallo se quedaron solos en el rechazo de ambos informes. Ni siquiera sus compañeros de filas de otros países votaron con ellos.«No me veo en condiciones de decidir aquí», dijo el popular Rainer Wieland. «El PPE [14] necesita un debate más profundo».
Wieland se refería fundamentalmente al informe relativo a la LRAU, que describe los supuestos abusos de los que han sido objeto miles de ciudadanos a los que se les ha expropiado terreno en ocasiones para construir chalés de lujo en lo que el informe parlamentario denomina «vulneración grave de los derechos más elementales de muchos miles de ciudadanos europeos».
Este informe, como el anterior, ha sido elaborado por un pequeño grupo de eurodiputados que en mayo, y enviados por la Eurocámara anterior, visitó la zona y se entrevistó con afectados, expertos y autoridades. Fue en relación con este asunto en el que la ex eurodiputada Margot Kesler, que ha participado en la investigación, hizo el llamamiento a no invertir en la Comunidad Valenciana. «Ha habido demasiados abusos y clara corrupción en aplicación de la ley», dijo la liberal británica Sarah Ludford. «Creí que la gente exageraba hasta que fui a verlo por mí mismo», explicó el conservador británico Daniel Hannan. «Conocí historias que ponen los pelos de punta».
En representación de la Generalitat valenciana, el jefe de servicio Fernando Ricard dijo que la LRAU es plenamente constitucional, que es una buena ley que intenta ordenar el urbanismo y que con ella se intentó siempre frenar la especulación porque había mucho suelo rústico donde se ha edificado ilegalmente. Ricard explicó que si la norma se está cambiando es para garantizar mejor los derechos de los propietarios y tildó de «problemas puntuales» y «desviaciones a resolver» los abusos que describe el informe parlamentario.
Catorce votos contra tres impusieron que se adoptaran los dos informes. Los socialistas se abstuvieron porque consideraron que, tácticamente, era mejor seguir debatiendo el tema para mantenerlo candente en el Parlamento Europeo. A pesar de los aplausos y la emoción de las organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos de afectados ahí presentes, el socialista Joan Calabuig recordó que con la adopción del informe sobre la LRAU se cierra el asunto en la Eurocámara.
Manuel Baixauli, Josep Ballester, Jeremies Barberà, Josep-Lluís Bausset, Vicent Borràs, Vicent Climent, Robert Cortell, Ferran Cremades, Martí Domínguez, Vicent Josep Escartí, Josep A. Fluixà, Josep Franco, Emili Gascó, Joan Carles Girbés, Josep Gregori, Àlan Greus, Jesús Huguet, Manel Joan i Arinyó, Víctor G. Labrado, Enric Lluch, Josep Lozano, Josep Millo, Miquel Mortes, Vicent Nàcher, Vicent Ortega, Josep Palacios, Emili Piera, Enric Ramiro, Vicent Sanchis, Enric Salom, Vicent Simbor, Santi Vallés, Eduard-Josep Verger, Francesc Viadel y Rafael Xambó.
Comunidad Valenciana (España), 29 de julio de 2004[15]
Los abajo firmantes, personas que trabajamos en la comarca de La Ribera del Júcar en el ámbito de la literatura, exponemos lo siguiente:
Un río es vida, y el de nuestra comarca, el Júcar, está en peligro de muerte.
Durante más de ochocientos años, y con el esfuerzo de nuestros antepasados, se han hecho acequias, cenias, canales, se han pagado embalses, motores y pozos para el riego, que han creado el espacio agrícola y medioambiental que ha conformado nuestra Ribera. Nosotros tenemos la responsabilidad de no dejarlo perder: se lo debemos a las generaciones futuras.
Actualmente el río, que ha sido una fuente de riqueza para los ribereños, ha disminuido considerablemente su caudal; los pozos ilegales hechos en Castilla-La Mancha ya le quitan 400 hectómetros cúbicos, y ahora quieren enviar el agua que queda a las urbanizaciones alicantinas.
¿Qué quedará para nosotros? ¿Un reguero de lodo, como ya ocurre con el Segura? ¿Con qué regaremos nuestras frutas y verduras, con regadíos históricos consolidados? ¿Y todo, para qué? ¿Para servir a los intereses de los que especulan, sin ningún miramiento, con el ladrillo y el asfalto?
¿Qué pasará con las fuentes, nacimientos de agua o zonas húmedas, como ahora los arrozales o la misma Albufera, que son alimentados directa o indirectamente por el Júcar? ¿Permitiremos que esta tierra se convierta en un desierto? ¿Acabaremos por no poder acercarnos a un río lleno de inmundicias, un río que ha dado vida a esta comarca?
Por todo eso reivindicamos los puntos de la Plataforma Xúquer Viu, que son los siguientes:
La revisión inmediata del Plan de Cuenca del Júcar.
Que se determine, con criterios científicos, el caudal ecológico del río Xúquer hasta el mar; porque desde Antella hasta Cullera no hay ninguno establecido legalmente.
La paralización cautelar de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó.
Un plan de recuperación integral que asegure un caudal suficiente en L'Albufera y detenga la sobreexplotación de los acuíferos y actúe sobre los problemas de contaminación del río.
La solución de los problemas hídricos de los agricultores del Vinalopó con otras alternativas posibles.
La solución científica y social en la aplicación de los puntos anteriores.
Plataforma ``Jarama Vivo''
Madrid, Guadalajara (España), 8 de julio de 2002.
El lunes, 15 de julio, a las siete de la tarde, se llevará a cabo una concentración de vecinos de la ribera del Jarama y de Guadalajara para denunciar la situación de desecación de los ríos afectados por la gestión de agua que aplica el Canal de Isabel II. El acto se llevará a cabo en la calle Santa Engracia, 125, oficinas del Canal de Isabel II.
Los concentrados, representantes de diversas asociaciones de defensa ambiental de Madrid y Guadalajara, y ayuntamientos de la ribera, entregarán al Director-Gerente del Canal, Arturo Canalda, un buen número de los peces recogidos en los cauces de los ríos Jarama y Henares, muertos a causa de la desecación radical de más de veinticinco kilómetros de tramos fluviales.
El Canal de Isabel II, que paradójicamente depende de la Consejería de Medio Ambiente de Madrid, constituye en estos momentos una de las mayores amenazas para la salud de los ríos madrileños y de Guadalajara. Su política de acaparamiento de agua agota los ríos y los acuíferos provocando daños ambientales y económicos en espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Además de estas primeras movilizaciones, la Plataforma ha iniciado, entre otras iniciativas, los contactos con la Fiscalía de Medio Ambiente y se ultima la denuncia formal ante la Comisión Europea por vulneración de varias directivas comunitarias.
Numerosos ayuntamientos de Madrid y Guadalajara, y entidades sociales reclaman responsabilidades al Presidente de la Comunidad de Madrid por la desecación del río Jarama
La asamblea de ayuntamientos ribereños y entidades sociales, celebrada en el Ayuntamiento de Torrelaguna, el pasado 5 de julio, ha acordado denunciar la grave situación ambiental y sanitaria que se está produciendo por la desecación de importantes tramos de los ríos Jarama, Lozoya, Sorbe y Henares.
Una amplia representación de la quincena de ayuntamientos y diversos colectivos sociales, reunidos en el Ayuntamiento de Torrelaguna, consideran que la degradación actual de los ríos madrileños tiene su origen en una actuación crónica e irresponsable por parte de la administración de Madrid, que mantiene año tras año una gestión del agua destinada prioritariamente a acaparar un recurso escaso, satisfacer actividades y consumos insostenibles, y alcanzar saneados balances económicos en la recaudación (el Canal de Isabel II reconoce unos beneficios de seis millones de euros en el primer trimestre de 2002). Tal y como se viene advirtiendo desde el pasado mes de febrero, el resultado no podía ser otro que la desecación generalizada en los cauces de los tramos alto y medio de los ríos de Madrid y Guadalajara que forman arte de la red de suministro que gestiona el Canal de Isabel II.
La crítica situación actual afecta a tramos que se encuentran bajo protección de la Unión Europea (dos zonas LIC de la Red Natura). El cierre de las compuertas de la presa de El Vado, por parte del Canal de Isabel II constituye además un desafío intolerable al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha que en abril de 2000 falló estableciendo un caudal mínimo en El Vado.
En la actualidad ya se han producido mortandades de peces, la probable pérdida de especies protegidas, como la nutria, la caída del nivel freático que afectará a la productividad agrícola, así como un grave problema sanitario aguas debajo de San Sebastián de los Reyes, al no encontrar los numerosos vertidos agua para disolverse. Además del cierre de compuertas en El Vado y Atazar, se encuentran a pleno rendimiento los numerosos pozos de bombeo que el Canal de Isabel II gestiona en la ribera (Venturada, Torremocha...), esta extracción masiva de aguas subterráneas, y la pérdida de humedad en los suelos, es una amenaza para la supervivencia de la vegetación, la productividad agrícola y la estabilidad de suelos y cauce.
La asamblea adoptó, entre otros acuerdos, dirigirse al fiscal de medio ambiente para defienda el patrimonio público, a la Comisión Europea para exigir el respeto a las Directivas Comunitarias, intensificar la aprobación de mociones en todos los pueblos ribereños[16], así como recoger firmas entre los vecinos y organizar una concentración en las oficinas del canal (calle Santa Engracia) durante el mes de julio. Así mismo, los reunidos se dirigirán por escrito al Presidente de la Comunidad de Madrid solicitando su intervención directa para modificar definitivamente los criterios con los que se gestiona el agua en la Región de Madrid.
Más información en: http://www.elsoto.org/jarama_vivo.htm o en los teléfonos 616179442 (Antonio Martínez), 913069900 (Raúl Urquiaga) o 916292649 (Juan Miguel Berzal).
Pedro Luis Lomas Huertas
Madrid (España), 16 de octubre de 2002.
Mucho se ha hablado tanto aquí como en otros foros acerca del trasvase del Ebro, que prevé el Plan Hidrológico Nacional, pero hay muy poco movimiento de declaraciones y comentarios sobre otras infraestructuras que van a generar impactos tan importantes como la anterior, y que también se encuentran dentro de las obras previstas en este nefasto plan. Aprovecho la reciente aprobación de las obras del trasvase Tajo-La Mancha para sacar a colación el tema (a propósito, ver el siguiente enlace de la página de información ambiental del MIMAM: http://www.mma.es/prensa/informacion/notas_pre/2002/10/abastecimientollanuraManchegaOK.pdf) de esta obra.
Probablemente de todos es conocido el grave problema de sobreexplotación que sufre el acuífero 23 o de la Mancha Occidental, así como la grave situación de conservación (contaminación, grave alteración de regímenes hídricos de la zona, etc.) de los ecosistemas acuáticos asociados a éste y otros acuíferos de la zona (conjunto conocido como la Mancha Húmeda, uno de cuyos exponentes más conocidos, pero quizá no el más importante, son las Tablas de Daimiel), y los problemas socioeconómicos que ha provocado y provocará esta situación en el futuro.
La Conducción de Aguas desde el Acueducto Tajo-Segura hacia la Llanura Manchega, no es ni más ni menos que un trasvase que discurrirá en paralelo al río Gigüela (uno de los afluentes por la margen derecha del río Guadiana), a través de una tubería, que en su primera fase (Acueducto Tajo-Segura/Ramal del Embalse de Gasset), será de más de 170 kilómetros, con una inversión de 148.413.385 euros. Posteriormente, en otras fases se pretende, conectar este ramal con uno nuevo entre las ciudades de Ciudad Real y Puertollano, con supuestos problemas de abastecimiento de aguas, y además establecer ramales secundarios con los embalses situados a lo largo de toda la provincia de Ciudad Real y algunos de Cuenca y Albacete. En total, una actuación que, en palabras del MIMAM, `beneficiará' (las comillas son mías, claro) a 58 municipios de las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real, y que supondrá una inversión prevista de alrededor de trescientos millones de euros (49.915.800.000 pesetas de las de antes, vamos).
Por otro lado, se están comenzando en Ciudad Real las obras del Complejo de Ocio y Turismo del Reino de Don Quijote, que bajo este cervantino nombre no esconde ni más ni menos que un parque temático con una urbanización de 3.000 viviendas ajardinadas, un club de golf con cuatro campos que tendrá doce lagos de estos que ponen para adornar la gracia, y un gran lago artificial, un casino de lujo, así como una playa artificial. Total, un consumo calculado por los promotores de aproximadamente siete hectómetros cúbicos anuales sin contar pérdidas (aunque hablan de reciclar algo del agua que se utilice para los campos de golf) por evaporación de los lagos (el lago mayor es grande) ni en las conducciones.
Una vez más la ceguera institucional
Una administración regional que declara el Complejo de Ocio y Turismo de Interés Regional, facilitando la implantación de una infraestructura que generará un importante consumo de agua que nadie le garantiza, y por otro lado la administración estatal, que refugiándose en los supuestos problemas de abastecimiento de agua de las ciudades de Ciudad Real y Puertollano, que en absoluto tienen falta de agua (para un consumo racional, se entiende; para el consumo de 3.000 viviendas ajardinadas y cuatro campos de golf en la Mancha desde luego que tienen toda la falta de agua del mundo), erige un monumento más al sinsentido y la sinrazón hidráulicas, que acabará por dar el puntillazo a los ecosistemas acuáticos de la Mancha Húmeda.
Las administraciones del Estado y de Castilla-La Mancha, vuelven a cometer otra torpeza y dejan, una vez más, sin solución real a los problemas de agua en esta zona de la Mancha Húmeda, obviando otra vez la insostenible situación de los regadíos manchegos, las extracciones y los pozos ilegales, los vertidos, etc. Para construir una aberración hidráulica más en la Mancha, ¡cómo si tuviésemos pocas!, que parece prácticamente la sustitución de facto de la red hidrográfica de la cuenca alta del Guadiana por una red de canales y presas, abandonando así a su suerte a los acuíferos, a las Tablas de Daimiel y, sobre todo al rico patrimonio de humedales y ríos con un fuerte patrón mediterráneo que posee la Mancha Húmeda. Desde luego nada que ver con la Directiva Marco de Aguas, nada que ver con las promesas de sostenibilidad que se hacían desde la Disposición Adicional Cuarta del Plan Hidrológico Nacional (donde se prevé la redacción, todavía sin realizarse, de un plan para la sostenibilidad de la Cuenca Alta del Guadiana), y mucho que ver con réditos electoralistas del presidente Bono, con el dinerito que se van a llevar las constructoras del erario público, con el desarrollismo del que últimamente hacen gala los promotores de proyectos en la provincia de Ciudad Real (aeropuertos internacionales sobre zonas ZEPA, parques temáticos, urbanizaciones ajardinadas, campos de golf en la Mancha, etc.).
Desde Ecologistas en Acción se han elevado sendas quejas referidas a los proyectos de Complejo de Ocio y Turismo y al del trasvase Tajo-La Mancha, ambas admitidas a trámite por la comisión, y en proceso de consultas al Estado español. Sin embargo, corren más que rumores acerca del comienzo de las obras para los dos proyectos. ¿A qué juegan nuestros gobernantes?
21 de enero de 2003[17]
El profesor de la Universidad de Granada, autor del libro El Plan Hidrológico Nacional desde el Sur, afirma que esta política hidráulica «ha generado considerables fortunas de origen inconfesable».
El actual Plan Hidrológico como exponente de la Política hidráulica tradicional está basado casi exclusivamente en la construcción de obras destinadas a abastecer las necesidades urbanas, pero, sobre todo, los nuevos regadíos, según afirma el profesor de la Universidad de Granada José Manuel Castillo López, quien acaba de publicar en la editorial Comares el libro El Plan hidrológico Nacional desde el Sur. Para el profesor de Economía Aplicada, adscrito igualmente al Instituto del Agua de la Universidad de Granada, en algunos casos, «estas obras han sido realizadas anticipándose a los requerimientos de los usuarios, es decir, induciendo y fomentando los mismos mediante la creación de expectativas. El resultado es que se han creado problemas en mayor cuantía e intensidad que los que confesadamente pretendían resolver, es decir, han sido la causa de nuevas deficiencias en los suministros y creciente degradación medioambiental de los recursos hídricos. Pero, eso sí, en este proceso se habrán generado considerables fortunas de origen inconfesable».
En las regiones del Sur, la Nueva Cultura del Agua exige, según afirma Castillo López, «el previo reconocimiento de que las mayores manifestaciones de la escasez del agua no se producen por condicionamientos climáticos, sino más bien por causa del modelo de desarrollo económico y social seguido, por la ineficiencia y el resultante desgobierno de las instituciones competentes y, finalmente, porque los conflictos evidenciados entre los diferentes usuarios han sido resueltos únicamente con argumentos de poder político y, en definitiva, económico».
«Desde el Sur -insiste el profesor de la Universidad de Granada- a causa de la desequilibrada e insostenible intervención del hombre, de los irracionales procesos de crecimiento económico seguidos señaladamente en los últimos tiempos, la escasez física del agua ha sido convertida en escasez social y económica limitante de su desarrollo». De ahí las llamadas a la solidaridad de las zonas húmedas con las secas para llevar a cabo la redistribución de un recurso imprescindible para la vida que, según Castillo López, «de articularse genéricamente mediante trasvases, lejos de solucionar definitivamente el problema lo perpetuarán y amplificarán su dimensión, puesto que, en realidad, han sido las prácticas que les sirven de justificación, las que a todas luces resultan irracionales, insostenibles e, incluso, paradójicamente, insolidarias».
Para el profesor Castillo, «los errores en las cuentas del agua que fundamentan el diagnóstico oficial de la situación no son inocentes, en tanto que éstos justifican las irracionales medidas de política hidráulica, desde la óptica del bienestar social colectivo, que, por el contrario, resultan beneficiosas a sus fautores. Por otro lado, estos últimos evitan tener que hacer frente a la probable contestación social que se derivaría del general conocimiento de las consecuencias sociales de la actual política hidráulica. En realidad, los únicos beneficiarios de la política hidráulica actual son los que forman lo que se denomina paradigma hidráulico, es decir, políticos corruptos, grandes constructoras y propietarios de la tierra».
Dpto. de Economía Aplicada. Tlfn.: 958 249996.
Instituto del Agua. Tlfn.: 958 243149.
Correo: jmcasti@ugr.es
19 de junio de 2004[18]
Pero cuando están despiertos, los del Banco Mundial están más preocupados en las transnacionales que van a comprar en las subastas de los servicios nacionales de agua, que en ayudar a cambiar el desbalance mundial en la distribución de este vital recurso e impulsar políticas públicas y participaciones del sector privado para llegar a los que no son atendidos.
A la velocidad actual de consumo se llegará al final de los próximos 20 años con más de 3 mil millones de seres humanos sin acceso al agua potable.
¿Qué hace y qué propone el Banco Mundial, que concentra un enorme capital para créditos y donaciones aportado globalmente, y que tiene un indiscutible poder de convencimiento sobre los gobiernos que saben que cualquier pelea con ellos equivale a chocar con la banca y las inversiones internacionales, ante este escenario de desastre que se anuncia en el horizonte?
El Banco Mundial, ha defendido permanentemente la tesis de que la forma de aumentar la disponibilidad de agua, es tratándola como un producto más del suelo y del subsuelo, que como el cobre, el oro y el petróleo, debe ser explorado y desarrollado por capitales privados que tengan el aliciente de la ganancia para animarse a invertir.
El Banco Mundial además dice que en el largo plazo funcionará un mercado mundial del agua, tal y cual hay con el petróleo. Así que el precio real será, todo lo anterior, pero bajo condiciones de competencia en la demanda: mucho mayor consumo en el norte con poder adquisitivo mucho más alto que en el sur ¿cuál puede ser el resultado?
Por todo ello, además, no hay como tomar en serio la fórmula que usan los gobiernos de países como el nuestro para justificar la privatización y el sometimiento al Banco Mundial: como no hay dinero en la caja fiscal que prioriza el pago de la deuda externa y la compra de armamento a los países del norte, la opción que queda es privatizar. Si hay un millón de personas sin agua en Lima y más del doble en el resto del país, sólo cabe pedirle al capital privado que ponga la plata y santa solución.
existen procesos de privatización de los servicios de agua potable en países desarrollados (Inglaterra) y subdesarrollados, desde la segunda mitad de los años 80.
desde 1994, el tema del mercado de los servicios en todo el hemisferio americano y de la apertura de las grandes fuentes de agua: Canadá, Amazonía, Patagonia, ha estado siendo tratado en el marco de las negociaciones del ALCA.
en 1995 se suscribió el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), como parte de los compromisos impulsados por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece un proceso de liberalización, desregulación y privatización de los servicios básicos, apuntando a la creación de mercados globales del agua, la energía, las telecomunicaciones, la salud, la educación, entre otros.
los acuerdos sobre servicios son especialmente peliagudos para la negociación internacional, lo que significa que cuando sus principales promotores que son los países desarrollados se encuentran en dificultades para lograr decisiones finales en escenarios de muchos países, se corren a un acuerdo de ámbito más restringido: de la OMC al ALCA, por ejemplo, y si allí tampoco les es fácil, pasan a los TLC bilaterales.
Que cada uno dé su respuesta.
«nuestro sueño es un mundo donde el futuro y la sed de los pobres no dependa de la sed de ganancia de los más ricos»
«nuestro sueño es un mundo sin Banco Mundial»
Revista de prensa AFEMA
El mal uso del agua, la ausencia de leyes para distribuirla y el interés de las multinacionales por comercializarla son algunas de las alertas señaladas en el diálogo `Agua, ¿fuente de conflicto?', celebrado en el Fórum de Barcelona.
«Mientras millones de personas mueren de sed en el mundo, en España gastamos 280 litros por persona y día y, en Estados Unidos, casi 4.000». Con estas cifras, Ricardo Petrella, presidente de la Universidad del Medio Ambiente (UMA), ejemplificó el uso poco inteligente y la desastrosa distribución del agua en el mundo. Petrella, junto al profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona Ferran Izquierdo, desmintió que una futura guerra del agua fuera inevitable y destacó la necesidad de considerar este recurso natural como un bien común de la humanidad para evitar posibles conflictos.
Para Petrella, es «desalentador» que mientras el agua es «oro azul» para pueblos originarios, los países industrializados la hayan desacralizado y hagan un uso «destructivo» e «injusto» de este recurso imprescindible. Según el presidente de la UMA, Europa consume el 70% del agua del mundo y desaprovecha casi la mitad por sistemas «estúpidos» de irrigación, el pésimo estado de las canalizaciones o los malos hábitos de la población. Según Petrella, la técnica de irrigación, utilizada ampliamente en la agricultura, supone que el 40% del agua se evapore antes de llegar al suelo. Pese a ello, el 80% de los agricultores españoles utilizan este sistema para regar sus cultivos.
Además critica que los países desarrollados no solucionen el deterioro de las canalizaciones y estima que, debido a su mal estado, de un 30 a un 35% del agua transportada se pierde por evaporación.
Agua: un lujo para los ricos
Además del mal uso que los países ricos hacen de un recurso indispensable para la humanidad, Petrella mostró su preocupación porque un elemento que es «la esencia de la vida» se haya convertido en un «producto de merchandising». Para el profesor italiano, las grandes compañías han visto en el agua potable un mercado en expansión y se han lanzado a su comercialización. Todo ello, afirma, se refleja en los anuncios de televisión donde «se intenta convencer a la sociedad de que el agua embotellada es símbolo de salud y calidad de vida, un camino para llegar a la felicidad».
Por su parte, Izquierdo alertó que la privatización del agua se hace «en contra de los pobres, que no la pueden pagar». Este hecho, según el profesor de la UAB, hace aún más vulnerables a los sectores de población con pocos recursos.
¿Guerra del agua inevitable?
Por último, ambos conferenciantes desmintieron la tesis que augura una inevitable guerra del agua en las próximas décadas. Para Izquierdo «sólo hay guerras por el agua cuando ésta se convierte en un elemento indispensable para la construcción de un proyecto político». Es el caso de Palestina, donde Israel ha invadido las Cuencas del río Jordán como un paso adelante en su proyecto colonialista.
Por su parte, Petrella señaló a la humanidad como culpable de la escasez de agua. «Hay agua suficiente para todos, pero sólo si el mundo cambia su forma de utilizarla y deja de malgastarla», sentencia. El problema radica, según el presidente de la UMA, en que los estados creen que el agua de su territorio les pertenece y la utilizan egoístamente sin tener en cuenta que los ríos «van más allá de su fronteras» y sus actuaciones afectan a otros países.
Por este motivo, ambos destacaron la necesidad de dar al agua la consideración de bien común de la humanidad y construir un marco global de distribución para evitar conflictos.
Murcia (España), 19 de julio de 2004
UGT y CC OO consuman la ruptura con una consigna que le da la vuelta a la que ya existía.
Envían 500 cartas sobre su plataforma y defienden que se necesita un trasvase, pero no del Ebro.
El debate del agua se adornó ayer del halo literario de Los tres mosqueteros: Agua para todos y Todos por el agua. Los secretarios regionales de UGT y CC OO cerraron este círculo de reminiscencias novelescas con la presentación de su plataforma Todos por el agua; aunque a diferencia de la hermandad de los espadachines, ayer se consumó la desunión entre los colectivos murcianos sobre el problema del agua.
Los secretarios regionales de UGT y CCOO, Antonio López Baños y José Luis Romero, respectivamente, propugnan el consenso social como solución y reclaman al Gobierno regional y al PP que acaben con la crispación. López Baños explicó que ayer enviaron 500 cartas para sumar adhesiones de otros colectivos a su plataforma, que considera «no excluyente». Negó, a preguntas de La Verdad, que la plataforma sindical haya sido lanza para generar confusión; habida cuenta del baile de palabras que existe entre el nuevo mensaje y el que ya existía, el de Agua para todos de la plataforma que ya existía, y que concita el respaldo del Gobiero regional y el PP, los empresarios, regantes y otros colectivos profesionales. «En la mayor estamos todos de acuerdo, como es que la Región reciba el agua que necesita, pero creemos que seguir reivindicando el trasvase del Ebro ya no conduce a nada. Necesitamos un trasvase, y la ministra debe decir cómo y de dónde, ya que las desaladoras no son la solución definitiva», informa Efe.
UGT y CCOO estiman que el presidente Ramón Luis Valcárcel debería ser la persona que encabezase esta nueva plataforma. Romero afirmó que Murcia «corre el peligro de quedar aislada como la aldea gala de Asterix, pero sin la pócima mágica», al tiempo que acusó a la plataforma Agua para todos de satanizar a quienes no piensan como ellos.
Junto con la plataforma, presentaron un documento que incluye diez puntos para solucionar el problema del agua de la cuenca del Segura, entre los que se incluyen la petición a PP y PSOE para que dejen a un lado la pugna política. Los dirigentes sindicales anunciaron que el próximo lunes entregarán en Madrid dicho documento a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. CC OO y UGT presentarán su nueva plataforma a la opinión pública en septiembre.
Comunidad Valenciana (España), 23 de julio de 2004
El 10º congreso pretende lanzar el PSPV como alternativa de gobierno
«Nunca hemos renunciado al agua del Ebro y no lo hacemos ahora», asegura Joan Ignasi Pla, tras rechazar la actitud del PP en relación con el trasvase, en una entrevista previa al inicio del 10º congreso del PSPV, que comienza hoy en Castellón. El secretario general del PSPV pretende contar con una nueva ejecutiva «consistente, con capacidad de construir un proyecto alternativo al PP». Pla está convencido de que ahora es el momento de mostrarse como alternativa de gobierno. El PSPV, tercera federación del PSOE en número de afiliados -alrededor de 23.000- abre hoy en la UJI su 10ª Congreso nacional en un ambiente de «normalidad» que ha llevado a alguno de los delegados socialistas a congratularse por el sigilo con el que el partido ha llegado a las puertas del cónclave nacional. Su secretario general, Joan Ignasi Pla, comparece hoy ante los compromisarios para presentar el informe de gestión previo a la presentación de su candidatura a la reelección. En su discurso, algunas ideas aparecen «alto y claro», como la posición del PSPV respecto al trasvase del Ebro. «Nosotros nunca hemos renunciado al agua del Ebro y no lo hacemos ahora. Hemos renunciado a un trasvase irracional e insostenible como el que planteaba el PP», dice Pla, que añade: «Tenemos tiempo suficiente para plantear actuaciones que traigan agua del Ebro hasta aquí».
Comunidad Valenciana (España), 25 de julio de 2004[19]
Los delegados socialistas consideraron suficientes las medidas contempladas por el Gobierno para abastecer de agua a la Comunidad Valenciana y no asumieron en sus documentos la necesidad de un mini trasvase del Ebro por el canal Xerta-Càlig, ni acordaron oponerse de forma oficial a la paralización del Tajo-Segura; pero fueron contundentes en sus declaraciones: si hace falta agua la reclamarán donde haga falta, incluida Cataluña.
La depuración de aguas residuales, la reutilización, la modernización de regadíos, el mantenimiento de ecosistemas acuáticos, la repoblación hidroforestal y la prevención de inundaciones son las actuaciones a las que el PSPV dará prioridad si logra el Gobierno de la Generalitat en 2007, tal como ha quedado recogido en su ponencia marco, aprobada ayer en el congreso de los socialistas valencianos. Hasta entonces, el PSPV considera «suficientes» las medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no se limitan, tal como quisieron destacar, a las medidas urgentes anunciadas por la ministra Cristina Narbona. Según destacó uno de los ponentes, Francesc Signes, existen otras medidas complementarias incluidas en un documento que está elaborando la Confederación Hidrográfica del Júcar. «Después de todas estas medidas habrá que definir si es necesario el trasvase», dijo Signes. La ponencia no incluye la posibilidad de un futuro trasvase pero Signes sí explicó la no renuncia al agua del Ebro ante los delegados socialistas. A partir de las actuaciones estatales y con las medidas que el PSPV quiere llevar a cabo si accede al Gobierno valenciano, los socialistas han garantizado que la Comunidad Valenciana obtendrá más agua que la que planteaba el Plan Hidrológico Nacional. «Hemos de sacar adelante iniciativas que hasta ahora han estado olvidadas y que nos restan credibilidad a la hora de reclamar agua», sostuvo Signes. En cualquier caso, precisó que «la Comunidad Valenciana no va a consentir que desde ninguna otra autonomía, gobierne quien gobierne, se intente paralizar el trasvase Tajo-Segura» y añadió que el mini trasvase del Ebro se realizará, en el caso de que sea necesario, a través del canal Xerta-Càlig, una canalización ejecutada pero en desuso.
La unidad en el décimo congreso del PSPV, que se celebra en Castellón, quedó reflejada ayer en el debate de las comisiones Análisis Político, Proyecto de País y Modelo de Partido, que asumieron la práctica totalidad de las enmiendas. Los textos sobre los que trabajaron los delegados para la elaboración de la ponencia marco pasaron íntegros al plenario sin que nadie presentara enmienda alguna. Las aprobadas, lo fueron por unanimidad en el seno de cada uno de los grupos de trabajo. Así, se incluyó una enmienda en la que se refleja la «pérdida de consistencia» de las diputaciones provinciales y la decisión del PSPV de «plantearse la posibilidad de su supresión y traspasar sus funciones a administraciones de ámbito comarcal y local». Además, el documento deja la puerta abierta a una reestructuración orgánica del partido, al margen de las provincias y por encima de las comarcas al impulsar «mecanismos que mejoren nuestra coordinación territorial en aquellos aspectos relacionados con el procedimiento electoral o la acción de instituciones como las diputaciones».
Ninguna de las tres partes de la ponencia obtuvo votos en contra y, así, el texto aprobado en el congreso asume desde el análisis de lo que ha sido el PSOE y el PSPV hasta el modelo que aplicarán en su camino hacia la presidencia de la Generalitat Valenciana y las bases sobre las que se sustentará el posible gobierno socialista.
Zaragoza (España), 29 de julio de 2004
El Coordinador General de IU-Aragón, Adolfo Barrena, saluda con esperanza y confianza en el futuro el principio de acuerdo al que se ha llegado en la ponencia de la Comisión del Agua que trabaja sobre las obras conflictivas del Pacto del Agua.
Barrena, aunque no conoce los términos exactos del acuerdo, valora positivamente el nuevo escenario que, tras muchos años de debate y de posiciones inamovibles, apunta hacia un nuevo acuerdo que permitirá desbloquear un proyecto tan importante para Aragón como es Yesa actualizado con los condicionantes sobre los que hay acuerdo mayoritario: un recrecimiento a una cota que atiende las demandas y necesidades presentes y futuras, que no inunde ningún núcleo habitado, que respete los caudales ambientales y que tenga planes de restitución solventes.
Por todo ello, porque el mero hecho de haber alcanzado un principio de acuerdo es importante, IU felicita a los miembros que han participado en los trabajos y espera a conocer exactamente el dictamen para hacer una valoración definitiva.
Murcia (España), 30 de julio de 2004[20]
Representantes de diversos colectivos de Murcia, Alicante y Almería reivindicaron ayer agua para la región en una concentración convocada por la plataforma del agua de Murcia.
Recién derogado el trasvase del Ebro, 15.000 personas llenaron anoche la plaza Cardenal Belluga de Murcia y sus aledaños bajo el lema Agua para todos.
El acto, al que acudieron ciudadanos de todos los municipios de la comunidad y de las provincias vecinas de Alicante y Almería, quiso dar voz a los ciudadanos -cuatro de ellos se erigieron en portavoces- por encima de los políticos.
Un manifiesto, escuchado por manifestantes que portaban velas encendidas, hizo hincapié en la importancia de mantener la unidad en la demanda del agua para, a renglón seguido, rechazar la desalinización como solución a las carencias. Los empresarios de todos los municipios de la zona hicieron un llamamiento para que se paralizaran durante la noche todas las actividades comerciales y así incrementar el número de personas que acudieran a la protesta.
El Consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, presentó ayer mismo un recurso contra la derogación del trasvase del Ebro ante el Tribunal Constitucional (TC). Se trata de un recurso contra el real decreto que modifica la ley del plan hidrológico nacional y establece medidas alternativas a la construcción del acueducto del Ebro.
[1]: El País, Edición del País Vasco, p. 3.
[2]: El País.
[3]: El País.
[4]: Heraldo de Aragón.
[5]: La Vanguardia.
[6]: Heraldo de Aragón.
[7]: Heraldo de Aragón.
[8]: Diario del Alto Aragón.
[9]: El País.
[10]: Catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona
[11]: La Verdad.
[12]: La Verdad.
[13]: EL PAÍS
[14]: PPE: Partido Popular Europeo
[15]: EL PAÍS
[16]: Hasta la fecha se han aprobado mociones de apoyo a esta campaña en los Ayuntamientos de Velilla de San Antonio, Arganda del Rey, Algete, San Fernando de Henares, Valverde del Arroyo (Guadalajara), Humanes (Guadalajara), San Martín de la Vega, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama y Diputación de Guadalajara. En este momento está confirmada su inminente presentación, entre otros, en los siguientes municipios: Rivas Vaciamadrid, Uceda (Guadalajara), Patones de Abajo.
[17]: C@mpus Digital-UGR: http://prensa.ugr.es/prensa/campus/prensa.php?nota=515
[18]: ALAI, América Latina en Movimiento
[19]: EL PAÍS
[20]: El Periódico

References: resolución 
 artículo 53
 artículo 16
 Real Decreto 
 resolución 
 real decreto