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Timestamp: 2020-08-06 13:00:03+00:00

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Codigo de Convivencia - Jurisprudencia
Jurisprudencia sobre el delito/contravención de juego clandestino. tsj
El Código Penal en su art. 301 Bis penaliza a quien explote, administre u organice juegos de azar sin autorización. A su vez, la ley 6393 penaliza a los que organizan pero también a los que participan de cualquier forma en juegos de azar no autorizados. El Fallo del Tribunal Superior de Justicia fija la competencia para determinar si quien debe intervenir en esos casos es un fiscal (como quien dirige la Investigación Penal Preparatoria por entender que todo debe investigarse y juzgarse como si fuera un delito), un juez de paz o ayudante fiscal (como autoridad de juzgamiento del Código de Convivencia Ciudadana) o si debe dividirse la competencia y deberá investigar el Fiscal para los organizadores y los jueces de paz o ayudantes fiscales para los jugadores.
El Fallo resuelve la cuestión de competencia que se suscita, siendo el Tribunal Superior de Justicia el superior común que debe intervenir para zanjar el conflicto de competencia negativa suscitado.
"No se puede exigir víctimas heroicas" afirman los jueces en un caso de abuso
Formularon un serio reproche a la defensa por su falta de perspectiva de género. El fallo es por un hecho que ocurrió cerca de Zapala.
Competencia para entender en la contravención de faenamiento clandestino
Juzgado de Control y Faltas de Río Tercero
Condenaron a funcionario judicial por Upskirting
El Juzgado de Control N°4 de la Ciudad de Córdoba condenó al funcionario judicial acusado de filmar y fotografiar por debajo de las polleras a varias mujeres (práctica conocida como upskirting) a la pena principal de cinco días de trabajo comunitario y a la pena accesoria de cuatro meses de tratamiento tratamiento terapéutico interdisciplinario a título de instrucción especial. Se lo encontró culpable de la contravención de Actos contra la decencia pública (Art. 52 del Código de Convivencia Ciudadana) calificada por su condición de funcionario público.
Algunos puntos que dejó la Sentencia por el caso de Upskirting en Córdoba juzgado como una contravención
1) No es inconstitucional la audiencia contravencional ante el juez de Faltas (art. 145 del CCC) por carecer de representante del ministerio público fiscal que sostenga la acusación. No se afecta el debido proceso pues por un lado el ministerio público fiscal interviene con la investigación y acusación que hace el ayudante fiscal y por el otro, se trata de un procedimiento de características arbitrales.
2) Citando doctrina establece que el orden de prelación de las penas es trabajo comunitario en primer lugar, la multa como segundo términos y el arresto solo como última alternativa.
3) No es inconstitucional el art. 52 del CCC de Actos contra la decencia pública, pues si bien no está perfectamente delimitado lo que se sanciona, existe “una suerte de consenso social que delimita y circunscribe aquello que debe entenderse como decencia pública”
4) Declara la nulidad absoluta de un informe desarrollado por la policía en la que se desbloquea el teléfono celular del imputado y la observación de los videos y fotografías de las partes íntimas de mujeres. Ello por haberse vulnerado el principio de intimidad y privacidad sin haber solicitado la orden judicial correspondiente.
5) Sobre el Upskirting y la tipicidad contravencional: es la práctica de hacer fotografías o videos no autorizados debajo de la falda de una mujer, capturando una imagen de su zona de la entrepierna, ropa interior y a veces genitales. Dice el fallo: “la práctica conocida como UPSKIRTING representa una repudiable invasión a la intimidad, que degrada y denigra a las víctimas. Por ello, recientemente países del Reino Unido como Inglaterra y Gales, legislaron de manera autónoma la conducta, elevándola a la categoría de delito contra laintegridad sexual, estableciendo penas de prisión para los responsables. También es igualmente cierto que los ordenamientos penales y contravencionales locales, no han receptado normativamente de modo independiente y específico la conducta, de lo cual no necesariamente deviene su atipicidad.”
6) El fallo, citando normas internacional (Cedaw y Convención Belem do Pará), juzga con perspectiva de género estableciendo que la práctica del upskirting se inscribe como una práctica de violencia contra la mujer pues fueron cosificadas e invadidas felonamente en su intimidad
7) Entiende que por ser el imputado un funcionario público que realizó la práctica de upskinrting en horario laboral, la contravención queda agravada por ser realizada por un funcionario público.
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Fallo: NUlidad de las razzias policiales
Catamarca 2014. Juez Rodrigo Morabito
Inconstitucionalidad de detenciones por averiguación de medios de vida
Catamarca 2015. Juez Rodrigo Morabito
habeas corpus preventivo contra la policía
No es ilegal no portar el dni
Habeas Corpus por los adolescentes detenidos por no portar el DNI
irregularidades en procedimientos policiales y detenciones arbitrarias
Habeas Corpus. Catamarca. Juez Rodrigo Morabito
Caso Baena Contra el Estado de Panamá
02 de de Febrero de 2001. Corte IDH
(…) [C]onviene analizar si el artículo 9 de la Convención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de serlo, evidentemente, a la penal. Los términos utilizados en dicho precepto parecen referirse exclusivamente a esta última. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.
Caso Torres Millacura contra el Estado argentino
26 de Agosto de 2011. Corte IDH
La privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria
Al respecto, el Tribunal considera pertinente recordar que el artículo 7 de la Convención Americana protege contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. En tal sentido, para los efectos del artículo 7 de la Convención, una “demora”, así sea con meros fines de identificación de la persona, constituye una privación a la libertad física de la persona y, por lo tanto, toda limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta sea compatible con la Convención.
Caso Gangaram Panday Vs. Surinam
21 de Enero de 1994. Corte IDH
Esta disposición [artículo 7 de la Convención ADH] contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.
Caso Walter Bulacio contra el Estado argentino
18 de Septiembre de 2003. Corte IDH
“[U]n individuo que ha sido privado de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez, pues el contenido esencial [de este] artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra la interferencia del Estado”
Por otra parte, el detenido tiene también el derecho a notificar a una tercera persona que está bajo custodia del Estado. Esta notificación se hará, por ejemplo, a un familiar, a un abogado y/o a su cónsul, según corresponda. El derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial importancia cuando se trate de detenciones de menores de edad. En esta hipótesis la autoridad que practica la detención y la que se halla a cargo del lugar en el que se encuentra el menor, debe inmediatamente notificar a los familiares, o en su defecto, a sus representantes para que el menor pueda recibir oportunamente la asistencia de la persona notificada
N., J. G. s/ infr. art. 15, inc. 4°, LCP s/ incidente de inconstitucionalidad.
5 de Octubre de 2010. CSJN
Si al momento de su declaración en sede policial, el detenido manifestó su voluntad de declarar sin defensor y confesó la comisión de la contravención imputada, la validez de dicha renuncia al asesoramiento letrado, producida como detenido en una comisaría, no puede ser admitida en forma irrestricta, más aún cuando dicha manifestación de voluntad proviene de un menor de edad a la fecha de su detención que presumiblemente no conoce sus derechos, o bien, no está en condiciones de reclamar por ellos, situación en la cual el deber de asegurar el efectivo ejercicio de los derechos recae sobre la propia autoridad.
Resolución del Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y de Faltas de Jesús Maria
No procede el decomiso de una yegua en virtud del vínculo afectivo que la une con su amo.
La premisa para la aplicación de una pena accesoria es, necesariamente, la existencia de una pena principal.
Fallo Puebla Coco. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
Sentencia N° 86. 16 de Marzo de 2016
(...) resulta necesario destacar que esta Sala ha establecido que la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, tiene su base en el art. 18 de la Constitución Nacional toda vez que, en forma implícita y explícita establece que "nadie puede ser condenado sin ser oído". Este derecho a ser oído por un Tribunal competente, independiente e imparcial, en la sustanciación de cualquier acusación penal, como la que involucra una contravención, tiene reconocimiento expreso a través de los Pactos y Tratados Internacionales incorporados por la misma Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22.
“HABEAS CORPUS presentado por el Dr. Hugo Omar SALEME a favor de los vecinos de los Barrios Arguello, Autódromo, Sol Naciente y Otros”
Juzgado de Control Nro. 2 de la Ciudad de Córdoba. 20 de Mayo de 2015
Que aún ante la constatación de una infracción de naturaleza contravencional no siempre resulta indispensable la privación de la libertad, pues ésta ha de tener el carácter de excepcional. Que no constituye “merodeo” el sólo hecho de estar merodeando en un lugar, (…) tener una actitud sospechosa (…), deambular en la vía pública (no estar bien vestido, mirar los comercios de forma sospechosa, caminar entre los autos o desviar la mirada cuando la policía llama) y que no hay norma alguna que obligue a los habitantes de esta provincia a tener siempre consigo el documento de identidad. Que la “negativa a identificarse” supone una negación activa a brindar información, puesto que hoy, con los medios técnicos y de comunicación con los que dispone la policía de la provincia, no resulta difícil constatar –de resultar necesario- confirmar la información que una persona brinda, sin necesidad alguna de proceder a su detención y determinar si alguien tiene pedido de captura u orden de detención es una actividad hoy inmediata gracias a los registros y la tecnología con la que la policía cuenta. No creo necesario insistir en lo absurdo que resulta –pero los casos pertenecen a nuestra experiencia- la detención de una persona por “merodear sospechosamente” en la misma cuadra de su domicilio o la falta de documentación personal –considerada como negativa a identificarse- de un grupo de personas que disputa un partido de futbol en una cancha de su barrio
Juzgado de COntrol Nro. 6 de la Cuidad de Córdoba. 30 de Junio de 2017
La decisión se adoptó en un habeas corpus colectivo presentado por vecinos de algunos barrios de Córdoba. El juez enfatizó que la privación de la libertad solo procede con carácter excepcional.
El juez de Control y Faltas n.° 7, Esteban Díaz, declaró “arbitrarios” los procedimientos policiales realizados los días 22 y 23 de mayo de 2015 y exhortó al Jefe de Policía de Córdoba para que haga conocer a todo el personal policial que “una vez producida la detención preventiva de un ciudadano (en las circunstancias que se autoriza) debe ser puesto a disposición inmediata de la autoridad pertinente (Ayudante Fiscal o Juez de Paz)” y que “la privación de la libertad solo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria”.
En la resolución, el juez Díaz consideró que los 128 procedimientos policiales realizados fueron “arbitrarios”, según los indicios que surgen de los informes recibidos.
“Juzgado de Faltas de Barranqueras”
Principio de Insignificancia contravencional. Principio de oportunidad. Disponibilidad de la acción. Bagatela. Última Ratio del poder punitivo. Afectación al bien jurídico protegido.
Resolución Ayudante Fiscal art. 136 del CCC
Remisión al ámbito jurisdiccional por presunción de pena de arresto (Art. 136 del CCC). Infracción al artículo art. 9 inc. c y 12 de la Ley 6396 “Cooperación y explotación de Juegos de Azar prohibidos”. Gravedad del tipo contravencional valorado en abstracto. Competencia de jueces de paz y Ayudantes Fiscales y competencia del Juez de Faltas.
Portar DNI es una “elección personal y no una exigencia legal”.
Juzgado de Menores de 1ra Nominación. San Fernando del Valle de Catamarca. 02 de Diciembre de 2016.
“La demora de una persona con meros fines identificatorios, constituye una privación de libertad, la cual se torna absolutamente en ilegal, inconstitucional e inconvencional cuando se le exige a un ciudadano -sea este mayor o menor de edad- un comportamiento que no tiene soporte legal alguno.”
Condenan a un día de arresto a un contraventor y le dan por cumplida la pena por el tiempo de aprehensión sufrido.
Juzgado de Faltas de Córdoba. 10 de Mayo de 2016.
Negativa a identificarse (Art. 88 del CCC). Exigencia de Testigos Civiles (ajenos a la repartición policial). Conmutación de la detención preventiva por pena.
“No es necesario fichar al contraventor que tiene documento”
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°14 de la Ciudad de Buenos Aires
“Se declaró la nulidad de la orden fiscal de extraer triple juego de fichas dactiloscópicas a un hombre y de requerir si registraba antecedentes penales por "resultar violatoria del régimen legal contravencional".
“No se puede utilizar para ningún fin contravencional un antecedente penal (...) Asimismo a las personas que se han esforzado por llevar adelante una vida apegada a las leyes, sin duda alguna no les resultaría indiferente que un buen día les abran, por un motivo fútil, un “prontuario penal”. En efecto, existe en mi modo de ver un interés jurídicamente tutelable a no ser innecesariamente “prontuariado”
Inconstitucionalidad de la contravención “Actos contra la Decencia Pública” (Topples en la playa)
Juzgado Correccional de Necochea. Provincia de Buenos Aires. 31 de Enero de 2017.
Sin embargo, esta disposición legal [Actos contra la decencia pública] es notoriamente inconstitucional. La contradicción constitucional reside en la imprecisión y vaguedad de los términos empleados por la ley (obscenidad y decencia pública), que imposibilita a las personas conocer los límites de lo punible y lo impune (artículos 18 y 19 C.N.).
En este sentido encuentro oportuno invitar a la Legislatura bonaerense a la realización de un amplio y generoso debate en torno a las normas contravencionales con el propósito de arribar a un nuevo texto, actualizado a las exigencias de la vida moderna.
Además, que en el contexto de la cuestión suscitada, donde se disputan derechos aparentemente en pugna, debe garantizarse la libertad de expresión y el debate de las ideas dentro del marco de la convivencia y el Estado de Derecho, por lo que se aprecia correcto que las fuerzas de seguridad se limiten a asegurar el ejercicio de esos derechos y, llegado el caso, mediar entre los ciudadanos con opiniones diferentes para evitar innecesarias confrontaciones y hechos de violencia, prescindiendo el empleo de medios coercitivos”
Condenaron a una contraventora por expresiones discriminatorias a realizar un curso de Derechos Humanos.
Resolución Nro. 24. Unidad Contravencional de Villa Dolores
La Ayudante Fiscal de Villa Dolores, Eugenia Ferreyra, llevó adelante una audiencia por el nuevo Código de Convivencia Ciudadana y resolvió condenar a una mujer por expresiones discriminatorias (Art. 63 del CCC) e imponerle una pena de multa en ejecución condicional. Como pena accesoria, se condenó a la contraventora a una Instrucciones Especiales del art. 43 y 44 del CCC consistente en la realización de un curso de Derechos Humanos, atento a la infracción cometida.
La resolución se inscribe en el nuevo paradigma de gestión de la conflictividad que prioriza las soluciones pacíficas y alternativas al uso del poder punitivo del Estado.
Conversión del Trabajo Comunitario en multa y la multa en arresto
Unidad Contravencional de Villa Dolores.
El Ayudante Fiscal de Villa Dolores, Sergio Ponce, a través de una resolución fundada, transformó la pena de multa incumplida en arresto, y atento a lo dispuesto en el art. 136, resolvió la elevación al juez de control por carecer el ayudante fiscal de potestad para imponer la pena de arresto en virtud de las garantías constitucionales implicadas.
Expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Competencia del Juzgado de Control
18 de Septiembre de 2017. Resolución del Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas de Marcos Juárez.
Competencia originaria del Juzgado de Control por pronóstico de pena (Art. 136 del CCC). Infracción a los arts. 55 y 83 del CCC. Confesión del imputado. Solicitud de disminución de pena por confesión. Reconocimiento del hecho. Pena de ejecución condicional.
REVENTA DE ENTRADAS DE ESPECTÁCULO PÚBLICO MASIVO. MULTA. PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la CABA. 06 de Diciembre de 2017.-
Corresponde condenar a un revendedor de entradas a pagar una multa de 4 mil pesos, debiendo además abstenerse de concurrir a la zona del Estadio de futbol los días que se lleven a cabo partidos, toda vez que el hecho se encuadra como constitutivo de la contravención descripta en el art. 93 del Código Contravencional, no existiendo ninguna circunstancia que señale que el encartado obró en desconocimiento de los elementos que componen el tipo objetivo, advirtiéndose la voluntad de realizarlo que se le imputa en virtud del reconocimiento efectuado respecto de los hechos y su participación, circunstancia que sumada a los elementos de prueba incorporados no hacen más que acreditar el grado de certeza requerido para arribar a una sentencia condenatoria y determinar su responsabilidad en la comisión de la infracción.

References: artículo 9
 artículo 7
 artículo 7
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Resolución 

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