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Timestamp: 2020-04-08 05:18:51+00:00

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El TEAC unifica el criterio de deducción de retenciones
El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT interpone recurso de alzada para unificación de criterio contra la resolución del TEAR de Aragón ante el TEAC. El TEAR sostiene que, si la empresa pagadora ha ingresado en la Hacienda Pública el importe de las retenciones correspondientes a las nóminas impagadas, debe admitirse la deducción de las retenciones correspondientes.
El Director recurrente entiende que la deducibilidad de las retenciones depende del abono de las rentas, es decir, no podrán deducirse las retenciones que no debieron realizarse por no haber nacido la obligación de retener, que surge con el pago de las rentas.
Finalmente, el Tribunal en unificación del criterio acuerda que, en aquellos casos en los que las rentas del trabajo no fueron satisfechas por el empleador en el ejercicio que resulten exigibles, no puede el trabajador en este ejercicio deducirse las retenciones correspondientes, aunque el importe de dichas retenciones hubiera sido ingresado en la Hacienda Pública por el empleador.
Considera del mismo modo que, no existe enriquecimiento injusto por parte de la Administración puesto que dicho ingreso constituyó un ingreso indebido de manera que la entidad podrá solicitar su devolución, dado que no existiendo la obligación de practicar la retención no puede el importe de dichas retenciones ser tenido como un pago a cuenta del IRPF del perceptor.
Regularización de la situación tributaria por devolución de importes satisfechos de un préstamo
El consultante adquirió una vivienda financiada con un préstamo y destinada al alquiler.
Se pregunta cómo sería la regularización de la situación tributaria respecto de los intereses del préstamo objeto de devolución y que se han venido deduciendo como gasto para determinar el RCI.
Tributos responde que la regularización de la devolución de los intereses pagados procede a través de dos mecanismos diferentes, uno para deducciones por inversión en vivienda habitual y otro para los intereses devueltos que se hubieran considerado como deducibles.
La aplicación de la regularización al supuesto consultado obliga al contribuyente a practicar autoliquidaciones complementarias correspondientes a los ejercicios en los que se aplicó esos “gastos deducibles” sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.
La calificación en la LAU no importa a efectos de la reducción del 60%
El contribuyente tenía dos viviendas que había arrendado (cada una de ellas) por dos periodos consecutivos inferiores a un año; por lo que, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los contratos se debían calificar como contratos de arrendamiento “para uso distinto del de vivienda”. Por este motivo, la inspección entendió́ que no daban derecho a la reducción del 60% sobre los rendimientos del capital inmobiliario.
Sin embargo, el TEAR de Cataluña interpreta que habrá́ que atender al destino real y probado de los inmuebles. En este caso, los inmuebles habían sido arrendados de forma consecutiva a los mismos arrendatarios, aunque mediante contratos de duración de 11 meses por lo que los inmuebles constituyen su vivienda habitual.
Acumulación de reclamaciones económico-administrativas en caso de tributos diferentes
El TEAC aclara que, a pesar de que la vigente LGT reconoce la posibilidad de acumular motivadamente reclamaciones que se refieran diferentes tributos cuando “exista conexión” entre los expedientes, en ningún caso esto puede suponer una alteración de la competencia para resolver en vía económico-administrativa.
Así, la acumulación referida a distintos tributos que altera dicha competencia carece de habilitación legal y, en consecuencia, no se ajusta a Derecho.
En esos casos, procede la retroacción de las actuaciones al momento anterior a dictar la resolución, para que el TEAR desacumule las reclamaciones y acumule sólo las que se refieran al mismo tributo, junto con sus sanciones respectivas, dictando diferentes resoluciones y dando el pie de recurso que resulte procedente en cada una de ellas atendiendo a que la reclamación se dicte en única o primera instancia en función de la cuantía mayor de las reclamaciones acumuladas correspondientes a cada tributo.
La publicación de anuncio en el BOE no interrumpe la prescripción
El TSJ de Castilla La Mancha ha resuelto que la mera existencia de un anuncio en el BOE, carece por sí solo de eficacia interruptiva de la prescripción, pues se desconoce la resolución a que dicho anuncio se refiere. En el expediente ni consta tal resolución ni que la misma se hubiese tratado de notificar.
No aplicación de la reserva de nivelación a una entidad de reducida dimensión
Una sociedad de reducida dimensión y de nueva creación se está aplicando el tipo reducido del 15% en el IS, por haber generado su primera base imponible en el periodo impositivo anterior, y se preguntaba si podía aplicar la reserva de nivelación que le permitiera reducir su base imponible hasta en un 10% de su valor.
La DGT contesta que no podrá beneficiarse de este beneficio fiscal, puesto que dicha reducción en su base se podría aplicar cuando tributara por el tipo general del 25%, es decir, podrá aplicar este beneficio fiscal una vez se haya beneficiado dicha entidad de los periodos en los que se aplicara el tipo reducido del 15%. En conclusión, únicamente podrá beneficiarse de la reserva de nivelación cuando tribute al tipo general del 25%.
Determinación de la base imponible del ITPAJD en una dación en pago
El TEAC debe pronunciarse sobre si la base imponible del ITP en daciones en pago se fija (i) en función del valor real del bien inmueble, (ii) o bien si esta debe de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar.
Este Tribunal, siguiendo el criterio del TS, establece que habrá que fijarse en el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación: cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien inmueble que se transmite será este valor de la deuda la base imponible.
Capital con aportación de inmuebles y ITPAJD
En una operación de aumento de capital, en la que son aportados varios inmuebles con indicación de su importe, sin que se hiciese referencia a que uno de ellos estaba gravado con una hipoteca la cual iba a seguir siendo pagada por la deudora inicial, a pesar de haber sido la operación autoliquidada como sujeta y exenta el ITPAJD, modalidad OS, la Administración consideró que se había producido la entrega de un inmueble a cambio de la asunción de una deuda pendiente, motivo por el cual se debería haber liquidado por la modalidad TPO.
En efecto, la administración consideró que la asunción de deuda por la mercantil era una convención autónoma e independiente susceptible de constituir por si misma el hecho imponible del ITPO, además del otro hecho imponible generado en la operación (IOS), estando por tanto sujeto al ITPO por existir una entrega de un inmueble a cambio de la asunción de la deuda tributaria pendiente.
El TSJ ha fallado en una sentencia reciente que no procede la liquidación por TPO ya que, dado que la asunción de la deuda se ha llevado a cabo como consecuencia ineludible del pago de capital social, no puede entenderse como negocio autónomo, unido al hecho de que el pago de la deuda hipotecaria sigue siendo asumido por la deudora inicial.
Planes de cumplimiento para entes sin personalidad jurídica
El TS señala en esta sentencia:
“Una comunidad de bienes no está obligada a contar con esos planes de cumplimiento normativo de compliance, pero la ausencia absoluta de control periódico ha conllevado en este caso a una continuidad en la apropiación… Resulta evidente que esta vigilancia de cumplimiento y control no resulta obligada pero sí aconsejable, tanto en el régimen de sociedades mercantiles como en el de las comunidades de bienes…”.
Por lo tanto, el TS, sin ir más allá por ahora, nos empieza a decir que los planes de cumplimiento normativo penal son aconsejables para los entes sin personalidad jurídica (comunidad de bienes, herencia yacente, UTE´s, fondos de inversión, comunidades de propietarios…).
Técnicamente, es evidente que los entes sin personalidad jurídica no están obligados a implantar planes de cumplimiento normativo penal, pues no les aplica el artículo 31 (bis) CP. Por lo tanto, contar o no contar con el compliance ni les eximirá ni atenuará la pena que les pudiera caer. No obstante, a tales entes sí les son de aplicación lo establecido en el artículo 129 CP que remite a las penas del articulo 33 CP, que son las penas de las personas jurídicas.
En definitiva, habrá que esperar si el TS sienta la doctrina en virtud de la cual se exime o atenúe la pena respecto a los entes sin personalidad jurídica cuando estos cuenten con los planes de cumplimiento normativo.
Efecto de las contestaciones a consultas tributarias
La Administración tributaria debe aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta; si bien, elimina dicho efecto vinculante de las contestaciones cuando las consultas sean formuladas por los mismos obligados tributarios que están siendo objeto de un procedimiento tributario, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.
Incluso desde esta perspectiva, que la consulta no sea vinculante al caso no autoriza a la Administración a desconocerla pura y simplemente. Por ello, aun cuando una consulta no pueda calificarse como vinculante, cuando menos, debe motivarse en Derecho qué razones existen para considerar errónea, de hecho o de derecho, la resolución de la DGT y por qué se aparta el órgano de resolución de lo dictaminado para responder a una consulta, en aras de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 129
 resolución 
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