Source: https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10622-responsabilidad-penal-y-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-los-desmovilizados-de-las-farc.html
Timestamp: 2019-11-12 15:43:22+00:00

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El pasado 10 de octubre las comisiones primeras de la Cámara y el Senado discutieron el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria 008 del 2017.
Esta norma se limita a recordar que, según el artículo 20 del Acto Legislativo 01 del 2017, “La imposición de cualquier sanción en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. Vale la pena recordar que el Acto Legislativo se limita a su vez a reiterar el compromiso adquirido en el punto 3.2.1. del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC.
Sin embargo, la senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano, partidarias del proceso de paz, introdujeron una proposición que condicionaría el ejercicio de cargos de elección popular por parte de los desmovilizados de las FARC, como mínimo, al cumplimiento progresivo “de las sanciones especiales y alternativas (sic)” que podrá imponer la JEP.
Aunque el texto original del artículo 30 fue finalmente aprobado, la proposición de estas congresistas ofrece la oportunidad de explorar una pregunta esencial para los procesos de transición hacia la paz: ¿debe privarse del ejercicio de derechos políticos a los desmovilizados por el término de duración de la pena que les haya impuesto un tribunal competente?
Una justicia especial
Diálogos frente a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
La raíz de este interrogante se encuentra en el derecho penal ordinario: en condiciones de paz, las sanciones privativas de la libertad pueden complementarse con la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de la persona condenada.
¿Debe privarse del ejercicio de derechos políticos a los desmovilizados por el término de duración de la pena que les haya impuesto un tribunal competente?
No obstante, la JEP se erige sobre un supuesto enteramente ajeno a la aplicación cotidiana de la facultad sancionatoria del Estado (ius puniendi): la comisión masiva y sistemática de crímenes tuvo lugar en una guerra, es decir, en un contexto de rompimiento de las instituciones que garantizan la convivencia pacífica. Debido a este desbordamiento del derecho por la realidad, es necesario encontrar soluciones jurídicas flexibles que armonicen diversos intereses con recursos limitados y con el fin último de (re)establecer la democracia.
Los imperfectos antecedentes de la propuesta
En el pasado se excluyó del servicio público a quienes cometieron atrocidades abusando de sus potestades. Esto ocurrió con la desnazificación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, con las dispares purgas anticomunistas en Europa Oriental o con la depuración de las fuerzas armadas y de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. El resultado de estos esfuerzos fue negar a los simpatizantes de regímenes totalitarios el derecho a participar en la vida pública de sus naciones.
Estas experiencias parecen ofrecer un precedente útil para mantener a los desmovilizados de las FARC fuera de la política. Pero estos casos se diferencian del proceso colombiano en dos aspectos cruciales:
Fueron medidas contra servidores públicos que se extralimitaron en sus funciones o se valieron de su autoridad para participar en violaciones a los derechos humanos, para perseguir a la oposición y, en últimas, para conservar el poder en manos de élites políticas o militares. En otras palabras, estas disposiciones no cobijaron a los miembros de un grupo armado organizado que combatió al Estado con miras a establecer una nueva forma de gobierno.
Las purgas no fueron medidas penales orientadas a establecer responsabilidades individuales en la comisión de crímenes como sí pretende hacerlo la JEP. Se trató sobre todo de medidas administrativas de separación del cargo para romper con un pasado de abusos y recuperar la confianza pública en el Estado. Por regla general estas medidas fueron menos severas que las penas privativas de la libertad fijadas en el Acuerdo de La Habana.
Estos casos no dan, entonces, una respuesta directa a la pregunta inspirada por Claudia López y Angélica Lozano.
El derecho penal internacional tampoco ofrece una solución clara al problema, pues se ha valido, casi exclusivamente, de penas privativas de la libertad para castigar y prevenir la comisión de crímenes atroces. En efecto:
El artículo 24 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) estableció que la Sala de Primera Instancia únicamente podría imponer la pena de prisión. El TPIY pronunció alrededor de 30 condenas de entre cinco y cuarenta años de prisión, con la excepción de Galić, quien fue condenado a cadena perpetua.
Una sanción semejante se encuentra en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que impuso 61 condenas de entre doce años y la prisión perpetua.
Aunque, bajo ciertas circunstancias, el artículo 77(2) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) permite imponer multas o decomisos, la pena principal bajo el artículo 77(1) sigue siendo la privación de la libertad en un establecimiento carcelario, bien sea por un máximo de treinta años o de por vida, cuando la gravedad del crimen y las circunstancias personales del acusado así lo justifiquen. La CPI ha impuesto cuatro condenas, de entre nueve y dieciocho años de prisión, por crímenes bajo el artículo 5 de su Estatuto.
Un sondeo de la práctica estatal de castigo de los crímenes internacionales en el plano nacional, realizado por la División Legal del Comité Internacional de la Cruz Roja, también encontró que la sanción preferida por los legisladores y jueces nacionales es la prisión.
Si bien es claro que un individuo privado de su libertad se encuentra materialmente imposibilitado para participar en la contienda electoral o para ejercer cargos públicos, el énfasis en el encarcelamiento no ha permitido discutir la conveniencia de la limitación del ejercicio de derechos políticos ni de los fines que esta pena cumpliría. Por el contrario, la experiencia de los Balcanes demuestra que tanto las absoluciones como las condenas por crímenes internacionales pueden ser irrelevantes durante las elecciones.
La participación política como condición del desarme
Manifestaciones políticas del partido de la FARC.
Por último, una breve referencia a los acuerdos de paz que pretendieron poner fin a diversos conflictos armados no internacionales demuestra que la participación política es una condición irrenunciable para el desarme de los grupos armados organizados. Así fue establecido, por ejemplo, en
El Acuerdo de Arusha, que previó la creación de un Gobierno transicional con la participación del Frente Patriótico Ruandés y cuyo incumplimiento condujo al genocidio.
El Acuerdo de Lomé, que permitió al Frente Revolucionario Unido integrar un Gobierno amplio de unidad nacional antes de que esta guerrilla reiniciara hostilidades contra Freetown.
El Acuerdo de Chapultepec, que convirtió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en un partido político, autorizó a sus miembros a ejercer plenamente sus derechos políticos y le concedió la libertad a los presos políticos en El Salvador.
El Acuerdo de Madrid, que garantizó a los miembros de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca el ejercicio pleno de sus derechos políticos y la transformación de un grupo armado organizado en un partido político.
En suma, la decisión colombiana de abrir el escenario para la participación política de las FARC paralelamente a la indagación acerca de su responsabilidad penal por crímenes en el contexto del conflicto armado es un experimento novedoso que adelanta el debate internacional acerca de la justicia transicional.
Aunque es innegable que las delegaciones en la Habana pudieron recurrir al amplio conjunto de aprendizajes internacionales en este campo, sería obtuso insistir en que la respuesta a la inquietud planteada por las congresistas del Partido Alianza Verde se encuentra allí. De modo que la respuesta debe surgir del debate nacional en torno a la implementación del Acuerdo.
En este contexto, considero que las autoridades nacionales están obligadas, en primer lugar, a abstenerse de imponer condiciones más onerosas que las fijadas en La Habana para el ejercicio de la actividad política de las FARC. Por lo tanto deben respetar la posibilidad de que los representantes de esta colectividad participen en política, al mismo tiempo que reconocen y expían su responsabilidad penal.
Pero por otra parte el Estado debe asegurar que la JEP no se convierta en un instrumento de certificación de lo que podría denominarse “impunidad política”. Por ende, propongo la siguiente lectura de los textos objeto de la controversia: cuando el artículo 20 del Acto Legislativo 01 de 2017 señala que la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política, debe entenderse que hace referencia a las sanciones propias y alternativas pero que excluyen las de naturaleza ordinaria. Así se verían inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas, material y legalmente, los desmovilizados de las FARC que se hayan rehusado a contribuir a la verdad y hayan sido derrotados en juicio.
Esta fórmula reconocería que la nota dominante de las sanciones de la JEP es su carácter transaccional (beneficios a cambio de verdad), garantizaría que solo se beneficien del Acuerdo quienes lo cumplan de buena fe y proveería justicia, así fuera de manera retrospectiva, en aquellos casos en los cuales los representantes de las FARC hubieran entrado al Capitolio Nacional haciendo trampa.
* Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes magister de estudios avanzados en Derecho Internacional Público con especializacion en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Leiden, ex Oficial Legal Asistente de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Tags: FARC,	Justicia transicional,,	Acuerdo de paz,	Impunidad,	Santiago Vargas Niño,	Participación política,	JEP
0 # Cuando las elecciones son más rápideas que la justicia... — Miguel Andrés López 18-10-2017 06:50
Muchas gracias Santiago, su argumento es muy ilistrativo y claro. El escenario puede volverse muy complejo si tenemos en cuenta que las elecciones van a llegar más rápido que la justicia en muchos casos.
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References: artículo 30
 artículo 20
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 artículo 24
 artículo 23
 artículo 77
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 artículo 5
 artículo 20