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Timestamp: 2019-09-19 15:52:27+00:00

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EL LOCAL AFECTO Y LA PERSONA CONTRATADA LABORALMENTE EN EL CASO DE GRUPOS DE EMPRESAS. - Dámaso Roldán Abogados
EL LOCAL AFECTO Y LA PERSONA CONTRATADA LABORALMENTE EN EL CASO DE GRUPOS DE EMPRESAS.
En fecha reciente el TSJ de Cataluña ha resuelto, en un supuesto en el que se discutía si resultaba de aplicación la bonificación del 95% en el ISD en el caso de transmisiones inter vivos de empresas, que a los efectos de determinar si un grupo de empresas cuenta con una estructura empresarial suficiente, basta con que una de las empresas cuente con la misma (local afecto y empleado contratado laboralmente) para que puedan acogerse a dicha bonificación.
La LRIPF ha venido evolucionado en los últimos años en lo que se refiere a los requisitos que deben tenerse en cuenta para saber si una sociedad ejerce una actividad empresarial diferente de lo que sería la mera tenencia de bienes o la gestión de valores. Esta Sentencia aporta claridad en aquellos supuestos en que existan entramados societarios habrá que analizar la situación en su conjunto para saber si dicha estructura cuenta en alguno de las entidades con los recursos humanos y materiales suficientes para la gestión del grupo.
Dice así la Sentencia. –
La resolución impugnada sintetiza con claridad en su fundamento de derecho séptimo la cuestión a resolver, que queda circunscrita a determinar si para el cumplimiento de los requisitos que se exigen para disfrutar de la bonificación del 95%, es preciso que las sociedades cuyas acciones han sido donadas, dispusieran de forma individualizada de un local destinado a llevar a cabo la gestión, así como una persona empleada a jornada completa, o bien, como pretende el actor, que dichos requisitos pueden entenderse cumplidos por medio de otra sociedad -vinculada a NIQUEL y COBALTO, según aduce-, que contando con dichos elementos, actúa como gestora de la actividad de arrendamiento de estas sociedades.
EL TEARC niega esta última posibilidad sobre la base de la hermenéutica jurisprudencial que recoge -basada, esencialmente, en la STS de 26 de junio de 1996 – al entender “insoslayable para poder considerar las acciones de dichas entidades exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio, la necesidad de que dichos requisitos se cumplan estricta, directa y exclusivamente por cada una de las sociedades cuya exención se pretende, sin que los mismos puedan entenderse cumplidos a través de una tercera sociedad que, con independencia del grado de vinculación que ostente con las referidas sociedades, ejerza la labor de gestión. Encomienda de gestión, que si fue o no fruto de una decisión gerencial (en la cual, también debieron tenerse en cuenta las consecuencias fiscales), en nada altera las exigencias reglamentarias, por cuanto, como mantiene la órgano gestor, la norma es clara y no plantea dudas interpretativas.
[…] En consecuencia, en el presente caso, siendo evidente, que las sociedades cuyas acciones han sido donadas no contaban con local exclusivamente destinado a la gestión ni con persona empleada con contrato laboral, no cumpliendo por ello los requisitos exigidos para determinar la existencia de una actividad económica de arrendamiento o compraventa de inmuebles a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, no gozaban de exención en el Impuesto sobre el patrimonio, y, por ende, la donación de sus acciones no puede disfrutar de la bonificación del 95 por 100 de su valor en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.”
Del artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre , del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la redacción dada por el artículo 5 de la ley 66/1997, de 30 de diciembre , que remite al apartado octavo del artículo 4.º de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio y, finalmente, del artículo 25.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , resulta que, a los efectos de que a la donación de acciones de las sociedades NIQUEL y COBALTO le fuera aplicable la reducción del 95 por 100 de su valor de adquisición, dichas sociedades deberían realizar como actividad económica el arrendamiento o compraventa de inmuebles, lo cual “únicamente” se produciría cuando concurran las siguientes circunstancias:
b) Que para la ordenación de aquella se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa
Llegados a este punto, ha de advertirse que el caso que nos ocupa reclama una solución que, lejos de constituir un pronunciamiento de alcance general o de principio, debe circunscribirse a las circunstancias que lo rodean.
Y, en este sentido, el propio órgano demandado ha venido a asumir la tesis contenida en las resoluciones de la Dirección General de Tributos de 2 y 8 de marzo de 2007, tal y como acredita el recurrente, aportando la resolución del TEARC de 6 noviembre 2008, estimatoria en parte de una reclamación económico administrativa interpuesta por una hermana del recurrente cuyos presupuestos se asemejan a los aspectos analizados a través del presente recurso contencioso administrativo.
De acuerdo con aquellas resoluciones, en el caso de un grupo de empresas, sería suficiente con que una de ellas contara con el local y con el empleado que se erigen en requisitos a los que la normativa citada condiciona el disfrute de la bonificación en el caso enjuiciado.
El respeto a un elemental principio de coherencia y de seguridad jurídica exigen adoptar una solución semejante a la proporcionada por el propio TEARC en la resolución apuntada, pues, de lo contrario, resultaría que con relación a un mismo grupo de empresas, el principio de unidad jurídica quebraría según se tratase de un contribuyente de otro o de diferentes conceptos impositivos, lo cual resulta de todo punto inadmisible al tratarse, como quedado expresado, de circunstancias semejantes.
Al igual que ocurriera en el supuesto que resolvió la citada resolución del TEARC de 6 noviembre 2008, en el presente caso no cabe inferir del expediente administrativo si, efectivamente, las entidades relacionadas por la parte recurrente forman parte del mismo grupo familiar de empresas y si en particular, la mercantil Balmes 104 SL cumplió los requisitos del artículo 25 de la LIRPF en el momento en que se produjo la donación en favor del recurrente.
En consecuencia, procederá la estimación parcial del presente recurso jurisdiccional, que llevará consigo la nulidad de la resolución impugnada, acordándose que la Administración compruebe la concurrencia de los expresados requisitos con relación a Balmes 104 SL , en el contexto de su relación con las sociedades NIQUEL y COBALTO, a los efectos de poder aplicar a la referida donación la bonificación del 95%”.

References: resolución 
 artículo 20
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
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 artículo 25
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