Source: http://viviendadigna.org/boletin.php?fecha=2006-05-03
Timestamp: 2020-01-26 13:01:01+00:00

Document:
BOLETÍN DEL 03 DE MAYO DE 2006
'PÁSALO' ALTERNATIVO
LA VIÑETA: NO SE ENCUENTRA
MÁS DE 50 AYUNTAMIENTOS ESTÁN BAJO SOSPECHA POR CORRUPCIÓN
61% de españoles cree que hay corrupción en sus localidades
El Congreso aprobó iniciativa de IU contra la corrupción
25 fiscales delitos de corrupción, urbanismo y medioambiente
Una crítica constructiva a la sentada por una vivienda digna
'Okupar y crear un centro social es una actividad política'
¿A punto de regularse las entidades arbitrales en España?
Urbis dice aumento precio vivienda es ya a nivel inflacción
España construye en 13 años 1/3 del suelo de su historia
EL EURIBOR MANTIENE SU SENDA ALCISTA EN ABRIL
Cuando sube el precio nos creemos ricos y gastamos más
El precio de la vivienda dispara inversiones en extranjero
Círculo propone eliminar ventajas fiscales compra vivienda
La AEB pide a los bancos que analicen los riesgos del futuro
El Banco de España pide prudencia a los bancos
Feria propone a inmigrantes Ecuador que compren en su país
15ª Convocatoria EMV
Comunicado del CSO El Desguace tras el desalojo ilegal
Información fraudulenta sobre el Plan de Vivienda Joven
Plan Joven: viviendas asequibles a 267 jóvenes de Colmenar
LA GENERALITAT APRUEBA LA LEY DEL DERECHO A LA VIVIENDA
10.000 famílies pateixen mobbing immobiliari
Levantan un campo de golf sin licencia en la Sierra Escalona
DETIENEN AL GERENTE DE LA EMVS (URVITEL) DE TELDE
Aparecen otros siete casos de fraude en Vivienda
Urbanismo: Chabolismo Vertical
Remiten a la Fiscalía un presunto caso de corrupción
AEDRU se prantexa unha candidatura na próximas eleccións
COLEGIO DE ARQUITECTOS DENUNCIA AL ARQUITECTO MUNICIPAL
Almendron.com - 24 de abril de 2006
Y es el más grave problema nacional por cuatro razones. La primera es económica, pues nuestro modelo de desarrollo está gravemente desequilibrado por la hipertrofia de la construcción como único monocultivo nacional, lo que incrementa la inflación, reduce la productividad, y detrae capitales y recursos humanos que deberían invertirse en otros sectores más competitivos, convirtiendo a nuestra economía en comercialmente deficitaria y tecnológicamente subdesarrollada.
La tercera razón es ecológica, pues el suelo de una parte creciente del territorio español se está viendo gravemente deteriorado como consecuencia de las destructivas secuelas de su acelerada urbanización, que ciega para siempre su capacidad de renovación sostenible.
En quince años de especulación urbanística y boom inmobiliario, la totalidad de la costa mediterránea, ambos archipiélagos y las áreas metropolitanas de las grandes urbes han sufrido un descontrolado proceso de urbanización salvaje que ha destruido su suelo de forma irreversible. Y el proceso continúa su crecimiento imparable, sembrando el terreno de urbanizaciones, campos de golf, anillos de autopistas, parques temáticos y megacentros comerciales, sin que el Ministerio de Medio Ambiente pueda hacer nada para regular y ordenar tan incontrolado proceso, pues las competencias sobre la ordenación del territorio están atribuidas por la Constitución a las comunidades autónomas en exclusiva, y la Ley del Suelo en vigor autoriza a las comunidades locales a urbanizar el suelo sin ningún control.
Así se plantea lo que se conoce desde el célebre artículo de Garrett Hardin como “tragedia de los espacios comunes” (Sciencie, número 162, 1968), que determina la progresiva intensificación del uso del suelo hasta su agotamiento final por obra del acceso público incontrolado. En su última obra, Colapso (Debate, 2006), el prestigioso geógrafo Jared Diamond ha vuelto a recurrir al modelo de Hardin para explicar el colapso de los ecosistemas sociales a causa de la intensificación indiscriminada del uso competitivo del suelo. Pues bien, a este paso, y si alguien no lo detiene a tiempo, puede augurarse un grave colapso del medio ambiente español como consecuencia de la intensificación urbanizadora del suelo.
Y la cuarta razón es política, pues la burbuja especulativa que hincha el boom inmobiliario está realimentada en última instancia por la financiación clandestina de los partidos políticos que controlan las haciendas locales con la potestad de recalificar el suelo urbanizable elevando artificialmente su precio. De esta auténtica máquina de hacer dinero procede tanto la ingente cifra sumergida de dinero negro, en poder de los patrimonios privados cuyo efecto riqueza escapa al control del fisco, como el enorme volumen de opaco dinero sucio creado por la corrupción política y canalizado por las redes clientelares de los constructores urbanísticos y los promotores inmobiliarios.
Para explicarlo, nada mejor que recordar la ecuación de Klitgaard, que afirma: “Corrupción = Monopolio decisión + Arbitrariedad decisor - Responsabilidad decisor”. Y, en efecto, hay corrupción urbanística, porque la decisión de recalificar el suelo es monopolio del poder local; porque los ediles recalifican el suelo a discreción, en un limbo de inseguridad jurídica; y porque lo hacen en un clima de patente impunidad, sin que nadie controle ni fiscalice sus decisiones. Es el cáncer político de lo que cabe llamar el mal de Marbella (o mal de Madrid, si recordamos la compra de sus últimas elecciones autonómicas gracias al transfuguismo de dos diputados venales), cuya metástasis se está extendiendo vía efecto demostración por todos los municipios españoles cualquiera que sea el color político de sus ediles, pues todos quedan impunes. Y la peor secuela de todas es que este mal de Marbella llegue a convertirse en el síndrome incivil de todos los españoles, dispuestos a consentir de buen grado la corrupción de sus gobernantes locales y autonómicos con tal de que se revaloricen sus patrimonios inmobiliarios.
Pues bien, resolver la cuestión urbanística sí es tarea digna de un héroe quijotesco que pretenda arreglar España, como desearía Zapatero.
Lo malo es que parece imposible hacerlo, pues para eso no basta con reformar la Ley del Suelo, sino que hace falta modificar la Constitución para que el Estado central recupere su competencia plena sobre la coordinación urbanística del territorio nacional en su conjunto, que nunca debió perder. Pues uno de los peores efectos perversos de la actual deriva autonómica, entre otros muchos, es la feroz competencia entre los poderes territoriales concurrentes por ver quién urbaniza a mayor escala el suelo sobre el que dispone de monopolio jurisdiccional: algo que, de creer a Diamond, no sólo va a destruir el medio ambiente, sino que puede además precipitar a nuestro sistema en un auténtico colapso social. Piénsese, para imaginarlo, en lo que sería de nuestro país si de pronto estallase la burbuja inmobiliaria: se detendría el crecimiento económico, huirían los capitales desde la construcción hacia los paraísos fiscales, quedarían en paro un millón de inmigrantes y la clase media española se sentiría súbitamente empobrecida, iniciándose una sombría etapa de agudo conflicto social.
Por Enrique Gil Calvo, profesor titular de Sociología de la Complutense (EL PAÍS, 24/04/06).
El Periódico de Catalunya - 29 de abril de 2006
Una convocatoria anima en internet a los jóvenes a sentarse en plazas de 50 ciudades para reivindicar el acceso a la vivienda
Primero fue el macrobotellón y ahora una sentada para protestar contra los altos precios de la vivienda. Los jóvenes españoles vuelven a ser convocados de manera anónima. Pero esta vez, en lugar de beber alcohol en la calle, la protesta se formará con un propósito diferente: los jóvenes se sentarán el domingo 14 de mayo en plazas de 50 ciudades españolas para rechazar la especulación inmobiliaria.
A Barcelona y Madrid se han sumado otras ciudades como Valencia, Sevilla, A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Salamanca, Oviedo y muchas otras localidades que celebrarán la protesta a las cinco de la tarde en sus principales plazas. En Barcelona, la convocatoria, que no se ha comunicado a la Administración, se realizará en la plaza de Catalunya. La manifestación ha sido difundida por las principales páginas de internet que promocionaron el macrobotellón del pasado 17 de marzo, pero otras organizaciones ajenas a aquella convocatoria han apoyado la sentada que "provocará que se oiga la voz de los jóvenes", según un texto publicado por la página web Indymedia.
Hasta ayer, 83 organizaciones juveniles y asociaciones que reivindican el derecho a una vivienda asequible manifestaron su apoyo a la realización de esta protesta a través de un apartado abierto en Wikipedia, la enciclopedia de internet más popular.
Una de ellas, la plataforma Vivienda Digna, reivindica la protesta "con sentido social" de los españoles y se distancia de los vacíos actos del macrobotellón. "Comenzamos a recibir correos a principios de abril. Todos invitaban a los jóvenes a movilizarse por motivos más útiles que el macrobotellón", explica Yolanda Rodríguez, portavoz de la asociación Vivienda Digna. "Y el problema de los elevados precios de los pisos --agregó Rodríguez-- es lo que nos debe mover porque nos afecta a todos. Muchos jóvenes tenemos que destinar más de la mitad de nuestro sueldo al alquiler o a la hipoteca". Los organizadores han expuesto un extenso decálogo de recomendaciones para quienes se manifiesten el próximo 14 de mayo. Entre ellas, no llevar banderas de ningún territorio ni alusiones a ideologías o partidos políticos. También sugieren a los manifestantes llevar DNI y les recuerdan sus derechos en caso de ser detenidos. Los organizadores recomiendan llevar cámaras de fotos y vídeo para registrar posibles abusos policiales.
Como recuerdan los organizadores, la manifestación no requiere permiso gubernativa, pero sí una comunicación previa. Hasta ahora, la policía no ha recibido ninguna notificación de manifestaciones ese día, según informaron ayer los Mossos d' Esquadra.
Preparación de consignas
Los organizadores de la protesta también intentan facilitar el trabajo creativo a los manifestantes. Por ello, sugieren llevar pancartas que luzcan consignas como Impuesto de Acaparación ¡ya!, No compres, alquila o tu ruina estará servida, Que no hipotequen tu vida y Contra la especulación, expropiación. La lista de sugerencias de consignas también está colgada en internet.
Redacción PVD - 28 de abril de 2006
Navegando por la red nos hemos encontrado esta simpática página "no encontrada":
Prueba tu mismo a pinchar en el enlace
Indymedia Barcelona - 27 de abril de 2006
Libro gratuito sobre la violencia inmobiliaria y urbanística. Autor: Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística. Ediciones Bellaterra.
- Si eres una pensionista víctima del mobbing inmobiliario
- Si no sabes cómo pagar el aumento de alquiler
-Si la hipoteca de tu piso te hace imposible llegar a fin de mes
- Si tienes 25 años y no puedes irte de casa de tus padres
- Si estás bajo amenaza de desahucio por la presión inmobiliaria
- Si te desalojan y condenan por okupar un espacio
- Si te amenazan, te agreden, te precarizan la vida para tener una casa
- Si hace tiempo que piensas que tener una casa donde vivir es un lujo para privilegiados...
- Si ya no reconoces tu ciudad porque sólo hay oficinas y centros comerciales y museos muy modernos
- Si ya no recuerdas que calle significa sitio donde pasear y plaza lugar donde encontrarse
- Si el centro de tu ciudad se ha convertido en un parque temático pasto de turistas cámara en ristre
- Si la Administración te comunica tu próxima expropiación debido a un plan urbanístico del que nada sabes, nada puedes decir
- Si vives en una ciudad saturada, cara, clonada, sobre la que no puedes opinar, en la que no puedes construir, decidir, ni usar nada sin pagar
- Si hace tiempo que piensas que una ciudad es simplemente un sitio hostil donde trabajar, dormir, consumir...
- Si te pasa una de estas cosas o varias a la vez, entonces es que sufres de violencia inmobiliaria y urbanística.
- Y si el cielo está enladrillado...
DESCARGA AQUÍ EL TEXTO COMPLETO Y DE LIBRE DISTRIBUCIÓN
Mira también: http://www.el-refugioesjo.net/foro
El Confidencial - 27 de abril de 2006
“SOS, SOS... SOS”. El viejo código morse ha vuelto a funcionar. Pero ahora ya no alerta sobre barcos a la deriva o peligros inminentes para la navegación. Ahora, su uso ha comenzado a extenderse por Internet, donde aumenta el número de asociaciones de vecinos que piden ayuda para acabar con las tropelías urbanísticas de sus ayuntamientos.
“SOS, SOS... SOS. Somos una agrupación de vecinos de la villa pontevedresa de La Estrada que necesitamos desesperadamente ayuda por parte de todo el mundo con el fin de que no se llegue a aprobar por parte de la Xunta el plan de ordenación municipal... Es un auténtico abuso”.
El SOS está colgado de la Red desde hace casi un mes, pero mucho más tiempo llevan denunciando la misma situación los vecinos de Espartinas, en Sevilla, donde las sospechas de corrupción urbanística han llegado a los tribunales. El colectivo Ciudadan@s de Espartinas denuncia la corrupción municipal y las ramificaciones de la ‘Operación Malaya’ en Marbella, Murcia, Madrid y la propia localidad sevillana, donde se pretenden recalificar 20 hectáreas de suelo rústico en favor de una empresa cuyo administrador único es el concejal de urbanismo.
El último caso conocido es el de Candelaria Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), detenida en el marco de la llamada ‘Operación Faycan’, que investiga una trama de supuesta corrupción por el cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas. Otra concejal del mismo municipio fue detenida hace unos días.
Expansión.com - 26 de abril de 2006
El escándalo Marbella, aireado el pasado mes marzo tras la puesta en marcha de la denominada Operación Malaya, no parece un caso aislado, de presunto soborno y pago de comisiones entre autoridades municipales y empresarios vinculados al negocio urbanístico y de la construcción.
Al menos para una significativa mayoría de españoles. El 61% de los ciudadanos, según un sondeo realizado por Expansión-Ipsos entre los días 7 y 9 de abril, dos semanas después de las primeras detenciones de la cúpula municipal marbellí, se muestran convencidos de la existencia de prácticas delictivas entre las autoridades locales e interlocutores del sector privado en su propia localidad de residencia.
La percepción de presuntas irregularidades en el ámbito municipal resulta mayor entre los hombres –un 64,8%–, que en las mujeres, con un 57,7%. De igual forma, esta denuncia es más intensa entre los españoles inmersos en las franjas de edad de 18 a 34 años –69,2%– y de 35 a 54 años –65,5%–, y entre quienes declaran tener un nivel de ingresos medio y medio alto. En cambio, esa crítica es prácticamente la misma si se atiende a los estudios de los encuestados. Sólo las respuestas de los ciudadanos de un rango académico bajo se sitúan por debajo del 60%: en el 57,3%.
Ese estado de opinión, además, se propaga casi con la misma onda expansiva entre simpatizantes socilistas y populares, y entre las distintas regiones españolas. Tan sólo seis puntos distancian las respuestas de votantes del PSOE en las últimas elecciones generales –62%–, de los que trasladaron su respaldo al PP en los comicios de 2004: 56%.
Por comunidades, aunque se trata de datos parciales por ser un estudio de ámbito nacional, Aragón (71%), Cantabria (70,5%), Galicia (67,5%) y Navarra (67,3%), lideran una clasificación que cierran, por este orden, Rioja (54,8%); Castilla la Mancha (52,2%), y Asturias, donde la masa crítica se sitúa en el 45,7%.
La visión de la gestión municipal de los españoles constata que, a los ojos de la ciudadanía, el caso Marbella no es aislado y que, lejos de ser un “cáncer que hay que extirpar”, como insisten en recalcar las autoridades municipales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el diagnóstico se asemeja más a una metástasis. No en vano, el negocio urbanístico, que, en la partida de la liquidación conjunta de 2003 de los más de 8.000 ayuntamientos de toda España, representa el 3,39% de sus ingresos totales, por enajenación de inversiones reales de suelo, supera en realidad la cuarta parte de los recursos financieros. En concreto, el 26%, si a la mera cesión de terrenos se suma los impuestos directos e indirectos relacionados con la construcción y el urbanismo. Una práctica, la de “captar ingresos para elevar las arcas fiscales” de los municipios, que “está presente” en las decisiones de los Gobiernos locales, según fuentes jurídicas con vínculos profesionales y de asesoramiento en los ayuntamientos.
Sin duda por esta percepción social, y por el descrédito político que se ha instalado en la opinión pública tras los acontecimientos en Marbella, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha exigido la inclusión de un plan anticorrupción, a través de mecanismos de corresponsabilidad fiscal, como contrapartida a la previsible elevación del umbral financiero actual de las corporaciones locales que se negocia, desde ayer, entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la FEMP, en paralelo a las reformas económicas regionales.
Esta apuesta por el municipalismo del Gabinete Zapatero, que ha reservado un sillón propio a los municipios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es, a juicio de los expertos, una “solución idónea” para resolver la deuda histórica de los ayuntamientos, valorada en más de 60.000 millones de euros por la FEMP, y nutrir las arcas locales con un nivel de recursos adecuado, para “evitar la tentación de acudir a la recalificación de suelo”.
Igualmente, recomiendan concretar “un pacto político” nacional, que acabe con los intentos y vaivenes legislativos de reconducir la normativa del suelo, para impedir movimientos especulativos. El Ejecutivo de Aznar estudió una reforma para restaurar las competencias del Estado sobre suelo, que no llegó a buen puerto.
En este sentido, sigue vigente la doctrina del Constitucional de 1997, que asignó las competencias en materia urbanística a las autonomías y el desarrollo de su planeamiento a las corporaciones locales. En lo que la sociedad civil también parece convenir es en la necesidad de incorporar reformas penales –algunos letrados hablan de incluir la figura del delito urbanístico– o, al menos, mayores dotaciones y medios para combatir esta lacra.
El 71% de los encuestados –67% votantes del PSOE, y 73% del PP– dice no tener “confianza” en los métodos de lucha contra la corrupción.
Glocalia.com - 26 de abril de 2006
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción en la que, frente a los fenómenos de corrupción urbanística, se aboga por reforzar las incompatibilidades de los altos cargos municipales y por diseñar un proyecto de Ley del Suelo contra la especulación.
El texto aprobado tiene su origen en una moción propuesta por IU-ICV al hilo de los casos de Marbella, Canarias y el Levante, en la que se pedía un Pacto anticorrupción urbanística de todas las fuerzas políticas, que implicase un amplio catálogo de medidas, incluyendo la revisión del delito de prevaricación, la creación de fiscalías anticorrupción en cada una de las comunidades autónomas afectadas por este fenómeno y una "moratoria" de construcción en las zonas "saturadas" por la edificación.
Finalmente, el texto aprobado insta al Gobierno a estudiar en el presente año reformas legales "para regular incompatibilidades de los altos cargos de gobiernos municipales en relación con responsabilidades empresariales o profesionales, de nivel directivo, vinculadas a la construcción y el urbanismo".
Igualmente, se aboga por un proyecto de ley del suelo que garantice los derechos de los ciudadanos frente a la especulación, que establezca una valoración del suelo que no incorpore expectativas de revalorización y que dote a las planificaciones urbanísticas de directrices de sostenibilidad.
Por último, se aboga por "potenciar y reforzar los medios materiales y personales de la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas de seguridad dirigidos a combatir los delitos contra la ordenación del territorio y contra la Administración pública, especialmente en las zonas del territorio más afectadas por tales actividades delictivas".
La “operación Malaya”
Con estas medidas, se espera que casos como el ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella no vuelvan a suceder. El pasado 29 de marzo, una larga investigación judicial ponía contra las cuerdas al Ayuntamiento de Málaga.
La alcaldesa, Marisol Yagüe, la primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y el asesor municipal de urbanismo, Juan Antonio Roca, eran detenidos, junto a una veintena más de personas, como los 'cabecillas' de una trama de corrupción que englobaba los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias...
Después de que un juez de Marbella decretara prisión incondicional para las cabezas visibles de la operación, El Gobierno acordó, en una medida sin precedentes en la democracia, disolver el Consistorio marbellí ante las "gravísimas imputaciones judiciales que pesan sobre sus miembros.
Una gestora, compuesta por seis miembros del PSOE, seis del PP, dos de IU y otros dos de PA, y presidida por el abogado Diego Martín, gobierna Marbella desde el pasado día 21 y hasta las elecciones municipales de 2006.
El pleno, que se reunirá al menos una vez al mes, incluye entre sus cometidos la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo, de gestión urbanística y de proyectos de urbanización, la concesión de cualquier tipo de autorización o licencia y las contrataciones y concesiones.
La Almenara - 21 de abril de 2006
El Consejo de Ministros recibió el pasado 7 de abril un Informe del Ministro de Justicia sobre la creación de veinticinco nuevas plazas de fiscales: dos de apoyo al fiscal de sala de medio ambiente y urbanismo; diecisiete para los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las Comunidades Autónomas especializados en dicha materia y seis más para actuar como delegados de la Fiscalía especial anticorrupción. Estas plazas entrarán en funcionamiento el próximo junio.
La creación de estas veinticinco plazas de fiscales responde a la decisión del Gobierno de "luchar contra episodios como el recientemente ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella". Los casos de corrupción --señala el Ejecutivo-- implican la desviación de los fines de la actividad pública para beneficio particular y atentan contra los principios sobre los que se sustenta la convivencia democrática". Por ello, consideran que "este tipo de conductas delictivas debe ser combatido con todas las herramientas con que cuenta el Estado de Derecho". Estos nombramientos se producen apenas cuatro meses después de que se creara la figura del fiscal coordinador de medio ambiente y urbanismo de primera categoría adscrita a la Fiscalía General del Estado. A esta medida se une el Real Decreto del pasado 24 de marzo por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala a Antonio Vercher Noriega y se le nombra coordinador de medio ambiente y urbanismo.
La Tercera Ola (España y Vivienda) - 25 de abril de 2006
Recientemente, y como réplica de las protestas juveniles en Francia por la nueva ley del contrato de primer empleo, ha aparecido en la red una convocatoria para el domingo 14 de Mayo con el título “Sentada por una vivienda digna“. Circula por internet un correo electrónico con este texto:
El domingo, 14 de Mayo a las 17:00 horas, sentada en… (aquí aparece una lista de ciudades y puntos de encuentro)
Todo comenzó con una cadena de mensajes reenviados, hasta que Escolar cogió la idea, la publicitó en su web y añadió una wiki en su servidor para organizar la protesta. Gracias a ese empuje parece que a día de hoy hay convocadas sentadas en casi todas las capitales de provincia.
Desde estas líneas quiero hacer una crítica constructiva a la idea, porque me temo que, aunque la convocatoria fuera un éxito, por este camino no conseguiremos que nadie se tome en serio el drama del precio de la vivienda. El primer fallo radica en el motivo de la protesta: ¿es para demostrar que los jóvenes españoles piensan en algo más que en el botellón o su objetivo es realmente presionar para que alguien tome medidas en cuanto al problema de los precios de las viviendas?. Aunque parece que el acto se fundamenta más bien en la primera razón supondremos que no es así, y que realmente queremos mejorar este problema.
En la wiki de Escolar han tomado como referencia un texto de la Asociación por una Vivienda Digna, donde tienen un manifiesto y una lista larguísima de propuestas. En mi opinión, lo mejor es identificar a unos organismos con responsabilidad en el tema, elegir tres o cuatro propuestas o ideas fuerza y no dar tregua hasta que consigamos que las acepten.
Se podría hacer una lista interminable de por qué los pisos cuestan 4 o 6 veces su valor y los alquileres están a precios imposibles. Los expertos pondrán el acento en unas u otras causas. Sin embargo, creo que cualquier ciudadano normal puede identificar algunas de ellas:
1. Toda la sociedad se ha puesto de acuerdo en que la única inversión rentable son los pisos, y que alquilar no merece la pena. En el momento en que los propietarios usan las viviendas para especular y no para habitarlas se produce una escalada veloz de los precios.
2. Como consecuencia del punto anterior son muchas las viviendas desocupadas en España (más de 3 millones según el INE).
3. Los bancos otorgan hipotecas cada vez más largas a personas que no tienen sueldos suficientemente altos para afrontarlas y vivir con tranquilidad. Además, recientemente han aparecido empresas que se aprovechan de familias ahogadas por las deudas, ofreciéndoles un alivio del problema a corto plazo, pero obligándoles a endeudarse más a largo plazo. A esto lo han denominado eufemísticamente reunificación de deudas.
4. En la última década han proliferado las agencias inmobiliarias, y han ido animando progresivamente a los vendedores a subir los precios, sobretodo en zonas donde las casas eran muy baratas.
5. Los incentivos fiscales, la rápida revalorización y los alquileres caros hacen que muchas personas o familias se decanten por comprar una vivienda, aunque sea a precios exorbitantes, antes que alquilar una. Sin embargo, en otros países europeos la población tiende más hacia el alquiler.
6. La cantidad de dinero negro que circula relacionado con la vivienda.
7. Etc. etc. etc….
Utilizando una lista como la anterior es sencillo identificar a los responsables de esta situación, para poder elegir ante quién vamos a protestar:
1. La sociedad, pero no es posible protestar contra ella en general.
2. Los bancos y agencias inmobiliarias. Tampoco podemos dirigirnos a ellos, porque se limitan a obtener los máximos beneficios dentro de las leyes vigentes. Podemos forzarles a cambiar su comportamiento cambiando las leyes que rigen sus negocios.
3. Los propietarios de pisos vacíos y las personas que especulan con la vivienda, pero es imposible identificarlos y al igual que los bancos también juegan dentro de la ley.
4. Las administraciones autonómicas y los partidos que gestionan o que han gestionado las competencias en materia de vivienda (PSOE, PP, CiU, IU, PNV, ERC, BNG, CC, etc.). Todos han permitido que se haga especulación con pisos tanto libres como de protección oficial.
5. Los ayuntamientos y los partidos que los gestionan por usar el suelo y las recalificaciones como elemento de recaudación y como herramienta de juego político-económico.
6. El gobierno central, por permitir y fomentar con sus leyes e incentivos fiscales que no sea rentable vivir de alquiler, que haya un porcentaje muy alto de viviendas desocupadas y por no controlar la evasión de impuestos y el dinero negro que circula gracias a la especulación inmobiliaria. Mientras muchos ciudadanos se forran otros muchos viven una auténtica pesadilla.
A partir de esta lista de responsables queda bastante claro que el camino más efectivo es la presión directa a las administraciones central, autonómica y local, para que modifiquen las leyes que sea necesario y que cambien su política en el tema de vivienda. Así conseguiremos que otros, por ejemplo bancos y agencias inmobiliarias, varíen su comportamiento al mismo tiempo.
Y para esta campaña concreta, podríamos centrarnos en tres o cuatro propuestas específicas, y no parar de generar acciones reivindicativas hasta que se acepten. Podrían ser:
1. Obligar mediante ley a todos los propietarios a tener ocupadas (alquiladas) todas las viviendas que haya vacías en España. El que elija dejarla vacía que pague unos impuestos fortísimos de penalización. Con esta medida lograríamos reducir drásticamente el precio de los alquileres y, por lo tanto, el de las viviendas.
2. Poner, mediante ley, un techo a la deuda que una persona puede adquirir en España. Si los bancos y cajas no pueden vender hipotecas tan largas que supongan al cliente pagar porcentajes tan altos de su sueldo se venderán menos pisos y los precios bajarán.
3. Exigir mediante ley a todos los gobiernos autonómicos y ayuntamientos que cuando un piso de protección oficial se quede vacío sea la administración que ha realizado la promoción la que recompre ese piso y lo vuelva a adjudicar, a precio oficial, a otra persona o familia de la lista. Así evitaremos la especulación a costa de los pisos protegidos.
4. Generar un clima informativo que desaconseje comprar viviendas a precios tan caros, debido al riesgo de una bajada masiva de precios. Muchas personas no se arriesgarán a comprar si hay un clima mediático de pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Esto haría descender la demanda y, por lo tanto, bajar los precios.
Estas son sólo cuatro propuestas-ejemplo, pero deberían mejorarse o proponer otras alternativas y con mayor fundamento. La idea central radica en que lo más efectivo es elegir unas pocas, realizar una agitación masiva en la red mediante blogs, portales, foros y correo electrónico, y generar, sin organizaciones ni jerarquías, manifestaciones, huelgas y protestas en centros de trabajo, universidades, calles y plazas durante un tiempo continuado. Lo único que puede hacer que los gobiernos se tomen en serio problemas ciudadanos graves como el precio de la vivienda es que peligre su posición: que vean el riesgo de desgaste electoral y que tengan en frente a la ciudadanía cabreada y protestando.
Desde este pequeño rincón de la red lanzo esta crítica. Espero que el debate continúe y que más y más gente se anime a luchar para frenar este auténtico drama, que está ahogando a millones de personas y que hipoteca el futuro de muchos. Continuemos la agitación y el swarming civil no tardará en aparecer.
enlace análisis-noticia
Endica Zulueta Sansebastián (Abogado) (Movimientos Sociales - Okupación) - 19 de enero de 2006
La reciente ratificación, por la Audiencia Provincial de Madrid, de la absolución de los encausados por la okupación del Centro Social El Laboratorio 03, es una más de las sentencias favorables a las okupaciones. Entrevista a Endika Zulueta, de Madrid, y Jaume Asens, de Barcelona.
DIAGONAL: ¿Qué implica esta absolución?
ENDIKA ZULUETA: Se amplía la llamada jurisprudencia menor, la que crean las audiencias provinciales –la jurisprudencia mayor la genera el Tribunal Supremo, pero este tipo de asuntos no llega a esa instancia–. No es una jurisprudencia que obligue a los juzgados a su aplicación, pero son antecedentes que los jueces deben tener en cuenta. En este caso se nos dice por la Audiencia Provincial que el okupar una casa abandonada y crear un centro social (C. S.) es una actividad política, no un delito. Hemos encontrado, ante una legislación que parecía cerrada, un hueco. El mensaje que el legislativo mandaba desde 1995 era la criminalización de la okupación. Ahora queda en que un cierto tipo de okupación es delito, pero la okupación para crear C. S., no. Esto, a través de las resoluciones, va calando y puede ir relajando la coacción a la que se somete al movimiento social. Y animar a más personas a realizar ese tipo de actividades.
JAUME ASENS: En Barcelona ya ha habido una serie de sentencias en la misma línea a partir del año 1996, que han ido restringiendo el ámbito de aplicación del tipo penal, exigiendo en base a interpretaciones más benévolas, que concurran ciertos requisitos o circunstancias para sancionar la okupación. Y esto es en parte por la presión, las movilizaciones, la solidaridad de los ámbitos más afines al movimiento de okupación, pero también de otros movimientos, partidos y sindicatos. Eso ha afectado al mundo de la justicia, un poco como con la insumisión, en que cada vez los jueces iban interpretando el tipo penal de forma más favorable para el movimiento. Básicamente, la interpretación es que tiene que haber un uso efectivo y real de la posesión por parte de la propiedad: las casas abandonadas quedan fuera. En Cataluña, la sentencia más significativa fue en 2003, la del Cine Princesa, de la Audiencia Provincial. Supuso un giro: textualmente la sentencia dice que la orden de desalojo no sólo era antijurídica e ilegítima, sino que representaba un funcionamiento anormal de los servicios públicos, y por tanto, no había ninguna obligación de cumplimiento por parte de los okupantes penalmente relevante, por tanto absolvía del delito de resistencia, desobediencia y usurpación, en base a que el desalojo era ilegal, ya que lo tenía que haber ordenado un juzgado de lo civil, y no uno de instrucción. También ha habido avances importantes en la resolución de recursos a través de autos que han acotado mucho las posibilidades de las órdenes de desalojos cautelares. Son tan importantes las absoluciones como impedir que se produzcan los desalojos en la fase de instrucción del proceso penal, que es el gran peligro.
D.: ¿Qué balance se puede hacer de esta serie de sentencias?
J.A.: En los últimos años ha habido un movimiento tanto en la judicatura como, en mucha menor medida, en la Fiscalía. Se ha ido imponiendo un criterio mayoritario que ha ido superando la reacción inicial más conservadora. Nos queda el temor a que esto llegue al Tribunal Constitucional, lo que podría ser más perjudicial que beneficioso, vista su actual composición. Podría acabar definiendo el tipo penal de una forma más amplia y perderíamos todo este avance. A nivel de la Fiscalía, la incidencia social también ha dado frutos. En Cataluña, sobre todo por la asociación minoritaria Fiscales Progresistas, que ha atemperado el criterio mayoritario de la Fiscalía General del Estado.
E.Z.: Si estas sentencias se siguen repitiendo, y así parece, los jueces se lo deberían pensar dos veces. Pero como se sabe que es un delito político, los jueces también tienen una postura política al respecto. Adoptan posturas políticas personales, como lo hacen en cualquier otra actuación, pero aquí es mucho más evidente.
D.: ¿Hay posibilidad de un cambio en el ordenamiento jurídico que termine con la criminalización de la okupación?
E. Z.: Creo que no, el cambio ha sido pasar de no ser delito a serlo. El proceso es al revés, en todo: cada vez más se criminalizan comportamientos que hasta hace poco eran impunes. Y en los ámbitos de los movimientos sociales, más aún. Hay jueces que con buen sentido dicen que esto se está pasando de la raya y no están dejando que actividades como ésta, pública, pacífica, manifestada y abierta, sean consideradas delito. Pero de ahí a que el legislativo dé marcha atrás..., sería el primer país del mundo en despenalizar algo desde el 11 de septiembre.
J.A.: El contexto represivo es fuerte. Hay una actitud inmovilista del Gobierno y del partido de la oposición que no hace previsible dicho cambio a corto o medio plazo. Tampoco hay ninguna división entre ellos que facilite una apertura parcial, o modificación de las oportunidades políticas de la protesta en el ámbito institucional. El cambio, a nivel político, se puede producir, pero en el ámbito autonómico o municipal, porque las alianzas políticas son menos beligerantes, en parte por la presencia de otros partidos. Se debe destacar el inmovilismo del PSOE.
D.: ¿Cuáles serían las estrategias jurídicas de defensa de la okupación más exitosas?
E.Z.: No hay una estrategia clara. Cada okupación, incluso cada época, requiere una respuesta diferente e imaginativa. Recordemos por qué hay denuncia: el propietario considera que le han vulnerado un bien, la posesión del inmueble. Ahora bien, la única posesión que se defiende en el ámbito penal es la sometida a una agresión muy grave, para el resto están los ámbitos civiles. Y tiene que ser una posesión socialmente manifiesta o reconocida. Esto vale para todas las okupaciones. Según esta línea jurídica, si la casa está en situación de abandono, la okupación no es delictiva. Otra línea de defensa es que solamente es delictiva la okupación si hay pretensión de quedarse en la casa, intencionalidad de morar. Lo que permanece en un C. S. son las actividades, y la gente que las realiza es la que rota. Una de las estrategias para los C. S. han sido las autoinculpaciones, pero esto ‘funciona’ según las fuerzas que tiene cada uno detrás; en los C. S. con mucho apoyo, con gran actividad continua y real. En las casas para vivienda, éstas no tienen sentido. La estrategia tiene que variar, por ejemplo, negar que se está okupando. En el Laboratorio 02, los 300 autoinculpados reconocían en sus declaraciones que hacían vida en la casa, pero vida social, ya que moraban en otra. A petición del propio fiscal, que reconoció que no es delictivo, se archivó. En el Laboratorio 03 esto no se consiguió, pero se logró demostrar el estado de abandono del edificio. Es un poco paradójico, porque la práctica es que el juzgado que instruye el sumario ordena el desalojo, pero cuando se llega al juicio, se absuelve a los y las okupantes.
J.A.: Ahora el movimiento en Barcelona está en un momento de consolidación, tiene menos visibilidad mediática, hay menos espacios de confrontación como movimiento de okupación, que se ha diluido más en otros movimientos sociales –contra la guerra, etcétera–. Se ha hecho más plural, perdiendo un poco esa identidad más cerrada o identitaria que tenía hacia el año 1998, y ahora hay muchas realidades y las estrategias se diversifican. Cada vez son más los juicios que se ganan en lo penal y nos llevan a lo civil, como es el caso de Can Masdeu, el año pasado. Intentamos parar el juicio y el desalojo con la presentación de tres iniciativas jurídicas: una denuncia penal contra la propiedad; una acción de tutela administrativa, solicitando al Ayuntamiento la expropiación; y una demanda por enriquecimiento injusto contra la propiedad, reclamándoles 40.000 euros, en concepto de mejoras de la finca, para denunciar la situación de abandono anterior. Y llegamos a juicio: la primera vez que se enjuicia la propiedad por el mal uso del inmueble.
enlace entrevista 1
e-mail Endika Zulueta: endika@nodo50.org
Derecho.com - 25 de abril de 2006
El jueves 16 de Febrero, el diario EXPANSIÓN informaba sobre arbitraje en el ámbito inmobiliario residencial con este titular “Los desahucios de los pisos se resolverán con Arbitraje”. El asunto está causando un gran revuelo.
El título del plan puede sugerir en la mente de muchos lectores que el Estado es el autor del PNAG. No lo es. El autor del plan es una entidad arbitral privada y es, por lo tanto, un plan de arbitraje privado en el ámbito inmobiliario concretamente enfocado al mercado de alquiler que el Estado desea promocionar y está promocionando activamente pero no bajo nombre de "Plan Nacional de Alquiler Garantizado".
“De hecho, más de 12.000 propietarios de toda España han puesto ya en alquiler sus inmuebles a través del PNAG, una iniciativa privada desarrollada específicamente por la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, organismo arbitral con funciones de interés público y competencias en todo el territorio español encargado de gestionarlo.”
Que la iniciativa privada denominada PNAG es una iniciativa ajena al Gobierno queda abundantemente claro cuando el artículo indica “que desde el Ministerio de Vivienda no se está apoyando esta iniciativa”. A renglón seguido el artículo también indica que “fuentes del departamento ministerial que dirige María Antonia Trujillo admitieron que el Gobierno no participa en el proyecto”.
La resolución extrajudicial de disputas entre arrendador y arrendatario no forma parte del REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. No hay en este Real Decreto ni una sola referencia al arbitraje, o a la mediación, como métodos extrajudiciales para la resolución de conflictos. De hecho las palabras "conflicto", "disputa", "arbitraje" o "extrajudicial" no aparecen en en texto del Decreto.
Ya en última instancia consultamos el portal de la Sociedad Pública de Alquiler. Hemos consultado la totalidad del portal con cuatro criterios de búsqueda, "arbitraje/conflicto/disputa/extrajudicial". Esto es lo que hay y dónde lo hay y no hay más, ni en "enlaces de interés" ni en ningún otro sitio:
NOTA: obsérvese que en las "preguntas frecuentes" para el propietario NO aparece la palabra "arbitraje".
Simple y llanamente no hay una entidad arbitral con apoyo expreso ni del Ministerio de Vivienda ni de la Sociedad Pública de Alquiler. Si hubiese un apoyo expreso lo sabríamos todos a través de la prensa porque semejante logro --si se hubiese producido-- hubiese sido objeto de notas de prensa institucionales y de artículos posteriores en la prensa de todo el país. Sin embargo lo más notable es que no hay una estrategia de arbitraje o mediación ni por parte del Ministerio ni por parte de la Sociedad Pública de Alquiler más allá de la mención sobre su uso "allí donde esté disponible".
¿Por qué no apoya el Gobierno a esta corte arbitral que está "ahí disponible"? No lo sabemos porque el Gobierno no lo ha explicado. Sabemos que esta corte es una entidad sin ánimo de lucro –el artículo en Expansión dice que la corte es de “interés público”. Al no tener ánimo de lucro el Gobierno no puede arremeter contra ella porque tiene derecho hoy, tal y como está redactada la ley española de arbitraje, a ofrecer servicios de arbitraje en cualquier materia civil o mercantil. El Gobierno, por lo tanto, parece haberse limitado a no apoyar su iniciativa.
¿Qué le preocupa al propietario de una vivienda?, que le paguen el alquiler en plazo, que no se haga un uso indebido del inmueble y que no le destrocen la vivienda. No le importa mucho más. Como consecuencia de estas preocupaciones, la práctica totalidad del "marketing" del arbitraje inmobiliario en España se dirige al propietario del inmueble con un eje central y descarado “desahucio rápido y barato del moroso”. ¿Por qué?, porque es el arrendador quien propone el contrato y le gusta la idea del arbitraje en defensa de sus intereses. Esta y no otra es la meta del arbitraje inmobiliario. ¿O es que alguien ha visto algún titular o campaña de marketing en materia de arbitraje inmobiliario que se dirija al arrendatario?, algo que diga “no pague su alquiler y arbitre hasta que el dueño del piso le pinte el piso o le reemplace la caldera”. Con semejante eslogan a favor del arrendatario nadie pondría su piso en alquiler, pero no hay empacho en irse al otro extremo, a la esquina del arrendador y venderle a él el arbitraje con eslóganes que asustarían a cualquier arrendatario.
Centrémonos un momento en el asunto de pleno conocimiento de lo se pacta entre particulares. El PNAG no es la única opción de arbitraje inmobiliario en España. Hay otras entidades operando e interesadas en este ámbito concreto. Inmobiliarias y propietarios estarán escuchando sus ofertas ya que son distintas porque no hay ningún criterio establecido por ley que estandarice el arbitraje inmobiliario o la forma de prestar este servicio. Ninguno. Esto complica enormemente el conocimiento de deberes y derechos de la parte a la que se le impone el arbitraje. A la pregunta de un juez a un arrendatario cuando se proceda a su lanzamiento porque haya perdido un arbitraje por impago de rentas, "¿usted sabe lo que ha firmado?, ¿sabe lo que es el arbitraje?", casi seguro que la respuesta va a ser una respuesta incoherente y deshilvanada. Si la pregunta se la hace el Juez al propietario la respuesta va a ser probablemente bastante más hilvanada, "El arbitraje es la forma rápida y barata de echar de mi casa a la gente que no paga porque usted [o los tribunales] es muy lento. Esto es lo que me dijeron". En otras palabras, el propietario tiene meridianamente claro para qué "sirve" el arbitraje.
Al final vamos a ver que el arbitraje va a resultar ser un método extrajudicial del que hay que proteger al usuario, al consumidor, al arrendatario. Tiempo al tiempo. Esto ha sucedido en jurisdicciones más avanzadas en esta materia que España y aquí va a llegar. De momento ya tenemos un aviso del Gobierno –es más, tenemos dos avisos. El primer aviso lo ha dado alto y claro recientemente y es dificultar extraordinariamente el arbitraje de consumo distinto del INC por los abusos que se han cometido en este ámbito y de los que es consciente por admisión propia. El segundo aviso es no apoyar a un proyecto arbitral en materia inmobiliaria y manifestarlo expresamente a un medio de comunicación de prestigio.
Las situaciones de probable abuso tienen fácil solución. En materia de arbitraje inmobiliario, que es un arbitraje entre particulares, el arbitraje sólo debe permitirse cuando, surgida la disputa, ambas partes deseen someterse expresa y libremente al arbitraje de una corte, cualquier corte. Es en ese momento cuando la corte arbitral ha de informar a las partes sobre las ventajas de su arbitraje y convencerles que sus costas merecen la pena. ¿No es el arbitraje más barato, rápido, comprensible, especializado...? Pues que lo expliquen cuando ambas partes están muy atentas y en disposición de escuchar explicaciones detalladas. Esta es la única manera de garantizar que las partes saben en qué se meten porque ya se cuidarán mucho de recabar información antes de arbitrar su disputa. Este proceder no sería lógico ni deseable en el arbitraje mercantil o supondría una especie de retroceso a la antigua ley española de arbitraje de 22 de Diciembre del '53 que no concebía el pacto previo a la disputa. El ámbito civil es muy distinto. Además, estamos convencidos que las cortes arbitrales que operan en el ámbito civil aplaudirían a rabiar una iniciativa de esta naturaleza por parte del Gobierno ya que les ofrecería la tan deseada oportunidad de explicarse y explicar las indudables ventajas del arbitraje cuando todos están atentos.
Hay una pregunta que queda sin resolver de momento: ¿qué quiere el Gobierno en materia de arbitraje inmobiliario? Está claro que quiere el arbitraje pero no basta con querer el concepto de arbitraje; habrá que desarrollarlo para este ámbito concreto, ¿no? Lo cierto es que de momento al Gobierno no le gusta lo que ve o no le acaba de convencer y que puede y es probable que acabe con la simpleza de ir al registro para constituir una sociedad sin ánimo de lucro y sin más ofrecer servicios arbitrales ya que hoy no hace falta más requisito y a cualquier adulto se le ocurre que la forma jurídica de ofrecer un servicio no es garantía en si misma de nada en absoluto. Esto el Gobierno lo tiene claro o apoyaría sin más a las entidades "de interés público" en este ámbito solamente con que se lo pidan. Lo piden y la respuesta dependiendo de la entidad ha venido siendo (i) el silencio, (ii) no, (iii) ten mucho cuidado.
José Antonio García Álvaro. Director Arbitraje y Mediación (ARyME). Marzo 2006.
Terra - 27 de abril de 2006
El ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda en España se ha reducido ya a niveles de la inflación y, en algunos sitios, especialmente en zonas costeras, está incluso por debajo, dijo hoy el presidente de Inmobiliaria Urbis, Antonio Trueba.
Para el presidente de esta sociedad, controlada por Banesto y participada por ACS, es una tendencia 'clara' del mercado residencial, en el que se aprecia una desaceleración en los ritmos de la demanda y la creación de excedentes de pisos, lo que obligará a muchos promotores a retirarse en el futuro.
No obstante, aseguró hoy, tras la celebración de la junta general de accionistas de Inmobiliaria Urbis, que 'es muy peligroso decir' que esa situación podría llevar a una crisis, y sólo afectará a los promotores 'más débiles' del mercado, de cuya retirada se aprovecharán empresas más solventes.
Pese a la desaceleración en el crecimiento de los precios de la vivienda libre, que los promotores sitúan por debajo de un 12% de las estadísticas del Ministerio de Vivienda, Trueba apuntó al valor de suelo en España como el principal responsable del encarecimiento del mercado residencial.
'El drama de España es el coste de suelo', recalcó Trueba, quien no espera 'nada' de la nueva Ley del Suelo que prepara el Gobierno porque la solución del problema pasa por disponer de mucho más suelo edificable.
En España, el suelo representa un 60% del precio final de la vivienda frente a un 20% de EEUU, el segundo mercado de expansión exterior de Urbis tras Portugal, y donde se iniciará con la promoción de unos 300 apartamentos en Florida, asociado a la empresa local Key International.
Urbis estudia también otros mercados europeos -Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Polonia- donde invertir o promover, aunque no tiene previsto ningún proyecto a corto plazo, ni tampoco la compra de una empresa extranjera, porque 'los actuales precios no interesan'.
El objetivo principal de la compañía es el desarrollo en el mercado nacional, del que posee una cuota de apenas un 1%, por lo que 'la capacidad de crecimiento es enorme', señaló Trueba.
'En España seguirá habiendo una buena demanda estructural de primera residencia a precios asequibles' frente al descenso de la de viviendas de lujo y turística, agregó.
Trueba se mostró convencido de que Urbis está 'bien posicionada para afrontar los retos del futuro' y prevé vender más de 5.000 unidades en 2008 frente a los 3.400 de 2005, alcanzar vetas de suelo superiores a los 100 millones de euros anuales y mantener crecimientos sostenibles en promoción de más del 10%.
La junta general de accionistas de Urbis aprobó hoy el pago de un dividendo complementario de 0,14 euros brutos por título, a lo que destinará 17,86 millones de euros, que se suma a los 0,22 euros repartidos en el pasado mes de enero, con una cantidad de 28,07 millones a cuenta de los resultados de 2005.
De esta forma, el dividendo total de Urbis correspondiente al ejercicio 2005 será de 0,36 euros brutos por acción, lo que supondrá un desembolso de 45,9 millones de euros.
El resto del beneficio se destinará al incremento de las reservas voluntarias (111,2 millones) y a reservas para inversiones en Canarias (15,5 millones).
La junta aprobó también ampliar de 12 a 13 el número de consejeros y nombrar para el nuevo puesto a Miguel Boyer Salvador, además de reelegir a otros cuatro miembros de su máximo órgano: Antonio García Ferrer, Santiago Foncillas, Juan Manuel Delibes y Pedro Pablo Arechabaleta Mota.
El Confidencial - 26 de abril de 2006
El informe, patrocinado por diversas instituciones públicas, llama la atención sobre el deterioro que está sufriendo el litoral español -principalmente el mediterráneo-, pero también algunas zonas del interior, donde el uso del espacio físico con fines urbanísticos se ha acelerado en los últimos años. En concreto, algo más de 200.000 hectáreas han dejado de ser zonas agrícolas para convertirse en urbanas.
El Periódico de Catalunya - 30 de abril de 2006
La obsesión por comprar pisos es peligrosa cuando el petróleo y los tipos suben como ahora
Uno de los caminos más apasionantes de la actual investigación genética trata de vincular rasgos y patologías humanas con algún gen de nuestro ADN (intolerancia al gluten, la corea de Huntington, el síndrome de Prader-Willi, algunas demencias seniles y determinados procesos cancerosos). Quizá los economistas y sociólogos podemos emplear también este enfoque para intentar explicar algunas patologías curiosas del comportamiento de los españoles respecto de la vivienda. Patologías que no se dan, al menos con la misma intensidad, en el resto de los países europeos y desarrollados. Una de ellas es la conocida proclividad de los españoles a acumular viviendas. Somos el país que más viviendas tiene por habitante. En pura estadística, a cada hogar le corresponden 1,5 viviendas. Además, preferimos de forma absolutamente mayoritaria residir en vivienda de propiedad que en régimen de alquiler. El alquiler es residual y hasta está mal visto en nuestro país. En ningún otro sucede lo mismo. Esto da lugar al fenómeno tan español de la bi-residencialidad, es decir, de las segundas residencias. Es otra de nuestras grandes pasiones relacionadas con la vivienda. De hecho, se podría dividir a los españoles en dos grandes grupos: los que ya tienen segundas (y terceras) residencias y los que aspiran a tenerlas. Llevados por este afán, vamos llenando de cemento y ladrillo todas nuestras costas, valles y montañas. Esto nos obliga además a una movilidad de fin de semana que nos hace parecer hormigas estresadas que afanosamente van de un lado a otro, gastando energía, tiempo y dinero. Otro rasgo relacionado con la vivienda que también cabe calificar de patológico es la preferencia absoluta por las hipotecas a tipo variable. En España, prácticamente el 98% de las hipotecas son a tipo variable. Esto no sucede en ningún otro país de nuestro entorno económico y cultural. Y lo que me resulta aún más extraño: según los últimos datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de enero pasado casi 20.000 hipotecas han introducido cambios en sus condiciones y, ¡sorpresa!, la mitad de esos cambios han sido para pasar de tipo fijo a variable. Me cuesta entenderlo. Parece como si siguiésemos con la inercia de tipos bajos, sin darnos cuenta de que la situación ha comenzado a cambiar y seguirá cambiando. Vistas así las cosas, es como si los españoles tuviéramos un gen diferencial. Un gen propietario, que nos hace proclives a vivir en vivienda de propiedad, a concentrar nuestra riqueza en la inversión inmobiliaria, y a contratar hipotecas a tipo variable.
SIN EMBARGO, no hay que recurrir a la genética. No hay misterio alguno. Basta con examinar los efectos que la política de vivienda ha tenido a lo largo del tiempo en la creación de estas patologías. De hecho, no siempre fue así. En el año 1960 las viviendas principales en propiedad significaban el 50%, y las de alquiler el 43%. Es decir, las cosas estaban bastante equilibradas. Pero el control de alquileres, la fiscalidad favorable a la compra y la financiación del desarrollo español durante el franquismo mediante inflación han producido ese comportamiento. En situaciones de elevada inflación, los tipos de interés reales de los créditos hipotecarios (tipo de interés que figura en el contrato menos la inflación) acostumbran a ser negativos. Lo racional entonces es endeudarse para comprar y no el alquiler. Y más cuando las hipotecas son a tipo fijo. En estas condiciones el valor real de la cuota mensual a pagar disminuye tanto más rápidamente cuanto más elevada es la inflación. Lo más inteligente entonces es endeudarse para comprar, evitando el alquiler. En los últimos años la inflación se ha reducido. Pero los tipos de interés lo han hecho de forma más acusada. El resultado final ha sido el mismo: los tipos reales han sido negativos o cercanos a cero. Si a ello sumamos la fuerte expectativa de revalorización esperada de la vivienda, lo racional sigue siendo endeudarse para convertirse en propietario. Y no sólo para comprar la vivienda principal, sino también para comprar segundas residencias y viviendas como activos especulativos. Dado que más del 80% de las familias tienen su vivienda principal libre de cargas, tiene que haber mucha hipoteca en segundas residencias. Eso es lo que explica el fuerte endeudamiento de los últimos años.
LO QUE ES racional en una época puede dejar de serlo y convertirse en una patología peligrosa. La historia del ciclo económico de la vivienda en España desde los años 60 es ilustrativa: cuando el petróleo sube, los tipos de interés se elevan y aparece un problema de déficit en la balanza comercial. Entonces la demanda disminuye y los precios reales de la vivienda caen. La última vez que ocurrió fue en 1991, con la primera guerra del Golfo. El precio real de las viviendas bajó alrededor de un 25% entre 1992 y 1997. Pero parece que lo hemos olvidado. Los cuatro jinetes del Apocalipsis de la vivienda están comenzando a cabalgar de nuevo. El petróleo se encarece de forma duradera. Los tipos de interés han comenzado a subir. El déficit comercial es enorme. Y el cuarto elemento de riesgo adicional ahora es que todas las hipotecas son a tipo variable: la cuota mensual aumentará a medida que aumenten los tipos. Sólo si la inflación aumentara más se podría evitar ese efecto. Pero posiblemente el remedio sería peor que la enfermedad. El problema puede ser importante especialmente para los que están endeudados por la compra de su vivienda principal. Aún están a tiempo de protegerse. De hecho, algunas instituciones financieras comienzan a ofertar cambio de hipotecas a tipo fijo o mixto. Vale la pena tenerlo en cuenta.
Antón Costas. Catedrático de Economía de la UB
El País - 30 de abril de 2006
Expansión.com - 28 de abril de 2006
Y podría tocar máximos de seis años
Esta nueva subida del euribor supone la séptima mensual consecutiva y el encarecimiento de la cuota que abonan los titulares de una hipoteca que tengan la revisión anual en las próximas semanas.
El euribor anticipa los futuros movimientos del precio del dinero y los mercados se están adaptando paulatinamente a futuras subidas de los tipos de interés.
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos en el 2,5% en su última reunión, y el comunicado posterior sorprendió con un tono menos alcista de lo esperado. El gobierno del BCE no compartía la alta probabilidad que el mercado asignaba a una posible subida de tipos de interés en mayo.
Las expectativas de una subida de tipos en mayo se desvanecieron para darle más fuerza a la posibilidad de un incremento en junio.
Pero el euribor ha sufrido una aceleración en los últimos días por los comentarios realizados por diversos miembros del Banco Central Europeo sobre la imperiosa necesidad de seguir subiendo los tipos.
En el mercado se baraja con un euribor a finales de año entre el 3,5% y el 4%. De hecho fue a principios del mes de marzo cuando rompió la barrera del 3%, coincidiendo con la última subida de tipos, y no ha parado desde entonces.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha quitado hierro a los incrementos del euribor. El político socialista ha argumentado que las recientes subidas se han producido con respecto a su mínimo histórico y ha destacado que está en niveles de hace dos años.
ABC - 01 de mayo de 2006
Vicente J.Pallardó, el responsable del Observatorio dependiente de la Universitat de Valencia recuerda que el modelo económico valenciano y sus problemas son los mismos que los de España
Dtor. de Análisis del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional
VALENCIA. El análisis académico parte de la base de que «el modelo económico valenciano, al igual que sus problemas, son los mismos que en el resto de España».
-¿Qué diferencia a la Comunidad, que crece por debajo de la media nacional desde hace cuatro años?
-La particularidad de la región pasa porque su sector industrial tiene un mayor peso sobre el conjunto de su economía y está sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de un modelo desequilibrado que ha generado la excesiva dependencia de la construcción.
-Sin embargo, este sector, que es el más dinámico aparece en la mayoría de los análisis como el origen de todos los males.
-Por primera vez en cuatro décadas, tanto España como la Comunidad han eludido la crisis económica europea y han logrado crecer más, porque hemos sido los grandes beneficiados de la caída de los tipos de interés y del tirón de la construcción. Sin embargo, la dependencia de esto sector, que en cinco años ha aumentado su aportación al PIB valenciano en tres puntos, es nociva.
-En todo caso, el consumo interno continúa al alza.
-El consumo privado depende de la vivienda. Los constantes aumentos de precio provoca que nos creamos ricos, consumamos más y los bancos se fíen a la hora de prestarnos dinero. Todo ello genera inflación, pérdida de competitividad, déficit exterior y ausencia de inversiones productivas en la industria, porque, en apariencia, resulta mucho más rentable invertir en ladrillo.
-La industria ha entrado en caída libre, pero el crecimiento de la construcción parece que ya se ha ralentizado. Ante este panorama, ¿qué futuro le espera a la economía regional?
-Efectivamente, desde el Observatorio de la Facultad hemos detectado que la construcción se está ralentizando, pero esperamos que este proceso se produzca de forma progresiva. La clave pasa por que la industria recupere los cuatro puntos que ha perdido en cuanto a su aportación al PIB y apostar por la inversión en este sector para evitar que el desequilibrio actual se perpetúe.
Telecinco - 01 de mayo de 2006
Los españoles invirtieron en el año 2005 un total de 1.524 millones de euros en comprar pisos en el extranjero, casi el doble que en 2004, según datos del Banco de España.
Si los extranjeros compran cada vez más casas en España, parece que los españoles tienden a hacer lo mismo fuera de nuestras fronteras. En el año 2004, los españoles destinaron a la adquisición de viviendas en el exterior un total de 781 millones de euros, duplicando los 388 millones de 2003.
Es decir, entre 2003 y 2005, se ha multiplicado por cuatro este capítulo inversor en el extranjero, consecuencia, entre otros factores, del encarecimiento de los pisos en España, que hacen más accesible la adquisición de segundas residencias fuera del territorio nacional.
No obstante, en 2006 se aprecia una cierta ralentización de las compras de pisos en el exterior, ya que en el mes de enero se han destinado a esta cuestión 63 millones de euros, exactamente la misma cuantía que hace un año.
En todo caso, las cifras siguen lejos de lo invertido por extranjeros para comprar pisos en España, que ascendió en 2005 a 5.538 millones de euros, pese a caer de forma notable desde los 6.650 millones de 2004 y los 7.072 millones de 2003, cuando se tocó techo.
Sólo en enero de 2006, los extranjeros se han gastado 384 millones de euros en comprar viviendas en España, seis millones más que en enero de 2005.
Terra - 28 de abril de 2006
El Círculo de Empresarios propuso hoy eliminar las ventajas fiscales a la compra de vivienda, que según esta asociación suponen un 'sesgo' en perjuicio del alquiler, elevan aún más los precios inmobiliarios y distorsionan la inversión, que se dirige más a este sector que al financiero.
En su último informe, titulado 'La mejora de la competitividad y la estructura impositiva española', el Círculo también propone un aumento de los impuestos indirectos, porque considera que España tiene aún margen para subir la tributación del consumo, cuatro puntos por debajo de la media europea.
El presidente del Círculo, Claudio Boada, y el responsable de Política Económica de la asociación, Fernando Eguidazu, presentaron hoy este informe, que también hace un análisis de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno.
Aunque Eguidazu reconoció que la eliminación de las deducciones a la compra de vivienda tendría un importante coste político y sería difícilmente entendida por la sociedad, insistió en defenderla y añadió que debería ir unida a la resolución del verdadero 'problema de fondo': el alto precio del suelo, que supone el cincuenta por ciento del coste total de la vivienda.
A este respecto, el Círculo propone liberalizar el suelo, 'resolviendo el problema de financiación de los ayuntamientos', cuyas cuentas en buena medida dependen de la concesión de licencias.
La eliminación de las ventajas fiscales por la compra también acabaría, en opinión de esta asociación, con la 'distorsión de las decisiones de inversión', destinada sobre todo a los activos inmobiliarios, cuando en otros países las familias dividen sus ahorros entre la inversión financiera y la de vivienda.
Además, el informe critica el 'elevado' coste fiscal de las deducciones por compra de vivienda, que se prevé sea de 3.332 millones este año en el caso de la vivienda habitual.
Por otra parte, aunque el Círculo valora la reducción del Impuesto de Sociedades, la considera 'muy tímida', por ser sólo de cinco puntos y escalonada en el tiempo.
El informe critica además la eliminación de deducciones a las empresas pareja a la reducción del Impuesto, que en casos como los de I+D+i supone un mensaje 'desconcertante' al empresariado por parte del Gobierno, pues a un tiempo anima y desincentiva la inversión en este campo.
Según Eguidazu, España tiene actualmente un 'gravísimo problema', porque 'nos estamos quedando fuera del mercado' en materia de inversión directa extranjera e incluso de inversión española, y las empresas apuestan por instalarse en países con una fiscalidad más favorable.
En cuanto a la reforma del IRPF, Eguidazu consideró 'razonable' el aumento del mínimo exento, que ayuda a la incorporación en el mercado de trabajo, y también valoró la reducción del tipo máximo, que no obstante calificó de 'modesta'.
El informe señala que la reforma fiscal del Gobierno parece una 'oportunidad perdida' para ayudar a solucionar el problema de la competitividad, por estimar que no incentiva ni la inversión ni el ahorro privado.
Egudazu apuntó por ello que debería favorecerse el ahorro, especialmente a largo plazo y el destinado a pensiones, y aunque valoró la neutralidad -un mismo tipo para todos los instrumentos de ahorro- del impuesto, añadió que esta fiscalidad debería ser 'más positiva' y calificó de 'incomprensible' el aumento del tipo nominal del quince al dieciocho por ciento.
La deseada 'neutralidad', en su opinión, también se rompe en el Impuesto de Sociedades con la eliminación de las deducciones a las plusvalías.
Finalmente, el Círculo insiste en que 'hay margen recaudatorio' para subir los impuestos sobre el consumo y que éstos se acerquen más a la media europea, que se sitúa en el 20,6 por ciento, frente al 16,5 por ciento español.
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, pidió hoy a los bancos que presten atención a los riesgos que pudieran vislumbrase en el futuro desde una óptica profesional sin utilizar soluciones que se aplicaron en el pasado.
Durante su intervención en el 'XIII Encuentro del Sector Financiero', Martín advirtió que los principales riesgos para el sector proceden de posibles desequilibrios macroeconómicos mundiales y en España, derivados del diferencial de inflación y el deterioro de la competitividad que llevaran a un crecimiento económico más débil.
Por ello, recomendó a las entidades financieras que presten atención a este escenario y se pregunten qué actuaciones aplicarían si estos desequilibrios no se corrigieran tan fácilmente como pronostican algunos estudios.
El presidente de la AEB explicó que existen muchos medios para hacer frente a esta situación, y pidió a los bancos que lleven a cabo una 'gestión profesional e integral del riesgo que no se deje llevar por el pasado'.
En este sentido apostó por impulsar el gobierno corporativo, la transparencia y el servicio a la clientela, reforzando, en último término, la capacidad de adaptación al cambio, que, según dijo, es uno de los signos de identidad de los bancos españoles más valorado por los observadores extranjeros.
El presidente de la patronal bancaria resaltó que diversas instituciones internacionales han destacado la magnífica situación del sector bancario español, por su elevados índices de eficiencia, solvencia y rentabilidad, acompañados de una gran capacidad de adaptación al cambio y a su buena gestión.
Durante su exposición, señaló que el sector bancario ha sido 'decisivo' para los últimos 13 años de crecimiento económico español, ya que no sólo se ha beneficiado de él sino que también lo ha impulsado captando financiación exterior y ofreciendo a empresas y familias la financiación que demandaban.
'El sector bancario no sólo ha servido a sus clientes, sino que también ha impulsado que el sistema económico funcione y se financie', declaró Martín.
El presidente de la AEB mostró su disposición a colaborar con las cajas de ahorros para conseguir que el sector financiero español en su conjunto 'sea cada vez más eficiente y mejor', ya que, según dijo, la rentabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero es 'un bien público'.
COMISIONES: 'ESTRATEGIA COMERCIAL'.
Por último, preguntado por las comisiones que aplican los bancos y cajas, Martín manifestó que forman parte de la 'estrategia comercial' de cada entidad, por lo que apostó por dejar 'libertad' para su fijación.
'Cada entidad tiene que convencer a sus clientes que sus comisiones no son caras', indicó el presidente de la AEB, quien consideró complicado hablar de las comisiones de forma homogénea.
En cualquier caso, Martín afirmó que las comisiones aplicadas en España no pueden ser más altas que las francesas, alemanas, italianas o inglesas 'porque no tiene sentido decir que las entidades españolas son mucho más eficientes pero con más comisiones'.
La Vanguardia - 27 de abril de 2006
El Banco de España ha pedido por enésima vez prudencia a las entidades financieras a la hora de conceder hipotecas, esta vez por boca del director general de Supervisión, Pedro Pablo Villasante, que se ha referido especialmente a las hipotecas de larga duración o de elevado importe.
Durante su intervención en el 13º Encuentro del Sistema Financiero, organizado por ABC, Deloitte, Genworth y SAP, Villasante ha asegurado que los bancos y cajas deben aconsejar a sus clientes sobre la deuda máxima que pueden asumir y sobre los riesgos que puede suponer en cada caso la contratación de estos productos.
Límite de financiación en el 80%
Asimismo, el director general de supervisión del Banco de España ha reiterado la conveniencia de mantener el límite de financiación en el 80% y ha asegurado que la concesión de una hipoteca debe basarse en la capacidad de reembolso del deudor, ya que "vender una hipoteca a quien no podrá pagarla sin dificultades poco asumibles es un flaco servicio al cliente y a la entidad".
También ha advertido a las entidades que se abstengan de lanzar mensajes "confusos o complacientes" a sus clientes sobre la carga financiera de estas nuevas hipotecas para evitarles decisiones erróneas e insistió en la necesidad de que todo aspirante a comprarse una casa reciba suficiente información.
La Hora - 26 de abril de 2006
El embajador de Ecuador en España, Antonio Parra Gil, inauguró hoy en Madrid la primera feria de vivienda para inmigrantes ecuatorianos enfocada a orientar sus recursos económicos hacia el desarrollo del sector de la vivienda en su país de origen.
La feria, bajo el nombre de "Mi casa en Ecuador" y que se prolongará hasta el próximo domingo, pretende ofrecer facilidades para que los inmigrantes que deseen adquirir una vivienda puedan conocer, en un mismo lugar, la oferta inmobiliaria en su país y negociar las distintas alternativas de financiación con bancos nacionales e internacionales.
El diplomático ecuatoriano dijo que la muestra es fruto de un "extraordinario esfuerzo" desplegado por un grupo de empresarios que, con una notable sensibilidad social, se ha desplazado a España para presentar una amplia variedad de programas de viviendas, según un comunicado de la Embajada.
A "Mi casa en Ecuador", organizada conjuntamente por la Cámara de la Construcción de Quito y la firma ecuatoriana GSM, acuden 80 empresas constructoras, 6 bancos y 2 mutualistas.
El presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, Diego del Castillo, opinó que es preciso que los inmigrantes ecuatorianos reflexionen sobre la conveniencia de canalizar el fruto de su trabajo y ahorro hacia la inversión y no sólo al gasto.
La Cámara de la Construcción de Quito confía en que las empresas constructoras y financieras presentes en la feria realicen operaciones por valor de entre 40 y 50 millones de dólares.
"Hemos venido a Madrid porque creemos en el empresario, creemos en el sector inmobiliario y creemos en el cariño de los ecuatorianos que viven en España", según Del Castillo.
Los ecuatorianos residentes en España constituyen la comunidad extranjera que más remesas envía a su país de origen, con 927,72 millones de dólares en 2004, según datos del Fondo Social Europeo y el Ministerio Español de Trabajo y Asuntos Sociales.
La Voz de Galicia (Comunidad de Madrid) - 28 de abril de 2006
Más de 21.000 personas optan a 565 viviendas públicas en Madrid
Un total de 21.596 personas, todas ellas solicitantes inscritos en el Registro Permanente de Solicitantes de Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) antes del pasado 18 de abril, optarán a 369 viviendas públicas en régimen de venta y 196 de alquiler pertenecientes a las convocatorias del Plan Primera Vivienda y el Plan de Vivienda en Alquiler, respectivamente.
El Consejo de Administración de la EMVS aprobó ayer esta oferta de viviendas públicas en régimen de venta y de alquiler. Las primeras están situadas en los distritos de Usera, Carabanchel, Villaverde, Tetuán, Hortaleza, Villa de Vallecas y Vicálvaro, y costarán entre 75.000 y 160.000 euros, según informó el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. tras la Junta de Gobierno.
Mientras, las viviendas en alquiler se localizan en Carabanchel, Usera, Centro, Hortaleza, Villa de Vallecas y Villaverde, y el coste de su renta variará entre 293 y 668 euros, aproximadamente.
Los pisos serán de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Este año habrá otra convocatoria pública.
Alasbarricadas.org (Comunidad de Madrid) - 28 de abril de 2006
Desde la asamblea del CSO El Desguaze ante su desalojo ilegal. En la mañana del 27 de abril se ha producido el desalojo ilegal del Cento Social Okupado El Desguaze.
40 policías municipales sin identificación y varias dotaciones de policías antidisturbiso, incluidos el jefe de policía municipal y un comisario de la policía nacional, han irrumpido en el recinto del centro social sin llevar consigo orden de desalojo del juzgado.
El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana Gallastegui consigue así, de la forma más traicionera, vía libre para sus planes urbanísticos en el área norte por encima del esfuerzo colectivo de los jóvenes de Alcorcón que proponen iniciativas de cultura, sociedad, política y relaciones personales diferentes a las establecidas por el pensamiento único. La presión de los intereses privados en la zona ha podido una vez más con los intereses colectivos de lxs ciudadanxs.
Madrid.org (Comunidad de Madrid) - 28 de abril de 2006
La Oficina de Vivienda ha detectado una información publicitaria con contenido irregular y fraudulento, relacionada con el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. La nota se está introduciendo en los buzones de viviendas en algunos barrios del municipio de Madrid.
Esta información, que oferta pisos del Plan de Vivienda Joven en la calle Santa Cruz de Marcenado (en la ubicación de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra), es absolutamente falsa.
La Oficina de Vivienda se encarga de la difusión de información relacionada con el Plan de Vivienda Joven, por lo que se recomienda a los ciudadanos que cualquier información recibida por otros medios sea contrastada en esta página Web o mediante el resto de canales de comunicación de la Oficina de Vivienda.
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 27 de abril de 2006
La Comunidad celebró el miércoles, en Colmenar Viejo, el quinto sorteo de viviendas del Plan Joven, en el que se han adjudicado 267 pisos que se entregarán a finales del año que viene.
Las posibilidades de ser adjudiciatario de una vivienda era muy alta, uno de cada seis solicitantes resultó agraciado en el sorteo.
Los inquilinos pagarán una renta mensual de 441 euros durante siete años. Pasado ese plazo, tendrán derecho a compra por un precio final inferior a 120.000 euros.
En el sorteo participaron 1.392 jóvenes empadronados en Colmenar Viejo, requisito previo establecido por el Ayuntamiento. Uno de los agraciados fue Álvaro Algana, de 21 años: "Me presenté por casualidad, me animó mi hermano. Al final, a mí me ha tocado y a él no".
También le tocó un piso a Roberto Barrajón, de 29: "Tal y como están los precios, mi novia y yo pensábamos en marcharnos de Colmenar".
Adjudicación desigual
El portavoz de Juventud del PSOE, Javier Gómez, criticó ayer las "desiguales" fórmulas de adjudicación del Plan Joven (el consistorio está en manos del PP), ya que "donde existe más demanda se construirán menos viviendas".
Si uno de cada seis de los solicitantes de Colmenar tenían posibilidades de conseguir una vivienda, en el último sorteo celebrado para Madrid, la proporción era de una vivienda para cada 2.650 solicitantes.
Precisamente, uno de los hijos del portavoz socialista en Colmenar, Miguel Pedrosa, fue de los afortunados ayer. Su otro hijo ganó un piso en el sorteo anterior, en marzo.
La Vanguardia (Cataluña) - 01 de mayo de 2006
La vivienda usada en algunos barrios modestos sufre caídas del orden del 2. La desaceleración del mercado inmobiliario de Barcelona ya es un hecho: los precios de los pisos de segunda mano en los barrios más modestos de la ciudad son hoy algo inferiores a los de diciembre. El endurecimiento del acceso a las hipotecas ha echado del mercado a los compradores con menor poder adquisitivo.
ROSA SALVADOR - 01/05/2006 BARCELONA
La anunciada desaceleración ha llegado al mercado inmobiliario de Barcelona y su entorno, especialmente a los barrios más económicos. Según diversos agentes inmobiliarios, los precios de las viviendas de segunda mano han empezado a bajar en el primer trimestre de este año "en las viviendas modestas de los barrios igualmente modestos" y en porcentajes pequeños, del orden del 2%. Según un estudio de la red inmobiliaria ComprarCasa, los precios han empezado a bajar en Sant Andreu (2%) y se han mantenido estables en Nou Barris, mientras que fuera de Barcelona han bajado en Badia del Vallès (un 1%). Otras firmas como Forcadell han observado caídas (de hasta el 5%) en otras zonas, como Poble Sec y la Bordeta. Según Expofinques los descensos de precios afectan también a algunas zonas de Nou Barris y el Carmel, y el portal Idealista. com los registra también en Cornellà (del 1,5%) y Vilanova i la Geltrú (0,2%).
Según José Antonio Galdeano, director general de Expofinques, "no es correcto del todo hablar de descenso de precios: lo que se está produciendo es una adaptación de los precios en los barrios más modestos y las viviendas más humildes a lo que realmente pueden pagar los usuarios de esas viviendas, muchas veces inmigrantes, a sus salarios, que no han subido, y a su capacidad de endeudamiento".
En el mismo sentido, Xavier Garrigós, presidente de la asamblea de Barcelona de ComprarCasa, recuerda que "en los últimos doce meses todos los barrrios acumulan aumentos de precios de dos dígitos". Ahora, explica, "los precios ya no podían subir, sino sólo bajar, porque la gente ya no puede endeudarse más, sobre todo en las zonas más económicas de la ciudad y su entorno". "Con estos precios hay potenciales compradores que desisten o bien se van fuera de Barcelona", añade.
Josep Lluís Ferrer, director del área de residencial de la consultora Forcadell señala: "Nosostros, que compramos viviendas para rehabilitarlas, hemos encontrado bajadas de precios de hasta el 10% en pocos meses. La realidad es que hay gente que necesita vender, bien porque compran otro piso y tienen un tiempo limitado para vender el anterior y pagar el crédito o bien porque se jubilan y se van al pueblo, y no quieren poner su antiguo piso en alquiler". A su juicio, "los compradores han de ser más selectivos, porque en un mismo barrio pueden encontrar pisos rebajados al lado de otros, similares pero más de un 10% más caros, que llevan meses en venta".
Las inmobiliarias consultadas atribuyen las caídas de precios a un endurecimiento de los criterios de los tasadores y a una creciente resistencia de bancos y cajas a financiar más del 80% del valor de tasación.
José Antonio Galdeano, de Expofinques, señala que "parece que las alertas del Banco de España sobre los precios de los pisos empiezan a ser asumidas por las entidades financieras y por las grandes firmas de tasación, que, recordemos, pertenecen a bancos y cajas". Así, explica: "Ahora nos encontramos muchas tasaciones de viviendas que se hacen por debajo del precio de venta", y la mayoría de las entidades financieras "exigen seguros complementarios para dar hipotecas por hasta el 97% del valor de tasación, cuando antes llegaban fácilmente a cubrir hasta el 110%".
En el mismo sentido, Josep Lluís Ferrer, de Forcadell, señala que "las hipotecas ya no se dan tan alegremente, los bancos cierran el grifo y los seguros que se necesitan para llegar al 100% del valor de tasación suponen un coste más de entrada", ya que pueden suponer hasta el 1% del valor hipotecado. Para financiar ese 10% de gastos que no cubre la hipoteca, señala Galdeano, "hay que recurrir a créditos personales o a los créditos exprés que dan ahora muchos bancos".
La financiación es clave, porque, según un estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (entidad participada por BNP Paribas y Banco Santander), el 50% de los compradores de vivienda necesita financiación por encima del 100% del valor del piso (en el 2002 era sólo un 28% de los compradores). El estudio (realizado entre 20.000 agencias inmobiliarias de toda España) señala que de media los compradores necesitan financiar el 92,9% del valor del piso, mientras que hace tres años el crédito medio cubría el 87% del valor del piso.
La Vanguardia (Cataluña) - 26 de abril de 2006
Tras ocho meses de negociación con el sector. Limita la posibilidad de expropiar en los casos en que el estado de una vivienda suponga un peligro inmediato para las personas
El Consell Executiu ha aprobado el proyecto de ley del Derecho a la Vivienda después de ocho meses de negociaciones con el sector y de la polémica suscitada por el ex conseller Salvador Milà ante la posibilidad de expropiar los pisos vacíos para incorporarlos al mercado inmobiliario.
Como novedades, el proyecto de ley establece como obligatorio el diagnóstico y la rehabilitación de los edificios en que se detecten problemas y regula la calidad de los inmuebles, el acoso inmobiliario y los denominados "pisos patera", en los que residen decenas de inquilinos en algunas ocasiones.
También crea un registro de solicitantes de vivienda protegida con el objetivo de dotar de transparencia el proceso de adjudicación de este tipo de pisos en el conjunto de Catalunya y establece que todos los municipios de Catalunya de más de 3.000 viviendas deberán disponer, en un período de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% respecto al total de viviendas principales existentes.
Gran parte del contenido de este proyecto de ley ya se aplica en la actualidad a partir del Plan del Derecho a la Vivienda 2004-2007 y del Plan de Rehabilitación.
El contenido ha quedado condicionado por las críticas iniciales de los agentes privados, que aseguraron que los primeros borradores incluían elementos que "podrían ser incluso inconstitucionales", en palabras del presidente de los promotores de Barcelona, Enric Reyna.
La futura ley, que destaca la vertiente social de la vivienda por tratarse de un mandato constitucional, también fue criticada recientemente por el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), que aprobó por unanimidad, con un único voto particular de CC.OO., un dictamen que pone en cuestión algunos de los elementos principales, como el plazo máximo de calificación (90 años) para las viviendas de protección oficial, que se considera "excesivo".
El proyecto de ley, en el que queda finalmente limitada la posibilidad de expropiación a casos concretos en que el estado de una vivienda suponga un peligro inmediato para las personas, ha sido aprobado por el Consell Executiu días después del cese de su impulsor, el ex conseller Salvador Milà, por lo que el actual responsable de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha destacado el trabajo realizado por su antecesor.
El texto legislativo aborda de forma integral la construcción, promoción, gestión, conservación y rehabilitación de viviendas, y fija un sistema de ayudas, tanto permanentes como de urgencia, para el pago del alquiler en situaciones especiales. Establece además un registro obligatorio de los agentes de la transacción inmobiliaria y un control periódico del estado de los edificios que será obligatorio y se realizará de acuerdo con la antigüedad de los inmuebles.
20 Minutos (Cataluña) - 27 de abril de 2006
la Generalitat aprueba la ley de la vivienda, que creará un parque de pisos sociales y ayudas para el alquiler
Será el Govern el que cobre para dárselo al propietario. El conseller de Medi Ambient i Habitatge rechazó que se ataque al «derecho a la propiedad» y aseguró que es una norma de derechos.
La nueva ley tiene previsto hacer inspecciones para detectar viviendas que están sobreocupadas para acabar con la degradación y el acoso inmobiliario. Con la nueva ley se impulsará un parque específico de viviendas asequibles para atender a la población con pocos recursos para acceder a una vivienda digna de mercado. También, según el nuevo texto, se creará un sistema de ayudas al pago de los alquileres.
20 Minutos (Cataluña) - 28 de abril de 2006
El fenomen del mobbing inmobiliari s’ha estès a totes les ciutats catalanes mitjanes, no només a Barcelona.
Hi ha 10.000 habitatges en què els propietaris intenten l’impossible per fer fora als llogaters.
Aquesta és la xifra de pisos afectats per l’assetjament immobiliari.
Un nombre que el nou conseller d’Habitatge, Francesc Baltasar, creu que «es queda curt» i per això la llei del Dret de l’Habitatge inclou sancions de fins a 900.000 euros.
«Estem davant d’un fenomen de brutal intensitat i que es pot agreujar», va dir Baltasar.
Les causes, segons el conseller, cal buscar-les en la forta emergència del sector immobiliari i en la transformació urbanística de les ciutats.
Això implica que aquest assetjament, que abans només es produïa als cascs antics de Barcelona, ara s’ha ampliat a la resta de la capital i a tota l’àrea metropolitana.
«No només això, també ha arribat a les ciutats de tot Catalunya», adverteix.
Indefensió i impunitat
El dret tampoc ajuda: l’inquilí té una sensació d’«indefensió», i el propietari, d’«impunitat», segons Baltasar.
En conseqüència: talls de subministrament, conflictes veïnals, mancança de manteniment dels serveis bàsics...
Davant d’això, l’adjunta del Síndic, Laura Díez, reclama proposar pactes amb les subministradores de serveis bàsics o fer accions per millorar el centre de les ciutats.
Multes contra les «vexacions»
Els 900.000 euros que preveu la Llei del Dret a l’Habitatge com a màxima multa s’aplicaran en casos «molt extrems», per evitar que els llogaters siguin «vexats», segons va dir el conseller d’Habitatge.
Entre d’altres, s’inclouen trucades a altes hores de la matinada o deixadesa en el manteniment de l’edifici.
Primer, però, es recorrerà a la mediació. Els advocats van demanar «contundència i energia» a l’hora d’aplicar aquesta legislació.
Cartas a la Plataforma (Comunidad Valenciana) - 26 de abril de 2006
Sobre la gran indefensión y abusos urbanísticos, ambientales e institucionales que sufrimos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
Enviar petición firmada a la dirección siguiente:
Sr. Presidente de la Comisión de Peticiones en el Parlamento Europeo, Sr. Martin Libicki. Presidente de la Comisión de Peticiones. Parlamento Europeo. B-1047, Bruselas - Belgica. También se puede enviar por correo electrónico, al Jefe de la secretaría de la comisión de peticiones, David Lowe dlowe@europarl.eu.int
y por fax 0032 284 6844.
Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana queremos denunciar ante el parlamento europeo y las administraciones pertinentes la total situación de indefensión y de abuso a la que nos sentimos sometidos, a pesar de la emisión del informe Fortou. Todo ello en un escenario en el cual el gobierno de la comunidad autónoma tiene todas las competencias en materia de ordenación del territorio y planificación urbanística junto a los gobiernos locales. Esta situación se ha concretado en:
Los ciudadanos, aún siendo la mayoría de la sociedad, nos vemos acosados por un solo sujeto “el urbanizador”, elemento que aún careciendo de terrenos propios o adquiridos puede forzar a los propietarios legítimos a entrar en su juego. La mayoría de las veces este juego es respaldado por los gobiernos locales justificando cínicamente su acción en nombre de nosotros los ciudadanos. En muchas ocasiones, la relación urbanizador-gobierno local es más estrecha de lo que cabría suponer a “priori”. Este despropósito sirve para que “todos” los gobiernos locales puedan sanear sus maltrechas economías, se han convertido de facto en macrourbanizadores y oficinas inmobiliarias con una ventaja, “disponen de todo el suelo posible”, el de sus ciudadanos.
Las actuaciones desmedidas y difícilmente justificables “en pro del progreso social” llegan a contemplar proyectos en cada pequeña población de hasta 3 y 4 campos de golf, eso sí con su respectiva urbanización de no menos de 2000 viviendas. Todas estas actuaciones urbanísticas no disponen “de ninguna forma de recursos de abastecimiento suficientes” ni de una planificación de las necesidades posteriores. Además, estas actuaciones, por sus características, se ubican en zonas naturales, mermando y dañando gravemente el medio ambiente, dado que crean una red urbanística caótica y “desordenada”.
Para poder ejecutar sus poco menos que sospechosos propósitos, el gobierno autonómico ha dado su respaldo mediante leyes hechas “a la carta”, llámese LRAU o LUV. Por su parte los urbanizadores contribuyen acudiendo a la trastienda de las empresas que les redactan, “a la carta”, como no podía ser menos, proyectos absurdos y muchas veces presentando contradicciones internas, que evidencian su interés de forma clara para así “justificar la finalidad de sus clientes”.
Denunciar igualmente el apoyo que prestan ciertas “infraestructuras” como carreteras de circunvalación de dudosa efectividad a poblaciones, con el único fin de servir de excusa para la recalificación de los terrenos entre estas y la población. Denunciar dentro de este ámbito y en el de ciertos proyectos urbanísticos el uso continuado de la ley conocida como de “expropiación forzosa” que adolece de ser: extemporánea, fuera del marco de la constitución, estar desvirtuada al no existir ciertos mecanismos de aplicación y no respetarse otros calificados como de uso “excepcional”. Consideramos que leyes como LRAU y la LUV son realmente un refinamiento de la ley de expropiación, cuya finalidad exclusiva es la de operar permitiendo disponer del suelo, como en un sistema comunista, para así beneficiar a los especuladores, que lo adquieren a precios bajos.
Las situaciones más extremas se han dado cuando ancianos se ven desalojados de su casa, eso si previa orden judicial, con indemnizaciones que no les posibilitan instalarse en una vivienda que les permita su independencia, anulando su capacidad de decisión y su libertad. Otros casos documentados son los de afectados que deben pagar más al urbanizador de lo que éste debe indemnizarles a ellos.
Hacer notar que ciudadanos y afectados nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos a que los municipios disfruten de “un urbanismo adecuado” pero que el proceso urbanizador debe estar supeditado a las necesidades reales de los ciudadanos, a un uso correcto de los recursos existentes, a un control basado en la participación ciudadana de la planificación local, a que todos los beneficios incluso los económicos recaigan en los ciudadanos y no en una sola persona, a los principios de transparencia y ética y que en caso de proyectos de “necesidad social” demostrada se salvaguarden los derechos de los propietarios no solo reconociendo el valor real de sus propiedades si no de la valoración de su esfuerzo en cada caso individual y de las molestias y menoscabos sufridos.
Por todo ello, solicitamos y rogamos al Parlamento Europeo y a todas las autoridades pertinentes que no se inhiban, y que actúen en consecuencia y que dentro de sus competencias y del más escrupuloso respeto a la legalidad internacional, procediendo a ejercer el control necesario para asegurarse y asegurarnos que se respetan los derechos legales de los propietarios, de los ciudadanos. Urge que se actúe, no solo tramitando el expediente sancionador ante el tribunal de Estrasburgo, sino abriendo nuevas diligencias y resoluciones que pongan fin a esta situación de acuerdo a las propias directivas europeas y a los principios democráticos de igualdad, justicia y libertad
DNI:______________________
Población:________________________________________
País:_____________________________________________
Levante-EMV.com (Comunidad Valenciana) - 30 de abril de 2006
Un particular planta 50.000 m2 de césped y señaliza los hoyos
Amigos de Sierra Escalona (ASE) y la Asociación de Vecinos San Miguel han denunciado la construcción de un campo de golf ilegal sobre suelo no urbanizable protegido en San Miguel de Salinas dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Sierra Escalona. El campo de golf, en un principio, para uso particular, está en la finca de Lo Espartal a la altura del kilómetro 4,5 de la carretera CV-952 de San Miguel de Salinas a Rabate.
Las obras de esta actuación se iniciaron en el verano de 2004, según las mismas fuentes, «sin ningún tipo de licencia». El ayuntamiento tramitó expediente de infracción urbanística al poco de iniciarse, archivándolo en agosto de ese mismo año, cuando el propietario, a instancias municipales, solicitó licencia de obra menor para la construcción de un muro, y para realizar movimientos de tierras. El importe final fue de 2.000 euros. En esa solicitud no se hacía «referencia en ningún momento a la construcción de un campo de golf».
Meses después, tras una denuncia de la asociación de vecinos ante el Síndic de Greuges, esta institución se dirigió a la Conselleria de Territorio y Vivienda. A su vez esta conselleria solicitó un informe al ayuntamiento. El consistorio respondió «justificando» esta situación «de hechos consumados», en opinión de los denunciantes. El informe municipal rubricado por el alcalde Ángel Saez asegura que, textualmente, «tras una reciente visita a dicho lugar, se aprecia que la actuación realizada, en una superficie de 50.000 metros cuadrados, se ha plantado césped y un número indeterminado de palmeras». El texto continúa asegurando que la instalación «no constituye -según el consistorio- en ningún en modo alguno un campo de golf».
Para el primer edil es «a todas luces exagerado y fuera de la realidad», el denominar la zona como campo de golf, ya que «no se trata de una actividad onerosa» que requiera «licencia para desarrollar actividad comercial alguna». Curiosamente, en las fotografías municipales no aparecen las banderas de los hoyos en los greens. El mismo texto, a renglón seguido, y a pesar de negar la existencia de un campo de golf, dedica buena parte de sus argumentos a glosar las bondades ambientales de los campos de golf. La administración local recurre a una «particular lectura de la directiva europea de hábitats y una ponencia titulada Turismo y campos de golf en Málaga para argumentar que no está demostrado que las obras de un campo de golf afecten gravemente los ecosistemas», valoran ASE.
Las Provincias (Comunidad Valenciana) - 01 de mayo de 2006
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, aseguró que la actualización de los precios de los módulos de vivienda de VPO, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “supondrá un importante impulso para la construcción de este tipo de viviendas en 21 municipios de la Comunitat”. Suponen, añadió, “alrededor del 70% de la oferta y demanda de este tipo de vivienda en la región”.
La actualización de los precios se complementará con las ayudas específicas del Consell dirigidas a la población que tenga ingresos anuales inferiores al 1,5 del salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, un joven con ingresos inferiores a 11.000 euros anuales recibirá una ayuda directa para comprar una vivienda del 15% del valor del inmueble, que aumentará hasta el 24% con las ayudas del Ministerio.
En Valencia el metro cuadrado de una VPO será de 1.557,23 euros, mientras que en Alicante y Castellón el precio máximo llegará a los 1.446 euros. En Torrent, Paterna, Mislata, Xirivella, Quart de Poblet, Alboraya, Picanya, Sedaví, Gandia, Elche, San Vicente, El Campello, Sant Joan, Mutxamel, Benidorm, Villarreal, Benicàssim y Burriana el precio será de 1.279 euros.
El Mundo (Canarias) - 26 de abril de 2006
El gerente de la empresa municipal de Vivienda y Suelo (Urvitel), Juan Carlos Saavedra Guadalupe, ha sido detenido por la Policía en el marco de la 'operación Faycán', que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento grancanario de Telde.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el gerente de Urvitel ha sido detenido en la capital grancanaria como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias y falsedad en documento, y pasará a disposición judicial mañana a las 09.00 horas.
Fuentes municipales indican que la detención de Saavedra ha producido una "gran conmoción" entre los miembros de la corporación y del grupo de Gobierno, que se encuentra reunido desde primeras horas de la mañana para abordar la nueva situación.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Telde, Javier García, inició la instrucción del caso el pasado verano a raíz de una denuncia presentada por una empresaria, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación de Telde le exigió pagar una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.
Esta detención se suma a la de ayer de la concejala de Aguas, Saneamiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, Candelaria Sánchez, de ASV-Ciuca, quien se encuentra en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y, al igual que Saavedra, pasará mañana, a las 09.00 horas, a disposición judicial.
Las fuentes indicaron que los delitos que se le atribuyen a Sánchez son los de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
El partido formado por AFV-Ciuca (Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio) es socio del PP en el grupo de gobierno del consistorio de Telde.
La empresa Urvitel estaba presidida por la ex concejala de Obras Públicas y Contratación del PP María Antonia Torres hasta que fue detenida el pasado 1 de marzo e ingresada en prisión por esta causa, como presunta autora también de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
'Operación Faycán' Con el gerente de Urvitel, el número de personas arrestadas en la 'operación Faycán' asciende a 16, si bien de todas ellas sólo Torres permanece en la prisión del Salto del Negro, ya que su asesor municipal Francisco Gordillo quedó en libertad el pasado viernes.
Gordillo quedó en libertad bajo fianza de 40.000 euros y con los mismos cargos, además de maquinación para alterar los precios y falsedad de documentos.
Canarias 7 (Canarias) - 26 de abril de 2006
Castro señala que la Justicia sigue investigando
El consejero regional de Infraestructuras, Antonio Castro, afirma que han aparecido otros siete nuevos casos de posibles irregularidades en el Instituto Canario de la Vivienda que se añaden a los 22 denunciados por el propio Gobierno de Canarias.
Castro, que insiste en que hay que dejar actuar a la Justicia, se muestra «preocupado por todo lo que rodea este asunto, tanto que lo denuncié» y espera que se resuelva cuanto antes «esta situación ingrata que perjudica a la imagen de la institución».
Los dos funcionarios presuntamente implicados en la falsificación de la firma del director del Insitituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, para levantar la protección oficial de distintas viviendas, continúan trabajando. Sin embargo, Castro confirma que «se les ha encomendado otras tareas mientras se aclaran los hechos denunciados».
El consejero insiste en que «hay que creer en la presunción de inocencia» y añade que no ha seguido en los últimos tiempos este tema», pues hace unos quince días que no ha hablado con Fregel al respecto de este caso de presunta corrupción.
Kaosenlared.net (Andalucía) - 27 de enero de 2006
Con el paso de los años esas barriadas se están convirtiendo en verdaderos guetos de marginalidad y refugio de las minorías étnicas que hay en España, especialmente de raza gitana y ya también van siendo ocupadas esas viviendas por familias inmigrantes. Feliciano Robles Blanco (Utopía siglo XXI)
Hoy han finalizado la serie de cinco conferencias que sobre construcción y urbanismo han impartido diversos colectivos y profesionales a los alumnos de los ciclos profesionales de Construcción y Obra Civil que se imparten en el IES Politécnico de Sevilla.
La última conferencia ha corrido a cargo de un arquitecto, llamado Rafael Pavón, que es funcionario de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Este señor nos ha presentado las circunstancias que conllevan intentar rehabilitar los polígonos de viviendas que se construyeron de forma muy precaria y a las afueras de las grandes ciudades en los años del desarrollismo del franquismo para albergar a la cantidad de gentes que fueron expulsadas del campo e iniciaron su marcha hacia las ciudades y que pueden catalogarse esas barriadas como una especie de chabolismo vertical.
Con el paso de los años esas barriadas se están convirtiendo en verdaderos guetos de marginalidad y refugio de las minorías étnicas que hay en España, especialmente de raza gitana y ya también van siendo ocupadas esas viviendas por familias inmigrantes.
La arquitectura de estas viviendas que era muy precaria se está deteriorando a marchas forzadas y pronto es posible que no tengan reparación y sea necesario proceder a su demolición.
La Junta de Andalucía que es la titular de estas viviendas está realizando algunas pruebas de actuación en estas barriadas marginales tanto de Granada como de Sevilla, y otras que hay en otras capitales de provincias andaluzas.
La intervención es tan compleja que requiere el esfuerzo y la coordinación conjunta con otras consejerías y organismos oficiales como Ayuntamientos, e incluso la Comunidad Europea para que aporte recursos económicos para poder sacar a esta pobre gente hacia delante.
Hemos visto recientemente los sucesos que han ocurrido en Francia en este tipo de barriadas y es posible que en algún momento puedan ocurrir fenómenos parecidos en algunas ciudades españolas porque la situación en la que se encuentran los moradores de estos barrios es muy lamentable y la sociedad en general vive de espaldas a los mismos.
Este grave problema es una de las herencias que nos dejó el desarrollismo franquista de los años sesenta cuando empezaron a amasarse verdaderas fortunas a raíz de comenzar la especulación del suelo y la sectorización de las poblaciones en función de su poder adquisitivo, así que a los más pobres y marginados se les alojó en los sitios peores de las ciudades con un gran hacinamiento y ausencia de servicios sociales que fomentasen la integración y la no segregación.
Soy bastante pesimista sobre el futuro de estos ciudadanos porque la Administración la veo imposible de sacar eso hacia delante y no va más allá de algunas actuaciones puntuales y propagandísticas.
La Opinión de Málaga (Andalucía) - 26 de abril de 2006
La junta de portavoces denunciará una presunta trama de dos empresarios que iban a crear un partido local. La clase política cree que es "lamentable"
Nuevo posible caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol. La junta de portavoces del Ayuntamiento de Estepona decidirá hoy remitir a la Fiscalía Anticorrupción una cinta de video en la que se expone, de forma explícita, una presunta trama de corrupción auspiciada por dos empresarios locales, que pretendían formar un partido político para las próximas elecciones de 2007.
El alcalde, Antonio Barrientos, se puso ayer en contacto con los partidos políticos para "actuar unidos" y denunciar unos hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de delito, por lo que el fiscal Juan Carlos López Caballero "deberá decidir si abre una investigación".
Los hechos. La supuesta trama se desveló en la madrugada de ayer en un reportaje grabado con cámara oculta y emitido por Antena 3. En el video aparecen dos empresarios locales que desean formar un partido y buscan dinero para la campaña electoral.
Para ello se reúnen con un supuesto promotor a quien piden dos millones de euros a cambio de aceptar sus proyectos urbanísticos cuando lleguen a la alcaldía. Asimismo, aseguran que poseen un periódico e influencias en radio y televisión, por lo que esperan conseguir la mayoría. El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, calificó los hechos de "lamentables por el desprecio que muestran hacia la función pública y la clase empresarial" y quiso desvincular el nombre de la ciudad "de estos sinvergüenzas", dijo. Por su parte, el primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, exigió "contundencia" a la Fiscalía a la hora de actuar.
El portavoz del PP, Ignacio Mena, aseguró que el caso "sigue el esquema político creado por el GIL en la Costa del Sol y consentido por la Junta de Andalucía".
AEDRU (Galicia) - 26 de abril de 2006
Foro Ciudadano de Murcia (El País) (Región de Murcia) - 30 de abril de 2006
Retrasos y ensañamiento
Las quejas que presentaban los arquitectos, y que según el colegio motivaron el inicio de un expediente por parte del Comité Deontológico por la presunta incompatibilidad de Peñalver con los negocios del estudio de su familia, "se producían en varias direcciones: Retrasos injustificados y ensañamiento con los proyectos presentados por otros compañeros, hasta hacerlos desistir de sus encargos; acumulación de encargos, hasta límites insospechados (casi un proyecto diario), tanto de urbanismo como de edificación del entramado de sociedades vinculadas a Peñalver; continuada prevaricación en sus informes como técnico municipal, aprobando figuras urbanísticas de imposible encaje en el ordenamiento legal, modificaciones en rango inferior de determinaciones del plan general, y valoraciones económicas totalmente desviadas de la realidad, perjudicando de forma notable los intereses públicos y los de particulares ajenos a su entorno".

References: Real Decreto 
 resolución 
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 REAL DECRETO 
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