Source: https://www.cerem.pe/blog/novedades-en-el-ambito-de-los-residuos-real-decreto-180-2015
Timestamp: 2020-07-04 21:40:45+00:00

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La entrada en vigor, con fecha de 7 de mayo de 2015, del Real Decreto 180/2015, un nuevo marco normativo regulador para trasladar residuos, implica cambios relevantes en la gestión de residuos.
La entrada en vigor, con fecha de 7 de mayo de 2015, del Real Decreto 180/2015, por el que se proporciona un marco normativo regulador para trasladar residuos dentro del territorio del Estado, implica cambios relevantes en la gestión de residuos. Resulta de este modo oportuno ofrecer un resumen de la jurisdicción en materia de residuos que se aplica actualmente en España y de forma particular sobre las novedades que aporta el real decreto señalado. El residuo peligroso y el residuo no peligroso requieren una normativa conforme a sus diferentes características y que en todo caso persiga su correcta gestión y el control adecuado para prevenir daños en el medio ambiente y en las personas.
La normativa española en materia de residuos es la suma de la legislación básica del Estado, que en su mayoría transpone las normas de la Comunidad Europea, y las leyes aprobadas por las comunidades autónomas. Se trata de un marco legal de especial trascendencia social, ambiental y económica. Debemos tener en cuenta que España genera al año más de 45 millones de toneladas de residuos peligrosos y no peligrosos, de acuerdo con los datos que elabora y difunde el Instituto Nacional de Estadística (INE).
España cuenta actualmente con una profusa legislación que regula la gestión de residuos. Como referencia encontramos la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que marca la gestión de los residuos e impulsa medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión. Otro objetivo fundamental asociado es la regulación del régimen jurídico de los suelos contaminados.
La Ley 22/2011 define en su artículo tercero el concepto de residuo como “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar”. Esta ley clasifica también en este apartado seis tipos de residuos: domésticos, comerciales, industriales, peligrosos, aceites usados y biorresiduos.
Hay residuos que disponen de normativa sectorial propia. Es el caso, por ejemplo, del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. El Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, trata sobre la gestión de vehículos al final de su vida útil (VFU). Por su parte, el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, versa sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. Los denominados RCDs (residuos de demolición y construcción) disponen a su vez del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de este tipo de materiales. Especial singularidad adquieren los SANDACH o Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano. La normativa comunitaria que aprobó Bruselas sobre los SANDACH queda establecida en España a través del Real Decreto 1528/2012.
Todas estas legislaciones comparten el objetivo de fijar medidas que favorezcan la prevención, la reutilización y el reciclado de los residuos.
Una de las últimas novedades legislativas relevantes es el Real Decreto 180/2015. Esta norma fue publicada en el BOE el pasado 7 de abril de 2015. De entrada, este real decreto deroga el contenido del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio; modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, en concreto el apartado &quot;f&quot; del anexo octavo y recoge el contenido del reglamento comunitario 1013/2006, de 14 de junio.
El Real Decreto 180/2015 consta de tres capítulos. El primero de ellos incorpora las disposiciones que son carácter general; el segundo, los requisitos que todos los traslados de residuos tienen en común; y el tercero trata sobre los traslados cuya particularidad reside en precisar de una notificación previa que debe realizarse a las comunidades autónomas. El real decreto se estructura en nueve artículos, cuatro disposiciones adicionales, sendas disposiciones transitoria y derogatoria, así como cuatro disposiciones finales y dos anexos. Las materias que desarrolla son las siguientes:
Políticas de medio ambiente.
El artículo primero del Real Decreto 180/2015 regula su objeto y su ámbito de aplicación. En cuanto al objeto, queda establecido el régimen jurídico de los traslados de residuos en España, tal y como posibilita el artículo 25 de la Ley 22/2011. La norma se aplica a los traslados de residuos entre comunidades autónomas para su valorización o eliminación, incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan operaciones de valorización o eliminación intermedias.
El real decreto define conceptos como el traslado vinculado a las operaciones de almacenamiento y tratamiento de residuos e introduce la figura del operador de traslado, que como regla general se asocia a la persona física o jurídica que produce los residuos, si bien se recogen diferentes excepciones.
Criterios de traslado
El Real Decreto 180/2015 establece como hecho más significativo un nuevo y único escenario normativo aplicable en España respecto al traslado de residuos, para el que adapta la legislación comunitaria en esta materia. El legislador desarrolla aspectos recogidos igualmente en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Aclara al mismo tiempo determinados conceptos y responsabilidades de los actores que intervienen en el traslado de residuos, como sucede con la definición de traslado y transporte de residuos. La finalidad del Real Decreto es impulsar la correcta gestión de los residuos y mejorar la protección ambiental. No se han producido cambios en cuanto al etiquetado de residuos, puesto que sigue vigente lo recogido en el Real Decreto 833/1988.
Toda legislación aprobada suele llevar implícita la exigencia de nueva documentación, que en este caso se centra en el traslado de los residuos. Es lo que sucede con el contrato de tratamiento, el documento de identificación y la notificación de traslado. La tramitación electrónica de dichos documentos, de formato único para toda España, va a permitir en todo caso que se reduzca la burocracia administrativa asociada a este real decreto, que veamos simplificada su tramitación y que las entidades públicas y privadas puedan reducir los costes asociados.
A continuación conviene conocer cuáles son estos nuevos elementos vinculados con los traslados de residuos que se produzcan en nuestro país.
Contrato de tratamiento. Es un elemento fundamental en el real decreto. Certifica y plasma el acuerdo entre las partes, es decir, entre destinatario del traslado de los residuos y operador. Este contrato recoge, como requisitos mínimos, las especificaciones de dichos residuos, cuáles serán las condiciones del traslado y las obligaciones que tendrán las partes en el caso de presentarse algún tipo de incidencia.
Se trata de un documento de naturaleza contractual jurídico-privada que presenta los datos básicos sobre el traslado de residuos, como la identificación y cantidad de residuos, la periodicidad de los traslados, el tipo de tratamiento al que van a ser sometidos y cualquier otra información relevante. El contrato de tratamiento trata de garantizar que los residuos van a tener como destino un centro de tratamiento adecuado para esos productos, si bien aparecen posibles escenarios de devolución o rechazo cuando no se cumplan una serie de condiciones.
Documento de identificación. Sirve para identificar y acompañar los residuos en cualquier traslado que se produzca. Permite conocer, por ejemplo, el origen y destino de los residuos y el encargado del traslado.
Operador del traslado. Es la persona física o jurídica que prevé realizar el traslado.
Notificación de traslado. Se trata de otro requisito aplicable al traslado de residuos y su destinatario podrá ser la administración central o la autonómica. La notificación previa se aplicará en los casos de traslados de los residuos que están destinados a la supresión y a los traslados de los residuos domésticos mezclados, de los residuos que son peligrosos y los que se determinen reglamentariamente.
En relación con las competencias en la materia por parte de las comunidades autónomas se establece que podrán fijar en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del real decreto un adecuado régimen de vigilancia y control sobre los movimientos de residuos que se hayan realizado de manera exclusiva dentro de su territorio. La otra opción de las comunidades es aplicar directamente en su región la norma establecida en el Estado.
El Real Decreto 180/2015 tiene como base el denominado Convenio de Basilea, que fue firmado por la Comunidad Internacional en 1989. Se trata de un acuerdo internacional sobre el traslado de residuos en el que las autoridades comunitarias han inspirado sus directivas y regulaciones en materia de residuos.
En suma, siempre hay que tener presente que para alcanzar una gestión correcta de los residuos debe existir, por un lado, una legislación correcta y actualizada que exprese el compromiso real de los poderes públicos por una gestión sostenible en esta materia y que sea acorde con los criterios establecidos por la autoridades comunitarias.
Finalmente, resulta también muy necesario que todas las personas, las empresas y las entidades públicas o privadas implicadas en la generación y gestión de los residuos, por el hecho de su responsabilidad compartida, se impliquen de forma directa en el proceso, de manera que el trabajo conjunto proporcione los mayores beneficios y ofrezca los mejores resultados sociales, económicos y ambientales.

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