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Timestamp: 2019-05-20 18:41:09+00:00

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Por Sergio	 Ultima actualización Ago 12, 2015
En una sentencia que marca un precedente capital, el poder judicial cordobés ratificó la prohibición de la minería a cielo abierto. Transcribo la noticia que publicó el portal del tribunal cordobés
«El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la plena constitucionalidad de la Ley N° 9526, en tanto prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realice bajo la modalidad “a cielo abierto” o cuando para ello se utilicen sustancias como el cianuro, el mercurio y otras calificadas como peligrosas. El Alto Cuerpo argumentó que las restricciones establecidas son razonables si se tiene en cuenta que “el ambiente constituye un bien colectivo supremo”, que debe ser preservado.
En la sentencia, los vocales del TSJ también tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit”, también denominado yacimiento “Los Gigantes”, y de los residuos del complejo fabril creado en 1952, donde se efectuaron actividades de concentración de uranio y desarrollo de procesos asociados y donde funcionaba la planta de producción de dióxido de uranio (UO2), operada por Dioxitek y un equipo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de geología y de apoyo a otras actividades, que fue clausurada recientemente. En virtud de tales antecedentes “existirían sobrados argumentos para justificar la preocupación del legislador en proveer o dotar a la Provincia de un adecuado marco legal regulatorio de la política ambiental que debe respetarse por sobre cualquier otra clase de derechos”».
Abajo podés leer la sentencia completa, y dejar tu comentario u opinión.
Anexo con sentencia completa sobre la prohibición de minería a cielo abierto
Acá podés leer la sentencia completa: S 009-2015 CEMINCOR adi (2) (pdf)
1 – Expte. n° 1798036
SECRETARÍA ELECTORAL Y DE
TOMO ………………..…… AÑO 2015 ………………..……
FOLIO …………………………………………………………………….
SECRETARIA ………….……………………………………….
En la ciudad de Córdoba, a ONCE días del mes de AGOSTO de dos mil quince,
siendo las DOCE horas, se reúnen en Acuerdo Público los señores Vocales integrantes del
Tribunal Superior de Justicia, en pleno, Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa
Tarditti, María de las Mercedes Blanc de Arabel, Carlos Francisco García Allocco, Silvia B.
Palacio de Caeiro, Silvana María Chiapero y Mario Raúl Lescano, bajo la presidencia del
primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: “CEMINCOR Y OTRA C/
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA – ACCIÓN DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. n° 1798036 iniciado el 4 de mayo de 2009) con
motivo de la acción declarativa deducida por Hugo Apfelbaum y Juan Carlos Maiztegui en su
carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de CEMINCOR (Cámara Empresaria
Minera de la Provincia de Córdoba); y Rafael A. Vaggione quien comparece por APCNEAN
(Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad
Nuclear) en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba solicitando se declare la
inconstitucionalidad de la Ley n° 9526, procediéndose a fijar las siguientes cuestiones a
resolver: ——————————————————————————————————-
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad
interpuesta? —————————————————————————————————
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?——————–
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES
DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA DE LAS
MERCEDES BLANC DE ARABEL, CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO,
SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO, SILVANA MARÍA CHIAPERO Y MARIO
RAÚL LESCANO, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON: ————————————–
1. A fs. 68/93 Hugo Apfelbaum y Juan Carlos Maiztegui en su carácter de Presidente y
Secretario, respectivamente, de CEMINCOR (Cámara Empresaria Minera de la Provincia de
Córdoba); y Rafael A. Vaggione, quien comparece por APCNEAN (Asociación de
Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear); entablan 2
acción declarativa en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba solicitando se
declare la inconstitucionalidad de la Ley n° 9526. —————————————————-
La fundamentan en la violación a los derechos constitucionales de sus representadas
expresados en los arts. 18, 20, 66, 68 y 69 de la Constitución Provincial y concordantes de la
Constitución Nacional (arts. 14, 16, 17, 28, 31, 75 y 126) como así también el Código de
Minería y los arts. 9 y 10 de la Ley n° 25.675. ———————————————————
1.a. Legitimación activa —————————————————————————
Apuntan que CEMINCOR es una organización empresarial, que asocia a las personas
físicas y jurídicas vinculadas a la actividad minera en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
poseyendo interés legítimo para demandar la inconstitucionalidad de las normas que se
cuestionan ya que las mismas afectan sus derechos constitucionales y su patrimonio. ———-
Sostienen que en similar situación se halla APCNEAN toda vez que agrupa a los
trabajadores profesionales que se desempeñen en la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) o en todo organismo, empresa y/o sociedad estatal radicada en la Argentina en las
cuales el estudio o aplicación de la actividad nuclear sea permanente. —————————–
1.b. Procedencia sustancial ———————————————————————-
Manifiestan que la ley cuestionada es flagrantemente inconstitucional ya que viola el
sistema de propiedad y dominio minero como así también las formas de disposición del
Estado sobre las minas. ————————————————————————————
Consideran que el sistema de dominio del Código de Minería y de la Constitución
Nacional no permite al Estado Provincial adoptar esta medida, ya que dichas facultades han
sido expresamente delegadas por las provincias a la Nación a través de lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. —————————————————-
Alegan que el Código de Minería implica una política de estado de permanencia y no
puede la Provincia de Córdoba prohibir la actividad minera. —————————————-
Sostienen que es inconstitucional utilizar una denominación no legal como prohibición
de las sustancias llamándolas metalíferas, ya que incluyen numerosos minerales que están
comprendidos en la primera, segunda y tercera categoría, en el sistema de división de minas.-
Estiman que la Constitución Nacional dispuso que la Nación dictara el Código de
Minería, lo que encierra un poder completo delegado por las provincias a la Nación en 3 – Expte. n° 1798036
materia de fondo y de los procesos sustanciales referentes a la adquisición, explotación y
aprovechamiento de las sustancias minerales, es decir de las sustancias metalíferas y
radioactivas que son sustancias minerales.—————————————————————
Entienden que tal disposición importa una jurisdicción legislativa amplia del Estado
Nacional, delegada expresamente y no cuestionada desde la sanción del Código de Minería,
que comprende la determinación de las categorías de las minas respetando el dominio
originario de la Nación o de las provincias según el lugar donde se encuentren; el
establecimiento de las condiciones legales de disposición de los recursos mineros y el proceso
para permitir la exploración y las condiciones legales bajo las cuales será permitida su
explotación; la regulación de las demás relaciones de derecho público y privado que son
consecuencia de la exploraciones y de las explotaciones de las minas; regla las condiciones de
protección ambiental y de sistemas de trabajo y las actuaciones que corresponden a las
provincias por ser autoridades mineras creadas por el Código de Fondo.—————————
De ello derivan que las provincias ejercen solamente las competencias de autoridad
minera por delegación del Código de Minería y no por otra razón; y que la prohibición de la
explotación está fuera de las competencias de la Provincia y debe hacerse por medio de la
potestad delegada al Estado Nacional.——————————————————————–
Explican que en la reforma del año mil novecientos noventa y cuatro se consagró el
dominio originario de los recursos naturales pero que nadie puede afirmar válidamente que en
virtud de dicho principio constitucional no se pueda explotar el recurso natural derivado de la
tierra. ———————————————————————————————————
1.c. Los recursos naturales. Recursos Mineros. Código de Minería ————————
Acusan que la teoría sobre los recursos naturales y su tratamiento tiene entre nosotros
una aplicación académica. ———————————————————————————
Afirman que el Código de Minería de la Nación presenta las características de forma y
de fondo puesto que tales recursos necesitan esa doctrina jurídica para que el principio de
dominio originario del Estado no sea desvirtuado y por el interés de utilidad pública de la
minería para la Nación, no para los intereses parciales de la provincia.—————————–
Agregan que el artículo 205 del Código de Minería dispone que los minerales
nucleares se regirán por las disposiciones referidas a la primera y segunda categoría.————4
1.d. Los principios delegados a la legislación nacional que viola la Ley n° 9526 ——-
Entienden que los principios delegados a la legislación nacional y que la Ley n° 9526
viola, son: el del dominio originario del Estado Provincial de las sustancias minerales; el del
debido proceso sustancial (sistema regalista); el sistema de clasificación de sustancias; el de
utilidad pública no sometida a frontera provincial. —————————————————-
Estiman que se trata como un dominio público al dominio minero, lo que vulnera el
Código de Minería y por ende la delegación legislativa realizada; y que se ha creado un nuevo
sistema que es el dominial o de dominio público, no el originario que está establecido en
aquel. ——————————————————————————————————–
Manifiestan que en el sistema regalista argentino el Estado no puede negar la
concesión de las minas a los particulares y que nadie puede explorar y explotar una mina sin
el consentimiento del Estado, su dueño originario y en las condiciones que fija el Código de
Minería. ——————————————————————————————————-
Afirman que permitir que el Estado provincial prohíba la exploración y explotación
fijadas por el Código de Minería es posibilitar que en el futuro entregue las mismas sin
ninguna limitación, porque estaría asumiendo derechos de los cuales no es titular. ————–
Expresan que la Ley n° 9526 pretende adoptar indebidamente el sistema dominial en
virtud de lo cual la concesión minera dejaría de ser un acto jurídico reglado por el cual se
entrega la propiedad de las minas para pasar a ser un negocio de derecho privado realizado
por el Estado, sin regla alguna, posibilitando todo tipo de actividad. ——————————-
Estiman que las provincias pueden dictar los códigos de procedimientos mineros para
el cumplimiento de la legislación de fondo, pero jamás pueden asumir lo que corresponda a
aquella. ——————————————————————————————————-
Alegan que el artículo 1 de la Ley n° 9526 prohíbe la actividad minera metalífera,
mientras el Código de Minería la clasifica por categorías en virtud de las potestades
expresamente delegadas por las provincias a la Nación en virtud del artículo 126 de la
Constitución Nacional y que por tanto, dicha clasificación no puede ser realizada por la
Provincia.—————————————————————————————————–5 – Expte. n° 1798036
Aclaran que si no se permite la exploración por los métodos que correspondan, entre
los cuales se encuentra la exploración a cielo abierto, no se podrá saber cómo será realizada la
explotación.—————————————————————————————————
Destacan que toda la actuación de los planes e informes de impacto ambiental deben
estar presentados y suscriptos por profesionales universitarios con especial formación, únicos
idóneos para intervenir. Señalan que esta condición de especialidad los torna responsables, ya
que intervienen asimismo los colegios profesionales, visando los trabajos que presentan. De
ello coligen que la autoridad minera provincial tiene los instrumentos jurídicos plenos para
que se presente el plan al iniciar el pedido de exploración y para considerarlo insuficiente y no
conveniente y no aprobarlo o hacer observaciones.—————————————————–
1.e. Las sustancias radioactivas ——————————————————————
Entienden que el artículo 2 de la Ley n° 9526 que prohíbe en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba la actividad minera en todas sus etapas de minerales nucleares tales
como el uranio y el torio, implica una expropiación ilegal, es decir una confiscación. ———–
Explican que como la prohibición regirá para las minas actualmente concedidas es una
confiscación y por lo tanto inconstitucional.————————————————————-
Luego de efectuar un relato del sistema de las sustancias denominadas “minerales
nucleares” el Código de Minería declara en su artículo 206 nucleares al uranio y al torio
mientras que la Ley n° 9526 cuestionada al agregar la frase “tales como” crea una
clasificación ilegal. ——————————————————————————————
Razonan que lo grave es que no son perjudiciales por sí mismos sino según el
tratamiento que se les otorgue para la extracción. ——————————————————
Refieren que la prohibición sin base legal, ni cita y sin fundamento no es legalmente
aceptable más aún cuando el Estado provincial busca en este caso beneficiar una fuente de
energía como es el petróleo con un plan especial y perjudica a otro, sin explicitar el porqué de
la elección de esa fuente de energía. ———————————————————————
Consideran que además de beneficiar concretamente al medio ambiente por su
contribución a la generación de energía limpia, la actividad nuclear se extiende a otros
campos de la industria y a la medicina nuclear. ——————————————————–6
Aclaran que en esta área, el sector de producción de radiosótopos y radiaciones
ionizantes con fines médicos de la CNEA, abastece con el noventa por ciento a las
necesidades anuales que demandan los sectores de salud humana de nuestro país, quedando
un remanente que se exporta a otros países.————————————————————-
1.f. Explotación a cielo abierto o cantera ——————————————————
Expresan que la minería del uranio como la de cualquier otro mineral metalífero,
minerales industriales y rocas de aplicación, utilizan, casi en su totalidad, el método de
explotación denominado a cielo abierto, el que es conocido en Córdoba como cantera y
habiendo sido utilizado por la minería tradicional de la provincia. ———————————-
Razonan que si el método de producción que utiliza la minería que promueve el
gobierno de la Provincia de Córdoba es exactamente el método a cielo abierto o cantera y
siendo esta minería, a nivel de los estudios alcanzados en el territorio al día hoy, la única que
se practica en la Provincia, es evidente que la misma es violatoria al concepto expresado en el
artículo 1 de la Ley n° 9526.——————————————————————————-
Esgrimen que en los fundamentos expresados en la sesión legislativa se pone especial
énfasis en los perjuicios de la aplicación del método a cielo abierto haciendo hincapié en el
tamaño o volumen, pero no se especifica a partir de qué tamaño o volumen comenzaría a
perjudicar el medio ambiente. —————————————————————————–
Arguyen que pueden darse proyectos o emprendimientos mineros metalíferos con
tamaños y producciones menores a las actuales producciones de la minería tradicional
cordobesa como ejemplo la producción del ex yacimiento Schlagintweit en Los Gigantes.—–
Refieren que la minería del uranio, como la de cualquier otro mineral metalífero,
minerales industriales y rocas de aplicación, utiliza casi en su totalidad el método de
explotación denominado a cielo abierto. —————————————————————-
Se preguntan cuál es el origen de la prohibición de los métodos operativos para la
extracción de minerales metalíferos si son los mismos que los que se utilizan para la
extracción de minerales no metalíferos. —————————————————————–
Manifiestan que su aplicación se desarrolla dentro de un esquema absolutamente
contenido y que permite ser controlado con una metodología que es ampliamente conocida y 7 – Expte. n° 1798036
aplicada por la CNEA desde hace más de treinta años, sin que se haya producido ningún tipo
de contaminación y daños a la salud de persona alguna en relación con este elemento. ———
1.g. Manejo del agua en la minería ————————————————————–
Refieren que los emprendimientos mineros promueven un uso responsable del agua y
prevén recuperar como mínimo un cincuenta por ciento de las aguas, utilizando sistemas de
circuitos cerrados.——————————————————————————————–
Explican que el consumo de agua para la producción de las ciento veinte toneladas
anuales de uranio que utilizan nuestras centrales nucleares reciclando el cincuenta por ciento
es el equivalente al agua de riego anual consumida por una finca de quince hectáreas con
frutales. ——————————————————————————————————-
1.h. Sobre el abandono de los pasivos minerales ———————————————-
Sobre el tema del abandono de los pasivos minerales que se menciona en los
fundamentos de la Ley n° 9526 aclaran que para la solución definitiva de éstos la CNEA
diseñó el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), que cuenta
recientemente con un crédito del Banco Mundial. —————————————————–
Destacan y dejan sentado que todas las actividades que se llevan a cabo en el sitio Los
Gigantes son autorizadas por la Provincia. ————————————————————–
Refieren que la Ley n° 24.804 -Ley Nacional de Actividad Nuclear- expresamente
establece que la CNEA tendrá a su cargo “…ejercer la responsabilidad en la gestión de los
residuos radioactivos” y la Ley n° 25.018 -Ley de gestión de residuos radioactivosdetermina que debe gestionar los residuos derivados de la minerías del uranio, y los que
provengan de yacimientos petrolíferos abandonados o establecimientos fabriles fuera de
servicio. ——————————————————————————————————-
1.i. Prohibición de uso de químicos————————————————————–
Alegan que el artículo 3 de la Ley n° 9526 contiene la prohibición de una serie de
sustancias químicas y toda otra que se encuentre incluida en la Ley n° 24.051 a la que la
Provincia adhirió mediante la Ley n° 8973. Entienden que, por ello, modifica lo que ya es ley
para la Provincia. ——————————————————————————————–8
Señalan que la Ley n° 24.585 incluyó en el Código de Minería las disposiciones
ambientales que quedaron como Sección 2°, Título 13, y a continuación de las condiciones
técnicas de explotación, que es su lugar lógico de ubicación. —————————————-
Afirman que la Ley n° 24.051 de residuos peligrosos tiene un sistema que debe
seguirse que consiste en que primero el productor o quien trate con residuos peligrosos debe
inscribirse en el registro, y luego de ello, debe presentar el sistema o plan de tratamiento de
residuos peligrosos, el que quedará sujeto a aprobación del Estado provincial. ——————-
Expresan que el Código de Minería dispone que si las plantas de beneficio están
dentro del perímetro de pertenencia, deben reglarse por el Código de Minería, y que aquellas
en las que los minerales son extraídos y no tratados en el lugar tienen la misma legislación
que otras industrias, pero de igual forma estiman que deben aplicarse tales disposiciones. —–
Consideran que las plantas de beneficio o establecimientos que se encuentran dentro
de la concesión minera están más controladas que las anteriores ya que tienen el control de la
autoridad minera y de los municipios, comunas y de ambiente, entre otros, para el análisis del
informe de impacto ambiental y si corresponde lo vinculado con los residuos peligrosos. ——
Argumentan que la prohibición que realiza el artículo 3 de la Ley n° 9526 es
discriminatoria. ———————————————————————————————-
Concluyen que la referencia realizada por la Ley n° 9526 provincial al anexo primero
de la Ley n° 24.051 es ilegal, ya que la Provincia ha adherido a la misma integralmente por lo
que debe cumplirla, y no sólo a un anexo que determina cuales son las categorías sometidas a
control. ——————————————————————————————————-
Alegan que de igual forma es inconstitucional hacer referencia al artículo 249 del
Código de Minería sacándolo de su propio sistema. ————————————————–
1.j. Cuestionamientos de la Ley. Exposición de Motivos y Debates ————————
Al realizar una crítica a la fundamentación de la Ley n° 9526 y a la exposición de
motivos señalan que se confunde desarrollo sustentable con prohibición al sostener que se
pone a la vanguardia de las provincias que le dan sustentabilidad a la actividad minera con
este régimen de interdicciones previsto en la ley en cuestión.—————————————-9 – Expte. n° 1798036
Afirman que es inconstitucional porque ignora todo el sistema jurídico ambiental que
se ha dictado tanto en la Constitución Nacional como la provincial y las leyes de contenidos
mínimos nacional y provincial. —————————————————————————
Refieren que se pone como ejemplo una planta que jamás ha funcionado, cual es la de
Pozo Nuevo. Relatan los antecedentes respectivos. —————————————————-
Aclaran que los pasivos ambientales que se produjeron por el manganeso no fueron
jamás reparados.———————————————————————————————-
Estiman que sería conveniente una visita de este Tribunal a los fines de ver lo que se
está ponderando y lo que se está prohibiendo. ———————————————————-
Consideran que ningún minero es contrario a que las sustancias mineras extraídas sean
tratadas fuera del límite de la concesión minera, porque así está en el Código de Minería.
Apuntan que la idea de tratar las sustancias dentro del límite de la concesión o de la mina
corresponde a la concepción que señala que la minería debe desarrollarse en una sola zona y
dejar allí lo que no sea utilizable para los pasivos ambientales, lo cual, en definitiva, deberá
resolverse en cada caso concreto según los estudios que la ley obliga.——————————
Estiman que en relación al régimen de la política hídrica, una cosa es referirse al
acuerdo federal del agua de la década pasada y otra configurar los documentos que hacen al
derecho del agua; siendo que lo que debe realizarse es la aplicación de la legislación vigente.
Hacen referencia al Código de Aguas de la Provincia, el que en su artículo 59 regula sus
prioridades de uso. ——————————————————————————————
Ponen de manifiesto que existe en la exposición de motivos de la Ley n° 9526 y en el
debate, la idea de que la minería es perjudicial, aclarando que lo mismo sucede con la soja y
lo mismo ocurrió cuando se incorporó al campo argentino la ganadería de los animales traídos
del exterior. —————————————————————————————————
Postulan que deben hacer conocer que la minería tiene sistemas de cierre y
restauración de los lugares explotados. ——————————————————————-
Señalan que debe tenerse en cuenta la Ley General de Ambiente n° 25.675. Refiere
que dicho ordenamiento consagra el principio de congruencia y que el mismo es violado
cuando se incorpora un anexo de la ley sobre los residuos peligrosos o se pretende aplicar una
parte de un artículo del Código de Minería (art. 239). ————————————————-10
Acusan que se violan el principio de progresividad que determina la Ley n° 25.675 -ya
que los objetivos deben ser obtenidos a través del tiempo- y el principio de sustentabilidad, ya
que se impide el desarrollo económico y social con una prohibición que no tiene fundamento
alguno. ——————————————————————————————————–
Esgrimen que no responden a la realidad las consideraciones de la minería nuclear que
se realizan en el debate parlamentario, y que de existir un pasivo ambiental en nuestra
provincia, la responsable es la autoridad que lo permitió.———————————————
Luego de desarrollar el principio de prevención aseveran que lo ambiental no es una
serie de prejuicios sino de conocimientos técnicos, científicos y culturales y de cumplimiento
de la ley. ——————————————————————————————————
Citan el artículo 66 de la Constitución Provincial. ——————————————–
Exponen que se produce la violación al derecho de propiedad, consagrado en el
artículo 17 de la Constitución Nacional toda vez que la Provincia legisla sobre sustancias
minerales y nucleares sacándolas del Código de Minería. Aducen que la prohibición de
explotar las minas concedidas implicaría una violación al derecho de propiedad minera. ——-
Afirman que se viola el derecho a ejercer la industria lícita y el derecho al trabajo de
los profesionales de APCNEAN consagrado por el artículo 14 de la Ley Fundamental.
Aclaran que parece ser que cuando se pretende ejercer esta industria a través de sustancias
necesarias e imprescindibles para ello, la Ley n° 9526 de manera ilegítima, lo prohíbe pero
sólo para esta actividad, dejando de lado el principio de igualdad. ———————————-
Consideran lesionado el principio de debido proceso sustancial. Afirman que el
Código de Minería es de fondo y de forma y que al excluir minerales metalíferos y
radioactivos del proceso sustancial del Código de Minería, la Provincia lo hace con una ilegal
intromisión de los procesos provinciales, puesto que son sólo complementarios de los
sustanciales. ————————————————————————————————-
Respecto al derecho de igualdad, señalan que éste se ve infringido por cuanto la Ley
n° 9526 prohíbe en todo el territorio de la Provincia el uso de las sustancias químicas
contaminantes establecidas en el Anexo I de la Ley n° 24.051 y/o que posea alguna de las
características enunciadas en el Anexo II de dicho plexo, sólo en relación a la minería
metalífera. —————————————————————————————————-11 – Expte. n° 1798036
Refieren que no existe justificativo alguno que permita válidamente sostener esta
discriminación arbitraria en contra de una actividad tan lícita como cualquiera de las
actividades industriales o fabriles, la que tiene todo el derecho a desarrollarse en los mismos
parámetros cuando utilice los mismos elementos y sustancias que para unos está permitido y
para otros, negado.——————————————————————————————-
Manifiestan que los derechos laborales colectivos que representan han sido franca e
indudablemente vulnerados, porque en situaciones iguales han sido considerados en forma
diferente aquellos empresarios y trabajadores que hacen minería metalífera con respecto al
resto de las actividades o industrias de la Provincia. —————————————————
Finalmente entienden que se lesionan la buena fe y confianza legítima de sus
representados, en especial del sector empresario minero.———————————————-
Razonan que elementales imperativos de seguridad jurídica y de confianza legítima en
el proceso de formación y sanción de las normas generales, vinculados sustancialmente con la
certeza jurídica, exigen la previsibilidad en las conductas relacionadas con el sector minero,
pues ello contribuye precisamente a crear esa confianza legítima de los ciudadanos que
participan de dicho agrupamiento, susceptible de ser lesionada por la incertidumbre y la falta
de previsibilidad de las reglas jurídicas en juego en materia minera. Citan jurisprudencia de
este Tribunal Superior de Justicia.————————————————————————-
Aseguran que la pretensión de anudar por la nueva ley efectos o consecuencias
jurídicas novedosas a situaciones de hecho consolidadas en el pasado y ya consumadas, a más
de encuadrar en un supuesto de retroactividad auténtica no permitida por el ordenamiento
jurídico constitucional, sería contrario a elementales imperativos de seguridad jurídica en el
proceso de formación, sanción y vigencia de las normas generales en el ámbito de la
demandada, que contribuyen precisamente a crear esa confianza legítima de los ciudadanos. —
Hacen reserva de caso federal. ——————————————————————–
2. Mediante Auto número Treinta de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez este
Tribunal Superior de Justicia admite la acción declarativa de inconstitucionalidad incoada y le
imprime trámite. En mérito de ello cita y emplaza a la demandada Provincia de Córdoba para
que en el plazo de seis días comparezca a estar a derecho, conteste la demanda, ofrezca la 12
prueba de que haya de valerse y, en su caso, oponga excepciones o deduzca reconvención
(fs. 167/174vta.). ——————————————————————————————–
3. A fs. 309/343vta. la Provincia de Córdoba contesta el traslado corrido solicitando el
rechazo de la acción en todos sus términos, con costas a los accionantes. ————————-
Esgrime que la demanda incoada en autos carece de la virtualidad preventiva implícita
en su naturaleza jurídica, toda vez que fue interpuesta superados los seis meses desde que la
Ley n° 9526 comenzó a regir. —————————————————————————–
Señala que los actores debieron reclamar administrativamente conforme los remedios
pertinentes que establece la ley de trámite administrativo a fin de lograr la satisfacción de su
pretensión y en caso de resultar denegada su reclamación, tenían abierta la instancia judicial a
través de la acción correspondiente ya que en juicio pleno podrían lograr la satisfacción de su
derecho subjetivo de carácter administrativo supuestamente conculcado.————————–
Se pregunta cuál es la incertidumbre que tienen los actores y su gravedad cuando
tuvieron paralizado el expediente judicial casi un año. ————————————————
Afirma que no hay en Córdoba ningún emprendimiento minero en actividad que
pudiera estar comprendido por la ley, por tanto no están comprometidos bajo ningún punto de
vista los intereses de los asociados a CEMINCOR o APCNEAN.———————————–
Denuncia defecto en la personería invocada, toda vez que la Cámara sólo puede actuar
en defensa de los intereses de sus asociados conforme el artículo 2 de sus estatutos, sin que
sea posible arrogarse la representación de quienes no lo son. —————————————-
Agrega que el Acta n° 321 del siete de abril de dos mil nueve que supuestamente
autorizaría al ente para interponer la demanda, no aparece suscripta por la totalidad de los
miembros de la Cámara, o por su Comisión Directiva.————————————————
Aclara que no surge de los estatutos ni en particular de su objeto social, que
APCNEAN esté facultada para reclamar judicialmente la inconstitucionalidad de normas de
alcance general que no refieran puntualmente a la situación laboral o al ejercicio profesional
de sus asociados.———————————————————————————————
Manifiesta que siendo Córdoba una provincia con fuerte desarrollo turístico y minero
no metalífero, es imprescindible que se tomen medidas preventivas que permitan la 13 – Expte. n° 1798036
convivencia de ambas actividades y se adopten los recaudos necesarios para limitar el avance
de una actividad sobre otra, evitando en lo posible la destrucción irreversible del paisaje. ——
Explica que bajo ningún punto de vista pretende legislar el fondo de la materia minera
y avanzar sobre materia delegada al gobierno Nacional, sino regular tal actividad en el
territorio provincial teniendo en consideración la protección del ambiente. ————————
Luego de realizar un relevo de la normativa aplicable al caso, razona que la titularidad
reconocida en el artículo 124 de la Constitución Nacional sumada a la obligación que el
artículo 41 impone a las autoridades, obligan a las provincias a proteger los recursos de su
pérdida, alteración o disminución, siendo las mismas garantes del uso racional y conservación
de aquellos para las generaciones presentes y futuras. ————————————————-
Luego de citar jurisprudencia y el artículo 233 del Código Minero señala que es falso
que la Ley n° 9526 viole el sistema de propiedad y dominio minero y las formas de
disposición del Estado sobre las minas ya que la misma sólo reglamenta sobre una técnica de
ejercer dicha actividad y no realiza una nueva categorización de aquellas.————————-
Postula que sí puede el Estado prohibir las actividades mineras y la explotación que
violan las normativas ambientales vigentes y que técnicamente no pueden realizarse en forma
ambientalmente sustentable las actividades mineras que la Ley n° 9526 prohíbe.—————–
Relata que diez mil kilómetros cuadrados fueron explorados con resultados negativos
para anomalías metalíferas por BRGM, servicio geológico oficial de Francia entre los años
mil novecientos noventa y nueve y dos mil uno, lo que da cuenta de los antecedentes
suficientes que ha tenido la Provincia de Córdoba respecto de la decisión política en lo que
atañe a qué tipo de minería está dispuesta a defender. ————————————————-
Afirma que de acuerdo a las reglas del arte minero es imposible realizar de una manera
ambientalmente sustentable y sin contaminar las actividades que la Ley n° 9526 prohíbe. ——
Aclara que en la minería a cielo abierto de sustancias metalíferas, los volúmenes de
materiales son extraordinarios, mientras que en los no metalíferos son pequeños, por lo que es
posible entender que si los volúmenes de la minería no metalífera fueran extraordinarios
también podría ser limitado.——————————————————————————–
Asegura que el Estado Provincial en función de las facultades que le son conferidas
constitucionalmente legisló en materia ambiental el ejercicio de la actividad en la provincia y 14
lo hizo sancionando una ley que está legitimada por el pueblo de la provincia que la
reclamaba, siendo una decisión que no debe ser revisada judicialmente por cuanto no es
materia justiciable por ser parte de su política de estado. ———————————————
Insiste en que en estos autos queda demostrado que se ha dictado una ley en el marco
de las atribuciones concurrentes de las provincias y la Nación respecto de la potestad de
legislar en materia ambiental; que no se afecta el principio de razonabilidad por cuanto no se
restringe en modo absoluto el ejercicio del derecho ni se trata de una restricción que prohíba
la actividad en general sino sólo una modalidad de explotación y la actividad respecto de
determinadas sustancias minerales nucleares; que solo se establecen restricciones a
determinadas actividades mineras íntimamente relacionadas con el cuidado del ambiente
aplicando el principio precautorio que rige en la materia y sin legislar aspectos de fondo de la
actividad minera, reservados al Congreso de la Nación; que la ley se fundamenta en razones
de orden público ambiental de índole preventiva para el resguardo de la seguridad y salud del
pueblo de la provincia.————————————————————————————–
Colige que se trata de una ley absolutamente razonable sancionada en todo de acuerdo
a los preceptos constitucionales, que responde a una política ambiental del Estado. ————-
Asevera que no existe la menor duda de que el tipo de minería prohibido por la Ley
n° 9526 produce consecuencias ambientales negativas. Al respeto adjuntan la Resolución
n° 1308/2009 de la Universidad Nacional de Córdoba en ocasión de analizar la recepción o
rechazo de los fondos provenientes de la Minera Alumbrera. —————————————-
Aclara que la Ley no prohibió la actividad de mina alguna que estuviera funcionando
pues ninguna lo estaba. ————————————————————————————-
Pone de manifiesto que existen demasiados motivos ambientales que justifican la
prohibición legal. Ejemplifica que debe tenerse presente que las partículas de gas radón -gas
radioactivo que se encuentra naturalmente en la corteza terrestre pero cuya generación se ve
incrementada exponencialmente en las minas de uranio- con un viento de dieciséis kilómetros
por hora recorren más de mil kilómetros, antes de que decaiga a la mitad su cantidad original
y que dichas partículas son cancerígenas.—————————————————————-
Cita antecedentes registrados en otros países.————————————————–15 – Expte. n° 1798036
Recuerda que en Argentina han transcurrido décadas esperando remediación, y pese a
que existe el PRAMU (Proyecto de Restitución ambiental de la Minería de Uranio) a la fecha
no se ha puesto en práctica.———————————————————————————
Refiere que la propia Comisión de Energía Atómica afirma que el setenta por ciento de
la radiactividad original del mineral permanece en las colas y que si no se toman previsiones
puede ser una fuente de contaminación ambiental a largo plazo.————————————-
Añade que uno de los principales daños ambientales de la minería metalífera a cielo
abierto es el drenaje ácido de la mina tratado en extenso en los fundamentos de la ley.———-
Relata que para extraer un kilogramo de oro se necesitan minar toneladas de roca
estéril, y que por el contrario en las canteras de Córdoba todo lo que se extrae se comercializa
y por ello las dimensiones de nuestras canteras son infinitamente menores y no perjudiciales y
están debidamente controladas por la provincia. Razona que si bien los métodos podrán ser
parecidos en cuanto al arranque del mineral de la montaña, los volúmenes en nada se parecen.
Arguye que la mina de uranio explotada en los Gigantes y paralizada hace más de
veinte años es el ejemplo más cruel de lo que la minería puede hacerle al medio ambiente.
Aclara que lo ocurrido con dicho yacimiento fue uno de los principales motivos del dictado de
la ley que se cuestiona.————————————————————————————–
Hace presente que tal es el problema ambiental existente en Los Gigantes que la
misma Comisión Nacional de Energía Atómica ha propuesto un plan estratégico para la
recuperación ambiental entre otros yacimientos argentinos con financiación internacional, y
que aún hoy, después de varios años, no han comenzado tareas de remediación en Córdoba, ni
se harán por ahora.——————————————————————————————-
Afirma que según lo informado por el Secretario de Minería de la Provincia en ocasión
del tratamiento parlamentario de la ley, la misma no afectó ningún puesto de trabajo de la
minería en Córdoba; por lo que no existe ningún derecho afectado ya que no había ninguna
mina operando ni en condiciones de operar al momento de la sanción de la ley. ——————
Explica que no puede compararse la contaminación de miles de toneladas de roca con
la sopa química que implica este tipo de minería al aire libre, sometida a las rigurosidades
climáticas en volúmenes alarmantes sin certeza de seguridad alguna con el manejo en
laboratorio de cualquiera de estas sustancias.————————————————————16
Finalmente, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
afirma que no existen derechos adquiridos en materia ambiental. ———————————–
4. Diligenciada la prueba ofrecida por las partes se corre traslado al señor Fiscal
General de la Provincia (fs. 414), quien se pronuncia con intervención de la señora Fiscal
Adjunta mediante Dictamen E n° 1191 de fecha 23 de noviembre de 2012 (fs. 437/445) en el
sentido que corresponde rechazar la acción y sostener la validez constitucional de la Ley
n° 9526. ——————————————————————————————————-
5. Dictado el decreto de autos (fs. 447) y firme éste (fs. 503) queda la causa en estado
de ser resuelta. ———————————————————————————————–
I. LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD —————————————————————————–
La naturaleza y fin de la acción propuesta conduce a advertir que es la Constitución la
que establece y delimita la organización administrativa del Estado, los derechos y deberes
fundamentales y los objetivos que se imponen para satisfacer los intereses de la comunidad.
De allí devienen las reglas supremas que se deben respetar, tales como la unidad del
ordenamiento jurídico, caracterizada por su relación internormativa jerárquica
No se trata de un mero prurito formal sino que en sentido material o sustantivo las
consecuencias jurídicas son diferentes. La estrategia o metodología judicial no debe construir
su silogismo lógico jurídico en base al precepto aislado de la norma específica, sino a partir de
la amplia adecuación a la unicidad del orden jurídico. + ———————————————-
Es que el principio de legalidad comporta un axioma de derecho en virtud del cual la
norma emitida por una jerarquía piramidal superior prevalece respecto de la norma inferior
generada como consecuencia de la aplicación de aquélla
T.S.J., en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, “Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Río Ceballos Ltda.”, Sentencia n° 8 del 16/05/2003; “Cooperativa de Agua de
Oro”, Sentencia n° 18 del 19/12/2003; “Banco de Galicia”, Sentencia n° 6 del 15/10/2009; “Sucesión
Brandalise”, Sentencia n° 3 del 22/7/2010, entre otros.
Linares, Francisco; Fundamentos del Derecho Administrativo, Astrea, 1975, Bs. As., p. 343 y ss.;
Kelsen, Hans; Teoría Pura del derecho, Traducción de la Segunda Edición en Alemán por Roberto J.
Vernengo, Universidad Autónoma de México, México, 1982, p. 232 y ss.17 – Expte. n° 1798036
La Constitución Argentina, en sus artículos 1, 28 y 31 consagra su primacía jerárquica
siguiendo el modelo americano. Idéntico criterio recepta la nueva Constitución de Córdoba en
el artículo 161.————————————————————————————————
Son los jueces, entonces, quienes tienen la atribución-deber de analizar la
conformación positiva o negativa de la norma aplicable a la luz de la Constitución. ————-
Encontrándonos en el supuesto del artículo 165, inciso 1, apartado “a” de la
Constitución Provincial y habiendo este Tribunal Superior de Justicia admitido formalmente
la acción declarativa de inconstitucionalidad, le corresponde realizar una intelección de los
enunciados de la Ley n° 9526, a los fines de determinar la pertinencia o no de las censuras
endilgadas a la misma. ————————————————————————————–
En esa labor, es imperativo integrar armónicamente los preceptos constitucionales y
legales en juego conforme lo sustentado en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema, en
orden a que la Ley n° 9526 debe interpretarse evitando darle un sentido que coloque en pugna
en sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y aportando como verdadero el que
las concilie y deje a todas con valor y efecto, en una armónica integración
Cualquier conflicto interpretativo que se presente, de no poder armonizarse la
normativa en cuestión, deberá ser zanjado a favor de aquella que tiene supremacía jerárquica
conforme la escala establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional y artículo 161 de
la Constitución Provincial. ———————————————————————————
La Corte Suprema de Justicia de la Nación pone énfasis en el principio de
interpretación “conforme”
cuando dice que “…la interpretación de la Constitución debe
realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposiciones con una unidad
coherente. Para tal fin, cada una de sus normas debe considerarse de acuerdo al contenido
de las demás; la inteligencia de sus cláusulas debe cuidar de no alterar el equilibrio del
conjunto (Fallos 296:432). En la búsqueda de esa armonía y equilibrio debe evitarse que las
normas constitucionales sean puestas en pugna entre sí, para lo cual se debe procurar dar a
cada una el sentido que mejor concierte y deje a todas con valor y efecto”
C.S.J.N., Fallos 243:46; 311:193; 312:1461; 330:1910; 331:858; 331:1234.
Cfr. Balaguer Callejón, María Luisa; Interpretación de la constitución y ordenamiento jurídico,
Tecnos, Madrid, 1997, p. 111; Jiménez Campo, J.; Enciclopedia jurídica básica, Madrid, 1995,
p. 3681.
C.S.J.N., “Mill de Pereyra”, Fallos 324:321918
En aquellos supuestos de colisión normativa en donde no sea posible la armonización,
el método de resolución será la ponderación, teniendo en cuenta los condicionamientos
fácticos correspondientes y circunscribiendo la decisión exclusivamente al caso concreto
II. LA LEY CUESTIONADA Y LOS INTERROGANTES QUE PLANTEA EL
CASO ——————————————————————————————————–
El thema decidendum canalizado a través de la presente acción declarativa versa sobre
el escrutinio de constitucionalidad de la Ley n° 9526.————————————————-
A primera vista, ello trae aparejado el tratamiento de dos grandes temas que aborda
dicha normativa: 1) la prohibición de la minería metalífera bajo la modalidad “a cielo abierto”
en la Provincia de Córdoba; y 2) la prohibición del uso, para todas las etapas de la actividad
minera nuclear relativas al uranio y al torio, de sustancias tóxicas tales como el cianuro, el
ácido sulfúrico, el ácido nítrico y cualquier otra contaminante, tóxica y/o peligrosa contenida
en el Anexo I de la Ley Nacional n° 24.051 y/o que posea algunas de las características
enunciadas en el Anexo II de la mentada ley nacional.————————————————
La ley cuestionada dispone la prohibición de un método o técnica utilizada en la
minería metalífera a gran escala denominado “a cielo abierto”, y que se concreta sobre la
superficie del terreno. Se explica al respecto que, para extraer los minerales metalíferos, se
remueven cientos de toneladas de tierra con maquinarias y explosivos que forman enormes
pozos o huecos abarcando superficies extensas
En la actualidad, la minería metalífera a cielo abierto generalmente utiliza el método
de lixiviación mediante la aplicación de una sustancia química –que puede ser cianuro,
mercurio u otras tales como ácido sulfúrico, que se maneja en la extracción de uraniomezclada con agua para la separación de los metales del resto de los minerales que los
Gil Domínguez, Andrés; “En el nombre de la justicia, la memoria y la verdad”, LL 2005-C 839.
Cfr. Informe citado del geólogo Searal del año 2011, titulado “Afectación de la Hidrología y la
Hidrogeología por causa de la Megaminería”, fs. 262/268. También Belotti, Mirta Liliana; “Minería a
cielo abierto versus glaciares alerta roja”, Cuaderno de Derecho Ambiental: El Agua; Número II,
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Instituto de Derecho Ambiental y de
los Recursos Naturales, 2008, p. 175; Gutman, Nicolás; “Desafíos de la Minería en Argentina”,
Suplemento de Derecho Ambiental del 22/06/2007, p. 4.19 – Expte. n° 1798036
. Por ello, recurren generalmente a embalses o represas para el almacenamiento de
los productos residuales denominados diques de cola. ————————————————
En Córdoba se sigue reconociendo la minería tradicional constituida básicamente por
la explotación de minerales no metalíferos, minerales relacionados con la construcción y rocas
de aplicación, del wólfram y el manganeso que son explotaciones mineras esencialmente
, las que comprenden todas las actividades encaminadas a extraer materias
primas depositadas debajo de la tierra, transportándolas hasta la superficie. ———————–
Ilustra sobre el tema la afirmación del Geólogo Seara, contenida en su informe
incorporado a fs. 262/268 donde explica que la megaminería del tipo de la que a la fecha
opera en San Juan o Catamarca, produce en un día lo que una cantera de las sierras de
Córdoba en cinco meses.————————————————————————————
Ello da cuenta que en la minería a cielo abierto de sustancias metalíferas, los
volúmenes de materiales, uso del agua y niveles de contaminación son extraordinarios,
mientras que en la no metalífera son comparativamente más pequeños y con un impacto
ambiental mucho menor a lo largo del tiempo.———————————————————-
La tarea hermenéutica que traduce la acción planteada, frente a los cuestionamientos
efectuados por los demandantes, gira en torno a despejar dos interrogantes. ———————–
En primer lugar cabe responder a la cuestión acerca de si la Provincia de Córdoba
tiene competencia para dictar la Ley n° 9526 en el marco del régimen federal. Ello por cuanto
los presentantes entienden que se ha excedido afectando competencias asignadas por la
Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 12, a la Nación.————————————–
La segunda pregunta, en el caso de haberse respondido por la afirmativa a la primera,
versará sobre la faz sustantiva del control de constitucionalidad que impone el test de
Cfr. fs. 263, Informe citado del Geólogo Carlos A. Seara También Morales Lamberti, Alicia;
“Prohibición de Actividades Mineras Metalíferas y de Uranio en Córdoba: Antecedentes y Contexto de
Aplicación (Comentario a la Ley n° 9526 de la Provincia de Córdoba)”, Revista de Derecho Ambiental,
Abeledo Perrot, Abril Junio 2009, Bs. As., p. 237 y sgs.; Belotti, Mirta Liliana; “Minería a cielo abierto
versus glaciares alerta roja”, ob. cit., p. 181.
Cfr. Legislador Marcelo Falo, Poder Legislativo de Córdoba, Diario de Sesiones, 37° Reunión,
34° Sesión Ordinaria del 24/09/2008, p. 84. Ver también “La actividad minera en la Provincia de
Córdoba durante cuarenta años: 1945-1984”, Departamento de Estadísticas Mineras, Planeamiento y
Control de Gestión de la Subsecretaría de Minería de la Provincia de Córdoba, Año 1985.20
razonabilidad de lo dispuesto en la norma, por cuanto ésta constituye el margen de la
actividad constitucionalmente válida
III. PRIMER INTERROGANTE: ¿LA PROVINCIA DE CÓRDOBA TIENE
COMPETENCIA PARA DICTAR LA LEY N° 9526 EN EL MARCO DE NUESTRO
ESTADO FEDERAL DE GOBIERNO?————————————————————–
III.1. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO FEDERAL: ESTADO
PLURILEGISLATIVO ————————————————————————————
Básicamente el reproche constitucional de la parte actora se dirige a sostener la falta
de competencia de la Provincia de Córdoba para dictar la Ley n° 9526, en función de lo
normado por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.———————————
Así las cosas, es menester adentrarnos en el análisis de la organización de la Nación
Argentina como Estado Federal integrado por provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipios (arts. 5, 123 y 129 de la Constitución Nacional), lo que importa el
reconocimiento de cuatro niveles diferenciados de gobierno, que se traduce en un sistema
jurídico plurilegislativo, en el cual coexisten diversos ordenamientos jurídicos, emergentes del
ejercicio de potestades normativas propias. ————————————————————-
El ámbito de actuación de cada uno de esos ordenamientos que conforman nuestro
sistema jurídico es susceptible de ser analizado a través del prisma de su dimensión espacial –
principio de territorialidad-; de su dimensión material –principio de competencia- y de su
dimensión jerárquica -principio de supremacía-
El principio de competencia se refiere al ámbito material de producción de normas
válidas, distinguiendo las materias constitucionalmente atribuidas a cada nivel de gobierno
reservado o delegado, ya sea en forma exclusiva o concurrente. ————————————
El principio de territorialidad atiende al ámbito espacial de vigencia y aplicabilidad de
las normas jurídicas. —————————————————————————————-
El principio de supremacía, consagrado en el artículo 161 de la Constitución
Provincial establece que “Los tribunales y juzgados de la Provincia en el ejercicio de sus
Cfr. Bidart Campos, German J.; La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción
constitucional, Bs. As., Ediar, 1987, p. 92 vta.
Arce Janariz, Alberto; Comunidades autónomas y conflictos de leyes, Civitas, Madrid, 1987, p. 32 y
ss.21 – Expte. n° 1798036
funciones, aplican esta Constitución y los tratados interprovinciales como la Ley suprema”,
concordante con el artículo 31 de la Constitución Nacional que preceptúa que “Esta
Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras son la Ley suprema de la Nación”. ————————
El citado principio constituye una regla clásica admitida por los estados federales
como el nuestro, a fin de resolver los conflictos de normas, y que determina, según los casos,
la prevalencia de la de mayor jerarquía en tanto no se vincule a materias exclusivas
conservadas por los gobiernos locales, ya que en esta última hipótesis, cabe hacer excepción
al principio de supremacía en favor de la aplicación prevalente de la norma local atinente a tal
competencia exclusiva. ————————————————————————————-
Al respecto tiene dicho la doctrina “…más que un requisito de control, la supremacía
es un presupuesto del sistema que exige al ordenamiento jurídico su establecimiento en forma
jerárquica, encontrándose su vértice ocupado por la Constitución”
. —————————–
III.2. DERECHO DE FONDO ——————————————————————
En este esquema organizacional, por imperio de la cláusula federal las provincias han
delegado a la Nación, a través del artículo 75, inciso 12 de la C.N., el dictado de las normas
de fondo relativas a los cuerpos normativos unificados o separados en materia civil,
comercial, de minería, del trabajo y seguridad social para regir en todo el territorio del estado
nacional.——————————————————————————————————-
El Código de Minería, conforme lo expone su artículo 1, rige los derechos,
obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de
las sustancias minerales, aludiendo a las minas como una institución jurídica de
individualidad propia
Ello en tanto existe un régimen de derechos reales mineros que difiere del derecho
común, conforme lo reconociera el codificador Velez Sarsfield en el artículo 2518 del Código
Civil cuando señala que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y que
comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los tesoros y las minas,
Toricelli, Maximiliano, El sistema de control constitucional argentino, Buenos Aires, Depalma, 2002,
Cfr. De Pablos, Tomás; Código de Minería de la República Argentina Comentado, Depalma,
Bs. As., 1982, p. 3.22
salvo las modificaciones dispuestas por las leyes especiales sobre ambos objetos. Entre otras
diferencias, no se adquiere por vía originaria al modo civilista
. En efecto, a partir del dictado
de su propia normativa las minas forman una propiedad distinta a la del terreno en que se
encuentran y pertenecen al Estado como parte de su dominio (arts. 7, 8, 9, 10, 11 y cc. del
Código de Minería)
Es a dicho régimen particular y específico que se dedica el Derecho minero, cuando
estudia todo lo relativo al dominio de las minas, a la adquisición, conservación o pérdida del
derecho a explorar o explotar yacimientos mineros
Ahora bien, la atribución exclusiva de dictar los códigos sustantivos delegada al Poder
Legislativo Federal no impide que las provincias ejerzan sobre esa materia el poder de policía
de seguridad, moralidad y salubridad
. —————————————————————–
III.3. LA REGLA FEDERAL AMBIENTAL A PARTIR DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DE 1994 —————————————————————————
Ahora bien, en un Estado federal la conservación y cuidado del ambiente aborda una
problemática que debe ser resuelta en diferentes ámbitos geográficos y por tanto, mediante
decisiones descentralizadas
. —————————————————————————–
Así, el reparto de competencias que realiza la Constitución Nacional respecto a la
tutela del ambiente tiene matices y características propias en la tarea de discernimiento en
torno a cuáles son las esferas de gobierno que tienen a cargo su regulación. ———————-
La introducción del artículo 41 en el texto constitucional por la Convención
Reformadora del año 1994, significó un importante avance en la definición de la regla federal
ambiental que regiría la materia a partir de entonces en nuestro país. ——————————
De esta manera, la Nación asume el compromiso de dictar el marco legal encargado de
fijar a lo largo de todo el territorio nacional, sin distinción de competencias, el régimen
jurídico de presupuestos mínimos en materia ambiental, de modo tal que todos los habitantes
Cfr. Martinez, Victor H.; Derechos Reales en Minería, Depalma, Bs. As., 1982, p. 10.
Cfr. Novoa, Miguel Ernesto y Novoa, María Gabriela; Manual de Derecho Minero, Abeledo Perrot,
Bs. As., 1998, p. 11 y ss.
Cfr. Novoa, Miguel Ernesto y Novoa, María Gabriela; Manual de Derecho Minero, ob.cit., p. 11 y ss.
Gelli, María Angélica; Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, La Ley,
Bs. As., 2003, 367.
Cfr. Gelli, María Angélica; “La competencia de las provincias en material ambiental”, LL 1997-E,
p. 805.23 – Expte. n° 1798036
del país gocen de un piso de calidad ambiental uniforme como condición ineludible e inicial
en cuanto a calidad de vida y desarrollo sustentable; denominado por destacada doctrina como
derecho ambiental común
19. ———————————————————————————————————————–
De este modo, como ya lo ha apuntado este Tribunal Superior de Justicia, la Carta
Magna deposita en el Estado Nacional la prerrogativa de erigir la base o plataforma jurídica
en virtud de la cual los estados provinciales y los municipios orientarán la defensa del
ambiente, pudiendo adicionarle lineamientos propios, pero nunca disminuyendo los fijados
por la norma nacional
En mérito de dicha prerrogativa se dicta la Ley Nacional n° 25.675 que constituye una
ley marco o de presupuestos mínimos. Ella desarrolla un régimen ambiental en el territorio
nacional, respecto de todas las actividades que sean susceptibles de afectar el ambiente o la
calidad de vida de los habitantes, incluso la minera. Precisamente en su primer artículo
declara que “La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica
y la implementación del desarrollo sustentable”. ——————————————————-
Por otra parte, su artículo 6 entiende como presupuesto mínimo, conforme lo
establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela
ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer
condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever
las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo
De allí que se trate de una ley estructural de la legislación específica en la materia,
incluso en lo atinente a lo provincial y a lo municipal, como también lo señala la doctrina
Barrera Buteler, Guillermo E.; Provincias y Nación, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 477; y
Lecciones de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba, 2014, t. I, p. 324.
T.S.J., en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, “Chañar Bonito”, Sentencia n° 7
del 18/09/2007.
En igual sentido consultar Misión Permanente Argentina en Naciones Unidas,
http://enaun.mrecic.gov.ar/node/4486, entrada del 19/03/2014.
Valls, Mario F.; Presupuestos Mínimos Ambientales, Astrea, Bs. As., 2012, p. 13.24
En este nuevo marco habrán de integrarse interpretativamente la atribución asignada al
Congreso de la Nación en el inciso 12 del artículo 75 del texto constitucional, en cuanto el
dictado del Código de Minería no reviste la condición de un absoluto categórico en todas las
materias involucradas por dicha actividad objeto de regulación, sino sólo el principio de
equiparación/unificación de los aspectos relativos a la actividad minera, pero estableciendo
expresamente que la misma queda sujeta a las competencias ambientales provinciales y/o
locales. ——————————————————————————————————-
Finalmente, la misma Constitución reconoce a las provincias el carácter de titulares
incuestionables de tal facultad en materia ambiental, la que es posible definir como
conservada, progresiva, concertada
y -finalmente- autonómica. ———————————–
Así las cosas es manifiestamente claro que la regulación del control ambiental de la
actividad minera no está limitada por el principio de unidad legislativa de la regulación
minera que surge del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional
contrariamente, la Corte refiere expresamente que la fuente competencial del dictado de la
Ley n° 24.585 es el artículo 41 de la Constitución Nacional, con lo que aún incorporados
materialmente sus preceptos al Código minero, no pierde su naturaleza sustancial de norma
ambiental uniforme para todo el país que puede ser complementada localmente.—————–
La Ley n° 25.675, desarrollando el régimen ambiental para toda actividad -incluso la
minera- que en forma significativa sea susceptible de degradar el ambiente o la calidad de
vida de la población, ha contemplado en sus artículos 11 a 13 como exigencia previa a su
ejecución, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Ev.I.A.).———————-
Para ello contempla que los interesados, con carácter de declaración jurada, realicen
una manifestación en cuanto a si sus obras o actividades afectarían el ambiente. Las
autoridades competentes determinarán la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
(Es.I.A.), sobre el que las autoridades competentes deberán realizar una Evaluación de
Cfr. T.S.J., en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, “C.E.T.”, Sentencia n° 10
del 15/08/2014; “Caminos de las Sierras”, Sentencia n° 5 del 25/08/2005. También en García de
Enterría, Eduardo; La revisión del sistema de autonomías territoriales: reforma de estatutos, leyes de
transferencia y delegación, federalismo, Civitas, Madrid, 1988, p. 71.
Pinto, Mauricio; “Tribulaciones jurídicas sobre el conflicto minero-ambiental en Mendoza”,
LLGran Cuyo 2012 (abril), 239.25 – Expte. n° 1798036
Impacto Ambiental (Ev.I.A.) y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se
manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. ————————————-
Los Estudios de Impacto Ambiental (Es.I.A.) deberán contener, como mínimo, una
descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las
consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. —-
Además de este esquema genérico, la Ley n° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, refiere de manera expresa a la
actividad minera, disponiendo que en dichos ámbitos queda prohibida, en particular, la
exploración y explotación minera e hidrocarburíferas. Esta norma, según han sostenido sus
principales promotores, es una reacción ante el nuevo tipo de minería existente en nuestro
país, ya que anteriormente no se producían explotaciones a más de 4.000 mts. de altura, donde
se encuentran los glaciares andinos, y ante esta nueva realidad fue necesario readecuar el
marco legal, regulación que -según se afirma- no impide el desarrollo de la actividad minera
salvo en una porción menor del territorio. —————————————————————
III.4. EL PODER DE POLICÍA PROVINCIAL EN MATERIA AMBIENTAL y
MINERA EN ESPECIAL ———————————————————————————
En la Constitución histórica, la materia ambiental quedaba reservada al orden local
provincial, por no constituir una de las facultades delegadas por las provincias a la órbita
Esta situación no ha variado con la reforma del año mil novecientos noventa y cuatro,
toda vez que se mantiene el reconocimiento de la potestad local para su regulación, siempre
que garantice los presupuestos mínimos que establezca la Nación
Tal conclusión se extrae de la propia Constitución, la que, si bien establece que le cabe
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección,
reconoce expresamente las competencias de las jurisdicciones locales para completarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales (artículo 41, párr. 3°, Constitución Nacional).–
Cfr. Mosset Iturraspe, Jorge; Hutchinson, Tomás y Dona, Edgardo Alberto; Daño Ambiental, 2° ed.,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, t. 1, p. 54.
Cfr. C.N.Federal en lo Contencioso-administrativo Sala I, “Schroder”, Sentencia del 28/11/1996;
Gelli, María Angélica; “La competencia de las provincias en material ambiental”, ob. cit.26
En concordancia con ello, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación reconoce en las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección
ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que
gobiernan, como asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en
ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido
De allí que en la cuestión del ambiente, la clásica asignación de competencias del
gobierno federal se ha modificado en favor de los principios de complementación y de
armonización, tal como los denominan las modernas tendencias de Derecho constitucional
Con el mismo espíritu se ha dicho que “…la Constitución ha adherido a la concreta
posibilidad de que en materia ambiental se lleve a cabo un federalismo de concertación entre
la Nación y las provincias, ajeno a la tradición constitucional de nuestro país. Esa modalidad
concertativa implica no un pacto federal ambiental, sino una coadyuvancia legislativa entre
la Nación y las provincias. La Nación pone las bases (los contenidos mínimos) y luego las
provincias complementan dichas bases con leyes locales reglamentarias, que atienden las
peculiaridades provinciales de la protección ambiental”
. Por ello, justamente, deben ser las
legislaturas locales las encargadas de dictar las leyes complementarias, porque se trata de una
actividad legislativa con dicho carácter, exclusiva del poder legisferante en el sistema
republicano de gobierno. ———————————————————————————-
Así lo ha reconocido en forma expresa el propio artículo 233 del Código de Minería al
señalar que “…La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y
cultural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones de la
sección segunda de este título y a las que oportunamente se establezcan en virtud del
artículo 41 de la Constitución Nacional”.—————————————————————
C.S.J.N., Fallos 318:992; 329:2280 y 334:1754.
Cfr. Gelli, María Angélica; “La competencia de las provincias en material ambiental”, ob. cit.; Abalos,
María Gabriela; “Ambiente y Minería: Distribución de competencias en el Federalismo Argentino”,
Suplemento Constitucional La Ley, Febrero 2011, 16.
Quiroga Lavié, Humberto; “El estado ecológico de derecho en la Constitución Nacional”, LL 1996-B,
950. En igual sentido; Esain, José; “Competencias ambientales y Federalismo. La
complementariedad maximizante ha llegado a la justicia”, publicado en Revista de Derecho Ambiental
de la Editorial Lexisnexis, número 6, abril-junio 2006; Ghersi, Carlos Alberto; Lovece, Cecilia y
Weingarten, Celia; Daños al ecosistema y al medio ambiente, Astrea, Bs. As., 2012, p. 8.27 – Expte. n° 1798036
De allí que se puedan generar válidamente mayores restricciones a dichas actividades,
lo que incluye prohibir el desarrollo de procesos mineros en la modalidad de cielo abierto y la
utilización de ciertas sustancias en los mismos
; toda vez que se trata de promover el
desarrollo humano, preservando el ambiente e imponiendo límites a toda actividad productiva
que comprometa las posibilidades de satisfacción de las necesidades de las generaciones
presentes y venideras
Es por eso que en su artículo 59 de la Constitución Provincial declara que: “La salud
es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más
completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social. (…). La Provincia, en función
de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí, la potestad del
poder de policía en materia de legislación y administración sobre salud”. ———————–
En lo que respecta al ambiente, el artículo 11 de la misma Constitución establece que
“El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y
preserva los recursos naturales”. ————————————————————————
III.5. LA CUESTION AMBIENTAL Y MINERA EN EL DERECHO PÚBLICO
PROVINCIAL COMPARADO —————————————————————————
Es del caso señalar que varias han sido las provincias, que, en consonancia con la
normativa aprobada en Chubut y avalada por la Corte Suprema de Justicia
, han dictado sus
propias normas limitativas de la actividad minera, recurriendo para ello a las facultades
conservadas en materia ambiental. ————————————————————————
A tal fin podemos efectuar la siguiente reseña:————————————————-
1. Chubut: la Ley n° 5001 de fecha 08/05/2003 señala en su primer artículo “Prohíbese
la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción
de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos
de producción minera”. ————————————————————————————-
2. La Pampa: por Ley n° 2349 de fecha 14/09/2007 se establece
“Artículo1° – Prohíbese en el territorio de la provincia de La Pampa la utilización de
Cfr. Cafferatta, Néstor A.; “Minería y presupuestos mínimos del ambiente en un fallo ejemplar de la
Corte”, LL 2007-C, 108.
Gelli, María Angélica; Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, ob. cit., p. 367.
C.S.J.N., Sentencia del 17/04/2007, en la causa “Villivar”, Fallos 330:1791.28
cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y toda sustancia química contaminante en el proceso de
cateo, prospección, extracción, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales
metalíferos. Artículo2° – Prohíbese en el territorio de la provincia de La Pampa la
explotación minera de minerales metalíferos a cielo abierto”. ————————————–
3. Mendoza: su Ley n° 7722 del 22/06/2007 preceptúa “Artículo 1° – A los efectos de
garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso
hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas
como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos
mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de
minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. ———————-
4. San Luis: la Ley IX 064 de fecha 17/10/2008 expresa “Artículo 1° – A los efectos de
garantizar la preservación de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del
recurso hídrico, la biodiversidad, el ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes,
prohíbese en el territorio de la Provincia de San Luis, el uso de sustancias químicas como
cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico,
ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amonio, carbonato y otras sustancias
tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración,
explotación, beneficio y/o industrialización, de minerales metalíferos obtenidos a través de
cualquier método extractivo”. —————————————————————————-
5. Tucumán: la Ley n° 7879 del 20/04/2007 reza “Artículo 1° – Prohíbese la actividad
minera metalífera en el ámbito de la Provincia de Tucumán, a partir de la sanción de la
presente ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los
procesos de producción minera”.————————————————————————-
III.6. LA JURISPRUDENCIA —————————————————————–
La Corte Suprema de Justicia se pronunció en la trascendente causa “Villivar”
dirimió la cuestión de la competencia provincial respecto de la ley minera de Chubut,
postulando la facultad que tienen las provincias de complementar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección del medio ambiente, la que supone agregar alguna
exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada. ——————————
C.S.J.N., Fallos 330:1791, Sentencia del 17/04/2007.29 – Expte. n° 1798036
Además de ello, en dicho pronunciamiento judicial se hace expresa referencia a la Ley
n° 5001 de Chubut -la que prohíbe la explotaciones mineras a cielo abierto y mediante la
utilización de cianuro-, entendiendo válida esta regulación provincial que expande el
contenido tuitivo ambiental por encima de las leyes n° 25.675 y n° 24.585, sin considerar que
ello importare una contradicción con la normativa minera de fondo. ——————————-
III.7. LA CUESTIÓN AMBIENTAL QUE ENCARNA LA LEY FRENTE AL
BLOQUE CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA————————————————–
En el escenario descripto es sencillo apreciar que la Ley n° 9526, cuya tacha de
inconstitucionalidad se pretende, tiene un claro designio ambiental. ——————————–
Manifiesta en su exposición de motivos, entre otras consideraciones, que “…la
explotación de los minerales metalíferos en particular en la modalidad de cielo abierto
genera impactos sociales y ambientales de corto, mediano y largo plazo, provocan
alteraciones geomorfológicas de alto impacto ambiental, con la consecuente pérdida de
biodiversidad a nivel local y regional”. De igual modo en los debates se precisó que “…la
aprobación de esta ley es un medio para proteger nuestro medioambiente y la salud de
nuestros hermanos argentinos”
A partir de la realización de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, se declaró el derecho
humano al ambiente adecuado para vivir en dignidad y bienestar y el consecuente deber de
protegerlo y mejorarlo. Como señala Lorenzetti, el ambiente “…se ha transformado en un
recurso crítico: si antes parecía infinito, inagotable, ahora hay conciencia de que es
escaso”
En el ordenamiento argentino, basta remitirse a los artículos 41 y 42 de la Constitución
Nacional que han incorporado la denominada cláusula ambiental que recepta el derecho a un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
Legisladora Nancy Fabiola Lizzul, Poder Legislativo de Córdoba, Diario de Sesiones, 37° Reunión,
34° Sesión Ordinaria del 24/09/2008, p. 89.
Lorenzetti, Ricardo Luis; “Protección jurídica del ambiente”, La Ley 1997-E, 1463.30
futuras. Ello por cuanto lo contemplan como un bien jurídicamente protegido y, en
consecuencia, en un derecho fundamental
. ———————————————————–
Se aclara que el fin mediato de su protección no es el cuidado de la naturaleza en sí
misma, sino el del hombre y el afianzamiento de su dignidad mediante la tutela de sus
condiciones vitales; por ello el bien jurídicamente protegido es el ambiente en sus factores
ecológicos y culturales
. Pero queda claro que, si bien se persigue la protección del bien
jurídico ambiente, ello es a los fines del interés del hombre
Así se pronuncia la Declaración de Río de Janeiro en su primer principio al sostener
que “…los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza”.————————————————————————————————–
Un ambiente sano y digno constituye la condición primordial para la existencia física
y psíquica del hombre. De allí, la relación directa entre la protección del ambiente y el
Como ha señalado este Tribunal Superior de Justicia, las cláusulas constitucionales
citadas presuponen a la salud como un valor incorporado, toda vez que regulan situaciones
específicas, en las cuales el derecho allí consagrado, y la protección dispuesta, si bien se
focalizan en los llamados intereses de incidencia difusa, sólo pueden sustentarse en la salud
como bien constitucionalmente protegido por representar un interés estadual fuerte
Por otra parte, las nociones de progreso económico y justicia social incorporadas en el
inciso 19 del artículo 75 de la C.N. consolidan la naturaleza constitucional del derecho a la
salud. Ambas expresiones, como fin asignado al accionar de los poderes públicos, exigen
Lorenzetti, Ricardo Luis; “Protección jurídica del ambiente”, ob. cit.
Cfr. Mosset Iturraspe, Jorge; Hutchinson, Tomás y Dona, Edgardo Alberto; Daño Ambiental, ob. cit.,
T.S.J., en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, “Rojo Rouviere”, Sentencia n° 1
del 12/04/2005. En igual sentido ver Morello, Augusto M. y Sbdar, Claudia B.; “Teoría y Realidad de la
Tutela Jurídica del Ambiente”, LL 2007-F, 821.31 – Expte. n° 1798036
ponderar prioridades básicas que deben ser satisfechas, y entre ellas la salud adquiere una
relevancia sustantiva
III.8. LA CUESTIÓN MINERA EN EL ESTADO PLURIFEDERAL. ÁMBITOS
DE APLICACIÓN DIFERENTES ———————————————————————-
Al abrigo de tales consideraciones cabe adentrarse de lleno en el análisis de la cuestión
planteada en orden al supuesto conflicto entre las normas en pugna, esto es el Código de
Minería y la Ley Provincial n° 9526, según sostuvieran los actores.———————————
En este andarivel, la tarea de concretar el control de constitucionalidad implica
necesariamente compulsar las disposiciones normativas vigentes a los efectos de verificar si
realmente se puede constatar la existencia de una contradicción manifiesta, indudable e
insalvable entre éstas, de modo tal que sea verdaderamente insostenible mantener la vigencia
de ambos preceptos simultáneamente.——————————————————————–
Al comenzar el cotejo se aprecia que el Código de Minería y la Ley n° 9526 tienen
ámbitos diferentes de abordaje de la minería, y por tanto, están llamados a actuar en planos
diferentes referidos a ésta. ———————————————————————————-
Como se observa de los considerandos precedentes, se trata de dos categorías de
normas diferentes. Una responde al artículo 75, inciso 12, y la otra al artículo 41, ambos de la
Constitución Nacional.————————————————————————————–
Al respecto la doctrina explica que las normas de presupuestos mínimos se refieren a
temáticas que exceden el derecho común
. Mientras el código de fondo regirá las relaciones
jurídicas que surjan de la actividad minera así como los derechos y obligaciones derivados de
las mismas; la ley provincial nos marcará las técnicas que no es posible utilizar en su
ejercicio.——————————————————————————————————-
Las diferencias en el vocabulario técnico puestas de manifiesto por los actores en su
escrito visibilizan esta perspectiva dual y la finalidad diversa que ambos cuerpos normativos
persiguen. —————————————————————————————————–
del 12/04/2005.
Cafferatta, Néstor A.; “Minería y presupuestos mínimos en un fallo ejemplar de la Corte”, ob. cit.,
con cita de Quirogá Lavié, Humberto; Benedetti, Miguel; Cenicacelaya y María de las Nieves; Derecho
Constitucional Argentino, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2001, t. 2, p. 987.32
Así, la lectura de las proposiciones normativas en torno a la categorización de las
minas formulada por el Código de Minería es jurídica a fin de su sometimiento a un régimen
legal específico
. Este plexo codificador, como bien lo señala su primer artículo, está llamado
a regir el derecho de fondo, es decir, el régimen dominial de las minas en función de las tres
categorías que establece las obligaciones y las relaciones entre mineros y superficiarios, así
como los procedimientos referentes a la exploración y explotación, entre otras cuestiones.—–
Si bien en virtud de la Ley n° 25.585 de fecha veinticuatro de noviembre de mil
novecientos noventa y cinco se incorporó un capítulo destinado a la protección ambiental para
la actividad minera, éste constituye un piso mínimo de tuición que puede ser reforzado por los
ámbitos locales en función de su competencia en la materia ambiental de la que gozan y que
están obligados a proteger, conforme el análisis efectuado precedentemente del artículo 41 de
la Constitución Nacional. Así lo ha entendido también la Corte Suprema de Justicia de la
.——————————————————————————————————
A su vez, como ya se señalara, el Código de Minería reconoce dicha distribución de
competencias en su artículo 233 al disponer que la actividad minera debe sujetarse a la
normativa que se dicte como consecuencia de lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional. ————————————————————————————-
Al respecto expone la doctrina que “…es manifiestamente claro que la regulación del
control ambiental de la actividad minera no es limitado por el Principio de unidad legislativa
de la regulación minera que surge del artículo 75 inc. 12 CN. Muy contrariamente, la Corte
refiere expresamente que la fuente competencial del dictado de la Ley 24.585 es el artículo 41
CN, con lo que aún incorporados materialmente sus preceptos al Código minero no pierde su
sustancial naturaleza de norma ambiental uniforme para todo el país que puede ser
complementada localmente”
De las consideraciones efectuadas surge con claridad que lejos de repelerse, ambas
leyes participan del principio federal de complementación, armonizándose unas con otras en
C.S.J.N., Fallos 330:1791 del 17/04/2007 en “Villivar”.
Pinto, Mauricio; “Tribulaciones jurídicas sobre el conflicto minero-ambiental en Mendoza”;ob.cit. En
igual sentido Morales Lamberti, Alicia; “Prohibición de Actividades Mineras Metalíferas y de Uranio en
Córdoba: Antecedentes y Contexto de Aplicación (Comentario a la Ley n° 9526 de la Provincia de
Córdoba)”, ob.cit., p. 237 y ss.33 – Expte. n° 1798036
pos de la adecuada regulación de las cuestiones ambientales que trasunta la minería. En
palabras de Bidart Campos, en materia ambiental las normas complementarias de
competencia provincial son la añadidura para completar lo máximo
En una palabra, en el caso cobra vida el paradigma de la complementariedad postulado
por la Constitución de mil novecientos noventa y cuatro, en cuestiones que desbordan los
intereses de toda la comunidad
Queda claro entonces, como ya lo ha señalado la doctrina, que el régimen de tutela
ambiental en torno a la actividad minera es establecido en un complejo entramado de normas,
constituido por el Código Minero, las leyes de presupuestos mínimos y las normas
complementarias locales, tales como la Ley n° 9526. Así, la actividad minera está sujeta a
dichos diferentes órdenes normativos
Igual tesitura adopta la Misión Argentina ante Naciones Unidas al señalar “En
cumplimiento del mandato Constitucional mencionado anteriormente, el estado nacional crea
el Sistema Ambiental Minero Preventivo; conformado por dos Marcos interrelacionados: 1)
el Marco Jurídico Ambiental Minero, conformado por el Código de Minería de la Nación, la
Normativa Complementaria, los Anexos y los presupuestos mínimos…”
Ello en tanto como ya lo apuntara Arturo M. Bas en el gobierno federal los centros de
autoridad tienen un campo diferente de acción, se armonizan y balancean sin menoscabarse
III.9. CONCLUSIÓN——————————————————————————
La Ley n° 9526 ha sido dictada dentro de las competencias propias de la Provincia de
Córdoba en materia ambiental, constituyendo una norma complementaria a las nacionales en
materia minera y que hace esencialmente al ejercicio del poder de policía reglamentario
relativo a la cuestión ambiental. —————————————————————————
Cfr. Bidart Campos, German; Manual de la Constitución Reformada, t. 2, Ediar, Bs. As., 1999, p. 90.
Cfr. Gelli, María Angélica; “La competencia de las provincias en material ambiental”, ob. cit.;
Rodriguez Salas, Aldo; “Consideraciones sobre la vigencia de las nuevas normas ambientales”,
Revista del Foro de Cuyo, t. 36, 1999, p. 65, citado por Pinto, Mauricio; “Tribulaciones jurídicas sobre
el conflicto minero-ambiental en Mendoza”; ob.cit.
Cfr. Pinto, Mauricio; “Tribulaciones jurídicas sobre el conflicto minero-ambiental en Mendoza”; ob.
cit. Cafferatta, Néstor A.; “Minería y presupuestos mínimos del ambiente en un fallo ejemplar de la
Misión Argentina ante Naciones Unidas, http://enaun.mrecic.gov.ar/node/4486, entrada del
Cfr. Bas, Arturo M.; Conferencias, Dominici, Córdoba, 1909, p. 734
IV. SEGUNDO INTERROGANTE: ¿LA LEY N° 9526 RESPONDE A
ESTÁNDARES DE RAZONABILIDAD?————————————————————
Sentado lo anterior, a los fines de completar el escrutinio de constitucionalidad de la
cuestión traída a examen, la labor ponderativa debe proseguir centrándose en la aplicación el
principio de razonabilidad a la luz del artículo 28 de la Constitución Nacional.——————-
IV.1. ESCRUTINIO DE RAZONABILIDAD DE LA NORMATIVA OBJETADA —
El poder de policía, en cualquiera de sus ámbitos y como potestad reguladora del
ejercicio de los derechos, debe fundar su ejercicio en el principio de razonabilidad, de modo
tal que sus disposiciones resulten proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los
fines que se procura alcanzar con ellas. ——————————————————————
La inalterabilidad de los derechos a través de las normas que reglamenten su ejercicio
surge claramente de las previsiones contenidas en el artículo 28 de la Constitución Nacional.
Es que el Estado sólo podrá establecer legítimamente restricciones a los derechos cuando y en
la medida en que razones de bien común así lo requieran, lo cual ha llevado a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a afirmar que la medida al respecto está dada por la
razonabilidad de la restricción
Será razonable sólo si está justificada, y resulta adecuada y
proporcionada al fin perseguido, lo cual deberá juzgarse no sólo en atención a las
circunstancias que existían al momento de la sanción de la norma, sino también y muy
especialmente en el contexto de las que se dan al tiempo de juzgarse cada caso concreto,
puesto que la alteración de las circunstancias puede hacer que una solución legal que pudo
haber sido legítima en su origen, con el transcurso del tiempo se torne irrazonable
Por lo tanto, para juzgar si las restricciones impuestas por la Ley nº 9526 resultan
razonables o no, se impone llevar adelante el análisis de su justificación, adecuación y
proporcionalidad en atención a las circunstancias existentes al momento de la presente
resolución judicial. —————————————————————————————–
En su proyección actual, la razonabilidad, proporcionalidad o congruencia es una
técnica que indaga la relación entre los medios utilizados y los resultados conseguidos, en
Barrera Buteler, Guillermo E.; Lecciones de Derecho Constitucional, ob. cit., t. I, p. 170.
C.S.J.N., Fallos 316:3104; 317:756; 321:1058 y 322:232.35 – Expte. n° 1798036
base a un criterio mitad racional y mitad justo, pudiendo relacionarse con las más diversas
modalidades del ejercicio de la función pública.——————————————————–
Es atinente al respecto la doctrina que sostiene que “…si la razonabilidad de las leyes
es la adecuación de todos sus factores con el sentido constitucional, esto significa que tanto
las circunstancias del caso tenidas en cuenta por el legislador, como los medios elegidos y
los fines propuestos, deben guardar una proporción entre sí (razonabilidad interna del acto)
y, además, que las leyes deben ajustarse al sentido constitucional formado por los motivos
tenidos en cuenta por el constituyente, por los fines propuestos, por los valores jurídicos
fundamentales y por los medios previstos (razonabilidad externa del acto). De modo tal que
la restricción (reglamentación) de los derechos previstos en la Constitución (los derechos no
son absolutos), no excedan el límite que asegure la subsistencia de los mismos”
La proporcionalidad se desenvuelve siempre en la relación medios-fines; significando
la adecuación de la actividad administrativa al fin que determina el ordenamiento jurídico. La
proporcionalidad se refiere a la justificación teleológica de la medida administrativa adoptada,
autorizando la distinción de tratamiento en razón de los objetivos que con ella se persiguen
Al respecto ha dicho nuestra Corte Suprema que “…el Juez debe juzgar con equidad
en los casos particulares sometidos a su decisión y ello sólo se logra ejerciendo la virtud de
prudencia animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las
situaciones reales que se presenten”
Es por ello que este Tribunal Superior no dudó en sostener que la razonabilidad
implica congruencia, proporción, adecuada relación de medio a fin; mientras que el exceso
identifica lo irrazonable pleno
IV.2. LA JUSTIFICACIÓN ———————————————————————-
Una restricción es válida sólo cuando hay un motivo u objetivo que la justifique,
siempre que éste tenga por finalidad la satisfacción de una exigencia del bien común. En el
caso de la norma sub examine, el mismo consistiría en amparar un uso razonable del agua y
Quiroga Lavié, Humberto; Benedetti, Miguel Ángel; y Cenicacelaya, María de las Nieves; Derecho
Constitucional Argentino, ob. cit., p. 768.
Cfr. Quiroga Lavié, Humberto; Benedetti, Miguel Ángel; y Cenicacelaya, María de las Nieves;
Derecho Constitucional Argentino ob. cit., p. 768.
C.S.J.N., Fallos 305:1163, “Perez Carletti” de fecha 01/01/1983, disidencia de los Dres. Adolfo R.
Gabrielli y Abelardo F. Rossi.
T.S.J., Sala Laboral, “Moyano”, Sentencia n° 149 del 07/10/2004.36
mantener en niveles aceptables los efectos contaminantes de determinadas y puntuales
actividades, prácticas y procesos mineros; para lo cual ha tenido en cuenta muy especialmente
que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental
contemporánea. ———————————————————————————————
No cabe duda alguna que el fin explícitamente perseguido por el legislador encuadra
en la noción de bien común, especialmente teniendo en cuenta las particularidades geográficas
y climatológicas de la provincia de Córdoba, además de su perfil fuertemente turístico. ——–
En efecto, en los debates de la Ley n° 9526 se valoró en particular que en la Provincia
de Córdoba el abastecimiento de agua potable se genera en mayor porcentaje de fuentes
superficiales originadas en la zona serrana. A partir de tal circunstancia “…se estima
necesario referir cómo las cuencas hídricas superficiales y subterráneas se ven
comprometidas por la minería a cielo abierto de minerales metalíferos, la cual consume
grandes cantidades de agua y al mismo tiempo es considerada como potencial contaminante
de las cuencas, comprometiendo en definitiva el agua para consumo humano, ya que, la
localización de esta actividad minera, en cabeceras de cuenca se traduce en un rápido
traslado de contaminantes a las zonas de impacto. Que el drenaje de productos ácidos es el
mayor problema ambiental conocido por esta actividad minera, ya que los mismos son
transportados por viento, lluvia y agua de las corrientes superficiales y depositados en
arroyos, ríos y mantos acuíferos siendo causal de destrucción de la vida acuática y
contaminación del agua. Que la potencial o eventual actividad vinculada a minerales
metalíferos de tipo „diseminado‟ y a minerales nucleares se asentaría principalmente en
áreas del ambiente serrano de la provincia, caracterizado por unas condiciones climáticas
frescas y húmedas, aptas para diversas actividades humanas, por lo cual en general son
zonas que distan de constituir „desiertos demográficos‟. Por el contrario son asiento de
numerosas poblaciones dispersas y pequeñas, además de presentar zonas de mayor densidad
vinculadas con ámbitos más aptos para el uso residencial como lo son los valles
interserranos. Muy diferente resulta el panorama de las condiciones de otras regiones
mineras cordilleranas del país, cuya rigurosidad climática hace de esos parajes un área poco
apta para el uso residencial. Esas condiciones climáticas le confieren además una relativa
riqueza hídrica, que constituye uno de los principales valores para el territorio de la 37 – Expte. n° 1798036
provincia. En el área serrana, lluviosa y con sustrato impermeable, nacen la mayoría de los
cursos de agua que abastecen las necesidades de más del 80 % de la población provincial,
además de sostener una densa trama de ecosistemas acuáticos y ribereños. Si a estos
conceptos, sumados al hecho de que la mayor parte de la población de la provincia se provee
del recurso agua a partir de las cuencas hídricas y que es de público conocimiento el
problema de la escasez del mismo, es altamente riesgoso el permitir la minería a cielo abierto
de minerales metalíferos que consume grandes cantidades de agua y a su vez contamina
cuencas hídricas y napas con sustancias químicas contaminantes que en definitiva irían a
parar al consumo humano”
IV.3. LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA MINERÍA A CIELO
ABIERTO Y DEL USO DE SUSTANCIAS DE ALTA TOXICIDAD —————————–
Los proyectos en el sector extractivo tienen un gran impacto en todos los ámbitos: a
nivel mundial, en el cambio climático y la biodiversidad; a nivel de país, en la gobernabilidad
y la gestión de los ingresos; y a nivel local, en el medio ambiente y las comunidades
A poco que se analice el tema se puede observar que existe consenso en la literatura
respecto a que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería
metalífera a cielo abierto
. Se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia
durante muchos años.—————————————————————————————-
Es por ello que el Poder Legislativo, en oportunidad del dictado de la ley examinada,
señaló que “Las actividades de explotación minera de minerales metalíferos y nucleares
produce graves daños, como la contaminación de los cursos de agua y su impacto sobre las
comunidades vecinas que se ven afectadas en el suministro de este elemental y vital elemento,
tanto para el consumo humano como para los restantes seres vivos”
Legislador Marcelo Falo, Libro de Sesiones, 37° Reunión, 34° Sesión Ordinaria del 24/09/2008,
p. 114.http://www.legiscba.gob.ar/Temp/10779E08.pdf, entrada del 05/03/2014.
Cfr. Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/temas/resenas/extractivas.htm, entrada del
17/03/2014; Grupo de Análisis de los Impactos de la Minería (G.A.I.M.),
http://gaiiim.blogspot.com.ar/p/declaracion-de-londres.html entrada del 21/03/2014; Grupo de Estudio
en Minería y Medioambiente, http://www.aulados.net/GEMM/GEMM.html, entrada del 21/03/2014 y
Antonelli, Mirta Alejandra; “Megaminería, desterritorialización del Estado y Biopolítica”, Rev.
Astrolabio, Nva. Época n° 7, Córdoba, 2011, p. 12/17,
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/592/3171, entrada del 03 de abril de 2014.
Cfr. Belotti, Mirta Liliana; “Minería a cielo abierto versus glaciares alerta roja”; ob. cit., p. 177.
Legisladora Alejandra Matar, Poder Legislativo de Córdoba, Diario de Sesiones, 37° Reunión,
34° Sesión Ordinaria del 24/09/2008, p. 114.38
De igual modo se apuntó en sus fundamentos “La explotación de los minerales
metalíferos en particular, en la modalidad a cielo abierto genera impactos sociales y
ambientales de corto, mediano y largo plazo, provocan alteraciones geomorfológicas de alto
impacto ambiental, con la consecuente pérdida de biodiversidad a nivel local y regional”
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba ha señalado al respecto
que está verificado empíricamente, y así lo sostienen la mayoría de los informes recogidos,
que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto con utilización de procedimientos
químicos daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos
En similares términos se pronunció la Universidad Nacional de Luján señalando “Que
la actividad minera a cielo abierto provoca contaminación del aire, del agua y de los suelos y
que dicha contaminación tiene graves consecuencias para la salud del ambiente, de las
personas y de los animales que habitan los lugares cercanos al yacimiento”
Repárese que de la información disponible surge que la técnica minera denominada “a
cielo abierto” y las sustancias químicas utilizadas en ésta, generarían inconmensurables
cantidades de residuos. Ello se deduce de considerar, como lo afirma el Parlamento Europeo,
que es necesario extraer una tonelada de menas de baja calidad para producir dos gramos de
. A modo de ejemplo, en Argentina, el proyecto Minero propulsado por la Minera Agua
Rica, conforme surge del resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental publicado en su
página web y presentado ante la autoridad minera, y del voto del Dr. Lorenzetti en la causa
“Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá c. Provincia de Catamarca – amparo
, “…durante la operación regular, la mina producirá un estimado de 90.000
toneladas de mena por día. La mena será transportada desde el open pit hacia el área de
Poder Ejecutivo, Mensaje de elevación del proyecto incorporado al Diario de Sesiones,
37° Reunión, 34° Reunión Ordinaria del 24/09/2008, p. 168.
U.N.C., Consejo Superior; Resolución n° 1308 del catorce de diciembre de dos mil nueve,
http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-superior/resolucion/1308_2009,
entrada del 11/03/2014; http://www.digesto.unc.edu.ar/cienciaseconomicas/honorable-consejodirectivo/resolucion/463_2009, entrada del 11/03/2014.
U.N.Lu., Consejo Superior, Resolución n° 502 del diecisiete de diciembre de dos mil nueve
http://resoluciones.unlu.edu.ar/documento.frame.php?cod=23450, entrada del 12/03/2014.
Cfr. Considerandos de la Resolución del Parlamento Europeo de 05/05/2010 sobre la prohibición
general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro de la Unión Europea;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0145+0+DOC+XML+V0//ES; entrada del 31/03/2014.
C.S.J.N, Fallos 335:387 del 14/04/2012.39 – Expte. n° 1798036
chancado primario, donde el mineral será chancado hasta un diámetro de 150 milímetros. La
mena chancada alimentará el sistema de cintas transportadoras, que transportarán la mena
desde el área de la mina hasta la planta de proceso. A través de la vida económica del
Proyecto Agua Rica, se removerán del open pit 1.556 millones de toneladas de roca estéril”
Ello es de suma relevancia a la luz de lo señalado por la Segunda Conferencia
Internacional sobre Pasivos Ambientales Mineros (PAM)
, en tanto, una de sus conclusiones
centrales fue la percepción unánime de que los pasivos ambientales mineros (PAM),
representan un riesgo para el desarrollo sostenible de la sociedad y la futura competitividad de
los países en el mercado de minerales, además de constituir un riesgo real para la salud
Coincidentemente la doctrina expone entre los posibles efectos de impacto ambiental
causado por la minería a cielo abierto, los siguientes: a) Afectación de la superficie,
b) Afectación del entorno en general, c) Contaminación del aire, d) Afectación de las aguas
superficiales, e) Afectación de las aguas subterráneas o freáticas, f) Afectación de los Suelos,
g) Impacto sobre la flora, h) Impacto sobre la fauna, i) Impacto sobre las poblaciones,
j) Impacto en el microclima, k) Impacto escénico posterior a la explotación, entre otros
Se afirma que la lixiviación con sustancias tóxicas tales como el cianuro causa daños
ambientales a corto o mediano plazo, debido a los accidentes que pueden producirse
largo plazo, debido a los desechos inyectados en las escombreras, la movilización de metales
pesados o la generación de drenajes ácidos. Los efluentes industriales altamente
contaminantes quedan depositados en grandes embalses que corren peligro permanente de
filtraciones. Conforme da cuenta el debate de la ley cuestionada, un informe de la Dirección
Sitio Minera Agua Rica LLC, Sucursal Argentina, Proyecto Agua Rica, Informe de Impacto
Ambiental, Resumen Ejecutivo, Abril 2007, fs. 1/60,
http://www.aguarica.com.ar/informe_de_impacto_ambiental, entrada del 28/03/2014.
Organizada por el Instituto de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de la República Federal de
Alemania, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de Chile y la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe entre el 3 y 4 de mayo del 2005,
que se celebró en la sede de la CEPAL, Santiago de Chile.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-ONU), Segunda Conferencia
Internacional sobre Pasivos Ambientales Mineros, (PAM) http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/drni/noticias/seminarios/5/21295/P21295.xml&xsl=/drni/tpl/p36f.xsl&base=/drni/t
pl/top-bottom.xslt, entrada del 21/03/2014.
Cfr. Belotti, Mirta Liliana; “Minería a cielo abierto versus glaciares alerta roja”; ob. cit., p. 177 y ss.
Cfr. Belotti, Mirta Liliana; “Minería a cielo abierto versus glaciares alerta roja”; ob. cit., p. 184.40
Provincial de Minería de Mendoza evidencia que todos los diques de cola filtran, pues
reconoce que empleando todos los adelantos tecnológicos (geomembranas, recubrimientos
con arcillas, etcétera) únicamente se disminuye la posibilidad de infiltración de los cuerpos de
agua subterráneos
. —————————————————————————————-
La cantidad de accidentes de los que da cuenta la historia de la minería, constituye una
de las razones por las cuales el Parlamento de la Unión Europea propulsó la prohibición de
este método minero en su Resolución del 05 de mayo de 2014. Señala dicho organismo en el
instrumento aludido, que en los últimos treinta años los accidentes con cianuro han sido una
constante en dichos emprendimientos. Hace alusión especialmente al derrame de agua
contaminada con cianuro en el año dos mil desde el embalse de una mina de oro al sistema
fluvial Tisza Danubio, cuando se vertieron más de cien mil centímetros cúbicos. Asimismo se
hace hincapié en que no existe ninguna garantía de que dichos episodios no se vuelvan a
producir, siendo que los proyectos mineros a gran escala que utilizan cianuro usan varios
millones de kilogramos de cianuro de sodio al año, por lo que un fallo en su transporte y
almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas
Idénticas advertencias efectuaron los legisladores durante el debate de la ley que aquí
se cuestiona, oportunidad en la que mencionaron, entre otros antecedentes, que la
Organización Panamericana de la Salud comprobó “…la desaparición de toda vida acuática
a lo largo de cuatro kilómetros; mina de oro de Oid Querry, Nevada, EEUU; se derramaron
un millón de litros de desechos de cianuro en 1997; mina de zinc Los Frailes, España; la
ruptura de un dique de cola originó un derrame de ácido generando grave mortandad de
peces, abril de 1998; Mina Homestake; Whitewood Crek, Back Hills, Dacota del Sur”
Ilustra sobre la cuestión la “Declaración de Berlín sobre el cianuro”
, cuando alude a
los accidentes de este tipo de actividad minera en la que se utiliza cianuro, tales como la
Mendoza, Dirección Provincial de Minería, Nota N 255-DPM de la Dirección Provincial de Minería
Cfr. considerandos de la Resolución del Parlamento Europeo del 05/05/2014 sobre la Prohibición
Legislatura de Córdoba, Diario de Sesiones, 37° Reunión, 34° Sesión Ordinaria del 24/09/2008,
Fue el documento corolario de la reunión de un grupo de científicos en Berlín http://kortegoldmining.infu.uni-dortmund.de/berldecllit.html; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, “Medio 41 – Expte. n° 1798036
rotura de diques, pérdidas, accidentes de transporte (por ejemplo: Summitville, Colorado/USA
1993; Harmony Mine, Sudáfrica 1994; Manila, Filipinas 1995; Omai, Guayana 1995;
Homestake Mine South Dakota, USA 1996; Gold Quarry Mine Nevada territory of Western
Shoshone, USA 1997; Kumtor, Kirgistan 1998; Baia Mare, Rumania 2000). ———————
Otro ejemplo lo constituye la rotura de un dique de relaves de la mina El Porco, en
Potosí, Bolivia, el 28 de agosto de 1996, como consecuencia de lo cual 260.000 toneladas de
barros fueron volcadas sobre un afluente del Río Pilcomayo dentro de cuya masa había unas
600 toneladas de arsénico, cianuro, plomo y mercurio
A esta incompleta lista de accidentes ambientales registrados a lo largo del planeta por
la tecnología de la minería metalífera a cielo abierto y la lixiviación con sustancias tóxicas, se
suma con dirimencia lo afirmado por organismos internacionales en sentido que los avances
tecnológicos no pueden garantizar la seguridad de las minas
. ————————————–
Todos estos antecedentes han llevado a la National Widlife Federation de los Estados
Unidos a señalar que las minas que utilizan estas técnicas constituyen bombas de tiempo para
. En igual línea se ha sostenido que “…el final del ciclo de vida de una mina es
generalmente cientos de hectáreas arrasadas y desforestadas, fuentes de aguas
contaminadas, lugares que son considerados entre los más contaminados del mundo”
En lo que atañe específicamente a la utilización del cianuro, la mencionada
“Declaración de Berlín sobre el cianuro” explica que “1. Críticos análisis científicos
(especialmente eco-química, en ecosistemas biogeográficos, hidrológicos y geoquímicos)
demuestran enfáticamente que el proceso de cianuro para la extracción de oro no puede ser
aceptado, por sus daños irreversibles al ecosistema. La tecnología necesaria para la
seguridad (como desintoxicación, neutralización, reducción en la capacidad del ecosistema
Ambiente y calidad de vida”,
http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/medio/estudios_pdf_medio/Medio%20Ambiente%20y%20C.V.%20
%20Nro%2020.pdf, Observatorio Lationamericano de Conflictos Ambientales,
http://www.olca.cl/oca/argentina/cianuro00.htm; entrada del 30/03/2015..
Diario Clarín, edición del 23/10/1996, “El derrame de barro tóxico en Bolivia amenaza toda la
cuenca del Pilcomayo” http://edant.clarin.com/diario/96/10/23/E-04001d.htm, entrada del 31/03/2014.
Cfr. considerandos de la Resolución del Parlamento Europeo de cinco de mayo de dos mil diez
sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro de la Unión
Europea, http://www.iberica2000.org/es/Articulo.asp?Id=541 , entrada del 12/03/2014.
Cfr. Belotti, Mirta Liliana; “Minería a cielo abierto versus glaciares alerta roja”, ob. cit., p. 182 y ss.
Gutman, Nicolás; “Desafíos de la Minería en Argentina”, LL, Suplemento de Derecho Ambiental del
22/06/2014, 4.42
contra otros metales pesados) está disponible sólo en forma limitada. No puede garantizar
una minería de oro segura. Considerando la economía, conservación del agua, química y
protección de la naturaleza, las minas de oro usando cianuro a cielo abierto no es autorizado
bajos las leyes de Alemania y de la Comunidad Económica Europea. La Tecnología para
reducir el riesgo no es manejable y no puede ser controlada.2. Análisis de los ecosistemas en
los sitios de operaciones demuestran que en zonas tropicales y subtropicales hay una
ocurrencia periódica de crisis. La Tecnología para reducir el riesgo no es manejable y no
puede ser controlada. 3. Los análisis económicos indican que las actividades de los
principales productores de oro (…) están concentradas en países y regiones con bajos costos
de producción e insuficientes estándares legales y de control. (…). 4. Análisis de los efectos
sociales sobre las personas y sobre las condiciones humanitarias demuestran que no hay
efectos positivos en la extracción de oro utilizando el proceso de cianuro. Ganancias de corto
plazo (más trabajo) son siempre seguidas de una permanente caída de calidad de vida
comparada con los estándares previos. 5. Este balance negativo demuestra que la extracción
de oro con cianuro contradice permanentemente la Declaración de Río. La mina destruye, a
largo plazo, las necesidades básicas de vida y ponen en peligro una alimentación
Por su parte el Parlamento Europeo, en la ya referenciada resolución de fecha 05 de
mayo de 2010, ha señalado que la alta toxicidad y reactividad del cianuro se filtra, que puede
acabar contaminando ríos subterráneos, y en ocasiones incluso ha envenenado afluentes
cercanos, a punto tal que ha sido clasificado como uno de los principales contaminantes que
puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y en el ambiente
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, “Medio Ambiente y calidad de vida”,
%20Nro%2020.pdf, Sitio de Salvatierra, http://korte-goldmining.infu.uni-dortmund.de/berldecllit.html;
http://salvatierrard.wordpress.com/about/, entrada del 31 de marzo de 2014.
Sitio del Parlamento Europeo, Textos aprobados,
0145+0+DOC+XML+V0//ES , entrada del 06/03/2014.43 – Expte. n° 1798036
iguales términos se pronuncia estableciendo un marco comunitario de actuación en el ámbito
. ————————————————————————————
Es por dichas razones que los autores han considerado que legislación actual debiera
poder incorporar las lecciones de lo que a un muy alto costo social y ambiental ya sucede en
otras latitudes. Verbigracia, según el gobierno de los Estados Unidos el costo de la limpieza
de las minas abandonadas se prevé en 32.000 millones de dólares, y la reparación y
mitigación de la contaminación de una sola mina puede alcanzar con facilidad los 50 millones
Repárese que ya en mil novecientos setenta y dos, la Conferencia de Naciones Unidas
reunida en Estocolmo postulaba sobre el medio humano: “Debe ponerse fin a la descarga de
sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o
concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños
graves e irreparables a los ecosistemas” (Principio Seis)
Vale destacar que el Parlamento Europeo ha afirmado que la prohibición general del
uso del cianuro es el único medio para lograr la protección de los recursos hídricos y la
diversidad biológica. Ésta ha sido la solución que ha postulado dicho organismo cuando en
Bruselas dictó la Resolución de referencia
, mediante la cual pide a la Comisión que
proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la
Unión Europea antes de finales de dos mil once, al sostener que es la única forma segura de
proteger los recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de
las actividades mineras. En definitiva, al prohibir las técnicas mineras que utilizan el cianuro,
que es el elemento mediante el cual se desarrolla la minería a cielo abierto, se está bregando
por la prohibición misma de dicha práctica minera en Europa. ————————————–
De igual modo, en el derecho comparado la tendencia legislativa se dirige a la
prohibición de dichas actividades y a la prohibición del empleo de sustancias tóxicas en la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 23 de octubre de 2000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:es:PDF, entrada del
Gutman, Nicolás; “Desafíos de la Minería en Argentina”, ob. cit.
Derecho Internacional, http://www.dipublico.com.ar/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-
REV.1.pdf, entrada del 4/04/2014.
Cfr. Resolución del Parlamento Europeo del 05/05/2010, ya citada,
0145+0+DOC+XML+V0//ES, entrada del 06/03/2014.44
minería. Así, tal como lo informa el texto de la mencionada resolución del Parlamento
Europeo, la República Checa mediante la modificación de la Ley de Minas n° 44/1988 de
2000 prohibió el uso de tecnologías mineras a base de cianuro. Igual disposición en tal sentido
adoptaron la Ley húngara de Minas n° 48/1993 y el Decreto alemán de 2002.——————–
IV.4. LA PROTECCIÓN DEL AGUA ———————————————————
La columna vertebral de la ley, conforme da cuenta su exposición de motivos, se
asienta en el puntal de la protección del agua. Entre las consideraciones se precisó en aquella
oportunidad que “Otra consecuencia destacada de este tipo de explotaciones, es la
contaminación rutinaria y accidental de las aguas superficiales y subterráneas, del suelo y de
la biota con residuos peligrosos. (…), el agua es un elemento insustituible para el
sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un
insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la
escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los
conflictos por el uso. Su carácter de vulnerable se manifiesta en la creciente degradación de
su calidad, lo cual amenaza la propia existencia de la vida. Las múltiples actividades que se
desarrollan en el territorio de esta Provincia (agricultura, ganadería, explotación forestal,
minera, urbanización, industria) impactan de una u otra forma a los recursos hídricos.
Mantener y restaurar la calidad de las aguas constituye la meta de la gestión hídrica más
valorada por la sociedad”
De igual modo, los legisladores a la hora de debatir el proyecto de la ley en cuestión
sostuvieron “En particular, los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas
emplean millones de litros de agua que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas
que utilizan: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras. Estos gigantescos volúmenes de
agua no serán aptos nunca más para consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”
Ciertamente, los niveles de consumo de agua son altísimos con este método extractivo.
Se ha afirmado que una de estas minas puede gastar entre 50.000 y 300.000 litros de agua por
Poder Ejecutivo, Mensaje de elevación del Proyecto incorporado a Diario de Sesiones,
37° Reunión, 34° Sesión Ordinaria del 24/09/2008, p. 168.
Cfr. Legislador Marcelo Falo, Diario de Sesiones, 37° Reunión, 34° Sesión Ordinaria del
24/09/2008, p. 93.45 – Expte. n° 1798036
minuto una vez en actividad
. El geólogo Carlos A. Seara, en su informe incorporado a
fs. 262/268 de autos, expone que en la mina La Alumbrera (Catamarca) se consumen
100.000.000 de litros por día y en la mina Veladero (San Juan) unos 70.000.000 litros diarios.
Bien se ha señalado, el agua siempre fue motivo de regulación, especialmente en lo
referido a sus usos y efectos; pero su revalorización ha venido de la mano de la conciencia de
la dependencia del ser humano con todo aquello que lo rodea
El agua es vital para la vida
, por ello se sitúa en el campo de los derechos humanos
Es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario
para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades
relacionadas con el agua y para satisfacer el consumo y cocina y los requerimientos de higiene
personal y doméstica
Así lo entiende el Código de Aguas de la Provincia de Córdoba, Ley n° 5589, cuando
señala que el Estado Provincial procurará el uso múltiple de las aguas coordinándolo y
armonizándolo con el de los demás recursos naturales. A tal efecto inventariará y evaluará los
recursos hídricos, planificará y regulará su utilización en procura de su conservación e
incrementación y del máximo bienestar público, teniendo en cuenta la proyección de demanda
futura (artículo 5). ——————————————————————————————-
En mérito de tales conceptos, actualmente el agua es considerada patrimonio natural
por tratarse de un bien único e irremplazable que concierne a la humanidad toda y que
requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica. No es sólo un recurso, “…es la
Cfr. Del Campo, Cristina; “Reflexiones sobre la regulación del agua como patrimonio natural”, en
Cuaderno de Derecho Ambiental: El Agua.; Número II, Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, 2008, Córdoba,
p. 61 y ss.
Naciones Unidas, Temas mundiales, “El Agua”, http://www.un.org/es/globalissues/water/, entrada
del 10/03/2014.
Naciones Unidas, Resolución n° 67/292 aprobada por la Asamblea General el 28/07/2010, “El
derecho humano al agua y el saneamiento”,
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/292, entrada del 10/03/2014.
Naciones Unidas, Observación General n° 15 sobre el derecho al agua, Aplicación del Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11 y 12 del Pacto), (29º
período de sesiones 2002), http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html, entrada del
11/03/2014.46
herencia que recibimos y debemos traspasar a los que vienen”
. Desde este puntal, las
cuestiones relacionadas con el agua pasan a ser materia también de la cuestión ambiental
En igual línea se perfila la Ley Provincial de Ambiente n° 7343 cuando señala en su
artículo 3 que “A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente comprende la utilización racional del suelo, agua, flora, fauna,
gea, paisaje, fuentes energéticas y demás recursos naturales en función de los valores del
ambiente”. —————————————————————————————————
A nivel supranacional, halla recepción en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (artículos 11 y 12), en la Convención contra todas formas de Discriminación contra
la Mujer (artículo 14, inc. 2, ap. “h”) y en la Convención de los Derechos del Niño
(artículo 24, inc. 2, ap. “c”). ——————————————————————————-
Desde las Naciones Unidas se vienen realizando declaraciones y acciones a fin de
concientizar y lograr una efectiva tuición respecto del agua como bien esencial
La Declaración emanada de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua reunida
en Mar del Plata en el año 1977 reconoce de manera expresa el derecho al agua potable de
. —————————————————————————————–
Cfr. Del Campo, Cristina; “Reflexiones sobre la regulación del agua como patrimonio natural”, ob.
cit., p. 66, 77 y ss.
Juliá, Marta Susana y Foa Torres, Jorge; “Los modelos institucionales en la gestión de los recursos
hídricos”, en Cuaderno de Derecho Ambiental: El Agua; Número II, Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, 2008,
p. 79 y ss.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S, entrada del 11/03/204;
Resolución n° 58/485 aprobada por la Asamblea General el 09/02/2004, Decenio Internacional para la
Acción, “El agua, fuente de vida”,http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/a-58-217-spanish.pdf,
entrada del 11/03/2014; Resolución n° 59/483 aprobada por la Asamblea General el 22 de diciembre
de 2004, Actividades realizadas durante el Año Internacional del Agua Dulce, 2003, preparativos del
Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida” y nuevas medidas para lograr el
desarrollo sostenible de los recursos hídricos
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/228&referer=http://www.un.org/Dept
s/dhl/resguide/r59sp.htm&Lang=S, entrada del 11/03/2014 En dichas resoluciónes la ONU recuerda
su Resolución n° 54/175 del 17/12/1999, relativa al derecho al desarrollo, la n° 55/196 del 20/12/2000
en que se proclamó 2003 Año Internacional del Agua Dulce.
Naciones Unidas, “El derecho humano al agua y al saneamiento. Hitos.”
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_s
pa.pdf, entrada del 03/03/2015.47 – Expte. n° 1798036
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(UNCED), que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) entre el 3 y el 14 de junio de 1992, ciento
setenta y ocho países firmaron el Programa 21 que contempla un plan de acción exhaustivo
que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del Sistema de
Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano
influya en el medio ambiente. En el Pacto Federal Ambiental, ratificado por el artículo 25 de
la Ley n° 25.675, los Estados Provinciales se comprometen a tener como referencia los
postulados del Programa 21 aprobado en la CNUMAD ’92. ——————————————
El Capítulo 18 de dicho instrumento se lo dedica al tema del agua y señala que “El
suministro de agua potable y el saneamiento ambiental son vitales para la protección del
medio ambiente, el mejoramiento de la salud y la mitigación de la pobreza. El agua potable
también es fundamental para muchas actividades tradicionales y culturales. Se estima que el
80% de todas las enfermedades y más de un tercio de los fallecimientos en los países en
desarrollo se deben al consumo de agua contaminada y que, en promedio, hasta la décima
parte del tiempo productivo de cada persona se pierde a causa de enfermedades relacionadas
con el agua”
En el año dos mil dos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas proporciona algunas orientaciones para la interpretación del derecho al agua,
enmarcándolo en los artículos 11, que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado; y 12,
que reconoce el derecho a disfrutar del más alto nivel de salud posible. La Observación
establece de forma clara las obligaciones de los Estados Partes en materia de derecho humano
al agua y define qué acciones podrían ser consideradas como una violación del mismo
En este sentido la Asamblea General de Naciones Unidas se manifestaba
“Profundamente preocupada porque aproximadamente ochocientos ochenta y cuatro millones
de personas no tienen acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen
Naciones Unidas, Programa 21 aprobado en la CNUMAD 92,
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter18.htm, entrada del 10/03/2014.
Observación General 15 sobre el Derecho al Agua interpreta el Pacto sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 reafirmando el derecho al agua en la legislación internacional,
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html, entrada del 11/03/2014.48
acceso a saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 de
niños menores de cinco años”
. ————————————————————————–
Luego de ello el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhorta a los
Estados a que incorporen el principio de sustentabilidad en lo relativo al agua y su
A nivel nacional, fruto del acuerdo consensuado en un marco de federalismo
concertado, se gestó el documento relativo a los Principios Rectores de Política Hídrica de la
El trabajo, realizado mediante una metodología ampliamente participativa y que
permitió la concertación en un marco federal, abarca lineamientos de política que integran los
aspectos socioeconómicos y ambientales al establecer los objetivos de la gestión del recurso
hídrico. Tal integración es reflejada en el objetivo de lograr una gestión racional, equitativa y
sustentable del agua, en el orden nacional
Si como se ha precisado, las técnicas de la minería a cielo abierto así como el uso de
sustancias de alta toxicidad que ellas conllevan, constituyen una de las fuentes de mayor
contaminación del agua; resulta razonable y proporcionado que se evite su utilización en los
elevados volúmenes que aquellas precisan, a los fines de proteger el ambiente, y con ello,
lograr un desarrollo humano sustentable.—————————————————————-
En efecto, los niveles de consumo de este tipo de industria sumados a la toxicidad de
los componentes químicos utilizados, dotan de razonabilidad la decisión adoptada por la Ley
n° 9625 en tanto única medida eficaz para el necesario logro de la prevención. Máxime ello
frente a la importancia y trascendencia de dicho elemento vital para la supervivencia humana
evidenciada en los precedentes considerandos. ———————————————————
Naciones Unidas, Resolución n° 64 del 28/07/2010 del
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S, entrada del 11/03/2014.
Naciones Unidas, Resolución n° 28 de fecha ocho de octubre de dos mil diez; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/179/27/PDF/G1317927.pdf?OpenElement, entrada del 11/03/2014.
Suscripto el 17 de setiembre de 2003 por representantes de las áreas hídricas de 23 provincias y
por el Director Nacional de Políticas, Coordinación y Desarrollo Hídrico de la SSRH.
Ello después de la conformación del Consejo Hídrico Federal, integrado por las autoridades hídricas
de las provincias y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH).
Sitio web de Consejo Hídrico Nacional, Documentos Fundacionales,
http://www.cohife.org.ar/Dfundacionales.html, entrada del 06/03/2014.49 – Expte. n° 1798036
Aquí cabe tener presente que el deber de respetar el ambiente constituye un límite
objetivo, intrínseco y connatural a la libertad de las empresas, establecido por las normas
dictadas a tal fin
. ——————————————————————————————
IV.5. LA ADECUACIÓN ————————————————————————-
Aquí habrá de valorarse si la relación de medio a fin en la persecución del bien común
que le ha dado justificación a la restricción de derechos objetada en la causa, es apropiada
para el objetivo que se ha propuesto el legislador. —————————————————–
Entendemos que sobre el tópico tampoco caben dudas en cuanto a que la relación
existente entre los métodos de lixiviación química y los grandes volúmenes de agua y de
materiales minerales que deben ser utilizados y removidos en esta clase o categoría de
explotaciones a cielo abierto, imponen su severa restricción. —————————————-
De hecho, el estado actual de la ciencia y de la técnica, aunque quizás aún en etapa de
investigación y desarrollo, demuestra la existencia de otros medios disponibles que
prescinden de las sustancias y procesos químicos prohibidos por la norma, tal como lo
evidencian, por ejemplo, experiencias internacionales de biotecnología aplicada a procesos de
. ———————————————————————————–
Doctrina especializada señala que dentro “…de las ventajas que se observan para esta
biotecnología se señala que requiere poca inversión, presenta costos operativos bajos, y
permite la explotación de minas de baja ley o concentración de mineral que por los métodos
clásicos serían antieconómicas, además de que da lugar a una relativa ausencia de polución
y contaminación ambiental. Este mismo trabajo refiere más de una docena de experiencias
mundiales en la aplicación de dicha tecnología a gran escala en Sudáfrica, Brasil, Australia,
Ghana, Chile, EE.UU. y Perú. En nuestro país se han desarrollado desde el sector científico
importantes investigaciones en esta materia, siendo destacable en este tema los trabajos del
Cfr. Mosset Iturraspe; Hutchinson, Tomás y Dona, Edgardo Alberto; Daño Ambiental, ob. cit.,
p. 459/460.
Pinto, Mauricio; “Comentario a las recientes normas ambientales mendocinas”, Revista de Derecho
Ambiental nº 13, 2008-1, Lexisnexis, Bs. As., Enero-Marzo 2008, p. 176; Liber, Martín; “Desarrollo
sustentable y ley 7722 de la Provincia de Mendoza sobre prohibición de utilización de sustancias
químicas en los procesos minero-metalíferos”, LLGran Cuyo, 2008 (Julio), 607. Ambos con citas de
Guerrero Rojas, José J.; “Biotecnología en la disolución y recuperación de metales”, en Primer
Congreso peruano de Biotecnología y Bioingeniería, Trujillo, Perú, noviembre 1998; y de Acevedo,
Fernando y Gentima, Juan C.; “Fundamentos y Perspectivas de las Tecnologías Biomineras” en
Archivos de Ingeniería Biológica, Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 2005.50
Centro de Investigaciones en Fermentaciones Industriales (Cindefi), con dependencia del
Conicet y la UNLP. En este centro los trabajos del Dr. Edgardo Donati han mostrado que la
explotación de oro y cobre en el mundo es más rentable y menos contaminante con la
biotecnología, aunque los límites culturales de nuestro país han impedido su desarrollo”
Cierto es que podríamos debatir si de entre todas las diferentes alternativas entre las
que el legislador ha elegido, ésta es la más o la menos restrictiva. Mas nadie logrará poner en
tela de juicio que en virtud de las particularidades históricas que rodean al Estado -tanto
nacional como provincial-, la hipotética aplicación de complejos y rigurosos procedimientos
de control sobre este tipo de actividades, resulta a todas luces inidóneo para alcanzar los
; todo lo cual nos lleva a entender como adecuada la prohibición
específica y puntualmente prevista en la norma en cuestión. —————————————–
IV.6. PROPORCIONALIDAD ——————————————————————
Habiendo demostrado que las restricciones impuestas son un medio adecuado para
alcanzar la finalidad de bien común que las justifica, resta aún comprobar si las mismas son
razonables en tanto resultan proporcionadas a los fines que con ellas se procura lograr,
descartando así toda posible arbitrariedad que pudiera afectarlas
La restricción a un derecho es proporcionada cuando el gravamen que irroga u
ocasiona a su titular guarda equilibrio o simetría con el bien que se persigue o procura lograr,
o con el mal que se pretende evitar con ella. Para esto es necesario comparar cuán valiosos
son los objetivos que procura lograr la restricción y cuán disvaliosas son las limitaciones o
restricciones al derecho afectado; cuando el perjuicio que se ocasiona con esta última es
superior al beneficio que se pretende lograr, la medida resulta desproporcionada y deviene
. Entendemos que también este requisito de razonabilidad se cumple en la
Ley nº 9625, puesto que lo que se restringe a través de ella son determinadas metodologías y
Pinto, Mauricio; “Comentario a las recientes normas ambientales mendocinas”, ob. cit., p. 176/177.
Cfr. Spota, Alberto; “Globalización, integración y derecho constitucional”, La Ley, 1999-A, 905;
Cassese, Sabino; La crisis del Estado, Abeledo Perrot, Bs. As., 2003; Pérez Hualde, Alejandro;
Servicios Públicos y Organismos de Control, Lexisnexis, Bs. As., 2006, p. 2; y Neoconstitucionalismo
y servicios públicos, inédito, 2007, p. 3. También Liber, Martín; “Desarrollo sustentable y ley 7722 de
la Provincia de Mendoza sobre prohibición de utilización de sustancias químicas en los procesos
minero-metalíferos”, ob. cit.
Cfr. C.S.J.N. Fallos 243:473; 304:1761; entre otros.
Cfr. Barrera Buteler, Guillermo E.; Lecciones de Derecho Constitucional, ob. cit., t. I, p. 172.51 – Expte. n° 1798036
procedimientos de explotación minera. Pero ni la actividad minera en sí misma ha sido
prohibida ni el derecho minero obtenido mediante concesión se extingue por ella. En el caso
de este último sólo se limita en función de normas tuitivas del ambiente saludable, no
integrando el derecho concedido una determinada garantía de rentabilidad conforme la
ecuación económica aplicable en uno u otro método de explotación. ——————————-
Por otra parte, el bien común protegido por la norma, esto es el agua y el ambiente
entre otros, resulta un objetivo prioritario de resguardo por parte de la sociedad en tanto
conforma su hábitat natural de vida y supervivencia; lo cual importa necesariamente tender a
un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente, en un
delicado equilibrio intergeneracional. ——————————————————————–
Cabe destacar que la noción de desarrollo sustentable, al ser indeterminada y con un
alto grado de ambigüedad conceptual de fondo, no sería un concepto fruto de definiciones
explícitas, sino el resultado del sistema de razonamiento aplicable para lograr un adecuado
acercamiento a su contenido; el que en una sociedad democrática y en el ámbito de una
república representativa federal, no podría dejar de lado o pretender ignorar las variaciones
que como tal se vayan registrando
Necesariamente se impone reconocer que el desarrollo sostenible radica en un
sinnúmero de posibilidades y de opciones diversas que, es cierto, no excluye, pero tampoco
impone ningún tipo de actividad. Totalmente distinta es la situación con respecto al agua y al
ambiente, los que constituyen presupuestos indispensables para la vida en el más amplio
sentido. Es función del Derecho establecer los equilibrios del caso para que en un marco de
sustentabilidad la actividad resulte compatible con los restantes intereses sociales
En definitiva, el criterio propugnado por el legislador radica en que técnicamente no es
posible considerar compatibles ambientalmente los métodos prohibidos por la Ley n° 9526;
por resultar imposible llevarlos delante en una forma sustentable y sin producir contaminación
crítica y -en algunos casos- hasta irreversible. ———————————————————-
Cfr. Liber, Martín; “Desarrollo sustentable y ley 7722 de la Provincia de Mendoza sobre prohibición
de utilización de sustancias químicas en los procesos minero-metalíferos”, ob. cit.
En sentido similar, Pinto, Mauricio; “Tribulaciones jurídicas sobre el conflicto minero-ambiental en
Mendoza”, ob. cit.52
IV.7. EXPERIENCIAS HISTÓRICAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: MINA
SCHLAGINTWEIT Y DIOXITEK ———————————————————————-
La experiencia recogida en Córdoba respecto de la minería de uranio constituye otra
razón de dirimencia para ponderar la razonabilidad de la normativa cuestionada. —————-
Así, en noviembre de 1983 comenzó oficialmente la explotación de la planta de
procesamiento de uranio en la Mina Schlagintweit, también denominado yacimiento “Los
Gigantes” (Informe de Cierre de la Mina Schlagintweit, Secretaría de Minería de la Provincia,
fs. 269/299).————————————————————————————————–
La misma, hoy en día, se halla dentro de los límites de la “Reserva Hídrica Provincial
de Achala” con lo cual es de aplicación la Ley Provincial de Áreas Naturales n° 6964 tal
como da cuenta el informe de Auditoría de Cierre de la Mina Schlagintweit obrante a
fs. 269/299.—————————————————————————————————
En dicha planta el proceso de separar el uranio del resto del material se cumplía
sumergiendo las piedras en ácido sulfúrico.————————————————————-
Conforme los antecedentes incorporados al expediente, el 08 de julio de 1985,
mediante Resolución n° 11.488, la Dirección de Hidráulica de la Provincia constató la
existencia de una grave contaminación de aguas y del medio ambiente provocada por las
descargas no autorizadas a la empresa Sanchez Granel Ingeniería S.A. de los efluentes
arrojados por el complejo minero a los ríos El Cajón y Cambuche, razón por la cual prohibió a
la firma realizar la descarga de los fluidos residuales y desechos provenientes del “Complejo
Uranífero Los Gigantes” de cualquier clase y naturaleza que ellos sean en todos los cursos de
agua y la emplazó a que en forma inmediata procediera a realizar las tareas necesarias para
evitar que los productos originados en dicho emprendimiento fueran transportados por las
precipitaciones pluviales contaminando aguas y medio ambiente (fs. 491/494 de autos). ——-
Explica al respecto la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo
nacional que tiene a su cargo la gestión de los minerales nucleares, residuos radioactivos y el
tratamiento de los residuos, que en las explotaciones de mineral de uranio y en las
instalaciones industriales para el tratamiento del mismo quedan, una vez finalizada su vida
útil, restos de material denominados en la jerga técnica “colas de procesamiento” o más
comúnmente “colas de mineral”, como así también líquidos efluentes de los procesos 53 – Expte. n° 1798036
industriales. Las colas de mineral, en general se componen de material finamente dividido,
similar a arena, del cual se ha extraído la mayor cantidad técnicamente posible del uranio
La empresa operó hasta mil novecientos noventa, lapso en el cual los residuos se
fueron depositando en diques y, según inspección de la Secretaría de Minería de fecha 26 de
agosto de 2011, se hallaban en el lugar colas de mineral en Dique Principal en volumen de
y no se realiza tratamiento de los líquidos hasta tanto se defina la alternativa para
ello, cuando hace más de veinte años que ha dejado de funcionar (fs. 472).————————
Afirma dicho ente nacional, que en todos aquellos sitios en los cuales se han
desarrollado actividades intrínsecas a la minería del uranio, se procura lograr la restitución del
En función de ello, el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio
(PRAMU)
involucra todos los sitios donde se desarrollaron tales explotaciones, resultando
prioritarias la remediación de los pasivos ambientales de Córdoba y Malargüe
con dicho proyecto los materiales producto de tal actividad depositados en el sitio que ocupó
el yacimiento de Los Gigantes suman 2.400.000 toneladas de colas, 1.000.000 de toneladas
de estériles y 600.000 de marginales. Los mismos datos se desprenden de las constancias del
informe Auditoría de Cierre de la Mina Schlagintweit obrante a fs. 269/299. Y si bien no hay
poblaciones en las cercanías, la existencia de los materiales descriptos aguas arriba de zonas
turísticas da al problema un carácter particular
En el año dos mil tres, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, con la participación de
la Dirección de Minería e invitados de la Universidad Nacional de Córdoba, emite un informe
Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, PRAMU, Actividades en Córdoba,
http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/losgigantes.asp, entrada del 17/03/2014;
http://www2.cnea.gov.ar/biblio/cba/templates/cnea/pramu.html, entrada del 05/03/2015.
http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/losgigantes.asp, entrada del 17/03/2014,
http://www2.cnea.gov.ar/biblio/cba/templates/cnea/pramu.html, entrada del 05/03/2015..
Banco Mundial, http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/05/14/000334955_200805140
72501/Rendered/PDF/E18880v120revi1y021020080Box327374B.pdf, entrada del 17/03/2014.
Morales Lamberti, Alicia; “Minería de Uranio, Pasivos Ambientales y Conflictividad Social”, Revista
del derecho ambiental, Lexisnexis, Abril-junio 2007, p. 213/238; Comisión Nacional de Energía
Atómica, CNEA, PRAMU, Actividades en Córdoba
Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/losgigantes.asp,
entrada del 17/03/2014.54
con motivo de las presentaciones que ante la Agencia Córdoba Ambiente formulara la CNEA
en relación a su “Propuesta de tratamiento químico y descarga de afluentes del ex Complejo
Minero Fabril Los Gigantes”. En el mismo se señala que “Los residuos existentes en el
predio como resultado de la actividad minera fabril no presentan condiciones de tratamiento
adecuadas, pudiendo considerarse pasivos ambientales. El aumento del nivel del dique
principal como consecuencia del aporte de agua por precipitaciones y drenaje superficial,
aparece como de alto riesgo. Existe contaminación de los cursos de agua por infiltraciones
desde diques 0, 1, 2, 3 y principal; por lavado de colas de mineral y desde la cantera.
Corresponde un Estudio de Impacto Ambiental integral del cierre del Complejo Minero
Fabril Los Gigantes…”
En el informe de evaluación ambiental publicado por el CNEA en el dos mil cinco, se
indica que del dique principal “Como conclusión, podemos decir que dada la composición
química de estos líquidos, principalmente por su contenido de amonio, manganeso y radio,
será necesario su tratamiento, para poder descargarlos al Río Cajón, respetando las
legislaciones provinciales y nacionales que regulan este tipo de prácticas”
Además en Córdoba se encuentran los residuos del complejo fabril Córdoba que fue
creado en 1952. En el terreno donde se efectuaron actividades de concentración de uranio y
desarrollo de procesos asociados, funcionaba la planta de producción de dióxido de uranio
(UO2) (operada por Dioxitek) y un equipo de CNEA de geología y apoyo a otras actividades,
la que fuera clausurada recientemente
. Como producto de las actividades de concentración
se encuentran en el lugar 57.600 toneladas de colas de mineral de uranio. En relación a este
tema dicha Comisión está estudiando diferentes propuestas para decidir acciones acerca de la
restitución ambiental de esta área
. En el Informe de Evaluación Ambiental publicado por la
CNEA en el año dos mil cinco se evalúan las diferentes cuestiones ambientales referidas al
Cfr. Informe Auditoría de Cierre de la Mina Schlagintweit obrante a fs. 269/276.
Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/acuerdo/4.pdf,
entrada del 19/03/2014.
Cfr. Cadena 3.com del 11/11/2014, La Municipalidad de Córdoba ratifica la clausura de Dioxitek,
entrada del 16/03/2015.
Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/cordoba.asp,
entrada del 17/03/2014;
http://www2.cnea.gov.ar/biblio/cba/templates/cnea/pramu/areas/cordoba.html, entrada del
05/03/2015.55 – Expte. n° 1798036
cierre de la mina señalando que “…en el borde norte del predio del Complejo se encuentran
pozos con indicios de contaminación, la que proviene probablemente de restos de minerales
que se acumulaban en dicha zona, los que luego se procesaban en planta experimental. Los
valores no se consideran elevados y están comprendidos dentro del rango esperado para
playas de stock de minerales de uranio”
. Asimismo se establecen diferentes alternativas
para el saneamiento
Tales antecedentes que dan cuenta de la experiencia que ha tenido la provincia en
dichos casos, por lo que existirían sobrados argumentos para justificar la preocupación del
legislador en proveer o dotar a la Provincia de un adecuado marco legal regulatorio de la
política ambiental que debe respetarse por sobre cualquier otra clase de derechos
IV.8. LA INEXISTENCIA DE DERECHOS ABSOLUTOS Y EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD CONSTITUCIONAL———————————————————————–
Los derechos, entre ellos la libertad de empresa, no son absolutos sino, por el
contrario, se hallan sujetos a reglamentación general y particular
. En efecto, como ya ha
dicho este Tribunal Superior de Justicia, los derechos y garantías que consagra la Constitución
no son absolutos, sino que están sujetos, en su ejercicio, a reglas y limitaciones indispensables
para el orden y la convivencia social
No es una cuestión menor el justipreciar adecuadamente el rol de tales exigencias
fundadas, en este caso concreto, en el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano
(C.N. art. 41 y C.P. art. 66), especialmente cuando lo que está en juego es nada más y nada
entrada el 19/03/2014; http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/inforgral/Carta%20Ambiental.pdf, entrada del
17/03/2014; Banco Mundial, http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/01/26/000160016_200601261
40834/Rendered/INDEX/E4900v20Evalua10Decontamination0EIA.txt, entrada del 05/03/2015.
Informe de Cierre de la Mina Schlagintweit, Secretaría de Minería de la Provincia, fs. 269 y sgs. En
igual sentido Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA,
http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/inforgral/Carta%20Ambiental.pdf, entrada del 17/03/2014.
Cfr. Villalonga, Juan Carlos y Estebez, Belén; “Adicción Nuclear”, Suplemento Ambiental
LL 04/07/2011, 2; Lallana, Francisco; “Deconstruyendo Fukushima”, Suplemento Ambiental
LL 04/07/2011, 4; Manóvil, Rafael M.; “Responsabilidad civil nuclear”, Acad. Nac. de Derecho 2010
(junio), 9.
Liber, Martín; “Desarrollo sustentable y ley 7722 de la Provincia de Mendoza sobre prohibición de
utilización de sustancias químicas en los procesos minero-metalíferos”, ob. cit.
T.S.J., en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, “Cooperativa Limitada”,
Sentencia n° 18 del 29/12/2003; “Quiroga”, Sentencia n° 16 del 08/11/2005; “C.E.T.”, Sentencia n° 10
del 15/08/2014; entre otros. C.S.J.N., Fallos 188:105; 199:149; 483; 200:450; 249:252 y 262:205,
entre muchos56
menos que el ámbito imprescindible y primario de desarrollo de la vida, concebido por ambos
constituyentes como el ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud y apto
para el desarrollo humano, sin que las actividades productivas que satisfacen las necesidades
actuales comprometan las de las generaciones futuras. Esto se logra sólo con la estricta
observancia de los principios constitucionales vigentes, los cuales son, por lo tanto,
condiciones sine qua non de una sociedad viable.——————————————————
En atención a lo expuesto, no es posible receptar argumentaciones mediante las cuales
se pretende presentar como discriminatorio el contenido de la norma en cuestión, bajo la tesis
aparente de que centra sus preceptos en una actividad concreta que no es la única en la que se
utilizan tales procedimientos y/o sustancias prohibidas. Es que justamente el legislador ha
puesto su atención en una actividad que -aun utilizando iguales procedimientos y/o sustancias
que otras- no presenta iguales niveles de riesgos que ellas, sino que se caracteriza y distingue
entre muchas otras por su intrínseca peligrosidad, a la vez que importa una concentración y
manejo de volúmenes de material minero y de procesos químicos muy superiores en todos los
órdenes relativos a la gestión de yacimientos. ———————————————————-
En este sentido la CSJN sostiene que “La garantía de igualdad no obsta a que el
legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la
discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de
personas o de grupos de personas, aunque su fundamento sea opinable”
IV.9. EL PRINCIPIO PRECAUTORIO——————————————————-
La cuestión analizada nos ha introducido en el campo del Derecho ambiental, razón
por la cual, en la ponderación de la razonabilidad cabe guiarse por los principios generales
que rigen dicha materia. ————————————————————————————
Así las cosas, el artículo 4 de la Ley de Presupuestos Mínimos n° 25.675 de consuno
con el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
establece que “Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la
ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar
C.S.J.N., Fallos 329:5567, Dictamen del Procurador General in re “Dirección Nacional de
Migraciones – M° del Interior c. Valmor S.R.L. (Ley 22.439)”, del 12/12/2006. 57 – Expte. n° 1798036
la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente”. ——————————————————————————————–
Como ya se ha señalado, la doctrina jurídica ofrece diferentes ópticas a los fines de
explicar tal máxima jurídica
Aunque no haya uniformidad en la definición de su alcance normativo, la entidad de
los derechos implicados motiva que, con independencia de los escenarios institucionales y
legales, se consagre el principio precautorio como una de las directrices jurídicas
fundamentales para resolver los conflictos que se suscitan cuando se invoca una lesión al
medio ambiente.———————————————————————————————-
Señala Morello al respecto que “Lo primero y lo más idóneo es la prevención del daño
al medio ambiente para evitar su consumación, máxime teniendo en cuenta que se trata de un
bien no monetizable, es decir, no traducible en indemnizaciones y difícil de volver al estado
anterior del daño”
A tenor de los conceptos expuestos, es dable concluir que la Provincia, tenía la
potestad-deber de tomar las medidas pertinentes a los fines de evitar el daño ambiental que, de
acuerdo a los antecedentes recopilados en sede administrativa, producía o podía producir la
actividad minera a cielo abierto o la manipulación de sustancias de alta toxicidad. —————
IV.10. AUSENCIA DE IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA Y/O DE LESIÓN ———-
Tampoco resultan aceptables argumentos relativos a una hipotética imposibilidad
económica proyectada sobre estas categorías de explotación minera a partir de la prohibición
del uso de determinadas sustancias supuestamente indispensables para las mismas, puesto que
tales actividades no dependen necesaria y únicamente de las mencionadas sustancias tóxicas,
dado que existirían otras alternativas de lixiviación a partir de la biotecnología
Drnas de Clément, Zlata (Dir.); El principio de precaución ambiental – La práctica argentina,
Lerner, Córdoba, 2008, p. 23.
Morello, Augusto M. y Sbdar, Claudia B.; “Teoría y Realidad de la Tutela Jurídica del Ambiente”, LL
2007-F, 821.
Cfr. Guerrero Rojas, José J.; “Biotecnología en la disolución y recuperación de metales”, ob. cit.;
Acevedo, Fernando y Gentima, Juan C.; “Fundamentos y Perspectivas de las Tecnologías
Biomineras”, ob. cit.; Liber, Martín; “Desarrollo sustentable y ley 7722 de la Provincia de Mendoza
sobre prohibición de utilización de sustancias químicas en los procesos minero-metalíferos”, ob. cit.;
Pinto, Mauricio; “Comentario a las recientes normas ambientales mendocinas”, ob. cit.; y
“Tribulaciones jurídicas sobre el conflicto minero-ambiental en Mendoza”, ob. cit.58
Distinto podría llegar a ser si el Estado hubiese incumplido, en virtud de la norma en
cuestión, compromisos contractuales y precontractuales con operadores y/o empresas
mineras; o que eventualmente se pretendiese asignarle algún tipo de responsabilidad
patrimonial por la interrupción de exploraciones o explotaciones en curso; lo cual no ha sido
planteado ni ésta sería la vía ni la instancia pertinentes. Y aún si fuera éste el caso de autos,
cabe destacar que el legislador ha tomado las previsiones del caso estableciendo que los
titulares de concesiones y/o de derechos mineros que involucren minerales metalíferos y/o
aquellas personas que los ejerciten, deberían adecuar todos sus procesos a las previsiones de
los artículos 1º y 3º de la ley en el término de seis (6) meses a partir de su publicación, bajo
apercibimiento de caducidad de la concesión minera (artículo 4).———————————–
Tampoco es un caso de disociación de tipo alternativo, en el sentido de que para
proteger al ambiente se sacrificaría la realización del desarrollo económico de la actividad
minera; puesto que esta puede continuar por otros métodos y recurriendo a otros
procedimientos de lixiviación, tal como ya se ha expresado; y aunque así no fuera en la
actualidad, tampoco es posible sostener -ni se ha demostrado aquí- que la actividad minera en
la circunstancias prohibidas por la ley sea una condición imprescindible e irremplazable para
el desarrollo social, económico y ambiental de la Provincia. —————————————-
Por lo demás la prohibición de tales técnicas no genera una violación al derecho a
trabajar y ejercer la industria toda vez que existen alternativas que podrían sustituir a las
tecnologías en base al cianuro
IV.11. PREVISIBILIDAD DEL CAMBIO Y LEGITIMIDAD DE LA DECISIÓN
LEGISLATIVA ———————————————————————————————
Entender el carácter multidimensional del contexto en el que surge la norma
cuestionada, nos permitirá evitar reduccionismos anacrónicos y abordar su contenido con una
visión integrativa de sus disposiciones, asumiendo que la noción de desarrollo sustentable no
puede ser abordada sólo en el marco de las clásicas dimensiones económica, social y
Cfr. considerandos de la Resolución del Parlamento Europeo del 5/5/2010 sobre la prohibición
general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro de la Unión Europea.59 – Expte. n° 1798036
ambiental; y mucho menos pretendiendo circunscribirla sólo a lo ambiental y lo económico,
lo que sería una inteligencia limitada e ingenua del asunto
A partir de la reforma constitucional de 1994, el paradigma normativo en materia
minera y ambiental comenzó a receptar nuevos lineamientos, incorporando parámetros y
objetivos ampliamente superadores de las concepciones vigentes con anterioridad a la misma.
Decimos superadores porque justamente es eso lo que la manda constitucional requería: no un
cambio absoluto del paradigma minero, sino el compromiso del mismo con un marco
ambiental contenedor de sus efectos negativos, a la vez que disparador del desarrollo de
tecnologías acordes con estos nuevos desafíos. ———————————————————
De esta forma, rápidamente el Congreso de la Nación inició un largo camino en
materia de conservación ambiental, con la adopción de disposiciones y regímenes integrados
tanto a la ley minera de fondo (i.e. Ley nº 24.585) como destinados a regular específicamente
la materia ambiental (i.e. Leyes nº 25.612 de Gestión Integral de los Residuos Industriales y
de Actividades de Servicio; nº 25.670 de Gestión y Eliminación de PCB’s; nº 25.688 de
Régimen de Gestión Ambiental de Aguas; nº 25.831 de Información Pública Ambiental;
nº 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios; y nº 26.331 de Protección Ambiental de
Bosques Nativos; por citar sólo las anteriores al dictado de la cuestionada norma provincial en
el año 2008). ————————————————————————————————-
Pero es la Ley de Presupuestos Mínimos nº 25.675, la mejor expresión del proceso
superador que la legislación venía adoptando en materia ambiental, y a partir de la cual
comienza la labor reglamentaria local en ese mismo sentido.—————————————–
Las legislaturas provinciales que apreciaron la necesidad de asumir su competencia
ambiental frente al complejo desafío que les deparaban determinadas actividades mineras en
sus territorios, fijaron normativamente los paradigmas que entendieron como más idóneos
para cumplir con sus propios objetivos constitucionales, políticos, sociales, culturales y
económicos. ————————————————————————————————-
Todo ello permitía anticipar previsiblemente las mutaciones que se producirían en la
legislación minera con respecto a sus efectos ambientales, evitando la hipotética injusticia
En sentido similar, pero con respecto a la Ley nº 7722 de Mendoza, ver Liber, Martín; “Desarrollo
químicas en los procesos minero-metalíferos”, ob. cit.60
ínsita que podría significar una modificación repentina de las reglas que en este caso
atribuyen la competencia del poder de policía reglamentario en materia ambiental con
relevancia o proyección concreta sobre determinadas actividades mineras. ———————–
Especialmente cuando en el ámbito de la provincia de Córdoba ya existían normas
anteriores a la mencionada reforma constitucional, las que habían comenzado a anticipar
soluciones a la problemática surgida de determinadas actividades mineras cuando por ellas se
pusiere en crisis la protección ambiental. Tal el caso de la Ley nº 7343 que ya en el año 1985
fijaba los Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento
del Ambiente, y que en su artículo 3, inciso “d”, contempla específicamente que la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende la prohibición
y/o corrección de actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente;
complementando este enunciado con el resto de sus previsiones reglamentarias. —————-
En este orden de ideas, cabe destacar que la Legislatura recientemente ha sancionado
la Ley n° 10.208, que instrumenta novedosas herramientas en materia ambiental a los fines de
reforzar y potenciar la tutela ambiental de la Ley n° 7343 a la que complementa, conforme el
texto de su segundo artículo.——————————————————————————-
En su Capítulo II establece los Instrumentos de Política y Gestión Ambiental
Provincial que la Provincia de Córdoba utilizará en forma prioritaria como instrumentos de
política y gestión ambiental los siguientes, a saber: a) El ordenamiento ambiental del
territorio; b) La evaluación de impacto ambiental; c) La evaluación ambiental estratégica;
d) Los planes de gestión ambiental; e) Los sistemas de gestión ambiental; f) El control de las
actividades antrópicas; g) La fijación de estándares y normas; h) La educación ambiental;
i) La información y diagnóstico ambiental; j) La participación ciudadana para la convivencia
ambiental; k) El seguro ambiental, y l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes
ambientales (artículo 8).————————————————————————————
Además, su artículo 48 establece que el control y fiscalización ambiental se
desarrollarán por la autoridad de aplicación a través de las diferentes dependencias
administrativas y la Policía Ambiental creada por Ley n° 10.115 ———————————–
Entre los instrumentos de control y fiscalización establecidos en el marco normativo
ambiental vigente en la Provincia que serán utilizados en el seguimiento de las actividades 61 – Expte. n° 1798036
antrópicas, el artículo 46 destaca los siguientes: a) Vigilancia; b) Inspecciones; c) Controles
con motivo de denuncias en general; d) Fiscalización de actividades; e) Auditorías
ambientales de cumplimiento, y f) Toda otra medida de supervisión y control que forme parte
de las atribuciones de la Autoridad de Aplicación. —————————————————–
En este orden de ideas, y no siendo posible afirmar la existencia de un modelo
unívocamente válido de desarrollo sostenible, sino, por el contrario, asumiendo que la
cuestión se caracteriza por su multiplicidad polifacética y coyuntural; ella constituye un
sinnúmero de posibilidades, un abanico de opciones diversas, que ni excluyen ni imponen a
priori ningún tipo de actividad. —————————————————————————-
En consecuencia, no existiendo un único modelo de desarrollo sostenible válido, sino
por el contrario, de varios y muy diversos; es la discrecionalidad política a cargo del órgano
representante por excelencia de la voluntad popular quien debe ejercerla optando por uno u
, quedando la determinación de la legalidad de la medida
adoptada por el legislador dentro del análisis de razonabilidad en función del fin tuitivo que
tuvo la norma
. ——————————————————————————————–
Ello en virtud de que si las regalías y beneficios indirectos de la actividad minera en
cuestión no alcanzan a garantizar un escenario de desarrollo sustentable a nivel local,
carecería de todo sentido imponerle al Estado que aun así y en atención a un supuesto interés
meramente sectorial, se vea obligado a sostener en el tiempo políticas de desprendimiento de
sus activos por métodos y procedimientos que sólo lo conducirían a asumir costos en todos los
órdenes, tornando visiblemente irrazonable tal exigencia. Por el contrario, la Provincia goza
constitucionalmente de facultades suficientes para tomar dicha decisión a través de la sanción
de la respectiva norma, constituyendo una opción política válida dentro de la diversidad de
posibilidades que la concreción del desarrollo sostenible requiere. ———————————-
V. ESFERA DE DISCRECIONALIDAD —————————————————
Cfr. Pinto, Mauricio; “Tribulaciones jurídicas sobre el conflicto minero-ambiental en Mendoza”, ob.
cit.62
Las consideraciones realizadas acerca de la razonabilidad de la Ley n° 9526
evidencian que la solución que acoge se encuentra dentro del ámbito discrecional del Poder
Legislativo y por tanto, ajena a las facultades de contralor del Poder Judicial. ——————–
Lo reseñado hasta aquí nos introduce en la concepción de la discrecionalidad
entendida como “…una modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente
confiere a quien desempeña la función administrativa para que, mediante una apreciación
subjetiva del interés público comprometido, complete creativamente el ordenamiento en su
concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias igualmente válidas para el
derecho…”
. ————————————————————————————————
En este andarivel, ésta forma parte del orden jurídico de donde proviene en forma
expresa o implícita. Pero su cometido trascendente es agregar un elemento nuevo a ese
ordenamiento porque la valoración subjetiva que debe realizar no existía, completando de tal
forma el sistema jurídico (conf. autor y op. cit., pág. 126).- ——————————————
Con esa proyección el control de los jueces abarca al procedimiento de integración
creativa de la discrecionalidad dentro del orden jurídico, por lo que en esa labor debe
comprobar si se ha elegido una solución correcta entre otras de igual condición dentro del
mundo jurídico, estando vedado al tribunal la sustitución de un criterio u opción por otro,
dentro de los igualmente válidos para el derecho
VI. CONCLUSIÓN ——————————————————————————-
El ambiente constituye un bien colectivo supremo
Por ello, y bajo la guía señera del principio de razonabilidad, es dable colegir que la
magnitud de las consecuencias ambientales respecto del agua y de las grandes cantidades de
residuos ambientales que genera la minería metalífera a cielo abierto, sumados a las
experiencias registradas en la Provincia; dan sustento y fundamento a la restricción que
enuncia la Ley n° 9526 en cuanto prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realice
Sesin Domingo, “Administración Pública. Actividad Reglada, discrecional y técnica”, Depalma, Bs.
As. 1994, p. 126.
conf. autor y op. cit. pág. 92.
2007-F, 821.63 – Expte. n° 1798036
bajo la modalidad “a cielo abierto” o cuando para ello se utilicen sustancias tales como el
cianuro, el mercurio y otras calificadas como peligrosas. ———————————————
Su texto denota el cumplimiento de un deber constitucional descripto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de garantizar “…que las generaciones futuras puedan
seguir gozando de bienes ambientales”
. Ello por cuanto resulta incuestionable que la tutela
ambiental debe ser esencialmente preventiva
Así evidenciada la razonabilidad de la solución legislativa contenida en la Ley n°
9526, no cabe a los jueces realizar juicios sobre su oportunidad, mérito y conveniencia. ——-
Como ya proclamaba Gonzalez Calderon, el federalismo permite a cada provincia
arreglar la vida local en forma que consulte más provechosamente los intereses y las
peculiaridades del respectivo pueblo
De allí, la constitucionalidad de la Ley n° 9526. ———————————————-
VII. CUESTIONES INOFICIOSAS———————————————————–
Como consecuencia de tal conclusión se ha tornado inoficioso el tratamiento de las
restantes cuestiones planteadas por la parte demandada. ———————————————-
VIII. COSTAS————————————————————————————–
En cuanto a las costas, en función de las complejidades del asunto debatido, se
considera pertinente imponerlas por el orden causado (artículo130 del C.P.C. y C.).————-
Así votamos.—————————————————————————————–
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES
DOCTORES DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA
DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, CARLOS FRANCISCO GARCÍA
ALLOCCO, SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO, SILVANA MARÍA CHIAPERO Y
MARIO RAÚL LESCANO, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:—————————
Corresponde: I) Rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad entablada en
contra de la Ley n° 9526. ———————————————————————————–
II) Imponer las costas por el orden causado (artículo 130 del C.P.C. y C.). —————
C.S.J.N., Fallos 335:387.
Morello, Augusto M. y Sbdar, Claudia B.; “Teoría y Realidad de la Tutela Jurídica del Ambiente”,
Gonzalez Calderon, Juan A.; Doctrina Constitucional, Lajouane y Cía., Bs. As., 1928, p. 116 y ss.64
Así votamos. —————————————————————————————-
Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia,
en pleno, ——————————————————————————————————
RESUELVE: ————————————————————————————–
I) Rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad entablada en contra de la Ley
II) Imponer las costas por el orden causado (artículo130 del C.P.C. y C.). —————
DRA.. AÍDA LUCÍA TARDITTI DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL
DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO DRA. SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO
DRA. SILVANA MARÍA CHIAPERO DR. MARIO RAÚL LESCANO
Nueva demanda colectiva ambiental ¿Privatizan el acceso al río? – el camino de sirga en el nuevo código civil Amparo ambiental por la fumigación con glifosato, fush
amparo ambientalmedio ambienteminería
La edad para ejercer un cargo

References: artículo 75
 artículo 205
 artículo 1
 artículo 126
 artículo 2
 artículo 206

artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 249
 artículo 59
 artículo 66

artículo 17
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 124

artículo 41
 artículo 233
 Resolución

 artículo 161
 artículo 165
 artículo 31
 artículo 161
 resolución 
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 161
 artículo 31
 artículo 75
 artículo 1
 artículo 2518
 artículo 41
 artículo 6
 artículo 41
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 41
 artículo 233

artículo 41
 artículo 59
 artículo 11
 Artículo2
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 233
 artículo 41
 artículo 75
 artículo 41
 artículo 28
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artículo 3

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 artículo 25
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 artículo 4
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 artículo 3
 artículo 48
 artículo 46