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Timestamp: 2019-11-12 09:32:11+00:00

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La objeción de conciencia triunfa en la Unión Europea | ARKHAIOS
La negación del derecho a la objeción de conciencia es uno de los objetivos prioritarios de los ideólogos del aborto, e incluso ha sido objeto de sentencias cuando menos discutibles (ver mi nota ¿Corte inConstitucional?), aunque el derecho ha sido reconocido en otros campos (ver por ejemplo Sentencia T-376/06, Corte Const.). Actualmente, es uno de los puntos centrales del debate ante el Consejo de Estado con ocasión del decreto que irregularmente reglamentó ese derecho (ver Suspendido provisionalmente decreto 4444 de 2006 (aborto)). En Europa acaba de triunfar el respeto a la libertad de conciencia –que no es una discusión nueva– que aquí en Colombia se pretende negar, pero primero revisemos rápidamente el tema en Colombia.
Consta en la Constitución:
"Artículo 18, C.P..- Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia."
En relación con este derecho se dijo en una ocasión por parte de la jurisprudencia:
"A la luz de los derechos consagrados en los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución, los tratados internacionales que consagran las misma garantías, y los artículos 4 y 6 de la Ley Estatutaria 113 de 1994, es claro que las personas, en ejercicio de sus libertades, tienen entre otras garantías el derecho “rehusarse a recibir educación religiosa” así como el derecho a no ser “obligados a actuar contra su conciencia” o “ser obligado a revelar sus convicciones”." (Sentencia T-345/02, Corte Const.)
Sin embargo, la Corte Constitucional no ha dudado en negar el derecho a objeción de conciencia en el caso de jueces ante hipótesis de aborto (ver Sentencia T-388/09, Corte Cons.) con base en la Sentencia C-355/06, en la cual sin embargo nunca se debatió el tema de la objeción de conciencia:
"Los suscritos magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil compartimos la declaración de exequibilidad del numeral 7 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, pero salvamos el voto respecto de la decisión de exequibilidad condicionada del artículo 122 de la misma ley, así como de las declaraciones de inexequibilidad del artículo 124 y de la expresión “o en mujer menor de catorce años” contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000.
Lo anterior, por las razones jurídicas que pasamos a explicar, siguiendo para ello el mismo orden en que son expuestos los argumentos de la parte considerativa de la Sentencia.
Aclaramos que estas razones se refieren exclusivamente a los asuntos debatidos y decididos en Sala Plena, y no a aquellos otros que, como la improcedencia de la objeción de conciencia institucional o la aplicabilidad inmediata de la sentencia sin necesidad de previa reglamentación, no fueron definidos dentro de las deliberaciones que llevaron a la adopción del fallo, como puede corroborarse con la lectura de las actas correspondientes." (citado del salvamento de voto de los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil en la Sentencia C-355/06, Corte Const.)
Lamentablemente, la Sentencia C-355/06 ha servido como "precedente" (comillas intencionales) en materia de objeción de conciencia y aborto, pero resulta que en todo caso en saa sentencia no consta mayor cosa, tal como hizo notar el magistrado Juan Carlos Henao, contenida en el salvamento de voto a la Sentencia T-388/09:
"La mayoría de la Sala compartió la tesis según la cual la prohibición de la objeción de conciencia institucional tuvo origen en la sentencia C-355/06, con base en la siguiente expresión: “Cabe recordar además, que la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia.” Este mismo extracto se reitera en otras decisiones jurisprudenciales. Sin embargo, tanto en la primera como en las segundas sentencias no hubo una argumentación sobre tan importante tema. No se puede concluir entonces, que existe una postura decantada con relación a la prohibición de la objeción de conciencia institucional o de persona jurídica en la jurisprudencia constitucional colombiana. Simplemente se ha dado por cierta una afirmación que se repite en ciertos fallos, a pesar de que no se ha argumentado debidamente sobre este problema jurídico. Aunado a que este tema no fue discutido por la Sala Plena durante la elaboración de la sentencia C-355 de 2006, en la presente sentencia tampoco se argumentó lo suficiente sobre el mismo." (citado del salvamento de voto del dr. Henao en la Sentencia T-388/09)
El tema de la objeción de conciencia ha devenido entonces en una reglamentación "jurisprudencia" en lugar de ser reglamentada por una ley estatutaria como Constitucionalmente debe ser, y además ha sido desarrollada a partir de un imaginario de la jurisdicción constitucional. En este sentido, resulta valiosa la afirmación del magistrado Juan Carlos Henao, contenida en el salvamento de voto a la Sentencia T-388/09:
"Con la decisión que adoptó la mayoría de la Sala se afectó el derecho de asociación. Se desconoció, a mi juicio, que las asociaciones de personas tienen convicciones ideológicas, políticas, morales, éticas, filosóficas o económicas que justifican su vinculación a determinado tipo de organización. Son fines precisos los que se pretenden al vincularse a ciertas agrupaciones, que el ordenamiento jurídico debe salvaguardar. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las personas naturales no son las únicas que actúan para lograr la consecución de fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, etc. Las personas jurídicas, en virtud del derecho de asociación, tienen también el derecho de promulgar una concepción ideológica particular referida al asunto que amerita su asociación. La prohibición de la objeción de conciencia institucional, deviene en la negación jurídica de las convicciones ideológicas o filosóficas que sustentan ciertas asociaciones o comunidades de personas. Con esta determinación se niega la pluralidad de pensamiento e ideas, con lo cual en últimas, se afecta el pluralismo que es uno de los fundamentos de la democracia y de los estados constitucionales modernos." (citado del salvamento de voto del dr. Henao en la Sentencia T-388/09)
¿Cuál es el estado de cosas en la Unión Europea? Se resume así en la nota de un portal de noticias:
"La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa rechazó el 7 de octubre, el llamado Informe McCafferty, que pretendía convertirse en una Recomendación del Consejo, obligando a médicos, personal sanitario e instituciones asistenciales a practicar abortos, al restringir e incluso suprimir -en el caso de las instituciones sanitarias- el derecho a objetar y negarse a realizar o colaborar en abortos provocados.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no sólo ha rechazado los presupuestos del Informe McCafferty y la propuesta de recomendación que limitaba el derecho a la objeción, sino que ha aprobado una Resolución (nº 1763) titulada Derecho a la objeción de conciencia en la atención médica." (citado de la nota "UNIÓN EUROPEA: DERROTA DEL TOTALITARISMO ABORTISTA" del portal Noticias Globales)
El documento al cual se refiere la nota, es la RESOLUCIÓN 1763 (2010) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, SOBRE EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. Para una traducción en español ver "La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ratifica el derecho de médicos y hospitales a negarse a provocar abortos y practicar la eutanasia". El informe a que se refiere la nota es "Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection". Clic aquí para leer la nota "Council Of Europe Takes Up Abortion Debate" del European Centre for Law and Justice.

References: artículo 32
 artículo 122
 artículo 124
 artículo 123
 Resolución 
 RESOLUCIÓN