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Timestamp: 2018-01-23 07:27:35+00:00

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Derecho Ambiental: 2005
Conflictos en la Justicia Ambiental Chilena,Dirección Prensa U. de Chile
( este artículo, realizado por la dirección de prensa de la Universidad de Chile, fue publicado por ella en Primavera de 2005)
A raíz de los últimos conflictos ecológicos y a resoluciones judiciales cuestionadas –léase caso Celco-, la justicia ambiental chilena está en la mira. La inmadurez que presenta el sistema y la falta de preparación de los actores que intervienen en éste amenazan con seguir generando polémicas. Así lo prevén especialistas de Derecho U. de Chile.Las interpretaciones de los jueces se hacen de una perspectiva netamente Civil, más que ambiental, asegura el investigador del Centro de Derecho Ambiental (CDA), José Ignacio Pinochet. Ejemplifica señalando que “muchas veces, los tribunales deniegan o postergan la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente sólo porque los antecedentes no les permiten determinar de quién es la responsabilidad o la culpa”, no cumpliendo con el “Principio Precautorio”.Del mismo modo, el principio de “El que contamina paga” los tribunales tienden a interpretarlo como que el que causó contaminación debe pagar una indemnización, pero el principio se refiere a que el contaminador debe asumir los costos de "prevenir" y "reducir" la contaminación que actualmente causa, dice Pinochet.”Otra gran falencia la constituye la reglamentación del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual es ineficiente y, a pesar de contemplar un procedimiento técnico, posibilita decisiones totalmente políticas y la aprobación de proyectos, incluso cuando ellos contrarían la ley. Además, establece mecanismos de participación ciudadana que son más bien formales, sirviendo sólo para causar más frustración en la población”, argumenta. Para el profesor Patricio Leyton, quien dicta el curso de Derecho Ambiental, el sistema de justicia ambiental es muy joven y recién esta empezando a madurar. Además, cree que, tal vez, falta difundir más conocimientos en los jueces para evitar que se recurra con tanta frecuencia a la deferencia en los organismos administrativos. “Si bien es cierto que los organismos de la Administración del Estado son aquellos que tienen un mejor conocimiento técnico de la materia, esto no puede ser excusa para que los tribunales no revisen el merito con el cual estos cumplen sus funciones”.Un ambiente de problemasAsí las cosas, el panorama no se ve exento de problemas. Leyton dice que si por conflicto se entiende que existen ciertos aspectos de la legislación ambiental que pueden ser cuestionados, “es evidente que hay áreas que debiesen ser revisadas. Es necesario evaluar el rol de las comunidades en el proceso de participación ciudadana, así como los recursos disponibles por parte de éstas para intervenir adecuadamente en la defensa de sus intereses frente al desarrollo de proyectos productivos”.Si bien muchos de los problemas o polémicas ecológicas están directamente relacionadas con la institucionalidad de la justicia ambiental, ya sea por las funciones o medidas que los organismos pertinentes tomen, el académico sostiene que “nunca he sido partidario de propender la modificación de las estructuras existentes sin que realmente se las hayan dotado de los recursos necesarios para su normal funcionamiento”.El director del CDA, Sergio Montenegro, sostiene que a corto plazo varios proyectos, que deberán ser evaluados según las regulaciones vigentes, provocarán reacciones por parte de los diversos actores involucrados. “En el ámbito minero, el proyecto Pascua Lama (alta cordillera III Región), exigirá la remoción de dos glaciares. En el área energética, la ampliación de algunas termoeléctricas (San Isidro, Quillota) y la instalación de nuevas de estas centrales, emplazadas en lugares de producción agro-frutales y/o cercanas a poblaciones, como San Vicente de TaguaTagua. Existen las primeras manifestaciones de interés de Endesa por explorar las posibilidades de instalar centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua (XI –Región), señala”A todo ello se agregan proyectos inmobiliarios, dice el profesor Montenegro, como la transformación de la plaza Las Lilas, en Providencia, y el túnel de conexión de El Salto con Pedro de Valdivia Norte. En zonas rurales, están las expansiones de áreas residenciales en desmedro de tierras de valor agrícola.“Conviene dejar en claro que, indudablemente, el desarrollo socio-económico del país requerirá de muchos proyectos como los señalados, los que deberán ajustarse a las regulaciones ambientales y, por sobre todo, tomar en consideración, en forma anticipada, las naturales inquietudes y observaciones que formulen las poblaciones vecinas, las organizaciones de defensa ambiental, el mundo académico, los políticos y otros actores, advierte el director del CDA.
Medio Ambiente, certeza jurídica e inversión, por Valentina Durán CDA
Valentina Durán Medina, Coordinadora de Investigación CDA
(Publicada como carta en el Diario Financiero y como columna en el Diario "El mostrador", agosto-sept 2005)
La certeza jurídica es un elemento fundamental para la adecuada toma de decisiones del inversionista. En estos meses en que el caso CELCO ha llevado el tema ambiental a las portadas de los diarios, es un lugar común pedir reglas claras en materia ambiental. En el reciente seminario del Círculo legal de ICARE, Fernando Agüero, consejero de la SOFOFA, señaló que es crucial saber si se pueden modificar los términos de un acuerdo sin el beneplácito de la contraparte, lamentando la precariedad de las resoluciones de calificación ambiental (RCA). En la misma línea, el destacado abogado Javier Vergara relató que los inversionistas lo consultan con la misma sensación de quien va a una sesión de tarot.
Comparto parcialmente tales inquietudes. La complejidad de los proyectos de inversión plantea a las autoridades ambientales desafíos que exceden a veces su capacidad de respuesta, tanto en la evaluación como en la fiscalización de los proyectos en su desarrollo. Ello ocurre por ejemplo cuando se plantean intervenciones complejas en ecosistemas poco estudiados, o cuando el estado del arte no permite prever ni evaluar con precisión el impacto de una determinada tecnología en un medio o en condiciones climáticas en las que nunca se ha empleado.
Esta situación implica algún grado de precariedad de las RCA para quienes esperan que ellas les otorguen un certificado verde indefinido. La RCA certifica que el proyecto, tal como se aprueba y verificándose las medidas previstas, es sustentable y cumple con la normativa ambiental, pero en ningún caso congela la normativa aplicable a una determinada actividad. La Contraloría General de la República ha precisado que las COREMA y la CONAMA no pueden modificar discrecionalmente las RCA, que son el resultado de un proceso reglado, y que deben considerar tanto la eventual buena fe de los titulares de los proyectos como las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la actuación de la autoridad administrativa. Sin embargo la misma Contraloría reconoce las situaciones, perfectamente legítimas, que permiten que la autoridad modifique los términos de la autorización e incluso la revoque, como son la ocurrencia de impactos ambientales adversos no previstos y la infracción a la resolución por parte del titular.El ejercicio legítimo de sus facultades no constituye en modo alguno un acto arbitrario ni expropiatorio de la autoridad, ni mucho menos puede compararse con una modificación unilateral de los términos de un acuerdo. Es cierto que en el proceso de evaluación de impacto ambiental existe un fuerte componente de negociación, pero asimilar la RCA a un simple acuerdo entre privados es un error. Recordemos que la Constitución, así como asegura a todas las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, nos asegura también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y obliga a los organismos del Estado a “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Lo dice la Constitución, y no el tarot.
En materia de inversión y de evaluación de impacto ambiental existe una responsabilidad compartida entre quien propone el proyecto y la autoridad que autoriza su funcionamiento aprobando, cuando corresponde, determinadas medidas de mitigación, reparación o compensación. Ésta es una de las consideraciones que debe hacer el que ve afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al decidir si es más eficaz dirigir su acción en contra de la autoridad o en contra de la empresa.Aunque un cierto nivel de inseguridad jurídica puede ser rentable para consultores y tarotistas, se debe avanzar hacia una mayor certeza jurídica para disminuir los factores de riesgo de la inversión. Existen aún impactos que no han sido reglamentados, vías de intervención que no han sido probadas, y competencias que se superponen. Nada dice el Reglamento del SEIA frente a la ocurrencia de impactos ambientales adversos no previstos, quedando esta situación entregada al criterio de la jurisprudencia de la Contraloría. Y existe también un importante porcentaje de proyectos aprobados que no son fiscalizados, lo que genera en algunos la temeraria certeza de que sus incumplimientos no serán sancionados.
Bienvenido entonces el debate acerca de cómo mejorar la gestión y la fiscalización ambiental. Debatamos por ejemplo si conviene instaurar auditorias privadas que certifiquen el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental (RCA), y en ese caso fijemos desde ya, en términos razonables, tal se hace en España y Alemania, la forma en que se regularán las obligaciones y la responsabilidad eventual del proponente, el auditor y la autoridad en distintos escenarios.
La inversión necesita certeza jurídica, y también necesita una ciudadanía informada con acceso a la participación, y una autoridad provista de los medios legales y políticos para ejercer sus competencias de forma clara e independiente. Discutamos también la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de una Superintendencia Ambiental. Pero no olvidemos la lección: la inversión necesita empresarios responsables que enfrenten el tema ambiental en toda su dimensión. Lo barato cuesta caro.
Etiquetas: CELCO, Institucionalidad ambiental, SEIA, Valentina Durán
Caso Celco: Comentarios al fallo de la Corte Suprema, por V. Durán, S. Montenegro yJ. Pinochet
Por Sergio Montenegro, Valentina Durán y José I. Pinochet, CDA
Publicado en El Mostrador, 23/07/05.
El polémico fallo emitido por los Ministros Ortiz, Rodríguez y Kokisch en el caso CELCO Valdivia, ha llamado la atención del CDA (Centro de Derecho Ambiental)* en tres aspectos primordiales relacionados con el acceso a la justicia ambiental. 1. En el considerando 10º de la sentencia del pasado 30 de mayo, que revoca el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia en el caso contra Celulosa Arauco, la Excma. Corte Suprema declara improcedente que los tribunales reemplacen a la autoridad ambiental en el ejercicio de sus funciones, precisando que la misión de los tribunales en el recurso de protección se limita a determinar si los actos recurridos han sido arbitrarios o ilegales y han afectado alguno de los derechos fundamentales amparados por este recurso. Pero en el mismo fallo la Corte no se pronuncia sobre si la actuación de Celco fue arbitraria e ilegal y opta, en cambio, por declarar extemporáneo el recurso para luego señalar por qué, a su juicio, igualmente habría debido rechazarlo, utilizando para ello una débil y equívoca argumentación. Parece razonable que los tribunales no puedan dictar una resolución de calificación ambiental (RCA) de reemplazo, sin embargo sí pueden ordenar otras medidas para restablecer el imperio del derecho. Del fallo se desprende que los sentenciadores le atribuyen a la autoridad administrativa ambiental el monopolio de la determinación de la legalidad de los actos contaminantes que cuenten con una autorización de funcionamiento como es la RCA. Si así fuese, la garantía constitucional del 19 Nº 8, que consagra no sólo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino también el deber del Estado de velar para que este derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza, se tornaría en letra muerta. Agrava este caso el hecho público de que la COREMA de la Xª Región, organismo técnico que la Corte no quiso “reemplazar”, no sólo había sometido a la empresa a procesos sancionatorios por numerosos incumplimientos, sino que había entregado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que éste demandara a CELCO por daño ambiental. 2. En cuanto a la supuesta extemporaneidad del recurso, ella no fue advertida ni por la Sala Tramitadora de la Corte de Valdivia, que estimó que había sido interpuesto en tiempo y forma, ni por la defensa de CELCO, que no utilizó este argumento en ninguna instancia. A pesar de ser usual que, en protecciones, la Corte Suprema se pronuncie sobre su extemporaneidad aún cuando ella no sea alegada por la recurrida, al hacerlo esta vez contradijo su propia jurisprudencia reiterada durante a lo menos veinte años, según la cual en aquellos actos de desarrollo permanente y continuo, como son los que causan contaminación actual, un recurso de protección no puede ser extemporáneo mientras la acción contaminante persista. 3. Por otra parte, la Corte Suprema estimó que “no hay prueba suficiente para convencer a los sentenciadores que sea la planta Valdivia la que esté causando la muerte o emigración de las referidas aves acuáticas”. Respecto a la prueba, es grave que la Corte se haya fundado en un informe que CELCO atribuyó erróneamente al EULA, como también lo es que la Corte Suprema haya apoyado su conclusión en los “dichos de los investigadores de la Convención Ramsar”, que no constaban en el expediente ni configuraban una verdad evidente. Si bien aceptamos que es difícil para un jurista comprender a cabalidad los informes técnicos, que con diferencias de método y profundidad se referían a la causalidad entre la actividad de la planta y los graves cambios en el ecosistema, es fácil apreciar la metodología y mérito científico de las conclusiones del informe de la Universidad Austral. A pesar de ello, los sentenciadores obviaron la clara y contundente conclusión de este informe: “que las actividades de la planta Valdivia de Celco han incidido de forma significativa en los cambios ambientales que han ocurrido en el humedal del río Cruces durante el último año”. Por mucha libertad que la ley otorgue a los jueces para apreciar la prueba “en conciencia”, ello nunca los facultará para hacerlo de forma arbitraria. Es cierto que se requiere una urgente revisión de nuestra institucionalidad ambiental y de nuestras vías de intervención tanto administrativas como jurisdiccionales; también los jueces necesitan una mejor capacitación en aspectos técnicos y legales del problema ambiental. Pero nada de ello puede servir de pretexto para que nuestros jueces se inhiban de cumplir con su deber constitucional de restablecer el imperio del derecho cuando actos ilegales y arbitrarios afecten el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
* Sergio Montenegro (Director), Valentina Durán (Coordinadora de Investigación) y José Ignacio Pinochet (investigador). Centro de Derecho Ambiental. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.
(Publicado en página del CDA en Invierno de 2005)
Reformas Constitucionales Ambientales
Mediante Ley Nº 20.050, de 26.08.05, se promulgó una amplia reforma a la Constitución Política, que incluye cambios en materia ambiental, que pasaron casi totalmente inadvertidos, ya que otros temas atrajeron principalmente el interés del Gobierno, del mundo político y la ciudadanía en general (que en opinión de ciertos sectores “pusieron término a la transición”).Las reformas con incidencia ambiental se refieren, por una parte, a los requisitos que contempla el artículo 20 inciso 2º del texto constitucional, en relación al recurso de protección ambiental, al agregar a continuación de “acto” los términos “u omisión” y eliminar la exigencia de “arbitrario”, a continuación de “ilegal”. Ello viene a solucionar una antigua crítica al texto constitucional que, a la letra, limitaba solamente a “actos” la procedencia de la acción de protección ambiental dejando fuera las conductas de omisión (baste recordar los famosos fallos adversos por el “caso Ventanas”, Corte de Apelaciones de Valparaíso, 1981), en circunstancias que éstas son igualmente graves que las primeras en cuanto a los efectos dañosos al medio ambiente. Sin embargo, en honor a la verdad, esta limitación había sido ya obviada por una escasa y contradictoria jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, desde un “histórico” fallo, conocido como el caso de los “Humos de Paipote”(Corte de Apelaciones de Copiapó, 1991) en donde se acogió tal recurso reconociendo que la recurrida había incurrido en varias “omisiones ilegales y arbitrarias”, hasta otros más recientes (Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel), contra alcaldes que no adoptaron medidas para suspender o trasladar el funcionamiento de actividades que causaban molestias a vecinos. Aún más, y aunque no dice relación directa con la reforma, por vía jurisprudencial, se ha avanzado también en acoger, incluso, recursos por “amenazas” de daño ambiental, apartándose del texto literal que exige “actos” (en tiempo presente o dentro de plazo de prescripción), como lo fueron también otros “históricos” fallos de gran relevancia ambiental, como, por ejemplo, en el caso del lago Chungará (Corte de Apelaciones de Arica y Corte Suprema, 1985) que, al prohibir se continuara extrayendo sus aguas, tuvo presente el hecho de “evitar que este cuerpo de aguas se secara a corto plazo”, lo que “a futuro afectaría su estabilidad hidrológica y equilibrio ecológico”, y “produciría la muerte de flora y fauna acuáticas”, y en la prohibición de una pretendida internación de residuos tóxicos peligrosos para su “procesamiento” en un área cercana a la ciudad de Antofagasta (Corte de Apelaciones de Antofagasta, 1989, y Corte Suprema, 1990). Por último, la jurisprudencia ha avanzado también en reconocer la llamada “legitimación activa remota” (caso Trillium, Corte Suprema, 1997). En cuanto a la supresión de “arbitrariedad” como requisito de antijuricidad copulativa con “ilegalidad”, también por la vía jurisprudencial se había superado su exigibilidad o acreditación por los recurrentes, ya que algunos fallos derechamente no la consideraron y en otros, se alude en forma insuficiente.En todo caso, reconocemos el incuestionable mérito a la reforma introducida en aras de posibilitar una mayor cobertura de aplicación de este recurso.La otra reforma a la carta fundamental incorpora en el Capítulo I, sobre Bases de la Institucionalidad, un nuevo artículo 8º, que en su inciso 2º consagra que “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. Esta reforma asegura la publicidad de los actos de la Administración (ya establecida por artículos 11 bis y 11 ter de la Ley Nº 18.575, sobre Bases de la Administración del Estado, incorporados a propósito de la Ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa), significando un gran paso en pro de la transparencia de la función pública y otorgar un real acceso a la información por parte de la sociedad, en especial, en el caso que nos preocupa, respecto de las decisiones que adoptan instituciones con competencias ambientales, lo que había resultado ineficaz, hasta la fecha, al hacerse uso en exceso de la facultad de declarar secretas algunas actuaciones de éstas. Incluso hubo de demandarse ante tribunales la entrega de tales antecedentes respecto de ciertas instituciones del Estado.
El otro Costo, por Ignacio Briones y Leonidas Montes, Universidad Adolfo Ibañez.
Carta publicada en "El Mercurio ", el 9 de Junio de 2005)
Para quienes, como los que suscriben, son partidarios de una economía de mercado, la evolución del caso Celulosa Arauco es una muy mala noticia y un riesgoso precedente. Al margen del tema de los cisnes, de una externalidad negativa sobre otros productores de celulosa o de su impacto sobre la imagen-país, quizás el costo más grande y perecedero sea otro: los efectos que esta situación puede generar sobre la percepción de legitimidad del modelo de mercado prevaleciente en Chile y que ha sido la base del éxito económico de los últimos 20 años.
La conducta de la principal empresa privada de Chile tiene un tremendo peso específico. Querámoslo o no, en un mercado relativamente pequeño como el nuestro, una empresa de la talla e importancia del holding Empresas Copec refleja la cara visible del propio mercado. Por ello su responsabilidad con la sociedad y el mercado va más allá que la de cualquier actor privado.
Celulosa Arauco ha dejado en un pedestal un perfecto caballo de batalla a todos quienes hacen del ataque al modelo “neoliberal” su bandera de lucha. Este caso paradigmático será sacado a colación toda vez que sea necesario pregonar sobre los “horrores” del mercado.
Lamentablemente la empresa, con sus notables asesores comunicacionales y destacados estrategas legales, parece haber ido comprendiendo demasiado lentamente el alcance de los hechos que ha suscitado este año. La renuncia reciente del gerente general es una señal necesaria, pero tardía. El mercado y el país merecen algo más que explicaciones. Merecen un decidido cambio de actitud por parte de la empresa. Es de esperar que las medidas que empieza a tomar la empresa sean el inicio efectivo de ese giro que el país y el mercado esperaban hace tanto tiempo.
Los cisnes y La Suprema, por Juan Andrés Varas Decano Derecho UACH
(Publicada en "El Mercurio" el 5 de Junio de 2005)
Con innegable olfato periodístico, la prensa ha cubierto en portada el fallo de la Corte Suprema relacionado con la contaminación del río Cruces y, especialmente, la circunstancia de haberse fundado dicho fallo en un informe técnico atribuido al Centro EULA (Universidad de Concepción), pero que en verdad emanaba de la propia empresa recurrida (Celco).El revuelo resulta justificable, puesto que no se trata de un mero error de redacción. Al estar fundada la sentencia en dicho informe, se afecta el contenido sustantivo de la resolución, y queda sin valor buena parte de la argumentación de la Corte, que discurre, precisamente, dandopeso autoritativo al informe. Además, abre numerosas interrogantes respecto de la forma como se decidió el caso. ¿Se produjo esa falsedad por una acción deliberada de la empresa? ¿Se produjo por una inadvertencia del abogado, que sobreentendió una autoría que la Corte creyó de buena fe? ¿Ocurrió por falta de suficiente estudio por parte de la Primera Sala? ¿O pasó, como se ha indicado, por simple falta de acuciosidad del ministro redactor, no reparada por los demás firmantes? Cualquier alternativa es grave, y requiere una explicación pública satisfactoria.Sin embargo, la autoría del informe es irrelevante respecto del fondo del asunto. La Corte Suprema fundamenta su resolución rechazando la relación de causa efecto entre la actividad de Celco y el daño al Santuario y, para ello, se basa en el informe realizado por la propia empresa,que afirma que ésta, en vez de arrojar hierro, lo resta de las aguas que usa. Este sería un contraargumento impecable si el estudio de la Universidad Austral imputara la desaparición de los cisnes a los vertidos de hierro de Celco. Pero se trata de un contraargumento para un argumento imaginario. Lo que concluye científicamente el informe de la Universidad Austral solicitado por la Conama es que otros componentes químicos de los desechos emitidos por Celco producen la aglutinación y con ello la precipitación y acumulamiento del hierro naturalmente presente en las aguas del río Cruces, siendo esta precipitación la que causa la muerte de laplanta que alimenta a los cisnes. Por tanto, el hecho de que Celco retire hierro de las aguas, aun en caso de ser efectivo, en nada afecta la validez de las conclusiones del estudio de la Universidad Austral.Esto es grave, porque la posibilidad que tiene la Corte Suprema de apreciar la prueba rendida, conforme a las reglas de la sana crítica, la obliga a respetar las normas de la lógica, del sentido común y del razonamiento científico, y la compele, por consiguiente, a estudiar y entender losinformes técnicos sobre los cuales basa su decisión, antes de emitirla.
(Publicada en "El Mercurio" el 4 de Junio de 2005)
El análisis que ha hecho Valentina Durán Medina, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no puede ser más acertado. Respecto a la naturaleza del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental chileno y la posibilidad de revisión de los actos calificatorios por nuestros tribunales por la vía del recurso de protección, cabe señalar que Chile optó, más por consideraciones económicas que ambientales, por un procedimiento técnico que, sin embargo, en cuanto a la aprobación de proyectos se refiere, se amarró desde su origen a la decisión política de funcionarios de esa índole, en general designados y de la exclusiva confianza del Presidente de la República.La independencia de algunos de estos funcionarios es nula, como se ha visto en casos pasados en que los mismos son "renunciados" de sus cargos.Siendo la aprobación de los proyectos una decisión totalmente política, que incluso puede revestirse de una cuestionable legalidad aun cuando ignore o derechamente contravenga las fundadas opiniones de organismos técnicos especializados (como la Conaf y servicios de salud), la revisión de su legalidad por nuestros tribunales de justicia es un imperativo no sólo jurídico, sino además ético.De esta forma, fallos como el del recurso de protección interpuesto en contra de la aprobación en el caso Cascada Chile por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 16 de agosto de 1999 o el más reciente de la Corte Suprema del 30 de mayo del presente año relativo a Celco, al considerar que por existir una aprobación ambiental que emana de un organismo "técnico" tal resolución escapa de la competencia de nuestras Cortes, no sólo vulneran los derechos fundamentales constitucionales, sino que minan la confianza de la ciudadanía en nuestros tribunales.Las empresas tienen por finalidad generar riqueza, la autoridad política debe generar condiciones para la inversión y el empleo (algunos todavía pensamos que también debe tutelar el ambiente) y los tribunales de justicia deben asegurar la legalidad y racionalidad de los actos de la administración.El 13 de agosto de 2003 "El Mercurio" comenzaba una nota informando de la renuncia de dos directores regionales de Conama diciendo: "La prédica de la protección del medio ambiente parece que chocó nuevamente con la necesidad de modernizar y allegar más recursos económicos para el país.". Es desesperanzador ver cómo el tiempo pasa y nada cambia.
JOSÉ IGNACIO PINOCHET OLAVE
ONG Fiscalía del Medio Ambiente - FIMA
Conflictos en la Justicia Ambiental Chilena,Direcc...
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 8
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