Source: http://surdecantabrianatural.blogspot.com/2019/08/alegaciones-consultas-peolico.html
Timestamp: 2019-08-24 22:40:04+00:00

Document:
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria: Alegaciones Consultas P.Eólico HENESTROSAS (Valdeolea). 12-08-2019. Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
P.E. HENESTROSAS 13,86 MW,
4 turbinas SG132 de 150m. de altura total de 3,465 MW
Expedte. SIA-O98-2018
A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.- CANTABRIA.-
____________________________, en nombre propio y representación de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número ____________ y con domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________________________, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Recibida consulta ambiental relativa al expediente SIA-098-2018, PE Las Henestrosas, promovido por Green Capital Power, S.L. en el término municipal de Valdeolea, que solicita "elaboración del documento de alcance", interesándosenos opinión "sobre el alcance que deberá incluir el Estudio de Impacto Ambiental", y en concreto, si "el proyecto es susceptible de generar impactos significativos" y, en su caso, "cómo dichos impactos pueden ser evitados", así como "el alcance y contenidos específicos que debe incluir el Estudio de Impacto Ambiental", evacuamos dicho trámite de consulta ambiental a tenor de las siguientes ALEGACIONES:
PREVIA.- Información pública y consultas por la Administración sustantiva.-
Establecía en su redacción inicial el artículo 33.2.b), Ley 21/2013, 9 diciembre, de Evaluación Ambiental que "con carácter previo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario se establece las siguientes obligaciones": "b) con carácter obligatorio, el órgano sustantivo, dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, realizará los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas".
Dicho artículo, hoy formalmente modificado por razones que desconocemos, trasponía con rigor jurídico las exigencias de información total previa a cualquier actividad administrativa pública con repercusión ambiental -en este caso el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario de un proyecto de parque industrial eólico- que fijan, garantistas, el Convenio de Aarhus y las dos Directivas por las que se incorporan para el conjunto de la Unión Europea las obligaciones que establecía aquel -Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 28 de enero de 2003, sobre el acceso del público a la información ambiental, por la que se deroga la 90/313/CEE, del Consejo, y Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 26 de mayo de 2003, sobre medidas para la participación pública en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, modificando, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE-.
A tenor de lo anterior, la redacción actualmente "consolidada" desde el 6 de diciembre de 2018, más ambigua que la original, en ningún caso podría interpretarse en el sentido de eliminar la obligación de informar previamente a toda toma de decisión sobre una actividad con repercusión ambiental -en este caso, la decisión de tramitar o no una solicitud de parque industrial eólico-, que vincula, a partir del Convenio de Aarhus, a la Administración sustantiva.
Por lo señalado y con la finalidad esencial de dotar a interesados y afectados de elementos de juicio bastantes para manifestarse acerca de las cuestiones que afectan a un expediente -en concreto, las que aquí nos son consultadas- y, mucho más, para que esa Dirección General pueda adoptar una determinación coherente en cada caso con repercusión ambiental es obligado que el órgano sustantivo cumpla el garantista trámite de información a que más arriba nos referimos, por lo que entendemos que en este caso concreto procede devolver el expediente al citado órgano sustantivo a fin de que, de modo obligatorio y previo, sustancie el referido trámite.
La falta de participación social en cuestiones ambientales o de especial relevancia -energía eólica, fracking, viviendas en suelo rústico, zonas de desarrollo industrial, infraestructuras competencia del Estado,…- vicia, a tenor de tan citado Convenio de Aarhus, de nulidad todo lo pretendido, ya que éste, las Directivas comunitarias y sus normas de desarrollo han sido redactados y aprobados para impedir que, como ha sucedido en el caso del PROT, la participación política sea sustituida por un confuso trámite burocrático que, aparentando convocar a los agentes implicados, evita implicar en el trámite, desde el inicio, a los interesados directos y los más afectados por las grandes infraestructuras y proyectos: vecinos, ayuntamientos, concejos, juntas vecinales,…, privándolos de conocimiento y dificultando el debate público sobre todas las razones e intereses en litigio, no facilitando a la población afectada y entidades interesadas, un conocimiento real bastante de lo que se propone para, entre todos, elegir el modelo de desarrollo territorial y socioeconómico -o el proyecto en cada caso concreto- más adecuado.
En relación a lo anterior en el propio Documento de Inicio del P.E. Las Henestrosas, en el apartado 1.3. Objeto dice literalmente: “El presente Documento Inicial tiene por objeto identificar las características más significativas así como la valoración de los impactos derivados del Anteproyecto de Parque Eólico Las Henestrosas con el fin de obtener la información y recomendaciones pertinentes de las administraciones, organismos, instituciones y población afectada por el proyecto, e incorporarlas en el posterior Estudio de Impacto Ambiental”, evidentemente la población afectada por el proyecto no puede hacer ninguna recomendación puesto que no se la ha tenido en cuenta en esta fase de consultas.
PRIMERA.- Falta de justificación suficiente de la ubicación por motivos de Recurso eólico. Necesidad de un estudio previo de viabilidad de un año a los fines pretendidos para cada ubicación concreta.-
Los datos que aporta el Documento de Inicio sobre la elección de la ubicación en base al Recurso eólico se basan en una estimación de datos y no en mediciones reales sobre el terreno durante al menos un año completo, lo que es una simulación de cumplir las exigencias que las "Directrices técnicas y ambientales" del PSEC 2014-2020 imponen a la "regulación del desarrollo de los parques eólicos derivados del Plan", en especial la 4.2, que fija las que corresponden al "análisis de la Rentabilidad energética".
En concreto la citada Directriz 4.2, exige como parte de los proyectos para tal implantación -exigencia que hasta el día de hoy no se está cumpliendo- el suministro a la Administración que debe decidir sobre ella una serie de "datos resumen sobre el régimen de vientos de la zona de al menos un ciclo anual completo", con unas exigencias mínimas que las propias Directrices del PSEC fijan.
Así pues, tan esencial función garantista para los derechos de los afectados por la implantación de infraestructuras tan agresivas como las industriales eólicas exige que toda solicitud se acompañe de una amplia y exacta justificación y, al tiempo, de una información y participación política de interesados y afectados muy superior a la que tenemos en este caso concreto; se tratan, no olvidemos, de información y participación que, conceptualmente el Convenio de Aarhus y normativamente la Ley 27/2006 que lo traspone y desarrolla en nuestro ámbito territorial, estrictamente exigen.
Contravenir, como aquí se pretende hacer, tal exigencia es, por la naturaleza esencial de la obligación, causa de nulidad del expediente que, en su caso, se hubiera tramitado.
Lo dicho hace que, previamente a toda solicitud -que no olvidemos se inicia, por imperativo del PSEC, con las mediciones de la torre anemométrica- sea precisa la realización de un estudio de viabilidad para definir los posibles emplazamientos de tal torre, que finalmente será argumento esencial para la de hipotéticos parques eólicos en la zona de las mediciones a realizar, siendo evidente que el lugar concreto en que se solicita instalar la torre -como el de la totalidad, sin excepción, de las demás instaladas en el pasado y las que ahora se pretenden instalar en nuestra región- se corresponden con la ubicación para implantar futuros parques eólicos cuyas solicitudes -ilegales por no haber realizado el obligatorio "análisis de Rentabilidad energética" a que nos hemos referido más arriba- se están tramitando en nuestra región con la dolosa permisividad anti-garantista con que actúan siempre tanto la Consejería de Industria como, en sus casos, el Ministerio correspondiente, siguiendo la ilegal pauta marcada por la corrupta adjudicación de potencias que se llevó a efecto, hace años, en el llamado "Concurso eólico", declarado nulo por el TSJC en sentencia confirmada por el TS.
SEGUNDA.- Competencia del Estado.-
El denominado P.E. Las Henestrosas SIA-098-2018, anteriormente EOL/22-2018, promovido por Green Capital Power, S.L.U., ya fue devuelto sin tramitar, en mayo de 2018, por esa Dirección General, por existir la posibilidad de que constituya un único parque con el denominado, P.E. Ornedo, EOL/24-2018, ahora SIA 023-2018.
Tal posibilidad se evidencia por el hecho de que en realidad se están reiterando proyectos anteriores presentados en los mismos lugares por otras mercantiles tal y como detallamos en la alegación tercera.
En concreto, los PE C-1 CAPECAN 2009/Z-C/001, Reinosilla-Quintanillas (Siete Cruces) y PE C-8 CAPECAN 2009/Z-C/002, Las Henestrosas de las Quintanillas (Peña Tabla), fueron adjudicados a Eolican, Innovación y Energía, S.L. en el ilegal Concurso eólico, anulado por el TSJC y luego el TS, volviendo a ser presentados de nuevo por la misma mercantil, utilizando el cauce del Ministerio, como un único parque denominado Siete Cruces-Peña Tabla. presentados de nuevo, por tercera vez, como Siete Cruces-Pozazal; y hasta en una cuarta ocasión, por Viesgo Renovables S.L. en este caso, bajo la denominación de Quintanillas-Las Quemadas.
Todo ello evidencia, pues, que ahora estamos, por proximidad y continuidad, ante un único parque, fragmentado en tres partes y repartido entre dos mercantiles diferentes:
P.E. Henestrosas, Green Capital Power, S.L. (13,86 Mw) + P.E. Quintanillas, Viesgo Renovables S.L., (27 Mw) + P.E. Ornedo, Green Capital Power, S.L. (13,86 Mw), sumando un total de 54,72 Mw
Por otro lado, nos muestra la mala fe con la que actúan las mercantiles solicitantes que, según sus intereses, solicitan los proyectos como un todo o, a su interés, los fragmentan en partes para tramitarlos por la Administración autonómica o la central, según les convenga.
Lo cierto es que a todas luces es evidente que, en realidad, todo ello constituye un solo parque eólico, que debieran tramitarse conjuntamente para valorar adecuadamente las sinergias e impactos acumulativos, por lo que la competencia para tramitarlo y, en su caso, autorizarlo correspondería, en el improbable caso de que fuera legal y lícita la pretensión, a la Administración estatal, en concreto al Ministerio de Industria ó de Transición Ecológica, responsables de la materia medio ambiental, no a la Comunidad autónoma de Cantabria.
Reiteramos nuestra queja por la total indefensión que nos genera la improvisación, falta de planificación y ordenación, puesto que ni nosotros, ni los afectados, ni ninguna administración, ni siquiera, las propias mercantiles o consultorías encargadas de los estudios de impacto ambiental podemos valorar en real medida y detectar los impactos acumulativos si nos vamos enterando de un proyecto eólico nuevo cada día, sin tener previamente una visión conjunta territorial y temporal.
Aun siendo suficiente el motivo anterior, resaltamos además que tanto el PE Henestrosas, como el PE Quintanillas lindan con la comunidad de Castilla y León, por lo que tienen la consideración de parques interautonómicos, haciendo que su tramitación sea competencia del Ministerio.
TERCERA.- Se tramitan proyectos caducados o anulados del Concurso eólico o posteriormente rechazados.-
El P.E. Las Henestrosas responde evidentemente a la intención de rescatar e implantar en el mismo lugar viejos proyectos de parques ya caducados, anulados del ilegal Concurso eólico o rechazados.
Eolican, Innovación y Energía, S.L. es la empresa a la que, en el ilegal Concurso eólico de asignación de potencias, se había adjudicado la zona C, correspondiente a Valdeolea y Campoo de Enmedio, adjudicación que, junto a otras, fue declarada nula por el TSJC y, posteriormente, por el Tribunal Supremo, teniendo proyectados, al menos, dos parques eólicos a saber:
· P.E. C-1 CAPECAN 2009/Z-C/001, Reinosilla-Quintanillas, que coincide con el ahora solicitado por Viesgo Renovables S.L., como P.E. Quintanillas, en el monte Siete Cruces.
· P.E. C-8 CAPECAN 2009/Z-C/002, Las Henestrosas de las Quintanillas, que coincide con el ahora solicitado por Green Capital Power S.L.U., como P.E. Las Henestrosas en el monte Peña Tabla.
Parece, pues, razonable concluir que, como hemos dicho, se pretende rescatar la ubicación de los parques eólicos anulados del Concurso, retomando los anteriores proyectos de Eolican Innovación y Energía, S.L., llamados primero Siete Cruces-Peña Tabla, luego Siete Cruces-Pozazal, más tarde solicitados por Viesgo Renovables S.L. como Quintanillas-Las Quemadas actualmente como P.E. Quintanillas y los ahora presentados por Green Capital Power S.L.U. y frente a los que alegamos, como P.E. Henestrosas y P.E. Ornedo, presentación que tiene la apariencia de "gestión" global por dicha empresa en representación de otros que tendrían derechos previamente adquiridos.
CUARTA.-Afecta a Espacios Protegidos autonómicos y comunitarios.-
Afecta, efectivamente, al Parque Natural, ZEC y ZEPA de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina; a la IBA-ZEPA ES0000251 Peña Labra y Sierra del Cordel; al ZEC Río Camesa, incumpliéndose los perímetros de protección necesarios para la correcta protección de estos lugares.
Es llamativo que en el Plano nº6. Espacios Naturales Protegidos se coloca el cuadro de los signos convencionales justo encima, tapando el área de delimitación de la única zona protegida que aparece en el mapa impidiendo ver los límites de tal área protegida.
QUINTA.- Afecta a las personas, su economía y trabajo. Afección a numerosas especies incluidas en el Catálogo de especies amenazadas de Cantabria y a hábitats de interés comunitario.-
Efectivamente el emplazamiento del P.E. está rodeado de diversos pueblos del municipio de Valdeolea: Henestrosas, La Quintana, Bercedo, Cuena, Quintanillas, Mataporquera, y diversos pueblos de Castilla y León: Valberzoso, Cuena, Cordovilla, … casas palacios e iglesias catalogadas como BIC, ruta de los Menhires,… - dañando gravemente a las personas y sus medios de vida consolidados, presentes y futuros.
Además, afecta a numerosas especies incluidas en el Catálogo de especies AMENAZADAS de Cantabria y a hábitats de interés comunitario, lo que obliga de un modo expreso a la protección de dichas especies (dormidero de Milano real, Aguilucho pálido y cenizo, Aguililla calzada…) y a la de sus hábitats.
Además, se trata de un emplazamiento técnicamente desaconsejado por motivos medio-ambientales en el estudio “Estrategia ambiental para el aprovechamiento de la energía eólica en Cantabria”, Genercan, Universidad de Cantabria, SEO/Birdlife, Junio 2009, comúnmente conocido como “Estudio de la Universidad”, que desestimó la pertinencia de tal ubicación, identificada como C.9, ver mapa adjunto, coincidente en parte con el actual P.E.Henestrosas por la presencia de varias especies rapaces.
El Documento de Inicio del P.E. Las Henestrosas presentado en consultas, en el apartado 2.4. Consideraciones sobre su ubicación, se cita literalmente que según “la información contenida en la “Estrategia ambiental para el aprovechamiento de la energía eólica en Cantabria” (ver plano 2.4. Zonas territoriales y Zonas ambientalmente favorables”) identifica los terrenos en los que están proyectadas las instalaciones como zonas “ambientalmente compatibles”. Pero oculta dolosamente, como hemos dicho anteriormente, que esta ubicación, coincidente con el polígono C.9., aparece desestimada por impactos significativos sobre la avifauna.
Además afecta a la conservación y protección de hábitats de interés comunitario gravemente afectados: 4030/ 4090/ 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica. Tanto el emplazamiento de los aerogeneradores como la línea de evacuación afectan a una gran superficie arbolada de Roble rebollo (Quercus pyrenaica) monte Peña Tabla, todos ellos recogidos como hábitats de interés comunitario e incluidos en el Plenercan 2014-2020, en las “Directrices Técnicas y Ambientales para la implantación de parques eólicos en Cantabria”, idéntica razón a la que, previamente, hizo que también el antes referido Estudio de la Universidad considerara a las Formaciones vegetales de interés (bosques planocaducifolios autóctonos), como lugares en los que no ubicar parques eólicos.
SEXTA.- No está incluido en ninguna planificación energética ni territorial de Cantabria.- Obligatoriedad del PROT.-
Siendo evidente la indefensión que nos genera la inexistencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio, PROT, que regule con seguridad jurídica la posibilidad de instalar en suelo rústico de protección especial parques industriales eólicos, nos parece lógico defender que, además de por lo antes argumentado, no debe autorizarse su instalación en nuestra región, hasta tanto no se apruebe el mismo.
El PROT deberá ordenar previamente a su implantación, entre otros muchos, los impactos de infraestructuras tan agresivas como las generadoras, transportadoras y suministradoras de energía eléctrica eólica, atendiendo, además de a las repercusiones individuales, a los efectos sinérgicos de la acumulación de proyectos en Cantabria.
El borrador de PROT, no aprobado, ni siquiera planifica ni ordena en el territorio los Mw eólicos arbitrariamente propuestos en el Plenercan 2014-2020, mientras el oligopolio eléctrico ya ha iniciado, de forma masivamente acelerada, los trámites de diversos parques (son muchas ya las antenas anemométricas y proyectos solicitados por Greeen Capital Power en Cantabria), mientras afectados e interesados sufren la indefensión e inseguridad jurídica que nace de no conocer lo realmente pretendido.
Lo que- desinformados afectados e interesados por la Administración y empresas- difunden los medios de comunicación sobre el Documento de inicio del PROT , es que se pretendía implantar “una zonificación eólica”-que aún desconocemos-, siendo imposible evaluar legalmente los funestos efectos y sinergias en el territorio, población, patrimonio natural/cultural, actividad socioeconómica, futuro…
Ahora mismo, ni siquiera conocemos ningún detalle de la zonificación que se propone, habiendo aparecido en los medios simplemente que las siete supuestas zonas serían fijadas en el Documento de inicio, lo que quiere decir que proyectos eólicos como el P.E. Las Henestrosas, como el resto de los ya solicitados en Cantabria por la misma empresa no están incluidos en el PROT, ni sometidos, por tanto, a ninguna planificación energética ni territorial,…
La referencia por tanto que en el Documento de Inicio del P.E. Las Henestrosas, en el apartado 2.4. Consideraciones sobre su ubicación, anteriormente citado, se hace a que ”parte de los terrenos en los que está prevista la instalación de los aerogeneradores, están catalogadas en el Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (preparado para someterse a aprobación inicial) dentro de la “Delimitación de Ámbitos de Energía Eólica Terrestre”, demuestran que la mercantil y la empresa encargada de la elaboración del Documento de Inicio parecen poseer información privilegiada, indicios evidentes de pactos previos y corrupción y una constatación más de la connivencia entre Administración y empresas eléctricas, respecto a la que nos reservamos las acciones penales que nos correspondan.
Demuestran del mismo modo el cinismo de la propia mercantil promotora, Green Capital Power, que pretende argumentar que se ha elegido esta ubicación del P.E. Las Henestrosas entre otras consideraciones porque parece estar dentro de la “Delimitación de Ámbitos de Energía Eólica Terrestre” del no aprobado PROT, cuando al tiempo está solicitando proyectos por todas partes de Cantabria.
SÉPTIMA.- No se tiene en cuenta una alternativa 0 real. No se plantean alternativas de emplazamiento del parque tan sólo cambian el número y el tamaño de los aerogeneradores, ni del trazado de la línea de evacuación.-
La alternativa 0, la no realización del proyecto, se despacha con una apología genérica de las ventajas de esta forma de generación de electricidad llena de milongas y falsedades sobre lo limpio, lo barato, el empleo,…, así como de datos sobre el incremento de la demanda e importación que son radicalmente falsos por lo que les remitimos a nuestras alegaciones séptima y octava respectivamente sobre la utilidad pública y excepcionalidad y sobre el debate energético.
No hay alternativas reales de diferentes emplazamientos, sin que sea excusa el argumento de que se adecúan al viento. Las alternativas planteadas se reducen a menor número de aerogeneradores pero de mayor tamaño y se deduce que de este modo conllevan un menor impacto, lo que es totalmente cuestionable, ya que suponen una misma ocupación territorial total y su ubicación un mayor impacto.
Tampoco las alternativas de trazados de la línea de evacuación y de la ubicación de la subestación de transformación son reales.
OCTAVA.- Normativa urbanística, utilidad pública y excepcionalidad.-
Siendo el de Valdeolea un municipio sin planeamiento urbanístico, el suelo en que se pretende implantar la infraestructura, monte de utilidad pública en gran parte, tendría la consideración de Suelo Rústico de Protección Especial, por lo que la autorización solicitada incumple la norma, pues en tales suelos se prohíben “construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza,…”, por lo que una actividad como la generación industrial eólica, no tiene cabida, a tenor de tal normativa, en un suelo rústico de tales características.
Por otra parte, el artículo 112 de la Ley del Suelo exige que la autorización debiera tener “en cuenta el carácter tasado de la excepción” que, en su caso, permitiera actuar en este tipo de suelo, y ya que un parque eólico no constituye una excepción o singularidad que justifique tal actuación, sino que es parte de la pretensión generalizada de implantar tan agresiva infraestructura industrial en el territorio de Cantabria, por lo que no constituye excepción alguna que justifique otorgar su autorización.
Existe, además, conflicto entre la supuesta utilidad pública e interés social atribuido a los proyectos de parques industriales eólicos y su legalidad pues, tal como están siendo planteados en Cantabria, no tienen el mínimo soporte legal.
El proyecto precisa la autorización de uso excepcional, que otorgaría la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y a tal fin, la declaración de utilidad pública y para el concreto caso de Valdeolea no queda justificada en el documento presentado, que no muestra beneficios para su territorio, cuáles serían las inversiones, puestos de trabajo, mejora de infraestructuras, valoración de medidas correctoras, indemnizaciones compensatorias,... que mitigarían el dañino impacto de la infraestructura en el municipio, ni analiza las afecciones socioecónomicas en otras actividades ya asentadas, actividad socio-laboral, turismo cultural-rural, hostelería,...
La declaración de utilidad pública se debiera tramitar en un expediente mucho más garantista y complejo, mientras que el interés social debe ser analizado como algo muy distinto del interés económico de la empresa promotora, como aquí se hace, siendo por el contrario que la “utilidad pública” o “interés social”, al menos en este territorio, de un parque industrial eólico no puede resultar ajena a la realidad práctica.
No es, por otra parte, admisible que la instalación de parques industriales eólicos se presente como instrumento de interés general en el desarrollo de las energías renovables, y, al tiempo, su instalación se lleve a efecto, como vemos aquí, atendiendo a los arbitrarios criterios de cada empresa, obviando el interés general.
No se debe olvidar, tampoco, que la alegada “utilidad pública” o “interés social” de la urgencia en la generación de energía eólica se enfrenta a la realidad que constata, entre otros, el estudio de Julio Lago, profesor de la Universidad de León, que en España la capacidad de generación eléctrica crece a un ritmo muy superior al de los aumentos del consumo -decrementos no coyunturales últimamente-, hasta el punto de poder decir, con base exclusiva en los datos de las Memorias anuales de REE, que la capacidad máxima de generación de nuestro sistema eléctrico está en torno a los 95.000 MW, mientras la punta de demanda, también máxima, ha sido de unos 45.000 MW, siendo, además, que nuestras fuentes de generación eléctrica funcionan muy por debajo de su capacidad, por lo que la supuesta “necesidad” de una mayor generación eléctrica es una de las muchas falacias con las que se enmascara el exclusivo interés económico de las empresas eléctricas, ahora evidente tras el injustificado “gigantismo eólico” con que se amenaza el futuro de nuestra región.
NOVENA.- Debate energético, evaluación y planificación previa.-
Resulta insoportablemente llamativa la quiebra del principio de legalidad y con ella de la seguridad jurídica de afectados e interesados que genera la -cuando menos- negligente descoordinación que existe en la actuación de todas las Administraciones vinculadas a la planificación y control del desarrollo energético en general, falta de coordinación que se cimenta en la falta de un debate energético -cuando menos regional- acerca de las demandas actuales en función de la situación concreta que vivimos y, a partir de él, la plasmación expresa de una política energética que sirva de guía a todas las actuaciones futuras.
A tenor de todo lo anterior, resulta precisa una evaluación y planificación previa de las afecciones de todas la infraestructuras energéticas - en conjunto (ANEXO I de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, RD 1/2008), no parque a parque de forma independiente, a fin de evitar el efecto barrera, acumulativo y sinérgico de todos estos proyectos, que sin ningún tipo de planeamiento global o programación que los justifique pretenden arrasar toda nuestra región.
Estamos en un momento decisivo, vital en el sentido estricto de la palabra, de la transición hacia un modelo energético que frene la irrecuperable destrucción del planeta producida por el anterior -aún vigente que las grandes corporaciones quieren perpetuar en su exclusivo beneficio- que exige frenar en seco lo que estamos haciendo y abrir de modo urgente un debate político, con la mayor participación de afectados e interesados, en el que se informe y decida sobre las reales necesidades energéticas y la sostenibilidad y conveniencia -para el interés general- de mantener la política de infraestructuras energéticas, como mega-parques industriales eólicos o fotovoltaicos, tendidos de altísima tensión, dañinas subestaciones, fracking,... o si, al contrario, hay que "cambiar el sistema", abandonar el concentrado de las grandes corporaciones de siempre y caminar con decisión y firmeza hacia la soberanía energética del pequeño consumidor, la energía distribuida, con pequeña generación de proximidad,..., ya que en Alemania, por ejemplo, ciudadanos, cooperativas, asociaciones, ayuntamientos, concejos,... generan actualmente el 47% de la energía -de verdad- renovable nueva.
Se trataría de determinar, sin la demagogia mediática que favorece a capital, si debemos -y podemos- mantener el insostenible crecimiento actual, la necesidad real del consumo local, regional, estatal,... y actuar, lejos de la actual locura eólica que pretende arrasar Cantabria, en consecuencia.
DÉCIMA.- Respuesta a la consulta.-
A tenor de lo razonado más arriba, damos la siguiente respuesta a la consulta:
1.- Deberá devolverse el expediente al órgano sustantivo, a fin de que lleve a efecto el obligatorio trámite previo de información pública y consultas que exige el artículo 33 de la Ley 21/2013.- Por incumplimiento de dicha Ley y, en espacial, de las exigencias del esencial Convenio de Aarhus y las Directivas que lo desarrollan, por vulnerarse el artículo 33.3, en especial en su primera redacción el artículo 33.2.b) de la citada Ley, que no puede ser desvirtuado con una indebida lectura del actual texto consolidado.
2.- Obviando, como no debe hacerse, la respuesta anterior, es evidente que el P.E. Henestrosas, como los anteriores a que sustituye, genera impactos significativos, inasumibles, no evitables con modificaciones cosméticas del proyecto, pues causa muy graves daños a la población asentada en su entorno y su posible futuro desarrollo, a importantes valores patrimoniales, medioambientales de fauna y flora, su ecosistema, así como a sus valores ganaderos, agrícolas, culturales, turísticos,... lo que obliga a rechazar tan descabellada pretensión.
3.- Por las razones expresadas, no es preciso contestar a los extremos a) y b) de la consulta, constituyendo una fútil pérdida de tiempo que provoca al Administración sustantiva argumentar en este momento acerca de los valores humanos, sociales, ambientales, culturales, económicos,... que dañaría la pretensión de llevarse a efecto.
SOLICITO DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE que, teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, se admita y dé a todo ello la tramitación precisa a fin de que, a su conclusión, se devuelva el expediente a la Administración sustantiva a fin de que cumpla, en legal forma, las exigencias del artículo 33 de la Ley21/2013, denegándosele en todo caso todo lo solicitado, por inasumible, teniéndosenos, en nuestra condición de interesados, por personados en el expediente y notificándosenos cuanto en el mismo se acuerde a partir de este momento.
En Valdeprado del Río, a doce de agosto de dos mil diecinueve.
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