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Timestamp: 2019-01-17 13:25:50+00:00

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﻿ SENTENCIA T-217 DE JUNIO 5 DE 2018
SENTENCIA T-217 DE 05 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:DECISIONES DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD. SI SE EVIDENCIA QUE UNA DECISIÓN TOMADA POR UN CONJUNTO RESIDENCIAL, EL CUAL ES UNA AUTORIDAD PRIVADA, SE DERIVA DE UNA PETICIÓN ELEVADA POR UN SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (PERSONA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD), PERO ADEMÁS DICHA DECISIÓN, AFECTA DIRECTAMENTE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE ESTAS PERSONAS, EN EL ENTENDIDO DE DISMINUIR SU CAPACIDAD DE MOVILIDAD DENTRO DEL CONJUNTO, O LO DISCRIMINA POR SU CONDICIÓN FÍSICA O SENSORIAL, LOS ADMINISTRADORES NO TENDRÁN JUSTIFICACIÓN ALGUNA QUE LOS EXONERE DE RESPONSABILIDAD, Y SE DEBERÁ EFECTUAR LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL PARA RESTABLECER LOS DERECHOS DEL CIUDADANO, CONCEDIENDO LAS PRETENSIONES QUE HAYA SOLICITADO, QUE SE AJUSTEN A LA LEY, CON EL FIN DE CONTAR CON LAS MISMAS OPORTUNIDADES Y CONDICIONES QUE LAS DEMÁS PERSONAS QUE SE MUEVAN EN EL MISMO ENTORNO SOCIAL Y ESPACIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, ADMINISTRADOR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, CONJUNTO RESIDENCIAL, PROTECCIÓN REFORZADA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD, PERSONA CON DISCAPACIDAD
Sentencia T-217 de junio 5 de 2018
Referencia: Acciones de tutela instauradas por Carlos Hernando Ospina Pinzón contra la Administración del conjunto residencial El Trébol (Exp. T-6.500.163); y por FCP, en representación de su menor hijo MACP, contra la agrupación unifamiliar La Magdalena (Exp. T-6.510.452).
Bogotá, D. C., cinco de junio de dos mil dieciocho.
Dentro de los procesos de revisión de los fallos emitidos por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera(1) y el Juzgado Civil del Circuito de Funza(2), en la acción de tutela interpuesta por Carlos Hernando Ospina Pinzón contra la administración, el Comité de Convivencia y el Consejo de Administración del conjunto residencial El Trébol (Exp. T-6.500.163) y por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá(3)y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad(4), dentro del amparo constitucional impetrado por FCP, en representación de su hijo menor de edad MACP, contra la agrupación unifamiliar La Magdalena (Exp. T-6.510.452).
ExpedienteT-6.500.163
1. Señaló el accionante que es una persona enferma que padece “diabetes mellitus o de tipo 2 y enfermedad renal crónica que no debe levantar objetos pesados ni hacer jornadas largas de caminatas, adicionalmente se comprobó que tiene un catéter de “nefrostomía con pielografia”(5).
2. Manifestó que el 27 de abril de 2017 radicó derecho de petición ante la Administración del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6, mediante el cual solicitó un parqueadero permanente en la Zona 1 cerca de su vivienda, del cual aseguró no haber recibido respuesta. Además indicó en los numerales 1º y 2º de este documento, que su esposa debe salir con él a urgencias, incluso a altas horas de la noche y que el desplazamiento que deben realizar hasta el medio de transporte se dificulta cuando se les asigna un parqueadero en la Zona 2 o no se les asigna ninguno y deben salir del conjunto, perdiendo minutos importantes para su vida, pues su esposa no puede cargarlo hasta el vehículo. Indicó que la accionada dio respuesta a la solicitud dos meses después negando la misma, por cuanto no acreditó la condición de discapacidad, con los respectivos soportes probatorios.
5. Mediante auto del 10 de agosto de 2017, el Juzgado Civil Municipal de Mosquera admitió la acción de tutela. En dicha providencia se ordenó oficiar a los accionados para que se pronunciaran sobre las pretensiones del accionante y específicamente sobre los hechos en que se fundó la misma. Igualmente, solicitó a la EPS Colsanitas que allegara la historia clínica y certificara “si el señor Ospina Pinzón tiene alguna afectación o restricción en su movilidad o si existe alguna prescripción médica sobre los desplazamientos o movimiento que pueda efectuar el accionante”(6).
6. El actor aportó como pruebas su historia clínica, donde en fecha 18 de julio de 2017 se certificó “que el señor Carlos Ospina es paciente crónico con Dx de Diabetes Mellitus tipo II y enfermedad renal, el cual es atendido en nuestra IPS y lleva sus controles al día haciéndolo paciente crónico controlado”(7).
7. El 15 de agosto de 2017, el Comité de Convivencia y el Consejo de Administración del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6, de forma separada se opusieron a la prosperidad de la acción en atención al principio de subsidiariedad, resaltando que el actor podía adelantar un proceso verbal sumario (artículo 390 del Código General del Proceso) y que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional los conflictos relacionados con la afectación de derechos fundamentales deben ser resueltos por las vías ordinarias y solo ante la ausencia de estas o cuando las mismas no resulten idóneas para evitar un perjuicio irremediable se puede acudir a la tutela. Adicionalmente, aseguraron que “no se ha transgredido este derecho –de petición–, pues la petición elevada el 14 de julio de 2017 por el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón está en tiempo de ser contestada (…)”(8). Lo anterior, por cuanto decidieron tramitarla como una consulta según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, por lo que estimaron que tenían 30 días para resolver.
Además, expresaron que “(…) no es cierto que el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón pertenezca a este grupo poblacional de especial protección, yaqueenningúnmomentoanexacertificadoexpedidoporautoridadcompetenteenelqueselegitimesutipodeincapacidadoporlomenossugrado”(9). (Subrayado hace parte del texto original)
Finalmente, tanto el Comité de Convivencia como el Consejo de Administración resaltaron que lo que se indica en la historia clínica es que el paciente no debe hacer jornadas largas de caminatas. Sin embargo “(…) el trayecto recorrido por el accionante de su casa a cualquiera de los parqueaderos asignados, de forma aleatoria, tomaría menor de 2 minutos”(10).
8. El 23 de agosto de 2017, el Juzgado Civil Municipal de Mosquera amparó el derecho fundamental de petición presuntamente vulnerado tras concluir que la accionada tenía 15 días para dar respuesta y no 30, pues no podía tramitar el derecho de petición como una consulta: “se evidencia que transcurrido el término para contestar de conformidad a lo establecido por el art. 14 de la Ley 1755 de 2015, y no se le ha otorgado contestación por parte de órganos accionados (sic) por lo cual deberá concederse la presente acción frente a este derecho predicado”(11).
Asimismo protegió el “derecho de persona discapacitada” al considerar que “(…) conforme se evidencia en su historia clínica y en el concepto emitido por el médico tratante, el actor cuenta con una enfermedad crónica de carácter renal y diabetes, por las cuales se le han efectuado diferentes procedimientos médicos y quirúrgicos, los cuales han desencadenado deficiencias físicas para ejecutar algunos actos, dado que en la actualidad tiene instalados unos catéteres con el fin de suministrarle unos medicamentos con lo que amerita que se deba denominar al aquí actor como una persona con discapacidad (…)”·(12)
Adicionalmente indicó que “el médico tratante especificó que el paciente no debería efectuar largas caminatas, si bien es cierto el médico no especificó bien sea en tiempo o distancia a que se refería, debemos entender de forma lógica y conforme las afecciones que dicho paciente debe realizar los trayectos menos posible o mínimos y mucho menos prolongados, como acertadamente lo estableció (sic) los entes accionados, al indicar que el accionante al tener un parqueadero al interior del conjunto residencial, realiza desplazamientos cortos en distancia y tiempo, lo cual contribuye a su estado de salud y con el fin de no realizar desplazamiento que puedan afectar sus padecimientos y por lo cual al contar con dicho espacio para aparcar el vehículo le puede aliviar sus dolencias, es pertinente establecer que en caso de una emergencia médica que amerita un traslado de inmediato, es vital contar con dicho automotor en un lugar cercano a la residencia del señor Ospina (…)”(13).
En virtud de lo anterior, ordenó a la Administración del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6 “que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente provisto, proceda a asignar un parqueadero al accionante conforme lo indicado en la parte considerativa de esta providencia”(14).
9. El 29 de agosto de 2017(15), la administradora del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6 impugnó el fallo de primera instancia bajo los siguientes argumentos:
10. Mediante fallo de 29 de septiembre de 2017, el Juzgado Civil del Circuito de Funza “se modificará el fallo emitido por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera, conforme a las consideraciones previamente expuestas, indicando que sólo procede el amparo frente al derecho de petición insoluto, y de otra parte, se revocará la orden de asignarle un parqueadero de discapacitados, por ser improcedente, pues le corresponde a éste agotar la vía ante la asamblea de copropietarios y/o otras vías amigables como el intercambio de parqueadero con otro, y si es del caso, impugnar el acta a que haya lugar, antes de promover una nueva acción de tutela para tal efecto”(16).
En relación con el derecho de petición, precisó que “sin duda alguna el accionante busca una respuesta asertiva o negativa sobre si se le puede asignar un parqueadero de discapacitados, por lo que es claro que el término para contestar era de 15 días (…)(17)”.
Respecto de la asignación del parqueadero, para el juez “no se logra establecer cuál es el perjuicio irreparable o irremediable que puede ocasionar el caminar por 5 minutos al parqueadero que por ahora tiene asignado, y de cara a la recomendación médica, no se observa que esto le pueda llegar a ocasionar una daño irreparable”(18).
11. El despacho sustanciador recibió un cuaderno(19) que integra el Expediente T-6.500.163, el cual contiene las actuaciones de primera y segunda instancia surtidas en sede de tutela por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera y el Juzgado Civil del Circuito de Funza respectivamente. Las pruebas que obran en el expediente son las siguientes:
i) Copia del resultado de nefrostomía percutánea y pielografía directa, procedimientos realizados por el médico Yonhn Leonardo Montaño Duarte de fecha 15 de abril de 2016(20).
ii) Copia del resultado de cambio de catéter de nefrostomía y pielografía procedimientos realizados por el médico Yonhn Leonardo Montaño Duarte de fecha 15 de abril de 2016(21).
iii) Copia del resultado de pielografía directa y nefrostomía percutánea, procedimientos realizados por el médico Mauricio Lozano Barriga de fecha 2 de junio de 2016(22).
iv) Copia del resultado de pielografía directa y nefrostomía percutánea, procedimientos realizados por el médico Yonhn Leonardo Montaño Duarte de fecha 11 de enero de 2017(23).
v) Copia de la solicitud de parqueadero permanente Zona 1 cerca de su vivienda enviada por el señor Carlos Ospina al Consejo de Administración y al Comité de Convivencia del conjunto residencial El Trébol, de fecha 26 de abril de 2017(24).
vi) Copia del recetario emitido por la IPS Corvesalud(25) de fecha 26 de abril de 2017 y firmada por el médico general A. Molina, mediante el cual se certifica “que el señor Carlos Ospina es paciente crónico con Dx de Diabetes Mellitus tipo II y enfermedad renal, el cual es atendido en nuestra IPS y lleva sus controles al día haciéndolo paciente crónico controlado”.
vii) Copia del recetario emitido por la IPS Corvesalud(26) de fecha 26 de abril de 2017 y firmada por el médico general A. Molina, mediante el cual se certifica “que el señor Carlos Ospina es paciente crónico con Dx de Diabetes Mellitus tipo II y enfermedad renal, el cual es atendido en nuestra IPS y lleva sus controles al día haciéndolo paciente crónico controlado”.
viii) Copia de la incapacidad emitida por la IPS Corvesalud(27) de fecha 13 de julio de 2017 y firmada por el médico cirujano Alexander Reyes Cruz, mediante la cual se dignostica que se trata de un “paciente con DM tipo 2, enfermedad renal crónica, croliticfis, nefrostomía. Paciente quien no debe levantar objetos pesados, ni hacer jornadas largas de caminata”.
ix) Copia del derecho de petición elevado por el accionante a los órganos accionados de fecha 14 de julio de 2017(28).
x) Copia de la historia clínica(29) de fecha 18 de julio de 2017 y firmada por el médico general A. Molina, mediante el cual se certifica “que el señor Carlos Ospina es paciente crónico con Dx de Diabetes Mellitus tipo II y enfermedad renal, el cual es atendido en nuestra IPS y lleva sus controles al día haciéndolo paciente crónico controlado”.
xi) Copia de la contestación del derecho de petición instaurado por el señor Carlos Ospina, firmado por la Presidenta del Consejo de Administración de 29 de julio de 2017, mediante la cual se niega la solicitud porque el actor “no aportó junto con la petición prueba sobre su estado actual de salud (…) y la cual usted se comprometió a entregar a más tardar el día martes 13 de junio de 2017 con el diagnóstico vigente”(30).
xii) Copia de la cédula de ciudadanía del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón(31).
xiii) Copia de los requisitos para el uso de los parqueaderos establecidos por la Administración del conjunto residencial El Trébol(32).
xiv) Copia del manual de convivencia del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6(33).
— Solicitar a los órganos accionados un informe sobre: (i) por qué no se ha dado respuesta a la petición interpuesta por el actor el 14 de julio de 2017 y las razones por las cuales se le negó la asignación de un parqueadero exclusivo para persona en condición de discapacidad; (ii) si existen parqueaderos exclusivos para persona en condición de discapacidad dentro del conjunto residencial y cómo se asignan; (iii) si existen más solicitudes en curso de personas en dicha condición que reclaman el uso de un parqueadero dentro del conjunto; y (iv) las medidas que se han adoptado en favor de estas personas para que puedan acceder a los parqueaderos.
— Solicitar al accionante que especifique en qué consiste su discapacidad y cuáles son las barreras que debe enfrentar por no contar con un cupo de parqueadero dentro del conjunto residencial(34).
13. Mediante escrito allegado a la Secretaría de la Corte Constitucional el 22 de febrero de 2018, la representante legal del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6, absolvió los cinco interrogantes planteados por la Sala Octava de Revisión de la siguiente manera(35):
i) El derecho de petición elevado el 14 de julio de 2017 por el accionante fue respondido el 25 de agosto de la misma anualidad negando la solicitud por cuanto no demostró la necesidad real y médica para solicitar un uso exclusivo de un parqueadero. Sin embargo, la administradora del conjunto, de forma verbal, le indicó al señor Ospina Pinzón que aportara más documentos que constataran la necesidad de un parqueadero fijo, sin que estos fueran allegados (historia clínica, concepto médico de restricción –no incapacidad–, ni concepto de junta de médicos que hagan constar efectivamente una discapacidad). Agregó que al señor Ospina Pinzón no se le ha negado el derecho a usar la zona común de parqueadero, es más el señor es cumplidor del deber como copropietario y ha merecido en los últimos meses permanecer en la rotación del parqueadero. Sin embargo no existe razón para que se le asigne un parqueadero exclusivo dado que la casa del propietario está al frente del parqueadero comunal, tal como se evidencia de la prueba aportada(36).
ii) Los copropietarios al interior del área del conjunto no tienen un parqueadero propio. No obstante, la Asamblea y el Consejo de Administración han determinado dos parqueaderos para discapacitados porque dos familias demostraron que tienen el derecho y la necesidad de mantener un vehículo permanente en caso de una urgencia médica. La asignación de uno de los parqueaderos para uso exclusivo “la generó de forma directa la administración (de facto), porque la esposa del propietario enfermo entregó los documentos médicos y evidenció el dolor de sentir un ser querido con la necesidad de atención médica prioritaria”(37) . Por otro lado, el actor no demuestra de forma fáctica o por medio de documentación legal y/o médica que su condición de salud no le permite caminar tramos largos.
14. Por medio de comunicación allegada a la Secretaría de esta corporación el 22 de febrero de 2018, el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón dio respuesta a las preguntas realizadas por la Sala Octava de Revisión de la siguiente manera(38):
ii) Presenta barreras (a) actitudinales, por la forma en que es tratado por algunas personas del conjunto, como el exadministrador que a pesar de conocer su discapacidad no permitía que su carro tuviera un lugar para discapacitados y que si lo quería tenía que pagar el valor de $180.000 mensuales; (b) comunicativas, porque la administración en su momento se negó a darle respuesta a sus derechos de petición a pesar de que en varias oportunidades solicitó a la administración y al Consejo de Administración soluciones favorables para ambas partes, pero siempre se las negaron; (c) físicas, por cuanto la Administración le niega la asignación de un parqueadero, (d) de transporte, debido a que con la negación del parqueadero le vulneran el acceso al transporte eficaz y oportuno, (e) sociales, toda vez que su condición y la solicitud de un parqueadero ha generado un tipo de persecución por parte de la Administración, asesor jurídico y miembros del Consejo de Administración.
— Solicitar a la EPS Sanitas que allegue el certificado de discapacidad del accionante, con un informe detallado sobre la afectación o restricción sobre los desplazamientos del mismo y remita la historia clínica.
— Solicitar a las accionadas que alleguen el reglamento de propiedad horizontal en lo que respecta al uso de parqueaderos del conjunto residencial.
— Solicitar al actor que allegue el certificado de discapacidad expedido por la EPS.
16. Mediante escrito recibido en la Secretaría de esta corporación el 13 de marzo de 2018(39), la representante legal del conjunto residencial se pronunció sobre la respuesta dada a este Tribunal por parte del accionante, así:
17. A través de correo electrónico de 31 de marzo de 2018(40), el accionante aportó dos certificaciones de misma fecha (26 de marzo de 2018) mediante las cuales: (i) la EPS Sanitas confirmó que el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón presenta “discapacidad permanente secundaria” debido a “diabetes mellitus / nefrostomía que limita su movilidad en el uso de transporte público”. El tipo de discapacidad es motora. Asimismo, (ii) la EPS Sanitas manifestó que “en cumplimiento de la Circular Externa 000009 de 2017, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y con el fin de registrar las personas en condición de discapacidad permanente se permite certificar que Carlos Hernando Ospina Pinzón con C.C. 79.266.833 presenta la siguiente condición:
— Tipo de discapacidad: física
— Código de diagnóstico: E109/N200
— Fecha de expedición: 26 de marzo de 2018
— Nombre médico: Jhoana A. Chaves G.
— Registro: 2852/09.”
ExpedienteT-6.510.452
25. El 1 de junio de 2017, el Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor FCP. Estimó que no se cumplió el requisito de subsidiariedad·(41)
Sin embargo, advirtió al representante legal y al Consejo de Administración de la agrupación unifamiliar La Magdalena “que las decisiones que se llegaren a tomar, si fuere del caso, dentro de la Asamblea de Copropietarios, el Consejo de Administración o cualquier otro órgano de la propiedad horizontal, en relación con los hechos objeto de la presente tutela, debe realizarse con fundamento en la normatividad que rige la propiedad horizontal, sin condicionamientos adicionales a los establecidos en el reglamento y no puede afectar o menoscabar derechos de rango constitucional”(42).
26. El 5 de junio de 2017, el señor FCP impugnó el fallo de primera instancia al considerar que no ha obtenido respuesta positiva por parte de la agrupación unifamiliar respecto de la asignación permanente de un cupo en el parqueadero del conjunto residencial del cual fue desvinculado el 3 de mayo de 2017, debido a que no se encontró “un concepto concluyente o por un fallo positivo de una sentencia jurídica”(43). Adicionalmente el actor resaltó que “la no asignación de este cupo permanente me ha generado un gasto adicional a los que ya tengo como cabeza de hogar y teniendo en cuenta que al parquear mi vehículo en un lado más lejos mi hijo inicia su crisis convulsionando sin poder tener a la mano una ayuda cercana por parte de los familiares que se encuentran en la casa, ya que los demás parqueaderos son a más de tres cuadras, los cuales impiden la libre movilización de mi hijo”(44).
27. El 17 de julio de 2017, el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó la sentencia proferida por el juez de primera instancia. Consideró que “[n]o se cumplen los requisitos de procedibilidad de la Acción Constitucional en razón a que la adjudicación de un parqueadero al actor es una controversia evidentemente relacionada con el reglamento de propiedad horizontal, para lo cual el accionante cuenta con otro mecanismo ordinario de defensa judicial al que puede acudir, como lo es la Jurisdicción Ordinaria Civil (…)”(45).
28. El despacho sustanciador recibió dos cuadernos(46) que integran el Expediente T-6.510.452, el primero contiene las actuaciones de primera instancia surtidas en sede de tutela por el Juzgado 40 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y el segundo aquellas de segunda instancia realizadas por el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad. Las pruebas que obran en el expediente son las siguientes:
i) Copia de la cédula de ciudadanía del señor FCP, padre del menor MACP(47).
ii) Solicitud de verificación en el registro para la localización y caracterización de persona con discapacidad del menor MACP elevada por el actor al Hospital del Sur- vigilancia salud pública(48).
iii) Copia de la certificación emitida por la médica fisiatra Valentina Velasco Gómez(49) de fecha 19 de junio de 2015 mediante la cual se establece que el menor MACP “presenta discapacidad permanente dada por diagnóstico médico de: RETRASO EN EL NEURODESARROLLO AUTISMO CIE 10: G800 Deficiencia en el sistema nervioso central, limitación permanente en la actividad por retraso en el desarrollo motor y cognitivo conductual y restricción permanente en participación por trastorno para movilidad en comunidad”. (Mayúsculas hacen parte del texto original).
iv) Copia de la respuesta de la Coordinación de Salud Pública de la Alcaldía de Bogotá al radicado Nº 3283 del 13 de junio de 2015(50) de fecha 8 de julio de 2015 por medio de la cual se comunica “que el menor [MACP] (…) según consulta realizada en el Aplicativo Distrital y Nacional del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, se encuentra registrado desde el 23 de junio de 2015”. (Negrillas hacen parte del texto original).
v) Copia de la historia clínica emitida por el centro médico Carlos Eduardo Rangel SAS(51) de fecha 8 de febrero de 2016 y firmada por Marcela Rodríguez, medicina física y rehabilitación, mediante la cual se diagnostica trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
vi) Copia de la historia clínica emitida por la EPS Compensar(52) de fecha 4 de agosto de 2016 y firmada por el especialista en medicina física y rehabilitación, Luis Carlos Rodríguez Hernández mediante la cual se concluye que es “un paciente con antecedente de retraso global del desarrollo, trastorno del espectro autista en estudio”(53).
vii) Copia del derecho de petición elevado por el señor FCP de fecha 29 de septiembre de 2016 a través del cual solicita “continuar con el uso del parqueadero de manera permanente cumpliendo siempre con las obligaciones acordadas con la administración”(54).
viii) Copia de la constancia de no acuerdo de conciliación llevada a cabo en la Personería de Bogotá el 28 de septiembre de 2016 entre el señor FCP y el representante legal de la agrupación unifamiliar La Magdalena(55).
— Solicitar a la accionada un informe sobre: (i) la razón por la que le negaron el acceso al parqueadero del conjunto al señor FCP desde el 3 de mayo de 2017; (ii) las razones por las que no se llegó a un acuerdo en la audiencia de conciliación llevada a cabo en la Personería de Bogotá el 2 de noviembre de 2016; (iii) por qué se le negó la asignación de un parqueadero exclusivo para persona en condición de discapacidad al señor FCP; (iv) si en la actualidad existen parqueaderos exclusivos para personas en condición de discapacidad dentro de la Agrupación y cómo se realiza la asignación de cupos de los mismos a los propietarios; y (v) si existen más solicitudes en curso de personas en condición de discapacidad que reclaman el uso de un parqueadero dentro del conjunto.
— Solicitar al señor FCP que indique en qué consiste la discapacidad de su menor hijo y en concreto cuáles son las barreras que debe enfrentar él y su familia por no contar con un cupo de parqueadero dentro de la agrupación.
30. Por medio de comunicación aportada a la Secretaría de esta corporación el 16 de febrero de 2018(56), el representante legal de la agrupación unifamiliar La Magdalena, dio respuesta a lo requerido, así:
iii) No se ha asignado parqueadero para discapacitados de manera permanente porque el hijo del actor presenta discapacidad cognitiva y porque diferentes despachos se han pronunciado sobre el tema y lo han negado. Como lo demuestra la sentencia de tutela Nº 2017-00148(57). (Negrillas dentro de texto).
Además de lo anterior, el representante legal de la administración aportó un extracto de los pagos realizados por concepto de parqueadero comunal del señor FCP correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018(58).
i) Afirmó que el menor de edad es persona en condición de discapacidad, toda vez que tiene distintas patologías como autismo, deficiencia del sistema nervioso central, retraso en el desarrollo motor y cognitivo conductual, y trastorno para movilidad en comunidad. “[C]omoconsecuenciadelodescritoanteriormente,elmenorespropensoasufrirCONVULSIONES,enestosepisodiosinfortunados,elcerebrodelmenorpuedesufrirafectacionesirremediableseirreparables,razónporlacual,cuandosuceden,esnecesarioprestarleatenciónmédicaURGENTE,puescualquierdemora,pormínimaquesea,endichaatención,puedeocasionarleretrasosensucondicióndediscapacidad,puesporlacomplejidaddelcerebrohumano,laconvulsiónpodríadejarlodeformapermanenteenestadodecuadriplejiatrayendoconsigoundesmejoramientoasucalidaddevida,asuvidadignayatodonuestronúcleofamiliar,esmás,enelpeordeloscasospodríaocasionarlelamuerte,trayendoconsigoundañoirremediable(59)”. (Subraya y mayúsculas hacen parte del texto).
— Solicitar a la accionada que allegue el reglamento de propiedad horizontal de la Agrupación.
33. De las pruebas allegadas, la accionada destacó la parte resolutiva del fallo de tutela 2017-00148 proferido el 3 de noviembre de 2018, por el Juzgado 70 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, como resultado de la solicitud de amparo elevada por el señor Yader Giovanny Ruiz Simbaqueva, en representación del menor de edad MACP contra la agrupación unifamiliar La Magdalena. Con base en lo anterior, el Magistrado Sustanciador ofició al Juzgado 70 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá(60) para que hiciera llegar a esta corporación copia de la referida sentencia en su integridad.
Mediante correo electrónico de 21 de marzo de 2018, el mencionado despacho judicial envió un documento compuesto de 75 folios el cual constaba de: (i) una acción de tutela interpuesta por el señor Yader Giovanny Ruiz Simbaqueva como agente oficioso del menor MACP en contra de la agrupación unifamiliar La Magdalena(61), la cual terminó con fallo del 3 de noviembre de 2017 que negó la tutela(62), (ii) providencia del 24 de agosto de 2017 que declaró improcedente el amparo solicitado por Yader Eduardo Ruiz Muñoz contra la agrupación unifamiliar La Magdalena, proferida por el Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad(63); y (iii) sentencia del 1º de junio de 2017 que negó la acción constitucional interpuesta por FCP en representación de su hijo MACP contra la agrupación unifamiliar La Magdalena, emitida por el Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá(64).
36. El artículo 86 de la Carta Política(65), estableció la acción de tutela como el mecanismo que tienen las personas para la protección inmediata de un derecho fundamental que se encuentra lesionado o en riesgo de ser vulnerado. No obstante, es una herramienta subsidiaria que busca evitar que se reemplacen los caminos ordinarios para resolver controversias jurídicas y se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han empleado oportunamente dichos medios(66), salvo que no resulten idóneos ni eficaces para amparar las garantías constitucionales.
37. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela, en el sentido de que la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; (iv) mediante agente oficioso; y (v) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
38. En los casos en que el amparo constitucional no pueda ejercerse de manera directa por el afectado, este podrá acudir a otra persona para que actúe en su nombre. Cuando se trata de menores de edad cuyos padres en ejercicio de la patria potestad presentan la acción de tutela para hacer efectivos sus derechos fundamentales, la jurisprudencia ha reconocido que esta condición se da atendiendo a lo consagrado en el artículo 62 núm. 1 del Código Civil(67), donde se establece que los padres ejercerán la patria potestad de sus hijos menores, y en la ausencia de uno de ellos el otro será quien la asuma.
39. El artículo 86 de la Constitución establece la procedencia de la acción de tutela para solicitar la protección inmediata de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten amenazados o afectados por la actuación u omisión de una autoridad o un particular; pese a que el mecanismo por regla general no cuenta con término de caducidad, esta Corte ha establecido que procede dentro de un término “razonable y proporcionado” a partir del hecho que originó la vulneración(68). Así, cuando el titular de manera negligente ha dejado pasar un tiempo excesivo o irrazonable desde la actuación irregular que trasgrede sus derechos, se pierde la razón de ser del amparo(69) y consecuentemente su procedibilidad(70).
40. El artículo 86 superior debe interpretarse en concordancia con los artículos 13 y 47 constitucionales, ya que existen personas que por sus condiciones requieren una especial protección por parte del Estado(71). En relación con estas personas no es posible hacer el examen de subsidiariedad con la misma rigurosidad que se aplica para los demás.
Por ello, el requisito de subsidiariedad no puede dejar sin contenido al trato preferencial que reciben los sujetos de especial protección constitucional. Un análisis riguroso de este principio de cara a dicho grupo acentuaría su condición de debilidad, toda vez que el juez de tutela aplicaría los mismos criterios que al común de la sociedad. Es por eso que su valoración no debe ser exclusivamente normativa. La evaluación debe prever los aspectos subjetivos del caso(72). Por tanto, cuando de los elementos del asunto se concluya que la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección, el análisis se hace más flexible para el sujeto pero más riguroso para el juez, ya que debe considerar circunstancias adicionales a las que normalmente valora.
Si bien, las decisiones que toma la Asamblea de Copropietarios o el Consejo de Administración pueden ser controvertidas en la jurisdicción civil (proceso verbal sumario)(73), exigir que las personas en situación de discapacidad acudan a un proceso ante la jurisdicción ordinaria civil para dirimir una controversia surgida con un conjunto residencial no solo les tomará mucho tiempo sino que su condición de salud se puede agravar y su vida correr peligro.
41. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991(74) establece que la presentación de acciones de tutela sucesivas idénticas sin justificación constituye una conducta temeraria y que quien incurra en dicha actuación está sujeto a las sanciones previstas en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil. La finalidad de esta norma es evitar el uso indiscriminado del amparo constitucional por parte de los ciudadanos, que no solo conlleve al aumento de la congestión judicial, sino también a restringir los derechos de los demás asociados.
Al respecto esta corporación ha señalado que existe temeridad cuando entre dos o más acciones de tutela se presentan los siguientes escenarios: (i) identidad de partes; (ii) identidad de causa; (iii) identidad de objeto; y (iv) ausencia de justificación en la formulación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso o de mala fe por parte del accionante(75).
42. En relación con lo anterior este tribunal ha precisado que una actuación es dolosa o de mala fe cuando: “(i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones(76); (ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable(77); (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción(78); o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia”(79).
43. Esta corporación ha indicado también que una actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha duplicidad, la acción de tutela se funda: “(i) en la ignorancia del accionante; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”(80). En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no se considera temeraria y no conlleva a la imposición de una sanción en contra del demandante.
44. Por otro lado, en Sentencia T-1034 de 2005 la Corte estableció que una persona puede interponer nuevamente una acción de tutela siempre que se cumpla alguno de estos presupuestos: (i) surgimiento de adicionales circunstancias fácticas o jurídicas; (ii) cuando la jurisdicción constitucional no se pronunció sobre la pretensión de fondo del accionante. “Es más, un hecho nuevo puede ser, y así lo ha considerado la Corte(81), la consagración de una doctrina constitucional que reconoce la violación de derechos fundamentales en casos similares”(82).
De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”(83).
En este sentido, en la Sentencia C-774 de 2011, la Corte señaló que una providencia pasa a ser cosa juzgada frente a otra, cuando se dan tres presupuestos, a saber: identidad de objeto(84), de causa petendi(85) y de partes(86). Específicamente, las decisiones proferidas dentro de una acción de tutela constituyen cosa juzgada cuando este Tribunal “adquiere conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria”(87).
49. Mediante la Ley 762 de 2002 por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”(88), se hace especial mención a la definición de discapacidad, en los siguientes términos:
50. En cuanto a las clases de discapacidad que existen, es importante señalar que a través de la Ley 1346 de 2009 por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad(89)”, se establecen cuáles son los diversos tipos de dicha condición:
“Artículo 1º. Propósito. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Laspersonascondiscapacidadincluyenaaquellasquetengandeficienciasfísicas,mentales,intelectualesosensorialesalargoplazoque,alinteractuarcondiversasbarreras,puedanimpedirsuparticipaciónplenayefectivaenlasociedad,enigualdaddecondicionesconlasdemás”. (Subrayado fuera de texto).
Como se mencionó anteriormente, por su condición, las personas en situación de discapacidad, deben tener preferencia en cuanto al goce oportuno y real de sus derechos, en comparación a los demás ciudadanos que están en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, y es por esto, que el Estado debe garantizar por todos los medios, la plena satisfacción de los derechos constitucionales de este grupo. Sobre ello, la Ley 1618 de 2016(90) dispone que:
“Artículo 7º. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo con la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7º de la Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán adoptar las siguientes medidas:
Por otro lado, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipuló que la Unión, tratará de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad(91) y podrá adoptar acciones adecuadas para combatirla(92).
59. El derecho fundamental de petición tiene un lugar importante dentro de la jurisprudencia de esta corporación. Tiene su origen en el acceso a la información(93), toda vez que las personas pueden conocer el proceder de la administración o de los particulares cuando así lo establece la ley. Por lo mismo es considerado por la jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, puesto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía, al ser el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes.
ii) Asimismo, las autoridades y los particulares están obligados a resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que deben brindar una respuesta que aborde de manera clara y detallada cada una de las solicitudes y/o interrogantes puestos en su conocimiento. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”(94).
iii) El último elemento se divide en dos situaciones: (i) la oportuna resolución de la petición y (ii) la notificación de la respuesta al interesado. La primera implica que las peticiones deben ser resueltas dentro del término legal establecido para ello y según la Ley 1755 de 2015(95) toda petición deberá resolverse en 15 días hábiles.
64. Posteriormente en la Sentencia T-374 de 1998, resolvió la acción de tutela interpuesta por un extrabajador de la Federación Nacional de Cafeteros, por la omisión de esta última de resolver una solicitud sobre el reconocimiento de su pensión de jubilación. Sobre el particular, la Corte consideró que la acción de tutela procede para la protección del derecho fundamental de petición interpuesto contra un particular, cuando a través de este se pretenda hacer efectivo un derecho fundamental, sin importar si el particular presta o no un servicio público.
66. En la Sentencia T-163 de 2002, la Sala estudió la tutela interpuesta por un extrabajador de Industrias Kent y Sorrento que había solicitado a través de petición la expedición de un certificado laboral y que, debido a la falta de contestación, decidió acudir al amparo constitucional. Al estudiar de fondo el caso, se encontró que, en efecto, la empresa accionada había vulnerado el derecho fundamental de petición, puesto que “el accionante no sólo se encuentra en estado de subordinación, dada su calidad de exempleado, que depende de su antiguo patrono para obtener una respuesta que sólo este puede dar y que resuelve la petición como tal, sino que además, es evidente su estado de indefensión, dada la ausencia de medios jurídicos eficaces para repeler la conducta del particular demandado”.
67. En la Sentencia T-268 de 2013 este tribunal reiteró las reglas que hasta ese momento habían sido desarrolladas por la jurisprudencia respecto de las peticiones ante organizaciones privadas y creó una nueva hipótesis relativa a la petición ante particulares en los casos que reglamente el legislador.
69. El 30 de junio de 2015, el legislador expidió la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual reguló el ejercicio del derecho de petición, norma en la que se reglamentó la petición ante organizaciones privadas(96) desarrollando el mandato establecido en el artículo 23 de la Constitución.
70. En dicha norma, el legislador consignó las reglas respecto de la procedencia de las peticiones ante particulares. En esa medida, estableció que es posible elevar una petición ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica (i) cuando prestan servicios públicos o cuando, debido a su actividad, ejercen funciones públicas y son asimilables a las autoridades(97) y (ii) cuando a través del ejercicio del derecho de petición se busca garantizar otros derechos fundamentales(98). También es posible interponer una petición ante una persona natural, cuando existe una relación de subordinación e indefensión o cuando esa persona natural está ejerciendo una posición dominante frente al peticionario(99). La segunda conclusión es que el legislador reglamentó el procedimiento para la resolución de estas peticiones al determinar que opera igual que ante las entidades públicas.
71. La Sentencia C-951 de 2014 manifestó que “Para la Corte es claro que en las diversas situaciones de orden fáctico en las [que] una persona se encuentre en situación de desprotección, frente a otra persona natural, respecto de la cual ésta tiene un deber constitucional, debe proceder el derecho de petición en procura de garantizar los derechos fundamentales. Esto hace parte de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales ante particulares, como expresión del derecho a la igualdad”. Esta tesis es reforzada con la expedición de la Ley 1755 de 2015 mediante la cual se estableció la procedencia de la petición ante particulares cuando existe subordinación, indefensión o posición dominante. Lo anterior, como quiera que en el parágrafo 1º del artículo 32 de la citada norma, se estableció de manera expresa que esta hipótesis también es viable cuando se interpone la petición ante una persona natural.
“En el caso en que la discriminación se dé a consecuencia de una omisión de trato más favorable, el juez constitucional debe verificar en la práctica, entre otros aspectos: (i) un acto –jurídico o de hecho– de una autoridad pública o de un particular, en los casos previstos en la ley; (ii) la afectación de los derechos de personas con limitaciones físicas o mentales; (iii) la conexidad directa entre el acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades u oportunidades de los discapacitados”.
78. Esta corporación ha resaltado que desde la Constitución de 1991 el principio de solidaridad ha sido un elemento esencial del Estado social de derecho, tal como está consagrado en el artículo 1º de la Carta(100). En este sentido, la Corte ha definido este principio como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o mental”.
79. Asimismo, la jurisprudencia ha manifestado que el principio de solidaridad se concreta en una serie de obligaciones exigidas a los distintos componentes de la sociedad, orientadas hacia la consecución de los fines esenciales de la organización política consagrados en el artículo 2º de la Constitución(101). Además, ha establecido que “este principio se traduce en la exigencia dirigida especialmente al Estado, de intervenir a favor de los más desaventajados de la sociedad cuando éstos no pueden ayudarse por sí mismos(102)”. De esta manera “impone una serie de deberes fundamentales al poder público y a la sociedad para la satisfacción plena de los derechos(103)”.
80. La solidaridad es un derecho, también es un deber y un principio rector sustentado en la Constitución(104). La Carta Política proyecta este deber de solidaridad, de manera específica, a partir de los mandatos constitucionales que establecen una obligación de especial protección para personas en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las mujeres cabeza de familia, los menores de edad, las personas enfermas y en condición de discapacidad, las personas de la tercera edad, entre otros(105).
83. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso el actor ha interpuesto dos derechos de petición (27 de abril de 2017 y 14 de julio de 2017) con el fin de solicitarles a la administración, al Consejo de Administración y al Comité de Convivencia del conjunto residencial El Trébol que le sea asignado un espacio fijo en el parqueadero comunal que corresponda a un lugar para persona en condición de discapacidad física(106).
84. Mediante derecho de petición del 14 de julio de 2017, el señor Ospina Pinzón aseveró que su requerimiento de fecha 27 de abril de 2017 solo fue resuelto por el Consejo de Administración dos meses después(107) por medio del cual se le negó la asignación de un “parqueadero para discapacitados” bajo el argumento que no acreditaba dicha condición, porque no había aportado los documentos requeridos, sin embargo el actor indicó que “para no entrar en discrepancias los anexare nuevamente junto con este derecho de petición”.
85. De las pruebas recibidas en el trámite de revisión constitucional(108), la Corte pudo verificar que el derecho de petición interpuesto del 14 de julio de 2017 por el accionante, fue contestado y entregado a la dirección del señor Ospina Pinzón el día 28 de agosto de 2017. Mediante dicha respuesta la representante legal del conjunto residencial negó nuevamente la solicitud de asignación de un parqueadero para persona en condición de discapacidad, al respecto reiteró “la necesidad de recibir por parte suya un documento legal, que nos certifique al conjunto su grado de discapacidad ya que tenemos en la copropiedad personas en estado de discapacidad evidente que requieren el espacio que usted solicita(109)”.
88. Para la Corte, el actor puede ser considerado como un sujeto de especial protección constitucional debido a la situación en la que se encuentra, pues como lo demostró por medio de distintos documentos médicos, es un paciente crónico renal, que además sufre de diabetes mellitus tipo 2, que ha sido sometido a distintos procedimientos quirúrgicos y que hoy en día debe convivir con un catéter en su cuerpo ya que sus riñones presentan una afectación(110) . La necesidad de tener un parqueadero para persona en condición de discapacidad cercano a su lugar de residencia, es evitar que acaezca un daño irremediable en su salud e incluso en su vida, toda vez que en el momento de ocurrirle una urgencia médica ocasionada por las múltiples patologías que sufre, pueda ser conducido por su esposa o por algún familiar al vehículo y dirigirse al centro de salud más cercano.
91. Para la Sala, negarle la asignación de un parqueadero a una persona bajo el argumento que no acreditó su condición de discapacidad cuando si lo demostró(111), resulta discriminatorio y atenta contra los derechos fundamentales a la igualdad y a los de persona en condición de discapacidad física. Además re-victimiza al actor al exigirle el concepto de la junta de médicos que hagan constar tal discapacidad, puesto que este aportó los distintos procedimientos médicos a los cuales ha sido sometido, la historia clínica y una incapacidad médica en la que consta su patología y hasta la EPS Sanitas certificó la condición de discapacidad permanente del accionante(112).
ii) Inmediatez: El Consejo de Administración le informó al actor el 19 de septiembre de 2016 que el uso del parqueadero comunal para su vehículo lo tendría hasta el 30 de septiembre del mismo año. Acto seguido, el accionante citó al representante legal de la agrupación a una conciliación en la Personería de Bogotá el 2 de noviembre de la misma anualidad, la cual resultó fallida. Lo anterior demuestra que la situación es continua y actual pues la acción de tutela fue interpuesta el 18 de mayo de 2017, y, según las pruebas(113), la salud del menor se ha visto afectada debido a la condición médica que padece.
— La tutelauno, la cual es objeto de la presente revisión, fue interpuesta por el señor FCP actuando como representante de su hijo MACP menor de edad, contra la agrupación unifamiliar La Magdalena, la cual fue declarada improcedente por el Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 1º de junio de 2017 y confirmada por el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento el 17 de julio de 2017. Los hechos que fundamentaron la acción fueron la negación de la accionada de otorgarles un parqueadero permanente a los propietarios del inmueble dentro del conjunto residencial toda vez que su menor hijo se encuentra en situación de discapacidad y debe trasladarlo al hospital por diferentes eventualidades médicas.
— La tutelados fue presentada por Yader Eduardo Ruiz Muñoz como agente oficioso del menor MACP, contra la agrupación unifamiliar La Magdalena, la cual fue negada porque el Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 24 de agosto de 2017 determinó que el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial. Para fundamentar el amparo, el actor indicó que la accionada vulneró los derechos fundamentales al interés superior e igualdad del menor MACP al negarle el uso del parqueadero permanente en la agrupación, así como permitirle el acceso del vehículo desde el interior hacia el exterior sin ningún tipo de barreras.
— En la tutelatres el señor Yader Giovanny Ruiz Simbaqueva, en representación del menor MACP, interpuso acción constitucional en contra de la agrupación unifamiliar La Magdalena, la cual fue negada por el Juzgado 70 Penal Municipal con Función de Control de Garantías mediante providencia del 3 de noviembre de 2017 bajo el argumento que operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
96. De lo anteriormente expuesto se evidencia en principio que se cumplen con los presupuestos de la triple identidad, como son: (i) la identidad de partes, toda vez que la tutelauno fue interpuesta por el padre del menor quien actuó como representante de su hijo MACP, contra la agrupación unifamiliar La Magdalena y en las tutelasdosytres actuaron dos abogados distintos uno como agente oficioso y otro en representación del menor MACP contra la misma agrupación; (ii) la identidad de hechos, ya que en los tres casos se indicó que los propietarios del inmueble son los padres de un menor de edad que padece múltiples patologías y que por la condición del niño necesitan de un cupo de parqueadero permanente; (iii) la identidad de pretensiones, puesto que en las tutelas se reitera la asignación de un parqueadero permanente.
Lo anterior, podría llevar a declarar la figura de la temeridad, no obstante, encuentra la Sala que el presente asunto objeto de revisión, no ha hecho tránsito a cosa juzgada, la cual ha sido definida como una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a una decisión plasmada en una sentencia el carácter de inmutable, vinculante y definitiva(114). En materia de tutela, este principio se materializa cuando el juez de instancia resuelve un asunto concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección o en caso de estarse surtiendo la revisión, esta no ha culminado(115).
97. Retomando el caso objeto de estudio, la Sala se encuentra frente a un asunto en el que el niño MACP es un sujeto de especial protección constitucional debido a la situación en la que se encuentra, pues no solo tiene 6 años de edad sino que además sufre de distintas enfermedades desde que nació, entre las cuales: autismo, deficiencia del sistema nervioso central, limitación permanente en la actividad, retraso en el desarrollo motor y cognitivo conductual, restricción permanente en la participación y trastorno para movilidad en comunidad. Dichas patologías le comprometen su salud física y mental, al punto que tiene episodios de convulsiones, lo que implica que en determinados momentos sea inminente su trasladado al centro de salud más cercano en aras de preservar su vida. Esta situación se encuentra debidamente acreditada, como se expuso en el acápite probatorio respectivo y que ahora se reitera.
— Copia de la certificación emitida por la médica fisiatra Valentina Velasco Gómez(116) de fecha 19 de junio de 2015 mediante la cual se establece que el menor MACP “presenta discapacidad permanente dada por diagnóstico médico de: RETRASO EN EL NEURODESARROLLO AUTISMO CIE 10: G800. Deficiencia en el sistema nervioso central, limitación permanente en la actividad por retraso en el desarrollo motor y cognitivo conductual y restricción permanente en participación por trastorno para movilidad en comunidad”. (Mayúsculas hacen parte del texto original).
— Copia de la respuesta de la Coordinación de Salud Pública de la Alcaldía de Bogotá al radicado Nº 3283 del 13 de junio de 2015(117) de fecha 8 de julio de 2015 por medio de la cual se comunica “que el menor [MACP] (…) según consulta realizada en el Aplicativo Distrital y Nacional del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, se encuentra registrado desde el 23 de junio de 2015”. (Negrillas hacen parte del texto original).
— Copia de la historia clínica emitida por el centro médico Carlos Eduardo Rangel SAS(118) de fecha 8 de febrero de 2016 y firmada por Marcela Rodríguez E, medicina física y rehabilitación, mediante la cual se diagnostica al menor MACP con trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
— Copia de la historia clínica emitida por la EPS Compensar(119) de fecha 4 de agosto de 2016 y firmada por el especialista en medicina física y rehabilitación, Luis Carlos Rodríguez Hernández mediante la cual se concluye que el menor es “un paciente con antecedente de retraso global del desarrollo, trastorno del espectro autista en estudio”(120).
99. Esta Sala de Revisión encuentra que no otorgarle el cupo de un parqueadero permanente al padre de un menor de edad en condición de discapacidad porque: (i) su discapacidad es exclusivamente cognitiva; (ii) “en diferentes actuaciones diferentes despachos se ha negado el amparo”; y (iii) “el menor no es el propietario ni el conductor del vehículo”(121) resulta violatorio de los derechos fundamentales a la igualdad, la vida digna y a la especial protección que se debe otorgar a las persona en condición de discapacidad, así como un desconocimiento al deber de solidaridad propio del Estado social de derecho, por lo que no es aceptable este tipo de respuesta, máxime al tratarse de una agrupación unifamiliar que supuestamente propende por la convivencia pacífica y por la garantía de los derechos fundamentales de los copropietarios.
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado Civil del Circuito de Funza, que modificó el fallo de 23 de agosto de 2017, emitido por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera, en cuanto amparó el derecho de petición del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón, en el marco de la acción de tutela interpuesta por el referido ciudadano contra la Administración del conjunto residencial El Trébol (Exp. T-6.500.163).
2. REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de segunda instancia proferido el 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado Civil del Circuito de Funza, que modificó la sentencia emitida por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera, el 23 de agosto de 2017, en relación con el derecho a la igualdad del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón. En consecuencia, CONFIRMAR el fallo de primera instancia, en tanto amparó los derechos fundamentales a la igualdad y a la vida digna.
3. ORDENAR a la Administración del Conjunto Residencial El Trébol, Manzana 6 que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a asignar un parqueadero permanente cerca del lugar de residencia del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón conforme lo indicado en las consideraciones de la misma.
4. REVOCAR la sentencia de segunda instancia emitida el 17 de julio de 2017 por el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la cual confirmó la dictada por el Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad el 1º de junio de 2017, que negó el amparo impetrado por el señor FCP en representación de su hijo MACP (Exp. T-6.510.452).
5. AMPARAR los derechos fundamentales del menor de edad MACP a la igualdad, vida digna y a los de persona en condición de discapacidad y ordenar al Consejo de Administración de la agrupación unifamiliar La Magdalena que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a convocar una reunión extraordinaria de copropietarios para asignar un parqueadero al accionante conforme lo indicado en las consideraciones de la misma.
6. ORDENAR por Secretaría General a todas las instituciones y entidades que de una u otra manera han intervenido en este proceso, que se encarguen de salvaguardar la intimidad del padre y del menor, manteniendo la reserva sobre todos los datos que permitan identificarlos.
7. ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional, ABSTENERSE de mencionar en el texto público de esta sentencia el nombre del accionante y de su hijo, con el fin de salvaguardar su intimidad, como también OMITIR el nombre del accionante y de su hijo y de las demás personas relacionadas con los hechos del caso en las reproducciones que se hagan del presente texto, salvo en las destinadas a las partes y a las autoridades vinculadas.
Magistrado: José Fernando Reyes Cuartas—Carlos Bernal Pulido—Alberto Rojas Ríos.
1 Veintitrés (23) de agosto de 2017.
2 Veintinueve (29) de septiembre de 2017.
3 Primero (1º) de junio de 2017.
4 Diecisiete (17) de julio de 2017.
5 Cuaderno principal, folios 14, 16 y 17.
6 Cuaderno principal, folio 46.
7 Cuaderno principal, folio 16.
8 Cuaderno principal, folio 53.
9 Cuaderno principal, folio 54.
11 Cuaderno principal, folio 85.
13 Cuaderno principal, folio 85.
14 Cuaderno principal, folio 86.
15 Cuaderno principal, folio 88.
16 Cuaderno principal, folio 133.
17 Cuaderno principal, folio 130.
18 Cuaderno principal, folio 133.
19 Con un total de 156 folios.
20 Cuaderno principal, folio 18.
21 Cuaderno principal, folio 20.
22 Cuaderno principal, folio 19.
23 Cuaderno principal, folio 17.
24 Cuaderno principal, folios 10 y 11.
25 Cuaderno principal, folio 15.
26 Cuaderno principal, folio 15.
27 Cuaderno principal, folio 14.
28 Cuaderno principal, folio 12.
29 Cuaderno principal, folio 16.
30 Cuaderno principal, folios 21 y 22.
31 Cuaderno principal, folios 23.
32 Cuaderno principal, folios 149 a 155.
33 Cuaderno principal, folios 142 a 148.
34 Auto de 8 de febrero de 2018.
35 Cuaderno de revisión, folios 33 a 46.
36 Plano de la copropiedad donde se evidencia el área del conjunto residencial.
37 Cuaderno de revisión, folio 34.
38 Cuaderno de revisión, folios 98 a 102.
39 Cuaderno de revisión, folios 25 a 28.
40 Cuaderno de revisión, folios 191 a 197.
41 Cuaderno principal, folio 35.
42 Cuaderno principal, folio 37.
43 Cuaderno principal, folio 42.
45 Cuaderno de instancia, folio 5.
46 Con un total de 62 folios.
47 Cuaderno principal, folio 10.
48 Cuaderno principal, folio 11.
49 Cuaderno principal, folio 18.
50 Cuaderno principal, folio 19.
51 Cuaderno principal, folios 12 y 13.
52 Cuaderno principal, folio 14.
53 Cuaderno principal, folios 16 y 17.
54 Cuaderno principal, folio 22.
55 Cuaderno principal, folios 25 y 26.
56 Cuaderno de revisión, folios 22 a 25.
57 No especifica de qué juzgado es el expediente.
58 Cuaderno de revisión, folios 27 a 29.
59 Cuaderno de revisión folios 31 a 39.
60 Mediante auto de 22 de marzo de 2018.
61 Cuaderno de revisión, folios 87 a 109.
62 Cuaderno de revisión, folios 150 a 154. El juez negó el amparo solicitado porque operó el fenómeno de la cosa juzgada.
63 Cuaderno de revisión, folios 135 a 141. El juez declaró improcedente la acción de tutela porque un mes antes en una actuación anterior el padre del menor, actuando como su representante instauró acción de tutela contra la Agrupación unifamiliar La Magdalena y tanto el juez de primera instancia (juez cuarenta penal municipal con función de control de garantías) como el de segunda instancia (juez tercero penal del circuito con función de conocimiento) negaron el amparo solicitado y se advirtió al actor como a los padres del menor que en próximas oportunidades se abstuvieran de incurrir en actuaciones que pudieran resultar temerarias so pena de incurrir en las sanciones legales pertinentes.
64 Cuaderno de revisión, folios 143 a 149. El juez negó la tutela porque el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial.
65 “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el defensor del pueblo y los personeros municipales”.
66 Ver sentencias T-858 de 2002, T-313 de 2005, T-774 de 2010, T- 826 de 2012, T-268 de 2013, T-179 de 2015, T-244 de 2015, T-597 de 2015, T-690 de 2015 y T-691 de 2015, entre otras.
67 “Representantes de Incapaces: “1. Modificado por el art. 1º, Decreto Nacional 772 de 1975. El nuevo texto es el siguiente: Por los padres, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos menores de 21 años. Si falta uno de los padres la representación legal será ejercida por el otro”.
68 Sentencia T-219 de 2012.
69 Sentencia T-743 de 2008.
70 La Sala Plena de la Corte Constitucional ha inferido tres reglas para el análisis de la inmediatez: “En primer término, la inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. En segundo lugar, la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto. Finalmente, esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental”. Sentencia SU-189 de 2012, reiterada en la sentencia T-246-15.
71 Sentencia T-1316 de 2001.
72 Sentencia T-662 de 2013. No puede olvidarse que las reglas que para la sociedad son razonables, para sujetos de especial protección “pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no es la misma para el caso de los adultos (C. P. artículo 44). De igual forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer (C. P. artículo 43)”.
73 Artículo 58 de la Ley 675 de 2001.
74 Artículo 38. Actuación temeraria. “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas la solicitudes (…)”.
75 Sentencias T-883 de 2001; T-662 de 2002; T-1303 de 2005; SU-713 de 2006; T-634 de 2008; T-507 y T-926 de 2010; T-053 de 2012; T-304 de 2014; T-008, SU-055, T-057, T-069, T-096 y T-537 de 2015, entre otras.
76 Sentencia T-149 de 1995
77 Sentencia T-308 de 1995.
78 Sentencia T-443 de 1995.
79 Sentencia T-001 de 1997.
80 Sentencia T-185 de 2013.
81 Sentencia T-009 de 2000.
82 Sentencia T-1034 de 2005.
83 Sentencia C-774 de 2001.
84 “[L]a demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”.
85 “[L]a demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa”.
86 “[A]l proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica”.
87 Sentencia T-649 de 2011.
88 Suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999.
89 Adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
90 Cuyo objetivo es “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad”.
91 “Artículo10.Enladefiniciónyejecucióndesuspolíticasyacciones,laUnióntratarádelucharcontratodadiscriminaciónporrazóndesexo,razauorigenétnico,religiónoconvicciones,discapacidad,edaduorientaciónsexual”.
92 “Artículo19.1.SinperjuiciodelasdemásdisposicionesdelosTratadosydentrodeloslímitesdelascompetenciasatribuidasalaUniónporlosmismos,elConsejo,porunanimidadconarregloaunprocedimientolegislativoespecial,ypreviaaprobacióndelParlamentoEuropeo,podráadoptaraccionesadecuadasparalucharcontraladiscriminaciónpormotivosdesexo,deorigenracialoétnico,religiónoconvicciones,discapacidad,edaduorientaciónsexual”.
93 Artículo 74 de la Constitución.
94 T-430 de 2017.
95 “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, todapeticióndeberáresolversedentrodelosquince(15)díassiguientesasurecepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
96 “CAPÍTULO III. Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas. Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el capítulo I de este título. Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley. Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.
97 Artículo 33 de la Ley 1755 de 2015.
98 Artículo 32 de la Ley 1755 de 2015.
100 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
101 “Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
102 Sentencia T-225 de 2005.
103 Sentencia T-413 de 2013.
104 Artículos 2 y 95 de la Constitución Política.
105 Sentencia T-658 de 2013.
106 Cuaderno de revisión, folios 98 a 102.
107 Cuaderno de instancia, folio 12.
108 Respuesta al derecho de petición por la representante legal del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6 y certificado de entrega del derecho de petición de la empresa de correos Interrapidisimo S.A. al señor Carlos Ospina el 28 de agosto de 2017.
109 Cuaderno de revisión, folio 38.
110 Cuaderno de revisión, folios 98 y 99.
111 El accionante aportó la historia clínica, incapacidades generadas por los médicos tratantes, certificación de la EPS que da cuenta de su situación de discapacidad.
112 Cuaderno de revisión, folios 142 a 144.
113 Cuaderno de revisión, folios 31 a 39.
114 Sentencia T-280 de 2017.
115 Si la Corte selecciona el trámite para revisión, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la Corte. Por el contrario, cuando la acción no es seleccionada este fenómeno opera a partir de la ejecutoria del auto que niega la selección. Así se estableció en la Sentencia SU-219 de 2001, citada en la Sentencia T-001 de 2016.
116 Cuaderno principal, folio 18.
117 Cuaderno principal, folio 19.
118 Cuaderno principal, folios 12 y 13.
119 Cuaderno principal, folio 14.
120 Cuaderno principal, folios 16 y 17.
121 Cuaderno de revisión, folio 44.

References: artículo 14
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 62
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 38
 artículo 7
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 44
 artículo 43
 Artículo 58
 Artículo 38
 Artículo 74
 resolución 
 Artículo 32
 resolución 
 Artículo 33
 Artículo 32