Source: https://masderechounmsm.wordpress.com/2015/04/
Timestamp: 2020-01-21 19:29:59+00:00

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abril 2015 – Libertad SI, Libertinaje NO
Entendiendo que en la actualidad rige el Código de Procedimientos Penales, y los casos de Microcomercialización son conocidos a nivel de la vía sumaría – pues individualmente y de forma aislada no se constituyen en un ilícito que menoscabe gravemente el bien jurídico Salud Pública-, muchas veces estos casos no son punibilizados con pena privativa de libertad, sino con pena suspendida bajo el cumplimiento de reglas de conducta, y tal medida punitiva, efectivamente, es la más recomendada en diversos ámbitos – sea social, económico, penitenciario, etc. -; debiendo aplicar los criterios previstos en el artículo 46 del Código Penal – determinación penal de la pena- a fin de establecer la gravedad del delito, los medios empleados, la circunstancias social y su formación social y cultural.
El bien jurídico protegido[1], debiéndose en tender por este a la expectativa que bajo la ley penal se halla tutelado en esta clase de delitos, en la presente investigación seria el derecho a la salud pública, aunque dicho tema todavía está en discusión[2], en tanto no solo afecta a la salud pública, sino que es el individuo quien como comercializador afecta el orden social en tanto hace posible que el consumo se extienda, genera ganancias ilícitas que afecta el orden económico a gran escala permitiendo el lavado de activos, toda vez que aunque las ganancias de los microcomercializadores son exiguas, sumadas las de todos estos, permiten un flujo y reflujo de dinero ilícito, además el grado de afectación puede potencialmente llegar a ser individual cuando en no pocos casos los microcomercializadores son adictos y se vinculan al delito para poder solventar de alguna manera su adicción.
Por ello, es necesario resaltar que el delito de tráfico ilícito de drogas posee un carácter pluriofensivo, ya que repercute sobre diversos niveles de nuestra sociedad, al mismo tiempo que amenaza, sin duda alguna, la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho al atentar contra los valores básicos de orden constitucional que éste protege , atentando contra diversos bienes jurídicos protegidos como el que principalmente resulta ser el de la Salud Pública, el mismo que se ve disminuido por el transporte y la comercialización de drogas, que causan efectos letales para la salud humana, desde una excesiva euforia y excitación, pasando por una dependencia sicofísica de la misma para terminar en una depresión de las funciones cardio-respiratorias ; ya que es obvio que el consumo de dichas sustancias resultará siendo una consecuencia inevitable de las conductas reseñadas en el párrafo anterior, consumo que alentará el incremento de la violencia en nuestro país en detrimento de la libertad y seguridad personales de nuestros ciudadanos, por la necesaria existencia de redes delincuenciales que custodian o que buscan comercializar estas sustancias ilícitas; así como por la conducta compulsiva de los futuros adictos que los llevará a cometer robos o cualquier delito conexo a fin de conseguir un poco de dinero para adquirir más droga, lo que obviamente alcanzará a niños, jóvenes y adultos de todo estrato y nivel socio-económico, pudiendo llevar a la pérdida de conciencia y a la comisión de delitos, incluso a nivel familiar , lo que unido a las grandes cantidades de masa monetaria ilícita (ganancias obtenidas de este “negocio”) relacionadas a este delito, clarifican el carácter pluriofensivo anteriormente mencionado.
Es abierto, porque no todas las conductas típicas están descritas, toda vez que las maneras de microcomercializar varían desde la venta delivery que se realiza a través de celulares con consumidores locales, la venta que se realiza en los denominados puntos críticos reconocidos por la policía local y conocidos por el termino de “fumaderos” donde comercializadores y consumidores se reúnen para concretar el trafico, por citar solo algunas de las sub modalidades donde se concreta el delito de TID en la modalidad de Microcomercializacion.
El sujeto activo puede ser cualquier persona que se le encuentre cumpliendo lo prescrito por la ley penal, aun cuando existen algunas circunstancias como la inimputabilidad comprendida por las circunstancias por razón de la edad o por anomalía psíquica conforme lo señalan en los incisos 1 y 2
El sujeto pasivo es la sociedad quien en el proceso se halla representada jurídicamente por el Estado actuando como Parte Civil o Actor Civil si se está dentro de las jurisdicciones donde ya opera el Nuevo Código Procesal Penal o donde aun opera el Código Procesal Penal.
Los daños que se infringen al sujeto pasivo pueden variar pero han tratado de ser cuantificados gracias a algunos estudios que hemos recogido y que parten de la premisa de la reparación civil la misma que se halla establecida en el artículo 93° del Código Penal, y que comprende la restitución del bien o el Pago de su valor, más una indemnización. Siendo ello así, tenemos que para el presente caso, el bien jurídico protegido comprende, es la salud pública y mental de la persona humana, con efectos muchas veces irreversibles, causando incluso la degeneración genética con impredecibles consecuencias futuras para la humanidad. Por ejemplo, la cocaína produce en un primer momento euforia y excitación, pero luego una sensación de ansiedad y dependencia psicológica, para terminar en depresión de la respiración, alteración de las funciones del corazón, lo que puede causar la muerte por paro cardio – respiratorio, además de abortos espontáneos en la madres gestantes o problemas físicos y psicológicos en el feto. Los mismos efectos se producen con la heroína. Por su parte, el LSD puede causar deformaciones físicas y aberraciones cromosómicas y genéticas, mientras que la mariguana puede llegar a destruir el pensamiento abstracto, la percepción de la realidad circundante y la conciencia normal del ser humano. No obstante los efectos negativos antes descritos, lo cierto es que hoy en día alrededor de doscientos millones de personas han consumido drogas, esto es utilizando como referencia datos correspondientes a 2005 y 2006 – quince millones mas que el año anterior.
Siendo ello así, tenemos que esta ilícita actividad constituye un problema importante en la salud pública incidiendo principalmente en la juventud y atacando a todas las esferas de la sociedad; su prevención, tratamiento y erradicación corresponde al Estado, quien invierte altas cantidades de dinero, lo cual implica una afectación en el Presupuesto Nacional, involucrando al Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio de comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Salud, DEVIDA, Poder Judicial y demás instituciones Públicas; las cuales involucran parte de su presupuesto anual en la lucha contra el Tráfico Ilícito De Drogas, conforme se aprecia en el siguiente cuadro[3].
COMPONENTES DEL COSTO TOTAL TOTAL EN MILES DE $ PORCENTAJE
Atención en Salud 50.337 11.3%
Laborales – Productividad 255.064 57.4%
Daños de la Propiedad 33.336 7.5%
Gasto Gobierno 105.946 23.8%
TOTAL 444.683 100.0%
Paralelamente, esta actividad ilícita, genera otro tipo de perjuicios a la sociedad, así tenemos que en nuestro país siendo la droga más común la originada por la hoja de coca, cultivo que se siembra en nuestro territorio, según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),revelo que el 2009, nuestro país consolido su tendencia creciente en la producción de la hoja de coca con 119,000 toneladas métricas (TM), y la proliferación de los cultivos de la hoja de coca que, ya superan en EL Perú las 35,000 hectáreas acabara con nuestra selva amazónica en menos de 250 años, la proliferación de los cultivos de esta planta a causado la deforestación de 2,3 millones de hectáreas de bosque. Por, otro lado tenemos que según el informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), los campesinos cocaleros han comenzado a producir cocaína y que por ese motivo, ya no necesiten enviar droga a Colombia para que sea procesada. Asimismo en la producción de PBC se utilizan productos como ácido sulfúrico y clorhídrico, que son arrojados al rio, contaminándolos y poniendo en riesgo a las poblaciones ribereñas. Otro dato que resulta necesario resaltar es respecto a la economía de la droga, que a decir de la ONU representa el 8% del comercio mundial, igualmente que el número de consumidores oscila entre 3,3 y 4,1 de la población mundial es decir unos 218 millones de personas. Asimismo, de acuerdo al Estudio del Impacto Social Económico del consumo de Drogas en el Perú (2010) realizado por DEVIDA, el costo de la problemática de la drogas en el Perú fue estimado 444.7 de US$ anuales, lo que corresponde a cerca de US$ 16 dólares per cápita. La magnitud del problema representa un 0.2% del Producto Bruto Interno. De este costo anual corresponden al alcohol 245.4 millones de US$ o 6.8 US$ per cápita y al tabaco 7 millones de US$ con 0.2 US$ per cápita.
Que, teniendo en consideración, que para fijar el monto de la Reparación Civil, se tiene que tener en consideración la proporción, naturaleza y trascendencia del daño ocasionado, apreciando los hecho y la pruebas; es decir, en el caso en mención, se está lesionando dolosamente un bien jurídico recogido no solo en nuestra constitución Política, sino también por la Convención de Viena y demás Convenios Internacionales debidamente suscritos y ratificados por el Perú. Además el daño provocado por estas drogas prohibidas y sustancias psicotrópicas en la salud de las personas es irreparable logrando el procesado con su actuar delictivo y antisocial provocar un grave e irremediable daño a sus víctimas. Por otro lado hay que advertir la gravedad de los hechos que se investigan y las ingentes sumas de dinero que se mueven en este ilícito negocio, teniendo en cuenta el elevado precio de la droga.
GRAFICO N° 1[4]
LUGAR PRECIO US$ por gramo
En zona de producción 1.0
Estados Unidos 97.4
Francia 95.9
Suecia 96.4
Italia 111.8
España 83.2
Japón 212.5
Federación Rusa 218.0
Reino Unido 90.5
Australia 285.4
Nueva Zelanda 311.7
En el Código Penal existen un conjunto de circunstancias las cuales pueden actuar como atenuantes o como agravantes, y tienen efectos para disminuir o aumentar la pena con arreglo a ciertas reglas legalmente establecidas para cada caso, estas circunstancias modificativas de la responsabilidad son elementos accidentales del delito y en el delito del Trafico Ilícito de Drogas como tipo base se hallan descritas en el artículo 297 del Código Penal.
Pluralidad de Agentes. Dicha agravante de pluralidad de agentes debe entenderse en primer lugar, que las 3 o más personas involucradas en el delito no necesariamente deben estar denunciadas, procesadas o juzgadas, sino sólo basta que en la comisión del TID hayan participado, colaborado o intervenido, previa coordinación, al menos tres personas.
El Acuerdo Plenario N° 3- 2005/CJ-116[5], del 30 de setiembre de 2005, de las Sala Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República trató de explicar la forma cómo debe entenderse dicha agravante al dejar sentada como doctrina jurisprudencial que “…a) La sola existencia o concurrencia, sin más, de una pluralidad de agentes (tres o más) en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas no tipifica la circunstancia agravante del artículo 297°.6 del Código Penal, pues tal consideración violaría el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva (artículo VII del Título Preliminar del Código Penal). b) La simple ejecución del delito, sin que exista concierto entre por lo menos tres participantes, no es suficiente para concretar la circunstancia agravante antes citada…”.
[1] En el artículo “LA PLURALIDAD DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL” de LUGO VILLAFANA William citando a Mussig Bernd. Desmaterialización del Bien Jurídico y de la Política Criminal. Universidad Externado de Colombia, primera impresión, Octubre de 2001, págs. 16 y ss. “… una teoría crítica del bien jurídico no sólo debe poder indicar qué es lo que son “bienes jurídicos” y cómo éstos aparecen en la realidad social, sino que también debe poder explicar cómo funciona en detalle la protección de bienes jurídicos a través del derecho penal. Por un lado, esas condiciones y posibilidades del “aparato de protección” jurídico-penal son aspectos decisivos de la dimensión práctico-social de la concepción del ordenamiento penal como protección de bienes jurídicos…” los extractos de este material son proporcionados por LIBREJUR en el Diplomado Virtual de Trafico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos – Julio 2014.
[2] Opinión que compartimos con lo expuesto en el artículo “LA PLURALIDAD DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL” de LUGO VILLAFANA William citando a Vid., con más amplitud, Joshi Jubert, Ujala, Los Delitos de Tráfico de Drogas I, un Estudio Analítico del artículo 368 del CP, José María Bosh Editor. Barcelona, 1999. pág. 28 y ss. los extractos de este material son proporcionados por LIBREJUR en el Diplomado Virtual de Trafico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos – Julio 2014.
[3] Fuente: Estudio del Impacto Social y Económico del consumo de Drogas en el Perú. Informe Final. Observatorio Peruano de Drogas y DEVIDA 2010.
[4] Precio medio anual al por mayor de la cocaína de calidad desconocida en las zonas productoras del Perú, 2005-2010, valorado en USS/Kg. (World Drug Report 2012 – UNODC).
[5] PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Jurispruden- cia vinculante y pluralidad de agentes en el delito de tráfico ilícito de drogas, en: Comentario a los precedentes vinculantes en materia Penal de la Corte Suprema, Director: José Luis Castillo Alva, editora Jurídica Grijley, año 2008.
Descripcion Juridica del Delito de Trafico Ilicito de Drogas
Debemos entender como primer punto en la cadena del ilícito del TID – Microcomercializacion que existe un bien jurídico tutelado y que es trasgredido por la comisión de este delito y es la salud pública, entendiendo esta como indica MUÑOZ CONDE[1]: ” Aquel nivel de bienestar físico y psíquico que afecta a la colectividad, a la generalidad de los ciudadanos” o el conjunto de condiciones que positiva o negativamente garantizan y fomentan la salud de los ciudadanos.
El Estado en salvaguarda de este bienestar físico y emocional al amparo de la Constitución[2] declara como delito el TID, no así, el consumo, pues atentaría contra su propia libertad. Pero esta Salud Pública resulta no ser meramente una ocupación del Estado sino un problema global, por lo que estamos de acuerdo con el profesor Morillas Cuevas[3] que el delito de Tráfico de Drogas en las diversas dimensiones que puede presentarse es un problema de derecho interno y por tanto responsabilidad del Estado, pero a su vez es un tema del Derecho Internacional, dada la globalización del trafico y su impacto internacional e influencia en los distintos convenios internacionales de los cuales son signatarios la mayor parte de los Estados.
Entendiendo que la Microcomercializacion de Drogas en lo referente a los Delitos de TID es en si una cadena comercial e ilícita, debemos comprender en ella a la Salud Publica tal como la expresa Carbonell[4] como un valor comunitario inmanente a la idea de la convivencia humana, íntimamente unido a la meta de una mejor calidad de vida, por lo cual como integrante de la colectividad o de la sociedad se tiene derecho a un estado de salud general más allá de lo individual.
Por estas razones el Estado decide limitar el mercado de drogas y todas aquellas sustancias susceptibles de alterar la salud pública, controlando el ciclo de la droga desde el cultivo hasta el consumo, esto porque su naturaleza ilícita extiende un alcance de las graves consecuencias que lleva aparejado el aumento a escala mundial de este tráfico ilícito, se extienden tanto a los Estados productores y de tránsito como a los Estados consumidores, poniendo en peligro los sistemas socio- económicos, la estabilidad política y económica e incluso la seguridad nacional de los primeros, y contribuyendo de forma decisiva al deterioro de la salud, a la marginación social y al aumento de la delincuencia en los segundos. A ello se añade, además, la progresiva vinculación del tráfico ilícito de drogas a otras actividades delictivas de una dimensión transnacional, como el terrorismo, el comercio ilícito de armas o el blanqueo de dinero[5].
Culminada la explicación del bien jurídico protegido, pasaremos a exponer la configuración en si del delito de TID siguiendo a Sequeros Sazatornil, quien establece que para la configuración del delito de TID se requiere “el concurso o la concurrencia de dos elementos: uno objetivo, consistente en la tenencia o posesión de la droga, elemento que es susceptible de prueba directa, y otro, subjetivo, que se traduce en una actitud personal cual es la que dicha posesión este pre-ordenada al tráfico; y, como este segundo elemento acaece en el plano de las intenciones al no ser sensorialmente susceptible, no puede ser objeto de prueba directa, sino que se infiere de los datos objetivos que se hallen cumplidamente acreditados, pudiendo ser de estos datos de los que se traduzca la intención del destino de la droga poseída: la cantidad ocupada, la forma en que la misma se encontrase, la existencia de una industria, por pequeña que sea; la no condición de drogadicto del poseedor, el lugar en que se hallase ocultada, etc”[6].
Recordemos también que en los delitos de TID – Microcomercializacion, el tipo subjetivo del delito de posesión de drogas toxicas, exige no solo la posesión de drogas, sino también el poseerlas con la finalidad de destinarlas al tráfico ilícito, el determinar tal finalidad está en función de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto[7], por lo que podemos inferir que la posesión solo será punible si concurre la intención de traficar debiendo en consecuencia probarse en el proceso penal la concurrencia de dicho elemento[8] subjetivo del tipo[9]. Y dicha intención debe de ser revelada mediante datos en esencia objetivos, elementos que en conjunto puedan deducir dicha intención delictiva[10].
Cumplidos los supuestos objetivos del artículo 296 del CP, es preciso que para su configuración se presenten también el supuesto objetivo –imputación subjetiva-, esto es, el dolo, el conocimiento y la voluntad del agente respecto a los siguientes extremos: a) de la conducta que lleva a cabo, b) del objeto de la conducta: tenga conocimiento que su objeto de referencia son drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y que estas causen grave daño a la salud, caso contrario, estaremos frente a un error de tipo, c) que sus actos sirvan a la difusión del consumo ilegal de las drogas, y, d) conocimiento de la ilicitud penal de la conducta[11].
Existe también un conjunto de Acuerdos, Convenciones de carácter internacional a las que nuestro país de halla suscrito y cuya finalidad es el combate a las drogas y el narcotráfico[12], debido a que nos hallamos suscritos existe el compromiso de dar pleno cumplimiento y ejecución de políticas públicas y leyes dirigidas a la lucha contra este flagelo.
Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, 1961 (22 de julio de 1964), y el Protocolo de 1972 (12 de julio de 1977) Incluye más de 118 estupefacientes. Prohíbe prácticas como la utilización del opio para fumar o para comer, la masticación de la hoja de coca y el hábito de fumar cannabis (marihuana). Permite un período de transición para que las partes superen las dificultades derivadas de la desaparición de estas costumbres.
Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 (28 de enero de 1980) Las drogas fiscalizadas se someten a diversos grados de vigilancia para el comercio, la fabricación, la distribución y el uso, que se ajustan al equilibrio entre su utilidad terapéutica y el riesgo de producción de dependencia y de problemas socio – sanitarios derivados de su uso indebido.
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, con dos reservas (12 de diciembre de 1991) Se busca impedir el blanqueo de activos procedentes del tráfico ilícito de drogas (TID) y crear mecanismos concretos de cooperación internacional para asegurar el cumplimiento de las leyes, incluidas las entregas vigiladas y la remisión de actuaciones penales para el procesamiento. Contiene las disposiciones que regulan la extradición de los traficantes de drogas y la asistencia judicial recíproca.
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD/OEA, 1986 Se creó CICAD, cuya misión principal es fortalecer las capacidades humanas e institucionales y canalizar los esfuerzos colectivos de sus Estados Miembros para reducir la producción, el tráfico y el uso y abuso de drogas en las Américas.
Decisiones 587,505, 250, 549, 602 y 614, Comunidad Andina. Decisión 587, “Lineamientos de la Política de Seguridad Externa Común Andina”, se prioriza la lucha contra el problema mundial de las drogas y los delitos conexos;
La Decisión 505, “Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos”;
La Decisión 250, “Plan de Acción para la Sustitución y Desarrollo Alternativo en las Zonas Productoras de Coca de los Países Andinos”;
La Decisión 549, se crea el Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA);
La Decisión 602, “Norma Andina para el Control de Sustancias Químicas que se Utilizan en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”; y
La Decisión 614, se desarrolla la “Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible”.
Debemos de encontrar dentro de la investigación si el denunciado es imputable para señalarse como culpable o no, pues se da el caso de que el denunciado puede ser un inimputable o un menor de edad que es usado en la cadena de TID – Microcomercializacion y por lo tanto su culpabilidad queda descartada, incurriendo en la forma agravante y el denunciado que fue quien condiciono al inimputable se le aplicaría una pena y una reparación civil mayor.
La labor de la PPETID en los delitos de TID
Es la pre etapa antes del inicio del proceso y es un trabajo en conjunto que se desarrolla con la labor coordinada entre el representante del Ministerio Publico que se halla designado para el caso aperturado y que actúa como garante de la legalidad de las actuaciones probatorias, el efectivo o los efectivos que participaron en la intervención y que brindaran las testimoniales del caso, y el abogado adscrito a la PPETID que en aras de cumplir la defensa jurídica del Estado se apersona a la Comisaria o Dependencia que participo en la intervención para que por medio de su participación en la instructiva se garantice la defensa jurídica del Estado no solo en la imposición de la reparación civil sino en la defensa jurídica del Estado asegurando la punición de este tipo de delitos y la constitución como parte agraviada.
[1] MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Tirant Lo Blanch, 9na Edicion, 1993. Oficina de Politica Nacional de Control de Drogas, National Drug Control Strategy, FY 2003. Budget Summary (Washington DC., Ejecutiva del Presidente, diciembre del 2002), Pág. 10.
[2] Artículo 8.- Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.
[3] SOTO NIETO, Francisco. El delito de tráfico ilegal de droga. Edit. Trivium S. A. Madrid 1998
[4] CARBONELL MATEU, Juan Carlos. Consideraciones técnico jurídicas en torno al delito de tráfico de drogas. En el libro La problemática de la droga en España. EDERSA. Madrid 2001.
[5] En relación con las consecuencias económicas y sociales del uso indebido y el tráfico de drogas, ver, entre otros, el “Informe provisional presentado por el Director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas a la Comisión de estupefacientes en su 38s período sesiones”, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: DOC. EICN.7I1995I3.
[6] SEQUEROS SAZATORNIL, Fernando. El trafico de Drogas ante el ordenamiento jurídico (Evolución normativa, doctrinal y jurisprudencial). La Ley. Madrid. 2000. Pág. 93.
[7] R. N. N° 3070-2004 – Callao.
[8] BOIX,REIG, J. y otro; Comentarios al Código Penal, vol. IV, cit., ps. 1689-1690.
[9] Así, TAZZ, A. O., El comercio de estupefacientes, cit., p. 86.
[10] REIG, J. y otro; Comentarios al Código Penal, vol. IV, cit., ps. 1691.
[11] JOSHI JUBERT, Ujala. Los Delitos de Trafico Ilícito de Drogas I, un Estudio analítico del artículo 368 del CP, José Maria Bosh Editor. Barcelona, 1999. Pág. 108.
[12] Fuente: Devida (2010).

References: artículo 46
 artículo 93
 artículo 297
 artículo 297
 artículo 368
 artículo 296
 Artículo 8
 artículo 368