Source: https://marxismo.mx/los-claro-oscuros-de-la-nueva-reforma-educativa/
Timestamp: 2020-05-30 15:38:57+00:00

Document:
La Izquierda Socialista	 27 Abr, 2019
Durante la madrugada del 25 de abril fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el proyecto de la nueva Reforma Educativa, presentada por el gobierno de López Obrador como la concreción de la promesa de la campaña electoral presidencial de abrogar la antigua reforma implementada durante el gobierno de Peña Nieto. Dicha iniciativa, ha generado grandes dudas e inconformidades entre algunos sectores de los trabajadores de la educación como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); por otro lado, los congresistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron que votarían a favor del dictamen porque “lo esencial de la Reforma de Peña Nieto prevalece”, algunos sectores empresariales han mostrado beneplácito por la nueva iniciativa.
¿Quién promovió la mal llamada Reforma Educativa peñista?
En septiembre de 2013 fue promulgada la reforma a la Ley General de la Educación, la Ley del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación y la Ley General de Servicio Profesional Docente por parte del gobierno de Peña Nieto, comenzando una de las mayores ofensivas de los llamados gobiernos neoliberales contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación y misma educación pública.
Dicha iniciativa fue descrita por la CNTE como una reforma laboral más que una reforma educativa, pues facilitaba el despido de miles de profesores a nivel nacional mediante la Ley General de Servicio Profesional Docente, mediante una evaluación cuestionable, de carácter punitivo que castigaba a los profesores que no eran idóneos de acuerdo a los estándares impuestos desde el gobierno federal, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y los organismos empresariales organizados en una Asociación Civil denominada “Mexicanos Primero”.
Bajo la premisa impuesta desde la OCDE la evaluación permitió el despido de miles de profesores, basándose en la idea de que “…los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo”, un examen que pretendía evaluar el desempeño de los maestros bajo distintas experiencias y distintos contextos económicos, geográficos, etc. Además de que dichos estándares responsabilizaban solamente al profesor de lo que sucede en el terreno educativo, olvidándose del contexto económico, social y de la responsabilidad del Estado en el otorgamiento suficiente del presupuesto educativo.
Además, con la reforma se abrían las puertas a la iniciativa privada en la educación básica mediante la llamada autonomía de gestión “para resolver los problemas de operación básicos, con el fin de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos, donde las instancias gubernamentales autorizarán a los directores de los planteles educativos (escuelas) para la resolución de estos retos”. Es decir, se autorizaba a las autoridades educativa a buscar alternativas de financiamiento para resolver los grandes problemas a los que se enfrentan las escuelas a nivel básico, donde no se descartaba la cooperación y el involucramiento del sector privado y los padres de familia mediante la legalización de las cuotas, quitando la responsabilidad el Estado de la impartición de la educación en el nivel básico.
La mal llamada Reforma Educativa tuvo como antecedente la firma en el año 2010 del gobierno federal con la OCDE del Acuerdo para la Cooperación México – OCDE para mejorar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas, además de una serie de reformas e iniciativas que modificaron el artículo tercero constitucional para ir limitando la participación del Estado en la responsabilidad de impartir la educación básica. En dicho acuerdo se trazan una serie de lineamientos similares a los expuestos en la Ley General de Educación y la de Servicio Profesional Docente aprobados durante el sexenio peñista.
Las políticas en el terreno social y educativo de la OCDE están en sintonía con los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales a su vez es sabido que atienden los intereses de las grandes empresas y bancos multinacionales y los intereses del propio imperialismo norteamericano, dicho organismo se ha manifestado abiertamente por la privatización de la educación pública en México y otras partes del mundo.
La OCDE, los organismos financieros internacionales, los llamados hombres de negocios fueron participes en impulsar la reforma peñista. En una reunión sostenida entre el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el entonces Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer, mostraron beneplácito debido a que la el gobierno retomó algunas de sus propuestas en el terreno educativo, incluso fueron más allá anunciaron un acuerdo para que el sector empresarial interviniera en el terreno de los contenidos temáticos, los planes y programas de estudio.
El organismo Mexicanos Primero, dirigido por el empresario salinista Claudio X. González estuvo directamente involucrado en la reforma peñista, incluso se convirtió en el mayor detractor de los trabajadores de la educación que se movilizaron contra dicha iniciativa.
En resumen, la mal llamada Reforma Educativa fue impuesta desde la OCDE en sintonía con los intereses de los organismos financieros internacionales, fue maquinada acorde a intereses totalmente ajenos a los de la niñez, a los trabajadores de la educación, y a los del pueblo de México, dichos intereses se encuentran en la cúpula empresarial que visualiza a la educación no como un derecho sino como una mercancía y a los derechos laborales como “privilegios” que deberían ser eliminados violentamente.
A partir de esa perspectiva se le declaró la guerra al magisterio a nivel nacional y a la educación pública, los ejecutores y simples títeres fueron Enrique Peña Nieto y sus respectivos secretarios de educación.
Resistencia y movilización en las calles contra la reforma peñista
Desde sus orígenes a lo interno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se expresan diversas corrientes político-sindicales que expresan desde los intereses del Estado burgués en el terreno educativo, así como las aspiraciones y deseos de los trabajadores de la educación. La primera que ahora se autodenominan como “corriente institucional” se le conoce como charrismo sindical, representa la corrupción, el entreguismo y la sumisión del sindicato hacia los intereses del gobierno en turno, en su momento se personificó en personajes como Elba Esther Gordillo, Juan Díaz de la Torre y ahora Alfonso Cepeda, el actual dirigente nacional del SNTE. Pero a lo interno del sindicato siempre han existido corrientes o expresiones que aspiran por la democracia sindical, combaten las prácticas corruptas de las cúpulas, buscan generar conciencia de clase entre los agremiados y defender los derechos, intereses y aspiraciones de los trabajadores de la educación; estas expresiones están aglutinadas mayoritariamente en la CNTE, aunque existen otros referentes minoritarios de carácter nacional o regional.
Estas expresiones también se manifestaron por la vía práctica ante la reforma peñista, por un lado, los charros del SNTE fieles a los intereses del Estado la avalaron y la promovieron, incluso ahora ha salido a la luz que la SEP le otorgó a la cúpula del sindicato mil 250 millones de pesos para realizar esa tarea de difusión favorable hacia la mal llamada Reforma Educativa durante el año 2016. Por otro lado, la CNTE fue la fuerza que le dio cause al descontento y organizo el malestar de los trabajadores de la educación ante la afrenta a la educación pública y los derechos laborales.
Las protestas se extendieron más allá de los Estados y secciones sindicales que tradicionalmente están organizados en la CNTE, que son Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas; a nivel nacional cundió la indignación y el magisterio desafío la mal llamada Reforma Educativa. La fuerza del movimiento fue tal que el gobierno incluso tuvo que realizar escandalosos cercos policiacos en las sedes de aplicación de los exámenes de evaluación por esa situación el entonces Secretario de Educación Aurelio Nuño, fue apodado por las bases insurgentes del magisterio como “El Sargento Nuño”.
Las movilizaciones del magisterio llegaron incluso a niveles semi-insurrecionales como en el estado de Guerrero, donde tras intensas movilizaciones se formó el Movimiento Popular Guerrerense que desafió no solamente a la Reforma Educativa, sino que puso en jaque al régimen y el propio Estado burgués, logrando la articulación del movimiento magisterial, con otros sectores de la clase trabajadora, estudiantes, campesinos y las Policías Comunitarias, durante el primer semestre del 2013.
Sin embargo el movimiento tiene un alcance nacional durante el segundo semestre de ese año, mediante paros indefinidos, escalonados numerosos contingentes del magisterio de diversos estados se trasladan a la Ciudad de México, movilizándose en diversas ocasiones hacia la Cámara de Diputados y realizando un plantón en la Plancha del Zócalo, el cual fue desalojado violentamente por la Policía Federal el 13 de septiembre de aquel año, lo cual provocó movimientos de solidaridad con el magisterio, paros y protestas entre diversos sectores de trabajadores y estudiantes de las universidades. El movimiento comienza expresarse en la Ciudad de México mediante diversas movilizaciones, paros, mítines en las escuelas.
Como todo proceso de lucha, para el mes de octubre y tras meses de movilización comienza el reflujo del movimiento, pero quedó claro que la imposición de la Reforma Educativa no iba a ser fácil para el gobierno de Peña Nieto, desde sus inicios encontró una fuerte resistencia entre el magisterio a nivel nacional.
Aunque el movimiento entre en una primera etapa de reflujo a nivel nacional, los focos de resistencia en los estados no se apagan, las protestas masivas comienzan a resurgir durante el año 2016 y la CNTE llama a la resistencia nacional para impedir la aplicación de los exámenes de evaluación, la respuesta del gobierno nuevamente es la represión e imponer vía la bota policiaca la reforma educativa.
La ofensiva del Estado sobre el magisterio disidente entra en un punto crucial con la detención del secretario general y algunos dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca en junio de 2016. El gobierno estaba dispuesto a aplastar la resistencia magisterial, que, mediante bloqueos, paros, marchas aún mantiene su oposición a la reforma envía miles de policías al Estado de Oaxaca, lo que provoca un enfrentamiento en Nochixtlán, dejando como saldo cinco personas fallecidas, 108 heridos y 23 detenidos más. Durante el año 2015 en Guerrero en un enfrentamiento entre la Policía Federal y el magisterio falleció el profesor Claudio Castillo, lo mismo ocurrió con un profesor en el estado de Chiapas.
La mal reforma educativa se tuvo que imponer a sangre y fuego, sin embargo, debemos reconocer que la CNTE mantuvo vivo el espíritu de las protestas, lo que obligó al entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador a asumir el compromiso de que no quedaría “ni una coma, ni un punto” de la mal llamada Reforma Educativa si ganaba la presidencia de la República.
Las jornadas contra la Reforma Educativo fueron de carácter nacional, prácticamente no hubo un estado donde los maestros se manifestaran contra dicha iniciativa, incluso en estados como Nuevo León y en el norte del país se realizaron protestas multitudinarias, la consigna de la abrogación de la reforma se mantuvo viva debido a la resistencia magisterial y a la lucha de cientos de miles de profesores, algunos pagaron con su vida el desafío al Estado y sus leyes, algunos dirigentes de la CNTE fueron encarcelados, otros más fueron despedidos por desobedecer la iniciativa de ley en el terreno de evaluación. Reivindicar a los asesinados, a los encarcelados sin motivos y reinstalar a los despedidos es un tema aún pendiente.
Se debe reconocer que si ahora mismo se habla de la abrogación de la mal llamada Reforma Educativa se debe a la resistencia del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación, mayoritariamente organizados en la CNTE.
Las contradicciones de la iniciativa del nuevo gobierno
Es indudable el terremoto político que sucedió en julio del año pasado, millones de personas salieron a votar con la esperanza de que Andrés Manuel López Obrador concretara en el gobierno las esperanzas de un cambio radical en el terreno político y económico. La elección presidencial prácticamente barrió a los partidos que impulsaron las reformas estructurales, vía el Pacto por México, incluyendo la Reforma Educativa del 2013. La promesa de la abrogación total de dicha iniciativa atrajo el voto la gran mayoría de los trabajadores de la educación, con la esperanza de que “no quedara ni una coma, ni un punto” de la misma.
Las esperanzas de un cambio verdadero en beneficio del pueblo, los trabajadores y la juventud permanecen intactas, lo cual es inversamente proporcional al odio y desconfianza hacia los partidos de lo que fue el Pacto por México, lo cual se refleja en el apoyo masivo hacia el gobierno de AMLO.
La llegada al gobierno de AMLO fue producto de una expresión genuina desde abajo, sin embargo, una serie de elementos del régimen del PRI – PAN al ver que el barco se hundía fueron saltando paulatinamente y se subieron a la nave de la Cuarta Transformación; políticos carreristas, empresarios, periodistas, etc. Su objetivo ahora dentro del gobierno es que los cambios sean cosméticos, que no exista un viraje fundamental y conservar los privilegios de los que alguna vez se denominó la mafia en el poder.
Para muestra bastan algunos botones, el actual coordinar de Morena en la Cámara de Diputados, fue senador del PRD y apoyó entusiastamente la reforma educativa peñista, incluso el propio Claudio X. González de Mexicanos Primero es testigo de eso, tras la votación en el año 2013 recibió una llamada de Mario Delgado para confirmar su voto a favor de esa iniciativa. El actual Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán fue Secretario General del PRI entre los años 1997 – 2001, fue Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Gobernación durante el sexenio de Zedillo, coordinador de campaña de Francisco Labastida, entonces candidato del PRI a la presidencia en el año 2000, derrotado el PRI en la elección presidencial no le quedó otra vía que dedicarse a la iniciativa privada en el Grupo Salinas, como presidente de la Fundación Azteca.
Mencionamos estos dos nombres porque fueron los principales artífices de la nueva reforma educativa, pero como estos personajes existen muchos más en el gobierno de López Obrador.
Además, entre algunos sectores en el actual gobierno prevalece la idea de que se pueden conciliar los intereses irreconciliables de las clases sociales, que se puede gobernar para los intereses de los dueños del gran capital con los de los trabajadores. Producto de esa situación tenemos una iniciativa de Reforma Educativa que el PRI apoyó porque en palabras de sus legisladores, la redacción es en su mayoría la iniciativa aprobada por Peña Nieto; los empresarios de “Mexicanos Primero” aplaude una parte de la iniciativa y critica otra; la dirección de la CNTE menciona que no existió abrogación de la reforma como tal, sino que es una reforma maquillada y los panistas denuncian que López Obrador cedió por completo a las peticiones de la Coordinadora.
La aprobación de la nueva reforma ha generado reacciones encontradas, deja insatisfecho al magisterio disidente organizado mayoritariamente en la CNTE y no complace en su totalidad a los organismos empresariales que aspiran a una reforma agresiva en contra de los derechos laborales.
Presentamos a continuación un cuadro comparativo de la Reforma actual y la anterior, para posteriormente hacer algunos comentarios:
Reforma de Peña Nieto Reforma Actual
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Se deroga
Párrafo 9 Se agrega:
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; Se elimina
g) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de aprendizaje de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, en el aula regular se realizarán ajustes razonables, lo que incluye también el derecho a recibir educación especial en sus diferentes modalidades;
h) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;
i) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, e
j) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; Se deroga
. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y
IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio.
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación;
c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias autorizadas para la certificación de los procesos de la mejora continua de la educación;
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarias que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano.
Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación.
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley, estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán oportunidades de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
Si echamos una revisada a la iniciativa original presentada por Andrés Manuel López Obrador en Diciembre de 2018 y el resultado final de la propuesta aprobada apenas hace algunos días, hay modificaciones de fondo, no sólo matices.
En el proceso de negociación y cabildeo parlamentario los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados cedieron puntos fundamentales a la bancada del PRI, del PAN y sucumbieron a las presiones de “Mexicanos Primero” y la cúpula empresarial. En el afán de “incluir” todas las ideas cruzaron el Rubicón y como resultado se obtuvo una propuesta que en esencia, es la antigua reforma peñista, por supuesto que se incluye el rubro de la obligatoriedad de la educación superior y se elimina la evaluación punitiva hacia el magisterio, pero se mantienen y se profundizan conceptos que provienen del sector empresarial, la OCDE y los organismos financieros internacionales, como es la “excelencia” educativa, además se mantiene el régimen de excepción laboral para el magisterio que se impuso durante la reforma peñista, cuya promoción e ingreso será regido por el artículo tercero constitucional.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados es que en su afán de «conciliar» ambos intereses irreconciliables, en su cabildeo legislativo cayó presa de los intereses de «Mexicanos Primero» y la derecha política.
Las condiciones laborales de los trabajadores del Estado están regidas por el apartado “A” del artículo 123 constitucional, incluyendo las de los trabajadores de la educación al servicio del Estado, sin embargo, la reforma peñista creo un régimen de excepción al acordar que la selección y promoción del magisterio se realzaría vía el artículo tercero constitucional, dicha propuesta no desaparece por completo de la actual reforma cómo podemos observar en el párrafo 6, 7 y 8.
Cómo muy bien lo explica la CNTE tras una declaración al día siguiente de la aprobación de la Reforma:
“Tendremos una reforma educativa que perpetúa el estado de excepción laboral para el magisterio, pues en la práctica llevará a protocolos que el gobierno en turno podrá aplicar como desee, además de que se desecha la antigüedad en el empleo, que es un principio básico del derecho laboral”.
Se cede a conceptos como la excelencia educativa, el cual de acuerdo a diversos especialistas esconde las intenciones del llamado modelo neoliberal de promover el individualismo y la competencia como elementos empresariales en el terreno educativo, de acuerdo con los críticos con la reforma aprobada:
“Será difícil trascender lo que en este momento tenemos como sistema educativo, porque no sólo se dejan intactas las bases de un modelo formativo individualista y rígido, sino que también se perpetúa una visión profundamente mercantil de la educación”.
Eso lo manifestó Teresa Garduño, especialista en el terreno educativa y crítica de la reforma peñista y la nueva iniciativa.
En la misma sintonía el pedagogo Jurgo Torres durante su conferencia impartida en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México ha explicado el trasfondo del concepto de excelencia educativa:
El concepto de “excelencia educativa, implica en el contexto neoliberal que cada alumno debe esforzarse para ser el mejor. Sin embargo, esta superación siempre es a costa del otro: para que yo gane, alguien tiene que perder. No tiene sentido colaborar con el otro, pues la educación se concibe, en términos mercantiles, como una inversión en sí mismo.
La educación neoliberal introduce la idea de que hay igualdad de oportunidades y, por tanto, se infiere que el problema es que los estudiantes no tienen una cultura del esfuerzo. “Y a los profesores les gustó la idea”, reconoce el investigador. “Así, cuando suspenden a un estudiante pueden justificarlo diciendo que no se esforzó”.
Pero esta cultura del esfuerzo trae consigo una “moral de la culpa” y un esquema de “autoexplotación”. Si un estudiante no consigue sus metas escolares, no puede señalar el contexto socioeconómico, quizá poco ventajoso, en el que se formó. Es, simple y llanamente, su culpa.
La esencia y la filosofía de la antigua reforma prevalece, Dulce María Sauri, diputada del PRI resumió lo que representa la nueva reforma “No hay vencederos, ni vencidos, todos los grupos parlamentarios contribuyeron en el dictamen.
Y efectivamente en la nueva reforma están plasmados algunos puntos benéficos para la educación pública, como los que señalamos anteriormente de la educación superior y que se elimina el carácter punitivo de la evaluación, aunque el Instituto Nacional de Evaluación solamente se sustituye por otro organismo nuevo; las ideas de la derecha política y la cúpula empresarial respecto a los derechos laborales y la educación pública están plasmadas en la redacción final.
Bajo la idea de “incluir a todos” la bancada de Morena terminó siendo presa de los intereses de la derecha política, la OCDE y los intereses de la cúpula empresarial.
Una estrategia para defender los derechos laborales y la educación pública
El coordinador de Morena la bancada en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa como un “reformón”, en los medios de comunicación se ha lanzado una campaña para promover la idea de que con la actual reforma se deroga la impulsada por Peña Nieto, para amalgamar sin duda a la opinión pública en contra de cualquier protesta contra la iniciativa.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya anunció un proceso de movilizaciones el 1, 2 y 15 de mayo y ha anunciado que se movilizará en el Senado que es dónde ahora se discutirá la iniciativa.
Cualquier sector que pretenda emprender movilizaciones por las actuales iniciativas de la Cuarta Transformación debe contemplar el enorme apoyo y reserva social que el gobierno de López Obrador mantiene, el cual es producto de la esperanza de millones de personas por que la situación política y económica cambie radicalmente.
Ante la aprobación de la nueva Reforma Educativa es imperativo comenzar una campaña de explicación paciente sobre lo que significa el régimen laboral de excepción que se mantiene; abrir un debate nacional sobre los conceptos de «calidad» y «excelencia» educativa, lo que representan y los poderes fácticos que hay detrás de estos. Además de evidenciar las contradicciones que existen el seno del nuevo gobierno, comenzando por los funcionarios que se han puesto la gorra de la Cuarta Transformación, pero continúan defendiendo fielmente los intereses de lo que alguna vez se denominó la mafia en el poder, como Mario Delgado y Esteban Moctezuma Barragán.
Debemos evitar en la tentación de impulsar movilizaciones que se aíslen, un trabajo de explicación paciente los trabajadores, a los padres de familia, a los estudiantes, los jóvenes sobre lo que representa la actual reforma es indispensable para arropar las futuras marchas y acciones para corregir la propuesta educativa.
Debemos explicar que en la actual reforma el coordinador de la bancada de Morena y el Secretario de Educación cedieron a la derecha y a los intereses de “Mexicanos Primero” y eliminaron cuestiones fundamentales de la primera propuesta de reforma, que, aunque no era perfecta, si había conceptos y elementos de fondo que reivindicaban los derechos laborales, del papel del magisterio y de la educación pública.
La tarea ahora mismo es impedir que la reforma pueda ser aprobada en el Senado y lanzar una campaña de explicación paciente sobre las implicaciones de la nueva reforma, sobre las contradicciones a lo interno del gobierno de AMLO, y los intereses que algunos de sus funcionarios tienen con la derecha política y la denominada mafia en el poder.
A su vez lanzar un llamado a la clase trabajadora, estudiantes y a todo el magisterio nacional para un encuentro nacional que construya una nueva propuesta de reforma y que sea la base para un nuevo pacto en el terreno de la educación.
Queda en manos del movimiento magisterial y de la clase trabajadora corregir lo que la bancada de Morena ha errado ante las presiones de la derecha y la cúpula empresarial.
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciónReforma educativa

References: resolución 

Artículo 3
 Artículo 3
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123