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Timestamp: 2018-09-25 21:04:55+00:00

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Plutarco y la eficacia de las leyes contra la morosidad - BRACHFIELD Credit & Risk Consultants
24 noviembre, 2016 11 abril, 2013 por Pere Brachfield
“Supo esto Anacarsis, y se rió del cuidado de Solón y de que pudiera pensar que contendría las injusticias y codicias de los ciudadanos con los vínculos de las leyes, que decía no se diferenciaban de las telas de araña, sino que, como éstas, enredaban y detenían a los débiles y flacos que con ellas chocaban, pero eran despedazadas por los poderosos y los ricos”.
El alcance de la obra de Plutarco en la posterioridad fue enorme, y “Vidas paralelas” fue durante siglos libro de cabecera y fuente de inspiración literaria de escritores célebres, entre los que se encuentra Shakespeare. Al propio tiempo la alegoría de las leyes y las telas de araña fue plagiada por diversos autores en siglos posteriores para expresar la poca eficacia de la legislación frente a los plutócratas.
Este fue el caso de François Rabelais que en 1540 escribió:
“las leyes son como las telas de araña, puesto que las mosquitas y las pequeñas mariposas quedan atrapadas pero los grandes tábanos dañinos las rompen y atraviesan”.
El mismo pensamiento fue expresado en el siglo XVIII por Jonathan Swift, escritor satírico irlandés, que escribió en sus libros las críticas más amargas que se han publicado contra la sociedad y que saltó a la fama universal gracias a su obra “Los viajes de Gulliver” escribió la siguiente máxima: “Las leyes son como las telas de araña, que atrapan a las moscas pequeñas, pero dejan pasar a través de ellas las avispas y abejorros”. En 1837 Honoré de Balzac manifestó la misma idea a través de este adagio: “Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”.
Lo cierto es que en el siglo XXI este aforismo plutarquiano sigue gozando de plena vigencia y en particular la actual legislación antimorosidad que se ha promulgado en España.
La última reforma, establecida por el Real Decreto-ley 4/2013 de 22 de febrero, incorpora una norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pueda ser ampliado mediante pacto de las partes por encima de los sesenta días naturales. Ahora bien nuestra legislación contra la morosidad padece el síndrome acuñado por Plutarco. Aunque con una matización, ya que los plutócratas no solamente pueden sortear sin problemas la legislación vigente, sino que esta (manteniendo el símil de la tela de araña) tiene varios agujeros que permiten a ciertos colosos capitalistas pasar cómodamente a través de la red jurídica sin ni siquiera despeinarse.
Hay que tener en cuenta que a pesar de la entrada en vigor de diversas reformas legislativas antimorosidad, nos encontramos todavía ante dos importantes lagunas jurídicas que impiden que se implante en todos los sectores empresariales el plazo máximo de pago de sesenta días.
La primera laguna legal se encuentra en que el régimen de pagos en el comercio minorista queda regulado por la LOCM Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista; en particular por lo dispuesto por el artículo 17. Esta norma permite a los distribuidores en el ámbito del comercio minorista pactar con sus proveedores períodos de pago de noventa días para los artículos de gran consumo. Para el resto de productos (o sea que no sean de gran consumo ni de alimentación) el citado artículo 17 de la LOCM, faculta aplazamientos de pago por encima de los ciento veinte días y sin marcar limitación alguna en el plazo máximo de pago.
En consecuencia desde diversos sectores empresariales se ha solicitado reiteradamente al Gobierno la derogación de los párrafos del artículo 17 de la citada Ley que actualmente todavía permiten que los compradores paguen los artículos a plazos superiores a los sesenta días.
La segunda laguna legal se encuentra en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de Contratos del Sector Público. Dicho Real Decreto en el apartado 5 del Artículo 228 “Pagos a subcontratistas y suministradores” faculta al contratista de obra pública que en la práctica cotidiana pueda pactar con los subcontratistas (así como con todos los proveedores y suministradores) plazos de pago superiores a los sesenta días, y sin limitación del plazo máximo de pago que pueden imponer contractualmente.
Por consiguiente el empresariado considera imperativa la derogación del citado apartado 5 del Artículo 228 del Real Decreto Legislativo para cerrar definitivamente la puerta a los abusos contractuales y a la imposición de condiciones de pago draconianas.
Consecuentemente estas dos lagunas jurídicas suponen un agravio ya que eximen legalmente al sector del comercio minorista (en particular a las grandes cadenas de distribución al por menor) y al de las constructoras de obra pública de la obligación de cumplir con el plazo máximo de pago de sesenta días establecido por la Ley 15/2010 de 5 de julio y les otorga patente legal para fijar plazos que en algunos casos llegan a los 300 días. Esta circunstancia claramente conculca el espíritu y la letra de la Directiva 2011/7/UE y de la legislación española antimorosidad.
Finalmente y respecto a la aplicación real de la Ley contra la morosidad podemos recurrir a una máxima del ilustre jurista y catedrático de derecho civil Don Federico de Castro: “En España, la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento”. Por tanto, otro punto de vital importancia para combatir la morosidad en la práctica empresarial es la promulgación de un Régimen Sancionador que penalice el incumplimiento de la Ley, ya que el empresariado ha llegado a la conclusión de que sin penalizaciones administrativas a las empresas insumisas, será imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
Por consiguiente, como “lege ferenda” sería deseable en la próxima reforma de la legislación antimorosidad que el legislador plasme negro sobre blanco en nuestro BOE el régimen sancionador tal y como han solicitado reiteradamente las plataformas multisectoriales contra la morosidad.
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References: artículo 17
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 Real Decreto 
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 Artículo 228
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