Source: https://www.scribd.com/document/127069991/Informe-al-Comite-de-Proteccion-Traba-Mig-Febrero-2011-pdf
Timestamp: 2018-06-25 15:39:06+00:00

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INFORME AL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELATIVAS
A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN TRÁNSITO POR MÉXICO 22 de febrero de 2011 Presentan: Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. Servicio Jesuita a Migrantes México A.C. Servicios Educativos del Bajío A.C. Sin Fronteras, I.A.P. Universidad Iberoamericana Torreón 1. México firmó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (en adelante CMW por sus siglas en inglés) en 1991 y la ratificó en 1999, sin embargo, a 12 años de su ratificación y aún cuando México es Estado parte de un amplio número de instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, las condiciones de las personas migrantes que transitan por el país siguen atentando contra sus derechos humanos. Con el fin de abundar en diversos temas publicados en la lista de cuestiones que deben abordarse en el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus Familiares al examinar el segundo informe periódico de México, el grupo de organizaciones de sociedad civil que suscribimos antes, presentamos este informe. A. Principios generales
Reforma Integral a la Ley General de Población Nota. La información contenida en la sección A de este documento está basada en la iniciativa inicial presentada ante el Senado el 09 de diciembre de 2010, la cual fue reformada por el Senado el 24 de febrero de 2011. Será enviada próximamente a la Cámara de Diputados en donde se podrían realizar modificaciones adicionales antes de una votación. Debido a lo anterior, la información de esta sección pudiera estar desactualizada pero se presenta para dar a conocer el proceso legislativo hasta la fecha así como el contenido de la iniciativa inicial. 2. El 09 de diciembre de 2010, fue depositada en el Senado de la República la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Migración (en adelante, la Iniciativa). Durante su elaboración no se realizó consulta a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), por lo que diversas OSC y académicos se han reunido en un Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria1 para realizar un análisis de la Iniciativa. De dicho análisis se destaca lo siguiente: 3. La Iniciativa representa un avance en el cumplimiento de la CMW al establecer los derechos de acceso a la educación (art. 30 CMW) y a la salud (art. 28 CMW) para las personas migrantes, así como su acceso y el de sus familiares a los actos del registro civil (art. 29 CMW), independientemente de su situación migratoria. Asimismo, la eliminación de conceptos como el de la dependencia y la ampliación del acceso a la regularización migratoria (art. 69 CMW) favorecerán la seguridad y protección de
colectivos como las mujeres, niños, niñas y adolescentes migrantes. Sin embargo, el enfoque de derechos humanos guarda un carácter declarativo al no contemplar una definición de las instituciones, instrumentos y mecanismos a partir de los cuáles se elaborará la política pública que garantice efectivamente los derechos de las personas migrantes, particularmente los derechos de quienes están en tránsito por el territorio nacional. A continuación se señalan los necesidades y vacíos mas apremiantes. 4. No discriminación en el reconocimiento de derechos (Art. 7 CMW): Lenguaje inclusivo: es necesario revisar el texto de la Iniciativa para sustituir el uso de palabras y expresiones excluyentes e inadecuadas: eliminar la distinción entre el uso de extranjeros y migrantes y usar solo personas migrantes; en lugar de menores de edad, utilizar niñas, niños y adolescentes. Enfoque de género: no hay una inclusión transversal del enfoque de género, que debería estar entre los principios orientadores de la Ley, así como en un sistema de evaluación con indicadores para medir su impacto diferenciado en mujeres y hombres. Niñez migrante: es favorable que la Iniciativa incluya el principio del interés superior del niño, sin embargo este es enunciativo y pierde carácter operativo al conservar un enfoque tutelar con el que los niños, niñas y adolescentes migrantes son objeto de protección y no sujetos de derechos. La Iniciativa no es clara respecto a la niñez migrante no acompañada al contemplar solo un papel tutelar, y no de garante de derechos, por parte del Sistema Integral de la Familia (DIF), dado que no prevé articulación del DIF con el sistema judicial y de procuración de justicia para la investigación y persecución del delito y el efectivo resguardo y restitución de derechos. No se prevé el acceso de la niñez migrante a asesoría y defensa de oficio, especializada y gratuita. 5. Injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada (Art.14 CMW). Derecho a la libertad y seguridad personales, a la protección efectiva del Estado, al debido proceso y a la justicia (Art.16 CMW), presunción de inocencia (Art.18 CMW) Visitas de verificación en domicilios particulares: la Iniciativa prevé en su art. 94 la posibilidad de la realización de visitas de verificación a domicilios particulares bajo el único sustento de una denuncia presentada por individuos o personas morales, sin la necesaria motivación y fundamentación, ni garantías de debido proceso para realizar el acto, y sin que medie orden de un juez.2 Filtros de revisión migratoria: los art. 93, 95 y 98 de la Iniciativa le otorgan amplias facultades a las autoridades para que establezcan filtros de revisión migratoria fuera de los lugares para ello establecidos, es decir que establece la posibilidad de la realización de “operativos” y “volantas”. Estos contravienen el art. 16.2. y 3. de la CMW, son inconstitucionales y en la práctica ponen en riesgo la vida e integridad de las personas migrantes, fomentan la corrupción de los servidores públicos y generan condiciones para estigmatizar y discriminar a las personas. Conllevan actos de molestia a nacionales y no nacionales, lo cual contraviene ordenamientos nacionales e internacionales. Ninguna autoridad administrativa tiene atribuciones para solicitar que las personas mexicanas se identifiquen y acrediten su nacionalidad, por lo que tal medida solamente podría ser aplicada con el establecimiento de perfiles (profiling) bajo criterios discriminatorios que le permitieran a la autoridad presumir que la persona es migrante.3 Detención y acceso a la justicia: El art.100 de la Iniciativa establece la posibilidad de la detención o “aseguramiento” de las personas migrantes en Estaciones Migratorias. Para respetar los derechos humanos de las personas migrantes es indispensable que el aseguramiento sea reconocido como una forma de detención administrativa sujeta a los límites temporales y legales de todo procedimiento administrativo según la Constitución y otros ordenamientos pertinentes. También es importante considerar
alternativas a la detención, la cual no debe ser la regla, y en dado caso siempre debe poder ser monitoreada por OSC y los organismos públicos de derechos humanos.4 El art. 1125 de la Iniciativa prevé la prolongación de la detención migratoria “cuando se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista prohibición expresa de la autoridad competente para que la persona migrante pueda ser trasladada o pueda abandonar el país”. Este artículo contraviene el art.16.8. de la CMW y es inconstitucional al ser contrario a la garantía de acceso a la justicia ya que inhibe a las personas migrantes de defender sus derechos y las responsabiliza de la falta de celeridad del sistema de justicia. Ni la Ley de Amparo ni la jurisprudencia impiden que la persona migrante pueda ser puesta en libertad o regularizada en las circunstancias citadas. Esto contradice el art. 116 de la misma Iniciativa que estable el derecho de las personas migrantes a la justicia y al debido proceso. Derecho a la defensa y a la notificación consular: El art. 1107 de la Iniciativa establece el derecho a la defensa para las personas migrantes aseguradas de manera declarativa, dado que no prevé los medios para hacer efectivo ese como la disposición efectiva de defensores de oficio capacitados en la materia, el acceso a directorios de despachos legales que prestan servicios pro bono y de abogados de OSC que les puedan asistir. La notificación consular no está suficientemente bien estipulada. No es opcional más que en el caso de las personas que solicitan asilo, y debería especificarse que debe ser oportuna dado que suele realizarse solo para fines de facilitar la deportación o el retorno asistido, y no con fines de protección. De esa manera se contraviene el artículo 23 de la CMW. Presunción de inocencia, doble penalización y acceso a la defensa: La Iniciativa viola el art. 18.2 y 18.6. de la CMW en términos de presunción de inocencia y aplicación de la doble penalización en su art. 448 y en el art. 659. Indicadores de impacto de capacitaciones a diversas autoridades en materia de prevención de trata de personas 6. La trata de personas es una violación masiva a los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias. Así ha sido reconocido por el Estado mexicano, lo cual ha obligado a éste a que realice acciones tendientes a la capacitación y sensibilización del personal migratorio. Hasta la fecha dicha formación ha sido realizada a nivel básico y principalmente respecto del contenido de los instrumentos internacionales y la legislación nacional de la materia sin la instrucción necesaria para su aplicación en la práctica. 7. El contenido de dicha formación en materia de trata de personas, no ha integrado otros instrumentos internacionales directamente vinculados a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias ni instrumentos internacionales tendientes a la protección, asistencia y atención a las víctimas de delitos. Uno de los retos respecto a las capacitaciones es la continuidad, debido a la continua rotación en el personal. Así mismo, hay una necesidad de desarrollar capacitaciones con materiales específicos para el personal de cada nivel con sus debidas responsabilidades. 8. Los esfuerzos que el Estado ha realizado para la atención integral de víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral que se han identificado dentro de la población migrante en tránsito o destino en México, han sido insuficientes principalmente por la falta de comprensión de las responsabilidades, facultades, atribuciones y obligaciones que tienen los agentes migratorios al identificar (en estaciones migratorias y en los filtros migratorios) y proteger a las víctimas. Aunado a
la carencia de recursos humanos y financieros adecuados y debidamente etiquetados para la protección y atención a las víctimas identificadas. 9. El Estado ha logrado establecer criterios mínimos y uniformes que permitan la intervención de las autoridades migratorias con la finalidad de otorgar un documento de legal estancia a las víctimas de la trata de personas bajo el otorgamiento de visas humanitarias establecidas en el Acuerdo por el que se expide el manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2011. Sin embargo, es necesario resaltar que la mayoría han sido repatriadas en plazos cortos y en varios casos sin que el proceso penal haya terminado, debido al tiempo que éste toma. 10. Los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs) tienen la facultad de entrevistar a los niños y niñas migrantes no acompañados identificados como posibles víctimas de Trata de Personas, de acuerdo con el artículo 7 IV C de la Circular por la cual se instruye el procedimiento para la atención de los Niños, Niñas y Adolescente migrantes no acompañados, publicada en el Diario Oficial el 12 de febrero de 2010 (Circular No. 001/2010). Sin embargo la falta de capacitación respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplados en diversos instrumentos tanto internacionales y nacionales, así como el poco personal destinado a la atención de ésta población y la carencia de recursos destinados para dicho fin, han provocado que varios niños, niñas y adolescentes migrantes se vean en situaciones de aseguramiento prolongado o bien en un constante intercambio de custodia entre las diversas autoridades vinculadas al tema, debido a la falta de claridad de competencias y atribuciones entre dichas instituciones gubernamentales. 11. La falta de comprensión y regulación de la competencia y jurisdicción entre las diversas autoridades con facultades en el tema de trata de personas, así como el poco o nulo conocimiento del tema dentro del poder judicial, han favorecido los resultados negativos en la administración de justicia, provocando la inexistente reparación del daño para las y los migrantes víctimas de trata de personas. B. Parte III de la Convención Artículos 10, 11 y 16. Visas humanitarias 12. En lo referente a las visas humanitarias señaladas en el párrafo 172 del informe presentado por el gobierno mexicano, cabe señalar que la información contiene imprecisiones que deben ser aclaradas. La circular CRM/189/2007 únicamente beneficia a testigos o víctimas de delitos y no a las personas migrantes víctimas de violaciones a derechos humanos. Asimismo, a los testigos o víctimas de delitos no se les otorga una “visa humanitaria” sino un documento de No Inmigrante (FM-3), bajo la modalidad “circular CRM/189/2007”. Por otro lado, las visas humanitarias se otorgan con base en la circular CRM/04/07 previo acuerdo dictado que funde y motive la causa humanitaria o de interés público. Probablemente esta imprecisión en el informe de México derive del hecho de que tanto las visas humanitarias como las visas a las víctimas o testigos de un delito se contemplan en un mismo apartado (en la sección I inciso L) del Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2010. No obstante, es importante que en la información que brinde el Estado mexicano se distinga adecuadamente entre las visas humanitarias y las visas CRM/189/2007, de lo contrario la información será imprecisa.
Artículos 10, 11 y 16. Condiciones en Centros de Retención10 13. El “Acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias” (párrafo 157 del informe presentado por el gobierno mexicano) contiene avances respecto a las condiciones de los centros de retención para migrantes, sin embargo, también contiene disposiciones que obstruyen el acceso a la información por parte de la sociedad civil respecto al funcionamiento de las Estaciones Migratorias y que limitan la defensa legal de los detenidos. 14. Las condiciones físicas de las Estaciones Migratorias ubicadas en el Distrito Federal y en Tenosique, Tabasco, son regularmente aceptables, no obstante, los espacios recreativos son muy limitados, hay pocas actividades de entretenimiento y no existen servicios médicos de manera permanente. Existe acceso a la comunicación pero este es relativo y discrecional, sólo en algunos casos se permite hacer una llamada gratuita como un derecho. Para que las personas migrantes detenidas puedan realizar llamadas telefónicas es necesario que cuenten con una tarjeta telefónica y cabe mencionar que el lugar de compra de las tarjetas telefónicas está generalmente localizado en el exterior de las Estaciones Migratorias y, por lo tanto, su adquisición depende de un “favor” de algún funcionario de la Estación. 15. Por su parte, las condiciones de la Estación Migratoria ubicada en Torreón tampoco se encuentran apegadas a los estándares internacionales en la materia. En esta estación se ha detectado que los espacios son reducidos y en muchas ocasiones no existen camas individuales, las personas migrantes duermen en bancas. No hay iluminación natural ni ventanas que permitan la ventilación. No se cuenta con servicio médico y el acceso a la información y a la comunicación es limitado. No existen espacios de recreación y con frecuencia se les impide a las personas salir de la celda. 16. Adicionalmente, se ha constatado que no es frecuente que se contacte a las personas migrantes con su representación consular. Asimismo, las personas no cuentan con un defensor o con asistencia legal que les permita comprender y recibir apoyo durante el aseguramiento o la deportación. Artículo 16. Verificación migratoria11 17. Las personas migrantes que transitan por México de manera irregular, lo hacen en su mayoría, arriba de un tren de carga, expuestos al sol, a la lluvia y al frío. La situación de vulnerabilidad en la que viajan, los expone de manera directa a las acciones del crimen organizado, así como a los operativos de verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración, mismos que se realizan en condiciones que ponen en riesgo la integridad de las personas migrantes pues tienen lugar mientras el tren está en movimiento, en muchas ocasiones durante la noche, en lugares que causan que las personas se enfrenten a situaciones de alto riesgo (por ejemplo, entrar y correr por zonas pantanosas, por zonas serranas donde las bandas del crimen organizado les espera para capturarlos o por túneles del tren, entre otras).
18. Es importante destacar que recurrir a la apariencia de las personas que se desplazan por el territorio mexicano como criterio para solicitar que éstas comprueben su legal estancia en el país no es razonable. Como lo señaló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “(…) las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos [controles] no deben ser tomados en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país.”12
19. Por lo anterior, resulta claro que mientras los operativos de verificación migratoria tengan como objetivo privar de la libertad a personas extranjeras, sin contar con una investigación previa que haga suponer que no cuentan con documentación que acredite su legal estancia en el país, éstos deben ser considerados inconstitucionales. 20. Adicionalmente, cabe señalar que existen testimonios que evidencian que algunos operativos se han realizado con el uso de armas o macanas eléctricas, así como con agresiones verbales y físicas hacia las personas migrantes y sus defensores. Existen casos donde los responsables de los operativos se han introducido de manera arbitraria a propiedades privadas y a recintos religiosos. 21. Una característica notoria en la realización de estos operativos riesgosos, es el hecho de que sean llevados a cabo, en múltiples ocasiones, por agentes que desconocen sus facultades, así como por cuerpos policíacos de diferentes niveles que no están facultados para ello, sin recibir sanción por su actuación. Como consecuencia inmediata de estos operativos, se realizan deportaciones masivas, sin la necesaria individualización del procedimiento en violación a la garantía de debido proceso o a la posibilidad de solicitar asilo. 22. Como se ha señalado en el párrafo 5, “los operativos contravienen el art. 16.2. y 3. de la CMW, son inconstitucionales y en la práctica ponen en riesgo la vida e integridad de las personas migrantes, fomentan la corrupción de los servidores públicos y generan condiciones para estigmatizar y discriminar a las personas. Conllevan actos de molestia a nacionales y no nacionales, lo cual contraviene ordenamientos nacionales e internacionales”, por lo que demandamos su eliminación, así como la reparación integral por parte del Estado mexicano, para las personas migrantes y sus familias que han sufrido afectación a su integridad física o psicológica como resultado de los operativos.13
Artículos 22 y 23. Acceso a la Justicia y Debido Proceso 23. La falta de acceso a la justicia es una problemática sistemática de los trabajadores migratorios y sus familias. Una de las barreras para que los trabajadores migratorios accedan a la justicia es el escaso conocimiento por parte de los operadores de justicia respecto a los derechos humanos de este colectivo. No obstante, el Estado mexicano no ha tomado medidas para capacitar al personal judicial en el contenido de la Convención ni para garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de los trabajadores migratorios. El procedimiento de reparación del daño para trabajadores extranjeros en situación irregular no es claro y hasta el momento, sólo existe una demanda de reparación del daño en contra del Estado mexicano que fue presentada el 16 de noviembre de 2010 por el extranjero australiano Stephen Compton. El Estado mexicano no ha dado una adecuada atención a esta demanda de reparación del daño.14 24. Por otra parte, el efectivo respeto al debido proceso en las deportaciones de los trabajadores migrantes y sus familias sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado mexicano. El proceso de declaración es casi protocolario. La información que se provee a las personas sujetas a procedimientos administrativos migratorios es principalmente en torno su obligaciones y prioritariamente sobre las reglas de estancia y horarios permitidos para actividades. Sin embargo, pocas veces se les informan sus derechos de manera efectiva, generalmente no se les explica cuáles son las disposiciones administrativas que han violado, y ningún trabajador migratorio sujeto a un procedimiento administrativo migratorio tiene acceso a asistencia legal y/o defensa pública que los auxilie.
Artículo 29. Derecho a la Identidad 25. Los trabajadores migratorios en situación irregular tienen dificultades para registrar a sus hijos mexicanos ante el registro civil en forma ordinaria. Los migrantes que intentan hacer valer este derecho sin el acompañamiento de alguna organización no gubernamental tienen escasas posibilidades de éxito. 26. Por otra parte, cuando el trabajador migratorio que desea registrar a sus hijos mexicanos no cuenta con acta de nacimiento original debidamente legalizada o apostillada, se omite la filiación de los abuelos del menor a registrar y únicamente se establece la filiación de sus padres. 27. Finalmente, son pocos los lugares de México en donde se respeta y garantiza el derecho de los menores a tener un registro de nacimiento, con los elementos indispensables de identidad. Por ejemplo, el estado de Chiapas ha realizado reformas deseables y oportunas que deberían ser recogidas a nivel federal y por cada uno de los estados de la Federación.
C. Parte VI de la Convención Artículo 68. Casos de trata 28. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha implementado nuevos criterios a través del Manual de Trámites y Criterios Migratorios de 2010. Las personas con calidad de No Inmigrante y de Inmigrante con autorización para trabajar ya no están ligadas a un cierto empleador, sino que reciben autorización para trabajar dentro de un sector de trabajo (como el de servicios por ejemplo). Este nuevo proceso puede interpretarse como una forma de prevenir la explotación laboral y de que las personas migrantes tengan la posibilidad de cambiarse de empleador sin solicitar permiso y pagar los derechos ante el INM. Es importante que esta práctica quede plasmada dentro de la nueva legislación migratoria (lo que se encuentra actualmente como Iniciativa de ley). Además sería importante realizar campañas para que las personas migrantes sepan que pueden cambiar de empleador, especialmente entre los sectores de mayor vulnerabilidad a la explotación (trabajadoras del hogar, sector de espectáculos, agricultura). 29. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) ha enfrentado dificultades para ejercer su competencia ya que desde la ley de la materia, así como el acuerdo de creación de ésta, se dividen de manera poco clara las competencias entre diferentes agencias dentro de la Procuraduría General de la República, y en algunos supuestos se otorga competencia a dos o más áreas. En la práctica la FEVIMTRA ha tenido la experiencia de que los jueces declaran la no competencia. Por ejemplo, en un caso que termino con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (20/2008, disponible en www.cndh.org.mx) el juez declaro la no competencia y regresó el caso al tribunal del fuero común sin lograr una sentencia ni reparación del daño para la víctima, una niña guatemalteca. Conclusión 30. La situación de violencia generalizada por la que atraviesa México y la violencia que ejercen civiles y autoridades contra las personas migrantes en particular, enmarcadas por el binomio de impunidad y corrupción, exigen a México hacer una revisión de sus obligaciones internacionales, tomar acciones tendientes a cumplirlas
a cabalidad y evaluarlas de manera constante para verificar su cumplimiento, de tal forma que cada vez se constituyan más elementos que permitan a las personas en territorio mexicano, independientemente de su situación migratoria, vivir en pleno goce de sus derechos humanos.
Los miembros del Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria son: Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, I(DH)EAS, Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM-MEX), Sin Fronteras I.A.P., Gisele Lisa Bonnici, Consultora/Consejo Directivo INEDIM, José Antonio Guevara, Consultor, Karina Arias, Consultora, Leticia Calderón, Instituto Mora, Manuel Angel Castillo García, Consejo Directivo INEDIM/Grupo Guatemala- México Migración y Desarrollo. 2 Artículo 94.- El Instituto recibirá y atenderá las denuncias formuladas por la probable comisión de los delitos descritos en esta Ley, las cuales podrán ser presentadas por cualquier medio. El Instituto tendrá la obligación de informar al denunciante sobre la atención brindada a su denuncia, excepto cuando se trate de una denuncia anónima. 3 Artículo 93.- El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes: I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios; II. Con motivo de la recepción y desahogo de denuncias relativas a la presunta comisión de los delitos descritos en esta Ley. III. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y IV. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder. Las visitas de verificación iniciadas con motivo de lo dispuesto en la fracción II de este artículo se harán solicitando la colaboración de la Policía Federal. La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de orden público. La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven. Artículo 95.- Los extranjeros, cuando sean requeridos por el Instituto deberán comprobar su situación migratoria regular en el país, en los términos señalados en esta Ley y su Reglamento. Artículo 98.- Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros. La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma; la duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará. 4 Artículo 100.- Es de orden público el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. El aseguramiento de extranjeros es la medida dictada por el Instituto, mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 145 de la presente Ley, con el propósito de resolver su situación migratoria en territorio nacional. 5 Artículo 112.- El Instituto resolverá la situación legal de los extranjeros asegurados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su aseguramiento. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al asegurado; V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país, y
En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. 6 Artículo 11.- En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables. En los procedimientos aplicables a Niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos. 7 Artículo 110.- Todo asegurado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 133, 134 y 135 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la Niña, niño o adolescente; XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas para Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada, y XV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría. 8 Artículo 44.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de este ordenamiento, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación legal a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea
parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables; III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos aportados; IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad competente, o V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas. Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios necesarios para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos que se requieran. El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales, el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los principios de la readaptación social, así como los relativos a la reunificación familiar. 9 Artículo 65.- El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o permanente, por las siguientes causas: I. Manifestación del extranjero de que su salida es definitiva; II. Autorización al extranjero de otra condición de estancia; III. Proporcionar información falsa o exhibir ante el Instituto documentación oficial apócrifa o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta; IV. Perder el extranjero su condición de estancia por las demás causas establecidas en esta Ley; V. Perder el extranjero el reconocimiento de su condición de refugiado o protección complementaria, de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables; y VI. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano o que por sus antecedentes en el país o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública. 10 Aquí sólo se presenta información de 3 de las 50 estaciones migratorias que existen en todo el territorio nacional. 11 Si bien en la lista de cuestiones no aparece el tema de la verificación migratoria, las organizaciones de sociedad civil firmantes de este documento consideramos de vital importancia introducir el tema en tanto que la realización de operativos amenaza de manera constante la vida e integridad de las personas migrantes, incurriendo además en múltiples violaciones a derechos humanos. 12 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2009), Dictamen. CCPR/C/96/D/1493/2006. 13 Notas de operativos de verificación migratoria: a) Tultitlán, Mex., 18 de abril 2006. Al menos 70 policías estatales armados con toletes arremetieron contra 60 vecinos, quienes durante cinco horas bloquearon la carretera que conduce de Tultitlán a Cuautitlán para demandar justicia por el crimen de Roberto Lugo Hernández, asesinado durante un operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía estatal contra inmigrantes. Hubo 20 detenidos y varios heridos. b) Arriaga Chiapas, 17 de Noviembre del 2006. El coordinador del Albergue “Hogar de la Misericordia”, Heyman Vázquez, ha denunciado constantemente el uso excesivo de la fuerza durante los operativos, donde se golpeó a una joven salvadoreña de 28 años de edad que perdió el conocimiento. c) Santuario, Macuspana, Tabasco, 16 de marzo 2010, se realizó un operativo por parte del Instituto Nacional de Migración con apoyo de la Policía Federal y la Policía Municipal de Macuspana. En el operativo las autoridades hicieron que el tren que venía de Apasco y se dirigía a Coatzacoalcos, Veracruz, se detuviera. Las personas migrantes saltaron antes de que el tren se alcanzara a parar totalmente, después fueron perseguidos por los elementos de seguridad pública. Las personas migrantes escucharon que la policía disparó armas de fuego y golpearon a algunos de los capturados. Los vecinos se sintieron intimidados pues las acciones se realizaron cuando los niños apenas salían de la escuela. d) Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 22 de enero de 2011. En un operativo del Instituto Nacional de Migración en un paraje de Chahuites, Oaxaca, el día sábado 22 de enero, alrededor de las 8:30 hrs, un joven migrante indígena, de origen guatemalteco, evitaba ser alcanzado por un agente de Migración, cuando su pie fue cercenado al caer entre los rieles. 14 Stephen Compton, extranjero australiano, ingresó a México de manera regular, aunque posteriormente, después del vencimiento de su documento migratorio, permaneció en territorio nacional de manera irregular. En 2009, se realizó una visita de verificación migratoria en un hotel de Acapulco y al no presentar documento migratorio vigente, se acordó dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente y se acordó su aseguramiento. Stephen fue puesto a disposición de las autoridades de la Estación Migratoria en el Distrito Federal y éstas determinaron su expulsión, por lo que se interpuso una demanda de amparo que le fue otorgada.
Stephen fue presentado ante el subdirector en la Estación Migratoria y se le hizo saber que tenía derecho a regularizar su situación migratoria. Stephen manifestó su deseo de regularizarse y el subdirector levantó el aseguramiento decretado en su contra y ordenó elaborar oficio de salida para su regularización migratoria. No obstante la decisión inicial de dejarlo salir de la Estación Migratoria, el subdirector de la misma ordenó que Stephen permaneciera en la Estación con en el argumento de que había recibido un oficio en el que se le informaba que el Agente del Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva (salida de la Estación Migratoria y regularización migratoria). Finalmente, se interpuso nuevamente un recurso que confirmó la sentencia previa, es decir la salida de la Estación Migratoria y la regularización de su status migratorio. Stephen reclamó la reparación integral del daño sufrido por la actividad administrativa irregular de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INAMI) que derivaron en violaciones a sus derechos humanos. Los argumentos de la demanda fueron: (a) que no tuvo un procedimiento administrativo migratorio en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento; (b) que la orden de expulsión, la multa y la prohibición de reingresar al país eran ilegales debido a que Stephen se ajustaba a la hipótesis del último párrafo del artículo 118 de la Ley General de Población como al programa de regularización 2008, y (c) que la privación de la libertad de Stephen para efectos de ejecutar su deportación, fue ilegal. Información proporcionada por Sin Fronteras I.A.P.
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