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Timestamp: 2019-02-23 19:40:39+00:00

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﻿ Sentencia 37570 de abril 24 de 2012
SENTENCIA 37570 DE 24 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:PARA EL CASO DE TRABAJADORES OFICIALES, CORRESPONDE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO PREVISTA EN EL NUMERAL 4 DEL DECRETO 2127 DE 1945. SE PRECISA QUE LAS JUSTAS CAUSAS PREVISTAS EN EL DECRETO 2127 DE 1945 PARA TERMINAR EL CONTRATO DE TRABAJO, POR PARTE DEL TRABAJADOR O DEL EMPLEADOR, CONTINÚAN VIGENTES Y FRENTE A ELLAS, SE MANTIENE LA MISMA REGULACIÓN Y EL TRATAMIENTO QUE HA SIDO IDENTIFICADO POR LA JURISPRUDENCIA, QUE HA REITERADO QUE EL DESPIDO PARTIENDO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL DECRETO 2127 DE 1945, COMO TAMBIÉN DE LAS SEÑALADAS EN EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NO CORRESPONDE A UNA MEDIDA EN ESTRICTO SENTIDO DE CARÁCTER SANCIONATORIO, POR LO QUE EN RELACIÓN CON ESTAS NO PROCEDE LA APLICACIÓN DEL TRÁMITE CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO DISCIPLINARIO, EL CUAL, POR SER PROPIO DE TAL ESTATUTO, OPERA SOLO FRENTE A LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL MISMO COMO CONFIGURANTES DE FALTAS GRAVÍSIMAS Y COMO TALES, DE JUSTAS CAUSAS, TAMBIÉN, DE TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR OFICIAL, CONVENCIÓN COLECTIVA, RECURSO DE CASACIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, FALTAS GRAVÍSIMAS
Sentencia 37570 de abril 24 de 2012
Rad.: 37570
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación que interpuso LUCIO ROJAS DÍAZ contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 30 de abril de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que le sigue a BANCAFÉ.
Lucio Rojas Díaz demandó a BANCAFÉ para obtener el reintegro al cargo y el pago de salarios, incrementos y prestaciones sociales legales y convencionales, dejados de percibir, y el pago al ISS de las cotizaciones para la seguridad social. En subsidio reclamó la indemnización convencional por despido, la pensión sanción, la sanción moratoria, los intereses corrientes y moratorios y el IPC.
Afirmó que laboró para BANCAFÉ entre el 5 de julio de 1988 y el 29 de noviembre de 2000, cuando fue despedido sin justa causa; que el empleador no le aplicó el artículo 20 de la Ley 200 de 1995, correspondiente al régimen disciplinario de los trabajadores oficiales; que, por ser sindicalizado y haber trabajado más de 10 años, le asistía derecho al reintegro convencional; y que el “15 de junio del 2000 (sic)” agotó la vía gubernativa.
BANCAFÉ se opuso; aclaró que la terminación unilateral del contrato con justa causa se fundamentó en normas del sector privado, por ser las aplicables a los trabajadores del Banco, como lo ordena el Decreto 092 de 2000 y el artículo 29 de los estatutos de la entidad, por lo cual a ese trabajador no se le aplicaba la Ley 200 de 1995; admitió el salario devengado, pero negó los extremos temporales aducidos en la demanda y aclaró que la relación laboral estuvo vigente entre el 5 de diciembre de 1990 y el 28 de noviembre de 2000, por lo que el accionante no completó 10 años continuos a su servicio, como lo exige la cláusula convencional; y, por último, aceptó haber recibido el reclamo administrativo. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, falta de causa para pedir, buena fe, improcedencia e incompatibilidad del reintegro, pago y la genérica.
El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de 7 de octubre de 2005, absolvió.
De la decisión de primer grado apeló el demandante y, en razón de ese recurso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la confirmó.
El ad quem señaló como fundamento de su decisión que el apelante reprochaba que Bancafé le hubiere aplicado el procedimiento disciplinario convencional y no el previsto por la Ley 200 de 1995, que consideraba era el apropiado, por su calidad de trabajador oficial, para concluir en su despido.
Reprodujo la sentencia del Consejo de Estado, de 7 de febrero de 2008, radicación 2003-00487-01 (15594), en la que se establecía el régimen aplicable a los trabajadores de BANCAFÉ, y añadió que dichos servidores, como trabajadores oficiales, estaban amparados por esa normatividad especial, que primaba sobre los procedimientos convencionales, puesto que el poder disciplinario está radicado en cabeza del Estado, como lo expresó la Corte en sentencia de 27 de noviembre de 1996, radicación 9399, cuyo texto transcribió.
Sostuvo luego que los hechos imputados al demandante sí habían ocurrido y que éste había aceptado la omisión en que había incurrido, y copió lo que aquél había manifestado a folios 163 y 164, así como lo consignado en la carta de despido (folio 175), para concluir que la justa causa de despido sí había existido, la cual estaba comprobada, cuyos hechos tipificaban las normas y causales de retiro plasmadas en la comunicación que obraba a folios 179 y 180; que en el proceso laboral no se requería necesariamente de una condena penal o disciplinaria para tipificar la justa causa de despido, porque el juez laboral podía juzgarla, según lo establecía el Decreto 2127 de 1945, sin quedar sujeto a lo que resolviera el juez penal o disciplinario, como, dijo, había proclamado la Corte en la sentencia de 25 de noviembre de 2002, radicación 18823; que eran acciones independientes y que, si ello era así, también resultaba la misma situación para los casos de las sentencias disciplinarias, “pues como existe una misma razón de hecho debe existir una misma razón de derecho.”; que, para la prosperidad de las pretensiones, se requería que el despido hubiese sido sin justa causa comprobada, lo cual no había ocurrido, por lo que se debía confirmar lo resuelto por el a quo.
Lo interpuso el demandante y con él pretende de la Corte que case totalmente la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, acceda a las súplicas principales o subsidiarias impetradas.
Con esa intención, formula dos cargos, que fueron replicados.
La Corte los integrará para resolver sobre el conjunto, pese a estar orientados por vías distintas, tomando en cuenta que denuncian un mismo elenco normativo, utilizan argumentos similares para demostrar las supuestas violaciones legales, y persiguen igual objetivo, todo ello en razón de la facultad que le otorga el artículo 51-3 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, por infracción directa, los artículos 2, 29, 73, 81, 82, 92, 93, 96, 97, 102, 103, 131, 152, 157 y 177 de la Ley 200 de 1995; 3, 4, 19, 64-5 (subrogado por el 6 parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990), 467, 468, 476, 478 y 492 del CST; 19 de la Ley 6 de 1945; 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; 5 del Decreto 3135 de 1968; 4 y 305 del CPC; 25, 29, 39, 55, 58, 93, 122, 123, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; 25, 60, 61 y 145 del CPTSS.
En la demostración controvierte la censura las conclusiones del tribunal, ya que aduce que se debió aplicar el procedimiento disciplinario previsto por la Ley 200 de 1995, y no el convencional, y, en consecuencia, accederse a las pretensiones principales o subsidiarias de la demanda, con respeto al derecho fundamental del debido proceso, independiente de que los hechos que se imputaron en la comunicación de despido sean o no justa causa o si fueron o no originados por grave negligencia.
Fustiga al Tribunal por estimar que confundió justa causa con legalidad del procedimiento seguido para el despido, es decir, el fondo con la forma, y que, para el caso debatido, pudo existir justa causa para la desvinculación, pero que el proceso que se siguió para el efecto fue ilegal, porque se violó la forma; que el ad quem se rebeló contra el Régimen Único Disciplinario de la Ley 200 de 1995, porque no lo tomó en cuenta, pese a ser aplicable a todos los servidores del Estado, por ser de orden público y de obligatorio cumplimiento sin posibilidad jurídica de negociarlo, suplantarlo u omitirlo, como lo expresó la Corte en la sentencia de 30 de enero de 1997, radicación 9649, y el Consejo de Estado, en la sentencia de 15 de mayo de 1997, radicación 13255, de las que copia unos cortos pasajes; que el tribunal debió haber corroborado si el llamamiento a descargos que le hizo BANCAFÉ al trabajador reunía los requisitos formales de un pliego de cargos, de que trata el artículo 92 de la Ley 200 de 1995, así como los términos para presentarlos, según el artículo 152, ibídem; examinar si la carta de despido reunía las exigencias del artículo 93, ibídem, y si le informaron de los recursos que contra ella procedían, como lo establecen los artículos 96 y 97 ibídem y 47 del Código Contencioso Administrativo, por lo que si no lo aplicó, debiéndolo aplicar, su despido es nulo, en conformidad con los artículos 29 de la Constitución Política y 131 de la referida ley.
Sostiene que el Tribunal se ciñó estrictamente a lo laboral al estar procesalmente probada la justa causa de despido del demandante, para lo cual, dice, se apoyó en jurisprudencia contenida en la sentencia de la Corte de 25 de noviembre de 2002, radicación 18823, al admitir la aplicación de preceptos relacionados con la terminación del contrato de trabajo, excepto cuando el trabajador ha incurrido en faltas calificadas de “gravísimas” en el Código Disciplinario Único, y que el despido no es sanción disciplinaria, lo que, afirma, coincide con lo previsto por el artículo 2º del nuevo Código Disciplinario de la Ley 734 de 2002, de que la acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra, lo cual no obsta para aplicar las disposiciones del Decreto 2127 de 1945, del CST o de la convención colectiva, sin que pueda predicarse que el despido es nulo o ineficaz por no seguirse también el proceso disciplinario de la Ley 200 de 1995.
Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, el mismo elenco normativo plasmado en el cargo primero que, por economía, no se transcribe.
Dice que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho evidentes:
1. No dar por demostrado, estándolo, que el procedimiento para despedir al actor no era el previsto por el Código Único Disciplinario, sino el convencional.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato de trabajo se ciñó al procedimiento previsto por la Ley 200 de 1995.
3. No dar por demostrado, estándolo, que el despido fue abiertamente ilegal, con violación flagrante del debido proceso.
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que BANCAFÉ probó el procedimiento legal y la justa causa para su despido.
5. No dar por demostrado, estándolo, que el actor también fue víctima de estafadores profesionales.
6. No dar por demostrado, estándolo, que, por convención colectiva de trabajo, le asistía al actor derecho adquirido al reintegro al cargo que desempeñaba por haber sido víctima de un despido injusto e ilegal o, en su defecto, a la indemnización convencional.
Afirma que el Tribunal apreció erróneamente el contrato de trabajo de 5 de diciembre de 1990 (folio 7), relación de pago y descuentos (folio 8), reclamación de la Federación de Cafeteros a Bancafé de 31 de agosto de 2000 (folio 9), la comunicación de 16 de agosto de 2000 (folio 15), la comunicación de 16 de agosto de 2000 (folio 16), 13 autorizaciones de transacciones bancarias de 9 de junio a 22 de junio de 2000 (folios 17 a 29), registro de firma de la cuenta de la Federación de Cafeteros (folio 30), el informe del perito en análisis de documentos de 22 de agosto de 2000 (folios 31 a 35), las comunicaciones de trabajadores del Banco al Jefe de Seguridad sobre traslados y apertura de la cuenta con la que se cometió la estafa (folios 49 a 129), la comunicación de 12 de agosto de 2000 (folio 130), el informe de seguridad de 31 de agosto de 2000 (folios 132 a 156, repetida a folios 277 a 301), el llamamiento a descargos de 13 de septiembre de 2000 (folios 157 a 159), el acta de la diligencia de descargos de 10 de octubre de 2000 (folios 160 a 168), la carta de despido de 27 de noviembre de 2000 (folios 175 a 180), el interrogatorio de parte que a instancia de parte absolvió el actor (folios 338 a 340), la convención colectiva de trabajo (folios 346 a 397), la composición accionaria de Bancafé a 29 de noviembre de 2000 (folio 475), el escrito de apelación y sustentación del recurso (folios 488 a 491 y 511 a 512), la carpeta de hoja de vida (cuaderno 2).
En la demostración la censura asevera que la sentencia del ad quem es contradictoria y anota que se vulneró al actor el derecho fundamental al debido proceso que alegó de nuevo en el escrito de apelación (folios 488 a 491) y en la sustentación de ese recurso (folios 511 y 512); que los hechos de una acusación en materia disciplinaria tienen que probarse en el proceso correspondiente y no en cualquiera, con mayor razón cuando se acusa la “grave negligencia y un actuar arbitrario” (folio 177), en virtud de la cual BANCAFÉ resultó defraudado por estafa en monto de $ 271.104.298, por causal gravísima prevista en el Código Único Disciplinario, estafa que fue realizada por profesionales, como lo aceptó Libardo Murillo Cuéllar, Jefe de Seguridad; que no se juzgó al actor conforme a las leyes prexistentes ante juez competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, como, dice, se aprecia en el llamamiento a descargos (folios 157 a 159), la diligencia de descargos (folios 160 a 168 y la carta de despido (folios 175 a 180), porque mal podía afirmar el Tribunal que los hechos endilgados en la comunicación de desvinculación habían sido probados y cometidos por el actor; que no podía el Tribunal concluir que era obligatorio aplicar el Régimen Único Disciplinario de la Ley 200 de 1995, y rebelarse contra aquél al no aplicarlo para resolver el recurso de alzada, asunto que también se había planteado desde la demanda que dio origen al proceso.
Copia un fragmento del llamamiento a descargos de folios 157 a 159 y añade que en dichos procesos disciplinarios el sindicato al que esté afiliado el investigado no puede constituirse en parte, como lo establece el artículo 71, cuyo texto transcribe, y agrega que, una vez elevado el pliego de cargos, el investigado debe ser llamado a descargos dentro de los 10 días siguientes y que, en su caso, fue citado para un mes después (folios 160 a 168), con lo que se contravino lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 200 de 1995, que reproduce, para luego insistir que se pretermitió la etapa probatoria para garantizarle el debido proceso, porque en ella investigador e investigado tienen oportunidad de aportar y controvertir pruebas, como lo dispone el artículo 153, ibídem, cuyo contenido transcribe; que algo similar ocurrió con la carta de despido que milita a folios 175 a 180, la cual no puede asimilarse a un fallo en materia disciplinaria, por no reunir los requisitos legales mínimos, ni advertir de los recursos que proceden en su contra; que BANCAFÉ pretermitió el trámite legal para terminarle su contrato de trabajo, por lo cual es ilegal; que, por ser beneficiario el actor de la convención colectiva de trabajo, tiene derecho al reintegro y, que, de no ser aconsejable, procede la condena por la indemnización por despido, prevista en el artículo 9 de la convención (folio 391), debidamente indexada.
Sostiene que el recurrente insiste en su reintegro, pese a que nunca completó 10 años de servicios continuos a BANCAFÉ, aunado a que su empleador le perdió la confianza para desempeñar cargos de responsabilidad, como lo expresó desde la contestación de la demanda, al plantear la inconveniencia del reintegro; que el demandante fue despedido por la estafa de que fue víctima BANCAFÉ para los días 9, 13, 14, 15 y 16 de junio de 2000, en monto de $ 271.104.297, al haber omitido el procedimiento de visar las transferencias y confirmarlas telefónicamente con el cliente titular de la cuenta corriente de la cual se hicieron, y pasar por alto que el sello plasmado en las comunicaciones de esas transferencias no era el del titular de la cuenta sino otro, hechos plenamente demostrados en el proceso con la confesión que hizo al responder interrogatorio de parte, de folios 313 a 315 y 338 a 340, y con el informe de la investigación efectuada por el Banco (folios 132 a 152), y, así mismo, admitidos en la diligencia de descargos de folios 160 a 168. Negligencias graves que permitieron la cuantiosa defraudación y que constituyen justa causa para la terminación del contrato de trabajo.
En ambos cargos lo que le reprocha la censura al Tribunal es el no haber tenido en cuenta que el demandante, en su condición de trabajador oficial, sólo podía ser despedido mediante el trámite del proceso disciplinario previsto en la Ley 200 de 1995 y no siguiendo el trámite disciplinario previsto en la convención colectiva de trabajo, el cual, según señala el censor en el segundo cargo, no se ciñó a las pautas dispuestas en varios artículos de la citada ley.
Sobre el tema planteado en ambos cargos ya esta Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades, como la prevista en la sentencia del 19 de mayo de 2009, radicación 33936, en donde se dijo:
“Afirmó el censor, que por ser la Ley 200 de 1995 de orden público y de obligatorio cumplimiento, por ser el actor trabajador oficial, el ad quem debió aplicarla al estudiar el caso, y no ignorarla, como lo hizo, al optar por la aplicación de la convención colectiva de trabajo.
“Frente al anterior planteamiento, precisa decirse, que tanto la pretensión principal de reintegro como la subsidiaria de indemnización por despido injusto que formuló el actor, no fueron soportadas en la demanda inicial, en el incumplimiento de la entidad demandada, frente al trámite que establece la citada Ley 200 de 1995, lo cual constituye una variación de la causa de las pretensiones, no susceptible de ser planteada en casación, en la medida en que se quebrantaría el debido proceso, al tomar por sorpresa a la contraparte, frente a una nueva situación no discutida en las instancias.
“Así se afirma por cuanto, en el hecho noveno del escrito de demanda, las aludidas reclamaciones se basaron en que “la entidad demandada violó el procedimiento convencional para desvincularme. Las causas que alega la carta de despido con fecha 11 de octubre/2000 son infundadas, no son ciertos los hechos que allí se me culpan, no corresponden a mis funciones. El Decreto 1388 del 17 de julio del 2000, no puede cambiar unilateralmente la legislación laboral y las convenciones colectivas de trabajo que me benefician”, sin que en ningún momento se mencionara, la obligatoriedad que tenía el Banco de acatar el Estatuto único Disciplinario vigente para ese entonces, y que regula la referida Ley.
“No obstante lo anterior, conviene reiterar que, frente a casos similares al presente, las justas causas contempladas en el Decreto 2127 de 1945, en tratándose de trabajadores oficiales, vinculados mediante contrato de trabajo, no desaparecieron con la expedición del Estatuto Único Disciplinario, ya que si bien el artículo 20 de la Ley 200 de 1995, se dirigió, a “los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”; y por ende involucra a los servidores públicos en términos generales, no derogó en forma expresa y especializada en alguna de sus disposiciones, la normatividad propia de quienes se encuentran vinculados mediante contrato de trabajo.
“En efecto, la Sala en sentencia de 26 de septiembre de 2006, radicación 26928, al reiterar la del 28 de agosto de 2003, radicado 21120 y 25 de noviembre de 2002, radicado 18823, entre otras, frente al tema de inconformidad del censor, señaló:
“Por eso se concluye que las justas causas previstas en el Decreto 2127 de 1945 para terminar el contrato de trabajo, por parte del trabajador o del empleador, continúan vigentes y frente a ellas, se mantiene la misma regulación y el tratamiento que ha sido identificado por la jurisprudencia, que ha reiterado que el despido partiendo de las causales previstas en el Decreto 2127 de 1945, como también de las señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo, no corresponde a una medida en estricto sentido de carácter sancionatorio, por lo que en relación con estas no procede la aplicación del trámite contemplado en el Código Disciplinario, el cual, por ser propio de tal estatuto, opera solo frente a las conductas tipificadas en el mismo como configurantes de faltas gravísimas y como tales, de justas causas, también, de terminación de los contratos de trabajo. Además, como ya lo ha señalado esta Sala, frente a las faltas gravísimas, que también configuran justas causas de despido, solo procede el trámite previsto en la ley 200 de 1995, a la que hacen expresa referencia estas consideraciones, por lo que en consecuencia, el procedimiento previsto en ella, desplaza cualquier trámite convencional establecido como previo para terminar el contrato por justa causa, originadas en el acaecimiento de una falta calificada en él como gravísima.”
“Adicionalmente, importa precisar que el tratamiento dado por el ad quem al actor, frente al análisis de su conducta, fue el de trabajador privado, al señalar que “la postura del accionante en el tema que se trata constituye una clara violación de lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, ordinales 4 y 6” (fls. 11 del Cuaderno del Tribunal); por lo que, entonces no podía la censura argumentar que estaba “de acuerdo con el Tribunal sobre los aspectos fácticos (…) y su calidad de trabajador oficial.”
“De esta suerte, para poder salir avante la posición del demandante, era condición indispensable que apareciera demostrada, la naturaleza pública de la sociedad demandada, y derivar de ahí la eventual condición de “miembro de una Corporación Pública, empleado o trabajador del Estado o de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios”, para, seguidamente, determinar que al mismo, para efectos del despido, se le aplicaba eventualmente el Código Único Disciplinario, pero, como quedó dicho, las normas de los trabajadores oficiales no fueron desplazadas por el citado estatuto.
“De igual forma, es pertinente reiterar, que el artículo 177 de la Ley 200 de 1995, derogó expresamente las disposiciones disciplinarias reguladas en Convenciones Colectivas de Trabajo, pactos o laudos arbitrales, por lo que se excluyó la posibilidad de que el régimen disciplinario fuera materia de acuerdo entre la administración pública y sus servidores. Así lo ha venido sostenido en la Corte en diversas decisiones, entre otras, en sentencia de 16 de mayo de 2006, radicación 29097, 15 de mayo de 2007, radicación 31381, entre otras, cuando en ésta última se dijo:
“(…), pues tratándose de servidores estatales se encuentra previsto legalmente un régimen correctivo, regulado en el Código Único Disciplinario, que está cimentado precisamente en los postulados máximos del debido proceso y el derecho de defensa, el que dada su naturaleza de orden público no es factible que sea sustituido o adicionado por voluntad de las partes a través de la negociación colectiva.
“"En consecuencia, reitera la Sala, que la derogatoria legal contenida en el artículo 177 de la Ley 200 de 1.995 dejó sin piso las disposiciones disciplinarias reguladas por convenciones, pactos o Laudos arbítrales, dado que la expresión "sin excepción alguna" referida a la aplicación de la ley para los trabajadores oficiales, las hace inoperantes."
“Así las cosas, pese a lo anteriormente advertido, como el empleador en este caso, no impuso una sanción en estricto sentido de carácter disciplinario, sino que adoptó la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo por una de las justas causas previstas legalmente, no era necesario, como lo sugiere el recurrente, dar aplicación al trámite previsto en el código disciplinario que regulaba para ese momento la Ley 200 de 1995.”
Ahora bien, es claro que el actor no fue despedido por una de las faltas calificadas como gravísimas por el mencionado estatuto disciplinario único, tal como se desprende claramente de la carta de despido, en cuanto señala a folio 156:
“Demostrado y reconocido como quedó su negligente proceder, fuerza es concluir que sus actuaciones transgredieron flagrantemente los deberes y obligaciones contempladas en el artículo 60, numerales 1, 4, 5, 6, 8 y 9. Faltas calificadas como graves en el artículo 66, numerales 7º y 10 del mismo estatuto, así como los artículos 58 y 60 del CST”.
Negligencia grave que, para el caso de trabajadores oficiales, corresponde a la justa causa de despido prevista en el numeral 4 del Decreto 2127 de 1945, normas éstas que, según la jurisprudencia transcrita, no fueron desplazadas por la Ley 200 de 1995, por lo que no se observa que el Tribunal hubiere incurrido en los dislates de que lo acusa la censura.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho fija la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) moneda corriente.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 30 de abril 2008, proferida en el proceso ordinario que LUCIO ROJAS DÍAZ le sigue a BANCAFÉ.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho de fija la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.00) moneda corriente.
Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.

References: artículo 20
 artículo 29
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 92
 artículo 152
 artículo 93
 artículo 2
 artículo 71
 artículo 152
 artículo 153
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 60
 artículo 66