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Timestamp: 2019-04-22 17:20:30+00:00

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Nuevo acercamiento a Chile
Posted on agosto 3, 2011 Actualizado enn agosto 4, 2011
Comparto con Uds., bajo autorización del autor, la más reciente entrega del diplomático Ramiro Prudencio Lizón, que se publica en La Razón, de La Paz. El tema es de la mayor actualidad.
Como se sabe, a instancias del gobierno nacional, se reunieron en Lima los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera, con el ánimo de reiniciar el diálogo interrumpido el día 23 de marzo, cuando el primero decidió abruptamente llevar la cuestión marítima a tribunales internacionales.
Ha sido una decisión muy positiva del presidente Morales retornar al plano bilateral ya que es el medio más práctico y seguro de encontrar soluciones a los variados problemas existentes entre los dos países, entre ellos el del Silala, el del río Lauca y el marítimo nacional.
Hay ingenuos que aún creen en la justicia internacional y propugnan la continuación de la senda hacia los tribunales de La Haya. Pero dicha justicia es muy relativa. Además, en lo que respecta a nuestro magno problema, éste no está fundamentado en derechos jurídicos sino sólo en históricos y morales. Y estos últimos muy difícilmente pueden ser tratados por tribunales internacionales.
Nuestros derechos históricos provienen del hecho de que Bolivia nació siendo un país litoral, con una costa de más de 300 kilómetros de ancho, reconocida por Chile. Y los derechos morales, en las veces en que la comunicad internacional, principalmente la OEA, y el propio Chile, apoyaron la existencia del problema marítimo.
Cabe reafirmar que la OEA en once oportunidades emitió resoluciones instando a los dos países a que resuelvan directamente la mediterraneidad de Bolivia. Y últimamente, muchos de los cancilleres americanos reunidos en la Asamblea General de El Salvador, incluido el representante de USA, han reiterado esa disposición, insistiendo en la necesidad de que se busque un arreglo en forma bilateral.
Evidentemente, el inicio del camino bilateral será ahora más duro de transitar ya que Chile se considera ofendido desde la ruptura del diálogo. Prueba clara son las declaraciones del canciller Moreno de que “Chile tiene la mejor voluntad de colaborar para que Bolivia tenga un mejor acceso al mar”, pero reiterando que “Chile no le debe nada a Bolivia”. En verdad, el gobierno de La Moneda no debiera quejarse por lo sucedido el 23 de marzo, ya que la misma prensa chilena menciona que una de las causas de la ruptura del diálogo fue el “caso Sanabria”, es decir, que el gobierno trasandino no informó al de Bolivia sobre ese operativo organizado conjuntamente con la DEA. Ese hecho fue calificado por el presidente Morales como una deslealtad.
Retornando a los tribunales internacionales, es menester señalar que ni siquiera un dictamen de la Corte Internacional de La Haya es definitivo. Los países muy bien pueden eludir su cumplimiento. Basta citar el “Caso del derecho de Asilo” de Haya de La Torre, en 1950, entre Colombia y Perú. La sentencia de la Corte negó el derecho de asilo a Colombia y, por tanto, este país debía entregar a las autoridades peruanas, a ese conocido político, quien estaba refugiado en la embajada colombiana en Lima. Pero Colombia nunca cumplió la sentencia.
Actualmente, Chile y Perú han llevado el problema de su delimitación marítima a la Corte de La Haya. ¿Habrá gente tan cándida de creer que si el dictamen de la Corte es adverso a Chile, este país acataría su cumplimiento, tomando en cuenta que el dominio del territorio marítimo disputado lo tiene desde hace ochenta años?
Si ahora unos disturbios de chiquillos de colegio hacen trastabillar al gobierno de Piñera, ¿qué le sucedería a éste si aceptara el dictamen y redujese su territorio marítimo de la zona de Arica? Lo más probable sería que el pueblo chileno y sobre todo sus poderosas fuerzas armadas lo defenestrarían de La Moneda, lo tacharían de traidor a la patria y lo cubrirían de oprobio.
En consecuencia, deberíamos dejar de lado los ingenuos anhelos de una justicia internacional, y abocarnos a solucionar nuestro problema marítimo en forma pragmática, mediante una negociación bilateral, directa, franca y amistosa; y ello porque Chile necesita de Bolivia, tanto como Bolivia necesita de Chile.
El diplomático Ramiro Prudencio Lizón ha escrito el siguiente artículo. Su actualidad es imperiosa y lo reproduzco en este blog con su autorización.
En estos momentos en que se lleva a cabo la 41º Asamblea General de la OEA, donde nuestro país ha planteado nuevamente su magno problema, es conveniente hacer un análisis de las once resoluciones que dicho organismo sancionó en favor de nuestra causa marítima.
Como se sabe, la primera resolución se promulgó en la Asamblea General reunida en La Paz en 1979, año del centenario del inicio de la Guerra del Pacífico. Ella es considerada como la mejor de todas, no sólo porque fue la primera vez que la organización dictaminara al respecto, sino porque el texto resumía las condiciones en que nuestro país deseaba negociar con Chile. Allí se expresa que se debía ceder a Bolivia un territorio que lo vinculara con el océano Pacífico, con una costa que incluyese soberanía sobre los recursos marítimos. Asimismo, que se estableciera una zona de desarrollo integrado entre los tres países (Bolivia, Chile y Perú), la cual “incluiría un puerto en el actual territorio chileno”. Y, por último, que no se “deberán incluir compensaciones territoriales”.
Pese a la gran alegría que dicha resolución provocó en el pueblo boliviano, el cual creía ingenuamente, que ya se estaba acercando al mar, la misma no tuvo ningún fin práctico, ya que Chile consideró que le imponía condiciones inaceptables y siempre la repudió.
Luego vinieron dos resoluciones, las de 1980 y 1981, con un texto muy similar que decía lo siguiente: “Exhortar a los Estados involucrados a que, a través de las vías correspondientes, inicien un diálogo que permita la solución más satisfactoria del problema marítimo boliviano”. Estas fueron aprobadas por consenso, es decir, hasta con el consentimiento chileno.
En 1982, cuando retornó la democracia en Bolivia, se gestionó la obtención de una resolución muy semejante a la de 1979. Pero sólo se logró la reafirmación de las tres primeras resoluciones, con una recomendación a las partes involucradas “que pongan en marcha negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Chile la rechazó señalando que la resolución de 1979, “sigue siendo ilegítima y no empece a Chile”.
Ahora bien, en 1983, y gracias a la gestión del canciller José Ortiz Mercado, se logró que Chile, junto con Bolivia y Colombia, presentara un texto de resolución a la Asamblea. Este era mucho más extenso que los anteriores, y exhortaba a las partes a que normalicen sus relaciones para superar las dificultades que los separaban, “incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico”. Dicho texto fue aprobado por unanimidad y mereció aplausos de la sala. Además, la mayoría de las delegaciones hizo uso de la palabra para manifestar su complacencia por el acuerdo alcanzado. Cabe destacar que gracias a la resolución de 1983, se pudo iniciar conversaciones que culminaron en la última negociación sobre la cuestión marítima del siglo pasado, denominada del “enfoque fresco”, entre los años 1986 y 1987.
Posteriormente, las resoluciones emitidas desde 1984 tuvieron un texto cada vez más reducido, y ya no fueron aceptadas por Chile. La última de ellas, la de 1989, tuvo la virtud de determinar que el problema marítimo se mantendría permanentemente en la organización, “a requerimiento de una de las Partes involucradas”. Ello fundamentó que Bolivia pudiese presentar cada año un informe sobre el tema sin tratar obligadamente de imponer una resolución.
Es menester tener presente que las resoluciones rechazadas por Chile son sólo declaraciones líricas y no conducen a nada positivo. Nuestro pueblo debe entender que ni la OEA ni ningún organismo internacional pueden obligar a Chile a efectuar cesiones territoriales. En consecuencia, se debe negociar con ese país para que el próximo año, cuando la Asamblea se reúna en Bolivia, se apruebe una resolución al estilo de la de 1983, que sea aprobada por consenso y que sirva de base para una futura negociación franca y amistosa que determine la supresión de nuestro enclaustramiento geográfico.

References: resolución 
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