Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154525&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=161080
Timestamp: 2019-07-16 17:23:50+00:00

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Language of document : Spanish French ECLI:EU:T:2014:604
«Ayudas de Estado — Cine — Ayuda para la construcción y la explotación de un complejo cinematográfico — Decisión que declara la incompatibilidad de la ayuda con el mercado interior — Criterio del inversor privado en una economía de mercado — Ayuda de Estado de finalidad regional — Ayuda destinada a promover la cultura — Obligación de motivación»
En los asuntos acumulados T‑319/12 y T‑321/12,
Ciudad de la Luz, S.A.U., con domicilio social en Alicante,
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U., con domicilio social en Alicante,
representadas inicialmente por los Sres. J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula y M. Muñoz de Juan, y posteriormente por los Sres. J. Buendía Sierra y J. Belenguer Mula, abogados,
que tienen por objeto un recurso de anulación de la Decisión (2012) 3025 final de la Comisión Europea, de 8 de mayo de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.22668 [C 8/2008 (NN 4/2008)], concedida por España a favor de Ciudad de la Luz, S.A.,
Descripción del proyecto Ciudad de la Luz
1 La Comunitat Valenciana adoptó la decisión de invertir en la creación del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz (en lo sucesivo, «CDL»), cerca de Alicante, el 24 de octubre de 2000. En particular, basó su decisión en dos informes de sociedades de consultoría independientes. El primer informe, realizado por la sociedad A., tenía como finalidad analizar la viabilidad económica de la construcción y la explotación de nuevos estudios de cine. El segundo informe, elaborado por la sociedad de consultoría independiente P., analizó la posibilidad de localizar el proyecto en Alicante. El plan de desarrollo de un complejo cinematográfico expuesto por la sociedad A. en su informe (en lo sucesivo, «plan de desarrollo de 2000») preveía una rentabilidad positiva del proyecto para el período comprendido entre 2002 y 2006.
2 La sociedad Ciudad de la Luz, S.A. fue creada el 2 de noviembre de 2000 con un capital social de 600 000 euros. Inicialmente, la Comunitat Valenciana era titular del 75 % del capital social a través de la Sociedad Parque Temático de Alicante, S.A., actualmente Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. (en lo sucesivo, «SPTCV»). El resto del capital social estaba en manos de la sociedad de producción privada Producciones Aguamarga, S.L. (en lo sucesivo, «Aguamarga»). La CDL y Aguamarga firmaron un contrato de servicios el 21 de diciembre de 2000 mediante el que Aguamarga se comprometió a gestionar y promover los estudios de cine. La construcción del complejo cinematográfico comenzó en 2002. La construcción debía llevarse a cabo en tres fases y finalizar en 2010.
3 Entre noviembre de 2001 y mayo de 2004, el capital social de la CDL fue incrementado en tres ocasiones mediante la emisión de acciones, todas ellas adquiridas por la SPTCV. Durante este período, la SPTCV invirtió en la CDL un importe total de 104 259 759 euros incluyendo la cesión de terrenos. La SPTCV adquirió todas las acciones de Aguamarga el 23 de julio de 2004 por un importe total de 139 059 euros, siendo desde entonces titular del 100 % del capital social de la CDL. Por su parte, Aguamarga siguió ocupándose de la gestión de los estudios de cine y de la realización de las obras.
4 En 2004 se revisó el plan de desarrollo de 2000 debido, en particular, a retrasos en la construcción y al aumento de las necesidades de financiación. La sociedad de consultoría independiente C. fue contratada para evaluar la viabilidad del proyecto y llegó a la conclusión de que el proyecto tendría rentabilidad positiva para el período comprendido entre 2004 y 2014 (en lo sucesivo, «plan de desarrollo de 2004»).
5 Sobre la base del plan de desarrollo revisado de 2004, la SPTCV concedió a la CDL varios préstamos participativos y convertibles. En total, incluyendo los intereses impagados y la aportación de terrenos, la SPTCV invirtió en la CDL 274 125 946 euros antes de finales de 2010. Durante ese mismo período, la CDL acumuló pérdidas por un importe de 84 millones de euros.
6 Las primeras producciones comenzaron en agosto de 2005. Además del complejo cinematográfico, la CDL dispone de una escuela de cine. En cambio, no se han desarrollado las inversiones inmobiliarias complementarias previstas inicialmente.
7 Después de haber recibido distintas denuncias en los días 22 de febrero y 15 de julio de 2007 procedentes de dos grandes sociedades de la industria cinematográfica europea, establecidas en otros dos Estados miembros distintos de España, y después de haber enviado varias solicitudes de información al Reino de España, la Comisión de las Comunidades Europeas decidió, mediante Decisión de 13 de febrero de 2008, con el título «Ayuda estatal — España — Ayuda estatal C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — Centro de estudios de cine “Ciudad de la Luz”, Alicante; Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88 [CE], apartado 2» (DO C 134, p. 21), incoar el procedimiento establecido en el artículo 88 CE, apartado 2, respecto de las medidas adoptadas por la Comunitat Valenciana a favor de la construcción y la explotación de la CDL (en lo sucesivo, «Decisión de incoar el procedimiento»).
8 En mayo de 2011 la Comisión encargó a la sociedad de consultoría independiente E. que examinase las decisiones de inversión controvertidas.
9 Mediante Decisión 2013/126/UE, de 8 de mayo de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.22668 [C 8/08 (ex NN 4/08)] concedida por España a Ciudad de la Luz, S.A. [notificada con el número C(2012) 3025] (DO 2013, L 85, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión declaró que las medidas adoptadas por la Comunitat Valenciana en favor de la construcción y la explotación del complejo cinematográfico CDL, así como los incentivos otorgados a productores cinematográficos, constituían ayudas de Estado contrarias al artículo 108 TFUE, apartado 3, e incompatibles con el mercado interior.
10 En los considerandos 62 a 88 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó, tras aplicar el criterio del inversor privado, que toda la inversión realizada por la SPTCV en la Ciudad de la Luz constituía una ventaja económica para la CDL en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
11 En primer lugar, la Comisión consideró que la inversión de Aguamarga por un importe que representaba el 25 % del capital social de la CDL (véase el anterior apartado 2) no demostraba que un inversor privado habría realizado la inversión de la SPTCV, puesto que, para empezar, dicha inversión de 150 000 euros era muy baja en comparación con el importe total invertido; a continuación, no se vio acompañada de ninguna inversión adicional en el proyecto, y por último, se realizó probablemente con arreglo a una lógica de prestador de servicios y no de inversor. En segundo lugar, la Comisión estimó que un inversor privado habría comparado la rentabilidad de su inversión en la CDL con la de inversiones en otros proyectos y no se habría basado exclusivamente en los informes de sociedades de consultoría independientes encargados por las autoridades españolas (véanse los anteriores apartados 1 y 4). Después de realizar su propio análisis de la rentabilidad de las decisiones de inversión de 2000 y de 2004, la Comisión llegó a la conclusión de que el coste del capital en que se habían basado las autoridades españolas había sido infravalorado en gran medida y que, en consecuencia, un inversor privado diligente no habría realizado esas inversiones.
12 A continuación, la Comisión afirmó en los considerandos 89 a 93 de la Decisión impugnada que todas las aportaciones recibidas por la CDL a través de la SPTCV constituían una ventaja económica selectiva, estaban financiadas efectivamente mediante recursos estatales, amenazaban con falsear la competencia y afectaban el comercio entre los Estados miembros. Así pues, consideró que concurrían todos los criterios establecidos en el artículo 107 TFUE, apartado 1.
13 En lo que atañe a la compatibilidad de la ayuda, la Comisión declaró, en primer lugar, en los considerandos 94 a 99 de la Decisión impugnada, que las ayudas concedidas a CDL no podían justificarse como ayudas regionales, puesto que no concurría el requisito de que el propio beneficiario de la ayuda hubiese contribuido con un 25 %, tal y como exige el apartado 4.2 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (DO 1998, C 74, p. 9; en lo sucesivo, «Directrices de 1998»). En segundo lugar, la Comisión estimó, en los considerandos 100 a 109 de la Decisión impugnada, que estas ayudas tampoco podían considerarse compatibles como ayudas al sector audiovisual puesto que, por un lado, no había elementos que demostrasen que estos nuevos estudios eran necesarios para la producción de películas locales y, por otro lado, existían riesgos considerables de distorsión de la competencia. En tercer lugar, según se desprende de los considerandos 110 a 113 de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que ni las ayudas concedidas a la CDL ni las ayudas concedidas a los productores cinematográficos podían justificarse como ayudas culturales.
14 En consecuencia, en los considerandos 114 a 117 de la Decisión impugnada la Comisión concluyó que todas las ayudas concedidas a la CDL habían sido otorgadas vulnerando el artículo 108 TFUE, apartado 3. En estas circunstancias, el Reino de España debía recuperar el importe total de 265 089 599 euros, y, en su caso, las ayudas concedidas a los productores cinematográficos.
15 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 19 de julio de 2012, el Reino de España interpuso recurso en el asunto T-319/12.
16 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 20 de julio de 2012, la CDL y la SPTCV interpusieron un recurso conjunto en el asunto T-321/12.
17 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de noviembre de 2012, la Asociación Española de Televisiones Digitales Privadas Autonómicas y Locales solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la CDL y de la SPTCV.
18 Mediante auto del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de 13 de marzo de 2013, se desestimó la demanda de intervención de la Asociación Española de Televisiones Digitales Privadas Autonómicas y Locales.
19 Al haberse modificado la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Séptima, a la que se atribuyó, en consecuencia, el presente asunto.
20 Mediante auto del Presidente de la Sala Séptima de 5 de noviembre de 2013, se acumularon los asuntos T-319/12 y T-321/12 a efectos de la fase oral y de la sentencia.
21 La CDL, la SPTCV y el Reino de España solicitan al Tribunal que:
— Condene en costas a la CDL, a la SPTCV y al Reino de España.
23 En apoyo del presente recurso de anulación, la CDL, la SPTCV y el Reino de España (en lo sucesivo, conjuntamente, «demandantes») invocan, en esencia, tres motivos. Mediante su primer motivo, los demandantes niegan la existencia de una ayuda según el criterio del inversor privado en una economía de mercado. Mediante su segundo motivo, invocan la existencia de una falta de motivación y de errores de Derecho en el análisis de la Comisión relativo a la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior como ayuda regional y como ayuda cultural. Mediante su tercer motivo los demandantes aducen, en particular, la falta de motivación y la comisión de un error de Derecho en lo que respecta a los incentivos acordados a las productoras.
24 En cuanto al fondo, la Comisión rechaza todas las alegaciones de los demandantes. En lo que respecta a la admisibilidad, por un lado, niega tanto la legitimación activa de SPTCV como su interés en ejercitar la acción, extremos que se examinarán en primer término. Por otro lado, se opone a la admisibilidad del tercer motivo en la medida en que fue invocado por la CDL (véase, a este respecto, el posterior apartado 192).
25 La Comisión estima, en particular, que el recurso de la SPTCV es inadmisible porque la orden de recuperación se dirige únicamente al Reino de España. La Comunitat Valenciana es la autoridad pública que concedió la ayuda, limitándose el papel de la SPTCV al de mero vehículo para la concesión de la ayuda. Según la Comisión, en el caso de autos, la SPTCV no ha demostrado, por un lado, que esté directa e individualmente afectada por la Decisión impugnada ni, por otro lado, que tenga un interés propio que no se confunda con el del Reino de España. Además, a juicio de la Comisión, su condición de accionista único de la CDL no le confiere legitimación activa.
26 La CDL y la SPTCV rebaten todas las alegaciones de la Comisión.
27 A este respecto, procede señalar que la CDL y la SPTCV interpusieron un mismo y único recurso. En el caso de autos, la Comisión no pone en tela de juicio la legitimación activa de la CDL. En efecto, teniendo en cuenta su condición de beneficiaria de la ayuda y que está, por tanto, sujeta a la orden de recuperación impuesta por la Decisión impugnada, no cabe duda alguna sobre la admisibilidad de su recurso.
28 Pues bien, según una jurisprudencia ya firmemente asentada, al tratarse de un mismo y único recurso, no procede examinar la legitimación de las demás demandantes y no existe ninguna razón de economía procesal que justifique que el Tribunal se separe en el caso de autos de esta jurisprudencia (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, apartado 31, y del Tribunal General de 9 de julio de 2007, Sun Chemical Group y otros/Comisión, T-282/06, Rec. p. II‑2149, apartados 50 a 52).
29 Por consiguiente, procede desestimar las objeciones de la Comisión en lo que respecta a la admisibilidad del recurso de la SPTCV.
1. Sobre el primer motivo, basado en la comisión de errores de Derecho y de errores manifiestos de apreciación al aplicar el criterio del inversor privado
30 Las alegaciones que invocan los demandantes en apoyo del presente motivo se articulan, en esencia, en tres partes. En primer lugar, critican la metodología empleada por la Comisión en la Decisión impugnada. En segundo lugar, estiman que la Comisión basó su análisis del caso de autos en parámetros incorrectos para llevar a cabo su cálculo de la rentabilidad de la CDL. En tercer lugar, sostienen que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al no tomar en consideración la zona hotelera y de servicios en la rentabilidad del proyecto. A su juicio, la Comisión infringió, en consecuencia, los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 345 TFUE y vulneró el principio de igualdad.
31 La Comisión rebate todas las alegaciones de los demandantes, que considera infundadas.
a) Sobre la metodología empleada por la Comisión
32 En apoyo de esta primera parte del presente motivo, los demandantes sostienen, en primer lugar, que la metodología empleada por la Comisión en la Decisión impugnada, por un lado, era contraria a la jurisprudencia y, por otro lado, resultaba inadecuada para definir el umbral de rentabilidad que había de alcanzarse para la aplicación del criterio del inversor privado.
33 En segundo lugar, aducen que la Comisión no respetó el margen de apreciación del Estado miembro conferido por la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos [87 CE] y [88 CE] y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas públicas del sector de fabricación (DO 1993, C 307, p. 3, en lo sucesivo, «Comunicación de 1993»).
34 La Comisión rechaza estas alegaciones por considerarlas infundadas.
35 Con carácter preliminar procede recordar que, según la jurisprudencia, si bien el Tribunal General ejerce en principio un control completo por lo que respecta a la cuestión de si una medida está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1 (sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2002, HAMSA/Comisión, T‑152/99, Rec. p. II‑3049, apartado 159), el Tribunal de Justicia ha declarado que el control judicial es limitado en lo tocante a si una medida está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, cuando las apreciaciones realizadas por la Comisión tienen carácter técnico o complejo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates/Comisión, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, apartado 114, y la jurisprudencia citada).
Sobre el umbral de rentabilidad que ha de alcanzarse para la aplicación del criterio del inversor privado
36 En lo que atañe a la cuestión del umbral de rentabilidad que ha de alcanzarse en el caso de autos para la aplicación del criterio del inversor privado, los demandantes estiman, por un lado, que, según la jurisprudencia, la Comisión debería haber comparado la rentabilidad de la CDL con la tasa de rendimiento medio del sector.
37 Por otro lado, aducen que, en todo caso, la metodología empleada en la Decisión impugnada no permitía definir el nivel de rentabilidad que habría sido considerado razonable para un inversor privado en las circunstancia del caso de autos.
– Sobre la tasa de rendimiento medio del sector y la jurisprudencia en materia de aplicación del criterio del inversor privado
38 Procede comenzar señalando que la Comisión no utilizó la tasa de rendimiento medio del sector para apreciar la rentabilidad de la CDL a efectos de aplicar el criterio del inversor privado. Sin que sea preciso en este momento exponer detalladamente la metodología empleada por la Comisión en la Decisión impugnada (véanse, a este respecto, los posteriores apartados 48 a 66), basta señalar que ésta no comparó la tasa de rendimiento propuesta por los demandantes con la tasa de rendimiento medio del sector, sino con el coste de oportunidad del capital social (en lo sucesivo, «coste del capital») de la CDL, calculado mediante el modelo de valoración de activos financieros (en lo sucesivo, modelo «MVAF»). La Comisión llevó a cabo igualmente distintos análisis con el fin de verificar la fiabilidad de sus resultados.
39 Es cierto que, tal y como sostienen fundadamente los demandantes, la jurisprudencia no exige en modo alguno que se obtenga la rentabilidad más elevada de entre todas las inversiones posibles desde un punto de vista económico, ni tan siquiera una rentabilidad equivalente a la de la mejor empresa del sector de que se trate.
40 En efecto, para apreciar si una medida estatal constituye una ayuda, debe determinarse si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros, C‑39/94, Rec. p. I‑3547, apartado 60; sentencia del Tribunal General de 6 de marzo de 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalen/Comisión, T‑228/99 y T‑233/99, Rec. p. II‑435, en lo sucesivo, «sentencia WestLB», apartados 207 y 243). Para determinar si dicha intervención presenta el carácter de ayuda de Estado, procede analizar si, en circunstancias similares, un inversor privado que opere en condiciones normales de una economía de mercado, de dimensiones comparables con las de los organismos gestores del sector público, habría efectuado aportaciones de capital de esa importancia (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, C‑142/87, Rec. p. I‑959, apartado 29, y de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, C‑305/89, Rec. p. I‑1603, apartados 18 y 19). En particular, cabe preguntarse si un inversor privado habría realizado la operación de referencia en las mismas condiciones y, en caso de respuesta negativa, examinar en qué condiciones habría podido realizarla (sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 1998, Cityflyer Express/Comisión, T‑16/96, Rec. p. II‑757, apartado 51).
41 Resulta igualmente de la jurisprudencia que el comportamiento del inversor privado con el que debe compararse la actuación del inversor público no es necesariamente el del inversor ordinario que coloca capitales en función de su rentabilidad a un plazo más o menos corto. Tal comportamiento debe ser, por lo menos, el de un holding privado o un grupo privado de empresas que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a más largo plazo (sentencia Italia/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 20).
42 En estas circunstancias, la aplicación del criterio del inversor privado, según lo define la jurisprudencia, no pretende determinar cuál podría ser la rentabilidad máxima obtenida por un inversor en un sector específico o en el conjunto de la actividad económica, sino determinar si un inversor privado comparable habría realizado, en las circunstancias del caso de autos, la inversión en cuestión. Así pues, se trata de determinar si dicha inversión responde a cierta lógica económica, al menos a largo plazo. Por otra parte, la Comisión no niega esta conclusión en sus escritos procesales.
43 Sin embargo, contrariamente a lo que sostienen los demandantes, determinar si un inversor privado habría realizado una aportación de capital como la controvertida en el caso de autos no implica necesariamente, por un lado, que la Comisión tenga la obligación de comparar la rentabilidad del proyecto con la media de la rentabilidad del sector, ni, por otro lado, que la media de la rentabilidad del sector confiera a dicho inversor cierto margen de seguridad.
44 A este respecto, en primer lugar, de la sentencia WestLB, citada en el anterior apartado 40 (apartados 250 y 254), se desprende que, si bien la Comisión puede utilizar en el marco de la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, el valor del rendimiento medio en el sector de que se trata, este último indicador no constituye sino un instrumento de análisis entre otros para determinar si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado. En la práctica, tal y como señala fundadamente la Comisión, la utilización del rendimiento medio del sector resulta en ocasiones imposible debido a la falta de datos, o incluso inoportuna, en la medida en que ello permitiría a los Estados miembros justificar inversiones en sectores en declive, deficitarios o con poca rentabilidad, siempre que sus expectativas de beneficios se situaran en la media del sector.
45 Además, tal y como ya ha tenido ocasión de declarar el Tribunal de Justicia (sentencia WestLB, citada en el anterior apartado 40, apartados 251 y 258), la utilización de la tasa de rendimiento medio del sector no exime a la Comisión de la obligación de hacer un análisis completo de todos los elementos pertinentes de la transacción controvertida y de su contexto, incluida la situación de la empresa beneficiaria y del mercado de que se trate, para comprobar si la empresa beneficiaria percibe una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado.
46 En segundo lugar, en lo que atañe a la alegación de los demandantes de que la Comisión ignoró su propia práctica decisoria al no utilizar la tasa de rendimiento medio del sector, procede recordar que el concepto de ayuda de Estado reviste carácter jurídico y se interpreta a la luz de elementos objetivos (véase la sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2004, Valmont/Comisión, T‑274/01, Rec. p. II‑3145, apartado 37, y la jurisprudencia citada). La calificación de una medida como ayuda de Estado no puede depender, por lo tanto, de una apreciación subjetiva de la Comisión y debe determinarse con independencia de cualquier práctica administrativa anterior de la Comisión, suponiendo que dicha práctica haya quedado probada (véanse, en ese sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre de 2003, Freistaat Sachsen y otros/Comisión, C‑57/00 P y C‑61/00 P, Rec. p. I‑9975, apartados 52 y 53, y la sentencia del Tribunal General de 15 de junio de 2005, Regione autonoma della Sardegna/Comisión, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, apartado 177).
47 En tales circunstancias, los demandantes no pueden alegar, basándose en la jurisprudencia y en la práctica decisoria de la Comisión, que se ha infringido el artículo 107 TFUE, apartado 1, debido a que, en el caso de autos, la Comisión no utilizó el rendimiento medio del sector para la aplicación del criterio del inversor privado.
– Sobre la metodología empleada en la Decisión impugnada
48 En primer lugar, procede señalar que de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión examinó en los apartados 63 y 64 de ésta la relevancia que procedía acordar al hecho de que Aguamarga hubiera invertido en la fase inicial del proyecto un importe que representaba el 25 % del capital social de la CDL. Tras estimar que la inversión de Aguamarga carecía de pertinencia para la aplicación del criterio del inversor privado porque, entre otras razones, su inversión respondía a una lógica de prestador de servicios y no de inversor como la de la SPTCV (véanse a este respecto los posteriores apartados 153 a 156), la Comisión señaló, en el apartado 65 de la Decisión impugnada, que la existencia de informes encargados a sociedades de consultoría independientes (véanse los anteriores apartados 1 y 4) no bastaba para demostrar que un inversor privado habría invertido en el proyecto en cuestión. Según la Comisión, un inversor privado diligente no habría aceptado las conclusiones de estos informes sin haberlas examinado atentamente y haberse formado así su propia opinión antes de tomar la decisión de invertir.
49 A este respecto, procede recordar que corresponde al Estado miembro demostrar que su decisión se funda en evaluaciones económicas comparables a las que, en las circunstancias del caso de autos, habría efectuado un inversor privado racional que se hallara en una situación lo más similar posible a la del referido Estado miembro antes de llevar a cabo dicha inversión con el fin de determinar la rentabilidad futura de ésta. A tal efecto, el hecho de aportar durante el procedimiento administrativo previo informes de sociedades de consultoría independientes encargados con carácter previo a la decisión de inversión puede contribuir a demostrar que el Estado miembro ejecutó la medida en cuestión en su condición de accionista, extremo que la Comisión no niega.
50 En cambio, de la jurisprudencia no se desprende en modo alguno que la existencia de tales informes sea en sí misma suficiente para considerar que la empresa beneficiaria de la referida medida no se ha beneficiado de una ventaja económica en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En efecto, corresponde al Estado miembro apreciar el contenido de tales informes, y posteriormente suscribir, en su caso, sus conclusiones. Por lo tanto, el Estado miembro en cuestión no puede invocar conclusiones de informes de sociedades de consultoría independientes sin ofrecer él mismo una respuesta adecuada a las cuestiones que un inversor privado diligente se habría planteado en el contexto del caso concreto. En estas circunstancias, procede declarar que la Comisión podía fundadamente considerar, por un lado, que el Reino de España debería haber sido más crítico con las conclusiones de los informes de las sociedades de consultoría independientes A. y C., en contra de lo que sostienen los demandantes, y, por otro lado, que ella misma debería haber apreciado si un hipotético inversor privado habría invertido en la CDL.
51 En segundo lugar, la Comisión llevó a cabo en los considerandos 67 a 88 de la Decisión impugnada su propia evaluación del plan de desarrollo de 2000 y del plan de desarrollo revisado de 2004, detallados en los informes de A. y de C. Al igual que la sociedad de consultoría L., contratada durante el procedimiento administrativo previo por las autoridades españolas, la Comisión se basó en el modelo MVAF para determinar el coste del capital, es decir, la tasa de rentabilidad mínima que un inversor privado habría exigido en el momento en que se adoptaron las dos decisiones de inversión en 2000 y en 2004, en circunstancias similares. A este respecto procede señalar que los demandantes no cuestionan la utilización del modelo MVAF para determinar el nivel de rentabilidad que un inversor habría exigido en el caso de autos.
52 Según la Comisión, el coste del capital era del 16,66 % en 2000 y del 14,9 % en 2004, tal y como se desprende del considerando 74 y del anexo II (p. 29) de la Decisión impugnada. A continuación, comparó el coste del capital con la tasa interna de rentabilidad del proyecto. Según recuerda la Comisión en los considerandos 70 y 79 de la Decisión impugnada, un inversor privado habría estado dispuesto a invertir en la CDL si la tasa interna de rentabilidad esperada hubiera sido superior o igual al coste del capital.
53 Del considerando 78 y del anexo II (p. 29) de la Decisión impugnada se desprende que, con el fin llevar a cabo la comparación entre el coste del capital y la tasa interna de rentabilidad, la Comisión utilizó las tasas de rentabilidad interna de 8,84 % en 2000 y de 5,74 % en 2004, definidas en el informe L. de 25 de abril de 2008, si bien albergaba dudas sobre el carácter realista de las proyecciones propuestas en dicho informe. Por lo tanto, la Comisión adoptó una postura favorable a los demandantes a este respecto.
54 La Comisión señaló igualmente en el considerando 80 y en el anexo I (p. 24) de la Decisión impugnada, que, con un coste del capital del 14,9 % y basándose en las proyecciones de caja del plan de desarrollo revisado de 2004, el valor neto actualizado del proyecto llevaba a una pérdida de alrededor de 130 millones de euros. Del anexo II de la Decisión impugnada (p. 29) resulta que, según la Comisión, el valor actual neto del proyecto en 2000 para el período comprendido entre 2000 y 2006 era negativo en un importe de más de 57 millones de euros.
55 En tercer lugar, del considerando 81 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión llevó a cabo a continuación varios análisis de fiabilidad que pusieron de manifiesto la solidez de sus resultados habida cuenta de las variaciones del coste del capital. Resulta igualmente del anexo 1 de la Decisión impugnada (pp. 22 y 23) que la Comisión comparó sus resultados relativos al coste del capital de la CDL con distintos grupos representativos de competidores. Según ella, estos estudios comparativos confirmaron globalmente sus resultados.
56 En cuarto lugar, del considerando 85 de la Decisión impugnada se desprende, por último, que todos estos resultados fueron confirmados por un análisis de la sociedad de consultoría independiente E., solicitado por la Comisión. Según el informe de E., el coste del capital se hallaba comprendido entre el 12,5 % y el 21,4 % para la inversión de 2000 y entre el 10,9 % y el 15,9 % para la inversión adicional de 2004.
57 En estas circunstancias, después de desestimar la observaciones del Reino de España, la Comisión concluyó que, habida cuenta de la existencia de un coste del capital de al menos el 14 %, un inversor privado diligente no habría realizado las dos inversiones sucesivas en la CDL, puesto que la tasa interna de rentabilidad de este proyecto era inferior al coste del capital.
58 Sin que sea necesario apreciar en este momento si la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación al atribuir un valor u otro a los distintos parámetros del modelo MVAF, cuestión que se examinará en la segunda parte del presente motivo (véanse los posteriores apartados 84 y siguientes), procede considerar que la Comisión no incurrió en error alguno en lo que atañe a la metodología.
59 En efecto, este método le permitió determinar cuál sería el nivel de rentabilidad exigido por un inversor privado diligente en las circunstancias del caso de autos. Al comprobar que, según los cálculos del informe L. de 25 de abril de 2008, el coste del capital era muy superior a la tasa interna de rentabilidad, la Comisión pudo concluir fundadamente que un inversor privado diligente no habría aceptado invertir en un proyecto que le ofreciese esa perspectiva de rentabilidad. Por otra parte, la Comisión señaló acertadamente que la tasa interna de rentabilidad calculada en dicho informe en lo que respecta a la decisión de inversión de 2004, es decir, 5,74 %, era apenas superior a una inversión relativamente segura, como es el caso de una obligación del Estado que puede obtener un rendimiento del 4,1 %.
60 La Comisión también llevó a cabo dos análisis que le permitieron comprobar la fiabilidad de sus resultados.
61 Por un lado, según se desprende del considerando 81 de la Decisión impugnada, examinó la evolución del valor actual neto en función de las variaciones del coste del capital. Concluyó que el valor actual neto se convertía en negativo para un coste del capital de entre el 5 % y el 6 %. Para todo coste de capital superior al 10 %, el valor actual neto era acusadamente negativo y relativamente estable. En vista de sus resultados, según los cuales el coste del capital era del 16,66 % en 2000 y del 14,9 % en 2004, podía efectivamente concluir, con un alto grado de certeza, que el proyecto no era rentable.
62 Por otro lado, la Comisión llevó a cabo estudios comparativos con grupos representativos de competidores (anexo I de la Decisión impugnada, pp. 22 y 23). Estos estudios corroboraron globalmente su análisis del coste del capital de la CDL (véanse los posteriores apartados 120 a 124).
63 Además, la Comisión comparó sus resultados con el análisis de la sociedad de consultoría independiente E. Los resultados de E. y los de la propia Comisión son coherentes. En efecto, las cifras en que se basó la Comisión para el coste del capital, es decir, el 16,66 % en 2000 y el 14,9 % en 2004, corresponden a los intervalos definidos por E. en su informe (véase el anterior apartado 56).
64 Por otro lado, procede señalar que, en contra de lo que sostienen los demandantes, no se desprende en modo alguno de la Decisión impugnada ni de los escritos procesales que la Comisión hubiera estimado que el Reino de España debía comparar la rentabilidad de la CDL con la rentabilidad de todos los proyectos posibles no similares ni comparables, tanto en términos de perfil como en términos de tamaño. Es cierto que del considerando 65 de la Decisión impugnada se desprende, tal y como afirman los demandantes, que la Comisión estimó que un inversor privado habría comparado la rentabilidad de la CDL con la de «proyectos alternativos». Sin embargo, no precisó que esos otros proyectos incluyesen todos los proyectos alternativos no similares ni comparables. Al contrario, a la hora de calcular el «factor β» aplicable en el marco del cálculo del coste del capital (véanse los posteriores apartados 96 a 119), la Comisión se basó en los «factores β» de las sociedades B. y Ca. que eran, según ella, competidores directos de la CDL. La cuestión de si las dos empresas utilizadas como elementos de comparación eran suficientemente similares se abordará en el marco de la segunda parte del presente motivo (véanse los posteriores apartados 103 a 106). En lo que atañe a los estudios comparativos relativos al coste del capital de la CDL respecto de distintos grupos representativos de competidores, que no eran sino una de las herramientas, entre otras, utilizadas para comprobar la fiabilidad de sus resultados, la Comisión eligió a empresas que pertenecían al mismo sector de actividad en el sentido amplio (véanse los posteriores apartados 120 a 124).
65 En definitiva, los demandantes no han aportado ninguna prueba que permita demostrar que la metodología de la Comisión no le permitía determinar si el rendimiento del capital invertido era adecuado.
66 En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones expuestas (véanse los anteriores apartados 36 a 65), deben desestimarse todas las alegaciones de los demandantes relativas a la metodología empleada por la Comisión en la Decisión impugnada por carecer de fundamento.
Sobre el margen de apreciación del Reino de España
67 En cuanto al margen de apreciación del Estado miembro, los demandantes sostienen, en primer lugar, que de la Comunicación de 1993 —y en particular de sus apartados 27 y 28— se desprende que una aportación de fondos propios únicamente constituirá una ayuda en aquellos supuestos en los que sea manifiesto que la decisión de inversión no se tomó en condiciones de mercado. En consecuencia, consideran que un valor actual neto positivo siempre es suficiente.
68 A este respecto, en lo que concierne al apartado 27 de la Comunicación de 1993, se ha de señalar que la Comisión reconoce en dicho apartado que debe dejarse un margen de apreciación al inversor para llevar a cabo el análisis de riesgo de la inversión, pero declara que, para efectuar dicha apreciación es preciso que «las empresas públicas, al igual que las privadas, actúen según criterios comerciales».
69 Procede señalar igualmente que el apartado 28 de la Comunicación de 1993 dispone lo siguiente:
«[...] Sólo pueden considerarse ayudas estatales los proyectos respecto de los que la Comisión considera que no había motivos objetivos o de buena fe para esperar razonablemente un rendimiento suficiente en una empresa privada comparable en el momento de adoptarse la decisión de inversión o financiación. [...]»
70 En el apartado 29 de la Comunicación de 1993, la Comisión repite la idea según la cual «cualquier decisión de inversión comercial supone un margen de apreciación considerable», pero integra esta idea en un análisis más general sobre la manera de determinar si una ayuda estatal existe o no (sentencia WestLB, citada en el anterior apartado 40, apartado 260).
71 Por otra parte, se puede distinguir entre la estimación del rendimiento probable del proyecto, en la que existe cierto margen de apreciación del inversor público, y el examen que hace dicho inversor a fin de determinar si el rendimiento le parece suficiente como para llevar a cabo la inversión de que se trate, examen cuyo margen de apreciación es menor, puesto que es posible comparar la operación en cuestión con otras posibilidades de inversión del capital (sentencia WestLB, citada en el anterior apartado 40, apartado 261).
72 Pues bien, por un lado, la Comisión concluyó que existían razones objetivas para considerar que un inversor privado no habría invertido en el proyecto, en particular teniendo en cuenta que la tasa interna de rentabilidad del proyecto era muy inferior al coste del capital. Por otro lado, la Comisión no sustituyó la apreciación del Estado miembro por la suya propia en lo que respecta al análisis de la tasa interna de rentabilidad del proyecto, puesto que reprodujo íntegramente las proyecciones de flujo de caja de dicho Estado miembro, lo que le resultaba muy favorable. Por lo tanto, en el caso de autos, la Comisión se limitó a apreciar si un inversor privado diligente habría aceptado invertir con tal tasa interna de rentabilidad, aunque subrayó que, a su parecer, las proyecciones de flujo de caja eran particularmente optimistas.
73 Es cierto que, tal y como señala el Reino de España, existen distintas herramientas para evaluar un proyecto de inversión. Es exacto que desde un punto de vista financiero una inversión con un valor actual neto positivo se llevará generalmente a cabo, si bien es posible que un inversor privado diligente tome en consideración, en su caso, otros elementos según las circunstancias del caso concreto.
74 Sin embargo, es preciso señalar, en primer término, que la Comisión calculó un valor actual neto negativo de 130 millones de euros en 2002. Según dicha institución, para el período comprendido entre 2000 y 2006, el valor actual neto era igualmente negativo en más de 57 millones de euros. Por lo tanto, no cuestiona el principio de que un valor actual neto positivo es un indicador pertinente.
75 En segundo término, procede señalar que las últimas estimaciones financieras aportadas por las autoridades españolas sobre la base del informe L. de 28 de septiembre de 2011, presentan diferencias menores —o incluso inexistentes— entre la tasa interna de rentabilidad y el coste del capital. En efecto, si bien dicho informe se basa en un coste del capital del 7,16 % y en una tasa interna de rentabilidad del 8,84 % para la decisión de inversión de 2000, propone, respectivamente, cifras del 5,73 % y del 5,74 % para la decisión de inversión de 2004.
76 En comparación, la Comisión, basándose igualmente en las tasas internas de rentabilidad utilizadas por las autoridades españolas, calculó costes de capital de 16,66 % en 2000 y de 14,9 % en 2004, lo que constituye un margen consecuente y contrasta con el análisis de las autoridades españolas. En consecuencia, los cálculos de las autoridades españolas eran efectivamente menos concluyentes, en particular en lo que respecta a la decisión de inversión de 2004, en la que la diferencia entre el coste del capital y la tasa interna de rentabilidad era únicamente del 0,01 %, tal y como señaló fundadamente la Comisión.
77 En estas circunstancias, la Comisión no violó en modo alguno los principios consagrados en la Comunicación de 1993 relativos al alcance de su control.
78 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar todas las alegaciones de los demandantes invocadas en la primera parte del primer motivo y basadas en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, por carecer de fundamento.
79 En segundo lugar, en lo que atañe a la supuesta infracción del artículo 345 TFUE y a la violación del principio de igualdad de trato, procede recordar que según su artículo 345, el Tratado FUE no influye en el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Por tanto, los Estados miembros tienen libertad para emprender, directa o indirectamente, actividades económicas de la misma manera que las empresas privadas. Este principio de igualdad de trato entre los sectores público y privado implica que los Estados miembros pueden invertir en actividades económicas y que los capitales que el Estado pone, directa o indirectamente, a disposición de una empresa, en circunstancias que se corresponden con las condiciones normales de mercado, no pueden ser considerados como ayudas de Estado (sentencias Bélgica/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 29, e Italia/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 20; sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 1996, Air France/Comisión, T‑358/94, Rec. p. II‑2109, apartado 70).
80 En este contexto el objetivo perseguido por la metodología de la Comisión era precisamente comprobar si la operación controvertida se había realizado en circunstancias que correspondían a las condiciones normales del mercado (véanse los anteriores apartados 36 a 66).
81 Procede señalar igualmente que, en lo que atañe a la metodología empleada por la Comisión en la Decisión impugnada, los demandantes no formularon ninguna alegación en apoyo de la supuesta infracción del artículo 345 TFUE y violación del principio de igualdad de trato.
82 En estas circunstancias, tampoco puede considerarse que la metodología empleada por la Comisión en la Decisión impugnada infringiera el artículo 345 TFUE o vulnerara el principio de igualdad de trato.
83 En consecuencia, procede desestimar la primera parte del primer motivo en su totalidad por carecer de fundamento.
b) Sobre la utilización por la Comisión de parámetros erróneos en la Decisión impugnada
84 La segunda parte del primer motivo se refiere principalmente a la supuesta comisión de errores manifiestos de apreciación por parte de la Comisión en relación con los parámetros utilizados por ésta última en el modelo financiero MVAF para definir el coste del capital de la CDL. Es preciso recordar que los demandantes no impugnan la utilización de dicho modelo en el caso de autos.
85 Según se desprende del considerando 71 de la Decisión impugnada, de conformidad con el modelo MVAF el coste del capital se calcula con arreglo a la siguiente fórmula: «Ke = Rf + (Rm - Rf) β».
86 «Rf» es la tasa libre de riesgo, generalmente la de las obligaciones del Estado. Del considerando 72 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión se basó en la tasa a diez años de las obligaciones del Estado español en 2004, a saber, un 4,1 %. Los demandantes no niegan esta tasa del 4,1 %. Por un lado, centran sus críticas en la prima de riesgo del mercado (que corresponde a la fórmula llamada «Rm — Rf»), es decir, el mayor nivel de rentabilidad, en comparación con un activo sin riesgo, exigido por los inversores cuando estos últimos invierten en el mercado. Por otro lado, los demandantes impugnan el análisis de la Comisión relativo al «factor β», que corresponde a una medida del riesgo sistemático (no diversificable) asociado a las acciones de la CDL, que refleja tanto el riesgo comercial como el riesgo financiero.
Sobre la prima de riesgo del mercado
87 En lo que atañe a la prima de riesgo del mercado, la Comisión señaló, en el considerando 72 de la Decisión impugnada, que era corriente tomar la diferencia entre la rentabilidad histórica de un índice bursátil diversificado del país de la operación y la tasa libre de riesgo. Los demandantes impugnan la cifra del 6,8 % en que se basó la Comisión, especialmente habida cuenta de que, a juicio de aquéllos, esta última había interpretado erróneamente los trabajos de P.F., universitario español, sobre los que se basó para determinar la prima de riesgo del mercado.
88 Procede señalar de entrada que la crítica de los demandantes se refiere exclusivamente a la interpretación de los dos estudios publicados en 2004 y 2009 por P.F., universitario español cuya competencia no se pone en duda.
89 Según los demandantes, es preciso basarse exclusivamente en el estudio de 2009 y, más concretamente, en una observación del autor contenida en el siguiente pasaje: «¿Que prima de riesgo utilizo para evaluar sociedades y proyectos de inversión? En la mayor parte de las evaluaciones que he realizado en el siglo XXI he utilizado [primas de riesgo exigidas] comprendidas entre 3,8 y 4,3 para Europa y los Estados Unidos.» Los demandantes afirman, en consecuencia, que, según una estimación conservadora, la prima de riesgo del mercado era del 4,3 % y no del 6,8 %, como decidió la Comisión en el considerando 72 de la Decisión impugnada.
90 Según la Comisión, el autor se limita a expresar una preferencia personal como conclusión del estudio de 2009. La Comisión añade que todos los datos concretos recogidos en los estudios de 2004 y de 2009 demuestran, sin embargo, que en el caso de España, durante el período considerado, es decir, el período correspondiente a las decisiones de inversión de 2000 y de 2004, la prima de riesgo del mercado era más elevada.
91 A este respecto, por un lado, procede señalar que el estudio de 2004 tiene como finalidad principal clarificar el concepto de prima de riesgo del mercado. Sin embargo, las páginas 8 a 11 de este estudio son pertinentes, puesto que contienen cifras relativas a España. En particular, el cuadro 2, que se halla en la página 10 del estudio de 2004, contiene las primas de riesgo históricas en España para varios períodos comprendidos entre 1963 y 2003. Según el método de cálculo (media aritmética o geométrica), esta prima de riesgo histórica se situaba entre el 6,8 % y el 9,3 % para el período comprendido entre 1991 y 2003, es decir, el período más próximo al periodo pertinente para el caso de autos. La Comisión se basó principalmente en estas cifras en la Decisión impugnada.
92 Por otro lado, el estudio de 2009 pretende precisamente realizar un inventario de las primas de riesgo de mercado utilizadas en 150 obras sobre la financiación de las empresas y la evaluación económica para Estados Unidos y Europa. El cuadro 2, que se halla en la página 3 del estudio de 2009, presenta un interés particular puesto que calcula la media para un período de cinco años de la prima de riesgo del mercado de cada año con respecto al período comprendido entre 1988 y 2008. En 2000, esta media era del 7 %. En 2004, era ligeramente superior al 6 %. La Comisión también llamó la atención sobre estos datos, puesto que confirman las cifras extraídas del estudio de 2004.
93 Del anterior apartado 92 se desprende que el estudio de 2009 se refiere a Europa y a los Estados Unidos, pero no ofrece cifras específicas para España. Por lo tanto, era lógico que la Comisión utilizara principalmente el estudio de 2004, que incluía cifras que se referían únicamente a España. Además, estas cifras son datos históricos, comprobados empíricamente y próximos al período considerado en el presente asunto. Al basarse en la cifra del 6,8 %, la Comisión se sitúa efectivamente en la parte inferior de la horquilla definida por el autor en el estudio, que va del 6,8 % al 9,3 %. Por lo tanto, la Comisión adoptó una postura conservadora. Además, las cifras contenidas en el estudio de 2009 corroboran la cifra empleada por la Comisión, basada en el estudio de 2004, en particular, las cifras contenidas en el cuadro 2, situado en la página 3 de aquel estudio.
94 Por último, procede señalar que la observación del autor recogida en la conclusión del estudio de 2009, sobre la que se basa gran parte del razonamiento de los demandantes, constituye la expresión de una afirmación basada en su propia práctica, pasada y actual. Por tanto, en contra de lo que afirman los demandantes, esta observación no es ni la conclusión de sus investigaciones ni la media o el máximo aplicable durante el primer decenio del siglo XXI. Por otra parte, esta observación del autor se refería a Estados Unidos y a Europa, y no únicamente a España. Esta consideración no queda desvirtuada por el hecho de que la Comisión haya incurrido en error en el anexo II (p. 27) de la Decisión impugnada al afirmar que dicha observación se refería únicamente a la práctica del autor en 2009, tal y como sostienen fundadamente los demandantes refiriéndose al informe L. de 28 de septiembre de 2011.
95 En estas circunstancias, procede concluir que los demandantes no han demostrado la existencia de un error manifiesto de apreciación de la Comisión en relación con la prima de riesgo del mercado.
Sobre la elección del «factor β»
96 En lo que atañe a la elección del factor β, del considerando 72 de la Decisión impugnada resulta que la Comisión calculó un valor de cerca de 1,5. Esta cifra corresponde a una media ajustada de los «factores β» de Ca. Group y B., dos empresas competidoras de la CDL. Las cifras relativas a estas dos empresas provienen de analistas financieros que realizaron un análisis en profundidad de ambas empresas.
97 Los demandantes formulan siete alegaciones, cuya procedencia impugna la Comisión.
98 En primer lugar, los demandantes señalan que, a diferencia de los informes encargados por las autoridades españolas, que se basan en datos económicos públicos de dos competidores, Ca. Group y B., suministrados por la base de datos Bloomberg, la Comisión se basó en datos relativos a dos empresas aportados por analistas financieros y a los que los demandantes no tuvieron acceso. En consecuencia, éstos estiman que, al no haber podido evaluar las cifras de la Comisión, la Decisión impugnada debería ser anulada por haber vulnerado sus derechos procesales según se definen en la jurisprudencia.
99 A este respecto, del considerando 73 de la Decisión impugnada resulta que los referidos datos provienen de dos estudios exhaustivos realizados por analistas financieros.
100 En lo que atañe al estudio relativo a Ca. Group, procede señalar que el enlace de Internet que permite acceder a dicho estudio aparece, en particular, en el anexo II (p. 28) de la Decisión impugnada. Este anexo II es un informe económico interno de la Comisión elaborado en marzo de 2010. Según se desprende de las respuestas escritas a las preguntas formuladas por escrito por el Tribunal, los demandantes no niegan que el referido informe fue transmitido a las autoridades españolas el 24 de mayo de 2011 y que, en consecuencia, dichas autoridades tuvieron la posibilidad de acceder a tal estudio durante el procedimiento administrativo. En todo caso, esta afirmación no queda desvirtuada por la circunstancia de que dicho informe no se hubiera comunicado inmediatamente a los demandantes.
101 En lo que concierne al estudio relativo a B., los demandantes sostienen que el enlace de Internet que permitía acceder a dicho estudio, igualmente recogido en el anexo II (p. 28) de la Decisión impugnada, era defectuoso. Sin que sea necesario resolver la cuestión de si esta afirmación era correcta en el momento en que se transmitió el informe a los demandantes, procede señalar que estos últimos no solicitaron en ningún momento a la Comisión que les transmitiera dicho estudio. Es cierto que, tal y como señalaron los demandantes en sus respuestas escritas a las preguntas formuladas por escrito por el Tribunal, las autoridades españolas habían solicitado el 4 de febrero de 2011 la lista de los documentos que el consultor externo debía enviarles, así como la comunicación previa de todos los elementos que aún no se les habían transmitido, lo que podía incluir el estudio financiero sobre B. Consta igualmente, en dos de los informes aportados por L., que esta última afirmaba que no había podido acceder a dicho estudio. Sin embargo, es preciso señalar que los demandantes nunca solicitaron expresamente a la Comisión acceder a dicho documento concreto en ninguno de sus numerosos intercambios.
102 En estas circunstancias, procede desestimar la alegación de los demandantes relativa a la vulneración de sus derechos procesales por carecer de fundamento.
103 En segundo lugar, los demandantes sostienen que en la Decisión impugnada la Comisión se basó únicamente en la situación de dos empresas competidoras, Ca. Group y B., de las cuales una es una productora audiovisual diversificada y no un estudio de cine. Según los demandantes, estas dos sociedades no pueden considerarse comparables a la CDL.
104 A este respecto procede señalar, en primer término, que dichas sociedades habían sido identificadas por las autoridades españolas, en sus observaciones sobre la Decisión de incoar el procedimiento, como competidores directos de la CDL, según se desprende del considerando 73 de la Decisión impugnada. En respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal en la vista, los demandantes admitieron que estas dos sociedades eran comparables a la CDL.
105 En segundo término, en lo que respecta al hecho de que una de estas dos sociedades es una productora audiovisual diversificada y no un estudio de cine a semejanza de la CDL, procede señalar que la Comisión afirmó, sin que los demandantes lo negasen, que un grupo con activos diversificados, como Ca. Group, suele tener un «factor β» menor que una empresa más especializada como la CDL, puesto que la diversificación de sus actividades tiende a limitar su sensibilidad a las fluctuaciones del mercado, lo que por consiguiente resultaría beneficioso para los demandantes al disminuir el «factor β» de la CDL.
106 En consecuencia, los demandantes no han sido capaces de demostrar la existencia de un error manifiesto de apreciación de la Comisión en lo que atañe a la elección de las dos empresas utilizadas como elementos de comparación.
107 En tercer lugar, según los demandantes, el informe relativo a la empresa Ca. Group se limitaba a indicar el factor β de ésta sin aportar ningún análisis sobre el método seguido para obtener dicha cifra.
108 A este respecto, procede recordar que si bien no se precisaba el planteamiento metodológico empleado en el informe, dicha cifra es el resultado de un análisis completo de esta sociedad realizado por especialistas del análisis financiero, lo que no puede decirse de las cifras indicadas por los demandantes (véanse, igualmente, los posteriores apartados 110 y 111). Por lo tanto, no puede considerarse que la Comisión haya incurrido en un error manifiesto de apreciación a este respecto.
109 En cuarto lugar, los demandantes sostienen que la cifra de 1,59 a la que hace referencia la Comisión es incoherente y que, lógicamente, no puede resultar únicamente de estas dos empresas competidoras, contrariamente a lo que se desprende de la Decisión impugnada. Señalan que, según las cifras del informe L. de 19 de octubre de 2009, la media aritmética de los «factores β» de Ca. Group y de B. se sitúa alrededor de 0,45, según los ajustes realizados. Los demandantes afirman que esta diferencia sólo puede explicarse por la inclusión de los «factores β» de las sociedades americanas T., W. y F.
110 A este respecto, procede declarar que la Comisión no se basó en los «factores β» de estas tres sociedades americanas. En efecto, del anexo II de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión se basó en los «factores β» mencionados en los dos estudios relativos a Ca. Group y a B. El estudio relativo a Ca. Group mencionaba un «factor β» del 1,8, que la Comisión ajustó hasta un valor del 1,68 para tener en cuenta las diferencias de la estructura financiera. El estudio relativo a B., que presenta la misma estructura financiera sin deuda que la CDL, mencionaba un «factor β» de 1,5. Por lo tanto, la cifra de 1,59 es la media aritmética del «factor β» ajustado de Ca. Group y del «factor β» de B. Así pues, la Comisión no incurrió en error de manifiesto de apreciación a este respecto.
111 En quinto lugar, los demandantes observan que los datos relativos a la empresa B. corresponden al año 2008, y, por lo tanto, no reflejan los datos disponibles en el momento en que se adoptaron las decisiones de inversión.
112 Si bien es cierto que los datos relativos a B. corresponden efectivamente al año 2008 y que, por tanto, no son exactamente coetáneos a las decisiones de invertir en la CDL, procede señalar, en primer término, que la Comisión demostró de manera convincente que los datos presentados por los demandantes, a pesar de referirse a un período coetáneo a las decisiones de inversión, eran muy sensibles a los parámetros utilizados. En efecto, los «factores β» utilizados por los demandantes son «factores β» históricos que además han sido ampliamente criticados por la doctrina, y especialmente por P.F., entre otros autores, según se desprende del anexo II (p. 29) de la Decisión impugnada. La Comisión aportó simulaciones que mostraban diferencias de resultado considerables según la duración tenida en cuenta y la periodicidad de los datos.
113 En segundo término, tal y como señala la Comisión, un «factor β» de 1 indica un riesgo medio en el mercado. El «factor β» es una medida de la volatilidad de la rentabilidad del activo en cuestión respecto de la del mercado. En contra de lo que afirman los demandantes, el «factor β» se refiere efectivamente al riesgo de la inversión en cuestión. Un «factor β» de 0,38, tal y como proponen los demandantes, indica pues un riesgo muy inferior a la media de todas las empresas del mercado. A este respecto, es preciso recordar que el proyecto CDL es un estudio de cine de nueva creación en una zona geográfica que no presenta ningún elemento que demuestre de manera indubitada la capacidad para acoger ese tipo de inversión. Además, la Comisión aportó una lista de los «factores β» de un gran número de industrias extraídos de un estudio de A.D., un autor citado por los demandantes. De esta lista se desprende que ninguna industria posee un «factor β» tan bajo como el propuesto por los demandantes, a saber, un 0,38. Los «factores β» más bajos son los de los sectores regulados, tales como la electricidad (0,7) o el agua (0,6). Estas cifras de 0,6 y 0,7 son, por lo demás, muy superiores a la cifra propuesta por los demandantes. Por otro lado, sectores como la «publicidad», la «televisión por cable» o los «programas de ordenador» tienen «factores β» comprendidos entre 1,2 y 1,9.
114 En estas circunstancias procede considerar que los demandantes no han aportado pruebas que corroboren sus alegaciones relativas a la existencia de un error manifiesto de apreciación cometido por la Comisión en lo que concierne a la utilización del estudio de 2008 relativo a B.
115 En sexto lugar, la CDL y la SPTCV cuestionan el ajuste al alza del «factor β» llevado a cabo por la Comisión debido a la ubicación del proyecto, en particular habida cuenta del hecho de que se había encargado un informe a una sociedad de consultoría independiente sobre este particular.
116 A este respecto, del considerando 73 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión estimó que su postura consistente en calcular la media aritmética de los «factores β» de Ca. Group y de B. era conservadora, puesto que, por un lado, estas sociedades eran sociedades que ya estaban consolidadas, mientras que la CDL era un nuevo proyecto y, por otro lado, el proyecto se había implantado en una región sin productores cinematográficos internacionales o españoles. La Comisión concluyó que el «factor β» de la CDL era probablemente mucho más elevado que el de sus competidores existentes. Sin embargo, no se desprende en modo alguno de la Decisión impugnada que el «factor β» utilizado por la Comisión para la CDL hubiera sido efectivamente ajustado al alza debido a la ubicación del proyecto. Por otro lado, procede señalar que, a pesar de sus reservas, ningún otro parámetro del análisis financiero de la Comisión fue modificado por ese motivo, según ella misma confirmó en sus respuestas escritas a las preguntas formuladas por escrito por el Tribunal. Por tanto, debe desestimarse esta alegación de los demandantes por carecer de fundamento.
117 En séptimo lugar, la CDL y la SPTCV invocan la existencia de una falta de motivación en lo que atañe a la afirmación recogida en el considerando 77 de la Decisión impugnada de que los flujos de caja del plan de desarrollo revisado de 2004 parecían inapropiadamente optimistas.
118 A este respecto, procede declarar que la Comisión precisó en el considerando 77 de la Decisión impugnada que estimaba que estas proyecciones eran optimistas debido a las pérdidas generadas por el proyecto entre 2002 y 2004. Se refirió igualmente al informe E., que contenía un determinado número de argumentos que demostraban que los flujos de caja proyectados en el plan de desarrollo revisado de 2004 representaban la expectativa máxima. Por lo tanto, no puede considerarse que la Decisión de la Comisión adolezca de falta de motivación sobre este particular. En cualquier caso, a pesar de que la Comisión consideraba que dichas estimaciones de flujos de caja eran optimistas, no las ajustó y conservó pues las cifras propuestas por las autoridades españolas. En consecuencia, procede desestimar igualmente esta última alegación de los demandantes por infundada.
119 Habida cuenta de las consideraciones recogidas en los anteriores apartados 96 a 118, procede desestimar todas las alegaciones de los demandantes relativas al factor β por carecer de fundamento.
Sobre el estudio de datos relativos al rendimiento del capital invertido en comparación con un grupo representativo de competidores
120 En lo que atañe a este estudio, presentado por la Comisión como anexo I de la Decisión impugnada, los demandantes se oponen a la utilización como elemento de comparación de una lista de 45 grandes empresas dedicadas a «actividades de producción cinematográfica y de video» (NACE), algunas de las cuales, como W. y T., no pueden considerarse, según ellos, del mismo tamaño o con un perfil similar al de la CDL, a pesar de que formen parte del mismo sector de actividad. A su entender, la Comisión debería haberse referido a la rentabilidad de proyectos similares realizados por competidores directos. La CDL y la SPTCV estiman igualmente que, dado que no pudieron evaluar las cifras de la Comisión, debería anularse la Decisión impugnada.
121 A este respecto, en primer lugar, procede señalar que este estudio de datos relativos al rendimiento del capital invertido en comparación con un grupo representativo de competidores que figura en el anexo I de la Decisión impugnada tenía como única finalidad confirmar la fiabilidad de los resultados de la Comisión comparando el coste del capital de la CDL con el rendimiento del capital invertido de algunas empresas que operan en el mismo sector de actividad. Por lo tanto, la Comisión podía legítimamente basarse en un grupo de empresas con tamaños y perfiles que no fueran exactamente parecidos a los de la CDL para realizar dicho estudio comparativo. Por otra parte, los demandantes no niegan que las empresas competidoras en que se basó la Comisión pertenecían al mismo sector que la CDL. Tampoco impugnan la pertinencia del método empleado por la Comisión.
122 En segundo lugar, es preciso señalar igualmente que la Comisión llevó a cabo un estudio particularmente exhaustivo, utilizando, por un lado, datos procedentes de dos bases de datos distintas, y, por otro lado, varios grupos de empresas, clasificadas según su tamaño y la naturaleza exacta de su actividad. Del estudio se desprende que la rentabilidad media del capital invertido para todas estas empresas se situaba entre el 10,1 % y el 13,56 %, lo que corrobora globalmente los resultados de la Comisión para la CDL, a saber, un coste del capital del 16,66 % en 2000 y del 14,9 % en 2004.
123 En tercer lugar, en lo que respecta a la alegación de la CDL y de la SPTCV de que procedía anular la Decisión impugnada debido a que no tuvieron acceso a las listas exactas de las sociedades en que se basó el estudio de datos relativos al rendimiento del capital invertido en comparación con un grupo representativo de competidores, basta con recordar que de la jurisprudencia se desprende que en el procedimiento administrativo previo tanto las empresas beneficiarias de las ayudas como sus competidores tienen la consideración de meros «interesados». De este modo, la jurisprudencia confiere a los interesados esencialmente la función de fuentes de información para la Comisión en el marco del procedimiento administrativo incoado con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2. De ello se desprende que los interesados, lejos de poder ampararse en el derecho de defensa, reconocido a las personas en contra de las cuales se inicia un procedimiento, sólo disponen del derecho a participar en el procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias del caso concreto (sentencias del Tribunal de 25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión, T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405, apartados 59 y 60, y WestLB, citada en el anterior apartado 40, apartado 125). En el caso de autos es preciso recordar, por un lado, que estas listas fueron utilizadas en el marco de un estudio que acompaña como anexo a la Decisión impugnada cuya única finalidad era confirmar la fiabilidad de los resultados de la Comisión, al igual que el estudio relativo a la evolución del valor actual neto en función del coste del capital mencionado en el considerando 81 de la Decisión impugnada. Por otro lado, no se desprende de los autos que los demandantes hubieran solicitado a la Comisión acceder a tales listas durante el procedimiento administrativo previo. Por consiguiente, debe desestimarse esta alegación.
124 Dadas estas circunstancias, las alegaciones de los demandantes en relación con el referido estudio de datos deben desestimarse en su totalidad por infundadas. En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del primer motivo en su totalidad.
c) Sobre el hecho de que la Comisión no tuvo en cuenta la zona hotelera y de servicios
125 La CDL y la SPTCV sostienen, con carácter subsidiario, que la Comisión debería haber tomado en consideración el rendimiento de la inversión adicional generado por la zona hotelera y de servicios prevista en el plan de desarrollo de 2000 y en el plan de desarrollo revisado de 2004 a pesar de no ser necesario para la rentabilidad de la CDL. El Reino de España también menciona este extremo.
126 En primer lugar, la CDL y la SPTCV señalan que el proyecto de la CDL sería rentable si se tuviera en cuenta la zona hotelera y de servicios, incluso con un coste de capital estimado en el 9,58 % en 2000 y en el 6,05 % en 2004. Afirman que este análisis está respaldado, en particular, por seis informes de la sociedad de consultoría independiente Eu. que estimó el valor de cada una de las parcelas. Según ellas, la intención de las autoridades españolas de incluir la explotación de esta zona en el proyecto queda ratificada por el hecho de que se lanzó una licitación abierta para la concesión de los terrenos de la explotación hotelera y de la zona comercial. Según la CDL y la SPTCV, la Comisión era consciente de ello, puesto que formuló al Gobierno español preguntas adicionales a este respecto el 26 de agosto de 2009. Sostienen que la obligación de tener en cuenta todos los elementos de una operación se desprende además de la jurisprudencia.
127 En segundo lugar, la CDL y la SPTCV sostienen que los seis informes de la sociedad de consultoría independiente Eu. son pertinentes a pesar de haber sido elaborados a posteriori, puesto que se basan en elementos disponibles en el momento en que se realizaron las inversiones. Añaden que estos informes fueron realizados a petición de la propia Comisión.
128 En tercer lugar, la CDL y la SPTCV rebaten, basándose en los informes de la sociedad de consultoría independiente Eu., las conclusiones de la Comisión según las cuales los precios de referencia indicados no se ajustaban a la realidad. En particular sostienen, por un lado, que los precios fijados fueron debidamente contrastados con las publicaciones profesionales empleadas como referencia en España, y, por otro lado, que el proyecto no está ubicado en una zona meramente industrial, sino en una zona muy dinámica que incluye numerosas infraestructuras y edificios públicos.
129 La Comisión rebate todas estas alegaciones por considerarlas infundadas.
130 A este respecto, procede señalar de inmediato que la Comisión incurrió en error al considerar en sus escritos procesales que los posibles ingresos adicionales derivados de la explotación de la zona hotelera y de servicios no debían tomarse en consideración por el mero hecho de que los terrenos en los que habrían tenido lugar tales inversiones ya pertenecían a la SPTCV. En efecto, estos ingresos adicionales están intrínsecamente relacionados con la construcción de los estudios de cine. Sin estos últimos, la zona hotelera y de servicios perdería gran parte de su interés comercial. En estas circunstancias, las autoridades españolas podían considerar fundadamente todo el complejo como una inversión única e incluir la zona hotelera y de servicios en su decisión de inversión.
131 A continuación, procede señalar que la Comisión solicitó efectivamente a las autoridades españolas durante el procedimiento administrativo previo que aportaran informes estimativos del valor comercial de las parcelas, según se desprende de la solicitud de información de la Comisión de 26 de agosto de 2009.
132 Por último, en lo que atañe a la alegación de la Comisión de que, en todo caso, no tenía la obligación de tomar en consideración las conclusiones de los informes Eu. ni de los informes L. relativos a la rentabilidad del proyecto en su conjunto por el mero hecho de que hubieran sido realizados después del período de inversión, a saber, durante el procedimiento administrativo previo, procede señalar que la Comisión interpreta erróneamente la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2012, Comisión/EDF (C‑124/10 P). En efecto, la Comisión se basa en esta sentencia para considerar que, por regla general, no tiene la obligación de tomar en consideración las evaluaciones de carácter económico aportadas por los Estados miembros cuando éstas no son contemporáneas a las decisiones de inversión de que se trate.
133 Pues bien, la cuestión planteada en la sentencia Comisión/EDF, citada en el anterior apartado 132, se refería a la aplicabilidad del criterio del inversor privado y no a si la Comisión había aplicado correctamente dicho criterio. El Tribunal de Justicia declaró en aquel entonces, en particular, en el apartado 85 de la sentencia Comisión/EDF, citada en el anterior apartado 132, que, a falta de elementos contemporáneos a la decisión de invertir, la existencia de evaluaciones económicas posteriores no demostraban que el Estado hubiera actuado en su condición de accionista y no como poder público. Por lo tanto, es preciso diferenciar, por un lado, la cuestión de si el Estado miembro de que se trata ha actuado como accionista o como poder público y, por otro lado, la cuestión de si su comportamiento, en su condición de accionista, corresponde al que habría adoptado un inversor privado diligente.
134 En el caso de autos, no se plantea la cuestión de si el criterio del inversor privado es aplicable, habida cuenta, en particular, de los distintos informes encargados por las autoridades españolas en el momento de las dos decisiones de inversión. Además, la Comisión no ha negado en ningún momento que el Reino de España hubiera actuado en su condición de accionista y fue ella misma quien aplicó el criterio del inversor privado en la Decisión impugnada. En estas circunstancias, a efectos de determinar si el beneficiario de la medida controvertida obtuvo efectivamente una ventaja en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, análisis económicos complementarios aportados por el Estado miembro durante el procedimiento administrativo previo pueden aclarar los datos existentes en el momento de la decisión de inversión y deben ser tenidos en cuenta por la Comisión.
135 Además, procede señalar que de los informes de A. y de C. se desprende que dichos informes habían previsto efectivamente el desarrollo de la zona hotelera y de servicios, lo que vino a corroborar la licitación lanzada en 2005, si bien esta última resultó ser infructuosa. Aunque es probable que un inversor privado diligente no habría considerado los proyectos relativos a la zona hotelera y de servicios como un criterio determinante para su decisión de invertir en la CDL, dicho inversor podría haber considerado legítimamente, a la luz de los elementos existentes, que la referida zona sería una fuente creíble de ingresos adicionales que vendría a añadirse, en su caso, al complejo cinematográfico. En contra de lo que afirma la Comisión, esta conclusión no queda desvirtuada por la existencia de una abundante oferta hotelera en la región, en particular habida cuenta de que la zona no está compuesta exclusivamente por hoteles.
136 No obstante, sin que sea siquiera necesario apreciar los reparos de la Comisión en lo que respecta a la pertinencia de los informes de peritos aportados por las autoridades españolas durante el procedimiento administrativo previo a este respecto, procede señalar que, en todo caso, la eventual mejora de la rentabilidad de la inversión en la CDL debido a la zona hotelera y de servicios no basta para aplicar el criterio del inversor privado, tal y como señaló fundadamente la Comisión en sus escritos procesales.
137 En efecto, de las cifras presentadas por los demandantes resulta que la inversión total sería rentable para todo coste de capital inferior a 9,58 % en 2000 y a 6,05 % en 2004. Pues bien, de las partes primera y segunda del presente motivo se desprende que los demandantes no han sido capaces de demostrar la existencia de errores manifiestos de apreciación de la Comisión en lo que respecta al cálculo del coste del capital. Puesto que la Comisión llegó a la conclusión de que existía un coste del capital superior al 14 % en 2000 y en 2004, la eventual mejora de la rentabilidad de la CDL debido a la zona hotelera y de servicios no es suficiente en ningún caso.
138 Además, procede desestimar por infundada la alegación de los demandantes de que la Comisión no apreció todos los elementos pertinentes del litigio al no incluir en la rentabilidad de la CDL los ingresos complementarios potenciales resultantes de la zona hotelera y de servicios. En efecto, del considerando 84 y del anexo II de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión examinó todos los elementos presentados por los demandantes durante el procedimiento administrativo previo antes de llegar a dicha conclusión.
139 En estas circunstancias, debe desestimarse la tercera parte del primer motivo por ser parcialmente inoperante y parcialmente infundada. En consecuencia, procede desestimar el primer motivo en su totalidad.
2. Sobre el segundo motivo, basado en la existencia de errores de Derecho en el análisis de la Comisión relativo a la compatibilidad con el mercado interior del proyecto de la CDL como ayuda regional y como ayuda cultural
140 El segundo motivo de los demandantes se divide en dos partes basadas en la comisión de errores de Derecho y en la falta de motivación en lo que respecta al análisis realizado por la Comisión de la compatibilidad del proyecto de la CDL con el mercado interior en relación, por un lado, con las ayudas regionales, y por otro, con las ayudas culturales.
a) Sobre la compatibilidad como ayudas regionales
141 En primer lugar, los demandantes sostienen que la Comisión debería haber declarado, en un primer momento, la compatibilidad con el mercado interior del 36 % del importe total del proyecto por tratarse de una ayuda regional y aplicar, a continuación, el criterio del inversor privado al 64 % restante. Así pues, según los demandantes, la Comisión debería haber dividido la inversión en dos partes. Sostienen que el hecho de que la Comisión no haya abordado explícitamente esta alegación en la Decisión impugnada, siendo así que las autoridades españolas la habían invocado en varias ocasiones durante la fase administrativa previa, constituye una falta de motivación.
142 En segundo lugar, los demandantes estiman que, en el caso de autos, se cumple el criterio según el cual el beneficiario de la ayuda debe contribuir al menos con el 25 % de los costes del proyecto para poder beneficiarse de las ayudas regionales (en lo sucesivo, «criterio de la contribución financiera propia del beneficiario»), establecido en el apartado 4.2 de las Directrices de 1998 y en el apartado 39 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (DO 2006, C 54, page 13; en lo sucesivo, Directrices de 2006). En efecto, en primer término, Aguamarga contribuyó con el 25 % del capital social de la empresa cuando ésta se creó en 2000. Según los demandantes, ello no se ve alterado por el hecho de que Aguamarga dejara de ser accionista de la CDL en 2004. Además, estiman que la alegación de la Comisión de que no puede tenerse en cuenta la inversión de un gestor no resulta de las Directrices ni de la jurisprudencia o de su práctica decisoria. En segundo término, sostienen que la inversión de la SPTCV debe considerase financiación externa en lo que respecta a la observancia de este criterio de compatibilidad. Los demandantes estiman que la Comisión infringió el artículo 345 TFUE, la jurisprudencia y las Directrices, al denegarles la posibilidad de acogerse a las ayudas regionales por el mero hecho de que la inversión provenía de un inversor público. Añaden que de la práctica decisoria de la Comisión se desprende que en el pasado se ha dado el caso de empresas públicas que han recibido efectivamente ayudas compatibles.
143 La Comisión rebate todas estas alegaciones por considerarlas infundadas.
– Sobre la necesidad de disociar la inversión
144 En lo que atañe a la alegación basada en la necesidad de disociar la inversión, procede señalar que los demandantes formularon efectivamente esta alegación en varias ocasiones durante el procedimiento administrativo previo. Además, tal y como sostienen fundadamente los demandantes, la Comisión no excluyó en el considerando 107 de la Decisión de incoar el procedimiento que una parte de la ayuda controvertida pudiera declararse compatible con el mercado interior como ayuda regional. La Comisión no mencionó en la Decisión impugnada esta alegación de los demandantes.
145 En primer lugar, procede señalar que los demandantes confunden la existencia de una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, con su compatibilidad con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra a), y de las Directrices. En efecto, habida cuenta de las normas del Tratado, la Comisión no puede evaluar la compatibilidad con el mercado interior de una ayuda cuya existencia no se haya demostrado previamente. En estas circunstancias, siempre que la inversión de las autoridades españolas en la CDL fuera una inversión única, la Comisión tenía la obligación de analizar en un primer momento la totalidad de la inversión a la luz del criterio del inversor privado y, a continuación, pero sólo en el caso de que se hubiera comprobado la existencia de una ayuda, apreciar su compatibilidad con el mercado interior.
146 A este respecto, procede recordar que, tal y como afirma fundadamente la Comisión, es posible analizar separadamente varias inversiones imputables a las autoridades del Estado miembro de que se trate y destinadas a un mismo beneficiario siempre que dichas inversiones sean suficientemente disociables (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 15 de septiembre de 1998, BP Chemicals/Comisión, T‑11/95, Rec. p. II‑3235, apartados 179 y 180).
147 En el caso de autos, las decisiones de inversión de 2000 y de 2004 forman parte del mismo proceso de inversión, en la medida en que la segunda decisión se refería a la cuestión de si era preciso continuar invirtiendo en el proyecto habida cuenta del plan de inversión revisado de 2004. Por otro lado, los demandantes no manifestaron en ningún momento, ni en la fase administrativa previa ni en la fase judicial, la necesidad de separar estas dos decisiones de inversión. Tampoco propusieron disociar los 450 000 euros de las inversiones iniciales de todas las inversiones posteriores.
148 En estas circunstancias, la Comisión llevó a cabo correctamente un análisis en dos etapas, examinando, en un primer momento, la existencia de una ayuda y, en un segundo momento, su compatibilidad con el mercado interior. Por lo tanto, en contra de lo que sostienen los demandantes, no procedía aplicar el criterio del inversor privado al 64 % del importe total de la inversión de la SPTCV en la CDL.
149 En segundo lugar, en lo que respecta a la cuestión de la motivación, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular, del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63, y la jurisprudencia citada).
150 En el caso de autos, procede recordar que la Comisión no hizo referencia a la alegación de los demandantes relativa a la necesidad de disociar la inversión en la Decisión impugnada.
151 Sin embargo, la Comisión no está obligada a refutar cada una de las alegaciones invocadas. Basta con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que tengan una importancia esencial en la lógica interna de la decisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión, C‑404/04 P, apartado 30, y de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX y otros, C‑341/06 P y C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, apartado 96). En la medida en que la alegación de que se trata se basa en un desconocimiento manifiesto de las normas del Tratado en materia de ayudas de Estado, debe considerarse que la cuestión planteada por las autoridades españolas durante la fase administrativa previa forma parte de las cuestiones que la Comisión no tenía la obligación de abordar en la Decisión impugnada habida cuenta de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 296 TFUE.
– Sobre la observancia del criterio de la contribución financiera propia del beneficiario
152 En lo que atañe a la alegación de los demandantes relativa a la observancia del criterio de la contribución financiera propia del beneficiario, tanto del apartado 4.2 de las Directrices de 1998 como del apartado 39 de las Directrices de 2006 se desprende que, a fin de garantizar que la inversión sea viable, sólida y respete los límites máximos de ayuda aplicables, el beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25 %, bien mediante sus propios recursos o bien mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública. La nota 20 de las Directrices de 1998 y la nota 42 de las Directrices de 2006 precisan que no podrán aceptarse para el cumplimiento de este criterio, por ejemplo, los préstamos bonificados, los préstamos de valores o capital públicos, las participaciones públicas que no cumplan el principio de inversor en una economía de mercado, las garantías estatales que contengan elementos de ayuda o las ayudas públicas concedidas con arreglo a la norma de minimis.
153 En el caso de autos, en primer lugar, en lo que atañe a la inversión de Aguamarga, de los considerandos 16, 17 y 21 de la Decisión impugnada resulta que esta sociedad es una sociedad privada encargada de llevar a cabo algunas obras de construcción, la promoción de la CDL y la gestión de los estudios cinematográficos. Aguamarga invirtió un importe que representaba el 25 % del capital inicial en 2000, esto es, un importe de 150 000 euros. Después de varias ampliaciones de capital que Aguamarga no suscribió, ésta vendió a la SPTCV su participación del 0,2 % en la CDL, por un importe de 139 059 euros en julio de 2004. Sin embargo, Aguamarga conservó la gestión de la CDL como agente a cambio de una remuneración con arreglo a su contrato de gestión plurianual.
154 Del considerando 97 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión estimó que la inversión de Aguamarga no podía cumplir el criterio del 25 % de contribución financiera propia del beneficiario. Señaló, en particular, que Aguamarga era la empresa encargada de la gestión del proyecto a cambio de honorarios y que, a diferencia del inversor público, no había realizado ninguna otra inversión en el proyecto después de su inversión inicial.
155 A este respecto procede señalar que en noviembre de 2001, es decir, cerca de un año después de la creación de la CDL, la participación de Aguamarga ya no representaba más del 1,6 % del capital social debido a una ampliación de capital de 9 millones de euros suscrita íntegramente por la SPTCV. Es cierto que, tal y como sostienen los demandantes, el hecho en sí de que Aguamarga sea a la vez accionista y prestador de servicios no impide, en principio, tomar en consideración su inversión a efectos del cumplimiento del criterio de la contribución financiera propia del beneficiario. No obstante, si bien la inversión de Aguamarga representaba el 25 % del capital social inicial, según se desprende del considerando 25 de la Decisión impugnada, la inversión prevista en aquella fecha ascendía a 101,7 millones de euros. Mientras que Aguamarga no participó en ninguna inversión posterior, la inversión total de la CDL ascendió, en definitiva, a 274 millones de euros.
156 Del anterior apartado 152 se desprende que el criterio de la contribución financiera propia del beneficiario es necesario para garantizar la viabilidad de las inversiones subvencionadas con ayuda regional, es decir, que la finalidad esencial de dicho criterio es verificar que la inversión obedece a cierta lógica económica. Habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, ha de considerarse que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que la inversión de Aguamarga no permitía tal verificación.
157 En segundo lugar, en lo que atañe a la cuestión de si la inversión de la SPTCV debía considerarse financiación externa a efectos de la observancia del criterio de la contribución financiera propia del beneficiario, las Directrices de 1998 y de 2006 sientan explícitamente el principio de que esta contribución debe estar exenta de cualquier tipo de ayuda pública.
158 Pues bien, en el caso de autos, se ha declarado en el marco del primer motivo que los demandantes no habían sido capaces de demostrar la existencia de un error manifiesto de apreciación en el análisis de la Comisión que llegó a la conclusión de que existía una ayuda. Por lo tanto, la inversión de la SPTCV no podía tomarse en consideración a efectos del cumplimiento del criterio de la contribución financiera propia del beneficiario porque dicha inversión pública constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y no, en contra de lo que afirman los demandantes, por el mero hecho de que la inversión controvertida procediera de un inversor público. En cuanto a las referencias de los demandantes a la práctica decisoria de la Comisión, basta recordar que, tal y como ya se ha mencionado en el anterior apartado 46, la práctica decisoria de la Comisión relativa a otros asuntos no puede afectar a la validez de la Decisión impugnada, que sólo se puede apreciar teniendo en cuenta las normas del Tratado (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Rec p. I‑4561, apartado 21).
159 En estas circunstancias, procede desestimar todas las alegaciones de los demandantes relativas a la observancia del criterio de la contribución financiera propia del beneficiario. Por consiguiente, debe desestimarse la primera parte del segundo motivo en su totalidad por carecer de fundamento.
b) Sobre la compatibilidad como ayudas culturales
160 En primer lugar, los demandantes invocan, en esencia, la falta de motivación en lo que respecta al análisis por la Comisión del carácter cultural de la ayuda y de su análisis de los criterios de proporcionalidad, adecuación y necesidad. En segundo lugar, los demandantes se basan, en particular, en la práctica anterior de la Comisión para concluir que el análisis de esta última relativo al contenido cultural de la medida controvertida era erróneo. En tercer lugar, los demandantes impugnan la competencia de la Comisión y el fondo de su análisis en lo que respecta al criterio de proporcionalidad. En cuarto lugar, los demandantes sostienen que, cuando menos, debería haberse considerado que el Centro de Estudios reunía los requisitos para obtener ayudas culturales.
161 La Comisión rebate todas las alegaciones de los demandantes, que considera infundadas.
162 En primer lugar, los demandantes invocan la falta de motivación de la Decisión impugnada en lo que respecta, en primer término, al contenido cultural de la medida controvertida.
163 A este respecto, del considerando 110 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión consideró, para empezar, que las alegaciones presentadas por las autoridades españolas durante el procedimiento administrativo previo no desvirtuaban la conclusión propuesta en la Decisión de incoar el procedimiento según la cual no podía aplicarse en el caso de autos la excepción cultural a la construcción y al funcionamiento de un complejo de estudios cinematográficos de nueva construcción y gran tamaño. La Comisión dedujo de ello que la ayuda a la CDL no podía declararse compatible en virtud de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual (DO 2002, C 43, p. 6; en lo sucesivo, «Comunicación sobre el cine»).
164 En los considerandos 110, 111 y 113 de la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión estimó que el proyecto de la CDL no tenía como fin la conservación del patrimonio. Señaló que en él podía desarrollarse todo tipo de contenidos audiovisuales, incluso anuncios publicitarios. En estas circunstancias, no parecía posible considerar que la CDL tuviera como objetivo promover la cultura europea. La Comisión señaló igualmente que, hasta ese momento, las autoridades españolas no habían aportado ningún elemento que demostrase que las películas rodadas en la CDL hubieran sido sometidas a criterios culturales verificables definidos previamente. Por lo tanto, según la Comisión, todos los elementos contribuían a demostrar que la CDL elegía sus películas sobre una base puramente comercial.
165 A continuación, en el considerando 111 de la Decisión impugnada la Comisión precisó que el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra d), que puede aplicarse, en su caso, a la financiación no comprendida en la Comunicación sobre el cine, no podía aplicarse en el caso de autos, puesto que, por un lado, la medida controvertida debería haber estado dirigida a la consecución de un objetivo cultural y, por otro lado, no era necesaria, proporcional ni adecuada.
166 De cuanto antecede resulta que los demandantes tuvieron conocimiento de manera clara e inequívoca del razonamiento de la Comisión en el sentido de la jurisprudencia. Procede recordar igualmente que la Comisión no está obligada a refutar cada una de las alegaciones invocadas en el procedimiento administrativo previo (véase el anterior apartado 151). En la medida en que la Comisión consideró que no se habían presentado elementos adicionales convincentes durante el procedimiento de investigación formal, dicha institución podía legítimamente limitarse, en el considerando 110 de la Decisión impugnada, a remitirse a la conclusión preliminar de la Decisión de incoar el procedimiento, sin incumplir su obligación de motivación. Por último, procede señalar, a la luz de los escritos procesales de los demandantes y de los posteriores apartados 171 a 175, que estos últimos tuvieron la ocasión de impugnar plenamente la conformidad a Derecho de la Decisión impugnada sobre este extremo.
167 En segundo término, en lo que concierne a la motivación relativa a los criterios de proporcionalidad, de adecuación y de necesidad, la Comisión se remitió explícitamente, en el considerando 111 de la Decisión impugnada, a su análisis de tales criterios recogido en el considerando 107 de dicha Decisión, desarrollado en su análisis de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c).
168 En los considerandos 103 a 106 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló que existía un mercado altamente competitivo en el que operaban una serie de grandes estudios cinematográficos tanto europeos como no europeos. En consecuencia, estimó que no había ninguna prueba que demostrase que existía una deficiencia del mercado basada en una oferta insuficiente. A su juicio, en el mercado de producción local, el hecho de que los productores de la Comunidad Valenciana no dispusieran de tales infraestructuras no implicaba que existiera una deficiencia del mercado. La Comisión añadió que considerar que la CDL colmaría una deficiencia del mercado con respecto a la producción local de películas en España resultaba contrario al objetivo declarado por las autoridades españolas, a saber, competir con los grandes estudios internacionales. La Comisión señaló igualmente que el informe de C. de 2004 consideraba que los estudios locales eran únicamente competidores «indirectos», mientras que la CDL competiría por lograr las grandes producciones cinematográficas. Si bien los productores cinematográficos españoles señalaron algunas ventajas de coste potencialmente generadas por la CDL, no sostuvieron que la existencia de estudios locales de estas características fuera esencial para la producción cinematográfica local. En estas circunstancias, la Comisión concluyó que no existía una deficiencia del mercado.
169 Del considerando 107 de la Decisión impugnada resulta, antes que nada, que, puesto que en el caso de autos no existía una deficiencia del mercado bien definida, tal y como se desprende de los considerandos 103 a 106 de la Decisión impugnada, tampoco podía existir una medida adecuada y proporcionada para colmar tal deficiencia. A continuación, la Comisión declaró que las autoridades españolas no habían facilitado ningún elemento que permitiera la comparación con otras medidas de efecto equivalente idóneas para promover la producción local, si ésa fuera efectivamente la finalidad.
170 En estas circunstancias, procede considerar que la Comisión cumplió su obligación de motivación de la Decisión impugnada tanto en lo que respecta al contenido cultural de la medida controvertida como a los criterios de proporcionalidad, adecuación y necesidad.
171 En segundo lugar, en cuanto al fondo, los demandantes impugnan tanto el análisis realizado por la Comisión del contenido cultural como su apreciación de los criterios de proporcionalidad, adecuación y necesidad.
172 En primer término, en lo que respecta a la apreciación por la Comisión del contenido cultural de la medida controvertida, los demandantes realizan varias comparaciones con algunas decisiones anteriores de la Comisión, a fin de demostrar que la CDL debería haberse beneficiado de la excepción cultural porque no existía ninguna infraestructura similar en España.
173 A este respecto, en el anterior apartado 158 ya se recordó que la conformidad a Derecho de la Decisión impugnada no puede apreciarse en función de decisiones anteriores de la Comisión.
174 En todo caso, del apartado 2.3, letra b), número1, de la Comunicación sobre el cine se desprende que la ayuda debe destinarse a un producto cultural y que cada Estado miembro debe establecer criterios nacionales verificables a este respecto.
175 Pues bien, los demandantes fueron incapaces de demostrar, tanto durante la fase administrativa previa como en la fase judicial, la existencia y aplicación de tales criterios en el caso de autos. Así pues, no concurría en este caso el primero de los cuatro criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el cine. Además, los demandantes no aportaron ninguna prueba que desvirtuara la conclusión de la Comisión de que el comportamiento de la CDL respondía a una lógica exclusivamente comercial. Sus alegaciones se limitaron esencialmente a sostener que las películas tienen, en todo caso, un valor cultural intrínseco.
176 Por otro lado, contrariamente a lo que la afirma la Comisión, su conclusión en el presente asunto no implica que no pueda declararse la compatibilidad con el mercado interior de ninguna infraestructura cultural, lo que, por lo demás, no se desprende en modo alguno de la Decisión impugnada, sino únicamente que, en este caso concreto, el proyecto de la CDL no podía declararse compatible con el mercado interior en virtud de la Comunicación sobre el cine o, más generalmente, con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 3, letra d).
177 En consecuencia, procede confirmar la apreciación de la Comisión en lo que respecta al contenido cultural de la medida controvertida.
178 En segundo término, en lo que atañe a la apreciación de la Comisión de que la medida controvertida no era necesaria, proporcionada, ni adecuada, de la jurisprudencia se desprende que, para que una ayuda pueda beneficiarse de una de las excepciones establecidas en el artículo 107 TFUE, apartado 3, la ayuda no sólo debe ser conforme a alguno de los objetivos establecidos en las letras a), b), c) o d) de dicha disposición, sino que además debe ser necesaria para lograr tales objetivos (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris/Comisión, 730/79, Rec. p. 2671, apartado 17).
179 En lo que respecta a la alegación de los demandantes de que la Comisión se excedió en el ejercicio de sus competencias al considerar que la medida controvertida no cumplía el criterio de proporcionalidad, procede recordar que corresponde a la Comisión apreciar la compatibilidad de una ayuda con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, observando al mismo tiempo las normas del Tratado.
180 En el caso de autos, la Comisión se refirió en el considerando 111 de la Decisión impugnada a su aplicación del criterio de proporcionalidad efectuada en el marco de la apreciación de la compatibilidad en virtud de las ayudas sectoriales. En este contexto estimó, tal y como se hizo constar en el anterior apartado 169, que no podía existir una medida proporcionada capaz de colmar una deficiencia de mercado inexistente. Debe confirmarse esta apreciación en lo que respecta a una medida que no tiene como finalidad apoyar la producción de un bien cultural (véanse los anteriores apartados 173 a 177). En estas circunstancias, y en contra de lo que afirman los demandantes, del mero hecho de que no existiera en España una infraestructura comparable a los estudios de la CDL en el momento en que se adoptaron las decisiones de inversión de 2000 y de 2004 no puede deducirse que, al concluir que la medida controvertida no era proporcionada, la Comisión se hubiera excedido en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 107 TFUE, apartado 3, o que hubiera incurrido en un error manifiesto de apreciación a este respecto.
181 En tercer lugar, en lo que concierne a la cuestión de si la Comisión debería haber disociado el Centro de Estudios de los otros componentes del proyecto a efectos de apreciar si podía acogerse a la exención por tratarse de ayudas culturales, de reiterada jurisprudencia se desprende que cuando la Comisión decide incoar un procedimiento de investigación formal, corresponde al Estado miembro y al beneficiario potencial de una ayuda nueva aportar a la Comisión datos que permitan demostrar que dicha ayuda es compatible con el mercado interior (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2010, AceaElectrabel Produzione/Comisión, C‑480/09 P, Rec. p. I‑13355, apartado 99).
182 Pues bien, en el caso de autos, es preciso declarar que esta alegación no se invocó durante el procedimiento de investigación formal, lo que, por lo demás, tampoco niegan los demandantes. Por otro lado, procede señalar que tanto la duración de la instrucción del asunto como el número de solicitudes de información enviadas por la Comisión a los Estados miembro dieron numerosas ocasiones a los demandantes de formular dicha alegación. Por lo tanto, procede desestimar la alegación de los demandantes relativa al Centro de Estudios por carecer de fundamento.
183 Habida cuenta de las precedentes consideraciones (véanse los anteriores apartados 162 a 182), procede desestimar el segundo motivo de los demandantes en su totalidad por carecer de fundamento.
3. Sobre el tercer motivo, relativo a la comisión de errores de Derecho y a la falta de motivación en lo que atañe a los incentivos otorgados a las productoras
184 En primer lugar, los demandantes invocan una falta de motivación en lo que concierne tanto al razonamiento de la Comisión como a la identificación de las medidas. Además, estiman que, habida cuenta de la magnitud de las irregularidades cometidas por la Comisión, la Decisión impugnada debe ser declarada inexistente sobre este punto. En segundo lugar, para el supuesto de que la Decisión impugnada se refiera a los contratos de patrocinio que la CDL suscribió con las productoras, consideran que estos contratos, que según los demandantes no constituyen ayudas y que en todo caso cumplen los requisitos de la Comunicación sobre el cine, son compatibles con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra d).
185 La Comisión considera que las alegaciones de los demandantes carecen de fundamento. En lo que atañe a la admisibilidad, la Comisión estima que el tercer motivo de la CDL es inadmisible porque se refiere a elementos de la Decisión que no la afectan directa e individualmente y que no producen efectos jurídicos en su esfera de actividad.
186 Del considerando 112 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión aprobó en diciembre de 2008 un régimen de ayuda a la producción cinematográfica destinado a las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana [Decisión C(2008) 8648 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2008 (España — Régimen de ayuda para la producción audiovisual por las pequeñas y medianas empresas, ayuda estatal 309/2008)].
187 De la información que obra en los autos se desprende que la Comisión autorizó igualmente otros dos regímenes de ayudas a la producción cinematográfica en la Comunidad Valenciana, en abril de 2008 [Decisión C(2008) 1104 final de la Comisión, de 2 de abril de 2008 (Ayudas para la amortización de los costes de producción de los largometrajes valencianos, ayuda estatal 379/2007)], y posteriormente en julio de 2009 [Decisión C(2009) 6137 de la Comisión, de 30 de julio de 2009 (España — Ayuda a la producción cinematográfica de Valencia, ayuda estatal 108/2009)].
188 La Comisión consideró en la Decisión impugnada que toda subvención concedida antes de diciembre de 2008 por la Comunidad Valenciana a las productoras a condición de rodar en la CDL era una ayuda de Estado ilícita, precisando que tales ayudas debían ser declaradas incompatibles con el mercado interior, puesto que no cumplían el cuarto criterio de compatibilidad de la Comunicación sobre el cine, a saber, la prohibición de conceder ayudas a actividades de producción específicas.
189 A este respecto, procede señalar de inmediato que de los considerandos 26 a 39 de la Decisión de incoar el procedimiento se desprende inequívocamente que la Comisión albergaba dudas no sólo respecto de las subvenciones concedidas por la Comunidad Valenciana a las productoras a condición de rodar en la CDL, sino también sobre los descuentos y los contratos de patrocinio ofrecidos por la propia CDL. La Decisión impugnada se refería únicamente a las subvenciones concedidas por la Comunidad Valenciana, de modo que no afectaba a los incentivos ofrecidos por la CDL. Por lo tanto, en contra de lo que sostienen los demandantes, la naturaleza de las medidas a las que se aplica la prohibición establecida por la Comisión en el considerando 112 de la Decisión impugnada no ofrecía duda alguna.
190 A continuación, en lo que atañe al carácter de ayuda de Estado de estas medidas con arreglo al Tratado, procede señalar que se trata de subvenciones directas a las sociedades productoras. Además, estas subvenciones directas a las productoras ya han sido objeto de varias decisiones de compatibilidad de la Comisión, con las que se confirmó que se trata de ayudas (véanse los anteriores apartados 186 y 187). En estas circunstancias, habida cuenta del contexto de la Decisión impugnada, debe considerarse que ésta ha sido suficientemente motivada y que el carácter de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, no planteaba duda alguna.
191 Por último, en lo que respecta a la compatibilidad de estas medidas en virtud de la Comunicación sobre el cine, la Comisión expuso claramente los motivos por los que debía declararse la incompatibilidad de las mismas, a saber, el incumplimiento del cuarto criterio de compatibilidad de la Comunicación sobre el cine, tal y como se desprende del considerando 112 de la Decisión impugnada. Además, según se menciona en el anterior apartado 175, el cuarto criterio de la Comunicación sobre el cine prohíbe toda ayuda destinada a una actividad específica de producción, lo que, en definitiva, prohíbe supeditar una ayuda a la condición de que el rodaje se lleve a cabo en un estudio específico, como la CDL. Por lo tanto, en lo que respecta a este particular, la Decisión se halla también correctamente motivada y justificada.
192 Habida cuenta de las consideraciones expuestas (véanse los anteriores apartados 184 a 191), procede desestimar todas las alegaciones de los demandantes relativas a las ayudas a las productoras por carecer de fundamento. Por lo tanto, procede desestimar igualmente el tercer motivo por infundado. En tales circunstancias, no es necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de este motivo (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, apartado 52).
193 En consecuencia, procede desestimar los recursos en su integridad.
194 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos de los demandantes, procede condenarlos en costas, de conformidad con lo solicitado por la Comisión.
2) La Ciudad de la Luz, S.A., la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A., y el Reino de España cargarán con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 2014.

References: artículo 88
 artículo 88
 artículo 108
 artículo 107
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 artículo 5
 artículo 107
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 artículo 345
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 artículo 88
 artículo 107
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 artículo 296
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 artículo 87