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Timestamp: 2020-08-08 05:28:24+00:00

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﻿ SENTENCIA C-806 DE OCTUBRE 3 DE 2002
SENTENCIA C-806 DE 03 DE OCTUBRE DE 2002
CONTENIDO:LIBERTAD CONDICIONAL. TAMBIÉN BENEFICIA A PRIVADOS DE LIBERTAD POR PENAS MENORES DE 3 AÑOS. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES "MAYOR DE TRES (3) AÑOS", CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 599 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONDENA, DECISIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL, SOLICITUD DE LA LIBERTAD CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA LIBERTAD CONDICIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:374 DE FEBRERO DE 2003, PÁG.313
Sentencia C-806 de octubre 3 de 2002
DEBE LIMITARSE A DECLARAR EL SENTIDO DE OTRA PRECEDENTE
Sentencia C-806 de 2002
Ref.: D-3936
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 64 (parcial) de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.
Demandante: Pedro Hernando Puentes Ramírez
Bogotá, D.C., tres de octubre de dos mil dos.
Se transcribe a continuación el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 del veinticuatro (24) de julio de dos mil (2000), resaltando el aparte sobre el cual recae la acusación:
“Por la cual se expide el Código Penal”
“ART. 64.—Libertad condicional. El juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena.
No podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena.
El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena”.
2. Inexistencia de cosa juzgada material.
Antes de proceder al análisis de fondo, la Corte debe referirse a la opinión del señor Fiscal General de la Nación quien en su escrito de intervención considera que respecto de las expresiones acusadas del artículo 64 de la Ley 599 de 2000 ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en sentido material, como quiera que en Sentencia C-87 del 26 de febrero de 1997, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 72 del Decreto-Ley 100 de 1980, anterior Código Penal, con base en el cargo por violación al principio de igualdad que también propone el actor en la presente oportunidad.
Para la Corte, no le asiste razón al interviniente por los siguientes motivos:
En torno al fenómeno de la cosa juzgada constitucional en sentido material, la jurisprudencia ha expresado que “se presenta este fenómeno cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política” (1) .
(1) Sentencia C-427 de 1996.
También ha señalado la Corte en torno a este fenómeno que existe cosa juzgada material “cuando la disposición que se acusa tiene un contenido normativo idéntico al de otro artículo sobre el cual la Corte ya ha emitido pronunciamiento, por lo que los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste serían totalmente aplicables a aquélla y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior” (2) .
(2) Auto 27A de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Y al precisar sobre la naturaleza de este fenómeno, la Corte ha agregado que “para que se produzca el fenómeno de la cosa juzgada material no es indispensable que los textos de las normas sean idénticos; sin embargo, su contenido sí debe serlo. Ahora bien, la identidad de contenidos supone que los efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos” (3) .
(3) Sentencia C-565 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Lo dicho permite concluir a la Corte que la cosa juzgada material se puede presentar frente a la identidad de textos y también de contenidos normativos de la disposición que se acusa con la que ya fue objeto de análisis y decisión en un anterior pronunciamiento.
En Sentencia C-87 de 1997, la Corte analizó el artículo 72 del Decreto-Ley 100 de 1980 que disponía:
“ART. 72.—Concepto. El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a la pena de arresto mayor de tres años o a la de prisión que exceda de dos, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación social”.
Al parangonar el contenido normativo de la anterior disposición con el del artículo 64 de la Ley 599 de 2000, parcialmente impugnado en esta ocasión, encuentra la Corte que si bien existe identidad temática entre las dos disposiciones, por referirse ambas a una misma institución jurídica como es el subrogado penal de la libertad condicional, sus textos no son idénticos como tampoco su contenido material pues presentan diferencias respecto de algunos de los elementos normativos requeridos para tener derecho a ese beneficio, como por ejemplo, los atinentes al referente temporal y clase de pena impuesta, así como al lapso de pena cumplido en detención.
En efecto, en el supuesto de hecho del artículo 72 del Decreto-Ley 100 de 1980, la libertad condicional se podía conceder al condenado a la pena de arresto mayor de tres años o a la de prisión que excediera de dos, siempre y cuando se hubieran cumplido dos terceras partes de la condena y que la personalidad del condenado, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitieran suponer fundadamente su readaptación social. En cambio, en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, el juez debe conceder este subrogado penal al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres años cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena, y no podrá negar el beneficio de la libertad condicional atendiendo a los antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena.
Por lo anterior, la Corte considera que como no están dadas las condiciones para que se configure la cosa juzgada material debe proceder al examen material de los segmentos impugnados del artículo 64 de la Ley 599 de 2000.
2. El problema que debe resolver la Corte.
Según el actor, la libertad condicional consagrada en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, aplicable solamente a las personas que están condenadas a pena privativa de la libertad mayor de tres años, viola el artículo 13 de la Carta Política, pues excluye de tal beneficio a quienes son condenados por delitos que revisten menor gravedad quienes tendrán que pagar la totalidad de la pena impuesta, mientras que los condenados a treinta y seis meses y un día, o a pena superior, tienen derecho al subrogado cuando completen veintisiete meses de privación de la libertad y observe buen comportamiento del que el juez pueda deducir su readaptación a la sociedad.
En criterio de la Defensoría del Pueblo, la Corte debe declarar la inconstitucionalidad de las expresiones demandadas, por cuanto si se tiene en cuenta que la libertad condicional tiende a hacer efectiva la función de prevención especial que tiene la pena conforme a lo establecido en el artículo 4º del Código Penal, la cual se cumple en el momento de la ejecución penitenciaria, dicho derecho no sólo debe estar referido a la ejecución de penas mayores de tres años sino también a la de penas menores. Agrega que, según el artículo 63 del Código Penal, el beneficio de la condena de ejecución condicional para condenados a pena menor de tres años, en su aspecto subjetivo se refiere a situaciones pasadas por lo que el juez no puede entrar a valorar el comportamiento del condenado en el centro penitenciario a efectos de concederle la libertad condicional.
Por su parte, el Procurador General de la Nación propugna por la exequibilidad de los segmentos normativos acusados, pues en su opinión el límite temporal fijado en el artículo 64 del Código Penal corresponde al ejercicio de la libertad configurativa del legislador en materia penal, lo cual no comporta una discriminación que atente contra el postulado de la igualdad, pues existen razones objetivas que justifican plenamente la consagración de una diferenciación de trato en lo que concierne a la determinación del mínimo punitivo para la concesión del referido subrogado penal.
Así pues, corresponde a la Corte establecer si las expresiones acusadas “a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años” del artículo 64 de la Ley 599 de 2000, conculcan el principio constitucional de igualdad en la medida en que privan del beneficio de la libertad condicional a los condenados a penas privativas de la libertad menores de tres años.
3. La finalidad de la pena y los subrogados penales.
En un Estado social y democrático de derecho, debe necesariamente atenderse la prevención del delito para asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, el derecho penal debe orientarse a desempeñar, bajo ciertos límites de garantía para el ciudadano, una función de prevención general y otra de carácter especial.
En cuanto a la prevención general, no puede entenderla sólo desde el punto de vista intimidatorio, es decir, la amenaza de la pena para los delincuentes (prevención general negativa), sino que debe mirar también un aspecto estabilizador en cuanto la pena se presente como socialmente necesaria para mantener las estructuras fundamentales de una sociedad (prevención general positiva). Pero igualmente, no sólo debe orientarse a defender a la comunidad de quien infrinja la norma, sino que ha de respetar la dignidad de éstos, no imponiendo penas como la tortura o la muerte, e intentar ofrecerles alternativas a su comportamiento desviado, ofreciéndoles posibilidades para su reinserción social.
Así, en el ordenamiento penal deben reflejarse las anteriores finalidades de la pena, no sólo en el momento judicial de su determinación, impidiendo su imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado, sino también en el momento de su ejecución.
Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte (4) que, ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas, ha considerado también que “sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital” (5) .
(4) Sentencia C-430 de 1996.
(5) Sentencia C-144 de 1997.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968, en su artículo 10.3 establece: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados”.
En el mismo sentido, el artículo 10 de la Ley 63 de 1995 dispone que la finalidad del tratamiento penitenciario consiste en “Alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad...”.
Acorde con los principios que orientan el Estado social y democrático de derecho, el nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000, dispuso en el artículo 3º que la imposición de la pena y de las medidas de seguridad responderán a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y agrega que el principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Por su parte, el artículo 4º ibídem dispone que la pena cumple las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Así mismo establece que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.
La Corte Constitucional al analizar el principio de necesidad, en armonía con los artículos citados del Código Penal, expresó que “La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo económico, político, social y cultural” (6) .
(6) Sentencia C-647 de 2001.
En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.
El postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena, como son la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Pero particularmente, la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén “orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad” (7) .
(7) Sentencia C-1404 de 2000.
Tal como lo reconoció esta corporación, la institución de los subrogados penales obedecía en el anterior Código Penal a una política criminal orientada a humanización de la sanción punitiva, puesto que “en el marco del Estado social de derecho la pena, como instrumento adecuado para servir a los fines de prevención, retribución y resocialización, debe ser necesaria, útil y proporcionada (8) ; esto significa que si los mismos fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios, debe preferirse el menos severo (pues el más restrictivo dejaría de ser necesario y útil), en aras de garantizar la dignidad del condenado” (9) .
(8) Véase al respecto la Sentencia T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(9) Sentencia C-679 de 1998.
Pero hoy en día, teniendo en cuenta que la pena debe responder al principio de necesidad, en el marco de la prevención especial y las instituciones que la desarrollan, el legislador colombiano ha considerado que si un condenado, bajo determinadas condiciones y circunstancias, no necesita de la privación física de la libertad para readaptarse a la sociedad, debe brindársele la oportunidad de cumplir con su condena mediante mecanismos que, sin dejar de ser eficaces, comporten una menor aflicción. En este sentido, es claro que nuestra legislación no es ajena a las corrientes de la criminología crítica, pues pese a no recoger una posición extrema como sería la corriente abolicionista, le da cabida a los subrogados penales para evitar la permanencia de los individuos en las prisiones, cuando son sentenciados y condenados a penas privativas de la libertad, buscando con estas medidas dar aplicación en concreto a una de las funciones declaradas de la pena como es la resocialización del sentenciado.
Los subrogados penales son mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad que se conceden a los individuos que han sido condenados, siempre y cuando cumplan los requisitos objetivos y subjetivos establecidos por el legislador. Según lo dispuesto en el Código Penal, los subrogados penales son la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional.
Sobre la primera figura, el artículo 63 del Código Penal establece:
ART. 63.—Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento.
Respecto de la libertad condicional, el artículo 64 del Código Penal, dispone:
ART. 64.—Libertad condicional. El juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena.
El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena.
La suspensión condicional de la ejecución de la pena, también denominada condena condicional o condena de ejecución condicional, tiene la virtud de suspender durante cierto lapso la ejecución de la pena ya impuesta, para lo cual, el juez debe tener en cuenta que ésta sea de prisión y no exceda de tres (3) años, y efectuar una valoración en relación con los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado y la modalidad y gravedad de la conducta punible, a fin de establecer si son indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena en cada caso particular.
Concedido el derecho, el favorecido deberá cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 65 del Código Penal, que consisten en informar todo cambio de residencia; observar buena conducta; reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo; comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello; y, no salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. Estas obligaciones se deberán garantizar mediante caución.
Transcurrido el período de prueba sin que el condenado incumpla las obligaciones impuestas, la condena queda extinguida, y la libertad se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine (C.P., art. 67). En caso contrario, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada (C.P., art. 66).
Así pues se observa, el legislador consideró que los condenados a pena de prisión que no exceda de tres años podían no requerir reclusión en un establecimiento carcelario, pues estimó que bajo determinadas circunstancias no era necesaria la ejecución de la pena para conseguir su resocialización. Por ello, quiso contar con la voluntad del condenado otorgándole un período de prueba, por fuera del establecimiento carcelario, para que, en caso de ser superado satisfactoriamente, se entendiera conseguida su rehabilitación disponiendo como consecuencia la extinción de la condena.
Por su parte, el mecanismo de la libertad condicional no sólo supone la existencia de una condena a pena privativa de la libertad superior a tres (3) años, sino además, que el condenado se encuentre efectivamente privado de la libertad y haya cumplido las tres quintas partes de la condena. Y, para obtener el derecho, el condenado debe observar buena conducta en el establecimiento carcelario, de tal forma que el juez pueda deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena, sin que para el efecto pueda considerar los antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena. Una vez concedida la libertad condicional, el beneficiario debe cumplir con las mismas obligaciones impuestas para la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La libertad condicional tiene entonces un doble significado, tanto moral como social; lo primero, porque estimula al condenado que ha dado muestra de su readaptación, y lo segundo, porque motiva a los demás condenados a seguir el mismo ejemplo con lo cual se logra la finalidad rehabilitadora de la pena.
Entonces, en el caso de la libertad condicional, se observa que también el legislador quiso contar con la cooperación del condenado, pues una vez en ejecución la pena de prisión, toma en cuenta su buena conducta como indicativa de voluntad de resocialización, facilitándola, al disponer que para concederla no se tengan en cuenta sus antecedentes penales.
Como puede apreciarse, para que el juez pueda conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la libertad condicional, debe verificar tanto factores objetivos que se refieren, en ambos casos, al quantum de la pena y al cumplimiento parcial de aquélla en el evento de la libertad condicional, como factores relacionados básicamente con antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado así como la modalidad y gravedad de la conducta, en un caso, y la buena conducta en el establecimiento carcelario en el otro, que le permitan deducir o sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena o de una parte de ella. De manera que, una vez demostrados los requisitos correspondientes, al condenado le asiste un verdadero derecho al subrogado penal, y su otorgamiento, por tanto, no podrá considerarse como una gracia o favor que dependa del simple arbitrio del juez.
Tal como se anotó, el fundamento que inspira estos subrogados penales es el derecho que tiene todo condenado a su resocialización, pues como ya lo ha expresado esta corporación “lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad” (10) .
(10) Corte Constitucional Sentencia C-565 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara.
4. Sobre el principio de igualdad.
El concepto de igualdad en nuestro ordenamiento superior, emerge de la misma declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En ella se enuncia que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La ley debe ser la misma para todos”. Sin embargo, este postulado básico no pretende desconocer la existencia de situaciones de desigualdad.
La igualdad ante la ley, reitera la Corte, no implica exactitud ni uniformidad en la regulación de situaciones esencialmente distintas. Por el contrario, exige ponderación de los hechos sobre los cuales recae una solución jurídica determinada para ajustarla de manera equitativa y razonable.
Ha expresado la Corte:
“El objeto de la garantía ofrecida a toda persona en el artículo 13 de la Carta no es el de construir un ordenamiento jurídico absoluto que otorgue a todos idéntico trato dentro de una concepción matemática, ignorando factores de diversidad que exigen del poder público la previsión y la práctica de razonables distinciones tendientes a evitar que por la vía de un igualitarismo ciego y formal en realidad se establezca, se favorezca o se acreciente la desigualdad. Para ser objetiva y justa, la regla de la igualdad ante la ley, no puede desconocer en su determinación tales factores, ya que ellas reclaman regulación distinta para fenómenos y situaciones divergentes.
“La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya que por las circunstancias particulares que los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquéllas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en derecho no es otra cosa que la justicia concreta.
“De allí que el mismo artículo constitucional en mención haya estatuido que la actividad estatal se orientará al logro de la igualdad real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados y protegiendo especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en posición de debilidad del Estado social de derecho, excluye las tendencias que pretenden hacer de la igualdad un rasero único, inmodificable y no susceptible de adaptaciones” (11) .
(11) Corte Constitucional Sentencia C-094 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
La jurisprudencia constante de esta corporación (12) también ha señalado que el trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no constituye una discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero, que los hechos sean distintos, esto es, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además adecuada. Cada una de estas condiciones corresponde al papel que juegan los tres elementos —fáctico, legal o administrativo y constitucional— en la relación que se interpreta. Por eso, la primera condición pertenece al orden de lo empírico (hecho), la segunda hace parte del orden de lo válido (legalidad) y la tercera del orden de lo valorativo (constitución).
(12) Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos, ha sostenido que la igualdad de trato queda violada cuando carece de justificación objetiva y razonable. “La existencia de una justificación semejante —dice la Corte— debe apreciarse en relación con la finalidad y con los efectos de la medida examinada, sin desconocer los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho consagrado por el convenio no sólo debe perseguir una finalidad legítima: el artículo 14 se ve también violado cuando resulta claramente que no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida” (3)(sic) .
Sobre la razonabilidad la corporación ha señalado:
“Al juez constitucional no le basta oponer su “razón” a la del legislador, menos cuando se trata de juzgar la constitucionalidad de una norma legal. La jurisdicción es un modo de producción cultural del derecho; el poder del juez deriva exclusivamente de la comunidad y sólo la conciencia jurídica de ésta permite al juez pronunciarse sobre la irrazonabilidad o no de la voluntad del legislador“... ” Los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad. El principio de proporcionalidad busca que la medida no sólo tenga un fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo” (13) .
(13) Sentencia T-422 de 1993.
Así, si bien el legislador puede establecer distinciones entre las personas para la consecución de un fin determinado, ellas deben tener una justificación objetiva y razonable (14) . La alusión a la razonabilidad implica que en la evaluación de la justificación de un trato desigual, el intérprete debe ejercer una labor de ponderación y verificación de los diferentes elementos que entran en juego, para determinar si éstos se adecúan o no a las reglas, principios y valores constitucionales. Para ello cuenta con una guía metodológica, denominada test de igualdad, que le permite “separar elementos que usualmente quedarían confundidos en una perspectiva general” (15) .
(14) Sentencia C-337 de 1997.
(15) Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 1994.
Los elementos que componen el test fueron analizados en la Sentencia C-22 de 1996, donde se estableció que el intérprete debe recorrer diferentes etapas encaminadas a determinar: 1. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual. 2. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución. 3. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido.
Como lo señaló la Corte en la providencia citada, “el orden de estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa por una etapa subsiguiente sólo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior. El primer paso no reviste mayor dificultad, como quiera que puede llevarse a cabo a partir del solo examen de los hechos sometidos a la decisión del juez constitucional. El segundo paso, por el contrario, requiere de una confrontación de los hechos con el texto constitucional, para establecer la validez del fin a la luz de los valores, principios y derechos consignados en éste. Si el trato desigual persigue un objetivo, y éste es constitucionalmente válido, el juez constitucional debe proceder al último paso del test, que examina la razonabilidad del trato diferenciado. Éste es el punto más complejo de la evaluación, y su comprensión y aplicación satisfactoria dependen de un análisis (descomposición en partes) de su contenido”.
En lo que respecta con el análisis de la proporcionalidad de la medida adoptada, se deben satisfacer tres requisitos adicionales, a saber: a) Los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido, b) Los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) Los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes.
Finalmente, es importante anotar que si bien el test exige que el intérprete evalúe la necesidad del medio para el logro del fin perseguido, esta facultad no puede entenderse como una exclusión de la potestad plena del legislador para elegir entre diferentes alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto. En otras palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para alcanzar su objetivo (16) .
(16) Sentencia C-337 de 1997.
El actor impugna la expresión “a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años” del artículo 64 del Código Penal, por considerar que conculca el principio constitucional de igualdad, en la medida en que con el establecimiento de este parámetro se excluye del beneficio de la libertad condicional a los condenados a penas inferiores cuando se encuentren efectivamente privados de su libertad y reúnan las condiciones exigidas en esa disposición, que son haber cumplido las tres quintas partes de la condena y observar buena conducta en el establecimiento carcelario.
Siguiendo las directrices del juicio de igualdad, debe establecer la Corte en primer lugar, si los condenados a penas privativas de la libertad menores de tres años se encuentran en la misma situación fáctica que los condenados a penas mayores; o si por el contrario, las personas excluidas del beneficio están en una situación de hecho distinta a la de quienes están favorecidos con el subrogado de la libertad condicional, para lo cual la Corte hará el siguiente análisis:
En primer lugar debe tenerse en cuenta que en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador tiene la facultad de tipificar todas aquellas conductas que, de acuerdo con una política criminal preestablecida, considere nocivas y señalar la correspondiente sanción a que se hacen acreedores quienes en ella incurran (17) . Además, en consonancia con dicha facultad, corresponde al legislador establecer procedimientos y también diseñar todos aquellos mecanismos y herramientas que considere necesarias para realizar los postulados constitucionales. Sin embargo, cuando el legislador hace uso de dicha competencia debe observar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y además adecuar la política criminal a los fines, valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. Por lo tanto, debe respetar siempre las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, así como los derechos fundamentales entre ellos el de la igualdad. Por ello, “no pugna con la Constitución adoptar un régimen especial aplicable a cierto tipo de delitos, si el tratamiento diferenciado se justifica en razón de factores objetivos que lo hagan necesario y no entrañe una suerte de discriminación proscrita por la Constitución” (18) .
(17) C-26 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(18) C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Hecha esta observación y en lo que atañe al instituto de la libertad condicional, es importante recordar que el fundamento central que explica la inclusión de esta figura dentro de nuestra legislación penal es el de la resocialización del condenado, pues si una de las finalidades de la pena es obtener su readaptación y enmienda y ésta ya se ha logrado por la buena conducta en el establecimiento carcelario, resultaría innecesario prolongar la duración de la ejecución de la pena privativa de la libertad. En este sentido, puede afirmarse que la libertad condicional es uno de esos logros del derecho penal, que busca evitar la cárcel a quien ya ha logrado su rehabilitación y por lo tanto puede reincorporarse a la sociedad.
Si el cumplimiento de la pena de prisión se debe orientar primordialmente a la resocialización del condenado, esto es, a cumplir la función de prevención especial, la buena conducta desplegada durante las tres quintas partes de la ejecución de la pena de prisión hacen suponer su cooperación voluntaria para lograrla. En este evento, es evidente que el legislador entregó una alternativa al condenado que permite contar con su autonomía, dándole de tal manera desarrollo armónico a los postulados del Estado social y democrático de derecho. La buena conducta o cooperación voluntaria al proceso de resocialización, durante un tiempo determinado, le permite al juez deducir que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena, para lo cual no podrá tener en cuenta los antecedentes valorados para su dosificación, lo que permite imprimirle a la pena su finalidad integradora, estimulando al condenado a cooperar para ello.
En el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración, estableció un límite mínimo a partir del cual se puede tener derecho a la libertad condicional, pues sólo consideró procedente concederlo al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres años. Tal determinación se ha justificado siempre por el hecho de que para las condenas de corta duración existe la suspensión condicional de la ejecución de la pena; además, porque la libertad condicional sólo debe otorgarse para aquellos condenados que hayan permanecido un tiempo apreciable en la penitenciaría y por lo tanto ha habido oportunidad de observarlos (19) .
(19) Así lo expresa Antonio Vicente Arenas en su obra “Comentarios al Código Penal Colombiano”, Ed. Temis 1990, tomo 1, página 307.
Efectivamente, podría decirse que no se presenta infracción al principio de igualdad pues en la norma en cuestión el legislador está confiriendo un trato jurídico distinto a quienes se encuentran en una situación fáctica diferente, ya que para los condenados a pena privativa de la libertad que no exceda de tres años se faculta al juez penal para suspender condicionalmente la ejecución de la pena; y tratándose de los condenados a penas superiores se autoriza la concesión de la libertad condicional cuando se cumplen los requisitos exigidos para su otorgamiento. Es claro, entonces que, aquéllos y éstos, si bien tienen en común el haber infringido la ley penal y ser hallados responsables por ello, se encontrarían en una situación de hecho diversa y a partir de allí comienza a justificarse el trato distinto.
Además, la finalidad de ese trato diverso, su justificación y razonabilidad se desprenderían del hecho de que la pena privativa de la libertad que no exceda de tres años se constituye en un factor objetivo para estimar que el delito cometido, unido a circunstancias puramente subjetivas como los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible, son indicativos de que, en principio, no existe necesidad de la ejecución de la pena y por ese motivo se debe suspender su ejecución por un período de prueba de dos (2) a cinco (5) años; y, en sentido contrario, aquel factor objetivo referido al mínimo de la pena impuesta que supera los tres años, hace pensar que la persona requiere tratamiento penitenciario, con independencia de cualquier ingrediente o consideración de naturaleza subjetiva que pudiera ser objeto de examen por el juez.
Sin embargo, ajuicio de la Corte el trato diferente fundado en el término de duración de la condena a pena privativa de la libertad carece de una justificación objetiva y razonable, puesto que los condenados a penas inferiores a tres años que están efectivamente privados de su libertad por no habérseles otorgado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se encuentran en la misma situación fáctica de los condenados a penas superiores que también se encuentren recluidos en los centros carcelarios cumpliendo una pena; es decir, son condenados que se encuentran efectivamente privados de la libertad y que pueden cumplir las tres quintas partes de la condena observando buena conducta en el establecimiento carcelario.
En efecto, la razón por la que los infractores a quienes se les condena a pena privativa de la libertad de tres años o menos y tienen que cumplirla de manera efectiva en el establecimiento carcelario, radica en que no se hicieron acreedores al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Aspecto que no puede ser motivo para que una vez hayan descontado las tres quintas partes de su condena y observen buena conducta, no puedan solicitar la libertad condicional, pues según se anotó, la función de prevención especial que cumple la pena debe predicarse de todos los condenados y no solamente de aquellos que han sido condenados a pena privativa de la libertad mayores de tres años. Negar la libertad condicional para quienes se encuentran condenados a pena de prisión que no exceda de tres años, implica decidir anticipadamente que no es posible en el futuro aceptar su resocialización.
Por virtud del segmento normativo acusado del artículo 64 de la Ley 599 de 2000, se llega al absurdo de que solamente el condenado a una pena privativa de la libertad de duración superior a los tres años —por ejemplo de tres años un día—, por su buen comportamiento en el establecimiento carcelario puede obtener la libertad condicional apenas cuando haya cumplido efectivamente veintisiete meses de privación de la libertad, al tiempo que los condenados a penas de tres años o de duración inferior deben permanecer privados de su libertad sin que tengan ese derecho. Con esta regulación, en la práctica estas condenas acaban teniendo una ejecución de mayor duración que otras sanciones que en principio fueron de mayor entidad punitiva. Este tratamiento desigual no es razonable y por lo tanto es violatorio del derecho constitucional a la igualdad.
Tal inequidad, ciertamente riñe con el principio de la igualdad contemplado en el artículo 13 de la Carta Política, por cuanto los condenados a penas privativas de la libertad inferiores a tres años que la estén cumpliendo efectivamente en los centros carcelarios, se encuentran en la misma situación fáctica de los condenados a penas superiores quienes, a diferencia de los primeros, pueden observar buena conducta en el establecimiento carcelario para efectos de obtener su libertad condicional. Aquellos en cambio, tienen que cumplir la totalidad de la condena impuesta sin que su buena conducta en los centros de reclusión sea ponderada por el juez para concederles el mecanismo de la libertad condicional. También se les viola el principio de la dignidad humana, pues a los condenados a pena de prisión que no exceda de tres años se le niega la libertad condicional sólo en virtud de la función retributiva de la pena, resultando afectado además el derecho a la libertad, pues ya cumplidas las tres quintas partes de la condena y habiendo guardado buena conducta, no se encuentra un criterio claro que indique la necesidad de mantenerlos privados de la libertad hasta completar la totalidad de la pena.
Así, a consecuencia del límite impuesto por el legislador, se tiene que respecto de los condenados por delitos de mayor entidad la pena cumple su función resocializadora en tanto que en relación con los demás infractores no cumple esta función. De esta forma se presenta una desproporcionalidad en materia punitiva, pues respecto de los condenados a penas de tres años o menos la pena no cumple la finalidad resocializadora que la Carta le reconoce. Al respecto, debe tenerse en cuenta que sólo la utilización, medida justa y ponderada de la coerción estatal destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento (20) .
(20) Sentencia C-70 de 1996.
No sobra recordar que en oportunidad anterior la Corte encontró ajustada a la Carta la determinación del legislador de excluir de los subrogados penales aquellos delitos de mayor gravedad que exigen, por tanto, una represión más severa. Fue así como al analizar el artículo 15 de la Ley 40 de 1993 que establecía la prohibición de conceder la condena de ejecución condicional, la libertad condicional y los subrogados administrativos a los condenados por los delitos de que trata la ley, en consideración a la importancia del bien jurídico vulnerado y a la mayor afectación del mismo con la comisión de las conductas reprimidas, la Corte consideró que “esta norma no viola el artículo 13 de la Constitución, que consagra la igualdad” porque ... la privación de la libertad debe ser mayor para quienes cometen los delitos más graves” (21) . Y agregó que, para la decisión debían tenerse en cuenta las mismas razones que fundamentaron la exequibilidad del artículo 14 de la misma ley, las cuales se contraen básicamente a la consideración de los bienes jurídicos protegidos, los que, por su importancia, legitiman la imposición de sanciones más drásticas. Para los demás delitos, incluidos aquellos cuyo conocimiento corresponde a los jueces regionales, reconoció la procedencia de los subrogados penales, los cuales se conceden en relación con los casos concretos, cuando los procesados reúnen los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por las disposiciones respectivas.
(21) C-213 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.
También debe mencionarse que, mediante Sentencia C-87 de 1997, se declaró la constitucionalidad del artículo 72 del anterior Código Penal que consagraba la libertad condicional al condenado a la pena de arresto mayor de tres años o a la de prisión que exceda de dos. En aquella oportunidad la Corte dijo que esta medida respondía a “una definición razonable de política criminal que obedece a las condiciones personales del delincuente condenado, y de la determinación en abstracto de un término mínimo que se debe cumplir por los condenados a penas de menor y de mayor extensión, sin tratar desfavorablemente a los primeros”.
Cabe recordar que, el concepto de libertad condicional consagrado en el entonces artículo 72 citado, otorgaba la facultad al juez penal para conceder la libertad condicional cuando el condenado hubiere cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que la personalidad, buena conducta en el establecimiento carcelario, y antecedentes de todo orden le permitieran suponer la readaptación social del condenado, de manera que el otorgamiento de este beneficio en cuanto a los componentes subjetivos a valorar, consagraba una mayor discrecionalidad del juez, al tener que considerar no sólo su buena conducta sino también su personalidad y antecedentes de todo orden.
Con la expedición de la Ley 599 de 2000, nuevo Código Penal, quedó modificado el concepto de los subrogados penales, pues disminuyeron el margen de discrecionalidad del juez. Además, se involucró expresamente en las normas respectivas el principio de necesidad para su otorgamiento. Y, particularmente en el caso de la libertad condicional ya no será preciso su negativa atendiendo los antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena, sino que principalmente se atenderá a la buena conducta observada por el condenado en el establecimiento carcelario.
Nótese, que fue el mismo legislador el que apartándose del criterio expuesto por la Corte en la Sentencia C-87 de 1997 que consideró como una decisión razonable de política criminal la relacionada con el referente temporal, introdujo en los subrogados penales y por ende en el concepto de libertad condicional el de la necesidad de la pena, en armonía con los principios que gobiernan las sanciones penales consagrados en el artículo 3º del Código Penal. Este elemento, que no estaba presente en la anterior legislación, hoy no puede dejar de lado el juez constitucional a fin de examinar la demanda que ahora se propone.
En verdad, la Corte no puede aceptar que la discriminación que se instituye por virtud del segmento acusado pueda estar justificada hoy en día por razones de política criminal, porque el nuevo concepto de necesidad de la pena y su función preventiva especial, así como su consagración expresa para los subrogados penales, se predica ahora de todos los condenados y no sólo respecto de aquellos que están privados de la libertad por delitos de mayor entidad. Por ello, no podía el legislador desatender tal principio introduciendo al mismo tiempo en la norma acusada un elemento temporal que lo desconoce para algunos condenados. Por lo tanto, tal determinación no es congruente con el actual estatuto punitivo que consagra, como ya se dijo, el principio de necesidad para la imposición de las penas y medidas de seguridad para todos los condenados, así como para la ejecución de las condenas a penas privativas de la libertad en todos los casos.
Cabe recordar que, ya en otra oportunidad, la Corte consideró que el elemento de temporalidad en materia penal resulta Inconstitucional cuando establece un trato desigual que no resulta justificable a la luz de los principios identificados en este campo por la jurisprudencia en relación con el respeto al principio de la igualdad (22) .
(22) Sentencia C-173 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
El anterior examen es suficiente para concluir que si bien el legislador tiene un amplio margen de configuración en materia punitiva, encuentra límites en la garantía del debido proceso y los derechos fundamentales, y por lo tanto, el referente temporal de la pena privativa de la libertad que consagra el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 para efectos del otorgamiento del derecho a la libertad condicional es violatorio del principio de la dignidad humana, así como de los derechos a la libertad y a la igualdad. En efecto, establece una discriminación respecto de los condenados a penas privativas de la libertad inferiores a tres años que se encuentran efectivamente privados de la libertad, es decir, cumpliendo la pena recluidos en la cárcel, quienes no obstante encontrarse en la misma situación fáctica de los condenados a penas mayores, no tienen derecho al mencionado subrogado penal.
En consecuencia, la Corte declarará la inexequibilidad de las expresiones “mayor de tres (3) años” del artículo 64 de la Ley 599 de 2000.
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “mayor de tres (3) años”, contenidas en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000.
Me permito salvar parcialmente el voto en relación con el ordinal primero que declara la inexequibilidad de las expresiones “Interprétase con autoridad” por las siguientes razones:
1. Porque esas expresiones no habían sido demandadas y en consecuencia no existía la necesidad de realizar la denominada “integración normativa”. La Corte debe ser muy prudente al hacer interpretación normativa ya que cuando se falla sobre normas que no han sido demandadas, se impide la intervención tanto del Ministerio Público, como de los ciudadanos y esto es mucho más grave en un sistema como el nuestro donde se quiere que los ciudadanos participen en el control de constitucionalidad, por algo desde el Acto Legislativo 3 de 1910 tenemos un sistema de acción pública de inconstitucionalidad, que permite a los ciudadanos tanto iniciar el control como intervenir en el proceso de inconstitucionalidad.
2. En materia de interpretación de las normas jurídicas, no sólo interpreta los autores (doctrinal), los jueces (judicial), sino también el propio creador de la ley, o sea el legislador; esta última interpretación es la que se denomina interpretación es la que se denomina interpretación con autoridad por que expresamente está consagrado en el numeral primero del artículo 150 de la Constitución. No se entiende entonces cómo teniendo el Congreso la facultad constitucional de interpretar una ley anterior, mediante otra posterior, se pueda decir que esta segunda es inconstitucional.
No sobra recordar que en este caso existió una calificación legal, del propio legislador que definió como interpretativa a la ley que expedía; fue entonces voluntad del legislador la de determinar como interpretativa a esta ley y esa voluntad no puede ser suplantada por la Corte Constitucional.
3. Fue también voluntad del legislador de que esta norma interpretativa no se incorporara automáticamente a la norma que interpretaba, sino que se integrara a ella, a partir de su vigencia. Precisamente por ser norma interpretativa hubiera quedado incorporada a la norma interpretada, de no haberse dicho nada sobre su vigencia, ya que éste es el efecto natural de las normas que interpreta; pero nada impide que el legislador modifique la vigencia de la norma interpretativa; esto no hace insconstitucional a la norma.
Jaime Araújo Rentería.
Con el acatamiento debido a las sentencias de la Corte Constitucional, nos vemos precisados a salvar parcialmente nuestro voto en relación con lo decidido en la sentencia C-806 de 1º de agosto de 2001, pues nos separamos de la decisión contenida en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia aludida, por las razones que a continuación se expresan:
1. El primer inciso del artículo 23 de la Ley 383 de 1997, en su texto expresa que: “interprétase con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley, que un mismo hecho económico no podrá generar más de un beneficio tributario para el mismo contribuyente”.
2. La expresión demandada fue “a partir de la vigencia de la presente ley, cuya exequibilidad condicionada se declaró por la Corte en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia C-806 del 1º de agosto de 2001, decisión esta que compartimos.
3. Con todo, se decidió por la Corte realizar una unidad normativa con la expresión “interprétase con autoridad” con la cual comienza el inciso primero de la norma mencionada, la cual se declaró inexequible, lo que nos lleva a discrepar, en ese punto, de la sentencia a la que se refiere este salvamento parcial de voto.
En efecto, para los suscritos magistrados, es absolutamente claro que al legislador le asiste, de manera permanente y en virtud de su potestad de configuración de la ley, la atribución de interpretar normas expedidas por él, fenómeno jurídico que desde antaño ha sido conocido como la “interpretación auténtica de la ley”. Y, siendo ello así, si el propio legislador consideró indispensable para precisar el alcance de la legislación precedente realizar una interpretación de ella en cuanto hace a los beneficios fiscales concurrentes con la autoridad de que se encuentra investido, no puede la Corte, en manera alguna, considerar que la expresión a que hacemos referencia es inexequible y declararlo así como lo declaró, pues en nada se vulnera el artículo 150 de la Constitución que le asigna al Congreso de la República la potestad de hacer e interpretar y modificar las leyes preexistentes.
Por otra parte, observamos que la unidad normativa que aquí se hizo sin que estuviera demandada la expresión “interprétase con autoridad”, no resulta indispensable para la declaración de exequibilidad del segmento normativo cuya constitucionalidad se verificó por la Corte y se declaró en la sentencia aludida, máxime si se tiene en cuenta que tal unidad normativa se realizó sin que ella guarde ninguna relación con la exequibilidad declarada en el punto segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
Alfredo Beltrán Sierra—Jaime Córdoba Triviño—Álvaro Tafur Galvis.

References: ARTÍCULO 64
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 resolución 
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 artículo 23
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