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Timestamp: 2017-10-24 09:37:09+00:00

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Noticias uruguayas: Noticias uruguayas 10 abril 2011
Este martes 12 de abril a partir de las 9 y 30 horas convocamos a todos a concurrir al Palacio Legislativo a presenciar en las barras y escuchar en la explanada del Palacio, la sesión del Senado que trata el Proyecto Interpretativo de la Ley de Caducidad
Se colocará un escenario en donde se desarrollarán diversos espectáculos artísticos y se amplificará la sesión con audio en los alrededores del Palacio.
Porque el fin de la impunidad en Uruguay es un compromiso de todos, y porque somos todos iguales ante la Ley, vamos a rodear el Palacio Legislativo.
Esquina Montevideo se suma a la convocatoria de la Mesa Permanente Contra la Impunidad para rodear el Palacio Legislativo el próximo martes 12 de abril desde las 09.30 de la mañana, hora en la que está previsto el inicio de la sesión de la Cámara de Senadores que tratará la Ley Interpretativa.
Se trasmitirá por altoparlantes el desarrollo de dicha sesión y en horas de la tarde está prevista la presencia de numerosos artistas populares.
¡¡A liquidar la impunidad!!
Publicado en Blog Esquina Montevideo
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CON EL JUEZ DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ
La “solución general” contra la impunidad
PEREZ. FOTO: OSCAR BONILLA
El catedrático de derechos humanos –quien por ser uruguayo no actuó en el caso Gelman– entiende que el Parlamento no debe “interpretar” la ley de caducidad sino aprobar una norma que respalde a la scj en la aplicación de la sentencia contra el Estado, que declara la ley 15.848 incompatible con la Convención Americana. —¿Qué carácter tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
—De acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos), la Corte Interamericana es un tribunal, un órgano jurisdiccional. Su sentencia es inapelable y obligatoria; los estados parte se comprometieron a cumplir. Por ello, aunque ciertas medidas complejas lleven su tiempo, hay que cumplirlas.
—¿Desde qué momento un Estado se obliga a cumplir con la sentencia?
—Se obliga desde que pasa a ser parte del tratado. Uruguay firmó en 1969. Fue aprobado por el Parlamento en 1985 y ratificado unos días después, para entrar en vigencia en abril de ese año. Desde entonces Uruguay nunca había tenido un caso contencioso; este es el primero en el que se dicta sentencia.
—El caso llevado a la Corte es el de la desaparición forzada de María Claudia García, madre de Macarena y nuera del escritor Juan Gelman. Pero el fallo excede el caso específico de los demandantes…
—El Estado reconoció la mayor parte de los hechos, los anteriores al 1 de marzo de 1985. La Corte Interamericana pudo haberse quedado con ese reconocimiento y no avanzar más. Pero al votarse el 22 de diciembre de 1986 la ley de impunidad, Uruguay tuvo obstáculos jurídicos muy importantes para que se pudiera investigar y eventualmente sancionar a los responsables, y entre otras cosas, encontrar los restos de los desaparecidos. La Corte se plantea que hay otros casos análogos para los cuales se constituyen obstáculos… La fundamentación es para todos, la declaración de incompatibilidad de la ley de caducidad con las obligaciones internacionales es para todos.
—Hoy el ex presidente Julio María Sanguinetti dice que nadie cumple los fallos de la Corte Interamericana. ¿Qué opina usted?
—Me da mucha pena; Sanguinetti es un hombre muy inteligente, no creo que haya estudiado bien este tema, o de lo contrario está diciendo cosas en contra de lo que sabe, lo que sería peor…
—¿Los estados cumplen?
—Los fallos de la Corte Interamericana, en la gran mayoría de los casos se cumplen, y hay un mecanismo muy detallado de supervisión del cumplimiento, que es muy útil. La Corte no tiene policía, alguacil, ni ejército; lo máximo que puede hacer políticamente es informarle a la Asamblea General de la oea que hay un Estado que no cumple y lo que allí pase dependerá de circunstancias políticas…
—¿Qué pasa con el Estado que no cumple?
—El Estado que no cumple pasa vergüenza, pero la mayoría de los estados que han tenido sentencias en contra han ido desarrollando internamente instituciones, oficinas, asesores que les indican cómo cumplir con los fallos, que a veces son bastante complejos.
Además hay jurisprudencia reciente, por ejemplo en Panamá, donde la Corte Suprema de ese país sostuvo en una resolución que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios, representan el derecho que debe ser aplicable en el país.
—¿Los fallos para situaciones de alguna manera similares a la de Uruguay se cumplieron?
—Sí, tanto Perú como Chile han ido cumpliendo; y Brasil, que tuvo sentencia el año pasado, presenta problemáticas más complejas por cuestiones de diferencias internas en el gobierno, que acaba de cambiar, pero hay plazo para que cumplan y se va a ir por ese camino.
—La sentencia de la Corte Interamericana señala que la ley de caducidad “carece de efectos jurídicos”. Esta decisión cae en medio de un debate político y semántico sobre si “anular”, “derogar”, “inaplicar”, “interpretar”. ¿Cómo cree que repercutirá este enunciado en la discusión política interna?
—Yo creo que esta sentencia sacó el tema del debate político en Uruguay. Es una decisión jurisdiccional obligatoria, que además es declaración de cuál es el derecho; entonces no tenemos que ponernos a discutir internamente si tiene o no tiene efectos, porque la sentencia dice claramente que la ley carece de efectos jurídicos.
—¿Pero esto implica que la ley no tiene efectos jurídicos desde el momento en que fue aprobada?
—Sí, la incompatibilidad con la Convención Americana existe desde ese momento porque la ley nació cuando Uruguay ya era parte del Pacto de San José. Lo que hay que ver ahora es cómo se cumple la sentencia en el país.
—Usted subtituló la conferencia que dio el miércoles 30 en la Universidad “Aplicación directa y prevalente del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno”. ¿Cómo se recorre ese camino?
—A mí me parece que estos temas están resueltos, aunque rara vez fueron aplicados los mecanismos que ofrece el artículo 239, ordinal 1, de la Constitución, que establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia. La parte que dice que debe conocer “en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros estados” no se ha aplicado.
—¿Y para usted eso qué implica?
—Para mí quiere decir que, si el tema del proceso es el tratado mismo, la que debe intervenir es la scj. ¿El tratado existe, es válido, es eficaz, no es eficaz porque hay una ley interna que aparentemente se opone? Eso es lo que, a mi entender, tendría que poder resolver la Suprema Corte.
—¿Usted quiere decir que la scj es la que tiene competencia para aplicar directamente el tratado?
—Sí, y además eso implica reconocer la superioridad del derecho internacional, porque decir “tenemos un tratado” pero el día que queremos no lo cumplimos, sería aplicar la “doctrina Sanguinetti”, que no va de acuerdo al derecho internacional.
—La scj ya ha señalado en la sentencia del caso Nibia Sabalsagaray –por la que se declaró inconstitucional la ley de caducidad– que el derecho internacional de los derechos humanos tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 72 de la Carta…
—Eso está muy bien y es importante para asegurarle el rango constitucional al tratado, pero así se está señalando que vale en función del artículo 72 como camino específico para la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Y esto vale para el caso concreto, no tiene carácter general. Pero si lo resolvemos a través de las competencias de la scj asignadas por el artículo 239, allí no hay nada que señale la validez para el caso concreto…
—¿Podría haber una decisión de carácter general?
—Habrá que ver las circunstancias, pero si acá tenemos un pronunciamiento de la Corte Interamericana que señala a la ley de caducidad como manifiestamente incompatible con la Convención Americana, significaría que hay que tomar un pronunciamiento judicial que tenga el mismo efecto del tipo que tienen los países donde existen tribunales constitucionales especiales. Éstos hacen lo que se llama un control abstracto (porque no se refiere a un caso concreto sino a la ley, independientemente de cualquier situación de aplicación), y lo que resuelven es de validez general.
—La Corte Interamericana habla del “control de convencionalidad”, para verificar si las leyes internas están o no en sintonía con la Convención Americana. Dice que el Estado lo debe cumplir de oficio, pero ¿cómo se debería aplicar este control en Uruguay?
—El problema es saber si algo que nunca se aplicó, la scj lo va a empezar a aplicar en un caso de tanta notoriedad como éste. Por ello hay que ayudar en ese sentido.
—La scj puede tener dudas de si puede o no actuar por sí sola, y entonces podría esperar a que alguien le plantee el problema para actuar… Por ello sería buena una ley interpretativa y en parte reglamentaria que estableciera que la scj debe intervenir en casos como este, en función del artículo 239, ordinal 1. Debería expresar que cuando exista una sentencia de un tribunal internacional y deba ser cumplida internamente, que hable de incompatibilidad con las obligaciones internacionales, de cuestiones relativas a tratados, el Poder Ejecutivo –el Ministerio de Relaciones Exteriores– comunicará a la scj a los efectos de que asuma la competencia constitucional.
De esa manera se le daría un respaldo político muy importante y se saldría del brete respecto de qué hace el Poder Legislativo luego de un plebiscito en el que no alcanzaron los votos para anular la ley.
—Usted habla de un problema intrínsecamente político.
—Es que no se puede decir que se está interpretando la ley de caducidad, cuando lo que se interpreta es que no vale. Si esto se hace por esa vía, no se le dará seguridad a los jueces, y cada uno podrá resolver según entienda. No es una solución general, y además, seguramente esta nueva ley que se apruebe será objeto de recursos de inconstitucionalidad que deberá resolver la propia scj. No hay necesidad de eventualmente dividir a una Corte que hoy es unánime en señalar que la ley de caducidad es inconstitucional.
A la scj –que ya ha señalado que los derechos humanos no son objeto de decisiones de mayorías– hay que apoyarla para que pueda resolver el asunto con carácter general, aplicando lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana.
Dos supermercados Devoto ocupados en Las Piedras
En medio de la negociación salarial, empleados de dos supermercados Devoto en Las Piedras impiden el ingreso de clientes y mercadería a los locales, según afirmó a EL PAÍS digital el dirigente de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) Favio Riverón.
Sobre la media noche fue ocupado el local principal, ubicado sobre la Ruta 5, y el segundo local fue ocupado sobre las 7 de la mañana.
"La idea es dejar ingrear al local al personal que desee hacerlo y el impedimento es al ingreso de mercadería y clientes", aseguró Riverón.
Sobre las 15 horas realizarán una asamblea donde resolverán la continuidad o no de las medidas.
Bloquearon planta de silos en cooperativa de Young
Soja. Sindicato amenaza extender medida a todo el litoral
El sindicato de la cooperativa agraria Copagran bloquearon la entrada de la planta de Young, hecho que podría extenderse a las otras nueve filiales que operan en el litoral del país.
La empresa decidió cerrar las puertas de su planta ante el anuncio de que la misma sería tomada por el sindicato, que igual bloqueó el acceso al lugar.
"Hemos realizado la medida de fuerza tras demandas salariales, de mejora en el manejo de productos tóxicos y mejoras por antigüedad", dijo a El País Waldemar Paz, presidente del sindicato.
Dentro de la planta en Young quedaron un directivo y un gerente, quienes permanecerán allí hasta que se levante la ocupación o se expida el Consejo de Salarios el jueves próximo.
"Es una medida descabellada e irracional, tomada por un gremio dividido, pues el personal administrativo trabajó sin ningún problema", precisó el presidente de la filial Young de la cooperativa Copagran, Alejandro Nin Elorza.
El dirigente dijo a El País que los perjuicios "son enormes, en pleno pico de cosecha de soja competimos con otras plantas de empresas multinacionales no agremiadas".
"No podemos entregar la ración a los productores lecheros que diariamente requieren del insumo y además se perjudican fuentes laborales de todo el sector al que Copagran está afectada", acotó.
Nin Elorza recordó que Copagran es una cooperativa de productores "llanos y rasos, no somos ninguna patronal, hemos dado una recuperación salarial de un 37%, y no debemos olvidar que en 2005 teníamos un dólar a $ 28 y ahora está a $ 18,80, moneda en la que vendemos nuestra producción".
Solo en el día de ayer Copagran Young no pudo recibir cerca de un centenar de camiones de soja, grano que está en su punto más elevado de cosecha de la actual zafra.
Por su parte la gremial demanda un 20% de mejora por trabajo en nocturnidad, y mejoras por trabajo en la altura, por antigüedad y por manipulación de venenos, "siempre teniendo en cuenta que un obrero gana $ 330 en la mano por jornal realizando trabajo físico en esas 7 horas", dijo Paz.
Los obreros apostados en carpas a las puertas de la planta de silos puntualizaron que tras siete negociaciones en los consejos de salarios no arribaron a ninguna mejora. "Vamos a paralizar todas las plantas de recibos de cereales agremiadas en todo el país, y si es necesario ya tenemos acordado también trabar los granos que arriben al puerto", afirmó Paz.
Estas mediadas adoptadas en las planas de silos del litoral en la cooperativa Copagran, coinciden con el conflicto que está llevando adelante el Sindicato Unico de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), que está trancando las cosechas.
Los productores advirtieron que ante estas medidas se corre riesgo de no poder cumplir con los contratos.
Al final Saravia tenia razon...
un entrenamiento anti-Intifada, o seguir criando
El que va poniendo la orden del dia
FA cuestionó campaña de recolección de firmas del PC por usar un "tema sensible para sacar rédito electoral".
-Crear un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, que luego de un período de transición, se convertirá en un servicio descentralizado.
-Convertir la actual comisión bicameral en una comisión de seguimiento del nuevo instituto.
-Penar la tentativa y complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad, y analizar la penalización de la tentativa y complicidad de los delitos graves.
-Establecer penas mínimas y máximas para las distintas infracciones.
-Ampliar el plazo para que los jueces dicten sentencia de 60 a 90 días en casos de delitos gravísimos, y aclarar en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que la falta del informe del INAU no impide el dictado de sentencia.
El mantenimiento de los antecedentes de los menores cuando pasan a ser mayores de edad también será incluido en dicho proyecto de ley. Según informó ayer el diputado Julio Bango (Partido Socialista, Frente Amplio), presidente de la comisión bicameral, los legisladores del FA presentarán una propuesta para modificar el artículo 222 del Código de la Niñez y Adolescencia y establecer "como excepción el mantenimiento de los antecedentes para el caso de los delitos gravísimos; rapiña, secuestro, homicidio doloso, violación y copamiento". Los asesores jurídicos del FA estudian la posibilidad de que el mantenimiento de los antecedentes sea una facultad del juez al momento de dictar sentencia, y prevén que se puedan mantener, como máximo, por la misma cantidad de tiempo que se penó con privación de libertad a la persona. Luego de ese período, los antecedentes se eliminarán. Según explicó Bango, con esta medida se pretende darle más criterios de evaluación al Ministerio del Interior "al tiempo de proceder a la liberación anticipada de reclusos adultos", que se estima se hará a mediados de año.
La comisión no alcanzó acuerdos en relación al aumento de las penas reclamado por la oposición, ni sobre la aplicación del Código Penal a los adolescentes de 16 años en adelante, reclamo por el que el Partido Colorado (PC) está juntando firmas. "Entendemos que la propuesta es contradictoria, incoherente, inútil e ineficaz para mejorar la seguridad", consideró Bango.
Los colorados defendieron su campaña para reformar la Constitución. "Estamos orgullosos de ser protagonistas y de aportar la herramienta para que las mayorías, que estaban muy tranquilas y pasibles frente a lo que venía pasando, entiendan que la sociedad puede movilizarse", reivindicó el diputado Germán Cardoso (Vamos Uruguay, PC), al tiempo que criticó al FA, al Partido Independiente, al sector blanco Alianza Nacional (AN) y al PIT-CNT, que se oponen, porque "le temen a esta instancia". "Nunca se nos ocurrió como partido hacer una contracampaña", dijo en referencia a los contactos que comenzaron entre estos partidos, y recordó que desde 1985 hubo 17 instancias de democracia directa. Para Cardoso: "Están buenas las soluciones [acordadas], pero no alcanza, no van a dar respuesta a los índices de criminalidad". El diputado Aníbal Pereyra (MPP, FA) retrucó que el FA "jamás utilizó estos temas sensibles para querer sacar un rédito electoral". Bango aseguró que el gobierno debe asumir "la imposición del orden interno, la prevención, la disuasión y la represión cuando sea necesaria, pero nunca deberemos perder de vista que para ser realmente eficaces debemos luchar por la eliminación de las fuentes sociales de la explotación, la dominación y la desigualdad".
Antes del 31 de mayo. Acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General
Se votó el Instituto Penal Adolescente y se sanciona tentativa y complicidad de hurto
La Asamblea General del Poder Legislativo aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Especial que recomendó la creación del Instituto Penal Adolescente y sancionar la tentativa y complicidad del hurto con medidas alternativas, entre otras disposiciones.
Sesión. El FA propondrá como excepción el mantenimiento de los antecedentes.
A través del miembro informante Julio Bango, el Frente Amplio comprometió su respaldo a estas iniciativas a los efectos de que sean sancionadas en el Parlamento en un plazo no mayor al 31 de mayo.
Luego de más de cuatro horas de deliberación, ayer la Asamblea General también se pronunció favorablemente, por la unanimidad de 105 votos, y de los legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, y Partido Independiente, para conformar una Comisión de Seguimiento del nuevo órgano desconcentrado del INAU (Comisión Delegada) a crearse por ley con el objetivo de que el Parlamento pueda tener una vinculación permanente con el proceso de desarrollo de implementación del mencionado Instituto. La deliberación, en tono civilizado pero no exenta de momentos de confrontación en el intento de "pasarse facturas" sobre las responsabilidades de la inseguridad pública, y aun de otros temas ajenos al tema en cuestión, y por la recolección de firmas impulsada por el Partido Colorado, fue precedido de un momento especial: el senador Eleuterio Fernández Huidobro (Frente Amplio) pidió un minuto de silencio ante el fallecimiento del subsecretario de Defensa Nacional, Gabriel Castellá. Posteriormente, durante la sesión, el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori informaba que se tributarían a Castellá honores de Secretario de Estado (ver página 4). En otro punto de suma importancia, el miembro informante, Julio Bango anunció que el Frente Amplio propondrá un proyecto de modificación al artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en el que se establece como excepción el mantenimiento de los antecedentes para los casos gravísimos (ver nota aparte). Los cambios a promoverse también contienen la disposición que establece que en el marco del proceso judicial al menor infractor, la ausencia de un informe del INAU establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, no impide el dictado de sentencia. Asimismo "se analizará la oportunidad y conveniencia de limitar la discrecionalidad judicial en la imposición de sanciones, mediante el establecimiento de mínimos y máximos para las distintas infracciones"
En contra de la rebaja de edad
Bango consideró que "el Frente Amplio actuó con espíritu abierto, en un tema en el que es necesario abrir cabezas para encontrar los consensos".
Desde el oficialismo, Jorge Orrico señaló que "se está estigmatizando a los jóvenes".
"Yo estoy en contra de esta rebaja de la edad de imputabilidad, en primer lugar, porque la edad de imputabilidad en Uruguay es de 13 años, y así está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia", agregó.
Señaló que no se conoce la cantidad de jóvenes entre 16 y 18 años que delinquen, y convocó a tener una mirada estratégica.
El legislador Aníbal Pereyra (Espacio 609) dijo: "Todos sabemos que a partir de los 13 años los ciudadanos de este país son responsables de sus actos y tienen que actuar como tal". "Lo que se está proponiendo es bajar la edad para que la Justicia ordinaria actúe a partir de los 16 años", y manifestó que "esa solución, que puede estar en la firma que se estampe, "recién la va a tener para el 2015, y en realidad, mi preocupación es el hoy".
José Bayardi (VA) reivindicó el accionar del FA en el gobierno desde 2005 "cuando se elevó el Presupuesto del Ministerio del Interior a cifras como nunca estuvo planteadas en el país", y las cifras destinadas en salud, la creación del Mides, y la educación".
Lauda el pueblo
Por su parte, la ex ministra del Interior, Daisy Tourné convocó a dejar de lado "la violencia como factor para dirimir los conflictos". "En lugar de expresar nuestras ideas, descalificamos al oponente. En una democracia, cada partido político puede tomar el camino que considere conveniente, y quien lauda quien es el mejor, es el pueblo", sostuvo.Dijo estar en las antípodas de la propuesta de la rebaja de la edad de imputabilidad pero "como dijo aquel sabio 'defenderé con mi vida el derecho a la discrepancia'. Por lo tanto, tenemos que ser autocríticos, me baso en gente que sabe mucho de este tema, y no aprovecho el sentimiento de la población ni el miedo que ha pasado a ser una variable que no puede estar fuera de la consideración de nosotros". Reconoció que "se ha invertido fuertemente en políticas sociales, como ningún otro gobierno tal vez, y sin embargo, como las cosas son complejas y no lineales, en el tema de la inseguridad no hemos obtenido los resultados que esperábamos con esta inversión".
El diputado Julio Bango anunció que el Frente Amplio propondrá un proyecto de modificación al artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia cuando "se establece como excepción el mantenimiento de los antecedentes para los casos gravísimos de rapiña, secuestro, copamiento, violación, y homicidio doloso".
Hay 66% de coincidencias con iniciativa de Bordaberry
Pese a que entre oficialismo y oposición se debatió ayer por más de cuatro horas los criterios que deberían adoptarse en materia de seguridad pública y las normas legales a crear y que atiendan a la minoridad infractora, existe en realidad un 66% de concordancias entre lo que se aprobó finalmente en el Parlamento y lo que propone el Partido Colorado en su actual consulta popular. La colorada es la bancada que más debate ofreció ayer durante la sesión de la Asamblea General. El documento sancionado en la víspera y que cuando se analizó en la correspondiente comisión bicameral en materia de seguridad tuvo la aprobación de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, recomienda la creación de un Instituto de Rehabilitación Adolescente con independencia del INAU. En la consulta ciudadana impulsada por los colorados se demanda crear un "Instituto de Rehabilitación del Menor Infractor". Coincidencia uno entre las dos iniciativas. También ayer se aprobó el mantenimiento de los antecedentes delictivos cuando el menor infractor cumpla la mayoría de edad. Esto se aplicará únicamente en cinco modalidades delictivas consideradas "muy graves": homicidio doloso, violación, secuestro, copamiento y rapiña. El Partido Colorado, en su consulta, también propone "mantener el registro de los antecedentes penales al llegar a los 18 años". Coincidencia dos. En la recolección de firmas se reclama la rebaja de la edad imputable de 18 a 16 años. Esta es la única propuesta en la que no hay coincidencia con lo aprobado ayer en el Parlamento. La Asamblea General Legislativa también aprobó el capítulo contenido en el documento de la Comisión bicameral en el que se pena la tentativa y complicidad de hurto de los menores delincuentes con medidas alternativas a la privación de libertad y se apoyó la propuesta de que la misma Comisión bicameral sea, en el futuro, la responsable de dar seguimiento a la labor de creación del nuevo instituto de rehabilitación. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada recordó ayer que el Código de la Niñez y la Adolescencia fue aprobado en 2004, en el gobierno de Jorge Batlle, y que llevó la firma del propio Pedro Bordaberry. "La gente tiene derecho de cambiar de opinión", ironizó el legislador del PI.
OPOSICION: AVANCES PERO NO ALCANZA
Desde la oposición, con matices, la postura asumida por los diferentes partidos y sectores fue el de reconocer los avances del acuerdo alcanzado en la Asamblea General aunque considerarlos insuficientes. El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) sostuvo que el INAU en su labor con los menores infractores ha tenido "un fracaso absoluto" que "se viene dando desde hace años, pero ahora se ha agudizado". Desde 1990 a la fecha "las rapiñas se han quintuplicado", y hoy en el orden del 46% son cometidas por menores, por lo que "hay que tener un cambio radical, meter cuchillo a fondo". El colorado Tabaré Viera reivindicó el camino de la consulta popular ante diferentes las críticas recibidas. "Creemos que estamos avanzando pero dando un paso pequeño", evaluó. Desde el Partido Independiente, Iván Posada recordó que la paternidad de este Código de la Niñez, que todos cuestionan y del que "nadie se hace cargo", fue un acuerdo del Partido Colorado y sectores del Partido Nacional.
El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga recordó que hubo iniciativas del PN desde 2006 y valoró el acuerdo alcanzado con el Frente Amplio, del cual, reivindicó que fue uno de los promotores. "Ahora también nos parece una base importante, y tenemos que decirlo en este recinto, este legislador intervino, dialogó con senadores y diputados del Frente Amplio, para ampliar la base de los acuerdos". "El mantenimiento de los antecedentes es un avance importante", dijo. El legislador Alfredo Solari sostuvo que "la mortalidad entre los adolescentes entre 15 y 19 años, y entre los jóvenes de 20 a 24, es más alta, que la mortalidad infantil de menores de un año, y los menores, no solamente son fuente de inseguridad, sino que también son sus principales víctimas". El nacionalista Gustavo Borsari afirmó que "nada va a cambiar si no hay acción del gobierno: no queda más tiempo", enfatizó.
El diputado Germán Cardoso señaló que el Partido Colorado continuará con la campaña de recolección de firmas, cuestionó la "contra campaña" para evitar que prospere el plebiscito, y recordó que el Frente Amplio ­con el PIT-CNT- apeló a este instrumento desde 1985 en 17 oportunidades. Desde el Partido Nacional, el senador Francisco Gallinal expresó que "en el año 1971 mi Partido se levantó contra el Partido de gobierno, porque recorrió el camino del fraude electoral para tratar de convertir en Presidente de la República a quien no tenía los votos". "¡Pruebelo, pruebelo!", gritaban Amy y Cardoso de Vamos Uruguay. Astori puso orden.
“Lo único que encontré en Abuelas fue contención y calidez”, asegura Ezequiel.
Ezequiel trabajaba en la Fuerza Aérea cuando confirmó que era hijo de desaparecidos. Después de oponerse a los análisis de ADN, habla del encuentro con su familia. Hoy dice que su objetivo es “sumar”.
–Si me decís previamente a esta nueva situación..., pero hoy sinceramente les diría “no perdés nada, tratá de sumar y quitate la duda”. No sólo para ellos, para cualquiera que esté en esta situación. En definitiva no vienen con mala intención, igual, yo hablo de mi caso personal. Hay que tratar de sumar en la vida.
LA HISTORIA DE LA NIETA 103
Los análisis genéticos demostraron esta semana que María Pía Josefina Kerz es la hija de Cecilia Barral y Ricardo Klotzman, dos militantes desaparecidos el 2 de agosto de 1976, en Rosario. Ellos tenían 24 años. Y ella apenas cinco días cuando un grupo de tareas la entregó a una familia de la ciudad de Santa Fe con un biberón, un kilo de leche en polvo y dos cartas. Una es la confesión del crimen de sus padres: “La niña proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella”, dice la esquela que hoy revela Página/12.

References: resolución 
 artículo 239
 artículo 72
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 artículo 239
 artículo 239
 artículo 222
 artículo 222
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