Source: https://www.scribd.com/doc/103815305/Sentencia-16-de-Julio-de-2009
Timestamp: 2016-08-25 02:54:09+00:00

Document:
BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreRDDO : 2004/293 Interno:1068/ 07 PROC : ORDINARIO (UNIÓN MARITAL DE HECHO) DDTE : ANA ROSA ARIAS FLÓREZDDDO : ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS ALZD : Apelación de Sentencia
& SALA CIVIL-FAMILIA &
Magistrado Ponente: DR. ANTONIO BOHÓRQUEZ ORDUZ. Bucaramanga, julio diecisiete de dos mil nueve. (Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil-Familia de Decisión de fecha 16 de julio de 2009).
Resuelve la Sala, en esta oportunidad, la segunda instancia del proceso ordinario declarativo instaurado por ANA ROSA ARIAS FLÓREZ contra ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS, arribado a este Tribunal en virtud de la apelación formulada por la parte demandante contra la sentencia de fecha de 19 de septiembre de 2007, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga. El Tribunal procede a resolver el recurso teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Sentencia Ordinario 1068/2007
En escrito presentado el 2 de abril de 2004, la señora ANA ROSA ARIAS FLÓREZ, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda contra el señor ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS, con el propósito de que se realicen los siguientes pronunciamientos:
Declarar la existencia de unión marital de hecho entre ANA ROSA ARIAS FLÓREZ y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS.
Que como consecuencia de la unión marital de hecho, se declare la existencia de la “sociedad marital de hecho” formada entre ANA ROSA ARIAS y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS, en calidad de compañeros permanentes, desde el día 3 de diciembre de 1987 hasta el 15 de abril de
2003, conformada por el patrimonio social de que da cuenta la demanda.
Declarar disuelta y en estado de liquidación “la sociedad patrimonial de hecho” formada entre ANA ROSA ARIAS y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS. Que se condene en costas al demandado.
Lo pretendido por la accionante se fundamenta en los siguientes
ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS, casado con EDITH CECILIA SARMIENTO, por el rito católico en la ciudad de Bogotá el 17 de julio de 1965, en la Parroquia María Reina de Bogotá, se separó de hecho de su esposa desde julio de 1987, fecha en la cual la cónyuge, por intermedio de apoderada, instauró demanda de divorcio y separación de bienes (sic) contra ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, radicado No. 10845, proceso “en el cual las
partes llegaron a un acuerdo en cuanto a la separación de bienes, solicitando (sic) el desistimiento de la misma (sic)”.
Desde el 3 de diciembre de 1987, entre ANA ROSA ARIAS FLÓREZ y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS se inició una unión marital de hecho, empezaron a convivir como pareja, compartieron mesa, techo y lecho, en un apartamento adquirido por ellos, ante el Instituto de Crédito Territorial (sic), ubicado en el Conjunto Lagos V etapa, Torre I, apartamento 401. El demandado laboraba en el Instituto de Seguro Social de Santander como médico y la demandante se dedicaba a las labores del hogar. Posteriormente, en el año 1990, vendieron el inmueble y adquirieron una casa ubicada en la Ciudadela Real de Minas, Condominio Real del Llano, Casa No 9, con crédito otorgado por el Banco Central Hipotecario.
A partir del año 1994 la demandante, no solamente se dedicó a cumplir las labores de madre y ama de casa sino que empezó a laborar como abogada, entregando todos sus ingresos a la sociedad de hecho.
Conjuntamente la pareja fue cancelando sus obligaciones, al tiempo que sacaban adelante el hogar y adquirían todo el menaje doméstico.
En el año 1989 adquirieron un vehículo automotor marca Honda Prelude, placas ICG 021, modelo 1982, a nombre de ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS.
Posteriormente, en el año 1995, adquirieron una finca en la Mesa de los Santos, denominada Finca Miraflores, con matrícula Inmobiliaria No. 314-0018.246 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Piedecuesta. En el año 1999 adquirieron un vehículo automotor marca Chevrolet Silverado, de placas BUN 073, modelo 1995, a nombre de ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS.
provenientes de la herencia de su difunto padre. en la ciudad de Bucaramanga.
En relación con los hechos. por un lapso superior a dos años. En relación con los demás hechos. hasta el momento de su disolución ocurrida el 10 de marzo de 2003 (sic).Esta relación subsistió de manera continua y permanente. Edith Cecilia Sarmiento. con fundamento en que para el año 1987 no regía la Ley 54 de 1990 y. pues la demandante. La citada sociedad patrimonial fue disuelta el día 15 de abril de 2003.
El demandado se notificó personalmente el 23 de julio de 2004. la pretendida sociedad patrimonial. Luis Enrique Bohórquez Cáceres. en consecuencia. pero con largas ausencias de la demandante. y que los bienes que señala como adquiridos por los dos. se formó una sociedad patrimonial. que han convivido en diferentes oportunidades. desistió de aquella demanda. pero señala que la sociedad conyugal continúa vigente.
De esa unión nació el hijo extramatrimonial CARLOS AUGUSTO BOHÓRQUEZ ARIAS. sólo reconoce como cierto el de su matrimonio con Edith Cecilia Sarmiento. Dentro del término legal. la mencionada unión no nació a la vida jurídica y menos aún. así como la existencia del proceso de divorcio. esporádicas. pues durante su existencia se construyó un patrimonio social integrado por los bienes anteriormente relacionados. por intermedio de apoderado para la litis. asegura que ha tenido relaciones sexuales con la demandante.
. lo fueron con dineros de su exclusiva propiedad. contestó la demanda oponiéndose a la declaración de la existencia de la unión marital de hecho. Como consecuencia de la unión marital de hecho anteriormente descrita. Los compañeros permanentes no celebraron capitulaciones.
Así mismo. Como la fecha real es la de marzo de 2003 y la demanda fue instaurada el 2 de abril de 2004. por cuanto la unión marital de hecho sólo tuvo vida jurídica a partir del 1º de enero de 1991.
El 19 de septiembre de 2007. en que entró en vigencia la Ley 54 de 1990”. “Inexistencia de la causa o soporte legal de las pretensiones de la demandante ANA ROSA ARIAS FLÓREZ. ya había pasado el término de un año señalado para el efecto por el artículo 8 de la Ley 54 de 1990.Formuló las siguientes excepciones de fondo: “Prescripción extintiva de las acciones para obtener la disolución y liquidación de la supuesta sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”. “Improcedencia legal y jurídica de la existencia de unión marital de hecho por existencia de la sociedad conyugal vigente y sin liquidar entre el suscrito (sic) y EDITH CECILIA SARMIENTO” y la “Improcedencia de las declaraciones solicitadas por la demandante ante la hipotética o presunta existencia de la unión marital de hecho sin la vinculación legal de todos los litisconsorcios necesarios.
La excepción de prescripción se afinca en que la propia demandante “señala como supuesta fecha de disolución. ante la posibilidad de lesión de los derechos e intereses de la cónyuge EDITH CECILIA SARMIENTO. propuso las excepciones previas de “No comprender la demanda a todos los litis consortes necesarios” y “No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”. el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga profirió sentencia en la cual resolvió declarar la existencia de la unión marital de hecho entre ANA ROSA ARIAS FLÓREZ y ENRIQUE ANTONIO
BOHÓRQUEZ CONTRERAS desde el 3 de diciembre de 1987 hasta el 15 de abril de 2003. las cuales fueron despachadas en forma desfavorable por el juzgado.”. mediante auto de fecha 20 de octubre de 2004. el 10 de marzo de 2003 y el 15 de abril del mismo año”. pero denegó la declaratoria de existencia de la sociedad
infundada. el 12 de abril de 2004 (sic).
Previamente. y estableció que. Con ello quedó descartada la excepción de prescripción. se puede aplicar la norma a eventos en que la convivencia surgió con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. consideró que ante la existencia de prueba del estado civil de casado del demandado y la ausencia de evidencia tendiente a demostrar la disolución de la sociedad conyugal. frente a los demás medios exceptivos propuestos.
. incluida la de prescripción. pues la demanda fue presentada. dice.
Posteriormente. razón por la cual denegó la excepción. se ocupó en determinar la fecha en que las partes se separaron de hecho. no así para la unión marital de hecho. establecida por vía jurisprudencial. ANA ROSA ARIAS FLÓREZ y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS vivieron juntos hasta el 15 de abril de 2003. en forma parcial. se podía establecer que existía impedimento para la creación de la sociedad patrimonial. la excepción de improcedencia legal y jurídica planteada por el demandado.patrimonial
permanentes. e infundadas las demás excepciones propuestas. de conformidad con el material probatorio existente en el proceso. dentro del término que la ley señala.
IMPROCEDENCIA LEGAL Y JURÍDICA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO ANTE LA EXISTENCIA DE SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE Y SIN LIQUIDAR DEL DEMANDADO: Dispuso la prosperidad parcial de este medio exceptivo. manifestó lo siguiente: INEXISTENCIA DE CAUSA: Señaló que ante la restrospectividad de la Ley 54 de 1990. pues.
Funda su decisión así: En primer lugar.
ANA ROSA ARIAS FLÓREZ sustenta su recurso de la siguiente manera: Indica que dentro del proceso logró probar que existió unión marital de hecho entre ANA ROSA ARIAS FLÓREZ y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS. se declare que como consecuencia de la unión marital de hecho reconocida.
Agrega que en lo referente a la unión marital de hecho. el apoderado de la parte demandante se adhiere a la apelación interpuesta por el demandante. en su lugar. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2007. proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga. de “las pruebas allegadas al Despacho donde se demuestra demanda contra el señor BOHÓRQUEZ radicada en el Juzgado Segunda (sic) de Civil del Circuito el día 24 de octubre de 1989. surgió entre las partes una sociedad patrimonial.Inconforme con el fallo de primer grado. debe tener en cuenta el Despacho que existe desistimiento de la demanda y las razones de la misma. Finalmente. A manera de fundamento transcribe apartes de la sentencia proferida por la H. durante la vigencia de la misma se adquirieron bienes que reposan en cabeza del demandado y agrega que “si se reconoce que existió unión marital de hecho es obvio que surgió también una sociedad entre los compañeros basada en una ayuda mutua. Por su parte. la parte demandante. si bien es cierto no se determina que la sociedad haya sido disuelta y que para el A quo no se cumple el requisito contenido en el artículo 2º literal b de la Ley 54 de 1990. solicita se revoque el numeral 4º de la sentencia recurrida y. Corte Suprema de Justicia el 10 de septiembre de 2003. de Separación de Bienes. y encontrándose dentro del término legal.
. textualmente son: (folio 4) por haber llegado a un acuerdo con el cónyuge demandado sobre la separación de bienes y no existir (sic) en adelante con el proceso.”. un trabajo compartido que conllevó a la adquisición de dichos bienes”. por conducto de apoderada judicial. Además.
saneadas. Aunque al corregir la demanda vuelve a insistir en que la sociedad patrimonial fue disuelta el 15 de abril de 2003. la demanda no ofrece obstáculos formales capaces de impedir una sentencia de mérito. en unas ocasiones dice que la relación terminó el 15 de abril de 2003. Lo anterior. ello no es más que “fruto de su inquietud por desvirtuar la prescripción extintiva de las acciones”.
Advierte esta Sala que la decisión de la providencia en mención amerita un pronunciamiento de fondo por concurrir los diversos presupuestos procesales. los litigantes estuvieron debidamente representados y tanto el juzgado cognoscente como este Tribunal son las autoridades competentes para definir las instancias del pleito. en todos sus memoriales advierte que “no sanea” las eventuales nulidades que se presenten. suministra el dato exacto…Esta relación subsistió de manera continua y permanente. alega.”. pues asegura que quedó demostrado. ante la contundencia de la prueba documental. lo cierto es que las irregularidades que el juzgado cometió están. por un lapso superior a dos años hasta el momento de su disolución ocurrida el 10 de marzo de 2003. La demandante. que la convivencia entre las partes tuvo ocasión entre el 3 de diciembre de 1987 y el 10 de marzo de 2003. pero que “más adelante. el subconsciente. en tanto los litigantes son personas naturales con capacidad para ser parte por ser sujetos de derecho.
. pues a pesar de que el apoderado de la parte pasiva. Aunado a lo anterior. no existe irregularidad alguna que afecte la validez de la actuación. en la ciudad de Bucaramanga”. el apoderado del señor ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS solicita se revoque la sentencia de primera instancia y. en su lugar se declare “demostrada la excepción de prescripción de las acciones intentadas en la demanda por extemporaneidad de éstas.Por su parte. con fundamento en lo siguiente:
Indica el recurrente que la demanda fue presentada extemporáneamente. con la copia de la solicitud de audiencia de conciliación extraprocesal encaminada a obtener el reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho entre ANA ROSA ARIAS FLÓREZ y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONRERAS. de toda suerte.
si bien se trata de una figura de hecho y no de una creada al amparo de un negocio jurídico ni cosa parecida1. como la exigencia de la heterosexualidad. artículo 42. no nace. es palpable tal evolución.
No obstante que. la Constitución de 1991. jurídico familiar. vale decir. constantes y prolongados: es como la confirmación diaria de la actitud. M.
La unión marital de hecho en el derecho colombiano: Con la aparición de la Ley 54 de 1990 el legislador colombiano reconoció un fenómeno social que se había hecho común en las relaciones familiares en Colombia. Sentencia de septiembre 10 de 2003. sus derechos fundamentales como grupo de personas. como en varias ocasiones lo ha dicho la Corte Constitucional2. Es un hecho.
Sentencia C-174 de abril 29 de 1996. a pesar de las obvias coincidencias entre las dos figuras. aspectos todos derivados del artículo 42 de la Constitución
“La unión marital no tiene vida. Manuel Isidro Ardila Velásquez. la protección que merece del Estado. con sus características propias. vino a dar al matrimonio de hecho posibilidad de surgir en nuestro ordenamiento como una figura jurídica. ni la ley ni la Carta Política han equiparado el matrimonio y la unión marital de hecho. de manera acelerada en los últimos años. Dr.
Con apoyo en las normas constitucional y legal citadas. como la Corte Suprema lo ha reconocido.pues no se reclamaron en su momento. en providencia de junio 18 de 2008. al punto de que.” Corte Suprema de Justicia.. etc. tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema. previas las siguientes anotaciones en torno de la cuestión jurídica y fáctica sometida al escrutinio del Tribunal. la posibilidad de formar una familia. conclusión que se halla acompasada con el artículo 2 del Decreto 1260 de 1970.
. Poco después. es un hecho jurídico que da nacimiento a un estado civil. la figura ha evolucionado en nuestro derecho. al que llamó unión marital de hecho y del cual reguló sus efectos patrimoniales. reveladores de suyo de la intención genuina de mantenerse juntos los compañeros … la unión marital es fruto de los actos conscientes y reflexivos. Así que pasa la Sala a resolver las apelaciones formuladas por ambas partes. sino en cuanto que se exprese a través de los hechos. como recientemente también lo reconociera la misma alta Corporación. P. que no un acuerdo. En especial en los pronunciamientos de la jurisprudencia.
una enorme dinámica en el derecho colombiano. luego se admitió que era suficiente con que estuviese disuelta (Corte Suprema de Justicia. emula su orientación. en cuanto a efectos jurídicos de alcance personal. al comienzo se planteó una rigidez en torno de los efectos irrectroactivos de la norma. hogaño se indicó que si uno de los compañeros tenía una sociedad conyugal anterior. Incluso la ley 54 presume la “ayuda y socorro mutuos”. hoy tal posibilidad no tiene reparo jurídico alguno. años atrás la Corte Constitucional se negó a extender sus efectos a las parejas del mismo sexo (sentencia C-098 de 1996). no se le reconocía el carácter de hecho generador de un estado civil. dadas las particularidades de este caso. hoy ya se le reconoce (Corte Suprema de Justicia. para la formación de la sociedad patrimonial entre los compañeros era preciso que estuviese disuelta y liquidada aquélla. pues aunque la sigue exactamente. la cercanía es innegable y cada vez se asemejan más. Son numerosas las sentencias que indican avances en este tema. hoy lo admitió sin ambages. esta sentencia lejos de contradecir la jurisprudencia. En el sentir de la Sala. que se citan por vía de ejemplo.
El proceso de transformación de la figura en la jurisprudencia patria se evidencia en tópicos como los siguientes. estima que él amerita dar un paso más. el trasegar de la figura ha tenido. sentencia de 28 de octubre de 2005). pero entre ellas. a pesar de su escasa vigencia.
. al punto que esta Sala. sentencia de septiembre 10 de 2003). la Corte Constitucional había negado la posibilidad de sustitución pensional respecto de compañeros permanentes del mismo sexo.
En fin. propende por su avance. como a continuación se explica. aunque no los señala como deberes sino como fuente del patrimonio común de los compañeros (artículo 3). especialmente. en sentencia T-349 de 2006.Política. referenciamos estas otras: C-1033 de 2002. hoy se reconoce su retrospectividad (Corte Suprema de Justicia. en aras de brevedad. auto de junio 18 de 2008). pues no agotan el tema: inicialmente. C-016 de 2004 y C-875 de 2005.
de acuerdo con la norma. entre ellos no se presume la existencia de una sociedad patrimonial. pero. con frecuencia se indica tal requisito temporal como de la unión marital y no lo es. si tienen tan escaso tiempo de convivencia. los integrantes de la relación deben ser un hombre y una mujer. Al modo de ver de la Sala. perfectamente puede predicarse la existencia de una unión marital de hecho. con lo cual es obvia la referencia a la monogamia. En otras palabras. deben estar conviviendo de manera permanente. con ello no es que se haya abrogado el requisito. hay razones de orden constitucional para entender tal norma en su tenor literal. la comunidad de vida permanente y la singularidad. pues lo es sólo como presupuesto de la presunción de la sociedad patrimonial y. de los dos compañeros permanentes. mas no para que exista la unión marital sino para que se presuma la sociedad patrimonial. requisitos de temporalidad. para que constituyan una unión marital de hecho y se les llame compañeros permanentes. argumentación que tomamos de la que usara la Corte Suprema de Justicia. además. y. no puede tratarse de una relación esporádica. desde luego. y no de sus condiciones externas o de sus relaciones con otros. debe haber singularidad.
No hay. como adelante veremos.
. internos a la relación. No obstante el claro tenor de tales textos legales. se ha entendido. hace exigencia de tres presupuestos estructurales de la figura: la heterosexualidad.
Tales requisitos son personales. es decir. como claramente puede verse. La Corte Constitucional extendió los efectos de la Ley 54 de 1990 a las parejas del mismo sexo. pues tal presupuesto aparece en el artículo 2º de la misma ley.La norma. sino que el derecho ha reconocido y aplicado la figura a otra forma de pareja que hasta ahora había sido ignorada por el legislador3. propia de la moral general de nuestra sociedad. ni tampoco una sin convivencia. los compañeros permanentes deben tener sólo una pareja. por parte alguna. al dar la definición de unión marital de hecho. aunque los compañeros permanentes sólo tengan unos días de convivencia. en célebre sentencia de septiembre 10 de 2003.
extendió el cobijo de muchas otras normas. No obstante. entre otras cosas porque si el matrimonio permanece vigente. si ya esa relación se terminó. rota la anterior familia por la causa que fuere. pero.Tampoco es requisito de la unión marital que los compañeros carezcan de vínculo matrimonial anterior. nada impide que ahora forme una unión marital de hecho. Recientemente. sentencia C 029 de 2009. o que si lo tienen. sin que ello implique obstrucción alguna para que.
Con ello no se afecta la singularidad de la relación ni se atenta contra la monogamia. pero no disolvió la sociedad conyugal. 42. de realidad palpable. forme otra familia. por supuesto. La anterior fue la sentencia relativa a la Ley 54 de 1990. De modo que. pues si bien la norma reitera las exigencias de la presunción (lo cual mueve a pensar que la jurisprudencia no puede variar). no habrá lugar a presunción de la existencia de sociedad patrimonial. ya las personas forman parte ahora de otro núcleo familiar. para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo.
. conviene notar que ahora la norma exige.
Corte Constitucional. que los compañeros permanentes demuestren la existencia de la unión marital de hecho y los presupuestos necesarios para que la sociedad patrimonial se presuma (artículo 1 de la Ley 979 de 2005). La singularidad es un asunto de hecho. así sea por simple separación de hecho. como textualmente aparece en la norma. si uno de los compañeros había tenido un matrimonio previo. de facto ya no existe debido a que. pues tales son requisitos de la presunción de sociedad patrimonial y no de la unión marital. lo cierto es que la finalidad de la ley no era otra que permitir que fuese posible que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial se reconociesen por medio de escritura pública. sentencia C 075 de 2007. hayan disuelto y liquidado la sociedad conyugal. no uno de documentos que prueban la existencia de un vínculo anterior que. en ejercicio de sus derechos constitucionales. para poder otorgar el instrumento con relación a la sociedad patrimonial.
La reforma introducida a la Ley 54 de 1990 por la Ley 979 de 2005 no modifica el planteamiento que esta sentencia pregona. no se puede casar.
salvo.y merecen igual tratamiento argumentativo. que corresponde a otro estadio del pleito. como precisamente se desprende de su tenor literal. argumenta la Corte Suprema de Justicia en la ya citada sentencia de septiembre 10 de 2003. Desde luego. no fue más allá de los asuntos de carácter patrimonial que surgen de la unión marital de hecho: señala cuándo se presume la existencia de la sociedad patrimonial. no pueden suplir la sentencia declarativa con reconocimiento voluntario ante notario. la posibilidad del reconocimiento voluntario. La dificultad probatoria. cosa que el legislador quiso evitar. se confunden los patrimonios. que en modo alguno impide el reconocimiento de la figura.
Al permitir el reconocimiento por escritura pública de la sociedad patrimonial. artículo 2 de la ley citada. pasado el cual la reclamación de
. pues tendrán que probarla. esta norma modificadora nada agrega que impida el entendimiento de la figura de la manera como en esta sentencia se hace. pero ése es un problema puramente probatorio de la liquidación. se insiste. pues sólo permite tal cosa cuando se dan los presupuestos para que la sociedad patrimonial se presuma. si los compañeros permanentes no tienen derecho a que la sociedad patrimonial se presuma. Como atrás se indicó. cómo se extingue y también indica un término de prescripción. respecto de otro problema similar. singular. así sea menor de dos años. Tal vez. En consecuencia. y alguno de ellos tenga una sociedad conyugal sin liquidar. Los dos ítems tienen la misma naturaleza jurídica en la norma –requisitos de la presunción. De donde concluimos. de esa manera. ha de tener otra solución en derecho. Y. El contra argumento que suele surgir en este punto del debate alude a que. qué bienes hacen parte de ella. pues no es esencial. la norma es restrictiva. el propósito regulador del legislador de 1990. que sí es posible hablar de unión marital de hecho cuando los compañeros permanentes tienen una vida en común. la regla exige que los compañeros comparecientes ante el notario demuestren la existencia de la unión marital. como con acierto. en tales condiciones los compañeros no gozan de la presunción de conformar una sociedad patrimonial. en contra de la tendencia generalizada. con la Ley 54 de ese año. así como los requisitos necesarios para que la sociedad se presuma.De modo que esta disposición no significa cosa distinta a que.
pues insistió en consagrar la exigencia de liquidación de la sociedad conyugal previa.
El artículo 2º citado ha sido objeto de estudio y discusión inusitada. es decir. en los términos del artículo 2º. las sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas con un año de anticipación. La Corte Suprema de Justicia. salvo en los casos en que la ley presume su existencia. no la liquidación. P. cuando es la disolución lo que pone fin a la sociedad conyugal. o b) siempre que. si llevan más de dos años de unión marital. sin caer en la cuenta. al estimar inconstitucional (por vía de excepción) la exigencia de la norma según la cual las sociedades conyugales anteriores deben estar liquidadas. Manuel Isidro Ardila Velásquez). como si lo hace la sentencia glosada. en
referencia a la exigencia de que la sociedad conyugal deba estar liquidada. Dr. infortunadamente. que los principios constitucionales de la Carta Política de 1991 campean
.tales derechos patrimoniales será inocua si la parte pasiva en el eventual pleito propone la prescripción. Sin embargo.
Para el caso que el Tribunal debe resolver resulta relevante observar cómo la citada ley no dice. por lo menos. Estimó la Corte que “no se compadece con la Carta que una cosa visiblemente innecesaria tenga el
poder de anonadar el derecho sustancial. cuya primacía asegura aquella”. la Ley 979 de 2005. de septiembre 10 de 2003 (M. en dos hipótesis: a) siempre que no tengan impedimento para contraer matrimonio. en la muy importante sentencia para la cronología de la evolución de esta figura. propósito que parece ser el perseguido por la norma. a la fecha en que se inició la unión marital. dio un paso adelante para nuestro derecho. que de la sola presencia de la unión marital de hecho surja la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. de haber impedimento. De donde dimana un interesante problema probatorio: quien alegue que se conformó una sociedad patrimonial deberá probarla. con lo cual basta lo primero para que ya sea posible evitar la confusión patrimonial. modificado por la Ley 979 de 2005. no hizo eco de este avance jurisprudencial. por parte alguna. Ello significa que habrá uniones maritales con sociedad patrimonial y uniones maritales sin ella. por estar alguno o los dos casados con anterioridad.
principios que son posteriores a la mentada ley 54. sin que el
. si faltan los requisitos. particularmente. Veamos. es preciso recordar que las normas que establecen presunciones. sino la presunción. enfrentada a los principios constitucionales. Pero no es una medida necesaria. más que de la norma) corre igual suerte que la de liquidación. ayuda y socorro mutuos” se formó un patrimonio. Por consiguiente esta Sala. vulnera principios constitucionales como el de igualdad. pues tal regla. pero el compañero o compañera permanente que demanda su declaratoria prueba. pero aplicada como norma derivada o adscrita. en los términos del artículo 3 de la ley. en los párrafos siguientes. porque lo excluido.
En opinión de esta Sala. Así que. en el artículo 42. es expresión ya coloquial en la jurisprudencia. no explícita en el texto legal. Cuando tales requisitos no se reúnen significa que la sociedad patrimonial no se presume. pero puede probarse. Allanan el camino de la prueba. por tanto.también en el derecho privado. pero que la irrigan necesariamente. el camino trazado por la sentencia de la Corte que se acaba de glosar debe continuarse. en tanto el problema resulta solucionable por otros medios. que como “producto del trabajo. entre otros. conceden una exención de prueba y son. como lo indica la Corte. el Tribunal construye la argumentación para sostener que la exigencia de disolución (que ha sido judicial. aplica excepción de inconstitucionalidad a la exigencia que indica que no hay lugar a sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes cuando persista una sociedad conyugal anterior.
Ello ha de conducir a que en los eventos en los cuales la sociedad patrimonial no se presume. normas adjetivas. no es la sociedad patrimonial. debe reconocerse la figura. Dejar de hacerlo resulta una medida idónea para lograr el propósito de evitar la confusión de patrimonios. en este tipo de relaciones que merecieron la protección del constituyente. el de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
La norma contenida en el artículo 2 de la ley 54 no es más que una de carácter procesal puesto que su propósito es el de consagrar una presunción. el de acceso a la justicia.
no explícita en la ley. resulta. para evitar el problema. la idea de que el legislador quiso evitar que se confundan dos masas sociales. Bien entendió la Corte Suprema de Justicia en la celebrada sentencia de septiembre 10 de 2003. generalmente por su condición de debilidad y en aras del sosiego familiar. el de la sociedad patrimonial y el de la sociedad conyugal que se dejó sin disolver. que en relación con la liquidación había manera de resolver el problema probatorio. susceptible de solución en la liquidación.
Sería una grave injusticia no hacer tal reconocimiento. al diseñar la presunción. propiamente. en la misma sentencia. ¿Resultará jurídicamente
. ib. Es entendible que el legislador haya procurado que las masas patrimoniales no se confundan. tampoco pasa de ser un problema probatorio. aparezcan en cabeza de su compañero o compañera. Pero mantiene la Corte.
Ahora. o el ánimo de asociarse. que se corre el riesgo de que los patrimonios se confundan. por los que ha luchado siempre. es cierto. no puede alegar una sociedad de hecho. citada atrás. sin menoscabo del privilegio que pueda la ley dar a la sociedad conyugal. propio de la liquidación.
A nuestro modo de ver. además. puesto que no puede mostrar aportes. que conllevaría una vulneración evidente de principios constitucionales tales como el acceso a la justicia y la vigencia de un orden justo. visto el problema de la manera tradicional. la norma haya privado de un derecho sustancial a una persona. Pero no parece ser clara la conclusión que de allí se saca. asunto que fue objeto de enjundiosas discusiones en la Sala. la situación que se genera con la falta de disolución.). según la cual. o el ánimo de distribuir utilidades. Y que. pero es un problema probatorio. Este caso lo pone sobre la mesa. con lo cual privilegia la sociedad conyugal. Piénsese en aquél integrante de la pareja que. así como también significaría un quebranto del principio de protección de la familia como institución básica de nuestra sociedad (artículo 5 de la Constitución Política) y de los derechos de sus integrantes y de la familia misma como grupo (artículo 42. ha permitido que los bienes.derecho sustancial sufra la mengua que.
Desde luego que en tales eventos habría un problema. es. en cuál masa de bienes está alguno de ellos. etc. como sí se hace en la sociedad conyugal.
La ley. simplemente porque el legislador ha querido evitar un problema probatorio?
Al sopesar los intereses en tensión. No se hace mención de temas como el de las subrogaciones. Por consiguiente. en un claro reconocimiento de que el propósito principal de los compañeros permanentes es el de formar una familia. nótese que no se hace distinción entre bienes muebles e inmuebles aportados a la sociedad patrimonial. Mucho menos plausible resulta el sacrificio del derecho. si en realidad el mismo legislador ha proveído reglas para solucionarlo. de lo cual puede surgir un patrimonio en común. Varias diferencias podemos apreciar en relación con el régimen de la sociedad conyugal. ha de resolverse. administración de los bienes. de tal haber se entienden excluidos los bienes que cada compañero ha adquirido a título gratuito y todos los que se hubiesen adquirido antes de iniciarse la unión marital. mucho menos de una persona que ha merecido especial protección constitucional. ayuda y socorro mutuos”. las recompensas. en aras de un asunto puramente procesal como lo es la dificultad probatoria de determinar. probatorio y. los cuales no son otros que los que forman el haber común construido con ocasión de la unión marital. insistimos. el legislador dedica el artículo 3 a determinar los bienes que hacen parte de la sociedad patrimonial. simplemente. consagrado de manera mucho más prolija en los artículos 1781 y siguientes del Código Civil. donaciones.
. da por sentado que habrá entre ellos “trabajo.
De acuerdo con la misma norma. para quien fuere. como la mujer. no parece razón suficiente para sacrificar un eventual derecho sustancial de alguien. pero. En efecto.admisible que se le prive de derechos. como tal.
Ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia. en cuanto atañe a la unión marital de hecho. pero que no aplicó a la sociedad patrimonial. como no es renta ni producto del bien. La Corte Constitucional. en su criterio. M. aflorarán los problemas probatorios relacionados con la situación de los bienes en una o en otra masa social. tanto la Corte Suprema de Justicia (autos de julio 16 de 1992. la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes es efecto jurídico de unos hechos. julio 23 de 1992 y junio 10 de 1993 dictados para
Sentencia C-014 de febrero 4 de 1998.Las rentas. no hace parte de la sociedad patrimonial.P. definió que la “corrección monetaria” (sic) de tales bienes. pero tendrá en su contra. tendrá a su favor el fuerte indicio de la relación marital de hecho. si no prueba. y en general lo producido por los bienes excluidos. deberá demostrarse su existencia. Se trata de la retrospectividad de la Ley 54 de 1990.
El compañero que en la liquidación pretenda que un bien fue producto del trabajo. frutos.
. y no negocio jurídico ni contrato. la Corte Constitucional4. añade esta sentencia. ayuda y socorro mutuos. precisa el glosado artículo 3º. Cuando no se presume. en sentencia en que declaró ajustado a la Carta este artículo. en tanto. no ha de tenerse como perteneciente a la sociedad patrimonial sino a cada compañero en particular. Y. en este tema de la temporalidad de la ley. infortunadamente. hizo en tal sentencia un uso equivocado del lenguaje pues en realidad se refiere a la valorización de los bienes propios. rubro que. si hubiere concurrencia de los fenómenos sociales patrimoniales propios de la familia. Eduardo Cifuentes Muñoz. el caso muestra otro problema relacionado con la aplicación de la norma en el tiempo. Al respecto.
De toda suerte. si se halla en la hipótesis que venimos analizando. Conviene precisar. que. aspecto al que se refirió el juzgado en la sentencia de primera instancia y resolvió bien. esta figura no se abre paso en el caso.
Adicionalmente a la temática acabada de exponer. la presunción legal de que los bienes habidos durante el matrimonio hacen parte de la sociedad conyugal. sí hacen parte de la sociedad patrimonial. sólo entonces. cuando se presume.
De modo que. el miembro de la misma que se veía forzado a demandar se quedaba sin protección alguna. sin solución de continuidad. pues la familia de hecho que dio origen a este pleito comenzó su existencia en 1987 y la prolongó hasta abril de 2003. no necesitan ya los compañeros permanentes cuyas relaciones se habían iniciado antes de la vigencia de la ley 54. Tal interpretación de la Corte Suprema de Justicia está fundada en la protección que a la familia de hecho brinda la Constitución Política de 1991 y en el carácter de norma sustancial que la Corte reconoce al artículo primero de la ley. en buena hora. según la cual la Ley 54 de 1990 no les
Sentencia SC268. una vez surgida la norma.
. de acudir a la vieja figura de la sociedad de hecho. pero que prosiguieron.
De manera que las uniones maritales que se formaron con anterioridad a la vigencia de la mentada ley. No obstante. ni mucho menos a dos pleitos. es decir. con anterioridad a la vigencia de la mentada ley. concluyó. la Corte Suprema de Justicia. la excepción propuesta por la parte demandada sobre el particular. De modo que. de acuerdo con este precedente del máximo Tribunal de la justicia ordinaria. pues el juez puede reconocer tanto la unión marital como la formación del bloque patrimonial entre los mismos integrantes de la pareja desde época anterior a la ley en comento. en otro de los avances jurisprudenciales que en parte se reseñaron atrás. para las uniones acaecidas a partir de su vigencia y no hacia el pasado. que la norma ha de tener una aplicación retrospectiva. Tal planteamiento encaja claramente al caso.P. como bien lo estimó el juzgado. M. pues si la pareja no tuvo actividades de tipo económico que permitan erigir una declaratoria de sociedad de hecho.dirimir algunos de los numerosos conflictos de competencia que se suscitaron entre jueces civiles y jueces de familia) como la Corte Constitucional (sentencia C-239 de mayo 19 de 1994) en una primera época determinaron que la Ley 54 de 1990 sólo tenía aplicación hacia el futuro. Dr. sentencia de 28 de octubre de 2005. quedaron también bajo el cobijo de la disposición legal en comento. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia aportó una visión de realidad social y de justicia a la problemática.
con lo que resultaría antijurídico exigir que se reúnan los requisitos de la sociedad de hecho. la cual estaría encaminada. hacen parte de una pareja en la cual su compañero o compañera se niega a disolver su antigua sociedad conyugal. y no por el de “sociedad de hecho entre concubinarios”. Sin embargo. en el caso. en tanto la relación es puramente de familia. ella se encuentra probada. si bien no es posible presumir la existencia de la sociedad patrimonial entre los compañeros. como pasa en el evento que se juzga. en lo patrimonial.es aplicable pues la relación había comenzado antes. contra su querer o no. atípica. por demás. la dificultad que la sentenciadora de primer grado encontró a las pretensiones de la demandante relacionadas no con la unión marital de hecho sino con la sociedad patrimonial tiene que ver con la existencia de una sociedad conyugal anterior. Incluso. al compás de los principios constitucionales. sin desconocer los obvios problemas probatorios de confusión patrimonial por resolver. del modo propuesto. pues el hecho social que se ventila no se subsume en tal figura. descaminada. pues el derecho no podía dejar en la desprotección a aquellos compañeros y compañeras maritales de facto. como ya se vio. el derecho. también por este sendero llamado sociedad patrimonial de hecho entre compañeros
permanentes. tras más de dieciséis años de separación de hecho entre los cónyuges (a la fecha de presentación de la demanda) y que el Tribunal encuentra que tal hecho no obsta a la declaratoria deprecada. por supuesto. tendrá que buscar la vía para proteger a personas que hacen parte de familias disfuncionales en las que coexisten. al mismo tiempo.
La concreción del derecho. El probable reproche que una situación así le inspire a un juez no es razón suficiente para que se les niegue a tales personas la protección del derecho. Aborda la Sala el detalle párrafos adelante. de la cual es parte el demandado.
. pues como si verá. pues no encajaría en las previsiones del artículo 1 de la ley. especialmente a las mujeres. en el mismo lugar o en distintos lugares de habitación. aspecto en realidad puramente formal. por este camino. bajo la directriz trazada. ni siquiera de facto. varias parejas. resulta. donde es evidente que jamás se quiso montar una sociedad. que. mantiene la figura ajustada a los principios constitucionales de hogaño.
no necesariamente una sociedad de hecho. unas particularidades tales que mueven a plantear un solución diferente de la que tradicionalmente ha dado la jurisprudencia a este tipo de conflictos. de ayuda y socorro mutuos. ni demostró una reconciliación. tal detalle robustece la conclusión de que la actora merece la protección del derecho.Las particularidades del caso El caso a juzgar tiene. sus alegaciones constituyen lo que en derecho se denomina “venire contra
factum proprio”. pero jamás disolvió la sociedad. termina por ver frustrados sus legítimos derechos. la actora ha de asumir.
Ahora. para que el juicio conyugal fuese archivado. la carga de demostrar que entre los dos compañeros construyeron un patrimonio familiar. con lo cual. Es cierto que ese hecho ocurrió antes de que demandante y demandado comenzaran su convivencia juntos. como lo demuestra la denegación de sus pretensiones en la primera instancia. producto de su trabajo en familia. como la anunciaron al juez. desde el punto de vista formal. tal protección no tiene el alcance de la presunción consagrada en el artículo segundo de la ley 54. la demandante tiene. pues en modo alguno pretende esta Sala obrar contra legem. por supuesto. contempla los requisitos para que la sociedad patrimonial se presuma. pero. Ahora usa su propia omisión para sacar de ella provecho. por tal hecho. insiste la Sala. aparentemente. atribuible al demandado. como en efecto lo hizo en el proceso. en el sentido en que. en tanto es claro que no se subsume el caso en la hipótesis de la norma. como en el interrogatorio insinúa. uno de aquellos en los que la persona que ocupa el lugar de debilidad en la relación de pareja. aún tiene un matrimonio vigente. obstruido cualquier derecho a reclamar su parte en el producto de las actividades que con el demandado desarrolló. que como ya insistimos. pues precisamente su caso sería. en procura de un patrimonio que les permitiese sostener su hogar. firmó junto con el apoderado de su cónyuge un memorial
. a modo de ver de esta Sala. que en modo alguno puede catalogarse de una sociedad de hecho. pues. Si bien es cierto que el demandado.
sin componentes especulativos de ganancia o pérdida. la Sala considere que se deba probar la configuración de una sociedad de hecho entre los compañeros. pues no corresponde al caso. si bien responde como solución de justicia a los eventos en los que. bajo el riesgo de exagerada reiteración. en compañía. constituye lo que el artículo 3 de la ley 54 llama “producto del trabajo. pues tal figura.
Es conveniente precisar. cuando en realidad se trató de una sencilla relación familiar. que no se trata de que. en verdad. ayuda mutua. como no es posible presumir la “sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes”.En ese orden de ideas. ayuda y socorro mutuos entre los compañeros permanentes y de verificar si la cumplió. es innegable que sostenían una relación marital. ni se deduce de los hechos. ante la inaplicabilidad de la presunción. ni es la pretensión.
No se trata de una sociedad de hecho. Además. de convivencia. pero en aras de claridad. ayuda y socorro
mutuos”. ahorro. que entre los compañeros existió una “sociedad patrimonial” producto del trabajo. es preciso observar que existen numerosos indicios de que el patrimonio adquirido por los contendientes en esa época. es evidente que se halla fuera de la órbita del tema decidendum y que la remisión que se suele hacer en la doctrina a los compañeros permanentes a ventilar su controversia en un proceso declarativo de sociedad de hecho. de la cual esperan un lucro a repartir. son varios. con lo cual. tal no es una solución de justicia material en aquellos supuestos en los cuales se hallan las partes en una simple relación de hogar. propio de las sociedades pero no del bloque familiar. ayuda y cooperación mutua. los miembros de la pareja han emprendido actividades de especulación económica. Se trata de que la parte demandante tenía la carga legal de probar. al punto tal que el
Los hechos indicadores de que los bienes adquiridos por los ahora litigantes fueron producto del trabajo. No. yerra por desconocimiento de una realidad social en la cual la ausencia de esa actividad especulativa impide que estas personas puedan encontrar respuesta real a sus aspiraciones de justicia. De una parte. tal tema no se planteó en la demanda.
Se trata de bienes tales como una vivienda. lo cierto es que no lo hace. con el producto de la venta de una finca que había adquirido por herencia. máxime. época para la cual el último había cesado ya. obviamente.
La prueba testimonial corrobora tales orientaciones de lo que se investiga. el uno como
. identifica a la pareja como “esposos”. sean bajo el simple hecho de la unión marital. ambos profesionales en ejercicio. también. esta declarante sí sabe que los dos compañeros trabajaban. como él mismo lo ha alegado con vehemencia en todos los instantes del proceso. entonces. Es innegable. precisamente de aquellos que son usuales en las relaciones maritales. precisamente. de hecho. sino. cuyo testimonio fue recibido a instancias del demandado y quien les prestó servicios domésticos. como ya se analizará. como era de esperarse. sean tales signadas bajo el nexo del matrimonio. de aquellos que las parejas suelen adquirir para la comodidad de su relación. ANA ROSA ARIAS y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ convivieron como pareja desde finales de 1987.hecho se declaró en la sentencia de primer grado y. para ayudarse mutuamente. para convivir. una casa de campo y unos automóviles para el desplazamiento de los dos. conducta que era de esperarse si. no hubo subrogación formal de bienes. toda convivencia con su legítima esposa.
El demandado afirma que compró tales bienes para sí. No se trata de grandes inversiones. aunque no sabe si adquirieron bienes.
Es indudable que. Nótese que María Antonia Obregón Plata. Tal afirmación carece en el expediente de una prueba fehaciente. ni de bienes de fortuna inusuales. fracasa absolutamente. pues enfila todas sus baterías a demostrar que los derechos de la demandante se hallaban prescritos cuando presentó la demanda. empresa en la que. y. mantiene vigente su antigua sociedad conyugal. que durante tal época adquirieron bienes. que compartían casa. que lleve convicción al juez de que así ocurrió. aunque en el escrito inicial allegado durante el traslado en la segunda instancia el demandado anuncia que va a combatir el punto.
en ese tiempo. cuando ANA ROSA decidió dejar el hogar. Cuenta también esta declarante que la relación entre los dos compañeros tenía tropiezos o peleas frecuentes. hijo del demandado. la otra como abogada. en la cual figuraba ENRIQUE ANTONIO. que la demandante manejaba. por las cuales ANA ROSA se alejaba de la casa por unos días. cuenta que éstos tuvieron una relación marital de público conocimiento.
Luis Enrique Bohórquez Hurtado. según lo supo por frecuentar la casa de su padre y así él se lo señaló. mientras ANA era ama de casa. además. y cuenta. además de la casa en la que vivían. aparte del de estudiante. reconoce que ANA ROSA ARIAS y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ convivieron como marido y mujer hasta el año 2003. reconoce que ella no se llevó sus cosas hasta más tarde.
Elsy Helena Acevedo Arenas. aseguró que Enrique se desempeñaba como médico. que era “la doctora Ana Rosa” quien le pagaba su sueldo. refiere que su padre trabajaba como médico. durante la época de la convivencia y que.médico. dependía de ENRIQUE ANTONIO y no tenía.
Blanca Elena Chaparro Sánchez cuenta que conoció a los ahora litigantes como pareja normal. precisa que ANA ROSA estudió derecho.
Orlando Ramírez Martínez. y ANA ROSA como abogada. otro rol que el de ama de casa. aunque ambos le daban órdenes. indica que la relación marital entre ANA ROSA y ENRIQUE ANTONIO comenzó en 1987 y terminó en marzo de 2003. y aunque afirma que ANA ROSA dejó a su padre en marzo de 2003. que convivieron públicamente. declaró cómo fue testigo de los malos tratos de ENRIQUE
. citado también por el demandado. pero se reconciliaban y continuaban su relación. aunque refiere interrupciones por causa de ausencias de ANA ROSA. pero que era de ENRIQUE. también se enteró de que compraron un carro Honda y una camioneta. marca Honda. casado con una prima de éste. quien fuera compañera universitaria de la demandante. sólo refiere de un vehículo. interrogado por los bienes adquiridos por la pareja.
ANTONIO para ANA ROSA. En esas condiciones. asegura que ANA ROSA. durante ese mismo lapso. una camioneta Chevrolet y los enseres de la casa”. la casa de la Ciudadela. e informa que vivían juntos. pero es evidente que las dificultades tuvieron fuente. en lo cual insiste el demandado al contestar el interrogatorio al cual fue sometido. del que hizo víctima a su compañera permanente.
Al tiempo. resulta diáfana entre las épocas señaladas en la demanda. y los dos cubrían los gastos de la casa. como también se deduce de la prueba testimonial. refirió que mientras convivieron adquirieron bienes tales como “un carro marca Honda. así como su tendencia al maltrato. en problemas atribuibles al demandado. pagaba la mitad de todos los gastos.
Luz Marina Sotelo Simanca trabajó un año como empleada doméstica de los contendientes. se pone en evidencia que es falaz la afirmación vertida en la contestación de la demanda según la cual la relación fue puramente sexual y esporádica. el uno trabajaba como médico y la señora como abogada. con lo cual se
. queda demostrado también que la pareja. una vez tuvo dinero de su trabajo. estaban plenamente justificadas y resulta insólito. como pareja. pero era ella quien le pagaba su sueldo. la finca en la Mesa de los Santos. y corrobora que ANA ROSA compró a ENRIQUE ANTONIO el automóvil que éste tenía. altibajos y separaciones ocasionales. que había entre los miembros de la pareja frecuentes disputas por causa de la afición de ENRIQUE ANTONIO al trago. que son todos los recibidos en el proceso. en un alto grado. como se acaba de reseñar. pero respecto del cual milita prueba de condena penal en su contra en el expediente. hecho que ha intentado minimizar.
La lectura de los testimonios citados. adquirió bienes y contrajo deudas. que repugna al interrogado. La relación marital. por decir lo menos. como su afición al alcohol. las ausencias temporales y ocasionales de Ana Rosa de su casa. es cierto. y que ANA ROSA le compró el carro que usaba al mismo ENRIQUE ANTONIO. La unión marital tuvo tropiezos. que de ello derive el demandado su afirmación de que la relación no pasaba de relaciones sexuales esporádicas.
si bien siguió las pautas generales de la jurisprudencia. para cumplir con la exigencia legal del requisito de procedibilidad de haber intentado la conciliación del asunto. quienes coinciden en indicar que era la demandante quien les pagaba su sueldo. es evidente que cubrió algunos otros gastos domésticos y que. para el Tribunal. de probar que existió una sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes. en tanto es la principal arma que esgrime el demandado. tema en el cual la participación de la demandante se halla establecida. y la ayuda recíproca. lo cual deberá declarar el Tribunal. las necesidades de la convivencia.
De manera que la sentencia de primer grado. de la existencia de la sociedad patrimonial entre ANA ROSA ARIAS y ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ. punto en el cual este Tribunal comparte plenamente la doctrina sobre el valor del trabajo doméstico.
El problema de la prescripción Análisis aparte merece este punto. debió. también construyeron una relación patrimonial. por inferencia necesaria. al formular su solicitud ante el Notario Quinto de la ciudad de
. con su labor de ama de casa. sin necesidad de apoyo en presunción alguna. en todo caso. según se lee en el escrito sustentatorio de su recurso. para reconocer la figura de la sociedad patrimonial. como al impugnar la sentencia. Amén de lo anterior. según se deduce de las declaraciones de las personas que se desempeñaron como empleadas domésticas de la pareja. Queda así satisfecha la carga probatoria que a la demandante impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
Todos estos indicios son. a modo de ver de la Sala. que junto con su relación familiar. sin duda. pues pagaba parte de los gastos. suficiente prueba. ante la imposibilidad jurídica ya explicada de poderla presumir. El asunto está fincado en que la demandante. expuesta por la Corte Constitucional en la famosa sentencia de agosto 12 de 1992. en la actuación previa al proceso. tanto al contestar la demanda. participó en la construcción de la pequeña fortuna familiar. hay que reconocerlo.acredita. junto con la unión marital de hecho. con ocasión de su trabajo mutuo. sopesar estas particularidades.
cuando ya había transcurrido el término de prescripción de un año de que habla el artículo 8 de la Ley 54 de 1990. Los documentos que dan cuenta de este hecho fueron aportados por el propio demandado y complementados por decreto oficioso del Tribunal durante la segunda instancia. es necesario descontar estos días para el conteo de la prescripción. dice la norma que “la presentación de la solicitud de conciliación”.
En efecto. Pero. en aplicación de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. y la consiguiente sociedad patrimonial. sino el 2. el fenómeno extintivo del derecho se hallaba suspendido.
A primera vista el demandado pareciera tener razón. al presentar la demanda. un total de veintiocho. fecha esta última que señaló como la de “disolución”. ruega en la pretensión que se declare la unión marital de hecho. es decir. Es preciso aclarar.Bucaramanga afirmó que la pretendida sociedad patrimonial de hecho comprendía “desde el 3 de diciembre de 1987 hasta el 10 de marzo de 2003”. al final del hecho segundo. los derechos de la demandante. En la sentencia de primer grado aparece tal dato errado. No se observa
. Pero ocurre que la solicitud del trámite preprocesal de la conciliación fue presentada ante la Notaría Quinta de la ciudad el día 16 de mayo de 2003. No obstante. La audiencia. fue suspendida por petición de las partes y se materializó el 13 de junio de 2003. pues habían pasado ya veintidós días del fenecimiento del término. suspende la prescripción hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º. como ocurrida entre el 3 de diciembre de 1987 y el 15 de abril de 2003. de que no hubo conciliación. alega el demandado.
Como la demanda fue presentada el 2 de abril de 2004. Luego. en la misma demanda. están extintos por el simple paso del tiempo. contado a partir del 10 de marzo de 2003. puesto que mientras se adelantaba el trámite en la notaría. para el caso. en este punto que la demanda no se presentó el 12 de abril de 2004. si los tuviere. que se inició en la notaría el 16 de mayo de 2003. nuevamente afirma que la relación se mantuvo hasta el 10 de marzo de 2003. pero no es más que un lapsus calami sin consecuencias.
pues en ese breve lapso no aparece que la pareja hubiese adquirido bienes. suspendido. allí se suspende el conteo. tal confesión resulta infirmada por las pruebas. para cuando se presentó la petición de conciliación había trascurrido un término de dos meses y seis días. con lo cual. Pero.
De toda suerte. como para que el detalle tenga trascendencia. pues desde el punto de vista práctico resulta inocuo que se tome ya el 10 de marzo de 2003.
Para la Sala lo anterior significa que si tomamos el 10 de marzo de 2003 como fecha de terminación de la relación. Sumados los dos segmentos tenemos once meses y veinticuatro días. ninguno de los dos. de tal suerte que. con lo cual. la fallida audiencia de conciliación no se exhibió por la gestora del pleito para iniciarlo. así se tome como fecha de terminación de la unión marital el 10 de marzo de 2003. acerca de cuando terminó la relación. pues la demanda fue acompañada de petición de medidas cautelares. pues si bien podría decirse que la demandante confesó. contando a partir del punto en el que quedó el conteo al momento de la petición. pasó un término de diez meses y dieciocho días más. tal cosa ocurre. extraprocesalmente. para la Sala. Las múltiples peleas de pareja hacen que no tengan claridad. pues se trata de suspensión y no de interrupción. el término de prescripción. el Tribunal avala la conclusión del juzgado. que la relación terminó el día 10. en gracia de discusión. debe reanudarse al día siguiente.
Lo atinente a la vigencia de la relación Dilucidado el tema de la prescripción. ya el 15 de abril del mismo año. apenas. El yerro de la parte pasiva le acontece por dejar de tener en cuenta la previsión del artículo 21 de la Ley 640 de 2001. contado desde entonces hasta la presentación de la demanda. bajo el supuesto de que el mismo día de la audiencia era posible expedir la constancia.tal constancia en el expediente. pero. no cuando uno
. que se reanuda el 14 de junio de 2003. la fecha de terminación de la relación deja de tener la relevancia que se creía por las partes. de bulto resulta que el término de prescripción no había trascurrido por entero y las cuentas de la parte demandada son erróneas.
cuya demanda pretendió la declaración de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre los contendientes. en señal clara de rompimiento. sino cuando decide llevarse todas sus cosas. Pero. dentro del proceso ordinario instaurado por ANA ROSA ARIAS FLÓREZ contra ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS. proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga.de ellos se va temporalmente.
Por lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Mientras la demandante mantuvo sus pertenencias personales en la misma casa.Familia. quinto y sexto de la parte resolutiva. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. que este Tribunal reconocerá. aún existía un signo de unión.
Resultado Por lo acabado de explicar. con la consiguiente condena en costas contra el demandado. el detalle carece de efectos jurídicos prácticos. la sentencia de primer grado ha de mantenerse en lo que no fue objeto de recurso. como lo fue la declaratoria de la unión marital de hecho. Sala Civil . reseñada atrás. como ya se indicó. en los ordinales primero.
. en lo atinente a la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. pero se debe revocar. En este punto es trascendente la declaración del hijo del demandado.
PRIMERO: Se confirma la sentencia de fecha de 19 de septiembre de 2007. de probable deseo de superar las dificultades y mantener la relación. dadas las disputas. tercero.
en la parte motiva.SEGUNDO: Se modifica el ordinal segundo de la misma.
ANTONIO BOHÓRQUEZ ORDUZ Magistrado ponente
(Ausente con Permiso) RAMÓN ALBERTO FIGUEROA ACOSTA Magistrado JOSÉ MAURICIO MARÍN MORA Magistrado
Se revoca el ordinal cuarto de la sentencia referida y. Por la Secretaría del Tribunal. tásense y liquídense las de esta instancia. La liquidación ha de tener en cuenta los lineamientos contenidos en esta sentencia. se declara disuelta tal sociedad patrimonial a partir del 15 de abril de 2003 y se ordena su liquidación. en el sentido de declarar infundada de manera total la excepción aludida allí. cuya duración es la misma señalada en el ordinal tercero para la unión marital de hecho.
CÓPIESE. En consecuencia. en lugar de
lo revocado se dispone: Se declara que entre los mencionados ANA ROSA ARIAS FLÓREZ contra ENRIQUE ANTONIO BOHÓRQUEZ CONTRERAS existió una sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes.
CUARTO: Se condena en las costas del proceso al demandado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Los Trajes Típicos de México Sentencia C-1111-01Demanda Peticion Sucesion Bolivar Acevedo
Sentencia 16 de Julio de 2009 by Hugo Fernely Bohorquez127 viewsEmbedDownloadInterests: Types, School Work, Essays & ThesesRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: artículo 8
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 177
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 21