Source: http://www.urru.org/papers/20020620_TSJ.htm
Timestamp: 2018-01-17 01:38:27+00:00

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Inadmisibilidad del Amparo (pdf) Inadmisibilidad del Amparo (htm)
La Sala Constitucional declara inadmisible amparo contra el Fiscal General
CUALQUIER CIUDADANO PUEDE INTERPONER ANTEJUICIO
DE MERITO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
El artículo 26 de la Constitución expresa que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, y a la tutela efectiva de los mismos
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera y con votación unánime, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el abogado Tulio Alvarez, mediante la cual se exigía que el Máximo Tribunal ordenara al Fiscal General de la República abstenerse de dictar cualquier decisión sobre la procedencia del antejuicio contra el Presidente de la República hasta tanto se resuelva su recusación y que se abstenga de delegar tal potestad en funcionarios del Ministerio Público o en cualquier otra persona.
En este primer punto, la Sala Constitucional, observó que en el presente caso no se trata del restablecimiento de una situación jurídica subjetiva, sino, por el contrario, que el accionante busca que se cree una situación jurídica nueva, en el sentido de obligar al presunto agraviante a abstenerse de realizar actuación alguna en el antejuicio de mérito que intentó el accionante contra el Presidente de la República. Tal situación, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, hace que la acción encuadre en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, por tanto, es forzoso declarar su inadmisibilidad, y así se declara.
SOBRE LA POSIBILIDAD DE INTERPONER ANTEJUICIO DE MERITO
A pesar de lo declarado, la Sala Constitucional apuntó que el artículo 26 de la Constitución expresa que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, y a la tutela efectiva de los mismos.
En este sentido, la Sala precisa que el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, con exclusividad, otorgó la acción penal al Estado para que la ejerza a través del Ministerio Público, quien está obligado a ello, salvo las excepciones legales.
“Tal exclusividad de ejercicio por parte del Ministerio Público en los delitos de acción pública, no puede desplazar el verdadero interés de la víctima para perseguir penalmente al victimario, lo que logra mediante una serie de mecanismos que le permiten instar y controlar el ejercicio de la acción por parte de su titular; y ello ha sido reconocido por esta Sala, en sentencia de 3 de agosto de 2001 (Caso: José Felipe Padilla). Caso que así no fuere, se estaría infringiendo el artículo 26 Constitucional” – se expone en el fallo.
Los numerales 2 y 3 del artículo 266 constitucional no señalan a quién corresponde la solicitud del antejuicio de mérito, y el artículo 285 de la Carta Magna no se lo atribuye al Fiscal General de la República, por lo que ante el silencio de la ley y debido a la accesibilidad directa a la justicia, tal petición debe corresponder a quien, según el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, sea víctima (ya que el antejuicio no atiende a una acción popular).
Para la Sala Constitucional dicha norma puede ser entendida en el sentido de que sólo corresponde al Fiscal intentar el antejuicio de mérito, pero si ella fuera así, el Código Orgánico Procesal Penal –que es preconstitucional- estaría limitando a la Constitución, que no contempló que el planteamiento del antejuicio correspondiera exclusivamente al Fiscal General de la República.
A juicio de la Sala Constitucional, una víctima pasiva no es concebible y si ella puede querellarse y actuar en el proceso penal, con mayor razón podrá solicitar antejuicio de mérito, lo que, además, no se lo prohibe la Constitución vigente y no puede estar en peor condición con respecto a ese antejuicio, que con relación al proceso ordinario.
“Si la víctima pide el antejuicio, ella será quien aporte las pruebas, que hagan verosímil los hechos imputados, y ante la falta de regulación en la ley del desarrollo de este antejuicio, considera la Sala que el Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena, según las pruebas aportadas, admitirá o negará la petición, para su tramitación, en fallo apelable ante la Sala Plena en el término ordinario y, de considerarse admisible la petición, la Sala Plena la enviará, con sus recaudos y el auto de admisión, al Ministerio Público, a quien, por mandato del numeral 3 del artículo 285 constitucional, le corresponde: ‘Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración” – reza el fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
Es así que corresponderá al Ministerio Público, con base en lo que investigue, la proposición formal del antejuicio de mérito o los demás actos conclusivos del proceso penal establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, y la Sala Plena obrará como juez que resolverá lo conducente.
Si la Sala Plena no declarara el archivo o el sobreseimiento, ordenará la interposición del antejuicio de mérito en un tiempo determinado, y si el Fiscal General no cumple, solicitará que el suplente lo intente y, de éste no existir, procederá a nombrar un Fiscal que lo interponga.
Ahora bien – precisa la Sala-, “si el antejuicio que incoen los particulares es declarado sin lugar, ello no implica que el Ministerio Público no pueda volver a proponerlo por los mismos delitos, ya que a éste no pueden los particulares obligarlo a actuar contra su voluntad, debido a que considere que para ese momento no existe el delito o no hay pruebas suficientes del mismo y de quienes son sus autores y partícipes”.
Por estos motivos, la Sala Constitucional considera que el artículo 26 constitucional se ve menoscabado, de considerarse que el llamado antejuicio de mérito sólo pueda ser promovido por el Ministerio Público, como surge del artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se declara.
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/2002/200602-5.htm

References: artículo 26
 artículo 6
 artículo 26
 artículo 11
 artículo 26
 artículo 266
 artículo 285
 artículo 119
 artículo 285
 artículo 26
 artículo 377