Source: http://www.argentina-rree.com/13/13-048.htm
Timestamp: 2018-12-14 22:37:19+00:00

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Por cierto, la gestión radical utilizó en las relaciones con Paraguay los mismos criterios que caracterizaron su relación con el resto de los países vecinos: respeto al principio de no intervención y fortalecimiento de los mecanismos de integración económica. Así, a poco de asumir Illia la presidencia, el 19 de noviembre de 1963 el gobierno argentino concedió el salvoconducto para que dos refugiados en la embajada del Paraguay, Juan Carlos Emilio y Luis Amadeo Cardozo (o Cardoso), pudieran salir del país con destino a Asunción. De acuerdo con el decreto 867 firmado por el presidente Illia, el canciller Zavala Ortiz, el ministro de Educación Alconada Aramburu y el titular de Interior Juan Palmero, la decisión de otorgar el salvoconducto se adoptó como un gesto de buena voluntad hacia las autoridades paraguayas. (1)
Esta decisión del gobierno provocó la reacción de los diputados de UDELPA, Miguel A. Castellar y Eduardo Orlando Gutiérrez, quienes expresaron, a través de un proyecto de declaración del 11 de diciembre, su “profundo desagrado” ante el salvoconducto ofrecido a los hermanos Cardoso. La medida adoptada constituía según los legisladores una “desnaturalización del derecho de asilo”, dado que éstos habían cometido “apremios ilegales contra mujeres y hombres detenidos, hechos que repugnan a los más elementales principios humanos (...)”. (2)
El 7 de febrero de 1964, el canciller argentino, Miguel Angel Zavala Ortiz, suscribió con su colega paraguayo, Raúl Sapena Pastor, el Acta de Buenos Aires, por la cual se acordaba la libre navegación de los buques y embarcaciones de nacionalidad paraguaya a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná, conducidos por sus propios baqueanos. Asimismo, el Acta establecía la mutua decisión de concretar la construcción de un puente sobre el río Paraguay y otro sobre el Pilcomayo, con el fin de unir la localidad argentina Clorinda con la paraguaya de Puerto Elsa. También ambos cancilleres firmaron un convenio de navegación aerocomercial pendiente desde 1962. Finalmente, los representantes de los dos países se comprometieron a cumplir con el principio de libre navegación de los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata. (3)
De acuerdo con lo estipulado en el Acta de Buenos Aires, un nuevo encuentro de cancilleres tuvo lugar en la capital argentina el 21 de octubre de 1964, donde se convino la construcción de puentes internacionales para unir a los dos países sobre los ríos Paraguay y Pilcomayo. Por su parte, los subsecretarios de Relaciones Exteriores de ambos países elevaron a sus respectivos cancilleres una serie de recomendaciones para aplicar los acuerdos sobre navegación del Acta mencionada y acordaron crear una comisión mixta de cooperación. Asimismo, convinieron solicitar en forma conjunta la cooperación técnica y financiera del Fondo Especial de la ONU para llevar adelante proyectos tendientes a resolver las dificultades físicas que obstaculizaban la navegación del río Paraguay en el tramo Asunción-Confluencia. (4)
Sin embargo, el tratado de navegación no pudo ser firmado debido a numerosos problemas: la oposición de ciertos sectores, como la Asociación de Capitanes Baqueanos Fluviales de la Argentina; las reservas del gobierno paraguayo, por entender que el Acta restringía el trabajo de marinos especializados; las críticas de legisladores de ambos países a la ambigüedad de muchas de las cláusulas del Acta a la hora de su aplicación y al procedimiento de policía por parte de la Prefectura Naval argentina en barcos paraguayos, destinado según las autoridades locales a evitar el contrabando; (5) y finalmente la falta de uniformidad de criterios de ambos gobiernos respecto de la forma de instrumentar la libre navegación de los ríos. La sumatoria de estas dificultades llevó al canciller Zavala Ortiz a anular el Acta de Buenos Aires, por entender que las autoridades paraguayas la utilizaban como instrumento de presión diplomática para obtener concesiones. Esta decisión fue fuertemente repudiada por la Cámara de Representantes del Paraguay, la Confederación Paraguaya de Trabajadores y el Colegio de Abogados del Paraguay. (6)
Por cierto, el tema del Acta de Buenos Aires y sus inconvenientes no sólo resulta relevante para demostrar la existencia de hipótesis de conflicto en ambos países, sino porque evidencia además una tendencia que caracterizó las relaciones de la Argentina con sus vecinos del Cono Sur durante la gestión de Illia: la superposición de dos canales contradictorios: uno, el formal, encarnado por el canciller Zavala Ortiz, pero desprovisto de poder real, dado el escaso respaldo de los partidos de oposición -e incluso del propio partido- a sus gestiones. El segundo canal, informal pero con poder, era el protagonizado por figuras provenientes del ámbito militar. De este modo, mientras la anulación del Acta de Buenos Aires coronó un proceso de creciente deterioro de las relaciones a nivel de los gobiernos de ambos países, paralelamente se producía un progresivo acercamiento entre las autoridades paraguayas y los altos mandos del ejército argentino, y un intento de acercamiento de los diputados peronistas -encabezados por Paulino Niembro- con el régimen paraguayo. Tanto los legisladores justicialistas como los militares argentinos buscaron reemplazar el Acta de Buenos Aires por un tratado definitivo de libre navegación de los ríos. (7)
En la sensible cuestión de la libre navegación de los ríos, otro incidente tuvo lugar a principios de noviembre de 1965 en la Conferencia de Cancilleres de los países miembros de la ALALC. En dicha ocasión, la delegación paraguaya presentó un proyecto sobre libre navegación de los ríos por parte de los países mediterráneos que motivó las quejas, primero, y el retiro, luego, de la delegación argentina. La propuesta paraguaya sólo obtuvo respaldo de las delegaciones de Uruguay y Ecuador, en tanto las de Brasil, Chile, México, Colombia y Perú se abstuvieron. (8)
Además de la anulación del Acta de Buenos Aires y los desencuentros en el marco de la ALALC, el acercamiento del régimen de Stroessner a la esfera de influencia brasileña exacerbaba las sensibilidades de los sectores nacionalistas en la Argentina y a los opositores al régimen paraguayo residentes en territorio argentino. En particular, un importante tema de fricción fue el acuerdo gestado por Stroessner y Goulart en torno a la construcción de una represa hidroeléctrica en Sete Quedas o Siete Caídas, en el Alto Paraná, que luego se transformaría en Itaipú. A pesar de sus esfuerzos, Zavala Ortiz no pudo lograr de su colega paraguayo Raúl Sapena Pastor ninguna información sobre este proyecto, cuya existencia animó las hipótesis de conflicto entre la Argentina, Paraguay y Brasil. (9)
Por cierto, la posibilidad de retorno de Perón a la Argentina vía Paraguay fue otro tema conflictivo de la agenda bilateral. De acuerdo con un informe de la embajada de Estados Unidos en Asunción al Departamento de Estado norteamericano, el canciller argentino Zavala Ortiz ejerció intensas gestiones ante el régimen del general Alfredo Stroessner con el objetivo de que las autoridades paraguayas no permitieran un eventual aterrizaje del avión que conducía a Perón en suelo guaraní. Como se vio también en el caso de Brasil, la llamada “Operación Retorno” fue un tema que preocupó al gobierno argentino, llevándolo a ejercer presiones sobre los países vecinos para que no autorizaran escalas en sus territorios. (10)
Texto del decreto 867 del 19 de noviembre de 1963, otorgando el salvoconducto para la salida de la Argentina de dos refugiados en la embajada del Paraguay, citado en Anales de Legislación Argentina 1963-C, Tomo XXIII-C, Buenos Aires, La Ley, 1964, pp. 1979-1980.
Proyecto de declaración de los diputados Castellar y Gutiérrez repudiando el salvoconducto otorgado a los hermanos Cardozo (o Cardoso) por el decreto 867, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 2º, 11 de Diciembre de 1963, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1963, Tomo I, op. cit., p. 789.
Texto del “Acta de Buenos Aires” en La Nación, 8 de febrero de 1964, pp. 1 y 14. Ver también el artículo de M.A. Zavala Ortiz, op. cit., primera parte, p. 6.
“Fueron firmados ayer con el Paraguay diversos acuerdos”, La Nación, 22 de octubre de 1964, pp. 1 y 3. Ver también A.E. Castello, op. cit., pp. 83-84.
Sobre la oposición de la Asociación de Capitanes Baqueanos Fluviales de la Argentina y de los legisladores argentinos y paraguayos a ciertas cláusulas del Acta de Buenos Aires, un interesante testimonio es el proyecto de resolución del diputado nacional demócrata progresista por Capital, León Patlis, presentado ante la Cámara Baja el 14 de mayo de 1965, en la cual el propio Patlis manifiesta su inquietud por el monto de las retribuciones que perdería con la aplicación del tratado el sector de los baqueanos argentinos. Asimismo, en el citado proyecto de resolución, Patlis atestigua haber recibido la visita de los dirigentes de la Asociación de Capitanes Baqueanos Fluviales y del diputado de la Cámara de Representantes del Paraguay, Waldino R. Rivero, quienes manifestaron su oposición a la manifestación formulada en el Acta de Buenos Aires. Ver proyecto de resolución del diputado Patlis, en Cámara de Diputados, Reunión 5º, Mayo 14 de 1964, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1964, Tomo I, op. cit., pp. 385-388. Asimismo, se registraron otros testimonios parlamentarios acerca de las dificultades de aplicación del Acta de Buenos Aires y de incidentes en las relaciones argentino-paraguayas. Así, un proyecto de resolución de los diputados justicialistas Alberto Serú García, Jorge Alberto Simini, Ferdinando Pedrini y otros, presentado el 16 de junio de 1965, solicitaba al canciller informes sobre el trato discriminatorio que sufrían las naves paraguayas en el río Paraná por parte de las autoridades de la Prefectura argentina. Ver proyecto de resolución de Serú García, Simini, Pedrini y otros, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 10º, Junio 16 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., p. 622. Por su parte, el diputado justicialista Rodolfo José Tecera del Franco presentó dos proyectos de resolución (uno el 26 de agosto de 1965 y otro el 1º de septiembre del mismo año junto con Paulino Niembro) que hacían referencia a las imprecisiones del Acta de Buenos Aires en el punto referido a navegación de los ríos, las que llevaron a frecuentes entredichos con el gobierno paraguayo. Proyecto de resolución del diputado Tecera del Franco, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 38º, Agosto 26 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo III: Sesiones ordinarias (del 29 de julio al 20 de agosto de 1965), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1966, p. 2620. Ver también proyecto de resolución de los diputados justicialistas Paulino Niembro y Rodolfo José Tecera del Franco, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 39º, Septiembre 1º de 1965, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo III, op. cit., p. 2750. Asimismo consultar respuesta del presidente Illia a los pedidos de informes, Buenos Aires, 11 de septiembre de 1964, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 71º, Septiembre 24 de 1964, cit., en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1964, Tomo VI: Sesiones ordinarias( del 16 al 30 de septiembre de 1964), Buenos Aires, Imprenta del Congreso, 1965, pp. 4020-4021 Sobre los conflictos entre los gobiernos argentino y paraguayo respecto de las actividades de control de la Prefectura Nacional Marítima de la Argentina en barcos paraguayos, ver “Contestóse a una protesta del Paraguay”, La Nación, 16 de junio de 1965, pp. 1 y 16. Ver también sobre este tema “Las naves paraguayas y nuestros ríos”, La Nación, 26 de enero de 1964, p. 6; “El país. Las excusas del Presidente”, apartado “Dos formas de diplomacia”, Primera Plana, Nº 130, 4 de mayo de 1965, p. 10 y editorial “Frutos de una política errada”, Clarín, 21 de junio de 1965, p. 10, que critica la actitud complaciente del gobierno argentino y señala que la confección del Acta de Buenos Aires se ha realizado sin tomar en cuenta los intereses de capitanes, baqueanos y prácticos fluviales.
El 30 de junio de 1965, la Cámara de Representantes del Paraguay aprobó por unanimidad de las dos bancadas, colorada y liberal, una declaración en la que critica la “actitud antijurídica y antiamericana del gobierno de la República Argentina” al decidir la anulación del Acta de Buenos Aires y en la que se reafirman “los derechos históricos de la República del Paraguay para navegar libremente sin traba alguna, los ríos internacionales Paraná y Río de la Plata hasta su salida al mar”. También la decisión del gobierno de Illia fue repudiada por la Confederación Paraguaya de Trabajadores y por el colegio de Abogados del Paraguay. Ver “El pleito con Paraguay sobre la navegación”, La Nación, 31 de julio de 1965, p. 2.
“Ejército y peronismo. Dos políticas en Paraguay”, Confirmado, Nº 21, Setiembre 23 de 1965, pp. 16-17.
Más tarde, el canciller argentino, Miguel Angel Zavala Ortiz, explicó la actitud de la representación argentina, señalando que la misma no admitiría “que se trajera a la ALALC el problema de la libre navegación fluvial, por cuanto éste es un problema bilateral” y la ALALC no era “el ámbito apropiado para discutirlo”. Ver al respecto “Retiróse la Argentina de la conferencia de la ALALC. Tal actitud fue motivada por una moción paraguaya”, La Nación, 8 de noviembre de 1965, p. 2.
“El Brasil revela un pacto con Paraguay”, La Nación, 22 de enero de 1964, p. 1; ”El mundo. No hay información para la Argentina”, Primera Plana, Nº 66, 11 de febrero de 1964, p. 11 y “Sete Quedas. La oposición paraguaya se agita en Buenos Aires”, Primera Plana, Nº 87, 7 de julio de 1964, p. 10.
Embajada de Estados Unidos en Asunción al Departamento de Estado, 193, 12 de noviembre de 1964, fuente citada por J. Page, p. 158 y p. 324, nota 35.

References: resolución 
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