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Timestamp: 2017-09-25 02:24:14+00:00

Document:
Plusvalía municipal. Aplicación STC 59/2017 de 11 de mayo. Sentencia Administrativo Nº 118/2017, Juzgado Contencioso Administrativo-León, Rec 337/2015, de 20-06-2017 | Iberley
Juzgado de lo Contencioso Administrativo - León
Perez Conesa, Alfonso
Plusvalía municipal. Aplicación STC 59/2017 de 11 de mayo. Sentencia Administrativo Nº 118/2017, Juzgado Contencioso Administrativo-León, Rec 337/2015, de 20 de Junio de 2017
Órden: Administrativo Fecha: 18/04/2016 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Barcelona Ponente: Puig Muñoz, Elsa Num. Sentencia: 111/2016 Num. Recurso: 393/2015
Sentencia Administrativo Nº 90/2016, JCA - Málaga, Sec. 5, Rec 591/2015, 16-03-2016
Órden: Administrativo Fecha: 16/03/2016 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Málaga Ponente: Macho Macho, Santiago Num. Sentencia: 90/2016 Num. Recurso: 591/2015
Órgano: Sg De Tributos Locales Fecha: 03/02/2016
Núm. Resolución: V0426-16
Ponente: Perez Conesa, Alfonso
Núm. Sentencia: 118/2017
Núm. Recurso: 337/2015
Núm. Cendoj: 24089450032017100001
Núm. Ecli: ES:JCA:2017:454
Núm. Roj: SJCA 454:2017
Nulidad Plusvalía municipal. Aplicación de la STC 59/2017 de 11 de mayo de 2017.
El ayuntamiento se remite a la evolución de los valores catastrales, de la cual deduce la existencia de aumento de valor.
JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 3 LEON
SENTENCIA: 00118/2017
Procedimiento:PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000337 /2015 /
Sobre:ADMINISTRACION LOCAL
De D/Dª:COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS SA
Abogado:ÓSCAR GUIJO TORAL
Procurador D./Dª:MARTA GUIJO TORAL Contra D./DªAYUNTAMIENTO DE LEON Abogado:LETRADO AYUNTAMIENTO
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO TRES DE LEÓN
PROCEDIMIENTO ABREVIADO núm. 337/2015
Sentencia núm. 118/2017
En León, a veinte de junio de dos mil diecisiete.
El Iltmo. Sr. D. Alfonso Pérez Conesa, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número tres de León y su provincia, ha dictado, en nombre de S.M. el Rey, la presente
SENTENCIA nº 118/2017
En el recurso contencioso administrativo seguido ante este Juzgado por los trámites del procedimiento abreviado con el núm. 337/2015, entre:
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ÁRIDOS, S.A.
Procurador: Dª Marta Guijo Toral Letrado: D. Óscar Guijo Toral
Letrado: Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de León
Resolución del Ayuntamiento de León de 30 de septiembre de 2015, notificada el 20 de octubre de 2015, en virtud de la cual se desestima el recurso de reposición contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 34-35-53-60-73/2015 IIVTNU, así como resolución de 30 de septiembre de 2015, que desestima el recurso de reposición frente a las sanciones impuestas al no haber abonado las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 34- 35-53-60-73/2015 IIVTNU, derivadas de la transmisión de inmuebles sitos en León, calle Roa de la Vega, 25, Colón 1 y 7 y Cardenal Lorenzana.
CUANTIA: 11.024,98 euros
Que se dicte sentencia por la que, estimándose íntegramente la demanda, se anulen las resoluciones impugnadas; con expresa condena en costas a la administración demandada.
1.- El procurador indicado, en la representación que ostenta del actor, presentó con fecha 21 de diciembre de 2015, demanda contencioso-administrativa, que correspondió por turno de reparto a este Juzgado, contra la actuación administrativa reseñada en el encabezamiento, en la que -tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que consideró aplicables-, concluyó solicitando la estimación de sus pretensiones, en los términos expresados. 2.- Admitido a trámite el recurso, se acordó sustanciarlo por el cauce del procedimiento abreviado, reclamar el expediente administrativo y señalar día y hora para la celebración de la vista, que se desarrolló con el resultado que consta en el soporte audiovisual que contiene la grabación del juicio, en el que la actora ratificó su demanda y la Administración demandada interesó su desestimación, practicándose las pruebas propuestas y admitidas en dicho acto.
1.- Es objeto de impugnación en este proceso la resolución del Ayuntamiento de León de 30 de septiembre de 2015, notificada el 20 de octubre de 2015, en virtud de la cual se desestima el recurso de reposición contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 34-35-53- 60-73/2015 IIVTNU, así como resolución de 30 de septiembre de 2015, que desestima el recurso de reposición frente a las sanciones impuestas al no haber abonado las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 34- 35-53-60-73/2015 IIVTNU, derivadas de la transmisión de inmuebles sitos en León, calle Roa de la Vega, 25, Colón 1 y 7 y Cardenal Lorenzana.
2.- El impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana viene siendo objeto de controversia en los últimos años, a raíz del hundimiento del mercado inmobiliario, dando lugar a distintas posiciones doctrinales y judiciales. Así, se han discutido: 1) la corrección de la fórmula de cálculo; 2) la existencia de hecho imponible cuando se prueba que no solo no hay incremento de valor sino incluso disminución o pérdida; y 3) la constitucionalidad del impuesto tal como lo configura el TRLHL, pues el método objetivo de determinación de la base imponible puede vulnerar principios constitucionales tributarios, como el de capacidad económica. Esta situación ha dado lugar a decisiones no coincidentes de diversos Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo, así como al planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, sobre los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por posible vulneración de los artículos 14 y 31 de la CE . La primera de ellas ha sido resuelta por STC 59/2017, de 11 de mayo , que, siguiendo la doctrina de las SSTC 26/2017, de 16 de febrero , y 37/2017 , de 1 de marzo , con relación, respectivamente, a los arts. 1, 4 y 7.4 de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava, acuerda 'Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los arts. 107.1 , 107.2 a ) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/20 04, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor'. Aunque se declara constitucionalmente admisible que 'el legislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza', bastando con que 'dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquél principio constitucional quede a salvo', ello debe hacerse sin que en ningún caso pueda 'establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia' ( SSTC 26/2017, FJ 3 ; y 37/2017 , FJ 3). Por esta razón, aun cuando 'es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto', 'una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal' ( STC 26/2017 , FJ 3).
3.- Razona la sentencia que 'cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica ( art. 31.1 CE )' ( STC 37/2017 , FJ 3), y que 'los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente 'de acuerdo con su capacidad económica' ( art. 31.1 CE ). De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado', soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, 'lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE ' ( SSTC 26/2017, FJ 3 ; y 37/2017 , FJ 3). No hay que descuidar que 'la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado - la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos- en un efecto generalizado, al que necesariamente la regulación normativa del impuesto debe atender', pues las concretas disfunciones que genera vulneran 'las exigencias derivadas del principio de capacidad económica' ( SSTC 26/2017, FJ 4 ; y 37/2017 , FJ 4). El tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE . El Tribunal Constitucional hace dos importantes precisiones, que conviene tener presentes en todo momento a la hora de aplicar su doctrina: 1) el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL deben declararse inconstitucionales y nulos 'únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica' ( SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5); y 2) una vez expulsados del ordenamiento jurídico ex originelos arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 LHL, en los términos señalados, la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación 'es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana' ( SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5).
4.- Una vez conocido el criterio del Tribunal Constitucional, ya hay sentencias (v. gr., la del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Cartagena, de 1 de junio de 2017 , en el PA núm. 376/2016), que han considerado, tras la STC de 17 de mayo de 2017 , que 'una correcta interpretación de los artículos 104 y siguientes del TRLRHL conlleva que sea el Ayuntamiento a quien le corresponde la carga de probar la existencia de hecho imponible', añadiendo que 'es a la Administración Local competente para recaudar (o al organismo autónomo al que haya encomendado tal labor) a quien le corresponde probar, en caso de discusión por el contribuyente, la concurrencia del hecho imponible del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana'. Como se ha expuesto, la STC 59/2017 es una sentencia parcialmente interpretativa, que solo declara inconstitucional el impuesto en aquellos casos en los que no exista incremento de valor, instando al legislador a que establezca la forma de calcular y determinar tal incremento. No es posible, sin embargo, suspender los numerosos procesos judiciales pendientes a la espera de la intervención legislativa, pues los Jueces y Tribunales 'de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución , deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen' ( art. 11.3 LOPJ ) y 'tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido' ( art. 1.7 del Código civil , que consagra la tradicional prohibición del non liquet, literalmente 'No está claro'). Por su parte, el art. 5.1 LOPJ establece el carácter vinculante de la doctrina del Tribunal Constitucional para los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 'conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos'. En el caso enjuiciado, el ayuntamiento se remite a la evolución de los valores catastrales, de la cual deduce la existencia de aumento de valor. Sin embargo, tales valores ya no pueden considerarse como medio hábil para fundamentar la existencia del incremento de valor, pues el precepto que así lo establecía (art. 107.2 a) TRLHL: 'el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles') ha sido expulsado del ordenamiento jurídico y no existe ningún otro método alternativo que cuente con respaldo legal, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional insta expresamente al legislador para que lo establezca en ejercicio de sus competencias. Por otra parte, la actora ha llevado a cabo una cierta actividad probatoria, consistente en informe de Sociedad de Tasación y en la comparecencia de un Agente inmobiliario, de la que no es posible concluir que existiera incremento de valor. Procede, por tanto, aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional, la estimación del recurso, que ha de extenderse igualmente a las resoluciones sancionadoras, puesto que la nulidad de los preceptos legales citados se produce ex originey el importe de la multa se calcula asimismo sobre la base de una cuota tributaria inexistente.
5.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA (red. Ley 37/2011, de 10 de octubre), no procede la imposición de las costas del proceso, ya que, tras la STC 59/2017, de 11 de mayo , no puede afirmarse que las dudas existentes hayan sido completamente despejadas.
Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS S.A. contra resolución del Ayuntamiento de León de 30 de septiembre de 2015, notificada el 20 de octubre de 2015, en virtud de la cual se desestima el recurso de reposición contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 34-35-53-60-73/2015 IIVTNU, así como resolución de 30 de septiembre de 2015, que desestima el recurso de reposición frente a las sanciones impuestas al no haber abonado las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 34-35-53-60-73/2015 IIVTNU, derivadas de la transmisión de inmuebles sitos en León, calle Roa de la Vega, 25, Colón 1 y 7 y Cardenal Lorenzana, actos todos ellos que anulo y dejo sin efecto, por no ser ajustados al ordenamiento jurídico. Sin costas.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos, con inclusión del original en el libro de sentencias, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 24
 resolución 
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