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Timestamp: 2017-01-21 13:28:20+00:00

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| Escritos de Tecnica Jurídica
Es toda defensa procesal que el demandado opone a la pretensión del actor, negando los hechos en que se funda la demanda, desconociendo el derecho que de ellos derive, o limitándose a impugnar la regularidad del proceso. En sentido estricto la excepción es la defensa dilatoria, perentoria o mixta mediante la cual el demandado denuncia la falta de un presupuesto procesal o pide rechazo de la pretensión o la extinción de la acción. Tiene fundamento constitucional en el Art. 16 de la constitución que establece que la defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable pueden ser: dilatorias, perentorias o mixtas.
Excepciones dilatorias: son las defensas que se fundan en la omisión de un requisito procesal. Versan sobre el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor. Generalmente son el medio de enunciar la falta de un presupuesto procesal. Están dirigidas a impedir n proceso nulo o inútil, o a corregir errores que obstan a la decisión o a asegurar el resultado del juicio o constituyen un obstáculo para el proceso. Se oponen como de previo y especial pronunciamiento, vale decir que deben substanciarse y resolverse antes de proseguir con el proceso principal, el cual queda interrumpido. Deben decidirse previamente a toda cuestión. Excepciones perentorias: son aquellas en cuya virtud el demandado se opone a la pretensión del actor. No son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. Pueden ser opuestas como previas y deben substanciarse y resolverse con carácter previo, quedando interrumpido el principal (falta de acción manifiesta, pago, conciliación, etc., cuando puedan resolverse como de puro derecho (sin apertura a prueba) ; o al contestar la demanda, no interrumpiendo la sustanciación del principal y que son resueltas en la sentencia definitiva. Las perentorias se distinguen las que atacan el derecho (exceptio iure: pago) y las que atacan los derechos (exceptio facti: error, dolo, fuerza, temor). La enumeración de las perentorias no es taxativa, a diferencia de las dilatorias cuya enumeración si es taxativa.
Excepciones mixtas: se oponen como previas y se deciden como tales. Tienen de común con las dilatorias que intentan evitar un proceso inútil o nulo, y se diferencian de las perentorias en que no buscan un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia del derecho, sino el reconocimiento de una situación jurídica que hace innecesario entrar a analizar el fondo mismo del derecho (cosa juzgada, transacción). 5.1 PRUEBAS EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS
El art. 269, preceptúa: “Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. Deberán examinar y valorar en la sentencia todas las pruebas producidas, que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa.
No están obligados a hacerlo respecto de aquellas que no lo fueren”.-
De la disposición transcripta surge: a) que existiendo disposición legal respecto a cómo debe interpretarse una prueba determinada, se debe estar a la interpretación legal. En el caso el legislador provee al juez reglas fijas, rígida a tenor de cuyos termino debe realizar su apreciación de la fuerza probatoria de los elementos arrimados al juicio v.g. cuando la ley establece que los instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes y contra terceros (art. 385 CC), cuando no exista ninguna causal de nulidad, el juez está obligado a no darles otro efecto. Cuando la ley consigna que son nulos los instrumentos públicos que autorizó el oficial público suspendido, reemplazado o destituido en el cargo, o cuando se ha aceptado su renuncia, o aquellos instrumentos que no llenan las condiciones prescriptas para su validez, el juez no tiene otro remedio que ceñirse a dicha conclusión (art. 377 CC); la inadmisibilidad de probar por testigos los contratos que tengan por objeto un monto mayor a diez jornales mínimo legal (art. 706 CC), la impuesta por razón de la edad (art. 314, CPC); etc.-
b) que los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica, esto referente a las pruebas que no deban ser valoradas de acuerdo al sistema legal. La sana crítica tiene que ver con la lógica, con los principios científicos y con la experiencia confirmada por la realidad. El juez no puede juzgar caprichosamente; su análisis de los elementos de pruebas debe someterlo a un orden de razonamiento. La lógica implica orden y corrección en el razonamiento. Es la disciplina del pensamiento verdadero. Según las reglas de la sana crítica, pues, el juez debe apreciar las pruebas mediante un razonamiento lógico, ayudado de su ciencia y su conciencia, y de su experiencia de la vida. Las máximas de experiencia de que ya se ha hablado, escribe –Couture- contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba.-
c) la oportunidad que tiene el juez para examinar y valorar las pruebas producidas, es en la sentencia definitiva, no en ocasión anterior. Mas las prueba que han de caer bajo su examen son las esenciales y decisivas para la decisión de la causa. La ley es clara al respecto: “no están obligados a hacerlo respecto de aquellas que no lo fueren”. Estando a lo dispuesto en el art. 247, CPC, pruebas no esenciales pueden considerarse las manifiestamente improcedentes, por inconducentes, así como las superfluas, es decir, las innecesarias, las que están demás, como también las pruebas meramente dilatorias.-
1. 8 PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA (PLANTEAMIENTOS)
El tribunal superior no se encuentra obligado por la forma en que se hubiere otorgado el recurso y puede de oficio o a petición de partes, modificarlas conforme a derechos.
La norma transcrita consagra la regla procesal vigente en la materia según la cual el Tribunal Superior no se halla obligado por la forma en que hubiese sido otorgado el recurso por el inferior. Siendo así el superior está facultado de oficio o a petición de partes, modificar conforme a derecho la forma en que fue concedido el recurso.
8.1. PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA . FACULTAD DEL TRIBUNAL.
9. PROCEDIMIENTO EN 3RA. INSTANCIA. (PLANTEAMIENTOS)
9.1. PROCEDIMIENTO EN TERCERA INSTANCIA
Si el Tribunal en cuya resolución es impugnada, fuere de alguna de las circunscripciones judiciales del interior, el recurrente deberá constituir domicilio en la capital en acto de recurrir y la otra parte dentro del 5 día de concedido el recurso. La parte que no cumpliere los impuestos por este art. quedará notificada por el Ministerio de la Ley. Tramites:
La Corte Suprema de Justicia, cuando en virtud de la ley conociere en un proceso en grado de apelación, recibido el expediente por medio de su presidente dictará la providencia “autos”. El recurrente debe presentar un escrito denominado memorial, que contengan los motivos y fundamentos que sirvan para que la Corte pueda rectificar los errores en que incurrió el inferior.
El plazo para la presentación del memorial dependerá de:
1- Si es una sentencia definitiva: 9 días.
2- Si se trata de un auto interlocutorio: 5 días.
Si el recurrente no presenta el escrito fundando el recurso dentro el plazo legal se declarara desierto, quedando firme para los recurrentes la resolución. La Corte seguidamente ordenará la devolución de los autos si solo él había apelado. Si el recurrido no contestare el traslado dentro del plazo señalado seguirá su curso la instancia.
11.13. MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS
CONCEPTO: Las medidas cautelares o precautorias, en términos generales, son aquellas que el juez dispone para impedir que el presunto deudor realice actos de disposición o de administración que disminuyan su responsabilidad patrimonial y convierta en ilusorio el resultado del juicio. Las medidas cautelares tienen el objeto de asegurar la eficacia, el resultado práctico de la resolución judicial que se vaya a dictar en el juicio. Son las que se adoptan en un juicio o proceso, a instancia de parte o de oficio, para evitar la salida de algún bien del patrimonio del deudor, en desmedro de la garantía colectiva de los acreedores.
Los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, se encuentran establecidas en el art. 693 del C.P.C. que textualmente expresa: “PRESUPUESTOS GENERICOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Quien solicite una medida cautelar deberá, según la naturaleza de ella: a) acreditar prima facie la verosimilitud del derecho que invoca; b) acreditar el peligro de pérdida o frustración de su derecho de urgencia de la adopción de la medida, según las circunstancias del caso, y c) otorgar contracautela para responder de todas las costas y de los daños y perjuicios que pudiere ocasionar si la hubiese pedido sin derecho, salvo aquellos casos en que no se la requiera por la naturaleza de la medida solicitada.” DERECHO: El Código Procesal Civil se encarga de regular esta institución dentro del Libro IV “ De los juicio y procedimientos especiales” Título XIV “De las medidas cautelares y de la contracautela” Capítulo I “ De las disposiciones generales” artículos 691 al 706.
11.19. ANOTACIÓN DE LA LITIS
Podrá solicitarse la anotación de la litis cuando se promoviere demanda sobre el dominio de bienes inmuebles y demás bienes o sobre constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real, o se ejercieren acciones vinculadas a dichos bienes, si el derecho invocado fuere verosímil y la sentencia haya de se opuesta a terceros. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se extinguirá con la determinación del juicio. Si la demanda hubiere sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia sea cumplida. Anotada la litis, la sentencia en el proceso respectivo surtirá efectos contra terceros, si el bien hubiese sido gravado o enajenado, sin que aquellos puedan ampararse en la presunción de buena fe.
11.27. PROCEDIMIENTO ARBITRAL. NOCIÓN
El proceso arbitral es que se sustancia ante los jueces árbitros o arbitradores, quienes tienen competencia para conocer los conflictos que le son sometidos para su decisión, conforme a derecho o según la equidad. La función que ejercen los jueces árbitros y arbitradores tiene la naturaleza jurisdiccional en razón de que dentro de nuestro ordenamiento jurídico los mismos integran el Poder Judicial de la República. En efecto, el C.O.J. establece; “El Poder Judicial será ejercido Por; .. Jueces Árbitros y Arbitradores.
La naturaleza jurisdiccional: La ley procesal ha reglamentado el alcance de la función jurisdiccional que ejercen los jueces árbitros y arbitradores ...1) limitación exclusiva a los conflictos de contenido patrimonial, 2)Prohibición de someter ciertas contiendas a la decisión de árbitros o arbitradores... 3) determinar de la capacidad de las personas que pueden acudir al proceso Arbitral , 4) Régimen especial de recursos, 5) ejecución del laudo arbitral y reclusiones ejecutables por el juez de primera instancia en lo civil y comercial del fuero ordinario.
DERECHO: C.P.C. , Art.774 ( Toda cuestión de contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje antes o después de deducida en juicio ante la justicia ordinaria cualquiera fuese el estado.
Puede someterse a objeto del arbitraje toda relación de contenido patrimonial, antes o después de deducido el juicio en la justicia ordinaria, cualquiera fuese el estado de este, siempre que han un no haya recaído sentencia firme
No podrán ser lo bajo Pena de nulidad:
1. Las Cuestiones que versaren sobre el estado civil y capacidad de las Personas ,
2. Las referentes a bienes del estado o de las municipalidades ,
3. Aquellas en las Cuales se requiera intervención del ministerio publico,
4. Las que tengan por objeto la valides o nulidad de disposiciones de ultima voluntad,
en general las que no puedan ser materia de transacción).-
El acuerdo relativo a arbitraje puede convenirse en contrato, o en acto de posterior; debiendo formalizarse en escritura publica o instrumento privado. También puede hacerse por canje de cartas; telegramas colacionados; comunicaciones por telex y otros.
Las partes pueden convenir todo lo relativo al arbitraje; sus modalidades y formas; siguiendo las disposiciones del C.P.C., la designación de árbitro si puede delegarse a un tercero.
14.2. COSTAS
Son los gastos en los que las partes incurren como consecuencia de la substanciación de un proceso. Antiguamente se distinguían las costas, que eran todos los gastos propiamente dichos, y los costos referidos a los honorarios profesionales. Actualmente los conceptos se engloban.
La norma estable la regla general que rige la materia: las costas son a cargo del vencido, por el hecho objetivo de la derrota debe pagar, todos los gastos del juicio. El vencimiento constituye el principio y el fundamento de la imposición de las costas. La otra regla, acorde con la moderna doctrina procesal, es que se imponen de oficio por el juez o tribunal, aunque no haya mediado solicitud de las partes. Las costas, en principio no constituyen una pena, si no que tienen por objeto el resarcimiento de los gastos. No obstante, adquieren dicho carácter:
1. Cuando el juez la impone en los casos de mala fe o abuso de derecho.
2. Cuando son a cargo del juez, con motivo de la declaración de nulidad de una resolución, salvo que la otra parte se hubiese opuesto a la declaración de nulidad.
3. Cuando se la impone el perito removido del cargo.
4. Cuando existe “plus petitio”.
5. Cuando el testigo no comparece a declarar. No obstante la consagración de la regla general de que las costas se imponen a la parte vencida mismo no es absoluta. Siendo así la norma faculta al juez de apreciar las causas de eximisión y eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, cuando exista méritos para ello. La imposición de las costas es la regla, la exoneración es la excepción, para ello debe ser fundada. El juez deberá expresar en su pronunciamiento los motivos o razones que tuvo en cuenta para exonerar las costas, bajo pena de nulidad.
Las costas judiciales comprenden los gastos que necesariamente ha debido efectuar el litigante para hacer triunfar su derecho: 1)Poder especial, no el general; 2) Tasas judiciales; 3) Papel sellado pero el estampillado de los documentos, por ej.: paragaré; 4) fotocopias; 5) Publicación de edictos; 6) Diligencias de exhortos y oficios; 7) Gastos del embargo u otras medidas cautelares; 8) Publicación de avisos de remate, comisión del rematador, y viático de secretaría; 9) Honorarios de abogados, procuradores, peritos, depositarios, interventores, oficiales de justicia, traductores, interpretes.
En general, todos los que guarden relación con el juicio y de los que no se pudo prescindir sin poner en peligro el éxito del pleito.
14.4. NOTIFICACIONES. AUTÓMATICA Y POR CÉDULA
Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. La forma de hacer las notificaciones puede variar de unas legislaciones a otras, pero, tomando como ejemplo las normas procesales argentinas, se puede afirmar que, como principio general, y salvo los casos en que por disposición legal se tienen que hacer en el domicilio, las resoluciones judiciales quedan notificadas en la secretaría del juzgado o tribunal los días de la semana señalados al efecto, para lo cual tienen que concurrir las partes a darse por notificadas. Sin embargo, determinadas resoluciones especificadas por la ley, se tienen que notificar personalmente o por cédula, es decir, entregando la correspondiente nota, provista de ciertas formalidades, en el domicilio real o en el legal del notificado, diligencia que debe ser practicada por el oficial de justicia o por el empleado de la oficina de notificaciones, dejando constancia del diligenciamiento (en nuestro ordenamiento jurídico lo realizan determinados funcionarios judiciales, pertenecientes al Juzgado que dictó la resolución y denominados Ujieres notificadores, cuyas funciones se encuentran determinadas en el Código de Organización Judicial).
En algunos fueros, se admite asimismo la notificación por telegrama para el cumplimiento de algunos trámites. Tratándose de personas inciertas, o cuyo domicilio es desconocido, la notificación se ha de hacer por edictos; o sea, publicando la resolución o el acto a notificar en un diario oficial y en otro privado por un tiempo determinado, según los casos. A petición de parte, el juez podrá también ordenar que los edictos se anuncien por radiodifusión. Y finalmente, se entiende por notificación tácita la que se tiene por efectuada en cuanto a todo el contenido del expediente, por el solo hecho de haber sido retirado, por la parte, de la secretaría correspondiente, en aquello casos en que la ley lo autoriza (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Manuel Ossorio).
14.5. AUDIENCIA. FORMA
Es el acto mediante el cual el Juez o Tribunal escuche las declaraciones de las partes, testigos, peritos, etc., en el proceso.
La presencia del Juez o tratándose en su caso de un Tribunal, la del presidente de éste, o el miembro que él designe, constituye una garantía para su normal desarrollo y la seriedad de que debe estar investido el acto. Las audiencias llevadas a cabo sin este requisito pueden impugnarse por nulidad.
Las audiencias deben llevarse a cabo con cualquiera de las partes que concurran, en razón de que ni la contraparte, ni la Justicia deben cargar con la negligencia o el desinterés de la contraria, debiendo el proceso seguir su curso.
La puntualidad a todos beneficia y debe ser la regla. Los citados a la audiencia no tienen que soportar largas esperas, en el proceso civil tiene el deber de esperar no más de 30 minutos, dicha tolerancia horaria está dada en beneficio exclusivo del Juez o Tribunal.
Las declaraciones verbales producidas en las audiencias, como regla general deben constar en el acta correspondiente. El acta deberá reproducir lo ocurrido en el acto y lo expresado por las partes o los intervinientes que sean terceros. La redacción del acta estará a cargo del Secretario del Juzgado o Tribunal, debiendo ser firmada por el Juez o Miembro del Tribunal. El secretario hará constar también en el acta todo lo que agregue y rectifique y las circunstancias cuando ocurra, de que alguien no haya querido o podido firmar.
14.9. PLUS-PETITIO
CONCEPTO: Tanto en castellano como en latín, en el uso forense actual se da a entender que el actor ha demandado por más de lo que se le debe, motivo por el cual puede rechazarse o moderarse la demanda, así como también, en determinadas circunstancias, eximirse de las costas al vencido o imponerlas al vencedor.-
Aunque entonces haya más dación que petición, si bien se obtiene sobre lo pedido, se habla también de plus petitio cuando una resolución judicial, y en especial la sentencia principal, concede más de lo que el actor solicita en la demanda o el demandante en la reconvención, que fundamenta el recurso contra tal pronunciamiento.-
El art. 196 dispone entre otras cosas que el litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas. Si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo anterior. No se entenderá que hay pluspetición cuando el valor de la condena dependiere legalmente del arbitrio judicial o de rendición de cuentas, o cuando las pretensiones no fueren reducidas en la sentencia en forma considerable.-
15. RESOLUCIONES JUDICIALES (REDACCIONES)
15.1. AUTO INTERLOCUTORIO
El que no afecta a lo principal de una causa, por dictarse en un incidente o artículo de previo pronunciamiento. Son aquellas resoluciones que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso.
Por este tipo de Resoluciones se resuelven cuestiones incidentales que surgen en el desarrollo del proceso (articulo 158 del Código Procesal Civil).
15.3 EXHORTO
Los exhortos o cartas rogatorias son las comunicaciones escritas que un Juez dirige a otro Juez EXTRANJERO requiriéndole la colaboración necesaria para el cumplimiento de una diligencia del proceso o poniendo en su conocimiento determinadas resoluciones.
Reglas aplicables a la recepción de exhortos del extranjero: Cuando se trate de exhortos recibidos de autoridades extranjeras y no existen tratados o acuerdos internacionales, suscriptos por la república se aplican las siguientes reglas:
a) Autenticación y legalización: los exhortos deben estar debidamente legalizado y autenticados por el agente diplomático o consular del Paraguay del país remitente, lo que constituye un requisito de admisibilidad del exhorto.
b) Diligenciamiento: será realizado con arreglo a las leyes nacionales del tribunal exhortado, lo cual es la consecuencia de la aplicación de la norma denominada “lex fori”, que rige la materia.
c) Designación de la persona encargada: los exhortos librados a petición de partes deben expresar el nombre de la persona encargada de su diligenciamiento, la que a su vez debe abonar los gastos que demande, con excepción de los librados de oficio, que se harán sin costo para el exhorte, esto último conforme a las reglas internacionales de cooperación y auxilio de rige al respecto.

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