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Timestamp: 2019-02-18 04:26:59+00:00

Document:
Política Pública – Parametría
en abril 9, 2018 Política Pública
en febrero 28, 2018 Política Pública
en febrero 14, 2018 Política Pública
El 20 de abril de 2018, publiqué un artículo sobre la legalización y la necesidad de racionalizar los debates sobre las drogas, en un contexto de violencia cada vez más evidente, que se relaciona con el narcotráfico. En general, el artículo tuvo una buena acogida, considerando que al proponer el debate sobre el tema, hago un planteamiento que no es tan novedoso, pero que sigue siendo tabú. Sin embargo, no faltaron quienes me acusaron de consumidora que quiere legalización para poder consumir, de ser un peligro para la sociedad, o de ser una terrible madre para mi hija. Entre las críticas apasionadas que recibí, se me acusó de basarme en noticias falsas, en inventos, y en creencias. Se mencionó que no he revisado nunca en mi vida ningún dato duro, sino puro invento que no tiene validez, y se cuestionó mi capacidad intelectual.
En esta ocasión, quiero compartir la revisión de los datos duros disponibles, a fin de responder al argumento de falsa lógica desde el cual, supuestamente, quiero drogarme o quiero ser popular entre los drogadictos. No podré darle suficiente atención a toda la información disponible, pero intentaré responder desde la producción de algunos artículos que faciliten esta amable conversación con los lectores.
Durante las últimas semanas, las redes sociales han presenciado las reacciones de los usuarios ante artículos de prensa sobre marihuana en el Ecuador. El 20 de febrero, Diario El Comercio publicó un artículo titulado “40 mil dosis de droga ‘creepy’ fueron halladas en el norte de Quito”, en el que aseguraba que marihuana “procesada con químicos” habría sido incautada en la ciudad capital. El artículo explicaba que la policía realizó las pruebas que dieron positivo para marihuana del tipo creepy, y que las autoridades explican que es “más adictiva que el cannabis tradicional, por su alto contenido de Tetrahidrocannabinol (THC). Los traficantes encontraron que el incremento de la adicción eleva su comercio ilegal.”
El 25 del mismo mes, Diario Expreso publicó una noticia con el encabezado: “El dulce más amargo. La droga llega a los estudiantes camuflada en forma de brownies. Una simple barda separa dos mundos en la Estatal: el del estudio y el del vicio.” En este artículo, una vez más, la marihuana es definida como “cripy”: “marihuana con químicos”, que los estudiantes consumen “sin ningún control en el puente lineal de la ciudadela de la Universidad de Guayaquil.” De acuerdo con esta nota del Expreso, que insiste en el consumo sin control, los estudiantes que no consumen temen por su seguridad al pasar por donde otros alumnos comen brownies y fuman marihuana, ya que “Es que cuando se drogan pueden perder el control”.
El mismo artículo del Expreso explica que, de acuerdo con la encuesta realizada por el CONSEP en el 2013, la marihuana es la droga más fácil de conseguir, y que más del 60% de consumidores de cannabis tienen edades superiores a los 36 años. Inmediatamente debajo, puede leerse:
Más de 8 mil muertes al año por drogas.
El artículo continúa describiendo un costo de más de 214 millones de dólares del fenómeno de drogas en el país, mientras que un 13,42% de muertes se debe al uso de drogas. El artículo termina explicando que “esta realidad” viene de un informe de la Secretaría Técnica de Drogas enviado a este medio. En ningún momento, Diario Expreso especifica qué químicos contiene la “cripy”, mucho menos la fuente de dicha afirmación, y falla en aclarar a qué se deben las muertes que se mencionan en un artículo que habla sobre marihuana. No queda claro en qué se gastan los 214 millones; pero se esperaría que, con ese presupuesto, la SETED podría al menos informar con claridad en lugar de marcar una estrategia de pánico moral.
Estos artículos surgen en un momento específico: en el año 2013 se dio la publicación de tablas de cantidades máximas que presentó el extinto Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), que se crearon para permitir la aplicación de un mandato constitucional de no criminalización de consumidores de drogas, que además ya se encontraba presente en la Ley 108 (Ley de Drogas) desde 1990, y que otorgaban de herramientas al sistema de justicia para distinguir, más allá de la posesión, a quienes consumen de quienes trafican. Aquello que parecía un avance, plasmado incluso en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) de 2014, que además introducía la proporcionalidad diferenciando distintas escalas del tráfico y, consecuentemente, planteando distintas penas, se vio frenado en el 2015, con la introducción de la nueva ley de drogas y una reforma a las tablas del COIP.
Ese cambio, o ese giro en U que se vio en la dirección de las políticas de drogas, vino acompañado de noticias y discursos en torno a la peligrosidad de la heroína. En Septiembre del 2015, el entonces presidente Rafael Correa se refirió a la tabla de dosis máximas para diferenciar el consumo: “Vamos a rectificar totalmente esta malhadada, equivocada tabla (de tráfico), para tener tolerancia cero” con la heroína (El Universo, 6/09/2015). En ese momento, el discurso que justificaba esta suerte de indignación tenía que ver con la heroína, específicamente la H, una sustancia que las autoridades describen como una mezcla de Heroína con otros químicos, incluidos sedantes para vacas y químicos para pintura.
Bebés nacidos adictos, colegiales con sobredosis, o el 80% de discapacidad cerebral por consumo de H de manera instantánea, son los temas que pueden verse si se hace una búsqueda sobre noticias de drogas en el Ecuador en el 2015, alrededor del momento en que se impulsó la modificación de la tabla, que para ese entonces ya no era considerada una herramienta de apoyo para que la función judicial pueda diferenciar entre consumidores y traficantes, sino que los medios hacían referencia a una “tabla de consumo”, sosteniendo sutilmente el argumento de que el uso de drogas es impulsado y promovido por esta tabla de cantidades máximas, por ende, su modificación tendría que tener un efecto en los patrones de consumo.
Aunque no parece haber momentos de explícita tolerancia o reinterpretación de las drogas, los distintos usos, o los efectos de la prohibición, sí parece que, en distintas circunstancias, los artículos de pánico moral se intensifican, planteando historias aterrorizantes, como una serie de estudiantes drogados y descontrolados en la universidad, con una marihuana química extremadamente adictiva, y con miles de muertes por drogas en el país. La estrategia del pánico moral omite reflexión; la prensa no informa sobre reducción de daños, o los beneficios que tiene el narcotráfico a partir de la prohibición. No se menciona la imposibilidad de controlar calidad o acceso a menores de edad, como sí puede hacerse, en gran medida, con sustancias legales. El énfasis, en momentos de pánico moral, está en un sensacionalismo que posibilita implementar políticas que restringen derechos, y que, de otra manera, no serían aceptadas por la sociedad.
Ya en 1972, Stan Cohen publicó el libro “Demonios Populares y Pánico Moral”, en el que propuso el concepto de pánico moral para explicar periodos que surgen en las sociedades de tiempo en tiempo, describiéndolos de la siguiente manera: Primero, una condición, episodio, persona o grupo de personas aparecen como amenazas a los intereses y valores de la sociedad (los estudiantes que consumen los brownies de creepy en la universidad de Guayaquil podrían ser un ejemplo, o la misma creepy como una droga llena de químicos y altamente adictiva); segundo, su naturaleza se presenta de un modo estilizado y estereotipado por los medios masivos (la SETED envía comunicaciones a los medios, que proceden a publicar estos artículos); tercero, las barreras morales aparecen desde distintos puntos: políticos, clérigos, editores, médicos, cualquiera que parezca estar del lado correcto; cuarto, los expertos socialmente acreditados plantean sus diagnósticos y soluciones; quinto, se plantean formas de enfrentamiento; y sexto, la condición desaparece, se sumerge o se deteriora, volviéndose más visible. Si bien puede tratarse de algo novedoso o de algo que ya ha estado presente algún tiempo, aquello que se ubica en el centro del pánico moral puede tener repercusiones a largo plazo.
Ahora bien, suponiendo que nos encontramos en un período de pánico moral, ya sea independiente, o una continuación del que posibilitó el endurecimiento de penas y la mutilación de las tablas en el 2015, surge la necesidad de observar el contexto en el que aparecen estos reportajes. En los mismos, existe exageración y distorsión: la creepy tiene químicos, es altamente adictiva y hay más de ocho mil muertes por drogas; además, puede verse un componente de predicción, pues la gente teme por las conductas descontroladas que podrían tener los consumidores; y finalmente, hay una simbolización en torno a la palabra “creepy”, “cripy” o “cripi”, que la identifica con una amenaza, o lo que Cohen llamó demonios populares.
Si revisamos la historia reciente del cannabis en el Ecuador, podemos ver que su presencia en la tabla inicial posiciona a la marihuana como la droga menos peligrosa, en términos del peso que originalmente se planteó como común entre consumidores: la primera tabla, plasmada en la resolución No. 001 CONSEP-CD-2013, acogía un “análisis de toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal elaborado por el Ministerio de Salud Pública” (Registro Oficial, 20/06/2013: 2), y recomendaba que se considere consumidora a una persona que posea hasta 10 gramos de marihuana, mientras que la inmediata inferior era la pasta base de cocaína, con dos gramos. Ya en el COIP, la tabla se adaptó para diferenciación de escalas de tráfico, perdiendo su objetivo original de descriminalización, ya que podía considerarse tráfico de mínima escala desde CERO hasta 300 gramos de marihuana. El entonces defensor público Jorge Paladines explica estas contradicciones, mencionando que el COIP tuvo que incluir la aclaración de que no debe castigarse la tenencia de una sustancia en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente (Paladines, 2017).
En el 2016, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, impulsaba incluir el uso medicinal del cannabis en el proyecto del Código Orgánico de la Salud, con el objetivo de permitir la distribución de medicamentos que se basen en cannabilidol, un componente del cannabis que no es psicoactivo. La propuesta de Rivadeneira no se salía de la línea restrictiva en torno al cannabis; apenas si planteaba el manejo de medicación restringida al cannabidiol por parte de las farmacéuticas, lo que implicaba una excepción que no dejaba de legitimar la regla represiva que domina la política de drogas ecuatoriana. El año siguiente, el nuevo presidente de la Asamblea, y ex ministro del interior, José Serrano, presentaba una propuesta de Ley de drogas cuyo borrador empieza repitiendo un discurso que ya sonaba en la época de Febres Cordero: que son las niñas, niños y adolescentes los más afectados por el microtráfico de sustancias. Por supuesto, en esta propuesta se habla de la asignación de recursos permanente, controlando los espacios públicos e implementando el tratamiento obligatorio para los consumidores. El proyecto de ley propone identificar responsables y víctimas del microtráfico en los colegios, lo que implica intensificar la represión en las instituciones educativas. Además, este proyecto de ley propone criminalizar los usos en caso de darse en espacios públicos, contradiciendo la prohibición de criminalizar a los consumidores que describe la Constitución.
No hay nada nuevo en el discurso actual sobre drogas. Los artículos que se originan en comunicaciones directas de la SETED con los medios de comunicación repiten los mismos componentes de pánico moral presentes desde hace décadas en los discursos de drogas que circulan cada vez que el estado quiere legitimar la represión. Al menos ahora, quizás gracias a la creciente generación de estudios que permiten la crítica a estas posturas tradicionales, así como el acceso a formas de comunicación y acceso a información desde los avances tecnológicos, los usuarios de esta información que producen los medios pueden manifestar su descontento ante esta feria de falacias, exageraciones y afirmaciones carentes de sustento. La estrategia de pánico moral puede que siga siendo efectiva, pero la posibilidad de reflexión basada en la evidencia del fracaso del prohibicionismo es cada vez mayor.
Autora: Ana Jácome
Cohen, Stanley (2002). Folk devils and moral panics: the creation of the Mods and Rockers. 3rd Ed. Abingdon: Routledge.
El Comercio (20/02/2018). 40mil dosis de droga ‘creepy’ fueron halladas en el norte de Quito. Actualidad. Seguridad. Encontrado en: http://www.elcomercio.com/actualidad/droga-creepy-quito-correos-narcotrafico.html
Expreso (25/02/2018). El dulce más amargo. La droga llega hasta los estudiantes camuflada en forma de ‘brownies’. Una simple barda separa dos mundos en la Estatal: el del estudio y el del vicio. Encontrado en: http://www.expreso.ec/guayaquil/drogadiccion-problema-jovenes-sociedad-guayaquil-CL2049765
Paladines, Jorge (2017). Matemáticamente detenidos, geométricamente condenados: la punitividad de los umbrales y el castigo al microtraficante. Quito: Friedrich Ebert Stiftung/Parametría.
Registro Oficial (20/06/2013). Función Ejecutiva. ResoluciónL Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: 001 CONSEP-CD-2013. Encontrado en: http://www.prevenciondrogas.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/RESOLUCIO%CC%81N-TABLAS-DE-CONSUMO.pdf
La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 se configura como un documento participativo y de consenso, acordado entre todas las Administraciones Públicas, las organizaciones no gubernamentales del sector, las sociedades científicas, los centros de investigación, y todas aquellas instancias públicas y privadas que forman parte del Plan Nacional sobre Drogas.
Las Estrategias Nacionales, como documentos de planificación, se han convertido en el medio principal a través del cual se establecen y apoyan las diferentes respuestas ofrecidas a nivel local y/o regional, creando una herramienta de coordinación para todos aquellos involucrados en implementar una política de drogas.
En la actualidad, alrededor de un tercio de los 30 países monitorizados por el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (28 miembros de la UE, más Turquía y Noruega) incluyen a las sustancias legales y otras adicciones dentro de las Estrategias sobre Adicciones. De hecho, en términos numéricos, las sustancias adictivas legales, como el alcohol, el tabaco y determinados fármacos son los que cuentan con mayor número de consumidores.
Desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) en julio de 1985, se han elaborado dos Estrategias para establecer el marco de actuación de las políticas de drogas y drogodependencias en España, así como las líneas generales de ejecución de las mismas.
En ambos casos, el impulso para la elaboración de ambos documentos partió de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), de conformidad con las funciones de dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del PNSD, que tiene atribuidas legalmente. Hay que señalar, no obstante, que el nivel de participación en la elaboración de ambas estrategias fue muy elevado, tanto en lo que se refiere a los departamentos y unidades de la Administración General del Estado, como a las Administraciones autonómicas, la Administración Local, y las diversas instancias que forman parte del PNSD.
La presente Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 (ENA 2017-2024) se fundamenta y apoya en las dos que la precedieron (Estrategia Nacional sobre Drogas 2000- 2008 y Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016), así como en los tres Planes de Acción que desarrollaron ambas Estrategias (Plan de Acción sobre Drogas 2005-2008, en el caso de la primera Estrategia, y Planes de Acción sobre Drogas para los períodos 2009-2012 y 2013- 2016, respectivamente, en el caso de la segunda).
Los perjuicios causados por el consumo de drogas siguen siendo considerables
Se calcula que unos 250 millones de personas, es decir, alrededor del 5% de la población adulta mundial, con- sumieron drogas por lo menos una vez en 2015. Aún más inquietante es el hecho de que unos 29,5 millones de esos consumidores, es decir, el 0,6% de la población adulta mundial, padecen trastornos provocados por el uso de drogas. Eso significa que su afición a las drogas es perjudicial hasta el punto de que pueden sufrir dro- godependencia y necesitar tratamiento.
La magnitud del daño provocado por el consumo de drogas se hace patente en los 28 millones de años de vida “sana” (años de vida ajustados en función de la discapacidad) (AVAD) que, según las estimaciones, se perdieron en 2015 en todo el mundo de resultas de la muerte prematura y la discapacidad causadas por el uso de drogas.
En tiempos de crisis económica global se vuelve muy importante para los Estados la evaluación de la relación costo-efectividad del gasto público en la búsqueda de un mejor abordaje de los fenómenos sociales. Así, el caso del fenómeno socioeconómico de las drogas demanda una más eficiente distribución del presupuesto para atender los ejes de prevención, reducción de riesgos, salud y reinserción social. En la historia de la humanidad, pocas guerras han durado tanto como la denominada “guerra contra las drogas” que a través de cinco décadas de combate ha producido cientos de miles de muertos principalmente en Latinoamérica. A esto se adiciona el inconmensurable costo social de los sistemas penitenciarios, como nos recuerda Ernest Drucker:
Todas estas medidas tienen profundos efectos sobre la trayectoria del consumo personal de drogas, la construcción social de la adicción y los derechos humanos de los consumidores de drogas. En la medida en que los sistemas penales expanden sus funciones, también lo hacen sus impactos de salud pública sobre el consumo de drogas en la sociedad –incluyendo efectos colaterales sobre las familias y comunidades de las personas encarceladas (Drucker, 2014: 66)
A pesar de los esfuerzos encaminados a la “guerra contra las drogas”, Naciones Unidas ha fracasado en su meta para alcanzar “un mundo libre de drogas”; no ha disminuido ni la oferta ni el consumo de drogas, por el contrario, se ha creado un mercado criminal altamente lucrativo y controlado por mafias y como consecuencia muchos usadores de drogas han sido criminalizados. Es por ello que, “la continuación de enormes daños colaterales causados por políticas sobre drogas excesivamente militarizadas e impulsadas por la fiscalización, han llevado a crecientes llamados para acabar con la “guerra contra las drogas” (Collins, 2014: 5). El Estado ecuatoriano a partir de 2008, en el marco del proceso constituyente, tomó varias medidas: 1) indulto general a “mulas”1 del narcotráfico; 2) creación de la “tabla de tenencia para el consumo personal”; 3) reforma del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluyó el concepto de “proporcionalidad en las penas en delitos relacionados con drogas”; y, consecuentemente, 4) implementación de la tabla que permite diferenciar entre pequeños y grandes traficantes para tipificar delitos. A este conjunto de medidas, lo llamaremos primera reforma a la política de drogas.
en enero 25, 2018 Política Pública
en enero 4, 2018 Política Pública
“El diálogo sobre política de drogas debe ser inclusivo, integral e integrado, sobre la base de evidencias y prospectivas para cambiar el paradigma por uno que enarbole a la salud social como el principio rector de la política de drogas.”
El Grupo de Trabajo sobre Política de Drogas (GTPD) es una plataforma articulada por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) en el Ecuador, desde 2016, previo a la 30º Sesión Especial de las Naciones Unidas que trató el “Problema Mundial de las Drogas” en abril de ese año en su sede en Nueva York. Integra a investigadoras e investigadores, así como a activistas de organizaciones de la sociedad civil vinculados con el estudio del fenómeno socioeconómico de las drogas. Le han sido tributarias múltiples publicaciones que se constituyen en evidencia científica para la real toma de decisiones en la materia, algunas de las cuales nos permitimos remitir en anexos. En el marco del denominado “Diálogo Nacional sobre Política de Drogas” propiciado por el Presidente de la República, Lenin Moreno, y como un deber ineludible de participación ciudadana y democrática para la construcción de una política de drogas integral e integrada, remitimos el presente documento de observaciones que contienen interrogaciones, interpretaciones y sugerencias mínimas, tanto de forma como de fondo, dentro del actual proceso de diálogo.
Primera: ¿Diálogo sin más actores?.- El surgimiento del presente espacio para discutir nuestra política de drogas tiene, como punto de partida, un acercamiento con los principales líderes de las contiendas electorales que participaron en las elecciones presidenciales del 17 de febrero del año en curso. Tiene como origen la palpable patología urbana que surge de las encuestas de opinión donde resalta el problema del consumo de heroína (hache), y desde donde en especial se manifiesta el dolor de muchas familias de los sectores marginalizados de la ciudad de Guayaquil. Varios líderes políticos emitieron opiniones y enjuiciamientos político-morales sobre el papel de las denominadas “tablas”. Fue menester aclarar algunas imprecisiones, pues ninguno de ellos contó con evidencias científicas para relacionar el aumento del consumo de drogas de uso ilícito, así como el incremento de la impunidad del microtráfico, con la política de umbrales o tablas creada desde 2013 por el entonces Consep. Simplemente, las “tablas” se convirtieron en una forma de enjuiciar con adjetivos a la política y gobernabilidad de turno. Sin duda, nos parece plausible este acercamiento que usted ha propiciado. Sí al diálogo. No obstante, un tema de muchísima delicadeza no se genera o agota con la impresión diagnóstica que los citados actores políticos tienen de la política de drogas, más aún cuando las “drogas” poseen un discurso polisémico y maniqueo al relacionarlas bajo un mismo imaginario con el (des)gobierno, (in)capacidad, (in)salubridad, (in)seguridad, corrupción, lavado de activos, violencia, degradación, sobredosis, muertes, entre otras. El diálogo debe constituirse en una herramienta de inclusión, participación y de acceso al conocimiento con más actores sociales, en una seria y efectiva
política de Estado que trate la integridad de este fenómeno socioeconómico y desde el paradigma de la salud social e irrestricto respeto a los derechos humanos.
Segunda: ¿Un diálogo sin expertos?.- En los términos descritos en el artículo 95 de la Constitución de la República, un tema de tanta envergadura debe contar con la participación de todas y todos para tender puentes de diálogo social con los sujetos involucrados con el quehacer de las políticas de drogas, esto es, no solo con quienes toman decisiones sino, fundamentalmente, con las personas y grupos que padecen sus principales consecuencias. De hecho, la Resolución de UNGASS-2016 insiste en focalizar las políticas de drogas sobre colectivos vulnerables como las personas privadas de la libertad, mujeres, adolescentes, campesinos, pacientes, usuarios y consumidores. En la práctica se cree que los “expertos” son solamente los médicos, policías, abogados o actores políticos, relegando a un espacio menor a las personas que usan drogas, sea con fines recreativos o terapéuticos, e incluso a quienes son víctimas de las políticas de encarcelamiento, donde se destacan grupos de madres, mujeres, extranjeros y jóvenes; y donde la academia también juega un rol fundamental. Ellos son los verdaderos expertos, quienes cuentan con vocerías y representación suficiente para participar de este diálogo. De lo contrario, negar o no buscar su inserción en este tipo de espacios equivale a violar los elementos básicos de la democracia participativa de una de las políticas más sensibles y letales. No solo las drogas producen efectos dañinos sobre vidas humanas sino también sus inadecuadas políticas.
Tercera: ¿Queremos una salida cortoplacista?.- La política de drogas, así como cualquier otra política de Estado, no se resuelve con medidas de corto o mediano plazo, a pesar de que algunas estrategias sí deban plantearse con inmediatez. No creemos en salidas cortoplacistas que tienden a propiciar efectos meramente coyunturales. Los problemas de la política de drogas –y no solo de las drogas– se vinculan previamente a procesos de construcción de información así como de medición y evaluación de sus resultados. Esto le permite al Estado tomar decisiones informadas e inteligentes pero sobre todo serias y sagaces. Lamentablemente, existen muchas interrogantes que no han sido aclaradas con fiables respaldos técnicos y con suficiente apertura por parte de las agencias y órganos que trabajan alrededor del fenómeno socioeconómico de las drogas. Por ejemplo: ¿cuál es el grado de afectación de las drogas de uso lícito e ilícito en Ecuador, en todas sus formas?, ¿además de las muestras sobre estudiantes de segunda enseñanza, qué otros grupos sociales tienen patrones prevalentes de consumo por tipo de sustancias y en sus respectivas frecuencias?, ¿existen estudios sobre segmentos poblacionales que usan drogas de uso ilícito con fines terapéuticos?, ¿es posible regular los mercados de sustancias que no equivalen un riesgo social a la salud en comparación con el alcohol y el tabaco?, ¿qué capacidad tiene el Estado para cubrir una demanda pública y voluntaria de pacientes con usos problemáticos de drogas de uso ilícito?, ¿cuál sería la formación técnico-profesional y los métodos para rehabilitar a personas que padecen adicciones?, ¿existe un mapa que devele las diferencias entre el encarcelamiento por cocaína, pasta base de cocaína, marihuana y heroína?, ¿cuáles son los grupos sociales que más duro les ha pegado la política de drogas?, ¿cuál es la tasa de eficiencia de las agencias de seguridad y justicia en relación al consumo interno, especialmente de heroína?, ¿cuál es la ruta de ingreso de drogas de uso ilícito en Ecuador?, ¿cómo desarticular a las organizaciones criminales vinculadas con el tráfico de heroína? No se trata de
simples intuiciones, verdades de perogrullo, tampoco la sugerencia para realizar una guía metodológica. El grueso de la política de drogas carece de información, conocimiento y de estrategias basadas en evidencias (empíricas y científicas), pero aún más: sus resultados son insuficientes.
Cuarta: ¿Menos prevención y más represión?.- La historia de la política de drogas en Ecuador tiene un mismo patrón: interdicción. Con este término se han elaborado programas punitivos bajo el empleo de una terminología que, con toda claridad, trasluce a la represión como el verbo central de toda la política de drogas. Así, los verbos “luchar”, “combatir”, “reprimir”, entre otros, han formado parte de la mayoría de los acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales en la materia, a pesar de las declaraciones humanistas que nuestro Estado tiene en instancias como UNASUR, CELAC y Naciones Unidas. Además del entorno internacional, las políticas locales también han servido para reforzar este paradigma represivo. Durante veinticuatro años, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108) sirvió de herramienta para consolidar una cuota de cerca del treinta por ciento de personas privadas de la libertad, a lo que se sumaron penas desproporcionadas y la tragedia de miles de mujeres y personas extranjeras. En los últimos diez años se puso en contradicción esta corriente punitiva con algunos elementos que hicieron presumir un duro cuestionamiento, como: el indulto a las denominadas “mulas” del narcotráfico (2008), la consagración de un principio constitucional que prohíbe la criminalización del consumo (2008), la no renovación del Puesto de Operaciones de Avanzada en Manta (2009), la renuncia al ATPDEA (2013), la política de cantidades de umbral –más conocida como las “tablas”– para evitar la criminalización fáctica de los consumidores (2013), el nuevo Código Orgánico Integral Penal que adoptó criterios escalonados de proporcionalidad de las penas –segundas “tablas”– (2014), la promulgación de la Ley de Prevención de Drogas y el diseño de una nueva institucionalidad (2015), el proyecto de Ley de Cannabis Medicinal que reposa en la Asamblea Nacional (2015); y, un fugaz indulto a personas detenidas en puertos, aeropuertos y puestos de frontera con drogas de uso ilícito (2017). Todas estas medidas tuvieron una aproximación a la complejidad del fenómeno socioeconómico de las drogas, además de una palpable crítica a la visión represiva. Ninguno de estos elementos ha podido complementarse por falta de una estrategia nacional de prevención y de desarrollo social. La prevención es la otra cara de la represión, es decir, el no encierro de personas para en su lugar sembrar planes y programas primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que posicionen como verbo central al paradigma de la salud social en lugar de la represión.
Quinta: ¿Todo gira alrededor de las “tablas”?.- Las “tablas” –cantidades de umbral– se han convertido en el lugar desde donde se ha hecho política y oposición en materia de drogas. Sin ninguna evidencia, se ha enjuiciado a la política de umbrales como la responsable de propiciar el consumo –sin precisar qué tipo de drogas ni sus frecuencias– y la impunidad del microtráfico. Por el contrario, y con suficiente evidencia nos permitimos al menos derrumbar el segundo mito. Así, después de creadas las primeras “tablas” en el año 2013, cuyo objetivo es evitar la criminalización de los consumidores, se incrementó de forma alarmante la tasa de encarcelamiento con un altísimo componente en los delitos relacionados con las drogas.
Hoy, de más de treinta mil personas privadas de libertad, cerca de un tercio lo están por este tipo de delitos. La mayoría de ellas fueron sentenciadas por poseer pequeñas cantidades, cuyas penas además se agravaron luego de octubre de 2015. Por ende, ha sido al microtráfico al que se la ha dado más duro que nunca, incluso a riesgo de haber cometido injusticias. En nombre del combate al microtráfico, y por su interacción con el consumo, se ha criminalizado a sus usuarios, como se ha develado en algunos procesos judiciales. De otra parte, las alertas dentro del sistema nacional de salud pública tienen un problema de posible sobrerrepresentación estadística. No se sabe a ciencia cierta por qué tipo de drogas (lícitas e ilícitas), sus mezclas y en qué escala de frecuencias las salas o unidades de emergencia de los hospitales reciben pacientes con sobredosis o demás problemas de salud.
Las cinco cuestiones prenombradas no son más que un intento de ejercer, desde enfoques alternativos, otras miradas e interpretaciones del fenómeno socioeconómico de las drogas. A largo plazo, Ecuador necesita de una reingeniería conceptual y operativa para la nueva gestión de esta política. No obstante, creemos también que deben propiciarse transformaciones inmediatas y profundas, para lo cual nos permitimos elevar las siguientes propuestas:
1. La reactivación del proyecto de ley de regulación del cannabis para fines medicinales, terapéuticos y paliativos del 2016. Sin duda, se trata de una propuesta que debe ser mejorada en su debate y construcción legislativa a fin de no prolongar el dolor y la muerte de personas y grupos que requieren de las propiedades terapéuticas del cannabis, tanto desde sus propias experiencias fitoterapéuticas como desde los enfoques farmacológicos.
2. La propuesta de un proyecto de ley para aclarar y modificar el artículo 224 del Código Orgánico Integral Penal, con el objeto de no criminalizar el ejercicio profesional de la salud en los casos de personas que requieran de drogas –cualesquiera que sean– para fines medicinales, terapéuticos o paliativos, apelando al principio de disponibilidad de las Naciones Unidas, además de la legítima garantía para ejercer las prácticas de salud alternativas prescritas en el numeral 4 del artículo 363 de la Constitución de la República.
3. El urgente archivo o retiro del proyecto de ley para reformar el artículo 220 Código Orgánico Integral Penal propuesto por el entonces presidente, Ec. Rafael Correa Delgado, el 13 de febrero de 2017. Este proyecto propone la criminalización del porte o tenencia para consumo en el espacio público, con penas que pueden llegar a los tres años de encarcelamiento. Se trata de una abierta violación al artículo 364 de la Constitución de la República que pretende, por medios punitivos, regular el espacio público a través de mecanismos desproporcionados.
4. El inmediato replanteo de todas las ordenanzas municipales que imponen latentes medidas punitivas contra el porte, tenencia y consumo de drogas en el espacio público sin agotar de forma previa las vías administrativas, como se ha venido haciendo en el caso del alcohol y tabaco. Algunas de estas ordenanzas mantienen incluso sanciones como trabajos comunitarios, penas que claramente restringen –aunque no privan– la libertad de las personas. Sin duda, no estamos en contra de regular el espacio público y de establecer sanciones administrativas, mientras éstas no sean punitivas. No obstante, detrás de este tipo de “regulaciones” observamos componentes de exclusión más que de inclusión social, pues además nada se dice sobre la urgente y debida asistencia pública y social para las niñas, niños y adolescentes que huelen pegamento o solventes en las calles de nuestras ciudades. Lo que se necesita es una alianza nacional con los GADS para sustituir los pegantes que tienen elementos psicoactivos a fin de evitar sus efectos nocivos sobre poblaciones altamente expuestas y vulnerables.
5. La no judicialización de la salud mediante la implementación de las denominadas Cortes de Drogas o Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), como lo han venido cabildeando algunas agencias internacionales desde los años ochenta. Así, durante “Las jornadas de asistencia técnica e intercambio sobre herramientas y estrategias municipales para una gestión integral sobre drogas”, realizado el 10 de julio en la ciudad de Guayaquil, se intenta nuevamente reproducir las ineficientes prácticas de otros países para la remisión judicial de los consumidores hacia centros de rehabilitación o clínicas de drogodependencias, como “incentivo” para que dejen de delinquir y consumir sin ni siquiera haber probado bajo una sentencia condenatoria su participación en delito alguno.
6. El abandono de iniciativas que violan el Estado de Derecho y el debido proceso, entre las que destacan las leyes de “extinción de dominio”, es decir, la confiscación de los bienes de personas que no pueden justificar su origen. La característica de este tipo de leyes es que ni siquiera se requiere haber vinculado y probado la compra o tenencia de un bien con alguna actividad delictiva. Además, al ser confusa la línea que separa a un consumidor de un microtraficante en la mayoría de detenciones, se terminaría confiscando las viviendas (chozas o casas de caña) de personas que habitan en los estratos más vulnerable de la sociedad, pues recordemos que la política de drogas también se caracteriza por darle “duro a los débiles y débil a los duros”.
7. El urgente rescate de todas y todos nuestros compatriotas apresados en alta mar o en aguas internacionales. Ecuador vive la tragedia de ver a sus pescadores apresados más allá de sus mares y fronteras, sea en las cárceles de otros países como en embarcaciones militares extranjeras. Se requiere de una urgente negociación internacional para devolver la tranquilidad y soberanía de sus familiares, así como de nuestra sociedad.
8. La no renuncia al derecho a no ser criminalizado a través de fórmulas como las cantidades de umbral, más conocidas como las “tablas”. Las Tablas no son la causa del consumo sino un instrumento para proteger a los usuarios de su criminalización en consonancia con la prohibición Constitucional. Las tablas constituyen un mecanismo no penal para visibilizar la magnitud de una realidad que, sin su establecimiento, se subordina a la punición, pues al hacer extensivo al usuario de drogas el carácter punible del microtráfico, este trastoca el consumo en delito. Eliminar las Tablas o reducirlas arbitrariamente no harían más que someter a los consumidores a espectros de mayor vulnerabilidad, desprotección y estigma a la sombra de la sociedad y a la persecución penal del Estado, resucitando de facto la derogada Ley 108 que tipificaba delitos contrariando los principios del derecho penal como el de proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la determinación de la pena, siendo que traficar un gramo o una tonelada de cocaína tenían la misma sanción.
9. Fortalecer, profundizar y profesionalizar nuestros organismos de interdicción en la dinámica del manejo de sistemas de investigación e inteligencia que diferencien al consumidor del microtraficante, pues esa diferencia equivale a la capacidad de distinguir entre inocencia y culpabilidad. Se necesita de una pedagogía estratégica con las agencias de seguridad y justicia a fin de no criminalizar a los consumidores y, de esta forma, concentrar nuestros esfuerzos en la información e inteligencia contra el narcotráfico.
10. La adecuada organización de los recursos en materia de drogas. Se necesita reenfocar la política hacia planes y programas contundentes de prevención y desarrollo social que incluyan al alcohol y tabaco, relacionados además con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD. La prevención en materia de drogas implica la organización de la información, educación y del denominado marketing social; la asistencia técnica y conocimiento sobre la calidad de las sustancias y los grupos que, etnográficamente, se necesita reducir sus daños y efectos colaterales; la transparencia y efectividad de los sistemas de salud para el tratamiento de las dependencias, asumiendo criterios que proscriban cualquier forma de internación compulsiva, así como la aplicación de “técnicas” que no hacen más que reproducir formas de tortura sobre los pacientes; y, el respeto a las prácticas y formas alternativas de salud a fin de garantizar los principios del Sumak Kawsay.
11. Nacionalización de la producción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que se utilizan como insumos o precursores químicos para la elaboración de drogas de origen, con el propósito de que el Estado evite su importación y controle su trazabilidad.
12. Impulsar la conformación de un consejo consultivo conformado por representantes de la academia, colectivos y expertos en el abordaje del fenómeno socioeconómico de las drogas que contribuya a orientar el diálogo y a apoyar a la SETED en la elaboración de una propuesta de política de Estado sobre el fenómeno y el fortalecimiento de una estrategia regional consistente con la política nacional.
13. Finalmente, y en el marco de un ejercicio de transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública, se debe propiciar a la construcción de verdaderos sistemas de información, evaluación y seguimiento de las políticas de drogas a cargo de alianzas con la sociedad civil y universidades. De esta forma, se evita el conflicto de intereses a partir de la generación de unidades o departamentos dentro de las propias entidades que deben prestar información pública. La estructura de los “observatorios” no debe significar un estorbo sino una pieza fundamental para la medición de la política pública.
La política de drogas requiere cambios inmediatos sin perder la perspectiva a largo plazo. Solo así podemos refundar nuestro contrato social en la materia, entendiendo al Diálogo no solo como un espacio sino como la oportunidad de cambiar los paradigmas y tabúes que la política y la sociedad mantiene sobre las drogas.
Quito D.M., 28 de julio de 2017
GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLÍTICA DE DROGAS
en diciembre 29, 2017 Política Pública
Es martes. Un poco después de las 14:00, en la sala hay 15 personas y la reunión arranca. Una habla de su hijo David, otra de su esposo Luis. Las hijas de Rodolfo y las hermanas de Ernesto también están allí.
Se trata de pescadores artesanales. Ahora, unos están detenidos en cárceles de EE.UU. y otros en Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, Panamá y Colombia.
Sus guardacostas los capturaron, porque luego de ser captados por narcos transportaban drogas en lanchas rápidas.
En la reunión, las mujeres muestran el listado de sus parientes arrestados. Los primeros casos aparecieron en el 2015 y hubo en repunte en 2016.
Para entonces se hablaba de 300 lancheros de Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena y Los Ríos que habían sido detenidos en el exterior.
En octubre pasado, el Ministerio de Justicia decía que eran 355. Pero ese mismo mes la Secretaría alertaba sobre un reporte de EE.UU. Ese país advertía que la cifra, en realidad, puede ser cuatro veces mayor.
En la casa de Rocío, hace un año apenas eran 18 mujeres las que iban a las reuniones. Cada mes se sumaban otras. Ahora son 92. La tarea de unir a sus vecinos de Jaramijó, un cantón manabita, comenzó en abril del 2015, cuando su hijo David fue descubierto por agentes y llevado a Nueva Jersey.
Desde entonces, cada semana apenas hablan cinco minutos por teléfono. Aún le quedan ocho años de condena.
Cuando logran comunicarse, David pregunta por sus tres pequeños hijos, aunque Rocío tampoco los ha visto desde que se fueron con su madre.
Daniela también tiene a su padre apresado en Washington. Ella apenas ha cumplido 6 años y la última vez que vio a Pedro fue cuando le dijo que salía a las faenas en el mar, para obtener dinero y operarle de una fractura en el brazo.
Ese momento no ha llegado y la pequeña dejó el tratamiento. Los dolores son intensos.
En Jaramijó, no solo en la casa de Rocío se habla de los narcos y pescadores. Además, lo hacen en el Puerto. Los lancheros saben que los emisarios de los cabecillas llegan a discotecas, karaokes y bares, para reclutarlos. Les invitan a un trago y les ofrecen hasta USD 40 000 si en un viaje, de tres o cinco días, entregan la carga ilegal.
En cambio, cuando la faena de pesca es buena pueden ganar hasta USD 100 cada 20 días.
Ese martes, Jorge Castro llegaba al muelle para preparar su embarcación. Él es presidente local de dos cooperativas de pescadores y desde el 2015 ha visto cómo personas que trabajan en el mar de pronto dejaron sus pequeñas casas y compraron otras de dos o tres pisos.
Aparecieron con carros del año y adquirieron terrenos. Las refrigeradoras, cocinas, lavadoras o equipos de sonidos los pagaban en efectivo.
En Jaramijó, los dueños de los almacenes dicen desconocer lo que sucede. Pero los lancheros saben que quienes cobran por el envío de la droga viajan a Manta a comprar los electrodomésticos.
En esa ciudad también hay problemas. El jueves, unas 300 mujeres se reunieron en la U. Laica Eloy Alfaro y, tras dos horas de compartir testimonios, los dirigentes dijeron que las personas que cobraron por llevar droga son extorsionadas por las mismas bandas que los reclutaron en un inicio o que están desaparecidos 100 pescadores que salieron a altamar.
En la Policía de Manabí no hay denuncias. El jefe local de Antidrogas, Freddy Galarza, dice que hay temor y que nadie se queja. Esperanza busca a su hijo hace un año. Era diciembre del 2016 y lo último que le dijo es que volvería en 20 días. Su embarcación nunca salió de Tonchigue, un puerto de Esmeraldas. Desde entonces lo ha buscado en cada pueblo y esta semana estuvo en Manta.
A la Federación de organizaciones pesqueras del Ecuador han llegado casos de cinco provincias. Los familiares han pedido que los busquen. Las únicas pistas que tienen son las versiones de los amigos, quienes han dicho que se fueron con extranjeros.
El esposo de Lorena tampoco aparece hace siete meses. Un compañero le dijo que un día viajó con cinco desconocidos. Ella estuvo en Manta, pero vive en Esmeraldas. Cuenta que “allá la cosa es dura”. Se refiere a las extorsiones.
Las bandas exigen hasta USD 10 000, para no hacer daño a la familia de quienes cobraron por llevar la droga. Amenazan con secuestrar a sus hijos o asesinar a sus parientes. A otros, en cambio, no les pagan completo el dinero ofrecido.
El jueves, a Esmeraldas llegaron servidores del Ministerio de Justicia y 200 mujeres pidieron que repatríen a sus parejas o hijos. Esas autoridades dicen que sí hay ayuda y que entregan información sobre los beneficios que tienen, como la repatriación. En la casa de Rocío eso es lo que más quieren.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/narcotraficantes-intensifican-reclutamiento-pescadores-ecuador.html
En el último año, las mafias han reclutado a lancheros para que también abastezcan de gasolina a embarcaciones que esperan en alta mar y están listas para llevar el alcaloide.
Agentes antinarcóticos y la Armada advierten que este fenómeno es nuevo y que toma fuerza en las costas.
¿Cómo captan a los lancheros? Personas desconocidas se acercan a los poblados y ofrecen hasta USD 1 000 por un solo viaje, para llevar clandestinamente hasta 50 canecas de gasolina mar adentro.
Esos casos se han reportado en Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, El Oro, Galápagos y Los Ríos.
Por ejemplo, en Jaramijó, un poblado pesquero de Manabí, esta oferta ilícita comenzó hace ocho meses. Sus pescadores cuentan que los narcos piden entre 20 y 50 canecas de combustible cada semana.
Similar información tienen los guardacostas de Manta.
Ellos aseguran que las mafias pagan hasta 20 veces más de lo que normalmente cuesta el combustible. La gasolina artesanal cuesta USD 0,90 el galón.
Estos datos ya están en conocimiento del Consulado de Estados Unidos en Guayaquil.
En noviembre, el cónsul Andrew K. Sherr viajó a Manabí y se reunió con los familiares de pescadores que están detenidos en otros países. Allí recopiló datos de este nuevo ilícito.
Pobladores de San Mateo, otra localidad pesquera de Manabí, le contaron que la mala situación económica de la pesca hace que los lancheros acepten las propuestas ilegales.
Por dos días en el mar, nuestros familiares ganan entre USD 50 y 80. Eso sí les va bien, pero si la pesca estuvo mala regresan bajo pérdida. En cambio, los narcos les pagan bien y es una plata segura”, dijo al Cónsul la esposa de un pescador.
Agentes antidrogas ya han rastreado el delito y cuentan que los lancheros se abastecen de combustible tanto en gasolineras de las localidades como en las bombas que expenden el combustible para la pesca artesanal.
Los investigadores advierten que en este último servicio cada pescador tiene cupos limitados para un mes. Lo que hacen es tomar todo el combustible asignado y el resto lo obtienen en otras gasolineras.
Los policías conocen que las organizaciones delictivas ayudan a la recolección del material y los lancheros se encargan únicamente del traslado hasta los puntos de abastecimiento.
Los guardacostas indican que a pesar de que el perímetro marítimo es difícil de rastrear por su gran extensión, en el último año han tenido buenos resultados. En uno de los últimos operativos, los uniformados decomisaron 50 canecas de combustible ilegal en el interior de una lancha.
Este hecho sucedió en las costas de Esmeraldas, a mediados de este mes. Los uniformados necesitaron un helicóptero para perseguir a la embarcación que estaba repleta de gasolina. Luego descubrieron que también llevaba 1,3 toneladas de droga. La lancha estaba equipada con tres motores y se sospecha que viajaba a Centroamérica.
Los marinos identificaron que, justamente, el equipamiento de motores especializados en las lanchas que llevan droga hace que los narcos necesiten el combustible.
Además, este ilícito se volvió más seguro para los pescadores, pues corren menos riesgos en comparación con llevar droga a EE.UU.
Las amenazas y extorsiones de bandas delictivas a quienes lograron regresar de los viajes es otro factor que impulsa este nuevo hecho delictivo.
En Esmeraldas, los pescadores admiten tener propuestas de los narcos para trasladar combustible de forma ilegal.
Dos lancheros de esa ciudad contaron que sus compañeros salen como si fueran a pescar.
Incluso llevan las canecas de combustible debajo de las redes de pesca. Entre ellos, se identifican fácilmente quienes hacen actividad ilegal.
Dos aspectos los delata. Primero: solo van tres o cuatro y no 10, como se acostumbra para las faenas diarias.
Segundo: se desvían fácilmente de las zonas de pesca, regresan sin mercadería y en tiempos más cortos.
Los primeros casos de pescadores reclutados por narcos para llevar droga aparecieron en el 2015 y hubo un repunte en el 2016. Para entonces, se hablaba de 300 lancheros de Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena y Los Ríos, detenidos en el exterior.
créditos: http://www.elcomercio.com/actualidad/narcos-reclutan-pescadores-delitos-ecuador.html

References: resolución 
 artículo 95
 Resolución 
 artículo 224
 artículo 363
 artículo 220
 artículo 364