Source: http://www.oas.org/juridico/spanish/23_octubre_2001.htm
Timestamp: 2017-10-18 14:59:20+00:00

Document:
Intervención del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Probidad yEtica Cívica de la OEA
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBIDAD Y ETICA CIVICA
MISION PERMANENTE DE NICARAGUA ANTE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Intervención del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Probidad yEtica Cívica de la OEA, Embajador Lombardo Martínez Cabezas en su Primera Reunión - 23 de octubre del 2001.
Permítanme, en primer término, darles la bienvenida y agradecer la presencia de todos y cada una de las delegaciones presentes en esta primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Etica Cívica.
La tarea que nos espera y las acciones que a partir de este Grupo tendremos que desarrollar, tienen plena posibilidad de éxito si todos nos unimos en un esfuerzo de conjunto. El fenómeno de la corrupción es complejo, de raíces en parte culturales, que por tener un carácter evolutivo, demanda de tiempos históricos para su solución.
Desde que los Jefes de Estados y de Gobiernos, reunidos en la Cumbre de las Américas de 1994, "expresaron que el problema de la Corrupción es hoy en día un asunto de primordial interés no solamente en este hemisferio, sino también en todas las regiones del mundo", agregando que la Corrupción en los sectores públicos y privados debilita la democracia y socava la legitimidad de los Gobiernos e Instituciones, la corrupción se ha vuelto un tema de actualidad y de interés creciente por parte de nuestras comunidades.
La OEA al definir el carácter multilateral de la Corrupción de las Américas, no solo ratificó esta visión, sino que creó las bases para que los Estados Miembros construyeran un consenso alrededor de la Convención Interamericana contra la Corrupción, valioso instrumento jurídico que en su parte preambular proclama, "que la Corrupción atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así contra el desarrollo integral de los Pueblos".
A partir de 1996 con la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, nuestra Organización se empeñó a un ritmo mayormente creciente en el combate a este flagelo tan nocivo para la estabilidad de las democracias cuanto los infames actos del terrorismo internacional.
Conviene recordar hoy más que nunca, que los propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, son promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte, a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y aquellos específicamente vinculados con tal ejercicio
Se han elaborado Leyes modelos sobre el enriquecimiento ilícito y soborno transnacional y a través del intercambio de información y experiencia se han recopilado la legislación de los Estados Miembros de la Organización.
La Carta Democrática Interamericana en su capitulo tercero, artículo 11, señala que "la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente", mientras en su artículo 4, capítulo 1, parte resolutivo, señala que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública".
La corrupción atenta contra la democracia en cuanto consume y desvía recursos en forma ilícita al ámbito privado sacrificando así el gasto social, el desarrollo económico, generando un clima social de mayor inseguridad y desconfianza que desemboca en mayores formas de inequidad y por lo tanto de desestabilidad .
Las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo sobre Probidad y Etica Cívica que presidió la delegación de Argentina en el período anterior, tuvo como responsabilidad primordial el cumplimiento de los Mandatos que le fueron encomendados a este Grupo en la resolución No. 1723, aprobada en el Trigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.
Permítaseme a nombre de todas las delegaciones agradecer el gran trabajo realizado por la delegación de la República de Argentina en la organización y funcionamiento de la Primera Conferencia de Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la convocatoria, hecha a partir del Grupo de Trabajo de Probidad y Etica Cívica, del Grupo de Expertos que dio origen a la existencia "del mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.
A través de las labores que hoy iniciamos, nos cabe la responsabilidad y la gran empresa de cumplir con los Mandatos contenidos en las resoluciones No.1784, 1785 y 1786 aprobadas en la Trigésima Primera Reunión Ordinaria de la Asamblea General de San José de Costa Rica.
Con lo previsto en las anteriores resoluciones, los Mandatos de este Grupo de Trabajo se pueden dividir en tres grandes áreas temáticas. La primera tiene que ver con el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. La segunda está relacionada con la promoción de la responsabilidad social de las empresas en el hemisferio. Y La tercera se refiere a los otros temas en materia de fortalecimiento de la probidad y seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción. El texto de estas tres resoluciones, en sus aspectos sustantivos, determinarán el derrotero que seguirá este Grupo de Trabajo en su Plan de Acción.
En este marco, y sin otras prioridades que las fijadas en los textos resolutivos aprobados por los Ministros de Relaciones Exteriores de nuestros países reunidos en San José, de Costa Rica, existe una delimitación temporal para que el Consejo Permanente, a través de este Grupo de Trabajo pueda cumplir con la Declaración de Québec, adoptada durante la Tercera Cumbre de las Américas que reconoce que la Corrupción "representa un desafío a la estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro hemisferio" y también cumplir con el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las América que dedica un acápite especial al tema de combate contra la corrupción y que en el mismo se adoptan compromisos relativos a la Convención Interamericana contra la Corrupción, al Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción y al establecimiento de un mecanismo de seguimiento de la implementación de la mencionada Convención, así como el reforzamiento de la Red Interamericana de Cooperación contra la Corrupción, el fortalecimiento de la participación de la Sociedad Civil de los respectivos Estados en el combate contra la corrupción y la adopción de políticas, procesos y mecanismos que permitan la protección del interés público.
Con el alcance y la participación que acuerden las delegaciones, más siempre con la convicción de combatir la corrupción, será posible avanzar en las diversas iniciativas en aspectos tales como capacitación de los funcionarios del sector público; intercambio de experiencia de las instituciones nacionales involucradas en la lucha contra la corrupción; análisis de las políticas nacionales en materia de compras públicas de bienes y servicios; políticas nacionales y normas legales relacionadas con incompatibilidad y conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública; y, finalmente, realizar un ejercicio efectivo que trascienda la mera recopilación para buscar una aplicación práctica, ejemplar y educadora en el análisis de las legislaciones penales en materia de corrupción y delitos conexos.
Consciente de que cada vez es mayor la atención que a nivel mundial se le asigna al tema de la responsabilidad social de las empresas y que el mismo es objeto de consideración
en varios foros internacionales, consideramos oportuno continuar promoviendo en diversos ámbitos el tema de la responsabilidad social de las empresas con miras a precisar su alcance y contenido dentro del contexto interamericano, asegurando que la sociedad civil y el sector privado sean consultados regularmente en forma apropiada y que este proceso se beneficie de las experiencias de otras organizaciones internacionales, entidades nacionales y no gubernamentales, a fin de coordinar y fortalecer actividades de cooperación en el área de la responsabilidad social de las empresas para el beneficio de los Estados Miembros, con la participación inclusive de las instituciones financieras del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
Recogemos plenamente el Mandato al Consejo Permanente de convocar a una reunión en el año 2002 con el fin de profundizar el diálogo sobre la responsabilidad social de las empresas en el hemisferio y su interacción con los demás segmentos de las sociedades nacionales e internacionales.
Nos proponemos elevar a consideración del Consejo Permanente una evaluación, lo más efectivamente posible, sobre los logros alcanzados por el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción y en ese sentido orientaremos nuestros esfuerzos.
Como es de Mandato en el marco del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción, pondremos todo énfasis en avanzar en el establecimiento de mecanismos incentivos que alienten a los Estados, que todavía no lo han hecho, a suscribir, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Solicitar a los Estados Miembros que no lo han hecho, tener pronta respuesta al "Cuestionario sobre la Ratificación e Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción" (CP/GT/PC-68/00 rev.3).
Finalmente una serie de Mandatos nos impone un ejercicio de análisis y de estudio detenido sobre la factibilidad económica del Grupo de Probidad y Etica Cívica para llevar a cabo sus acciones y actividades. En la resolución No.1784 se solicita a la Secretaría General que de acuerdo con los recursos que se asignen en el programa presupuesto y otros recursos, adopte las medidas necesarias para brindar los servicios que se prestaría al mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y ponga en práctica los encargos que reciba de esa materia. En la resolución No.1785, resolutivo 9, se mandata solicitar al Consejo Permanente que continúen considerando alternativas destinadas a financiar las actividades que tienen por objeto brindar el apoyo institucional que los Estados Parte requieren para la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Así también la resolución No.1786 en su resolutivo 1, hace referencia a vías para fortalecer las actividades de cooperación en el área de la responsabilidad social de las empresas.
Descuento de antemano, la asistencia, los informes y el asesoramiento que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de esta Organización, a través de su Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica y de Derecho Internacional proporcionará a este Grupo de Trabajo, con el nivel de excelencia y profesionalismo al que ya nos tiene acostumbrado. Y por cierto, también valorar anticipadamente la colaboración que nos brindarán las diversas instancias dependientes de la Secretaría General en el cumplimiento de nuestros trabajos, en manera particular quiero enviar un mensaje de reconocimiento a los equipos de traducción y de prensa de esta institución. Agradezco la cooperación de todas las delegaciones para avanzar en nuestro trabajo y lo mismo tomo la oportunidad para invitarles a que nos acompañen por que ningún esfuerzo nuestro será nunca superior a aquel que deriva de la voluntad de los países miembros construidos sobre la base de un consenso integral .

References: artículo 11
 artículo 4
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