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Timestamp: 2018-01-20 21:14:55+00:00

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Según el Decreto Legislativo N° 1224, los principios que se aplican en todas las fases vinculadas al desarrollo de las APP son siete: (i) competencia; (ii) transparencia; (iii) enfoque de resultados; (iv) planificación; (v) responsabilidad presupuestal; (vi) valor por dinero; y, (vii) adecuada distribución de riesgos; siendo estos últimos dos principios exclusivos para las APP.
Según el Banco Mundial(1) es importante señalar que un marco normativo tenga pautas generales o principios para la implementación de las APP, ya que estos principios son las reglas matrices o el código de conducta a seguir para la implementación de este tipo de proyectos. En las siguientes secciones se explican en detalle cada uno de los principios establecidos para el desarrollo de las APP.
Principios para el desarrollo de una APP
El principio de competencia establece que los procesos de promoción de la inversión privada promueven la búsqueda de competencia, igualdad de trato entre los postores y evitan conductas anticompetitivas o colusorias.
Todos los procesos de promoción de la inversión privada promueven la búsqueda de la competencia; así por ejemplo, se cumpliría este objetivo estableciendo requisitos legales, técnicos, económicos y financieros a los postores acorde con el objeto del proyecto de APP, pero que a la vez permitan la participación del mayor número de interesados posible, a fin que exista una verdadera competencia por el proyecto; de manera que el proceso de selección sirva para elegir al postor con mejor capacidad y experiencia para cumplir con el objeto del proyecto, y con la mejor propuesta económica como resultado de la mayor competencia en el proceso, lo cual en el caso específico de las APP ayuda a generar mayor valor por dinero.
Bajo este principio también se señala que debe existir igualdad de trato entre todos los postores, lo que implica que no pueden establecerse requisitos que den mayor oportunidad de participación o puntuación a condiciones que no respondan al objetivo principal del proyecto. Así, dar mayor puntaje a empresas nacionales por el solo hecho de tener dicha condición (el denominado componente nacional) podría no estar en línea con el principio de competencia. Es recomendable tener en cuenta los pronunciamientos del INDECOPI, entidad que ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este tema.
Aun cuando la normativa de APP no lo señale expresamente, es pertinente mencionar que el principio de competencia también se aplica y mantiene a lo largo de la ejecución del contrato; muestra de ello, lo encontramos en el artículo 22 de Decreto Legislativo N° 1224 que establece que en la etapa de renegociación contractual, las modificaciones planteadas no solo deben mantener el equilibrio económico financiero, sino también las condiciones de competencia del proceso de promoción. Con ello se busca cautelar que las reglas a introducirse en el contrato no terminen por variar las condiciones de competencia que fueron determinantes para la selección del inversionista privado.
Asimismo, bajo este principio también se establece que los procesos de promoción de la inversión privada deben evitar conductas anticompetitivas o colusorias.
Sin embargo, debe tenerse presente, según la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1224, que el acceso y conocimiento público no aplica a la información vinculada a las evaluaciones económico financieras que sirvan para determinar las variables de competencia utilizadas en el diseño y estructuración de los procesos de promoción de la inversión privada que formen parte del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas, el cual es administrado por la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha información, en caso de cumplir con los requisitos señalados, tiene el carácter de confidencial por lo que no puede ser materia de acceso público, hasta que los consejos, recomendaciones u opiniones contenidos en ella hubieran sido utilizados y referenciados expresamente por la entidad pública, todo ello conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.
Otro caso de excepción a este principio, lo encontramos en el artículo 26 del Reglamento cuando dispone que el postor adjudicatario del proyecto puede solicitar al Organismo Promotor de la Inversión Privada la reserva de información de su modelo económico financiero sobre el proyecto, el cual entregó previamente a la suscripción del contrato de APP.
De manera general, si bien este principio permite el acceso público a la información del proyecto en cualquiera de sus fases, debe matizarse con la aplicación de otras normas como el ya mencionado Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las excepciones que regula. Así por ejemplo, el artículo 17 de esta norma dispone que el derecho de acceso a la información pública no puede ser ejercido respecto a información que tenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, hasta que dicha decisión se hubiere tomado y se haga referencia expresa a los consejos y recomendaciones efectuadas. Bajo este supuesto, en un proceso de promoción de inversión privada de una APP en las fases de estructuración y de transacción se producen diversos informes y estudios sobre aspectos económicos, técnicos y legales del proyecto que establecen análisis y recomendaciones sobre los factores de competencia para el concurso, por lo que dicha información, en caso sea solicitada por un postor o un privado tercero, estaría bajo la excepción de acceso a la información pública en aplicación de las propias normas que regulan dicho derecho hasta que se hubiere adoptado dichas recomendaciones y análisis.
De acuerdo con el literal c) del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1224, el principio de enfoque de resultados establece que las entidades públicas en el desarrollo de sus funciones adoptan las acciones que permitan la ejecución oportuna de la inversión privada, así como identifican e informan las trabas existentes que afecten el desarrollo de los proyectos de APP.
La aplicación de este principio fue detallada en el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento, el cual establece las siguientes reglas que deben seguir las entidades públicas para su aplicación en la toma de decisiones:
Asimismo, el numeral 2.3 de la mencionada norma añade que para la aplicación de estas reglas, el órgano competente de la entidad pública sustenta técnica, financiera y legalmente sus decisiones; estableciendo que los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta, de acuerdo con la normatividad vigente.
De acuerdo con el literal d) del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1224, el principio de planificación establece que el Estado a través de los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, prioriza y orienta el desarrollo ordenado de las APP según las prioridades nacionales, sectoriales, regionales y locales, considerando para ello la política de descentralización del país.
Con la finalidad de implementar el principio de planificación en las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC), el Decreto Legislativo N° 1224 establece, en el numeral 39.1, que la presentación de IPC para proyectos a ser financiados total o parcialmente por el Gobierno Nacional se realizan en la oportunidad y sobre las materias que se determinen mediante Decreto Supremo refrendado por los ministerios solicitantes y el Ministerio de Economía y Finanzas. Con esto, se busca que los sectores hayan identificado sus necesidades de intervención en infraestructura sobre las cuales desean recibir propuestas del sector privado.
De otro lado, es preciso señalar que este principio se materializa dentro de la fase de Planeamiento y Programación de las APP, en la elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas.
En vista de ello, la normativa de APP exige que las entidades públicas tengan en consideración su capacidad de pago, es decir su capacidad presupuestal tanto en monto como en oportunidad, para asumir los compromisos de pago en los contratos de APP, a fin de no comprometer el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la prestación regular de los servicios públicos. Sobre el particular, no debe confundirse la exigencia de capacidad presupuestal exigida por este principio con el destino de los recursos públicos, pues son los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales las autoridades competentes para decidir en qué proyectos utilizan sus recursos. No obstante, es el Ministerio de Economía y Finanzas en base a sus competencias quien determina si la entidad cuenta con el presupuesto suficiente para dicho fin.
1.6. Valor por Dinero
De acuerdo con el Reglamento, el principio de Valor por Dinero tiene como objeto la búsqueda de la combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, teniendo en cuenta una adecuada distribución de riesgos en todas las fases del proyecto de APP. La generación de valor por dinero en las fases de desarrollo de las APP es responsabilidad de la entidad pública y puede darse, entre otros, al momento de:
Priorizar los proyectos que generen un mayor valor para la sociedad en su conjunto considerando el manejo eficiente de los recursos.
Asimismo, es importante notar que el valor por dinero generado durante las fases de una APP debe mantenerse durante la fase de ejecución contractual, lo cual implica que, de necesitarse un proceso de renegociación contractual, éste sea realizado de una forma transparente, respetando las condiciones del contrato original, y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
Generación de valor por dinero en las distintas fases de una APP
1.7. Adecuada Distribución de Riesgos

References: artículo 22
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4