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Timestamp: 2018-04-23 00:00:54+00:00

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Artículo de: MARTÍN ARIZA ASESORES auditor socio-laboral y graduado social de Zaragoza.
• Debe estar regulada en convenio colectivo la prohibición del uso del correo electrónico o Internet y sus consecuencias en el régimen disciplinarios. Su mera mención en el contrato puede no ser suficiente.
• Se deben salvaguardar los e-mails o historiales de navegación que correspondan a la intimidad del trabajador, ya que entrar en ellos para ver su contenido puede violar sus derechos fundamentales.
• Debe demostrarse la transgresión de buena fe contractual o una dejación en las obligaciones laborales. Este es el punto más importante. En la sentencia reciente el motivo principal para la procedencia del despido era que estaba usando el correo electrónico para enviar información a la competencia.
• En el momento de acceder la empresa al correo electrónico o historial de Internet, es recomendable hacerlo en presencia del trabajador, dos testigos y la representación legal de los trabajadores, si la hay.
Cada caso sobre este tema puede tener gran cantidad de detalles que decanten la balanza hacia uno u otro lado, por lo querecomiendo al trabajador que antes de hacer uso personal de Internet o correo electrónico revise su contrato de trabajo y convenio colectivo por si acaso, para evitar problemas posteriores.
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Etiquetado CONSTITUCIONAL AVALA QUE LA EMPRESA ESPIE, CONTROL CORREO ELECTRÓNICO EMPRESA, ESPIAR E-MAIL TRABAJADORES SOSPECHOSOS
El 81% de los españoles conectados a internet lo hace vía móvil
TENER LA WEB ADAPTADA A MÓVILES, YA NO ES UNA ALTERNATIVA, ES UNA OBLIGACIÓN SI QUEREMOS SER LOCALIZADOS!!
Google presenta un barómetro en el que se comparan los hábitos en el uso de internet de los individuos de 56 países.
El 81% de los españoles que se conectan a internet lo hace a través de un teléfono móvil confirmando la tendencia generalizada en España de utilizar más los smartphones que los ordenadores, sobre todo entre los usuarios más jóvenes. Esta es una de las principales conclusiones del Consumer Barometer 2015, una herramienta interactiva dirigida principalmente al sector publicitario que retrata las últimas tendencias digitales y cuya quinta edición presentó ayer Google.
Algunos de los datos que refleja el Consumer Barometer 2015 sobre España son:
El 81% de los españoles que se conecta a Internet lo hace a través de un móvil, especialmente los más jóvenes. De hecho, prefieren los smartphones a los ordenadores.
En España Internet se utilizó en el 57% de las compras para buscar y comparar precios, encontrar la dirección de un negocio o averiguar la disponibilidad de un producto.
El porcentaje de vídeos que se ven a través del móvil es de un 32% mientras que desde el ordenador se accede a ellos en un 28% de los casos y un 26% desde las tabletas.
El 71% de los usuarios españoles ve vídeos online, al menos, una vez por semana. Una cifra que se ve aumentada hasta un 93% en el caso de los menores de 35 años.
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Etiquetado ADAPTARSE A MÓVILES YA NO ES UNA OPCIÓN, EL 81% DE LOS ESPAÑOLES CONECTADOS A INTERNET LO HACE VÍA MÓVIL, realizar web responsive profesional en thesauro, WEB RESPONSIVE ADAPTADA A TODOS LOS DISPOSITIVOS MÓVILES, WEB RESPONSIVE EN THESAURO.COM
Microsoft cambia el algoritmo de Bing para favorecer a los sitios adaptados para móviles
A nadie escapa a estas alturas que el diseño responsive o adaptativo ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad, cuando hablamos de posicionamiento.
Si hace unos días era Google quien aplicaba cambios en este sentido, ahora es Microsoft quien ha realizado ajustes en su algoritmo de búsqueda en Bing con el fin de priorizar en las SERP´s o listas de resultados, los sitios adaptados para dispositivos móviles.
Es el resultado de las acciones llevadas a cabo por la compañía durante los últimos meses, encaminadas a mejorar la experiencia de usuarios que navegan con dispositivos móviles.
La medida viene acompañada de la introducción de la etiqueta “mobile-friendly”, para los sitios responsive, una manera de avisar al usuario que accede a través de un dispositivo móvil. Este es el aspecto de la nueva etiqueta:
Según la compañía, los cambios no excluirán en modo alguno aquellas páginas que no cuentan con diseñoresponsive, tan solo mejorará el ranking de las adaptadas cuando se realicen búsquedas móviles.
La amigabilidad móvil se basa según Microsoft en cuatro factores:
1. Navegación: Los menús, botones y enlaces de la página debe ser lo suficientemente grandes y separados para facilitar la navegación táctil.
2. Legibilidad: El texto de la página debe ser legible sin necesidad de zoom y desplazamiento lateral para acceder al contenido específico.
3. Desplazamiento: El contenido de la página web debe encajar dentro de la anchura del dispositivo.
4. Compatibilidad: El contenido debe ser compatible con el dispositivo. Por ejemplo, las páginas con contenido de Flash no funcionan bien en los dispositivos iOS.
Microsoft espera desplegar el nuevo algoritmo de forma global durante los próximos meses. La compañía también está trabajando en el lanzamiento de una herramienta para desarrolladores que servirá para analizar el desempeño de las páginas web en dispositivos móviles.
Más información en el blog oficial de Bing.
Etiquetado paginas responsive diseño web profesional www.thesauro.com, realizar web responsive profesional en thesauro, webs amigables adaptadas a móviles
VENTAJAS DE LA WEB RESPONSIVE
PLANTILLAS RESPONSIVE REALIZADAS POR THESAURO
Desde THESAURO vemos en la realización de la web en RESPONSIVE las siguientes ventajas principales :
El Responsive permite que todo el contenido y toda la funcionalidad de la web estén disponibles para móviles. En este sentido defendemos que no se debe eliminar contenido en la versión móvil. No sabemos cuándo el usuario va a necesitar o no dicho contenido.
Mantener la misma URL es importante para el SEO (Google lo recomienda) y para la usabilidad (por ejemplo si comparto una URL con un amigo desde el móvil).
Mantenimiento. Mantener una única web es más barato que mantener varias.
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Internet, un arma de destrucción
Fuente: GP GRUP PERITOS JUDICIALES
Profesionales colaboradores en el BUSCADOR PROFESIONAL THESAURO
Desde que en la década de los 90 el mundo sucumbiese a los encantos de Internet, su evolución ha traído consigo un alivio para estudiantes, un consuelo para los allegados que se encuentran a distancias considerables, entretenimiento para pequeños y mayores, un desahogo para los adolescentes y comodidad para los que no pierden el tiempo.
Sin dudas estas son razones de peso para habernos esclavizado a esta herramienta. Las posibilidades que ofrece este medio son ilimitados, y de hecho a día de hoy miles de personas llevan comida a la mesa gracias Internet, algo que anteriormente era impensable que ocurriese. Pero no es oro todo lo que reluce y si bien es cierto que Internet ha traído cosas buenas, ha traído cosas malas por igual.
Celos, dependencia, vida privada inexistente, intrusismo, plagio, des-información e incluso amenaza contra la seguridad pública. Y es que, tras los recientes acontecimientos Internet está más vivo que nunca, y es imparable.
Nuestra integridad y seguridad se ven coartados cuando una tercera persona se introduce dentro de nuestras redes, cada día salen nuevos casos de tráfico pornográfico de menores, acosos a escolares, suplantaciones de identidad, hackeamientos en medios públicos y privados, con informaciones que ponen la cara colorada a más de un personaje relevante ¡y hasta tráfico de drogas!
¿Es posible que Internet sea una nueva herramienta para blanquear dinero y traficar con sustancias ilegales? La respuesta es sí. Y si no que se lo pregunten al creador de la llamada Silk Road, una página Web oculta que se dedicaba al tráfico de drogas a través de Internet, utilizando los bitcoins como cibermoneda. Según informaciones del diario El País, “La corte federal del distrito sur de Manhattan inició este martes un juicio por narcotráfico, conspiración para el asesinato y blanqueo de dinero. ¿Uno más? No. El jurado que aplicará o no la cadena perpetua para Ross Ulbricht, de 30 años, acusado de ser el creador de una página de Internet “oculta” dedicada a la venta de drogas y otros delitos bautizada como Silk Road (Ruta de la Seda), tiene entre manos un asunto peliagudo y complejo.”
Hasta aquí la noticia no resultaría impactante si no fuera porque la forma en la que supuestamente accedió el F.B.I al ordenador de dicho creador fue de forma ilegal. Como bien expone la noticia “el FBI asegura que fue una fuga en el propio sitio de Silk Road lo que les permitió acceder a la IP (número o nombre del aparato) de Ulbricht. Sin embargo, algunos expertos han intentado repetir la operación sin conseguirlo, por lo que creen que los investigadores habrían hackeado el sitio, algo que ahora se niegan a admitir.”
Se plantean muchos dilemas en torno a Internet y este mal uso por parte de todas las partes, pero es que además la defensa pone encima de la mesa el dilema existencial de toda página Web, y de Internet, y es que ¿hasta qué punto es responsabilidad del dueño de una página o plataforma el uso que sus usuarios realicen de ese sitio?
Por ejemplo: ¿Hasta quépunto Facebook tendría la culpa de que una persona se hiciera pasar por otra? ¿Es entonces Internet en sí mismo un arma de destrucción entre individuos?
Esta entrada fue publicada en Uncategorized el enero 19, 2015 por ericmorenofandos.
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Etiquetado falta de control en la red?, internet, intrusismo, plagio
La ciberseguridad se estudia en la Universidad. La Cátedra UDIMA – ANTPJI pone en marcha el Curso Básico de Perito Judicial Informático.
Se acerca septiembre y con él la temida decisión de qué carrera elegir para estudiar, qué especialización… En un contexto en el que más del 50 por ciento de los jóvenes no tienen un empleo, la gran inversión (en tiempo, esfuerzo y dinero) que supone elegir unos estudios superiores requiere una buena dosis de reflexión y análisis. Para el presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, Ángel Bahamontes, esta elección se debe hacer, en primer lugar, conforme a las convicciones personales de cada uno. “Es muy importante que estudies algo que te guste porque de esta manera será más fácil alcanzar el éxito. Si tenemos en cuenta el caso de nuestros Peritos Judiciales Informáticos, la gran mayoría de ellos coinciden en que esta rama la tenían primero como un hobby, que se ha convertido en una actividad que ahora les renta beneficios”. Sin embargo, para Bahamontes también es necesario atender a las necesidades del mercado que, según los cálculos de la Asociación, demandará una cifra de 10.000 expertos en Informática Forense en los próximos años, tanto en empresas como en el sector jurídico en España, debido al aumento de delitos cibernéticos.
En este contexto, la Cátedra UDIMA- ANTPJI ha puesto en marcha el Curso básico de Perito Judicial Informático, que tendrá lugar durante este mes de septiembre en el CEF -Centro de Estudios Financieros-. El Curso tiene una duración de 50 horas y es de modalidad presencial y online, impartido por reputados especialistas de la Informática Forense.
Un Perito Informático Forense es un profesional con conocimientos, habilidades y experiencia que se necesitan para ayudar en los juicios y los tribunales a esclarecer delitos cibernéticos. Los ordenadores, teléfonos inteligentes, tablets, Internet… almacenan todos los datos que se realizan, y un perito informático tiene que ser capaz de extraer las evidencias electrónicas irrefutables que sean esenciales para resolver cualquier conflicto. En muchas ocasiones, son los encargados de encontrar las pruebas de los delitos. Pero además de la rama judicial, también pueden trabajar para las grandes empresas con el objetivo de evitar espionajes, fraudes, robos de información, manipulación de datos y programas, etc., que pueden ocasionar grandes pérdidas a las compañías.
Aunque no existe una carrera de este perfil, sí hay varias posibilidades de especializarse. En este sentido, a juicio de Bahamontes, la elección de la especialidad a través de Masteres, Postgrados o Cursos de Expertos será la clave que permita diferenciar a un profesional de otro. “Muchas veces tendemos a elegir especialidades que vienen a ser una repetición de lo que estudiamos en el Grado. Por este motivo, se debe prestar especial atención al contenido de la formación y comprobar que aporta suficientes conocimientos nuevos para poder dedicarte a ello”.
En el caso del Curso básico de Perito Informático Forense de la Cátedra UDIMA – ANTPJI, algunos de los temas que se imparten son: cómo extraer y recuperar datos y evidencias electrónicas, cómo actuar y recuperar los datos perdidos, la cadena de custodia, cibercrimen, ciberataques, ciberarmas y ciberdefensa, laboratorio tecnológico forense y aplicaciones, Pentest, herramientas y programas forenses, redacción de un informe pericial, estructura y protocolo, aspectos clave de la defensa de la pericial en sala judicial, etc.
El Perito Judicial Informático debe contar con una formación universitaria que tenga un perfil técnico y tecnológico. Además, es necesario poseer conocimientos legales en Derecho Procesal Civil, Penal, Administrativo y Laboral. Es por eso que los Grados en Derecho, Relaciones Laborales, Sociología, Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones, etc., son los más indicados antes de realizar esta especialización.
Pero además de las aptitudes técnicas y científicas, es necesario que este perfil cuente con una buena habilidad en comunicación. En la mayoría de los casos, el Perito Judicial Informático trabaja con personas que no entienden su materia. Por este motivo, es muy útil que se exprese de una forma clara y sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Por tanto, su formación humanística también será un plus.
Qué hacer después de la especialización
Según Ángel Bahamontes, el contacto diario con profesionales del sector, será la primera vía de entrada al mercado laboral para muchos profesionales. “Conoces a gente que ya trabaja en este campo, que pueden necesitar refuerzo para un trabajo determinado o que, incluso, te pueden orientar hacia adónde ir”.
Por otro lado, otra salida laboral, como en el caso de muchos peritos judiciales, es el autoempleo, es decir, “crearte una marca personal que venga avalada por tu credibilidad, profesionalidad y neutralidad a la hora de hacer tu trabajo, que te permita ir asumiendo casos conforme a tu prestigio”, apunta Bahamontes.
Duración y precio de la formación
Bahamontes recuerda: “el número de horas de una formación no significa que esta sea de más calidad. Un curso de 50 horas con los aspectos clave, prácticos y con la información necesaria puede llegar a ser más eficiente que otro de 800 horas en el que sólo se impartan contenidos teóricos y repetidos”.
En cuanto al precio sucede algo parecido: “que un curso sea más caro no significa que vayas a aprender más. Hay que prestar atención a otros elementos, como el prestigio del centro que lo imparte, la trayectoria de los profesionales que lo componen, etc”.
Acerca del Curso básico de Perito Judicial Informático
El objetivo del curso es formar en el área de la Informática Forense y Pericial Judicial a expertos en Seguridad lógica y física mediante divulgación de contenidos y experiencias, abordándose las diferentes tecnologías y metodología existentes para aprender a elaborar un informe o dictamen pericial bajo la normativa y legislación vigente.
Su duración es de 50 horas y cuenta con 2 créditos ECTS. Consta de una Máster Clases de 15 horas y un practicum de 35 horas que se desarrollarán en el aula virtual de la Universidad, siendo su evaluación mediante un examen de test, tipo batería y un ejercicio práctico ficticio de realización de una pericial tecnológica (Informática, telemática, valoración o tasación) La formación intensiva se impartirá en el salón de actos del Centro de Estudios Financieros, el viernes 27 de septiembre (de 09:00 a 21:00 horas) y sábado 28 de septiembre (de 09:00 a 14:00 horas).
Encontrará peritos informáticos de toda España en el buscador profesional http://www.thesauro.com
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Etiquetado Perito Informático Forense, una de las profesiones con más salidas
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 9 de junio de 2014 (recurso número 2600/2013), por la que resuelve sobre el momento en que se produce la notificación de un acto procesal al procurador de la parte, a efectos del cómputo del plazo de caducidad del recurso.
Según el TS, notificado el auto a través del sistema Lexnet, su válida notificación se produce al día siguiente de la fecha de su recepción en buzón electrónico organizado por el Colegio de Procuradores pues, de acuerdo con el art. 7.4 del Real Decreto 84/2007, en el caso de los procuradores, la recepción del documento que es objeto de la comunicación procesal se tiene por acreditada en el momento en el que el documento accede al buzón virtual del Colegio de Procuradores. Y una vez que la comunicación entra en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión, el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del Colegio, sin que su eventual demora en hacerlo obste a la eficacia de la notificación.
La empresa actora interpuso recurso de revisión interpuesto contra la decisión de la AN que desestima el recurso de reposición interpuesto contra una diligencia de ordenación que acuerdó la devolución del escrito presentado por dicha parte, al haberse declarado caducado el recurso contencioso-administrativo y haber sido archivado, por no presentación en plazo del escrito de demanda.
Se sustenta el recurso de revisión en que tal resolución de la Sra. Secretaria de esta Sala infringe el artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LEXNET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, e infringe el artículo 166.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dicha alegación se fundamenta en que, según afirma la recurrente, el auto de caducidad de 13 de abril de 2011, supuestamente notificado el 3 de mayo de 2011 por vía telemática a través de los servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores de Madrid, mediante el sistema informático de telecomunicaciones Lexnet, nunca se le notificó personalmente a través de su Procurador.
La Sala, con la ponencia del magistrado señor Campos Sánchez-Bordona, fundamenta su resolución en los siguientes fundamentos de derecho:
“Tercero.- Expuestos los hechos de este modo, la Sala de la Audiencia Nacional analizó en estos términos las normas jurídicas aplicables:
“[…] El régimen jurídico del sistema de notificaciones por vía telemática empleado en el presente proceso viene dado por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.
Este Real Decreto se dicta al amparo del apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, del Poder Judicial, cuyo artículo 230 posibilita que los órganos judiciales y las personas que demanden ante ellos la tutela judicial de sus derechos e intereses utilicen en sus relaciones cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, compatibles entre sí, siempre que éstas se produzcan en condiciones de seguridad, autenticidad, integridad, constancia fehaciente de su realización y del momento en que se efectúen, con garantías de confidencialidad de los datos de carácter personal, así como con respeto de las garantías y requisitos previstos en las leyes de procedimiento.
Por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, autoriza la realización de actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, bajo las condiciones previstas en su artículo 162.
Dispone el artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ‘Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley ‘.
A su vez, el artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto del lugar de comunicación de los actos a los procuradores establece lo siguiente:
‘1. Los actos de comunicación con los procuradores se realizarán en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. El régimen interno de este servicio será competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley.
En otro caso, se remitirá al servicio, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula, de las que el procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que será devuelto a la Oficina judicial por el propio servicio’.
Al respecto, establece el artículo 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, lo siguiente:
‘1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese período. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.
No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción’.
El artículo 2 del Real Decreto 84/2007, define el sistema Lexnet para presentación de escritos y envío de notificaciones judiciales por medios telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia, como un medio de transmisión seguro de información, que mediante el uso de firma electrónica reconocida, satisface, por un lado, las características de autenticación, integridad y no repudio, y mediante los mecanismos técnicos adecuados las de confidencialidad y sellado de tiempo, y, por otro, el cumplimiento de los requisitos exigidos en las leyes procesales, prestando las funcionalidades indicadas en el anexo V del Real Decreto y cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. Entre tales funcionalidades se encuentra la realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales. (Anexo V, letra c)).
En relación con el régimen de utilización del sistema Lexnet, establece el artículo 4 del citado Real Decreto lo siguiente:
‘1. La utilización del sistema Lexnet será obligatoria para los Secretarios judiciales y para los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, relacionados como usuarios en el anexo II de este Real Decreto, destinados en aquellas Oficinas Judiciales que dispongan del sistema y estén dotadas de los medios técnicos necesarios.
También será obligatorio el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios.
2. Se entenderá preferente la vía telemática de comunicación con quienes figuren dados de alta como usuarios en el sistema.
3. Cuando concurran causas técnicas que impidan la normal utilización de dichos medios telemáticos, los usuarios del sistema comunicarán tal circunstancia a la Oficina Judicial con la que mantengan comunicación procesal, así como, en su caso, al respectivo Colegio profesional’.
Por otro lado, el artículo 7 del Real Decreto se refiere a la operativa funcional de la presentación de escritos y documentos y del traslado de copias entre Procuradores y de la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos en los términos siguientes:
‘1. El procedimiento para la presentación de escritos procesales, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación por medios telemáticos se verificará en la forma establecida en el anexo VI.
2. Para la acreditación de la presentación telemática de escritos y documentos el sistema devolverá al usuario un resguardo electrónico acreditativo de la correcta transmisión y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización de la presentación en la Oficina Judicial.
3. Si el envío se realiza correctamente, el acto de comunicación se recibe en el buzón del destinatario y queda depositado en el mismo a su disposición. En este supuesto, el sistema devolverá al remitente un resguardo electrónico, acreditativo de la remisión y puesta a disposición, en el que consten los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema y tipo de procedimiento judicial, número y año al que se refiere.
4. Cuando el destinatario acceda al acto de comunicación y documentos anexos depositados en su buzón virtual, el sistema genera un resguardo electrónico dirigido al remitente, reflejando el hecho de la recepción y la fecha y hora en que ha tenido lugar, quien así tendrá constancia de la recepción.
En el caso de los procuradores, cuando se produzca el acceso al buzón virtual del Colegio de Procuradores se generará el correspondiente resguardo, que bastará para acreditar la recepción a los efectos previstos en la ley.
5. El sistema confirmará al usuario la recepción del mensaje por el destinatario. La falta de confirmación implicará que no se ha producido la recepción. En aquellos casos en que se detecten anomalías en la transmisión telemática, el propio sistema lo pondrá en conocimiento del usuario, mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a la subsanación, o realice el envío en otro momento o utilizando otros medios.
El mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión podrá ser imprimido en papel, archivado por el usuario, y en su caso, integrado en los sistemas de gestión procesal, a efectos de documentación del intento fallido’.
Pues bien, la interpretación del artículo 7 del Real Decreto 84/2007 acerca de la operativa seguida en la realización de actos de comunicación procesal con los representantes procesales de las partes, a través de los servicios comunes de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, debe hacerse a la luz de los dispuesto en los artículos 151.2, 154 y 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De manera que, resultando pacifico que en el presente caso se ha hecho uso de un medio de los previstos en elartículo 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para llevar a cabo la notificación de auto de caducidad que nos ocupa, dicha notificación al Procurador de la parte recurrente habrá de entenderse realizada el día siguiente a la fecha de recepción de la misma en el servicio común de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores, tal y como prevé expresamente el primer precepto legal citado y ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones el Tribunal Supremo (AATS de 4 de octubre de 2012, Rec. 790/2012, de 15 de marzo de 2012, Rec. 4055/2011, de 16 de junio de 2011 , Rec. 3398/2010, de 14 de octubre de 2010, Rec. 1315/2010, de 7 de octubre de 2010, Rec 1565/2010, de 11 de febrero de 2010, Rec. 2353/2009, y de 14 de octubre de 2009, Rec. 2491/2009, entre otros). Criterio que ya ha seguido esta Sala en resoluciones anteriores (por todas, Auto de 25 de mayo de 2009).
Sentado lo anterior, el examen de las actuaciones pone de manifiesto que la notificación del auto de caducidad de fecha 13 de abril de 2011 por el sistema lexnet, a través de servicio común de notificaciones, organizado por el Colegio de Procuradores de Madrid, fue enviado por la Secretaría de esta Sala y recibido en destino el día 3 de mayo de 2011 a las 15,14 horas.
Consecuentemente, sin necesidad de que hubiera de justificarse la recepción personal por el Procurador citado de dicha notificación, la misma debe entenderse valida y eficazmente practicada al día siguiente de la fecha indicada, sin que quepa entender infringidos los artículos 151 y 166.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las consideraciones realizadas conducen a la desestimación del recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 15 de marzo de 2013, sin necesidad de que se practique la diligencia de prueba solicitada por la parte recurrente con el fin de que se librara oficio al Colegio de Procuradores de Madrid para que este aportara el ‘supuesto resguardo de recepción que confirme que éste remitió a ML el auto de caducidad de 13 de abril de 2011 ‘, que interesaba mediante otrosí en su escrito de recurso, pues, como dijimos, su existencia resulta irrelevante a los efectos de tener por practicada valida y eficazmente la notificación examinada.”
Cuarto.- El recurso de casación es admisible, pese a la objeción que opone el Abogado del Estado pues, siéndolo la sentencia que pudiera recaer en el litigio de instancia, nos encontramos ante uno de los autos susceptibles de aquél a tenor del artículo 87.1.a) de la Ley Jurisdiccional. Cabe, en efecto, dicho recurso contra “los [autos] que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación”.
Invirtiendo los términos en que se propone, examinaremos en primer lugar el segundo motivo casacional de los dos planteados, ambos al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional. Se denuncia en él la supuesta infracción “de los artículos 281 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 24.2 de la Constitución Española”, por no haber accedido el tribunal de instancia a la práctica de la prueba solicitada por la parte.
Como ya hemos recogido en la transcripción precedente, la prueba interesada lo era para que la Sala oficiara al Colegio de Procuradores de Madrid a fin de que éste aportara el “supuesto resguardo de recepción que confirme que éste [el Colegio] remitió a MLP el auto de caducidad de 13 de abril de 2011 “. La negativa de la Sala a su práctica era y es procedente si, como previamente había sostenido el tribunal en los fundamentos jurídicos del auto impugnado, el Colegio de Procuradores no tenía por qué “reenviar” o “remitir” a cada uno de sus colegiados las notificaciones practicadas a través de Lexnet, siendo precisamente los destinatarios de aquéllas quienes han de acceder al “sistema común” a través de su “buzón”, una vez recibido por el Colegio el acto procesal, para conocer su contenido. Tal tesis hacía irrelevante, a los efectos de la decisión final, el documento de cuya aportación se trataba.
No está de más consignar, a estos efectos, que si la recurrente consideraba esencial para su defensa el referido documento, el Procurador que actuaba en su representación podía fácilmente haber instado de su propio Colegio Profesional que lo emitiera y haberlo aportado ella misma a los autos. Se trata, en efecto, de uno de los documentos que se encontraban a su disposición sin dificultad apreciable y sin necesidad de la intermediación de la Sala dado que repetimos, su origen era el Colegio Profesional al que aquél pertenece y que defiende sus intereses.
Distinto hubiera sido si se hubiera requerido un documento o un informe pericial, o de otro tipo, acreditativo de que, por cualquier incidencia o causa técnica, el acto de comunicación no llegó en la fecha correspondiente al propio servicio común de notificaciones del Colegio de Procuradores. Pero tal circunstancia no se alegó, admitiendo por el contrario la recurrente el hecho de la recepción en el Colegio de Procuradores a través del sistema Lexnet, hecho que, por lo demás, resulta adverado por la Secretaría de la Sala sin discusión al respecto.
Quinto.- En el primer motivo de casación se denuncia la infracción de dos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a saber, el artículo 151 (en relación con el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007) y el artículo 166, apartado primero.
El motivo está defectuosamente articulado sobre la base del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional pues en él no se viene a censurar, en realidad, ningún quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en que hubiera incurrido el auto impugnado. Lo que sostiene la parte es, más bien, que la Sala de instancia ha aplicado indebidamente las normas (procesales) del ordenamiento jurídico aplicables al caso para decidir su fallo, censura que debía haber denunciado por la vía del artículo 88.1.d) de la misma Ley, como acertadamente sostiene el Abogado del Estado.
En todo caso, la tesis de fondo que en el motivo se aduce (en muy buena medida repetición casi literal de lo que “S, S.A.” ya dijo en la instancia y fue rechazado por la Sala de la Audiencia Nacional) no es acogible. Centrado el debate en los términos antes referidos, la solución de fondo viene dada por el artículo 7 del Real Decreto 84/2007, antes transcrito. Su apartado cuarto establece, concretamente, cuándo se tiene por acreditada la recepción del documento que es objeto de la comunicación procesal, momento que coincide “en el caso de los procuradores” con aquel en que el documento accede al buzón virtual del Colegio de Procuradores. En ese preciso momento se genera el correspondiente resguardo, que bastará para acreditar la recepción a los efectos previstos en la ley, entre los que figuran tanto los relativos al plazo para recurrir como, por lo que a este litigio se refiere, la posibilidad prevista en el inciso final del artículo 52.2 de la Ley Jurisdiccional (presentación de la demanda en el mismo día en que se notifica el auto de caducidad).
Siendo como es obligatorio, a tenor del artículo 4 del Real Decreto 84/2007, el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios (como en este caso sucede), el envío electrónico mediante el que se produce la comunicación “oficial” de la resolución judicial y de sus documentos anexos se dirige al servicio común establecido por dicho Colegio, servicio al que tienen acceso los procuradores que lo utilizan (entre ellos, el de la parte actora). Una vez que la comunicación con origen en la secretaría de la Sala “entra” en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión (lo que tampoco aquí se discute), el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del referido Colegio. Su eventual demora en hacerlo no obsta a la eficacia de la notificación, en los términos legales que tan certeramente analiza el tribunal de instancia.
En efecto, si cada uno de los procuradores pudiera, ad libitum, posponer su propio acceso a aquel buzón virtual, el “sistema común” previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil e implantado por el Colegio de Procuradores, de modo obligatorio y con el respaldo legal que le confiere el artículo 162 de aquélla, perdería su sentido y quedaría desprovisto de eficacia. Como bien afirma el Abogado del Estado, de admitirse la tesis del recurrente se produciría la “completa inutilidad de la intervención del Colegio” y “el sistema resultaría completamente desnaturalizado”.
Sexto.- La interpretación de los dos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en concreto, se invocan en el motivo de casación corrobora la tesis de instancia. Al margen de que la recurrente no llega a aducir como infringido el precepto de la misma Ley que regula precisamente “los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares” (artículo 162, al que sí se refiere el auto impugnado), ninguno de ambos ha sido vulnerado en este caso.
A) De aquellos dos preceptos el segundo (artículo 166.1) se limita a declarar nulos los actos de comunicación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en el capítulo a ellos dedicados: su aplicación al caso de autos dependería, pues, de que se acreditara que la notificación efectuada no se ajustó a las pautas legales. Como quiera que esa falta de ajuste no ha tenido lugar porque la secretaría de la Sala notificó el auto de caducidad por vía electrónica con respeto escrupuloso de las exigencias tanto del referido artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como del Real Decreto 84/2007 que regula el régimen de notificaciones del sistema lexnet (sistema admitido para recibirlas por el procurador de la parte a lo largo de todo el proceso), la alegación ha de ser rechazada.
B) En cuanto al artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su contenido se refiere más al tiempo de la comunicación que al uso del sistema mediante el que se practica. Los actos de comunicación practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores (en este caso, repetimos, mediante la utilización del sistema Lexnet) se “tienen por realizados” al día siguiente de su fecha de recepción con arreglo a este sistema. El “resguardo acreditativo de la recepción” por medios telemáticos e informáticos, al que se refiere el apartado 2 del artículo 151, por remisión al artículo 162.1 de la misma Ley , es precisamente el que acredita que la comunicación procedente del órgano jurisdiccional llegó al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores. Cuando a tal efecto se utiliza el sistema Lexnet, dicho resguardo se genera automáticamente una vez que tiene lugar el acceso de los documentos enviados al buzón del Colegio de Procuradores (así, el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007) según antes hemos expuesto, sin que sea necesario un nuevo “reenvío” o “remisión” particularizada desde dicho Colegio a cada uno de los procuradores, dado que éstos tienen pleno y libre acceso a aquél.
Séptimo.- Procede, pues, la desestimación del presente recurso de casación y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , la imposición de las costas a la parte recurrente.”
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 artículo 166
 resolución 
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 artículo 230
 artículo 162
 artículo 151
 artículo 162
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 artículo 88
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