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Timestamp: 2019-04-18 16:56:12+00:00

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Cuales funcionarios estan sujetos al secreto profesional
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Consejo de Ministros del día 30 de octubre de 2009 en el que se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10
EL DELITO DE DIVULGACIÓN DE SECRETOS
Rama del Derecho: Derecho Penal. Descriptor: Derecho Penal Especial.
Palabras Claves: Divulgación de Secretos, Secreto Profesional.
Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia. Fecha: 21/01/2013.
RESUMEN ...................................................................................................................................... 2
NORMATIVA ................................................................................................................................. 2
El Delito de Divulgación de Secretos........................................................................................ 2
DOCTRINA ..................................................................................................................................... 2
Secreto y Derecho Penal. Análisis del art. 203 del Código Penal. ........................................... 2
a) Sujeto Activo ................................................................................................................. 3
b) Sujeto Pasivo................................................................................................................. 3
c) El Bien Jurídico Tutelado .............................................................................................. 3
d) Acción Típica ................................................................................................................. 7
e) Culpabilidad .................................................................................................................. 8
f) Iter Criminis................................................................................................................. 10
JURISPRUDENCIA ........................................................................................................................ 12
1. La Divulgación del Secreto Profesional y los Derechos Fundamentales del Menor de
Edad......................................................................................................................................... 12
2. El Delito de Divulgación de Secretos y los Conceptos de Confidencialidad y Privacidad,
al Respecto de la Información de los Expedientes Médicos ................................................. 16
incluyendo consideraciones sobre el Iter Criminis. DOCTRINA Secreto y Derecho Penal. Si se tratare de un funcionario público o de un profesional se impondrá. de seis meses a dos años". el tipo penal a situaciones concretas y analiza la posibilidad de choque entre los derechos fundamentales y el Secreto Profesional. oficio o empleo. mientras que la jurisprudencia aplica. de un secreto cuya divulgación pueda causar daño. 203 del Código Penal. empleo. NORMATIVA El Delito de Divulgación de Secretos [Código Penal]i ARTÍCULO 203. Análisis del art. 2 . Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá. además inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos. RESUMEN El presente informe de investigación reúne información sobre el Delito de Divulgación de Secretos. profesión o arte. Así la normativa establece el tipo penal de Divulgación de secretos mientras que la doctrina desarrolla el análisis de tipo correspondiente. profesión o arte. Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa. [Rodríguez Campos. además inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos. lo revele sin justa causa. de seis meses a dos años. o de profesiones titulares. lo revele sin justa causa. oficio. para lo cual se hace alusión a las referencias normativas. de un secreto cuya divulgación puede causar daño. o de profesiones titulares. el que teniendo noticias por razón de sus estado. doctrinarias y jurisprudenciales relacionadas con el tema. A]ii "Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa. el que teniendo noticias por razón de su estado.
ni su encuadre en un tipo más amplio de naturaleza polivalente. exige que la referencia al sujeto pasivo se sustancie con la simple mención al cliente. b) Sujeto Pasivo [Cortés Bechiarelli. Arte. la monja. E]v I. incluso otros bienes jurídicos lesionados 204. a nuestro modo de ver. sería impune por falta de un elemento objetivo del tipo. quien adquiere el mencionado conocimiento por su estado. empleo. el militar) o que por razones jurídicas lo pone en contacto con alguna de las personas que pueden conocer secretos profesionales (esposa. es. como acabamos de decir. aquel en el que el autor solo puede serlo el que reúne las calidades jurídicas que prevé la norma. generalmente bilateral. Profesión es una actividad que realiza el sujeto. La posibilidad de que puedan existir terceros perjudicados. se refiere a la práctica de las bellas artes. sea. quien la deposita es el cliente. de manera expresa. incorrecta. no es óbice para que en la creación de un delito autónomo de transmisión del secreto profesional del Abogado o del Procurador. por lo común manual. ni su mantenimiento como delito contra la intimidad. hijos. Empleo es la actividad laboral en relación de dependencia. a) Sujeto Activo [Rodríguez Campos. es decir. como ocurre en otros muchos delitos. E]iv Debe repetirse que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. etc). con las singularidades que venimos manteniendo en el presente trabajo. la confianza. A]iii Este es un delito especial propio. no resulta sostenible. Desde el punto de vista estrictamente sistemático. Oficio es toda actividad privada. concebido por nosotros como un atentado a la necesaria lealtad profesional. oficio. y no reúne esas condiciones. es decir. por lo que la referencia expresa a otras personas extrañas a esa relación. c) El Bien Jurídico Tutelado [Cortés Bechiarelli. cuyo perfil. 3 . secretarios. Y esta confianza. en cualquier caso. Estado es la condición de la persona que le impone el cumplimiento de determinados roles sociales (el clérigo. se deba aludir. Si conoce de un "hecho secreto". profesión o arte. La configuración legal de este tipo penal. al cliente. en el presente caso. ya se encargará de fijar el intérprete. autorizada por el Estado y que requiere título habilitante.
al «dificilísimo equilibrio entre la necesidad de salvaguardar la transparencia en la actuación de la Administración y la concepción de la función pública como un servicio a los ciudadanos» 102. Cuando de Abogados o de Procuradores se trata. va a resultar transgredido. antes bien. siempre. sintetizado. Esta segmentación no supone quiebra de principio general alguno.2 del Código Penal en sus precisos términos—. sin ambages ni reservas. por 4 . II. el conjunto de acontecimientos de toda índole que harán desembocar en el intento de resolución del quid iuris. genéricamente. Y el incumplimiento de este deber de reserva no tiene por qué atentar a la intimidad. A modo de resultante de los dos extremos señalados en el epígrafe anterior —y dejando inamovible el actual art. en el presente caso. a la vez que una depuración de naturaleza sistemática que. los más entusiastas elogios. la auténtica dimensión y trascendencia de esta clase de revelación de secretos. nada nuevo: éste es. Por otra parte. como demostramos en su momento. patrocinamos la existencia de una figura que castigue. la mención específica a los Abogados y los Procuradores. en este sentido. disfrutaron de la más absoluta impunidad. en este sentido. pues.En esta clase de delitos. es preciso que su interlocutor le participe. mientras el resto de profesionales. merecería. Se ha venido repitiendo que para que el Abogado y el Procurador —singularmente el primero— puedan desarrollar su labor de asesoramiento técnico. sino que. a nuestro entender. tangiblemente. de producirse. no cabe duda que se exige una especificación por la magnitud de los intereses que aparecen en escena. como se ha escrito. Debe recordarse. al profesional indiscreto que incumple su obligación de sigilo. 199. en los que pueden entrar en juego decenas de bienes jurídicos absolutamente heterogéneos. es la confianza. autónomamente. y que conectan con el nervio de muy significados derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Como ejemplo meramente ilustrativo. auténtico eje de la relación entre el cliente y sus legítimos representantes. sin paradoja de ninguna especie. y. lo universalmente público sigue siendo estrictamente secreto. para estos profesionales. el esquema que adoptó el Proyecto de Código Penal de 1980. entendidos en sentido amplio. es tarea difícil precisar aquel que. En consecuencia. dejaría traslucir. Y. en otra sede. decir que la divulgación de la materia reservada cometida por funcionarios públicos aparece castigada en otro Título en atención. que esta modalidad fue la única que sobrevivió —bajo la nada precisa etiqueta de delito de prevaricación— en los Códigos anteriores al de 1995. conviene separar la modalidad cometida por el Abogado y el Procurador que. por muy censurable que resultase la laguna punitiva. presentar el delito de divulgación del secreto de toda suerte de profesionales como una unidad es una realidad legislativa injustificadamente ambiciosa.
hipotéticamente. por decirlo de forma simple. en el seno de un procedimiento judicial l04. con docilidad. La función jurisdiccional del Estado pivota sobre el eje de una serie de principios de certeza para quien acude a los Tribunales de justicia. como los Abogados y Procuradores. la labor de estos profesionales se reduce. con más benigna consecuencia penal. por lo que es en el amplio ámbito de la Administración de Justicia donde debe situarse el delito que estudiamos. que deben ser protegidos y desarrollados por quienes. y encuadrarse en los ahora denominados contra la Administración de justicia. Como dispone el art. de otro. en los términos que ya expusimos. Una vez allí. indiscutiblemente. defiende los intereses de su cliente el Abogado que divulga sus secretos. en aquellos que castigan la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional (Capítulo vn). en ocasiones. en gran número de ocasiones. y. la divulgación del secreto profesional por el Abogado o el Procurador encuentra su enclave más preciso en el Código Penal en los denominados Delitos contra la Administración de justicia 103 (Título xx). En el caso que nos ocupa. Así. pero. «el deber fundamental del Abogado. debe extraerse de los delitos contra la intimidad. tienen tan señalado deber de garante. eso sí. lo habitual es que se acabe planteando la batalla forense. con González Rus 105. En primer lugar. destacar que. sino que. pues resultaría de todo punto ilusorio pensar que el elenco de conductas delictivas que. que no puede determinarse con precisión cuál es el bien jurídico unitario que se pretende tutelar con la inauguración de este Título XX. y partiendo de que este solapamiento es difícilmente asequible. las más de las veces. a la rúbrica que les preside. la revelación del secreto por parte del Abogado y del Pro- curador pone en peligro. la denominada interpretación sistemática de los preceptos debe aportar criterios meramente orientativos —pero. nunca distorsionadores—. como el principio llamado de contradicción. singularmente. debe distinguirse entre el supuesto de divulgación a la parte contraria. poniendo en peligro la llegada a buen puerto de la necesaria estrategia procesal.1 del Estatuto General de la Abogacía. insistimos. al asesoramiento o al dictamen. pues. como hemos demostrado. con severa sanción. y la revelación a extraños a ese conjunto. muy mal. puede agotar un Título concreto responden. y su Abogado y Procurador. de un lado. Porque la relación que existe entre el cliente. deberá atenderse a cada una de las figuras delictivas concretas. Y mal. es cooperar a ella defendiendo en derecho los intereses que le son confiados». se encuentra enmarcada. 5 . sin intervención ante órgano jurisdiccional alguno. 39. en efecto.coherencia con nuestro planteamiento. del que se derivan otros aspectos igualmente sustanciales. y sin ser poco. el ejercicio correcto del derecho de defensa. Desde luego. Opinamos. como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia.
Por eso. es natural. no nos encontramos. Máxime cuando. ex novo. el Estatuto General de la Abogacía. deberá distinguirse entre dos diferentes modalidades de divulgación del secreto profesional del Abogado o el Procurador. además de las que se deriven de la relación contractual que entre ellos existe. sí que se cumple. por ministerio del art. si algún elemento común se puede encontrar a estos tipos penales de la Administración de justicia es que tratan de proteger —antes. más genéricamente. no es Abogado: está actuando como un delincuente. exige que se mantengan en silencio todos los extremos que estos profesionales hayan conocido de sus clientes en razón de la relación que les une.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 6 . otra vez. Secreto profesional y derecho de defensa. Y ello con independencia de la calidad de la materia deslealmente desvelada. el Abogado que revela secretos de su cliente. con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional. con creces. agravando la pena para el caso de que. en atención a la clase de receptor 108. otra vez. por ser la más cualificada— como norma complementadora. como ya hemos señalado. por ende. directa o indi- rectamente. y en el criminal con una especial significación. en cualquier caso. Por tanto. se ha creado. los Abogados y los Procuradores. la función orientadora que le es mínimamente exigible a la denominación de todo Título. Por último. un Capítulo específico que recoge lo que este delito es en realidad: una clase más de deslealtad profesional. y el ejercicio de aquél sólo tiene su razón de ser en el seno de un procedimiento judicial. a la parte contraria. es decir. desde esa plataforma sistemática a la que nos hemos referido. ante un genuino delito contra la Administración de justicia. en nuestro caso. 437. y que les configura en parte procesal. debemos señalar. el que aporta alguna luz sobre el particular. o. de impedir «alterar la marcha de la justicia» 107. la del cumplimiento. que seguiría actuando —siempre. por razones de jerarquía normativa. si bien. las distintas disposiciones legales que se encargan de regular la actividad de los señalados representantes procesales insisten. como dos caras de la misma moneda. 53 que «son obligaciones del Abogado para con la parte por él defendida. en el deber de sigilo que deben observar.Pero. honestamente. al menos. o al Juez o Tribunal que conozca del asunto. pues. dice su art. como decía con mucho acierto nuestro derecho histórico. en ocasiones — ya lo expusimos detalladamente—. sencillamente. Y la marcha de la justicia. Como no podía ser de otra forma. durante o después— «la necesidad de preservar el correcto desarrollo del proceso» . que. se transmita la información. precisamente. se pueden presentar. de la especie que se quiera. de la misión de defensa que le sea encomendada». stricto sensu. a la que deben colaborar. Así. como. por otra parte. Es.
No es necesario que ocurra ese daño. La revelación no implica necesariamente divulgación. porque basta con que. a priori. De la misma forma. si el secreto se revela al amparo de una causa de justificación. no incurre en delito quien transmite la información conocida a otro colega por las necesidades mismas de la profesión. en este caso. ya que no habría secreto que proteger. y en este último caso. es decir. "Sin justa causa" significa la concurrencia de alguna circunstancia que elimine la antijuridicidad del comportamiento. 7 . la inclusión de esa frase es innecesaria. Igualmente. Precisamente. Y se es igualmente responsable si en lugar del daño previsto ocurre otro distinto. proporcionar indicios o certidumbre de algo. el profesional estime que la divulgación pueda causar un daño de cualquier índole (físico. la información que conste en el expediente clínico debe reputarse como secreta. Revelar es descubrir o manifestar lo ignorado o secreto a un tercero. siempre y cuando el bien que trata de obtener (salud del paciente) sea de mayor entidad que la lesión que supone al derecho de la intimidad del paciente. sería inidóneo para constituirse como delito. La acción puede ser directa o indirecta. etc). una noticia cuya divulgación puede causar perjuicio. d) Acción Típica [Rodríguez Campos. por integrar estas causa la Parte General del Derecho Penal. si el riesgo de que este aconteciera se previó y aceptó (dolo eventual). deben guardar sigilo de cuanto conozcan. porque su acción no sería idónea para lesionar el bien jurídico tutelado. salvo que se agreguen nuevas circunstancias que modifiquen el hecho conocido. sino existe la posibilidad de relacionar el secreto con una persona determinada (por ejemplo. quienes. A]vi Consiste en revelar. sin justa causa. en la medida que no puede trascender a terceros. a personas distintas a los médicos. enfermeras o auxiliares. el médico podría comunicarlo a otros. y en concreto la Teoría del Delito. o el mismo confidente. cuando se puedan deducir circunstancias que pongan de manifiesto lo secreto o a la persona con el que se vincula. moral. en una exposición científica). Si el secreto lo ha revelado otra persona. sería impune.o advirtiéndole que no se lo comunique a otros. de forma que se consuma cuando se le comunica a otra persona confidencialmente -salvo a colegas. patrimonial. por razón de sus cargos. de forma que. No la hay. porque cualquier hecho típico en el que se que se presente una causa de justificación. Este delito es una figura de peligro.
Prácticamente. y con la fórmula específica que se contenía dentro del propio art.. conclusiones sobre el particular.2 porque el legislador. la cuestión puede resumirse diciendo. Pero. sin temor alguno al error. embebido ahora en un precepto de tan dilatados márgenes.. Por nuestra parte. Conclusión. el art. redundantemente. no parece desacertado el planteamiento actual. E]vii El actual diseño del delito imprudente. de lege data. y en este último caso. es importante anotar que el delito se puede cometer mediante acción u omisión. no lo ha estimado conveniente. 360: «el Abogado o Procurador que. 565. hasta en dos ocasiones: mediante la genérica presencia del controvertido art. consecuencia de la entrada en vigor del Código Penal de 1995. con dolo eventual). A mayor abundamiento. e) Culpabilidad [Cortés Bechiarelli. 467 del vigente texto punitivo —que castiga. que no es posible la comisión culposa de su art. No obstante. y para mayor desconcierto. o negligencia o ignorancia inexcusables. cuando no se impide el acceso de terceros a la información reservada (claro. como sabemos ya. con abuso malicioso de su oficio. Bien es cierto que nos queda por saber cuál hubiera sido el parecer del legislador sobre las formas de culpabilidad en esta modalidad delictiva en el supuesto de haber penado autónomamente —como. al Abogado o Procurador que perjudique los intereses de su cliente— prevé. en nuestro medio. inamovible. La revelación culposa. deja escaso margen al intérprete a la hora de fijar. en virtud del art. es impune. en su párrafo segundo. puesto que la posibilidad de su realización imprudente se preveía. desde luego. como se decía—. contrasta este planteamiento con el que existía en el Código anterior respecto a la desaparecida figura de la prevaricación de Abogados y Procuradores —en su modalidad de descubrimiento de los secretos del cliente. por lo demás.Por último. la posibilidad de comisión culposa. y 8 .». 199. 12 del mismo texto. debe ser— el caso particular de los Abogados y Procuradores.
Lo contrario. o rara vez se hará con incumplimiento de deber de diligencia alguno. además. En definitiva. ni siquiera por vía de hipótesis.considerado. si se hace uso de algún contenido que debe permanecer oculto en el curso del procedimiento. que la ruptura de la confianza se acabe realizando de manera culposa. en principio. desde luego. desde su ingreso en la Facultad. no se antoja posible. por la trascendencia social de su oficio. la Ley Orgánica del Poder Judicial y los respectivos Estatutos generales. pues. añadirse que tan significados agentes del proceso. siempre desde nuestro punto de vista. además. pues así lo advierten. debe. Así. así como por la consideración doctrinal de paradigmáticos confidentes necesarios. a lo mejor. como delito contra la intimidad. que Licenciados o Doctores en Derecho— deben conocer la significación antijurídica que. una presunción de infalibilidad de estos profesionales que no entendemos por qué deberían padecer. porque así se quiere de propósito. ex lege. 9 . la posibilidad de comisión culposa. y de acuerdo con estos principios. necesa- riamente. y con las excepciones justificativas desarrolladas en los anteriores epígrafes. en el ámbito del desarrollo de sus profesiones. se entiende como una natural locuacidad. tienen que ser custodios de cuanto se les ha transmitido. tiene la transmisión a terceros de la materia reservada. sería establecer. Porque. o de una profesión —Abogado o Procurador—. decir que el Abogado o el Procurador —nada menos. y acogiéndonos a los tradicionales postulados sobre la materia. según las ya referidas normas de colegiación. hoy en día su estimación como delito imprudente deviene radicalmente imposible. Porque el Abogado. siempre puede aplicarse la eximente del ejercicio legítimo de un derecho —el de defensa—. o se quebranta. como el Procurador. este extremo. Partiendo de la base de que la discreción es una virtud —que el Derecho penal no puede exigir en todos los casos por vigencia del principio de intervención mínima—. Parece difícil. debe saber que existen límites legalmente establecidos a lo que. que habrían de conocer. además. específicamente. La confianza.
y para nuestro caso. las posturas doctrinales que se han ensayado sobre el particular. por ministerio del Código Penal vigente. que no es posible la tentativa. f) Iter Criminis [Cortés Bechiarelli. 16 del Código Penal dice. Porque. sin embargo. «el intento comienza con el principio de la realización» —el art. que «caben. afirmando.. como Orts Berenguer. así. E]viii Respecto a los tipos de imperfecta ejecución en el delito que analizamos —reducidos. sostenemos. No existe. en este sentido. con el Código de 1995 ya en vigor. por su parte. en los que Abogado o Procurador participa la información a terceros con ánimo de beneficiar a su cliente. con 10 . Jorge Barreiro —desde su catalogación de la figura como modalidad de delito contra la intimidad. admitían. que las formas imperfectas de ejecución eran técnicamente posibles. Y ello por tratarse de un delito de actividad . ningún impedimento de índole técnico para sostener esta afirmación. Queralt Jiménez considera. y por fin. siguiendo otra vez a Cobo del Rosal y Vives Antón. a la tentativa—.. por una parte. si bien reconociendo que "es poco verosímil que en la práctica lleguen a aflorar" . por su parte. por poner algunos. fundamentalmente. cuando el sujeto realiza actos encaminados a la divulgación del secreto y. no pueden incluirse como integrantes de este supuesto aquellos casos. respecto a la vieja forma de prevaricación. Como quiera que.Lo que sí es sostenible es la posibilidad del protagonismo del denominado dolo eventual. quienes. y también con el texto vigente— parece recoger la doctrina mayoritaria sobre estas formas inacabadas en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. no consigue que éste llegue al conocimiento de terceros. si bien su aceptación debe realizarse con ciertas cautelas. que «el sujeto da principio a la ejecución del delito»—. se puede decir que han sido hasta tres. por lo que no resulta menoscabado el bien jurídico tutelado». y partiendo de nuestra concepción del bien jurídico que se protege en nuestro delito. Así.
17. por la razón que sea. ya que. sólo se castigarán aquéllos en los casos en los que así se prevea. Como ya hemos adelantado. la posibilidad de mantener incólume la lealtad exigida. no son posibles ni la conspiración. o se traiciona. escrita. ni la proposición. Porque. siendo. ha consumado ya el delito analizado. en efecto.Queralt Jiménez. o no se traiciona. singularmente.3 y 18. 11 . ni la provocación para delinquir por falta de regulación expresa. sino. es el quebranto —por vía oral. simplemente. aunque ésta no se acabe verificando. o. no llegando.2. nuevamente. en ocasiones. Desde el momento en que el Abogado o el Procurador comienzan a transmitir la información que debe permanecer oculta. de acuerdo con lo dispuesto en sus arts. ni causación de resultado lesivo de otra especie. se está consumando el delito. en cada tipo delictivo. puesto que ha lesionado el bien jurídico con la mera redacción de la misma y la intención de participarlo a un tercero. ha propuesto la doctrina patria. en la forma en la que hemos catalogado esta modalidad delictiva. porque se está desterrando. de esa suerte. perdiéndose. no se hace preciso atentado a la intimidad alguno. debiendo dejar señalado que. Por volver al paradigmático caso que. no constituye forma de tentativa. sometidos a la disciplina legal del vigente Código Penal. antes bien. a su destino. con independencia de que el escrito acabe leyéndose. o la que se quiera— de un deber que se considera elemental para el ejercicio de una pro- fesión de hondo significado en nuestra sociedad. en definitiva. la confianza. finalmente. no es posible la tentativa. en el delito que hemos estudiado. ya sea acabada. el Abogado o el Procurador que envía una carta a otra persona transmitiéndole noticias de su cliente. De tal suerte que ese intento que persigue la transmisión. Respecto a los actos preparatorios. nos vemos. interceptada la misiva. la auténtica consumación del delito. que. o inacabada. Lo que se castiga.
El reparo debe desestimarse: Comparte la Sala las apreciaciones del quejoso en el sentido de que el Ministerio Público incurrió en yerro al negarle el conocimiento de una prueba. que la ofendida presentaba un desgarro en el periné. mientras que el otro se refiere a un desgarro vaginal. Según expone. alega el impugnante quebranto del debido proceso y del derecho de defensa. con arrancamiento de casi la totalidad del himen. la que no se aportó sino en el juicio oral. Esto llevó al defensor a apelar bajo protesta la pericia No. de carácter relativo. Añade el quejoso que se le colocó en desequilibrio procesal y que la prueba tenía trascendencia pues los dictámenes No. sin temor a que se expongan revelaciones no queridas) cede cuando sea preciso salvaguardar otros bienes jurídicos de mayor jerarquía. invocando la fiscalía su “confidencialidad”. lo cual significa que la protección del derecho fundamental a la intimidad y del mejor desenvolvimiento de las actividades médicas (a través de una relación médico-paciente que sea franca. pero todavía sin que se allegara una copia a la sumaria. en tanto se requería una explicación que aclarara las contradicciones y permitiera la posibilidad de plantear consultas y estudiar la prueba. cuando exista justa causa. 1406-2005 (visible entre los folios 67 y 70) y No. 9833-2004. podrían haber invocado el secreto profesional). 9833-2004 (folios 36 y 37) son contradictorios. es decir. El secreto que ampara los expedientes médicos es. cuando ya había declarado la perito Patricia Solano Calderón. en virtud de que no tuvo acceso al expediente médico de la ofendida en su momento oportuno. bajo el argumento de su confidencialidad. pues este último estableció. pero siempre se obtuvo una rotunda negativa. La Divulgación del Secreto Profesional y los Derechos Fundamentales del Menor de Edad [Sala Tercera]ix Voto de mayoría: "I. Concluye el defensor que el Ministerio Público no actuó con objetividad y que el conocimiento tardío de la prueba le impidió un desempeño adecuado de la defensa. JURISPRUDENCIA 1. de forma reiterada solicitó al Ministerio Público que permitiera el conocimiento de esa prueba (en la que se apoyan algunos de los dictámenes forenses evacuados). En 12 . En el primer motivo de queja. al extremo de que la propia fiscalía lo entendió así cuando propuso como prueba los testimonios de distintos profesionales de la Salud que atendieron a la víctima (quienes. al igual que las demás formas de secreto profesional o funcional. Solo a través del auto de apertura a juicio se admitió el expediente como prueba. a partir de lo consignado en el expediente médico. por lo que el defensor no pudo realizar un interrogatorio “adecuado y eficiente”. abierta y confiable. En el presente caso es evidente que mediaba una justa causa que dispensaba del deber de secreto. pues no contaba con el documento que se le negó. de otro modo.
ya se refieran a las pruebas o a la forma en que deban practicarse (v.: en qué condiciones debe hacerse una pericia). jueces. conviene destacar que la confidencialidad de los documentos clínicos no desaparece por la circunstancia de que sean agregados a un proceso judicial. El deber de secreto tan solo se traslada. las que fueron agregadas entre los folios 59 y 62 –por ende. pero será compartido por todas ellas. Sin embargo. debe asimismo señalarse que la actuación de la defensa tampoco fue la idónea. en general. como lo pedía el licenciado Rivera Garbanzo. reconocido por Costa Rica a través de instrumentos internacionales con rango supra legal. el llamado a resolverlos es el juez y nunca el Ministerio Público. En todo caso. sino que se ordenó el secuestro solo de ciertas piezas del expediente médico. Cuando existen diferendos con la fiscalía o. dentro de los procesos en que revistan interés y pertinencia.primer término. defensores públicos. en la especie. pues este último no puede actuar simultáneamente como juez y como parte. sino que se limitó a repetir sus gestiones ante una fiscal que ya había hecho saber su decisión negativa acerca del 13 . gr. el equilibrio procesal o “igualdad de armas” y la inviolabilidad de la defensa). sino el acceso a la Justicia de los niños por motivo de los delitos de que puedan ser víctimas. ya mencionados. las partes y el propio imputado). el derecho a la vida y a la salud de la persona menor de edad que fue víctima del delito. la denuncia interpuesta por la madre de la niña (su legítima representante) implicó el consentimiento válido para que pudiera darse uso a la prueba que surgiera del expediente médico. ha de señalarse que del estudio de la sumaria no se desprende lo que sugiere el quejoso. al extremo de que para todos ellos existen normas en el Código Penal que castigan la violación del secreto. auxiliares judiciales) como a los que no lo sean (defensores particulares. conocidas por las partes– y lo que no se hizo en ese momento fue gestionar la copia íntegra de dicho expediente. Lo anterior significa que el uso que se le puede dar a la información es estrictamente para los fines judiciales. es causa suficiente para relevar del secreto e incluso los propios médicos que la atendieron en el hospital se encontraban. entre las partes. Por otra parte. al ampliarse el círculo de personas que lo conocerán. obligados a denunciar las lesiones por ellos constatadas. ya sea a través de su divulgación (artículos 203 y 339) o por la figura de la difamación (artículo 146). En segundo lugar. antes que facultados. en el sentido de que el Ministerio Público se hubiese reservado el conocimiento de la prueba y negado su acceso a la defensa (actitud insólita que atentaría de manera flagrante contra el deber de objetividad. tales intereses corresponden a la protección de bienes jurídicos fundamentales. y abarca tanto a los funcionarios (fiscales. Por último. en lo que resultare de interés y fuere pertinente para investigar los hechos concretos denunciados. obliga igualmente a dispensar del deber de reserva y confidencialidad cuando el mantenimiento del secreto pueda afectar los intereses válidamente tutelables de la persona menor de edad y salta a la vista que. el defensor nunca planteó protesta alguna por actividad procesal defectuosa ante el órgano competente para conocerla y resolverla. el interés superior del niño. Ahora bien. no solo la vida y la salud.
lo cierto es que el juez penal. a fin de interrogarla sobre los temas que desease o confrontarla con los datos consignados en el expediente médico. Nada de esto hizo. con un mes de antelación y en el transcurso de ese lapso el defensor solo presentó dos memoriales: uno solicitando la copia de un dictamen (cfr. advirtiéndole tan solo de su carácter confidencial (cfr. le facilitó copias fotostáticas de ella y le concedió un tiempo prudencial para su estudio. la defensa pudo haber gestionado una segunda comparecencia de la perito. sino que se conformó con esperar hasta el debate para señalar allí tal omisión (ver folios 222 y 579 vuelto). pues tácitamente aceptó sus consecuencias (artículo 177 inciso b) del Código Procesal Penal). entonces. lesionando sus derechos (lo que sí sería base suficiente para constituir un defecto y vulnerar el debido proceso). admitió como prueba el expediente médico de cita. A pesar de lo dicho. De cualquier modo. ya que el a quo hizo llegar el referido expediente médico y lo incorporó cuando declaraba la doctora Patricia Solano Cubero –perito que menciona el defensor–. lo cierto es que el defecto fue por completo subsanado en el juicio oral. como lo alega el defensor. cuando menos. Muy al contrario. el licenciado Rivera Garbanzo manifestó desconocer el contenido de la prueba y solicitó se le concediera tiempo para revisarla. para efectos de interrogatorio (ver folio 580). si resultaba de su interés o bien que se le facilitara un consultor técnico. por ende. ningún reclamo 14 . de modo que no puede aprovecharse ahora de sus propias omisiones para reprochar un supuesto defecto en cuya producción él mismo coadyuvó o consintió. Si. sin embargo. De lo dicho se infiere que el propio defensor coadyuvó en la omisión que ahora pretende reclamar. se conformó con recibir copias fotostásticas del expediente médico y con el término prudencial que se le concedió para revisar el documento. Nunca hizo protesta alguna por la falta de la probanza admitida y. que a la defensa nada se le negó de forma arbitraria. incluso a costa del mismo Poder Judicial (un médico forense). cuando compareció al debate sabía con exactitud que aún no había sido allegada o. llegó al acto sin haber hecho protesta o solicitud alguna en ese sentido. Salta a la vista. suspendiendo el debate (ver mismo folio 580). que le sería imposible conocerla antes del debate mismo.: folio 580 vuelto). b) Ya en el debate el Tribunal le hizo conocedor de la prueba. al emitir el auto de apertura a juicio. como se expuso. De lo hasta aquí expuesto salta a la vista que: a) el quejoso nunca se ocupó de conocer la prueba antes de la celebración del debate. El a quo convocó a debate desde el 5 de setiembre de 2005. desde luego. no es eso lo que se desprende de sus actuaciones. el conocimiento de la probanza antes de llegar al juicio oral y público le resultaba esencial.tema. petición a la que accedió el Tribunal. que no le había sido puesta en conocimiento y. sino que el defensor nada pidió. también pudo pedir un plazo mayor de suspensión del debate para un mejor análisis de la probanza. la defensa tampoco se preocupó porque se hiciera llegar materialmente ese documento. Reanudada la diligencia. sino que. En ese momento. el defensor se limitó a pedir que se le facilitara una copia del documento y a ello también estuvo dispuesto el a quo. En ese momento.: folio 423) y otro para la copia de todo el expediente y sus legajos (ver folio 440).
formuló y sus actuaciones evidenciaron. avanzado el debate. por lo que no se observa la existencia de ningún agravio. fueron profusa y exhaustivamente abordados por la perito. la mecánica de su producción. A mayor abundamiento. tampoco puede alegarse que se los desconocía. un motivo de reclamo. decidió hacerlo) y rindiera luego su criterio técnico. el defensor los tuvo y los aprovechó del modo que. por supuesto. su estado y el tratamiento inmediato que se le brindó) ya habían sido agregadas a la sumaria desde que se ordenó su secuestro. entonces. la presencia o ausencia de ciertos signos (entre otros extremos que retomará la Sala en el Considerando II). estimó más conveniente. copias de documentos. de donde se infiere que todos los puntos que la defensa cuestionó y reitera aquí. como se adelantó líneas atrás. que concedió al defensor todos los medios que él solicitó para desempeñar mejor su tarea (suspensión del juicio. lo importante es que tales partes hayan tenido a su disposición los medios requeridos para hacer su mejor desempeño y en el presente caso. por decisión propia y no impuesta por el Tribunal. lo cierto es que las piezas esenciales del expediente médico (las que daban cuenta del ingreso de la persona menor de edad en el centro hospitalario. nótese que el a quo incluso accedió a la solicitud de la defensa de que un médico forense escuchara la declaración del justiciable (cuando. más bien. Ni siquiera ahora logra quien impugna concretar cuáles posibilidades (no demandadas por él en su oportunidad) se le impidieron o por qué no pudo hacer un interrogatorio “adecuado y eficiente” de la perito Solano Cubero. un perito). puede cuestionarse la actitud del Tribunal. La posibilidad de que el interrogatorio a cargo de una de las partes hubiese sido mejor se presenta en todos los procesos penales y no es. a raíz del interrogatorio que le hicieron todas las partes (incluido el defensor). la defensa las conocía mucho antes de que se llegase al debate y puesto que son esos datos iniciales de la atención de la ofendida los que en realidad poseen interés para decidir. Por último. por ende. surgían de los propios dictámenes y no en relación con el expediente médico. ante el Tribunal y ante cualquier tercera persona objetiva. De ningún modo. que sus necesidades e intereses habían sido correcta y satisfactoriamente atendidos. Lo cierto es que las supuestas contradicciones que apunta como base de su protesta en esta sede." 15 . tomando en cuenta esas manifestaciones y los dictámenes periciales evacuados. Esta prueba se introdujo al debate en el instante mismo en que declaraba la perito y las preguntas se refirieron precisamente a los temas que se plantean en el recurso: la antigüedad y la naturaleza de las lesiones.
pues al momento en que esto ocurre es médico en otro centro de salud independiente al que tenía en custodia el mismo" (folio 245). etc.. dentro de los cuales se encuentran: Hoja de identificación. tanto anteriores. relativos a un enfermo. oficio. Los anteriores argumentos no son compartidos por esta Cámara. el que teniendo noticias por razón de su estado. En primer lugar no se logró establecer la relación que existía ente la imputada VARGAS GONZÁLEZ y la querellante. Como segundo motivo de casación se invoca la falta de aplicación de los artículos 201 y 203 del Código Penal. Se ha llegado a establecer también que ésta debe ser como una breve biografía del enfermo en relación a sus padecimientos ya sea físicos mentales y a los factores que conciernen a la herencia. El artículo 203 del Código Penal establece: "Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa. historia clínica. de un secreto cuya divulgación puede causar daño. Fundamenta su decisión en los siguientes argumentos. inobserva el espíritu del artículo 203 del Código Penal y el derecho a la confidencialidad por cuanto el la información proporcionada en el expediente clínico debe permanecer secreto para terceros y en el caso específico para quienes puedan aprovecharse de una situación de privilegio para tener acceso a la información de circunstancias privadas. Se demostró que no era la médico de la ofendida. El expediente se encontraba en una dependencia administrativa y se hicieron de conocimiento de terceras personas. informes de interconsultas. La segunda razón por la cual se absuelve a los imputados es porque la jueza considera que los hechos son atípicos. además inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos. como actuales. al Respecto de la Información de los Expedientes Médicos [Tribunal de Casación Penal]x Voto de mayoría "III. 16 . Se define expediente clínico como ". sino por un compendio de documentos. Es decir. no era funcionaría de ese centro de salud. El tema de fondo planteado en este caso es la confidencialidad de la información que contiene los expedientes médicos. a los hábitos y las costumbres y las condiciones del ambiente de su vida". personales y familiares. epicrisis. 2. CON LUGAR EL MOTIVO. empleo. La juzgadora al exigir una condición subjetiva de la imputada Vargas González. Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá. Tampoco entró en conocimiento de ese expediente clínico en "razón de algún estado que le impusiera la obligación de guardar secreto sobre su contenido. de seis meses a dos años”.. Esto por cuanto no se trata de un sólo documento escrito por el médico. informes de exámenes de laboratorio y gabinete.la relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos. pues para esa fecha ya no laboraba en la institución. profesión o arte. lo revele sin justa causa. El Delito de Divulgación de Secretos y los Conceptos de Confidencialidad y Privacidad. que sirve de base para el juicio acabado de la enfermedad actual. o de profesiones titulares.
puede ser considerada como un caso especial del derecho a la privacidad. 29 de setiembre de 1999). que vendría a ser un verdadero registro clínico único. Tesis para optar el Grado de Licenciadas en Derecho. Editorial Comares. permanecen archivados bajo una misma identificación y con carácter de único.) Desde el punto de vista normativo.(Cyrman Sánchez (Ceidy). 28 y dentro de la regulación reglamentaria. y en su caso. Leitón Rodríguez. (Carolina) y Villalobos Morera. Los documentos médicos en la Administración de Justicia: análisis médico-legal. disciplinarios y administrativos. (Silvia Ma. sin perjuicio de las demás responsabilidades que de ello se deriven. P113. 1996. Publicado en Gaceta No. Es el conjunto de documentos derivados de la atención de una misma persona y eventualmente del recién nacido o naciturus. se van acumulando una serie de formularios y documentos médicos que vienen a formar parte de un expediente. ya que en ella contiene el historial completo del tratamiento que se le este dando al paciente y la evolución que va teniendo. por los documentos que se originaren en los procesos de atención en salud que el paciente pudiere recibir externamente a la Caja" Durante el desarrollo del tratamiento médico que se le esté dando a un paciente. La información contenida en el expediente clínico. 1 ed. es el Reglamento del expediente de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social el que define el concepto de "Expediente clínico".ll. Se trata entonces de una serie de restricciones respecto a la información contenida en los expedientes médicos y sobre los cuales se debe guardar absoluta reserva.) Otros. Esta exigencia de protección del ámbito de la intimidad. Se consideran sinónimos del término "expediente de salud": expediente médico y expediente clínico". El artículo primero reza: "Expediente de salud en lo sucesivo expediente. Facultad de Derecho. por su propia naturaleza es de carácter confidencial y por ello se requiere la protección del ordenamiento jurídico. En cuanto a la confidencialidad y con el fin de lograr la precisión conceptual es necesario hacer la distinción entre esta y la privacidad. Son términos que a menudo se utilizan como si fueran sinónimos cuando se aplican a la información médica. el registro médico crece en importancia como una 17 .. o ser definida como "mantener un secreto". en el artículo 19 del Reglamento del Expediente de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. de la sesión 7364. 427). al estudiar el tema nos señala: "Actualmente." (Artículo 12. encuentra su fundamento en la misma Constitución política. en los artículos 24. p. su revelación puede originar responsabilidad cuando cause daño." (Diccionario Básico Jurídico. cuyo texto reza: "El contenido del expediente es confidencial y queda obligado a respetar esa condición todo aquél que por cualquier circunstancia tenga acceso a éste. T. celebrada el 31 de agosto de 1999). que en un establecimiento. entendida como aquella "parte personalísima y reservada de un caso o persona. La violación a esta disposición se considerará falta grave para todos los efectos legales. El expediente está conformado por los formularios oficiales aprobados por la gerencia de división médica.. También. 189. Sobre el particular Priscilla Solano Castillo.
la información contenida en los expedientes médicos siempre es confidencial. De todas maneras. abogados y notarios. docencia. oficio o profesión los ministros religiosos. también debe guardar la debida reserva. En ningún caso se encuentra autorizado para divulgar el contenido del expediente clínico. en tesis de principio. pero obviamente." Es claro y así lo dice la acusación. En consecuencia. etc). solamente deberían tener acceso a la información quienes tengan relación con el tratamiento. Registro Médico Computarizado. si otro profesional por razones académicas. Por el contrario. el tribunal no deriva las mismas consecuencias que la señora juzgadora. De las normas transcritas. enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas." 18 .. Tan es así que el artículo 206 del Código Procesal Penal les impone el deber de guardar silencio respecto a esos hechos. (Solano (Priscilla). Los miembros del equipo de salud tienen la responsabilidad de atender demandas de información. uso legal. ello no es requisito del tipo básico. La citada norma dispone: "Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado. especialmente cuando esa información puede generar un grave daño al paciente. al parecer trabajaba en otros centro de salud pública. científicas o de cualquier naturaleza.. médicos. de acuerdo con la normativa vigente. sino más bien una circunstancias agravante. el tipo penal no exige la relación médico-paciente ni tampoco que al momento del hecho sea funcionaría del lugar que custodie la información.fuente de información para satisfacer una amplia gama de necesidades (atención médica. farmacéuticos. se anula la sentencia y el debate que le precedió y se ordena el reenvío para la nueva sustanciación. tuvo acceso al expediente médico de la ofendida por su condición de profesional en medicina y por haber sido funcionaría de ese centro de salud. La información es confidencial tanto para el médico tratante como para cualquier otro profesional en medicina que por cualquier razón tenga acceso al mismo. investigación. Tan es así que se lleva un estricto de los profesionales que consultan el referido expediente. En efecto.. a la vez que deben de proteger los intereses del paciente. A pesar de que en el presente asunto se indica que al momento del hecho. Documento sin publicar). psicólogos. incluyendo las condiciones en las cuales se puede entregar información sin el consentimiento del paciente y las circunstancias en las que el consentimiento es obligatorio”. tiene acceso al legajo. que la encartada Vargas González. se acoge el motivo de casación. Cumplir con esa responsabilidad dual requiere de conocimiento de las leyes y reglamentos relativos al revelado de la información. De lo anterior se deriva el cuidadoso manejo que se le debe dar a la información contenida en cualquier expediente médico.
el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea. P 159-160. el título de la obra y la fuente original y la digital completa. viii CORTÉS BECHIARELLI. Sentencia 528 de las nueve horas con veinte minutos del siete de junio de dos seis. Alcance: 120ª. Versión de la norma: 36 de 36 del 03/08/2011. ix SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Ídem. Emilio (1998). Op Cit. Madrid. v CORTÉS BECHIARELLI. Ídem. P 142. ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social. Supra Nota 4. Código Penal. Pp 91-94. x TRBUNAL DE CASACIÓN PENAL. dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna. i ASAMBLEA LEGISLATIVA. Emilio (1998). P 157-159.cr/scielo. Alexander (1999). reproduce libremente las constituciones. CIJUL en Línea.sa. vii CORTÉS BECHIARELLI. Expediente: 04-203985-0305- PE. Números 1-2.php?pid=S1409-00151999000200011&script=sci_arttext iii RODRIGUEZ CAMPOS. normativa y doctrinal. Sentencia 774 de las diez horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil cinco. Editorial Marcial Pons. iv CORTÉS BECHIARELLI. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos). Supra Nota 4. Emilio (1998). leyes. Emilio (1998). decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. En revista de Medicina Legal. Op Cit. cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial. El Secreto Profesional del Médico Forense en Costa Rica. Datos de la Publicación Gaceta número 257 del 15/11/1970. Ley 4573 del cuatro de mayo de 1970. España. vi RODRIGUEZ CAMPOS. 19 . para lo cual se compromete a citar el nombre del autor. Fecha de vigencia desde: 15/11/1970. El Secreto Profesional del Abogado y del Procurador y su Proyección Penal. Recuperado de http://www. en caso de utilizar el material indicado. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea. Alexander (1999). Supra Nota 4. ii RODRIGUEZ CAMPOS. Expediente: 02-002323-0175-PE. Op Cit. Volumen 16.scielo. Alexander (1999).
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 artículo 206
 artículo 9
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