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Timestamp: 2020-07-02 15:25:48+00:00

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Sentencia nº Rol 3062-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 673031901
Sentencia citada en: 229 sentencias
El día 19 de mayo de 2016, el señor J.F.G.G., dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que Establece Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad; y, del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, para que surta efectos en los autos seguidos bajo el RIT 52-2016, RUC 1401258240-5, ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.
En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, el actor refiere que se sigue en su contra, ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, una causa penal por el delito contemplado en el artículo 9°, en relación con el artículo 2°, ambos de la Ley N° 17.798, de Control de Armas y, el previsto en el artículo 456 Bis A del Código Penal, esto es, porte ilegal de arma de fuego y receptación, respectivamente. Comenta que con fecha 10 de mayo de 2015, se realizó la audiencia de control de detención, oportunidad en la que el Ministerio Público formalizó investigación en su contra por el primero de los mencionados ilícitos.
En dicha actuación procesal, el persecutor público expuso que el requirente, el día 10 de mayo del mismo año, habría sido sorprendido por efectivos policiales portando un arma de fuego sin autorización, así como diversas municiones.
Posteriormente, con fecha 11 de septiembre de 2015, el Ministerio Público dedujo, por los hechos recién enunciados, acusación en su contra, solicitando la imposición (por el delito de porte ilegal de arma de fuego) una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, comiso del arma y costas, reconociéndole la atenuante establecida en el artículo 11, numeral 6° del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior.
Luego, el día 12 de abril de 2016, se pronunció por el Juzgado de Garantía de Curacaví el auto de apertura de juicio oral pertinente y los antecedentes fueron remitidos al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, encontrándose suspendida ante dicha judicatura la sustanciación del proceso.
Así, en primer término, señala que la reforma generada a partir de la Ley N° 20.603, a la Ley N° 18.216, de Penas Sustitutivas a la Pena Privativa de Libertad, trató el retomar el impulso original del legislador de este cuerpo, esto es, la reinserción social de las personas condenadas, introduciendo modificaciones en que se expresa la idea original de pena, con nuevas modalidades de cumplimiento, más modernas en aras del enunciado fin. No obstante ello, de manera posterior a esta modificación, la Ley N° 20.813, excluyó algunos de los tipos penales contemplados en la Ley N° 17.798, de Control de Armas, como lo previsto en el artículo 9°, que niega la posibilidad de optar a penas sustitutivas que contempla la ley N° 18.216, como la que permite al condenado acceder concretamente a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
De esta forma, las personas condenadas por el delito del artículo 9° de la Ley de Control de Armas, son excluidas de toda pena sustitutiva, aun cuando, como sucede con el actor, expone, no tenga antecedentes penales pretéritos. Así, la aplicación del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en la gestión pendiente, se tornaría incoherente con el resto del articulado de dicho cuerpo, en que sí se descarta de toda pena sustitutiva al condenado reincidente, cuestión per se irracional, en tanto no constan en la historia de la ley las razones para haber legislado en ese sentido.
A su turno, la modificación introducida por la Ley N° 20.813 a la Ley N° 17.798, de Control de Armas, en cuanto el nuevo artículo 17 B establece que, entre otras reglas, el juez penal no deba tomar en consideración los artículos 65 a 69 del Código Penal, determinando la cuantía de la pena dentro de los límites legales, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menos extensión del mal producido por el delito, lo cual limita el arbitrio judicial, imposibilitando la determinación de la pena justa al caso concreto, pero no implicó, necesariamente, al igual que la anterior norma cuestionada, ningún debate de fondo en el seno del legislativo al momento de...

References: artículo 1
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 456
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 17