Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831296.html
Timestamp: 2019-11-20 02:49:46+00:00

Document:
as201831296
Auto Supremo Nº 296
VISTOS: El recurso de casación de fs. 161 a 163, interpuesto por Hugo Góngora Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 41 de 21 de octubre de 2015 de fs. 154, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de Reclamación seguido por el recurrente, contra el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); el Auto de fs. 166, que concedió el recurso; el Auto Supremo de fs. 184 que admitió el recurso, los antecedentes del proceso y;
En mérito a la solicitud de modificación de datos y la aclaración de haber nacido el 29 de enero de 1949 formulada por Hugo Góngora Gutiérrez (fs. 72), la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, emitió la Resolución Nº 00000636 de 6 de febrero de 2015 (fs. 79-81), por la que resolvió suspender definitivamente la renta única de vejez equivalente otorgada a favor de Hugo Góngora Gutiérrez, así como la recuperación de lo indebidamente cobrado por éste.
Ante el recurso de reclamación por parte de Hugo Góngora Gutiérrez (fs. 97 y 112), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 413/15 de 3 de junio (fs. 118 a 124), resolvió confirmar la Resolución Nº 00000636 de 6 de febrero de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, por encontrarse conforme las disposiciones legales que rigen la materia.
En grado de apelación deducido por Hugo Góngora Gutiérrez (fs. 142 a 143), la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, expidió el Auto de Vista Nº 41 de 21 de octubre de 2015, cursante a fs. 154, confirmando la Resolución Nº 413/15 de 3 de junio, expedida por la Comisión de Reclamación del SENASIR.
Por memorial de fs. 161 a 163, Hugo Góngora Gutiérrez, interpone recurso de casación alegando:
1. Violación y aplicación errónea del art. 236 del Código de Procedimiento Civil en razón a que, el Auto de Vista impugnado, carece de fundamento legal y vulnera también el Art. 265 del Código Procesal Civil, toda vez que no determina en ninguno de su acápites en qué norma legal se basa y sustenta dicho fallo, evidenciándose que dicho Auto de Vista carece de fundamentación y técnica procesal al momento de emitir una resolución ya que no expresaron argumentos ni fundamentos legales para confirmar la Resolución de la Comisión de Reclamación No. 413/15 de 03 de junio, así como por no haber absuelto los 4 agravios expresados en su recurso de apelación.
Agrega que el Tribunal de Apelación “TIENEN Y TENIAN LA OBLIGACION DE HACER PREVALECER LOS PRINCIPIOS DE SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY, PRINCIPIO DE BUENA FE, PRINCIPIO DEL CONTROL JUDICIAL, PRINCIPIO DE INFORMALISMO, determinados en la Ley de Procedimiento Administrativo; sin embargo con este Auto de Vista todos estos principios que rigen la Administración Pública han quedado por los suelos por parte de los emisores del Auto recurrido”.
2. Bajo el epígrafe de violación del derecho al debido proceso en su elemento a la debida fundamentación, motivación y congruencia, cita varias sentencias constitucionales y resume el entendimiento expresado en las mismas sobre el debido proceso.
3. Vulneración del art. 213.II.3) del Código Procesal Civil, acusando que el Auto de Vista N° 41 de 21 de septiembre de 2015, “ES UNA COPIA FIEL DE LA RESOLUCION DE LA COMISION DE RECLAMACION 413/15”, sin haber valorado la prueba aportada por su persona en el que alega haber demostrado que su nacimiento data del año 1943.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, anule el Auto de Vista Nº 41 de 21 de octubre de 2015 y se disponga que el Tribunal de Apelación dicte nueva resolución en el que se pronuncien sobre todos sus argumentos y pruebas presentadas.
De la revisión del recurso de casación, se advierte que si bien el recurrente acusa interponer su recurso en el fondo, sin embargo, del contenido del mismo se advierte que sus reclamos versan sobre la instrumentalidad del proceso, materia del recurso de casación en la forma, tan así, que concluye solicitando como remedio procesal la nulidad del Auto de Vista impugnado.
En ese marco, acusa que el Tribunal de apelación no se pronunció sobre todos los puntos alegados en su recurso, así como no ponderó todo el material probatorio propuesto de su parte referidos a la fecha de su nacimiento.
Sobre el caso, corresponde tener presente que la nulidad de un acto jurídico constituye una excepción al principio de congruencia entendido sobre la relación de lo pedido con lo resuelto; figura que se presta, en casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico, tal situación hace patente lo inmerso en el art. 3.1 del CPC, norma que impone a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe sin duda, no sólo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva.
A partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación.
Ahora bien, la doctrina procesal reconoce, ciertas condiciones que hacen viable y justifican la nulidad por parte de los jueces y tribunales, de entre ellas la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto, es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no se halle discrecionalmente dispuesta al arbitrio de la autoridad que juzga.
En el marco anterior, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de apelación fundó su convencimiento en base a las pruebas obrantes en el expediente, tales como el certificado de nacimiento de fs. 96, la Certificación de fs. 95, certificado de matrimonio de fs. 94, Certificación de fs. 93, certificado de nacimiento de fs. 70, certificado del SERECI de fs. 68, certificación del SEGIP de fs. 66 y fundamentalmente en la demanda de orden judicial en fotocopia legalizada de fs. 83, en cuya base concluyó que se tiene acreditado el año 1949 como el de nacimiento del asegurado.
Así tenida la resolución del Tribunal de apelación, no se encuentran razones suficientes para hacer cabida a la nulidad impetrada por el recurrente, por cuanto si bien es cierto que, existen en el expediente otras pruebas que acreditan como año de nacimiento del recurrente el 1943, no es menos evidente que tal partida fue cancelada por orden judicial a demanda del mismo asegurado, conforme certifican las pruebas cursantes a fs. 82 y 83, consistente en memorial de demanda y orden judicial expedida en 30 de enero de 2012.
Asimismo, se debe aclarar que el argumento en sentido que fueron los funcionarios del mismo SENASIR quienes le habrían aconsejado aquella modificación, resulta muy subjetivo e insuficiente para enervar una orden judicial.
Sin embargo de lo expuesto, se debe tener presente que todo lo percibido por el asegurado con anterioridad al 30 de octubre de 2014 que es la fecha en que el asegurado solicita al SENASIR la corrección de su año de nacimiento (fs. 72), no podrá considerarse como indebidamente cobrado.
Por lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no vulneró las normas denunciadas, contrario a ello, se encuentra ajustado a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, correspondiendo en consecuencia resolver conforme al art. 220-II) del Código Procesal Civil, aplicable por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del R-CSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 161 a 163, interpuesto por Hugo Góngora Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 41 de 21 de octubre de 2015.

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