Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500440.html
Timestamp: 2019-03-18 18:00:52+00:00

Document:
SENT.440-2015 GACETA
SENTENCIA: 440/2015.
EXPEDIENTE Nº: 347/2010.
PARTES: Bruno Hernán Iporre Flores contra la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Pronunciada en el proceso contencioso-administrativo seguido por Bruno Hernán Iporre Flores impugnando la Resolución Ministerial Nº 446/10 de 11 de junio de 2010, pronunciada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 231 a 237, la contestación de fs. 318 a 323 y los antecedentes de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I: Que en la demanda, Bruno Hernán Iporre Flores, señala que en el desarrollo de los informes, Preliminar de Auditoría Especial AN-UIPC-IP007/08 de 05.12.08, Preliminar Ampliatorio AN-UIPC IAP001/09 de 03.04.09 y Complementario de Auditoría Especial AN-AUIPC-IC009/09 de 08.08.09, elaborados por la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional de Bolivia, se vulneró derechos y garantías constitucionales, existiendo mala aplicación y tergiversación de la normativa dictaminada por la Contraloría General del Estado, en razón a que en la Auditoría Especial a la Fiscalización realizada a la operadora de comercio exterior Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones, cuya labor fue instruida para su ejecución a la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional de Bolivia, como resultado, se emitió el Informe de Auditoría Especial AN-AUIPC-ICI008/08 de 15.05.08, que concluyó señalando que se identificaron deficiencias de control interno, mismas que deben ser de conocimiento y acción correctiva de las autoridades competentes de la ANB, recomendando a la Presidencia Ejecutiva instruya a la Gerencia General, a la Gerencia Nacional de Fiscalización y a la Gerencia Regional Santa Cruz, adopten las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones, sin embargo de manera contradictoria y en abierta contraposición a las recomendaciones del Informe Jurídico AN-GNJGC/DGLJC Nº 123/2008 de 29.0.1.08 y que forma parte del informe de Auditoría Interna AN-AUIPC-ICI008/08; la Unidad de Auditoría Interna de la ANB, en lugar de exigir a la Gerencia Nacional de Fiscalización que se repita la fiscalización al operador de comercio exterior Daher representaciones, importaciones y exportaciones, determinó absurdamente iniciar una Auditoría Especial sobre la evaluación de descargos en la fiscalización aduanera posterior al indicado operador, emitiendo el informe preliminar de Auditoría Especial AN-AUIPC-IP007/08 de 05.12.08 en el que se determinan presuntos indicios de responsabilidad administrativa en su contra. La Unidad de Auditoría Interna una vez conocidas las aclaraciones, justificaciones y descargos, en lugar de analizar y evaluar las pruebas presentadas y de esa manera desestimar el proceso de auditoría emite el Informe de Auditoría Nº AN-UIPC IAP001/09 de 03.04.09, “Informe Preliminar Ampliatorio” al Informe AN-AUIPC-IP007/08 relativo a la evaluación de descargos en la Fiscalización Aduanera Posterior al Operador Daher, con indicios de responsabilidad administrativa; informe que no existe al no estar contemplado en el procedimiento dictaminado por la Contraloría General del Estado, aspecto que las autoridades recurridas y la autoridad sumariante no han compulsado debidamente, existiendo parcialización con la única finalidad de perjudicarlo.
Indica que en ninguna parte del Informe Jurídico AN-GNJGC/DGLJC Nº 123/2008 de 29.0.1.08 y del Informe de Auditoría Interna AN-AUIPC-ICI008/08 de 15.05.08 emitidos por la Gerencia Nacional Jurídica y por la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional, determinan que para que se dé cumplimiento a las recomendaciones impartidas, sea condición sine qua non que la Gerencia de Fiscalización deba esperar resolución de algún tipo de la Unidad de Sumarios, más aun tomando en consideración que el proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 390/2009 de 29.09.09, pronunciado por la Autoridad Sumariante de la Aduana Nacional fue iniciado después de la emisión del informe de auditoría interna AN-AUIPC-ICI008/08 de 15.05.08; evidenciándose una manifiesta colusión con los intereses de la operadora de comercio exterior, al negar dar cumplimiento a las recomendaciones impartidas por la Gerencia Nacional Jurídica y por la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional de Bolivia, reflejadas en los informes señalados precedentemente; extremo corroborado en el informe de auditoría AN-UAIPC-ISO50/09 de 04/12/2009, que manifiesta que en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Auditoría Interna AN-AUIPC-ICI008/08 de 15.05.08, determina que existen recomendaciones parcialmente cumplidas y otras no cumplidas, correspondiendo a la Gerencia Nacional de Fiscalización evaluar la posibilidad de efectuar una nueva fiscalización.
Agrega que la dilación injustificada por parte del Departamento de Fiscalización a Operadores Dependientes de la Gerencia Nacional de Fiscalización, en la no ejecución de las recomendaciones realizadas, únicamente son de beneficio para la operadora de comercio exterior, en razón a que cuando se determine iniciar otra fiscalización, la operadora de comercio exterior tendrá todo el derecho a invocar y acogerse a la prescripción tributaria; observa que en la cronología de actuaciones, la unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional de Bolivia, de manera injustificada demoró 11 meses y días, para la emisión del informe de seguimiento AN.UAIPC-ISO50/09, y el cronograma de implementación de recomendaciones presentado por la Gerencia Nacional de Fiscalización, especifica como plazo final para el periodo de implantación de recomendaciones al mes de diciembre de la gestión 2008; son éstas las razones por las que busca la tutela del Tribunal Supremo de Justicia, al constituirse los informes de auditoría interna en pruebas pre constituidas para la acción administrativa, ejecutiva, civil y penal, al haberse emitido en el desarrollo de la Auditoría Especial a la Evaluación de Descargos en la Fiscalización Aduanera Posterior al Operador de Comercio Exterior “Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones” con Indicios de Responsabilidad Administrativa”, un informe preliminar ampliatorio que provocó un injusto proceso administrativo en su contra, acción que infringe la normativa establecida por la Contraloría General de Estado, órgano rector del sistema de Control Gubernamental y ante el atropello al principio del debido proceso, al amparo del parágrafo I del art. 116 de la Constitución Política del Estado, inc. f) del art. 27 y art. 38 de la Ley Nº 1178, incs. c) y d) del art. 35 de la Ley Nº 2341, disposiciones legales que guardan estricta armonía con el art. 55 del DS Nº 27113.
Fundamenta su demanda indicando que en sede administrativa, las autoridades han violado a su turno los arts. 117. I y 118. I de la Constitución Política del Estado, por cuanto en base a un informe de auditoría que carece de eficacia jurídica, promovieron un injusto proceso administrativo, sin respetar el debido proceso, provocándole ante la sociedad una especie de muerte civil e infamia. Añade que autoridad demandada en lugar de reparar y enmendar las violaciones perpetradas por la autoridad sumariante de la Aduana Nacional de Bolivia, no hizo otra cosa que abstenerse, denegando de esta forma la administración de justicia, en violación de los arts. 116. I y 117. I de la Suprema Ley, por cuanto nunca se presumió su inocencia y menos se garantizó el debido proceso; no obstante haber demostrado que las autoridades demandadas, infringieron los arts. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aplicables al presente por cumplir con las condiciones exigidas por el art. 410 de la CPE, cuyos enunciados, garantizan que toda persona pueda recurrir a los tribunales para hacer vale sus derechos, a efectos de que la justicia lo ampare frente a la arbitrariedad mostrada por la Autoridad Sumariante de la Aduana Nacional.
Con los argumentos precedentes, concluye solicitando se declare probada la demanda, revocando en consecuencia la Resolución Ministerial impugnada y las que le preceden, y en su mérito disponer el archivo definitivo de obrados.
CONSIDERANDO II: Que ante esa demanda, el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, responde negativamente señalando que el primer aspecto por el cual el demandante basa su acción, es la Auditoría Especial de Fiscalización del Operador de Comercio Exterior María Judith Nazrala de Daher/Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones, realizada por la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional.
Aduce que en el ámbito del ordenamiento jurídico administrativo, el art. 20 del DS Nº 23318-A, dispone que los informes de auditoría tendrán la calidad de prueba pre constituida, reconociendo el carácter formal y legal de los informes de auditoría, susceptibles de ser incorporados en cualquier procedimiento adjetivo que reconozca su contenido para fines probatorios, a condición de que emisión sea previa proceso, deduciendo por previsión específica de la norma, se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, conforme dispone el inc. b) del art. 28 de la Ley Nº 1178, mientras no se demuestre lo contrario, previsión que se aplica a cualquier acto administrativo, tal es el caso de las Auditorías Especiales, por lo que no correspondía dilucidar dentro de un proceso administrativo interno la licitud o la eficacia jurídica, derivada de la aplicación de procedimiento de control gubernamental en una Auditoría Especial. De este modo, el art. 20 del DS Nº 23318-A, en concordancia con los arts. 29 y 43 de la Ley Nº 1178, es de preferente aplicación, a efecto de la valoración probatoria de indicios definidos, situación que tampoco le está permitido pasar por alto o ignorar a la Autoridad Sumariante, en cuanto tiene relación con el cumplimiento de sus funciones y deberes de Sumariante, tratándose de indicios que deben ser sustanciados, conforme instruye el art. 29 de la Ley Nº 1178, definiendo la responsabilidad administrativa: “cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, la misma se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere”, lo que implica que en ejercicio de sus facultades potestativas, pueda iniciar el proceso sumario administrativo, de oficio, por denuncia, o en base a un dictamen o causa de un informe de auditoría especial, según define la modificación establecida en el DS Nº 29820 y el art. 18 del DS Nº 26237, modificatorio del DS Nº 23318-A, considerando que la finalidad y objetivo final del proceso sumario administrativo, consiste en determinar si el servidor público –independientemente de su jerarquía– es responsable o no de alguna contravención.
Aclara que la instancia jerárquica, confirmó totalmente la Resolución de Recurso de Revocatoria que a su vez dispuso confirmar y ratificar la Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 318/2009 de 2 de septiembre de 2009, que estableció responsabilidad administrativa contra el ahora demandante, y la sanción de destitución, en mérito a que se dio cumplimiento al procedimiento regulado, respetando los derechos y garantías asignados al debido proceso, dándole lugar a su amplio derecho a la defensa y al acceso a la vía recursiva en sede administrativa.
Refiere que en el contexto administrativo, la definición de Autoridad Legal Competente, se establece en la normativa administrativa prevista en el Inc. a) del parágrafo I del artículo 12 del DS Nº 23318-A, modificado por el DS Nº 26237, señalando ser “la prevista en las normas específicas de la Entidad, o en su defecto, el servidor designado por el máximo ejecutivo en la primera semana hábil del año”, por lo que aduce que no existe sustento legal, para adjudicar a estas autoridades la comisión de un hecho ilícito por el que se hubiera transgredido la prohibición de infamia, muerte civil y el confinamiento.
En cuanto a la infracción del inc. f) del art. 27 y el art. 38 de la Ley Nº 1178 que acusa el demandante, señala que estos no se encuadran a la relación de la revisión realizada en instancia jerárquica, en vista de que no encuentra en cuestionamiento el marco de las responsabilidades atribuidos a los profesionales o a la Máxima Autoridad Ejecutiva de modo general, por el contrario, dicha revisión tenía por objeto, hechos específicos que forman parte de las funciones del recurrente, aclara además que no se encuentra probada la vulneración de los incs. c) y d) del art. 35 de la Ley Nº 2341 en relación con el art. 55 del DS Nº 27113, en atención a que la nulidad invocada, debe estar expresamente establecida en la ley, situación que no se cumple en el presente caso.
Finalmente, aclara que la solicitud de documentación a una entidad financiera sobre movimientos económicos del representante de un operador de comercio exterior, remitida después de 6 meses, provocó que el procedimiento de verificación y validación, recién se lo pueda ejecutar en la etapa de preparación del Informe Final de Fiscalización Aduanera Posterior, de modo que el argumento de que la operadora se resistió a entregar información contable completa de sus operaciones comerciales, no justifica que el demandante no haya rechazado los descargos o las pruebas inconducentes e insuficientes presentadas por el operador en la fiscalización. Independientemente de que no constituye prueba suficiente la existencia de vínculo matrimonial entre el representante del operador y sus proveedores, omitiendo evaluar y expresar si los descargos presentados por la propietaria de la empresa María Judith Nazrala de Daher/Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones eran suficientes o no para levantar los cargos, procediendo a disminuir la deuda tributaria de Bs. 7.435.570 a Bs. 426.785, valorando documentación que había sido evaluada previamente en el trabajo de campo de la fiscalización, cuando los montos de importación de mercancías declaradas eran inferiores con relación a la información registrada en la base de datos de precios referenciales BIPRE de la Aduana Nacional, tampoco demostró que haya efectuado la verificación y confrontación de la información proporcionada por el Banco Mercantil Santa Cruz, toda vez que de 71 casos expuestos, mencionados en el Informe Final de Fiscalización AN-GNFGC-DFOFC-204/07, se evidenció que el Banco Mercantil Santa Cruz, únicamente proporcionó los Swift de 24 casos.
Concluye solicitando que se declare improbada la demanda.
No habiendo el demandado respondido al traslado para la réplica en el plazo de ley, se decretó “Autos” para sentencia mediante providencia de fs. 339.
CONSIDERANDO III: Que el objeto de la presente controversia radica en que, según afirma el demandante, su destitución de las funciones de Administrador de Aduana Interior es ilegal, por haberse vulnerado derechos y garantías constitucionales y existir mala aplicación y tergiversación de la normativa al haberse emitido Informe Preliminar Ampliatorio, que no está contemplado en el procedimiento dictaminado por la Contraloría General del Estado, provocando un injusto proceso y por consiguiente la violación de los arts. 116. I, 117. I y 118. I de la CPE, inc. f) del art. 27 y art. 38 de la Ley Nº 1178, incs. c) y d) del art. 35 de la Ley Nº 2341, disposiciones legales que guardan estricta armonía con el art. 55 del DS Nº 27113.
A efecto de resolver la presente causa, resulta necesario precisar que el hecho que dio origen a los actuados que culminaron con la determinación de responsabilidad administrativa en contra del demandante, emerge de la fiscalización a la operadora María Judith Nazrala de Daher/Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones, conforme a los siguientes antecedentes:
El 5 de marzo de 2007, la Gerencia Nacional de Fiscalización emitió la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 009/2007, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera con relación al correcto pago y liquidación de tributos aduaneros, así como la declaración de los valores originales de la mercancía de importación, en las declaraciones de importación tramitadas en el periodo de enero a septiembre de la gestión 2006, por la operadora María Judith Nazrala de Daher/Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones.
En cumplimiento de la indicada Orden de Fiscalización Aduanera Posterior No. 009/2007, se efectuó la fiscalización a la operadora María Judith Nazrala de Daher/Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones, emitiéndose el Informe AN-GNFGC-DFOFC-156/07 de 7 de agosto de 2007, suscrito por el fiscalizador Bruno Iporre Flores, por la Supervisora y por el Jefe de Departamento de Fiscalización Operadores; en el que se determinó indicios de la comisión de la contravención por omisión de pago, estableciendo una deuda tributaria de Bs. 7.435.570 equivalentes a 6.010.289.86 UFVs (fs. 1 a 12 anexo 1); otorgándole el plazo de 20 días calendario para la presentación de descargos.
Posteriormente, se elabora el informe final, Informe AN-GNFGC-DFOFC-204/07 de 12 de octubre de 2007, suscrito por el nombrado fiscalizador, estableciendo indicios de la comisión de contravención por omisión de pago y una deuda tributaria de Bs. 653.616 equivalentes a UFVs 520.610,44. (fs. 23 a 31 anexo 1).
Por otra parte, cursa el Informe de Auditoría Preliminar Especial AN-AUIPC-IP007/08 de 5 de diciembre de 2008, sobre la evaluación de descargos en la fiscalización aduanera posterior al operador de comercio exterior María Judith Nazrala de Daher/Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones, con indicios de responsabilidad administrativa en contra de Bruno Hernán Iporre Flores, Fiscalizador II (fs. 6 a 25 anexo 2). Seguidamente cursa el Informe Nº AN-UAIPC-IC009/09 de 8 de septiembre de 2009, complementario al Informe Preliminar Ampliatorio AN-AUIPC-IAP001/09 al Informe Preliminar AN-AUIPC-IP007/08.
En base a los informes anteriormente señalados, el Sumariante emitió el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 390/2009 de 29 de septiembre de 2009, por el que resuelve iniciar proceso administrativo interno contra el funcionario Bruno Hernán Iporre Flores, al existir indicios de responsabilidad administrativa por la presunta contravención al ordenamiento jurídico administrativo, con el que fue notificado el 30 de septiembre de 2009, habiendo presentado sus argumentaciones y descargos como consta a fs. 599 a 337 del anexo 2.
Mediante Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 318/2009 de 2 de diciembre, del Sumariante de la Aduana Nacional de Bolivia determinó declarar la responsabilidad administrativa del servidor Bruno Hernán Iporre Flores por la inadecuada evaluación de descargos sobre observación al valor declarado en Aduanas e inadecuada evaluación de descargos sobre la observación de operaciones de proveedores sin declaración de importación en el desarrollo del proceso de fiscalización emergente la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 009/2009-Operador María Judith Nazrala de Daher/Daher Representaciones, Importaciones y Exportaciones, calificando la falta como grave e imponiéndole la sanción de destitución por la contravención al ordenamiento jurídico administrativo contenido en: 1) numeral 1 del art. 81 del Código Tributario, 2) inc. e) del numeral 2.2. Funciones Principales del Cargo de Fiscalizador II del Manual de Puestos de la Aduana Nacional, 3) último párrafo del subtítulo “Presentación de descargos” del numeral 2.1 del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional de Bolivia y 5) incs. a), b) y c) del art. 8 del Estatuto del Funcionario Público (fs. 1052 a 1065 anexo 2 de antecedentes).
Contra la indicada Resolución Final, Bruno Hernán Iporre Flores interpuso recurso de revocatoria, el mismo que fue admitido por el Sumariante mediante Resolución AN-GEGPC-SM Nº 583/2009 de 28 de diciembre, disponiendo su remisión a conocimiento ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Aduana Nacional para su avocación. Recibidos los antecedentes, el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia emitió Resolución (fs. 1094 del anexo 2) decidiendo no avocarse al conocimiento, tratamiento y resolución del recurso de revocatoria, devolviendo obrados a la Oficina de Sumarios, para el pronunciamiento expreso del Sumariante de la Aduana Nacional de Bolivia, quien emitió la Resolución de Recurso de Revocatoria AN-GEGPC-SM Nº 03/2010 de 28 de enero, mediante la cual, confirma totalmente la Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 318/2009 de 2 de diciembre de 2009 (fs. 1125 a 1128 anexo 2).
Notificado con la Resolución de Revocatoria, Bruno Hernán Iporre Flores, interpuso recurso jerárquico, resuelto por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social por Resolución Ministerial Nº 446/10 de 11 de junio de 2010, confirmando totalmente la Resolución de Recurso de Revocatoria impugnada.
Establecidos los antecedentes que dieron lugar a la resolución impugnada, corresponde precisar, que la responsabilidad por la función pública, en el caso, la responsabilidad administrativa, según previsión del art. 29 de la Ley Nº 1178, es aquella que emerge de la acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público.
Ahora bien, siendo su naturaleza disciplinaria, se enmarca en el denominado Derecho Administrativo Sancionador y específicamente, en el Derecho Administrativo Disciplinario que tiene como finalidad conseguir que los servidores públicos cumplan sus obligaciones funcionarias para conseguir que el funcionamiento del Estado, sea eficaz y eficiente.
En el caso de autos, se concluye que el proceso administrativo interno iniciado con AUTO INICIAL DE PROCESO SUMARIO INTERNO AN-GEGPC-SM Nº 390/2009 de 29 de septiembre de 2009, culminó con la resolución impugnada en el presente proceso, y tuvo como antecedentes, los elementos fácticos que fueron denunciados en el Informe de Auditoría Preliminar Especial AN-AUIPC-IP007/08 de 5 de diciembre de 2008, Informe Preliminar Ampliatorio AN-AUIPC-IAP001/09 e Informe No. AN-UAIPC-IC009/09 de 8 de septiembre de 2009, complementario al Informe Preliminar Ampliatorio AN-AUIPC-IAP001/09, emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional.
En el ámbito del ordenamiento jurídico administrativo, el art. 20 del DS Nº 23318-A, Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, establece que los informes de auditoría tendrán la calidad de prueba pre constituida, a cuyo fin deben contener con claridad la identificación del presunto responsable de la contravención y las circunstancias en que ésta fue cometida.
Ahora bien, el hecho de que se haya emitido el Informe Preliminar Ampliatorio AN-AUIPC-IAP001/09 al Informe de Auditoría Preliminar Especial AN-AUIPC-IP007/08, que ya había determinado presuntos indicios de responsabilidad administrativa en contra del ahora demandante, se tiene que si bien dicho Informe no está contemplado en la normativa establecida por la Contraloría General del Estado, el mismo no alteró los indicios de responsabilidad administrativa determinados en el Informe Preliminar Especial AN-AUIPC-IP007/08, tampoco el demandante ha fundamentado de manera razonada de qué manera dicho informe atentó contra sus derechos en cuanto al debido proceso, o de qué manera alteró los indicios de responsabilidad que ya fueron establecido en el citado Informe Preliminar, limitándose sólo a señalar que por el hecho de no estar contemplado en la normativa carecería de eficacia jurídica, sin explicar cuál el agravio cierto y efectivo a sus derechos, o de qué manera se infringió la normativa establecida; finalmente no corresponde que en el proceso interno se discuta la validez de un informe emitido en una auditoría especial, habida cuenta que estos informes como señala el art. 20 del citado Decreto Supremo, tienen la calidad de prueba pre constituida que puede ser desvirtuada en el proceso sumario, además su emisión conforme a la norma citada debe ser previa al proceso en virtud a que se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario, por su parte, el proceso sumario tiene como finalidad determinar si el servidor público es responsable o no de alguna contravención, más allá de las conclusiones a las que arribe el Informe de Auditoría, en éste se buscará la verdad material y se determinará si cumplió o vulneró la normativa administrativa, como ocurrió en el presente caso, cuyo proceso sumario se inició con la emisión y notificación del Auto Inicial de proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 390/2009, por consiguiente, no existe nulidad alguna en el procedimiento del Sumario.
Por otra parte, revisado lo obrado, se evidencia que se ha dado estricto cumplimiento al procedimiento de la materia, habiendo sido notificado el involucrado con todas las actuaciones dentro del proceso sumario, en el cual tuvo derecho a la defensa, hizo uso de los recursos en sede administrativa, habiendo sido oído y escuchado con las debidas garantías, menos consta que las autoridades administrativas hubiesen dispuesto la muerte civil, infamia o su confinamiento, por consiguiente no existió vulneración alguna a los arts. 116. I, 117. I y 118. I de la CPE; tampoco se evidencia infracción al inc. f) del art. 27 y art. 38 de la Ley Nº 1178, menos la vulneración de los incs. c) y d) del art. 35 de la Ley Nº 2341 y art. 55 del DS Nº 27113, en atención a que no se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido, además que toda causa de nulidad debe estar expresamente establecida en la ley para ser declarada, lo que no ha sucedido en el caso de autos.
En cuanto al argumento del demandante sobre la dilación injustificada por parte del Departamento de Fiscalización a Operadores, dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización, en la no ejecución de las recomendaciones realizadas y que únicamente son de beneficio para la operadora de comercio exterior, en razón a que cuando se determine iniciar otra fiscalización, la operadora de comercio exterior tendrá todo el derecho a invocar y acogerse a la prescripción tributaria; dicha acusación es ajena al caso de autos, por consiguiente no corresponde a éste Tribunal dilucidar, menos emitir pronunciamiento al respecto.
En coherencia con lo anterior, se concluye que en el proceso sumario interno al que fue sometido el demandante, no se vulneró normativa alguna.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso-administrativa y en su mérito, firme y subsistente la Resolución Ministerial Nº 446/10 de 11 de junio de 2010, pronunciada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y en su mérito, la Resolución de Recurso de Revocatoria AN-GEGPC-SM Nº 03/2010 de 28 de enero de 2010 y la Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 318/2009 de 2 de diciembre de 2009.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución