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Timestamp: 2018-08-21 09:43:00+00:00

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﻿ CIRCULAR EXTERNA 68 DE 1998
CIRCULAR EXTERNA 68 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:LA SUPERBANCARIA INFORMA A LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES BAJO SU VIGILANCIA SOBRE LA ADICIÓN DE LA CIRCULAR EXTERNA 7 DE 1996, EN RELACIÓN CON LA IMPROCEDENCIA DE EXIGIR BALANCES CERTIFICADOS POR CONTADOR PÚBLICO RESPECTO DE PERSONAS QUE LEGALMENTE NO ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD DE SUS NEGOCIOS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1105 DE OCTUBRE 30 DE 1998, PG. 983
BOLETÍN N°:407 DE SEPTIEMBRE 25 DE 1998
CIRCULAR EXTERNA 68 DE 1998
Ref.: Circular Básica Jurídica Nº 7 de 1996.
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 10 y 19, numeral 3 del Código de Comercio, en concordancia con lo previsto por el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, se adiciona la circular de la referencia en relación con la improcedencia de exigir balances certificados por contador público respecto de personas que legalmente no están obligadas a llevar contabilidad de sus negocios.
Con tal propósito, se adjuntan a la presente las páginas 1 y 2 del título II capítulo primero de la Circular Básica Jurídica - Circular Externa 007 de 1996.
Instrucciones generales relativas a las operaciones comunes a los establecimientos de crédito
Instrucciones generales relativas a las operaciones activas de crédito comunes a los establecimientos de crédito
1. Condiciones generales aplicables a cualquier operación activa de crédito.
1.1.1. Condiciones generales para el otorgamiento y ejecución de los créditos.
a) Requerimientos de información. Para el correcto y debido acatamiento de lo dispuesto en el artículo 620 del estatuto tributario en concordancia con lo establecido en el artículo 120, numeral 1 del estatuto orgánico del sistema financiero, para efectos del otorgamiento de préstamos se deberá fundamentar “en la información contenida en la declaración de renta y complementarios del solicitante correspondiente al último período gravable”;
b) Personas obligadas a presentar declaración. Respecto de aquellas personas que conforme a los artículos 7º, 8º, 10, 11, 13,14, 15, 16,17.y 20, del estatuto tributario, están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre renta y complementarios (art. 2º) los establecimientos de crédito deben exigirles tal documento;
c) Asalariados no declarantes. Tratándose de personas asalariadas no obligadas a declarar, ninguna entidad de derecho público o privado puede exigir la presentación o exhibición de copia de la declaración de renta y complementarios, la cual de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2321 de 1995 se entenderá reemplazada por el certificado de ingresos y retenciones. En relación con las personas que, no siendo asalariados, no estén obligados a declarar renta por sus condiciones patrimoniales conviene precisar que no es procedente exigirles la presentación de declaración alguna, pues tal declaración se entenderá igualmente reemplazada por el certificado de que trata el artículo 29 del Decreto 836 de 1991;
d) Entidades no contribuyentes. En lo tocante con las entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al parágrafo del artículo 574 del Decreto 624 de 1989 (E.T.), las entidades crediticias deberán exigirles la presentación de la declaración anual de ingresos y patrimonio.
Es del caso advertir que, además de los que hayan de pedirse conforme a lo expuesto en los literales precedentes, los establecimientos de crédito, deben solicitar los demás documentos que sean conducentes para el esclarecimiento de la solvencia económica de sus potenciales deudores, a efectos de lograr una adecuada evaluación de la capacidad de pago del solicitante, así como del riesgo asumido en la concesión de sus créditos;
d) 1. Balances certificados por contador público. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19, numeral 3, del Código de Comercio, la obligación de llevar contabilidad se predica de quienes tienen la calidad de comerciantes, como los define el artículo 10 del mismo código.
En tal sentido, no procede exigir la presentación de balances certificados por contador público respecto de personas que legalmente no están obligadas a llevar contabilidad de sus negocios pues, en los términos del artículo 10 de la Ley 43 de 1990, la atestación o firma de este profesional, tratándose de balances, hará presumir “que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance”, hechos de que mal podría dar fe un contador público en el caso de personas no comerciantes, por simple sustracción de materia.
Es del caso advertir que, además de los que hayan de pedirse conforme a lo expuesto en los literales precedentes, los establecimientos de crédito pueden solicitar los documentos que sean conducentes para el esclarecimiento de la solvencia económica de sus potenciales deudores, a efectos de lograr una adecuada evaluación de la capacidad de pago del solicitante, así como del riesgo asumido en la concesión de sus créditos;
e) Registro de abonos parciales y de la cancelación de obligaciones en el título valor correspondiente. Cuando una obligación incorporada en un título valor sea cancelada en su totalidad deberá registrarse dicha cancelación en el documento, así mismo, cuando se negocia un título valor respecto del cual se hayan efectuado pagos parciales deben expresarse en el documento el valor cancelado. En cualquiera de los eventos antes mencionados, tales registros llevarán la firma del funcionario de la entidad vigilada con atribuciones para el efecto.
Igualmente, se deberá dejar constancia en los respectivos títulos valores de la forma en que se registran extracartularmente los pagos parciales, si a ello hubiere lugar conforme a lo expuesto. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de efectuar las correspondientes anotaciones en el cuerpo del título valor en aquellos eventos en que el deudor solicite se deje constancia en dichos documentos de los pagos parciales;
f) Tasas máximas de interés. El artículo 884 del Código de Comercio determina los intereses comerciales en caso de mora al limitar el monto de los intereses moratorios en todos los diferentes eventos en que pudiere haber lugar a estos y determinando para los remuneratorios, supletivamente, el monto para cuando éstos no fueren convenidos por las partes. A su vez, el artículo 65 de la Ley 45 de 1990 aclara el concepto de interés moratorio al establecer que “...toda suma que se cobre al deudor por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación” e impone la obligación para el deudor de pagar intereses en caso de mora y a partir de ella.
Así las cosas y teniendo en cuenta las claras diferencias existentes entre intereses remuneratorios y moratorios, encontramos que el límite máximo del interés remuneratorio convencional se fija por el artículo 2231 del Código Civil por remisión al que hace el artículo 2º del Código de Comercio y el 8º de la Ley 153 de 1887, en razón de no existir norma comercial expresa o consuetudinaria aplicable al caso.
En efecto, dice el artículo 2º del Código de Comercio:
“En cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil”.
“Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”.
Estas normas nos permiten aplicar el límite máximo de interés remuneratorio convencional en materia comercial, la regla que para tal efecto trae el Código Civil en materia de mutuo:
“ART. 2231.—El interés convencional que exceda en una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención será reducido por el juez a dicho interés corriente si lo solicitare el deudor”.
Por otro lado, como ya lo anotábamos, el artículo 884 del Código de Comercio establece el límite aplicable a los intereses moratorios en negocios mercantiles, al indicar que en estos negocios cuando haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente y si las partes no han estipulado el interés moratorio, será el doble del mismo.
Esta norma cumple función supletiva de la voluntad para los intereses remuneratorios, diciendo que cuando no se pacten será el corriente bancario, y para los aplicables a la mora en el cumplimiento de una obligación estatuye que en el caso de haberse pactado los intereses de plazo los moratorios serán el doble de aquellos; y si no se pactaron ni los moratorios ni los remuneratorios, al ser estos últimos el bancario corriente (como se dispuso en la primera parte del artículo) los moratorios serán el doble de ellos.
De acuerdo con los términos de la norma, los límites que no pueden sobrepasarse son los dos que determinan el interés moratorio cuando no se han pactado, es decir, el doble del interés convencional del plazo y el doble del interés bancario corriente cuando no hubo convención en los remuneratorios; la norma habla que al sobrepasar “cualquiera”, lo cual quiere decir que con sobrepasar el menor ya se infringe la misma y el acreedor puede ser sancionado. Así mismo, cuando se incurra en exceso en el cobro de intereses, la Ley 45 de 1990 en su artículo 72 consagra una sanción consistente en la pérdida de los intereses moratorios y remuneratorios cobrados en exceso, aumentados en un monto igual.
En este caso y de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, el deudor tendrá derecho a solicitar la devolución de los intereses pagados en exceso, más una suma igual que el acreedor deberá entregar a título de sanción. La Superintendencia Bancaria en cada caso dará las instrucciones pertinentes a efectos de que los establecimientos de crédito cumplan con la obligación impuesta en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, para lo cual las entidades deberán demostrar que efectivamente hicieron entrega de las sumas cobradas en exceso.
N. del D.: Esta circular va dirigida a los miembros de junta directiva, representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

References: artículo 10
 artículo 620
 artículo 120
 artículo 34
 artículo 29
 artículo 574
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 884
 artículo 65
 artículo 2231
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 884
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 72