Source: http://derechomx.blogspot.com/2012/04/la-funcion-publica.html
Timestamp: 2017-06-24 08:44:26+00:00

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DERECHO: LA FUNCIÓN PÚBLICA
La jurisprudencia constitucional ha considerado que la contratación de empleados públicos conforme al derecho del trabajo deba reputarse contraria a la Constitución y no ha ofrecido criterios deducibles de la Constitución para determinar con claridad qué puestos de trabajo en el sector público están reservados a funcionarios, algo difícil de señalar a prior¡ con argumentos puramente jurídicos (salvo en supuestos determinados). En consecuencia, la mencionada opción general o preferencia constitucional en favor de un régimen estatutario redunda en un acusado relativismo. Así sucede que leyes recientes permitan extender a nuevas categorías o grupos de empleados públicos el régimen laboral, sin que se adviertan razones y criterios jurídicos concretos que oponer a estas decisiones del legislador.
Cuando este precepto distingue dicho estatuto está prescribiendo determinadas modulaciones en la relación de empleo, por razón del carácter público de las funciones a desempeñar y de la integración del trabajador en una organización pública. De hecho, la Constitución considera al funcionario como un trabajador, sólo que sometido a determinadas peculiaridades en virtud de los intereses que sirve y el estatuto de los funcionarios públicos debe precisamente regular, mediante normas de ius cogens en lo que sea necesario, todas estas peculiaridades. 4. CONTENIDO NECESARIO DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
la permanencia en el empleo público y al ascenso o acceso a nuevos cargos dentro de la organización: esto incluye la regulación de la pérdida de la condición de empleado público y el sistema de promoción interna y de provisión de puestos de trabajo deben formar parte del estatuto de la función pública. las peculiaridades de ejercicio de los derechos sindicales de los funcionarios
la protección de la imparcialidad de los empleados públicos y de la objetividad de la Administración, además de a otros posibles fines lícitos, relacionados con el principio de eficacia administrativa y con la política de empleo de las Administraciones públicas: todos estos fines afectan a los empleados públicos con independencia del vínculo formal que les liga a la Administración y de ahí que la legislación actual de incompatibilidades se aplique por igual a funcionarios y personal laboral. Ello obliga también a incluir en la regulación legal de la función pública las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de «sus funciones». los derechos y deberes de los funcionarios RESERVA DE LEY, REGLAMENTO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA
De otra parte, la reserva de ley no impide la colaboración del reglamento con la ley reguladora de la materia reservada, reglamento al que la ley puede remitir la normativa de detalle, complementaria o necesaria para la aplicación de sus mandatos. La reserva de ley del artículo 103.3 no es, pues, una reserva absoluta. Ahora bien, en la materia reservada no caben remisiones en blanco al reglamento y a la negociación colectiva, ni caben reenvíos indeterminados o ambiguos que en la práctica atribuyan a los titulares de la potestad reglamentaria (o a los negociadores. 3) LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA
Cada uno de los niveles de la organización territorial del Estado previstos en la Constitución tiene su Administración propia, distinta, autónoma. En virtud del principio de autoorganización corresponde a cada entidad autónoma regularla, ordenarla y organizarla a su conveniencia para el cumplimiento de sus fines siempre en el marco de los mandatos constitucionales. Ello conduce a una heterogeneidad de políticas de personal y a una pluralidad de regímenes funcionariales.
No obstante lo cual, en nuestro ordenamiento constitucional ni siquiera la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer el régimen de su función pública es plena, puesto que el artículo 149.1.18.' de la Constitución reserva al Estado «las bases del régimen estatutario de los funcionarios». El problema reside en determinar qué comprenden las bases del régimen estatutario de los funcionarios pero, como es lógico, la normativa básica no necesita extenderse a todos sus extremos ni requiere la misma profundidad en todos ellos, es decir; las normas básicas son las que establecen un común denominador normativo, a partir del cual cada Comunidad Autónoma puede establecer su legislación propia y diferenciada. Las bases no pueden, por tanto, agotar la regulación de la materia, estableciendo una regulación tan detallada que imponga en realidad una uniformidad total o vacíe de contenido las competencias de desarrollo normativo que tienen las Comunidades Autónomas. clases de empleados públicos: i. DEFINICIóN, ÁMBITO Y HETEROGENEIDAD DEL EMPLEO PúBLICO
Funcionarios públicos: personas incorporadas a la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo» pero el concepto de empleado público es más amplio que el de funcionario, pues comprende también a profesionales vinculados a la Administración por un contrato laboral o, excepcionalmente, de otro tipo. Por otra parte, el elemento de la definición de funcionario (o de empleado público) que lo conecta a una Administración pública también debe ser matizado. Por Administración pública se entiende en nuestro ordenamiento la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local así como las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de cualquiera de las anteriores o vinculadas a ellas. En cambio, no se incluyen las empresas públicas, entendiendo por tal las personas jurídicas con forma jurídica privada de sociedad mercantil, por lo común- controladas por una Administración pública, normalmente por tener directa o indirectamente la participación mayoritaria o total en su capital.
El personal al servicio de estas empresas sólo desde un punto de vista económico o, si acaso, sociológico, puede considerarse parte del empleo público, pero no desde un punto de vista jurídico. La relación que les une a su empresa es de naturaleza estrictamente privada, regulada por el derecho del trabajo a todos los efectos. Igualmente en el empleo público se integran otras personas, con vínculo normalmente funcionarial, que desempeñan sus funciones profesionales al servicio de órganos públicos, previstos en la Constitución o en los Estatutos de Autonomía, que no forman parte de la Administración pública. II. FUNCIONARIOS Y CONTRATADOS LABORALES
Además, leyes especiales han introducido otros supuestos en los que cabe la contratación de personal laboral. La misma determinación de las funciones que pueden ser desempeñadas por contratados laborales se encuentra en las leyes de función pública de las Comunidades Autónomas.
Por lo que se refiere a la Administración local, el artículo 92.2 de la LBRL sólo reserva a «personal sujeto al Estatuto funcionarial» las funciones «que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, en general, aquellas que en desarrollo de la presente ley se reserven a funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función». III. FUNCIONARIOS DE CARRERA Y DE EMPLEO. CLASES DE FUNCIONARIOS DE EMPLEO
a) EVENTUALES: 1) El personal eventual ejerce funciones «expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial» (art. 20.2 de la Ley de Medidas) y existe en todos los niveles territoriales de la Administración. Corresponde al Gobierno, a los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y al Pleno de las Corporaciones locales determinar el número de puestos de trabajo reservados a este personal, con sus características y retribuciones, dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto. 2) El nombramiento y cese de este personal es libre pero se basa en el sistema de la confianza política. Cuando cesa la autoridad para la que preste su función, el personal eventual cesa automáticamente y el cese no genera indemnización.
b) INTERINOS: 1) Funcionarios que «por razón de necesidad o urgencia, ocupan plazas de plantilla en tanto no se provean por funcionarios de carrera». 2) El rasgo característico de esta figura es, pues, la provisionalidad o transitoriedad de la relación de servicio, pues se trata de cubrir una necesidad pasajera de la Administración, que debe solucionarse con la convocatoria y resolución del procedimiento para cubrir las plazas vacantes de funcionarios de carrera que deban desempeñar esas funciones. Por eso para nombrar funcionarios interinos será condición inexcusable que no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionarios de carrera». Obviamente, también es necesario que exista una plaza vacante, dotada presupuestariamente y correspondiente a funcionarios de carrera, ya carezca de titular o cuyo titular, con reserva de destino, no la desempeñe por cualquier.
Hoy en día, sin embargo, el requisito de la nacionalidad española ha quedado matizado por la posibilidad de que accedan a la función pública en ciertos casos los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Europea en idénticas condiciones que los españoles. Esta posibilidad deriva del derecho de libre circulación de los trabajadores que, como se sabe, constituye uno de los pilares de la Comunidad Europea y aunque el artículo 48.2 TCEE dispone que las disposiciones sobre libertad de circulación «no serán aplicables a los empleos en la Administración pública», el TJCE, desde hace tiempo, ha venido interpretando restrictivamente ese concepto. Según este Tribunal por empleos en la Administración pública, a efectos de lo dispuesto en el citado artículo 48.4, hay que entender tan sólo los que «comportan una participación, directa o indirecta, en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de otras colectividades públicas». En cualquier caso, el problema fundamental consiste en definir cuáles son esos empleos que comportan participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público o la salvaguarda de los intereses generales dado que el UCE no ha establecido un listado de estos empleos, sino que los determina casuísticamente. En virtud de todo ello, la legislación española ha regulado que el acceso a «determinados sectores de la función pública» de los nacionales de los demás Estados de la Comunidad Europea. Estos ciudadanos pueden acceder en idénticas condiciones que los españoles a «la función pública investigadora, docente, de correos, sanitaria de carácter asistencial y a los demás sectores de la función pública a los que, según el derecho comunitario, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores». La Ley 17/1993 exige que los nacionales de los Estados miembros acrediten su nacionalidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos a todos los participantes para ser admitidos a los procedimientos de selección, así como que no están sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que les impida el acceso a la función pública en su Estado. También establece que la pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier Estado miembro de la Comunidad Europea implica la pérdida de la condición de funcionario, salvo que se adquiera simultáneamente la nacionalidad de otro Estado miembro.
La solución legal es distinta por lo que se refiere a los contratados laborales. Los trabajadores extranjeros no pueden «acceder al desempeño de cargos públicos o que impliquen ejercicio de autoridad». 2. EDAD
El candidato al acceso debe estar en posesión del título exigido o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 4. No PADECER ENFERMEDAD 0 DEFECTO FíSICO IMPEDITIVO
Como es lógico, aparte de este requisito negativo, también es posible exigir particulares condiciones físicas o de salud, siempre que así lo justifique la naturaleza de las funciones a desempeñar. 5. No HABER SIDO SEPARADO 0 INHABILITADO
No haber sido separado del servicio de cualquier Administración pública mediante expediente disciplinario. Lógicamente, debe tratarse de separación del servicio mediante resolución firme en la vía administrativa., ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 6. OTRos REQuisiTos
El concurso consiste en «la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el establecimiento del orden de prelación de los mismos». El concurso es un sistema de ingreso rigurosamente excepcional, cuya utilización ha de estar sólidamente justificada. Se utiliza cuando se trata de proveer empleos de alto nivel con personas de relevantes méritos y excepcionales condiciones. El concurso-oposición, en «la sucesiva celebración de los dos sistemas anteriores».
«el Gobierno regulará la composición de los órganos de selección, garantizando la especialización de los integrantes de los órganos selectivos y la agilidad del proceso selectivo sin perjuicio de la objetividad». Además, para evitar el riesgo de endogamia corporativa añade que «en ningún caso, y salvo las peculiaridades del personal docente e investigador, los órganos de selección podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo que se ha de seleccionar». La regla carece de toda lógica jurídica, pues, si se trata de evaluar exclusivamente los méritos y capacidad de los candidatos, es preciso que los evaluadores, todos ellos, tengan la cualificación técnica necesaria que estén integrados por personas dotadas de la debida cualificación técnica en la materia propia de esa plaza.
Una vez aprobada la oferta pública de empleo, el procedimiento de selección propiamente dicho se inicia con la publicación de la convocatoria correspondiente. De esta manera se concreta el principio de publicidad el cual es el elemento imprescindible de exteriorización de la convocatoria» y que está directamente finalizado a garantizar el derecho de acceso en condiciones de igualdad. El principio de publicidad, sin embargo, no sólo se manifiesta en la convocatoria, sino que colorea todo el procedimiento de selección, empezando por el trámite previo de la oferta de empleo, hasta la resolución final, con la única excepción de las deliberaciones internas del órgano de selección, que pueden y deben ser reservadas para no perjudicar los derechos e intereses de terceros. En el caso de selección para la Administración (u otros órganos constitucionales o entidades dependientes) del Estado, las convocatorias y sus bases deben ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En la selección del personal de las Comunidades Autónomas, en su respectivo Diario Oficial. En el caso de las Administraciones locales, el anuncio de las convocatorias ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pero las bases se publican en el Diario Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o de la propia Corporación.
Celebradas las pruebas, el órgano de selección debe hacer pública la relación de aprobados por orden de puntuación, elevándola a la autoridad competente para que la publique en el Boletín Oficial del Estado. 4. APORTAcIóN DE DOCUMENTACIóN
Una vez que se publican las relaciones definitivas de aprobados, los aspirantes propuestos deben aportar a la Administración los documentos que acrediten que reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria. Quienes no presenten la documentación en el plazo establecido o si de ella se dedujera que no reúnen los requisitos exigidos, no pueden ser nombrados funcionarios y quedan anuladas todas las actuaciones, aparte las responsabilidades en que pudieran haber incurrido por falsedad documental. Pero eso no significa, obviamente, que se generen derechos en favor de los aspirantes no aprobados, según el orden de puntuación.
El procedimiento de selección de estos trabajadores está regido, pues, por normas de derecho administrativo, aunque el contrato que pone fin al mismo se rige por el derecho laboral. 8) FUNCIONARIZACIóN
Para solucionar este problema, se adicionó una disposición transitoria. Según esta disposición, la adscripción de un puesto de trabajo a personal funcionario no implica de por sí el cese del laboral que lo viniera desempeñando, que puede permanecer en el mismo sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional. Por tanto, esa disposición transitoria constituía una forma peculiar de integración en la función pública strictu sensu de ese personal laboral, al que la propia Ley denomina funcionarización. 9) REVISIóN DE LOS ACTOS DE SELECCIóN Y DISCRECIONALIDAD TÉCNICA DE LOS óRGANOS SELECTIVOS
En concreto, las resoluciones de los órganos de selección, tribunales o comisiones permanentes, vinculan a la Administración, que no puede decidir en contrario. Pero, por una parte, esas resoluciones pueden ser revisadas de oficio por la propia Administración, es decir, si incurren en nulidad de pleno derecho o si infringen gravemente normas de rango legal o reglamentario (en cualquier momento o en el plazo de cuatro años desde que fueron dictados en uno u otro caso). El recurso contra las decisiones de los órganos de selección puede fundarse, como es lógico, en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, ya sea de carácter procedimental, formal ...
1. SERVICIO ACTIVO: El funcionario se halla en situación de servicio activo cuando ocupa un puesto de trabajo al que está adscrito y al que ha accedido por alguno de los procedimientos de provisión legal y reglamentariamente previstos. Éste es el supuesto característico de ocupar «plaza correspondiente a la plantilla del Cuerpo a que pertenezcan o de la que sean titulares». 2. SERVICIOS ESPECIALES: situación contemplada para facilitar el desempeño temporal por el funcionario de cargos de especial responsabilidad, ya sean de elección o de confianza política y personal o de otra naturaleza. La ventaja esencial que comporta es la reserva (por regla general) de su puesto de trabajo al funcionario que acceda a dicha situación, de manera que, al cesar en ella, recupera las funciones y derechos que tenía en activo. En la actualidad los supuestos en que corresponde la situación de servicios especiales pueden sistematizarse como sigue. A) Por servicios internacionales Funcionarios que sean autorizados a realizar una misión por período determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional y cuando adquieran la condición de funcionarios de organizaciones internacionales o supranacionales. B) Cargos de necesaria elección o designación política, C) Personal de apoyo de órganos constitucionales y cargos políticos y D) Otros supuestos Cuando cumplan el servicio militar o la prestación social sustitutoria y cuando así lo determine una norma con rango de ley 2. SERVICIO EN COMUNIDADES AUTóNOMAS (Y EN OTRAS ADMINISTRACIONES)
Tradicionalmente por expectativa de destino se ha entendido un estado transitorio de la relación de servicio del funcionario, en el que no tiene asignado un puesto determinado, sino que está a la espera de la asignación y a disposición de la autoridad competente. Quedan en dicha situación los afectados por un proceso de reasignación que no hayan obtenido un nuevo puesto de trabajo en las dos primeras fases del proceso anterior. La situación de expectativa de destino dura mientras obtienen un puesto de trabajo y como máximo un año, transcurrido el cual el funcionario pasa a la situación de excedencia forzosa.
Los excedentes forzosos tienen derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo. El tiempo que dure esta situación se les computa a efectos de derechos pasivos y trienios 5. EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS
En su virtud, el funcionario tiene derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto sí es por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha del nacimiento de éste. El artículo 14.4 del Reglamento añade que el acogimiento de menores produce, mientras dure, los mismos efectos que la adopción. Si el padre y la madre trabajan, sea en el sector público o en el sector privado quien no sea funcionario, sólo uno de ellos puede ejercitar el derecho. La excedencia puede solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o de la resolución judicial de adopción. Durante su disfrute el funcionario no tiene derecho a percibir ninguna retribución como tal. 6. ExCEDENCIA VOLUNTARIA
A) Suspensión provisional: Esta situación puede acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario por la autoridad u órgano competente para acordar la incoación del expediente B) Suspensión firme: Este tipo de situación es consecuencia de una sentencia penal condenatoria o de una sanción disciplinaria, igualmente firmes. En el primer caso deriva de la pena principal o accesoria de suspensión de cargo público (arts. 43 y 56 del Código Penal), prevista por tiempo de seis meses a seis años. En el segundo corresponde a una falta muy grave o grave, prevista por tiempo máximo de seis o tres años respectivamente, como veremos en su momento . La situación administrativa de suspensión se extiende por el período de la pena o sanción. A estos efectos es de abono el tiempo que el funcionario ha permanecido en suspensión provisional.
Las situaciones administrativas distintas del servicio activo interrumpen, como se ha dicho, el itinerario normal de la vida profesional del funcionario, pero no extinguen su relación de servicio con la Administración. 1. RENUNCIA
La renuncia es un acto voluntario del funcionario, pero que debe manifestarse por escrito y ser aceptado formalmente por la Administración. Hasta que la aceptación no se formaliza, el interesado puede dejar sin efecto su renuncia y la aceptación de la renuncia puede quedar condicionada a motivos de interés general o necesidades del servicio, pues con carácter general el artículo 6 del Cc. considera inválidas las renuncias que contraríen el interés o el orden público o perjudiquen a terceros. Pero siempre que se trate de motivos justificados y condiciones proporcionadas, pues de lo contrario constituirían una constricción incompatible con la libertad personal del funcionario. 2. PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA (0 DE MIEMBRO DE LA UNIóN EuRoPEA)
Si la nacionalidad española se pierde para adquirir la de otro Estado miembro de la Comunidad, el funcionario que desempeñe alguno de dichos empleos - pero sólo éstos- no pierde su condición de tal. Por otra parte, los miembros de la función pública española que tengan alguna de esas otras nacionalidades, por permitirlo así nuestra legislación, también pierden su condición de funcionarios de la Administración española cuando pierden su nacionalidad, salvo que simultáneamente adquieran la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea. 3. SANCIóN DISCIPLINARIA DE SEPARACIóN DEL SERVICIO
En este caso la pérdida de la condición de funcionario se produce a consecuencia de una sentencia penal firme. Debe recordarse al respecto que, según el artículo 41 del Código Penal, la pena de inhabilitación absoluta produce, entre otros efectos, la privación definitiva de todos los cargos públicos que tuviera el penado y la incapacidad para obtener cualquier cargo por el tiempo de la condena. A diferencia de la separación del servicio, la extinción de la relación de servicio a consecuencia de una pena de inhabilitación no impide al penado volver a acceder a la función pública. 5. JUBILACIóN
Esta es la causa más habitual de extinción de la relación de servicio y, en el supuesto más normal, se produce por razones de edad, aunque también puede producirse por incapacidad permanente del funcionario o causas similares. En todo caso, una vez declarada la jubilación o (como se dice en la legislación militar) el retiro, el funcionario tiene derecho a recibir la correspondiente pensión en función de los años de servicios prestados A) Jubilación forzosa por edad al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años aunque los funcionarios pueden prolongar su permanencia en el servicio activo el tiempo que deseen hasta, como máximo, la edad de setenta años. Sin embargo, esta regla tiene varias excepciones
En la actualidad, las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas se regulan por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (L1). Esta Ley tiene carácter básico, según su disposición final primera, (así lo ratifica la STC 17211996), y su ámbito de aplicación es el más amplio de la legislación general sobre el empleo público. 2. PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES
La regla general a este respecto es la dedicación a un solo puesto de trabajo. Pero esta regla tiene algunas excepciones, sobre todo en el ámbito docente y sanitario. 4. ACTIVIDADES PRIVADAS
Ante todo, es incompatible «el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades particulares, en los asuntos en que esté interviniendo o haya intervenido [el empleado público] en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público» También es causa de incompatibilidad «la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, organismo o entidad» correspondiente En tercer lugar, es incompatible con el ejercicio de funciones y actividades públicas, «el desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden (pero no de simples actividades profesionales) en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas». Es decir, se alude aquí a las empresas que contratan con la Administración Además, el artículo se habilita al Gobierno para determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, ya sea porque puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal, ya porque puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales. 5. INCOMPATIBILIDAD CON PENSIONES PúBLICAS
Por último, el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio 19:15

References: artículo 103
 artículo 149
 artículo 92
 resolución 
 artículo 48
 artículo 48
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 6
 artículo 41