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Timestamp: 2019-07-16 05:35:00+00:00

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ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN PENITENCIARIA PARA PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE
PERFECCIONAMIENTO DE LICITACIONES DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN CASO DE REGULACIÓN DE PRECIO
2. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR PROKURICA, SEÑORA VAN RYSSELBERGHE Y SEÑORES BIANCHI, COLOMA, GARCÍA, HORVATH, ORPIS Y PÉREZ VARELA, CON EL QUE SOLICITAN A S. E LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE INSTRUYA A LOS ORGANISMOS SECTORIALES DE SALUD RESPECTO DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LAS DROGAS, ESPECIALMENTE ENTRE LOS JÓVENES, Y DE SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO. (S 1.753-12)
Sesión 65ª, en miércoles 19 de noviembre de 2014
Y SEÑOR ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Acuerdos de Comités...............................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile (9.246-05) (se aprueba en general y en particular)..........................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos a fin de perfeccionar el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sometidos a regulaciones de precios (9.515-08) (se aprueba en general)............................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folklórica oral a la radiodifusión chilena (5.491-24) (queda aplazada la votación).....................................................
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público (9.608-07) (se inicia la discusión en general).............................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folklórica oral a la radiodifusión chilena (5.491-24) (observaciones del Senador señor Ignacio Walker).....................
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público (9.608-07) (queda pendiente la discusión en general).............................................................................
Concurrieron, además, los Ministros de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; de Justicia, señor José Antonio Gómez Urrutia, y de Energía, señor Máximo Pacheco Matte. Asimismo, se encontraba presente, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor Andrés Romero Celedón.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 62ª y 63ª, ordinarias, en 11 y 12 de noviembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9.366-04).
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Lagos, acerca del cumplimiento parcial de los protocolos de acuerdo suscritos por los gobiernos correspondientes en los años 2002, 2007 y 2012 en el marco de la ley N° 19.713, sobre reconversión, capacitación, ayuda social y pensiones (situación hecha presente por el Sindicato de Tripulantes de San Antonio y Talcahuano).
Da respuesta a solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Ossandón, relativa a las medidas adoptadas por el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas con el fin de modificar su estructura.
Responde solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor García-Huidobro, atinente a múltiples casos de sustracción de recién nacidos ocurridos hace décadas en hospitales públicos y privados y respecto de los cuales hasta hoy se carece de antecedentes.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Matta, tocante a la posibilidad de renovar a la Unión Comunal del Adulto Mayor de Linares el comodato de cabañas de descanso y esparcimiento ubicadas en la localidad de Curanipe, comuna de Pelluhue.
Atiende petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre el estudio Imaginando un Chile Sustentable, elaborado por investigadores del
National Resources Defense Council (NRDC), de Berkeley University, con participación de la Asociación Chilena de Energías Renovables, documento del que se adjunta copia digitalizada.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín N° 6.201-02) (con urgencia calificada de "suma").
De los Senadores señor Prokurica, señora Van Rysselberghe y señores Bianchi, Coloma, García, Horvath, Orpis y Pérez Varela, con el que le solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya a los organismos sectoriales de Salud respecto a la elaboración y ejecución de una campaña informativa sobre los efectos nocivos de las drogas, especialmente entre los jóvenes, y a su incorporación al Programa Elige Vivir Sano (boletín Nº S 1.753-12).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Acaba de llegar un documento a la Mesa.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Así es, señora Presidenta.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile (boletín N° 9.246-05) (con urgencia calificada de "suma").
La señora ALLENDE (Presidenta).- Queda para tabla, conforme al acuerdo que tomaron sobre la materia los Comités en reunión de hoy, según informará en seguida el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos.
1.- Tratar como si fuera de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley que establece una asignación de función -penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile (boletín N°9-246), con informe de la Comisión de Hacienda.
2.- Fijar plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional (boletín N° 9.326-07) hasta las 12 del viernes 5 de diciembre próximo.
Las indicaciones deberán presentarse, por correo electrónico, en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, solicito fijar un plazo muy breve, exactamente de un minuto, para presentar una indicación al proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Es el plazo más reducido de que he tenido conocimiento!
Creo que no habrá inconveniente alguno para otorgar el asentimiento necesario.
En todo caso, pienso que un término de 5 minutos podría ser mejor.
El señor ORPIS.- ¡Eso es demasiado...!
La señora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, se accede al plazo de un minuto solicitado por Su Señoría.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral de Chile, de Valdivia, quienes fueron invitados, según se me informa, por el Senador señor De Urresti.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo asimismo a una delegación del Liceo Comercial Miramar, de Puerto Montt, invitada por el Senador señor Quinteros.
Conforme al acuerdo adoptado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.246-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 62ª, en 11 de noviembre de 2014.
Hacienda: sesión 65ª, en 19 de noviembre de 2014.
El objetivo principal de este proyecto es establecer una asignación de función penitenciaria no imponible para el personal de planta y a contrata de Gendarmería de Chile, la que será incompatible con la asignación por función crítica.
La Comisión de Hacienda discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García, Lagos y Montes.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 7 a 12 del primer informe de dicho órgano técnico.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Ricardo Lagos Weber.
Señora Presidenta, en forma muy breve, debo decir primero que este proyecto de ley lo presentó en enero de 2014 la Administración del Presidente Sebastián Piñera; se ha arrastrado por más de nueve meses, y finalmente ve la luz.
Su propósito es básicamente, como señaló el señor Secretario, establecer una asignación de función penitenciaria no imponible para los funcionarios de planta y a contrata de Gendarmería, excluidos 48 que gozan de asignación por función crítica.
Gendarmería de Chile cuenta con un total de 19 mil funcionarios, de los cuales 13 mil son uniformados.
Mediante esta iniciativa, con acuerdo de la asociación de funcionarios, se otorga una asignación que va de 5 por ciento a 33 por ciento del sueldo base, beneficiándose con un porcentaje mayor a los grados inferiores.
Inicialmente, la ley en proyecto entraba en aplicación, gradualmente, en cuatro años. No obstante, producto de las modificaciones que se le introdujeron, dicho plazo se redujo a dos años, con el mismo costo fiscal, que asciende a 8 mil 100 millones de pesos, según se expresa en el informe financiero.
Esta iniciativa, que los Comités acordaron tratar como si fuera de Fácil Despacho, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Hacienda, y durante su estudio escuchamos tanto al Ministro de Justicia cuanto a los funcionarios de Gendarmería.
Señora Presidenta, aunque se trata de una cuestión menor desde el punto de vista de la materia de fondo, debo puntualizar que el 30 de noviembre es el Día de Gendarmería de Chile. Entonces, creo que los funcionarios verían con buenos ojos que la ley en proyecto estuviera aprobada antes de esa fecha.
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro; después intervendrá el señor Ministro, y luego procederemos a la votación.
Ante todo, señora Presidenta, saludo a los dirigentes de la asociación de funcionarios de Gendarmería presentes en las tribunas.
A mi entender, este proyecto va en el camino correcto de hacer justicia a los servidores de dicha institución, quienes llevan a cabo una labor muy delicada e importantísima para nuestro país.
Saludo asimismo al Ministro de Justicia, el ex Senador don José Antonio Gómez, quien, preocupado por la iniciativa en debate, nos solicitó despacharla ojalá en esta sesión para que pueda concretarse cuanto antes el beneficio que se establece.
Como bien dijo el Presidente de la Comisión de Hacienda, se trata de otorgar una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería, fijándose a tal efecto una gradualidad, no de cuatro años como se planteaba originalmente, sino de dos; o sea, el beneficio se pagará este año y el próximo.
De otro lado, es importante señalar que se asigna a los grados inferiores un porcentaje mayor que el dispuesto para los grados superiores.
La UDI va a votar favorablemente este proyecto, por considerar de justicia reconocer permanentemente el tremendo esfuerzo que realiza Gendarmería, cuyos efectivos arriesgan la vida todos los días, con lo que exponen a sus familias a situaciones complejas.
En tal sentido, lo mínimo que podemos hacer es contribuir al otorgamiento de la asignación propuesta, que contribuirá a darles una mejor calidad de vida a dichos funcionarios y a quienes de ellos dependen.
Dejo planteado, sí, que el beneficio en comento no es imponible, lo que sin duda no es bueno como señal, por la incidencia negativa de ese hecho en el ámbito previsional.
A mi entender, los beneficios de tal índole deben ser imponibles. De lo contrario, no se sigue el camino correcto.
Ojalá que a futuro no lleguen proyectos sin ese requisito, con miras a la mejor calidad de vida de los beneficiarios y, sobre todo, a la obtención de jubilaciones adecuadas.
Señora Presidenta, este proyecto surge el año 2010, tras la campaña del Presidente Sebastián Piñera.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet tomó la determinación de cumplirlo porque ha tenido una fase de discusión muy larga.
En este período logramos poner de acuerdo a todas las asociaciones de Gendarmería. Porque al comienzo hubo acuerdo con solo una. Hoy todas están de acuerdo y a la espera de la aprobación de la iniciativa.
El articulado se aplica a la planta 1, a la planta 2 y a los profesionales: nadie queda fuera del beneficio, que tiene un costo de 8 mil 200 millones de pesos.
De otro lado, redujimos de cuatro a dos años el plazo de entrada en vigencia de la ley, recogiendo una propuesta hecha originalmente.
Señora Presidenta, ¿por qué es tan importante aprobar pronto la iniciativa? Por un lado, como dijo el Senador Lagos, porque el 30 de noviembre Gendarmería está de aniversario, y por otro, porque adicionalmente eso significa que la primera cuota se paga en diciembre y que el próximo año se paga la asignación completa. De manera que los funcionarios aguardan una rápida definición.
Ahora voy a explicar, para que quede en la historia de la ley, por qué el beneficio no es imponible.
Este proyecto, que como dije no es del Gobierno de la Presidenta Bachelet, tiene un costo alto: 8 mil 200 millones de pesos.
Pues bien: si hubiéramos hecho imponible la asignación, habiendo recursos por aquella cantidad, eso significaba un 20 por ciento menos para cada beneficiario.
Por eso se determinó que la asignación no fuera imponible: para favorecer a todos los funcionarios de la institución.
Expreso mis agradecimientos a la Comisión de Hacienda, a la señora Presidenta de la Cámara Alta y a las señoras Senadoras y a los señores Senadores por haber tenido voluntad para poner en tabla esta iniciativa y despacharla hoy.
Saludo a la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, que nos acompaña en las tribunas, y reiterarle que tenemos la mejor disposición para sacar adelante este proyecto.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y un pareo); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar
El Honorable señor Moreira deja constancia de su intención de voto a favor.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para que pueda asistir a la sesión el señor Andrés Romero, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos a fin de perfeccionar el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sometidos a regulaciones de precios, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma". El asunto se trata por acuerdo de Comités.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.515-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 4 de noviembre de 2014.
Minería y Energía: sesión 64ª, en 18 de noviembre de 2014.
El objetivo principal de la iniciativa es mejorar el proceso de licitaciones de suministro a clientes regulados, de tal manera de asegurar este último, bajo contrato, para la totalidad de ellos; obtener precios competitivos en un mercado preferente de largo plazo, y garantizar el cumplimiento de las metas de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación del sistema eléctrico.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Allende y señores Guillier, Ossandón y Pizarro, acogió la idea de legislar.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier, Presidente del órgano técnico.
Señora Presidenta, la iniciativa ha sido propuesta por el Ejecutivo como una herramienta acotada destinada a mejorar el proceso de licitación a que se ha hecho referencia.
La Comisión de Minería realizó una extensa ronda de audiencias entre los actores involucrados, para conocer su opinión. A título ilustrativo, puedo informar que se invitó a representantes de entidades como ACERA A. G.; VALGESTA Energía S. A.; Asociación de Empresas Eléctricas A. G.; Asociación de Pequeños y Medianos Generadores A. G.; Organización de Consumidores y Usuarios de Chile; GDF Suez Energy; Colbún Energía; ENDESA, y Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas A. G.
Como se sabe, el modelo que rige el funcionamiento de nuestro sistema se encuentra establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, que deja a la iniciativa privada el desarrollo y operación de la industria, mientras que el accionar del Estado se dirige a regular y fiscalizar en las áreas de generación, transmisión y distribución.
Dicho cuerpo legal ha sido objeto de diversas modificaciones. Las más importantes para los clientes regulados se introdujeron mediante la ley N° 20.018, conocida como "Ley Corta II". Esta determinó un esquema de licitaciones para el suministro de los consumos de dicho sector, esto es, los usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 500 kilovatios. Además, a aquellos que se ubicaran entre 500 y dos mil les permitió optar entre un régimen de tarifa regulada y uno de tarifa libre.
La Ley Corta II fue una respuesta a la crisis energética ocasionada por los cortes en el abastecimiento de gas natural proveniente de Argentina y la consiguiente incertidumbre en el suministro. Como consecuencia, el sector de generación eléctrica frenó sus inversiones, debido al riesgo en la disponibilidad futura de ese combustible, lo que tornó impredecible en el largo plazo los precios para los clientes libres y los regulados. Se pensó que este cuerpo legal sería capaz de reforzar la seguridad y competencia en el abastecimiento eléctrico del país y permitiría la incorporación de nuevos actores y proyectos de generación.
La solución ideada sustituyó el sistema de fijación de precios existente hasta ese momento, que el Estado le determinaba al cliente regulado, por otro donde el precio es establecido por la oferta de las empresas generadoras en los procesos de licitación realizados por las compañías distribuidoras. La idea que fundamenta la sustitución es que los desarrolladores de proyectos de generación rentabilizarían a largo plazo sus instalaciones mediante contratos de suministro celebrados con las concesionarias de distribución a precios fijos, estables e indexados, según el combustible elegido, y por períodos de tiempo relativamente largos, de hasta quince años.
Se dispuso, además, que las distribuidoras licitaran, con una antelación mínima de tres años, sus suministros a clientes regulados, para permitir la entrada de nuevos proyectos y oferentes al mercado eléctrico. Asimismo, se estableció un valor o precio máximo, por encima del cual no pueden presentarse las ofertas de las empresas generadoras. La fijación semestral del monto, junto al precio de nudo, habría de corresponder a la Comisión Nacional de Energía. La metodología de cálculo quedó plasmada en la propia ley.
Ahora bien, las primeras licitaciones realizadas en el año 2006 obtuvieron precios relativamente competitivos y hubo oferta suficiente para cubrir las cantidades demandadas. Sin embargo, las posteriores comenzaron a evidenciar serias dificultades de oferta. Para dinamizar el modelo, la autoridad de la época determinó un sistema de indexación que limitó la exposición al riesgo de los potenciales oferentes, ante la expectativa de costos marginales superiores a los precios máximos presentes en las licitaciones. La corrección permitió que estas tuvieran éxito en términos de participación, pero a precios sustantivamente mayores que las de 2006.
En el último proceso de licitación del año 2013, junto a no presentarse suficientes ofertas para cubrir el total de la energía demandada, el precio al cual se adjudicó la licitación fue de 128,9 dólares el megavatio-hora, lo cual correspondió al "techo". Un monto como este, si bien refleja una situación coyuntural, en ningún caso corresponde a un desarrollo eficiente del segmento generación. El alza en los precios de licitación que se observa en los últimos ocho años ha significado que el componente de energía en la cuenta eléctrica de hogares, comercios y pequeñas empresas sea 20 por ciento superior respecto del año 2010. Sobre este punto hay coincidencia entre todos los actores del mercado consultados por la Comisión, en orden a que, de mantenerse el escenario de precios adjudicados en 2013, el costo de la electricidad para clientes regulados podría subir 34 por ciento durante la próxima década.
Señora Presidenta, la Ley Corta II fue creada sobre la base de ciertos supuestos que no se han cumplido. Por ejemplo:
-Se pensó que en tres años se podría restablecer el equilibrio entre oferta y demanda y superar el rezago de inversiones. Esta suposición no se cumplió.
-Se creyó que las distribuidoras, dado su mayor conocimiento de las necesidades de consumo y de demanda de los clientes regulados, entregarían proyecciones acordes al crecimiento de la demanda. Este supuesto tampoco se cumplió.
-Se postuló que el precio de techo o valor máximo de las ofertas actuaría como protección al consumidor. Esta pretensión no ha operado, porque se trata de un mercado de generación concentrado y con competencia imperfecta.
A ocho años del primer proceso de licitación, los precios de adjudicación han aumentado aproximadamente al doble, muy por encima de los costos competitivos de largo plazo, y el proceso no ha conseguido atraer la competencia necesaria para el buen funcionamiento del sector.
El mercado eléctrico nacional es un mercado de contratos, lo cual implica que toda la energía que se consume debe estar respaldada en uno de ellos que sea de suministro. Dada la magnitud que en el ámbito respectivo representan los contratos de suministro para clientes regulados, la manera en que las licitaciones incentiven la incorporación de nueva capacidad incide en el desarrollo del sistema eléctrico. En particular, el logro de atributos deseables y necesarios, tales como la eficiencia en la generación, la competencia en el sector, la seguridad en el suministro, la diversificación de las fuentes de energía y la sustentabilidad del parque generador, será posible en la medida en que el mercado de contratos de los clientes regulados propenda a ellos.
El supuesto del proyecto es que el Estado debe participar en el diseño de los procesos de licitación, para asegurar el cumplimiento de dichos objetivos, puesto que es el responsable final del funcionamiento del servicio eléctrico para los usuarios.
Además, la obtención de un contrato de suministro que dé mayor certeza a los ingresos es un elemento fundamental para concretar la instalación de nuevos proyectos de generación. De la existencia de un contrato depende fuertemente el otorgamiento del financiamiento necesario para materializarlos.
Conforme a lo opinado por los actores del sector, el proyecto de ley contiene elementos positivos:
a) La posibilidad de anticipar el proceso de licitación.
b) La opción de ajustar los bloques por licitar, con arreglo a distintos plazos.
c) La incorporación de cláusulas de postergación de suministro frente a eventos no controlables por el desarrollador y cambios relevantes en los costos de provisión.
d) La búsqueda de soluciones a cuestiones pendientes, como las referidas al traspaso de excedentes o al tratamiento de las concesionarias de distribución sin contratos de suministro.
Se trata de medidas que apuntan a reducir los riesgos y que, por ende, debieran incentivar la entrada de nuevos proyectos.
Algunos aspectos, por otra parte, suscitan discrepancia, a saber:
1.- El rol que la iniciativa le entrega al Estado. Hay quienes consideran que las nuevas atribuciones se traducen en un mayor grado de discrecionalidad de la autoridad pública, sin que, paralelamente, se contemplen contrapesos o una instancia independiente ante la cual reclamar.
2.- En lo referido a suministros sin contrato, una parte de los entes consultados sostuvo que lo establecido en la norma incidirá en un aumento de los riesgos y desincentivará la entrada de nuevos actores.
3.- En cuanto al incremento del límite que el proyecto propone para ser calificado cliente regulado y en lo que atañe a los criterios de evaluación de ofertas, algunos observan una imprecisión normativa que se traducirá en una dificultad para garantizar el menor precio posible.
4.- Adicionalmente, se cuestionó el alcance del concepto de "servicio público", en relación con la definición del contrato tipo de suministro de energía y la posibilidad de que deje de ser un convenio entre privados.
Con todo, debe advertirse que hubo quienes señalaron que el denominado "nuevo rol del Estado en materia energética" no es más que una explicitación, en rigor, de la realidad administrativa, por cuanto, en la práctica, el derecho a veto de la Comisión Nacional de Energía (CNE) le ha permitido decidir en todos los aspectos importantes de los procesos licitatorios. En tal sentido, lo único que haría el proyecto de ley sería transparentar y fijar un marco normativo a la actuación que al ente regulador le cabe hoy en las licitaciones.
Se abrió un interesante debate sobre la necesidad de determinar, en una sociedad democrática, que la definición de una política de largo plazo ha de ser de la autoridad pública. En tal sentido, transformar a dicha Comisión en un órgano autónomo, como algunos sugirieron, podría incidir en asuntos en los que estuviera implicada la soberanía nacional. En todo caso, sería materia de otra iniciativa.
Es interesante considerar que, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir con el proyecto, ya el mercado está percibiendo una variación en las condiciones del sector energético y se advierte un cierto cambio en las expectativas de los actores involucrados. La clara voluntad política expresada por el Gobierno y por todos los partidos con representación parlamentaria en orden a resolver las debilidades y remover los obstáculos que mantienen en crisis al sector ha tenido ya un efecto positivo: tal como informó el señor Ministro de Energía a la Comisión, mientras en marzo de 2014 los proyectos en construcción alcanzaban la cifra de veintiocho, en octubre llegaban a cuarenta y ocho. Se trata de varios miles de millones de dólares adicionales en inversión.
De allí que no sea extraño que, una vez concluida la ronda de audiencias, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión fuera partidaria de enviar una señal consistente al mercado mediante la aprobación de la idea de legislar.
En este sentido, y sin perjuicio de las correcciones que es dable introducir al articulado, el perfeccionamiento de la normativa en materia de licitación del suministro de bloques de energía de clientes regulados se consideró prioritario para el cumplimiento de las metas de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación de la matriz energética. Ello debería incidir en una rebaja de los precios de la energía al menos en el mediano plazo.
Asimismo, recojo el sentido de urgencia legislativa que presenta el proyecto de ley para incentivar la inversión en el sector, particularmente en el campo de las energías renovables no convencionales.
Señora Presidenta, Honorable Corporación, estimado Ministro:
A principios de la primera década del presente siglo, el sector eléctrico, a raíz de la sequía, experimentó la peor crisis de los treinta años anteriores. Como consecuencia de ello, el Gobierno de la época decidió cambiar la legislación, lo que se concretó en la enmienda del artículo 99 bis de la Ley de Servicios Eléctricos. Lo anterior derivó en que dicha causa fuera eximida de las situaciones calificables como caso fortuito o fuerza mayor.
Con la modificación legal tuvo lugar un cambio estructural relevante en la regulación y se incorporaron nuevos riesgos para los inversionistas en generación. Ello se tradujo en una de las principales razones del estancamiento de las inversiones del sector a partir del año 2000.
Por otra parte, en 1997 se inauguró el primer gasoducto desde Argentina. Los primeros cortes comenzaron en 2002 y diez años después llegaron a niveles cercanos a cero. Surgió la necesidad, entonces, de que el país contara con una matriz energética más diversificada y, al mismo tiempo, de que se incrementara el uso de fuentes propias de producción de energía.
Si bien se realizaron esfuerzos como la dictación de la Ley Corta I, la Ley Corta II y la Ley de Energías Renovables No Convencionales; la instalación de terminales de regasificación en Quinteros y en Mejillones, y la aprobación ambiental de una serie de proyectos de generación termoeléctrica, principalmente sobre la base de carbón, la situación continúa siendo hoy muy compleja y la crisis aún persiste, dieciséis años después de presentarse el primer cuadro difícil.
En tal contexto, y a fin de asegurar las inversiones en generación, el Gobierno se vio enfrentado en 2005 al imperativo de intervenir. Finalmente se promulgó la Ley Corta II, obligándose a las empresas distribuidoras a licitar sus contratos de abastecimiento eléctrico.
Uno de los principales objetivos de la modificación regulatoria fue originar incentivos para que los generadores pudieran ofertar bloques de suministro de energía a precios estables y de largo plazo, disminuyéndose, así, la importancia del costo marginal instantáneo como señal de precios de mercado. En efecto, al ser de corto plazo, resulta altamente volátil como señal de inversión.
Adicionalmente, las enmiendas estaban orientadas a fortalecer el mecanismo de contratos de largo plazo, a fin de dar mayor estabilidad al sistema.
Todos estos objetivos, deseables al momento de la promulgación de la Ley Corta II, son hoy día considerados críticos por los diversos especialistas del sector.
Tanto es así, que los primeros problemas comenzaron a surgir el 31 de enero de 2012, cuando se declaró desierta la licitación respectiva, lo que igualmente ocurrió con la del 13 de julio y la del 21 de agosto del mismo año.
A raíz de estos tres procesos fallidos, el Ministerio de Energía determinó con fecha 13 de noviembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que el límite superior de la banda definido en su artículo 168 fuera aumentado en un 8,8 por ciento.
Sin embargo, y a pesar de la modificación, las licitaciones siguieron declarándose desiertas.
El problema que se ha venido repitiendo e incrementado en los últimos casos es la falta de ofertas para los distintos bloques de energía.
En este escenario, los plazos de los llamados han sido un factor importante, que influye, fuerte y directamente, en el desarrollo del proceso, y desde los inicios de las licitaciones siempre han sido considerados cortos.
Como consecuencia, y dado que en la regulación vigente existe la obligación de suministro a todo evento, las generadoras prefieren no ofertar si no pueden asegurar que sus planes de expansión cubrirán la energía ofrecida. Esto se convierte, además, en una barrera insalvable para nuevos agentes que deseen entrar al mercado, cuya evaluación de riesgo es mayor que la de las empresas que ya están presentes en el mercado.
Lo anterior se complica aún más en un escenario donde la construcción de plantas presenta muchas incertidumbres producto de la oposición social, el mayor cuestionamiento ambiental y la judicialización de los proyectos.
En resumen, aquello no genera los incentivos adecuados para que nuevos agentes se incorporen al mercado, como tampoco para que los agentes presentes tomen el riesgo de ofertar.
Esto se traduce en alzas en el precio final ofertado a raíz de que las ofertas de largo plazo se basan generalmente en la contingencia. Es decir, se ofrecen valores de contingencia y no de mediano o largo plazo.
Conforme a lo anterior, el mecanismo de licitaciones, tal como está estructurado en la actualidad, se considera poco flexible; no fomenta, necesariamente, el ingreso de nuevos agentes generadores; no ofrece las condiciones de competencia que se esperan de un proceso de este estilo, y no permite definir claramente que la oferta de corto plazo versus la de largo plazo debieran tener un tratamiento diferenciado.
Como consecuencia de todo lo señalado, se presenta este proyecto de ley para asumir la realidad en la estructura de las ofertas de licitación.
Y lo primero que hay que asumir es que las licitaciones son poco flexibles, tanto en los plazos como en la definición de la estructura de la demanda. Por eso es importante flexibilizar dichos procesos, diferenciando claramente las condiciones de corto y de largo plazo.
Adicionalmente, pero en la misma línea, las licitaciones deberían permitir establecer bloques de demanda diferenciados.
Y, finalmente, se considera clave que los plazos de llamados a licitación sean tomados en serio y duren, a lo menos, seis años efectivos, con el objeto de dar tiempo suficiente para que cualquier interesado pueda llevar a cabo análisis suficientes y necesarios para formular ofertas competitivas.
Reconociendo que el proyecto, en general, corrige estas deficiencias, en la discusión particular habrá que efectuar, desde mi punto de vista, un conjunto de perfeccionamientos que voy a señalar en términos genéricos. En esencia, se trata de que la generalidad de los clientes regulados tenga contrato en las licitaciones y de que los suministros sin contrato sean la excepción dentro de nuestra normativa legal.
Sin perjuicio de lo anterior, señora Presidenta, creo que, junto con otorgarle muchas mayores facultades a la Comisión Nacional de Energía, se dan criterios de discrecionalidad, particularmente en los artículos 131 bis, 132 y 134, que a mi juicio deberían objetivarse y tener ciertos contrapesos.
Dentro de estos últimos, un buen ejemplo, que habría que estudiar, es el referido al estudio de transmisión troncal, cuyas bases son elaboradas por la Comisión Nacional de Energía teniendo en cuenta un informe técnico que puede ser cuestionado ante el Panel de Expertos.
Creo que es un tema que habrá que analizar para los efectos de establecer los contrapesos que correspondan.
En dicho informe, que contiene el estudio de transmisión troncal, se establecen las obras que hay que realizar. Por lo tanto, me parecería importante, como contrapeso, que el informe previo elaborado por la CNE a partir de la propuesta establecida en el proyecto de ley pueda ser objetado, cuestionado, modificado a través de una presentación ante el Panel de Expertos.
No soy partidario de establecer mecanismos de reclamo en todo el proceso de licitación, sino solo en sus etapas más fundamentales. Y considero que el informe previo es un aspecto esencial.
Además, hay un elemento que, a mi juicio, es necesario profundizar en términos jurídicos. Se establece que los contratos a clientes regulados pasan a tener el carácter de servicio público. Pero ahí se presenta, en mi concepto, una anomalía desde el punto de vista jurídico. La adjudicación de estos contratos se desarrolla por las empresas distribuidoras y los contratos son entre privados.
Por lo tanto, se observa allí una anomalía jurídica en términos de que contratos entre privados pasan a ser contratos de servicio público.
Me gustaría, entonces, profundizar el alcance jurídico en esa materia.
En síntesis, señora Presidenta, me parece necesario introducir modificaciones a la ley en la parte relativa a las licitaciones. La generalidad es que deba tratarse de suministros con contrato, y la excepción, de suministros sin contrato.
Reconozco que debe haber mayores criterios que el solo adjudicar por precio, pero, en mi opinión, para hacer una buena política pública, tales criterios tienen que ser, necesariamente, más objetivos, fuera de establecerse ciertos contrapesos. Creo que el organismo competente en esta materia debería ser el Panel de Expertos, el cual tendría que resolver sobre la base del informe previo que elabore la Comisión Nacional de Energía.
Señora Presidenta, pensaba referirme estrictamente al proyecto de ley, pero la intervención reciente motiva al menos una breve reflexión.
Debemos entender que el mercado energético eléctrico sigue un modelo que fue diseñado hacia el año 83; un modelo que consideró al Estado más bien como un observador y un regulador muy tibio, y que básicamente entregó la fórmula de diseño del sistema eléctrico de nuestro país al mercado, a las empresas, al mundo privado, que en aquella oportunidad se decía que iba a ser capaz de diseñar un sistema de mediano y largo plazo, con características tales que se aseguraría y garantizaría el suministro, el cual sería un suministro sustentable, competitivo y que, además, diversificaría la matriz, pues, como el mercado iba a operar en forma perfecta, tendríamos proliferación de diferentes fuentes de generación eléctrica.
Treinta años después de su diseño, el modelo vigente -que, si bien ha experimentado algunos perfeccionamientos, se mantiene en lo estructural- no permite asegurar el suministro de energía.
Los cortes de 1998 nos enseñaron que tenemos un problema de generación grave.
No disponemos de un sistema de generación que sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Los constantes cuestionamientos a la proliferación de la generación termoeléctrica motivaron, en su minuto, un reclamo al respecto.
No tenemos energía competitiva. Prueba de ello es que hoy los costos de la energía en Chile son 30 por ciento más caros que, por ejemplo, en Perú, lo que ha significado que importantes plantas de producción de papeles, como la famosa planta de Nacimiento de la CMPC, hayan tenido que cerrar a raíz del alto costo de la energía e irse a instalar en Perú o en Brasil.
En consecuencia, Chile ha perdido competitividad en el barrio latinoamericano debido a los costos de la energía, lo cual se ha traducido en una disminución del atractivo de nuestro país para la llegada de nuevas inversiones.
Por consiguiente, señora Presidenta, creo que tenemos un problema más bien estructural. Y es que el diseño de la matriz, que data de 1983, no ha logrado cumplir los objetivos que se planteó. Sin embargo, continuamos con un modelo donde, en general, la autoridad pública es, básicamente, un espectador y un regulador tímido, y que deja en manos del mercado y particularmente de las empresas la generación y todo el sistema regulatorio.
Aquí se mencionó un aspecto que me parece bastante delicado. Se señaló que la modificación del artículo 99 bis fue un incentivo para ahuyentar inversiones.
Probablemente, la gente lo desconoce, pero el año 1998, cuando se desató la crisis eléctrica en nuestro país y se produjo una situación de racionamiento, teníamos un problema, cual era que las empresas nacionales y extranjeras cortaban el suministro de energía y ningún ciudadano era compensado.
Fue en aquella oportunidad -lo recuerdo porque trabajaba en el Ministerio de Economía- cuando tuvimos la valentía -y digo "la valentía"- de incorporar el artículo 99 bis en la la Ley Eléctrica, para que de una vez por todas los consumidores, los usuarios, los ciudadanos fueran compensados frente a cortes que no tenían ninguna justificación.
Eso, hasta entonces, no existía.
Y, claro, hubo empresas multinacionales que amenazaron con irse del país. Pero, lejos de ello, hoy poseen las mayores fuentes de generación.
Ahora, no creo que deba ser utilizado como argumento de inestabilidad de las inversiones el profundizar los derechos de los consumidores, en este caso de los clientes, tal cual se afirmó en la intervención anterior. Pienso que eso no es justo para el sistema.
Luego tuvimos la "buena ocurrencia" -entre comillas- de irnos al suministro del gas. Pensamos que teníamos un socio confiable. No fue así. En ese entonces la decisión parecía obvia, adecuada, ya que se nos ofrecía una matriz más limpia y más barata. La autoridad optó por esa vía en su minuto. Lamentablemente, el socio no nos cumplió, y hubo que generar mecanismos para paliar la crisis de generación de suministro, debido a lo cual se multiplicaron las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas.
Planteo lo anterior porque la proposición que hoy se nos hace va, a mi juicio, en el sentido correcto. Lo dijimos uno o dos meses atrás, cuando el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, nos presentó un proyecto que le daba más atribuciones al Estado. Pues bien, eso es lo que hace esta iniciativa. Como el modelo que nos prometieron el año 1983, que iba a generar competitividad, sustentabilidad y diversificación de la matriz, no se cumplió, creo que es hora de devolverle hoy al Estado ciertas facultades.
Por lo tanto, el proyecto avanza en la línea correcta. Lo que hace, en la práctica, es proponer un modelo de mayor participación y dirección del Estado, lo que se traduce en mayores instrumentos que le permitan a la autoridad diseños más flexibles de licitaciones ante contingencias que pueden ir cambiando en las condiciones de oferta y demanda eléctrica.
El principio que está detrás, tal como señalaba, es que el suministro al cliente regulado es un servicio público.
Aquí se ha dicho: "Oiga, pero son contratos entre privados". ¡Perdónenme! Nadie puede escoger qué empresa distribuidora le va a tocar. Uno no puede andar eligiendo una u otra. Este es un servicio básico, de primera necesidad. Y además, si otorgamos la calidad de servicio público a los suministros, ello traerá aparejados un conjunto de condiciones y consecuencias desde el punto de vista jurídico para los derechos de los clientes, quienes se verán beneficiados directamente, y no solo los clientes regulados, sino también los clientes libres.
En consecuencia, creo que vamos en la línea correcta.
Para lo anterior, obviamente el Estado requerirá instrumentos que proporcionen la incidencia necesaria en el desarrollo del sector. Y este proyecto de ley avanza en la creación de tales instrumentos.
Me parece adecuado que la Comisión Nacional de Energía tenga más facultades. No creo que el Estado, más allá del gobierno de turno, deba seguir observando los errores o aciertos (algunos) de la industria. Es importante avanzar en esta materia.
Se propone que las licitaciones de suministro eléctrico constituyan el mecanismo que garantice el suministro contratado de clientes regulados a precios competitivos, asegurando condiciones de eficiencia económica, seguridad, competencia y diversificación del sistema eléctrico.
Para tales efectos, la CNE explicitará los lineamientos asociados para el cumplimiento de los referidos objetivos y que considerará para definir los contenidos de las licitaciones.
Se propone, además, un esquema donde la autoridad regulatoria sea responsable de elaborar las bases de licitación y las empresas distribuidoras sean las encargadas de llevar a cabo el proceso administrativo de licitación. Con ello, en la práctica:
-Se entrega un rol mucho más activo a la autoridad, determinando claramente que será la responsable en el resultado de las licitaciones y en el desarrollo del sector eléctrico. Ya no vamos a poder excusarnos alegando que esta responsabilidad es de las empresas privadas. Le entregamos facultades al Estado para que tenga potestad en estas materias.
-Las licitaciones de suministro de clientes regulados -que constituyen el 50 por ciento del mercado de contratos del sistema- contribuirán a garantizar el logro de los objetivos de eficiencia económica, seguridad y competencia.
Desde el punto de vista de los plazos para el inicio de la licitación, se propone también un esquema flexible de definición de bloques de suministro por licitar. De esta manera, se podrán definir licitaciones de largo plazo con al menos cinco años de antelación, con lo cual se esperan mayores niveles de competencia con nuevos actores. Adicionalmente, en caso de resultar necesario, se podrán definir licitaciones de corto plazo.
En materia de precio máximo de las ofertas, se contempla un punto interesante. Se propone incorporar expresamente en la ley que el precio máximo de las ofertas podrá mantenerse oculto a los oferentes hasta después de abiertas las ofertas. Este precio máximo será determinado por la autoridad en base al período de suministro y costos eficientes de abastecimiento del bloque de suministro por licitar. Con ello:
-Se impide la adjudicación a precios por sobre lo razonable.
-Se incorpora un instrumento que podría incentivar mayor competencia que el precio máximo revelado.
-Será posible definir precios máximos diferenciados según el plazo del contrato y la fecha de antelación de la correspondiente licitación.
En definitiva, señora Presidenta, quiero destacar, en el poco tiempo que me queda, que estamos ante un proyecto que avanza en el sentido correcto. Tenemos que dotar a la autoridad pública de mayores potestades para que, de una vez por todas, contemos con un sistema de generación, distribución y transmisión eléctrica que sea sustentable en el tiempo, que sea competitivo y que tenga proyección de mediano y largo plazos. Las decisiones que hoy día tomemos en materia energética van a redundar en el crecimiento económico de los próximos 20 o 30 años.
Señora Presidenta, solo para señalar que, en virtud del artículo 8° del Reglamento del Senado, voy a inhabilitarme en esta votación.
Señora Presidenta, quisiera destacar los propósitos de este proyecto de ley a la luz del propio mensaje.
Este señala claramente que "hay falta de competencia en el mercado de generación". Agrega que, de acuerdo a un estudio reciente encargado por la Fiscalía Nacional Económica, no hay una competencia perfecta en este ámbito.
Se descartan "conductas de colusión". Sin embargo, el informe advierte que en el Sistema Interconectado Central tres empresas tienen un 76 por ciento de la capacidad instalada, mientras que en el Sistema Interconectado del Norte Grande la concentración alcanza a 98 por ciento.
Yo creo que esto no lo podemos dejar pasar. Si hay altos precios es porque este sector, a través de las leyes que aquí se han mencionado, ha podido influir en las políticas energéticas del país.
Lo anterior contrasta con los potenciales de Chile en esta materia. Somos un país envidiable para el resto del mundo. Aquí tenemos: geotermia; el desierto más árido y con mayor insolación del planeta (el 10 por ciento de su superficie tiene un potencial de 100 mil megawatts); biomasa; pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas que están evaluadas, entre la cota 500 y la cota 1.000, desde Aconcagua hasta Puerto Montt, en 18 mil megas. En fin, todo está dado para tener una condición totalmente diferente.
Por eso, es importante que en este mecanismo de licitación efectivamente se abra la posibilidad de que entren nuevos actores y que el Estado recupere las facultades que le corresponden en un servicio y una política de carácter público. Para ello, se necesitan reglas claras, plazos largos y saber diferenciar las energías renovables no convencionales, que tienen otras características, para que puedan participar en bloques y en los horarios pertinentes.
Paralelamente, el Ministerio de Energía ha iniciado un proceso -lo vimos en el proyecto de Ley de Presupuestos-, que es el manejo integrado de cuencas. Hoy en día se señala que los procedimientos para obtener agua, hacer transmisión, ejecutar una obra, conseguir los áridos y adquirir todos los permisos necesarios son tremendamente complejos y engorrosos. Y, además, que provocan conflictos.
Por consiguiente, el manejo integrado de cuencas es la fórmula de solución, pues es participativo, define en forma clara los distintos usos posibles, qué cosas son incompatibles o compatibles, y resuelto eso, en el caso de la energía, los distintos tipos que se pueden obtener en una cuenca determinada para fijar una línea de transmisión única. Porque no se trata de que cada uno de los proyectos realice un enjambre de redes para poder llegar a los lugares de consumo.
En tal sentido, es posible evitar conflictos, como el de Alto Río Maipo, si se sabe con anticipación si se han puesto de acuerdo los actores y qué capacidad de agua se puede intervenir para sacar y generar energía; o el del embalse "natural" de Laja, que fue perfeccionado, donde hay un conflicto entre los regantes de 65 mil hectáreas (a lo que se suman los procesos de cambio climático) y, por otro lado, entre los que requieren energía eléctrica.
Por eso, si no avanzamos en forma paralela será difícil conseguir los objetivos que pretende esta ley.
Como se ha señalado acá, creo que este proyecto apunta en la línea correcta.
Hay bastantes más cosas que hacer para generar esta instancia equilibradora y compensadora y que define una política del sector público.
Por ello, voto a favor en general.
Señora Presidenta, la verdad es que el proyecto claramente va en la dirección adecuada, porque efectuar perfeccionamientos al sistema de licitaciones es importante.
Este sistema es bien complejo: son pocos los operadores que pueden generar energía; se requieren grandes inversiones, mucho capital y está altamente concentrado en tres actores principales. Por lo tanto, la competencia es bastante poco regulada.
El proyecto introduce un conjunto de modificaciones respecto de las empresas concesionarias de distribución que participarán en las licitaciones y de los contratos de suministro que podrán contener mecanismos de revisión de precios.
Y en la dura reglamentación que se contiene en la iniciativa, se detalla que "El mecanismo de revisión de precios se activará a través de una solicitud enviada por el suministrador a la concesionaria de distribución, con copia a la Comisión". Y, una vez recibidos los antecedentes y realizados un conjunto de pasos, todo llegará a un panel de expertos, que tendrán que resolver de acuerdo "al procedimiento establecido en el artículo 211 dentro del plazo de treinta días".
La pregunta es ¿dónde están los usuarios, los consumidores, en este procedimiento?
En la fijación de precios del agua cada 5 años no participan los usuarios y las empresas presentan informes secretos, al igual que el de energía. A estos solo se puede acceder luego de estar fijado el precio del agua. No hay ninguna posibilidad para la participación ciudadana en ello. Además, cuando se compra agua en la esquina hay una sola empresa monopólica y única que la distribuye. ¡Cero posibilidades de participación ciudadana!
¿Cuándo vamos a proteger a los usuarios, a los consumidores si hacemos leyes que facilitan a los generadores que vendan, que distribuyan?
En definitiva, aquí la parte ancha del embudo sigue estando para la generadora, para la distribuidora (integración vertical).
Están señalados los actores del mercado, y los usuarios no aparecen.
Señora Presidenta, no sé si la Comisión trató esto en detalle. Esta es una votación en general. Pero creo muy importante que cuando se legisle en materia de flexibilizar, de introducir perfeccionamientos al mecanismo de licitación que vayan en beneficio de quienes licitan (las empresas distribuidoras, las empresas generadoras) se eche un vistazo al punto de vista del usuario, del consumidor. Porque, según señalan todas las estadísticas, tenemos la energía más cara de América Latina -como dijo el Senador Harboe-, y nuestras empresas productivas están cerrando, precisamente por ello.
Las alternativas existentes en el libre mercado son las termoeléctricas, que causan gravísimos problemas -esto se encuentra muy poco regulado-, y se hallan dispuestas a pagar nada por el daño que ocasionan a los usuarios. O sea, se les dan todas las facilidades para que se instalen y luego, a la hora de fijar cuánto ganan, se otorgan cero atribuciones a los usuarios.
Señora Presidenta, en el caso de Bocamina II, en Coronel, Región del Biobío, pese al cambio de su proyecto, a la resolución de calificación ambiental, siguió enviando el agua a la orilla y destruyó toda la microbiótica marina, lo que dejó a los algueros sin poder extraer ese recurso. Estuvimos un año y medio pidiéndole a la empresa que nos recibiera. Pero nos atendían en la puerta y nos mandaban a hablar con el jefe de guardia. ¡Así era el trato de ENDESA a los dirigentes y a este Senador!
Junto con algueros y pescadores interpusimos un recurso de protección y lo ganamos. Esa empresa estuvo diez meses paralizada y acusa pérdidas por 180 millones de dólares, ¡180 millones de dólares! ¡Y mezquinan cuánto pagar en indemnización a esos trabajadores!
Votaré a favor de este proyecto de ley.
Iniciaremos un esfuerzo para poder establecer cómo consagrar regulaciones, mecanismos de control, que permitan a los usuarios tener algo que decir en la fijación del precio de la electricidad, para no tener valores abusivos.
Señora Presidenta, cada vez que aprobemos iniciativas que beneficien a un sector, a empresas muy importantes y poderosas no solo de utilidad pública, que reciben grandes grandes ganancias -no hablamos de las Carmelitas Descalzas-, debiera ser nuestra preocupación permanente¿
Senador señor Navarro, puede redondear la idea.
Decía, señora Presidenta, que debiera ser nuestra preocupación permanente pensar en los usuarios y consumidores.
Voto a favor. Y presentaremos las indicaciones correspondientes en el plazo que la Sala fije.
--Se aprueba el proyecto en general (23 votos a favor).
Votaron la señora Allende, Goic, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros e Ignacio Walker.
¿Habría acuerdo para fijar como plazo de presentación de indicaciones el jueves 4 de diciembre, a las 12?
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero agradecer a los señores Senadores y Senadoras por esta aprobación.
Este proyecto es muy importante. Es el corazón del sector eléctrico que, como se ha dicho, es un mercado de contratos. Y, por ello, junto con mis agradecimientos quiero decir que el sector comienza ya a dar buenas noticias.
Por lo menos se está logrando, como se ha señalado en la Sala, la construcción de más proyectos de generación. En marzo de este año había 28 en construcción, por 1.900 megawatts. Hoy tenemos 48, por 3.600 megawatts.
Es una buena noticia. Y otra lo es que parte de los objetivos de la Agenda en cuanto a comenzar a reducir los costos marginales se está cumpliendo.
Este año claramente vamos a tener una reducción significativa en el costo marginal, que es el precio spot de la energía eléctrica, y eso va a enviar una señal importante a los consumidores en el largo plazo: hay algunas posibilidades de que las alzas en el precio de las cuentas de luz logren ser detenidas y, en el futuro, incluso reducidas.
Por consiguiente, las iniciativas de la Agenda de Energía se encuentran en plena ejecución. Y agradezco el apoyo del Senado para esos efectos.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral a la radiodifusión chilena, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sesiones 11ª, en 22 de abril de 2014 (queda pendiente la discusión general); 13ª, en 23 de abril de 2014 (vuelve a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología); 25ª, en 17 de junio de 2014 (se aprueba en general); 64ª, en 18 de noviembre de 2014 (queda pendiente la discusión particular).
Señores Senadores, quedaron pendientes varios incisos. El que corresponde revisar ahora es el tercero, que se propone agregar al artículo 15 de la ley N° 19.928, contenido en el Nº 1) del artículo 1° del proyecto, que dispone:
"En el caso de aquellas radioemisoras con formatos específicos o especializados, podrán aportar a la difusión de música chilena con un mínimo de treinta y seis spots radiales mensuales para la difusión de certámenes, festivales y eventos en vivo de música nacional y al menos ocho entrevistas mensuales a artistas nacionales, a efectos de difundir su obra. En este caso, el porcentaje de emisión de música nacional indicado en los incisos anteriores será de un diez por ciento en las mismas condiciones y términos señalados".
Se aprobó por mayoría en la Comisión, con los votos a favor de la Senadora señora Von Baer y de los Senadores señores Allamand y Quintana, y en contra, de los Senadores señora Goic y señor Rossi.
Señora Presidenta, punto de Reglamento.
Señora Presidenta, ya que el inciso que acaba de leer el Secretario y el siguiente se encuentran dentro de la misma idea de las indicaciones (ambos fueron aprobados 3 por 2), por qué no hacemos una sola discusión sobre ambos y votamos. Hay una matriz común.
Eso me parece de todo sentido.
¿Habría acuerdo para discutir en conjunto los incisos tercero y cuarto?
Senador señor Rossi, se lo consulto específicamente porque Su Señoría había pedido votación por separado.
En discusión los incisos tercero y cuarto.
Señora Presidenta, en los incisos sujetos a votación se hace un esfuerzo por seguir diluyendo el compromiso de difundir 20 por ciento de música chilena en la parrilla programática de las radios nacionales.
Tengo claro el resultado de la votación de ayer: 15 a 12. Eso suma 27 Senadores. Faltó un número importante de colegas. Algunos votaron por el primer inciso. Respecto del otro ello no fue posible.
No quiero dejar pasar lo que ocurrió ayer: el Senado, por unanimidad, aprobó que estaba de acuerdo con que las radios nacionales tuvieran en su parrilla programática 20 por ciento de música chilena, definida en términos muy amplios. Y a renglón seguido¿
No fue unánime.
Tiene razón, Senador Víctor Pérez. No fue unánime. Pero contó con el respaldo de la tremenda mayoría de los Senadores presentes.
Como decía, a renglón seguido se aprobó un inciso que echa por tierra y hace letra muerta ese compromiso, pues permite que luego de decir: "Sí, vamos a tener 20 por ciento de música chilena en las radios nacionales", se señale: "Sin perjuicio de lo anterior, una forma alternativa de cumplimiento de ese 20 por ciento lo determinará el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes".
Para comenzar, dicha entidad se va a transformar en un Ministerio a poco andar, con lo cual eso no va a existir.
En segundo lugar, ayer se hizo reserva de constitucionalidad, porque creemos que no procede que le demos esas funciones.
Lo tercero es el tema de fondo.
Entonces, los incisos que hay que votar ahora ciertamente los voy a rechazar.
Tal vez habría sido posible incluir algunas disposiciones especiales. Pero luego de que se aprobó por 15 votos el inciso de ayer, que diluye completamente el compromiso, ello no tiene sentido.
A la vez, señora Presidenta, me queda un dejo de frustración, pues me habría gustado oír opiniones del Ejecutivo en esta materia, respecto de qué pensaba sobre el proyecto de difusión de 20 por ciento de música chilena. No es una situación fácil. Sé que es difícil. Sin embargo, a veces hay que tomar decisiones. El mundo de la cultura y de la música ha pedido apoyo en esta materia. No obstante, yo no lo he visto. No he escuchado una definición sobre el particular, salvo algunas afirmaciones aisladas.
En consecuencia, rechazaré todas las enmiendas que siguen. Tal vez alguna habría sido posible, pero en la medida que no se hubiera generado -perdónenme la expresión-, este "comodín" que se inventó. O sea, "Sí, 20 por ciento". "¡Cómo lo hago para no cumplirlo!". "Mándalo para afuera a un Consejo -eso no es materia de ley-, y ahí se verá cómo se cumple". Eso va a pasar.
Entonces, no nos engañemos entre nosotros. Acá no se aprobó la difusión de 20 por ciento de música chilena.
Quiero hacer un alcance respecto del inciso tercero.
No pertenezco a la Comisión de Educación. Pero la norma señala: "En el caso de aquellas radioemisoras con formatos específicos o especializados, podrán aportar a la difusión de música chilena con un mínimo de treinta y seis spots radiales mensuales para la difusión de certámenes, festivales y eventos en vivo de música nacional" y entrevistas mensuales.
Planteo la siguiente pregunta. Si alguien contrata spots de un concierto equis en una radio y le paga a la emisora para que lo pase, ¿eso lo va a imputar además a la difusión del 20 por ciento de música chilena, en circunstancias de que lo está cobrando?
Aquí no dice que sea gratis. Habría que agregar en el inciso que serán 36 spots gratis, para que quedara claro. Y, de esa forma, contribuirían las radios. E imagino que serán similares a los que se hacen en campañas políticas, de 30 segundos.
En consecuencia, lo que hay acá no es cierto. No existe voluntad.
Es justo y legítimo que difiramos en esto. No digo que yo tenga la razón. Pero poseo una opinión. Y aquí estamos para emitir opinión y marcar con un dedo si estamos de acuerdo o en contra. No podemos decir "sí al 20 por ciento" y en la votación siguiente, con el mismo dedo, decir "no a la música chilena, porque yo lo derivo y lo tiro para el córner".
Advierto a las tribunas que seré muy rigurosa esta vez. Y seré clara.
Van a quedar advertidos dos veces. En caso de que generen manifestaciones y no respeten el Reglamento y la opinión de los Senadores, se despejarán las tribunas, en cumplimiento del Reglamento. ¡Así de claro y simple!
No hay ninguna posibilidad de hacer manifestaciones, ni a favor ni en contra.
Se les exige respeto, y esta vez haré que ello se cumpla.
Ayer hice todo lo posible para que pudieran seguir la sesión. Ahora haré cumplir el Reglamento. Es una opinión unánime de los Comités del Senado, y es mi obligación respetarla y darles garantías para emitir su opinión a las Senadoras y a los Senadores, quienes tienen derecho a hablar.
En consecuencia, quedan advertidas las tribunas.
La segunda vez que no respeten a los oradores, serán desalojados.
Se consigna la primera intervención. Si ustedes persisten, serán obligados a salir. Lo lamento mucho, pero se va a aplicar el Reglamento.
Señora Presidenta, pido que miremos estos incisos con menos pasión y más objetividad.
El proyecto contempla un principio general que establece que las radioemisoras deben transmitir un 20 por ciento de música chilena.
Luego, se dispone un inciso que permite a las radios convenir con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el cumplimiento de un sistema alternativo, en remplazo de la obligación de emitir el porcentaje referido.
A propósito, como lo expresé ayer, tuve la oportunidad de hablar con artistas del Festival Brotes de Chile y con radioemisoras de la provincia de Malleco. Es perfectamente legítimo que ellos digan: "Queremos que se transmita el festival para difundir la obra de los artistas de la zona".
En definitiva, tal facultad quedó consagrada.
Ahora estamos debatiendo los dos incisos siguientes, que son el piso mínimo que puede acordarse para la emisión de música nacional.
Rechazarlos va a perjudicar a los músicos. Hay que leer bien el texto de ley propuesto. A veces, la pasión hace que se lean mal.
La primera de estas normas señala que siempre va a existir un 10 por ciento, en el evento de que las radios decidan aportar a la difusión de la música chilena mediante dos alternativas.
La primera es la realización de una serie de spots radiales mensuales.
Se ha tratado de ironizar al respecto, pero lo dicho no es efectivo. Esta medida es relevante, porque muchos artistas efectúan una cantidad enorme de presentaciones en Santiago y, particularmente, en regiones -yo lo he visto-, y no tienen la posibilidad de difundir adecuadamente sus eventos. Les cobran para ese efecto.
Y es evidente que los spots deben ser gratis. No cabe otra interpretación. El argumento de mi distinguido colega Lagos Weber es profundamente equivocado. Esta futura ley tiene un sentido común y obvio: si el legislador ha establecido un 20 por ciento gratis, suponer que los spots van a ser cobrados es un gran error. Quien interpreta la norma debe seguir el sentido lógico que esta dispone.
Reitero: rechazar este inciso significa dejar sin ningún piso a los músicos, cuando quieran asegurar un porcentaje de transmisión de música.
La segunda medida plantea algo que resulta bastante evidente.
El Senador Prokurica y yo fuimos los autores de la indicación que motivó esta enmienda. Y me parece razonable y justa, de acuerdo a lo que uno intenta hacer: velar por los intereses de los artistas y, simultáneamente, asegurar la forma más conveniente de cumplir con la emisión de música chilena.
Asimismo, hago presente que fui uno de los autores -lo digo con mucha humildad- de la normativa sobre derechos de autor. Por tanto, conocí la experiencia de luchar contra mucha gente que se opuso a esa ley en su época. No fue fácil sacarla adelante.
Con relación al segundo de los incisos en debate, se propone un principio bastante obvio, que fue conversado con la Asociación de Radiodifusores de Chile.
Hay radioemisoras que pertenecen a un solo controlador y otras que se asocian. La propuesta es que ellas, en promedio, no transmitan menos del 20 por ciento de música nacional. Puede que algunas emitan más y otras menos. Lo importante es que el promedio no sea inferior a dicho porcentaje.
Esta es otra alternativa, que se plantea como viable y posible.
A mi juicio, estas dos modificaciones deben ser aprobadas, porque establecen una diversidad de posibilidades para cumplir con la exigencia del 20 por ciento.
Y doy otro argumento.
Si se rechazaran estos incisos, la futura ley quedaría sin piso. Ellos permiten que ningún acuerdo sea inferior al límite fijado. La razón es muy simple: la norma que se aprobó ayer faculta al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para establecer un mecanismo alternativo, y estos dos incisos consagran un mínimo para tal efecto. Por tanto, ese límite inferior, que quedará en la ley, no podrá ser pasado a llevar por un acuerdo.
Esta es una simple interpretación del sentido común de las leyes.
Cuando el legislador resuelve fijar un mínimo, ningún acuerdo que sea inferior a este será válido.
En consecuencia, es todo lo contrario a lo que indicó el Senador Lagos Weber. Se lo expliqué y lamento no haberlo convencido; espero persuadirlo ahora: si esto se vota en contra, no va a haber ningún piso.
Quiero dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, de que estos incisos sí garantizan un piso.
Esa es la razón por la cual presentamos la indicación respectiva en su momento. Nos pareció que era justa y razonable.
Por ello, pido que la Sala apruebe esos dos incisos.
Señora Presidenta, derechamente pido que sean rechazadas estas dos enmiendas.
Quiero decirlo de la manera más gráfica posible: estamos pasando de la burla al humor negro. Eso es lo que estamos haciendo con estos incisos.
El Senado de la República aprobó ayer de manera amplia (por 20 votos a favor, 9 en contra, 2 abstenciones y un pareo) la norma que contiene la idea matriz de este proyecto, la que también fue acogida en la Cámara de Diputados. Con ello, toda radioemisora en Chile tendrá la obligación de emitir un mínimo de 20 por ciento de música nacional.
Después vino este intento -algunos han considerado hiriente la frase que ocuparé; yo creo que refleja lo que realmente ocurrió- de borrar con el codo lo que se escribió con la mano, a través de un inciso que se aprobó en la Sala por una mayoría estrecha -con una diferencia de tres votos- y que faculta al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para establecer cumplimientos alternativos.
Como explicó ayer el Senador Harboe en forma brillante -no tengo nada que agregar al respecto-, dicho inciso es absolutamente inconstitucional. El Senador Pizarro hizo reserva de constitucionalidad. Por lo tanto, espero que podamos echarlo abajo en el Tribunal Constitucional, porque no soporta ni el análisis de un alumno de primer año de Derecho.
Pero en este momento están en debate otras modificaciones.
Dado que se aprobó -con una diferencia de tres votos- esa cosa rara de los cumplimientos alternativos, lo que es muy difuso, muy extraño y muy contradictorio, ahora estamos tratando de darle contenido -entre comillas- a lo alternativo.
Primero se propone -lo voy a decir con mis palabras- lo siguiente: "Las radios podrán eximirse de la obligación de emitir el 20 por ciento de música nacional si transmiten treinta y seis spots radiales mensuales y al menos ocho entrevistas".
¡De qué estamos hablando! ¡Si este proyecto es sobre difusión de la música chilena!
Y se agrega: "En este caso, el porcentaje de emisión (¿) será de un diez por ciento". ¡Diez por ciento!
Entonces, sí estamos borrando con el codo lo que se escribió con la mano. Pasamos de la burla al humor negro.
Hay que rechazar este inciso y, de alguna forma, revertir el tres a dos con que se aprobó en la Comisión.
Pero miren lo que viene después. ¡Es de antología!
Se sugiere otra forma de incumplir lo que ya aprobamos. ¡Porque en eso estamos! Y no estoy haciendo caricaturas, sino revisando la letra del texto propuesto.
En efecto, se dispone una nueva modalidad para los efectos del cálculo del porcentaje -ya hablamos del 20 por ciento-, cuando se trate de un controlador común de varias radios -de cinco, ocho, diez; en fin- o de radioemisoras agrupadas por regiones.
Y dice: "se agrupen". O sea, cinco radios locales se pueden juntar y listo. ¿Y qué podrían hacer, señora Presidenta, gracias a este otro inciso? Señalar lo siguiente: "Somos cinco radios de regiones agrupadas. A una de ellas le vamos a destinar el cien por ciento de emisión de música chilena y a las cuatro restantes, cero". ¿Qué da? En promedio, 20 por ciento.
¡Qué gracia más grande la que estamos introduciendo¿!
La idea, aparentemente interesante, de compensar lo que le falta a una con el exceso de otra termina no solo borrando con el codo lo que se escribió con la mano, sino también transformando esto es una pesadilla para los músicos chilenos.
Esa es una forma de empoderar a los controladores y a estas agrupaciones de hecho, las cuales se crearán sin ninguna personalidad jurídica, con el fin de burlar la ley y no cumplir el requisito del 20 por ciento.
Una radio transmite cien por ciento música chilena; las otras cuatro cien por ciento música en inglés, en francés o en el idioma que quieran. ¡Nada! ¡Cero música chilena! Promedio entre las cinco: 20 por ciento. Cumple con la ley.
Creo que la creatividad y la imaginación, señora Presidenta, siempre tienen un límite.
Invito a votar en contra estos dos incisos.
Señora Presidenta, quiero hacer algunos comentarios.
En primer lugar, como Senador siento cierta vergüenza por haber desperdiciado esta tremenda oportunidad, como institución -más allá de las bancadas que representa cada cual-, para hacer un aporte concreto, un aporte real, un aporte genuino a la cultura chilena.
La música es parte fundamental de nuestra cultura.
Me llama mucho la atención cuando se habla de "patriotismo" en el mundo político, dándole a ese concepto una serie de acepciones. Quisiera saber qué acto es más patriótico que fortalecer la difusión de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que creamos, de lo que se construye con los sentimientos más profundos, de lo que nos define, de lo que nos identifica, de nuestra esencia, de nuestras raíces, de nuestra historia.
Yo creo que eso es patriotismo.
Desde tal perspectiva, hoy el Senado está siendo bien poco patriota.
Y también está siendo hipócrita. Al respecto, leo la definición de hipocresía de la Real Academia Española -y no lo tomen como descalificación porque es una cita literal-: "Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan". En el fondo, es cuando se siente o se piensa de determinada manera, pero se dice otra cosa.
Como explicó el Senador Ignacio Walker, a través de los llamados "mecanismos de cumplimiento alternativo" para el fomento de música nacional, en realidad se pretende lograr el objetivo de que no haya difusión de la música nacional. ¡Todo lo contrario!
Pero no se tiene el coraje de expresarlo.
Preferiría que en la Sala se dijera: "¿Saben qué?, creo absolutamente en la libertad editorial de los medios de comunicación", pese a que el espectro radioeléctrico es de todos los chilenos y un bien nacional de uso público que el Estado entrega en concesión.
Para mí, es mejor que se manifieste el argumento: "Creo en la libertad", aunque sea una libertad mal entendida.
En cambio, hoy señalan con hipocresía: "¡Nosotros queremos apoyar a los músicos!"; "¡Estamos con ellos!"; "¡Es muy importante la música nacional!". Pero, en realidad, no se atreven a manifestar que simplemente no creen en eso.
Por eso buscan medidas para desvirtuar el objetivo del proyecto.
¡Si esta iniciativa hoy es letra muerta! ¡Murió ayer! ¡Ya no existe!
Vamos a acudir al Tribunal Constitucional, de todas maneras, porque pensamos que se actuó con falta de prolijidad. Y me llama la atención que prestigiosos abogados aquí presentes hayan presentado indicaciones francamente inadmisibles, que sobrepasan las atribuciones que poseemos.
Una de ellas, por ejemplo, le otorga una facultad al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -sobre el particular, alguien advirtió que dicho órgano pronto no va a existir- para establecer mecanismos de cumplimiento alternativo, en circunstancias de que el único que puede conceder ese tipo de atribuciones es el Ejecutivo. Pero este no presentó la indicación. Por tanto, es inadmisible la formulada por los Senadores.
Más encima, a sabiendas de ello, igual se vota a favor de la admisibilidad.
Y se propone algo ridículo, que es un insulto a la inteligencia.
Se pretende cumplir con el porcentaje de emisión de música chilena transmitiendo nueve spots radiales a la semana. Se quiere fomentar la obra de nuestros artistas a través de nueve spots y dos entrevistas semanales.
Bastará con conversar con algunos de los músicos que nos acompañan en las tribunas. Tomamos a dos por semana y los entrevistamos; hacemos un spot para el Festival del Huaso de Olmué, y con eso damos por cumplida la obligación de emitir 20 por ciento de música nacional.
¡No me vengan a decir que se encuentran preocupados de la música, de la creación, del arte del país!
Por lo menos, defendamos con argumentos y dando la cara cuando tenemos una convicción.
Eso es lo que critico hoy día.
Por último, señora Presidenta, me llama poderosamente la atención la insolencia y la falta de respeto con que algunos parlamentarios se han referido a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Yo no tengo ninguna vinculación con esta entidad; la conozco poco. Pero, si en las tribunas estuviesen los empresarios de la CPC o de la SOFOFA, seguramente no se habrían dirigido a ellos con las mismas expresiones que usaron contra la SCD.
Aquello me parece francamente inaceptable.
Espero que seamos capaces de reivindicar al Senado, de apoyar de verdad a la música chilena y de votar en contra de los incisos que nos ocupan.
Me han solicitado abrir la votación.
¿Quién hizo la petición?
El Senador señor Coloma, en representación del Comité de la UDI.
Lo que pasa, señora Presidenta, es que ayer tuvimos un problema.
Cuando solicité a la Mesa la declaración de inadmisibilidad de una modificación, se me dijo que no se podía pedir en ese momento porque estábamos en votación.
En consecuencia, antes de abrir esta votación, pido declarar la inadmisibilidad de otra enmienda, que, a mi juicio, adolece de un grave vicio de constitucionalidad.
Tiene razón: cuando se halla abierta una votación, no se puede formular una petición de esa naturaleza. Es exactamente lo que ocurrió ayer.
Entonces, no abriremos la votación hasta...
Pero ¿qué se va a votar ahora?
Los incisos quinto y sexto que la Comisión de Educación propone agregar al artículo 15 de la ley N° 19.928.
Si es así, no hay problema. Mi observación es respecto de otra norma.
¿Habría acuerdo, entonces, para abrir la votación sobre estos incisos, como lo solicitó el Senador señor Coloma, en representación del Comité de la UDI?
En votación los incisos referidos.
Señora Presidenta, considero que nosotros no hemos sido para nada hipócritas. De hecho, desde un principio hemos expresado lo que pensamos.
Hemos pensado, dicho y actuado siempre en la misma línea.
Por lo tanto, es bastante inaceptable que nos traten de hipócritas, cuando no lo somos.
Desde el primer día manifesté mi opinión. Y he votado todas las veces exactamente a como he argumentado, nunca de una manera distinta.
En consecuencia, señora Presidenta, las palabras recientemente dichas por el Senador Rossi son inaceptables.
Reitero: siempre he actuado en forma transparente y nunca he tenido miedo a expresar lo que pienso y a votar coherentemente con ello.
Y no es la primera vez que me dicen algo así. También me lo manifestaron en la Comisión de Educación.
Sin embargo, siempre he sido tremendamente transparente. Y eso debiera reconocerse en política.
No se puede señalar que somos hipócritas porque votamos de cierta manera y argumentamos, supuestamente, en un sentido distinto. Porque, personalmente, siempre he explicitado lo que pienso y he votado en concordancia con ello. Nunca he cambiado mi pronunciamiento en este proyecto. ¡Nunca!
Yendo a lo que nos ocupa, señora Presidenta, quiero referirme, específicamente, al inciso sexto propuesto.
Este plantea que las radioemisoras, a partir de un piso obligado de 5 por ciento de difusión de música chilena, se pueden agrupar para prorratear el 20 por ciento exigido.
¿Por qué llegamos a esta enmienda, señora Presidenta? Por algo que se solicitó en una de las sesiones de la Comisión de Educación, en la que estaban presentes los representantes tanto de la Asociación de Radiodifusores de Chile como de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor.
Tal petición, que fue hecha en el órgano técnico y reiterada también durante el trámite en la Sala, consistía en llegar a un acuerdo para sacar adelante la promoción de la música chilena, en conjunto con la ARCHI.
Se preguntó en la Comisión si se había alcanzado un acuerdo. De hecho, en esa sesión el Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor planteó, según indica el informe textualmente, lo siguiente:
"En relación con la idea de alcanzar un acuerdo con la Asociación de Radiodifusores de Chile, consignó que la organización que representa ha hecho todos los esfuerzos posibles en tal sentido, y que reflejo de ello es el alcanzado con Ibero Americana Radio Chile, grupo radial que representa cerca del 50% del mercado. Adentrándose en el convenio logrado con este grupo radial, detalló que el referido acuerdo propone un modelo que permite flexibilizar la exigencia aprobada en general por esta rama del Congreso Nacional, aumentando el porcentaje de emisión de música nacional de 20 a 25%, pero posibilitando, al mismo tiempo, que las radios pertenecientes a un mismo grupo controlador puedan emitir porcentajes distintos de música. Al respecto, afirmó que otros grupos radiales han considerado adecuado el sistema propuesto, y anheló que se sumara a él la Asociación de Radiodifusores de Chile y que la Comisión lo acogiera.".
Por lo tanto, esa fue una postura respaldada en su momento por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor.
¿Qué hicimos en la Comisión de Educación? Planteamos permitir tal flexibilización no solo a las radios pertenecientes a un mismo controlador (porque esto nos parecía discriminatorio para las radioemisoras más pequeñas de regiones), sino también a las asociadas por regiones.
Consideramos que hacer un traje a la medida para un solo controlador no era lo correcto, pues siempre se debe legislar para todos por igual.
Al efecto, tomamos exactamente la misma norma con la que estaba de acuerdo la Sociedad Chilena del Derecho de Autor y la ampliamos para hacer regir la flexibilización también respecto a las radios pequeñas de regiones.
Eso refleja el inciso propuesto.
Señora Presidenta, estimados colegas, yo soy partidario de la obligación de emitir 20 por ciento de música chilena como piso, no como techo.
Pienso que esta materia tiene que ver -y lo he dicho en forma insistente- con un problema más estratégico. Va más allá de los intereses legítimos que pueda haber entre los creadores, los intérpretes, las sociedades que defienden a unos u otros, las radios, en fin. Se encuentra relacionada con un aspecto estratégico en el mundo global de hoy: la defensa y la promoción de nuestra identidad.
Es lo más estratégico que habrá en el siglo XXI para diferenciar naciones, culturas y creaciones.
El Estado entrega el espacio radioeléctrico para que lo exploten particulares. Pero, en mi concepto, a la sociedad le asiste todo el derecho a exigir contraprestaciones mínimas.
Entonces, el 20 por ciento de música nacional como piso me parece evidente.
Yo no compartí lo que se aprobó ayer en cuanto a delegar parte de esa facultad al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Eso es facultativo, no obligatorio. Se podrá ver en su momento cómo opera.
No soy de los que creen que por establecer tal atribución se borra con el codo lo aprobado anteriormente. No me gusta, por cierto. En lo personal, hubiese preferido un piso mayor.
Sin embargo, quise intervenir, señora Presidenta, porque considero que el Parlamento ha de ser un espacio para discutir ideas.
Con una Senadora que me antecedió he tenido grandes diferencias de ideas. Y me parece muy bien, pues representamos a sectores políticos, ideologías, corrientes de opinión distintos.
Empero, solidarizo en el sentido de que debemos cuidar el lenguaje en la discusión de nuestras ideas. No porque alguien discrepe ha de ser descalificado. Podemos confrontar las ideas.
En tal sentido, como jefe de la bancada de los Senadores socialistas, debo expresar nuestro parecer en cuanto a que queremos un debate con altura. Tenemos diferencias, y podemos plantearlas, pero manteniendo un marco de respeto entre nosotros.
Ahora bien, yo no soy partidario de las medidas alternativas. Creo que son solo una forma de debilitar la obligación impuesta.
Los argumentos que se refieren a las radios pequeñas como las pobres que no son capaces de cumplir el 20 por ciento de emisión de música chilena me parecen una falacia.
Al menos en la Región que represento, las radios pequeñas y medianas cumplen con creces la meta del 20 por ciento de emisión de música nacional. De lo contrario, no tendrían audiencia local, la que es fundamental para las radioemisoras de identificación comunal, provincial o regional.
A la gente le gusta escuchar lo nuestro, en los diferentes géneros.
Pienso que tienen una mirada cultural bastante lamentable quienes creen que la música chilena es un género. No saben valorar la diversidad de talentos que hay en nuestro país y no entienden que aquí sobran creadores para escucharlos: consagrados, emergentes. ¡Y los consagrados de hoy fueron emergentes cuando algunos no peinábamos canas!
Es una forma bastante rara de entender la evolución de la cultura.
Señora Presidenta, quiero proponer no solo que rechacemos este inciso, sino además que lo votemos junto con el que sigue, para que ambos sean desechados con la misma votación. Ello, como una manera de economizar la discusión. Porque sustentamos posiciones bien conocidas y, asimismo, entendemos que algunas de estas materias se van a resolver en la Cámara de Diputados, donde, a no dudarlo, habrá también un debate profundo.
Sí, en lo concerniente a los mecanismos alternativos, debo señalar que, más que formas de cumplir el 20 por ciento de emisión de música chilena, se necesita un sistema de sanciones diferenciadas. Porque no es lo mismo multar con 2 millones de pesos a una radio pequeña de una comuna o de una provincia, cuyos ingresos mensuales oscilan entre 800 mil y un millón 200 mil pesos, que multar en igual cantidad a radios pertenecientes a cadenas o grupos, cuyas entradas tienen otras magnitudes.
No lo podremos ver ahora. Seguramente se discutirá en la Cámara de Diputados.
Con respecto a la definición que se tomó ayer sobre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, no quiero quedar con la idea de que fuimos derrotados en el propósito de avanzar, de correr el cerco, de ganar el 20 por ciento de emisión de música nacional.
Creo que estamos ganando en esa batalla. Y estoy seguro de que el Tribunal Constitucional determinará que la norma pertinente no tuvo patrocinio el Ejecutivo y que, por tanto, no quedará consignada en la ley en proyecto.
Quiero recordarles a Sus Señorías que estamos votando los incisos quinto y sexto que la Comisión de Educación propone agregar al artículo 15 de la ley N° 19.928. Después podremos resolver lo otro que se planteó, pues ahora nos hallamos en pleno proceso de votación.
Señora Presidenta, los argumentos señalados son contundentes, claros, macizos.
Ojalá podamos tener de algunos Senadores un cambio de criterio con respecto a lo ocurrido ayer.
Deberemos recurrir al Tribunal Constitucional, institución que data de los años 70, del Chile republicano; no es nueva. Se trata de un órgano complejo, porque revisa prácticamente todo lo que hacen tanto el Ejecutivo cuanto el Congreso y determina su constitucionalidad.
Me parece complicado que dicho Tribunal deba examinar una norma a todas luces inconstitucional. Pero quienes han sostenido su constitucionalidad han desechado en muchas ocasiones propuestas nuestras sobre la materia.
El inciso pertinente dispone -lo explicó el Senador Espina- que la obligación de transmitir 20 por ciento de música nacional podrá darse por realizada mediante el cumplimiento alternativo de los mecanismos que determine el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Como el referido Consejo se convertirá en Ministerio, esa disposición será letra muerta inmediatamente. Hecha la transformación, habrá que cambiar la ley en proyecto, la cual hace mención de un ente que va a desaparecer.
Señora Presidenta, llevo casi veintiún años en el Parlamento: cada vez que he intentado derrotar a la monarquía presidencial y otorgarles algo de poder a los Diputados y Senadores para pedirle al Ejecutivo que realice alguna acción -por ejemplo, efectuar una actividad en la Dirección del Trabajo a fin de proteger los derechos de los trabajadores-, me dicen que no, que se trata de una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Esto se ha debatido ampliamente durante décadas: el Parlamento no tiene facultades.
Eso nos daña.
Muchas veces le hemos explicado a la gente que no podemos incidir en ciertas materias administrativas porque corresponden a una atribución del Gobierno.
¡Pero ahora se nos dice que sí es factible¿! ¡Y nos dejan desnudos, a la intemperie!
Me preguntarán, pues, cómo es la cuestión: "Si la obligación de emitir 20 por ciento de música nacional podrá darse por realizada mediante el cumplimiento alternativo que establezca el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entonces ustedes tienen facultades. ¡Nos ha estado engañando, Senador Navarro, al decirnos que no puede hacer lo que hoy el Senado señala que sí es factible de realizar!".
Entonces, nos ponen en una situación muy muy compleja. Y el Parlamento pierde seriedad; se daña su credibilidad.
Ahora bien, concuerdo con el Senador Ignacio Walker. Claramente, todo lo que viene es un ardid. Porque a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor se le ha puesto un marco que ya hubiéramos querido para la regulación de las empresas eléctricas. O sea, el milímetro; el detalle de lo que debe o no hacer. ¡El control absoluto!
¡Ojalá tuviéramos esa misma vehemencia cuando se trata de controlar a los poderosos¿!
Pero se ha ejercido un derecho. Y yo respeto el derecho de los Senadores a plantear los incisos en comento. También los incisos que estamos votando -aparecen en la página 19 del comparado-, mediante los cuales se establecen medidas alternativas, con una cuota de emisión de 10 por ciento para las radioemisoras que pertenezcan a un conglomerado, aunque, en los hechos, reducen a nada la obligación de transmitir 20 por ciento de música nacional.
Ya aprobamos el inciso que dispone que la emisión de 20 por ciento de música chilena podrá darse por realizada mediante el cumplimiento alternativo de mecanismos que establezca el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
La presión que vendrá sobre el referido Consejo va a ser tremenda. El lobby que se desatará a propósito del establecimiento de dichos mecanismos será muy fuerte.
Estamos trasladando la pelea que se está dando aquí, en la Sala, al seno del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, donde se llevará a cabo un debate tanto o más álgido que el que ahora sostenemos. Porque a algunos no les va a gustar lo que él decida, y a otros, sí.
Por tanto, voy a votar en contra de los dos incisos -el pronunciamiento es respecto de ambos; lo consulté a la Mesa-, porque está claro su objetivo: desvirtuar la obligación, ya aprobada, de transmitir 20 por ciento de música chilena. Y ello, con argumentos que permitirán diluir -como aquí se señaló- de manera clara, sabia, razonable dicho propósito.
Porque si un conglomerado posee una radio de baja sintonía y una de alta sintonía, va a concentrar el cien por ciento en la primera y en la de alta sintonía no tendrá nada. ¡Pero va a cumplir la ley¿!
Creo que eso es sacar las castañas con la mano del gato. Implica -tal como lo dijo el Senador Rossi- soslayar la cuestión de fondo, no enfrentarla.
Respeto lo expresado por la Senadora Von Baer. Pero no es primera vez que en el Parlamento se usan subterfugios; es decir, la llegada indirecta para un objetivo que se quiere ocultar.
Señora Presidenta, reconozco mi falta de experiencia parlamentaria, pero me gustaría que cuando alguien nos hablara de "hipócritas" precisara con nombre y apellidos.
A mi juicio, calificativos como ese bajan el nivel de la discusión.
Además, veo con preocupación que el debate de este proyecto se realiza entre los buenos y los malos.
Ayer me pronuncié a favor de los dos incisos que se votaron pues consideré que sí necesitamos que se emita 20 por ciento de música nacional y, también, que existan medidas alternativas.
Ahora estamos votando los dos incisos que indicó la señora Presidenta. Yo estoy absolutamente en contra del segundo. Y, en tal sentido, comparto parte de lo que señaló el Senador Ignacio Walker.
Reitero que no me parece adecuado el nivel de descalificación que hemos observado durante este debate. No porque uno esté a favor de una materia u otra pasa a ser bueno o malo. Creo que aquí se ven demasiado marcadas las influencias de los lobby hechos, por cuanto -como se dice vulgarmente- en ciertos incisos la mata está cargada para un lado, y en los demás, para el otro.
Yo quiero que la ley en proyecto proteja a la música chilena, pero también que dé ciertos márgenes de libertad, sin permitir el abuso de las radios, para que podamos apoyar sobre todo -ello queda claro de la discusión- a los artistas emergentes.
Todavía no conozco bien el Reglamento. Pero le pido a la señora Presidenta, quien dirige las sesiones de esta Sala, que la próxima vez que alguien tire al voleo algún insulto lo obligue a precisar con nombre y apellidos a quién está dirigido.
A un Senador que me antecedió lo escuché defender con mucha fuerza el cambio al binominal, pero se sentó en esta Sala con poquitos votos ¡gracias a ese sistema¿!
Hay, pues, un montón de incongruencias personales.
Señor Presidenta, quiero justificar mi voto contrario a ambos incisos.
En la línea de lo señalado por el Senador Navarro al final de su intervención, creo que aquí se establece un subterfugio, una fórmula un poquito artificiosa, una excusa, un pretexto para finalmente evadir el cumplimiento de una obligación ya impuesta mediante la ley en proyecto.
Hemos discutido desde el principio en torno a la forma en que las radios cumplan con la emisión de 20 por ciento de música sin buscar fórmulas que debiliten ese propósito como permiten hacerlo los incisos que estamos votando, que constituyen una salida que dificulta el respeto a ese porcentaje.
De otro lado, de repente pareciera que se confunde música chilena con música folclórica cuando se dice que hay radios con formatos especializados o específicos.
En tal sentido, quiero reconocer la capacidad de nuestros artistas para tener producción en distintos géneros. Y eso debe estar sobre la mesa. O sea, no hablamos solo de música folclórica, sino también de autores chilenos en distintos formatos.
Por lo tanto, no es argumento válido que una radioemisora con determinado formato diga que no puede cumplir con la obligación de emitir ese porcentaje de música chilena porque no hay producción que mostrar. Muy por el contrario, queremos que se difunda parte de las creaciones hoy existentes y, también, establecer una fórmula para incentivar su emisión.
Me parece importante clarificar, para el registro de esta discusión, que en un momento se trató de generar un acuerdo en la Comisión de Educación. Incluso lo planteamos en esta misma Sala. Y dejamos en statu quo la tramitación de esta iniciativa, para ver si ambas partes podían llegar a un consenso.
Pero quiero ser muy clara: eso no se logró. Por ello estamos debatiendo este texto. Si no, la historia habría sido muy distinta.
Entonces, hoy a todos nos asiste el legítimo derecho -tal cual se mencionó- a votar conforme nos parezca.
La Sociedad Chilena del Derecho de Autor no está a favor de los mecanismos alternativos. Es más, nos pidió a quienes hemos sostenido este proyecto desde el inicio volver ojalá al texto planteado originalmente, sin estas fórmulas, las que fueron aprobadas por mayorías circunstanciales.
Deseo ser clara al respecto. Porque en una intervención previa se indicó que lo propuesto ahora a la Sala obedecía a un acuerdo.
Reitero: se planteó un acuerdo, pero no prosperó. Y me parece conveniente que ello quede claro para la historia de la ley.
Señora Presidenta, ayer me referí al fondo de esta materia. No voy a volver sobre él. Mi opinión al respecto es bien conocida.
Creo que en esta cuestión, como en muchas otras, el Senado tiene que permitir que votemos en conciencia.
En estos pocos minutos deseo simplemente reflexionar en cuanto a los incisos propuestos.
Esta clase de debates no honra a la política, no le hace bien.
El Presidente de la Comisión de Educación, Senador Rossi, pensó que hacía bien al poner en discusión los incisos en cuestión.
Ahora, más allá de cuál sea el resultado, nadie va a quedar contento.
Acá se ha hecho todo tipo de afirmaciones. Se ha planteado un debate de caricaturas, falso; ha habido toda clase de ofensas, descalificaciones, comentarios, en fin.
Sin embargo, debemos actuar en conciencia.
En los asuntos culturales, yo soy bastante liberal. Y no veo pecado en ello. Todas mis votaciones son públicas. Y en las normas punitivas siempre me pronuncio en contra, en cualesquiera materias, más allá de la popularidad que eso pueda acarrear: aumento de penas, tolerancia cero, en fin. Sus Señorías pueden revisarlo: en todo ello voto por el rechazo, pues no creo que la solución sean el castigo, la multa.
Con la tolerancia cero en la Ley de Tránsito llevamos la misma cantidad de muertes que se registraba antes por la conducción con ingesta de alcohol: cada fin de semana largo fallece la misma cantidad de personas por esa causa, solo que ahora debido a atropellos.
Las cuestiones culturales no se combaten, no se enfrentan con leyes. Pero a veces se logra popularidad. Y algunos Senadores no opinan, o pasan, o entran a la descalificación, o se victimizan.
Creo que lo dicho acá es muy claro.
El Senador Espina fue bastante preciso cuando planteó esta discusión.
Se trata de un mínimo. Y hay que decirles a los músicos, quienes han seguido este debate, que nada garantiza que lo aprobado ayer no lo eche abajo el Tribunal Constitucional.
Si eso no se cae, queda planteado.
La proposición del colega Espina les da alguna posibilidad a los músicos.
Ahora, yo no soy partidario de las cuotas. Pero son el mal menor en un debate que ha sido malo, de comienzo a fin.
Es más -esta parte tampoco se les ha contado a los músicos-: si en el Tribunal Constitucional se cae lo aprobado ayer, con mayor razón caerá la proposición del Senador Ignacio Walker sobre la legitimación activa.
¿En qué consiste la referida proposición? Aquí hay varios abogados, profesores de Derecho Constitucional, quienes saben que ella no tiene ninguna posibilidad de prosperar en dicho Tribunal.
El propio profesor de Derecho Constitucional Patricio Zapata ha sido sumamente categórico -no voy a citar su estudio, aunque lo tengo acá-, y dice que no hay precedente en la materia.
El Tribunal Constitucional siempre ha rechazado la delegación de potestades públicas a personas jurídicas de derecho privado. Creo que en un solo caso -el de la CONAF, año 2008- validó normas que radicaban potestades públicas en un ente de derecho privado. ¡En ninguno más!
Entonces, señora Presidenta, aquello es imposible.
Por eso la Ministra del Consejo de la Cultura desapareció de esta sesión.
En este proyecto hemos hecho todo mal. Vamos a quedar todos peleados: los músicos, los antimúsicos, en fin.
El desconocimiento de algunos Senadores sobre la realidad de las radioemisoras regionales es abismante. Por ejemplo, algunos de mis filas, de este lado, han dicho que las controlan los grandes grupos económicos.
Tres o cuatro radios se juntan para ver cómo cumplir con un proyecto que se ha planteado mal desde el comienzo.
Para transparentar lo que ocurre, debo puntualizar que el Senador García-Huidobro, uno de los autores de la moción cuando era Diputado, dijo hace varios meses, cuando partió el debate: "Bajé mi firma de este proyecto porque no había fiscalización".
Y en el marco de la discusión -todos entusiasmados: "¡Vamos por el maximalismo, vamos por todo!-, surge lo de la legitimación activa para que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor ejerza el derecho pertinente.
Todos sabemos que eso no se va a sostener: si en el Tribunal Constitucional cae una cosa, van a caer las dos.
Algo señaló al respecto la Senadora Von Baer.
Es cierto; se dijo hasta la saciedad: "¡Pónganse de acuerdo!".
Yo no soy el más proclive a los acuerdos y a los consensos. A algunos les gustan más que a mí.
Pues bien, aquí no se hizo ningún esfuerzo por favorecer un acuerdo entre las partes: la ARCHI -digámoslo claramente-, los músicos (no todos ellos fueron escuchados), la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Algunos señalaron: "Tenemos los votos". En fin.
Cuando todo el mundo actúa con calculadora en la mano, el resultado final -en este caso lo desconozco- no deja tranquilo a nadie.
Yo simplemente quiero decir, señora Presidenta, que para un artista emergente de regiones 36 spots radiales mensuales no son poca cosa; 8 entrevistas en las radios, donde no tienen ninguna posibilidad de salir, no son poca cosa.
--(Manifestación en tribunas).
¡Señora Presidenta, aplique el Reglamento!
El señor que gritó va saliendo. No necesito su exhortación, señor Senador.
Además, las personas presentes en las tribunas ya fueron advertidas.
Les pido por favor, Sus Señorías, que entiendan lo que estoy haciendo desde la Mesa.
Acaba de ocurrir exactamente lo que dije. Y la persona que se manifestó ya abandonó las tribunas. De no haberlo hecho por su voluntad, yo habría dado el siguiente paso.
Repito: no necesito que me exhorten, pues las advertencias están hechas.
--Se rechazan los incisos quinto y sexto -contenidos en el N° 1) del artículo 1° del proyecto- que la Comisión de Educación propone agregar al artículo 15 de la ley N° 19.928 (14 votos en contra, 12 a favor, una abstención y 3 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Rossi, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica y Quintana.
No votaron, por estar pareados, los señores Araya, Moreira e Ignacio Walker.
Para un asunto reglamentario, tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
Señora Presidenta, por un error figuro entre los Senadores pareados. Sin embargo, yo me inhabilité en virtud del artículo 8° del Reglamento, como sabe la Mesa.
Así es: Su Señoría explicitó ayer que se inhabilitaba.
¿Puedo formular una cuestión reglamentaria adicional, señora Presidenta?
Creo que, si le pareciera a la Sala, los siguientes dos incisos que sugiere la Comisión de Educación podrían aprobarse por unanimidad, porque el primero de ellos -me refiero al que comienza diciendo "En cumplimiento de la obligación dispuesta en los incisos anteriores"- se acogió allí por 5 a 0.
Las enmiendas unánimes ya se encuentran aprobadas, señor Senador.
Eso se aprobó ayer.
Entonces, respecto del que sigue, le pregunto a la Senadora Von Baer si estaría dispuesta a dar la unanimidad. Porque ese inciso se aprobó, transversalmente, por 4 votos a favor, de los Senadores Allamand, Matta, Quintana y Rossi, y 1 en contra, de Su Señoría.
Ese precepto dice que, del porcentaje de música nacional, un cuarto deberá estar destinado a "Composiciones o interpretaciones musicales emergentes" o a "Composiciones o interpretaciones de identificación regional o local".
De esa forma podríamos evitarnos otro debate intenso.
Pero ello depende bastante de la Senadora Von Baer, a quien, con absoluto respeto, le formulo la consulta pertinente por intermedio de la Mesa.
Entonces, debemos votar dicho inciso, pues en la Comisión no hubo unanimidad.
En la página 21 del boletín comparado se sugiere introducir al artículo 15 de la ley N° 19.928 el siguiente inciso octavo:
"Del porcentaje de música nacional a que se refieren los incisos anteriores, un veinticinco por ciento deberá estar destinada o a:
"a) Composiciones o interpretaciones musicales emergentes, entendiéndose por tales aquellas grabadas en fonogramas en los últimos tres años contados desde la fecha de la emisión radial, o
"b) Composiciones o interpretaciones de identificación regional o local, de acuerdo al área de concesión.".
Dicho inciso se aprobó en la Comisión por 4 votos a favor y 1 en contra.
En votación el inciso.
Señora Presidenta, creo que la resolución sobre esta materia debería ser relativamente sencilla, porque en el debate de la Comisión -ya dije que votaron a favor los colegas Allamand, Matta, Quintana y Rossi- se recogió bien lo que muchos Senadores (el colega Guillier, por ejemplo) pidieron en un doble sentido: que, dentro del 20 por ciento, una parte de la transmisión no fuese para los artistas o músicos consagrados (por así llamarlos), quienes siempre tienen muy buena sintonía y son absolutamente respetables, y se destinara, en cambio, a los músicos emergentes.
Por lo tanto, aquí sencillamente se está diciendo -reitero que no quiero abrir debate, pues la aprobación del inciso en la Comisión fue casi unánime- que un cuarto del 20 por ciento sea, primero, para las composiciones o interpretaciones musicales emergentes, a favor de las cuales el propio Senador Quintana hizo un alegato muy bueno, que yo comparto.
¿Qué se entiende por tales? "aquellas grabadas" -dice el inciso propuesto- "en fonogramas en los últimos tres años contados desde la fecha de la emisión radial".
Entonces, hay un elemento cronológico. Porque, obviamente, músico emergente es aquel que grabó recientemente; por ejemplo, en los últimos tres años.
Y se agregaron, por todos los parlamentarios de regiones (termino, señora Presidenta; ¡creo que esto va a ser pacífico...!), las "Composiciones o interpretaciones de identificación regional o local, de acuerdo al área de concesión".
Por lo tanto, sin necesidad de abrir una nueva discusión, considero que, recogiendo lo que muchos Senadores han planteado, sería de toda lógica que aprobáramos en forma relativamente rápida el inciso propuesto -insisto en que no fue objeto de mayor debate en la Comisión-, que incorpora dentro del porcentaje total de música nacional una parte para músicos emergentes y composiciones de identificación regional o local.
Seré muy breve, señora Presidenta, sobre todo luego del planteamiento del Senador Ignacio Walker para que ojalá se apruebe rápidamente el inciso que nos ocupa.
Solo quiero señalar que entre los reparos hechos por los colegas que estaban a favor de la iniciativa se encontraba el relacionado con los músicos emergentes. Ayer más de alguien dijo que se los iba a perjudicar y que nunca tendrían la posibilidad de ser escuchados en las radios.
Ahora, como bien expresó el Senador Ignacio Walker, se establece una cuota para las composiciones o interpretaciones musicales emergentes y se define qué se entiende por tales.
Varios parlamentarios de regiones manifestaron también que para los artistas locales sería muy difícil beneficiarse con este proyecto. Pero, de alguna manera, lo propuesto mediante el inciso que nos ocupa ayuda en la dirección contraria.
Ojalá que se vote a favor de la norma sugerida.
Señora Presidenta, siguiendo siempre una sola línea, debo hacer presente que rechacé este inciso porque estoy en contra de que se les imponga a las radios lo que deben hacer o dejar de hacer.
En segundo término, creo que será supercomplejo medir el cumplimento del porcentaje de música nacional establecido, pues se está subparcializando.
Ahora, a decir verdad, el Ejecutivo -ya lo veremos más adelante- nunca tomó posición real en este proyecto.
El Gobierno pudo decir quién iba a fiscalizar el cumplimiento del 20 por ciento; nosotros no podíamos hacerlo, porque ello es de su iniciativa exclusiva. Y, en definitiva, no presentó indicación al respecto.
En la materia, pues, no va a existir un ente fiscalizador. Así, si una radio no cumple, alguien podrá llevarla a tribunales.
Por lo tanto, será superdifícil fiscalizar el cumplimiento del 20 por ciento.
En mi concepto, cada vez se enreda más la cuestión. Y, finalmente, quienes van a tener mayor complejidad serán las radios más pequeñas de regiones.
Como Senadora de región, creo que vamos a tener un problema en tal sentido.
Por eso en la Comisión me pronuncié en contra del inciso. Y sigo manteniendo mi voto negativo, señora Presidenta, en una sola línea, absolutamente coherente.
Señora Presidenta, entiendo que el sentido del inciso propuesto es asegurar que los artistas emergentes (los compositores o intérpretes de identificación regional o local) tengan necesariamente la posibilidad de estar dentro del 20 por ciento que impone la ley en proyecto.
Quiero advertir que la redacción propuesta, a mi juicio, no es muy feliz.
En primer lugar, se establece un porcentaje fijo: 25 por ciento; luego se utiliza la expresión "deberá", que es obligatoria, perentoria y no facultativa. De ese modo, si una radio local deseara dedicar 30 o 40 por ciento a un intérprete local, no podría hacerlo, o si lo hiciera estaría incumpliendo la norma, toda vez que, según la redacción usada, debería destinar 25 por ciento del 20 por ciento.
En consecuencia, si el propósito de los autores de la indicación pertinente es potenciar a los artistas emergentes y a los de identidad local, sugiero recabar la unanimidad de la Sala para agregar la expresión "a lo menos" antes de "un veinticinco por ciento". Con esa adición el encabezado diría: "Del porcentaje de música nacional a que se refieren los incisos anteriores, a lo menos un veinticinco por ciento deberá estar destinado...". Con ello abrimos la posibilidad de que las radios regionales o locales aseguren para artistas emergentes o para artistas locales a lo menos 25 por ciento del 20 por ciento.
En segundo término, coincido con quien me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que, desde el punto de vista de la capacidad fiscalizadora real, la medición será extremadamente compleja.
Ese es un elemento que uno debe advertir a la hora de analizar una iniciativa de ley como esta.
Puede repetir su propuesta, señor Senador, para efectos de la Mesa y de la Secretaría.
El señor HARBOE.- Mi idea es que en el encabezado del inciso, luego de la oración "Del porcentaje de música nacional a que se refieren los incisos anteriores,", se agregue la expresión "a lo menos".
Se necesita unanimidad para tratar y acoger la indicación del Senador señor Harboe.
Me parece sensato primero arreglar la redacción y después continuar con la votación del inciso.
¿Le parece a la unanimidad de la Sala acoger la indicación del Honorable señor Harboe?
--Se aprueba por unanimidad la inclusión de los términos "a lo menos", en la forma explicitada por el Senador señor Harboe.
Prosigue la votación del inciso octavo que la Comisión de Educación propuso para el artículo 15 de la ley N° 19.928.
Señora Presidenta, el tema de la fiscalización es interesante.
Siempre hemos debatido en torno a cómo fortalecer la fiscalización.
En nuestro país, "hecha la ley, hecha la trampa". Por lo tanto, siempre hay que fiscalizar.
Permanentemente pedimos más fiscalización laboral, más fiscalización medioambiental, en fin, y se nos dice que no hay recursos y que el control estatal es excesivo.
Me alegra que ahora la Senadora Von Baer ¡pida fiscalización! Porque en otro ámbito estamos en veredas distintas: cuando yo solicito fiscalización, ella pide más libertad de acción; cuando requerimos que se fiscalice a los colegios particulares subvencionados, a los sostenedores, dice "¡No hay que agobiarlos con tanta fiscalización! ¡Hay que dejarlos que se expresen más libremente!".
En esta ocasión coincido con la Senadora Von Baer: hay que fiscalizar. Existe tecnología; hay software. Cada radio va a resolver. Ahí se verá cuándo se sanciona.
A ambas partes les conviene que haya fiscalización adecuada.
Pero creo que ese no va a ser el mayor problema.
Yo entendía, señora Presidenta, que las radios iban a poder poner, de quererlo, cien por ciento de música emergente. No hay limitación hacia arriba: el 25 por ciento es el piso; el techo puede abarcar, incluso, toda la programación.
La indicación del Senador Harboe aclara el sentido de la norma: el piso es de a lo menos 25 por ciento.
Si alguien quiere poner 40 por ciento de música emergente, muy bien. Y así va a ser; no me cabe ninguna duda.
Por tanto, espero que podamos aprobar este inciso por consenso, porque su contenido es absolutamente razonable.
--Se aprueba el inciso octavo que la Comisión de Educación propone para el artículo 15 de la ley N° 19.928, con la indicación del Senador señor Harboe consistente en agregar en su encabezamiento la expresión "a lo menos", antes de los términos "un veinticinco por ciento" (20 votos a favor, 2 votos en contra y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Chahuán, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer.
No votaron, por estar pareados, los señores García y Moreira.
Señores Senadores, les ruego dirigirse a la página 23.
El Senador señor Harboe planteó, entiendo, una situación relativa al inciso tercero del artículo 15 bis, que dice: "Las organizaciones de autores e intérpretes con personalidad jurídica tendrán legitimación activa para demandar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15".
Esa norma es producto de una indicación aprobada en el nuevo primer informe de la Comisión, que fue presentada por los Senadores señores Rossi e Ignacio Walker.
Señora Presidenta, ciertamente, cuando discutimos normas jurídicas lo ideal es que no haya vicios que puedan afectar su constitucionalidad. Porque que nos enmiende la plana el Tribunal Constitucional, a mi juicio, no debe ser un hecho recurrente, menos aún cuando es en el Parlamento donde debe discutirse sobre los contenidos y alcances de los preceptos para, más allá de nuestras diferencias, tener un resultado positivo.
Pues bien, el inciso tercero del artículo 15 bis expresa: "Las organizaciones de autores e intérpretes con personalidad jurídica tendrán legitimación activa para demandar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15" (léase "las infracciones a las normas discutidas recientemente").
Esa forma de incorporar la función fiscalizadora en el ámbito privado, en mi concepto, adolece de un vicio de constitucionalidad.
Lo digo porque, en primer lugar, pareciera que el referido inciso busca establecer lo que se denomina "legitimación activa monopólica"; es decir, que solo las organizaciones de autores e intérpretes tengan capacidad para demandar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15.
En primer lugar, debo señalar que, conforme a las normas establecidas en la Constitución Política, particularmente la relativa a que los órganos deben actuar previa investidura regular de sus integrantes, uno de los roles esenciales de la función pública y contemplado en el contrato social de los ciudadanos con el Estado es justamente el de la facultad fiscalizadora.
Al sancionar leyes, no aprobamos recomendaciones: aprobamos mandatos, que pueden prohibir u obligar, o eventualmente permitir. En cualquiera de sus tres modalidades, son obligatorios, perentorios, y su incumplimiento acarrea responsabilidad, desde el punto de vista de la lógica jurídica. ¿Y qué es la responsabilidad sino el gravamen que debe soportar alguien que no se acoge a la conducta prescrita por la norma?
¿Cómo se lleva adelante este último principio? A través de la posibilidad de la intervención de un tercero imparcial: el Estado, que dispone de dos alternativas para estos efectos, una de las cuales son los tribunales de justicia, como poder autónomo, o bien, los órganos administrativos con capacidad fiscalizadora, léase las superintendencias.
Por muy respetable que sea el organismo privado al cual se le pretende delegar la facultad que nos ocupa, el precedente resulta complejo, porque mañana, por ejemplo, podría plantearse que la Confederación de la Producción y del Comercio o la SOFOFA u otra organización contaran con legitimación activa, respecto de sus asociados, para iniciar acciones.
Alguien dirá: "¡Cuidado! Hoy día, en la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, existe legitimación activa en el caso de organizaciones intermedias". Pero, ¡ojo!, se hace referencia a acciones colectivas, no individuales.
La norma en examen les está entregando la potestad de una legitimación activa monopólica a entidades de esa misma naturaleza y no la reconoce a los propios afectados. Es decir, si uno de ellos es un artista, no podría reclamar, de acuerdo con el texto. Tendría que hacerlo a través de la organización, lo que, a mi juicio, no es adecuado.
Es cierto que la cuestión ha sido compleja, jurisprudencialmente. El Tribunal Constitucional registra sentencias a favor y otras en contra. En 2003 denegó la facultad fiscalizadora que se le estaba entregando al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Siendo este un organismo autónomo, no lo consideró de carácter fiscalizador. Pero en 2008 le consignó una facultad de esa índole a la Corporación Nacional Forestal, organismo privado. En un fallo dividido, la calificó de "excepcionalísima".
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se agotó su tiempo, señor Senador. Puede concluir la idea.
El señor HARBOE.- Hay casos en que la legislación distingue y dispone: "Cuando el bien jurídico es particular, el titular de la acción es el afectado". Por ejemplo, el Estado no puede meterse en una falsificación de firma, delito en el que no existe acción penal pública para perseguirlo.
En otros, sin embargo, el Estado dice: "¿Sabe? Más allá de su voluntad, nosotros vamos a ejercer la acción, independientemente de lo que usted haga". Ello dice relación con bienes jurídicos protegidos superiores: la vida, la integridad física, la libertad sexual, la libertad ambulatoria. Ahí, con prescindencia de que uno no ejerza su derecho, el Estado lo asume. Eso constituye la acción penal pública.
En la situación que nos ocupa, a mí me parece que el inciso adolece de un vicio en cuanto a su constitucionalidad, ya que, primero, reemplaza la voluntad individual del eventual afectado, que podría ser el artista; segundo, le otorga facultades fiscalizadoras a un organismo privado, y tercero, contempla una renuncia expresa, al no considerarse en el proyecto otro organismo público encargado de fiscalizar.
Por eso, le solicito a la Mesa declarar la inadmisibilidad de la disposición.
Someteré el punto a la consideración de la Sala.
Es preciso resolver lo relativo a la admisibilidad o inadmisibilidad.
Pido que la cuestión sea votada.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker, uno de los autores de la indicación.
Nos pronunciaremos después sobre la admisibilidad o inadmisibilidad.
Señora Presidenta, el Honorable señor Harboe no solo es un gran Senador, sino también un gran abogado. Y, además, es Presidente de la Comisión de Constitución. Ya ha hecho su alegato.
Por mi parte, quiero hacer el mío en un sentido distinto: sostengo que el precepto es perfectamente admisible.
¿Por qué? Porque la norma -el caso es de bastante más ocurrencia de lo que se pudiera pensar y no es algo que estemos inventando, pues la legitimación activa existe en el Derecho Procesal- solo puede interpretarse a la luz de la ley N° 19.166, de 17 de septiembre de 1992, que modifica la Ley sobre Propiedad Intelectual, la cual genera el concepto de derecho de autor. Y el ejercicio de este último, en el ámbito del derecho privado, corresponde única y exclusivamente a los autores y artistas, en su calidad de titulares, ya sea -este es el contenido del cuerpo legal- a través de una gestión individual: cada uno con el suyo, o de una colectiva.
Ese es todo el sentido de dicha normativa, a la cual se refería, con mucha razón, el Senador señor Espina, quien además fue un partícipe muy activo en la aprobación, en el contexto de la libertad de asociación y de la autonomía de las organizaciones o de los que algunos llamamos "cuerpos intermedios".
Entonces, nos encontramos en el ámbito del derecho colectivo de autores y artistas. Y la misma ley hace referencia a que la administración de los derechos de los autores o sus derechohabientes debe realizarse por medio de organizaciones autorales de carácter privado y autónomas. La idea central es crear las llamadas "entidades de gestión colectiva", existentes para gestionar colectivamente los derechos de cada titular, en su calidad de músico, de artista, etcétera, y a las cuales se les podrá confiar la administración y protección de los derechos patrimoniales.
Todo el significado de estas organizaciones, en consecuencia, es justamente el de poder representar a los autores, quienes, de otra manera, se encontrarían en la imposibilidad absoluta de hacer efectivo su derecho. Si este último fuera gestionado individualmente, cada artista, cada músico, cada compositor sería eternamente burlado y se trataría de letra muerta. A ello obedece que, al amparo de la ley, hayan sido creadas.
En Chile hay ocho sociedades de gestión colectiva -es algo mucho menos anormal de lo que se cree-, una de las cuales es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que representa a más de ocho mil músicos y es administrada por un consejo de ellos.
Por lo tanto, es natural que la legitimación activa propuesta contemple la posibilidad de que este tipo de entidades gestionen los derechos respectivos.
"Las organizaciones de autores e intérpretes", dice el inciso que nos ocupa. Repito que son ocho, pero puede haber más. Conforme a la Ley sobre Propiedad Intelectual, pueden constituirse muchas entidades de gestión colectiva. Lo que pasa es que los músicos han optado, en forma inmensamente mayoritaria, por ser representados colectivamente a través de la Sociedad mencionada.
Imaginen Sus Señorías lo que ocurriría, desde el punto de vista del efecto práctico de lo que estamos aprobando, si cada artista individualmente tuviera que reclamar el incumplimiento de su derecho por no respetarse el 20 por ciento mínimo de música chilena. Eso conduciría al absurdo, transformaría el texto en letra muerta y traduciría la falta de un mecanismo adecuado.
Entonces, la indicación que presentamos -con esto termino- es muy sencilla. Al establecerse una multa, es preciso fijar un procedimiento. ¿Cuál? El del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil: el sumario.
¿Quiénes pueden impetrar la legitimación activa? Las organizaciones de autores o intérpretes -he mencionado la de los músicos, por ejemplo-, desde el punto de vista de lo que constituye la esencia de la Ley sobre Propiedad Intelectual, que crea para ese efecto las entidades de gestión colectiva.
Corresponde que la Sala se pronuncie.
Por supuesto, se puede ejercer el derecho a fundamentar el voto, o bien, se consultará directamente a la Sala.
Nadie va a restarles a Sus Señorías, en todo caso, el derecho a intervenir. Lo digo porque hay seis Senadores inscritos.
Es necesario resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la norma.
¿El Honorable señor Prokurica desea referirse a algún aspecto reglamentario?
Señora Presidenta, no tengo ningún problema en que se abra la votación, pero voy a hacer una reserva de constitucionalidad.
Como me ausenté por un instante, no sé si alguien ya lo planteó.
Algunas materias pueden gustar o no, pero todos debemos respetar la Constitución.
Que no se deje sin intervenir a quienes deseen abordar el punto.
Por eso le he consultado a la Sala.
Señora Presidenta, les encuentro sentido a las intervenciones de los tres Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.
¿No es posible encontrar una solución en la línea de lo que ya hicimos en una indicación anterior y precisar el texto?
Porque, desde el punto de vista práctico, efectivamente es muy difícil que una persona pueda representar sus intereses, en forma individual, frente a una compañía. Lo que sucede es que la redacción puede interpretarse como que se efectúa un traspaso a la organización. Pero si el texto se relativiza en el sentido de que el mecanismo se puede establecer no obstante los derechos del autor y ello a lo mejor queda como una posibilidad, se salvaría el problema constitucional.
Le ofrezco la palabra al Honorable señor Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución, para ver si encuentra una redacción diferente.
Señora Presidenta, el Senador señor Ignacio Walker es otro gran abogado, pero mantenemos una diferencia en el punto en examen, y quiero exponerla.
La argumentación de Su Señoría respecto de las entidades de gestión colectiva es efectiva, porque considera dos elementos: la administración y la protección. Pero la ley N° 19.166 -tengo su texto delante- en ningún caso contempla la representación judicial, señalada justamente en el inciso en debate.
Cuando este último concede "legitimación activa para demandar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15", expresa, sin posibilidad de excepción respecto de los artistas individualmente considerados, que serán las organizaciones de autores e intérpretes con personalidad jurídica las que podrán demandar ante los tribunales.
Eso no figura en el sentido y alcance de la historia de la ley N° 19.166, discutida en 1992. En consecuencia, el asunto es de fondo, porque recordemos que la jurisprudencia constitucional ya cuestionaba entonces la posibilidad de entregar en la materia facultades exclusivas y excluyentes a organismos privados, más aún tratándose de un derecho de petición garantizado en la Carta Fundamental, cual es el de recurrir a los tribunales de justicia.
Se podría entender que las entidades de gestión colectiva podrían ocuparse en el cobro ante las radios; pero asignarles la legitimación activa para demandar el cumplimiento -es decir, para actuar en tribunales- de lo dispuesto en el artículo 15 vulnera gravemente, a mi juicio, el derecho de petición que le asiste a cualquier ciudadano para recurrir a los organismos jurisdiccionales cuando siente que sus derechos han sido vulnerados.
Por eso, insisto en que existe un vicio grave en cuanto a la constitucionalidad y me atrevo a señalar que no podría salvarse.
Si no hay objeciones, se someterá la cuestión al pronunciamiento de la Sala.
Señora Presidenta, no tengo problema en que se abra la votación.
No soy abogada, pero entiendo claramente que, más allá de que el inciso es inconstitucional -ya se ha explicado por qué-, la situación se podría haber superado. La dificultad deriva, desde el principio, de la pregunta relativa a quién fiscaliza.
La norma se puede transformar en una verdadera caza de brujas para las radios más pequeñas, que van a terminar en tribunales.
La cuestión se podría haber resuelto de verdad si el Ejecutivo hubiera manifestado su posición en forma clara. Y no lo hizo. Fue mucho ruido y pocas nueces. Estuvo presente en la discusión y la Ministra intervino bastante, pero nunca se presentó la indicación que todos esperábamos en cuanto a qué organismo del Estado iba a fiscalizar el cumplimiento de la ley. Y dado que el Ejecutivo nunca lo hizo ni respaldó, por lo tanto, políticamente el proyecto, se llegó a esta solución extraña. Eso fue lo que ocurrió en el debate.
Si hubiera ocurrido lo contrario, no estaríamos abocados a tratar el asunto, mediaría una indicación completamente constitucional y se habría definido al fiscalizador.
Una parte de mi rechazo al proyecto obedece a que pienso que no es posible una imposición a las radios, y la otra, a que el mecanismo para hacer cumplir la ley será, no solo inconstitucional, sino también difícilmente aplicable.
Lo que quería consignar es que el Ejecutivo podría haber sido claro -repito- en manifestar su posición. Como nunca lo fue, nos encontramos con una ley en proyecto que no sé cómo se va a cumplir, porque no hay quien fiscalice, y, adicionalmente, con un mecanismo claramente inconstitucional.
Creo que ya se han expuesto todos los argumentos.
Hay que tocar los timbres, señora Presidenta.
Tiene la palabra el señor Secretario, para explicar qué se va a votar.
Corresponde pronunciarse sobre la inadmisibilidad planteada por el Honorable señor Harboe respecto del inciso final del artículo 15 bis. La norma proviene de una indicación aprobada por la Comisión con motivo del nuevo informe emitido después del primero, ya que se autorizó para presentarlas también en esa oportunidad.
Quienes estén de acuerdo con la inadmisibilidad votan que sí y quienes estén en contra votan que no.
Senador Navarro, ¿desea fundar el voto?
Señora Presidenta, esta misma Sala aprobó la posibilidad de que el SERNAC presentara demandas colectivas. Después de largos años -¡largos años!- dimos facultades a dicha entidad para orientar a los consumidores, a los que se les negaba la interposición de demandas colectivas. Esta Sala comprobó que tal derecho no podía ser ejercido de manera individual y aquellas quedaron autorizadas.
¿Qué sentido tiene una organización que agrupa a personas en defensa de sus derechos si carece precisamente de la facultad para defender tales derechos?
Es algo totalmente ilógico. Además, el hecho de limitar a una organización el ejercicio de un derecho, como es el de asociarse para defender los derechos de sus asociados, es una intromisión inconstitucional.
Entiendo que la Subsecretaria de Cultura está pidiendo autorización para ingresar a la Sala, señora Presidenta.
No quiero interferir en la votación, señor Senador. Por eso voy a solicitar el asentimiento de la Sala una vez que termine el proceso que estamos llevando a cabo.
Si todos estamos de acuerdo en respetar el derecho de las organizaciones intermedias en cuanto a ejercer la defensa de sus asociados, se le podría pedir al Ejecutivo que patrocinara la indicación. Porque votarla en contra es negar una posibilidad, es negar el derecho ciudadano a organizarse libremente.
Escuché con atención al Senador Harboe, quien hizo, por cierto, una argumentación jurídica. Pero yo hago otra desde el punto de vista del derecho, en el sentido de organizarse para ejercer acciones. Limitar ese derecho es inconstitucional. La gente se organiza para un objetivo; las entidades de gestión colectiva se organizan para defender los derechos de los autores. Impedirles ejercer acciones¿
No se les impide.
Pero la norma les está entregando la legitimación activa para ejercer el derecho.
Y se está pidiendo eliminarla. Entiendo que eso es lo que está pidiendo el Senador Harboe. No sé si me equivoco, aunque escuché atentamente a mi colega. Yo no soy abogado -¡gracias al Altísimo, el Senado no está compuesto solo por abogados¿!-, lo cual nos brinda la posibilidad de debatir sobre política y justicia y no únicamente sobre derecho. Por eso hago esta observación.
Estamos en votación. Así que yo sugiero votar para poder avanzar.
Ya se han dado los argumentos, para allá y para acá.
Usted, Senador Harboe, ya tuvo oportunidad de darnos los suyos; lo mismo el Senador Ignacio Walker.
Les hemos dado la palabra a todos quienes la han solicitado y ha llegado la hora de votar.
--Se declara inadmisible el inciso tercero del artículo 15 bis (12 votos a favor, 9 en contra y una abstención).
Votaron por la inadmisibilidad la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica y Quintana.
Votaron por la admisibilidad las señoras Allende y Goic y los señores Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Rossi y Andrés Zaldívar.
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Navarro asuma como Presidente accidental.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Navarro.
Señores Senadores, en la página 23 del comparado figura el artículo 15 ter.
Debo recordar a Sus Señorías que en el día de ayer la Sala declaró, mediante votación, que las indicaciones recaídas en normas incluidas en los artículos que van del 15 ter al 15 sexies eran admisibles.
En consecuencia, lo que ahora corresponde es votar cada una de las modificaciones introducidas a dichas disposiciones.
La primera es la agregación del artículo 15 ter.
Una duda, señor Presidente.
En la página 22 del comparado hay un inciso que no fue votado, según tengo entendido, que es el relativo a las facultades de las entidades de gestión colectiva para entregar a los organismos de radiodifusión las grabaciones de obras o interpretaciones que califiquen en la categoría de música chilena.
Ese inciso, señor Senador, forma parte de las normas unánimes que quedaron aprobadas en la sesión del día de ayer.
No sé si la Mesa o la Sala podría acordar que nos pronunciáramos en una sola votación respecto de todos los artículos signados con el número 15, pues coinciden en una idea bastante común.
Hacer una votación artículo por artículo me parece innecesario.
Antes de consultar a la Sala sobre la petición de Su Señoría, voy a proceder a darle la palabra al Senador señor Rossi.
Pido aplazamiento de la votación, señor Presidente.
El Senador Rossi pide segunda discusión.
No, aplazamiento de la votación.
¿Para el artículo 15 ter o para todo lo que queda del proyecto?
Para todo lo que queda.
Su Señoría está en su derecho de pedir segunda discusión, sin perjuicio de que se haga la primera discusión particular de cada una de las disposiciones pendientes.
Señor Presidente, el Senador Rossi pidió aplazamiento de la votación, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 135 del Reglamento. Y es facultad de un Comité solicitarlo.
Entiendo que se trata de eso, no de segunda discusión.
Fue un error mío. Disculpe.
Se trata, efectivamente, de aplazamiento de la votación.
El señor Secretario confirma que se ha pedido aplazamiento de la votación, lo cual no impide, sin embargo, que terminemos el debate.
Señor Presidente, es distinto el procedimiento de la segunda discusión. Cuando esta se solicita, efectivamente se puede hacer la primera discusión, hasta su término, porque luego, en la sesión siguiente, comienza la segunda discusión. El aplazamiento de la votación, en cambio, suspende la tramitación del proyecto, hasta la próxima sesión.
En los hechos, el aplazamiento de la votación, sin discusión, significa suspender el tratamiento del proyecto.
Senador Zaldívar, la aplicación del Reglamento siempre suscita debate.
Me está pidiendo la palabra el Senador señor Espina.
Señor Presidente, le pido por favor al Senador Ignacio Walker que permita que otros pensemos y hablemos distinto de él en democracia, porque cuesta mucho que él entienda que uno puede pensar distinto un minuto. ¡Un minuto le pido, en el año! ¡Cinco segundos por sesión!
Señor Presidente, a mí me gustaría que el señor Secretario pudiera indicarme lo siguiente.
En este momento estamos en la votación de un proyecto. Mi duda es si se puede solicitar, durante la votación de un proyecto, el aplazamiento de la votación. Y, en caso de que ello fuera posible, le solicito al señor Secretario individualizar la norma que lo permite.
En la discusión particular, señor Senador, se vota cada disposición.
En este caso, las unánimes ya están aprobadas por la Sala.
Por tanto, hay que ir votando cada una de las que fueron aprobadas por mayoría en la Comisión.
Eso es lo que se ha estado haciendo.
Respecto a todas las que no se hayan votado aún, cualquier Comité tiene derecho a pedir el aplazamiento de la votación.
¿Qué artículo del Reglamento dice eso, señor Secretario?
El 135 dice: "Asimismo quedará para el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, cuando lo pida un Comité".
Estoy leyendo el inciso segundo del artículo 135.
La lectura es inequívoca.
Efectivamente, el inciso segundo del artículo 135 señala: "Asimismo quedará para el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, cuando lo pida un Comité". Y es lo que ha pedido ahora el Comité del Partido Socialista.
Está clara la interpretación. En los hechos, equivale a una suspensión del debate, aunque no lo exprese así el artículo 135, inciso segundo.
Ahora le devuelvo el asiento que estoy ocupando en la testera a nuestra legítima Presidenta.
Solamente quiero clarificar.
Cualquier Comité está en su derecho al pedir aplazamiento de la votación. Únicamente no procede este derecho cuando entre en contradicción con un plazo constitucional.
Este proyecto no tiene urgencia. Por tanto, no hay contraposición con ningún plazo constitucional.
Siendo así, corresponde la solicitud de un Comité para el aplazamiento de la votación, lo que en castellano significa que queda suspendida la tramitación del proyecto hasta la siguiente sesión.
Eso es lo que corresponde. No hay otra interpretación. Es la interpretación que la Mesa hace del Reglamento y que además se halla sustentada por nuestro ministro de fe.
Por consiguiente, queda suspendida la tramitación del proyecto hasta la siguiente sesión o hasta que se estime necesario.
--Queda aplazada la votación de las normas pendientes en la discusión particular del proyecto.
Quiero dejar constancia de que, cuando se estaba votando la admisibilidad o inadmisibilidad del inciso tercero del artículo 15 bis, se me pidió que recabara el asentimiento de la Sala para que pudiera ingresar al Hemiciclo la Subsecretaria de Cultura. Sin embargo, no lo hice en ese momento para no entorpecer el proceso que estábamos llevando a cabo. Y, como ahora se pidió aplazamiento de la votación, ya no corresponde que formule tal petición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, figura en el Orden del Día el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es modificar la Carta Fundamental para crear, dentro del Ministerio Público, una Fiscalía Especial de Alta Complejidad que se dedicará a la investigación y persecución de delitos cuya gravedad y repercusión social requieran de dedicación exclusiva y de personal especializado en la materia.
La Comisión de Constitución discutió la iniciativa solamente en general, pese a tratarse de un proyecto de artículo único, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.
Los distintos numerales del artículo único del proyecto inciden en los Capítulos V y VII de la Constitución Política de la República, por lo cual requieren para su aprobación el voto favorable de los tres quintos de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 13 y 14 del primer informe de la Comisión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es evidente que podemos iniciar la discusión general, pero que no vamos a tener el quórum necesario para aprobar el proyecto.
El señor PÉREZ VARELA.- Que haga el informe el Presidente de la Comisión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece bien.
Además, ya estamos próximos a la hora de término del Orden del Día.
Por lo tanto, en el inicio de la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, el proyecto de reforma constitucional que comenzamos a estudiar tuvo origen en un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, presentado al Senado con fecha 30 de septiembre del año en curso.
Esta iniciativa busca, como objetivo central, modificar la Carta Fundamental para crear una nueva estructura dentro del Ministerio Público, que se denominará "Fiscalía Especial de Alta Complejidad" y que se dedicará a la investigación y persecución de cierto tipo de delitos, cuya gravedad y repercusión social requieren de una dedicación exclusiva y especializada.
Se espera que la creación de esta fiscalía especial también favorezca la descongestión de las fiscalías locales, dado que actualmente los delitos altamente complejos deben ser investigados por fiscales adjuntos, quienes pasan a dedicar la totalidad de su tiempo a tales investigaciones, suspendiendo su labor en los delitos menos complejos, que constituyen su mayor carga de trabajo y la principal afectación social.
Igualmente, el hecho de que el Ministerio Público pueda contar con mejores condiciones para la persecución penal favorecerá la obtención de pruebas suficientes e idóneas para cumplir el estándar necesario y lograr la convicción de los tribunales y la condena por los delitos investigados.
Se dispone que esta tendrá competencia en todo el territorio de la República, que ejercerá permanentemente las funciones propias del Ministerio Público y que será dirigida por un Fiscal Jefe Especial, designado por el Fiscal Nacional a propuesta en terna de las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana. Se agrega que las funciones y atribuciones de esta Fiscalía serán determinadas en una ley orgánica constitucional, la que también fijará el modo en que su titular cesará en el cargo.
El proyecto regula también otros aspectos complementarios relativos al cargo de Fiscal Jefe Especial, tales como su participación en el proceso de formación de ternas para la designación de los fiscales adjuntos; la aplicación, a su respecto, del artículo 81 del texto constitucional, en cuanto a que no podrá ser aprehendido sin orden del tribunal competente, salvo el caso de delito flagrante, y también la aplicación del impedimento para ser candidato a un cargo parlamentario contemplado por el artículo 57.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó este proyecto con la participación del Ministro de Justicia, don José Antonio Gómez, y del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Sabas Chahuán.
El señor Ministro de Justicia señaló a la Comisión que tanto la complejidad de los delitos que se cometen en nuestro medio como el espacio territorial que abarcan son cada vez mayores, lo que hace necesario un fortalecimiento de la institucionalidad investigativa.
Informó que el presente proyecto corresponde al inicio del potenciamiento del proceso investigativo del Ministerio Público, lo que no solamente favorecerá la investigación de los delitos de alta complejidad, sino también el trabajo de la Fiscalía en forma global.
A la vez, explicó que la Secretaría de Estado a su cargo está elaborando la iniciativa que regulará el funcionamiento de la nueva Fiscalía Especial, la cual se presentará a tramitación legislativa una vez que se apruebe la presente reforma constitucional.
Adelantó el señor Ministro que se ha pensado básicamente en tres áreas susceptibles de ser clasificadas como complejas: las organizaciones criminales, los delitos terroristas y el narcotráfico.
Por su parte, el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público sostuvo que la creación de la nueva Fiscalía no solucionará la sobrecarga de trabajo que el Ministerio Público tiene en este momento, pero contribuirá notablemente a focalizar y mejorar la persecución de ciertos ilícitos altamente complejos.
Informó que el trabajo que implica uno solo de estos casos equivale al que provocan 200 a 300 causas de mediana complejidad, y agregó que algunos casos emblemáticos han requerido la dedicación exclusiva de tres o cuatro fiscales, quienes debieron restarse de ejercer otras funciones.
El Fiscal Nacional hizo notar que, sin embargo, la labor derivada de los casos altamente complejos tiene la virtud de permitir que se acumule un importante grado de especialización y de inteligencia investigativa.
Hubo consenso en la Comisión en cuanto a que la iniciativa en discusión es de gran interés, pero también de gran complejidad. Por tal razón, pareció necesario conocer con mayor claridad aspectos tales como la forma en que se visualiza la Fiscalía Especial que se pretende crear, la composición básica que tendrá su presupuesto, la manera como se integrará con la actual estructura de la Fiscalía y los resultados que se espera obtener de su parte.
Igualmente, hubo interés de los señores Senadores por saber cómo se determinarán los asuntos que se entregarán a su conocimiento, dada la dificultad que ofrece definir la calidad de complejo de determinado delito.
El señor Ministro de Justicia manifestó su disposición a proporcionar a la Comisión de Constitución todos los antecedentes de que dispone con relación al anteproyecto de ley que se está preparando, mediante el cual se regularán todos los aspectos anteriormente requeridos por los señores Senadores.
En síntesis, la Comisión prefirió pronunciarse solamente sobre la idea de legislar, de manera de dar espacio a un mayor análisis de las modificaciones que se introducirán a la Ley Orgánica de la institución y de conocer la regulación detallada de los aspectos reseñados cuando se realice la discusión particular de esta iniciativa.
Sin perjuicio de lo anterior, varios colegas manifestaron en el órgano técnico la necesidad de que la iniciativa que crea la Fiscalía Especial de Alta Complejidad no inhiba el pronto envío del proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público, que abarcará todos los estamentos de dicho organismo -fiscales y funcionarios- como requisito esencial para aumentar la eficacia en la persecución penal.
Puesta en votación general, la iniciativa en estudio fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión -Senadores señores De Urresti, Espina, Larraín y el que habla-, quienes recomendamos a la Sala proceder de la misma manera.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, no quiero revivir un debate, sino solamente invocar una cuestión reglamentaria, para lo cual le pido su atención al Presidente de la Comisión de Constitución, quien obviamente es una persona muy versada en estas materias.
Se trata de un asunto que debatiremos cuando analicemos nuevamente el proyecto sobre emisión radial de música nacional. No obstante, aquí, en el fondo, declaramos una inadmisibilidad por inconstitucionalidad sobre la base de una presentación que hizo -legítimamente por cierto- el Senador Harboe.
El artículo 102 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone: "Las entidades de gestión autorizadas representarán legalmente a sus socios y representados nacionales y extranjeros en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales," -o judiciales- "sin otro requisito que la presentación de copias autorizadas de la escritura pública que contenga su estatuto y de la resolución que apruebe su funcionamiento".
Entonces, en primer lugar, me parece que no existen precedentes de que el Senado declare una inadmisibilidad por inconstitucionalidad -eso fue al final lo que hicimos-, no por tratarse de un problema de ideas matrices o vulnerarse una facultad exclusiva del Ejecutivo.
Segundo, hay texto expreso en la Ley de Propiedad Intelectual, a la cual me referí. No pretendo ahondar en esto; pero quiero dejar constancia de mi posición en la Versión Oficial, con el objeto de rediscutir este tema cuando corresponda, después de la Cuenta de la sesión pertinente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Por cierto, Senador señor Walker, usted está en su derecho de plantear el punto, y quedará constancia de él en la Versión Oficial.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, anuncio que votaré a favor del proyecto de ley en debate.
Sin embargo, quiero hacer un par de reflexiones respecto de la forma como ha funcionado la reforma procesal penal. Esta parte gradualmente en diciembre de 2000, cuando se comenzó a aplicar en las Regiones de Coquimbo y La Araucanía, y en el 2005 en la Metropolitana.
Según la encuesta de octubre de este año de la Universidad Diego Portales, el principal problema para los chilenos es la delincuencia, con el 32,3 por ciento de las preferencias, por sobre la educación (14,5 por ciento) y la salud (13,6 por ciento), mientras que las tres instituciones con menor confianza ciudadana son los tribunales de justicia (8 por ciento), el Congreso Nacional (6,4) y los partidos políticos (4,4).
Esas tres instituciones alcanzan los niveles más bajos de confianza ciudadana desde el año 2008, y por eso traigo este tema a colación.
Al mismo tiempo, la encuesta CERC de octubre pasado -nadie tiene duda alguna sobre la seriedad de este instrumento- muestra que solo el 17 por ciento de los chilenos señala que está "muy satisfecho" o "bastante satisfecho" con el Poder Judicial, muy por debajo del índice que alcanzan el Congreso Nacional (20 por ciento) y la democracia (44 por ciento).
El objetivo de la iniciativa es modificar la Constitución Política para crear, dentro del Ministerio Público, una Fiscalía Especial de Alta Complejidad que se dedicará a la investigación y persecución de delitos, cuya gravedad y repercusión social requieren una dedicación exclusiva y personal especializado en la materia.
En agosto del año pasado un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile reveló una lista de los 100 delincuentes que registran más detenciones entre los años 2009 y 2013. Estos suman en total tres mil capturas, es decir, un promedio superior a 30 detenciones por cada uno.
Al mismo tiempo, dicho análisis reveló el bajo índice de personas sujetas a prisión preventiva o al cumplimiento de una condena. La inmensa mayoría de estos peligrosos delincuentes se encuentran en libertad.
De acuerdo con el documento, tras analizar 27 casos de reiteración se detectó que solo cinco detenidos por delitos recurrentes recibieron una condena, la que, en promedio, solo alcanzó a 64 días de privación de libertad.
Señora Presidenta, estos temas lamentablemente no son analizados por el Parlamento, sino por la prensa, en circunstancias de que ciertas personas llegan a las 20 o 30 detenciones.
Hace unos días veía en
Informe Especial el caso de un señor que había cometido 39 delitos y estaba libre.
A mi juicio, llegó el momento de discutir este tema en el Congreso Nacional y de develar el bajo índice de personas sujetas a prisión preventiva o al cumplimiento de una condena, que a pesar de haber reiterado los delitos, de ser profesionales de la delincuencia -no es que los cometan por primera vez-, están en libertad.
La creación del cargo de Fiscal Especial está bien. Debatámosla. Aprobémosla. Pero, señora Presidenta, llegó el minuto de hacer una reflexión acerca de cómo ha funcionado la Reforma Procesal Penal desde su puesta en marcha en todo el país, porque ya ha cumplido doce años.
En tal sentido, creo que tanto la delincuencia como la falta de una justicia efectiva tienen agobiados a los chilenos. No por nada, en la encuesta recién mencionada cerca de 35 por ciento de las personas cree que el mayor problema en Chile es la delincuencia. Hay que reconocer que esta se encuentra desatada. Y así lo indican las cifras de las últimas encuestas de Paz Ciudadana, de Adimark, donde la victimización de los hogares llegó a 43,5 por ciento, ¡el índice más alto desde el año 2000 cuando comenzó a realizarse este estudio!
Esto no lo digo a fin de cobrarle una cuenta a este Gobierno. Lo digo porque pienso que hasta los mismos Senadores -el colega Espina, otro más y el que habla- hemos sido objeto de reiterados delitos, como cualquier ciudadano de la calle.
Pero el problema no es ese, sino que no hay personas detenidas. En la casa del Senador Espina se cometieron seis o siete delitos. En mi caso, ocho. ¡Nunca hay un detenido! ¿Y saben qué? Como al sexto, ya los ciudadanos chilenos no hacen más denuncias.
Por lo tanto, las cifras de Paz Ciudadana y de otros organismos que vemos aquí también tienen un velo: la gente ya no denuncia, ya que la pérdida de tiempo que significa ir a la Fiscalía es inconducente. El resultado es la nada misma.
Señora Presidenta, a mi juicio, la Reforma Procesal Penal es un sistema fallido en que el Estado ha gastado muchos recursos: se han comprado o construido más de doscientos edificios en Chile; el nivel de remuneraciones de los fiscales es muy bueno.
Si uno analiza las cifras de juicios terminados en fallos -se dan números enormes-, creo que no obedecen a la realidad. Se trata en su mayoría de juicios referidos a la Ley de Alcoholes, a cuestiones menores.
Y debo reconocerlo, la Reforma Procesal Penal ha sido buena para los delitos de alta connotación social: los que aparecen en la prensa. Efectivamente, estos se han resuelto más rápido que en la justicia antigua, y, además, en forma más eficiente.
En el resto de los delitos: los permanentes, los asaltos, los robos pequeños, los hurtos, francamente ha sido un desastre.
Los invito a leer el mensaje de la iniciativa sobre Reforma Procesal Penal -porque a quienes llevamos un tiempo aquí, en el Parlamento, esto se nos ha olvidado-, en que se anunciaba que iba a ser una maravilla en materia de justicia. Sin embargo, muy poco de lo señalado en el mensaje se ha logrado.
Yo hice un análisis sobre la base de un estudio del conocido profesor Jean Pierre Matus -yo no lo inventé-, a quien le agradezco el esfuerzo realizado en esta materia. Y si uno compara los resultados de la justicia antigua respecto de la eficiencia -con todos sus problemas-, con la de ahora, creo que andan muy parecidos, si es que no aparece mejor la antigua, pero sin la compra de doscientos edificios, sin la contratación de cientos de fiscales, sin el tremendo esfuerzo efectuado por el Estado.
Por consiguiente, les pido que no solo miren las encuestas, que corresponden a percepciones de la gente, sino también los números de los estudios que la propia fiscalía entrega.
Es más, quiero decir que durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, nosotros le pedimos al Ministerio Público que entregara información pormenorizada respecto de las causas que se habían terminado. Lamentablemente, perdimos en la votación de la indicación pertinente.
Me parece indispensable transparentar el número de causas y la razón de por qué y cómo han terminado, para que la opinión pública, el chileno de a pie, sepan realmente cuál es el resultado de esta Reforma.
Señora Presidenta, originalmente, aquella pretendía terminar con la espera de mucha gente que estaba presa, sin tener sentencia. ¡Es verdad! Para eso se dictaron las Leyes Cumplido y la Reforma Procesal Penal. Sin embargo, ahora se invirtió el problema: hoy tenemos individuos procesados, pero libres en la calle.
Entonces, ¿quién sufre porque estos delincuentes se encuentren en la calle?
Vi, con preocupación, que hace unos días las policías detuvieron a unas personas que tenían chalecos de la Aduana, supuestamente implicadas en delitos de robo a camiones de seguridad, pero resulta que se declaró que su detención era nula. O sea, los derechos de los delincuentes están primero que nada. Considero que eso ha terminado por hacer que esta reforma, tan anunciada, tenga a ciudadanos honestos conviviendo con delincuentes.
Ese es el problema: hoy los delincuentes no van a la cárcel.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, es el momento de repensar, de replantear la Reforma Procesal Penal, pues después de más de diez años de su puesta en marcha en todo el país, no ha funcionado. Lo digo con todas sus letras y con conocimiento de causa, porque no ha provocado que tengamos a los delincuentes en la cárcel y se termine la puerta giratoria.
Creo que el Estado de Chile hizo un esfuerzo importante, de buena fe. No obstante, los resultados se encuentran a la vista. Salgan a la calle y pregúntenle a cincuenta personas si están de acuerdo con lo que pasa con la delincuencia y, especialmente, con la Reforma Procesal Penal, y verán que un porcentaje muy alto piensa que esta no ha cumplido sus objetivos.
Vuelvo a invitarlos: lean el mensaje de esa iniciativa, y se darán cuenta de que el 90 por ciento de lo que ahí se comprometió no se ha llevado a cabo.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto
La señora ALLENDE (Presidenta).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Ministro de Justicia, a la señora Ministra de Salud y al señor Intendente de la Duodécima Región, formulándoles planteamientos en torno a PRECARIEDAD PARA ATENCIÓN A CIUDADANÍA EN CASOS DE EMERGENCIA.
A las señora Ministra de Salud y Subsecretaria de Redes Asistenciales, reiterando SOLICITUD DE PATROCINIO PARA PROYECTO SOBRE OTORGAMIENTO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL DE JORNADAS PENOSAS A FUNCIONARIOS DE SECTOR SALUD.
Y a la señora Ministra de Salud, al señor Subsecretario de Salud Pública, al señor Jefe de la División de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Salud Pública y al señor Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud, a fin de solicitar ACCIONES EN SUMARIO SANITARIO EN MAGALLANES ANTE CONTAMINACIÓN DE AGUA POR CEMENTERIO PARQUE CRUZ DE FROWARD.
A la señora Ministra de Salud, para consultar por NEGOCIACIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE CON INTERNATIONAL FEDERATION OF GYNECOLOGY AND OBSTRETICS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, con el fin de hacerle presente la urgente necesidad de abordar los DÉFICITS DE VIVIENDAS FISCALES PARA PERSONAL DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN PROVINCIA DE EL LOA.
Y a los señores Ministros del Interior y de Justicia, con el propósito de manifestarles la urgente necesidad de enfrentar los DÉFICITS DE VIVIENDAS FISCALES PARA PERSONAL DE GENDARMERÍA EN PROVINCIA DE EL LOA.
A la señora Ministra de Salud, solicitándole antecedentes sobre FISCALIZACIONES, POR SEREMIS DE SALUD DE CADA REGIÓN, A CUMPLIMIENTO DE LEY DE TABACO DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, requiriéndole MEDIDAS ANTE EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN SENDERO DE CHILE RESPECTO DE PAGO DE INDEMNIZACIONES A SUS TRABAJADORES.
Y al señor Director Nacional del Trabajo, para que remita información sobre DEUDA POR INDEMNIZACIONES PACTADA ANTE INSPECCIÓN DEL TRABAJO ENTRE FUNDACIÓN SENDERO DE CHILE Y TRABAJADORES.
1.- Que, según el 10° Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2013, Senda, el 30,6% de los escolares encuestados reconoció haber consumido marihuana al menos una vez en ese año. El 3,6% de los jóvenes indicó haber consumido cocaína, durante el 2013, el 2,3% señaló haber accedido a la pasta base, mientras el 5,2% consumió inhalables y el 9,5% de los adolescentes señaló haber consumido tranquilizantes sin receta médica durante el año pasado;
2.- Que, en el caso del consumo de la marihuana entre la población escolar, éste aumentó significativamente en 11 puntos porcentuales en sólo dos años, de 19,5% el 2011 a 30,6% el año pasado. Es decir, se produjo un incremento de 56,9% Sin embargo, en una década el aumento es aún mayor, incrementándose en un 135% el número de escolares que accedió a esta droga desde 2003 a 2013;
3.- Que, este aumento en el consumo de la marihuana se debe a una disminución en las percepciones de riesgo de consumo frecuente que tienen los escolares (de 48% en 2011 a 21% en 2013). Lo que para la directora del Senda, Lidia Amarales, tiene que ver con que "se ha sincerado el consumo de cannabis en el escenario nacional e internacional, con un discurso que permea la percepción de riesgo de los estudiantes". Para Amarales, inciden en este fenómeno de "despenalización social" del consumo de los escolares los medios de comunicación, "que muestran todos los días que no habría problema con consumo de la cannabis en población adulta, y organizaciones sociales que están abogando por su despenalización".
4.- Que, según los resultados de la Encuesta Mundial de Salud Escolar 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 18,8% de los jóvenes entre 13 y 15 años de nuestro país señalan que usaron alguna vez marihuana, superando a los adolescentes de países como Uruguay (9,8%), Argentina (8,4%), Perú (3,8%) y Bolivia (2,5%), también encuestados;
5.- Que, durante el anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la marihuana fue calificada dentro de las drogas duras. Es decir, en "Lista 1", al igual que la cocaína, el opio y la heroína, lo implica que los jueces no pueden aplicar atenuantes para rebajar la condena de un narcotraficante;
6.- Que, el año 2012, 54.245 personas fueron detenidas por consumir marihuana, 4,5% más que el 2011. Mientras que el 2013, durante los decomisos de marihuana Carabineros y la PDI incautaron 22,7 toneladas de marihuana, 39% más que el año anterior. Donde cada año, los 29 servicios de salud del país destinan $15 mil millones a destruir marihuana decomisada;
7.- Que, la directora ejecutiva de Corporación La Esperanza, Ana Luisa Jouanne, señaló en octubre pasado que hoy el consumo de drogas en los jóvenes comienza a los 11 y 13 años, "algo que antes se daba entre los 14 y los 16". Mientras que, la coordinadora nacional de la Fundación Remar Chile, Judith Casado, indicó que la droga se está convirtiendo en una opción "real y temprana", sobre todo en lugares de "marginalidad y pobreza";
8.- Que, el jefe del programa del Centro San Vicente de Paul, de la Fundación Paréntesis, Patricio García, señaló en octubre pasado que quienes participan en éste tienen entre 15 y16 años, y ya tienen al menos cuatro años de consumo. Donde "las sustancias químicas que consumen son muchos más dañinas en la etapa donde aún están en formación y desarrollo neuronal";
9.- Que, según las cifras del Senda, en los últimos años se ha observado un aumento del, consumo de drogas mujeres. Si antes había una mujer por cada cuatro hombres consumidores, hoy la relación es de dos por cuatro. Donde la mujer consumidora se encuentra en una situación más compleja que el hombre, especialmente cuando hay hijos o embarazos de por medio;
10.- Que, en octubre pasado en el seminario "Cannabis: Debate sobre la regulación en Chile", organizado por la Universidad Finis Terrae, el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, señaló los problemas físicos que provoca entre consumidores frecuentes de marihuana, indicando que: "la adicción promedio es de 9% en toda la población; pero cuando el sujeto comienza a usar la marihuana en forma precoz, a los 15 años, aumenta en 17%". Agregando que una reciente publicación (junio 2014) de la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, ratifica que la marihuana es nociva para la salud";
11.- Que, la Jefa de Prevención de Senda, Selva Careaga, en base a los resultados del último Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, reconoció en este mismo seminario que "nos ha ido mal; no nos ha resultado en la prevención". Añadiendo que "la inversión que se hace en tratamiento supera con creces la inversión que hacemos en prevención. Y eso tenemos que revertirlo";
12.- Que, el psiquiatra Otto Dorr y la psicóloga Anneliese Dorr, han señalado que no existe ningún estudio que demuestre algún efecto beneficioso de la marihuana en adolescentes y adultos jóvenes. Donde los efectos dañinos, en cambio, son múltiples. Primero produce adicción: Una de cada nueve personas que han consumido marihuana alguna vez se vuelve adicta. Segundo: Interfiere en el proceso de creación de conexiones interneuronales tanto en los lóbulos frontales como en el hipocampo. Tercero: Facilita la entrada a otras drogas al disminuir la reactividad de las zonas cerebrales que tienen que ver con la recompensa. Cuarto: Aumenta el riesgo de enfermedad mental, en particular de psicosis y, existiendo ya ésta, empeora su pronóstico. Y quinto: Diversos estudios vinculan su consumo a menores ingresos, desempleo y conductas delictivas;
13.- Que, la directora del Senda, Lidia Amarales, ha reiterado en numerosas ocasiones que "el uso de la marihuana es dañino para nuestra juventud. Señalando que "los trabajos de investigación dicen que el uso precoz de marihuana produce alteración neurológica, alteración del tamaño del cerebro, alteración de la memoria cognitiva y del coeficiente intelectual que podría, así lo dicen los estudios, ser permanente en el tiempo".
Se solicita a S. E. la Presidenta de la República, disponer las medidas necesarias a la Ministra de Salud, Helia Molina, y a la Directora Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda), Lidia Amarales, con la finalidad de diseñar y publicar a través de todos los medios de comunicación que sean necesarios una campaña para informar a la opinión pública de los efectos nocivos de las drogas, especialmente entre los jóvenes. Y al mismo tiempo puedan incorporar esta campaña preventiva en el Programa Elige Vivir Sano como parte de promover la calidad de vida de todos y todas los chilenos de las distintas edades.
(Fdo.): Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Jacqueline van Rysselberghe Herrera, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.

References: artículo 99
 artículo 135
 artículo 168
 artículo 99
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 artículo 8
 artículo 211
 resolución 
 artículo 15
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 artículo 81
 artículo 57
 artículo 102
 resolución