Source: https://tc.vlex.es/vid/1-2-3-4-ba-5-15034797
Timestamp: 2020-06-03 10:31:04+00:00

Document:
STC 25/1983, 7 de Abril de 1983 - Jurisprudencia - VLEX 15034797
Fecha de Resolución: 7 de Abril de 1983
Número de Recurso: Conflictos Positivos de competencia nº 223 y 228/1981
1. No es posible transferir las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en virtud del Estatuto de Autonomía, pues su titularidad pertenece a aquélla. Sólo en las denominadas «preautonomías» las competencias se adquirieron por medio de traspasos y esta modalidad puede todavía funcionar hoy respecto de aquellas competencias que no se mencionen en el Estatuto. 2. La atribución de competencias por el Estatuto implica la posibilidad de su ejercicio inmediato si para ello no se requieren especiales medios personales o materiales, por lo que tampoco es posible hablar de transferencia del ejercicio de las competencias. Sólo cuando el traspaso de servicios es necesario e imprescindible, se convierte en condición del pleno ejercicio de la competencia, caso en que es lícito que el Estado las ejerza mientras los servicios no sean transferidos. 3. Por «principios», «bases» y «directrices» hay que entender los criterios generales de regulación de un sector del ordenamiento jurídico o de una materia jurídica, que deben ser comunes a todo el Estado. Esta idea posee un sentido positivo y otro negativo; el sentido positivo manifiesta los objetivos, fines y orientaciones generales para todo el Estado, exigido por la unidad del mismo y por la igualdad sustancial de todos sus miembros; en sentido negativo, constituye el límite dentro del cual tienen que moverse los órganos de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, cuando, aun definiéndose éstas como exclusivas, la Constitución y el Estado las dejan así limitadas. 4. Todo aquello que sea preciso para la preservación de la normativa de una institución considerada como básica, debe ser entendido asimismo como básico por vía de consecuencia o de conexión. 5. La existencia de los Cuerpos de Secretarios, Interventores y Depositarios de Fondos de Administración Local como Cuerpos con carácter nacional y la selección de funcionarios dentro de los citados Cuerpos ha de considerarse como básica. También, que el sistema utilizado para la adscripción de tales funcionarios a plazas concretas sea el de concurso de carácter nacional, pues ello otorga a los funcionarios en cuestión una igualdad de oportunidades y permite una valoración objetiva de los méritos, garantizando asimismo los derechos de los administrados en la misma forma en todo el territorio nacional.
Sentencia citada en: 219 sentencias, 57 artículos doctrinales, 139 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 11 resoluciones administrativas
En los conflictos positivos de competencia designados con los números de registro 223 y 228/1981, promovidos por el Gobierno Vasco, representado por el Abogado don Javier M. Z., contra el Real Decreto 642/1981, de 27 de marzo, por el que se reguló el régimen de los concursos de traslado de los funcionarios de Cuerpos nacionales de Administración Local, y contra la Resolución de 2 de mayo de 1981 de la Dirección General de Administración Local por la que se convocaron concursos de traslado para la provisión en propiedad de plazas a desempeñar por funcionarios de los Cuerpos nacionales de Administración Local. En los susodichos conflictos ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y ha intervenido como coadyuvante el Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local, representado por el Procurador don Juan A. G. S. M. y O.. Ha sido ponente el Magistrado don Luis D. P., quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Por escrito presentado el 5 de agosto de 1981, don Javier M. Z., en nombre del Gobierno Vasco, planteó un conflicto positivo de competencia en relación con el Real Decreto 642/1981, de 27 de marzo, por el que se regulaba un régimen especial para los concursos de traslado de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos nacionales de la Administración Local y formuló las siguientes pretensiones: la declaración de que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta la titularidad de la competencia para proveer dentro de su territorio las plazas vacantes de funcionarios de los aludidos Cuerpos; la nulidad del art. 1.° del referido Real Decreto o en otro caso su inaplicación en el ámbito territorial de la mencionada Comunidad Autónoma; la nulidad o la inaplicación de la disposición adicional segunda del citado Real Decreto; y la nulidad de las situaciones de hecho o de derecho que pudieran crearse al amparo de la repetida disposición y que estuvieran viciadas de incompetencia. En el mismo escrito solicitó el promotor del conflicto que se acordara la suspensión del Real Decreto impugnado en los términos que resultaban del planteamiento del conflicto.
Por otro escrito, de fecha 8 de agosto, don Pedro J. C. L., actuando también en nombre del Gobierno Vasco, planteó un conflicto positivo de competencia frente a la Resolución de 2 de mayo de 1981 de la Dirección General de Administración Local, por la que se convocaban concursos de traslado para la provisión en propiedad de plazas a desempañar por funcionarios de los Cuerpos nacionales de Administración Local, solicitando que se declarase la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la provisión de tales plazas y que se modificase la citada Resolución en el sentido de excluir de la convocatoria las plazas pertenecientes a corporaciones locales de la aludida Comunidad Autónoma, así como la suspensión de su aplicación respecto de dichas plazas y la acumulación del segundo conflicto al anterior relativo al Real Decreto 642/1981, por estar sus objetos, en la opinión del promotor de los mismos, íntimamente relacionados.
Posteriormente, don Javier M. Z., en la representación que ostenta, solicitó la suspensión de la Orden de 15 de julio de 1981, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio, y de la Orden de 31 de julio, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de agosto, por las que se otorgaban nombramientos en propiedad de Secretarios de primera categoría, Interventores y Depositarios de Fondos, en la primera de ellas, y de Secretarios de Administración Local de tercera categoría, en la segunda. De dicha pretensión se dio traslado al Abogado del Estado para que en el plazo de tres días pudiera alegar lo que considerara atinente a su derecho, y aquél, por escrito de 17 de septiembre, solicitó se dictara Auto por el que se denegase la suspensión solicitada.
3. En sendos escritos, presentados el 7 de octubre, el Procurador señor G. S. M., en nombre y representación del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local, solicitó ser tenido como coadyuvante de la Administración del Estado en los conflictos de competencia promovidos por el Gobierno Vasco y, en consecuencia, que se le diera vista de las actuaciones para poder formular las oportunas alegaciones, acordándose así por providencia de 22 de octubre.
Voto particular que formula el Magistrado don Rafael G. F. M. a la Sentencia de 7 de abril de 1983 recaída en los conflictos positivos de competencia núms. 223 y 228/1981
4. Planteada así la cuestión, la conclusión en el momento actual ha de ser que la competencia controvertida corresponde al Estado, ya que la existencia del cuerpo nacional -tal y como está básicamente configurado- responde a un interés supracomunitario, presente en todos los municipios y provincias españolas. Esta conclusión tiene un carácter provisional, en tanto no se produzca la legislación básica del Estado que regule de otra forma, en su caso, el carácter del cuerpo, delimite el ámbito de competencia de las Corporaciones Locales de acuerdo con el principio de autonomía, y especifique las funciones que eventualmente puedan corresponder a las Comunidades Autónomas y al Estado en relación a los Secretarios de tales Corporaciones, atendiendo a los intereses públicos en presencia y al nuevo modelo territorial introducido por la Constitución.
Voto particular que formula el Magistrado don Francisco R. L. a la Sentencia de 7 de abril de 1983 recaída en los conflictos positivos de competencia núms. 223 y 228/1981, al que se adhiere el Magistrado don Francisco T. y V..
STSJ Comunidad Valenciana , 19 de Septiembre de 2005

References: Real Decreto 
 Resolución 
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