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Timestamp: 2018-08-18 08:08:21+00:00

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﻿ Sentencia 2000-00662 de febrero 13 de 2013
SENTENCIA 2000-0662 DE 13 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Y VENCIMIENTO DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL. EN CUANTO AL PLAZO PARA LIQUIDAR UN CONTRATO ESTATAL, SE TIENE QUE LAS PARTES DEBEN PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN EN EL PLAZO ACORDADO EN EL CONTRATO O, A FALTA DE TERMINO CONTRACTUAL, EN UN LAPSO DE CUATRO MESES SIGUIENTES A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATOSI NO FUERE POSIBLE LA LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO, SE ABRE LA POSIBILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN ADOPTADA DE MANERA UNILATERAL POR PARTE DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, PARA CUYO EFECTO CUENTA CON UN PLAZO ADICIONAL DE DOS MESES. ASI LAS COSAS EN LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, AQUELLOS CUYA EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO SE PROLONGUE EN EL TIEMPO Y LOS DEMÁS QUE REQUIERAN LIQUIDACIÓN, EL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL ES DE DOS AÑOS QUE SE CUENTA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ADICIONAL DE DOS MESES CONSAGRADO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA QUE PUEDA EJERCER LA FACULTAD DE LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2000-00662 de febrero 13 de 2013
Exp.: 25.746
Rad.: 44 001 23 31 001 2000 0662 01
Precisa la Sala que le asiste competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que: i) la pretensión por perjuicios e indemnizaciones se estimó por la demandante en la suma de $202’649.550, valor que resulta superior al exigido para que un proceso iniciado en el año 2000 tuviera vocación de doble instancia, esto es $26’390.000, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Decreto 597 de 1988; ii) La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del litigio entablado en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993(5) y teniendo en cuenta que en el caso que se aborda el municipio de Dibulla es la entidad demandada(6) por el no pago de un contrato cuyo existencia solicitó a declarar la parte actora.
A lo anterior se agrega que el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (CPC, art. 251), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez (CPC, art. 264(9)), salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
De otro lado, si el documento aportado es de naturaleza privada, al tenor de lo dispuesto en el aludido artículo 252 del Código de Procedimiento Civil., vigente para la fecha de la apertura de pruebas en el presente proceso(10), este se reputará auténtico en los siguientes casos: i) cuando hubiere sido reconocido ante el juez o notario, o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) cuando hubiere sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) cuando se encuentre reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; iv) cuando se hubiere declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) cuando se hubiere aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y esta no lo tache de falso. La Sala advierte que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que acaba de invocar para el análisis de las copias de documentos privados, corresponde al texto vigente para el día 19 de septiembre de 2002, fecha del auto que decretó las pruebas en el presente proceso (fls. 94 y 95 cdno. ppal.).
3.1. Original de la comunicación iniciada como “Oficio Dibulla, febrero 8 del año 1997” (la negrilla es del texto), dirigida al Señor Arquitecto Jairo Mosocote Moscote, que a la letra dice:
1. Elaboración de Diseños Arquitectónicos, Presupuesto y Cantidades de Obras, para el proyecto “Ampliación, Remodelación y Dotación de los Centros de Salud del municipio de Dibulla”.
2. Elaboración Metodológica (Exigida por el Banco de Proyectos de inversión Nacional BPIN), Presupuesto y cantidades de obras para el proyecto “Construcción y dotación del hospital local en el municipio de Dibulla”.
4. Elaboración Metodológica (exigida por el Banco de Proyectos de Inversión Nacional BPIN), Presupuesto y Cantidades de Obras para el proyecto “Construcción Centro Escolar en el corregimiento de la Punta de los Remedios, municipio de Dibulla”.
5. Elaboración metodológica (exigida por el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), presupuesto y cantidades de obras para el proyecto “construcción y adquisición de equipos de laboratorio del colegio oficial de bachillerato Nuestra Señora del Pilar, municipio de Dibulla”.
6. Elaboración metodológica (exigida por el Banco de Proyectos de Inversión Nacional BPIN), para el proyecto de “Construcción de las instalaciones físicas de la sede administrativa de la alcaldía municipal de Dibulla”.
Alcalde de Dibulla”.
Este oficio sin número se presentó por la parte demandante como prueba de la orden de servicios, con la firma original del señor Edmundo Cherchar Bueno, C.C. 12’560.779 expedida en Santa Marta, identificado al pie de su firma como Alcalde de Dibulla.
3.2. Seis (6) planos arquitectónicos distinguidos en el respectivo cuadro descriptivo, así: i) Centro de Salud de San Antonio, Departamento Administrativo de Salud de la Guajira, municipio de Dibulla, fecha “mayo-97”, con identificación de Jairo Moscote M., como arquitecto, sin firmas ni sellos de recibido o radicado; ii) Centro de Salud de Palomino, Departamento Administrativo de Salud de la Guajira, municipio de Dibulla de fecha “mayo – 1997”, con identificación de Jairo Moscote M como arquitecto, sin firmas ni sellos de recibido o radicado; iii) Centro de Salud de Mingueo, Departamento Administrativo de Salud de la Guajira, municipio de Dibulla, de fecha “08 – 97”, con identificación de Jairo Moscote como arquitecto, sin firmas ni sellos de recibido o radicado; iv) Plano de “Planta Techo”, municipio de Dibulla, con el nombre del arquitecto Favio Peñaranda Rodríguez, sin los datos de las medidas en el plano, sin fecha, sin firmas, sin sellos de recibido o radicado; v) Plano de Parque Central, municipio de Dibulla, con el nombre del arquitecto Favio Peñaranda Rodríguez, sin fecha, sin firmas, ni sellos de recibido o radicado; vi) Plano de Centro Escolar Corregimiento de La Punta de los Remedios, Diseño arquitectónico, con el nombre de Jairo Moscote, como arquitecto, sin fecha, sin firmas ni sellos de recibido o radicado (fls. 8 a 12 cdno. ppal.). Sobre estos planos se observa que no son originales, en cuanto no están firmados por su respectivo autor, si bien cuatro de ellos los aporta el propio demandante como de su autoría y de esta manera se aceptan como elaborados por él mismo. Ahora bien, no hay constancia documental de que éstos planos hayan sido trabajos definitivos, ni entregados.
3.3. Anexo 1 que contiene una prueba anunciada por la parte actora como “libro de la elaboración metodológica” del Centro Escolar del corregimiento de la Punta de Los Remedios en el municipio de Dibulla (59 fls.). En esta prueba se aporta fotocopia de la carta de mayo 26 de 1997 dirigida por el Alcalde del municipio de Dibulla al Director del FIS en la que presentó el proyecto. En los anexos del libro aparece el presupuesto de obra, sin firma responsable y la ficha de seguimiento y evaluación con el nombre de Alexander Martínez, Profesional del banco de proyectos, como responsable de la información, con fecha julio 27 de 1997.
3.4. Anexo 3 contentivo de una prueba anunciada por la parte actora como “libro de la elaboración metodológica” del proyecto hospital local del municipio de Dibulla (129 fls.), que contiene en copia la carta del Alcalde de Dibulla de fecha 24 de mayo de 1997, dirigida al Director General del FIS presentando el proyecto de construcción y dotación del hospital local del municipio de Dibulla, en el cual se encuentran como anexos los formatos de información financiera del proyecto. En este cuaderno, del folio número 79 a 112, aparece un presupuesto de fecha mayo de 1997, en cuyo encabezado figura el nombre del arquitecto Fabio Moscote. Aparece en copia sin firmas, ni constancia de recibido. Salvo en lo que se refiere al presupuesto que presenta el propio demandante, éste documento no se tendrá como prueba de los trabajos elaborados por parte del arquitecto demandante, ni de su entrega, por tratarse de copias con las falencias mencionadas.
3.5. Anexo 2 contentivo de una prueba anunciada como “libro de la elaboración metodológica” de las instalaciones físicas de la sede administrativa de la alcaldía (28 fls.) que presenta una ficha o formato de registro en el Banco de Proyectos de Inversión de la Construcción con referencia a las instalaciones de la mencionada sede administrativa de la alcaldía de Dibulla, sin firmas y sin constancia de radicación. En los formatos se identifica como autor del estudio al señor Joel Peñaloza, sin diligenciamiento de los espacios de funcionarios responsables. Estos documentos se aportan en fotocopia y no identifican en parte alguna el nombre del arquitecto demandante, Por lo cual no se tendrán como prueba de los trabajos elaborados por tratarse de copias y no existir en ellos relación que permita identificar al demandante como su autor.
3.6. Fotocopia autenticada de la certificación del “Alcalde Municipal Edmundo Serchar (sic) Bueno C.C. 12.560.779 expedida en Santa Marta”, con fecha 10 de marzo de 1999 (fls. 13 y 14 cdno. ppal.). Este documento el alcalde del municipio de Dibulla “CERTIFICA” que: “El señor Jairo Moscote Moscote, de profesión arquitecto con tarjeta profesional número - 2570027826 de Cundinamarca realizó para el municipio de Dibulla las siguientes actividades:”.
A continuación se lee en la certificación la relación de actividades y los valores de honorarios. La Sala observa en la redacción de este documento que el mismo solo contiene una certificación de las actividades realizadas y no expresa la manifestación de voluntad del Municipio, representado por su Alcalde, o su consentimiento en relación con la obligación de pagar una contraprestación o reconocer el pago de los honorarios como una obligación a cargo del Municipio; igualmente se observa que la certificación no incluye una aceptación de los trabajos por parte del alcalde, contrario a lo que afirmó el demandante.
3.7. Copia simple del Convenio de Cofinanciación 2336/97 celebrado entre el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, y el municipio de Dibulla, titulado Programa Sistemas Municipales de Salud, con fecha ilegible en cuanto se refiere al día y mes, y en el año se lee: 1997. Este documento no se tendrá como prueba por tratarse de una copia simple además de que el convenio no vincula el nombre del arquitecto demandante en parte alguna.
3.9. Original de la certificación de fecha 6 de abril de 1999 suscrita por el señor Alexander Martínez, C.C. 84'034.597 de Rioacha, quien obrando en nombre propio, certifica que el arquitecto Jairo Moscote Moscote realizó la elaboración metodológica, presupuesto y cantidades de obra del proyecto Centro Escolar, Corregimiento de Remedios, municipio de Dibulla.
Se advierte que el señor Martínez no expidió la certificación como funcionario responsable, ni invocó cargo de funcionario público. En este sentido, se tendrá la comunicación original como documento privado, el cual se acepta como principio de prueba de lo allí afirmado, con el alcance de lo dicho por un particular, pero tal como se ha hecho constar en el recuento de la actuación procesal, se tendrá en cuenta que en este proceso judicial el municipio demandado sí controvirtió el alcance de los trabajos relacionados con la elaboración metodológica de los proyectos, de los cuales hizo parte la ficha EBI a que se refiere la certificación del señor Martínez, puesto que afirmó el apoderado del municipio demandado que la metodología de los proyectos estaba definida por la autoridad nacional de planeación y no podía ser por objeto de una contratación.
3.10. Certificación con firma original de Elizabeth Peinado Durán como coordinadora de la Unidad Departamental Especializada de Cofinanciación UDECO, en Riohacha a los 8 días de abril de 1999, en la cual certifica que los proyectos: “Construcción y dotación del parque recreacional, construcción y adquisición de equipos de laboratorio del colegio oficial de bachillerato Nuestra Señora del Pilar y construcción de las instalaciones de la sede administrativa de la alcaldía municipal,” (...) “fueron presentados e inscritos ante UDECO por el alcalde municipal Edmundo Cerchar Bueno”. (fl. 38, cdno. ppal.).
3.12. Original sin fecha de larespuesta suscrita por el Secretario de gobierno y asuntos administrativos del municipio de Dibulla en relación con la petición sobre el proyecto de construcción de las instalaciones físicas de la sede administrativa de la Alcaldía.
El escrito contentivo de la petición al que se da respuesta se aporta en copia con firma de recibido de fecha “20-09-98”. El documento original de la respuesta, que se encuentra firmado por el funcionario público se tiene como prueba en cuanto a lo que allí se afirma, así: “el proyecto fue formulado por el profesional Jairo Moscote Moscote, este proyecto fue aprobado por la UDECO”. (...) ”no se giró a Jairo Moscote Moscote por no haberse recibido el segundo desembolso del recurso por parte del fondo de cofinanciación”.
En el citado documento se hace referencia a que para el proyecto de instalaciones físicas de la sede de la alcaldía existió un contrato de consultoría 2 de 1998 legalizado, sobre el cual la Sala observa que se encuentra anexo a la comunicación, en fotocopia, y se valorará a continuación de conformidad con el documento aportado.
3.13. Fotocopia del Contrato de Consultoría 2 de 1998, con fecha 10 de marzo, data que se advierte incluida en la última hoja, a mano, fuera del texto.
Esta copia del contrato se presentó con los documentos anexos de la solicitud de disponibilidad presupuestal por $9’000.000, vigencia 1998, fotocopia del certificado de disponibilidad presupuestal por $9’000.000, vigencia 1998, fotocopia del acta de aprobación de póliza 2 de 1998 con fecha 10 de marzo de 1998, fotocopia de la póliza de cumplimiento expedida por Cóndor S.A. con vigencia 10-03-98 a 10-05-98. En cuanto los documentos se aportaron en copia simple no pueden ser tomados en cuenta como prueba de un contrato estatal, no obstante, la Sala advierte que el hecho consistente en la ejecución de unos trabajos de elaboración del proyecto específico de la sede de la Alcaldía se aceptará como probado, con fundamento en el contenido de otro documento, este sí con firma original, suscrito por el secretario de gobierno y asuntos administrativos de la alcaldía, el cual se relacionó en el punto 3.12 anterior.
En los considerandos del contrato se indicó que “El doctor Jairo Moscote Moscote realizó la formulación integral del proyecto” y que “se requiere realizar un contrato para el pago de la formulación del proyecto”. El valor del contrato se fijó en el monto de $9’000.000 “suma que el municipio pagará al contratista en un solo contado, previa presentación por el contratista del contrato debidamente legalizado”.
3.14. Fotocopia del escrito de petición de información del doctor Jorge Luis Morales Blanco en representación del arquitecto Jairo Moscote Moscote, dirigido a la alcaldía municipal de Dibulla. Los originales de los citados escritos de petición fueron requeridos a la entidad demandada, pero no se aportaron al proceso, lo cual no obstruye la apreciación de la prueba, teniendo en cuenta que se allegaron las dos respuestas a los escritos de petición, estas sí firmadas en original por parte del ecretario de Gobierno y Asuntos Administrativos, las cuales han sido consideradas y valoradas según lo indicado en los numerales anteriores.
En relación con el fenómeno jurídico de la caducidad entendido como la expiración del derecho a la acción, la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad 115 de 25 de marzo de 1998, con ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara, expediente D-1785, al conocer de la acción pública de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 136 (parcial) del Decreto 1 de 1984, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, expuso su fundamento y alcance en la siguiente consideración:
Lo que ocurre en este caso es que frente a dos valores caros al Estado constitucional y democrático de Derecho, el legislador los concilia mediante el establecimiento de un término preclusivo para que dentro de él se ejerza la acción pertinente en defensa del principio de legalidad”(11).
En este caso la Sala procede a determinar la oportunidad de la formulación de la demanda por parte del arquitecto Julio Rafael Moscote Moscote frente al fenómeno de la caducidad de la acción, para cuyo propósito cual tendrá en cuenta los distintos momentos de la relación jurídica que el demandante pretende hacer valer.
“Según el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, norma que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación y ésta es efectuada unilateralmente por la administración, el plazo para accionar judicialmente comenzará a contarse a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe. Si la administración no lo liquida dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, o del que establece la ley, se podrá acudir a la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”(15)(sic).
Ahora bien, tanto la certificación de la secretaria de planeación, como los hechos narrados por el demandante, coinciden en indicar que los proyectos correspondían a la vigencia fiscal de 1997 y que los documentos para soportar su inclusión en el Banco de Proyectos de Inversión, BPIN, —elaborados o no por el demandante— habrían sido presentados ante las autoridades en ese año. Igualmente se tiene probado que el alcalde solicitó unos trabajos en febrero 8 de 1997 y ello permite concluir que era para utilizarlos en proyectos presentados en esa misma vigencia fiscal, esto es el 31 de diciembre de 1997 a más tardar.
(7) Artículo 168, CCA: “Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.
(9) “ART. 264.—Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”.
(10) No sobra advertir que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil fue mmodificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, a cuyo tenor:
De esta manera, las copias de los documentos privados se presumen auténticos bajo el nuevo régimen probatorio de acuerdo con la Ley 1395 de 2010. No así las copias de los documentos públicos, con respecto a las cuales se requieren la autorización del funcionario público o la autenticación notarial de acuerdo con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil ya citado.
(11) Sentencia C-709 de 2001, Sala Plena de la Corte Constitucional, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 5 de julio de 2001. acción pública de inconstitucionalidad del artículo 44, numeral 10, literal e), de la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;”.
(13) En el mismo sentido se había pronunciado la jurisprudencia del Consejo de Estado, tal como se observó en la consideración sobre la competencia y el término de la acción contractual que consta en las notas al pie de página en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 31 de agosto de 2011, Rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080), actor: Pavicón Ltda., demandado: Departamento de Cundinamarca, así: “El término para intentar la acción de controversias contractuales en este caso estaba previsto en el artículo 136 del CCA —en su versión del Decreto 2304 de 1989—, esto es, dos años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. La jurisprudencia de la corporación había definido que en los contratos de ejecución sucesiva, como es el de obra pública, el término para demandar con ocasión de cualquiera de las incidencias que se presentaran en la relación negocial, apenas empezaba a computarse desde la liquidación del contrato. Vid. Sección Tercera, auto 8 de junio de 1995, exp. 10.684 y sentencia de 22 de junio de 1995, exp. 9.965, C.P. Daniel Suarez Hernández”.
(14) Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A Sentencia de 7 de noviembre de 2012, expediente 25.915, radicación 440012331000200000293 01, actor: Laureano Quintero Gómez, demandado: Instituto Nacional de Vías, Invías.

References: artículo 75
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 136
 artículo 23
 artículo 136
 artículo 44
 Artículo 168
 artículo 252
 artículo 11
 artículo 254
 artículo 44
 artículo 136
 artículo 136