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El control de las empresas de seguros privados en la legislación nicaragüense. La protección del consumidor 26 - PDF
El control de las empresas de seguros privados en la legislación nicaragüense. La protección del consumidor 26
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Rodrigo Silva Pérez
1 El control de las empresas de seguros privados en la legislación nicaragüense. La protección del consumidor 26.. Elsy Marenco Corea Labora en el Centro de Mediación y Arbitraje Resumen El tema que se desarrolla a continuación plantea la necesidad de fortalecer el marco legal existente en cuanto al control que ejerce el Estado en la actividad aseguradora en el país. e presentan de forma general los principios básicos de seguros, lineamientos aplicados en toda Latinoamérica para la armonización y actualización del sistema de supervisión. Los ejes fundamentales sobre los que gira la supervisión de las empresas aseguradoras privadas en el país y se plantea la necesidad que existe en adoptar y modernizar el régimen jurídico de supervisión y regulación de las empresas aseguradoras, de cara a mejorar los mecanismos existentes para la protección al asegurado, sobre todo en el área de reclamos por pago de las indemnizaciones. Palabras clave: seguros/ protección del consumidor/ IBOIF/ supervisión Abstract The subject then develops a need to strengthen the existing legal framework regarding the control exercised by the tate in the insurance business in the country. It provides an overview of the Insurance Core Principles, guidelines applied throughout Latin America for the harmonization and updating of the monitoring system. The fundamental axis on which turns the supervision of private insurance companies in the country. And there is a need exists to adopt and modernize the legal framework for supervision and regulation of insurance companies, in order to improve existing mechanisms to protect the insured, especially in the area of claims for payment of compensation. Key words: insurance/ Consumer protection/ IBOIF/ supervision 26 El presente artículo es el resultado del trabajo de investigación del I ciclo académico de la Maestría en Derecho de las Contrataciones; el cual además de ser evaluado por un Tribunal integrado por tres académicos; posteriormente, fue arbitrado por una Comisión a efectos de seleccionar a los participantes del II Encuentro de Investigación de Postgrado de la Universidad Centroamericana, Agosto2 Revista de Derecho I. Introducción El mercado de seguros es un elemento clave en la industria nanciera. Es importante no solo desde la perspectiva económica del país, también lo es desde un punto de vista social. La actividad aseguradora permite que las personas, ya sean naturales o jurídicas, puedan ceder sus riesgos a estas empresas, otorgándoles protección económica ante el eventual suceso del siniestro, lo que se traduce en bienestar económico para el país y para el asegurado o el bene ciario. Tomando en cuenta lo anterior, los asegurados confían en que al suceder el siniestro la empresa aseguradora asuma el riesgo, para ello paga una prima a cambio de esta obligación. Por tal razón, la actividad aseguradora se basa en la con anza del público, que es un componente clave dentro de la industria y la insolvencia del asegurador puede afectar no solo a los particulares que con aron en él sino a toda la economía nacional, de allí la necesidad de contar con un adecuado sistema de supervisión por parte del Estado que no solo otorgue bene cios a los asegurados, sino a las empresas aseguradoras, a la economía del país y a la población en general. El propósito de este trabajo es el análisis del marco regulatorio que actualmente rige en el país para la supervisión de las aseguradoras, así como determinar si el mismo permite y da garantía para la protección de los derechos de los asegurados, y la sanidad nanciera del mercado asegurador en el país. La importancia del tema radica en la función económica que cumple la actividad aseguradora y el papel primordial que debe jugar el regulador de seguros para cumplir con su misión de contribuir al desarrollo económico del país mediante el logro de mercados de seguros con ables y e cientes, a través de una supervisión e caz y regulación moderna, sin descuidar sus dos ejes primordiales, la protección del asegurado y de la economía nacional. En Nicaragua no se han desarrollado estudios concretos sobre el papel y funciones del ente regulador de la actividad aseguradora, sin embargo encontramos de forma dispersa, algunos textos que tratan el tema. Por el contrario, encontramos muchos estudios monográ cos que abordan de forma bastante detallada algunos ramos de seguros y la legislación 2283 vigente para éstos, en menor medida se encontraron textos que abordan lo relacionado al contrato de seguros. Todos ellos fueron tomados en cuenta para el desarrollo de esta investigación. Evidentemente existe un vacío sobre el análisis del tema, pero a nivel latinoamericano encontramos que países como Chile y México han emprendido un cambio signi cativo en el modelo de supervisión de la actividad aseguradora y actualmente debaten sobre el modelo de supervisión más adecuado, tomando en cuenta las particularidades de la actividad aseguradora y de sus mercados. Con este estudio se pretende explicar el modelo de supervisión que actualmente están acogiendo varios países de la región y el cual Nicaragua acogerá en buena parte una vez esté aprobada la nueva Ley General de Instituciones de eguros y Reaseguros, actualmente en la Asamblea Nacional. En ella se incluyen cada uno de los grandes lineamientos generales de la supervisión, haciendo énfasis en la protección al asegurado (consumidor) y los principios que rigen la actividad de supervisión. Esperamos que este trabajo pueda ser objeto de consulta para los diversos actores del proceso de supervisión. Es importante aclarar al lector, que no se entrará en el análisis del contrato de seguro y sus elementos, ya que se escapa al ámbito del estudio. Las técnicas de investigación utilizadas fueron, la revisión bibliográ ca de textos nacionales e internacionales, de ellos, principalmente los internacionales. El análisis documental se realizó de fuentes primarias y la entrevista, la cual se efectuó a funcionarios de la uperintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (en adelante IBOIF) y empresarios privados. Finalmente el método implementado fue dogmático, el cual persigue como resultado nal el desarrollo de investigaciones que conciben la problemática jurídica a la que se pretende brindar solución desde una perspectiva estrictamente formalista, quitando todo elemento fáctico en el tratamiento de la gura analizada. Esta investigación se estructura en apartados básicos, el primero comprende los antecedentes de la actividad aseguradora privada y del marco regulatorio de dicha actividad. El segundo ahonda sobre los principios básicos de seguros (en adelante PB ). En el tercero se abordan el control de las empresas de seguros, su nalidad y los tipos de controles 2294 Revista de Derecho sobre los cuales la IBOIF scaliza, y nalizamos con los actores claves en el proceso de supervisión. II. Antecedentes de la actividad aseguradora en Nicaragua Nicaragua a diferencia de otros países como México 2 y Panamá 28, entre otros, inició la actividad aseguradora formalmente en el año 1940 con la creación de la primera empresa aseguradora privada, La Compañía Nacional de eguros su aparición obedeció, principalmente, a la inserción de la economía nicaragüense en el mercado mundial a través del café. La organización y el impulso de la actividad aseguradora correspondieron inicialmente a empresarios extranjeros. Es así que a principios del siglo aparecen en el panorama nacional agentes y agencias de empresas extranjeras de seguros de vida: el ol de Canadá, la Confederación del Canadá y la Manufacture Life de los Estados Unidos. (Habed Blandón, 200 ). Transcurridos 30 años de la presencia de empresas aseguradoras extranjeras, fue entre los años de que se funda y organiza la primera aseguradora nicaragüense, La Compañía Nacional de eguros, con capital privado y del Estado (la Escritura ocial y los Estatutos de la Compañía Nacional de eguros se publicaron en La Gaceta, Diario O cial, correspondiente a los días 30 de Julio de 1940 y 1o de Agosto también de 1940). En los cuarenta años siguientes se crean seis compañías nacionales más de seguros, habiéndose liquidado una de ellas por quiebra: la eptentrional. egún datos de la IBOIF, al 19 de julio de 19 9 operaban en Nicaragua doce compañías de seguros, seis nacionales y seis extranjeras: Las empresas nacionales eran: 1) Compañía Nacional de eguros de Nicaragua 2) Compañía de eguros la Protectora,.A. 3) La Inmobiliaria Que inició su actividad aseguradora en 1892 con la promulgación de la primera ley que rige a las compañías de seguros, mexicanas y extranjeras. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Origen de la actividad aseguradora en México. Recuperado el día 12 de abril de 2010, de. 28 Que inició en la actividad aseguradora privada en Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (Recuperado el día 21 de abril de5 de eguros,.a. 4) Compañía de eguros la Occidental,.A. 5) Compañía Nicaragüense de eguros,.a. 6) Compañía de eguros la Capital,.A. Las empresas extranjeras eran: 1) Pan American Life Asurance Co. 2) Citizens tandard Life Insurance Co. 3) The American Home Insurance Co. 4) American Life Insurance Co. 5) British American Insurance Co. y 6) The Home Insurance Co. Estas empresas tenían las siguientes características: eran privadas, competían entre sí por los negocios y su funcionamiento estaba regulado por la uperintendencia de Bancos. En 19 8, las compañías de seguros extranjeras controlaban el 25.8 del mercado, mientras que las nacionales captaban el 4.2 de las primas totales netas las liales de empresas extranjeras eran especializadas en determinados tipos de seguros, a diferencia de las nacionales que atendían tanto seguros de vida como de daños. ( IBOIF, 2010). En 19 9, se crea El Instituto Nicaragüense de eguros y Reaseguros (en adelante INI ER), surge con el Decreto No , con el cual la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, nacionaliza la actividad aseguradora en Nicaragua. Esta institución nace con personería jurídica, patrimonio propio y capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. e reservó para INI ER el monopolio de asegurar y reasegurar en Nicaragua, constituyéndose así en sucesor, sin solución de continuidad, de todos los bienes muebles e inmuebles, derechos adquiridos y obligaciones contraídas por las empresas nacionales, que por dicho Decreto quedaron nacionalizadas. Posteriormente este decreto fue modi cado por los Decretos No. 321 y No , y Reglamentado por el Consejo Directivo de INI ER el 06 de septiembre de A las empresas extranjeras se les prohibió la venta de nuevos seguros, limitándolas a sostener sus obligaciones contraídas hasta su expiración y 14 de marzo de 1983, respectivamente6 232 Revista de Derecho En 1996 desaparece el monopolio de los seguros que tenía el Estado, ya que el art. 14 de la Ley de Reforma a Ley General de Instituciones de eguros (Reforma de la LGI ), Ley No. 22, del 26 de julio de , este artículo de manera expresa deroga el art. 5 el Decreto 10 que reservaba exclusivamente al Estado la función de asegurador. egún datos de la IBOIF (2010), actualmente existen cinco compañías aseguradoras en Nicaragua legalmente establecidas para operar: Instituto Nicaragüense de eguros Y Reaseguros - (INI ER). Decreto No. 10. (19 9). Metropolitana Compañía de eguros.a. - (METRO EG) Autorizada mediante la Resolución No. IB-OIF-IV (1996). eguros América.A. - (AMERICA) Autorizada mediante la Resolución No. IB-OIF-IV (1996). eguros La se,.a. ( EGURO A) Autorizada mediante la Resolución No. IB-OIF-IV (1996). Aseguradora Mundial.A. (PACIFICO)- Autorizada mediante la Resolución No. IB-OIF-V (199 ). 1. Antecedentes del marco regulatorio de la actividad aseguradora en Nicaragua Las primeras regulaciones de la actividad aseguradora privada datan desde 1866, con la promulgación del Código Civil (C) que entró en vigencia el 25 de enero del año 186. El Contrato de seguro privado estaba reglamentado en el Título III llamado De los Contratos Aleatorios, ésta normativa únicamente remitía al Código de Comercio (Cc) vigente en esa época. Dicho cuerpo normativo era el que contenía la regulación de los seguros en general, ello obedece a que dicha actividad siempre se ha considerado de naturaleza mercantil y no civil. El Código de Comercio de 1869 hizo una clara distinción entre los seguros terrestres y los seguros marítimos. Posteriormente, el Código Civil de Nicaragua de 1904, en el Título De los Contratos Aleatorios del art al art regula el contrato de seguro privado haciendo énfasis en el contenido del contrato de seguro y las materias que pueden ser objeto de este contrato. 327 El Código de Comercio de 191, regula actualmente lo relacionado al contrato de seguro en el país. Este contrato está normado en el Título I, llamado De los Contratos de eguros, en los artículos 535 al 599 inclusive, y en los arts. 898 al 9 2 del Título De los Contratos Especiales del Comercio Marítimo por lo que hace a los seguros marítimos. Es importante hacer notar que desde la fecha de promulgación hasta hoy, el contrato de seguro no ha sido objeto de reformas sustanciales. Es por esta razón, que ha sido la costumbre mercantil la que ha dinamizado la actividad aseguradora en Nicaragua. En este título se sistematiza lo relacionado con: De nición del contrato de seguro. e deja sentado el carácter mercantil de este contrato, independiente de la especie. e establecen los requisitos de la póliza La nulidad del contrato de seguro e clasi can los seguros en: eguros contra daño (incendio, seguro de transporte terrestre) eguro sobre la vida otras clases de seguro, que según el Cc pueden ser objeto del contrato de seguro mercantil, cualquiera otra clase de riesgos que provenga de casos fortuitos o accidentes naturales y los pactos que se consignen deberán cumplirse, siempre que sean lícitos y los seguros marítimos. Derechos y obligaciones de las partes. En relación con la vigencia de las normas relacionadas al seguro en el Código Civil y las del Código de Comercio expresan los profesores Herrera Espinoza y Guzmán García, (2009) que las normas del Código Civil carecen de vigencia por las siguientes razones: Las disposiciones del Código de Comercio derogan tácitamente las del Código Civil, porque las primeras son posteriores en el tiempo, el Código de Comercio entró en vigencia el 30 de enero de 191, mientras que el Civil es del año 1904, además que ambas normas son en buena medida coincidente. El art. 536 del Cc establece que los contratos de seguros de cualquier disposición que se relaciona con lo establecido en la Reforma de la LGI que únicamente pueden ejercer la actividad de asegurar y reasegurar las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país como ociedades Anónimas. 2338 234 Revista de Derecho En sentido contrario, el jurista Habed Blandón (200 ), mani esta que dada la importancia de la actividad aseguradora y considerando los vacíos que contienen las disposiciones del Cc en materia del Contrato de eguro, se aplican también de manera supletoria las normas del C, relativas a este contrato (art. 2 del Cc.), y detalla que normas a su criterio si están derogadas por el Cc y la LGI y cuales están vigentes, a saber: Los arts C derogado por el art. 534 Cc, 3541 derogado por el art. 53 Cc, 3544 C derogado por el art. 542, 580, 58 Cc, 3546 C derogado por los art. 538, 5 8, y 586 Cc, 3547 derogado por el art. 546 Cc, 3548 C derogado por art. 543Cc, 3549 C derogado por los arts. 543 y 544 CC, los arts. 3551, 3552, 3553, 355, 3558 derogados por el art. 2 LGI, 3554 derogado por art. 545 y 54 Cc, 3556 C derogado por el art. 550 Cc, 3556 derogado por el art. 550 Cc, 3559 C derogado por el art. 552Cc, 3566 C derogado por el art 548 Cc, 356 C derogado por el art. 542 y 580 Cc, 35 0 derogado por el art. 553 Cc, 35 4 derogado por el art. 555 Cc, 35 derogado por el art. 538 y 586Cc, 35 8 derogado por el art. 51 LGI, 3584 derogado por el art. 2 LGI [este artículo mantiene su vigencia, ya las disposiciones no son contradictorias, lo que hace es ordenar la clasi cación de las operaciones de seguros, puesto que los numeral 2, 3 y 4 engloban en la categoría de daños del citado artículo y el 1 al seguro de personas], 3585 C derogado por el art. 585 Cc, 3586 C derogado por el art. 58 Cc, 3589 C derogado por el art. 590 Cc derogado por el art. 583 Cc, y 3942 derogado tácitamente [la aplicación de este artículo no entra en contradicción con otro artículo, que prohíba expresamente la aplicación del mismo, lo que es evidente es el desuso de tal disposición]. En consecuencia de lo anterior, mantienen su vigencia los siguientes artículos del Código Civil, 3540, 3542, 3543, 3545, 3550, 3555, 3560 al 3565,3568 al 69, 35 1, 35 3, 35 5, 35 6, 35 9, 3580 al 83, 358, 3588, 3590 al 3598, 3600 al 3606 y 3 8 C. Realizados los planteamientos anteriores, concordamos con el criterio de mantener la vigencia de las disposiciones del Código Civil, en tanto no contradigan las disposiciones del Cc y LGI y su reforma, por ser normas posteriores en el tiempo y tomando en cuenta la aplicación del Título Preliminar del Código Civil V referido a la derogación de las leyes Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden Para reforzar más este criterio hacemos propios el comentario de los profesores Herrera Espinoza &9 Guzmán García, (2009) quienes sostienen que en su mayoría las normas del Código Civil son coincidentes con las del Código de Comercio. El Título II de el Proyecto de Ley General de Instituciones de eguros, Reaseguros y Fianzas (en adelante Proyecto de LGI R) regula lo relacionado con las ociedades de eguros y el Título V a los Contratos de eguros (art. 3 al 83), pero no deroga expresamente las disposiciones contenidas en el Código de Civil y el Código de Comercio, únicamente señala que se derogan todas las disposiciones que se le opongan (art. 193 inciso d). Es importante aprovechar la reforma, para armonizar e incluir en el proyecto las disposiciones del Código Civil y Mercantil que mantendrán en vigencia, esto facilitará el estudio de la materia a la par de evitar contradicciones y ambigüedades entre ambas cuerpos jurídicos. La propuesta es realizar un texto refundido que incluya tanto las normas del Código Civil y las del Código de Comercio, ese texto puede ser la LGI R. Lo anterior, se relaciona con el contrato de seguro, lo que algunos juristas como ánchez Calero (2002) y Herrera Espinoza & Guzmán García (2009) denominan parte del Derecho privado del seguro (normas de carácter de derecho dispositivo), dentro de la rama jurídica denominada Derecho de eguros, en contraposición el Derecho público de seguros (normas de carácter administrativo) dictadas para el control de la actividad aseguradora. El análisis de este estudio se centrará en las normas relacionadas a los seguros denominadas de Derecho público. obre esta regulación en particular conviene precisar sus propios antecedentes, según Argüello Ramirez (200 ). Desde la Década de los 40 se comenzaron a dictar normas jurídicas que tendían a la regulación de la banca y de los seguros, sin organizar entonces un buen sistema de control, el cual comienza a desarrollarse con la creación del Banco Central de Nicaragua. Dentro de esta ley se le adscriben las funciones de supervisión de la banca central y de la banca privada a la uperintendencia de Bancos y de Otras Instituciones, funciones que luego se amplían, con la Ley General de Bancos y de Otras Instituciones del 16 de Abril de 1963, a la supervisión de toda 23510 236 Revista de Derecho persona natural o jurídica de carácter privado que no fuere un banco o una institución de ahorro y préstamo para la vivienda que quisiere recibir o recibiere cuotas de dinero del público, ofreciendo en cambio devolver, entregar, vender o ceder en el futuro mercaderías, servicios, inclusive los fúnebres, terrenos o casas o sumas de dinero. (art. 242 LGB). Con la Ley 316 que regula la uperintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras se ha limitado el campo de supervisión de la misma a las siguientes entidades nancieras (art. 2): bancos, sucursales y agencias bancarias estatales, privadas, nacionales y extranjeras, instituciones nancieras no bancarias de nidas en el art.126 LGB como las que prestan servicios de intermediación bursátil o servicios nancieros con recursos del público (entre las cuales están las empresas de seguro), y, grupos nancieros de nidos en el art. 130 LGB 33 (p. 38). En Nicaragua, las principales disposiciones jurídicas en materia de seguros son: El art. 99 Párrafo cuarto de la Constitución Política de Nicaragua (Cn), la Ley General de Instituciones de eguro (en adelante LGI ), Decreto No. 1 2 del 4 de agosto de , y su reforma por la Ley No. 22, del 26 de julio de , el Reglamento de Reforma de la LGI Decreto No y las Normas Técnicas (en adelante NT) que dicte la IBOIF en el ámbito de su competencia. Actualmente se encuentra en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional el Proyecto LGI R, que ya fue dictaminado por dicha Comisión. El proyecto contiene un total de 193 artículos, divido en I Títulos, su art. 1 establece el objeto de la ley: Objeto.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la constitución y el funcionamiento de las sociedades o entidades de seguros, reaseguros, anzas y sucursales de sociedades de seguros extranjeras así como la participación de los intermediarios y auxiliares de seguros, a n 33 Para referencia del lector, el Banco Central de Nicaragua (en adelante BCN) fue creado de conformidad con el Art. 148 inc. 19 de la Constitución Política de Mediante Decreto Legislativo No. 525 del 16 de Septiembre de Sus operaciones las inició el 1 de Enero de 1961, como una institución del11 de velar por los derechos del público y facilitar el desarrollo de la actividad aseguradora. Es función especial del Estado, a través de la uperintendencia de Bancos y otras instituciones nancieras, velar por los intereses de los asegurados que confían sus primas a las instituciones de seguros, reaseguros o anzas y a sus intermediarios, que estén legalmente autorizadas y registradas para realizar tales operaciones. En la aplicación de la presente Ley, el Estado deberá reforzarla seguridad y la con anza del público en dichas instituciones, promoviendo una adecuada supervisión que procure la liquidez y solvencia de las instituciones regidas por esta Ley, procurando un desarrollo equilibrado del sistema asegurador que genere una sana competencia y cartera de productos diversi cados y e cientes para los consumidores... Como podemos notar, en el artículo antes transcrito, no se incluye como objeto del proyecto de LGI, lo relacionado a la regulación del contrato de seguro, tema que queda pendiente de actualización jurídica. Lo más recomendable es aprovechar la reforma para incluir en un único cuerpo normativo la regulación pertinente a los seguros, al menos los temas que son fundamentales. III. Principios básicos de seguros (PBS) Para contribuir al crecimiento económico de un país, el sector asegurador debe operar sobre una base nanciera sana, en este sentido un sistema de regulación y supervisión es necesaria para mantener mercados de seguros solventes y estables. Dichos mercados protegen y bene cian al asegurado, para el jurista ánchez Calero asegurado es la persona que es titular del interés asegurado y que por consiguiente, está expuesta al riesgo (2010, p. 388). Para efectos de esta investigación también se le denominará consumidor, entendido éste último como el destinatario nal de un bien o servicio (véase de nición contenida en el art. 4 de la Ley de Defensa de los Consumidores publicada en La Gaceta, Diario O cial No. 213 del 14 de noviembre de 1994 y el art. 4 inciso d) del Proyecto de Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios). 23712 Revista de Derecho En la actualidad existe un conjunto de principios básicos de supervisión y recomendaciones internacionales establecidos por la IA I [Asociación Internacional de upervisores de eguros, por sus siglas en inglés, A AL en español]. Este es un organismo internacional que agrupa a las máximas autoridades supervisoras de la actividad de seguros de Latinoamérica. En él participan 21 países, 19 países latinoamericanos como miembros de pleno derecho y 2 miembros adherentes, España y Portugal. Nicaragua forma parte de Assal. En 19 9 se aprobó el Estatuto para la creación de Assal, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina sin embargo esta iniciativa no se concretará hasta 1991, en la II Asamblea, en la que participaron 18 países de América Latina. (Assal, 2010). Assal (2010) estableció estos principios para efectuar una adecuada supervisión coherente, transparente y con able del mercado asegurador. Estos principios y recomendaciones muestran una clara tendencia hacia un sistema de supervisión centrado en el análisis de los riesgos y su gestión por parte del asegurador, al que se le denomina modelo de upervisión Basado en Riesgos ( BR), modelo que seguirá Nicaragua, según en el art. 5 numeral 4 del proyecto de LGI R que más delante abordaremos. Para Macías Muñoz & Perez Jiménez, la Assal identi ca los principales elementos de un régimen de supervisión, que consta tanto de componentes cuantitativos ( nancieros) como cualitativos (gobernabilidad y comportamiento del mercado, en el que se incluyen la protección de los asegurados). Este modelo desarrolla un enfoque más preciso respecto de cómo operar un régimen de solvencia y las implicancias de éste en términos de cómo estructurarse. (Instituto de Ciencia del eguro. Fundación MAPFRE, 2008). En la siguiente gura se aprecia la estructura y normas comunes de solvencia y el rol de divulgación dentro del marco para la supervisión de seguros de la Assal: 23813 Nivel 3 Evaluación de Supervisión EVALUACION DE SUPERVISION E INTERVENCION Nivel 2 Requerimientos regulatorios ESTRUCTURA COMUN DE SOLVENCIA Y ESTANDARES GOBIERNO CORPORATIVO CONDUCTA DE MERCADO Reporte al Supervisor Divulgación Pública Nivel 1 Precondiciones Condiciones básicas para el funcionamiento efectivo de La autoridad supervisora de seguros El sector y la supervis ón de seguros El enfoque presenta la existencia de tres niveles: un primer nivel de precondiciones para la evaluación de la solvencia un segundo nivel de requisitos reglamentarios, el que incorpora requisitos nancieros, de gobernabilidad y de comportamiento de mercado y un tercer nivel de evaluación e intervención de supervisión a estos tres niveles se agrega el rol de divulgación. En la divulgación pública se hace necesario contar con una divulgación pública e informes con denciales adicionales para el supervisor, y para que el propio régimen de solvencia sea transparente. La Assal ha sugerido que estos principios se constituyan en orientadores para los supervisores de seguros de todas las jurisdicciones y puedan ser utilizados para fortalecer el marco de supervisión de las jurisdicciones, evitar la sobre-regulación y promover la auto-regulación en esquemas competitivos. Así mismo, que estos principios son aplicables a la supervisión aseguradora y reaseguradora, ya sean privadas o controladas por el gobierno. En total son 28 principios aprobados en la Asamblea General de la Assal en Octubre de 2003 en ingapur, que se resumen en seis grandes postulados que abarcan el contenido de los 28. A continuación se explican las de niciones de cada principio y las normas técnicas relacionadas, dictada por la IBOIF: 1. Condiciones para una supervisión efectiva Este principio engloba el PB 1 Condiciones para una supervisión, su enfoque es que se establezca un marco político, legal e institucional con: 23914 240 Revista de Derecho Un sistema legal efectivo Estándares contables completos Experiencia en materia de auditoría contable y actuarial Efectiva infraestructura del mercado nanciero Mercados nancieros e cientes La implementación del principio depende de la existencia de una política nanciera y ambiente institucional sanos, así como de un sistema nanciero e infraestructura legal que funcionen adecuadamente. El sistema legal debe proporcionar apoyo en honrar y hacer cumplir los contratos de seguros. En el caso de Nicaragua, el cumplimiento de este principio se evidencia con las siguientes leyes y normativas: Políticas del ector Financiero: e cuenta con un marco legal e institucional- integrados por instituciones públicas, leyes y reglamentos- para el sector nanciero, como: La Ley LGBIOF, Ley de la IBOIF, LGI y sus reformas, marco que está bien de nido y es divulgado públicamente. En cuanto a la Infraestructura del sistema nanciero, se han dictado NT sobre: Normas sobre Auditoría Externa, sobre Manual Único de Cuentas, entre otras. 2. Sistemas de supervisión Aquí se engloban los PB 2 Objetivos de la supervisión, PB 3 Autoridad supervisora, PB 4 Proceso de supervisión, y PB 5 Cooperación e intercambio de información entre supervisores. Los principales objetivos de la supervisión de seguros están claramente de nidos. En este sentido, en la actual LGI y su reforma no de ne con exactitud cuáles son los objetivos primordiales del supervisor, situación que cambia con el Proyecto de LGI R en cuyo art. 5 se establece expresamente el mandato y las responsabilidades de la autoridad supervisora. Los principios giran alrededor de que la entidad supervisora cuenta con poderes adecuados, la protección legal y los recursos nancieros para ejercer sus funciones y atribuciones en forma operativa independiente15 y rinde cuentas del ejercicio de sus funciones y atribuciones contrata, entrena y mantiene su ciente personal con altos estándares profesionales trata la información con dencial en forma apropiada, y realiza sus funciones de una forma transparente. 3. La entidad supervisada Aquí se re eren a los PB 6,, 8, 9 y 10. PB 6 Aautorización de empresas de seguros Los arts. 2, 3 y 4 de la Reforma a la LGI establecen una de nición de quienes pueden ejercer la actividad aseguradora, la nacionalidad de las mismas y lo relacionado a la actividad aseguradora, reaseguradora y de inversión. En el capítulo II de la misma reforma, nos encontramos el proceso de organización y autorización para funcionar. De los cuales destacamos: e requiere la autorización de las aseguradoras, y prohíbe las actividades de seguros no autorizadas. e de ne las guras jurídicas permitidas de asegurar. e asigna la responsabilidad para emitir autorizaciones. No se incluye una de nición de aseguradoras, pero el proyecto de LGI R mejora este aspecto y de ne a las aseguradoras como: Cada vez que esta Ley utilice el término de entidades de seguros, sociedades o sus similares, tanto en mayúsculas como en minúsculas, singular o plural, se entenderá que se trata de entidades que operan en seguros, reaseguros, anzas y rea anzamiento, nacionales o extranjeras, de propiedad privada, estatal o mixta, salvo las excepciones expresamente contempladas en esta Ley. (art. 1 último párrafo). PB Idoneidad de las personas Los accionistas mayoritarios, miembros del consejo de administración, altos directivos, auditores y actuarios de una institución de seguros son el personal idóneo y apropiado para llevar a cabo sus funciones. Esto requiere que tengan la integridad, capacidad, experiencia y cali cación apropiada. 24116 242 Revista de Derecho En este sentido, ver las NT: Norma sobre Requisito para ser Director, Gerente General y/o Ejecutivo Principal y Auditor Interno de Instituciones Financieras (CD- OBOIF EP del año 2009), Norma sobre Contenido mínimo del Código de Conducta para Directores, Gerentes Generales, Auditores Internos y Empleados (CD- IBOIF JUN del año 2008), Proyecto de Norma sobre Con icto de Intereses y Código de Conducta para el personal nombrados por el uperintendente (CD- IBOIF JUL del año 2002), en este mismo sentido el capítulo III, art. 52 al 62 de la LGI, véase el art. 52 de la Reforma LGI. El PB 8 Transferencia de cartera y fusión e re ere a que la autoridad supervisora aprueba la transferencia de cartera o la fusión de las operaciones de seguros. En este sentido, ver NT sobre Norma para Reforma a la norma para el traspaso, transferencia o adquisiciones de instituciones nancieras supervisadas (CD- IBOIF-4 6- ABR ) y su reforma mediante Resolución CD- IBOIF ABR del año 2008, esta normativa establece que las personas que quieran adquirir acciones en porcentajes mayores o iguales al 5 de la instituciones supervisadas deben obtener autorización de la IBOIF. La autoridad supervisora establece requerimientos para evaluar las solicitudes de aseguradores para transferir todo o alguna parte de su operación de seguros. PB 10 Control interno La autoridad supervisora requiere que los aseguradores tengan en funcionamiento controles internos, que sean adecuados para la naturaleza y escala de su operación. Los sistemas de vigilancia y reportes permiten al consejo de administración y a los directivos monitorear y controlar las operaciones. 4. El Proceso de supervisión (supervisión continua) Para la correcta aplicación de este postulado se engloban los PB 11 al 1. PB 11 Análisis de mercado Utilizando todas las fuentes disponibles, la autoridad supervisora monitorea y analiza todos los factores que pudieran tener un impacto17 en las aseguradoras y en el mercado de seguros. El supervisor llega a conclusiones y toma las acciones en forma apropiada. PB 12 Reportes al supervisor y monitoreo de escritorio La autoridad supervisora establece los requerimientos para la entrega periódica y sistemática de información nanciera y estadística, informes actuariales y otra información de todos los aseguradores autorizados en la jurisdicción. En este sentido, véase el art. 29 de la LGI que establece el cumplimiento el a este principio. PB 13 Inspecciones en sitio Las inspecciones in situ constituyen una herramienta fundamental en la supervisión. La autoridad supervisora lleva a cabo visitas de inspección para revisar las operaciones de una aseguradora y su cumplimiento con la legislación y los requerimientos de supervisión. Este principio se re ere a que por ley, la autoridad supervisora debe contar con amplios poderes para llevar a cabo visitas de inspección y para obtener información que estime necesaria para cumplir con sus deberes, esta facultad está establecida en el art. 64 de la LGI y 3. 8 de la Ley 316. PB 14 Medidas preventivas y correctivas La autoridad supervisora toma medidas preventivas y correctivas que son oportunas, apropiadas y necesarias para lograr los objetivos de la supervisión de seguros. PB 15 anciones y medidas obligatorias La autoridad supervisora hace cumplir acciones correctivas y, cuando es necesario, impone sanciones basadas en criterios claros y objetivos que son divulgados públicamente. La autoridad supervisora puede emitir instrucciones formales a las compañías para que tomen acciones especí cas o para que se desistan de tomarlas. El no cumplir con una instrucción formal emitida por la autoridad supervisora tiene consecuencias serias para aquellos que realizan dicha acción (arto. 64 LGI ). 24318 244 Revista de Derecho PB 16 Liquidaciones y salida del mercado El marco legal y regulatorio de ne un rango de opciones para la salida ordenada de aseguradoras del mercado. De ne insolvencia y establece los criterios y procedimientos para tratar con la misma. En el caso del procedimiento de liquidación, el marco legal da prioridad a la protección de los asegurados. PB 1 upervisión de grupos La autoridad supervisora supervisa a las aseguradoras sobre una base individual y de grupo. 5. Requerimientos prudenciales Esta sección establece seis principios que abordan cuales son los requerimientos prudenciales. u objetivo común es garantizar que las aseguradoras tengan la capacidad, bajo todas las circunstancias razonablemente predecibles, para cumplir con sus obligaciones conforme éstas se presenten. PB 18 Evaluación y administración de riesgos La autoridad supervisora requiere que las aseguradoras reconozcan el rango de riesgos que enfrentan y los evalúen y administren con efectividad. PB 19 Actividad aseguradora Dado que la actividad principal del seguro es la asunción o toma de riesgos, la autoridad supervisora requiere que los aseguradores evalúen y administren los riesgos que suscriben, especialmente a través de la constitución de reservas técnicas y matemáticas y el reaseguro, y que cuenten con las herramientas para establecer un nivel adecuado de primas. PB 20 Pasivos La autoridad supervisora requiere que los aseguradores cumplan con estándares para establecer reservas técnicas su cientes y otros pasivos, y hacer posibles las recuperaciones de reaseguro. La autoridad19 supervisora tiene tanto la autoridad como la capacidad para valorar qué tan adecuadas son las reservas técnicas y para requerir que estas reservas se incrementen, en caso necesario. PB 21 Inversiones La autoridad supervisora requiere que los aseguradores cumplan con estándares en sus actividades de inversión. Estos estándares incluyen requerimientos sobre la política de inversión, mezcla de activos, valuación, diversi cación, ajuste de activos y pasivos, y administración de riesgos nancieros. PB 22 Derivados y obligaciones similares La autoridad supervisora requiere que los aseguradores cumplan con estándares para el uso de derivados 3 y obligaciones similares. Dichos estándares abordan restricciones en su uso y requerimientos de divulgación, así como controles internos y monitoreo de las posiciones relacionadas. PB 23 u ciencia de capital y solvencia La autoridad supervisora requiere que los aseguradores cumplan con el régimen de solvencia establecido. Este régimen incluye los requerimientos de capital y requiere formas de capital adecuadas que permitan que la aseguradora absorba pérdidas signi cativas imprevistas. 6. Mercados y consumidores Los siguientes principios se re eren a temas relacionados con la conducta de mercado que son un área esencial de la supervisión en el sector asegurador, y pudiera tener un riesgo de reputación o impacto prudencial en las aseguradoras. PB 24 Intermediarios La autoridad supervisora establece requerimientos, directamente o a través de la supervisión de las aseguradoras, para la conducta de los intermediarios (en este sentido véase art. 82, 83 y 84 LGI ). instrumentos, tales como futuros, opciones, swaps. 24520 PB 25 Protección al consumidor Revista de Derecho Los requerimientos para la conducta de la actividad aseguradora ayudan a fortalecer la con anza del consumidor en el mercado de seguros. La autoridad supervisora requiere que los aseguradores y los intermediarios traten a sus clientes de una forma justa, prestando atención a sus necesidades de información. Respecto de los consumidores en su propia jurisdicción, la autoridad supervisora debe establecer requerimientos que los aseguradores e intermediarios deben cumplir. Requerimientos aplicables a las ventas transfronterizas también deben ser claros. Un buen proceso de resolución de reclamaciones por siniestros es esencial para el trato justo a los clientes. Para este propósito, algunas jurisdicciones han establecido mecanismos de resolución de reclamaciones por siniestros extrajudiciales, tales como mediación o arbitrajes. PB 26 Información, divulgación y transparencia hacia el mercado La autoridad supervisora requiere que las aseguradoras divulguen información relevante sobre una base oportuna a efecto de proporcionar a los interesados una visión clara de sus actividades del negocio y de su posición nanciera y para facilitar el entendimiento de los riesgos a los que se encuentran expuestos. PB 2 Fraude La autoridad supervisora requiere que las aseguradoras y los intermediarios tomen las medidas necesarias para prevenir, detectar y remediar los fraudes de seguros. El fraude de seguros resulta en daños nancieros y a la reputación, así como en costos sociales y económicos. Es por ello que la autoridad supervisora requiere que las aseguradoras y los intermediarios aborden estos asuntos de una manera efectiva. 246 Mostrar más
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