Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/99/STSJC19990325.htm
Timestamp: 2019-04-19 20:20:23+00:00

Document:
Sentència de 25 de març de 1999
de 25 de març de 1999, núm. 8/1999 (Sala Civil i Penal)
VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, los autos de juicio declarativo ordinario de mayor cuantia, interpuestos por D. X1 y D X2, representados por la procuradora D. Amparo Olmos Ribes y dirigidos por la letrado D. M Carmen Ramos Pulido, contra los Iltmos. Sres. magistrados de la Sección 8 de la Audiencia Provincial de Barcelona D. Y1, D. Y2 y D. Y3, representados, los dos primeros, por el procurador D. Alfonso Lorente Parés y dirigidos por el letrado D. Miguel Capuz Soler, y la tercera, representada por la procuradora D. Carmen Ribas Buyo y dirigida por el letrado D. Ignacio Rueda Díaz de Rábago, por los daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil en que hubieran podido incurrir en el desempeño de sus funciones.
Primero.- La procuradora Sra. Olmos Ribes en representación de D. X1 y de D. X2 interpuso demanda de juicio declarativo de mayor cuantía contra los expresados demandados, de conformidad con los arts. 903 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil, promoviendo acción de responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de las funciones judiciales, que basó en los hechos y fundamentos de derecho que en dicho escrito de demanda dejaba expuestos, suplicando que, en su día, y previos los trámites oportunos se dictase sentencia estimatoria de la demanda y condenase a los demandados a indemnizar a los actores en la cantidad de 3.837.800 ptas., con imposición de costas.
Segundo.- Por providencia de 3 de noviembre pasado se incoó el presente procedimiento civil, designándose ponente. En proveído de 12 del propio mes de noviembre, se admitió a trámite la demanda de responsabilidad civil interpuesta, acordándose emplazar a los demandados por el término legal, para que comparecieran y se personasen en autos. Que dentro del término del emplazamiento comparecieron en forma los demandados, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 530 de la Ley de enjuiciamiento civil, se les concedió el plazo de 20 días para contestar la demanda.
Por providencia de fecha 11 de enero del corriente año, se tuvo por evacuado el trámite de contestación a la demanda, dándose traslado a los actores por el término de diez días para réplica, y posteriormente a los demandados para dúplica, todo lo cual se evacuó en el término legal.
Tercero.- Por proveído de fecha 18 de febrero pasado, se acordó, habida cuenta de que la representación de los demandados Sres. Y1 y Sra. Y2 pedían el recibimiento a prueba del procedimiento, se señaló la celebración de vista a los efectos del art. 550 de la Ley de Enjuiciamiento civil, al objeto de oír a los defensores de las partes sobre dicho extremo.
Los defensores de las partes litigantes, en el acto de la vista, tras exponer los razonamientos que estimaron oportunos, se mantuvieron en sus respectivas peticiones a excepción de la parte solicitante del recibimiento a prueba que renunció a dicho trámite.
Conforme a lo dispuesto en el art. 552 de la Ley de enjuiciamiento civil, se acordó traer los autos a la vista para sentencia con citación de las partes.
Ha sido ponente el Iltmo.Sr. Magistrado de esta Sala D. PONÇ FELIU LLANSA.
Primero.- Los consortes D. X1 y Doña X2 interponen, al amparo del art. 903 de la LEC la presente demanda de responsabilidad civil contra los Ilmos. Sres. magistrados D. Y1, Dña. Y2 y Dña. Y3.
El pleito no ha sido recibido a prueba al centrarse la controversia en cuestiones eminentemente jurídicas y existir substancial coincidencia fáctica, según el tenor que sigue.
a).- Dña. X3, hija de los actores, falleció en accidente de circulación el 0-0-1997, compareciendo sus padres como perjudicados en las actuaciones incoadas al respecto (D. Previas núm. 324/77 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sant Feliu de Llobregat). Convertidas las mismas en el sumario núm. 77/77, se dictó auto declarándolo concluso y emplazando a las partes de comparecencia ante la Sala. A la misma se elevó por providencia de 9-2-1978, debidamente notificada a las partes. Sin embargo, la representación de los perjudicados no se personó oportunamente ante la Audiencia Provincial, puesto que lo hizo tras evacuarse por el Ministerio Fiscal y la defensa sus escritos de conclusiones provisionales, en 28-2-1978 y 20-3-1978, respectivamente. No obstante, la Audiencia Provincial (Sección Cuarta), por providencia de 18-5-1997, tuvo por comparecido y parte a los actores pese a su tardía personación. Tal anomalía procesal motivó que el 3-10-1978 se dictara auto cuyo único "considerando" expresaba literalmente que "el art. 110 de la L.E.Cr. es tajante en orden a determinar el momento procesal en que el perjudicado que no hubiere renunciado a su derecho puede ser admitido como parte en la causa: antes del trámite de calificación; de forma que, habiendo comparecido el procurador D. Ramón Barbany Pons en nombre y representación de los presuntos perjudicados D. X1 y Dña. X2, con sobrada posterioridad al momento en que la causa fue calificada por el Ministerio Fiscal, a pesar de lo cual erróneamente, en proveído de 18 de Mayo del año en curso, se le tuvo por comparecido y fue admitido como parte, procede anular la meritada resolución; como contraria a derecho y consecuentemente todas las actuaciones practicadas en la causa con posterioridad a dicho instante, reponiendo los autos al momento en que se cometió la infracción procesal apuntada". En la parte dispositiva del Auto se declaraba, en consecuencia, no haber lugar a tener por comparecido y parte a los expresados perjudicados.
Interpuesta súplica contra dicha Resolución, se desestimó la misma por auto de 11-10-1978 al haber sido presentada fuera de plazo.
El 7-12-1981 se dictó sentencia en la que, por lo que ahora interesa, se condenaba a D. Y4. a Indemnizar a X1 y X2 en la cantidad de cuatro millones, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de Dña. X4. y la directa de la aseguradora Multimar hasta el límite del SOA. Por auto de 25-1-1982 se declaró firme tal sentencia, ordenándose su ejecución, a cuyo efecto compareció el 11 de Marzo siguiente la referida aseguradora, para hacer efectiva la cantidad de 300.000 pesetas por el fallecimiento de Dña. X3., "sin que pueda consignar las restantes sumas en atención a estar excluídas de la cobertura de la póliza del seguro voluntario".
Por providencia de 30-11-1982 la mencionada Sección Cuarta de la Audiencia Provincial accedió a lo interesado por los perjudicados, que se personaron a los solos efectos de recabar certificación de la sentencia recaída "como documento probatorio para iniciar reclamación civil directa contra la compañía aseguradora Multimar".
A partir de tal fecha, y sin que nada más se interesara por dichos perjudicados, se practicaron determinadas actuaciones en ejecución de sentencia, referidas básicamente a sus aspectos penológicos, hasta que por la Oficina de Ejecutorias (Sección Novena) se interesó, por providencia de 2-5-1989, pronunciamiento del Ministerio Fiscal acerca del archivo definitivo de la causa, produciéndose el "visto y conforme" del mismo el 11-5-1989 y la consiguiente providencia de archivo definitivo de las actuaciones el 18-5-1989.
Más de 7 años después, o sea, el 26-9-1996 compareció en autos otra representación causídica del matrimonio perjudicado, interesando el desarchivo de las actuaciones para ejecución de la sentencia dictada más de 14 años antes.
Por providencia de 1-10-1996 los Ilmos. Sres. magistrados ahora demandados (pues tales actuaciones archivadas se habían adjudicado a la Sección Octava) admitieron tal comparecencia, ordenando el desarchivo de la ejecutoria del archivo general. Tras diversos trámites encaminados a la efectividad de las responsabilidades civiles declaradas, se dictó el 27-4-1998 providencia en la que, en respuesta a un pedimento de los hoy actores, se acordó literalmente que "No ha lugar a lo solicitado, dada la extinción de la obligación por prescripción de la misma. Y procédase nuevamente a su archivo definitivo de la causa....". Recurrida en Súplica tal Resolución, la expresada Sección Octava de la Audiencia Provincial dictó auto el 11-5-1998 manifestando literalmente en su único razonamiento jurídico ... "que a tenor de lo dispuesto en el art. 110 de la L.E.Cr. y retrotrayendo las actuaciones al folio 155, no ha lugar a la personación proveída ...".
b).- Por ello, entienden ahora los demandantes que los Ilmos. Sres. magistrados autores de tal auto han incurrido en la responsabilidad civil que reclaman por cuanto su comparecencia de 26-9-1996 tuvo por objeto pedir el desarchivo de las actuaciones para interrumpir la prescripción que, según manifiestan literalmente, "estaba próxima, pero aún faltaban unos tres meses", añadiendo, en literales términos, que la Audiencia Provincial ".. no puede confundir "mostrarse parte de los perjudicados" con la "comparecencia de representación y defensa" que hizo la Letrada y procuradora firmantes el 26-9-1996 .." y concluyendo que con ello se puso fin a la falta de actividad existente hasta estos momentos, por lo que, al no permitir su continuación los Ilmos. Sres. magistrados demandados, ello permite, al amparo del art. 903 de la LEC denunciar que "han incurrido en el presente caso en responsabilidad civil, infringiendo las Leyes, ya por negligencia, ya por ignorancia inexcusable".
No obstante, la demandante en su fundamentación jurídica invoca doctrina constitucional sobre dilaciones indebidas; el art. 1902 del Código civil y su proceso de objetivación (que, a su entender, permite que "la sola calificación del retraso denunciado como indebido lleva implícita aquella culpabilidad ..."); el art. 106 de la C.E. y, en fin, la doctrina del error judicial (arts. 121 C.E. y 292 L.O.P.J.). Se termina con la súplica de que los demandados indemnicen a los actores por, en literales términos, .... "el daño y perjuicio que han causado en el ejercicio de sus funciones judiciales, ya sea por negligencia, ya por ignorancia inexcusable, haya o no incurrido dolo o culpa ...".
Los demandados se oponen a la pretensión actora y, en el aspecto procesal, excepciona la representación de D. Y1 y Dña. Y2 falta de litisconsorcio pasivo necesario en relación "a los Ilmos. Sres. magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que son los que dictaron la sentencia objeto del presente pleito y quienes en todo caso debían haberla ejecutado; en relación con la Oficina de Ejecutorias, que fue quien archivó el expediente, así como en relación con el Ministerio Fiscal", éste último por no haber intervenido suficientemente en los trámites de ejecución de la sentencia.
Por su parte, la representación de Dña. Y3 también excepciona con carácter previo la prescripción de la acción con fundamento en el transcurso del término de seis meses del art. 905 de la LEC, considerando agotado el mismo por tener que iniciarse el cómputo prescriptivo, no a partir de la fecha del segundo auto de archivo de las actuaciones dictado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, sino del primero emanado de la Oficina de Ejecutorias (Sección Novena) o, a lo sumo, desde la fecha en la que los actores tuvieron conocimiento de dicha primera resolución de archivo, entendiendo tal demandada que, de situar el "dies a quo" de la prescripción en la fecha de adverso propugnada, ello favorecería abusos procesales, pues bastaría que quien tuviera su acción prescrita solicitara un desarchivo de los autos y situara en la fecha de la respuesta judicial a tal pedimento la del inicio del cómputo.
Ya respecto a la cuestión de fondo se opone por los demandados la corrección de lo acordado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que actuó en coherencia con lo resuelto años antes por otra Sección de la misma Audiencia Provincial, que, al denegar por tardía la personación de los actores en la causa, marcó una preclusividad que no podía ser ignorada por dicha Sección Octava, a la que se dice "había ido a parar finalmente la causa ya archivada tras los sucesivos reajustes y redistribuciones operadas en la propia Audiencia"; que la parte actora siembra confusión ..."con la creación de pintorescas categorías intermedias pretendiendo distinguir entre "mostrarse parte" y "comparecencia de representación y defensa"; que las dilaciones indebidas no serían atribuibles a la Sección Octava -que recibió ya las actuaciones archivadas- sino, en su caso, a las Secciones Cuarta y Novena (oficina de Ejecutorias) o al Ministerio Fiscal como único actor civil; que los demandantes tampoco han demostrado la realidad de los perjuicios que reclaman, al ignorarse qué ocurrió con la reclamación civil que anunciaron interponer; que, de considerarse no prescrita la acción, se podría aun instar la reapertura de la ejecutoria y que, en fin, han sido los propios actores los que con su inactividad han generado la actual conflictividad pues aun tratándose de sentencia recaída en procedimiento penal la pretensión civil "se rige por los principios del procedimiento civil general, de entre los que destaca el principio de rogación o instancia de parte".
Segundo.- Razones de método obligan a examinar prioritariamente la referida excepción de litisconsorcio pasivo necesario.
a).- Sabido es que "lo característico del litisconsorcio pasivo necesario y lo que provoca la extensión de cosa juzgada, es que se trate de la misma relación jurídico.material sobre la que se produce la declaración, pues si no es así, si los efectos hacia un tercero se producen con carácter reflejo ... su posible intervención en el litigio no es de carácter necesario" (S. del T.S. de 25-6-1997), habida cuenta que "el litisconsorcio pasivo necesario implica que el órgano jurisdiccional sólo debe pronunciarse sobre la pretensión del actor que alcance a todas las personas que puedan ser afectadas por ella, pero no debe hacerlo si sólo se pronuncia -porque no han sido demandadas las otras- sobre alguna de ellas... ". (S. del T.S. de 30-5-1997).
b).- El el caso, ha de rechazarse tal excepción litisconsorcial, pues sobre lo que debe pronunciarse esta Sala es respecto a la existencia o no de la responsabilidad civil postulada, perfectamente definida y acotada en la demanda, que, pese a apuntar diversas irregularidades procesales, ha focalizado aquella responsabilidad tan sólo en la Resolución de archivo de las actuaciones adoptada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en 11 de Mayo de 1998, afirmándose literalmente en la réplica que "si esta parte solicitó el desarchivo a la Sección Octava, es porque la misma era competente, desconociendo esta representación las normas del porqué dicha ejecutoria pasó a ser responsabilidad de la misma. Fue precisamente esta Sección quien acordó su archivo y dictó el Auto que ha dado origen a la presente demanda". Es, pues, la propia parte la que, libérrimamente, da efectividad al principio dispositivo, obviando a tales efectos resarcitorios cualquier otra actuación judicial distinta de la ya referida emanante de la Sección Octava de la Audiencia Provincial.
Ello evidencia, pues, la imposibilidad de afectación de otras personas a las que ninguna negligencia inexcusable se imputa y, en consecuencia, la inexistencia del litisconsorcio postulado.
Tercero.- Dicha clara acotación de responsabilidades civiles y la necesidad de coherencia lógica con tal pronunciamiento desestimatorio, produce a su vez el decaimiento de la excepción de prescripción articulada por la demandada Ilma. Sra. Y3. La misma aduce, en efecto, la prescripción del derecho al colocar la actora el "dies a quo" de la prescripción en el referido auto de archivo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, cuando, al entender de dicha demandada, debía retrotraerse tal inicio del cómputo a la Resolución dictada en el mismo sentido por la Oficina de Ejecutorias (Sección Novena) años antes.
No obstante, hay que estar una vez más al "petitum" de la actora, que expresa en su réplica no haber presentado la demanda extemporáneamente, o sea, transcurridos los seis meses del art. 905 de la L. E. C.... "dado que la resolución que puso fin para el ejercicio de la acción ejercitada es la dictada por Auto de la Sección Octava en fecha 11 de Mayo de 1996 ...". Si ello se conjuga con que no se aprecia el menor ánimo torticero o abusivo en dicha acotación de responsabilidades, puesto que, como se desarrollará oportunamente, sí pudo ser otro, quizás más ortodoxo, el actuar de la expresada Sección Octava de la Audiencia Provincial, ha de perecer la excepción.
Al respecto, es sugerente lo que afirma la demandada en el sentido de que podría quedar vacío de contenido el plazo del referido art.- 905 de la LEC, pues "bastaría con que, en casos similares, quien se considera perjudicado, solicitara el desarchivo para luego, ante la Resolución que rechazara tal petición, volver a contar de nuevo el plazo de seis meses que prescribe la Ley, burlándose así de forma evidente el espíritu de la Ley y con manifiesta infacción del principio de seguridad jurídica".
Ya se ha dicho, sin embargo, que tal ánimo fraudulento no se detecta en el caso, en el que, además, a dicha petición de desarchivo, no siguió una mera resolución de automático rechazo, sino, por contra y durante un prolongado tiempo, una también intensa actividad, tanto de parte como del órgano judicial.
Cuarto.- Entrando en el fondo del asunto, es de ver:
a).- De entrada, la confusión conceptual de la parte actora, que parece utilizar en términos de equivalencia las muy distintas realidades jurídicas de, por una parte, la responsabilidad civil judicial regulada en el Título VII de la LEC y art. 411 de la L.O.P.J. y, por otra parte, el llamado error judicial a que se refiere el art. 121 de la C.E., con desarrollo legal en el art. 292 y siguientes de la L.O.P.J.
La sentencia del T.S. de 23-9-1994, después de significar que la actual redacción del art. 411 de la L.O.P.J. ..."no supone una modificación de los criterios de limitación material de la responsabilidad de jueces y magistrados recogidos en el art. 903 de la LEC .... criterio de limitación material que es el seguido, respecto a las Autoridades y demás personal al servicio de las Administraciones Públicas por el art. 145.2 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, que limita la acción de reintegro de la Administración frente a aquéllos a los casos en que hubieren incurrido en responsabilidad por dolo, culpa o negligencia grave"; añade que ... "la exigencia de esa responsabilidad ha de descansar forzosamente en esa actuación dolosa o culposa del juez o magistrado, que se capta cuando ha infringido una ley substantiva o procesal, siempre que en este caso esté sancionada su infracción por la nulidad de la actuación o trámite correspondiente, pero ha de ser calificable como manifiesta para que sea cohonestable con la "voluntad negligente o la ignoracia inexcusable", a que alude el art. 903 de la LEC, pues de otra suerte solamente podría conceptuarse como simple "error judicial" o "deficiente o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia" como los designan los arts. 121 C.E., 401 LRJAE y el art. 492 L.O.P.J., en cuyo caso es el estado y no el Juez o Magistrado personalmente el que asume la responsabilidad inherente".
b).- En esta previa labor de clarificación conceptual, tampoco puede asumirse cuanto apunta la actora en el sentido de que, al estarse ante una responsabilidad extracontractual, emanación del art. 1902 del C.C. ..." esta responsabilidad se ha objetivizado .... y la sola calificación del retraso denunciado como "indebido" lleva implícita aquélla culpabilidad"; asertos inaceptables porque la responsabilidad civil de los jueces y magistrados que se postula al amparo del art. 903 y siguientes de la LEC es la diametralmente opuesta a la llamada objetiva o por riesgo, pues continúa asentándose sobre bases esencialmente culpabilísticas en las que no rige el beneficio de inversión de la carga de la prueba, ya que al actor incumbe la cumplida demostración de que la actuación judicial que censura sobrepasa la negligencia liviana para insertarse en el círculode una culpa lata, inexcusable, o, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 5-10-1990, "manifiesta", o sea, infractora de una "norma de las denominadas "rígidas" o "no flexibles" por la doctrina".
En definitiva, y como indica esta última Sentencia del alto tribunal cuando una determinada actuación judicial "ha de acomodarse a las circunstancias subjetivas y objetivas del procedimiento, ponderadas por el Juez o Magistrado -flexibilidad- el fallo podría constituir, si acaso y todo lo más, un error judicial, pero nunca una negligencia o ignorancia inexcusable"; error judicial cuya reparación, en su caso, debía haberse procurado por vías bien distintas a la formulación de la presente demanda por el cauce del art. 903 y concordantes de la LEC
c).- Prosiguiendo en esta vía de previas clarificaciones, asimismo mal se compadece la interposición de dicha demanda, (necesitada como se ha dicho de una individualización culpabilística que la actora polariza en los tres Ilmos. Sres. magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial) con las afirmaciones, quizás inadvertidas, por la profunda contradicción que representan, según las que ... "es cierto que a lo largo de las actuaciones ha habido negligencia o desidia manifiesta pero de todas las partes a excepción del matrimonio actor" y que tal falta de interés es atribuible a "las diferentes Salas que han asumido de una forma u otra la ejecución de la sentencia y cuya inactividad ha producido en el patrimonio de los actores unos perjuicios económicos sin culpa alguna por su parte...".
Tales afirmaciones evocarían, pues, el típico supuesto de una actuación judicial plural y difusa, fruto de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, cuya reparación, en su caso, parecería encontrar mejor acomodo en los apuntados cauces alternativos al presente proceso de mayor cuantía.
Quinto.- Hechas tales salvedades y abordando, por último, el núcleo de lo que se considera expresión máxima de la negligencia inexcusable de los Ilmos. Sres. magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, o sea, el auto de 11-5-1998 declarando no haber lugar a tener por personados al matrimonio actor en la Ejecutoria 430/88, Sumario 77/77 ya referidos, ha de ponderarse:
a).- El Auto de 3-X-1978 de la Audiencia Provincial (Sección Cuarta) se ajustó a derecho al declarar nula la tardía personación ante la misma del matrimonio actor, atendido el art. 110 de la L.E.Cr., prohibitivo de tal personación si la misma se pretende en fecha posterior a la del trámite de calificación del delito. De ahí que, "prima facie" parecería irreprochable, por ser su corolario lógico, el Auto de 11-5-1998 de la Sección Octava, que la actora califica de negligente.
En efecto, como ocurre con cualquier norma adjetiva, hay que indagar su función en el proceso. Si el art. 109 de la L.E.Cr. proclama, con vocación de generalidad, el derecho de todo perjudicado con capacidad legal bastante para personarse en la causa y ejercer tanto la pretensión punitiva como la de resarcimiento, habrá que preguntarse porqué el ordinal siguiente establece una preclusividad en dicho ejercicio y si el mismo, como limitativo de derechos, ha de interpretarse o no restrictivamente. Y, al respecto, ya desde la Sentencia del Tribunal Supremo 16/1981, de 18 de Mayo, ha de procederse a una hermenéutica del art. 110 de la L.E.Cr. fundamentada en el equilibrio entre los principios de tutela y contradicción. En efecto, la "ratio legis" de tal preclusividad radica en que el trámite de calificación delimita -aunque provisionalmente- el objeto del proceso, lo que otorga a las partes su plenitud defensiva que aleja actuaciones sorpresivas en su detrimento. De ahí que resulte admisible, en cuanto no causa indefensión, admitir la comparecencia en la causa del ofendido incluso después de la calificación del Ministerio Fiscal, siempre y cuando sea anterior a la de la defensa. Y de ahí también que, una vez firme la sentencia, las posibilidades de irrogar indefensión devengan nulas, desapareciendo con ello la "ratio" de la referida preclusividad. En el caso, ello, a su vez, hizo plausible que en la fase de ejecución de sentencia pudieran volver a introducirse en la causa los perjudicados, al amparo de la general admonición del art. 109 de la L.E.Cr. y de una interpretación no restrictiva del repetido art. 110 de la L.E.Cr., cuyo ámbito prohibitivo no puede alcanzar, por lo razonado, a la fase de ejecución de la sentencia.
b).- Por lo demás, y con referencia a la prescripción de la acción civil, ha de asumir la Sala el parecer de la demandante. La Jurisprudencia al respecto permanece invariable, significando que "siempre que se hubiere dictado en su momento sentencia condenatoria, será de aplicación, según constante doctrina de esta Sala, el art. 1092 del Código civil, toda vez que a tenor de la dogmática iusprivatista, el ilícito civil doloso o culposo únicamente tiene dos sustentos positivos: el contractual, con encaje de los arts. 1.101 y siguientes del Código civil y el extracontractual, cuyo marco actualmente sólo puede encontrarse en los arts. 1902 y siguientes del mismo Cuerpo Legal" (S. del T.S. de 13-7-1984, por todas) y que ... "la acción derivada de un delito o falta no encaja en el supuesto del art. 1902 del Código civil ni, por consiguiente está sujeta a la prescripción del art. 1968.21 del mismo código, sino que, respecto a ella, ha de regir, conforme al art. 1.092 de este Cuerpo Legal el plazo de prescripción de 15 años del art. 1964 del Ordenamiento sustantivo civil" (S. del T.S. de 9-2-1988); panorama el descrito que para nada ha cambiado con la promulgación del Código Penal de 1995.
c).- Tampoco se ha registrado ningún cambio en el régimen de la acción penal y la acción civil. En nuestro derecho, contrariamente al anglosajón, motivos de economía procesal han posibilitado la acumulación en el proceso penal de ambas acciones, pese a su naturaleza heterogénea. Sin embargo, no por dicho ejercicio simultáneo, pierde la acción civil su substantividad y características propias (renunciabilidad, prohibición de la "reformatio in peius", principio dispositivo, posibilidad de interrupción de la prescripción a tenor del art. 1973 del Código civil, etc.). De ahí que, en el caso, el ejercicio por los perjudicados de dicha pretensión resarcitoria en fase de ejecución de sentencia, mediante nueva comparecencia en el proceso antes del transcurso de los expresados 15 años dote a aquélla de los normales efectos interruptivos de la prescripción propios de la actuación judicial a que se refiere el aludido art. 1973 del Código civil.
d).- Pero es que incluso en la negada hipótesis de una concepción hiperformalista del proceso, que imposibilitara dicha nueva comparecencia de los perjudicados en la ejecutoria de los referidos autos penales, su escrito de 26-9-1996 evidencia un ánimo contrario a la dejación de sus derechos, lo que bien podría conducir al Ministerio Fiscal, para tal hipótesis de que sólo él ostentara el monopolio de la acción penal y de la civil, a una reconsideración de su inicial postura favorable al archivo de la ejecutoria, a la que quizás no fue ajeno el escrito del matrimonio actor de 2-11-1998 en el que se interesaba se librara certificación de la sentencia de 7-12-1981 "como documento probatorio para iniciar reclamación civil directa contra la compañía aseguradora "M, S.A.".
En dicha hipótesis de falta de resarcimiento de los perjuicios de los actores, adquiriría todo su sentido la Instrucción 1/1992, de 15 de Enero, de la Fiscalía General del Estado a cuyo tenor ... "la protección de la víctima del delito no se agota con la sanción penal del delincuente, sino que debe lograr su satisfacción reparándose todos los efectos del delito. El ejercicio de la acción civil conjuntamente con la penal, salvo excepciones, debe tener en el proceso penal eficacia suficiente para no convertirse en un nuevo alarde burocrático carente de sentido ...".
Sexto.- Ha de señalarse finalmente que:
a).- Todas las antedichas hipótesis de resarcimiento del matrimonio actor en modo alguno comportan el éxito de la pretensión actora. Como ya se ha expresado, la misma debería descansar en una previa negligencia o ignorancia inexcusable de los demandados, lo que en forma alguna resulta predicable de los mismos. La interpretación que efectuó la Audiencia Provincial (Sección Octava) en el repetido Auto de 11-5-1998 quizás no fue la óptima, pero dista mucho de conformar una resolución arbitraria, irrazonable, radicalmente incompatible con el Ordenamiento Jurídico y fruto de una ignorancia manifiesta e incontestable. Por contra, en la misma se efectuó una determinada interpretación en principio avalada por la literalidad de un precepto legal (art. 110 L.E.Cr.), el cual, sin embargo, admite otras interpretaciones.
En todo caso, sí tiene presente esta Sala que el Tribunal Constitucional, en sentencia 230/1991, de 10 de Diciembre ya señaló que "no puede pasarse por alto que la ejecución de la sentencia en este tipo de condenas penales en que existe una declaración de responsabilidad civil está presidida por el interés en la protección de la tutela judicial de la víctima, lo que en sí mismo constituye un objetivo de política criminal perfectamente atendible y un valor constitucional que el legislador ha ponderado de manera prioritaria".
b).- La acción que se ejercita tampoco hubiera podido prosperar por su carácter de remedio subsidiario y último. Como ya señaló esta Sala en su sentencia de 15-1-1993 ..."el daño y perjuicio económico, en su caso supuestamente causado, para ser proyectado sobre el patrimonio particular de los jueces y magistrados es indispensable, tal como se ha definido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 23-12-1988, que no pueda ser reparado de otra forma, por lo que éstos devienen responsables en último término como corresponde a la relación de objetividad en el ejercicio de su función".
Todo ello abstracción hecha de que, al no haberse interesado prueba en los presentes autos, subsiste la incógnita señalada por la representación de la Ilma. Sra. Y3. y no despejada por la actora en su réplica acerca de si ésta ejercitó, y en su caso, con qué resultado la acción civil de que se trata, según anunció en su escrito de 2-11-1982.
Séptimo.- Lo anterior conduce, pues, a la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora por ser ello preceptivo a tenor del art. 916 de la LEC
Que DESESTIMAMOS íntegramente la demanda de responsabilidad civil interpuesta por la representación de los cónyuges D. X y DÑA. X2 contra los Ilmos. Sres. magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, D. Y , Dña. Y2 y Dña. Y3, a quienes ABSOLVEMOS de las pretensiones contra ellos dirigidas, con imposición de las costas del juicio a la parte actora.

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 Resolución 
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