Source: https://www.scribd.com/document/371172269/Resolucion-Operacion-Huracan
Timestamp: 2018-11-18 06:05:34+00:00

Document:
Querella fiscal Luis Arroyo
Archivo Oaf - 2013
Acuerdo UE con Reino Unido
Carta Lobos_Cisne FINAL UACh
Fiscalía por muerte de Camilo Catrillanca
Querella CDE a médica
Necropsia Elvis
Necropsia de Elvis
Comunicado del TC
Comunicado Oficial Alto Mando 2019
Informe de Productividad - Hacienda
Comunicado N° 4, DIRIGENTES Y PERSONAL
Comunicado Psiquiatria
Oficio de diputados por campaña de Metro
Nota Embajada de Ecuador sobre artículo pesca ilegal
Temuco, dieciocho de febrero de dos mil dieciocho
Que la Fiscalía ha determinado no perseverar en la investigación
abierta por delitos de asociación ilícita terrorista e incendio terrorista y seguida
contra los imputados en esta causa, lo que ha sido cuestionado por el
interviniente Intendencia Regional, argumentando que la misma estuvo en
secreto y por lo mismo no le fue posible solicitar diligencias, al no conocer el
desarrollo de la misma, por lo que asilándose en lo que establece el artículo 17
del Código Procesal pide se le conceda nuevo plazo para gestionar diligencias
y ejercer el derecho a la reapertura de la investigación, conforme al artículo
257 del mismo cuerpo legal.
Que el artículo 17 del código de juzgamiento penal exige para la
concesión del nuevo plazo que exista un hecho que no sea imputable a quien
lo solicita, y que tal circunstancia haya impedido desarrollar una actividad o
ejercer un derecho, lo que no ha sido demostrado en la causa.
En efecto, si bien es cierto el artículo 182 del código tantas veces
nombrado permite al prosecutor penal declarar secreta la investigación, nada
impedía a la Intendencia Regional, en su calidad de querellante y tercero
coadyuvante, solicitar el alzamiento del mismo durante todo el lapso de
investigación, que se extendió alrededor de cuatro meses, lo que nunca realizó,
por lo que no cumplen los supuestos del citado artículo 17, por lo que esta
solicitud de nuevo plazo se rechazará.
Consecuencialmente, no podrá reabrirse la investigación, por no
haberse solicitado diligencias en tiempo oportuno, que es el de la investigación.
A mayor abundamiento, la Intendencia Regional argumenta que la
investigación no está agotada, ya que hubo pericias que no se realizaron o no
se allegaron a la causa. De tales argumentos fluye que las diligencias que
pretendería solicitar se refieren a una revisión de las pericias y antecedentes
aportados por la Dirección de InteligenciaFederico
de Eugenio Gutierrez Salazar
Fecha: 09/02/2018 18:48:21
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precisamente han sido descartados por el Ministerio público, por presentar
“múltiples anomalías e irregularidades…”, lo que ha llevado al prosecutor penal
a su decisión de no perseverar, ;
Que respecto de lo anterior necesario resulta indicar que el artículo
83 de nuestra Constitución Política asigna al Ministerio Público la dirección
exclusiva de las investigaciones de hechos constitutivos de delitos y
participación punible de personas, norma que se reitera en el art. 1 de la ley N°
19.640 y en el art. 3 del Código Procesal Penal,
De lo anterior se vislumbra una clara delimitación entre lo que es la
actividad de investigación, asignada al ministerio público, y la actividad
jurisdiccional, asignada a los tribunales;
Que por otra parte, la decisión de no perseverar es un acto
administrativo, privativo del prosecutor penal, en el cual en el tribunal no tiene
injerencia, sin que pueda revocarlo.
Que en consecuencia, la reapertura de la investigación, en los
términos que propone la Intendencia, está en colisión precisamente con la
decisión de no perseverar adoptada por el ministerio, quien ya ponderó y
desechó por anómalos los antecedentes de investigación aportados por la
Inteligencia policial, los mismos que ahora la Intendencia pretende se revisen
por otra entidad técnica, nacional o extranjera.
Más todavía, las diligencias propuestas por la Intendencia Regional
se traducen en una investigación de la investigación, ajenas a la acreditación
de los delitos investigados en esta causa y a la determinación de los culpables
debiendo por ello promoverse en la causa que corresponda
Por lo anterior, no concurren los supuestos que habilitan para el
otorgamiento del plazo solicitado porque implica afectar la autonomía
investigativa del ministerio público, de manera que no se hará lugar a la
solicitud en tal sentido, promovida por la Intendencia Regional.
.Por consiguiente, siendo de incumbencia exclusiva del ministerio
público ponderar el mérito de valor de la investigación realizada, se rechazan
las solicitudes del interviniente Intendencia Regional y se tiene por comunicada
la decisión de no perseverar en la investigación promovida por el ministerio
público, quedando sin efecto la formalización de la investigación, respecto de
cada uno de los imputados y por los delitos que Federico
le fueranEugenio Gutierrez Salazar
Temuco, nueve de febrero de dos mil dieciocho.
Que las defensas de los encausados han solicitado el
sobreseimiento definitivo de sus representados, por estimar que concurren a
sus respecto, diversas causales para la aplicación del mismo, contempladas en
las letras a) b), d) y e) del artículo 250 del Código Procesal Penal, petición que
ha sido controvertida por el Ministerio Público y el Interviniente Intendencia
Regional por entender que no se dan los supuesto para ello.
Que de la lectura del artículo 250 del Código Procesal Penal fluye
que para que proceda el sobreseimiento definitivo deben reunirse los siguientes
requisitos: 1) Que la investigación se encuentre agotada. 2) Que concurra una
Sobre lo primero, la investigación se entenderá agotada, desde que
el Ministerio Público dispuso el cierre de la investigación y comunicó la decisión
de no perseverar a los intervinientes.
Sobre lo segundo, en cuanto a la causa legal, se ha planteado que
no están acreditados los delitos de asociación ilícita terrorista e incendio, lo que
en concepto de los defensores configura la causal de la letra a) del artículo
Sobre este punto se tendrá en consideración que la presente causa
se inició por querella de la Intendencia de la Región de la Araucanía en que se
indica que en la madrugada del día 19 de agosto de 2017, alrededor de 20
desconocidos encapuchados, provistos de armas de fuego cortas y largas
ingresan, en grupos al recinto de empresas de Transportes Calafquen,
efectuando disparos, para luego arrojar elementos acelerantes a los camiones
estacionados en dicho lugar, para luego encenderles fuego, dejando los
Federico Eugenio Gutierrez Salazar
desconocidos panfletos de una agrupación autodenominada Weichan Auka
Estos antecedentes, permiten inferir que se dan los supuestos del
delito de incendio y que un grupo más o menos organizado de sujetos realizó el
ataque incendiario, lo que permitiría suponer que hay antecedentes de una
asociación u agrupación de personas, más o menos organizadas ilícitamente
para la comisión de tal ilícito.
Ello llevará a desestimar la petición de sobreseimiento sostenida en
no ser el hecho investigado constitutivo de delito.
En lo que atañe a la causal del artículo 250 b) del código de
juzgamiento penal, el tribunal debe considerar necesariamente, que los
imputados de esta causa fueron formalizados como autores del delito de
asociación ilícita terrorista y dos de ellos, como autores del delito de incendio, a
partir del informe contenido en el Oficio N° 130 suscrito por el Director
Nacional, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile, General
Gonzalo Blú Rodríguez, que daba cuenta de comunicaciones intervenidas a los
imputados, donde aparecía el planeamiento de diversos atentados incendiarios
y específicamente el incendio de rodados de la Empresa Calafquén,
antecedentes respecto de los cuales la Fiscalía posteriormente concluyó
“presentan múltiples anomalías”, habiéndose introducido a aparatos de
telefonía celular y otros elementos de los imputados, información ajena e
incriminatoria, que permitió su detención, formalización e inclusive en su
momento, la prisión preventiva, la que solo cesó, por resolución recaída en
acción de amparo promovida en favor de los imputados.
Que si bien es cierto los estándares del sobreseimiento son distintos
a los de una sentencia absolutoria, ya que en aquél se exige que se establezca
claramente la inocencia del imputado y en aquella basta la duda razonable, no
puede dejar de considerarse que con inmediata antelación a los antecedentes
consignados en el Oficio N° 130 y demás antecedentes incriminatorios
surgidos de la Inteligencia Policial de Carabineros, de las razones del no
perseverar de la Fiscalía se desprenden que no existían ni existen al día de hoy
antecedentes que vinculen a los imputados en calidad alguna con el delito de
incendio y asociación ilícita terrorista investigada, los que solo pudieron
Federico Eugeniode
producirse por el implante de supuestas conversaciones Gutierrez
través de sus dispositivos electrónicos, con la inserción de mensajes y archivos
no compatibles con tales elementos, lo que restó veracidad a tales
antecedentes, según relación de hechos de la Fiscalía y lo que informase a
ésta la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos, Económicos,
Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
Así las cosas, el principio de objetividad procesal de los artículos 1 y
3 de la ley N° 19.640 y 77 del Código Procesal Penal no se encuentra completo
con la sola decisión de no perseverar, que es facultad del ministerio público, en
tanto examinar los supuestos del sobreseimiento corresponden al tribunal
Por ello, la solución intermedia, de no perseverar, adoptada por
Fiscalía puede ser un remedio procesal suficiente para las anomalías
fundantes de tal decisión, pero constituye un estigma injustificado en la persona
de los imputados, como en cualquier ciudadano sindicado artificiosamente
como autor, cómplice o encubridor de cualquier delito, ya que se han visto
afectados ilegítimamente en su honra, libertad e intimidad..
Y vistos además, lo que prescriben los artículos 14 del Código
Orgánico de Tribunales; 250 a) del Código Procesal y otras normas ya citadas,
Se declara, que se hace lugar al sobreseimiento impetrado por los defensores
de cada uno de los imputados, por aparecer claramente la inocencia de
aquellos, de los hechos que les fueran atribuidos, en relación a los delitos de
incendio y asociación ilícita terrorista.
Se desestimará en cambio, el sobreseimiento fundado en las letras
d) y f) del artículo 250 por ser incompatibles con el sobreseimiento acogido, por
estimarse que no ha existido responsabilidad penal de los encausados.
No se condena en costas al Ministerio Público ni a la Intendencia
Regional, por no haber sido totalmente vencidos en la incidencia promovida.
Resolvió FEDERICO GUTIERREZ SALAZAR Juez titular Juzgado
Garantía de Temuco
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