Source: https://www.gtt.es/boletinjuridico/cuestiones-novedosas-en-materia-fiscal-sobre-las-que-girara-la-proxima-jurisprudencia-del-tribunal-supremo/
Timestamp: 2019-08-22 13:11:58+00:00

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Cuestiones novedosas en materia fiscal sobre las que girará la próxima jurisprudencia del Tribunal Supremo. | GTT
"Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación especifica de las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas."
"1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior."
De igual modo, el artículo 27.1 LJCA establece que: "Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes".
Además, el artículo 123.1 LJCA dispone que: "El Juez o Tribunal planteará, mediante auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dará recurso alguno".
Es cierto que la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia de 16 de mayo de 2003 (casación 6056/1998; ES:TS:2003:3317), donde se plantea la misma cuestión que ahora se suscita, si bien en el supuesto contemplado se desestimaba el motivo de casación formulado al no darse un incumplimiento total del procedimiento establecido...»
Por otra parte, conviene tener presente que, en relación con la funcionalidad y límites de la impugnación indirecta de disposiciones generales en el ámbito del urbanismo, en cuanto a la impugnación indirecta de instrumentos de planeamiento, esta Sala se ha pronunciado en la sentencia de 19 de abril de 2012 (casación 3252/2009; ES:TS:2012:2721) con cita en la de 6 de julio de 2010 (casación 4039/2006; ES:TS:2010:4270) y que concluye que cabe admitir una impugnación indirecta de las disposiciones generales por defectos formales «[...] cuando se hubiese incurrido en una omisión clamorosa, total y absoluta del procedimiento establecido para su aprobación, en perjuicio del recurrente, y cuando hubiesen sido dictadas por órgano manifiestamente incompetente».
"La controversia planteada gira en torno a qué ha de entenderse por 'firmeza en vía administrativa', pues mientras que la parte actora estima que ésta se produce una vez transcurrido el plazo para impugnar en vía jurisdiccional (dos meses según el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción —LJCA—) la Resolución del TEARA de 27 de abril de 2015, las partes demandadas (al igual que el TEARA y la Administración tributaria andaluza) consideran por el contrario que esa firmeza coincide con la fecha de la propia Resolución del TEARA en tanto que frente a ella no cabía interponer recurso o reclamación alguna en vía administrativa.
A nuestro entender esta última es la respuesta correcta atendiendo principalmente al tenor de la normativa expuesta, y más específicamente a la locución 'en vía administrativa' que la norma adiciona al término 'firmeza' a la hora de fijar el dies a quo del cómputo a realizar" (fundamento jurídico cuarto).
La recurrente defiende, por el contrario, que "no puede hablarse de firmeza alguna, en vía administrativa o no, si existe posibilidad de interposición de algún recurso jurisdiccional", siendo así que sólo una vez ha transcurrido el plazo de interposición de recursos debe empezarse a computar el plazo en que puede promoverse la tasación pericial contradictoria, cuando tal derecho se haya reservado al tiempo de interponer un recurso administrativo contra una liquidación tributaria…»
"Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación fiscal de valores señalados en el artículo 57 de esta Ley, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.
En los casos en que la normativa propia del tributo así lo prevea, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta."
"En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores, los interesados podrán promover la práctica de la tasación pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente.
Si el interesado estimase que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denunciare la omisión en recurso de reposición o en reclamación económico-administrativa reservándose el derecho a promover tasación pericial contradictoria, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta."
"De ahí que el término firmeza en vía administrativa, no pueda interpretarse, enlazando con el argumento central de la Administración, como posibilidad de coexistencia de la vía de la tasación pericial contradictoria pendiente de resolución en vía judicial una impugnación por falta de motivación de la liquidación. De hecho, a esta reserva se refiere expresamente la Sentencia de la Sala al desestimar el recurso judicial por este argumento, falta de motivación, sin perjuicio de combatirse la cuantía mediante esta vía especial contemplada para el ámbito tributario.
Por lo demás y pese a los esfuerzos de la Administración, una cosa es un acto administrativo definitivo, que pone fin a la vía administrativa y que permite su ejecución, y otra que éste sea firme. Un acto definitivo que causa estado en vía administrativa, le pone fin y es ejecutivo, pero mientras pueda ser objeto de recurso judicial no es firme (artículo 25 Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de julio). Poner fin a la vía administrativa supone abrir la puerta al recurso, mientras que firmeza conlleva que frente a él que no cabe recurso ordinario (artículo 28 de la citada Ley procesal). La firmeza sólo se alcanza cuando frente al acto o sentencia no cabe recurso judicial ordinario" (fundamento jurídico segundo).
"Finalizada una vía, la de denunciar la falta de motivación, se abre la segunda objeto de reserva, poniendo de relieve la imposibilidad de mantener abiertas las dos vías, una por falta de datos y motivos (sin que se practicara prueba sobre el valor del bien), otra por la cuantía fijada. Y de ahí la reserva de la segunda, que lógicamente depende de una motivación suficiente de la liquidación que contemple los datos y motivos tenidos en cuenta. Efectivamente y como viene afirmando la propia Dirección General de Tributos, cuya doctrina no vincula a la Sala, no cabe simultanear las vías de reacción frente a la comprobación de valores pues podrían darse resultados incongruentes si el obligado tributario se ve compelido a tramitar la tasación pericial contradictoria sobre una liquidación que, definitiva en vía administrativa, con posterioridad se anula por el órgano judicial, con los altos costes que ello conlleva.
De ahí que el término firmeza en vía administrativa, no pueda interpretarse como posibilidad de coexistencia de la vía de la tasación pericial contradictoria pendiente de resolución en vía judicial una impugnación por falta de motivación de la liquidación" (fundamento jurídico segundo).
"A la vista de dichos preceptos (arts. 135.1 LGT y 120 RITPAJD), y, en concreto, a la remisión por los mismos efectuada a la 'fecha de la firmeza en vía administrativa', debe tenerse en cuenta que es el artículo 109 de la Ley 30/1992 el que señala que actos ponen fin a la vía administrativa, disponiendo el artículo 107.4 que 'las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica', remitiendo la disposición adicional quinta a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma. Ciertamente la normativa tributaria no define de forma expresa que se entiende por acto firme en vía administrativa, por lo que, de conformidad con la cláusula general de supletoriedad del artículo 7.2 de la Ley General Tributaria respecto del Derecho Administrativo y el Derecho Común, se debe acudir a la normativa supletoria y, en concreto, al artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, del que se desprende que dado que la conclusión de la vía económico-administrativa es requisito inexcusable para acceder a la vía judicial de impugnación, ha de entenderse que la resolución administrativa firme, a la que aluden los preceptos antes referidos, es la que pone fin a la vía económico administrativa" (fundamento jurídico quinto).»
Para fundamentar la admisión y su concreción se señala que «…Expone que, en el presente caso, tal y como se lee en el fundamento de derecho primero de la sentencia impugnada, la reclamación económico-administrativa que presentó don Ezequias contra la liquidación provisional que le practicó el 27 de julio de 2011 la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, en concepto de ITPAJD, fue estimada por Resolución del TEAR de Madrid de 29 de mayo de 2014, que, aplicando la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resoluciones de 19 de enero y 23 de febrero de 2012 procedió a anular impugnado al entender que "no cabe comprobación de valores como actuación del procedimiento de verificación de datos" (sic). Anulada la liquidación tributaria originaria, la Administración giró una nueva, en el seno de un procedimiento de comprobación limitada, que fue nuevamente recurrida ante el TEAR, que resolvió mediante Resolución de 29 de diciembre de 2016. En dicha Resolución, que fue objeto de recurso ante la Sala de instancia, se declaró que todas las actuaciones del procedimiento de verificación de datos fueron nulas de pleno derecho y por tanto no interrumpieron la prescripción…
2.2. Como el TEAR de Madrid, en la Resolución de 2016, recurrida en la instancia, la Sala a quo considera que la previa resolución del TEAR de 29 de mayo de 2014 declaró la nulidad de pleno derecho de la primera liquidación tributaria, por cuanto en esa resolución —resume la parte recurrente— "no se ordena la retroacción de actuaciones, entendiendo que la anulación del acto se ha producido por razones de derecho sustantivo y no de forma. Con el debido respeto —prosigue la recurrente— esta parte discrepa del parecer de la Sala. De un lado, por cuanto la propia resolución recurrida se refiere con claridad a la 'anulación de la liquidación' por entender improcedente la aplicación del procedimiento de verificación de datos; de otro lado, del tenor del artículo 239.3 LGT no se desprende la consecuencia que de manera ineludible parece extraer el Tribunal; esto es, que de ordenarse la retroacción, el defecto del acto es de derecho sustantivo y no formal, por lo que nos hallaríamos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho y no de anulabilidad" (sic). La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos sólo se produce por las causas tasadas en el artículo 47 LPAC, mientras que la anulabilidad proviene de cualquier infracción del ordenamiento jurídico, tal y como prevé el artículo 48 LPAC, no necesariamente de un vicio forma que haya de ser declarado como tal, ordenándose la retroacción de actuaciones.
"El artículo 159.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, dispone que la comprobación de valores también podrá realizarse como una actuación concreta en alguno de los siguientes procedimientos: Procedimiento iniciado mediante declaración, Procedimiento de comprobación limitada y procedimiento de inspección. De este precepto se deduce a sensu contrario que no cabe comprobación de valores como actuación de1 procedimiento de verificación de datos. En ese sentido se pronuncia la doctrina establecida por el Tribunal Económico Administrativo Central en sus Resoluciones de 19 de enero de 2012 (RG 00/1551/2011) y de 23 de febrero de 2012 (RG 00/2.498/2010), siendo que el artículo 239.1 de la Ley General Tributaria establece que 'La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales'.
En virtud de lo expuesto, Este Tribunal, en ÚNICA Instancia, acuerda ESTIMAR la presente reclamación económico administrativa, anulando el acto impugnado" (el énfasis es nuestro).
(a) "[n]o toda utilización indebida del procedimiento de verificación de datos comporta la nulidad de pleno derecho de aquél. Esto ocurrirá únicamente cuando exista un incumplimiento frontal, manifiesto, evidente y ostensible de las normas que regulan dicho procedimiento, esto es, cuando a priori, desde el inicio del procedimiento, se abordan por la Administración materias reservadas por la Ley de modo claro y terminante para otros procedimientos";
(b) [a]sí, sin perjuicio de la amplia casuística que puede producirse en este ámbito, cabe afirmar que se incurrirá en nulidad radical o de pleno derecho en los casos siguientes (...): "- Cuando la Administración incluya dentro del objeto del procedimiento de verificación de datos la realización de actuaciones de comprobación de valor".
"Cuando se declaró por el TEAR en resolución de fecha 29 de mayo de 2014 la nulidad de liquidación girada y no decretó en su fallo que se verificase una retroacción de las actuaciones como si de un defecto formal se tratase, quedó de manifiesto y se consolidó jurídicamente que estábamos en presencia de un supuesto de nulidad de pleno derecho y no de un supuesto de mera anulabilidad.
En el mencionado fallo del TEAR, no hay ninguna aseveración propia de supuesto de anulabilidad: no hay una declaración de que 'sin perjuicio de que la Comunidad de Madrid aperture el que hubiese sido procedente procedimiento de comprobación limitada y así poder liquidar', o 'sin perjuicio de que la Comunidad de Madrid retrotraiga las actuaciones al inicio para poder llevar a cabo el procedimiento de comprobación limitada'. Sólo se declara la nulidad de la liquidación girada por no ser conforme a Derecho. Si se ordenara la retroacción del acto por defectos formales, tendría que ser en la propia resolución del TEAR.
Debemos recordar a este respecto la meridiana claridad del artículo 239.3 de la LGT en donde se establece sobre las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos que: '3. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.
Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal'.
Por ello, al no ordenar la resolución del TEAR de 29 de mayo de 2014 retroacción alguna, se debe entender que en el presente caso se ha anulado el acto por razones de derecho sustantivo y no por razones de forma, concluyéndose por tanto que no estamos ante un supuesto de anulabilidad y sí de nulidad de pleno derecho."
4º) La recurrente discrepa del parecer de la Sala de instancia por cuanto la propia resolución recurrida se refiere con claridad a la "anulación de la liquidación" por entender improcedente la aplicación del procedimiento de verificación de datos. Entiende además que del tenor del artículo 239.3 LGT no se desprende la consecuencia que, de manera ineludible, parece extraer el Tribunal; esto es, que de no ordenarse la retroacción el defecto del acto anulado es sustantivo y no formal, por lo que nos hallaríamos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho y no de anulabilidad. En este punto, considera que mientras que la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos tiene lugar por las causas contempladas en el artículo 47 LRJAP, la anulabilidad proviene de cualquier infracción del ordenamiento jurídico, no necesariamente de un vicio de forma que haya de ser declarado como tal, ordenándose la retroacción de las actuaciones. Al ser anulable la liquidación tributaria inicial, al amparo del artículo 48 LRJAP, las actuaciones realizadas en el procedimiento de verificación de datos habrían interrumpido la prescripción del derecho de la Administración tributaria a liquidar…»
5.1. Afecta a una cuestión de importancia capital, cual es la correcta aplicación de las clausulas generales antielusión recogidas en los artículos 13 y 16 LGT, y establece una doctrina sin precedentes: la posibilidad de modificar un elemento evidentemente formal, la titularidad de una actividad económica, mediante la aplicación de un principio que, por definición, excluye elementos formales. El titular de una actividad —persona que crea una empresa, contrata trabajadores, presenta declaraciones, asume riesgos— no puede ser objeto de "calificación" para considerar que es otro sujeto —el administrador único, gerente o gestor— el titular de la empresa.
5.3. En la sentencia impugnada se han aplicado normas en las que se sustenta la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia [art. 88.3 a) LJCA], porque no hay ningún precedente en el que, con fundamento en el principio de calificación del artículo 13 LGT, la "administración realice operaciones de reestructuración empresarial" (sic). "La administración puede destruir la presunción de que los requisitos exigidos por el art. 11.4 LIRPF no concurren en quienes figuran como titulares de las actividades económicas. Lo que no puede [...] es crear otros titulares con fundamento en el art. 13 de la LGT".
"En conclusión, ninguna duda ofrece que concurren varios de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJ, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, en cuanto no tiene precedentes, confiere exorbitantes poderes a la administración tributaria para decidir las atribuciones de renta y merma en consecuencia la seguridad jurídica de los contribuyentes y se aparta del criterio legalmente establecido —la prueba de que el titular de una actividad no reúne los requisitos legales— para sustituirlo por el de la calificación jurídica del art. 13 de la LGT, que supone dejar en manos de la discrecionalidad administrativa la determinación del elemento subjetivo del hecho imponible del IRPF" (sic)…»
Y, como consecuencia del anterior razonamiento, el ATS señala que «…3. El repetido escrito fundamenta especialmente, con singular referencia al caso, que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en el recurso porque afecta a la correcta aplicación de las cláusulas generales antielusión recogidas en los artículos 13 y 16 LGT, sentado una doctrina sin precedentes, que puede ser gravemente dañosa para los intereses generales [art. 88.2 b) LJCA], y aplica normas en las que se sustenta la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia [art. 88.3 a) LJCA], pues no hay ningún precedente en el que, con fundamento en el principio de calificación del artículo 13 LGT, la "Administración realice operaciones de reestructuración empresarial", modificando un elemento evidentemente formal, como lo es la titularidad de una actividad económica, mediante la aplicación de un principio que, por definición, excluye los elementos formales. Ciertamente el escrito de preparación no menciona formalmente la circunstancia del artículo 88.2 b) LJCA y la presunción del artículo 88.3 a) LJCA, como indica el abogado del Estado, pero resulta inequívoca la invocación del enunciado legal de aquella circunstancia y de esta presunción, por lo que tal omisión no puede conducir a la inadmisión a trámite del recurso…»
"En fecha 16 de marzo de 2012, la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Almería incoó a la mercantil hoy reclamante Acta de disconformidad modelo A-02 número NUM002, por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2007 y 2008. La liquidación de la propuesta contenida en el Acta fue acordada por el Inspector Jefe en fecha 30 de abril de 2012 [...].
En el Acuerdo del Inspector Jefe se hizo constar que el sujeto pasivo realizaba la actividad de Instalaciones Eléctricas en general [...]
Así las cosas, la regularización practicada por la Inspección pasa por la imputación a JOSE ORDOÑO, S.L., de todos los ingresos empresariales y cuotas repercutidas de las personas físicas interpuestas, y la de todas las cuotas soportadas y deducibles en relación con la actividad mercantil desarrollada, a efectos de los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido. Y la actividad de D. Ceferino, la de D. Baldomero y la de Da Inmaculada pasa a ser considerada como de rendimientos del trabajo personal. [...]."
"La demanda [...] argumenta que el órgano de inspección para llevar a cabo la práctica de la liquidación tributaria que se cuestiona, debió acudir a las normas anti elusión que se recogen en la Ley General Tributaria, concretamente, a aplicar su art. 15 cuando regula el conflicto en la aplicación de normas, o bien, el art. 16 que se refiere a la simulación, más, como se deduce de la lectura del expediente administrativo instruido, tampoco ha seguido en sus actuaciones ninguno de esos dos mecanismos legales para llegar a la conclusión de que la actividad empresarial desarrollada por 'JOSÉ ORDOÑO, S.L.' y la realizada por los Sres. Inmaculada, Baldomero y Ceferino, lo ha sido en unidad de actuación, o dicho de otro modo, que no existen cuatro realidades económicas dedicadas cada una de ellas al ejercicio de una actividad mercantil, sino que solo ha existido una, desarrollada por 'JOSÉ ORDOÑO, S.L.' y dirigida por el administrador de esta entidad.
Y, en efecto, a esa misma conclusión se llega tras la lectura del expediente administrativo, porque como se señala también en el escrito de demanda, el órgano de inspección alcanza la solución a la que se acaba de hacer referencia, sencillamente, acudiendo a aplicar el principio de calificación del art. 13 LGT, actividad que no solo supone, como se señala por la representación procesal de la parte actora, incardinar un concepto no tributario dentro de una figura fiscal, sino sobre todo, averiguar cuál es la verdadera naturaleza de los hechos, actos o negocios creados por las partes, para gravarlos conforme a su verdadera naturaleza jurídica, sin que necesariamente, el concepto que es objeto de calificación jurídica tenga que haber sido extraído de una realidad extra tributaria o fiscal, porque también pudiera haberlo sido del ámbito estrictamente tributario. De este modo, como se explica en el acta de inspección instruida, sobre la base de los documentos incorporados al expediente administrativo y de los indicios alcanzados por el actuario, se ha calificado el hecho imponible gravado como una sola actividad económica consistente en la realización de instalaciones eléctricas, prescindiendo para ello de las formas empresariales individuales que habían sido creadas artificiosamente en torno a la mercantil 'JOSÉ ORDOÑO, S.L.' con la exclusiva finalidad de procurar a ésta un ahorro fiscal que, no hubiera logrado, para el caso de que solamente esa sociedad hubiera procedido a declarar y gravar todo el volumen de ventas generados en los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 por el Impuesto sobre Sociedades. Y la Sala debe concluir en este particular indicando también, que quien de ese modo actúa, no lo está haciendo acudiendo a una economía de opción —nunca reprochable jurídicamente hablando— porque el ordenamiento jurídico-tributario no ofrece a los contribuyentes semejante alternativa, sino con abuso de derecho creando tres realidades económicas aparentes para encubrir la verdadera producción de quien ejercía esa misma actividad en régimen de sociedad."
Sobre esta base el elemento clave es de calificación. En relación con el mismo se indica que «…4. Es indudable que los artículos 13 "Calificación", 15 "Conflicto" y 16 "Simulación" LGT establecen cláusulas generales "antiabuso" enderezadas al logro de la correcta aplicación de las normas tributarias cuando las circunstancias fácticas y jurídicas concurrentes permitan advertir su inadecuada aplicación por los obligados tributarios, pero también lo es que tienen un distinto significado y alcance. No son en su configuración legal ni, por ende, pueden ser en su interpretación y aplicación intercambiables, por más que sea innegable la dificultad que entraña delimitar los precisos contornos de cada una de ellas…».
«…Determinar si con sustento en el artículo 13 LGT la Inspección de los tributos puede desconocer actividades económicas formalmente declaradas por personas físicas, atribuir las rentas obtenidas y las cuotas de IVA repercutidas y soportadas a una sociedad que realiza la misma actividad económica que aquéllas, por considerar que la actividad económica realmente realizada era única y correspondía a esa sociedad, bajo la dirección efectiva de su administrador, y, finalmente, recalificar como rentas del trabajo personal las percibidas por las mencionadas personas físicas...»
«…La cuestión jurídica enunciada presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque la respuesta afirmativa que le da la Sala de instancia en la sentencia recurrida puede ser gravemente dañosa para el interés general de ser errónea [art. 88.2 b) LJCA], en tanto que parece abogar, de facto, por la intercambiabilidad de las tres cláusulas generales "antiabuso" de los artículos 13, 15 y 16 LGT. Aquí radica la nota de generalidad del recurso de casación preparado que el abogado de Estado no aprecia, se trata de sentar doctrina sobre los límites del conocido como principio de calificación; en realidad, de recalificación. Conviene, por tanto, un pronunciamiento del Tribunal Supremo que le dé respuesta en pos de la seguridad jurídica y de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho (arts. 9.3 y 14 de la Constitución Española)...»
En esencia lo que se plantea es que «…2. Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como normas infringidas: (i) el artículo 95.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre) (LIVA); (ii) el artículo 17 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los negocios —Sistema común del impuesto sobre el valor añadido—: base imponible uniforme (DOUE, serie L, no 145 de 1977, página 1) («Sexta Directiva»), y (iii) los preceptos equivalentes de la vigente Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DOUE, de 11 de diciembre de 2006, serie L, número 347, página 1) (Directiva IVA), que son, tras el artículo 167, los artículos 168 a) y 173.1...».
Y ya en el plano material se indica que «… 3. Razona que las infracciones que imputa a la sentencia son determinantes de su fallo, porque la estimación se basa exclusivamente en la interpretación derogatoria del artículo 95.Tres LIVA, sin siquiera plantear cuestión prejudicial, fundada en la preeminencia del Derecho de la Unión Europea y en una interpretación incorrecta del artículo 17 de la «Sexta Directiva», que pretende amparada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 1991, Lennartz/Finanzamt München III (C-97/90; EU:C:1991:315), referida en realidad a la neutralidad del impuesto y carente de incidencia en la cuestión que aquí se debatía...».
5.3. Por lo que se refiere a la circunstancia del artículo 88.2 f) LJCA, razona que la presunción de afectación de los vehículos automóviles en proporción del 50 por 100, puede ser destruida mediante prueba de la concurrencia de un mayor grado de afectación y que, por tanto, el artículo 95.Tres LIVA no contradice la doctrina recogida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 1991, Lennartz/Finanzamt München III, conforme a la cual, "[t]oda norma o práctica administrativa que imponga una restricción general al derecho a deducir cuando exista una verdadera aunque limitada utilización para fines profesionales constituye una excepción del artículo 17 de la Sexta Directiva [...]" (apartado 35), porque no establece una derogación del derecho a deducir las cuotas de IVA soportado como consecuencia de la adquisición y el uso de los bienes afectos a la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
Trae a colación para corroborar su tesis, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2016, Landkreis Postdam-Mittelmark (C-400/15; EU:C:2016:687) [apartados 34 a 36], destacando que admite una exclusión del derecho a deducir que opera para bienes empresariales que se utilicen en menos de un 10 por 100 para la actividad económica. Defiende que ese mismo razonamiento se puede aplicar en este caso: el precepto de la ley española, al no excluir el derecho a deducir el IVA soportado, no atenta contra el principio de neutralidad del impuesto y no supone derogación alguna del artículo 17 de la "Sexta Directiva".
5.4. Tras recordar que el artículo 88.2 LJCA no establece una lista cerrada, sostiene que en el recurso de casación preparado concurren características próximas o equivalentes a las del artículo 88.2 d) LJCA, porque la sentencia recurrida resuelve un debate equivalente al de constitucionalidad de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida, y a los supuestos de presunción de interés casacional de los apartados b) y c) del artículo 88.3 LJCA, en cuanto que: (i) inaplica una ley vigente por pretendida oposición al Derecho de la Unión Europea, sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la divergencia de criterios [entre distintos órganos jurisdiccionales, ha de entenderse] requería, lo que es algo más, dice, que declarar nula una disposición reglamentaria [art. 88.3 b) LJCA], y (ii) mantiene un criterio incompatible con el de las citadas sentencias de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, aproximándose al supuesto descrito en el artículo 88.3 c) LJCA...».
Determinar si el artículo 95.Tres, reglas 2ª y 4ª de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se opone a lo dispuesto en los artículos 168.a) y 173.1 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a la vista de la doctrina que emana de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea...».
Y, de forma específica, señala que «…2. La cuestión jurídica planteada ha sido ya resuelta por la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 5 de febrero de 2018 (RCA/102/2016; ES:TS:2018:705) y 17 de abril de 2018 (RCA 103/2016; ES:TS :2018:1550), en sentido estimatorio de la pretensión de la Administración General del Estado...».
Determinar si el artículo 95.Tres, reglas 2ª y 4ª, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se opone a lo dispuesto en los artículos 168.a) y 173.1 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a la vista de la doctrina que emana de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea...»

References: artículo 27
 artículo 123
 artículo 27
 artículo 46
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 57
 resolución 
 resolución 
 artículo 109
 artículo 107
 artículo 7
 artículo 25
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 239
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 159
 Real Decreto 
 artículo 239
 resolución 
 resolución 
 artículo 239
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 239
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 88
 artículo 13
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 13
 resolución 
 artículo 95
 artículo 17
 artículo 167
 artículo 95
 artículo 17
 artículo 88
 artículo 95
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 95
 artículo 95