Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/42810
Timestamp: 2020-02-25 03:13:40+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPR-27/42810
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A LA BREVEDAD Y CONFORME A SUS FACULTADES EMITA EL ACUERDO DE CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LOS MIGRANTES.
La que suscribe Senadora MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre propio y de los Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A LA BREVEDAD Y CONFORME A SUS FACULTADES, EMITA EL ACUERDO DE CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS MIGRANTES al tenor de los siguientes:
El territorio mexicano experimenta una gran complejidad de flujos migratorios, miles de personas provenientes en su mayoría de Centroamérica cuyo fin es llegar a Estados Unidos. Destaca una de las más conflictivas zonas de tránsito, la llamada ruta del migrante que va desde Chiapas hasta la frontera norte.
Según datos del Instituto Nacional de Migración, entre 2007 y 2010 ingresaron por la zona sur 1.9 millones de personas, de los cuales 657 mil entraron de manera irregular y tan sólo en 2010 fueron cerca de 140 mil personas.
El crimen organizado, autoridades migratorias e incluso la policía se han aprovechado de la vulnerabilidad de los migrantes, especialmente de los indocumentados, pues en su paso por nuestro país son víctimas de violaciones a sus derechos humanos como secuestro, robo, extorsiones, abuso sexual, trata, tráfico y hasta asesinatos.
Los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Baja California son las entidades que representan mayor riesgo en la ruta de los migrantes para llegar a Estados Unidos y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional y el albergue Hermanos en el Camino, concuerdan con que el secuestro es el principal peligro que enfrentan los migrantes. La organización Movimiento Migratorio Mesoamericano, indica que 3 de cada 10 casos de violencia y delitos contra migrantes se cometen entre Orizaba y Córdoba.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que entre septiembre del 2008 y febrero del 2009 fueron secuestrados 9 mil 758 migrantes; 11 mil 333 los secuestros entre abril y septiembre del 2010; cifra que representa un 74 por ciento más que todos los secuestros denunciados en México de 2006 a 2012.
Un parámetro que nos permite identificar el nivel de violencia alcanzado por los grupos criminales fue la cobarde masacre ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, cuando sicarios secuestraron a un grupo de migrantes que viajaban en camiones con la finalidad de reclutarlos. Ante la negativa de los migrantes, 72 de ellos fueron asesinados logrando sobrevivir tan sólo uno de ellos. Las versiones sobre el caso fueron contradictorias y a más de 2 años del suceso sigue sin esclarecerse.
Por otra parte, las asociaciones Sin Fronteras e Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), señalan a la violencia sexual contra las mujeres migrantes en tránsito como el delito principal en la violación de los derechos humanos en materia de género en México.
Uno de los datos más alarmantes es el que aporta Amnistía Internacional, señala que 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren abuso sexual durante su viaje hacia Estados Unidos. Por otra parte, la responsable del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Iberoamericana, indica que la principal violación que sufren las mujeres migrantes está relacionada con el abuso sexual. Desde el 2010 han brindado atención a un total de 200 mujeres migrantes, quienes han padecido diversos problemas, los cuales describen como acoso durante su trayecto hacía la Unión Americana y muchas como intentos para reclutarlas por diferentes grupos, la mayoría de las migrantes provienen de Honduras, Salvador y Guatemala y sus edades oscilan entre los 14 y 18 años, otro grupo importante es el de los 24 a 34 años de edad aproximadamente.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reporta que asistió en 162 casos relacionados con la trata de personas; el Centro de Día “Un paso de esperanza, Jesús Torres Fraire” reporta que ha apoyado a más de 7 mil 500 centroamericanos.
A pesar de los maltratos físicos y psicológicos de que son objeto las personas migrantes, no están dispuestas a realizar las denuncias correspondientes debido al temor que tienen de que sean las mismas autoridades las que las deporten. Por otro lado, en el país hay ausencia de reglas precisas que permitan a los migrantes contar con un debido proceso y representación legal sin costo.
Por los motivos antes señalados, algunos estados de la República han creado comisiones, procuradurías y/o fiscalías locales especializadas con el fin de proteger los derechos humanos de los migrantes en su estadía en nuestro país y hacer justicia para que existan consecuencias para los responsables de las diversas violaciones; sin embargo, dichos esfuerzos no han sido del todo exitosos debido a la falta de coordinación interinstitucional y de una Fiscalía Especializada responsable de atender, investigar y sancionar -en todos los casos- de manera eficaz y expedita a los responsables de la comisión de delitos en contra de dicho grupo vulnerable.
En mérito de lo anterior y con base en las siguientes:
I. Que con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse; así mismo establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales relativos, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia.
Adicionalmente, el párrafo quinto del citado artículo Constitucional prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Que el artículo 17 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales.
Por lo que respecta al párrafo I apartado A del artículo 20, señala que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
II. Que el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala como una de las atribuciones del Procurador General la siguiente:
Artículo 14.- El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.
Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 15 señala:
Artículo 15.- El Procurador General de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la Procuraduría General de la República, podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el propio Procurador General de la República. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos, desconcentrados y administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, infiere que los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas especializadas, fiscalías especiales y órganos desconcentrados, se deleguen facultades o se adscriban los órganos y unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 1 expresa lo siguiente:
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.
Asimismo, los párrafos I y II del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece como facultades del Procurador General las siguientes:
I. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Procuraduría y presentarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones aplicables;
II. Nombrar a los Coordinadores, Titulares de Unidad, Directores Generales, Titulares de Órganos Desconcentrados y Fiscales Especializados, salvo al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, quien será nombrado en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica;
III a X (…)
III. Que de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Migración, corresponde a la Procuraduría General de la República lo siguiente:
Artículo 28. Corresponde a la Procuraduría General de la República:
I. Promover la formación y especialización de Agentes de la Policía Federal Ministerial, Agentes del Ministerio Público y Oficiales Ministeriales en materia de derechos humanos;
II. Proporcionar a los migrantes orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;
III. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;
IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes;
V. Conocer respecto de los delitos previstos en los artículos 159 y 161 de esta Ley, y
VI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
IV. Que la Ley General de Víctimas en su artículo 117 establece:
V. Por su parte la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos, en su artículo 89 señala a las dependencias que integran la Comisión, las cuales tendrán las siguientes obligaciones:
I a IX (…)
XI a XV (…)
Adicionalmente, en su artículo 98 señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley, establecerán y ejecutarán políticas, programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a erradicar los delitos objeto de dicha Ley.
VI. Que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la sección relativa a la Procuraduría General de la República, indica:
b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio;
d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.
IX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;
X. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;
XI. Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada.
La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas, y
VII. Que el artículo 48, de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece las siguientes disposiciones para la procuración de la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, las instituciones que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias especializadas con funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto de tales derechos.
PUNTO DE ACUERDO, CON LOS SIGUIENTES RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Se exhorta al Procurador General de la República para que a la brevedad y de acuerdo a sus facultades emita el Acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de los Migrantes.
SEGUNDO.- Se exhorta al Procurador General de la República para que en el Acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada que nos ocupa, se establezca la participación permanente de académicos, organismos de la sociedad civil y expertos para el diseño, implementación y operación de los mecanismos de profesionalización y vigilancia.
TERCERO.- Se exhorta al Procurador General de la República para que en el Acuerdo de creación mencionado en el primer resolutivo se contemple un esquema de difusión dirigido a las personas migrantes con el propósito de fomentar la atención a las víctimas y la denuncia.
Dado en el Salón de Sesiones a los siete días del mes de agosto del año dos mil trece.

References: artículo 1
 artículo 17
 artículo 20
 artículo 14

Artículo 14
 artículo 15

Artículo 15
 artículo 16
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 11
 artículo 18

Artículo 28
 artículo 117
 artículo 89
 artículo 98
 artículo 48