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Timestamp: 2019-09-17 01:23:51+00:00

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Acuerdo y Sentencia 23/2008 Tribunales de Apelaci�n
“CASTIGLIONI, CARMELO Y OTROS C. EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días nueve del mes de mayo del año dos mil ocho, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelación en lo Criminal, cuarta sala, Luis María Benítez Riera.- Arnulfo Arias.- Carlos Bray Maurice, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “Castiglioni, Carmelo y Otros c. el Consejo de la Magistratura”.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta sala, resolvió plantear y votar la siguiente.
El Dr. Benítez Riera, dijo: Que por la Sentencia Definitiva N° 2 de fecha 14 de abril de 2008, el Juez Unipersonal resolvió "1) Hacer lugar, al Amparo de pronto despacho promovido por los señores Carmelo Castiglioni, Vicente José Cárdenas Ibarrola, Fremiort Ortiz Pierpaoli, Ramón Rolando Ojeda, Arsenio Coronel B., Florencio Pedro Almada Alvarez, Concepción Sánchez Godoy, Gerardo Báez Maiola, Basilicio D. García, Sixto Melgarejo Coronel, Marite Espinola de Argaña. Sixto Melgarejo, Ramiro Barboza…; 2) Imponer, las costas en el orden causado; 4) Anotar…".
El apelante al fundamentar sus agravios (fs. 25/31), expresa que el amparo resulta manifiestamente improcedente porque el Consejo de la Magistratura está fuera de su ámbito, en razón de la naturaleza de sus funciones. En este sentido el juzgador ha cometido un grave error, violando principios fundamentales de orden constitucional e ignorado el texto de la ley que prohíbe dar curso a este tipo de acción, debiendo rechazarle in limine, según lo dispuesto en el art. 570 del CPC. Debemos destacar la falta de presupuestos genéricos del amparo, además el pronto despacho, queremos resaltar que entre la petición no respondida y la demanda de amparo ha transcurrido apenas 18 días, obvio que no es una demora que exceda lo razonable. Solicitando la revocatoria de la resolución recurrida.
Los amparistas solicitan se confirme la Sentencia apelada (fs. 48/50).
Los amparistas promovieron contra el Consejo de la Magistratura un amparo de pronto despacho por no haberse expedido sobre la nota presentada pidiendo que sean excluidos de la aplicación del reglamento que exige a los concursantes un examen de conocimientos generales y específicos.
El Amparo es una garantía de orden constitucional consagrada en el art. 134 de la norma fundamental, que estatuye: "Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítima, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la Ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promoverse amparo ante el Magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito y de acción popular para los casos previstos en la ley..//.. la ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el amparo no causarán estado".
El Magistrado tendrá facultad para salvaguardar el Derecho y Garantía o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.
"Los caracteres del remedio procesal: a) se trata de un remedio excepcional. La disposición constitucional exige que el caso no pueda remediarse por la vía ordinaria, vale decir, que solo cabe ante la inexistencia de otros remedios o ante la ineficacia de los que existieren. Este carácter debe ser articulado por el interesado al promover la demanda y acreditado en forma clara en el momento de dictarse sentencia; b) es un proceso autónomo pues no depende de ningún otro proceso promovido o a promoverse como lo sería en el caso de las medidas cautelares. El amparo no es una medida cautelar aunque muchas veces se lo ha entendido de esta manera, aún cuando durante el curso del proceso puedan adoptarse medidas cautelares; c) se trata de un procedimiento sumario, breve como lo indica el texto constitucional, y ello es así porque los elementos que compone el instituto deben surgir en forma clara y manifiesta de tal manera que no requieran mayor debate. De ahí que si se trata de una cuestión que no reviste ese carácter de claridad, la sumariedad del amparo no sería apta para resolver la cuestión". Los presupuestos fundamentales de este instituto son: 1) el acto lesivo; 2) el daño o agravio; 3) los derechos protegidos y 4) la ausencia de remedios ordinarios. El acto lesivo o violatorio debe ser tomado en su sentido amplio, vale decir cualquier acto, jurídico o no, o cualquier hecho o conducta que puedan producir un daño. El acto lesivo o acto violatorio debe producir una afectación, un agravio, una merma en los derechos del quejoso. La protección abarca todos los derechos, tanto a los que se encuentran establecidos explícitamente en la Constitución y en las leyes. Ausencia de remedios ordinarios, al ser un remedio de carácter residual, vale decir que sólo es procedente cuando debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria. Este requisito es fundamental y se ha entendido que constituye la llave del amparo. Es importante para que se abra la vía del amparo que no existan otras vías hábiles para restablecer el derecho conculcado o proteger el derecho amenazado. No pretende el sistema superponer la vía del amparo con otras vías para la protección del mismo derecho lo cual acarrearía gravísimas perturbaciones al sistema procesal. Lo que se pretende es que en aquellos casos en que las vías normales y ordinarias sean inadecuadas, el derecho conculcado no quede sin reparación y por esa razón se crea la vía extraordinaria o residual del amparo". Garantías Constitucionales. Apuntes Doctrinarios, Legislación aplicable y Jurisprudencia Nacional. Perspectiva de la acción de amparo. Prof. Dr. Enrique Sosa Elizeche.
Bidart Ocampos, en su obra: "Régimen legal y jurisprudencial del Amparo", Editorial Ediar, pág. 19, punto 6, "Los derechos constitucionales y el amparo", dice: "Cuando en la pretensión jurídica material va insito un derecho reconocido por la constitución escrita, cuya amenaza o violación se alega por parte interesada, el proceso debe revestir la aptitud necesaria que la sentencia mantenga con eficacia la vigencia de la constitución. De ahí que los casos fundamentales de acciones de amparo hayan tenido por ocasión las situaciones de agresión ilegítima a derechos con rango constitucional las..//.. Toda vez que la lentitud puede frustrar la idoneidad de la sentencia o desubicarla del ámbito real de la situación jurídica que debe resolver, el derecho a la jurisprudencia reclama la apertura de vías procesales aptas por su celeridad y sumariedad".
César Garay, en su obra "Técnica jurídica", Editorial Emasa, "El amparo", dice "1. La jurisprudencia en nuestro país en relación al amparo, es uniforme en el sentido que es inadmisible cuando median vías legales para tutelar el derecho supuestamente tutelado, máxime, cuando no se da el presupuesto básico de la urgencia. 2. La urgencia en la reparación de un derecho lesionado es un presupuesto fundamental para que proceda el amparo. 3. Aún existiendo vías legales aptas en el juicio ordinario, procede hacer lugar al amparo, si la naturaleza del derecho o garantías tutelados se desprende que la misma debe ser restablecida, porque si se la somete al procedimiento ordinario, ella ya no tendría razón, cuando resulta palmariamente indiscutible que se da la lesión de un derecho fundamental, y que tiene sentido de urgencia y hasta si se quiere de angustia. En tal caso, procede el amparo. 4. El amparo es de carácter excepcional. La valoración de su procedencia debe hacerse con suma prudencia y moderación "Primera Instancia Civil del Cuarto Turno, Julio 12 de 1974, SD N° 366", obra citada pág. 821.
El art. 40 de la CN, establece: Del derecho a peticionar a las autoridades. "… Toda persona individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tienen derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no tuviese respuesta en dicho plazo". Del análisis de la cuestión sometida a consideración y a las disposiciones que regulan el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y si el amparo planteado reúne los requisitos, especialmente la urgencia, se observan que los amparistas presentaron su pedido el 10 de marzo de este año. El Consejo trató el pedido el 2 de abril de 2008 y se dejó constancia en el Acta N° Mil Trece que proseguirá el tratamiento en una próxima sesión. Además dice el Presidente del Consejo de la Magistratura que no se fijó fecha todavía para el examen de conocimientos generales y específicos, de donde resulta que no ha existido mora o desidia por parte del demandado en atender el pedido de los amparistas y tampoco una urgencia que cause lesión en los derechos de los actores.
No siendo procedente el amparo debe revocarse la sentencia apelada y las costas deben ser impuestas en el orden causado habida cuenta el carácter sui géneris de esta causa.
El Dr. Arias M., dijo: A fin de contestar la única cuestión planteada, se tiene, que por SD N° 02 del 14 de abril del cte. año, el a quo resolvió: 1. "Hacer lugar al amparo de pronto despacho promovido por Carmelo Castiglioni, Vicente José Cárdenas Ibarrola, Fremiort Ortiz Pierpaoli, Ramón Rolando Ojeda, Arsenio Coronel B., Florencio Pedro Almada Álvarez, Concepción Sánchez Godoy, Gerardo Báez Maiola, Basilicio D. García, Eusebio Melgarejo Coronel, Marite Espinola de Argaña. Sixto Melgarejo, Ramiro Barboza… conforme al exordio de la presente resolución, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución…" (sic).
En su considerando, el juez expuso: "… Si bien es cierto el señor presidente del Consejo de la Magistratura ha señalado que el consejo resolvió proseguir con el tratamiento del pedido formulado por los recurrentes para el próximo 16 de los corrientes, aún no se ha pronunciado el citado organismo del estado sobre la cuestión planteada y mientras no exista el pronunciamiento esta judicatura entiende que los recurrentes están amparados por el art. 40 de la CN a fin de que el Consejo de Magistratura pueda pronunciarse o responder en el plazo de diez días hábiles sobre el pedido formulado por los amparistas en el sentido de establecer si los magistrados que han sido electos y designados antes de la vigencia de la prueba de conocimiento generales y específicos del 16 de febrero del año 2005 deban o no presentarse para la prueba o examen para integrar las ternas en el concursos de sus respectivos cargos…" (sic).
Concluye: "… En cuanto al apercibimiento de no hacerlo dentro del plazo, contando a partir de la notificación de la sentencia de que se tendrá resuelta la petición como denegación ficta, corresponde señalar que el art. 40 de la CN es claro al respecto de que reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo. En tal sentido la citada disposición de la carta Magna prevé el efecto de no tener respuesta, la resolución emanada del órgano jurisdiccional en el plazo previsto para hacerlo…".
La parte demandada expone como agravios: a) la improcedencia del amparo atendiendo a la disposición contenida en el inc. a) art. 565 del CPC, en cuanto afecte al desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado; b) la falta de presupuestos esenciales del amparo 1- niega la existencia de un acto u omisión manifiestamente ilegítimo; 2- ausencia de la lesión grave o peligro inminente de derechos y garantías previstos en la constitución o la ley; 3- niega la urgencia del caso; 4- al igual que la ineficacia de la vía ordinaria. El amparo de pronto despacho es una creación de la jurisprudencia argentina, pide finalmente, se revoque el fallo apelado.
La demandante por su lado: a) niega la afirmación del apelante sobre la inexistencia del amparo de pronto despacho y dice que tiene vigencia positiva en nuestro derecho por la jurisprudencia; b) hace referencia a la normativa prevista en el art. 40 de la CN señalando que: "… si la ley respectiva no tiene prevista un plazo, no hay otra vía si no la judicial para establecerlo… (sic) c) en el caso de autos ni siquiera se exige la concurrencia de los presupuestos del art. 134 de la CN en razón de que se trata simplemente de un amparo de pronto despacho. Pide, por último, se confirme la sentencia recurrida.
En principio, debemos aceptar que, el juez y la parte demandante -al contestar la apelación- admiten como regla la normativa prevista en el art. 40 de la CN. que prescribe sobre el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades por escrito y el deber de éstas de responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine.
En el presente caso, al haber entendido los demandantes que no han tenido respuesta del Consejo de la Magistratura dentro de un plazo razonable, recurrieron a la vía del amparo de pronto despacho. En ese sentido, los miembros que componen el Consejo de la Magistratura, fueron conminados -por el juez- del derecho de los accionantes -previsto en el art. 40 ya referido- para que dentro del plazo de "… diez días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución…", se les de una respuesta.
Al contestar los agravios de la demandada, debemos admitir primeramente -pues constituye un hecho cierto- que la petición de los amparistas fue tratada en la sesión del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros han postergado alguna resolución al respecto, no obstante, conforme al acta agregada a fs. 15, la misma justifica la intención de atender el pedido de los demandantes y darle una solución a la propuesta, que ya estaba en conversación, según lo admitieron ambas partes. Por tanto, la demora en el tratamiento de la petición no constituye un acto u omisión que haya transgredido alguna norma legal.
Viendo la buena voluntad de la parte demandada, demostrada en su intención de dar una respuesta al requerimiento de los amparistas, considero innecesario exigir al Consejo de la Magistratura, a que resuelva la pretensión de estos dentro de un plazo determinado; en particular, por que se halla en estudio y pendiente una respuesta a sus requerimientos.
Por estas razones, considero no procedente el amparo de pronto despacho otorgado por el juez, pues si se hiciera lugar al mismo, sustentado en la disposición contenida en el art. 40 de la CN, de la misma manera, la falta de respuesta del Consejo de la Magistratura dentro del plazo que le fuera impuesto, se deberá entender como denegatoria de la pretensión de los requirentes, lo que constituiría el fin de sus pretensiones, que hasta hoy se hallan subsistentes.
Voto, consecuentemente, por la revocatoria del fallo recurrido.
En cuanto a las costas, deberán imponerse en el orden causado.
El Dr. Bray Maurice, dijo: Respeto las opiniones de los Excmos. Miembros que me preceden en el presente juicio de amparo, pero respetuosamente manifiesto que no las comparto, conforme lo pasaré a explicitar seguidamente. El thema desidendum gira en torno a una acción de amparo de pronto despacho, a fin de que el Consejo de la Magistratura asuma su rol constitucional y se pronuncie ante un pedido concreto de varios magistrados judiciales ya nombrados con anterioridad y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se agravian expresando en el escrito obrante a fs. 3/5 de autos "que el Consejo de la Magistratura ha emitido un reglamento que establece criterios de selección y exámenes para candidatos a los cargos de la Magistratura", y que ello "incluye a Magistrados de todos los fueros y grados, fiscales, síndicos, etc."; y que, "Como parte del proceso de selección, exige en su art. 2° "Pruebas de conocimientos generales y específicos", de carácter obligatorio y eliminatorio", aclarando que "existen acciones legales contra el Reglamento mencionado, que se hallan pendientes de resolución en la Sala Constitucional", en el cual solicitan al Juzgado inferior conmine al Consejo de la Magistratura que asumiendo su rol constitucional y legal se pronuncie ante un pedido de exoneración "del requisito reglamentario, obligatorio y eliminatorio" de la prueba o examen" para poder concursar a los efectos de integrar ternas a ser presentadas a la Corte Suprema de Justicia. Aducen los accionantes en su escrito de promoción de la acción de amparo constitucional que dicho proceder "sin duda acarrearía el planteamiento de constantes acciones de inconstitucionalidad, siendo ello indeseable, en la prevención de futuras situaciones que podrían significar dilaciones innecesarias, al límite de ignorar claras disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales que ratifican la efectiva vigencia del derecho constitucional de confirmación de los Magistrados Judiciales de la República"; y que por ello los accionantes del amparo de pronto despacho solicitan "una pronta decisión de ese Consejo, en el sentido solicitado más arriba".
Que, el Juez a quo en su sentencia definitiva ahora apelada por el Consejo de la Magistratura ha hecho lugar al amparo de pronto despacho fijando el "plazo de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución" (fs. 21 vto.), y que apelada la resolución dictada por la Institución requerida, corresponde pronunciarse si es justa la sentencia dictada. Soy del parecer que la misma es justa y se ajusta a derecho, salvo con relación al plazo que considero exiguo, ya que el mismo debe ajustarse respetando el modus operandi del Consejo de la Magistratura, habida cuenta de que dicha Institución opera o funciona -para el caso o thema decidendum- en sesiones del Consejo, convocadas periódicamente. Pero que teniendo en cuenta que la mayoría del Tribunal es del criterio de revocar la sentencia definitiva apelada, considero que deviene ya inoficioso el fijar el plazo dentro del cual debería pronunciarse o dar despacho a la petición formulada por los amparistas.
Que, soy del parecer de que la sentencia definitiva dictada por el inferior en el sentido de haberse lugar a la acción de amparo de pronto despacho se ajusta a derecho, en razón de que no se vulnera con la misma el rol del Consejo de la Magistratura. Al respecto y en el libro de mi autoría "El Poder - Su estudio analítico y proyección ideal", en el Libro IV "Reflexiones finales", Capítulo I "Consideraciones previas", en el Título 2 "El respeto a los roles establecidos", digo: "El profesor Félix Sarría en su libro "Derecho Administrativo", nos dice que "Un elemental principio de orden y de armonía en la Administración, exige que sus órganos actúen y se muevan en órbitas trazadas de antemano, por leyes o reglamentos, de manera que el choque, la superposición o la confusión no sean posibles. De otro modo el caos reinaría en ella y el Estado carecería del instrumento adecuado a la realización de su fin y actividad"; para redondear seguidamente: "Hay, debe haber entonces, una delimitación de las facultades pertenecientes a cada una de las autoridades administrativas para que ellas ejerzan sus poderes sin invadir o usurpar los de otras, y los ciudadanos sepan con certeza a donde deben ocurrir en demanda o gestión de sus derechos e intereses". (a.c., o.c., T I, pág. 86, Edit. Assandri-Córdoba R.A., año 1950). Y hablando del rol del Poder Judicial, otro aspecto negativo que se presenta y que da lugar también a reflexionar, por ser causante de la problemática situación por la que atraviesa en la actualidad dicho Poder del Estado, guarda relación con la falta de respeto por parte de las propias autoridades públicas designadas, cuando las mismas se extralimitan en el ejercicio de sus funciones, para con las otras, también legítimas, en su funcionalidad operativa dentro del aparato gubernativo o estatal, al no circunscribirse a los roles establecidos o definidos específicamente para cada una de ellas". (o.c., pág. 531).
Que, por las razones expuestas, considero que los accionantes del amparo de pronto despacho, por tener Poder Jurisdiccional en la República del Paraguay, están plenamente habilitados y tienen el deber y la obligación de entender en el presente juicio de amparo para peticionar a las autoridades el ejercicio de dicha garantía constitucional de (art. 40 CN) -vía amparo de pronto despacho- al Consejo de la Magistratura, para que resuelva o se pronuncie sobre toda petición o pedido de los accionantes del amparo hayan formulado con anterioridad. O sea, que estoy por la confirmación de la sentencia apelada en hacerse lugar al amparo de pronto despacho y no así en el plazo de sólo diez días para que se resuelva la cuestión planteada, y ello en razón de que la Primera Sala el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Asunción -en la que estoy fungiendo como miembro integrante- ya ha resuelto varios amparos de pronto despacho promovidos contra Ministerios del Poder Ejecutivo, como asimismo contra Instituciones públicas con autarquía presupuestaria y operativa -por resoluciones demoradas para su dictado más del tiempo establecido legalmente, o en su caso considerado como prudencial, y sin que por ello se haya violentado fuero o rol que al Poder Judicial le esté vedado entender y resolver como Poder jurisdiccional que le compete por sus facultades propias exclusivas y excluyentes de dictar resoluciones judiciales y sentencias definitivas con celeridad. Demás está decir que lo planteado por vía de amparo de pronto despacho, se limita a solicitar una pronta resolución en el sentido que sea, y no el buscar encaminamiento a una decisión en particular. Consecuentemente, fundo mi opinión en la norma del art. 40 de la CN y en el principio de celeridad, al cual se refiere con solvencia Adolfo E. C. Borthwick en su libro "Principios Formativos de los Procesos", al decir que: "La lentitud de los procesos -al decir de Véscovi- es un grave problema que ha preocupado a los juristas y políticos de todas las épocas y, con mayor razón, en la nuestra, de aceleración de toda la vida humana. Si bien éste es uno de los principios fundamentales de todo proceso huelga reconocer que, en los constitucionales, el mismo recobra una mayor entidad y un plus de exigencia, pues las pretensiones de defensa de la Constitución y de los derechos humanos consagrados en la misma no pueden menos que requerir de una rápida atención inicial y resolución final" (a.c., o.c., págs. 129/130, Edit. Mav-Corrientes R.A., año 2005).
Que, a la citada doctrina y legislación, cabe agregar la opinión de Carlos Sánchez Viamonte, quien también se ocupa del problema de la eximición de las costas procesales, y específicamente en el tipo de juicio que nos ocupa, cuando dice: "En el juicio de amparo no se trata de reclamar algo que beneficie material o pecuniariamente al actor. No hay tampoco litigio propiamente dicho, ni partes contendientes. Se trata de la libertad o de la dignidad de la persona humana, de los derechos humanos que le son inherentes o de las inviolabilidades que constituyeran la seguridad personal. Su amparo o defensa no puede dar lugar a la imposición de costas, considerando vencido al actor. Sería un modo de reprimir o castigar su actitud defensiva y ese castigo tendería a afectar su patrimonio de tal suerte que la defensa de la libertad podría llegar a convertirse en un privilegio de los ricos". (a.c., El Juicio de Amparo, Enciclopedia Jurídica Ameba, T. XVII, pág. 198).
Que, la viabilidad de la acción de amparo de pronto despacho se encuentra establecida por la propia norma constitucional del mencionado art. 40. Al respecto considero de tempestiva encaminadura lo expresado sobre el tema debatido o thema decidendum por Enrique A. Sosa Elizche en su libro "El amparo judicial", cuando en el Capítulo IV "El acto violatorio o lesivo", bajo el subtítulo "Actos de autoridades", dice: "La Constitución paraguaya autoriza el amparo contra actos de las autoridades… en la doctrina del Derecho Administrativo se distinguen los actos de autoridad o de imperio y los actos de gestión"; luego bajo el subtítulo "La omisión", agrega: "Los actos lesivos no sólo pueden presentarse bajo su aspecto positivo, sino también violarse derechos subjetivos por actos de carácter negativo, es decir por omisiones o abstenciones… La Constitución paraguaya admite el amparo cuando la lesión se produce por una omisión -"acto u omisión, manifiestamente ilegítimo" (art. 134)…", precisando más adelante: "En nuestra jurisprudencia han existido algunos pronunciamientos sobre el amparo ante la omisión de actos del Poder administrador, lo que se ha dado en llamar en la doctrina argentina el amparo de pronto despacho, si bien en ellos nuestros Tribunales se han limitado en emplazar a la autoridad administrativa para que se pronuncie respecto de la cuestión planteada, pero en ningún caso a suplir la omisión o la inacción de las autoridades mediante la decisión judicial sobre la cuestión. Tal criterio es correcto, pues el Juez no puede dictar actos administrativos, subrogándose en las funciones propias del funcionario o autoridad… Por ello, en los casos de silencio de la administración, y si concurrieran todos los requisitos para la procedencia del amparo, el Juez no puede adoptar la decisión omitida, debe limitarse a provocarla mediante las intimaciones, emplazamientos o apercibimientos que sean conducentes para que el acto administrativo se dicte… Resta señalar que para la fijación de los plazos y para la apreciación de la mora administrativa será necesario considerar la razonabilidad de la dilación, lo cual quedará librado al criterio del magistrado quien deberá tomar en consideración los espacios de tiempo que normal y razonablemente se requieren para dictar la resolución en cada caso concreto, pasado el cual se produciría la norma administrativa" (a.c., o.c., págs. 71, 91, 103, 104, 105 y 106, Edit. La Ley, año 2004). Y es por ello que considero que el plazo fijado por el inferior no se adecua al funcionamiento orgánico del Consejo de la Magistratura, el cual opera de manera secuencial de reuniones de dicho cuerpo colegiado, y que a mi parecer debería ser fijado en un plazo no menor a veinte días para el pronunciamiento de la decisión o resolución peticionada habida cuenta de la agenda con que se trabaja. Pero la Administración de la Justicia debe ser motivo de consideración y respeto por parte de las autoridades que influyen para su correcto funcionamiento o funcionalidad operativa, respetándose siempre y con obviedad los roles establecidos con claridad y precisión por la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio.
Que, en lo referente a la imposición de las costas, concuerdo con los Excmo.. Miembros preopinantes, que las mismas lo sean siempre en el orden causado, sea cual fuere el resultado de la pretensión jurídica de los accionantes del amparo. Para ello me fundo en las siguientes consideraciones: No obstante que el principio procesal que rige la materia sea el del hecho objetivo de la derrota, que "constituye aplicación de una directriz axiológica, de sustancia procesal, en cuya virtud se debe impedir, en cuanto es posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia", lo dice Lino Enrique Palacio citando a Chiovenda y Carnelutti (a.c., Derecho Procesal Civil, T. III, pág. 366/367. Edit. Abeledo Perrot, año 1987). Luego el citado autor expresa que "El principio enunciado… no es, como anticipamos, absoluto. Admite en primer lugar excepciones que remiten, por un lado, al arbitrio judicial y, por otro lado, a determinadas circunstancias de las que cabe razonablemente inferir, por parte del litigante vencido, el propósito de facilitar la solución del conflicto y de evitar erogaciones innecesarias"; para más adelante agregar: "Tradicionalmente la jurisprudencia alude, como pauta genérica que autoriza la eximición de costas, a la existencia de "razón fundada para litigar", fórmula provista de suficiente elasticidad que resulta aplicable cuando, por las particularidades del caso, cabe considerar que la parte vencida actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido en el pleito" (a.c., o.c., pág. 373). Y que el principio objetivo de la derrota (art. 192 del CPC), no sea absoluto lo tiene establecido la norma del art. 193 del CPC, que otorga al Juez la facultad de poder eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, "siempre que encontrare razones para ello, expresándolas en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad". Y es justamente por ello que explicito precedentemente los fundamentos por los cuales soy del criterio de la imposición de las costas en el orden causado en ambas instancias en razón de no existir temeridad o malicia en la formulación de las pretensiones jurídicas.
Consecuentemente, estoy por la confirmación de la resolución apelada, en todas sus partes, con la imposición de las costas en el orden causado en ambas instancias. Es mi voto.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Señores Miembros el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta Sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 9 de mayo de 2008
VISTO: Por los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos.
CUARTA SALA DE LA CAPITAL, Y,
1.- REVOCAR la sentencia apelada, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
2.- IMPONER, las costas procesales en ambas instancias en el orden causado.
Luis María Benítez Riera.-
Arnulfo Arias.-

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