Source: https://it.scribd.com/document/262639518/improcedencia-en-una-demanda-de-liquidacion-de-derechos-individuales
Timestamp: 2020-08-11 11:13:23+00:00

Document:
improcedencia en una demanda de liquidación de derechos individuales? | Ley procesal | Derecho laboral
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Ayudas D° Internacional Publico
¿La acumulación subjetiva de pretensiones podría ser causal de improcedencia
¿La acumulación subjetiva de pretensiones podría ser causal de improcedencia en una demanda de liquidación de derechos individuales?
Nuevas alternativas para superar la actual tendencia de restringir el litisconsorcio facultativo dentro de procesos regulados por el artículo 18° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
Estudiante que cursa actualmente el Sexto año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asistente de Cátedra de los Cursos Derecho Individual del Trabajo y Derecho Colectivo del Trabajo. Miembro del Grupo de Estudios del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Luis Aparicio Valdez”, GEDTSS- UNMSM. Asistente Legal en el Estudio Jurídico “Samamé - Morante” Abogados – Asociados. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú Doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca - España Email: jorgel.mayors@pucp.pe
Luís Jesús Baldeón
Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM –LIMA
Facultad de Derecho y Ciencia Política. Miembro del grupo de Estudios del Derecho del Trabajo y de la
Voces: Derecho Procesal del Trabajo – Nueva Ley Procesal del Trabajo – Beneficios sociales.
“El Enemigo número uno del Derecho del Trabajo es la Abs- tracción o el Esquematismo” G.H. Carmelynck y Gerard Lyon-Caen
Se ha señalado hasta la saciedad en los textos académicos
y en los modelos prácticos, que el rol de la tutela jurisdic-
cional efectiva –en general– es el reconocimiento y la inme- diata satisfacción de los intereses particulares ante puntuales
conflictos, sean estos de carácter laboral, civil, administrativo, penal, etc. Sin embargo, a nosotros, como sujetos adscritos
a la aplicación del Derecho y sujetos continuos procesos, o,
como a cualquier individuo interesado en el cumplimiento de las normas laborales, resulta penoso e incomprensible que, en la realidad nacional, algunas innovaciones legislativas o instituciones clásicas del Derecho Procesal Civil sigan sien- do aplicadas en forma mecánica o literal en los procesos de trabajo, a costas de la impotencia de los litigantes, al con- templar con perplejidad como una mera interpretación literal
de una norma referente a la Nueva Ley Procesal del Trabajo podría impedir o dilatar la legítima satisfacción de obtener un determinado ingreso económico para poder sustentar el bienestar de un trabajador.
“Luis Aparicio Valdez”- GEDTSS, UNMSM.
Indorforx_stereo86@hotmail.com
En efecto, como se podrá apreciar del presente trabajo, una innecesaria y reiterada interpretación mecánica del artículo 18° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo- NLPT- referente a la liquidación de derechos individuales, ha originado que mu- chos actores no puedan ejercer su derecho de acción en forma acumulativa, o detallado en otros términos, que un conjunto de trabajadores que posean una misma categoría o el mismo derecho vulnerado, incurran en la imposibilidad de interponer una demanda de forma conjunta, en cuanto la literalidad de la norma acotada, indicaría supuestamente –para los impartidores de Justicia– de que los miembros o quienes individualmente fueran afectados, solamente se podrían iniciar procesos indi- viduales de liquidación del derecho reconocido, en pos de “garantizar” el Principio de Economía Procesal. Por consiguiente, ante aquella arbitrariedad y literalidad impuesta a los justiciables, mediante el presente análisis se busca obtener una interpretación alternativa para poder in- terrelacionar aquellas instituciones procesales aparentemente contradictorias, esto es, la clásica institución procesal del litis- consorcio facultativo y la novedosa institución procesal laboral denominada “liquidación de beneficios individuales”, para que estas puedan ser herramientas jurídicas útiles para todos aquellos demandantes que quisieran entablar una demanda de forma conjunta, y que su denegatoria no pueda constituir una flagrante vulneración a los principios de la tutela jurisdiccional efectiva, la economía procesal y el indubio pro operario que es propio de nuestra disciplina denominada Derecho del Trabajo.
TEMAS DE ACTUALIDAD ¿La acumulación subjetiva de pretensiones podría ser causal de improcedencia
El presente análisis recae sobre la Resolución N° 01 –auto admisorio– expedido por el Décimo Quinto Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de la Republica- Lima, expediente N° 9883-2013, en el proceso seguido por don Tomás Espinola Carranza y otros contra la empresa Electroperú S.A, sobre liquidación de derechos individuales originado del pago de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 1994; ante aquel petitorio, la Judicatura declaró IMPROCEDENTE una demanda acumulativa en forma subjetiva, alegando, para tal efecto, que se había ejercido una debida acumulación de pretensiones en forma contradictoria a lo dispuesto por el artículo 18° de la NPLT al no observar minuciosamente las exigencias contenidas en la misma norma, al no demandar en forma exclusiva e individual. Si aquello dejara ser sorprendente, el fundamento de aquella debatible decisión se sustenta en que, si bien el artículo 83° (1) del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria, faculta a las partes a demandar acumulativamente, aquella disposición normativa no debería contradecirse con la finalidad de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es, que toda interpretación siste- mática se encontraría sujeta al artículo I del Título Preliminar de la NLPT (2) , el cual reconoce que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de celeridad y economía procesal. Por tal motivo, la razón fundamental para no admitir a trámite la presente demanda era no obtener “un gran gasto o esfuerzo humano”, además de alegar- en forma sorprendente- que aquel tipo de actuación procesal no permitiría una plena aplicación del principio de celeridad procesal. Por tal motivo, es posible inducir con mucha facilidad que el único fundamento para que la presente demanda sea declarada improcedente, era evitar un gran esfuerzo humano del Juez para valorar la totalidad de la supuesta controversia, sin considerar que aquella motivación no era y no es causal de improcedencia, a lo más para otorgar alguna desacumulación procesal.
3. Antecedentes de la controversia
Para comprender ampliamente el presente problema originado por la literalidad de la interpretación del artículo 18° de la NLPT, es recomendable que el lector pueda conocer los orígenes del presente proceso, a fin de observar los alcances y serios proble- mas que ha originado la presente restricción procesal. Tal es el caso que, la mencionada liquidación de derechos individuales se había sustentado en el pago de utilidades obtenido por la empresa Electroperú S.A dentro del ejercicio económico de 1994, derecho que fue negado reiteradamente por la emplazada, contraviniendo flagrantemente lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 677 (3) . En tal sentido, no obstante la claridad y de la norma en su aplicación a la realidad, con fecha 28 de julio del año 1995, se dictó la Ley N° 26513 (4) , en cuya Sétima Disposición Comple- mentaria, Transitoria y Final, bajo una supuesta negada “precisión” modificó claramente el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 677, lo cual resultaba a todas luces inconstitucional por ser violatorio
del principio de irretroactividad de las normas jurídicas preceptuado en el numeral 103° de la Constitución Política del Estado y del principio de seguridad jurídica que debe imperar en todo Estado social y democrático de Derecho (5) . Por tal motivo, frente a la negativa de la empresa de cumplir con dicha obligación legal, luego de muchas solicitudes y re- querimientos de los trabajadores ante los diferentes estamentos de la empresa, sin encontrar una respuesta positiva, un grupo de 328 trabajadores, encabezados por una ex trabajadora doña María Rosa Antich Guillén, interpuso con fecha 27 de febrero de 1998, ante el Décimo Sétimo juzgado de Trabajo de Lima, (Expediente N° 2035-1998) una demanda de pago de utilidades correspondientes al ejercicio económico 1994, amparada por
la derogada Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, la misma
que después de 12 largos y penosos años, concluyó con una Sentencia dictada por la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, que con fecha 13 de mayo de 2009 –Casación N° 1210-2007-Lima–, declaró Infun- dado el recurso de Casación interpuesto por la demandada. Ahora bien, al haber adquirido el presente proceso la calidad de cosa juzgada por no proponerse otro medio impugnatorio, con fecha 20 de abril de los corrientes, unos nuevos recurrentes,
también ex trabajadores de Electroperú S.A, accionaron bajo la modalidad descrita en la parte introductoria del presente texto, al amparase en el mencionado artículo 18° de la NLPT, alegando que la propia norma disponía que “Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda
a un grupo o categoría de prestadores de servicios, con conte-
nido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar, sobre la base de dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido, siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o por la Corte
Suprema de justicia de la República. El demandado puede, en todo caso, demostrar que el demandante no se encuentra en el ámbito fáctico recogido en la sentencia” (Lo resaltado es nuestro) en concordancia con el artículo 26° numeral 2 de la Constitu- ción Política del Estado, referido al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, a fin de que ordene a la emplazada pagar las utilidades correspondientes al ejercicio económico 1994. Sin embargo, al calificar la demanda,
la Judicatura dispuso el lamentable y criticable resultado que ya
se ha detallado en anteriores párrafos.
4. La finalidad de la liquidación de beneficios individuales y del litisconsorcio facultativo
Tal como ha sido consagrado en la actual Nueva Ley Proce-
sal del Trabajo, la Institución procesal denominada liquidación de beneficios individuales se identifica como un novedoso me- canismo procesal que permite a los trabajadores sujetos a los regímenes privado o público (6) , a accionar un procedimiento cuando exista una Sentencia del propio Tribunal Constitucional
o de la Corte Suprema que declare la afectación de un derecho
por los mismos actos o hechos considerados como lesivos que
afecten un grupo o categoría de trabajadores. Para tal efecto, tal como ha detallado la doctrina procesal laboral (7) , su finalidad claramente es evitar que se inicien procesos por conflictos que ya fueron materia de evaluación sobre el fondo y sobre los cuales existiesen sentencias reconocidas con anterioridad. Para ello, los propios autores impulsores de la norma han señalado detalladamente que, para que se configure la presente modalidad, es necesario que se deban cumplir con una serie de presupuestos (8) para declarar su procedencia, en consecuencia, al momento de calificarla y admitirla, la propia Ley ha determinado que el Juez que valora la causa no podrá negar el derecho ya reconocido por una sentencia anterior, en tanto que la única posi- bilidad permitida al demandado, para que pueda ejercer su derecho de defensa, será contradecir la posición del demandante ante el campo de aplicación de la misma, es decir, que el demandante no se encuentre circunscrito dentro del grupo o categoría alegado. En concordancia con lo señalado anteriormente, en térmi- nos procesales civiles, el Código Procesal Civil (9) - CPC y la propia doctrina adjetiva ha sostenido que la finalidad de la mal llamada acumulación subjetiva de pretensiones (10) es evitar la
contradicción de sentencias en cualquiera de sus modalidades, en cuanto una futura colisión de estos criterios podría incurrir en
imposibilidad de que dichas sentencias pudieran ser ejecutadas
acatadas al mismo tiempo (11) . Por tal motivo, la presente ins-
titución procesa ha sido desarrollada sobre la base del principio de economía procesal, en cuanto que, mediante aquel principio
se procura verdaderamente un ahorro en el tiempo, gasto y es- fuerzo humano (12), al supeditar y evitar sentencias que valoren los mismos hechos; por el contrario, es evidente concluir que
la Judicatura de trabajo no han analizado detalladamente tales
fundamentos –a pesar de haber indicado en su resolución tales principios– dado que se señaló claramente lo contrario. Por consiguiente, ante la finalidad conjunta de ambas institu- ciones procesales para evitar sentencias contradictorias y poder ejecutar inmediatamente los derechos que ya han sido reconocidos por sentencias anteriores, es evidente que el lector pueda concluir que es posible que todos los trabajadores que se encuentren involucrados dentro de los beneficios declarados puedan inter- poner demandas en forma individual o colectiva (si así lo crean conveniente en su amplia libertad de elección) para poder tutelar legítimamente su derecho, en donde alguna supuesta omisión a la literalidad del artículo 18° –como se observa de la resolución ya descrita– no constituya alguna causal de improcedencia (13) . Se concluye de la presente manera, dado que la mera acumulación subjetiva de pretensiones no se encuentra regulada como una causal de improcedencia en la nueva NLPT, tampoco ha sido esta- blecida en la antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, a lo más de ser un requisito para ordenar de oficio una desacumulación procesal, y los problemas surgidos por el Código procesal Civil son de distinta naturaleza a lo descrito en el presente trabajo (14) . En tal sentido, es sorprendente que el Juzgado haya recha- zado de forma liminar la viabilidad del presente proceso, en cuanto si bien la propia norma reconoce al presente derecho como de ejecución individual, también es acuerdo con la fi- nalidad de la misma, que de su redacción se aprecie la figura
de la individualidad de los derechos como un mecanismo para identificar los derechos de cada trabajador dentro del conjunto beneficiado, a la par de individualizar los efectos producidos en la sentencia, y no como una causal improcedencia, a pesar que en la norma se indique procesos individuales.
5. ¿La desacumulacion procesal podría ser una inmediata alternativa para evitar futuros autos admisorios impro- cedentes?
Por tal motivo, al criticar constructivamente las presentes
actuaciones judiciales, proponemos una inmediata y justificativa solución para que la presente limitación ya no sea un modelo
a seguir. Por tal motivo, ante la clara posibilidad de admitir demandas que contengan acumulaciones subjetivas, la pregunta
que formularía inmediatamente sería ¿Cuál será el procedimien-
to para poder calificar y ejecutar los derechos determinando la
individualidad de cada uno de ellos posterior a su admisión? Ahora, si bien la presente modalidad no ha sido desarrollada ni redactada en la NLPT, también es conforme a la verdad y a
derecho, que aquella institución ha sido desarrollada por la doctrina procesal civil y es una idónea herramienta jurídica que permite administrar una adecuada justicia a aquellos litigantes que opten por aquella acumulación. Por lo que, mediante aquella herramienta, cada demandante podrá obtener su legítima pretensión ante au- diencias y debates independientes dentro de un mismo proceso, sin que aquello pudiese vulnerar la individualidad de cada derecho reconocido por la finalidad del artículo 18° de la nueva Ley. Para que no pudiera quedar duda sobre la idoneidad de la señalada propuesta, el presente instrumento procesal también se encontraba regulada con anterioridad en la derogada Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, al indicar que el Juez podría ordenar la desacumulación cuando se afecte el principio de economía proce- sal por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano (15) . Asimismo, como se ha indicado en el párrafo precedente, el Código Procesal Civil, en su artículo 89° de aplicación supletoria, dispuso con me- ridiana claridad que, cuando dos o más pretensiones atendiendo a
la conexidad y a la eventual diferencia del trámite de los procesos
acumulados, el Juez podría disponer la desacumulación en el trámite, reservándose el derecho de expedir una sola sentencia. Por tal razón, al individualizar los procedimientos y las au- diencias correspondientes, el Juez de Trabajo podrá analizar las pretensiones de forma individual, valorar los medios probatorios ofrecidos en su individualidad y pronunciarse sobre el fondo co- rrespondiente al pedido hecho por cada trabajador, entonces, al desarrollarse todas las audiencias, finalmente la Judicatura podrá expedir la sentencia definitiva en el referido proceso, en concor- dancia con la voluntad de los accionantes, y así el principio de economía procesal se podría aplicar plenamente en los procesos individuales regidos en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Ante lo desarrollado en el presente trabajo, podremos llegar
a las siguientes conclusiones y alternativas de solución:
Una innecesaria y reiterada interpretación mecánica del artícu- lo 18° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo –NLPT–referente
la liquidación de derechos individuales, ha originado que muchos actores no puedan ejercer su derecho de acción en forma acumulativa, o detallado en otros términos, que un conjunto de trabajadores que posean una misma categoría
el mismo derecho vulnerado, incurran en la imposibilidad
de interponer una demanda de forma conjunta.
La presente institución procesal denominada liquidación de beneficios individuales se identifica como un novedoso me- canismo procesal que permite a los trabajadores sujetos a los regímenes privado o público, a accionar procedimiento cuando exista una Sentencia del propio Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que declare la afectación de un derecho por los mismos actos o hechos considerados como lesivos que afecten un grupo o categoría de trabajadores. Para tal efecto, tal como ha detallado la doctrina procesal laboral, su finalidad claramente es evitar que se inicien procesos por conflictos que
ya fueron materia de evaluación sobre el fondo y sobre los cuales existiesen sentencias reconocidas con anterioridad.
La finalidad de la mal llamada acumulación subjetiva de
pretensiones, litisconsorcio facultativo, es evitar la contra- dicción de sentencias en cualquiera de sus modalidades, en cuanto una futura colisión de criterios podría incurrir en la imposibilidad de que dichas sentencias puedan ser ejecuta- das o acatadas al mismo tiempo, por lo que su finalidad no se contrapone a la Liquidación de beneficios individuales reconocido por Ley.
bien, el instrumento procesal denominado desacumulación
procesal no ha sido desarrollada ni redactada en la NLPT, aquella institución es una idónea herramienta jurídica que permite administrar una adecuada justicia a aquellos liti- gantes que opten por la acumulación procesal, por el cual, cada demandante podrá obtener su legítima pretensión ante audiencias y debates independientes dentro de un mismo proceso, sin que aquello pudiese vulnerar la individualidad de cada derecho reconocido.
(1) El artículo 83° del Código Procesal Civil ha señalado claramente que “En un proceso puede haber más de una pretensión, o más de dos personas. La primera es una acumulación objetiva y la segunda es una acumulación subjetiva. La acumulación objetiva y subjetiva pueden ser originadas o sucesivas, según lo propongan en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente”. (2) El artículo I del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, ha señalado con meridiana claridad que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de Inmediación, Oralidad, Concen- tración, celeridad, Economía Procesal y Veracidad. (3) El presente Decreto Legislativo N° 677, vigente en aquel entonces, regulaba el derecho de los trabajadores de todas las empresas a participar en las Utilidades de aquellas generadoras de Rentas de Tercera Categoría, luego de publicados los Balances Económico Financieros. (4) La referida Ley N° 26513 señalaba en uno de sus apartados que la renta anual para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, se encontraba referida a la renta neta después de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. (5) En una postura contraria a la asumida en el presente trabajo, se podrá analizar el informe titulado “Ejecutoria Laboral sobre participación de los Trabajadores en las utilidades de las Empresas”, elaborado por el Dr. Luis Hernández Berenguel, en el cual concluye que la Ley N° 26513 se encontraba sujeta a Derecho, por lo que el autor concluye que las utilidades se deberían calcular sobre la renta neta declarada para fines de impuesto a la renta, lo que supone la previa deducción
de las pérdidas de ejercicios anteriores que para efectos de dicho impuesto
todavía era compensable en 1993. Revista Ius et Veritas, 1995, pág. 295. (6) Si bien en la mencionada Ley Procesal se los identifica como prestadores de servicios, es claro sostener que aquellos prestadores son claramente Trabajadores. Para una inmediata reflexión sobre el presente tema, es necesario revisar lo sostenido por nuestro profesor Jorge Rendón Vásquez en su “Derecho del Trabajo-Teoría General”, pág. 40, al señalar que no se puede negar la relación de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada o los funcionarios y empleados públicos a una relación de trabajo, puesto que hay en ella, de una parte, el suministro de fuerza de trabajo para ser utilizada bajo dependencia y, de otra, el pago de una remuneración, con derechos y obligaciones similares; por lo que es clara
y legitima advertencia que propone el maestro al señalar que el hecho
que el empleador sea un privado o el Estado no cambia la naturaleza de
la presente relación. En una similar posición se puede apreciar el trabajo
del maestro francés Jean- Claude Javillier, en su libro “Droit du Travail”, traducción española realizada por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Luis Enrique de la Villa Gil, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, 1981. (7) Luis Vinatea Recoba y Jorge Luis Toyama Miyagusuku (Coordinadores), “Análisis y Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, Edit. Gaceta Jurídica, noviembre de 2012, Lima, pág. 136; Paul Paredes, “Las innovacio-
nes en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”; Loza- Avalos Abogados, Pág. 6 (8) Dentro de los presupuestos establecidos por la Ley y por la Doctrina, se puedan clasificar los siguientes criterios:
a) Tendría que existir una afectación a un derecho con contenido patrimonial
(como es de apreciarse en el presente caso), que corresponda a un grupo
categoría de trabajadores “o” prestadores afectados en forma individual.
Es necesario la expedición de una Sentencia declarativa de derechos que
sea dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República que se pronuncie sobre el derecho sustancial, en el cual
se declare claramente el derecho vulnerado.
c) La Sentencia recaída deberá poseer la calidad de Cosa Juzgada, por el
cual no deberá ser posible algún recurso impugnatorio contra la misma. (9) Como ya se ha indicado, el artículo 83° como en el 92° del CPC, se ha dispuesto que “En un proceso puede haber más de una pretensión, o más de dos personas. La primera es una acumulación objetiva y la segunda es una acumulación subjetiva. La acumulación objetiva y subjetiva pueden ser originadas o sucesivas, según lo propongan en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente”. Agregando en el segundo inciso del artículo 89° que “Atendiendo a la conexidad y a la eventual diferencia del trámite de los procesos acumulados. El Juez PUEDE DISPONER SU DESACUMULACIÓN EN EL TRAMITE…”.
(10) Para la doctrina Procesal Civil, ha definido a la institución Litisconsorcio Facul- tativo, mal llamada Acumulación Subjetiva de Pretensiones, como la relación jurídica procesal tendida entre varios sujetos que ostentan la calidad de parte, en tanto se manifiesten o permanezcan en comunidad de postulación, es decir cuando coincidan básicamente en propiciar el triunfo o el rechazo de
la pretensión o el de la petición correspondiente a un acto procesal, sin re-
sultar de ellos posiciones encontradas, antagónicas o incompatibles con dicha comunidad, tal como lo ha propuesto el autor A. Rivas Adolfo ante la Revista Peruana de Derecho Procesal, Tomo I, Pág. 120, citado por Enrique Palacios Pareja en el libro “El Proceso Civil- Enfoques Divergentes”, Juan Morales Godo (coordinador), Edic. Iuris Consulti, Lima, pág. 65. (11) Ante tal supuesto, el autor Dante Ludwing Apolín Meza en su artículo “La conexidad como requisito para una Debida Acumulación de Pretensiones” publicado en el libro “El Proceso Civil- Enfoques Divergentes”, Juan Morales Godo (coordinador), Edic. Iuris Consulti, Lima, pág. 78, sostiene que no cabe duda que existiría una imposibilidad de que ambas sentencias puedan cumplirse, generando así, una crisis en la resolución del conflicto, lo que configura una grave afectación al valor Seguridad Jurídica en un sistema de Justicia.
(12) Tal como ha sustentado la propia teoría procesalista civil, el Principio de Economía Procesal, más que una finalidad, la obtención del presente principio ES LA CONSECUENCIA DE LA ACUMULACION SUBJETIVA DE PRETENSIONES (LITISCONSORCIO FACULTATIVO para nosotros), pues no
se puede permitir que se deje abierta la posibilidad de que las sentencias que se expidan en los procesos puedan devenir en inejecutables. (13) La propia NLPT no ha determinado que la Acumulación Subjetiva de Pretensiones sea causal de Improcedencia.
(14) El propio artículo 86° del CPC ha detallado que esta acumulación es pro- cedente siempre que las pretensiones provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto, exista conexidad entre ellas y, se cumplan los requisitos del artículo 85°; ante tal forma de regulación se podrá analizar
el ensayo “La Acumulación Procesal” propuesto por la Dra. Eugenia Ariano
Deho, Curso de Derecho Procesal Civil, UNMSM, 2010, Pág. 18.
(15) Cabe rescatar la figura de la improcedencia en la antigua Ley Procesal del Trabajo N° 26636, que aparte de no contemplar la figura de Improcedencia por una indebida acumulación subjetiva de pretensiones en el artículo 18° de forma restrictiva, permitía la desacumulación subjetiva de pretensiones en
segundo párrafo del artículo 13°, al señalar que el Juez podría ordenar
desacumulación cuando se afecte el principio de economía procesal
por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano.
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