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GAFILAT. Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica GAFILAT 15 I PLEN 3 - PDF
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Ignacio Correa Mendoza
1 GAFILAT Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica GAFILAT 15 I PLEN 3
2 Tabla de contenido TABLA DE SIGLAS Y ABREVIACIONES... 4 RESUMEN EJECUTIVO... 6 A. Hallazgos Principales... 6 B. Riesgos y Situación General... 8 C. Nivel General de Cumplimiento y Efectividad... 8 D. Acciones Prioritarias E. Tabla de Aplicación Efectiva de Resultados Inmediatos F. Tabla de Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Prólogo I. RIESGOS DE LA/FT Y CONTEXTO A. Riesgos de LA/FT B. Materialidad y elementos estructurales C. Otros Factores Contextuales D. Delimitación del Alcance de Cuestiones de Mayor Riesgo II. POLÍTICAS ALA/CFT Y COORDINACIÓN NACIONALES A. Antecedentes y Contexto B. Cumplimiento Técnico (R.1, R.2, R.33) C. Efectividad: Resultado Inmediato 1 (Riesgo, Política y Coordinación) D. Recomendaciones sobre Políticas ALA/CFT y Coordinación Nacionales III. SISTEMA JURÍDICO Y CUESTIONES OPERATIVAS A. Antecedentes y Contexto B. Cumplimiento Técnico (R.3, R.4, R.29-32) C. Efectividad: Resultado Inmediato 6 (Inteligencia financiera) D. Efectividad: Resultado Inmediato 7 (Investigación y procesamiento de LA) E. Efectividad: Resultado Inmediato 8 (Decomiso) F. Recomendaciones sobre el sistema jurídico y cuestiones operativas IV. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ADM A. Antecedentes y Contexto B. Cumplimiento Técnico (R.5-8) C. Efectividad: Resultado Inmediato 9 (Investigación y procesamiento de FT) D. Efectividad: Resultado Inmediato 10 (Sanciones financieras y medidas preventivas de FT) E. Efectividad: Resultado Inmediato 11 (Sanciones financieras de FP) F. Recomendaciones sobre el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva V. MEDIDAS PREVENTIVAS A. Antecedentes y Contexto B. Cumplimiento Técnico (R.9-23) C. Efectividad: Resultado Inmediato 4 (Medidas Preventivas) D. Recomendaciones sobre Medidas Preventivas VI. SUPERVISIÓN
3 A. Antecedentes y Contexto B. Cumplimiento Técnico (R.26-28, R.34, R.35) C. Efectividad: Resultado Inmediato 3 (Supervisión) D. Recomendaciones sobre Supervisión VII. PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS A. Antecedentes y Contexto B. Cumplimiento Técnico (R.24, R.25) C. Efectividad: Resultado Inmediato 5 (Personas y Estructuras Jurídicas) D. Recomendaciones sobre Personas y Estructuras Jurídicas VIII. COOPERACIÓN INTERNACIONAL A. Antecedentes y Contexto B. Cumplimiento Técnico (R.36-40) C. Efectividad: Resultado Inmediato 2 (Cooperación Internacional) D. Recomendaciones sobre Cooperación Internacional ANEXO CUMPLIMIENTO TÉCNICO I. INTRODUCCIÓN II. POLÍTICAS ALA/CFT Y COORDINACIÓN NACIONALES Recomendación 1 Evaluación de los riesgos y aplicación de un enfoque basado en el Riesgo Recomendación 2 Cooperación y coordinación nacional Recomendación 33 - Estadísticas III. SISTEMA JURÍDICO Y CUESTIONES OPERATIVAS Recomendación 3 Delito de lavado de activos Recomendación 4 Decomiso y medidas provisorias Recomendación 29 Unidades de inteligencia financiera Recomendación 30 Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas Recomendación 31 Facultades de las autoridades del orden público e investigativas Recomendación 32 Transporte de efectivo IV. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PA Recomendación 5 Delito de financiamiento del terrorismo Recomendación 6 Sanciones financieras específicas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo Recomendación 7 Sanciones financieras específicas relacionadas a la proliferación Recomendación 8 Organizaciones sin fines de lucro V. MEDIDAS PREVENTIVAS Recomendación 9 Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras Recomendación 10 Debida diligencia del cliente Recomendación 11 Mantenimiento de registros Recomendación 12 Personas expuestas políticamente Recomendación 13 Banca corresponsal Recomendación 14 Servicios de transferencia de dinero o valores Recomendación 15 Nuevas tecnologías Recomendación 16 Transferencias electrónicas Recomendación 17 Dependencia en terceros Recomendación 18 Controles internos y sucursales y filiales extranjeras Recomendación 19 Países de mayor riesgo Recomendación 20 Reporte de operaciones sospechosas Recomendación 21 Revelación (Tipping-off) y confidencialidad Recomendación 22 APNFD: Debida diligencia del cliente
4 Recomendación 23 APNFD: otras medidas VI. SUPERVISIÓN Recomendación 26 Regulación y supervisión de las instituciones financieras Recomendación 27 Facultades de los supervisores Recomendación 28 Regulación y supervisión de APNFD Recomendación 34 Guía y retroalimentación Recomendación 35 Sanciones VII. PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Recomendación 24 Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas Recomendación 25 Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas VIII. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Recomendación 36 Instrumentos internacionales Recomendación 37 Asistencia legal mutua Recomendación 38 Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso Recomendación 39 Extradición Recomendación 40 Otras formas de cooperación internacional
5 TABLA DE SIGLAS Y ABREVIACIONES AFI ALA ADM APNFD Art. BID CILAFIT CISTE CONASSIF CSNU Convención de Mérida Convención de Palermo Convención de Viena CFT CP CPP DDC DR LA/FT DIS EBR FPADM FT FMI GAFI GAFILAT IF Alianza para la Inclusión Financiera Antilavado de Activos Armas de Destrucción Masiva Actividades Profesionales No Financieras Designadas Artículo Banco Interamericano de Desarrollo Comité Interinstitucional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Comisión Interinstitucional sobre Terrorismo Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas Contra el Financiamiento del Terrorismo Codigo Penal Código de Procedimiento Penal Debida Diligencia del Cliente Diagnóstico Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Costa Rica Dirección de Inteligencia y Seguridad Enfoque Basado en Riesgo Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Financiación del Terrorismo Fondo Monetario Internacional Grupo de Acción Financiera Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Institución(es) Financiera(s) 4
6 LA LC Ley 8204 NCL 8204 OAR OATRI OIEA OIJ OPAQ OSFL PA PADM PCD PCF PEP PND ROS SA SLC STDV SUGEF SUEGESE SUGEVAL SUPEN UIF UNODC UPI URA URC Lavado de Activos / Legitimación de capitales Legitimación de Capitales Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 Organismo Autoregulador Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales Organismo Internacional de Energía Atómica Organismo de Investigación Judicial Organización para la Prohibición de Armas Nucleares Organizaciones Sin Fines de Lucro Proliferación de Armas Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Policia de Control de Drogas Policia de Control Fiscal Personas Expuestas Políticamente Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Reporte(s) de Operación(es) Sospechosa(s) Sociedades Anónimas Sección de Legitimación de Capitales Servicios de Transferencias de Dinero y de Valores Superintendencia General de Entidades Financieras Superintendencia General de Seguros Superintendencia General de Valores Superintendencia de Pensiones Unidad de Inteligencia Financiera Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito Unidad de Programas de Inteligencia Unidad de Recuperación de Activos Unidad de Registro y Consultas 5
7 RESUMEN EJECUTIVO 1. Este informe resume las medidas de Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) instauradas en Costa Rica a la fecha de la visita in situ (19 al 30 de enero, 2015). Analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Costa Rica, y plantea recomendaciones respecto de cómo se podrían reforzar algunos aspectos del sistema. A. Hallazgos Principales 2. Costa Rica, en términos generales, cuenta con diversas herramientas legislativas, normativas y estructuras que le permiten hacer frente al combate LA/FT. No obstante lo anterior, se identificaron algunas deficiencias técnicas que deben ser atendidas con el fin de asegurar un sólido sistema ALA/CFT. 3. Costa Rica ha llevado a cabo el Diagnóstico Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DR-LA/FT) y en general, Costa Rica presenta un nivel adecuado de entendimiento de sus riesgos de Lavado de Activos (LA), destacándose que en dicho desarrollo se presentó un adecuado nivel de coordinación y cooperación por parte de las autoridades y el sector privado. 4. El país se encuentra en proceso de desarrollo de un Estrategía Nacional encaminada a implementar políticas y actividades sobre la base de los riesgos identificados que contemplen medidas y asignación de recursos que permita abordar y mitigar los riesgos de LA/FT, mismas que son parte del plan de acción que se esta trabajando como parte de la citada Estrategia. En cuanto al nivel de entendimiento de los riesgos asociados al financiamiento del terrorismo (FT) Costa Rica percibe como nivel de riesgo bajo de FT, principalmente como consecuencia de que el terrorsimo no se encuentra considerado como una amenaza directa al país. 5. La inteligencia financiera generada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es utilizada por las autoridades competentes en investigaciones sobre LA, aunque la utilidad de dicha inteligencia financiera podría verse incrementada con una mayor retroalimentación por parte de las autoridades usuarias de la misma. La generación de la inteligencia financiera por parte de la UIF emplea diversas bases de datos que brindan valor agregado a los ROS recibidos por parte de los sujetos obligados, sin embargo ésta se ve limitada por falta de suministro de información por parte de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). En el caso del FT, no se contó con suficiente evidencia para evaluar el uso de la inteligencia financiera asociada a este delito, puesto que no se tienen casos relacionados con dicha conducta. 6. Los distintos órganos que actúan en materia de prevención de LA procuran trabajar en constante contacto desde el incio de las investigaciones para lograr un eficiente y efectivo intercambio de información y experiencias, adicional a las reuniones bimensuales que llevan a cabo la Fiscalía de Legitimación de Capitales y la UIF en materia de coordinación. Asimismo, se reconocen los esfuerzos que realizan las instituciones encargadas de dar cumplimiento de la ley, las cuales podrían verse beneficiadas con la asignación de mayores recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para desempeñar sus funciones de forma más efectiva. 6
8 7. Costa Rica evidencia combate a los delitos determinantes de LA, en particular el tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, en procesamientos y condenas. En lo que se refiere al delito de LA, se entiende que se da prioridad a los procesamientos y condenas vinculados al narcotráfico, siendo pocas las iniciativas identificadas para el combate al LA proveniente de otras clases de delitos determinantes, incluso en modalidades delictivas que fueron identificadas en el DR-LA/FT como amenazas de LA (e.g. trata y tráfico de personas, fraudes, falsificación y piratería de productos, evasión tributaria, etc.). 8. La gran mayoría de los bienes decomisados y comisados en el país son provenientes de casos relacionados al narcotráfico y, en el caso de LA, de actividades que tienen el propio tráfico de drogas como delito determinante. Adicionalmente, se cuenta con un sistema de administración de bienes que provee facultades para gestionarlos y disponer de los mismos. 9. El país ha manejado distintos mecanismos para realizar la repatriación, repartición y de restitución de bienes y/o activos. No obstante, las iniciativas para la utilización de dichos mecanismos deben ser incrementadas, de manera que el país pueda tener una eficiente y efectiva actuación en casos que necesiten de esfuerzos compartidos entre las autoridades nacionales y de los demás países cooperantes. No obstante, se identificó la imposibilidad la aplicación del comiso de bienes de valor equivalente. 10. Las deficiencias en la adecuada tipificación del delito de FT pueden afectar la efectividad en materia de lucha contra el FT. Al tiempo de la visita in-situ, no existían en Costa Rica de casos de FT en etapa de investigación, ni causas que hayan sido sometidas a la apreciación de los Tribunales Penales del país. Además, las iniciativas de capacitación en el tema de FT realizadas en el país para el personal del OIJ, del Ministerio Público y de los Tribunales Penales son mínimas y la gran mayoría de los integrantes del sistema represivo del país aún no cuentan con suficiente capacitación específíca para manejar posibles amenazas y tendencias particulares de FT. La UIF tiene la facultad para ordenar la retención y congelamiento de fondos y productos financieros, así como las medidas de inmovilización que pueden solicitarse al juez, como medidas fundamentales para llevar a cabo investigaciones de FT, sin embargo aun no ha sido utilizada para casos de FT. 11. Costa Rica ha llevado a cabo un primer desarrollo para la implementación de las Resoluciones 1267/1989 y 1988 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) para el cumplimiento de la Recomendación 6 del GAFI, sin embargo, el marco no es suficiente para hacer aplicables las sanciones específicas dirigidas establecidas en la Recomendación 6. Por su parte, Costa Rica carece de un marco normativo para la adecuada implementación de la Recomendación 7 del GAFI. 12. Las Instituciones Financieras (IF) del sistema financiero son conscientes de la naturaleza y del nivel de los riesgos de LA/FT propios del sector y, en general, poseen políticas y procedimientos apropiados para mitigar y controlar estos riesgos. Sin embargo, no se observa ese mismo nivel de compresión de riesgos en las APNFD. En particular, son de preocupación el mercado de bienes raíces y el de la construcción. Asimismo, se resalta la falta de entendimiento y compromiso por parte de los abogados, quienes requieren una mayor sensibilización de las normativas ALA/CFT del país 13. El enfoque basado en riesgos (EBR) de LA/FT de las superintendencias se encuentra en distintas fases de desarrollo, algunas superintendencias lo están implementando en sus procesos de supervisión de manera generalizada y otras están en dicho proceso en el corto o mediano plazo. Las superintendencias han impuesto escasas sanciones pecuniarias. 14. Por lo que respecta a las APNFD a pesar del reciente acercamiento con las APNFD, actualmente no existe alguna autoridad competente que regule y supervise el sistema ALA/CFT en los casinos físicos y los 7
9 casinos por internet, ni las demás APNFD, salvo aquellas supervisadas por la Superintendencia de General de Entidades Financieras (SUGEF). 15. Se cuenta con información disponible sobre las personas jurídicas en el Registro de Personas Jurídicas, cuya inscripción proporciona seguridad jurídica en el tráfico mercantil. Adicionalmente, Costa Rica tomó la medida de suprimir las acciones al portador en sociedades anónimas como una medida para evitar el uso indebido de las personas jurídicas. No obstante, existen dificultades a la hora de acceder a la información básica sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas, de manera precisa y actualizada. Los mecanismos existentes descansan fundamentalmente en la información registral, que tiene limitaciones en este sentido. Se ha presentado alguna iniciativa encaminada a subsanar dichas limitaciones, como el establecimiento de un registro público de accionistas, pero aún no se contaba con el proyecto aprobado al momento de la visita in situ. En cuanto a los fideicomisos, la ausencia de un registro propio y limitada supervisión que, hasta la fecha, han tenido los prestadores de servicios fiduciarios, son deficiencias que limitan la veracidad y transparencia sobre las personas que ejercen un control final efectivo sobre este tipo de estructuras jurídicas. 16. Costa Rica posee una amplia gama de instrumentos legales y administrativos que fomentan la cooperación a nivel internacional de parte de todos los organismos relevantes en la prevención y combate de LA/FT, lo cual cobra especial relevancia en el ámbito Centroamericano, donde se intensifica dicho marco de cooperación. En este sentido, Costa Rica cuenta con disposiciones que le permiten proporcionar amplios niveles de colaboración con autoridades extranjeras. Sin embargo, se requiere el desarrollo de mecanismos para brindar de manera informal, retroalimentación sobre la información o asistencia proporcionada, los cuales podrían ser útiles para mejorar la calidad y oportunidad de la cooperación brindada. B. Riesgos y Situación General 17. Costa Rica realizó el DR LA/FT en el que se identificaron de manera adecuada los principales riesgos en materia de LA. Se vinculan como amenazas principalmente a actividades de narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, fraude y evasión tributaria. Es de destacar la ubicación geográfica del país, que lo sitúa en la ruta de tráfico de droga desde los países del sur hasta Norteamérica, situándose en el corredor centroamericano que se utiliza como puente. 18. En materia de vulnerabilidad, las organizaciones criminales hacen uso de IF, en particular servicios de transferencia de dinero y casas de cambio para movilizar los fondos de origen ilícito, siendo estos los sectores de mayor vulnerabilidad al LA. Los administradores de fondos de terceros y la creación de personas jurídicas con propósitos de legitimación de ingresos de origen ilícito son una preocupación para las autoridades. Con respecto a las APNFD, el uso de los sectores de bienes raíces, bienes de alto valor, para emprendimientos relacionados con el turismo principalmente, son de preocupación, junto con la operatividad de los casinos (incluyendo on-line), teniendo en cuenta además la aparente ausencia de regulación específica y supervisión en materia ALA/CFT. 19. En materia de FT, Costa Rica considera la amenaza del terrorismo y su financiamiento como baja. C. Nivel General de Cumplimiento y Efectividad C.1 Evaluación Nacional de Riesgos 20. Costa Rica ha identificado y comprendido de manera adecuada sus riesgos de LA a escala nacional, identificando al narcotráfico como la principal amenaza que enfrenta el país, enfocando gran parte de sus 8
10 esfuerzos a este flagelo. No obstante, la evidencia no apunta a que el grado de comprensión sobre los riesgos en materia de FT se encuentre al mismo nivel. Adicionalmente, aún no se han implementado medidas y asignado recursos que permitan mitigar los riesgos identificados, sin embargo, es importante mencionar que a la fecha de la visita in situ el país se encontraba en proceso de desarrollo de una Estrategia Nacional derivada del DR-LA/FT efectuado. Para la elaboración del DR LA/FT se involucró a todas las autoridades nacionales y representantes del sector privado quienes conformaron mesas de trabajo temáticas que conjuntaron a los sectores relevantes, lo que representa un alto nivel de compromiso en la lucha contra el LA/FT por parte delos distintos actores que intervienen en el sistema de prevención, detección y represión del LA/FT. El nivel de entendimiento de los riesgos de LA/FT por parte de las IF se considera adecuado, sin embargo en el caso de las APNFD, se evidencia la necesidad de emprender mayores esfuerzos y vinculación. C.2 Investigación y procesamiento de LA 21. En general, la inteligencia financiera generada por la UIF es utilizada por las autoridades competentes en investigaciones sobre LA. La UIF accede a diversas bases de datos que le permiten brindar valor agregado a los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibe, el cual se deriva en productos de inteligencia financiera utilizados por las autoridades competentes. No obstante, la generación de inteligencia financiera se vería mejorada mediante el incremento de ROS por parte de las APNFD. La UIF coopera tanto con las autoridades competentes como con los sujetos obligados. Asimismo, identifica tipologías y las comunica, mantiene reuniones con los sujetos obligados para brindar retroalimentación sobre la calidad de los ROS reportados y publica documentos de interés en la Plataforma UIF, lo que da prueba de los esfuerzos realizados por dicha entidad. Existen deficiencias respecto a la confidencialidad de la información, tal es el caso de la comunicación informal por parte de los bancos a la fiscalía sobre operaciones intentadas, el acceso a las bases de datos que mantiene la Unidad de Registro y Consultas (URC) del ICD y la falta de seguridad respecto del archivo físico en el que se mantienen los expedientes con informes de inteligencia financiera impresos. La independencia operativa podría verse mejorada si la UIF pudiera emitir recomendaciones y directivas dirigidas a los sujetos obligados de forma directa, suscribir convenios de cooperación de forma directa, y seleccionar, remover y sancionar administrativamente a los funcionarios de la UIF. 22. Se percibe la existencia en el país de un sistema de combate a los delitos determinantes, en particular el tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas. En lo que se refiere al delito de LA, se entiende que se da prioridad a los procesamientos y condenas vinculados al narcotráfico, siendo pocas las iniciativas identificadas para el combate al LA proveniente de otras clases de delitos determinantes, incluso en modalidades delictivas que fueron identificadas en el DR-LA/FT como amenazas de LA. C.3 Medidas para el decomiso y comiso de bienes 23. Costa Rica se encuentra considerablemente estructurada para actuar en el tema de decomiso y comiso de bienes (incautación y decomiso, según GAFI) provenientes de los delitos determinantes y del LA, aunque evidenciando una mayor proximidad al combate a los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que de los delitos de LA. Al tiempo de la visita in situ, la gran mayoría de los bienes decomisados y comisados eran provenientes de casos relacionados al narcotráfico y, en el caso de legitimación de capitales, de actividades que tenian el propio tráfico de drogas como delito determinante. 24. Los controles actualmente adoptados por los órganos en actuación en algunas de las zonas de fronteras terrestres y marítimas no parecen ser suficientes para minimizaren las amenazas y riesgos identificados en 9
11 el país, siendo necesario el incremento de mayor capacidad humana y operacional para la eficaz realización de sus actividades. Las iniciativas para la utilización de mecanismos de repatriación, repartición y de restitución de bienes y/o activos relacionados a los delitos determinantes y del propio delito de LA deben ser incrementadas, de manera que el país pueda tener una eficiente actuación en casos que necesiten de esfuerzos compartidos entre las autoridades nacionales y de los demás países cooperantes. Igualmente, no es posible la aplicación del comiso de bienes de valor equivalente. C.4 Investigación y procesamiento de FT y Sanciones Financieras Dirigidas relacionadas con FT. 25. El FT no es percibido como de alto riesgo en el país. Al tiempo de la visita in situ no fue identificada en Costa Rica la existencia de casos de FT, ni en etapa de investigación o procesamiento y muchos menos que causas que hayan llegado a los Tribunales Penales del país. Las deficiencias en la adecuada tipificación del delito de FT pueden afectar la efectividad en materia de conocimiento y lucha contra el FT. Las iniciativas de capacitación en el tema de FT realizadas en el país para el personal del OIJ, del Ministerio Público y de los Tribunales Penales deberían ser incrementadas con el fin de cuenten con conocimiento necesario especifico para que manejaren posibles amenazas y tendencias particulares de FT que puedan estar siendo practicadas en el país. 26. Costa Rica requiere introducir modificaciones legales y reglamentarias específicas para dar cumplimiento a las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI y así implementar adecuadamente de las Resoluciones 1267, 1988 y 1989 del CSNU, y las medidas establecidas en la Resolución 1373 del CSNU, así como las Resoluciones 1718 y 1737 del CSNU. C.5 Medidas Preventivas y Supervisión de las IF 27. Las IF son conscientes de los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos. Las IF se encuentran más avanzadas en estos esfuerzos en relación a los demás sectores. En líneas generales, las entidades del sistema financiero son conscientes de la naturaleza y del nivel de los riesgos de LA/FT propios del sector y poseen políticas y procedimientos apropiados para mitigar y controlar estos riesgos. 28. La supervisión basada en riesgos de LA/FT se encuentra en distintas fases de desarrollo. En algunos casos, la misma se encuentra en las primeras fases de implementación y, en otros, el desarrollo se encuentra en progreso adecuado. C.6 Medidas Preventivas y Supervisión de las APNFD 29. Las autoridades competentes, en particular la UIF, han realizado esfuerzos en acercamientos con los distintos sectores que conforman las APNFD. Actualmente no existe alguna autoridad competente que regule y supervise el sistema ALA/CFT en los casinos físicos y los casinos por internet, así como las demás APNFD, salvo aquellas supervisadas por la SUGEF. 30. En líneas generales, no se percibe que las APNFD sean conscientes de su exposición a los riesgos de LA/FT. En particular es de preocupación el mercado de bienes raíces y de la construcción por el nivel de riesgos manifestado sobre esta industria. Asimismo, se resalta la falta de entendimiento que tienen los abogados frente a los riesgos de LA/FT, quienes requieren sensibilizarse en sus obligaciones a las normativas ALA/CFT del país. C.7 Estructuras jurídicas 10
12 31. La principal fuente de información sobre personas jurídicas y otras estructuras procede del Registro Nacional. Se han observado progresos como la prohibición de las acciones al portador y, en general, el nivel de compromiso de las autoridades públicas en la adopción de buenas prácticas es bastante alto. No obstante, existen áreas de preocupación acerca de la utilización de algunas de éstas personas jurídicas y la transparencia que existe sobre los beneficiarios finales de las mismas, como el modo de transmisión por endoso de las acciones de las sociedades anónimas y las dificultades que en ocasiones encuentran las autoridades para acceder a los libros de registro de accionistas. La interpretación demasiado amplia sobre el secreto profesional, que tiene el colectivo de abogados en Costa Rica, afectaría al normal cumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida. C.8 Cooperación Internacional 32. Costa Rica cuenta con un marco legal adecuado para entregar cooperación internacional de manera efectiva, lo que se manifiesta en su manejo y seguimiento de peticiones de extradiciones, congelamiento y comiso de activos solicitados por terceros países, no obstante el número reducido de funcionarios con los que cuentan instituciones como la Oficina de Asesoria Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), la Fiscalía Especializada de Legitimación de Capitales o el OIJ en su sección de LA, situación que debiese ser observada y mejorada por las autoridades. D. Acciones Prioritarias 33. Con base en las deficiencias identificadas a lo largo de la evaluación, las acciones que Costa Rica debe establecer de manera prioritaria son las siguientes: Llevar a término la Estrategía Nacional ALA/CFT con el fin de establecer políticas y actividades ALA/CFT a escala nacional, en base a los riesgos identificados, que incluyan acciones, plazos, mecanismos de coordinación, medios de seguimiento y responsables claramente establecidos. Lograr un adecuado nivel de entendimiento de los riesgos de FT y del Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) e implementar medidas encaminadas a contar con mecanismos y procedimientos que permitan a las autoridades tomar las medidas adecuadas en caso de presentar algún caso. Emitir la regulación dirigida a las APNFD relacionada con la aplicación de políticas de gestión de los riesgos LA/FT a los que se encuentran expuestas. Mantener estadísticas que permitan cuantificar el posible impacto de los riesgos LA/FT. Realizar ajustes normativos de manera que las medidas aplicadas respondan a los niveles de riesgo identificados en el DR-LA/FT, tanto para las instituciones financieras como las APNFD, para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones e identificación de beneficiarios finales. También se deben realizar ajustes legislativos y normativos con respecto a las funciones de las autoridades, las facultades de las mismas para imponer sanciones, la recuperación de activos y el mantenimiento de la confidencialidad de la información. Dotar a las autoridades relevantes para la investigación y represión de delitos de LA/FT, incluyendo a la UIF, las autoridades de Aduanas y los tribunales de mayores recursos, tanto humanos como económicos y tecnológicos, así como de capacitación. 11
13 Direccionar más esfuerzos para actuar en casos relacionados con otros delitos determinantes aparte del tráfico de drogas. Analizar el establecimiento de lineamientos y directrices diferenciadas para cada mercado regulado, de acuerdo a los riesgos de LA/FT, estableciendo medidas de DD intensificadas y simplicadas, según sea el caso. Analizar el uso de mecanismos informales de comunicación entre los sujetos obligados y las autoridades, de manera que estos sean consistentes con la normatividad y procuren la confidencialidad de la información. Designar a las autoridades competentes de supervisar a los sectores y actividades que actualmente no tienen un órgano a cargo de tales tareas. E. Tabla de Aplicación Efectiva de Resultados Inmediatos Efectividad 1. Riesgo, Política y Coordinación Moderado 34. Costa Rica ha identificado y comprendido de manera adecuada sus riesgos de LA a escala nacional, identificando al narcotráfico como la principal amenaza que enfrenta el país, enfocando gran parte de sus esfuerzos a este flagelo. No obstante, la evidencia no apunta a que el grado de comprensión sobre los riesgos en materia de FT se encuentre al mismo nivel. 35. Si bien Costa Rica se encuentra trabajando en una Estrategia Nacional, a la fecha de la visita in situ, el país carencía de políticas y actividades a escala nacional que permitan mitigar los riesgos de LA/FT identificados en el DR LA/FT. 36. En el caso de las APNFD se evidencia un bajo nivel de entendimiento de los riesgos LA/FT a los que se encuentran expuestas. 37. Los resultados del DR-LA/FT no han sido utilizados para justificar exenciones y apoyar medidas intensificadas por parte de las instituciones financieras y APNFD. 2. Cooperación Internacional Substancial 38. Costa Rica presenta carateristicas de un sistema fectivo en esta área, solo mejoradas moderadas son requeridas. 39. Así el país posee una amplia gama de instrumentos legales y administrativos que fomentan la cooperación a nivel internacional de parte de todos los orgnaismos relevantes en la prevención y combate LA/FT. 40. Se considera insuficiente la información relacionada con retroalimentación sobre la eficacia y calidad de la cooperación o información provista por parte de los países. 41. El uso de instrumentos de cooperación a nivel regional (Centroamérica) entre las diversas autoridades 12
14 es inconsistente entre las diversas autoridades.los datos estadísticos no reflejan de manera exacta los casos que involucran delitos de LA/FT 42. Baja cooperación internacional realizada por los supervisores de los sujetos obligados. 3. Supervisión Moderado 43. Se muestran diferentes grados de desarrollo muy diferentes en cuanto a la aplicación de supervisión basada en riesgo a las instituciones financieras por parte de los entes supervisores. 44. No se percibe la existencia, durante la visita in situ, de una autoridad que supervise y regule a las APNFD (salvo las supervisadas por la SUGEF); no se percibe una autoridad que pueda impedir la emisión de licencias a criminales o sus asociados o que sean accionistas o directivos en casinos. 45. En la labor de supervisión se han impuesto escasas sanciones pecuniarias. 4. Medidas Preventivas Moderado 46. Las IF del sistema financiero oson conscientes de la naturalea y del nivel de los riesgos de LA/FT propios del sector. Sin embargo se observa la falta de una política formal que ordene los esfuerzos de inclusión financiera, así como falta de regulación en la materia. 47. El actual enfoque de regulación de talla única o generalizado para las instituciones no toma en consideración las características particulares de cada mercado o institución financiera en cuanto a los riesgos de LA/FT. 48. Existe una proliferación de actividades informales de remesas, cambio de divisas, préstamos de dinero. 49. No se percibe concienciación en materia de los riesgos de LA/FT a los que están expuestas las APNFD, especialmente los mercados de bienes raíces y de construcción. Por parte de los abogados, se percibe no solo una incomprensión sino falta de compromiso a aceptar la normativa ALA/CFT. 5. Personas y Estructuras jurídicas Bajo 50. Se presenta dificultad para obtener información sobre los beneficiarios finales por parte de las autoridades, toda vez que no siempre se tiene información actualizada, dada la falta de obligación de registrar la transmisión de acciones, o por resistencia de representantes o notarios de presentar la información. 51. Falta de un registro específico para los fideicomisos y estructuras jurídicas donde consten las condiciones del contrato. 52. La regulación de las actividades de agentes inmobiliarios y prestadores de servicios fiduciarios no es suficiente, así como la supervisión de los sujetos obligados en estos sectores es limitada. 53. La interpretación por parte de los abogados sobre el impedimento a cumplir con sus obligaciones de ALA/CFT debido al secreto profesional podría restar efectividad al sistema preventivo al momento de comunicar operaciones sospechosas, especialmente en el marco de la doble función como abogado y 13
15 notario que puede ejercer un mismo profesional en un acto jurídico. 6. Inteligencia Financiera Moderado 54. En general, Costa Rica presenta algunas caracterisiticas de un sistema efectivo para la generación de inteligencia financiera. Asi, la inteligencia financiera generada por la UIF es utilizada por las autoridades competentes en investigaciones sobre LA. La UIF accede a diversas bases de datos que le permiten brindar valor agregado a los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibe, el cual se deriva en productos de inteligencia utilizados por las autoridades competentes. Sin embargo, existen aspectos que deben ser mejorados. 55. La labor de inteligencia financiera de la UIF se ve limitada por el bajo nivel de registro y de ROS por parte de las APNFD. Adicionalmente, la limitada información actualizada sobre los accionistas de las sociedades, así como la carencia de regulación e información relacionada a las OSFL limitan el acceso a información relevante que pueda ser utilizada con fines de inteligencia financiera. La inexistencia de casos relacionados a FT no permitió evaluar el uso de la inteligencia financiera asociada a este delito. 56. Si bien la UIF proporciona cooperación a las autoridades competentes y a los sujetos obligados, no se evidencia la retroalimentación por parte de las autoridades competentes hacia la UIF. 57. La UIF, la Fiscalía de Legitimación de Capitales y las autoridades competentes de dar cumplimiento a las disposiciones sobre movimiento transfronterizo de dinero en efectivo y valores, no cuentan con los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para desempeñar sus funciones de forma más efectiva. 58. Respecto a la confidencialidad de la información, existe una discrepancia legislativa relacionada a la identificación de la institución que sirve como centro nacional para la recepción de ROS. 7. Investigación y Procesamiento de LA Moderado 59. En general, Costa Rica presenta algunas características de un sistema efectivo para la investigación, procesamiento y condenas de los delitos determinantes y de LA Sin embargo, en lo que se refiere al delito de LA, se verifica que el enfoque aún se concentra en el tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, siendo pocas las iniciativas identificadas para el combate al LA proveniente de otras clases de delitos determinantes, incluso en modalidades delictivas que fueron identificadas en el DR-LA/FT como amenazas de LA. 60. Existe una carencia de estructuras física y de personal en los equipos de investigación especializada en LA de la Policía Judicial y en el Ministerio Público. 61. Los equipos de la Policia Judicial, del Ministerio Público y de los Tribunales Penales aún no cuentan con las oportunidades suficientes para la capacitación apropiada en materia de LA, de manera que puedan tener el conocimiento específico para efectuar la identificación, investigación, procesamiento y juzgamiento de las causas de legitimación de capitales que practicadas en el país. 8. Decomiso Moderado 62. Costa Rica se encuentra considerablemente estructurada para actuar en el tema de decomiso y comiso de bienes (incautación y decomiso, según GAFI) provenientes de los delitos determinantes y del LA, aunque evidenciando una mayor proximidad al combate a los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y 14
16 sustancias psicotrópicas que de los delitos de LA. 63. El país debe incrementar la utilización de los mecanismos de repatriación, repartición y de restitución de bienes, de manera que se pueda tener una eficiente actuación en casos que necesiten de esfuerzos compartidos entre las autoridades nacionales y de los demás países cooperantes. No es posible en Costa Rica la aplicación del comiso de bienes de valor equivalente 64. Los controles actualmente adoptados por los órganos en actuación en algunas de las zonas de fronteras terrestres y marítimas aún no parecen ser suficientes para minimizar las amenazas y los riesgos identificados en el país, siendo nítida la escasez de material humano y operacional para la eficaz realización de sus actividades. 9. Investigación y Procesamiento de FT Moderado 65. Existen deficiencias en la tipificación del delito de FT que afectan en el efectivo conocimiento y lucha contra el FT. 66. No se ha identificado la existencia de casos, ya sea en etapa investigativa o de procesamiento, o causas presentadas ante tribunales en materia de FT. 67. No se presentan casos, ya sea en etapa de investigación o procesamiento, o casos ante tribunales relacionados con FT tendente a la financiación del terrorismo, evaluando sistemáticamente los resultados de dicho enfrentamiento. 10. Sanciones Financieras y Medidas Preventiva de FT Bajo 68. Costa Rica no cuenta con normatividad específica que haga aplicables las sanciones financieras dirigidas acorde con la Recomendación 6 del GAFI para la adecuada implementación de las Resoluciones 1267, 1988, 1989 y 1373 del CSNU. Esto incluye la falta de canales de comunicación para transmitir las listas de los Comités 1267/1989 y 1988 a los organismos relevantes. 69. Se carece de normatividad para prevenir el abuso de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) para fines de FT, las cuales también carecen de fiscalización en materia de financistas o beneficiarios y de guías por parte de las autoridades para la prevención del FT. 70. No se evidencian acciones focalizadas para combatir al FT, ya sea a manera de sanciones o procesos administrativos, civiles o penales en la materia. Esto responde a la poca consideración del financiamiento al terrorismo como relevante a las actividades de las autoridades. 11. Sanciones Financieras de FPADM Bajo 71. Costa Rica carece de legislación y medidas relacionadas con al combate del FPADM. En este contexto, no hay procedimientos establecidos para la identificación y congelamiento en los términos establecidos por GAFI en la Recomendación 7 para la implementación de las Resoluciones 1718 y 1737 del CSNU. 15
17 F. Tabla de Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI Cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI Recomendación Calificación Factores que justifican la calificación 1. Evaluación de los riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo PC Ausencia de políticas nacionales con un EBR para asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el LA/FT sean proporcionales a los riesgos identificados en el DR-LA/FT. No existe supervisor u Organismos Autoregulador (OAR) de las APNFD, en material de ALA/CFT para asegurar que están cumpliendo con las obligaciones de la Recomendación 1. La normativa vigente no contempla la obligación para las APNFD de identificar, evaluar y comprender los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestas. 2. Cooperación y coordinación nacional PC Costa Rica no cuenta con políticas ALA/CFT a escala nacional que tengan en cuenta los riesgos identificados en el DR-LA/FT, en tal sentido, tampoco existe un mecanismo de coordinación para su implementación. Costa Rica carece de legislación relacionada al combate del FPADM, por lo tanto no cuenta con mecanismos de coordinación en esta materia. 3. Delito de lavado de activos MC Aunque estén abarcados por el concepto de delito grave, y por consecuencia, sean considerados delitos determinantes del LA, los delitos de FT y tráfico ilícito de migrantes no se encuentran adecuadamente tipificados en legislación costarricense. 4. Decomiso y medidas provisorias MC No se dispone de mecanismo legal para el comiso de bienes de valor equivalente. 5. Delito de financiamiento del terrorismo PC La Ley no cubre las conductas contempladas en el artículo 2.b de la Convención contra el FT; La tipificación del delito de FT, tal como se encuentra establecida en la Ley 8204, no se extiende al financiamiento para terrorista individual. 6. Sanciones financieras específicas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo PC Falta el desarrollo de procedimientos que desarrollen lo establecido en los Arts. 33, 33 bis y 86 de la Ley 8204 para el cumplimiento de lo establecido en la Recomendación 6 que permita dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en las RCSNU 1267 y Sanciones financieras específicas relacionadas a la proliferación NC Costa Rica carece de legislación relacionada al combate del FPADM. En este contexto, no hay procedimientos establecidos para la identificación y congelamiento en los términos establecidos por GAFI para la implementación de las Resoluciones 1718 y 1737 del CSNU. 8. Organizaciones sin fines de NC No existe conciencia respecto del peligro potencial 16
18 Cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI Recomendación Calificación Factores que justifican la calificación lucro que involucra el delito de FT para las OSFL. No conocimiento claro respecto de la composición, financistas y reales beneficiarios de las OSFL. En la mayoría de los casos no existen obligaciones legales para las OSFL en cuanto a mantener actualizada en los registros tanto su composición como los resultados de sus gestiones financieras y a quienes favorecieron, salvo en aquellas Fundaciones controladas por la Contraloría de Costa Rica, la que realiza un control anual de gestión y uso de fondos públicos entregados (ley Nº 5338), aunque no indicando acciones preventivas o de fiscalización sobre políticas de LA/FT. No existe normativa específica que obligue a las OSFL a implementar medidas de prevención contra el Financiamiento del Terrorismo, con lo que su actuación se encuentra en la práctica sin fiscalización a este respecto 9. Leyes sobre el secreto de las C instituciones financieras 10. Debida diligencia del cliente MC No todas las circunstancias establecidas en la Recomendación 16 se encuentran cubiertas (sólo para transacciones por encima de los dólares americanos) No se exige a las IF la adopción de medidas de DDC de acuerdo a los criterios 10.2.d) y 10.2.e) (salvo los casos de incio de una relacion de negocio). No se establecen medidas específicas de DDC para los beneficiarios de seguros de vida y otras pólizas de seguros. No existe disposición normativa para exigir a las IF que apliquen requisitos establecidos en los casos en que no se pueda completar la DDC satisfactoriamente (criterio ), ni para los casos en que las IF que tienen la sospecha de que existe LA/FT, y se les permita no realizar DDC y solicitar un ROS (criterio 10.20) 11. Mantenimiento de Registros C 12. Personas Expuestas Políticamente MC No se incluye como PEP a los altos cargos de organizaciones internacionales. Los requisitos establecidos para PEP no aplican a los asociados cercanos, ni para miembros de familia más allá de los cónyuges. No se incluye normativa para los requisitos de pólizas de seguro de vida en relación a los PEP 13. Banca corresponsal MC No hay obligaciones específicas para los casos de 17
19 Cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI Recomendación Calificación Factores que justifican la calificación cuentas de transferencias de pagos en otras plazas 14. Servicios de transferencia de C dinero o valores 15. Nuevas tecnologías NC No se establecen requisitos para los países o las IF (salvo las supervisadas en el SUGESE) en materia de evaluación de riesgos de LA/FT en el desarrollo de nuevos productos/prácticas y uso de nuevas tecnologías, ni medidas para el manejo y mitigación de los riesgos 16. Transferencias electrónicas PC El umbral establecido (USD ) es ampliamente superior al determinado por los estándares GAFI (USD 1000). No existen disposiciones normativas para abordar los criterios 16.3, 16.4,, 16.8, y Dependencia en terceros NC No existen disposiciones normativas sobre la dependencia en terceros en el marco de las obligaciones ALA/CFT 18. Controles internos y sucursales y filiales extranjeras MC No hay requisito de establecimiento de medidas adicionales para los grupos financieros sobre el manejo de riesgos de LA/FT e informar a los supervisores, cuando el país sede no permite la implementación apropiada de medidas ALA/CFT. 19. Países de mayor riesgo PC No existen disposiciones normativas específicas que 20. Reporte de operaciones sospechosas 21. Revelación (Tipping-off) y confidencialidad 22. APNFD: Debida diligencia del cliente PC MC PC cubran los criterios y 19.3 (parcialmente). La disposición en la Ley 8204 enuncia que los ROS deberán realizarse al órgano de supervisión y fiscalización correspondiente, quien lo remite a la UIF, por lo que subsiste la disyuntiva sobre la remisión del ROS. Las deficiencias en la tipificación del LA (Recomendación 3) y FT (Recomendación 5) afectan el cumplimiento técnico de esta Recomendación No se contempla explícitamente la prohibición de revelar reportes de operaciones sospechosas o información relacionada a la UIF. No hay normativa que contemplen todas las obligaciones de DDC. No existe normativa que establezca las obligaciones establecidas en los criterios APNFD: Otras medidas PC No se encuentran disposiciones normativas que contemplen las obligaciones establecidas en los criterios La obligación de reportar operaciones sospechosas no se encuentra establecida explícitamente. 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas PC No existe garantía de que la información registral sobre los socios o accionistas esté actualizada, pues 18
20 Cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI Recomendación Calificación Factores que justifican la calificación las transmisiones de cuotas o acciones no se inscriben en dicho Registro. No ha tomado medidas para prevenir el uso indebido de las acciones nominativas y los directores nominales (criterio 24.12). La infracción por incumplir la obligación de identificar a los beneficiarios finales no está tipificada específicamente en la Ley 8204 y las sanciones que aun así se podrían aplicar no son eficaces ni disuasivas (criterio 24.13) 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas PC Existe información pública en el Registro Nacional sobre propiedades fiduciarias, pero sólo para aquellos bienes que sean inscribibles. La normativa legal no establece ningún tipo de prohibición para suministrar a las autoridades competentes la información relativa a los fideicomisos (criterio 25.4). No se encuentran en esta Ley ni en su desarrollo reglamentario las obligaciones precisas que deben cumplir los fiduciarios respecto a la obtención y conservación de la identidad del fideicomitente, fiduciario, protector y beneficiarios del fideicomiso, así como la de otros agentes regulados del fideicomiso y proveedores de servicios para el fideicomiso (criterio 25.1). No se aprecian medidas para asegurar que los fiduciarios revelen su estatus a las IF y las APNFD (criterio 25.3). No se establecen sanciones específicas para el incumplimiento de los fiduciarios en el desempeño de sus obligaciones de información (criterio 25.7 y 25.8) 26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras MC No se han incorporado los análisis de riesgo país a la supervisión de las IF. 27. Facultades de los supervisores MC No se encuentra establecida la facultad específica de exigir la producción de información pertinente al monitoreo y cumplimiento de los requisitos ALA/CFT de la SUGEF. Las sanciones específicas en materia de ALA/CFT son inadecuadas (Ver R. 35). 28. Regulación y supervisión de APNFD NC No está definido que las autoridades competentes puedan tomar las medidas legales y normativas necesarias para impedir que los delincuentes y sus cómplices tengan, o sean el beneficiario final, de una participación significativa o mayoritaria u ocupen un cargo gerencial o sean operadores de un casino. No se contempla en la normativa quién será la entidad 19
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 Resolución 
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 artículo 2
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