Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/40789
Timestamp: 2020-02-26 14:39:29+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPO-133/40789
Propone reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación para introducir el criterio de calidad como un derecho individual y una obligación del Estado; establecer que la educación será incluyente e intercultural mediante la definición y desarrollo de programas educativos de contenido regional; asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo; modificar las competencias de las autoridades locales y regular en un nuevo capítulo el Servicio Profesional Docente.
Determina que la evaluación del sistema educativo por parte del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) será un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral que incluye: el sistema educativo nacional; todos los elementos del proceso de aprendizaje y las funciones que realizan quienes participan en el mismo. Para ello el INEE tendrá que diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema y deberá expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales, así como utilizar los resultados de las evaluaciones sean utilizados para transformar el proceso educativo de manera colectiva.
Establece la obligación de las autoridades educativas locales de realizar procesos de consulta y consenso con los sectores sociales involucrados antes de proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio; así como participar en la definición de los criterios, términos y condiciones de evaluación que se efectúen para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente.
Adiciona un capítulo sobre el Servicio Profesional Docente con los principios y criterios que deben orientarlo, sin desconocer que el desarrollo del tema tiene que hacerse en una Ley del Servicio Profesional Docente, que garantizará la igualdad de oportunidades laborales; regulará los procesos de ingreso, promoción, profesionalización, evaluación, permanencia y reconocimiento del personal docente. Asimismo, la Ley establecerá los derechos y obligaciones de los docentes, así como los recursos procedentes para inconformarse de los resultados emitidos en los diferentes procesos del servicio profesional docente.
INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE SENADORES INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA.
Los suscritos, Ángel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas y Eviel Pérez Magaña, así como un grupo plural de senadoras y senadores integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMAN, el tercer párrafo del artículo 2º, artículos 3º y 4º, fracciones IV,V, VI, VII,VIII, XIII, XV y XVI del artículo 7º, primer párrafo, fracciones III, IV y V del artículo 8º, artículo 9º, fracción IV del artículo 11, fracciones I, IV, V, VII, X y XII del artículo 12, fracciones II,III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 13, fracciones XI, XII y XIII del artículo 14, artículos 29, 31, 38, 43, 48, 49, primer párrafo del artículo 50, fracciones I, III y VI, del artículo 65, fracciones I, III y V del artículo 66, las fracciones II y III y penúltimo párrafo del artículo 67, el artículo 68, los incisos d), e) y l) del artículo 70, el artículo 71 y el artículo 72; SE DEROGA el inciso b) del artículo 70; y SE ADICIONAN la fracción XIV bis del artículo 7º, fracción VIII del artículo 10, fracción V del artículo 11, fracción X del artículo 13, fracción XIV del artículo 14, un segundo párrafo al artículo 21, los artículos 29 bis y 31 bis, así como las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 33, fracciones VIII y IX del artículo 65, el cuarto párrafo a la fracción V del artículo 67 y el CAPÍTULO IX denominado “DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE”, con los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92, de la Ley General de Educación.
Considerando que el 10 de diciembre de 2012, el Ejecutivo Federal, sometió a consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y la adición la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; misma que después de ser analizada y discutida fue aprobada el 13 y 20 de diciembre de 2012, por las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la unión, respectivamente.
Ante esa situación, en cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva del Senado de La República dio fe de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales y emitió la Declaratoria de Aprobación en la sesión ordinaria del 7 de febrero de 2013; por tal motivo, el 26 de febrero siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia educativa.
Consecuentemente, y con el objeto de contribuir al desarrollo y concretización de esta reforma, el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación efectuamos el análisis de la misma y conformamos una “mesa jurídica” para construir propuestas que contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el Estado considerando los principios y criterios constitucionales que la guían y la obligación que tiene el
Congreso de la Unión de legislar en “un marco de inclusión y diversidad” que tome en cuenta las especificidades y características culturales y sociales de cada entidad federativa, combata cualquier tipo de discriminación, establezca canales de participación para el mejoramiento de la calidad educativa, de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia.
Concretando de esta manera la presente propuesta de iniciativa, misma que se estructura en torno a los siguientes aspectos primordiales:
a. Fines de la educación en México
En concordancia con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone incluir en la Ley General de Educación, la promoción y respeto por la diversidad cultural, las realidades locales y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y en un marco de respeto y tolerancia incluir los contenidos regionales que retomen y promuevan la valiosa herencia cultural de nuestros pueblos originarios.
En este contexto, además de los ya previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, se propone incluir en esta última, la promoción y respeto por la diversidad cultural, las realidades locales y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en un marco de tolerancia y solidaridad que fortalezca a las comunidades de las entidades federativas, y que tome en cuenta las diferentes capacidades y promoverá los contenidos regionales que retomen la herencia cultural de los pueblos originarios
b. El criterio “diversidad cultural”
Considerando el reconocimiento de la diversidad cultural a nivel constitucional y siendo el estado de Oaxaca, referente por su rica composición étnica y lingüística a nivel nacional, se considera fundamental que sea través de la educación como se transforme la diversidad cultural en un factor de entendimiento mutuo entre los individuos, de pluralismo al interior de la sociedad y no en uno de exclusión y discriminación social.
El respeto y la valoración de la diversidad existente se constituyen como los factores principales para la consolidación de una democracia plural y participativa, que genere cohesión social y gobernabilidad para sus ciudadanos.
c. El criterio “calidad” en la educación
Como la obligación del Estado de dotar al sistema educativo de todos los medios y recursos necesarios para la mejora permanente del sistema educativo nacional, que atienda a las circunstancias personales de los educandos así como el contexto en que se desarrolla el aprendizaje.
d. Órganos que integran el Sistema Educativo Nacional
Con motivo de la reforma constitucional, existe la necesidad de ampliar los órganos que integran el sistema educativo nacional, por tal motivo se debe incluir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
e. Competencias federales en materia educativa
Ante la visión del nuevo federalismo impulsado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro de un marco solidario, cooperativo y particularmente eficaz, para generar una transformación del proceso educativo
En consonancia con la idea de federalismo cooperativo propuesto por el titular del ejecutivo federal, se propone que en materia educativa se tiene que poner en marcha una visión compartida, coordinada y corresponsable del desarrollo nacional que se enriquezca con las voces de las distintas entidades federativas.
f. Competencias de las entidades federativas en materia educativa
Con esta nueva visión del federalismo se garantizará la participación efectiva de las entidades federativas en los planes y programas de estudio, así como en todos los aspectos inherentes al proceso educativo.
g. Facultades concurrentes
En el campo de la colaboración y coordinación entre la federación y los estados, se hará posible la transformación educativa del País, siempre dentro de un marco de respeto irrestricto a las facultades exclusivas de cada nivel de gobierno.h. El Servicio Profesional Docente
Para mejorar y transformación de la educación en el país, en la formación docente debe atenderse a los contextos regionales en que se brinda el servicio educativo, de una manera en que los maestros puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.
i. Instituto Nacional de Evaluación Educativa
En el marco de nuevo federalismo descrito, debe existir de manera efectiva la participación de las entidades federativas en los procesos de evaluación a los docentes en las distintas modalidades en que ésta se presenta.
j. Participación en la determinación de los planes y programas de estudio
Se busca que el Estado promueva, fortalezca y desarrolle mecanismos de participación de padres, alumnos y organizaciones de la sociedad civil en las instancias de diseño, aplicación y fiscalización de la política y la prestación del servicio educativo.
El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación expedida en 1993, son los principales instrumentos legales que regulan el sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación nacional. Con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional de 26 de febrero de 2013 existe la necesidad de reformar el contenido y alcances de la Ley reglamentaria, para adecuarla a los principios y orientaciones que aquélla ha introducido.
1. Fines de la educación en México
La Constitución de la República establece los fines de la educación: el laicismo, el progreso científico, la democracia, el nacionalismo, la mejor convivencia, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la igualdad de la persona y la integridad de la familia bajo la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad y la igualdad de derechos.
Como una forma de desarrollar estos principios, el legislador, de acuerdo a lo establecido en la fracción XXV del artículo 73 de la Carta Magna está obligado a dictar leyes de educación que aseguren “el cumplimiento de sus fines y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad”.
Por tal motivo se propone reformar las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XV y XVI del artículo 7 de la Ley General de Educación para incluir como fines de la educación que imparta el Estado, además de los ya establecidos en la Ley, la promoción y respeto por la diversidad cultural, las realidades locales y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en un marco de tolerancia y solidaridad que fortalezca a las comunidades.
Asimismo, se propone incluir en el citado artículo que la educación será incluyente e intercultural; esto es, que tendrá en cuenta las diferentes capacidades y promoverá los contenidos regionales que retomen la herencia cultural de los pueblos originarios.
2. El criterio “diversidad cultural”
En el marco de la orientación que impone la reforma educativa se estima necesario definir la noción de “diversidad cultural” dentro del artículo 8º de la Ley
General de Educación, adecuándola a la fracción II del artículo 3º de la Constitución de la República como criterio que guía y orienta la educación en el país.
La Declaración Universal de la UNESCO (2001), año sobre la diversidad cultural, afirma que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y entendimiento mutuos, son los mejores garantes de la paz y la seguridad internacional, estableciendo en su artículo 1°:
Y en su artículo 2°:
“…resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública”.
En el caso particular de México, el camino hacia el pleno respeto a la diversidad
cultural ha sido producto de una larga lucha encabezada por los pueblos originarios, quienes han pugnado por establecer una relación con la sociedad y el Estado, basada en los principios de respeto, equidad, justicia y dignidad.
De esta manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualmente señala en su artículo 3º. -referente al derecho a la educación- que el criterio que orientará la educación que imparta el estado deberá contribuir a:
“… la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos….”
El artículo 4º constitucional, por su parte, determina que:
“…el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones…”
Además, el artículo 2° de la Carta Magna afirma la educación intercultural, promoviendo una relación basada en el respeto a las diferencias, el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a la búsqueda de la libertad y justicia para todas y todos.
Lo anterior es de la mayor importancia sobre todo si se toma en cuenta que una de las características más destacadas de México es su composición multicultural, que en gran medida se sustenta en la variedad étnica de los pueblos que lo componen. En ese sentido, la Constitución y la Ley General de Educación establecen que la educación que imparta el Estado deberá considerar, de manera prioritaria, la índole pluricultural y multilingüística de los mexicanos.
En ese orden de ideas, la educación intercultural se presenta como un instrumento para luchar contra las desigualdades, el racismo y la discriminación, siendo su meta una mejor educación para todas y todos. Sin embargo, hay que reconocer que el verdadero reto lo constituye garantizar su eficacia y exigibilidad, pues no basta su reconocimiento en el artículo 4º de la Carta Magna, que señala el carácter pluricultural del país y establece el compromiso de la Ley para proteger y promover las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización de los pueblos indígenas.
En tales condiciones, la Ley General de Educación vigente, prevé en su artículo 7º que la enseñanza de la lengua española como lengua nacional se hará sin menoscabo de la promoción y protección del desarrollo de las lenguas indígenas. No obstante, esto resulta insuficiente considerando que Oaxaca es el Estado con la mayor diversidad étnica, lingüística y biológica de México, al contar con el valioso patrimonio cultural que significan los 16 grupos indígenas que se asientan en su territorio, a lo que se suma su extraordinaria biodiversidad reflejada en una alta heterogeneidad ambiental presente en el 69% de su territorio cubierto por bosques y selvas que cuentan con más de 12 500 especies de flora y fauna y una gran riqueza de ecosistemas.
Ello torna indispensable que la Ley General de Educación contemple conceptos tales como comunalidad -entendida como una actitud humana hacia lo común, como la forma de entender que el individuo solo puede ser entendido en el seno de una comunidad con historia pasada, presente y futura que se relaciona respetuosamente con su medio y entorno natural- y pluriculturalidad -concebida como el diálogo respetuoso entre la variedad de manifestaciones culturales que conviven en la sociedad y el territorio oaxaqueño-.
En esa tesitura, la diversidad cultural se plantea como una alternativa para superar los enfoques homogeneizantes y evitar que la formación de nuevas generaciones de ciudadanos se base en la exclusión; pero también como estrategia para transformar las relaciones entre sociedades, culturas y lenguas, desde una perspectiva de equidad que considere los valores, saberes, conocimientos, lenguas y otras expresiones culturales como recursos para transformar la práctica docente.
3. El criterio “calidad” en la educación
La presente iniciativa propone establecer, en el artículo 8º de la Ley General de Educación, el criterio de calidad, como un derecho individual y una obligación del
Estado. La Constitución señala que la educación “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos” (artículo 3º. fracción II, inciso d) pero no establece su definición ni su relación con otros conceptos.
Se propone señalar que el criterio de calidad implica la obligación del Estado de dotar al sistema educativo de todos los medios y recursos que sean necesarios y ponerlo en relación con otras nociones, como las circunstancias personales de los educandos; el contexto en que se desarrolla el aprendizaje; el contenido de los programas educativos y materiales didácticos; la organización escolar; los métodos de enseñanza; y, los resultados. Todos estos elementos deben estar relacionados con los fines constitucionales y con las obligaciones del Estado para realizarlas.
Esta definición resulta congruente con la definición establecida en el párrafo segundo del artículo 3º de la Constitución, que dice: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
Además, la noción que se propone considera que no es lo mismo preparar para la vida adulta en un entorno rural, relativamente sencillo y estable, que en el entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es lo mismo educar aceptando sin más el modelo actual de sociedad que considerando la posible
En el mismo sentido, el Estado debe promover el cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas, posibilitando la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado; además de incentivar la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y valorados como personas.
4. Órganos que integran el sistema educativo nacional.
El artículo 10 de la Ley General de Educación, establece que el sistema educativo nacional se conforma de:
I.- Los educandos y educadores; II.- Las autoridades educativas;
V.- Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; VI.- Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y
Dicho sistema presupone la relación de convivencia entre los alumnos y maestros, y las competencias de las autoridades educativas para establecer, entre otros, los planes y programas de estudio; el calendario escolar; la actualización de los textos gratuitos; los lineamientos generales para el uso del material educativo; la prestación de los servicios de educación; los contenidos regionales que hayan de incluirse en dichos planes y programas de estudio, así como la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de la administración escolar.
De igual manera forma parte del sistema educativo nacional, como órgano de consulta de las autoridades educativas en sus ámbitos de competencias, al Consejo Nacional Técnico de la Educación, entre cuyas funciones primordiales se encuentran las de realizar investigaciones; estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio; contenidos; métodos; materiales de estudio; materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo; métodos e instrumentos de evaluación; diseño de espacios; mobiliario y equipos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios; así como los requisitos académicos de los planes y programas de estudio de los particulares.
De lo anterior, se observa que la función social educativa es una tarea que debe realizar el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, mediante una estructura
que involucra los planes, programas y métodos educativos, la participación de los educandos, educadores, autoridades educativas, instituciones educativas del Estado y de particulares, así como las instituciones de educación superior a las que la Ley les otorga autonomía, que en su conjunto, constituyen el sistema educativo nacional.
Así, con base en la reforma del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, resulta necesario precisar en la Ley General de Educación los mecanismos y acciones necesarias que permitan a las autoridades educativas federales y locales, una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus fines; asimismo, es preciso que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación forme parte del sistema educativo nacional, ya que uno de sus objetivos es emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad.
5. Competencias federales en materia educativa
En materia educativa, el federalismo supone que las facultades y responsabilidades que derivan de la función educativa se distribuyen entre los distintos órdenes de gobierno mediante un sistema de facultades exclusivas y concurrentes que correspondan al gobierno federal y a los gobiernos de los Estados. De esta manera, se conforma un sistema de asignación de atribuciones públicas entre los diversos órdenes de gobierno que haga realidad el principio de unidad del sistema educativo nacional y atienda de mejor manera la diversidad y las necesidades locales.
De acuerdo al artículo 12 de la Ley General de Educación, la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, concentra prácticamente todo lo relativo a la política educativa, es decir, sus contenidos, planeación, programación y evaluación, esto último, hasta antes de la entrada en vigor de la reforma educativa publicada el 26 de febrero del año en curso.
En ese sentido, debe procurarse cambiar el centralismo político que impera en la materia educativa, que limita las capacidades de innovación y restringe las posibilidades de mejora de la calidad educativa.
En esta tesitura, a las atribuciones de la autoridad educativa federal previstas en el artículo 12 de la Ley General de Educación, es importante incluir la obligación de considerar las opiniones de los maestros y padres de familia, así como de los demás sectores sociales involucrados en la educación, con la finalidad de determinar los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal, en estricto apego al sentido de la reforma constitucional.
Para ello, se propone que dichas atribuciones no sean solo competencias de la Federación, sino atribuciones coincidentes, en las cuales se permita la participación de todos los sectores involucrados en materia.
También se considera importante reformar el contenido de la fracción VII del artículo 12 de la Ley en comento, para eliminar la facultad de la autoridad educativa federal de realizar, en forma periódica y sistemática, exámenes de evaluación para certificar que las y los educadores y autoridades educativas son personas aptas para relacionarse con las y los educandos.
Asimismo, se propone suprimir la segunda parte de la fracción XII del artículo citado, que establece como atribución de la Federación evaluar el sistema educativo nacional “y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar”.
Lo anterior debe efectuarse precisamente atendiendo al sentido de la citada reforma, ya que las atribuciones relacionadas con la evaluación al sistema educativo ahora corresponderán al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no a la autoridad educativa federal.
6. Competencias de las entidades federativas en materia educativa.
Con el fin de cumplir con los objetivos de la reforma educativa, esta iniciativa propone modificar para fortalecer las competencias en la materia de las autoridades locales a partir de tres consideraciones:
a) Establecer la obligación de las autoridades educativas locales de realizar procesos de consulta y consenso con los diversos sectores sociales involucrados en materia educativa, antes de proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
b) Fijar que las autoridades educativas locales podrán participar en la definición de los criterios, términos y condiciones de evaluación que se efectúen para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente.
c) Establecer que las autoridades educativas locales podrán participar en la elaboración y diseño de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo y en la definición de los lineamientos que contengan los criterios de evaluación correspondientes.
7. Facultades concurrentes.
Las facultades concurrentes constituyen una posibilidad de que dos poderes públicos distintos puedan ejercer acciones o emitir disposiciones jurídicas sobre una misma materia. En el esquema actual, tanto la Federación como los Estados están en aptitud de emitir o expedir disposiciones sobre una misma materia, pero una vez que la Federación emita las que le corresponden, produce la inobservancia de aquéllas que sobre el mismo tema hubieren emitido las autoridades locales. En otras palabras, podría definirse a las competencias concurrentes como aquellas que pueden ser ejercidas por un nivel de gobierno, mientras el otro no decida ejercerlas. La idea esencial consiste en lo posibilidad del "desplazamiento" de un nivel de gobierno por el otro, en el ejercicio de la competencia legislativa sobre una materia determinada.
La propuesta que se presenta plantea una reconfiguración en las facultades de la Federación y los Estados en materia educativa tendientes a la concurrencia de importantes funciones que hagan realidad la colaboración y coordinación en la materia. Se propone que entre las facultades concurrentes de las autoridades educativas federal y locales (artículo 14 de la Ley General de Educación) se incluya la de llevar a cabo los concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades para el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y la media superior.
8. El Servicio Profesional Docente.
El artículo 73 fracción XXV de la Constitución de la República consagra la obligación del legislador federal de establecer y regular el servicio profesional docente. En el artículo 3º fracción III se señala que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Asimismo, se consagra que será “la ley reglamentaria” la que “fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional”. Esto se hará, sigue diciendo la Constitución, “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
En tal sentido, es importante destacar que la Constitución deja la regulación concreta del Servicio Profesional Docente a una Ley secundaria federal que regule de forma específica y detallada esta materia. Señala, además, que dicho servicio estará compuesto por diversos componentes: el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Destaca, en suma, que su objetivo es garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de quienes pertenezcan a dicho servicio, siempre con pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
En virtud de la preocupación de la Constitución para diseñar un servicio profesional docente y regular los procedimientos que integren dicha carrera, en la propuesta que se presenta se adiciona un capítulo que regula de forma concreta el Servicio Profesional Docente avanzando en el desarrollo de las bases planteadas por la Constitución, estableciendo los principios que guíen la regulación del mismo, aclarando los criterios que deben orientarlo y señalando algunas definiciones sobre los conceptos y mecanismos que lo componen y que fueron introducidos por la norma básica. Todo lo anterior sin desconocer que el desarrollo de este tema tiene que hacerse en una Ley del Servicio Profesional Docente.
Se incluyen en esta propuesta definiciones claras de los mecanismos que integran el servicio docente para que sirvan de guía a la configuración que se debe hacer con más detalle en la Ley secundaria. Se insiste, por ejemplo, en la necesidad de diseñar un sistema de reconocimientos para los maestros en servicio basado en un proceso de medición y evaluación justo y adecuado que considere su contribución al mejoramiento del aprendizaje de los alumnos, se dirija a apoyarlo en lo individual, al equipo de maestros de cada escuela y a la profesión en su conjunto, y que abarque incentivos económicos y otros que muestren el aprecio que la sociedad debe a los maestros.
Es de especial importancia, dentro del servicio profesional docente, regular con precisión el tema de la profesionalización. Para la formación de los docentes, además de ser continua y permanente, debe efectuarse con estricto respeto a los contextos regionales, debe ser constante y orientado al desarrollo personal y social, como presupuesto indispensable para la transformación de los procesos educativos. Por ello, es necesario regular con precisión el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros con el objeto de fomentar e impulsar la profesionalización de la actividad docente, a que alude el artículo 20 de la Ley General de Educación para establecer que el sistema educativo debe otorgar a las maestras y a los maestros los apoyos necesarios para que puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.
9. Instituto Nacional de Evaluación Educativa
La Constitución crea, como órgano autónomo del Estado mexicano, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Esto es de gran importancia porque refleja la prioridad que tiene el derecho a la educación en México y significa que dicho Instituto no formará parte de los poderes del Estado y que tendrá independencia en la realización de sus funciones. A diferencia de la naturaleza jurídica antes de la reforma constitucional, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa no forma parte de la administración pública federal. Esto provoca que tengamos que pensar a dicho órgano de forma diferente a como se planteó anteriormente ya que su naturaleza jurídica es completamente distinta. Ello también exige que todos los que participemos en la materia educativa vigilemos la forma en que se integrará dicho órgano y ejercerá sus importantes funciones.
La presente iniciativa propone avanzar en la regulación de las funciones del Instituto de conformidad con las orientaciones que impone el diseño constitucional.
Por tanto, es indudable que la Constitución ha establecido que este órgano autónomo debe observar una estrecha relación con las entidades federativas, por lo que ha dispuesto, entre otros temas importantes, que los integrantes de su Junta de Gobierno sean electos por la Cámara de Senadores que, como se sabe, es el órgano de representación territorial de la República.
La afirmación anterior se refuerza cuando se aprecia que la Carta Magna ordena que el Instituto realice sus trabajos considerando los criterios que guían y orientan la educación en el país, entre ellos, el de diversidad cultural e igualdad social. En el mismo sentido, la fracción IX inciso c) del artículo 3º constitucional establece que las directrices que emita el Instituto deben “contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”.
En esta virtud, esta iniciativa pretende concretar los principios de diversidad cultural e igualdad social en el ejercicio de las funciones del Instituto y eliminar cualquier riesgo de que las mismas se realicen bajo criterios homogéneos y estandarizados para todas las entidades federativas y, más aún, a todas las localidades que la conforman. Ello es así en virtud de que dicho órgano autónomo, por exigencia de la propia Constitución, al realizar sus funciones debe atender y considerar necesariamente las peculiaridades sociales, culturales y económicas de cada Estado.
En tales condiciones, habrá que construir criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación que además de permitir una valoración integral del desempeño docente, consideren la complejidad del contexto en que el ejercicio de la función educativa tiene lugar, las características sociales y culturales propias de cada pueblo, las peculiaridades socioculturales, lingüística y económicas de las regiones de México, las condiciones de los centros educativos en que los maestros desempeñan su labor, entre otras, y para ello es preciso escuchar la opinión de las autoridades educativas locales y darles intervención en la determinación y formulación de aquellos. Solo así la evaluación contribuirá a la transformación y mejora de las prácticas educativas y se hará realidad que en el proceso educativo se privilegie y favorezca la reflexión, la crítica y la autocrítica.
Por lo anterior, se propone definir en la Ley General de Educación, la función de evaluación como un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral que incluye a todo el sistema educativo nacional, los elementos del proceso de aprendizaje y las funciones que realizan quienes participan en el mismo. Asimismo, establece como su finalidad, incidir y transformar la realidad de las condiciones que rodean el acto educativo y la práctica profesional docente y de los trabajadores de la educación.
Además, en esta propuesta, se fijan los principios que deben orientar la labor del Instituto y las modalidades de evaluación que debe considerar en el ejercicio de su función. Se estima pertinente, también, reafirmar la necesaria colaboración y coordinación que debe existir en materia de evaluación entre las autoridades educativas federal y locales y establecer que los resultados obtenidos de las evaluaciones que se realicen solo tendrán como objeto transformar, para mejorar, el proceso educativo.
Los detalles de la organización y regulación del Instituto deberán desarrollarse de manera más detalladas en la Ley Orgánica respectiva, como lo ordena el artículo tercero transitorio de la reforma publicada el 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.
10. Participación en la determinación de los planes y programas de estudio
Finalmente, con el objeto de establecer mecanismos de participación que hagan efectiva la facultad de las autoridades locales y el derecho de diversos sectores sociales, padres de familia y maestros de participar en la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, resulta necesario que en la Ley General de Educación se establezca la participación de padres, alumnos y organizaciones de la sociedad civil, en el diseño, gestión y fiscalización de la política educativa, así como en la gestión y fiscalización de los servicios educativos.
En este sentido, se propone que el Estado promueva, fortalezca y desarrolle mecanismos de participación de padres, alumnos y organizaciones de la sociedad civil en las instancias de diseño, aplicación y fiscalización de la política y la prestación del servicio educativo.
La fundamentación de la iniciativa corresponde a los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Proyecto de decreto por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
SE REFORMAN, el tercer párrafo del artículo 2º, artículos 3º y 4º, fracciones IV,V, VI, VII,VIII, XIII, XV y XVI del artículo 7º, primer párrafo, fracciones III, IV y V del artículo 8º, artículo 9º, fracción IV del artículo 11, fracciones I, IV, V, VII, X y XII del artículo 12, fracciones II,III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 13, fracciones XI, XII y XIII del artículo 14, artículos 29, 31, 38, 43, 48, 49, primer párrafo del artículo 50, fracciones I, III y VI, del artículo 65, fracciones I, III y V del artículo 66, las fracciones II y III y penúltimo párrafo del artículo 67, el artículo 68, los incisos d), e) y l) del artículo 70, el artículo 71 y el artículo 72; SE DEROGA el inciso b) del artículo 70; y SE ADICIONAN la fracción XIV bis del artículo 7º, fracción VIII del artículo 10, fracción V del artículo 11, fracción X del artículo 13, fracción XIV del artículo 14, un segundo párrafo al artículo 21, los artículos 29 bis y 31 bis, así como las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 33, fracciones VIII y IX del artículo 65, el cuarto párrafo a la fracción V del artículo 67 y el CAPÍTULO IX denominado “DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE”, con los artículos 86,
87, 88, 89, 90, 91 y 92, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 2o.-…
Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.
I.- a III.-…
IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento y respeto a la diversidad cultural, así como de las distintas realidades locales y los derechos indígenas, con especial énfasis en la enseñanza de la pluralidad lingüística de cada región.
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su lengua materna y español, en un marco de respeto, tolerancia, solidaridad, democracia, diversidad multicultural y respeto de los derechos humanos;
V.- Fomentar el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y sistema de vida, que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad;
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, de la solidaridad, la autodeterminación y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos;
VII.- Fomentar e impulsar la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;
VIII.- Fomentar e impulsar el desarrollo de las artes y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, privilegiando aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;
IX.- a XII.-…
XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo y de la comunalidad;
XIV Bis.-Promover y fomentar la lectura;
XV.- Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos;
XVI.- Realizar políticas, programas y acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.
I.- a II.-…
III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
IV.- Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; entendiendo por calidad la transformación del proceso educativo, considerando las circunstancias y el contexto en el que se realiza el aprendizaje de los educandos. Para ello, el Estado garantizará que el sistema educativo cuente con los medios y recursos suficientes.
V.- Será incluyente e intercultural, definirá y desarrollará programas educativos de contenido regional que retome la herencia cultural de sus pueblos, así como el impulso del conocimiento y respeto como forma de vida y razón de ser de los pueblos originarios.
Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación; apoyará la investigación científica y tecnológica, y fomentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.
VIII.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
IV.- Autoridad evaluadora, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
V.- El Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades federativas, son órganos de consulta de las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia.
I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;
II.- a III.-…
IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;
V.- Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria, la secundaria y la media superior;
VII.- Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las funciones de evaluación que le correspondan en términos de la Ley respectiva.
VIII.- a IX.-…
X.- Regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Información y Gestión Educativa;
XI.-…
XII.- Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional;
XIII.- a XIV.- …
Artículo 13.-…
II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; para lo cual los gobiernos de las entidades federativas realizarán los procesos de consenso entre los diversos sectores sociales
involucrados en materia educativa, a fin de que sean considerados al momento de que la autoridad educativa federal determine los planes y programas de estudio señalados en la fracción I del artículo 12 de esta Ley.
III.- Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario fijado por la Secretaría;
IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica y media superior, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine;
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información y Gestión Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa;
VIII.- Intervenir en los términos que fije la Ley respectiva, en la definición de los criterios, términos y condiciones de la evaluación, así como en la planeación, formulación y operación de los mecanismos que establezca el servicio profesional docente;
IX.- Intervenir en la elaboración y diseño de los lineamientos que contengan los criterios de evaluación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa;
X.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
XI.- Aplicar los mecanismos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades para el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, de conformidad con las leyes respectivas;
XII.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias;
XIII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares; y,
El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.
Artículo 29.- Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación evaluar al sistema educativo nacional.
La evaluación es un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral que incluye: el sistema educativo nacional; todos los elementos del proceso de aprendizaje y las funciones que realizan quienes participan en el mismo. Su finalidad es incidir y transformar la realidad de las condiciones que rodean el acto educativo y la práctica profesional docente y de los trabajadores de la educación.
El Instituto desarrollará sus funciones con base en los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, idoneidad, integralidad, participación, equidad, diversidad cultural e inclusión.
El Instituto considerará en el desarrollo de su función evaluadora, entre otras, las siguientes modalidades: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación.
Artículo 29 bis.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes funciones:
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. Para la realización de dichos indicadores, el Instituto deberá tomar en cuenta, las diversas circunstancias económicas, sociales y culturales, entre otras, de cada entidad federativa, así como darle intervención a las autoridades educativas locales para proponer criterios técnicos en la materia.
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. Dichos lineamientos y los instrumentos derivados de los mismos se realizarán de forma conjunta entre las autoridades educativas federales y locales e incluirán elementos que incorporen las diferencias que existen entre los contextos locales.
Al efecto de la aplicación en los Estados de dichos instrumentos se suscribirá convenio con las autoridades educativas locales. En éste se establecerán las actividades de asesoría, apoyo y supervisión que efectuará el Instituto.
c) Generar y difundir información con carácter constructivo y propositivo y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
La Ley reglamentaria del Instituto establecerá las atribuciones de la Junta de Gobierno y las que correspondan al propio Instituto
Artículo 31. Las autoridades educativas y evaluadora socializarán dentro del marco de transparencia a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados del proceso evaluativo que se realice, así como la demás información global que permita conocer el desarrollo y los avances de la educación en cada Entidad Federativa con el fin de transformar el proceso educativo.
Artículo 31 bis.- Para el mejor cumplimiento de las funciones señaladas en esta sección, la Ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan una eficaz colaboración y coordinación entre las autoridades educativas federal y local.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa asegurará que los resultados obtenidos de las evaluaciones que realice sean utilizadas con el fin de transformar el proceso educativo de manera colectiva.
XVI.- Otorgarán los apoyos necesarios para que los docentes puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades;
XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo
necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;
XVIII.- Fortalecerán la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, adquisición de materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación de alumnos, maestros y padres de familia;
XIX.- Impulsarán la práctica de la actividad física, así como la adquisición de hábitos de higiene y cuidado del cuerpo y su salud;
XX.- Reconocerán y respetaran la diversidad cultural, religiosa y étnica, y las diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres;
Artículo 38.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales con base en la inclusión, pertinencia, idoneidad, interés y diversidad de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.
Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se prestará a través de servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y media superior, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.
Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7º. y 8º. de esta Ley.
Para tales efectos la Secretaría considerará las intervenciones de las autoridades educativas locales, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y padres de familia; también intervendrá, en su calidad de órgano consultivo, el Consejo Nacional Técnico de la Educación, con su opinión fundada.
Las autoridades educativas locales, propondrán para consideración de la Secretaría, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de las entidades federativas y municipios
respectivos, que faciliten a los educandos la comprensión de sus orígenes históricos y de su entorno geográfico y ambiental. También intervendrá, en su carácter de órgano consultivo, el Consejo Estatal Técnico de la Educación con su opinión calificada.
La Secretaría realizará revisiones continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo para mantenerlos permanentemente actualizados, propiciando la transformación del proceso educativo, siguiendo los procedimientos señalados en los párrafos precedentes. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.
Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar y formar a los docentes respecto de su contenido y métodos.
Artículo 49.- El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad, además de los que se señalen en la presente Ley, que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en colectivo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.
Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7º y 8º del presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, reflexione esta información a los educandos, así como a los padres de familia.
Artículo 50.- La evaluación de los educandos será individualizada, cuantitativa y cualitativa; comprenderá los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.
Artículo 65.-…
I. Obtener inscripción en forma gratuita en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.
III.- Colaborar de manera efectiva y participativa con las autoridades escolares para la superación de los educandos y promover actividades para el mantenimiento y mejoramiento de los establecimientos educativos;
IV.- a V.-…
VI.- Conocer la formación profesional de la planta docente así como el resultado de las evaluaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en artículo 29 de la presente Ley, así como en la Ley de la materia;
VIII.- Exigir de las autoridades educativas la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos presupuestales; y,
IX.- Asistir a recibir asesoría u orientación relacionada con el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos.
III.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen en materia educativa;
V.- Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que vulneren los derechos humanos de los educandos.
II.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como promover actividades para el mantenimiento y mejoramiento de los planteles, previo acuerdo de los padres de familia;
III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar, previo acuerdo de los padres de familia;
IV.- a V.- …
Las asociaciones de padres de familia podrán emitir opiniones en los aspectos pedagógicos y se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos.
Artículo 68.- Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos.
d) La autorización de apoyos económicos o en especie para la realización de las actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;
e) La aplicación de programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
f) a k)…
l) La obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y,
Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un Consejo Estatal de Participación Social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, y organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores involucrados en la educación de la entidad federativa especialmente interesados en la materia.
Este consejo promoverá y apoyará actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; aportará elementos relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.
Artículo 72.- La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá, a las instancias correspondientes, políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.
Artículo 86.- La Ley del Servicio Profesional Docente establecerá las bases para la estructura, organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional Docente, que será obligatorio y permanente y deberá garantizar la debida transparencia y objetividad en la evaluación de los méritos e idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Entendiendo por idoneidad para los docentes, la formación en un saber pedagógico, multidisciplinario e investigativo que responda y atienda a la realidad social y a la transformación educativa.
Artículo 87.-La Ley del Servicio Profesional Docente garantizará la igualdad de oportunidades laborales; regulará los procesos de ingreso, promoción, profesionalización, evaluación, permanencia y reconocimiento del personal docente. Se entenderá por: a) Ingreso, la incorporación de los profesionales de la educación, con la formación requerida por cada nivel educativo, para su integración al servicio educativo. La Ley garantizará el ingreso:
I. Prioritariamente, a los docentes formados por la Federación y las entidades federativas para el desempeño de la función docente; y,
II. A los aspirantes que reúnan los requisitos como profesionales de la educación y que presenten el examen de oposición correspondiente;
b) Promoción, es el acto mediante el cual se otorga el grado inmediato superior al que se ostenta. Comprende, procedimientos de formación continua, actualización, concursos, escalafón, la aptitud, la antigüedad y capacidades para el desempeño del cargo;
c) Profesionalización, la formación inicial, continua y permanente de los docentes con estricto respeto a los contextos regionales, entendiendo el servicio profesional como un proceso de formación constante que busca el desarrollo personal y social para transformar los procesos educativos;
d) Evaluación, que constituye un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral;
e) Permanencia, es la estabilidad laboral en el servicio profesional docente. Se garantizará en términos de lo señalado por la Constitución de la República y la Ley reglamentaria correspondiente.
f) Reconocimiento, es el mecanismo por el cual se reconoce a los trabajadores de la educación, sus años de servicio, sus contribuciones al servicio educativo a la sociedad. Su objeto será otorgar los apoyos necesarios para que los docentes pueda, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, y comprende distinciones, apoyos, estímulos, incentivos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su función, en el trabajo colectivo y por las contribuciones que realicen al proceso educativo.
Asimismo, la Ley establecerá los derechos y obligaciones de los docentes, así como los recursos procedentes para inconformarse de los resultados emitidos en los diferentes procesos del servicio profesional docente.
Artículo 88.- Los requisitos y procedimientos señalados en el artículo anterior se regularán en la Ley del Servicio Profesional Docente.
Artículo 89.- Los principios que rigen el Servicio Profesional Docente son: idoneidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, ética, crítica, participación, mérito, dialógico, colectivo, integralidad, equidad, diversidad e inclusión.
Artículo 90.- De conformidad con el artículo 20 de esta Ley, el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional Docente tendrá a su cargo diseñar e implementar planes, programas y criterios de formación permanente para los trabajadores de la educación con el objeto de atender sus diversas necesidades de formación profesional. Se deberá otorgar a los docentes la participación en los diferentes procesos educativos mediante el proceso colectivo.
Artículo 91.- El Servicio Profesional Docente estará regulado por la Ley reglamentaria que emita el órgano legislativo respetando los principios del artículo 3º constitucional y lo establecido en el presente capítulo. La Ley reglamentaria establecerá las atribuciones y los órganos administrativos que lo integren.
Artículo 92.- Las instancias responsables del Servicio Profesional Docente fomentarán la vocación por el servicio en las Instituciones Educativas para satisfacer las expectativas de formación profesional de sus integrantes

References: artículo 164
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 50
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 72
 artículo 70
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 65
 artículo 67
 artículo 3
 artículo 135
 artículo 3
 artículo 73
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 73
 artículo 3
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 50
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 72
 artículo 70
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 65
 artículo 67

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 48

Artículo 13
 artículo 12

Artículo 29

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 31

Artículo 38

Artículo 43

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 65
 artículo 29

Artículo 68

Artículo 71
 resolución 

Artículo 72

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90
 artículo 20

Artículo 91
 artículo 3

Artículo 92