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Timestamp: 2015-11-27 13:36:29+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 555/94 de Corte Constitucional, 6 de Diciembre de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 43558621
Sentencia de Constitucionalidad nº 555/94 de Corte Constitucional, 6 de Diciembre de 1994
Expediente:D-572
Ley 60/93. Arts 6 y 16. Ley 115/94. Discriminacion de los docentes temporales. Exequibles e inexequibles.
Sentencia citada en: 163 sentencias, 2 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas
El Congreso de la República expidió la Ley 60 de 1993, publicada en el Diario Oficial N° 40.987 de agosto 12 de 1993.
El Congreso de la República expidió la Ley 115 de 1994, publicada en el Diario Oficial N° 41.214 de febrero 8 de 1994.
Para una mayor claridad expositiva, se resumirán, en primer término, los cargos que el actor endilga a las normas acusadas y, en segundo término, se introducirán las tesis y argumentaciones del Ministerio Público y del apoderado del Ministerio de Educación Nacional. Si respecto de un cargo en particular no se menciona la posición de cualquiera de las personas nombradas, ello obedece a que en su respectivo escrito no se encontró el correlativo argumento. El texto de las normas demandas aparece a continuación de cada uno de los cargos de la demanda.
Los docentes temporales vinculados por contrato, se encuentran en la misma situación de hecho y de derecho de los educadores vinculados mediante acto administrativo y que gozan de una situación legal y reglamentaria y, en consecuencia, deben recibir el mismo tratamiento jurídico que la ley, arbitrariamente, dispensa de manera exclusiva a estos últimos. A pesar de ejercer las mismas funciones - las que sólo se interrumpen durante el período de vacaciones -, y reunir las mismas condiciones de los demás docentes de los servicios educativos estatales - ciudadanía, profesión y escalafón -, su vinculación se supedita a condiciones adicionales y ajenas a su voluntad, además, su protección resulta menguada y sus derechos de participación desconocidos.
El régimen diferenciado obedece a la existencia de un supuesto distinto, dado por la situación contractual de los docentes. Se trata de una regulación transitoria, enderezada a buscar la materialización del principio de igualdad.
La norma demandada parte de una realidad jurídica previa constituida por la existencia de docentes temporales vinculados por contrato administrativo a los servicios educativos estatales antes del 30 de junio de 1993 y, por tanto, no incorporados a la respectiva planta de personal docente, la que se circunscribe a los maestros que han sido designados mediante acto administrativo y han tomado posesión del cargo. El sentido de la norma es claramente el de modificar esa situación, para lo cual se impone un término de seis años y la puesta en ejecución de un plan de incorporación gradual de los contratistas a la planta de personal que guarde relación proporcional con el incremento de los recursos del situado fiscal y de los propios de la entidad territorial que administre o preste el servicio.
Pese a que el artículo 142 del Decreto Ley 222 de 1983 establecía que "no se consideran contratos de prestación de servicios los de trabajo" y que el artículo 32-3, ibid, señalaba que "en ningún caso estos contratos generan relación laboral", no se discute, ni siquiera por el apoderado del Ministerio de Educación, que la actividad desplegada por los "docentes temporales", tenga la connotación de laboral. Se estipula en los contratos de este género que el docente-contratista deberá, de acuerdo con las directrices de la entidad territorial respectiva y del director de la escuela o colegio que se determine, destinar el tiempo necesario para preparar clases, elaborar y alistar material de estudio y de enseñanza, revisar evaluaciones, atender consultas de padres de familia y alumnos, rendir informes, etc. Dicho de otro modo, concurren los elementos esenciales de una relación de trabajo: actividad personal del trabajador; continuada subordinación del trabajador respecto de la entidad empleadora; un salario como retribución del servicio.
A los docentes integrados a la planta de personal en virtud de un acto administrativo, se les aplica las normas legales y reglamentarias sobre carrera, régimen prestacional y salarial. Estas normas no se extienden a los docentes-contratistas, los cuales quedan gobernados exclusivamente por el contrato administrativo de prestación de servicios que suscriben con la entidad territorial. Desde el punto de vista económico, los docentes temporales, por lo menos, no reciben prestaciones sociales; en lo que concierne a su función, carecen de estabilidad y están excluidos del marco de derechos y obligaciones, que se aplica a los empleados de planta.
No obstante que los docentes temporales realicen la misma actividad y cumplan las mismas funciones de los de planta, están sometidos a un régimen contractual y no a uno legal - como éstos últimos -, que los coloca en una situación más desfavorable tanto desde el punto de vista económico como regulativo. La disparidad de tratamientos, frente a una misma categoría de sujetos (docentes) y de actividad (enseñanza en establecimientos educativos estatales), explica la pretensión del demandante, para quien los docentes temporales vinculados por contrato administrativo de prestación de servicios, se encuentran en la misma situación de hecho y de derecho predicable de los educadores incorporados a la planta de personal de la entidad territorial y, por consiguiente, deben recibir el mismo tratamiento jurídico que la ley reserva exclusivamente a éstos.
La Corte estima que deben distinguirse con toda nitidez dos pasos. El primero, es el relativo a considerar que bajo el ropaje de un supuesto contrato administrativo de prestación de servicios se disfraza una relación de trabajo; el segundo, postula que esta relación de trabajo, a su turno, debe ser sustituida por una relación legal y reglamentaria propia de la función pública. Por el momento, sólo se examinará el primer aspecto.
La pretensión del demandante no se limita ciertamente a que se reconozca la naturaleza laboral de la actividad que desempeñan los docentes temporales, la que se da casi por sentado. Su verdadero objetivo es lograr que a la misma, a partir de la vigencia de la ley, se le conceda el tratamiento de una verdadera relación legal y reglamentaria, de modo que los docentes temporales automáticamente sean incorporados en las plantas de personal.
Analizado por la Corte el fundamento que propone el demandante para probar su aserto y que le brinda el artículo 40-7 de la CP, tampoco encuentra que la tacha como ha sido formulada pueda prosperar. Para acceder a un determinado cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos y condiciones señalados en la constitución y en la ley. El docente temporal, por el sólo hecho de trabajar para el Estado, no puede ser considerado empleado público. Como quiera que la situación contractual no es constitucional ni legalmente suficiente para configurar el cargo, mal puede entenderse que al docente-contratista se le haya vulnerado por este motivo su derecho de "acceder al desempeño de funciones y cargos públicos".
Resta analizar el último fundamento del cargo que el demandante estructura con base en el principio de igualdad (CP art. 13).
Para el Procurador General de la Nación el régimen diferenciado obedece a la existencia de un supuesto distinto, dado por la existencia del régimen contractual aplicable a los docentes-temporales. En realidad, la controversia gira sobre este último extremo, que en el argumento se asume, sin discusión, como válido.
La Corte en sus providencias ha reiterado el principio constitucional de la igualdad ante la ley. No obstante, ha señalado que el tratamiento jurídico distinto se justifica si existe una diferencia razonable entre los supuestos de hecho materia de comparación y si aquél es proporcional y adecuado a la misma.
En gracia de discusión puede sostenerse que, desde la perspectiva del menor costo económico, se justifica mantener docentes-contratistas junto a docentes-empleados públicos. La contratación administrativa, evita el pago de prestaciones sociales y, en cierta medida, hace menos onerosa la financiación del servicio educativo. Dada una partida presupuestal máxima, si sólo fuese posible la vinculación estatutaria, el número de docentes y, por ende, la cobertura del servicio, sería inferior a la que se tendría de mantenerse también la posibilidad de la vinculación contractual. Puede agregarse que la conservación de la opción contractual beneficiaría a la población potencial con necesidades educativas insatisfechas y, también, en cierta medida, a los educadores potenciales que requieren trabajar.
Se podría pensar que el régimen jurídico es diferente en razón de la distinta forma de vinculación al servicio público educativo, contractual en una caso y mediante acto administrativo en el otro.
No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las dos formas.
La libre voluntad de los educadores-contratistas, puede alegarse como fundamento de una diferencia predicable de los supuestos enfrentados. Empero, la libertad de acceso al servicio público educativo es común a las dos categorías. Un elemento significativo del tratamiento al cual se sujetan los docentes-temporales, por su propia voluntad, es la ausencia de prestaciones sociales y estabilidad laboral. Es sabido, sin embargo, que en punto al trabajo los mencionados derechos y garantías son irrenunciables (CP art. 53).
Finalmente, puede aducirse que la transitoriedad de la modalidad contractual, la que debe ser eliminada en un plazo de seis años, sirve de fundamento a la disparidad de regímenes jurídicos.
Los Municipios que organicen los sistemas de planeación de información y de pedagogía; que demuestren eficiencia y eficacia institucional; que demuestren que están realizando aportes permanentes con recursos propios para la educación; que comprueben que cumplen los planes de incorporación de maestros por contrato que llenen los requisitos de la carrera docente, podrán solicitar al Departamento, la facultad para nombrar a los empleados docentes y administrativos de los establecimientos educativos estatales que laboren en el Municipio, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su nombramiento."
Según el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, el alcalde de cada municipio tiene la facultad de designar a los educadores. Se erosiona, en consecuencia, la autonomía que la Constitución reconoce a esa entidad territorial, si el ejercicio de la anotada facultad se supedita a la autorización que ha de impartir el respectivo gobernador departamental.
El principio de autonomía municipal, en modo alguno, resulta vulnerado por la norma demandada. Los departamentos, de conformidad con la Constitución, ejercen un importante papel de articulación entre el nivel nacional y el municipal y, además, respecto de las competencias municipales, a ellos compete desarrollar funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia.
Si el docente se remunera con cargo a los fiscos municipales, la autonomía es plena. Sin embargo, la fuente de financiación, en este caso, está constituida por los recursos del situado fiscal que administra el departamento. Luego, no se observa quebranto de la carta.
Coincide la Corte con las tesis expuestas por el Procurador y el apoderado del Ministerio de Educación Nacional.
En el artículo demandado, la ley dispone, de un lado, que los educadores de los servicios educativos estatales tienen el carácter de servidores públicos de régimen especial y, de otro, que a los docentes vinculados por contrato se les seguirá contratando sucesivamente para el período académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial. De este modo, dada la naturaleza pública de la función que cumplen los docentes de los centros educativos estatales, así como de los deberes y responsabilidades de estos empleos sujetos a carrera, se impone la necesidad de que su régimen se establezca por ley y no mediante las estipulaciones de un contrato administrativo o laboral y que, de otra parte, al respectivo cargo se acceda en virtud de la ritualidad que conforman el nombramiento y la subsiguiente toma de posesión y juramento. A este respecto, la figura del contrato administrativo, mera ficción creada por el nominador, debe ser desestimada a fin de que la ley recobre su verdadera vigencia.
La Corte se remite a las razones ya expuestas al analizar el primer cargo. Se impone, en consecuencia, la declaratoria de inexequibilidad del precepto acusado.
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Las libertades de conciencia, pensamiento, opinión, enseñanza, cátedra, aprendizaje y religión, se violan si la ley determina la obligatoriedad de la educación religiosa en los centros de enseñanza, tanto en el nivel básico como avanzado, y si la misma es evaluable como logro académico y fundamento de la formación y del pleno desarrollo de la personalidad del educando.
La neutralidad del Estado frente a los asuntos religiosos, no implica indiferencia absoluta en la materia y no es "contraria al privilegio igualitario de las religiones frente a los no creyentes". Las normas, por ende, son exequibles, siempre que se respete una igualdad de oportunidades "en la oferta educativa entre las diversas religiones" y no se utilice la coerción para obligar a los educandos a asistir a las clases correspondientes.
Las normas son exequibles como quiera que ellas sólo obligan a "ofrecer" la educación religiosa y se abstienen de imponerla. La ley es competente para intervenir en el currículo y señalar las áreas que el mismo debe cubrir (CP arts. 67, 150-23 y 189-21). Adicionalmente, Colombia "es una nación creyente y con actitud confesional", que en el preámbulo de su Constitución ha invocado la protección de Dios. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del respeto que se profesa a las diferentes religiones.
Salvo la inclusión obligatoria de la educación religiosa en el plan de estudios y la mención de su importancia en la formación del educando, las normas demandas se limitan a repetir, de manera general, los preceptos que ya se contienen en la Constitución. Dado que el contenido regulativo de las normas transcritas es mínimo en lo tocante a la libertad de religión y cuando existe es reiterativo de la normativa constitucional, no serán declaradas inexequibles en cuanto hayan podido desarrollar una materia que es propia de la ley estatutaria.
ARTICULO 6o. La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente autonomía jurí-dica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda per-sona:
De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa enseñanza e informa-ción o rehusarla;
De elegir para sí y los padres para los menores o los in-capaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito esco-lar, la educación religiosa y moral según sus propias convic-ciones. Para este efecto, los establecimientos docentes ofre-cerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin per-juicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. La vo-luntad de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores del menor o del incapaz;
El cargo del demandante no debe prosperar, pues, ignora que la educación tiene la naturaleza de un "derecho-deber", generador de obligaciones y responsabilidades a cargo del estudiante, como lo ha puesto de presente la Corte Constitucional en su sentencia T-341 de 1993.
La exclusión del estudiante del servicio educativo es una alternativa legítima y válida, si éste viola el reglamento e incumple sus responsabilidades. Por lo tanto, "la permanencia en el servicio educativo no excluye la existencia de un régimen disciplinario propio de cualquier comunidad organizada".
La previsión de una periódica renovación de la matrícula, en sí misma no viola el deber del Estado de ofrecer educación preescolar y básica, salvo que ella deje de hacerse, dentro de esos ciclos, sin un motivo serio, grave y debidamente fundado. La debida prestación del servicio educativo, por parte del Estado, supone que los educandos cumplan las condiciones razonables que se establezcan en la ley y el reglamento. El cumplimiento de dichas condiciones asegura, hasta el máximo grado de educación obligatoria y gratuita, el acceso y la permanencia en el sistema educativo (CP art. 67).
Sobre el derecho-deber en materia de educación, Peces-Barba considera al respecto lo siguiente: "Este tercer nivel que yo denomino provisionalmente derecho-deber, supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo una obligación respecto a ésas conductas protegidas por el derecho fundamental. No se trata que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan importante por la comunidad y por su ordenamiento jurídico que no se pueden abandonar a la autonomía de la voluntad sino que el Estado establece deberes para todos, al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos. El caso más claro de esta tercera forma de protección de los derechos económicos, sociales y culturales es el derecho a la educación correlativo de la enseñanza básica obligatoria".55 PECES-BARBA. Gregorio. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Eudesa Universidad. Madrid.1968. pág. 209. (Corte Constitucional Sentencia T-186 del 12 de mayo de 1993. MP Dr. Alejandro Martinez Caballero)
El rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá;
Dos representantes de los docentes de la institución;
Dos representantes de los padres de familia;
Un representante de los ex-alumnos de la institución, y
Un representante de los sectores productos del área de influencia del sector productivo.
El gobernador del departamento o su delegado quien la presidirá;
El Secretario de Educación Departamental;
El Secretario de Hacienda Departamental o su delegado;
El Director de la Oficina de Planeación Departamental o del organismo que hagas sus veces;
Un Alcalde designado por los alcaldes del mismo Departamento;
Dos representantes de los educadores designados por la organización sindical de educadores que acrediten el mayor número de afiliados en el Departamento;
Un representante de los directivos docentes del departamento designado por la asociación de directivos docentes que acredite el mayor número de afiliados;
El Secretario de Educación Distrital
El Director de la Oficina de Planeación Distrital o del organismo que hagas sus veces;
Dos (2) representantes de los educadores designados por la organización sindical de educadores que acrediten el mayor número de afiliados en el distrito;
Un representante de los directivos docentes del distrito designado por la asociación de directivos docentes que acredite el mayor número de afiliados;
Un representante de las comunidades negras, sin las hubiere, escogido por las respectivas organizaciones.
El Secretario de Educación Municipal o el funcionario que haga sus veces;
Un director de Núcleo designado por la asociación de directores de núcleo o quien hagas sus veces;
Un representante del Concejo Municipal o de las juntas administrativas locales, donde existan;
Dos representantes de los educadores, uno de los cuales será directivo docente, designados por las respectivas organizaciones de educadores y de directivos docentes que acrediten el mayor número de afiliados;
Un representante de las comunidades indígenas, negaras o campesinas, si las hubiere, designado por las respectivas organizaciones;
La participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan que ver con la protección, educación y progreso de la juventud ( CP art. 45 ), no puede ser indebidamente restringida por la ley. Las normas acusadas lo hacen cuando limitan, sin justificación alguna, a los estudiantes de último grado la posibilidad de ser elegibles para los cargos de "personero de los estudiantes" y representante del cuerpo estudiantil en el "consejo directivo de los establecimientos educativos estatales ". En este mismo sentido, es inconstitucional la exclusión que recae sobre los estudiantes adolescentes cuando se los margina de las juntas de educación nacional, departamental y municipal.
Las normas son exequibles. La participación de los "educandos" no se limita a la "figura del personero (...) existen otros niveles regulados por el citado ordenamiento donde se hace efectiva la participación de aquéllos que la misma ley 115 denomina como integrantes de la comunidad educativa ".
Establecer requisitos de elegibilidad no vulnera el núcleo esencial de ningún derecho de participación, salvo que carezcan de razonabilidad o se enderecen directa o indirectamente a impedir o inhibir el respectivo derecho.
Declarar inexequible el parágrafo 1° del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
Declarar exequible el numeral 5 de la parte B, del artículo 16 de la Ley 60 de 1993.
Declarar inexequible el parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994.
Declarar exequible las expresiones, 6. Educación religiosa y en todos los establecimientos educativos, del artículo 23 de la Ley 115 de 1994.
Declarar exequible la expresión los establecimientos educativos la establecerán, del artículo 24 de la Ley 115 de 1994.
Declarar exequible la expresión religiosos, del artículo 92 de la Ley 115 de 1994, bajo el entendimiento de que no puede prescribirse como objetivo de la formación del educando si éste ha rehusado la educación religiosa.
Declarar exequibles las expresiones por una sola vez y pudiéndose establecer renovaciones del artículo 95 de la Ley 115 de 1994.
Declarar exequibles las expresiones procedimiento en caso de exclusión del inciso primero del artículo 96 de la Ley 115 de 1994 y por primera vez y cuando no esté asociado a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia del inciso segundo del artículo 96 de la Ley 115 de 1994.
Declarar exequibles las expresiones del último grado que ofrezca el establecimiento, del artículo 94 de la Ley 115 de 1994 y que debe estar cursando el último grado de educación que ofrezca la institución, del artículo 143 de la Ley 115 de 1994.
Declarar exequibles, por las razones expuestas en la parte motiva, los artículos 155, 159, 160 y 162 de la Ley 115 de 1994, bajo el entendido de que las Juntas acordarán mecanismos y formas de participación que sean compatibles con su estructura y funciones a fin de dar cauce a la intervención de los jóvenes en aquellos asuntos que más directamente les concierne.
Sentencia nº 85001-23-31-000-2001-0413-01(AP-194) de Consejo de Estado - Sección Quinta, de 9 de Noviembre de 2001
Sentencia nº 95041 de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 30 de Abril de 1998

References: artículo 142
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 153
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 105
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 92
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 94
 artículo 143