Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201716108112061.HTML
Timestamp: 2019-05-24 19:59:10+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1610/2017
(Sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2017).
(Son las 15:13).
–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene el gusto de recibir al Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar por el tema de la reforma del sistema de previsión social militar. Tenemos a consideración el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y otro presentado por el senador Larrañaga.
En la tarde de hoy asisten el general Hébert Fígoli; los coroneles Rivera Elgue y Heber Cappi; el capitán de navío Enrique Falco, y el coronel (FAU) Hugo Corujo.
Ya recibimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Defensa Nacional, y nos pareció importante conocer su posición, así que con mucho gusto le damos la palabra al general Fígoli.
SEÑOR FÍGOLI.- Muy buenas tardes distinguidos senadores miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Agradecemos este particular y reiterado privilegio de recibirnos en este foro republicano.
Nosotros nos vamos a permitir realizar una breve exposición conceptual –apenas una panorámica– referida al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. No hemos recibido formalmente ni considerado el presentado por el senador Larrañaga.
Luego de mi intervención, si a ustedes les parece bien, más allá de vuestras preguntas, cedería la palabra al coronel Elgue para que pueda incursionar en algunos aspectos técnicos y más específicos sobre el tema que nos ocupa.
El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de reforma del sistema de previsión social militar antes de la promulgación de las nuevas leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas. No hemos encontrado en el programa de la fuerza de Gobierno, en forma explícita, las bases de la reforma que ahora se propone.
Visualizamos un criterio claramente economicista para reducir el creciente déficit general de la Administración y los serios problemas de gestión en varias empresas públicas. El proyecto de ley en consideración no condice con el orden lógico de análisis, discusión y decisión política en asuntos de singular relevancia relacionados con la defensa nacional en su más amplia concepción.
Ha faltado una visión de conjunto desde el más alto nivel de conducción político–estratégica del Estado nación, con enfoque en las actuales circunstancias del contexto internacional y nacional. Entendemos que resulta imprescindible una clara definición ante los cambiantes escenarios de este siglo XXI de manera de responder, entre otras, a las siguientes interrogantes. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Para qué las necesitamos? ¿Qué misiones van a cumplir? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cuántos serán los efectivos necesarios? ¿Cuál debería ser el despliegue de acuerdo con las necesidades actuales y futuras? ¿Qué tipo y cantidad de recursos son necesarios?
Este es un proyecto de ley de reforma que afecta muy especialmente el tránsito de la situación de actividad a la de retiro y los derechos adquiridos de miles de servidores, pensionistas, equiparados, causahabientes y a futuros ingresos a las Fuerzas Armadas. No obedece a una concepción global integradora y profesional sino a una visión ideologizada y parcial, por lo que se comprometerá seriamente el porvenir de las Fuerzas Armadas y sus roles insustituibles, tales como la defensa de los recursos naturales en el mar, la vigilancia y preservación del espacio aéreo, la protección de las fronteras terrestres y la custodia de la integridad territorial en su más amplia expresión.
El proyecto cambia sustanciales reglas de juego para quienes optaron por la carrera de las armas. Podrá provocar el retiro anticipado de un gran porcentaje de los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas, lo que aumentará la asistencia financiera del Estado y generará mayores costos para la formación de nuevos ingresos.
En definitiva, si al Ministerio de Economía y Finanzas no le importa aumentar la asistencia financiera con muchos más retirados, entonces, ¿cuál es la verdadera intención que hay detrás de esta reforma y del pretendido impuesto inconstitucional? Me refiero a la prestación pecuniaria coactiva, un segundo IASS.
Si bien se desarrollaron sesiones de trabajo con los ministerios relacionados, el proyecto de ley no recoge aspectos sustanciales que fueron planteados por los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Técnicos del Ministerio de Defensa Nacional y de las propias fuerzas trabajaron más de un año y sus consideraciones altamente especializadas no fueron tenidas en cuenta, observándose en la propuesta del Poder Ejecutivo errores de concepto que se hubieran evitado o minimizado en sus efectos de haberse contemplado en tiempo y forma los aportes de los profesionales militares.
Recientemente el ministro Murro, en este ámbito parlamentario, ha expresado haber mantenido conversaciones con quien habla. Me permito expresar, cortés pero enfáticamente, que en ningún momento me reuní y dialogué con el ministro Murro sobre aspectos referidos a este proyecto de ley en particular. Ha sido, en términos simples y desde el inicio, una calle en un solo sentido.
Nos merece especial atención el ámbito subjetivo de aplicación, ya que hubiera resultado más coherente que afectara a quienes ingresen a partir de la vigencia de la ley. El régimen de transición que se propone incide en forma importante en quienes tienen menos de veinte años de servicio, con impacto negativo en el mantenimiento del personal y en las diferencias que se darán en el régimen de actividad porque aun quienes tengan más de los mencionados veinte años serán pasibles de aplicación de determinados artículos por sobre los legítimos derechos adquiridos. O sea que lo expresado por el Gobierno en cuanto a que no se afectarán los derechos adquiridos, no es así.
Queda claro que la nueva ley impactará fuertemente a quienes todavía no tienen causal de retiro –veinte años de servicio– con incidencia en las compensaciones y dietas docentes, en las edades de retiro, en el nuevo régimen pensionario que se aplicará para todos incluidos los que ya son retirados o pensionistas.
Nos resulta incomprensible que el monto del IASS que los retirados y pensionistas volcamos desde el inicio del impuesto al Banco de Previsión Social no se considere como un recurso genuino para el Servicio de Pensiones y Retiro de las Fuerzas Armadas. Pero de igual manera se continuará con el pago del montepío una vez retirado y hasta completar treinta y seis años efectivos de aportes, en claro apartamiento del régimen general donde el resto del universo de la previsión social deja de aportar al momento de la jubilación.
Entendemos que las modificaciones que introduce el proyecto de ley en las edades y años de servicio para configurar las causales de retiro voluntario y obligatorio son muy altas, desconociéndose las particularidades de la carrera militar, lo específico de la función y las restricciones que tiene el estado militar claramente legislado en la Constitución de la república.
Lo expresado incidirá en la estructura organizacional y en su pirámide jerárquica, ya que atendiendo a la edad límite de retiro obligatorio propuesto para el grado de coronel o capitán de navío y teniendo en cuenta los años exigidos en cada grado para el ascenso, según las leyes orgánicas, habrán transcurrido veintiún años de servicio hasta alcanzar la jerarquía de teniente coronel o capitán de fragata, e igual tiempo en el mencionado grado de coronel. Entonces, ¿cómo se producirán los ascensos en cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 151 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas? Claramente no se cumplirán porque no existirán vacantes. El escalafón por años tendrá un tapón en la cúspide de la pirámide, produciéndose un estancamiento que hará que el personal militar y civil equiparado se retire con bajas jerarquías por falta de vacantes o incluso pueda no tener derecho a la situación de retiro.
También el extenso capítulo referido a los retiros por incapacidad y subsidios relacionados, buscando la asimilación al régimen general, no brinda suficiente cobertura para lo acontecido en actos el servicio, particularmente frente a los riesgos propios de la vida militar. Los cálculos que establece el proyecto de ley para determinar los montos de haber básico de retiro voluntario y obligatorio –sus condiciones, edades y cómputo de años de servicio, entre otros aspectos–, llevan a una tasa de reemplazo notoriamente menor al sistema vigente. El esquema pensionario prevé cambios significativos en detrimento del actual, en el que quedará comprendido también el personal con más de veinte años de servicio y los retirados.
En cuanto a las tasas de remplazo, si las comparamos con la Policía, en el caso del retiro voluntario la Policía tiene el 50 % al computar treinta años de servicio bonificado, contra 45 % para las Fuerzas Armadas, según este proyecto de ley. No se ha tomado en cuenta que sus sueldos son, como mínimo, el doble de los salarios de las Fuerzas Armadas.
Respecto al tiempo bonificado, en general se lleva para todo el personal a seis años computados por cada cinco años efectivos. Se mantienen otras compensaciones y algunas deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, lo que genera notoria incertidumbre. Esto último permite visualizar el potencial impacto en sanidad militar con eventuales pases a situación de retiro de personal médico, de enfermería, técnicos, especialistas, etcétera.
También llama poderosamente la atención el artículo que establece la designación de delegados del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la gestión del servicio de retiros, ya que no se especifica la razón de la propuesta ni qué funciones cumplirán. Esto es una clara discriminación que apunta exclusivamente a los militares, pero no se da, por ejemplo, con la Policía, que está sujeta a igual jerarquía que el servicio de retiros. Obviamente, uno depende del Ministerio del Interior y el otro del Ministerio de Defensa Nacional.
Por otra parte, no queda claro el alcance en la redacción dada al artículo 73, que refiere a derogaciones de todas las normas que se opongan al proyecto de ley. Este es un aspecto de clara incoherencia ya que aún no se ha actualizado la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, requisito constitucional indispensable para regular la estructura, la organización y la articulación del estamento militar.
Este equipo de trabajo no se opone a una racional modificación del sistema previsional. La expectativa de vida, el constante cambio, el avance tecnológico, la ponderación en el uso de los recursos humanos y materiales –entre múltiples aspectos–, imponen un natural aggiornamiento. Entonces, ¿qué es lo que no entendemos lógico? No entendemos lógico presentar este proyecto de ley al Parlamento sin previamente haber analizado y consensuado los grandes aspectos que hacen a la defensa nacional y a la estructuración de sus componentes militares. No entendemos lógico la potencial afectación de derechos adquiridos, el aumento excesivo de edad y años de servicio para configurar las causales de retiro. Tampoco entendemos prudente la propuesta sobre el régimen pensionario y compensaciones, el efecto negativo que la futura ley puede ocasionar en la incorporación, en la retención de personal técnico especializado y en el mantenimiento de la capacidad operativa, logística y administrativa de los tres componentes de las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en la capacidad de proyectar fuerzas en operaciones de paz, en consonancia con la política exterior del Estado, reforzando la imagen del país en el concierto internacional. Observamos también el impacto negativo en el servicio de sanidad militar, que atiende a más de ciento cincuenta mil usuarios y es centro nacional de referencia médica.
Por último y para dar paso a los integrantes del equipo que profundizarán técnicamente en los aspectos reseñados, quiero finalizar mi exposición expresando que las Fuerzas Armadas constituyen organizaciones complejas, con tradiciones, con símbolos, con rituales, con historia, con presente y futuro, en un mundo donde predomina el cambio constante y la incertidumbre. Cualquier idea de transformación al interior de las fuerzas debería estar indefectiblemente asociada al manejo de los tiempos, en el marco de una planificación ajustada a detalle.
Si consideramos válido lo anterior y desde una perspectiva político estratégica, habría que visualizar un proceso de racionalización y reorganización de las Fuerzas Armadas, con fundamento en la óptima profesionalización, en una estructura organizacional dimensionada a las reales posibilidades del Estado, en función de las misiones asignadas y considerando las condiciones de defensa y seguridad prevalentes en el ámbito internacional y regional.
SEÑOR ELGUE.- Intentaré ser lo más concreto posible. Me voy a referir a la situación financiera del servicio de retiro, al financiamiento y a la evolución de las pasividades. También les trasmitiré las consideraciones sustanciales que hemos hecho sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y terminaré con algunas conclusiones.
Los distintos representantes del Poder Ejecutivo que han sido recibidos por esta comisión, han hecho hincapié en el déficit del servicio de retiro y han mencionado las transferencias como si todas ellas fueran asistencia financiera. Lo cierto es que una parte de esa transferencia responde a leyes que determinan un financiamiento por parte de Rentas Generales. La ley de 1986, teniendo en cuenta que el Estado no hacía aportes patronales, determinó que todas las pasividades anteriores quedaran a cargo de Rentas Generales. A su vez, la ley de 2007, determinó la reconstrucción de la carrera y la de 1992 tuvo como objeto el incremento de los retiros en algunas jerarquías, intentando racionalizar nuestra pirámide. Lamentablemente, luego de esta última ley no se hicieron los ajustes necesarios en nuestra Ley Orgánica y eso hizo que las vacantes se completaran y volviéramos a tener el mismo problema en la pirámide. En la diapositiva, en color más claro, pueden ver las pasividades a cargo de Rentas Generales y sin importar la modificación que se haga, esto se va a mantener hasta que fallezcan todos. Eso también determina ese crecimiento –en parte por el Índice Medio de Salarios y en comparación con la asistencia financiera–, porque la mayor parte de las pasividades actualmente está a cargo del servicio de retiros y no de Rentas Generales. Si esta misma transferencia la hacemos a valores constantes, considerando el Índice Medio de Salarios, que es el que se toma en cuenta para el ajuste de las pasividades, el aumento entre el 2004 y el 2016, es de 21 % a valores constantes. Como bien dijo el general, con esto no estoy queriendo plantear una justificación para mantener lo que existe actualmente, pero aclaro que no es la misma proyección dramática que se pretende demostrar en algunos casos.
En la siguiente diapositiva pueden ver las transferencias financieras que realizó el Estado a los distintos sistemas durante los años 2014, 2015 y 2016. Abajo lo ven ajustado en valores constantes y luego el porcentaje del PBI. Como pueden ver, el servicio de retiros mantiene su porcentaje del PBI, mientras que algunos otros sistemas reformados lo han incrementado, como es el caso del Banco de Previsión Social o el servicio de retiros policiales. Aquí pueden ver una gráfica relativa al porcentaje del PBI en los años 2014, 2015 y 2016.
En la presentación que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, se mencionaron dos aspectos sustanciales que motivaron el déficit: prestaciones muy superiores a las que otorga el resto de los sistemas y la relación activo pasivo. En la transparencia se puede ver claramente su desarrollo desde el año 1984 al 2014. Hoy el ratio es de 0,5 activo a 1 pasivo. Eso no responde a decisiones de la Fuerzas Armadas, sino del poder político que determinó una reducción. La no compensación, de alguna forma, al sistema determina un aspecto importante del déficit. En azul se representa a los activos y se puede ver cómo se reducen y cómo se van incrementando los activos. Esta relación es la suma de los dos: activos y pasivos. No hay una tendencia de incremento sustancial y se mantienen los porcentajes normales del resto de los sistemas.
Otros aspectos que no fueron considerados en este ámbito, pero creo que es importante, es la diferencia que ha tenido el Estado en el financiamiento del servicio en comparación con los mismos empleados del Estado en otros sistemas. Por ejemplo, el BPS tiene un aporte patronal del 19,5 % y un aporte personal del 15 %. El servicio de retiros policiales tiene un 19,5 % y un 15 %. La Caja Bancaria, donde están todos los bancos, tiene un 25,5 %, una prestación complementaria adicional por parte del aporte patronal y un 17,5 % de aporte personal. Por lo tanto, se puede ver claramente que el servicio de retiros, por definiciones políticas, no ha sido equiparado, pero en este proyecto de ley sí se equipara, pero creo que debe ser considerado en el déficit previo o, por lo menos, tenido en cuenta cuando hablamos de las razones que son multicausales, porque tiene más causas de las que se han dicho.
Otro aspecto a tener cuenta es el descalce entre el aumento salarial del personal en actividad y las pasividades de los retirados, ya que tenemos un relación de pasivo de 0,50 a 1. Además, tenemos un descalce por lo que aumenta el activo. En la transparencia se puede ver la columna donde se muestra que los dos cobraran $ 100 en 2005; en base al aumento de Índice Medio de Salarios serían $ 377 al 2017, mientras que por IPC serían $ 241. Los salarios del personal militar son los más bajos de la Administración Central. Ese es otro elemento a considerar en la multicausalidad de nuestro déficit y no es un elemento menor. Estos aspectos no son considerados y ni siquiera son mencionados por el Poder Ejecutivo.
Esta placa es copia de la presentación que hizo el equipo de economía sobre la prestación pecuniaria coactiva y habla de cómo era el aporte o el financiamiento del servicio en el 2015 –un 56 % a cargo de aportes personales y un 44 % a cargo de aportes patronales– y cómo sería en caso de aprobarse el impuesto, porque pasaríamos a un 35 % de aportes personales, un 28 % de aportes patronales y un 37 % a cargo del impuesto. Esto determina que los afectados, que son alrededor de 6.900 o 7.000 pasivos militares, deban aportar más que el Estado por sus 27.000 activos. Repito: el Estado como patrón va a aportar menos por 27.000 activos que 7.000 pasivos con su impuesto.
A los efectos de hacer una comparación –no con el ánimo de compararlo con ningún sistema, pero queremos mencionarlo porque muchas veces se habla de nuestro caso y también de la caja bancaria–, pueden ver en esta lámina la composición de ingresos operativos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias al 31 de mayo de 2017: el 56 % es aporte patronal; el 10 % es impuesto; el 2,8 % es asistencia financiera del Estado, y el resto es aporte personal. En esa ecuación se muestra una real intención de reformar y de que todas las partes colaboren. Todos sabemos, además, que el BPS hizo una transferencia de nueve mil activos para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Entonces, cuando se habla de déficit, de reforma, de financiamiento, si se trata de equidad y de justicia social debemos ser justos e igualitarios en el tratamiento de todos los temas por igual.
Cuando compareció el señor subsecretario de Economía y Finanzas en agosto de 2017, mencionó que recién en el 2040 se iba a poder determinar una reducción del 14 % de la asistencia financiera. Con una proyección demográfica que ha realizado el servicio en base a las edades actuales, quiero mostrar cómo solamente, por la acción del tiempo, la reducción de la asistencia financiera sería mucho mayor.
Hoy el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene 49.000 pasividades divididas entre 34.895 –casi 35.000– retiros, y casi 15.000 pensiones. Eso está dividido en 11.000 pasividades de mayores de 71 años, discriminados como se puede ver en la lámina. Tenemos cinco franjas importantes. Según nuestras estadísticas, la expectativa de vida del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas son 76 años. Entonces, en base a los siguientes supuestos, con un fallecimiento del 80 % de los mayores de 76 años en el próximo quinquenio y un fallecimiento posterior del resto del 20 % de los mayores de 76 años en el segundo quinquenio; con un alta de pensiones aproximadas al 60 % de los fallecimientos de los pasivos, un alta de retirados de un 60 % de los actuales y un alta de retirados del personal subalterno de un 80 % de los actuales, y considerando una sobrevida de 20 años para las pensionistas, en realidad nos da una edad de 18 años.
En una evolución del 2015 al 2035, tendríamos que del 2015, en donde tenemos casi 50.000 pasivos, pasaríamos a casi 34.000 en el 2035, solo por acción de la estadística y del cumplimiento de nuestra tasa de mortalidad o de expectativa de vida. No estoy hablando de ninguna ley ni de acción de retardos por retiro, de incrementos de edades ni de nada, sino por la estadística pura. Estos datos están disponibles, pero no fueron considerados. Creo que si se está haciendo un estudio serio de un sistema de seguridad social, estos aspectos son importantes.
Como se vio en el gráfico en el que se mostraban las líneas de pasivos y de activos, la cantidad actual de pasivos responde a los 40.000 pasivos que tuvimos antes del año ochenta y cinco. Lamentablemente, todos vamos a morir, es una realidad y, por tanto, esa evolución debe ser considerada en nuestra expectativa. Las soluciones que se busquen en el proyecto deben apuntar, no a los problemas de hoy –porque parte de ellos se van a ver solucionados dentro de veinte años– sino a los que puedan plantearse en el futuro.
Esta gráfica que vemos ahora muestra una proyección en el mismo sentido. Se ha hablado de equidad y de justicia social y de que este proyecto apunta a atender la equiparación con el régimen general. Aquí quiero hablar de un aspecto que es el régimen de solidaridad intergeneracional. La Ley n.º 17713 define claramente este régimen; resumiendo, es donde los activos con sus aportes financian a los pasivos. Este es un concepto de solidaridad intergeneracional que es aceptado mundialmente y está claro. Ahora bien; el proyecto del Poder Ejecutivo para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas contiene una innovación: los pasivos también pasan a financiar las pasividades con sus aportes. De esta manera se tergiversa el concepto. En todo caso, si queremos decir que los activos y pasivos van a financiar a los pasivos, tendría que ser un régimen de solidaridad intrageneracional y no intergeneracional. Pero si la ley madre, que es la de la seguridad social del año 1996, establece eso, y si es un tema de equidad y de justicia social, tendríamos que tener el mismo concepto y no uno diferente.
La Ley n.º 16713, en su artículo 2.º, referido al ámbito subjetivo de aplicación, establece: «El nuevo sistema previsional comprende obligatoriamente a todas las personas que sean menores de cuarenta años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en ningún caso afectará derecho alguno de quienes gozan hoy de pasividad, han configurado causal jubilatoria o la configuren hasta el 31 de diciembre de 1996». Está claramente establecido que se respetaban los derechos adquiridos o en vías de adquisición. Esta es la ley madre, es la ley del régimen general. Sin embargo, en el proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo se dice: «Quienes, al 31 de diciembre de 2018, configuraren alguna causal de retiro prevista por el régimen que se sustituye o computaren no menos de veinte años de servicios militares efectivos, se regirán por el estatuto de retiro vigente a la fecha de promulgación de la presente ley, sin perjuicio de lo que a su respecto se disponga en la misma». Acá nuestra diferencia es sustancial, porque se basa más en años de servicio que en las edades, y podemos tener distintas edades con distintos rangos de años de servicio. Está claramente definido en este artículo lo que señalamos en cuanto a que se afectan derechos adquiridos. Cuando comparamos un artículo y otro, así como las otras disposiciones contenidas en este proyecto de ley, estamos claramente definiendo que no se respetan los derechos adquiridos ni en vías de adquisición al 31 de diciembre del año 2018.
Si hacemos un análisis de la iniciativa, podemos destacar cuatro franjas: la primera abarca a los que tienen menos de 10 años al 31 de diciembre de 2018, que tienen una afectación total; la segunda, a los que están entre 10 y 20 años, que se lo denomina período de transición, es una afectación casi total. Aquí quiero ser muy claro: a los señores senadores les han hablado del grado inmediato superior y de la comparativa; si a esa franja que está en el período de transición le saca el grado inmediato superior y la comparativa, no existe transición. Estos son los dos aspectos fundamentales del sistema de retiro actual y, al quitar esos beneficios, no hay una transición. La tercera franja abarca a los que tienen más de 20 años, en cuyo caso hay una afectación parcial, por lo que dije del artículo 70, y finalmente, hay artículos que afectan al personal ya retirado.
Para que los señores senadores tengan una idea, quiero decir que –más o menos actualizado, pero esto son los números macro– el 54 % del personal de las Fuerzas Armadas tiene menos de 10 años de servicio; el 23 % tiene entre 10 y 20 años, y más de 20 años tiene el restante 23 %.
Esta pirámide que incluimos en la presentación tiene por objeto simplemente ver que las Fuerzas Armadas son una organización vertical y con un régimen disciplinario propio, específico y único en el país. Este ejemplo puede aplicarse en cualquier unidad de las tres fuerzas –ejército, armada y fuerza aérea–; se puede apreciar en la pantalla que hay una cúpula, con veinte años de antigüedad, que tiene una afectación parcial muy pequeña; un centro, donde está la toma de decisiones medias, el manejo y la gestión, que tendrá una afectación importante; y el músculo, que se ubica abajo, en la base de la pirámide, que se verá totalmente afectado por este proyecto de ley. ¿Ustedes piensan que este sistema puede funcionar sin problemas cuando existen esas tres realidades en un mismo organismo? Es como si tuviéramos el cerebro a un ritmo, las manos y las piernas a otro, y a nuestros órganos en otro diferente. ¡Es muy difícil!
Además, hay algo esencial a considerar que es el ámbito de aplicación y las características específicas de las fuerzas armadas. Recuerden que no tienen sindicato y que están regidos por un reglamento disciplinario muy especial.
En la siguiente imagen se habla de las edades de retiro que establece el proyecto de ley: marqué en rojo algunos aspectos porque creo que queda en evidencia la falta de participación de las Fuerzas Armadas y el poco peso del Ministerio de Defensa Nacional. Hay que tener en cuenta que las jerarquías superiores han sido modificadas y los comandantes en jefe ya no son más tenientes generales ni vicealmirantes o brigadieres generales; por el contrario, son generales del ejército, almirantes o generales del aire. Si ese detalle menor no se consideró como para actualizarlo, podrán darse cuenta de la escasa participación que tuvieron los ciudadanos que son directamente involucrados.
Asimismo, creo que cuando se analizó este proyecto de ley era fundamental considerar la especificidad de la tarea. Esto se respetó en algunas jerarquías –sobre todo en lo que respecta al soldado–, pero posteriormente –en la pantalla se puede apreciar que las edades que están en naranja son las que corresponden al retiro– no fue así. Por ejemplo, pensar que un alférez se pueda retirar a los 58 años es no tener la menor idea de lo que es un organismo militar. Estoy hablando de la primera jerarquía que egresa de la escuela militar con una edad de entre 22 y 25 años. Reitero que el hecho de considerar que se pueda retirar obligatoriamente a los 58 años es no tener idea. A su vez, hay otros instrumentos en nuestras leyes orgánicas que van a determinar su pase a retiro o su baja si no es promovido.
Tampoco debemos olvidar que el alférez es el que está al lado del soldado y no se entiende que un jefe de la fracción más pequeña, con ese rango de edad, pueda mandar a soldados que serán mucho menores. ¡Es fundamental considerar ese aspecto! También me refiero a pilotos, guardiamarinas y tripulantes que deben estar en condiciones de navegar y de pilotear. Me refiero a condiciones psicofísicas –que son las que se nos exigen– que son fundamentales para determinar las edades, que no están dadas por una aproximación a un régimen general sino que deben tener en cuenta condiciones específicas de nuestra profesión. Por supuesto que existen escalafones con otras edades; por ejemplo, los médicos militares no tienen que cumplir con este requisito de edad. En una ley orgánica de las fuerzas armadas se pueden establecer distintos escalafones –combatientes, administrativos, etcétera– para marcar diferentes edades, pero eso no se puede hacer en una ley de retiro donde entran todos en una misma bolsa.
El proyecto de ley establece que el haber básico de retiro será el promedio mensual de las asignaciones computables, actualizado al mes inmediato anterior al inicio del retiro de los últimos sesenta meses de servicios militares efectivos. Dicho ajuste se hará por el índice medio de salarios, de acuerdo con la Ley n.º 13728, de 1968. Se prevé un haber básico de retiro con un tope máximo de $ 101.000 y un mínimo que es el que tiene el Banco de Previsión Social, pero el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas ya lo aplica. Es decir que no se modifica en nada lo que ya se está aplicando actualmente.
En la siguiente pantalla hay información para que tengan idea de los topes jubilatorios al 2017 en los distintos sistemas, para que vean que tampoco el monto de $ 101.000 es un privilegio en comparación con los otros sistemas. Es importante considerar que algunos sistemas tienen AFAP; además, hay que tener en cuenta cuál es la capacidad de ahorro de algunos activos durante su actividad y la capacidad de ahorro real que tienen los integrantes de las Fuerzas Armadas con su salario. Ese elemento no fue considerado, pero tiene que estar arriba de la mesa.
No se trata de entrar a polemizar sobre los salarios de la Policía, pero como se nos compara, es importante hacerlo –así como también con los salarios del Ministerio de Defensa Nacional– para que vean que cuando hablamos de tasa de reemplazo es sobre esos salarios y la diferencia que hay entre un soldado, un policía y un agente. No me parece que esté mal lo que gana un policía; lo que me parece que está mal es lo que gana un soldado. Un policía gana casi lo mismo que un teniente primero –es decir, más que un alférez y un teniente segundo de las Fuerzas Armadas–, que cursó cuatro años en la escuela de formación de oficiales, tiene dos años de alférez y tres años de teniente segundo. Algunas otras consideraciones importantes: en el escalafón del Ministerio del Interior las jerarquías superiores tienen compensaciones que son casi iguales al salario nominal. La Policía, además, cobra presentismo, nocturnidad y otras compensaciones –en total, son siete– que no cobran los militares por hacer lo mismo.
Respecto a las bonificaciones, este proyecto de ley establece un 6 x 5, que es un sistema muy benigno, además de algunas bonificaciones especiales –como las de la Brigada de Explosivos, Grupo K9 y paracaidistas– y otras que serán reglamentadas. Estas bonificaciones deberían ser claramente especificadas porque incluyen el personal de vuelo de la Fuerza Aérea. No es un tema menor.
A continuación, vamos a comparar algunas bonificaciones que existen en otros ámbitos: Policía ejecutiva, 7x5; docentes de enseñanza primaria, 4x3 –que es mejor que 6x5–; pilotos y copilotos de empresas uruguayas de bandera nacional, 7x5; trabajadores de la pesca no artesanal, 3x2 y otros trabajadores de la pesca artesanal, 4x3; trabajadores civiles del dique de la Armada, 4x3. Hay una larga lista de bonificaciones; solo me refiero a estas para que se compare. Se entiende que la bonificación de los militares debe tender a ser similar a la de la Policía.
En lo que tiene que ver con las tasas de reemplazo, el proyecto de ley establece el 45 % al computar 30 años de servicio bonificado, agregándose el 1 % por cada año de servicio que exceda, hasta los 35 años, más el 0,5 % con un máximo de 2,5 %. Si no alcanza los 35 años de servicio bonificado, se adiciona un 2 % por cada año de edad que supere los 60 –estamos hablando que vamos hacia el régimen general de 30 años de servicio y 60 años de edad– hasta llegar a los 70 años, y si alcanza los 35 años de servicio se adiciona un 3 % con un máximo de 30 %.
Con este artículo y las edades de retiro establecidas se elimina el retiro voluntario para las jerarquías de soldado, cabo de segunda y cabo de primera, porque van a llegar a computar la edad de retiro obligatorio –48 años, como les indiqué– antes de llegar a poder generar la causal de retiro voluntario.
Cuando se habló de desalentar el retiro voluntario no se dijo nada de eliminarlo y, dadas las características de la profesión militar, el sistema disciplinario y la falta de protección social que tienen otros, creo que es importante tener esa ventana de salida. Por algo eso existió siempre, pero en este proyecto se elimina. Aquí también se nota que no hay especialistas en nuestro sistema, porque de lo contrario hubieran podido detectar –haciendo unos simples cálculos– que no alcanzaba al retiro voluntario. Lo que estoy diciendo es sobre la base de una bonificación del 6,5 y con esas edades de retiro.
El haber de retiro obligatorio será equivalente a tantas cuarentavas partes del 90% del haber básico de retiro, que ya dijimos que es el promedio de sesenta salarios ajustado por Índice Medio de Salarios. Si un soldado ingresa con 18 años y se retira con 48, o sea que llega al máximo de treinta años de servicio, se va con las treinta y seis cuarentavas partes del 90 % del promedio mensual de sus últimos sesenta salarios, que son los que mostré recién. ¿Ustedes piensan que pueden permanecer con esos salarios?
Les voy a mostrar un elemento, simplemente para comparar. Un individuo con 18 años que ingresa al Ministerio del Interior como policía ejecutivo, cuando completa los 35 años, computa 49 años de servicio y 67 años de edad. Obtiene un 50 % de retiro más cinco años por exceder los 60 años de edad y 21 % por los siete años extra. Entonces, computa un 76 % del salario del policía. Si otra persona ingresa a las Fuerzas Armadas en la misma situación, computa 42 años por los bonificados y 60 años de edad. Le corresponden 45 años del haber básico de retiro, más cinco años de servicio, más dos años y medio por exceder los 35 años de servicio. Por tanto, va a computar un 52,5 % del haber básico de retiro, es decir, del promedio de los sesenta años. Ese es el retiro obligatorio. ¿Alguien se va a quedar hasta el final para cobrar eso, el 52,5 % del promedio de los sesenta meses? Creo que es importante contestar estas preguntas.
Ahora voy a referirme a las pensiones. Mayoritariamente, este capítulo apunta a atender el régimen general y no hay diferencias. Se deben tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, creemos que las pensiones generadas por fallecimiento en actos de servicio es algo sano, porque afecta la moral y el mando. Entendemos que, si algún militar fallece en acto de servicio, la familia debe quedar cubierta en parte. Hoy, si un soldado fallece, se va con el sueldo de alférez que, como vieron, es de $ 27.000. No es mucho, pero por lo menos en la cultura organizacional no queda que se lo deja abandonado.
Lo que se prevé es que se modifique el servicio pensionario para el caso de muertes por acto de servicio y se establece un tope. Es el único sistema en el que se establece un doble tope: uno a los retiros y otro a las pensiones. Hasta ahora, en el Uruguay no hay ningún sistema en el que se haya establecido este doble tope. Tal vez sea una innovación para el futuro, pero cuando vemos estas diferencias empezamos a pensar que no se trata solo de tender hacia el régimen general.
Cuando en acto de servicio se da una incapacidad completa o incompleta, se establece el 100 % del haber básico de retiro. Hoy la incapacidad completa contraída en acto de servicio se relaciona con el grado de alférez, al igual que un fallecimiento, es decir que estamos hablando de $ 27.000. Estamos estableciendo que eso lo determina una comisión médica y que tiene que ser una incapacidad completa; el porcentaje de la incapacidad incompleta es el 65 % y se refiere a un grado superior.
Para que los señores senadores tengan una idea, señalo que en los últimos tres años hubo 16 incapacidades incompletas y 2 completas, o sea que financieramente esto no tiene un peso sustancial pero sí afecta la moral en el cumplimiento del deber, en el compromiso y en cómo afecta el mando cuando un jerarca está empeñando a sus efectivos en cualquiera de las actividades que realizan las Fuerzas Armadas; es sustancial tener en cuenta esos aspectos.
Aquí mostramos un pequeño resumen de las franjas de las que hablamos y los aspectos importantes del sistema anterior que la ley afecta o no. La comparativa se mantiene a los 20 años de servicio; ya entre 10 y 20 años no; menos de 10 años tampoco y al retirado no se aplica; lo del grado inmediato superior se mantiene para más de 20 años y no se aplica para entre 10 y 20 años y tampoco para menos de 10 años; y para la tasa de reemplazo está la vigente y ya se reforma en la transición. Si los señores senadores miran bien, el respeto a los derechos adquiridos es bastante reducido y, en algunos casos, bastante afectado.
Conclusiones: es claro, como se ha dicho, que las Fuerzas Armadas consideran necesaria una modificación al sistema que sea sustentable acorde a las posibilidades del país pero que considere, fundamentalmente, el régimen excepcional y específico que tienen dichas fuerzas, así como su organización y las tareas que desarrollan. También debe tenerse en cuenta la falta de derechos y de protección que tienen sus integrantes.
Un aspecto sustancial es que el ministro de Defensa Nacional, cuando vino aquí, habló de que era necesario un aumento salarial, pero en ningún momento hay algo parecido y ni siquiera una cláusula gatillo.
El sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas no puede fundamentarse en un criterio de solidaridad intergeneracional. Dadas las características de las Fuerzas Armadas, puede presentarse una situación que determine la necesidad de incrementarlas y, al poco o mucho tiempo, reducirlas o, con una base tecnológica, reducirlas más, y no queremos quedar a la posibilidad de los activos sustentando a los pasivos. Ese no es, tampoco, el sistema de seguridad social policial, que no tiene la cláusula de solidaridad intergeneracional, porque tanto los aspectos de seguridad como los de defensa dependen de las situaciones específicas.
Las edades de retiro obligatorio deben ser coherentes con las funciones y los requerimientos psicofísicos de las funciones que desarrollan las distintas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Este es un aspecto esencial.
Las bonificaciones de servicio deben ser establecidas en su totalidad y deben ser similares a las de quienes cumplen igual función en el Estado.
La realidad salarial de las Fuerzas Armadas debe ser un elemento central al considerar las tasas de reemplazo. Si no se va a considerar un incremento salarial, debemos tener en cuenta que las tasas de reemplazo, en parte, deben compensar eso, como ha sido hasta ahora. Precisamente, hasta ahora nos hemos manejado con un sistema de escasos salarios pero con retiros que, por lo menos, permiten –cuando se llega al retiro obligatorio– cierta capacidad adquisitiva.
El proyecto de ley incumple con el compromiso de respetar los derechos adquiridos. Es el único sistema de seguridad social donde se aplica un doble tope: a los retirados y a las pensiones.
Las modificaciones en el tratamiento de las pensiones generadas en actos de servicio desconocen, en profundidad, la sensibilidad del tema dentro de las Fuerzas Armadas y afectarán sensiblemente el compromiso y la moral de nuestros integrantes.
Por último, quiero decir que hay algunos actores políticos que presentan la reforma de la caja militar como lo que ahora podemos ver en pantalla. Esta reforma de la Caja Militar no toca a nadie de los que están ahí, sino que afecta al personal que está en las inundaciones, en las evacuaciones aeromédicas, en las misiones de paz. Les toca a ellos y no a otros. Es por eso que decimos que debemos mirar hacia el futuro y los problemas que se producirán.
SEÑOR PRESIDENTE.- Nos gustaría que la delegación deje una copia de la presentación en secretaría para que luego sea distribuida. En lo personal, creo que fue muy didáctica.
SEÑOR CAMY.- Damos la bienvenida al grupo de asesoramiento de seguridad social de las Fuerzas Armadas que encabeza el general Fígoli.
No vamos a dar una opinión sobre el tema porque es parte de la metodología de trabajo de la comisión, pero queremos expresar que, por lo claro y contundente de las expresiones recibidas y por lo importante y determinante que las consideramos en cuanto contiene aportes técnicos, reconocemos la profesionalidad del trabajo.
SEÑOR OTHEGUY.- Agradecemos la visita de la delegación y queremos hacer algunas consideraciones y un par de consultas.
Es muy importante la información que nos brindaron y amerita el análisis de la comisión. Probablemente se harán algunas consultas complementarias a los ministerios que ya comparecieron para terminar de clarificar algunos aspectos que son imprescindibles para tener un panorama integral, racional y serio del tema que estamos analizando.
En las sociedades democráticas todas las opiniones son válidas. Recién la presentación reflejaba una opinión de un sector político, pero eso no quiere decir que uno las comparta o no. Todos los debates, a su vez, están permeados de cuestiones ideológicas y filosóficas que tienen los seres humanos y las distintas organizaciones. Lo que sí no considero es que una iniciativa del Poder Ejecutivo esté cargada de una visión ideologizada. Esto lo voy a decir con toda claridad. Respeto la opinión que se tenga sobre este tema, pero quiero dejar bien clara mi opinión con respeto a esto.
En cuanto a la seguridad social, probablemente es de los grandes temas que Uruguay tenga, así como la mayoría de los países también lo tienen por un conjunto de aspectos que tienen que ver con los cambios societarios que se vienen produciendo. En Uruguay se ha venido procesando alguna reforma y es bastante claro que en poco tiempo se va a tener que librar un debate integral sobre la seguridad social. El sistema político va a tener que discutir integralmente el tema de la seguridad social en el Uruguay.
El Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas era el único sistema que hasta ahora no había tenido modificaciones. Es claro que ustedes también comparten la idea de que era necesario ajustarlo. Mi pregunta es si han formulado algún tipo de proyecto, propuesta o criterio general sobre por dónde debería ir esa reforma, si eran conscientes y tenían un diagnóstico que fundamentaba la necesidad a corto plazo de procesar algunas transformaciones del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
Por último –esta es una pregunta que no refleja ninguna posición de la bancada oficialista, sino que simplemente es una reflexión personal– me gustaría saber qué opinión tendrían si las economías resultantes de esta reforma, o de cualquier otra vinculada al Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas, se destinaran a la mejora de los salarios de las Fuerzas Armadas. Digo esto porque también somos conscientes de que son claras las diferencias que ha habido entre las mejoras salariales de la Policía y lo que ha sucedido con las fuerzas armadas.
Esas eran las consideraciones que quería hacer.
SEÑOR ELGUE.- Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los integrantes del equipo del Ministerio de Defensa Nacional han trabajado en un proyecto que tiene que ver con el servicio de retiros. Pero cuando se produjo el intercambio con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la mayoría de los aspectos sustanciales del proyecto no fueron considerados. Los aspectos que he resaltado como esenciales estaban considerados porque buscaban el equilibrio entre las capacidades del país, las necesidades específicas de nuestra profesión y la transición hacia algo nuevo. Todo esto se debe alcanzar sin producir efectos traumáticos en las Fuerzas Armadas o un costo para el Estado porque si los especialistas se van, va a haber que formar nuevos; ¿o no vamos a tener esas capacidades en las Fuerzas Armadas o en sanidad militar?
Para que los señores senadores se hagan una idea: en el llamado que hay en sanidad militar para quince especialidades, cinco están desiertas. Hay cuatrocientos técnicos que tienen más de veinte años, que están esperando la resolución sobre el artículo 70 porque los afecta directamente y tienen una pérdida importante. De esos cuatrocientos, noventa y uno son médicos, la mayoría jefes de servicio. Ese efecto sobre la sanidad militar, sobre los ciento cincuenta mil usuarios, es muy importante. Y si no se dan certezas en algunos aspectos –sobre todo en respetar los derechos adquiridos–, ello va a originar que se vayan porque esos médicos en particular ya están trabajando. Esas horas que le dedican al Hospital Militar se la van a dedicar a sus otras actividades y van a pasar a retiro con el sistema vigente. Entonces, como dijo el general, vamos a tener una mayor cantidad de retiros –ya sucedió en la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial cuando se realizó la modificación–, un aumento en la necesidad de asistencia financiera y una importante pérdida de capacidad en el hospital.
En definitiva, el problema es que estamos hablando de enriquecer el debate. El señor senador Otheguy es consciente de que en este debate hay un elemento que no está presente: nosotros estamos aquí porque estamos retirados, pero los directamente involucrados no pueden venir. Los técnicos especialistas no vienen y creo que es importante que lo hagan porque yo doy información que quizá no está actualizada, pero los técnicos en la materia se la pueden dar perfectamente. Los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social vinieron con los técnicos que trabajaron a nivel medio. El personal técnico que vino con el ministro de Trabajo y Seguridad Social también trabajó a nivel medio. El ministro de Defensa Nacional vino con sus asesores políticos, pero ninguno de ellos estuvo en los equipos de trabajo, salvo el representante de la Dirección General de Recursos Financieros que lo hizo en forma muy lateral.
Entonces, si queremos enriquecer el debate es esencial la presencia de todos y principalmente de los afectados.
SEÑOR FÍGOLI.- Voy a responder la segunda parte de la pregunta formulada por el señor senador.
En principio y para complementar lo expresado por el coronel Elgue, no somos voceros ni estamos ocupando el lugar de los mandos naturales de las Fuerzas Armadas, de los comandantes, pero con el debido respeto para quienes están en actividad, de alguna manera estamos colaborando en completar el vacío conceptual, doctrinario y técnico en términos específicos. De ahí nuestra presencia, que se inicia por la famosa prestación pecuniaria coactiva, pero que ahora, por extensión –y lo hacemos desde el corazón–, estamos tratando de dar una mano en lo que tiene que ver con los aspectos reseñados en esta presentación.
Si se afirmara que por las reformas que se pudieran hacer se generaría una serie de ahorros que puedan ser volcados en un mejoramiento salarial, primero tendríamos que conocer de qué tipo de reformas se habla, cuál sería el monto de esos ahorros, cuáles son los salarios que nuestro personal debería percibir y, por supuesto, consultar todo esto con quienes tienen la responsabilidad por el mando. Quizás para nosotros es hasta es un poco cómodo y fácil, porque en nuestra situación de pasividad podemos hablar públicamente como hombres libres y responsables de lo que decimos pero hay quienes no lo pueden hacer porque eso les está vedado por imposición constitucional. De todas maneras, muy respetuosamente me permito enfatizar la necesidad de la presencia de los técnicos, de quienes están viviendo el día a día y conocen la matriz de planificación en grado de detalle, por la responsabilidad que tienen por ejercer el mando de las Fuerzas Armadas. Me refiero a los comandantes, asesores, técnicos y responsables del servicio de retiros, que son quienes podrán darles una mirada técnica y específica que podrá contestar las preguntas que surjan aquí. Obviamente, nosotros estamos por fuera y no pretendemos interferir, por lo que no estamos en condiciones de hacerlo.
No rechazamos la idea pero sería bueno estudiar cuál sería el mejor modelo o el paradigma esperado. Pueden estar seguros que este conjunto de orientales, que por sobre todas las cosas nos sentimos compatriotas, vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades y con la mejor intención. En definitiva, si estamos defendiendo instituciones que hacen al Estado nación, que son fundacionales de ese Estado, ¡vaya si no estaremos dispuestos a colaborar con ustedes y con esta casa republicana que siempre nos ha recibido con el mejor de los espíritus!
SEÑOR FALCO.- Voy a hacer referencia a lo que dijo el señor senador con respecto al tema ideológico; entendí que preguntaba si eso estaba teñido de alguna ideología.
Cuando comenzamos a trabajar en este tema, un periodista me llamó y me preguntó si entendía que a raíz de esto había una suerte de revanchismo o intención de venganza y en ese momento le respondí que quería pensar que no, que realmente se debía a una necesidad económica y para reformar un sistema que obviamente a esta altura adolece de ciertas cosas y que merece se hagan consideraciones.
A lo largo de todo este período en que hemos actuado bajo la dirección y coordinación del general Fígoli, hemos tratado sanamente de explicar cuáles eran las realidades que se vivían. Digo esto porque tal vez uno, que ve las cosas de un lado distinto al legislador, puede llegar a percibir la gravedad de algunas de estas decisiones que hoy, por ejemplo, se tomaron en la Comisión de Hacienda. Esa comisión pidió información con relación a si este impuesto a la prestación pecuniaria es o no constitucional y las autoridades académicas –en el caso de la Universidad Católica del Uruguay, se recaba la opinión de la máxima autoridad del Instituto de Derecho Constitucional– informan que sí lo es, pero se votó igual. Estamos diciendo que esta doble imposición llega a casi un 50 % –en mi caso es de alrededor del 46 % o 47 %– de lo que se percibe y se aduce que esto obedece a que nuestras jubilaciones son privilegiadas. Si bien no hay ánimo de comparar para que se castigue a otros, sabemos que en el Banco de Previsión Social hay 42.000 personas que estarían dentro del parámetro que se considera privilegiado, es decir, las jubilaciones de más de $ 50.000. A ellas no se les aplica pero a nosotros sí. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una imposición al IASS que vertimos al Banco de Previsión Social. Entonces, hemos cumplido con todas las etapas y llegamos a una situación jurídica establecida, que no fue una resolución nuestra ya que no decidimos con relación al número de militares, cuánto cobran, cuál es el estatuto que los rige, en qué momento se retiran y con cuánto dinero. Usted cumple con todo eso y se supone que cuando llega al haber de retiro se le va a respetar, pero se le aplica un impuesto de una envergadura importantísima, además, de los que ya tenemos. Por lo tanto, se puede llegar a pensar que esto es contra los militares, porque los privilegiados son los militares y no otros. Quiero seguir pensando que no y tengo esperanzas de que en el Poder Legislativo se discuta y se pueda revertir esta situación. No estamos hablando de no cambiar la norma, sino de hacerlo en forma racional, porque si se aplica como lo dice economía, en buen romance, se va a ir más gente, ya que es evidente que no se van a quedar porque cobran poco y van a cobrar menos el día que se retiren. Creo que es bastante claro el problema. Eso es lo que va a ocurrir. Todo eso puede llevarnos a pensar –y estoy tentado a pensarlo– que esto es ideológico y contra los militares.
(Ocupa la presidencia el señor senador Otheguy).
–La última salvedad: el impuesto a los militares se aplica a los que más tiempo estuvieron en el Estado prestando servicios y los que menos tiempo estuvieron van a percibir el retiro. A los que se fueron con 15 y 20 años, que cobran menos, no se les aplica. Yo estuve 39 años en la marina, me retiré con 55 años, que es el retiro obligatorio, pero si un compañero, por ejemplo, se retiró con 20 años –que era lo que regía– y 38 años de servicio, a esa persona que hace 20 años que está cobrando el retiro no se le aplica el impuesto. ¿Qué tengo que pensar? Que puede haber algo ideológico, además muchos los expresan, no digo todos, no generalizo.
SEÑOR PRESIDENTE.- En nuestro caso –no vamos a entrar en una polémica– podríamos dar ejemplos de situaciones similares. Respeto todas las opiniones, pero quería ser bien claro al dar la visión que tengo sobre este tema que no tiene ningún componente ideológico respecto a las Fuerzas Armadas.
SEÑOR FIGOLI­.- Le agradecemos muchísimo, no es necesaria la aclaración, lo comprendemos perfectamente.
SEÑORA PASSADA.- Agradezco la participación y me parece que el material que han traído es sustancioso y muy importante para el trabajo de la comisión, por eso solicité que sea incorporado al acta.
Por otro lado, pienso que no hay que abrir ningún tipo de brecha en lo que respecta al estudio de esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo. Pueden tener la garantía que va a ser con seriedad y responsabilidad. Creo que es un poco el camino que estaba planteando el señor senador Otheguy. Me parece que tratar estos temas en forma subjetiva nos llevaría por un camino que no sería, por lo menos para los que integramos esta comisión, el que estamos buscando.
Quisiera saber si es posible que nos puedan enviar lo que han avanzado y trabajado con el Ministerio de Defensa Nacional –aunque tuvimos la visita del ministerio– porque puede ser un buen insumo para la comisión, dado que independientemente de lo que plantean acá, que es global, después vamos a tener que discutir el articulado. Así como está el proyecto de ley del senador Larrañaga, habrá otros aportes y, si pudiéramos tenerlos, me parece que es importante contar con ellos. Me refiero, por lo menos, no a los que puedan afectar el trabajo que hicieron y que no fue tenido en cuenta, sino a la información de las instancias en las que hayan participado. Si es posible, nos gustaría que la hicieran llegar a la comisión o que la dejaran como opiniones de la lectura del propio proyecto.
Era lo que quería decir.
SEÑOR MIERES.- Tengo que pedir disculpas porque debo retirarme para presidir la Comisión de Asuntos Internacionales que está convocada para las 16:30. Quiero dejar la constancia del agradecimiento por la comparecencia y por los datos aportados, porque me parece un material muy bien fundamentado, contundente e imprescindible para el análisis que vamos a realizar. O sea, nos parece muy bueno que nos dejen una copia del material.
Les reitero las disculpas porque tengo que retirarme. Muchas gracias.
SEÑOR FÍGOLI.- Muchas gracias, señor senador Mieres.
SEÑOR CORUJO.- Siempre es un honor estar presente en las comisiones del Parlamento.
Simplemente quiero referir a que, en nuestro caso, el análisis –que fue presentado de manera muy clara y detallada por el coronel Elgue–, en realidad, ha sido producto de un trabajo que se ha venido haciendo largamente en el tiempo pero, en definitiva, creo que ni nosotros sabíamos que íbamos a llegar a ese trabajo. ¿Por qué? Porque cuando comienza a gestarse esto del impuesto y se analiza, desde el punto de vista jurídico, si efectivamente podía haber una inconstitucionalidad y demás, obviamente que no solo nos preocupamos, sino que más bien nos ocupamos. Y allí fue cuando comenzamos a ver qué posibilidades había de que, evidentemente, ese impuesto tuviera o no consecuencias jurídicas.
Del estudio de ese tema, advertimos –lógicamente– que ese impuesto nos iba a afectar, que era inconstitucional, que era contrario al artículo 67 de la Constitución, además del artículo 8.º. Como bien decía allí el capitán de navío Falco, también nos encontramos con que es discriminatorio en sí mismo porque, como bien explicaba él, grava con un porcentaje mayor a aquellos que más tiempo estuvieron en la fuerza y aportaron, si bien quienes se retiraron lo hicieron al amparo de la normativa vigente y como correspondía.
¿Por qué nos encontramos en el análisis de esta normativa del sistema de retiros? Es claro, porque el impuesto nos llevó a eso. Cuando vemos que en la propia norma se hace una referencia a los retirados con aportes que se deben realizar, era evidente que ya nos afectaba y que aquellos que tienen los veinte años de servicio también se van a ver afectados.
¿Qué sucede acá? Evidentemente, el Poder Ejecutivo encontró aquí un instrumento recaudatorio. En realidad, para este cuerpo, lo más importante –en su responsabilidad legislativa– es que se trata de un instrumento recaudatorio por el que no solamente se va a recaudar, sino que se va a violar la Constitución, que en 2017 cumple cincuenta años. No podemos olvidar en este cuerpo legislativo que es una Constitución rígida; para modificarla se requiere un procedimiento distinto de la ley ordinaria, y precisamente acá se está modificando por la vía de ese impuesto.
Ya en 1999 –permítanme ir unos años más atrás– hubo un trabajo del Ministerio de Defensa Nacional –cuando estaba en el Gobierno el doctor Sanguinetti y como ministro de Defensa, el doctor Storace– en el que se establecieron las bases para una política de defensa. Después, pasaron los años y en el 2010 nos encontramos con la ley marco de defensa. Evidentemente, a partir de allí, se establecen una serie de órganos como el Codena y el Estado Mayor de Defensa, que es donde me quiero detener. ¿Por qué? Porque luego de esa ley se crea la política de defensa y la política militar de defensa. En el preámbulo de todas estas normas se habló, justamente, que lo importante era tener un debate nacional, que la defensa no era un reducto de los militares; y claramente no lo es. Y allí, se abre ese debate y se comienza a trabajar. Pero resulta que cuando miramos la ley marco de defensa a la luz de las leyes orgánicas advertimos, en definitiva, que estas últimas quedan vacías de contenido. ¿Por qué? Porque básicamente allí se va a centrar toda la planificación en el Estado Mayor de la Defensa. Entonces, parecería que ese Estado Mayor de la Defensa va a realizar un gran trabajo o también puede ocurrir que quede con una parálisis por inacción. ¿Por qué digo esto? Por lo que decía el coronel Elgue en el sentido de que para estos temas hay que consultar y tener en la mesa a los técnicos, a los que manejan los problemas. Evidentemente, aquellas personas que están en la actividad en forma operativa son las que más conocen cómo les puede afectar esto. También tenemos que recordar que el Instituto Militar tiene un estatus jurídico diferente, somos funcionarios públicos como los senadores, pero somos diferentes. Entonces, cuando se habla de privilegios, en realidad, no tenemos privilegios, sino que tenemos un estatus jurídico diferente. Es como si yo dijera que los legisladores tienen privilegios; se los llama así pero en realidad lo que tienen son fueros, pero no es personal, sino real, es decir, para el cumplimiento de la función.
En definitiva, creo que hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta y, justamente, lo que se espera es que haya un tratamiento diferencial para quienes tienen un estatus jurídico diferente. De lo contrario, no se habrá cumplido con la finalidad legítima para establecer una distinción y, sin duda, en ese caso, habrá un tratamiento discriminatorio.
Para finalizar, señor senador, tal como se dice por ahí, no hay ninguna ley que sea buena o mala en sí misma, sino que dependerá de aquellos que la tengan que soportar. Me parece que, en ese sentido, hay muchos puntos a tener en cuenta para poder resolver estas cuestiones. Lógicamente que nosotros como retirados podemos ir hasta ahí, hasta donde podamos; no podemos entrar en las competencias que corresponden a los comandantes en jefe. Quizás, los legisladores –justamente, es la función legislativa– podrán en algún momento hacer que los comandantes en jefe se sienten acá y expongan aquellas cosas que nosotros, por una razón de orden, no lo podemos hacer.
SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar en claro que el tema del impuesto no está a consideración de esta comisión, sino de la Comisión de Hacienda. Sé que es un tema que preocupa de igual manera que este otro pero reitero que no se está analizando acá.
SEÑOR CAPPI.- Se han dicho muchas cosas y todo ha sido debidamente expresado. Los integrantes del equipo de trabajo que está hoy aquí son altamente idóneos y debo decir que soy el más nuevo, aunque también el más viejo en edad. De todas maneras, estoy viviendo, como lo hice durante toda mi vida, subordinado a una misión. Como ha dicho el señor general, nosotros hemos vivido una vida en la institución, pero una cosa son las palabras y otra, cómo hemos vivido, sin rehuir ninguna responsabilidad sino, más bien, asumiéndolas; sirviendo a veces donde voluntarios no había, pero sirviendo al fin. Lo que queremos es servir a la institución allí donde –como ya se ha dicho– los responsables no han tenido oportunidad de expresarse.
Todo lo que se dijo fue bien dicho, pero han sido tantas cosas que quisiera señalar una. La señora senadora Topolansky y el señor senador Mujica dijeron, en su momento, que el impuesto era algo circunstancial y lo que realmente había que atender en forma prioritaria era la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la ley del servicio de retiros. Debo decir que siendo así, el tema que verdaderamente prioritario es el que refiere a la ley orgánica.
Esto fue mencionado, pero si no se trata la ley orgánica antes que todo esto, más allá de lo que podamos decir, estaremos trabajando en el aire. Es necesario un cambio en la ley orgánica que está por ser presentada y debatida en el Parlamento. En base al conocimiento de algunos borradores, me atrevería a decir que esa iniciativa se expresa con respecto a particulares que figuran en este proyecto de ley de forma diferente. Por lo tanto, me permito señalarles que la otra iniciativa es la que debería tratarse en primer lugar; antes hay que hablar de los activos para después poder hablar sobre los pasivos. El servicio de retiros es una parte subsiguiente al servicio prestado.
No olvidemos que el ejército existe desde antes que la patria. Esas fueron las primeras pasividades, pero –¡cuidado!– que ya habían pasado como treinta años para que la patria existiera.
(Ocupa la presidencia el señor senador Delgado)
–Insisto en que primero se debe analizar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, más allá de la eficiencia que pueda tener o carecer. Es probable que se asignen nuevas misiones, sin mencionar el ámbito político de la fuerza de Gobierno. Hay que atender todas esas cosas y después hablar de esto, amén del problema de los retiros que no es materia de esta comisión.
Quería señalarlo porque me parece fundamental; de lo contrario, se va a trabajar en una cosa que no estará del todo firme hasta concluir con la otra.
Asimismo, y con el debido respeto, me gustaría agregar que el señor senador se refirió a lo ideológico y muy bien señaló la señora senadora que si queremos arreglar una cosa es mejor no meterse en algunas otras. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar –con el respeto que les tengo al señor presidente, a la comisión y al Parlamento– que a veces no se concibe que un militar pueda ser democrático. ¡Lo somos!
Resulta que, en su momento, la señora senadora Topolansky dijo, con absoluta claridad y más de una vez, que los salarios que tenía el personal eran muy bajos y habría que mejorarlos. También ha afirmado públicamente que ella desearía unas fuerzas armadas donde la mitad de la tropa y un tercio de los oficiales fueran del partido. Lo que digo no lo puedo demostrar, pero sí puedo afirmar que si se tratara de ese ejército le pagaría más que a este.
SEÑOR PRESIDENTE.- La información que nos han brindado representa un insumo importante para la discusión en esta comisión. Les vamos a solicitar que dejen la presentación en secretaría.
En la Comisión de Hacienda del Senado del día de hoy se aprobó por mayoría la prestación pecuniaria a los retirados de las Fuerzas Armadas. Este proyecto de ley será considerado en el Senado en una sesión extraordinaria, que seguramente tendrá lugar a fin de mes. En alguna medida, esa norma tiene que ver con este tema y también con la reforma de la ley orgánica –que es primero– para que una vez que definamos la estructura, adecuemos todos los otros componentes a las Fuerzas Armadas que queremos.
Muchas gracias por su comparecencia.
(Se retiran de sala los integrantes del Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar).
–La señora senadora Passada propone que la versión taquigráfica de lo manifestado por los integrantes del Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar sea enviada a los ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y de Defensa Nacional, así como también a las comisiones de Defensa Nacional del Senado y de Seguridad Social y de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes.
–También vamos a reiterar el informe solicitado sobre cargos y funciones en Sanidad Militar, así como cuántos y cuáles son los cargos con rango militar en el Ministerio de Defensa Nacional.
(Ingresan a sala representantes de la empresa Tacua S.A., operador portuario).
–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado tiene mucho gusto en recibir a integrantes de la empresa Tacua S.A., operador portuario: doctora Lorena Viñoly y señores Vicente Napoli y Gerardo Solochiello.
Tienen ustedes la palabra.
SEÑOR NAPOLI.- El tema que nos convoca es el artículo 116 del Presupuesto que originalmente dice: «Las empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios o extraportuarios, y en muelles o explanadas, deberán mantener una dotación de personal estable suficiente para asegurar los requerimientos básicos de su actividad, garantizándole a dicho personal un mínimo de 13 jornales».
Nuestra empresa se encarga de la exportación, principalmente de productos del país. Hacemos la logística del arroz desde hace mucho tiempo –personalmente, estoy en esto desde el año 1974– y de casi todo el ganado en pie que se está embarcando, así como otras actividades que no son especializadas. Existe una peculiaridad: cuando los negociadores venden un producto, firman un compromiso en el que se tienen en consideración los puertos de carga y descarga. A pesar de que se firman contratos impresos, que ya vienen con determinadas cláusulas –como de guerra, de huelga, etcétera–, se agregan otras cláusulas. Por ejemplo, se tiene en cuenta que el puerto de Montevideo admite hasta 34 pies o que los buques se cargan a flote y, si tocan el fondo, es un soft, un fondo liviano. Es decir que adicionamos un montón de cláusulas por las condiciones y los usos del puerto de Montevideo, y ellos hacen lo mismo. El precio del flete incluye los gastos y condiciones de ambos puertos y la navegación. Después, si la venta es CIF, tenemos que poner el barco y salir a chartearlo. El chárter también es otro documento que se genera que contiene determinadas cláusulas. Si alguien lee un conocimiento marítimo se podrá dar cuenta de que no embarca nada, porque las protecciones son infinitas y muy leoninas. Entonces, en ese caso, tenemos que contemplar desde el primer momento, cuando se hace el negocio, las peculiaridades que pueda tener y las necesidades del puerto de Montevideo.
Irán e Irak, que son dos países que adquieren grandes volúmenes de arroz, exigen en el contrato de venta que el producto salga en bolsas de 50 kilos, porque los puertos de Irán no tienen los elementos necesarios para descargar en contenedores, big bags o a granel. Son puertos que están muy limitados y si enviáramos el arroz de otra forma no tendrían cómo descargarlo. Entonces, además de las condiciones del arroz –con determinada humedad, etcétera–, se agrega que se requiere que se transporten en bolsas de 50 kilos.
Los contratos de los buques que vienen se pueden hacer por 100.000 toneladas, pero el puerto de Montevideo admite que los buques carguen hasta 32 pies, que son unas 32.000 toneladas y no más.
Entonces, para cumplir con un contrato de 100.000 toneladas se precisaría algo más de tres buques, y eso es lo que se recibe en el puerto de Montevideo. En el año, en promedio, tenemos cuatro o cinco buques de este porte, los que generan trabajo. Por la buena voluntad de no achicar el puerto de Montevideo, así como por los compromisos que se adquirieron en la venta y en el chárter del buque –que es donde se establecen premuras y despachos–, los exportadores trabajan around the clock, las 24 horas, feriados y domingos, inclusive cuando llueve. En realidad, el capitán no abre las bodegas cuando llueve para que el producto no se estropee, pero igual se convoca al personal porque, si hay una hora o dos, se quieren aprovechar.
Cuando hablamos de personal, en la época de ANSE –estuvimos charlando de esto–, una mano constituida para la carga de arroz era de 8 hombres y de 6 más en tierra como mano de obra portuaria. Así que estamos hablando de 14 hombres. Pero nosotros, para apurar, ponemos 26 hombres en cada equipo, en cada mano de trabajo, aparte de la «mano cero» que tiene que ver con jefes, encargados, capataces, cerramenteros, tractoristas, mecánicos, etcétera. Entonces, hablamos de 26 hombres.
La carga del arroz en bolsas tiene una gráfica que obedece a las bocas de salida o al recibimiento de la carga. Cuando el buque está anunciado y presentó la carta de alistamiento –o sea que está pronto para cargar–, empieza a correr el tiempo que le conceden al buque para cargarlo y, entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de no usarlo, inclusive, con mal tiempo.
Me remito a lo anterior: se trabaja las 24 horas del día, se generan 3.500 jornales y la dependencia que tiene la empresa, al no haber registros ni bolsas de trabajo, es aproximadamente con 500 hombres que se reclutan del barrio Casabó, de Las Piedras, del Borro y de todas esas zonas. Se trata de gente que prácticamente no se dedica a los trabajos estables sino que hacen lo que pueden y este tema es muy importante para ellos.
Para dar disciplina a esa gente, que suele ser indisciplinada y más cuando se junta –esto me consta y, si hablamos de fútbol, sabemos hasta dónde puede ser un desastre–, le ofrecemos incentivos para trabajar en productividad, es decir, se les paga por bolsa. A la empresa y al exportador le cuesta lo mismo porque la relación costo–bolsa se vincula con el jornal y, matemáticamente, la erogación es la misma. Así conseguimos que los estibadores lleguen, se dediquen a trabajar enseguida y lo hagan a full, tanto que hay que estar parándolos porque pueden correr peligro; además, se van en el último minuto porque quieren compensar su tiempo y todo eso lo van a cobrar.
Esa es la realidad de la exportación nacional en lo que al arroz se refiere. Este producto tiene otras particularidades pero abordarlas sería entrar en ciertos detalles y creo que lo que más interesa a los señores senadores es saber que tenemos un buque que trabaja diez días para cargar 700.000 bolsas de arroz, a un promedio de 8.000 bolsas por mano de turno y que, a su vez, eso se hace para que los muelles queden libres lo más pronto posible y para cumplir con los contratos.
Según la redacción que nos llegó sobre el artículo 116, esto no es viable para Tacua, para la exportación, para los arroceros ni para nadie. Si cargando cuatro o cinco buques por año con esa cantidad, que demora diez días, tenemos que cubrir todo el año, supongamos que no sean los 500, que sean 200, 300…
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Me permite? Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué redacción le llegó?
SEÑOR NAPOLI.- La primera.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permite, voy a aclarar algo porque quizás estemos avanzando en el tema y podríamos ahorrarnos tiempo.
El artículo 116 de la rendición de cuentas no vino del Poder Ejecutivo, sino que se incorporó en la Cámara de Representantes. Cuando el proyecto de ley se estudió en el Senado se recibió a la Unión de Exportadores del Uruguay, el Centro de Navegación y a otras delegaciones que manifestaron sus discrepancias en relación con esta disposición que establece garantizar trece jornales a trabajadores portuarios y extraportuarios. En realidad, por una situación política del partido de Gobierno no se tuvo la posibilidad de modificar la rendición de cuentas en el Senado porque en la Cámara de Representantes se acordó que fuera así. Cuando se trató este artículo en el Senado, el Partido Nacional presentó un artículo sustitutivo que, obviamente, no se tuvo en cuenta porque se aprobó la rendición de cuentas que venía de la Cámara de Representantes, pero, más allá de esto, hubo un compromiso que fue público y que lo manifestó la señora senadora Topolansky, tanto en comisión, como en sala cuando se votó la rendición de cuentas, respecto a que a algunos artículos que no tenían costos como, en particular el artículo 116, teniendo en cuenta los reclamos y perjuicios que podía generar, había que buscarle una redacción diferente, con objetivos parecidos pero que no generaran los perjuicios que sí producía el artículo con su actual redacción. Ahora bien; para cambiar este artículo que entra en vigencia el 1.º de enero, necesitamos una redacción que debe ser aprobada en ambas Cámaras antes de que entre en vigencia y cumpla el efecto.
El lunes pasado, en la reunión de coordinación, se estuvo hablando de este tema y podemos informar que hay un anteproyecto de ley por el que se modifica al artículo 116 y lo está manejando la bancada de Gobierno. Tengo en mi poder el borrador pero la bancada oficialista está haciendo consultas con algunos ministerios. Este instrumento trata, entre otras cosas, de modificar este tema y, además, incentiva al Banco de Previsión Social para que genere un mecanismo de compensación de jornales, parecido a lo que sucede con las trabajadoras domésticas y los zafrales de la construcción.
Hoy en la Comisión de Hacienda –que presido– estuvimos hablando de esto –pues es en ese ámbito en donde se va a estudiar, dado que tiene que ver con aportes– y quedamos en que el martes estaríamos ingresando un anteproyecto de ley formalmente, con la firma de todos los partidos, dándole estado parlamentario. Tenemos el borrador, pero preferiríamos esperar al lunes porque se están haciendo las últimas consultas con los ministerios. De todas maneras, aunque falten detalles, por lo menos ingresaríamos el anteproyecto de ley para que se le dé trámite y sea enviado a la Comisión de Hacienda para poder avanzar, puesto estamos contrarreloj en este tema.
Si nos ponemos como horizonte la aprobación de esta iniciativa en comisión en los primeros días de diciembre, para su posterior consideración en el Plenario de la Cámara de Senadores, tendremos que llamar a los diputados de todos los partidos para que le den trámite rápido, antes de fin de año, ya que en definitiva este artículo sustituirá el artículo 116 de la rendición de cuentas.
Recomendaría que estemos conectados con la secretaría –la versión taquigráfica de esta sesión será enviada a la Comisión de Hacienda porque allí se va a tratar el tema– y atentos al borrador del anteproyecto que ingresaría el martes, con la firma de todos los partidos, modificando el artículo que nuestros visitantes tienen en su poder y rectificando las consecuencias negativas que tiene la disposición.
SEÑOR NAPOLI.- ¿Estaba enterado de esto?
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿A qué se refiere?
SEÑOR NAPOLI.- De la situación de la exportación de arroz, de ganado en pie, etcétera. Lo cierto es que TACUA ha salido a plantear esto porque personas con las que hablé –integrantes de la comisión– me manifestaron que diera a conocer esto en el Senado porque este caso en particular no se había presentado.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Estamos hablando del artículo 116?
SEÑOR NAPOLI.- Así es. Y de la contemplación de ese caso, que costaría USD 300.000 por mes, y que nunca se presentó. Por lo tanto, Tacua salió a defenderse por sí sola.
SEÑORA PASSADA.- Para dar tranquilidad a nuestros invitados, quiero decir que este artículo tal como está, no se va a aplicar hasta el 1.º de enero de 2018, que es cuando entra en vigencia la Rendición de Cuentas. Esto hoy no se está aplicando.
¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una salida acordada antes del 1.º de enero para ese artículo. Quiero aclarar que en el Senado tenemos una misma mirada en cuanto a darle un ajuste o una interpretación con antecedentes que ya tenemos, como ocurre en los casos de los trabajadores zafrales, de las trabajadoras domésticas o en el caso de la construcción, que toman en conjunto más de una empresa para que puedan llegar a los quince jornales para el cobro del BPS. Es una de las posibilidades que se está viendo.
Por otra parte, estamos en conocimiento de ese artículo porque fue aprobado en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas y lo que nosotros estamos buscando en el acuerdo político –porque eso fue lo que acordamos entre todos los partidos– es dar una solución. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos días.
SEÑOR NAPOLI.- El tema es que no conocemos a la gente que trabaja en la empresa porque no hay registro, no hay una bolsa. Entonces, ¿a cuántos les pagamos lo que surja? No conocemos a nadie. Nadie les pide habitualidad. Ellos vienen, los vestimos con las prendas que exige la comisión de seguridad y se ponen a trabajar; de repente vienen un jornal o dos y se retiran. Tenemos una deserción del 30 % de estibadores por barco, porque no pueden trabajar por problemas físicos, porque no les es conveniente o porque tienen otras changas para hacer, pero hay entre 20 % y 30 % de deserción. Entonces, ¿a quién le damos protección? Es como empezar a construir la casa por el techo, porque no sabemos a quién pagarle. Evidentemente, ¿no sería necesario primero contar con un registro, para saber quiénes son las personas que van a recibir el beneficio?
SEÑORA PASSADA.- Estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el subsecretario. Justamente, lo que se hace en esta situación –porque no todos los trabajos zafrales son iguales, hay diferencias, una es el caso de ustedes– es ir por la creación de un registro. Aclaro que me estoy refiriendo a lo que se está haciendo actualmente. Los empleados zafrales deberán firmar un convenio con estas características.
Entonces, en principio hay que hacer la corrección en la normativa para luego pasar a concentrarnos en el trabajador zafral, con la característica que nos han relatado. Estamos tratando de tener una visión más amplia porque no se tuvieron en cuenta algunas actividades que tenían estas características y ahora hay que regularlas, y la forma de hacerlo es con un registro.
SEÑOR PRESIDENTE.- Seamos prácticos porque estamos hablando de un supuesto. Como ya he dicho, el día martes se va a presentar un anteproyecto de ley para modificar esto en comisión, y aún tenemos tiempo para escuchar a todos aquellos operadores que se están viendo afectados. Recordemos que esto está votado y es ley, si bien no entró en vigencia; entonces, a partir de esa realidad, estamos tratando de que no entre en vigencia, y estamos contrarreloj. Tenemos que intentar tener un proyecto de ley que sea abarcativo de todas las casuísticas. Reitero: el próximo martes la Comisión de Hacienda va a tratar un proyecto de ley sobre este tema y la idea es convocar en una sesión a todos los involucrados y luego laudar en el Parlamento.
–Pedimos que envíen un memorándum con la situación, sobre todo con una propuesta de redacción que incluya la particularidad de los operadores de arroz y nos comprometemos a que cuando se trate el tema de la modificación del artículo 116, que va a ser en la Comisión de Hacienda y se van a recibir varias instituciones, se incluya la presencia de ustedes.
SEÑOR NAPOLI.- Agradezco mucho a la comisión y disculpen que tomé mucho tiempo en tratar de explicar el problema. Llevo 60 años en el puerto, no hubo predisposición a generar una discusión ni censurar una parte o la otra, simplemente la intención era dejar el tema lo más claro posible.
(Son las 16:51).

References: artículo 151
 artículo 73
 artículo 2
 artículo 70
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 artículo 67
 artículo 8
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
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 artículo 116
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