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Timestamp: 2019-08-25 00:12:15+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1996-5108
Documento BOE-A-1996-5108
«BOE» núm. 56, de 5 de marzo de 1996, páginas 8702 a 8711 (10 págs.)
BOE-A-1996-5108
https://www.boe.es/eli/es-cm/l/1995/12/21/8
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en su artículo 13 que las Cortes de Castilla-La Mancha regularán el régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno.
Tal mandato fue primeramente cumplido mediante la promulgación de la Ley 3/1984, de 25 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que, siguiendo el modelo de la regulación estatal, ha cumplido su finalidad de asegurar el sometimiento de la actuación de los órganos ejecutivos regionales al derecho y sentar las bases normativas del cumplimiento por la Administración Regional, de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución.
El desarrollo de la Administración Regional en los once años transcurridos desde la promulgación de la Ley 3/1984, por la progresiva asunción de nuevas competencias y la correlativa dotación de medios materiales y humanos, las modificaciones sufridas por la legislación estatal básica, y, en definitiva, la necesidad de perfilar de modo más claro la relación entre los órganos ejecutivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Administración Regional hacían necesario nuevos instrumentos normativos.
La presente Ley pretende, en consecuencia, regular los órganos de autogobierno regional sin incidir en la regulación del ejercicio de funciones administrativas, que también competen a los mismos órganos pero que deberían ser objeto de una norma distinta.
Del texto del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha destaca la especial configuración de la figura del Presidente de la Junta de Comunidades, superior representante de la región y presidente de su Consejo de Gobierno.
Esta especial configuración ha exigido un tratamiento diferenciado en la ley cuyo título I se dedica a establecer las normas básicas de su régimen jurídico.
La regulación del Consejo de Gobierno se centra en su consideración como órgano que dirige la acción política, estableciendo las escuetas reglas que aseguren la regularidad en su funcionamiento y fijando el estatuto de sus miembros a los que se somete a un estricto régimen de incompatibilidades que garantice la absoluta dedicación a su importante función y que intereses particulares no interfieran en la toma de sus decisiones. En esta línea se ha estimado correcto, en técnica jurídica y en oportunidad política, traer a esta ley la vigente regulación del régimen de incompatibilidades y las obligaciones de transparencia impuestas a los miembros del gobierno y a los titulares de los órganos de apoyo, asistencia y directivos de la Administración Regional. Se hace con los ajustes requeridos por la estructura de la ley y se añade, lo que constituye novedad, la sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos a aquellos que hayan cometido la infracción tipificada como muy grave de incumplimiento, ya advertido, de la obligación de declarar los bienes, rentas y actividades.
La Ley regula de forma restrictiva los órganos de asistencia política de los miembros del Consejo, imponiendo reglas que eviten su interferencia en la actuación administrativa y establece el mínimo de regulación de los órganos directivos de la Administración que, por su posición, participan al tiempo de la acción política y de la actuación administrativa. A este respecto son reseñables los preceptos en virtud de los cuales el personal de confianza que integre los gabinetes no superarán en número al personal directivo, ni podrán adoptar actos o resoluciones que correspondan a órganos de la Administración.
La Ley evita interferir en la relación entre el Consejo de Gobierno y las Cortes Regionales, cuya regulación básica se encuentra ya en el Estatuto de Autonomía y cuyas determinaciones específicas han sido objeto de regulación por el Reglamento de las Cortes. Por ello se limita a regular el procedimiento previo al ejercicio de la iniciativa legislativa del Consejo de Gobierno.
En su último título la Ley crea y regula el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Responde así a la necesidad de creación de un alto órgano consultivo regional que cumpla en la Comunidad Autónoma, la importante función que el Consejo de Estado cumple a nivel nacional. En este campo no ha sido pionera la Comunidad de Castilla-La Mancha, por cuanto órganos de similar naturaleza y función ya han sido creados por otras Comunidades Autónomas como Canarias, Cataluña, Andalucía, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana.
El modelo elegido es el de un órgano fundamentalmente técnico-jurídico, en cuya elección participan las Cortes y al que se pueda incorporar la experiencia de quienes han asumido las más altas responsabilidades de la región. De este modo se piensa que la composición del Consejo Consultivo no sólo contribuirá al más exacto pronunciamiento en derecho sobre la materia a dictaminar, sino también a hacer más fructífera la posibilidad que la ley abre para que el dictamen incluya consideraciones de oportunidad y conveniencia en el supuesto de que la autoridad consultante se lo requiera expresamente.
Se ha optado, en definitiva, por un modelo que permita reforzar las garantías de sometimiento de los poderes públicos regionales al ordenamiento jurídico.
La presente Ley ha sido propuesta por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Regional (PSOE, PP e IU) y el proceso de negociación entre las mismas ha dado el fruto de la unanimidad en su aprobación. Esta circunstancia, tan digna de ser destacada, posibilita la permanencia del texto legal. Para que esta vocación de estabilidad normativa quede reflejada legalmente, las tres fuerzas políticas mencionadas se han comprometido a volver a tramitar por el procedimiento de lectura única y dar su apoyo unánime al presente texto legal una vez que el Estatuto de Autonomía haya sido reformado y, en consecuencia, sea preciso aprobar una Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo por mayoría de tres quintos.
El Presidente de la Junta de Comunidades es elegido por las Cortes Regionales de entre sus miembros, en la forma establecida por el Estatuto de Autonomía.
Como superior representante de la Región corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación de la Junta de Comunidades en sus relaciones con el Estado las demás Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales de la Región.
1. En los supuestos de fallecimiento o incapacidad total y permanente del Presidente de la Junta de Comunidades será sustituido hasta la elección del nuevo Presidente, por los Vicepresidentes por su orden, a falta de ellos, por el Consejo más antiguo que ostente la condición de Diputado Regional, y si ninguno lo fuera, por el más antiguo, y a igualdad entre ellos, el de más edad.
3. La suplencia se hace pública mediante Decreto firmado por el Presidente suplido o por el suplente, que expresará la causa y carácter de dicha suplencia.
Los ex Presidentes de la Junta de Comunidades que hayan cesado por alguna de las causas establecidas en los apartados a), b) y c) del artículo anterior, recibirán con carácter permanente el tratamiento de excelentísimo señor y las atenciones honoríficas que les correspondan.
Durante un período equivalente a la mitad del tiempo en que hayan desempeñado el cargo, tendrán derecho a disponer de los medios materiales y servicios de personal que determinen las normas de desarrollo de la presente Ley y que, en ningún caso, comportarán la percepción de cantidad alguna en concepto de indemnización por razón de su cese.
c) Aprobar las normas reglamentarias de desarrollo de las leyes, así como todas las restantes de la que deriven inmediatamente derechos y obligaciones para los ciudadanos.
d) Nombrar y separar a los órganos directivos de la Administración Regional.
2. Los Vicepresidentes deberán tener en todo caso la condición de Diputado Regional.
3. Para ser Consejero se requiere, ser mayor de edad, y disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.
La válida constitución del Consejo de Gobierno requiere la asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya y, de al menos, la mitad de los restantes miembros.
a) El desempeño, por sí o por terceras personas, de cargo de cualquier orden en empresas o sociedades dedicadas a actividades de prestación de servicios, suministros, contratas de obras para las Administraciones Públicas o subvencionadas por éstas, concesionarias de las mismas, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
b) El ejercicio de cargos por sí o por personas interpuestas que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de sociedades mercantiles o civiles y consorcios de fin lucrativo.
b) Las actividades de creación, producción o divulgación literaria, artística, periodística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquellas, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a Congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un mesnoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.
c) Las actividades de administración del patrimonio personal o familiar, salvo el supuesto de participación superior al 10 por 100 entre el interesado, su cónyuge e hijos menores, en empresas que tengan conciertos de obras, servicios o suministros, cualquiera que sea su naturaleza con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5. Los miembros del Consejo de Gobierno durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración de la Junta de Comunidades.
2. Dicha declaración se presentará en la Consejería de Administraciones Públicas en el modelo oficial que el Consejo de Gobierno establezca dentro de los siguientes plazos:
b) Anualmente en el plazo de un mes contado a partir del último día del plazo establecido para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el supuesto de que no fuera obligado presentar esta declaración, entre el 1 y el 31 de julio.
3. Excepto en el caso de declaración exigida por cese no será preciso presentar nueva declaración cuando no hubiera transcurrido doce meses desde que se publicó la última presentada en cumplimiento de lo establecido en el presente precepto o en normas análogas del Reglamento de las Cortes.
Cualquier otra actividad, no ocasional, no relacionada anteriormente por la que se haya percibido remuneración, dietas o algún tipo de compensación.
b) Declaración de bienes. Difereciando expresamente si los bienes han sido adquiridos con anterioridad o con posterioridad a la fecha de toma de posesión, la declaración comprenderá los siguientes extremos:
b) Infracciones graves: La no presentación de las declaraciones transcurrido un mes desde que el obligado a hacerlo haya sido requerido por el incumplimiento de su obligación, y la no subsanación en igual plazo de los errores u omisiones, cuando se haya producido requirimiento para ello.
a) Las leves con apercibimiento que conllevarán el requerimiento del cumplimiento de la obligación.
El Vicepresidente o Vicepresidentes suplen, por su orden, al Presidente y ejercen las funciones que les atribuya el Decreto de su nombramiento o que les delegue el Presidente. No podrán atribuirse ni delegarse las funciones que los artículos 5 y 6 de esta ley asignan al Presidente, excepto las de representación institucional y firma de convenios o acuerdos con otras Comunidades Autónomas.
2. Corresponde a los Consejeros.
c) Ejercer en las materias propias de su competencia la potestad reglamentaria.
De los órganos de apoyo, y asistencia y de los órganos directivos de la Administración Regional
Los Viceconsejeros son órganos de apoyo del Consejero al que estén adscritos. Suplen al Consejero en los términos del artículo 25 y ejercen las funciones que se les atribuyan en el Decreto de nombramiento y las que les delegue el Consejero.
1. Los Gabinetes son órganos de asistencia política y técnica a los miembros del Consejo de Gobierno. Realizan exclusivamente tareas de confianza y asesoramiento, no pudiendo, en ningún caso, adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración ni desempeñar tareas propias de éstos.
2. Los miembros del Consejo de Gobierno tienen la facultad de designar dentro de los créditos que estuvieran consignados al efecto en los Presupuestos, al personal de su confianza que integra su Gabinete. Su número no podrá superar el de los órganos directivos de la Administración Regional.
4. Los Delegados Provinciales de la Junta de Comunidades representan a ésta en las provincias, coordinan las competencias atribuidas a los Delegados provinciales de las Consejerías y dirigen los servicios de unidades periféricas que directamente se adscriben a los mismos.
Los titulares de órganos de apoyo, asistencia y directivos de la Administración Regional estarán sometidos al régimen de incompatibilidades establecido para los miembros del Consejo de Gobierno. No obstante, podrán ser miembros de las Corporaciones Locales, salvo ostentar la presidencia de las mismas. Asimismo, estarán obligados a formular la declaración de actividades, bienes y rentas establecida en el artículo 20 de la presente Ley.
2. Asumida la iniciativa legislativa, a la vista del texto del anteproyecto, el Consejo de Gobierno decide sobre ulteriores trámites y consultas y, cumplidos estos, acuerda su remisión al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
3. Emitido el preceptivo informe, el Consejo de Gobierno, acuerda la remisión del proyecto a las Cortes de Castilla-La Mancha, acompañado de los antecedentes necesarios.
Cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información pública de forma directa o a través de las asociaciones y organizaciones que los representen, excepto que se justifique de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite.
a) Decretos Legislativos, las dictadas en ejercicio de la delegación de potestad legislativa conferida por las Cortes Regionales.
b) Decretos del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las aprobatorias de normas reglamentarias que sean competencia de éste, así como las de nombramientos y separación de los miembros del Consejo de Gobierno y cualesquiera otras para las que una ley prevea dicha forma.
e) Ordenes de Consejero, las aprobatorias de normas reglamentarias de la competencia de uno o de varios Consejeros.
1. El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y, en su caso, de las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma.
4. Las disposiciones y resoluciones de la Administración sobre asuntos informados por el Consejo Consultivo expresarán si se adoptan conforme a su dictamen o si se apartan de él.
a) Dos, por las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría de tres quintos de los diputados que las integran.
b) Uno, por el Consejo de Gobierno.
5. Los miembros electivos serán nombrados por un período de cinco años. Los miembros natos tendrán un mandato efectivo de duración igual a la mitad del tiempo en el que desempeñaron el cargo por el que acceden al Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo elegirá a su Presidente de entre sus miembros. En caso de vacante o ausencia del Presidente ejercerá sus funciones el Consejero más antiguo, y si concurriesen varios con la misma condición, el de mayor edad.
1. Los miembros del Consejo Consultivo no podrán desempeñar cualquier otro puesto, profesión o actividad laboral, públicos o privados, retribuidos mediante sueldo, arancel u honorarios, salvo los de naturaleza electiva. En ningún caso podrán ser miembros del Parlamento Regional, Presidente de Corporación local ni ostentar cargos públicos de designación.
a) El ejercicio, directamente o a través de terceras personas, de cargos en empresas o sociedades dedicadas a actividades de prestación de servicios, suministros y contratos de obras para las Administraciones Públicas, o subvencionadas por éstas, concesionarias de las mismas, arrendatarias, o administradoras de monopolios o con participación del sector público.
3. Los Consejeros electivos que incurran en incompatibilidad apreciada por las Cortes de Castilla-La Mancha o el Consejo de Gobierno serán cesados. En el caso de los Consejeros natos la incompatibilidad llevará aparejada la suspensión de su condición de miembro del Consejo Consultivo, hasta que dicha incompatibilidad desaparezca.
4. Los miembros del Consejo Consultivo tendrán derecho a las remuneraciones que fijen los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
No podrán percibir más de una remuneración con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas o de Organismos, Instituciones, Corporaciones o cualquier otro ente público.
En el caso de desempeño de una actividad compatible y remunerada, los miembros del Consejo sólo tendrán derecho a percibir las dietas, gastos y compensaciones que determine su Reglamento Orgánico.
3. Al cumplir la edad de setenta años.
En los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos de competencias, podrá solictarse el dictamen de modo simultáneo a que sean adoptados los acuerdos de interposición o de requerimiento.
2. Si el Consejo Consultivo estimase incompleto el expediente, podrá solicitar que se complete con cuantos antecedentes e informes estime necesarios. En este supuesto quedará suspenso el plazo para la emisión de dictamen hasta la recepción de los documentos solicitados.
8. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como el sometimiento a arbitraje de las cuestiones que se susciten respecto a las mismas.
a) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
c) Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales, interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos, cuando se formule oposición por parte del contratista, y las modificaciones de los mismos, cuando su cuantía aislada o conjuntamente sea superior a un 20 por 100 del precio original, y éste sea igual o superior a 500 millones de pesetas.
d) Interpretación, nulidad y extinción de concesiones administrativas cuando se formule oposición, por parte del cesionario y, en todo caso, cuando así lo dispongan las normas aplicables.
Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo en aquellos asuntos no incluidos en el artículo anterior que, por su especial trascendencia o repercusión lo requieran.
El dictamen del Consejo Consultivo podrá ser recabado por el Presidente de las Junta de Comunidades, el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha o el Consejero competente.
El Consejo Consultivo elaborará su Reglamento Orgánico en el que se establecerá la plantilla de su personal, que sólo podrá ser modificada a través de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades.
Con carácter excepcional, y por un período de dos años, pertenecerán como miembros natos al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha los ex Presidentes de la Junta de Comunidades que lo fueron desde la aprobación del Estatuto de Autonomía hasta la constitución de las primeras Cortes elegidas por sufragio universal. Los afectados deberán tomar posesión en el plazo máximo de cinco años desde la constitución del Consejo Consultivo.
En tanto se apruebe la Ley prevista en el párrafo anterior, mantendrá su vigencia las disposiciones reguladoras del Consejo de Gobierno, sus miembros y su régimen jurídico que no contradigan lo dispuesto en la presente Ley.
La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en cuanto regula las incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno y de los Organos directivos de la Administración Regional.
La Ley de Publicidad en el Diario Oficial de los Bienes, Rentas y Actividades de los Gestores Públicos de Castilla-La Mancha, en cuanto se refiere a las declaraciones a presentar por los miembros del Consejo de Gobierno y los Organos directivos de la Administración Regional.
Toledo, 21 de diciembre de 1995.
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 62, de 22 de diciembre de 1995).
Fecha de publicación: 05/03/1996
Fecha de entrada en vigor: 23/12/1995
Publicada en el DOCM núm. 62, de 22 de diciembre de 1995.
Fecha de derogación: 20/09/1997
SE DEROGA por Ley 7/1997, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-1997-21914).
SE MODIFICA el art. 49, por Ley 2/1996, de 27 de junio (Ref. BOE-A-1996-19264).
titulos I y II de la Ley 3/1984, de 25 de abril (Ref. BOE-A-1984-11906).
lo indicado de la Ley 6/1994, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-10935).
lo indicado de la Ley 2/1984, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-1984-14090).
DE CONFORMIDAD con el art. 13 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto (Ref. BOE-A-1982-20820).
CITA Ley 19/1991, de 6 de junio (Ref. BOE-A-1991-14392).

References: artículo 13
 artículo 103
 resolución 
 artículo 25
 artículo 20
 resolución