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Timestamp: 2018-12-11 04:45:27+00:00

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Boletín 05/2012
En sentencia T-218 de 2012[2], la Corte Constitucional fija una posición que vuelve a romper con el estado de cosas en materia jurídica, esta vez el paradigma afectado es el conocido como cosa juzgada; tal vez ninguna otra institución ha sido tan respetada, quizás “inmaculada”, en el transcurso de nuestra historia judicial, especialmente por un sector que analiza el derecho desde una perspectiva bastante tradicional. Sin embargo, la nueva concepción planteada por la Corte tiene una especial significación y es la sustentación del quebrantamiento del absolutismo de la figura en el principio “el fraude lo corrompe todo”, consideración agudizada por la característica de un país que marca altísimos niveles de corrupción.
Para la Corte, la cosa juzgada es una institución que no tiene un valor absoluto en el Estado social de derecho ya que, además de la seguridad jurídica, se requiere proteger principios como la lealtad procesal, la buena fe y la justicia material. En esencia, en el argumento esgrimido se plantea que los jueces de tutela cuentan con mecanismos para oponerse a la cosa juzgada fraudulenta, es decir, a un fraude que pretenda materializarse a través de una decisión judicial.
Basta esperar el impacto que tal decisión tenga sobre los operadores jurídicos ya que nuevos retos están emergiendo en una sociedad, afortunadamente cambiante.
Presentamos con suma satisfacción a nuestros lectores, el Boletín 005 de 2012 correspondiente al mes de mayo el cual incluye una selección de pronunciamientos del Tribunal Administrativo del Cauca sin otro ánimo que el de aportar al debate jurídico sobre relevantes y heterogéneos temas, amén de poner en conocimiento de la sociedad en general, la producción jurídica de nuestra Corporación.
Como elemento innovador, la Relatoría ha incluido en el presente boletín el ensayo jurídico denominado, “El valor probatorio de las copias simples en el proceso contencioso administrativo, 2010 -2011” de autoría de un miembro de nuestra jurisdicción, el Doctor Julio Andrés Romero Ante, Profesional Universitario del Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Popayán, que aborda el interesante tema referido al tratamiento que la jurisprudencia le ha dado al valor probatorio de las copias simples en el proceso contencioso; su aporte elabora una línea jurisprudencial de gran valía para nuestros operadores.
Esperamos que esta edición les sea de mucha utilidad.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012.
1. ACCIÓN POPULAR/ Incentivo económico/ Se reitera su derogatoria/ Se confirma la negativa a concederlo ordenada por el Aquo. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.19001230000220090052801.
2. ACCIÓN DE TUTELA/Derecho a la salud/ La posible insolvencia de la Entidad de salud no es argumento de recibo para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones en calidad de promotor de servicios de salud. MP/Horacio Coral Caicedo. 19001333100120120004201.
3. ACCIÓN DE TUTELA/Desplazados/Principio de buena fe en sus declaraciones/Corresponde a la entidad accionada desvirtuar la declaración del desplazado. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.190012300000201200040-01
4. ACCIÓN DE TUTELA/ Seguridad social y garantía de los derechos adquiridos/Se ordena a Cajanal dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en sentencia ordinaria/Reliquidación de pensión a trabajadora de la Contraloría General de la República. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 1900123000002012004801
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Principio de publicidad/ Comunicación procesal a través del sistema Siglo XXI/ El historial de los procesos y las fechas de las actuaciones judiciales, registrados en este sistema de información pueden ser consultados vía intranet en los equipos disponibles al público dentro de las instalaciones de los juzgados de la jurisdicción contencioso administrativo, o desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, consulta que la apoderada del accionante pudo realizar directamente en las pantallas disponibles al público y conocer la actuación judicial acusada/Denegado el amparo. Improcedencia de la tutela/ Para controvertir una providencia ante la falta del ejercicio oportuno del recurso de apelación. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001230000020120016900.
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/Presunta vulneración de debido proceso en la escogencia de la representación legal del Consejo Comunitario/Acudir a vía ordinaria/ Falta de prueba respecto de la vulneración del derecho a consulta previa. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001230000020120018400.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Acuerdos políticos para realizar aumentos salariales/ La tutela no puede remediar la falta de diligencia para ejercer oportunamente los medios ordinarios con desconocimiento de los términos de caducidad/ En el proceso judicial ordinario se puede pedir la suspensión provisional de los actos administrativos que se consideran lesivos, medida que es idónea para salvaguardar los derechos de la parte accionante/ Falta de prueba del perjuicio irremediable. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001230000020120020200.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Soldado conscripto/ Dirección de sanidad debe garantizar el servicio de salud por las patologías originadas durante la prestación del servicio militar. Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001230000020120021300.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/ Indemnización por muerte de miembro del Ejército/La respuesta a la petición no tiene término especial. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001230000020120022600.
10. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Costos de desplazamiento/ Las EPS deben asumir la sufragación de dichos costos. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001230000020120022800.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Falta requisito de inmediatez /Facultad discrecional para retirar del servicio policial. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 19001230000020120023000
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Área de Salud de la Policía Nacional/ La circunstancia de no tener la institución accionada renovado el contrato con la fundación oftalmológica a donde se remitió al paciente para el respectivo tratamiento, termina por desconocer el derecho fundamental a la salud del accionante. MP/ Horacio Coral Caicedo. 19001230000020120023300
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/ Contraloría General/ Proceso de inscripción virtual no terminado debido a ingreso incorrecto de datos por parte del aspirante. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001230000020120023400.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ Acto Administrativo de retiro de servicio que no mencionó recursos de vía gubernativa/ La actora se encontraba facultada para demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. MP/Horacio Coral Caicedo.19001333100120120000801.
15. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ La posible insolvencia de la Entidad de salud no es argumento de recibo para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones en calidad de promotor de servicios de salud. MP/Horacio Coral Caicedo. 19001333100120120004201.
16. ACCIÓN DE TUTELA/ Trabajadora en estado de embarazo desvinculada del servicio/No se encuentra probada de manera contundente la naturaleza del vínculo contractual que une a las partes/ Amparo transitorio mientras acude a la vía ordinaria. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001333100320120000201.
17. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición /Internos/ La Entidad respondió de fondo al manifestar las razones de la negativa a la solicitud de traslado por hacinamiento. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001333100420120002101.
18. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ Derecho de contradicción/ DIAN/ Notificaciones defectuosas a contribuyentes/Notificación por aviso es subsidiaria conforme al Estatuto Tributario. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001333100420120007001.
19. Derecho a la Salud/ Pos subsidiado/ Aspectos netamente administrativos de contenido presupuestal que deben ser dirimidos ante la Secretaría Departamental de Salud de Cauca, o a través de la vía ejecutiva ordinaria; pero en manera alguna constituyen justificación para no prestar los servicios médicos que la afiliada requiere. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001333100420120007301.
20. Debido proceso/ Elección del representante de usuarios ante la Junta Directiva de ESE/ Confirma sentencia de primera instancia. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001333100520120004701
21. Derecho de petición/ La orden judicial debe definir la competencia de cada entidad involucrada para efectos de responder la petición/Solicitud de inclusión de nómina de pensionados/Cajanal y UGPP (unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la Protección Social). MP/Horacio Coral Caicedo. 19001333100620120003001.
22. REPARACIÓN DIRECTA/ Acceso carnal violento por parte de integrante del Ejército/Se comprueba nexo causal con el servicio/ Así haya sido la justicia ordinaria, la que conoció la investigación del delito de acceso carnal violento, existe falla del servicio. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001230000020060088600.
23. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones a internos/ Culpa exclusiva de la víctima. MP/ Horacio Coral Caicedo. MP/ Horacio Coral Caicedo. 19001333100520060024601.
24. REPARACIÓN DIRECTA/ Indebida escogencia de la acción/Legitimación en la causa por activa para demandar en acción de Controversias Contractuales (Art 87 C.C.A.) la nulidad absoluta de los contratos/ La fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia/ principio iura novit curia no puede confundirse con la modificación de la causa petendi y menos aún del petitum. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 19001233100020010433201.
25. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/ En el expediente no obra prueba de providencia definitiva con la cual se pueda determinar que efectivamente fue declarada la preclusión de la investigación penal adelantada. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001230000020050021100.
26. REPARACIÓN DIRECTA/Intervención odontológica/ Para que se estructure la responsabilidad del Estado por la inadecuada prestación de un servicio asistencial se debe demostrar la falla en servicio, el daño y el nexo causal entre estos, situación que no acontece en el sub examine/Confirma sentencia del A quo. MP/ Horacio Coral Caicedo. 190013331001200700221.
27. REPARACIÓN DIRECTA/Ataque subversivo/Riesgo excepcional/Daño a la población civil. MP/ Horacio Coral Caicedo.19001230000420050187300
28. REPARACIÓN DIRECTA/ Uso desmedido de la fuerza/ Policía Nacional/ El perjuicio inmaterial diferente al moral/Daño a la Salud. MP/ Horacio Coral Caicedo. 190013331004200600054701.
29. ACCIÓN DE REPETICIÓN / Condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación/ No se encuentra acreditada la condena impuesta a la entidad demanda como elemento constitutivo de la acción de repetición. MP/Náun Mirawal Muñoz Muñoz. 1900123000120050124500
30. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Facultad discrecional/ Desvío de poder/ Retiro del servicio activo del Ejército Nacional / No se probó nexo causal /Presunción de mejoramiento del servicio/ Un excelente desempeño de funciones, no impide el ejercicio de la facultad discrecional. El acto administrativo que se expide con ocasión del ejercicio de la facultad discrecional, no debe ser motivado. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001230000320050115501
31. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Declaración insubsistencia /Empleado de la Fiscalía / Se vulneró la estabilidad laboral reforzada/ El empleado contaba con antecedentes clínicos importantes, de tipo físico y mental, de los cuales tenía pleno conocimiento la entidad nominadora. MP/ Horacio Coral Caicedo. 19001333100420040055201.
32. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Impuesto de Industria y comercio/ Comercializador de energía eléctrica/Ley 383 de 1997/ Recurso de reconsideración/ El tesorero municipal, como autoridad competente para conocer todos los asuntos en materia de impuestos municipales, puede resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra sus propios actos, sin que ello se configure como violación al principio de doble instancia/ Industria y Comercio/Sanción por extemporaneidad. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 19001230000020060021700.
33. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Docentes/Ascenso en el escalafón/ La solicitud debía ser resuelta con aplicación del Decreto 2277 de 1.979 y no con base al decreto 1095 de 2.005 como efectivamente la administración lo realizó /Sin embargo, el fondo de la decisión del acto demandado es acertada por cuanto la actora ya había utilizado el título de posgrado para ascender en el escalafón docente/Niega pretensiones/Modifica decisión de primera instancia. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 19001333100220060093001
34. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Facultad discrecional/ Armada nacional/ La buena conducta, condecoraciones y felicitaciones no generan per se fuero de estabilidad en el empleo.MP/ Horacio Coral Caicedo. 1900133310420050183901.
35. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ingresos por ventas/ Presunción del artículo 755-3 Estatuto Tributario/ La DIAN dio tratamiento de ingresos por ventas al valor de las consignaciones bancarias sin otro respaldo que el contenido de los extractos bancarios/ Deberes del contribuyente/ Deber de presentar en oportunidad los soportes de los valores de costos y deducciones registrados en su declaración/ Artículos 632 y 744 del Estatuto Tributario/ Base de liquidación de la sanción/ Adición de ingresos realizada por la Administración con base en las consignaciones bancarias fue irregular/Sanción es improcedente. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001230000120050156400.
36. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Asignación de retiro/ El Decreto 4433 de 2004 en ningún momento estableció un aumento en la prima de actividad. Asignación de retiro /No es posible dar aplicación al Decreto 2863 de 2007. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 19001233100220080006702.
37. Nulidad/ Decreto municipal/ Es función del alcalde municipal restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes/Su finalidad es el mantenimiento o restitución del orden público. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado. 1900123000320110012900.
38. ACLARACIÓN DE VOTO/ La imputación de responsabilidad del Estado debió hacerse por daño especial y no por falla del servicio o por riesgo excepcional. Magistrado Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 19001230000420050187300AV
39. SALVAMENTO DE VOTO/ La competencia para decidir si el registro de las decisiones que se generan al interior del proceso de reestructuración de una empresa se efectuó conforme al procedimiento legal establecido es del Tribunal Administrativo y no de la Supersociedades. Magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001230000020010033600SV.
Expediente: 19001230000220090052801
Tema tratado: ACCIÓN POPULAR/ Incentivo económico/ Se reitera su derogatoria/ Se confirma la negativa a concederlo ordenada por el Aquo.
“Teniendo en cuenta el motivo de apelación de la parte demandante, la Sala encuentra que si bien es cierto la Ley 472 de 1998 amparaba un incentivo de carácter económico para efectos de las acciones populares, también lo es que, los artículos 39 y 40 de la precitada Ley, fueron derogados por la Ley 1425 de 2010.El accionante solicita el reconocimiento del incentivo puesto que en su criterio se debe aplicar la norma ya derogada, en atención al principio de favorabilidad y porque era la vigente al momento de presentación de la demanda. En relación con el reconocimiento del incentivo en discusión, después de la vigencia de la Ley 1425 de 29 de diciembre de 2010, ésta Corporación ya se pronunció en sentencia AP 02, del 31 de marzo de 2012, en la que se indicó. “Ahora bien, con la expedición de la Ley 1425 del 29 de diciembre de 2010, tal discusión queda zanjada, puesto que en su artículo primero derogó expresamente los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, esto es, eliminó el incentivo en las acciones populares. Tal disposición tiene aplicación a los procesos iniciados antes de su entrada en vigencia, tal como lo ha dicho el Consejo de Estado”. Teniendo en cuenta los anteriores precedentes, la Sala mantiene dicha posición, motivo por el cual se confirmará la Sentencia del a quo, en cuento a la negativa del Incentivo reclamado por el accionante en el recurso”.
Sentencia: 25 de abril de 2012
Expediente: 19001333100120120004201
Tema tratado: Derecho a la salud/ La posible insolvencia de la Entidad de salud no es argumento de recibo para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones en calidad de promotor de servicios de salud.
“Refiere la entidad impugnante que ante su precaria situación financiera, el hecho de continuar suministrando medicamentos NO POS la llevará a la insolvencia y eventualmente a la revocatoria de su licencia o a la inviabilidad de la organización, premisa que no es de recibo para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones en calidad de promotor de servicios de salud, amén de que el tratamiento prescrito se encuentra incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud-POS, según antes quedó establecido, y en consecuencia deviene como su obligación realizar su entrega a la actora. Así mismo, resulta insoslayable que un tratamiento contrario a los postulados del ordenamiento jurídico, en el sub judice los beneficios del Plan Obligatorio de Salud-POS, desconoce de forma ostensible el principio y valor constitucional de la dignidad humana, amén de que este imperativo normativo no se puede escindir de los derechos fundamentales, toda vez que deviene como el axis de los derechos de la persona humana, motivo por el cual esta sala encuentra conculcado el derecho a la dignidad, tal como lo consideró el A quo en su oportunidad”.
Sentencia: 30 de abril de 2012
Expediente: 190012300000201200040-01
Tema tratado: Desplazados/ Principio de buena fe en sus declaraciones/Corresponde a la entidad accionada desvirtuar la declaración del desplazado.
“En cuanto a la supuesta contradicción en la declaración del señor LUIS CARGOS AUSECHA, se observa que nada tiene que ver con la solicitud de la accionante y que en caso de existir dicha contradicción en la declaración, corresponde a la entidad accionada probarla o desvirtuarla por medio de los mecanismos idóneos y contundentes ya que de lo contrario estaría desconociendo el principio de buena fe y que para el caso concreto, no existe o no se aporta al expediente por parte de Acción Social hoy Departamento de la Prosperidad Social o de la Unidad para la Atención y reparación Integral a las Víctimas, documento o cualquier otro medio probatorio que acredite que la declaración se efectúo faltando a la verdad (…) En cuanto a lo anterior el precedente jurisprudencial y las nuevas políticas y transformaciones del Estado no es posible que hoy se ponga a padecer más sufrimientos y esperas a las personas desplazadas por la violencia vivida en Colombia, a pesar de tener pleno conocimiento de la especial protección Constitucional y jurisprudencial que tienen las mismas, al punto que la misma Corte Constitucional indica que no debería exigir o necesitar ni si quiera la acción de Tutela para otorgarles la ayuda necesaria (…)”
Sentencia: 10 de abril de 2012
Expediente: 1900123000002012004801
Tema tratado: Seguridad social y garantía de los derechos adquiridos/Se ordena a Cajanal dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en sentencia ordinaria/Reliquidación de pensión a trabajadora de la Contraloría General de la República.
“La acción de tutela le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, profiriendo fallo de primera instancia el 21 de febrero de 2012, en el que tuteló los derechos fundamentales invocados por la accionante y ordenó a CAJANAL que diera cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia del 13 de noviembre de 2008 del Tribunal Administrativo del Cauca, pero en el numeral tercero de la parte resolutiva negó el amparo constitucional respecto de la pretensión para que en la reliquidación pensional algunos de los factores salariales considerados se tuvieran en cuenta en una sexta parte (1/6) y no en una doceava (1/12) con el argumento de que era improcedente por considerar que dicho aspecto no fue objeto de decisión en la sentencia, por lo que el mecanismo de la acción de tutela no era el adecuado para adicionar o complementar las sentencias que dictó el superior; decisión que fue motivo del recurso de impugnación de la parte demandante y que hoy corresponde resolver. De lo aportado y analizado en el proceso, la Sala encuentra que en la Sentencia del 13 de noviembre de 2008, el Tribunal Administrativo fue claro en expresar que la señora HOYOS, es beneficiaria del régimen especial de pensiones de los trabajadores de la Contraloría General de la República, de conformidad con el Decreto 929 de 1976, razón por la cual se ordenó reliquidar su pensión con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el ULTIMO SEMESTRE DE SERVICIOS PRESTADOS A LA ENTIDAD, tal y como lo señala el Art. 7 del Decreto en mención; de esta manera se tiene que la Corporación si se expresó frente la pretensión aludida por el accionante. Así las cosas y luego de analizar el caso y el precedente jurisprudencial, la Sala procederá a revocar el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de tutela de 21 de febrero de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán y se confirmará en los demás aspectos”.
Sentencia: 10 de abril de dos mil doce
Expediente: 19001230000020120016900
Tema tratado 1: Principio de publicidad/ Comunicación procesal a través del sistema Siglo XXI / El historial de los procesos y las fechas de las actuaciones judiciales, registrados en este sistema de información pueden ser consultados vía intranet en los equipos disponibles al público dentro de las instalaciones de los juzgados de la jurisdicción contencioso administrativo, o desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, consulta que la apoderada del accionante pudo realizar directamente en las pantallas disponibles al público y conocer la actuación judicial acusada / Denegado el amparo/
“El señor (…) actuando a través apoderada judicial, instaura acción de tutela contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN POR DESCONGESTIÓN, pues considera que ese despacho ocultó la notificación por edicto de la sentencia No. 061 del veintiocho de noviembre de dos mil once. Actuación procedimental que a su parecer, atenta contra sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, lealtad procesal y a la igualdad(…) Es de anotar que el historial del los procesos y las fechas de las actuaciones judiciales, registrados en este sistema de información pueden ser consultados vía intranet en los equipos disponibles al público dentro de las instalaciones de los juzgados de la jurisdicción contencioso administrativo, o desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, consulta que la apoderada del accionante pudo realizar directamente en las pantallas disponibles al público y conocer la actuación judicial acusada. Ahora bien los registros realizados en el sistema siglo XXI son mensajes de datos que pueden entenderse como una comunicación procesal que pone en conocimiento de las partes y terceros las providencias y ordenes de los jueces, y que por disposición legal debe hacerse su respectivo registro, así pues, este soporte magnético genera confianza legítima para el usuario que lo consulta. En ese orden, no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte accionante, toda vez que la fijación y desfijación del edicto objeto de reclamo en la presente acción, fue expedido en debida forma y registrado en el sistema, cumpliendo la normatividad y los principios de publicidad, preclusión y debido proceso que regulan las actuaciones judiciales”.
Tema tratado 2: Improcedencia/ Para controvertir una providencia ante la falta del ejercicio oportuno del recurso de apelación.
“Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora manifiesta que la providencia de fecha 28 de noviembre de 2011 proferida por el juzgado demandado contiene errores, y pretende por vía de tutela controvertir dicha providencia judicial, ante la falta del ejercicio oportuno del recurso de apelación que es el pertinente para debatir la falla de los jueces. Como en este caso, el accionante al omitir la consulta oportuna a los sistemas de información de las providencias judiciales, dejó vencer el término de ejecutoria de la providencia, sin ejercer el recurso ordinario que correspondía, pretendiendo por esta vía excepcional subsanar tal deficiencia. Así las cosas, el juez constitucional en sede de tutela, no puede desconocer las disposiciones normativas que regulan los recursos ordinarios contra las decisiones judiciales, las cuales han sido establecidas autónomamente por el legislador dado que éste es un recurso excepcional, extraordinario y por consiguiente, limitado. En este caso, la parte accionante no hizo uso de los recursos ordinarios de los que disponía para controvertir la providencia judicial que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, por ello la acción de tutela no se configura para revivir una discusión jurídica que debió plantearse oportunamente ante el juez natural del Proceso”.
Sentencia: 12 de abril de 2012
Expediente: 19001230000020120018400
Tema tratado: Improcedencia/Presunta vulneración de debido proceso en la escogencia de la representación legal del Consejo Comunitario/Acudir a vía ordinaria/ Falta de prueba respecto de la vulneración del derecho a consulta previa.
“La Sala entiende que los demandantes pretenden que a través de la acción de tutela, se resuelva un conflicto entre los señores (…) y (…) sobre la representación legal del Consejo Comunitario del Río Guajui que, según su mismo decir, se está resolviendo ante las autoridades competentes –sin que afirmen cuáles-. De ese modo, colige esta Sala de decisión, que no puede el Juez Constitucional entrar a dirimir asuntos que corresponden a otras autoridades, máxime si se tiene de presente que ya el conflicto ya fue planteado y está siendo resuelto; razón por la cual, frente a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso denunciado, la Sala considera que no es procedente la presente acción, en tanto, existen otros medios para la definición de la representación legal del Consejo Comunitario del Rio Guajui. Así también, se encuentra que no se puede proceder a la declaratoria de la nulidad ni suspensión de la Resolución 0121 de 2012, debido a que no se argumentó la existencia de perjuicio irremediable alguno que evite a los demandantes acudir a la acción de nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es el mecanismo ordinario para tal fin. De otra parte, frente a la vulneración del derecho a la consulta previa en la que sostienen los demandantes incurrieron los funcionarios del Ministerio del Interior en la reunión llevada a cabo el día 17 de febrero del año, al no permitirles participar en la elección de los delegados nacionales transitorios; encuentra la Sala que la parte accionante únicamente se limitó a referir unos hechos sin aportar pruebas que los sustentaran. Es decir, la sala no cuenta con elementos que le permitan esclarecer o siquiera determinar los sucesos acaecidos en la asamblea departamental de consejos comunitarios llevada a cabo en el municipio de Guapi, ni que se haya denegado la participación de los demandantes, y mucho menos que en la misma se hubiese efectivamente realizado una elección de delegados. Así las cosas, la Sala no puede establecer la existencia de una vulneración del derecho fundamental a la consulta previa y al debido proceso por parte del Ministerio del Interior frente a las organizaciones que afirman los demandantes representar legalmente, en tanto, no existe prueba alguna que así lo permita concluir”.
Sentencia: 18 de abril de 2012
Expediente: 19001230000020120020200
Tema tratado: Improcedencia/ Acuerdos políticos para realizar aumentos salariales/ La tutela no puede remediar la falta de diligencia para ejercer oportunamente los medios ordinarios con desconocimiento de los términos de caducidad/ En el proceso judicial ordinario se puede pedir la suspensión provisional de los actos administrativos que se consideran lesivos, medida que es idónea para salvaguardar los derechos de la parte accionante/ Falta de prueba del perjuicio irremediable.
“…aunque la parte actora aduce que se ha visto afectada su buena fe y los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, por efectuar un incremento salarial equivalente al 2.5% sobre la inflación causada durante el año 2009 y no en cuantía del 8% en concordancia con un compromiso político adquirido con anterioridad, se desvirtúan la necesidad y la urgencia de acceder al amparo, pues tan sólo y casi un año y ocho después de la entrada en vigencia del acto administrativo en comento se adelanta algún tipo de acción. Por tanto si la decisión contenida en el Decreto 2940 del 5 de agosto de 2010 hubiese menoscabado un derecho fundamental, es natural que el amparo se hubiera invocado en forma pronta pues sería claro que el señor EDGAR MARINO BANGUERO MINA requería de una protección inmediata. De otra parte no se observa que las acciones contencioso administrativas hayan resultado ineficaces para controvertir la legalidad del Decreto en mención y tal como se ha señalado por la jurisprudencia constitucional la tutela no puede remediar la falta de diligencia para ejercer oportunamente los medios ordinarios con desconocimiento de los términos de caducidad, siendo del caso destacar que en el proceso judicial ordinario se puede pedir la suspensión provisional de los actos administrativos que se consideran lesivos, medida que es idónea para salvaguardar los derechos de la parte accionante. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción constitucional se torna improcedente, destacando la falta de prueba del perjuicio irremediable para excepcionalmente controvertir actos administrativos en ejercicio de la tutela y la inactividad de la parte actora que sin una justificación razonable ha dejado de hacer uso de los recursos legales ordinarios que le otorga el ordenamiento jurídico para exponer sus argumentos y así defender sus derechos si los considera vulnerados”.
Sentencia: 23 de abril de 2012
Expediente: 19001230000020120021300
Tema tratado: Derecho a la salud/ Soldado conscripto/ Dirección de sanidad debe garantizar el servicio de salud por las patologías originadas durante la prestación del servicio militar.
“Por tanto, frente a los padecimientos y enfermedades del actor que iniciaron durante el servicio o se agravaron durante el mismo, resulta jurídicamente inaceptable que el Estado -las Fuerzas Militares- se niegue a prestarle los servicios de salud requeridos, teniendo en cuenta que el señor (….) está cobijado con la presunción según la cual al momento del ingreso a las Fuerzas Militares se encontraba en perfectas condiciones de salud pero resulta que a su retiro, ésta sufre grave detrimento debido a las enfermedades originadas o que se agravaron durante la prestación del servicio militar; ahora si esas patologías persisten de no ser atendido de manera oportuna, su salud y su vida correrían mayores riesgos. En consecuencia, la Dirección de Sanidad demandada vulnera el derecho a la salud y a la vida del actor, al negarle los tratamientos médicos requeridos para tratar las patologías que adquirió o se agravaron durante la prestación del servicio militar, por lo que se le ordenará que suministre la atención médica necesaria integral si las patologías adquiridas y/o que se agravaron durante la prestación del servicio militar a la fecha persisten, con el fin de lograr la recuperación de su salud y para la rehabilitación de las lesiones que sufrió por causa de la prestación del servicio militar, a través de los centros de prestación de servicios a su cargo, hasta cuando se encuentren superadas las afecciones causadas o que se agravaron con ocasión de las actividades militares”.
Expediente: 19001230000020120022600
Tema tratado: Derecho de petición/ Indemnización por muerte de miembro del Ejército/La respuesta a la petición no tiene término especial.
“Respecto al reconocimiento de la indemnización por muerte se infiere que se contaba con el término general de 15 días para decidir teniendo en cuenta que no hay un término especial para tales efectos, sin embargo se observa que la DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL no se pronunció y tampoco remitió la solicitud por competencia en aplicación del artículo 33 del C.C.A., por lo que también viola el derecho de petición y por ello se amparará tal derecho fundamental, ordenando al Director de la entidad accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo emita un pronunciamiento de fondo, claro, preciso y congruente con lo pedido decidiendo lo pertinente sobre el reconocimiento por la indemnización por muerte del soldado profesional JAIRO SALAMANCA según la petición elevada por la señora ALIRIA SALAMANCA VAHOS el 16 de noviembre de 2011 o de lo contrario que remita la petición a la autoridad competente, comunicando cualquiera de estas dos situaciones a la peticionaria”.
Expediente: 19001230000020120022800
Tema tratado: Derecho a la salud/ Costos de desplazamiento/ Las EPS deben asumir la sufragación de dichos costos
“Es preciso recordar, según las pautas establecidas por la Corte Constitucional, que la falta de capacidad económica no puede convertirse en un obstáculo insalvable para obtener un servicio de salud, pues toda persona tiene derecho a que el Estado le garantice la prestación de este servicio público sin ningún tipo de discriminación. En este sentido, cuando la ausencia de capacidad de pago implica un obstáculo para sufragar los costos del desplazamiento y la estadía en los lugares en los que se presta el servicio médico requerido que quedan en un sitio diferente al de residencia, la Corte ha exigido a las entidades promotoras de salud eliminar estas barreras y les ha ordenado asumir el transporte de la persona que se traslada, ello siempre que se verifiquen los requisitos ya mencionados en esta providencia. Así entonces, dado que el actor no cuenta con los recursos económicos estables y suficientes para pagar el valor del traslado a la ciudad de Cali para la prestación de servicios médicos que se le vienen prestando en dicha ciudad, incluso dependiendo económicamente su familia de él, y en vista de que, la no de prestación de los servicios médicos afectaría su estado de salud e integridad física, en tanto se trata de tratamientos relacionados con la lesión sufrida que lo incapacitó laboralmente en un 39.31%, considera la Sala, de conformidad con las pautas establecidas por la Corte Constitucional, que se reúnen los requisitos necesarios para concluir que la entidad accionada debe asumir el pago de los costos del traslado, siempre que los servicios médicos tengan que ser prestados en una ciudad distinta a la de residencia del actor. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tutelará los derechos fundamentales invocados por el actor, y en consecuencia ordenará a la entidad accionada a asumir los costos de transporte del accionante para atender cualquier servicio médico que se preste en una ciudad distinta a la de residencia del actor”.
Sentencia: 26 de abril de 2012
Expediente: 19001230000020120023000
Tema tratado: Improcedencia/ Falta requisito de inmediatez /Facultad discrecional para retirar del servicio policial.
“El accionante manifiesta que ingresó a la Policía Nacional desde el año 1982 siendo retirado del servicio activo por facultad discrecional el 22 de febrero de 2001, con un tiempo de actividad de 18 años, 7 meses y 2 días, dentro de los cuales fue homologado al Nivel Ejecutivo en el grado de Subteniente. Pretende que por la vía de amparo constitucional como mecanismo transitorio, se ordene a la institución accionada que se le incluya en nómina hasta tanto se define la controversia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Analizado el caso y el precedente jurisprudencial anotado, la Sala considera que la presente acción no cumple con el principio de inmediatez, por cuanto el actor fue retirado del servicios mediante Resolución No 578 de 22 de febrero de 2001, siendo notificada en debida forma al mismo el 24 del mismo mes y año , lo que en tiempo corresponde a 11 años y 2 meses, situación que indica que si existió una vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante, ya el daño como tal fue consumado y que por otro lado, el actor tuvo el tiempo necesario para adelantar las gestiones pertinentes para su defensa”.
Expediente: 19001230000020120023300
Tema Tratado: Derecho a la salud/ Área de Salud de la Policía Nacional/ La circunstancia de no tener la institución accionada renovado el contrato con la fundación oftalmológica a donde se remitió al paciente para el respectivo tratamiento, termina por desconocer el derecho fundamental a la salud del accionante.
“La presente acción Constitucional hoy objeto de estudio, fue incoada por (…), con el fin de que se le amparen los derechos constitucionales a la salud y de petición, al considerar que el Área de Salud de la Policía Nacional Seccional Cauca, con sus actuaciones le está conculcando los derechos en mención. Ahora bien, se tiene que a (…), mediante orden Nro. 4174 se lo remite a una consulta de medicina especializada en la Fundación Oftalmológica Vejarano, a sabiendas de la inexistencia de contrato vigente de la Policía con esta fundación; al no prestársele el servicio, la respuesta de la entidad fue que debía esperar hasta que se cuente con dicho servicio. Resulta inteligible para la Sala que la circunstancia de no tener la institución accionada renovado el contrato con la fundación oftalmológica a donde se remitió al paciente para el respectivo tratamiento, termina por desconocer el derecho fundamental a la salud del accionante, toda vez que con dicha actitud deteriora sus condiciones de vida. Ese simple argumento utilizado por la Sanidad de la Policía Seccional Cauca, y que por lo tanto el paciente, adulto mayor, debe esperar una nueva oportunidad de atención, menoscaba sin duda la dignidad humana”.
Sentencia: 27 de abril de 2012
Expediente: 19001230000020120023400
Tema tratado: Concurso de méritos/ Contraloría General/ Proceso de inscripción virtual no terminado debido a ingreso incorrecto de datos por parte del aspirante.
“El tutelante en síntesis, aduce la vulneración de derechos fundamentales puesto que al encontrarse en la etapa de inscripción del concurso de méritos convocado por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA no pudo concluir el ingreso de los datos requeridos (experiencia laboral) ya que la misma plataforma establecida por la Universidad de Antioquia la cual fue seleccionada como operadora de la página web, le denegó la entrada informándole que no existía registro alguno de los datos básicos para poder continuar y concluir con el proceso de inscripción al concurso. (…) conforme los hechos demostrados se concluye que el accionante no pudo terminar su proceso de inscripción porque no ingresó de manera correcta sus datos, generando confusión con la creación de dos cuentas en la base de datos del concurso, lo que permite inferir que las entidades accionadas no incurrieron en una conducta violatoria de los derechos fundamentales del accionante porque él mismo fue el que no actuó según las reglas del concurso generando el error que no le permitió terminar de cargar la información requerida”.
Sentencia: 16 de abril de 2012
Expediente: 19001333100320120000201
Tema tratado: Trabajadora en estado de embarazo desvinculada del servicio/No se encuentra probada de manera contundente la naturaleza del vínculo contractual que une a las partes/ Amparo transitorio mientras acude a la vía ordinaria.
“En ese sentido la actora y su hijo que está por nacer han sido expuestos por las demandadas a un perjuicio irremediable y adoptando una decisión similar a la de la sentencia T-021 de 2006, se confirmará la decisión de la Juez A-quo de conceder el amparo solicitado, como mecanismo transitorio de protección, advirtiendo que tal como lo señala el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, deberá interponer la correspondiente acción ante el Juez natural dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de este fallo, para que sea esa autoridad quien decida definitivamente su caso, incluyendo lo relativo al pago de las indemnizaciones a que haya lugar y los salarios y prestaciones sociales que correspondan. En ese sentido, si la señora (…) no interpone la acción ordinaria en el término antes señalado, cesarán los efectos del presente fallo. Ahora, como no se encuentra probada de manera contundente la naturaleza del vínculo contractual que une a las partes, ni tampoco la remuneración que la actora recibía, sino que para efectos del amparo tutelar se tuvieron en cuenta indicios que permitían inferir tales circunstancias y como de lo que se trata es de mantener el statu quo en el que se encontraba la actora antes de ser desvinculada en razón de su estado de embarazo, se ordenará que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, el REPRESENTANTE LEGAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA y el GERENTE DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA, restablezcan, como mínimo, la relación que tenían con la señora (…), asignándole turnos en la UCIP o en un área donde no resulte perjudicado su estado de salud, pagándole a la accionante unos valores que no pueden ser inferiores al promedio de lo que percibió de agosto a octubre y se le pagará también un valor promedio por los meses que ha permanecido desvinculada-sin asignación de turnos-, sin perjuicio de lo que el juez natural decida en el proceso ordinario que se adelante; los demandados efectuarán los respectivos aportes a la seguridad social, hasta tres meses posteriores al parto”.
Expediente: 19001333100420120002101
Tema tratado: Derecho de petición /Internos/ La Entidad respondió de fondo al manifestar las razones de la negativa a la solicitud de traslado por hacinamiento.
“El accionante impugna la sentencia de primera instancia, argumentando que se está dando prelación a los nuevos internos, asignándoles espacios que los internos antiguos deberían ocupar. De los documentos que obran en el expediente se tiene que la entidad accionada negó la petición del actor de asignarle una nueva celda, en razón al hacinamiento que existe dentro del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán. La Sala encuentra que la respuesta de la entidad es razonable, dada la necesidad de ubicar a los reclusos que provienen de otros centros carcelarios del país, que hace inviable la petición del actor. La situación de hacinamiento es una realidad en las cárceles y penitenciarias del territorio colombiano, e impide mantener en condiciones óptimas a los internos de los centros penitenciarios y carcelarios, cuya solución no se da por orden del Juez de tutela, sino que requiere una planificación presupuestal acorde a la disponibilidad de recursos financieros del Estado, esfera de competencia del ejecutivo. Así las cosas, la Sala comparte la decisión tomada en la primera instancia, en denegar el amparo de tutela solicitado”.
Expediente: 19001333100420120007001
Tema tratado: Debido proceso/ Derecho de contradicción/ DIAN/ Notificaciones defectuosas a contribuyentes/Notificación por aviso es subsidiaria conforme al Estatuto Tributario.
“Vistas así las cosas la Sala considera que el no intentar en forma diligente notificar a un contribuyente sobre una actuación administrativa que lo vincula agotando todos los medios para lograrlo en forma efectiva, constituye una violación al derecho de defensa y contradicción protegido por el artículo 29 de la Constitución Política. De allí que se considere que la notificación por aviso contemplada por el artículo 568 del Estatuto Tributario, la cual se hará "por medio de publicación en un diario de amplia circulación" procede "cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente", porque éste no la haya informado, debiendo la Administración establecerla, "mediante verificación directa, o mediante guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria". Pero cuando, la Administración posee la dirección que ha informado un contribuyente en una declaración de renta por ejemplo, las normas antes mencionadas exigen sólo el mínimo cuidado y diligencia en la forma de efectuar la notificación por correo. En otros términos el aviso se publica después de realizar todas las diligencias posibles para ubicar al contribuyente y esto es lo que se observa no se hizo en debida forma frente al INGENIO LA CABAÑA S.A (…) En vista de lo anterior, el mecanismo de notificación utilizado por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán para la Sala no fue el adecuado, así se haya realizado la publicación del aviso como consta a folio 210 del expediente de cobro coactivo, pues como ya se dijo la notificación no es una mera formalidad y hay una indebida notificación del mandamiento de pago cuando no se ha agotado previamente y de manera correcta la notificación personal como en este caso; así se le está privando a la parte ejecutada de ejercer su derecho de defensa, proponiendo las respectivas excepciones y controvirtiendo a través de los mecanismos legales dicho mandamiento”.
Expediente: 19001333100420120007301
Tema tratado: Derecho a la Salud/ Pos subsidiado/ Aspectos netamente administrativos de contenido presupuestal que deben ser dirimidos ante la Secretaría Departamental de Salud de Cauca, o a través de la vía ejecutiva ordinaria; pero en manera alguna constituyen justificación para no prestar los servicios médicos que la afiliada requiere.
“Dicho lo anterior se concluye que el procedimiento GASTROSTOMIA PERCUTANEA [ENDOSCOPICA] SOD prescrito desde el día 6 de febrero de 2012, se encuentran contemplado dentro del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Es deber entonces de EMSSANAR ESS suministrar dicho procedimiento médico, dado que la señora (…) se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Padecimiento que requiere tratamiento integral oportuno y continuo, y debe ser entendido como todos los medicamentos y procedimientos tendientes a optimizar la salud del paciente y que según orden médica, una vez iniciado, no puede suspenderse. Se trata entonces de tratamiento específico, ordenado por el profesional de la salud y no se requiere, como impugna EMSSANAR ESS de una orden abstracta. (…) El argumento expuesto en la impugnación, no es de recibo para la Sala puesto que se limita a aspectos netamente administrativos de contenido presupuestal que deben ser dirimidos ante la Secretaría Departamental de Salud de Cauca, o a través de la vía ejecutiva ordinaria; pero en manera alguna constituyen justificación para no prestar los servicios médicos que la afiliada requiere; pues como reiteradamente lo expone la Corte Constitucional, la salud es un derecho fundamental que está por encima de trámites administrativos de las entidades prestadoras de los servicios médicos, máxime cuando, como en este caso , peligra la vida de la paciente”.
Sentencia: 09 de abril de 2012
Expediente: 19001333100520120004701
Tema tratado: Debido proceso/ Elección del representante de usuarios ante la Junta Directiva de ESE/ Confirma sentencia de primera instancia.
“Por medio de comunicación fechada 27 de diciembre de 2011 suscrita por el Secretario de Salud del Departamento del Cauca, se convocó a las ligas o asociaciones de usuarios de los servicios de salud de los municipios de Cajibío, Morales, Silvia y Piendamó, para la elección del representante de usuarios ante la Junta Directiva de la ESE CENTRO 1, la cual se llevaría a cabo el 6 de enero de 2012, señalando el cronograma tentativo de la elección y el procedimiento a seguir, junto con los requisitos legales del representante, inhabilidades y perfil, precisando el procedimiento post elección (…) se tiene como conclusión general, que la elección del representante de la Asociación de Ligas de Usuarios ante la Junta Directiva de la ESE CENTRO 1, realizada el día 6 de enero de 2012 por delegados de los municipios de Cajibío, Morales, Silvia y Piendamó, debe ser reconocida por haberse adelantado conforme al procedimiento legal establecido para el efecto, considerando que la elección sí se hizo por una Asamblea de Delegados, según el “mandato” conferido previamente por la Asamblea General de cada una de las 4 Ligas de Usuarios de la ESE CENTRO 1. En este entendido y en atención a las razones expuestas, se confirmará la sentencia impugnada”.
Sentencia: 13 de abril de 2012
Expediente: 19001333100620120003001
Tema tratado: Derecho de petición/ La orden judicial debe definir la competencia de cada entidad involucrada para efectos de responder la petición/Solicitud de inclusión de nómina de pensionados/Cajanal y UGPP (unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la Protección Social).
“La Sala encuentra que el sub examine se contrae a determinar cual es la entidad que debe responder a la petición de Adolfo León Ortiz Castro, a través de la cual pretende su inclusión en nómina de pensionados, toda vez que CAJANAL EICE en Liquidación y la UGPP en la respectiva impugnación manifestaron que de conformidad con lo estipulado en el Decreto 4289 de 2011 carecían de competencia para ello (…) En suma, la sentencia del A quo es acertada en cuanto proporcionó el amparo del derecho fundamental del actor; pese a ello la manera en la cual se dictó la orden para brindar esta protección no fue la más indicada pues no se definió la competencia de cada una de las entidades dentro del sub examine; como ya se explicó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP es la entidad encargada de realizar la inclusión en nomina del accionante de conformidad con lo regulado en el artículo primero numeral 2 del Decreto 4269 de 2.011 y por otra parte le corresponde a Cajanal EICE en Liquidación enviar todos los documentos necesarios para tal fin”.
Expediente: 19001230000020060088600
Tema tratado 1: Acceso carnal violento por parte de integrante del Ejército/Se comprueba nexo causal con el servicio.
“En el presente caso y según los hechos probados, se tiene que el hecho dañoso consistente en el acceso carnal violento de una joven indígena si es imputable al estado, en concreto a la Nación - Ejército Nacional dado que la acción se pudo desarrollar porque el soldado se encontraba en cumplimiento de una misión encomendada por sus superiores, es decir, que estaba en pleno cumplimiento de sus deberes de soldado profesional, por lo que estaba vestido con el uniforme militar y además portaba el arma de dotación oficial, elemento que le ha servido en el caso para intimidar a la joven indígena y obligarla a alejarse del camino. Para la Sala son determinantes en la realización del delito cometido por el militar, los hechos debidamente probados: se encontraba en cumplimiento de una misión oficial vistiendo las prendas de uso privativo del Ejército y con el arma de dotación oficial, elemento instrumental sin el cual seguramente no se hubiera cometido el condenable hecho, toda vez que la mujer que lo ve, se intimida por el arma de dotación oficial y no le ha quedado otra alternativa que doblegar su voluntad frente a la persona que la intimida con un arma. En el caso analizado, observa la Sala que el militar no actúa sin nexo con el servicio, pues lo compromete al utilizar el arma de dotación oficial para un fin delictuoso. Frente a los ojos de la víctima, la joven indígena que al momento del hecho contaba con 19 años, es incuestionable que ella doblega su voluntad porque mira a un militar, puesto sus prendas de uso privativo y armado, pues de otro modo, el hecho no se hubiera realizado. En esas condiciones, sostiene la Sala que el arma de dotación oficial es un nexo instrumental necesario en la consumación del delito, por lo que el estado ve comprometida su responsabilidad, dado que el soldado profesional actuó prevalido de su condición de funcionario público, sirviéndose de la condición de militar, y en todo caso frente a los ojos de la víctima actuó prevalido de ese poder, lo que implica que actuó ligado con el servicio”
Tema tratado 2: Acceso carnal violento por parte de integrante del Ejército/ Así haya sido la justicia ordinaria, la que conoció la investigación del delito de acceso carnal violento, existe falla del servicio.
“Ahora no por el hecho que haya sido la justicia ordinaria, la que conoció la investigación del delito de acceso carnal violento, puede arribarse a la fácil conclusión que en este caso el soldado profesional actúo desligado del servicio, es decir, dentro de su ámbito estrictamente personal, pues se insiste el delito no se hubiera consumado si no es porque el autor del punible se encuentra en el lugar de los hechos desplegando una actividad propia del servicio, por lo que estaba debidamente vestido con las prendas militares y en uso del arma de dotación oficial, que es el elemento instrumental que le permite aprovecharse ante la mujer indígena con el objeto de cometer el ilícito. En esas inapelables condiciones, para la Sala es evidente que se da una falla del servicio, toda vez que las autoridades y las armas oficiales están instituidas para preservar los derechos de los colombianos en su vida, honra y bienes y no prevalecerse de las mismas para vulnerarlos, lo que se conoce como una falla en la prestación del servicio, porque se vulnera este contenido obligacional del estado”.
Expediente: 19001333100520060024601
Tema tratado: Lesiones a internos/ Culpa exclusiva de la víctima.
“De esta manera, esta Sala no puede desconocer que si bien a cuenta de la relación especial de sujeción el Estado debe garantizar los derechos del actor, no es menos cierto que la conducta desplegada por el señor Cupertino García contribuyó de manera exclusiva y determinante en la producción del daño, toda vez que con la actitud belicosa asumida por éste incrementó de manera más que considerable el riesgo, aceptando con su actuar un posible hecho dañoso, tal y como aconteció. En este entendido, la causa eficiente del daño no es atribuible a la entidad demandada, por cuanto la producción del daño se debió de manera directa al comportamiento del actor; mal se podría endilgar algún tipo de responsabilidad a la entidad demandada, cuando claramente el daño resulta de un comportamiento que contraviene las normas propias de los centros de reclusión (.) En otras palabras, la causa eficiente del daño es la conducta irresponsable adoptada por la misma víctima, puesto que decidió hacerse parte de una riña, hecho que resulta imposible de prever por parte del INPEC. En consecuencia, se confirmará la sentencia objeto de apelación por cuanto se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad”.
Expediente: 19001233100020010433201
Tema tratado: Indebida escogencia de la acción/Legitimación en la causa por activa para demandar en acción de Controversias Contractuales (Art 87 C.C.A.) la nulidad absoluta de los contratos/ La fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia/ principio iura novit curia no puede confundirse con la modificación de la causa petendi y menos aún del petitum.
“Así pues, de conformidad con la anterior pauta jurisprudencial, se tiene que para la época de presentación de la demanda (18 de diciembre de 2000), ya se encontraba vigente la normatividad legal y el lineamiento jurisprudencial según los cuales, la Asociación Mutual Activa Salud tenía la legitimación en la causa por activa para demandar en acción de Controversias Contractuales (Art 87 C.C.A.) la nulidad absoluta de los contratos suscritos con la Administradora del Régimen Subsidiado Indígena, teniendo como fundamento las irregularidades expuestas en los hechos de la presente demanda. Lo anterior, por cuanto el supuesto perjuicio alegado por la demandante se presentó con la suscripción de los contratos ya debatidos, activándose de esta manera, la legitimidad de la Asociación Mutual Activa Salud, para demandar en acción de controversias contractuales, al ser un tercero con interés directo. Finalmente, ha sido abundante la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el sentido de precisar que en materia de lo contencioso administrativo la fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional; de allí que si el debate fáctico y jurídico tiene origen en un contrato estatal, como sucede en este caso, la acción procedente será la de controversias contractuales, pues dicha acción se encuentra instituida para declarar o la nulidad del contrato estatal o la de los actos contractuales por la vulneración del ordenamiento jurídico, o declarar la responsabilidad contractual o la revisión económica del contrato por el incumplimiento contractual y los hechos sobrevinientes que varían las circunstancias, respectivamente, etc., en los términos del artículo 87 del C.C.A. Así pues, resulta improcedente el análisis de la presente demanda en virtud de la reparación directa, toda vez que si bien en aplicación del principio iura novit curia corresponde al juez, frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso, ello no puede ni debe confundirse con la modificación de la causa petendi y menos aún del petitum, es decir variar los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión, o de las pretensiones mismas, habida consideración del acervo probatorio respecto del cual se puede inferir que el origen del supuesto perjuicio, deviene de la suscripción de los contratos mencionados. En consecuencia, la Sala encuentra que no se cumple con un presupuesto para que se pueda proferir sentencia de mérito, cual es la adecuada escogencia de la acción”.
Expediente: 19001230000020050021100
Tema tratado: Privación injusta de libertad/ En el expediente no obra prueba de providencia definitiva con la cual se pueda determinar que efectivamente fue declarada la preclusión de la investigación penal adelantada.
“Por consiguiente, en el expediente no obra prueba de providencia definitiva con la cual se pueda determinar que efectivamente fue declarada la preclusión de la investigación penal adelantada contra el señor (…), pues es preciso reiterar que se encuentra consignado en la constancia de notificación de dicha providencia, que procedían los recursos de ley, los cuales podían ser interpuestos por los sujetos procesales y no se tiene certeza de que lo hayan hecho o no (fl. 211 C.Ppal); de tal manera que no se puede establecer si la privación de la libertad fue injusta. En este sentido, se puede concluir que al no tenerse certeza acerca si hubo o no otro pronunciamiento posterior sobre dicha resolución de preclusión, no es posible determinar la arbitrariedad de la decisión alegada por el actor. Al respecto, es preciso recordar que el artículo 177 del CPC, establece que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso, para que los derechos le sean reconocidos y no obstante, el juez puede ejercer las facultades probatorias de oficio, no está llamado a suplir dichas cargas de las partes en cuanto al recaudo del material probatorio. En este orden, considera la Sala que no se encuentra probada la imputación de hecho ni jurídica en contra de la entidad demandada, en consecuencia se niegan las pretensiones”.
Sentencia: 29 de marzo de 2012
Expediente: 190013331001200700221
Tema tratado: Intervención odontológica/ Para que se estructure la responsabilidad del Estado por la inadecuada prestación de un servicio asistencial se debe demostrar la falla en servicio, el daño y el nexo causal entre estos, situación que no acontece en el sub examine/Confirma sentencia del A quo.
“Tal es el grado de incertidumbre a la hora de determinar la causa de una neuralgia del trigemio, como la que presentó (…), que los diferentes odontólogos que lo trataron afirman que esa clase de lesiones puede provenir de problemas tan variados como afecciones sicológicas, orgánicas, toxicas, traumáticas, metabólicas, tumorales, inflamatorias infecciosas y de etiología nunca conocida (idiopáticas); así por ejemplo lo explicitó Henry Alberto López López. Con todo, para que se estructure la responsabilidad del Estado por la inadecuada prestación de un servicio asistencial se debe demostrar la falla en servicio, el daño y el nexo causal entre estos, situación que no acontece en el sub examine. Esta Sala concluye que la intervención odontológica se realizó de acuerdo a la lex artis, toda vez que se efectuó en condiciones normales, por un profesional calificado y atendiendo a razones científicamente válidas, sin que se pueda hacer algún reparo legítimo, que no sean las que surjan de las apreciaciones subjetivas del paciente, así como tampoco se puede establecer un nexo causal entre esa intervención y el daño sufrido por el paciente. En ese entendido la sentencia será confirmada”.
Expediente: 19001230000420050187300
Tema tratado: Ataque subversivo/Riesgo excepcional/Daño a la población civil.
“En el caso objeto de estudio la responsabilidad de la Policía Nacional se estructura a título de riesgo excepcional, porque el ataque estuvo dirigido contra la Estación de Policía y las trincheras que eran utilizadas por los agentes de esa institución, produciendo un riesgo que devino en un daño que la población civil en ningún momento debió asumir. En este sentido, el riesgo excepcional se tradujo en la situación de peligro en que se puso a los ciudadanos como desarrollo de una actividad dirigida a protegerlos; por tanto, no se puede hablar de una acción u omisión reprochable a la Administración, sino de la producción del daño que, si bien es causado por un tercero, da lugar a la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas, motivo por el cual se debe indemnizar”.
Expediente: 190013331004200600054701
Tema tratado 1: Uso desmedido de la fuerza/ Policía Nacional.
“En ese orden de ideas, el uso excesivo de las armas de fuego en el caso es notable, si en cuenta se tiene que en ningún momento se presentó algún tipo de agresión por parte de los demandantes en contra de los agentes, afirmación en la que concuerdan unos y otros, situación que además puede ser deducida de la trayectoria que tenían el disparo recibido por (….), pues este impactó “ el cuadrante ínfero (sic) interno del glúteo izquierdo (compatible con orificio de entrada,) la cara interna tercio superior del muslo izquierdo (compatible con salida ),la bolsa escrotal izquierda (compatible con orificio de reentrada) y la cara antero intero (sic) del muslo derecho (compatible con orificio de salida), así como también de las heridas recibidas por (…) y (…) , quienes fueron impactados por la espalda; hecho que denota que las víctimas se encontraban huyendo, más no en posición de ataque. De acuerdo con lo anterior, para la Sala es evidente que en el caso concreto se incurrió en una falla del servicio por exceso de la fuerza pública, toda vez que la reacción de la Policía Nacional fue desmedida y precipitada en relación con las circunstancias que motivaron su llamado, pues el operativo se desprendió por una simple sospecha, sin que efectivamente los demandantes estuvieran realizando actividad delictiva alguna. Se hace necesario reafirmar que de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se desarrollaron los hechos, no existió ningún tipo de peligro contingente sobre los uniformados o de terceros, el cual los hubiera habilitado para que en última instancia utilizaran sus armas de dotación oficial, claro está siempre tomando todas la medidas de precaución necesarias con el fin de velar por el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales”.
Tema tratado 2: El perjuicio inmaterial diferente al moral/Daño a la Salud.
“En cuanto a la manera en la que el Estado debe reparar el perjuicio inmaterial diferente al moral ocasionado por una afectación sicofísica, la jurisprudencia no ha sido pacífica, al punto de variar el enfoque de reparación, pues del simple daño fisiológico pasó al de daño a la vida de relación, para luego acoger el de la alteración grave de las condiciones de existencia, siendo lo último el de daño a la salud. El cambio consiste en que el derecho a la salud concentra todas las categorías dispersas que se indemnizaban bajo el concepto de alteración grave de las condiciones de existencia, esto por cuanto anteriormente se reparaban de forma independiente los perjuicios fisiológicos y daños externos como los estéticos o sexuales bajo el entendido de que se presente una lesión corporal. Así las cosas, frente a la ocurrencia de un daño corporal el perjuicio a la salud surge como categoría autónoma mediante la cual se busca resarcir de manera objetiva y efectiva del derecho constitucional de la salud, así como también se pretende evitar el subjetivismo judicial que conlleva el enriquecimiento sin causa de la víctima, toda vez que se suprime la multiplicidad de categorías indemnizatorias y se asegura una indemnización más acorde al derecho a la igualdad”.
Expediente: 1900123000120050124500
Tema tratado: Condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación/ No se encuentra acreditada la condena impuesta a la entidad demanda como elemento constitutivo de la acción de repetición.
“De acuerdo con lo expuesto y el análisis del material probatorio, observa la Sala que el demandante no cumple con la carga probatoria tendiente a demostrar la existencia de una condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de la conducta del demandante. Vale decir que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que “…incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” y, en acatamiento del mismo, es menester indicar la observancia de la carga procesal que le atañe a la entidad demandante, de probar en las acciones de repetición los requisitos que la configuran, como noción procesal que se basa en el principio de autoresponsabilidad de las partes y como requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable. Al no encontrarse acreditada la condena impuesta a la entidad demanda como elemento constitutivo de la acción de repetición, se releva a la Sala de continuar analizando los demás elementos de la acción de repetición, como es el pago de la condena y la calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa, debiéndose despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará”.
Expediente: 19001230000320050115501
Tema tratado 1: Facultad discrecional/ Desvío de poder/ Retiro del servicio activo del Ejército Nacional / No se probó nexo causal /Presunción de mejoramiento del servicio/ Un excelente desempeño de funciones, no impide el ejercicio de la facultad discrecional.
“En la demanda y en la sentencia se consideró que el acto administrativo cuestionado, estaba viciado de nulidad, porque el retiro del señor Ruiz Gaitán del servicio activo del Ejército Nacional, en uso de la facultad discrecional, no atendió a razones del buen servicio, sino que tuvo como finalidad el sancionarlo por unos hechos ocurridos el día 21 de octubre de 2004. Estos hechos, según se plasmó en el plenario, conciernen a que ese día, el señor Ruiz Gaitán, ingresó a un establecimiento de comercio a ingerir bebidas alcohólicas (…) La Sala acepta que existe una relación de causalidad entre los hechos aludidos y el traslado del señor Ruiz Gaitán(…) Empero, no halla una relación entre esos hechos y el retiro del servicio activo del señor Ruiz Gaitán. Si bien existe una relación entre los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2004 y el traslado del señor Ruiz Gaitán de una unidad a otra, esta relación no es extensiva hasta el retiro del servicio activo; porque la prueba inmediatamente referida, se agota en dar cuenta de la relación primera, esto es, entre los hechos y el traslado. A lo que debe aunarse que no se probó que el autor de esa prueba participó y/o tuvo injerencia en la decisión de retiro del demandante, de suerte que tuviera la idoneidad para indicar de una u otra forma, que existió una relación entre los hechos de 21 de octubre de 2004 y el retiro en ejercicio de una facultad discrecional.(…) Es criterio reiterado en la jurisprudencia contenciosa administrativa, encabezada por los pronunciamientos del Consejo de Estado, y seguida por el Juzgado de Instancia, que se presume que el ejercicio de la facultad discrecional para el retiro del servicio activo de los miembros de la Fuerza Pública, se hace por razones del buen servicio, y que una hoja de vida inmaculada y un excelente desempeño de las funciones por parte del servidor, no impiden el ejercicio de la antedicha facultad, ni desdibujan sus razones”.
Tema tratado 2: Facultad discrecional/El acto administrativo que se expide con ocasión del ejercicio de la facultad discrecional, no debe ser motivado.
“Finalmente, no sobra anotar que es posición uniforme y sólida en el Consejo de Estado, que el acto administrativo que se expide con ocasión del ejercicio de la facultad discrecional, no debe ser motivado. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub Sección A, 25 de noviembre de 2010, número 0938-10 (…) “Al respecto, lo primero que ha de resaltarse es que de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, el retiro del servicio por facultad discrecional no requiere ser expresamente motivado ni tampoco el acta que recomienda dicha decisión. Esta situación, empero, no implica que el retiro del servicio no esté fundado en razones, las cuales, en atención a la especial facultad que se ejerce, se presumen en aras del buen servicio”.
Expediente: 19001333100420040055201
Tema tratado: Declaración insubsistencia /Empleado de la Fiscalía / Se vulneró la estabilidad laboral reforzada/ El empleado contaba con antecedentes clínicos importantes, de tipo físico y mental, de los cuales tenía pleno conocimiento la entidad nominadora.
“Se tiene entonces, que a la fecha en que el actor es desvinculado del servicio, contaba con antecedentes clínicos importantes, de tipo físico y mental, de los cuales tenía pleno conocimiento la entidad nominadora por ser ésta la que, v. gr., concedía la licencias y cursaba las incapacidades, luego ante tal condición debió adoptar cualquier medida distinta del retiro, en orden a dispensarle protección especial de estabilidad en su empleo, tal como lo exige el plexo constitucional, allí su desarrollo jurisprudencial, a partir del concepto de estabilidad laboral reforzada. En efecto, si bien en principio todos los trabajadores tienen derecho a la estabilidad en el empleo (arts. 25 y 53 supriores), existen casos en que esa prerrogativa debe ser mayormente resguardada, tal es el de los empleados disminuidos económica, física o mentalmente, a quienes en aplicación directa del artículo 13 de la Carta, el Estado se halla obligado a protegerlos especialmente, de suerte que puedan gozar de seguridad en la continuidad del vínculo laboral, mientras no exista una causal justificativa de desvinculación.(…) La línea interpretativa esbozada ha avanzado hasta considerar que la estabilidad laboral reforzada, a la que se viene haciendo referencia, se extiende no sólo a quienes presentan discapacidades, sino, además, a aquellos trabajadores que sin presentar tal condición, se encuentren en situación de debilidad manifiesta, originada en una afectación significativa de su salud, que les cause limitaciones de cualquier índole. En consecuencia, un trabajador que se encuentre en situación de debilidad manifiesta, por causa de una disminución de capacidad física o mental, como ocurre en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, en aplicación de la garantía de la estabilidad laboral reforzada, tiene el derecho a permanecer en el empleo, o a ser reubicado si se requiere, mientras no sobrevenga una causal objetiva. Pues bien, de los elementos de prueba que obran en el expediente, se itera, la Sala advierte que el actor fue desvinculado de la Fiscalía General de la Nación cuando su salud se encontraba seriamente comprometida, hallándose en una situación de debilidad manifiesta originada en su limitación física y mental, sabida por la entidad, y frente a lo cual tenía que tomarse una decisión acorde, que en ningún caso lo es el retiro, pues terminó restándosele importancia a las consecuencias que la misma podría traer frente a su porvenir. Ello permite inferir, bajo estructura causal del indicio, que fue por causa de esa evidente mengua laboral presentada por el actor que se declaró la insubsistencia de su nombramiento”.
Expediente: 19001230000020060021700
Tema tratado 1: Impuesto de Industria y comercio/ Comercializador de energía eléctrica/Ley 383 de 1997.
“EPM es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en el municipio de Caloto como comercializador de energía eléctrica al usuario final en virtud de prestación del servicio publico domiciliario, siéndole aplicable la Ley 383 de 1997, articulo 51 inciso primero, toda vez que la actividad comercial que realiza en el municipio de Caloto según información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios corresponde al sector no residencial, haciendo entrega a usuarios industriales finales a través del Sistema de Interconectado Nacional –SIN. Así las cosas, las resoluciones demandadas en cuanto a la norma superior aplicable se encuentran ajustadas a derecho toda vez que fueron expedidas en virtud de la Ley 383 de 1997 artículo 51 inciso primero, norma que se ajusta al caso, teniendo en cuanta que el municipio de Caloto era sujeto activo del impuesto de industria y comercio por la prestación del servicio público domiciliario en el municipio de Caloto por parte de EPM como hecho generador del impuesto independiente a la generación de energía, por las razones antes expuestas”.
Tema tratado 2: Industria y Comercio/ Recurso de reconsideración/ El tesorero municipal, como autoridad competente para conocer todos los asuntos en materia de impuestos municipales, puede resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra sus propios actos, sin que ello se configure como violación al principio de doble instancia.
“…el demandante señaló que el municipio de Caloto vulneró el principio de doble instancia, toda vez que el recurso de reconsideración fue resuelto por el mismo funcionario que expidió la resolución sanción. La reconsideración es un recurso intermedio entre la reposición y la apelación, que procede contra cierto tipo de actos en materia tributaria, entre ellos las resoluciones de liquidaciones oficiales y resoluciones que imponen sancionas, tiene como característica particular que no se encuentra regulado en el código contencioso administrativo, sino que para su trámite se debe seguir lo dispuesto en el estatuto tributario, además es resuelto por una autoridad distinta a la cual profirió el acto recurrido, pero no superior jerárquica. En cuanto a este aspecto se debe precisar que si bien es cierto a nivel nacional la estructura administrativa de la DIAN permite que el recurso de reconsideración sea resuelto por una autoridad diferente, aunque no de superior jerarquía, a la que profirió el acto recurrido, es decir la división jurídica de dicha entidad es quien resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra las resoluciones sancionatorias y contra las liquidaciones oficiales hechas por la división de liquidación de la DIAN, la estructura municipal en donde se liquidan impuestos de carácter territorial, como el impuesto de industria y comercio, no permite que esa situación se presente, pues no existe una autoridad distinta pero de igual categoría al competente en materia de impuestos que pueda resolver el recurso. En el evento anterior, el tesorero municipal, como autoridad competente para conocer todos los asuntos en materia de impuestos municipales, puede resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra sus propios actos, sin que ello se configure como violación al principio de doble instancia, como lo alega la parte demandante, por lo cual este cargo no procede.
Tema tratado 3: Industria y Comercio/Sanción por extemporaneidad.
“De las normas transcritas se destaca que la sanción por extemporaneidad recae sobre aquellos sujetos que presentan la declaración de manera tardía teniendo la obligación de hacerlo en el tiempo establecido en la norma aplicable, ya sea nacional o territorial. Descendiendo al caso en concreto, el Municipio de Caloto siguió el procedimiento para la liquidación de aforo frente a Empresas Públicas de Medellín, por el incumplimiento en la obligación de declarar el impuesto de industria y comercio, contemplado en el artículo 715 y ss del Estatuto Tributario, para lo cual procedió a realizar el emplazamiento previo para lograr la declaración de EPM el día 2 de febrero de 2005, frente al cual EPM respondió señalando la inexistencia de la obligación de declarar. (…) Como EPM no presentó la declaración después de que el Municipio de Caloto emplazó entonces la norma aplicable no es el inciso 2 del artículo 715 del E.T. sino el artículo 716 de la misma normatividad que señala la consecuencia por la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento en cuyo caso la sanción aplicable será la del artículo 643 por no declarar”.
Expediente: 19001333100220060093001
Tema tratado: Docentes/Ascenso en el escalafón/ La solicitud debía ser resuelta con aplicación del Decreto 2277 de 1979 y no con base al decreto 1095 de 2.005 como efectivamente la administración lo realizó /Sin embargo, el fondo de la decisión del acto demandado es acertada por cuanto la actora ya había utilizado el título de posgrado para ascender en el escalafón docente/Niega pretensiones/Modifica decisión de primera instancia.
“Así las cosas, atendiendo al tiempo en el cual fue realizada la petición de ascenso por la actora, esto es el 04 de febrero de 2.003, la Sala comparte la conclusión de la a quo, en cuanto a que la solicitud debía ser resuelta con aplicación del Decreto 2277 de 1.979 y no con base al decreto 1095 de 2.005 como efectivamente la administración lo realizó. En el expediente reposa la Resolución No. 287 de 19 de febrero de 1996 (Fl. 9 C. de pruebas), de donde se desprende que la actora solicitó el mejoramiento académico con base en el título de especialista en computación para la docencia, y que en virtud de ello fue ascendida del grado 10 al 11 del Escalafón Docente. De esta manera, la Sala aclara que a pesar de que la entidad accionada no aplicó la normatividad adecuada a la petición de ascenso realizada por la demandante, tal como lo señaló la a quo, el fondo de la decisión del acto demandado es acertada, conforme lo expone la apelante, en tanto que la señora María Esperanza Arboleda Quintero ya había utilizado el título de posgrado para ascender en el escalafón docente, en consecuencia, debe ser modificada la sentencia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. En conclusión, al prosperar el cargo planteado por la parte demandada en el recurso de alzada y al verificarse que la decisión adoptada por la administración, en el caso en concreto resulta ajustada a derecho, la sentencia será modificada para negar todas las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 1900133310420050183901
Tema tratado: Facultad discrecional/ Armada nacional/ La buena conducta, condecoraciones y felicitaciones no generan per se fuero de estabilidad en el empleo.
“Con lo anterior es claro que habiendo cumplido para el actor en el sub lite, guiar al iudex a la conclusión sobre su buen rendimiento durante el tiempo inmediatamente anterior a su retiro de la Policía Nacional, éste resignó su labor probatoria con la sola aducción del extracto de la hoja de vida, allí las felicitaciones y condecoraciones advertidas atrás, las cuales, se remarca, aparecen opuestas y alejados del cariz cronológico sugerido en la jurisprudencia anotada –inmediatez al retiro-. Pero además, tampoco fue visible su intención de hacer correr en el plenario, para su valoración, la hoja de vida completa, pues pareció restarle trascendencia al no insistirla en el periodo probatorio, siendo que los datos específicos sobre su situación postrera en la entidad castrense, como se advirtió, resultaban imperiosos para evaluar su rendimiento y, con él, lo ajustado, o no, de su retiro por voluntad discrecional del Director General de la Policía Nacional. Sumado a lo anterior, denota la Sala que en el extracto de hoja de vida del demandante, su evaluación durante el periodo 2004-2005 fue en el nivel “BUENO”, significando ello, que su despliegue en la fuerza no registró la cota excepcional, que sí podría asistirle de haber sido calificado en el nivel EXCELENTE, de acuerdo con la escala reglada en el artículo 35 del Decreto 1799 de 2000; así mismo se advierte que su clasificación lo fue en la Lista 3, lo que indica un nivel BUENO que no MUY BUENO o EXCELENTE. Es que a la cuenta la directriz es clara: el hecho de que el oficial cumpla con sus deberes, observe buena conducta, registre condecoraciones y felicitaciones no le generan per se fuero de estabilidad en el empleo y, por lo tanto, no limita el poder de libre remoción para el retiro, dentro de los parámetros legales. Se estará la Sala, pues, a que no se cumplió en el sub lite el supuesto exigido en la jurisprudencia, para mudar en la entidad demandada la carga de tener que justificar, en el escenario actual, la medida de retiro”.
Expediente: 19001230000120050156400
Tema tratado 1: Ingresos por ventas/ Presunción del artículo 755-3 Estatuto Tributario/ La DIAN dio tratamiento de ingresos por ventas al valor de las consignaciones bancarias sin otro respaldo que el contenido de los extractos bancarios.
“De lo anterior la Sala concluye que la Administración de Impuestos tomó como ingresos por ventas producto de la actividad comercial del contribuyente el valor neto de sus consignaciones bancarias realizadas durante el período gravable, por ser mayores a los valores registrados en la declaración privada, procedimiento que no se enmarca dentro de la presunción legal del artículo 755-3 del Estatuto, según la cual, se tomaría como ingreso presunto para el contribuyente el 15% de la diferencia detectada entre los valores netos consignados en sus cuentas y los registrados en la contabilidad, aquí no se estableció tal porcentaje, sino que se consideró que todas las consignaciones eran ingresos por ventas(presuntos), además ni en el Requerimiento Especial ni en la Liquidación de Revisión la Administración advierte al contribuyente que le está aplicando tal presunción, tampoco en el acta de inspección contable realizada por la entidad (fls 389 a 392 cdno 2 de pruebas) se deja constancia de que se hubiere realizado la conciliación entre los libros de bancos y los extractos bancarios, a fin de establecer la diferencia, base de la aplicación de la presunción; es en la etapa de discusión que la Administración, al resolver negativamente el recurso de reconsideración justifica tal decisión en el hecho de que al contribuyente se le aplicó la presunción del artículo 755-3, y por tanto, era al contribuyente a quien correspondía desvirtuar que las consignaciones realizadas en sus cuentas no correspondía a ingresos, conclusión que como se vió, no corresponde al procedimiento realizado por los auditores y liquidadores de impuestos. Según evidencia la Sala, la Administración de Impuestos no solo, no siguió el procedimiento legal establecido para aplicar la presunción del artículo 755-3 E.T. sino que además fue en contra de lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del E.T. al darle tratamiento de ingresos por ventas al valor de las consignaciones bancarias sin otro respaldo que el contenido de los extractos bancarios, puesto que no todo valor consignado en una cuenta bancaria corresponde a un hecho generador de renta, tal como la una venta de un bien o la prestación de un servicio. En este caso, el valor adicionado $ 261.314.000 se derivó de la simple confrontación entre el valor de ventas declarado y el valor total neto de las consignaciones y no de un verificación de las ventas reales realizadas por el contribuyente, por tanto, no tiene asiento legal, y deberá descontarse de la Liquidación de Revisión”.
Tema tratado 2: Deberes del contribuyente/ Deber de presentar en oportunidad los soportes de los valores de costos y deducciones registrados en su declaración/ Artículos 632 y 744 del Estatuto Tributario.
“De lo anterior, la Sala concluye que el contribuyente faltó a su deber de presentar en oportunidad los soportes de los valores de costos y deducciones registrados en su declaración, tal como lo ordenan los artículos 632 y 744 transcritos, y comparte la apreciación realizada por la Administración respecto a que el contribuyente tuvo tiempo más que suficiente para rehacer su contabilidad, desde el siniestro de incendio hasta la fecha en que se realizó la inspección contable y la inspección tributaria. Si bien, la Administración de Impuestos desconoció el artículo 744 al desechar la valoración de las pruebas aportadas con ocasión de la interposición del recurso, tal omisión no afecta la determinación oficial de costos y deducciones, pues tal como se vio, tales documentos distan de ser soporte de los registros contables de costos y deducciones, como si lo serían las facturas, contratos, y/o remisiones, además de no coincidir con los valores totales solicitados como costos y deducciones”.
Tema tratado 3: Base de liquidación de la sanción/ Adición de ingresos realizada por la Administración con base en las consignaciones bancarias fue irregular/Sanción es improcedente.
“Visto que la adición de ingresos realizada por la Administración con base en las consignaciones bancarias fue irregular, ello quiere decir, que la base de liquidación de la sanción es igualmente arbitraria. La Administración no demostró que contribuyente hubiere omitió declarar ingresos, sino que presumió que todas las consignaciones de sus cuentas bancarias eran ingresos y con base en ello modificó su denuncio rentístico y aplicó la diferencia así establecida como base de la sanción. En consecuencia, para la Sala dicha sanción es improcedente y debe eliminarse de la liquidación oficial. En conclusión, la Sala accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando a título de restablecimiento que la Administración de Impuestos de Popayán expida nueva Liquidación de Revisión, que incorpore las modificaciones establecidas en los acápites anteriores, de manera que se mantengan los ingresos registrados en la declaración privada, se registren los costos presuntos aquí establecidos y se omita liquidar sanción de inexactitud”.
Expediente: 19001233100220080006702
Tema tratado 1: Asignación de retiro/ El Decreto 4433 de 2004 en ningún momento estableció un aumento en la prima de actividad.
“….. al señor (…) no le asiste el derecho a la reliquidación de la prima de actividad como factor de liquidación que fue tenido en cuenta al momento del reconocimiento de su asignación de retiro a partir de julio de 1975, fecha para la cual estaba vigente el decreto 2340 de 1971, tal y como se desprende de la lectura de la Resolución por medio del cual se le reconoció el derecho prestacional (Asignación de retiro). El Decreto 4433 de 2004 en ningún momento estableció un aumento en la prima de actividad para el personal activo de la Policía Nacional para que en consecuencia se viera reflejado en un incremento de las asignaciones de retiro y pensiones ya reconocidas.
Tema tratado 2: Asignación de retiro /No es posible dar aplicación al Decreto 2863 de 2007.
“Finalmente la parte demandante en el recurso de apelación solicita que de conformidad con el articulo 4° del Decreto 2863 de 2007, por medio del cual en aplicación del principio de oscilación, se incrementó el factor prima de actividad para los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública retirados antes del 1° de julio de 2007, se le debe realizar el incremento al factor prima de actividad del demandante, al considerar que no es posible que se les aumente el factor prima de actividad a los Agentes retirados después del 31 de diciembre de 2004 (Fecha de entrada en vigencia del citado decreto) y no se haga lo mismo para los retirados -como el caso del demandante-, antes de dicha fecha. Frente a este planteamiento, ha de sostener la Sala, que no es posible por las siguientes razones: No existe una norma expresa que autorice el incremento del factor prima de actividad en los Agentes de la Policía Nacional, retirados antes del 1° de julio de 2007, hasta un 50 % tal y como se presenta para los Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública, por intermedio del Decreto 2863 de 2007. El régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, establecido en el Decreto 4433 de 2004, no contempló un reajuste en la prima de actividad del personal activo, lo que incorpora es un régimen pensional diferente para los servidores que adquieran el derecho a partir de dicha fecha, motivo por el cual no es dable la aplicación del principio de oscilación ya establecido. En conclusión, y para resolver el problema jurídico planteado, teniendo en cuenta las consideraciones hechas por la Sala, es del caso confirmar la sentencia proferida el 15 de junio de 2001, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, por medio de la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, toda vez que la misma se encuentra ajustada a derecho”.
Expediente: 1900123000320110012900
Tema tratado: Decreto municipal/ Es función del alcalde municipal restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes/Su finalidad es el mantenimiento o restitución del orden público.
“Conforme al literal c, numeral 2, del artículo 91 de la ley 136, es función del alcalde municipal restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes. En sentencia C 825 de 2004 de la Corte Constitucional, a partir de la diferenciación entre el poder de policía y la función de policía, se evidenció que, ante la imposibilidad del primero –poder de policía-, en cabeza del legislador, de limitar intemporalmente, y con afectación de derechos fundamentales de quienes consumen y/o expenden bebidas embriagantes, se reconoció en la función de policía, de la cual es titular el alcalde municipal, la posibilidad de hacer la restricción sobre el consumo y expendio de bebidas embriagantes, en situaciones especiales. Bajo esta línea de pensamiento, se sostuvo que la posibilidad que el alcalde adopte medidas para restringir o prohibir el consumo y expendio de bebidas embriagantes, tenía como finalidad el mantenimiento o restitución del orden público, so pena de que el ejercicio de dicha facultad con una finalidad diferente, significara una desviación de poder o incluso la consumación de un delito de abuso de autoridad. Se explicó que las medidas que podían adoptarse por la autoridad municipal, correspondían a la prescripción de determinadas normas de conducta para una determinada actividad, un específico grupo de personas y territorio local. Y se las consideró razonables, en tanto que se sustentaban en la evidencia empírica de que hay una relación entre el consumo de bebidas embriagantes y la posible alteración del orden público, el cual puede ser restablecido y mantenido con la adopción de aquellas. Indicó que su ejercicio no podía servir de pretexto para la limitación de libertades ciudadanas, y que debía ser proporcional a los hechos que le servían de causa y expresarse en términos razonables ante los fines de la norma que lo autorizaba –artículo 36 CCA-, lo que redundaba en que su adopción se presentaba en determinadas situaciones de orden público en la localidad. En este sentido, el decreto 139 de marzo de 2011, es manifestación de la función de policía de la cual es titular el Alcalde Municipal de Popayán, reconocida en el literal b, del numeral 2, del artículo 91 de la ley 136, dictada por el legislador, como titular del poder de policía. Y no se observa que incurra en ninguna de las causales de nulidad alegadas por la demanda”.
Descargar aclaración completa
Fecha sentencia: 26 de abril de 2012
Expediente: 19001230000420050187300AV
Tema tratado: La imputación de responsabilidad del Estado debió hacerse por daño especial y no por falla del servicio o por riesgo excepcional.
“En el caso en comento no podría imputarse la responsabilidad del Estado por falla del servicio, teniendo en cuenta que el ataque fue perpetrado por un grupo guerrillero, sin que haya obedecido a alguna conducta omisiva de la autoridad demandada y tampoco podría adecuarse bajo el régimen de riesgo excepcional, al no poder afirmarse que la autoridad pública haya creado unas condiciones o una situación particularmente peligrosa o riesgosa, pues queda claro que fue el grupo subversivo quien inició el ataque contra la Estación de Policía del Municipio de Toribío -Cauca. Hechas las anteriores precisiones, los daños ocasionados a las personas como consecuencia de un ataque terrorista, debe ser analizado bajo la óptica del régimen de Daño Especial, tomando como punto de partida el daño antijurídico que sufrieron las víctimas, como consecuencia del ataque guerrillero contra la Estación de la Policía Nacional en el municipio de Toribío (Cauca) y las trincheras que los miembros de la institución policial habían construido en los alrededores de la población”.
Expediente: 19001230000020010033600SV
Tema tratado: La competencia para decidir si el registro de las decisiones que se generan al interior del proceso de reestructuración de una empresa se efectuó conforme al procedimiento legal establecido es del Tribunal Administrativo y no de la Supersociedades.
“Si bien es cierto, como lo dice el fallo, que las discusiones que se generen al interior del proceso de reestructuración de la empresa, deben ser conocidas en este caso por la Superintendencia de Sociedades, considero que tal circunstancia, no extiende la facultad de dicha entidad para decidir si la Cámara de Comercio debió o no registrar las decisiones adoptadas dentro de dicho proceso. El punto central de discusión en este caso, radica en si la Cámara de Comercio se equivocó o no al inscribir en el registro una modificación de estatutos realizada por una asamblea de acreedores y no de todos los socios, es decir, que la ilegalidad consiste en la falta de competencia de quien solicita el registro. En ese contexto, el asunto a resolver por el juez contencioso se limita a determinar si el registro se efectuó conforme al procedimiento legal establecido para ello, hecho que en manera alguna determinaría los derechos de los intervinientes dentro la sociedad, puesto que ese no es el objeto de la demanda, y porque además el acto de registro no es creador de derechos, sino que su propósito es de publicidad hacía terceros de los actos decididos por los órganos de dirección de la sociedad. Ahora bien, si hay una discusión sobre quiénes son quienes integran los órganos de dirección y por tanto pueden decidir sobre la suerte de la sociedad en un proceso de reestructuración, ese es tema que si debe dirimirse ante el juez del concurso, hecho que en mi criterio conduciría a una prejudicialidad, situación que es diferente a declarar la falta de competencia del Tribunal, puesto que en aquel evento, este proceso quedaría en suspenso hasta definirse la titularidad de los órganos de dirección de la sociedad en cuestión”.
EL VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS SIMPLES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2010 -2011
Autor: Julián Andrés Romero Ante
Cargo: Profesional Universitario del Juzgado Sexto
Administrativo de Descongestión de Popayán.
Resumen: “La inestabilidad jurídica generada a raíz de la contradictoria jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia del valor probatorio de las copias simples en los procesos instruidos en vigencia del decreto ley 01 de 1984, con ocasión de la anticipación de los efectos de la ley 1437 de 2011; de interpretaciones sobre la actividad de las partes en el proceso en conjunto con las normas procesales y probatorias del código de procedimiento civil, que dan prevalencia a la buena fe, la lealtad y la contradicción procesal, por encima del régimen de adquisición y valoración de los medios probatorios”.
[1] El Magistrado Horacio Coral Caicedo entró a disfrutar de su jubilación a partir del 01 de mayo de 2012.
[2] Corte Constitucional, Sentencia T-218 de marzo 20 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

References: artículo 755
 Resolución 
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 568
 artículo 87
 resolución 
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 13
 artículo 51
 resolución 
 artículo 715
 artículo 715
 artículo 716
 artículo 643
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 755
 artículo 755
 artículo 755
 artículo 755
 artículo 744
 Resolución 
 artículo 91
 artículo 91