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Timestamp: 2018-04-22 12:06:03+00:00

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Aproximaciones a la justicia maya en el contexto de la aplicación de la Ley del Sistema de Justicia Maya en dos comunidades de Yucatán - Antrópica
Approaches to Maya justice in the context of the law Maya Justice System application in two communities in Yucatan.
Héctor Joaquín Bolio Ortiz, Juan Pablo Bolio Ortiz, Ana Karen Camelo Lavadores, Shilia Lisset Vargas Echeverría
Universidad Autónoma de Yucatán – CIESAS
Aprobado: 28 de julio de 2017.
La justicia maya representa una forma de dar solución a conflictos dentro de una comunidad. Esta ha existido a lo largo de la historia, no obstante, como cualquier institución social, se ha ido transformando con el transcurso de los años. Para el caso del Estado de Yucatán, se creó la Ley del Sistema de Justicia Maya en 2014, lo cual reivindica a las poblaciones mayas del estado en la forma de dar solución a sus conflictos jurídicos, el problema se observa cuando se identifica como una justicia acotada desde las altas esferas gubernamentales y no responde a las necesidades de las comunidades originarias.
Palabras clave:justicia, derechos humanos, multiculturalidad, modernidad.
Mayan justice represents a way to understand the manner to provide for a solution to the conflicts inside the community, such has existed through history, never the less, like any other social institution, it has been transforming it self through the pass of time. For Yucatan’s case, the Mayan justice law was created in 2014, which some how vindicates the Mayan population from the state, on the way to provide solutions to its judicial conflicts, the problem can be seen when it’s identified as an injustice that comes from the highest government places and doesn’t answer to the needs of the main communities.
Key words: justice, human rights, multiculturalism , modernity.
En el siglo XX, con la promulgación de la Constitución de 1917, se reconocen los derechos humanos de segunda generación, como los denominados derechos sociales como el derecho al trabajo y a la propiedad. Hubo cambios que surgieron por motivo del contexto del derecho internacional. Por ejemplo, a partir de 1948, ocurrió una serie de transformaciones, producto de las garantías consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos valores jurídicos permitieron que el derecho al ejercicio de la justicia de los pueblos originarios -reconocido más de 400 años atrás- fuera incorporado en el consecutivo reconocimiento de los derechos sociales y culturales en las constituciones nacionales. Dicha acción generó una serie de cuestionamientos en el orden dogmático jurídico. La firma de tratados internacionales, tanto regionales como internacionales, causó una serie de cuestionamientos sobre la validez de un pluralismo jurídico dentro de la nación que en el 2001 se reconocería como garantía individual y, diez años después, se le asignó la característica de derecho humano. Este derecho fue el denominado a la libre determinación de los pueblos originarios.
En el año 2014 se decretó la Ley del Sistema de Justicia Maya del estado de Yucatán. En su artículo primero señala que:
Es de orden público, interés social y observancia general en el estado de Yucatán y tiene por objeto establecer el Sistema de Justicia Maya, a través del cual el Estado reconoce el derecho de las comunidades mayas a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos (Ley del Sistema de Justicia Maya, 2016, art.1).
Los niveles del saber jurídico pueden ser observados desde la práctica social de las poblaciones mayas. El propósito es responder a determinados problemas sociales y entender las dinámicas de los conflictos en torno a la justicia maya en las comunidades.
En este orden de ideas, el presente trabajo pretende explicar el funcionamiento de los procedimientos judiciales mayas, a raíz de la aplicación de la nueva Ley del Sistema de Justicia Maya en los municipios de Chacsinkín y Tahmek, en Yucatán. A su vez, este artículo se compone de las siguientes secciones: 1) marco de referencia, apartado donde se apunta la revisión de literatura referente a la temática mencionada previamente; 2) metodología, sección en la que se describe el tipo de investigación, el método y técnica utilizada en la presente investigación; 3) sujetos, se describe el grupo de actores clave seleccionados para el estudio, de igual forma, se contextualizan las comunidades mencionadas; 4) resultados, se presenta el análisis obtenido del discurso, la vinculación con otros elementos que contribuyen al entendimiento del fenómeno de estudio y la discusión de los mismos; 5) conclusiones, finalmente, se presentan las reflexiones y la crítica de las diferentes categorías que emanan de esta investigación.
Los problemas, en torno al fenómeno de impartición de justicia en poblaciones mayas y su relación con los derechos humanos a la libre determinación, han sido planteados en diversas publicaciones y libros. Estas obras abordan los estudios del derecho y la aplicación de justicia en poblados indígenas. No obstante, el presente artículo, se referirá a algunos trabajos en particular.
Martha Medina Un (2015), en el capítulo “El Juez de paz en el sistema normativo maya”, nos presenta cómo la función del juez de paz, en el municipio de Chumayel, subyace en la resolución de conflictos mediante el uso de leyes impulsadas por el estado y prácticas tradicionales. Esto desemboca en un sistema de justicia interlegal. La relevancia del estudio -el cual explora procedimientos y mecanismos- radica en considerar al juez de paz como un funcionario por medio del cual se logra el orden social. Para obtener los objetivos de su investigación recurre a la revisión de libros y expedientes judiciales correspondientes a tres décadas.
En este sentido, los aspectos principales de este trabajo son la justicia y el significado que le dan los actores conforme a los usos y costumbres de la comunidad. Este concepto es definido por Enrique Dussel (1993) a partir de una comunicación real ideal, es decir, quien no se considera consciente de sus derechos, estará en situación de exclusión social: “En una comunicación real, cada miembro tiene el derecho de situarse en una cierta exterioridad de la comunidad, como personas libres” (Dussel, 1993: 75). En este tenor, es de gran importancia reparar en el imaginario de justicia de las comunidades mayas, el cual no es posible entender desde el análisis macro, debido a sus heterogeneidades, sino que es necesario el enfoque antropológico jurídico de las subjetividades vividas en las dinámicas sociales.
Según estas ideas, la lucha por el respeto a los derechos humanos implica también el reconocimiento de la diversidad y los procesos de interlegalidad. Por lo que, para efectos de la investigación, los derechos humanos son entendidos desde el enfoque propuesto por Joaquín Herrera Flores (2007) como la razón y consecuencia de la lucha por la dignidad humana, la democracia y la justicia. En consecuencia, los derechos humanos son procesos de lucha, producidos por los deseos del ser humano en contextos situados.
La lucha por los derechos humanos es la aspiración de la cual se parte cuando hablamos del derecho humano a la libre determinación, a la conservación de tradiciones; es decir, el derecho a la forma de resolver conflictos acorde a los usos y costumbres o el vínculo con el medio ambiente de las poblaciones indígenas. Romper la idea evangelizadora y metafísica de la cosmovisión de derechos -y dar pauta a una nueva visión, crítica, integradora y contextualizada en prácticas emancipadoras sociales (Herrera, 2007)- permite cuestionarnos las lógicas del estado presentadas en numerales protectores de los derechos humanos (Carta Magna y Ley del Sistema de Justicia Indígena). No obstante, en la práctica no redundan en un beneficio a partir del cumplimiento y protección de los mismos, pues, al tratar de hacerlos efectivos mediante leyes locales, como acontece con la Ley del Sistema de Justicia Maya, entran en conflicto con las prácticas tradicionales. O dicho de otra forma, acotan y restringen el derecho a la libre determinación, muy a pesar de que él mismo aparece como un discurso toral de los programas de política pública.
Por último, y en relación con las definiciones de justicia y derechos humanos, arribamos a la conceptualización del derecho o justicia maya. Estos términos suelen ser empleados por diferentes autores como sinónimos, tal es el caso de Manuel Buenrostro (2015), quien señala como un elemento distintivo de la justicia maya el que no suele ser empleada para dar solución a delitos graves y que tiene como base el cumplimiento de obligaciones comunitarias, lo cual da como resultado sentencias que se basan en un resarcimiento del daño, con beneficio a la comunidad. Como ejemplo, Buenrostro (2015) se refiere al caso de matrimonios aceptados entre menores de edad, lo cual para ciertas legislaciones penales de algunos estados puede representar un delito.
A partir de estas ideas, se define el derecho maya no como:
La supervivencia de prácticas tradicionales inmutables, sino la expresión de cambios de normas que cambian y se adecuan a diversos contextos y matrices particulares que guían y le dan sentido. No es posible comprender las modalidades del sistema de justicia maya y su activación durante los juicios sin considerar los procesos de dominación y cambio en que se insertan (Buenrostro, 2015: 47).
En este apartado se presenta el eje metodológico de la investigación. El objetivo de este trabajo es: exponer los diversos procedimientos judiciales de aplicación de la Ley del Sistema de Justicia Maya del 2014, en los municipios de Chacsinkín y Tahmek, Yucatán.
Dicha investigación no se refiere únicamente a la parte procedimental de la norma o al conocimiento ontológico del derecho, sino que se proyecta en aras de un análisis integrador de diversos ámbitos en que incide en las dinámicas de justicia, el derecho y los usos y costumbres. Para ello, resulta fundamental detallar la metodología por medio de la cual se procura desentrañar el sentido de la norma y de las prácticas de usos y costumbres. De tal manera, se presenta el paradigma de la investigación, métodos empleados y técnicas de investigación que son el eje que guía el presente trabajo.
Con un enfoque cualitativo, se empleó en esta investigación la metodología de la Antropología Jurídica. Se parte de una visión holística de las dinámicas sociales en torno a la justicia en las poblaciones de Chacsinkín y Tahmek, Yucatán. Esta metodología concibe la comprensión de los fenómenos acerca de la justicia y recupera ideas de autores de la talla de Malinowski. Según Malinowski (1985) el estudio del derecho no estriba en un sistema especial de normas y decretos que prevén formas de su incumplimiento y supuestos en casos específicos, sino que es el resultado de la configuración de obligaciones expresadas en los agentes sociales, en el tejido social, en la historia, en la sociedad y en la cultura.
Desde esta perspectiva, Krotz (2009) argumenta que la Antropología Jurídica enriquece las posibilidades de análisis en temas de investigación que históricamente no han sido abordados, tales como: las políticas culturales, los estudios migratorios y la aplicación efectiva de los derechos humanos como el de la libre determinación de los pueblos indígenas de Yucatán. El análisis antropológico jurídico permite entender las representaciones de leyes y conceptos -como el de justicia- gracias a la comprensión de los sentimientos y significados que una comunidad le otorga a las dinámicas sociales en torno a los conflictos del derecho.
Para el desarrollo y aplicación del método, se utilizaron como técnicas de investigación la entrevista semidirigida y la observación in situ, tal como la propone Bourdieu (2007) en su libro El sentido práctico. En este se aborda el contraste entre los elementos objetivos de la dinámica de justicia, tales como la norma escrita y la no escrita, para yuxtaponerlos a los subjetivos, entendidos como sujetos de derecho y la propia comunidad, determinados por una inconsciencia objetivada denominada habitus, el cual es un sistema de categorías, percepciones, pensamientos y acciones en torno a la construcción de la realidad. Finalmente, con el uso de estas entrevistas, se realizó el análisis de contenido de palabras clave con el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti. Este permitió arribar a conclusiones correspondientes del fenómeno estudiado.
Los criterios de selección establecidos para los municipios de Yucatán fueron los siguientes: 1) municipios con población mayoritariamente indígena maya peninsular hablante de la misma lengua; 2) la existencia de un juez de paz; 3) la ubicación de los municipios: uno del sur de Yucatán, de tradición maicero; y el otro, de la zona exhenequenera y más cercano a Mérida.
Los municipios que cumplieron con los requisitos fueron Chacsinkín y Tahmek. Chacsinkín -nombre de planta leguminosa de flores rojas- es un municipio ubicado en el sur de Yucatán. Limita con los municipios de Cantamayec, al sur con Tzucacab, al este con Tahdziú y Peto, y al oeste con Tixméuac. La extensión geográfica ocupa una superficie de 158.40 km2 (INAFED1Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal., 2015). En este municipio se observa que la pobreza oscila entre el 75 al 100 % de la población (INEGI2Instituto Nacional de Estadística y Geografía.., 2015). Aunado a ello, Chacsinkín cuenta con una población total de 3,015 habitantes; de los cuales 1,526 son hombres y 1,489 son mujeres. Dicha población representa el 0.14 %, con relación a la población total del estado. En cuanto a las estadísticas sobre la lengua, se señala que los habitantes de tres años en adelante que hablan lengua maya ascienden a 2,597 personas (INEGI, 2015).
Por su parte, Tahmek es un municipio que ocupa una superficie de 102.50km2. Limita al norte con Cacalchén, al sur con Hocabá, al este con Hoctún y al oeste con Seyé. Su orografía es de tipo plano, con piso rocoso o cementado. El nombre del municipio significa “abrazo apretado” y las actividades principales son la agricultura y ganadería (INAFED, 2015; INEGI, 2009).
En relación con los indicadores sociodemográficos, la población total de Tahmek es de 3,609 personas, lo cual representa el 0.2 % de la población estatal. Para el 2010, 2,407 individuos (62.7% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 2,208 (52.8%) presentaban pobreza moderada y 379 (9.9%) estaban en pobreza extrema (SEDESOL3Secretaría de Desarrollo Social., 2010). De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Tahmek es considerado un municipio indígena, puesto que, más del 50 % de la población habla alguna lengua indígena. Su grado de marginación era medio, pero desde hace algunos años presenta uno alto (CDI, 2010). En resumen, la población de las comunidades de Chacsinkín y Tahmek son consideradas poblaciones indígenas mayas, pues, más del 90% de la población pertenece al grupo étnico maya (CDI, 2010).
En específico, se seleccionaron actores clave que inciden en las dinámicas de justicia en las comunidades de Chacsinkín y Tahmek. En la primera, se llevaron a cabo 10 entrevistas a diferentes actores sociales y políticos, entre ellos el juez de paz, el presidente municipal, el jefe de la policía, el comisario, entre otros. En la segunda, se realizaron tres entrevistas: una al juez de paz titular y a dos jueces que fungen como testigos en el juzgado. Así mismo, en ambos municipios se llevaron a cabo observaciones in situ de los procesos judiciales ante el juez de paz -donde intervinieron campesinos, amas de casa, actores demandantes y demandados- en diferentes espacios de los poblados donde se desarrollan dinámicas de justicia como: el palacio municipal, la oficina jurídica del ayuntamiento, comisarías, etcétera.
Resultados, análisis y discussion
En este apartado se presenta el análisis de las entrevistas semidirigas a los actores clave y de las observaciones, para ello se emplea el método antropológico desde la perspectiva Antropológica Jurídica.
La comprensión y explicación de los procedimientos judiciales mayas, se acotó al análisis de la normatividad escrita, como la Ley del Sistema de Justicia Maya de Yucatán, la Constitución Política Mexicana, entre otras, que hablan del derecho humano a la libre determinación de comunidades indígenas. También se abordó desde la normatividad no escrita, es decir, se analizó lo que en realidad acontece en torno a la justicia en el seno de las comunidades. Justamente este contraste permite la reflexión en torno al cumplimiento efectivo del derecho humano a la libre determinación y el impacto que tiene al modificar el tejido social y dinámicas comunitarias. Además, se estudia el conflicto que puede suscitarse con la justicia maya de Chacsinkín y Tahmek.
Mediante el análisis de las entrevistas a los actores sociales y políticos, en concordancia con las observaciones, se indagaron los procedimientos judiciales que se emplean para dilucidar y dar solución a los problemas comunitarios en Chacsinkín y Tahmek. En este sentido, al realizar la revisión teórica, se partió de una serie de categorías preeestablecidas. La categoría principal fue la “justicia”, dentro de la que se ubica el “derecho a la libre determinación”, que se dividió en “elementos” y “conflictos”. La subcategoría de “elementos” consideró tres apartados, “objetivo” (dividida en escrita y no escrita), “subjetivo” (sujetos de derecho, actor, demandado y comunidad) y “contextual” (modernidad, interlegalidad, historia, multiculturalidad e identidad). Por otra parte, la subcategoría de conflictos incluyó los apartados “civiles”, “familiares”, “penales” y “sobre tierras” (véase figura 1).
Figura 1. Diagrama de categorías preestablecidas.
Posterior al análisis de las entrevistas, se corroboraron muchas de las categorías previamente determinadas y surgieron nuevas categorías de análisis como la de “resolución de conflictos”, la cual se divide en “conciliación” y “jurisdiccional”. Además, surgió la categoría de “sanción o pena”. A continuación se presenta el análisis de contenido a partir de las entrevistas.
Figura 2. Red de relaciones de la categoría justicia
Acorde con lo señalado por los entrevistados, no existe una traducción literal para la palabra justicia en la lengua maya. La palabra que más se asemeja en significado al término de justicia es “Maaliik” cuyo significado es “hacer el bien y hacer cosas buenas”. Lo justo es entendido como no estar a favor ni en contra de algún partido, sino ser neutral, imparcial y basarse en la ley. El juez de Tahmek señaló que: “[la labor del juez comunitario] es un trabajo bonito, en una ocasión […] unos señores se estaban peleando y después salieron agarrados de la mano, me dijeron esta es una buena justicia”.
Una de las dinámicas que destacó en relación con la justicia de Tahmek es que antiguamente la figura del juez de paz tenía mayores atribuciones para resolver cualquier tipo de conflicto e imponer libremente sanciones o penas. Sin embargo, desde el 2001, cuando se modificó la ley que reguló el derecho a la libre determinación de las poblaciones indígenas en México, las actuaciones de los jueces de paz se vieron limitadas. De tal forma, estas limitaciones implicaron que los casos posibles de resolverse son los relativos a conflictos familiares y civiles, de forma que se prioriza la conciliación. Mientras que los casos que no se les permite resolver, son los relacionados con conflictos penales, por tanto son trasladados a la sede de la fiscalía y juzgados en Izamal. Con esto, se observa que anteriormente tenían una mayor importancia los usos y costumbres o la concepción de lo que para el juez era lo justo o no. “Sí, antes te dejaban hacer más, hoy no” (Juez de Tahmek).
En este sentido, la labor del juez de paz ha quedado reducida a la resolución de cierto tipo de conflictos. Además, como refiere el presidente municipal de Chacsinkín, se deben apoyar, en caso de dudas, con el licenciado en Derecho del jurídico del Ayuntamiento, y, en ciertos casos de mayor relevancia, con las autoridades de Tekax (Fiscalía del Ministerio Público y Juez mixto). Esto, nuevamente, muestra cómo el manejo para la resolución de conflictos y procedimientos judiciales gira en torno a la lógica del derecho estatal.
Respecto al rol de los jueces de paz, en la actualidad existe un juez titular certificado por el Poder Judicial del Estado. Además, se solicitan testigos de asistencia que tienen que dar fe de los hechos. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y según el número de habitantes -por ejemplo, menos de tres mil- el juez de paz no necesita tener el título de Licenciado en Derecho, sino que puede ser una figura que, por su personalidad, cubra ciertas características para fungir como juez de paz y que sea percibido como tal por la sociedad. Esta persona debe ser asignada por el presidente, así como los otros jueces que hacen función de testigos.
En el caso de Tahmek, la actual jueza titular se asiste de dos testigos, quienes anteriormente habían sido jueces. Todos los asuntos se tratan en el juzgado y, aunque puede recurrirse a cualquiera de los otros jueces (testigos), los acuerdos solo son firmados por la titular, procurando que se encuentren los tres.
Con lo que respecta al derecho a la libre determinación, este parece ser poco conocido por los jueces de paz. El término se puede entender como el resolver una situación acorde a la costumbre, más no se considera que este sea un derecho humano protegido a nivel constitucional. En este sentido, como mencionan algunos actores, las nuevas leyes han cambiado la dinámica en los procedimientos de justicia. Esta acota y restringe muchas prácticas o castigos, tal es el caso de algunas penas de vergüenza pública, como amarrar a alguna persona al poste de la plaza para que todos la vieran.
De acuerdo con lo narrado, se recupera lo señalado por Ana Luisa Izquierdo (2015) en relación a que
La interculturalidad implica cambios a nivel estatal por prácticas acorde a la cosmovisión de los grupos hegemónicos ya que los usos y costumbres son prácticas vinculadas a su propia cosmovisión que implican cambios lentos, en que toda la sociedad participa y fluyen en reconstrucciones cotidianas donde se inserta la salvaguarda de los derechos de mujeres y niños acorde con los sistemas mundiales de justicia (p. 147- 148).
De tal forma, la interculturalidad debe ser vista acorde con los sistema de justicia locales, donde –en muchas ocasiones, como en el caso de Chacsinkín y Tahmek- se observan prácticas que rompen los esquemas de lo que es justo y equitativo para el mundo.
Figura 3. Red de relaciones de la categoría actores políticos y sociales
Respecto a los actores sociales y políticos, se observa que las dinámicas de justicia se entrelazan de acuerdo con las funciones para resolver los diferentes casos que se susciten acordes con la materia y tipo de procedimientos. A su vez, existen actores como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que funge como órgano vigilante y ante quien se pueden quejar los habitantes por presuntas violaciones a derechos humanos de primera generación, como la vida, no discriminación, igualdad ante la ley, integridad, entre otros. Aunque, no respetar el derecho humano a la libre determinación de las poblaciones mayas, puede ser, como se mencionó antes, un derecho humano poco conocido, pero muy demandado por la población.
Una dinámica interesante es la de las mujeres con el juez de paz que, según algunos actores, son escasas por el tiempo de ocio con el que cuentan a diferencia de los hombres. Esto contrasta con lo señalado por el presidente municipal de Chacsinkín, quien indicó que las mujeres no acudían al juez de paz, pues, era una situación mal vista. Solo aquellas mujeres problemáticas o madres de hijos problemáticos acudían ante dicha autoridad.
De esta forma, acorde con muchos actores sociales y políticos, no es bien visto que las mujeres acudan ante el juez de paz, por lo que suelen ir más los hombres. Así, las mujeres acuden solo en casos donde tienen que solicitar pensión alimenticia y representación para sus hijos. Otros tipos de conflictos que incumben y afectan a toda la población, como el vandalismo y la drogadicción, suelen ser tratados por la propia comunidad, sobre todo en las comisarías de Chacsinkín.
También se entrevistó al funcionario encargado de capacitar a los jueces de paz en el Poder Judicial del Estado. Él explicó que los jueces de paz son mediadores, también considerados auxiliares de los jueces de primera instancia. Estos funcionarios resuelven asuntos de tipo civil y familiar, principalmente, como prescripciones positivas, pago de deudas, pensiones alimenticias y delimitación de terrenos. “Nosotros les recomendamos mediante cursos que no resuelvan asuntos de tipo penal, pues, los interesados pueden acudir a los Comisión de Derechos Humanos a levantar quejas. Es importante decir que pueden tener dos asistentes, situación que ocurre en muchos municipios, algunos les llaman jueces auxiliares” (Licenciado de Chacsinkin).
Otro aspecto interesante, comentado por el funcionario del Poder Judicial del Estado, es que hace unos años, la figura del juez de paz en los municipios era comandada siempre por hombres, por lo general era un anciano muy respetado y conocido por toda la comunidad. No era un requisito ser Licenciado en Derecho para ocupar el cargo. Actualmente, por el contrario, existen muchas mujeres con el cargo de juezas y son personas que cuentan con la licenciatura en Derecho. Sobre la función del juez de paz, otras autoridades apuntaron que:
El presidente municipal tiene la obligación de apoyarse en él, es decir, es considerado un auxiliar en caso de impartir justicia y resolver conflictos comunitarios. De tal forma que el cargo suele durar los tres años que duran los presidentes en sus puestos y por lo general suele estar politizado. Lo que desemboca en inestabilidad en el cargo y pérdida de respeto de la persona llamada por la comunidad a impartir justicia como ocurría antes.
En torno a la capacitación que reciben los jueces de paz, el licenciado comentó que los cursos son impartidos por el Consejo de la Judicatura Estatal y tratan, principalmente, sobre los derechos humanos, igualdad de género, mediación, cómo conciliar y sobre las funciones del derecho civil.
Finalmente, una diversidad de actores reitera lo expresado por el presidente municipal de Chacsinkín, acerca de que si el juez de paz no puede resolver algún asunto particular, este se auxilia con el jurídico del ayuntamiento, lo cual denota nuevamente que existe un sistema de coordinación entre autoridades para la solución a problemas entre la población. Sistema en el que, según el caso y la materia, intervienen autoridades como el juez de paz, la policía, el presidente municipal, el jurídico del ayuntamiento o la propia comunidad.
Acorde con lo explicado por los actores sociales en torno a la delimitación de las funciones y materias en que pueden intervenir los jueces de paz, se considera fundamental repensar la democracia, tal como la entiende Krotz (2015), es decir, como lógicas emancipadoras y de inclusión de la población maya, a través de políticas de convivencia multicultural, donde el estado solo funja como un observador y mediador en el caso de la preservación de usos y costumbres sobre las dinámicas de justicia maya.
Figura 4. Red de relaciones de la categoría normatividad
Acerca de la aplicación de leyes, algunos actores politicos apuntaron la importancia de conocer las leyes. Sin embargo, desconocen el derecho humano a la libre determinación, consagrado en el artículo 2 constitucional. Tal es el caso del presidente municipal de Chacsinkín, quien refirió no tener ningún conocimiento sobre la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado, ni del derecho humano a la libre determinación de los pueblos indígenas. No obstante, conoce algunos aspectos de este derecho como el del respeto a la lengua y la obligación de las autoridades de explicar a las personas maya hablantes los trámites y necesidades que tengan conforme a las dependencias o autoridades que acudan. A su vez, el alcalde manifestó que los usos y costumbres, son importantes para la población, sin embargo algunas costumbres no pueden seguir rigiendo la vida de la gente, de igual forma existen leyes nuevas que inciden y contradicen muchos aspectos de la organización social.
Por su parte, los jueces que fungen como testigos de la jueza titular en Tahmek, desconocen la Ley del Sistema de Justicia Maya. No obstante, la jueza titular sí conoce cómo funciona la ley, porque fue capacitada con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán actual -que es la que rige el municipio-, pero no aplica muchos aspectos de la misma.
Por otro lado, en Chacsinkín, recientemente el juez de paz se enteró de esta ley, pero no ha recibido cursos de capacitación sobre la misma, por lo que no tiene aplicación en el estado de Yucatán. Uno de los aspectos que inciden en estos usos y costumbres es el de la modernidad, y que al respecto el juez auxiliar de Tahmek señaló que “[la cultura y las tradiciones] son importantes, aunque se han ido perdiendo por, no sé, quizás por la modernidad que enseña otra forma de vivir”. Si bien, algunos habitantes consideran que existen aspectos negativos de la modernidad –como la llegada y difusión de las drogas-, hay otros que consideran que “lo moderno es bonito” (juez de Chacsinkín).
Se observa que la impartición de justicia en Chacsinkín y Tahmek, cuando menos, para autoridades tan importantes como el presidente municipal y los jueces de paz, se ve influida por leyes y reglamentos provenientes del estado. De tal forma que, los usos y costumbres, en el ideal, deben adecuarse o adaptarse a las nuevas leyes, lo que desemboca en sistemas interlegales auténticos y en la violación al derecho a la libre determinación que, con la consagración como derecho humano, paradójicamente se ha venido limitando cada día más.
Esto se aprecia en la entrevista realizada al comisario de X’box (comisaría de Chacsinkín), quién expresó que “cuando ha habido algún problema lo tratamos entre todos para que no siga avanzando”. Asimismo, manifestó no saber cómo se aplica la justicia en el municipio. También, señaló desconocer la Ley del Sistema de Justicia Maya y destacó la importancia que tiene la población de la comisaría en la toma de decisiones, donde no suele intervenir el juez de paz.
En este sentido, entre los problemas más comunes que afronta la comisaría son:
Las peleas de borrachos que, en su mayoría, son iniciadas por hombres.
No se requiere del apoyo del juez de paz dado que la propia comunidad toma decisiones en conjunto. A su vez, expresó desconocer cómo resuelve los conflictos el juez de paz.
Algunos problemas de la comunidad, ligados con límites territoriales, se resuelven haciendo albarradas. No obstante, por lo expresado, se nota una dinámica en que las decisiones son tomadas en el seno de la población alejadas de normas y leyes provenientes de entes hegemónicos.
En esta comisaría no se acude ante el juez de paz, puesto que, la comunidad está acostumbrada a reunirse para platicar sobre algún problema y resolverlo a través de una asamblea. Si existiera alguna persona que atentara contra de la paz y tranquilidad de esta comunidad, se le haría una advertencia para enviarla al exilio. Por ejemplo, en septiembre de 2016, una persona estaba talando árboles en el terreno de un vecino de la comunidad. Entonces se llevó a cabo la asamblea para comentarle que eso no se podía hacer, porque invadía propiedad privada. Esta persona lo comprendió y no fue necesario utilizar la figura del juez de paz.
Otro ejemplo, sucedido hace unos años, fue el caso de un par de hermanos drogadictos que andaban haciendo desastres. Para resolverlo, la asamblea se reunió –sin tener necesidad de la figura del juez de paz o algún representante del ayuntamiento de Chacsinkin, más que del comisario ejidal de X´box- para hablar con los padres de los jóvenes drogadictos. Tiempo después, estos jóvenes atacaron y asesinaron a un adulto en su ejido. Por ello, la gente del ayuntamiento y personal de la fiscalía coadyuvaron en la búsqueda de los mismos. Fueron encontrados muertos, se habían suicidado días después de ultimar al ejidatario. A pesar de todo, los padres de estos jóvenes fueron expulsados de sus tierras y de su casa en X´box, porque sus hijos fallecidos causaron problemas y arrebataron la paz y tranquilidad de la comunidad.
Así, se confirmó que esta comunidad no necesita la figura de un juez de paz más que para medir propiedad y, si existiera un problema en su comunidad, todo se resolvería con una asamblea entre los habitantes, ya que todos quieren vivir en paz. Por ello, si alguien volviera a irrumpir, sería mejor que se fuera a vivir al municipio, es decir, fuera de la comisaría de X’box. Desde que se fundó esta comisaria nunca se han tenido problemas que ameriten recurrir a un juez de paz. La comunidad está integrada por grupos familiares, siete en total. Rara vez, tienen problemas, puesto que, son gente muy tranquila y dedicada a trabajar. Se pudo observar que las mujeres tampoco asisten al juez de paz y muy difícilmente lo harían.
Acerca del derecho humano a la libre determinación en impartición de justicia, contemplado en el artículo 2 Constitucional, el funcionario encargado de la capacitación de los jueces de paz señaló que no se les enseña mucho: “bueno yo diría que no se aborda el tema” (Licenciado de Chacsinkin). A su vez, mencionó que la Ley del Sistema de Justicia Maya, no es muy conocida por los jueces de paz, “esta ley se encarga de difundirla y aplicarla el INDEMAYA,4Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán. pero solo en comisarías donde la mayoría de la población es maya parlante” (Licenciado de Chacsinkin).
Uno de los problemas sobre el derecho humano a la libre determinación, versa en que la justicia de usos y costumbres en Yucatán está supeditada a la justicia oficial. La primera, corresponde a la que lleva el juez de paz con base en el derecho consuetudinario y la segunda, es la que imparte el estado en función del sistema jurídico de tradición mexico-romano. En este sentido, es imprescindible entender el concepto de justicia, no desde el punto de vista de la justicia occidentalizada, sino en el sentido de que cada sistema de justicia es diverso. Incluso, dentro de estos mismos sistemas porque la justicia responde en gran medida a las particularidades y especificidades, políticas, sociales y culturales de un grupo social. Asimismo, en la justicia maya subyacen elementos para la solución de los conflictos que se viven (como lazos de reciprocidad, resarcimiento o reparación del daño en pro del beneficio colectivo, moral y otros más) que es menester atender. Dicho derecho positivado suele confundirse cuando hablamos del derecho o procesos de justicia maya. Cuando se hace referencia a esta como no incorporada al marco legal, se comete un craso error, puesto que, está integrada, desde el 2001, al marco Constitucional Mexicano y, desde el 2011, al catálogo de derechos humanos.
A pesar de esta incorporación, este derecho no se está cumpliendo, lo cual genera, en muchos casos, una subordinación de las poblaciones mayas a las lógicas institucionales del estado. De manera que, el derecho maya queda relegado a un eslogan del discurso político.
Historia y tejido social
La observación directa en la presente investigación, no se centró, exclusivamente, en los espacios sociales, comunidades, instituciones y diferentes actores en el seno de las prácticas jurídicas, sino que se inicia desde el momento en que se estudió y realiza la observación documental de fuentes formales del derecho, como la propia ley, jurisprudencias, tratados internacionales, costumbre, principios generales del derecho y la diversidad de autores citados a lo largo de esta obra.
Un elemento subjetivo esencial en todo juicio es el juez como la figura central. Este se encarga de aplicar el derecho según las leyes escritas o, en algunos casos, según los usos y costumbres de cada uno de los municipios y de las comisarías. La función jurisdiccional se refiere al acto con que el juez comprueba una situación jurídica subjetiva. Es decir, el juez, está rigurosamente ligado al derecho que él ha dictado durante el proceso y también a la decisión judicial que emite como juez.
En las entrevistas realizadas a diferentes habitantes de las comunidades, se les preguntó a las mujeres si alguna conocía o había tenido acercamiento con el juez de paz para resolver un problema. Ellas reaccionaron alejándose rápidamente y, tapando su cara, expresaron que “ellas no eran problemáticas”. Incluso, dos de ellas tenían semblante serio por el tema, ya que les parecía ofensivo el hecho de que una mujer tuviera que acudir con el juez de paz. Un ejemplo de lo anterior es que una mujer –de entre 30 a 45 años de edad- mencionó que ninguna de las mujeres de esa agrupación tenía que ir al juez de paz porque esa función era para los hombres.
Para algunas personas, Chacsinkín es un lugar muy tranquilo en el que, incluso, el juez de paz solamente se encuentra los fines de semana porque no es una figura muy necesaria. Otro aspecto interesante es que la mayoría de las mujeres del municipio –y algunos hombres- pensaban que el presidente municipal es el que debe resolver cualquier problema, debido a que siempre recurren a él antes que al juez de paz. Por ejemplo, en una entrevista realizada al asistente del presidente municipal de Chacsinkín, el funcionario percibió que el imaginario social del municipio entiende que las nuevas leyes -las cuales prohíben los castigos de humillaciones públicas a los delincuentes- son mejores, puesto que, se apegan a los estándares de los derechos humanos. Además, el entrevistado refiere que “uno de los castigos que se aplicaban en el pasado era que a los delincuentes los amarraban a un poste y les pegaban con soga, lo cual hoy en día viola los derechos humanos”.
Algunas características sobresalientes del municipio de Tahmek son las siguientes. Es un pueblo muy activo durante el día, aunque la gente prefiere salir por las noches. Al igual que en la mayoría de los pueblos y ciudades de Hispanoamérica, la traza urbana en Tahmek es a manera de cuadrícula. En el centro hay una pequeña iglesia con un parque y el edificio del ayuntamiento enfrente. En el interior están las oficinas del ayuntamiento y las de la policía. En el patio interior central de las oficinas de la planta alta se encuentra la oficina de la juez de paz. Este espacio tiene lo necesario de una oficina: un escritorio, unas sillas, un archivero y un mueble que guarda una computadora de escritorio. En este recinto se resuelven asuntos de corte civil, familiar y conciliaciones, aunque también, por lo que señaló en su entrevista la juez de paz, se atienden riñas, agresiones entre familias y vecinos.
En Tahmek, algunas personas de las audiencias mencionaron que la persona encargada de aplicar la justicia en la comunidad es la jueza de paz y que cuando hay un delito o cuando hay un problema en donde no se pongan de acuerdo los interesados: “por ejemplo, ahora tuvimos un conflicto por falta de pago en la pensión alimenticia” (persona que acudió a audiencia con la jueza de paz).
Las personas señalan que entre los problemas más frecuentes se encuentran los que se suscitan entre la familia y los vecinos. Asimismo, la gente considera que la juez resuelve los casos de manera muy justa, ya que es una persona preparada, aunque desconocen en qué ley se basa para resolver los problemas. Por último, la mayoría de los actores desconocen sus derechos sobre la libre determinación y consideran importante la opinión externa, en casos de conflictos familiares, de licenciados en Derecho y en Psicología: “a mí, el psicólogo, de mis hijos que trabaja para el DIF5Desarrollo Integral de la Familia, me orienta en relación a lo permitido y no” (persona que acudió a audiencia).
La historia y el tejido social se han ido transformando al pasar los años como refieren muchos actores políticos. El presidente municipal de Chacsinkín menciona que “ha cambiado mucho la ley, por ejemplo, en el caso de menores de edad no nos permiten ponerlos en celda como ocurría antes”. A su vez, se ve el impacto de las nuevas leyes, que tanto refieren los entrevistados, en lo que tiene relación con las dinámicas de justicia. El juez de paz mencionó que, en tiempos pasados, resolvía todo tipo de asuntos. En cambio, ahora solamente se encarga de resolver algunos conflictos familiares, civiles, mercantiles y otros relacionados con delitos considerados menores, como el vandalismo, riñas y drogadicción.
A manera de conclusión de este apartado, se asevera que en la actualidad existen sistemas interlegales en la resolución de problemas, en los cuales, según la situación, se emplean los usos y costumbres de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de sanciones que versan sobre un resarcimiento a la población o la vergüenza pública. Otros, con las normas que imperan en el municipio, como los reglamentos o bandos de policía y buen gobierno, para la imposición de multas o sanciones como arrestos, pero por no más de 36 horas.
La siguiente imagen indica el rol que desempeñan las autoridades (como el juez de paz, el presidente municipal, el licenciado en Derecho del ayuntamiento y la comandancia) en la resolución de conflictos en las comunidades.
Figura 5. Red de relaciones de la categoría conflictos
Con base en la información recabada, se percibe que actualmente los conflictos se resuelven de forma coordinada, por el juez de paz, el licenciado en Derecho del ayuntamiento y el jefe de la policía. En caso de que no se resuelvan los conflictos, estos se turnan a Tekax, donde está la sede del Ministerio Público al que se adscribe Chacsinkín y el juzgado mixto de lo civil, familiar y mercantil. Los actores sociales y políticos tienen la idea generalizada de que en Tekax se resuelven de mejor forma los problemas, pues, se dice que “las autoridades están mucho mejor preparadas” (Habitante de Chacsinkin).
Una dinámica descrita es la resolución de conflictos en asuntos de tipo penal, por ejemplo, el robo, donde la persona agraviada acude al palacio municipal a demandar al supuesto delincuente, de tal forma que se le envía un citatorio por la autoridad. Consecuentemente si no acude a la cita, la autoridad tiene la facultad de detenerlo a través de la policía, para que posteriormente pueda darse una solución al asunto mediante la sentencia que dicta el juez.
Respecto a la solución de problemas que involucran a todos los ciudadanos, como el incremento del vandalismo o la drogadicción creciente en jóvenes, algunos actores señalaron que se convoca a los ciudadanos a reunirse en asambleas que -en coordinación con el director de la policía, el presidente municipal y otros actores clave- dan cuenta de estas problemáticas y proponen soluciones a los mismos. En torno a la forma en que se resuelven los conflictos, el juez de paz debe auxiliarse con funcionarios como el director de la policía y el jurídico del ayuntamiento en el dictado de sus resoluciones y procedimientos.
De esta manera, las autoridades, como el juez de paz, se ven limitadas en sus funciones por organismos como el Tribunal Superior de Justicia. Este recomienda que el puesto de juez sea ocupado por un licenciado en Derecho. Además, los cursos de capacitación que realizan para los mismos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) −que en diversas ocasiones ha intervenido como consecuencia de quejas que ha realizado la población contra el juez− restringen su campo de acción en la solución de problemas. Sin embargo, a pesar de esta función restringida y limitada, existe la intervención del juez de paz a petición de las personas que desean conciliar algún problema. Ellos solamente pueden resolver asuntos de tipo civil y familiar leves que deseen ser conciliados, o bien, que las partes involucradas asistan a su cita y tengan la actitud de querer resolver el problema por menos de 200 salarios mínimos, para finalmente levantar un acta que concluya este proceso. Si no se logra llegar a un acuerdo, el caso se turna a los juzgados de lo familiar, en la ciudad correspondiente con estas facultades.
Un aspecto en torno a la solución de problemas de índole penal que amerita una sanción, son las multas o privación de la libertad por la comisión de delitos –vandalismo, venta de drogas, violencia intrafamiliar, golpes, riñas, robos, homicidios, violaciones-. Otras problemáticas de carácter civil son las deudas, prescripciones, contratos de arrendamiento y demás. También, se encuentran los conflictos familiares, que versan en pensiones alimenticias, divorcios y herencias. Finalmente, están los problemas en torno a delimitación de tierras, invasiones y posesiones sobre bienes muebles e inmuebles, dichos conflictos en lo medular podrían resolverse mediante conciliaciones o procedimientos judiciales donde se cumplen fases procedimentales como el desahogo de pruebas.
Específicamente, los asuntos tipificados como penales requieren ser referidos a la fiscalía y, ante esto, parecería que los jueces de paz no realizan ninguna función de relevancia “y es que aparentemente así sale, como si no estuviéramos haciendo nada, pero el sistema así nos lo plantea”. El juzgado de Tahmek rinde informes de los asuntos que se atienden cada tres meses en el Poder Judicial del Estado.
En los casos de personas que solo hablan maya (o que no hablan completamente bien el español, o que no saben leer o escribir) son asistidos por alguien de su confianza para que les lea y explique lo que el juez plantea. Esto se redacta en un acta. Por último, en el caso de que se necesite una firma y la persona sea analfabeta, se utiliza su huella dactilar. Sin embargo, uno de los entrevistados señaló que “no podemos actuar si una de las partes no sabe leer ni escribir” (Juez de Tahmek).
Como se mencionó previamente, algunos de los problemas más frecuentes son los de tipo familiar, dentro de los que se encuentran el pago de pensión alimenticia, que es solicitado mayormente por las mujeres, a excepción de los divorcios. También, el pago de deudas, disputas entre familias, en cuyo caso se les hace una notificación en la que se comprometen a no molestarse más entre ellos; de igual forma se clasifica en esta categoría los casos en los que los esposos llegan alcoholizados a sus casas.
En Chacsinkín, los casos de herencias entre familias o intestados son tratados por el licenciado contratado por el municipio. Las custodias de niños se realizan en conjunción con el juez de paz y el licenciado, quien tiene más práctica. Posteriormente, el caso es enviado al juez familiar.
Los problemas de tierras se tratan poco, ya que el juez de paz no cuenta con las facultades de la ley de fungir como catastro, donde se certifican límites o propiedad de las tierras. Este tipo de casos se resuelven en la ciudad de Mérida. Sin embargo, algunas veces se realizan apoyos en los casos de cesión de derechos, en los que se le acredita el traspaso de la propiedad con una escritura o constancia de propiedad y, en las partes de este proceso, se especifica que el documento que se expide no es una escritura y que carece de valor notarial. Asimismo, se resalta que es solo es una manifestación de voluntad, la cual tiene que formalizarse posteriormente.
Dejaron de atenderse asuntos penales como robos a casas, de bicicletas, de dinero, de ganado. “Ahora vienen y dicen ahorita no hay autoridad, no sirven para nada” (Juez de Tahmek). La gente espera que se les notifique y se les busque para imponer un castigo, pero no se tiene la facultad para hacerlo, únicamente son citados. Este tipo de delitos involucra a gente alcoholizada, drogadicta o que no trabaja. Sin embargo, en caso de que se desee conciliar por caso de robo, se realiza únicamente si hay un común acuerdo entre las partes a intervenir.
En Chacsinkín, si el juez no puede resolver un caso, el cual tendría que ser grave, este se refiere al comandante o director de la policía debido a que el municipio ha contratado a un licenciado. El problema de riñas se tratan exclusivamente por el comandante de la policía y se remiten al jurídico
Para el caso de las sanciones o penas, anteriormente se podía aprehender a la gente en el calabozo y se les cobraba una multa. Incluso, según una costumbre en el pueblo de Tahmek, se les obligaba a realizar servicio a la comunidad como barrer, lo cual se vinculaba con la vergüenza pública de una sanción o castigo. En la actualidad, las sentencias dependen del caso y pueden ser económicas o hacer un servicio para la comunidad. La cárcel se usa en casos de riñas, especialmente, cuando los familiares piden el apoyo, pero no se les detiene por mucho tiempo debido a que la ley lo prohíbe.
En Chacsinkín, los casos de robo a algún domicilio son sancionados por el comandante de la policía. Los culpables son encarcelados y deben pagar una multa. Así, el juez de paz levanta un acta en donde se comprometen a pagar los daños ocasionados.
En Tahmek existe la figura de juez de paz que, coordinado con dos testigos auxiliares, resuelve los problemas y casos particulares de desacuerdos. Actúa como un órgano conciliador, donde no se observa que la comunidad participe en la resolución de conflictos. Por el contrario, en Chacsinkín, como antes se mencionó, es la propia comunidad la que resuelve los problemas y desacuerdos de interés general, como el vandalismo o drogadicción mediante asambleas organizadas por ellos mismos. El juez de paz en Chacsinkín resuelve conflictos sin necesidad de contar con jueces auxiliares, aunque en casos de dudas recurre mucho más al licenciado en Derecho del ayuntamiento.
Dentro de las dinámicas de justicia que se observaron en Tahmek se señalan algunos casos particulares. Un día se presentaron dos mujeres, una de mayor edad y otra más joven. Una de ellas expuso que le habían robado las llaves de su motocicleta e indicó a la persona que suponía le había extraído las llaves. La jueza hizo una llamada y trató de solucionar el caso para que se las devolvieran. Cabe señalar que la jueza intentó solucionar esto sin asentar nada por escrito, de ahí que no se tenga ningún papel que documente este caso.
Otro caso fue el de dos mujeres que arreglaban un asunto de “tanda”. El problema se había suscitado por la falta de pago en efectivo de la que realizaba la “tanda” a una de las participantes. Ambas presentaron un documento en el que comprobaban cantidades y fechas de pago. Cuando, al parecer de la jueza, se habían conciliado las partes y se comenzaba a realizar el acta, una de ellas volvió a inconformarse, de ahí que no se realizó ningún escrito sobre este asunto. La discusión entre ambas mujeres continuó, se volvieron a revisar cuentas y fechas de pago hasta que se llegó a la conclusión de que la que realizaba la tanda solo debía pagar cien pesos, esta aceptó sin mayor problema y dio el pago. Sin embargo, la otra mujer quedó inconforme y no firmó el recibo que la jueza le había extendido y, con la amenaza de que acudiría al juzgado de Izamal, se retiró de la oficina.
Antes de terminar el problema de la deuda de las mujeres, un hombre joven esperaba en la puerta de la oficina. Se trataba de una pareja que solicitaba un acuerdo de pensión. Era un matrimonio -que aún siguen casados-, padres de una niña de once años, con capacidades diferentes, y un niño de nueve años. De acuerdo con la explicación, tiene ocho años que no viven juntos y ella, incluso, tiene una nueva pareja. Ella solicitaba el pago de la pensión de sus hijos y no ser molestada por su expareja. Probablemente, para evitar problemas con su nueva pareja. Además pidió que el padre, en buen estado, visitara a sus hijos y les brindara una buena alimentación.
Posteriormente, otra dinámica de justicia observada consistió en que la jueza atendió a una mujer de mediana edad sobre una cesión de derechos. La jueza leyó el documento y la interesada lo firmó. No hubo mayor asunto.
En síntesis, lo antes señalado deviene en un sistema de justicia maya subordinado por entes hegemónicos como instituciones oficiales y las propias leyes que determinan casos y conflictos en los que se pueden ventilar aspectos que conculcan y vulneran el derecho humano a la libre determinación de las poblaciones mayas. La justicia maya además de su alcance jurídico, debe traducirse en un beneficio para el desarrollo social de las comunidades. Se observó que el problema surge cuando la justicia estatal coarta las normas y procedimientos propios de la justicia maya.
El tema toral de la investigación fue el abordaje de cómo se está dando la justicia maya en el contexto de la aplicación de la Ley del Sistema de Justicia Maya del 2014. Esta “reconoce el derecho de las comunidades mayas a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos”. Como otros autores lo demuestran, las comunidades mayas tienen normas y formas de impartir justicia que han aplicado con autonomía desde hace varios siglos y la figura del juez de paz es reconocida desde los tiempos coloniales (Quintal et al., 2010).
De la investigación presentada podemos concluir que los jueces de paz, y otras autoridades vinculadas con la justicia en los municipios estudiados de forma general, desconocen la Ley de Justicia Maya y otras legislaciones. De tal forma, imparten justicia acorde a lo que ellos entienden como justo y correcto para cada caso en concreto. En algunos casos recurren a los códigos civiles y penales estatales. Esto se apreció a través de las entrevistas semidirigidas y del trabajo de observación de las dinámicas de justicia, en las audiencias y revisión de expedientes judiciales.
Un elemento importante es que las audiencias o resolución de conflictos por los juzgados de paz no necesariamente tienen que verse plasmados de manera escrita, pues, en muchas ocasiones la solución se lleva a cabo de manera verbal, mediante acuerdos o prevención de posibles multas o sanciones para los sujetos responsables.
De todo lo referido, se observaron cómo las funciones del juez de paz se encuentran muy acotadas por leyes, como la Ley del Sistema de Justicia Maya y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como por diversas autoridades que inciden en los procesos. Por ejemplo, en caso de que alguna de las partes no acepte la resolución del juez de paz, estas podrán acudir a los jueces de primera instancia. Dicha situación les resta autonomía a los jueces y peso a sus sentencias. Puesto que, las mismas no tendrán el carácter de cosa juzgada, lo cual resulta paradójico si se considera que la libre determinación de las poblaciones indígenas se erigió como un derecho humano en el 2011. A partir de entonces, se observan más limitaciones a los usos y costumbres que inciden en los procesos de justicia maya, así como un desconocimiento de parte de todos los actores sociales y políticos y, por ende, el incumplimiento del derecho a la libre determinación y libertad para imponer el derecho conforme a las costumbres.
Al pasar los años, la figura del juez de paz, como autoridad resolutora, se ha visto reducida por el sistema estatal de justicia. Esto se observa en las entrevistas realizadas a los jueces. Previo al 2007, el juez tenía libertad para imponer sanciones y resolver cualquier tipo de casos que ocurrieran en la comunidad, lo cual hacía que su figura como impositor de soluciones tuviera mayor jerarquía. Hoy, gran parte de la población sabe de la posibilidad de acudir a otras esferas de justicia; como en el caso de Tahmek, la gente tiene muy en cuenta el juzgado mixto de Izamal cuando tienen problemas de índole familiar o civil. En este sentido, podemos decir que la justicia maya, a cargo de jueces de paz o jueces comunitarios, mediante las reformas sufridas en los años recientes, la hacen una justicia alternativa. Lo mismo pasa con Chacsinkín donde la gente tiene muy presente las autoridades penales y civiles de Tekax.
Un aspecto contradictorio se percibe en la forma en que han permeado las ideas de la multiculturalidad por medio del diálogo, que van de la mano con la promulgación de artículos constitucionales y tratados internacionales de protección del derecho humano a la libre determinación. No obstante, cuando se observa de cerca las dinámicas de justicia en los poblados de Chacsinkín y Tahmek, los propios actores refieren que hace unos años atrás existía más libertad y libre determinación para imponer e impetrar la justicia acorde a los usos y costumbres.
Para Krotz (2015), el análisis del proceso de reconocimiento del derecho indígena no deviene de un problema indígena, sino de un estado unitario. En el caso del estado de Yucatán, este se ha mantenido al margen del debate respecto al reconocimiento de estos derechos humanos. La situación de opresión y marginación de la que ha sido víctima la población maya, no ha sido un aliciente en la promoción de iniciativas legales que empoderen a las poblaciones en cuanto al conocimiento de sus derechos. Esto coincide con la persistencia del racismo denotada por Krotz (2015), la cual crea ciudadanos de segunda y desemboca en mayor exclusión en la organización política y jurídica de poblados indígenas.
A su vez, la Ley del Sistema de Justicia Maya (2016), si bien, es cierto que es una normativa que regula algunos aspectos del derecho a la libre determinación, basta con leerla a detalle para notar que, en gran medida, acota múltiples elementos de este derecho humano. Al referir qué tipo de asuntos pueden ventilarse ante los jueces y de qué forma debe resolver el juzgador. Aunado a esto, se encuentra el hecho de que esta ley parece letra muerta, al menos para los actores sociales y políticos de Chacsinkín y Tahmek debido al desconocimiento que tienen de ella.
No obstante, la debilidad no es propiamente del estado de derecho, puesto que, en la Constitución Política Mexicana (2016) se reconoce el derecho de los pueblos indígenas, así como en múltiples tratados internacionales ratificados, de tal manera, que la debilidad referida, pasa más por la falta de aplicación efectiva de los multicitados derechos por parte de las autoridades administrativas como judiciales.
Justamente, uno de los problemas que coarta el derecho a la libre determinación en materia de justicia de acuerdo con los usos y costumbres en Yucatán, es que ese derecho permanece supeditado a la justicia estatal. La justicia maya tiene sustento en el derecho consuetudinario por el juez maya elegido por la comunidad y la justicia estatal es la que imparte el estado con base en el derecho del sistema jurídico nacional –con antecedentes en el derecho romano-. En este sentido, es imprescindible entender el concepto de justicia no únicamente desde el punto de vista occidental, sino que se debe tener en cuenta que cada sistema de justicia es diverso. Incluso en el interior de cada uno, por cuanto la justicia responde en gran medida a las particularidades y especificidades políticas, sociales y culturales del grupo social en cuestión. Es importante, entonces, advertir los elementos que determinan la justicia maya en la solución de conflictos, como los lazos de reciprocidad y el resarcimiento o reparación del daño en función del beneficio colectivo, entre otros.
Una recomendación para lograr el cumplimiento del derecho humano a la libre determinación de las poblaciones mayas de Yucatán, es dotar de verdadera autonomía a las poblaciones mencionadas, de forma que puedan elegir libremente a los juzgadores y que estos se enfoquen en la resolución de conflictos acorde a saberes y prácticas tradicionales que se vinculen con el bienestar colectivo.
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