Source: https://es.scribd.com/document/35939488/Demanda-ante-la-Corte-IDH-Caso-Maqueda
Timestamp: 2017-11-23 00:27:54+00:00

Document:
Nueva Doctrina Penal 1996/B, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996.
DEMANDA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTRA LA REPÚBLICA ARGENTINA CASO GUILLERMO JOSÉ MAQUEDA
Señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) somete a V.E., y por su intermedio al pleno de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), la presente demanda, dentro del término que establece el artículo 51.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”), en contra del Estado argentino en razón de la condena a diez (10) años de prisión de Guillermo José Maqueda, ciudadano argentino, en violación de la Convención. La presente demanda se ajusta a lo establecido en los artículos 50 y 51 de la Convención y se tramita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 y siguientes del Reglamento de la Corte. De conformidad con el artículo 26.3 y 26.4 del Reglamento de la Corte se adjunta copia del Informe Nº 17/94 de fecha 9 de febrero de 1994, al que se refiere el artículo 50 de la Convención.
La Comisión solicita a la Honorable Corte: 1. Que declare que el Estado argentino ha violado y continúa violando los siguientes derechos de Guillermo Maqueda: el derecho a ser oído por un tribunal imparcial (artículo 8.1); el derecho a la presunción de inocencia (artículo 8.2); y el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (artículo 8.2.h), juntamente con las garantías judiciales del artículo 25, todos ellos en relación con la obligación genérica de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio de conformidad con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, que declare que el Estado argentino ha violado el artículo 2 de la Convención, al no adoptar disposiciones de derecho interno tendientes a hacer efectivo el derecho consagrado en el artículo 8.2.h. 2. Que declare que el Estado argentino debe decretar la inmediata libertad de Guillermo Maqueda por vía de indulto o conmutación de la pena.
3. Que declare que el Estado argentino debe reparar e indemnizar adecuadamente a Guillermo Maqueda por el grave daño –material así como moral– sufrido a consecuencia de la violación de sus derechos protegidos en la Convención. 4. Que declare que el Estado argentino está obligado a establecer un mecanismo ordinario que garantice la doble instancia en el procedimiento establecido por la ley 23.077 con el fin de logar la compatibilidad de dicha norma con la Convención Americana de acuerdo con lo establecido por su artículo 2. 5. Que condene al gobierno de la Argentina a pagar las costas de este proceso.
II. Exposición de los hechos
1. Guillermo Maqueda, argentino, estudiante de sociología, comenzó su participación en el Movimiento Todos Por La Patria (“MTP”) a principios del año 1987, cuando aún no había cumplido los 18 años. Cabe subrayar que el MTP era, y aún hoy día es, un movimiento político de carácter democrático legalmente reconocido en el país. Dicho movimiento congregaba especialmente a jóvenes, atraídos por actividades de servicio comunitario, así como por la posibilidad de desarrollar otras en favor de cambios progresivos para lograr una sociedad más justa y participativa dentro del marco de los primeros años de la transición a la democracia en la Argentina. 2. El 22 de enero de 1989, Guillermo Maqueda participó en una reunión junto con miembros del MTP, la cual se desarrolló en un local donde se reparaban lonas (telas vinilizadas) en un barrio de Buenos Aires. De acuerdo con el Sr. Maqueda, en la misma, uno de los miembros de la dirigencia del MTP, el Sr. Francisco Provenzano, les informó sobre la posibilidad de un levantamiento militar en un cuartel en la zona de La Tablada –hecho no excepcional en la Argentina de 1989, que había visto numerosos levantamientos militares y rumores de levantamientos. Con motivo de dicho levantamiento los participantes discutieron la realización de diversas actividades para promover y proteger la democracia y el orden constitucional. El Sr. Maqueda fue allí informado que un grupo de personas participaría de una movilización pacífica en contra del levantamiento, tal como había ocurrido en ocasiones anteriores. De acuerdo con sus convicciones democráticas, Maqueda decidió participar en dicha protesta. 3. Al día siguiente, Guillermo Maqueda, junto con otros miembros del MTP, convencidos de que allí se estaba gestando un golpe de Estado contra el gobierno democrático, acudieron en horas de la mañana a las inmediaciones del cuartel de La Tablada. Al poco tiempo de llegar escucharon disparos que les hicieron sospechar de la existencia de un levantamiento de tipo violento. Consternados, esperaron a pocas cuadras del cuartel militar.
4. Una vez en las inmediaciones del cuartel de La Tablada, el Sr. Maqueda y los otros simpatizantes del MTP que lo acompañaban fueron sorprendidos por una situación distinta de la que esperaban encontrar. La existencia de un enfrentamiento les impidió llevar a cabo la movilización pacífica programada en defensa del orden constitucional y de la democracia. Finalmente, luego de permanecer por unas horas en las afueras del cuartel, se retiraron del lugar. 5. El enfrentamiento era el resultado de la acción de un grupo de personas que había intentado la toma del cuartel en La Tablada; entre los participantes de dicho ataque se encontraban algunos miembros del MTP, principalmente sus dirigentes. El grupo que atacó el cuartel estaba fuertemente armado, e ingresó al mismo produciendo una gran cantidad de víctimas. Como resultado de esta acción se produjo la detención de integrantes del mencionado grupo, quienes fueron posteriormente condenados por la comisión de diversos delitos. 6. Con posterioridad al 23 de enero, Guillermo Maqueda continuó concurriendo a la universidad y realizando sus actividades en forma pública. Cuatro meses después de su participación en la protesta, el 19 de mayo de 1989, agentes de policía concurrieron a su casa a los efectos de detenerlo. Allí el padre de Guillermo, el Dr. Ernesto Maqueda, colaboró con la policía indicándoles dónde se encontraba el joven, y los acompañó a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires donde Guillermo estaba cursando clases. En ese lugar, Guillermo Maqueda fue detenido. 7. Actualmente, Guillermo Maqueda se encuentra sirviendo una condena de 10 años en el Penal de Villa Devoto junto con criminales comunes y encausados. En el Penal, el Sr. Maqueda ha tenido una conducta ejemplar y está finalizando sus estudios universitarios en el Centro Universitario de Devoto.
III. Agotamiento de los recursos internos
1. Guillermo Maqueda fue juzgado con arreglo a las disposiciones procesales de la Ley 23.077, sancionada el 9 de agosto de 1984, llamada Ley de Defensa de la Democracia –se ofrece copia de la ley como prueba–. Dicha ley crea un procedimiento penal especial para casos de actos de violencia que tienen por fin atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La ley establece un procedimiento de única instancia y prevé que la sentencia sólo es recurrible ante la Corte de Justicia de la Nación, por vía del Recurso Extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48. 2. El 11 de junio de 1990, la Cámara Federal de San Martín condenó a Guillermo Maqueda, a diez años de prisión por considerarlo: a) coautor del delito de asociación ilícita calificada, y
Caso Guillermo José Maqueda
b) partícipe secundario de los delitos de rebelión, usurpación, robo agravado, privación ilegítima de libertad agravada, homicidios consumados y en grado de tentativa doblemente agravados y lesiones graves y leves. 4. El Sr. Maqueda no tuvo posibilidad de interponer un recurso de revisión de la sentencia debido a que la Ley 23.077 no contempla apelación ni recurso amplio ante ningún tribunal de alzada. Por lo tanto, la única alternativa que quedaba al acusado era recurrir ante la Corte Suprema utilizando la vía del Recurso Extraordinario, un recurso de tipo excepcional y sujeto a restricciones. 5. Interpuesto el Recurso Extraordinario, éste fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 25 de octubre de 1990. Ante la negativa de la Cámara, Maqueda presentó ante la Corte Suprema de Justicia un Recurso de Queja por Denegación del Extraordinario, el que también fue rechazado, el 17 de marzo de 1992. 6. Con la denegatoria del Recurso de Queja, el Sr. Maqueda agotó las instancias procesales existentes en la jurisdicción interna.
1. El 15 de septiembre de 1992, la Comisión recibió la denuncia de Guillermo Maqueda en contra del Estado argentino presentada por los padres de la víctima, Ernesto Maqueda y Licia M. Quiroga de Maqueda, Americas Watch y Center for Justice and International Law (CEJIL). La denuncia alegaba que la condena del Sr. Maqueda a diez (10) años de prisión por presunta vinculación al ataque del 23 de enero de 1989, en el Regimiento de la Infantería Motorizada 3 de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, violaba sus derechos humanos consagrados en la Convención Americana, en particular los artículos 2, 8 y 25 en relación con el artículo 1.1. 2. En nota de 20 de noviembre de 1992, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno, en la cual solicitó información relativa a los hechos u otra información que considerase oportuna, dentro de un plazo de 90 días. 3. Mediante nota de fecha 4 de febrero de 1993 el Gobierno solicitó a la Comisión una prórroga de 30 días, la cual fue concedida. En nota de 25 de marzo de 1993 el Gobierno solicitó una segunda prórroga de 30 días, la cual fue concedida. En nota de 23 de abril, el Gobierno solicitó una prórroga adicional de 15 días, la que fue igualmente concedida. 4. Durante su 83º período de sesiones, celebrado en febrero de 1993, la Comisión recibió en audiencia a los padres del Sr. Maqueda, a sus representantes y copeticionarios en el caso: Americas Watch y CEJIL, y a representantes del Gobierno argentino. En esa ocasión, los padres del Sr. Maqueda solicitaron un rápido examen del caso por parte de la Comisión que permitiera a Guillermo Maqueda recuperar su libertad a la brevedad. 5. El 12 de mayo de 1993, la Comisión recibió la respuesta del Gobierno en la cual argumentaba que no se había vulnerado el derecho a la
presunción de inocencia del inculpado ni tampoco la posibilidad de recurrir el fallo y que por lo tanto, resultaba improcedente la denuncia ante la Comisión. Sin embargo, los representantes del Estado agregaron que: dado que la cuestión judicial se encuentra definitivamente clausurada, sólo queda, conforme el ordenamiento constitucional argentino, la solución del conflicto por la vía del artículo 86.a de la Constitución, esto es, que el señor Presidente de la Nación conceda el indulto o la conmutación de la pena. El Gobierno comunicó que ya ha comenzado a transitar este camino. En el Ministerio de Justicia se está instruyendo el expediente Nº 87.991/93, el que se encuentra en la etapa de recopilación de antecedentes penitenciarios y judiciales. Se entiende, sin embargo, que la decisión sobre el particular es discrecional del Presidente de la Nación (Es cita). 6. Mediante nota del 1º de junio de 1993, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la respuesta del Gobierno a los peticionarios. 7. El 9 de agosto de 1993 la Comisión recibió la réplica de los peticionarios, en la cual rechazaban los términos de la nota del Gobierno. Sin embargo, en la misma daban su anuencia para que se alcanzase una solución por vía del artículo 86.a de la Constitución Argentina, de acuerdo con lo manifestado oportunamente por el Gobierno en su respuesta. Asimismo, informaban que desde la presentación de la respuesta del Gobierno, las autoridades de la Unidad Penal de Villa Devoto habían comunicado, en junio, a Guillermo Maqueda que debían hacer un informe sobre su comportamiento en prisión a los fines de un posible indulto. El estudio se hizo en los días siguientes y resultó en un informe favorable. El informe del Servicio Penitenciario fue analizado por el Ministerio de Justicia. A principios de julio se le hizo saber que el expediente había pasado, con dictamen favorable del Ministerio de Justicia, a la oficina de la Presidencia de la Nación. 8. En nota del 30 de septiembre de 1993 la Comisión transmitió las partes pertinentes de la comunicación del reclamante al Gobierno, solicitando sus observaciones al respecto. 9. En el mes de octubre de 1993, durante su 84º período de sesiones, la Comisión recibió en audiencia a los padres del Sr. Guillermo Maqueda, a representantes de Americas Watch y CEJIL, y a representantes del Gobierno argentino. En esa oportunidad los representantes del Gobierno señalaron la posibilidad de que Guillermo Maqueda recibiera un indulto o una conmutación de la pena. Como consecuencia, la Comisión decidió suspender el trámite del caso mientras se buscaba una solución amistosa. 10. A principios de diciembre de 1993, durante una reunión extraordinaria llevada a cabo en la Argentina, algunos miembros de la Comisión se reunieron con el Sr. Ministro de Justicia, Dr. Jorge Maiorano. En esa oportunidad, el Ministro les comunicó que la adopción de un indulto o una conmutación de pena no era posible por el momento.
11. Por nota de 22 de diciembre de 1993, los peticionarios indicaron a la Comisión que, según informaciones por ellos recibidas, el Gobierno estaba tramitando un decreto de conmutación de pena que reducía sólo en 6 meses la condena del Sr. Maqueda. El peticionario concluía que tal solución representaba una burla de las autoridades argentinas al compromiso que éstas habían asumido ante la Comisión. 12. En esa misma fecha, la Comisión transmitió las partes pertinentes de esta última comunicación al Gobierno, informándole, asimismo, que consideraría el caso en el curso de su 85º período de sesiones. 13. Durante su 85º período de sesiones, en enero de 1994, la Comisión recibió nuevamente en audiencia a los padres de Guillermo Maqueda, a los co-peticionarios y a representantes del Gobierno. En esa oportunidad los peticionarios solicitaron a la Comisión proceder con el trámite del caso porque consideraban que el tiempo para obtener una solución amistosa se había vencido. 14. El 24 de febrero de 1994 la Comisión envió al Gobierno el Informe Nº 17/94, aprobado el 9 de febrero de ese mismo año, con sus conclusiones y recomendaciones en relación con el caso. En este informe la Comisión resolvió que si transcurrido el plazo de 60 días el Gobierno de la Argentina no remediaba las violaciones a los derechos humanos de Guillermo Maqueda, sometería el caso a consideración de la Corte. 15. Mediante nota del 22 de abril de 1994, el Gobierno solicitó a la Comisión una prórroga de 30 días para informar sobre las medidas a adoptar en relación con el informe. La Comisión concedió una prórroga de 20 días, considerando que el plazo para presentar la demanda ante la Corte vencía el 25 de mayo.
V. Gestiones en el proceso de solución amistosa
Como se señaló en el punto anterior, las partes accedieron a iniciar un procedimiento de solución amistosa en los términos del artículo 48 y ss. de la Convención, el que fue supervisado por la Comisión a través del Relator designado para tal efecto, Profesor Michael Reisman. Como resultado de este proceso, las partes realizaron las gestiones que se describen a continuación. 1. El 11 de noviembre de 1993 se reunieron representantes de CEJIL y Americas Watch con representantes del Gobierno argentino, a fin de informarse de los pasos tomados por el mencionado Gobierno para lograr la liberación del Sr. Maqueda: En dicha reunión, los representantes del Gobierno manifestaron que la decisión se tomaría a corto plazo, estimándose como fecha posible el 10 de diciembre porque era el día internacional de los derechos humanos, y asimismo coincidía con la celebración de la reunión extraordinaria de la Comisión en Mar del Plata, Argentina. Por otro lado, se informó a los pe-
ticionarios que el expediente de Guillermo Maqueda estaba en el Ministerio de Justicia, a la firma del Ministro Maiorano. 2. El 12 de noviembre de 1993, los representantes de CEJIL y Americas Watch se reunieron con el Subsecretario de Justicia, Dr. Francisco Martínez, quien les manifestó que el Gobierno estaba estudiando tres alternativas: una conmutación general de la pena –en derecho argentino es un perdón parcial de la pena– que permitiría a Maqueda acceder a la libertad condicional; una conmutación por cuatro meses o el indulto. 3. El 24 de noviembre de 1993, representantes de Americas Watch, CEJIL y el padre de la víctima mantuvieron una nueva reunión con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes reiteraron su optimismo respecto de una pronta solución del caso. 4. El 22 de diciembre de 1993 los peticionarios recibieron información sobre la posibilidad de que el decreto a la firma del Ministro de Justicia conmutaría en sólo 6 meses la pena de Maqueda, lo que le permitiría optar por el beneficio de la libertad condicional en el plazo de un año y medio. En base a esta información, elevaron una nota a la Comisión el mismo 22 de diciembre, expresando su rechazo a una solución que consideraban claramente inadecuada.
VI. Competencia de la corte
La Ilustre Corte es competente para conocer del presente caso. La Argentina es Estado Parte en la Convención desde el 5 de septiembre de 1984 y aceptó en esa misma fecha la competencia contenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. El denunciante ha agotado los procedimientos establecidos en la legislación de la Argentina para lograr ser oído en juicio en instancia superior a la que dictó sentencia en su contra, o en recurso por defecto de forma, ya que la Ley 23.077 no admite la posibilidad de apelación, y los recursos extraordinario y de queja fueron denegados.
El presente caso versa sobre la violación del derecho a un juicio justo que incluye, entre otros, las garantías del debido proceso consagrados en el artículo 8 de la Convención. La primera cuestión a decidir por la Corte es si la decisión de la Cámara Federal de San Martín, del 11 de junio de 1990, vulneró el derecho de Guillermo Maqueda al debido proceso, en particular, el derecho del acusado a ser oído por un tribunal imparcial (8.1), y el derecho a que se presuma la inocencia del acusado (8.2). La segunda cuestión planteada consiste en determinar si el procedimiento especial que regula la Ley 23.077 vulnera el derecho de recurrir ante un juez o tribunal superior (en la versión en inglés “the right to appeal the judgment to a higher court”) establecido en el artículo 8.2.h.
A. El Debido Proceso: Artículo 8
El artículo 8 de la Convención Americana establece los requisitos que deben observarse en las diversas etapas procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales1. Según la jurisprudencia sentada por la Corte el mencionado artículo: reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial2. La razón por la cual tanto en el sistema interamericano como en el europeo existe una disposición que desarrolla las garantías procesales consagradas en beneficio del acusado, reside en el convencimiento de los Estados en el sentido de que una eficaz protección de los derechos humanos requiere, además de la debida observancia de derechos sustanciales, la consagración de garantías procesales que aseguren la salvaguardia de los mismos3. El artículo 8 de la Convención comprende distintos derechos y garantías que provienen de un valor o bien jurídico común y que considerados en su conjunto conforman un derecho único no definido específicamente pero cuyo inequívoco propósito es en definitiva asegurar el derecho de toda persona a un proceso justo4. El derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado5. En tanto el artículo 8 consagra el principio fundamental de la preeminencia del Estado de derecho, una interpretación restrictiva de las disposiciones de esta norma sería incompatible con el objeto y fin de la Convención Americana. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Europea ha establecido, en relación con el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos que:
1 Corte I.D.H. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva O-C9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A. Nº 9, párr. 27. 2 3
Idem, párr. 28.
Jacques Velu, Rusen Ergec, La Convention Européenne des Droits de L’Homme, Bruselas, Bruylant, 1990, pág. 335.
4 En este sentido véase Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Golder, Sentencia del 21 de febrero de 1975, Series A, Nº 18, párr. 28, en relación con el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el que sustancialmente comprende los mismos derechos y garantías del artículo 8 de la Convención Americana. 5 El derecho a un juicio justo está regulado en varios artículos de la Convención, a saber, 7, 8, 9 y 25, que configuran diferentes aspectos del mismo.
a restrictive interpretation of Article 6(1)... would not be consonant with the object and purpose of the provision, bearing in mind the prominent place which the right to a fair trial holds in a democratic society within the meaning of the Convention6. [Una interpretación restrictiva del artículo 6(1)... no sería congruente con el objeto y fin de esta misma disposición, considerando el lugar prominente que el derecho a un juicio justo ocupa en una sociedad democrática dentro del contexto de la Convención]7. Los órganos de la Convención Americana son competentes, de conformidad con el artículo 33 de la misma, para determinar si las acciones u omisiones de cualquier órgano del Estado, incluyendo el Poder Judicial, comprometen la responsabilidad de aquel en función de las obligaciones internacionales asumidas de buena fe al ratificar la Convención Americana. Como bien lo ha establecido la Ilustre Corte Interamericana. Lo que la Comisión [y la Corte] debe[n] verificar, en un caso concreto, es si lo dispuesto por la norma contradice la Convención y no si contradice el ordenamiento jurídico del Estado8. Así, la Comisión y la Corte están plenamente facultados para examinar, por ejemplo, si en el curso de un proceso penal se respetaron las garantías judiciales establecidas en favor del inculpado en el artículo 8 de la Convención. En estos casos la tarea de la Comisión y de la Corte es establecer si la evidencia en favor y en contra del acusado de un delito ha sido o no presentada de tal forma que se garantice un proceso justo9. La determinación de si un proceso judicial satisface los requisitos del artículo 8 debe hacerse sobre la base de las circunstancias particulares de cada caso y examinando el proceso en su totalidad10. Conforme lo expuesto, la Comisión no le solicita a la Corte que se pronuncie sobre la inocencia o culpabilidad de Guillermo Maqueda, ni que se pronuncie sobre la suficiencia o insuficiencia de prueba, que revea
6 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso De Cubber, Sentencia del 26 de octubre de 1984, Serie A Nº 86, párr. 30. 7 8
Corte I.D.H. Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, párr. 29.
9 Sobre este mismo punto la Corte Europea se ha pronunciado reiteradamente, reafirmando el principio que concede facultades a los órganos regionales para examinar una sentencia definitiva. Veáse Corte Europea de Derechos Humanos Caso Asch c. Austria, Sentencia del 26 de abril de 1991, Serie A Nº 203, párr. 26; Caso Delta, Sentencia del 19 de diciembre de 1990, Serie A Nº 191, párr. 35. 10 En este sentido véase la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos: Caso Barberá, Messegue y Jabardo, Sentencia del 6 de diciembre de 1988, Serie A. Nº 146, párr. 83; Caso Asch, cit. ut supra nota 9, párr. 26; Caso Delta, cit. ut supra nota 9, párr. 35.
los hechos o que dicte un nuevo fallo. Más bien le solicita que examine el proceso en contra de Guillermo Maqueda en su totalidad para determinar si se rigió por las garantías del debido proceso consagradas en la Convención Americana.
1. Se Violó el Derecho a Ser Oído Por Un Tribunal Imparcial: artículo 8.1 El artículo 8.1 establece que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...”. La independencia e imparcialidad del tribunal es uno de los aspectos centrales de las garantías mínimas de la administración de justicia. La imparcialidad supone que el tribunal o juez no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub judice y, en particular, no presume la culpabilidad del acusado. Para la Corte Europea, la imparcialidad del juzgador se compone de elementos subjetivos y objetivos11. La imparcialidad subjetiva del juez en el caso concreto se presume mientras no se pruebe lo contrario. A diferencia, la imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso12. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Europea establece que existe una violación al derecho a un tribunal imparcial cuando de un análisis objetivo de la sentencia se puede deducir que el juez o tribunal tenía una idea preconcebida acerca de la culpabilidad del imputado13. Esta situación se produce, por ejemplo, cuando el juez ha tenido la oportunidad de formarse una opinión sobre los hechos en controversia ya sea porque se ha pronunciado como fiscal en la investigación o juez instructor en la investigación previa, y luego debe dictar la sentencia. En este sentido, la Corte Europea concluyó en el Caso Piersack que se había violado el derecho consagrado en el artículo 6.1 de la Convención Europea porque el juez que presidía el tribunal ya había presidido la iniciación del caso ante la fiscalía de Bruselas14. El mismo juez participó en la preparación del caso y en el procedimiento. En el Caso Saint-Marie, la Corte Europea se refirió a la irregularidad legal que se presentaba cuando la misma persona ejercía sucesivamente el papel de juez instructor y juez
11 Sobre este punto la Corte Europea ha desarrollado una extensa jurisprudencia. Por ejemplo, véase Caso Piersack, Sentencia del 1º de octubre de 1982, Serie A. Nº 53, Caso De Cubber, cit. ut supra nota 6. 12 Véase Caso Saint-Marie, Sentencia del 16 de diciembre de 1992, Serie A. Nº 253, párr. 50; Caso Piersack, cit. ut supra nota 11, párr. 30. 13 Caso Saint-Marie, cit. ut supra nota 12, Caso Brinceat, Sentencia del 26 de noviembre de 1992, Serie A, Nº 249-A. 14
Caso Piersack, cit. ut supra nota 11.
sentenciador15. En ambos casos, la Corte Europea decidió que existían elementos que podían crear dudas sobre la imparcialidad del tribunal que juzgó porque en algún momento previo al juicio, los jueces se habían pronunciado sobre la culpabilidad del acusado, vulnerando así el derecho a un tribunal imparcial. Siguiendo el razonamiento de la jurisprudencia Europea, la Comisión estima que en el caso sub judice existe una serie de hechos que crean dudas sobre la imparcialidad objetiva de la Cámara Federal. En particular, la Cámara Federal consideró como debidamente probados una serie de hechos delictivos comprobados en la causa Nº 231 “Abella, Juan Carlos y otros” y los dio por reproducidos en el caso del Sr. Maqueda. Por ejemplo, la Cámara dedujo que: En definitiva, no resulta definitoria una detallada descripción del conocimiento que el procesado tuvo de cada uno de los documentos –que sí se analizaron en su momento para probar la configuración de la asociación ilícita– puesto que más allá de tal conocimiento, la participación en los ilícitos proviene de haber admitido e integrado el ataque armado –desde el lugar que se le asignó en el plan global–, que no podía ignorar de acuerdo con las constancias reunidas en el debate16. Justamente, a los efectos de construir el dolo del acusado, el tribunal debió demostrar que éste tomó conocimiento del mencionado plan criminal y consintió en participar de los hechos que tuvieron lugar el 23 de enero de 1989. Sin embargo, la Cámara Federal fundamentó la condena del Sr. Maqueda en hechos comprobados en la otra causa para inferir su conocimiento y consentimiento y que en base a tal conocimiento guió sus acciones el 22 y 23 de enero de 1989. Es importante resaltar que si bien el hecho de trasladar conclusiones de una causa a otra cuando las personas son acusadas de cometer hechos idénticos no constituye en sí irregularidad judicial, la aplicación de estas conclusiones como fundamento de la condena, y no como mera información para ser evaluada en la decisión del mérito del caso, permite suponer que el tribunal tenía una idea preconcebida acerca de la culpabilidad del acusado. Al aceptar hechos que fueron calificados como delictivos en la causa Nº 231 como elementos esenciales para la determinación acerca de la culpabilidad de Guillermo Maqueda, la Cámara Federal creó una presunción casi irrefutable de culpabilidad, en su perjuicio, vulnerando así su derecho a un tribunal imparcial, y, en consecuencia, a un juicio justo.
Caso Saint-Marie, cit. ut supra nota 12.
Causa “Maqueda, Guillermo José s/inf. arts. 80 inc. 2, 6 y 7, etc. del Código Penal”, Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Sentencia del 11 de junio de 1990, pág. 34 (Anexo I).
2. Se Violó el Derecho a la Presunción de Inocencia: artículo 8.2 El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso 2 establece: Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su responsabilidad. Este principio construye una presunción en favor del acusado de un delito, según el cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. El contenido de la presunción de inocencia exige que “la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado”17. De este modo, para establecer la responsabilidad penal de un imputado el Estado debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. La falta de certeza “representa la imposibilidad de [éste] de destruir la situación de inocencia construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución”18. En este caso, por lo tanto, opera el principio in dubio pro re , es decir que la duda y aun la o probabilidad impide la condena y obliga al tribunal a absolver al acusado19. La presunción de inocencia se relaciona, en primer lugar, con el ánimo y actitud del juez que debe conocer de la acusación penal. El juez debe abordar la causa sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia debe suponer que el acusado es culpable20. Por el contrario, su responsabilidad reside en construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de prueba con los que cuenta. En este contexto, otro concepto elemental del derecho procesal penal, cuyo objeto es preservar el principio de inocencia, es la carga de la prueba. En el procedimiento penal, el onus probandi de la inocencia no le corresponde al imputado; por el contrario, es el Estado quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad del procesado. Así, la moderna doctrina sostiene que “el imputado no tiene necesidad de probar su inocencia, construida de antemano por la presunción que lo ampara, sino que, quien condena debe construir completamente esa posición, arribando a la certeza sobre la comisión de un hecho punible”21.
17 MAIER, Julio B. J., El derecho procesal penal argentino, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1989, pág. 257. 18 Idem, pág. 258. 19 Idem, pág. 258. 20 En este sentido véase Comisión Europea de Derechos Humanos, Caso 9037/80, X. v/Switzerland, decisión del 5 de mayo de 1981, D.R. 24, pág. 224. 21 MAIER, Julio B. J. cit. ut supra nota 17, pág. 271. En el mismo sentido, la Comisión Europea de Derechos Humanos ha señalado que la carga de la prueba, en el contexto de un proceso penal, incumbe al ministerio público y la existencia de duda beneficia al acusado. Véase Comisión de Derechos Humanos, Caso Austria c. Italia, Informe del 30 de marzo de 1963, Y.B. of the European Convention on H.R., vol. VI, pág. 782.
Por lo tanto, lo esencial es que el juez que entienda en la causa esté exento de todo prejuicio en cuanto a la culpabilidad del imputado y que le conceda a éste el beneficio de la duda, es decir, que condene una vez que haya adquirido la certeza o convicción de responsabilidad penal y que, desde luego, descarte toda duda razonable de inocencia. Guillermo Maqueda fue condenado a la pena de diez años de prisión porque el tribunal llegó a la convicción de su responsabilidad como coautor del delito de asociación ilícita calificada y como partícipe secundario de los delitos de rebelión, usurpación, robo agravado, privación de libertad agravada, homicidios consumados y en grado de tentativa doblemente agravados y lesiones graves y leves. A los efectos de establecer su responsabilidad en los delitos mencionados, el tribunal debió determinar con certeza que el imputado había actuado dolosamente, esto es, que había conocido y sobre la base de dicho conocimiento había guiado voluntariamente sus acciones. En este sentido, el tribunal debió establecer, por un lado, la autoría del Sr. Maqueda en la comisión del delito de asociación ilícita calificada y, por el otro, su participación en la comisión de los delitos de rebelión, usurpación, robo agravado, privación de libertad agravada, homicidios consumados y en grado de tentativa doblemente agravados y lesiones graves y leves. La razón de esta distinción se funda en que se trata de imputaciones independientes. Aun cuando se demuestre que el Sr. Maqueda colaboró como partícipe en la comisión de los delitos de rebelión, usurpación, robo agravado, privación de libertad agravada, homicidios consumados y en grado de tentativa doblemente agravados y lesiones graves y leves, esta circunstancia, de por sí, no lo hace autor de la asociación ilícita por cuanto ésta exige la participación, no en un hecho delictivo concreto sino en la organización de una asociación cuyo fin es cometer delitos. Como demostrará la Comisión seguidamente, el tribunal que juzgó al Sr. Maqueda omitió establecer con certeza, es decir fundado en elementos de prueba directos o indirectos, la responsabilidad penal del Sr. Maqueda en los delitos que se le imputaban. En efecto, la sentencia de la Cámara Federal no indica que existiere prueba para fundar separadamente la culpabilidad del Sr. Maqueda como autor del delito de asociación ilícita, por un lado, y como partícipe secundario en los delitos de rebelión, usurpación, robo agravado, privación de libertad agravada, homicidios consumados y en grado de tentativa doblemente agravados y lesiones graves y leves, por el otro. En segundo lugar, el tribunal, invirtiendo la carga de la prueba, partió de la convicción de que Maqueda tuvo conocimiento y consintió participar del plan para atacar el cuartel de La Tablada. De este modo, condenó al Sr. Maqueda fundado en una presunción irrefutable de culpabilidad que, en la práctica, imposibilitó al imputado ejercer su derecho de defensa.
Consciente de la circunstancia de que el análisis del principio de inocencia se encuentra vinculado al fondo de la sentencia de un tribunal y por lo tanto, estrechamente unido a la apreciación de los medios probatorios, la Comisión desea resaltar que su objetivo no es solicitarle a la Corte que revise si la prueba, en el caso concreto, fue o no suficiente para decidir acerca de la inocencia o culpabilidad del Sr. Maqueda. El propósito de la Comisión es demostrar que el tribunal nacional condenó al Sr. Maqueda sin evaluar racional, objetiva e imparcialmente los medios probatorios en los que se fundó para alcanzar su convicción, poniendo de esa forma sobre el Sr. Maqueda la carga de probar su inocencia. Al enunciar el principio de inocencia, la Convención no se ocupa de las reglas relativas a la valoración de la prueba. En efecto, como regla general, la cuestión de determinar si los tribunales nacionales han evaluado bien o mal la prueba queda excluida de la competencia de la Comisión y de la Corte. En todo caso, la Comisión considera que la apreciación de la prueba no puede ser censurada sino a título excepcional cuando el juez nacional deduce de los hechos conclusiones manifiestamente injustas y arbitrarias22. Se trata de examinar la materia desde el punto de vista del acusado y verificar si se respetaron o no las garantías procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención23.
a. La responsabilidad del Sr. Maqueda en el delito de asociación ilícita calificada A los efectos de establecer la responsabilidad individual de Guillermo Maqueda como coautor del delito de asociación ilícita calificada, de acuerdo con los términos del artículo 210 bis del Código Penal incorporado por la Ley de Defensa de la Democracia Nº 23.07724, el tribunal debió demostrar con certeza que el imputado:
22 En este sentido véase lo establecido por la Comisión Europea en el caso Nº 7987/77, decisión del 13 de diciembre de 1979, D.R., vol. 18, pág. 31. 23 En igual sentido véase Comisión Europea de Derechos Humanos, Caso Austria c. Italia, cit. ut supra nota 21, pág. 782-784. 24 El artículo 210 bis establece: Se impondrá reclusión perpetua o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos características: a. Estar integrada por diez o más individuos. b. Poseer una organización militar o de tipo militar. c. Tener estructura celular. d. Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo. e. Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país. f. Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de seguridad. g. Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior. h. Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.
1. Participó, cooperó o ayudó de algún modo en la formación o mantenimiento de una asociación ilícita; 2. Conoció y consintió “tomar parte”, “ayudar” y/o “cooperar” en una asociación cuyo fin era cometer actos delictivos; y, 3. Conoció y estuvo de acuerdo en que los delitos que se iban a cometer pondrían en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. En relación con el primer elemento, el tribunal omitió establecer y demostrar que el Sr. Maqueda había realizado acción alguna que constituyera participación, cooperación o ayuda en la formación o mantenimiento de la asociación ilícita. Objetivamente, el único elemento que vinculaba al imputado con los miembros de la asociación ilícita era ser un militante más del MTP. Sin embargo, ser militante de dicho movimiento no implica necesariamente ser miembro de una organización con fines delictivos por cuanto el MTP como partido político no ha sido considerado jamás una asociación ilícita en la Argentina. El tribunal intentó demostrar el dolo del Sr. Maqueda, es decir, su conocimiento y consentimiento en la participación, cooperación o ayuda a la formación o mantenimiento de una asociación con fines ilícitos, invocando los siguientes elementos: 1. El conocimiento de Maqueda de la transformación de la dirigencia del MTP en una asociación ilícita con “fines revolucionarios”, cuyo objetivo central era tomar el poder por las armas; y 2. El conocimiento del plan criminal y el haber consentido jugar el papel que en el plan se le asignaba.
i. El conocimiento del Sr. Maqueda de la transformación del carácter del MTP en una asociación ilícita. En la sentencia se presentan las pruebas que supuestamente existían para demostrar la transformación del Secretariado General del MTP en una asociación ilícita. En este sentido, se señala que: 1. La incorporación de Enrique Gorriarán Merlo al Secretariado Nacional del MTP. El tribunal asume que este hecho significó una reivindicación de las luchas revolucionarias –la lucha armada entre ellas– de la década del 70. 2. La existencia de varios documentos que reivindicaban al MTP como el continuador de las luchas revolucionarias de los años 70. Entre ellos: “Mini historia del MTP”, escrito por uno de los miembros del Secretariado Nacional, Juan Antonio Puigjané (documento manuscrito); “MRB = MTP. Aportes para la construcción de un movimiento revolucionario de base” (documento manuscrito encontrado en el domicilio particular de una de las personas que atacó el cuartel de La Tablada); “Algunos criterios y posturas del MTP en la lucha político-ideológica” en el cual se sostiene en forma expresa esa reivindicación y continuidad (documento de carácter público); “Reunión de la Comisión Política del MTP (20-21/12/87)” (documento de carácter público); “Hipótesis de Conflicto” e “Hipótesis de
Guerra” (documentos encontrados en el domicilio particular de una de las personas que participó del ataque a La Tablada). 3. La participación en la dirigencia del MTP de otros ex militantes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Tanto los documentos como la incorporación del Sr. Gorriarán Merlo al Secretariado Nacional del MTP, y la participación en el mismo de otros ex militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, entre otros elementos, habrían demostrado que al momento que Guillermo Maqueda comenzó a militar en dicho movimiento, en el año 1987, se estaba produciendo una transformación en el MTP de la que nacería posteriormente una asociación ilícita. Sin embargo, es importante hacer notar que ni el carácter o contenido de los documentos, ni la participación de ex militantes del ERP en el Movimiento Todos Por la Patria pueden constituir por sí solos elementos suficientes para sostener que existen indicios que hacen presumir el conocimiento de Guillermo Maqueda del carácter ilícito de la cúpula del movimiento ni su voluntad de seguir participando en esas condiciones. Es fundamental resaltar que sólo dos de los documentos eran públicos, y en ellos se defendían principios e ideas que de ninguna manera podrían juzgarse como ilegales o contrarios al ordenamiento jurídico. En este orden de ideas cabe reiterar que en el año 1987, y aun después de ocurridos los incidentes de La Tablada en enero de 1989, el MTP fue y continúa siendo una organización legal en la Argentina. En este sentido el tribunal manifiesta que si bien es cierto que ninguna acción legal se entabló contra el MTP por parte del Estado argentino –no obstante la presencia de Gorriarán Merlo y de otros ex militantes del ERP en su Secretariado– Maqueda debió conocer los planes del grupo porque se encontraba dentro del movimiento y conocía “los dos documentos antes citados” lo que lo acercaba más a la realidad del MTP “que la población en general”25. De este modo el tribunal infiere que un simple militante como el Sr. Maqueda debió haber discernido una posible transformación en el MTP a partir del conocimiento de dos documentos y del pasado “revolucionario” de algunos de sus miembros. Según el tribunal, el Sr. Maqueda debía discernir lo que el Estado, cuya responsabilidad es velar por la seguridad de la Nación, aparentemente no pudo discernir. El argumento presentado no prueba que el Sr. Maqueda haya conocido de la transformación del MTP en una asociación ilícita sino más bien muestra la equivocada presunción de culpabilidad construida por el tribunal. En efecto, si había varias posibilidades que se podían inferir de la prueba utilizada por el tribunal y éste elige aquella que inculpa al Sr. Maqueda, lo hace en violación del principio de presunción de inocencia. Di25
Causa “Maqueda, Guillermo José...”, cit. ut supra, nota 16, pág. 20
cho principio le exige al tribunal, como se señala más arriba, que en caso de probabilidad, y aun de duda, siempre debe optar por la inocencia del acusado. Otro ejemplo donde la Cámara Federal elige una posibilidad que lo inculpa es en donde infiere que de la participación en el MTP, Maqueda previó o pudo prever la posibilidad de la lucha armada. En este sentido, señala: El postular al MTP como continuador de esas luchas revolucionarias no era una propuesta inocente... la inquietud y un mínimo debate sobre el significado exacto de esa continuidad histórica no debieron faltar en alguien que rechazara la lucha armada que debía representarse, cuanto menos como una hipótesis26. El argumento del tribunal en el que funda el indicio del conocimiento y participación del Sr. Maqueda se basa en el siguiente silogismo: El MTP reivindica las luchas revolucionarias del pasado; y el Sr. Maqueda es miembro del MTP; si bien el Sr. Maqueda no conoce los planes específicos del grupo; su ideología y pertenencia a una organización como el MTP crean un indicio de que el Sr. Maqueda conoce los planes específicos de un subgrupo con planes secretos dentro de dicho movimiento. Este argumento presenta un salto lógico en el razonamiento del tribunal porque ni la ideología del Sr. Maqueda ni su participación en el MTP tienen la capacidad de probar que éste conociera y consintiera en participar en un plan criminal secreto. Posteriormente, fundado en este indicio que presuntamente establecía la responsabilidad del Sr. Maqueda, el tribunal expresó: Por ello [refiriéndose al indicio construido], entiendo que no fue sincero el procesado cuando se mostró ignorante acerca de la transformación producida en el seno del Movimiento Todos por la Patria a fines del año 198727. El tribunal tenía la obligación de dar por probada la responsabilidad criminal del Sr. Guillermo Maqueda y no de suponerla. Reconociendo la insuficiencia de su razonamiento, el tribunal inmediatamente señaló: ... adentrándome... en lo que resulta la participación criminal del procesado –de la cual lo dicho “supra” [el argumento construido en relación con el conocimiento de Maqueda] sólo podría considerarse un indicio equívoco...28. En conclusión, el tribunal no probó el conocimiento por parte del Sr. Maqueda, de la supuesta transformación del carácter del MTP en una asociación ilícita y su voluntad de participar en ésta sino que invocó una seIdem, pág. 18. Idem, pág. 20. 28 Idem, pág. 21.
rie de presupuestos en obvia violación de la garantía de la presunción de inocencia para justificar la condena del Sr. Maqueda.
ii. El conocimiento del plan criminal por parte de Guillermo Maqueda A efecto de probar la participación criminal del imputado, en tanto lo dicho hasta ese momento era insuficiente, el tribunal analizó la organización y los fines del MTP. Así, a partir de varios documentos tales como “MRB = MTP. Aportes para la construcción de un movimiento revolucionario de base”, “Sobre los cuadros y la organización”, “Hipótesis de Guerra” e “Hipótesis de Conflicto”, el tribunal pretendió demostrar las particularidades organizativas del grupo, el nivel de homogeneidad que marcaba a sus militantes y los fines ilícitos a los que respondía esa estructura. Sobre la base de esos elementos, el tribunal razonó que: si la dirigencia del MTP –que formaba ya una asociación ilícita– consideraba a Maqueda entre sus huestes era porque lo valoraba como potencial partícipe del grupo a la hora de emprender las acciones; si Maqueda asumió la participación que le cabría en el plan... convirtió... en realidad esa potencia ya que... el nivel de homogeneidad y concientización que los dirigentes exigían a los militantes, no permite suponer que afrontarían su hora más crucial apoyados por ingenuos, timoratos o indecisos29. A juicio de la Comisión este razonamiento adolece de dos problemas que señalaremos a continuación. El primero es que si “la dirigencia” consideraba al Sr. Maqueda entre “sus huestes”, es decir como un miembro de la “asociación ilícita”, ello no demuestra, en modo alguno, el dolo del Sr. Maqueda, es decir que: conocía y consentía en participar en dicha asociación ilícita. Como la misma sentencia señaló anteriormente, los indicios de su conocimiento sobre la transformación de la dirigencia del MTP en una asociación ilícita eran dudosos. La duda sobre su conocimiento de Maqueda no se transforma en certeza por el solo hecho de que “la dirigencia” lo consideraba uno de los suyos. Por otro lado, la presunción de su participación en el plan de la asociación ilícita es una mera afirmación dogmática que no se funda en ningún elemento de prueba. En este punto, la obligación del tribunal era establecer, sin lugar a duda razonable, el dolo del Sr. Maqueda. En otros términos, debía probar que Maqueda efectivamente había conocido y consentido ser parte de un plan criminal. A este respecto el tribunal señala que: ... el plan de esa asociación ilícita era de una magnitud tal que obliga a descartar la candidez de sus ejecutores. Nadie que posea el pleno ejercicio de sus facultades mentales acepta tomar parte en un concierto delictivo que se inicia en la toma de una unidad militar y termina, tras una serie indeterminada de ilícitos, en el arrebato del
Idem, pág. 29.
Poder Ejecutivo Nacional, si no está consustanciado con cuanto los ideólogos proponen; a ningún desprevenido se le realiza una invitación de este tipo y nadie, por más incauto que sea, presta su consentimiento y realiza su aporte a esa empresa con la inocencia de quien es sorprendido en su buena fe30. De este modo, lo que debía constituir la prueba se transforma más bien en una afirmación sobre lo que se quería probar. En síntesis, si lo que se quería demostrar es que el Sr. Maqueda era parte de la asociación ilícita y, en consecuencia, de un plan para tomar el poder por medio de las armas, no se puede partir de la afirmación de que el Sr. Maqueda era un ejecutor, parte de un concierto delictivo, un invitado a participar en una acción de este tipo, descartándose así su “candidez”, su falta de prevención e indicando su “consustanciación con cuanto los ideólogos proponen”. De este modo, los argumentos del tribunal no sólo manifiestan que la responsabilidad del Sr. Maqueda se prueba con la afirmación de que éste es responsable sino que, en la práctica, se invierte la carga de la prueba poniendo al acusado en la obligación de probar su inocencia. Frente al argumento de la defensa en cuanto a que el tribunal no debía analizar lo que la dirigencia tenía en miras al confeccionar y difundir los documentos, sino que el análisis debía ceñirse a lo que el Sr. Maqueda pudo inferir de ellos, el tribunal manifestó que “[t]oda actividad conjunta que se realiza en función de una finalidad determinada tiene una organización y ella se estructura con el objeto de un más acabado cumplimiento de la finalidad”31. Para continuar razonando que si un partido político busca tomar el poder por las armas, la organización debe ser establecida de una forma especial, porque en caso contrario su cuadro o militante no sería útil a la finalidad propuesta. Aparentemente, según surge del lenguaje de la sentencia, los militantes formados en el MTP se educaban con homogeneidad, disciplina y verticalidad, para que en caso de que el partido decidiera tomar las armas, respondiesen de acuerdo con su formación. En esta lógica, el Sr. Maqueda era un militante que había recibido esa formación; por lo tanto, siendo convocado actuó de acuerdo con la misma. Este razonamiento permitiría inferir que entonces todos los militantes del MTP, de acuerdo con su formación, eran potenciales criminales, esto es, se estaría frente a un partido político que efectivamente se estaba preparando para tomar el poder por las armas pero, sin embargo, el Estado no intentó jamás una acción legal para detener sus planes. Este razonamiento es desestimado por el tribunal cuando afirma: No niego con esto... la existencia de militantes con objetivos democráticos pero no se contó con ellos en la actividad ilícita del 23 de
Idem, pág. 30. Idem, pág. 31.
enero...32, y [l]a homogeneidad, disciplina, verticalidad, etc., exigidas a los militantes no llevan rectilíneamente a La Tablada, pero quienes fueron convocados respondieron de acuerdo a su formación...”33. Esta aclaración del tribunal resulta contradictoria con sus propios razonamientos: si la homogeneidad, disciplina y verticalidad con que eran formados los militantes del MTP como Guillermo Maqueda permitía afirmar que se los preparaba para tomar las armas contra el Gobierno Nacional, ¿cómo es posible que el tribunal pueda, asimismo, afirmar que había militantes democráticos? La pregunta que corresponde hacerse es si lo que se intenta significar es que algunos militantes, entre ellos Guillermo Maqueda, eran entrenados especialmente. Si ésta es la idea, el tribunal omitió probarlo. El tribunal finalmente concluye que: como Guillermo Maqueda conocía documentos y personas que postulaban al MTP como continuador de las luchas democráticas de los ‘60 y ‘70, y también conocía otra documentación sobre la homogeneidad, verticalidad, lealtad y sacrificio que se exige al militante revolucionario, todo ello en el contexto de una agrupación que pretendía reeditar la lucha armada, podía inferir la responsabilidad en el procesado. La importancia de estos elementos probatorios se restringe cuando posteriormente la misma sentencia señala que: las... exposiciones del defensor podrían generar duda sobre la comprensión que Maqueda pudo dar a todo ello abriéndose así la posibilidad de error...34. El tribunal manifiesta que si bien las circunstancias mencionadas pueden poner en duda la responsabilidad del Sr. Maqueda, el dolo en la comisión de los delitos de los que se le acusa se prueba “inequívocamente” con su concurrencia a la reunión celebrada en la fábrica de lonas el día anterior a los sucesos de La Tablada y con su posterior presencia en los alrededores del cuartel35. En este punto el tribunal confunde las figuras delictivas que está probando. En principio debe establecer el dolo del Sr. Maqueda en la comisión del delito de asociación ilícita calificada para lo cual su concurrencia a La Tablada no es determinante. En segundo lugar, debe demostrar la responsabilidad penal del acusado como partícipe secundario en los delitos que se cometieron como consecuencia del ataque al cuartel. La concurrencia del Sr. Maqueda al cuartel de La Tablada el 23 de enero, adquiere relevancia cuando el tribunal debe analizar esta segunda imputación.
Idem, pág. 32. Idem, pág. 32. Idem, pág. 34. Idem, pág. 34.
La Comisión a continuación expondrá el análisis efectuado por la Cámara Federal para probar el dolo de Maqueda en la comisión del delito de asociación ilícita calificada.
iii. El dolo del imputado en la comisión del delito de asociación ilícita Guillermo Maqueda concurrió a una reunión el 22 de enero de 1989 con otros militantes del MTP incluido el Sr. Francisco Provenzano. Sin embargo, el solo hecho de participar en dicha reunión no configura prueba alguna del conocimiento del Sr. Maqueda sobre los planes de la dirigencia de este partido, la que el día posterior atacó el Regimiento de La Tablada. Justamente, a los efectos de comprobar el dolo del acusado, el tribunal debió demostrar que el Sr. Maqueda tomó conocimiento del mencionado plan y consintió en participar de los hechos que tuvieron lugar el 23 de enero de 1989. El tribunal sustentó la presunción del dolo de Guillermo Maqueda en la siguiente premisa: [en la reunión del 22 de enero], como se concluyera en la sentencia [en la causa 231], Francisco Provenzano expuso los detalles del plan criminal, prestando su libre participación quienes al día siguiente concurrieron a los cuarteles de La Tablada; ello se desprende de la negativa a concurrir de Claudio Mussa por no compartir lo propuesto por Provenzano y de la declaración indagatoria oportunamente prestada por Faldutti, quien dijo que, luego de su exposición, Provenzano ofreció la libertad de elección señalada36. De este modo, nuevamente el tribunal intentó demostrar la responsabilidad penal del Sr. Maqueda partiendo del supuesto de que éste ya era responsable. Así, en la práctica, el tribunal invirtió la carga de la prueba y puso al Sr. Maqueda en la posición de demostrar que en la reunión del 22 de enero no se mencionó ataque armado alguno y que, en consecuencia, en ningún momento consintió en participar del mismo. Guillermo Maqueda manifestó en su indagatoria, que desde hacía un tiempo el MTP manejaba la información sobre la probabilidad de un nuevo alzamiento militar que devendría en un golpe de Estado. En este sentido, señaló que en la reunión del 22 de enero el dirigente Francisco Provenzano corroboró la información sobre la proximidad del golpe de Estado, fijándole en esta ocasión día, hora y lugar. Asimismo, agregó que para impedirlo, el grupo allí reunido debía concurrir al cuartel, donde se encontraría con otro contingente para iniciar una movilización popular a la que debían lograr que se sumaran los vecinos de la zona. En el marco de la situación política existente en la Argentina para el año 1989, tanto la posibilidad de un golpe de Estado como la necesidad de organizar una manifestación pública pacífica para impedirlo no eran irracionales. Con ante36
Idem, págs. 35 y 55.
rioridad a los hechos de La Tablada y aun con posterioridad, en diciembre de 1990, el llamado “movimiento carapintada” había organizado numerosas sublevaciones desafiando el orden constitucional. En todas ellas, las manifestaciones espontáneas de repudio de los ciudadanos fueron críticas para abortar las sublevaciones. Sin embargo, el tribunal consideró que las explicaciones de Guillermo Maqueda eran “insuficientes” e “incongruentes” como para otorgarles relevancia jurídica en el proceso. En su esquema de razonamiento, el tribunal partió de una presunción irrefutable de culpabilidad, según la cual en la noche del 22 de enero, el dirigente Francisco Provenzano habría expuesto los detalles del plan criminal; luego, analizó las explicaciones del Sr. Maqueda y las consideró como insuficientes para destruir la presunción de culpabilidad que había establecido inicialmente. El Sr. Maqueda debía probar su inocencia en lugar del tribunal probar su culpabilidad. En la práctica, el Sr. Maqueda se vio imposibilitado de hacer valer adecuadamente su derecho a la defensa. El resto de los indicios mencionados por el tribunal se fueron acomodando perfectamente a la presunción de culpabilidad establecida inicialmente. Por ejemplo, el tribunal llama la atención acerca de que la importancia de la exposición del dirigente Provenzano no se compadecía con su brevedad, vaguedad, o con el hecho de que éste no dijo ni nadie preguntó cuál sería la actividad que desarrollaría el MTP orgánicamente, sus dirigentes, la posición que asumirían el resto de los partidos políticos, organizaciones gremiales u organismos de derechos humanos para enfrentar el alzamiento, o cómo haría el grupo que integraba el Sr. Maqueda para identificar a aquel con el que debían encontrarse si no se conocían entre sí, carecían de distintivos u otro elemento identificatorio ni tampoco sabían el lugar donde se encontrarían. Es evidente que estos indicios no son suficientes para establecer con certeza el dolo del imputado. En conclusión, el tribunal no estableció, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de Guillermo Maqueda como autor del delito de asociación ilícita calificada. En primer término, no pudo demostrar con certeza que el imputado conoció que el Secretariado Nacional del MTP había devenido en una asociación ilícita. En segundo lugar, condenó al Sr. Maqueda sin comprobar que éste conoció y consintió participar de un plan criminal cuyo objetivo final era tomar el poder por las armas. El tribunal construyó el dolo de Maqueda a partir de una afirmación dogmática en la cual invirtió la carga de la prueba, poniendo al imputado en la posición de destruir una presunción casi irrefutable de culpabilidad.
b. La responsabilidad del Sr. Maqueda en los delitos de rebelión, usurpación, robo agravado, privación de libertad agravada, homicidios consumados y en grado de tentativa doblemente agravados y lesiones graves y leves La Comisión considera que, en cuanto a la participación secundaria de Guillermo Maqueda en la comisión de los delitos de rebelión, usurpa-
ción, robo agravado, privación de libertad agravada, homicidios consumados y en grado de tentativa doblemente agravados y lesiones graves y leves, el tribunal que lo juzgó debió establecer que: 1. había un plan del autor principal de alzarse en armas, en relación con la rebelión, con previa aceptación de la posibilidad de usurpar, robar, privar de libertad, matar y lesionar; 2. el Sr. Maqueda como partícipe conoció y consintió en colaborar con los hechos ilícitos del autor. El tribunal tenía probado, a partir de la causa Nº 231 “Abella, Juan Carlos y otros”, que existía un plan premeditado del autor principal de alzarse en armas, usurpar, robar, privar de la libertad, matar y lesionar. Asimismo, se dio por probado que la responsabilidad criminal del Sr. Maqueda se generó porque concurrió a La Tablada el 23 de enero de 1989, a los efectos de cumplir el rol que se le había asignado en el plan criminal. Finalmente, el tribunal aparentemente construyó el dolo del Sr. Maqueda como partícipe secundario en la comisión de estos delitos a partir de haber establecido que el Sr. Maqueda, en la reunión del día anterior al asalto tomó conocimiento del plan de alzarse en armas y estuvo de acuerdo en participar en éste, desde su rol de “agitador”, consintiendo además que se robara, privara de libertad, lesionara y/o matara personas. El tribunal no estableció que el Sr. Maqueda tenía conocimiento del plan criminal la noche del 22 de enero, en la fábrica de lonas. Al no haberse establecido con certidumbre este extremo, tampoco se puede dar por probado que el imputado participó en grado de complicidad en la comisión de los otros delitos. La sola concurrencia del Sr. Maqueda a La Tablada, no pudo llevar al tribunal a la conclusión que el dolo estaba probado. Debía, además, dar por probado el elemento cognoscitivo y volitivo. El Sr. Maqueda negó en todo momento haber concurrido a La Tablada a cumplir un plan criminal. Por el contrario, en su indagatoria manifestó que una vez que arribaron a las afueras del cuartel, fueron sorprendidos por el enfrentamiento militar, lo que le impidió llevar a cabo su tarea movilizadora e hizo poner en duda lo que realmente sucedía. Él y quienes lo acompañaban ignoraban si se trataba del alzamiento militar previsto que había devenido en un choque de fracciones opuestas del ejército o, como refirió algún vecino, de un grupo de civiles armados que había irrumpido en el cuartel. El tribunal, además de dar por probado el conocimiento y consentimiento de Maqueda, se valió asimismo de una serie de indicios para construir su participación secundaria en los mencionados delitos. Entre otros: 1. El Sr. Maqueda no se fue de vacaciones con sus padres, porque se esperaba un nuevo intento de levantamiento militar y no quería distanciarse en esas circunstancias; sin embargo, tamaña preocupación no se compadeció con el hecho de que no concurrió al local del MTP la semana anterior a los hechos de “La Tablada” ni tuvo reuniones con otros militantes de ese partido.
2. Luego de haber descartado la existencia de un golpe de Estado, el Sr. Maqueda presumió que si el ataque era el resultado de un grupo de civiles armados, éstos podrían ser miembros del MTP. 3. A pesar del cambio de circunstancias, el Sr. Maqueda no intentó comunicarse con los dirigentes de su partido aun cuando su ausencia en los alrededores del cuartel debía haberle resultado injustificada; 4. Luego de retirarse de las inmediaciones del cuartel, el Sr. Maqueda no regresó a su casa esa noche permaneciendo con personas presuntamente desconocidas. Si bien la Convención no prohíbe, en principio, estas presunciones, por cuanto presunciones de hecho y de derecho existen en todos los sistemas legales, los Estados partes en la misma, a fin de respetar el principio de inocencia, deben aplicarlas únicamente dentro de límites razonables, es decir, tomando en consideración la importancia de los derechos que están en juego y fundamentalmente respetando la garantía de un efectivo derecho de defensa37. De este modo, en una causa penal, para destruir la presunción de inocencia construida por la ley, le incumbe al Estado presentar indicios abundantes y convincentes38. Una suma de presunciones aisladas no alcanzan para establecer, fuera de toda duda razonable, la responsabilidad criminal de un acusado. En el caso concreto de Guillermo Maqueda, el tribunal no demostró con certeza el conocimiento y consentimiento del imputado ni ofreció indicios abundantes y convincentes que permitiesen destruir la condición de inocencia del acusado. Todos los elementos con los que contaba el tribunal sólo alcanzaban para establecer una probabilidad de la responsabilidad de Maqueda. En esta circunstancia, por lo tanto, aplicando el principio in dubio pro reo, la condena de Maqueda por su presunta participación secundaria en los delitos de rebelión, robo agravado, privación de libertad agravada, homicidios consumados y en grado de tentativa doblemente agravados y lesiones graves y leves, fue infundada y, en consecuencia, contraria a las garantías procesales protegidas en el artículo 8 de la Convención.
B. Se Violó el Derecho a Recurrir del Fallo ante un Juez o Tribunal Superior: artículo 8.2.h
Un aspecto esencial derivado del principio del debido proceso es el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine la legalidad de toda sentencia jurisdiccional que imponga a la persona un gravamen irre37 En este sentido véase la jurisprudencia de la Corte Europea en el Caso Salabiaku, Sentencia del 7 de octubre de 1988, Serie A. Nº 141, párr. 28. 38 Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II. 53, doc. 25, 30 junio de 1981, pág. 88.
parable o que dicho gravamen afecte los derechos o libertades fundamentales, como es la libertad personal39. El debido proceso legal carecería de una eficaz protección jurídica, sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de recurrir de la sentencia ante una instancia superior. Para el análisis del presente caso, es preciso subrayar que la Constitución Argentina no divide ni multiplica instancias, ni adjudica competencias entre los tribunales federales. Por lo tanto, en principio, las causas de jurisdicción federal pueden ser reguladas por ley del Congreso con instancia única o múltiple. En la práctica, la garantía constitucional del debido proceso y la defensa en juicio no supone la doble instancia40. Si bien la doble instancia no constituye, por sí misma, requisito constitucional, cabe señalar que la Convención Americana, al ser aprobada por Ley 23.054 y ratificada por el Estado de Argentina el 5 de septiembre de 1984, es ley suprema de la Nación conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Nacional41. El artículo 8.2h de la Convención Americana establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: ... h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” (la versión en inglés dice textualmente: “the right to appeal the judgment to a higher court”). En el caso sub judice, Guillermo Maqueda sólo tuvo una oportunidad de ser oído y de presentar su caso. El Sr. Maqueda fue juzgado con arreglo a las disposiciones procesales de la Ley 23.077. Dicha ley crea un procedimiento penal especial que, a diferencia de todo otro proceso penal vigente en la Argentina, no contempla apelación ni recurso amplio ante ningún tribunal de alzada. Sin embargo, se permite la interposición del Recurso Extraordinario previsto en el artículo 14 de la Ley 48. El Gobierno argumentó ante la Comisión que la Ley 23.077 no priva a los acusados de los medios esenciales para asegurar sus derechos. Según el Gobierno, “resulta menester consignar que el procedimiento adoptado por la Ley 23.077 responde a la más moderna técnica legislativa recogiendo a nivel internacional sobre la implementación del juicio oral, el que normalmente por la inmediatez significa la posibilidad de celebrar las audiencias en forma pública, se tramita en instancia única”.
39 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 24/92, OEA/Ser.L/V/II.82, Doc. 20, 2 de octubre de 1992, párr. 30. 40 Véase Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. II, EDIAR Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, 1992, pág. 324. La Comisión toma nota que según el Profesor Bidart Campos el artículo 8 de la Convención Americana exige la doble instancia en el proceso penal y no sólo ante tribunales federales sino también provinciales. 41 In Re Causa “Ekmekdjian, Miguel Angel c/Sofovich, Gerardo y otros”, E. 64, XXIII, Sentencia del 7 de julio de 1992, considerando 15º.
Sin perjuicio de reconocer las garantías que, en general, ofrece el juicio oral el derecho del inculpado de un delito de recurrir del fallo a una instancia superior es fundamental para garantizar el derecho de defensa, máxime cuando se trata de imputaciones graves –como los cargos contra Guillermo Maqueda– que acarrean penas irreparables de privación de libertad. La oportunidad de recurrir a una segunda instancia en el proceso penal refuerza, asimismo, la protección en contra del error judicial, del cual es víctima el Sr. Maqueda. El Gobierno sostuvo ante la Comisión que el régimen de única instancia es el único compatible con los principios de oralidad, inmediatez y libre valoración de la prueba. Sin embargo, las ventajas de un juicio oral y público no absuelven la importancia del derecho de recurrir del fallo para una revisión de la legalidad y razonabilidad de la sentencia. El juicio oral es sólo la primera etapa del procedimiento penal que visto dentro del conjunto de las etapas que constituyen el proceso penal, debe ajustarse a los presupuestos del debido proceso y al derecho a un juicio justo consagrados en el artículo 8 de la Convención Americana. El Gobierno también argumentó que el Sr. Maqueda tuvo oportunidad de revisar el fallo por vía del artículo 14 de la Ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la interposición de un Recurso Extraordinario. Sin embargo, los hechos del caso comprueban que no se abrió el Recurso Extraordinario en el caso del Sr. Maqueda. La Corte Suprema rechazó el Recurso de Queja por denegación del Recurso Extraordinario ante la Cámara Federal. Para evaluar si el Sr. Maqueda pudo o no ejercer el derecho consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención es preciso examinar dos cuestiones jurídicas de importancia: la primera es determinar cuáles son las características del recurso que contempla el derecho de apelación consagrado en el artículo 8.2.h; y la segunda es examinar si el Recurso Extraordinario satisface estas características.
1. Características del Recurso Ante un Juez o Tribunal Superior Es importante destacar que la Convención Americana, a diferencia de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es el único instrumento internacional que consagra el derecho de apelación. Se entiende que este recurso es un medio establecido en favor del inculpado para proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa. El recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable de criticar la sentencia y lograr un nuevo examen de la cuestión. Esta revisión en sí tiene como objeto el control del fallo como resultado racional de un juicio justo, conforme a la ley y a los preceptos de garantía, y de la aplicación correcta de la ley penal.
En el régimen de la Convención el artículo 8 junto con el artículo 25 “constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales”42. Cabe destacar que “las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”43. El artículo 25.1 de la Convención incorpora el principio reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos44. Para que tal recurso exista, la Convención requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación de los derechos establecidos en la Convención y proveer lo necesario para remediarla45. La Honorable Corte ha dicho que: No pueden considerarse efectivos aquellos recursos, que por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios46. Además, el artículo 8.2.h se refiere a las características mínimas de un recurso que controle la corrección del fallo tanto material como formalmente. En este sentido, desde un punto de vista formal, el recurso de apelación a que se refiere la Convención debe examinar la aplicación indebida, la falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho que determinen la parte resolutiva de la sentencia. La Comisión considera, además, que para garantizar el pleno derecho de defensa dicho recurso debe incluir una revisión material en relación con la interpretación de las normas procesales que hubieran influido en la decisión de la causa cuando hayan producido nulidad insanable o provocado indefensión, así como la interpretación de las normas referentes a la valoración de las pruebas, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las mismas. De lo expuesto surge que el derecho previsto en el artículo 8.2.h requiere la disponibilidad de un recurso de revisión que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluyendo la legalidad de la prueba y que permita con relativa sencillez al tribunal de revisión examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso47.
Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-9/87, cit. ut supra nota 1, párr. 30. Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 CADH), párr. 25.
Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-9/87, cit. ut supra 1, párr. 24.
Idem, párr. 24. Idem, párr. 24.
Véase Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nº 26/86, OEA/ Ser.L/V/II.67, 18 de abril de 1986; Informe Nº 24/92, OEA/Ser.L/V/II.82, 2 de octubre de 1992.
Cabe analizar a continuación si el Recurso Extraordinario previsto en la Ley 23.077 satisface dichos requerimientos a fin de establecer si ese recurso constituye un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el artículo 8.2.h de la Convención.
2. El Recurso Extraordinario El Recurso Extraordinario, en el ordenamiento jurídico argentino, es excepcional y se limita al fuero federal. Como tal, no es una instancia que se añade a cada juicio, sino que funciona como una instancia nueva pero reducida y parcial que se limita a la materia federal del caso sub judice. En última instancia, el Recurso Extraordinario existe para asegurar la supremacía constitucional. En general, la Corte Suprema de Justicia interpreta de manera restringida la aplicación del Recurso Extraordinario. En su denegación del Recurso de Hecho presentado por el Sr. Maqueda por denegación del Recurso Extraordinario por la Cámara Federal, la Corte Suprema explicó que: Por lo demás, lo relativo a la valoración de las pruebas y la existencia del dolo en la conducta de Maqueda constituyen cuestiones de hecho, derecho común y procesal, que han sido resueltas por el a quo con suficientes fundamentos de tal naturaleza, sin que corresponda al Tribunal analizar esas discrepancias dado el carácter restringido del recurso (énfasis añadido)48. En el sistema legal argentino la arbitrariedad de la sentencia es considerada materia federal y por ende susceptible de revisión sólo por Recurso Extraordinario. Cabe notar, como ya se ha dicho, que este recurso es interpretado restrictivamente y como consecuencia no se considera la arbitrariedad de la sentencia porque sea errónea, o pueda discutirse en sus fundamentos49. Como explicó la Cámara Federal en su denegación del Recurso Extraordinario presentado por el Sr. Maqueda: la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia. Lo contrario importaría abrir una tercera instancia ordinaria en los casos en que las partes consideran equivocadas o desacertadas las resoluciones de los jueces en la causa, lo que resulta ajeno a la naturaleza del recurso o en situaciones que se vinculen con la selección e interpretación de las pruebas y la aplicación del derecho que hubiese hecho de alzada... por ello este instituto sólo queda ex-
48 Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Denegación de Recurso de Hecho, 17 de marzo de 1992, pág. 2 (Anexo 5). 49
Bidart Campos, cit. ut supra nota 40, pág. 323.
pedito en aquellas hipótesis en que la decisión, por carecer de fundamentos, merezca ser descalificada como acto judicial50. De lo expuesto se entiende que el Recurso Extraordinario no tiene por objeto remediar decisiones supuestamente erróneas, sino sólo omisiones o desaciertos de gravedad extrema51. Teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Suprema sostiene que el Recurso Extraordinario no abarca la revisión del procedimiento y que la doctrina de la arbitrariedad impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia, en la práctica, el Recurso Extraordinario no permite la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la idoneidad y legalidad de la prueba, ni permite examinar la validez de la sentencia recurrida con relativa sencillez. Un recurso de extensión, limitada y extraordinaria y de restringida procedencia no satisface la garantía del inculpado a impugnar la sentencia. En las circunstancias de este caso en particular, el Recurso Extraordinario no constituyó un instrumento efectivo para garantizar el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” (en la versión en inglés “the right to appeal the judgment to a higher court”) protegido en el artículo 8.2.h. porque, como comprueban los hechos, el Sr. Maqueda no tuvo oportunidad de recurrir a un juez o tribunal superior para impugnar la sentencia de la Cámara Federal. Por lo expuesto, la Comisión considera que el Recurso Extraordinario, el único recurso disponible contra sentencias dictadas de acuerdo con el procedimiento que establece la Ley 23.077, no satisfizo los presupuestos consagrados en el artículo 8.2.h. Por ende, la aplicación del procedimiento penal especial establecido por la Ley 23.077, en el caso de Guillermo Maqueda, constituyó una violación de su “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” (“the right to appeal the judgment to a higher court”) como lo exige dicho artículo de la Convención.
1. En virtud de las razones de hecho y de derecho señaladas anteriormente, la Comisión solicita a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte sentencia en el presente caso, declarando que el Estado argentino ha violado y continúa violando los siguientes derechos de Guillermo Maqueda: el derecho a ser oído por un tribunal imparcial (8.1); el derecho a la presunción de inocencia (8.2); y el derecho de recurrir a un juez o tribunal superior (artículo 8.2.h), juntamente con las garantías judiciales del artículo 25, y la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio de conformidad con el artículo 1.1 de la misma.
50 Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Denegación del Recurso Extraordinario, 25 de octubre de 1990, pág. 1. 51
Bidart Campos, cit. ut supra nota 40, pág. 324.
2. Que ordene al Estado argentino que decrete la inmediata libertad del Sr. Maqueda, por vía de indulto o conmutación de la pena. 3. Que ordene al Estado argentino el pago de una adecuada indemnización compensatoria a Guillermo Maqueda con miras a reparar el daño material, psicológico y moral que le ocasionó este proceso penal injusto. 4. Se ordene asimismo al Estado argentino el pago de las costas del juicio, incluyendo los honorarios de los profesionales que asisten a la Comisión en la tramitación del presente caso.
I. Prueba documental
A. Sentencia Nº 240, caratulada: “MAQUEDA, Guillermo José s/inf. arts. 80 inc. 2º, 6º y 7º, etc. del Código Penal”, de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín del 11 de junio de 1990 (Anexo 1). B. Recurso Extraordinario en la causa Nº 240 de Guillermo Maqueda ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Anexo 2). C. Denegatoria del Recurso Extraordinario por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 25 de octubre de 1990 (Anexo 3). D. Recurso de Queja por Denegación de Recurso Extraordinario por la víctima ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Anexo 4). E. Denegatoria del Recurso de Queja de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17 de marzo de 1992 (Anexo 5). D. Testimonio en video de Guillermo Maqueda tomado desde su lugar de detención (Anexo 8). Debido a una demora en la autorización para filmar el video testimonial del Sr. Maqueda, la Comisión no puede remitir el video junto con la demanda. El mismo será enviado a la Corte en cuanto se lleve a cabo la filmación.
II. Prueba testimonial
A. Dr. Ernesto Maqueda y Sra. Licia Quiroga de Maqueda, padres de Guillermo Maqueda. B. Dr. Manuel Gaggero, ex dirigente del partido político Movimiento Todos Por la Patria. C. Dr. Gabriel Bauzat, asesor jurídico de la familia Maqueda. D. Peritos Expertos. 1. Dr. Julio B. J. Maier, especialista en el derecho procesal penal argentino. 2. Dr. Alberto Binder, especialista en el derecho procesal penal argentino. 3. Dr. Germán Bidart Campos, especialista en el derecho constitucional argentino y en el derecho internacional de derechos humanos. 4. Dr. Augusto Bacqué, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Argentina.
5. Dr. Jaime Malamud Gotti, quien colaboró en la elaboración de la ley 23.077.
III. Instrumentos legales
A. Constitución de Argentina (Anexo 6). B. Copia de la Ley 23.077, llamada Ley de defensa de la democracia (Anexo 7).
Documents Similar To Demanda ante la Corte IDH - Caso Maqueda
Formato Amparo vs Particulares
OS PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y SU REGULACIÓN EN EL PERÚ
Criterios Viernes 23 de Junio
T-808-09 Requicitos Contr Providencias

References: artículo 51
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 50
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 48
 artículo 62
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
in dubio
 artículo 8
 artículo 210
 artículo 210
in dubio
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 31
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1