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Timestamp: 2018-05-21 01:31:21+00:00

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Loe_4_2000
LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
(B.O.E. 12-2-2000. Y corrección de error B.O.E. 24-1-2000) REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica. TÍTULO PRELIMINAR
1. Se considera extranjero, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad
2. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes les sea de aplicación el régimen
comunitario se regirán por la legislación de la Unión Europea, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos
aspectos que pudieran ser más favorables.
a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así como los demás miembros de
las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención del permiso de residencia. b) Los representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares, de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en España o en Conferencias internacionales que se celebren en España. c) Los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas en el párrafo a) de este artículo. TÍTULO I
1. Los extranjeros gozarán en España, en igualdad de condiciones que los españoles, de los derechos y libertades
reconocidos en el Título 1 de la Constitución y en sus leyes de desarrollo, en los términos establecidos en esta Ley
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias
vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales
de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.
1 . Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar la
documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de
procedencia, así como la que acredite su situación en España.
2. No podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley
Orgánica y en la Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a
circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con
carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un
proceso penal o de extradición en los que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como
consecuencia de sentencia firme.
2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de estado de
excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución, y excepcionalmente de forma individualizada por el
Ministro del Interior por razones de seguridad pública.
1 . Los extranjeros residentes podrán ser titulares del derecho político de sufragio en las elecciones municipales en los
términos que establezcan las leyes y los tratados.
2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, que no puedan participar en las elecciones locales,
podrán elegir de forma democrática entre ellos a sus propios representantes, con la finalidad de tomar parte en los
debates y decisiones municipales que les conciernen, conforme se determina en la legislación de régimen local.
4. Los poderes públicos favorecerán el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los procesos electorales
del país de origen. A tal efecto se adoptarán las medidas necesarias.
1. Los extranjeros que se encuentren en España podrán ejercitar, sin necesidad de autorización administrativa previa y
de conformidad con lo dispuesto en las normas que lo regulan, el derecho de reunión recogido en el artículo 21 de la
2 Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público darán comunicación previa a la
autoridad competente con la antelación prevista en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, la cual no podrá
prohibirla o proponer su modificación sino por las causas previstas en dicha Ley.
Todos los extranjeros que se encuentren en España podrán ejercer el derecho de asociación conforme a las leyes que lo
regulen para los españoles. Sólo podrán ser promotores los residentes.
1. Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los
españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la
titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas.
2 Los extranjeros tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los
españoles. En concreto, tendrán derecho a acceder a los niveles de educación infantil y superiores a la enseñanza
básica y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al acceso al sistema público de becas y
3. Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de actividades de carácter docente o de investigación
científica de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes.
Artículo 10. Derecho al trabajo ya la Seguridad Social.
1 . Los extranjeros tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como al acceso al
Sistema de la Seguridad Social, en los términos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la
2. Los extranjeros podrán acceder como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de acuerdo con
los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. A tal efecto, podrán presentarse a las ofertas
públicas de empleo que convoquen las Administraciones públicas.
1 . Los trabajadores extranjeros que se hallen en España tendrán el derecho a sindicarse libremente o afiliarse a una
organización profesional en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, de acuerdo con las leyes que lo
Artículo 12. Derecho ala asistencia sanitaria.
1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente,
tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la
contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención
hasta la situación de alta médica.
3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en
las mismas condiciones que los españoles.
4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el
Los extranjeros residentes y los que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan
habitualmente, tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas
condiciones que los españoles.
1 . Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las
mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a los generales y
básicos como a los específicos, en las mismas condiciones que los españoles.
3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán
sujetos, respecto a los ingresos obtenidos en España y a las actividades desarrolladas en la misma, a los mismos
impuestos que los españoles.
2. Los extranjeros tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier otro,
conforme a los procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad con los acuerdos
internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias.
1 . Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley
Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España.
2. Los familiares de los extranjeros que residan en España a quienes se refiere el artículo siguiente, tienen derecho a la
situación de residencia en España para reagruparse con el residente.
3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados,
conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición.
El extranjero residente tiene derecho a que se conceda permiso de residencia en España para reagruparse con él a los
siguientes parientes:
a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho o que el matrimonio se
haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los menores dependientes. b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados, de conformidad con la Ley española o su Ley personal y no se encuentren casados. Cuando se trate de hijos de uno sólo de los cónyuges, se requerirá además que éste ejerza en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España. c) Los menores de dieciocho añoso incapaces cuando el residente extranjero sea su representante legal. d) Los ascendientes del residente extranjero cuando dependan económicamente de éste y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. e) Cualquier otro familiar respecto del que se justifique la necesidad de autorizar su residencia en España por razones Los familiares extranjeros de los españoles, a los que no les fuera de aplicación la normativa sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. Garantías jurídicas
1 . Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva.
2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las
garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad
de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones.
3. En dichos procedimientos estarán legitimadas para intervenir como interesadas las organizaciones representativas
constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes.
1. Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a lo
dispuesto en las leyes.
2. El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia de extranjería será el previsto con
carácter general por la ley, salvo lo dispuesto sobre el procedimiento de expulsión de urgencia que se regulará por lo
dispuesto en esta Ley Orgánica.
1 . Los extranjeros tienen derecho a asistencia letrada de oficio en los procedimientos administrativos o judiciales que
puedan llevar a la denegación de su entrada o a su expulsión o salida obligatoria del territorio español y en todos los
procedimientos en materia de asilo. Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la
lengua oficial que se utilice.
2. Los extranjeros residentes y los que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan
habitualmente, que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica
gratuita en iguales condiciones que los españoles en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la
jurisdicción en la que se sigan.
Artículo 2l. Actos discriminatorios.
1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción,
exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional
o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político,
a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargados de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un ciudadano extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. c) Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y socioasistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. d) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. e) El empresario, con sus representantes, que lleven a cabo cualquier acción que produzca un efecto perjudicial, discriminando, aun indirectamente, a los trabajadores por su condición de extranjeros, o su pertenencia a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen injustificadamente a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad, siempre que se refieran a requisitos no esenciales para el desarrollo de la actividad laboral. Artículo 22. Aplicabilidad del procedimiento sumario.
La tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades
fundamentales podrá ser exigida por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución en los términos
1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del
pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios
internacionales suscritos por España y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en
2. Salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales suscritos por España será
preciso, además, un visado. No será exigible el visado cuando el extranjero sea titular de una autorización de residencia
en España o documento análogo que le permita la entrada en territorio español.
3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho de
asilo en el momento de su entrada en España, cuya concesión se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.
4. Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos
anteriores cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos
adquiridos por España. En estos casos, se procederá a hacer entrega al extranjero de la documentación que se
1. No podrán entrar en España, ni obtener un visado a tal fin, los extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure
la prohibición de entrada, así como aquellos que tengan prohibida la entrada en algún país con el que España tenga
firmado convenio en tal sentido.
2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada, les será denegada mediante resolución
motivada, con información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante
quien deben formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada.
1. El visado será expedido por las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España y excepcionalmente, por
motivos humanitarios, de colaboración con la Justicia o de atención sanitaria, podrá eximirse por el Ministerio del Interior
de la obligación de obtener el visado a los extranjeros que se encuentren en territorio español y cumplan los requisitos
para obtener un permiso de residencia. Cuando la exención se solicite como cónyuge de residente, se deberán reunir
las circunstancias del artículo 17 y acreditar la convivencia al menos durante un año y que el cónyuge tenga
autorización para residir al menos otro año.
2. La concesión del visado se regulará reglamentariamente. Para su concesión se tendrá en cuenta la satisfacción de
los intereses nacionales de España, así como los compromisos internacionales asumidos por España.
Reglamentariamente se establecerán las causas que pueden motivar la denegación del visado. En el procedimiento
podrá requerirse la comparecencia personal del solicitante.
3. La denegación deberá ser expresa y motivada e indicar los recursos que procedan. Excepcionalmente y con carácter
temporal, el Gobierno podrá establecer para los nacionales de un determinado país, o procedentes de una zona
geográfica, supuestos en los que la denegación no ha de ser motivada. Cuando se trate de visados de residencia
solicitados por personas que invocan ser titulares de un derecho subjetivo a residir en España reconocido por el
ordenamiento jurídico, la denegación deberá ser, en todo caso, motivada.
4. La tramitación sobre concesión o denegación de permisos y visados regulados en esta Ley, tendrá un plazo máximo
de resolución de tres meses a contar desde la fecha de solicitud o, en su caso, de la fecha de aportación de la
documentación preceptiva.
1. Las salidas del territorio español podrán realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Código Penal y en
2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podrá prohibir la salida del territorio español por razones de seguridad
nacional o de salud pública. La instrucción y resolución de los expedientes de prohibición tendrá siempre carácter
c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio
español, salvo que la solicitud se hubiere realizado al amparo del artículo 29.3. Situaciones de los extranjeros
Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia, residencia temporal y residencia
2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga de estancia o un permiso
1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a noventa días e
inferior a cinco años. Las autorizaciones de duración inferior a los cinco años podrán prorrogarse a petición del
interesado si concurren circunstancias análogas a las que motivaron su concesión. La duración de las autorizaciones de
residencia temporal y de sus prórrogas se establecerá reglamentariamente.
2. La situación de residencia temporal se concederá al extranjero que acredite disponer de medios de vida suficientes
para atender a los gastos de manutención y estancia de su familia, durante el período de tiempo por el que la solicite sin
necesidad de realizar actividad lucrativa, se proponga realizar una actividad económica por cuenta propia habiendo
solicitado para ello las licencias o permisos correspondientes, tenga una oferta de contrato de trabajo a través de
procedimiento reglamentariamente reconocido o sea beneficiario del derecho a la reagrupación familiar.
3 Igualmente podrá acceder a la situación de residencia temporal el extranjero que acredite una estancia ininterrumpida
de dos años en territorio español, figure empadronado en un municipio en el momento en que formule la petición y
cuente con medios económicos para atender a su subsistencia.
4 Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o
en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español y no figurar como rechazable
en el espacio territorial del Tratado de Schengen. No será obstáculo para obtener o renovar la residencia haber cometido
delito en España si ha cumplido la condena, ha sido indultado o está en situación de remisión condicional de la pena.
5. Los extranjeros con permiso de residencia temporal vendrán obligados a poner en conocimiento del Ministerio del
Interior los cambios de nacionalidad y domicilio.
1. La residencia permanente es la situación que autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de
2. Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante cinco años. Con carácter
reglamentario y excepcionalmente se establecerán los criterios para que no sea exigible el citado plazo en supuestos de
especial vinculación con España.
Artículo 3l. Residencia de apátridas y refugiados.
1. Los extranjeros que carezcan de documentación personal, y acrediten que el país de su nacionalidad no le reconoce
la misma, podrán ser documentados con una tarjeta de identidad, reconociéndoseles y aplicándoseles el Estatuto de
Apátrida, conforme al artículo 27 de la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, gozando del régimen específico que
se determine reglamentariamente.
2. Los extranjeros desplazados que sean acogidos en España por razones humanitarias o a consecuencia de un
acuerdo o compromiso internacional, así como los que tuviesen reconocida la condición de refugiado, obtendrán la
correspondiente autorización de residencia.
1 . Se considerará regular a todos los efectos a residencia de los menores que sean tutelados por una Administración
pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela, se le otorgará un permiso de residencia, cuyos efectos se
retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección
2. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen a una persona indocumentada, respecto de la
que no pueda ser establecido con exactitud si es mayor o menor de edad, lo pondrán en conocimiento de los Juzgados
de Menores para la determinación de la identidad, edad y comprobación de las circunstancias personales y familiares.
Determinada la edad y demás datos a que se ha hecho mención, si se tratase de un menor, la Administración
competente resolverá lo que proceda sobre el retorno o no a su lugar de origen o sobre la situación de su permanencia
1. Los extranjeros mayores de dieciséis años que deseen ejercer cualquier actividad lucrativa laboral o profesional en
España deberán obtener una autorización administrativa para trabajar o el permiso de trabajo.
2. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión para la que se exija
una titulación especial, la concesión del permiso se condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título
correspondiente. También se condicionará a la colegiación, si las leyes así lo exigiesen.
3. Los empleadores que contraten a un trabajador extranjero deberán solicitar y obtener autorización previa del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. La carencia de la correspondiente autorización para contratos por parte del empleador,
sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del
Para la realización de actividades económicas por cuenta propia, en calidad de comerciante, industrial, agricultor o
artesano, habrá de acreditar haber solicitado la autorización administrativa correspondiente y cumplir todos los requisitos
que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.
2. Para la concesión inicial del permiso de trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la
situación nacional de empleo.
3. El permiso de trabajo tendrá una duración inferior a cinco años y podrá limitarse a un determinado territorio, sector o
4. El permiso de trabajo podrá renovarse a su expiración si persiste o se renueva el contrato u oferta de trabajo que
motivaron su concesión inicial o cuando se cuente con una nueva en los términos que se establezcan
reglamentariamente. A partir de la primera concesión, los permisos se concederán sin limitación alguna de ámbito
geográfico, sector o actividad.
5. Transcurridos cinco años desde la concesión del primer permiso de trabajo y las prórrogas correspondientes, el
permiso adquirirá carácter permanente.
1. Tendrán derecho al permiso de trabajo los extranjeros que obtengan el permiso de residencia por el procedimiento
previsto en el artículo 29.3. Tendrá la duración de un año y se renovará mientras sigan las mismas circunstancias.
2. Asimismo se renovarán automáticamente sin la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 35.4 los permisos de trabajo y las autorizaciones administrativas para trabajar, en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias a) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiere otorgado una prestación contributiva por desempleo, por el tiempo de duración de dicha prestación. b) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral durante el plazo de duración de la misma.
El Gobierno, previa audiencia del Consejo Superior de Política de Inmigración y de las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas, establecerá anualmente un contingente de mano de obra en el que se fijará el número y las características de las ofertas de empleo que se ofrecen a los trabajadores extranjeros no residentes en España, con indicación de los sectores y actividades profesionales.
1. Las ofertas de empleo que puedan realizar los empresarios a trabajadores extranjeros son independientes del
2. No será necesario considerar la disponibilidad de plazas en el contingente cuando el contrato de trabajo o la oferta de a) Cubrir puestos de confianza. b) Se trate del cónyuge o hijo de extranjero residente en España. c) Se trate del titular de una autorización previa de trabajo que pretenda su renovación. d) Los trabajadores necesarios para el montaje o reparación de una instalación o equipos productivos. e) Los que hubieran gozado de la condición de refugiado durante el año siguiente a la fecha de la pérdida de tal
a) Los técnicos y científicos extranjeros, invitados o contratados por el Estado. b) Los profesores extranjeros invitados o contratados por una universidad española. c) El personal directivo y el profesorado extranjeros, de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas. d) Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española. e) Los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente acreditados, para el ejercicio de la Los miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados por el Estado. g) Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada. h) Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes Iglesias y Confesiones, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a funciones estrictamente religiosas. Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su actividad a funciones estrictamente sindicales.
1. Se concederá la autorización de admisión y residencia en España por razones de estudio a los extranjeros que hayan
sido admitidos en un centro docente, público o privado oficialmente reconocido.
2. La duración de la autorización de residencia será igual a la del curso para el que esté matriculado en el centro al que
asista el titular.
3. La autorización se prorrogará anualmente si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para
la expedición de la autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos por el centro de enseñanza al que asiste.
4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio no estarán autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta
propia ni ajena. Sin embargo, en la medida en que ello no limite la prosecución de los estudios, y en los términos que
reglamentariamente se determinen, podrán ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración determinada.
5. La realización de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento en la misma mientras se
mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se regularán de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos
internacionales sobre colocación «au pair».
1. El Gobierno regulará reglamentariamente el permiso de trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de
temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional de acuerdo con las características de
las citadas campañas.
2 Las Administraciones públicas velarán para que los trabajadores temporeros sean alojados en viviendas con
condiciones de dignidad e higiene adecuadas y promoverán la asistencia de los servicios sociales adecuados para
organizar su atención social durante la temporada o campaña para la que se les conceda el permiso de trabajo.
Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su
lugar de residencia diariamente, o, al menos, una vez a la semana, deberán obtener la correspondiente autorización
administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general.
La autorización administrativa expedida a los ciudadanos extranjeros para trabajar en España, por cuenta propia o ajena,
constituye el hecho imponible de una tasa.
1. Vendrán directamente obligados al pago de la tasa los empleadores a quienes se autorice el empleo inicial o la
renovación de la autorización para el empleo de un trabajador extranjero en los casos de trabajo por cuenta ajena y el
propio trabajador cuando lo sea por cuenta propia.
Reglamentariamente se establecerá la cuantía de las tasas teniendo en cuenta la clase de autorización, inicial o
renovación, su naturaleza, cuenta propia o ajena, así como su duración.
El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la presente Ley
Orgánica, se ajustará a la dispuesto en la misma y en sus disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen
1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes sean autores o participen en cualquiera de las infracciones
tipificadas en los artículos siguientes.
2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica se clasifican en leves, graves y muy
a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable. b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado. c) Encontrarse trabajando sin haber solicitado permiso de trabajo, cuando se cuente con permiso de residencia temporal, o cuando éste se le haya denegado.
a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la
prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos, cuando fueren exigibles, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de los mismos en dicho plazo. b) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado permiso de trabajo o autorización administrativa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida. c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que se produzcan en su nacionalidad o domicilio. d) La entrada en territorio español careciendo de la documentación o de los requisitos exigibles, por lugares que no sean los pasos habilitados o contraviniendo las prohibiciones de entrada legalmente previstos. e) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de residencia obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de seis meses anteriores hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza. g) La participación por el extranjero en la realización de actividades ilegales.
a) Participar en actividades contrarias ala seguridad exterior del Estado o realizar cualquier tipo de actividades que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países. b) Participar en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica sobre c) el, Inducir, promover, favorecer o facilitar, formando parte de una organización con ánimo de lucro, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español. d) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 21 de la presente Ley. e) La contratación o utilización habitual de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización para contratarlos. La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de dos años anteriores hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos siguientes
2. Corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades uniprovinciales, la
imposición de las sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica.
3. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta la capacidad económica y el
grado de voluntariedad del infractor.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las
impuestas por infracciones leves al año.
3. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no empezará a contar hasta que
haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución con un máximo de diez años.
1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados d), e) y g) del artículo 49 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo. 2. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta excepto en los casos de reincidencia en infracciones muy graves a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años. b) Los que tengan reconocida la residencia permanente, salvo que estén inmersas en los apartados a), b), c) y f) c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española. d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral, salvo que la sanción se proponga por haber realizado alguna de las infracciones reconocidas en los apartados a), b), c) y f) del artículo 50 y g) del artículo 49. 3. Tampoco podrán ser expulsados los cónyuges de los extranjeros, ascendientes e hijos menores o incapacitados a
cargo del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y hayan residido
legalmente en España durante más de dos años, ni las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un
riesgo para la gestación o para la salud de la madre.
4. Cuando el extranjero se encuentre encartado en un procedimiento por delitos castigados con penas privativas de
libertad inferiores a seis años, el Juez podrá autorizar, previa audiencia del Fiscal, su salida del territorio español,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o su expulsión, si ésta
resultara procedente de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores del presente artículo, previa sustanciación
del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.
En el supuesto de que se trate de extranjeros no residentes legalmente en España y que fueren condenados por
sentencia firme, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal.
1. Toda expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un período mínimo de tres años y
máximo de diez.
b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 4.1 de la Ley
5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado.
4. El retorno acordado en aplicación de la letra a) del apartado 2, conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de
prohibición de entrada que hubiese acordado la orden de expulsión quebrantada. Asimismo, en este supuesto, cuando el
retorno no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, la autoridad gubernativa podrá solicitar de la autoridad
judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión.
1. El extranjero que haya cruzado la frontera española fuera de los pasos establecidos al efecto o no haya cumplido con
su obligación de declarar la entrada y se encuentre irregularmente en España o trabajando sin permiso, sin
documentación o documentación irregular, por haber sido víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de
seres humanos, inmigración ilegal, o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de
su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a las
autoridades competentes a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con los funcionarios
policiales competentes en materia de extranjería, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el
proceso correspondiente contra aquellos autores.
2. Los órganos administrativos competentes encargados de la instrucción del expediente sancionador harán la propuesta
oportuna a la autoridad que deba resolver.
3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar a su elección, el
retorno a su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como permiso de trabajo y facilidades para
su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
4 Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución de
expulsión, aparezca en un procedimiento pena¡ como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su
presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad gubernativa competente a los
efectos de que se valore la inejecución de su expulsión y, en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta última, se
procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo necesario para poder
practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley
Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
1 . Los extranjeros a los que en frontera no se les permita el ingreso en el país serán retornados a su punto de origen en
el plazo más breve posible. La autoridad gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al Juez de Instrucción si el retorno
fuera a retrasarse más de setenta y dos horas para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta que
llegue el momento del retorno.
2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios
sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho
3. El extranjero durante su internamiento se encontrará en todo momento a disposición de la autoridad judicial que lo
autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación de
los extranjeros internados.
4. La detención de un extranjero a efectos de retorno será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la
Embajada o Consulado de su país.
Excepcionalmente, la autoridad gubernativa podrá aplicar provisionalmente a los extranjeros que se encuentren en
España y se les abra un expediente sancionador, la obligación de presentarse periódicamente en las dependencias que
se indiquen. Igualmente podrá acordar la retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa
entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida.
1. Cuando el expediente se refiera a extranjeros por las causas comprendidas en los apartados a), b) y c) del artículo 50
así como el g) del artículo 49, en el que se vaya a proponer la expulsión del afectado, la autoridad gubernativa podrá
proponer al Juez de Instrucción competente correspondiente que disponga su ingreso en un centro de internamiento en
tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador. La decisión judicial en relación con la solicitud de
internamiento del extranjero pendiente de expulsión se adoptará en auto motivado, previa audiencia del interesado.
2. El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que en ningún caso
pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un
mismo expediente. La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso,
podrá fijar un período máximo de duración del internamiento inferior al citado.
3. Los menores en los que concurran los supuestos previstos para el internamiento serán puestos a disposición de los
servicios competentes de protección de menores. El Juez, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá autorizar
su ingreso en los centros de internamiento de extranjeros cuando también lo estén sus padres o tutores, lo soliciten
éstos y existan módulos que garanticen la intimidad familiar.
4. La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente
de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada o Consulado de su
1. Las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. El régimen
de ejecutividad de las mismas será el previsto con carácter general.
2. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los recursos procedentes, tanto en vía
administrativa como jurisdiccional, a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, o de
organizaciones de asistencia a la emigración debidamente apoderadas, quienes los remitirán al organismo competente.
1. El Gobierno llevará a cabo una observación permanente de las magnitudes y características más significativas del
fenómeno inmigratorio con objeto de analizar su impacto en la sociedad española y facilitar una información objetiva y
contrastada que evite o dificulte la aparición de corrientes xenófobas o racistas.
2. El Gobierno unificará en Oficinas provinciales los servicios existentes, dependientes de diferentes órganos de la
Administración del Estado con competencia en inmigración, al objeto de conseguir una adecuada coordinación de su
3. El Gobierno elaborará planes, programas y directrices sobre la actuación de la Inspección de Trabajo previa al
procedimiento sancionador destinados especialmente a comprobar el cumplimiento del principio de igualdad y no
discriminación de los trabajadores extranjeros, así como el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de permiso
de trabajo de extranjeros, todo ello sin perjuicio de las facultades de planificación que correspondan a las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de ejecución de la legislación laboral.
1. Para asegurar una adecuada coordinación de las actuaciones de las Administraciones públicas con competencias
sobre la integración de los inmigrantes se constituirá un Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que
participarán representantes del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los municipios.
2. Dicho órgano establecerá las bases y criterios sobre los que se asentará una política global en materia de integración
social y laboral de los inmigrantes, para lo cual recabará información y consulta de los órganos administrativos, de
ámbito estatal o autonómico, así como de los agentes sociales y económicos implicados con la inmigración y la
defensa de los derechos de los extranjeros.
Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los
sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social,
facilitándoles recursos materiales y ayuda económica, tanto a través de los programas generales, como en relación con
sus actividades específicas.
1. El Foro para la Inmigración, constituido, de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las Administraciones
públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de las organizaciones sociales de apoyo, entre ellas los sindicatos de
trabajadores y organizaciones empresariales con interés e implantación en el ámbito inmigratorio, constituye el órgano
de consulta, información y asesoramiento en materia de inmigración.
2. Reglamentariamente se determinará su composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción
Las solicitudes de prórroga del permiso de residencia así como la renovación del permiso de trabajo que se formulen por
los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se resolverán en el plazo máximo de tres meses
contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la
Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas.
El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se
encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión
permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años.
Los distintos permisos o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España a las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el
que hubieren sido expedidas.
Los procedimientos administrativos en curso se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el
momento de la iniciación, salvo que el interesado solicite la aplicación de la presente Ley.
Queda derogada la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y
cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.
El apartado 1 del artículo 312 del Código Penal queda redactado de la forma siguiente
«Artículo 312. 1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.» Disposición final segunda. Inclusión de un nuevo Título XV bis en el Código Penal. Se introduce un nuevo Título XV bis con la siguiente redacción «Título XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Artículo 318 bis. 1. Los que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a España serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. 2. Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de lucro, o empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de necesidad de la víctima, serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 3. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las previstas en los apartados anteriores, cuando en la comisión de los hechos se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas o la víctima sea menor de edad. 4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la inhabilitación absoluta de seis a doce años incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. 5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio que se dedicare a la realización de tales actividades.» Disposición final tercera. Modificaciones en los artículos 5 15, 5 17 y 5 18 del Código Penal.
1. Se añade un nuevo apartado 6.º en el artículo 515 con la siguiente redacción
«6º Las que promuevan el tráfico ilegal de personas.» 2. Se modifica el primer párrafo del artículo 517, que quedará redactado de la siguiente forma «En los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 se impondrán las siguientes penas:» 3. Se modifica el artículo 518, que quedará redactado de la siguiente forma «Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515, incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo de cargo público por tiempo de uno a cuatro años.»
Los preceptos contenidos en los artículos 10, 12, 13 y 14 no tienen carácter orgánico, habiendo sido dictados en
ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución.
El Gobierno, en el marco de lo previsto en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, adoptará cuantas
medidas fueran precisas para mantener la exactitud y la actualización de los datos del sistema de información de
Schengen, facilitando el ejercicio del derecho a la rectificación o supresión de datos a las personas cuyos datos figuren
Desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para informar a los
funcionarios de las diversas Administraciones públicas, a los directivos de asociaciones de inmigrantes, a los Colegios
de Abogados, a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales de los cambios que sobre la aplicación de la
normativa anterior supone la aprobación de esta Ley Orgánica.
El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para hacer frente a los gastos originados por la aplicación y desarrollo
Source: http://octavianmp.home.ro/Docs/LOE_4_2000.pdf
Dip_fuentes_del_dip_lca
Fuentes del Derecho Internacional Luis L. Córdova Arellano FUENTES DEL DIP Por Luis Córdova, Profesor de la Facultad de Derecho-UNAM [email protected] SUMARIO.- A.- Fuentes del DIP conforme al artículo 38 del ECIJ.- 1.- Introducción.- Internacionales.- 4.- Principios Generales del Derecho (PGD).- 5.- Decisiones Judiciales y Doctrinas.- B.- Otras Fuentes del DIP no co

References: artículo 21

Artículo 10

Artículo 12
 resolución 

Artículo 2
 Artículo 22
 artículo 53
 resolución

 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 29

Artículo 3
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 35
 artículo 21
 resolución 
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 49
 artículo 89
 artículo 4
 resolución 
 artículo 50
 artículo 49
 resolución 
 artículo 312
 Artículo 318
 artículo 515
 artículo 517
 artículo 515
 artículo 518
 artículo 515
 artículo 149
 artículo 38