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BOE.es - Documento BOE-A-2009-17181
Documento BOE-A-2009-17181
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 262, de 30 de octubre de 2009, páginas 90534 a 90574 (41 págs.)
https://www.boe.es/eli/es-ct/dlg/2009/07/21/1
Barcelona, 21 de julio de 2009.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla i Aguilera.–El Consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar i Albesa.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 5430, de 28 de julio de 2009)
a)	Residuo: cualquier sustancia u objeto del que su poseedor o su poseedora se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse.
b)	Persona productora: cualquier persona, física o jurídica, cuya actividad produzca residuos como productor o productora inicial y cualquier persona, física o jurídica, que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de estos residuos.
c)	Persona poseedora: la persona productora de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y no tenga la condición de gestor o gestora de residuos.
d)	Gestión: la recogida, el transporte, el almacenaje, la valorización, la eliminación y la comercialización de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la vigilancia de los lugares de descarga después de su clausura o cierre. No se considera gestión de residuos la operación de reciclaje en el origen de los residuos que se reincorporan al proceso productivo que los ha generado.
e)	Rechazo: residuos o fracciones no valorizables.
f)	Valorización: cualquiera de los procesos enumerados por el anexo II.B de la Decisión de la Comisión 96/350/CEE, de 24 de mayo, por la que se adaptan los anexos II.A y II.B de la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos, y publicados en el anexo 1.B de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
g)	Eliminación: cualquiera de los procesos enumerados por el anexo II.A de la Decisión de la Comisión 96/350/CEE y publicados en el anexo 1.A de la Orden MAM/304/2002.
a)	Recogida: la operación consistente en recoger, clasificar o agrupar residuos para transportarlos.
b)	Transporte: la operación de traslado de los residuos desde el lugar de recogida hasta las plantas de reciclaje, tratamiento o eliminación.
c)	Almacenaje: la operación de depósito temporal de los residuos, previa a las operaciones de reciclaje, tratamiento o eliminación.
d)	Comercialización: la operación de venta o transferencia de subproductos y materias o sustancias recuperadas para reincorporarlas al proceso productivo.
a)	Residuos municipales: residuos generados en los domicilios particulares, los comercios, las oficinas y los servicios, y también los que no tienen la consideración de residuos especiales y que por su naturaleza o composición se pueden asimilar a los que se producen en dichos lugares o actividades. Tienen también la consideración de residuos municipales los residuos procedentes de la limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; los animales domésticos muertos; los muebles, los utensilios y los vehículos abandonados; los residuos y los derribos procedentes de obras menores y reparación domiciliaria.
b)	Subproductos: los residuos que se pueden utilizar directamente como materias primas de otras producciones o como sustituto de productos comerciales y que son recuperables sin necesidad de someterlos a operaciones de tratamiento.
c)	Reciclaje: las operaciones de recuperación de los productos o sustancias contenidas en los residuos.
d)	Tratamiento: la operación o conjunto de operaciones de cambio de características físicas, químicas o biológicas de un residuo con el fin de reducir o neutralizar las sustancias peligrosas que contiene, recuperar materias o sustancias valorizables, facilitar el uso como fuente de energía o favorecer la eliminación.
e)	Depósito controlado: la instalación de eliminación de los residuos que se utiliza para su deposición controlada en la superficie o bajo tierra.
f)	Desechería: el centro de recepción y almacenaje, selectivos, de residuos municipales que no son objeto de recogida domiciliaria.
g)	Residuos comerciales: residuos municipales generados por la actividad propia del comercio al detalle y al por mayor, la hostelería, los bares, los mercados, las oficinas y los servicios. Son equiparables a esta categoría, a los efectos de la gestión, los residuos originados en la industria que tienen la consideración de asimilables a los municipales de acuerdo con lo que establece esta Ley.
h)	Centro de recogida y transferencia: instalación en la que se descargan y almacenan los residuos para transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento previo.
i)	Residuos industriales: materiales sólidos, gaseosos o líquidos resultantes de un proceso de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo o de limpieza la persona productora o poseedora de los cuales tiene voluntad de desprenderse y que, de acuerdo con esta Ley, no puedan ser considerados residuos municipales.
j)	Valorización material: cualquier procedimiento, incluido el reciclaje, que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, excluida la utilización de los residuos como fuente de energía.
3. El planeamiento general urbanístico se adaptará a las determinaciones establecidas por el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales. En los casos en que el planeamiento no se haya adaptado, se puede formular y aprobar un plan especial urbanístico de acuerdo con lo que establece el artículo 67.1.e) de la Ley de Urbanismo de Cataluña.
a)	La aplicación de las mejores tecnologías disponibles que favorezcan la reducción de los residuos, la concentración, el ahorro de recursos naturales y energía, y que reduzcan los riesgos para el medio y la salud de las personas.
b)	La fabricación, la comercialización y el uso de productos cuyo ciclo de vida permita recuperarlos o reutilizarlos como subproductos o materias primas.
c)	La aplicación de las mejores tecnologías disponibles para el tratamiento de las materias o sustancias peligrosas contenidas en los residuos.
d)	Las administraciones públicas catalanas velarán para que en la redacción de las prescripciones técnicas de la contratación pública se apliquen criterios de sostenibilidad y protección ambiental, y fomentarán, cuando sea posible, la compra de productos procedentes de la valorización de residuos.
Artículo 19. Espacios degradados y suelos contaminados.
a)	Que están obligadas a asumir el coste de las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos contaminados y los espacios degradados y, en su caso, a elaborar a su cargo los estudios de investigación y análisis de riesgo necesarios para determinar estas operaciones, las personas siguientes:
Primero.–Las causantes de la contaminación, que responderán de manera solidaria en caso de que se trate de más de una persona.
Segundo.–Subsidiariamente a las anteriores, y por este orden, las personas poseedoras de los terrenos y las personas propietarias no poseedoras, que responderán de manera solidaria en caso de que se trate de más de una persona.
b)	Que las medidas de limpieza y recuperación de un suelo contaminado se llevarán a cabo de la manera y en los plazos que establezca la declaración de suelo contaminado.
c)	Que las actuaciones de regeneración serán ordenadas por el ayuntamiento, o, en su caso, por el consejo comarcal, donde esté emplazado el espacio degradado.
d)	Que la acción de gobierno de la Generalidad encaminada a la regeneración de los espacios degradados de Cataluña se llevará a término asistiendo a los entes locales y cooperando y, si eso no es suficiente, aplicando la subrogación o la ejecución subsidiaria que establece el artículo 151 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
e)	Que las personas causantes de la contaminación de un emplazamiento quedan obligadas a sanearlo en función del uso urbanístico que tenía cuándo lo transmitieron. No se pueden requerir medidas de saneamiento complementarias vinculadas a los nuevos usos urbanísticos del suelo, a menos que hayan sido promovidos por ellas mismas.
Artículo 20. Limitación de derechos incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación.
c)	Las otras impuestas por esta Ley y por las disposiciones específicas o complementarias que regulen determinadas categorías de residuos.
a)	Obtener previamente las licencias y las autorizaciones preceptivas para la construcción de las instalaciones y el ejercicio de las actividades.
b)	Constituir y depositar una fianza suficiente para cumplir las obligaciones adquiridas en relación al desarrollo de la actividad y para pagar las sanciones impuestas de acuerdo con lo que dispone esta Ley y, en su caso, suscribir la póliza de seguro correspondiente para responder de los daños y perjuicios ocasionados y para regenerar los recursos naturales o los espacios degradados.
c)	Circunscribir la actividad, en su caso, a las áreas o las zonas territoriales prefijadas.
d)	Las otras impuestas específicamente por esta Ley y por las disposiciones particulares o complementarias que regulen determinadas categorías de residuos.
Artículo 30. Operaciones de eliminación de los residuos.
a)	Instalaciones que llevan a cabo operaciones de gestión de residuos especiales declaradas servicio público de titularidad de la Generalidad.
b)	Instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos municipales incluidas en el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
a)	Un fondo consistente en un porcentaje del presupuesto total de la obra que haya que hacer para la implantación de la nueva instalación de gestión de residuos.
b)	Un fondo consistente en una aportación económica anual de carácter variable, determinada en función del sistema de la instalación, de la tipología de los residuos y del número de toneladas que la instalación trata anualmente.
c)	Los vocales siguientes: nueve personas representantes de los departamentos de la Generalidad, nombradas por el Gobierno; siete personas representantes de los entes locales de Cataluña, entre las cuales una es designada por la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos y seis son designadas por las dos asociaciones de entes locales más representativas de Cataluña; el director o la directora general de Calidad Ambiental; el director o la directora de la Agencia de Residuos de Cataluña; el gerente o la gerente de la Agencia Catalana del Agua; dos personas representantes sindicales, designadas por los sindicatos más representativos; dos personas representantes empresariales, designadas por las asociaciones empresariales más representativas; un representante o una representante de la Asociación Catalana de Industrias de Tratadores de Residuos Especiales; un representante o una representante del Consejo de Cámaras de Cataluña; una persona experta en materia de residuos, nombrada por el consejero o la consejera del departamento competente en materia de medio ambiente; dos personas representantes de las entidades ecologistas de Cataluña, nombradas por el consejero o consejera del departamento competente en materia de medio ambiente; dos personas representantes de las organizaciones más representativas de personas consumidoras y usuarias de Cataluña, nombradas por el consejero o la consejera del departamento competente en materia de medio ambiente; un representante o una representante de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, y dos personas designadas por las organizaciones profesionales agrarias más representativas.
a)	Los proyectos de instalaciones que ejecute la Agencia de Residuos de Cataluña.
b)	Los criterios de identificación y caracterización de los residuos especiales.
c)	Los programas específicos para reducir la producción de residuos especiales.
d)	Cualquier otra que sometan a su consideración la Agencia de Residuos de Cataluña o el Gobierno.
a)	El ejercicio de actividades sin obtención de licencia, autorización, permiso, concesión o declaración de impacto ambiental, o incumpliendo las condiciones impuestas, si fuera determinante de daños o perjuicios reales al medio ambiente.
b)	Las acciones y las omisiones siguientes, si por las circunstancias que concurren generan daños reales o potenciales muy graves para la salud humana o el medio ambiente:
c)	El incumplimiento de programas de prevención o de restauración de las consecuencias que la actividad comporta para el medio ambiente.
d)	El tráfico o la comercialización de residuos industriales especiales realizados por personas no autorizadas.
e)	El abandono, el vertido o la constitución de depósitos no autorizados de residuos industriales especiales.
f)	La recogida y el transporte de residuos industriales especiales, con incumplimiento de las prescripciones legales o reglamentarias.
g)	La vulneración de medidas cautelares o urgentes adoptadas para la Administración con el fin de evitar daños o perjuicios, incluso presuntos, para el medio ambiente.
h)	La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos o concesiones.
i)	La reincidencia en infracciones graves.
a)	El ejercicio de actividades de producción y de gestión de residuos sin obtención de licencias, autorizaciones, permisos o concesiones o incumpliendo las condiciones impuestas, si no hubiera determinado daño o perjuicio para el medio ambiente, y no fuera calificado de infracción muy grave.
b)	La omisión de constituir fianzas o garantías de cualquier clase previamente al ejercicio de actividades que afectan al medio ambiente, en la cuantía y forma legales o reglamentarias exigidas en cada caso.
c)	El incumplimiento de obligaciones documentales, como libros de registro, declaraciones, certificaciones o similares de carácter preceptivo.
d)	La obstrucción de la actividad de control o inspectora de la Administración.
e)	El abandono de residuos y desechos de cualquier naturaleza y la constitución de depósitos de residuos no legalizados.
f)	La gestión de los residuos sanitarios, tanto en las operaciones intracentro como extracentro sanitario, incumpliendo las condiciones establecidas en las licencias y las autorizaciones sin la aplicación de las medidas necesarias de asepsia, inocuidad y seguridad.
g)	La negativa o el retraso en la instalación de medidas correctoras de control o de seguridad establecidas en cada caso.
h)	La puesta en funcionamiento de aparatos, instrumentos mecánicos o vehículos precintados por razón de incumplimiento de las determinaciones sobre gestión de los residuos.
i)	El incumplimiento de las condiciones impuestas por las autorizaciones, las licencias o los permisos para el ejercicio de actividades a las explotaciones ganaderas con respecto a la gestión de los animales muertos y los excrementos sólidos y líquidos.
j)	La reincidencia en faltas leves.
a)	Cualquier acción u omisión que infrinja disposiciones contenidas en las normas sectoriales de rango legal y no resulte tipificada como infracción muy grave o grave en esta Ley o en las de carácter sectorial.
b)	El abandono realizado por personas particulares de objetos, residuos u otros desechos fuera de los lugares autorizados.
c)	La demora no justificada en la aportación de informes o documentos, en general, solicitados por la Administración en su cometido de control de actividades.
a)	Infracciones leves, hasta 60.000 euros.
b)	Infracciones graves, hasta 600.000 euros.
c)	Infracciones muy graves, hasta 1.200.000 euros.
El presidente o la presidenta de la Agencia de Residuos de Cataluña, hasta 300.500 euros.
2. Los límites de la potestad sancionadora de los órganos a que se refiere el apartado 1 para infracciones graves y leves son, respectivamente, el 50 % y el 5 % de las cuantías establecidas para las infracciones muy graves.
a)	La afectación de la salud y la seguridad de las personas.
b)	La alteración social a causa del hecho infractor.
c)	La gravedad del daño causado en el sector o el área ambiental protegida.
d)	La superficie afectada y su deterioro.
e)	La posibilidad de reparación o restablecimiento de la realidad fáctica.
f)	El beneficio derivado de la actividad infractora.
a)	El grado de malicia de la persona causante de la infracción.
b)	El grado de participación en el hecho por título diferente del anterior.
c)	La capacidad económica de la persona infractora.
Artículo 124. Ejecución subsidiaria.
Los entes locales que en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2008, de 10 de julio, eran beneficiarios del fondo económico en los términos establecidos por el apartado 2.a) del artículo 32 continúan teniendo esta condición.
Fecha de entrada en vigor: 29/07/2009
el art. 24.1.b), por Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril (Ref. BOE-A-2020-5650).
el art. 24.1.b) y SE AÑADE la disposición adicional 4 , por Ley 5/2020, de 29 de abril (Ref. BOE-A-2020-5569).
SE DEROGA el art. 79 y SE MODIFICA y SE AÑADE determinados preceptos, por Ley 5/2017, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-2017-7353).
determinados preceptos y SE AÑADE los arts. 77 bis, 80 bis, 91 bis, 91 ter y 103 bis, por Ley 3/2015, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2015-3637).
determinados preceptos y SE AÑADE el art. 21 ter, por Ley 2/2014, de 27 de enero (Ref. BOE-A-2014-2999).
el art. 30, por Ley 5/2012, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-2012-4730).
Ley 9/2008, de 10 de julio (Ref. BOE-A-2008-13532).
Ley 15/2003, de 13 de junio (Ref. BOE-A-2003-14568).
Ley 11/2000, de 13 de noviembre (Ref. BOE-A-2000-22305).

References: artículo 67

Artículo 19
 artículo 151

Artículo 20

Artículo 30

Artículo 124
 artículo 32