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Timestamp: 2020-04-05 00:19:10+00:00

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Sentencia nº 1588 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 477072694
Número de Expediente: 13-0757
Consta en autos que, el 09 de agosto de 2013, el abogado J.C.P.-Rísquez, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 41.184, en carácter de apoderado judicial de CARACAS BASE BALL CLUB C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 03 de septiembre de 1970, bajo el n.° 57, tomo 74-A-Pro, solicitó, ante esta Sala, la revisión constitucional, de la sentencia n° 0469 que dictó la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 20 de junio de 2013, mediante la cual declaró con lugar el recurso de casación que interpuso el ciudadano G.J.M., portador de la cédula de identidad n° 3.623.903, contra la decisión que dictó el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 10 de octubre de 2011, donde se había declarado con lugar el recurso de apelación que interpuso la representación judicial de la solicitante de revisión, se revocó el acto de juzgamiento que dictó el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio de la misma Circunscripción Judicial y se desestimó la pretensión de cobro de prestaciones sociales y otras acreencias laborales que incoó el referido ciudadano en su contra; en consecuencia, se anuló el fallo objeto del recurso y se declaró parcialmente con lugar dicha pretensión laboral.
El 14 de agosto de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
El 23 de septiembre de 2013, el ciudadano G.J.M., con la asistencia de abogado, consignó escrito continente de una serie de alegaciones dirigidas en contra de la medida cautelar que fue requerida con la solicitud de revisión, consistente en la suspensión de la ejecución de la decisión que forma su objeto, así como contra la misma solicitud.
El 17 de octubre de 2013, en virtud de la licencia otorgada al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se reconstituyó la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta; Magistrado Juan José Mendoza Jover, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos, según consta del Acta de Instalación correspondiente. Se ratificó la ponencia del expediente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
1.1. El 02 de agosto de 2010, el ciudadano G.J.M. incoó pretensión de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales contra su representada. En la demanda sostuvo que era médico traumatólogo, que prestó sus servicios profesionales para el equipo “Leones del Caracas” en las temporadas comprendidas entre el 04 de octubre de 1981 hasta el 12 de octubre de 2009, salvo la correspondiente al año 1990-1991, en virtud de que las partes pactaron una supuesta suspensión de la relación laboral, para estudios de cuarto nivel en la ciudad de Londres (Inglaterra), por lo cual alegó una relación laboral de 28 años.
1.2 “El Actor [sic] afirmó que sus labores consistían en ‘brindar servicios de asistencia, prevención y curación a los jugadores profesionales que conformaban el equipo’ durante las temporadas de beisbol profesional, las cuales supuestamente oscilaban entre 4 o 5 meses –dependiendo si el equipo pasa las eliminatorias- en el período comprendido de octubre a febrero, durante los días martes a domingo, en el horario comprendido de 7:00 p.m. a 12:00 p.m., salvo los días sábados y domingos que debía asistir más temprano a los partidos”.
1.3 “CARACAS BASE BALL señaló en la contestación a la demanda y a lo largo del juicio que la relación establecida entre las partes era de naturaleza estrictamente civil. Que el actor prestaba servicios y se efectuaban las retenciones de Impuesto correspondiente. Que las partes nunca se vincularon bajo la figura de una relación laboral, tan es así que el Actor prestaba servicios en paralelo a otros entes, atendía a otros pacientes que nada se relacionaban con CARACAS BASE BALL. Adicionalmente alegó que durante los 28 años que prestó servicios interrumpidos facturaba por honorarios profesionales, a la que le era descontada una cantidad por impuesto sobre la renta, pago que no era no (sic) homogénea. En la temporada que no laboraba no percibía pago alguno. Adicionalmente argumentó, que podía ser suplido por otro galeno en caso de ausencia y que todos los elementos de la relación la calificaban de estrictamente civil”.
1.4 El 17 de junio de 2011, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la demanda; acto de juzgamiento contra el cual interpusieron apelación, que estimó con lugar el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, en consecuencia declaró sin lugar la pretensión laboral. Contra dicho fallo la parte actora anunció recurso de casación, el cual declaró con lugar la Sala de Casación Social el 20 de junio de 2013, con la consecuente estimación parcial de la pretensión. Contra este acto de juzgamiento se solicitó la revisión.
1.5 El acto de juzgamiento quebrantó los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, así como la confianza, cuando convirtió el recurso de casación en una tercera instancia.
1.5.1 Se Interpuso la solicitud de revisión debido a que la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia “…convirtió el Recurso de Casación interpuesto por el Actor en una tercera instancia. En el presente caso, la SCS (sic) del TSJ contravino su propia jurisprudencia y la de esta SC, al atribuirle al Recurso de Casación un propósito distinto a aquél para el cual fue diseñado”.
1.5.2 “…la SCS (sic) del TSJ utilizando como pretexto las denuncias del Actor entró a conocer la causa de forma inmediata y valoró nuevamente las pruebas, para luego sostener la supuesta procedencia de la denuncia formulada, cuando lo cierto es que debió analizar las denuncias de casación formuladas y sólo si procedía alguna de ellas, podía la Sala entrar a conocer la causa”.
1.5.3 “La sentencia Impugnada perjudicó gravemente la confianza legítima de CARACAS BASE BALL C.A. pues de forma errática desconoció varios de los criterios jurisprudenciales que de forma reiterada y pacífica ha emitido la propia SCS (sic) del TSJ relativos a: (i) los requisitos de procedencia del vicio de suposición falsa; (iii) (sic) los supuestos ante los cuales se verifica la falta de aplicación de una norma legal; (iv) los elementos característicos de la relación laboral; (v) la duración de los contratos de los trabajadores temporeros y la inaplicabilidad bajo la vigencia de la Ley Orgánica el Trabajo de 1997 (‘LOT’) de las indemnizaciones por despido justificados. Lo anterior, le hizo meritorio de un Voto Salvado que de forma clara e irrefutable ilustra claramente a cualquier lector sobre el error inexcusable cometido por la SCS (sic) del TSJ”.
1.5.4 “En el caso particular del Recurso de Casación laboral, la SCS (sic) fiscaliza la actividad jurisdiccional para determinar si existe alguno de los vicios de casación relativos a la aplicación del derecho, y solo en caso que se verifique alguno de ellos, pasa a la segunda fase (decisoria) que en materia civil normalmente correspondería al Tribunal de reenvío”.
1.5.5 “…en materia laboral no existe el reenvío, pues es la propia SCS (sic) del TSJ la que cumple esta función en el supuesto que haya existido un vicio de casación en la sentencia. Ello no quiere decir que se trate de una tercera instancia, ni que se haya desnaturalizado el Recurso de Casación, pues éste mantiene íntegramente su finalidad de control judicial sobre la aplicación de derecho, para lo cual es necesario que se haya verificado alguno de los motivos de casación establecidos en el ordenamiento jurídico para conocer el fondo”.
1.5.6 Aun en los casos de infracción de una norma que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, “…es preciso que se verifique el vicio denunciado de acuerdo con los requisitos previstos en la ley o exigidos por la jurisprudencia de nuestro M.T., pues la valoración de las pruebas ha sido reconocida como parte de la ‘potestad soberana de los jueces’ y excluida del m.d.R.d.C., del cual no escapa el Recurso de Casación laboral”.
1.5.7 “…en el presente caso, el actor denunció dos (2) supuestos vicios contra la sentencia emitida por el Juzgador Superior, a saber: (i) la suposición falsa y (ii) la falta de aplicación del artículo 65 de la LOT. (…), la SCS (sic) del TSJ indica que la Sentencia Impugnada está incursa en el vicio de suposición falsa, por cuanto ‘no resultó establecido que en caso de que el Dr. G.J.M., no pudiera asistir a algún partido, podía nombrar a otro galeno para que cubriera su ausencia y menos aún que los honorarios del médico ‘suplente’ fueran sufragados por el actor’. En este sentido, la SCS del TSJ (sic) concluye que habiéndose verificado el supuesto vicio se debía analizar si fue determinante en el dispositivo del fallo”.
1.5.8 “…a partir de ese momento la SCS del TSJ (sic) en vez de analizar la sentencia impugnada para determinar si el vicio fue determinante en el dispositivo del fallo, es decir, si la supuesta afirmación de que el Actor podía nombrar a otro galeno para cubrir sus ausencias o que los honorarios del suplente fueren sufragados por el Actor, FUE DETERMINANTE para el Juzgado Superior calificar la relación como de carácter civil, o si se fundamentó en otras circunstancias, la Sala procedió a analizar la controversia, los hechos alegados y probados y actuar como una tercera instancia”, es decir, “…no determinó si el supuesto vicio de suposición falsa fue determinante en el dispositivo del fallo. Tampoco a.e.f.a.s. existió una falta de aplicación del artículo 65 de la LOT. Lejos de ello, lo que hizo la Sala fue entrar a conocer el fondo de la causa y establecer que supuestamente no se había desvirtuado la presunción de laboralidad. De hecho concluye la Sala que ‘la exclusividad en la prestación de sus servicios, no constituye la nota distintiva del carácter laboral del contrato, como erróneamente lo asentó el Juez de Alzada por lo que en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable rationae tempore en concordancia con el artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declara el carácter laboral de los servicios prestados’”.
1.5.9 “…no sólo es falso que el Juzgado Superior haya señalado que la exclusividad es la nota distintiva del contrato laboral, sino que es falso que haya concluido en el carácter civil de la relación con fundamento tan solo en la falta de exclusividad. La falta de exclusividad fue tan solo uno de los muchos elementos tomados en consideración por el Juzgado Superior para concluir que la relación no era laboral”.
1.5.10 “La Sala debía revisar en primer término si se cumplían los requisitos de procedencia del vicio de suposición falsa (los cuales no se verifican y será objeto de otra denuncia), y luego determinar si el supuesto hecho de que el Actor podía ser suplido por otro galeno, fue o no determinante en la Sentencia del Tribunal Superior para calificar la relación como de naturaleza civil. Adicionalmente, la Sala debía verificar si existió una falta de aplicación del artículo 65 de la LOT, que fue el otro vicio denunciado por el actor. Sin embargo, esto tampoco lo hizo, pues se dedicó en su lugar a decidir el fondo”.
1.5.11 Con tal actuación, la Sala de Casación Social le otorgó al recurso de casación una finalidad distinta a la que le es propia, transformándolo en una tercera instancia, con la consecuente violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, pues, con el desconocimiento de la finalidad de dicho recurso, colocó a su representada en un estado de completa indefensión, quebrantado el debido proceso, así como la confianza legítima que tenía de que dicha Sala analizaría la procedencia de los vicios que fueron delatados sin convertirlo en una tercer instancia.
1.6 La decisión objeto de revisión vulneró el principio de confianza legítima y la seguridad jurídica de su representada, “principios jurídicos fundamentales contenidos en el derecho a la igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los artículos 21, 26 y 49 de nuestra CRBV, así como la doctrina de la SCS del TSJ”, por cuanto:
1.6.1 La Sala de Casación Social decidió sin el debido acatamiento a su criterio pacífico y reiterado, sobre la necesidad de verificación de los requisitos de procedencia del vicio de suposición falsa.
1.6.2 “Ha sostenido la Sala en innumerables ocasiones que la suposición falsa o vicio de falso supuesto de hecho requiere forzosamente que el denunciante cumpla con los siguientes requisitos:
Indicara el hecho positivo y concreto que el juez haya dado por cierto valiéndose de la falsa suposición; b) Indicar el caso concreto de suposición falsa; c) Señalar específicamente el acta o instrumento cuya lectura evidencia la falsa suposición; d) Indicar y denunciar el texto legal aplicable falsamente; y, e) Demostrar razonadamente que la infracción es determinante en el dispositivo del fallo”.
1.6.3 La Sala de Casación Social entró a conocer de la denuncia sin analizar si el recurrente había cumplido con los requisitos indicados. “Lo cierto del caso, es que de una simple revisión del escrito de formalización del Recurso de Casación se desprende que el Actor no cumplió con los requisitos necesarios para denunciar la supuesta suposición falsa”.
1.6.4 “…del escrito de formalización se desprende que el actor pretende sostener la suposición falsa por cuanto, en su decir, la Sentencia dictada por el Juzgado Superior supuestamente dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos. En este sentido, señala el actor que la recurrida desechó la presunción de laboralidad de la relación sostenida entre el Actor y CARACAS BASE BALL C.A. con fundamento en tan solo tres hechos, a saber: 1) Remuneración: Recibos del demandante que indican ‘honorarios profesionales’ y que eran objeto de retención de impuesto sobre la renta; 2) Honorarios: El demandante prestaba servicios médicos para otras empresas en horarios que coliden con el horario señalado por el Demandante y 3) Suplencias: el Demandante podía enviar otro profesional de la medicina para que supliera sus ausencias pagando con su dinero la suplencia”.
1.6.5 El actor no precisó la forma en que el juzgado ad quem incurrió en el supuesto vicio de suposición falsa, ni explicó la razones por las cuales consideraba que tal situación fue determinante en el dispositivo del fallo, es decir, no cumplió con los requisitos que reiteradamente ha exigido la Sala de Casación Social para la procedencia del vicio de suposición falsa.
1.6.7 “…la SCS al conocer de la denuncia de suposición falsa, en lugar de a.s.e.d. cumplió con los requisitos exigidos jurisprudencialmente de forma reiterada y pacífica se limita a revisar las conclusiones del juez, lo cual escapa del vicio de suposición falsa”.
1.6.8 “…la SCS del TSJ determina la existencia del vicio de suposición falsa por cuanto, en su decir, de las actas no resultó probado que el actor cuando no asistiera a un partido podía nombrar a otro galeno. Lo cierto del caso es que este supuesto vicio no constituye una suposición falsa de acuerdo con el criterio reiterado y pacífico de la propia Sala”.
1.6.9 “Cuando el Juez da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, quiere decir que el Juez indica que un hecho quedó probado con un documento público por ejemplo y éste no corre inserto en autos. No ocurre suposición falsa en el caso bajo análisis cuando un Juez indica de forma general que un hecho fue probado sin hacer referencia a la supuesta prueba de la cual emanaría la misma”.
1.6.10 “…la SCS del TSJ (sic) entró a valorar las conclusiones del Juez so pretexto de la denuncia de suposición falsa, cuando lo cierto es, que de haber aplicado su criterio reiterado y pacífico sobre los requisitos exigidos para la procedencia del vicio habría declarado sin lugar la denuncia”.
1.7 “La SCS del TSJ (sic) ha indicado de forma reiterada y pacífica que para que se configure el vicio de falta de aplicación de una norma, es necesario que el Juez no haya aplicado la disposición”.
1.8 “El Juzgado Superior sí aplicó el artículo 65 de la LOT, al considerar a primera vista la existencia de la presunción de laboralidad frente a admisión por parte de la Demandada de la prestación personal (…), la Sentencia de Segunda Instancia aplicó la norma referida, sin embargo, consideró desvirtuada la presunción de laboralidad en ella prevista luego de aplicar el test de laboralidad conforme con los elementos probatorios aportados al proceso. Con lo cual es evidente que no existe la supuesta falta de aplicación de la norma referida. En el presente caso la Sentencia Impugnada violentó la jurisprudencia reiterada y pacífica de la propia SCS del TSJ que indica que para que exista una falta de aplicación de una norma, el Juez no puede haber utilizado la disposición como parte del planteamiento de su sentencia”.
1.9 “…tal como lo h[an] señalado anteriormente, la SCS del TSJ (sic) no debió entrar a conocer el fondo. Sin embargo, para el supuesto negado que esta SC del TSJ (sic) deseche las denuncias anteriores, alega[n] de forma subsidiaria que la aentencia impugnada al dictaminar sobre el fondo violentó la jurisprudencia reiterada y pacífica de la misma Sala relativa a los elementos definitorios y característicos de una relación laboral, determinables a través del test de laboralidad”.
1.10 “…en el presente caso no existió una relación laboral, y ello deviene de la aplicación del test de laboralidad que realizó el Juzgado Superior y el cual fue desconocido por la Sentencia Impugnada”.
1.11 “…el Juzgado Superior analizó suficientemente los elementos probatorios a los fines de aplicar el test de laboralidad concluyendo que en el presente caso la presunción de laboralidad fue desvirtuada, lo que no hizo la SCS del TSJ…”.
1.12 “…la SCS del TSJ (sic) en clara contravención con su propia jurisprudencia dejó de aplicar el test de laboralidad en los términos anteriormente expuestos y analizar todos los elementos probatorios aportados al proceso, que determinaban que la relación era civil, con lo cual, la sentencia impugnada violentó el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, así como el principio de la confianza legítima contenido en el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso y la defensa contemplados en los artículos 26, 21 y 49 de la CRBV al omitir la aplicación su jurisprudencia reiterada y así solicita[n] sea declarado”.
1.13 “…la SCS del TSJ (sic) debió acoger su criterio relativo a que los trabajadores temporeros tienen contratos a tiempo determinado, y no como lo hizo en su sentencia al concluir que la supuesta relación de trabajo tenía carácter indeterminado y ordenando el cálculo de los beneficios laborales con base en la supuesta continuidad de la relación”.
La violación al derecho a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso que consagran los artículos 21, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del principio de la confianza legítima, por cuanto la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión objeto de revisión, además de que convirtió el recurso de casación en una tercera instancia, cuando conoció del fondo del asunto sin que previamente hubiese determinado si el vicio de falso supuesto era determinante de lo dispositivo en la sentencia recurrida, con lo cual se apartó de su criterio reiterado donde ha establecido los supuestos de procedencia de este vicio y de la falta de aplicación de una norma, obvió su criterio de aplicación del test de laboralidad para la determinación de la existencia o no de una relación laboral, así como aquel que se fijó en cuanto a los trabajadores temporeros y la suspensión de la relación de trabajo.
“…[S]e sirva: (i) Declarar la suspensión de la ejecución de la Sentencia Impugnada, con base en la solicitud de Medida Cautelar Innominada; (ii) Ordenar a los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela no ejecutar la Sentencia Impugnada; y (iii) Declarar con lugar el presente Recurso de Revisión Constitucional y Nula la Sentencia Impugnada…”.
En el presente caso se requirió la revisión del veredicto que pronunció la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 20 de junio de 2013, mediante el cual declaró con lugar el recurso de casación que interpuso el ciudadano G.J.M., portador de la cédula de identidad n° 3.623.903, contra la decisión que dictó el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 10 de octubre de 2011, donde se había declarado con lugar el recurso de apelación que interpuso la representación judicial de la solicitante de revisión, se revocó el acto de juzgamiento que dictó el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio de la misma Circunscripción Judicial y se declaró sin lugar la pretensión de cobro de prestaciones sociales y otras conceptos laborales que incoó el referido ciudadano en su contra; en consecuencia, se anuló el fallo objeto del recurso y se declaró parcialmente con lugar dicha pretensión laboral; razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.
En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra el fallo proferido por el Tribunal Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 10 de octubre de 2011, SEGUNDO: ANULA el fallo recurrido; TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA.
Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas
Como fundamento de su dispositiva dicha Sala de Casación Social, en cuanto a las denuncias que fueron planteadas como basamento de la revisión, expuso:
Con base en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, delata el vicio de suposición falsa en concordancia con la falta de aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable rationae tempore.
Afirma la representación judicial de la parte actora recurrente, que el ciudadano G.J.M., es médico traumatólogo, que prestó sus servicios profesionales para el equipo “Leones del Caracas” en las temporadas comprendidas del 4 de octubre de 1981 hasta el 12 de octubre de 2009, salvo la correspondiente al año 1990-1991, en virtud de que las partes pactaron una suspensión de la relación laboral, para fines de estudio de cuarto nivel del actor en la ciudad de Londres -Inglaterra, por lo que alega una vigencia de la relación de trabajo de 28 años.
Destaca, que las labores de su representado consistían en “brindar servicios de asistencia, prevención y curación a los jugadores profesionales que conformaban el equipo” durante las temporadas del beisbol profesional, las cuales generalmente oscilan entre 4 o 5 meses -dependiendo si el equipo pasa las eliminatorias- en el período comprendido de octubre a febrero, durante los días martes a domingo, en el horario comprendido de 7: 00 p.m. a 12:00 p.m., salvo los días sábados y domingos que debía asistir más temprano a los partidos.
Señala, que la parte demandada en su contestación a la demanda reconoció la prestación del servicio, empero, lo calificó de carácter civil, por lo que correspondía a ésta la carga probatoria en virtud de la presunción de laboralidad prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), aplicable rationae tempore.
Arguye que el fallo recurrido estableció el carácter independiente de los servicios prestados por el ciudadano G.J.M., con fundamento en que no existía exclusividad de los servicios prestados por el actor, toda vez que en el horario alegado en el escrito libelar como jornada de trabajo, el Dr. G.J.M. atendía a terceras personas en su consulta privada, tal como se desprende del horario reseñado en la “papelería del consultorio”; que en caso de inasistencia al partido podía “enviar” a otro profesional de la medicina para que lo supliera, cuyos honorarios profesionales corrían a cuenta del actor y que la empresa por los servicios prestados pagó una remuneración mensual por concepto de honorarios profesionales sobre los que efectuó la retención del impuesto Sobre la Renta, por lo que declaró desvirtuada la presunción de laboralidad y sin lugar la demanda.
En tal sentido, sostiene la parte actora recurrente que el fallo de alzada incurre en el vicio de suposición falsa, por cuanto, dio por demostrado el “presunto” carácter independiente de los servicios prestados por el actor con base en la “papelería del consultorio” haciendo desprender de ella menciones que no contiene. Aunado a que estableció falsa e inexactamente la “ausencia de obligación del actor de asistir a cada partido” al establecer que podía nombrar un suplente con remuneración a su cargo; circunstancias que no fueron probadas en autos, y que configuran el vicio de falso supuesto delatado, el cual resultó determinante en el dispositivo, en virtud de la declaratoria sin lugar de la demanda, por lo que solicita sea declarado con lugar el recurso de casación, se anule el fallo recurrido y sea declarada con lugar la demanda.
El mencionado vicio, en cualquiera de sus tres sub hipótesis, sólo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedando fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del Juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual, que aunque errónea, no configuraría lo que la ley y la doctrina entienden por suposición falsa.
Por su parte, el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), aplicable rationae tempore, establece: “se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba”.
De la lectura detallada del fallo recurrido, se observa que el Juez de alzada estableció el carácter no laboral del vínculo que unió al ciudadano G.J.M. con la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., con fundamento en que el mencionado ciudadano en el ejercicio de su profesión de médico traumatólogo, prestaba sus servicios en el “Centro Médico Loira” los días martes y jueves en el horario comprendido de 2:00 p.m., a 7:00 p.m., días y horario comprendidos dentro de los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, durante los cuales se celebra la temporada del beisbol profesional. Aunado a que en el iter procesal quedó establecido que en caso de que el actor no asistiera a un partido, podía enviar en su lugar otro profesional de la medicina, cuya remuneración corría a cargo del actor; lo que atacó la parte recurrente al argüir que no existen en el expediente, medios de prueba que demuestren que el actor pudiera nombrar “suplentes” y menos que sufragara su remuneración.
En tal sentido, advierte la Sala que del examen de las actas del expediente, no resultó establecido que en caso de que el Dr. G.J.M., no pudiera asistir a algún partido, podía nombrar otro galeno para que cubriera su ausencia y menos aún que los honorarios del médico “suplente” fueran sufragados por el actor, como lo asentó la recurrida en el fallo, a fin de desvirtuar la presunción de laboralidad que obra a favor del actor en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), por lo que el fallo recurrido está incurso en el vicio que le imputa la formalización, en consecuencia, deberá precisar esta Sala su carácter determinante en el dispositivo a los fines de la declaratoria con lugar del recurso.
El punto medular en el caso sub examine, deviene en determinar el carácter laboral de los servicios prestados por el ciudadano G.J.M. en su condición de médico traumatólogo, a la empresa Caracas Base Ball Club C.A., propietaria del equipo “Leones del Caracas”, durante las temporadas del béisbol profesional.
Conforme al artículo 39 eiusdem, se entiende por trabajador: “la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra”.
Ha dicho esta Sala de manera reiterada que uno de los puntos centrales del Derecho Laboral ha sido la delimitación de los elementos que conforman la relación de trabajo, con miras a diferenciar aquellas prestaciones de servicio efectuadas en el marco de la laboralidad, de otras que se ejecutan fuera de sus fronteras. Tal preocupación se corresponde con la problemática de las llamadas “zonas grises” del Derecho del Trabajo, toda vez que en los últimos tiempos se ha incrementado la práctica de simular la existencia de la relación laboral como una relación mercantil, civil o societaria a fin de evadir el carácter proteccionista de la Legislación del Trabajo, principalmente cuando el oficio del prestador del servicio se enmarca dentro de las llamadas profesiones de “libre ejercicio”, entre ellos, abogados, periodistas, ingenieros, médicos.
No obstante, tal calificación aceptada en el campo práctico no escapa del ámbito de aplicación subjetiva del derecho laboral, por cuanto puede discurrir simultáneamente en el marco de jornadas en horarios especiales o convenidos por las partes el ejercicio de algunas de éstas profesiones “libres” bajo subordinación y dependencia de un patrono, asumiendo éste los riesgos de la labor efectuada (ajenidad) mediante el pago de la remuneración y en la jornada restante prestar por su cuenta y riesgo sus servicios. Ahora bien, en virtud de que cada relación comporta sus particularidades debe revisarse concienzudamente si en tal prestación de servicio conjugan los elementos existenciales de la relación laboral, o si por el contrario se desarrolló la prestación de un servicio no laboral.
Con relación a la ajenidad como elemento característico del vínculo laboral esta Sala, en sentencia Nº 702 de fecha 27 de abril de 2006 (caso: F.J.Q.P., contra sociedad mercantil Cervecería Regional C.A.), ratificada en sentencia N° 270 de fecha 13 de mayo de 2013, (Teresa F.d.A. contra Centro de Educación Inicial Guacaragua), estableció:
Así las cosas, existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal- trabajador- se hace parte del sistema de producción añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueña de los factores de producción, quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto- ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida- remuneración-, por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro.
Respecto a la exclusividad como elemento presente en las relaciones de trabajo, esta Sala, en sentencia Nº 797 de fecha 16 de diciembre de 2003, (caso: T.d.J.G. contra Teleplastic C.A.), señaló:
Entonces, debe concluirse que el solo hecho que se estableciera en la sentencia que el causante de las demandantes trabajaba para la empresa Fil-Pack, C.A., no significa que se desvirtuara la existencia de subordinación y dependencia entre J.I.A.R. y la demandada, ni la presunción de existencia de una relación de trabajo. (Subrayado de la Sala).
En el caso bajo análisis, se observa que el ciudadano G.J.M., comenzó a prestar sus servicios como médico traumatólogo a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., propietaria del equipo “Leones del Caracas” en fecha 4 de octubre de 1981, hecho admitido por la demandada, y arguyó su prestación hasta el 12 de octubre de 2009, fecha de terminación controvertida.
Advierte esta Sala, que constituye un hecho público comunicacional que la temporada del beisbol profesional de la liga venezolana se inicia en el mes de octubre de cada año y termina en el mes de enero del siguiente año, que cada equipo participará en el “Round Robin” de manera aleatoria según el calendario de juegos fijado por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, (LVBP), que los juegos son generalmente celebrados de martes a martes de cada semana a partir de las 7:00 p.m. Asimismo, que el equipo ganador de la temporada representará a Venezuela en la Serie del Caribe, que se realiza en el mes de febrero de la temporada y año respectivo, por lo que se establece que la temporada del béisbol está sujeta a un término, que inicialmente la temporada es de cuatro (4) meses, a saber, octubre, noviembre, diciembre y enero, en la cual los equipos compiten entre sí, y en el caso de los equipos que pasen a eliminatorias, se extiende la temporada un (1) mes para ir a la Serie del Caribe.
La empresa demandada a fin de desvirtuar la exclusividad de los servicios prestados por el actor, a su decir, elemento definitorio de la relación laboral, promovió prueba de informes al “Centro Médico Loira”, que cursa agregada al folio 268, y se aprecia conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de cuyo contenido se establece que a partir del año 1994, el Dr. G.J.M., en ejercicio de su profesión atendía a pacientes particulares en la precitada clínica los días martes y jueves en el horario comprendido de 2:00 p.m. a 6.00 p.m.; y que en fecha 23 de abril de 2007, la clínica emitió a solicitud del ciudadano W.R., presupuesto N° 106140 para intervención quirúrgica denominada “acromioplastia” a realizar por su médico tratante Dr. G.J.M..
Asimismo promovió recibos de honorarios profesionales que cursan a los folios 159 al 166 del cuaderno de recaudos, suscritos por el actor en su condición de médico traumatólogo, a los pacientes:
a) H.R., en fechas 6 y 29 de julio de 2004 y 19 de agosto de 2004; b) G.S., en fecha 28 de noviembre de 2006; c) A.G., en fecha 18 de octubre de 2007; d) O.A., en fecha 12 de abril de 2005; e) J.T., en fecha 12 de abril de 2007.
De igual manera, promovió la demandada prueba de informes al “Hospital J.M. Vargas” que cursa al folio 319, y que esta Sala valora de conformidad con el artículo 81 de la Ley adjetiva laboral. De cuyo contenido se desprende que el ciudadano G.J.M., se desempeñó en el referido centro de salud como “Médico Residente” en el período comprendido del 1° de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1982; que en fecha 16 de febrero de 1984, reingresó como “Especialista 1”, que coetáneamente ejerció el cargo de “Jefe de Servicio de Traumatología” en el período comprendido de septiembre de 1996 hasta el 9 de mayo de 2005, y que egresó de la institución en fecha 30 de septiembre de 2009, en el cargo de “Médico Especialista II” con seis (6) horas médico, cuya prestación efectiva, según lo afirmó el actor en el interrogatorio formulado por esta Sala en la celebración de la Audiencia Oral y Pública del recurso de casación, fue de 7:00 a.m., a 1:00 p.m.
De igual manera, la empresa demandada a efectos de desvirtuar el carácter salarial de los pagos efectuados, promovió copias fotostáticas simples de retención de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), sobre los pagos realizados a favor del ciudadano G.J.M., en los meses de noviembre y diciembre de 2008, enero y abril de 2009, por concepto de honorarios profesionales, en los siguientes términos:
Observa la Sala que cursan en el expediente original de carnets de identificación otorgados por la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., en las temporadas 2002-2003, 2003-2004, 2004- 2005, 2009-2010, no impugnados por la parte demandada, por lo que de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le otorga valor de plena prueba, de cuyo contenido se aprecia que la mencionada empresa en la temporada 2002-2003 funge como “empresa patrono” y en la temporada 2004-2005 como “empresa contratista” y que el actor en los diferentes carnets está identificado en el cargo de “médico traumatólogo”.
Adicionalmente, se aprecia que las partes promovieron prueba testimonial, la cual se valora conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De la deposición de los testigos se desprende que la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., cuenta con un equipo de salud conformado por tres (3) “trainer” y un (1) médico, encargado el segundo de brindar los primeros auxilios al jugador lesionado; que el actor dada su condición de médico del equipo, asistía con altísima regularidad a los juegos en los que participaban “Los Leones del Caracas” en el marco de las temporadas del beisbol profesional y cuando los partidos se realizaban fuera de la ciudad de Caracas, que la empresa cubría los viáticos al personal del equipo, entre ellos, al médico.
Del cúmulo probatorio valorado supra, quedó demostrado que el actor en el ejercicio de su profesión de médico traumatólogo, prestó sus servicios para el equipo “Leones del Caracas” en las temporadas del beisbol profesional. Asimismo, que en el marco del contrato por temporadas celebrado con la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., prestó coetáneamente sus servicios en el sector público, específicamente, en el Hospital “J.M. Vargas” en el cargo de “Médico Residente” en el período comprendido del 1° de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1982; y posteriormente reingresó en fecha 16 de febrero de 1984, como “Especialista 1”, y coetáneamente ejerció el cargo de “Jefe de Servicio de Traumatología” en el período comprendido de septiembre de 1996 hasta el 9 de mayo de 2005, y egresó en fecha 30 de septiembre de 2009, como “Médico Especialista II” con seis (6) horas médico; y a partir del año 1994 comenzó a prestar sus servicios en consulta privada en el “Centro Médico Loira”, los días martes y jueves en un horario de consulta de 2:00 p.m., a 7:00 p.m.
En la celebración de la Audiencia Oral y Pública del recurso de casación, el actor respondió al interrogatorio formulado por la Sala, que prestó sus servicios en el Hospital “J.M. Vargas”, con seis (6) horas médico en un horario comprendido de lunes a viernes de 7:00 a.m., a 1:00 p.m.; que es accionista del “Centro Médico Loira”, que allí tiene su consultorio privado, que pasa consulta los días martes y jueves de cada semana, durante todos los días del año, que la “papelería del consultorio” señala un horario de atención de 2.00 p.m., a 7:00 p.m., horario que en razón de las temporadas del beisbol flexibilizaba de 2: 00 p.m. a 4: 00 p.m., por cuanto debía estar dos (2) horas o dos horas treinta minutos (2:30) antes de cada partido, que para poder ingresar a la sede del estadio debía utilizar algún logo, franela, bata o carnet que lo identificara como personal del Caracas Base Ball Club, C.A., que sus actividades de ejercicio público y privado no colidían con las actividades como médico para las temporadas del béisbol profesional, puesto que no había “choque de horarios”.
De igual manera, refirió que el equipo de salud de la demandada cuenta con “trainers” personal que se encarga de aplicar a los peloteros el tratamiento médico tras su respectiva evaluación, que podía ser antes del juego o en alguna contingencia que se presentara en el desarrollo del partido; que reclamó su condición de trabajador y su arreglo anual como hacía la empresa con los demás trabajadores, pero, que la respuesta fue “tranquilo, la próxima temporada, te damos el 30% más sobre la remuneración pactada”.
Con base en el cúmulo probatorio, valorado supra colige esta Sala que la empresa demandada no logró desvirtuar la presunción de laboralidad que obra a favor del ciudadano G.J.M., puesto que la exclusividad en la prestación de sus servicios, no constituye la nota distintiva del carácter laboral del contrato, como erróneamente lo asentó el Juez de Alzada, por lo que en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable rationae tempore en concordancia con el artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declara el carácter laboral de los servicios prestados por el actor a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., en las temporadas del béisbol profesional comprendidas del 4 de octubre de 1981 al 12 de octubre de 2009, con excepción de la temporada 1990-1991, en la que ambas partes admitieron la no prestación del servicio, para un término de 27 temporadas de prestación de servicio. Así se establece.
Sobre la base de las precitadas consideraciones, se declara el carácter determinante del vicio de suposición falsa y falta de aplicación del artículo 65 de la ley Orgánica del Trabajo (1997), aplicable ratioane tempore, en que incurrió el sentenciador de alzada, en consecuencia, con lugar la denuncia, se anula el fallo recurrido y conforme al artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se desciende a las actas procesales a los fines de dictar sentencia sobre el mérito del asunto. Así se establece.
Alegó el ciudadano G.J.M., que en fecha 4 de octubre de 1981, iniciándose la temporada del beisbol profesional, comenzó a prestar sus servicios profesionales en su condición de médico traumatólogo a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., que sus funciones consistían en acudir a las prácticas de preparación y adiestramiento del equipo “Leones del Caracas” en cada temporada a los fines de prestar el tratamiento preventivo y curativo de lesiones y afecciones (respiratorios y dermatológicas) ocasionadas por la práctica del deporte a nivel profesional.
Relata que cada temporada dura aproximadamente 4 o 5 meses, que comienza los primeros días del mes de octubre de cada año, y finaliza generalmente en el mes de febrero del próximo año, si el equipo clasifica para las finales y pasa a la Serie del Caribe. Arguye, que asistió a los viajes que el equipo “Leones del Caracas” realizó nacional e internacionalmente por motivos de encuentros deportivos, que la empresa asumía el pago de su viáticos y transporte como un miembro más de la nómina del equipo.
Refiere que en cada temporada, el horario de trabajo comprendía su asistencia obligatoriamente a los partidos celebrados en el Estadio Universitario de Caracas, de martes a martes en el horario con tres (3) horas de antelación al partido que se iniciaba a las, 7: 30 p.m.-, hasta las 11:30 p.m. a 12: 00 a.m., hora en que generalmente finalizan los partidos. Agrega, que debía estar con anterioridad al partido con el objeto de garantizar las condiciones clínicas óptimas de los jugadores, toda vez que en las prácticas de preparación y adiestramiento generalmente los peloteros requieren tratamientos preventivos, tales como, inyecciones intramusculares e intravenosas, drenajes o cambios de curas dérmicas, a fin de garantizar su participación en el partido de lo que depende la victoria del equipo.
Señala que en la temporada 1990-1991, las partes de común acuerdo fijaron una licencia con fines académicos, concretamente, para cursar estudios de cuarto nivel en el área de “Cirugía Vertebral” en la ciudad de Londres - Inglaterra, por lo que no prestó sus servicios al equipo “Leones del Caracas”; y fue autorizado para nombrar un galeno de su confianza a fin de cumplir con los servicios médicos que el equipo requiriera durante su ausencia. Arguye, que cesada la suspensión, continúo prestando sus servicios en las temporadas venideras hasta el 12 de octubre de 2009, fecha en la que fue convocado por el Presidente y los Gerentes del área deportiva y administrativa de la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., a la sede la empresa ubicada en el Edificio 453 PH, calle Orinoco. Urb. Las Mercedes- Caracas, donde se le notificó que por decisión unilateral ya no requerían sus servicios profesionales como médico del equipo, que los servicios a prestar serían en servicio de consulta, pero, que continuaría disfrutando de las prerrogativas de uso del carnet de identificación, pase para el vehículo y el otorgamiento de una placa de reconocimiento en atención a los 28 años de servicios prestados.
Bajo este contexto argumentativo, sostiene que prestó sus servicios profesionales de manera subordinada a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., por cuanto, debía someterse a las órdenes y disciplina de la empresa, acudir a las prácticas de preparación y adiestramiento para el tratamiento respectivo; asistir a los eventos nacionales e internacionales, con gastos cubiertos por la empresa.
Dados los términos en que la parte demandada dio contestación a la demanda, resultaron hechos admitidos la fecha de ingreso, la prestación de servicio del actor en su condición de médico traumatólogo y que no prestó sus servicios en la temporada 1990-1991. Mientras que resultó controvertido: a) la fecha de terminación a los fines de resolver la defensa de prescripción de la acción; b) el carácter laboral del vínculo; c) la naturaleza del contrato de trabajo; d) el carácter injustificado del despido; e) el salario; f) el tiempo efectivo de servicio; y g) la procedencia de los conceptos demandados. De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde a la parte demandada la carga de la prueba del contradictorio.
Establecido el contradictorio, pasa esta Sala pronunciase sobre el fondo de lo debatido, en los siguientes términos:
b) El carácter laboral de los servicios prestados: sobre este aspecto del contradictorio, reitera esta Sala que en la resolución del recurso de casación estableció el carácter laboral de los servicios prestados por el ciudadano G.J.M. a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., por las temporadas del beisbol profesional trascurridas en el período comprendido del 4 de octubre de 1981 al 12 de octubre de 2009. Asimismo, quedó establecido que según el calendario de juegos fijados por la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, las temporadas son a razón de cuatro (4) meses continuos, que se inician en el mes de octubre y terminan en el mes de enero del próximo año, y dependiendo si el equipo pasa a las finales la temporada se puede extender un (1) mes, esto es hasta el mes de febrero del siguiente año.
c) Naturaleza del contrato de trabajo: en la resolución del recurso quedó establecido que el actor prestó sus servicios de médico traumatólogo a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., en las temporadas del béisbol profesional según el calendario de juegos fijado por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, (LVBP), razón por la que esta Sala colige que dado que la actividad realizada por el actor era en determinada época del año, participa de la categoría de trabajador temporero.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 114 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable rationae tempore, son trabajadores temporeros “los que prestan servicios en determinadas épocas del año y en jornadas continuas e ininterrumpidas, por lapsos que demarcan la labor que deben realizar”.
La doctrina extranjera señala que el trabajo de temporada es el que se cumple en determinados períodos del año, previstos anticipadamente, de acuerdo con la influencia y necesidades que respecto a la producción tienen las diversas estaciones anuales (Cf. G.C.: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T. VIII, 21ª edición. Edit. Heliasta, Buenos Aires, 1989, p. 140). En consecuencia, este tipo de trabajo se caracteriza porque el servicio sólo es prestado en ciertas estaciones o temporadas, en determinadas épocas del año que se repiten cíclicamente.
Al particular, Cabanellas considera que en este tipo de contratos “la relación jurídica permanece latente, para readquirir vigencia apenas se repitan las circunstancias que la originaron (…). Al finalizar la temporada, el contrato se paraliza o se aletarga; pero subsiste, por la obligación de reanudarlo en la estación siguiente” (Op. cit., p. 140). Ello equivale a considerar, que entre una temporada y otra, se produce la suspensión de la relación de trabajo, puesto que el laborante no estaría obligado a prestar sus servicios, ni el patrono a pagar el salario respectivo.
Por su parte, el artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (1999), hoy, artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (2006), aplicables ratioane tempore, establece:
i) Preferencia de los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, en atención a lo cual deberá atribuirse carácter excepcional a los supuestos de autorización de contratos a término previstos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Así pues, conforme al principio de conservación de la relación laboral, en caso de duda, sobre la extinción o no de ésta, se deberá resolver conforme a la presunción de continuidad de la relación de trabajo, y con preferencia al carácter indeterminado de los contratos de trabajo.
Respecto a la naturaleza jurídica del contrato de trabajo de los trabajadores temporeros, esta Sala en sentencia N° 1535 de fecha 16 de octubre de 2006 (caso: F.R. contra Inversiones Berloli, S.A.), estableció:
(…), conforme al fundamento de la recurrida tal como lo alegó la formalizante, una vez razonadas las características del servicio prestado por el accionante (campaña de pesca de atún), consideró que la relación de trabajo no se configuró por tiempo indeterminado, sino que más bien cada contrato constituyó una relación de carácter temporal que al ser finalizado extinguió el vínculo laboral.
Por tanto, al no desprenderse de los (sic) actas que conforman el expediente la voluntad inequívoca de las partes de vincularse sólo con ocasión de una obra determinada, -requisito exigido en la norma contenida en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo-, esta Sala pondera a tiempo indeterminado la relación de trabajo mantenida entre las partes, con base al principio de presunción de continuidad de la relación laboral previsto en el artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el literal e) del artículo 60 de la referida Ley Sustantiva Laboral.
Conforme al criterio jurisprudencial expuesto, colige esta Sala que en los contratos de trabajo por temporada, las partes concertan un vínculo jurídico que de acuerdo a los usos y costumbres pueden presumir un estimado del término; sin embargo, no por ello, debe ser interpretado la relación de trabajo a tiempo determinado, ya que en éste tipo de contrato, su característica principal radica en que cada parte asume una obligación adicional de no hacer: abstenerse de poner fin a la relación laboral hasta tanto se cumpla el término contemplado; y en caso de inejecución o incumplimiento de dicha obligación -por poner fin anticipadamente a la relación laboral sin causas justificadas-, la parte debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte, mediante el pago de la indemnización establecida en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Mientras que en el contrato de trabajo por temporada, su vigencia está sujeta a los lapsos que demarcan la labor contratada y su concreción dependerá de factores adicionales a la voluntad de las partes, que conllevarían a acortar o extender la temporada.
En el caso sub examine, observa la Sala que la duración de la labor prestada por el Dr. G.J.M. a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., en cada temporada estaba consustanciada con los resultados del equipo “Leones Del Caracas”, pues, si ganaban todos los partidos fijados por el calendario de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), pasaban a las rondas eliminatorias, a la final y luego a representar a Venezuela en la Serie del Caribe, escenario que extendía la temporada a su límite máximo, esto es, cinco (5) meses. No obstante, en un escenario contrario, en el que el resultado del equipo propiedad de la demanda no alcanzare el éxito esperado, la temporada en lo que respecta a “Leones del Caracas” terminaba -no así para los demás competidores-, en consecuencia, se produciría la cesación de las obligaciones principales del contrato de trabajo, esto es, la prestación del servicio y el pago de la remuneración, ya que las partes no estaban obligadas a mantener activo el vínculo hasta el último día de cada temporada, sino que su vigencia podía ser hasta cinco (5) meses, dependiendo del resultado del equipo.
Por tanto, siendo que el actor prestó sus servicios durante 27 temporadas consecutivas, esta Sala con base en los principios de presunción de continuidad de la relación laboral y el carácter indeterminado de los contratos de trabajo, colige que el contrato por temporadas celebrado por el ciudadano G.J.M., con la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., reviste carácter indeterminado. Así se establece.
d) Carácter injustificado del despido: la demandada negó el carácter injustificado del despido alegado por el actor, con base en que el vínculo que unió a las partes fue de naturaleza civil o mercantil, por tanto, siendo que resultó establecido el carácter laboral de los servicios prestados por el actor, resulta procedente el carácter injustificado del despido. Así se establece.
e) El Salario: conforme al artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde al empleador la carga de la prueba. En este sentido, la empresa demandada en cuanto a las temporadas transcurridas en el período comprendido del 4 de octubre de 1981 al 4 de octubre de 1996 -a excepción de la temporada 1990-1991, que la causa estuvo bajo suspensión de la relación laboral, y las temporadas 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002- 2003, 2003- 2004, 2004-2005, no promovió pruebas, por lo que en sujeción a lo previsto en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica P.d.T., se tendrán como ciertos los salarios alegados por el actor en su libelo de demanda, por lo que procede la Sala a reproducir su contenido:
Indemnización por despido injustificado: en virtud de que resultó establecido el carácter injustificado del despido, de conformidad con el artículo 125, literal e) de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde al actor la cantidad de ciento cincuenta (150) días, cuyo pago se efectuará conforme al último salario integral según lo prevé el artículo 146 eiusdem, establecido en este fallo en la cantidad de doscientos cincuenta y un bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs. 251,48) para un monto de treinta y siete mil setecientos veintidós bolívares (Bs. 37.722,00). Así se decide.
Indemnización sustitutiva de preaviso: con base en el artículo 125, literal d) de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde al actor la cantidad de sesenta (60) días, cuyo pago se efectuará a razón de salario integral, en sujeción al artículo 146 eiusdem, fijado en la cantidad de doscientos cincuenta y un bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs. 251,48) para un monto de quince mil ochenta y ocho bolívares con ochenta céntimos (Bs. 15.088,80). Así se decide.
Utilidades vencidas: de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde al actor el pago de este concepto a razón de quince (15) días por año ininterrumpido de servicio, o fracción correspondiente al número de meses comprendidos por temporada, para un monto de 137,50 días, cuyo pago se efectuará con base al salario normal anual percibido por el actor en la temporada respectiva
Asimismo, se establece que para las temporadas 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, el pago de las utilidades se efectuará conforme al salario normal promedio por temporada, en virtud de la variaciones salariales percibidas por el actor.
De conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio asentado por esta Sala en sentencia N° 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: J.S. contra la sociedad mercantil Maldifassi & Cia C.A.), se ordena el pago del interés de mora de las cantidades condenadas a pagar a la sociedad mercantil Caracas Base Ball Club, C.A., al ciudadano G.J.M., por concepto prestación de antigüedad, días adicionales de prestación de antigüedad, intereses sobre prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional vencidos y no disfrutados, indemnización por despido injustificado, indemnización por preaviso y utilidades vencidas; cuya estimación -previa deducción de las cantidades ordenadas por indemnización de antigüedad y compensación por transferencia (Bs. 11.500,00), cuyo cálculo de interés de mora, se efectuó en el cuadro que precede-, asciende a la cantidad de ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos once bolívares con once céntimos (Bs. 164.411,11), contados a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral, 12 de octubre de 2009, hasta la oportunidad del pago efectivo. Dicho cálculo se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, y se aplicará las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de mora. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación. Así se decide.
En aplicación de la sentencia N° 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: J.S. contra la sociedad mercantil Maldifassi & Cia C.A.), se ordena el pago de la indexación judicial sobre la cantidad condenada pagar por concepto indemnización de antigüedad, prestación de antigüedad, días adicionales e intereses sobre prestación de antigüedad, contados a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral -12 de octubre de 2009-, hasta la oportunidad del pago efectivo, cuya cuantificación asciende a cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco bolívares con veintinueve céntimos (Bs. 54.755,29), desglosados en: a) indemnización de antigüedad: diez mil bolívares (Bs. 10.000,00); b) prestación de antigüedad, días adicionales e intereses sobre prestación de antigüedad: cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco bolívares con veintinueve céntimos (Bs.44.755,29).
De igual manera, se ordena el pago de la corrección monetaria sobre los demás conceptos condenados a pagar (compensación por transferencia, vacaciones y bono vacacional vencidos y no disfrutados, indemnización por despido injustificado, indemnización por preaviso y utilidades vencidas), contados a partir de la fecha de notificación de la parte demandada, esto es, 4 de octubre de 2010.
El cálculo de la corrección monetaria se efectuará conforme las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C), previa exclusión de los lapsos de inactividad procesal por acuerdo entre las partes, y aquellos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y recesos judiciales, en el caso sub examine, las transcurridas en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Así se decide…
IV MOTIVACIÓN PARA LA DECISION 1. En el caso sub examine se pretende la revisión del acto jurisdiccional n° 0469 del 20 de junio de 2013, mediante el cual la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal declaró con lugar el recurso de casación que interpuso el ciudadano G.J.M. contra la decisión que dictó el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 10 de octubre de 2011, que había declarado con lugar el recurso de apelación que interpuso la representación judicial de la solicitante de revisión, revocado el acto de juzgamiento que dictó el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio de la misma Circunscripción Judicial y desestimado la pretensión de cobro de prestaciones sociales y otras acreencias laborales que incoó el referido ciudadano en su contra; en consecuencia, se anuló el fallo objeto del recurso y se declaró parcialmente con lugar dicha pretensión laboral.
Ahora bien, la revisión contenida en el artículo 336.10 Constitucional, constituye una facultad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional que posee esta Sala Constitucional con la finalidad objetiva de resguardo de la integridad del texto constitucional con la vigilancia o control del acatamiento de las interpretaciones vinculantes que hubiese hecho, por parte del resto de los tribunales del país con inclusión de las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, para el mantenimiento de una interpretación uniforme de sus normas y principios jurídicos fundamentales, lo cual conlleva a la seguridad jurídica, de allí que se cuestione y deba impedirse que la misma se emplee como sucedáneo de los medios o recurso de impugnación o gravamen, como si con ella fuese posible el replanteamiento y juzgamiento sobre el merito de lo debatido, con una nueva instancia del proceso, al que debió ponérsele fin con el acto de juzgamiento cuestionado, con el sólo propósito del restablecimiento de la situación jurídica supuestamente lesionada, es decir, con un claro interés jurídico subjetivo que abiertamente colide con la finalidad objetiva de dicho instrumento o medio de protección del texto constitucional.
En sentencia n° 956/2001 del 1º de junio, caso: F.V.G. y M.P.M.d.V., que aquí se reitera, esta Sala señaló:
Del fallo que antecede cuya doctrina aquí se ratifica se deduce que los cambios de criterios jurisprudenciales se producen cuando el Tribunal altera o modifica explícita o implícitamente la doctrina que había asentado con anterioridad; sin embargo, es preciso el señalamiento de que no todo abandono de un criterio anterior supone indefectiblemente un cambio de criterio jurisprudencial, ya que puede que el mismo sea aparente, fenómeno éste que ‘tiene su origen en la inercia de entresacar frases generales de las sentencias sin preocuparse del caso debatido o de limitarse al fallo sin conocer las verdaderas circunstancias del caso” o “cuando se invocan sentencias anteriores como contrarias a la actual y las citas extraídas son obiter o bien la invocación es errónea porque la sentencia invocada o no tiene que ver con la cuestión debatida o dice lo mismo que la sentencia actual’. (Cfr. Puig Brutau, J. Cómo ha de ser invocada la doctrina civil del Tribunal Supremo, Medio Siglo de Estudios jurídicos, Valencia, España 1997, p. 189). Tampoco existe cambio de criterio jurisprudencial cuando la nueva doctrina se deriva de un cambio en la legislación o si el Tribunal se pronuncia, por primera vez, respecto del caso en litigio o este es diferente al que invoca la parte como jurisprudencia aplicable.
Comprueba, además, esta Sala que en dicho veredicto se le dio eficacia retroactiva al cambio de criterio jurisprudencial por cuanto se aplicó para la resolución del caso que lo originó, lo cual vulneró los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el derecho constitucional a la igualdad de la recurrente en casación (aquí solicitante), quien tenía la expectativa plausible de que su asunto se decidiera de acuerdo con la jurisprudencia que imperaba, para ese entonces, en casos análogos”. (s. S.C. nº 3057, del 14 de diciembre de 2004; caso: Seguros Altamira C.A. Resaltado añadido).
De este modo, en virtud de la primacía de la realidad de los hechos, constata la Sentenciadora del Superior que, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que los actores prestaron servicio, evidencian que la misma, se aparta de una relación de naturaleza laboral, por lo que concluye en la improcedencia de la acción pretendida.
De tal manera que, se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.
En tal sentido, advierte la Sala que del examen de las actas del expediente, no resultó establecido que en caso de que el Dr. G.J.M., no pudiera asistir a algún partido, podía nombrar otro galeno para que cubriera su ausencia y menos aún que los honorarios del médico ‘suplente’ fueran sufragados por el actor, como lo asentó la recurrida en el fallo, a fin de desvirtuar la presunción de laboralidad que obra a favor del actor en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), por lo que el fallo recurrido está incurso en el vicio que le imputa la formalización, en consecuencia, deberá precisar esta Sala su carácter determinante en el dispositivo a los fines de la declaratoria con lugar del recurso.
El punto medular en el caso sub examine, deviene en determinar el carácter laboral de los servicios prestados por el ciudadano G.J.M. en su condición de médico traumatólogo, a la empresa Caracas Base Ball Club C.A., propietaria del equipo ‘Leones del Caracas’, durante las temporadas del béisbol profesional
Sobre la base de las precitadas consideraciones, se declara el carácter determinante del vicio de suposición falsa y falta de aplicación del artículo 65 de la ley Orgánica del Trabajo (1997), aplicable ratione tempore, en que incurrió el sentenciador de alzada, en consecuencia, con lugar la denuncia, se anula el fallo recurrido y conforme al artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se desciende a las actas procesales a los fines de dictar sentencia sobre el mérito del asunto. Así se establece
. (Resaltado de la decisión).
Por otro lado, aunado a lo anterior, se observa que la Sala de Casación Social, tal como lo adujo la representación judicial de la peticionaria de revisión, declaró la falta de aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (aplicable al caso rationae temporis) por parte de la decisión recurrida, aun cuando clara y evidentemente dicha disposición había sido aplicada por el juzgador ad quem, con lo cual también contradijo su propio criterio al respecto. Así, dicha Sala, en cuanto a la procedencia de este tipo de delaciones (falta de aplicación), en innumerables decisiones, ha sostenido: “…que la falta de aplicación de una norma tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que está vigente a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance” (vid., entre muchas otras, ss.S.C.S. n.os 0036/05.03.2013; 0125/05.04.2013; 0266/10.05.2013 y, posterior a la decisión objeto de revisión, la n° 0479/26.06.2013).
…El artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo señala que: ‘Se presumirá existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba…’, mientras que el artículo 39 ejusdem reza que: ‘Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro.
En tal sentido se ha señalado que el juzgador deberá observar: Forma de determinar el trabajo, tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo, forma de efectuarse el pago, trabajo personal, supervisión y control disciplinario, inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria, asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria, la naturaleza del pretendido patrono, de tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio, la naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar, aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena
Con relación a la segunda sub-hipótesis de suposición falsa alegada por la formalizante y la cual consiste en que el Juez da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, es de señalar, que la misma se trata de un error de percepción con el cual el Sentenciador afirma ver una prueba que no existe. Si el Juez afirma en forma general que un hecho está probado, sin señalar un concreto elemento probatorio, tal fallo estará viciado por inmotivación, no por suposición falsa. Precisando el concepto, no se trata de dar por probado un hecho sin pruebas que resulten de autos, sino de dar por demostrado el hecho con pruebas que no aparecen en autos
.( Resaltado añadido. Sent. S.C.S. n° 0034/28.02.2013).
En tal sentido, sostiene la parte actora recurrente que el fallo de alzada incurre en el vicio de suposición falsa, por cuanto, dio por demostrado el ‘presunto’ carácter independiente de los servicios prestados por el actor con base en la ‘papelería del consultorio’ haciendo desprender de ella menciones que no contiene. Aunado a que estableció falsa e inexactamente la ‘ausencia de obligación del actor de asistir a cada partido’ al establecer que podía nombrar un suplente con remuneración a su cargo; circunstancias que no fueron probadas en autos, y que configuran el vicio de falso supuesto delatado, el cual resultó determinante en el dispositivo, en virtud de la declaratoria sin lugar de la demanda, por lo que solicita sea declarado con lugar el recurso de casación, se anule el fallo recurrido y sea declarada con lugar la demanda.
De la lectura detallada del fallo recurrido, se observa que el Juez de alzada estableció el carácter no laboral del vínculo que unió al ciudadano G.J.M. con la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., con fundamento en que el mencionado ciudadano en el ejercicio de su profesión de médico traumatólogo, prestaba sus servicios en el ‘Centro Médico Loira’ los días martes y jueves en el horario comprendido de 2:00 p.m., a 7:00 p.m., días y horario comprendidos dentro de los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, durante los cuales se celebra la temporada del beisbol profesional. Aunado a que en el iter procesal quedó establecido que en caso de que el actor no asistiera a un partido, podía enviar en su lugar otro profesional de la medicina, cuya remuneración corría a cargo del actor; lo que atacó la parte recurrente al argüir que no existen en el expediente, medios de prueba que demuestren que el actor pudiera nombrar ‘suplentes’ y menos que sufragara su remuneración.
Ahora bien, visto que la demandada negó la naturaleza laboral de la relación que la unió a la parte actora, para la resolución del presente asunto hay que aplicar el referido test, a los fines de verificar si se está en presencia de un contrato de trabajo o si por el contrario existe una relación de otra índole, toda vez que el punto medular de la presente litis está en la calificación jurídica que habrá que darle a la prestación de servicio realizada por la accionante en la empresa demandada. Así se establece.-
Por lo que, verificadas las actas, este tribunal concluye que entre la demandada y la actora no existía un vínculo laboral…
. (Resaltado de esta Sala Constitucional).
Por otra parte, ante la violación a los derechos constitucionales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso de la solicitante en el caso concreto, esta Sala Constitucional cree conveniente la reiteración de su criterio mediante el cual amplió el objeto de la facultad de revisión a los supuestos en que, como el presente, se hubiese producido una evidente vulneración a los derechos constitucionales de la parte solicitante por parte de alguna Sala del Tribunal Supremo de Justicia (desde luego, distinta de la Constitucional). Así, en sentencia n° 325 del 30 de marzo de 2005 (caso: “Alcido P.F. y otro”), se señaló:
En el caso de autos, en razón de los fundamentos por los cuales se declaró la nulidad de la decisión que dictó la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 20 de junio de 2013, se repone la causa al estado en que dicha Sala juzgue sobre las delaciones que fueron hechas en el recurso de casación que anunció y formalizó el ciudadano G.J.M. contra la decisión que pronunció el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 10 de octubre de 2011, en atención a los criterios vigentes para la oportunidad cuando se dictó dicho acto de juzgamiento que motivó el acto decisorio objeto de revisión, tal y como se estableció en el presente acto decisorio. Así se decide.
HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpuso CARACAS BASE BALL CLUB C.A. contra la sentencia n° 0469 que expidió la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 20 de junio de 2013.
ANULA el acto decisorio objeto de revisión. En consecuencia, REPONE la causa al estado en que la Sala Casación Social de este Supremo Tribunal juzgue sobre las delaciones que fueron hechas en el recurso de casación que anunció y formalizó el ciudadano G.J.M. contra la decisión que pronunció el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 10 de octubre de 2011, en atención a los criterios vigentes para la oportunidad cuando se dictó dicho acto de juzgamiento que motivó el acto decisorio objeto de revisión, tal y como se estableció en el presente acto decisorio.
Quien suscribe, MAGISTRADA L.E.M.L., salva su voto por disentir del fallo que antecede, por las siguientes razones:
En la sentencia de la cual se disiente, la mayoría de la Sala, declaró Ha Lugar la revisión constitucional de la sentencia n.° 469 que dictó la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia el 20 de junio de 2013, que declaró con lugar el recurso de casación que interpuso el ciudadano G.J.M., titular de la cédula de identidad n.° 3.623.903, contra la decisión que dictó el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que había declarado con lugar el recurso de apelación que interpuso la representación judicial de la sociedad mercantil Caracas Base Ball Club, C.A., se revocó el acto de juzgamiento que dictó el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio de la referida circunscripción judicial y se desestimó la pretensión de cobro de prestaciones sociales y otras acreencias laborales que incoó el referido ciudadano en su contra, en razón de lo cual, se anuló el fallo objeto del recurso de casación y se declaró parcialmente con lugar dicha pretensión laboral. Como consecuencia, de la declaratoria ha lugar de la revisión constitucional, se anuló la sentencia dictada por la Sala de Casación Social y se repone la causa al estado en que la referida Sala juzgue sobre las delaciones que fueron hechas en el recurso de de casación que anunció y formalizó el ciudadano G.J.M. contra la decisión que dictó el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 10 de octubre de 2011.
(…) f) Asunción de ganancias o perdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio: tal como se indicó supra, de autos se evidencia que el accionante en sus ausencias de 28 años de servicios por la demandada, podía enviar a otro profesional de la medicina para que cubriera sus ausencias, pagando con su propio dinero la suplencia en cuestión, amen que hace ver que en la temporada que no laboraba no percibía remuneración alguna, elementos que a criterio de quien decide son un indicio de no laboralidad. Así se establece.
f) (sic) La exclusividad o no para el usuario: Quedó evidenciado que la relación no era de exclusividad, pues el actor laboraba para otros entes y podía ser suplido por otro profesional de la medicina; elementos que a criterio de quien decide son un indicio de no laboralidad. Así se establece
El punto medular en el caso sub examine, deviene en determinar el carácter laboral de los servicios prestados por el ciudadano G.J.M. en su condición de médico traumatólogo, a la empresa Caracas Base Ball Club C.A., propietaria del equipo ‘Leones del Caracas’, durante las temporadas del béisbol profesional.
En el caso bajo análisis, se observa que el ciudadano G.J.M., comenzó a prestar sus servicios como médico traumatólogo a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., propietaria del equipo ‘Leones del Caracas’ en fecha 4 de octubre de 1981, hecho admitido por la demandada, y arguyó su prestación hasta el 12 de octubre de 2009, fecha de terminación controvertida.
La empresa demandada a fin de desvirtuar la exclusividad de los servicios prestados por el actor, a su decir, elemento definitorio de la relación laboral, promovió prueba de informes al ‘Centro Médico Loira’, que cursa agregada al folio 268, y se aprecia conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de cuyo contenido se establece que a partir del año 1994, el Dr. G.J.M., en ejercicio de su profesión atendía a pacientes particulares en la precitada clínica los días martes y jueves en el horario comprendido de 2:00 p.m. a 6.00 p.m.; y que en fecha 23 de abril de 2007, la clínica emitió a solicitud del ciudadano W.R., presupuesto N° 106140 para intervención quirúrgica denominada ‘acromioplastia’ a realizar por su médico tratante Dr. G.J.M..
De igual manera, promovió la demandada prueba de informes al ‘Hospital J.M. Vargas’ que cursa al folio 319, y que esta Sala valora de conformidad con el artículo 81 de la Ley adjetiva laboral. De cuyo contenido se desprende que el ciudadano G.J.M., se desempeñó en el referido centro de salud como ‘Médico Residente’ en el período comprendido del 1° de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1982; que en fecha 16 de febrero de 1984, reingresó como ‘Especialista 1’, que coetáneamente ejerció el cargo de ‘Jefe de Servicio de Traumatología’ en el período comprendido de septiembre de 1996 hasta el 9 de mayo de 2005, y que egresó de la institución en fecha 30 de septiembre de 2009, en el cargo de ‘Médico Especialista II’ con seis (6) horas médico, cuya prestación efectiva, según lo afirmó el actor en el interrogatorio formulado por esta Sala en la celebración de la Audiencia Oral y Pública del recurso de casación, fue de 7:00 a.m., a 1:00 p.m.
Del cúmulo probatorio valorado supra, quedó demostrado que el actor en el ejercicio de su profesión de médico traumatólogo, prestó sus servicios para el equipo ‘Leones del Caracas’ en las temporadas del beisbol profesional. Asimismo, que en el marco del contrato por temporadas celebrado con la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., prestó coetáneamente sus servicios en el sector público, específicamente, en el Hospital ‘J.M. Vargas’ en el cargo de ‘Médico Residente’ en el período comprendido del 1° de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1982; y posteriormente reingresó en fecha 16 de febrero de 1984, como ‘Especialista 1’, y coetáneamente ejerció el cargo de ‘Jefe de Servicio de Traumatología’ en el período comprendido de septiembre de 1996 hasta el 9 de mayo de 2005, y egresó en fecha 30 de septiembre de 2009, como ‘Médico Especialista II’ con seis (6) horas médico; y a partir del año 1994 comenzó a prestar sus servicios en consulta privada en el ‘Centro Médico Loira’, los días martes y jueves en un horario de consulta de 2:00 p.m., a 7:00 p.m.
En la celebración de la Audiencia Oral y Pública del recurso de casación, el actor respondió al interrogatorio formulado por la Sala, que prestó sus servicios en el Hospital ‘J.M. Vargas’, con seis (6) horas médico en un horario comprendido de lunes a viernes de 7:00 a.m., a 1:00 p.m.; que es accionista del ‘Centro Médico Loira’, que allí tiene su consultorio privado, que pasa consulta los días martes y jueves de cada semana, durante todos los días del año, que la ‘papelería del consultorio’ señala un horario de atención de 2.00 p.m., a 7:00 p.m., horario que en razón de las temporadas del beisbol flexibilizaba de 2: 00 p.m. a 4: 00 p.m., por cuanto debía estar dos (2) horas o dos horas treinta minutos (2:30) antes de cada partido, que para poder ingresar a la sede del estadio debía utilizar algún logo, franela, bata o carnet que lo identificara como personal del Caracas Base Ball Club, C.A., que sus actividades de ejercicio público y privado no colidían con las actividades como médico para las temporadas del béisbol profesional, puesto que no había ‘choque de horarios’.
Con base en el cúmulo probatorio, valorado supra colige esta Sala que la empresa demandada no logró desvirtuar la presunción de laboralidad que obra a favor del ciudadano G.J.M., puesto que la exclusividaden la prestación de sus servicios, no constituye la nota distintiva del carácter laboral del contrato, como erróneamente lo asentó el Juez de Alzada, por lo que en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable rationae tempore en concordancia con el artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declara el carácter laboral de los servicios prestados por el actor a la empresa Caracas Base Ball Club, C.A., en las temporadas del béisbol profesional comprendidas del 4 de octubre de 1981 al 12 de octubre de 2009, con excepción de la temporada 1990-1991, en la que ambas partes admitieron la no prestación del servicio, para un término de 27 temporadas de prestación de servicio. Así se establece.
Sobre la base de las precitadas consideraciones, se declara el carácter determinante del vicio de suposición falsa y falta de aplicación del artículo 65 de la ley Orgánica del Trabajo (1997), aplicable ratioane tempore, en que incurrió el sentenciador de alzada, en consecuencia, con lugar la denuncia, se anula el fallo recurrido y conforme al artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se desciende a las actas procesales a los fines de dictar sentencia sobre el mérito del asunto. Así se establece
Sin duda alguna, que la peculiaridad de estas relaciones en el ámbito laboral dificulta la labor del órgano jurisdiccional en atención a las simulaciones de las relaciones laborales a través de instituciones propias del derecho civil y mercantil, lo cual ha sido denominado por la jurisprudencia laboral como zonas grises, sin embargo, como ha expresado la propia Sala, ello implica una mayor cautela en el análisis y revisión de los casos, para determinar la primacía de la realidad sobre las formas de laboralidad, llegando incluso la propia Sala de Casación Social a afirmar que ‘(…) el principio constitucional de la realidad de los hechos sobre las formas o apariencias, no puede limitar su utilidad sólo a aquellas situaciones donde lo oculto es la relación de trabajo, sino que puede ser un instrumento eficaz para otras, donde lo aparente son precisamente las notas de laboralidad’ (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Social N.° 489/2002).
Esta identidad y difusión en la certeza de la naturaleza jurídica de las relaciones laborales, y su identidad entre la materia mercantil y laboral ha sido objeto no solo de reflexión y solución por parte de la jurisprudencia nacional sino igualmente por la doctrina y jurisprudencia extranjera, la cual debe -como se expuso- ser minuciosa en el análisis pormenorizado de los elementos casuísticos de cada caso. En efecto, debe destacarse lo siguiente: ‘Desde hace tiempo asistimos a una huida del Derecho del Trabajo, como forma de eludir un ordenamiento protector. Falsos autónomos, transportistas con vehículo propio, representantes de comercio, contratados administrativos, trades, guias, encuestadores, profesionales nada independientes y un amplio etcétera forman el vistoso desfile de salida para evitar una protección que se considera excesiva en términos de exigencia de flexibilidad. Pero al mismo tiempo se produce el fenómeno contrario: la cumbre de la pirámide ocupacional –los administradores sociales- protagoniza una espectacular huida hacia el Derecho del Trabajo’ (Vid. A.D.B. y E.D.D.; En los límites del contrato de trabajo: administradores y socios, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración N.° 83, pp. 41-64)
Por ende, se aprecia que la Sala de Casación Social cuando estimó mediante el examen del acervo probatorio la existencia del vicio delatado en la casación cuando expuso “En tal sentido, advierte la Sala que del examen de las actas del expediente, no resultó establecido que en caso de que el Dr. G.J.M., no pudiera asistir a algún partido, podía nombrar otro galeno para que cubriera su ausencia y menos aún que los honorarios del médico ‘suplente’ fueran sufragados por el actor, como lo asentó la recurrida en el fallo, a fin de desvirtuar la presunción de laboralidad que obra a favor del actor en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), por lo que el fallo recurrido está incurso en el vicio que le imputa la formalización, en consecuencia, deberá precisar esta Sala su carácter determinante en el dispositivo a los fines de la declaratoria con lugar del recurso”, no vulneró derecho constitucional ni vulneró el principio de seguridad jurídica, respecto al grado de confiabilidad y racionalidad en el ejercicio de sus pretensiones judiciales y las decisiones emitidas por cuanto la mencionada Sala motivó razonadamente su fallo judicial y la rigurosidad exigida para el análisis de la existencia o no de la presunción de laboralidad en el referido caso, al ser el quid del presen caso el carácter laboral o no de los servicios prestados por el ciudadano G.M. como acertadamente lo expuso la Sala de Casación Social cuando expuso: “El punto medular en el caso sub examine, deviene en determinar el carácter laboral de los servicios prestados por el ciudadano G.J.M. en su condición de médico traumatólogo, a la empresa Caracas Base Ball Club C.A., propietaria del equipo ‘Leones del Caracas’, durante las temporadas del béisbol profesional”.
Por último, es de destacar que al declarar procedente la revisión constitucional, la mayoría sentenciadora ordenó la reposición de la causa “(…) al estado en que la referida Sala juzgue sobre las delaciones que fueron hechas en el recurso de de casación que anunció y formalizó el ciudadano G.J.M. contra la decisión que dictó el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 10 de octubre de 2011”, sin embargo, en el fallo del cual se disiente se entra a efectuar una valoración como juez de casación cuando se expone: “(…) que en el presente caso no existe una prueba o pruebas determinadas, de donde se hubiese dado por demostrado la referida situación fáctica (…)”, razón por la cual, de estimar la reposición, ha debido omitirse tal afirmación ya que prejuzga el pronunciamiento de la referida Sala, lo cual califica sobre la decisión en reenvío, lo cual conforme al criterio de quien disiente, debe ser objeto de pronunciamiento a través de la revisión constitucional y proceder conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a dictar la decisión de fondo en el referido caso (Vid. Voto Concurrente del fallo N° 03 del 25 de enero de 2005, caso: CANTV).
En particular, quien suscribe se refiere a la práctica contenida en los dispositivos de todos y cada uno de los fallos proferidos por esta Sala cada vez que ha declarado con lugar un recurso de revisión, consistente en ordenar una suerte de REENVIO, por el cual se compele a la Sala o Tribunal revisado a que vuelva a emitir su decisión de mérito acogiendo el criterio particular y específico de esta Sala Constitucional, sometiendo al justiciable al penoso deber de procurar otro fallo de quien ya le juzgó adversamente, lo cual se traduce en una incuestionable dilación, debido, entre otras cosas, a la constitución de Salas o Tribunales Accidentales, y a la eventual situación que tenga que recurrir de nuevo – en una especie de recurso de revisión de ‘nulidad’- por ante esta d.S., en caso que la autoridad revisada resulte contumaz en acoger el criterio sentado o bien, simplemente, lo aplique en forma inadecuada o parcial…
En ese sentido, se adelanta quien suscribe, a que no se le interprete como postulante del desconocimiento o irrespeto al principio por el cual debe preservarse el ‘soberano conocimiento del Juez natural de una causa’; sino como testigo de una realidad práctica que se revierte en contra del propio justiciable y de sus derechos y garantías constitucionales recién comentadas (ex artículos 26 y 257 constitucionales). Igualmente, debe acotarse que el sustento por el cual esta d.S. puede resolver, directamente, el fondo del conflicto que subyace en una sentencia objeto de revisión, reposa en el propio hecho de que, ella misma, en virtud de los poderes que le otorga la Constitución y la Ley, puede, ni más ni menos, ‘revisar’ las sentencias dictadas por otras Salas del mismo Tribunal Supremo; en otras palabras, la misma fuerza que le habilita para desconocer la fuerza de cosa juzgada de un fallo de otra Sala, también abarca que puede enmendar de forma inmediata y expedita, la situación fáctica del caso, permitiéndole al justiciable procurar la ejecución inmediata de su derecho que le ha sido reconocido por esta Sala Constitucional, y sin que quede expuesto a las dilaciones inexorables que suponen una nueva decisión en ‘reenvío’ (Vgr. Salas Accidentales), o que la Sala o Tribunal revisado se aparte total o parcialmente del criterio, obligándolo a interponer un ‘nuevo’ recurso de revisión de ‘nulidad’ por contrariar el criterio establecido por esta Sala Constitucional
Exp. n.° 13-0757
Decisión nº 111 de Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Palavecino y Simon Planas de Lara, de 4 de Diciembre de 2003

References: artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 9
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 320
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 39
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 78
 artículo 10
 artículo 65
 artículo 9
 artículo 65
 artículo 175
 artículo 72
 resolución 
 resolución 
 artículo 114
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 77
 artículo 73
 artículo 8
 artículo 60
 artículo 110
 artículo 72
 artículo 125
 artículo 146
 artículo 125
 artículo 146
 artículo 174
 artículo 92
 artículo 108
 artículo 336
 resolución 
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 175
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 39
 resolución 
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 65
 artículo 9
 artículo 65
 artículo 175
 artículo 65
 artículo 35

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