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Timestamp: 2017-06-24 04:41:32+00:00

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Revista de Derechos Humanos Universidad Diego Portales by Revista Derechos Humanos - issuu
N°4 – Año 2
www.rdh.clLa libertad de expresión y el uso (y desuso) de lugares públicos.
Estos han sido años complicados para la libertad de expresión en Chile, qué duda cabe
de eso, pero por sobre todo han sido años en donde se ha puesto sobre el tapete el rol
que tiene el Estado en su deber de promover, y permitir, el libre ejercicio de este
Derecho Humano. La llamada “Ley mi Cabo”, el uso de recintos públicos (o con aporte
fiscal) para homenajear a personajes como Miguel Krasnoff y de recintos privados para
conmemorar a Augusto Pinochet, como también la toma y posterior desalojo de liceos
públicos no hacen sino plantearnos la interrogante de cuáles son los valores que
queremos proteger en nuestra sociedad y que poderes estamos dispuestos a entregarle al
Estado para lograr estos objetivos.
El caso de los homenajes a Krasnoff y Pinochet al menos en sus objetivos parecen ser
iguales, pero no lo son. Preliminarmente, es importante establecer si un discurso que
apoye los crímenes cometidos en dictadura pueden o no ser permitidos en el marco de
una sociedad democrática y como estos discursos se relacionan con la libertad de
expresión. Aquí, como se explicó por muchos expertos en ese momento, existen dos
concepciones distintas del derecho de la Libertad de Expresión. Podríamos nombrarlas
la perspectiva continental y la anglosajona. Por una Parte, en países como Alemania y
Francia la negación del holocausto o el homenaje a genocidas es un delito, y esto se
justifica argumentando que la negación de los valores intrínsecos de toda sociedad
democrática (como lo son el respeto a los DDHH y la dignidad inherente del ser
humano) deben ser excluidos de esta por poner en peligro los fundamentos bases sobre
los cualesestá construida esa democracia. En efecto la democracia, dicen, puedeexcluir el discurso cuyo fin sea poner en peligro sus valores más intrínsecos.
Por otra parte, en Estados Unidos existe una tradición liberal cuyo estándar para
prohibir un discurso es altísimo y se funda en el respeto sacrosanto que se le tiene a la
primera enmienda de su constitución, enmienda que dice que el gobierno no podrá hacer
ley que busque restringir el intercambio de ideas o discursos, independientemente del
contenido de estas. El Juez Thurgood Marshall, integrante de la Corte Warren de
mediados del siglo XX interpretó la primera enmienda señalando que; “Por sobre todas
las cosas la primera enmienda le asegura a las personas que el gobierno no tendrá poder
para limitar su discurso por su mensaje, sus ideas, su tema tratado o su contenido. Para
1asegurar la construcción de nuestra política y cultura, y para asegurar la autonomía de
cada individuo, nuestro pueblo es libre de expresar cualquier idea sin miedo a la censura
Entonces queda claro que ambas tradiciones tendrían una respuesta distinta a la
pregunta de si está protegido el discurso que busque homenajear a personas que
activamente violaron los derechos humanos y fueron parte de una dictadura que asesino
y torturó a miles de personas. Bajo estos paradigmas, en Alemania estas prácticas
estarían prohibidas y en Estados Unidos se les permitiría, ambas en consideración a la
Explicado lo anterior, es dable señalar a continuación que entre los dos casos de
homenajes antes mencionados existe una diferencia a priori sutil pero que resulta ser
bastante sustantiva; el uso de espacios o lugares públicos para homenajear a personajes
vinculados a un régimen militar. Recordemos que mientras el homenaje a Pinochet fue
realizado en el Teatro Caupolicán, un recinto privado , el homenaje a Miguel Krasnoff
fue realizado en la Corporación Providencia, un espacio público. ¿Cambia esto la
ecuación respecto a la protección que se le debe dar a la libertad de expresión? ¿Es
distinto homenajear a un dictador (o a un torturador) en un lugar público que en uno
privado? En definitiva ¿Es el estándar en la libertad de expresión distinto dependiendo
de la naturaleza del espacio ocupado?
Antes de responder estas interrogantes me gustaría sumar otro caso de mayor
contingencia sobre el uso de lugares públicos para el ejercicio de la libertad de
expresión; las tomas escolares. Cuando los estudiantes de un colegio deciden tomarse su
establecimiento educacional generalmente toman esta decisión mediante vías
democráticas incluso más representativas que las que tenemos a nivel nacional.
Numerosas publicaciones, entre las que se encuentran el capítulo sobre Derecho a la
Protesta publicado por el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2012 de la
Universidad Diego Portales han argumentado, que las tomas escolares son una forma
de protesta, derecho que a su vez una forma de ejercer la libertad de expresión. Así lo ha
entendido no solo la academia, particularmente Miguel Cillero, sino que también el2desarrollo doctrinal y jurisprudencial en el ámbito nacional e internacional 1. El derecho
a tomarse un establecimiento educacional, generalmente público, se entiende entonces
como un derecho humano protegido por el ordenamiento jurídico. Si consideramos esto
correcto, pero a su vez creemos improcedente de que se ocupen fondos públicos para
homenajear a Miguel Krasnoff entramos en una disyuntiva ¿Por qué estos sí y aquel no?
Seguramente la respuesta atenderá al nivel material del discurso, en uno tenemos a
estudiantes protestando en pos de sus derechos y en el otro el homenaje a un torturador.
Ahora, como vimos en una tradición liberal como la nuestra no debe ser permitido para
un Estado, en palabras del Juez Marshall; “limitar un discurso por su mensaje”. ¿Es
posible reconciliar estas dos posturas? ¿Es posible mantener un discurso liberal, propios
de una práctica política que tiende a lo liberal y a su vez permitir ciertas formas de
libertad de expresión en espacios públicos pero otras no? ¿Es posible hacer todo esto sin
atender la materialidad del discurso?
Para no dejar preguntas sin responder primero trataré de darle respuesta a las planteadas
sobre los estándares en lugares públicos vs. lugares privados. Me parece sensato afirmar
que efectivamente si existe un estándar más alto para proteger la, en palabras de
Habermas, esfera pública que la esfera privada. Considero que el Estado debe proteger
el discurso privado independientemente de la materialidad de este, es decir debe
proteger el discurso aunque este sea uno de apología a un dictador. Cosa distinta sin
embargo es hacerlo en sus dependencias o utilizando fondos públicos. La razón es
sencilla, una dictadura está construida desde su misma fibra por valores intrínsecamente
opuestos a los de una democracia. Donde en una hay igualdad en la otra existe
arbitrariedad, donde en una exista dignidad en la otra abuso. Un estado debe permitir (e
incluso proteger) discursos anti-democráticos pero nunca debe ser neutro a estos, un
estado puede y debe buscar que estas tragedias no vuelvan a suceder nunca más y para
esto la prohibición de asignar recursos o espacios públicos a actos de esta naturaleza
parece sensato y pasaría el test de Marshall de protección liberal a la libertad de
expresión.1Protesta social: ¿Cuál es la responsabilidad del Estado según los estándares internacionales de derechos humanos?INFORME ACNUR - http://acnudh.org/2012/01/protesta-social-%C2%BFcual-es-la-responsabilidad-del-estadosegun-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos/3Sin embargo aún queda la segunda pregunta sin responder ¿Por qué esta la protesta
estudiantil mediante tomas de establecimientos públicos protegida por la libertad de
expresión si consideramos que estos tienen un estándar mucho más alto? La respuesta
está en las obligaciones internacionales de los estados. Los estados tienen obligaciones
para con el sistema internacional en su conjunto, entre estos está el deber de promover y
proteger la democracia y los derechos humanos, pero también está la obligación de
reparar a la víctimas de violaciones de estos derechos. A su vez numerosos tratados,
entre ellos la Convención sobre Derechos del Niño, obligan a los estados a proteger y
promover el libre desarrollo de los niños y el otorgarles el mayor goce posible de sus
derechos. Queda claro entonces porque la toma de un establecimiento educacional
público y el homenaje a un dictador en dependencias municipales son opuestas, sin
entrar a calificar materialmente el discurso, sin “limitarlo por su mensaje”. El estado
tiene la obligación de reparar a las víctimas de torturas sufridas en dictadura,
reparación que difícilmente podría completar si se están usando sus dependencias para
homenajear a sus victimarios. Sin entrar a calificar el mensaje entonces no se puede
permitir, sin romper obligaciones de derecho internacional, estos homenajes en su
El caso de los estudiantes es el opuesto. Si bien estos están ejerciendo su derecho a
libertad de expresión en propiedad fiscal, y por lo tanto bajo estándares más altos, el
estado también tiene el deber internacional de proteger su integridad física, siendo los
desalojos violentos de una última ratio extrema y solo justificado si la salud o vida de
estos corre peligro, y la obligación de proteger el goce de sus derechos. Como vemos,
entonces, las obligaciones internacionales del estado respecto a la libertad de expresión
nos permite resolver el problema de por qué podemos permitir el uso de lugares
públicos para ciertos discursos y otros no sin romper la máxima de Marshall de que un
estado no puede “limitar un discurso por su mensaje”.4Corte Interamericana y Margen de Apreciación: A propósito del caso Fertilización
Pablo Contreras1La doctrina del margen de apreciación ha sido empleada sólo marginalmente por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como es conocido, el margen de
apreciación es un estándar que permite entregar deferencia a los Estados Partes de un
tratado internacional para decidir algunos asuntos problemáticos, especialmente en
materias morales controvertidas. Se trata de una doctrina creada por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y que es frecuentemente empleada por tal magistratura. Sin
embargo, la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana sugiere una creciente
distancia a cualquier aplicación del margen de apreciaciónn. En el reciente caso Artavia
Murillo y otros v. Costa Rica,2 la Corte debía decidir si la decisión nacional de prohibir
absolutamente las técnicas de fertilización in vitro (“FIV”) eran compatible con la
CADH. La Comisión Interamericana argumentó, principalmente, que tal medida violaba
los artículos 11.2 y 17.2 de la Convención,3 al constituir una injerencia arbitraria a los
derechos a la vida privada y familiar, por un lado, y el derecho a formar una familia, por
el otro, en relación con el principio de igualdad (artículo 24).4 El Estado argumentó que
la decisión buscaba proteger el derecho a la vida tal como se consagra en el artículo 4.1
de la Convención.5 Tal precepto contiene una frase atingente a la controversia sobre la
FIV: el derecho a la vida “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepción.”
1Abogado, Magíster en Gobierno y Sociedad (Universidad Alberto Hurtado) y Master en Derecho (LL.M.), mención
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Northwestern University). Es investigador asociado a la Facultad de
Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) v. Costa Riva, Sentencia de excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas, Ser. C No. 257, Nov. 28, 2012.
Id., ¶3. “Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. […] 2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación.”
“Artículo 17. Protección a la Familia […] 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.”
“Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley.”
“Artículo 4. Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”1El mentado margen de apreciación fue explícitamente invocado en este caso por
el Estado de Costa Rica. Como se lee en la sentencia, el Estado argumentó que “i) no
‘existe consenso en relación con el estatuto jurídico del embrión’; ii) ‘no existe consenso
sobre el inicio de la vida humana, [por tanto] debe también otorgarse margen de
apreciación sobre la regulación de la técnica’ de la FIV, y iii) no es válido el argumento
de que ‘como existen otros Estados que, por omisión legislativa, permiten la práctica de
la [FIV], Costa Rica ha perdido su margen de apreciación.”6 El argumento era plausible
respecto de la decisión estatal sobre cómo proteger el derecho a la vida en Costa Rica
pero contrastaba con la utilización de la misma doctrina en los casos europeos, en donde
el margen de apreciación era invocado para autorizar –no prohibir– las prácticas de FIV.
Sin embargo, tanto el voto de mayoría como el de minoría se demarcaron de un análisis
de margen de apreciación. Para la mayoría, tras determinar el alcance del artículo 4, 7 se
debía examinar la proporcionalidad de la prohibición absoluta de técnicas de FIV. 8 En su
razonamiento, el juicio de proporcionalidad se encuentra completamente desvinculado de
consideraciones del margen de apreciación. En efecto, sólo luego de concluir que los
derechos a la libertad personal, vida privada y autonomía reproductiva habían sido
afectados en forma severa9 –cuestión que constituye una violación a la Convención–, la
mayoría de la Corte estima que no es “pertinente pronunciarse sobre los alegatos del
Estado respecto a que contaría con un margen de apreciación para establecer
prohibiciones como la efectuada [por los tribunales de Costa Rica].”10
El voto de minoría del juez Vio Grossi también omite la aplicación de la doctrina
del margen de apreciación. El razonamiento de este juez discurre en una interpretación
alternativa sobre el alcance normativo del artículo 4 de la Convención y en una crítica a
la tesis de la mayoría y su metodología empleada. Para Vio Grossi, “la vida de una
persona existe desde el momento en que ella es concebida o, lo que es lo mismo, que se
es ‘persona’, o ‘ser humano’ desde el ‘momento de la concepción’, lo que ocurre con la6Artavia Murillo y otros v. Costa Rica, cit., ¶170.
Id., ¶¶171 y ss. Hemos comentado la interpretación sustantiva que la Corte hace del artículo 4 en otra parte. Véase
Eduardo Chia y Pablo Contreras, “Las nuevas dimensiones del estatuto jurídico del feto y los derechos de las mujeres”,
en El Mostrador, Feb. 1, 2013, disponible [en línea]: http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/02/01/las-nuevasdimensiones-del-estatuto-juridico-del-feto-y-los-derechos-de-las-mujeres/ [última visita efectuada, Mar. 13, 2013].
Artavia Murillo y otros v. Costa Rica, cit., ¶¶272 y ss.
Id., ¶¶274, 314-5. Véase Chía y Contreras, supra nota 6.
Artavia Murillo y otros v. Costa Rica, cit., ¶316.
72fecundación del óvulo por el espermatozoide. A partir de esto último se tienen, entonces,
según aquella, el ‘derecho … a que se respete (la) vida’ de ‘toda persona’ y,
consecuentemente, existe la obligación de que se proteja ese derecho.” 11 Pese a señalar
que la CtIDH tiene limitaciones jurisdiccionales en materias donde no hay consensos
médicos y morales12 –cuestión que parece conectarse con la idea de la autorrestricción
judicial–, su razonamiento no incluye ninguna consideración sobre el margen de
apreciación respecto a la controversia planteada.
A pesar de lo anterior, debe reconocerse que existen algunos elementos que son
parte del análisis de margen de apreciación –aun cuando la Corte no los relacione con tal
doctrina–. En la mayoría, por ejemplo, se recurre a la práctica de la mayoría de los
Estados Partes de la CADH, con el objeto de ilustrar la interpretación del artículo 4,
negando que la protección del embrión constituye una barrera a las técnicas de FIV. 13
Con ello se busca configurar un consenso regional a favor de estas prácticas. El elemento
del consenso de los Estados Partes es uno de los componentes básicos del margen de
apreciación. En términos muy sencillos, mientras mayor consenso regional en contra de
una medida estatal restrictiva de derechos exista, mayor es la intensidad del escrutinio
judicial que le corresponde a las Cortes regionales. 14 El voto de minoría critica la real
configuración de dicho consenso y afirma que no sería la mayoría de los Estados Partes
de la Convención los que autorizan las técnicas de FIV.
Pese a que existe un análisis de la práctica estatal en la ejecución de la
Convención, es claro que la doctrina del margen de apreciación no cumple rol alguno en
la decisión. La mayoría estima que la protección absoluta del embrión es
desproporcionada y no recurre a analizar el grado de discreción que los Estados podrían
tener en fijar tal medida. Los casos ante el TEDH utilizan el margen de apreciación para
autorizar estas prácticas. La principal diferencia radica en el grado de protección de los
derechos involucrados. Para el TEDH, el silencio del tratado respecto de la protección de
la vida del embrión –junto a otras consideraciones en torno al consenso– permiten dar
deferencia a los Estados Partes sobre materias como la interrupción del embarazo, FIV o
11Artavia Murillo y otros v. Costa Rica, cit., pág. 12 del voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi, cursivas en el
Artavia Murillo y otros v. Costa Rica, cit., ¶256
Andrew Legg, The Margin of Appreciation in International Human Rights Law, Oxford, OUP, 2012, pp. 120ss.3el diagnóstico preimplantacional.15 La Corte Interamericana, por otra parte, autoriza la
FIV sin recurrir al margen de apreciación. Para ello, estima que la protección absoluta de
la vida del embrión constituye una medida que interfiere desproporcionadamente a otros
derechos consagrados en la Convención. Una conclusión provisional respecto al empleo
del estándar de discreción nacional sería la siguiente: la doctrina del margen de
apreciación, tras Artavia, no parece tener buen futuro –al menos dentro del sistema
interamericano–.15Véase Vo v. France, App. No. 53924/00, Jul. 8, 2004 (el TEDH niega titularidad del derecho a la vida al nasciturus y
en ¶82 sostienen que la determinación del comienzo de la vida cae bajo el márgen de apreciación de los Es tados);
Evans v. United Kingdom, App. No. 6339/05, Abr. 10, 2007 (caso sobre destrucción de embriones congelados y en
¶¶81-2 afirma que es parte del margen de apreciación de los Estados la decisión de establecer o no legislaciones sobre
las técnicas de FIV y de fijar las reglas que articulan los intereses en colisión); A, B and C v. Ireland, App. No.
25579/05, Dic. 16, 2010 (que declara que no existe un derecho a abortar bajo el artículo 8 de la CEDH y reafirma, en el
¶237, un margen de apreciación en la determinación del origen de la vida); S.H. and others v. Austria, App. No.
57813/00, Nov. 3, 2011 (declarando como compatible la prohibición de FIV con espermios y óvulos de terceros y
señalando que existe un margen de apreciación estatal, en sus ¶¶96-7, en materias donde existe una importante
controversia sobre asuntos morales y éticos); Costa and Pavan v. Italy, App. No. 54270/10, Ago. 28, 2012 (declarando
incompatible la prohibición de diagnóstico pre-implantacional por ser inconsistente con la autorización de
interrumpción del embarazo por enfermedad del feto, reafirmando, a su vez, en los ¶¶67-8, el margen de apreciación
reconocido en S.G. and others v. Austria).4Cumplimiento local de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos: El caso Atala y niñas v. Chile
Alexander Kliwadenko R1
Sebastián Smart L2¿Porqué si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) no tiene mecanismos
coercitivos para el cumplimiento de sus decisiones, tiene una importante influencia en los
países Latinoamericanos?3En este trabajo se argumenta que las decisiones de la Corte
tienen un alto nivel de cumplimiento, comparado con otras Cortes de Derechos Humanos,
principalmentesi se revisan los efectos que estas tiene a nivel local4. A pesar de las últimas
críticas a todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) -propuestas
principalmente por los países dela Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra
América(ALBA)- que lo han intentado debilitar; desde la llegada de la democracia en los
países Latinoamericanos, estas han sido más sutiles pasando de críticas a su legitimidad a
críticas procesales.Para argumentar el grado de compromiso que tienen los países Latinoamericanos con las
decisiones de la Corte se analizará en la primera parte el contexto de la misma, la historia
de su constitución y la utilización de casos ejemplares de cumplimiento con sus decisiones;
en la segunda parte se analizarán las diferentes teorías de cumplimiento, argumentando que
la mejor forma de evaluar el cumplimiento sobre las decisiones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte) es analizando el grado de cumplimiento de las Instituciones
a nivel local, es decir, la influencia que tienen dichas decisiones en los gobiernos y
1Alexander Kliwadenko R es Abogado de la Universidad Diego Portales. Ha sido Director Social de Techo Haití y
Director Social de Un Techo para Chile. Actualmente se desempeña como abogado en el programa de DDHH y es
miembro de la comunidad de jóvenes líderes Global Shapers del Foro Económico Mundial.
Sebastián Smart L. es Abogado de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Ha sido Director de Techo Haití y
Director de Regiones de un Techo para Chile. Actualmente es estudiante de postgrado en Derechos Humanos en
Tan, M. (2005), Compliance Theory and the Inter-American Court of Human Rights, p. 2.
Cumplimiento que por lo general se da en decisiones que buscan reparación y que se puede basar en procesos de defensa
y contraposición a procesos autocráticos y dictaduras que se vivieron principalmente durante las décadas del 60’ y 70´en
América Latina y el compromiso casi ecuánime de los países americanos por respetar la democracia y los derechos
humanos; estos dos últimos se consolidan como parte de los cuatro pilares fundamentales del establecimiento de la
Organización de Estados Americanos (OEA).1sociedad civil. Finalmente en la tercera parte de este trabajo se analizará un caso de estudio
–el caso Atala e hijas contra el Estado de Chile– para analizar el grado de cumplimiento de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Chile sobre una decisión de la Corte
argumentando que dicha decisión ha provocado importantes cambios en la forma de
entender la no discriminación de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e
Intersexuales (LGBTI), produciéndose importantes cambios en la sociedad civil que
obtuvo, con esta decisión, mayores recursos y valores para levantar sus demandas.A pesar de esto, debemos aceptar que el SIDH, y en particular para este trabajo, la Corte,
tienen aún mucho trabajo que realizar en los niveles de cumplimiento de sus decisiones por
parte de los Estados miembros5. Sin embargo, si observamos el grado de cumplimiento a
nivel local, se puede reconocer la validez e importancia que el SIDH ha tenido para avanzar
en los estándares de Derechos Humanos en la región.i.Notas previas sobre los últimos procesos de cuestionamientos al SIDHEl compromiso que se argumenta en este trabajo ha sido quebrantado al menos cuatro veces
en la historia del Sistema, los últimos dos casos, son actuales y de gran relevancia, lo que
hace pensar en los desafíos que el SIDH, tiene por delante. Las primeras quejas formales
fueron realizadas por Perú durante la época de Fujimori, seguidas por el caso de Trinidad y
Tobago6 que decide denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH). A estos dos casos, le siguieron las quejas de Venezuela y Brasil; este último retiró
a su embajador ante la OEA, dejó de pagar su cuota ante el organismo y llamó a
desentender las medidas cautelares que la Corte había dictado a fin de detener la
construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena 7. No fue hasta la consolidación de
un grupo de trabajo que se inició a fines del año 2011 y su culminación en 2012 acerca de
la forma de actuación de la Corte y la Comisión, que Brasil no se volvió a incorporar en el
Sistema Interamericano.5Principalmente en casos de impunidad cuando la Corte ha requerido el procesamiento de individuos como
en el caso Tomás LanesCipriara v. Guatemala (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, 169)
Caso Belo Monte.2Dichas presiones han servido para volver a pensar el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y para consolidar la forma de actuación de los tribunales internacionales, sin
embargo, ha dañado profundamente la credibilidad y estabilidad del mismo; la medida
exagerada de Brasil fue replicada por Venezuela, quien ha decidido denunciar la
Convención Americana de Derechos Humanos, acto seguido por las amenazas de Ecuador
de replicar esta medida en virtud del caso Sarayaku. A pesar de estas amenazas al Sistema,
el mismo acaba de recibir un importante apoyo el pasado 22 de Marzo de 2013 en una
Asamblea Extraordinaria de la OEA, que a pesar de dejar abierta la discusión para el futuro,
consolidó su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la
Relatoría para la Libertad de Expresión.I.La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su contexto:La Corte debe ser entendida como el único cuerpo estrictamente jurídico del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, que actúa como órgano final luego de las decisiones
que toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) en materias
relacionadas con vulneraciones de Derechos Humanos de los países que han ratificado la
Convención Americana sobre Derechos Humanos 8. La Corte está instalada en San José,
Costa Rica, desde el 3 de Septiembre de 1979. Durante sus primeros años de trabajo, la
Corte tuvo poco trabajo, puesto que la mayoría de los países Latinoamericanos se
encontraban en dictadura, con serias violaciones a los Derechos Humanos y poco
reconocimiento de la Corte, por lo que la principal herramienta que tuvo la Corte durante
este tiempo, fueron las opiniones consultivas 9. Cuando la Corte empezó a recibir casos de la
Comisión –en 1986- los Estados que se encontraban en transición a la democracia se vieron
sorprendidos por la recepción de demandas por violaciones a los Derechos Humanos a
nivel internacional, pero respondieron de manera ejemplar, respetando y haciéndose parte
de los procedimientos ante la Corte y en virtud de ello la Corte ha ido adquiriendo mayor
relevancia y reputación por el alto estándar de su jurisprudencia10. De ahí en adelante el8Pasqualucci, J.M. (2003), the Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights, p.1
93grado de cumplimiento de las decisiones ha sido destacable. Existiendo casos en que, el
propio Presidente y Vice-Presidente de Panamá han testificado ante la Corte11, caos en que
los Estados miembros han pagado compensaciones a las víctimas12, casos de actos de
reparación pública13e incluso decisiones de liberar de prisión a imputados por la ley local 14.
Estos casos ejemplares demuestran que las decisiones de la Corte se han tomado en serio a
nivel local e internacional. Sin embargo, existe aún mucho por realizar: de los 211 casos
contenciosos que la Corte ha recibido al año 2009, solamente 119 casos han tenido un total
cumplimiento de las sentencias15. Uno de los principales desafíos de la Corte es hacer cada
vez más obligatorias y dar mayor cumplimiento a sus sentencias y recomendaciones, sin
embargo, a pesar de los avances realizados en esta materia, las claves para entender el
cumplimiento de estas decisiones, debemos buscar en la política local16.II.Teorías de cumplimiento:Existen varias teorías de cumplimiento17 que pueden ser analizadas, pero, para los
propósitos de este trabajo, brevemente se evaluarán tres de ellas:a. Poder o Fuerza dominante: Los realistas estructurales, sugieren que el grado de
adhesión y cumplimiento con la ley internacional, se basa en la posición dominante
de un Estado u organización, que es capaz de ejercer coerción e inducir a otros
Estados a cumplir con la ley internacional. En el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, esta teoría no tiene mucha cabida, esto porque la OEA no tiene
poder político ni económico para forzar a los Estados a cumplir con las obligaciones
de Derechos Humanos, de esta manera ha sido ratificado por el mismo Secretario
General José Miguel Inzulza, quien ha abiertamente declarado que “la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos realiza recomendaciones que no son
11Trabajadores v. Panama.
Chumbipuma Aguirre et al. v. Peru
Cesti Hurtado v. Peru
Inter-American Commission of Human Rights (2009), Annual Report of the Inter-American Commission on
Human Rights, p. 61-74
Hillebretch, C. (2012), The Domestic Mechanisms of Compliance with International Human Rights Law:
Case Studies from the Inter-American Human Rights System,p. 962.
Ver Tan (2005) Compliance Theory and the Inter-American Court of Human Rights.
124obligatorias para los Estados”18. Por otro lado, ningún Estado miembro del Sistema
Interamericano ha gastado suficientes recursos o poder político para hacer
obligatorias las decisiones de la Comisión o la Corte19.
b. Auto-obligación: Esta teoría señala que los Estados cooperarán y harán exigible las
decisiones y la ley internacional, porque tienen un interés común de respetar los
estándares de Derechos Humanos, aun cuando no exista un mecanismo coercitivo
externo. Esta teoría se basa en dos conceptos básicos: reciprocidad y reputación 20.
Si aceptamos esta teoría, aceptaríamos la paradoja de un ejercicio histórico de
importantes cambios a nivel local, que ha tenido muy poco apoyo diplomático en la
Región21. Es difícil basar una teoría de cumplimiento de los estándares de Derechos
Humanos en la Región, bajo el concepto de reciprocidad, puesto que sería extraño
pensar que un Gobierno transformaría sus propias obligaciones y derechos a fin de
dar reciprocidad a los abusos cometidos en otros países; tampoco puede ser basado
en la idea de reputación puesto que la mayoría de los abusos son cometidos a nivel
doméstico, los que muchas veces son difíciles de detectar a nivel internacional y no
existen muchas razones para país interfiera en este tipo de casos. En consecuencia y
observando el contexto político de la Región, es difícil argumentar que esta teoría
sirve para ilustrar el porqué del cumplimiento al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y en específico a las decisiones de la Corte22.
c. Obligación a nivel local: Hemos visto que las teorías que se basan en la distribución
del poder o en las estrategias interestatales, no sirven para ilustrar completamente el
cumplimiento de las decisiones de los órganos del SIADH, ni tampoco explican la
relación entre Estado y los individuos a los cuales las normas de Derechos Humanos
protegen. Autores recientes23 han sugerido que los estándares de derechos humanos
tienen un fuerte potencial para influenciar la política interna de los países.
Argumentan que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es
18http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/05/110502_insulza_jc.shtml
El acuerdo de cooperación entre Costa Rica y la Corte y los recursos básicos de los países miembros del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no nos permiten inferir la existencia de una posición
Simmons, B. (2009), Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics, p. 116-117.
Cassel, D. (1999), Peru Withdraws from the Court: Will the Inter-American Human rights System meet the
Challenge?,p. 167.
Ibid, p. 123-125.
Ver Simmons y Cavallaro
195capaz de influenciar la agenda pública del ejecutivo; puede hacer cambiar la
interpretación de las Cortes dentro del país; y puede eventualmente influenciar a la
sociedad civil, la que, organizada, puede obtener nuevos recursos y valores con los
cuales levantar sus demandas. Sin embargo, es importante resaltar que la debilidad
de uno de estos grupos, puede disminuir la influencia de los otros grupos, por lo que
muchas veces se requerirá una coalición de estos tres actores para adquirir un
verdadero cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos. En otras palabras,
si existe una fuerte oposición o del ejecutivo o del poder judicial para cumplir con
las decisiones de una Corte Internacional, el nivel de desarrollo propuesto por los
otros grupos, tendrá menos efecto24
A fin de analizar esta teoría cumplimento, se analizará el efecto que ha tenido la decisión
del caso Atala Riffo e hijas contra el Estado de Chile en los tres grupos propuestos.
III.Cumplimiento a nivel local: Caso Atala Riffo e hijas contra el Estado de Chile
(caso Atala):En Marzo de 2012 la decisión de la Corte sobre el caso Atala fue anunciada luego de ocho
años en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De esta manera, Chile se
convirtió en el primer país en ser sentenciado por la Corte por haber violado los Derechos
Humanos de una persona basados en su orientación sexual. Como resultado de la violación
a los Derechos Humanos sufridos por la jueza Atala y sus hijas, la Corte sentó precedentes
en establecer –por primera vez – que la orientación sexual es una categoría protegida por la
Siguiendo la teoría de Beth Simmons, brevemente explicaremos cómo la decisión del caso
Atala ha producido ciertos cambios en los tres grupos antes mencionados, es decir en los
poderes ejecutivo-legislativo; el poder judicial; y en la sociedad civil.
a. La agenda ejecutiva-legislativa:
“Chile queda en mal pie. Esta es una sanción por nuestro, precisamente, atraso
institucional. Somos millones de personas las que nos educamos en una cultura machista y
24Cardenas, S. (2007), Conflict and Compliance. State Responses to International Human Rights Pressure, p.
26.6homofóbica, y tenemos que superarla, tenemos que construir una nueva cultura de
tolerancia y diversidad”25. Con estas palabras el Presidente del Senado, Camilo Escalona,
recibió la decisión de la Corte.
Esta decisión unida al homicidio homofóbico de Daniel Zamudio, ayudaron a apurar el
proceso –que por siete años estuvo estancado en el Congreso chileno- de una ley que
condena los actos discriminatorios contra las personas por su orientación sexual e identidad
de género. De esta manera, el 24 de Julio de 2012, se aprobó la denominada “ley
antidiscriminación”.
Esta ley, tuvo una lenta tramitación y aprobación; se vio estancada principalmente por
grupos conservadores de derecha del Senado chileno, quienes se oponían a la inclusión de
características de género e identidad de género para aprobarla. Sin embargo, no cabe duda
que la decisión del caso Atala, ayudó a intensificar el debate político y social sobre la
diversidad sexual, que se vio definitivamente reflejado en una ley que busca “instaurar un
mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez
que se cometa un acto de discriminación arbitraria”26.
b. Cortes:
A pesar del progreso en la agenda política para desarrollar derechos de las personas
LGBTI, el poder judicial, no ha tenido la misma reacción. Una de las obligaciones
propuesta por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que
el Gobierno de Chile estaba obligado a implementar cursos de capacitación y educación al
poder judicial en materia de Derechos Humanos, orientación sexual y no discriminación. A
pesar de ello, el vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez, señaló que la obligación
correspondía al Estado de Chile y no al poder judicial, señalando que: “En esas
condiciones, la administración (del Estado) la tiene el Poder Ejecutivo, de manera que es el
Ejecutivo el que verá la forma en que se van desarrollar estas decisiones de la Corte
Interamericana”27.25UDP, Universidad Diego Portales (2012), Reporte Anual de Derechos Humanos en Chile 2012, p. 54.
Artículo 1 de la Ley 20.609.
UDP, Ob. Cit., p. 69.
267A pesar de ello, es posible observar cierta litigación basada en este caso, que ha sido
utilizado como estrategia política, en virtud del cual tres parejas gay interpusieron
demandas para que, basados en su derecho a no ser discriminados, se reconociera por parte
del Estado sus matrimonios contraídos en países extranjeros. Dicha petición fue rechazada
por el Tribunal Constitucional, que se declaró incompetente, determinando que dichas
materias debían ser decididas por el poder legislativo28. Estos casos de litigación, son
utilizados de manera estratégica, “no siempre para ganar casos, sino que para publicitar y
movilizar ciertas causas”29
La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala, ha
coincidido con el re-fortalecimiento de los grupos de defensa de los derechos LGBTI. La
sociedad civil se ha organizado, logrando establecer en el año 2012 ciertos puntos que
estuvieron presentes en el debate nacional y el reconocimiento de ciertos derechos. En
2012, después de diez años de lucha el Instituto Nacional de Estadísticas integró al Censo
chileno una pregunta relativa a la vida en común de personas del mismo sexo y que
concluyó que en Chile 34.976, es decir, el 0,36% de la población chilena, convive con una
pareja del mismo sexo.Al mismo tiempo grupos de la sociedad civil y organizaciones no
gubernamentales (ONGs) desarrollaron un fuerte debate social sobreel matrimonioigualitario entre personas del mismo sexo, lo que ha hecho que el Congreso nacional se
haya abierto a discutir la adopción de una legislación que permita un Acuerdo de Vida en
pareja entre personas del mismo sexo, estandarizando de esta manera los derechos civiles
del matrimonio heterosexual a parejas homosexuales.
Ha sido pues, bajo el concepto de no-discriminación, la sociedad civil se ha movilizado
para que se reconozca el matrimonio de parejas del mismo sexo. Para esto, se han basado
en el artículo primero de la Constitución Política de la República de Chile, que reconoce la
igualdad y no discriminación; pero más importante, también han fundado sus argumentos
en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que bajo la28
29Ibid, p. 74-75.
Simmons (2009), ob. Cit, p. 132.8nueva interpretación de la Corte Interamericana en el caso Atala, reconoce la igualdad de
las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género.IV.Conclusion:Aun cuando en números, el grado de cumplimiento total sobre las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha sido baja, queda en evidencia que los estándares
internacionales promovidos por la Corte, dan pie a una serie de cambios en el contexto
político de un país.
Sería una ilusión pensar que los cambios en la legislación, el poder judicial o en la
sociedad, se deben solamente a las decisiones de la Corte. La situación política y social de
un país puede beneficiar enormemente el nivel de cumplimiento sobre dichas decisiones.
La intención de este trabajo, es reconocer que dentro de las teorías de cumplimiento hacia
las decisiones de un órgano carente de poder coercitivo, la de los cambios y
transformaciones sociales provocadas por el derecho a nivel local, es una que tiene bastante
lógica, al menos en el contexto Latinoamericano.BIBLIOGRAFÍA:Cassel, D. (1999), Peru Withdraws from the Court: Will the Inter-American Human rights
System meet the Challenge?Human Rights Law Journal 167.Cardenas, S. (2007), Conflict and Compliance. State Responses to International Human
Rights Pressure, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.Cavallaro, J. y Brewer, E., Reevaluating Regional Human Rights Litigation in the TwentyFirst
Century: The Case of the Inter-American Court,Harvard Law School Public Law & Legal
Theory Working Paper SeriesPaper No. 09-319Hillebretch, C. (2012), The Domestic Mechanisms of Compliance with International
Human Rights Law: Case Studies from the Inter-American Human Rights System, Human
Rights Quarterly, vol. 34.Inter-American Commission of Human Rights (2009), Annual Report of the Inter-American
Commission on Human Rights [online], Available
from:http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm[accessed 28th December
2012]Pasqualucci, J.M. (2003), the Practice and Procedure of the Inter-American Court of
Human Rights, CUP, Cambridge.Simmons, B. (2009), Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics,
Cambridge, and Cambridge University Press.Tan, M. (2005), Compliance Theory and the Inter-American Court of Human Rights, the
Berkeley Electronic Press.UDP, Universidad Diego Portales (2012), Annual Report on Human Rights in Chile 2012,
Santiago, Chile.10(Des)igualdad y política: nuevas viejas formas de injusticia*
Eduardo A. Chia1
Flavio Quezada2Variados estudios muestran que Chile es un país manifiestamente desigual. Esta situación
no sólo se expresa en las esferas socioeconómicas, como la inicua distribución de las rentas,
sino que también es posible observar otras categorías de la desigualdad. Una de ellas es la
mala distribución del poder político.
En la actual discusión pública, se ha tendido a restringir el principio de igualdad al
aseguramiento de condiciones materiales mínimas que permitan el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas. Así, se señala que serían exigencias de la igualdad, la creación de
sistemas de educación, salud y seguridad social accesibles y de calidad.
Pero este principio es mucho más complejo. La igual consideración y tratamiento que
merecen todas las personas, supuesto basal de las modernas democracias, es un valor que
no resulta baladí a la hora de diseñar el sistema institucional. Muchos de los temas hoy
debatidos, como el sistema electoral, los quórum de leyes, la distribución de distritos y
circunscripciones y el financiamiento de las campañas políticas, no son sólo aspectos del
abstracto concepto de “sistema político”, sino concretos problemas de igualdad.
En esta columna hacemos mención a una especial perspectiva de la desigualdad, a la que no
se le ha dado, a nuestro juicio, la suficiente atención. Esta dimensión de la igualdad no es
fútil, pues los resultados que genera son especialmente decisivos al momento de
implementar medidas redistributivas: ello explica, por ejemplo, que aún cuando la inmensa
mayoría del país exige educación pública, gratuita y de calidad, no se concrete en la
realidad. En efecto, hay preferencias políticas que, a pesar de estar dentro del marco
democrático, valen menos que otras. De ahí que sea relevante referirnos a la desigualdad
La igualdad política, es un valor que apela a la distribución equitativa del poder en relación
al tratamiento que reciben los ciudadanos en la toma de decisiones: si todos y todas somos
iguales, es evidente que cada postura política debe ser considerada tan valiosa como las
demás. Por lo mismo, a la hora de decidir en asuntos políticos —ya que nadie vale más que
otro— los votos no debieran ser ponderados o valorados, sino, única y exclusivamente
contados. No hay otra salida consistente con dichos supuestos.*Una versión previa y menos acabada de este texto fue publicado antes en Resquicios Legales (Grupo de
Valdivia) [Available at] <http://resquicioslegales.wordpress.com/2013/04/27/acerca-de-la-desigualdadpolitica/>
Abogado. Profesor Introducción al Derecho Universidad Andrés Bello. Investigador Fundación Instituto
Abogado. Profesor de Derecho Administrativo Universidad de Valparaíso.1Si nos queremos tomar en serio el valor de la igualdad política, ha de preocuparnos también
cuáles son las instituciones y procedimientos de ejercicio del poder público que permiten
considerar a todos y todas como iguales.
Atendida dicha preocupación, en lo que viene mencionaremos brevemente, y de modo no
exhaustivo, dos de las manifestaciones más preocupantes de desigualdad política; a saber:
(i) la influencia desigual que el dinero tiene en los procesos políticos y (ii) la inequidad
política derivada del sistema electoral binominal.
En cuanto al rol del dinero (i), éste genera consecuencias desiguales en dos niveles del
proceso político. En un primer nivel, permite a algunos actores injerir en mayor medida en
los procesos deliberativos propios de las campañas políticas, debido a la dispar cantidad de
recursos que manejan para acceder a los medios de comunicación pública y la publicidad
pagada. Lo descrito se verifica, por ejemplo, en la mayor capacidad de propaganda con que
cuentan algunos agentes al momento de tratar de persuadir a los electores. Tal situación de
desigualdad se acentúa aún más, cuando se consideran las reglas electorales vigentes.
En nuestra democracia el financiamiento asimétrico de las campañas políticas pasa a ocupa
un rol preponderante, si no es corregido o atenuado mediante procedimientos de
transparencia respecto a los orígenes de los financiamientos (preferentemente públicos). Es
por esto que se hace necesario establecer reglas equitativas que generen mecanismos para la
participación igualitaria de los actores en competencia. Si no se efectúa, la disparidad de
dinero de los agentes generará graves asimetrías de participación política e influencia en los
procesos deliberativos previos a las acciones políticas y la toma de decisiones
determinantes. De ahí que se genere una competencia política desigual, que se refleja en el
privilegio que obtienen los agentes políticos más acaudalados para hacer presente sus voces
por sobre las de los competidores más precarios y con menos poder de influencia.
El siguiente nivel de desigualdad política que genera el dinero en política, es una deriva
necesaria de la anomalía antes expuesta. Ésta se origina una vez que el representante fue
electo, y no es otra cosa que el riesgo de su cooptación por parte de sus financistas. Aquello
es problemático pues conlleva un condicionamiento de la sensibilidad del representante
ante los intereses de los actores que influyeron, mediante el uso del dinero, en la
propaganda del sujeto elegido. Este efecto es complejo de percibir y de probar en la
práctica política. No obstante, sus secuelas son peligrosas para el proceso político, pues
desplaza la focalización de interés general de la política, hacia el interés puramente privado
y privilegiado, dando ventajas injustas en la satisfacción de intereses a quienes poseen más
dinero. La traducción de este hecho se manifiesta de la siguiente manera: la voluntad de
uno (el financista) podría valer lo mismo que la de muchos miles (electores).
La segunda dificultad que afecta la igualdad política es manifiesta y debe ser corregida a la
brevedad (ii). Esto significa que de manera necesaria debe revisarse, por completo, el
sistema electoral vigente, ya que constituye uno de los más graves atentados a la igualdad
política. Esto es así porque, considerado en abstracto, la suma total de votos no se
contabiliza al momento de determinar la lista ganadora de la elección sino que se ponderan,
convirtiendo un 33% de los votos equivalente al 66% de éstos. En sencillo: quienes voten
por una opción que obtenga el 65% de las preferencias serán menos valiosos que aquellos
2que opten por la que obtuvo el 35% de ellas, ya que se igualan. Es cuestión de simple
aritmética: de un universo de 100 votos, 65 de ellos equivalen a 35 (pues ambas listas en
competencia escogen un representante). Tal es el corolario que pone en evidencia la regla
de doblaje que contiene el sistema en cuestión. De ahí que sea apremiante para las
pretensiones igualitarias en materia política reemplazar este modelo electoral.
Además de lo antes dicho, el sistema electoral binominal excluye del debate y de la
representación a todas aquellas preferencias que no adhieren a los bloques políticos
hegemónicos. Esto deviene en consecuencias en la igualdad política, en la medida que
genera un efecto excluyente injustificado que priva de espacio deliberativo a los intereses
de quienes, no siendo necesariamente minorías, se encuentran infrarrepresentados en el
Parlamento debido a la estructura excluyente del sistema binominal.
Pero no sólo es conflictiva la cuestión del modelo electoral. También encontramos
inequidades en el principio formal distributivo de los electores. Todos sabemos que aquél
se satisface con la idea de “una persona, un voto”, siendo un hito histórico significativo
para la democracia y la igualdad política, porque implica que el voto de un magnate tiene el
mismo valor que el voto de un menesteroso, participando ambos de igual manera en el
proceso político. No obstante, dado que la división de las circunscripciones y distritos
imperante en Chile es desigual, no respondiendo a ningún parámetro razonable, los votos
de algunas personas valen más que otras en términos de representatividad.
Esto es así, porque el voto del elector de la Circunscripción de Magallanes vale más, en
tanto representatividad, que el voto de un sujeto perteneciente a la Circunscripción
Santiago-Oriente. Por ejemplo (tomando datos del SERVEL), en la circunscripción
Santiago-Oriente, visto en abstracto, un senador representa a 751.481 electores y en la
circunscripción de Magallanes otro senador representa a 45.004 electores. La consecuencia
inicua que podría generarse, es que al momento de votarse en el Parlamento una ley
controvertida, los intereses de 45.004 electores podrían vetar los intereses de 751.481
electores, lo cual es claramente desproporcionado. En derecho comparado, se toleran
ciertos niveles de desigualdad en la medida que la diferenciación de representatividad
responda a estándares razonables de proporcionalidad que normalmente responden a
fundamentos de homogeneidad social. La variable existente en Chile es altamente
desproporcionada, pues la correlación del principio “una persona, un voto” puede alterarse
al punto de llegar a ser 15 veces mayor el impacto del voto de una persona en una
circunscripción que en otra, lo cual podría ser razonable únicamente en formas de Estado
En definitiva, las consideraciones antes expuestas denotan la necesidad apremiante de
reformar ciertas instituciones políticas que generan desigual tratamiento a las mayorías. En
tal sentido, quien quiera liderar un proyecto democratizador debe, por sobre todo, enfrentar
estas desigualdades estructurales del sistema político. Es de esperar que el fortalecimiento
del principio de igualdad se extienda a la corrección de estas desigualdades, las cuales,
como acabamos de presentar, irradian el sistema político en su conjunto y entorpecen la
posibilidad de materialización de transformaciones significativas que impulse la mayoría.3All pages:2345678910111213141516171819202122InfoFavouriteLikeShareDownloadMoreRevista de Derechos Humanos Universidad Diego Portales Published on Jul 23, 2013 Número 4 - Año 2.
En este cuarto número tenemos dos columnas, una es sobre la Desigualdad política y las formas de injusticia, el otro es s...See MorerevistaderechoshumanosFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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