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Timestamp: 2019-06-27 06:33:58+00:00

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﻿ La aplicación del ‘principio de la territorialidad de la ley laboral’ en Colombia
CONTENIDO:La aplicación de la ley en el espacio es una consecuencia del principio de soberanía del Estado que obliga a todos los habitantes nacionales y extranjeros.
AUTOR:Esteban Pizarro
REVISTA ACTUALIDAD LABORAL N°:154, jul.-ago./2009, págs. 10 a 15
La aplicación del ‘principio de la territorialidad de la ley laboral’ en Colombia
Revista Nº 154 Jul-Ago. 2009
Esteban Pizarro Jaramillo(*)
En este artículo vamos a analizar la postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno al principio de la territorialidad de la ley laboral en Colombia, específicamente respecto a dos temas concretos: i) el tratamiento frente a los contratos de trabajo ejecutados en diferentes países y ii) la inmunidad de jurisdicción en materia laboral de los Estados y de sus agentes diplomáticos.
En lo tocante al primer punto, como lo expresó el maestro Guillermo López Guerra hace más de diez años en un muy importante escrito que es una de las bases fundamentales de este artículo (1) , debido a la apertura económica, los tratados de libre comercio, etc., se requiere de una aplicación diáfana y moderna del principio de la territorialidad de la ley laboral en los países.
Para ello, en ausencia de una disposición expresa en dichos tratados, es necesario que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia realice una labor interpretativa del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, ajustada a esta nueva realidad mundial, ya que la mencionada disposición fue redactada hace más de cincuenta años.
Las normas vigentes que regulan la materia son el artículo 4º, inciso segundo, de la Constitución Política (“Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”), el mencionado artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo (“El presente código rige en todo el territorio de la república para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad”), el artículo 18 del Código Civil (“La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia”) y, finalmente, el artículo 57 del Código de Régimen Político y Municipal (“Las leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive a los extranjeros, sean domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de estos, los derechos concedidos por los tratados públicos”).
Al analizar la disposición constitucional, el doctor Luis Carlos Sáchica expresó que se consagró en la Carta la “necesaria obligación política de obedecerla [se refiere a la Constitución y a las leyes] para todos los que vivan bajo la jurisdicción del Estado”(2). Y, al estudiar el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, el doctor Francisco Yesid Triana consideró:
“La aplicación de la ley en el espacio es una consecuencia del principio de soberanía del Estado que obliga a todos los habitantes nacionales y extranjeros a vivir sometidos tanto a la Constitución como a las leyes y a respetar a las autoridades del país. En desarrollo de este principio se debe afirmar que a los trabajadores contratados en el exterior para prestar sus servicios en Colombia forzosamente se les ha de reconocer y garantizar la plenitud de los derechos laborales (…). Respecto de los trabajadores nacionales contratados inicialmente en Colombia y trasladados con posterioridad a otros países para continuar desarrollando su actividad laboral, conviene observar que la aplicación estricta del principio de la territorialidad puede conducir a discriminaciones injustas”(3).
Y el Doctor Guillermo González Charry, citado en el mencionado artículo del profesor López Guerra(4), manifestó sobre la aplicación del principio de la territorialidad de la ley laboral:
“... Es un movimiento contemporáneo de todas las legislaciones laborales el de extender su acción protectora a todo el que preste un trabajo asalariado dentro del territorio nacional, sin tener en cuenta su origen. A ese principio obedece el mandato del código, según el cual sus reglas comprenden a todas las personas que presten un trabajo subordinado en el territorio de la República, sea cual fuere su nacionalidad.
(…) Conforme a lo anterior, la aplicación de la ley pertinente se rige por el lugar donde se haya ejecutado el trabajo o donde se haya prestado el servicio, y por consiguiente, según este principio, las leyes de la competencia, esto es, las que determinan los jueces idóneos para desatar los conflictos que tales contratos ocasionen, son las del territorio donde se haya cumplido el contrato (…).
(…) En Colombia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Trabajo se ha orientado (…) por la tesis absoluta de la territorialidad de la ley, aplicando el principio de la lex loci solutionis, esto es, de que la ley del país donde el contrato se cumplió en todo o en parte, debe ser la aplicada, y acogiendo la tesis tradicional que interpreta los artículos 19 y 20 del Código Civil.
Dicha tesis, así interpretada, nos parece injusta, pues deja por fuera una serie de situaciones que conducen al desamparo de los trabajadores nacionales. Debe tenerse presente que, por razón de la naturaleza misma del contrato de trabajo, que es de tracto sucesivo, él puede ser ejecutado en distintos países, sin que por ello se rompa la unidad contractual. Si en tal caso se obliga al trabajador a perseguir, en cada país, al amparo proporcional al tiempo servido en su territorio, de acuerdo con sus leyes, se le remitiría a una serie de procesos imposibles de cumplir, por razones de distancia y de dinero. Para estos casos especiales la jurisprudencia y la doctrina internacionales se inclinan a admitir como principio básico el de la aplicación de la lex loci contractus, es decir, de la ley del territorio en que el contrato fue celebrado (…).
(…) Solución injusta sería negarle la protección de la ley y de los jueces nacionales, o restringirla al tiempo servido en el territorio nacional, so pretexto de que parte del contrato se cumplió fuera de sus límites”.
La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sufrido una muy lenta evolución de la aplicación absoluta o estricta del principio de la territorialidad de la ley laboral a una postura relativa. El primer fallo que se ocupó del tema, o la sentencia hito, fue del 9 de abril de 1959, Magistrado Ponente Jorge Vélez García, donde dicha corporación expresó que “habiendo sido rendido tal servicio en el país colombiano, era de rigor aplicar la legislación colombiana debido a su vigencia territorial casi absoluta…”.
Esta postura jurisprudencial en torno a la aplicación del principio de la territorialidad de la ley laboral la reafirmó dicha Sala en las sentencias del 23 de mayo de 1970, Magistrado Ponente Reynaldo Arciniegas; del 23 de julio de 1974, Magistrado Ponente Miguel Ángel García B. y del 29 de julio de 1982, Magistrado Ponente Jerónimo Argáez Castello, Radicación 6551. En este último fallo, la Sala de Casación Laboral manifestó:
“... Es indudable que, en virtud del principio de la territorialidad de la ley, el contrato celebrado en Colombia se rige por las leyes propias de ese Estado y el celebrado en Panamá por las de ese país. No puede haber prolongación de ninguno de los regímenes jurídicos de una Nación a otra. Esa tesis de la territorialidad de la ley, basada en el principio del locus regit actum, es la que informa nuestro derecho laboral…” (CST, art. 2º).
Sin embargo, esta decisión contiene un interesante salvamento de voto del doctor Juan Hernández Sáenz, quien manifestó:
“... Si un colombiano es contratado en el exterior por [una] empresa nacional domiciliada en el país, o por [una] filial suya constituida y domiciliada en el exterior, y luego le sirve en Colombia a la sociedad matriz, de aquellas características, me parece que las relaciones laborales de allí emanadas deben regirse integralmente por la ley colombiana, puesto que culminaron en Colombia (…).
(…) De otra suerte, quedaría en desamparo un viejo servidor, nacional colombiano de empresa criolla con filial foránea, por causa de una tímida exégesis del artículo 2º del Código Sustantivo…”.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la tesis de la aplicación absoluta o estricta del principio de la territorialidad de la ley laboral hasta 1987(5), año en el cual, mediante el fallo del 17 de febrero de ese año, Radicación 0692, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio, acogió una postura relativa, reiterada en la decisión del 18 de julio de 1989 (proceso de Édgar Fonseca Onofre en contra de Sam y Avianca), al manifestar:
“Es, entonces, la territorialidad de la ley un principio que ha sido aplicado por la jurisprudencia nacional en sentido estricto (…).
(…) Ha consagrado, entonces, la jurisprudencia de la Corte la tesis absoluta de territorialidad de la ley al acoger el principio de la lex loci solutionis esto es, que la ley del país donde el contrato se cumplió, en todo o en parte, debe ser la aplicable; se desarrolla así el mandamiento del artículo 2º del CST (…).
(…) Empero, el precedente principio no debe ser tan riguroso ni absoluto, por cuanto que, a pesar de consagrarse que el principio de la territorialidad de la ley sea la regla general, pueden darse casos, y de hecho se dan, en los cuales sea factible la aplicación de la ley extranjera (…).
(…) La aplicación exegética de la tesis del lex loci solutionis (…) conlleva a situaciones de desamparo para el trabajador, como lo sería el tener que recurrir a la legislación de los distintos países donde laboró para reclamar sus derechos, lo que es engorroso por motivos de dinero y distancias (…).
Así mismo, se rompería la unidad contractual por cuanto que en cada Estado debería invocar el derecho por el periodo allí trabajado…” (negrillas en el texto original).
A partir de esta sentencia del 17 de febrero de 1987, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha tenido una variante postura respecto del principio de la territorialidad de la ley laboral. Por ejemplo, en las sentencias del 26 de septiembre de 1994, Radicación 6773, Magistrado Ponente Manuel Enrique Daza Álvarez; del 22 de abril de 1998, Radicación 10461, Magistrado Ponente Francisco Escobar Henríquez; del 28 de octubre de 1999, Radicación 11243, Magistrado Ponente Luis Gonzalo Toro Correa y del 28 de junio de 2001, Radicación 15468, Magistrado Ponente José Roberto Herrera Vergara, se aceptó que, entre otros, por motivos relacionados con la autonomía contractual y el domicilio del trabajador, excepcionalmente se podía aplicar la legislación laboral nacional a un contrato ejecutado total o parcialmente en el exterior.
Pero, en otros casos, por ejemplo en la sentencia del 15 de abril de 1997, Radicación 9003, Magistrado Ponente Ramón Zúñiga Valverde, a pesar de aceptarse la validez en Colombia de los pactos sobre beneficios extralegales consagrados en normatividades foráneas, se expresó que “la Corte ha sostenido reiteradamente (…) la tesis de la territorialidad absoluta conforme al principio denominado lex loci solutionis”, vaivén jurisprudencial que, por lo menos en esa determinación, acogió la postura estricta.
Frente al segundo punto, lo mismo que sucedió respecto del primero, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia moderó su tesis. Es decir, durante muchos años —más de 30—, dicha corporación adoptó la teoría absoluta de la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus agentes diplomáticos en materia laboral, noción que actualmente se encuentra en un grado restringido o relativo.
Inicialmente, dicha Sala consideró, de acuerdo con la tesis de la inmunidad jurisdiccional absoluta, que por ningún motivo era viable demandar en Colombia a los otros Estados o a sus agentes diplomáticos por aspectos laborales. La aplicación de dicha consideración condujo a la condena del Estado colombiano por parte del Consejo de Estado con base en la tesis del daño especial, debido a que se presentaba una denegación de justicia y, además, se le imponían al ciudadano unas cargas anormales que no tenía el deber de soportar individualmente.
Debido a ello, por ejemplo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 25 de agosto de 1998, Radicación IJ-001, consejero ponente doctor Jesús María Carrillo Ballesteros, expresó:
“... La garantía de acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229), no puede sufrir excepción y para que se haga efectiva (…) se abre paso la demanda contra el Estado colombiano quien legítimamente conduce sus relaciones internacionales, asume obligaciones de la misma estirpe mediante tratados (…).
(…) En síntesis, puede afirmarse que el título de importación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la República), que causa daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la Constitución Política”.
La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus agentes diplomáticos en materia laboral varió sustancialmente, el 13 de diciembre de 2007, a través de la Sentencia 32.096, con ponencia del magistrado Camilo Tarquino Gallego, de una postura absoluta a una restringida.
Es decir, se acogió la tesis que formula que los actos que realizan los Estados y sus agentes, cuando actúan como cualquier particular, no son inmunes. Simplemente opera un fuero especial, pero no la inmunidad de jurisdicción. En el mencionado fallo la Corte consideró:
“Esta Sala de la Corte, de tiempo atrás, ha sido del criterio de la impertinencia de la admisión de demanda y trámite de proceso laboral, contra embajadas de países extranjeros acreditados en Colombia, bajo el argumento de que ello contrariaría los principios de independencia, soberanía y libertad con que el derecho internacional ha rodeado a los representantes nacionales en otros Estados.
No obstante lo anterior, en torno a la discusión de si la jurisdicción laboral era la competente para conocer de asuntos en los que interviniera un agente diplomático extranjero, han gravitado dos tesis diametralmente opuestas: la primera, referida a la interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena de 1961, aprobada por el Estado colombiano a través de la Ley 6ª de 1972, que predica la existencia de la inmunidad de jurisdicción en materia laboral, al equiparar la jurisdicción del trabajo a la civil, y que la citada convención se encargó de regular; la segunda, según la cual el derecho laboral goza de plena autonomía como disciplina jurídica, por lo que, al no aparecer mencionada dentro de las consagradas en la Convención de Viena, en una interpretación restrictiva de la norma, se podía, válidamente, someter a la jurisdicción del trabajo, el conocimiento de los asuntos laborales que comprometieran a agentes diplomáticos extranjeros. Así, esta última recibió aceptación de la Sección Primera de la Sala, en providencia del 9 de julio de 1986, en la que (…) dijo:
‘La norma internacional aplicable, o sea la Convención de Viena (…) consagra únicamente la inmunidad de los agentes diplomáticos en materia penal —sin excepción alguna— y la inmunidad frente a la jurisdicción civil y administrativa con algunas excepciones (…).
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con una regla universal de lógica jurídica, las excepciones (a lo cual equivale la exención o inmunidad) deben ser expresas y taxativas, y están sujetas a la interpretación restrictiva. Entonces, si la citada Convención de Viena hubiese querido consagrar la inmunidad diplomática en relación con la jurisdicción laboral o del trabajo, así lo hubiera consagrado expresamente’.
‘Considérese también que el derecho laboral (…) es rama autónoma desde fines del siglo pasado, plenamente reconocida como tal por la doctrina y la legislación. (…) No es dable entonces pensar que los redactores de la Convención de Viena de 1961 ignoraran tal hecho, y hubiesen pretendido englobar en la jurisdicción civil o administrativa, lo correspondiente específicamente al nuevo derecho laboral (…)’.
‘Confirma lo anterior el hecho de que el artículo XXXIII de la citada convención internacional regula de modo especial lo atinente a las responsabilidades del agente diplomático en materia de seguridad social, que como es sabido es materia afín al derecho laboral, hasta el punto que en ocasiones se confunden. Y a tal respecto, en cuanto a ‘criados particulares’ al servicio del agente diplomático que sean nacionales del Estado receptor, establece expresamente la obligación del agente diplomático de cumplir con las disposiciones vigentes en este (…)’.
‘Y no podía ser de otro modo a juicio de la Sala, teniendo en cuenta (…) la necesidad de proteger el trabajo humano (…)’.
‘(…) los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno colombiano gozan de inmunidad frente a toda especie de litigios entre particulares, sean ellos mercantiles, laborales o puramente civiles, desde luego que, cuando el artículo XXXI de la Convención emplea las palabras ‘jurisdicción civil’ no es para restringir el término ‘civil’ al ámbito exclusivo de ese derecho sino para diferenciar la rama de la justicia que dirime los conflictos de intereses que se presenten dentro del ámbito de las leyes que regulan las conductas recíprocas de los habitantes del país en el aspecto patrimonial y del estado civil de las personas, de aquellas otras ramas de la justicia que tienen a su cargo reprimir los delitos o juzgar sobre la validez de los actos o hechos de la administración pública’.
‘De lo anterior se desprende necesariamente que conforme a las disposiciones que acaban de mencionarse, esta Sala carece de competencia para conocer de la presente demanda, por cuanto el agente diplomático extranjero contra el cual se dirige goza de inmunidad ante la justicia del trabajo, como parte que es manifiestamente de la llamada ‘jurisdicción civil’ (…)’.
Resulta ahora, para esta Sala, de imperiosa necesidad reestudiar el tema, pues en estos últimos veinte años, múltiples argumentos han surgido, para revaluar las vigentes consideraciones con relación a la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral (…).
Si bien, como algunos lo sostienen, para señalar la competencia de la Corte, respecto del conocimiento de demandas laborales, bastaría con predicar que la misma Convención de Viena de 1961 (…) no se ocupó de la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral, dada la autonomía de esta rama del derecho adquirida desde comienzos del siglo pasado, existen otras consideraciones que en el momento actual cobran vigencia.
(…) Innegablemente, si durante el siglo XIX imperó la tesis de la inmunidad de los Estados (…), con el advenimiento del siglo XX, tal postura se ha morigerado ante la irresistible necesidad de mejorar las relaciones comerciales entre los Estados, quienes no solo empezaron a actuar conforme a las potestades soberanas que les correspondían, sino que asumieron un rol como si se tratara de cualquier otro individuo.
Esta modificación en el universo jurídico, indudablemente, generó diversas diferencias en el ámbito internacional, (…) pasándose de una concepción de la inmunidad absoluta de jurisdicción, a una aplicación relativa, en la que el Estado debía responder por los actos que, como particular, hubiera realizado.
(…) Esta nueva orientación, conlleva la necesidad de responder a los ciudadanos del Estado, cuando, como en este caso, a pesar de ser habitantes nacionales, y haber prestado servicios a misiones diplomáticas de otros países, esta Corte ha venido negando la posibilidad de verificar mediante un proceso, si les asiste un derecho salarial o prestacional, basada en el respeto a la soberanía inviolable de los Estados. Realmente, en la actualidad no existe fundamento alguno de orden constitucional o legal para persistir en dicha tesis, porque de esta forma, eventualmente, se desconocerían los enunciados beneficios, y las normas del derecho laboral. Ello es así, dado que, frente a una relación laboral, acorde con las normas del trabajo del Estado receptor, para este asunto el de Colombia, ese servicio es distinto de las actividades que el país extranjero desarrolla dentro del ámbito de sus funciones soberanas, es decir, que aquellas no son gubernamentales…”.
Ante la falta de claridad en materia laboral respecto de la aplicación del principio de la territorialidad de la ley laboral, lo ideal es que las partes del contrato de trabajo —trabajadores y empleadores—, regulen en forma flexible, creativa y justa este tema. Sugerimos que si el traslado del trabajador al extranjero es transitorio, por ejemplo, de menos de un año, las partes suspendan el contrato de trabajo en Colombia.
De esta forma, el vínculo en nuestro país se mantendría “vivo” y, por lo tanto, el empleador tendría que realizar su aporte patronal para el sistema de seguridad social integral en salud y pensiones, para efectos de una eventual terminación unilateral y sin justa causa, caso en el cual la indemnización cobijaría toda la antigüedad, etc.
Pero, si el empleado decide radicarse en el extranjero, después del año, el nexo en Colombia se debería terminar de común acuerdo. Así, sólo se mantendría un contrato vigente, el foráneo, en el cual, en aras de la justicia, se debería reconocer alguna bonificación si este finaliza sin justa causa. Es decir, las partes deberían acordar un monto extralegal respecto de la legislación del segundo país si el contrato termina allá, sin que necesariamente dicha cuantía coincida con la suma legal por la indemnización del primer contrato, porque el traslado implica otros beneficios como conocer más países, aprender o perfeccionar otros idiomas, etc.
Si el contrato finaliza en Colombia, porque el empleado regresa y continúa laborando para el mismo empleador, es justo que las partes acuerden que, solo para efectos de una eventual indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo, ha existido una única relación laboral.
Si la persona se traslada en forma periódica a otro u otros países en desarrollo de sus labores, no se puede aplicar en forma estricta el principio de la territorialidad de la ley laboral. La solución más adecuada para este tipo de casos es la consagrada en la ya mencionada sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 22 abril de 1998, Radicación 10461:
“... La jurisprudencia de la Sala ha reconocido que el artículo 2.º del Código Sustantivo del Trabajo contiene la teoría del (…) lex loci solutionis (…). Sin embargo, la recepción de esa teoría (…) no puede ser llevada al extremo de entender que la respectiva relación de trabajo queda automáticamente excluida de la regulación de la ley laboral colombiana, en lo que hace a los servicios prestados en el exterior, en el evento de que el empleado se vea obligado a abandonar accidentalmente el país por razones del servicio prometido y durante periodos más o menos largos y frecuentes, sin que deje de ser habitante del territorio nacional, ni se altere el lugar donde se cumple la actividad patronal (…).
(…) Mas desde luego, si la labor del trabajador es requerida para una actividad, negocio, establecimiento o empresa que se desenvuelve fuera del territorio nacional y adicionalmente se ve comprometido a fijar su habitación en el mismo lugar, se hace inaplicable sin la menor duda la ley laboral colombiana.
Importa también aclarar que (…) la voluntad de las partes no determina (…) la norma aplicable, pues se trata de un problema de soberanía definido en la propia ley, de forma que los contratantes carecen de la potestad de convenir que quedan cobijados o excluidos del estatuto laboral colombiano…”.
La regulación en materia de seguridad social es más clara: los extranjeros, que están afiliados en otro país, están eximidos del deber de afiliación al sistema general en pensiones en Colombia. Claro está que, desde el punto de vista práctico, el empleador debe verificar que dicha afiliación sea cierta.
Y si es un colombiano quien se radica en el extranjero, lo ideal sería que cotizara al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones como trabajador independiente en Colombia, para poder mantener a sus beneficiarios en la EPS y/o para poder pensionarse acá, si desea regresar y vivir su vejez en nuestro país. Esto último debido a la escasez de convenios interestatales en materia pensional y a la dificultad práctica de su implementación.
Finalmente, hay que celebrar el cambio jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el aspecto de la inmunidad en materia laboral de los Estados y de sus agentes diplomáticos, y la capacidad de dicha Sala de acoger la tesis que niega la inmunidad sobre los actos que realizan los Estados y sus agentes cuando actúan como cualquier particular. De esta forma se garantizará el derecho constitucional fundamental del acceso a la administración de justicia en Colombia, y se evitará el Estado nuevas condenas por parte del Consejo de Estado.
(*) Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Rosario y Especialista en Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Docente de la Especialización de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario, y socio de la firma de abogados laboralistas Jaime Cerón Coral y Compañía Ltda.
(1) LÓPEZ GUERRA, Guillermo, “Territorialidad de la ley laboral colombiana”, en: El derecho del trabajo y la seguridad social, Bogotá, Colegio de Abogados del Trabajo y Legis, 1.ª edición, 1998, páginas 41-78.
(2) SÁCHICA, Luis Carlos, Constitución Política de la República de Colombia (comentada), Bogotá, Biblioteca Jurídica Dike, 1991, página 8.
(3) TRIANA, Francisco Yesid, Código Sustantivo del Trabajo (comentado), Bogotá, Temis, 1997, página 112.
(4) LÓPEZ GUERRA, Guillermo, óp. cit. Páginas 44-46.
(5) Ver, por ejemplo, las sentencias del 30 de enero de 1984, Magistrado Ponente Ismael Coral Guerrero, y del 13 de junio de 1985, Magistrado Ponente Nemesio Camacho Rodríguez.

References: artículo 2
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 57
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 31
 artículo 64
 artículo 2