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Timestamp: 2019-10-18 23:46:24+00:00

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abril 2011 - Página 2 de 2 - Clacai: Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro
El Salvador: Ley no penaliza todos los abortos: Corte
Magistrados ratifican decisión que en 2007 tomaron sus antecesores.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda que pedía declarar inconstitucional el artículo 133 del Código Penal, que castiga con prisión de dos años a quien provoque un aborto con el consentimiento de la mujer, o a la mujer que provoque su aborto. Los magistrados indicaron que los demandantes tienen como base un argumento: la no regulación de las excepciones del castigo al aborto. La demanda sostiene que, pese a que la Constitución reconoce el derecho a la vida, privacidad, libertad, “no le impone al embrión o feto” la obligación de respetar tales derechos “cuando la mujer es violada o tiene un embarazo ectópico”.
La Sala reiteró que no existe tal omisión en la ley.
Los demandantes pidieron además se declare la inconstitucionalidad del artículo 131, por violar el 246 de la Constitución de la República, por violar la proporcionalidad de la sanción punitiva.
La Sala rechazó la demanda, declarándola “improcedente”, asumiendo como propia una resolución de sus antecesores, del 20 de noviembre de 2007.
Explicaron que en esta resolución se deja claro que en la ley se impone el deber de criminalizar las diversas formas de un aborto voluntario, pero el deber de “regular jurídicamente las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre”. Con ello, interpretan que no es cierto que la normativa penaliza absolutamente todos los abortos. La legislación penal prevé la posibilidad de permitir un aborto en casos de necesidad justificante y exculpante.
Fuente: http://www.elmundo.com.sv
https://clacai.org/wp-content/uploads/25da67824c9f1869e8ef3eacb5d2ced0_S.jpg 394 525 Clacai https://clacai.org/wp-content/uploads/2019/02/logo-1.png Clacai2011-04-20 00:00:002017-08-30 12:15:28El Salvador: Ley no penaliza todos los abortos: Corte
Pese a la inflexible determinación de la iglesia católica de condenar y prohibir el uso de métodos anticonceptivos, la última encuesta realizada al respecto revela que un masivo 98% utiliza regularmente la píldora, dispositivos intrauterinos o incluso la esterilización quirúrgica.
El estudio, publicado por el Instituto Guttmacher, mostró que incluso las mujeres que atienden a los servicios religiosos semanalmente y practican el catolicismo activamente, son consumidoras de esta alternativa de planificación familiar. “En la vida real, el uso de anticonceptivos y tener fuertes creencias religiosas es compatible”, afirmó la autora del estudio, Rachel Jones. Si es así, ¿por qué el Vaticano no se alinea con su feligresía? Otra pregunta sin resolver para el Papa Benedicto.
14/04/2011 /por Clacai
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Agencia de ONU impulsa el acceso universal a la salud reproductiva
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) instó el martes a los estados miembro y a sus socios en el desarrollo a apoyar el acceso a la salud reproductiva para las mujeres.
El director ejecutivo de UNFPA Babatunde Osotimehin, ha solicitado a los estados miembros y a sus socios en el desarrollo, actuar para facilitar el acceso universal a la salud reproductiva, el otorgamiento del poder a la mujer y la disminución de la pobreza.
Osotimehin explicó que el invertir en la salud y en los derechos de la mujer y de la juventud no es un gasto, sino en una inversión para el futuro. Osotimehin, al mando de UNFPA desde el mes de enero, pronunció la necesidad de realizar un esfuerzo para hacer que el acceso universal a la salud reproductiva sea una realidad.
Uno de los asuntos más urgentes en la actualidad es alcanzar los 24 millones de dólares EEUU necesarios para financiar los programas de ayuda para 1,8 millones de jóvenes y de 1,8 millones de mujeres en edad reproductiva por todo el mundo.
Un informe reciente de la ONU ha indicado que la planificación familiar y el cambio demográfico por sí solos, han disminuido la pobreza una séptima parte en países en desarrollo entre los años 1960 y 2000. Otro descenso de otra séptima parte podría producirse para el año 2015.
Según el informe, si los requerimientos actuales para métodos anticonceptivos modernos fueran alcanzados, 100.000 muertes maternales podrían evitarse, y los embarazos no deseados podrían caer en un 71 por cien.
El director ejecutivo añadió que “unas 215 millones de mujeres en países en vías de desarrollo quieren planificar y espaciar el nacimiento de sus hijos, pero no cuentan con métodos anticonceptivos modernos.”
Cada año, la desatención a la salud sexual y reproductiva resulta en unos 80 millones de embarazos no deseados, 22 millones de abortos de riesgo, y 358.000 muertes por causas maternas de las cuales 47.000 muertes se originan en abortos de riesgo.
Fuente: http://e-dyario.com/
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Chile: Aborto debe ser tratado en salud pública, encuesta
(ANSA)- La “Primera Encuesta de Opinión sobre Aborto en cuatro países de Latinoamérica: Brasil, Chile, México y Nicaragua”, elaborada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), reveló que 8 de cada 10 personas cree que el aborto es un problema grave en su país y debería ser tratado como un asunto de salud pública.
El estudio, realizado durante 2009 en la población brasileña, chilena, mexicana y nicaragüense mayor de 18 años, residente en zonas urbanas y rurales, arrojó resultados similares en cuanto a la percepción del tema en los cuatro países. La encuesta reveló que en Nicaragua 87,1% de los consultados considera el aborto como un problema grave, seguido por Chile (86,8%), Brasil (82,1%) y México (73,8%).
Un 63,4% de los encuestados en Chile dijo que el aborto debería ser tratado como un asunto de salud pública, seguido por México (52,6), Brasil (49%) y Nicaragüa (43,9%).
Además, 94,4% en Chile y 94,4% en Nicaragüa considera que los países deben revisar sus leyes respecto del aborto, cifra que baja apenas a 87,8% y 82,1% en el caso de Brasil y México.
Ante la necesidad de debatir sobre la legalidad del aborto, 64,8% de los encuestados en Nicaragüa consideró que es muy importante y 19,2% lo consideró bastante importante.
Las cifras fueron similares en Brasil, donde 59,7% lo consideró muy importante y 26,7% bastante importante. En Chile y México, la opción muy importante obtuvo 58,8% y 58,1%, respectivamente, mientras que la respuesta bastante importante fue escogida por 30,2% y 27,7% de los encuestados.
Respecto de la decisión de legalizar el aborto, 72% de los encuestados en Brasil consideró que debe ser sometida a una votación popular, cifra igual a la obtenida en Nicaragüa. En Chile, 61% consideró esa opción, y en México, 57,7%.
Ante la pregunta “Está de acuerdo o en desacuerdo con que los pobres están más expuestos a abortos riesgosos”, 87,4% se expresó “de acuerdo” en Chile; 78,8% en Brasil, 72,1% en México y 72% en Nicaragua.
Además, 83% consideró que no existe trato digno a las mujeres que abortan en Brasil, 87,7% en Chile, 77,7% en México y 74,1% en Nicaragua.
La encuesta se realizó bajo la modalidad “cara a cara” y tiene un nivel de confianza en los cuatro países de 95%. JMG
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México, DF, abr 11 (CIMAC).- La maternidad durante la adolescencia es una manifestación de la exclusión social, advierte el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Advierte que las adolescentes inician su sexualidad con prácticas generalmente no protegidas lo que las predispone a infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no planeados, aborto y un riesgo elevado de complicaciones para la salud de la madre y del recién nacido. La maternidad en las adolescentes es el reflejo de una sociedad desigual en las que sólo una parte de la población tiene poder real sobre sus decisiones reproductivas al contar con la información y la capacidad necesarias para planear un proyecto de vida personal, libre y autónomo, recalca Conapo.
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En Nicaragua, las mujeres se suicidan por embarazos no deseados
Nicaragua es uno de los cuatro países en el mundo que prohíben el aborto sin excepciones.
Antes del 2010, en Centroamérica existía el aborto terapéutico en El Salvador (1997) y en Nicaragua (2006) -como interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer o conservar su salud- sin que hasta ahora se haya logrado establecer causales jurídicas para el aborto inducido. En Guatemala y Honduras existen leyes restrictivas que permiten el aborto inducido bajo circunstancias limitadas.
A pesar de estas leyes punitivas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) calculan que en la región ocurren aproximadamente 900 mil abortos al año, la mayoría de estos en condiciones de riesgo. En Centroamérica, las complicaciones del aborto inseguro son una de las causas principales de mortalidad materna (MM) y son las mujeres pobres, rurales, indígenas y marginadas, las que corren un riesgo elevado de recurrir a abortos en malas condiciones, señala IPAS Internacional. Y en Nicaragua, el aborto y sus complicaciones es una de las cinco primeras causas de MM.
Cada día 48 mujeres sufren abortos espontáneos y 21 asistieron a los hospitales del Ministerio de Salud en busca de atención médica obstétrica de emergencia. En 2004, 19 mujeres murieron por causas no obstétricas, 14 fueron suicidios por embarazos no deseados; de ellas, 70 por ciento eran adolescentes.
El aborto terapéutico era legal en Nicaragua desde 1893 pero fue prohibido y criminalizado en 2002 por una iniciativa del gobierno de Enrique Bolaños, medida que luego respaldó su actual sucesor Daniel Ortega.
El 26 de octubre de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 603 que deroga el artículo 165 del Código Penal (CP) que decía: “El aborto terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales”.
A partir de estas reformas inició un debate público sobre el tema, la Iglesia católica interfirió buscando influir en la decisión de las y los parlamentarios con lo cual se violó la laicidad del Estado contemplada en la Constitución Política en su artículo 14, el cual señala que “el Estado no tiene religión oficial”.
Para el 13 de septiembre de 2007, la Asamblea Nacional votó y penalizó por segunda ocasión el aborto terapéutico en el CP: se condenó el aborto bajo toda circunstancia, incluso cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo o cuando es producto de una violación.
En 2008, el nuevo CP mantuvo penas de uno a tres años para los médicos y redujo hasta un año la pena a quien interrumpa un embarazo mediante engaño, violencia, intimidación o de manera imprudente.
Ambas reformas fueron aprobadas pese a las protestas del movimiento feminista y social de mujeres que demandan el aborto terapéutico como una forma de evitar la muerte de las nicaragüenses, muchas de ellas con embarazos no deseados.
En 2009, luego del lanzamiento de la campaña de Amnistía Internacional (AI) “Exige Dignidad”, cuyo objetivo es poner fin a los abusos contra los Derechos Humanos (DH) que mantienen a las personas en pobreza, Nicaragua se sumó a este llamado a través del derecho a la salud de las nicaragüenses.
Según el informe “El estado de los Derechos Humanos en el mundo 2009” de AI, durante los primeros tres meses de 2008, 30 por ciento de las denuncias presentadas ante la policía fueron por actos de violencia sexual, la mayoría de las víctimas tenían 18 años o eran menores de edad.
A lo anterior se sumó la entrada en vigor, junio de 2008, del nuevo CP donde se penaliza el aborto y se prevén largas penas de cárcel para las mujeres y los profesionales de la salud declarados culpables de practicar abortos o de facilitarlos, incluso cuando la continuación del embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer o el embarazo fuera consecuencia de una violación.
En octubre y noviembre de ese año el Comité Internacional de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendaron al gobierno nicaragüense que reformara la legislación sobre aborto, porque viola los DH de las mujeres y las niñas.
Tras las diversas recomendaciones al Estado de parte de ambos Comités que han insistido en la revisión de la legislación como una forma de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las nicaragüenses, en marzo de 2010 se presentó una iniciativa para reformar el CP sin que hasta ahora haya cambiado la legislación.
Del tema se habló hoy en los trabajos del taller “Por una maternidad libre y voluntaria” que con apoyo de la Fundación Ford se impulsa -como parte de una Campaña que lleva el mismo nombre- en la región de mesoamericana. (CIMAC)
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Miles exigen legalizar el aborto en Argentina
El documento titulado “Aborto legal, una deuda de la democracia”, reclama que el Congreso trate y sancione un proyecto de ley de Interrupción voluntaria del embarazo, presentado en 2010 con la firma de medio centenar de diputados.
En noviembre se inició el debate parlamentario con una audiencia pública, pero el proyecto no llegó al recinto. “La despenalización y legalización del aborto es un tema de justicia social, la criminalización del aborto no impide su práctica, y un Estado laico y democrático debe garantizar la libertad”, son las consignas del documento en el marco de la Campaña nacional por un Aborto legal, seguro y gratuito.
Líderes humanitarios como Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas y Estela Carlotto, actores como Cristina Banegas, Antonio Grimau, Gustavo Garzón, Florencia Peña y Soledad Silveyra, la música Liliana Herrero y la intelectual Beatriz Sarlo son algunos de los que suscribieron el documento entre centenares.
La legislación actual establece penas tanto para la mujer que se practica un aborto como para quien realiza el procedimiento, aunque lo autoriza –mediante un trámite judicial– cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo “proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer, idiota o demente”.
En Argentina, entre 460.000 y 600.000 mujeres se realizan abortos al año, según organizaciones no gubernamentales.
La interrupción del embarazo es la principal causa de muerte materna (26,7%) y su penalización afecta sobretodo a los sectores más carenciados.
Un 60% de los argentinos está en contra de la penalización del aborto, según un sondeo de la consultora Ibarómetro de julio de 2010, en un país mayoritariamente católico.
La Iglesia Católica se opone férreamente a su despenalización, así como rechazó la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, sancionada en 2010.
La presidenta Cristina Kirchner se había pronunciado en contra del aborto durante la campaña electoral de 2007.
En América latina, sólo en Cuba y en la ciudad de México está permitida la interrupción voluntaria del embarazo.
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References: artículo 133
 artículo 131
 resolución 
 resolución 
 artículo 165
 artículo 14