Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632108.html
Timestamp: 2019-03-25 18:09:17+00:00

Document:
as201632108
Auto Supremo Nº 108/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.301/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 45 a 47, interpuesto por Yuri Arévalo Villarroel en representación de Hugo Paniagua Ávila, contra el Auto de Vista Nº 389/2015 de 19 de agosto, cursante de fs. 41 a 42 del expediente, pronunciado por la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de reincorporación seguido por el recurrente, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, representado legalmente por Iván Arciénega Collazos; el auto de fs. 48 que concedió el recurso; los antecedentes procesales, y;
CONSIDERANDO I: Que, dentro de la demanda de reincorporación, la Juez Primero de Partido de Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, pronunció el Auto Definitivo Nº 100 de 20 de julio de 2015, cursante de fs. 28 vta. a 29, rechazando la demanda de fs. 26 a 28 de obrados, con el argumento que el demandante no se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo, menos dentro lo que dispone la Ley Nº 321, norma que conforme al art. 123 de la Constitución Política del Estado CPE) no tiene aplicación retroactiva, al disponer que no es viable que la Juez conozca dicha petición, al ordenar el desglose de la documentación adjuntada.
En grado de apelación deducida por Yuri Arévalo Villarroel apoderado legal y abogado del demandante Hugo Paniagua Ávila, de fs. 33 a 34 vta., la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió Auto de Vista Nº 389/2015, cursante de fs. 41 a 42, confirmando totalmente el Auto Nº 100, con costas en ambas instancias.
Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 45 a 47, interpuesto por Yuri Arévalo Villarroel en representación del actor Hugo Paniagua Ávila, quien luego de realizar una exposición a los antecedentes procesales, denunció lo siguiente:
1.- Que, el Auto impugnado contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, puesto que el tribunal ad quem expresa que el razonamiento de la Juez a quo se basa en el documento de fs. 1, Memorándum Cite Nº 136/12 de 6 de marzo de 2012, mediante el cual se designó al demandante como Técnico del Distrito dependiente de la Sub Alcaldía Distrito 1 de manera directa, esto es de libre nombramiento, en tanto que dicha designación no fue resultado de un proceso de selección de personal, situación que lo ubica en la excepción prevista en el art. 1 parágrafo II de la Ley 321, en sentido de que no se reincorporan al ámbito de la Ley General del Trabajo (LGT) a servidores públicos de libre nombramiento, no siendo atendible el agravio expuesto en relación a la aplicación retroactiva del art. 2 de la Ley 321, verificándose que la decisión de la Juez a quo tiene sustento legal y probatorio.
2.- Que, mediante Memorándum Cite Nº 136/012 se designó a su representado para que cumpla las funciones de Técnico Distrito 1 con el Item 371 con lo cual habría adquirido la calidad de trabajador de planta, puesto que en vigencia de su relación laboral se promulgó la Ley Nº 321 que en su artículo 1.I) incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo a los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos de Capitales de Departamento, que su mandante cumple a cabalidad con los presupuestos de la citada norma. Que el parágrafo II de la citada norma establece dos excepciones para que trabajadores de gobiernos municipales de capitales de departamento no sean incorporados al ámbito de la Ley General de Trabajo, haciendo referencia a los servidores públicos electos y a los de libre nombramiento, que la clasificación de servidores públicos estaba regulada en el art. 59.2) de la Ley de Municipalidades abrogada, en concordancia con el art. 5 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que clasifica a los funcionarios en electos, designados y de libre nombramiento.
Que, por el cargo de técnico que ejerce su representado en su calidad de Técnico del Distrito 1 dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, agrega que su mandante, no se encuentra dentro de esas clasificaciones de funcionario electo ni de nombramiento, consiguientemente el Tribunal ad quem realizó una interpretación indebida del art. 1.II de la Ley 321, por la sencilla razón de que ese cargo no es de confianza o de asesoramiento técnico especializado, sino un cargo técnico operativo administrativo.
3.- señala, que su representado tampoco se encuentra comprendido en las excepciones establecidas en el párrafo II del art. 1 de la referida ley, puesto que su mandante era un trabajador asalariado permanente y al ejercer funciones de técnico operativo administrativo dentro de la Alcaldía de Sucre, goza de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo otorga, por lo que el Tribunal ad quem no hizo una interpretación adecuada de la norma, pretendiendo desconocer los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de legalidad de su mandante.
Que, conforme a su memorial de apelación se analizó el art. 2 de la Ley 321, señalando y que en síntesis la retroactividad a la que se refiere la norma nada tiene que ver con la designación de los trabajadores permanentes, consecuentemente el tribunal de segunda instancia no interpretó razonablemente la norma.
Concluye solicitando al Tribunal Supremo que se case el Auto de Vista Nº 389/2015 y en consecuencia que se encause la demanda.
CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el mismo en base a las cuestiones denunciadas, las normas invocadas y los antecedentes del proceso, concluyéndose lo siguiente:
En principio, de obrados consta que mediante Memorándum Cite Nº 136/012 con el ITEM Nº 371, se designó a Hugo Paniagua Ávila, como Técnico Distrito 1 de la Sub Alcaldía Distrito 1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, cursante a fs. 1, asimismo por Comunicación Interna Cite Nº 10/14 de 14 de enero de 2014, cursante a fs. 2 se ratifica al actor su calidad de funcionario público provisorio o de libre nombramiento; finalmente por Memorándum Cite S.M. C.-RR.HH.Nº 07/15 de 16 de enero de 2015 a fs. 3, en virtud a la atribución conferida por el art. 29 numeral 15 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482 y art. 3 del decreto Edil Nº 001/2014, prescinden de los servicios que venía prestando en dicha institución, ante esta situación el funcionario público interpuso los recursos administrativos correspondientes.
En la especie, se reconoce como funcionarios de carrera a los empleados que están sujetos a la Ley Nº 1178 y su Decreto Reglamentario Nº 23318-A, siendo funcionario de libre nombramiento y de libre remoción, conforme los contemplados en el inciso c) del art. 5 de la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público, que realiza una clasificación de los funcionarios públicos en: electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos.
La misma normativa legal en su art. 71, refiere que los funcionarios provisorios son: “Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7º de la presente Ley”; lo que significa que los funcionarios públicos son considerados de carrera cuando se demostró que en su incorporación y estabilidad en el cargo se cumplieron todos los requisitos exigidos por las disposiciones de la carrera administrativa; es decir, que hubiesen sido sometidos a un proceso de reclutamiento de personal mediante convocatorias internas o externas, sobre la base de los principios de mérito, competencia y transparencia, conforme lo prevé el art. 23 del Estatuto del Funcionario Público, y en caso de no estar comprendido dentro de esa categoría, serán considerados como provisorios sin que puedan acogerse a los derechos previstos para los funcionarios de carrera como: la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad, ser destituido previo proceso interno y por las causales previstas por ley, entre otras.
Que, a su vez el art. 36.I del Decreto Supremo (DS) 25749 de 20 de abril de 2000, Reglamento de desarrollo parcial de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, establece que: "Los funcionarios incorporados a las entidades públicas hasta la vigencia de la Ley 2027 sin proceso de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos, tendrán el carácter de funcionarios públicos provisorios. Por consiguiente, dichos Funcionarios no serán acreedores a los derechos contenidos en el numeral II del artículo 7 de la mencionada Ley..."; en el caso de análisis, el actor mediante Comunicación Interna Cite Nº 136/012, fue designado como Técnico del Distrito 1, fecha desde que ejerció sus funciones, es decir con posterioridad a la Ley Nº 2028 de Municipalidades de 28 de Octubre de 1999, en consecuencia fuera de lo dispuesto en su Disposición Final y Transitoria (art. 11), por esta razón el demandante no se encuentra sujeto a la Ley General del Trabajo, sino que está sujeto a las disposiciones del Estatuto del Funcionario Público Ley Nº 2027, Ley Nº 2028 y Ley Nº 1178 y su DS Nº 23318-A.
Que, en lo que respecta al supuesto incumplimiento del art. 1 parágrafo I de la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012, como afirma el demandante, que siendo un trabajador asalariado permanente, estaría amparado por la Ley General del Trabajo; al respecto cabe señalar que, dicho extremo no es evidente, toda vez que no es suficiente respaldar ese hecho tan solo con la presentación de un Memorándum en el cual se señale que el cargo que desempeñó fue de “Técnico” y no así un cargo de confianza o de asesoramiento técnico especializado.
Que, de la revisión del expediente se colige que, el Tribunal de segunda instancia interpretó razonablemente por la imposibilidad de aplicar retroactivamente dicha norma, resolviendo correctamente los agravios expresados en la apelación, en correcta aplicación de la ley al caso concreto.
Conforme a lo descrito precedentemente, el trabajador fue contratado para desempeñar funciones en una institución pública, por lo que sus actos y los actos de la entidad demandada, se encuentran regulados por la Ley Nº 2027 y demás disposiciones legales, vigente desde el 20 de junio de 2001, según la Sentencia Constitucional Nº 0281/2003-R de 11 de marzo, en aplicación del Capitulo Cuarto referido a las Servidoras y Servidores Públicos contenida en los artículos 232 al 240 de la CPE; por lo cual, dichos actos deben ser impugnados en el marco de las leyes y normas citadas precedentemente, es decir, dentro de la vía administrativa; conforme prevé el Titulo VI Capítulo I del Sistema de Administración de Personal señala en su artículo 66 (Procedimiento) señala: “Las decisiones referidas al ingreso, promoción y retiro a la carrera administrativa, podrán ser impugnadas mediante un recurso de revocatoria interpuesto ante la misma autoridad que hubiese dictado la decisión impugnada”. más no así en la vía laboral, que se encuentra expedita para los funcionarios y trabajadores cuyos actos se regulan por la Ley General del Trabajo y demás normas reglamentarias, interpretación conforme determina el artículo 1 de su Decreto Reglamentario Nº 224 de 23 de agosto de 1943: “No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del Ejercito”.
Si bien este Tribunal estableció una línea respecto a aperturar su competencia para servidores públicos, lo hizo limitando la misma sólo a objeto de dilucidar controversias referidas al reconocimiento de derechos consolidados.
En el caso presente, fue correcta la decisión asumida por la juez en el Auto de 20 de julio de 2015 cursante de fs. 28 vta. a 29 de obrados, al disponer el rechazo de la demanda y que se proceda al desglose de la documentación de cargo, al establecer que el actor fue funcionario público y que no se encuentra dentro de la Ley General del Trabajo, fallo que fue confirmado por el Tribunal de segunda instancia, mediante Auto de Vista Nº 389/2015, de 19 de agosto de 2015 cursante de fs. 41 a 42 de obrados; debiendo al efecto observarse lo previsto en el art. 4 del CPT, cuando de manera contundente determina: “En materia de trabajo y seguridad social, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio inquisitivo y de dirección procesal, de tal suerte, que de oficio puede analizar su propia competencia…”., Puesto que determinar lo contrario en el caso de análisis, sería ir en contra de lo previsto en el artículo 122 de la CPE que prevé: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les compete, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley” (sic).
En conclusión, al no advertirse que el tribunal de segunda instancia hubiera incurrido en interpretación errónea o aplicación indebida de disposiciones legales acusadas en el recurso, se concluye que el Auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, por lo que corresponde resolver conforme disponen los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, por permisión del art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 45 a 47. Con costas.

References: artículo 1
 Artículo 7
 artículo 7
 artículo 66
 artículo 1
 artículo 122