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Timestamp: 2019-02-22 12:46:55+00:00

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﻿ SENTENCIA 2004-00129/32880 DE MAYO 29 DE 2014
SENTENCIA 2004-00129 DE 29 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. PARA DERIVAR LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR EL HECHO DE UN TERCERO, BAJO LA ÓPTICA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, ES NECESARIO QUE LOS ATAQUES HAYAN SIDO DIRIGIDOS CONTRA EDIFICACIONES REPRESENTATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, COMO POR EJEMPLO, UNA ESTACIÓN DE POLICÍA, Y QUE POR ESO MOTIVO RESULTEN AFECTADAS BIENES QUE SE ENCUENTREN CERCANOS AL OBJETIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, HECHO DE TERCERO, BIEN INMUEBLE, IMPUTACIÓN OBJETIVA
Sentencia 2004-00129/32880 de mayo 29 de 2014
Rad: 07001-23-31-000-2004-00129-01(32880)
Actor: Susana Caballero de Ortiz y otros
A la fecha de interposición del recurso de apelación, es decir, el 24 de marzo de 2006, se encontraba vigente el artículo 1º de la Ley 954 de 2005(1), que modificó el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 para readecuar temporalmente las competencias previstas en esta ley antes de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos. Esta norma estableció que los Tribunales Administrativos continuarían, en única y en primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40 de la Ley 446 de 1998, entre estas el conocimiento de los procesos de reparación directa cuando la cuantía excediera los 500 salarios mínimos legales mensuales.
En la demanda presentada el 19 de mayo de 2004, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación de perjuicios materiales a favor por daño emergente a favor de la señora Susana Caballero de Ortiz fue estimada en $1.000.000.000, suma superior a los 500 smlmv que exige la norma, que en 2006 correspondían a $204.000.000.
La acción de reparación directa instaurada (art. 86 C.C.A.) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los daños ocasionados por el ataque guerrillero que afectó los bienes de propiedad de los demandantes.
Constata la Sala que la propiedad del bien afectado, para la época de los hechos se encontraba en cabeza de la señora Susana Caballero de Ortiz, como también que la señora Matilde Caballero Valencia era la arrendataria de dicho inmueble, por tanto, cuentan con legitimación en la causa, para solicitar el resarcimiento de los daños ocasionados al mismo. La legitimación en la causa por pasiva, igualmente, se encuentra acreditada, puesto que se le atribuye unos daños a la entidad pública demanda, la cual está en capacidad de comparecer al proceso.
En el presente asunto se pretende la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los daños ocasionados a los bienes de los demandantes, como consecuencia del ataque guerrillero ocurrido el 13 de septiembre de 2002.
Teniendo en cuenta los informes rendidos por el Departamento de Policía de Arauca y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS- Seccional Arauca(2), existe reporte de varias incursiones guerrilleras en el municipio de Saravena, entre ellas la ocurrida el 13 de septiembre de 2002, por tanto, como la demanda fue impetrada el 19 de mayo de 2004, esto es, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento de los hechos, la acción no estaría caducada en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Procede la Sala a determinar si la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional debe indemnizar a la parte actora por los daños ocasionados al inmueble ubicado en la calle 28 nº. 13-73 del municipio de Saravena (Arauca), luego del ataque perpetrado por grupos armados al margen de la ley, el 13 de septiembre de 2002. Para este propósito, se debe establecer si el mencionado ataque estuvo dirigido contra algún establecimiento de índole estatal, o se trató de una ofensiva indiscriminada contra la población del municipio de Saravena de manera general.
1. El 13 de septiembre de 2002, en el municipio de Saravena (Arauca) se presentó una incursión guerrillera que dejó como consecuencia varias averías a los inmuebles aledaños a la estación de policía (copia de los informes rendidos por el Departamento de Policía de Arauca y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS- Seccional Arauca, f. 5, c. 3, 57 y 40, c.4).
2. El inmueble objeto de la demanda, ubicado en la calle 28 nº 13-73 del municipio de Saravena, Arauca, se encuentra cerca a la estación de policía, por lo que sufrió graves daños como consecuencia del ataques guerrillero mencionado (declaraciones rendidas por Waldina García de Peña, Teófilo Castellanos, Rosalia Villamizar y Euclides Velázquez, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Saravena, Arauca, en el proceso contencioso administrativo, f. 456, c.5. y f. 155, c.4).
3. De acuerdo con el certificado de tradición y libertad o de matrícula inmobiliaria, emitido por la oficina de registro de instrumentos públicos de Arauca, para la época de los hechos Susana Caballero de Ortiz figuraba como propietaria del mencionado inmueble (f. 53, c.2).
4. Matilde Caballero Valencia tomó en arriendo el inmueble en mención, el cual fue destinado para el funcionamiento del establecimiento comercial “Residencias John”. Así consta en el contrato de arrendamiento celebrado entre Susana Caballero de Ortiz y Matilde Caballero Valencia, por un término de 2 años a partir del 27 de agosto de 2000, prorrogables a voluntad de las partes, y un canon mensual de $5.500.000 pesos (declaración de Rosalba Arenales Rodríguez rendida ante el Juzgado 17 Civil Municipal de Cúcuta, copia del contrato de arrendamiento celebrado entre las demandantes, f. 157, c.4 y 73, c.2).
Constata la Sala que el inmueble de propiedad de Susana Caballero de Ortiz ubicado en la calle 28 nº. 13-75 del municipio de Saravena Arauca, sufrió un daño material como consecuencia de la toma guerrillera ocurrida en dicho municipio, el 13 de septiembre de 2002.
En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:
En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(3).
En casos como el que ahora se decide, el análisis de la responsabilidad estatal, tratándose de daños causados a civiles, con ocasión de enfrentamientos armados entre la fuerza pública y grupos armados ilegales, ha sido el de riesgo excepcional. En reiteradas ocasiones, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación(4) que esta responsabilidad se configura por cuanto los agentes del Estado generan una situación de peligro, en desarrollo de la actividad legítima de “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”(5) que, una vez se concreta el peligro, genera responsabilidad a cargo de la administración al ser una carga excesiva, grave y anormal que no tienen por qué asumir los ciudadanos.
La imputación de responsabilidad estatal por riesgo excepcional ha sido aplicada en numerosos casos de ataques perpetrados por grupos armados al margen de la ley contra bienes o instalaciones representativos del Estado en el marco del conflicto armado interno y, específicamente, contra cuarteles militares o estaciones de policía, sea que la fuerza pública reaccione o no violentamente con el fin de repeler la agresión.(6)
En estos casos, la atribución de responsabilidad no se sustenta en la existencia de una acción u omisión reprochable del Estado, sino en la producción de un daño que, “si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(7).
Así las cosas, el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en la causación de un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independientemente de quién haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal. Al respecto esta Corporación ha sostenido que:
[P]ara que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal. Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando éstos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social, y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo por los grupos al margen de la ley(8).
A la administración le es posible exonerarse de responsabilidad sólo si se acredita que la causa del daño fue de manera exclusiva y determinante el hecho de la víctima, el hecho de un tercero o la existencia de una fuerza mayor(9). Las causales que exoneran de responsabilidad deben tener las características de ser irresistibles e imprevisibles. Ser irresistible es la imposibilidad del obligado de llevar a cabo el comportamiento esperado y la imprevisibilidad ocurre cuando no es posible contemplar por anticipado su ocurrencia, esto es, que el acontecimiento sucedió de manera súbita y repentina(10).
De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en situaciones de conflicto armado las obligaciones de adoptar medidas positivas de protección y prevención, adquieren un carácter superlativo, por lo que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles(11).
En el presente caso, los testimonios son coincidentes en afirmar que los ataques guerrilleros se dirigieron contra la estación de policía y que el inmueble de propiedad de Susana Caballero de Ortiz resultó afectado por encontrarse cerca de dicha edificación. Waldina García de Peña, en su declaración dijo lo siguiente:
Preguntado. Si tiene conocimiento contra quien iba dirigido el atentado. Contesto. El ataque fue de la guerrilla contra la Estación de Policía que está situada frente al parque principal sobre la calle 27 entre carreras 14 y 15, pero de todos los cilindros que lanzaron ninguno cayó dentro de la Estación de policía, y la que cayó frente a esta no le hizo ningún daño, el daño y los perjuicios fue contra las casas y edificio del personal civil (…) (f. 456, c.5).
Por su parte el señor Teófilo Castellanos en su declaración afirmó:
Preguntado. Si tiene conocimiento contra quién iba dirigido el atentado. Contesto. Pues todos sabemos que el ataque iba dirigido contra la Estación de Policía que está situada en el marco del parque principal sobre la calle 27 entre carreras 14 y 15 (…) (f. 460, c.5).
Así mismo, mediante informe emitido por el comandante del Departamento de Policía de Arauca se afirmó:
[S]aravena 130902 11:30 horas a la altura de calle 15 con carrera 26 desde un vehículo Ford 350 color blanco (…) fueron lanzados seis artefactos explosivos no convencionales que hicieron blanco en los siguientes sitios, el primero sobre la calle 15 con carrera 26 frente al parque principal, el segundo a cuarenta metros de la guardia de las instalaciones policiales, el tercero a unos 60 metros aproximadamente diagonal a las instalaciones policiales, el cuarto en zona contigua a la estación de policía, destruyendo dos viviendas y donde resultaron heridos soldados adscritos al grupo mecanizado general Rebeiz Pizarro (…) el quinto y el sexto artefacto hicieron impacto en la calle 28 nro. 13-75, destrozando los inmuebles comerciales residencias Jhon, residencias Alexshir y panadería primavera, donde se presentaron 33 heridos y cuatro muertos (…) (f. 57, c. 4).
En vista de lo anterior, para la Sala es claro que los ataques fueron dirigidos contra la estación de policía y que, por este motivo, resultaron afectadas edificaciones cercanas, entre las cuales se encuentra el inmueble objeto de la demanda.
Sobre el riesgo creado por el Estado al instalar a sus fuerzas militares y de policía en proximidad o cercanía de los bienes civiles, la Subsección ha señalado:
La Sala no desconoce que desde un enfoque de teoría administrativa resulta extraña, por decir lo menos, la afirmación según la cual la simple presencia institucional constituye un factor generador de riesgo, máxime cuando muchas veces esa presencia —lograda, por ejemplo, mediante el acantonamiento de la fuerza pública— la que permite al Estado conjurar o repeler las amenazas que para la vida y los bienes de la población civil implican las acciones de la delincuencia. Sin embargo, considera que de cara a la realidad del país, resulta imposible negar que existen zonas afectadas por fenómenos graves de violencia política en las que la cercanía a ciertos bienes e instalaciones del Estado, genera un riesgo cierto para las personas que viven o desarrollan sus actividades cotidianas en sus proximidades ya que éstos son blanco de continuos ataques de la guerrilla(12).
El presente caso se ajusta a los parámetros que ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación(13) para derivar la responsabilidad estatal por el hecho de un tercero, bajo la óptica del riesgo excepcional, debido a que el objetivo del ataque guerrillero fue una edificación representativa de la administración, riesgo que se concretó en la materialización del daño. Por esta razón la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda.
Para efectos de liquidar la indemnización por perjuicios materiales, advierte la Sala que la demanda señala como daño emergente el detrimento patrimonial ocasionado por la destrucción del inmueble, así como la pérdida de los enseres y muebles que constituían el establecimiento comercial “Residencias Jhon”. Por lo anterior, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, se estudiará de manera separada la existencia de dichos perjuicios.
El 6 de octubre de 2004, el a quo designó como perito al arquitecto Campo Elías Suarez Castellanos, con el fin de que rindiera un dictamen sobre los daños ocasionados al inmueble de propiedad de Susana Caballero de Ortiz (f. 273-274, c.2).
En el informe pericial, se estimó en $230 333 200 el monto de la reparación de los daños causados al inmueble, en $36.977.988 el valor de los bienes muebles y enseres destruidos, y en $458.848.043 la suma de lo dejado de percibir por los rendimientos económicos que generaba el inmueble afectado. Se transcribe la fundamentación del dictamen (f. 385-413, c. 5):
Según la demanda presentada en el expediente 129-2004 por el apoderado del demandante Dr. Isnardo Jaimes Jaimes, en los hechos ocurridos el día 13 de septiembre de 2002, como consecuencia de los atentado terroristas perpetrados por presuntos comandos subversivos contra la estación de Policía Nacional en el Municipio de Saravena-Arauca. Causando daños materiales al entorno inmediato: viviendas del sector y locales comerciales entre ellos el inmueble de la señora Susana Caballero De Ortiz, quedando totalmente destruido el inmueble de su propiedad.
De acuerdo a las pruebas presentadas por la demandante, datos consignados en el expediente en mención, como declaración de testigos y fotografías folios 76 al 87 cuadernillo 01, en las cuales se puede observar el estado en que quedó el inmueble de propiedad de la señora Susana Caballero de Ortiz. Así mismo por medio de esta recopilación de documentos del bien inmueble destruido y el cual quedó inservible a causa del atentado terrorista ya referido. Todos estos datos son importantes para así poder rendir la complementación del dictamen pericial de la referencia.
Dentro de lo que se ordena en el expediente, para el informe pericial, se solicita:
Lote de 19.93 metros de frente por 10.04 metros de fondo ubicado en la calle 15 Nº 28-73-77-79-83-85-89.
2. Linderos:
Norte: En 19.93 m con la calle 28.
Sur: En 19.93 m con Betilda Alvarado.
Oriente: En 10.08 m con Betsabe Guayasan Casallas.
Occidente: En 10.08 m con la carrera 14.
3. Area: frente: en 19.93 m con las calle 28; fondo en 10.08 m con la carrera 14
4. Area Lote: 200.89 M2
5. Area Construida:
Primer Piso: 10.08 X 19.93=200.89 M2
Segundo Piso: 11.21 X 21.08=236.30 M2
Tercer Piso: 11.21 X 21.08=236.30 M2
673.49 M2
Observación: las dimensiones y los linderos que aparecen en el folio 55 son mayores con respecto a las que se verificaron en el momento de la inspección ocular y según el levantamiento arquitectónico que se efectuó en la visita realizada al inmueble.
A continuación se da respuesta al cuestionario que la parte demandada requiere según folios 34, 35 y 36 del expediente de la referencia y se le aclara que durante el transcurso del avalúo se resuelven algunos interrogantes de dicho cuestionario.
A. Descripción Y Ubicación:
A.1. En este ítem se pide la ubicación del inmueble con respecto a las instalaciones de la Policía Nacional:
El inmueble se encuentra aproximadamente a ciento veinte metros de la estación de policía del municipio de Saravena. Según plano de localización folio 64.
A.2. El área total construida es de 673. 49 m² y está distribuido así:
Primer Piso: tres locales con características adecuadas para realizar cualquier actividad comercial y venta.
Segundo Piso: 17 habitaciones para hospedaje de huéspedes de las residencias Jhon con las siguientes características:
1. Habitaciones con baño privado: (5)
2. Habitaciones sin baño doce (12)
3. Batería sanitaria: una (1) duchas y sanitarios
Tercer Piso: por el estado de destrucción en que quedó no se puede determinar la cantidad de habitaciones que funcionaban allí pero se asume que la planta arquitectónica es similar a la del segundo piso, para dar certeza a esta anotación corroboramos con el plano de la planta arquitectónica levantado por el perito avaluador en el momento de los hechos el arquitecto Jaime Salazar castellanos.
A.3. Tipo de Construcción
1. Cimientos, zapatas y vigas de cimentación en concreto reforzado.
2. Placas de entre-piso en concreto.
3. Estructura: columnas, vigas aéreas y de entre-piso en concreto reforzado.
4. Muros en bloque de arcilla Nº 5, pañetados y pintados.
5. Pisos en baldosín.
• Primer piso: locales comerciales, en carpintería metálica.
• Segundo piso: habitaciones hotel, en carpintería metálica y en madera.
• Tercer piso: habitaciones hotel, en carpintería metálica y en madera.
7. Cubierta:
• Estructura de cubierta: cerchas metálicas y madera.
• Teja en asbesto-cemento Eternit.
• Cielo raso en sonocor e icopor.
• Enchapes en zonas de servicios como baños, duchas, lavaplatos, patios de ropa y zona de lavandería.
8. Altura: desde la planta del primer piso hasta la cubierta hay aproximadamente 9.00 metros.
A.4. El inmueble contaba con los servicios públicos de agua, alcantarillado, luz eléctrica teléfono, pero no se evidencia la existencia de tuberías de suministro de gas.
B. Factibilidad Comercial:
B.1. Como ya se anotó anteriormente el inmueble consta de tres locales comerciales en el primer piso con todos los servicios públicos anteriormente indicados (…).
En la visita de inspección se constató, que el sector por ser el entorno inmediato del parque principal era el de mayor actividad comercial, hasta el momento en que empezaron a presentarse este tipo de atentados por parte de los grupos armados.
Esta situación generó que se tomaran una serie de medidas de seguridad por parte de las autoridades y la fuerza pública, ya que ellos eran el blanco de los mismos y estos iban dirigidos hacia cuartel de la policía nacional, sedes de la alcaldía municipal, Concejo municipal, etc, prueba de ello es el estado actual de todas las edificaciones que conforman el entorno del parque. Estos hechos determinaron medidas como fueron las de acordonar todo el sector, restringir el paso y la circulación de vehículos y peatones, ocasionando dificultad para el desplazamiento y el mismo desarrollo del comercio, lo que afectó la actividad comercial por este tipo de acontecimientos y medidas, las cuales repercutieron e incidieron en el comercio por el peligro que existía y la zozobra que se generaba en la población civil, estas causas obligaron casi de inmediato a el traslado del comercio a otros sectores de la ciudad quedando la zona céntrica prácticamente sola, pues en esas circunstancias difícilmente puede existir actividad social y comercial.
En lo que concierne con el entorno inmediato del inmueble consideramos que el lado occidental de éste se ve afectado por lo anteriormente dicho, pero por el lado oriental hacia la carrera 13 se observa bastante actividad comercial por lo que aumentan las posibilidades de intercambios y cualquier actividad del área.
8. Destinación del Inmueble:
El inmueble tenía uso comercial, donde funcionaban, en la primera planta, tres locales arrendados de diferente actividad comercial, el segundo y tercer piso funciona como residencias con el nombre de "residencias Jhon".
9. Magnitud de los daños causados al inmueble:
De acuerdo a la observación del expediente con respecto al registro fotográfico podemos determinar las condiciones en que quedó el inmueble después del atentado terrorista, observando que en el tercer y segundo pisos los muros quedaron habilitados y averiados considerablemente, lo cual implica la demolición y reconstrucción de los mismos, al igual que parte de la placa el tercer piso quedó totalmente demolida por el impacto de la bomba. Si comparamos las fotografías al momento de los hechos con las actuales observamos el deterioro que ha sufrido el inmueble por causa del abandono a la intemperie sobre todo el efecto que ha causado la lluvia y cuál ha sido el factor más determinante para el deterioro del inmueble, esto a causa de que no existe cubierta, la cual fue totalmente destruida por el impacto. Este deterioro seguirá generándose ya que su propietario no cuenta con los recursos necesarios para la reconstrucción y dotación del mismo.
Es importante aclarar que por el atentado y las circunstancias en que quedó el inmueble, generó (sic) en su propietario un estado de conmoción, frustración, impotencia y desobligamiento (sic) con respecto a la reparación del mismo; además porque se sabe que aún cuando el inmueble sea reparado siempre seguirá existiendo amenaza, esto (sic) es uno de los factores por los cuales el inmueble quedó abandonado y a la intemperie.
Por el tipo de materiales empleados en la construcción de la edificación, los cuales son de buena calidad, podemos determinar que la reconstrucción debe estar determinada por un valor no inferior a $380.000 el metro cuadrado por las mismas características que requiere una construcción de este tipo.
Según el análisis anterior se concluye que la totalidad del tercer y segundo piso se deben reconstruir y por lo menos un 80 por cien (sic) del primero con un valor de construcción del metro cuadrado no inferior al estimado como se dijo anteriormente, este valor y el total se relacionan en el avalúo y a continuación.
10. Avalúo:
A.1. Estructura o planta física-construcción del inmueble: según documentación presentada como pruebas por la parte demandante tenemos una serie de fotografías, folio 76 a 87 cuadernillo 1, donde se puede observar claramente el estado en el que quedó el inmueble, por el atentado terrorista del 13 de septiembre de 2002.
Se estima que al momento del atentado del inmueble quedó averiado en un 70% del total, esto se puede verificar con las fotografías consignadas en el expediente como pruebas documentales, pero al momento de la visita de inspección se constató que al quedar abandonado a la intemperie la humedad causada por la lluvia ocasionó daños en un 20% del total de la estructura, lo que produce un 90% del total de la edificación.
Así mismo es importante y necesario y (sic) debe preverse para la reconstrucción del inmueble un estudio patológico, de la estructura del mismo predeterminar posibles daños y averías internas que puedan comprometer la estructura del mismo, causadas por el impacto de la bomba y los efectos ocasionados por las filtraciones a causa de la lluvia, durante este periodo que el inmueble a (sic) estado expuesto a la intemperie.
De la misma manera mediante consultas hechas en el mercado local con respecto al valor de materiales y mano de obra, se determina el valor del metro cuadrado de construcción, para los requerimientos de una obra de esas características en $380.000.
VR= CM X VM2
CM2= Cantidad de M2 a reconstruir=606.14 M2
VM2= Valor M2 de construcción= $380.000
VR= valor de reconstrucción del inmueble
VR= 606.14 X $380.000=$ 230’333.200
Total daño Emergente: (por reposición del inmueble) $ 230’333.200.
A.2. muebles y enseres: Otro daño emergente que se tiene que cuantificar para efectos del presente dictamen, es la pérdida de los muebles y enseres que se encontraban en el inmueble en el momento del atentado y hacían parte del patrimonio.
En este aspecto hay que tener en cuenta los muebles personales y los del negocio de la señora Matilde Caballero Valencia para este caso con respecto al valor de cada uno de ellos tomados del inventario realizado por la administradora Blanca Cecilia Jiménez, según folio 175 del cuadernillo 01 del expediente de la referencia donde se relacionan los mismos y además porque no existe (sic) en el lugar sino unos cuantos pedazos de algunos de los enseres que en la lista se mencionan; a estos se les aplicará el 40% de depreciación por el uso que tenían a la fecha de los hechos y el mismo estado en que quedó todo el inmueble tal como se puede apreciar en las fotografías y el video:
Camasmetálicas
Tv De 15’’
Tv De 29’’
Neveras Centrales de 12’’
Lavadoras de 22 libras
Sillas plásticas Rimax
Juegos de sala madera tapizados
Juego comedor de puestos
Estufa Industrial de 8 Puestos
Mueble en madera para recepción
Sillas para escritorios giratorias
Multimueble metálico
Teléfono inhalámbrico Panasonic
Cuadros distintos motivos
Cortinas en tela con sus cortineros
Extinguidores incendio
Máquina escribir eléctrica Brother
Vh Sonic
Total 52.598.000
Valor total de los muebles y enseres a la fecha de los hechos $52’598.000
$52’598.000 X – (40%) =$31’558.800
Actualizando esta cifra y trayéndola a valor presente: Tenemos
Tiempo en meses desde el día de los hechos a la fecha: Septiembre de 2.002 a marzo de 2005, 31meses.
VA= $36’977.988
Sub-total daño emergente:
1. Reposición del Inmueble: $230’333.200
2. Muebles y enseres: $36’977.988
Total daño emergente $267’.311.188
B.1 Lucro cesante-ganancia dejada de percibir por concepto de arriendo de habitaciones: Determinado por los ingresos dejados de percibir, en este caso por la pérdida del negocio “Residencias Jhon”.
De acuerdo a las indagaciones hechas en negocios de estas características se pudo comprobar que el valor de (sic) alquiler de una habitación en residencia es en promedio de $16.500 cifra que no se aleja de la expuesta en las pretensiones de la demanda, la que se encuentra anotada en el folio 9 del cuadernillo 01, además durante la visita se pudo establecer que en el inmueble existen 28 habitaciones y constatando que en un establecimiento como este la tasa de ocupación es del 70% lo que evidencia que en las residencias se alquilaban aproximadamente 20 habitaciones por día produciendo un monto de $9’900.000 al mes; entonces se procede con lo anteriormente expuesto a realizar el cálculo del lucro cesante por este concepto y aplicando los índices de variación mes a mes:
Actualización lucro cesante mes a mes de septiembre de 2002 a marzo de 2005 / 31 meses
Nº de meses Valor lucro cesante por ganancia de hotel a marzo de 2.005 $ 9.900.000,00
Año -2.002 IPC V/R Actualizado Incremento Mensual
1 Septiembre 134,64 9.900.000,00 133,293,60
2 Octubre 135,39 10.033.293,60 135,840,76
3 Noviembre 136,45 10.169.134,36 138,757,84
4 Diciembre 136,81 10.307.892,20 141,022,27
(Continúa hasta marzo de 2005).
Total lucro censante por ganancias: $398’473.300.09
B.2 Lucro cesante —pérdidas (sic) por canon de arrendamiento después del hecho hasta la fecha: Existen tres locales en la primera planta de la edificación donde se constató que el valor de cada uno es de $500.000 mensuales luego se percibía un total de $1.500.000 al mes por dichos locales, valor que se observa también en las pretensiones de la demanda con el folio 8 incluido en el expediente de la referencia.
Entonces se procede a actualizar dicha cifra mes a mes desde la fecha de los hechos hasta la fecha de inspección ocular para establecer el monto que se ha dejado de percibir por el arriendo de los locales.
Nº de meses Valor lucro cesante por ganancia de arrendamiento a marzo de 2.005 $ 1.500.000,00
1 Septiembre 134,64 1.500.000,00 20.196,00
2 Octubre 135,39 1.520.196,00 20.581,93
3 Noviembre 136,45 1.540.777,93 21.023,91
4 Diciembre 136,81 1.561.801,85 21.367,01
Total valor lucro cesante por arriendo dejado de percibir en los tres locales:
$60’374.742.44
Sub-total Lucro Cesante:
1. Ganancia dejada de recibir hotel: $398’473.300.09
2. Ganancia por arriendo locales: $60’374.742.44
Total lucro cesante: $458’848.042.53
TOTAL DAÑO AVALUADOS
Total daño emergente $267’311.188.00
Total lucro cesante $458’848.042.53
Total $726’159.230.53
Surtido el traslado del dictamen a las partes (f. 297, c. 2), la entidad demandada presentó una impugnación del peritaje, en los siguientes términos: (f. 299-300, c. 1):
El experticio técnico practicado a los bienes de propiedad de la parte actora, presenta inconsistencia por los motivos que señalo a continuación;
1. Por que (sic) se esta (sic) presentando la valoración de bienes de propiedad de la señora Susana Caballero De Ortiz, en una forma desproporcionada en relación con los precios reales del mercado y sin ningún soporte mercantil y además sin tener en cuenta que los bienes al momento de sufrir el daño, ya tenían tiempo de uso que produce el fenómenos de la depreciación, amen (sic) de ello el rendimiento presentado por estos supera significativamente el porcentaje de crecimiento económico que regula la actividad comercial del país y que está reflejado en los porcentajes que publica en DANE, lo cual es inaceptable, teniendo en cuenta que el municipio de Saravena, por las mismas condiciones de orden público de la zona en donde se encuentra ubicado, han producido el fenómeno de la depreciación en el valor de los inmuebles, y disminución en la actividad comercial lo que indudablemente afecta la rentabilidad de cualquier negocio por muy productivo que fuese.
2. Respecto a las utilidades que debió generar el negocio de propiedad de la actora se utilizan cifras aleatorias y para el caso la Ley es muy clara que toda actividad mercantil debe estar reflejada en libros contables o por lo menos en declaraciones de rentas o pago de impuestos, solo (sic) se señala la cantidad bruta que genera la actividad desarrollada por el negocio, sin descontar las sumas que corresponden al mantenimiento y sostenimiento del negocio así como al pago de impuestos y servicio públicos, requisito este que es indispensable para que todo negocio pueda mantenerse, valga mencionar impuestos, servicios públicos, arriendos, pago de empleados, compra de mercancía, etcétera valores estos que en el mercado equivalen aproximadamente al 75% de los ingresos brutos que genera la actividad comercial realizada por la parte actora y en el experticia se observa que el lucro cesante se está presentando en forma de ingresos brutos, sin hacer las deducciones necesarias del mercado, además si observamos los montos de capital y de rentabilidad mencionadas en el informe que rinde el perito, indudablemente que estos deberían estar soportados en declaraciones de renta ya que los montos señalados obligan a los actores a rendir este tipo de informes a la DIAN.
Por lo anterior y en procura de lograr claridad al respecto, me permito solicitar al H. Magistrado, se solicite al señor perito Económico-Contable, aclare el experticio técnico- económico presentado y que aporte los soportes contables en que se basa sus apreciaciones, ya que este no puede estar soportado en sumas aleatorias.
En la sentencia de primera instancia, al negar las pretensiones de la demanda, el Tribunal no valoró el dictamen pericial ni resolvió las objeciones presentadas por la entidad demandada. Por tanto, le corresponde a la Sala establecer el valor probatorio de dicho dictamen con el fin de fijar el monto de la restauración del inmueble afectado durante el ataque y el de los bienes muebles averiados, así como la suma total de lo dejado de percibir por las demandantes con ocasión del deterioro del establecimiento comercial.
Para determinar la eficacia probatoria del dictamen pericial, la Sala ha determinado que se requiere que:
(i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas[(14)]. (15)
Al examinar el dictamen pericial a la luz de estos parámetros, se encuentra que, respecto del daño emergente, la valoración de los daños hecha por el perito no se encuentra razonablemente fundada, por las siguientes razones:
1. De acuerdo con lo consignado en el informe pericial: “mediante consultas hechas en el mercado local con respecto al valor de materiales y mano de obra, se ha determinado el valor del metro cuadrado de construcción, para los requerimientos de una obra de estas características en $380 000(16)”, la valoración no se hizo con base en la idoneidad técnica y profesional del perito, sino a partir del criterio rendido por terceros.
2. No se realizó (no se encuentra consignada en el informe pericial) una cuantificación pormenorizada de los daños, como tampoco de los materiales necesarios para la reconstrucción del inmueble.
3. Llama la atención de la Sala que el perito no dio respuesta a ninguna de las objeciones u observaciones que, de manera razonada, formuló al dictamen la entidad demandada.
En cuanto a la pérdida de los bienes muebles, advierte la Sala que el dictamen pericial no puede tenerse como prueba para la acreditación de tal daño, pues la fundamentación del mismo es un inventario del mobiliario y utensilios del establecimiento de comercio, el cual no brinda certeza sobre de la cuantificación del daño y la magnitud de la destrucción real de tales enseres con ocasión del ataque guerrillero.
Sobre la valoración del dictamen pericial, la jurisprudencia ha establecido:
[D]e conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de la partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal(17) y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad (numeral 2 del artículo 237 del C. de P. Civil.).
Para su eficacia probatoria debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte de perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen(18). El dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado, en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones (numeral 6 del artículo 237 ejusdem).
A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “…aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores (…)”(19).
En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma(20).
Por lo anterior, la Sala dará aplicación a lo previsto en el artículo 172 del C.C.A., y condenará en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional al pago de este perjuicio ocasionado con la destrucción del bien inmueble aludido en la demanda, debido a que no existen elementos probatorios fundamentados, serios y precisos que indiquen su valor comercial, ni la magnitud de su destrucción con ocasión del ataque guerrillero.
La liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 137 del C.P.C. Para tal efecto, la parte demandante debe acreditar el valor comercial del bien inmueble para la época de los hechos, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o cualquiera otra entidad pública que cumpla esas mismas funciones. Para promover el incidente de liquidación, se otorga a la parte interesada un término de 60 días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.
Para el efecto, el perito deberá analizar todas las pruebas obrantes en este proceso y, anexar los documentos que soportan su dictamen. Además, deberá realizar un estudio de mercadeo de la zona debidamente fundamentado, para determinar el valor del inmueble para la época de los hechos e incluir el certificado catastral del bien para esa época.
En cuanto al reconocimiento de indemnización por la pérdida de los bienes muebles, advierte la Sala que no se encuentra acreditada la destrucción total de tales muebles y enseres mencionados en el dictamen, ya que en este solamente se tiene en cuenta el valor comercial aproximado de diferentes bienes muebles, así como un listado del inventario de utensilios del establecimiento comercial, sin tener certeza sobre la ocurrencia de una pérdida total de los mismos, por tanto, al no encontrarse acreditado en el proceso este daño, no habrá lugar a su indemnización.
Respecto del monto a indemnizar por lucro cesante, el dictamen pericial señaló, en primer lugar, las ganancias dejadas de recibir por concepto de arriendo de habitaciones en el establecimiento comercial “Residencias Jhon”. Al respectó anotó:
B.1. Lucro cesante-ganancia dejada de percibir por concepto de arriendo de habitaciones: Determinado por los ingresos dejados de percibir, en este caso por la pérdida del negocio “Residencias Jhon”.
De acuerdo a las indagaciones hechas en negocios de estas características se pudo comprobar que el valor del alquiler de una habitación en residencia es en promedio de $16.500 cifra que no se aleja de la expuesta en las pretensiones de la demanda, la que se encuentra anotada en el folio 9 del cuadernillo 01, además durante la visita se pudo establecer que en el inmueble existen 28 habitaciones y constatando que en un establecimiento como este la tasa de ocupación es del 70% lo que evidencia que en las residencias se alquilaban aproximadamente 20 habitaciones por día produciendo un monto de $9’900.000 al mes; entonces se procede con lo anteriormente expuesto a realizar el cálculo del lucro cesante por este concepto y aplicando los índices de variación mes a mes (…) (f. 396, c. 5).
La Sala advierte que en el dictamen pericial se estableció el monto del lucro cesante del establecimiento de comercio, con base en una estimación aleatoria de precios, sin ningún sustento contable. Por tanto, tal estimación del lucro cesante no podrá tenerse como acreditada por las siguientes razones: (i) el auxiliar de la justicia no tiene idoneidad técnica y profesional para acreditar el monto de los ingresos y egresos mensuales de la propietaria del establecimiento de comercio “Residencias Jhon”, dado que su especialidad es la arquitectura; (ii) en gracia de discusión, si el perito fuera idóneo para determinar el lucro cesante, se carece de pruebas documentales necesarias (libros de contabilidad, declaraciones de renta, recibos) para fundamentar sus afirmaciones.
De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que el dictamen pericial carece de idoneidad para probar el monto de los ingresos dejados de percibir por la propietaria del establecimiento comercial “Residencias Jhon”, debido a que se practicó sin que el perito ostentara conocimientos especializados para tal fin, sino que solo se consignaron sus apreciaciones subjetivas.
Por lo anterior, la Sala desestimará la cifra consignada en el dictamen pericial como monto a indemnizar por lucro cesante y, en cambio, de acuerdo con la jurisprudencia(21), se reconocerá una suma razonable por el tiempo en que se considera que el negocio entraría nuevamente en funcionamiento, con base en el salario minimo legal mensual vigente para la epoca en que ocurrieron los hechos.
A pesar de que la parte actora solicitó que se reconozca como periodo del lucro cesante futuro el tiempo transcurrido desde la fecha de interposición de la demanda, hasta la reconstrucción del inmueble afectado, y además, en el literal A1 y B2 de la demanda, solicitó el reconocimiento de indemnización por la rentabilidad del dinero dejado de percibir con ocasión del daño, la Sala realizará la liquidación de acuerdo con lo dictado por la citada jurisprudencia, puesto que en la fórmula indemnizatoria aplicada se incluye el pago de la tasa mensual de interés puro legal, así como la actualización de los montos a indemnizar.
Se reconocerá el lucro cesante de 6 meses contados a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos(22), en consideración a que es un término razonable para reanudar una actividad comercial. Para efectos de realizar la liquidación del monto a indemnizar, se tomará como referencia el salario mínimo legal vigente actual, es decir, $616 000, en virtud de que la actualización del salario mínimo para el año 2002, que era $309 000 resulta inferior al salario mínimo actual.
Lucro cesante correspondiente a 6 meses:
Ra = Renta actualizada, es decir $ 616 000
N = Número de meses a indemnizar = 6 meses.
La suma anteriormente relacionada será reconocida a Matilde Caballero Valencia, debido a que se encuentra probado que era la arrendataria del inmueble en el cual funcionaba el establecimiento comercial “Residencias Jhon” y además, todas las declaraciones son coincidentes en afirmar que dicho establecimiento de comercio le pertenecía a ella, por tanto, en su calidad de propietaria, sufrió el daño causado por el lucro cesante provocado con ocasión de la destrucción del inmueble y la consecuente interrupción de su actividad comercial.
En segundo lugar, el dictamen pericial señaló como lucro cesante el canon de arrendamiento dejado de percibir como consecuencia de la destrucción del inmueble. Sobre este punto obra en el expediente contrato de arrendamiento celebrado entre Susana Caballero de Ortiz y Matilde Caballero Valencia, por un periodo de 2 años, con un canon mensual de $5.500.000, el cual obra a folio 73 del cuaderno 2.
De acuerdo con la información contenida en el contrato de arrendamiento suscrito sobre el bien inmueble objeto de esta demanda, su periodo comprendía desde el 27 de agosto de 2000, hasta el 27 de agosto de 2002; es decir, que el contrato cumplió el término antes del acaecimiento del ataque guerrillero causante del daño ocurrido el 13 de septiembre de 2002, sin embargo, los testimonios rendidos ante este proceso son coincidentes en afirmar que para la época de los hechos, el establecimiento de comercio aún se encontraba en funcionamiento.
En el testimonio del señor Euclides Velázquez se anotó:
Preguntado: sabe usted y le consta de qué vivía Matilde Cabellero Valencia, para el 13 de septiembre de 2002. Contesto: vivía de los rendimientos del negocio que usufructuaba, negocio de alojamiento de residencias. Preguntado: según su respuesta anterior precísele al despacho, fuera del negocio de residencias ubicado en el municipio de Saravena le conoció a Matilde Caballero Valencia, otro negocio. Contesto: no (…) (f. 156, c. 4).
A la misma pregunta, la señora Rosalba Arenales de Rodríguez respondió que “ambas dependían del hotel, Susana como propietaria y Matilde como arrendataria de su hermana Susana” (f. 157, c.4). .
Así las cosas, advierte la Sala que para la fecha de la incursión guerrillera, el establecimiento de comercio “Residencias Jhon” se encontraba en funcionamiento, a cargo de la señora Matilde Valencia, en el bien inmueble afectado, lo cual obliga a concluir que el contrato de arrendamiento se prorrogó.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que no se conoce el periodo por el cual este contrato de arrendamiento se hubiere prorrogado, se reconocerá una suma razonable por el mismo tiempo en que se considera que el negocio entraría nuevamente en funcionamiento, con base en el salario mínimo legal mensual vigente para la época en que ocurrieron los hechos.
Así las cosas, se reconocerá el valor de seis meses de canon de arrendamiento como lucro cesante, contados desde la fecha de la incursión guerrillera (13 de septiembre de 2002).
Rh = Renta histórica, $5.500.000
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116.24 que es el correspondiente a abril de 2014.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 70,26 que es el que correspondió al mes de septiembre de 2002, mes en el cual ocurrió el ataque guerrillero.
Lucro cesante correspondiente a 6 meses por canon de arrendamiento:
Ra = Renta actualizada, es decir $ 9 099 345.29
Ahora bien, respecto del reconocimiento del lucro cesante por el canon arrendamiento de tres (3) locales comerciales, dejados de percibir con ocasión de la destrucción del inmueble, en el informe pericial se anotó:
B.2. Lucro cesante —perdidas (sic) por canon de arrendamiento después del hecho hasta la fecha: Existen tres locales en la primera planta de la edificación donde se constato (sic) que el valor de cada uno es de $500.000 mensuales luego se percibía un total de $1.500.000 al mes por dichos locales, valor que se observa también en las pretensiones de la demanda con el folio 8 incluido en el expediente de la referencia (…) (f. 398, c.5).
Sin embargo, advierte la Sala que dicha afirmación carece de sustento probatorio. La apreciación del perito se basó en la petición hecha en la demanda para determinar la existencia de dichos locales y el valor del canon de arrendamiento de los mismos. Teniendo en cuenta que no obra en el expediente ninguna prueba que sustente tal afirmación, la Sala considera que dicho perjuicio no se encuentra probado en el proceso, por lo cual no procederá al reconocimiento de indemnización por el mismo.
Respecto del reconocimiento de indemnización por los perjuicios morales solicitados por la parte actora, advierte la Sala que no se encuentra demostrado el sufrimiento o aflicción de los demandantes con la destrucción del inmueble. En relación con el dolor moral que pueda generar la pérdida de los bienes materiales, la jurisprudencia de la Sala considera que ese daño sí es susceptible de reparación, pero como sucede en relación con los demás daños por los cuales se solicite indemnización, siempre habrá que acreditar su ocurrencia.
A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que éstos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(23).
En consecuencia, aunque en eventos como el presente, la pérdida de los bienes materiales destinados a la subsistencia o comercialización puede causar perjuicios morales, en el caso concreto no se reconocerán porque éstos no se acreditaron directamente ni se encuentran probados otros hechos de los cuales puedan inferirse tales perjuicios(25).
Así las cosas, se encuentra que la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el daño moral es susceptible de reparación, en la medida en que resulte plenamente acreditado, sin embargo, del acervo probatorio obrante en el expediente no se concluye que los demandantes hubieran sufrido un daño moral por la pérdida del bien inmueble de Susana Caballero de Ortiz, como tampoco un desarraigo o dolor moral por la destrucción física del mismo.
Revocar la sentencia del 16 de marzo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda y, en su lugar:
1. Declarar la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, por los daños ocasionados al inmueble ubicado en la calle 28 nº 13-73 del municipio de Saravena, Arauca, de propiedad de Susana Caballero de Ortiz, como consecuencia del ataque guerrillero ocurrido el 13 de septiembre de 2002, perpetrados contra la estación de policía del mencionado municipio.
2. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causados a Matilde Caballero Valencia, como consecuencia de la destrucción del inmueble ubicado en la calle 28 nº 13-73 del municipio de Saravena, en el cual funcionaba establecimiento de comercio “Residencias Jhon”, en el monto de tres millones setecientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y tres pesos con noventa y ocho centavos ($3 741 263,98).
3. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional al pago de cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos ($55 264 696) por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causados a Susana Caballero de Ortiz, como consecuencia de la destrucción del inmueble ubicado en la calle 28 nº 13-73 del municipio de Saravena, del cual obtenía un canon de arrendamiento mensual.
4. Condenar en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente causados a Susana Caballero de Ortiz por la reparación del inmueble. Este perjuicio deberá liquidarse mediante el trámite incidental regulado en el artículo 137 del C.P.C., el cual deberá promoverse por el interesado dentro del término de dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de esta sentencia.
6. Por secretaría Expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del C.C.P., las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.
1. La norma entró en vigencia el 28 de abril de 2005, según el artículo 7 de la misma.
2. f. 40-57, c.4.
3. Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.
4. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 22 de junio de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación nº. 20150; del 20 de mayo de 2004, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación nº. 14405; del 24 de abril de 1991, C.P. Policarpo Castillo Dávila, radicación nº. 6110; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación nº. 18.472; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación nº. 22.325; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, radicación n.° 23.892. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de julio de 2004, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación n.° 14.592 y sentencia del 18 de octubre de 2000 C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación n°. 11.834.
5. Artículo 217 de la Constitución Política.
6. En las sentencias de 6 de octubre de 2005, exp. AG-00948, C.P. Ruth Stella Correa; de 4 de diciembre de 2006, exp. 15.571, C.P. Mauricio Fajardo; y de 5 de diciembre de 2006, exp. 28.459, C.P. Ruth Stella Correa, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños causados a los habitantes de distintos municipios del país durante enfrentamientos armados entre la guerrilla y las fuerzas armadas, suscitados en respuesta al ataque de los insurgentes contra cuarteles militares o estaciones de policía. De otra parte, en la sentencia de 28 de junio de 2006, exp. 16.630, C.P. Ruth Stella Correa, el Estado fue condenado a reparar los daños causados por la explosión de un artefacto dirigido contra el Comando de Policía de Bello (Antioquia), sin que se hubiera generado un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y los responsables del ataque. Idéntica decisión se adoptó por el Consejo de Estado mediante la sentencia del 19 de abril de 2001, exp. 12.178, C.P. María Helena Giraldo, al resolver la acción de reparación directa por las víctimas de una bomba activada por la guerrilla de las FARC en una estación de gasolina en momentos en que los vehículos de la policía realizaban el tanqueo diario.
7. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585, C.P. Alier Eduardo Hernández.
8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación n.° 16630.
9. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.° 16344, entre otras.
11. Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párr. 123 a 141; y de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 126 a 138.
12. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, exp. 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de julio de 2013, exp. 30452, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
13. [e]s claro que, en el contexto del conflicto armado interno, la estación de policía constituye un objetivo claramente identificado como Estado y, en esa medida, un blanco para el ataque de los grupos armados ilegales. Por lo tanto, al haber ubicado el puesto policial en una zona con alta densidad poblacional —recuérdese que el ataque de la guerrilla afectó numerosos bienes civiles, incluido el local comercial de Argemiro Torres—, el Estado creó un riesgo anormal para los habitantes de la zona. Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección B, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 27954, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
14. [19]Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
15. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 27954, C.P. Ramiro Pazos Guerrero
16. Informe pericial rendido por el arquitecto Campo Elías Suarez Castellanos obrante a folio 392 del cuaderno 5.
17. [66] Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.
18. [67] Devis Echandía, Hernando, Ob. Cit. Págs. 346 a 350 y ss.
19. [68] Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, Pág. 649.
20. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, rad. 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio
21. En sentencia de 4 de junio de 2012, exp. 22.772, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Se dijo: “No obstante, con la información aportada al proceso resulta imposible establecer el tiempo durante el cual el negocio permaneció improductivo. Por ello, para establecer el periodo por el cual se reconocerá la indemnización, se dará aplicación al criterio sostenido en anteriores oportunidades” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, exp. 19.432, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia del 25 de febrero de 1999, exp. 14.655, C.P. Ricardo Hoyos Duque.). Con apoyo de la doctrina, según la cual la liquidación en este tipo de eventos deber abarcar un término definido y razonable, puesto que “es imposible aceptar su prolongación hasta el infinito” (Juan Carlos Henao. El daño. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2007, p. 155).
22. En sentencias de 25 de febrero de 1999, exp. 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, exp. 13.395, M.P. Ricardo Hoyos Duque, dijo la Sala que el término prudencial que tendría el afectado para recomponer la actividad económica que desarrollaba con el bien destruido sería de seis meses, con fundamento en el siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse. (…) Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido” (Juan Carlos Henao Pérez. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157). En este mismo sentido, sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 14.694. M:P. Ramiro Saavedra Becerra.
23. Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.
24. Sentencia del 24 de septiembre de 1987, exp. 4039. C.P. Jorge Valencia Arango.
25. Sentencia de 13 de mayo de 2004, exp. AG-520012331000200200226-01. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Posición reiterada en sentencia de 21 de marzo de 2012, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, exp. 24250, entre otras providencias relacionadas con los hechos de los atentados del municipio de Cravo Norte (Arauca).

References: artículo 1
 artículo 164
 artículo 136
 artículo 233
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 241
 artículo 172
 artículo 137
 artículo 137
 artículo 115
 artículo 7
 Artículo 217