Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510422.html
Timestamp: 2019-03-19 10:35:00+00:00

Document:
as201510422
AUTO SUPREMO Nº 422/2015-RRC
Expediente : Santa Cruz 12/2015
Parte Imputada : Edwin Leigue Vogth y otros
Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2014, cursante de fs. 308 a 314, Edwin Leigue Vogth, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 50 de 24 de abril de 2014, de fs. 299 a 301 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, Brayan Von Borries Melgar y Marcos Flores, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).
Por Resolución 16/2013 de 20 de agosto (fs. 266 a 270), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a: Marcos Flores, autor y culpable de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP; Brayan Von Borries Melgar y Edwin Leigue Vogth, autores y culpables de la comisión del delito de Violación agravada, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 inc. 5) del CP, imponiéndoles a los tres la pena de quince años de privación de libertad y multa de doscientos días a razón de Bs. 3.- por día.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Edwin Leigue Vogth, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 278 a 284 vta.), resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a través del Auto de Vista 50 de 24 de abril de 2014 (fs. 299 a 301 vta.), que declaró admisible e improcedente el citado recurso, motivando la interposición del recurso de casación.
Del memorial de casación formulado por el imputado Edwin Leigue Vogth y el Auto Supremo 163/2015-RA de 5 de marzo, se tienen los siguientes motivos:
El recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido vulneró el DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, el DERECHO AL DEBIDO PROCESO y el DERECHO A LA DEFENSA, por incluir elementos probatorios incorporados ilegalmente a juicio y por la falta de fundamentación de la Sentencia, al señalar que los defectos acusados no fueron reclamados oportunamente en juicio oral y menos se habría hecho la reserva de recurrir, cuando los mismos a decir del recurrente fueron oportunamente reclamados; sin embargo, el Tribunal de apelación habría concluido que no se habría incurrido en el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP, al determinar que las pruebas ofrecidas fueron incorporadas al juicio oral por su lectura conforme al procedimiento que rige la materia, además de ser debidamente valoradas por el Tribunal de mérito aplicando acertadamente las reglas de la sana crítica además señala el recurrente que no se habría considerado el hecho de haber recibido la declaración de la única testigo sin identificarla porque la misma no portaba su cédula de identidad a momento de su declaración y que el arma blanca con el cual se le habría amenazado no fue presentada; cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 189 de 8 de agosto y 325 de 12 de diciembre, de la gestión 2012.
Finalmente, acusa de incongruencia omisiva, indicando que el Tribunal de apelación no se habría pronunciado sobre los siguientes tres defectos procesales denunciados: a) La vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, con relación a la insuficiente fundamentación de la Sentencia; b) La vulneración del debido proceso al valorarse defectuosamente la testifical de la supuesta víctima; c) la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa, con relación a “la incorporación de elementos probatorios no incorporados a juicio” (sic), reiterando que el arma blanca nunca fue presentada; citando con precedente contradictorio el Auto Supremo 317 de 8 de octubre de 2012.
Por Auto Supremo 163/2015-RA de 5 de marzo, este Tribunal declaró admisible el recurso interpuesto por Edwin Leigue Vogth, para el análisis de fondo de su segundo y tercer motivo.
Por Resolución 16/2013 de 20 de agosto (fs. 266 a 270), el Tribunal Tercero de Sentencia Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a: Marcos Flores, autor y culpable de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP; Brayan Von Borries Melgar y Edwin Leigue Vogth, autores y culpables de la comisión del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 inc. 5) del CP, imponiéndoles a los tres la pena de quince años de privación de libertad y multa de doscientos días a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día, al establecer que el primero de los nombrados a través de engaños y artificios, logró llevar a la víctima hasta un lugar solitario, donde bajo amenazas y golpes en la cabeza y el cuerpo, logró la agresión sexual. Luego la víctima en un verdadero suplicio salió en busca de ayuda y encontró aparentemente lo que buscaba, pues aparecieron en escena los imputados Brayan Von Borries Melgar y el recurrente, que en vez de prestar la ayuda requerida, procedieron con amenaza de arma blanca en mano, golpes e intimidación, a violarla ante la desesperación de la víctima convirtiéndose los ayudadores más bien en victimarios.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Edwin Leigue Vogth interpuso recurso de apelación restringida, bajo los siguientes términos:
1) El recurrente denunció que la Sentencia incurrió en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), al vulnerar la garantía de la seguridad jurídica y el debido proceso tutelado por el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues con una total falta de fundamentación se le impidió conocer las razones de su decisión, pues habría dispuesto que la única testigo del hecho que además es la supuesta víctima, preste su declaración sin presentar su cédula de identidad, por lo que a decir del recurrente la misma no se encontraba debidamente acreditada en vulneración al art. 200 del CPP.
2) Alegó que la Sentencia se basó en hechos no acreditados, al afirmar que su persona intimidó a la víctima con un arma blanca, cuando dicho elemento probatorio jamás fue demostrado objetivamente, lo cual habría vulnerado su derecho al debido proceso, al no darse estricta aplicación a lo dispuesto por los arts. 172 y 13 del CPP y 115.II de la CPE.
3) Refirió que la Sentencia también incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, pues en la acusación se manifestó que el primer agresor sexual fue su persona y posteriormente siguió el imputado Brayan Von Vorries; sin embargo, en la sentencia se afirmó que primero fue Brayan y luego Edwin Leigue -hoy recurrente-, hecho que para el impugnante es importante pues tales afirmaciones provendrían de la declaración de la única testigo y que a decir del recurrente además vulnera el art. 365 del CPP, al no existir certeza de los hechos.
4) El recurrente afirmó que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, por vulneración del art. 124 de la misma norma legal, pues en el caso de Autos si bien conforme al argumento que habría usado el Tribunal de Sentencia, no sería exigible la existencia de prueba directa, a decir del recurrente mínimamente debe existir prueba indirecta, pues conforme al informe médico forense que fue uno de los tres elementos probatorios, se indicó que se tomó muestra de sangre de las prendas de la víctima, muestra de espermatozoides y uñas, pues la víctima afirmó que arañó a su agresor; sin embargo, no se investigó sobre tales indicios a fin de obtener la prueba indirecta.
5) Finalmente, el recurrente denuncia que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, por las siguientes razones: a) Que la víctima en su declaración de 16 de agosto de 2010, refirió que llegó al lugar de los hechos en micro, y posteriormente de manera contradictoria en juicio manifestó que fue en taxi, contradicciones que a decir del recurrente debieron ser valoradas a tiempo de determinar la credibilidad del referido testimonio, así como el hecho de que no es lógico seguir a un desconocido ya sea en taxi o micro; b) Que en su relato la víctima manifestó que recibió golpes en el rostro, lo cual no fue corroborado por el examen médico forense y que demuestra las contradicciones sobre la referida declaración y lo demostrado por el informe médico forense; c) Que, la víctima indicó por un lado que pidió ayuda en una casa de madera donde una señora le dijo a su hijo que le acompañe a recuperar sus cosas, y que por otro lado también había manifestado que no fue una señora sino una pareja que dispuso que fuera su hijo que le brinde ayuda; d) Que la víctima indicó que nunca se olvidaría de Edwin Leigue Vogth, con quien se encontraron en el camino y era amigo de Brayan; sin embargo, en juicio indicó respecto a Edwin Leigue que “creo que también estaba él”; e) Que, la Sentencia usó como otro elemento probatorio el certificado médico forense, el cual determinó que la víctima fue atacada por tres desconocidos; f) Que el informe de policial de intervención directa, que fue el otro elemento probatorio usado para la Sentencia condenatoria, estableció que se encontró en la calle Omar Chávez un tumulto de gente y un joven tendido, golpeado y maltratado junto a la víctima, el cual fue aprendido ante la acusación de la víctima por abuso sexual y quien responde al nombre del co -imputado Marco Flores, por lo que cuestiona el hecho de haber usado la referida prueba en su contra.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a través del Auto de Vista 50 de 24 de abril de 2014, resolvió el recurso de apelación restringida referido precedentemente, declarándolo admisible e improcedente, bajo los siguientes fundamentos:
El Tribunal de alzada en el cuarto considerando de la Resolución impugnada, refiere: “Que, del estudio minucioso de los datos del proceso elevados en originales y todo cuanto convino ver, se llega a determinar que, el Tribunal 3º de Sentencia en lo Penal de la Capital, al dictar el fallo judicial apelado de fs. 266 a 270 contra el recurrente Edwin Leigue Vogth, ha procedido en forma correcta y conforme a derecho, ya que ha tomado en cuenta é interpretado correctamente lo determinado por el Art. 365 del CPP., en cuanto a que la prueba aportada es suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado apelante en la comisión del delito de violación agravada, previsto por el art. 308 y 310 inc. 5) del Código Pernal, así como también en cuanto a la pena impuesta al imputado, ésta se ajusta a lo previsto por los arts. 37, 38 y 40 del Código Penal, en atención a las agravantes y atenuantes porque la víctima fue sometida a actos degradantes por el imputado” (sic).
En el quinto considerando de la Resolución impugnada, en cuanto a la supuesta contradicción de la declaración testifical de la víctima, el Tribunal de alzada, argumentó que la misma tuvo aptitud y suficiencia para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia, pues no existirían razones objetivas que la invaliden o provoquen dudas para formar convicción en el Tribunal de mérito, quien además también consideró la verosimilitud del testimonio de la víctima, el cual se hallaría corroborado con otras pruebas como el informe médico legal, al cual también el Tribunal de instancia le otorgó credibilidad.
En el sexto considerando del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de apelación, fundamentó, que: “Que, referente a los vicios que tendría la sentencia condenatoria, según lo argumentado por el recurrente, este Tribunal superior considera que en cuanto a que la víctima no tenía su carnet de identidad, no es cierto ni evidente, toda vez que siendo la principal testigo no se la puede dejar en indefensión y debió ser escuchada en audiencia pública, caso contrario se estaría en contra de lo que establece la Ley Nº 007, la CPE., y la Ley Nº 348, leyes que impiden que la víctima quede sin protección, ya que tiene derecho a ser escuchada en audiencia y en cualquier estado del proceso; por lo que el Tribunal de la causa ha actuado y fundado su resolución de conformidad a las disposiciones que corresponden al delito acusado de violación agravada, demostrado en un debido proceso, resguardando los derechos y garantías del imputado apelante conforme a los Arts. 15, 15 y 17 de la actual CPE., y Art. 6 del CPP.; también apreciamos que la Sra. Fiscal de Materia Dra. Margoth Vargas ha actuado dando cumplimiento a las previsiones de los Arts. 11, 12, 13, 15, 21 de la Ley 1970 y Art. 45 de la Ley del Ministerio Público; las pruebas ofrecidas han sido incorporadas al juicio oral por su lectura conforme al procedimiento que rige la materia, no se incurre en el defecto previsto por el Art. 370 inc. 4) del CPP, así como también las pruebas han sido debidamente valoradas por el Tribunal inferior en uso de las reglas de la sana crítica, conforme a los Arts. 125, 171 y 173 del CPP, sin incurrir en valoración defectuosa de la prueba que establece el Art. 370 inc. 6) del CPP; asimismo la sentencia impugnada cumple con lo normado por el Art. 124 y 360 del CPP., ya que el fallo judicial contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el mismo que contiene una relación del hecho histórico de acuerdo a lo estipulado por el art. 359 y 360 de la Ley 1970, es decir se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica.- Además del análisis de la sentencia impugnada, se puede extraer que la misma se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral; además de que el Tribunal inferior ha valorado las pruebas de cargo y de descargo desarrollando una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para destruir la presunción de inocencia y permitir con certeza plena é incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global é intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, sin incurrir en los defectos previstos por los Arts. 370 incs. 4), 5) y 6) de la Ley 1970, resultando de ese análisis los respectivos hechos probados que dan como resultado la plena responsabilidad penal del acusado Edwin Leigue Vogth en el hecho acusado por el Ministerio Público de violación agravada, y que la pena impuesta condice con las exigencias de los Arts. 37, 38, 39 y 40 del CP” (sic).
En el mismo considerando sexto, el Tribunal de alzada, alegó que el recurrente vía apelación restringida, no señaló con precisión cuál fue la aplicación errónea de la ley sustantiva y adjetiva, o cual fue el defecto de sentencia, y que el Tribunal de alzada advirtió que el impugnante no hizo reclamo de los supuestos defectos de procedimiento y tampoco hizo reserva de recurrir.
En el presente recurso de casación admitido para su análisis de fondo, ante la invocación de precedentes contradictorios, el recurrente denuncia: i) Que el Tribunal de alzada vulneró el derecho a la igualdad procesal, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, al emitir un Auto de Vista con falta de fundamentación y motivación del fallo, al no haber otorgado una respuesta satisfactoria y no dar las razones por las cuales llegó a determinar que el Tribunal de Sentencia no incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP; ii) Incongruencia omisiva al no haberse pronunciado sobre tres defectos procesales. A ese fin, antes de identificar los entendimientos asumidos en los precedentes invocados por el recurrente y el análisis particular de la casación, resulta menester efectuar una precisión sobre la labor de contraste en el recurso de casación por parte del Tribunal Supremo.
Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 419 del CPP, las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a precedentes pronunciados por otros similares Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
III.2. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación del Auto de
Vista impugnado.
En este primer motivo, la parte recurrente invocó como precedente el Auto Supremo 189/2012-RRC de 8 de agosto, dictado dentro del proceso penal seguido por E.A.T. contra F.R.D. y otra, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, que tuvo como antecedente fáctico, la constatación por parte del Tribunal de casación que el Tribunal de alzada, si bien expresó resolver un punto de apelación; sin embargo, en su contenido los fundamentos respondieron a otro agravio sufrido, lo que en los hechos constituyó incongruencia omisiva, y que por otro lado también habría incurrido en falta de fundamentación al alejarse considerablemente del aspecto cuestionado; defecto que constituye absoluto y no susceptible de convalidación al vulnerar el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que el referido precedente sentó la siguiente doctrina legal aplicable:
Siendo evidente la infracción de la norma penal adjetiva, en la que incurrió el Tribunal de alzada, al haber obviado fundamentar y motivar la resolución impugnada, corresponde velando por el cumplimiento del principio de legalidad y el respeto de la garantía del debido proceso, se ordene se dicte nuevo auto de Vista, en el que se pronuncie, de manera fundamentada y motivada sobre los motivos de la apelación restringida que denuncia, existencia de atipicidad relativa, inexistencia de fundamentación en la Sentencia y defectuosa valoración de la prueba.”
Similar entendimiento fue asumido por este Tribunal a través del Auto Supremo 325/2012-RRC de 12 de diciembre, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra contra B.T.S.L., por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Graves y Leves.
Conforme a lo expuesto, se establece la existencia de una situación de hecho similar entre el hecho fáctico que dio origen a la doctrina legal aplicable sentada en los precedentes invocados por el recurrente a tiempo de denunciar como un motivo de casación, que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación, por lo que existiendo una problemática procesal similar, corresponde establecer la posible existencia o no, de contradicción entre los precedentes invocados y la resolución recurrida de casación.
El recurrente en apelación restringida denunció entre otros motivos, la supuesta valoración defectuosa de la prueba, debido a: i) Que la declaración de la víctima quien refirió haber sufrido fuertes golpes en el rostro, no condice con el certificado médico que estable que la víctima “presenta escoriaciones en el rostro y en otras partes del cuerpo” (sic); ii) Que la víctima después de afirmar que nunca se olvidará del “queso” apodo del hoy recurrente, en juicio señaló refiriéndose a su persona “creo que también estaba él”; iii) Que el Tribunal de sentencia afirmó que el informe de acción directa corrobora su autoría en el tipo penal de violación, cuando dicho informe señaló que el co-imputado Marco Flores fue aprehendido en el lugar de los hechos y que la víctima lo señaló como su agresor, hechos que a decir del recurrente demuestran que el Tribunal de mérito no valoró la prueba en base a la sana crítica; y iv) Que la víctima no se encontraba debidamente acreditada porque al momento de prestar su declaración testifical no se encontraba en posesión de su cédula de identidad; y, v) Que nunca se demostró objetivamente la existencia del arma blanca con el cual presuntamente se habría amedrentado a la víctima para cometer el hecho ilícito.
En cuanto a la forma de resolución de este motivo, sobre los puntos “iv y v”, a través del presente recurso, el recurrente alega que el Tribunal de alzada no dio una respuesta satisfactoria porque no explicó las razones de su decisión al afirmar que en la Sentencia no existe el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP, el cual conforme expresa fue planteado en apelación como defecto absoluto; falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista, que a decir del recurrente lesiona el debido proceso por no dar una respuesta satisfactoria.
A fin de verificar lo alegado por la parte recurrente, corresponde acudir a los fundamentos del Auto de Vista impugnado, de cuyo contenido se observa que los supuestos agravios fueron resueltos en el quinto y sexto considerando de la referida Resolución recurrida, en los cuales el Tribunal de apelación, en cuanto a la supuesta falta de acreditación de la víctima antes de prestar su declaración, fundamentó que: “…en cuanto a que la víctima no tenía su carnet de identidad, no es cierto ni evidente, toda vez que siendo la principal testigo no se la puede dejar en indefensión y debió ser escuchada en audiencia pública, caso contrario se estaría en contra de lo que establece la Ley Nº 007, la CPE., y la Ley Nº 348, leyes que impiden que la víctima quede sin protección, ya que tiene derecho a ser escuchada en audiencia y en cualquier estado del proceso; por lo que el Tribunal de la causa ha actuado y fundado su resolución de conformidad a las disposiciones que corresponden al delito acusado de violación agravada, demostrado en un debido proceso…” (sic).
Ahora bien, previamente a ingresar en el análisis de los parámetros (expresa, clara, completa, legitima y lógica) que debe cumplir una resolución debidamente motivada, se debe hacer referencia al principio de trascendencia, el cual a decir del escritor Orlando A. Rodríguez Ch. en su obra “Casación y Revisión Penal”, significa, que: “Trascender es sinónimo de proyectar, de producir efectos hacia un resultado. Fenomenológicamente, la mera existencia del hecho tiene una influencia en el entorno, no siempre nocivo para el hombre. En el error judicial, por definición, afecta el debido proceso, por cualquiera de sus vertientes, bien sea de estructura, de garantía o conceptual; o de juicio, que produce una violación de la ley sustancial, bien sea de manera directa o indirecta. Ese error debe ser además de grave, de tal magnitud que necesariamente e indefectiblemente tenga repercusiones nocivas para la constitucionalidad y legalidad en el resultado de la sentencia para el impugnante, que si no se hubiera presentado, fuera favorable ese resultado, o menos gravoso” (las negrillas son nuestras).
En el caso de autos, a efecto de establecer si evidentemente hubo una violación de la ley procesal penal, debe tenerse presente lo dispuesto por el art. 220 párrafo segundo del CPP, el cuál preceptúa: “Cada testigo será interrogado por separado sobre su nombre, apellidos y además datos personales, vínculo de parentesco y de interés con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad”; conforme lo previsto por la norma procesal transcrita precedentemente, se establece que la identificación del testigo a través de la presentación de su cédula de identidad, es uno de los modos más comunes y conocidos civilmente; sin embargo, no es el único ni exclusivo, pues la misma ley manda que se pueda identificar además a través de los datos personales, mediante otras circunstancias, situación que en el caso de autos fue cumplida, así consta en el acta de registro de juicio oral público y contradictorio (fs. 258 vta. y 259), en la que además de brindar sus datos personales, la víctima refirió su actividad económica entre otros y también proporcionó el número de su cédula de identidad, quedando establecido que no existe ninguna vulneración a la norma sustancial. Por otro lado, debe tenerse presente que la sola falta de presentación de cédula de identidad a fin de corroborar los datos proporcionados en cuanto a la identidad de la testigo, no enerva la veracidad de su testimonio, ni la relación de ella con el hecho ilícito del cual fue víctima, y por lo tanto la denuncia realizada por el recurrente en apelación restringida carece de trascendencia, y no amerita la nulidad en casación por presunta falta de fundamentación en el Auto de Vista, al tratarse de un hecho sin efectos nocivos para establecer la verdad histórica de los hechos, en base a la declaración de la testigo directa del ilícito juzgado, pues si bien es evidente que la defensa técnica antes de la declaración de la víctima observó la falta de presentación de cédula de identidad, no es menos evidente que en ejercicio de su derecho a la defensa y bajo los principios de inmediación y contradicción, que entre otros, rige el acto de juicio, interrogó a la víctima de cuya declaración no existe la más mínima duda de que es la víctima del hecho que motiva la sustanciación de la presente causa; en cuyo mérito, resulta correcta la decisión asumida por el Tribunal de alzada de desestimar el reclamo del recurrente, más cuando se halla fundada en disposiciones legales que tiene por finalidad garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.
En cuanto a la supuesta falta de demostración objetiva del arma blanca usada para amedrentar a la víctima, el Tribunal de apelación, en el considerando quinto de la resolución recurrida, fundamentó: “Que, la comisión del delito en juzgamiento viene a lesionar el orden moral, familiar y jurídico (…) deja trastornos psicológico difíciles de superar (…) quedando las víctimas de agresiones sexuales, con aparición de secuelas posteriores irreversibles de por vida; situación que emerge de las pruebas de cargo producidas e incorporadas al juicio oral, ya que el Tribunal inferior resolvió adjudicar credibilidad a la testigo de cargo del Ministerio Público así como al Informe médico pericial, especialmente a la testigo-víctima como el caso de la ciudadana (…) al que la recurrente hace objeción indicando que su testimonio no tiene credibilidad y sería contradictorio, sin embargo debemos indicar que el testimonio de la víctima de un delito tiene aptitud y suficiencia para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia por no existir razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas que impidan formar la convicción del Tribunal; es así que se ha considerado la finalidad perceptiva que otorga el principio de inmediación de las declaraciones de los que normalmente tienen en aquellos la doble cualidad de testigos-víctimas porque propicia una específica y atenta ponderación circunstanciada que, por un lado, aparece sí cabe como más rigurosa y exigente en lo que a fiabilidad se refiere y, de otro, sugiere prestar una extremada atención a los detalles del lugar, tiempo y modo que, como datos objetivos que complementan la constatación narrativa que, en casos como el presente, ofrece la versión de la agredida prestada en el acto del juicio oral bajo la garantía de oralidad, contradicción e inmediación (…). También el Tribunal ha considerado la verosimilitud del testimonio que prestó la testigo o víctima, testificación que está rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le dotan de aptitud aprobatoria y reflejan la real existencia del hecho sometido a juzgamiento.- La execrable y abominable violación de la que fue objeto la nombrada testigo-víctima, es un hecho concreto y real que se halla plenamente acreditado con la prueba testifical, materiales y documentales de cargo, corroboradas por el Informe Médico-Legal al que también el Tribunal les adjudica credibilidad, por su interrelación con los otros hechos probados, en especial la declaración de la víctima…” (sic).
De la glosa precedente, se evidencia que Tribunal de alzada fundamentó la resolución recurrida, en cumplimiento a los parámetros de una resolución clara, al expresar que la declaración de la víctima fue corroborada con otros elementos probatorios objetivos, tales como el informe del médico forense, cumpliendo al mismo tiempo con la exigencia de una resolución expresa, pues en su motivación expresó de manera precisa las razones por las cuales determina que la condena está sustentada no sólo en la declaración testifical de la víctima, sino además por otros elementos probatorios objetivos, siendo el arma blanca un hecho simplemente referencial, pues debe tenerse presente que tanto la jurisprudencia constitucional como la emitida por este Tribunal, ha sostenido de manera reiterada que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, resultando en esa lógica, inexistente la vulneración al derecho a una resolución debidamente fundamentada como componente del debido proceso.
III.3. Sobre la denuncia de incongruencia omisiva.
Conforme al planteamiento del recurso de casación sujeto al presente examen de fondo y al Auto Supremo 163/2015-RA de admisión, se tiene que el recurrente invocó como precedente contradictorio en este particular motivo, el Auto Supremo 317 de 8 de octubre de 2012, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra contra V.G.C.H., por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y otros; el mismo que tuvo como hechos fácticos, la constatación por parte del Tribunal de casación, de que el Tribunal de apelación fundó su decisión de confirmar la sentencia entonces apelada, con el argumento de que se encontraba debidamente fundamentada y motivada, con total ausencia de motivación y fundamentación, al no explicar cómo arribó a tal conclusión.
Situación fáctica diferente a la planteada por el recurrente de casación, quien argumenta que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, pues no se habría pronunciado sobre tres aspectos procesales que según refiere son: i) Vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, con relación a la insuficiente fundamentación de la Sentencia; ii) La vulneración del debido proceso al valorarse defectuosamente la testifical de la supuesta víctima; iii) La vulneración del debido proceso del derecho a la defensa, con relación a la incorporación de elementos probatorios no incorporados a juicio, ya que el arma blanca nunca fue presentada. Por lo que al no existir una situación fáctica análoga entre el precedente invocado y la resolución recurrida, en el contexto del motivo traído en casación, este Tribunal se halla impedido de ejercer su función unificadora de jurisprudencia, correspondiendo declarar infundado el recurso de casación.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Edwin Leigue Vogth.

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