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Timestamp: 2020-01-25 17:08:50+00:00

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Ley número 21.200.- Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República. Diario Oficial, martes 24 de diciembre de 2019. | Convenio europeo de derechos humanos | Constitución
Ley número 21.200.- Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República. Diario Oficial, martes 24 de diciembre de 2019.
Ley número 21.200.- Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República. Diario Oficial, martes 24 de diciembre de 2019. Referencia: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/12/24/42536/01/1703893.pdf
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Núm. 42.536 | Martes 24 de Diciembre de 2019 | Página 1 de 7
CVE 1703893
MODIFICA EL CAPÍTULO XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto
de reforma constitucional, originado en mociones y mensaje, refundidos; la primera,
correspondiente al boletín Nº 7.769-07, de los diputados Marcelo Schilling Rodríguez, Tucapel
Jiménez Fuentes, Pedro Velásquez Seguel y Guillermo Teillier Del Valle, de las diputadas
Cristina Girardi Lavín y Alejandra Sepúlveda Orbenes, de los exdiputados Sergio Aguiló Melo,
Felipe Harboe Bascuñán y Roberto León Ramírez, y de la exdiputada Karla Rubilar Barahona; la
segunda, correspondiente al boletín Nº 7.792-07, de los diputados Marcelo Díaz Díaz, Pepe Auth
Stewart, Marcelo Schilling Rodríguez y Guillermo Teillier Del Valle, de la diputada Alejandra
Sepúlveda Orbenes, y de los exdiputados Sergio Aguiló Melo, Osvaldo Andrade Lara, Aldo
Cornejo González, Alfonso De Urresti Longton y Marcos Espinosa Monardes; la tercera,
correspondiente al boletín Nº 10.014-07, de las diputadas Karol Cariola Oliva, Maya Fernández
Allende, Cristina Girardi Lavín, Marcela Hernando Pérez y Camila Vallejo Dowling, de los
diputados Giorgio Jackson Drago y Leonardo Soto Ferrada, de los exdiputados Iván Fuentes
Castillo y Gaspar Rivas Sánchez, y de la exdiputada Yasna Provoste Campillay; la cuarta,
correspondiente al boletín Nº 10.193-07, del diputado Marcelo Schilling Rodríguez, y de los
exdiputados Osvaldo Andrade Lara y Guillermo Ceroni Fuentes; el quinto, correspondiente al
boletín Nº 11.173-07, de la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria; la sexta,
correspondiente al boletín Nº 12.630-07, de los diputados Marcelo Díaz Díaz, Gabriel Boric
Font, Tomás Hirsch Goldschmidt, Giorgio Jackson Drago, Vlado Mirosevic Verdugo, Jaime
Mulet Martínez, Alexis Sepúlveda Soto y Raúl Soto Mardones, y de las diputadas Andrea Parra
Sauterel y Camila Vallejo Dowling; y la séptima, correspondiente al boletín Nº 13.024-07, de las
diputadas Loreto Carvajal Ambiado, Carolina Marzán Pinto y Andrea Parra Sauterel, y de los
diputados Ricardo Celis Araya, Rodrigo González Torres, Tucapel Jiménez Fuentes y Raúl Soto
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de
la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el decreto
supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
“REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UNA
NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”.
“Reforma de la Constitución”.
3) Incorpóranse, a continuación del artículo 129, el siguiente epígrafe, nuevo, y los artículos
130 a 143, que lo integran:
“Del procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República
CVE 1703893 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
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Tres días después de la entrada en vigencia de este artículo, el Presidente de la República
convocará mediante un decreto supremo exento a un plebiscito nacional para el día 26 de abril de
En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales. La primera
contendrá la siguiente pregunta: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. Bajo la cuestión
planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá en su parte
inferior la expresión “Apruebo” y la segunda, la expresión “Rechazo”, a fin de que el elector
pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.
A efecto de este plebiscito, se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en los
siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 1 de enero de 2020:
a) Decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en los siguientes pasajes: Párrafo V,
Párrafo VI, con excepción del inciso sexto del artículo 32 e incisos segundo a cuarto del artículo
33, Párrafo VII, VIII, IX, X y XI del Título I; Título II al X inclusive; Título XII y XIII;
b) Decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.556, orgánica
constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral;
c) Decreto con fuerza de ley Nº 4, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.603, orgánica
constitucional de Partidos Políticos, en los siguientes pasajes: Título I, V, VI, IX y X.
Los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente treinta minutos
diarios de sus transmisiones a propaganda electoral sobre este plebiscito, debiendo dar expresión
a las dos opciones contempladas en cada cédula, conforme a un acuerdo que adoptará el Consejo
Nacional de Televisión y que será publicado en el Diario Oficial, dentro del plazo de treinta días
contado desde la publicación de la convocatoria al plebiscito nacional, respetando una estricta
igualdad de promoción de las opciones plebiscitadas. De este acuerdo podrá reclamarse ante el
Tribunal Calificador de Elecciones dentro del plazo de tres días contado desde la publicación del
mismo. El Tribunal Calificador de Elecciones resolverá la reclamación sumariamente dentro del
plazo de cinco días contado desde la fecha de su respectiva interposición.
El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará
aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente
emitidos. Para estos efectos, los votos nulos y blancos se considerarán como no emitidos. El
proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de éste. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada dentro
de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
Si la ciudadanía hubiere aprobado elaborar una Nueva Constitución, el Presidente de la
República deberá convocar, mediante decreto supremo exento, dentro de los cinco días
siguientes a la comunicación a que alude el inciso anterior, a elección de los miembros de la
Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, según corresponda. Esta
elección se llevará a cabo el mismo día que se verifiquen las elecciones de alcaldes, concejales y
gobernadores regionales correspondientes al año 2020.
Para todos los efectos de este epígrafe, se entenderá que la voz “Convención” sin más, hace
referencia a la Convención Mixta Constitucional y a la Convención Constitucional, sin distinción
Además de lo establecido en los artículos 139, 140 y 141 de la Constitución, a la elección de
Convencionales Constituyentes a la que hace referencia el inciso final del artículo 130, serán
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aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de diputados, contenidas en los siguientes
cuerpos legales, en su texto vigente al 25 de junio del año 2020:
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios;
constitucional de Partidos Políticos;
d) Decreto con fuerza de ley Nº 3, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.884, sobre
El proceso de calificación de la elección de Convencionales Constituyentes deberá quedar
concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta. La sentencia de proclamación
será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y
Podrán ser candidatos a la Convención aquellos ciudadanos que reúnan las condiciones
contempladas en el artículo 13 de la Constitución.
No será aplicable a los candidatos a esta elección ningún otro requisito, inhabilidad o
prohibición, salvo las establecidas en este epígrafe y con excepción de las normas sobre
afiliación e independencia de las candidaturas establecidas en el artículo 5, incisos cuarto y
sexto, del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Los Ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los consejeros
regionales, los concejales, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los jefes de
servicio, los miembros del Consejo del Banco Central, los miembros del Consejo del Servicio
Electoral, los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del
Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como los del Tribunal
Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación
Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; los
consejeros del Consejo para la Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y
de Orden y Seguridad Pública, que declaren sus candidaturas a miembros de la Convención,
cesarán en sus cargos por el solo ministerio de la Constitución, desde el momento en que sus
candidaturas sean inscritas en el Registro Especial a que hace referencia el inciso primero del
artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700. Lo
dispuesto precedentemente le será aplicable a los senadores y diputados solo respecto de la
Convención Constitucional.
Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán
suspender dichas funciones desde el momento que sus candidaturas sean inscritas en el Registro
Especial mencionado en el inciso anterior.
Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la comunicación a que hace referencia el
inciso final del artículo 131, el Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo
exento, a la primera sesión de instalación de la Convención, señalando además, el lugar de la
convocatoria. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional. Dicha
instalación deberá realizarse dentro de los quince días posteriores a la fecha de publicación del
En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un Presidente y a un Vicepresidente por
mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.
La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un
quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y
para la adopción de acuerdos.
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La Convención deberá constituir una secretaría técnica, la que será conformada por
personas de comprobada idoneidad académica o profesional.
Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el
apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento
A los integrantes de la Convención les será aplicable lo establecido en los artículos 51, con
excepción de los incisos primero y segundo; 58, 59, 60 y 61.
A contar de la proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones, los funcionarios
públicos, con excepción de los mencionados en el inciso tercero del artículo 132, así como los
trabajadores de las empresas del Estado, podrán hacer uso de un permiso sin goce de
remuneraciones mientras sirvan a la Convención, en cuyo caso no les serán aplicables lo
señalado en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución.
Los Convencionales Constituyentes estarán afectos a las normas de la ley Nº 20.880, sobre
probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, aplicables a los
diputados, y a la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses
Serán compatibles los cargos de parlamentario e integrantes de la Convención Mixta
Constitucional. Los diputados y senadores que integren esta convención quedarán eximidos de su
obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que
ésta se mantenga en funcionamiento. El Congreso Nacional podrá incorporar medidas de
organización para un adecuado trabajo legislativo mientras la Convención Mixta Constitucional
Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren,
recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las
asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán
administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento.
La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros
órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes.
Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en este
epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle
autoridad o modificarla.
En conformidad al artículo 5º, inciso primero, de la Constitución, mientras la Convención
esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a
través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y,
también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la
Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la
soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución.
El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de
República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y
ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la
Convención, contenidas en este epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los
acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el
contenido de los textos en elaboración.
Conocerán de esta reclamación cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por
la misma Corte para cada cuestión planteada.
La reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de
la Convención y se interpondrá ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días desde que
se tomó conocimiento del vicio alegado.
La reclamación deberá indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial, y el
perjuicio que causa.
El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido
en un Auto Acordado que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto del control
establecido en artículo 93 número 2 de la Constitución.
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La sentencia que acoja la reclamación solo podrá anular el acto. En todo caso, deberá
resolverse dentro de los diez días siguientes desde que se entró al conocimiento del asunto.
Contra las resoluciones de que trata este artículo no se admitirá acción ni recurso alguno.
Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados
con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este
No podrá interponerse la reclamación a la que se refiere este artículo respecto del inciso
final del artículo 135 de la Constitución.
La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en
el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una
sola vez, por tres meses.
La mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la Presidencia de la
Convención o por un tercio de sus miembros, con una anticipación no superior a quince días ni
posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses. Presentada la
solicitud, se citará inmediatamente a sesión especial, en la cual la Presidencia deberá dar cuenta
pública de los avances en la elaboración de la propuesta de texto de Nueva Constitución, con lo
cual se entenderá prorrogado el plazo sin más trámite. De todas estas circunstancias deberá
quedar constancia en el acta respectiva. El plazo de prórroga comenzará a correr el día siguiente
a aquel en que venza el plazo original.
Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la
Convención, o vencido el plazo o su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho.
La Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna
de las normas o capítulos de la Nueva Constitución.
La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades
electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u
objeto de una modificación sustancial.
La Nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta
Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones.
La Convención Mixta Constitucional estará integrada por 172 miembros, de los cuales 86
corresponderán a ciudadanos electos especialmente para estos efectos y 86 parlamentarios que
serán elegidos por el Congreso Pleno, conformado por todos los senadores y diputados en
ejercicio, los que podrán presentar listas o pactos electorales, y se elegirán de acuerdo al sistema
establecido en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que
refiere a la elección de diputados.
En el caso de los Convencionales Constituyentes no parlamentarios, estos serán elegidos de
acuerdo a las reglas consagradas en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año
2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios, en su texto vigente al 25 de junio del 2020 y serán aplicables los artículos 187 y 188
del mismo cuerpo legal, con las siguientes modificaciones:
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La Convención Constitucional estará integrada por 155 ciudadanos electos especialmente
para estos efectos. Para ello, se considerarán los distritos electorales establecidos en los artículos
187 y 188, y el sistema electoral descrito en el artículo 121, todos del decreto con fuerza de ley
Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que se refiere a la elección de diputados, a su texto
vigente al 25 de junio del 2020.
Los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser candidatos a cargos de
elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus
cargos en la Convención.
Comunicada al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por
la Convención, éste deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación,
mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía
apruebe o rechace la propuesta.
El sufragio en este plebiscito será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en
El ciudadano que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3
No incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por
enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de
doscientos kilómetros de aquél en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro
impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba
de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
Las personas que durante la realización del plebiscito nacional constitucional desempeñen
funciones que encomienda el decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio
ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, se eximirán de
la sanción establecida en el presente artículo remitiendo al juez competente un certificado que
acredite esta circunstancia.
El conocimiento de la infracción señalada corresponderá al juez de policía local de la
comuna donde se cometieron tales infracciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en
la ley Nº 18.287.
En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral que contendrá la
siguiente pregunta, según corresponda a la Convención que haya propuesto el texto: “¿Aprueba
usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Mixta Constitucional?” o
“¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”.
Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de
ellas, tendrá en su parte inferior la expresión “Apruebo” y la segunda, la palabra “Rechazo”, a fin
de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.
Este plebiscito deberá celebrarse sesenta días después de la publicación en el Diario Oficial
del decreto supremo a que hace referencia el inciso primero, si ese día fuese domingo, o el
domingo inmediatamente siguiente. Con todo, si en conformidad a las reglas anteriores la fecha
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del plebiscito se encuentra en el lapso entre sesenta días antes o después de una votación popular
de aquellas a que hacen referencia los artículos 26, 47 y 49 de la Constitución, el día del
plebiscito se retrasará hasta el domingo posterior inmediatamente siguiente. Si, como resultado
de la aplicación de la regla precedente, el plebiscito cayere en el mes de enero o febrero, el
plebiscito se celebrará el primer domingo del mes de marzo.
El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de éste. La sentencia de proclamación del plebiscito será
comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al
Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuere
aprobada, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes a la
comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que,
en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva
Constitución Política de la República. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de
los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esta
fecha, quedará derogada la presente Constitución Política de la República, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el decreto supremo Nº 100, de 17 de
La Constitución deberá imprimirse y repartirse gratuitamente a todos los establecimientos
educacionales, públicos o privados; bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado.
Los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia deberán recibir un ejemplar de la
Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada,
continuará vigente la presente Constitución.
Al plebiscito constitucional le será aplicable lo dispuesto en los incisos cuarto a sexto del
artículo 130.”.
Santiago, 23 de diciembre de 2019.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Felipe Ward Edwards, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Gonzalo
Blumel Mac-Iver, Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Juan Francisco Galli
Basili, Subsecretario General de la Presidencia.
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 artículo 32
 artículo
33
 artículo 130
 artículo 13
 artículo 5

artículo 21
 artículo 131
 artículo 132
 artículo 58
 artículo 5
 resolución 
 artículo 93
 artículo 135
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 121

artículo 130