Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-437.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-22 16:46:24+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 437, de 20/02/2018
cve: DSCD-12-CO-437
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 437
Pregunta del diputado don José María Barreda Fontes y de la diputada doña Isabel Rodríguez García, Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones acerca de tomar las medidas adecuadas para que a corto plazo se pueda hacer frente al repunte de la criminalidad en la provincia de Ciudad Real, así como acerca de subsanar las carencias en la plantilla de la Guardia Civil y de completar el catálogo de efectivos de la Policía Nacional (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/009510). (Número de expediente 181/000697) ... (Página2)
- Sobre el estudio de la readmisión de los guardias civiles separados del servicio por actividades en pro del derecho asociativo en la Benemérita. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002868) ... (Página2)
- Relativa al desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002632) ... (Página7)
- Sobre la disponibilidad de los recursos oportunos para un control de pasaportes ágil y eficiente en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001598) ... (Página11)
- Sobre la rehabilitación integral de la comisaría de la Policía Nacional de la calle Mayandía de Zaragoza. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000544) ... (Página14)
- Sobre la anulación de la declaración de utilidad pública de la organización que fomenta el odio "HazteOir.org". Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001526) ... (Página16)
- Sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000388) ... (Página22)
- Sobre el abono del gasto por la atención sanitaria prestada por las comunidades autónomas a las personas reclusas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002830) ... (Página26)
PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES Y DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA QUE A CORTO PLAZO SE PUEDA HACER FRENTE AL REPUNTE DE LA CRIMINALIDAD EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, ASÍ COMO ACERCA DE SUBSANAR LAS CARENCIAS EN LA PLANTILLA DE LA GUARDIA CIVIL Y DE COMPLETAR EL CATÁLOGO DE EFECTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/009510). (Número de expediente 181/000697).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión de la Comisión de Interior.
Les informo de que no se hará la pregunta porque el Grupo Socialista la ha retirado.
- SOBRE EL ESTUDIO DE LA READMISIÓN DE LOS GUARDIAS CIVILES SEPARADOS DEL SERVICIO POR ACTIVIDADES EN PRO DEL DERECHO ASOCIATIVO EN LA BENEMÉRITA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002868).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos directamente con el debate de las proposiciones no de ley, empezando por la que figura con el número 2 en el orden del día.
Señorías, traemos a esta Comisión una proposición no de ley para reclamar algo que entendemos que es de justicia, como es la rehabilitación de aquellas personas, de aquellos miembros de la Guardia Civil que fueron pioneros en el asociacionismo social dentro del cuerpo, y a los que, como ahora veremos, se les ha tratado injustamente después de ser aprobada la posibilidad de que los miembros de la Guardia Civil pudieran tener representación social dentro del colectivo.
Con la llegada de la democracia, y con el fin de reclamar mejoras profesionales y de reconocimiento de los derechos constitucionales, agentes de la Guardia Civil se organizaron para conquistar derechos y libertades que aún no existían en los cuarteles. Sin embargo, la lucha por reformar el Instituto Armado trajo para algunos agentes graves sanciones que a día de hoy siguen sufriendo. Es cierto que el mayor auge del movimiento reivindicativo tuvo lugar entre los 1986 y 1992, y no fue hasta finales de los ochenta cuando el Gobierno de entonces endureció las medidas emprendidas contra estos movimientos y cuando juzgados militares comenzaron a formular cargos por delitos de sedición contra estos agentes, con el correspondiente ingreso en prisiones militares. Fue el Tribunal Constitucional quien dio el primer varapalo a estas medidas, adoptadas por el Ministerio del Interior cuando en el año 1989 dictó una sentencia que creó precedente para el resto de sumarios. El Tribunal Constitucional resolvió entonces un recurso de amparo interpuesto por el cabo primero Manuel Rosa Recuerda, estableciendo que al no
pertenecer la Guardia Civil a las Fuerzas Armadas no debían sus agentes asumir los límites constitucionales de los militares.
Siguiendo esta doctrina, los procedimientos abiertos en los tribunales contra este tipo de movimientos reivindicativos acabaron en autos de sobreseimiento o absolución. Sin embargo, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, hizo oídos sordos a lo que dictaban los tribunales y siguieron abriendo expedientes sancionadores contra los agentes que realizaban estas acciones reivindicativas, acusándoles de faltas muy graves por realizar, según el ministerio, actividades contrarias a la disciplina militar.
El 22 de octubre del año 2007, la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, reconoció el derecho fundamental de asociación representativa a los agentes de la Benemérita. Pese a este reconocimiento, los agentes que inicialmente lucharon por estos derechos siguen hoy en día sin ser rehabilitados. Diez años después de que la Ley Orgánica reguladora de dichos derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil les reconociera ese derecho fundamental, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han rehabilitado a estas personas que fueron pioneras en esta lucha por los derechos sociales.
Lo que pretende esta PNL, señorías, es que los precursores de esa reivindicación del derecho de asociación profesional y de la lucha por su plena efectividad puedan tener un merecido reconocimiento y ser resarcidos de las consecuencias penales, disciplinarias y de otra índole que supuso su actividad. Estamos hablando, señorías, de veintidós expedientes disciplinarios. Algunas de estas personas ya han fallecido, y es una lástima que no se hayan visto rehabilitados. Hubo una decena de detenciones y algunos de ellos pasaron más de diez años en prisión.
Señorías, a raíz de una proposición no de ley presentada en el año 2009 en el Congreso de los Diputados, en la que se reconocía la labor de los militares de la UMD durante la transición, se instó al Gobierno a realizar una declaración institucional. Como resultado de ello, el Consejo de Ministros aprobó en el año 2009 precisamente esa declaración en la que se reconocía la participación de estos militares y se hacía referencia a la persecución de la que fueron víctimas, tanto judicial como extrajudicialmente. En febrero de 2010, el Ministerio de Defensa entregó la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico a catorce antiguos miembros de la UMD por su valentía para alcanzar el camino hacia la democracia, habiendo pagado algunos de ellos con penas de cárcel y expulsión del Ejército. Igual que se hizo con los militares de la UMD, entendemos que el Gobierno debe proceder al reconocimiento de los guardias civiles que fueron expulsados del Instituto Armado por querer democratizar dicho instituto durante los primeros años de la democracia española. Si se hizo con los militares de la UMD, ¿por qué no se hace con los guardias civiles? ¿Por qué diez años después de que fuera aprobada la creación de esos mecanismos sociales no ha sido posible que ningún Gobierno, de un color o de otro, haya sido capaz de rehabilitar a estas personas? Estamos hablando de veinte personas, y creo que no es tanto. Son gente que ha demostrado compromiso con la sociedad, con la Benemérita y con sus compañeros, luchando por alcanzar derechos y libertades para todos ellos. No entendemos cómo diez años después ningún Gobierno ha sido capaz de resolver este asunto.
¿Qué pedimos en esta proposición no de ley? En primer lugar, rehabilitar sus situaciones administrativas y destinos anteriores a la separación del cuerpo. En segundo lugar, reconocer la antigüedad de estos agentes en todos los conceptos y sin interrupción, de forma que conserven sus derechos pasivos de jubilación. En tercer lugar, obtener las retribuciones correspondientes desde el día del ingreso en el Instituto Armado. En cuarto lugar, recibir las indemnizaciones correspondientes por los daños y perjuicios causados como consecuencia de dicha separación. En quinto lugar, una vez reintegrados en sus destinos y situaciones administrativas, abrir para cada caso un expediente de inutilidad individualizado para pasar a la situación de inutilidad en acto de servicio por las situaciones psicosociales padecidas. En sexto lugar, valorar la carrera profesional de estos agentes, considerando los posibles ascensos que podrían haber alcanzado y que por su situación de separación les fue imposible alcanzar.
Algún grupo parlamentario ha presentado una enmienda a algo que es tan de justicia intentando justificarlo con que hay que hacer una aprobación de leyes. Señorías, nosotros instamos al Gobierno a que lo haga; que lo haga como quiera, si quiere traer un real decreto para hacerlo, que lo traiga, si quiere que sea un acuerdo de Consejo de Ministros, que lo haga, pero que lo haga ya, porque no es de justicia que diez años después...
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, debe acabar ya.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Acabo, señor presidente.
... sigamos todavía en esta situación.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Campos.
Antes de nada, quiero hacer alguna puntualización sobre las valoraciones inexactas de la exposición de motivos, porque alude a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se refiere a otro tipo de sanción, concretamente a privación de libertad impuesta dentro del propio reglamento de la Guardia Civil y en qué momento del ejercicio de sus funciones como guardia civil, dependiendo de cuáles sean, se aplica o no. Repito que alude a eso para argumentar su propuesta, y no es el caso.
En segundo lugar, lo que falta por decir en la exposición de motivos es que es necesario hacer cambios legislativos y normativos, que es a lo que se refiere nuestra enmienda. Creo que cuando uno hace en esta Cámara un planteamiento político y marca al Gobierno el camino de lo que debe hacer, también debe sugerir cómo debe hacerlo para que sea legal, no sea que al final el Gobierno se vea en una obligación legal, que no la tiene en una proposición no de ley, porque le están pidiendo una ilegalidad y que prevarique. Por tanto, es necesario, antes de nada, introducir la enmienda que planteamos.
Hace una mezcla entre asociacionismo y sindicalismo, cuando queda muy claro, cuando hablamos de sindicalismo, que en la legislación actual, la del año 2007, esto continúa prohibido expresamente. Por tanto, nos estamos refiriendo a un delito que sigue estando en vigor. Yo no digo que no se cambie, como ahora explicaremos, sino que está así. También hay que concretar -y se lo he trasladado al proponente- el punto 1 de la proposición no de ley, porque si aplicamos eso una vez desaparecida la exposición de motivos en el Diario de Sesiones se aplicaría a todos los guardias civiles, sin especificar que estamos hablando de este caso concreto. No sé si es una intención de Ciudadanos o simplemente es un error parlamentario. Vuelvo a decir que confunde asociacionismo y sindicalismo.
Se menciona a la UMD. Creo que la UMD jugó un papel democrático en este país porque lo que pretendía era que las Fuerzas Armadas estuvieran sujetas, condicionadas al poder político elegido democráticamente. En democracia, para defender los intereses de un cuerpo como el de la Guardia Civil, el sindicalismo es importante, pero equipararlo a la lucha por que los poderes públicos, elegidos democráticamente, sean los que hacen el mandato a las Fuerzas Armadas, creo que es, como mínimo, ostentoso.
Quiero decir claramente que el Partido Socialista no tiene que demostrar nada. Lo ha hecho cuando ha gobernado; lo ha hecho legitimando, legalizando e incluyendo el asociacionismo en los comités de personal. Ha subido el salario; ha mejorado las condiciones de retribución; ha apuntado derechos y deberes cuando se hacen tareas de seguridad ciudadana; ha dotado de más medios realizando inversiones en cuarteles, en vehículos, etcétera, para el ejercicio de sus funciones; ha aumentado el número de efectivos para que se cubrieran las plantillas, porque cuando llegamos estaba aquello como está ahora, que no se cubren las plantillas necesarias. ¿Qué pasa ahora? Que en la AP-7, cuando voy de camino a mi casa, veo un coche de la Guardia Civil que tiene fundido el piloto de atrás. Esto no puede ser. También vemos que cuando llega la época estival resulta que no se incorpora a ningún guardia civil a las unidades de tráfico de la Comunidad Valenciana; es más, hay vacaciones y no se incorpora nadie. Normalmente faltan efectivos y más en verano. La prueba la tuvimos recientemente con los temporales de nieve, que es cuando hay que reforzar a las unidades de la Guardia Civil, en este caso de Tráfico, así como en operaciones salida y entrada de verano.
Para nosotros, el papel de la Guardia Civil es fundamental en España, no solo para la seguridad ciudadana, que lo es, sino también para la cohesión territorial, para que los municipios cuenten con esa seguridad.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Acabo, señor presidente.
La proposición no de ley plantea un cambio político sobre sanciones impuestas por actividades sindicales de los años ochenta, que estamos dispuestos a apoyar siempre y cuando se introduzca nuestra
enmienda; en caso contrario, nos abstendremos. Nos gustaría que concretara, vía transaccional, en el primer punto de quién estamos hablando, y que se haga todo de acuerdo a la ley, sin demagogia, y que este apoyo a la Guardia Civil lo veamos concretado votando a favor de mejoras presupuestarias en lo referente a los medios y salarios de este cuerpo.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, señor presidente.
Vamos a apoyar la proposición no de ley. Es verdad lo que ha dicho el portavoz socialista de que la UMD tenía un sentido profundamente distinto del SUGC. La UMD pretendía que el Ejército fuera neutral en todo el proceso de transición democrática y claramente el asociacionismo de la Guardia Civil hacía una reivindicación laboral, aunque desde un punto de vista democrático. Pero aquí no juzgamos eso, porque a los dos se los condenó por asociación ilícita. El argumento no es válido, porque el huevo puede ser uno, pero el fuero es el mismo.
Creemos que cuando se abrieron la mayoría de estos expedientes existía un anacronismo, ya que el Ministerio del Interior de aquella época insistía en algo que ya no se correspondía con la realidad. En este sentido, entendemos que es de justicia para este colectivo, que aunque sea relativamente pequeño es muy simbólico de lo que hoy en día es la normalidad. Si ellos lucharon en su momento por esta normalidad, me parece que ahora es justo, como mínimo, reconocer su lucha.
¿PNV? (Pausa). ¿Esquerra? (Denegaciones).
El señor DELGADO RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señor Gutiérrez, esta PNL que trae su grupo hoy aquí en la que proponen la rehabilitación de los guardias civiles del SUGC, del Sindicato Unificado de Guardias Civiles, que fueron represaliados por sus actividades sindicales, sabe que me toca muy de cerca. Todavía recuerdo, cuando estaba destinado en el aeropuerto de Barcelona, cómo se llevaron a un compañero preso precisamente por aquellas actividades. Tengo el orgullo de conocerlos y de haber trabajado con muchos de ellos. Para mí, son guardias civiles honrados, decentes y que tuvieron la valentía, en un momento muy duro, de luchar para que la democracia entrara en los cuarteles, para que todos los guardias civiles tuvieran los mismos derechos que tiene el resto de los ciudadanos de esta sociedad. Una de las reclamaciones de aquellos guardias civiles en aquel momento era aumentar la cuota de mujeres en la Guardia Civil -fíjense que delito más grande cometían-, además de defender el asociacionismo profesional, etcétera.
Señor Gutiérrez, usted dirá que por qué no he presentado esta proposición no de ley. Mi grupo no la ha presentado porque cree que tenemos que ir más allá. Una proposición prácticamente idéntica se presentó en el año 2009, se aprobó por unanimidad, y todavía están esperando esos guardias civiles que se haga justicia. ¿Quién nos dice que si se aprueba esta PNL hoy no va a pasar lo mismo? Porque esos guardias civiles todavía están esperando. Aquella PNL sirvió para visibilizar lo que pasó con esos guardias civiles. Fue la primera vez que en esta Cámara se admitió oficialmente lo que pasó, y pienso que aquello marcó un antes y un después. Creo que tenemos que seguir dando pasos, y por eso hemos registrado una proposición de ley con el beneplácito de las personas a las que se refiere esta PNL, los guardias civiles del SUGC. Ya hay precedentes en este país, por ejemplo, la UMD, y creo, insisto, que tenemos que dar un paso más.
Estoy convencido de que tanto Ciudadanos como el resto de los grupos darán su apoyo a esta proposición, porque ha llegado el momento de cerrar heridas, de ser generosos, porque no se trata de buscar culpables, sino de reparar la situación de aquellos guardias civiles honrados, decentes y valientes que lucharon por democratizar el Cuerpo de la Guardia Civil. Me estoy acordando del compañero Morata, del compañero Borja, del compañero Piñeiro, del compañero Serralbo, de nuestro compañero el cabo Rosa y de otros muchísimo que, como digo, en momento muy difíciles lucharon para democratizar la Guardia Civil, para que la democracia entrara en los cuartes. Por tanto, esta proposición tendrá nuestro
apoyo, lo mismo que espero que su grupo, y el resto de los grupos, para ser generosos y cerrar heridas del pasado, den su apoyo a la proposición de ley que hemos presentado para dar un paso más y saldar esa deuda que la democracia y el Estado de derecho tienen pendiente con aquellos guardias civiles, insisto, decentes, valientes, honrados y demócratas.
Señorías, las cuestiones de Interior, en concreto todo lo relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son de Estado y, por tanto, ni Ciudadanos ni ningún otro partido debería hacer demagogia con estos temas. Somos conscientes de la situación de los afectados por esta cuestión, y hasta podemos, a nivel individual, considerarla injusta, pero las sanciones disciplinarias establecidas según las normas de aquel momento, aunque no se compartan a priori se deben respetar, igual que las leyes vigentes. Como decía el portavoz del Grupo Socialista, habría que cambiar la legislación para poder incluir esta posibilidad, y debemos estudiarlo y analizarlo.
Lo ha explicado muy bien el señor Campos, pero ha olvidado recordar que los Gobiernos socialistas fueron los que establecieron las sanciones y también los que a posteriori no pusieron remedio. Claro que estar en el Gobierno no es lo mismo que estar en la oposición, ¿verdad? Es evidente que el Gobierno tiene que velar por que se cumpla la ley y, por tanto, tiene que utilizar los mecanismos que el Estado de derecho pone a su disposición para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Esta es la razón por la que se abrieron algunos expedientes gubernativos, concretamente diecinueve expedientes a veinte miembros del Cuerpo de la Guardia Civil. Estas no son palabras mías, sino del señor Rubalcaba en su comparecencia del 20 de marzo de 2007, como ministro del Interior, ante esta misma Comisión. ¿Quiere otro ejemplo, señor Campos? Boletín Oficial de las Cortes Generales del 8 de julio de 2011. Respuesta de su Gobierno a una pregunta escrita del señor Llamazares sobre este asunto: Los guardias civiles separados del servicio lo fueron como consecuencia de la aplicación de actos administrativos firmes y completamente ejecutados, dándose la circunstancia de que a la luz de la legislación vigente resultarían punibles a título de falta muy grave, ya que la Ley Orgánica 12/2007, del régimen disciplinario, así tipifica dichas conductas en sus artículos 2 y 3. Pedir como oposición todo aquello que pudieron hacer cuando estaban en el Gobierno y no hicieron es ya todo un clásico del Grupo Socialista. Todo un clásico, sí, pero no es serio.
Respecto a la intervención del señor Gutiérrez, tengo que decir que siento mucho que se esté convirtiendo en una moda para su partido el hecho de intentar sacar rédito político en cuestiones que deberían ser temas de Estado y que intenten ponerse medallas haciendo trampas, no habiendo hecho ni un solo esfuerzo para conseguirlas. Es triste. Igual que lo fue escucharle en la asamblea de Jusapol del pasado fin de semana acusar al Gobierno de Mariano Rajoy de inacción respecto a la equiparación salarial, cuando el Gobierno del Partido Popular, y usted lo sabe, ha sido el primero en escuchar de verdad a las asociaciones y darles una solución. Ha sido el primer Gobierno de esta democracia, y han existido unos cuantos, que ha tomado la decisión de corregir la situación injusta en la que vive la Guardia Civil, poniendo encima de la mesa los medios necesarios. A veces, al ver cómo intenta entorpecer las negociaciones que se están produciendo en el ministerio, da la sensación de que en el fondo no quiere que se produzca la equiparación, desea que fracase para sacar rédito político. Nueva política, no, populismo e intereses. Sinceramente, esperábamos más de ustedes. ¿Esta no era la legislatura del pacto y del acuerdo, de la concordia y del entendimiento al que tanto apelaba su jefe de filas, el señor Rivera? Yo le he escuchado varias veces en la tribuna afirmar que el sentido de Estado es lo más importante. Si es así, le insto a que sean conscientes y a que baje un poco el tono, porque la legislatura es larga, señor Gutiérrez.
Mi grupo se compromete a trabajar junto al Gobierno para intentar buscar una solución para todas las personas que se encuentren en esta situación. En esta tarea esperamos encontrar y poder sumar al resto de los grupos parlamentarios. (Aplausos).
Señor Gutiérrez, ¿acepta o rechaza la enmienda del Grupo Socialista?
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: La rechazamos, señor presidente.
- RELATIVA AL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 12/2009, DE 30 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002632).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Toledano.
El Grupo Popular cree que es necesario acelerar la aprobación del reglamento que desarrolle la Ley reguladora del derecho de asilo. ¿Para qué? Para garantizar adecuadamente su funcionamiento y coordinación y favorecer así la tramitación, gestión y seguimiento de las solicitudes de asilo. El objetivo de la PNL, mediante la aprobación del reglamento, es mejorar el acceso al procedimiento de asilo para que personas que pueden necesitar ser protegidas, porque en sus países de origen están perseguidos o huyen de la guerra, puedan tener la concesión de ese derecho de asilo de forma más segura y rápida.
Desde la crisis de Siria en 2015, atender adecuadamente la llegada de refugiados es uno de los mayores retos a los que se enfrentan, también en el marco jurídico, tanto España como el resto de los países de la Unión Europea. Creemos que este reglamento podría mejorar la coordinación entre órganos y centros directivos de los diferentes ministerios, se gestionaría mejor la protección internacional de los solicitantes de asilo, se revisaría la dependencia orgánica y funcional a la que se adscribirían estos órganos y se podrían solucionar las peticiones o carencias de información en la protección internacional o en el propio funcionamiento de la Oficina de Asilo y Refugio.
España, señorías contribuye a la acción conjunta de la unión Europea con su compromiso de reubicación y reasentamiento para definir procedimientos acordes con la situación e incrementando su aportación a los fondos destinados a este fin. El Gobierno está aportando propuestas y acelerando su participación en los procesos de traslado efectivo a España. Las dificultades técnicas en el procedimiento son evidentes, pero hoy en día en España han sido reasentadas más de 2200 personas. Además, España es el quinto país donde más han aumentado los expedientes de asilo tramitados, más de un 167 %, siendo más de 9000 las personas que reciben protección internacional con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. No todos los refugiados vienen de Siria y de la crisis en Oriente Medio. Muchos vienen de Venezuela y también hay que otorgar protección a sus derechos, aunque algunos no quieran preocuparse de estas personas perseguidas en este país hermano. Es fundamental seguir apoyando una política integral de asilo en la Unión Europea, eso es evidente, y estamos en una nueva fase: una reforma sistemática del derecho comunitario de asilo se está plasmando en múltiples reuniones y trabajos que se llevan a cabo por parte de la Comisión LIBE y los parlamentos nacionales. Es importante apostar por el apoyo a los Estados más afectados por la llegada masiva de asilados y es evidente que España, Grecia e Italia son países afectados por esta crisis de refugiados. Desde 2015 la Unión Europea ha adoptado medidas de protección reforzada para los migrantes más vulnerables durante su tránsito y en su llegada a destino y España ha participado activamente en esta medida reforzada de protección. En septiembre de 2015 se aprobó un nuevo proyecto de reasentamiento de 50 000 personas y con estas medidas se han comprometido diecinueve países, entre ellos España, y, por tanto, tener un reglamento de la Ley de asilo es importante.
Hay que analizar. Una vez superada la fase más crítica de la ola de refugiados en 2015, en 2017 los flujos se habían reducido en un 63 %. Es necesario replantear el programa de reubicados y reasentamiento, sin esa presión ya tan inmediata y fuerte. Hay que analizar las dificultades técnicas y políticas, porque evidentemente se han producido. Solo Malta y Finlandia han cumplido en su totalidad los compromisos de reasentamiento. Otros países, como Chequia, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia, son muy renuentes, y algunos incluso se niegan a reasentar refugiados: Austria, Hungría y Polonia. Es evidente que han existido dificultades para acreditar la condición de refugiado en el marco de llegadas masivas en Grecia e Italia y que también se ha producido una circunstancia que nadie quiere analizar, y es que gran número de refugiados se han negado a ser reasentados en países diferentes a los que querían llegar. La gran mayoría querían ir a Alemania, y, si no se les reasentaba en aquel país, se negaban; incluso han sido
reasentados en otros y se han desplazado irregularme a Alemania. Es un problema que hay que analizar y no nos podemos tapar los ojos.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Sí, señor presidente.
En esta senda de regular mejor la política de refugiados, la Unión Europea ha participado en la Declaración de Nueva York, en el marco de la ONU, para adoptar dos pactos globales en 2018: un pacto global sobre refugiados y un pacto global sobre migración segura, ordenada y regular, y España se compromete a participar ahí.
Sin duda, con todo lo que les he dicho y con las recomendaciones del defensor del Pueblo, que entiende que es necesario el reglamento, porque algunas medidas se refieren a la ley en su aspecto reglamentario y no existe el reglamento, podemos proteger mejor y acoger mejor a los refugiados que quieren quedarse en España.
Por el Grupo de Podemos, tiene la palabra la señora Belarra.
La señora BELARRA ARTEAGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quería empezar mi intervención diciendo que esta ley es de 2009 y parece que a algunos aquí se les olvida. Hace nueve años que se aprobó esta Ley de asilo y aún no tiene reglamento. Y creo que el Partido Popular, que patrimonializa sistematáticamente las instituciones y además es el más corrupto de toda Europa, es el único que puede venir a esta Comisión a instar a su propio Gobierno a que reglamente una ley de hace nueve años y que todavía no tiene reglamento porque su Gobierno no lo ha hecho. Parece absolutamente... No tengo palabras para describirlo y creo que ustedes tienen la cara más dura que el cemento para venir aquí a instar al Gobierno a hacer un reglamento... (El señor Martín-Toledano Suárez: Ya son dos veces).
El señor PRESIDENTE: Señora Belarra, le pediría, por favor, que modere su lenguaje. No me parece procedente decir que se tiene la cara más dura que el cemento. Creo que usted tiene capacidad intelectual suficiente como para utilizar otras palabras.
La señora BELARRA ARTEAGA: Creo que no debe usted cuestionar mi capacidad intelectual. En ningún caso he faltado al respeto a nadie. Simplemente digo una cosa que creo que le dirían todas las organizaciones de asilo con las que ustedes se han reunido reiteradamente, que llevan exigiendo el reglamento de asilo desde hace nueve años. Que ustedes traigan una PNL que no es vinculante para el Gobierno para exigir un reglamento que ustedes podrían hacer mañana mismo si quisieran es una absoluta vergüenza. Ustedes tienen al 41 % de las personas que han solicitado asilo desde 2010 sin que se resuelva su expediente, y eso está en su mano porque depende de la Oficina de Asilo y Refugio, que depende de ustedes y todavía no han hecho absolutamente nada.
Datos de Eurostat de finales de 2016: 20 000 personas están esperando a que se les responda a su expediente de asilo, cuando la ley dice que el expediente debe ser respondido entre tres y seis meses. Creo que es absolutamente evidente que ustedes no están haciendo nada en materia de garantizar el derecho de asilo en España. De hecho, les recuerdo que el ministro del Interior y el ministro de Asuntos Exteriores están reprobados por esta Cámara por incumplir sus compromisos en la cuota de acogida de asilo y refugio a la que nos comprometimos hace ahora dos años y medio. Ustedes no pueden venir aquí a dar ninguna lección en materia de derecho de asilo. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar de una vez por todas. Eso sí, hagan de una vez ese reglamento. Si tanto les interesa, llamen al Ministerio del Interior y hagan de una vez ese reglamento, para asegurar que hay vías legales y seguras para acceder a nuestro país y a la Unión Europea. Hagan que ese artículo 38 sea efectivo y se pueda pedir asilo en las embajadas y consulados de terceros países. Hagan que las solicitudes de asilo no se respondan en función de dónde se presentan, porque ustedes saben que la tasa de concesión del estatuto de refugiado es muy diferente si se es en un CIE, en la frontera sur o en una oficina de Madrid, y eliminen de una vez por todas ese visado de tránsito, que está impidiendo que las personas salgan, por ejemplo, de un país como Siria. Desbloqueen ustedes las instrucciones que tiene la OAR y dejen de aplicar criterios discriminatorios en función de la nacionalidad. Como me dijeron en una embajada de un país de Oriente
Medio, les sugiero que desplacen ustedes a equipos de funcionarios, que son de muy buena calidad, tanto del Ministerio de Empleo como del Ministerio del Interior para explicar a la gente que está solicitando asilo cómo son las condiciones de acogida en España. Mejoren las condiciones de acogida en España y ya verán cómo la gente sí se quiere quedar aquí. Lo que pasa es que ustedes no quieren que la gente venga.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Campo.
Señor Martín-Toledano, la verdad es que su exposición creo que la compramos todos; no hay nada que objetar. El único problema es que, efectivamente, como decía la compañera de Podemos, el gran incumplidor es el Gobierno, que no da lugar al mandato normativo que decía -creo que era en la disposición final tercera de la Ley de 2009- que se tendrían que dictar en el plazo de seis meses todas las disposiciones de carácter reglamentario exigidas en ese mismo cuerpo legal. Pero no solo eso, es que el Grupo Socialista en noviembre de 2012 ya registró una proposición no de ley instando al Gobierno precisamente al desarrollo reglamentario de la ley de 2009. Y lo más curioso es que fue aceptada por todos los grupos, de tal modo que la unanimidad hizo posible -me van a permitir que lo lea- el siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para poder llevar a cabo una aplicación plena de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a dar cumplimiento a la disposición final tercera de la misma una vez que todos los órganos consultivos implicados emitan sus informes preceptivos. Pero pasaron 2009, 2010, 2011, hasta 2018, y ahora, curiosamente, es el Grupo Popular el que presenta esta iniciativa e insta al Gobierno a desarrollar ese reglamento. Nos parece a todos maravilloso, pero no sé si me atrevería a calificar la relación de su Gobierno con la ley de 2009 de insumisión y me voy a quedar con un tono más bajo y en cualquier caso es de alergia. Lo que es cierto es que se ha negado información a los potenciales demandantes en nuestro país, llegaran de manera legal o ilegal, lo que ha provocado -es un dato fácilmente constatable- una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España a pagar 10 000 euros a dos personas migrantes que fueron devueltas a Marruecos en agosto de 2014 sin que mediara intervención administrativa o judicial previa.
Son muchas las cuestiones y voy a ser muy rápido, porque incluso hago mías muchas de las palabras de la compañera de Podemos. Hay 34 000 solicitudes de expedientes de protección internacional en estas oficinas, de manera colapsante. Es cierto que se registran, pero ¿de qué sirve que se registren los expedientes si no se resuelven? Creo que lo verdaderamente importante es que empiecen a resolverse en esos tiempos recomendables y razonables establecidos entre tres y seis meses. Así podríamos seguir hablando de otros aspectos. Según la cifra de que dispongo, con datos de 13 de febrero, son 2733 los solicitantes de protección internacional. Creo que no hay más que ver esas oficinas de asilo y refugio para hacer frente a esta situación y la precariedad en la que se mueven. De ahí, precisamente, por todos estos datos, el Grupo Socialista nos hemos permitido presentar seis enmiendas, que, según las palabras del señor Martín-Toledano, creo que no habrá ningún impedimento en acoger, porque van dirigidas a potenciar esos objetivos que desde el grupo proponente se manifiestan: más medios personales y materiales en las oficinas, cumplir los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea, ampliar las plazas de acogida en el sistema español, promover de manera significativa vías de acceso legales y seguras para las personas refugiadas y elaborar y dotar de recursos necesarios una verdadera política de cooperación internacional de desarrollo. Por eso espero que el Grupo Popular tenga a bien aceptar estas enmiendas.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias.
Se lo han dicho ya: nunca es tarde si la dicha es buena, pero, claro, es que estamos hablando de una ley de 2009. Nuestro grupo es particularmente sensible a este tema porque tuvo una intervención muy importante en su elaboración, y lo hicimos con toda la ilusión y creyendo que hacíamos un trabajo que en aquel momento resultaba muy necesario. Creo que es innegable que ha habido bastante de lo que ha dicho el portavoz socialista en cuanto a una cierta alergia hacia esta ley. Y ahora el Partido Popular nos propone su despliegue, mientras que no está cumpliendo ni remotamente con el cupo de refugiados. No
es lo mismo, pero es sobre el mismo tema: no sé si con una mano quieren lavar la otra o exactamente qué. Mientras estaba considerando esta PNL, recordé el papel que tuvo Jordi Xuclà en esta ley. Y lo peor no han sido estos nueve años, lo peor fue que las peticiones de asilo sucedieron en estos primeros nueve años, es decir, lo peor es que no se hizo el reglamento cuando era más necesario que existiera. No es un tema referido solo a un lapso temporal, sino que en el momento en que se necesitaba esta normativa no existió y se tuvo que actuar sin ella, sin duda cometiendo muchas injusticias.
Mientras que estaba analizando esta proposición, acerca de cuando a veces decimos que este Parlamento tiene que ser cercano a los ciudadanos, me imaginé enseñando a un ciudadano esta proposición no de ley pidiendo un grupo -es igual el que fuera, en este caso el Popular- al Gobierno que despliegue una ley de 2009 y qué me contestaría. Obviamente, vamos a votar a favor, pero todo en este tema ha sido absolutamente lamentable. Y lo peor es que en la época de los cayucos hubiera venido muy bien. Se hizo daño a mucha gente, seguro que muchos salieron perjudicados y justamente nosotros estamos aquí para todo lo contrario.
Evidentemente, empiezo por el final. Claro que la vamos a votar a favor y también entenderíamos que sería lógico que el grupo proponente aceptara alguna de las enmiendas que se han presentado. Lo que no podemos entender es que desde el Gobierno de España el Partido Popular tenga un discurso en los foros internacionales: ahora mismo se ha mencionado la cumbre de Nueva York, donde se han planteado objetivos sobre cómo se va a acometer el tema de refugiados para 2018, y además ha participado en otros foros internacionales y ha asumido compromisos, como cuando asumió tener capacidad para incorporar 17 337 personas y el plazo terminaba el 26 de septiembre de 2017 pero solamente llegamos al 11 % de esa cifra a la que nos habíamos comprometido a nivel internacional, y estábamos en 14 puntos por debajo de la Unión Europea, de manera que no es excusa decir que era complejo poder hacerlo. El ejemplo de lo que hoy trae el Partido Popular muestra su voluntad política, es decir, si se aprueba una ley en 2009 y se propone un reglamento en 2018 para su desarrollo, desde luego, la voluntad política es cero. Por tanto, lo primero que se tiene que reconocer es que han pasado nueve años sin tener un reglamento, cuando se ha estado echando la culpa a las trabas burocráticas que existían para poder hacer los papeleos pertinentes para reinsertar a esa parte tan importante de la humanidad en este sentido. Por tanto, es un Gobierno incumplidor, sin ninguna voluntad política, pero es un Gobierno que en los foros internacionales llega a acuerdos y dice que esos acuerdos se tienen que trasladar después a España y que vamos a asumir nuestros compromisos, pero luego esos compromisos nunca llegan. Señorías, la crisis de refugiados y desplazados en el mundo afectaba a unos 67 millones de personas en 2017. Si aquí hablamos de cantidades irrisorias, evidentemente con 67 millones estamos en otra dimensión.
Tiene razón el proponente del Grupo Popular cuando dice que también hay muchas personas que han pedido asilo desde Venezuela. Lo que le pediría es que diga el porcentaje de las que lo han solicitado con causa justificada y este Gobierno no lo está dando. Por tanto, no utilice el discurso para quedar bien, aunque haya muchas personas de Venezuela que están pidiendo asilo en España y que no solamente son los que vienen de Siria, cuando el Gobierno no está incorporando prácticamente a casi ningún venezolano con derecho a asilo en España. Pediría que en este sentido empiece a casar de una vez el discurso político con los hechos.
Para terminar, he de decir que el gran problema que tiene el Partido Popular y que en cierta medida también tiene el Partido Socialista es que se han tirado muchos años acostumbrados a que el discurso político no tenía que casar con los hechos. Entonces, cuando hay un partido que dice que los hechos y el discurso tienen que ser lo mismo, lo acusan de populista, de que está tratando de dar la vuelta a las reglas, de que no es realista. No, señorías, a lo que nos comprometemos lo hacemos. Entonces, a lo que ustedes se comprometan háganlo. Y si no, pidan perdón; reconozcan que lo han hecho mal y que están dispuestos a enmendarse.
Señor Martín-Toledano, ¿acepta alguna de las enmiendas?
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Se lo diré más tarde.
- SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS OPORTUNOS PARA UN CONTROL DE PASAPORTES ÁGIL Y EFICIENTE EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001598).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día. Tiene la palabra la portavoz de Esquerra Republicana, la señora Jordá.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señor presidente. Molt bon dia a totes ia tots.
En el mes de marzo de 2017 se celebró en la ciudad condal de Barcelona el congreso mundial de móviles. Dicho congreso aportó a la ciudad un gran incremento de visitantes. De los 110 000 asistentes, al menos se cuenta que 85 000 eran extranjeros. Cabe decir que en los días previos al congreso el aeropuerto de El Prat registró un muy importante movimiento de operaciones. Además del tradicional flujo de entradas y salidas de aviones, la terminal contabilizó un total de 343 vuelos privados entre el lunes 27 y el jueves 30 de marzo. Solamente esto representa un 300 % más que cualquier semana normal del mes de febrero. Además de las dos terminales, durante los cuatro días del congreso hubo 80 000 viajes en taxi, un 38 % más que durante la última edición del Mobile World Congreso. Además, los comercios celebraron este volumen de visitantes, porque evidentemente sus ventas aumentaron en una cifra importantísima, aproximadamente en un 43 %. Es indiscutible, pues, que el congreso mundial aporta a la capital un potencial de primer orden. A pesar de ello, resulta que se colapsó el control de pasaportes en el aeroport de El Prat. Miles de pasajeros que tenían que abordar un vuelo en la mañana del viernes sufrieron demoras entre una hora y media y dos horas en el control de pasajeros, un control que depende, evidentemente, del Cuerpo Nacional de Policía.
No era la primera vez que sucedían estos colapsos. Por ejemplo, en diciembre del año anterior los pasajeros que pensaban tomar sus vuelos de vacaciones invernales también sufrieron este cuello de botella que se había creado para poder pasar por el control de pasaportes. Asimismo, en mayo de 2017, concretamente en el puente, los usuarios del aeroport de El Prat perdieron también hasta tres horas y media esperando a ser atendidos en el control de pasaportes. En definitiva, la falta de efectivos de la Policía Nacional provocó largas colas y el consiguiente malestar de los viajeros; básicamente, ventanillas vacías y poquísimos agentes inspeccionando la documentación. Y en verano de 2017 volvió a pasar y se vivió un fin de semana nefasto, con colas de dos a tres horas debido al embudo que una vez más se produjo en el control de pasaportes, responsabilidad -insisto- del Ministerio del Interior y, en la práctica, de la Policía Nacional. Es evidente, pues, que no hay una previsión adecuada para disponer de los medios humanos y materiales oportunos para dar una atención adecuada. Quiero pensar, señorías, que, en cualquier caso, no es una cuestión de falta de efectivos de policía a nivel general, pues en el pasado mes de septiembre se enviaron a Barcelona 4000 efectivos más para intentar controlar una supuesta escalada de tensión en Cataluña y evitar que el 1 de octubre los catalanes y las catalanas pudiésemos votar.
Dicho esto, consideramos oportuno y necesario instar al Gobierno español a realizar una previsión adecuada de los recursos humanos y materiales oportunos para ejercer el control de pasaportes en el aeroport de Barcelona-El Prat de manera ágil y diligente, especialmente en las fechas en que ya se sabe -y, por lo tanto, se puede prevenir- que habrá una afluencia superior de pasajeros.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular y antes que nada tengo que reseñar que el aeropuerto de Barcelona, gestionado por el Estado, el Estado español, es el séptimo a nivel europeo y el decimoséptimo a nivel mundial, gracias a una gestión extraordinaria del Estado, sin lugar a dudas.
Tengo que decirle a la señora portavoz de Esquerra en esta proposición no de ley que cuando fue el congreso de móviles incluso se felicitó al aeropuerto de Barcelona por la acogida que tuvo de tanta gente. Usted mezcla aquí distintos aspectos. A raíz del mes de abril, cuando se cambia el reglamento a nivel
europeo, efectivamente se producen colas en todos aquellos aeropuertos con viajeros a nivel internacional, como puede ser en el de Palma de Mallorca, en El Prat, Barajas, etcétera. ¿Qué conlleva eso? En ese momento estamos en un país en alerta 4, en ese momento Cataluña acaba de sufrir un atentado y, lógicamente, debemos ser más cautelosos con la seguridad de nuestros aeropuertos.
También tengo que decirle a la portavoz de Esquerra con respecto a cuando sucedió en verano lo que usted dice que es precisamente el Ministerio de Fomento el que desbloquea los problemas que estaba habiendo en el control de pasaportes poniendo Guardia Civil en el aeropuerto. También le informo de que AENA ha destinado 90 millones de euros para la instalación en todos los aeropuertos que están teniendo estas dificultades en los controles de pasaportes del verificador por el que en veinte segundos queda inmediatamente identificado el titular del pasaporte, reconocida la huella dactilar y sus rasgos físicos, y que ya se han comprado 450 de los 650 verificadores que había que adquirir a lo largo del año.
Usted hacía referencia a la mala imagen. Señoría, se va a celebrar en los próximos días el congreso de móviles, ¿y sabe lo que está sobre la mesa? Está sobre la mesa que se va a Milán o se va a Dubái, y dicen que se va a una de estas ciudades no porque el aeropuerto de El Prat funcionara correcta o incorrectamente, sino porque quieren un Gobierno estable que dé estabilidad a la administración. Como saben ustedes, este congreso está organizado por tres administraciones: el ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno de España, y quieren coordinación y quieren un Gobierno que cumpla las leyes. Y como ese Gobierno no cumple las leyes y no va a dar esa estabilidad, usted y gente como usted serán los responsables si el año que viene no se celebra el congreso de móviles en España. Será culpa de usted, de su partido y del resto de partidos independentistas, no del Gobierno de España ni de la Policía Nacional, que tiene ya cincuenta efectivos más en El Prat. Y cuando fue el congreso de móviles el año pasado, empezó no el 30 de marzo, como usted dice, porque entonces ya había finalizado, sino el 27 de febrero, hasta el 2 de marzo, pero toda la operación se estableció desde el 24 de febrero al 5 de marzo y el aeropuerto de El Prat fue felicitado por la propia organización del congreso. De hecho, tengo aquí la carta por si después la quieren ver. Por tanto, le invito a que inste a su partido, a la Generalitat a coordinarse con el Gobierno de España, a coordinarse con el Ayuntamiento de Barcelona para no perder este congreso, que crea más de 1000 puestos de trabajo en Barcelona. Si alguien es responsable es gente como usted. (Aplausos).
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies.
Con sorpresa he escuchado la última parte. No me consta que exista este riesgo; al contrario, y la coordinación también existe. De la misma manera que aquí hablamos civilizadamente desde posiciones políticas muy distintas también sucede esto en las administraciones. Y ahora no me hable de coordinación, cuando estaríamos hablando de coordinación del Estado con el Estado, porque resulta que la Generalitat en este momento está intervenida, o sea, se deberían coordinar ustedes con ustedes mismos.
Pasando al fondo de la cuestión, la verdad es que es un tema bastante hiriente. Fue un auténtico escándalo, según las imágenes que se vieron por televisión. Es verdad lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular en cuanto a que esto también ocurre en otros lugares, aunque acerca de si tiene tanta relación con la normativa europea ya tengo mis dudas, porque, como ha dicho la portavoz de Esquerra Republicana, no solo ocurre en otros lugares sino que ocurre cada año y la normativa europea es de este, aunque nunca con la intensidad con que ocurrió esta vez en Barcelona. Pero además fue especialmente hiriente porque la respuesta que recibimos del Gobierno en su momento fue que se necesitaban de doce a dieciséis agentes para poder solucionar el problema pero que no disponían de los medios humanos para poderlo hacer. Al final, lo hicieron pero tardaron muchos días, y -no sin sorpresa-, con pocas semanas de diferencia, vimos que no había problemas para trasladar más de 4000 agentes; eso sí, por otros motivos, pero fue especialmente hiriente después de lo que se nos había dicho con relación al colapso de El Prat. Es absolutamente pertinente poner en evidencia este tipo de hechos y esto es lo que hace la proposición no de ley de Esquerra Republicana.
Señorías, efectivamente, el periodo de crisis que hemos pasado ha dado lugar a que haya habido un deterioro del servicio prácticamente en todas las grandes infraestructuras de este país. Ha habido falta de medios humanos y materiales que ha penalizado el servicio público a los ciudadanos, también por no cubrir las tasas de reposición. Todo ello ha afectado al servicio público que se ha prestado en ciertos momentos, no solo en el aeropuerto de El Prat, sino también en otras grandes infraestructuras, y ha dado lugar a que los ciudadanos hayan tenido quejas y penalidades que intentaremos solucionar a partir de ahora.
Por eso, en aras de mejorar la seguridad de los ciudadanos, este grupo apoyará siempre cualquier medida que inste a reforzar los medios personales y materiales en infraestructuras críticas en toda la nación y, por supuesto, en el aeropuerto de El Prat. Por tanto, votaremos a favor de esta iniciativa.
Por el Grupo de Podemos, tiene la palabra la señora Ramos.
La señora RAMOS JORDÁN: Gracias, señor presidente.
Como a mi compañera de Esquerra Republicana y al señor Guillaumes, a mí también me sorprende el hecho de que se diga que este congreso está en peligro, cuando, evidentemente, la gestión que hizo la ciudad y su alcaldesa, Ada Colau, garantiza que este congreso se siga celebrando en nuestra ciudad. Como indica el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ciertamente, hay una deficiencia de efectivos en el control de pasaportes del aeropuerto de El Prat. Esa deficiencia no es nueva ni, como nos han comentado, es exclusiva de este aeropuerto. De hecho, el de Palma también ha incrementado su conectividad y ha sufrido esta falta de control.
Desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos nos preocupamos, y nos preocupamos también en su momento y ya reclamamos al Gobierno el hecho de que no hubiera resuelto el problema con antelación, sobre todo que las soluciones no se hubieran dado por igual en todos los aeropuertos, con un estudio real de las necesidades. Gracias a la presión de la gente y de los medios se reaccionó, pero no lo suficiente. Creemos que esa falta de medios es por una deficiencia de personal y por no aplicar las tasas de reposición. Los propios sindicatos han denunciado que faltan 10 000 policías nacionales y 10 000 guardias civiles.
Evidentemente, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley porque más vale prevenir que curar y porque hay que garantizar estos mínimos. Lo lógico sería prever un incremento para la provisión de los aeropuertos de España, especialmente en El Prat, que es el que más crece con un 7,1 % en lo que va de año, con un incremento de vuelos domésticos del 11 % y un 8,2 % en los vuelos internacionales. Por tanto, vamos a votar a favor, pero también hay que tener en cuenta que el problema real es una deficiencia y no solo una mala planificación; con la excusa de la crisis faltan recursos y se deberían apoyar más medidas presupuestarias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza.
Lo primero que quiero manifestar es nuestra voluntad de dar apoyo a esta proposición no de ley más que nada por coherencia. Me imagino que debido a que los representantes de Esquerra Republicana no participaron en el debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la sesión de esta Comisión de 28 de junio de 2018, desconocen que esto ya se había aprobado anteriormente. No participaron en aquella sesión -en aquellos momentos debían estar entretenidos en otros temas- ni votaron a favor de esa propuesta. En consecuencia, como se vuelve a reiterar una proposición sobre este asunto que ya fue aprobada por esta Comisión, vamos a votar a favor. Nosotros no solamente nos limitamos a presentar la propuesta que se aprobó en aquella sesión de 28 de junio de 2017, sino que, además, para comprobar la eficacia de la resolución y si el Gobierno hacía caso, presentamos unas preguntas escritas al Gobierno -lo digo porque seguro que la señora Blanco no lo va a discutir porque son datos de su Gobierno- en cuyas respuestas queda claro que reaccionó tarde. Voy a leer simplemente los datos del aeropuerto El Prat: mes de abril, verificadores, 39, personal 237; mes de
julio, verificadores, 71, personal, 347. Es decir, en abril, no antes, como dice ella; hasta que no se produce en esta Comisión la discusión de la propuesta socialista instando al Gobierno a actuar, no reacciona el Gobierno de España, y por eso vamos a dar apoyo. Pero como ocurre en estas cosas, cuando no se participa o se está ausente en los debates, no se puede decir, al igual que Unamuno, cómo decíamos ayer, porque pasan cosas cuando no estás presente. Cuando te ausentas de la vida política, cuando no te lees y preparas las cosas, traes propuestas que quedan un poquito desfasadas en el tiempo. A pesar de ello, votaremos a favor.
Señora Jordà, ¿acepta la enmienda?
La señora JORDÀ I ROURA: No la aceptamos.
- SOBRE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA COMISARÍA DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA CALLE GENERAL MAYANDÍA DE ZARAGOZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000544).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Delgado.
Hace unos años, en 2015, el ahora exministro reprobado, señor Fernández Díaz, inauguraba un cuartel de la Guardia Civil en Fitero, Navarra. Una inauguración que vino acompañada de no pocas polémicas: en primer lugar, porque no existía una demanda social para hacer ese cuartel. De hecho, en Fitero había un cuartel y se cerró por falta de actividad. En segundo lugar, a seis kilómetros habría otro cuartel, a nueve kilómetros otro, lo que confirmaba que no era necesario uno nuevo. Los sindicatos denunciaron en aquel momento que su construcción respondía más a cuestiones personales del señor Fernández Díaz, sus padres habían nacido allí, su madre vive allí y es donde veranea toda la familia Fernández Díaz. La crítica principal de los sindicatos era cómo se construía allí un nuevo cuartel que no era necesario, cuando había otros que se estaban cayendo a pedazos. Creo que este es un ejemplo con el que podemos entender con mayor claridad cuál ha sido la política de este Gobierno en materia de infraestructuras tanto en los cuarteles de la Guardia Civil como en las comisarías de la Policía Nacional: una falta total de planificación y de mantenimiento de las instalaciones. Un ejemplo es la comisaría de la Policía Nacional de la calle General Mayandía en Zaragoza. Una instalación que data del año 1945, donde actualmente trabajan más de 650 agentes y que se encuentra en una situación desastrosa. La falta de mantenimiento y de una reforma integral hacen que sea un edificio ruinoso, con goteras, cables sueltos, tuberías rotas, etcétera. En una inspección reciente el arquitecto avisaba de peligro inminente. Incluso hay denuncias presentadas por un sindicato contra el Ministerio del Interior por la situación de esa comisaría. Recientemente, en el mes de mayo, ha sido necesaria una intervención consistente en apuntalar y una serie de parches, pero no la reforma integral que necesita esa comisaría, primero, con el objeto de garantizar la seguridad de los agentes que allí trabajan y, segundo, para garantizar la eficacia de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Además, recientemente en las Cortes de Aragón se aprobó por unanimidad una iniciativa similar a esta, con el fin de llevar a cabo esa reforma integral de manera urgente y solucionar esos problemas.
Por tanto, pedimos desde esta Cámara el apoyo para reformar de manera integral y urgente esa instalación en Zaragoza, porque es necesario, primero, para garantizar la seguridad de los agentes que allí trabajan y, por supuesto, para que la Policía Nacional pueda realizar un trabajo más eficaz de cara a los ciudadanos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular coincide en algunas de las apreciaciones del portavoz del grupo que presenta esta iniciativa. Es verdad que el cuartel de la calle General Mayandía de Zaragoza es un edificio del año 1945, que ha presentado en diversos momentos algunas deficiencias como desprendimiento de cascotes, de alguna baldosa o algún ladrillo, y que se han llevado a cabo una serie de actuaciones para ir paliando esos deterioros puntualmente. El ministerio tiene ya preparada una partida presupuestaria para hacer frente a una reforma más completa o integral de dicho cuartel. Es verdad que es un cuartel emblemático porque está en el centro de la ciudad y, ciertamente, parte de sus infraestructuras y espacios han perdido funcionalidad y requieren una adaptación. Hay que modernizar algunos espacios utilizados por los funcionarios y ciudadanos que acuden allí a realizar determinadas gestiones. Y en nuestro grupo parlamentario claro que estamos dispuestos a apoyar una iniciativa que pretende acometer esas obras. Dicho esto, insistimos en que esa partida presupuestaria está ya prevista, de hecho, ayer mismo se reunió la mesa de contratación en la que ya se estudió ese proyecto. Y lo único que necesitamos es que esta Cámara apruebe unos presupuestos para dar ejecución a esa obra, algo tan sencillo como eso.
Por tanto, con un voto favorable a los presupuestos sería muy sencillo que el cuartel pudiese tener reparadas esas deficiencias. Con la partida que hay ahora reservada para esta reparación se daría cobertura a todos esos puntos que el Ayuntamiento de Zaragoza señaló como claves para la seguridad del edificio. Esa parte de la seguridad estaría ya completada, sin embargo, en el Grupo Parlamentario Popular entendemos que hay que seguir invirtiendo en el cuartel, pues hay muchísimas otras cosas que mejorar, por lo que hemos propuesto una enmienda. Estamos dispuestos a acordar una enmienda transaccional con el grupo proponente, en la que quede constancia de que nuestro grupo y todos los demás estamos dispuestos a abordar esta primera fase para cubrir ese aspecto de la seguridad, pero también, en la medida en que haya disponibilidad presupuestaria, para seguir mejorando esa infraestructura.
Por supuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyará y votará a favor de esta proposición no de ley porque es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. No en vano, ya en agosto de 2016 presentamos una pregunta dirigida al Gobierno sobre el estado en que se encontraba este cuartel y comisaría de la Policía Nacional de la calle General Mayandía. Su estado es lamentable, ruinoso y no reúne las mínimas condiciones de seguridad ya no solo para los que allí trabajan, sino también para los ciudadanos que van a hacer gestiones o, incluso, para los presos que están allí. Como se ha dicho, estamos hablando de un edificio que fue inaugurado en octubre de 1945, y que en todos estos años apenas ha recibido mantenimiento; se ha dejado y no se invertido en él; ya en el año 2014 se constató el estado lamentable en que se encuentra. Los arquitectos municipales de Zaragoza tras una inspección técnica así lo han constatado en sus informes. También hay informes sobre prevención de riesgos laborales en los que se señala que no cumple la normativa. Por tanto, es absolutamente urgente y necesario acometer una reforma integral porque estamos hablando de un edificio muy importante, en el que trabajan más de 650 agentes, alberga la comisaría del distrito centro, están los vehículos de la jefatura de la ciudad; en fin, es un edificio muy importante que no puede seguir en ese estado. Lo único que se ha hecho hasta ahora han sido pequeñas obras de mantenimiento para garantizar la seguridad, incluso de los viandantes puesto que han caído cornisas a la calle, con apuntalamientos para garantizar lo mínimo, que es que a los ciudadanos que pasan alrededor del edificio no les caiga un ladrillo, pero poco más. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos comentaba que hay una cantidad presupuestada y que si hay presupuestos... Pues bien, habrá presupuestos si el señor Rajoy cumple con su palabra y cumple con la equiparación salarial de los policías y guardias civiles con el resto de los policías autonómicos.
El señor GALEANO GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que yo no sé si pega demasiado citar a Machado y su proverbial obra Campos de Castilla en esta Comisión, pero permítanme la licencia, van a entender por qué digo esto. Parafraseando al ilustre poeta, mi infancia son recuerdos de un patio, pero no de Sevilla, sino de General Mayandía; son recuerdos de olor a taquilla de policía, un olor pegadizo, que no agradable; son recuerdos de sistemas informáticos ya por aquel entonces un tanto desactualizados; son imágenes de un gimnasio austero, de estilo soviético -permítanme la expresión-; y son recuerdos de olor sobre todo a caballeriza -los aquí presentes de Zaragoza me entenderán-, era mi brújula infalible cuando caminaba por Madre Sacramento camino de esa otra casa que era la de mi padre. Sin duda, eran otros tiempos de pañuelos de las llamadas reservas, azules en nuestro caso, pañuelos itinerantes por tantas ciudades; tantas noches familiares perdidas, tantas llamadas inesperadas que tenían como punto de encuentro este del cuartel de General Mayandía. Sí, señorías, esa es la doble condición que se reúne en mi persona, zaragozano y, además, hijo del Cuerpo de Policía, aunque más bien hablo hoy como miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Son estas causas las que me obligan a intervenir en esta Comisión, no es fácil elegir las palabras, asumir la autocrítica, exigir a quienes ahora tienen la responsabilidad y, finalmente, ser respetuoso con esas familias de la Policía zaragozana que asisten con cierta incredulidad a diversos episodios, de legítima representación política, de humana esperanza, pero también capítulos de tristes fotos de alguna manera un tanto electoralistas.
Vaya por delante, señorías, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, que nuestro grupo va a apoyar la iniciativa que han presentado sin lugar a dudas, porque está plenamente de acuerdo con el leitmotiv que la inspira. Somos responsables haciendo autocrítica en la parte que nos pueda corresponder, y somos responsables para con el conjunto de los afectados en exigir al actual Gobierno que deje las excusas de tiempos de Rubalcaba, de Mayor Oreja o de Martín Villa, y se ponga de forma urgente manos a la obra con este problema porque, señorías, no se trata de actuar con parches ni de colocar ruedas tipo galleta. Lo ha explicado bien el portavoz de la formación Confederal Unidos Podemos y otros portavoces que me han antecedido. Las denuncias de los sindicatos han sido un llamamiento para una urgente actuación. Hablamos de un estado de conservación pésimo, de una instalación obsoleta, que ponen en riesgo la actividad en su interior de los que allí trabajan y de los que allí acuden a hacer gestiones. El informe desfavorable del Ayuntamiento de Zaragoza es un hecho. Y aquí se ha manifestado ya que en las propias Cortes de Aragón se debatió esta misma iniciativa y los grupos la apoyaron, incluido, por cierto, el Partido Popular. Urge una acción inmediata. Señorías, como han visto, mis recuerdos permanecen, las caras, esos uniformes marrones, pero el cuartel se nos está perdiendo en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Señor Delgado, ¿acepta o rechaza la enmienda?
El señor DELGADO RAMOS: No aceptamos la enmienda, queremos que se vote en sus propios términos.
- SOBRE LA ANULACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA ORGANIZACIÓN QUE FOMENTA EL ODIO "HAZTEOIR.ORG". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001526).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Puig.
Bon dia. El pasado 14 de marzo el Pleno del Congreso de los Diputados votó a favor de la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la situación de las personas Lgtbi, especialmente las mujeres. En esta moción se pedía, entre otras cosas, que se revocara la declaración de utilidad pública a la asociación Hazte Oír. Recuerdo que fueron 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones. Casi un año después, nos vemos obligadas a traer de nuevo una iniciativa en este sentido, puesto que el
Gobierno se ha negado a escuchar al Congreso y ha permitido que Hazte Oír siga realizando actividades que vulneran los derechos humanos y que atacan a la comunidad Lgtbi con la denominación de asociación de utilidad pública. Según la ley, las asociaciones declaradas de utilidad pública disfrutan de exenciones y beneficios fiscales, de beneficios económicos y de asistencia jurídica gratuita. Según la ley, también la declaración de utilidad pública -y cito- exige la concurrencia de determinados requisitos, entre ellos que, en esencia, en sus fines estatutarios se promueva el interés general, repito, el interés general. Por otro lado, deben ser también asociaciones de carácter cívico, educativo, científico o cultural. Hazte Oír fue distinguida como asociación de utilidad pública por el Gobierno del Partido Popular en 2013, en concreto por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Si el Gobierno le concedió esta declaración y no la ha revocado desde entonces, es porque considera que Hazte Oír cumple con todos los requisitos legales; o sea, que el Gobierno considera que Hazte Oír es una asociación que promueve el interés general.
Veamos algunas de las acciones que Hazte Oír ha emprendido recientemente para ver qué es para el Gobierno del Partido Popular el interés general y qué acciones considera cívicas, educativas, científicas y culturales. Hazte Oír se hizo internacionalmente famosa cuando el año pasado lanzó un autobús alrededor de toda España con el eslogan: Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Que no te engañen. Este autobús, un ataque frontal a la libertad y a los derechos de los y las menores trans, recibió un rechazo unánime por parte de toda la sociedad. También ha lanzado diversas campañas contra anuncios en que aparecían familias Lgtbi, como uno de la empresa VIPS. En dicho anuncio se veía a una pareja de hombres con un perro y se leía: Que el dos por uno no te pille sin pareja. Nada más natural que una pareja de hombres, cuyo matrimonio recordemos que está legalmente reconocido en nuestro país. Sin embargo, Hazte Oír lanzó una campaña que presionaba al grupo empresarial no solo para que retirara la publicidad, sino para que -y cito- incluyera y reconociera a la familia natural entre sus estrategias de marketing. Lo mismo hizo con un anuncio del Corte Inglés en el que se veía a una pareja de hombres forrando los libros del colegio para sus hijos. Hazte Oír pidió que la empresa de grandes almacenes retirara esta publicidad que, según ellos -vuelvo a citar-, mostraba una idea extraordinariamente grave. Dos hombres ejerciendo la paternidad es una idea extremadamente grave. Esta vez tuvieron éxito y la empresa retiró el anuncio. Recientemente, Hazte Oír organizó unas jornadas en las que un escritor que responde al nombre de Richard Cohen prometía sanar la homosexualidad. Pero en el punto de mira de Hazte Oír siempre han estado los niños y las niñas. Por ejemplo, organizaron una campaña para pedir la retirada de la serie infantil Cleo de Televisión Española, puesto que en un capítulo se veía a dos mujeres contrayendo matrimonio. Según la asociación, la cadena pública tenía intención -cito- de normalizar las familias formadas por dos personas del mismo sexo e intentar hacer creer a los niños que para su desarrollo no necesitan un padre y una madre. Pero quizá la iniciativa que me parece más claramente agresiva contra niños y niñas con identidades y expresiones de género diversas, fue el reparto de cien mil guías Lgtbifóbicas en los colegios públicos y privados de Castilla-La Mancha. En un momento en el que el acoso escolar por Lgtbifobia está en el punto de mira, Hazte Oír lo fomenta. (El señor vicepresidente, Campos Arteseros, ocupa la Presidencia).
En una respuesta escrita enviada el mes de mayo pasado al diputado Ricardo Sixto Iglesias de mi grupo parlamentario, el Gobierno argumentó que únicamente podía revocar la declaración de utilidad pública a Hazte Oír -y cito- si quedara acreditado, a través del procedimiento contradictorio legalmente establecido, que ha dejado de cumplir algunos de los requisitos legales. Entendemos que el Gobierno considera que todas estas acciones que acabo de enumerar corresponden, pues, al interés general. ¿Cómo es posible que corresponda al interés general lo que es a todas luces una violación de los derechos fundamentales de las personas Lgtbi, incluidos los niños y las niñas? Recordemos al Gobierno y al Partido Popular que ninguna asociación considerada de utilidad pública puede corresponder al interés general si contraviene nuestro ordenamiento jurídico, que explícitamente reconoce el principio de igualdad y no discriminación en el artículo 14 de nuestra Constitución, si vulnera la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la Unión Europea contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que señala: Los Estados miembros deben velar porque los organismos que trabajan en pro de la igualdad estén informados y capacitados en lo que respecta a los derechos y las cuestiones que afectan de manera específica a las personas trans e intersexuales.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Por favor, le ruego que vaya acabando.
La señora GARCÍA PUIG: Sí, termino.
Quiero recordar que no es que el Gobierno no esté llevando a cabo la retirada de la declaración de utilidad pública, algunas asociaciones a las que el Gobierno ha retirado esta declaración han sido, por ejemplo, la Asociación de familias y amigos de personas con discapacidad de Canarias, la Asociación andaluza de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, el Comité de defensa de los refugiados, asilados e inmigrantes en el Estado español o la Federación de Planificación Familiar Estatal. Deseo acabar mi intervención recordando cómo estas acciones Lgtbifóbicas de Hazte Oír tienen consecuencias directas en las vidas de las personas. Hace menos de una semana lamentábamos la muerte de Ekai, un chico vasco cuya identidad de género sentida no coincidía con la que le otorgaron al nacer. Ante tanta violencia e incomprensión, la vida se volvió un lugar demasiado difícil para Ekai.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Señora diputada, se le ha acabado el tiempo.
La señora GARCÍA PUIG: Vale. Solo quiero decir que seguir ayudando a una asociación como Hazte Oír es seguir desprotegiendo a nuestros niños y niñas, y es seguir haciendo del mundo un lugar insoportable para niños como Ekai.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, señora diputada.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Guillermo Díaz.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No es la primera vez que se va a tratar en esta Cámara la idoneidad de Hazte Oír para ser considerada asociación de utilidad pública. Es más, en marzo ya se votó retirarle esta consideración por lo inapropiado de los mensajes que se vertieron por parte de esta asociación para la vida en democracia y en una sociedad moderna. Mi grupo parlamentario, Ciudadanos, votó a favor de retirar esta declaración de utilidad pública. Hoy vuelve aquí este asunto con los mismos mimbres, sin que nada haya cambiado. Es por esto que en Ciudadanos hemos propuesto una enmienda que contempla la incompatibilidad de la declaración de utilidad pública con la promoción de políticas públicas discriminatorias o proyectos con entidades en las que miembros de sus órganos de administración o integrantes activos estén vinculados con grupos terroristas. Esto extiende el objeto de la proposición no de ley a cualquier manifestación de odio en un sentido más amplio que el que se plantea en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos. Es evidente la existencia de un gran oxímoron entre la sociedad que queremos y algunas declaraciones de utilidad pública. Consideramos que resulta mucho más eficaz no indicar esta vez en la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos una asociación concreta, algo que ya se ha hecho, sino señalar las conductas que deben aparejar la retirada de la consideración de utilidad pública, de forma que no se fomente el odio en ninguna de sus manifestaciones. Si aceptan nuestra enmienda votaremos a favor y, si no, en esta ocasión nos abstendremos por haberlo votado recientemente y ser muy reiterativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, señor diputado.
Para fijación de posiciones, tiene la palabra la diputada, señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias.
La asociación ultracatólica Hazte Oír, como se ha dicho, hace de la incitación al odio su principal actividad. Una organización que en los últimos meses se ha dedicado, por ejemplo, a repartir un libro LGTBfóbico en los colegios bajo la pregunta: ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual. En lugar de fomentar el respeto y la tolerancia hacia la diversidad, no, lo que hacen es una vez más, insisto, fomentar el odio. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Luego iniciaron una campaña transfóbica bajo el título: Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Que no te engañen. Se dedicaron a recorrer distintas ciudades del Estado fomentando un mensaje transfóbico contra la dignidad de las personas, especialmente de los menores trans. Después, por si no fuera poco, de nuevo inició una campaña de fomento del odio hacia las personas Lgtbi bajo el lema: Ley mordaza Lgtbi, van a por tus hijos. Se dedican a sobrevolar en una avioneta las costas de distintos puntos del Estado con este mensaje.
El presidente de Hazte Oír ha defendido que la ley contra la LGTBfobia -que todos los grupos de esta Cámara apoyamos, salvo el Grupo Parlamentario Popular- vulnera el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos según sus valores; prohíbe que una persona de forma voluntaria reciba ayuda de un profesional para cambiar su orientación sexual e impide a los padres decidir sobre tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas que afectan a sus hijos. Pero se trata precisamente de esto, de garantizar los derechos de los menores, independientemente de que sus padres quieran que dejen de ser quienes son. De hecho, por encima del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores, debería estar siempre el derecho de todos los individuos al libre desarrollo de la personalidad, y ello incluye, evidentemente, la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
El artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, establece entre los requisitos para que una asociación pueda ser declarada entidad de utilidad pública, justamente que promueva entre otros aspectos la protección de la infancia y el fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia. Pese a que la entidad Hazte Oír está promoviendo precisamente todo lo contrario, es más, está promoviendo el odio hacia las personas Lgtbi en lugar de promover la tolerancia, atentando directamente contra la protección de la infancia, especialmente de los menores Lgtbi, el Ministerio del Interior no ha hecho absolutamente nada para revocar su consideración de entidad de utilidad pública. Por ello, a nuestro entender, el Ministerio del Interior, aunque ya sea absolutamente tarde, debe iniciar el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública a la entidad Hazte Oír, dado que dicha asociación no cumple con las finalidades que marca la ley para ser considerada como tal, así como prever acciones para evitar que dicha entidad siga fomentando el odio hacia las personas Lgtbi. Por lo tanto, Esquerra Republicana, sin lugar a dudas, va a votar a favor de esta proposición no de ley.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es la cuarta vez que se debate en Comisión este asunto. A diferencia de lo que opina Ciudadanos, nosotros sí pensamos que es pertinente la insistencia, entre otras cosas porque es de suponer que el Gobierno debería saber que los actos que atentan y lesionan la dignidad mediante acciones de humillación, descrédito o menosprecio hacia las personas o grupos de personas son ilícitos penales. Es cierto que no todas las expresiones que chocan u ofenden o que tienen ese contenido discriminatorio son constitutivas de delito, pero que los discursos y las campañas de Hazte Oír humillan y menosprecian a personas y a colectivos de personas por su orientación sexual o por su identidad de género es manifiesto. Algunas de las diatribas y ofensas a colectivos han sido frenadas por la fiscalía y eso ha llevado a que esta organización maquille los mensajes, entre otras cosas, para estar en el borde de la legalidad. Pero para la concesión de utilidad pública no se valora exclusivamente qué es constitutivo de delito, sino si los trabajos de una determinada organización son socialmente útiles, y esta es la cuestión. La aberración política es que el Gobierno del Partido Popular, a través de su Ministerio del Interior, considera que la homofobia y la transfobia de Hazte Oír es útil a la sociedad, creo que esto es lo que debería explicar el ministerio. ¿Cómo es posible que quienes interpretan en el Ministerio del Interior los criterios para la concesión de utilidad pública no vean que Hazte Oír es tenaz y persistente en causar afrenta, ofender, humillar y denostar a sectores de la población española? Quizás sea porque quienes están interpretando en el Ministerio del Interior esos criterios para la concesión de utilidad pública se tapan los ojos, mientras escudriñan inquisitorialmente a organizaciones que sí que son útiles como la Federación de Planificación Familiar. Es evidente que una cosa está correlacionada con la otra y no podemos plantear este debate sin mirar las dos cuestiones.
No vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos. Nosotros no votaríamos a favor de esa enmienda, pero, sin duda, ha llegado el momento de proponer reformas de la normativa sobre la concesión de la utilidad pública y, sobre todo, un mayor control y acotación interpretativa para aquellos que emiten los dictámenes de cara a evitar que utilicen sesgos ideológicos. Hoy lo que ocurre es que el Gobierno con su propuesta está blindando a quienes con sus campañas atentan contra derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución -esta es la gravedad del asunto-, mientras excluyen y castigan a quienes fomentan, por ejemplo, la planificación familiar que debe de ser una cosa superpeligrosa. Para entender la gravedad de la actuación del ministerio no se puede separar un hecho del otro, porque la severidad con la que se ha tratado el caso de la Federación de Planificación Familiar de España cabe
calificarla de represalia política, mientras que el trato otorgado a Hazte Oír solo es explicable desde la complicidad con los postulados de la organización. Señorías, no hay provecho ni beneficio social en fomentar discursos de odio. Otorgar la titularidad pública a esta organización es una de las irresponsabilidades más graves que ha cometido el Ministerio del Interior en esta materia. Y lo más grave es que el Gobierno al otorgar la utilidad...
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Termino, presidente.
Lo más grave es que el Gobierno al otorgar la utilidad pública a Hazte Oír se declara afín a esos postulados que son dañinos para la sociedad española.
Buscaremos un acuerdo con el resto de los grupos para tratar de presentar una iniciativa conjunta para modificar la legislación y reglamentos en esta materia, para evitar esa amplitud interpretativa que termina dando utilidad pública a quien atenta incluso contra los valores constitucionales.
Como se han incorporado ahora los portavoces del Grupo Mixto y del PNV, vamos a dar la palabra al señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Seré breve.
Yo coincido, al igual que la portavoz socialista, en que aquí no ha habido ninguna casualidad. Algún otro portavoz ha dicho que el ministerio llega tarde. Sin embargo, el ministerio no va tarde, ya que esa concesión de utilidad pública se hizo en la época de Fernández Díaz, un exministro que piensa lo que piensa, y por tanto, hay una gran coherencia en todo ello. No creo que haya casualidad ni desidia ni problemas administrativos, simplemente se ha dado soporte a una entidad con la cual se estaba de acuerdo. Eso es lo que hay.
Alguien argumentará el tema -creo que al menos aún no ha salido aquí- de la libertad de expresión, libertad expositiva, libre diálogo. No citaré las leyes porque lo han hecho ya abundantemente otros, al contrario, ya han citado la normativa legal e incluso los principios de la Constitución. Simplemente citaré a Voltaire y les diré aquello de tolerancia con los tolerantes, intolerancia con los intolerantes. Y no sigo con la cita porque va subiendo de tono y es mucho más dura. No se puede tener un diálogo civilizado con alguien que te niega la humanidad, aquí no hay libertad de expresión. Si quien tienes en frente es un fascista que te considera un ser inferior o infrahumano, o unos señores de Hazte Oír que te consideran enfermo, aquí no hay libertad. Aquí lo que hay es un problema de convivencia grave por parte de estos colectivos. Nosotros hemos insistido y hasta hemos dicho que después de la modificación del Código Penal se tendría que haber hecho una revisión de todas las asociaciones, porque es obvio que algunas entran de lleno en algunas consideraciones que el nuevo Código Penal contempla. Hazte Oír es un caso clarísimo. Ahí no existe libertad de expresión, ahí no hay libre exposición de ideas cuando lo que se expone a quien se tiene delante simplemente es que está enfermo, que no es una persona normal. En este sentido daremos de nuevo, si no me equivoco debe ser la tercera o cuarta vez, apoyo a esta proposición.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente. Asimismo, quiero darle las gracias por darme la palabra. Me coincidían en este momento tres Comisiones y no he podido estar presente.
Sin embargo, he tenido especial interés en acercarme a esta Comisión porque en el País Vasco estamos especialmente sensibilizados con los jóvenes trans. La semana pasada se suicidó en Ondarroa un adolescente porque no había podido recibir el tratamiento para frenar su pubertad. Hay otros muchos casos, supongo que los habrá en todos los sitios. Pero en el País Vasco hay un especial asociacionismo que trata de proteger y defender a estos jóvenes. La actividad de la asociación Hazte Oír se está caracterizando por sus mensajes dirigidos contra los jóvenes adolescentes trans; jóvenes que en su condición merecen una especial protección por su vulnerabilidad, como señala la exposición de motivos de la proposición, especialmente en los asuntos relacionados con su orientación e identidad sexual y de
género. No se está atacando en esta proposición -porque no es el momento ahora aunque no sé si en un futuro lo será- al derecho fundamental de asociación. Aquí no se está impidiendo el derecho de asociación de una ideología determinada, que a nosotros nos parece lo que nos parece. Aquí simplemente se está planteando la revocación de la declaración de utilidad pública, ya que el derecho de asociación es un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos, en la medida que compartimos ideología o maneras de ver las cosas. Sin embargo, la declaración de utilidad pública es un reconocimiento de la Administración reglada. Está reconocido por el ordenamiento jurídico en supuestos determinados porque no es baladí esta declaración de utilidad pública, ya que esta declaración es la que reporta una serie de beneficios fiscales y la posibilidad de beneficiarse de ayudas públicas. En este caso, creemos claramente que no se cumple uno de los requisitos que establece la normativa para la declaración de utilidad pública, al menos sobrevenidamente, no sé si en un momento inicial, que es la promoción del interés general.
Por lo que ya he señalado creemos -no me voy a alargar mucho más para no abusar de la generosidad del presidente- que las campañas que está realizando contra jóvenes y adolescentes trans la asociación Hazte Oír vulnera o contradice esa promoción del interés general, como ya he manifestado anteriormente. Por eso creemos que la Administración de oficio debiera haber revocado ya o haber iniciado el procedimiento de revocación de esa declaración de utilidad pública. No lo ha hecho hasta el momento y volvemos a sumarnos, no ha sido la primera petición en esta Cámara, a la proposición que en este caso plantea que la Administración, a instancias de esta Cámara, inicie un expediente de revisión de esta declaración de utilidad pública de esta asociación porque creemos que no merece esta declaración.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Blanco.
Con relación a esta iniciativa, ya que se ha recordado que no es un tema nuevo, quería recordarles que el pasado 12 de septiembre el propio ministro del Interior compareció en sede parlamentaria en esta Comisión para informar sobre esta misma cuestión, donde ya manifestó que las únicas vías para actuar sobre dicha asociación eran dos. La primera vía para actuar es la memoria de actividades que está obligada a presentar la asociación. En ese sentido quiero recordarles a sus señorías que la campaña de Hazte Oír, a la que se refiere la proposición no de ley, ha tenido lugar en el año 2017, por lo que la asociación todavía puede válidamente presentar esa memoria de actividades de tal ejercicio hasta el próximo 30 de junio del año 2018, fecha a partir de la cual el propio Ministerio del Interior podrá valorar si la campaña ha sido contraria al ordenamiento jurídico. En este sentido, quiero recordar que dicha asociación cumplió con el deber de presentar las cuentas y la memoria de actividades correspondientes al ejercicio de 2016 sin apreciarse ningún tipo de irregularidad. Además, como dato de interés que también el portavoz del Grupo Vasco ha mencionado, ninguna Administración pública concedió ningún tipo de subvención a esta asociación, que quiero recordar que se financia íntegramente a través de los recursos propios.
La segunda vía, que también nos recordaba el propio ministro del Interior, es la de las resoluciones de los jueces y tribunales. En este sentido, quiero recordar que la campaña de Hazte Oír, a la que se refiere esta iniciativa, fue objeto de medidas cautelares, auto del 1 de marzo de 2017 del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid y estas, consistentes en la inmovilización, fueron levantadas posteriormente por el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de julio de 2017; y la última fue del pasado 15 de septiembre, donde el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictó un auto archivando la denuncia de la fiscalía, el cual afirmaba expresamente que los mensajes del autobús no son motivos suficientes para la perpetración de un delito.
En cambio esta iniciativa pretende que el propio Ministerio del Interior, en contra de lo dictaminado por los tribunales, revoque inmediatamente la declaración de utilidad pública de Hazte Oír a causa de la citada campaña, por considerar que incita al odio, o al menos constituye una humillación o un menosprecio hacia un colectivo de personales. Les recuerdo a sus señorías que precisamente el auto de fecha de 14 de julio de 2017, en su fundamento jurídico octavo, no solo cuestiona que los hechos tengan relevancia penal sino que además ha considerado la campaña una manifestación más de la libertad de expresión. Por tanto, señorías, el ministerio no va a actuar en contra de lo establecido por los tribunales; no va a actuar al margen de lo que dictamine la justicia porque siendo prevalente el pronunciamiento judicial sería improcedente, como bien saben ustedes, iniciar un procedimiento de revocación de la declaración de
utilidad pública, sobre la base exclusivamente del criterio manifestado por un sector de la opinión pública acerca de la campaña realizada por dicha asociación. Les decía que el ministerio no va a actuar en contra de lo establecido por los tribunales y este grupo parlamentario tampoco, porque una cosa son las opiniones y otra cosa es la legalidad.
Por lo tanto, ya les adelanto que el sentido de nuestro voto va a ser en contra, por lo expuesto a lo largo de mi intervención y porque los políticos no podemos arrogarnos el papel de los jueces, aunque algunos -ya lo sé- al hilo de las intervenciones lo hagan y les guste hacerlo. Dicho esto, queremos manifestar, por un lado, que no compartimos esta campaña, tal y como hemos dicho públicamente en varias ocasiones. Hoy no es la primera vez que lo decimos, siempre hemos dicho que no nos gusta esa campaña. Quiero recordarles que fue precisamente la Delegación del Gobierno de Madrid quien denunció ante la fiscalía los mensajes del autobús en cuestión.
Para finalizar, señor presidente, quiero reiterar una vez más que la sexualidad jamás debe ser objeto de confrontación en la sociedad y mucho menos cuando hablamos de niños. Queremos mostrar nuestra más absoluta repulsa ante cualquier agresión o discriminación de índole que sea, porque así siempre lo hemos hecho desde el Partido Popular, condenando todo tipo de discriminaciones, todo tipo de odios y todo tipo de ofensas, sin complejos y sin dobles vara de medir, porque en ocasiones nos rasgamos las vestiduras cuando se acosa a unas personas, y no lo hacemos cuando se acosa a otras. Les puedo asegurar que este grupo parlamentario y este Gobierno...
La señora BLANCO GARRIDO: ... tienen un firme compromiso -finalizo ya- en la lucha contra los delitos de odio y la discriminación a colectivos como el Lgtbi, recordando que han sido muchas las medidas, y más que se van a adoptar, para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos de todas y cada una de las personas.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ¿acepta o rechaza la enmienda?, ¿se vota en sus términos?
La señora GARCÍA PUIG: En sus términos, no la aceptamos.
- SOBRE MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA GRAVE SITUACIÓN DE ROBOS EN EL CAMPO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000388).
El señor PRESIDENTE: Señorías, les anuncio que la votación no se producirá antes de las doce de la mañana.
Pasamos al 7.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, por el Grupo Socialista, señor Serrada.
Como se ha dicho ya, al menos en dos intervenciones en esta Comisión, no es la primera vez que hoy hablamos de temas que ya han venido a la Comisión. Yo creo que esto es algo indicativo y que el Gobierno debería tomar buena nota sobre qué es lo que se hace en la Comisión de Interior, qué se debate, qué se aprueba y luego qué se ejecuta, en función de lo que este Congreso insta al Gobierno. Sé que este problema de los robos en el campo es un problema reiterativo, no solo en cuanto a proposiciones no de ley, sino también a preguntas o intervenciones que ha habido de distintos grupos parlamentarios a lo largo de esta legislatura.
Quería introducir un elemento nuevo en el debate, porque yo creo que es interesante que en el Parlamento vayamos introduciendo nuevos factores, nuevos ítems, en lo que creo que debería ser un debate en torno a la seguridad pública. Hablamos mucho de despoblación, hablamos mucho de carencias en el medio rural, hablamos de la falta de sanidad, de la educación, de los problemas que hay para acceder a los servicios sociales, de los problemas que hay para acceder a servicios básicos, pero a veces nos olvidamos del problema de la seguridad. Sin embargo, la seguridad como bien público es derecho de
todos los ciudadanos y todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a ese bien en igualdad de condiciones. Desde el Gobierno se está impidiendo que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a este bien; un bien necesario y un bien importante para garantizar la seguridad en las zonas rurales.
Desde que gobierna el Partido Popular hay 5691 efectivos menos disponibles de guardias civiles en nuestro país -estos son datos de ustedes, no son datos que nos inventemos nosotros-. Este hecho es sangrante, este hecho lo que quiere decir es que cada día que pasa hay cinco guardias civiles menos en nuestro país, y si a esto unimos el cierre de cuarteles que ustedes llevan practicando desde el año 2012, nos encontremos que hay cinco cuarteles de la Guardia Civil menos cada mes. Es decir, son datos muy preocupantes y son datos que deberían preocuparnos y hacernos reflexionar a todos.
Quiero unir la falta de seguridad al fenómeno de la despoblación de esos servicios públicos. Les voy a dar solo algunos datos de provincias en las que afecta a la despoblación y provincias en las que su principal modo de vida es el sector primario, sector que se ve muy afectado por los robos en el campo. En Teruel, desde que ustedes gobiernan, hay 105 guardias menos; en La Rioja, 195; en Segovia, 67; en mi provincia, Salamanca, 47. Hablo de efectivos disponibles, no hablo de catálogo ni hablo de otra cuestión o de otra magia estadística, sino de efectivos disponibles a final de mes. Podemos seguir por comunidades autónomas: en Andalucía, por ejemplo, hay 1084 guardias menos; en Castilla-La Mancha, 412; en Castilla y León, 560; en Galicia, la comunidad autónoma que arde por terrorismo, como ustedes hablan, hay 279 guardias civiles menos. Podríamos hablar también de los efectivos del Seprona: en Castilla-La Mancha, hay 145 efectivos menos; en Extremadura, 83; en Andalucía, 323; y en Galicia 123 efectivos del Seprona menos. Todo esto es la seguridad con la que cuentan nuestros municipios, pequeños municipios de muchas comunidades autónomas que cuentan con menos de doscientos habitantes; municipios en los que la escuela cierra, municipios en los que el médico va una vez a la semana durante dos horas o municipios en los que el último bien público, la única presencia institucional que queda es el cuartel de la Guardia Civil.
Ante todo esto mi grupo les ha venido planteando preguntas sobre qué es lo que hace el Estado para combatir este problema que afecta al medio rural, y ustedes nos dan la callada por respuesta. Ustedes nos hablan de que han puesto en marcha las unidades ROCA, pero esas unidades ni cuentan con un catálogo ni nadie sabe qué criterios objetivos hay para pertenecer a esas unidades, tampoco hay formación específica de las personas que forman esas unidades. Les voy a dar solo un ejemplo, y solo les puedo dar un ejemplo porque solo nos han contestado a una pregunta a lo largo de esta legislatura y de la anterior relativa a los efectivos ROCA. Les voy a decir, según respuesta escrita del Gobierno, cuántos efectivos ROCA dedicados a la prevención de robos en el campo hay en un municipio como El Ejido; un municipio donde ustedes saben que la mayoría de la población se dedica al sector primario, con un gran número de gente dedicada a ello. ¿Sabe cuántos efectivos existen? Hay tres efectivos, según datos del propio Gobierno. Ustedes me dirán si estos efectivos son suficientes o no para prevenir estos robos en el campo.
Desde nuestro grupo lo que pretendemos es que haya más efectivos de la Guardia Civil; lo que pretendemos es que se amplíen las plantillas; lo que pretendemos es que haya igualdad en el acceso a ese bien público, a ese servicio público como es la seguridad. A partir de aquí nosotros les hemos planteado una proposición no de ley que ya les anuncio que en sus principales puntos hemos llegado a un acuerdo transaccional con varios grupos parlamentarios. Ahora haré llegar a la Mesa la proposición, porque creemos que es un problema de primera magnitud y que afecta a amplias zonas de nuestro país; zonas donde cada vez hay más población, zonas donde cada vez hay una población más envejecida; zonas donde también se producen -no nos olvidemos de ello- casos de violencia de género y este es un hecho importante que deberíamos tener en cuenta; zonas donde la Guardia Civil realiza una labor encomiable; y zonas en las que la Guardia Civil -no porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que dicen todas las asociaciones profesionales- lo que piden son más refuerzos para poder realizar su actividad de una manera más digna.
Por el Grupo Popular, señora Borrego.
Coincidimos plenamente en una cosa con el portavoz del Grupo Socialista: la seguridad es un valor importante en nuestro país. Sin embargo, le quiero recordar que la seguridad es una de las principales
cuestiones que se valoran por parte de otros países en referencia a España. España está muy bien valorada por todos los países, incluido por los 85 millones de turistas que nos visitan, gracias a su seguridad. La seguridad es importante y tenemos que seguir trabajando para mejorarla. Por eso los cuerpos de seguridad están haciendo un trabajo encomiable, y también en el campo. Los equipos ROCA han estado haciendo un trabajo inmejorable, y yo les puedo dar datos. No sé ni los ha querido decir, o no los conoce. Los robos o delitos en el campo han disminuido de media un 16 % desde que se pusieron en marcha los equipos ROCA, en concreto, en la Comunidad de la Región de Murcia han disminuido más del 50 %. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando para mejorar las plantillas de la Guardia Civil, para mejorar las plantillas de los equipos ROCA, para mejorar y actualizar el plan de seguridad en el medio rural que se puso en marcha en mayo de 2011 y que se mejoró en 2013 con las medidas que pusieron en marcha el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura. Hay 102 equipos ROCA distribuidos por toda España, excepto en las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Por eso, hemos planteado una enmienda con unas pequeñas modificaciones, sobre todo, diciéndoles que ya estamos trabajando en ello, aunque hay que mejorarlo. No partimos de cero, partimos de unos buenos datos, pero siempre hay que mejorar la seguridad en todas nuestras infraestructuras agropecuarias. No solo estamos pensando en las grandes infraestructuras agropecuarias, sino también en las pequeñas porque son las que más necesitan ese apoyo de seguridad porque no tienen los medios suficientes para poner seguridad privada. También en nuestra enmienda les decimos que no estamos de acuerdo en incluir la cobertura de los robos en las instalaciones agropecuarias en los seguros agrarios, no por el fin en sí, sino porque esto supondría perder las ayudas que establece la Unión Europea porque no estarían dentro de las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal.
Por eso, les quiero decir que sí que apoyamos seguir trabajando en el campo por la seguridad de nuestros agricultores, por la seguridad de las personas que eligen vivir fuera de las ciudades y de los pueblos, pero en la medida en la que se está haciendo hasta ahora, con el apoyo de la Guardia Civil que está prestando a todos los sectores del campo y de una manera clara una interlocución continua y constante.
Estamos de acuerdo con los dos proponentes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, aunque a estos últimos les diría que algo de culpan también tendrán del número de efectivos de la Guardia Civil que tenemos porque han sido Gobierno, con lo cual no deberían escurrir el bulto. Efectivamente, no ha habido una buena tasa de reposición de efectivos ni ha habido un incremento de las plazas, que tendrían que estar cubiertas por efectivos de la Guardia Civil. Ahora mismo a día de hoy tenemos unos datos bastantes desalentadores, como bien ha dicho señor Serrada. Pero también le indicaré, como no ha preguntado por la Región de Murcia, que se necesita un 30 % más de la dotación de la Guardia Civil para poder hacer el servicio adecuado. No hablamos solamente de los elementos materiales y de las casas cuarteles; podríamos hablar mucho, largo y tendido, de otros temas.
Sin embargo ninguno de los dos, ni el proponente ni la señora Borrego, ha hablado de lo importante. Lo importante ya no es que faltan efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también, lo importante es que no estamos abordando lo más claro que es la prevención. Desde octubre de 2016 hemos estado haciendo preguntas porque estamos en el campo y nos preocupa el incremento de la actividad delictiva dentro del campo. Nos contestaron, como bien dice la señora Borrego, que había un plan nuevo contra las sustracciones y explotaciones agrícolas y ganaderas, que se habían creado los efectivos ROCA. Estoy con usted en que necesitan personal y también necesitan especialización, que tampoco se dice que la necesitan y han sido incluidos dentro de los efectivos sin ninguna especificación.
Si hablamos de Seprona y de las necesidades de otros tipos de cuerpos, iríamos aún más. En la respuesta que me dan a mí se indica claramente la actividad delictiva, pero lo que tenemos que controlar es a quién van a venderles los elementos robados. Es ahí donde tenemos la problemática. Tenemos que controlar las chatarrerías y los mercadillos porque además tenemos un problema de seguridad alimentaria porque esos productos que han sido robados pasan a mercadillos, sin tener un control de seguridad alimentaria. Hay que estar en la prevención y la prevención está en el punto décimo de su proposición no de ley. Por tanto, tenemos que orientarnos a prevenir estos actos delictivos. ¿Cómo? Abundando y
presionando a aquellas personas que van a comprar los elementos que han sido sustraídos. Además hay un problema mayor porque últimamente las bandas que están efectuando este tipo de hurtos y robos son bandas especializadas, bandas tremendamente peligrosas con elementos de última tecnología, que van muy por delante de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, van muy por delante de la Guardia Civil porque tienen pocos medios y ellos van con unos medios más avanzados, con lo cual se permiten hacer estos robos sin que prácticamente los puedan detener.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Termino en un segundo.
Otro problema son los robos ad hoc. Ya no van a robar solamente elementos desde el punto de vista alimentario, sino que van a robar motores, furgonetas, remolques o grupos electrógenos, todos elementos ad hoc, pedidos a medida para esta gente. Por tanto, apoyaremos la transaccional de la proposición no de ley porque efectivamente creemos que los seguros agrarios irían en contra de nuestra disposición de la Unión Europea. Seguiremos apostando siempre, por supuesto, por la encomiable labor que hace nuestra Guardia Civil en el mundo rural.
Por el Grupo de Unidos Podemos, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, presidente.
Señorías, robar es apropiarse de bienes ajenos, apropiarse de la riqueza generada por otros. Y en el campo, en España, quienes principalmente se apoderan de la riqueza generada por los agricultores, más allá de los robos que se producen directamente de los bienes, son quienes hacen que los precios que se les paga sean de risa por el trabajo que van desarrollando.
Dicho esto no quiero minusvalorar la acción de los robos entre los atentados contra la propiedad, la apropiación de cosechas o de elementos propios del cultivo. Si ya es una cuestión complicada en determinadas zonas ricas de nuestro país, o con una agricultura más desarrollada, imagínense en zonas que padecen toda una serie de problemas añadidos como es la despoblación o una agricultura o ganadería de subdesarrollo. Para mi grupo parlamentario el principal problema que hay que atajar, la principal limitación que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Administraciones públicas, como las administraciones locales, para luchar contra estos ataques que reciben los sufridos agricultores y ganaderos, son las limitaciones presupuestarias que el Gobierno de España viene imponiendo ya desde hace mucho tiempo: la limitación al reponer las plantillas de la Guardia Civil fundamentalmente y que las administraciones locales puedan realizar las contrataciones que consideren necesarias y estén acordes a sus recursos.
En algún momento se tendrán que levantar estos dogales que se han puesto a las administraciones públicas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para renovar sus efectivos. Contrariamente a lo que ha planteado el Grupo Parlamentario Ciudadanos con soluciones no sé si unívocas, mágicas o centradas solamente en algún aspecto concreto, como es la trazabilidad de aquello que se sustrae, o las bondades que ha planteado el Grupo Popular con respecto a que tenemos unas estadísticas magníficas en la evolución de los delitos, que muchas veces no se corresponden con la realidad por la falta de denuncia de los mismos, nosotros pensamos -ya digo- que en algún momento se tienen que eliminar esas limitaciones presupuestarias y se tienen que recuperar las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado necesarias para garantizar la seguridad. No es esa la única solución. También coincidimos en que es necesario reforzar el tema de la trazabilidad. En cuanto a la Guardia Civil, también será necesario en algún momento sentarse y ver cómo hacemos la distribución de efectivos con respecto al territorio, más allá de que algunas administraciones o incluso la propia ciudadanía estén buscando salidas por sus propios medios. Así, en algunos pueblos vemos cómo ante determinadas alarmas se acaba poniendo música por los altavoces para indicar a los vecinos un peligro inminente, en otros sitios se crean patrullas vecinales, algo que nos parece muy peligroso, o en otros pueblos se opta, sencillamente, por cortar con cadenas los caminos en épocas de cosecha para impedir el acceso de vehículos a los campos y evitar así los robos.
Mi grupo parlamentario ha coadyuvado a la enmienda transaccional que se ha planteado por el proponente, el socialista, y el Grupo Popular. Hemos añadido dos cuestiones específicas: una, que además se está desarrollando en territorio valenciano, que es innovación tecnológica a la hora de vigilar los campos, algo tan sencillo como utilizar drones, barato y que permite controlar una gran cantidad de terreno sin necesidad de desplazar efectivos personales; y también la incorporación de efectivos específicamente en momentos de cosecha, que es cuando resultan más necesarios, al objeto de que los ayuntamientos puedan mejorar sus plantillas de policía municipal e incorporarlas a estas labores. Lamentamos que no se pueda llegar a una solución en el tema de los seguros. Entendemos las limitaciones que hay por la normativa europea pero también entendemos que es una de las mejoras formas que tendrían los agricultores de poder protegerse frente a estos robos, siempre que no supusiese un incremento de los costes de forma desmesurada.
- SOBRE EL ABONO DEL GASTO POR LA ATENCIÓN SANITARIA PRESTADA POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LAS PERSONAS RECLUSAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002830).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, el número 8.º Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Cantera.
La verdad es que llevo unos días, por no decir unos meses, con lo de la baja, sin venir por estos lares, pero veo que hay cosas que no cambian, como que la culpa de lo que ha pasado hace más de seis años sigue siendo de unos y no de otros o, como, por ejemplo, algo que ya me resulta más preocupante, y es que hace un rato mi compañero David Serrada decía que tratábamos por segunda vez un tema que ya se había debatido en esta Cámara y del Gobierno no había hecho ningún tipo de caso, y con la proposición no de ley que traemos nos ocurre exactamente lo mismo, es una iniciativa que en algunos aspectos va ligada a temas que ya se han debatido en esta Comisión, que, efectivamente, fueron aprobadas pero de las que tampoco se hizo caso. Entonces, me pregunto para qué sirven a veces las reuniones que tenemos aquí, las comisiones, si el Gobierno pasa absolutamente de hacer caso de lo que se dicta en esta casa.
Pues bien, como iba diciendo, el 30 de noviembre de 2016 se aprobaba en el Congreso una proposición no de ley con el apoyo del Grupo Socialista en la que se instaba al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a continuar avanzando en las negociaciones iniciadas en el año 2004 -hace ya catorce años- en el seno del grupo de trabajo interministerial constituido al efecto y en el seno de las posteriores reuniones informativas bilaterales con la finalidad de culminar el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria de manera inmediata, de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Nuevamente, un año y tres meses después, aquí estamos demostrando la inacción del Ministerio del Interior, así como el poco respeto que tiene por las resoluciones aprobadas en esta casa no solo incumpliendo una ley sino haciendo caso omiso a lo mandatado por esta Cámara, donde reside la soberanía popular. El Grupo Parlamentario Socialista ha venido poniendo de manifiesto a través de diferentes iniciativas la nefasta y desastrosa gestión que se viene realizando por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y a la escasez de medios se une la de personal. El servicio de salud que se presta a los internos es claramente deficiente. A la falta de personal generalizado se une una falta de personal sanitario, que se halla en unos números más que dramáticos. En la actualidad, hay más de un 15 % de plazas sin cubrir, a lo que se deben sumar las propias bajas de los facultativos, lo que implica que en algunos centros no se puedan realizar los reconocimientos médicos establecidos por ley o que durante los fines de semana haya centros en los que no se preste servicio médico, siendo una constante la dispensación de medicamentos de una sola vez para toda la semana y sin que haya un control sanitario de cómo se dosifican, de modo que es el mismo interno quien decide cómo tomarlos a lo largo del día, al tiempo que se fomenta el tráfico y la venta interna de determinados medicamentos que deberían ser solo dispensados bajo estricto control facultativo.
En la iniciativa ya mencionada de 30 de noviembre de 2016 se aprobaba en su punto segundo, como consecuencia de la enmienda presentada a instancias del Grupo Parlamentario Socialista -al que represento-, que dichas transferencias a las comunidades autónomas deberían ir necesariamente
acompañadas de la correspondiente asignación financiera a las mismas por el coste real de la asistencia sanitaria que se presta a las personas reclusas y son responsabilidad de la administración penitenciaria, de acuerdo al ordenamiento vigente y como han dictado diversas sentencias de los tribunales. Y en su punto quinto se decía, literalmente: Previo a las transferencias de competencias de sanidad penitenciaria al ámbito autonómico se deben satisfacer los pagos debidos por la administración penitenciaria a las comunidades autónomas en materia de sanidad penitenciaria, poniendo fin de inmediato a la litigiosidad existente en este campo. Que el ministro del Interior dijera en el Senado que si no se había producido la transferencia de la sanidad penitenciaria era porque las comunidades autónomas no la quieren o no están de acuerdo con ella es un acto de puro cinismo. Con lo que no están de acuerdo es con la deuda que tienen que cobrar. El Gobierno de la nación lo único que ha hecho hasta ahora ha sido mandar cartas pidiendo abrir la negociación para transferir la sanidad, pero mientras tanto deja de conveniar con las comunidades autónomas y hace retirar tarjetas sanitarias a una buena parte de la población reclusa. Quiero recordar que el 30 % son extranjeros y que, por tanto, seguramente el día que abandonen la prisión residirán en España y no tendrán ningún tipo de cobertura sanitaria.
El Gobierno de la nación está dejando de reembolsar facturas y recurre a los tribunales la facturación o disposiciones de las comunidades autónomas. No voy a repetir los datos ya citados en la exposición de motivos de la PNL que nos trae aquí, señorías. No obstante, les diré que las facturas y las deudas con las comunidades autónomas aumentan mientras que el Gobierno somete a la sanidad pública y penitenciaria a la mayor de las precariedades. Eso sí, a la par fomenta allí donde gobierna la sanidad privada, y, encima, el ministro dice a las comunidades autónomas que la culpa de la no transferencia es suya. Lo cierto es que las facturas están sin pagar, los facultativos en las prisiones están sobrecargados y los internos e internas recibiendo un trato de tercera; muestra de ello es la dificultad de acceso y retraso en el caso de acceder a tratamientos. Nuevamente, tengo que citar la PNL que hace un rato he mencionado y que se aprobó aquí, señorías, en esta sede. ¡Qué perdida de tiempo tan precioso la de aprobar algo que luego no se lleva a cabo! Es un tiempo del que, por otra parte, no disponen muchos de los enfermos y enfermas que ahora mismo están internos, a los cuales se les sentenció a penas privativas de libertad pero no a penas privativas de su salud. También decía la PNL que se debía asegurar de manera inmediata y según lo dispuesto en el plan estratégico para el abordaje del virus de la hepatitis C en España la financiación necesaria para la erradicación del virus entre la población reclusa. El 40 % de los internos e internas aún siguen sin tratamiento, casi tres años después de la entrada en vigor del plan citado.
Por último, quiero remarcar el exitoso ejemplo de la única transferencia de la competencia de sanidad penitenciaria entre el Estado y una comunidad autónoma, que se hizo en junio de 2011 con un Gobierno de la nación socialista y un Gobierno también socialista en la comunidad de Euskadi, una historia de éxito sobre la que pedimos al Gobierno que se fije.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo, por favor.
La señora CANTERA DE CASTRO: Sí, señor presidente.
El resultado cinco años después es que se ha normalizado completamente la atención sanitaria a la población reclusa en los tres centros penitenciarios de Euskadi y que la continuidad asistencial entre el hospital y la atención primaria es completa. Hay acceso a la información clínica y además la calidad de la atención farmacéutica ha mejorado.
Por ello, instamos al Gobierno a abrir de manera inmediata una negociación por parte del Ministerio del Interior con las comunidades autónomas al objeto de acordar las condiciones de la financiación por parte de la administración penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los servicios autonómicos de salud a la población reclusa y reiterar el llamamiento al Gobierno de España para producir cuanto antes la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, garantizando para la transferencia a las comunidades autónomas la financiación suficiente por el coste real y efectivo de los servicios.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea.
Es verdad que no es la primera vez en esta legislatura que se trata este tema; ya se abordó, como ha señalado la señora Cantera, en noviembre, y, para empezar, quiero recordar aquí una frase de la diputada
Valmaña Ochaíta, del Grupo Popular, que nos tranquilizaba sobre el cumplimiento en esta cuestión con esta frase, textual: Ahora mismo no hay motivo para el temor, el Partido Popular se caracteriza por cumplir sus compromisos. ¡Ole, ole y ole!
De lo que se trata es también de una política de igualdad, porque, efectivamente, los presos no están condenados a la privación del derecho a la asistencia sanitaria y deben ser tratados, como todos los ciudadanos españoles, en condiciones de igualdad efectiva. Sabemos bien que el Partido Socialista es plurinacional. No sabemos muy bien cuántas naciones hay pero ya tenemos claro que es un partido plurinacional, aunque ayer se presentaran con un cartel de haciendo país explicando que van a restringir el acceso a los facultativos a las Islas Baleares por el idioma, y ya veremos cómo cubren la sanidad penitenciaria en Baleares cuando esto ocurra.
Pero señores del PP, ¿y ustedes?, ¿ustedes son partidarios de una nación de libres e iguales o son una suma de partidos regionalistas? ¿Son ustedes el Partido Popular que aprueba el cupo o el Partido Popular de Herrera y Feijóo, que se queja de eso mismo? (Rumores). Les digo esto porque a lo largo de este año han pasado varias cosas en todas las comunidades autónomas y se han votado proposiciones no de ley a este respecto, y les voy a hacer un breve resumen de lo que han hecho ustedes. En Baleares se aprobó por unanimidad; en Madrid se aprobó por unanimidad e insistiendo en lo necesario del pago previo a la transferencia; en Castilla y León no solo se aprobó por unanimidad sino que hay sentencias promovidas por el propio consejero sobre el pago del tratamiento que se ha dado a los presos; en Valencia se aprobó por unanimidad; en Asturias, sin embargo, el PP se abstuvo; en Andalucía el PP se abstuvo porque no era partidario del pago; en Canarias la votación fue unánime; el Cantabria fue por unanimidad; en Aragón también; en Murcia, sin embargo, se abstuvieron. Señores del PP, ¿quiénes son ustedes? Comprendo que son incapaces de ponerse de acuerdo con el Partido Socialista salvo para evitar la politización de la justicia o quitar los aforamientos, pero ¿son capaces de ponerse de acuerdo con ustedes mismos? Esa es la pregunta. ¿Son ustedes de los que creen que las transferencias cuestan dinero o no? ¿Son ustedes de los que creen que se debe pagar la asistencia realizada o no? Señores del PP, no pueden continuar ustedes eludiendo el cumplimiento de las leyes, los españoles ya no les creen, este es un país de libres e iguales. ¿Es una nación de ciudadanos o este es un país de caciques? Decía el clásico -y por esto vamos a votar a favor de la proposición- que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Nosotros no somos los que creemos que el grupo proponente es el hermano de Menelao, pero a pesar de eso votaremos a favor. (Aplausos).
En nombre de Podemos, tiene la palabra el señor Santos.
Intentando no ser reiterativo y adelantando ya nuestro voto favorable a la proposición no de ley del Grupo Socialista, aquí lo que ha habido durante mucho tiempo ha sido una dejación de funciones con respecto a la salud de las personas privadas de libertad, que, según el artículo 25 de la Constitución, no están privadas de ese derecho fundamental sino simplemente de todo lo que atañe a su libertad deambulatoria. Pero esto no ha ocurrido así desde hace mucho, muchísimo tiempo. Lo que sucede es que hay dos planteamientos que desde nuestro punto de vista están agravando el problema definitivamente. El primero es que desde el año 2003 se plantea la integración en el Sistema Nacional de Salud gestionado por las autonomías de todo el sistema sanitario de las personas presas, y, por lo tanto, eso está pendiente de las transferencias correspondientes en las juntas, etcétera, y en eso no se ha hecho absolutamente nada. Es verdad que nuestro grupo confederal ha sido muy activo al respecto tanto en el Senado como en el Congreso por dos resoluciones unánimes y que en bastantes comunidades autónomas se ha llevado este tema a iniciativa nuestra, aunque sin que hasta ahora esté fructificando. Pero ¿qué nos dice el Gobierno? En primer lugar, usa la teoría del pimpón, es decir, la culpa no es suya sino de las comunidades autónomas, y, en segundo lugar, hay una dejación absoluta de responsabilidades y una efectiva degradación de la sanidad penitenciaria. Y aquí entramos en el segundo problema, que es muchísimo más evidente y que se produce a partir del año 2012 y con los recortes, y es la no reposición de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras en la sanidad penitenciaria, lo que está derivando en problemas graves y evidentes de atención sanitaria. Además, el Partido Popular ha pretendido, en contra de lo que dice el reglamento penitenciario, asumir únicamente la atención primaria de las personas reclusas y derivar a las comunidades autónomas mediante el ingenioso argumento de que son personas aseguradas y no pierden esta condición por el sentido de la pena; eso sí, sin abonar un euro de esa cantidad.
Por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada vez que nosotros y nosotras decimos que se está degradando la atención porque no hay suficientes médicos y enfermeras en Ocaña, Daroca, Botafuegos o Sevilla I, donde se están dando situaciones dramáticas, incluso derivaciones a los centros de salud de atención primaria de la red sanitaria de las comunidades autónomas, ustedes tienen la tentación -y lo digo porque ya se lo hemos escuchado tanto al secretario general de Instituciones Penitenciarias como al secretario de Estado de Interior- de hacernos la comparativa de los médicos que hay en sus pueblos con relación a la cantidad de médicos que hay en un centro penitenciario. Señorías, ahórrense esa comparativa, por dos razones evidentes -lo digo por si alguien del Partido Popular tiene la tentación de exponerlo-: primero, porque la atención sanitaria que establece el reglamento penitenciario no es únicamente esa atención primaria, esa derivación, sino que hay obligaciones correspondientes a otras regulaciones del reglamento, como pasar a ver a esas personas que están aisladas o a aquellas que tienen limitaciones regimentales; y, segundo, porque, evidentemente, la prevalencia -anótense el término de enfermedades dentro de la prisión- es muchísimo mayor que la que existe fuera, y además porque existen epidemias y pandemias dentro de la prisión que no hay fuera. Por tanto, la falta de atención se puede acabar convirtiendo en un problema de salud pública no solo para las personas privadas de libertad, sino para las personas que están fuera.
El señor SANTOS ITOIZ: Por tanto, votaremos a favor de esta iniciativa, con el ruego de que ustedes hagan por fin algo, llamen a las juntas de transferencias de las comunidades autónomas y, por favor, se pongan las pilas, para que al final no pague la gente más desvalida de esta sociedad.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mateu.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, señorías, buenos días.
La verdad es que estamos trabajando en el tema y por eso no va a ser difícil apoyar esta proposición no de ley. Evidentemente, no se pueden cargar ahora todas las tintas en la actuación del Gobierno del Partido Popular, porque hay que recordar que el PP no gobernó siempre. Hay una laguna desde febrero de 2005 hasta diciembre de 2006, periodo en el que gobernó el Partido Socialista, cuando trató de dar un empuje mediante las reuniones multisectoriales, si bien después se pospusieron las reuniones bilaterales y fue un fracaso absoluto. Únicamente se establecieron las transferencias para el País Vasco, y para Cataluña no hizo falta porque ya las tenía per se, por su propio estatuto de autonomía. Y a partir de ahí empezó el sistema de los pactos bilaterales para seguir la atención sanitaria de las personas privadas de libertad.
Quiero señalar que el día 30 de noviembre de 2017 el secretario general de Instituciones Penitenciarias, el señor Yuste, compareció en esta Comisión exponiendo las ocho líneas básicas de actuación de su secretaría general. La segunda se refiere a impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria del Sistema Nacional de Salud para cumplir las previsiones imperativas tanto de la Ley General de Sanidad como de la Ley de cohesión del sistema sanitario, que ya en el año 2003 impulsaba la mejor calidad del sistema asistencial a las personas privadas de libertad con esta integración. Evidentemente, es lo que estamos haciendo. Por eso insisto en que, como estamos trabajando en esta cuestión de asunción de las competencias en materia sanitaria por parte de las comunidades autónomas, va a ser fácil apoyar esta PNL, como hicimos en otros supuestos también. En definitiva, ¿por qué digo que estamos trabajando? Porque el secretario de Estado de Interior el día 24 de marzo de 2017 ofició a todas las comunidades autónomas a pensar en la asunción de estas competencias. Insisto, la integración de las competencias sanitarias en materia penitenciaria en las comunidades autónomas es un acto voluntario, un acto por parte de las comunidades autónomas que tiene que estar regido por el propio proceso de transferencias establecido en su estatuto de autonomía.
Señorías, poco tiempo tengo en esta intervención, pero hay una relación muy interesante sobre qué comunidades autónomas se muestran dispuestas o no quieren saber nada de la asunción de las transferencias sanitarias. ¿Por qué? Precisamente porque en la época en que ha habido restricciones económicas ha sido muy complicado. Además, evidentemente, nunca ha habido dejación de funciones, porque el Gobierno del Partido Popular siempre ha cumplido en garantizar la asistencia sanitaria a todas
las personas privadas de libertad. Reitero el compromiso del Gobierno del Partido Popular como eje estratégico de actuación en esta legislatura de negociar con las comunidades autónomas el proceso de las transferencias sanitarias de las instituciones penitenciarias. Pero, insisto, no es posible la obligación a las mismas. Solo seis de las comunidades autónomas han manifestado o no han mostrado ningún interés. Hay otras, por ejemplo, como Andalucía y Aragón, que sí han contestado, pero proponiendo mecanismos alternativos, que, desde luego, no demuestran que tengan mucho interés. Asturias, Castilla y León y La Rioja han solicitado la información; Extremadura, Cantabria, Navarra y Valencia sí son favorables, en principio, pero hay que marcar con ellas un calendario de trabajo para empezar a negociar las mismas. Por eso, cuando comenzaba decía que al Gobierno del Partido Popular no le resulta complicado votar a favor de esta proposición no de ley, porque precisamente está trabajando ya en las mismas con insistencia y es uno de los ejes prioritarios de esta legislatura que las comunidades autónomas se sienten con el Gobierno de la nación para asumir las transferencias de servicios, funciones, personas y medios financieros. Reitero que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en esta Comisión de Interior.
El señor PRESIDENTE: Quiero aprovechar para dar a la señora Cantera en nombre de todos los miembros de la Comisión la enhorabuena por su maternidad y desearle lo mejor.
Vamos a votar las iniciativas según el número que tienen en el orden del día.
Por tanto, la primera votación corresponde al punto 2.º.
Punto número 3.º del orden del día. Tiene una enmienda transaccional del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Punto 4.º del orden del día. Se vota en sus propios términos.
Punto número 5.º del orden del día. Se vota en sus propios términos.
Punto 6.º del orden del día.
El punto número 7.º se vota con una transaccional del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo de Podemos.
El último punto, el número 8.º, se vota en sus propios términos.
Damos las gracias a los servicios de la Cámara.

References: real decreto 
 artículo 38
 resolución 
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 25