Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-426_2000.html
Timestamp: 2020-05-28 01:39:50+00:00

Document:
Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-426_2000]
EL TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
"10 'Convenio de Responsabilidad Civil, 1969': el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969. Por lo que respecta a los Estados Partes en el Protocolo de 1976 correspondiente a ese convenio se entenderá que la expresión incluye el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por dicho Protocolo".
Se sustituye el párrafo 4º por el siguiente texto:
"1 Por el presente convenio se constituye un 'Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992', en adelante llamado 'el Fondo', con los fines siguientes:
? 2. En el párrafo 1 i), subpárrafos b) y c), se suprimen las palabras "o del artículo 5º" y se sustituyen las palabras "15 millones de francos" por las palabras "cuatro millones de unidades de cuenta".
a) En la aplicación del párrafo 1 a) del artículo 2º del presente Convenio, la referencia al Convenio sobre Responsabilidad Civil, 1992, incluirá referencias al Convenio internacional sobre la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, en su versión original o en su forma enmendada por el Protocolo de 1976 correspondiente a ese Convenio (al que se alude en el presente artículo como 'Convenio de Responsabilidad Civil, 1969') y así mismo, al Convenio del Fondo, 1971;
a) La Secretaría del Fondo constituido en virtud del Convenio del Fondo, 1971 (en adelante llamado el 'Fondo 1971') dirigida por el Director, podrá también desempeñar las funciones de Secretaría y de Director del Fondo;
El presente Protocolo dejará de estar en vigor si el número de Estados Contratantes llega a ser inferior a tres.
Los Estados que estén obligados por el presente protocolo la víspera de la fecha en que éste deje de estar en vigor, permitirán al Fondo que desempeñe sus funciones según lo estipulado en el artículo 37 del presente Protocolo y, a estos fines solamente, seguirán estando obligados por el presente Protocolo.
Aun cuando el presente Protocolo deje de estar en vigor, el Fondo:
satisfará las obligaciones que le correspondan respecto de un suceso ocurrido antes de que el Protocolo haya dejado de estar en vigor;
podrá ejercer sus derechos por lo que hace a las contribuciones adeudadas en la medida en que éstas sean necesarias para satisfacer las obligaciones contraídas en virtud del subpárrafo a), incluidos los gastos de administración del Fondo necesarios para este fin.
La Asamblea tomará todas las medidas adecuadas para dar fin a la liquidación del Fondo, incluida la distribución equitativa, entre las personas que hayan contribuido al mismo, de cualesquiera bienes que puedan quedar.
A los efectos del presente artículo, el Fondo seguirá siendo una persona jurídica.
El presente Protocolo y todas las enmiendas adoptadas en virtud del artículo 33 serán depositados ante el Secretario General de la Organización.
El Secretario General de la Organización:
Informará a toso los Estados que hayan firmado el Protocolo o se hayan adherido al mismo, de:
remitirá ejemplares certificados auténticos del presente Protocolo a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se adhieran al presente Protocolo.
Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el Secretario General de la Organización remitirá el texto a la Secretaría de las Naciones Unidas a fines de registro y publicación de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
El proyecto de ley fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de los entonces Ministros de Relaciones Exteriores y de Minas y Energía, doctora María Emma Mejía Velez y doctor Orlando Cabrales Martínez, el día 8 de octubre de 1997. El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 423 del 9 de octubre de 1997. (folio 250)
La Comisión Segunda del Senado de la República designó como ponentes para primer debate a los congresistas Luis Alfonso Hoyos Aristizábal y Gustavo Galvis Hernández cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 496 de 1997. (folio 266)
El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 26 de noviembre de 1997 por 7 votos a favor y ninguno en contra, según certificación expedida por la Secretaría General de la misma, de fecha septiembre 14 de 1999 (folio 249).
La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por los Congresistas antes mencionados y publicada en la Gaceta del Congreso No. 523 del día 10 de diciembre de 1997. (folio 272)
El proyecto de ley con el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, legales y constitucionales, fue aprobado en segundo debate en la sesión plenaria del 16 de diciembre de 1997, acta No. 23 publicada en la Gaceta del Congreso No. 554 del 23 de diciembre del mismo año (página 15), según constancia expedida por el Secretario General de esa Corporación el día 27 de septiembre de 1999. (folios 280-281)
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el Congresista Mario Alvaro Celis (folios 91-92) y publicada en la Gaceta del Congreso No. 104 del 20 de mayo de 1999.
La ponencia para segundo debate fue presentada por el mismo representante (folios 86-87) y publicada en la Gaceta del Congreso No. 146 del 8 de junio de 1999, con lo cual se verifica el requisito al que se refiere el señor Procurador en su concepto.
El proyecto de ley, de conformidad con lo certificado por el Presidente de la Cámara de Representantes en oficio SG22 1694/99 de junio 22 de 1999 (folio 84), fue aprobado en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de esa Corporación, el día 19 de mayo, y en sesión plenaria de la misma el 15 de junio de 1999, tal como aparece registrado en la Gaceta del Congreso No. 236 del 9 de agosto de 1999. Con lo anterior se constata el cumplimiento del requisito cuya verificación solicitó el Procurador en su concepto.
El Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del tratado el día 12 de agosto de 1998.
En efecto, son dos los Protocolos que integran el instrumento objeto de revisión, ambos producidos en Londres el 27 de noviembre de 1992; el primero modifica "el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos 1969", el cual fue aprobado, junto con su Protocolo de 1976, a través de la Ley 55 del 7 de noviembre de 1989, con lo que se entiende debidamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, pues por tratarse de un instrumento tramitado y suscrito antes de 1991, esto es bajo la vigencia de la Constitución de 1886 y de la Ley 7ª. de 1944, éste no estaba sometido a control constitucional previo, el cual como lo ha señalado esta Corporación,
"...no se puede ejercer respecto de instrumentos públicos internacionales ya perfeccionados, [lo que] se entiende como un reflejo natural de la supranacionalidad en este tipo de convenios que comprometen a la Nación, como persona de derecho público internacional, en un acto en el que ha perfeccionado su voluntad y en donde ningún organismo de carácter interno, ni siquiera el órgano encargado de la jurisdicción constitucional, puede entrar a revisar aquello que es ley entre las partes, siendo tales los Estados vinculados. ..." (Corte Constitucional, Sentencia C-276 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)
El segundo Protocolo objeto de examen de constitucionalidad, enmienda "el Convenio Internacional sobre constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación de hidrocarburos, 1971", el cual fue aprobado por el Congreso Nacional a través de la Ley 257 de 1996, y previo el control de constitucionalidad que ordena el artículo 241 de la C.P, posteriormente declarado exequible por esta Corporación, junto con su ley aprobatoria, a través de la Sentencia C-359 de 1996[3], con lo cual quedó debidamente incorporado al ordenamiento jurídico nacional.
El Convenio de Responsabilidad Civil, que como se anotó antes fue aprobado por el Congreso a través de la ley 55 de 1989, "rige la responsabilidad de los dueños de los buques que causen daños por derrame de petróleo", creando un "sistema de aseguramiento obligatorio por responsabilidad", en virtud del cual el dueño del buque podía limitar su responsabilidad a un monto relacionado con el tonelaje de su barco.
"El Convenio Fondo, "... crea el Fondo Internacional de Compensación por contaminación de petróleo (Fondo IOPC) existente desde 1978, el cual es una organización intergubernamental mundial establecida con el propósito de administrar el régimen de compensación creado por el Convenio Fondo. Al Convertirse en parte del Convenio Fondo, un Estado se convierte en miembro del Fondo IOPC, del cual el 1º. de julio de 1996, 69 estados eran parte, así como 96 formaban parte del Convenio de Responsabilidad Civil (incluyendo a Colombia)."[4]
"Los Estados Partes, partícipes del "Convenio de Responsabilidad", son conscientes de los peligros de contaminación que crea el transporte marítimo internacional de hidrocarburos a granel, de la necesidad de asegurar una indemnización a la víctimas de los daños por contaminación causados por derrames y descargas de hidrocarburos de buques, dado que dicho Convenio no proporciona en todos los casos una indemnización plena a las víctimas de los daños por contaminación de hidrocarburos, y que los referidos daños no deben ser soportados exclusivamente por la industria naviera sino también por los intereses de la carga, expresan la necesidad de crear un sistema de compensación e indemnización que complemente lo establecido por el referido Convenio para asegurar una plena indemnización a las víctimas de los daños de la contaminación y exonerar al mismo tiempo al propietario de las obligaciones suplenatarias previstas en éste."[5]
" La conformación del Fondo es un desarrollo práctico del mandato consignado en el artículo 226, pues es una forma de promover la internacionalización de las relaciones ecológicas y de asegurar la cooperación de otros Estados, con miras a contrarrestar los efectos de la contaminación por el derrame de hidrocarburos en el territorio o en el mar territorial, con motivo de su transporte, y de asegurar la reparación de los perjuicios ocasionados a las víctimas de los correspondientes siniestros.
" El Convenio, consulta en un todo el sistema normativo ambiental contenido en la Constitución y al cual se hizo referencia y desarrolla los principios que rigen la responsabilidad en materia ambiental, en el sentido de que todo aquél que causa un daño al ambiente debe indemnizarlo, indemnización que comprende diferentes variables, es decir que no está sólo destinada a reparar, restaurar o sustituir los elementos ambientales afectados, sino también a minimizar o reducir sus efectos, y a reparar los perjuicios a las víctimas que han sufrido en concreto el daño."[6]
En la exposición de motivos que presentó el Gobierno ante el Congreso, se señala que los protocolos objeto de control, "ofrecen límites de compensación más altos y un alcance más amplio en su aplicación que las convenciones originales". Esta afirmación, en lo que hace al Convenio de Responsabilidad se corrobora al comparar los respectivos textos, pues se encuentra lo siguiente:
En primer lugar, en el artículo 2 del Protocolo sobre el que se ejerce control, sustituyendo las respectivas definiciones se precisan y actualizan conceptos básicos y esenciales para la implementación y operatividad de los Convenios, las cuales en los textos originales aparecían restringidas en su contenido; es el caso de los conceptos de "buque", "hidrocarburos", "daños ocasionados por contaminación", "suceso", etc.
Al efecto, el Protocolo modificatorio introduce cambios y normas complementarias con las que pretende hacer más ágiles y fluidos los distintos procedimientos aplicables, y actualiza los términos y conceptos básicos que se desarrollan en el mismo, propósito que encuentra plena justificación en las disposiciones de nuestro ordenamiento superior, que no sólo propenden por la protección integral del medio ambiente, entendido como un derecho fundamental colectivo de cuya realización depende, en gran medida, la garantía que el ordenamiento superior consagra para derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, sino que le imponen al Estado la obligación, específicamente a través del inciso segundo del artículo 79 de la Carta, de "proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines", precepto sobre el cual esta Corporación ha dicho lo siguiente:
"Del mandato constitucional consagrado en el artículo 79, se colige que es responsabilidad del Estado atender y garantizar la prestación efectiva del servicio público de saneamiento ambiental, conforme a los principios de universalidad y solidaridad. Todas esas obligaciones están dirigidas a la preservación , conservación y protección del medio ambiente, a fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general." (Corte Constitucional, Sentencia SU-442 de 1997)
De otra parte, las normas analizadas contribuyen y desarrollan el mandato constitucional consagrado en el artículo 80 superior, que le ordena al Estado "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados" y cooperar "...con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en la zona fronteriza", propósitos que encuentran plena realización en los convenios originarios y en los protocolos que los enmiendan, éstos últimos sometidos ahora a control de constitucionalidad.
"Se conviene constituir un Fondo internacional de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, cuyos fines básicos son: indemnizar a las víctimas de los daños causados por contaminación en la medida en que la protección establecida en el Convenio de Responsabilidad resulte insuficiente y exonerar a los propietarios de las obligaciones financieras suplementarias que para ello se derivan del Convenio de Responsabilidad.
"Los problemas ambientales y específicamente los factores que conducen al deterioro ambiental, no se pueden considerar en sus consecuencias, como asuntos que atañan exclusivamente a un país en particular, pues aquéllos pueden tener efectos y repercutir y por lo tanto concernir a alguno o todos los estados. Es decir, que la necesidad de preservar un ambiente sano, constituye un interés universal de los Estados. La repercusión internacional en el manejo, administración y explotación de los recursos y de los problemas ambientales, impone la necesidad de que a través de tratados o convenios internacionales se establezcan normas reguladoras de la conducta de los Estados, que apunten a facilitar, hacer operativas y viables, en todo sentido, las acciones que concierne al referido manejo y aprovechamiento y a asegurar la cooperación de los Estados en lo que concierne a la protección del ambiente y a contrarrestar las causas y efectos del deterioro ambiental. (Corte Constitucional, Sentencia C-359 de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
Como se anotó antes, el Convenio Fondo que complementa el Convenio de Responsabilidad Civil, establece un régimen de compensación para víctimas de derrames de hidrocarburos, en los casos en que la compensación derivada del Convenio de Responsabilidad Civil resulte inadecuada o insuficiente. Al efecto, creó el Fondo Internacional de Compensación por contaminación de Petróleo (Fondo IOPC), existente desde 1978, que opera "...como una organización intergubernamental mundial establecida con el propósito de administrar el régimen de compensaciones creado por el Convenio Fondo"[7], lo que implica que cuando un Estado hace parte del Convenio Fondo, como el caso de Colombia, éste se reconoce como miembro del IOPC.
"Desde su establecimiento en 1978, el Fondo IOPC se ha visto involucrado en unos 75 incidentes y ha pagado más de US$180 millones en compensaciones, incidentes éstos, en su mayoría, resueltos sin necesidad de acciones legales...". Estos pagos los realiza con los recursos que obtiene de las contribuciones obligatorias impuestas a cualquier persona que haya recibido dentro de un mismo año calendario más de 150.000 toneladas de petróleo crudo, heaby fuel oil (petróleo de contribución), en un estado Parte del Convenio Fondo, correspondiéndole a dicho Estado reportar a dichas personas.
Que se complementan los alcances del Convenio Fondo, en la medida que se establece que se cubrirán también, daños por contaminación causados por derrame de "persistent oil" de tanqueros no cargados.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 523 de 12 de agosto de 1999, "Por

References: artículo 5
 artículo 2
 artículo 37
 artículo 33
 artículo 102
 artículo 241
 artículo 226
 artículo 2
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 80