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Timestamp: 2020-02-20 08:12:14+00:00

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Los Derechos Individuales y Derechos Colectivos en la Construcción del Pluralismo Jurídico en América Latina | Farit Rojas Tudela et al. | download
Principal Los Derechos Individuales y Derechos Colectivos en la Construcción del Pluralismo Jurídico en América..
El libro "Derechos Individuales y Colectivos en la Construcción del Pluralismo Jurídico en América Latina" es una publicación basada en un evento sobre el mismo tema del día 29 de marzo de 2011, que se realizó en Sucre - Bolivia. En el libro son nueve los autores que escriben sobre el tema en sus respectivos países.
Бетоноведение. Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов очной формы обучения бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструк
y Derechos Colectivos en la
Construcción del Pluralismo
Jurídico en América Latina
Farit Rojas Tudela (Bolivia)
Horst Schönbohm (Alemania)
Fernando García (Ecuador)
Ramiro Molina (Bolivia)
Lourdes Tibán (Ecuador)
Mirva Aranda (Perú)
Coordinador: Eddie Cóndor
Área de Gobernabilidad y Democrática Comisión Andina de Juristas
D.L. 4 - 1 - 2238 - 11
Impresores & Editores “Garza Azul”
Esta publicación se distribuye sin fines de lucro, en el marco de la cooperación internacional
de la Fundación Konrad Adenauer. Los textos que se publican a continuación son de exclusiva
Fundación Konrad Adenauer (KAS). Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido con la
inclusión de la fuente.
PREFACIO.................................................................................................................. 5
PRESENTACIÓN....................................................................................................... 7
INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIÓN PREVIA...................................................... 9
DEL MONISMO AL PLURALISMO JURÍDICO:
INTERCULTURALIDAD EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL
Farit L. Rojas Tudela................................................................................................. 21
EL PLURALISMO JURÍDICO – UNA
COMPARACIÓN A NIVEL DE AMÉRICA LATINA
Horst Schönbohm....................................................................................................... 35
LA JUSTICIA INDÍGENA COMO ESPACIO DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y LOS
Fernando García Serrano........................................................................................... 43
LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS EN
EL MARCO DEL PLURALISMO JURIDICO EN BOLIVIA
Ramiro Molina Rivero............................................................................................... 53
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Waldo Albarracín Sánchez........................................................................................ 67
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA JUSTICIA INDÍGENA
Lourdes Tibán............................................................................................................ 89
COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS
LEGALES EN CENTROAMÉRICA
Guillermo Padilla Rubiano...................................................................................... 105
LA COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS DE
JUSTICIA EN COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ
Mirva Aranda Escalante.......................................................................................... 127
LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL–
Eduardo Rodríguez Veltzé....................................................................................... 141
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................... 153
ANEXO: EJES TEMÁTICOS DEL PROGRAMA DEL SEMINARIO............. 165
La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una fundación política alemana
que tiene como objetivo fortalecer la democracia a través de la formación
política en los más de 100 países en los que está presente. Por el fortalecimiento
de la democracia la KAS entiende, entre otros, la inclusión de todos los grupos
de la sociedad para una democracia plena. Es por eso que a fines del año
2005 se crea el programa regional de Participación Política Indígena (PPI),
un programa que pretende analizar y trabajar a nivel regional temas que
tienen un gran impacto para los pueblos indígenas en el subcontinente y que
apunta a fomentar la inclusión de los pueblos indígenas en procesos políticos,
económicos y sociales. Su inclusión también debe preveer el cumplimiento de
sus derechos, no sólo como individuos, sino también como colectividad. En
este sentido es importante la discusión sobre la delimitación de los derechos
colectivos: violaciones a los derechos humanos son, a manera de ver de la
KAS, inaceptables.
Es por eso que la Comisión Andina de Juristas con sede en Lima - Perú,
la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca en Bolivia y el PPI de la
Fundación Konrad Adenauer con sede en La Paz – Bolivia, organizaron un
seminario internacional sobre “Derechos individuales y derechos colectivos
en la construcción del pluralismo jurídico en América Latina”, mismo que se
llevó a cabo en Sucre - Bolivia el 29 de marzo del 2011.
El seminario tuvo como resultado el presente libro, escrito por los
expositores del mencionado evento, mismo que discute diversos aspectos de
los derechos individuales y colectivos y su importancia para la construcción
de un pluralismo jurídico democrático a lo largo de toda América Latina desde
diferentes perspectivas. Especialmente el PPI ha estado trabajando el tema del
pluralismo jurídico desde el año 2010 en cooperación con el programa regional
de Estado de Derechos de la KAS, con sede en México D.F., puesto que el tema
es complejo y se discute de manera controvertida en toda la región.
En muchos países han funcionado durante siglos de manera paralela
diferentes sistemas de administración y aplicación de justicia. La población
en su gran mayoría blanca y mestiza en las ciudades tenía acceso a la justicia
estatal ordinaria. En las comunidades indígenas se aplicaban las diferentes
formas de justicia indígena a base de los respectivos usos y costumbres. La
preferencia de la propia justicia en las comunidades indígenas no se debía
solamente a motivos culturales, sino también al hecho de que la justicia estatal
durante siglos no llegaba a las áreas rurales. El uso de la justicia indígena fue
tolerado por los Estados porque no había conflictos directos entre los sistemas
jurídicos. Pero cuando iniciaron con cada vez más intensidad movimientos
migratorios del área rural a las ciudades, las diferentes tradiciones de derecho
colisionaron. Un motivo frecuente para conflictos es la divergencia en la
percepción de facetas del derecho: mientras la justicia ordinaria basa su sistema
en el reconocimiento de derechos individuales, la justicia indígena destaca
la importancia de los derechos colectivos. En la búsqueda de consensos, la
Fundación destaca la importancia del respeto incondicional a los derechos
humanos, como mencionado anteriormente.
En el siglo 20, muchos países latinoamericanos reformaron sus sistemas
jurídicos y reconocieron los derechos específicos de los pueblos indígenas.
En 1989 se aprobó la Convención 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales que ha sido
ratificada por la mayoría de los países latinoamericanos con una importante
población indígena. La Convención 169 exige, entre otros, el reconocimiento
de los sistemas tradicionales de derecho. En 2007 fue aprobada por Naciones
Unidas la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que
también revalida el derecho a los usos y costumbres y propios procedimientos
jurídicos. Sin embargo, ambos documentos destacan como límite de la justicia
indígena el respeto a las normas internacionales de derechos humanos. La
armonización de los diferentes sistemas judiciales y el cumplimiento del
derecho internacional considerando los derechos humanos significan un gran
desafío para muchos Estados.
Los presentes trabajos significan un aporte significativo al debate
democrático y científico sobre los regimenes de derechos en el pluralismo
jurídico. A todos los autores, un agradecimiento especial por sus contribuciones.
Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y Programa Regional
de Participación Política Indígena en América Latina
Por donde miremos, el tema indígena se encuentra presente en todos
los ámbitos de discusión y aparece como una demanda de reformulación de
viejos conceptos y maneras de mirar el mundo.
En la actualidad, asistimos a un período histórico en el cual, como
sociedades nacionales, no es posible mirarnos sin reconocernos como
culturalmente diversos, como expresión de una diversidad de culturas,
costumbres, prácticas y formas de vida. La cuestión estriba en que esa
mirada ha dejado de ser una mera exaltación de nuestro folklore, ideal
para impulsar el turismo o generar insumos para estudios antropológicos.
Actualmente, vernos como distintos, como culturalmente diversos, conlleva
también redefinir el modelo de Estado y sociedad en el cual vivimos y nos
desenvolvemos. Implica reestructurar nuestra concepción de la justicia y el
Derecho, partiendo de considerar que existen tantos Derechos o sistemas de
justicia, como grupos culturalmente diversos hay.
En ese sentido, el monismo jurídico sobre el cual se fundan nuestras
repúblicas modernas, que considera a todos los ciudadanos nacionales como
culturalmente homogéneos o tendentes a la homogeneización, ha quedado
desfasado frente al reconocimiento del derecho a subsistir del “otro”, del
“diferente”, del indígena; el reconocimiento de este derecho resulta en el respeto
y el establecimiento de mecanismos para proteger las diversas manifestaciones
culturales de estos pueblos. Una de estas manifestaciones se expresa a través
de la aplicación de los mecanismos de justicia en las comunidades indígenas,
muestra de un Derecho y una concepción de la justicia propias de estos grupos
humanos. Reconocer estas prácticas conlleva admitir que nuestros Estados
se estructuran con base en el pluralismo jurídico; en el reconocimiento y
promoción de todos los sistemas jurídicos existentes.
Esta novedosa concepción del rol del Estado y del Derecho implica
dejar de lado los paralelismos jurídicos. Ya no nos regimos por estamentos
como en la Colonia, cuyo sistema separaba a los indígenas de los españoles en
“Repúblicas” distintas, como si fuéramos tan diferentes unos de los otros….
aunque carguemos con esa pesada herencia colonial hasta la actualidad.
Mi labor como Coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática de la
Comisión Andina de Juristas me ha permitido darme cuenta que son muchos
más los aspectos en los que nos parecemos que en los que nos diferenciamos.
Por ello, no podemos considerar que los pueblos indígenas representan una
suerte de “estados federados” enmarcados dentro del Estado nacional, sino
que se encuentran integrados dentro de la estructura estatal e institucional.
Nuestra labor consiste en que ese proceso de integración se realice con base
en el respeto a la condición étnica y/o cultural de estos pueblos y los derechos
que subyacen en él.
Empero, también resulta necesario definir los límites y parámetros
dentro de los cuales los pueblos indígenas pueden ejercer plenamente sus
derechos, porque tampoco la cuestión oscila en caer en un relativismo cultural
extremo, permitiendo o justificando todo tipo de prácticas que pueden resultar
atentatorias contra derechos mínimos del ser humano debido a cuestiones de
Por ello, espacios como los que nos congrega para el diálogo y su
sucedáneo en este libro, resultan fundamentales, pues permiten formular
lineamientos y pautas para integrar y articular todos los sistemas de
justicias en un modelo que sea inclusivo, que incluya a todos los ciudadanos
-indígenas y no indígenas- dentro de un modelo de Estado que reconoce
todas las concepciones de justicia existentes y que a la vez también vela por la
protección y garantía de los derechos individuales de sus miembros. Ese es el
gran reto que asumimos como institución.
Siendo el tema a tratar de carácter tan complejo, no esperamos llegar a
una única respuesta. En la riqueza de ideas y verdades nos hallamos en nuestra
diversidad. Lo importante es considerar a todas las ideas y opiniones como
igualmente valiosas. En base a esa premisa podremos construir consensos que
permitan una convivencia con base en el respeto a todas las culturas.
El objetivo del proceso que inspira este libro es analizar la relación entre
derechos individuales y derechos colectivos en la construcción de los sistemas
jurídicos pluralistas en América Latina. Así se busca promover el debate sobre
el pluralismo jurídico y sus potencialidades para mejorar la protección de
derechos de la población indígena en América Latina.
En esa perspectiva, se pretende analizar la relación existente entre las
categorías de derechos individuales y colectivos desde la perspectiva de la
teoría de los derechos humanos y el concepto de Estado de Derecho, así como
debatir los casos límite dentro de la justicia indígena, en los que se cuestiona
la vulneración de derechos individuales.
Uno de los objetivos específicos que puede vislumbrase en la presente
publicación y que es una de las tareas que las instituciones promotoras
proponen, es identificar lineamientos para la construcción de políticas que
regulen la coordinación entre los sistemas de justicia.
En esa medida, presentamos este libro de ponencias a fin de plantear
algunos elementos de la temática abordada en el Seminario Internacional
“Derechos individuales y derechos colectivos en la construcción del pluralismo
jurídico en América Latina”, realizado el 29 de marzo de 2011 en la ciudad de
Sucre, en Bolivia.
El contexto de un país como Bolivia en el que el 62,05% de la población
se identifica como miembro de alguno de los 33 pueblos indígenas que existen
en su territorio1, coloca sobre el tapete la necesidad de reflexionar sobre los
Defensoría del Pueblo. Sistema jurídico de los pueblos indígenas, originarios y comunidades
campesinas en Bolivia, La Paz, 2008, disponible en: http://www.defensoria.gob.bo/filespublicacion
es/21SistemaJuridico.pdf, revisado el 02 de febrero de 2011.
derechos de los pueblos indígenas en su dimensión individual y colectiva
y la relación entre ellos; sobre la figura de pluralismo jurídico en su fase
“plurinacional” y las implicancias del reconocimiento del mismo en el texto
constitucional de 2009.
En ese sentido, el Seminario abordó estos temas desde una perspectiva
articulada del Derecho Constitucional, Internacional de los Derechos
Humanos, Sociología del Derecho y de Derecho Comparado.
El Estado Constitucional del siglo XXI reconoce al pluralismo jurídico
como pilar o principio de su configuración, es decir, de existencia de varios
órdenes jurídicos (oficiales o no) que conviven en un mismo espacio y tiempo,
en razón de necesidades existenciales, materiales y/o culturales.
De acuerdo con Yrigoyen, el Estado de Derecho liberal del siglo XIX
caracterizado por su monoculturalidad, ha dado paso a diversos estadios
de reconocimiento del Estado plural2. En efecto, el modelo monista que
propugnaba la existencia de sistema jurídico jerarquizado y centralizado en
cada Estado, con lo cual éste era el único que podía crear normas y tener la
exclusividad en un espacio geopolítico3, ha quedado desfasado.
Así, se reconoce que en los últimos 30 años, en Latinoamérica se ha
pasado al reconocimiento del pluralismo jurídico de manera paulatina,
que se divide en tres etapas: constitucionalismo multicultural (1982-1988),
el constitucionalismo pluricultural (1989-2005) y el constitucionalismo
plurinacional (2006-2009)4.
La primera etapa supuso una serie de reformas constitucionales (19821988) que reconocen la composición multicultural de la sociedad lo que
encuentra un correlato en el derecho a la diversidad cultural, pero no hay un
reconocimiento de la existencia de otros sistemas jurídicos tan válidos como
el estatal5.
2	Yrigoyen Fajardo, Raquel. El pluralismo jurídico en la historia constitucional latinoamericana: de
la sujeción a la descolonización, disponible en: http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/destaques-do-site/3_
RYF_2010_CONSTITUCIONALISMO_Y_PLURALISMO_BR.pdf, revisado el 03 de febrero de
Cabedo Mallol, Vicente. Constitucionalismo y Derecho Indígena en América Latina, Valencia, 2004,
4	Yrigoyen, Raquel. Op. Cit.
En el segundo de los periodos mencionados se da un paso hacia
adelante y se incorpora el reconocimiento del Estado como pluricultural
y el de las jurisdicciones indígenas y el de las autoridades indígenas para
impartir justicia. Se quiebra de manera clara la noción de monismo, dado que
la producción del derecho no depende exclusivamente de los clásicos poderes
estatales como Legislativo y Judicial6.
El tercero de los periodos o el de plurinacionalidad, implica el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como naciones
antes que como culturas. Se refuerza dicho contenido, aunque ya esté
vigente en el ámbito internacional, el derecho a la libre determinación de
los pueblos lo que se traduce en “los derechos a la autonomía y jurisdicción
dentro de sus territorios, derechos de participación fuera de sus territorios,
y derecho a conformar instituciones mixtas plurinacionales en paridad”7.
Igualmente, se transversalizan los derechos indígenas a lo largo de los textos
En efecto, en la actualidad el constitucionalismo plurinacional, plantea
el reconocimiento de las diferencias al ámbito de los derechos, tanto en la
esfera de su enunciación (dogmática constitucional), y en las garantías de
ejecución y procedimientos de implementación (parte orgánica constitucional,
leyes, normas y reglamentos de aplicación)8.
De todos estos países, son Bolivia y Ecuador los que han llegado a la
tercera etapa del desarrollo del pluralismo ya que en la Constitución boliviana
de 2009 y la ecuatoriana de 2008 se consagran modelos de Estado plurinacional
al que hemos hecho referencia líneas arriba.
En efecto, las Constituciones de la Región Andina que hemos
mencionado, al igual que las de Perú y Colombia representan el tercer y
segundo periodo del reconocimiento del pluralismo jurídico en los textos
constitucionales respectivamente. Las dos últimas no configuran modelos
de Estado plurinacional pero tienen un avance significativo en cuanto al
reconocimiento de la justicia indígena como jurisdicción especializada con
manejo y estructura independiente a la de la judicatura ordinaria y a la
definición del Estado o la nación como pluricultural.
Mónica Chuji Gualinga. Diez conceptos básicos sobre plurinacionalidad e interculturalidad,
disponible en: http://alainet.org/active/23366&lang=es, revisado el 03 de febrero de 2011.
En el caso de América del Norte, la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos también ha incorporado una serie de reformas a partir de las cuales
reconoce a la nación como pluricultural y sobre la base de ello establece una
serie de derechos a las poblaciones indígenas del país; en esa lógica además
reconoce la coexistencia de sistemas normativos dentro del ámbito estatal y el
derecho de los indígenas a aplicarlos.
A diferencia de ellos, las Constituciones de los países de Centroamérica
se ubican en la primera etapa del pluralismo jurídico. En ese sentido, si bien
hay un débil reconocimiento de derechos específicos a favor de los pueblos
indígenas, no se establece algo en específico sobre la justicia indígena y/o el
Un ejemplo claro de la ausencia de reconocimiento del pluralismo
jurídico y de los derechos de los pueblos indígenas, es el texto constitucional
de Honduras. Aún cuando hay identificados siete pueblos indígenas en
el país9, el artículo 346 de la Constitución de 1982 reconoce que “es deber
del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las
comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y
bosques donde estuvieren asentada”, pero no plantea el reconocimiento del
Estado como pluricultural, tampoco los derechos específicos a favor de esta
población y mucho menos la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos.
Ahora bien, uno de los pocos países centroamericanos con avances en
la materia es Guatemala. En el cuadro precedente se ha colocado el artículo
respectivo del texto constitucional guatemalteco que reconoce el derecho a la
identidad cultural, pero no la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos en
el ordenamiento del país.
En concreto, esta invisibilización puede calificarle de monista o
asimilacionista, a pesar de que Guatemala haya ratificado el Convenio N° 169
de OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros acuerdos como
el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). No obstante
esta dificultad, se considera que estos dichos instrumentos implican el
reconocimiento del pluralismo jurídico interno al reconocer que los pueblos
indígenas pueden producir su propio derecho (derecho consuetudinario) y
tener su propia justicia.
9	Ochoa García, Carlos. Derecho Consuetudinario y Pluralismo Jurídico, Guatemala, Choslamaj,
2002, p. 149.
De acuerdo con todo lo mencionado, el análisis de los derechos de
los pueblos indígenas y su articulación con el sistema jurídico previamente
existente se hace imprescindible en los países de la Región Andina.
La incorporación de la categoría de derechos colectivos para los pueblos
indígenas genera una serie de preguntas, como su naturaleza y su vínculo
con los derechos individuales. Al respecto, el colombiano Arias señala que
la coexistencia entre derechos individuales y colectivos, ha provocado un
problema de orden teórico relativo al tipo de relación que se ha de establecer
entre ambos tipos de derechos10.
Ahora bien, de acuerdo con Stavenhagen, la relación entre este tipo de
derechos se puede entender a manera de “núcleo - periferia”. Mientras el núcleo
está representado por los derechos individuales, la periferia representa a los
derechos colectivos, y para la realización o efectivización de los primeros, se
necesita que los últimos también se cumplan11. Así, este autor concluye que los
derechos colectivos también deben ser considerados derechos humanos, y al
mismo tiempo, debiera evitarse una situación en la que éstos disminuyan algún
derecho individual12. Al poseer la misma naturaleza no serían contrapuestos,
puesto que la relación existente entre ellos es de complementariedad.
De hecho, ello concuerda con el contenido del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo que establece:
“Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en
la aplicación de este principio” (artículo 8.2).
Por lo tanto, el contenido de éste y otros instrumentos normativos de
orden nacional e internacional para la protección de los derechos humanos
Arias Arias, Jaime. Avance en el reconocimiento de derechos colectivos indígenas con el Convenio
169 de la OIT, la Declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas y en el proyecto
de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas., disponible en: http://www.
docentes.unal.edu.co/grnemogas/docs/3_Arias_tr.pdf, revisado el 03 de febrero del 2011.
Stavenhagen, Rodolfo. Los derechos indígenas: Algunos problemas conceptuales, en: en Nueva
Antropología, Vol. XIII, Nº 43, México, 1992.
se configura como el “límite” o parámetro para el ejercicio de la justicia
Una vez planteados algunos elementos sobre la materia, también es
necesario hacer una revisión del estado de la cuestión en los países de la
Región Andina y Centroamérica.
Pluralismo jurídico: jurisdicción indígena, legislación y desarrollo
jurisprudencial en la Región Andina y Centroamérica
Los textos constitucionales de los países andinos, establecen que
las autoridades de los pueblos indígenas tienen competencias de
naturaleza jurisdiccional para resolver conflictos conforme a las normas
y costumbres propias de su sistema jurídico. El contenido de estos
dispositivos plantea una serie de temas que deben ser desarrollados
de manera más amplia por la vía legislativa y/o jurisprudencial. Estos
deben comprender aspectos como el de las competencias de la justicia
comunal, los límites de la actuación de la justicia comunal, su vinculación
con los derechos humanos y/o fundamentales y la articulación de ésta
con el sistema de justicia ordinario.
Sin embargo, el marco jurídico de los países andinos, no han tenido
desarrollos amplios sobre la materia. Esta omisión por parte de los
Estados genera un paralelismo jurídico que es inadmisible en el modelo
unitario de Estado que propugnan los textos mencionados, que a su vez
reconocen el paradigma de la interculturalidad y la diversidad y los
incorpora al ámbito social, institucional y jurídico de los países.
En el caso de Bolivia, la Asamblea Legislativa ha promulgado
recientemente la Ley de Deslinde Jurisdiccional, pero ello ha despertado
severas críticas por parte de muchas organizaciones indígenas por las
limitaciones impuestas en cuanto a sus competencias materiales; las
que en su opinión, restringen injustificadamente el derecho al Derecho
propio de estas poblaciones originarias.
En el caso ecuatoriano, se viene discutiendo actualmente la elaboración
de una norma de coordinación entre la justicia indígena y la justicia
estatal, aunque ya se han producido algunos avances legislativos a
través de la dación del Código Orgánico de la Función Judicial en el
año 2009. Esta ley establece algunos lineamientos de coordinación entre
sistemas, pero sin el desarrollo y alcances que tendría una ley específica
Por su parte, en Colombia y Perú no se cuenta con propuestas a nivel
del Legislativo, pero se han desarrollado algunos lineamientos desde
la jurisprudencia, especialmente en el caso colombiano a través de la
En el caso de Guatemala, los Acuerdos de Paz de 1996 contemplaban el
diseño de un sistema nacional de justicia que respondiera a un modelo
de Estado pluricultural. A partir de ello y de la ratificación del Convenio
Nº 169 de la OIT, se pretendió establecer mecanismos de coordinación
con la justicia indígena. Así en 1997, se creó la figura de los Juzgados de
Paz Comunitarios13.
Si bien los Juzgados de Paz Comunitarios, que imparten justicia
penal, están compuestos por jueces indígenas, éstos deben resolver
casos aplicando el derecho oficial, o en su caso con arreglo a “los usos
y costumbres”. Otra de las críticas planteadas a esta institución es
el hecho que el nombramiento de los jueces está a cargo de la Corte
Suprema de Justicia, lo que colisiona con la elección de autoridades que
la comunidad ha realizado. Finalmente, el hecho que se exija que el juez
sepa hablar español también ha sido criticado por quienes consideran
que ésta sería una imposición del sistema occidental sobre el sistema
normativo de los pueblos indígenas.
En ese sentido, la justicia indígena guatemalteca se articula dentro de
un esquema de subordinación, antes que de coordinación. En concreto,
se ha partido de criterios jurídicos monistas o asimilacionistas, pues
siempre se hace depender la eficacia de la justicia comunitaria de su
adecuación a las leyes propias del sistema estatal14.
En el caso de México, la Constitución Nacional reconoce la coexistencia
de diversos sistemas normativos, la competencia de la autoridad
indígena para impartir justicia conforme a estos con el límite de la
Due Process of Law Foundation. Memoria del Seminario Taller Justicia de Paz y Derecho
Indígena: Propuesta De Coordinación, Guatemala, 2004, disponible en: http://www.dplf.org/
uploads/1184703719.pdf, revisado el 03 de febrero de 2011.
protección de los derechos individuales y de las mujeres, e impone un
mandato al legislador para que establezca los casos y procedimientos
de validación por los jueces o tribunales correspondientes, es decir, para que
diseñe un sistema de articulación entre dichas jurisdicciones, sin embargo, esa
es aún una tarea pendiente.
En ese contexto también se resalta la experiencia del Estado de Oaxaca.
Al respecto, su Constitución Política reconoce la existencia de diversos
sistemas jurídicos normativos y de la justicia indígena y el derecho de los
pueblos a ejercerla. Asimismo, señala que es una ley la que establecerá
los casos y formalidades en que proceda la jurisdicción mencionada y
las formas de homologación o convalidación de los procedimientos,
juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias.
Así, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Oaxaca (LDPCIO), expedida en 1998 y reformada en
2001, establece las competencias de la jurisdicción indígena, garantías
procesales para los detenidos y la figura de la homologación o
convalidación de las decisiones de la autoridad indígena por cuenta
de las autoridades de la jurisdicción ordinaria cuando se sometan a su
consideración, salvo que aquellas contravengan la Constitución General
En líneas generales, la construcción de relaciones entre la jurisdicción
ordinaria y la indígena debe responder a una noción de articulación y
coordinación antes que a una lógica de imposición y/o subordinación
por parte del “sistema oficial”. Por ello, las experiencias mencionadas
deben ser contrastadas, examinadas y repensadas a la luz de la noción
Los linchamientos y la justicia indígena
La problemática de los linchamientos o “justicia por mano propia” es
un tema común en la Región Andina y en Centroamérica y en algunos
casos se identifica a la población indígena como la principal autora de
dichos ajusticiamientos.
Al respecto, la Misión de Veriﬁcación de las Naciones Unidas
(MINUGUA) en Guatemala constató un promedio de 421 casos de
linchamiento con 817 víctimas entre 1996 y el 2001; del total de víctimas,
215 fueron asesinadas15.
En el caso del Perú, de acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional,
sólo entre enero y octubre de 2005 se produjeron 182 linchamientos,
ocasionando la muerte de 27 personas16.
En el caso de Bolivia, entre 2009 y 2010 la oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas, da cuenta que durante el 2009 ocurrieron
71 casos de linchamiento, con un saldo de por lo menos 15 personas
muertas y en el primer semestre del 2010 se registraron 36 casos en los
que fueron asesinadas 15 personas17.
A partir de este contexto, se han generado algunas discusiones sobre lo
que se entiende por justicia indígena y por linchamientos en el marco de
los ordenamientos jurídicos vigentes en estos países.
Suele identificárseles como sinónimos a la justicia indígena y a los
linchamientos. A partir de ello, se generan discusiones entre un supuesto
“derecho colectivo a la violencia” -manifestación de la justicia indígenaversus el derecho a la integridad de la víctima de ajusticiamiento.
No necesariamente hay identidad entre ambos. Creemos que se tratan
de instituciones distintas. El linchamiento, tal como lo señala el Defensor
del Pueblo de Bolivia, es antes un delito que una manifestación del
ejercicio de la justicia indígena18.
Ahora bien, el linchamiento en sí no es administrado por ninguna
autoridad de los pueblos o comunidades que tenga reconocimiento
Fernandez García, María Cristina. Lynching in Guatemala, Fellow, Weatherhead Center for
International Affairs, Harvard University, June 2004, p. 14.
Lovatón Palacios, David. Acceso a la Justicia: Llave para la gobernabilidad democrática, Lima, 2007,
disponible en: www.justiciaviva.org.pe
Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Comunicado de Prensa: OACNUDH-Bolivia condena el linchamiento de cuatro policías en Uncía
y expresa preocupación por la estigmatización de la justicia indígena originaria campesina, 9 de
dentro del grupo y ante el Estado en general; tampoco cuenta con las
garantías y la propia sanción que impone, es per se ilegal.
A diferencia de dicha figura, el concepto de jurisdicción indígena
se sustenta en el ejercicio de determinadas reglas y la impartición de
justicia de acuerdo al derecho de la comunidad. En apoyo de ello, Waldo
Albarracín ha señalado que dicha jurisdicción debe sustentarse en el
principio de universalidad de los derechos.
Un tema que contribuirá a diferenciar y delimitar la propia concepción
de la justicia indígena es el desarrollo legislativo y jurisprudencial sobre
la materia en cada uno de los países. De hecho, la promoción y difusión
del concepto de justicia indígena como jurisdicción especializada
contribuye a diferenciar una figura de la otra.
En ese sentido, consideramos que el ejercicio de la jurisdicción indígena
no se contrapone con la defensa de derechos individuales como la vida
o la integridad personal, entre otros.
La protección de los derechos de las mujeres en la justicia indígena
Las mujeres indígenas, además de las vulneraciones que sufren como
pobladoras indígenas, también experimentan violaciones de sus
derechos humanos específicamente relacionados a su género; es decir,
enfrentan una situación de doble discriminación. En efecto, han sido
y son víctimas de violencia sexual, física y psicológica; tienen menos
acceso a la tierra, a la educación y a la salud.
Dicha discriminación en muchos casos se legitima en la propia comunidad
con argumentos basados en el respeto a los “usos y costumbres”, la falsa
idealización del mito del “buen indígena”19, y otras figuras creadas para
explicar o justificar la subordinación y las relaciones desiguales entre
hombres y mujeres20.
Esta frase se refiere a la idea de que las comunidades indígenas viven en un mundo ideal donde
prima el respeto a la naturaleza. En esa medida, se debe respetar sus maneras de vivir sin cuestionar
si existen situaciones de desigualdad al interior de esos grupos.
CEPAL. Mujeres indígenas en América Latina: Brechas de género o de etnia, Santiago de Chile,
2005, disponible en: http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/7/21237/FCalfio-LVelasco.pdf,
revisado el 03 de febrero de 2010.
En la discusión sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena, el
derecho indígena y su articulación con el derecho estatal, debe incorporar
elementos de análisis que permitan visibilizar las situaciones de hecho
y de Derecho que generan desigualdades; y al mismo tiempo plantearse
alternativas de equiparación desde el punto de vista jurídico y político.
En ese sentido, la Constitución de Ecuador en su artículo 57, inciso 10,
dispone que el derecho indígena no debe afectar los derechos de las
mujeres, niños y adolescentes. Una disposición similar se encuentra en
el caso de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que señala
que los derechos de las mujeres se constituyen como límite del ejercicio
de la jurisdicción indígena e impartición de justicia de acuerdo con
los sistemas normativos de los pueblos. En el resto de ordenamientos
jurídicos de la Región Andina, al no existir disposiciones específicas, la
protección de los derechos de las mujeres indígenas se tiene que construir
en base al derecho a la igualdad y no discriminación. En concreto, se
deberían buscar respuestas para los casos de violencia contra la mujer,
el acceso y participación en las instituciones de la comunidad, entre
En la línea de lo expuesto anteriormente, es necesario realizar un trabajo
conjunto entre las organizaciones de los pueblos indígenas, el Estado y
los programas públicos y privados de protección de los derechos de las
Esta explicación previa permite ubicar el estado de la cuestión y mirar con
el tamiz que corresponde las ponencias que enseguida presentamos.
JURÍDICO: INTERCULTURALIDAD EN
Farit L. Rojas Tudela 21
Exergo y Localización
El título del presente texto precisa en si de un exergo y una
Entendemos por exergo una condición del discurso, pues apela al
ritmo del discurso. Ex (fuera) ergon (de la obra). Es un decir antes de decir el
discurso, se encuentra entre un afuera y un adentro del discurso. Entonces un
exergo tiene un sitio decidido que convoca a la entrada, por ello debe asediar
a lo que se propone como texto.
Nuestro exergo propone localizar el pluralismo en los márgenes de la
Lo que propicia la posibilidad del pluralismo es la posibilidad de
entender el Derecho como un tejido complejo (inte) legible a través de capas
sobre capas, pliegues sobre pliegues, hebras sobre hebras, de manera que el
Derecho sería siempre un despliegue plural, múltiple.
Y entendemos por localización a la acción hermenéutica que se sitúa en
un lugar socio-histórico determinado:
Nuestra localización propone situarnos en el desarrollo de un
constitucionalismo latinoamericano, entendido como la experiencia de
nuestras constituciones latinoamericanas y específicamente del desarrollo
más reciente a partir de las constituciones de Ecuador y de Bolivia (la CPE
más reciente), ésta última aún más insistentemente pues consideramos que es
la que abre con mayor fuerza el tema del pluralismo jurídico.
Profesor titular de Teoría del Estado y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.
Del monismo al pluralismo jurídico: interculturalidad en el estado constitucional
Introducción: Monismo y Pluralismo
Por monismo jurídico entendemos a un solo productor soberano del
Derecho, así como un solo sistema jurídico. El monismo, en consecuencia, es el
reflejo de una postura central del poder, que deposita la soberanía en el Estado,
tanto como único productor y dador de normas, tanto como un administrador
de justicia. Es, en consecuencia, una manera de concebir el poder.
Por pluralismo jurídico entendemos una pluralidad de soberanos,
así como pluralidad y variedad de sistemas jurídicos. El pluralismo, en
consecuencia, es el reflejo de una postura que disemina el poder, éste ya
no está aquí o allá, sino que se multiplica, se desplaza, haciendo mucho
más complejo el entendimiento de la soberanía, pues esta en todo caso
sería una construcción colectiva que supondría a la vez múltiples espacios
de construcción de la norma, múltiples sistemas jurídicos, y a la vez otros
espacios de administración de justicia, incluso un descentramiento del sujeto
de derecho como veremos más adelante. Ya no es el Estado en su centralidad
sino una pluralidad en movimiento.
La diferencia entre monismo y pluralismo, entonces, no es sólo
una diferencia cuantitativa de sistemas jurídicos, sino en el fondo es
una diferencia/desplazamiento en toda la lógica del constitucionalismo
moderno. Consideramos que este nuevo constitucionalismo es distinto de
las exposiciones del neo-constitucionalismo que pretende fundar el profesor
Miguel Carbonell, sino que es posible afirmar que estamos delante de un
Constitucionalismo Otro, cuyo adjetivo “Otro” hace tanto referencia a un
adjetivo como a la construcción de un sujeto diferente.
En consecuencia es posible abordar este desplazamiento del
Constitucionalismo moderno a partir de una estrategia de acontecimiento.
Modernidad del Constitucionalismo y Desplazamiento de un
Constitucionalismo – Otro.
En la modernidad, la Constitución se fue convirtiendo en un
determinado arquetipo22 jurídico, por ello podíamos decir la Constitución y
Se entiende por arquetipo a aquel modelo o forma primaria y original. Mircea Eliada señala que
se puede entender al arquetipo de la siguiente manera: “un objeto o una acción adquieren valor y
de esta forma llegan a ser reales porque participan, de una manera u otra, en una realidad que los
trasciende” (Eliade 2002, 14). Esta participación es en si el arquetipo.
no así las Constituciones. En tanto arquetipo “la Constitución” recreaba un
modelo original o primario de idea de organización política. Ya Montesquieu
caracterizaba el arquetipo al señalar que no hay Constitución sin división de
poderes23. El carácter arquetípico es por su misma naturaleza (de modelo único
y originario) monista y a la vez genera un conjunto de fuerzas centrípetas en
los procesos constituyentes dirigidas a habilitar el referido arquetipo jurídico.
Su fuerza se encuentra en la discursividad jurídica la misma que es monoreferente, es decir desarrolla como referencias misma de una Constitución el
lenguaje de la discursividad jurídica constitucional continental.
Consideramos que no nos encontramos, respecto a la Constitución
ecuatoriana y boliviana, con constituciones típicas, heredada de la tradición
republicana y del constitucionalismo continental, sino con constitucionesacontecimiento24 que posibilitan pensar en una constante expansión
constitucional. Esta fuerza (o conjunto de fuerzas) son externas a la teoría
constitucional e incluso al texto mismo de la constitución, que más bien parece
presentar una constitución con postulados aparentemente puntuales.
Los físicos, al momento de tratar la constante expansión del universo,
han apostado estos últimos años a la teoría de las cuerdas, la cual señala que
las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad estados
vibracionales de un objeto extendido llamado cuerda. Esta cuerda no sólo
puede moverse sino a la vez oscila, posibilitando comprender la posible
En un sentido similar, los postulados emergentes de los procesos
constituyentes ecuatoriano y boliviano, y su resultado aún móvil, que
denominamos nueva Constitución Política del Estado, se presentan como
Idea que finalmente se plasmará en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, el mismo que señala: “Toda sociedad en la que no esté establecida la garantía
de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.
La concepción de una “constitución-acontecimiento” hace referencia en si a un principio epistemológico: la verdad de la Constitución radica en su posibilidad de acontecimiento único, que
concierne en si a la lógica de fuerzas políticas vivas que trascienden a una interpretación dogmática,
realizada a partir de otras fuentes de interpretación constitucional. La verdad acontecimiento de la
constitución la sitúa necesariamente en el entramado de fuerzas que si bien no se explayó en el
nuevo texto, si dejó un conjunto de pautas para su realización futura. Asimismo una “constitución
–acontecimiento” abre una nueva temporalidad, una nueva forma o manera de representarnos las
temporalidades, no sólo porque el Derecho sea en si una forma o manera de temporalidad, sino
porque en tanto acontecimiento abre una nueva lógica temporal de transición como veremos más
cuerdas oscilantes con la posibilidad de prever una posible expansión
del pluriverso constitucional en nuestros países25. Este carácter oscilante
evita pensar en una constitución política como punto de llegada del poder
constituyente (ya sea trascendente o inmanente), ni tampoco pensar en un
poder constituyente que se hubiera integrado a la nueva constitución26. El
poder constituyente mantiene aún una relación viva, compleja, de exterior
constitutivo respecto al poder constituido o constitución.
El carácter oscilante de los postulados aparentemente puntuales
permite pensarlos como una fuerza vibracional expansiva del conocimiento
constitucional, que podemos encontrarlo en una institucionalidad nueva
(Estado plurinacional), una ética jurídica y políticamente nueva (vivir bien)
una territorialidad nueva (autonomías asimétricas), una legalidad nueva
(pluralismo jurídico) un régimen político nuevo (democracia intercultural,
democracia comunitaria), nuevas subjetividades individuales y colectivas
(individuos, colectividades, pueblos indígenas originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas), descentramiento del sujeto de
derecho (resguardo jurídico en tanto sujeto de derechos a la naturaleza y a los
seres vivos) y que son sólo un conjunto de pautas, de postulados en oscilación
y con una fuerza vibracional que muchas veces no coincide con otras partes
de la Constitución, en las que existe más un efecto centrípeto hacia un estado
de cosas mucho más familiar a la teoría constitucional continental27.
Es necesario que el carácter vibracional de los postulados de este nuevo
constitucionalismo, nos permita tratar una porosidad del Derecho y de los
derechos que permita a la vez construir nuevos entendimientos colectivos de
25	Utilizamos la denominación pluriverso en contraste de la noción universo, y en consecuencia sus
efectos, el pluriverso genera lo pluriverbal, es decir, la diferencia en constante transformación, en
tanto el universo genera lo universal, cuyo movimiento tiende a ser centrípeto o tiende a lo estático.
La idea de centro supone que algo se busca estar estático, busca eliminar el movimiento.
Las teorías del poder constituyente generalmente han planteado su naturaleza de tres maneras: el
poder constituyente como trascendente (Kelsen), el poder constituyente como inmanente (Rawls) y
el poder constituyente como integrado (Schmitt). En el caso boliviano, el poder constituyente aún
conserva su carácter de exterior constitutivo, de fuerza y reflujo externo que no es ni inmanente ni
integrado al nuevo texto constitucional, sino que es posible pensar en que el mismo va más allá.
La interpretación jurídica generalmente va entender su objeto desde el punto de vista eminentemente jurídico, en consecuencia ante un concepto distinto, ante una categoría ajena tenderá generalmente a cercarla, a hacerla cognoscible desde su discursividad. En este sentido la interpretación
jurídica opera de manera muy similar a lo que Boaventura denomina razón metonímica: “que se
reivindica como la única forma de racionalidad y, por consiguiente, no se dedica a descubrir otros
tipos de racionalidad o, si lo hace, es sólo para convertirlas en materia prima” (de Sousa 2006, 68)
La porosidad del Derecho hace referencia en si a su constante no
completitud en la gestión de la conflictividad y en el desarrollo de un
derecho en devenir. El carácter de “constitución – acontecimiento”, al que nos
referíamos anteriormente, permite tratar a los textos constitucionales como
el resultado de un complejo campo político en el que se trató de constituir
una nueva gramática jurídica y política y que una buena parte de las
contradicciones, vacíos y deficiencias, además de los indecibles de los textos
constitucionales, adquieren una interpretación coherente, sin dejar de ser
complejas ni completas.
Plurinacionalismo y Pluralismo Jurídico
Consideramos que el plurinacionalismo se encuentra íntimamente
ligado al pluralismo. Lógicamente el pluralismo no es sólo jurídico, sino y ante
todo político, económico, cultural, institucional28 y lingüístico. Sin embargo,
consideramos que en el reconocimiento del pluralismo jurídico se está
poniendo en juego las relaciones jurídicas de poder del Estado, que habilitan
los demás pluralismos, siempre con sus particularidades y complejidades.
Por esta razón, en este subtítulo unimos tanto al plurinacionalismo y al
pluralismo jurídico, enfatizando el carácter de ensayo interpretativo que
supone el presente texto.
En el caso boliviano, el carácter plurinacional del Estado es transversal
en todo el texto constitucional; se lo menciona 130 veces. Asimismo cabe
resaltar que no sólo caracteriza al Estado y sus instituciones, sino asimismo al
gobierno, a la diversidad, a la conciencia popular y a los criterios de elegibilidad
de magistrados, tribunos, etc. En consecuencia, es un indecible complejo y
fundamental y que creemos opera paradigmáticamente, inicialmente, como
soporte de los otros indecibles como pluralismos, descolonización, autonomías
y vivir bien, y, posteriormente, como movimiento de transformación estatal
pues los indecibles suponen flujos y reflujos, estadios vibracionales, de un
derecho en devenir.
Si lo plurinacional no puede encontrarse en si en el Derecho constitucional
(tal vez con excepción al tratamiento del federalismo plurinacional de Miguel
Caminal para las circunstancias españolas), es necesario ir en busca de este
En tanto el artículo 2 de la nueva Constitución Política del Estado reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a sus instituciones, y el artículo 30, parágrafo II,
numeral 5, señala que es un derecho de éstas a que sus instituciones sean parte de la estructura
general del Estado, estamos habilitados para hablar de un pluralismo institucional.
exterior constitutivo, que nos permita otras lecturas del fenómeno. Conforme
a nuestra estrategia de acercarnos a la comprensión de estos indecibles,
revisaremos algunas resoluciones del proceso constituyente.
Lo que está en juego en el proceso constituyente boliviano es justamente
la manera en la que se concibe el Estado, se refunda el Estado, que lo entendemos
como el núcleo duro mediante el cual se desarrolla la institucionalidad estatal,
la caracterización de la población, los criterios de elegibilidad de determinados
funcionarios públicos, el funcionamiento de la justicia, de la democracia y
del control social, las territorialidades y el desarrollo de las autonomías y
de la descentralización, etc. Véase como ejemplo el informe de minoría de
la Comisión de derechos, deberes y garantías de la Asamblea Constituyente,
que comienza señalando lo siguiente:
“Acompañamos esta propuesta de texto constitucional que corresponde al
ámbito de la Comisión, nuestras exposiciones sobre Visión en la Plenaria de la
Asamblea Constituyente y un artículo reciente y crítico sobre la propuesta de
‘Estado Plurinacional Comunitario’, que estimamos es el tema central del debate
en la Constituyente.”
Es interesante que el informe de minoría de la Comisión de derechos,
deberes y garantías, destaque inicialmente la concepción de Estado como el
tema central del proceso constituyente, pues detrás de esta concepción no
se puede alojar la filosofía política liberal, y, en consecuencia, se cancela una
manera, una forma de comprender no solamente los derechos, los deberes
y las garantías, sino a la vez la relación del Estado con la sociedad. La
forma republicana del Estado boliviano es afectada a partir de introducir el
paradigma Estado Plurinacional Comunitario, que en el fondo se refiere a la
manera en la que se gestiona esta relación Estado – sociedad.
De manera acertada, el informe de minoría mencionado retrata la
importancia de la concepción filosófica que está en juego en el proceso
constituyente. Dicho de otra manera, lo que está en juego, que habíamos
empezado a caracterizar, es la concepción misma del Estado.
En el informe de mayorías de la Comisión Visión de País, la transversalidad
del Estado plurinacional como núcleo fundante de la nueva gramática
política es mucho más enfática, es más nuclear y decisiva al manifestar en
su propuesta de artículo primero de la Constitución que “Bolivia es un Estado
Unitario Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,
social, descentralizado y con autonomías territoriales, se funda en la pluralidad y
el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico”, redacción que
proviene de la propuesta del Pacto de Unidad (un exterior constitutivo, un
afuera del proceso constituyente, propiciado por las organizaciones sociales
indígenas de Bolivia), y en parte se conserva ya en el texto de Constitución
vigente de Bolivia.
Asimismo, en la fundamentación de la propuesta de Estado Plurinacional
Comunitario, que encontramos en el informe de mayoría de la Comisión
Visión de País se señala:
“Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos hoy tenemos el
desafío de participar en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo país
fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia la construcción de un
Estado plurinacional, que trascienda el modelo de Estado liberal y monocultural
cimentado en el ciudadano individual”.
1. Lo nacional es diverso y no mono cultural
2. Su organización económica, social, jurídica y política reconoce
y articula a todas las naciones y pueblos indígenas, originarios,
campesinos y población intercultural del campo y la ciudad.
3. Respeta, garantiza y promueve la identidad, el gobierno, el
pluralismo jurídico y la integración intercultural de cada una de las
naciones y pueblos del campo y las ciudades.
4. Respeta la diversidad de formas de representación política.”
Prestemos atención a mencionada fundamentación que se realiza del
Estado Plurinacional Comunitario en Bolivia.
La voluntad constituyente entiende al Estado Plurinacional
Comunitario como una manera de de construir el Derecho de individuos y
reconstruir un Derecho de los pueblos, como sujetos colectivos. Asimismo, se
menciona enfáticamente al pluralismo jurídico pero como una comprensión
de articulación e interculturalidad, lo cual nos invita a repensar la manera de
comprender el Derecho y los derechos de distintas maneras inicialmente.
El constituyente nos pide no razonar de manera exclusiva y principal
en torno a individuos, sino debe razonarse en torno a colectividades; entonces
existe una intención de abandonar el paradigma liberal en la concepción de
derechos y avanzar a una nueva manera de comprenderlos. En este sentido,
la relación Estado - sociedad también se ve afectada, puesto que ya no son
los individuos los que realizan el pacto social, sino que se habilitan otros
sujetos, y a la vez se descentra el sujeto de derecho al habilitar en el texto
constitucional a otros seres vivos (artículo 33) como sujetos de derechos, en
consonancia con lo establecido para la naturaleza en la Constitución Política
del Ecuador (artículos 71 al 74).
El Derecho puede crear sujetos y objetos; es también una estrategia
de poder, en tanto genera saberes y verdades con efectos funcionales a los
sistemas de poder (en sintonía con lo que Foucault señala respecto a la relación
Poder - subjetividad). Esta es una reflexión interesante para observar como el
Derecho y las estrategias de poder generaron subjetividades diversas y que se
expresaron con mayor nitidez en los procesos constituyentes.
Ahora, si se debe razonar en torno a colectividades, el reconocimiento
de derechos y de protecciones jurídicas en el canon de los individuos y en el
marco de la filosofía política liberal, no transforma la construcción política
del Estado de las correlaciones de fuerza que son en si el núcleo duro de esta
legalidad, pero sí el Estado ha mudado o pretende hacerlo de un Estado-nación
liberal y monista a un Estado Plurinacional Comunitario, determinado por el
pluralismo jurídico. El núcleo duro del Derecho y de los derechos también han
mudado o pretende hacerlo a una concepción distinta a momento de tratar un
lenguaje de los derechos. En este sentido, el complejo Estado Plurinacional
Comunitario presenta un nuevo paradigma oscilante que genera y generará
transformaciones en la relación Estado – sociedad.
Este núcleo duro del Derecho y de los derechos, que parte por reconstruir
la lógica jurídica desde las colectividades y transformando el canon individual,
no supone de facto una negación de los derechos, los deberes y las garantías
comprendidos desde la filosofía del constitucionalismo liberal, primero por
que los mismos todavía se conservan en el catálogo de derechos establecidos
en las Constituciones, y segundo porque el Estado plurinacional debe habilitar
un proceso de transcrítica29 y traducción intercultural que posibilite pensar en
un pluralismo jurídico distinto a un dualismo jurídico, en el que se preste
atención a la cualidad porosa del Derecho. Sobre este punto es interesante
prestar atención a la fundamentación del informe de la subcomisión de justicia
ordinaria del Proceso Constituyente boliviano:
La transcrítica es un proceso complejo que pasa por el conocimiento de otras matrices culturales, en
el caso específico respecto a su gobierno, sus formas de administrar lo conflictos, su justicia. Es un
proceso de enriquecimiento mutuo de culturas, para autocriticarse y construir de manera colectiva
formas nuevas de vida cotidiana.
“Se pretende impregnar las normas constitucionales promoviendo principalmente
los derechos naturales fundamentales de todo ser humano con las nuevas
corrientes doctrinales el expreso reconocimiento vinculado a los derechos de los
pueblos originarios.”
Asimismo el tratamiento en la subcomisión de justicia comunitaria, en
cuyo informe se señala:
“La jurisdicción indígena originario campesina respetará los valores y
derechos fundamentales establecidos en la presente Constitución, interpretados
interculturalmente.”
La condición del tratamiento de los derechos fundamentales, entonces,
sustentan una especie de transcrítica y de traducción intercultural, entendida a
partir de esta impregnación de las normas constitucionales a partir de matrices
civilizatorias y culturales distintas, y a partir de la interpretación intercultural
de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución; todo esto de
acuerdo a la voluntad del constituyente. Debe recalcarse que mencionada
interculturalidad, en el discurso que acompaña las explicaciones de las
comisiones de la Asamblea Constituyente boliviana, trata de desmarcarse del
multiculturalismo de orden liberal.
Entonces, es necesario revisar cuáles son estas condiciones de
posibilidad de construcción del Estado plurinacional, más allá del liberalismo
El pluralismo en este contexto vendría a ser la aceptación de los
varios “otros” distintos en el sentido que se complementan y se enriquecen
mutuamente, expresada en el pluralismo jurídico.
Una corriente reciente del pluralismo jurídico, de la cual son tributarios
Boaventura de Sousa Santos, Sally Engle Ferry, John Griffiths entre otros, es
la que podemos llamar pluralismo postcolonial o nuevo pluralismo, que la
vemos destilarse en los informes del proceso constituyente. Este pluralismo
es el que acompaña como correlato a otros fenómenos, de característica
política, económica, cultural, etc. El nuevo pluralismo “no concibe los distintos
ordenamientos jurídicos como entidades separadas que pueden llegar tocarse en
algunos puntos de influencia, buscando mantener su identidad propia. Por el
contrario, sostiene que existen relaciones de intersección, mezcla e interrelación entre
los distintos sistemas jurídicos presentes en un espacio social determinado (…) los
derechos se mezclarían unos con otros, existirían préstamos y transposiciones entre
sus elementos simbólicos y materiales (…) la comunicación y la constitución mutua
de los distintos ordenamientos jurídicos serían sus principales elementos (…) Los
derechos no presentarían fronteras siempre franqueables. No serían unidades cerradas,
independientes y aisladas, sino que sus límites serían porosos, nunca plenamente
abiertos, pero tampoco totalmente cerrados. Su paradigma ya no es la costumbre o el
derecho consuetudinario; su principal manifestación es el estándar” (Ariza y Bonilla
2007, 53-54).
En esta compleja concepción de pluralismo jurídico, desde la mirada
postcolonial, encontramos la posibilidad de fusionar horizontes en lo que a
justicia se trata y a la manera de pensar los derechos, deberes y garantías desde
una esfera no necesariamente perteneciente al constitucionalismo liberal. Para
comprender la dimensión de lo que pone en juego este tipo de pluralismo,
analicemos a continuación algunas aclaraciones e implicancias del mismo.
Primero, no se debe concebir los ordenamientos jurídicos como entidades
separadas ni independientes. Esto supone que entre los ordenamientos
jurídicos se genera una compleja interrelación, no existiría independencia de
uno sobre otro, sino un criterio de interlegalidad, de mutuo enriquecimiento,
de interdependencia que posibilita pensar en una porosidad jurídica de
emergencia, en el sentido planteado por Boaventura de Sousa Santos: “es el
modo en que el futuro se inscribe en el presente y lo dilata” (Sousa 2010, 38).
Segundo, existen relaciones de intersección, mezcla e interrelación
entre los distintos sistemas jurídicos: Ninguno se mantendría “puro”
sino se transformarían de manera conjunta, mostrando cada vez más su
carácter de “incompletitud” y la posibilidad de pensar en un retorno de
la política al Derecho, en el momento de empezar a construir un nuevo
Tercero, sus elementos principales serían la comunicación y la constitución
mutua de los distintos ordenamientos jurídicos. Esto supone trabajar en estos
elementos principales, que en materia jurídica serían los principios jurídicos,
y que a la vez deban plasmarse en normativa performativa que de nacimiento
a esta interlegalidad. La comunicación y constitución mutua precisa de los
márgenes de una traducción intercultural y una hermenéutica pluritópica,
en la que los saberes se impregnarían mutuamente y generarían formas de
gestionar la conflictividad.
Cuarto, órdenes jurídicos sin fronteras, es decir, sin la explicitación de
un deslinde, sino en constante interrelación y en constante construcción de
interlegalidad, como se puede ver de manera manifiesta en los informes de
la subcomisión de justicia comunitaria, así como en los textos de proyectos
de Constitución de Chuquisaca (la Calancha) y el de Oruro, en los cuales
no se planteaba una ley de deslinde sino una comprensión intercultural del
Quinto, órdenes jurídicos porosos, es decir, con una complejidad de no
estar ni totalmente abiertos ni totalmente cerrados. El carácter de porosidad
es el que debe trabajarse para dar nacimiento a un pluralismo jurídico “post
colonial”. El carácter de porosidad que ya fue mencionado constantemente
en el presente texto debe trabajarse teórica y prácticamente, a parte de
buscar un derecho que responda en si al caso concreto más que a la legalidad
Sexto, su paradigma ya no es la costumbre o el derecho consuetudinario;
su principal manifestación es el estándar. Esto significa que no se hablaría
ya de muchos Derechos, o muchos órdenes jurídicos, sino de un solo
Derecho intercultural y un solo orden jurídico plural, abierto y en constante
construcción, en consonancia con lo señalado con los artículos 1, 9, 30, 98, 179
del texto vigente de la Constitución.
Un pluralismo jurídico “post colonial”, un pluralismo jurídico que se
adecúe a los procesos de sedimentación y acumulación histórica en nuestro
país, entonces, debe prestar atención a esta manifestación que se hace evidente
en el trabajo constituyente.
Una de las primeras consecuencias de tomar como eje paradigmático
un pluralismo jurídico post colonial, supone ingresar a repensar un Derecho
posnacional, en el que el reconocimiento de la existencia de comunidades
interculturales, afrobolivianas, pueblos y naciones indígena originario
campesinos, debe llevarnos a reflexionar en lo que se encuentra en juego
después del fin del paradigma Estado-nación; es decir, emprender una
reflexión post nacional que supone dejar sin efecto la concepción de que el
Estado sea la única fuente de Derecho, y encontrar en el Estado una síntesis
de las correlaciones de fuerzas vivas de una compleja sociedad plural. En este
sentido, el Estado existe en si como pacto y principio del Derecho en devenir, y
no como monopolio de la violencia jurídica monolítica, ni del establecimiento
de la verdad del Derecho, elemento que juega de manera fundamental a
momento de conceptualizar el lenguaje de los derechos, deberes y garantías.
Una segunda consecuencia del pluralismo jurídico “post colonial” y
“post nacional”, pasa por comprender que las divisiones de Derecho Público
y Derecho Privado quedarían en algunos momentos constitutivos (momentos
de constitución de interfase e interlegalidad), necesariamente en suspenso.
Entendamos que el Derecho Público ha sido comprendido como el conjunto
de normas que subordinan la voluntad individual, y el Derecho Privado como
el conjunto de normas que coordinan las voluntades individuales. En ambos
casos el Derecho tiene como garantía de performatividad (de subordinar o
coordinar) la fuerza y el monopolio de violencia legal en el Estado. En este
caso de construcción colectiva del Derecho, a momento de dejar en suspenso
la concepción monolítica del Estado, es necesario suspender la división
clásica del Derecho en materias, y en consecuencia generar la imposibilidad
de pensar, dentro de un pluralismo jurídico, en una supresión de materias,
pues el sólo hecho de pensar en materias supone una definición de las
mismas por parte del Estado, o por la pre configuración de un poder (que
puede expresarse en el saber jurídico29), por ello afirmamos que el pluralismo
jurídico post colonial es a la vez post nacional, y post academicista, es decir
supone en su construcción la interrelación y transcrítica de los saberes,
entendiendo la noción de transcrítica como el proceso de conocimiento entre
matrices culturales y civilizatorias y la utilización de ese conocimiento para
autocriticarse y reformar la organización y la vida política, jurídica, económica
y social de las referidas matrices culturales y civilizatorias.
Una tercera consecuencia del pluralismo jurídico “post colonial”, “post
nacional” y “post academicista”, supone comprender una nueva concepción
del Derecho, y, en consecuencia, de sus instrumentos con los que interactúa. No
puede pensarse más en que los derechos humanos, la Constitución, las leyes
y otros órdenes jurídicos son los que jerárquicamente conciben al pluralismo
jurídico, sino debe pensarse en ellos como parte de la construcción de un nuevo
Derecho, debe verse en ellos el carácter de ductilidad y transitoriedad a nueva
forma de Derecho en devenir, el cual se manifestaría siempre en su carácter
poroso. En consecuencia, un nuevo pluralismo jurídico supone la posibilidad
de intersección, mezcla e interrelación de los órdenes jurídicos que darán
nacimiento a una nueva forma de comprender el Derecho y los derechos,
Tomamos aquí la reflexión de Foucault que se resume en inteligir, percibir que detrás de un saber
existe la necesaria correlación de un ejercicio de poder, que saber y poder se precisan mutuamente,
que la prórroga de un ejercicio de poder sólo puede lograrse si a la vez se pone en funcionamiento
un determinado saber. En este sentido es necesario reflexionar que una de las condiciones fundantes
del Derecho en su praxis académica (de discurso, de disciplina, de saber) supone a la vez el ejercicio de poder.
por y en la dinámica de la sociedad plural y compleja. Esto significa dejar en
suspenso la jerarquía normativa que se traduce en la pirámide jurídica.
Entonces, estas tres consecuencias nos llevan a plantear primero una
transitoriedad del sistema jurídico boliviano, de sus instrumentos (Constitución,
leyes), sus instituciones, su base económica y su modo de producción de la
realidad, afectado y enriquecido por esta síntesis de fuerzas, saberes y praxis
política, que supone una refinada comprensión epistemológica del Derecho.
Y a la vez la posibilidad de que la Justicia, y el Derecho en si puedan salir de
la esfera monolítica estatal, no sólo abandonándola, sino que reconstruyendo
el Estado, repensando el Estado. Por ello, la importancia que atribuimos a la
revisión discursiva en la construcción del Estado Plurinacional Comunitario
de Bolivia en los archivos de la constituyente.
Esta condición de transitoriedad del Derecho y del Estado puede leerse
en el preámbulo de la nueva Constitución Política del Estado boliviana,
cuando los constituyentes manifiestan que:
“Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos
el reto histórico de construir el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Entonces debemos comprender la interculturalidad del Estado
constitucional como transcrítica, como interpretación intercultural.
No debe olvidarse que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución de
Bolivia “Bolivia se funda en la pluralidad”, es decir, la sustancia en la que se
funda el Estado boliviano supone el reconocimiento de una pluralidad previa,
anterior. Este es un dato por demás interesante, debido a que no se parte de la
unidad pueblo, sino de la pluralidad relacional que construye al Estado. Esta
pluralidad no conforma en última instancia una síntesis, sino que habilita un
proceso complejo de política, entendida esta última como democracia.
Tomando a la pluralidad como momento previo y constitutivo de la
sociedad (y del Estado), el pluralismo jurídico presenta (o se presenta en) una
acción en devenir (que llega una y otra vez), una acción en movimiento, pues
no hay forma de agotar finalmente y de manera definitiva la pluralidad del
pueblo soberano en una sola forma de organización, pues éste es en si una
polifonía de voces a momento de pluralizarse.
Esta pluralidad/multiplicidad/devenir la podemos denominar “coral”,
en el sentido de polifonía de voces. En este caso lo “coral” es partera de la
multiplicidad. La condición coral opera desde una suerte de multi lugar, pues
tiene la condición de hablar desde lo múltiple, desde el nosotros, que no se
cerraría a la unidad. Un nosotros central, departamental, regional, municipal
e indígena que tiene por condición de ser el antagonismo de la pluralidad.
Uno varios nosotros de escrituras plurales en la construcción colectiva de las
Ariza, Libardo José (2009) Derecho, saber e identidad indígena. Bogotá – Colombia:
Ed. Siglo del hombre.
Ariza, Libardo José/Bonilla, Daniel (2007) “Pluralismo Jurídico”, en Engle,
et al. Pluralismo Jurídico. Bogotá – Colombia: Ed. Siglo del
De Sousa Santos, Boaventura (2010) Refundación del Estado en América Latina.
La Paz – Bolivia: Ed. Plural.
Rodríguez Veltzé, Eduardo/Rojas Farit et al (2011) Pluralismo Jurídico y ley de
deslinde. Texto sin publicar.
Rojas, Farit (2010) (…) derechos deberes y garantías. En Documentos de la
Enciclopedia Jurídico Constitucional. Texto sin editar.
Zeballos, Mariana (2010) “El Estado Plurinacional. La Paz – Bolivia”. Tesis de
Ciencias Políticas, UCB.
COMPARACIÓN A NIVEL DE
Horst Schönbohm31
En el siglo XX, México fue uno de los primeros países en América Latina
que reconoció derechos de los pueblos indígenas. Desde entonces, tanto a
nivel nacional como internacional, se han venido introduciendo reformas
normativas que han venido a reconocer derechos específicos para los pueblos
Ausencia de una Política Pública específica sobre los Derechos de los
La brecha de implementación de los derechos de los pueblos indígenas
todavía es muy amplia, y es que a nivel práctico los derechos de los pueblos
indígenas no son efectivamente respetados ni mucho menos garantizados por
Todavía no se cuenta con políticas públicas específicas que respondan
ante este deber de respeto y garantía efectiva de los derechos de los pueblos
indígenas. Es imperante la necesidad de contar con una política que establezca
parámetros de actuación para los Estados y desarrolle de manera integral la
implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Así, las medidas
a tomarse por parte de los Estados deberán responder ante las distintas
Juez Civil y Penal ® de la ciudad de Kassel en Alemania. Representante de la Fundación Konrad
Adenauer–KAS en el Perú, Costa Rica, Venezuela, Argentina durante 17 años. Durante este período
ha iniciado en 1991 el Programa de Estado de Derecho de la KAS y en 1994 el Anuario del
Derecho Constitucional en Latinoamérica. Director Siedla de la KAS y editor de la revista trimestral
Contribuciones. Asesor Principal del Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema Procesal Penal en
Bolivia desde 1998 hasta el 2003. Asesor Principal del Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema
Procesal Penal y de la Administración de la Justicia en el Perú, desde el 2003 hasta el 30-Jun-2010.
En la actualidad, jubilado como Juez y Consultor internacional en aspecto de reformas judiciales en
El pluralismo jurídico – una comparación a nivel de América Latina
amenazas que vienen afectando la vida e integridad de los pueblos indígenas
como colectivo. Entre las que podemos señalar están:
• Los procesos de inmigración de miembros de grupos de indígenas
hacia pequeñas ciudades fuera del territorio de la comunidad y hasta
las capitales de las provincias.
• La inmigración fuerte de colonos de la zona de la sierra a la selva,
especialmente a las zonas donde hay tala ilegal de los árboles y la
minería informal, principalmente de oro. Sobre todo esto último
amenaza a las comunidades indígenas porque lleva también a la
prostitución, y como consecuencia, a la trata de personas.
• Una integración económica y social aún parcial de los pueblos
indígenas al resto del país. Así como consecuencia también una
asimilación cultural y la pérdida de la identidad cultural de los
integrantes de los pueblos, poniéndose en “jaque” las formas
tradicionales de vida y de organización en sociedad propias de estos
Es así que al formularse una política pública respecto a los derechos
de los pueblos indígenas, será decisivo a partir del reconocimiento de
los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, haciéndolos
partícipes en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas a ser
implementadas. Afirmaciones como que los pueblos indígenas son grupos
social y culturalmente atrasados, deberán ser eliminadas.
El Pluralismo Jurídico en la Región Andina
Las Constituciones de los países de la región andina como Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia y Venezuela, empiezan a reconocen el pluralismo jurídico
a partir de los años 90, reconocimiento que se ve reforzado por la ratificación
de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT (1989) y
la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (2007). De esta forma, y a través de una lectura
integral de todos estos cuerpos normativos, el derecho que tienen los pueblos
indígenas a su propio Derecho viene a ser doblemente reforzado, tanto a nivel
interno como a nivel internacional. Así, el común denominador viene a ser el
derecho de los pueblos indígenas a una cultura común y a existir, desarrollar
y regular sus propias instituciones y sus formas de vida, como, por ejemplo,
solucionando los conflictos que se susciten al interior de sus territorios. Es por
eso que se les ha reconocido a los pueblos indígenas el derecho a administrar
justicia al interior de sus territorios.
Unánimemente, todos estos instrumentos coinciden en establecer como
límite para el ejercicio de su propio derecho la no vulneración de los derechos
fundamentales del ser humano. Sin embargo, es importante precisar que
al reconocerse al interior de los Estados culturas distintas a la estatal, toda
interpretación que se busque realizar de los Derechos Humanos deberá ser una
interpretación intercultural, evitándose valorar un cultura por sobre la otra.
A pesar de este reconocimiento expreso en las constituciones e
instrumentos internacionales, sigue vigente la analogía un solo Derecho a
un solo Estado, es decir, un Estado con un solo derecho. Así el Estado sería
el único que puede administrar justicia y también el único que ostenta el
uso legítimo de la fuerza. No se ha producido un cambio de mentalidad en
los operadores judiciales respecto a que al interior de los Estados conviven
distintos Derechos, como el Derecho indígena, además del Derecho estatal.
Las constituciones disponen que una ley de coordinación es la que
vendrá a dirimir las competencias y posibles conflictos de interlegalidad entre
la justicia indígena (Derecho indígena) y la justicia estatal (Derecho estatal).
Esta disposición se convierte en una necesidad apremiante ante los conflictos
que se siguen presentando entre ambos sistemas jurídicos, conflictos que
desembocan en situaciones de violencia social.
Con frecuencia, el desconocimiento de los operadores de justicia sobre
las competencias de la justicia indígena, ha tenido como consecuencia la
persecución penal de autoridades de los pueblos indígenas por el simple
ejercicio de su propio derecho reconocido en instrumentos normativos
nacionales e internacionales. Muchas de las autoridades indígenas son
perseguidas y procesadas por delitos de privación a la libertad, secuestro o
El caso de Colombia resulta interesante, ya que si bien el artículo 246 de
la Constitución reconoce funciones jurisdiccionales a los pueblos indígenas
que habitan en su territorio, también establece límites al ejercicio de estas
funciones a lo señalado en la Constitución y las leyes de la República. Sin
embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia también ha
señalado que establecer como límite todo el cuerpo normativo constitucional
y legislativo privaría de contenido a la jurisdicción especial indígena, por lo
que ha establecido cuatro mínimos jurídicos: Derecho a la vida, prohibición de
la tortura, prohibición de la esclavitud y el principio de legalidad entendido
desde una principio intercultural. (Sentencias de la Corte Constitucional de
Colombia como T-254/94 y T-349/96).
Por otro lado, Guatemala, a pesar de tener uno de los porcentajes
más altos de población indígena en América Latina, hasta hoy no cuenta a
nivel constitucional con un artículo que reconozca el derecho de los pueblos
indígenas. A mediados de los años 90, en el Acuerdo de Paz, se acordó con los
pueblos indígenas el reconocimiento de su propia identidad y el derecho a su
propio Derecho. Pero esta norma ha sido rechazada en un referéndum sobre
las respectivas reformas a la constitución, entre otros, porque los indígenas
casi no participaron en el referéndum.
En el caso peruano, el artículo 149 de la Constitución, reconoce que las
comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas gozan de funciones
jurisdiccionales en los límites de su territorio y que no vulneren derechos
Las rondas campesinas representan un caso particular. Y es que
los operadores de justicia estatales han venido negando las funciones
jurisdiccionales de las rondas campesinas mediante una interpretación literal
del texto del artículo 149, señalando que sólo podrán administrar justicia las
rondas si forman parte de una comunidad campesina o nativa, no reconociendo
funciones jurisdiccionales a aquellas rondas campesinas que se conformaron
autónomamente y que no se encuentran adscritas a una comunidad campesina
Las rondas campesinas autónomas surgieron en la década del 70 del siglo
pasado con un aproximado actual de 500,000 ronderos. Pueden ser definidas
como defensas ciudadanas que asumen la protección de la población en las
zonas rurales. La actividad de los ronderos abarca desde el esclarecimiento
de casos de abigeato, hurto y violencia doméstica, hasta las disputas por
alimentos. Sus acciones se rigen por su derecho consuetudinario. No son
infrecuentes los conflictos violentos con la policía y la justicia, porque no se
han aclarado lo suficiente los alcances de los derechos de los ronderos.
Sin embargo, esta tendencia busca ser revertida por un reciente Acuerdo
Plenario de la Corte Suprema (Acuerdo Plenario de la Corte Suprema 1.2009/
CJ-116) que reconoce funciones jurisdiccionales a las rondas campesinas,
buscándose poner fin a las persecuciones penales que vienen sufriendo las
rondas campesinas por el solo hecho de administrar justicia de acuerdo a un
mandato constitucional. Actualmente, alrededor de más de 1,000 ronderos
se encuentran sometidos a procesos penales, acusados de usurpación de
funciones o secuestro.
¿Los Avances Constitucionales e Internacionales se Reflejan en el Quehacer
de las Autoridades Judiciales de los Estados?
Pero aún con todos los avances en el campo nacional e internacional,
la práctica cotidiana del Derecho en la mayoría de los países todavía no ha
cambiado sustancialmente, y es que muchas autoridades indígenas vienen
siendo procesadas penalmente por el solo hecho de ejercer funciones
jurisdiccionales establecidas en su constitución y reforzadas por el Convenio
169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas. Los operadores judiciales estatales son instruidos sólo
en el Derecho estatal mas no en el Derecho propio de los pueblos indígenas.
Así, por ejemplo, en el caso de las Escuelas Judiciales, la Academia de
la Magistratura (AMAG) del Perú no cuenta con una currícula permanente y
transversalizada que aborde temas como el pluralismo jurídico y Derechos
indígenas a la par con los cursos básicos de capacitación para un funcionario
Se refleja una falta de medidas efectivas que vinculen directamente las
autoridades del sistema de justicia estatal con los derechos de los pueblos
indígenas, en especial con el ejercicio de su propio Derecho.
Por otro lado, es necesario establecer el estatus jurídico y/o dictar
medidas legislativas con la participación de los pueblos indígenas en los
siguientes temas del derecho:
• Los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas
entrañan en la mayoría de los casos normas detalladas en relación
con distintos temas. El problema radica en que, en muchos casos,
el derecho formal no reconoce los acuerdos establecidos en virtud
del derecho consuetudinario o dichos derechos son denegados
en la práctica del Derecho. Esto da lugar a numerosos conflictos,
que en parte se resuelven por vía de la violencia. No se procesan
judicialmente ni se corrigen los ataques arbitrarios que vulneran los
• La determinación de la aplicabilidad geográfica del derecho
consuetudinario indígena. Esto no representa un problema en el
interior de la comunidad, pero sí en los territorios ubicados fuera
de dicho espacio nuclear. Resulta prioritario el cumplimiento de
la obligación estatal en la delimitación, demarcación, titulación y
registro de los territorios de los pueblos indígenas.
En este campo se reconoce que el Derecho indígena resulta aplicable
cuando el delito ha sido cometido en los límites territoriales de un pueblo
indígena. Así, las nuevas legislaciones procesales penales de Bolivia y del
Perú lo estipulan expresamente. Pero al igual que en prácticamente todos los
países, existe mucha confusión respecto a lo que esto significa para la práctica
Es necesario esclarecer las siguientes preguntas, entre otras:
• ¿Cómo se determina la competencia geográfica y temática de los
fueros jurisdiccionales indígenas? La competencia territorial no
siempre se encuentra claramente delimitada, ya que incluso los
límites territoriales de la comunidad indígena a menudo no se
encuentran claramente definidos. Además, es necesario aclarar cómo
se determina la competencia cuando un acto delictivo es cometido
en el ámbito de la competencia de una comunidad indígena por un
miembro de otra comunidad indígena o incluso de otra región del
país. ¿Qué derecho se aplica y quién emite la sentencia? Este punto es
importante para hacer respetar el derecho por el juez natural. De ahí,
la importancia de contar con una ley de coordinación y cooperación
entre la justicia indígena y la justicia ordinaria.
• ¿Qué aplicabilidad tienen los derechos procesales incorporados en la
Constitución, por ejemplo, el derecho a un proceso justo, el derecho
a una audiencia legal, así como a la segunda instancia? ¿Y qué hay
de la vigencia del Pacto de San José, que ha sido ratificado por casi
todos los países latinoamericanos y que en su artículo 8 contiene un
amplio catálogo de derechos procesales y no contempla ninguna
excepción a la aplicabilidad de dichos preceptos?
• Cuando a un perpetrador se le ordena entregar una reparación en
virtud del derecho del pueblo indígena y la víctima es una persona
externa a la comunidad indígena, ¿en qué derecho se basa la
determinación de la demanda de indemnización de la víctima?
Respecto al Derecho de Familia:
La incorporación de las normas del derecho de familia de los pueblos
indígenas en el ordenamiento jurídico nacional ha sido discutida muy
limitadamente hasta el día de hoy.
• El reconocimiento del matrimonio basado en el derecho indígena
por parte del ordenamiento jurídico formal. Esto tiene efectos
a largo plazo, especialmente cuando la comunidad conyugal se
deshace y una de las partes se muda a otra región del país. En esos
casos, ¿se reconoce como equivalente a un matrimonio regular la
comunidad conyugal establecida en virtud del derecho tradicional?
Este aspecto tiene consecuencias de amplio alcance para el derecho
de filiación, y eventualmente también para el derecho a alimentos,
el derecho hereditario, etc. ¿En qué derecho se basan las decisiones
sobre eventuales demandas de alimentos? ¿Cómo se pueden
aplicar o ejecutar las sentencias dictadas en un proceso que se rige
por el derecho indígena? ¿Están obligadas las instancias judiciales
formales, la policía, etc., a prestar asistencia judicial en la aplicación
de las sentencias? Esto aplica a todos los otros ámbitos del Derecho,
trátese del Derecho civil general o del Derecho penal.
Preguntas generales que deben ser dilucidadas en relación con todas las
esferas del Derecho:
• Determinar de manera suficiente en qué circunstancias se puede
hablar de derecho indígena, de ordenamiento legal indígena,
en contraposición a meras costumbres. ¿Son aplicables en esas
circunstancias los principios que han sido desarrollados para el
derecho consuetudinario? ¿Prevalece el derecho de la comunidad
indígena a la autodeterminación?
• ¿Qué debe entenderse bajo el término “indígena“? ¿Se trata de
un concepto referido a las características raciales o más bien a la
integración de una persona en una comunidad social-, política- y
económicamente organizada en función a normas tradicionales,
que se remontan a la época precolombina? ¿Esto se define según el
contexto en cuyo marco se utiliza el término? En el campo jurídico
debe aplicarse la segunda alternativa. Cuando la persona concernida
proviene de otra comunidad o incluso de otra parte del país, en la
cual las normas carecen de validez o incluso no se conocen, en ese
caso simplemente el hecho de vivir en la comunidad afectada hace
que sus normas sean aplicables a la persona, ya que se puede inferir
que acepta dichas normas.
• Un problema adicional radica en definir bajo qué condiciones se trata
de un pueblo indígena propiamente dicho. Cuántas comunidades
locales de la selva amazónica, así como también de la sierra, se
encuentran fuertemente mezcladas con inmigrantes que provienen
de otras partes del país, donde rigen normas muy diferentes. ¿Dónde
se deben trazar los límites, para que se pueda seguir hablando de un
pueblo indígena?
LA JUSTICIA INDÍGENA COMO
ESPACIO DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS INDIVIDUALES Y LOS
DERECHOS COLECTIVOS DE LOS
Fernando García Serrano32
El Ecuador ha vivido en los últimos diez años dos procesos33 de cambios
constitucionales como parte de varios intentos por lograr una verdadera
reforma del Estado que permita al país entrar en un proceso de estabilidad
política, condición básica para superar su situación actual, tanto en el campo
de la desigualdad económica como en el de la exclusión social y cultural.
Este trabajo se inscribe en el marco de este proceso e intenta mostrar el
grado de reconocimiento y vigencia de los derechos individuales y colectivos
de las nacionalidades y pueblos indígenas al interior del sistema de justicia
ecuatoriano, que permita determinar los avances y retrocesos de un nuevo
pluralismo jurídico en construcción dentro del país.
La primera parte de la ponencia presenta un balance de los avances
reconocidos en las constituciones de 1998 y 2008 y su puesta en práctica en los
años post constituyentes, la segunda hace una reflexión sobre el carácter de los
pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho y, finalmente, culmina
Antropólogo graduado en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador en 1972. Realizó su
postgrado en la Universidad Iberoamericana de México. Ha trabajado como docente e investigador
en la Universidad Católica, en temas de desarrollo en varias ONGs y en el Fondo EcuatorianoCanadiense de Desarrollo. Ha sido consultor de varios organismos internacionales. Actualmente
es coordinador del programa de antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
sede Ecuador (FLACSO). Sus áreas de interés son los temas étnicos, movimientos sociales, cultura y
poder y antropología jurídica.
El autor hace referencia a los dos procesos de reforma constitucional realizados en los últimos diez
años, el primero entre 1997 y 1998 y el segundo entre 2007 y 2008.
La justicia indígena como espacio de protección de los derechos individualesy los derechos colectivos de los pueblos indígenas
con los retos que plantea para la justicia indígena equilibrar la vigencia de los
derechos individuales y colectivos a futuro.
Cabe mencionar que el caso de Ecuador en el contexto latinoamericano
ha sido un referente importante en los últimos veinte años. Se trata de un
país clave en el proceso de la reforma constitucional, y en esa medida la
comparación con otros países similares, en especial México, Guatemala,
Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, puede dar luces sobre uno de los
retos pendientes, en especial la transformación definitiva hacia un Estado
plurinacional e intercultural que permita no sólo el reconocimiento de la
diversidad cultural sino también su participación definitiva en las estructuras
de poder económico y político de cada país.
Los Derechos Colectivos en la Constitución de 1998
La principal reivindicación de las nacionalidades indígenas ecuatorianas
en las reformas constitucionales de 1998 fue la definición del Estado como
pluricultural, multiétnico y plurinacional. Solamente se aprobó las dos
primeras características (artículo 1), mientras la tesis de la plurinacionalidad
fue rechazada por atentar contra la unidad nacional y abrir la posibilidad de
crear nuevas “naciones indias”, así como fragmentar y dividir al país. Todos
estos argumentos son esgrimidos por los asambleístas de la oposición y por
las Fuerzas Armadas consecuentes con la política de seguridad nacional.
En esta Constitución cabe resaltar otros importantes avances. El título
de derechos fundamentales incorpora los derechos colectivos de los pueblos
indígenas y afroecuatorianos (artículo 84 y 85)34 , que fueron quince agrupados
en siete campos temáticos: tierras y territorios, explotación de recursos
naturales, educación, salud, identidad, formas propias de organización y
autoridad, conocimientos ancestrales y propiedad intelectual colectiva.
Además está el título de la Función Judicial, que reconoce la aplicación
de la justicia indígena y la vigencia del pluralismo jurídico (artículo 191) y,
finalmente, en el título de la organización territorial y descentralización figura
la creación de las circunscripciones indígenas y afroecuatorianas (artículos
224,228 y 241) como un primer paso a la constitución de las denominadas
La Constitución ecuatoriana es la única en América Latina que tiene en el capítulo de derechos
fundamentales la aprobación explícita de derechos colectivos de los pueblos indígenas.
A la distancia se puede afirmar que estos avances se inscriben en el
denominado “multiculturalismo constitucional” (Van Cott 2005; Clavero
2008), que mas que reconocer la existencia de la diversidad cultural en
realidad incorporó la dimensión étnica dentro del Estado. Es importante
precisar que este intento de reforma del Estado abrió también la puerta a otro
tipo de reformas económicas y políticas que pretendían la plena vigencia del
modelo neoliberal y en especial mejorar la eficiencia del Estado, siguiendo los
planteamientos del denominado “Consenso de Washington”.
En uno de sus últimos trabajos, Clavero (2008) hace un balance sobre el
estado de cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en América
Latina y concluye que hay una gran distancia entre la norma constitucional
y su aplicación, especialmente por la ausencia del carácter vinculante de
la legislación o dicho en el lenguaje del enfoque de derechos y garantías
planteado por las Naciones Unidas (CEPAL 2006), se reconocen los derechos
pero no han sido acompañados por las garantías sociales (políticas públicas,
programas y proyectos) que garanticen su cumplimiento.
En esa misma línea de argumentación, el Relator Especial sobre la
Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen (2008), coincide en afirmar que el
ciclo de reformas legales que caracterizó a la década de los ochenta y noventa
puede evaluarse como “muchas reformas, pero pocos resultados”.
El mayor impedimento para el avance y consolidación de los derechos
indígenas ha sido la poca voluntad gubernamental para aplicar esos derechos.
Decepciona la doble moral con la que los Estados enfrentan la cuestión étniconacional en la región. Por un lado, la legislación afirma el reconocimiento de
la diferencia, pero al mismo tiempo los Estados y su clase política dirigente
despliegan estrategias políticas y económicas que buscan minar las bases
colectivas de los pueblos. Utilizando el lenguaje jurídico-político estatal
se privilegia la vigencia de los derechos individuales sobre los derechos
Vale la pena mencionar que cuando se alude a la falta de compromiso de
los Estados con los derechos indígenas no me refiero únicamente a la acción,
omisión y violación desde el poder ejecutivo. Los poderes legislativo y judicial
comparten la misma responsabilidad. En la mayoría de los países, por ejemplo,
no se ha aprobado legislación secundaria, ni se han tomado resoluciones
jurídicas a favor de los derechos indígenas, a excepción de algunas sentencias
de la Corte Constitucional de Colombia, a partir de su creación en 1992.
Si se hace un balance, los desencantos son mayores que los encantos en
el período post constitucional 1998-2008. A pesar de la inclusión del carácter
pluricultural y multiétnico del Estado y del reconocimiento de los derechos
colectivos de las nacionalidades indígenas y pueblo afroecuatoriano, la
Constitución de 1998 no contribuyó a ningún cambio estructural en el país. Más
bien contribuyó a la neo liberalización del Estado, a la adopción de políticas
de privatización de los servicios estatales, y a la explotación por compañías
extranjeras de los recursos naturales que, en su mayoría, se encuentran en
tierras indígenas y afroecuatorianas. En otras palabras, el Estado definió el
marco jurídico para la aplicación definitiva del modelo neoliberal.
El llamado “multiculturalismo constitucional”, planteado por los grupos
hegemónicos que han controlado el Estado y aprobado en la Constitución de
1998, surge como una estrategia de “democratización” siempre y cuando su
incorporación no atente contra el poder político y económico establecido. El
Estado ecuatoriano ha sido consecuente con la expresión popular “la norma se
aprueba, pero no se cumple”, pues durante diez años no ha puesto en vigencia
una política pública de mediano y largo plazo dirigida a las nacionalidades
indígenas que forme parte de un plan nacional de desarrollo.
Desde la perspectiva de las nacionalidades indígenas, esta situación
es ilustrada por el enunciado planteado por Hale (2002) acerca del “indio
permitido”, transformado en el tiempo de aquella otra expresión de muchos
escritores latinoamericanos del “indio alzado”. En el caso ecuatoriano, la
estrategia mantenida por los pueblos indígenas de combinar la desobediencia
civil (los levantamientos nacionales, por ejemplo) con la obediencia civil (la
creación de instituciones públicas indígenas y la conquista del poder local e
inclusive nacional por la vía electoral) ha llevado a que la frontera entre “uno
y otro indio” se vaya moviendo de acuerdo a la correlación de fuerzas de los
movimientos indígenas y del Estado.
Los Derechos Colectivos en la Constitución de 2008
En la Constitución de 2008 se aprobaron cinco derechos colectivos
adicionales a los quince aprobados en 1998. Dos de ellos provienen de la
Declaración y Agenda de Durban del año 2001, planteados como demanda
del pueblo afroecuatoriano, mencionados en los numerales 2 y 3 del artículo
57, según los cuales se añade dos nuevos derechos: a “no ser objeto de racismo
y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica
o cultural” y el derecho al “reconocimiento, reparación y resarcimiento a las
colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de
intolerancia y discriminación”, es decir, se abre la posibilidad por parte del
Estado de acciones afirmativas hacia las nacionalidades indígenas y pueblos
El tercero tiene que ver con el derecho a “crear, desarrollar, aplicar y
practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos
constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”
(artículo 57, numeral 10). Esta alusión última establece también un avance
Los dos últimos se refieren al derecho de “ser consultados antes de
la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus
derecho colectivos” (artículo 57, numeral 17) y finalmente el derecho a “la
limitación de las actividades militares en sus territorios” (artículo 57, numeral
20), ambos inspirados en la Declaración de los Derechos de los Pueblos
También vale la pena citar el artículo 171 que reconoce la justicia
indígena como régimen especial. Pero claro, el asunto no es simplemente el
reconocimiento de un sistema jurídico indígena o de la jurisdicción indígena,
un reconocimiento que puede convertirse en un pluralismo jurídico “unitario”,
como diría Hoekema (2002:71) con el sistema indígena subordinado frente al
sistema “ordinario”; se corre el peligro de que el sistema de justicia indígena sea
simplemente incluido como un sistema aparte y paralelo para los indígenas.
Más bien, el asunto

References: in fine
 artículo 346
 artículo 57
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 246
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 8
 artículo
57
 artículo 171