Source: http://palabrajusta.blogspot.com/2012/10/
Timestamp: 2018-10-18 16:06:44+00:00

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Reflexiones sobre la derogación de la Ley 72, de 19 de octubre de 2012
Ayer, en los programas de comentarios socio políticos de TVN y TELEMETRO, se comentó ampliamente sobre la Ley 72 de la Zona Libre de Colón, que sustituía la antigua Ley del año 1948 que creó esta zona franca hace 64 años, así como de los movimientos e incidentes que llevaron al Gobierno Nacional a su derogación, mediante el Proyecto de Ley 541. Este Proyecto de Ley fue aprobado rápidamente en tres debates de la Asamblea Nacional y sancionado ayer mismo por el Presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal.
Llamó la atención cómo los diferentes panelistas que adversan al gobierno actual y los famosos analistas políticos -que lo saben todo- hablaban con tanta fluidez, erudición, sapiencia y juicio sobre la problemática socioeconómica de la provincia de Colón y sobre cómo solucionar todos los problemas que la aquejan. Indicaban lo olvidada que ha estado esta provincia y culpaban al gobierno del Presidente Ricardo Martinelli de no escuchar el clamor popular de los colonenses que reclaman mejores días para su patria chica. Incluso, algunos de los sabios y expertos son colonenses que, en su momento, ocuparon altas posiciones políticas en gobiernos recientemente pasados.
¿Será que los problemas de Colón surgieron todos en estos poco más de tres años de gobierno del Presidente Martinelli? Da la impresión que esto es lo que se quiere sembrar, subliminalmente, en la mente de los panameños. Pero los panameños ya han aprendido que los políticos tradicionales recurren a esta estrategia, para enlodar al gobierno de turno y ganar notoriedad, cuando se avecinan tiempos políticos y elecciones. Es pura demagogia de la más barata e hipocresía de la más descarada. Sería bueno preguntarles qué hicieron ellos, que son tan brillantes y tan patriotas, para solucionar los problemas socio económicos de la provincia de Colón, endémicos y crónicos, o sea, de larga data, cuando tuvieron la oportunidad de dirigir los destinos de la Nación.
El hecho de que la provincia de Colón esté tan mal como está (igual podría decirse de Bocas del Toro y Darién) se debe a múltiples factores, como todos los panameños saben. Por un lado, habría que considerar los aspectos socio culturales y étnicos de los colonenses, por otro lado el hecho de que los gobiernos anteriores, tanto de la dictadura militar como de la democracia post dictadura (los últimos 41 años, sin contar el gobierno actual), no se ocuparon de la provincia y la veían solo como una mina de la cuál extraer riquezas para cualquier fin, menos el desarrollo socio cultural y económico de Colón. Esto es un hecho histórico y es la verdad, aunque le duela a los políticos tradicionales, especialmente a los nativos de esta provincia, de todos conocidos, que nunca apoyaron su provincia natal cuando estaban gobernando el país. Unos por ser mediocres en grado superlativo y otros porque no les importa un pepino y su objetivo primordial siempre fue y es enriquecerse y ayudar a sus co partidarios, familiares y amigos. Sería muy interesante hacer una lista de los Legisladores, Diputados, Representantes, Ministros y Magistrados colonenses que han desfilado por los distintos gobiernos, desde la entronización de la dictadura militar, en 1968, hasta el 2009, al término del gobierno de Martín Torrijos. ¡¡¡Ninguno hizo lo suficiente para ayudar a Colón a salir de la postración socio económica en que está sumida desde hace años!!! Sinceramente, hablar de estos temas debería darles rubor y vergüenza. Muchos están todavía activos en la política e, increíblemente, tienen buenas posibilidades de reelegirse. Los colonenses educados, conscientes y patriotas, que son mayoría, deberían pasarle la factura y darle su voto consciente a gente nueva y preparada que los represente dignamente y ayuden al desarrollo socio económico sostenible de su provincia y el país. Por otro lado, sería interesante investigar lo que han hecho organizaciones como la Cámara de Comercio de Colón, el Frente Amplio de Colón, la SUNTRACS y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (FRENADESO), en apoyo a las reivindicaciones del pueblo colonense y de Colón. También sería interesante analizar lo que hicieron por esta provincia otras organizaciones civiles, que ahora se dan golpes de pecho, durante los veintiún (21) años de dictadura militar o los veinte (20) años de concubinato del bipartidismo entre el PRD y el Panameñismo.
En términos de partidos políticos, durante los últimos cuarenta y cuatro (44) años, desde la fundación del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 1979, en tiempos de la dictadura militar, hasta la finalización del gobierno de Martín Torrijos en 2009, este partido político tradicional ha estado en el poder durante veinte (20) largos años. De estos veinte años tuvieron poder absoluto por diez (10) años, en tiempos de la dictadura, ya que no existía la oposición política. En resumen, es el partido que más oportunidades ha tenido para ayudar al desarrollo de Colón, Bocas del Toro y Darién pero no lo hizo, ni estaba en sus planes hacerlo. Por otro lado, el Partido Panameñista, ahora profundamente dividido, ha estado diez (10) años en el poder político, desde el establecimiento de la era democrática post dictadura. O sea, de los últimos veintitrés (23) años en democracia, este partido ha gobernado durante dos (2) períodos y no se atendieron los problemas de la provincia de Colón. Con la llegada de Cambio Democrático al poder político (2009 a 2014) y la elección de Ricardo Martinelli como Presidente de la República, en poco más de tres años, este gobierno y su nuevo partido político (si se compara con el Panameñismo y el PRD) ha invertido alrededor de 600 millones de Balboas en la provincia de Colón, de un total superior a los mil millones que piensa invertir al término de su período. Habría que preguntar ¿cuánto invirtieron el Panameñismo y el PRD en la provincia de Colón, durante sus veinte (20) años conjuntos en el poder, en tiempos de la democracia post dictadura? Entre los dos, no superan lo que en poco más de tres años ha invertido el gobierno del Presidente Martinelli y el CD al que, todavía, le restan poco menos de dos (2) años de gestión. ¿No demuestra esto el interés genuino del Presidente Martinelli, su equipo de trabajo y su gobierno, de ayudar a la provincia de Colón a elevar su nivel socio económico de forma significativa y sostenible? Si alguien dice que no, es porque no está viviendo en Colón o en Panamá o es miembro de uno de los dos partidos políticos tradicionales cuyas cúpulas pretenden ignorar la realidad o tapar el sol con las manos.
La Ley 72 era buena y no ponía en peligro ni la soberanía nacional ni el patrimonio de Colón o del país y beneficiaba grandemente la provincia (ver “Reflexiones sobre la Ley 72, de 19 de octubre de 2012”, en este Blog). Los colonenses perdieron una magnífica oportunidad, gracias a los políticos tradicionales que han atrasado Panamá por muchos años, a los intereses personales de algunos malos panameños, a la falta de visión de algunos líderes de la sociedad colonense y a una falta de concienciación y madurez política de la población colonense en general, que se deja obnubilar la mente por discursos de barricada, demagógicos e hipócritas, de quienes solo tienen intereses personales y/o politiqueros. Es triste y frustrante darse cuenta que hay muchos “panameños” que solo piensan en ellos, en sus partidos políticos y en el poder, como un fin para enriquecerse. La política criolla tradicional es una basura y, lamentablemente, se ha convertido en un negocio lucrativo con un enfoque de extracción en el que el bienestar de los panameños y del país es lo que menos importa…
El vandalismo a la propiedad privada y estatal, el saqueo al comercio en las ciudades de Panamá y Colón, las pérdidas multimillonarias causadas a las empresas de la Zona Libre de Colón, los ingresos millonarios que ha dejado de percibir el Estado por las operaciones de la ZLC, el terrible deterioro a la excelente imagen internacional que había logrado Panamá en los últimos tres años (que podría tener implicaciones negativas para el país) y los muertos y heridos producidos durante estos insensatos e innecesarios motines, son el saldo trágico de los desmanes organizados que ocurrieron, a lo largo de diez días, a partir de la sanción presidencial de la Ley 72, el 19 de octubre pasado (ver: “Derogación de la Ley 72 de la Zona Libre deColón”, en este Blog). ¿Era necesario provocar esta violencia inaudita? Gracias a Dios la Policía Nacional no ejerció un uso más intenso e indiscriminado de su poder de reacción y actuó moderadamente. Lo contrario, la cuota de muertos y heridos habría sido elevada… Las tres muertes trágicas e innecesarias ocurridas fueron las de un niño (por bala perdida desconocida), la de un indigente (que, desafortunadamente, quedó en medio de las acciones) y la del saqueador de un comercio (a manos del empresario dueño, en defensa propia). Entre los heridos se cuentan doce (12) policías.
La prensa internacional ha hecho eco de esta crisis pero algunos medios noticiosos mencionan, erróneamente, que el gobierno nacional pretendía privatizar la Zona Libre de Colón ("Panamá derogará la Ley 72, que permitía la privatización de la Zona Libre de Colón", RTVE, España, 27 de octubre de 2012). Nada más lejos de la realidad pues, bajo la derogada Ley 72, la ZLC hubiera seguido siendo una institución estatal y los que lo duden solo tienen que remitirse al texto de esta Ley que es de dominio público. También pueden tener acceso al texto completo en el artículo “Reflexiones sobre la Ley 72, de 19 de octubre de 2012”, en este Blog.
El Presidente Martinelli debe continuar su exitosa gestión gubernamental sin mirar atrás. Debe seguir ayudando a Colón y los colonenses, cumpliendo con las actividades, proyectos y programas prometidos en campaña o pensados para esta provincia, muchos de los cuales ya se han realizado, están en progreso o están por iniciarse. Desde la dictadura militar hasta la fecha, ningún gobierno ha hecho más por el pueblo colonense que este gobierno, en solo tres años. Las estadísticas de Panamá, en los últimos tres años, indican que el gobierno del Presidente Martinelli ha logrado avances sociales y económicos que jamás se habían alcanzado en los cuarenta y un (41) años de gobiernos que lo antecedieron. Su estilo de gobernar ha sido muy eficaz y ha puesto en evidencia la mediocridad o la falta de compromiso de esos gobiernos con la Nación y será un referente en la política criolla en los años por venir. Muchos empresarios lo adversan por haberlos obligado a pagar al Estado los impuestos que nunca pagaron, aprovechando influencias políticas o dando generosas coimas a funcionarios corruptos, recaudaciones que representaron entradas multimillonarias al fisco. Otros lo adversan porque elevó el salario mínimo de los trabajadores y obligó a pagarlo a algunos patronos empresarios que se negaban a cumplir. Su amor por Panamá está hartamente demostrado, así como su humildad y valentía al reconocer sus errores y enmendar algunas de sus decisiones más polémicas (actitud sin precedentes en la política criolla). En la actual crisis, sabiendo que la Ley 72 era buena para Colón y el país entero, demostró una vez más su amor por la patria y su capacidad de estadista al derogarla en pro de la paz nacional y al reconocer que no se había consultado lo suficiente. Muchos verán en esto un signo de debilidad pero es, más bien, una muestra de sumisión y amor por la tierra que lo vio nacer y la demostración de una fortaleza espiritual inquebrantable…
A pesar de varias intentonas para descalificarlo y separarlo del poder el Presidente Martinelli ha podido capear los siniestros temporales y salir adelante en la construcción de un mejor Panamá y lo está logrando. La crisis de la Zona Libre de Colón ha sido otro intento más de sedición para derrocarlo y, de paso, derrocar la democracia. De ahora hasta las elecciones en 2014 se avecina un período político de gran inestabilidad y peligro para Panamá y su progreso. Los partidos de oposición y sus ya conocidos aliados ven amenazada su existencia y no claudicarán en sus intentos de obstruir el éxito de su gestión y su creciente popularidad entre el pueblo panameño. No dejarán de intentar derrocarlo pues temen su inminente derrota en las próximas elecciones y temen, aún más, la posibilidad de su reelección inmediata. La parte del pueblo panameño que verdaderamente ama este hermoso país, que son mayoría, tiene que manifestar abiertamente su respaldo total al Presidente Martinelli y su repudio a quienes utilizan la violencia, el engaño y la desinformación para lograr sus metas políticas. El Presidente y su equipo de trabajo tendrán que extremar cuidados y, al mismo tiempo, seguir impulsando el país hacia adelante y arriba con el ímpetu que hasta ahora han desplegado… El pueblo los premiará con su apoyo irrestricto…
Publicadas por Eric Manuel a la/s 1:23 a. m. 0 comentarios
Derogación de la Ley 72 de la Zona Libre de Colón
Los hechos acaecidos en las ciudades de Panamá, Colón y el resto del país desde el 19 de octubre pasado, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 72 (que sustituía el Decreto de Ley 18, de 17 de junio de 1948, que hace 64 años creó la Zona Libre de Colón) que el Presidente de la República sancionó, son irresponsables, vergonzosos y dejan mucho que desear del pueblo y la sociedad panameños. Los videos de la prensa internacional que informaron sobre estos tristes hechos han dado la vuelta al mundo proyectando una imagen desastrosa y muy lamentable de nuestro país. Un país que, hasta la semana pasada, no se sabe ahora, tenía grado de inversión, el mayor crecimiento económico de todo el Continente Americano, empleo total por vez primera en la historia nacional, una cantidad de nuevos programas de interés social (entre estos: 100 para los setenta, la beca universal, la entrega de miles de computadoras portátiles Classmate PC con software y soporte de Internet en las escuelas, para estudiantes de escuela secundaria de los grados décimo, undécimo y duodécimo), una cartera de estratégicas obras públicas realizadas o en avance para apoyar el progreso y modernización sostenidos de Panamá (la ampliación del Canal Interoceánico, la creación del Metro Bus en reemplazo del infame y obsoleto sistema de transporte público de los Diablos Rojos, la construcción del Metro de Panamá, la ampliación y modernización de la red vial nacional, entre otras muchas obras), en contraste con el país que el gobierno actual del Presidente Ricardo Martinelli recibió hace poco más de tres años.
Lo más triste de todo es la bochornosa debacle que ocurrió ayer, 26 de octubre, auspiciada y organizada magistral y diabólicamente por la extrema izquierda (SUNTRAC), la oposición política panameña que, cobardemente, no dio la cara (PRD y Varelismo, más que Panameñismo), ciertos medios masivos de comunicación social y algunos de sus periodistas más representativos, de todos conocidos (TVN, TV 4, Telemetro y La Prensa, principalmente), así como algunos miembros de la llamada Sociedad Civil. La destrucción sistemática y sin sentido de la propiedad pública y privada, el asqueroso saqueo al comercio y las instituciones públicas no tiene nombre y solo pudieron ser ejecutados por seres desviados, sin Dios ni Ley. Es un acto vandálico irracional realizado por los perpetradores directos (aupados por la oposición política panameña en general, la SUNTRAC, la mal llamada Sociedad Civil y demás confabulados), una pandilla salvaje de exacerbados piedreros y maleantes de la más baja calaña y un grupejo de “líderes” trasnochados, fracasados y amargados, de distintas denominaciones, que sembraron el pánico en todo el país, especialmente en las ciudades de Panamá y Colón. El verdadero autor y protagonista de esta terrible desgracia, que le quede bien claro al mundo, NO ES EL PUEBLO PANAMEÑO (sea de oposición, gobierno o independiente), noble, solidario y magnánimo por naturaleza y tradición. Son los siniestros y ya conocidos panameños que siempre se disfrazan de víctimas, de corderos o se agazapan en las sombras para frenar y truncar las esperanzas más legítimas del pueblo panameño (derecho a paz, justicia, progreso, educación, salud, desarrollo humano) con el fin de acceder al poder, sin importar los medios, para secuestrar el país y enriquecerse sin límite, sin moral y sin escrúpulos, a costa del futuro de Panamá. Son tan descarados, tan cínicos e inmorales, que hoy intentan culpar al gobierno nacional de sus excesos y desafueros. ¡Qué miserables! Tarde o temprano, Dios, la Justicia y la Historia los juzgarán…Lo más curioso y extraordinario es que, todavía, hay algunos ciudadanos que les creen...
La Ley 72, que sustituía la obsoleta Ley del año 1948 (que, desgraciadamente para los colonenses, continuará vigente a partir del próximo lunes 29 de octubre) era buena para el país y, más, para la provincia Colón. La venta de los terrenos no afectaba para nada la soberanía ni el patrimonio de la Nación pues las tierras no pueden ser transportadas a ningún otro país y el Estado panameño puede enajenarlas, en cualquier momento, de justificarse esta acción. Si fuese así, no habría que permitir a ningún extranjero comprar fincas o tierras en Panamá para construir su vivienda o las infraestructuras para sus negocios (de cualquier índole legal). Es, simplemente, ridículo, por decir lo mínimo. Por otro lado, los usuarios, el comercio internacional, el país y los gobiernos panameños, desde 1948, han recibido enormes beneficios de las actividades de la Zona Libre de Colón, pero NO los colonenses. Luego de la compra de los terrenos, las empresas de la ZLC tendrían que haber pagado los respectivos impuestos al Estado panameño, lo que representaba enormes beneficios adicionales. Además, la Ley 72 hubiera permitido a las empresas de la ZLC mejorar su competitividad, frente a la de empresas de otras zonas francas e invertir en mejoras sustanciales de sus infraestructuras y en la modernización de sus equipos y operaciones. Ojalá que esta situación no cree el caldo de cultivo que propicie una desbandada de empresas hacia otras zonas y países con mayor flexibilidad operacional y estabilidad socio política dando inicio al derrumbe de este emporio comercial de las Américas, de marca mundial (hay quienes esperan esto con mucha ansiedad). Se ha calculado que las pérdidas diarias de la ZLC, por efectos de esta desafortunada coyuntura, ascienden a CIEN MILLONES DE BALBOAS DIARIOS, sin contar con las pérdidas estatales (millones de Balboas) por los dineros que no se podrán cobrar, en concepto de impuestos y servicios por las operaciones de las empresas. Es un verdadero desastre de grandes magnitudes e implicaciones para Panamá, causado por la ambición desmedida y la torpeza de algunos malos panameños…
No es la primera vez que le sucede esto mismo al gobierno actual. Los asesores del gobierno, incluyendo los del Ejecutivo, deben ser llamados a capítulo pues es totalmente injustificable e intolerable que no hayan aconsejado al gobierno que, primero, se divulgara y consultara masivamente el Proyecto de Ley 529 en todas las instancias de la sociedad panameña, para conocer su opinión y qué enmiendas sugerirían. La televisora estatal, Canal 11, debe jugar un papel muy activo en la promoción de las actividades, planes y programas de gobierno y el gobierno debe invertir recursos en modernizarla y darle cobertura nacional. Este papel de divulgación y educación a la ciudadanía lo ha venido desarrollando, valientemente, el Canal 35 PLUS (y su emisora hermana FM 88.9), a través de su equipo de comentaristas especializados, pero tampoco tiene cobertura Nacional. De este modo, se habría generado un fructífero intercambio de información. Todo apuro trae cansancio y, a escasos dos años del fin de la excelente gestión del Presidente Martinelli y su equipo, habiendo alcanzado una inusitada popularidad de más del 60 %, lo que se imponía claramente era cuidarla a toda costa con acciones políticas coherentes y de ser posible acrecentarla o, en el peor de los casos, mantenerla. Este modo de proceder habría permitido al gobierno anticipar cualquier escenario socio político y decidir el mejor rumbo a seguir: dejar el proyecto de Ley 529 para un mejor momento político (o, quizás, un nuevo período gubernamental) o lanzarse de lleno a su materialización como una nueva Ley, si la lectura socio política lo indicaba. ¿Es esto muy difícil de deducir? Ni siquiera hay que ser un político experto para darse cuenta de lo que más convenía. El Presidente Martinelli goza del apoyo y la simpatía popular pero la ciudadanía en general está harta de las inconsistencias que llevan a desastres como el actual y que, con un poco de sentido común, pueden anticiparse.
El gabinete del Presidente Martinelli cuenta con algunos Ministros que son brillantes y han hecho un tremendo papel en sus respectivos Ministerios (para citar dos, el Ministro de Economía y Finanzas y el de la Presidencia). Estos Ministros, además de la magnífica gestión en su cartera ministerial, son activos promotores de las acciones gubernamentales, visitan constantemente los medios de comunicación y dan la cara por el gobierno. Hay otros, pocos, como ellos. Lamentablemente, la mayoría de los Ministros no dan la cara por el gobierno que los ha distinguido y mantenido, prefiriendo pasar agachados y limitados a su esfera ministerial mientras el Presidente se debate, valiente y esforzadamente, en un tinglado político criollo totalmente hostil. Se hace imperativo que los señores Ministros sean más beligerantes y apoyen con decisión al Presidente.
El partido del gobierno, Cambio Democrático, también debe dar un apoyo más decidido al Presidente Martinelli, en el sentido de salir a defender abierta, pacífica e inteligentemente su gestión gubernamental, en vez de ser un mero espectador. Su tarea es ser un verdadero dínamo en lo que a promoción de las acciones y propuestas del gobierno se refiere, más en una gestión en que la oposición política ha sido la más férrea que se recuerde en los últimos lustros. Desde el inicio, la oposición no ha cesado en su intención malévola de boicotear, irresponsablemente y sin sentido de patria, todos los intentos del gobierno del Presidente Martinelli en construir un mejor país, económica, social y políticamente. El Presidente se ha quedado solo, luchando por traer mejores días para el país y el pueblo panameño que lo eligió…
La sociedad civil tiene que organizarse y manifestarse de alguna forma, pacíficamente, para defender la democracia que tanta sangre y sufrimientos costó al pueblo panameño, luego de más de dos décadas de humillante dictadura militar, durante la cuál no se respetaron ni la vida, ni la honra ni los bienes de los ciudadanos, de lo que hay muchísimas vivencias y evidencias. ¿Quiere el pueblo panameño más de esto? Los ciudadanos tienen que decidir, desde lo más profundo de su ser, qué se quiere para Panamá y los panameños (ver: "¿Qué queremos los panameños para Panamá?, 14 de mayo, 2007, en este Blog"). Hay que salir a pregonar y demostrar que el pueblo panameño apoya la democracia, la paz y la convivencia pacífica entre los panameños y los que han elegido nuestro país para vivir...
Finalmente, tiene que haber una investigación prolija de los tristes acontecimientos ocurridos en el país, en torno a la creación de la Ley 72 y los bochornosos actos de vandalismo y saqueo acaecidos en los últimos días, contra la propiedad pública y privada, que desembocaron en la derogación de esta Ley. Panamá no puede continuar así, con una institucionalidad tan débil y vulnerable. Hay que fortalecer las instituciones, especialmente las llamadas a mantener el orden público y la justicia. Los responsables de esta tragedia nacional tienen que ser sometidos a la justicia, que deberá ser aplicada con toda rigurosidad. A los culpables debe aplicárseles todo el peso de la Ley, tienen que ser castigados ejemplarmente. El país lo necesita para demostrar que hay seguridad jurídica y certeza de castigo.
Publicadas por Eric Manuel a la/s 2:58 a. m. 0 comentarios
Reflexiones sobre la Ley 72, de 19 de octubre de 2012
El controvertido Proyecto de Ley 529, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional de Diputados y sancionado recientemente por el Presidente de la República, Ricardo Martinelli, se convirtió en la Ley 72, de 19 de octubre de 2012, que sustituye el Decreto de Ley 18, de 17 de junio de 1948, que creó la Zona Libre de Colón, hace más de 64 años.
Desde sus inicios, el Proyecto de Ley 529 representó una extraordinaria oportunidad para la actual oposición política panameña que, más por aprovecharse de la coyuntura para desacreditar y desestabilizar al gobierno del Presidente Martinelli que por un genuino interés nacionalista o por el futuro de los colonenses, despertaron malsanamente las suspicacias de una parte de la población colonense y a nivel nacional. Y, como siempre, han sido apoyados irresponsablemente por grupos de la llamada Sociedad Civil, por algunos medios de comunicación (que solo responden a los intereses de sus dueños que, también, se creen dueños de Panamá) y por los grupos de presión de la extrema izquierda panameña (que se especializan en pescar en río revuelto para buscar la notoriedad que no han sabido ganarse entre el pueblo). Sin embargo, ya casi todos en Panamá conocen los verdaderos intereses que mueven sus protestas y actividades, disfrazadas de falso patriotismo. Lamentablemente, todavía hay muchos panameños que no invierten tiempo en informarse adecuadamente y opinan contundentemente sobre temas que no conocen, teniendo como únicas fuentes de información los chismes sembrados maliciosamente por “periodistas” sin escrúpulos, algunos medios de comunicación que solo defienden los intereses políticos y económicos de sus propietarios, partidos políticos que quieren llegar al poder sin importar el precio, políticos desalmados que ven la política como un lucrativo negocio y grupos oportunistas que se alían a los anteriores con el único fin de obtener provecho promoviendo inestabilidad y la inseguridad.
La nueva Ley 72, además de subrogar el Decreto de Ley No. 18, de junio de 1948, que normaba los destinos de la Zona Libre de Colón, también introduce dos cambios fundamentales, al permitir la venta de los terrenos a los usuarios de la zona franca y al establecer un fideicomiso con el 35 % de los ingresos extraordinarios, provenientes de la venta de los terrenos, para uso exclusivo en proyectos de interés social, a través de la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón. Sin embargo, hay que resaltar que la compra de los terrenos de la Zona Libre es completamente voluntaria, o sea, los usuarios no están obligados a comprar, quedando amparados por el contrato de arrendamiento vigente.
La introducción de estas modificaciones en la Ley 72 obedece a que en otras zonas francas del mundo existen las opciones de alquiler o compra de los terrenos, que permite a los usuarios hacer más inversiones en mejoras y construcción de infraestructuras para ampliar y hacer más eficientes sus operaciones comerciales. Esto no era posible bajo el Decreto de Ley No. 18, lo cual restaba competitividad a las empresas establecidas en nuestra zona franca y podía causar la migración de muchas empresas de importancia estratégica a otras zonas que ofrecen esta posibilidad. Seguir con la vieja ley habría debilitado las operaciones y proyecciones de la Zona Libre de Colón y causado la reducción significativa de la fuerza laboral. Al fin y al cabo, los propietarios de estas empresas no podrán llevarse estos terrenos para sus países de origen y sus operaciones están sujetas a estrictas regulaciones aplicadas por los administradores de este emporio comercial, funcionarios del Estado panameño.
Por otro lado, el arrendamiento actual de los terrenos de la Zona Libre de Colón produce anualmente unos 33 millones de Balboas de los que la provincia de Colón no recibe ni un centésimo. Por el contrario, con la recién aprobada Ley 72, se proyecta que la venta de los terrenos generará unos 2 mil millones de Balboas en 20 años, de los que el 35 % (alrededor de 700 millones de Balboas) revertirá a la provincia de Colón (unos 35 millones anuales), beneficiando a miles de familias colonenses a través de proyectos de interés social. ¿Acaso no es esto maravilloso? ¿No hubiera sido una tragedia para los colonenses y una falta de sensibilidad social del gobierno actual haber descartado esta oportunidad? Los colonenses conscientes, que son mayoría, así como el pueblo panameño en general deben defender la nueva Ley 72 y manifestar abierta y pacíficamente su apoyo irrestricto a la implementación de la misma. Hay muchas maneras para que la ciudadanía demuestre este apoyo sin recurrir a las confrontaciones y la violencia entre panameños, que es lo que la oposición, algunos medios, algunos miembros de la llamada Sociedad Civil y otros pequeños grupos de malos panameños desean. No les importa que esto pudiera terminar en un gran baño de sangre, con tal de desestabilizar al gobierno actual y afectar la imagen internacional de Panamá, para alcanzar sus egoístas objetivos políticos y económicos y tomarse el país. Ya hay una víctima fatal (un niño inocente) y varios heridos de bala, entre policías y civiles. Los instigadores deben detener inmediatamente estas peligrosas y criminales prácticas y el gobierno deberá investigar a fondo estos hechos hasta dar con los culpables.
Los que se oponen a la Ley 72 también tratan infructuosamente de plantar dudas en la población panameña sobre la transparencia del fideicomiso, indicando que el gobierno del Presidente Martinelli, que está a unos dos años de concluir, se robará el dinero, sabiendo que la generación de estos fondos es un proceso paulatino programado que tomará veinte años en completarse. Además, la Ley 72 explica claramente cómo se usarán estos fondos y el Ejecutivo no interviene ni tiene nada que ver en el procedimiento de uso. Se presentan, a continuación, los artículos claves de esta Ley, relacionados con el fideicomiso del 35 % de los fondos generados con la venta de los terrenos, para que el lector tenga la oportunidad de informarse directamente de la total transparencia que habrá en su manejo y no se dejen llevar por la información falsa y maliciosa implantada, lastimosamente, por panameños que solo desean apoderarse del país, aunque para ello tengan que destruirlo.
Artículo 5. La Zona Libre de Colón está sujeta a la vigilancia e inspección del Órgano Ejecutivo y la fiscalización de la Contraloría General de la República en los términos que se establecen en la Constitución y la Ley.
Artículo 6. La Zona Libre de Colón, como institución del Estado, está libre del pago de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho nacional, provincial o de cualquier otro orden; y en las actuaciones judiciales en que sea parte, gozará de todas las facilidades que conceden al Estado, las leyes procesales.
Artículo 9. (Presenta un glosario de términos utilizados en la Ley 72, debidamente explicados, para total transparencia). A continuación, se listan los términos definidos, relacionados con el fondo de fideicomiso.
6. Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón.
7. Fideicomiso.
8. Ingresos extraordinarios.
9. Ingresos operacionales.
Artículo 10. El 20% de los ingresos operacionales anuales que obtenga la Zona Libre de Colón será incorporado en el presupuesto de la institución y su uso será exclusivamente destinado al programa de inversiones y mantenimiento de esta área.
De los ingresos extraordinarios que perciba la Zona Libre de Colón, el 35% será destinado para el desarrollo de proyectos de interés social en la provincia de Colón, los cuales serán depositados en el fideicomiso creado para tales efectos. Los fondos restantes deberán ingresar a la cuenta del Tesoro Nacional.
Artículo 11. Los fondos del fideicomiso, solo podrán ser utilizados para el desarrollo de proyectos de interés social en la provincia de Colón aprobados por la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón. El fideicomiso será de carácter irrevocable, se escogerá a un fiduciario que cuente con la licencia respectiva emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. El fideicomitente será la Zona Libre de Colón y el Ministerio de Economía y Finanzas.
El fideicomiso será de administración, fiscalización y pago. Todos los pagos de los proyectos serán ejecutados por medio de instrucción de orden de pago al fiduciario, previa aprobación de la entidad técnica y ejecutora a la que le corresponda el proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas y el refrendo de la Contraloría General de la República. Dentro de las responsabilidades que serán irrevocables para el fiduciario estarán: la verificación de los documentos necesarios para cada pago, la administración y fiscalización de los activos.
Los proyectos que serán financiados a través de los fondos dados en fideicomiso deberán ser previamente ingresados en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, para efectos de control estadístico. Dichos proyectos no requieren la aprobación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y serán presentados ante este a medida que sean aprobados por la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón.
El fiduciario deberá presentar ante la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón informes semestrales sobre la administración del fideicomiso, los rendimientos y los avances de la ejecución de los proyectos. Dicho informe deberá ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.
Los fondos dados en fideicomiso, los proyectos y procesos de selección de contratista estarán sujetos a la fiscalización y control previo de la Contraloría General de la República.
Artículo 58. De los ingresos que se obtengan producto de la venta de bienes inmuebles, propiedad de la Zona Libre de Colón, el 35% será destinado para el desarrollo de proyectos de interés social en la provincia de Colón. Dichos ingresos serán depositados en fideicomiso, que será creado al efecto por la Zona Libre de Colón y el Ministerio de Economía y Finanzas al momento de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 59. Los proyectos a ser financiados a través de los fondos en fideicomiso deberán ser seleccionados previamente por la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón, a través de un acta debidamente motivada. El quórum mínimo requerido para sesionar será del 75% de la totalidad de los miembros que lo conformen. Cada miembro tendrá derecho a un voto y podrá delegar a un suplente para que lo represente ante la Comisión. Para seleccionar un proyecto, se deberá contar por una aprobación mínima del 75% de la totalidad de los miembros.
Cada proyecto deberá contar con un informe de factibilidad que incluya los criterios técnicos, financieros y operativos. Los contratistas deberán ser escogidos de conformidad a los procesos de selección de contratistas que establece la legislación vigente en materia de contratación pública.
Artículo 60. Todo ciudadano panameño tendrá la potestad de presentar proyectos de interés social en la provincia de Colón, ante la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón, debidamente sustentados, para su evaluación y financiamiento a través del fideicomiso.
Para leer el texto completo de la Ley 72, de 19 de octubre de 2012, ver el siguiente enlace: http://www.slideshare.net/Incsanne/ley-n-72-de-19-de-octubre-de-2012. Es responsabilidad de todos los panameños informarse objetivamente sobre los temas nacionales para poder opinar con conocimiento de causa y no dejarse engañar por malos panameños a quienes solo interesa su propio beneficio, por encima de Panamá y el pueblo panameño…
Publicadas por Eric Manuel a la/s 12:42 a. m. 3 comentarios

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60