Source: http://venturagarceslopezibor.com/boletin/2-15/butlleti2.html
Timestamp: 2017-09-23 21:35:11+00:00

Document:
Nº2/2015
Ventura Garcés & López-Ibor estrena nueva página web
Ventura Garcés & López-Ibor estrena nueva página web y nuevo dominio. Desde este mes de julio, www.venturagarceslopezibor. com da acceso al nuevo portal corporativo de la firma que contiene información jurídica de actualidad y de interés para las empresas. La nueva página web del Despacho
está disponible en español, catalán, inglés, chino y, en breve, lo estará en francés. Además, esta renovación incluye la entrada en Linkedin y Twitter, (@vgli_abogados) como redes sociales oficiales para seguir a la firma. También se han actualizado los dominios de los correos electrónicos con @vg-li.com.
· Legalización de libros de los empresarios
· Cataluña obliga a la mediación con carácter previo a la interposición de la demanda de ejecución hipotecaria
· Sentencia del Tribunal Supremo 137/2015, de 12 de marzo, relativa a la unifi cación de doctrina
· Sentencia del TJUE en el caso Christie’s France contra el Syndicat National des Antiquaires sobre el “Droit de Suite”
· Interpretación sobre el cálculo de la indemnización máxima por despido improcedente por parte del Tribunal Supremo
· Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 2015. Declaración de inconstitucionalidad de determinados aspectos de la Ley 13/1997 de la Comunitat Valenciana en relación a la aplicación de la bonifi cación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
· Sentencia del Tribunal Supremo de 5 febrero de 2015
· Ventura Garcés & López-Ibor incorpora a Lourdes Pérez-Luque como socia del área fi scal en Madrid
· “La OPS de Bankia”, por Isabel Mateu
Mediante Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la DGRN, se establece que la legalización de libros en formato electrónico y presentados por vía telemática en el Registro Mercantil competente, será de aplicación obligatoria a los libros de todas clases que deben llevar los empresarios respecto de ejercicios abiertos a partir del día 29 de septiembre de 2013. Por tanto, para las sociedades cuyo ejercicio social fi naliza el 31 de diciembre, será de aplicación respecto de los libros de ejercicios abiertos a partir del 1 de enero de 2014.
Sin perjuicio de lo anterior, y en relación a los ejercicios iniciados con posterioridad al 29 de septiembre de 2013 y cerrados hasta el día 31 de diciembre de 2014, cuando por justa causa no sea posible la presentación en formato electrónico de los libros o de alguno de ellos, el Registrador permitirá la presentación en formato papel, de libros formados por hojas encuadernadas.
A continuación se destacan los principales aspectos a tener en cuenta respecto a la legalización de libros:
Todos los libros obligatorios (o aquellos voluntarios de los que se pretenda su legalización) deberán cumplimentarse en soporte electrónico y presentarse para su legalización por vía telemática.
Además de los libros de contabilidad, también deberán cumplimentarse en soporte electrónico y presentarse por vía telemática el Libro de Actas, Libro Registro de Acciones Nominativas (si se trata de una S.A.), Libro Registro de Socios (si se trata de una S.L.) y Libro Registro de Contratos del Socio Único (si se trata de una Sociedad Unipersonal).
La presentación telemática de los libros para su legalización por el Registro Mercantil, deberá realizarse con periodicidad anual, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social (como regla general, el plazo finalizará el 30 de abril).
3. Presentación vía telemática
Para la presentación de libros vía telemática es necesario disponer de certifi cado de firma electrónica y estar abonado como usuario de la página web del Colegio de Registradores (www.registradores.org). Los libros se generarán
mediante un programa denominado Legalia, cuya descarga está accesible en la página web del Colegio de Registradores antes referida.
4. Suspensión cautelar de la Instrucción
Debe tenerse en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante Auto de 27 de abril de 2015 acordó cautelarmente la suspensión de la referida Instrucción de la DGRN de 12 de febrero de 2015, lo cual ha generado mucha confusión principalmente respecto a si es obligatorio o no presentar telemáticamente los libros de Actas y de Socios. En este sentido, los Registros Mercantiles tienen diferentes criterios al respecto, por lo que es necesario conocer el criterio del Registro Mercantil competente en cada caso.
Cataluña obliga a la mediación con carácter previo a la interposición de la demanda de ejecución hipotecaria
La Ley 20/2014 de 29 de diciembre, en vigor desde el 1 de abril de 2015, modifi ca el Código de Consumo de Cataluña para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo, e introduce como requisito indispensable para que se acepten las demandas de ejecución hipotecaria contra viviendas habituales de personas físicas, haber acudido previamente a un procedimiento de mediación o arbitraje.
En efecto, siguiendo las orientaciones marcadas por diversos proyectos comunitarios, como la Directiva 2014/17/UE, la referida ley introduce los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos de consumo en materia de crédito o préstamo hipotecario y establece (en su artículo 132.4.3) que “las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, han de acudir a la mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamación administrativa o a la demanda judicial”.
El objeto de este procedimiento de mediación es encontrar acuerdos entre las partes que hagan viable que el consumidor conserve la propiedad de la vivienda o, subsidiariamente, la posibilidad de mantener su uso y disfrute. No obstante, la imposición de una mediación a quien no tiene interés en discutir salidas negociadas a una controversia sino ejecutar simplemente una hipoteca por impago parece, a priori, poco efectiva. Y ello por cuanto podría suponer el consumo innecesario de tiempo y de recursos.
La experiencia hasta la fecha demuestra la ausencia de una voluntad por parte de las entidades fi nancieras a acudir a una mediación, pero este cambio normativo implica la inadmisión de las demandas de ejecución hipotecaria (siempre referidas a vivienda habitual) si no se ha acudido previamente a este método extrajudicial. Por tanto, su obligatoriedad podría dar lugar en el futuro a un cambio de tendencia en otros procedimientos de ejecución hipotecaria no circunscritos únicamente a la vivienda habitual.
Los Juzgados ya han adelantado que, si bien la materia de consumidores está transferida a todas
las Comunidades Autónomas, resulta difícil el encaje procesal que en la práctica pueda tener esta medida toda vez que la ley procesal (Ley de Enjuiciamiento Civil) no puede verse modificada por una ley autonómica.
Existen otras opiniones que consideran que la introducción de esta reforma se vislumbra como positiva y valiente, ya que sin la imposición de esta mediación raramente surgen negociaciones que contemplen la posibilidad de alcanzar un plan de pagos, el alquiler social, la dación en pago o, en definitiva, la posibilidad de lograr una refinanciación o una carencia. Para ello, será necesario contar con mediadores expertos que faciliten la posibilidad de cerrar acuerdos y evitar la vía judicial habida cuenta que transcurridos tres meses desde el inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir a la reclamación administrativa o a la demanda judicial.
Sentencia del Tribunal Supremo 137/2015, de 12 de marzo, relativa a la unificación de doctrina
El 12 de marzo de 2015 la Sección 1ª de la Sala Civil del Tribunal Supremo dictó esa sentencia mediante la cual se unifica la doctrina, hasta la fecha contradictoria, sobre la vigencia de los contratos de arrendamiento de local de negocio suscritos con posterioridad al RDL 2/1985 y sometidos voluntariamente al régimen de prórroga forzosa.
El caso enjuiciado gira entorno a un contrato de arrendamiento de local de negocio, cuyo arrendatario es persona física, celebrado el 19 de noviembre de 1986, y con fecha de efectos 1 de enero de 1987, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 2/1985, y sometido al régimen de prórroga forzosa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Se destaca del caso en cuestión que el local objeto de arrendamiento fue traspasado mediante escritura pública en fecha 17 de marzo de 2011.
La parte demandante solicita la declaración de la resolución del contrato de arrendamiento y la declaración de nulidad del traspaso efectuado. Subsidiariamente, solicita que el contrato quede resuelto en fecha 1 de enero de 2015 (plazo establecido en Disposición Transitoria 3ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (LAU 1994)).
Por contra, la parte demandada defiende que el contrato de arrendamiento debe permanecer vigente hasta el 17 de marzo de 2021, como consecuencia del traspaso efectuado, por aplicación del párrafo de la Disposición Transitoria 3ª de la LAU 1994 que establece que el “traspaso permitirá la continuación del arrendamiento por un mínimo de diez años a contar desde su realización”.
El Tribunal Supremo entra a valorar si por el hecho de haber sometido el contrato de forma voluntaria al régimen de prórroga forzosa, la Disposición Transitoria aplicable de la LAU 1994 es la 1ª o la 3ª.
La sala interpreta que toda vez que la legislación establece la terminación de los contratos sometidos al régimen de prórroga forzosa por imperativo legal, también debe preverse la finalización de aquellos contratos en los que la aplicación de la mencionada prórroga se fi ja convencionalmente. Es decir, a estos contratos les resulta aplicable la prórroga forzosa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y, en consecuencia, la Disposición Transitoria 3ª de la
LAU 1994 en lo que se refiere a la fi nalización del contrato.
No obstante, en el caso enjuiciado, al haber sido traspasado el local de negocio mediante escritura pública de fecha 17 de marzo de 2011, el Tribunal considera que procede aplicar el párrafo quinto del apartado B) 3. de la Disposición Transitoria 3ª de la LAU 1994 que establece “la continuación del arrendamiento por un mínimo de diez años a contar desde su realización [la del traspaso]”. En consecuencia, la fecha de extinción del contrato litigioso no es el 1 de enero de 2015, sino el 17 de marzo de 2021 (fecha en que se cumplirán 10 años del traspaso del local).
Sentencia del TJUE en el caso Christie’s France contra el Syndicat National des Antiquaires sobre el “Droit de Suite”
El TJUE fue consultado sobre la interpretación del derecho de participación (“Droit de suite”) en benefi cio del autor de una obra de arte original de acuerdo con la Directiva 2001/84/CE y la validez de una cláusula de condiciones generales de venta según la cual Christie’s percibe del comprador la suma igual al importe del canon debido al autor en concepto de derecho de participación.
El Syndicat National des Antiquaires ejercitó una acción contra Christie’s instando la nulidad de la cláusula en cuestión al constituir esta repercusión un acto de competencia desleal que infringía las normas sobre la responsabilidad del pago del derecho de participación.
Aunque el derecho de participación corre a cargo del vendedor o intermediario que intervenga en la venta de una obra posterior a la primera transmisión realizada por el autor o sus derechohabientes, el TJUE considera que el vendedor o profesional del mercado del arte puede pactar con el comprador que éste último soporte todo o parte del coste del derecho de participación, siempre que ello no afecte a la responsabilidad del vendedor como persona obligada frente al autor.
Interpretación sobre el cálculo de la indemnización máxima por despido improcedente por parte del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de septiembre de 2014, ha establecido una nueva interpretación de la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto Ley 3/2012, relativa a los límites máximos de la indemnización por despido improcedente.
Texto de la DT 5ª del RDL 3/2012:
“2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.”
Hasta el momento, había resultado pacífica la doctrina jurisprudencial, que, atendiendo a la voluntad del legislador, y a la aparente literalidad de la norma, establecía una “congelación” del derecho indemnizatorio máximo de aquellos trabajadores que, con anterioridad al 12 de febrero de 2012, hubiesen devengado un importe indemnizatorio superior a los 720 días (24 mensualidades), pero inferior a las 42 mensualidades (1.260 días). Así, si con anterioridad al 12 de febrero de 2012, un trabajador había generado una indemnización de, por ejemplo, 800 días, superior a 720 días, el cálculo indemnizatorio quedaba paralizado el 12 de febrero de 2012 y no seguía generando más indemnización tras esa fecha; por lo tanto, el tiempo transcurrido desde el 12 de febrero de 2012 hasta la fecha del despido, era indiferente a efectos de límite indemnizatorio, ya que operaba la “congelación” antes referida.
La sentencia comentada, haciendo una interpretación sorprendente de la norma, establece que, si el cálculo indemnizatorio supera el importe máximo de 720 días (24 mensualidades) el 12 de febrero de 2012, esto es, una antigüedad superior a 16 años, debe computarse el periodo de tiempo trabajado con posterioridad a esa fecha, hasta alcanzar las 42 mensualidades.
El criterio establecido contrasta con la interpretación de limitar el importe indemnizatorio generado por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012, por lo que no sería extraño que se produjera una modificación legislativa que puntualice y aclare el texto legal, o un cambio doctrinal del propio Tribunal Supremo, ya que al tratarse de una única sentencia, ésta no es generadora de jurisprudencia en los términos establecido en el artículo 1.6 del Código Civil, por lo que deberemos esperar a los próximos pronunciamientos para confi rmar o no este cambio de criterio.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 2015. Declaración de inconstitucionalidad de determinados aspectos de la Ley 13/1997 de la Comunitat Valenciana en relación a la aplicación de la bonifi cación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La referida sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el requisito de residencia en la Comunitat Valenciana para la aplicación de la bonifi cación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para adquisiciones “mortis causa”.
El TC se funda en la infracción del principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución, ya que incluir un requisito de residencia de los herederos supone una discriminación según el lugar de residencia de los mismos.
Esta sentencia, a pesar de haber sido dictada en un momento en el que la normativa valenciana analizada por el TC ya no resultaba aplicable por haber sido modifi cada, primero mediante el Decreto Ley 4/2013, con efectos desde 6 de agosto de 2013, y posteriormente mediante la Ley 7/2014, con efectos desde 1 de enero de 2015, tiene importantes efectos.
Estos efectos son, principalmente, que aquellos contribuyentes que no hubieran podido aplicar la citada bonifi cación exclusivamente por incumplir el requisito de residencia en dicha comunidad podrán instar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos reclamando la aplicación de la citada bonifi cación. Este procedimiento se limitará a aquellas liquidaciones no prescritas a la fecha de presentación de la solicitud de devolución de ingresos indebidos (período de prescripción que es de 4 años), quedando vedado a aquellos ya prescritos o sobre los que haya resolución fi rme en contra.
Otros aspectos relevantes que tienen que tenerse en cuenta son: (i) la sentencia sólo afecta a las transmisiones “mortis causa” (herencia) y no a las “inter vivos” (donación), y (ii) la redacción vigente entre 6 de agosto de 2013 y 31 de diciembre de 2014 no modifi caba este requisito de residencia en la citada comunidad (este requisito si ha sido eliminado en la redacción aplicable a partir de 1 de enero de 2015), de manera que a pesar de que el TC ha manifestado que este requisito es inconstitucional, no ha anulado la redacción aplicable entre agosto de 2013 y diciembre de 2014. En ambos casos hay dudas sobre la posibilidad y viabilidad de instar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015
El pasado 5 de febrero, el Tribunal Supremo dictó una Sentencia en la que casó y anuló otra de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2013, que había considerado improcedente declarar como realizadas en fraude de ley unas operaciones realizadas en un ejercicio prescrito.
El Alto Tribunal confi rma la declaración de fraude de ley de unos negocios jurídicos realizados en el año 1999, consistentes en diversas operaciones de restructuración de un grupo empresarial, financiadas con un préstamo concedido por una sociedad no residente.
La Sentencia supone un cambio de criterio radical del Tribunal Supremo, que en la Sentencia de 4 de julio de 2014, relativa a un caso muy similar, sostenía que la comprobación de operaciones realizadas en ejercicios prescritos, cuyos datos y magnitudes han adquirido fi rmeza, para alterar su régimen tributario, estaban al margen del más elemental principio de seguridad jurídica y en abierta contradicción con el instituto de la prescripción y de sus efectos propios.
El Alto Tribunal sostiene ahora que el derecho de la Administración a comprobar e investigar no prescribe nunca y que ésta puede usar dichas facultades para liquidar períodos no prescritos, pudiendo para ello comprobar e investigar operaciones realizadas en períodos prescritos que sigan produciendo efectos.
En un voto particular, cuyo criterio compartimos, uno de los Magistrados discrepa abiertamente del fallo del Tribunal, considerando que si ha prescrito la acción administrativa para reaccionar frente una práctica fraudulenta, la misma no puede recalifi carse en años posteriores, en virtud del principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.
Como sostiene el Magistrado disidente y sostenía el propio Tribunal Supremo en la referida Sentencia de 4 de julio de 2014, no nos parece razonable recalificar negocios realizados hace décadas con parámetros actuales, ni exigir al contribuyente que acredite qué efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal, obtuvo o pretendía obtener con los mismos.
Lamentablemente, parece que este criterio es el que se va a seguir en la próxima reforma de la Ley General Tributaria, extendiendo y aumentando las facultades de la Inspección en perjuicio de la seguridad jurídica del contribuyente.
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados incorpora a Lourdes Pérez- Luque como socia del área fiscal en Madrid
La abogada Lourdes Pérez-Luque se incorpora como socia en Ventura Garcés & López-Ibor con el objetivo de dirigir el área de Fiscal en la ofi cina de Madrid.
Con más de veinticinco años de experiencia, Pérez-Luque está especializada en Derecho Fiscal y Societario, conociendo en profundidad un amplio abanico de sectores empresariales tales como grandes distribuidores, comisionistas, inmobiliario, energía, distribución minorista, telecomunicaciones, moda y lujo, empresas cinematográfi cas y de entretenimiento, entre otros.
Además, la nueva socia de Ventura Garcés & López-Ibor acredita una gran experiencia en el asesoramiento de ámbito internacional en asuntos relacionados con inversiones extranjeras y procedimiento tributario. Esta nueva etapa, “permitirá seguir ofreciendo un asesoramiento jurídico personalizado y de calidad basado en la confi anza, la cercanía y las relaciones a largo plazo con los clientes”, según Pérez-Luque, que llega a la fi rma después de diez años como socia y responsable del departamento fi scal de Dentons
Lourdes Pérez-Luque está especializada en Derecho Fiscal y Societario.
en España y, previamente, habiendo dirigido su propia firma de consultoría.
La incorporación de Pérez-Luque como socia del Departamento fi scal en Ventura Garcés & López-Ibor “permitirá consolidar el área fi scal en Madrid y ofrecer a los clientes del despacho un servicio de primer nivel en un campo en creciente demanda por los cambios normativos y el incremento de inversiones internacionales”, afi rma la socia de Ventura Garcés & López-Ibor, Marta Gil de Biedma.
Éxito de asistentes al desayuno empresarial organizado con Beauty Clúster Barcelona en ACCIÓ
Los abogados Juan Botta y Natalia Font impartieron la ponencia.
Empresas asociadas al Beauty Clúster Barcelona asistieron a la ponencia “Compraventa internacional de mercancías y comercio exterior” que impartieron los abogados del departamento Procesal y Mercantil de Ventura Garcés & López-Ibor, Natalia Font y Juan Botta, el pasado 10 de abril, en la Agencia para la competitividad de la empresa, ACCIÓ.
El socio de Ventura Garcés & López-Ibor, Ricard Gené, abrió la conferencia “que aportó algunas de las claves para aquellas empresas que consideran la internacionalización como una opción estratégica y una ventaja competitiva para su negocio”. Este acto se enmarca en el acuerdo de colaboración de Ventura Garcés & López-Ibor Abogados con Beauty Clúster Barcelona.
La OPS de Bankia
El 20 de julio de 2011 BANKIA salió a Bolsa emitiendo 824.572.253 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal y una prima de emisión por acción de 1,75 euros (es decir, 3,75 euros por acción), captando así 3.092 millones de euros.
BANKIA emitió el Folleto Informativo que fue registrado en la CNMV el 29 de junio de 2011. En este Folleto se indicaba que aunque la única información consolidada y auditada disponible eran los estados intermedios del Grupo BANKIA, correspondientes al trimestre cerrado a 31 de marzo de 2011, para compensar esa falta de información se aportaba información financiera consolidada pro forma concluyendo que la entidad tenía solvencia y proyectaba benefi cios.
En el Folleto Informativo se atribuía al grupo, en la cuenta de resultados del primer trimestre de 2011, un benefi cio pro forma (no auditado) de 91 millones de euros y un benefi cio consolidado intermedio de 35 millones.
El día 30 de abril de 2012 expiraba el plazo que disponía BANKIA para la presentación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2011. Las cuentas fueron remitidas a la CNMV el día 4 de mayo de 2012 sin auditar. En la cuenta de resultados consolidada pro forma se refl ejaba un benefi cio de 309 millones de euros.
El 7 de mayo de 2012, el entonces presidente de BANKIA, Sr. Rodrigo Rato, anunció su dimisión. En esa misma fecha los medios de comunicación informaron que las acciones de BANKIA habían caído en Bolsa y que el Gobierno y el Banco de España estaban ultimando un plan de saneamiento para BANKIA consistente en un préstamo de entre 5.000 y 7.000 millones de euros del Estado.
En fecha 25 de mayo de 2012 la CNMV acordó la suspensión de la cotización de las acciones de BANKIA. Ese mismo día BANKIA comunicó a la CNMV la aprobación de unas nuevas Cuentas Anuales del ejercicio 2011 respecto de las inicialmente formuladas el 28 de marzo de 2012, en esta ocasión auditadas por Deloitte, en las que se reconocían unas pérdidas de 2.979 millones de euros frente a los 309 millones de benefi cios declarados y sin auditar apenas 20 días antes.
BANKIA solicitó una inyección de 19.000 millones de euros para recapitalizar la entidad.
La magnitud del rescate con cargo al dinero del Estado (nacionalización) superaba y doblaba los fondos del FROB usados desde 2008 para apuntalar al resto del sector.
Los peritos designados por el Banco de España en el procedimiento de instrucción derivado de la querella presentada por UPyD han evaluado las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de BFA y BANKIA de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010 y 2011. Concluyen los peritos que las cuentas de BANKIA, tanto en su salida a bolsa como posteriormente hasta la reformulación de mayo de 2012, no refl ejaban “la imagen fi el de la entidad”. Con independencia de la condición del inversor -minorista o cualifi cadopor más diligencia que pudieran emplear éstos y por más conocimientos técnicos que pudieran tener, en modo alguno podían haber previsto la caída del valor de las acciones si la información de solvencia de BANKIA que les motivó a invertir no era real.
Son varias las Sentencias tanto de la Audiencia Provincial de Valencia como de otros Juzgados que ya se han pronunciado a favor de los inversores indicando que lo relevante es que BANKIA anunció públicamente a los inversores una situación de solvencia con relevantes benefi cios, que luego resultó no ser cierta y esos datos económicos, al tratarse de un contrato de inversión, constituyen elementos esenciales de dicho negocio jurídico.
Jurídicamente existen diversas vías para reclamar las pérdidas sufridas por los inversores. Las acciones civiles que actualmente están siendo más utilizadas son principalmente: a) La acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto vía Art. 28 de la Ley del Mercado de Valores. Esta acción prescribe a los tres años desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento de la falsedad; b) La acción de responsabilidad por daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones contractuales y pre-contractuales (Art. 1.101 del Código Civil). Esta acción prescribe a los 15 años desde que se sufrió el daño; y c) la acción de anulabilidad por dolo (Art. 1296 del Código Civil). Esta acción prescribe a los 4 años desde que se formalizó el contrato.
Existen otras vías de reclamación posibles, no obstante las enunciadas son las que están siendo más utilizadas en las reclamaciones ante los Tribunales civiles por la emisión de BANKIA.
isabel.mateu@vg-li.com
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona.
- Programa de Postgrado en Derecho Internacional Privado y Derecho Comunitario. Beca Erasmus en la Katholieke Universiteit Nijmegen, Holanda.
- Escuela de Práctica Jurídica “Roda y Ventura”, Colegio de Abogados de Barcelona.
Máster de Derecho Procesal organizado por el Instituto Superior de Derecho y Empresa (ISDE). También ha impartido clases de formación en la Escuela Judicial (2006-2007) y en la Universidad Internacional de Catalunya (2007-2011).
Español, Inglés y Catalán.
- Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB)
- Miembro de International Association of Young Lawyers (AIJA)
- Vocal de la Comisión de Arbitraje del ICAB

References: resolución 
 artículo 132
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 14
 resolución 
 artículo 9