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Timestamp: 2015-07-05 04:21:46+00:00

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Posted on 1 julio, 2015 por Falconi Puig Abogados	Por: Abg. Mario Ruiz
Desde que comenzó la comercialización de bienes y servicios que han sido demandados por los consumidores, las compañías han buscado formas para hacer que sus productos sean siempre los primeros a ser escogidos por sobre otros que ofrecen sus competidores. Estas formas y técnicas que caracterizan a los productos o servicios de una determinada compañía son conocidas como secretos empresariales.
Antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM), en el Ecuador existía una forma de protección al secreto empresarial de productores conocida como información no divulgada; la misma que se depositaba ante la autoridad administrativa a cargo, para amparar esta de cualquier persona que de manera mal intencionada opte por tomar cualquiera de sus destrezas y utilizarlas en beneficio propio. No obstante, con la expedición de la LORCPM, ésta protección fue trasladada a este cuerpo legal, no por el hecho de ser considerada algo sumamente beneficioso para los productores, sino por el hecho de que el Estado ha tomado la política de proteger, no al productor ni tampoco al consumidor, sino directamente al mercado y al equilibrio económico. Tras este cambio, intuimos que el legislador ha concluido que esta información genera un derecho del cual goza su titular o propietario, por lo que si una persona trata de obtener un secreto, estaría frente a la violación de un derecho.
Por esto, vemos que el secreto empresarial debe necesariamente estar protegido, más aun si esto es un derecho que no puede ser transgredido por otra persona. En razón de aquello, la LORCPM ha establecido una disposición que expresa en su artículo 27, en donde de manera clara, prohíbe la obtención ilegítima de información, dando el carácter de una práctica anticompetitiva que puede llegar a ser sancionada. Si esta información es de fácil acceso y no cuenta con el carácter de confidencial, es porque así su titular no quiso hacerlo, pero si por otro lado, la información esta resguardada y no quiere ser revelada por parte de su titular entonces mal haría otro operador en intentar conseguirla, por lo que esto sería considerado como un acto anti competitivo.
Por otro lado, hacemos mención al artículo 52 de la Constitución de la República, el cual garantiza la salud de los consumidores por medio de la entrega de información veraz y precisa del producto hacia los consumidores, pero además establece sanciones y oportunidades de reclamo de indemnizaciones en el evento de que la información que se provea no sea real.
Por motivos lógicos y legales, los consumidores de un determinado bien o servicio, tienen derecho pleno a recibir bienes o servicios de óptima calidad que cuenten con información precisa de su contenido y características. Sin embargo, ¿Es necesario que este requerimiento de dar información veraz y precisa puede ir en contra de los principios del secreto comercial e industrial y de la información confidencial de un operador económico? En este caso, el derecho de los productores de resguardar el secreto que hace que su producto o servicio sea escogido de primera mano por los consumidores, no debería ser revelado ante nadie ya que esto haría que cualquier persona pueda comenzar a producir este bien o servicio y por ende el operador económico que ha investigado y concluido con información que lo hace competitivo respecto de cualquier otro, se queda sin preeminencia para poder caracterizarse.
De esta manera, vemos que los individuos que contribuyan a la producción de este bien o servicio y que tienen la obligación de no difundir la información que ellos conocen sobre la producción de este, se encuentran mermados por una garantía constitucional que protege evidentemente a los consumidores sin perjuicio de que la información que puede ser veraz para el consumidor, sea información protegida.
Todo lo anterior concluye en una controversia que debería ser resuelta pronto. Por un lado tenemos al titular de una información que desea se mantenga secreta y por otro lado, está la garantía constitucional de un ciudadano a obtener información precisa sobre el contenido del producto. En este caso, ¿Cómo se debería abordar la problemática y saber cómo ponderar para resolver este cuestionamiento?
De la mano de la norma constitucional, el artículo 4 de la Ley de Defensa al Consumidor ha establecido el derecho de los usuarios a acceder a la información completa, veraz y oportuna de las características, precio y demás información relacionada con el producto o servicio ofrecido. No obstante, ¿Podemos permitir que estos derechos del consumidor sobrepasen al secreto empresarial en todos los casos y haciendo que un mercado caiga?
Considerando que la Constitución de la República del Ecuador busca una economía justa y equitativa que se debe lograr mediante un mercado equilibrado y que compita de manera poco regulada, al tomar la garantía constitucional que se ha venido enunciando, no se puede mantener las políticas competitivas que busca el Estado. Esto ya que poco a poco los productores irían derrumbándose y por ende serán miles los que ofrecerán un mismo producto en un mismo mercado, ya que contarán con la información necesaria para tenerlo.
El tema de la garantía antes invocada se puede decir que no debería alcanzar a los secretos comerciales e industriales, o al menos no a todos, esto dependerá de cómo esté caracterizada esta información también a la luz de la legislación comunitaria. Evidentemente, si se procede conforme manda el precepto constitucional, nos veríamos abarcados plenamente en un tema de crisis económica antes que de defensa del consumidor, por lo que una vez más se debe considerar la disyuntiva de proteger en exceso al consumidor e inclusive establecer sanciones y oportunidades indemnizatorias para este o permitir que el mercado sea de libre competencia.
Publicado en Artículos, Inicio, Noticias	| Etiquetado acto anti competitivo, artículo 27, artículo 4 de la Ley de Defensa al Consumidor, artículo 52 de la Constitución de la República, comercialización de bienes y servicios, defensa del consumidor, entrega de información, garantía constitucional, Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, LORCPM, mercado equilibrado, obtención ilegítima de información, políticas competitivas, práctica anticompetitiva, Protección Jurídica del Secreto Empresarial, proteger equilibrio económico, Proteger mercado, secretos empresariales, violación de derecho	Acción Extraordinaria De Protección
Posted on 15 junio, 2015 por Falconi Puig Abogados	Por: Dr. Felipe Infante
La protección de los derechos está previsto en el Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador, que textualmente dispone: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.” La norma que acabamos de citar contiene los fundamentos doctrinarios que se requieren para interponer la acción extraordinaria de protección en contra del fallo o resolución que vulneren derechos constitucionales protegidos por la propia Constitución.
El Art. 11, numeral 3 de la Constitución en vigencia prevé que los derechos y garantías establecidos en la misma y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
Para alcanzar los propósitos antes mencionados, precisamente lo previsto en el Art. 429 de la Constitución, designa a la Corte Constitucional como supremo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con el derecho constitucional. Además, para una mejor aplicación, en el Art. 437 ibídem, encontramos los requisitos formales que se deben cumplir para su presentación en el máximo órgano de control constitucional.
Lo que preocupa a la mayoría de ecuatorianos es que muchos profesionales están utilizando a la Corte Constitucional para la ingrata tarea de dilatar y demorar los juicios, pues, de todas las resoluciones de casación que dicta la Corte Nacional, proponen acción extraordinaria de protección, como si se tratara de un tribunalde tercera instancia, lo cual repercute en un represamiento de causas pendientes de despacho.
Publicado en Inicio	| Etiquetado accion extraordinaria de proteccion, administracion de justicia, causas pendientes, constitucion de la republica del ecuador, corte constitucional, corte nacional, demorar juicios, derechos humanos, derechos institucionales, interpretacion constitucional, organo de control	Museo de la Imitación de la Unión de Fabricantes
Publicado en Artículos, Inicio	| Etiquetado falsificaciones de productos, imitaciones, museo de la imitación de la unión de fabricantes	Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos
Posted on 18 mayo, 2015 por Falconi Puig Abogados	Por: Ab. Verónica Chiriboga
1 ¿Cuál es el objetivo de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos?
Procurar que los contribuyentes paguen sus obligaciones tributarias pendientes vencidas hasta el 31 de marzo de 2015.
2 ¿A quién está dirigida la mencionada Ley? quiénes pueden beneficiarse de ella?
Todos aquellos contribuyentes que tengan pendiente el pago de intereses, multas y recargos derivados de deudas, cuotas RISE, impuestos vehiculares, declaraciones y anexos pendientes, tributos locales de los gobiernos autónomos descentralizados y créditos del Banco Nacional de Fomento, en este último caso siempre que el capital sea de hasta US$15.000
3 ¿Qué procedimiento se debe realizar para aplicar la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos?
De manera general, el contribuyente deberá realizar la declaración respectiva, indicar 0 en las casillas correspondientes a intereses y multas (o el 50% del valor de los mismos dependiendo de la fecha de pago conforme se señala a continuación), y cumplir con el pago del tributo.
4 ¿Cómo se aplica el calendario de pagos y los porcentajes de remisión de intereses, multas y recargos?
a) Si el pago de la totalidad del tributo adeudado se realiza hasta el 28 de julio de 2015, existirá la remisión de la totalidad de los intereses en mora, multas y recargos
b) Si el pago de la totalidad del tributo adeudado se realiza después del 28 de julio de 2015 y antes del 9 de septiembre de 2015, existirá la remisión de la mitad de los intereses en mora, multas y recargos
Si tiene alguna duda con respecto de cómo beneficiarse de esta ley conocida como Amnistía Tributaria, Falconi Puig Abogados está a su disposición para cualquier inquietud sobre este tema.
Publicado en Inicio, Noticias	| Etiquetado Ley de Amnistía Tributaria, Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, SRI	Recognition: World Trademark Review 1000
Posted on 11 febrero, 2015 por Falconi Puig Abogados	Responder	World Trademark Review 1000 has again ranked Falconi Puig in its Gold tier for 2015. We are proud to be referred to as “among the most popular choices for opposition proceedings and litigation” and as “a go-to firm for both domestic clients in expansion mode and international companies with cross-border concerns”. Please take a moment to read the full text here.
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Posted on 3 febrero, 2015 por Falconi Puig Abogados	Responder	By: Jaime Mantilla Compte [1]
As part of the rights guaranteed by the Ecuadorian Intellectual Property Law to trademark owners in our country, there is the possibility of taking action against the names of companies or partnerships that include a registered trademark, even though they were approved by the competent Authorities.
Accordingly, article 293 of the mentioned Law establishes:
“Art. 293.- A trademark, commercial name or plan variety owner who determines that the Superintendence of Companies or Banks has approved the adoption by companies under its control of a name including identical signs as those of its trademarks, commercial names or plant varieties, may request the EIPI the suspension of the use of the above name to eliminate all risk of confusion or undue usage of the protected sign.
The EIPI will notify the parties and to Superintendence of Companies or Banks through a resolution; the company will have a term of ninety days starting at the date of notice of the EIPI resolution, to adopt another name; a term which may be extendable for only one time and for the same time by means of justifiable causes.
In the event that a new name is not adopted within the term set forth in the above paragraph, the Superintendence shall proceed to dissolve or liquidate the company.”
Despite the above strengthens protection for trademark owners and establishes a clear procedure to claim their rights, having to exercise them due to the lack of anticipation and care of the Authorities implicates many times incurring in high expenses that would not be necessary if there would be a coordination between the Ecuadorian Intellectual Property Institute (EIPI) and the other entities in charge of approving the names of companies or partnerships.
In our opinion, an effective way to avoid this “incompatibility” between trademarks and names of companies would be the elaboration of a directive that establishes as mandatory for the corresponding Superintendence (of Companies, of Banks and of Popular and Solidarity Economy), to verify the information at EIPI regarding registered trademarks or trade names, prior to approving a company’s name.
In this manner, a preventive review would be made which would allow reducing the number of cases in which names of companies or partnerships improperly include previously registered trademarks and will reduce the amount of litigations that arise for this reason, that affect intellectual property owners.
The way to implement this can change, according to the best manner in which the needs of the Authorities and the users can be adapted. An alternative could be that the review is made directly by the corresponding Superintendence by accessing the EIPI’s database or, by the other hand, that it is established as a requirement for he interested party to file the trademark search report from EIPI along with the name reservation of the company or partnership, in order to determine that such name does not affect preexisting intellectual property rights.
In accordance with the above and going beyond companies’ names, we consider relevant to mention in this article the problems that have also been generated in practice by the “trade names approved” by the Internal Revenue Service (IRS).
What is currently occurring is that the IRS when opening or updating a Contributor’s Sole Registration (RUC for it meaning in Spanish), include the possibility for the user to provide a “trade name” with which the business will operate, despite that the Law for the Contributor’s Sole Registration nor its Directive establishes this field as part of the required information for registration.
This situation has generated constant problems for trademark owners, since the IRS does not review if the “trade name” the user is providing affects or not rights of third parties.
The above mentioned causes that in many cases, when the legitimate owner of a registered trademark takes action against the improper use of its mark, an unfavorable response from the offender is received, because he believes to be endorsed by the “trade name” that appears in the Contributor’s Sole Registration (RUC).
Cases like this have affected constantly the renowned restaurant LA CHOZA from Quito (http://www.lachoza.com.ec/), with whom a more conciliatory strategy has been chosen, avoiding legal action and sending instead cease & desist letters informing the offender of the legal situation.
So, through dialog and negotiation, favorable results have been obtained regarding the cease of improper use of this famous trademark, avoiding the discomfort and elevated costs of litigation.
Nonetheless, again this behavior of the IRS causes the trademark owner to be bound to incur in unnecessary expenses when such entity should not include in the Contributor’s Sole Registration (RUC) the declaration of a “trade name”.
Therefore, our opinion is that the IRS should eliminate the possibility of indicating a “trade name” in the Contributor’s Sole Registration (RUC) or, if it insists on keeping it, making a prior search in the EIPI’s database ex officio or as a requirement to the interested party, so that it can confirm that no intellectual property rights of third parties are affected.
[1] Lawyer of the “Pontificia Universidad Católica del Ecuador” (2007) and participant of the Intensive Postgraduate Course on Copyrights at “Universidad de Buenos Aires”, Argentina (2008). Senior Associate at Falconi Puig Abogados.
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Posted on 29 diciembre, 2014 por Falconi Puig Abogados	Por: María Laura Pedraza
El Ecuador y la Unión Europea se encuentran negociando el llamado Acuerdo Comercial Multipartes, que se estima será suscrito a mediados del año 2015. Mientras tanto el pasado 18 de diciembre de 2014, la Unión Europea extendió las preferencias arancelarias al Ecuador para aproximadamente 5.000 productos. Se estima que para el segundo semestre del año 2015 el parlamento de la UE aprobaría el acuerdo comercial, que es posterior a la aprobación del acuerdo legal. El Derecho de Propiedad Intelectual es uno de los temas que se ha tratado y será parte de dicho acuerdo. Y es que la Propiedad Intelectual, conforma uno de los capítulos más significativos en las negociaciones de acuerdos comerciales, sobre todo con los países que conforman la Unión Europea, al ser una de las regiones importantes en la generación de creaciones e innovaciones protegibles mediante las diversas modalidades de la Propiedad Intelectual, es así que esta unión de países, para protección de las modalidades de propiedad de sus nacionales procuran estratégicamente acuerdos beneficiosos. Las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen no son la excepción, pues el viejo continente, como es de conocimiento general, tiene una larga trayectoria de productos provenientes de determinadas zonas geográficas, que por su calidad y la confluencia de factores naturales y humanos, son altamente apreciados por los consumidores, y son exportados y comercializados en todo el mundo con réditos importantes para los países, regiones, productores, asociaciones de productores, trabajadores. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), definen a las Indicaciones Geográficas en su artículo 22:
Como podemos observar, el derecho de las Indicaciones Geográficas está comprendido en la normativa internacional, y la ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual recoge la misma normativa, sin embargo, las indicaciones geográficas de la Unión Europea aún no cuentan con los certificados de reconocimiento de protección en nuestro territorio.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina define a las Denominaciones de Origen como:
Y las protege de la siguiente manera: Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones. Es por esto que, luego de una petición formal por parte de la Unión Europea, y con el Acuerdo Comercial en la mesa de debate, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 593, correspondiente al mes de junio de 2014, ciento trece (113) Indicaciones Geográficas de países europeos, por supuesto ciñéndose al procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, con el fin de que, culminado el trámite, se emitan las resoluciones de reconocimiento de protección en afán de evitar estos derechos sean violados en territorio ecuatoriano y que sus titulares estén en derecho de ejercer las acciones legales correspondientes en contra de los usuarios no autorizados al uso de tales indicaciones geográficas o denominaciones de origen. El procedimiento para el reconocimiento de protección de dichas Indicaciones Geográficas será el mismo que el proceso de registro marcario, y tendrán vigencia mientras se mantengan las condiciones que las motivaron, tal como manda la Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus artículos 205 y 206: Artículo 205.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente. Artículo 206.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.
La protección de estas 113 indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeas, brindará mayor seguridad jurídica a nuestro aliado comercial al ser una herramienta contra usos no autorizados que indican falsamente el origen, las cualidades que no posee el producto causando engaño al público consumidor y perjuicio a los usuarios autorizados que son solo aquellos asentados en la propia zona geográfica.
Actualmente, el Ecuador es titular de dos Denominaciones de Origen: MONTECRISTI y CACAO ARRIBA, ambas denominaciones utilizadas por productos ecuatorianos de exportación. No hemos conocido sobre una posible iniciativa para que estas dos denominaciones de origen del Estado ecuatoriano sean iniciadas en trámites para protección en la Unión Europea. En el país al momento se encuentran en protección las siguientes denominaciones de origen extranjeras: PISCO – República del Perú
CAFÉ DE COLOMBIA – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
RON DE VENEZUELA – Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas
MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO – República del Perú
CHULUCANAS – República del Perú
HABANOS – Empresa Cubana del Tabaco
COGNAC – Bureu National Interprofessionnel du Cognac
CAFÉ DE CAUCA – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
TEQUILA – Consejo Regulador del Tequila
QUINUA REAL DEL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA – Asociación Nacional de Productores de Quinua. La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en nuestro territorio hacen que el Ecuador califique como un mejor aliado comercial hacia el exterior, y que por el principio de Seguridad Jurídica estemos en la posibilidad de otorgar a los titulares de estos derechos la protección que aspiran para combatir el uso indebido de estas modalidades.
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References: artículo 27
 artículo 52
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 52
 resolución 
 artículo 22
 Artículo 203
 Artículo 205
 Artículo 206