Source: http://jorgesuberoisa.com/congreso-internacional-pro-bono-acceso-la-justicia-acceso-la-justicia-marco-juridico-constitucional/
Timestamp: 2018-12-14 14:42:33+00:00

Document:
Congreso Internacional Pro Bono & Acceso a la Justicia : El acceso a la justicia en el marco jurídico constitucional - Jorge Subero Isa : Jorge Subero Isa
Publicado por: admin	Fecha: 02/10/2014 15:10:28 p.m. Comentarios: 0
La regla “nemo jus ignorare censetur; ignorantia legis neminem excusat” vs. la regla “Iura novit curia”
1ro. de octubre de 2014
Expresidente Suprema Corte de Justicia
El doctor Pangloss le dice a Cándido: “Por consiguiente, todos aquéllos que han defendido que todo está bien han cometido un error: deberían haber dicho que todo es perfecto”. Esto es como recordar nuestro viejo texto de geografía astronómica de Josefina Passadori, que refiriéndose al firmamento azul que llamamos cielo, decía ¡que lastima que no sea verdad tanta belleza!
Que la República Dominicana sea el único país de América que obtuvo su independencia de otro país americano; que cualquier habitante sea capaz de conocer el nombre de nuestras fuentes de abastecimiento de agua potable; los nombres de los vertederos de desechos sólidos; de las plantas generadoras de electricidad; tener arraigadas tradiciones, como aquella de los cangrejos en Haina que hicieron batirse en retirada a las tropas inglesas en el año 1655 durante la invasión de Penn y Venables, y de realidades tan inverosímiles, como la protagonizada en el año 1905 por el presidente Morales Languasco, que ante cuestionamientos decidió alzarse en armas contra su propio gobierno, hace que los criterios importados muchas veces tengan que someterse a un proceso de adaptación ante nuestra realidad social tan peculiar.
No podemos olvidar el aspecto localista para comprender el tema. La inserción de derechos extranjeros en nuestro país ha tenido mucho que ver con las librerías dominicanas. Todavía era estudiante, por los años de la década del 60, cuando frecuentemente visitaba la Librería América, que se encontraba en la calle Arzobispo Nouel con Sánchez o el Instituto del Libro, en la misma Nouel donde expendían obras jurídicas de la cultura española y argentina. Muy pocos eran los adquirientes de esas obras que se veían como de poca aplicación en nuestro país.
Fue posteriormente, cuando Juan Manuel Pellerano Gómez, primero, y posteriormente Eduardo Jorge Prats, quienes habían respirado los aires del constitucionalismo extranjero y lo exhalaron en tierra fértil que se esparció por todo el país, comenzaron a hablar en una jerga de difícil entendimiento para los que nos habíamos formado en rancios esquemas legales. No podemos decir que sin ellos esa corriente del pensamiento no hubiese llegado a la República, pero con la llegada a nuestra tierra del constitucionalismo moderno de las manos de tan eminentes juristas, ocurrió lo mismo que el descubrimiento de América, que era cuestión de tiempo. Los vientos llevaron a Colón a Santa Fe de La Vega para que se suscribiera con los Reyes Católicos las Capitulaciones de Santa Fe, invistiéndose a Cristóbal Colón como juez único.
Como ocurre casi siempre: ¡El mérito es de los primeros!
Nos parece oportuno, de entrada, tratar de delimitar el ámbito de estas palabras, que los organizadores le han asignado el título de “El acceso a la justicia en el marco jurídico constitucional”. La observación no me parece intrascendente ante la presencia del término justicia. En primer lugar, si consideramos que en el marco de nuestra Constitución, tanto el artículo 69, numeral 1) consagra como una de las garantías mínimas del debido proceso el “derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita”
En segundo término, al tenor del artículo 149, la justicia se administra exclusivamente en nombre de la República por el Poder Judicial, el cual es ejercido por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por ella y las leyes.
No cabe ninguna duda que los tribunales referidos son los tribunales del orden judicial, consistiendo su función en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Esta última atribución, una de las tantas novedades en la reforma de 2010, es de suma importancia porque expresamente le está señalando al Poder Judicial el deber de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; no le basta en consecuencia con juzgar, sino que su deber va más allá: ejecutar lo juzgado.
¿A cuál justicia nos referimos? ¿Se puede derivar de los últimos dos párrafos que el término justicia solamente comprende la potestad otorgada al Poder Judicial, a través de sus tribunales? ¿Qué cuando hablamos de acceso a la justicia solamente nos referimos a esos tribunales judiciales?
A pesar de la castración que el artículo 185 de la Constitución actual realizó al criterio de parte interesada que había dado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, cuando esta gozaba del control directo de la inconstitucionalidad, en su sentencia del 6 de agosto de 1998, que erigía a toda persona en centinela de la conformidad de las leyes, decretos, resoluciones y actos en virtud del principio de la supremacía de la Constitución, no podemos dudar, no obstante esa privación, que acceso a la justicia incluye los asuntos constitucionales, pues resulta innegable que existe una justicia constitucional especializada que desborda los límites de la acción directa en inconstitucionalidad, a la cual el acceso es una obligación asumida por el propio Estado.
“Mutatis mutandis”, lo dicho a propósito del Tribunal Constitucional es aplicable a los demás órganos jurisdiccionales que la Constitución misma ha establecido con el propósito de que cualquier interesado pueda acudir a ellos a los fines propios de su competencia.
Demasiado se ha escrito sobre el concepto de acceso a la justicia para tratar de dar una definición capaz de satisfacer las expectativas de los presentes. Sin embargo, no podemos sustraernos a ofrecer una aproximación de ese concepto.
Muchas veces se toma literalmente el término acceso a la justicia considerando que se limita a la apertura de las salas de audiencias de los tribunales, o a las facilidades de los minusválidos para llegar a ellas, o a los inconvenientes materiales para acudir. No me refiero siquiera al caso de un moderno edificio en forma de torre construido en un país suramericano, con muchas comodidades en su interior, pero con pocos ascensores que dificultaban el acceso a los pisos altos.
Tampoco a las limitaciones en el caso de ciertos juicios celebrados en EE.UU., luego de ser derribadas las torres gemelas, donde se restringió tanto el acceso a las audiencias que hasta se prohibía la presencia del imputado.
Acceso a la justicia es abrir las salas de audiencias de los tribunales a la Constitución y encontrar en ellas jueces o terceros imparciales que abran su corazón a los que acuden en reclamos de sus derechos.
No importa que en algunos países y en épocas diferentes la Constitución tan solo contenga disposiciones simples cosméticos, para maquillar una apariencia que en la práctica dista de un verdadero Estado de derecho. Son construcciones de rimbombantes términos literarios donde en ocasiones encuentran nichos pensamientos fortuitos ocurrídnosle a alguien que desea plasmarlos en la misma en búsqueda de su propia gloria. El terreno donde efectivamente se pone en práctica los derechos, libertades y garantías de las personas es en los tribunales.
Es una obligación de los órganos jurisdiccionales del Estado derribar las barreras que impiden el acceso a la justicia de las personas. Bajo ese criterio la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia del 10 de mayo de 2006, sobre la base del artículo 8, acápite j), ordinal 2, de la entonces vigentes Constitución y del artículo 8, numeral 1, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, declaró la inconstitucionalidad o nulidad erga omnes del principio “solve et repete”, por constituir una limitante al acceso a la justicia.
De su parte el Tribunal Constitucional en sentencia 0105/2014 ha dicho que:
“c. El derecho a ejecutar lo decidido por el órgano jurisdiccional es una garantía que integra el debido proceso, específicamente el derecho de acceso a la justicia que supone culminar con una decisión que cuente con la garantía de su ejecución en un plazo razonable, puesto que el proceso, más que un fin en sí mismo, es un instrumento de realización de las pretensiones inter-partes, las cuales quedarían desvanecidas o como meras expectativas si la decisión estimativa del derecho reconocido se tornara irrealizable.”[1]
El catálogo de derechos y garantías establecidos por la actual Carta Magna es un instrumento idóneo y suficiente, conjuntamente con los convenios internacionales sobre la materia suscritos por la República Dominicana, para que las personas dispongan de un expedito acceso a la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un estudio con el título “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, que es un documento sobre el tema que merece ser estudiado.[2]
La separación de los poderes y su independencia, así como sus respectivas atribuciones contribuyen al acceso a la justicia. Pero, la verdadera independencia de la justicia se encuentra en la conciencia de cada juez de la que forma parte.
Basta recordar la confusión de atribuciones en la clásica obra de Calderón de la Barca, “El alcalde de Zalamea”, que trata sobre el honor, valor humano en la actualidad tan expuesto a su mancillamiento por cualquiera, que hace a su autor merecedor de la suerte del capitán caballero ejecutado, cuando el rey pregunta a Crespo por qué siendo competencia del propio rey dispuso la muerte del capitán Álvaro, a lo que el alcalde contestó: “Toda la justicia vuestra es sólo un cuerpo no más”. O cuando el rey recrimina al alcalde por ocasionarle al capitán y caballero la muerte por garrote, en vez de degollarlo, el alcalde le responde que el verdugo del pueblo no ha aprendido a degollar; que además “y ésa es querella del muerto, que toca a su autoridad, y hasta que él mismo se queje, no les toca a los demás”.
¡Hoy el Estado tiene más de un solo cuerpo, por más poder que tenga cualquier alcalde!
Buscar los orígenes de la lucha por el acceso a la justicia y su obstáculo mayor es como buscar el culpable de la mala calidad de las pieles de los bolsos colombianos, según el relato de "Arando en el mar" de Michael Fairbanks y Stace Lindsay, donde cada agente endosa la responsabilidad a otro, resultando al final culpables las vacas al rasgar su piel con los alambres de púas.
O en el caso de la sífilis, donde Voltaire, en su célebre Cándido, pone en boca del doctor Pangloss, al relatar el origen de la sífilis en Europa nos dice:
“A Paquita le había hecho tal regalo un fraile franciscano muy sabio, que había investigado su origen, pues a él se lo había contagiado una vieja condesa, que lo había recibido a su vez de un capitán de caballería, que se lo debía a una marquesa, que lo había cogido de un paje, el cual lo había recibido de un jesuita, quien, cuando era novicio, lo había adquirido directamente de uno de los compañeros de Cristóbal Colón. En cuanto a mí, yo no se lo pegaré a nadie, porque me estoy muriendo. -¡Oh Pangloss! -exclamó Cándido-, ¡qué extraña genealogía! ¿No será cosa del diablo tal linaje? -En absoluto -replicó aquel gran hombre -era cosa indispensable en el mejor de los mundos, era un ingrediente totalmente necesario: si Cristóbal Colón no hubiera cogido en una isla de América esta enfermedad que envenena el origen de la vida, y que incluso impide muchas veces la procreación, cosa que evidentemente es contraria a los fines de la naturaleza, no conoceríamos ni el chocolate ni la cochinilla; por otra parte debemos observar que, actualmente, en nuestro continente, esta enfermedad, junto con la dialéctica, es una de nuestras características propias.
Ya no quiero seguir hablando del acceso a la justicia. ¿Pero acaso lo he hecho? Prefiero continuar estas palabras con el reverso del tema: los obstáculos al acceso a la justicia.
Parecería ilógico y desacertado y hasta contradictorio que para encontrar el obstáculo mayor al acceso a la justicia tengamos que recurrir precisamente al pensamiento de una persona que dijo: “doble llaves a la sepultura del Cid”. Me refiero a Joaquín Costa, que motivado por la incertidumbre de la España de su época sostenía que había que olvidar el pasado para refundar una nueva España. Es en cierta manera la posición de Andrés Oppenheimmer cuando en su exitosa obra “Basta ya de historias” aboga para que los líderes políticos de nuestra América contemporánea dejen de buscar soluciones a problemas actuales sobre el pensamiento de los héroes y mártires del pasado. ¡Es lo que él denomina pasión necrológica!
Tomamos del pensamiento del citado Joaquín Costa, contenido en su obra “El problema de la ignorancia del derecho”, como un pie de amigo para exponer mis consideraciones sobre el tema.
Desde tiempos inmemoriales ha sido una inquietud de la población conocer las normas jurídicas que regulan su comportamiento en la sociedad en que viven. El tema, por más ancestral que parezca y por más que sobre él se haya escrito, no pierde actualidad. La historia cuenta al emperador Calígula dictando decretos impositivos que fueron dictados en secretos, y ante la queja de los contribuyentes por la falta de publicidad de los mismos, los hizo grabar en letras muy pequeñas y colocadas a gran altura sobre el suelo para que no pudieran ser leídos y de esa manera permanecían en secretos, siendo muchos los transgresores, pues desconocían la norma impositiva. Calígula fue un buen ejemplo para muchos que le sobrevinieron, que de una u otra manera lo han seguido, con la finalidad de que la población tenga poco conocimiento de sus responsabilidades sociales. ¡El mundo moderno tiene muchos Calígula!
En nuestro país el asunto adquiere mayor dimensión por el afán legislativo de tratar de resolver mediante leyes problemas de estructura social. Ya en España, en el siglo XVII, se hablaba del daño que causaba la gran cantidad de leyes “que oprimen al pueblo”, que induce a la opresión principalmente de las clases pobres, en razón de que no pueden cultivarse y porque no pueden contar con un el auxilio de un abogado por carecer de recursos para retribuirlo. De esos pobres dice Menger que en su conducta se guían casi exclusivamente por un oscuro y muy ilusorio instinto de la justicia, corriendo de hecho toda su vida jurídica a merced del acaso, por no conocer sino poquísimo del derecho positivo y no hallarse al alcance de su miseria el remedio de acudir a los que lo conocen y profesan.[3]
Uno de los pilares en que ha descansado durante más de dos mil años el orden social se sustenta no en una realidad, sino en una ficción o abstracción, que algunos consideran absolutamente necesaria para su preservación. Me refiero como causa a la máxima “nemini licet ignorare jus” (a nadie le es permitido ignorar las leyes), y su consecuencia “nemo jus ignorare censetur; ignorantia legis neminem excusat” (se presume que todo el mundo las conoce; por lo cual, aunque resulte que uno las ignoraban, le obligan lo mismo que si las hubiese conocido). En cualquier circunstancia me refiero al principio de la inexcusabilidad del cumplimiento de la ley.
Quitándole las llaves a la sepultura del Cid y de esa manera quedarnos en el pasado, reflejo la inquietud sobre el tema de la ignorancia de la ley que nos brinda Alfredo Calderón, por allá por los lejanos años de 1880, con el ejemplo siguiente:
“Recibió un sujeto una herencia, sin acogerse al beneficio de inventario: acudieron los acreedores, y practicada la liquidación, resultó en definitiva alcanzado el heredero con una cuantiosa suma. Mal avenido con esto y deseando salir de la dificultad, consultó a un letrado. –Pero, ¿cómo no aceptó usted la herencia, le dijo éste, a beneficio de inventario? “– Porque no sabía que existiera semejante cosa”, replicó la víctima. “-Pues debía usted haberlo sabido, porque todo ciudadano tiene obligación legal de conocer las leyes”. “-Pues mire usted, tampoco eso lo sabía”.[4]
El conocimiento del derecho por el ciudadano se encuentra investido con una presunción juris et de jure, pues no admite la prueba en contrario. Juan Luis Vives, jurista español que murió en 1549 se preguntaba en una ocasión, según nos relata Costa, que dónde estaba la justicia del principio ignorantia legis neminem excusat, siendo tantas las leyes y tan abultadas y dificultosas, que nadie podría saberlas todas. Con ellas no trazáis una pauta benigna y paternal para conducirse en la vida, sino que tramáis emboscadas a la ignorancia y sencillez del pueblo.
Sin dejar de cierto que hasta en la actualidad esa presunción descansa sobre una abstracción, hay que reconocer que constituye una realidad. En el caso de la República Dominicana pasó de ser una consagración legislativa en el artículo 1 del Código Civil que dispone “Las leyes, salvo disposición legislativa expresa en otro sentido, se reputarán conocidas en el Distrito Nacional y en cada una de las Provincias, cuando hayan transcurrido los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación hecha en conformidad con las disposiciones que anteceden, a saber: En el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación. En todas las Provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día. Párrafo.- Las disposiciones que anteceden se aplican también a las Resoluciones y a los Decretos y Reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo”.
En la actualidad esa máxima ha perdido su estirpe legislativa y ha adquirido un carácter constitucional al disponer el artículo 109 la Constitución lo siguiente: “Entrada en vigencia de las leyes. Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional”. De una presunción legal hemos pasado a una presunción constitucional de conocimiento de la ley.
Es precisamente en esa máxima de que nadie puede ignorar la existencia de la ley donde encontramos el mayor obstáculo al acceso a la justicia. Ocupando la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en unas palabras pronunciadas el 10 de julio de 2003, en ocasión del 2do. Congreso Internacional de Abogados, celebrado en nuestro país, abordé el tema de la ignorancia de la ley y de la Constitución, diciendo en la ocasión que la población solamente llegaba a tener conocimiento de sus derechos cuando ellos habían sido conculcados.[5]
Sin embargo, dos atemperamientos vienen en auxilio del ciudadano en cuanto al rigor de la máxima. El primero, y para eso recurro a un lítotes, es que ella no significa que el ciudadano tenga que conocer todas las leyes, sino que no puede desconocer su existencia. Y el segundo, que es más importante, lo constituye la máxima “Iura novit curia”, que parece tener su origen en una reacción violenta de un juez romano que hastiado de los argumentos jurídicos de uno de los abogados, expresó: “Venite ad factum. Curia novit ius jus” (presente los hechos; el juez conoce el derecho). El juez no solamente conoce el derecho, sino que está obligado a decidir conforme al derecho, aún en el caso en que las partes no hayan indicado en su exposición las leyes que sirven de fundamento a sus pretensiones o hayan invocado equivocadamente disposiciones legales que no se corresponden con las pruebas de los hechos relatados por ellas; pero nunca fuera de las pretensiones de ellas y de los hechos relatados.
El Código Civil recogió posteriormente ese postulado en el artículo 4 expresando “El juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia”.
La Constitución actual ha sustituido el estado legislativo de derecho que dominó la mayor parte de nuestra vida republicana por un Estado Social y Democrático de Derecho que ha venido a potenciar la protección de los derechos de las personas. Es precisamente en ese marco donde deben dirimirse los conflictos que nos conducen a un tercero imparcial, quien en su decisión no puede apartarse de los preceptos constitucionales. Ya no se puede pretender que el juez solamente tiene la facultad de interpretar la ley, sino de aplicarla en toda su extensión. De ahí que la máxima “Iura novit curia”, haya sido dimensionada en nuestro país a partir de 2010.
A pesar de que la Constitución vigente (2010) no dispone expresamente nada en cuanto a la “Iura novit curia”, sus artículos 7, 8, 40, 68 y 69 colocan a la persona y a los derechos fundamentales en un plano de primacía. Pero de manera principal el artículo 68, que dispone: “Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley”.
Si durante todo el imperio del estado legislativo de derecho estuvo presente el principio establecido “Iura novit curia”, con mucha más razón es aplicable en un estado social y democrático de derecho, como el constitucionalmente consagrado en nuestro país. ¡Si el juez es conocedor del derecho, más es conocedor de la Constitución!
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha extendido el principio hasta el derecho convencional, por ser no solo derecho internacional ratificado y vigente, de aplicación preferente, sino también derecho interno. Por tanto, cada vez que un juez dentro de sus competencias y de acuerdo a los procedimientos establecidos deja de aplicar el derecho convencional que asegura derechos fundamentales, da lugar a un acto írrito carece de valor jurídico, siendo un acto contrario a derecho, que vulnera derechos humanos y genera responsabilidad internacional del Estado, en cuanto el juez es un agente del Estado, en cuanto el juez es un agente del mismo Estado, es el Estado juez, si ello no se corrige en el derecho interno, antes de llegar al sistema interamericano.[6]
La jurisprudencia dominicana en varias ocasiones se ha pronunciado en ese sentido.
La Sala Civil, de la S.C.J., en sentencia del 6 febrero de 2013 dijo: “Considerando, que es importante establecer, que si bien es cierto que en principio, corresponde a los jueces del fondo dar a los hechos de la causa su verdadera denominación jurídica, de acuerdo al principio Iura Novit Curia, no menos cierto es que esta calificación debe realizarse en la instrucción del proceso en el cual los jueces advierten que la normativa alegada por las partes no se corresponde con los hechos fijados en el proceso, por lo que el juez apoderado está en la obligación de advertir a las partes que está facultado para darle a los hechos de la causa una calificación distinta, la cual debe comunicarles a fin de que estos puedan hacer sus observaciones sobre la norma que el tribunal considere que pueda aplicar al caso, toda vez que si el tribunal cambia en la solución del caso la norma aplicable al mismo, sin darle la oportunidad a las partes de pronunciarse sobre esta posibilidad de cambio de calificación, se violentaría el derecho de defensa de las partes y el debido proceso;
Considerando, que, es oportuno destacar, que en Francia, país de origen de nuestra legislación procesal civil, luego de la reforma del Código Procesal Civil, el artículo 16 del referido texto legal dispone: “El tribunal deberá observar en todo caso el principio de contradicción. Para fundar su decisión sólo podrá atender a los medios de prueba, a las explicaciones y a los documentos invocados o aportados por una parte en caso de que la contraria haya estado en condiciones de contradecirlos. No podrá fundar su decisión en fundamentos jurídicos que él mismo haya apreciado de oficio sin haber ofrecido previamente a las partes la oportunidad de pronunciarse al respecto”; que, a pesar de que en nuestra legislación ordinaria no existe ninguna disposición legal al respecto, la Constitución de la República garantiza el debido proceso de ley, en cual debe salvaguardarse el derecho de defensa y el principio de contradicción procesal, de manera pues, que como es un asunto entroncado en la norma fundamental del Estado, es inexcusable su aplicación al caso concreto;”.[7]
La misma sala, dijo el 13 de noviembre de 2013:
Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, entiende que tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido a los jueces la facultad de resolver el litigio conforme a las reglas de derecho que le son aplicables, aún cuando deba ordenar o restituir su verdadera calificación a los hechos y actos litigiosos sin detenerse en la denominación que las partes le hubieran dado; que, los principios generales del derecho que rigen en materia civil reconocen que el juez tiene la obligación de resolver los litigios que son sometidos a su consideración, conforme a las leyes que rigen la materia, aún cuando la aplicación de estas leyes no hubieren sido expresamente requeridas por las partes, en aplicación del principio “Iura Novit Curia”, pero la aplicación de esta regla a fin de no acarrear consecuencias injustas, a juicio de esta Sala, debe ser limitada en su aplicación, en el sentido de oír previamente a las partes, cuando el tribunal pretende formar su decisión en argumentos jurídicos no aducidos por estas, que entrañen modificación dada a los hechos en el debate y en la norma aplicable;
Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de fecha 6 de febrero de 2003, dejó establecido, que la decisión de los jueces de hacer uso del principio Iura Novit Curia debe armonizar con el derecho de las partes de plantear sus observaciones o juicios con relación a las reglas de derecho que el juzgador pretende aplicar al caso; que el fallo referido contiene el criterio jurisprudencial siguiente: “es importante establecer, que si bien es cierto que en principio, corresponde a los jueces del fondo dar a los hechos de la causa su verdadera denominación jurídica, de acuerdo al principio Iura Novit Curia, no menos cierto es que esta calificación debe realizarse en la instrucción del proceso en el cual los jueces advierten que la normativa alegada por las partes no se corresponde con los hechos fijados en el proceso, por lo que el juez apoderado está en la obligación de advertir a las partes que está facultado para darle a los hechos de la causa una calificación distinta, la cual debe comunicarles a fin de que estos puedan hacer sus observaciones sobre la norma que el tribunal considere que pueda aplicar al caso, toda vez que si el tribunal cambia en la solución del caso la norma aplicable al mismo, sin darle la oportunidad a las partes de pronunciarse sobre esta posibilidad de cambio de calificación, se violentaría el derecho de defensa de las partes y el debido proceso; Considerando, que, es oportuno destacar, que en Francia, país de origen de nuestra legislación procesal civil, luego de la reforma del Código Procesal Civil, el artículo 16 del referido texto legal dispone: “El tribunal deberá observar en todo caso el principio de contradicción. Para fundar su decisión sólo podrá atender a los medios de prueba, a las explicaciones y a los documentos invocados o aportados por una parte en caso de que la contraria haya estado en condiciones de contradecirlos. No podrá fundar su decisión en fundamentos jurídicos que él mismo haya apreciado de oficio sin haber ofrecido previamente a las partes la oportunidad de pronunciarse al respecto”; que, a pesar de que en nuestra legislación ordinaria no existe ninguna disposición legal al respecto, la Constitución de la República garantiza el debido proceso de ley, en el cual debe salvaguardarse el derecho de defensa y el principio de contradicción procesal, de manera pues, que como es un asunto entroncado en la norma fundamental del Estado, es inexcusable su aplicación al caso concreto”;
Considerando, que en ese orden de ideas, es preciso indicar que en la especie, como señalamos anteriormente, se trata de una demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por los señores Luis Ernesto Moreno y Rosenia del Carmen Tejada de Moreno, contra el señor Juan de Jesús Santos Mora, a fin de que se les ordenara el resarcimiento de los daños y perjuicios recibido por estos, como consecuencia del ahogamiento de su hijo en el complejo “Agua Azul”, cobijando su demanda bajo el amparo de los artículos 1382, 1383 y 1384, párrafos 1ro. y 3ro., del Código Civil que se enmarcan dentro de la responsabilidad delictual y cuasidelictual; que el estudio de la sentencia impugnada nos permite establecer, que tal y como lo denuncia la parte recurrente, la corte a-qua incurrió en violación al principio de la inmutabilidad, al retener y juzgar el caso en base a la responsabilidad contractual, consagrada en el artículo 1146 y siguientes del Código Civil, puesto que, como se ha dicho, si bien los jueces tienen la facultad de otorgar a los hechos de la causa su verdadera denominación, deben hacerlo garantizando los derechos de ambas partes, lo que no ocurrió en la especie, puesto que al darle la corte a-qua a los hechos la denominación jurídica que a su juicio era la aplicable al caso, no ofreció a las partes la oportunidad de pronunciarse sobre los puntos de derecho en los que fundamentó su decisión, toda vez que dicha decisión intervino luego de cerrados los debates, lo cual, es de toda evidencia que las partes no tuvieron la oportunidad de presentar su defensa en ocasión de esta nueva orientación dada por el tribunal de alzada al caso en cuestión;
Considerando, que es necesario precisar, que con su proceder la corte a-qua, además de haber incurrido en una violación al hacer uso del principio Iura Novit Curia sin darle la oportunidad a las partes de presentar sus argumentos, como se ha dicho, ha incurrido en la confusión alegada por la parte recurrente en la segunda rama de su primer medio de casación, al determinar que conforme a los hechos de la causa, los demandante originales debieron fundar su demanda en los artículos 1146 y siguientes del Código Civil relativos a la responsabilidad contractual, cuando los mismos lanzaron su demanda por los daños y perjuicios experimentados por ellos con la muerte de su hijo, que de acuerdo a los hechos establecidos como ciertos por la jurisdicción de fondo, murió ahogado en la piscina del complejo turístico “Agua Azul”;
Considerando, que en virtud de las consideraciones antes citadas, la corte a-qua incurrió en las violaciones alegadas por la parte recurrente en los medios que se, razón por la cual procede acoger el presente recurso, y en consecuencia casar la sentencia impugnada, sin necesidad de examinar la primera rama del primer medio de casación planteado;”.[8]
El 2 de diciembre de 2013 la Segunda Sala, al calificar un hecho dijo:
“Considerando, que además, el juzgador puede dar a los hechos una calificación jurídica diferente de la contenida en la acusación, conforme lo prevé la parte in fine del artículo 336 del Código Procesal Penal, lo que se corresponde con la máxima “iura novit curia”; en esencia, el juez no puede acreditar otros hechos o circunstancias que no sean los contenidos en la acusación, pero sí puede dar una calificación diferente al derecho que esta parte invoca;
Considerando, que en la fase procesal en la que se encuentra el procedimiento es evidente que aún el juzgador no se encuentra en condiciones de calificar o descalificar jurídicamente el derecho invocado en la acusación, puesto que esta labor habrá de efectuarse una vez producidas, debatidas y valoradas las pruebas, pero sí puede delimitar la acusación, según su soberana apreciación, cosa que no ocurrió en la especie y que afecta de nulidad el fallo atacado, por inobservancia de las disposiciones legales citadas; por consiguiente”.[9]
La misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha hecho aplicación del principio cuando afirmó el 8 de enero de 2014 que el juzgador tiene que ser puesto en condiciones para decidir al respecto, tal como se desprende del principio “iura novit curia (da mihi factum dabo tibi ius)”, dale los hechos al juez y él te dará el derecho.[10]
El Tribunal Constitucional dominicano ha dicho:
“d. No obstante lo anterior, es oportuno destacar en esta ocasión que en aplicación del principio iura novit curia, corresponde a las partes explicar los hechos al juez y a este último aplicar el derecho que corresponda, de manera tal que resulta irrelevante el hecho de que los demandados hayan fundamentado su pedimento de inadmisión en una ley derogada y no en la vigente.[11]
En las sentencias anteriormente citadas cada órgano ejerció sus funciones dentro de sus respectivas atribuciones:
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ejerció su función nomofilática no solamente en cuanto al aspecto tradicional de la correcta aplicación e interpretación de la ley, sino también de la Constitución de la República.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en su función de tutelar los derechos de los imputados.
El Tribunal Constitucional, considera irrelevante que una parte alegue la existencia de una ley derogada, pues corresponde a las partes explicar los hechos al juez y a este último aplicar el derecho que corresponda.
Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, en la relativo a la máxima “Iura novit curia”, deben ser aplaudidas, pues se encuentran conforme con el derecho de defensa y el principio de contradicción procesal establecido en la Constitución de la Republica, siguiéndose los lineamientos de la jurisprudencia y doctrina internacionales en el sentido de que el límite de aplicación se esa máxima se encuentra enmarcado en que el juez la aplique en la medida y en cuanto a lo debatido, a lo pretendido, a los hechos sometidos y a la norma que aplicará el juez. Y es que en nuestro país lo contradictorio ha sido elevado a garantía constitucional, como parte del debido proceso. Es obligación del juez hacer partícipe a las partes de la norma jurídica que ha de aplicar, pues ellas no pueden ser sorprendidas, exigiéndose en consecuencia la participación procesal de los litigantes en el debate sobre la normativa.
Es que debemos recordar que el debido proceso es transversal en todas las actuaciones judiciales y administrativas, según lo dispone el artículo 69, numeral 10 de la Constitución.
En definitiva, la aplicación de la máxima “Iura novit curia” conlleva no solamente el debate de las pretensiones de la partes, sino que el juez en su rol debe someter también al debate la norma jurídica que pretende aplicar en el caso. ¡Todo es una consecuencia de la constitucionalización del proceso!
La máxima “Iura novit curia” ha encontrado un aliado excelente en la vigente Constitución de la República. ¡Y de eso debemos felicitarnos! Los jueces disponen de un instrumento que permite suplir la ignorancia del derecho de las personas. Sin la “Iura novit curia” la “nemo jus ignorare censetur; ignorantia legis neminem excusat” difícilmente hubiese soportado el rigor de la Constitución del 26 de enero de 2010.
Sin embargo, sigo creyendo que no hay peor obstáculo al acceso a la justicia que la ignorancia del derecho, y más específicamente que de los derechos fundamentales. ¡Cuando se viola o se desconoce un derecho fundamental no se atenta contra la persona afectada, sino contra la Constitución misma!
El acceso institucional es importante, pero más importante es que el juez abra las puertas de su corazón al que a él acude en busca de justicia.
La justicia alcanza su plenitud cuando el que sucumbe en un litigio acepta que el Estado reconoció que la contraparte tenía la razón.
Concluyo con lo dicho en una ocasión: ¡Oí tanto cuando era oidor que mis oídos se cansaron de oír! ¡Hoy tan solo escucho!
Aula Magna UASD.
1ro. de octubre, 2014.
[1] tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/…
[2] http://www.cidh.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm.
[3] Costa, Joaquín, “El problema de la ignorancia del derecho”, pág. 22, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1957.
[4] Citado por Joaquín Costa, ob. cit.
[5] Subero Isa, Jorge A., No siempre he hablado por sentencia, t. II, pág. 976.
[6] Anuario Derecho Constitucional Latinoamericano, 2013.
[7] Primera Sala, S.C.J., 6 de febrero de 2013, recurrente CONELEC, S. A. y Francisco Miguel Casilla vs. Rafael Lantigua Hernández. En igual sentido, 24 de abril de 2013, recurrente Banco BHD, S. A. (continuador jurídico del Banco Gerencial & Fiduciario, S. A.) vs. Juan Alfonso Musseden Sánchez).
[8] Primera Sala, 13 de noviembre de 2013, recurrente Luis Ernesto Moreno y compartes vs. Juan de Jesús Santos.
[9] Segunda Sala. S. C. J. 2 de diciembre 2013. Recurrente: José Parra Baez.
[10] Segunda Sala, S. C. J. 8 de enero de 2014. Esteban González Lugo, 8 de enero 2014”.
[11] Sentencia TC/0101/14, expediente núm. TC-05-2013-0041.

References: artículo 69
 artículo 149
 artículo 185
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 109
 artículo 4
 artículo 68
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 1146
in fine
 artículo 336
 artículo 69