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Timestamp: 2017-03-26 11:43:25+00:00

Document:
Publicado en BOE de 31 de Diciembre de 1993
Vigencia desde 01 de Enero de 1994. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2015
CAPITULO I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
CAPITULO II. Impuesto sobre Sociedades
Bonificación en el Impuesto sobre Sociedades
CAPITULO III. Impuesto sobre el Patrimonio
CAPITULO IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
CAPITULO V. Tributos locales
Exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a los centros concertados
Modificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas
CAPITULO VI. Tasas
Tasa por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear
Tasas por servicios sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo
Tasa por expedición del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas
Tasas aplicables por la realización de actividades o prestación de servicios por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
TITULO II. NORMAS DE FUNCION PUBLICA
Planes de Empleo y Oferta de Empleo Público
Modificación del sistema de promoción interna
Modificación del plazo máximo de diez años de la excedencia voluntaria por interés particular
Situación administrativa de expectativa de destino
Nueva modalidad de excedencia forzosa
Reingreso al servicio activo de quienes no tengan reserva de plaza y destino
Jubilación anticipada incentivada
Funcionarios adscritos al Tribunal de Cuentas
TITULO III. MEDIDAS DE REFORMA EN MATERIA LABORAL
CAPITULO I. PROTECCION POR DESEMPLEO
Cotizaciones durante la situación de desempleo
Cuantía y duración del subsidio
CAPITULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL
Sanciones en materia de empleo, formación profesional ocupacional, ayudas para el fomento del empleo, protección por desempleo y Seguridad Social
Infracciones por obstrucción a la labor inspectora
Expedientes de responsabilidad contable
Delimitación del procedimiento aplicable en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos
Personal Caminero del Estado
Opción de los funcionarios en los supuestos de traslado de la sede administrativa
Otros sistemas de racionalización
Negociación de los Planes de Empleo
Modificación del régimen de provisión de puestos de trabajo de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional
Nueva redacción de los apartados 2.1 a 2.4 de la disposición adicional décima de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre
Asistencia jurídica a los Entes públicos estatales
Representantes de los no residentes
Ampliación del plazo máximo de excedencia voluntaria por interés particular
Funcionarios en proceso de reasignación
L 16/2014 de 30 Sep. (tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 13 derogado por la letra a) de la disposición derogatoria de la Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores («B.O.E.» 1 octubre).
L 23/2005 de 18 Nov. (reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad) Ocultar / Mostrar comentarios Número cinco del artículo 13 redactado por el artículo cuarto de la Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad («B.O.E.» 19 noviembre).
L 13/1996 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta que la disposición transitoria 4.ª ha sido prorrogada por Ley 13/1996, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
L 43/1995 de 27 Dic. (impuesto sobre sociedades) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 2 declarado expresamente vigente por Ley 43/1995, 27 diciembre («B.O.E.» 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
L 43/1995 de 27 Dic. (impuesto sobre sociedades) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición Adicional 1 declarada expresamente vigente por el apartado 19 del número 2 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 43/1995, 27 diciembre, del Impuesto sobre Sociedades («B.O.E.» 28 diciembre).
L 40/1998 de 9 Dic. (impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición Adicional 1.ª derogada por Ley 40/1998, 9 diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias («B.O.E.» 10 diciembre).
L 13/1996 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social) RDLeg. 1/1994 de 20 Jun. (TR Ley General de la Seguridad Social) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 39 derogado por R.D.Leg. 1/1994, 20 junio («B.O.E.» 29 junio), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición adicional 10 derogada por R.D.Leg. 1/1994, 20 junio («B.O.E.» 29 junio), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición adicional 11 derogada por R.D.Leg. 1/1994, 20 junio («B.O.E.» 29 junio), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Número 2 de la disposición final 2.ª derogado por R.D.Leg. 1/1994, 20 junio («B.O.E.» 29 junio), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Exposición de Motivos La actual situación económica demanda la adopción de medidas legislativas de diversa índole que coadyuven al cabal cumplimiento de los objetivos económicos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la vista del especial tratamiento que reciben en nuestro sistema fiscal las Instituciones de Inversión Colectiva, se someten a tributación los incrementos de patrimonio derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital social o patrimonio de tales Instituciones, aun cuando el importe obtenido de los mismos no supere el límite de 500.000 pesetas previsto con carácter general en la Ley de 1991.
En el Impuesto sobre el Patrimonio se amplían las exenciones objetivas de su Ley reguladora de 1991 incluyendo entre las mismas la aplicable a lo que ha venido denominándose en el Derecho comparado «útiles de trabajo», concepto que incluye los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, ejercida de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo, y constitutiva de su principal fuente de renta.
La misma exención se aplica, asimismo, a las participaciones en entidades que cumplan determinadas condiciones, tanto en cuanto a las actividades que realizan, como en cuanto al sujeto pasivo beneficiario de la exención, el cual, aparte de detentar una participación del capital superior al 25 por 100, deberá ejercer efectivamente funciones de dirección y percibir por ello una remuneración.
A dicha finalidad responden los Planes de Empleo que se configuran como instrumentos esenciales para el planteamiento global de las políticas de recursos humanos de las distintas organizaciones administrativas y que tratan de adecuar el mercado interno de trabajo a las necesidades reales de la propia Administración con el fin de incrementar la eficacia de la misma.
Por lo que a desempleo se refiere, y sin perjuicio del compromiso del Gobierno de aprobar un proyecto de Ley que consolide y ordene coherentemente la protección en el ámbito de un sistema racional, las reformas que ahora se llevan a cabo tienden a compatibilizar la protección efectiva con el equilibrio presupuestario del importante gasto en desempleo, que en términos de participación en el producto interior bruto (PIB) ha pasado del 2,7 por 100 al 3,5 por 100 en el período 1985-1993. Para ello se adopta un conjunto de reformas normativas que refuerzan los elementos configuradores de la situación de desempleo ante la cual el régimen público de protección debe garantizar, en caso de necesidad, una prestación social suficiente.
Por último, se reordena la protección por desempleo de nivel asistencial, reconsiderando los requisitos exigidos para tener derecho al subsidio y revisando, en consecuencia, el concepto de responsabilidades familiares y el nivel de rentas de la unidad familiar, en coherencia con la protección dispensada mediante las prestaciones de nivel no contributivo de la Seguridad Social.
De otro lado, y teniendo en cuenta la persistencia de conductas socialmente insolidarias en el disfrute indebido de prestaciones por desempleo, cometidas por los propios beneficiarios de la protección y por los empresarios que les contratan irregularmente, se modifican aquellos preceptos, tanto de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, como la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuya aplicación se ha mostrado insuficiente para corregir conductas sancionables, bien por la deficiente regulación de las obligaciones que corresponden a los desempleados, bien por la inadecuada tipificación de las infracciones cometidas por los empresarios, los trabajadores o en connivencia entre ambos, o bien por las dificultades formales que podían impedir un mejor funcionamiento de la inspección laboral.
Incrementos y disminuciones de patrimonio A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el apartado uno del artículo 44 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado como sigue:
«Uno. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado uno del artículo 44 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, aquellos incrementos netos de patrimonio procedentes de transmisiones o reembolsos realizados durante los períodos impositivos comprendidos en los años 1994 y 1995 en la medida en que el importe obtenido se invierta, en el mismo año, en un plan de ahorro popular de los regulados en el apartado dos del artículo 37 de la Ley del Impuesto. En este caso no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 81 de la citada Ley.»
CAPITULO IIImpuesto sobre Sociedades
Bonificación en el Impuesto sobre Sociedades Uno. Podrán disfrutar de una bonificación en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades el 95 por 100 aplicable a los períodos impositivos que se inicien durante 1994, 1995 y 1996, las sociedades que se constituyan entre la entrada en vigor de la presente Ley y el 31 de diciembre de 1994.
a) Que el promedio de plantilla medido en personas/año sea superior a tres trabajadores e inferior a 20, en los períodos impositivos que se inicien en 1995 y 1996.Para el período impositivo de 1994, esta condición se exigirá desde la fecha de constitución de la sociedad.
b) Que con anterioridad al 31 de diciembre de 1995 se realice una inversión en activos fijos nuevos superior a 15 millones de pesetas. Dicha inversión, que deberá haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 1994, deberá mantenerse durante los períodos impositivos a que se refiere el apartado anterior.
e) Que la participación de los socios personas físicas sea superior al 75% del capital social.
Cuatro. La bonificación establecida en este artículo será incompatible con cualquier otro beneficio fiscal, a excepción de la exención por reinversión a que se refiere el artículo 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo.
Artículo 2 declarado expresamente vigente por Ley 43/1995, 27 diciembre («B.O.E.» 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
CAPITULO IIIImpuesto sobre el Patrimonio
Bienes y derechos exentos A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se introduce un apartado octavo en el artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, del siguiente tenor:
Uno. Los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta.
a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
b) Que, cuando la entidad revista forma societaria, no concurran los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea superior al 20 por 100.
d) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.
CAPITULO IVImpuesto sobre el Valor Añadido
Modificación de la base imponible Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el apartado dos del artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará redactado en la siguiente forma:
«Dos. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.
En los casos contemplados en el segundo párrafo de este apartado, y sin perjuicio de lo dispuesto en él, cuando el mencionado destinatario de las operaciones sujetas no tuviese derecho a la deducción total o parcial del impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.»
Base imponible Uno.
b) Los gastos accesorios, como las comisiones y los gastos de embalaje, transporte y seguro que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el interior de la Comunidad.Se entenderá por "primer lugar de destino" el que figure en la carta de porte o en cualquier otro documento que ampare la entrada de los bienes en el interior de la Comunidad. De no existir esta indicación, se considerará que el primer lugar de destino es aquél en que se produzca la primera desagregación de los bienes en el interior de la Comunidad.
1.ª La base imponible de las reimportaciones de bienes exportados temporalmente fuera de la Comunidad para ser objeto de trabajos de reparación, transformación, adaptación o trabajos por encargo será la contraprestación de los referidos trabajos determinada según las normas contenidas en el capítulo primero de este título.También se comprenderán en la base imponible los conceptos a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior cuando no estén incluidos en la contraprestación definida en el párrafo precedente.
Cuatro. Cuando los elementos determinantes de la base imponible se hubiesen fijado en moneda o divisa distintas de las españolas, el tipo de cambio se determinará de acuerdo con las disposiciones comunitarias en vigor para calcular el valor de aduana.»
a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del impuesto.No obstante, lo dispuesto en la letra a) no se aplicará en los siguientes casos:
a') Cuando el destinatario no esté establecido en el territorio de aplicación del impuesto y se le presten servicios distintos de los comprendidos en los artículos 70, apartado uno, número 5.º, 72, 73 y 74 de esta Ley.
b') Cuando se trate de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68, apartados tres y cinco, de esta Ley.
Tres. Tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al impuesto.»
CAPITULO VTributos locales
Exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a los centros concertados 1. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se añade un párrafo l) al artículo 64 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, con la siguiente redacción:
«l) Los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros total o parcialmente concertados.»
Modificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas Uno. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se introducen las siguientes modificaciones en el régimen legal del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Los Ayuntamientos podrán modificar las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del impuesto, mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente único para todas las actividades ejercidas en sus respectivos términos municipales, con arreglo al siguiente cuadro:
De 5.000 habitantes
De 5.001 a 20.000 habitantes.
De 20.001 a 50.000 habitantes.
De 50.001 a 100.000 habitantes.
Superior a 100.000 habitantes.
0,8»
Además del coeficiente regulado en el artículo anterior, los Ayuntamientos podrán establecer sobre las cuotas mínimas o, en su caso, sobre las cuotas modificadas por la aplicación de dicho coeficiente, una escala de índices que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. El índice mínimo de la referida escala no podrá ser inferior a 0,5 y el máximo no podrá exceder de dos.
A los efectos de la fijación del índice de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio, según su población, será el siguiente:
Superior a 500.000 habitantes.
Entre 100.001 y 500.000 habitantes.
Entre 50.001 y 100.000 habitantes.
Entre 10.000 y 50.000 habitantes.
Inferior a 10.000 habitantes.
La diferencia del valor del índice atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.»
«3. No obstante lo dispuesto en el artículo 92.2 de la presente Ley, la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto corresponderán a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, en relación a tal gestión, puedan establecerse con otras Entidades. Sobre las referidas cuotas provinciales y nacionales no podrán establecerse el coeficiente ni el índice de situación, ni el recargo provincial, regulados en los artículos 88, 89 y 124 de la Ley, respectivamente.»
«3. Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de actividades empresariales clasificadas en la sección 1.ª de las tarifas del impuesto, cuando el número de empleados afectos a la actividad de que se trate no exceda de veinte, disfrutarán de una bonificación en la cuota con arreglo al cuadro siguiente:
tributación plena
La bonificación a que se refiere el párrafo anterior alcanzará a la cuota tributaria integrada por la cuota de tarifa modificada, en su caso, por aplicación del coeficiente y del índice de situación previstos en los artículos 88 y 89 de la presente Ley, respectivamente.
En relación a la bonificación establecida en este punto, no será de aplicación, en ningún caso, lo previsto en el artículo 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.»
«Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.»
4. En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos de gestión censal dictados por la Administración Tributaria del Estado a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, así como los actos de igual naturaleza dictados en virtud de la delegación prevista en el párrafo tercero del mismo apartado, corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. De igual modo, corresponderá a los mencionados Tribunales Económico-Administrativos el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados en virtud de la delegación prevista en el apartado 3 de este artículo que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos del impuesto.»
«5. El Estado, a instancia de las Administraciones Públicas acreedoras, podrá retener con cargo a la participación de los municipios en los tributos del Estado las cantidades necesarias para satisfacer las deudas firmes que éstos hubieran contraído con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Comunidades Autónomas Uniprovinciales por cuenta del recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando la recaudación del mismo no se haya entregado en la forma prevista reglamentariamente.
Dichos importes no podrán, en su conjunto, y como máximo, exceder del porcentaje que cada año se establece en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para las compensaciones de las deudas de los municipios.»
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana Se modifica el apartado 6 del artículo 108 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado en los términos siguientes:
«6. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.»
CAPITULO VITasas
Tasa por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear A partir de la entrada en vigor de esta Ley los apartados 3, 4 y 5, d), del artículo 10 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, del Consejo de Seguridad Nuclear, quedan redactados en la forma siguiente:
«Por servicios de inspección y control se entenderán los realizados alternativamente, bien por la visita girada a la instalación o sobre la actividad por la correspondiente inspección o bien mediante la realización de actividades de seguimiento, análisis y evaluación en relación con la documentación facilitada por el sujeto pasivo.»
«Será sujeto pasivo de la tasa la persona natural o jurídica que solicite cualquiera de las autorizaciones, permisos o licencias a que se refiere el apartado 3 de este artículo, o que sea titular de las instalaciones o actividades sobre las que se lleven a efecto los servicios de inspección o control.»
«Cuando los referidos servicios de inspección y control sean prestados sobre instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico quedarán gravados cada uno de aquellos servicios con una cuota fija de quince mil pesetas, que se devengará al iniciarse la prestación de los mismos, liquidándose por el Consejo de Seguridad Nuclear.»
Tasas por servicios sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo Las tasas por servicios sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo reguladas en el Decreto 474/1960, de 10 de marzo, serán de aplicación obligatoria a todos los productos de origen animal considerados en tal norma, cuando provengan de un país tercero no perteneciente a la Comunidad Europea.
Tasa por expedición del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas Uno. Se crea la tasa por expedición del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.
Artículo 13 derogado por la letra a) de la disposición derogatoria de la Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores («B.O.E.» 1 octubre).Vigencia: 1 enero 2015
Preceptos básicos Se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
«3. Se consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, y en consecuencia aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas, los siguientes preceptos: Artículos: 3.2, e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1, a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos primero a cuarto, 2 y 3, 21, 22.1 a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 31; 32; 33; disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta, decimosegunda y decimoquinta; disposiciones transitorias segunda, octava y novena.»
TITULO IINORMAS DE FUNCION PUBLICA
Planes de Empleo y Oferta de Empleo Público Se da nueva redacción al artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
«1. Las Administraciones Públicas podrán elaborar Planes de Empleo, referidos tanto a personal funcionario como laboral, que contendrán de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afecten, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las directrices de política de personal.
3. El personal afectado por un Plan de Empleo podrá ser reasignado en otras Administraciones Públicas en los términos que establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan suscribirse entre ellas.
6. En el ámbito de la Administración General del Estado los Planes de Empleo podrán afectar a uno o varios Ministerios, Organismos o áreas administrativas concretas y serán aprobados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
La Oferta de Empleo Público será aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas.»
Reasignación de efectivos Se añade un nuevo apartado g) al artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública.
«g) Los funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión, como consecuencia de un Plan de Empleo, podrán ser destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos.La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se efectuará aplicando, criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad que se concretarán en el mismo.La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo.El funcionario que, como consecuencia de la reasignación de efectivos en el marco de un Plan de Empleo, vea modificado su lugar de residencia tendrá derecho a las indemnizaciones que por tal concepto establezca la Administración Pública a la que pertenezca. Los mismos derechos se reconocerán a los funcionarios en excedencia forzosa a quienes se asigne destino en el marco de dicho plan.En el ámbito de la Administración General del Estado la indemnización consistirá en el abono de los gastos de viaje, incluidos los de su familia, una indemnización de tres dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade y el pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres, así como una indemnización de tres mensualidades de la totalidad de sus retribuciones, excepto el complemento de productividad, cuando se produzca cambio de provincia o isla. Ello sin perjuicio de otras ayudas que en el propio Plan de Empleo puedan establecerse.En este ámbito, la reasignación de efectivos se producirá en tres fases:
1.ª La reasignación de efectivos la efectuará el Ministerio donde estuviera destinado el funcionario, en el ámbito del mismo y de los Organismos adscritos, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la supresión del puesto. Tendrá carácter obligatorio para puestos en el mismo municipio y voluntario para puestos que radiquen en distinto municipio, que serán en ambos casos de similares características, funciones y retribuciones.Durante esta fase se percibirán las retribuciones del puesto de trabajo que se desempeñaba.
2.ª Si en la fase de reasignación ministerial los funcionarios no obtienen puesto en el Ministerio donde estuvieran destinados, podrán ser reasignados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, en el plazo máximo de tres meses, a puestos de otros Ministerios y sus Organismos adscritos, en las condiciones anteriores, percibiendo durante esta segunda fase las retribuciones del puesto de trabajo que desempeñaban.Durante las dos fases citadas podrán encomendarse a los funcionarios afectados tareas adecuadas a su Cuerpo o Escala de pertenencia.
3.ª Los funcionarios que, tras las anteriores fases de reasignación de efectivos, no hayan obtenido puesto se adscribirán al Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, en la situación de expectativa de destino definida en el artículo 29.5 de esta Ley y podrán ser reasignados por éste, a puestos de similares características de otros Ministerios y sus Organismos adscritos, con carácter obligatorio cuando estén situados en la misma provincia y con carácter voluntario cuando radiquen en distinta provincia.
La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo en las demás Administraciones Públicas, se efectuará garantizando los criterios anteriormente expuestos sobre plazos, retribuciones, movilidad y situaciones administrativas.»
Modificación del sistema de promoción interna Se añaden dos nuevos párrafos al artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
«A propuesta del Ministerio u Organismo en el que estén destinados, los aspirantes aprobados en el turno de promoción interna podrán solicitar que se les adjudique destino, dentro del mismo, en el puesto que vinieran desempeñando o en otros puestos vacantes dotados presupuestariamente existentes en el municipio, siempre que sean de necesaria cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado.»
Situaciones de los funcionarios Se da nueva redacción al artículo 29.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
«1. Quedan suprimidas las situaciones administrativas de excedencia especial y de supernumerario, creándose la de servicios especiales, la excedencia para el cuidado de hijos, la expectiva de destino, la excedencia voluntaria incentivada y la modalidad de excedencia forzosa aplicable a los funcionarios declarados en expectativa de destino.»
Modificación del plazo máximo de diez años de la excedencia voluntaria por interés particular Se da nueva redacción al artículo 29.3 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
«c) Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por interés particular.Para solicitar el pase a la situación prevista en esta letra c) será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados, ni más del número de años equivalente a los que el funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un máximo de quince.La falta de petición de reingreso al servicio activo dentro del período de duración de la excedencia voluntaria por interés particular comportará la pérdida de la condición de funcionario.Los funcionarios excedentes no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.»
Excedencia voluntaria por agrupación familiar Se intercala entre los dos últimos párrafos de la nueva letra c) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, una nueva letra, con la siguiente redacción:
«d) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y máxima de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral en cualquier Administración Pública, Organismos autónomos, Entidad gestora de la Seguridad Social, así como en órganos constitucionales o del Poder Judicial.»
Situaciones de los funcionarios Se da nueva redacción al artículo 29.2 e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública:
«e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.»
Situación administrativa de expectativa de destino Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio para las Administraciones Públicas efectuar la declaración y cese en esta situación administrativa y la gestión del personal afectado por la misma.»
Nueva modalidad de excedencia forzosa Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
b) El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo segundo del apartado 5 del presente artículo.
Pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular cuando incumplan las obligaciones a que se refiere este apartado. En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio para las Administraciones Públicas acordar la declaración de esta modalidad de excedencia forzosa y el pase a la excedencia voluntaria de estos excedentes forzosos, así como la gestión del personal afectado.»
Excedencia voluntaria incentivada Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
Excedencia voluntaria incentivada.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio para las Administraciones Públicas acordar el pase a la situación de excedencia voluntaria incentivada.»
Reingreso al servicio activo de quienes no tengan reserva de plaza y destino Se da nueva redacción al artículo 29 bis, apartado 2, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
«2. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional, condicionado a las necesidades del servicio y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto.»
Cesación progresiva de actividades Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
«4. Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa, establecida en el artículo 33 de esta Ley, podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.»
Jubilación anticipada incentivada Se añade un nuevo artículo 34 a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
3. Corresponde al Ministerio para las Administraciones Públicas acordar la jubilación voluntaria incentivada.»
Funcionarios docentes Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública:
«Tampoco serán de aplicación a los citados funcionarios los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 18; el apartado 1.g) del artículo 20; los dos últimos párrafos del apartado 1 del artículo 22; el apartado 1 en lo referente a la situación de expectativa de destino, y los apartados 5, 6 y 7 del artículo 29, y el artículo 34. En las materias objeto de estos artículos serán de aplicación las normas específicas dictadas al amparo del apartado 2 del artículo 1 de esta Ley y de lo dispuesto en los restantes apartados de esta disposición adicional. Para la elaboración de estas normas específicas se tendrán en cuenta los criterios establecidos con carácter general en la presente Ley.»
Funcionarios adscritos al Tribunal de Cuentas Se da nueva redacción al artículo 93.3 y 4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que queda redactado como sigue:
«3. La situación administrativa de los funcionarios comprendidos en el párrafo anterior será la de servicios especiales cuando accedan al Tribunal de Cuentas por el procedimiento de libre designación y la de servicio activo con destino en el Tribunal de Cuentas cuando accedan a éste mediante concurso.
4. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, y al Cuerpo de Contadores Diplomados del mismo, tendrán derecho en el ámbito general de las Administraciones Públicas a la movilidad funcional establecida en el artículo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, quedando equiparados a tales efectos al personal funcionario enumerado en el artículo 1.1 de la citada Ley.»
TITULO IIIMEDIDAS DE REFORMA EN MATERIA LABORAL
CAPITULO IPROTECCION POR DESEMPLEO
Acción protectora Se da nueva redacción al artículo 4.1.Uno.b) de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«b) Abono de la aportación de la Empresa correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad Social durante la percepción de las prestaciones por desempleo, salvo en los supuestos previstos en el artículo 12.2, así como del complemento de la aportación del trabajador en los términos previstos en el artículo 12.4 de esta Ley.»
Situación legal de desempleo Se da nueva redacción al artículo 6.1.Uno.g) de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«g) Por resolución de la relación laboral, durante el período de prueba, a instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral anterior se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este número, o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción o desde la sentencia que declaró el despido procedente.»
Cuantía de la prestación Se da nueva redacción al artículo 9.3 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«3. La cuantía de la prestación no será superior al 170 por 100 del salario mínimo interprofesional, salvo cuando el trabajador tenga hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía máxima podrá elevarse reglamentariamente, en función del número de hijos, hasta el 220 por 100 del citado salario. El tope mínimo de la prestación será el 100 por 100 o el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, según que el trabajador tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo. En caso de desempleo por pérdida de empleo a tiempo parcial, las cuantías mínima y máxima se determinarán teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional que hubiera correspondido al trabajador en función de las horas trabajadas.
A los efectos de lo previsto en este número se tendrá en cuenta el salario mínimo interprofesional, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, vigente en el momento del nacimiento del derecho.»
Extinción del derecho Se añade un nuevo párrafo h) al artículo 11 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«h) Renuncia voluntaria al derecho.»
Cotizaciones durante la situación de desempleo Se da nueva redacción al artículo 12.1 y 2 y se añade un número 4 al artículo 12 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«1. Durante el período de percepción de la prestación por desempleo, la Entidad Gestora ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo la aportación empresarial y descontando de la cuantía de la prestación, incluidos los supuestos a que hace referencia el artículo 9.3 de esta Ley, la aportación que corresponda al trabajador.
2. En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la Empresa ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la Entidad Gestora ingresar únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el número anterior.»
«4. Durante la percepción de la prestación por desempleo, la aportación del trabajador a la Seguridad Social se reducirá en un 35 por 100, que será abonado por la Entidad Gestora. En el supuesto de trabajadores fijos del Régimen Especial Agrario, dicha reducción será del 72 por 100.»
Beneficiarios Se da nueva redacción al artículo 13.1, párrafo primero, y 13.4 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«1. Serán beneficiarios del subsidio los parados que figurando inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y careciendo de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:»
«4. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo al cónyuge, hijos menores de veintiséis años o mayores incapacitados o menores acogidos, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Cuantía y duración del subsidio Se da nueva redacción al artículo 14.1, párrafo primero, de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«1. La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas, en los supuestos previstos en las letras a), b) y d) del número 1, y en los números 2 y 3 del artículo 13.»
Incompatibilidades Se da nueva redacción al artículo 18.1 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«1. Las prestaciones o subsidio por desempleo serán incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuanto éste se realice a tiempo parcial en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado.»
Obligaciones de los trabajadores Se da nueva redacción al artículo 26, d) y e), y se adiciona un apartado g), de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo:
«d) Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determinen por la Entidad Gestora en el documento de renovación de la demanda y comparecer cuando haya sido previamente requerido ante la Entidad Gestora.
e) Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción.»
«g) Devolver al Instituto Nacional de Empleo, en el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo que se faciliten por dicho Instituto.»
Artículo 39 derogado por R.D.Leg. 1/1994, 20 junio («B.O.E.» 29 junio), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
CAPITULO IIINFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL
Infracciones de los empresarios Se da nueva redacción al artículo 29.3, apartado 3.2, y se adiciona un nuevo apartado 3.5 a la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social:
3. Apartado 3.2.
«La connivencia con los trabajadores para la obtención indebida por parte de éstos de las prestaciones por desempleo o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que les correspondan, así como dar ocupación a trabajadores titulares o solicitantes de prestaciones por desempleo cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de la relación laboral.»
3. Apartado 3.5.
«En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que el empresario incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores que hayan obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones por desempleo.
Los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios, correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de la infracción consistente en dar ocupación a trabajadores titulares o solicitantes de prestaciones por desempleo cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social, cometida por el empresario contratista o subcontratista durante el período de vigencia de la contrata.»
Infracciones de los trabajadores Se da nueva redacción al artículo 30.1 y 2 y al apartado 3.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social:
2.2. No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos para su percepción, cuando por dicha causa se haya percibido indebidamente la prestación.»
«3.2. Obtener fraudulentamente prestaciones indebidas o superiores a las que les correspondan, o prolongar el disfrute de éstas indebidamente mediante la aportación de datos o documentos falsos, o la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que ocasionen percepciones fraudulentas.»
Sanciones en materia de empleo, formación profesional ocupacional, ayudas para el fomento del empleo, protección por desempleo y Seguridad Social Se da nueva redacción al artículo 46.1, apartado 1.2, de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social:
«1.2. Las graves tipificadas en el artículo 17, con pérdida de la prestación o pensión durante un período de tres meses.Las graves tipificadas en el artículo 30.2 y la reincidencia en las infracciones previstas en el artículo 30.1, con extinción de la prestación o subsidio por desempleo.Asimismo, la inscripción como desempleados de los trabajadores que incurran en las infracciones señaladas en los números 1 y 2 del artículo 30 quedarán en todo caso sin efecto determinando la pérdida de derechos que como demandantes de empleo tuvieran reconocidos.»
Infracciones por obstrucción a la labor inspectora Se da nueva redacción al artículo 49 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social:
3.2. Los supuestos de coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Controladores Laborales así como la reiteración en las conductas de obstrucción calificadas como graves.
5. Sin perjuicio de lo anterior, en caso necesario la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar de la autoridad competente o de sus agentes el auxilio oportuno para el normal ejercicio de sus funciones.»
Disposición Adicional 1.ª derogada por Ley 40/1998, 9 diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias («B.O.E.» 10 diciembre).
Expedientes de responsabilidad contable El apartado 1 del artículo 144 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, queda redactado como sigue:
«En los supuestos que describen los apartados b), c), d), f) y, en su caso, g) del número 1 del artículo 141 de esta Ley, y sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas a los efectos prevenidos en el artículo 41, número 1, de la Ley Orgánica 2/1982, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo instruido al interesado.»
Delimitación del procedimiento aplicable en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos Los procedimientos para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración General del Estado se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las normas contenidas en los títulos preliminar, I, II, III, IV, V, VII, VIII y X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Personal Caminero del Estado Si el Plan de Empleo afecta a un área administrativa en el que presten servicios los Camineros del Estado, deberá determinar en el mismo cuáles de las medidas previstas en esta Ley son aplicables a este colectivo.
Opción de los funcionarios en los supuestos de traslado de la sede administrativa Los funcionarios destinados en organismos, centros o unidades, dependientes de los departamentos ministeriales que el Gobierno determine, que trasladen su sede a otro municipio, manteniendo su actividad y la identidad de sus funciones y las características de su puesto de trabajo, podrán optar entre el traslado o el pase a la situación de excedencia voluntaria incentivada.
Otros sistemas de racionalización Se añade una nueva disposición adicional vigésimo primera a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública del siguiente tenor:
«Disposición adicional vigesimoprimera
Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales de acuerdo con su capacidad de autoorganización, podrán adoptar, además de Planes de Empleo, otros sistemas de racionalización de los recursos humanos, mediante programas adaptados a sus especificidades, que podrán incluir todas o alguna de las medidas mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la presente Ley así como incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada.»
Negociación de los Planes de Empleo «Los Planes de Empleo serán objeto de negociación con las Organizaciones Sindicales más representativas, en los términos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 34 de la misma.»
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones El artículo 39 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedará redactado en los siguientes términos:
Supuestos especiales de aplazamiento y fraccionamiento 1. El pago de las liquidaciones giradas como consecuencia de la transmisión por herencia, legado o donación de una empresa individual que ejerza una actividad industrial, comercial, artesanal, agraria o profesional podrá aplazarse, a petición del sujeto pasivo deducido antes de expirar el plazo reglamentario de pago o, en su caso, el de presentación de la autoliquidación, durante los cinco años siguientes al día en que termine el plazo para el pago, con obligación de constituir caución suficiente y sin que proceda el abono de intereses durante el período de aplazamiento.
3. Lo dispuesto en los números anteriores sobre aplazamiento y fraccionamiento de pago será, asimismo, aplicable a las liquidaciones giradas como consecuencia de la transmisión hereditaria de la vivienda habitual de una persona, siempre que el causahabiente sea cónyuge, ascendiente o descendiente de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años, que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.»
Modificación del régimen de provisión de puestos de trabajo de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 1. El porcentaje del baremo reservado a méritos generales en el artículo 99.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se establece en el 65 por 100. Se atribuye a las Comunidades Autónomas un 10 por 100 del total posible para fijar los méritos que correspondan al conocimiento de las especialidades de su organización territorial y normativa autonómica.
Nueva redacción de los apartados 2.1 a 2.4 de la disposición adicional décima de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre «2.1. La presentación de los documentos de cotización en plazo reglamentario permitirá a los sujetos responsables compensar su crédito por las prestaciones abonadas como consecuencia de su colaboración obligatoria con la Seguridad Social y su deuda por las cuotas debidas en el mismo período a que se refieren los documentos de cotización, cualquiera que sea el momento del pago de tales cuotas.
2.2. Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas de la Seguridad Social sin ingreso de las mismas, se devengarán automáticamente los siguientes recargos:
2.2.1Cuando los sujetos responsables del pago hubieren presentado los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario:
b) Recargo de mora del 20 por 100, si abonaren las cuotas debidas después del vencimiento del plazo a que se refiere el apartado a) precedente y antes de la expedición de la certificación de descubierto.
c) Recargo de apremio del 20 por 100, si abonaren las cuotas debidas después de la expedición de la certificación de descubierto.
2.2.2Cuando los sujetos responsables del pago no hubieren presentado los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario:
a) Recargo de mora del 35 por 100, si se abonaren las cuotas debidas antes de la expedición de la certificación de descubierto, salvo en los casos de descubiertos debidos a diferencias de cotización por trabajadores que figuren dados de alta o los originados por falta de afiliación o de alta, en los cuales el recargo de mora será en todo caso del 20 por 100.No obstante, si las cuotas se abonaren antes del agotamiento del plazo fijado para su pago en el requerimiento de cuotas expedido en los supuestos que reglamentariamente proceda, quedará automáticamente reducido al 20 por 100.
2.3. Transcurridos los dos meses siguientes al vencimiento del plazo reglamentario sin que se hubiese satisfecho la deuda, habiéndose presentado los documentos de cotización dentro de dicho plazo sin ingreso de las cuotas correspondientes o, en su caso, habiéndose ingresado solamente la aportación de los trabajadores, la Tesorería General de la Seguridad Social expedirá la correspondiente certificación de descubierto con el recargo de apremio del 20 por 100 establecido en el apartado 2.2.1 c) de esta Disposición.
2.4. Vencido el plazo reglamentario sin ingreso de las cuotas debidas y sin que se hubieren presentado los documentos de cotización dentro de dicho plazo, previamente a la expedición de la certificación de descubierto, la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante requerimiento de cuotas expedido en los supuestos y condiciones reglamentariamente establecidos, determinará la deuda y reclamará su pago al sujeto responsable, incrementando su importe con el recargo de mora que proceda conforme a lo dispuesto en el apartado 2.2.2 de esta Disposición.
2.4.1 Los requerimientos de cuotas no impugnados o las resoluciones administrativas recaídas en los recursos de reposición formulados contra los mismos, deberán ser hechos efectivos dentro de los quince días siguientes al de su notificación.Transcurrido el plazo de quince días sin ingreso de la deuda requerida y aun cuando los interesados formulen reclamación económico-administrativa, se expedirá la certificación de descubierto que inicia la vía administrativa de apremio, incrementando el importe del principal con el recargo de apremio del 35 por 100.
2.4.2 Si las actas de liquidación no impugnadas así como las resoluciones administrativas desestimatorias que las mismas originen no fueren satisfechas dentro de los quince días siguientes a su notificación a los interesados, se expedirá asimismo certificación de descubierto que inicia la vía de apremio, incrementado el importe del principal con el recargo de apremio del 20 por 100.»
La autorización al Gobierno para llevar a cabo la refundición prevista en la disposición final segunda de la Ley 22/1992, de 30 de julio de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección por Desempleo, se extiende a las disposiciones en materia de Seguridad Social y protección por desempleo contenidas en esta Ley, a cuyo efecto el plazo para aprobar el mencionado texto refundido concluirá el día 30 de junio de 1994.
Asistencia jurídica a los Entes públicos estatales Salvo que sus disposiciones específicas establezcan lo contrario, el asesoramiento jurídico y la defensa y representación en juicio de las entidades de Derecho Público a que se refieren los artículos 6.1.b) y 6.5 de la Ley General Presupuestaria podrán ser encomendados a los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurídicos del Estado mediante convenio en el que se determinará la compensación económica a abonar al Tesoro Público.
Representantes de los no residentes 1.º A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el apartado uno del artículo 22 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas quedará redactado como sigue:
«Uno. Los sujetos pasivos no residentes en territorio español vendrán obligados a nombrar una persona física o jurídica con domicilio en España para que les represente ante la Administración Tributaria en relación con sus obligaciones por este Impuesto.
No existirá obligación de nombrar representante cuando sólo se disponga en España de una vivienda y ésta se designe como domicilio a efectos de notificaciones.»
2.º A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el apartado uno del artículo 6 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio quedará redactado como sigue:
1.º La cuota mínima municipal correspondiente al epígrafe 663.9 de la Sección 1.ª de las tarifas del Impuesto se modifica en los términos siguientes:
«Epígrafe 663.9. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.
En poblaciones de más de 500.000 habitantes: 20.400 pesetas.
En poblaciones de más de 100.000 a 500.000 habitantes: 16.400 pesetas.
En poblaciones de más de 40.000 a 100.000 habitantes: 12.300 pesetas.
En poblaciones de más de 10.000 a 40.000 habitantes: 9.600 pesetas.
En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas.
Cuota provincial de 51.000 pesetas.
Cuota nacional de 72.000 pesetas.»
2.º La cuota mínima municipal correspondiente al epígrafe 659.9 de la Sección 1.ª de las tarifas del Impuesto se modifica en los términos siguientes:
«Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación, excepto los que deban clasificarse en el epígrafe 653.9.
En poblaciones de más de 500.000 habitantes: 96.000 pesetas.
En poblaciones de más de 100.000 a 500.000 habitantes: 78.000 pesetas.
En poblaciones de más de 40.000 a 100.000 habitantes: 60.000 pesetas.
En poblaciones de más de 10.000 a 40.000 habitantes: 42.000 pesetas.
En las poblaciones restantes: 24.000 pesetas.»
3.º La nota del epígrafe 751.1 de la Sección 1.ª de las tarifas del Impuesto queda redactada en los términos siguientes:
«Cuota: Hasta un límite de 250 metros cuadrados de superficie total dedicados a esta actividad: 26.000 pesetas.
Por cada 50 metros cuadrados o fracción que exceda sobre el límite anterior: 6.400 pesetas.»
4.º El epígrafe 811 de la Sección 1.ª de las tarifas del Impuesto queda redactado en los términos siguientes:
«Grupo 811. Banca.
En poblaciones de más de 500.000 habitantes: 294.735 pesetas.
En poblaciones de más de 100.000 a 500.000 habitantes: 228.480 pesetas.
En poblaciones de más de 40.000 a 100.000 habitantes: 162.120 pesetas.
En poblaciones de más de 10.000 a 40.000 habitantes: 63.000 pesetas.
En las poblaciones restantes: 44.100 pesetas.
Nota: Este grupo comprende la actividad que consiste en financiar, es decir, recoger, transformar y repartir recursos financieros y que, en una parte importante, tienen constituidas sus obligaciones frente a sus clientes por depósitos a la vista transferibles.»
5.º El epígrafe 812 de la Sección 1.ª de las Tarifas del Impuesto queda redactado en los términos siguientes:
«Grupo 812. Cajas de Ahorro.
Nota: Este grupo comprende las entidades de ahorro tales como el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, Confederación Española de Cajas de Ahorro Benéficas, Cajas Generales de Ahorro Benéficas, Caja Postal de Ahorros, Cajas Rurales, Cooperativas de Crédito y demás entidades análogas.»
6.º Se crea una nota común a la agrupación 86 de la Sección 1.ª de las tarifas del Impuesto con la siguiente redacción:
«Nota común a la agrupación 86: Los sujetos pasivos matriculados en los epígrafes de esta agrupación tributarán por cuota nacional.»
7.º El epígrafe 239.9 de la Sección 1.ª de las tarifas del Impuesto queda redactado en los términos siguientes:
«Epígrafe 239.9 Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos n.c.o.p.
Por cada obrero: 960 pesetas.
Por cada kW: 400 pesetas.
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de turba, de minerales de sodio (thenardita, glauberita), de boro, de bario (baritina), cuarzo, sílice, arenas silíceas no empleadas en la construcción tierras de trípoli, feldespato, pegmatita, dolomía magnesita, talco esteatito, sepiolita, asfalto y betunes, gemas, granates, grafito, amianto, mica, ocres, arsénico, litio, estroncio y otros, así como la molienda, trituración, pulverización, etcétera, que se realiza conjuntamente con la extracción.»
8.º El epígrafe 319.9 de la Sección 1.ª de las tarifas del Impuesto queda redactado en los términos siguientes:
«Epígrafe 319.9 Talleres mecánicos n.c.o.p.
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kW: 740 pesetas.
Nota: Este epígrafe comprende la reparación especializada de material agrícola, así como los talleres de soldadura, herradores-forjadores, etcétera y todos aquellos talleres independientes no especificados en los grupos anteriores.»
«7. En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que el empresario incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores que hayan obtenido o disfruten fraudulentamente de prestaciones de Seguridad Social.
Los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios, correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las infracciones a que se refiere el número 1 anterior, cometidas por el empresario contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata.»
Modificación de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 100 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento queda redactado en los términos siguientes:
«Los precios correspondientes la distribución y dispensación de las especialidades farmacéuticas serán fijados, con carácter nacional, por el Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de forma general o por grupos o sectores tomando en consideración criterios o valores de carácter técnico-económico y sanitario.»
«2. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la revisión de los precios correspondientes a la distribución y dispensación de los medicamentos.»
Ampliación del plazo máximo de excedencia voluntaria por interés particular Los funcionarios que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en la situación de excedencia voluntaria por interés particular podrán permanecer en la misma hasta que transcurran, como máximo, quince años contados desde el pase a dicha situación.
Funcionarios en proceso de reasignación Los funcionarios que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren pendientes de reasignación por supresión de su puesto de trabajo quedarán afectados por lo dispuesto en los artículos 20.1.g); 29.3.c), 6 y 7, y 34 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tal y como quedan redactados por la presente Ley, sin que sea preciso para ello la aprobación de un Plan de Empleo ni la declaración previa de expectativa de destino o de excedencia forzosa.
«3. Los procedimientos de ingresos referidos en esta disposición sólo serán de aplicación durante un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.»
Téngase en cuenta que la disposición transitoria 4.ª ha sido prorrogada por Ley 13/1996, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1994, salvo la disposición adicional decimocuarta que entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

References: Artículo 13
 artículo 13
 Artículo 2
 Artículo 39
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 37
 artículo 81
 artículo 15
 artículo 12

Artículo 2
 artículo 4
 artículo 52
 artículo 80
 resolución 
 artículo 68
 artículo 64
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 108
 artículo 10

Artículo 13
 artículo 1
 artículo 149
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 29
 artículo 22
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 93
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 29
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 93
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 6
 resolución 
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 26

Artículo 39
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 46
 artículo 17
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 49
 artículo 144
 Real Decreto 
 artículo 141
 artículo 41
 artículo 18
 artículo 34
 artículo 39
 artículo 99
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 100