Source: https://beta.e-justice.europa.eu/405/ES/taking_evidence_by_videoconference?ROMANIA&member=1
Timestamp: 2020-01-20 02:52:07+00:00

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Sí. En este caso, es de aplicación la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil, y en particular su artículo 25, apartados 1 y 3, y su artículo 35, apartado 3.
Es posible que la autoridad judicial rumana requerida considere oportuno la aplicación de un procedimiento especial, a petición de la autoridad judicial requirente, siempre que ello no sea contrario al Derecho rumano. El órgano jurisdiccional rumano informará a la autoridad judicial requirente de la fecha y lugar del procedimiento de comisión rogatoria y podrá permitir la participación de jueces o magistrados extranjeros. Con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, el Ministerio de Justicia desempeña competencias relativas a la toma de decisiones sobre las solicitudes presentadas en virtud del artículo 17 de dicho Reglamento.
La videoconferencia debe celebrarse en presencia del juez de primera instancia en cuya jurisdicción vaya a obtenerse la prueba, con la asistencia de un intérprete, si resulta necesario. El juez debe comprobar la identidad de la persona a la que se vaya a tomar declaración y garantizar la observancia de los principios fundamentales del Derecho rumano.
No. El procedimiento de comisión rogatoria permite que se tome declaración a testigos u otras personas implicadas (artículo 17 de la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil).
No obstante, en virtud del artículo 26, apartado 2, de la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil, puede denegarse el procedimiento de comisión rogatoria si la persona a la que se vaya tomar declaración no puede testificar debido a las prohibiciones establecidas por el Derecho rumano o cuando no puedan distribuirse los documentos que se vayan a transmitir o examinar.
Además, con arreglo a los artículos 315, 316 y 317 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, no se puede tomar declaración en calidad de testigos a familiares consanguíneos y por afinidad hasta el tercer grado inclusive, cónyuges, excónyuges, prometidos o parejas de hecho, personas que mantengan una relación hostil o que posean un interés particular con respecto a una de las partes, personas declaradas judicialmente incapaces y personas condenadas por falso testimonio. No obstante, las partes pueden acordar, tácita o expresamente, que se pueda tomar declaración en calidad de testigos a familiares consanguíneos y por afinidad hasta el tercer grado inclusive, cónyuges, excónyuges, prometidos o parejas de hecho, y personas que mantengan una relación hostil o que posean un interés particular con respecto a una de las partes.
En las causas en materia de paternidad, divorcio y otras relaciones familiares, también podrá tomarse declaración a familiares consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado inclusive, salvo descendientes.
Las personas siguientes están exentas de testificar:
1) clérigos, médicos, farmacéuticos, abogados, notarios, agentes judiciales, mediadores, matronas y enfermeras y cualquier otro profesional con obligación legal de confidencialidad o secreto profesional sobre los hechos de los que hayan tenido conocimiento en el trabajo o en el ejercicio de su actividad profesional, aun si esta ha cesado;
2) jueces, fiscales y funcionarios públicos, aun después de que hayan cesado en sus funciones, en relación con las circunstancias secretas de las que hayan tenido conocimiento durante el ejercicio de su cargo;
3) las personas que, por sus respuestas, puedan quedar expuestas a sanción penal o a escarnio público, tanto ellas mismas como sus familiares consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado inclusive, sus cónyuges, excónyuges, prometidos o parejas de hecho.
No obstante, estas personas, salvo los clérigos, pueden testificar si la parte afectada las libera de la obligación de confidencialidad o secreto profesional, excepto cuando la ley disponga lo contrario. Los jueces, los fiscales y los funcionarios públicos también pueden testificar si reciben la autorización para ello de la autoridad o la institución en la que ejercen su cargo o lo hayan ejercido.
No, no hay restricciones. No obstante, en virtud del artículo 17 de la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil, el procedimiento de comisión rogatoria permite que se tome declaración a testigos u otras personas implicadas, se obtengan documentos, se recaben dictámenes periciales y se realicen investigaciones o se obtenga otra información u otros documentos necesarios para la resolución de un asunto concreto.
No, no hay restricciones. No obstante, de conformidad con los artículos 16, 261, apartado 1, y 314 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, es el órgano jurisdiccional que entiende del asunto el que practica las pruebas. Si, por motivos objetivos, solo pueden practicarse las pruebas fuera de la localidad donde tenga su sede el órgano jurisdiccional, estas podrán practicarse mediante el procedimiento de comisión rogatoria a través de un órgano jurisdiccional del mismo grado o incluso de un grado inferior si dicha localidad no posee un órgano jurisdiccional del mismo grado. El órgano jurisdiccional encargado en virtud del procedimiento de comisión rogatoria practica las pruebas en presencia de las partes, o incluso en su ausencia, si estas han sido citadas legalmente, y posee las mismas competencias que el órgano jurisdiccional de remisión en cuanto al proceso que debe seguirse. Al mismo tiempo, el testigo que, por motivos de enfermedad u otro impedimento grave, no pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional podrá ser escuchado en su paradero, de conformidad con el procedimiento de citación de las partes.
Sí, esto está permitido con arreglo al artículo 13 de la Ley n.º 304/2004, de planta judicial, en su versión reeditada.
a) en rumano.
b) en rumano, porque el órgano jurisdiccional rumano requerido debe redactar un informe de audiencia en el que se registre la fecha y el lugar de la audiencia, la identidad de la persona a la que se tome declaración, la información sobre la toma de juramento, las condiciones técnicas de la audiencia, etc.
El órgano jurisdiccional requirente es responsable de proporcionar intérpretes de conformidad con el artículo 27 de la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil. Cuando proceda, el órgano jurisdiccional rumano requerido puede facilitar acceso a un intérprete de Rumanía poniendo a la disposición del órgano jurisdiccional requirente una lista de intérpretes.
Un mes como mínimo y tres meses como máximo.
En este caso, es de aplicación la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil, y en particular su artículo 25, apartado 3. El órgano jurisdiccional rumano informa a la autoridad judicial solicitante de la fecha y lugar del procedimiento de comisión rogatoria. De conformidad con el artículo 261, apartado 4, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional encargado en virtud del procedimiento de comisión rogatoria practica las pruebas en presencia de las partes, o incluso en su ausencia, si han sido citadas legalmente, y posee las mismas funciones que el órgano jurisdiccional de remisión en cuanto al proceso que debe seguirse.
No obstante, dado que existen dos procedimientos en relación con los órganos extranjeros (el procedimiento de comunicación en el marco de la obtención de pruebas), consideramos que el plazo otorgado debe ser, en la práctica, un mes como mínimo y tres meses como máximo, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre:
- el cumplimiento de las solicitudes de notificación que se contemplan en el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo, es decir, por lo que debe prever el plazo mínimo de un mes necesario para el cumplimiento efectivo de la solicitud o de la notificación por correo postal con acuse de recibo;
- las obligaciones del órgano jurisdiccional requirente de atender las solicitudes del órgano jurisdiccional requerido relativas a la aportación de información adicional o al pago del anticipo o depósito, etc., de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
Los motivos estarían relacionados con el tiempo necesario para la traducción de la correspondencia con el órgano jurisdiccional requirente o el testigo y el tiempo necesario para enviar el correo al extranjero, la elevada carga de trabajo y, sobre todo, el calendario de videoconferencias.
No pueden estimarse los costes, ya que varían en función del tiempo y del país. Estos deben liquidarse mediante transferencia bancaria a la cuenta del órgano jurisdiccional de apelación, en calidad de órgano de autorización secundario, o en la cuenta del órgano jurisdiccional de primera instancia, como tercer órgano de autorización. Los gastos contraídos en la conexión de vídeo y al establecer la conexión con el Estado requirente, la remuneración de los intérpretes y las dietas abonadas a testigos y expertos, así como los gastos de viaje al Estado requerido, serán reembolsados por el órgano jurisdiccional requirente extranjero al órgano jurisdiccional rumano requerido.
La persona a la que se vaya a tomar declaración también debe ser citada de conformidad con las disposiciones de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil rumana. Debe informarse a esta persona de que la toma de declaración se llevará a cabo con carácter voluntario en la citación expedida por el órgano jurisdiccional rumano requerido, en la decisión que autoriza la obtención de pruebas por parte del órgano jurisdiccional requirente o en cualquier otro documento.
Con arreglo al artículo 261, apartado 4, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional encargado en virtud del procedimiento de comisión rogatoria practica las pruebas en presencia de las partes, o incluso en su ausencia, si han sido citadas legalmente, y posee las mismas competencias que el órgano jurisdiccional de remisión en cuanto al proceso que debe seguirse.
Con arreglo al artículo 318 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, antes de tomar declaración, el presidente del órgano juridiccional preguntará al testigo su nombre, apellidos, profesión, domicilio y edad, si es familiar consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes, y en qué grado, y si está al servicio de una de las partes. A continuación, el presidente instruirá al testigo sobre la obligación de prestar juramento y el significado de dicho juramento.
De conformidad con los artículos 319 y 320 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil rumana, antes de ser escuchado, el testigo prestará el juramento siguiente: «Juro que diré la verdad y que no ocultaré nada de lo que sé. Que Dios me ayude».
El testigo prestará juramento mientras su mano descansa sobre la cruz o la Biblia. En cuanto a la divinidad invocada en el texto del juramento, se cambiará en función de la religión del testigo. Las disposiciones mencionadas anteriormente no son aplicables a los testigos que profesen una religión distinta de la religión cristiana.
El testigo que no profese ninguna fe prestará el juramento siguiente: «Juro por mi honor y conciencia que diré la verdad y que no ocultaré nada de lo que sé».
Los testigos que, por razones de conciencia o confesión, no presten juramento pronunciarán las palabras siguientes ante el órgano jurisdiccional: «Me comprometo a decir la verdad y a no ocultar nada de lo que sé.»
Las personas alfabetizadas que sean mudas o sordomudas prestarán juramento transcribiendo el texto del mismo y firmándolo; las personas con discapacidad auditiva pronunciarán el juramento, y las personas analfabetas lo prestarán utilizando signos con ayuda de un intérprete.
Después de que el testigo haya prestado juramento, el presidente recabará su atención sobre el hecho de que, si no dice la verdad, cometerá un delito de perjurio.
Todos estos elementos aparecerán en la declaración escrita.
Los menores que no hayan alcanzado la edad de catorce años y no tengan capacidad para tomar decisiones en el momento de la audiencia podrán ser escuchados sin juramento y sin que se les prohíba hacerlo, pero el órgano jurisdiccional los instruirá de su deber de decir la verdad y tendrá en cuenta sus circunstancias especiales a la hora de juzgar su declaración.
Las personas de contacto podrán ser especialistas informáticos de los órganos jurisdiccionales de apelación, el secretario judicial o el juez. Aproximadamente 144 de los 244 órganos jurisdiccionales poseen servicios de videoconferencia. Cada uno de estos 144 órganos jurisdiccionales posee 2 instalaciones de videoconferencia.

References: artículo 25
 artículo 35
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 17
 resolución 
 artículo 13
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 318