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Timestamp: 2018-12-18 22:11:45+00:00

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Lunes, 12 de Mayo de 2014 21:17
Tomado de www.ambitojuridicio.com:
"..Condenas superiores a cuatro años no pueden ser objeto de suspensión de pena de Ley 1709
8 de Mayo 1:53 PM
Quienes son condenados a penas superiores a cuatro años de cárcel no pueden beneficiarse de la suspensión de la pena prevista en el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014 (reforma carcelaria), advirtió la Corte Suprema de Justicia.
Según el alto tribunal, la norma modificó el artículo 63 del Código Penal, estableciendo la suspensión por un periodo de entre dos y cinco años, siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos, entre ellos que la pena no exceda el cuatrienio.
La corporación recordó que el artículo 23 de la reforma introdujo el artículo 38B a la Ley 599 del 2000, fijando beneficios como la prisión domiciliaria para condenados por delitos cuya pena mínima sea hasta de ocho años, con excepción de los dolosos que sean cometidos en contra de la administración.
En ese sentido, preció que se entienden por delitos que afectan el patrimonio del Estado los que lo lesionen de manera directa, por menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por la conducta dolosa de un funcionario.
Aunque, en el caso analizado, los procesados purgan penas que se cuentan dentro de ese límite, no pueden hacerse acreedores al beneficio, porque fueron condenados por el delito de peculado,explicó la Corte.
En una decisión similar, la corporación recordó que quienes paguen condenas por concusión no pueden ser cobijados con los beneficios de la reforma carcelaria. Esa vez, le negó el beneficio a un fiscal y ratificó la condena de seis años de prisión que se le impuso por aprovecharse de su investidura para amedrentar a sus deudores y obligarlos a pagar, so pena iniciar actuaciones institucionales en su contra.
(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4161 (34074), abr. 2/14, M. P. Patricia Salazar).."
Comisión de delitos por temor a perder empleo debe valorarse según reglas de la experiencia
9 de Mayo 12:05 PM
El delito de lavado de activos se ejecuta con la puesta en marcha de indefinidas operaciones que buscan ocultar los enlaces de ilegalidad que caracterizan a los bienes y esconder u ocultar el origen espurio del dinero.
Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia, al recordar que la realización de este punible requiere la intervención de un número plural de personas.
En el caso analizado, la Sala de Casación Penal dejó sin efectos una sentencia absolutoria y, en su lugar, condenó a la secretaria de una sociedad a 72 meses de prisión, por coautoría en este delito.
De acuerdo con la corporación, en este caso no podía aplicarse la regla según la cual “un trabajador, para no perder su empleo, obedece las órdenes dadas por su jefe, sin importar la clase de actividades, incluso sean ilegales”.
A su juicio, la procesada no se limitó a cumplir con las tareas propias de su cargo y obedecer las órdenes impartidas por su jefe, bajo el temor reverencial de perder su empleo, pues realizó las actividades ilegales, inclusive, durante varios meses después de desvincularse.
La Corte advirtió que si las actividades laborales se alejan del dictado de la moral y las buenas costumbres o implican un exceso o una extralimitación, es frecuente que los empleados decidan abandonar sus puestos de trabajo mediante la renuncia.
Con estos argumentos, concluyó que el juez desconoció los parámetros de la sana crítica y dejó de aplicar el inciso 20 del artículo 29 (coautoría) y el artículo 323 (lavado de activos) del Código Penal.
(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4615 (42722), abr. 9/14, M. P. Patricia Salazar Cuéllar).
Solo la jurisdicción ordinaria puede juzgar hechos constitutivos de desaparición forzada
2 de Mayo 4:26 PM
La jurisdicción ordinaria es la única que puede juzgar a los responsables de hechos constitutivos de desaparición forzada, con exclusión de cualquier jurisdicción especial, ya sea la penal militar o la indígena. Así lo señaló la Corte Constitucional, en una sentencia publicada recientemente.
El alto tribunal recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Ley 707 del 2001, prohíbe que los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada sean juzgados por jurisdicciones especiales.
En el caso analizado, concluyó que le corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar y juzgar a cinco miembros del resguardo unificado Embera Chamí del Municipio de Mistrató (Risaralda), enjuiciados por la posible comisión de los delitos de desplazamiento forzado y homicidio.
Para la corporación, la desaparición forzada tiene una especial connotación en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, ya que incluso puede ser objeto de la jurisdicción de tribunales internacionales.
Sobre el sentido, alcance y límites de la jurisdicción indígena, reiteró:
La autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas se debe ejercer de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley (artículos 246 y 330 de la Constitución).
Las normas legales imperativas de Colombia priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural.
Los usos y costumbres de las comunidades indígenas priman sobre las normas legales dispositivas.
Sobre la noción de fuero indígena, señaló que se conjugan dos elementos: el personal, según el cual el indígena debe ser juzgado con las normas y por las autoridades de su propia comunidad; y el geográfico, que indica que la comunidad indígena puede juzgar las conductas que ocurran dentro de su territorio.
En los casos en los que las comunidades pueden ejercer jurisdicción, la Corte ha acudido a los tres criterios tradicionales empleados en el derecho para determinar la competencia: el personal, el territorial y el objetivo o de la materia.
Estos criterios no son absolutos. Por ejemplo, en los casos de conductas realizadas en el territorio de una comunidad, pero que causan daños a terceros ajenos, es posible que el asunto deba ser juzgado por la jurisdicción ordinaria.
Además, es factible que pese a que una conducta reprochada por una comunidad haya sido cometida por uno de sus miembros dentro de su territorio, el caso deba ser remitido a la jurisdicción nacional, debido a la no pertenencia de la víctima a la comunidad y al grado de integración del infractor a la cultura mayoritaria.
(Corte Constitucional, Sentencia T-449, jul. 12/13, M. P. Mauricio González Cuervo).
Primera demanda admitida contra la reforma al Código Penitenciario
12 de Mayo 12:15 PM
Desde la entrada en vigencia de la reforma al Código Penitenciario (L. 1709/14), ante la Corte Constitucional han sido radicadas cinco demandas en su contra.
La única admitida hasta el momento ataca la expresión “previa valoración de la conducta punible”, del artículo 30 de la Ley 1709, que modifica el artículo 64 del Código Penal (L. 599/00).
En opinión del demandante, la norma habilita al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que valore en concreto los aspectos que componen la conducta punible, tarea que le corresponde al juez de conocimiento.
También, advierte que esa regla para evaluar la libertad condicional vulnera los artículos 13, 29, 121 y 122 de la Carta Política, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
A su juicio, desde la entrada en vigencia de la norma, se ha conocido un alto número de decisiones emitidas por jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, en las cuales se niega sistemáticamente la libertad condicional, al considerar que la “valoración de la conducta punible” es una exigencia para la procedencia del subrogado penal.
Lo anterior, señala, implica una transgresión del principio non bis in ídem, del derecho a la igualdad y, por lo tanto, una duplicidad de funciones, pues el juez de ejecución, sin ser el competente, se faculta para valorar no solo la gravedad, sino las mismas circunstancias que rodearon la conducta punible en concreto.
En ese sentido, advierte, la función de la pena respecto de la resocialización ha sido descontextualizada por parte de los jueces de ejecución de penas, que aplican, “una tesis donde impera como ultima ratio, no un sistema penal humano, sino que por el contrario, más restrictivo de derechos, en los que como única solución se ofrece la prisión como mecanismo de disuasión”.
Esta acción de inconstitucionalidad fue admitida el pasado 8 de mayo y su estudio está a cargo de Nilson Pinilla.
(C. Const., Exp. D-10185, 05/09/2014. Demandante: Juan David Correal Rodríguez)
Última actualización el Lunes, 12 de Mayo de 2014 21:21

References: artículo 29
 artículo 63
 artículo 23
 artículo 38
 artículo 29
 artículo 323
 artículo 30
 artículo 64
 artículo 10
 artículo 29