Source: https://issuu.com/uicbarcelona/docs/iurisuic-feb2013
Timestamp: 2017-01-18 02:46:53+00:00

Document:
Iuris UIC (febrero 2013) by Universitat Internacional de Catalunya - issuu
Revista Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Encuentro con Iván
Laucirica Baurier,
Derecho ‘09
legislativas y
continua, agenda
NOTARIO Y PROFESOR UNIVERSITARIO
En apenas cuatro números de Iuris UIC, hemos alcanzado un tiraje superior
a los 1.200 ejemplares, una meta impensable cuando comenzamos nuestra
modesta andadura. La revista está generando con cada número un creciente
interés en nuestra comunidad universitaria y, también, en el mundo
jurídico que nos rodea. La apuesta que hacemos por la amenidad y el
rigor, que son santo y seña de esta publicación, está teniendo una acogida
satisfactoria. Seguimos empeñados en convertirla en un instrumento
útil de trabajo, de comunicación y de promoción de la Facultad, e incluso
estamos gestionando su indexado y su incorporación a conocidas bases de
datos editoriales de primer nivel. Esta feliz noticia coincide, además, con
las alegrías que nos proporciona nuestra reciente aparición en Twitter a
través de la cuenta @derechouic. Desde finales del pasado mes de octubre
hasta hoy, nos siguen más de trescientos twitteros, alcanzando un grado
de influencia o Klout próximo a las principales firmas de la abogacía y
superior a universidades del máximo prestigio.
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los
despachos y consultoras su confianza en nuestro modelo educativo. Son
cada vez más frecuentes sus peticiones a la Facultad de información
sobre perfiles de futuros abogados para incorporar a sus equipos. Por
este motivo, sería estupendo que los Alumni a los que llegue esta revista
mantengan actualizado su contacto con nosotros, para poder facilitar datos
Muchas gracias a todos por todo y confío en que sea de vuestro agrado este
quinto número de Iuris UIC, que con tanto afán hemos elaborado.
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NET KNOWING
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Iván Laucirica Baurier
Novedades legislativas de interés general
Novedades jurisprudenciales civil, penal,
social y contencioso-administrativas
Curso sobre relaciones internacionales,
derecho diplomático y prácticas consulares
AGENDA Y NOTICIAS DE LA FACULTAD
©	Dr. Juan Ramón Medina.
Departamento Derecho Financiero y Tributario de la UIC
Sin duda uno de los temas de interés general para el ciudadano
es el de las novedades fiscales para el año 2013. Ofrecemos
aquí, de forma meramente divulgativa y numerada, las
principales modificaciones fiscales publicadas en la Ley 17/2012
de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y la Ley
16/2012 de acompañamiento, publicadas en el BOE del 28 de
1.	Loterías y ganancias en el juego
•	Se fija un gravamen del 20% sobre los premios de loterías y apuestas organizadas
por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas
del Estado (ONLAE) y por las Comunidades
Autónomas, y de los sorteos organizados
por la Cruz Roja y la ONCE. Se aplicará a
los premios que se celebren a partir del 1
de enero de 2013. Quedan exentos los que
cuenten con un importe inferior a 2.500
euros. Se fija, asimismo, una retención o
ingreso a cuenta coincidente con el importe de dicho gravamen especial, operando
como retención liberatoria.
•	En referencia a los casinos y juegos online, debe recordarse que los jugadores irán
acumulando ganancias y pérdidas durante
todo el año y al final de éste se contabilizarán los resultados, teniendo que decla-
rar solo las ganancias netas, es decir el
resultado de las ganancias totales menos
las pérdidas de todo el año. Por otra parte,
si los resultados fuesen negativos, no tendrán que realizar ningún pago, pudiéndose
compensar estas pérdidas con ganancias
de ejercicios posteriores.
2.	Ganancias Patrimoniales a
•	Se incorporarán en la base imponible general del IRPF las ganancias que deriven
de la venta de elementos patrimoniales
que hubieran permanecido un año o menos en el patrimonio del contribuyente. Estas ganancias pasarán a tributar a la tarifa
general, es decir, al tipo de gravamen del
contribuyente en vez de, como hasta ahora,
al tipo de gravamen del ahorro.
3.	Pérdidas patrimoniales a
•	Las pérdidas a corto plazo podrán compensarse con hasta el 10% de la base imponible general.
•	Por su parte, las pérdidas patrimoniales
a corto pendientes de compensar que se
hayan generado hasta el 31 de diciembre
de 2012, podrán compensarse hasta con el
25% de la base general.
4.	Vivienda
•	Se suprime, de forma lamentable, la deducción en vivienda habitual para las compras que se realicen a partir del 1 de enero
•	A su vez, se suprime la deducción por viviendas adquiridas antes del 20 de enero
de 2006, que podía llegar a ser de 225 € por
declarante (el 5% hasta una base anual de
4.520 €).
FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LA UIC
•	De forma incomprensible y para dificultar
aún más la compra de viviendas, a partir
del 1 de enero de 2013, estas operaciones
dejarán de tributar al 4% de IVA y pasarán
a tributar al 10%.
5.	IBI
•	Se autoriza a los ayuntamientos a que puedan grabar con el IBI a los inmuebles calificados como patrimonio histórico-artístico
que esté afecto a actividades económicas.
que sean beneficiarios si entre todos los
valores pasan de 50.000 euros.
c)	Los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad
situados en el extranjero si entre todos
pasan de 50.000 euros
d)	Las obligaciones previstas en los tres
párrafos anteriores se extenderán a
quienes tengan la consideración de titulares reales, beneficiarios, autorizados,
usufructuarios, etc…
6.	Impuesto sobre el Patrimonio
•	A pesar de ser un impuesto que tiene un
carácter excepciones y que h sido descalificado en múltiples ocasiones por los tributaristas porque supone una injusta doble
tributación, el Impuesto sobre el Patrimonio se prorroga al 1 de enero de 2014. Las
Comunidades Autónomas mantienen, de
forma hasta ahora meramente simbólica,
la potestad para establecer bonificaciones
en este tributo.
7.	Declaración de bienes en el
•	Se inserta una nueva disposición adicional
18ª en la Ley General Tributaria que establece la obligación de información sobre
bienes y derechos situados en el extranjero. Ciertamente, el residente fiscal español
ya tenía esta obligación al deber presentar
anualmente su declaración del patrimonio,
pero esta obligación era frecuentemente
•	La declaración se presentará en el modelo
720 durante los meses de marzo y abril de
2013. Esta declaración debe informar sobre:
a)	Las cuentas en el extranjero, si el total
de las cuentas pasa de 50.000. Deberán
declarar tanto los titulares como los beneficiarios y autorizados.
b)	Los títulos, activos, y valores que se encuentren depositados o situados en el
extranjero, así los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de
las rentas vitalicias o temporales de las
8.	Tipos de interés 2013
•	El tipo de interés legal del dinero se mantiene en el 4%.
•	El tipo de interés de demora se mantiene en
9. Coeficientes de corrección
monetaria (inmuebles) 2013
1994 y anteriores 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002	2003 2004	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,3167
10. Actualización de las pensiones
•	Las pensiones se actualizan en el 1% en
2013. Como la inflación al finalizar el año
se sitúa entre el 3,5% y el 4%, es obvio que
esta escasa actualización implica una importante pérdida de poder adquisitivo para
•	Se permite, en 2013, la actualización monetaria por parte de las empresas del último balance aprobado por ellas. La actualización tendrá carácter voluntario, se
extenderá tanto a personas jurídicas como
físicas y estará sometido a una carga fiscal
del 5%, incluyendo inmovilizado material y
los arrendamientos financieros.
Debe recordarse que las últimas actualizaciones fueron aprobadas en 1983 y 1996
con carga fiscal al 3%, y tuvieron poca
aceptación. Somos de la opinión de que
ahora con la carga fiscal al 5% y la evolución de los precios inmobiliarios, esta medida no tendrá éxito alguno.
•	De forma temporal para 2013 y 2014, Hacienda limitará la deducibilidad fiscal de
las amortizaciones del inmovilizado material realizadas por grandes empresas. Será
de un 70 por 100 del máximo previsto en
tablas. La medida tendrá efectos en 2013
a través de los pagos fraccionados. Afortunadamente, quedan excluidas las pymes
y micropymes, que podrán amortizar normalmente.
Notario y profesor universitario.
Ha impartido docencia en varias
universidades catalanas en cursos
de grado, posgrado y másteres en
diversas materias relacionadas con
el derecho civil. Es miembro del
Observatorio de Derecho Privado de
Cataluña y ha sido miembro de la
Comisión de Codificación de Cataluña.
Ha sido presidente o miembro del
Patronato de diversas instituciones
relacionadas con la educación y la
cohesión social, como la Fundación
Proyecto Hombre, la Fundación Raval
Solidari o la Fundación Ramona
Ha escrito varios libros y artículos
derecho, así como artículos en
periódicos nacionales comentando
la actualidad política. Es también
Barcelona desde 2008. Regularmente
escribe en su blog, www.tonibosch.
com, sobre cuestiones políticas y de
actualidad. Está casado y es padre de
Sr. Bosch, ¿qué le llevó a decidirse por la
carrera de Derecho?
A los 17 años el ambiente familiar pesa a
favor o en contra. En mi caso, una familia
de “letras”, me ayudó a considerar carreras
de esta materia. También había cursado
el bachillerato de letras y no de ciencias.
Mis aficiones personales relacionadas con
aspectos culturales, las lecturas y mi gusto
por la música me decantaron hacia una
carrera de esta temática. En la elección
estaban Filosofía y Letras –la rama de
Historia– o Derecho. Al final me pareció que
el derecho me brindaría más posibilidades
profesionales y que mi afición por las “letras”
siempre podría cultivarla de forma privada.
De hecho, ha sido así. Mi vida ha estado muy
vinculada a lo que antes llamábamos las
“letras”. Mucha lectura, mucha reflexión,
artículos en temas varios –no estrictamente
jurídicos. Basta leer mi blog para intuir que
mi formación es básicamente de “letras”, no
solo jurídica.
¿Qué le impulsó a opositar a notarías?
De pequeño yo quería ser notario, como mi
padre. De niño, viví de cerca este ambiente
en Agramunt. La casa y el despacho
ocupaban una misma planta y el ejercicio
de la profesión de notario lo tengo grabado
desde mi niñez. Luego, el derecho me gustó
y pensé que era una buena decisión. En la
universidad tuve otras ofertas: quedarme a
iniciar una carrera universitaria; lanzarme al
mundo de la empresa o incluso dedicarme
a la publicidad. Al final me decidí por las
¿Recuerda algún episodio, en especial de
los años de oposición?
Las oposiciones son duras y ponen a
prueba tu estado de ánimo. A veces se veía
muy lejos… Pasas días buenos y menos
buenos. Un día le dije a mi padre que lo
mío era dedicarme a la canción (tocaba la
guitarra y componía alguna canción). Mi
padre me miró y me dijo: “¡Hala!, a estudiar.
Desafinas menos cantando temas que con
tus canciones”.
¿Nos puede dar algunos consejos para
nuestros alumnos que tienen proyectado
opositar?
La oposición es un trabajo duro y
esforzado, pero –dicho esto– tampoco hay
que magnificarlo. Son unos años dedicados
al aprendizaje intenso, pero no es un
trabajo sobrehumano. Se necesita tener un
temperamento estable, una cabeza ordenada
y fuerza de voluntad. La constancia es
clave en el éxito. Y esto es como muchas
otras situaciones en la vida: la constancia
“Siempre me gustó
enseñar. Me gusta
lo que hago y me
encanta transmitir los
y prácticos que he ido
adquiriendo a lo largo
de los años.”
es clave en muchos éxitos profesionales.
Se debe evitar ser obsesivo, excesivamente
meticuloso, atropellarse. Se ha de fomentar
el orden, la claridad, la jerarquía. Nada del
otro mundo para alguien que está dispuesto
a hacer un lógico sacrificio en algo que le
¿Cómo nació su vocación de profesor
Siempre me gustó enseñar. Me gusta
lo que hago y me encanta transmitir los
conocimientos teóricos y prácticos que he
ido adquiriendo a lo largo de los años. Al
finalizar la licenciatura tuve oportunidad de
iniciar una carrera universitaria. Después
de pensarlo dejé la tesis para finalizar
después las oposiciones. Al final, por
cuestiones personales y de familia, no pude
hacer la tesis doctoral. ¡Siempre te quedan
asignaturas pendientes en esta vida! Sin
embargo, empecé a dar clases en diversas
universidades y a escribir libros y artículos
jurídicos y me fui especializando en algunas
¿Qué consejos daría a los estudiantes que
están en nuestras aulas?
Estar en una universidad como la UIC es
un privilegio. No se es consciente de ello
hasta que uno se va, y es una pena, pues
se disfruta menos la universidad. Por lo
tanto, el primer consejo es disfrutar con la
carrera. Parece obvio, pero no lo es. Hay
que deleitarse con una carrera como la
de Derecho, con asignaturas tan diversas,
con profesores de procedencias distintas.
Derecho es una carrera completa, en la que
si se estudia es muy bonita y enormemente
práctica. Este es el primer consejo: disfrutar
El segundo consejo es disfrutar del
ambiente. Un ambiente único. Sobre todo
los compañeros. Es difícil volver a tener esos
momentos tan agradables en el atrio con
amigos y compañeros. Es una ocasión única.
Luego la vida obliga a ir más deprisa, ya no
existen tantas cosas en común, uno empieza
a tener otras ocupaciones, forma un hogar.
En una palabra, hay que disfrutar de estos
años únicos. Eso, veo que los alumnos lo
acostumbran a hacer y por cierto bastante
¿A qué retos se enfrenta la función notarial
¡No solo la función notarial! El mundo
entero en general y el mundo del derecho
en particular. La próxima década –crisis
aparte– supondrá mayores exigencias para
los notarios. Han de estar al día, han de
conocer idiomas y, luego, tienen que estar
preparados para un notariado que camina
La oficina notarial ha cambiado mucho
y va a cambiar mucho más al asumir los
notarios una parte importante de lo que se
conoce como “jurisdicción voluntaria”.
El Estado tiene en los notarios unos
funcionarios preparados con una fuerte
dosis de profesionalidad y que no están
a sueldo de la Administración, pero
sin embargo forman parte de ella.
Los notarios están incardinados
Notariado. Esto supone que
pueden desarrollar muchos
trabajos y realizar muchas tareas
desde esta función notarial sin
que sean un coste para el erario
¿Qué opinión le merece que se
quiera dar cabida a los notarios
en la tramitación de ciertos
expedientes de jurisdicción
voluntaria en una futura ley
sobre la materia?
En el fondo de esta cuestión
radica la pregunta de
¿Cuál es el papel del Estado y cuál es el
coste que supone que lleve a cabo las
funciones que se le han atribuido? Nada es
gratis. Una boda en un juzgado la pagamos
entre todos con nuestros impuestos.
Ahora existen tasas, pero la tasa no lo
cubre todo y muchos servicios públicos se
cubren con los impuestos. Además –y la
experiencia de la práctica lo avala– muchas
veces los servicios se prestan tarde y
Incorporar a los notarios a prestar
servicios de jurisdicción voluntaria parece
una buena idea para ayudar a desbloquear
la justicia y para hacerla más eficaz.
Los notarios están presentes en todo el
territorio nacional y eso es una facilidad
más para la tramitación de expedientes de
Si la reforma ve la luz, estoy seguro de
que será un éxito, como ha ocurrido con las
declaraciones de herederos ab intestato,
que se tramitan hoy por jueces y notarios.
En aquellas en las que la competencia
es de los notarios y los jueces de forma
concurrida la inmensa mayoría se hacen
notarialmente, ¿por qué? Porque son
más rápidas y más baratas. Este es un
ejemplo de un expediente de jurisdicción
voluntaria que se ha desjudicializado y,
por lo tanto, puede ser aleccionador.
¿Ha sido Ud. nombrado miembro del
Observatorio de Derecho Privado?
Recientemente he vuelto a ser
nombrado miembro del Observatorio
de Derecho Privado. He sido
miembro de este Observatorio
durante casi 20 años a propuesta
del Partido Popular. También
fui nombrado miembro de la
Comisión de Codificación por el
conseller Vallès, de la que fui
miembro hasta el año 2010.
¿Qué función tiene el Observatorio de
Derecho Privado?
Informar sobre todas las leyes civiles
que el Govern presenta al Parlament
de Catalunya e impulsar el desarrollo,
la conservación y la modificación del
derecho civil de Cataluña. También aprobar
los planes de actividad y los planes de
actuación de la Comisión de Codificación
de Cataluña y –entre otras funciones–
promover la difusión y la práctica del
derecho civil de Cataluña.
¿Cómo espera contribuir al desarrollo del
derecho privado catalán desde su nuevo
Siempre he atendido los trabajos en el
Observatorio de Derecho Privado y he
colaborado activamente en los proyectos
y anteproyectos de lo que es actualmente
el derecho civil de Cataluña. Hay aspectos
que por mi quehacer profesional son
más próximos. El derecho de sucesiones
y el derecho de familia siempre me han
atraído y en estas áreas siempre me he
encontrado muy a gusto trabajando. El
derecho civil trata de personas y se dirige
a personas y por este motivo es una
rama del derecho “entrañable”. El hecho
de trabajar a diario pequeños y grandes
problemas relacionados con la sucesión,
el matrimonio, las relaciones parentales,
la tutela y un largo etcétera te pone ante
la condición humana. Profundizar desde
el derecho en el “ser” del hombre actual
es, sin duda, enriquecedor y pienso puede
contribuir –un poquito– a intentar que este
mundo sea algo mejor.
¿Qué grado de desarrollo considera que
ha alcanzado la legislación catalana de
Tenemos un Código Civil casi completo.
Falta la parte de obligaciones y
contratos, conocida como el libro VI,
que está ahora en discusión. De las
Cataluña tiene el derecho civil más
desarrollado –potente, podría decirse– de
todas. El derecho civil es considerado
uno de los rasgos del denominado
“hecho diferencial” en la medida que
este derecho hunde sus raíces en las
tradiciones catalanas. Instituciones como
l’hereu, l’engany a mitges, el régimen
de separación de bienes o los capítulos
matrimoniales son muy antiguas y han
ayudado a forjar el ser y el seny catalán.
Los catalanes somos como somos en
gran parte por nuestro derecho civil; por
la forma en que construimos nuestras
relaciones familiares y comerciales.
“Incorporar a los notarios
a prestar servicios de
parece una buena
idea para ayudar a
desbloquear la justicia
y para hacerla más
eficaz. Los notarios
están presentes en todo
y eso es una facilidad
más para la tramitación
jurisdicción voluntaria.”
¿Qué balance hace Ud. de la aplicación
que ya han tenido los libros del Código
Civil catalán en vigor?
La aplicación de las leyes civiles es muy
gradual. En la actualidad aún sigue siendo
escasa esta aplicación, sobre todo en el
ámbito de la justicia. El derecho civil no es
como el Código de Circulación, que tiene
unas señales de tráfico que constantemente
indican su vigencia. Al derecho civil te
lo encuentras al crear o formar algo o
cuando tienes un problema. Por esto
cuesta más su implantación social, sobre
todo las novedades. Después de más de
20 años de normas civiles hoy tiene una
gran aplicación entre los notarios, los
registradores, muchos abogados y por
supuesto en la Universidad se enseña
bien y en profundidad. Pero –como he
dicho– en la esfera judicial no siempre se
aplica correctamente al convivir con el
derecho que emana del Código Civil y de
las leyes civiles de España. El balance es
satisfactorio pero mejorable.
Para acabar, ¿quiere trasladar algún
mensaje a nuestros Alumni?
Un mensaje de optimismo de cara el
futuro, así como de exigencia. Es necesario
trabajar y trabajar bien, pero trabajar
disfrutando en lo que haces. ¡Sea lo que
sea, disfruta con tu trabajo! Empezar
la vida laboral en momentos de crisis
puede parecer una desgracia, pero no lo
es. La crisis aguza el ingenio y del hoy
paupérrimo saldrá el mañana glorioso.
Crecer a la sombra de la crisis supone un
reto. Los Alumni no pueden dormirse, han
de estar alerta y esto supone espabilarse, y
espabilarse no es malo. Todo lo contrario,
es magnífico. O sea, ¡al mal tiempo, buena
MARÍA GIRBAU XALABARDER
CRISTINA COMERE LIST
Trabaja como becaria en la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la UIC. Está estudiando el segundo curso de
Criminología y formándose en nuevas tecnologías.
Trabaja en el departamento de Atención Ciudadana del
Ajuntament de la Garriga.
Derecho ‘11
MÓNICA RIERA LLUCH
Trabaja actualmente en el Departamento Laboral de la
Gestoría Lluch.
MARÍA ROMANCES VINAIXA
Desde febrero del 2012 está trabajando como abogada
de propiedad intelectual en Schmitt Zur Hohe & Ferrante
intellectual property law (S&F), donde asesora a
empresas de lujo que quieren abrir mercado en China.
Gestión y Administración Pública ‘12
RAÚL QUIRÓS DELGADO
Trabaja como jefe de sección en un centro del Institut
Català de la Salut (empresa pública proveedora de
servicios públicos de salud en Cataluña). También forma
parte del equipo directivo del centro.
CRESCENCIA DEL POZO PRIETO
Criminología ‘12
Magistrada juez sustituta.
ENRIQUE AMAT BUSQUETS
Derecho ‘12
Ha entrado a formar parte del equipo de abogados de
TERESA PUIG DE STOLTENBERG
Actualmente trabaja en el bufete Fabregat Perulles Sales.
XAVIER RODRÍGUEZ CASABELLA
Criminología ‘11
Subdirector de interior. Centro penitenciario de Jóvenes.
Departamento de Justicia. Generalitat de Catalunya.
ISABEL GARCÍA PADILLA
Trabaja en Accenture como Health & Safety Manager.
Desarrolla e implanta sistemas y metodologías de
diagnóstico, intervención y desarrollo de la empresa
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Salud
Laboral y Medio Ambiente (HSE).
Trabaja en la Generalitat de Catalunya.
Si quieres aparecer en esta sección, envíanos un e-mail a alumni@uic.es contándonos dónde estás trabajando.
NETKNOWING
LÁZARO PALAU
PROFESORA DOCTORA DE DERECHO
CIVIL DE LA UIC
PROFESORA DE DERECHO ECLESIÁSTICO
DEL ESTADO Y DERECHO CANÓNICO
Y DIRECTORA DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA FAMILIA
MONOGRAFÍA DEDICADA A FRANCIA
Carmen María Lázaro Palau, profesora doctora de Derecho
Civil de la UIC, ha redactado una monografía dedicada a
Francia dentro de la colección Comments on the Reports
of the Committee on the Rights of the Child. (Editorial
Huygens, Barcelona, 2012).
El coordinador de la colección es el profesor Carlos Villagrasa. La referida obra ha sido traducida al inglés por la profesora María Mut, del
área de Derecho Internacional de la UIC.
Se ha publicado teniendo en cuenta que la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño cumplirá en el 2014 sus bodas de plata.
Con tal motivo, se ha alentado a los diferentes Estados a hacer balance y evaluar la forma en que cada uno ha adaptado sus exigencias y
aplicado las Recomendaciones de la Comisión. Las conclusiones de
cada país han sido elaboradas por un jurista de su nacionalidad y se
han comenzado a publicar por separado en varios volúmenes.
También ha escrito otro capítulo titulado “La acción directa en la prestación alimenticia. El pago directo en el Derecho francés” del libro
Garantías reales en escenarios de crisis: presente y prospectiva. La
directora es Elena Lauroba, (edit. Marcial Pons, Madrid, 2012).
Este libro está dedicado a las garantías reales actuales porque se considera que juegan un papel determinantes para entender y superar la
crisis económica actual. Porque si bien una de las causas de la crisis
se sitúa en el mercado hipotecario estadounidense, por otro lado las
garantías pueden facilitar el acceso al crédito, lo que beneficiaría la
recuperación económica. El libro recoge las aportaciones del Congreso Internacional “Garantías reales en escenarios de crisis: presente y
prospectiva” celebrado en la UB los días 20 y 21 de octubre de 2011.
RESEÑA APOSTASÍA
La autora, Montserrat Gas Aixendri, profesora de Derecho
eclesiástico del Estado y Derecho canónico y Directora del
Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la UIC, ha
realizado un estudio técnico-jurídico sobre la Apostasía,
un tema complejo ya que se encuentra en la encrucijada
entre el derecho estatal, las normas religiosas, y el derecho
La monografía plantea muchas cuestiones de interés como por cuál
es el papel del Estado en esta materia, qué valoración merece la
intervención de los ordenamientos estatales al regular un procedimiento de salida de las confesiones religiosas; qué implicaciones tiene la autonomía de las confesiones a la hora de fijar las condiciones
de salida; si cabe hablar de un derecho a la Apostasía del fiel frente
a la institución religiosa; qué sucede cuando una confesión religiosa
no contempla un procedimiento de abandono y si puede intervenir
el Estado en dichas circunstancias.
Asimismo se analizan los conflictos que la Apostasía puede plantear en el derecho de familia, en el derecho laboral, en las solicitudes de asilo por motivos de persecución religiosa, o en el derecho tributario. Pero quizá la mejor aportación de esta obra es
la conceptualización jurídica del abandono confesional, mediante
el análisis de los requisitos de la Apostasía como acto jurídico: la
capacidad y libertad del sujeto que lo realiza, así como el contenido
del acto y sus requisitos formales.
PROFESORA DE FILOSOFÍA DEL
DERECHO Y VICERRECTORA DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UIC
La Doctora Belén Zárate Rivero, Profesora de Filosofía del
Derecho y Vicerrectora de la Comunidad Universitaria de
la UIC ha escrito el libro “El tratamiento de la dependencia
como derecho social” de la ed. Tirant lo Blanch, colección
La Ley 39/2006, de protección a las personas en situación de dependencia, ha creado un sistema protector que pretende garantizar un
derecho subjetivo pleno a ser atendido a todas aquellas personas que
se encuentren en situación de dependencia.
La realidad es que estamos hablando de un nuevo derecho social, y
esto implica que esté especialmente condicionado por la situación
económica, sobre todo en un momento de crisis como el actual.
Este pequeño estudio pretende mostrar las distintas dificultades por
las que atraviesa este sistema protector debido a la naturaleza social
de este nuevo derecho. Pone de manifiesto como la indefinición y la
falta de garantías típicas de los derechos sociales amenazan la realización de una protección que había despertado grandes expectativas
en las familias y en la sociedad entera.
DOSSIER DE LOS TRIBUNALES
SOBRE PROBÁTICA: EL ESTÁNDAR DE
El profesor Dr. Carlos de Miranda Vázquez, director del área
de Derecho Procesal, ha publicado, el pasado 1 de febrero de
2013, el artículo “Dossier de los tribunales sobre probática:
el estándar de prueba en el proceso civil”, en Diario La
Ley, edición especial Cuadernos de Probática y Derecho
probatorio, nº 10, pp. 14 y ss.
Se recoge en esta publicación la segunda parte del trabajo sobre
prueba indiciaria y estándares de prueba, que en su primera mitad
ya fue publicado en el nº 9 de Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio. En aquella ocasión se analizó el estándar de prueba en el
proceso penal. Esta vez se estudia la prueba indiciaria civil –presunciones judiciales del art. 386 LEC- y los supuestos de concurrencia de
hipótesis fácticas que explican una misma masa de indicios probados,
con el fin de dotar de un cierto contenido objetivo al estándar propio
del ámbito civil <<probabilidad prevaleciente>> o <<preponderancia
de evidencia>>, sobre casos reales resueltos por nuestros Tribunales.
La protección de las personas en situación de dependencia parece que
no llegará a ser el cuarto pilar de la protección social en nuestro país
si no se reforma en profundidad este nuevo sistema.
Iván Laucirica (Derecho’09) tiene una gran afición al
deporte. A los 27 años llegó a hacer el ironman, en
Lanzarote y, aunque dice que repetiría si pudiera, hoy
las obligaciones se lo hacen un poco más difícil.
No obstante, quizá ese afán por “autoimponerse”
retos le ha empujado a no quedarse de brazos
cruzados. Con una boda ya cercana, sigue fiel a
su “vocación emprendedora” –así lo dice–; por
eso, después de los estudios, y pasados tres años
en el bufete de abogados Aquit Legal, decidió
montar su propio despacho. “Casi recién salido
de la Facultad tenía ganas de hacer algo por
mi cuenta, pero sabía que necesitaba un
tiempo de maduración y de bagaje mínimo”.
Así pues, pasado este tiempo, decidió
empezar desde cero, hace poco menos de
un año, rodeándose –eso sí– de buenos
colaboradores: “Primeros espadas –
como les llama– en todos los ámbitos
del derecho”. Gracias a ellos y a un
buen networking, poco a poco, Iván
se ha ido haciendo un hueco en el
mundo de la abogacía civil. Había
nacido Baurier Abogados.
Empecé con algo muy
embrionario y, en poco
tiempo, gracias a los
contactos que he ido
adquiriendo, hoy ya
dispongo de una buena
Saliste de la universidad con muchas ganas
de hacer algo propio...
Sí, pero esto necesitaba su tiempo.
Cuando acabas los estudios te das cuenta
de que tienes una base muy sólida de
conocimientos técnicos, pero que la
aplicación es muy distinta: redactar
correctamente un mail, un buen contrato o
demanda... Con la práctica te vas formando,
te vas curtiendo y vas viendo cómo es tu
profesión y cuándo y cómo tienes que actuar
en cada momento; igual que el médico
puede saber diagnosticar una enfermedad
en la universidad, pero cuando ve los
síntomas en el paciente... la cosa cambia.
¿Qué te lleva a pensar que saldrás
adelante? El mercado es muy competitivo
y la situación actual no es muy halagüeña,
Tienes razón, pero creo que despachos
como el que he montado no hay tantos.
He tenido la gran suerte de haber recibido
formación de despacho grande en uno
mediano durante cerca de tres años, lo
que ayuda a tener una visión más global
de la profesión. Es una visión que también
la propia universidad me ha ayudado a
adquirir. Pero, además, en la UIC aprendí
a dar mucha importancia al trato más
personal. Es un poco como los médicos, que
tienen que ser muy humanos. Y mi despacho
tiene que generar mucha confianza. Cuando
alguien te confía un problema, no puedes
fallarle. Es mucho más que te encomienden
un tema: te lo están confiando, no
encomendando.
Podría ser la ilusión de los comienzos...
Lo importante, para mí, es mantener esta
confianza: es el pal de paller del despacho, y
es lo que nos distingue de los demás.
Si te dicen que eres demasiado joven... ¿qué
les dices?
Bueno, algunos quizá pensarán que un
abogado tiene que ser mayor y aparentarlo
y que está todo el día sentado en su
despacho... Yo creo que un abogado es más
que una persona que sabe derecho: es –debe
serlo– una persona que resuelve problemas
a los demás, y les sigue porque necesitan de
él y de su ayuda. Tengo que estar yo detrás
de los clientes y no ellos tras de mí. El
seguimiento lo tiene que hacer el abogado,
no al revés: para tener claro este tema, no
hace falta tener muchos años. Además,
estoy respaldado por un equipo mayor que
yo, y procuramos hilar muy fino, intentando
acercarnos a la excelencia, ya que haciendo
las cosas muy bien es como de verdad ganas
prestigio. Llevamos poco tiempo, pero es un
“El abogado es más que
una persona que sabe de
derecho: es una persona
compromiso que funciona y, gracias a Dios,
todos los clientes nuevos que tenemos han
venido recomendados por los primeros. Eso
significa que muy mal no lo debemos hacer,
¿Por qué escogiste la especialización de
Porque tiene un trato especialmente
directo con el cliente; es un campo muy
amplio, en el que también influye la
vertiente creativa del abogado. En penal,
este aspecto más creativo se da a la hora
de defender al procesado en sala tras un
estudio exhaustivo (que no es nada fácil);
pero en lo civil, siempre tienes la opción de
redactar –me gusta mucho escribir–; es una
rama que trata mucho con las personas y
con los negocios jurídicos entre ellas, y esto
Familias desahuciadas, personas en paro...
Tal como está el panorama, no tendrás
tiempo de aburrirte.
Efectivamente, en el ámbito civil hay
muchos problemas por la crisis actual.
El que más ha sonado últimamente es el
de los desahucios, con los bancos como
acreedores de préstamos hipotecarios, y es
un tema muy grave. Pero el gran problema
es que muchos se han arruinado, estando ya
endeudados y, claro, la situación ha llegado
a un punto de no retorno. De todos modos,
creo que hay más soluciones que desahuciar.
Intentar renegociar la deuda con el banco
o aplazarla más años o intentar una dación
en pago con la que el banco se queda la
vivienda y tú te quedas como arrendatario:
de hecho, para ellos es mejor tener un activo
inmobiliario rentabilizable que “cero”. ¡A eso
nos dedicamos los abogados!
Otro tema que ha sonado mucho, aunque
quizá no te toque directamente, es el de las
Es verdad que a lo mejor no es una
preocupación que te pueda traer el cliente,
por su desconocimiento, pero que le
afecta directamente porque atenta contra
y derecho a la tutela judicial efectiva.
Hace unos días hice unas tablas, con tasa
catalana y tasa española, y sumando las
dos, quería ver cuánto costaba iniciar un
procedimiento judicial. Así, por ejemplo, si se
interpone una demanda por procedimiento
ordinario (importe reclamado superior a
6.000 €), de tasa tienes que pagar 420 €.
Esto es una pasada y me parece una manera
muy delicada de limitar la justicia, a todo el
mundo. En principio se supone que debería
ser gratuita, pero no. Es una cuestión que en
ciertos casos te obliga a replantear al cliente
la opción de interponer una demanda: el
coste es muy superior al de antes. Ahora
puede ser que supriman o congelen la tasa
catalana, pero hay que ver exactamente
cómo acabará...
¿Por qué crees que perjudica a los jueces
que se manifiestan?
Yo diría que más que perjudicarles, son
conscientes de que va en contra de la
justicia gratuita que emana del Tribunal
Constitucional. Desde mi punto de vista
los mayores perjudicados son, tras los
ciudadanos y las pymes, los procuradores,
porque nosotros podemos hacer
renegociaciones, contratación y demás; los
jueces, sin embargo, cobran del Estado, así
que no sé si se pronuncian por su vocación a
la justicia social o porque creen que también
pueden ver perjudicado su trabajo, además
de ser conscientes de que puede “temblar”
En otro orden de cosas, y viendo
tu experiencia, ¿animarías a los
estudiantes que acaban la carrera a ser
Si tienen una gran motivación:
absolutamente sí. Primero, porque cuando
estás solo ante el peligro es cuando aprendes:
tienes que hacerlo muy bien, empaparte
de información, estudiar muchísimo... En
la universidad se estudia, pero al salir es
cuando más hay que hacerlo, porque tienes
que refrescar los conceptos aprendidos
y actualizarlos constantemente, pues el
sistema legislativo es un órgano “vivo” que
está en constante transformación y entonces
no puedes fallar. Si sacas un ocho en un
examen en vez de un nueve, la diferencia es
de un punto; pero si te equivocas en algo con
un cliente, es posible que afecte directamente
al pan que tienes que llevar a casa... Soy
consciente de que no es fácil emprender:
es muy importante dar confianza y que
confíen en ti; como te decía, hay que hilar
muy fino y eso implica mucho esfuerzo. Por
eso, también, es muy importante realizar
minuciosamente los estudios de grado, para
tener una base sólida de conocimientos con
los que poder ejercer.
A quien quiera comenzar de cero, ¿qué le
recomendarías? ¿Un gran despacho o una
pequeña “boutique jurídica”?
De cara a la formación, creo que lo óptimo
no es uno grande ni uno pequeño, sino uno
mediano, en el que los socios provengan
de despachos grandes, ya que ello implica
formación de despacho grande, en despacho
mediano, y llevando temas de todo tipo de
despachos: grandes, medianos y pequeños.
En uno grande, te convertirás en un
auténtico crack en deducciones del IVA por
razón de lo que sea. En eso serás el mejor;
pero en un despacho mediano, con temas
de uno mediano o pequeño o incluso de
gran despacho, haces muchas cosas y ello te
obliga a razonar, pensar y analizar con una
visión más general, lo que desde mi punto
de vista te forma mucho más.
Al pot petit hi ha la bona confitura...
¡Por supuesto! Nada como una buena
mermelada hecha en casa de moras o
frambuesas, con las que te has pinchado
tú y todos los que han colaborado en la
recolecta, y ¡haces diez botes! Nada que ver
con otras mermeladas: la haces para quien
más quieres y la regalas a personas muy
concretas... Ese trato especial y ese trabajo
artesanal es el que tenemos que dar los
despachos pequeños y medianos.
¿Recomendarías la UIC?
Sí, claro, absolutamente. Es una facultad
con un trato muy personal, como en un
despacho pequeño. En la UIC no eres
un número: tienes nombre y apellidos;
y el límite está en lo que tú mismo te
autoimpongas. Los profesores siempre están
dispuestos a ayudarte. Eso es fundamental.
Además la plantilla docente es de lujo, todos
ellos de primerísima línea, entre los que hay
magistrados, notarios, registradores... ¡Estoy
encantadísimo de volver a la UIC! Da gusto
venir aquí, me siento como en casa.
Dicen que para los abogados no hay lugar
¡Hombre! Yo espero ir... Creo que es más
una visión de una época –que no es esta,
precisamente– en la que el abogado tendía
a minutar fuerte por trabajar poco. Esto ya
no se lleva. Teniendo en cuenta que desde
el año 2000 han rebajado varias veces los
aranceles de funcionarios públicos (como
notarios y registradores), los abogados no
podemos pretender ser más y hemos de
ajustar mucho los honorarios. Tenemos que
reinventarnos y readaptarnos. La figura del
abogado ha cambiado muchísimo a lo largo
de los años. Antes, lo que decía un abogado
“iba a Misa”. Ahora, la gente te discute
una posible opinión fundada en derecho;
también los honorarios...; creo que nos
estamos volviendo un poco más “mortales”,
y ya empezamos a ser como el resto del
mundo. En pocos años, si sigue así, volverá
a haber sitio para los abogados, porque ya
no nos podemos pasar de la raya: esto ya no
cabe. Si lo haces, pierdes al cliente: es un
mercado muy competitivo. Somos muchos.
Tienes que trabajar muy bien, a precios muy
competitivos y dando una seguridad, una
sensación y una confianza muy especiales.
Si quieres aparecer en esta sección, ponte en contacto con nosotros por teléfono (932 541 800) o a través del correo electrónico alumni@uic.es
En el presente número nos hemos querido hacer eco de tres
novedades legislativas que se nos antojan de interés general. A saber:
(i)	Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula determinadas tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.
(ii)	Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
(iii)	Reglamento UE n.º 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
(iv)	Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2013.
(v)	18
Resolución de 21 de enero de 2013 (BOE de 30 de enero), de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las
cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e
incapacidad temporal que resultarán de aplicación durante 2013.
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
Con independencia de las severas críticas que se han dirigido a dicha
norma, incluso antes de su alumbramiento, y al margen de las dudas
que se están cerniendo sobre su efectiva aplicación, lo que no admite
discusión es que constituye una norma vigente que obliga con carácter general a todos los usuarios de la Administración de Justicia.
La norma se estructura en dos títulos. El primero se dedica a la tasa
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. El segundo se ocupa de la tasa por el
alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos. Se cierra la norma con dos disposiciones transitorias,
una derogatoria y siete finales.
Conviene destacar los siguientes aspectos:
(1.º)	Se mantiene el sistema de doble cómputo, es decir, una parte de
la tasa resulta de cantidades fijas y la otra, de la aplicación de
porcentajes sobre la cuantía litigiosa.
(2.º)	Si durante la tramitación del proceso, por cualquier razón variase la cuantía del litigio, deberá presentarse una declaraciónliquidación complementaria en el plazo de un mes.
(3.º)	La norma contempla una serie de supuestos de devolución y bonificación:
-	Devolución de un 20 % del importe de la cuota, en caso de
acordarse la acumulación de procesos.
-	Devolución del 60 % del importe de la cuota, en caso de alcanzarse una solución extrajudicial del litigio.
-	Bonificación del 10 % de la tasa, en aquellos supuestos en que se
empleen medios telemáticos para la presentación de escritos.
(4.º)	Pervive el régimen de exenciones objetivas de la regulación anterior:
-	Procesos sobre capacidad, filiación y menores, y procesos matrimoniales en los que se discuta sobre guarda y custodia y
alimentos de menores.
-	Procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas.
-	La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
-	La presentación de petición inicial de procedimiento monitorio
y la demanda de juicio verbal cuando su cuantía no exceda de
los 2.000 euros.
(5.º)	En lo que hace a las exenciones subjetivas, se incluye a aquellos
a quienes se les reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas, principalmente. En el orden social se contempla una exención del
60 % para el trabajador que se vea en la necesidad de presentar
recursos de suplicación y casación.
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre:
Deja sin efecto el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, e introduce los aspectos novedosos de la Directiva 2010/45/UE, de 13 de
julio. Asimismo, contiene una serie de disposiciones relativas a los
medios de justificación documental de determinadas operaciones financieras a efectos tributarios (art. 3).
Lo más significativo de esta novedad legislativa, expuesto de forma
sintética, son los aspectos que se exponen a continuación:
(1.º)	Se regula con detalle los casos concretos a los que se deben
aplicar las normas de facturación objeto del presente Reglamento.
(2.º)	Se especifican claramente las excepciones a la obligación general de expedir factura en el caso de determinadas prestaciones
de servicios financieros y de seguros.
(3.º)	Establece una neta distinción entre las diversas clases de facturas, completa u ordinaria y simplificada.
(4.º)	Aborda los medios de expedición de las facturas y se ocupa especialmente de las facturas en formato electrónico.
(5.º)	Se recoge una completa regulación de los plazos para la expedición de facturas, fijando una regla general y algunos regímenes
(6.º)	Introduce algunos matices en cuanto a la conservación de las
Reglamento UE n.º 1215/2012, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012:
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
El Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre, que regulaba esta materia, ya ha cumplido once años de aplicación, quedando en evidencia
la necesidad de emprender urgentemente algunas reformas a su contenido. De aquí el alumbramiento del nuevo Reglamento. Este apunta
a la intensificación de la cooperación judicial en materia civil y mercantil.
Su ámbito temporal de aplicación se sitúa en el término de dos años,
esto es, el 10 de enero de 2015, de modo que solo será de aplicación en
las acciones judiciales ejercitadas a partir de dicha fecha.
A grandes rasgos, no se observan especiales cambios en cuanto a su
ámbito objetivo (se excluyen materias administrativas, laborales, etc.).
En general, se mantiene el fuero general de las personas, físicas y
jurídicas, que se basa en el domicilio del demandado. Igualmente se
conservan algunas excepciones sustentadas en la tuición de la parte
más débil (consumidores y usuarios, menores). Y en cuanto a otros
supuestos materiales específicos, sin efectuar modificaciones significativas, el régimen competencial será, en síntesis, el siguiente:
(i)	En materia de derechos reales inmobiliarios y de arrendamiento
de bienes inmuebles, serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble se halle sito.
(ii)	En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de
sus órganos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en
que la sociedad o persona jurídica esté domiciliada.
(iii)	En materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se
encuentre el registro.
(iv)	En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños
o dibujos y modelos, los órganos jurisdiccionales del Estado en
que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro.
(v)	En materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de ejecución.
En resumen, el nuevo Reglamento tiende a simplificar los trámites
procesales para conseguir una real eficacia transnacional de las resoluciones judiciales.
Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre: salario mínimo interprofesional para 2013
El salario mínimo interprofesional para 2013 queda establecido como
*	645,30 euros/mes
*	21,51 euros/día
*	9.034,20 euros/año
*	Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios
a una misma empresa no excedan de 120 días: 30,57 euros por
Resolución de 21 de enero de 2013 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones:
cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal, producidos por accidentes de circulación, para 2013
El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en
la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece que, con carácter anual
y con efectos desde el primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para
la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
Se han tomado como base las cifras contenidas en el anexo del texto
refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y se han incrementado los montos en
un 2,9 %.
Para conocer las cifras con detalles, véase:
Incumplimiento de contrato: elementos a considerar
para determinar su “gravedad”, a fin de poder concluir
que la resolución del negocio jurídico se ajusta a Derecho: especial consideración del elemento “satisfacción” del acreedor de la prestación
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª, de lo Civil, nº 701/2012, de
22 de noviembre, nº rec. 843/2010 (Cendoj 28079110012012100656)
-	Resumen supuesto de hecho: Matrimonio que adquiere, sobre plano, un ático en la población costera de Salou (Tarragona), con vistas
a la playa. Con anterioridad a la escrituración de la compraventa,
el matrimonio examina la vivienda y observa que las ventanas del
salón se encuentran en su parte inferior a 1,35 metros sobre el suelo
y que existe un escalón de 32 centímetros en la salida del salón a la
terraza. Como consecuencia de haber observado tales cosas, rehúsan perfeccionar la compraventa, razón por la que son demandados
-	Sucinta exposición de contenido: (i) “(…) La valoración del cumplimiento requiere del contraste entre los actos reales llevados a cabo
en la prestación y su posible ajuste o adecuación a los establecidos
en el programa de prestación inicialmente pactado”. En este sentido, la entidad promotora ha cumplido objetivamente con su prestación. (ii) El cumplimiento no sólo debe valorarse desde un plano
estrictamente objetivo (como el que se acaba de enunciar), sino
que se debe atender también a la efectiva satisfacción del interés
del acreedor. Y de no conseguirse aquélla, cabría hablar de incumplimiento e, incluso, habría lugar a resolver el contrato, siempre y
cuando, claro está, dicha insatisfacción del acreedor sea razonable,
grave y resulte probada. (iii) En el caso concreto que nos ocupa,
si bien “(…) la limitación de vistas no limita el uso de la vivienda
(…)” y, además, no supone un desajuste objetivo entre el acto real
llevado a cabo y el programa prestacional inicial, “(…) sí frustra las
legítimas expectativas de los compradores, hasta el punto de que,
de haber conocido las circunstancias reales, no hubieran adquirido
la vivienda, incumplimiento que no puede ser compensado con una
indemnización y que es causa que justifica la resolución del contrato (…)”. No se olvide que el interés de la vivienda radica en su localización en “primera línea de mar” y su valor resulta de su “diafanidad, luces y vistas”. (iv) Aunque la sentencia no aborda la cuestión,
queda planteada la interesante cuestión de si la ausencia de datos
en el plano acerca de la existencia de ese escalón de dimensiones
desmesuradas (para acceder a la terraza) y la excesiva altura de las
ventanas podría calificarse como un vicio en el consentimiento, que
convertiría al precontrato en relativamente ineficaz (en definitiva,
cabe preguntarse si se trataría de un supuesto de dolo “reticente”).
Arrendamiento de obra: demanda por responsabilidad
dirigida únicamente frente al arquitecto: llamamiento
al arquitecto técnico para que intervenga en el proceso: controversia acerca de la condición procesal de
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª, de lo Civil, nº 538/2012, de 26
de septiembre, nº rec. 478/2009 (La Ley 149779/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Arquitecto demandado por defectos
en la redacción del proyecto que han desembocado en la necesidad
de que el arrendador demoliese parte de un edificio (que incumplía
la normativa municipal sobre alturas). El demandado llama al arquitecto técnico para que intervenga en el proceso. Se acaba por
condenar únicamente al arquitecto, inicialmente demandado, pero
no al arquitecto técnico. Se funda en esta circunstancia el recurso
extraordinario por infracción procesal que interpone el primero.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) En virtud de lo dispuesto en la
Disposición Adicional 7ª de la Ley Orgánica de la Edificación, “quien
resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención
en el proceso de la edificación previstas en la presente Ley, podrá
solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a otro u
otros agentes que también hayan tenido intervención en el referido
proceso”. (ii) La cuestión capital en este asunto es determinar qué
condición procesal tendrá dicho interviniente. La jurisprudencia
menor se encuentra dividida. Un sector considera que su condición
procesal es –automáticamente- la de demandado, pudiendo salir
condenado del litigio. Doctrina ésta harto discutible porque nuestro
sistema procesal civil no admite que un justiciable no demandado
por el acto pueda acabar condenado. Otro sector, al que se suma
el Tribunal Supremo en la resolución que nos ocupa, sostiene que
sólo cabrá un pronunciamiento condenatorio frente a ese tercero si
el actor amplía su demanda frente al mismo (a quien ha llamado el
demandado, no el demandante, no se olvide). (iii) La doctrina que
defiende esta segunda línea de opinión es la única que respeta el
principio dispositivo. El actor es el único que puede determinar el
objeto del proceso desde el punto de vista subjetivo. Dicho llanamente, es soberano para decidir a quién demanda y a quién no.
Y aunque el demandado llame a ese tercero para que entre en el
proceso como demandado, si el actor no amplía frente a él la demanda, jamás podrá el interviniente ser condenado. (iv) La figura de
la intervención provocada, a instancias del demandado, claro (de lo
contrario, carece de sentido), lo que persigue es que ese tercero que
se podrá ver afectado el día de mañana por la sentencia que hoy se
dicte (el arquitecto podrá repetir frente al arquitecto técnico en un
futuro pleito), pueda participar activamente en el actual litigio, alegando y probando, a modo de “ayudante” del demandado principal.
Su colaboración presente puede suponer que se libre de una futura
demanda que interponga quien le ha llamado al proceso.
Recíproca colisión entre dos vehículos de motor sin
prueba de la contribución causal de cada uno de ellos:
aplicación del sistema de responsabilidad objetiva:
procedencia de condenas cruzadas
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª, de lo Civil, nº 536/2012, de
10 de septiembre, nº rec. 1740/2009 (La Ley 172776/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Accidente de circulación por colisión
de dos vehículos que circulaban en sentido contrario, a consecuencia del cual resultó lesionado el demandante. La aseguradora del
segundo conductor implicado contesta negando la responsabilidad
de su asegurado por falta de influencia causal en el accidente. En
primera instancia se dictó sentencia desestimatoria y la Audiencia
Provincial vino a confirmar dicha decisión. Del análisis de la prueba
practicada no resulta posible conocer, ni el punto de colisión entre
ambos, ni cuál fue el vehículo que invadió el carril opuesto y provocó el accidente.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) “En supuestos de colisión recíproca de vehículos constituye jurisprudencia de esta Sala (…) que
el art. 1.1 I y II Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, de 1995, (…) establece un criterio de
imputación de la responsabilidad derivada de daños a las personas
causados con motivo de la circulación fundado en el principio objetivo de la creación de riesgo por la conducción. Este principio solamente excluye la imputación (…) cuando se interfiere en la cadena
causal la conducta o la negligencia del perjudicado (…) o una fuerza
mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo
(…). Esto es así tanto en el supuesto de daños personales como de
daños materiales”. (ii) La anterior doctrina conlleva, en supuestos
como el que nos ocupa, que pueda llegarse a imponer condenas
cruzadas. Esto “(…) supone que cada parte responda íntegramente
(al 100%) del daño ocasionado a la otra parte interviniente en el
accidente (…)”, sin que quepa aplicar una suerte de compensación
de culpas en casos de colisiones recíprocas. (iii) “(…) Solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia
causal de cada uno de los vehículos implicados (…)” cabrá acordar
el resarcimiento proporcional. “(…) En caso de no ser así [esto es,
que no se pueda establecer el grado de incidencia causal de cada
implicado], ambos conductores responden del total de los daños
personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo
a la doctrina llamada de las condenas cruzadas”. “(…) El criterio
más acorde con el principio de responsabilidad objetiva del agente
por el riesgo creado y con la presunción de causalidad respecto de
los daños característicos correspondientes a la actividad de riesgo
(por falta de prueba al respecto de la concurrencia de una causa
legal de exoneración o disminución), debe conducir a la conclusión
de que cada conductor, y por tanto, cada vehículo, es responsable
al 100% de los dalos causados a los ocupantes del otro vehículo
interviniente en la colisión”.
Interpretación del sentido de una cláusula contractual
oscura inserta en un contrato de adhesión elaborado
por una entidad de crédito: alcance de la función casacional en relación con la interpretación de los contratos: aplicación del canon “contra proferentem”
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª, de lo Civil, nº 665/2012, de
15 de noviembre, nº rec. 2091/2010
-	Resumen supuesto de hecho: Contrato vinculado a otro subyacente de préstamo, intitulado “de intercambio de tipos/cuotas”,
que obedecía al propósito de sustituir el interés variable por una
cantidad fija. En un determinado momento de la relación contractual, la entidad de crédito incrementó el tipo, frente a lo que
los clientes se mostraron disconformes, pretendiendo dar por finalizado el vínculo negocial. El banco reaccionó reclamándoles
una cantidad en concepto de cargo por cancelación. Éste último
resulta, según sostuvo la entidad de crédito, de la cláusula sexta
del documento contractual. En ésta se recogían los siguientes
tres extremos: (1º) los supuestos en que ambas partes podían
resolver el contrato anticipadamente; (2º) las causas por las que
el banco quedaba facultado para resolver unilateralmente la
relación contractual (todas ellas tenían en común representar
supuestos de incumplimiento por parte de los clientes); (3º) a
renglón seguido de lo anterior, se decía que “en estos casos” se
pueden acarrear gastos para la entidad de créditos que resultarán repercutibles a los clientes.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) En relación con los arts. 1.281 a
1.289 del Código Civil –que recogen las normas sobre interpretación
de los contratos-, el recurso de casación no permite decidir cuál es la
interpretación del contrato que parece mejor o más adecuada a las circunstancias del caso. Únicamente le corresponde velar por el efectivo
respecto de las citadas normas. (ii) El Alto Tribunal concluye que en
este caso se han aplicado correctamente por parte del órgano jurisdiccional a quo. En cuanto a la interpretación literal (ex art. 1.281 CC),
no arroja luz ninguna, toda vez que la expresión “en estos casos” debe
entenderse referida al párrafo anterior (supuestos de resolución por
incumplimiento del cliente) y no a la totalidad
de la cláusula (lo que afectaría a los supuestos de desistimiento anticipado por cualquiera
de las dos partes). Para incluir estos últimos
supuestos la redacción debería haber sido “en
todos los casos”, o “en todo caso”, incluso “en
cualquier caso”. Por otra parte y según la aplicación del canon sistemático o de la totalidad,
no hay forma de conocer la verdadera voluntad
de los clientes, y ello por cuanto que el contrato fue redactado de forma unilateral por la
entidad de crédito. Por último, la interpretación
que efectúan los clientes de la expresión “en
estos casos” no resulta disconforme con la naturaleza y los efectos del contrato, ni tampoco
se justifica por la existencia de unos usos que
establezcan que siempre y en todo caso los
gastos ocasionados a la entidad por el desistimiento del cliente deban repercutirse a éste.
(iii) Insiste el Tribunal Supremo en la aplicación
inexorable del canon “contra proferentem”. La
cláusula es oscura y su redacción es imputable
exclusivamente a la entidad de crédito, por lo
que debe primar la buena fe, la responsabilidad
del declarante y la protección de la confianza del destinatario de la declaración, evitándose con ello abusos derivados de la mala redacción
de las cláusulas de los contratos.
Mala praxis en la actuación del auditor de cuentas:
imputación objetiva de los daños padecidos por la empresa auditada como consecuencia de haber actuado
guiándose por la opinión favorable contenida en el informe de auditoría
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª, de lo Civil, nº 558/2012, de
3 de octubre, nº rec. 533/2010
-	Resumen supuesto de hecho: Sociedad anónima, sometida obligatoriamente a auditoría de cuentas, que aprueba sus cuentas y ratifica
en sus cargos a los administradores de la compañía, a resultas de la
opinión favorable que se contiene en informe de auditoría. Revelación
posterior de que dicho informe era sumamente deficiente, contraviniendo las normas de auditoría. La imagen fiel de la Compañía no
era, en realidad, la propia de una entidad saneada y rentable, sino
que se hallaba incursa en situación de insolvencia. Posibilidad de imputar objetivamente a los auditores los perjuicios económicos irrogados a la Compañía como consecuencia de haber actuado guiados por
la opinión favorable vertida en informe de auditoría.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) Habiendo resultado probado
que los auditores cumplieron su prestación contractual de forma
harto deficiente, procede imputarles los daños y perjuicios que acarreó a la Compañía la aprobación de unas cuentas anuales que no
reflejaban la imagen fiel de la entidad y la ratificación de los miembros del Consejo de Administración en sus cargos. En este caso, los
daños reclamados “(…) consisten en el importe de ciertos pagos
efectuados por los miembros del consejo de administración durante
el período comprendido entre la fecha en que los socios tuvieron
a su disposición el informe de auditoría [deficiente] y aquella en
que los nuevos administradores solicitaron la declaración de suspensión de pagos (…)”. (ii) Sostiene el Alto Tribunal que si bien es
cierto que no existe causalidad directa y efectiva entre la defectuosa
prestación de los auditores y los daños patrimoniales padecidos por
la entidad, cabe aplicar la doctrina de la imputación objetiva en este
supuesto (con cita de tres claros precedentes jurisprudenciales; a
saber, las sentencias 869/2008, de 14 de octubre, 15/2009, de 5 de
marzo, y 115/2009, también de 5 de marzo). No se discute que el
déficit de información sufrido por los socios conllevó que estos dieran por buenas las cuentas del ejercicio y que, asimismo, se vieran
privados de la oportunidad de reaccionar frente a los administradores indiligentes. La oportunidad perdida por los socios por esa
causa debe ser calificada como una expectativa seria y constatable,
y no sólo porque tan pronto como descubrieron la verdadera situación de la Compañía cesaron de forma fulminante a la totalidad de
miembros del Consejo de Administración, sino porque estos fueron
condenados por diversos tribunales, alguno del orden jurisdiccional
penal. Efectivamente, durante el período de tiempo durante el cual
los socios permanecieron ignorantes de lo que acontecía realmente con la Compañía, sus gestores realizaron diversos desembolsos
carentes de racionalidad económica, incluso irregulares. “Se trata
de consecuencias que, aunque relativamente alejadas del deficiente cumplimiento de la prestación de auditoría, se muestran plenamente adecuadas a dicha causa (…). En efecto, un razonable juicio
de probabilidad hace entender que, de haber tenido los socios la
correcta información que se había obligado a proporcionar la auditora, habrían hecho valer sus facultades societarias e impedido
aquellos irregulares actos de disposición”.
Derecho de los socios minoritarios, titulares, como mínimo, de un 5% del capital social, a solicitar el “complemento de convocatoria”
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª, de lo Civil, nº 377/2012, de
13 de junio, nº rec. 2003/2009 (La Ley 95785/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Varios accionistas de una sociedad
anónima, al recibir convocatoria de junta realizada por el Consejo
de Administración, solicitaron que se incluyese en el orden del día
tres puntos. Dos de ellos consistían en peticionar daciones de cuenta. El tercero trataba de la autorización al Consejo de Administración para que éste adquiriese, en nombre de la Compañía, las acciones de aquellos socios que las pusieran a la venta. Se decidió por el
órgano de administración no publicar el complemento interesado
aduciendo, en síntesis, que se trataba de cuestiones inconexas con
los puntos del orden del día; que contenían información cuya publicidad en la convocatoria podía perjudicar a la sociedad; y que los
socios ya habían sido informados anteriormente sobre el particular.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) El art. 97.3 TRLSA es claro al
establecer el derecho de los socios minoritarios –siempre que ostenten una titularidad accionarial igual o superior al 5%- a pedir
que se publique un complemento a la convocatoria de junta general, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Se trata
de un valioso mecanismo de tutela de las minorías que ostenten
una titularidad accionarial igual o superior al referido umbral. (ii)
El órgano de administración no es libre de publicar o no dicho complemento, sino que la publicación de la “convocatoria integrada”
es obligatoria, comportando su omisión la nulidad de la Junta. (iii)
La Ley en absoluto establece una suerte de conexidad inexcusable
entre los puntos del orden del día y aquellos otros cuya inclusión
interese la minoría. El actual art. 197.1 de la Ley de Sociedades de
Capital no permite albergar la menor duda interpretativa. (iv) No
es dable admitir la queja de la Compañía cuando alude al carácter
confidencial de la información relativa a los puntos del orden del
día interesados por los socios minoritarios. Como quiera que basta
la mera constancia de los asuntos a tratar, pero no su contenido por
extenso, no se genera riesgo alguno de difusión extralimitada de
datos que puedan perjudicar a la sociedad.
La responsabilidad atribuible al Consejo de Administración de una compañía mercantil es imputable a todos sus miembros: sólo se podrá eludir la responsabilidad cuando conste que uno de ellos agotó todos los
medios racionales para impedir la realización del hecho en que se funda la responsabilidad del órgano de
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª, de lo Civil, nº 371/2012, de
13 de junio, nº rec. 326/2010 (La Ley 78395/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Acción de responsabilidad ejercitada
por acreedor frente al Consejo de Administración de sociedad de
responsabilidad limitada que, habiendo tenido que convocar junta
general para someter a aprobación su liquidación, omite llevar a
efecto acto alguno en este sentido.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) No se discute en este caso la
obligación que tenía el Consejo de Administración de convocar junta
general de socios para someter a su aprobación la liquidación de la
compañía, atendido que se cumplía la situación legal que lo ameritaba (patrimonio contable por debajo de la mitad del capital social).
El plazo para llevar a cabo la referida convocatoria, desde que el
órgano de administración tiene conocimiento de la concurrencia de
la mencionada circunstancia, es de dos meses. (ii) Aún cuando se
ostente la condición de vocal del Consejo de Administración, se responde igualmente como miembro del órgano de administración, si
éste ha omitido convocar junta general. Sólo una conducta diligente
y activa, dirigida a conseguir por todos los medios razonables la
efectividad de la convocatoria, podría suponer la exención de responsabilidad.
Acción de repetición de compañía aseguradora frente a su asegurado (culpable): dies a quo para la prescripción anual de dicha acción: necesidad de esperar
el desenlace del proceso penal para el ejercicio de la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, sección 1ª, nº
55/2012, de 10 de abril, nº rec. 53/2012 (La Ley 138013/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Siniestro de circulación causado
por conducir el responsable bajo los efectos de una previa ingesta alcohólica. La compañía aseguradora del conductor culpable
indemniza a la víctima. Y, tras ello, aguarda al resultado de la
sentencia dictada en vía penal, en la que se declara a su asegurado culpable por la comisión de un delito contra la seguridad del
tráfico. Seguidamente, la compañía aseguradora deduce demanda
en ejercicio de la acción de repetición frente a su asegurado. Éste
opone que la acción ejercitada se encuentra prescrita (el plazo es
-	Sucinta exposición de contenido: (i) El dies a quo de la acción
de repetición debe situarse en el momento en que la compañía
aseguradora indemniza a la víctima. (ii) Sin embargo, esta primera afirmación, pacífica, encierra un problema de hondo calado.
Como se verá a continuación, concurren diversas disposiciones
normativas que no se pueden conjugar satisfactoriamente. Por
un lado, la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor reconoce, en su artículo 10, a las
aseguradoras la acción de repetición cuando éstas han indemnizado a la víctima unos daños ocasionados por la conducción de
su asegurado bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El plazo
de prescripción de esta acción es de un año. Por otro lado, si de
los hechos resulta la incoación de un proceso penal, el art. 114 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena que no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho. (iii) La solución establecida en
la sentencia es doble. Si el grado de impregnación es superior a
0,60 miligramos de alcohol por litro de sangre, se entiende colmado el contenido fáctico del art. 379 del Código Penal. En cierto
modo, se trata de un supuesto de enjuiciamiento “automático” de
la culpabilidad. Y, en tal caso, la aseguradora no deberá esperar
a la culminación del proceso penal, debiendo interponer la demanda civil en el exiguo plazo de un año. No cabe esperar una
sentencia penal con un fallo absolutorio. En cambio, si el grado
de impregnación es inferior a la reseñada tasa, entonces, conviene esperar al desenlace del proceso penal. Si el pronunciamiento
del órgano jurisdiccional penal es condenatorio, la oposición de
la excepción de prescripción en el proceso civil debería rechazarse. Y ello porque la prescripción es una institución jurídica que no
se funda en principios de estricta justicia y su aplicación no debe
ser rigurosa, sino cautelosa y restrictiva. (iv) En última instancia,
las soluciones ofrecidas por la resolución que nos ocupan, pese
a que recogen las principales líneas de jurisprudencia menor, no
resultan de todo punto satisfactorias. No es poca la inseguridad
jurídica que propician.
Daños causados por menores y responsabilidad “in vigilando” de los padres o tutores: participación voluntaria de la víctima en una actividad de riesgo y concurrencia de culpas
Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección 7ª,
nº 72/2012, de 31 de julio, nº rec. 94/2012 (La Ley 140904/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Grupo de niños que juegan en plena calle a tirarse piedras, parapetados detrás de los vehículos allí
aparcados. Edad suficiente de los menores como para comprender
el riesgo objetivo del juego. Impacto recibido por uno de ellos en el
ojo derecho. Determinación de la responsabilidad del menor que
lanzó la piedra y fijación del monto indemnizatorio.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) En este supuesto, no nos encontramos ante un “juego icono”, carente en absoluto de peligro,
sino todo lo contrario. Asimismo, la edad de los niños se reputa suficiente para poder comprender el elevado riesgo de su actividad. (ii)
Resulta de aplicación el art. 1903 del Código Civil, el cual establece
una suerte de responsabilidad directa y cuasi objetiva, “(…) justificada por la transgresión del deber de vigilancia que a los padres
incumbe sobre los hijos sometidos a su patria potestad, con presunción de culpa (…) en quien la ostenta (…), sin que sea permitido
ampararse en la conducta del menor, debido a su escasa edad y
falta de madurez (…)”, no pudiendo calificarse tal responsabilidad
como culposa, “(…) pues la responsabilidad dimana (…) de la culpa
propia del guardador por omisión del deber de vigilancia”. (iii) Dadas las circunstancias del caso –características del “juego” y participación voluntaria del menor lesionado en el mismo, a sabiendas del
riesgo que corría-, “(…) esa misma culpa in vigilando es predicable
respecto a la actora [madre de la víctima] (…)”. Y, en consecuencia,
lo anterior debe repercutir en la fijación de la indemnización, “(…)
de forma que debe graduarse en función de la desatención de cada
una de las madres (…)”. En el supuesto examinado se concluye en
la existencia de una clara concurrencia de culpas, porque el menor
accidentado contribuyó a generar -con su participación en el “juego”- el riesgo que posteriormente se materializó en la lesión. (iv) De
no haberse podido determinar la autoría concreta del lanzamiento
de la fatídica piedra, hubiesen respondido todos los intervinientes
en el suceso, atendido que en tales casos surge un vínculo solidario
Comisiones por descubierto: improcedencia de su aplicación en determinados supuestos: análisis de las condiciones que deben reunir para poder ser consideradas
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, de 22 de febrero de 2012
-	Resumen supuesto de hecho: Cliente de entidad de crédito cuya
cuenta corriente queda en números rojos y se le carga una comisión
-	Sucinta exposición de contenido: (i) Resulta de aplicación al supuesto de
la resolución, tanto los artículos 1.091 y 1.278 del Código Civil, como el art.
82 de la Ley de Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007), sobre “cláusulas
abusivas”. (ii) Constituye un argumento jurídico fundamental el hecho de
que las comisiones por descubierto no se corresponden con un servicio
efectivamente prestado por el banco, que no acredita en el proceso que
le haya reclamado al cliente, por escrito, su inmediata regularización.
Conviene resaltar que el propio “manual de tarifas” de la entidad exigía,
en ese caso, que debía mediar reclamación, escrita y fehaciente, de regularización para poder cargar la comisión correspondiente. Cita la resolución diversas sentencias de las Audiencias Provinciales de Sevilla, de 10
de marzo de 2011, de Salamanca, de 8 de febrero de 2010, y de Jaén, de 3
de mayo del mismo año. (iii) Asimismo, se desprende de la sentencia que
la cláusula en cuestión –donde se contenía la comisión por descubiertono había sido expresamente firmada por el cliente. En cualquier caso, la
referida cláusula no ha sido negociada individualmente por el cliente.
Ambas circunstancias vulneran las exigencias de la buena fe para con
el usuario del servicio bancario, lo que permite tachar la cláusula de
abusiva a tenor de lo previsto en el art. 82 del texto refundido de la Ley
La prueba ilícita y el contagio de ilicitud a la evidencia
derivada de la primera (conexión de antijuridicidad):
las causas jurídicas de desconexión de la antijuridicidad
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 2ª, de lo Penal, nº
927/2012, de 27 de noviembre de 2012, nº rec. 148/2012 (Cendoj
28079120012012100890)
-	Resumen supuesto de hecho: Conocimiento por parte de la Policía de que un ciudadano extranjero se dispone a entrar en el país
portando droga. Dicha información se obtiene merced a escuchas
telefónicas no autorizadas. Encontrándose el individuo en las instalaciones aeroportuarias se le detectan por inspección radiológica la existencia de unos elementos sospechosos en el interior de
su estómago. Se procede, por decisión médica, a su intervención
quirúrgica urgente, extrayéndose diversos cilindros que contienen
sustancia estupefaciente.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) La Sentencia revisa la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prueba ilícita
y la transmisión de dicha ilicitud a la evidencia que derive de la
primera. Técnicamente conocida como conexión de antijuridicidad,
deberá negarse el menor valor probatorio a cualquier evidencia
obtenida en el marco de una actuación investigadora que vulnere
derechos fundamentales. Asimismo, esa conexión puede quedar
desvirtuada por las conocidas como “causas de desconexión”, entendiendo por tales el hallazgo casual, el descubrimiento inevitable o la flagrancia delictiva, entre otros. (ii) No considera el Alto
Tribunal que pueda predicarse tal condición de causa de desconexión a las confesiones que realice el imputado en sede sumarial
o en el juicio oral, tanto a lo largo de su interrogatorio, como al
hacer uso del derecho a la última palabra. (iii) Se considera que
en el caso de autos se tuvo que operar de urgencia al acusado
como consecuencia de sufrir una severa obstrucción motivada por
la droga que ocultaba en el interior de su organismo. Como consecuencia de la intervención, se obtienen los cilindros de droga
que se entregan inmediatamente a los agentes de policía. Tanto
la obstrucción padecida por el inculpado, como la decisión exclusivamente médica de operar de urgencia, constituyen circunstancias por completo ajenas al proceso penal. Así las cosas se acaba
por reputar la aprehensión de la droga como un hecho inevitable
y, por consiguiente, como una causa de desconexión de la antijuridicidad.
Incumplimiento contractual del empleador por falta
de pago de la retribución y extinción del contrato de
trabajo por voluntad unilateral del empleado
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 4ª, de lo Social, de 20 de julio
de 2012, nº rec. 1601/2011 (La Ley 149220/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Trabajador que deja de percibir sus
salarios sin razón alguna que justifique tal circunstancia. Deducción de demanda laboral en ejercicio de acción resolutoria. Apercibimiento a la empresa, en el acto de conciliación, de que, de transcurrir determinado número de días sin que se remedie la situación,
el trabajador abandonaría su puesto de trabajo, como así hizo finalmente. La empresa le comunica la baja voluntaria y, en consecuencia, el empleador considera que se ha producido una carencia
sobrevenida de objeto del proceso laboral (ya se ha extinguido el
contrato, pero por voluntad unilateral del trabajador).
-	Sucinta exposición de contenido: (i) Sobre la base de la adecuada
interpretación del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, se plantea un problema en absoluto baladí. Si el trabajador no percibe su
salario, el ordenamiento jurídico le reconoce la posibilidad de inte-
resar la extinción del contrato por incumplimiento del empleador,
a lo que se añadirá la reclamación de los emolumentos dejados de
cobrar. Lo que sucede es que interpuesta la oportuna reclamación
judicial, el empleado se ve constreñido a permanecer en el puesto
de trabajo, a la espera de la sentencia que eventualmente le dé la
razón. Tradicionalmente, se ha venido sosteniendo que si en el ínterin no se puede sostener por más tiempo esa situación de sujeción
sin percibir salario y se abandona el puesto, se considerará que se
ha producido una baja voluntaria. En su consecuencia, el contrato
laboral quedará extinguido, pero no por efecto del incumplimiento del empleador, sino por la voluntad tácita del trabajador. (ii) La
jurisprudencia ha venido considerando, tradicionalmente, que el
empleado no podía abandonar su puesto de trabajo –a pesar de
no percibir su salario- hasta tanto no obtuviera sentencia judicial
favorable. Se exceptuaban aquellos casos en que la permanencia
del empleado en la empresa supusiera someterle a unas condiciones de trabajo contrarias a su dignidad o integridad. Lo que ocurría
es que el impago de la nómina no se contemplaba integrado en
la excepción expuesta. El espíritu que alentaba esta doctrina no es
censurable porque lo que se pretendía evitar era que el trabajador abandonara su puesto y que, posteriormente, se desestimara
su demanda de extinción contractual, en cuyo caso se consideraría
producida una baja voluntaria y
se habría perdido el puesto de
trabajo. (iii) La Resolución analizada considera necesario “(…)
introducir una mayor flexibilidad
en estos supuestos (…) de forma
que no se obligue al trabajador
a mantener unas condiciones de
trabajo que, aunque no sean contrarias a su dignidad o a su integridad, pueden implicar un grave
De ahí que haya de concederse al
trabajador la posibilidad en estos
casos de optar entre ejercitar la
acción resolutoria y continuar
prestando servicios en cuyo caso
se estará en el marco de la resolución judicial o dejar de prestar
servicios al tiempo que se ejercita la acción, asumiendo en este
caso el riesgo del resultado del
proceso en los términos a que se
ha hecho referencia”.
Componentes de la unidad económica de convivencia a
efectos de la pensión de jubilación no contributiva
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 4ª, de lo Social, de 28 de junio
de 2012, nº rec. 2467/2011 (La Ley 105956/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Retirada del derecho a percibir pensión de jubilación no contributiva por considerarse que no debe
computarse en la unidad económica de convivencia a su nieto menor de edad, lo que determina que, por aplicación de las normas
aplicables al caso, se supere el umbral de carencia de recursos legalmente establecido.
-	Sucinta exposición de contenido: (i) La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1997 rechaza conceder un valor decisivo a la
presunción de convivencia de los hijos menores con los padres, que
no deja de ser “iuris tantum”, por lo que cabe prueba en contrario. (ii)
“Como regla, debe partirse de que como integrantes de la <<unidad
económica de convivencia>> deben computarse todas aquellas personas que convivan efectivamente con el solicitante de la prestación
no contributiva, cualquiera que sea la causa de tal convivencia (…)
siempre que tales personas estén unidas con el beneficiario <<por
matrimonio o por lazos de parentesco por consaguinidad o por adopción hasta el segundo grado>>”. (iii) Debe observarse especialmente
que, en la normativa de aplicación, “(…) no se establecen expresamente requisitos como el de que “no queden familiares con obligación y posibilidades de prestarles alimentos, según la legislación civil
para poder computar, en su caso, como integrante de la unidad económica de convivencia a alguno de los parientes contemplados en la
norma”. En el supuesto de autos resulta indiferente que el nieto contara con progenitores vivos y capaces de mantenerle y alimentarle.
Despido declarado nulo: procedencia de la concesión de vacaciones o de su compensación tras la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala
de lo Social, nº 98/2012, de 28 de febrero, nº rec. 621/2011 (La Ley
19314/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Trabajadora de una empresa es readmitida tras declararse improcedente su despido. Como quiera que
durante la tramitación del proceso habían transcurrido los períodos
de vacaciones reconocidos por contrato o por convenio, la empleada solicitó, nada más reincorporarse, que se le concedieran los días
de vacaciones correspondientes.
-	Sucinta exposición de contenido: De conformidad con la doctrina
expuesta por el Tribunal Supremo a este respecto, “(…) no cabe lo
que pretende la demandante porque, aunque pudiera decirse que
si no se disfrutaron vacaciones no fue por culpa de la trabajadora,
sino de la empresa, lo que sucede es que no ha nacido el derecho a
tal disfrute porque no se da el presupuesto para ello, [esto es] que
haya existido prestación de servicios que motive la necesidad de
descansar, sin que aquí tenga importancia que la trabajadora haya
tardado o no en percibir los salarios de tramitación (…)”. Si se está
despedido (con independencia de la posterior anulación del mismo
y la consiguiente readmisión), no se trabaja y, en consecuencia, no
ha lugar al merecimiento de un tiempo de ocio, esparcimiento o
Actuaciones de investigación llevadas a cabo por funcionarios de la Comisión Nacional de la Competencia e
Sentencia del Tribunal Supremo, sala 3ª, de lo Contencioso-administrativo, de 27 de abril de 2012, nº rec. 6552/2009 (La Ley 73394/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Los funcionarios de la Comisión
Nacional de la Competencia llevaron a cabo sendos registros domiciliarios en las sedes de la Asociación Nacional de Perfumería
y Cosmética, en Madrid y Barcelona. En el caso de este segundo
registro se contaba con autorización judicial otorgada el 16 de junio
de 2008. Sin embargo, dos días después, el día 18, el mismo órgano
jurisdiccional autorizante dictó auto por el que se dejaba sin efecto la autorización de entrada domiciliaria inicialmente concedida.
Con todo, el registro se llevó a efecto, dando lugar a que la asociación afectada promoviera la incoación de procedimiento administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales
de la persona, por vulneración del derecho a la inviolabilidad del
-	Sucinta exposición de contenido: (i) La Sentencia revisa la cuestión
de la finalidad y la extensión de las potestades reconocidas a los entes públicos encargados de controlar la observancia de las normas
de competencia. Y a tal efecto se remite a la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea de 17 de octubre de 1989, dictada en el caso “Dow Chemical Ibérica”. En ésta última resolución se
razona que corresponde a cada Estado miembro, en exclusiva, regular las formas en las que se presta la asistencia de las autoridades
nacionales a los Agentes de la Comisión. “De ello se sigue que (…)
es el Derecho nacional el que determina las modalidades de procedimiento apropiadas para garantizar el respeto de los derechos de
las empresas”. En todo caso, dichas regulaciones estatales deberán
buscar un punto de equilibrio entre las necesidades inspectoras de
las Agencias de Defensa de la Competencia y los derechos fundamentales de que gozan las personas físicas y jurídicas (pensando,
en especial, a los derechos que, en nuestro caso, se reconocen en el
art. 18 de la Constitución española). (ii) En el caso que nos ocupa,
el Tribunal Supremo rechaza cualquier pretensión de ilegalidad del
acto de registro efectuado en Barcelona. Si bien es cierto que se dejó
sin efecto la autorización judicial primigenia, aún lo es más que el
cambio de parecer del órgano jurisdiccional autorizante obedeció
a un mero formalismo. Por lo que se desprende de la propia Sentencia analizada, el Abogado del Estado solicitó que se rectificara el
nombre de la asociación a que se refería la autorización inicial de
16 de junio. El juzgador no sólo denegó tal petición (aduciendo que
no se había aportado resolución administrativa previa que corro-
borara la certeza de ese error), sino que amparándose en “(…) las
circunstancias de incertidumbre propiciadas por la Administración”
mutó su criterio inicial favorable al registro domiciliario. Pues bien,
el Alto Tribunal concluye que tal decisión no ha tomado en consideración que la limitación de las potestades de intervención de los
organismos defensores de la competencia sólo puede obedecer a
razones de entidad, como pudiera ser la ausencia de indicios suficientes para dejar sin efecto derechos fundamentales. En este caso,
el obstáculo que se interpone en el camino de la actuación inspectora carece de entidad. Se trata de un formalismo enervante y no
de un acto motivado de protección de los derechos fundamentales
relativos a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio.
Cláusulas bancarias establecidas unilateralmente
por la entidad de crédito para la exclusiva protección
de sus intereses: cláusulas de “suelo-techo”: carácter
abusivo de las mismas
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria,
nº 217/2012, de 19 de septiembre, nº proc. 11/2012 (La Ley 179333/2012)
-	Resumen supuesto de hecho: Establecimiento, por parte de entidad
de crédito, en contrato de adhesión, de niveles de protección como
prestamista muy superiores a los fijados en relación a los intereses
del prestatario. Fijación de cláusulas por las que la entidad limita el
tipo de interés variable de forma abusiva (cláusulas del tipo “suelo-
entregada al prestatario. Esto último no representa un efectivo proceso de negociación individual, sino un trámite de información en
sede precontractual. (iii) Existe una evidente desproporción entre el
límite máximo –“techo”- que se fija para el tipo de interés (18%) y el
mínimo –“suelo”-, que apenas baja (2,5%) del índice de referencia
contractual (5,5%). No es dable que los tipos lleguen a superar (a
alcanzar tan siquiera) la más que elevada cifra del 18% (de ahí que
esa limitación no se haya llegado a operar nunca durante la vida
del contrato). Por el contrario, sí que es posible que el tipo rebase
el umbral mínimo. De hecho, en el supuesto de autos se ha activado
la cláusula suelo varias veces durante el desarrollo de la relación
contractual. Así pues, se concluye en el evidente desequilibrio de los
Sanción impuesta por supuesta infracción de las normas reguladoras
de la circulación vial: aplicación en
del principio de presunción de inocencia: corresponde la carga de la
prueba por entero a la administración sancionadora
34 de Madrid, de 6 de noviembre de 2012, nº
proc. ordinario 194/2011
- Resumen supuesto de hecho: Se sanciona al conductor de un vehículo por rebasar
un semáforo que supuestamente estaba en
rojo. Las únicas dos pruebas sobre las que se
fundamenta la enervación de la presunción
son dos fotografías del semáforo en cuestión.
Una de ellas está tomada antes de que el vehículo rebase la línea de detención. La segunda corresponde a un momento posterior,
cuando ya se ha rebasado esa línea.
techo”). Desequilibrio mayúsculo entre las prestaciones a cargo de
-	Sucinta exposición de contenido: (i) “(…) Son tres los requisitos que
legalmente se exigen para considerar una cláusula como abusiva
(…): que la cláusula no haya sido negociada individualmente; que la
actuación del profesional sea contraria a la buena fe; y que la cláusula ocasione un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de
las partes derivadas del contrato, en perjuicio del consumidor”. (ii)
Se señala en la Sentencia que la entidad de crédito no ha probado
que la cláusula aludida haya sido negociada individualmente en el
caso concreto, sin perjuicio de que se incluya en la oferta vinculante
- Sucinta exposición de contenido: (i) La Resolución subraya la aplicación del principio
de presunción de inocencia al derecho administrativo sancionador sin ningún tipo de
ambages. Y ello se traduce en que la carga
de la prueba grava –en cuanto a los hechos
constitutivos de la culpa- a la parte acusadora, aquí la administración pública sancionadora. (ii) De las fotografías aportadas
junto con el expediente administrativo no
se puede inferir de cuál de los tres luminosos procede la luz que
se aprecia a duras penas. Por otra parte, el órgano jurisdiccional
descarta otorgar mayor transcendencia al semáforo que regula el
paso de peatones puesto que éste carece de luz de color ámbar,
lo que no permite extraer conclusiones de carácter inculpatorio.
Sin embargo, de ese semáforo de peatones sí que se extrae un
dato sumamente relevante como argumento de descargo. En la
fotografía en la que se toma antes de que el automóvil rebase la
línea de detención, la luz del semáforo de los transeúntes está en
rojo lo que el juzgador considera incompatible, “en principio” (sic.),
con la circunstancia de que el semáforo para vehículos también
estuviera en rojo.
Curso sobre Relaciones
Internacionales, Derecho
Diplomático y Prácticas
En el actual curso académico
2012-2013, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
UIC ha iniciado un nuevo curso,
DERECHO DIPLOMÁTICO Y
PRÁCTICAS CONSULARES
Se trata de un curso dirigido a
participantes que desarrollen su
actividad profesional en el ámbito internacional, tales como acaVÍCTOR POU
démicos, directivos de empresa,
diplomáticos, funcionarios de
PROFESOR DEL IESE Y DE LA UIC
organizaciones internacionales o
responsables de organizaciones
internacionales de todo tipo. El
curso se ha diseñado para plantear, desarrollar y resolver todas las
cuestiones que aparecen como más relevantes en el desempeño de
actividades y tareas de ámbito internacional, otorgando un trato preferente a las situadas en el marco consular y diplomático en general.
je invitado será el
embajador y presidente del Centro de
Estudios Internacionales (CEI), Fernando Perpiñá-Robert,
conferencia “Las incógnitas de la diplomacia”.
Entre la plantilla de
profesores, destacamos a Víctor Pou, director del Curso sobre Relaciones Internacionales, Derecho Diplomático y Prácticas Consulares;
María Mut, coordinadora académica; Carlos Espaliú, profesor de Derecho Comunitario Europeo; Jaume Saura y Jordi Sellarés, profesores
de Derecho Internacional Público de la UB; Jorge Luis Collantes, profesor de Derecho Internacional Privado de la UIC, entre otros.
El acto de presentación del curso tuvo lugar en el Salón de Grados
de la UIC el mes de octubre de 2012, bajo la presidencia del rector, el
Dr. Pere Alavedra y del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, el Dr. Javier Junceda. En el transcurso del acto, el embajador y secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña,
Senén Florensa, pronunció la conferencia “La primavera árabe y la
Unión por el Mediterráneo”.
Han sido invitados a presidir las sesiones extraordinarias del curso
las siguientes personalidades: Roser Clavell, directora del Patronat
Catalunya-Món de la Generalitat de Catalunya; Josep Maria Lloveras,
embajador de la Unión Europea; Carlos Pérez de Soy, diplomático español y profesor de Derecho Diplomático; Lluís Maria de Puig, expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidente del Consell Català del Moviment Europeu; Joaquim Llimona,
director de Asuntos Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona;
Montserrat Nebrera, profesora de Derecho Constitucional de la UIC;
Andreu Bassols, director general del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED); Ferran Tarradellas, director de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Barcelona, y Javier Junceda, decano
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UIC.
El acto de clausura tendrá lugar el 12 de marzo de 2013 y también
será presidido por el rector y el decano de la Facultad. El persona-
La próxima edición del curso tendrá lugar entre los meses de octubre
de 2013 y marzo de 2014.
5 de marzo, a las 13.30 h.
Derecho de sucesiones de Cataluña:
Sr. Jesús Gómez Taboada, Notario.
Profesor de Derecho Civil de la UIC.
7 de marzo, a las 13.30 h.
13 de marzo, a las 13.30 h.
Secesión y derecho internacional
Dr. Víctor M. Sánchez Sánchez, Profesor
del Departamento de Derecho y Ciencias
Políticas de la UOC. Director del Máster
de Derechos Humanos y Democracia.
Aula B504.
Reflexiones técnicas sobre el
llamado expolio fiscal
Dr. Santiago Álvarez García, Vicerrector
de Planificación Económica, Convenios
y Contratos y profesor titular de la
Dr. Javier Junceda
Moreno, decano de la
Jurídicas y Políticas, UIC.
20 de marzo, a las 15.00 h.
17 de abril, a las 19.00 h.
Ricardo Morante: «El empresario
lo tiene muy difícil para despedir
procedentemente»
El abogado del despacho Ejaso - Bufete Esteve y presidente de la Sección de Derecho Laboral del ICAB, Ricardo Morante Esteve, estuvo en la UIC el pasado 30 de enero. Dentro
del ciclo de formación continua que organiza
de la UIC, el abogado dio una conferencia que
llevaba por título: “El imposible despido disciplinario procedente”.
Imposición de birretes a los nuevos doctores
El pasado 28 de enero, con motivo de la celebración de Santo Tomás de Aquino, patrón de
las universidades, tuvo lugar la imposición de birretes a los doctores nuevos y la entrega del
premio extraordinario de fin de doctorado. El acto contó con la presencia de la Sra. Rocío
Martínez-Sampere, diputada del PSC en el Parlament de Catalunya.
@DerechoUIC la nueva cuenta de Twitter
de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
La Facultad de Ciencias Jurídicas dispone desde el pasado mes de diciembre de una nueva
cuenta en Twitter: @DerechoUIC. El nuevo perfil se dirige tanto a estudiantes de derecho como
a personas, instituciones y empresas del sector.
Los más de 320 seguidores así como un Klout de casi 50 puntos son un fiel reflejo del objetivo
de la nueva cuenta: aportar información, contenido de valor, y establecer nuevos canales de
comunicación y diálogo con personas dentro de este ámbito.
La apertura de la cuenta de Twitter de Derecho se integra dentro del proyecto de Social Media
de la Universitat Internacional de Catalunya que contempla la presencia en la red de otras
facultades que se abrirán próximamente: Facultad de Comunicación (@ComunicaciónUIC), Facultad de Medicina (@SaludUIC) y Facultad de Educación (@EducacionUIC)
La Universitat Internacional de Catalunya en su deseo de establecer nuevas vías de diálogo ha
hecho una fuerte apuesta por las redes sociales como medio de conversación y de distribución
de información de valor en todos sus ámbitos. 34
Gómez publica
Jesús Gómez, profesor de la Facultad
y Políticas, ha publicado el manual «Derecho de sucesiones
de Cataluña. Teoría y práctica» en Lex Nova
Las elecciones del 25-N,
analizadas en el Grado en Ciencia
Àngels Pont, directora del Gabinet d’Estudis
Socials i Opinió Pública (GESOP), ha analizado los resultados electorales de las elecciones en Cataluña en el programa de coloquios
y conferencias del Grado de Ciencia Política y
Esta revista es una
editada conjuntamente
por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas,
Alumni y el Departamento
Catalunya (UIC). Cuenta con
colaboraciones de profesores y
El Staff, que no comparte
expresadas por sus redactores
y colaboradores, se reserva el
derecho de publicar aquellas
colaboraciones o anuncios que
no correspondan con la línea
editorial o con los principios
que rigen la publicación.
y Políticas de la Universitat
María Fernández Arrojo, Diana
Cuadros de Vílchez
y Políticas, Dirección de
Comunicación, Alumni
Ingràvid Studio
Revisión: Unidad de catalán
alumni@uic.es
Www.uic.es/alumni
Iuris UIC (febrero 2013)
Revista de Alumni de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UIC. Febrero de 2013.

References: Real Decreto 
	Real Decreto 

Resolución 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Resolución 
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 artículo 10
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