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Timestamp: 2018-07-22 00:45:34+00:00

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Decreto Foral 33/2010, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO FORAL 33/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO FORAL 45/1997, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EN MATERIA DE LAS OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS (BOG DE 1 DE DICIEMBRE)
Artículo único. Modificación del Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio
Única. Entrada y en vigor y efectos
La actual regulación sobre las operaciones vinculadas fue introducida a través de la Norma Foral 3/2008, por la que se aprueban medidas fiscales para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias. Dicha regulación se caracteriza por introducir en el ordenamiento guipuzcoano, de acuerdo con la tendencia europea, la regulación relativa a los precios de transferencia desarrollada por la OCDE. Esta modificación ha supuesto un nuevo esquema en el funcionamiento de estas operaciones, ya que exige que los sujetos pasivos valoren tales operaciones a valor de mercado, así como que documenten los valores de mercado obtenidos.
En particular, el artículo 16 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, en la redacción introducida por la Norma Foral 3/2008 antes citada, estableció la obligación de documentar, por parte de los sujetos pasivos, los valores de mercado obtenidos, si bien su regulación se dejó para un futuro desarrollo reglamentario. A su vez, el incumplimiento de esta obligación constituía una infracción de un régimen sancionador especial regulado en ese mismo artículo.
El desarrollo de esta obligación de documentación se realizó a través del Decreto Foral 26/2009, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, si bien la entrada en vigor del régimen de las obligaciones de documentación relativas a las operaciones vinculadas fue aprobada con efectos a partir del 1 de enero de 2010.
Dicho Decreto Foral desarrolló un régimen de documentación según el cual ésta debe ser preparada por el obligado tributario y estar a disposición de la Administración tributaria, siguiendo el modelo establecido en el ámbito comunitario y reflejado en la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 27 de junio de 2006, relativa a un Código de Conducta sobre la documentación relacionada con los precios de transferencia exigida a las empresas asociadas en la Unión Europea (DPT UE), que a su vez recogía los frutos del trabajo realizado en el seno del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia.
No obstante se flexibilizaron las obligaciones de documentación en los supuestos en los que una de las entidades intervinientes fuera una persona física o una pequeña empresa, de forma que estaban obligadas a elaborar una menor documentación que el resto de entidades.
Aun así, para determinados sujetos pasivos esta flexibilización puede no llegar a ser suficiente, sobre todo, en los casos de pequeñas empresas y personas físicas, ya que hay determinados tipos de operaciones vinculadas que son muy comunes en este tipo de empresas, para las que la necesidad de documentarlas, incluso atendiendo a los requisitos de documentación reducidos que les corresponden, puede suponer unos costes y una dedicación demasiado elevados, teniendo en cuenta su tamaño o la relevancia que este tipo de operaciones tiene en su actividad.
Por ello, atendiendo a la reciente jurisprudencia comunitaria, a la experiencia acumulada y a los problemas prácticos que se han puesto de manifiesto desde los primeros momentos de aplicación del nuevo régimen, la Diputación Foral de Gipuzkoa considera adecuado modificar la regulación reglamentaria del Impuesto sobre Sociedades a los efectos de establecer un doble sistema de exoneración para determinados sujetos pasivos, siempre y cuando su volumen de operaciones con personas o entidades vinculadas no tenga una significación relevante.
La primera de las exoneraciones abarca a personas físicas y pequeñas empresas cuyo volumen de operaciones vinculadas no supere los 100.000 euros en el período impositivo. No obstante, la exoneración no abarca las operaciones realizadas con entidades vinculadas residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, que deberán documentarse siempre.
En cuanto a la segunda exoneración, funciona por cada entidad con la que se realizan operaciones vinculadas. Así, quedan exoneradas de la obligación de documentación las operaciones realizadas con una misma entidad vinculada siempre y cuando el conjunto de operaciones realizadas con esa entidad no supere los 600.000 euros en el período impositivo. En cuanto a esta segunda exoneración, cabe destacar que determinado tipo de operaciones queda siempre fuera de su ámbito y que, por tanto, existirá obligación de documentar las mismas, aun cuando no se supere el límite de 600.000 euros. Tales operaciones son las siguientes: Las realizadas con entidades vinculadas residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, las realizadas con personas físicas que declaren su rendimiento de actividad económica mediante el método de estimación objetiva, las que involucren transmisión de inmuebles, negocios o valores que no coticen en un mercado de valores, así como las operaciones realizadas con intangibles.
Cabe destacar que las exoneraciones se refieren tan sólo a la obligación de documentación, con lo que estas operaciones deberán seguir valorándose siempre a valor de mercado, y deberá seguir realizándose el ajuste secundario en aquellos supuestos en los que el valor convenido difiera del valor de mercado.
Todo ello trae como consecuencia que las entidades a las que les afecte queden fuera del ámbito de aplicación del ya mencionado régimen sancionador previsto para el incumplimiento de las mismas.
Ahora bien, ello no obsta para que estas operaciones puedan ser sancionadas, en su caso, mediante el régimen general de infracciones y sanciones regulado en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Por último, se introduce una modificación en el concepto de pequeña y mediana empresa, que viene a introducir una aclaración con respecto a lo que se entiende por explotación económica.
Con arreglo a lo dispuesto en la disposición final única, la modificación entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. No obstante, hay que tener en cuenta que las obligaciones de documentación reguladas mediante este Decreto Foral serán exigibles para las operaciones vinculadas realizadas a partir del 1 de enero 2010.
En cuanto a la habilitación normativa, de un lado, el apartado 2 del artículo 16 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, habilita a que reglamentariamente se desarrolle su contenido y, de otro, la disposición final quinta de la citada Norma Foral habilita a la Diputación Foral de Gipuzkoa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha Norma Foral.
Artículo único. Modificación del Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.-Uno. Con efectos a partir del 1 de enero de 2010, se modifica el artículo 9 del Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado como sigue:
«Artículo 9. Obligación de documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas.-1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, y para la determinación del valor de mercado de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, el obligado tributario deberá aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, la documentación establecida en el presente artículo y en los artículos 10 y 11, la cual deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo voluntario de presentación de autoliquidación del impuesto.
Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración tributaria de solicitar aquella documentación o información adicional que considere necesaria en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en su normativa de desarrollo.
2. La documentación a que se refiere el presente artículo y los artículos 10 y 11 deberá elaborarse teniendo en cuenta la complejidad y volumen de las operaciones, de forma que permita a la Administración comprobar que la valoración de las mismas se ha ajustado a lo previsto en el artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto. En su preparación, el obligado tributario podrá utilizar aquella documentación relevante de que disponga para otras finalidades. Dicha documentación estará formada por:
a) La documentación relativa al grupo al que pertenezca el obligado tributario. Se entiende por grupo, a estos efectos, el establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, así como el constituido por una entidad residente o no residente y sus establecimientos permanentes en el extranjero o en territorio español.
Tratándose de un grupo en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 16 de la Norma Foral del Impuesto, la entidad dominante podrá optar por preparar y conservar la documentación relativa a todo el grupo. Cuando la entidad dominante no esté sometida a la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, deberá designar a una entidad del grupo sometida a ésta para conservar la documentación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber del obligado tributario de aportar a requerimiento de la Administración tributaria en plazo y de forma veraz y completa la documentación relativa al grupo al que pertenezca.
b) La documentación del obligado tributario.
3. No será exigible la documentación prevista en el presente artículo y en los artículos 10 y 11 a las personas físicas o pequeñas empresas a que se refiere el artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto, siempre que el total de las operaciones realizadas en el período impositivo con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.
4. Tampoco será exigible la documentación prevista en el presente artículo y en los artículos 10 y 11 en relación con las siguientes operaciones vinculadas:
a) Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el capítulo IX del título VIII de la Norma Foral del Impuesto.
b) Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el capítulo IX del título VIII de la Norma Foral del Impuesto, por las agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial correspondiente.
c) Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.
d) Las realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen sin mediación de establecimiento permanente.
e) Las realizadas entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional de protección aprobado por el Banco de España, que tengan relación con el cumplimiento por parte del referido sistema institucional de protección de los requisitos establecidos en la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros.
f) Las realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cuando la contraprestación del conjunto de esas operaciones no supere el importe de 600.000 euros de valor de mercado. En este cómputo se excluirán las operaciones a que se refieren las letras a»), b»), c») y d») siguientes de esta letra.
Lo dispuesto en esta letra f) no se aplicará cuando:
a') Se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.
b') Se trate de operaciones realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con sociedades en las que aquéllos o sus cónyuges, parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 27 de mayo, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 por 100 del capital social o de los fondos propios.
c') La operación consista en la transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE.
d') La operación consista en la transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan la consideración de intangibles de acuerdo con los criterios contables.
5. Cuando al obligado tributario le resulte de aplicación lo establecido en el apartado 6 del artículo 6 de este Decreto Foral, la no exigencia de las obligaciones de documentación previstas en este artículo y en los artículos 10 y 11 en relación con las prestaciones de servicios profesionales se entenderá sin perjuicio del deber de probar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado apartado 6.
6. Sin perjuicio de las obligaciones de documentación a que se refiere este artículo y el artículo 10 y 11, el obligado tributario deberá suministrar la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezcan por Orden Foral del Diputado o Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas».
Dos. Con efectos a partir del 1 de enero de 2010, se modifica el apartado 3 del artículo 11 del Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado como sigue:
«3. Las obligaciones documentales previstas en el apartado 1 anterior serán exigibles en su totalidad, salvo cuando una de las partes que intervenga en la operación sea una de las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto o una persona física y no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, en cuyo caso las obligaciones específicas de documentación de los obligados tributarios comprenderán:
a) Las previstas en las letras a), b), c) y e) del apartado 1 cuando se trate de operaciones previstas en la letra b') de la letra f) del apartado 4 del artículo 9 de este Decreto Foral.
b) Las previstas en las letras a) y e) del apartado 1, así como las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la determinación del valor cuando se trate de operaciones previstas en la letra c') de la letra f) del apartado 4 del artículo 9 de este Decreto Foral.
c) Las previstas en las letras a), c) y e) del apartado 1 cuando se trate de operaciones previstas en la letra d') de la letra f) del apartado 4 del artículo 9 de este Decreto Foral.
d) La prevista en la letra a) del apartado 1, así como la justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 6 del artículo 6 de este Reglamento cuando se trate de las prestaciones de servicios profesionales a las que les resulte de aplicación lo previsto en el citado artículo.
e) Las previstas en las letras a) y e) del apartado 1, así como la identificación del método de valoración utilizado y el intervalo de valores derivados del mismo, en el resto de los casos».
Tres. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2010, se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 38 y los actuales apartados 2, 3 y 4 pasan a constituir los nuevos apartados 3, 4 y 5, respectivamente:
«2. A efectos de lo dispuesto en la letra a) de los apartados 1 y 2 mencionados en el apartado anterior, se entenderá que una entidad lleva a cabo una explotación económica cuando ejerza una actividad económica de acuerdo con lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».
Disposición final única. Entrada y en vigor y efectos.-Este Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de los efectos expresos previstos en su articulado.

References: artículo 16
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 49
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 49
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 38