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Timestamp: 2020-02-21 16:36:03+00:00

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BOE i notícies del 24 d'octubre de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 24 D’OCTUBRE DE 2019
Relación actualizada de los recintos aduaneros y el órgano de adscripción de los mismos
Resolución de 10 de octubre de 2019, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se establece relación actualizada de los recintos aduaneros y el órgano de adscripción de los mismos.
(BOE, 24-10-2019)
Acuerdo de prórroga de ultraactividad del II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar.
Tablas salariales para 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 del XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 del XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación.
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Resolución de 23 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/index.php?s=3
RECULL DE PREMSA DEL 24 D’OCTUBRE DE 2019
El Ayuntamiento de Madrid planea aprobar medidas de bajada fiscal en el IBI, la plusvalía, las actividades económicas o la tasa de residuos
(Cinco Días, 24-10-2019)
La presión fiscal se reduce para los hogares más pobres y sube para el resto
En 2017 la presión fiscal para el 40% de los hogares con menos ingresos se ha reducido, mientras que ha aumentado para el resto de las rentas, según refleja el informe Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El informe, que analiza el impacto distributivo que impuestos y prestaciones sociales tuvieron entre 2016 y 2017, señala que la presión fiscal del 20% de los hogares más pobres, los que tienen ingresos inferiores a los 12.000 euros, disminuyó gracias a que su renta tuvo un avance mayor que los impuestos que tuvieron que abonar.
La recuperación económica, la consecuente creación de trabajo y los coletazos de la rebaja fiscal de 2015 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy explican en parte esta evolución positiva. Aun así, el tipo medio efectivo que soportan —la diferencia entre renta bruta e impuestos abonados (IRPF, IVA y especiales), que fue del 27,7% en 2016 y del 25,26% en 2017— es superior al de algunos tramos con rentas brutas mayores, una anomalía recurrente también en las anteriores ediciones del estudio.
Las razones de esta distorsión, explica Jorge Onrubia, coautor del estudio junto a Julio López Laborda y Carmen Marín, no son exclusivas de España y lo explican varios factores. Entre ellos, el peso que sobre este colectivo tiene las cotizaciones sociales —la existencia de bases mínimas y máximas que son regresivas— y de los impuestos indirectos sobre el consumo —como impuestos especiales e IVA—. “Independientemente del nivel de renta que tengas te enfrentas a la misma cerveza o refresco que los hogares que tienen rentas más altas”, ejemplifica Onrubia, quien subraya que “es positivo que [la presión fiscal] haya bajado”.
Los impuestos y las prestaciones públicas fueron responsables de más de un 30% en la reducción de desigualdades entre rentas, un porcentaje en línea con las anteriores ediciones del informe, según Fedea. El grueso de este efecto no procede sin embargo de los tributos, sino de las prestaciones del Estado, principalmente las pensiones, que contribuyen por un 90% al efecto redistributivo del sistema.
Pese a que el impacto de los impuestos en el sistema redistributivo sea reducido, también todos los tributos analizados en el informe han contribuido a reducir la brecha entre rentas. Entre ellos, el IRPF es el que con mayor efecto redistributivo. “Es la única figura del sistema fiscal realmente progresiva y por tanto correctora de desigualdad”, explica Onrubia, “pero su efecto no se nota mucho hasta el tercer quintil”, es decir, hasta las rentas inferiores a los 30.000 euros. El índice de Gini —que mide la desigualdad— se redujo un 3,46% en 2017, el mayor descenso registrado entre 2013 y 2017. Por eso Onrubia señala que el aumento de la desigualdad causado por los impuestos indirectos, en particular el IVA —que por su elevada recaudación tiene un peso específico muy importante en el desfase entre rentas—, también creció menos en 2017.
(El País, 24-10-2019)
El paro baja al 13,92%, con 69.400 ocupados más en el trimestre, según la EPA
El número de ocupados aumenta en 69.400 personas en el tercer trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior (un 0,35%) y se sitúa en 19.874.300. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 0,09%. El empleo ha crecido en 346.300 personas (un 1,77%) en los 12 últimos meses.
La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios en 87.700 personas y en la Industria en 51.200. En cambio, en la Agricultura desciende en 63.000 y en la Construcción en 6.500. En el último año el empleo sube en los Servicios (248.600 ocupados más), en la Industria (90.100) y en la Construcción (29.700). En cambio, baja en la Agricultura en 22.200.
Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Illes Balears (41.000 más), Cataluña (31.300) y Comunitat Valenciana (16.700). Los mayores descensos se observan en Andalucía (–35.000), País Vasco (–15.100) y Canarias (–8.500). En el último año las comunidades que más incrementan su ocupación son Comunidad de Madrid (104.500 ocupados más), Cataluña (68.500) y Andalucía (68.100 más). En cambio, los mayores descensos de la ocupación en los últimos 12 meses se dan en Canarias (18.100 ocupados menos) y Principado de Asturias (–8.300).
El número de parados baja este trimestre en 16.200 personas (–0,50%) y se sitúa en 3.214.400. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 1,72%. En los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 111.600 personas (–3,36%). La tasa de paro se sitúa en el 13,92%, lo que supone una décima menos que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa ha descendido en 0,63 puntos.
Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Illes Balears (–24.700), Comunidad de Madrid (–10.500) y Cataluña (–9.200). Y los mayores incrementos en Andalucía (30.300 parados más), Región de Murcia (6.000) y País Vasco (5.600). En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen en Comunidad de Madrid (48.400 menos), Andalucía (–32.400) y Comunitat Valenciana (–32.100). Los mayores incrementos anuales del paro se dan en Cataluña (18.400 parados más), Canarias (17.300) e Illes Balears (7.300).
Más País, la formación liderada por Íñigo Errejón, presentó este miércoles su programa económico para las elecciones del 10N, en el que propone crear una prestación universal anual de 1.200 euros por hijo a cargo hasta cumplir los 16 años. Su implantación arrancaría con las familias más vulnerables para llegar a todos los hogares en una década. “Queremos que esta prestación sea universal. También sería para los hijos de las familias ricas, que, a su vez, pagarán muchos más impuestos”, justifica el documento.
Errejón se rodeó de su equipo económico, el diputado de la Asamblea de Madrid Eduardo Gutierrez; y el exdiputado de Podemos y candidato ahora de Más País por Asturias, Segundo González, para presentar el programa “Un país justo. Medidas para una transformación económica verde, justa e inclusiva”, recoge Efe.
En el ámbito fiscal, el plan incluye una subida del IRPF para las rentas altas, así como una reformulación del impuesto de Patrimonio, actualmente cedido a las comunidades autónoma, para que aumente al 3% para fortunas superiores a los seis millones de euros. Más País estima que el alza del impuesto de Patrimonio supondría una recaudación de 2.500 millones anuales. La formación también aboga por un impuesto a las grandes fortunas a partir de 2,5 millones de euros con el fin de recaudar hasta 10.000 millones.
Las propuestas tienen varias similitudes con las de Unidas Podemos, con las que comparte el objetivo de gravar más a las rentas altas, o de establecer un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15 % y bajar el tipo nominal de las pymes del 25 % actual al 23%, o crear un tributo sobre las transacciones financieras, como también ha venido defendiendo el PSOE.
Más País también busca elevar el IVA a la actividad relacionada con los toros y bajarlo a los productos de primera necesidad. Además, el programa incluye una tasa al plástico, otra al turismo y un impuesto a las grandes industrias contaminantes, así como exenciones para las renovables, un IVA reducido para la energía eléctrica, la equiparación fiscal de diésel y gasolina.
(Expansión, 24-10-2019)
Draghi se despide hoy del BCE con la hoja de ruta marcada para Lagarde
Mario Draghi presidirá hoy por última vez el consejo de gobierno del BCE, a pocos días de que concluya su mandato como presidente de la institución, el 31 de octubre. Quien será recordado por haber salvado el euro en el verano de 2012 en pleno incendio de la deuda soberana de la zona –y también por haber adentrado a la economía de la región en el polémico e inexplorado terreno de los tipos de interés negativos– se marcha dejando el camino marcado a su sucesora, la francesa Christine Lagarde.
El BCE aprobó en la pasada reunión de septiembre un amplio paquete de estímulos que ha definido cuál es el límite de actuación de la institución después de años de interminables estímulos extraordinarios que han terminado por romper la unanimidad en la toma de decisiones y por restar efectividad a sus medidas.
Draghi imprimió su sello a lo aprobado en septiembre, una batería de medidas necesarias para afrontar la evidente desaceleración. Y después de aquello, no se esperan novedades para la reunión de hoy, más allá del diagnóstico que deje el banquero italiano de la salud de la economía de la zona euro y de los mensajes para su sucesora.
La hoja de ruta para Lagarde está definida: el BCE dibujó en septiembre un largo horizonte de tipos cero, vinculados a la evolución de la inflación y sin fecha alguna para una eventual subida; las compras de deuda se reanudarán a partir de noviembre por 20.000 millones de euros mensuales hasta poco antes de que suban los tipos; la facilidad de depósito queda aún más baja, en el -0,5% y los bancos podrán verse liberados, a partir del 31 de octubre, de parte de la penalización por su exceso de reservas. Además, se han retomado las inyecciones de liquidez a la banca condicionadas al crédito (TLTRO III).
Después de ocho años en la presidencia del BCE, Draghi deja en herencia un recorte de 125 puntos básicos en la facilidad de depósito, de 150 puntos en el tipo de interés, compras de deuda por más de 2,6 billones de euros, tres rondas de liquidez bancaria ligada a la concesión de crédito y el sistema de tiering con el que aliviar en parte a los bancos por los tipos de interés negativos.
También deja un BCE que no ha logrado su objetivo en materia de inflación y con fuertes discrepancias internas, aireadas tras la última reunión por parte de los gobernadores centrales de Alemania, Francia, Austria y Holanda, en especial en relación con la reanudación de las compras de deuda. “Las públicas discrepancias minan la credibilidad y serán uno de los retos para Lagarde desde el principio”, apuntan desde Bank of America, donde no prevén reacción alguna del mercado de la reunión de hoy. “El último paquete de medidas del BCE ha comprado tiempo y los inversores están esperando a la llegada de Lagarde”, añade el banco.
Draghi dará hoy también su última rueda de prensa como presidente del BCE. Previsiblemente afrontará cuestiones como la división interna –exagerada en opinión de Citi, y la forma de los banqueros centrales de hacer oír su voz ante la llegada de Lagarde, según Pimco–, la ínfima petición de liquidez en la subasta TLTRO III de septiembre o los límites que se va a encontrar el BCE para continuar con las compras de deuda. Los expertos también aguardan un nuevo, y último, llamamiento de Draghi a los gobiernos de la zona euro con margen fiscal para que eleven el gasto público, en un intento de que la política presupuestaria dé el relevo a la monetaria.
El Gobierno llevaba tiempo anunciando su intención de dar un giro a la política de vivienda para centrarse en el alquiler asequible y este miércoles aterrizó una importante medida para alcanzar ese objetivo. El responsable de la cartera de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, informó esta mañana que el Ministerio está trabajando en un pliego de condiciones para sacar a licitación derechos de superficie sobre suelos públicos por 50 años para que operadores privados puedan construir y gestionar vivienda en alquiler. Se trata así de ampliar la oferta de vivienda para contrarrestar los fuertes repuntes de precios en el mercado libre.
Fomento está inmerso en la creación de una única bolsa de suelo con los terrenos que poseen los distintos ministerios, y espera que este modelo de gestión no sirva solo para movilizar y ofertar suelo del Estado, sino que sea replicable en otras administraciones, especialmente la autonómica, que es quien detiene la competencia en vivienda, detalló Ábalos durante una jornada organizada por El Economista.
Según explicó el ministro, los inversores privados adjudicatarios del derecho de superficie tendrán que construir y mantener las viviendas a cambio de gestionar y cobrar los alquileres correspondientes a la explotación para amortizar la inversión. “Una vez finalizado el periodo del derecho de superficie, las viviendas engrosarán el parque de vivienda pública”, destacó. Según los cálculos de Fomento, España necesita cerca de un millón de viviendas para alcanzar el objetivo de que el 10% del parque sea en alquiler –cuando en la actualidad apenas alcanza el 2%–.
Así, apuntó que este modelo de gestión, basado en la colaboración público-privada permitirá acelerar “la reconstrucción de un parque público de vivienda y supondrá un importante estímulo para el sector de la construcción”. Ábalos destacó, además, que este tipo de alquiler es “susceptible de garantizar rentabilidades sostenidas a medio y largo plazo”, por lo que puede constituir un mercado “muy atractivo” para atraer capital de grandes fondos de inversión.
“La intención de mi departamento es impulsar el alquiler social en España, un mercado clave para garantizar el derecho de acceso a la vivienda a familias con menos ingresos, jóvenes y personas en situaciones de vulnerabilidad”, concluyó.
El BCE critica la baja rentabilidad de hipotecas a tipo fijo a 20 años
El presidente del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Andrea Enria, en su primera visita oficial a España, lanzó ayer una advertencia muy clara a las entidades financieras: cuidado con la comercialización de hipotecas fijas a largo plazo, como las de 20 o 30 años, porque no son rentables. A su juicio, las hipotecas a tipo fijo del 1% o a un tipo de interés inferior no son rentables, puesto que no recogen ni los costes a futuro, ni los riesgos. Este fue uno de los principales argumentos que sostuvo el representante del BCE ante la crítica generalizada de los bancos, que lamentan que los bajos tipos de interés ejercen una presión muy grande sobre sus márgenes.
Enria participó ayer en una mesa redonda celebrada en el Banco de España junto a José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el presidente de la Federación Bancaria Europea, Jean Pierre Mustier, y la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. El presidente del MUS no sólo hacía alusión a España. Obviamente, en otros países de la Unión Europea también se están comercializando este tipo de hipotecas a plazo fijo, pero en los últimos meses son las que está potenciando la banca española.
Entre los ejecutivos presentes en el acto de ayer estaban Jordi Gual (CaixaBank), Josep Oliu (Banc Sabadell), José Sevilla (Bankia), Pedro Guerrero (Bankinter) y José María Roldán (Asociación Española de Banca), entre otros.
Otro tema que se puso sobre la mesa fue el de las fusiones transnacionales, algo difícil de que se produzca hasta que no se constituya un fondo común europeo para garantizar los depósitos bancarios y hasta que no haya en Europa una mayor integración bancaria. En este sentido, Mustier fue muy claro: “No se puede hablar de banco paneuropeo sin Unión Bancaria”. En este sentido, Campa defendió que “las fusiones transfronterizas no son la solución por sí mismas, sino que las fusiones domésticas pueden mejorar la situación en algunos países donde todavía existe exceso de capacidad bancaria”. Campa defendió que algunos productos, como las hipotecas, son muy distintas entre países “por las garantías que conllevan. Aún están muy integradas en el engranaje nacional”, subrayó. De ahí que insistió en que salgan del negocio bancario “las entidades con modelos de negocio insostenibles”.
Para Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, las fusiones entre entidades del mismo país conllevan “sinergias, posibles recortes de gasto y mejoras en eficiencia”. Por su parte, Enria manifestó que el BCE mantiene “una actitud favorable a las fusiones debido a que hace falta mayor consolidación del sector bancario europeo”.
(La Vanguardia, 24-10-2019)
El Colegio de Abogados de Madrid no incrementará las cuotas colegiales
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha decidido, finalmente, no subir las cuotas colegiales, tal y como ha informado la institución en un comunicado. El órgano, que se reunía esta tarde a las 15.30 para estudiar los presupuestos del año 2020, finalmente se ha decantado por la congelación tras el revuelo que en los últimos días había causado la publicación de que algunos diputados se habían mostrado a favor de incrementarlas entre un 4% y un 6%.
La nota, difundida hace unos minutos por el ICAM, también lamenta lo que define como "informaciones falsas" en torno a esta materia "por no ajustarse a la realidad", fruto de "filtraciones sin contrastar y malintencionadas".
La cúpula de la abogacía madrileña se debatía entre dos opciones: o bien mantener las cuotas congeladas (los colegiados pagan entre 38,16 euros y 97,14 euros al trimestre, según los años de colegiación), o bien aprobar una subida de en torno al 5% para afrontar nuevos proyectos, incremento del que, en todo caso, quedarían excluidos los abogados no ejercientes, el turno de oficio y AJA (la Agrupación de Jóvenes Abogados).
(Cinco Días, 18-10-2019)
Los bufetes lanzan sus propias aceleradoras de 'start up'
Los despachos han dado un paso más en su aproximación al mundo del legaltech y apuestan por la creación de sus propias estructuras para lanzar nuevos modelos de negocio jurídicos basados en la tecnología.
FinTech Legal Labs. Así se llama el programa intensivo de aceleración para start up que puso en marcha hace unos meses Ashurst. "El objetivo es permitir que las empresas del sector obtengan información sobre cuestiones legales que afectan a sus negocios, así como acceder a la red de clientes corporativos de la firma, entre los que se incluyen las instituciones financieras más importantes, inversores de diversos perfiles y potenciales socios", explican desde el bufete.
La apuesta por la tecnología en el sector legal hace que en la actualidad emprendedores y socios se crucen por los pasillos de los despachos. Esta escena, inimaginable hace apenas unos años, es posible gracias a las aceleradoras que están lanzando los principales actores de la industria legal.
Desde Dentons, que en 2015 fue uno de los bufetes pioneros creando Nextlaw Labs, hasta Legálitas, con su propio laboratorio para emprendedores, todas estas iniciativas no entienden de tamaño ni de tipología de despacho.
Auspiciados por sus propios clientes, que cada vez demandan soluciones más complejas vinculadas a la tecnología, las firmas legales quieren fichar casi desde el momento en el que nacen a las start up más interesantes de su sector. Por eso, ahora, además de competir por ofrecer el mejor asesoramiento, lo hacen por atraer a las mejores ideas.
Despachos internacionales como Allen & Overy, bufetes españoles como Cuatrecasas o firmas de servicios profesionales como PwC dedican una parte de su capital -o se asocian con fondos de inversión- para crear sus propias aceleradoras. "Buscan tener un contacto más directo y hasta cierto control sobre el proceso de innovación y el producto final", señala Rodrigo García, consejero delegado de Finnovating.
Entre las razones por las que cada vez se ponen en marcha más aceleradoras legales, destaca la de proporcionar un servicio mejor y más barato al cliente. Esto responde a la creciente presión sobre las tarifas, lo que hace que, para los despachos, sea fundamental trabajar de manera más eficiente y rentable, lo que significa encontrar y utilizar el mejor soporte tecnológico del mercado.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Real Decreto 

Resolución 
 artículo 36