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Timestamp: 2018-08-17 21:10:01+00:00

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Temas legales de actualidad: Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código Penal II
Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código Penal II
Siguiendo con la entrada de ayer, pasaré a continuación a analizar más detalladamente cada una de las muchas refomas contenidas en la Ley Orgánica 5/2010 comenzando con las que afectan al Libro I dedicado a los Delitos y las penas:
En primer lugar, se añade una circunstancia atenuante y otra agravante. Así:
La circunstancia 6ª del artículo 21 pasa a ser 7ª y se añade una circunstancia 6ª con la redacción siguiente:
Se modifica la circunstancia 4ª del artículo 22, que queda redactada como sigue:
En cuanto a la primera circunstancia (la atenuante) relativa a la dilación indebida del procedimiento cuando esta no sea imputable al acusado. De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley con la introducción expresa de esta circunstancia se refleja legalmente la tendencia de la jurisprudencia de considerar la infracción del derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas como atenuante analógica la cual, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto podría considerarse como muy cualificada. La STS de 27 de diciembre de 2004 resume la evolución del criterio del Tribunal Supremo en este sentido:
Esta Sala casacional, partiendo del corpus jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ha venido introduciendo últimamente alguna matización en relación a los criterios en base a los cuales pueden estimarse, en tal sentido y habida cuenta de la especificidad del proceso penal, ha declarado que en relación a la previa reclamación del imputado ante el Tribunal de las dilaciones, tiene declarado que «a ningún procesado se le puede pedir que denuncia una situación tendente a evitar una posible prescripción que sin duda le beneficiaría» – SSTS 1675/2003 de 10 de diciembre ( RJ 2003, 9471) , núm. 1013/2002 de 31 de mayo ( RJ 2002, 7128) , 1672/2002 de 3 de octubre ( RJ 2002, 9971) y 2036/2001 de 6 de noviembre ( RJ 2001, 9400) –.
En cuanto a su traducción práctica en el campo de la individualización judicial de la pena, ha existido una evolución en la doctrina de la Sala marcada por tres Plenos no Jurisdiccionales:
a) El de 2 de octubre de 1992 se acordó que frente a la tesis de darles el valor de una ATENUANTE analógica como así se había efectuado en varias ocasiones – STS de 14 de diciembre de 1991 ( RJ 1991, 9313) –, debían quedar sus efectos extramuros del proceso, pudiendo servir para solicitar la concesión de un indulto y la indemnización correspondiente por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
b) El Pleno de 29 de abril de 1997 es el que se acordó que no existía base legal para aplicar una ATENUANTE al acusado con apoyo en la vulneración del derecho a un juicio sin dilaciones.
c) El Pleno de 21 de mayo de 1999 ( JUR 2003, 198814) en el que se efectuó un cambio jurisprudencial en el sentido de compensar la concurrencia de las dilaciones con la penalidad correspondiente al delito mediante la aplicación de la ATENUANTE analógica del art. 21-6º ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , con la posibilidad de darle, según la importancia, el valor de simple ATENUANTE o de muy cualificada.
En un derecho penal de la culpabilidad como el sistema vigente –art. 10 del Código Penal–, como recuerda la STC 150/91 ( RTC 1991, 150) , el cumplimiento de la pena extingue completamente la culpabilidad, por ello, se estima que si el acusado ha tenido un sufrimiento innecesario e injustificado a consecuencia de la excesiva duración del proceso –poena naturalis–, es razonable compensar con una reducción de la pena la parte de culpabilidad ya «pagada» por la excesiva duración del proceso.
La sentencia ( JUR 2004, 261839) sometida al presente control casacional ha hecho una adecuada aplicación de la doctrina de la Sala al apreciar la existencia de dilaciones indebidas, darle el valor de ATENUANTE y estimarla muy cualificada.
En fin, como se ve, se trata de un criterio un tanto polémico. Personalmente creo que esta circunstancia atenuante no tiene en cuenta el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de la víctima en el caso de que se personase como parte, siendo la mejor solución la indemnización vía reclamación administrativa por funcionamiento indebido de la Administración de Justicia ya que en nada afecta a la gravedad de la conducta del acusado el hecho de que un procedimeinto haya durado más o menos por causas ajenas a alguna de las partes.
En lo que respecta a la agravante del artículo 22 que se modifica, tan sólo es en cuestiones de detalle como incluir el término "identidad sexual" (parece que se refiere al caso de los transexuales) o "discapacidad", concepto más amplio que el de "minusvalía".
Modificación del régimen de responsabilidad criminal de la personas jurídicas.
Se elimina el apartado 2 del artículo 31 y se introduce el artículo 31bis en el CP de la siguiente manera:
Por lo tanto, se produce una modificación muy relevante, sobre todo, en lo que respecta a considerar también responsables criminalmente a los responsables (administradores, representantes legales,....) por actuaciones delictivas de los empleados sobre los cuales no se haya ejercido el debido control por aquéllos.
En materia de aplicación de penas a personas jurídicas destacan las reglas de fijación con la introducción de un nuevo artículo 66bis que tiene más en cuenta circunstancias en cuanto a la prevención de nuevos delitos cometidos por una entidad o las consecuencias sociales (p.e para sus trabajadores) que puede tener la aplicación de una pena más o menos amplia:
En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1ª a 4ª y 6ª a 8ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:
En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:
Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.
Que la persona jurídica sea reincidente.
Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.
Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5ª del primer número del artículo 66.
En cuanto a la responsabilidad civil, serán responsables solidariamente junto con las personas físicas condenadas por esos mismos hechos.
No queda tampoco extinguida la responsabilidad criminal de las personas jurídicas por cuestiones de fusión, escisión, etc... de la entidad, tal como se establece en el artículo 130 CP:
Modificación en cuanto al acceso al tercer grado penitenciario en delitos de terrorismo y contra la libertad sexual:
Dos comentarios sobre este artículo reformado: en primer lugar el juez podrá acordar que no se acceda al tercer grado en aquellas penas superiores a los cinco años hasta que se cumpla al menos la mitad del tiempo de cumplimiento efectivo de la condena. Por otra parte, deberá cumplirse efectivamente la mitad de la misma cuando se trate de condenas de más de cinco años en delitos de terrorismo o de abuso de menores del artículo 183 CP.
Introducción del apartado j) artículo 39 de la pena de privación de la patria potestad como pena de privación de derechos.
Modificación de las normas relativas al comiso efectos del delito.
Como reforma más interesante es la que presunción de efectos provenientes del delito en el artículo 127.1 CP de la siguiente manera:
Reforma de las reglas relativas a la prescripción. Cómputo y plazos.
Se introduce un sistema más completo de cómputo de plazos que el existente con anterioridad:
No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.
En lo que respecta a estas dos nuevas reglas, un par de cosas:
El plazo de prescripción se interrumpe desde que Auto de incoación de procedimiento contra una persona concreta.
Si se dirige denuncia y querella sin existir dicha resolución se suspenderá durante un plazo máximo de 6 o 2 meses, dependiendo de que sea procedimiento por delito o falta.
Si recayera resolución a consecuencia de esa denuncia o querella una de las resoluciones mencionadas antes se retrotraerá la interrupción de la prescripción desde el momento de presentación de la denuncia o querella.
Por otro lado, la prescripción continuará desde la presentación de denuncia o querella si en el plazo de 6 o 2 meses no recayera resolución alguna o se dictara auto firme de inadmisión a trámite de las mismas.
Además, como ya adelantaba en la entrada anterior, se amplía el plazo de prescripción para los delitos menos graves de tres a cinco años, como aparece en el modificado artículo 131 CP
¿Qué problema puede plantearse en estos supuestos?. ¿Qué es lo que ocurre con aquellos delitos ya prescritos de acuerdo con la legislación anterior. Entendemos que por el principio del in dubio pro reo deberían considerarse como prescritos, aunque no estemos ante la aplicación de un delito con una pena más leve.
Libertad vigilada. Artículos 105 y 106 CP
Lo más destacado es que se configura no sólo como una medida de seguridad complementaria, sino como una medida que se imponga en la propia sentencia, tal como aparece en el artículo 106 CP:
Y, por último, en cuanto a la localización permanente, nos encontramos con lo siguiente en el artículo 88 CP
Estando, como es lógico, sobre todo pensado para aquellos supuestos de reiteración de faltas contra el patrimonio, las cuales, como se dice en la exposición de motivos de la Ley, han generado gran inseguridad ciudadana en los últimos tiempos.
En fin, mañana seguiremos con las modificaciones más relevantes en cuanto a los delitos del Libro II del Código Penal.
Publicado por Pedro Gómez Ibarguren en 13:30

References: artículo 21
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 66
 artículo 130
 artículo 183
 artículo 39
 artículo 127
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 131
in dubio
 artículo 106
 artículo 88