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Timestamp: 2019-07-18 02:09:45+00:00

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SALUDO DEL MOIR
Francisco Mosquera; Secretario General del MOIR; Bogotá, septiembre 17 de 1993.
Confederación Latinoamericana de Trabajadores Sao Paulo.
La convocatoria del X Congreso de la CLAT transcurre en un momento clave para la América Latina íntegra y especialmente para el futuro de la clase obrera. Sabemos que el imperialismo yanqui, desde su aparición a finales del siglo pasado, echó raíces sobre los sufrimientos de los pueblos menesterosos del continente, a los cuales los analistas suelen calificar de «patio trasero» del Norte. No obstante hoy asistimos a la más siniestra de las arremetidas a que nos tienen acostumbrados soportar.
Pretendiendo salir de la aguda crisis que los agobia y aprovechándose de los cambios intempestivos de la situación mundial, los mandatarios de Washington han resuelto imponer sus dictámenes de plena neocolonización económica al globo entero, sin excluir ningún procedimiento tortuoso, bélico o criminal. Decidieron arruinar a nuestras naciones en todos los aspectos: industrial, agrícola y hasta culturalmente.
Están comprando a precio de huevo cuanto nos pertenece. Nos obligan a abrir las fronteras mientras ellos se acogen cada vez más al proteccionismo. Dolarizan nuestras monedas. Exigen la privatización de nuestros bienes públicos. Sustituyen las viejas castas políticas antipatrióticas por señoritos mucho más dóciles. En fin, padecemos los mismos males, y por eso la historia nos impulsa a unirnos estrechamente como nunca antes.
A nuestra patria llegan los ecos estimulantes de las luchas de ustedes, al igual que nosotros también hemos combatido. No ignoramos que existen fuerzas traidoras en las filas del proletariado, así aparezcan minoritarias. En Colombia, por ejemplo, hay grupillos sindicales que propagan la conseja de que el señor Gaviria, después de haber consumado las órdenes recibidas, modificó su conducta ante el país y los trabajadores. Pero queremos decirles que tales elementos no prevalecerán impunemente. Sea como fuere, las mayorías obreras y populares se hallan abocadas, sin otra perspectiva, a dejar el pellejo en la batalla.
Los mismos norteamericanos forjaron su «reunión para tomar el té» en procura de su independencia frente a Inglaterra; y los colombianos tuvimos nuestro «florero de Llorente» en las bregas por librarnos de España. Así, en la actualidad, las repúblicas de Latinoamérica encontrarán igualmente formas originales para deshacerse del imperialismo.
Les deseamos éxitos en sus deliberaciones y conclusiones.
La reforma laboral: MANO DE OBRA BARATA PARA EL CAPITAL EXTRANJERO
Yesid García; Secretario general adjunto de la CGTD
La reforma laboral, o Ley 50 de 1990, adecúa el Código de Trabajo a los requerimientos de la apertura, impuesta por la banca internacional para beneficiar el capital extranjero, principalmente norteamericano.
Teniendo en la mira “hacer más flexible el régimen laboral” tal como lo afirmara el gobierno, en la exposición de motivos, la reforma no se limitó a satisfacer viejas aspiraciones empresariales, como la de suprimir la retroactividad de las cesantías y eliminar la pensión-sanción y la acción de reintegro para los trabajadores despedidos sin justa causa tras diez años de labores. Se trata de un nefasto paquete de 117 artículos, que no solo recorta los derechos democráticos de la clase obrera, sino que apunta a envilecer todo los salarios, a permitir los despidos en masa, a sepultar las conquistas logradas a lo largo del siglo y a debilitar al máximo las organizaciones sindicales.
Se acabó la estabilidad
El Código Sustantivo del Trabajo prohibía los contratos a término fijo inferiores a un año. El artículo 3 de la Ley 50 elimina esa restricción al señalar que la duración «no puede ser inferior a tres años». Este tipo de contrato, renovable indefinidamente, es el que acabará prevaleciendo, y con él la rotación indiscriminada del personal, los salarios de miseria y la escasa sindicalización. Con los contratos a término fijo los empresarios podrán cumplir en buena parte las tareas que antes desempeñaban las empresas de servicios temporales. Lo confirman las cifras del gobierno, ya que el empleo temporal, respecto a la población ocupada, pasó de 14,3% en junio de 1990 a 21.12% en junio de 1992.
Los artículos 6 y 37 acaban con la acción de reintegro y con la pensión-sanción de los obreros antiguos despedidos sin justa causa y dan al traste con el último vestigio de estabilidad del que disfrutaba la clase asalariada La medida cubre a los operarios contratados a partir del 1° de enero de 1991.
El artículo 67 establece que el ministerio de Trabajo no podrá calificar un despido como colectivo sino cuando afecte a un alto porcentaje de trabajadores durante un periodo de seis meses. El ministerio se abstendrá además de analizar los motivos de tal decisión. Aquí es evidente el retroceso, pues la norma abre la compuerta a las, destituciones masivas.
Salarios y prestaciones se deterioran
El artículo 32 estipula que cuando un, gonsorcio establezca una filial, sólo pasados diez años podrá declararse la unidad de empresa. La norma va encaminada a otorgar preferencia, a la inversión extranjera que, durante este período, será del todo inmune a los esfuerzos del sindicato para cubrir los nuevos trabajadores con las convenciones colectivas vigentes. Facilita así el establecimiento de la “maquila”, para ensamblar bienes con salarios irrisorios, con piezas importadas de las metrópolis y sin recargo por trabajo nocturno, dominical o festivo.
Desconociendo el carácter de remuneraciones tradicionalmente consideradas como tal, los artículos 15,16 y 17 disminuyen la base para fijar el valor de las prestaciones. Es el caso de las primas, bonificaciones, participación de utilidades, beneficios y auxilios habituales u ocasionales. Serán factor salarial sólo si el sindicato logra que quede así consignado en, la convención colectiva.
El consenso para definir el salario mínimo en el Consejo Nacional Laboral pasa a ser obligatorio, al tenor del artículo 19. De no haber unanimidad, el gobierno lo fijará por decreto. Manteniendo la fachada de la concertación, el ejecutivo queda facultado para determinarlo a su arbitrio. He aquí otra hipócrita muestra de la «democracia participativa»: todos discuten y el gobierno decide.
Se perdió la retroactividad de las tasas
Las modificaciones al régimen vigente de cesantías constituyen parte medular de la reforma (artículos 98 a 106). Para los trabajadores vinculados a partir del l° de enero de 1991, la retroactividad simplemente ha dejado de existir. A los obreros antiguos se les ofrece la «opción» de renunciar «voluntariamente» a ella, para lo cual bastará una comunicación escrita. La norma ha originado una asfixiante presión de los empresarios sobre la masa asalariada para que acepte tal renuncia so pena de despido. Según cífras de la Superintendencia Bancaria, en marzo de 1993, del total de 1.157.470 afiliados a los fondos de cesantías, 89125 son «voluntarios», es decir, el 7.7%.
Estos engendros, fruto de la norma, regentados por sociedades administradoras privadas, reconocen al afiliado una rentabilidad similar a la de los Depósitos a Término Fijo, DTF, a 90 días.
Dos aspectos en especial resumen el carácter regresivo de los fondos. En el régimen anterior los trabajadores recibían los intereses más la retroactividad, o sea, el 12% más la tasa de inflación.
Con la reforma, el obrero sólo percibe el 12% por la cesantía causada cada año, y la tasa media efectiva de captación por acumulado, lo que implica a todas luces rendimientos inferiores.
En segundo lugar, los empresarios disponían de una masa de ahorro que utilizaban como capital de trabajo, a costos mucho más bajos que los del mercado de capitales.
La reforma despojó de esos dineros al sector productivo y los trasladó a la rama financiera. Esta, a su vez, los retornará a los empresarios, pero con tasas superiores al DTF y con los mecanismos selectivos propios de este tipo de operaciones, que suelen dejar por fuera del crédito a la pequeña y mediana industria.
Modificaciones en el tiempo de labores
Los cambios contemplan que empresas establecidas a partir de la vigencia de la ley pueden
”acordar” con sus trabajadores turnos sucesivos de seis horas diarias y 36 a la semana, sin recargos nocturnos; ni por dominicales o festivos.
Se reducen así drásticamente ingresos de quienes laboran en empresas de producción continua, venían devengando, además del ingreso básico, una remuneración complementaria proveniente de los recargos por horas nocturnas, dominicales y festivos, de la que van a ser privados.
Entre otras lesivas repercusiones, se desconocen los derechos de los menores de edad en cuanto a jornadas, pagos y condiciones de trabajo.
Negociación del sindicalismo de Industria
Por ser el sindicalismo de industria la forma organizativa más avanzada, ha existido una reiterada protesta en el movimiento obrero contra la discriminación de que es objeto. En este campo, los artículos del 38 al 50 soslayan el problema. Al seguir dando primacía a organizaciones de base y mantener a los trabajadores dispersos, la reforma favorece ampliamente a los empresarios.
El artículo 57 les quita el fuero sindical a las comisiones esta de reclamos que funcionaban dentro de una misma compañia o en las subdirectivas de los sindicatos, pues consagra que no puede existir más de una comisión por empresa.
Más talanqueras a la negociación colectiva y a la huelga
El artículo 60 borra de un plumazo la etapa de mediación, conservando sólo la de arreglo directo, reducida a veinte días calendario. Al acortar tanto las etapas como el tiempo se debilita la presión de los trabajadores sobre los patronos, quienes suelen aprovecharse de cualquier leguleyada para impedir las conquistas de sus esclavos asalariados.
Terminado el fugaz período de arreglo directo, los trabajadores deberán decidir en sólo diez días hábiles entre la huelga y el tribunal de arbitramento. En la legislación anterior los términos eran mayores. Hoy, votada la huelga, sólo podrá efectuarse después de transcurridos dos días hábiles y antes que se cumplan diez. En el pasado, dicho lapso oscilaba entre cinco y treinta días.
La injerencia del Ministerio se amplía, porque una vez declarado o hecho efectivo el cese, el artículo 63 faculta al gobierno para convocar asambleas sindicales y obligarlas a repetir la votación entre huelga o tribunal. A las adversas reglas del juego bajo las cuales los obreros han de adelantar su combate por mejores condiciones de vida, el Estado ha sumado otra: la vigencia durante la huelga de una consulta popular permanente, convocada y escrutada por las autoridades del trabajo. Otro ejemplo de la “democracia participativa”.
La reforma, conjuntamente con la Ley 60 de 1990, los decretos de reestructuración del Estado y la privatización de la seguridad social, conforman el macabro sartal de las nuevas normas laborales, cuyo objetivo cardinal no es otro que el de abaratar la mano de obra en beneficio de los inversionistas extranjeros.
Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de 1991, ha sido convertido por el régimen gavirista en la esencia del proyecto de la reforma de la «seguridad social». Una vez sea aprobado por el Congreso, los trabajadores verán aumentar los aportes, las semanas cotizadas y la edad para acceder a la jubilación. El monto de ésta quedará disminuido y el servicio de salud deteriorado. Y. lo que es más grave, el derecho a la pensión de vejez dependerá de la capacidad de ahorro de cada individuo.
La «seguridad social» comenzó a ser implantada en nuestro país en 1946, para reemplazar con el tiempo el esquema de atención médica a cargo exclusivo de los patronos. Fue así cómo, a partir, de 1967, se introdujeron los mecanismos que, con participación del Estado, resolvieron a menor costo para los empresarios la atención de los riesgos laborales.
Sin embargo, las necesidades de la población asalariada no han sido resultas por la naturaleza de clase del Estado y la debilidad del aparato productivo. La industria, la agricultura y las demás actividades han de ser las que aporten los recursos para brindar vivienda, educación, salud y recreación a los trabajadores y sus familias.
Incumplimiento estatal
Argumentando que la «seguridad social» es deficiente, está dispersa y no cubre a toda la población, Gaviria ha propuesto como salida la privatización.
Las deficiencias de los servicios de salud obedecen a. la intención de los gobiernos de marchitar las cajas e institutos, a tal punto que durante lustros se congelaron la planta física y la de personal, mientras no cesaba de incrementarse el número de usuarios.
En cuanto a la demagogia sobre la ampliación de la cobertura, ésta no puede ir más allá porque el sistema fue diseñado para proteger únicamente a la clase obrera, cuya proporción no ha crecido respecto a los quince millones de colombianos económicamente activos. Es el subdesarrollo, producto del sometimiento económico, la causa de que más de la mitad de la fuerza laboral se hunda en el pantano de la marginalidad, y por lo tanto no pueden tener acceso a la «seguridad social».
Otra dificultad consiste en la forma dispersa e incoherente como operan más de mil instituciones, cuyas penurias económicas han servido para que los privatizadores ambienten su liquidación. Pero la quiebra del ISS, tan propalada por el régimen gavirista, carece de veracidad, pues existen casi seiscientos mil millones de pesos de reservas pensionales acumuladas. El origen de los problemas financieros radica en la decisión del gobierno de desconocer la deuda contraída hasta 1973. De allí en adelante, como se sabe, se negó definitivamente a cumplir con los aportes estatales que le fijaba la Ley. La evasión empresarial y el irresponsable manejo de las reservas también contribuyeron al deterioro de los fondos de pensiones, en tanto que en el sector público la rama ejecutiva jamás cumplió con sus cotizaciones a las Cajas de Previsión.
En el movimiento sindical no reina la unanimidad sobre el diagnóstico ni sobre las soluciones. Mientras que la CGTD viene oponiéndose con firmeza al proyecto de ley, la CUT ha vacilado en aspectos medulares. En un primer momento respaldaron la elevación de los aportes; negaron la necesidad de la participación del Estado en el financiamiento y administración e, inclusive, en la cuestión fundamental de la creación fondos privados de pensiones mostraron conciliadores.
En el parlamento ha prevalecido la opinión de quien ofician de celestinas del régimen, como Botero Zea y Uribe Vélez conocidos de autos por la nefasta reforma laboral.
La reforma de la «seguridad social» prácticamente ha si probada en el Congreso, la cual niega el derecho de huelga trabajadores de la salud. El precio de las drogas registra un alza descomunal. La medicina prepagada presenta pérdidas por 4,200 millones, que sin duda se enjugarán el incremento de los costos cuotas de los usuarios.
En el ámbito internacional aunque organismos como la OIT o revistas como The Economist de Londres han hecho pública su posición crítica sobre el modelo chileno, inspirador de la reforma neoliberal, la tendencia continúa siendo a descargar la solución de los problemas en los hombros de la población, en especial de los asalariados, como salida a la recesión económica. Ante la evidencia de la crisis de los programas de apertura, los gobernantes latinoamericanos comienzan a enfatizar la conveniencia de concentrar esfuerzos en la atención de los «aspectos sociales» de las gentes de más bajo nivel de vida. Pretenden, de esa manera, contener la explosión de la rebeldía popular.
El empecinamiento de Gaviria en la privatización del Seguro obedece al compromiso adquirido de abrirle paso a la inversión extranjera, de desestatizar el sector financiero y conferir aún mayor preeminencia a los dómines del gran capital, por el estilo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el sindicato antioqueño, Julio Mario Santodomingo y Ardila Lulle, beneficiarios, junto al capital foráneo, de la reforma.
La Constitución de 1991 (III): LOS DEFINITIVOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Bases del nuevo ordenamiento territorial por decreto
De acuerdo con la constitución la labor legislativa del congreso abarca múltiples aspectos en materia del nuevo ordenamiento del territorio nacional. Entre ellos, fijar las bases de la organización territorial, definir las competencias de las entidades que la conforman, legislar para los nuevos departamentos y sobre la capital de la república.
Precisamente porque sentar las aludidas bases resulta de cardinal importancia para el desarrollo de la nueva organización territorial, las disposiciones transitorias resolvieron, en unos cuantos artículos, despojar al Congreso de dichas funciones y trasladárselas, sin más ni más, al presidente.
Gaviria pudo así recibir y verter en un proyecto de ley las conclusiones de la comisión de estudio sobre ordenamiento territorial que él mismo designó, decretar la organización de los nuevos departamentos, nombrar en varios de ellos sus primeros gobernadores, reglamentar el control de densidad de poblacional del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y expedir por decreto el régimen especial del Distrito Capital de Bogotá. Este último con la capital en un reyezuelo, recorta aún más las atribuciones del concejo distrital y autoriza la consiguiente andanada de impuestos sobre la inerme ciudadanía. De igual forma, el gobierno fue facultado para decretar el vital régimen de servicios públicos domiciliarios y su sistema de tarifas, así como las competencias municipales.
El fondo para las emergencias de Gaviria
Defensores de la nueva Constitución y medios masivos de comunicación siguen celebrando, como el mayor logro en las costumbres políticas colombianas, la supresión de los auxilios parlamentarios. Catilinarias contra los corruptos y certificados de defunción contra el clientelismo ponen la nota común en el «nuevo país».
Poco se fijan los desaforados Catones en el artículo transitorio 46. Allí se autoriza el funcionamiento, por cinco años, de un multimillonario fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia, para financiar proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población. Bancadas enteras de parlamentarios se cuentan, naturalmente, entre tales sectores «vulnerables» a los caudales del mentado fondo. Y ni qué decir de las ingentes legiones de desharrapados con cuyas necesidades se traficará con presteza, con los fondos del fondo de Palacio, para convertirlos en carne de urna del candidato presidencial de las preferencias del gobierno. Así lo han denunciado varias voces autorizadas.
Resulta evidente por qué el gobierno tiene entre ojos al «Veedor»: éste ha osado señalar con dedo acusador la bolsa que contiene el ábrete sésamo de los proyectos y metas presidenciales. No es para menos: de los miles de millones de pesos del fondo en cuestión bien puede depender la elección del próximo presidente de Colombia.
Alguna vez se catalogó a Colombia como el país de las maravillas. Lo que sucede se sitúa por lo menos en la categoría del «realismo mágico». El mandatario que funge de némesis del clientelismo ha levantado el más monumental aparato clientelista. Los auxilios, lapidados por su utilización parlamentaria, ¿recibirán la bendición ahora, del Estado cuando el que los administra es el propio César?
Subordinación de la justicia al gobierno. El fiscal, agente del presidente
Si alguna esfera del Estado recibió el tratamiento de tierra arrasada, ése fue el de la justicia. Correspondía al Congreso determinar el número de magistrados de la Corte Constitucional y al Senado su elección, pero tanto lo primero como la designación – directa e indirecta- de la mayoría de sus integrantes se le atribuyó al presidente. Más aún, la misma prerrogativa le fue otorgada para nombrar directamente la mayoría de miembros del Consejo Superior de la Judicatura, que ejerce el control general de toda la pirámide judicial del país.
A fines de noviembre de 1991 la «Comisión Especial» que se integró en reemplazo del Congreso revocado -llamada «congresito»-, aprobó el draconiano Código de Procedimiento Penal hoy vigente. Gaviria también recibió autorización, otra vez suplantando al Congreso, para organizar la Fiscalía General de la Nación. El hecho corroboró la intención de convertir a la Fiscalía en una oficina policiaco-judicial sin independencia, como instrumento represivo totalmente subordinado al gobierno. La persecución y el encarcelamiento de los líderes sindicales de Telecom, al igual que la asimilación del ejercicio del derecho de huelga al terrorismo, lo comprueban sin réplica. A despecho de la alharaca oficial sobre la reducción del tamaño del Estado, la Fiscalía conformó un monstruo burocrático que aglutina bajo su mando una impresionante lista de dependencias judiciales y policivas. No sólo se mantuvo la ominosa justicia se creta, sino que se entregó al Fiscal -el Gran Inquisidor del régimen- las temibles facultades de ordenar a los órganos punitivos allanamientos, intercepción de comunicaciones, captura de personas y recolección de evidencias.
Varias otras medidas, algunas de ellas de primordial importancia, recogen las posiciones transitorias en varios de sus artículos: nombramiento de la junta directiva del Banco de la República por el presidente Gaviria; expedición de decreto presidencial sobre las funciones del banco; conversión de la Comisión Nacional de Valores en Superintendencia; normas fiscales y otras – sobre territorios indígenas; adjudicación de baldíos a las comunidades negras de la zona pacífica, etcétera.
La acentuada tendencia del gobierno a arrasar inclusive la propia normatividad constitucional que le impuso al país se percibe en el hecho de que 18 de sus decretos han sido declarados total o parcialmente inexequibles por los altos tribunales en los últimos nueve meses, entre ellos varios del paquete relativo a la «modernización» del Estado. La Corte Constitucional tumbó la disposición de la ley 15 del año pasado, aprobada a instancias del gobierno, que pretendía prolongar indefinidamente la detención de las personas. La Asociación de Abogados Defensores anunció una demanda contra el presidente por fraude procesal. La respuesta del ejecutivo, mofándose de las sentencias judiciales, consiste en hacer aprobar como legislación permanente, por un Congreso dócil, los decretos dictados al amparo del estado de conmoción interna.
Las Disposiciones Transitorias remataron el proceso que culminó con la expedición de la Constitución de 1991. Proceso espurio de punta a cabo, como las justificaciones esgrimidas para impulsarlo y las instituciones que trajo al mundo, al igual que la Asamblea que fue su parturienta y el gobierno que lo fraguó todo.
LA UNIVERSIDAD TAMPOCO ESCAPA A LA REACCIONARIA EMBESTIDA
En diciembre pasado, en medio del alud de normas que se volcó sobre el país a la sombra de la nueva Constitución, el régimen gavirista expidió la ley 30 de 1992, «por la cual se organiza el servicio público de la educación superior».
Su antecedente inmediato es el Plan de Apertura Educativa, que señaló dos orientaciones básicas: la privatización y el recorte de los derechos democráticos.
En lugar de resolver la asfixia económica de las universidades, la ley 30 a la política de autofinanciación anunciada por el Plan. A la lista de exacciones pecuniarias que pesaba sobre el estudiantado, la ley 30 acentúa la política de autofinanciación anunciada por el plan. A la lista de exacciones pecuniarias que pesaba sobre el estudiantado, la ley llega al extremo de cobrar por aparte el uso de canchas, computadores y baños, autorizando un sobreprecio del 20% en la matrícula con el eufemismo de «derechos complementarios. Y ha excluido del llamado “bienestar estudiantil” las residencias, las cafeterías subsidiadas y el servicio médico.
La universidad se ve compelida a buscar parte de sus recursos en la venta de servicios. La investigación no podrá entonces abordar los temas que interesan a profesores y estudiantes, sino los que defina la entidad que financia, asuntos casi siempre contrarios a las conveniencias de la nación.
De esta manera, las instituciones de enseñanza superior no pondrán sus recursos humanos y físicos al servicio de objetivos académicos sino de actividades de «extensión», en procura de los ansiados pesos.
Los claustros docentes se convertirán en simples herramientas al servicio de la maquila y en capacitadores de la mano de obra que ésta requiera y de tan bajo nivel como el de las empresas usuarias. El Departamento Nacional de Planeación se encargará de velar porque así ocurra.
El siguiente paso consistirá en la importación masiva de profesionales extranjeros, como lo ha venido repitiendo el ministro Rudolf Hommes.
Dentro del modelo económico planteado, además de la maquila, el gobierno fomenta las ruinas de la microempresa, la otra alternativa a la quiebra de la producción nacional. ¿Qué interés tendrá entonces en impulsar una universidad racional, científica y popular? ¿Cuántos ingenieros podrán necesitar los talleres artesanales que, como las maquilas de Don Matías, Antioquia, se reducen al mero ensamblaje de piezas o a armar pantalones?
Atentado contra la democracia y la autonomía
Con la reforma, el ejercicio de los derechos democráticos se torna aún más difícil. El Consejo Superior instaurado por la ley 30 coloca a estudiantes y profesores en franca desventaja, pues cada uno de estos estamentos cuenta con un solo escaño, de los nueve que lo componen. Los demás organismos de gobierno van a desempeñar simplemente funciones asesoras de la rectoría o del Consejo Superior. He aquí otra típica manifestación de la «democracia participativa», en la cual las decisiones quedan en manos de una camarilla.
Los restantes derechos democráticos no reciben un mejor tratamiento. La libertad de cátedra y la de asociación seguirán en entredicho, ya que pende sobre los docentes ser desmejorados, por cuanto su vinculación se llevaría a cabo sin estabilidad y con escasas reivindicaciones laborales.
Queda restringida también la autonomía de la universidad pública. El Art. 28 de la ley, en espesa parrafada, estipula una serie de cobros excesivos al estudiantado y consagra un sinnúmero de limitantes, cual lo ejemplifican las omnímodas atribuciones entregadas al Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, organismo extrauniversitario que reemplazó al Icfes. En contraste, a la educación privada sí se le respetan sus fueros.
El gobierno pretende dar el puntillazo con el nuevo sistema de «bienestar universitario», mediante el cual aspira a poner bajo su égida al movimiento estudiantil.
En estas circunstancias resulta imperioso unificar y movilizar a los estudiantes colombianos en la defensa de una universidad totalmente financiada por el Estado, que se ponga al servicio del interés nacional, de la ciencia y de las masas.
Se requiere constituir cuanto antes una organización gremial que tenga como característica la democracia interna y la independencia frente al gobierno, dotada de un programa que recoja las aspiraciones más sentidas del estudiantado.
Para la realización de tales tareas la masa estudiantil cuenta con una rica experiencia de varios decenios. Poco a poco se han ido derrotando las concepciones del oportunismo de izquierda y abriéndose paso las tácticas acertadas que parten de defender las formas organizativas democráticas. Las nuevas generaciones, presentes y futuras, sabrán beneficiarse de las enseñanzas del pasado.
FISURAS EN LA ARMAZÓN DE EUROPA
Hace unos días los periódicos informaban de una crisis en el sistema monetario europeo, con previsibles consecuencias para el plan de largo alcance de unidad económica y política en el viejo continente. ¿Por qué se da la crisis monetaria? ¿Quién gana y quién pierde?
Hablar de Europa significa hablar de Alemania, el país más poderoso de la Comunidad. Una república federal, no unitaria como Inglaterra, cuya estructura política se presta para convertirse en estado supranacional en una Europa expandida. Ya ejerce omnímoda influencia sobre una serie de regiones aledañas, en forma parecida a la de Estados Unidos sobre la región fronteriza de México. Se trata de Bohemia y Moravia, en la extinta Checoslovaquia; Croacia y Eslovenia, en la antigua Yugoslavia, y los países bálticos.
Alemania reunificada suma una población 60% mayor que la de Inglaterra, Francia o Italia, con un PNB que representa casi la tercera parte del total europeo-occidental. Es el segundo exportador del mundo, la principal fuente de productos manufacturados, con preeminencia en ramas claves como químicos, hierro y acero, metales no ferrosos, maquinaria industrial especializada, maquinaria metalúrgica, máquina-herramienta y equipos industriales de plomería y calefacción.
Dadas las ventajas que provendrían de una Europa federalizada, con Alemania como potencia central, los dirigentes germanos han venido impulsando el proceso de unificación. Como parte de éste la CEE estableció en 1979 el Mecanismo Europeo de Paridad Cambiaria, MEPC.
Con base en él se estableció una franja de variación de tipos de cambio para las monedas de los países integrantes, de 2 y 1/4 hacia arriba o hacia abajo respecto de su tasa central. La estabilidad de los tipos de cambio ha dependido de la armonía alcanzada alrededor de las políticas fiscales y monetarias entre los países miembros. Se trata de un paso previo a la introducción de una moneda común, una banca central conjunta y una política monetaria única y generalizada, tal como lo prevé el Tratado de Maastricht.
Dicha meta se ha hecho cada vez más distante. Países europeos agobiados por la peor recesión desde la década del treinta, con tasas de desempleo superiores al diez por ciento, o al veinte, como España, se han visto obligados a emprender una política económica expansiva que les permita tasas de interés más bajas que las mantenidas por el Banco Central de Alemania, o recurrir a devaluaciones monetarias que faciliten el incremento de las exportaciones. Al revés, los dirigentes alemanes, preocupados por el potencial inflacionario de los gastos públicos derivados de la reincorporación de Alemania Oriental, han tenido que mantener altas tasas internas de interés.
Es en este momento cuando entran a la puja los especuladores, procurando pescar en río revuelto. Figura entre ellos, en primer lugar, Estados Unidos, calladamente feliz de poder meter baza en el asunto de la moneda común europea. De un tiempo a esta parte, para los usureros y agiotistas ha sido buen negocio invertir en monedas europeas. No se olvide la tasa de interés era superior a la del dólar, y que los bancos centrales intervenían constantemente para preservar la fluidez entre las tasas de cambió de las monedas ligadas al marco alemán. Desde el pasado invierno, a medida que la recesión cobraba fuerza, particularmente en Francia, los rumores de que este país tendría que apartarse de las políticas del Bundesbank y rebajar los costos del dinero cundían por doquier. Previendo esto, los especuladores empezaron a deshacerse de sus francos a como diera lugar. No había pérdida posible: se sabía que Francia no podía aumentar sus tasas de interés, y los francos encontraban comprador a buen precio en los bancos centrales europeos, dispuestos en aquel entonces a conservar las respectivas paridades monetarias. El año pasado las maniobras de los financistas internacionales lograron sacar del sistema a la lira y a la libra esterlina. Luego la presión se vuelca sobre el franco. Como la depreciación de las dos monedas le había permitido a Italia y a Inglaterra quitarle mercados exportación a Francia en los rubros de vinos, ropas, autos y electrodomésticos, la devaluación en este país era apenas de esperarse.
La salida que le dan al problema los ministros de finanzas de la CEE estriba en modificar el mecanismo del tipo de cambió, permitiendo ampliar la banda de variación del 2 y 1/4 al 15% hacia arriba o hacia abajo de la tasa central. Ello permite, “ganar tiempo” en el proceso de unidad, al tiempo que brinda un respiro a los países en peores dificultades y le resta espacio a la especulación. En eso quedó la crisis.
Al canciller Kohl, de Alemania, todo esto le cae como una patada en el estómago. Durante las vacaciones de verano en su lago austriaco favorito el líder teutón declaró que, de no producirse una unión económica en Europa, sería imposible a la larga evitar otra guerra entre las potencias europeas. Ya con anterioridad había manifestado su desafecto con aquellos que se dedican a sacar partida a los desajustes monetarios, y con lo cual contribuyen a echar a pique el proceso de la unidad europea. Se refería, sin duda alguna, a Estados Unidos. El pasado 3 de febrero, el International Herald Tribune, periódico de las cámaras de comercio de las capitales europeas, citaba al canciller Kohl, quien culpaba a fuerzas anónimas de «torpedear» la estabilidad de las monedas del Continente. Kohl se limitaba a repetir, soslayadamente, lo que en días anteriores había señalado en forma nítida el ministro francés Beregovoy, cuando acusó a Washington de moverse tras bastidores en busca de hacer zozobrar la gestión monetaria europea.
No hay duda de que los recientes problemas padecidos por Europa causan gran regocijo en Washington. Los gringos prefieren que reinen no aquí sino allá la confusión y el desacuerdo, sobre todo en vísperas de las negociaciones del GATT. Divide y vencerás.
CIFRAS OFICIALES EN CONTRAVÍA DE LOS HECHOS
Los colombianos vivimos una cruda y diaria realidad: la pérdida incesante de empleos. El fenómeno es de tal magnitud que la misma gran prensa no ha podido ocultarlo. En Medellín, se han producido más de 3.000 despidos en la industria textil, en los últimos meses. El gobierno reconoce que la «modernización» del Estado ha significado el lanzamiento a la calle de 35.000 funcionarios. Cifra alta, por supuesto, pero amañada. Además se calcula que por la reducción del área sembrada entre 1992 y 1993, se han dejado de generar 128.900 empleos directo rurales, según el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas. Mencionamos apenas algunos casos.
¡Pero cual no será la sorpresa del hombre del común cuando de pronto encuentra que las cifras del DANE hablan de un incremento del empleo! Y los comentaristas de oficio insisten en que los malos presagios sobre la apertura han sido desvirtuados por las estadísticas.
El volumen de la ocupación
El DANE indica que le paro obrero habría disminuido de 587.000 desocupados en 1992 a 476.000 actualmente. Lo atribuye a dos factores: primero, a que un menor número de persona busca trabajo, y, segundo, a la creación de más puestos. La verdad es que la crisis empuja a núcleos cada vez mayores de cesantes a la desesperanza y ya ni siquiera buscan ocupación.
En cuanto a los “nuevos empleos”, los cálculos mentirosos, se basan en un espejismo, la microempresa, esa artificiosa forma de producción que impulsan las agencias de crédito internacional, como salida a los crónicos problemas del subdesarrollo. Estudios recientes de Planeación Nacional señalan que las unidades de menos de diez trabajadores, famiempresas y microempresas, aglutinan alrededor de 2.800.000 personas. Para mejor comprender la cuestión, debemos sopesar los cambios demográficos, que tienden a la baja.
Cabe anotar que la euforia desatada respecto de los supuestos 73.000 nuevos cupos, creados entre junio de 1992 y el mismo mes de 1993 no tiene sentido, ya que este guarismo no representa ni siquiera la tercera parte de los 262.000 puestos de trabajo reportados un año antes en el mismo periodo. Al contrario, el desaceleramiento de la generación de empleo resulta inevitable pues responde a las crecientes dificultades que viven la industria y la agricultura. Además, como lo ha revelado el ministro de Hacienda, esas nuevas plazas se han abierto en la rama judicial y las fuerzas militares, o en el sector de la construcción, que absorbe mano de obra sin estabilidad y con jornales de hambre. ¿Son estos los milagros de la apertura? No, más bien una manifestación de sus estragos.
La mal llamada calidad de empleo
El comportamiento cíclico de las tasas de ocupación y desocupación no tienen pronunciadas diferencias, como lo registran los últimos años, debido a diversas causas económicas y demográficas. Hoy, el elemento crucial de la discusi6n consiste en la denominada “calidad” del empleo.
Las encuestas de hogares adolecen de una falla protuberante. No se considera cesante a aquel que declare haber laborado al menos una hora remunerada durante la ultima semana. Sólo quien escape a esa situación y se encuentre buscando puesto se estima como desempleado. De tal modo que las estadísticas pueden expresar perfectamente un rápido incremento de las ocupaciones esporádicas mediante un numero reducido de horas y bajas remuneraciones.
A su vez, por encima de las alzas y bajas de los porcentajes de desempleo, las formas denigrantes del trabajo se han venido haciendo mas patentes en los últimos años.
Bajo el disfraz de un crecimiento de la ocupación, así sea solo vegetativo, se oculta el reemplazo veloz del empleo permanente por el temporal, en sus diversas modalidades. En el presente casi el 40% de los puestos urbanos de trabajo corresponde a operarios temporales, lo que implica una degradaci6n y un deterioro brutal de los ingresos de las masas laboriosas.
Terminemos por señalar que los datos corresponden únicamente a siete capitales. El resto del país no se halla cobijado por las encuestas. La crisis agropecuaria, verbigracia, no queda reflejada en las estadísticas.
Definitivamente en este punto, como en tantos otros, los índices oficiales van por un lado, mientras la realidad marcha en dirección opuesta.
EL GRUPO DE TRASPLANTES, LUSTROS DE EVOLUCIÓN CIENTÍFICA
El Grupo de Transplantes de Medellín se inició en 1968, con una fase de experimentación tendiente resolver ciertos problemas técnicos y tecnológicos relacionados con este tipo de cirugía. No menos importante era desarrollar la inmunología, cuestión básica para el manejo de los pacientes.
Resueltos ambos retos, experimentando con animales, el Grupo realizó el primer transplante renal de donante vivo a finales de agosto de 1973, hace veinte años. El brillante equipo de profesionales tiene a su haber varios miles de vidas salvadas.
El construir los cimientos de tan maravillosa aventura, que ha revolucionado la vida académica y científica de la Universidad de Antioquia y del país, se debe a la visionaria decisión de tres médicos, los doctores Jaime Borrero Ramírez, Gustavo Escobar y Álvaro Velásquez Ospina, este último jefe en la actualidad del Grupo de Transplantes. Ellos lograron salir airosos, desafiando enormes dificultades materiales, sobre todo por la falta de apoyo del Estado, y derrotando las ideas predominantes en el decenio del sesenta, renuentes a aceptar el concepto de muerte encefálica. Demostrar en aquella época que era en el cerebro y no en el coraz6n donde radicaba la esencia de la vida costó acaloradas contiendas provinciales y aun nacionales, en que tomaron parte circunspectos académicos de la medicina, abogados enredadores y hasta voceros de la arquidiócesis, empeñados en sentar doctrina sobre cuando y cómo partía el alma de su celda corpórea.
Fue un viejo profesor de Medicina Legal de la Universidad de Antioquia, el doctor German Díaz López, quien con un apunte burlesco puso fin a la enconada discusión: «Bueno, señores -preguntó-: ¿ustedes lo que quieren es un muerto medio vivo? ¿O un vivo medio muerto?»
En resumen, el donante es una persona que se encuentra en estado de muerte encefalica. Aun cuando el resto de su organismo se encuentre bien, su cerebro no tiene recuperaci6n posible.
Quedaba aún por recorrer un difícil camino: el de convencer a los deudos de que se atrevieran a entregar fragmentos vivientes a los enfermos terminales del corazón, riñones, páncreas, hígado, pulmón. También se logró coronar con suerte la tarea, a tal punto que el primer transplantado renal cumple hoy veinte años con el Grupo.
Imbuidos por el entusiasmo y la persistencia de los tres pioneros, varios científicos e investigadores, entre ellos el doctor Jaime Restrepo Cuartas, no dudaron en sumarse al nuevo proyecto, coadyuvando a afianzarlo. Hoy el Grupo de Transplantes de Medellín, compuesto por más de 40 personas, se ha ganado el respeto y el reconocimiento de la comunidad científica nacional e internacional y ya sus trabajos han empezado a circular en las revistas científicas de Europa y América del Norte, para orgullo del país.
Con motivo de estar cumpliendo veinte años el Grupo de Trasplantes, Tribuna Roja entrevistó al doctor Jaime Restrepo.
Tribuna Roja: ¿Cuales son los principales logros obtenidos por el Grupo de Transplantes de Medellín?
Jaime Restrepo: Después de resolver los problemas técnicos y tecnológicos y haber creado el Grupo de Inmunología, que ha dado un invaluable impulso al trabajo científico en esta área, se efectuó el primer transplante, hace veinte años. A partir de entonces el Grupo ha realizado más de 900 transplantes de riñón, con sobrevidas del 90%; 35 de corazón, con sobrevidas por encima del 50%; 12 de hígado, 7 de páncreas, una de corazón-pulmón, y mas de 3 mil de córnea. Tales resultados habrían sido imposibles sin tres bases fundamentales: una, el haber constituido un equipo interdisciplinario al que se han integrado numerosas especialidades, tanto médicas como quirúrgicas.
Dos, el carácter interinstitucional del Grupo. Además del Hospital Universitario San Vicente de Paúl y de la Universidad de Antioquia, participan también el ISS, que aporta el 60% de los pacientes, y el Centro Cardiovascular-Clínica Santa Maria, con la cual se hacen los transplantes de corazón.
Y tres, la creación de una serie de laboratorios y áreas de soporte que se han venido desarrollando autónomamente, como son el Laboratorio de Nefrología, el de Inmunología, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Hepatología y el Grupo de Páncreas, entre otros.
Tribuna Roja: ¿Cuales han sido las más protuberantes dificultades?
Jaime Restrepo: Las económicas, indudablemente. Estos avances científicos y tecnológicos requieren equipos y terapias muy costosos. Sin embargo, el Grupo de Transplantes ha logrado mantenerse en un buen nivel gracias a la colaboración de algunas instituciones de salud, fundamentalmente el Seguro Social, y al abnegado trabajo de los miembros del equipo, a quienes sólo los impulsa el deseo de servir a la comunidad y no el interés mercantilista.
Hemos tropezado con obstáculos para obtener los equipos modernos aparecidos en los últimos años, así como para conseguir las drogas que sirven para el manejo de la inmunosupresión no tan asequibles en nuestro
Tribuna Roja: ¿Cuanto cuesta el sostenimiento de un paciente transplantado?
Jaime Restrepo: Teniendo en cuenta solo el suministro de fármacos, el costo llega a los $500 mil mensuales. Nosotros utilizamos tres drogas básicas, pero han sido producidas en el mundo otras nuevas que contribuyen mucho al manejo del paciente, como las globulinas antitimocíticas y antilinfocícas, los anticuerpos monoclonales y algunas más que todavía carecen de nombre comercial, como es el caso del FK 506. Los precios de todas ellas son muy altos. Si una persona no cuenta con una institución que la respalde financieramente, es imposible hacerle un transplante.
Tribuna Roja: ¿Entonces como ha logrado el Grupo cumplir la magnifica labor que hoy celebran el país y la comunidad científica?
Jaime Restrepo: Con el respaldo de instituciones como el Seguro Social, Cajanal, el municipio de Medellín, el departamento y algunos ministerios que han financiado a los enfermos. Pero no existe una financiación estatal ni fija ni adecuada. Antes, por el contrario, la asfixia económica del Hospital San Vicente de Paúl viene afectando algunos programas del Grupo de Transplantes.
Tnbuna Roja: ¿Cual es la situación actual de este centro asistencial?
Jaime Restrepo: El hospital vive la peor crisis de toda su historia. El tradicional descuido de las instituciones de servicio social se refleja perfectamente en el recorte sistemático de los muy limitados aportes al San Vicente de Paúl. Si no me equivoco, los últimos datos indican que el déficit sobrepasa los $ 8.000 millones.
A tan gravísimo cuadro se soma el hecho de que el hospital se definió desde 1992 como entidad privada. En consecuencia, de acuerdo con la ley 10 de 1990, dejara de recibir aportes estatales y se vera obligado a obtener sus propios recursos por la venta de servicios. Esto hace que las penurias se agraven cada vez más, por estar el centro prácticamente especializado en la atención de las urgencias de Medellín que, como todo el mundo sabe, tienden a aumentar en proporción al incremento de la violencia. Tanto la cirugía electiva programada como los casos diferentes a las emergencias originadas en casos de sangre han sido eliminados porque el hospital es incapaz de atenderlos. Las personas que ingresan a urgencias casi nunca cuentan con recursos económicos, sino que pertenecen a la población más pobre del Valle de Aburrá. Al Hospital San Vicente de Paúl se le hace entonces cuesta arriba recuperar los costos de atención. Y el déficit se va acrecentando con cada día que pasa.
Tribuna Roja: Ante tal diagnóstico ¿puede afirmarse que el avance de la ciencia sea posible en un país como Colombia?
Jaime Restrepo: El desarrollo científico en un país como el nuestro es sumamente complicado. Sin embargo, no siempre depende de la situación económica. Requiere también de personas interesadas en la ciencia, dispuestas a sacrificarse en lo personal en aras de lograr ese avance, que se basa, sobre todo en nuestro medio, en transferir y, obviamente, adaptar ciertas tecnologías.
Nuestro Grupo, para poner un ejemplo, no ha contado ni con grandes recursos ni con equipos ultramodernos, y se ha visto obligado a adaptar tecnologías menos costosas pero que nos han permitido nuestro propio desarrollo. En el terreno de la inmunología esta actitud ha sido decisiva, pues en la preservación de los órganos hemos hecho innovaciones que permiten efectuar el transplante con buenas garantías de éxito. Estamos produciendo en el Hospital San Vicente nuestra propia solución de preservación, a base de citratos, en que se conservan con seguridad los órganos destinados a los transplantes. No estamos haciendo uso de sofisticados equipos sino que recurrimos a simples ollas de cocina, alrededor de las cuales se coloca hielo para mantener la temperatura en 4 grados centígrados.
Tribuna Roja: Uno de los eventos con que se conmemoraron los veinte altos del Grupo fue el Simposio Internacional en el Recinto Quirama de Rionegro. ¿Que conclusiones salieron de el?
Jaime Restrepo: El Simposio, al que asistieron los doctores Milford, de estados Unidos, y Luis Toledo Pereira, sirvió para intercambiar opiniones y experiencias entre todos los grupos de transplantes del país, con miras a lograr el concurso y asesoría de personas con amplia trayectoria, como los dos especialistas mencionados. Fue también exitoso porque corroboró el reconocimiento internacional de que goza el Grupo de Transplantes de Medellín y porque detectamos en el los problemas básicos que nos aquejan, para los cuales estamos ya buscando alternativas. La dificultad económica para conseguir los medios tecnológicos que nos faltan es uno de esos problemas.
Estamos buscando mecanismos de cooperación entre todos los grupos de transplantes del país y hemos discutido la necesidad de crear una Red Nacional de Donación de Órganos.
A pesar de las dificultades, el Grupo está dispuesto a continuar la tarea que se ha propuesto en bien de la comunidad.

References: artículo 3
 artículo 67
 artículo 32
 artículo 19
 artículo 57
 artículo 60
 artículo 63
e contrario