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Timestamp: 2020-05-30 12:38:38+00:00

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La inobservancia del confinamiento y el delito de desobediencia o la infracción administrativa | SOCYLEX ABOGADOS
por SOCYLEX Abogados | May 6, 2020 | Administrativo
No son pocas las consultas realizadas estos últimos días sobre la orden de confinamiento, su quebrantamiento y las sanciones impuestas, y en este sentido son varios los interrogantes que se suscitan por el incumplimiento de la obligación de confinamiento, y los límites entre la infracción administrativa y la penal. Estamos ante el incumplimiento de una norma de alcance general dirigida a toda la población que ha supuesto cerca ya de un millón de propuestas de sanción y alguna que otra detención por delito de desobediencia. En cuanto a la sanción administrativa parece a priori clara tanto la motivación, como el procedimiento, aunque como luego se verá pueden surgir serias dudas, pero sin embargo en cuanto al delito de desobediencia cuando no ha existido con anterioridad un requerimiento formal e individualizado de la prohibición de deambulación por vía publica tengo más que serias dudas.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el Estado de Alarma, y estableció una serie de limitaciones a la libertad de circulación de los ciudadanos por las vías o espacios de uso público, generando así la primera interrogante, sobre si el estado de alarma, puede prohibir de manera genérica un Derecho Fundamental reconocido en la Constitución Española, o sin embargo debió ser objeto de prohibición mediante la declaración del Estado de Excepción. Y que decir sobre las sanciones o detenciones realizadas en las zonas comunes de las comunidades de vecinos, y en consecuencia zonas privadas, que no están afectadas por el RD 463/2020. Sobre este último tema que dejaremos aparte, no son pocas las comunidades que han prohibido el uso de las zonas comunes, pero en realidad, ¿puede el administrador o el presidente prohibir el uso de zonas comunes?
Volviendo al tema, de una simple lectura del artículo 55.1 de la Constitución, se aprecia que los derechos fundamentales reconocidos en el mismo texto, no son objeto de regulación por la declaración del estado de alarma, requiriendo la declaración del estado de excepción o de sitio, impresión esta que se ve reforzada con el estudio de la Ley orgánica 4/1981 de 1 de junio, que regula los estados de alarma excepción y sitio, por lo que antes de profundizar hagamos una lectura de los artículos objeto de debate;
Artículo 55 de la Constitución Española.
Artículo veinte. (Dentro del capítulo III sobre el estado de excepción)
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, establece en su artículo 20 el régimen sancionador, al disponer que;
«el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio».
Y el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio…
Parece claro que el R.D 463/2020, decretó la suspensión entre otros del derecho a deambular por las vías públicas así como fijar su lugar de residencia libremente y se impone la obligación de confinarse en su domicilio, autorizando exclusivamente salidas en casos tasados. Estas restricciones suponen la suspensión del derecho fundamental a la libre circulación y a elegir el lugar de residencia consagrado en el artículo 19 de la Constitución, y no olvidemos que el artículo 19 pertenece al capítulo segundo “derechos y libertades” Del título primero de la Constitución de los derechos y deberes fundamentales. En consecuencia, nos encontramos ante una clara injerencia legislativa, ya que como dispone el artículo 55.1 de la Constitución, únicamente se pueden suspender los derechos fundamentales del artículo 19 través de los estados de excepción y de sitio.
Consecuencia directa de lo dicho, no podemos más que considerar que el propio Real Decreto no se ajusta a la legislación vigente, que las prohibiciones impuestas debieron acordarse mediante la imposición del estado de excepción que si puede suspender el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del artículo 19 de la Constitución, y en consecuencia y por la teoría de los frutos del árbol envenenado, todas las sanciones administrativas impuestas pueden y deben ser declaradas nulas, o al menos aquellas impuestas por quebrantar la orden de confinamiento, pues nos podemos encontrar con otras que puedan prosperar como las impuestas por circular más de una persona en un vehículo o cualquier otra que no afecten a los derechos reconocidos en el artículo 19 de la CE.
La Ley limita las medidas que pueden adoptarse mediante el estado de alarma a unas concretas; entre ellas limitar la circulación o permanencia de personas a ciertas horas y en ciertos lugares, o condicionarlas a ciertos requisitos. “A ciertas horas y en ciertos lugares” debe interpretarse como una restricción de la propia prohibición adoptada que no puede generalizarse ni a la totalidad del tiempo ni de los lugares, sin perjuicio que pueda quedar prohibido determinadas formas de desplazarse, las condiciones en que debe haberse, etc., pero aun así, creo que no será fácil obtener un pronunciamiento favorable de los recursos que se presenten por vía gubernativa, y tengo dudas que en la vía contencioso administrativa den la razón al administrado sin un pronunciamiento previo de inconstitucionalidad.
Y qué decir de los casos de propuestas de sanción por salir a adquirir productos que según los agentes de la autoridad no son de primera necesidad, como quien fue denunciado por adquirir patatas fritas, incurriendo nuevamente el ius puniendi del Estado en un exceso de celo y aun abuso del derecho, Recordemos que el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, establece que está permitida la circulación de personas cuyo objetivo fuere la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos “y” de primera necesidad; y recalco “y” porque no dice “y que sean”, es decir se permite deambular para la adquisición de cualquier tipo de alimentos, y además productos que sin ser alimentos o productos farmacéuticos sean de primera necesidad como el papel higiénico, productos de higiene personal, etc.
Pero si no está clara la existencia de infracción administrativa, menos aún están los límites entre la infracción administrativa y la penal, por el mero incumplimiento del confinamiento dispuesto en el RD 463/2020, por delito de desobediencia, y si es posible la comisión del mismo por desobediencia de una norma de alcance general, dirigida a toda la población.
El art. 556 Código Penal dispone:
«1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.»
Recuérdese que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal rebajó la relevancia penal de las actuaciones de desobediencia a los agente de la autoridad pasando al ámbito del ilícito administrativo la desobediencia leve a agente de la autoridad, es decir, desobedecer a un agente que ordena regresar a su domicilio por no cumplir la orden de confinamiento, en ningún caso justificará la detención de este, pues estaríamos ante una infracción administrativa de la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.
Actualmente sólo se mantiene como delito la desobediencia cuando ésta sea grave, exigiéndose, además, un requerimiento previo directo y terminante y posteriormente la falta de cumplimiento de este mandato, o bien que la desobediencia sea grave. Es decir sólo cometerá el delito quien con anterioridad hubiese sido requerido por escrito (pudiendo ser válida de derecho una orden verbal si se prueba la misma, para lo que puede servir incluso la grabación hecha con el móvil) para que se respete la orden de confinamiento, y aun así desobedece dicha orden, o bien cuando la desobediencia sea grave, lo que, en atención al principio de intervención mínima del derecho penal, quedará sólo aplicable a situaciones muy concretas.
Por otro lado, considero que la reiteración en el incumplimiento de la orden de confinamiento no eleva directamente, sin más, la misma a la categoría de ilícito penal, sino que darán lugar a nuevas sanciones administrativas sin perjuicio de la aplicación de agravantes por reincidencia.
La jurisprudencia (entre otras STS 285/2007, de 23 de marzo y STS 394/2007, de 4 de mayo) destaca que:
«el delito de desobediencia, desde el punto de la vista de la tipicidad, requiere la concurrencia de los siguientes elementos:
la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus legales competencias;
la resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se le ordena, lo que equivale a la exigible concurrencia del dolo de desobedecer, que implica que frente al mandato persistente y reiterado se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo en una oposición tenaz, contumaz y rebelde».
Dicho esto, no confundamos el ilícito de desobediencia, con la resistencia grave, intimidación o agresión a los agentes de la autoridad pues esta conducta puede incardinarse en el delito de atentado del art. 550 del Código Penal.
Abogado de SOCYLEX Abogados
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References: Real Decreto 
 artículo 55

Artículo 55
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 55
 artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 550