Source: https://www.elaw.org/es/content/chile-alejandro-papic-dominguez-con-comunidad-indigena-aymara-chuzmiza-y-usmagama-no-2840-20
Timestamp: 2020-04-02 16:22:35+00:00

Document:
Chile -- Alejandro Papic Dominguez Con Comunidad Indigena Aymara Chuzmiza y Usmagama, No. 2840-2008 (25 Nov. 2009) (Aymara water rights) | ELAW
PRIMERO: Que por lo que toca a la casación en la forma, el recurrente sostiene que el laudo objetado incurre en la motivación del ordinal seis del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil, "por haber sido dada en contra de otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio", puesto que no le atribuye importancia alguna al edicto que hace valer al respecto, atinente al emitido el treinta y uno de mayo de dos mil seis, por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, en los autos N° 3695-05, que denegó un recurso de casación en el fondo entablado por la peticionaria en contra del fallo dictado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el dos de junio del año anterior, en la causa N° 6848-2002, que dejó sin efecto la resolución del Séptimo Juzgado Civil de Santiago que aceptó la demanda de nulidad de derecho público interpuesta por la Comunidad Indígena Aimara de Chusmiza-Usmagama en contra de las resoluciones de la Dirección General de Aguas N° 956, de once de diciembre de mil novecientos noventa y seis y N° 38, de veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, que constituyeron a favor de Agua Mineral Chusmiza S.A.I.C. un derecho de aprovechamiento de aguas, por caudal de cinco litros por segundo en la vertiente o socavón de Chusmiza, comuna de Huara.
En seguida delata conculcado el artículo 2° transitorio, inciso primero, del Código de Aguas, dado que el fallo recurrido en el basamento décimo aplica equivocadamente el inciso 2°, que trata sobre la regularización de los derechos de aprovechamiento que nunca han estado inscritos, ya que en esta situación la comunidad pretende normalizar derechos de aprovechamiento que están inscritos a nombre de su defendida y por ello, lo correcto era someter la solicitud a los términos de dicho inciso primero. Asimismo, yerra también el razonamiento cuarto, al exigir sólo dos requisitos, a saber, el cumplimiento de cinco años de uso ininterrumpido de las aguas a la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas y que la utilización haya sido libre de clandestinidad y violencia, omitiendo el tercer requisito, consistente en que las aguas se hayan usado "sin reconocer dominio ajeno", sobre el cual nada dice el edicto rebatido.
CUARTO: Que en lo relativo a la contravención constitucional invocada, conviene precisar que el texto fundamental, luego de garantizar a todas las personas, en el inciso primero del artículo 19, N° 24°, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, añade en su inciso final que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
De acuerdo a lo antes razonado, los jueces recurridos han actuado correctamente al determinar que la solicitud se ajusta a la hipótesis contemplada en el inciso segundo del artículo 2° transitorio, por lo que parece oportuno reproducir lo señalado a este propósito por el tribunal ad quem en el motivo décimo del fallo cuestionado, en el sentido que: "la sentencia recurrida se ha limitado a regularizar derechos preexistentes al verificar que las aguas reclamadas por la Comunidad Indígena han sido utilizadas por ésta en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 2° transitorio del Código de Aguas, derechos consuetudinarios que inclusive son anteriores a los de la sociedad demandante".
Tal como lo explica el autor Alejandro Vergara Blanco, estos derechos de aprovechamiento de aguas -los reconocidos por la ley-, "surgen como tales en cuanto la legislación, el ordenamiento jurídico, reconoce la legitimidad del uso consuetudinario de las aguas, o de las que se encuentran en una situación especial. Son, a su vez, de varias clases. Así, en primer lugar, pudieron haberse iniciado consuetudinariamente, pero una vez reconocidos tales usos por la legislación, pasan a tener la categoría de derechos; y una vez que esos usos consuetudinarios tienen la categoría de derechos, al mismo tiempo ocupan un lugar equivalente en cuanto a potencia, en cuanto a posibilidades, en cuanto a protección, a aquel lugar que ocupan los derechos constituidos. En segundo lugar, hay otros usos que la ley reconoce como derechos mínimos o limitados al cumplimiento de ciertos requisitos de hechos, fijados por ella misma. En tercer lugar, existen otros derechos antiguos reconocidos por la legislación" (Vergara B., Alejandro, Derechos de Aguas, tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 1998, páginas 321 y 322). Dentro de esta última tipología de derechos, este autor precisamente incluye aquellos reconocidos en favor de las comunidades indígenas por el artículo 64 de la Ley Indígena, agrega que "todos estos derechos así reconocidos carecen usualmente de formalización o inscripción, a menos que los titulares, voluntariamente, hayan procedido a hacerla, utilizando, en su caso, las vías de los artículos 1°, 2° o 5° transitorios del Código de Aguas, según los casos" (ob. cit., página 338).
Además, cabe tener en cuenta que en este procedimiento la comunidad solicitante no ha pretendido contradecir los derechos constituidos por Agua Mineral Chusmiza en el afluente en cuestión, sino regularizar sus derechos preexistentes y ancestrales sobre el recurso hídrico reconocidos en el artí culo 64 de la Ley N° 19.253, publicada en el Diario Oficial el cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, que prescribe: "Se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades Aimaras y Atacameñas. Serán considerados bienes de propiedad y uso de la Comunidad Indígena establecida por esta ley, las aguas que se encuentren en terrenos de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros hayan inscrito de conformidad al Código General de Aguas".
SEPTIMO: Que esta Corte tampoco vislumbra quebrantamiento alguno al artículo 64 de la Ley Indígena, porque la interpretación que los jueces del fondo han realizado de la expresión "terrenos de la comunidad", referida a aquellas tierras que, pese a ser de dominio ajeno, hayan sido utilizadas ancestralmente por los pueblos indígenas, es la única que posibilita el cumplimiento del deber de la sociedad en general y del Estado en particular, de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación (artículo 1°, inciso tercero, de la Ley N° 19.253).
Con esta interpretación que garantiza el suministro de agua para las comunidades autóctonas en comento, se logra cumplir con los objetivos ex presados en el Mensaje Presidencial que dio impulso a la actual Ley Indígena, referido a que: "Con respecto a la defensa y protección de los recursos con que cuentan las comunidades, el presente proyecto propone en su Título Segundo una legislación seria y responsable, que permita que se desarrolle la vida de esos pueblos. En el curso de nuestro mandato presidencial esperamos regularizar la propiedad de las tierras y aguas, asegurando, de este modo, a las comunidades posibilidades ciertas de desarrollo". "La situación de las comunidades del Norte Grande del país se ve afectada por la disputa de los recursos hídricos. Creemos de gran importancia que esta ley, junto a las modificaciones que hemos presentado al H. Congreso, del Código de Aguas, regule estos recursos de manera que sea posible la perduración de la vida humana en los pueblos y villas del norte del país. Creemos que sería un grave error que la población del norte del país se concentrara solamente en tres ciudades costeras importantes, abandonando el interior como consecuencia de una planificación defectuosa de los recursos de agua que son fundamentales para el desarrollo de la vida humana" (páginas 504 y 506 del Boletín N° 514-01 de la Cámara de Diputados).
Ello resulta coherente con el artículo 65 de la Ley en comento, que expresa: "La Corporación, sin perjuicio de lo establecido en las normas del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, incentivará programas especiales para la recuperación y repoblamiento de pueblos y sectores actualmente abandonados en las etnias aimaras y atacameñas". Por consiguiente, es indudable que el eje central de la protección dada a las aguas indígenas reside en la idea del repoblamiento de las comunidades andinas, para lo cual parece esencial que puedan disponer de los recursos hídricos necesarios para su subsistencia y desarrollo.
Por otra parte, también resulta orientador, al determinar la correcta aplicación del mentado artículo 64, considerar el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve y que fue publicado en el Diario Oficial el catorce de octubre de dos mil ocho, cuyo artículo 15, N° 1°, preceptúa que: lquote Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente", disposición que debe relacionarse con el artículo 13, N° 2°, del mismo Convenio, cuando señala: "La utilización del término `tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera".
En virtud de lo razonado precedentemente, no obstante ser un hecho no controvertido por los litigantes que la fuente de agua que abastece a la comunidad solicitante, denominada Socavón o Vertiente Chusmiza, se ubica en un predio inscrito a nombre de la empresa opositora Agua Mineral Chusmiza, lo que por lo demás consta en la respectiva inscripción de dominio que obra a fojas 68, tal circunstancia no impide aplicar la protección especial contenida en el artículo 64 de la Ley Indígena, que consagra una presunción de dominio y uso de las aguas de las Comunidades Indígenas Aimaras y Atacameñas, ya que no resulta acorde con el espíritu de la ley ni con el instrumento internacional aludido, restringir la presunción sólo a las aguas que escurren en terrenos de propiedad de la comunidad, sino que, tal como lo hicieron los jueces del grado, los términos "terrenos de la comunidad" deben interpretarse en consideración al objetivo final buscado por la norma, cual es garantizar el abastecimiento de las aguas y que es precisamente lo que pretende la comunidad peticionaria, lo que por cierto es coherente con entender que la protección alcanza a todas las aguas que se emplazan en los territorios que, desde tiempos precolombinos, han sido ocupados o utilizados de alguna manera por las comunidades beneficiadas.
OCTAVO: Que, en armonía con lo manifestado en las reflexiones precedentes, resulta palmario que tampoco se ha infringido el inciso segundo del artículo 3° transitorio de la Ley N° 19.253, cuando prescribe: "Igualmente, la Corporación y la Dirección General de Aguas, establecerán un convenio para la protección, constitución y reestablecimiento de los derechos de aguas de propiedad ancestral de las comunidades aimaras y atacameñas de conformidad al artículo 64 de esta ley.
Por eso es un error de la parte recurrente sostener que los jueces del fondo hayan empleado dicha norma como fundamento para acreditar el cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, por cuanto el tribunal ad quem, en el razonamiento tercero del edicto atacado, se limitó a citarla a propósito de la labor legislativa desarrollada dentro del marco constitucional del inciso final del artículo 19, N° 24°, de la Constitución Política de la República, relativo a la protección de los derechos "reconocidos de acuerdo a la ley", afirman los jueces que, a partir de esa disposición y del artículo 64 de la Ley Indígena, se han reconocido y protegido "los recursos naturales que desde la época precolombina son utilizados por la comunidades indígenas andinas, quienes actúan y se sienten poseedores de derechos ancestrales sobre las aguas existentes en los terrenos en que se encuentran asentadas".
Rol Nº 2840 – 08.

References: artículo 768
 resolución 
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 65
 artículo 64
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 64
 artículo 3
 artículo 64
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 64