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Timestamp: 2017-04-23 13:51:23+00:00

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Elecciones y comunidades indígenas: un ejercicio de autonomía – Horizontal
Elecciones y comunidades indígenas: un ejercicio de autonomía	Disenso | Mayo 28, 2015	Elecciones y comunidades indígenas: un ejercicio de autonomía
Las municipios de Cherán y de San Luis Acatlán son dos ejemplos de comunidades indígenas en las que los ciudadanos han prescindido del sistema de partidos y organizado autónomamente la elección de sus representantes.
Jesús Antonio de la Torre Rangel	| Autonomía
El pasado 24 de abril el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se reunió con algunos representantes de grupos indígenas mexicanos, encabezados por Hipólito Arriaga Pote, quien se ostentó como “gobernador nacional de los pueblos indígenas de México”. La reunión tenía como objeto conversar sobre la creación de la sexta circunscripción electoral, que permitiría la elección de diputados y senadores indígenas sin recurrir a los partidos políticos (correspondería al Congreso resolver sobre este asunto, haciendo la reforma legislativa correspondiente).
La entrevista hubiera pasado totalmente desapercibida si no se hubiera suscitado el escándalo por la filtración del intercambio telefónico sostenido por Córdova y un funcionario del INE, Edmundo Jacobo, referente a esa reunión, y en el cual el consejero presidente se mofa del habla indígena y, en general, se expresa con desprecio sobre los indios, pues hasta los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa salen no muy bien parados en la conversación. No me interesa aquí comentar más sobre el racismo del consejero electoral ni sobre el delito de espionaje telefónico, asuntos sobre los cuales ya se ha dicho bastante. Quiero comentar, en cambio, el tema electoral de fondo: las elecciones políticas de las Comunidades Indígenas, por usos y costumbres, sin intervención de los partidos políticos.
A continuación me refiero brevemente a dos importantes sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tocantes a esa materia, al mismo tiempo que hago alusión al contexto social para su mejor entendimiento. Se trata de las sentencias que favorecen a la Comunidad Indígena de Cherán, Michoacán, y al municipio de San Luis Acatlán, ubicado en el estado de Guerrero.
Cherán: policía comunitaria y elecciones de acuerdo con normas, procedimientos y prácticas tradicionales
Hasta hace cuatro años, el crimen organizado talaba los montes de San Francisco de Cherán, comunidad ubicada en la meseta purépecha —“han devastado aproximadamente 20 mil hectáreas de bosque en señal inequívoca de que el Estado con sus tres poderes y en sus tres niveles, ha sido omiso, por decir lo menos, en brindar seguridad frente al saqueo de un recurso tan preciado.”[1] Ante semejante despojo y ausencia de Estado, agobiados por la delincuencia, los miembros de la comunidad de Cherán decidieron tomar el control de la seguridad y de los accesos a su territorio a partir de abril de 2011.[2] Desde entonces han organizado una policía comunal como grupo de autodefensa, suplantando a la policía municipal.
Lo acontecido en Cherán se trata también de un ejercicio de autonomía de producción jurídica. Además de organizar normalmente la autodefensa —ya que en ella participa toda la comunidad—, se han establecido normas contra el alcoholismo. Esas políticas y esa normatividad han rendido frutos, pues ha disminuido considerablemente la delincuencia interna, la tala y el consumo de alcohol.
Este ejercicio de autonomía ha fortalecido los lazos comunitarios y ha hecho crecer las solidaridades. He escuchado a testigos hablar sobre el fortalecimiento de los vínculos entre los habitantes, que desde el establecimieto de la policía comunitaria se reúnen en la calle para rezar y comer. “Entre las piedras que sirven de retén —cuenta un reportaje— los pobladores de Cherán levantaron una bandera mexicana. Las mujeres hacen tortillas, cocinan frijoles, arroz, corundas y tamales”.[3] Jorge Atilano González escribe:
Comer y rezar juntos en la calle fue la estrategia de resistencia que creó la comunidad de Cherán. Actualmente son doscientos altares y cocinas repartidas en toda la comunidad que a partir de las ocho de la noche se activan para cerrar las calles y crear altares vivos de esperanza y comunión. El organizarse para comer y rezar juntos en la calle fue recuperar la pertenencia a la comunidad, más allá de detener o no la tala ilegal de los árboles, Cherán ha sabido emprender las acciones que permitan crear vida desde el dolor y la injusticia. Quienes han decidido emprender el camino de la corrupción son personas que se desvincularon de la comunidad. Tanto individualismo los condujo a sentirse separados de los otros. En cambio, la población de Cherán tomó fuerza para replegar al crimen organizado cuando reactivó sus lazos comunitarios por medio de las fogatas, comiendo y rezando juntos.[4]
La comunidad de Cherán decidió reafirmar y ampliar su autonomía en los hechos: en 2011 rechazó participar en las elecciones generales que se celebraron en el estado de Michoacán para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como las autoridades municipales, y determinó elegir a sus autoridades por medio de usos y costumbres, rechazando el sistema de partidos políticos. El 22 de enero de 2012 realizaron sus propias elecciones.
Es importante señalar que estas elecciones pudieron celebrarse y validarse plenamente gracias a una histórica sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), basada en principios constitucionales.[5] El 2 de noviembre del 2011, los magistrados resolvieron revocar un acuerdo del Congreso General del Instituto Electoral de Michoacán que respondía negativamente a la petición de la Comunidad Indígena de Cherán para celebrar sus elecciones bajo sus usos y costumbres, y determinaron “que los integrantes de la Comunidad Indígena de Cherán tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos.”
El TEPJF basó su sentencia en el hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y consecuentemente a la autonomía para, entre otras cosas… elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.”
El Tribunal Electoral también cita en apoyo de su resolución el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como criterios anteriores sustentados por el propio TEPJF.
Orlando Aragón, abogado de la comunidad de San Francisco Cherán en este proceso judicial electoral, escribe:
El legado principal… que nos regala la comunidad de Cherán a todos los michoacanos y mexicanos es más bien la invitación a seguir sus pasos, a construir una sociedad en que la interculturalidad no se limite a un acto folclórico, a otorgar iniciativa política a los pueblos indígenas, a aprender de ellos; pero sobre todo, a desafiar lo que por todos los medios se nos repite que es “imposible”, a no conformarnos con la miseria política en la que vivimos, a reinventarla para nuestro bien.[6]
San Luis Acatlán: de la defensa comunitaria a las elecciones por usos y costumbres
Otra experiencia de autonomía indígena es la que tiene lugar en las comunidades de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, pertenecientes a los pueblos tlapaneco, mixteco, nahua y amuzgo. Ante un clima de enorme inseguridad, en octubre de 1995 algunos municipios de la zona decidieron establecer un Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación inspirado en sus usos y costumbres.[7] Se creó así una policía comunitaria que persigue los delitos, así como un organismo que administra justicia, juzgando e imponiendo sanciones que tienen por objeto no el castigo, sino la reeducación y la reparación del daño. Este organismo se denomina Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). En sus acciones de seguridad, justicia y reeducación, la CRAC rescata el aspecto sapiencial del derecho: la juridicidad retorna a su sentido original como jurisprudencia, ya que la norma se establece y se aplica prudencialmente, buscando equilibrio y equidad.[8] Al mismo tiempo, en este sistema de seguridad, justicia y reeducación siempre se busca respetar los derechos humanos que ha reconocido la comunidad internacional. Apoyándose en el pluralismo jurídico, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la propia Constitución, las comunidades indígenas de la Montaña se han unido y organizado para buscar el reconocimiento jurídico por parte del estado de Guerrero. En buena medida lo lograron con la llamada “Ley 701”.[9]
A fines de 2012, el sistema comunitario se dividió entre las comunidades coordinadas por la CRAC, por un lado, y la nueva Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), por otro, encabezada por Bruno Plácido Valerio, uno de los fundadores de la CRAC original. La UPOEG propuso al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero poder llevar a cabo elecciones de los representantes populares de las comunidades sin la intervención de los partidos políticos, aplicando la normatividad y prácticas tradicionales. En mayo del 2012, el organismo electoral respondió negativamente a esta propuesta. Ante esta negativa, se procedió a un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió[10] que una de estas comunidades, la de San Luis Acatlán, Guerrero, tenía “derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos”.
Para las comunidades indígenas, el ejercicio de sus derechos es una tarea difícil. Este es sobre todo el caso de los derechos políticos, como la elección de autoridades municipales y federales, que implican la práctica de la autonomía. Los Congresos locales y federal podrían allanar al camino legislando sobre la materia. Pero a falta de esta legislación,[11] hasta ahora la única forma de avanzar ha sido a través de resoluciones judiciales. El Estado, entidad concentradora del poder, tiende a rechazar cualquier muestra de autonomía ciudadana, lo mismo de individuos que de comunidades. Pero eso resulta una razón de entusiasmo saber que esos derechos son rescatados en luchas judiciales, tal como ha sucedido con los casos de Cherán y San Luis Acatlán.
Notas [1] Magdalena Gómez, “Cherán: opacidad del Estado y razón de comunidad”, La Jornada, 24 de mayo de 2011.
[2] Adán García, “Arman en Cherán ‘ejército’ de civiles”, Reforma, 4 de mayo de 2011.
[3] Francisco Castellanos y José Gil Olmos, “En Cherán, a punto de gritar ¿a las armas?”, Proceso 1803 (2011), 24.
[4] Jorge Atilano González, S.J., “Cherán, México: Unidad frente al crimen organizado”, Santiago de Chile, Mensaje 608 (2012), 49.
[5] Dictada en el expediente del Juicio Ciudadano SUP-JDC-9167/2011.
[6] Orlando Aragón Andrade, “Cherán o la esperanza de la política en México”, La Jornada Michoacán, 23 de enero de 2012.
[7] Esteban Martínez Sifuentes, La policía comunitaria: un sistema de seguridad pública comunitaria indígena en el estado de Guerrero, México, Instituto Nacional Indigenista, 2001.
[8] Documento Preliminar del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, Resultado de la Revisión Efectuada por las Asambleas Regionales, inédito.
[9] Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero No. 28, 8 de Abril de 2011.
[10] Por sentencia de 13 de marzo de 2013, en el expediente SUP-JDC-1740/2012.
[11] En la resolución del juicio entablado por la comunidad de Cherán, en el considerando noveno se lee: “Al advertir que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 2o constitucional y en específico de la obligación impuesta en el artículo segundo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto del dos mil uno, por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo 1o., se reforma el Artículo 2º., se deroga el párrafo primero del Artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al Artículo 18, y un último párrafo a la Fracción tercera del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual se determinó que a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia indígena, las legislaturas de las entidades federativas debían realizar las adecuaciones a las constituciones y leyes locales que procedan y reglamenten lo estipulado en la misma, se advierte que el Congreso del Estado de Michoacán no ha emitido ni dictado normas secundarias en torno a los derechos de los pueblos indígenas. Dado que han transcurrido más de diez años desde el inicio de la vigencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos se vincula al Congreso del Estado de Michoacán, para que de acuerdo a su agenda legislativa, armonice la Constitución y legislación interna al Pacto Federal y tratados internacionales en materia de derechos indígenas”.
Jesús Antonio de la Torre Rangel	Jesús Antonio de la Torre Rangel es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 18
 Artículo 115