Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1999/00911-1996-AA.html
Timestamp: 2017-12-14 00:16:05+00:00

Document:
0911-1996-AA
EXP. N.° 911-96-AA/TC
BERTA LECUSSAN ONETTO
En Lima, a los catorce días del mes mayo de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:
Recurso Extraordinario que interpone doña Berta Lecussan Onetto contra la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas sesenta y nueve, su fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que declaró improcedente la demanda.
Doña Berta Lecussan Onetto interpone Acción de Amparo contra el Gerente General de la Empresa Nacional de Puertos S.A. solicitando se deje sin efecto el Oficio N.° 719-94/ENAPUSA/GRRHH de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, así como la Resolución de Gerencia General N.° 667-92-ENAPUSA-GG y el Acuerdo de Directorio N.° 216/11/92/D, por considerar que se han violado los derechos constitucionales adquiridos de su difunto esposo y que repercuten en su propio derecho a la vida y a la igualdad ante la ley, entre otros. Indica que la demandada en el año mil novecientos ochenta y seis, incorporó a su extinto cónyuge dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 20530 al amparo de la Ley N.° 24366. Posteriormente, mediante el citado Acuerdo de Directorio, se acordó la nulidad de las incorporaciones de quienes habían sido incorporados al amparo de la citada ley, razón por la que se expidió la mencionada resolución, mediante la cual se formalizó dicha declaratoria de nulidad.
La apoderada de la Empresa Nacional de Puertos S.A. contesta la demanda indicando que el supuesto acto lesivo emanó de una resolución expedida en el año mil novecientos noventa y dos, respecto de la cual don Augusto Gonzales Ferrari, fallecido el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco, no interpuso recurso impugnativo ni acción judicial alguna contra la resolución que declaró la nulidad de su incorporación dentro del régimen pensionario regulado por el Decreto Ley N.° 20530. Agrega que el causante tampoco cuestionó el citado Oficio N.° 719-94-ENAPUSA/GRRHH, mediante el cual se le comunicó que al haber sido excluido del citado régimen pensionario, su representada cumplió con regularizar su situación dentro del régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 19990. Agrega que la citada empresa, al expedir la resolución que ahora se cuestiona, se ha limitado a cumplir lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.° 763 que declaró nulos los actos de incorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530, efectuados sin sujeción a sus normas.
El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Callao, a fojas cuarenta y tres, con fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cinco, declaró improcedente la demanda, por considerar principalmente, que en el presente caso, ha operado la caducidad de la acción.
La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, a fojas sesenta y nueve, con fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, confirma la apelada, por los fundamentos que la misma contiene. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.
1. Que, respecto a la supuesta caducidad de la acción alegada por la demandada, cabe precisar que este Tribunal, en reiterados pronunciamientos, ha establecido que debido a la naturaleza del derecho pensionario, no opera la misma, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 26° de la Ley N.° 25398.
2. Que, de la revisión de autos se advierte que mediante la Resolución de la Gerencia General N.° 867-86-ENAPU S.A/GG, de fojas tres de autos, don Augusto Gonzales Ferrari, causante de la demandante, fue incorporado dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 20530; y mediante la Resolución de Gerencia General N.° 667-92-ENAPUSA/GG, su fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos, expedida de conformidad con el Acuerdo de Directorio N.º 216/11/92/D adoptado en sesión de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y dos, se dispuso la nulidad de dicha incorporación, decisión que se encuentra arreglada a ley, toda vez que, conforme lo ha establecido este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N.º 121-98-AA/TC, entre otros, en ese entonces no existía plazo para ello, de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto Supremo N.° 006-67-SC, aplicable al caso de autos.
3. Que, mediante el Oficio N.° 719-94-ENAPUSA/G.RRHH de fojas seis, su fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, la citada empresa comunicó al causante de la demandante, que habiendo sido excluido del régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530, de conformidad con las normas legales pertinentes, ésta había cumplido con regularizar su situación, abonando al fenecido Instituto Peruano de Seguridad Social, las sumas adeudadas por aportaciones que correspondían como cuotas del empleador y del trabajador dentro del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 19990.
4. Que, en consecuencia, en el presente caso, no se encuentra acreditada la vulneración de derecho constitucional alguno de la demandante.
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas sesenta y nueve, su fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que confirmando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo, reformándola la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

References: Resolución 
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 artículo 26
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