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Timestamp: 2020-01-21 11:41:07+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 556, de 26/06/2018
cve: DSCD-12-CO-556
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 556
- Sobre la responsabilidad de las empresas españolas transnacionales en relación con el respeto a los derechos humanos y medioambientales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003056) ... (Página2)
- Sobre el incremento de la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/002971) ... (Página6)
- Relativa a destinar ayuda humanitaria de emergencia a los y las afectadas por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003355) ... (Página11)
- Relativa a asegurar, en el marco de la cooperación internacional, el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003376) ... (Página14)
- Sobre la puesta en marcha en España de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003377) ... (Página18)
- Por la que se insta al Gobierno al apoyo de la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis política que vive Nicaragua desde el respeto y protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003379) ... (Página21)
- Relativa a promover los derechos humanos de todas las mujeres y niñas del mundo en contextos de migración. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002848) ... (Página25)
- Relativa a promover medidas para luchar contra la violencia de género en el V Plan Director de la Cooperación Española. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002153) ... (Página29)
- SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS TRANSNACIONALES EN RELACIÓN CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y MEDIOAMBIENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003056).
La señora PRESIDENTA: Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Como todos los portavoces conocen, hemos alterado el orden de la misma.
Vamos a proceder por la primera de ellas, que versa sobre la responsabilidad de las empresas españolas transnacionales en relación con el respeto a los derechos humanos y medioambientales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se han presentado cinco enmiendas, una del Grupo Parlamentario Ciudadanos y cuatro del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para la defensa de la misma tiene la palabra, en primer lugar, la señora Merchán.
El sector empresarial, en sus diferentes modalidades, es un actor fundamental en la construcción de las sociedades, por cuanto que es quien está llamado a generar empleo y riqueza, generar innovación y desarrollo, en coordinación con el resto de agentes sociales. Sin embargo, los beneficios de la acción empresarial en los países en desarrollo con demasiada frecuencia no se distribuyen de manera equitativa, el empleo que allí se genera no siempre es de calidad, la riqueza no suele quedarse allí ni tampoco la innovación y el desarrollo, sobre todo cuando se trata de explotación de recursos naturales o de proyectos que comprometen recursos como el agua o la tierra. Resulta ciertamente descorazonador que quienes trabajan en el terreno en estos países tengan serios problemas para encontrar ejemplos de buenas prácticas.
Organizaciones no gubernamentales, organizaciones ambientalistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos han denunciado sistemáticamente prácticas que han puesto en riesgo los ecosistemas, los derechos laborales y hasta la vida de las personas que trabajan en estos proyectos o que han denunciado posibles violaciones de derechos.
La acción de las empresas, especialmente de las transnacionales, no puede estar sistemáticamente bajo sospecha. Las agendas de desarrollo reservan un papel importante para el sector empresarial en un nivel diferente al de otros actores, pero a nadie se le escapa que la actividad de las empresas puede contribuir a alcanzar las metas de desarrollo como la Agenda 2030 siempre y cuando se ajuste a principios rectores de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Hablamos de mucho más que de responsabilidad social, hablamos de coherencia de políticas para el desarrollo, que el conjunto de la actividad contribuya al desarrollo. En este sentido, son varias las
iniciativas que en las últimas décadas se han promovido, algunas para sectores concretos, como hizo la FAO en relación con el uso de la tierra, el agua y la biodiversidad para la consecución del derecho a la alimentación adecuada; aunque, sin duda, el punto de inflexión lo marca la aprobación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos puesta en práctica en el marco de las Naciones Unidas para proteger y remediar aprobado en 2011 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otro referente relacionado con la acción de las empresas y los derechos humanos es el Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuya misión es trabajar con las empresas en la alineación de sus estrategias y actividades con los principios universales de derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y contra la corrupción. Sin embargo, existe un consenso generalizado en que las iniciativas existentes dejan vacíos importantes que se quieren cubrir con otros procesos en marcha, los Estados son los que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legislación, así como de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas, y los de otros países. No obstante, en un mundo globalizado interdependiente, pone de manifiesto la necesidad de disponer de instrumentos que atiendan los efectos de esta globalización e interdependencia también en materia de derechos humanos.
En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos aprobó en junio de 2014 la Resolución 26/9 sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Se da la coincidencia de que el debate decisivo sobre este instrumento se va a producir formando España parte del Comité de Derechos Humanos, lo que nos brinda una oportunidad muy valiosa y a aprovechar.
Son varios los países que han avanzado en la responsabilidad extraterritorial de las empresas, el caso más claro y más ejemplarizante es el de Francia, que aprobó en marzo de 2017 un instrumento vinculante e innovador. En el caso de España, el Gobierno aprobó el 28 de julio de 2017 el Plan nacional de Derechos Humanos y Empresa, uno de los mandatos recogidos en los principios rectores del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este plan compila, fundamentalmente, acciones de información, sensibilización y formación, tiene una vigencia de tres años y se distancia del carácter vinculante de iniciativas como la francesa, aunque puede dar espacio a avanzar en algunas iniciativas orientadas a acciones más concretas. No es el plan que querríamos nosotros, pero, aun así, recoge medidas interesantes y que, con una correcta aplicación, pueden tener impacto positivo.
Para el reciente Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, el enfoque de derechos humanos en todas las políticas es una prioridad. Ha pasado casi un año y poco se ha avanzado en la implementación del plan, y por ello este grupo, estando en la oposición, registró varias preguntas al Gobierno sobre la implementación del mismo sin que se recabara respuesta y se registró esta PNL, que, desafortunadamente, no ha quedado desfasada en el tiempo y, por lo tanto, traemos hoy al debate. Ha pasado, como decía, casi un año, quedan dos de vigencia del plan y, por lo tanto, urge ponernos a trabajar.
Proponemos priorizar la puesta en marcha de los artículos del plan que mayor demanda han tenido dentro y fuera de nuestro país. Decía Rousseau que entre el débil y el fuerte es la ley la que libera y la libertad la que oprime. Existe una coincidencia creciente sobre la importancia de que las empresas cumplan con principios éticos en su actuación, y es obligación de los Estados crear el entorno apropiado para que esto se produzca. Como decía, el plan no definía una hoja de prioridades que creemos podemos sugerir desde esta Comisión con el respaldo de los grupos, y que se fundamenta, principalmente, en la información, la capacitación de las empresas, la formación en enfoque de derechos humanos y también avanzar en el acceso a la justicia por parte de quienes sean sujetos u objeto de violaciones de los derechos consecuencia de la acción de las mismas, así como hacer con un enfoque de derechos humanos el trabajo en cuanto a la internacionalización de las empresas españolas.
A continuación, para defender sus enmiendas tiene la palabra la señora Vera.
En primer lugar, me gustaría señalar que las organizaciones de la sociedad civil llevan décadas denunciando que el impacto de las multinacionales y las transnacionales en países del sur tienen un impacto bastante negativo para el desarrollo de los países y para el respeto de los derechos humanos, como se viene constatando durante tantos y tantos casos concretos. Gran parte de estos problemas vienen, precisamente, porque la clave del impacto negativo reside en el desequilibrio que hay entre la
protección de actividades de las empresas y la protección de los derechos para las personas, mientras que existen multitud de reglamentaciones que favorecen la apertura de los Estados e incentivan la actividad de las empresas, muchas de ellas, además, vinculantes para los Gobiernos. El derecho internacional y la protección de los derechos humanos, pese a ser constitutivos del orden institucional internacional, resulta mucho menos aplicable -no sabemos muy bien por qué- por parte de las organizaciones internacionales y de los propios Estados.
Este desequilibrio entre favorecer la actividad de las empresas, pero no favorecer la defensa de los derechos humanos es lo que conjuntamente deberíamos trabajar. Desde nuestro grupo parlamentario lo tenemos claro, de hecho, ya presentamos una PNL en este sentido, que se aprobó, hace más de un año y medio. Llevamos mucho tiempo diciendo aquí que esto tiene que ser una apuesta en común y que tiene que ser un punto de partida para aprobar ya instrumentos normativos y sacar adelante los que ya disponemos.
Saludamos y nos sorprende esta apuesta que hace el Grupo Socialista por el instrumento jurídicamente vinculante, que actualmente se está debatiendo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sabemos que este instrumento ha sido activamente boicoteado en la Unión Europea, donde el Partido Socialista también tiene una responsabilidad. Así que esperamos que el compromiso, que parece ser -y del que nos alegramos- hoy hacen aquí, se traduzca en un cambio de posición del actual Gobierno español, porque hasta el momento ha estado mirando hacia otro lado en los espacios donde realmente su voto contaba para que un instrumento jurídicamente vinculante saliera adelante en lo que concierne a nuestro país.
Ya sabemos que desde aquí deberíamos tomar la iniciativa. Hay otros países como Francia que han aprobado una ley en la que se promueve que este instrumento sirva, se haga y sancione a las empresas multinacionales que, sistemáticamente, violan los derechos humanos de forma completamente comprobada. En las recientes Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, de marzo de 2018, se identifica con claridad que no existen regulaciones en el ordenamiento jurídico español que obliguen a las empresas a adoptar medidas de diligencia debidas en materia de derechos humanos.
Por eso, insisto, creemos que es el momento de que España lidere el trabajo internacional en este ámbito a través de la aprobación de una ley española, no solamente de una PNL, porque PNL ya teníamos aprobada en este sentido, no entiendo muy bien por qué lo volvemos a hacer, que fomente la diligencia debida, la transparencia y la evaluación de riesgos en lo referente a los derechos humanos en nuestras empresas multinacionales, al tiempo que también establezca los mecanismos institucionales y jurídicos que permitan que las posibles violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas españolas, que son las que nos competen, sean reparadas de acuerdo con lo ya establecido en los instrumentos internacionales y con el anhelo de justicia para tantas víctimas de violaciones de derechos humanos a lo que España no puede mirar para otro lado.
Por último, es importante el trabajo de sensibilización, de evaluación voluntaria, de establecimiento de mecanismos internos puramente empresariales y otras líneas encuadradas en el Plan de empresas y derechos humanos, y sabemos que es importante y que hay que empezar por ahí, pero no podemos ser tampoco inocentes y tenemos que admitir que eso es absolutamente insuficiente, y en una lógica de coherencia de políticas, debemos extender la responsabilidad de vigilancia y la protección de los derechos humanos a otros ámbitos de la Administración.
Por ello, proponemos que los instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización empresarial cumplan también... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Por favor, les rogaría silencio, porque es imposible poder escuchar a la señora Vera. Si tienen que negociar o cualquier cosa, les rogaría que lo hicieran fuera de la sala.
La señora VERA RUÍZ-HERRERA: Gracias, señora presidenta. Era complicado seguir el hilo con tanto ruido.
Como decía, es importante proponer que los instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización empresarial cumplan también un papel haciendo perspectiva en la elaboración de un plan de diligencia debida para obtener fondos públicos. En esta lógica de coherencia podría también ampliarse en el marco de las negociaciones de los acuerdos comerciales, de los mecanismos de protección de inversiones, de la cooperación financiera, de la participación del sector privado en la defensa de la contratación pública. Como ven, hay un amplio abanico de sectores y de formas de intervenir en este sentido que propone la PNL y que esperamos que la misma sea un primer paso hacia un mundo en el que los derechos
humanos estén por encima, o al menos, igual de protegidos que los derechos de las empresas multinacionales.
Pero, insisto, lo más importante -y en conclusión- es que apoyaremos esta PNL, pero me parece que no tiene ningún sentido aprobar una PNL, obviar que deberíamos hacer una ley y tener posiciones contrarias en los espacios en los que, de verdad, se vota y tiene sentido sacar el instrumento jurídicamente vinculante en el que el Partido Socialista ha mirado para otro lado. Espero que este sea el primer paso y que esa coherencia se mantenga en otros espacios.
Para la defensa de su enmienda, el señor Maura.
Empezaré diciendo que el respeto y la promoción de los derechos y libertades fundamentales es uno de los aspectos centrales de la forma de entender de Ciudadanos las relaciones internacionales y la acción exterior; una acción exterior que no esté presidida por el respeto y el trabajo por los derechos humanos no tiene ningún sentido para nosotros. En todo caso, en un mundo globalizado como en el que nos insertamos, en el que cada vez hay más actores que tienen capacidad de marcar la diferencia, las empresas privadas juegan también un papel que es fundamental en los principios de la política y el derecho internacional, también en lo que hace referencia a este punto que les indicaba y que se refiere a los derechos y libertades.
Ya hay una cierta historia en este sentido, en el año 1976 la OCDE emitió sus primeras directrices para que las empresas, voluntariamente, se adhirieran a los principios de derechos y libertades fundamentales de la que ya forman parte la mayoría de los países de la comunidad internacional. En 1977, también la Organización Mundial del Trabajo emitió una declaración con el mismo fin. Por otra parte, el pacto global de las Naciones Unidas, que se rubricó en 1999, cuenta ya con casi 10 000 empresas que se han adherido voluntariamente, no solo por una cuestión de valores, sino también -y conviene precisarlo- porque es fuente de beneficios en términos económicos. Los derechos y libertades no pueden y no se sitúan en una galaxia distinta de los intereses económicos; en la medida en que las empresas multinacionales hacen negocios en países que respetan el Estado de derecho, que tienen instituciones firmes y consolidadas y sus propios negocios avanzan, muchas veces cuando no se produce ese paradigma esos negocios corren graves riesgos de seguridad.
Más que medidas vinculantes que obliguen legalmente, y que muchas veces carecen de un marco legal lo suficientemente robusto para hacerlas efectivas, nosotros preferimos instar al Gobierno a utilizar su participación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y, por cierto, ya que el Gobierno anterior no se presentó en este Parlamento para explicar su hoja de ruta a nivel del Consejo de Naciones Unidas, esperemos que este sí lo haga. El consejo debería impulsar la adhesión de más empresas y de estos instrumentos que ya existen y que demuestran su efectividad.
El consejo adoptó la Resolución 26/9, a la que se ha hecho referencia por parte de la portavoz del Grupo Socialista, mediante la que se decidió la creación de un grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas multinacionales y otras empresas y su relación con el respeto a los derechos humanos, cuyo mandato sería elaborar un instrumento legalmente vinculante para, mediante el derecho internacional de los derechos humanos, regular las actividades empresariales y su respeto por los derechos y libertades fundamentales. El consejo emitió otra resolución para avanzar en un borrador de tratado internacional que se presentó a finales del año 2017.
Por tanto, la comunidad internacional ya está avanzando de forma conjunta en la creación de este instrumento vinculante. Creemos que es el procedimiento a seguir y, por lo tanto, nosotros nos abstendremos en el punto tercero de la propuesta por respeto al trabajo del mismo grupo de trabajo intergubernamental a que hacía referencia, y lo estudiaremos una vez que el borrador sea definitivo. Reitero, nos abstendremos en el punto tercero, pero esperamos que se acepte nuestra enmienda de adición y poder votar a favor del resto de la proposición.
Señora Surra, ¿quiere hacer uso de la palabra? (Denegación).
Para fijar posición y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Chiquillo.
Compañeros y compañeras de la Comisión de Cooperación, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición respecto a la proposición no de ley que el Grupo Socialista nos ha traído para su debate y consideración en esta Comisión de Cooperación Internacional. Vaya por delante que el Partido Popular, como partido de Gobierno, y que así era hasta el pasado 1 de junio, ha tenido siempre claro su compromiso -que ahora reiteramos- con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todos los rincones del mundo, y muy especialmente con los principios rectores de la actividad de las empresas y los derechos humanos en el seno de la comunidad internacional, en el seno de Naciones Unidas, los denominados UNGP, y, cómo no, los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015.
Dicho esto, toda la acción del Gobierno y toda la acción política del Grupo Parlamentario Popular siempre ha sido de ese firme compromiso con la defensa de los derechos humanos y, en este caso, de esos principios rectores que son el norte de toda la acción política, y que debe ser también el norte de toda acción empresarial en este mundo que nos ha tocado vivir. Siempre hemos defendido y apoyado que era importante implementar y apoyar e implicar el desarrollo de una vía de consenso y de acuerdo con la que se han ido dando pasos importantes en el Consejo de Derechos Humanos desde 2011, en esa línea de preservación de todos los interlocutores de la sociedad en el respeto escrupuloso a los derechos humanos para alcanzar ese instrumento internacional jurídicamente vinculante para todas las empresas que trabajan en este mundo cada vez más globalizado.
Dicho lo cual, lógicamente tenemos que poner en valor ese Plan de acción nacional de empresas y derechos humanos, que aprobó el Gobierno del Partido Popular el 28 julio de 2017, especialmente en derechos humanos y empresa. Porque entendemos que el sector privado tiene mucho que decir, que hacer y que aportar para la salvaguarda de los principios rectores de las Naciones Unidas respecto a la actividad empresarial y el respeto a los derechos humanos, en particular de las empresas españolas que están en muchos lugares del mundo y siempre -y digo siempre- han tenido un respeto escrupuloso con el cumplimiento de esos derechos fundamentales, de esos derechos humanos, que tienen la cobertura de la comunidad internacional y que son un derecho de todos los ciudadanos allá donde se encuentren en el globo terráqueo. En ese sentido, si se han producido vulneraciones de derechos humanos, el Partido Popular siempre las va a condenar, siempre las va a criticar y a censurar, vengan de donde vengan, de una instancia gubernamental o de una entidad privada o una empresa con ánimo de lucro.
Creo que con esta iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista siempre viene bien impulsar, promover, consensuar, desde ese Plan de acción nacional que aprobó el Gobierno de España en julio de 2017, para avanzar en ese ideal de conseguir un tratado internacional desde Naciones Unidas y, si somos fieles guardianes de la Carta de Derechos Humanos como país socio y que apoyó ese instrumento, tenemos que avanzar para que todas las entidades, no solo poderes públicos, sino también el sector privado, den pasos adelante para que, en todos los rincones del mundo, los derechos humanos sean salvaguardados y respetados. Y en ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
¿La autora de la iniciativa acepta o no las enmiendas presentadas?
La señora MERCHÁN MESÓN: Estoy pendiente de hablar con los grupos. Sí.
- SOBRE EL INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN A LA AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA (UNRWA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/002971).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición número 3, sobre el incremento de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Se han presentado dos enmiendas de los grupos parlamentarios Ciudadanos y Socialista.
En primer lugar y para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Surra en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya.
Por aclarar un poco el tema, desde 1950, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, Unrwa, ha recibido el mandato de proporcionar educación, asistencia sanitaria, socorro y servicios sociales, infraestructuras y mejora de los campamentos, protección, microfinanciación y ayuda humanitaria a los refugiados palestinos. Desarrolla su trabajo con los aproximadamente 5,3 millones de refugiados palestinos, incluidos el millón y medio que viven en los campamentos en la franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania. La Agencia emplea a más de 29 000 funcionarios, la mayoría refugiados, proporciona educación a más de 500 000 alumnos matriculados en 692 escuelas. Además, presta asistencia sanitaria en 117 clínicas de salud que reciben alrededor de 9 millones de visitas de pacientes al año. Los refugiados más pobres, casi 300 000 casos especialmente difíciles, reciben el apoyo de Unrwa mediante el programa de servicios sociales. Unrwa gestiona 49 centros de mujeres y 35 centros de rehabilitación para los refugiados con discapacidad.
El derecho al retorno de los refugiados palestinos se ha consagrado en varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En espera de la resolución justa de la cuestión de los refugiados palestinos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha seguido insistiendo en la necesidad de continuar la labor de Unrwa, así como el papel esencial que ha estado desempeñando en la prestación de servicios vitales a los palestinos refugiados. Millones de refugiados palestinos dependen de los servicios de la Unrwa debido a los conflictos en el Medio Oriente, incluida la guerra en Siria y sus consecuencias en el Líbano y Jordania, la prolongada ocupación de Palestina y los diez años de bloqueo y conflictos recurrentes en la franja de Gaza. Las operaciones de la Unrwa se enfrentan a graves obstáculos y están en la cuerda floja.
La Unrwa se financia principalmente mediante contribuciones voluntarias. El Gobierno de los Estados Unidos anunció el 16 de enero de este año la retención de 65 millones de dólares de una contribución anticipada prevista de 125 millones de dólares al presupuesto por programas para 2018, indicando que cualquier contribución futura estaría condicionada a cambios importantes en la forma en que opera la Unrwa. En 2017, los Estados Unidos contribuyeron con 364 millones de dólares al presupuesto de la Unrwa, y esta repentina y desmesurada decisión pone en riesgo la supervivencia de los programas y deja en la cuerda floja el acceso a la educación de 525 000 niños y niñas y de 700 escuelas gestionadas por ellos.
Denunciamos la politización de la ayuda humanitaria. La asistencia humanitaria no puede utilizarse como mera estrategia política. Podemos calificar esto de fracaso colectivo de la comunidad internacional y, en particular, de la Unión Europea para garantizar una solución justa y duradera al conflicto entre Israel y Palestina; esto incluye una solución justa de la cuestión de los refugiados palestinos. Es esencial garantizar el buen funcionamiento de la agencia mediante la total prestación de servicios para el bienestar, la protección y el desarrollo humano de los refugiados palestinos, pero también por la estabilidad de la región y su conjunto. Esto, en cuanto a la defensa de la propuesta.
En cuanto a las enmiendas presentadas por Ciudadanos y por el Grupo Socialista, entendemos que más bien van por nuestra petición de que se duplique la participación de España inmediatamente. En ese sentido, las dos redacciones, más o menos, van en la dirección de dar un plazo, que sea breve, dicen los socialistas, pero más real y no tan tajante como nosotros planteamos. En ese sentido, la aceptamos. Las otras enmiendas son de redacción o de concepto general. Al aceptar la enmienda del Grupo Socialista, la de Ciudadanos quedaría incluida, porque ellos ponen menos precisión en el plazo y nosotros creemos que tiene que ponerse claramente que es en el plazo más breve posible. Por lo tanto, pensamos que, aceptando esta, la de Ciudadanos quedaría incluida.
A continuación, para la defensa de sus enmiendas, el señor Maura, del Grupo Ciudadanos.
Como ha señalado la portavoz del grupo que presenta esta propuesta, la Unrwa se creó en 1949 para tratar de aliviar la situación de desplazamiento forzoso de muchos palestinos que vivían en el actual territorio del Estado de Israel. La agencia empezó a encargarse de proporcionar educación, cobertura sanitaria, asistencia y servicios sociales, infraestructuras de alojamiento en campos de refugiados, microcréditos o ayuda humanitaria incluso en tiempos de conflicto armado. Yo, personalmente, he tenido la oportunidad de visitar los campos de refugiados palestinos y de conocer la acción, a mi juicio, absolutamente meritoria de la Unrwa. El mandato actual de la Unrwa se ha extendido hasta el 30 de junio
del año 2020. Solo quiero recordar que en 1950, cuando la agencia comenzó a operar, actuaba sobre 750 000 refugiados palestinos y hoy en día en torno a 5 millones de palestinos cumplen las condiciones para recibir asistencia de la agencia internacional.
Como ya se ha evocado, la cantidad que Estados Unidos aportaba a la Unrwa era del orden de 350 millones de dólares, siendo uno de los principales contribuyentes de la Agencia y, por lo tanto, la decisión de cancelar esta ayuda por parte de Estados Unidos pone en jaque la viabilidad de la labor de la Unrwa en el futuro. El 15 de marzo de 2018 la Comisión Europea reaccionó positivamente ante esta situación, aprobando la contribución de 82 millones de euros a la Unrwa, lo que equivale a educación para 500 000 niños, asistencia sanitaria básica para alrededor de 3 millones y medio de pacientes y ayuda para más de 250 000 refugiados en situación de vulnerabilidad.
Lo que nosotros no podíamos aceptar en relación con la propuesta inicial era que el incremento del apoyo de los presupuestos a Unrwa se hiciera de una forma impulsiva y sin tener en cuenta la estabilidad y la responsabilidad presupuestaria y financiera de España, también, precisamente, con la Unión Europea. No solo los Presupuestos Generales del Estado para 2018 ya están en tramitación y cercanos a su aprobación, sino que doblar de la noche a la mañana una contribución tan importante podría poner en peligro la sostenibilidad de esa misma contribución en el tiempo y crear aún más incertidumbre financiera a los profesionales de la Unrwa y, sobre todo, a los refugiados palestinos, que son los que se benefician de sus actividades. Por ese motivo, nuestra enmienda, que veremos cómo queda incorporada en la transaccional que ha anunciado la portavoz de Esquerra Republicana, va en el sentido de que el incremento se realice de forma gradual, siempre respetando los compromisos de estabilidad presupuestaria y financiera suscritos por España. De este modo, no solo haremos que el incremento sea más sostenible, sino que, además, contribuiremos a dar estabilidad y certeza a quienes deben utilizar esos recursos en actividades de campo y a los propios beneficiados, esos 5 millones de palestinos que son y deben ser nuestra preocupación absoluta y primordial en este terreno.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidenta.
Estamos en el debate de la proposición no de ley sobre el incremento de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, Unrwa, y el Partido Socialista, como se puede ver, ha presentado una enmienda. De hecho, el Grupo Socialista, en su momento, registró una iniciativa en la que se destacaban precisamente algunos aspectos que ya se han mencionado pero que cabe recordar, como que hay 5 millones de personas con estatuto de refugiado palestino que viven en el Líbano, en Siria, en Jordania; más de 2 millones que viven en Gaza y Cisjordania y 1,4 millones que viven en alguno de los 58 campamentos de la Unrwa. Se ha hablado de cuándo comenzó su actividad, de su importancia en cuanto a la ayuda humanitaria, a la educación de los niños y niñas, a la atención sanitaria y, en especial, a la salud materno-infantil, a la rehabilitación de personas con discapacidad... (Rumores).
Señorías, por favor, es imposible escuchar. Les ruego que si tienen que hablar lo hagan fuera de la sala porque no se escucha al señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: ... al trabajo con mujeres palestinas y a la atención a personas refugiadas que están en Gaza y en Cisjordania. Aportan seguridad y estabilidad a la zona. Efectivamente, Estados Unidos, con aquello del America first, está destrozando la política internacional y el papel geopolítico que estaba jugando con un gobierno demócrata. Con este señor populista y republicano se están abandonando acciones muy importantes, no solamente humanitarias, que lo son, que eso para nosotros es prioritario, sino que contribuyen a la seguridad de la zona y que no solamente se tienen que llevar a cabo -como pretenden algunos- con intervenciones militares ofensivas.
La aportación que se hacía, tanto en la cuantía como en la gestión, evidenciaba que la visión del Gobierno anterior no tendía a dar estabilidad a la cooperación internacional ni al papel que jugaba, no solamente humanitario, sino también de seguridad de la zona. Si bien es cierto que en 2017 se dedicaron 2,4 millones de euros, esto se debió en parte a que se gestionó mal el año anterior y solo se
destinó medio millón de euros, cuando comunidades autónomas y ayuntamientos han destinado en torno a 5 millones. De ahí nuestra enmienda, que pretende mejorar la propuesta que hacía Esquerra Republicana de Catalunya. Creemos que se deben incrementar los fondos destinados partiendo de 2017 y se debe hacer cuanto antes. Pedimos que se mantenga el punto 3, porque creemos que hay que dar una solución definitiva a la financiación de la Unrwa. No solamente debe haber un incremento puntual en un momento dado, sino que, como decimos y como decía en su día nuestra proposición, hay que dar estabilidad a la acción política, humanitaria y de seguridad que se hace en esa zona. Y, por último, hay que incrementar y reforzar el diálogo con todas las partes para implicar a todos en esto, porque tenemos que solucionar el día a día de esta agencia, pero sobre todo necesitamos que haya gobiernos como el socialista que crean que hay que dar ya una solución a esta situación que viven los refugiados palestinos y el pueblo palestino en general.
Para defender su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Fernández Bello.
Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya trae hoy a debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo una proposición no de ley sobre el incremento de la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.
Al tener noticia de esta proposición de Esquerra y después de conocer y analizar su propuesta, recordé que el organismo de la ONU para los refugiados de Palestina le había rendido homenaje explícito y categórico al gran poeta palestino Mahmud Darwish, fallecido hace ahora diez años, reconociendo en su figura, en palabras de la comisionada general de la agencia, Karen AbuZayd, el poeta del exilio, el poeta de los refugiados, cuyo lenguaje universal sobre desarraigo y alienación -decía la comisionada- sería oído en el discurso político y en el discurso poético durante largo tiempo. Y esto, felizmente, es así; ese discurso político lo ha oído Esquerra Republicana y lo oímos nosotras y nosotros, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y por ello queremos que se incremente al doble la contribución directa que el Gobierno español destinó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en 2017, realizando además de manera urgente -pensamos que esto es necesario- una contribución de fondos de ayuda para garantizar y preservar la prestación de servicios vitales durante los próximos meses. También instamos, con Esquerra Republicana, a trabajar en la búsqueda, junto con la Unión Europea y las instancias internacionales oportunas, de una solución definitiva sobre la financiación de la Agencia para los Refugiados Palestinos que garantice su continuidad y su estabilidad.
Si me permiten -y me gustaría que la diputada de Esquerra Republicana escuchase esta propuesta-, no estaría de más aclarar que cuando se habla de refugiados debemos explicitar que la actividad de la Agencia para los refugiados palestinos abarca también países limítrofes como Siria, Líbano y Jordania, y que hay refugiados -digámoslo con toda claridad- porque Israel les impide la vuelta a sus hogares originales y legítimos. Aquí hay que señalar la falta de coherencia política española y europea, que se preocupan por los refugiados palestinos, es cierto, pero que, al mismo tiempo, permiten impunemente a Israel, que es la potencia colonial que ha realizado las expulsiones y las deportaciones, que mantenga el incumplimiento de las resoluciones internacionales al respecto. Esto es así; no actuemos de forma hipócrita, esta es la realidad. Coincidimos con Esquerra Republicana y votaremos a favor de su proposición, por supuesto, pero no estaría mal, dada la actitud de Israel de no querer cumplimentar el derecho al retorno de los palestinos y de mantener y profundizar -como está haciendo- sus políticas de ocupación, con claras medidas racistas por otra parte, suspender ciertos privilegios de los que disfruta la potencia colonial de Israel, como el acuerdo bilateral Unión Europea-Israel de libre comercio o el comercio militar que el Estado español mantiene con Israel, que es uno de los Estados más militarizados del mundo y que ejerce una violencia continua sobre el pueblo palestino, fuente de lucro esta forma de violencia armada y militar por el potencial militar de Israel. En fin, justicia política y además toda la justicia poética de la que nos habla el gran poeta de los refugiados palestinos, Mahmud Darwish. Sigamos ese ejemplo y no seamos hipócritas.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señora presidenta, ante esta iniciativa de acción humanitaria y de cooperación, espero que el Grupo Parlamentario Socialista tome buena nota de los derroteros de uno de sus socios de la moción de censura: poco más que romper relaciones diplomáticas con Israel o que la Unión Europea le haga poco menos que un embargo económico a Israel. Vamos a llevar el debate en la Comisión por los derroteros que nos interesan a todos, que son la ayuda humanitaria y la cooperación. Creo yo que será bueno para el pueblo que queremos defender, en este caso el pueblo palestino.
Dicho esto y después de la decisión americana, el Grupo Parlamentario Popular entiende que esta Agencia de Naciones Unidas, que tiene, por razones humanitarias, todo su sentido, tiene que contar con los recursos económicos suficientes para atender a una población que, indudablemente, sufre muchas penurias por su condición de refugiada. Por eso, tiene que seguir ofreciendo ayuda de emergencia y tiene que seguir cubriendo esos problemas de asistencia social que motivaron su creación en el año 1949. Presta servicios no solo a los refugiados en 58 campamentos en Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania, sino también a población urbana residente en el propio territorio de Palestina.
La Unrwa es una agencia imprescindible para atender las necesidades de la población palestina. Aquello que se creó en el año 1949 con poco más de 75 000 refugiados palestinos, hoy atiende a más de 5 millones de ciudadanos, presta atención educativa en más de 700 escuelas y asistencia sanitaria en más de 143 centros de salud -no poco más de 115, como erróneamente había dicho la portavoz de Esquerra- y gestiona 49 centros sociales y de formación para mujeres en otros tantos centros de servicios comunitarios. El incremento de las aportaciones españolas en el tiempo supuso que en 2005 España formara parte del Comité asesor de la Unrwa, al haber contribuido con un mínimo de 5 millones de dólares al presupuesto general durante tres años consecutivos. El compromiso de España siempre con la causa y el pueblo palestino ha sido indiscutible en el seno de la comunidad internacional. España ha mantenido ese compromiso financiero desde 2013 hasta 2015, incluso haciendo contribuciones de más de un millón de euros anuales. En 2017 su aportación fue de 2 millones de euros y en 2018, por diversos conceptos, fue de en torno a los 2 400 000. España ha contribuido y quiere seguir contribuyendo, pero no hay que olvidar sus aportaciones desde la Unión Europea, que ha reaccionado rápida a la decisión americana de retirar fondos, bloqueando 65 millones de dólares de los 125 que tenía comprometidos para 2018. Así, la Unión Europea ha ratificado el acuerdo para el periodo 2017-2020, incluyendo en su política de vecindad, para esta agencia de Naciones Unidas para atención a los palestinos, dentro de su programa de acción, en 2018, 102 millones de euros.
El Partido Popular, como siempre, va a seguir defendiendo esa ayuda humanitaria, esa acción de cooperación desde los instrumentos y resortes de cooperación española desde España, desde la Unión Europea y desde Naciones Unidas, para que esos más de 5 millones de refugiados palestinos tengan las máximas ayudas, el máximo respaldo humanitario en todos y cada uno de los campamentos y allá donde haya uno de esos 5,3 millones de refugiados, especialmente...
La señora PRESIDENTA: Señor Chiquillo, tiene que ir concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo. Especialmente en educación, en sanidad, en salud y en vivienda.
Por lo tanto, vemos bien la iniciativa que se ha planteado, vía las enmiendas presentadas por Ciudadanos y el Grupo Socialista, porque entendemos que la de Esquerra Republicana... Podíamos haber entrado en una puja y haber presentado una enmienda pidiendo 5 millones de euros, pero entendemos que las posibilidades de España son las que son...
La señora PRESIDENTA: Tiene que concluir ya.
El señor CHIQUILLO BARBER: ... y, en el seno de la Unión Europea, España tiene un firme compromiso.
Le pregunto a la autora, señora Surra, si acepta o no las enmiendas.
La señora SURRA SPADEA: Sí, hemos hecho una transaccional con Ciudadanos y Socialista.
La señora PRESIDENTA: La aportará usted a la Secretaría de la Comisión. Muchas gracias.
La señora SURRA SPADEA: Solamente quería aclararle una cosita al portavoz del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: No cabe, señora Surra.
La señora SURRA SPADEA: Él dijo América no cotiza. No; son los Estados Unidos los que no cotizan; América es un continente...
La señora PRESIDENTA: Señora Surra, le ruego que no siga.
La señora SURRA SPADEA: América es un continente...
La señora PRESIDENTA: Señora Surra, no me ponga en un compromiso como presidenta de la Comisión.
La señora SURRA SPADEA: Americanos son todos los que viven en el continente americano.
La señora PRESIDENTA: Sabe usted que no caben ese tipo de aclaraciones.
La señora SURRA SPADEA: América no es un país.
La señora PRESIDENTA: Le ruego, por favor...
La señora SURRA SPADEA: Quería que quedara en el Diario de Sesiones la modificación.
La señora PRESIDENTA: Simplemente, le recuerdo cómo funciona la Comisión, y no caben ese tipo de aclaraciones.
- RELATIVA A DESTINAR AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A LOS Y LAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO EN GUATEMALA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003355).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la iniciativa número 5, que es la relativa a destinar la ayuda humanitaria de emergencia a los y las afectadas por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En primer lugar, para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Vidal.
La señora VIDAL SÁEZ: No cabe duda de que Guatemala no pasa por su mejor momento. A las persecuciones, acoso, torturas, violaciones y asesinatos sistemáticos a los que están sometidos cotidianamente los líderes y activistas pro derechos humanos, ahora se suma la erupción del volcán Fuego.
Permítanme que, antes de entrar en materia, me detenga un instante en la primera cuestión, pues en menos de seis meses, seis activistas del Movimiento Indígena Campesino, defensores de derechos humanos, han sido asesinados en Guatemala. Yo creo que es de honor decir hoy aquí sus nombres: José Can Xol, Luis Arturo Marroquín, Mateo Chamán, Ramón Choc Sacrab, Alejandro Fernández y Florencio Pérez; todos ellos destacados luchadores por la defensa de los derechos humanos, el acceso a la tierra, a los derechos laborales, a la defensa del territorio y a la exigencia de una nacionalización de los bienes y servicios privatizados; todos, miembros del Comité Campesino del Altiplano y del Comité de Desarrollo Campesino. Fueron asesinatos que se produjeron tras diversos actos de amenazas y coacciones, a ellos y a sus organizaciones; amenazas, además, conocidas por las autoridades gubernamentales, de hecho, mucho más que conocidas. El propio presidente guatemalteco, Jimmy Morales, es cómplice, por lo menos, de la estigmatización de las organizaciones campesinas y de lucha en favor de los derechos humanos. Lejos de actuar en este caso frente a las amenazas que estos activistas habían recibido, se pronunció públicamente contra sus organizaciones en una clara política de regresión contra los acuerdos de paz y en contra de la labor de la comisión internacional contra la impunidad, con la cual el Estado español está comprometida.
Podríamos y deberíamos dedicar mucho más tiempo a esta cuestión, pero, por desgracia, el pasado 3 de junio el volcán Fuego en Guatemala entró en erupción dejando tras de sí una terrible huella de
destrucción tanto humana como material, económica y, por supuesto, medioambiental. Cuando redactamos el primer borrador de esta proposición eran 62 las personas fallecidas, al cabo de pocas horas ascendieron muy rápidamente hasta 94 y en el momento del registro ya estábamos situados en más de 109 víctimas. Desgraciadamente, hace 18 horas se encontraban los restos de 8 personas más. Eso, sin mencionar el número ingente de personas desaparecidas y, por supuesto, los heridos y heridas. Muchos de los cadáveres, además, no se han podido recuperar, y probablemente no se podrá hacer debido a los nuevos ríos de lava y a los flujos piroclásticos. La erupción ha afectado a más de 1 700 000 personas y ha obligado a desalojar de sus casas a otras 3000 familias más.
La tragedia se produjo cuando una avalancha de lava volcánica, piedras y lodo se precipitó sobre varias comunidades ubicadas, en este caso, en las faldas del volcán. Muchos no lograron escapar, familias enteras quedaron atrapadas en sus viviendas y al menos tres aldeas desaparecieron absolutamente debajo de toneladas de ceniza. A día de hoy los albergues siguen saturados; 23 días después aún no conocemos con exactitud el número de víctimas y los expertos del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología calculan que las cosechas, particularmente de maíz y de café, habrían quedado absolutamente reducidas a cenizas en un radio de 5 kilómetros alrededor del volcán. La lluvia de ceniza afectó por lo menos a cinco departamentos, que es lo equivalente a las provincias de España, hecho que conlleva el riesgo de contaminación del agua potable y además del sistema de drenaje. Si bien la fase crítica de la erupción ha remitido, ello no significa que no pueda reactivarse en cualquier momento, pues existe el riesgo de que se produzcan nuevas erupciones. De hecho, este lunes mismo, ayer, se registraban entre cinco y siete explosiones por hora que elevaban una densa columna de ceniza.
Las necesidades de la sociedad guatemalteca en este caso son inmensas y de muy diversos calados. Acnur, por ejemplo, demandaba kits de refugio, lámparas solares, lonas de plástico, mosquiteras para la malaria y para el virus Zika y kits de cocina. Son muchísimos los recursos que faltan ahora mismo. Y seamos honestos, señorías, España tiene mucho que explicar a Guatemala. Son conocidas las prácticas de importantes empresas transnacionales españolas y sus consecuencias tanto sociales como medioambientales en el territorio guatemalteco, como, por ejemplo, las coacciones de Unión Fenosa con la electricidad en la comunidad de San Pablo de Tacaná, la agresión de la hidroeléctrica Renace, de la ACS de Florentino, al río Cahabón o el apoyo de la Cámara de Comercio Española a las coacciones gubernamentales a líderes indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos. Ante tales circunstancias, es imprescindible que el Estado español se ponga a disposición de las autoridades de Guatemala y tome cuantas medidas urgentes sean necesarias para prestar ayuda humanitaria a la ciudadanía guatemalteca afectada por esta tragedia, no solo por los lazos históricos que nos unen con esta comunidad o por sentido común, sino por una obligación moral con este país.
Por un tiempo de cuatro minutos, tiene la palabra el señor Salvador, en nombre del Grupo Ciudadanos.
Evidentemente, es una malísima noticia cada vez que se produce un desastre natural, especialmente en países o localidades afectados por la escasa prevención que pueden realizar debido a la situación económica que padecen. El volcán Fuego entró en erupción en Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla y las cifras de desaparecidos y de muertos son absolutamente escalofriantes: 110 muertos y 197 desaparecidos; 12 800 personas tuvieron que ser evacuadas y 3600 se encuentran en refugios. Por tanto se hace más necesaria que nunca la cooperación internacional para intentar ayudar al pueblo de Guatemala a paliar este desastre.
Por esto nosotros estamos de acuerdo en que no solo tenemos que hacerlo como país España, sino también la Comisión Europea, que ya acordó el envío de ocho expertos según pidieron las autoridades guatemaltecas, mediante el Mecanismo de Protección Civil, con el objetivo de monitorizar los flujos volcánicos, realizar tareas de gestión de riesgos, poner en marcha sistemas de alerta temprana, emitir recomendaciones para la mejorar la capacidad de Guatemala para prevenir este tipo de tragedias, y reaccionar de forma eficaz y rápida ante ellas. Esto se suma a los 400 000 euros que envía la Unión Europea a Guatemala, tras la erupción del volcán de Fuego, para que se pudiera proporcionar cobertura sanitaria, agua potable o saneamiento y asistencia psicológica a los afectados, además del sistema de satélite europeo Copérnico, que se activó a petición de Guatemala para proporcionar hasta 18 mapas de zonas afectadas, para facilitar las tareas de rescate y protección civil. Estamos de acuerdo en la
participación española y en cooperar para ayudar a paliar esta dramática situación, pero entendemos también que, formando parte de la familia europea, que es igualmente la máxima donante en cooperación internacional, hemos hecho una breve enmienda, que esperamos que sea aceptada, en la que incorporamos simplemente, tanto de forma bilateral la parte que a nosotros nos corresponde como en el seno de la Unión Europea, ya que entendemos que, como europeos que somos, no tenemos que desligar un concepto de cooperación del otro.
Por tanto, esperamos que se apruebe la enmienda que hemos presentado. En cualquier caso vamos a apoyarlo porque entendemos que la causa lo merece.
Por un tiempo de tres minutos en primer lugar tiene la palabra la señora Surra, del Grupo Esquerra Republicana de Catalunya.
La señora SURRA SPADEA: Con respecto a esta PNL, relativa a destinar ayuda humanitaria de emergencia a los afectados y a las afectadas de la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, lamentamos profundamente la tragedia ocurrida que ha dejado más de 100 muertos, más de 200 desaparecidos y 1,7 millones de personas damnificadas que se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares debido a la lava hirviendo, las cenizas, los derrumbes y la contaminación de la tierra y el aire de la zona. Es verdad que desde el Estado español y desde muchas ONG ha habido una respuesta rápida de ayuda humanitaria, pero ante la situación en la que aún se encuentran, no es suficiente; existe todavía el riesgo de que se pueda reactivar la erupción y están aún en alerta por las fuertes lluvias que pueden causar todavía más daño.
La ayuda humanitaria sigue siendo necesaria, así como la reconstrucción y el apoyo a los programas de emergencia delante de una catástrofe como esta, y nosotros apoyamos por supuesto todo lo que el país pueda hacer por ayudar.
El señor Serrada, del Grupo Socialista, tiene la palabra.
Yo no me quería detener en las cifras, que creo que han quedado bastante bien reflejadas por el resto de compañeros que han intervenido, aunque sí quería aportar una cifra más, y es que este desastre natural ha afectado casi a dos millones de personas. Por lo tanto creo que es una cuestión sobre la que tenemos que incidir y que el Gobierno de España tiene que tomar cartas en el asunto. Y el Gobierno de España las tomó desde el principio; España ha sido uno de los primeros países que aportó fondos para intentar resolver este desastre natural, aportando el Gobierno de España más de 200 000 euros, y prácticamente la mitad de estos fondos han sido gestionados a través de organizaciones no gubernamentales. Desde el Gobierno de España, desde la Aecid en concreto, se han donado 40 000 euros para material de abrigo y otros 50 000 euros que han sido destinados al Fondo de Reserva para el socorro en casos de desastre. Por lo tanto desde mi grupo vamos a apoyar la iniciativa que se plantea, porque creemos que es una iniciativa de justicia, y creemos que tiene que servir para que el posicionamiento de nuestro país a la hora de intentar atajar las condiciones en las que vive la población después de un desastre natural se minimicen y sean las mejores posible.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en primera instancia nuestra solidaridad y apoyo a los miles de guatemaltecos y guatemaltecas que sufrieron el azote de este desastre natural recientemente. Todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad a un país hermano de Centroamérica -espero haberlo dicho bien; todos sabemos que Estados Unidos es Norteamérica, pero es que aquí hay gente muy sensible- que ha sido azotado por un desastre natural, y desde el Partido Popular brindamos todo nuestro apoyo y solidaridad, y como no podía ser de otra manera por medio de iniciativas como la que de manera rápida,
urgente y prioritaria, adoptó el Gobierno de España nada más suceder la catástrofe. Como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista España fue el primer país de la comunidad internacional que respondió, enviando ayuda humanitaria -acción rápida que fue reconocida por las autoridades del propio país centroamericano- tras la explosión del volcán de Fuego en Guatemala. Esa falta de agilidad que se nos ha achacado como país en acciones humanitarias en otras desgracias que desafortunadamente han sacudido a países hermanos en este caso no puede ser motivo de crítica, porque repito que la presencia de Aecid, de Cooperación Española, de la ayuda humanitaria a través de las ONG, de Protección Civil, de voluntarios, de bomberos españoles y de sanitarios españoles fue desde el minuto uno así reconocida y agradecida por el propio ente coordinador nacional para la reducción de desastres de Guatemala, órgano gubernamental que atendió en primera instancia esa rápida respuesta de Espala al drama que sufrían casi dos millones de guatemaltecos, después del desastre natural que provocó la erupción del volcán en ese país centroamericano. Por lo tanto España brindó su ayuda con urgencia.
Vemos que esta iniciativa se presentó con relativa celeridad, pero España ya había actuado, con lo cual nos adelantamos a esa iniciativa. Creo que es positivo -como se plantea desde el Grupo Ciudadanos- la respuesta no solo de España, que ha sido a través de los órganos de Cooperación, sino también de instancias europeas, y toda la comunidad internacional tiene que atender a ese llamado, por lo que espero que el grupo proponente de la PNL, que se ha preocupado más por otras cuestiones en su intervención que por la estricta ayuda humanitaria a los afectados por el volcán de Fuego de Guatemala, acepte esa enmienda del Grupo Ciudadanos y ese llamado no sea solo a España, que reaccionó rápida, el primer país, sino que la comunidad internacional esté al lado de esos casi dos millones de ciudadanos que sufren y van a seguir sufriendo desgraciadamente los efectos de ese drama, de ese desastre natural que les azotó recientemente.
Señora Vidal, ¿acepta la enmienda del señor Salvador?
La señora VIDAL SÁEZ: Sí, señora presidenta.
- RELATIVA A ASEGURAR, EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003376).
La señora PRESIDENTA: A continuación debatimos la proposición número 6, relativa a asegurar, en el marco de la cooperación internacional, el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, del Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado a la misma un total de cuatro enmiendas, una del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Rominguera, del Grupo Socialista.
Señorías, traemos una iniciativa con la que pretendemos que, desde la cooperación española, se coadyuve al acceso de todas las personas a una vivienda digna y a servicios básicos adecuados y asequibles. Asimismo nos parece imprescindible para que todo ello sea posible incidir en el apoyo por parte del Gobierno a los países socios, especialmente a las organizaciones de la sociedad civil que se afanan en la mejora de la calidad de los espacios y en el acceso a la vivienda. Y es que siendo la vivienda un derecho así reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por España en 1977, reclamar que este derecho se garantice de un modo eficaz a todos los seres humanos es una constante, pues "a pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el artículo 11 del Pacto y la situación reinante en muchas regiones del mundo, aunque esos problemas suelen ser especialmente graves en algunos países en desarrollo que afrontan limitaciones graves de recursos y de otra índole. El comité observa que existen también considerables problemas de falta de viviendas y de viviendas inadecuadas en algunas de las sociedades más desarrolladas
económicamente. En Naciones Unidas calculan que hay más de cien millones de personas sin hogar y más de mil millones alojadas en viviendas inadecuadas en todo el mundo". Esto, señorías, forma parte del informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Un informe que conocimos el pasado mes de marzo y que dedica una página completa a las graves vulneraciones del derecho a la vivienda adecuada en España, unas políticas de vivienda, las de nuestro país, que merecieron una reprobación, y que sin duda estamos seguros de que van a mejorar con este nuevo Gobierno, porque deben mejorar.
Miren, cuando hablamos de vivienda es evidente que queda mucho por hacer, porque tal y como manifestaba el Comité DESC de Naciones Unidas no solamente hablamos del derecho a la vivienda en un sentido estricto o restrictivo, que lo equipare por ejemplo con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado encima de la cabeza, sino que hay que considerarlo como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones: en primer lugar, porque el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al pacto, y así pues la dignidad, inherente a la persona humana, de la que se dice que se derivan los derechos de este pacto, exige que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones; y principalmente que el acceso a la vivienda se debe garantizar a todas las personas, sean cuales fueren sus recursos económicos.
El derecho existe, ahora bien hay que trabajar para ponerlo en práctica sin hacer distingos, y de eso es de lo que hablamos, ese es el sentido de nuestra iniciativa, asegurar acciones de la comunidad internacional para que ello sea posible. Y sí, sabemos, señorías, que el marco estratégico de la cooperación española, plasmado en el V Plan Director, está basado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en la construcción de resiliencia y en la contribución a la provisión de bienes públicos globales. También sabemos que ya en el IV Plan Director España asumía un compromiso decidido en la lucha contra la pobreza, dando especial énfasis a la lucha contra las desigualdades y al enfoque basado en derechos. Pero lo que también sabemos es que el esfuerzo nunca es suficiente, que hoy más que nunca la sociedad demanda garantizar servicios básicos asequibles. Y cuando digo más que nunca, lo digo porque son muchos los asentamientos de población fruto de la huida de sus países de origen buscando refugio lejos de la guerra, y la cooperación no puede ser insuficiente ante fenómenos como ese. Como digo, señorías, más que nunca el trabajo conjunto de los países socios es necesario para, entre otras cosas, lograr la transformación de los asentamientos humanos en espacios de desarrollo humano sostenible.
Nos referimos, cómo no, en nuestra iniciativa al ODS 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, con especial atención además a las mujeres, y en ello hemos de incidir. Lograr este objetivo es indispensable, puesto que además hablamos de que actualmente, según el informe ONU Mujeres, más de la mitad de la población mundial vive en asentamientos urbanos. Las estimaciones disponibles sugieren que para el año 2030 el 60 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas, debiendo tenerse en cuenta que la mayoría de las ciudades del mundo en desarrollo tienen una población predominantemente femenina, o con un número cada vez mayor de mujeres, lo que refleja que la migración de zonas rurales a urbanas presenta un sesgo de género. En el caso de las mujeres y las niñas la urbanización se asocia a menudo a un mayor acceso a la educación y a mayores posibilidades de empleo, menores tasas de fecundidad y a una mayor independencia. Sin embargo el derecho igualitario a la ciudad de las mujeres es el aprovechamiento de los beneficios y de las oportunidades que ofrecen las ciudades en igualdad.
Ya ven, señorías, vivienda digna y espacios habitables para facilitar asentamientos humanos, y para acabar además con el sesgo de género que supone la migración de zonas rurales a zonas urbanas. El esfuerzo por tanto como decía debe ser mayor, y por ello nuestra proposición no de ley es para instar al Gobierno a que efectivamente el acceso a una vivienda, el derecho a servicios básicos que permitan la transformación de los asentamientos en espacio de desarrollo humano sostenible sea posible. Por ello les pedimos el voto favorable a esta iniciativa.
A continuación, y por un tiempo de cuatro minutos, en primer lugar, tiene la palabra el señor Salvador, del Grupo Ciudadanos.
Que nos dirigimos cada vez más hacia un mundo urbano no cabe ninguna duda, independientemente de todas las medidas que tengamos que adoptar para igual la calidad de vida en los núcleos rurales y también combatir la despoblación. Eso es evidente. Pero ya en 2007 la mitad del producto interior bruto estaba en 380 ciudades de países industrializados. Según el McKinsey 600 ciudades generarán más del 60 % de la riqueza mundial, pero en este sentido incorporando a países emergentes especialmente de Asia. Entendemos que ese 54 % de la población mundial vive en núcleos urbanos y que la rapidez con la que están creciendo las ciudades y las grandes dificultades relacionadas con la marginalidad, el incremento de la contaminación del aire, la falta de infraestructuras, la vulnerabilidad ante el cambio climático y los desastres naturales por una mala planificación urbanística conllevan el tener que dar una respuesta integral para el conjunto de esos núcleos urbanos para evitar que haya callejones al margen de la globalización, y que prospere la desigualdad y la marginalidad.
Compartimos por tanto la preocupación por el desarrollo urbano, que tenemos que atender las necesidades, y que ese desarrollo tiene que ser producido de forma sostenible y eficiente. Hemos presentado una enmienda para mejorar técnicamente el fondo, porque lo que planteaba el Partido Socialista era que se asegurase el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos, y eso que están pidiendo es algo que no se está aplicando ni en España, precisamente por la imposibilidad de dar una vivienda a cada persona que la necesita. Nuestra Constitución española defiende el derecho a la vivienda como un principio rector de actuación de los poderes públicos y no como un derecho efectivo, por la imposibilidad -repito- de que el Estado pueda dar una vivienda a cada persona que la necesita. En el derecho internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, al igual que en el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, en su artículo 11, reconocen el derecho a la vivienda. La Comisión de Naciones Unidas de derechos económicos, sociales y culturales, encargada de velar por el cumplimiento de ese pacto, emitió en 1991 su Comentario General n.º 4 sobre el derecho a la vivienda, y cómo este debía ser interpretado. Según la Comisión del Derecho a la Vivienda no puede ser interpretado de forma literal o restrictiva, sino más bien como el derecho a vivir en algún lugar en condiciones de seguridad, paz y dignidad. También se enmarcaba el papel de los poderes públicos, donde se exigía que existiese una estrategia nacional de vivienda, y que el Estado pudiera garantizar ese derecho a la vivienda a todos los ciudadanos. También a nivel internacional se debe entender el derecho a la vivienda como un principio rector de los poderes públicos, que deben llevar asociadas varias medidas, no para asegurar una vivienda, sino para asegurar el derecho a esa vivienda.
Es por eso por lo que hemos presentado la enmienda que sustituye donde dice "que asegure el acceso de todas las personas" porque sería algo que ni en el derecho en España ni en el derecho internacional en este momento se encuentra recogido, por la imposibilidad real de poder llevarlo adelante, por "asegure el derecho para garantizar que esto se produzca en todos los sitios donde la cooperación española esté participando", o por lo menos eso sea lo que pretendamos, teniendo en cuenta que son los Estados nación los que finalmente adoptan sus propias leyes para poder hacer efectivos este tipo de principios.
Por tanto esperamos que sea aceptada nuestra enmienda, ya que se pone en línea con lo que estamos aprobando y manteniendo en España, con lo que estamos manteniendo en el derecho internacional, y teniendo en cuenta que son terceros Estados los que tienen que tomar las decisiones al respecto.
El señor Arrojo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias, presidenta.
Muy brevemente. La PNL que nos presenta el Partido Socialista, aunque es muy general, está enfocada en la buena dirección, por lo que cuenta ya de entrada con nuestro apoyo y nuestro voto positivo. No obstante hemos aportado algunas enmiendas que, sin quebrar su coherencia, entendemos que incluyen ciertas previsiones que enriquecen la PNL. Y así lo creemos conjuntamente porque será motivo de una transacción.
Solo quiero enfatizar algo que conozco más a fondo, como es el tema del agua. En este caso una de las aportaciones es esa, aportar de manera específica que cuando hablamos de una vivienda y de
servicios y demás, el agua es lo esencial, el agua saludable, si no a través del agua la vivienda es un vector de enfermedad y muerte. Hay que recordar y enfatizar que la cooperación española debe priorizar de manera efectiva que en los proyectos que dependan de nosotros tengan el tema del derecho humano al agua y al saneamiento como una prioridad, y garantizarla de manera efectiva. Y hay que tener en cuenta -y con esto acabo- que agua potable no es sinónimo de agua entubada, ni siquiera de agua clorada. Lo digo porque en general, por comodidad y porque entra, cuando ya tenemos agua clorada decimos que es agua potable, y no lo es. Eso es muy importante y es la aportación que añadimos.
De los grupos que fijan posición, el señor Chiquillo, del Grupo Popular tiene la palabra.
Vaya por delante que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, fieles a nuestro compromiso de cumplir y hacer cumplir los objetivos de esa ambiciosa Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, con esa mirada en el umbral del 2030 que nos une y nos exige a todos los países avanzar para el cumplimiento de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 11 habla de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El ritmo de crecimiento urbano, como ha dicho algún interviniente, no tiene precedentes, más de la mitad de la población mundial o casi 4000 millones de personas vivían en ciudades en 2016, y va creciendo, y tenemos que hacer un gran esfuerzo, y ese es uno de los grandes desafíos, para crear viviendas adecuadas, con calidad, para que esos objetivos de desarrollo sostenible no queden en papel mojado. Una vivienda digna con los servicios básicos elementales para darle esa calidad de vida que requieren los ciudadanos en el mundo. Estamos hablando del agua, como ha hablado el portavoz de Podemos, pero también de la contaminación del aire o del acceso a los servicios básicos y las infraestructuras.
Los objetivos de desarrollo del milenio 2000-2015 avanzaron en algunos elementos, porque la población urbana que vivía en barrios marginales cayó del 28 % en el 2000 al 23 % en el 2014. Pero queda mucho por hacer, porque por ejemplo en el África Subsahariana casi el 60 % de los habitantes urbanos viven en los vulgarmente llamados tugurios, en condiciones infrahumanas que requieren de la acción internacional, requieren de la acción de los países más avanzados. O que en el 2014, 9 de cada 10 personas vivían en zonas urbanas donde se respiraba un aire no apto para los niveles que marca la Organización Mundial de la Salud. Bien es cierto que España, en mayo de 2017, era de los 149 países que cumplía total o parcialmente esos indicadores que deberían regular las condiciones de vida en las áreas urbanas, en esas áreas prioritarias que identificaba la Agenda 2030 en sus objetivos de desarrollo sostenible.
Por lo tanto apoyamos esta iniciativa, porque entendemos que la vivienda está en el eje central de los objetivos de desarrollo sostenible, el acceso a una vivienda digna es el objetivo número 11, la meta 11.1 es el fomento de la construcción de vivienda adecuada y accesible, la vivienda del desarrollo humano, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y sus servicios básicos elementales, adecuados, seguros y asequibles para mejorar la vida, especialmente poniendo el énfasis en los barrios marginales, en esos millones de personas que a lo largo y ancho del mundo, en diversos continentes, no tienen una vivienda con los parámetros de la dignidad que el ser humano requiere. Por lo tanto nuestro sí constructivo, porque entendemos que España tiene que estar a la altura de las circunstancias, en España y en la comunidad internacional, donde participa como un país -repito- humanitario, cooperante, serio y responsable.
Señora Rominguera, ¿acepta o no las enmiendas presentadas?
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Señora presidenta, no podemos aceptar la enmienda que presenta el Grupo Ciudadanos, precisamente porque nosotros partimos de la premisa del carácter de derecho que la Declaración de Derechos Humanos otorga a la vivienda. Con respecto a las que presenta Unidos Podemos estamos llegando a un acuerdo para elaborar un texto transaccional.
- SOBRE LA PUESTA EN MARCHA EN ESPAÑA DE LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTRIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003377).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la séptima proposición no de ley, sobre la puesta en marcha en España de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadano. Como saben se han presentado tres enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En primer lugar, para la defensa de su iniciativa, tiene la palabra el señor Salvador.
En primer lugar, cuando hablamos de Agenda 2030 dentro de esta Comisión lo hacemos partiendo de la base del reconocimiento de lo que ya hemos andado juntos todos los partidos que formamos parte de la misma, y desde mi grupo queremos recordar que una agenda que es absolutamente transversal e incluso está en el debate, aunque no se lo quiero pisar porque sé que lo va a incluir la representante de Podemos, hasta adoptar alguna medida que sirva para profundizar de manera específica sobre el tema de esta agenda, repito que todo el camino que se ha recorrido desde la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha sido el propio camino de la agenda, y con esto quiero decir que a nivel parlamentario, independientemente de que sea transversal y la agenda afecte a muchas más comisiones, hemos asumido en la vida de los hechos el trabajar por el desarrollo de esta agenda, y sobre todo tratar de fomentar un alto impulso de la misma, independientemente de que estuviéramos de acuerdo o no con el nivel de impulso que se le estaba dando.
Quiero recordar todas las comparecencias y que para poder realizarlas tuvimos que utilizar el truco de convocatoria en Mesa y portavoces en lugar de en comisiones para ahorrar un dinero a la Cámara, y por tanto a los españoles, pero preferimos hacer eso en plan un poco clandestino. Toda la Comisión estuvo también trabajando permanentemente, asistiendo a todas las comparecencias con el objetivo de que al final pudiéramos realmente dar ese impulso que entendíamos entre todos que había que dar a la agenda. Ahí no hubo distinción de partidos políticos, no hubo distinción de grupos, y hasta el grupo del Partido Popular, que es el equipo que apoyaba en ese momento al Gobierno, estuvo a la misma altura que el resto de los grupos en reivindicar a su propio Gobierno que lo sacara adelante. A partir de ahí, también desde el reconocimiento que hemos hecho varias veces en comisiones distintos grupos a la señora letrada, por cómo fue capaz de incluir en esa PNL el sentir de todas las aportaciones que se habían realizado, y seguramente no era la Agenda 2030 de ninguno de nosotros, pero sí lo era de la mayoría, y sobre todo del conjunto de las personas que habían comparecido. Y por eso nuestro grupo ha presentado esta iniciativa, no con el objetivo de patrimonializar la Agenda 2030, no con el objetivo de intentar ser el más rápido del colegio o el más listo de la clase, sino con el objetivo también de lanzar un mensaje en este sentido al Gobierno, que probablemente no haga falta lanzárselo, porque entendemos que en condiciones normales debiera ser lógico el funcionamiento de entender todo el trabajo que ha realizado esta Comisión, todo el trabajo que han realizado todos los grupos políticos. Entendemos que este Gobierno que estaba dentro de ese mismo tipo de actuación va a comprender que tiene que contar permanentemente con el resto de partidos políticos, y que tiene que buscar el diálogo y el consenso para que todas las medidas de profundización de dicha agenda vayan de la mano de la legitimidad que podemos dar todos los grupos, y no de las iniciativas de un solo equipo de gobierno que en este momento intente ejecutarlas directamente sin contar con los demás.
Repito, no entiendo que eso sea así, entiendo que vamos a seguir trabajando en la misma línea, entendiendo que la Agenda 2030 es una agenda transversal, es una agenda que pone la marca España en este momento a las políticas de nuestro país. Hemos entendido que en distintos objetivos nos han dado un notable bajo, pero también diciéndonos que no habíamos cumplido muchos objetivos como país en relación al mercado laboral y crecimiento, en el ODS 8, o en innovación, competitividad industrial, ODS 9, o en la economía circular, en el ODS 12, o en la lucha contra el cambio climático, en el ODS 13; la protección de los océanos, de la vida marina, en el ODS 14; o la protección de la biodiversidad y el medioambiente, en el ODS 15. Tenemos muchos deberes por hacer. Todos hemos exigido mucho al Gobierno anterior. Se partió de la premisa de que las condiciones económicas no posibilitaban hacer muchas de las cosas que son necesarias. En este momento el equipo de gobierno actual ha creado la figura del Alto Comisionado para la Agenda 2030, y nosotros entendemos que hay que mantener, ampliar
y potenciar el grupo de alto nivel incluyendo a los ministerios que forman parte. Y por todo ello, repito, habíamos presentado esta PNL.
Para terminar quiero decir que se ha trabajado una transaccional que en este momento puede satisfacer al Gobierno, y por tanto al Partido Socialista. La he dialogado también con el Grupo Podemos que ha presentado varias enmiendas, y también está de acuerdo en poder apoyar esta transaccional, así como el propio Partido Popular, con el que también hemos hablado. Por tanto la transaccional que entregaremos en la Mesa, una vez que intervengan todos los grupos, será la que se lleve adelante con el único objetivo de que la Agenda 2030 sea patrimonio de nuestro país, y se reconozca el trabajo de toda la Comisión, de todos los partidos políticos, y no perdamos nunca esa línea de trabajo.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra la señora Ballester.
Estamos de acuerdo, evidentemente, con esta propuesta de Ciudadanos. La Agenda 2030 supone un cambio de paradigma y requiere políticas transversales; requiere un enfoque integral y una gran coordinación entre distintas administraciones, entre Gobierno y parlamentos, y entre todos ellos y la sociedad civil. Esta agenda, como sabemos, no mira solo a los países empobrecidos como lo hacía la del milenio, sino que pone en el centro la pobreza y la desigualdad en cualquier país y, en ese sentido, lamentablemente, nuestro país no está exento de esos problemas; también aquí se tiene que garantizar todavía el derecho a la vivienda, a una sanidad de calidad, a una educación pública, a una infancia feliz, o el derecho a un medioambiente respetado y protegido. Tenemos mucho trabajo en ese sentido.
Señorías, si queremos alcanzar los objetivos marcados por esta ambiciosa agenda, tenemos que asegurar que su gestión y seguimiento se realiza al más alto nivel. Esta ha sido una propuesta que hemos hecho muchos grupos, incluido el nuestro desde el principio, proponiendo estar a la altura de otros países europeos donde existen ya estas instancias de coordinación de la agenda al más alto nivel. En ese sentido, valoramos positivamente la creación de un Alto Comisionado de la Agenda 2030, dependiente directamente de Presidencia, y esperamos que el hecho de que el responsable sea el propio presidente no sea un gesto sino una apuesta decidida por situar los objetivos de desarrollo sostenible en el centro de todas las políticas públicas.
No hay tiempo que perder, por ello apoyaremos esta iniciativa. También nos disponemos a impulsar la Agenda 2030 desde esta Comisión y desde el resto de comisiones, desde esa Comisión de coordinación Congreso-Senado que todos nos comprometidos a apoyar y que esperamos que empiece a funcionar pronto, y desde los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos en los que gobernamos. Consideramos imprescindible poder conocer y analizar para mejorar el plan de acción para la Agenda 2030, que debe incluir indicadores adaptados a nuestra realidad que nos permitan evaluar los avances y hacer un trabajo serio en este sentido. Consideramos también imprescindible que tanto este plan de acción como todas las instancias de coordinación y seguimiento de la agenda cuenten con un papel protagonista no solo de todos los grupos políticos, sino, sobre todo, de las organizaciones de la sociedad civil, que son de alguna manera a nivel mundial las impulsoras de esta agenda. Nos tenemos que poner las pilas todos y todas desde los distintos lugares. Tenemos que recuperar el tiempo perdido -nosotros pensamos que se ha perdido-, por lo que animamos al Gobierno a no esperar ni un minuto más.
Para fijar posición, en primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Luena.
Esta iniciativa es una oportunidad para relanzar la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Ya tuvimos en esta misma Comisión el 12 de diciembre un debate que permitió, por unanimidad, aprobar y relanzar esta agenda. Los socialistas agradecemos la iniciativa del diputado Salvador, del Grupo Ciudadanos, que permite ese impulso. El Grupo Socialista siempre ha querido contribuir a que esta iniciativa se uniera, por eso hemos estado desde el principio -particularmente nuestra portavoz, la señora Merchán- trabajando en una transaccional que hiciera posible continuar con
ese consenso, con esa casi unanimidad -entonces no la apoyó el Partido Nacionalista Vasco- que se dio el 12 de diciembre.
Bienvenido el cambio de Gobierno en España en relación con los ODS y la Agenda 2030, porque una demanda que era general se ha cumplido, que era suscribir el alto comisionado bajo la dependencia directa de la Presidencia del Gobierno, del presidente -recordemos que antes dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores-, ya que va a ser oportuno que se impulse el diálogo. Hoy mismo el grupo de alto nivel está debatiendo el plan de acción con la sociedad civil y después se hará con las comunidades autónomas. El Grupo Socialista, como grupo que apoya al Gobierno, agradece y reconoce el trabajo de todos los actores. Un cambio de Gobierno que va a permitir que se sea ambicioso también -no lo olvidamos el Grupo Socialista- en el ámbito presupuestario, cuando se pueda, que esperamos sea cuanto antes.
El texto pactado, como ha dicho el señor Salvador, incorpora varias cuestiones. Una de ellas dice que se debe mejorar la composición del grupo de alto nivel, incorporando a los actores públicos y a la sociedad civil, relevantes en la implementación de la agenda en línea con las demandas de dichos sectores, y me parece oportuno recogerlo aquí. También, en relación con lo aprobado en la Comisión anterior, involucrar no solo al grupo de alto nivel, sino a los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado -aprovecho para recordar la constitución reciente en el Senado de la Comisión mixta- y, por supuesto, a la sociedad civil y a los agentes sociales.
En definitiva, señorías, compartimos en esta Comisión de Cooperación Internacional un objetivo, y esperamos que con este texto, al que el Grupo Socialista aporta su granito de arena para que se apruebe, reforcemos la cooperación española al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Merecía la pena continuar con ese esfuerzo de consenso y de impulso al Gobierno en esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Luena.
Por el Grupo Popular, señora Rojo.
Buenos días, señorías. Acabamos de ver la transaccional planteada por el resto de grupos en relación con esta iniciativa y la vamos a apoyar porque me parece que en esta Comisión se han llevado a cabo muchas iniciativas en las que hemos participado todos los grupos políticos y hemos llegado a muchos acuerdos por unanimidad. Me alegro de que el representante de Ciudadanos haga un reconocimiento de todo lo que hemos andado juntos, porque la cooperación y todos los trabajos que se desarrollan en ella no empiezan desde hoy; me parece que hay un trabajo andado en esta Comisión que nuestro grupo está dispuesto a continuar y, por supuesto, está dispuesto a apoyar todo lo que signifique el trabajo en este caso concreto de la implantación y el desarrollo de la Agenda 2030. Pero quisiera matizar algunas cuestiones, porque me parece que es de ley el reconocimiento de determinadas cosas.
Se habla aquí de que se crea un alto comisionado ubicado en Presidencia y nosotros no tenemos nada que decir, todo lo contrario, pero sí tenemos que hacerlo en el ámbito de la transversalidad, porque parece que los grupos anteriores de alto nivel para la Agenda 2030 no eran transversales. Efectivamente, no era un alto comisionado, que vuelvo a repetir que nos parece bien, pero estaba presidido por el ministro y dos viceministros, y sí formaba parte una representación de todos y cada uno de los ministerios; es decir, no es algo nuevo lo que nos están planteando. Espero que esta coordinación a través de la Presidencia del Gobierno no sea algo puramente formal, espero que se manifieste y se concrete en cosas buenas para la incorporación de la agenda, y, por tanto, nada más que decir.
En relación con la segunda parte del replanteamiento dialogado de los grupos de alto nivel, como decía anteriormente, creo que los grupos de alto nivel para la Agenda 2030 han estado trabajando intensamente, y prueba evidente es que se está trabajando desde hace tiempo en ese Plan de acción español de la agenda que aquí se mencionó. También es importante recordar que en este mes de julio, por primera vez, España se va a presentar al examen nacional voluntario en Nueva York, en ese foro tan importante que se lleva a cabo allí. Yo creo que es una manera de hacer balance de todo el trabajo que se ha hecho, de las medidas que ya se han implantado en esta agenda y, por su puesto, del trabajo que todavía tenemos que realizar.
En cuanto al apartado de ese replanteamiento dialogado que se señala en la iniciativa, tampoco quisiera olvidarme del Plan de la Cooperación Española 2018-2021, que, con todas sus dificultades, en
algún momento con discrepancias, me parece que ha sido un buen instrumento al que no se le ha dado tiempo material para alcanzar su máximo desarrollo, pero creo que es un plan que trasladaba la política española de cooperación, la Agenda 2030, y por primera vez un plan en el que los objetivos de desarrollo sostenible se consideran como objetivos estratégicos de la cooperación española. Creo que eso ha sido muy importante. También ha sido importante el hincapié que se ha venido haciendo y que ha venido configurando el plan sobre la importancia de las alianzas, así como de la participación y colaboración de la Administración General del Estado con comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, agentes sociales, universidades, centros docentes y con las Cortes Generales, porque aquí se hablaba en un primer momento del Congreso, pero yo quiero hablar también de la participación tan importante que ha tenido el Senado con la constitución de una ponencia en relación con esta cuestión el año pasado, y con los partidos políticos. Vuelvo a reivindicar la participación de todos los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Señora Rojo, vaya terminando.
La señora ROJO NOGUERA: Termino, presidenta.
Confirmamos nuestro apoyo a esta iniciativa porque siempre hemos pensado que la puesta en marcha de la Agenda 2030 era un gran reto, y nuestro grupo va a apoyar siempre todas las iniciativas que contribuyan en positivo a su implementación y mejora.
Señor Salvador, ¿acepta las enmiendas presentadas?
El señor SALVADOR GARCÍA: Hemos llegado a una transaccional firmada por cinco grupos, solo falta la firma del Grupo Popular, que haremos llegar a la Mesa.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL APOYO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOLUCIÓN PACÍFICA, DEMOCRÁTICA Y CONSTITUCIONAL A LA GRAVE CRISIS POLÍTICA QUE VIVE NICARAGUA DESDE EL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003379).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la iniciativa número 8, por la que insta al Gobierno al apoyo de la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis política que vive Nicaragua desde el respeto y protección de las personas defensoras de los derechos humanos, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se han presentado a la misma cinco enmiendas, tres del Grupo Parlamentario Ciudadanos, una del Grupo Parlamentario Popular y una del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Vera.
Como todos y todas saben, hace más de dos meses se inició un conflicto que ha desatado la actual situación de crisis social y política que atraviesa Nicaragua. Esta crisis, cuyos antecedentes fueron las protestas frente a la gestión realizada del incendio producido en la Reserva Natural de Indio Maíz, se inició a raíz del anuncio que hizo el Gobierno de Nicaragua de una reforma del seguro social que incrementaba las aportaciones de los trabajadores y de las empleadas y que establecía una detracción del 5 % a los y las pensionistas del país. La aprobación de esta medida tuvo como consecuencia una convocatoria masiva de manifestaciones en todo el país protagonizada por estudiantes, pensionistas, trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios, campesinos y defensoras de derechos humanos. Estas protestas se extendieron a catorce ciudades del país, pero, desgraciadamente, la respuesta a estas propuestas, que son legítimas, ha derivado en represión, en uso de armas de fuego y en el hostigamiento sistemático contra todo tipo de agentes y contra la ciudadanía en general en un clima de escalada de violencia en el que, según datos de organismos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el número de personas fallecidas asciende a más de 190, la mayoría de las cuales habrían sido asesinadas como
consecuencia de los disturbios sociales y políticos, así como de la intervención de determinados grupos que se están investigando. Además, continúan los hostigamientos a periodistas y a personas defensoras de los derechos humanos, así como las restricciones al derecho a la salud de las personas manifestantes heridas, cosa que también supone una violación directa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
En este contexto y tras la retirada de la reforma del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Gobierno de Nicaragua emprendió un diálogo nacional, cosa bastante favorable, con la mediación de la Conferencia Episcopal, el pasado 16 de mayo que, por desgracia, a solo siete días de su inicio fue suspendido debido a la oposición frontal al diálogo por parte de algunos sectores de la oposición dada la escasez de posibilidades reales de alcanzar un acuerdo y porque se produjeron más disturbios. Este diálogo se reanudó el pasado viernes 16 de junio como herramienta para ayudar a resolver la crisis y buscar una salida dialogada a la situación de inestabilidad en el marco de este proceso, y aunque las posiciones han sido antagónicas, parece que el Gobierno y la Alianza Cívica firmaron los primeros acuerdos, entre ellos el que parece que permitirá el ingreso al país de misiones de derechos humanos, que es lo que nos compete en esta Comisión.
Desde nuestro grupo parlamentario, al igual que ya lo ha hecho el resto de la comunidad internacional y determinadas organizaciones no gubernamentales de nuestro país, hacemos un llamamiento al cese inmediato de la represión, a condenar la violencia venga de donde venga y a que se respeten las obligaciones de derechos humanos, además de llevar a cabo -nos parece fundamental- las investigaciones sobre los hechos de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril, momento del inicio de esta crisis, para el enjuiciamiento y la sanción correspondiente de los y de las responsables. Es necesario que se inicien y se autoricen las tareas de monitoreo, de investigación y de documentación de la grave crisis de derechos humanos en la que se encuentra el país, así como consensuar a través del diálogo nacional una solución pacífica en aras de fomentar la paz, de reestablecer el clima de convivencia pacífica y garantizar los derechos y libertades públicas de la ciudadanía de Nicaragua, que han de tener goce pleno de sus derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política en un clima de integridad y de seguridad.
Es evidente que nuestro país mantiene lazos históricos, políticos y sociales con Nicaragua -es país receptor de algo más de 382 millones de euros-, además de múltiples relaciones económicas traducidas en acuerdos de inversión y de comercio, y por esta razón el Gobierno de España y la política de cooperación española que impulsemos desde aquí no pueden ser ajenas a la actual situación de vulneración de los derechos humanos, de crisis política y de conflictividad social que sufre Nicaragua. Es imprescindible que nuestro Gobierno, con el apoyo de los demás grupos, apoye la labor de las organizaciones sociales y de derechos humanos exigiendo, paralelamente, el desmantelamiento de los grupos que están operando y la adopción de medidas que imposibiliten que grupos de terceros armados sigan atacando y hostigando a la población y a las defensoras de derechos humanos, que son los grupos especialmente vulnerables que necesitan de una política integral de protección reforzada por parte del Estado. El diálogo nacional recientemente retomado es un espacio que debemos apoyar buscando una participación no intervencionista, sino de mediación y de apoyo lo más amplia e inclusiva posible para una mayor apertura a todas las posibilidades de resolución del conflicto.
Por último, nuestro grupo ve necesario el fortalecimiento de las líneas de cooperación con las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos de las mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, campesinos y pueblos indígenas para proteger a todos los colectivos de mayor vulnerabilidad frente a las situaciones de violencia política que se están acometiendo en el país, independientemente de cuál sea su origen.
A continuación, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Maura, del Grupo Ciudadanos.
Verdaderamente, nos encontramos ante una situación de tragedia. Yo debo corregir hacia arriba la cifra de muertos que presentaba la ponente en su intervención. Según Amnistía Internacional, ayer ya se registraban 212 muertos como consecuencia de la represión producida en Nicaragua, y es verdad que es una pésima noticia para el estado de los derechos y libertades fundamentales. Lo primero que tengo que
decir, además de señalar la situación trágica que se está viviendo en este momento en Nicaragua, es que, como punto previo para cualquier otro tipo de acción internacional de cooperación de política exterior, lo que se debe hacer -nuestro grupo quiere dejarlo muy claro en esta intervención ante esta Comisión- es que cese la represión en Nicaragua. Ese tiene que ser el punto de partida para cualquier otro tipo de posición; no basta con hacer una serie de referencias a lo que debiera ocurrir en el futuro si no somos capaces de establecer ese planteamiento como paradigma inicial, que cese la represión.
En nuestra línea de defensa de los derechos y libertades a nivel internacional, no nos sujetamos a corsés ideológicos; para nosotros, la represión, la violencia, la conculcación de los derechos humanos no son mejores o peores según vengan de unos espacios políticos o ideológicos, son todos nocivos, son todos denunciables y son todos necesarios en su corrección. Por tanto, debo decir que mantenemos una firme condena a la violencia que se ha sostenido en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018; insisto, 212 personas asesinadas y en torno a 1337 heridos.
Valoramos muy positivamente que Unidos Podemos traiga a esta Comisión esta iniciativa, pero nos gustaría que fueran igual de firmes y reactivos en las condenas a la violencia y las violaciones de derechos humanos en todas partes; por ejemplo, en regímenes teocráticos como el iraní, autoritarios como el ruso, tiránicos como los del chavismo de Venezuela o de Cuba. Pero, insisto, valoramos positivamente que se unan a los demócratas que defendemos el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin importar qué gobierno las practique y dónde lo haga. Los episodios, por cierto, de asesinatos de periodistas de investigación que hemos sufrido en Europa y la reciente caída de la libertad de prensa en el mundo forman parte también de esta iniciativa. Sin embargo, desde nuestro grupo parlamentario, consideramos que, quizá, podríamos extender esa mención a otras profesiones y otros colectivos que están sufriendo estas amenazas y la represión de forma especial; por ejemplo, los profesionales de la salud o los estudiantes. No olvidemos que los jóvenes son un revulsivo de nuestras democracias y lo están siendo también en las protestas en Nicaragua. Unimos a ello la referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su labor sin descanso por intentar rebajar las tensiones entre los manifestantes y el Gobierno de Daniel Ortega e, insisto, debe cesar la represión contra la población.
Por el Grupo Socialista, señora Merchán.
Dice la poeta y escritora Gioconda Belli que los países duelen, en referencia al suyo, Nicaragua. Efectivamente, Nicaragua duele y nos duele mucho. La relación de España y de los españoles y españolas con Nicaragua es intensa en el tiempo y en la calidad de la misma, en la emoción. Nicaragua y España están vinculadas no solamente por siglos, sino también por un trabajo de alianza en aras del desarrollo; municipios hermanados por todo el Estado, solidaridad sin precedentes como la que se vivió tras el huracán Mitch y miles de nicaragüenses residentes en España. Nos duele mucho lo que está pasando en Nicaragua y quiero aprovechar para trasmitir la solidaridad de este grupo parlamentario, del Grupo Socialista, a la población nicaragüense en Nicaragua y también a la residente en España, que está saliendo a la calle demandando paz y libertad, y que viven con mucho dolor en la lejanía lo que está sucediendo allí, porque lo que está sucediendo es un conflicto casi inaudito en la región por algunas cuestiones. En este momento, desde que el 18 de abril se emprendieran las acciones de represión contra los movimientos que se estaban manifestando en contra de la reforma del sistema de pensiones, ha habido una escalada de violencia y de represión que se ha traducido en la involución de lo que, en su día, supuso la esperanza precisamente para quien hoy lloran a Nicaragua y son objeto de esa represión. Hay indignación y hay un Estado dominado por el miedo, porque, en efecto, no hay toque de queda, pero, de facto, la población actúa como si lo hubiera, y hay miedo. Si no hay libertad es difícil que haya diálogo y que haya un acuerdo, es imposible el acuerdo y el diálogo sin libertad, por tanto, el primer paso es el fin de la represión del Gobierno y de grupos de choque o paramilitares apoyados por el Gobierno que están creando situaciones tan tremendas como la de Masaya o el incendio de viviendas con personas dentro, incluso niños y niñas.
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado el pasado 21 de junio, hay ya 212 personas asesinadas a manos del Estado, de grupos paramilitares o de choque, más de 1300 heridos y más de 500 personas privadas de libertad que, además, son estudiantes, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos. Ellos son los principales objetos de la represión. Es
importante tener en cuenta informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Human Rights Watch; hay un consenso en que la situación de Nicaragua debe parar. Hay llamamientos de la comunidad internacional, de organizaciones de la sociedad civil y de históricos miembros y amigos del sandinismo apelando al diálogo y al fin de la violencia en todas sus manifestaciones, de un uso de la fuerza letal. Según el informe de la Comisión Interamericana se viola el derecho a la vida y a la integridad física con asesinatos, detenciones sumarias, desapariciones, el derecho a la libertad e integridad personal, el derecho a la libertad de expresión, la coacción a los periodistas, el derecho a la libre circulación -personas nicaragüenses que viven en España nos dicen que justamente ahora, en el periodo vacacional, después de haber ahorrado para poder ir a ver a sus familias no saben si van a poder llegar a sus municipios de origen por las barreras de contención que hay para la libre circulación-, el derecho a la justicia y a la verdad. Es una situación inaudita. Nunca antes se había tenido constancia de la prohibición del derecho a la asistencia sanitaria a las personas heridas; en ningún conflicto, incluso en otros de la región, se ha vivido esa situación, es inaudito que a los profesionales de la salud se les prohíba atender a las personas heridas consecuencia de la represión o en las manifestaciones, sea de la parte que sea, como denuncian los colectivos sanitarios, incluso sacando a la gente de los centros sanitarios para impedir su atención.
Esto debe parar y desde España podemos y debemos apoyar todo lo que contribuya al diálogo, a la conciliación nacional y a la convivencia. Es doloroso ver cómo un país hermano está sufriendo tanto y cómo, además, está escalando la violencia y parece que el diálogo no está tan cerca como muchos quisiéramos. Todo lo que podamos contribuir desde aquí sin tibiezas será bienvenido y seguro que nos lo van a agradecer.
Por último, en nombre del Grupo Popular, señora Hoyo.
Señorías, quisiera comenzar expresando en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, la gran preocupación que sentimos por la situación que vive Nicaragua, nuestro país hermano. Una situación que comenzó el pasado 18 de abril con unas manifestaciones pacíficas que con el paso de los días se fueron haciendo más numerosas y que fueron contrarrestadas con una represión encarnizada y totalmente desproporcionada con violencia ejercida por parte de la policía y por las fuerzas paramilitares contra civiles de todas las edades, también muchos niños. Cabe tener un recuerdo especial hacia las víctimas civiles, dos de ellos niños, uno de ocho meses y otro de dos años, que murieron a causa de que su vivienda fue incendiada. Como se ha dicho ya por parte de otros grupos parlamentarios, llevamos más de 200 muertos, más de 200 asesinados en ese país y miles y miles de heridos.
Nosotros no creemos, como es el caso del grupo proponente, que no haya responsables, tenemos muy claro quiénes son los responsables. El responsable es el Gobierno de Ortega, sumido en el más absoluto autoritarismo y que está utilizando la fuerza y la violencia contra la población civil. Él lo que quiere es quedarse junto a su mujer, que hay que recordar que es la vicepresidenta, en el poder, y para ello están utilizando todos los medios que tienen a su alcance. Están haciendo represión de derechos y libertades, y están -como se ha dicho- vetando a los medios de comunicación. El Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no cree que esto sea así, pero hay varias muestras que nos hacen ver que sí lo es. Por una parte, en la exposición de motivos de su proposición no de ley hablan de una situación de inestabilidad, no de lo que realmente es, una situación de represión indiscriminada. Nos han dicho que no aceptan nuestra enmienda. Es una enmienda fundamental porque creemos que es fundamental condenar la acción del Gobierno de Nicaragua para que cese la violencia contra la población y que garantice las libertades, los principios democráticos, la defensa de los derechos humanos y el pleno respeto al Estado de derecho, y apoyar el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el seno de la Organización de Derechos de Estados americanos. Hay que recordar que los únicos países que no respetan o que dicen no respetar este informe son Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
Por otra parte, en nuestra enmienda pedimos defender activamente la democracia y la libertad en Nicaragua en las relaciones bilaterales, y a través de la Secretaría General de las Cumbres Iberoamericanas y la Organización de Estados Americanos.
Con la presentación de su proposición no de ley, con el rechazo a nuestra enmienda y con las manifestaciones por parte de sus socios -ya que hay que recordar que Izquierda Unida se manifestó el
pasado domingo a favor del Gobierno de Ortega afirmando que la derecha quiere en Nicaragua ganar en la calle lo que no ha ganado en las urnas-, cabe recordar aquí que en esas urnas se prohibió que hubiera observadores internacionales, por tanto, el Gobierno que hay en este momento en Nicaragua no es consecuencia de ninguna democracia.
Por todo ello, y en la línea que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular han llevado siempre, defendiendo los derechos y libertades y la democracia en todos los países, independientemente del color que tengan, creemos que la defensa de los derechos humanos no atiende a ninguna ideología y se tiene que dar siempre en todos los casos; pero ya hemos visto, como ha pasado en muchas ocasiones, que en cuestiones como Venezuela, el Grupo Podemos no está en esa línea, en la línea que nosotros mantenemos y, por eso, no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Por último, señora Vera, ¿acepta o no su grupo las enmiendas presentadas?
La señora VERA RUIZ-HERRERA: Estamos trabajando en una transaccional con el Grupo Socialista.
- RELATIVA A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNDO EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002848).
La señora PRESIDENTA: A continuación, tal y como lo habíamos acordado, pasamos al debate de la propuesta número 2.º, relativa a promover los derechos humanos de todas las mujeres y niñas del mundo en contextos de migración, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se ha presentado un conjunto de seis enmiendas, cinco del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y una del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, y para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra en nombre del grupo proponente el señor Viso.
El señor VISO DIÉGUEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la migración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Dicho movimiento constituye un fenómeno geográfico de relevante importancia en el mundo. Hoy en día, el mundo está viviendo la mayor crisis humanitaria registrada hasta la fecha, con un número sin precedentes de personas migrantes, refugiadas y desplazadas dentro de su propio país. Actualmente existen 65,6 millones de personas desplazadas, de las que 22,5 millones son refugiadas, 40,3 millones desplazadas internas y 2,8 millones solicitantes de asilo, según datos de Acnur. De las cuáles, señorías, la mitad son mujeres y niñas, especialmente vulnerables durante los desplazamientos, siendo el tiempo medio de estancia de la población refugiada en un país extranjero de veinte años.
Señorías, aunque se ha avanzado mucho en esta materia, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional, es necesario seguir reforzando la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos y con perspectiva de género a la gobernanza de la migración, que respete la dignidad de todas las personas migrantes durante todas las etapas de migración y de acuerdo con la legislación internacional, incluidos los principios de igualdad y no discriminación.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada en 2015, reconoce la contribución positiva de las personas migrantes al crecimiento inclusivo, a la vez que observa la realidad multidimensional de la migración internacional y pide que se facilite la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, también mediante las políticas de migración planificadas y bien gestionadas. Estas consideraciones, señorías, vienen definidas también en varias agendas internacionales, entre otras la Agenda de acción de Adís Abeba, donde se reitera la necesidad de incorporar la perspectiva de género, en particular a través de medidas e inversiones con fines específicos en la formulación y aplicación de todas las políticas financieras, económicas, ambientales y sociales. La Agenda de acción de Adís Abeba incluye también -y aquí es donde tenemos que hacer hincapié- el compromiso de adoptar políticas racionales, legislación aplicable y medidas transformativas y el fortalecimiento de las existentes, con miras a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas.
La segunda, señorías, la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo, en la que se reconoce que las mujeres y las niñas representan casi la mitad de las personas
migrantes internacionales en todo el mundo, y que es necesario abordar la situación especial y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas migrantes mediante, entre otras medidas, la incorporación de una perspectiva de género en las políticas.
La tercera, señorías, el Acuerdo de París, que reconoce la importancia de incorporar la perspectiva de género en las medidas de adaptación y subraya que la acción ha de respetar, promover, proteger y satisfacer los derechos de las personas migrantes, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. También, en el Marco de Sendai, que hace hincapié en las dimensiones de género relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, incluida la función que las mujeres pueden desempeñar en ese ámbito y la importancia de su empoderamiento de cara a la preparación y el desarrollo de capacidades para crear medios de vida alternativos después de los desastres que puede acarrear el desplazamiento provisional.
La Declaración de Durban insta expresamente a los Estados a que presten atención especial a las cuestiones de género, en especial a la discriminación sexual y, en particular, cuando los múltiples obstáculos con que tropiezan las mujeres migrantes se combinan y señalan que es preciso realizar investigaciones exhaustivas. Además, la Declaración Parlamentaria de Roma, aprobada en la Confederación Internacional Parlamentaria en el año 2017, que el Pleno del Senado hizo suya en junio de 2017, anticipa los desafíos de un mundo en movimiento, poniendo en valor la migración e igualdad de género relativas a la libertad de acción y decisión de las mujeres, desarrollo sostenible y empoderamiento de las mujeres y niñas. En septiembre de 2016 Naciones Unidas aprobó la Declaración de Nueva York, donde la inmigración y los refugiados fue un tema principal. Igualmente, en el último trimestre de 2017, en la reunión de alto nivel se tomó especial atención también a las mujeres y niñas.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la PNL relativa a promover los derechos humanos de todas las mujeres y niñas del mundo en contextos de migración. Señorías, hablamos de desarrollar, prevenir, combatir, garantizar y promover. Hablamos de desarrollar una política de migración con perspectiva de género y basada en los derechos humanos, promoviendo esta en todas las etapas migratorias, incluida la de emergencia humanitaria. Hablamos de prevenir y combatir la trata y la explotación de las mujeres y las niñas, de conformidad con las normas, las leyes y principios internacionales sobre derechos humanos y con acciones conjuntas entre Estados y otros agentes no estatales. Hablamos de garantizar el acceso de las mujeres migrantes a servicios sanitarios de calidad basados en los derechos humanos con perspectiva de género, en especial en lo que respecta a la atención de salud sexual y reproductiva. Y, señorías, hablamos también de promover el acceso al trabajo decente y protección social de las mujeres migrantes, reduciendo así el círculo de pobreza y favoreciendo que las mujeres disfruten de una mejor situación económica y que sus hijos reciban mejor educación.
La señora PRESIDENTA: Señor Viso, tiene que ir acabando,
El señor VISO DIÉGUEZ: Por todo ello, presidenta voy terminando, estamos estudiando las enmiendas que nos presentan tanto el Grupo Socialista como el Grupo Confederal Unidos Podemos. Es cierto que con el Grupo Socialista hemos coincidido en varias cosas, y con el Grupo Podemos hablaremos ahora, pero posiblemente modifican demasiado el conjunto de la PNL que nosotros queremos presentar.
Para defender las enmiendas presentadas, la señora Ballester del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Me sorprende que diga el Grupo Popular que modificamos demasiado su PNL. Estamos tratando hoy un problema gravísimo, una terrible crisis humanitaria y una profunda herida en los derechos humanos. Millones de mujeres, jóvenes y niñas migrantes se enfrentan a la pobreza, a los conflictos, a la violencia, a los desplazamientos forzosos, a la discriminación. Nuestra obligación como representantes de un pueblo que es solidario es hacer algo, es dar respuestas y soluciones a este drama.
Estamos de acuerdo con esta propuesta, señorías, pero también -insisto- estamos sorprendidas, escandalizadas, diría yo. Porque es sorprendente que el Grupo Popular traiga a esta Comisión esta iniciativa, que no corresponde exclusivamente al ámbito de la cooperación internacional, para empezar, y que, en realidad, no soluciona nada porque no incluye recursos, y sin recursos, sin presupuesto, lo que
hay son palabras bonitas. Lejos de mí criticar las palabras bonitas, pero no es suficiente. Sin presupuesto, señorías del Grupo Popular, no hay políticas públicas, ni hay soluciones ni hay resultados. Tal vez sea esta enmienda la que cambie totalmente el sentido de la PNL del Grupo Popular, porque nosotros sí proponemos recursos para solucionar estos problemas. Es sorprendente -insisto- que el Grupo Popular, que se opuso a destinar en los presupuestos fondos para ayuda humanitaria, empiece esta PNL diciendo que estamos ante la crisis humanitaria mayor de la historia. Es sorprendente que el Grupo Popular, que quitó la sanidad universal, proponga garantizar ahora servicios sanitarios de calidad y atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes. Es sorprendente e indignante que el Grupo Popular, que dejó sin recursos el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, proponga ahora medidas para tratar la violencia contra las mujeres y la trata de personas. Es sorprendente que el Grupo Popular, que hubiese dejado en alta mar o en las costas de Libia -porque lo hemos visto en otras PNL- a las refugiadas del Aquarius, proponga ahora una política migratoria basada en el enfoque de los derechos humanos en todas las etapas migratorias. Es sorprendente e indignante que el Grupo Popular, que ha recortado la ayuda oficial al desarrollo y los presupuestos de cooperación en más del 70 %, diga que hay que reducir el ciclo de pobreza de las mujeres migrantes. Bienvenidos a la realidad, señorías del Grupo Popular.
Estamos de acuerdo en todo esto, faltaría más, pero en mi grupo somos partidarias, además, de concretar medidas, de asegurar recursos, de establecer políticas públicas con resultados alcanzables y verificables. Somos partidarias de la sanidad universal, por supuesto, y celebramos también que sea un objetivo del nuevo Gobierno. Somos partidarias de aumentar la ayuda al desarrollo y el presupuesto en cooperación. Somos partidarias de destinar recursos al pacto de Estado y, además, de ampliarlo para que se puedan incluir todas estas violencias de las que estamos hablando. Somos partidarias de contar, por supuesto, con las organizaciones feministas y de mujeres migrantes, esas con las que ustedes -hasta ahora- no han contado. Animamos al Gobierno a abordar todas estas soluciones con voluntad política y con recursos, y nos ponemos a su disposición para hacerlo conjuntamente.
Estamos hablando de problemas muy graves, estamos hablando de pobreza, de violencia, de sufrimiento, de violación del derecho internacional y de violación de los derechos humanos. La indiferencia ante situaciones tan terribles debería ser considerada un crimen contra la humanidad, pero hacer discursos vacíos, traer aquí propuestas vacías para esconder esa indiferencia, esa inacción y esa falta de voluntad política no solo es un crimen, sino que también es una vergüenza, señorías del Grupo Popular.
En nombre del Grupo Socialista, el señor Pons.
En primer lugar, en consonancia con lo que acaba de decir la compañera, creo que con esta PNL ab origine podríamos estar todos de acuerdo. Si hacemos una segunda lectura, lo que sí está claro es que esta PNL trasluce una corrección de políticas vertebradoras de los años del Partido Popular en el Gobierno. Hay que dar la bienvenida al Grupo Popular si con esta PNL nos está expresando un acto de penitencia por haber dejado a miles de personas sin tarjeta sanitaria. Yo recuerdo el caso de Alpha Pam, un ciudadano senegalés que murió en un hospital de Baleares por no tener acceso a la tarjeta sanitaria, pese a haber contraído tuberculosis. Coincido también respecto a los temas del pacto de Estado; no lo ha dicho la oradora precedente, pero es evidente que si revisamos las cifras sobre el compromiso de España con la Unión Europea en 2015, también es un fracaso que interpreto que esta PNL corrige. Respecto al último elemento, el tema de la precariedad laboral, bienvenidos después de una reforma laboral que ha hecho daño a nuestra sociedad y a los ciudadanos y ciudadanas más frágiles. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho del pacto de Estado.
Aceptamos ese acto de penitencia y vayamos al debate, porque la parte positiva es que nos permite poner otra vez este debate en el centro. Yo creo que esta mañana el propio presidente del Gobierno hablaba en Berlín de que se tiene que dar una respuesta común a un desafío común. Voy a ir rápidamente, porque creo que el debate de la migración desde la perspectiva de género es claro, dentro de un marco de grandes crisis en la Unión, hablamos del brexit, hablamos de la migración, hablamos de la reforma del euro, pero este es un tema capital. Creo que el debate -lo comentaba antes con el portavoz del Grupo Popular-, es cómo trasladamos una política que ha sido una política básicamente judicializada, desde un punto de vista penal -ese es el debate que hay a nivel internacional-, a una política de enfoque de derechos humanos, y muy especialmente en el segundo punto de esta PNL que es el asunto de la trata.
Por cierto, la trata hoy, de mujeres y niñas en su mayoría, es el segundo negocio más lucrativo del planeta según la OIT, después del tráfico de drogas.
Yo quería hacer una referencia a que siempre decimos la mayor crisis, pero la llegada de migrantes a la Unión Europea en estos años no es ni un 0,2 % de toda la población de la Unión Europea. Querría decir, hoy que precisamente acaba de atracar en puerto italiano el carguero danés Alexander Maersk, que he mirado esta mañana con datos del responsable de la Organización Internacional de Migraciones, y este año en Italia la llegada ha caído en un 77,8 %; es decir que la llegada a las costas a bajado, pero lo que ha subido es el testimonio que recogen las organizaciones humanitarias sobre las violaciones y abusos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en los países en los que estos ciudadanos y ciudadanas, niño y niñas están a la espera de poder cruzar. Muchas de estas personas quieren cruzar porque, como muchas veces nos han dicho, ya están muertas; el problema que tienen es que estas personas en origen ya están muertas, y no tienen nada que perder por cruzar el Mediterráneo para llegar a nuestras costas.
Hemos tenido una respuesta de geometría variable en estos últimos años, frente a un deber de solidaridad. Para enumerar y no repetir diría el no respeto a la condición de los refugiados y no al derecho de las convenciones como la Carta Fundamental de la Unión Europea.
Al final, la crisis de refugiados es una crisis sobre la propia Europa y sobre su capacidad o incapacidad de federarse a través de los derechos fundamentales. Este es el debate, si España está dispuesta a federarse con Europa a través de los derechos fundamentales, y creo que hay una respuesta, por eso decía que bienvenido al Partido Popular porque esa respuesta sea común y se federe a través de derechos humanos. Estos días hemos tenido un foro hispano-polaco en el que había una compañera del Partido Popular, la señora Rojo, y creo que hemos posicionado claramente a España, tanto con las intervenciones del presidente del Senado como de la presidenta del Congreso, sobre la necesidad de dar respuesta a esa urgencia humanitaria, pero también que a largo plazo se necesita un Plan Marshall.
Voy a hacer un pequeño punto sobre la trata porque vale la pena.
La señora PRESIDENTA: Con brevedad, que estamos fuera de tiempo.
El señor PONS SAMPIETRO: Hay dos casos; el caso de 2010 es el de las obligaciones de los Estados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha responsabilizado a los Estados en dos sentencias que tenemos que cumplir. La Comisión Europea, en un informe sobre la aplicación de la directiva sobre trata, ha dicho que realmente estamos muy lejos. Si no revertimos eso, no revertiremos esos problemas con niñas, sobre todo, y mujeres. Por lo tanto, las tres 'P', prevención, protección y persecución, y, sobre todo, nuestra propuesta de que haya una respuesta sobre derechos humanos y la corrección de la dificultad de acceso a la salud y condiciones dignas laborales.
Para fijar posición, el señor Clemente del Grupo Ciudadanos.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchas gracias, señora presidenta, miembros de la Mesa.
La proposición no de ley que nos trae a debate el Grupo Popular trata sobre los derechos humanos y niñas migrantes. Habla en su parte propositiva sobre política de migración con perspectiva de género y basada en los derechos humanos. Habla de prevenir y combatir la trata y la explotación de las mujeres y las niñas. Habla también de garantizar el acceso de las mujeres migrantes a servicios sanitarios de calidad. Y habla de promover el acceso al trabajo decente y protección social de las mujeres migrantes.
En el Grupo Parlamentario Ciudadanos compartimos la preocupación del Grupo Popular, y creemos que también del resto de grupos, por la situación a la que se enfrentan mujeres y niñas en el contexto de la migración. Además, esto es preocupante porque las mujeres migran en la misma cantidad que los hombres, no es que ellas se queden en su país de origen. De hecho, en España hay más población migrante femenina que masculina, según los datos del INE de abril de 2018. Pese a que la migración puede suponer una oportunidad de emancipación personal y económica para las mujeres, especialmente aquellas que vienen de países en los que el papel de la mujer en la sociedad está limitado a la familia y al matrimonio, sin embargo, cuando las mujeres consiguen alcanzar el país de destino al que se dirigen, se ven abocadas a desempeñar trabajos de baja formación y remuneración sin importar que tengan un nivel educativo alto. Además, normalmente, estos sectores de trabajo están menos sujetos a supervisión y
tienen menos visibilidad; a veces, o la mayoría de las veces, condenando a estas migrantes al silencio, al olvido y a abandonar los deseos de emancipación que pudieran tener cuando emprendieron su viaje. Además, se une a la terrible lacra, como ha dicho antes el compañero del Grupo Socialista, de la trata de personas con el fin de explotación sexual, en la que mujeres y niñas son a las que más le afecta este asunto. También quiero recordar, como han dicho anteriormente, que es el segundo negocio más lucrativo del mundo.
Por ello, consideramos especialmente importante, tanto el punto 3 como el 4 de esta proposición no de ley que nos trae aquí el Grupo Popular, puesto que es necesario que los poderes públicos y los demás actores de la sociedad nos impliquemos en la integración de estas migrantes y en el respeto y promoción de sus derechos y libertades fundamentales; también en el ámbito sexual y reproductivo.
Por último, quizá nos hubiera gustado ver alguna referencia más expresa a la necesidad de regularizar la migración, aunque en el punto 2 ya se trata de forma indirecta este asunto. En definitiva, votaremos a favor de la igualdad de las migrantes y de sus derechos y libertades.
Señor Viso, ¿acepta o no las enmiendas que han sido presentadas?
El señor VISO DIÉGUEZ: Estamos hablando con el Grupo Socialista.
- RELATIVA A PROMOVER MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL V PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002153).
La señora PRESIDENTA: Vamos a debatir la última, que es la número 1.º, relativa a promover medidas para luchar con la violencia de género en el V Plan Director de la Cooperación Española, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a la que se han presentado cuatro enmiendas, de los grupos parlamentarios Ciudadanos, Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Popular y Socialista.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la señora Quintanilla.
Señorías, señoras y señores diputados, cuántos años desde mi trabajo en este Parlamento en mi calidad de parlamentaria he oído hablar de la violencia que sufren las mujeres y las niñas en el mundo; cuántas veces lo he oído hablar, y cuántas veces hemos traído iniciativas para trabajar y para luchar contra esta vulneración de los derechos más grave y más preponderante que existe a nivel mundial: la violencia contra las mujeres y las niñas. Hace 21 años, señorías, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad.
Hoy, la iniciativa que se presenta por parte de mi grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular, quiere hablar de una violencia que en muchas ocasiones es invisible, una violencia como es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos. No estamos hablando en estos momentos de la violencia en la pareja o la expareja; estamos hablando de la mutilación genital femenina que se comete en el mundo contra niñas menores de 15 años y el matrimonio forzoso que todavía existe en muchos países del mundo. Tengo que decirles que Unicef lo ha dejado claro, ha hablado de cómo cada año 3 millones de niñas y jóvenes son mutiladas en el mundo. Hay más de 200 millones de mujeres que han sufrido algún grado de mutilación, y si no actuamos con determinación, 30 millones de niñas corren el riesgo de ser víctimas de esta mutilación en los próximos diez años. Tenemos que actuar, porque de las mujeres mutiladas que existen en el mundo, 44 millones de ellas son menores de 14 años. Y, además, este procedimiento se sigue utilizando en Gambia, en Mauritania o en Indonesia, donde alrededor de la mitad de las niñas son menores de 11 años y además han sufrido esta práctica.
Hoy tenemos que hablar también de países con la prevalencia más alta entre mujeres y niñas en mutilación genital: son Somalia y Guinea, donde la tendencia actual continúa y también tenemos que hablar de que Naciones Unidas ha dicho ya que 86 millones de niñas sufrirán esta mutilación en el
año 2030. -Violencia contra las niñas en el mundo-. Pero no puedo olvidar tampoco en esta iniciativa, como así ha sido presentada por mi grupo, de los matrimonios forzosos, de los matrimonios infantiles, una de las tragedias que miles de niñas viven diariamente en muchos países del mundo. Hay 150 millones de niñas en todo el mundo que corren el riesgo de ser sometidas al matrimonio infantil antes del año 2030. Además, Unicef ha dicho que 25 millones de matrimonios infantiles se evitaron durante la década pasada, pero, a pesar de estas reducciones significativas, todavía se sigue practicando en un 15 % y afecta a 15 millones de niñas al año.
Cuando trabajaba en esta iniciativa parlamentaria veía cómo es esta realidad y no podemos mirar hacia otro lado. Además, lo ven como algo normal países como Bangladesh, Chad, Nigeria, Mali, Níger o República Centroafricana, donde un 60 % contrajo matrimonio de forma forzosa antes de los 18 años. No estamos hablando de un hecho aislado. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres no podemos hablar solo de los países en vías de desarrollo, tengo que dar datos escalofriantes, por ejemplo, que en Estados Unidos también se practica, y hay 13 000 niñas son desposadas al año; o en el Reino Unido, donde la policía ha detectado 3500 matrimonios forzosos en los últimos tres años. O, por ejemplo, cómo los Mossos d'Esquadra, en Cataluña, en el año 2014, han intervenido para evitar 75 casamientos forzosos con menores implicados entre los 11 y 15 años.
Hoy hablamos de una iniciativa en la que mi grupo parlamentario pedía de forma urgente que en el V Plan Director aprobado por el Gobierno de España -un V Plan Director que establece claramente en su actuación 2017-2020 la oportunidad para millones de niños y niñas en todo el mundo, pero de forma especial para las niñas- queríamos definir y garantizar que la infancia y su bienestar es una prioridad en la política de la cooperación española. Queríamos garantizar las directrices de la estrategia de infancia de la cooperación española y que se integraran en el V Plan Director. Y, así mismo, queríamos enmarcar algo importante dentro de la Agenda 2030, por la actuación que desde nuestro país tenemos que hacer de cara a la lucha contra los matrimonios forzosos, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y, cómo no, la mutilación genital.
Es verdad, señorías, tenemos mucho trabajo por hacer; no podemos cruzarnos de brazos y dejar que las ideas quedan expresadas por verbos y no por acciones. Millones de niñas nos necesitan para poder vivir en libertad, y nuestro compromiso político debe ser ejemplo de ello. Por eso esta iniciativa...
La señora PRESIDENTA: Señora Quintanilla, tiene que concluir.
La señora QUINTANILLA BARBA: Termino, señora presidenta.
Solo quiero decir que, efectivamente, he estudiado las enmiendas que presentan los distintos grupos parlamentarios y son enmiendas que enriquecen el texto de esta iniciativa y, por lo tanto, desde mi Grupo Parlamentario Popular vamos a admitir todas las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios.
Perdone señoría, perdone presidenta, muchísimas gracias por su benevolencia.
A continuación, para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, el señor Clemente del Grupo Ciudadanos.
Por supuesto que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos completamente a favor de reforzar los elementos de lucha contra la violencia machista y la desigualdad de género en nuestra cooperación internacional, puesto que, sin garantizar la participación y la emancipación efectiva de mujeres y niñas, las sociedades jamás podrán alcanzar el cien por cien de su potencial tanto social como económico. Sin embargo, no nos deja de sorprender que el Partido Popular, el partido que apoyaba al Gobierno hasta hace poco menos de un mes, traiga esta iniciativa sobre el V Plan Director de la Cooperación Española que ese mismo Gobierno realizó sin consenso de los profesionales y expertos de la cooperación. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, hay mucho murmullo. Les rogaría que prestaran atención al orador.
Continúe, señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Tranquilos, que me quedan treinta segundos.
¿Por qué no les dijeron ustedes a sus compañeros del Gobierno que incluyeran estos asuntos en la redacción del V Plan director? No creo que fuera por miedo a una oposición por parte de las fuerzas políticas en este asunto concreto, ya que estamos todos de acuerdo en la necesidad de avanzar en él. Además, el hecho de haber realizado un quinto plan director sin contar con casi nadie demuestra que no es que a ustedes les importara demasiado encontrarse con la oposición política. Pese a esto, nos congratulamos de que el Partido Popular reconozca que el V Plan director tenía mucho margen de mejora. Este es uno de ellos, y por eso esperamos que cuenten con nuestra enmienda. De todas formas, votaremos a favor.
Por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Bosaho.
La señora BOSAHO GORI: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora presidenta.
Quería comentar que, a estos efectos, nuestras enmiendas no tienen sentido ya porque el plan director se aprobó el mes de febrero. (Rumores).
La señora BOSAHO GORI: Me corresponde a mí defender la posición de mi grupo en cuanto a esta PNL presentada por el Grupo Popular, relativa a promover medidas para luchar contra la violencia de género en el V Plan Director de Cooperación Española. El tiempo es limitado, por lo que me voy a centrar en lo poco que puedo hacer en este espacio, y, desde luego, no será para salvarles la PNL, porque una vez más nos da la impresión de que nos están tomando el pelo. Por un momento miré el calendario y creí que era el 28 de diciembre, por las inocentadas. ¿Por qué decimos esto? Miren, el articulado de esta PNL habla de la elaboración del V Plan director de cooperación, y nosotras creemos que por lo menos podrían haberse molestado en actualizarlo, porque la presentaron el mes de diciembre para ser debatida y no se hizo. Por tanto, entendemos que está desfasada en planteamientos y en temporalidad. Miren, la comunicación anual del plan director está hecha y, más allá de esa lista que nombran ustedes sobre el abuso sexual, los matrimonios infantiles o la violación de los derechos de las mujeres, estoy convencida de que todos los partidos políticos, igual que la sociedad entera, quieren poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en el mundo. Por eso quiero recordarles que una de las metas del V Plan director es reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia según proceda en cada país.
Para finalizar, les voy a recordar lo que hicieron antes de la moción de censura, que, desde luego, tiene poco que ver con esa lucha por la igualdad de todas las mujeres en el mundo. Colaron un cambio legal que perjudica a las empleadas de hogar en una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado, una enmienda que mantiene las bases de cotización de las trabajadoras domésticas por debajo de sus salarios hasta el año 2024, cuando la ley establece que sea en 2019. En definitiva, cinco años más de discriminación laboral a este sector que sostiene los cuidados de este país. Les recordaré la enmienda -es la 6777- para que no se les olvide. Hay que desarrollar políticas feministas superando la perspectiva de género y, en definitiva, hay que dejar de verlo como algo sectorial, porque lo deseable es que las políticas de género sean cada vez más transversales e interseccionales.
La PNL está ya desfasada, como dijimos, es atemporal y, a nuestro modo de ver, denota la escasa importancia que le dan a la cooperación. Votaremos en contra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bosaho.
A continuación, la señora Galovart, del Grupo Socialista.
La señora GALOVART CARRERA: Gracias, señora presidenta.
La PNL que nos ocupa fue registrada en el mismo día de la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Dejo pues a los señores y señoras diputados la valoración política de dicha iniciativa, teniendo en cuenta el comportamiento del Partido Popular respecto al Pacto contra la Violencia de Género.
Como reconoce la PNL, la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género es una clara seña de identidad de la cooperación española, una marca española de la cooperación que no es nueva, pues desde los planes directores segundo y tercero la lucha contra la violencia de género es una de las prioridades transversales de la equidad de género. En consecuencia, los planes cuarto y quinto han venido a consolidar esa línea ya trazada por los gobiernos socialistas desde 2005. Es por ello que la solicitud contenida en la PNL ha sido cumplida en el V Plan director, que ha sido aprobado en marzo de 2018 y que incluye las referencias de la PNL, destacando entre sus principios la consecución de la igualdad de género, incluyendo la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse que los fuertes recortes aplicados por el Partido Popular a la política de cooperación acabaron haciendo inviables los objetivos prioritarios del IV Plan director respecto a la promoción de los derechos de las mujeres. Todo ello respondía a un contexto de política raquítica de cooperación que el Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo desde 2011 y que incluye lo referente a la situación de las mujeres. Fue una política que supuso un giro radical al modelo de cooperación existente y que, entre otras medidas, supuso el cierre de la oficina de Madrid ONU-Mujeres y supuso también una brutal reducción presupuestaria de más del 70 % desde 2011. Así, resulta que, según el sistema de información de la Ayuda Oficial al Desarrollo, la evolución de la ayuda al desarrollo en relación con la renta nacional bruta ha sido del 0,40 % en 2011; del 0,20 % en 2012; del 0,21 % en 2013; del 0,12 en 2015; del 0,12 en 2016 y del 0,21 en 2017.
Así las cosas y en este contexto, la PNL no podía ser de otra manera que un hacer para no hacer nada, un totum de definiciones sobre la violencia, de declaraciones y de datos estadísticos respecto a las diversas violencias existentes y de menciones a la Agenda 2030, en definitiva, un petitum donde nada se concreta y solo se pide que se estudie la "posibilidad de". Sin embargo, ahora, con el cambio de Gobierno, con un Gobierno socialista, el Grupo Popular presenta una autoenmienda que añade a su etérea petición que se lleven a cabo las medidas recogidas en los informes de la ponencia de estudio de estrategias contra la violencia de género y de la subcomisión para el pacto de Estado.
Así las cosas, convendrán conmigo, señoras diputadas y señores diputados, que estamos ante un Grupo Popular de día, en el Gobierno y con su PNL, y un Grupo Popular de noche, en la oposición y con su enmienda. Pero, a pesar de ello, sin perjuicio del oportunismo, de la falta de criterio y de todos los obstáculos financieros y políticos puestos por el Partido Popular para que no se llevara a cabo el Pacto contra la violencia de género, saludamos y damos la bienvenida a la incorporación efectiva del Partido Popular al pacto de Estado en temas de cooperación, aunque es verdad que nos hubiera gustado mucho, mucho más que esa medida la hubieran propuesto cuando eran Gobierno, porque así hubiéramos puesto el pacto en marcha con mucha más prontitud. Pero, como nunca es tarde si la dicha es buena, bienvenidos al pacto compañeros y compañeras del Partido Popular.
Por nuestra parte, hemos presentado una enmienda en la que reforzamos el quinto plan, instando al Gobierno para que los documentos de planificación de los próximos planes directores cuenten con nuevas medidas específicas dirigidas a paliar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. También instamos al Gobierno para que, en esos documentos de planificación, cuenten con acciones específicas dirigidas a promover los derechos de las mujeres y las niñas, la igualdad de género, su empoderamiento y sus derechos sexuales y reproductivos. Enmienda que responde a nuestra seña de identidad en la cooperación española, que es la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. Señas de identidad que haremos valer sin duda mediante la reconstrucción de una verdadera política pública de cooperación, en la que la Agenda 2030 se constituya en el referente de la misma, así como el informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Muchas gracias, presidenta, también por su benevolencia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Galovart.
Ha presentado una autoenmienda el Grupo Parlamentario Popular. Señora Quintanilla, brevemente, por favor.
La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señora presidenta. Creo que alguno de los portavoces que han intervenido no han leído la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular. Señora Bosaho, ni una sola lección de igualdad, ni una sola lección de violencia de género, cuando usted no había nacido ya estaba yo por los pueblos de España y por la comunidad internacional luchando contra la violencia de género. (Aplausos.-Protestas.-La señora Bosaho Gori pide la palabra). Señora presidenta, no quiero abrir el debate, pero esto es una obsesión...
La señora PRESIDENTA: Les ruego a sus señorías un poco de paciencia, estamos ya finalizando la sesión. Señora Quintanilla, cíñase usted, por favor, al texto de la autoenmienda.
La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señora presidenta. Me voy a ceñir para que realmente vean los distintos grupos parlamentarios la buena voluntad de este grupo parlamentario, no partido, porque aquí somos Grupo Parlamentario Popular, también tenemos que tomar nota de cómo tenemos que hablar en sede parlamentaria. (Rumores.-Protestas).
La señora QUINTANILLA BARBA: Es que continuamente hay un ataque al Grupo Parlamentario Popular y alguna vez podremos tener derecho a defendernos. (Rumores). Por lo tanto en la autoenmienda que yo he presentado, y que va en la línea del Grupo Parlamentario Socialista -y lo vuelvo a repetir-, señora Bosaho, vamos a admitir -a pesar de que estaba en contra de la PNL- sus enmiendas para el enriquecimiento de esta PNL.
Señora presidenta, mi grupo parlamentario va a admitir todas las enmiendas de los distintos grupos para enriquecimiento de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Quintanilla. (La señora Bosaho Gori pide nuevamente la palabra). Dígame señora Bosaho el artículo del Reglamento al que se acoge. (La señora Bosaho Gori: No estoy hablando de ningún artículo). Disculpe, pero esto es una Comisión. Le digo que alegue cuál es el artículo del Reglamento, porque debería saber su señoría, y si no aquí estamos para recordárselo, que es potestad de la Presidencia concederle o no un pequeño turno de réplica que, en todo caso, si es breve, le voy a conceder. Turno breve de réplica, pero por favor no haga alusiones personales, haga uso de la palabra para aclarar.
La señora BOSAHO GORI: No voy a hacer ninguna alusión personal. A la señora Quintanilla le diré (rumores.-Risas) que cuando hemos empezado a hablar le hemos recordado que su PNL estaba desfasada, por lo que retirábamos o no íbamos a presentar las enmiendas que habíamos presentado el mes de diciembre. Simplemente le dije eso, ya está.
Por último, para fijar posición, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, la señora Surra tiene la palabra.
La señora SURRA SPADEA: Con respecto a esta PNL, que es relativa a promover medidas para luchar contra la violencia de género en el V Plan Director de la Cooperación Española, evidentemente ahora ya no goza del poder de implementación, y aunque lo tuviese, mediante el enfoque tan impreciso de la parte dispositiva que ustedes proponían, tampoco hubiese cambiado mucho el enfoque del V Plan Director. Su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, aprobó el V Plan Director que marcará las políticas en materia de cooperación en los próximos cuatro años, con el rechazo de gran parte del sector, ONG, expertos, comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular y partidos políticos como el nuestro. Se necesitan proyectos concretos y medidas efectivas para combatir y paliar la violencia contra las mujeres y niñas, la trata y la explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos, y no declaraciones de intenciones. Necesitamos hechos, y no ahora, sino que los hubiésemos necesitado antes. Por eso nosotros tampoco presentamos enmiendas, porque esto ya no tiene más sentido.
Disculpe, señora Quintanilla, después de su autoenmienda ¿mantiene o no que acepta las enmiendas de los distintos grupos?
La señora QUINTANILLA BARBA: Acepto la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, en dos minutos votamos. (Pausa).
Señorías, en aras de agilizar al máximo la votación, vamos a pasar a votar la primera de las iniciativas. Se vota en los términos de las enmiendas del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y de la autoenmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 9; abstenciones, 1.
Votamos a continuación la número 2. Se vota en los términos de la transaccional del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A continuación la número 3, que se va a votar en los términos de la transaccional del Grupo Socialista, del Grupo Esquerra Republicana y del Grupo Ciudadanos.
A continuación la número 4, que se va a votar en los términos de las enmiendas número 2, 4 y 5 del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A continuación la número 5, que se va a votar con la incorporación de la enmienda del Grupo Ciudadanos.
La número 6 se va a votar en los términos de la transacción del Grupo Socialista y del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pasamos a la número 7, que se va a votar en los términos de la transacción firmada por todos los grupos presentes.
Por último, votamos la número 8, en los términos de la transaccional del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 14.
Muchas gracias a todos. Señorías, se levanta la sesión.

References: Resolución 
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 artículo 11
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 artículo 25
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