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Timestamp: 2019-09-18 03:28:36+00:00

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﻿ Sentencia 2005-00076 de abril 9 de 2014
SENTENCIA 2005-00076 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:NORMAS APLICABLES PARA LIQUIDAR LA PRESTACIÓN DE INVALIDEZ PENSIONAL DE UN EX SOLDADO VOLUNTARIO. SE ESTABLECE QUE PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL POR INVALIDEZ DE UN EX SOLDADO VOLUNTARIO, DEBE APLICARSE LO DISPUESTO POR LA LEY 131 DE 1985, DIFERENTE A LA SITUACIÓN DE UN SOLDADO PROFESIONAL QUE ES REGIDO POR LOS DECRETOS 1793 Y 1794 DE 2000, DEBERÁ LIQUIDARSE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ CON BASE EN EL 75% DEL SUELDO BÁSICO DE UN CABO SEGUNDO DEL EJÉRCITO NACIONAL CONFORME A LO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 90 DEL DECRETO 0094 DE 1989.
TEMAS ESPECÍFICOS:CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD, SOLDADO, DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia 2005-00076 de abril 9 de 2014
Rad.: 18001 23 31 000 2005 00076 01 (0863-2011)
Actor: Helí Niño Luque
El asunto se contrae a establecer si, la entidad demandada Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, debe reconocer al actor una pensión de invalidez, por disminución de su capacidad psicofísica, prevista en el Decreto 94 de 1989.
Bajo este panorama, se referirá la Sala en primer lugar a las normas aplicables al caso, que consagran el reconocimiento de la pensión de invalidez por disminución de la capacidad sicofísica, así como el análisis de las pruebas allegadas, para verificar si en este caso el acto ficto demandado se encuentra viciado de ilegalidad como lo señaló el actor.
1. El sustento jurídico de la pretensión.
Las pretensiones reclamadas por el actor, en su calidad de ex soldado voluntario(6) del Ejército Nacional se refieren al reconocimiento de una pensión de invalidez, en cuantía superior al 75% del salario que devengaba en la entidad al momento de su retiro, el reajuste de la indemnización reconocida y el pago de perjuicios, en suma equivalente a los 1.000 gramos oro certificados por el Banco de la República.
Sobre el tema de la pensión de invalidez, contenida en el artículo 90 del Decreto 94 de 1989 “Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional” consagró el derecho a la pensión de invalidez en los siguientes términos:
“ART. 90.—Pensión de invalidez del personal de soldados y grumetes. Partir de la vigencia del presente decreto, cuando el personal de soldados grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público liquidada así:
a. El 75% del sueldo básico de un cabo superior o su equivalente, cuando en índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.
b. El 100% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%”.
Posteriormente, mediante Decreto 1796 de 2000, “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993" dispuso en su artículo 39, para el caso de los soldados profesionales lo siguiente:
PAR. 3º—Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez”(7).
La última norma en cita, dispone que para acceder a la pensión de invalidez se debe contar con una disminución de la capacidad laboral superior al 75%, circunstancia que debe ser probada a través de un dictamen médico laboral.
En efecto, al proceso se allegó copia del acta de junta médico laboral 3750 de 17 de diciembre de 2003(8), en la que se diagnosticó al actor con una incapacidad permanente parcial, clasificándole como no apto para la actividad militar, con un porcentaje de la capacidad laboral de 25.62%.
El diagnostico de las lesiones o afecciones concluyó:
“1. Posterior a caída sobre un barranco presentó golpe fuerte en espalda, por lo cual es valorado por el servicio de ortopedia y neurocirugía encontrando protrusión discal L4 L5 y escoliosis lumbar, quedando como secuela. a) Lumbalgia mecánica - 2. Disfunción progresiva de agudeza visual que según refiere el paciente fue posterior a trauma por esquirla valorado por el servicio de oftalmología con disminución de agudeza visual de OD: 20/300 OI:20/25 que corrige OD: 20/100 OI: 20/20. 3. Orquialgia bilateral crónica tratada por urología, al examen físico normal con evolución satisfactoria.
Clasificó las lesiones señaladas en el numeral 1º como ocurridas en el servicio por acción directa del enemigo en el restablecimiento del orden público o conflicto internacional o accidente de trabajo relacionado con el mismo literal y además, las señaladas en los numerales 2º y 3º como diagnosticadas en el servicio pero no por causa ni razón del mismo.
También fue allegado al expediente copia de la Resolución 39217 de 7 de septiembre de 2004, a través de la cual se reconoce y ordena el pago de una indemnización por disminución de la capacidad laboral al actor, con base en el sueldo de un cabo tercero, en la que se indica además, que el demandante renunció a la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar mediante escrito de 23 de diciembre de 2003 (fl. 38, cdno. 1).
Seguidamente, mediante petición de 22 de julio de 2004 (fl. 2) el actor solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización otorgada, con base en el porcentaje que le correspondiera, conforme al Decreto 94 de 1989, previa la realización de nuevos exámenes médicos de especialistas que señalaran su verdadera incapacidad. Frente a esta petición la entidad guardó silencio.
De acuerdo a lo anterior y en primer término, debe aclararse que, en efecto las pretensiones de la demanda fueron negadas por el a quo atendiendo a que no se practicó el examen médico legal solicitado por el actor, al considerar que pese a su decreto, este no se llevó a cabo en tanto que el interesado no se presentó para su evaluación.
En el escrito de apelación, el apoderado de demandante manifestó que fue por motivos ajenos a la voluntad del señor Helí Niño Luque, que dicha prueba no fue practicada, razón por la que reclamó al caso la aplicación de los principios de la primacía del derecho sustancial sobre el formal, así como del debido proceso, para lo cual solicitaba nuevamente la práctica del peritazgo médico laboral en orden a determinar las reales condiciones físicas y mentales del libelista.
A tal petición accedió esta corporación, mediante auto de 25 de noviembre de 2011, al configurarse la causal señalada en el artículo 1º del artículo 214 del Decreto 84 de 1981, previo examen del iter procesal y administrativo, con lo que ordenó oficiar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cali, para que realizara al actor la evaluación médico laboral con el objeto de determinar la disminución de la capacidad laboral.
Por imposibilidad material para el actor en la realización de la valoración en tal ciudad (fl. 108, cdno. ppal.), se ordenó que la prueba en mención fuera practicada por la Junta de Calificación de Invalidez de Valledupar, mediante auto de 24 de mayo de 2012 (fl. 110, cdno. ppal.).
A folio 117 del expediente obra el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, en la que se expone la siguiente historia clínica como base para la calificación:
“Paciente de 35 años de edad, soldado SLV (retiro), quien laboró para el Ejército Nacional del año 1997 al año 1999, de quien se solicita valoración por Consejo de Estado, Sala del Contencioso (sic) Administrativo Sección Segunda, por oficio 4697 del 15 de agosto del 2012. Tiene antecedentes de acta de junta médica laboral 3750 de diciembre 17 del 2003 donde se diagnostica: 1. Lesiones o afecciones de columna lumbar incluyendo las dos últimas vértebras con repercusión funcional, numeral 1.062, índice 5, tabla 12.5, DLT: 12.5%, 2. Alteración de agudeza visual, índice 6, Tabla 15, DLT: 25.62%. Aporta nuevos exámenes por persistencia de patologías del 15 de noviembre del 2012, valoración por médico ortopedista y traumatólogo: paciente con HC de trauma lumbar al caer rodando por montaña, hechos ocurridos en el año 2000 como soldado voluntario, desde entonces dolor y distensión de la columna lumbar que imposibilita actualmente sus actividades, al examen: dolor lumbar y retracción isquiotibial, hay hipoestesia en pierna y pie izquierdo.
RMN del 13 de octubre del 2012: 1. Hernias discales L4-L5 y L5-S1 en columna lumbosacra, 2. Radiculopatía L5 izquierda secundaria a hernia discal, 3. Limitación funcional de columna lumbosacra, firma: Dr. Diego Rizo, Ortopedista. Epicrisis de psiquiatría, Dr. Oswaldo Matute Santacruz, examen mental del 8 de octubre del 2012: manifiesta ingreso a fuerzas armadas en 1997 en cumplimiento de servicio militar obligatorio, permaneció desde 1997 hasta 1999 y luego ingresó como soldado voluntario profesional (SVP) asignado a Batallón 45 en Florencia (Caquetá). Como parte del Plan Colombia en 2002, vereda El Placer, participa en fuertes acciones de combates en los que mueren varios compañeros y comenzó a presentar insomnio y episodios de despertar súbito, sonambulismo y actuación combatiente. Posteriormente, en La Gabarra en actividades de apoyo en combate explotó una granada a 6 m de distancia matando a 9 compañeros y produciéndole una lesión en el ojo derecho.
Epicrisis de oftalmología del 16 de diciembre del 2003: secuelas de trauma ocular penetrante OD tracto vítreo fibroso, atrofia perimacular, disminución progresiva de AV por OD con trauma por esquirla de hace 3 años, AV VL SC OD: 20/300, II 20/25, impresión diagnóstica: 1. Trastorno por estrés traumático severo, 2. Trastorno depresivo mayor severo, 3. Amaurosis derecha, pronóstico según siquiatría: paciente quien amerita atención, manejo urgente y continuo dado los riesgos que corre la familia por episodios agresivos y riesgo de acción suicida actual, requiere rehabilitación física y laboral.
Se cita a esta junta y se define calificar con los elementos suficientes del presente expediente con los siguientes diagnósticos:
Numeral 1.062, literal c, lesiones y/o afecciones de la columna lumbar incluyendo las dos ultima vértebras dorsales con repercusión funcional, índice 15.
Numeral 6.053, alteración AV OD, índice 6.
Numeral 3.040 literal B, estrés postraumático severo, índice 14.
DLT = DL1 + DL2 + DL3
DL1 = 54.5%
DL2 = (100 - DL1) x DL2 / 100
DL2 = 22.9%
DL3 = 100 - (DL1 + DL2) x DL3/100
DL3 = 3.04%
DLT = 54.5% + 22.9 + 3.04%
DLT = 80.51%
Que corresponde a una incapacidad absoluta y permanente.
Ver correlación de origen con informe administrativo aportado”.
Por solicitud del apoderado del actor, de 23 de septiembre de 2013, el anterior dictamen fue aclarado y complementado por la junta regional de calificación de invalidez del Cesar, mediante oficio de 24 de septiembre de 2013, allegado a folios 135 y ss. del cuaderno primero, en el que se indica:
“Una vez verificada toda la información aportada por ustedes y realizando una nueva revisión de todos los elementos contenidos en el expediente del señor(a) Helí Niño Luque esta junta decide pronunciarse de la siguiente forma:
Una vez revisada su solicitud esta Junta decide que la fecha de estructuración de las enfermedades calificadas en el presente dictamen y teniendo en cuenta [[La definición de fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral: es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta historia debe documentarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez]].
Esta Junta establece que los fundamentos de hecho aportados por el reclamante, son coherentes con su solicitud y se estructura como dicha fecha (dic. 8/2000), debido a que corresponde a la fecha en la cual la junta médica militar reconoce las patologías del calificado en su informe administrativo. Los demás componentes del dictamen, se ratifican, quedando el dictamen de la siguiente forma:
— Numeral 1.062, literal c: lesiones y/ o afecciones de la columna lumbar incluyendo las dos últimas vértebras dorsales con repercusión funcional, índice 15.
— Numeral 6.053: alteración AV OD: índice 6.
— Numeral 3.040 literal b: estrés postraumático severo, índice 14.
PCL total 80.51% manual: Fuerzas Militares
Fecha de estructuración de la invalidez = 8 de diciembre de 2000
Calificado mediante el manual de las Fuerzas Militares”.
Aprecia la Sala que la anterior decisión se encuentra soportada en las disposiciones consagradas en el estatuto de la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones propio del régimen de la Fuerza Pública, como lo indica el mismo dictamen, por lo que se considera la disminución de la capacidad laboral allí determinada, se sujetó a las normas propias del régimen y los índices de discapacidad allí consagrados.
En las anteriores condiciones, al haberse probado que la disminución de capacidad laboral del actor corresponde a un 80.51%, le otorga a este el derecho a que se reconozca a su favor una pensión de invalidez.
Ahora bien, para efectos de la liquidación de la mencionada prestación, atendiendo a que en este caso se trata de un exsoldado voluntario como se indica en la Resolución 39217 de 7 de septiembre de 2004(9), es decir, regido por la Ley 131 de 1985, diferente a la situación de un soldado profesional que es regido por los decretos 1793 y 1794 de 2000(10), deberá liquidarse la pensión de invalidez con base en el 75% del sueldo básico de un cabo segundo del Ejército Nacional conforme a lo consagrado en el artículo 90 del Decreto 94 de 1989(11) que dispone:
Para ello, deberá acudirse a las previsiones del Decreto 1211 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas
Militares”, artículo 158(12).
Considera la Sala que no es aceptable la petición de reajuste de indemnización otorgada al demandante a través de la Resolución 39217 de 7 de septiembre de 2004, ya que en este caso se estructuró una incapacidad absoluta y permanente que otorga derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual por invalidez, caso diferente a las indemnizaciones que amparan los eventos de incapacidades relativas sean permanentes o no, con base en las tablas y en las mismas previsiones normativas consagradas en el Decreto 94 de 1989, norma aplicable al caso. En otras palabras resulta incompatible el otorgamiento de la indemnización por incapacidad relativa con el reconocimiento de la pensión de invalidez por la pérdida absoluta y permanente de la capacidad laboral.
No se accede a la pretensión resarcitoria del pago de mil gramos oro por concepto de perjuicios porque el libelista incumplió con la carga probatoria establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Decreto 1 de 1984.
Al respecto recuérdese que la carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”(13).
Ahora bien, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar estructuró la pérdida de la capacidad laboral el 8 de diciembre de 2000 en la aclaración del dictamen pericial atendiendo a “la fecha en la cual la junta médica militar reconoce las patologías del calificado en su informe administrativo”(14), como se aprecia a folio 132 del cuaderno principal. En consecuencia, se tomará dicha fecha para efectos de la causación de la pensión de invalidez. Como el libelista reclamó el pago a la entidad demandada el 22 de julio de 2004 y la pérdida de la capacidad laboral fue estructurada el 8 de diciembre de 2000 no hay lugar a la aplicación de la prescripción cuatrienal de que trata el artículo 10 del Decreto 2728 de 1968(15).
En consecuencia se ordenará que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, reconozca la pensión de invalidez al actor, en el grado cabo segundo, a partir del 8 de diciembre de 2000. Empero, como no existe claridad acerca de la fecha exacta de retiro definitivo del actor, la efectividad de la prestación se producirá a partir esta.
Las sumas que resulten a favor del actor se actualizarán en su valor, de acuerdo con la fórmula y términos que se señalarán en la parte resolutiva de la presente providencia y de ellas se descontará lo que el actor haya percibido a título de salario entre el 8 de diciembre de 2000 y la fecha de retiro definitivo.
REVÓCASE la sentencia de dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010) proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en la que se negaron las pretensiones del proceso adelantado por Helí Niño Luque contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, conforme a lo señalado en precedencia. En su lugar se dispone:
1. DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo negativo producto del silencio de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, frente a la petición del actor de reconocimiento de la pensión de invalidez, de 22 de julio de 2004.
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad señalada en el numeral anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a reconocer y pagar la pensión de invalidez a Helí Niño Luque, a partir del 8 de diciembre de 2000, con efectividad a partir de la fecha de retiro definitivo del servicio, en los términos señalados en la parte motiva.
Las sumas que resulten por concepto de mesadas pensionales y adicionales, serán ajustadas en su valor dando aplicación a la siguiente formula:
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir, por concepto de pensión de invalidez desde la fecha de retiro definitivo del servicio, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la providencia).
3. De las sumas que resulten por el reconocimiento de la pensión de invalidez que aquí se decreta, se descontará lo que el actor haya percibido por concepto de salario entre el 8 de diciembre de 2000 y la fecha de retiro definitivo del servicio.
4. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, dará cumplimiento a este fallo dentro del término establecido en el artículo 176 del Decreto 1 de 1984 y observará lo dispuesto en el inciso final del artículo 177 ibídem y el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.
(6) Como se aprecia en el acta de junta médica laboral 3750 de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional obrante a folio 4 del cuaderno principal.
(7) Apartes subrayados declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, por haber operado la cosa juzgada material en relación con tales porcentajes de disminución de capacidad laboral de los servidores públicos de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta el pronunciamiento efectuado mediante la Sentencia C-890 de 1999, donde se consideró que no existía vulneración del derecho a la igualdad frente al tratamiento dado en la Ley 100 de 1993.
(8) Folios 4 a 6 del cuaderno principal.
(9) De reconocimiento de la indemnización.
(10) Por medio de los cuales se creó el estatuto de los soldados profesionales y su régimen prestacional.
(11) “por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Ejército Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional”.
(12) “ART. 158.—Liquidación prestaciones. Al personal de oficiales y suboficiales que sea retirado del servicio activo bajo la vigencia de este estatuto, se le liquidarán las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas así:
PAR.—Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en este estatuto, ser computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales”.
(13) Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007, pág. 249.
(14) Decreto 94 de 1989.
“ART. 35.—Informe administrativo. En los casos de accidentes o lesiones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que sucedieron los hechos serán calificadas por el comandante o jefe respectivo, según sea el caso, conforme a lo siguiente:
c) En el servicio por causa de heridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público.
d) En actos contra la ley, el reglamento o la orden superior.
Cuando el accidente pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de su superior, dentro de los treinta (30) días siguientes al hecho a fin de que rinda el informe administrativo a la respectiva dirección de sanidad; si no lo hiciere la lesión se considera adquirida en el servicio, pero no por causa y razón del mismo.
ART. 36.—Modificación de la calificación. El Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional quedan facultados para modificar la calificación de las circunstancias en que se adquirió la lesión cuando sean contrarias a las pruebas allegadas.
(15) “Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”.

References: ARTÍCULO 90
 artículo 90
 artículo 39
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 214
 Resolución 
 artículo 90
 artículo 158
 Resolución 
 artículo 177
 artículo 267
 artículo 10
 artículo 176
 artículo 177
 artículo 60