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Timestamp: 2020-02-22 01:31:09+00:00

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julio | 2009 | Derechoeducativo's Blog
DERECHO EDUCATIVO DE LOS PUEBLOS ORIGINALES
Desde el punto de vista de quién ejerce o exige un derecho, se pueden identificar dos tipos de derechos: a) derechos individuales (corresponden a intereses personales del ser humano y los ejerce cada persona Ej. Enseñar y Aprender) y b) derechos sociales (se refieren a intereses colectivos o de grupos sociales).
La reivindicación que buscaron desde siempre los pueblos originarios o pueblos indígenas, es la restitución de la propia identidad que le fuera arrebatada por los conquistadores.
Por ello es necesario analizar de los pueblos originarios, su naturaleza, su mundo su historia y su cultura, de un modo tal que se
integre su vida material y espiritual, en forma conjunta con sus relaciones con la naturaleza y con las otras personas.
Es decir se trata de retomar, para un análisis objetivo, su visión filosófica, para poder comprender los propósitos que tienen los pueblos indígenas como comunidad para sus miembros, rescatando su pasado, su presente y sus proyecciones al futuro.
Los pueblos indígenas por ser herederos de los pueblos precolombinos conservan, en diversos grados, una parecida conciencia social de su condición humana, y de todas las esferas de la vida, como lo que se refiere a sus sistemas de trabajo, el leguaje y cosmovisión.
Aunque su cultura haya sufrido modificaciones por contactos con extraños o la colonización, sus valores y cualidades más centrales se han conservado y todavía los identifica entre sí, les da identidad como pueblo.
Hoy constituye una realidad socio-cultural y política el progresivo reconocimiento y valoración positiva de la diversidad cultural latinoamericana, región que se admite a sí misma como una multiligüística, multicultural y multiétnica.
Es por esto que el Derecho Educativo debe velar por el cambio de las normas legales respeto a garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y la modificación de normas jurídicas para regular la no discriminación de los derechos de los pueblos originarios.
II.-Identidad cultural
La identidad cultural se construye y se desarrolla permanentemente; en ese sentido podemos observar la refuncionalizaciones que los pueblos originarios hacen de sus elementos culturales y las apropiaciones y recreaciones que hacen de otros elementos culturales ajenos.
Debemos tener en cuenta que existen factores que han incidido de modo directo en la configuración de la nueva comprensión de la diversidad cultural latinoamericana, como por ejemplo la lucha emprendida por los propios pueblos originarios para ejercer sus derechos y las nuevas estructura políticas de ampliación de las formas de participación democrática en las sociedad latinoamericanas.
También es importante para tener en cuenta que los Estados han venido adoptando instrumentos internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios y que ello produjo el cambio de normas jurídicas respecto a la no discriminación y al reconocimiento de expresos derechos de los pueblos y de las etnias.
Las reivindicaciones étnicas nacionales implicaron un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios como pueblos distintos y el reconocimiento de sus reclamos fundamentales como los derechos territoriales, al desarrollo, y al uso de sus lenguas y de sus culturas.
En la actualidad se privilegian la gestión de procesos de identidad socio-histórica, cultural y lingüística de los pueblos originarios, y es a través de ello que se profundizan los reconocimientos de su propia identidad.
La identidad de los pueblos originarios se sustenta en una explícita estrategia de resistencia cultural que no se contradice con las opciones y oportunidades de acceder al manejo de la cultura, el conocimiento y la comunicación.
III.- Educación bilingüe e intercultural
La totalidad de los países latinoamericano han optado por una educación diferenciada, que rescate la lengua y la cultura y al mismo tiempo responda a las necesidades básicas de educación.
Esta opción se desarrolla en base a un sistema curricular diversificado, que exige el desarrollo de conceptos pedagógicos e institucionales especiales que puedan realizarse de manera eficiente y con calidad en la educación indígena.
Para su realización de debe partir de una valoración y actualización de sus cosmovisiones, modos de vida, conocimientos y valores propios de cada pueblo originario en particular.
Además se deben contemplar los avances de la modernidad, el desarrollo de tecnología de punta y el acceso a los medios informáticos.
IV.-El derecho de los pueblos originarios
El derecho debe tratar de relacionar las fuentes del derecho indígena con los valores culturales y universales presentes en los derechos humanos.
Los pueblos originarios tienen derecho a condiciones especiales para una vida digna, que contemple educación, salud, trabajo, protección social etc.
Las naciones deben proteger a los pueblos indígenas –como unidades culturales que habitan su territorio- garantizándoles su autodeterminación, un desarrollo sostenible y la cultura de paz.
Estos derechos humanos internacionales son irrenunciables y constituyen un cuerpo integral, único e indivisible y son jurídicamente exigibles.
Las Naciones Unidas concibió la protección de estos derechos de las minorías como el ejercicio de los derechos individuales en el marco de los derechos humanos universales, basándose en los principios de igualdad y de no discriminación.
Cuando se trata de pueblos originarios se debe tener en cuenta que perdieron sus derechos por la invasión, conquista o colonización de sus territorios, y que fueron forzados a incorporarse a una nueva estructura social en contra de su voluntad.
Este derecho debe traslucirse en la garantía a reproducirse como cultura con su propia historia, con sus practicas para alimentarse, organizarse, educarse, trabajar, manejar sus tecnologías, conocimientos, ser dueños de una espiritualidad y cosmovisión propia.
Es por esto que el Derecho Educativo, debe velar y garantizar al momento de la realización de normas comunitarias en los establecimientos escolares el concepto de “no discriminación”, por medio de la diversidad cultural desarrollada en la practica y no en la pura abstracción de una letra normativa.
Se debe tener en cuenta al momento de formular las reglas de convivencia escolar las fuentes del derecho indígena que está basada en su cosmología y en los principios colectivos de su comunidad, en el derecho consuetudinario y en la oralidad del pueblo indígena.
El derecho indígena parte de la creencia que las normas jurídicas no solo son parte de la razón humana, sino también de razones cosmológicas. El hombre no está solo en la madre naturaleza, por tanto no puede ser el omnipotente legislador en tanto existen otras energías, fuerzas y razones en la naturaleza, como son la misma tierra, los ríos, las montañas, los árboles, las piedras, la luna, el mar, el sol y otros, que también manifiestan las reglas de la convivencia humana.
Los principios jurídicos traídos de Europa a América se basaban en la separación del hombre y la naturaleza. Solo el hombre como individuo era capaz de razonar; y por esto, solo el individuo podía ser sujeto de derecho, en cambio el pensamiento holístico de los pueblos indígenas concibe la vida como parte de un todo integrado, equilibrado y armónico; hombre y naturaleza no son dos cosas separadas.
Esta nueva concepción del derecho debe ser tenida muy en cuenta por el Derecho Educativo al momento de producir las normas comunitarias, estas deben estar basamentadas en una concepción jurídica diferente, donde los principios de la tolerancia y la diversidad cultural, social y natural, constituyen el centro de unas normas que regulen la vida en la comunidad con justicia, dignidad, equilibrio y en armonía con la madre naturaleza.
V.-Los pueblos originarios y la actualidad normativa
La reforma de la Constitución Nacional en 1994, introdujo Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, lo realizó mediante lo normado en el Artículo 75º inciso 22 de la Carta Magna.
La jerarquía en la pirámide jurídica del derecho positivo a otorgado a estos Tratados Internacionales constitucionalizados en 1994, una posición superior a las leyes nacionales pero inferior a la Constitución Nacional.
Al respecto del tema que estamos analizando, vemos que el Artículo 26º inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Al respecto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Articulo 13º inciso 1, fortalece este concepto disponiendo que la educación: “… debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos…”.
En su contenido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contiene en su Artículo 27º el compromiso de que “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”.
Estos conceptos de no discriminación fueron reforzados ampliamente por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; que en su Artículo 7º, los Estados firmantes se comprometen a la eliminación de todas las formas de discriminación entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos.
Por último la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su Artículo 17º inciso d) protege de los medios de comunicación “las necesidades lingüística, del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena”. Refiriéndose también sobre el tema en el Artículo 29º inciso d) cuando dispone “preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena”.
En virtud de estos tratados internacionales se logró cambiar la orientación normativa referida a los pueblos originarios en nuestro país, ya que debemos tener en cuenta que la Constitución Nacional de 1853-60, en su Artículo 67º inciso 15 disponía; entre los deberes atribuidos al Congreso Nacional; el de “conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Esta disposición degradante fue derogada por la reforma constitucional de 1994, cuyo inciso 17 del actual Artículo 75º les ha reconocido a los pueblos indígenas preexistencia étnica y cultural. En virtud de ello los pueblos originarios aborígenes que habitan nuestro territorio en la actualidad se le reconozcan y garanticen derechos, en forma equivalente al reconocimiento que ellos tienen en el derecho internacional contemporáneo.
Así tenemos que en la Constitución Argentina actual contamos con una cláusula programática, que garantiza el derecho a una educación bilingüe e intercultural que debe concretarse en el sistema educativo incorporando en los programas respectivos contenidos culturales, históricos, geográficos, etc., pertenecientes a cada comunidad aborigen, y también proceder a la designación de docentes que dominen perfectamente la lengua originaria de la comunidad en la cual se encuentra radicada el establecimiento escolar.
La actualmente derogada Ley Federal de Educación Nº 24.195, establecía en su Artículo 5º inciso q) que el Estado Nacional deberá respetar: “El derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y enseñanza de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza”.
En la vigente Ley de Educación Nacional Nº 26.206 se destina un Capítulo y tres Artículos de la norma codificada para reglamentar lo dispuesto por la Constitución Nacional respecto a la educación intercultural y bilingüe de los pueblos originarios.
En efecto, el Capitulo XI esta destinado a regular la educación intercultural y bilingüe definiéndola en el Artículo 52º como “…la modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida…”.
Se completa el texto del Artículo 52º estableciendo que la Educación Intercultural Bilingüe “…promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.”.
A su vez el Articulo 53º entiende que: “Para favorecer el desarrollo de la educación Intercultural Bilingüe, el Estado será responsable de:
a) Crear mecanismo de participación permanente de los/as representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de Educación intercultural Bilingüe.
b) Garantizar la formación docente especifica, inicial y continua, correspondiente a los distintos niveles del sistema.
c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
d) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales.”.
Por último el Artículo 54º de la Ley de Educación Nacional dispone una cláusula programática destinada a la difusión e integración de las culturas originarias en el sistema educativo argentino, manifestando que: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad.”.
Como lo analizamos en los puntos anteriores, la reivindicación de los pueblos originarios ha sufrido una lenta, pero positiva, transformación legislativa en nuestro país al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos.
Si tenemos en cuenta que el ser humano vive al interior de un mundo de relaciones que él mismo ha creado y que estas relaciones forman la cultura, debemos pensar que el Derecho Educativo debe interactuar para conformar normas de convivencia escolar que expresen tanto los bienes espirituales de un pueblo, como su conjunto de formas de ser sociales y sus estructuras simbólicas de pensamiento, para lograr en definitiva que la comunidad educativa tome esta percepción de la realidad y la traduzca en un sistema de normas, actitudes, costumbres, forma de vida y de relación con los demás.
Si analizamos también que la identidad está íntimamente ligada a la cultura y que es uno de los derechos fundamentales de los pueblos originarios, debemos pensar en la construcción de normas jurídicas que se basamenten en el respeto y ejercicio de los derechos culturales, económicos, políticos y espirituales de los pueblos aborígenes que forman parte de nuestra nación. Las mismas deben garantizar el respeto a la no discriminación y a la integración de los pueblos y etnias.
En conclusión la afirmación de la identidad de los pueblos originarios debe crearse día a día con normas educativas que consideren la noción de pertenencia de los mismos, a un conglomerado socio-histórico, que compartió y comparte una misma historia, reconociendo y aceptando la participación social y cultural de los pueblos originarios como portadores de culturas diferenciadas y también las normas comunitarias deben contemplar la participación social de estos sectores culturalmente diferenciados sin exclusiones y fundamentados en la tolerancia.
Las relaciones interculturales democráticas con los pueblos originarios deberán necesariamente conducir al ejercicio de un poder compartido en las distintas esferas de la convivencia escolar, teniendo en cuenta el bienestar común, privilegiando los sectores más vulnerables y desfavorecido de la comunidad educativa y atendiendo la relación armoniosa entre las personas que lo componen.
Finalmente el Derecho Educativo debe enraizarse en el reconocimiento de la diversidad, para la integración de los pueblos originarios, así como en la construcción de relaciones interculturales deseables entre todos los integrantes de la comunidad educativa, que tengan como finalidad última el bienestar ciudadano y la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los sujetos sociales diversos que lo integran.
COMO MOTOR TRANSFORMADOR DE LA COMUNIDAD
El derecho es un componente esencial de las relaciones y de las estructuras sociales y factor principal en la resolución de los conflictos comunitarios. Es por esto que el derecho debe acompañar las transformaciones producidas en la sociedad y en la cultura contemporánea con una nueva cultura jurídica, que ayude a legitimar las normas vigentes.
Hoy es necesario que sea la comunidad educativa la encargada de decidir sobre la creación de sus propias normas jurídicas, por lo que la escuela debe ser un espacio social donde se recree y se legitime el derecho.
La democracia y el derecho persiguen un mismo objetivo: la construcción social e individual de un proyecto humano cuyo instrumento es la educación. Es por ello que el derecho educativo en la escuela nueva debe servir como instrumento de transformación social para alcanzar un mundo mejor.
El objetivo del Derecho Educativo en la comunidad escolar, es crear pautas normativas que faciliten el aprendizaje de una ciudadanía responsable y democrática, la cultura para la paz y los derechos humanos; al mismo tiempo que lograr una convivencia comunitaria, la prevención de la violencia y la resolución pacifica de los conflictos.
Debemos encomendar al Derecho Educativo la formación del individuo en el espacio de la unidad escolar, educándolo como sujeto moral responsable y autónomo, y como ciudadano solidario capaz de participar en diferentes ámbitos, con un modo ético de comportamiento, basado en un conjunto de valores previamente concertados, dejando a la instrucción o enseñanza un papel subordinado a la formación como persona.
Para ello, las normas de convivencia deben dirigirse a aprender a vivir juntos, priorizando las relaciones y la cooperación de los integrantes de la comunidad educativa, para lograr que en el futuro la sociedad descanse sobre una paz positiva, hoy tenemos que realizar esfuerzos comunes y compartidos de aprendizaje.
Las normas de convivencia, como marco de la organización de cada comunidad educativa, necesitan de un proceso de cristalización, con el objeto de posibilitar el ejercicio de derechos y deberes de cada uno de sus integrantes; y, para favorecer la comunicación, la participación y la convivencia escolar.
Es necesario previamente concientizar a los integrantes de la comunidad educativa de la impresindibilidad de la participación activa de los sujetos que la integran, y exige una gestión global y continua dirigida a introducir los valores normativos en todos los medios educativos, desde una visión concertada e interactiva y como una formación permanente de todos los miembros que la integran.
Las normas jurídicas a implementar en el contexto escolar deben contener en su espíritu –además de la resolución de los conflictos comunes- principios y valores que garanticen los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, la cultura de paz, la protección y conservación del entorno natural y del patrimonio universal, la diversidad, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, la resolución no violenta de los conflictos, la solidaridad hacia las victimas de la violencia o de las catástrofes sociales y ecológicas.
En definitiva es el Derecho Educativo el encargado de lograr que aumenten los factores de prevención y protección contra todo tipo de violencia, que se favorezca la convivencia a través de la regulación pacifica de los conflictos e inculcar conocimientos que coadyuven las actitudes, valores y comportamientos imprescindibles para la construcción de una ciudadanía responsable y la Cultura de Paz en la sociedad.
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 Artículo 5
 Artículo 52
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 Artículo 52
 Artículo 54
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