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Timestamp: 2019-07-24 00:17:50+00:00

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C-46 de 1998
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020002322CC-SENTENCIAC46199826/02/1998CC-SENTENCIA_C_46__1998_26/02/1998200023221998Sentencia C-046/98 CADUCIDAD DE LA ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Improcedencia " El artículo 242-3 de la Carta Política que establece un término de caducidad para las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma, no comprende, en modo alguno, aquellas que se dirigen a atacar el acto por desbordamiento en el ejercicio de la competencia. Así pues, cuando como en el asunto sub examine, la controversia en este aspecto conlleva a la definición acerca de si quien profirió el acto demandado gozaba de competencia para ello, o si se desbordó en el ejercicio de las mismas, no resulta aplicable la caducidad prevista en la norma mencionada, y es pertinente, por consiguiente, el examen de fondo de la cuestión planteada en la demanda. NORMA LEGAL -Codificación Cuando se trata de codificar normas en el sentido técnico jurídico de convertirlas en Código, dicha función corresponde constitucionalmente al legislador, no obstante lo cual, este podría remitirlo con las debidas facultades al Gobierno, a fin de que este último pueda decidir acerca de la eliminación o supresión de algunas normas o la inclusión de otras. No hay razón alguna de índole constitucional que impida que un código se conforme por la suma de diversas leyes y decretos, ya que si bien un código es un conjunto sistemático, lógico y completo de las disposiciones que regulan determinada actividad, la unidad temática no implica que necesariamente el código deba estar conformado por una sola ley, pues diversas leyes o decretos pueden expedirse para integrar dicha unidad, así como varios de los preceptos consignados en ellos pueden ser derogados o suprimidos en virtud de la codificación que se hará, como ordinariamente así ocurre. FACULTADES EXTRAORDINARIAS -Expedición de Códigos No solo la facultad del Gobierno de expedir Códigos en virtud de facultades extraordinarias conferidas por el legislador, no quebranta el ordenamiento, siempre y cuando lo haga en desarrollo y dentro del término fijado en la ley de facultades, sino que, además esa atribución comporta de "codificar" las normas vigentes para la organización y el funcionamiento de la administración municipal, en virtud de la cual puede entonces, regular de manera completa, metódica, sistemática y coordinada, las instituciones constitutivas del régimen municipal, por expresa delegación del legislador ordinario, de suprimir preceptos sobrantes, reiterativos, incoherentes o ajenos al sistema, así como modificar los que considere pertinentes para adecuarlos a los fines propios del código, o aún, derogar aquellos mandatos que no deben hacer parte del ordenamiento respectivo. Referencia: Expediente D-1763
Carlos Fernando Zarama VasquezCONSTITUCIONALIDADHernando Herrera VergaraD1763Identificadores20020002323true12354Versión original20002323Identificadores
"El artículo 242-3 dela Carta Política que establece un término de caducidad para las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma, no comprende, en modo alguno, aquellas que se dirigen a atacar el acto por desbordamiento en el ejercicio de la competencia. Así pues, cuando como en el asunto sub examine, la controversia en este aspecto conlleva a la definición acerca de si quien profirió el acto demandado gozaba de competencia para ello, o si se desbordó en el ejercicio de las mismas, no resulta aplicable la caducidad prevista en la norma mencionada, y es pertinente, por consiguiente, el examen de fondo de la cuestión planteada en la demanda.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano CARLOS FERNANDO ZARAMA VASQUEZ promovió ante la Corte Constitucional, demanda contra el artículo 207 del Decreto-Ley 1333 de 1986, la cual se procede a decidir una vez tramitado el juicio correspondiente y previas las siguientes consideraciones.
F. Ingresos en operaciones con tarjeta de crédito".
Dentro del término de fijación en lista, el Ministerio de Justicia y delDerecho, a través de apoderada, presentó escrito sosteniendo que la demanda versa sobre vicios de índole formal y que la acción para demandar ha caducado, por cuanto el decreto es de 1986, no considera procedente revisar si las normas impugnadas se ajustan a los requisitos vigentes al momento de su expedición, consagrados en la Carta de 1886. Además, para finalizar su intervención, considera que ninguna de las peticiones de la demanda son viables porque la Corte debe abstenerse de pronunciarse sobre el fondo del asunto, por caducidad de la acción.
En el mismo término, presentó escrito el ciudadano Juan Rafael BravoArteaga, quien obrando en su propio nombre, se opuso a la demanda en referencia.
Mediante oficio del 1o. de octubre de 1997, el señor Procurador General de la Nación rindió concepto (No. 1394) dentro del término legal, solicitando a esta Corporación declarar constitucional el numeral primero del artículo 207 del Decreto 1333 de 1986, bajo el entendido que incluye el rubro "ingresos varios", previsto en el numeral 1o. del artículo 42 de la Ley 14 de 1983. Fundamenta su solicitud en las siguientes consideraciones:
Así pues, estima el señor Procurador que al exceder los parámetros establecidos por el Congreso, el Gobierno Nacional incurrió en una omisión legislativa pues no incluyó el rubro "Ingresos varios" dentro de los ítems que conforman la base del impuesto de industria y comercio a cargo de los establecimientos bancarios. Por lo tanto, debe declararse la exequibilidad de la norma acusada, bajo el entendido que incluye el literal e). Respecto a los efectos de la sentencia, estos deben ser hacia el futuro.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5o. de la Carta, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 207 del Decreto-Ley 1333 de 1986, por el ciudadano Carlos Fernando Zarama Vásquez.
En relación con la solicitud formulada por uno de los intervinientes, según la cual la Corte debe declararse inhibida para resolver de fondo en relación con la acción formulada contra el precepto acusado, pues en su criterio la acción pública de inconstitucionalidad por vicios de forma ha caducado, estima la Corporación que esta pretensión no resulta procedente, ya que como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación en forma reiterada[1], "el artículo 242-3 dela Carta Política que establece un término de caducidad para las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma, no comprende, en modo alguno, aquellas que se dirigen a atacar el acto por desbordamiento en el ejercicio de la competencia. No podría hacerlo, porque si la indebida elección de forma para la producción del acto, cumplido por quien tiene competencia, se reputa un vicio menor, saneable por el transcurso del tiempo, la falta de capacidad para producirlo no puede ser saneada por esa vía, pues no puede producir efectos jurídicos un acto que sólo lo es en apariencia por carecer, ab-initio, del presupuesto esencial para surgir al mundo del derecho: la competencia, precedente obligado del uso de la forma".
b) Codificar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y el funcionamiento de la Administración Municipal. La enumeración comenzará por la unidad y los títulos se nominarán y ordenarán de acuerdo con el contenido de las disposiciones que se codifiquen".
Sobre lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 6 de diciembre de 1983, MP. Dr. Carlos Medellín, expresó lo siguiente:
"En términos generales, un código es un conjunto sistemático, lógico y completo de las disposiciones que regulan determinada actividad, y debe comprender todas aquellas reglas que sean propias de ella o que le son necesariamente anexas o complementarias. No es racional, ni puede pretenderse, que un estatuto de tal naturaleza presente una división tajante entre la actividad que pretende regular y otras actividades afines, u otro grupo de disposiciones legales, pues resulta propio de la naturaleza humana que los actos de las personas tengan diferentes proyecciones, y, por lo mismo, sean susceptibles de regulaciones distintas pero necesariamente complementarias. Si un estatuto de esta naturaleza para ser sistemático y ordenado, debe atender estos frentes, resulta apenas natural que las disposiciones que lo integran incidan en otras reglamentaciones; que al adoptar alguna de estas, apenas se intente presentar la estructuración completa de una determinada conducta o de una situación social dada. Ello, empero, no comporta violación de la Carta por extralimitación de funciones como lo ha dicho la Corte. (Sentencia de 20 de febrero de 1975 sobre los artículos 113, 116 y parte del 118 del decreto Extraordinario 2349 de 1971). En tratándose del Código de Comercio, y en lo atinente al punto que presenta la demanda, se explica entonces que el estatuto trate materias tan vastas, pero coordinadas, como son las que se refieren a las disposiciones generales sobre el ejercicio del comercio, a los comerciantes y a los asuntos de comercio, a las sociedades comerciales, a los bienes mercantiles, a los contratos y obligaciones mercantiles, a la navegación acuática y aeronáutica, con todos los actos, hechos y conductas que son propios de estos fenómenos, así como a los procedimientos pertinentes para resolver los problemas o controversias que se susciten por el ejercicio del comercio. Resulta obvio que el eje central del estatuto es el dicho ejercicio, mas como él implica una serie de fenómenos de diversa incidencia y expresión en la vida económica y social, era elemental que al ser expedido el Código, ellas se tuvieran en cuenta y si esto puede hacerlo legítimamente el Congreso (76-1) también pudiera hacerlo el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias para el mismo fin" (MP. Dr. Guillermo González Charry).
En este sentido, a juicio de la Corte, la Ley 11 de 1986 autorizó al Gobierno para "codificar" normas constitucionales y legales, lo que como se ha dicho, incluyó la atribución en cabeza de este, por expresa autorización del legislador ordinario, de eliminar normas repetidas o derogadas, "inclusive las constitucionales, dejando en cabeza del Ejecutivo la más absoluta discrecionalidad en la definición sobre si las normas relacionadas con el tema estaban o no vigentes y acerca de si merecían, por no estar repetidas, ser incluídas en el estatuto"[2].
En otros términos, ha dicho la Corte[3] que "incorporar sin sustituír, esto es, sin producir la derogatoria de las disposiciones legales que se pretende subsumir en un régimen jurídico de imperativo cumplimiento, que puede estar contenido en uno o varios textos, equivale a realizar labores de compilación carentes de fuerza vinculante. En otros términos, significaría no ejercer una competencia de naturaleza eminentemente legislativa, como quiera que lo que caracteriza la función de regulación normativa desde el punto de vista material es la creación de proposiciones jurídicas con fuerza de ley".
"Más endeble aún es el argumento que empleó el fallador de primera instancia para confirmar la actuación administrativa, cuando considera que la no inclusión del concepto "ingresos varios" en el artículo 207 del Decreto-Ley 1333 de 1986, obedeció a "la omisión en que incurrió la publicación oficial al eliminar, con evidente error de imprenta el literal E del artículo 207...". La anterior afirmación carece de asidero legal, resultante de la exclusiva interpretación del a-quo, pues el literal E de la ley 14 de 1983 que corresponde a "ingresos varios" fue sustituído en el Decreto-Ley por el rubro "ingresos en operaciones con tarjeta de crédito"[4].
Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia transcrita, y al tenor de los preceptos legales vigentes, resulta claro que el concepto "ingresos varios", incluído en el literal e) del artículo 42 de la ley 14 de 1983, pero excluído en el artículo 207 del Decreto 1333 de 1986, no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio a cargo de los bancos, por haber sido excluído expresamente por el Ejecutivo, al expedir el Código de Régimen Municipal, en ejercicio y en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el literal b) del artículo 76 de la Ley 11 de 1986. Adicionalmente, y por disposición constitucional, los Concejos Municipales y Distritales son los encargados de fijar la base impositiva para la cuantificación del impuesto de industria y comercio, mediante los actos administrativos de carácter general; igualmente, y según se desprende del contenido del artículo 207 acusado, los ingresos susceptibles del impuesto mencionado, que integran la base gravable, son determinables -como así lo estatuye el ordenamiento superior-, y por ende, no encajaría dentro del mandato constitucional la inclusión de unos ingresos indeterminables -los del literal E-, como así fue la voluntad del legislador extraordinario de 1986.
Exequible Artículo 207 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
El H. Magistrado doctor ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO no asistió a la sesión de Sala Plena del 25 de febrero de 1998, por encontrarse en comisión oficial en el exterior debidamente autorizada por la Sala.
Demandante: Carlos Fernando Zarama Vásquez
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-102 de 1994, MP. Dr. Carlos Gaviria Diaz.
[2] Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 14 de abril de 1977. MP. Dr. Guillermo González Charry.
[3] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-558 de 1992.
[4] Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expte. No. 4578. MP. Dr. Guillermo Chahín Lizcano. Mayo 21 de 1993.

References: artículo 242
 artículo 242
 artículo 207
 artículo 207
 artículo 42
 artículo 241
 artículo 207
 artículo 242
 artículo 207
 artículo 207
 artículo 42
 artículo 207
 artículo 76
 artículo 207
 Artículo 207