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Timestamp: 2018-08-20 22:49:41+00:00

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EXTENSIÓN DE PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PENAL EN CASO DE POSESIÓN REGULAR DE INMUEBLE MEDIANTE FRAUDE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor MONTES (Presidente).- Según lo acordado por los Comités en el día de hoy, corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto ley Nº 2.695, de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz.
Sesiones 62ª, en 15 de noviembre de 2016 (se aprueba en general); 1ª, en 14 de marzo de 2017 (se aprueba en particular); 55ª, en 18 de octubre de 2017 (se rechazan las enmiendas de la Cámara de Diputados y pasa a Comisión Mixta).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta, como forma de resolver tales diferencias, efectúa una proposición que figura en el comparado que Sus Señorías tienen a su disposición y que consiste en lo siguiente:
-Acoger el rechazo por la Cámara de Diputados del número 1 del texto despachado por el Senado.
-Aprobar, con las enmiendas que consigna, la incorporación del número 1, nuevo, de la Cámara Baja.
-Rechazar la incorporación de un número 3, nuevo, propuesta por la Cámara de Diputados.
-Acoger la supresión del literal c) del número 5, efectuada por la Cámara Baja.
-Aprobar, con algunos ajustes, la modificación de la Cámara de Diputados a los plazos de prohibición de enajenar y gravar contemplados en el número 6 del texto del Senado, y
-Desechar los textos de ambas ramas legislativas respecto de las enmiendas al artículo 29, de manera de conservar su redacción actual.
La Comisión Mixta acordó esta proposición por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadora señora Aravena, Senadores señores Montes y Sandoval, Diputadas señoras Castillo y Ossandón y Diputados señores Calisto y Van Rysselberghe.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe respetivo.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de entrar al debate propiamente tal, quiero saludar al Centro del Adulto Mayor La Esperanza, de San Bernardo, cuyos integrantes han sido invitados por el Diputado Leonardo Soto y vienen a cargo del señor Jonathan Arancibia.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, me disculpo por la ausencia del Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo en la Sala; así que explicaré yo brevemente lo que tratamos en la Comisión Mixta.
Este proyecto modifica el decreto ley Nº 2.695, de 1979, para resguardar los derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz.
En ese contexto, quiero repetir que el objetivo de dicho cuerpo legal es proteger la posesión histórica familiar, para lo cual se fijan plazos en relación con la prohibición de que los inmuebles regularizados con arreglo del citado decreto sean gravados y enajenados.
Ello implica que los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago de impuesto territorial sea inferior a 800 o 380 unidades tributarias mensuales, respectivamente -eso es para aclarar que efectivamente está orientado a las familias de más escasos recursos-, podrán obtener un título de dominio.
En lo concreto, ¿qué plantea esta iniciativa de ley?
Establece la presentación de un certificado de informaciones previas, que será obligatorio para cualquier trámite que se realice en Bienes Nacionales. Esto significa que las direcciones de obras municipales en todo el país tendrán que elaborar dicho certificado, que será vinculante no solo para los terrenos urbanos, sino también para los rurales.
Sin duda, aunque no es el objeto del proyecto, ello permitirá a los municipios informarse sobre las situaciones de terrenos irregulares -muchas veces ubicados en sectores rurales- que se venden por menos superficie de la que estipula la ley y que utilizan dicha normativa para regularizarse.
Por otro lado, se fortalece la publicidad para proteger de buena fe el derecho de terceros o propietarios a poder informarse cuando se está realizando una tramitación de este tipo.
También se aumentan los plazos: a dos años para gravar y a cinco para enajenar dicho bien raíz.
Esas son las propuestas, a grandes rasgos, que contiene el informe de la Comisión Mixta, que yo respaldo. Estoy muy de acuerdo con dichas enmiendas.
Esta no es la reforma a la normativa que uno quisiera, pero en la última sesión de la Comisión el Ministro claramente nos indicó que el referido decreto ley sufrirá una mejora, pues el Ejecutivo presentará lo antes posible las modificaciones legislativas necesarias.
Por el momento y con la urgencia que se requiere, la iniciativa en análisis ayudará a normalizar en parte las situaciones antes descritas.
Para complementar el informe, le ofrezco la palabra al Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Comisión de Vivienda del Senado, que presido, integró la Comisión Mixta que el 31 de julio pasado se reunió para resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado. Son seis las controversias.
Cabe señalar que a dicha sesión concurrieron el Ministro de Bienes Nacionales, señor Felipe Ward, acompañado de sus asesores. Asimismo, participaron asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Las referidas controversias -todas fueron resueltas por unanimidad-, en lo medular, dicen relación con lo siguiente.
El Senado, en primer trámite constitucional, planteó reemplazar el artículo 3º del decreto ley Nº 2.695 para impedir que el solicitante agregue a su posesión la de sus antecesores, accesión que sí permite la norma vigente.
La Comisión Mixta acordó proponer que se acoja lo sugerido por la Cámara Baja, en consideración a que uno de los principales objetivos del mencionado decreto ley es proteger la posesión histórica familiar, presente, por lo general, en el ámbito de la vida rural.
La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó una oración final al artículo 5º de la ley para establecer que quien solicite ser reconocido como poseedor regular del correspondiente bien raíz, en las áreas urbanas, deberá acompañar, además de la declaración jurada pertinente, un certificado de informaciones previas que contenga las condiciones aplicables al predio respectivo.
La Comisión Mixta acordó proponer que se apruebe dicha modificación, enmendada de manera de consultar un texto que haga aplicable la exigencia también en las áreas rurales -ya que la mayor parte de los inconvenientes se produce en ellas- y que aclare que el certificado de informaciones previas será emitido, con fines de regularización, por la dirección de obras municipales correspondiente o por quien en subsidio cumpla esa función. Lo anterior, para permitir que el Ministerio de Bienes Nacionales conozca la situación de cada terreno que se regularice y cuente con todos los antecedentes sobre su emplazamiento.
Asimismo, facilitará a las municipalidades advertir nuevas solicitudes de regularización, las que se podrán fiscalizar en caso de considerarse pertinentes. Esto significará una protección adicional a los derechos de terceros.
La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, modificó el artículo 8º del decreto ley para disponer, en lo sustancial, que en el área urbana, los nuevos sitios o lotes resultantes de la regularización de una parte de un inmueble inscrito de mayor extensión deberán tener acceso a través de un espacio de uso público -es decir, que no queden "terrenos isla"-, cumplir la superficie predial mínima y ajustarse estrictamente a los trazados viales y declaratorias de utilidad pública establecidas en el instrumento de planificación territorial.
La Comisión Mixta acordó proponer que se rechace la enmienda de la Cámara Baja, ya que el objetivo del decreto ley Nº 2.695 es regularizar la tenencia del terreno y no la urbanización o construcción en él, materia que es propia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
CUARTA CONTROVERSIA
Es consecuencia de la primera diferencia (relativa a la accesión de posesiones anteriores), por lo que la Comisión Mixta acordó que se acoja la modificación de la Cámara de Diputados.
QUINTA CONTROVERSIA
El inciso primero del artículo 17 del mencionado decreto prescribe lo siguiente: "Los poseedores de inmuebles inscritos con arreglo a esta ley no podrán gravarlos ni enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción.".
El Senado, en lo fundamental, aumentó dicho plazo a cinco años.
La Cámara de Diputados, en lo sustantivo, propone que los aludidos poseedores no pueden gravar los inmuebles durante el plazo de dos años ni enajenarlos en el término de cinco.
La Comisión Mixta, en materia de tales plazos, acordó proponer que se apruebe la modificación de la Cámara Baja, introduciendo un ajuste en la redacción y otros de carácter formal.
Los dos años propuestos dicen relación con un plazo suficiente para realizar oposiciones, porque en los sectores rurales muchas veces hay desconocimiento de tales acciones. Un año fue considerado un plazo muy corto. Y el de enajenación o venta, que será de cinco años, parece ser un tiempo prudente.
SEXTA CONTROVERSIA
El Senado enmendó el artículo 29 de la ley para que la correspondiente acción destinada a obtener la compensación de los derechos en dinero pueda ser ejercida en un plazo de diez años -y no en cinco, como determina dicho precepto- desde la fecha de la inscripción respectiva.
La Cámara de Diputados planteó reemplazar el artículo 29 proponiendo que la acción en cuestión se ejerza dentro del plazo de cinco años, pero contado desde que el interesado se haga dueño del inmueble por prescripción.
Se observa una diferencia sustancial, señor Presidente, entre la fecha de la inscripción y el momento en que alguien se hace dueño del inmueble por prescripción.
La Comisión Mixta en este caso acordó que se desechen los textos del Senado y de la Cámara Baja, de manera de conservar la actual redacción del aludido artículo 29, toda vez que se estimó que el plazo contemplado en este último es prudente y, además, coincide con el que se propone respecto de la prohibición de enajenar.
Es cuanto puedo informar a la Sala, señor Presidente.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero partir valorando lo que ha dicho la colega que inicialmente informó sobre el proyecto.
Si bien estamos frente al informe de una Comisión Mixta, necesitamos revisar en serio el proceso de regularización de los predios rústicos o como se les quiera llamar en nuestro país.
Lo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales es tremendamente importante. Sin embargo, probablemente, por cada cien casos que resuelva deja unos veinte heridos en el camino. Y eso es mucho, porque en el proceso a través del cual se regulariza, con empresas externas mayormente, no tiene por qué conocerse la historia de la localidad, de la realidad concreta. Por ello, el que exista un informe de la autoridad local puede ayudar a evitar ciertas situaciones indeseadas.
El propósito de las normas que estamos aprobando es hacer más difícil el proceso de regularización por parte del Estado, para lo cual hoy se solicitan informes previos. Es curioso: a las direcciones de obras les vamos a dar atribuciones muy fuertes en la zona rural, lo que no me parece mal. Pero es un precedente muy grande, pues normalmente su ámbito son las zonas urbanas. Así, se contempla una disposición nueva en esta materia que considero interesante.
También les podríamos dar atribuciones para que las familias puedan subdividir predios rústicos. Muchas veces estos se transforman en irregulares debido a que no hay un proceso fácil para subdividirlos y las familias tienden a entregar simplemente un pedazo de terreno a cada uno de sus hijos. Ello, con el objeto de densificar los predios rústicos y no seguir subdividiendo tierras que están destinadas a fines agrícolas.
Creo que este es un proyecto importante y lo voy a votar a favor, pero me parece que estamos ante un problema mayor. No hemos discutido -y sé que esta iniciativa tiene que ver solamente con regularización de predios rústicos- cuál es la política de suelos para nuestro país. ¡Hasta cuándo vamos a seguir con las parcelas de agrado, que después terminan generando una tremenda carga al Estado! ¡Hasta cuándo -discúlpeme, señor Presidente- nos vamos a hacer los lesos al seguir permitiendo que suelos agrícolas, muy escasos en Chile, se transformen en parcelas de agrado de 5 mil metros que después se subdividen de manera absolutamente irregular y generan este tipo de situaciones!
Yo entiendo que es un debate pendiente. Necesitamos modificar también esa otra ley, prima hermana de la que estamos modificando, porque no tenemos una buena mirada sobre lo que pasa en los poblamientos de zonas rurales y qué uso queremos darles a esos suelos. Por eso se generan irregularidades que después el Estado tiene que ayudar a normalizar.
Reitero que me parece muy bien el proyecto. Genera nuevos resguardos para evitar los errores que están ocurriendo, involucra de mejor forma a la autoridad local y da mayor publicidad, pero no sé si será la solución definitiva, porque primero se requiere realizar el otro debate.
Voy a votar a favor, pero insisto en que sería muy bueno que en algún momento nos diéramos el tiempo para efectuar una discusión sobre el uso de nuestros suelos agrícolas, que todos consideramos necesaria.
Por último, señor Presidente, pido abrir la votación para poder dejar constancia de mi posición.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, esta moción, que nace de varios Senadores, efectivamente apunta a resolver un problema que se presenta con frecuencia en las diferentes comunas a lo largo del país.
Como bien señalaba el colega Letelier, el Ministerio de Bienes Nacionales dejó absolutamente claro en la Comisión Mixta que reconoce esta iniciativa como un avance en la dirección correcta, pero agregó que está preparando una ley marco que se haga cargo de la globalidad del problema de la regularización y sus procedimientos. Y por eso el Ejecutivo se allanó a respaldar esta iniciativa.
Por otro lado, deseo recordar que el objeto esencial de la normativa es que las familias más vulnerables -se habla de la pequeña propiedad raíz- vean mejoradas sus condiciones de habitabilidad a través de esta regularización, ya que, al no contar con ella, se mantienen al margen de toda la red de subsidios.
Este proyecto va en esa dirección, al permitir que, una vez regularizada su propiedad, las familias accedan al legítimo derecho que les asiste de buscar una solución a sus problemas.
Muchas de ellas, a lo largo de las diferentes regiones y comunas de nuestro país, intentan comprar este tipo de propiedades, a veces amparadas en situaciones bastante irregulares o en que incluso se han utilizado maliciosamente las normas del decreto ley N° 2.695 para lograr la regularización. Es un hecho de la causa -quienes hemos sido alcaldes sabemos que ello ocurre en todas las comunas- que numerosas familias acceden a estas famosas compras "de derechos" (entre comillas), pero no precisamente de la propiedad.
Asimismo, es necesario enfrentar los problemas que se producen con estos loteos irregulares: falta de accesibilidad, de calles, de áreas verdes, equipamiento, entre muchos otros.
Me parece que la Comisión Mixta resuelve adecuadamente las seis controversias que se generaron entre el Senado y la Cámara de Diputados en esta materia, apoyando algunas enmiendas, rechazando otras y, fundamentalmente, haciéndose parte de la necesidad de contar con una normativa que permita a las familias acceder a este beneficio a lo largo del país.
Deseo recordar solo una situación adicional. Cuando hay planes regionales intercomunales, efectivamente existe una vía para que los municipios puedan intervenir. El famoso certificado de informes previos -discutido ampliamente en la Comisión Mixta-, que se otorga en ambos casos, persigue alertar contra eventuales intentos de regularización o de subdivisión al margen de las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Además, esta normativa apunta al objetivo de reconocer -y es también, por lo demás, el objetivo esencial- la posesión de los antecesores a través de una norma que el texto original no contemplaba. Nos pareció bien efectuar las modificaciones pertinentes, puesto que muchas veces ha acontecido que personas que se instalaron en un lugar ya no están y son sus hijos los que requieren una regularización que sus padres nunca tramitaron. Se consideró absolutamente legítimo reconocer la posesión histórica familiar, lo cual es coincidente con el espíritu esencial de la normativa.
Al igual que el Ministro señor Felipe Ward, consideramos que el proyecto es un avance en el propósito de perfeccionar la legislación sobre la materia. No es la solución integral, pero el Ejecutivo comprometió una iniciativa específica que se haga cargo de la complejidad que presenta este problema en todas las comunas de nuestro país.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, en primer lugar, celebro esta modificación legal, que en la práctica da más oportunidades a terceros y hace un poco más difícil ocupar de mala manera un mecanismo de regularización completamente excepcional.
En Chile son numerosísimos los casos que demuestran que se ha abusado del decreto ley N° 2.695. Tanto es así, que en parte del país este es llamado, derechamente, "el decreto ladrón", expresión popular que se le da a un instrumento legal que muchas veces sirve para regularizar, ante Bienes Nacionales, propiedades que no son de la persona que está empleando esta modalidad.
El hecho de que la prescripción se alargue de uno a dos años y la obligación, en principio, de poner un letrero en la misma propiedad anunciando que su titularidad se está regularizando son, en mi opinión, buenas medidas para evitar los abusos que han ido ocurriendo en el tiempo con dicho decreto.
Ahora bien, concuerdo con los colegas Letelier y Sandoval, lo mismo que con la Senadora Aravena, en que acá hay un gran tema pendiente. La subdivisión predial de 5 mil metros es algo que se debe enfrentar. Algunas comunas lo enfrentan bien y hacen que sus planes reguladores sean muy amplios, no porque permitan construir, sino porque van generando una especie de -voy a ocupar una palabra en inglés, dado que no se me ocurre otra en castellano- buffer entre los distintos sectores...
El señor MOREIRA.- ¡En español, por favor...!
El señor MONTES (Presidente).- ¿Se la puede traducir al Senador Moreira?
El señor GALILEA.- ¡Después voy a conversar con el colega, señor Presidente...!
Lo que se busca, en el fondo, es que no pueda haber subdivisión predial de 5 mil metros pegada a las ciudades.
Claramente, eso es un trastorno: un trastorno en términos de vialidad, y muy luego, también, un trastorno en los servicios sanitarios de la comuna, con los que tiene que cargar, finalmente, el alcalde.
La venta de derechos es un problema que está haciendo crisis en buena parte de Chile y los alcaldes no están siendo suficientemente rápidos para abordarlo, demandar a los responsables y hacer pagar penas efectivas. Una vez que se ha instalado una población en cualquier campo chileno, es virtualmente imposible echar para atrás esa situación.
En el propio decreto ley 3.516 existe una norma poco conocida. Resulta que el propietario de un bien raíz rural puede, de acuerdo a la ley, entregarles pedazos de tierra a sus hijos, quienes pueden inscribirlos, siempre y cuando sean de menos de mil metros cuadrados. Es posible inscribir, sin ningún tipo de problema, hasta 999 metros cuadrados. Y eso, a la larga, también puede ir creando poblaciones al margen de cualquier planificación territorial.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que este proyecto representa un avance. Lo voy a votar a favor, aunque considero indispensable, en términos de planes regulares, del decreto ley 3.516 y de esta misma normativa, ir generando condiciones efectivas para que lo que está pasando en numerosas partes de Chile pare de raíz. Es imposible, para las municipalidades, para el Ministerio de Vivienda, para cualquier institución, abordar los micropoblados que están apareciendo al margen de la ley en todos los lugares de nuestro campo.
El señor MONTES (Presidente).- Este es un tema que ha estado varias veces presente y sobre el cual no hay suficiente consenso, así que me parece muy importante avanzar en él.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, este un proyecto que presenté junto con los hoy ex Senadores Lily Pérez y Eugenio Tuma y cuyo propósito es aminorar los fraudes.
Esto es lo que aconteció en el caso de una persona que se fue a vivir fuera de Chile y dejó a su cuñado a cargo de su casa, un hogar modesto. Después de quince años volvió y el inmueble estaba saneado por Bienes Nacionales: ahora era propiedad de su cuñado y no tenía ninguna opción de recuperarlo. ¡Así de absurda es la situación!
El Senador Galilea planteó una de las cosas más importantes de esta propuesta legislativa: el solo hecho de poner un letrero que anuncie que existe ahí un saneamiento va a alertar a la comunidad y evitará muchos fraudes. Además, se alarga el plazo de prescripción, con lo cual habrá más espacio para poder reclamar frente a una irregularidad.
Pero es importante destacar, para no mezclar los temas, que solamente se modifica el decreto ley 2.695, relativo a la regularización de la pequeña propiedad raíz. Aquí no tiene nada que ver la cesión de derechos, en que los conservadores de bienes raíces inscriben un porcentaje con un plan autentificado que no permite hacer nada a los municipios. Cuando una casa ya está construida, resulta superdifícil y complicado para un alcalde decretar su demolición.
Estoy muy contento con esta iniciativa y pido a la Sala apoyarla. Sé que no es perfecta, porque podrían haberse hecho modificaciones mayores, pero es muchísimo mejor que lo que existe hoy día.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, luego de escuchar las intervenciones de quienes me han antecedido, no cabe duda de que estamos frente a un proyecto que representa un avance. Sin embargo, echo de menos una serie de elementos. Y creo que no podemos seguir legislando siempre en forma parcial.
El decreto ley 2.695 es un instrumento para regularizar pequeños bienes inmuebles que ha permitido constituir títulos de dominio en circunstancias irregulares. Y considero que el balance ha sido positivo.
Son ciertas -las mencionaba uno de los autores de la normativa- las situaciones de abuso por parte de quienes, producto de la ausencia del titular, por encontrarse fuera del país o de la zona donde se ubica la propiedad, proceden a hacer un saneamiento de manera inescrupulosa. Eso lo hemos visto muchas veces. Pero uno también ha participado en innumerables ceremonias de entrega de títulos de dominio a personas que han estado decenas de años en condiciones de absoluta incertidumbre. Esta última semana estuvimos en La Unión entregando títulos de dominio a pequeños agricultores de esa misma comuna, así como de Futrono, Río Bueno y Lago Ranco, quienes no tenían ningún instrumento, ninguna posibilidad de ser usuarios de INDAP, de postular a subsidios de vivienda y a otros beneficios que otorgan el Estado, los municipios, los gobiernos regionales. Contar con un título de dominio cambia absolutamente la vida.
Sin embargo, creo que aquí no se está abordando un problema de fondo, relacionado con los conservadores de bienes raíces.
Hoy día existe un verdadero mercado paralelo de loteos brujos, irregulares. Se genera una subdivisión, se hacen las inscripciones, se venden acciones y derechos y luego comienza el proceso de saneamiento. Ese no es el objetivo original del decreto ley 2.695, sino regularizar la pequeña propiedad, sanear una situación que, producto quizás de una sucesión demasiado extensa, de una tenencia irregular o muchas veces de una posesión demasiado prolongada en el tiempo, va constituyendo derechos y permite hacerse dueño de un terreno.
Entonces, señor Presidente, me preocupa enormemente -no sé si alguno de los integrantes de la Comisión Mixta podría explicarlo- que no se les hayan otorgado más atribuciones o establecido más limitaciones a los conservadores de bienes raíces.
El conservador es el ente que, a propósito de las modificaciones que se le quieren introducir al sistema notarial y registral, debiera notificar personalmente a quien aparece como dueño legítimo desde el punto de vista del título inscrito, toda vez que una publicación en el diario o un letrero puesto en la propiedad muchas veces no logran ser advertidos. Las oficinas de saneamiento publican todos y cada uno de los expedientes y resulta muy difícil leer en los diarios la enorme cantidad de avisos que allí aparecen.Hoy existen medios electrónicos, sistemas digitales que podrían alertar sobre una situación de este tipo. Y debiera ser el conservador de bienes raíces, que lleva la historia registral de los inmuebles, el que lo hiciera.
El proyecto establece: "Adicionalmente, en las áreas urbanas y rurales, deberá acompañar un certificado de informaciones previas con fines de regularización, emitido por la dirección de obras municipales correspondiente". Pero las direcciones de obras deben cumplir decenas de funciones. Debiera ser el respectivo conservador de bienes raíces el que alerte, ya que posee la historia de las propiedades, lo cual representa una de las ventajas del sistema registral chileno. Cuando uno recurre a los repertorios y a los otros libros que llevan los conservadores, puede reconstruir la historia hacia atrás y ver de quién era originalmente un inmueble, dónde se ha dividido, qué anotaciones exhibe al margen.
No cabe duda de que el proyecto de ley constituye un aporte -los plazos de prohibición de enajenar y de gravar son mejores-, pero creo que debiéramos avanzar más.
Varios de nosotros coincidimos en que los loteos brujos -en definitiva, la venta de acciones y derechos, para después seguir parcelando en zonas aledañas a los radios urbanos- son tremendamente complicados desde el punto de vista de la propiedad y del urbanismo.
Considero importante aprobar esta iniciativa, pero también generar un consenso para establecer, a través de las modificaciones a los conservadores de bienes raíces, medidas que permitan alertar y anticipar a los propietarios.
El señor MONTES (Presidente).- Un minuto, para redondear la idea.
El señor DE URRESTI.- Gracias, señor Presidente.
Sería importante, insisto, a partir del sistema registral que llevan los conservadores, alertar cuando se está modificando una situación de esta naturaleza.
La idea es que el decreto ley 2.695, que en la mayoría de los casos ha permitido regularizar inmuebles y constituir nuevos propietarios, no se preste para abusos y no se convierta en el instrumento a través del cual se sanean proyectos inmobiliarios cuyo propósito es distinto al original de este decreto.
Voy a votar a favor, señor Presidente, pero considero importante tener en cuenta en la Comisión, especialmente cuando discutamos la modificación de notarías y conservadores de bienes raíces, que ahí debiera contarse con la historia efectiva de la propiedad, y, de esa manera, alertar cuando exista un saneamiento que no se ajusta a la ley.
El señor DURANA.- Señor Presidente, votamos a favor de esta modificación del decreto ley N° 2.695, porque efectivamente estamos resguardando los derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz.
Hoy he escuchado que estamos frente a un problema rural y urbano, así que no es entendible que el día de mañana figuremos apoyando la regularización de una división de terrenos en una zona rural, sino que ayudando a solucionar un problema, porque muchas veces aquí lo que se hace es castigar a un propietario negligente, que no ha regularizado o no ha inscrito su propiedad en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Además, aquí visualizo dos situaciones bien especiales: una relativa a lo que hemos conversado y analizado en esta Sala respecto de las zonas rurales, y otra relacionada con lo que significa la toma de terrenos, o de casas particulares, o de propiedades.
Por lo tanto, creo que a este proyecto de ley le falta -y espero que la Comisión lo pueda analizar en su debido minuto- especificar que las inscripciones y subinscripciones que se deriven de los procesos de regularización de terrenos debiesen realizarse en un plazo máximo de 30 días, contado desde la fecha de resolución o regularización, bajo la sanción de caducidad del trámite de no cumplirse tal plazo, puesto que de lo contrario se desprotegen los derechos de terceros, que después de varios años se ven afectados por subinscripciones emanadas de antiguos procesos de regularización.
Y es ahí donde cobra especial importancia la labor que cumplen los conservadores de bienes raíces, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- No hay más inscritos para intervenir.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (29 votos favorables y una abstención), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.

References: artículo 29
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 resolución