Source: https://www.scribd.com/doc/84903765/El-reporting-no-financiero-en-Europa-y-Espana
Timestamp: 2017-04-26 03:04:04+00:00

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voluntario a un aspecto regulado. La Ley de Economía Sostenible (LES) de
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marzo de 2011 abre el camino al reporting obligatorio a las sociedades anónimas.
También Europa se aleja del modelo voluntario de RSE establecido en el Libro
Verde del año 2000.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentAsuntos PúblicosEl reporting no financiero en Europa y España
Consecuencias de la Ley de Economía Sostenible para las empresas españolas
Documento elaborado por Garrigues Medio Ambiente Edita: Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership Octubre 2011
www.corporateexcellence.org Sagasta 27, 3 Izq. B 28004 Madrid (Spain) Phone: +34 91 445 18 18 info@corporateexcellence.org
05 06 07 11 13 17
01. Documento Ejecutivo
1. 2. 3. 4. 5. Antecedentes. Estado actual del reporting no financiero en Europa. El modelo español. Principales estándares internacionales de reporting no financiero. Recomendaciones para la preparación del Informe de Responsabilidad Corporativa de 2011.
20 20 21 21 21 22 22 23 26 26 26
02. Anexos. Referencias internacionales en materia de RSE
A. Estándares internacionales de reporting no financiero. 1. 2. B. Global Reporting Initiative (GRI). AccountAbility AA1000AS.
Gestión de la RSE. 1. 2. 3. 4. ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social”. Forética: SGE 21 “Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable”. RS 10 AENOR y Norma UNE 165010EX. SA8000.
Marcos internacionales de referencia. 1. 2. Pacto Mundial de Naciones Unidas o UN Global Compact. OCDE Directrices para Empresas Multinacionales.
En los mercados globales del siglo XXI asistimos a un cambio de paradigma empresarial que se caracteriza por entender que el poder está en manos de los grupos de interés. Estamos entrando en una era que podemos denominar la economía de la reputación, porque la reputación se ha constituido en el verdadero territorio donde compiten las empresas, las instituciones, las ciudades y los países. La buena reputación es el espacio privilegiado de las marcas admiradas, generadoras de confianza, que son capaces de atraer clientes, talento y capital. Quienes hoy formamos Corporate Excellence coincidimos en una idea de base: “La reputación está en la base de la confianza. Y la confianza es un primer factor básico para crear valor a largo plazo”. Las organizaciones, los países, las ciudades se enfrentan al desafío de obtener o renovar la confianza de aquellos grupos que son clave para su supervivencia. El nuevo rol de la empresa en el mundo pasa por ganarse la confianza de los trabajadores, de los clientes, de la sociedad en su conjunto, del regulador. En este reto, juega un papel relevante la transparencia empresarial, que no solo se dirige a los mercados financieros y a los inversores, sino que cada vez más trata de consolidar las relaciones de confianza con otros grupos de interés clave. Así ha nacido y se ha desarrollado el denominado “reporting no financiero”, de carácter voluntario, y en el que las empresas españolas han jugado un papel de liderazgo en los últimos años. Para Corporate Excellence es del máximo interés analizar las consecuencias prácticas de la reciente aprobación de la Ley de Economía Sostenible en España, así como del debate europeo en aras de avanzar hacia un modelo común de reporting no financiero que sea homogéneo y comparable en todo el espacio comunitario, que contribuya a fortalecer el grado de confianza entre las empresas y sus grupos de interés. El ejercicio de transparencia en este contexto es vital porque para tener éxito en la nueva economía de la reputación es preciso entender que lo que hoy genera riqueza no es competir por el precio, no es competir por producción a bajo coste, es competir por aquello que es diferente, que es apreciado por los demás, y eso son las marcas. Con documentos como el que presentamos, desde Corporate Excellence pretendemos ayudar al tejido empresarial español a desarrollar y crear marcas con buena reputación, capaces de abordar el camino de crecimiento que necesita la economía española, basado en la globalización y en la internacionalización.
Corporate Excellence Octubre de 2011
•	Antecedentes.	•	Estado	Actual	del	Reporting	no	Financiero	en	Europa. •	El	Modelo	Español. •	Estándares	Internacionales	de	Reporting	no	Financiero. •	Recomendaciones	para	la	Preparación	del	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	de	2011.
El reporting no financiero en España ha pasado de ser un ejercicio de transparencia voluntario a un aspecto regulado. La Ley de Economía Sostenible (LES) de marzo de 2011 abre el camino al reporting obligatorio a las sociedades anónimas. También Europa se aleja del modelo voluntario de RSE establecido en el Libro Verde del año 2000.
En la última década, Europa ha entendido la responsabilidad social empresarial (RSE) como un comportamiento voluntario de las empresas que redunda en su beneficio a largo plazo y en el desarrollo sostenible. En coherencia con este 1 enfoque voluntario, la Directiva de Modernización (2003) exigió a las empresas europeas informar de cuestiones medioambientales y sociales cuando las propias compañías lo considerasen información relevante para sus grupos de interés. En un contexto regulatorio de carácter voluntario, para satisfacer las demandas del escrutinio público (ONG, sindicatos, ciudadanos, medios de comunicación, analistas e inversores) las empresas españolas se han significado a nivel mundial en la publicación de informes de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad o responsabilidad social corporativa. Este ejercicio de transparencia explica, en gran parte, su posición a la cabeza de los índices internacionales de sostenibilidad, como Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) o FTSE4Good. En 2010, el Foro de Reputación Corporativa 3 realizó un estudio comparativo de la normativa específica relacionada con el reporting de carácter no financiero en los principales países europeos y en Estados Unidos. El estudio muestra cómo este reporting ha conocido a lo largo de la última década un desarrollo significativo vinculado a la incorporación de la responsabilidad social a la gestión empresarial: hasta 2010 anualmente se publicaban en Europa más de 1.000 memorias de sostenibilidad —cifra que ha seguido creciendo hasta ahora— y apenas pueden señalarse empresas cotizadas o de gran tamaño en Europa que no publiquen un informe de sostenibilidad. El citado Estudio muestra también el desarrollo de un marco legal descentralizado desde el que se vienen promoviendo iniciativas nacionales y
regionales de carácter disperso. En los últimos años, se han promulgado más de cuarenta disposiciones normativas relacionadas con el reporting de RSE en los distintos países europeos. En un contexto empresarial globalizado, esta dispersión normativa supone una dificultad de cumplimiento para las empresas que se traduce en costes adicionales y que genera confusión en los mercados y en los ciudadanos. Por ello, el citado Estudio abogaba por el impulso de la transparencia en el espacio europeo inspirándose en el denominado “modelo danés” basado en el concepto de “informar o explicar”. No obstante, en el plazo de 12 meses parece claro que Europa se aleja del modelo voluntario del Libro Verde del año 2000 y avanza hacia una mayor regulación en esta materia. En estos momentos, la UE ha iniciado los trabajos para la propuesta de un nuevo modelo europeo común en materia de responsabilidad social y que probablemente pase por una regulación común en materia de transparencia. Igualmente, la situación normativa en España es distinta a la apuntada en el Estudio de Normativa. La Ley de Economía Sostenible (LES) de marzo de 2011 introduce en su artículo 39 el informe específico de responsabilidad social empresarial. Este artículo tiene carácter eminentemente programático estableciendo obligaciones para los poderes públicos, Gobierno y Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), principalmente. En el caso de sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados este informe anual será objeto de comunicación al CERSE. La consecuencia inmediata de esta nueva exigencia es que durante el primer semestre de 2012, las grandes empresas españolas podrán presentar un informe de responsabilidad social empresarial que incluya, entre otras, las siguientes temáticas: transparencia en la gestión, buen gobierno
1. Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, sobre las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y empresas de seguros. 2. Actualmente, el Foro de Reputación Corporativa se ha integrado en Corporate Excellence, una fundación española compuesta por 15 grandes empresas líderes en los sectores claves de la economía global, que representan el 65% del Ibex 35, con más de 750.000 empleados en 82 países. 3. Guía de normativa 2010: Informes de sostenibilidad en la Unión Europea.
Reporting no Financiero en Europa y España
corporativo, compromiso con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer y de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, promoción de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y consumo sostenible. Esta prescripción no supondrá un cambio significativo para las grandes empresas cotizadas que, como hemos dicho, ya realizan este ejercicio de transparencia desde hace años. Pero sí puede suponer un cambio para el conjunto de las grandes empresas españolas, 786 empresas según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el ejercicio 2011. De acuerdo a los datos publicados por este Consejo, en el año 2009, 33 de las 35 empresas del IBEX publicaron su memoria de RSE y en el conjunto de las empresas cotizadas en el Mercado Continuo, un 85% han publicado un informe de estas características. En septiembre de 2010 se habrían elaborado en España 138 memorias de RSE siguiendo el modelo GRI. La Ley de Economía Sostenible (LES) hace referencia a los denominados “estándares internacionales” cuando se refiere en el artículo 39 a los informes de RSE y a los modelos o referencias de reporte que el Gobierno pondrá a disposición de las empresas. En los últimos años, se ha producido un importante grado de consolidación de determinados marcos de referencia internacional en materia de responsabilidad social empresarial, entre los que cabe destacar la guía del Global Reporting Initiative (GRI), los principios establecidos por la norma internacional AA1000APS (relevancia, inclusividad y capacidad de respuesta a los grupos de interés), los Principios del Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones Unidas, o las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Todos ellos, introducen temáticas de interés y ayudas a las empresas que quieran mejorar la transparencia hacia sus grupos de interés. Pero no todos ellos se pueden considerar estándares de reporting, ya que no todos fueron concebidos con ese propósito. Por todo ello, parece muy oportuno la elaboración de
este Documento, dirigido principalmente a las empresas, con un doble objetivo: a) En primer lugar, pretende introducir seguridad y facilitar a las sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados la realización de ejercicio de transparencia y la comunicación de información extrafinanciera conforme al artículo 39 de la LES. b) En segundo lugar, se pretende contribuir a la clarificación del concepto de estándar internacional de reporting no financiero y reducir el grado de confusión existente en relación a estos modelos. Este aspecto no está regulado de forma precisa, y el Gobierno ha encargado su concreción al CERSE. Este Documento puede ayudar también en la realización de estos trabajos.
2. El Estado Actual del Reporting no Financiero en Europa
La RSE o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte de la estrategia “Europa 2020” para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, para contribuir a construir un modelo competitivo caracterizado por altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. La Comisión Europea tiene el compromiso de relanzar la promoción de la RSE como instrumento clave para conseguir la confianza a largo plazo de consumidores y trabajadores. Hasta ahora, el enfoque adoptado por la Comisión ha estado caracterizado por el respeto de la voluntariedad, basándose en la sensibilización, en el apoyo a iniciativas multilaterales, la investigación, la educación y la información al consumidor. No obstante, en el mundo de la empresa se ha ido generando una inquietud en relación con la posibilidad de aparición de distorsiones entre las medidas adoptadas por diferentes Estados o regiones, especialmente se ha hecho hincapié en materia de reporting (la transparencia como palanca de cambio). En respuesta, la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea lanzó recientemente una consulta pública para
Estamos ante lo que el mundo anglosajón denomina “soft law”: una norma que no parece obligatoria sin efecto o consecuencia jurídica
recabar los puntos de vista de los diferentes grupos de interés sobre cómo mejorar los requisitos de reporting no financiero (social y ambiental) por parte de las empresas y si se deberían imponer requisitos obligatorios a este respecto. Esta consulta se cerró a finales de enero de 2011, estando aún pendiente la publicación de una nueva Comunicación de RSE de la Comisión Europea. En este contexto, los principales requisitos legales establecidos actualmente por la Unión Europea en materia de reporting de Sostenibilidad y de Gobierno Corporativo son los siguientes: Directiva de Modernización 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, sobre las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y empresas de seguros. El artículo 1.14.b) indica que “en la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave de resultados financieros como, cuando proceda, no financieros, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal”. Modifica el artículo 46 de la Directiva 78/660/CEE. •	Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006. El artículo 1 indica que “una sociedad cuyos valores mobiliarios se hayan admitido a cotización en un mercado regulado, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros deberá incluir un informe de Gobierno Corporativo en su informe de
gestión…”. El mismo artículo establece los contenidos mínimos de dicho informe de Gobierno Corporativo que las compañías deben presentar. Modifica las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros, que modifica el artículo 46 bis de la Directiva 78/660/CEE. Como paraguas normativo, la Directiva de Modernización 2003/51/CE introduce requisitos muy generales. Por ello, en la práctica, su principal efecto ha sido el de dar pie a la regularización descentralizada y desagregada. Basado en el grado de obligatoriedad sobre la publicación de Informes de Sostenibilidad en Europa, se pueden distinguir cuatro grandes modelos normativos (ver gráfico 01). A continuación desarrollamos el estado de la regulación sobre esta materia en los países de referencia para cada uno de los modelos apuntados: A. Francia Francia es uno de los países que más ha recurrido al desarrollo de instrumentos normativos para fomentar la incorporación de prácticas de sostenibilidad y RSE por parte de las empresas francesas. De esta forma, con anterioridad a la publicación de la Directiva de Modernización (que se traspone mediante la Orden n°2004-1382), Francia ya había introducido en su derecho nacional obligaciones de reporting mediante la publicación de la Ley Nouvelles Régulations
Gráfico 01: Modelos normativos vigentes en Europa
Modelo impositivo
Establece requisitos específicos sobre reporting de RSE tanto para el contenido como para el modo de reportar. Establece la obligación de informar sobre sus políticas de RSE o, en caso de no hacerlo, indicarlo expresamente, dejando margen sobre el modo concreto de hacerlo. No existe una legislación específica de reporting de RSE pero sí obligaciones más exigentes a la Directiva de Modernización. El reporting de RSE tiene su base normativa en la Directiva de Modernización. Se prima la transparencia voluntaria. Francia y Suecia (solo para empresas públicas) Dinamarca Alemania, Bélgica, Austria, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido España, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal
Modelo limitado Modelo voluntario
Fuente: Guía de Normativa 2010; Informes de Sostenibilidad en la Unión Europea. Foro de Reputación Corporativa.
Economiques, NRE (Ley nº 2001-420 relativa a medidas económicas), en vigor desde 2003 y que modifica el Código de Comercio Francés (Artículo L-225). Esta norma exige a todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores a emitir información social y medioambiental en sus informes anuales de gestión. La información que debe publicarse por las empresas cotizadas francesas es la que especifican los artículos 1 y 2 del Decreto nº 2002-221. Se trata de una batería de indicadores, muchos de los cuales se basan en el GRI y en el “informe social francés – Bilan Social” (una lista de datos de comportamiento social necesaria para dar cumplimiento a la legislación laboral francesa). Asimismo, posteriormente la Orden de 30 de abril 2002 define la información relativa a emisiones que se incluirá en el citado informe, mientras que la Ley nº 2003-699 de 30 de julio de 2003 establece que determinadas empresas deberán informar sobre las políticas de prevención de la sociedad contra el peligro de accidente tecnológico. En los últimos años, el impulso del Gobierno Francés a la RSE se ha canalizado a través del denominado proceso consultivo “Grenelle de l’environment” iniciado en 2007. Como resultado de las recomendaciones derivadas de la Cumbre de Grenelle, el 3 de agosto de 2009 el Parlamento Francés aprobaba una Ley (denominada Ley de Grenelle 1), que incluye en su artículo 53 la intención del Gobierno de extender las obligaciones de reporting a las empresas no cotizadas con determinado número de empleados, así como a las filiales controladas por las empresas matrices. El proceso Grenelle culminó en 2010 con la aprobación de la Ley nº 2010- 788 (J.O. nº 160 del día 13 de julio) denominada “Ley Grenelle 2”. Este texto plasma el compromiso nacional para el medio ambiente y desarrolla uno por uno y sector por sector, los objetivos ratificados por la Ley precedente de “Grenelle 1”. En concreto, en el ámbito de la “Nueva Gobernanza Ecológica”, se introducen importantes novedades normativas con implicación para las empresas públicas y privadas en materia específica de RSE: •	El	artículo	224	completa	el	artículo	L.	214-12	del Código monetario y financiero (Code monétaire et financier) para exigir a las sociedades de inversión de capital variable y sociedades de gestión a informar sobre en qué medida se han considerado aspectos éticos, sociales y ambientales en su políticas de inversión.
•	El	artículo	228	establece	que	a	partir	del 1 de julio de 2011, los productos con mayor impacto ambiental —como los alimentos y derivados— deberán informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que generó su elaboración y transporte. No habrá distinciones entre productos locales o importados, y progresivamente se extenderá a todo tipo de artículos. (primero habrá una fase experimental). •	El	artículo	225	modifica	el	Código	de	Comercio Francés (artículo 225) y desarrolla lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Grenelle 1, al extender las obligaciones de reporting en materia de RSE a las empresas no cotizadas cuyos activos totales o ventas y el número de empleados superen los umbrales establecidos por Decreto adoptado en el Consejo de Estado, así como las filiales controladas por las empresas matrices. En el cuadro inferior se recoge con detalle las implicaciones de esta nueva normativa. “Artículo L225-102-1 del Código de Comercio (modificado por la Ley Grenelle 2) (…) El informe anual de gestión incluirá asimismo informaciones sobre la manera en que la empresa tiene en cuenta las consecuencias sociales y medioambientales de su actividad, así como su compromiso con el desarrollo sostenible y la lucha contra la discriminación y la promoción de la diversidad. Un decreto adoptado en Conseil d’Etat establecerá la lista de esta información de acuerdo con los textos europeos e internacionales, y la forma de su presentación para permitir una comparación de los datos. El párrafo anterior se aplica a las sociedades cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado y a las empresas cuyos activos totales o ventas y el número de empleados supera los umbrales establecidos por Decreto adoptado en Conseil d’Etat (…). La información social y ambiental contenida o que se incluirá en términos de obligaciones legales y reglamentarias estará sujeta a verificación por un tercero independiente en los términos fijados por Decreto adoptado en Conseil d’Etat. Esta verificación da como resultado una notificación que se envía a los accionistas o socios, junto con el informe de la Junta o el Comité. El párrafo anterior será aplicable a partir del 31 de diciembre de 2011 para las empresas
Parece razonable que el mandato sea progresivo, comenzando por las cotizadas para atenuar su coste y evaluar la efectividad de la medida
cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado. Será aplicable a partir del 31 de diciembre del año 2016 para todas las empresas involucradas en este artículo. (…) Desde el 1 de enero de 2011, el Gobierno presentará cada tres años un informe al Parlamento sobre la aplicación por las empresas de las disposiciones mencionadas en el párrafo quinto, y las acciones promovidas en Francia, Europa y a nivel internacional para promover la responsabilidad social corporativa”. B. Dinamarca Dinamarca es uno de los países pioneros en Europa en introducir una legislación específica en materia de reporting sobre RSE. Como parte del Plan de Acción para la RSE, el parlamento danés aprobó la Ley que modifica la Ley de Declaraciones Financieras Danesa (Act amending the Danish Financial Statements Act, Act No. 1403 of 27 December 2008) y que entro en vigor en enero de 2009. Las características esenciales de la nueva normativa se resumen a continuación: •	La	RSE	continúa	siendo	de	naturaleza	voluntaria, al ser definida en la ley como “la manera en que las empresas voluntariamente incluyen consideraciones de derechos humanos, sociales, ambientales y condiciones climáticas, así como la lucha contra la corrupción en sus estrategias de negocio y actividades corporativas”. En otras palabras, la norma no obliga a las empresas a desarrollar actividades específicas de RSE, e incluso a adoptar política alguna, únicamente establece obligaciones de reporting. •	Esta	Ley	se	aplica	a	las	empresas	más	grandes	del país, a las empresas cotizadas y a las de titularidad estatal (alrededor de 1.100 empresas), las cuales deberán divulgar en sus informes anuales sus políticas en materia de RSE, cómo se concreta su desarrollo y su opinión sobre los resultados. En caso de carecer de políticas sobre RSE deberán comunicar esta información, si bien no están obligadas a detallar una justificación. Este mismo requisito de información también se ha introducido a través de una serie de órdenes ejecutivas para los inversores institucionales, fondos mutuos y otras empresas financieras cotizadas. •	El	informe	de	RSE	no	está	sujeto	a	requisitos	detallados de elaboración, y la empresa
podrá decidir individual y voluntariamente en qué áreas y cómo trabajar en políticas de RSE, lo que ha hecho que su implantación no haya supuesto un coste excesivo, tal y como ha expuesto el propio Gobierno en un documento de seguimiento. •	Con	el	objetivo	de	fomentar	a	nivel	empresarial la adopción de códigos de conducta internacionalmente reconocidos, la Ley exime a las empresas que cumplan con los requisitos de adhesión al Pacto Mundial o los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas. •	El	informe	de	RSE	debe	ser	auditado	de	acuerdo	con la sección 135(5) de la citada Ley y en base a la “Danish Executive Order no. 761 of 20 July 2009 on Publication of Reports on Corporate Governance and CSR in supplementary reviews and on business websites”. El auditor está obligado a verificar que la información contenida en el informe anual se corresponde con los estados financieros de la compañía, así como con otros factores de los que esté informado, por lo que el informe sobre RSE constituirá una parte integral de la auditoría del informe anual. •	La	ACCD	ha	publicado	una	guía	completa	sobre el cumplimiento de los requisitos legales. Dicha guía se remite a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y a los Principios de Inversión Responsable. Por otro lado, la legislación danesa impone la obligación de elaborar informes de contabilidad ambiental a determinadas empresas con un impacto ambiental significativo, de acuerdo con la orden ejecutiva: “Danish Ministry of Environment’s Statutory order no. 1515 of 14 December 2006 on Certain Listed Companies’ Responsibility to Prepare a Green Account”. Según la norma, las empresas que de acuerdo con el anexo 1 tienen la obligación de elaborar el informe de contabilidad ambiental, deberán notificarlo a la Agencia Danesa de Consumo y Sociedades (art. 3), la cual recibirá anualmente el informe. C. Suecia En Suecia, desde 1999 es preciso incluir información medioambiental en los informes financieros anuales, medida que afecta a unas 20.000 empresas (tanto públicas como privadas) y para cuya implantación existen recomendaciones elaboradas por la Asociación de Analistas Financieros Sueca. En julio de 2003 aumentaron los requisitos de información,
debiendo incluir aquellas empresas además información sobre prácticas sociales. La Ley que modifica la Ley de Cuentas Anuales (1995:1554), publicada el 15/12/2004 transpuso la Directiva Europea de Modernización 2003/51/CE. Asimismo, a partir de principios de 2009, el Gobierno sueco exigía que todas las empresas estatales (las que cuenten con más de un 50% de participación) publicasen una memoria de sostenibilidad en base a los criterios G3 del GRI. El principio sobre el que se rigen las empresas públicas suecas es el de “comply or explain”, en base a los requisitos del GRI. Dicho principio, obligatorio para las empresas públicas, se aplica en forma de recomendación a las empresas privadas.
referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. 2. El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia a que se refiere el apartado anterior deberá atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 3. Las sociedades anónimas podrán hacer públicos con carácter anual sus políticas y resultados en materia de Responsabilidad Social Empresarial a través de un informe específico basado en los objetivos, características, indicadores y estándares internacionales mencionados en los apartados anteriores. En todo caso, en dicho informe específico deberá constar si ha sido verificado o no por terceras partes. En el caso de sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe anual de Responsabilidad Social Empresarial será objeto de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas que permita efectuar un adecuado seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas españolas. Asimismo, cualquier empresa podrá solicitar voluntariamente ser reconocida como empresa socialmente responsable, de acuerdo con las condiciones que determine el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 4. El Gobierno facilitará los recursos necesarios para que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas pueda llevar a cabo plenamente sus funciones.” En este sentido, del artículo 39.2 se pueden extraer los principales temas o asuntos a tener en cuenta en los procesos de elaboración de los informes de RSE de las empresa y organizaciones: •	Transparencia en la gestión.
3. El Modelo Español
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, regula en su artículo 35 las obligaciones para el sector público empresarial, el artículo 39 se refiere a la promoción de la responsabilidad social de las empresas, y la disposición final trigésima primera prevé, de forma similar a otros países europeos, el desarrollo de las condiciones para la difusión de la información sobre el uso de criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en la política de inversión de los fondos de pensiones. En particular, la Ley regula en su artículo 39.3 el informe específico de responsabilidad social empresarial, señalando tanto los temas como las características del citado reporte. A continuación se recoge el artículo 39 acerca de la Promoción de la responsabilidad social de las empresas: “Artículo 39. Promoción de la responsabilidad social de las empresas. 1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las empresas individuales, a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, las Administraciones Públicas mantendrán una política de promoción de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social. En particular, el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o
A falta de clarificar el concepto de estándar internacional de reporting no financiero el referente consolidado es la Guía del Global Reporting Initiative
•	Buen gobierno corporativo. •	Compromiso con lo local y el medioambiente. •	Respeto a los derechos humanos. •	Mejora de las relaciones laborales. •	Promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, •	Promoción de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. •	El consumo sostenible. Por otro lado, el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) fue creado por Real Decreto en 2008. Adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, y de acuerdo con dicho Real Decreto, es el organismo encargado del “impulso y fomento de las políticas de Responsabilidad Social de las Empresas” y, desde su constitución, el “marco de referencia para el desarrollo de esta materia en España”. Dentro de los diferentes grupos de trabajo del CERSE se encuentran representantes de los grupos de interés de carácter general (trabajadores, empresarios, ONG, sociedad civil, etc.). Fruto de su trabajo en los últimos años, el CERSE emitió en mayo de 2011 el documento “Transparencia, comunicación y estándares de los informes y memorias de sostenibilidad”, en cuyo Apartado 7 “Recomendaciones sobre principios, criterios, temas y subtemas para informar”, se recogen una serie de recomendaciones básicas a tener en cuenta en los procesos de reporting de RSE de las empresas y organizaciones, con el fin de que los informes o memorias puedan ser
comparables y fiables. Estas recomendaciones de CERSE se estructuran en tres apartados: •	Principios y criterios básicos: a tener en cuenta para que el informe/memoria aporte una imagen fiel de la empresa/organización. •	Temas y subtemas: que se derivan de los principios y criterios básicos como aspectos que se deberían incluir en el informe/ memoria cuando proceda. Los indicadores concretos no se han desarrollado en esta fase de trabajo aunque, en la mayoría de los casos, de la información identificada a priori se pueden construir indicadores a medida por la entidad informante. En cualquier caso, se trata de una materia pendiente de debate en el seno del CERSE. •	Índice del informe/memoria: recomendación que pretende orientar sobre la forma práctica de ordenar los contenidos en el informe/memoria. Así, se distinguen dos principios básicos: el principio de transparencia, que hace referencia a que el informe “permita a una persona razonable e informada la toma de decisiones, generando credibilidad hacia la empresa u organización”, y el principio de globalidad implica que el informe “abarque las áreas de influencia de la empresa u organización”. En la siguiente tabla se recogen los principios y criterios básicos recomendados por CERSE (ver tabla 1). De estos principios y criterios se derivan una serie de temas y subtemas concretos susceptibles de desarrollar en el informe o
Tabla 1. Principios y Criterios del CERSE
Principios Transparencia Criterios Reconocimiento de compromisos y logros Progresividad Comparabilidad •	Contextualidad •	Evolución •	Metodología Globalidad Relevancia •	Cobertura del informe •	Información significativa •	Proceso de identificación de sus grupos de interés e interlocución Accesibilidad y difusión Verificabilidad
Fuente: Garrigues Medio Ambiente, 2011.
memoria de sostenibilidad (ver tabla 2). Por último, cabe señalar el índice para la memoria/ informe de RSE propuesto por CERSE: A. Perfil B. Gobierno, compromisos y grupos de interés C. Gestión y desempeño 1. Derechos humanos 2. Medio ambiente 3. Derechos laborales 4. Buen gobierno D. Anexos: notas, verificación, etc.
relevantes a la hora de que las empresas y organizaciones elijan el modelo de referencia de reporting y que se recogen a continuación: •	Que tenga un carácter internacional. •	Que esté basado en los principios y derechos fundamentales reconocidos en los Convenios y Acuerdos internacionales aprobados por las Naciones Unidas. •	Que esté alineado con otras propuestas de países de nuestro entorno. •	Que contemple aspectos sociales, laborales, medioambientales, de lucha contra la corrupción y cualquier otro mencionado en las recomendaciones sobre principios y criterios para informar, que se explicitan en el punto 7 de este documento. •	Que permita distinguir las distintas circunstancias de los sectores de actividad y de la empresa/organización que lo realice teniendo en cuenta su tamaño y disponibilidad de recursos económicos y humanos. •	Que tenga una naturaleza gradual y progresiva. •	Que mantenga los criterios en el tiempo permitiendo, así, apreciar la evolución de los resultados de la empresa/organización. Comprobados el uso de referencias internacionales en la elaboración de memorias de sostenibilidad
4. Principales Estándares Internacionales de Reporting no Financiero
Tal y como se recoge en el apartado anterior, el artículo 39 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece que “el Gobierno pondrá a su disposición [de las empresas] un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia”. A falta de una definición del concepto de “estándares internacionales”, el CERSE propone en el documento “Transparencia, comunicación y estándares de los informes y memorias de sostenibilidad” los criterios que parecen más
Tabla 2. Temas y subtemas a desarrollar en el informe o memoria de sostenibilidad
La Comisión Europea tiene el compromiso de impulsar la RSE para recuperar la confianza a largo plazo de los inversores, empleados y consumidores
Apoyo y respeto a la protección de los Derechos Humanos fundamentales, dentro de su ámbito de influencia Evitar la complicidad en la violación de los Derechos Humanos Consumos de agua, electricidad, gas, y otras materias primas Emisiones Vertidos Residuos y reciclaje Gestión medioambiental Eficiencia Biodiversidad Libertad de asociación y libertad sindical Respeto y promoción de la negociación colectiva Derecho de huelga No discriminación – política de igualdad Conciliación de la vida laboral, personal y familiar Salud, seguridad e higiene en el trabajo Formación Retribuciones Consejo Transparencia en la gestión financiera. Actuaciones en relación con los grupos de interés Respeto y compromiso con las comunidades donde se establezca Corrupción Información de cumplimiento
de las principales empresas españolas y empresas extranjeras relevantes; así como analizados los asuntos tratados en ellos y su relación con los especificados en el artículo 39 de la LES, cabe destacar los siguientes estándares internacionales (ver tabla 3). La mayoría de estas referencias internacionales incluyen de forma positiva los diversos temas introducidos en la LES para el reporting anual no financiero (ver tabla 4). No obstante, del análisis minucioso de estas referencias internacionales, cabe señalar que la única que podría calificarse con propiedad como estándar internacional de reporting es la Guía del Global Reporting Initiative (GRI), puesto que —además de ser la más utilizada en la actualidad por las empresas— es la única que incluye pautas específicas para la presentación de los informes no financieros. La serie de estándares de AccountAbility AA1000, por su parte, están enfocados no tanto a la presentación de la información como a su evaluación (aseguramiento). Existe un principio de convergencia entre esta norma y la Guía GRI, por lo que los estándares de AccountAbility probablemnte acabará consolidándose como la referencia para la verificación de las memorias.
De momento, la LES solo establece la obligación para las empresas de hacer constar en el informe “si ha sido verificado o no por terceras partes”. El resto de las referencias internacionales analizadas en este documento están enfocados a facilitar la gestión (sistemas de gestión) o el compromiso de las empresas en estas materias, pero su función no es facilitar el ejercicio de reporting, ni la preparación de memorias (ver gráfico 2). En este sentido, cabría destacar la Norma ISO 26000, el docuemnto de AENOR RS 10 y la Norma UNE 165010EX, los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o Global Compact, las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, o la Norma SGE 21 de Forética. Todas ellas, proporcionan directrices para la incorporación de la responsabilidad social en el modelo de gestión de las empresas. Las empresas pueden beneficiarse del conocimiento de estos estándares para profundizar en los asuntos de RSE que puedan ser relevantes para sus grupos de interés. En la mayoría de los casos el contenido de los asuntos no es exactamente igual entre los estándares, por lo que debe tenerse en cuenta que las comparaciones y equivalencias que se recogen a continuación son aproximadas.
Tabla 3. Comparativa de los criterios del CERSE con estándares internacionales de reporting
Criterios CERSE
Carácter internacional Basado en los principios y derechos fundamentales reconocidos en los Convenios y Acuerdos internacionales aprobados por las Naciones Unidas Alineado con otras propuestas de países de nuestro entorno Aspectos exclusivos indicados por el CERSE Permite distinguir las distintas circunstancias de los sectores de actividad y de la empresa/ organización que lo realice teniendo en cuenta su tamaño y disponibilidad de recursos económicos y humanos Naturaleza gradual y progresiva Mantiene los criterios en el tiempo permitiendo, así, apreciar la evolución de los resultados de la empresa/organización
Gráfico 2: Clasificación de estándares internacionales, sistemas de gestión de la RSE y marcos internacionales de referencia
Estándares internacionales de reporting no financiero
•	Global Reporting Initiative (GRI) •	AccountAbility AA1000AS
Sistemas de gestión de la RSE
•	Forética: SGE 21 “Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable” •	RS 10 AENOR y Norma UNE 165010EX •	ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social” •	SA8000
Marcos internacionales para la gestión del compromiso
•	Pacto Mundial de Naciones Unidas o UN Global Compact •	OCDE Directrices para Empresas Multinacionales
Tabla 4. Aspectos de las referencias internacionales incluidos en la Ley de Economía Sostenible
Transparencia en la gestión Buen gobierno corporativo Compromiso con lo local y el medioambiente Derechos humanos
CERSE ● ●
ISO ● ●
GRI ● ●
SGE 21 ● ●
RS 10 ● ●
OCDE ●
SA8000 ● ●
Los avances en materia de reporting no financiero vendrán por la exigencia de la verificación externa e independiente de los informes
Relaciones laborales Integración de la mujer, igualdad efectiva entre mujeres y hombres Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad Consumo sostenible
4. Adicionalmente, acerca de este asunto, cabe señalar que en marzo de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha publicado el informe “Report of the Special Representative the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy Framework”, donde se recoge una serie de directrices específicas sobre este asunto.
Tabla 5. Comparativa de asuntos relevantes en los referentes internacionales de RSE
Principio de transparencia Buen gobierno
Sociedad Dimensión económica
Alta dirección Entorno social Entorno ambiental Inversores Administraciones públicas
Ante los propietarios, accionistas, inversores y socios Ante la administración
Publicación de información (divulgación)
Gobernanza de la organización Prácticas justas de operación
Alta dirección Inversores Entorno social Entorno ambiental Proveedores
Ante los propietarios, accionistas, inversores y socios
Lucha contra el soborno, extorsión y corrupción Fiscalidad
Compromiso con lo local y el medioambiente
Buen gobierno Medio ambiente
Participación activa y desarrollo de la comunidad Medio ambiente Derechos humanos
Sociedad Dimensión económica Dimensión ambiental Derechos humanos Dimensión económica
Ante la comunidad/ sociedad Ante el medio ambiente
Personas que integran la organización Proveedores Competencia
Principios 1y2
Trabajo infantil Trabajo forzoso y obligatorio Seguridad y salud Medidas disciplinarias
Laboral y ética del trabajo Dimensión económica
Ante los empleados Ante los proveedores de productos y servicios En alianzas o colaboraciones Ante los competidores
Principios 3, 4 y 5
Empleo y relaciones industriales Competencia
Derecho de sindicación y de negociación colectiva Horario de trabajo Remuneración
Integración de la mujer, igualdad efectiva entre mujeres y hombres
Laboral y ética del trabajo Derechos humanos
Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad Consumo sostenible
Ante los clientes, usuarios y consumidores
5. Recomendaciones para la preparación del Informe de Responsabilidad Corporativa de 2011
La aprobación de la Ley de Economía Sostenible (LES) en 2011 implica un salto cualitativo en relación con el reporting no financiero en España, que pasa de un modelo voluntario de transparencia a un modelo regulado. El artículo 39 de la LES establece que “… las sociedades anónimas podrán hacer públicos con carácter anual sus políticas y resultados en materia de responsabilidad social empresarial a través de un informe específico” y que, para las sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe específico de RSE “será objeto de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas”. Los informes que realicen las empresas como los propios modelos de reporte que el Gobierno pondrá a disposición de éstas, deberán estar de acuerdo con los “estándares internacionales” en la materia. Y las empresas deberán señalar si sus informes están verificados por terceros o no. Un número importante de empresas españolas (786 empresas según datos del INE para el ejercicio 2011) están afectadas por esta normativa. El estudio realizado se propone, por un lado, facilitar a las empresas la realización de sus informes y por otro contribuir a los trabajos de clarificación del concepto de estandar internacional de reporting no financiero que debe realizar el CERSE. Con esta doble finalidad, se proponen las siguientes recomendaciones: a) En primer lugar, es preciso señalar que este artículo tiene carácter eminentemente programático, estableciendo obligaciones para los poderes públicos, el Gobierno y el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) principalmente. Para las empresas estamos ante lo que en el mundo anglosajón se denomina “soft law” (“norma blanda, flexible, verde o indicativa”) al tratarse de un instrumento jurídico que no parece obligatorio y al que le falta el efecto o consecuencia jurídica. La norma no establece un plazo de inicio del mandato legal. Por ello parece razonable que éste sea progresivo para atenuar su coste y evaluar la efectividad de la medida, por ejemplo comenzando por empresas cotizadas y grandes empresas, e incluso por empresas públicas — como ya establece el artículo 35 para las empresas públicas estatales— por el papel ejemplarizante que cabría esperar de ellas —como ya se hace en algunos países europeos—, y/o que se limite, al menos en un primer momento, a un alcance de “informar o explicar” en relación a unos principios básicos de RSE (modelo danés).
b) Aunque sería necesario clarificar el concepto de “estándar internacional” de la Ley de Economía Sostenible (LES), teniendo en cuenta los criterios del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), en la actualidad el único estándar internacional de reporting relacionado con la preparación de informes no financieros es el Global Reporting Initiative (GRI). Otros referentes internacionales identificados sobre los que se viene hablando en relación con este asunto (ej. ISO 26000, Pacto Mundial, Directrices de la OCDE…) no tienen por objeto la elaboración de informes de RSE o sostenibilidad, si bien pueden ser útiles en el proceso de identificación de asuntos sobre los que informar. El modelo GRI cubre el reporte de los aspectos de RSE enumerados en la Ley de Economía Sostenible (LES), en el documento de transparencia emitido por el CERSE y en otros estándares internacionales de la RSE. GRI ha venido adaptándose al progreso técnico en materia de RSE, habiendo contado ya con tres ediciones y encontrándose en proceso de migración a una cuarta edición. Las empresas que empleen este estándar para la preparación de su informe anual de responsabilidad corporativa, podrán mantener su estructura, incorporando una tabla de equivalencias entre la organización de su memoria actual y el índice de contenidos establecido por la LES y desarrollado por el CERSE. c) Asimismo, a nivel europeo se está iniciando el proceso legislativo para aumentar las exigencias de transparencia de las empresas en esta materia, por lo que se recomienda a aquellas empresas que no lo hayan hecho ya, iniciar el proceso de reporting no financiero. d) Los avances en materia de reporting no financiero vendrán determinados por la exigencia de la verificación externa e independendiente de dichos informes, como se ha puesto de manifiesto en los principales foros multistakeholder a nivel nacional e internacional. A día de hoy, la norma de AccountAbility AA1000AS se configura como el estándar internacional de verificación de los informes de RSE.
•	Estándares	Internacionales	de	Reporting	no	Financiero. •	Gestión	de	la	RSE. •	Marcos	Internacionales	de	Referencia.
A. Estándares Internacionales de Reporting no Financiero 1. El modelo del Global Reporting Initiative (GRI)
GRI es una organización internacional, con más de 10 años de existencia, que engloba representantes de diferentes grupos de interés y expertos en las diferentes materias de RSE. Su objeto es crear y difundir herramientas para informar en esta materia, la principal de las mismas es el marco de reporte o estándar conocido como GRI (cuya última versión es la 3.1, si bien se ha anunciado que en el corto plazo habrá una nueva actualización 4.0). En la práctica es el único estándar internacional de reporting de RSE. En 2010 se estima que cerca de 2.000 organizaciones elaboraron memorias de RSE basadas en GRI, siendo aproximadamente un 10% de las mismas Pymes, y creciendo en tasas de dos o tres dígitos ininterrumpidamente desde su creación. Europa cuenta con casi la mitad de las memorias publicadas y la gran mayoría corresponden a Pymes. La Guía GRI consta de dos partes bien diferenciadas: La “Parte 1- Definición del contenido, cobertura y calidad de la memoria” recoge un conjunto de principios que tienen como finalidad definir el contenido de la memoria y garantizar la calidad de la información divulgada: principios para definir el contenido de la memoria relativos a la materialidad, la participación de los grupos de interés, el contexto de sostenibilidad y la exhaustividad, junto con una serie de comprobaciones para cada principio. Asimismo,∫ se incluyen los principios de equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad, fiabilidad y claridad, para asegurar que la información divulgada tenga la calidad deseada. Por último, esta primera parte concluye con una serie de indicaciones para que las organizaciones informantes puedan definir el rango de entidades que deben estar representadas en la memoria (cobertura de la memoria). La “Parte 2 – Contenidos básicos” especifica los contenidos que han de incluirse en las memorias de sostenibilidad, distinguiéndose tres tipos de información:
•	Perfil: Información que define el contexto general y permite comprender el desempeño de la organización, entre otros a través de su estrategia, su perfil y sus prácticas de gobierno corporativo. •	Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de gestión a través del cual una organización aborda aspectos específicos y describe el contexto que permite comprender su comportamiento en un área concreta. •	Indicadores de desempeño: indicadores que permiten disponer de información comparable respecto a las distintas “dimensiones” de la RSE. La sección que aborda los indicadores de desempeño en sostenibilidad se organiza en tres dimensiones: económica, medioambiental y social. Los indicadores de la categoría social se dividen en: aspectos laborales, derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos. Cada una de estas dimensiones incluye varios aspectos sobre los que se proponen los distintos indicadores. La tabla 6 recoge las distintas dimensiones y sus correspondientes aspectos. GRI reconoce tres niveles de adecuación a su estándar: A, B y C, en función de los indicadores del modelo finalmente usados y del resto de información que se suministre (ya que no tienen por qué utilizarse todos los indicadores e información solicitada por el modelo). La elaboración de una memoria de RSE conforme a GRI puede ser verificada por un tercero acreditado. En caso de realizar esta verificación, y que resultase positiva, la memoria alcanzaría –además de la categoría A, B o C correspondiente- el grado “plus” representado con el símbolo “+” (A+, B+, C+). En 2010 fueron verificadas externamente aproximadamente la mitad de las memorias emitidas conforme a GRI a nivel global. Se ha formalizado con GRI la conexión de los indicadores de categoría C con el informe de progreso del Pacto Mundial, compatibilizándose así ambos estándares.
Reporting no Financiero en Europa y España Reporting no Financiero en Europa y España
Tabla 6. Dimensiones y Aspectos del GRI
Dimensión Económica Dimensión Ambiental
Desempeño económico Presencia en el mercado Impacto económico indirecto. Materiales Energía Agua Biodiversidad Emisiones, vertidos y residuos Productos y servicios Cumplimiento normativo Transporte Aspectos generales Empleo Relación empresa/trabajadores Salud y seguridad en el trabajo Formación y educación Diversidad e igualdad de oportunidades Prácticas de inversión y aprovisionamientos No discriminación Libertad de asociación y convenios colectivos Abolición de la explotación infantil Prevención del trabajo forzoso y obligatorio Quejas y procedimientos conciliatorios Prácticas de seguridad Derechos de los indígenas Comunidad Corrupción Política pública Comportamiento de competencia desleal Cumplimiento normativo Salud y seguridad del cliente Etiquetado de productos y servicios Comunicaciones de marketing Privacidad del cliente Cumplimiento normativo
Dimensión Social (Laboral y ética del trabajo)
Dimensión Social (Derechos humanos)
Dimensión Social (Sociedad)
Dimensión Social (Responsabilidad sobre productos)
2. Estándares de AccountAbility
AccountAbility es una organización internacional cuya finalidad es aportar soluciones innovadoras para afrontar los principales desafíos de la RSE. Desde 1995 lleva trabajando en apoyar y crear soluciones para facilitar a las empresas su transformación en empresas más transparentes y sostenibles. Fruto de este trabajo, cada vez más reconocido internacionalmente, ha emitido los siguientes documentos a modo de estándar: •	AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS): establece los tres
principios básicos que servirán de marco a las empresas para identificar, priorizar y comunicar sus desafíos en materia de RSE. •	AA1000 Assurance Standard (AA1000AS): establece una metodología para los responsables de evaluar el grado de adhesión de las empresas a los principios anteriores. •	AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES): (actualmente como borrador final) establece un marco a las empresas para la relación con sus grupos de interés.
5. Asociación Española de Normalización y Certificación.
B. Gestión de la RSE 1. Norma guía ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social”
La ISO (Organización Internacional de Normalización), federación mundial de organismos nacionales de normalización, entre las que se encuentra AENOR en España, publicó a finales de 2010 un documento, a modo de guía (no certificable), para introducir la gestión de la RSE en las organizaciones, la Guía de Responsabilidad Social ISO 26000. Para ello ha contado con la participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones internacionales o regionales representativas involucradas en diversos aspectos de la responsabilidad social. La Norma recoge: •	Los principios de la RSE. •	El proceso de reconocer la RSE en la organización e involucrarse con las partes interesadas. •	Orientaciones sobre las siete “materias fundamentales” que constituyen la RSE, subdivididas en “asuntos” de cada materia. •	Orientaciones para integrar la RSE en la organización. Así, la ISO 26000 identifica siete principios básicos que las empresas y organizaciones deben tener en cuenta para ser responsables: •	Principio de rendición de cuentas •	Principio de transparencia •	Principio de comportamiento ético •	Principio de respeto a los intereses de las partes interesadas •	Principio de respeto de la legalidad •	Principio de respeto a la normativa internacional de comportamiento •	Principio de respeto a los derechos humanos Para definir el alcance de su responsabilidad y establecer sus prioridades, la Norma recomienda abordar las denominadas “siete materias fundamentales” con sus correspondientes asuntos. En la tabla 7 se recogen materias fundamentales y asuntos identificados en la Norma.
2. Forética: SGE 21 “Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable”
Forética es una asociación multistakeholder que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible. Forética es propietaria de la Norma de Empresa SGE 21, sistema de gestión de la responsabilidad social europeo que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social. En este sentido, la Norma recoge los requisitos que debería cumplir un sistema de gestión que se diseñara en la empresa para asegurar la consideración de la RSE dentro de su actividad, distinguiendo nueve áreas de gestión (ver tabla 8).
3. RS 10 “Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social. Requisitos” y Norma UNE 165010EX “Ética. Sistema de Gestión de la RSE”
Estos dos documentos de AENOR , especialmente el documento RS 10, vienen a determinar los requisitos que debería cumplir un sistema de gestión que se diseñara en la empresa para asegurar la consideración de la RSE dentro de su actividad. Como otros sistemas de gestión bajo el enfoque de la mejora continua (ej. calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc.), se basa en una serie de procedimientos de gestión que aseguren la consideración de los aspectos relevantes de la materia a tratar bajo un mecanismo P-H-V-A (PDCA en inglés): •	Planificar (Plan): establecer los objetivos y requisitos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la empresa establecida al efecto. •	Hacer (Do): implementar los requisitos planificados. •	Verificar (Check): realizar seguimiento y medición de la implantación y los requisitos respecto a la política, objetivos y requisitos legales y otros. •	Actuar (Act): llevar a cabo acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión. Bajo este enfoque, el documento RS 10 establece requisitos para los diferentes apartados del sistema de gestión: diagnóstico inicial; política y responsabilidades; manual, procedimientos y
Tabla 7. Materias fundamentales y asuntos de la Guía ISO 26000
Gobernanza Derechos Humanos
Procesos y estructuras de la toma de decisiones Debida diligencia Situaciones de riesgo para los derechos humanos Evitar la complicidad Resolución de reclamaciones Discriminación y grupos vulnerables Derechos civiles y políticos Derechos económicos, sociales y culturales Principios y derechos fundamentales en el trabajo Trabajo y relaciones laborales Condiciones de trabajo y protección social Diálogo social Salud y seguridad ocupacional Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo Prevención de la contaminación Uso sostenible de los recursos Mitigación y adaptación al cambio climático Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de hábitat naturales Anti-corrupción Participación política responsable Competencia justa Promover la responsabilidad social en la cadena de valor Respeto a los derechos de la propiedad Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación Protección de la salud y seguridad de los consumidores Consumo sostenible Servicio de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias Protección y privacidad de los datos de los consumidores Acceso a servicios esenciales Educación y toma de conciencia Participación activa de la comunidad Educación y cultura Creación de empleo y desarrollo de habilidades Desarrollo y acceso a la tecnología Generación de riqueza e ingresos Salud Inversión social
registros; establecimiento de objetivos, metas y programas; identificación de requisitos; medición, auditoría interna y revisión del sistema; gestión de los recursos; etc. La tabla 9 muestra los requisitos recogidos en la RS 10 y su contenido.
4. Estándar SA8000
Social Accountability International (SAI) es una organización internacional dedicada a la mejora del entorno laboral, especialmente en lo concerniente a los derechos humanos en dicho entorno. SAI publicó en 1997, y mantiene actualizado, un estándar certificable reconocido internacionalmente para el lugar de trabajo, basado en las diferentes convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, ILO) y de la ONU, el estándar Social Accountability 8000 (SA8000). Con él, las empresas certificadas aseguran la protección del personal bajo su control (incluyendo el subcontratado) en relación con las convenciones internacionales en materia laboral y de derechos humanos de la OIT y la ONU (horario de trabajo, trabajo infantil, salud y seguridad, sindicación, remuneración, etc.). Los requisitos de responsabilidad social recogidos por la norma SA8000 son los siguientes: •	Trabajo infantil •	Trabajo forzoso y obligatorio •	Seguridad y salud •	Derecho de sindicación y negociación colectiva
Reporting no Financiero en Europa y España Reporting no Financiero en Europa y España 23 23
Tabla 8. Áreas de SGE 21 “Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable”
Cumplimiento de la legislación y normativa Política de gestión ética y responsabilidad social Código de conducta Comité de gestión ética y responsabilidad social Objetivos e indicadores Diálogo con los grupos de interés Seguridad de la información Política anticorrupción Seguimiento y evaluación Revisión por la dirección y mejora continua Informe de responsabilidad social Comunicación Investigación, desarrollo e innovación responsable Principios de calidad Buenas prácticas en las relaciones comerciales Seguridad del producto o servicio Accesibilidad Publicidad responsable Compras responsables Sistema de diagnóstico y evaluación Fomento de buenas prácticas, medidas de apoyo y mejora Derechos Humanos Gestión de la diversidad Igualdad de oportunidades y no discriminación Conciliación de la vida personal familiar y laboral Seguridad y salud laboral Descripción del puesto de trabajo Formación y fomento de la empleabilidad Seguimiento del clima laboral Reestructuración responsable Canal de resolución de conflictos Evaluación y seguimiento de impactos Transparencia con el entorno Acción social Prevención de la contaminación y estrategia frente al cambio climático Identificación de actividades e impactos Programa de gestión ambiental Plan de riesgos Comunicación ambiental Buen gobierno Transparencia de la información Competencia leal Cooperación y alianzas Colaboración con las Administraciones
Inversores Competencia Administraciones públicas
•	Discriminación •	Medidas disciplinarias •	Horario de trabajo •	Remuneración •	Sistemas de gestión: Política, Representante de la dirección, Representante de los trabajadores para la norma SA8000, Revisión por la dirección, Planificación e
implementación, Control de los proveedores, subcontratistas y subproveedores, Identificación de no conformidades e inicio de acciones correctivas, Comunicación externa y diálogo con los grupos de interés, Acceso para la verificación y, por último, Registros.
Tabla 9. Requisitos en la RS 10 “Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social”
Ante propietarios, accionistas, inversores y socios
Eficacia y eficiencia en la gestión Transparencia Derecho de voto Representación No discriminación Derecho a la intimidad Trabajo forzoso Trabajo infantil Salud y seguridad Entornos accesibles Asociación y negociación Salario Contrato Formación Carrera y empleabilidad Conciliación Comunicación y respeto a la dignidad Promociones y publicidad Contratos Confidencialidad Honestidad Atención al cliente y postventa Bienes y servicios socialmente responsables Fomento de la RSE en la cadena de suministro Formalización y cumplimiento de contratos Honestidad Cumplimiento de la legislación Colaboración con otras empresas socialmente responsables No realización de prácticas de competencia desleal Colaboración y transparencia No injerencia Obligaciones fiscales Honestidad Compromiso Promoción del desarrollo local Comunidades indígenas Seguridad del producto y servicio Respeto a los animales Prevención de la contaminación Cambio climático Uso eficiente de los recursos Preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad
Ante clientes, usuarios y consumidores
Ante proveedores
En alianzas o colaboraciones Ante competidores Ante las Administraciones Públicas
Ante el medioambiente
C. Marcos Internacionales de Referencia 1. Pacto Mundial de Naciones Unidas o UN Global Compact
El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas desde 2000, con el objetivo de fomentar la ciudadanía corporativa e involucrar a las empresas en la gestión sostenible de los principales retos sociales y ambientales de carácter global. Esta propuesta anima a las empresas a seguir diez principios universales en las áreas de los derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y gobierno. Las empresas adheridas obtienen un reconocimiento a su actividad en pro de la sostenibilidad siempre que apliquen proactivamente estos diez principios de los que está constituido y elaboren un informe de progreso anualmente. Los diez principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales. Cuando se puso en marcha, la iniciativa solo contaba con nueve principios: dos sobre derechos humanos basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; cuatro laborales, inspirados en la Declaración de la OIT sobre Principios Fundamentales y Derechos Laborales; y tres sobre medio ambiente, tomando como referencia la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. A mediados de 2004 se vió la necesidad de reforzar los nueve principios ya existentes con un décimo principio de lucha contra la corrupción, basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Informe de Progreso es un documento elaborado anualmente por las entidades firmantes del Pacto Mundial con el que se pretende un doble objetivo: por un lado, que las entidades firmantes identifiquen sus avances logrados en la implantación de los Diez Principios como sistema de auto evaluación y, por otro lado, dotar de una mayor credibilidad a la iniciativa por medio de la transparencia. Todos los Informes de Progreso se encuentran en la página web del Pacto Mundial de Naciones Unidas y de la Red Española del Pacto Mundial y son públicos. De este modo, sirven para que las entidades informen a sus grupos de interés, así como a la sociedad en general, sobre sus avances en los compromisos adquiridos al suscribir los Principios del Pacto Mundial. Cabe señalar que la Red Española ha creado una aplicación informática con la que se pretende facilitar su realización. Este Informe de
Progreso se conoce como Informe de Progreso Red Española Pacto Mundial. El plazo de presentación del informe depende de la fecha de adhesión: •	Para aquellas empresas que se han adherido a la iniciativa antes del 1 de julio 2009 el plazo para presentar el primer informe de progreso es de dos años desde la adhesión, y los siguientes se han de presentar anualmente. •	Para aquellas empresas que se han adherido a la iniciativa después del 01 de julio 2009 el plazo para presentar el primer informe es de un año desde la adhesión y los siguientes se han de presentar anualmente. La empresa que envía el Informe en plazo se considera activa, figura como tal en la web de Global Compact, teniendo derecho al uso del logo y a participar en actividades. Actualmente, se ha formalizado con GRI la conexión de los indicadores de su modelo de Informe de Progreso con el nivel C de los indicadores de GRI, compatibilizándose así ambos estándares. El Pacto Mundial cuenta en la actualidad con más de 8.000 entidades adheridas.
2. Directrices de la OCDE para empresas multinacionales
Las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE fueron adoptadas en 1999, revisadas por el Consejo de Ministros de la OCDE celebrado en París en el año 2000 y desde entonces, la OCDE ha venido publicando y actualizando (2011) un documento con estas directrices de comportamiento para empresas multinacionales, encuadradas dentro de la RSE de este tipo de empresas. Estas directrices son recomendaciones suscritas por gobiernos, que se comprometen a promoverlas proactivamente, y dirigidas a multinacionales que operen o pertenezcan a los países suscriptores (actualmente países OCDE más Argentina, Brasil, Egipto, Letonia, Lituania, Marruecos, Perú y Rumanía). El punto de partida de estas declaraciones son otros instrumentos a los que se hace referencia expresa por su influencia y complementariedad, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o la Declaración de Río’92. La tabla 11 resume la distintas directrices y sus principales contenidos.
Tabla 10. Asuntos y Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Principio 8: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Principio 9: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio10: Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
Tabla 11. Directrices y contenidos de la OCDE para empresas multinacionales
Publicación de información (divulgación) Derechos humanos Empleo y relaciones industriales Medio Ambiente
Garantizar la revelación de información puntual, periódica, fiable y relevante de sus actividades, estructuras, situación financiera y resultados, aplicar unas normas de calidad en sus labores de difusión de información, contabilidad y auditoría, etc. Respeto de los derechos humanos (DDHH), evitar y remediar lesiones directas o indirectas en los DDHH, demostrar un compromiso formal con los DDHH, etc. Respeto de los derechos sindicales, evitar el trabajo infantil o forzado, actuar bajo el principio de no discriminación, facilitar la participación, no abusar de menores derechos en terceros países, mejorar la capacitación, etc. Existencia de un sistema de gestión ambiental, protección de derechos de propiedad intelectual, evaluar y tratar riesgos para la salud y el medio ambiente, mejora constante de la gestión del entorno incluyendo la cadena de suministros, etc. No ofrecer ni beneficiarse de ventajas pecuniarias para obtener beneficios del sector público, implantar sistemas para evitar y tratar casos de soborno y extorsión, evaluar riesgos de exposición a extorsiones o sobornos, hacer públicos resultados, formar y concienciar a los empleados en la materia, etc. Asegurarse de la adecuación de los productos o servicios a la normativa en salud pública, dar información veraz y suficiente para la toma de decisiones de consumo, favorecer la formación al consumidor, garantizar la privacidad de datos personales, asistir a los poderes públicos en salud pública, etc. Favorecer el desarrollo tecnológico en países donde se opere con menor capacidad tecnológica, y colaborar con entidades locales en proyectos para favorecer la capacidad de innovación, hacer un uso razonable de las patentes intelectuales para compatibilizarlas con el desarrollo sostenible a largo plazo, etc. Desarrollar la actividad de acuerdo con la regulación sobre la competencia, no colaborar en prácticas contrarias a la libre competencia, colaborar con los poderes públicos a favor de la competencia, etc. Cumplimiento puntual de las responsabilidades fiscales, colaborar en el suministro de información a las autoridades para el cálculo de impuestos, etc.
Lucha contra el soborno, extorsión y corrupción Intereses de los consumidores
Competencia Impuestos
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 artículo 1
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 46
 artículo 53
	artículo	224
	artículo	228
	artículo	225
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 39
 artículo 35
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 Real Decreto 
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 35
 Resolución 
 resolución 
 resolución