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Timestamp: 2019-01-21 16:24:50+00:00

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﻿ CONCEPTO 1675 DE AGOSTO 31 DE 2005
CONCEPTO 1675 DE 31 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:NOMBRAMIENTO DE PARIENTES DE FUNCIONARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VIGENCIA DE NORMAS QUE ESTABLECEN ESTA PROHIBICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FUNCIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO DE EMPLEOS PÚBLICOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:406 DE OCTUBRE DE 2005, PÁG.1418
Concepto 1675 de agosto 31 de 2005
NOMBRAMIENTOS DE PARIENTES DE FUNCIONARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Vigencia de normas que establecen esta prohibición.
Bogotá D.C., treinta y uno (31)de agosto de dos mil cinco (2005).
“El Departamento Administrativo de la Función Pública requiere para el cumplimiento de sus funciones de asesoría, precisar si el inciso 2º del artículo 19 de la Ley 53 de 1990, por medio del cual se modificó el artículo 87 del código de régimen municipal, específicamente en lo relacionado con los personeros, contralores, secretarios del concejo y auditores o revisores fiscales, conserva vigencia a partir de la Constitución de 1991 y de la promulgación de las leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 821 de 2003.
¿Se podrá entender que hay una derogatoria tácita del citado artículo 19, en razón a que las leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 821 de 2003, no consagraron dicha inhabilidad?
Esta consulta se formula con relación a nombramientos donde el respectivo funcionario no interviene, pues en este caso es clara la prohibición constitucional del artículo 126 de la Constitución Política” (negrillas de la Sala).
La Ley 53 del 28 de diciembre de 1990, “por la cual se modifican algunos artículos de los Códigos de Régimen Departamental y Municipal, los decretos-leyes 1222 y 1333 de 1986; la Ley 78 de 1986 y el Decreto-Ley 77 de 1987”, establece en el artículo 19 lo siguiente:
“ART. 19.—El artículo 87 del Código de Régimen Municipal (Decreto-Ley 1333 de 1986), quedará así:
El cónyuge, compañero o compañera permanente, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del alcalde, de los concejales principales o suplentes, del contralor, del personero, del secretario del concejo, de los auditores o revisores, no podrán ser nombrados ni elegidos para cargo alguno en ninguna dependencia del respectivo municipio, ni contratar con el mismo, dentro del período para el cual fueron elegidos. No se dará posesión a quien fuere nombrado o elegido violando este artículo, previa comprobación” (1) (destaca la Sala).
Entra entonces la Sala, a dilucidar si la mencionada prohibición que, como se advierte, proviene de una ley anterior a la Constitución Política de 1991, conserva su vigencia frente a esta y las leyes posteriores reguladoras de la organización y el funcionamiento de los municipios, como la 136 de 1994, la 617 de 2000 y la 821 de 2003.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos” (resalta la Sala).
La otra norma constitucional que tuvo una implicación directa en el inciso segundo del artículo 87 del Decreto-Ley 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal, modificado por el artículo 19 de la Ley 53 de 1990, fue el artículo 292 de la Carta, el cual dispone:
No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil” (destaca la Sala).
La norma prevalente se refiere específicamente a los diputados y concejales, y como se trata de una prohibición, su aplicación es de interpretación restrictiva y no se puede extender a otros servidores no mencionados por ella, de manera que el referido inciso segundo del artículo 19 mantuvo su vigencia, por cuanto fue modificado en relación con los concejales, como quedó dicho, pero permaneció incólume respecto de los otros funcionarios señalados por la norma legal, pues esta no pugnaba, no entraba en contradicción, con la disposición superior.
La Ley 136 del 2 de junio de 1994, “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, dedica el capítulo IV a los concejales y en él se encuentra el artículo 48, el cual establece:
“ART. 48.—Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los concejales. Los concejos no podrán nombrar elegir o designar como servidores públicos a personas con las cuales los concejales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.
Los cónyuges o compañeros permanentes de los concejales y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo municipio. (...)
PAR. 2º—Se exceptúan de lo previsto en este artículo, los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa (2) (resalta la Sala)”.
Como se advierte, el inciso segundo de esta norma estableció en el orden legal, en cuanto se refiere a losconcejales, la misma prohibición del inciso segundo del artículo 292 de la Constitución, en el sentido de que no se puede nombrar en empleos de la administración municipal, a parientes de aquellos que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil.
Por ser norma especial y posterior prevalece sobre el inciso segundo del artículo 87 del decreto 1333 de 1986, modificado por el artículo 19 de la Ley 53 de 1990, pero solo en relación con los concejales, quedando esta última norma vigente en lo referente a los otros funcionarios indicados en la misma.
Resulta oportuno indicar que la Ley 190 del 6 de junio de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa”, más conocida en su momento como el Estatuto Anticorrupción, incorporó en el inciso segundo del artículo 52, la aludida prohibición constitucional, pero esta vez referida tanto a los diputados como a los concejales. Dice así esta norma:
“ART. 52.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Constitución Política, ni los diputados, ni los concejales, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, ni sus delegados (3) , podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio.
Conforme al artículo 292 de la Constitución Política no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil” (destaca la Sala).
Como se aprecia, esta norma no alteró la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 87 del Decreto 1333 de 1986, modificado por el artículo 19 de la Ley 53 de 1990, por cuanto este ya había sido cambiado únicamente en cuanto al grado de parentesco de los familiares de los concejales, por el artículo 48 de la Ley 136 de 1994.
La Ley 617 del 6 de octubre de 2000, “por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”, más conocida como la ley de saneamiento fiscal de las entidades territoriales, trae un capítulo, el V, dedicado a establecer un completo régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales.
“ART. 49 (4) .—Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y distritales; y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales. Los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales no podrán nombrar, ser miembros de juntas o concejos (sic) directivos de entidades de (sic) sector central o descentralizado del correspondiente departamento, distrito o municipio ni miembro (sic) de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio (5) .
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, no podrán ser designados (6) funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas (7) .
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades de los sectores central o descentralizado del correspondiente departamento, distrito o municipio ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento, distrito o municipio; ni contratistas de ninguna de las entidades mencionadas en este inciso directa o indirectamente” (negrillas no son del texto original).
El artículo 1º de la Ley 821 del 10 de julio de 2003, “por la cual se modifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000”, establece:
ART. 49.—Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales, y distritales; concejales municipales, y distritales; y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados (sic) del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio (8) .
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas (9) .
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales (10) , sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente (11) ” (negrillas no son del texto original).
“ART. 71.— La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
“ART. 72.—La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley” (resalta la Sala).
“El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define derogar como “abolir, anular una cosa establecida como ley o costumbre”.
“La derogación orgánica, que para no pocos autores no pasa de ser una faz de la derogatoria tácita, solo se da es verdad cuando la nueva ley “regule íntegramente la materia” que la anterior normación positiva regulaba. Empero, determinar si una materia está o no enteramente regulada por la ley posterior, depende de la intención revelada por el legislador de abarcar con la nueva disposición o disposiciones toda una materia, aunque en realidad no haya incompatibilidad alguna entre éstas y las de la ley anterior.
“Sea de ello lo que fuere, lo evidente es que hay que suponer que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que por tanto responde mejor al ideal de justicia, ideal y necesidad Estos que tornan urgente la aplicación de la nueva ley; aplicación que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva. Es un principio universalmente reconocido que cuando un legislador emite dos voluntades diversas, la más reciente prevalece” (resalta la Sala).
“La derogatoria puede ser expresa, tácita o por reglamentación integral (orgánica) de la materia, sucediendo la primera cuando la nueva ley suprime formal y específicamente la anterior; la segunda, cuando la ley nueva contiene disposiciones incompatibles o contrarias a las de la antigua, y la tercera, cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de estas y las de la ley nueva”.
Así las cosas, en el presente caso, se observa en primer lugar, que no hay una derogación expresa del inciso segundo del artículo 87 del Decreto-Ley 1333 de 1986, modificado por el artículo 19 de la Ley 53 de 1990, por cuanto no se encuentra una norma legal posterior que así lo declare explícitamente.
En síntesis, el inciso segundo del artículo 87 del Decreto-Ley 1333 de 1986, modificado por el artículo 19 de la Ley 53 de 1990, permanece vigente en cuanto establece la prohibición de designar familiares del contralor, el personero, el secretario del concejo y los auditores y revisores de las entidades descentralizadas del municipio, en empleos del sector central o descentralizado de este, ya que no se encuentra derogado expresamente por alguna norma legal, y no se entiende derogado ni tácita ni orgánicamente por el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por el 1º de la Ley 821 de 2003.
En la actualidad, se encuentra vigente el inciso segundo del artículo 87 del Decreto-Ley 1333 de 1986, modificado por el artículo 19 de la Ley 53 de 1990, en relación con la prohibición establecida en dicha norma de designar al cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del contralor, el personero, el secretario del concejo, los auditores o revisores, en los empleos del respectivo municipio y sus entidades descentralizadas, durante el período para el cual tales servidores fueron elegidos.
Gustavo E. Aponte Santos, Presidente de la Sala—Enrique J. Arboleda Perdomo—Luis Fernando Álvarez Jaramillo—Flavio A. Rodríguez Arce.
(1) Sobre la aplicación de esta norma en su momento, a las personas que ya estaban nombradas, se pronunció la Sala mediante el Concepto 384 del 30 de abril de 1991, con su correspondiente adición del 16 de julio del mismo año.
(2) El parágrafo 2º fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-380 del 19 de agosto de 1997.
(3) La expresión “ni sus delegados” fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-082 del 29 de febrero de 1996, ratificada por las sentencias C-121, C-228 y C-230, todas de 1996.
(4) Este artículo 49 fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-837 del 9 de agosto de 2001, “en relación con el cargo por violación del principio de unidad de materia”, ratificada en sentencia C-838 del mismo día.
(5) Las expresiones subrayadas de este primer inciso fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-1258 del 29 de noviembre de 2001, con esta anotación: en cuanto al verbo “nombrar”, su exequibilidad se condiciona en el entendido que los gobernadores y alcaldes distritales y municipales sí pueden nombrar a los representantes de los departamentos, distritos y municipios en “juntas o consejos directivos de las entidades del sector central o descentralizado del correspondiente departamento, distrito o municipio”.
(6) “Para los efectos de la aplicación del inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, el vocablo ‘designados’, es un término genérico, que equivale a la expresión nombrar, y esta, a su vez, comprende los actos de provisión de empleos por el nominador unipersonal y las elecciones que surtan los órganos corporativos de las entidades territoriales, entre ellas las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales”. Concepto de la Sala Nº 1347 del 26 de abril de 2001.
(7) El aparte subrayado del inciso segundo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-1105 del 24 de octubre de 2001, “pero únicamente por no violar el artículo 146 de la Constitución”.
(8) Las expresiones subrayadas en este primer inciso fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-348 del 20 de abril de 2004, “en el entendido que en el caso de los representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades oficiales prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social, cuando sean parientes de diputados y concejales, se aplica el inciso segundo del artículo 292 de la Constitución”.
(9) Este segundo inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-311 del 31 de marzo de 2004, “en el entendido que respecto de diputados y concejales, cuando los mismos diputados y concejales no actúan como nominadores o no han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, se aplicará la regla prevista en el segundo inciso del artículo 292 de la Constitución y que la inhabilidad a que dicho inciso se refiere se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo gobernador, alcalde, diputado, concejal o miembro de junta administradora local municipal o distrital”. Sentencia ratificada por las sentencias C-348, C-462, C-472 y C-663, todas de 2004.
(10) La expresión “y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales” fue declarada exequible por la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-720 del 3 de agosto de 2004, “en el entendido que la prohibición a que alude dicho inciso se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo miembro de junta administradora local, municipal o distrital, así como que ella no impide a las personas allí enunciadas contratar bienes o servicios que la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales”.
(11) Las expresiones subrayadas en este tercer inciso fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-348 del 20 de abril de 2004, “en el entendido que se aplica únicamente dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo gobernador, alcalde o miembros de juntas administradoras locales, municipales y distritales”.

References: artículo 19
 artículo 87
 artículo 19
 artículo 126
 artículo 19
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 19
 artículo 292
 artículo 19
 artículo 48
 artículo 292
 artículo 87
 artículo 19
 artículo 52
 artículo 292
 artículo 292
 artículo 87
 artículo 19
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 87
 artículo 19
 artículo 87
 artículo 19
 artículo 49
 artículo 87
 artículo 19
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 146
 artículo 292
 artículo 292