Source: http://montecristivive.blogspot.com/2011/02/
Timestamp: 2017-12-13 10:48:36+00:00

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MONTECRISTI VIVE: febrero 2011
MONTECRISTI VIVE: ¿Quién realmente lucra de la revolución ciudadana?, por Juan Cuvi‏
¿Quién realmente lucra de la revolución ciudadana?[1]
Juan Cuvi[2]
Bob Woorward, uno de los dos periodistas que destaparon el célebre escándalo de Watergate a inicios de los años 70, acaba de publicar un libro[3] sobre la estructura de gobierno en los Estados Unidos. Concluye que quien realmente tiene las riendas del poder en ese país es el complejo militar-industrial, es decir, el Pentágono y los grandes fabricantes de armamentos. Ni la popularidad de Obama, ni su imagen contestataria, ni las expectativas mundiales generadas por su discurso tienen la posibilidad de alterar esta complicada urdimbre.
¿Por qué un país con una trayectoria civilista incuestionable, con una institucionalidad liberal sólida y con una cultura de los derechos individuales tan arraigada termina sometido a una lógica de poder basada en el más autoritario de los corporativismos? La única explicación posible es que las razones de Estado acaban imponiéndose sobre las razones de la sociedad. La dinámica imperial ha creado el imaginario de un paradigma democrático que debe ser preservado a toda costa. La protección del sistema se convierte así en una responsabilidad sagrada, cuyo cuidado debe ser encomendado a quienes tienen la máxima capacidad para hacerlo: las fuerzas armadas.
Esta idea de una sociedad necesitada de la tutela de las instituciones públicas que, como lo vemos, logra imponerse hasta en países con una fuerte ciudadanización, parece determinar la orientación de los sistemas políticos en aquellas regiones donde se han oficializado las democracias liberales. Y debido a la creciente complejidad que asumen los Estados, hay una marcada tendencia a delegar este tutelaje a las instituciones con mayor cohesión y solidez, o a aquellas que poseen condiciones más operativas para ejercer y aplicar el poder.
En el caso ecuatoriano, la crónica desintitucionalización que padecemos, sumada a la tradición militarista de la política, vuelve a este tutelaje más desembozado, reiterativo y, lo que es peor, más aceptado. La condescendencia con las intervenciones militares no ha tenido ni orientación ideológica, ni filiación política, ni adhesión de clase. Todos los sectores políticos y sociales, indistintamente, la han aprobado o rechazado en su momento, en función de lo que consideran una defensa o una afectación de sus intereses.
El proyecto político de Alianza País tampoco ha logrado escapar a esta fatalidad, tal como quedó evidenciado el 30S. No solo que las Fuerzas Armadas siguen actuando como dirimentes de última instancia en los momentos en que la conflictividad social o política se desborda, sino que asumen frontalmente el rol de garantes y protectores de la democracia. El estado de excepción decretado, los tanque en las calles, el resguardo de la Asamblea Nacional, y el decisivo involucramiento militar en el ámbito de la seguridad ciudadana así lo confirman (esto sin mencionar la estrategia de control en la frontera norte, que viene desde tiempo atrás).
Paradójicamente, un gobierno que supuestamente nació de la iniciativa ciudadana, que propugna la participación social como requisito fundamental del cambio, que se presentó como un cuestionamiento a los viejos vicios del sistema político, es hoy rehén de la institución menos civilista y democrática del Estado.
Es muy posible que el gobierno obtenga réditos coyunturales luego del 30S; pero quien realmente perdió fue la sociedad. Completamente ausente del conflicto, desmovilizada bajo la falsa creencia de que el gobierno “revolucionario” la sustituye, sin ninguna identificación política con el proyecto de Alianza País, permaneció impasible a la espera de que los militares alzaran o bajaran el pulgar. No puede ser más obvio dónde finalmente radica el poder en el Ecuador.
¿Quién acumula?
En todo sistema basado en la existencia de clases antagónicas, la estructura de poder está íntimamente relacionada con el régimen de acumulación. Para el caso que nos compete, la diferencia del esquema de poder es que en los Estados Unidos los jerarcas militares tienen intereses de clase perfectamente definidos, mientras que en el Ecuador la alta oficialidad sigue siendo (salvo contadísimas excepciones) un grupo subordinado al real poder económico, sea este nacional o transnacional. En los Estados Unidos el negocio de las armas es un dinamizador fundamental de la economía, y los productores de armamento se comportan como cualquier otra empresa capitalista; los directorios de estas compañías están integrados por un buen número de generales retirados, muchos provenientes de clanes o familias adineradas, lo cual permite que el poder militar se sustente en y se articule al poder económico-financiero, en función de un régimen de acumulación fácilmente identificable. El discurso de la soberanía y la seguridad nacionales como valores supremos de toda la sociedad es perfectamente compatible con la rentabilidad de la industria militar y, por ende, con el enriquecimiento de sus accionistas.
En el caso ecuatoriano, en cambio, la ambigüedad y el mimetismo de los grupos de poder económico impiden identificar a los beneficiarios del actual proceso de acumulación, el cual está siendo en gran medida intermediado por el Estado. Según algunos analistas, con el actual gobierno se ha producido un viraje a favor de del sector rentista/financiero/importador, el cual constituiría un nuevo bloque de poder; otros sostienen que el patrón de acumulación se mantiene, finalmente, en beneficio del capital transnacional, básicamente de la telefonía y el petróleo; otros señalan que se está produciendo un fenómeno de reconstitución de las élites alrededor del gobierno de Correa, aunque todavía no se podría hablar de una burguesía moderna que logre hegemonía frente a los grupos oligárquicos tradicionales. En lo que todos coinciden –tanto aquellos analistas críticos con el gobierno como sus defensores– es que hasta ahora las estructuras de poder en el Ecuador no han sido afectadas en los más mínimo. Según la opinión de un alto funcionario del régimen, el modelo de acumulación que se mantiene vigente es el urbano-monopólico, al cual se han integrado sectores empresariales agrícolas. A lo mucho se podría hablar de una modernización sin reforma.
Quizás el factor que más dificulta la comprensión del actual proceso sea la propuesta de recuperación y fortalecimiento del Estado como condición previa para la transformación social. Esta propuesta, enarbolada por la izquierda más arcaica, que ha sido cuestionada por los teóricos marxistas más sobresalientes de los últimos tiempos –aunque todavía no ha sido debatida con seriedad en el Ecuador–, actúa como una pantalla que permite alterar las imágenes gracias al juego de luces de la retórica radical o gracias a la tramoya de las movidas coyunturales. ¿Qué realmente ocurre detrás de la pantalla o, mejor dicho, detrás de las políticas de Estado que propician un determinado modelo de acumulación capitalista?
En ausencia de una sociedad activa y organizada, las dinámicas del poder se siguen resolviendo en los entretelones de la política formal. Por ejemplo, para sacar del atolladero iniciativas legislativas y leyes, Alianza País ha preferido los pactos parlamentarios antes que las alianzas con los movimientos y organizaciones sociales. Así ocurrió con leyes como las de Educación Superior, Ordenamiento Territorial, Producción o Servicio Público. La falsa idea de una sociedad incapaz, inmadura e ignorante persiste a tales extremos que hoy se pretende pasar un reglamente para las organizaciones de la sociedad civil totalmente inconsulto, inconstitucional y antidemocrático. ¿Significa esto que para el proyecto de gobierno es imprescindible la subordinación del conjunto de la sociedad a un itinerario fijado desde las alturas? ¿Reeditamos la consuetudinaria elitización de la política nacional, ahora parapetada detrás del Estado y de una retórica progresista?
¿Socialismo sin sociedad?
La nebulosidad de intereses al interior de Alianza País como espacio político impide precisar las contradicciones y los conflictos de poder que están en juego. El partido de gobierno no es una confederación de grupos y tendencias únicamente debido al pragmatismo que le demandó el vertiginoso proceso de conformación electoral; lo es porque, a falta de un escenario integral donde converjan los actores políticos –como corresponde a una sociedad moderna–, se ha convertido en el principal espacio de confrontación política del país. En cierta forma, la Asamblea Nacional resulta una pantomima al lado de un encuentro del buró político de Alianza País o de una reunión del círculo íntimo de Carondelet, donde se toman las decisiones efectivas. Por ello no sorprende que grupos oligárquicos monopólicos y políticos de derecha compartan mesa con militantes de izquierda y con dirigentes sociales, expresen sus discrepancias, negocien políticas públicas y leyes y hasta provoquen enfrentamientos cercanos a la ruptura, sin necesidad de salir a la escena pública. Los conflictos de poder, es decir la política nacional, se resuelven dentro de los linderos del oficialismo.
Por ahora, rupturas, divisiones o disidencias al interior de Alianza País lucen improbables, puesto que una eventual separación del movimiento implica, en la práctica, una proscripción de la política nacional. Ello explica la existencia y la conformación de distintos grupos a su interior, que expresan diferencias de fondo pero que en última instancia, por instinto de supervivencia, seguirán sometidos a la autoridad de Correa y del pequeño grupo que realmente detenta el poder… salvo que las decisiones presidenciales pasen de castaño a oscuro, como está ocurriendo con la convocatoria a consulta popular. Las dificultades, demoras y postergaciones para presentar las preguntas de la consulta evidencian profundas discrepancias al interior del partido del gobierno y del movimiento oficialista. Las desafiliaciones individuales confirman la insatisfacción y el hartazgo de ciertos asambleístas con la sumisión que exige el poder.
Nada de esto asombraría si no fuera porque de por medio está el fracaso de la construcción de un proyecto de izquierda asentado en la sociedad y no en la burocracia pública (ahora entendida como sinónimo de socialismo). Largos años de intensa movilización social, que derivaron en las multitudinarias protestas que destituyeron a tres presidentes, presagiaban una salida política más afirmada en el fortalecimiento de la sociedad como principal actor político del cambio, y no en la suplantación tecnocrática de las organizaciones y movimientos sociales.
Mutatis mutandi, los levantamientos indígenas y el movimiento forajido pudieron haber sido una fuente de inspiración similar a la que encontró Marx en la Comuna de París; es decir, la expresión más tangible de que el socialismo se construye prioritariamente con la sociedad, no con los aparatos que la remplazan (ya sea el partido o la burocracia del Estado). Es más, la célebre concepción leninista de la utilización del Estado como tutor y motor de la transición socialista, que fue llevada a extremos aberrantes por Stalin, está considerada por muchos estudiosos como la principal causa del fracaso de los modelos desarrollados en Europa del este. Hoy mismo Cuba está padeciendo el anquilosamiento de la burocracia estatal y partidista en su intento por aplicar un giro de timón que la salve del marasmo.
En este mismo sentido hay que analizar la reciente ola de protestas provocada en Bolivia por el denominado “gasolinazo”. Puede ser cierto que algunas acciones hayan sido promovidas por grupos interesados de la derecha, tal como lo denunció Evo en un intento por atenuar la gravedad de los hechos; pero esas son declaraciones de política diaria. Lo de fondo es lo más complicado. Según la analista de izquierda Isabel Rauber, lo verdaderamente preocupante es el paulatino divorcio que se ha venido produciendo entre una élite tecnocrática de gobierno, que se cree ungida por la revolución, y las organizaciones sociales que llevaron a Evo a la presidencia, y que son las que realmente pueden darle contenido y sostenibilidad a un proceso de transformación social. Afortunadamente –señala la analista– el estallido obligó al gobierno a replantear su estrategia de conducir el proceso prescindiendo de las bases sociales. Para ello ha sido fundamental la trayectoria y el origen político del presidente, sumados a esa atávica sabiduría indígena que permite escuchar a los otros y reconocer la superioridad ajena.
Más que por las supuestas similitudes de ambos procesos, lo sucedido en Bolivia es importante para nuestro país por las reflexiones de fondo a que nos obliga. La falsa idea de que la agenda y los tiempos del gobierno no pueden detenerse a considerar los ritmos más lentos de la construcción colectiva produce réditos inmediatos, pero sacrifica el futuro. Acelerar los cambios pasando por encima de la participación popular es una ilusión tecnocrática refundacionista, un delirio revolucionario de quienes pretenden provocar hechos “históricos sin precedentes” desde las oficinas públicas, desde los informes oficiales o desde la propaganda gubernamental.
Nuevos conceptos para nuevas épocas
La compleja relación entre Estado y sociedad, que surge sobre todo durante la modernidad, necesita ser dilucidada desde un análisis serio de los hechos históricos y políticos[4]. La doctrina del tutelaje estatal ha derivado en propuestas que, a la luz de la evolución contemporánea de las sociedades, pasan de ser progresistas a ser francamente retardatarias. Una de ellas es la redistribución de la riqueza que, en su misma etimología, parte de la noción de un “distribuidor”, cuya responsabilidad se le asigna al Estado en calidad de “buen padre” que reparte los bienes de manera justa y equitativa entre sus hijos (resulta inevitable encontrar en esta visión coincidencias con la vieja fantasía medioeval del “rey bueno”, preocupado indistintamente por todos sus súbditos).
El problema es que el Estado no es neutro y, por lo tanto, tampoco es imparcial, justo ni equitativo. Está integrado por instituciones imperfectas o deficientes, por personas con intereses concretos, por representantes directos e indirectos de grupos de poder económico, por mafias burocráticas, etc. El Estado refleja conflictos de poder concretos y palpables, que no pueden ser resueltos a favor de toda la población por la simple intervención de un gobernante honrado imbuido de buena voluntad. En principio –y haciendo una simplificación extrema de las tesis de Marx–, la riqueza que produce la sociedad en su conjunto le pertenece a esa sociedad como conjunto. Si las estructuras sociales desiguales provocan una sistemática expropiación de dicha riqueza a favor de unos pocos, la opción no es buscar quien magnánimamente la redistribuya, sino lograr que la sociedad se reapropie de la misma y, sobre todo, que se apropie del proceso de producción permanente de riqueza. En ello radica la democracia y, en consecuencia, el socialismo: es el poder de la sociedad para decidir sobre el destino de los recursos generales.
Pero esta utopía únicamente es viable fortaleciendo a la sociedad, sobre todo a la sociedad organizada desde abajo, desde procesos y experiencias autónomos y recurrentes. Esta es la observación que desde la izquierda se le ha hecho a Evo Morales luego del gasolinazo, y que le calza aún más al gobierno de Correa. Criminalizar la protesta social, enjuiciar a los dirigentes indígenas, controlar a las organizaciones de la sociedad civil o estigmatizar a los movimientos de base contradice esta aspiración y, peor aún, impide la construcción de un nuevo tipo de institucionalidad y legalidad basadas en una auténtica participación social.
[1] Este artículo, publicado en la revista Tendencia número 11 de febrero y marzo del 2011, ha sido elaborado a partir de las intervenciones de un amplio grupo de analistas en el conversatorio “Balance político del gobierno de Rafael Correa”, realizado el pasado 14 de diciembre por invitación del ILDIS y la Revista La Tendencia. Debo expresar mi reconocimiento a todos los participantes; las principales ideas son aportes suyos.
[2] Analista político independiente, ex dirigente de Alfaro Vive Carajo. Ex asesor en la Asamblea Constituyente de Montecristi.
[3] Bob Woodward, Obama’s War, Simon & Schuster, New York, 2010.
[4] A propósito se puede revisar un corto ensayo que escribí en junio de 2009, titulado El complejo de lazarillo: ¿necesita la sociedad civil un gran Estado tutelar?
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MONTECRISTI VIVE: Corte Constitucional ha hecho todo lo que el Presidente dijo que se debía hacer‏
Fernando Vega: Corte Constitucional ha hecho todo lo que el Presidente dijo que se debía hacer
Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, se mostró una vez más contrario a las preguntas que compondrán la consulta popular y el referéndum promovido por el Ejecutivo, a decir de Vega, la Corte Constitucional acató lo que el presidente Rafael Correa quería, calificando las interrogantes sin fuertes modificaciones. Vega además precisó que, ahora que se avecina un nuevo proceso electoral, acudirá a varios espacios para expresar sus razones y generar debate en torno a los cambios que pretende realizar el Gobierno Nacional.
Vega comentó que en reiteradas ocasiones ha hecho pública su posición frente al accionar y las propuestas del presidente de la República, Rafael Correa, independientemente de la resolución que tomó este martes la Corte Constitucional sobre las preguntas de referéndum y consulta popular.
“El Presidente ha dado un paso más allá de los límites de lo que podía y debía hacer, en el afán, la prisa de responder a los problemas de la inseguridad que vive el país, sin embargo, la mejor respuesta a esta inseguridad era la construcción de la institucionalidad”, mencionó.
A decir del ex asambleísta, el Jefe de Estado y las fuerzas de PAIS le han apostado al carisma del Presidente versus la institucionalidad.
“La propuesta de consulta, antes de que la Corte diga o no diga, ya arremetió contra la Asamblea, contra el poder ciudadano, arremetió contra la propia Corte y al final para terminar asumiendo el control de la justicia a través del Consejo de la Judicatura”, acotó.
Todo esto no va dirigido en el proceso de construcción de la democracia, de un Estado de derecho y de derechos, “sino que como ha pasado siempre en el Ecuador, esta especie de manía recurrente, so pretexto de arreglas las cosas, meter la mano donde no se debe y comprometer la estructura democrática naciente de la Constitución que necesitaba y necesitará años para consolidarse porque solamente el tiempo crea institucionalidad”.
Estos cambios, a criterio de Vega, durarán únicamente el tiempo que permanezca la era Correa, “luego, se desmontará para perseguir a la era Correa y crear los cauces propios para la era que venga”.
Según explicó el ex legislador, la Corte Constitucional actuó de acuerdo con lo que estaba previsto, “la Corte ha hecho todo lo que el Presidente dijo que se debía hacer”.
“Antes de que Nina hable ya descalificó a Nina Pacari, dijo que esperaba que el Pleno le aprobara porque él tiene mayoría en el Pleno e influjo sobre el pleno”, dijo además que el Primer Mandatario aseveró que aceptaría lo que esta entidad decida acerca de eliminar los preámbulos, “cosa que el Pleno ha hecho, pequeñas modificaciones de las preguntas que no afectan el fondo de la consulta, por lo mismo, no afectan el fondo del atentado contra el espíritu de la Constitución”.
Ahora que el presidente Correa conoce el fallo de la Corte, afirma que acatará el mismo, cuando “la Corte terminó acatando lo que el Presidente quería y vamos a la consulta”. Vega recalcó que a pesar de no estar de acuerdo con la consulta popular, esta será una oportunidad para rescatar a la ciudadanía que le hace falta al proceso de revolución ciudadana.
“Empezar a recomponer fuerzas ciudadanas, de tal manera, que asimismo en una siembra a largo plazo algún rato podamos seguir soñando con que tengamos el Ecuador que sí soñamos tener a partir del proceso”, dijo.
La nueva agrupación que se conformó con varios ex asambleístas constituyentes denominado “Montecristi vive”, a decir de Vega, es un espacio de confluencia de varias voces que han tomando una posición sobre el referéndum “Es una ocasión para que la gente recupere su ciudadanía y le diga sí a la consulta o no a la consulta consciente de lo que está haciendo, de que se está jugando en ese sí, en ese no, en esta pregunta o en esta otra pregunta, el futuro serio del país, a más de querer resolver un problema que es real, que es el tema de la justicia, el tema de la inseguridad pero que tampoco está garantizado porque se diga sí a la consulta”, acotó.
En el mejor de los casos, precisó, se podría observar una leve mejoraría en la calidad de la justicia si es que se aprueba la consulta, sin embargo, “ya tenemos en estos días una serie, no solo un botón de muestra, de lo que podría ser la justicia, una justicia en la que el Ejecutivo, el Presidente y el aparato del Estado tienen un flujo importante”.
El organismo que se pensaba que debería tener “una solvencia, un señorío y una autoridad moral que tendría que ser indiscutible” quedó en nada, pues la Corte Constitucional se ha visto inmersa en varios escándalos como la resolución sobre la revocatoria de mandato y el más reciente el fallo a favor de la Cervecería Nacional.
“Aunque no estaba todo muy claro pero no cabe duda de que este asunto la Corte sale hecho un trapo sucio, entonces, dónde queda la justicia constitucional”, recalcó en “El poder de la palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio.
Criticó que exista tan poca personalidad para “pararse”, defender y mantener las convicciones al interior de la Corte Constitucional, “hay tan poca hombría o feminidad, en este caso, Pacari me parece que ha sido la única bien planteada en el asunto, con otras actitudes más tímidas de otros dos”.
Para Vega, existen varios “botones de muestra” que anticipan que “el gran creador de jurisprudencia va a ser en definitiva el Presidente y la voluntad del Presidente”.
“Lo digo con todo el dolor del alma y con toda la franqueza, vamos a tener un nuevo dueño del país, es decir, eso se ve venir a leguas”, pronosticó.
A pesar de que su posición es contraria al referéndum y a la consulta popular, Fernando Vega anunció que aprovechará todos los espacios para dar a conocer sus ideas, aunque reconoció que el camino hasta llegar a las urnas será desigual.
“Mi único capital, mi única riqueza es el crédito moral que la ciudadanía tenga a bien concederme, los espacios de los medios que tengan a bien invitarme y abrirse, quizá algo más podamos hacer, creo que es mi obligación como ex asambleísta y como ciudadano, defender aquello por lo cual luchamos, votamos y ser coherentes y consecuentes, no de una manera fudamentalista ni creyéndonos dueños de la Constitución”, manifestó.
Dijo que acudirá a donde lo llamen y donde no lo inviten también para exponer sus razones por las cuales es un grave error del Gobierno y del Presidente este proceso. Al tiempo de puntualizar que el mejor camino para erradicar la inseguridad y mejorar la justicia habría sido que el Presidente se reúna con los otros poderes.
“Ver qué hace falta, qué está pasando, qué problemas tienen, cómo el Estado les puede ayudar realmente, porque hay que reconocer que la rutina de la justicia en el Ecuador camina a pasos de tortura y las viejas mañas están ahí enteras”, resaltó.
Finalmente, dejó entrever su pesar de que el mandatario se vaya quedando en su entorno únicamente con los colaboradores que están “más dispuestos a decirle amén a todo”.
“Es una pena que el Presidente expulse de su entorno a quienes le pueden cuestionar y lo que es peor a la gente que se ha jugado la vida por él, que le han dado todo, luego les maltrata, o sea, una persona que se porta así con su gente, me parece que por muy estomago que uno quiera para comprender, para mí que me pidan que crea en él y le siga hasta el fin del mundo, ya no más”, concluyó.
http://www.ecuadorinmediato. com/index.php?module=Noticias& func=news_user_view&id=143933& umt=Fernando
Publicado por Montecristi Vive en 21:48 No hay comentarios:
A propósito de la consulta. ¿Cuál democracia directa?, por Luis Fernando Ávila Linzán‏
A propósito de la consulta. ¿Cuál democracia directa?
Escrito por Luis Fernando Ávila Linzán
Febrero 2011 - Ecuador
“Aquella consistía en ejercer de forma colectiva pero directa, distintos aspectos del conjunto de la soberanía, en deliberar, en la plaza pública, sobre la guerra y la paz, en concluir alianzas con los extranjeros, en votar las leyes, en pronunciar sentencias, en examinar las cuentas, los actos, la gestión de los magistrados, en hacerles comparecer ante todo el pueblo, acusarles, condenarles o absolverles; pero a la vez que los antiguos llamaban libertad a todo esto, admitían como compatible con esta libertad colectiva la completa sumisión del individuo a la autoridad del conjunto. No se encuentra en ellos casi ninguno de los beneficios que, como constitutivos de la libertad de los modernos, acabamos de ver.” (Benjamin Constant)
En 1819, Benjamin Constant, pensador francés y liberal, pronunciaba un discurso en el ateneo de París sobre la “libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos”. De esta conferencia quiero destacar dos elementos importantes que defendía Constant, quien quería delimitar el ímpetu ciego que ardorosos “demócratas” en Francia mostraban respecto de la simpatía de la democracia griega como modelo político. El primer elemento hacía referencia a que la democracia directa de Grecia escondía en la legitimidad de la voluntad de la mayoría, una sociedad estamental y, además, esclavista. Lo segundo es que era necesario tener un mecanismo de representación para garantizar el respeto del individuo y la responsabilidad política de las/os políticas/os.
Ciertamente, la palabra “democracia” estuvo proscrita por el pensamiento dominante desde Aristóteles quien la consideraba como una de las desviaciones más aberrantes de la formas de gobierno. Opinaba este filósofo que el mejor gobierno era la aristocracia, en realidad, “el gobierno de los sabios”. Sólo con el advenimiento del renacimiento y su posterior lectura iluminista, el término tuvo una segunda oportunidad. En este contexto, Constant rescató el ideal democrático para la modernidad, pero criticó, al mismo tiempo, la democracia directa como sinónimo de democracia griega y de colectivismo autoritario.
Esa democracia griega tenía dos versiones. La atenea que reunía a quienes eran considerados ciudadanos (hombres, ricos, griegos y creyentes del culto oficial). Se decidía los temas importantes de la polis, presentados por un consejo de notables, a través de señales emotivas, tales como levantar la mano y afirmar de viva voz. En contraste, la otra versión era la espartana. Allí se conformaba de manera parecida a la asamblea atenea, pero la decisión se tomaba por el voto de aplausos y vivas a las propuestas (o el sonar de cascos y escudos de los soldados) que, generalmente, eran realizadas por los generales victoriosos en las guerras. Eran concursos de popularidad y manipulación de la opinión colectiva sin posibilidad real de decidir directamente. No existía debate ni convencimiento crítico, sino la imposición de una forma decidida por quienes, en su calidad de propietarios, tenían de tiempo de dedicarse a la política porque tenían esclavos y siervos trabajando por ellos, soldados ganando sus guerras y mujeres cuidando a sus hijas/os.
Contra esto, se opusieron los liberales del siglo XIX, proponiendo que se cree un mecanismo que disminuya estos riesgos de la participación política: la representación política y los derechos (sistema de partidos, elecciones y derechos políticos). También, contra esto se opusieron los anarquistas socialistas como Krapotkin, Bakunin y el mismo Marx en el siglo XX, quienes creyeron que lo mejor era la construcción de la voluntad política desde las comunidades o hermandades (krapotkin y Bakunin) o desde la organización proletaria quienes se tomarían el poder para construir una sociedad comunista (Marx).
Luego, en la contemporaneidad, el mecanismo de representación se erosiona, puesto que los partidos políticos, el ideal de Estado y las religiones pierden poder de convocatoria y orientación programática, al mismo tiempo que aparecen sociedades más complejas e interconectadas por otros referentes más pragmáticos (tecnológicos, prácticos y locales) que no corresponden con las grandes utopías de la modernidad. Algunos han llamado a esto “postmodernidad”. Creo que la modernidad, como cultura e ideología, está intacta como pensamiento y realidad dominante y se reproduce naturalmente en las prácticas sociales completamente alienadas. Ante la debacle del sistema de representación como mecanismo de disminución de la politicidad del cuerpo social, aparece en escena, una vez más, “la democracia directa”.
Desde lo liberal, se busca destruir el Estado y privatizar toda forma de participación con lo que se ha llamado “participación ciudadana” que no ha sido más que otorgar a las ONG´s el control de la política con aquiescencia del Estado. Fueron los consejos con integración compartida entre el Estado con ese híbrido llamado “sociedad civil” el instrumento de esta forma de participación directa. De este cuño son también la rendición de cuentas, los presupuestos, las políticas públicas participativas y el control social en la elección de autoridades.
Por el lado socialista, se busca potenciar la democracia desde abajo, el otorgamiento de poder decisorio a amplios colectivos de manera escalonada a partir de un proceso deliberativo. También, se ha dicho en voz baja –por las implicaciones políticas que tiene- que se trata de democracia directa la transferencia de poder real (económico y político) a los colectivos, algo parecido a los Kibuts israelitas. Apenas, se avanzó en Ecuador a hablar de los famosos CDR´s, que no pasaron de ser criticados como organismo de control político de conciencia. Creo que esta debe ser la democracia directa de hoy.
En el intermedio de estas posturas, aparecen también los mecanismos de consulta popular que se incluyeron desde la década de los ochenta en el Ecuador.
Todo esto sigue siendo un rechazo a la democracia directa griega (la de los ant
iguos).
Sin embargo, hoy cuando el presidente Rafael Correa desde un gobierno que se dice revolucionario y socialista hace su propuesta de referéndum-consulta para modificar materialmente la Constitución de Montecristi y varias leyes, el pretexto es que “estamos haciendo un ejercicio de democracia directa”, “debemos escuchar lo que dicen nuestros mandantes, el pueblo…”, y “dejen que el pueblo se manifieste”. En esta propuesta se incluyen textos específicos -como los harían los militares victoriosos o los terratenientes de la Grecia antigua-, que pasan por encima del debate tanto en el sistema de representación liberal o el de deliberación popular socialista… Y lo que se sigue repitiendo es que se trata de “democracia directa”. La decisión de esta consulta dependerá de la popularidad, de la buena fe de las/os políticos en el mejor de los casos… Dependerá de quién ganó la guerra política y de las élites políticas (las mismas de siempre reacomodadas o nuevas y más voraces).
Entonces, me pregunto… ¿El presidente Correa se refiere a la democracia directa de los antiguos o la de hoy? Desnudará esta consulta la estructura de inequidad, de patriarcado y de injusticia de una sociedad alienada y manipulada por el consumismo y por un sentimiento de inseguridad inducido. Si no fíjense. Quienes se movilizan son los defensoras/es de los toros y nadie por la eliminación de la caducidad de la prisión preventiva o por la reestructuración de la justicia. ¿Cuál democracia directa?, ¿para quiénes y para qué?
El contexto de este artículo ocurre alrededor del pedido de consulta popular del presidente Rafael Correa en Ecuador, con el fin de, entre otras cuestiones, llamar al pueblo para reformar la Constitución aprobada el 2008. Nuestra Constitución prohíbe expresamente reformar, aún por consulta popular (referendo o plebiscito), lo relacionado con el estatuto de derechos y garantías, y la estructura fundamental del Estado. La reforma se refiere, entre otras cosas, a la eliminación de algunas garantías a favor de la libertad personal, so pretexto de que permite el abuso de las partes procesales, la corrupción judicial y la impunidad penal; y, principalmente, a la conformación de una comisión ad-hoc, integrada por delegados de los poderes ejecutivo, legislativo y de participación y control social con el fin de reestructurar la justicia en un plazo de 18 meses. Esta semana, la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de las preguntas con lo cual ésta se vuelve formalmente viable. Desde el gobierno, el discurso para legitimar esta ruptura constitucional ha sido que, en ejercicio de la “democracia directa”, es necesario dejar que el pueblo decida, puesto que la Constitución será siempre perfectible y el pueblo es más sabio de lo que se cree.
Publicado por Montecristi Vive en 21:42 No hay comentarios:
MONTECRISTI VIVE: TLC con la UE -¿Nuevas amenazas para la Constitución?‏
Un TLC con la Unión Europea
¿Nuevas amenazas para la Constitución de Montecristi?
“ Mientras que sin duda una adecuada especialización y comercio entre países con similares niveles de desarrollo puede ser de gran beneficio mutuo, una liberalización comercial a ultranza entre economías con grandes diferenciales de productividad y competitividad, significa graves riesgos para los países de menor desarrollo relativo dada la probable destrucción de su base productiva, y, con ello, la destrucción de puestos de trabajo sin capacidad de crear nuevos empleos, todo lo cual constituye una verdadera bomba social.”
Rafael Correa (2006)[2]
El gobierno del presidente Rafael Correa busca un acercamiento con la Unión Europea (UE) para acelerar un “acuerdo comercial para el desarrollo”. Un primer intento se lo hizo cuando la UE propició un “acuerdo de asociación”[3] con los países andinos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Bolivia, preocupada sobre todo por el tema de la propiedad intelectual, se retiró pronto de esta iniciativa europea, que, en la práctica, hirió de muerte a la integración andina. Ecuador se retiro un año más tarde, en junio del 2009. El entonces canciller Fander Falconí, en sintonía con el pensamiento del presidente Correa y por una disputa bananera (aún no totalmente resuelta), sacó al Ecuador de la mesa de negociaciones. No obstante, a poco de la renuncia del ministro Falconí, en enero del 2010, el gobierno ecuatoriano planteó un nuevo acercamiento, que quedó trunco.
En la actualidad, el creciente déficit comercial global, que bordea los 1.500 millones de dólares al finalizar el año 2010, provocado por la ausencia de una clara e inteligente concepción estratégica de inserción en la economía mundial[4], que coincidió con la finalización (temporal) de las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA), ha creado las condiciones para que diversas fuerzas interesadas, dentro y fuera del gobierno, presionen para que el régimen retome las negociaciones. Es cada vez mayor la presión mediática para convencer a la sociedad de que esta negociación es indispensable para el país. Se exacerba conscientemente el síndrome del atraso en relación a las negociaciones avanzadas con Colombia y Perú y, del miedo a quedarse sin TLC.[5]
Incluso se ha llegado al chantaje burdo: “El solo hecho de estar en la incertidumbre de renovaciones cortas (de la ATPDEA) hace que nuestros clientes busquen otros proveedores en el mundo. Peor aún si es que el Ecuador pierde por completo las preferencias, nuestra exportación se reducirá a cero”, llegó a afirmar Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles. Para desmontar tamaña aseveración bastaría con ver que el monto del “beneficio” de la ATPDEA durante los cuatro años del gobierno del presidente Correa, del 2007 al 2010, no llegaron a 105 (ciento cinco) millones de dólares; es decir un monto muy pequeño en relación a las exportaciones hacia los EEUU, las que, en el mismo período, superaron los 25,2 mil millones de dólares y las globales los 64 mil millones de dólares.[6]
Los sectores que auspician el Tratado de Libre Comercio (TLC) omiten que los TLC son mucho más que tratados de comercio. Nada indican sobre las sumisiones geopolíticas y económicas que implican. No es tema discusión la cuestión de las restricciones sociales y ambientales que imponen los TLC. Se obvia reconocer los impactos nocivos sobre el empleo en determinadas actividades productivas, como la agraria. Poco o nada les importa que los TLC congelen las estructuras productoras y exportadoras sustentadas en el extractivismo, impuesto hace más de 500 años con la llegada de las carabelas españolas. Y por cierto tampoco reconocen que son propuestas al servicio de los intereses de los capitales transnacionales.
No parece adecuado hablar simplemente de un acuerdo comercial para el desarrollo sin analizar su contenido. Recuérdese que en este tipo de acuerdos, al menos con la UE, prima la parte comercial-económica, mientras el diálogo político y el componente de cooperación se mueven bajo otras lógicas y tiempos. Seguir por esta senda, sin un análisis crítico, podría fortalecer el “bobo aperturismo”, que tanto cuestionaba Rafael Correa.
Del acuerdo de asociación al acuerdo multipartes, antesalas del TLC
Sin hacer caso a las afirmaciones tremendistas, propias del “terrorismo económico”[7], preguntémonos ¿de qué se trata un acuerdo comercial para el desarrollo? Aclarar esta pregunta resulta vital. Los europeos, como bloque, plantearon a los andinos, como bloque, negociar un acuerdo de asociación. Esta aproximación entre bloques, como lo dejamos sentado al inicio, fracasó. Al retirarse Bolivia, que cuestionó dicho acuerdo de asociación en tanto reeditaba la lógica de los TLC, los tres países andinos restantes en la CAN recibieron la oferta de un tratado multipartes, un eufemismo para negociar bilateralmente acuerdos entre la UE y cada uno de los países andinos, en este caso con Colombia y Perú.
Con el ministro Falconí, el gobierno de Ecuador propuso profundizar en otros criterios en este tipo de acuerdos. Se habló entonces de un acuerdo comercial para el desarrollo, que debía agregar a las negociaciones, a más de los temas comerciales, la cuestión de la cooperación y, por cierto, aspectos políticos, como los referidos a las cuestiones migratorias, concretamente a la Directiva del Retorno, que criminaliza la movilidad humana y que fue cuestionada incluso por el presidente Correa. Recuérdese que en la Constitución se incorporaron principios fundamentales como son “la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países” (Artículo 416,6).
La respuesta europea al planteamiento ecuatoriano fue ambigua. Así, cuando Ecuador en el 2010 demostró el interés de volver a negociar, la UE dijo tener la predisposición para conversar dejando claramente sentadas algunas cuestiones que limitaban el planteamiento del gobierno ecuatoriano. Sobre lo político se dijo que la Comisión no tenía un mandato suficiente otorgado por el Parlamento Europeo y que otros temas debían ser negociados con cada uno de los países miembros. En lo referente a la cooperación apenas se mostró interés en revisar la forma de distribución de los recursos ya comprometidos para los próximos años. En suma, lo que quedó abierto es retomar los diálogos en el ámbito netamente comercial/económico planteado en las diferentes mesas de negociaciones sobre inversiones, servicios públicos, propiedad intelectual, acceso a mercados de bienes agrícolas y bienes no agrícolas, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, política de competencia, facilitación en aduanas, comercio y desarrollo sostenible, solución de diferencias… temas que fijan los límites de las negociaciones propuestas por la UE.
En suma, si no existe una real apertura europea para incorporar las cuestionesque tienen que ver con un verdadero diálogo político y también de cooperación, con una perspectiva profunda e incluso estructural, sobre bases de equidad no de igualdad, el Ecuador, al entrar nuevamente en el tren de las negociaciones avanzadas por peruanos y colombianos, caería por una suerte de embudo que le conduciría inexorablemente a un acuerdo tipo TLC. En la comunicación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador al jefe negociador de la UE, Gaspar Frontini, se trata básicamente de los temas de compras públicas y servicios. Otros aspectos fundamentales, como la propiedad intelectual o el migratorio, no aparecen en esta misiva entregada el día 21 de febrero del 2011. Esta es una situación preocupante.
Querer negar los riesgos que implica la negociación con la UE o tratar de decir que el acuerdo de comercio para el desarrollo por definición, sin analizar sus contenidos, no implica el riesgo de un TLC implicaría un elevado grado de ingenuidad o sería simplemente un engaño a la sociedad. Recuérdese lo que afirmó el comisario europeo Peter Mandelson, en la Cumbre de Presidentes de América Latina y el Caribe - Unión Europea, realizada en Lima, en mayo del 2008, cuando señaló que el pilar comercial del “acuerdo de asociación” era, esencialmente, un TLC y que no aceptarían propuestas por fuera de ese marco. El fue categórico, cuando agregó “que quien insistiera en esas propuestas se vería excluido de las negociaciones”.
Esta pretensión europea, de lo que sabemos, no ha sido archivada. La propuesta comercial europea plantea exigencias tipo “OMC plus”, que van más allá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto es también más complejo en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, por lo que se ha llegado a hablar de un “ADPIC plus”.[8] Pretensiones que fueron rechazadas, explícitamente, tanto por el presidente Correa como por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hasta ahora el gobierno ha mantenido una posición firme en ese sentido. Pero parecería que hay condiciones que podrían afectar dicha convicción. Algunos personajes, inclusive dentro del gobierno, demuestran una gran capacidad para tergiversar las palabras. Sorprende por igual que en las filas del gobierno, directamente en el equipo negociador con la UE participen, al más alto nivel, personas que alentaron el TLC con los EEUU. Estos personajes, quienes hasta hace pocos años eran defensores de los TLC, sin haber cambiado para nada su posición, hablan de acuerdo comerciales para el desarrollo, readecuando los términos más no los contenidos de dichos acuerdos tipo TLC.
Conocemos los riesgos y las amenazas de los TLC. Bastaría con rescatar los trabajos que se elaboraron cuando el Ecuador estuvo cerca de firmar un TLC con los EEUU. Ahora, de conformidad con un estudio recientemente preparado por investigadores de FLACSO - Ecuador y del CEDLAS/UNLP-Argentina[9], el acuerdo entre Ecuador y la UE generaría, a nivel agregado, efectos en términos de crecimiento económico muy pequeños, alrededor del 0,35% del PIB. En términos de generación de empleo, y ampliación y diversificación de actividades manufactureras los resultados son por igual muy pobres. Si se excluye el banano, las ganancias de acceso al mercado serían aún menores.
Se entiende entonces, que los ganadores de este proceso serían los grandes comercializadores de banano, los mismos que, como es de conocimiento público, ni siquiera, algunos de ellos, tributan de forma correcta. Hay muchos intereses económicos en juego para mantener el status quo de la “banana republic” o la “no republic”.
Recuérdese que el Ecuador goza ya, desde hace muchos años del sistema general de preferencias arancelarias con la UE, lo que facilita el ingreso de sus productos a dicho mercado; mientras que la UE espera con este acuerdo asegurarse un importante acceso a nuestra economía. Lo que es aún más preocupante, con este acuerdo se reforzaría la posición del Ecuador como país productor y exportador de materias primas, particularmente productos agrícolas, lo que debilitaría la estrategia de desarrollo endógeno del país y por cierto las perspectivas de construir el Buen Vivir.[10]
En síntesis, la UE tiene mucho más por ganar, mientras que Ecuador pondría en riesgo su futuro. En la actualidad, además, la UE atraviesa por una grave crisis que marcará su desenvolvimiento en los próximos años; es importante reconocer que en Europa se quiere resolver la crisis provocada por el neoliberalismo a través de una salida neoliberal. En este ambiente se han consolidad varias normas neoliberales en el ámbito de la UE, como son para mencionar apenas dos ejemplos, la liberalización del sector servicios propiciada por la Directiva Bolkenstein, o la apertura irrestricta a los productos transgénicos, contraria al Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas.[11] Si estas visiones neoliberales priman dentro de Europa, lo lógico será que desde allí se trate de exportarlas a otras regiones en función de los intereses europeos. Parece obvio esperar que la UE no firmará nada por debajo o al margen de su marco jurídico.
Europa, además, busca recuperar espacios de competitividad particularmente frente a China asegurándose condiciones ventajosas en terceros países. Los TLC, en suma, son herramientas estratégicas para los intereses europeos.
En estas condiciones, mientras observamos expectantes el avance de las negociaciones con Europa, confirmadas por el presidente Correa, dejamos constancia de los riesgos que podría cernirse sobre la Constitución de Montecristi y por cierto sobre el Plan Nacional para el Buen Vivir.[12]
La embajadora del Reino Unido, Linda Cross, en entrevista, reconoce que una complicación para concretar las negociaciones entre Ecuador y la UE “puede ser la Constitución, por ejemplo, donde hay preferencia para compañías nacionales en sectores estratégicos. No vale la pena entrar a cuatro o cinco rondas de negociaciones y al final que la Corte Constitucional diga que es inconstitucional. Hay que resolver este problema antes de entrar en negociaciones.” (Diario El Universo, Guayaquil, 21.2.2011)
Nuevas amenazas para la Constitución de Montecristi
Para empezar, tal como reza el artículo 424: “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. Ningún tratado pueda estar por sobre la Constitución. Ningún tratado puede limitar o restringir los derechos establecidos en la Constitución. Así las cosas, ningún acuerdo puede ceder soberanía a organismos de arbitraje internacional o incautar nuestros derechos a la salud, por ejemplo. Si un tratado establece más derechos, que no es el caso de los TLC, se incorporan a los derechos reconocidos constitucionalmente.
En consecuencia, “los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución” (artículo 417). Y la ratificación de dichos tratados (artículo 419), “requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que (…) 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.” De los tres numerales del artículo 419 se desprenden severas normas que no podrán ser descuidadas o transgredidas por los negociadores. Insistamos, los acuerdos a los que lleguen los negociadores tienen que ser discutidos y ratificados por la Asamblea Nacional. Es decir que los negociadores e incluso el presidente de la República no pueden suscribir un TLC al margen de los límites establecidos por la Constitución de Montecristi.
Pero hay más, “la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no podrá menoscabar, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos” (artículo 421). Disposición fundamental cuando se trate de negociar temas vinculados a la propiedad intelectual o de la salud, por ejemplo.
“No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privada” (artículo 422). Con esta disposición constitucional el Ecuador no simplemente pretende recuperar espacios de soberanía económica y por cierto jurídica. Lo que se busca es establecer un sistema que asegure una verdadera equidad para inversionistas extranjeros y nacionales. No es posible que solo los inversionistas de fuera del país gocen de la protección de esquemas de arbitraje en caso de disputas con el Estado. Esto, por cierto, implica una profunda reestructuración de la justicia en el Ecuador siguiendo lo que dispone los artículos 21, 22 y 23 del régimen de transición de la Constitución de Montecristi.
Desde la Constitución también se propone un nuevo sistema de comercio e inversión, así como el control internacional a las corporaciones multinacionales y la creación de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de la Madre Tierra.[13]
Volviendo al mencionado ya artículo 416, se establece que “las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:
Uno de los puntos cruciales dentro de un TLC es el que tiene que ver con la apertura comercial a productos alimenticios y agrarios en general. Debemos tener en cuenta que la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la Naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratada como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.
En Ecuador, artículo 281 de la Constitución, “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.” Téngase presente, por igual, que la Constitución, en su artículo 284, numeral 6, dispone “promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.” Allí también en el artículo 284, numeral 8, se habla de la necesidad de “adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos.”, en el numeral 9, de “regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.”
En los TLC, como se ha visto en el caso mexicano, la apertura comercial provoca duros golpes al abastecimiento soberano de alimentos y masivas destrucciones en la estructura productiva agraria, particularmente de los campesinos. México, atado al TLC con los EEUU desde hace ya más de 15 años, fue el país que mayores impactos registró durante la reciente crisis económica internacional, precisamente por la excesiva dependencia del mercado norteamericano.[14]
No se puede tampoco minimizar las amenazas de este tipo de acuerdos para la soberanía económica del país, tema ampliamente tratado en el capítulo cuarto de la Constitución. Los TLC, se conoce hasta la saciedad, establecen límites para que los Estados puedan utilizar las compras públicas a plenitud como una herramienta básica de la política económica, fundamental para el fomento de la producción nacional y la creación de empleo. Por lo que se correría el riesgo, si se suscribe un TLC con la UE, de afectar el artículo 288 de la carta magna ecuatoriana: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”
La lista de aspectos que podrían entrar en contradicción con la Constitución es enorme. Bastaría revisar el artículo 304 relativo a la política comercial[15], o el artículo 306 que tiene que ver con el control y fomento de exportaciones e importaciones con criterios ambientales. El manejo de los sectores estratégicos, artículo 313, tampoco estaría libre de estas amenazas, si recordamos que en los TLC se busca propiciar la privatización de las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el agua.[16]
La cuestión de la propiedad intelectual es otro asunto complejo. Con la introducción de un sistema de patentes dentro de la lógica de los TLC se podría contradecir el artículo 322 que “prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad.”
Las complicaciones en el régimen del buen vivir, título VII de la Constitución, podrían ser por igual múltiples. Bastaría con revisar los artículos relativos a la educación (348 y 352 o 356), la salud (artículo 362), seguridad social (367), biodiversidad (artículo 395, 400, 401[17], 402, 403).
En síntesis recordemos los principios más relevantes que constituyen el espíritu y la letra de la Constitución de Montecristi, en concreto de los artículos anotados anteriormente, que apuntan a la configuración de los contenidos que deben orientar las políticas de integración, de comercio exterior y por cierto de inserción de nuestro país en el mundo.
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución y sólo serán legítimos si es que reconocen, promueven o protegen derechos fundamentales.
La ratificación o denuncia de los tratados internacionales de comercio requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional.
Los instrumentos comerciales internacionales no afectarán, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. Si lo hacen, al ser inconstitucionales, no son aplicables.
La imposibilidad de celebrar tratados internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
La independencia e igualdad jurídica de los Estados.
La soberanía nacional, la integración latinoamericana y una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.
Política de integración en base a la cooperación, la integración y la solidaridad.
La defensa del principio de ciudadanía universal.
El intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes justos y eficientes.
El consumo social y ambientalmente responsable.
Priorización de los productos y servicios nacionales en materia de compras públicas.
Desarrollo, fortalecimiento y dinamización de los mercados internos, así como la producción nacional.
Prohibición de las prácticas monopólicas y oligopólicas.
Regulación, control e intervención estatales, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas
Promoción de la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo.
La soberanía alimentaria como objetivo estratégico del país.
Políticas fiscales, tributarias y arancelarias de protección a producción nacional.
Regulación bajo normas de bioseguridad del uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.
Sanción de los daños ambientales y su causa no prescribirá.
Gratuidad de la salud y la educación.
Rescate y vigencia de los conocimientos y sabidurías ancestrales.
Desarrollo y transferencia del conocimiento científico y tecnológico.
Participación ciudadana como derecho individual y colectivo, sobre todo cuando se discuten de interés nacional como sería la negociación con la UE, la misma que tiene que ser totalmente transparente.
Sería una gran miopía política y un grave error estratégico considerar que porque estos principios básicos se encuentran escritos en la Constitución la realidad ya está transformada o que ésta no puede ser amenazada por un TLC con la UE. Es más, si se avanza en la suscripción de un TLC con la UE se podría reabrir la puerta del TLC con los EEUU, algo que sería realmente intolerable.[18]
El cuestionamiento al TLC con la UE o los EEUU no cierra las puertas a otros tratados bilaterales o multilaterales, siempre que éstos no constituyan la imposición de condiciones adversas al desarrollo nacional y regional. El Ecuador debe multiplicar sus esfuerzos para insertarse activa e inteligentemente en el mundo. La tarea es establecer vínculos con la mayor cantidad de economías relevantes a más de las economías vecinas, por ejemplo con China e India; así como, con economías con similares niveles de desarrollo, en las que la complementariedad lleve a beneficios mutuos. También, hay que comerciar con los mismos EEUU[19] y la UE[20], pero no bajo la lógica de igualdad de condiciones como plantean los TLC (las diferencia en los niveles tecnológicos y de competitividad con Ecuador son muy grandes); aquí caben acuerdos donde primen los aspectos de cooperación norte-sur y diálogo político, no al revés, sirviendo de “tontos-útiles” en donde los productos y servicios de los países desarrollados son los grandes ganadores Hay que buscar una sostenida diversificación de las exportaciones, no depender de pocos mercados y menos aún de uno solo. El comercio debe orientarse y regularse desde la lógica social y ambiental, no exclusivamente desde la lógica de acumulación del capital; así, por ejemplo, el comercio exterior no puede poner en riesgo la soberanía alimentaria, la soberanía energética, los derechos de propiedad intelectual, las compras públicas, ni el empleo del país.
Con la crítica al TLC no se cierra la puerta a aquella inversión extranjera que puede contribuir al desarrollo nacional. Tampoco se acepta que toda la inversión nacional se ajusta a las necesidades de dicho desarrollo, pues, no podemos ocultar, que parte importante de la pobreza y el atraso nacionales se debe a una sistema de acumulación de capital rentístico, oligopólico e incluso oligárquico, que aún se mantiene luego de cuatro años de gobierno del presidente Correa. Ya lo digo en el año 2006 el ahora presidente Correa: “Una verdadera política de desarrollo, en lugar del simplismo del libre comercio en función de ‘ventajas comparativas’, necesariamente implica una política industrial implícita o explícita, que promueva las industrias viables y que las proteja hasta haber logrado las economías a escala y/o externalidades positivas que les permitan competir en el mercado internacional.”
La seguridad jurídica debe ser para todos, es decir para la sociedad en su conjunto y las respectivas comunidades, para el Estados y sus empresas, por cierto para la Naturaleza, no sólo para el capital extranjero. Esta seguridad jurídica de nuevo cuño de darse a partir de la premisa de que en este país el eje es el ser humano viviendo en armonía con la Naturaleza, lógica que debe normar los acuerdos y convenios internacionales.
Ya con la dolarización perdimos una herramienta fundamental de política económica, los TLC nos llevarían a perder otras herramientas fundamentales, como son, entre otras, la política arancelaria y la política de compras públicas. Con esta miopía económica, no se alcanzarán los objetivos de la política económica establecidos en el art. 284 de la Constitución: “2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; 7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo; 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes.”.
Concluyamos recordando nuevamente lo que manifestaba Rafael Correa en el año 2006: “en la toma de decisiones con riesgo, todo es cuestión de probabilidades, y aferrarnos a la existencia de ‘oportunidades’, independientemente de las escasas probabilidades de éstas, es simplemente un absurdo económico.” En este sentido, dar paso a un TLC afectando la Constitución de Montecristi, aquel proyecto de vida en común para construir el Buen Vivir, sería una verdadera traición a los principios que inspiraron -al menos en una primera etapa- al gobierno del presidente Rafael Correa.-
[1] Ex-presidente de la Asamblea Constituyente y ex-ministro de Energía y Minas
[2] Este texto se tomó del artículo de Rafael Correa: El sofisma del libre comercio, que sirvió de prólogo del libro de Alberto Acosta, Fander Falconí, Hugo Jácome y René Ramírez; El rostro oculto del TLC, Abya-Yala, Quito, 2006.
[3] En este tipo de acuerdo, con el que la UE quería incluso alentar la integración regional andina, se plantearon tres ejes fundamentales: diálogo político amplio, cuestiones de cooperación y los temas comerciales-económicos.
[4] A principios del 2010, como una muestra más de la ausencia de una estrategia de largo plazo inclusive en el campo de la producción, se empezó a desmantelar las salvaguardias por desequilibrios de balanza de pagos aprobadas para enfrentar la crisis que empezó a fines de año 2008; estas medidas proteccionistas dieron resultados positivos al alentar la actividad de algunos segmentos productivos, como el textil y del cuero.
[5] En la actualidad un 80% de la población vería con buenos ojos los convenios de tipo TLC, cuando en el año 2006 este apoyo no llegaba al 35% (Perfiles de Opinión).
[6] Para ponerlo en porcentajes, el beneficio de dichas preferencias representó apenas el 0,41% de las exportaciones a los EEUU y el 0,16% de las exportaciones totales.
[7] Entendemos como “terrorismo económico” ­técnicamente hablando- la acción de cualquier persona o institución, político o publicación, gobernante u organismo que difunde noticias u opiniones infundadas o carentes de constatación empírica que pueden llevar a la población a actitudes que hagan realidad el rumor que han corrido o que alienten la aceptación de posiciones sumisas frente a situaciones supuestamente inevitables. Esto, por ejemplo, sucedió cuando de manera irresponsable o tendenciosa se amenazó diciendo que estábamos “con un píe en la hiperinflación” para imponer la dolarización.
[8] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. En este tipo de acuerdos ADPIC plus las pruebas de datos llegan a 25 años, cuando en la legislación europea están en los 15 años.
[9] Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata de Argentina.
[10] El Plan Nacional para el Buen Vivir orienta sus contenidos hacia la generación de riqueza y redistribución bajo condiciones post-petroleras, bajo opciones que engloba bajo los rótulos de bioconocimiento y servicios turísticos (expresados, por ejemplo, bajo la metáfora de una “biópolis ecoturística”).
[11] No se puede olvidar que en la UE se ha comenzado a desmontar las leyes laborales, a menoscabar el sistema de pensiones y por cierto el control estatal sobre determinados sectores estratégicos.
[12] En el año 2005, gracias a la movilización popular, se paró el TLC con los EEUU. Como se afirmó en el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, redactado en el año 2006, como plataforma electoral del presidente Correa, “debido a los importantes efectos negativos advertidos y a la irreversibilidad de la medida, rechazamos el TLC que se está negociando con los EEUU y cuya negociación se suspendió gracias a la movilización popular, encabezada por diversas organizaciones indígenas. Alianza País agotará sus esfuerzos para inviabilizar la concreción de este tratado, visiblemente inconveniente para el país, durante el presente año y a partir de enero del 2007, desde el gobierno, rechazará cualquier posible negociación de este TLC o no lo cumplirá en el caso de que haya sido impuesto arbitrariamente al pueblo ecuatoriano.”
[13] El artículo 71 expresamente reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Un paso revolucionario a nivel mundial. Otros temas importantes en esta materia se los desarrolla en los artículos 72 y 73.
[14] Anótese que Chile y México tienen ya un TLC con la UE. El primero de estos países, en el tiempo de duración de este acuerdo, ha visto como disminuyó el número de sus productos agrícolas exportados a la UE, mientras que el segundo pasó de ser superavitario en el comercio de productos agrícolas a deficitario.
[15] Véase otro artículo, el 335, que establece disposiciones para alentar el comercio justo y el intercambio económico alejadas de las lógicas perversas del mercado a ultranza: “El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.”
[16] Artículo 12: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” Artículo 314: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.”
[17] En este artículo “se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.”
[18] En el mencionado Plan de Gobierno del 2006 el Movimiento País o Alianza País se comprometió para “cuando seamos gobierno a asumir el mandato popular como una votación en contra del TLC y desde esa perspectiva se derogará todo tratado económico o de otro tipo que sea inconveniente al interés nacional.”
[19] Para complementar esta información téngase presente que las exportaciones de Ecuador a los EEUU representaron el 39,8% en el año 2010, y las importaciones desde dicho país el 27,8%.
[20] En el mismo año 2010, las exportaciones ecuatorianas a la UE representan un 12,9% del total y las importaciones desde la UE un 9,8%.
Publicado por Montecristi Vive en 14:10 No hay comentarios:
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 424
 artículo 419
 artículo 416
 artículo 281
 artículo 284
 artículo 284
 artículo 288
 artículo 304
 artículo 306
 artículo 313
 artículo 322
 artículo 71
 Artículo 12
 Artículo 314