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Timestamp: 2018-05-27 15:44:08+00:00

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Accion contractual/desequilibrio economico/Análisis de las normas aplicables en la Conciliación que se llevó a cabo entre las partes por desavenencias surgidas/Las normas aplicables para el momento de los hechos eran la ley 23 de 1991
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– ACCION CONTRACTUAL/DESEQUILIBRIO ECONOMICO/Análisis de las normas aplicables en la Conciliación que se llevó a cabo entre las partes por desavenencias surgidas/Las normas aplicables para el momento de los hechos eran la ley 23 de 1991, Decreto 2651 de 1991 y el Decreto 173 de 1993 reglamentario de la misma
TENIENDO EN CUENTA QUE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL SE LLEVÓ A EFECTO DURANTE CUATRO SESIONES, SIENDO LA ÚLTIMA LA DEL 28 DE MAYO DE 1998 EN LA CUAL SE LOGRÓ EL ACUERDO CONCILIATORIO Y LA PROVIDENCIA QUE LA APROBÓ TIENE FECHA 30 DE JUNIO DE 1998, SE PUEDE AFIRMAR QUE PARA ESTA ÉPOCA AÚN NO SE HABÍA EXPEDIDO LA LEY 446 DE 1998 (JULIO 7 DE 1998) EN CUANTO A LA REGULACIÓN DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL Y PREJUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS NORMAS APLICABLES ERAN, LEY 23 DE 1991, DECRETO 2651 DE 1991 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO DE LA MISMA 173 DE 1993.
COMO QUIERA QUE LA PRUEBA FUNDAMENTAL EN LA QUE SE DETERMINA LA CUANTÍA DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DETERMINADO POR LA PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL SE ENCUENTRA EN EL DICTAMEN PERICIAL PRACTICADO CON FUNDAMENTO EN EL INTERROGATORIO QUE OBRA A FOLIO 4 DE LA DEMANDA, ES DEL CASO ANALIZAR SU CONTENIDO PARA ESTABLECER SI LAS PRETENSIONES DE ÉSTA DEMANDA FUERON O NO OBJETO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL Y ASÍ DETERMINAR LA VIABILIDAD Y LA CONSECUENTE DECISIÓN DE FONDO EN ESTE ASUNTO.
HACIENDO LA COMPARACIÓN ENTRE LAS PRETENSIONES OBJETO DE CONCILIACIÓN Y LAS PRETENSIONES DE LA PRESENTE ACCIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL DICTAMEN PERICIAL, OBSERVAMOS QUE, SI BIEN SE DERIVAN DE LA MISMA CAUSA, ES DECIR, DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 0018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LA UNIÓN TEMPORAL CITEC LTDA. - JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL, SON DIFERENTES TAL COMO SE INFIERE DEL CONTENIDO DE ESTAS DOS ACTUACIONES.
EN LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL LA ENTIDAD CONVOCANTE O SEA EL HOY ACCIONANTE EN ESTE PROCESO, RECLAMABA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS AJUSTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO INICIAL DE EJECUCIÓN, ESTO ES, POR LOS 150 DÍAS CALENDARIO ESTIPULADOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO, PUES APLICANDO LOS CITADOS AJUSTES EL VALOR REAL DE LA CONTRATACIÓN ASCENDÍA A $405.052.120.OO DE LOS CUALES SE DEDUJO EL VALOR CANCELADO POR $264.401.268.OO, RESULTADO UNA DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRATISTA POR LA SUMA DE $140.650.362.OO, QUE A LA POSTRE POR VÍA DE CONCILIACIÓN FUE RECONOCIDA A FAVOR DE LA UNIÓN TEMPORAL CITEC LTDA. - JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL EN CUANTÍA DE $65.000.0000.OO SIN EL DESCUENTO DEL IVA.
EN ESTA OCASIÓN POR LA VÍA JUDICIAL Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL DEL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRETENDE LA MISMA FIRMA Y EN RELACIÓN CON EL MISMO CONTRATO DE CONSULTARÍA Nº 018 DE 1995 SE LE RECONOZCA Y SE ORDENE EL PAGO DE LAS SUMAS CORRESPONDIENTES A LOS SOBRECOSTOS EN QUE INCURRIÓ Y QUE CONSTITUYERON EL ROMPIMIENTO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL O EQUILIBRIO ECONÓMICO.
SE CONCLUYE DE LO ANTERIOR QUE LAS PRETENSIONES CONCILIADAS Y LAS QUE SON OBJETO DE ÉSTE PROCESO SON DIFERENTES, INCLUSIVE, SON MÁS CUANTIOSAS QUE EL VALOR REAL DEL CONTRATO AJUSTADO, TAL COMO SE PRECISÓ EN LA PROVIDENCIA APROBATORIA DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. SUMADO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO $264.401.768.OO; EL VALOR CONCILIADO $65.000.000.OO Y LOS SOBRECOSTOS ACTUALIZADOS MÁS INTERESES CUANTIFICADOS EN EL PERITAZGO $550.963.980.68 DAN UN TOTAL DE $880.365.748.68
DE OTRA PARTE, SI BIEN EL DICTAMEN PERICIAL NO FUE OBJETADO POR LAS PARTES, CABE RESALTAR VARIAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN ÉL EN CUANTO A LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ESTABLECER LOS SOBRECOSTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, LOS CUALES ADEMÁS DE NO CORRESPONDER A LA REALIDAD CARECEN DE LA SUSTENTACIÓN PROBATORIA....."
) NO HABIÉNDOSE DEMOSTRADO LOS SOBRECOSTOS EN QUE INCURRIÓ COMO PROLONGACIÓN DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE DOS MESES, ELLO IMPIDE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS UTILIDADES QUE PUDO HABER RECIBIDO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LA CUAL, SEA DE PASO AFIRMAR NO EQUIVALE AL 20% DEL VALOR CONTRACTUAL PACTADO, SINO DEL 10% POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA TAL COMO LO HA SOSTENIDO REITERA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO; MENOS AÚN SE PUEDE DETERMINAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SUSODICHOS SOBRECOSTOS.
EN EL ASUNTO OBJETO DE ESTUDIO SE ESTABLECE CON CLARIDAD QUE EL DEMANDANTE ACUDIÓ A LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL EN RECLAMO DE UNOS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO QUE DE ALGUNA MANERA AFECTABAN LA CUANTÍA DEL MISMO, COMO LO ERA LOS AJUSTES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE QUE ES LA ENTIDAD QUE ESTABLECE LOS TOPES MÁXIMOS PARA SUELDOS Y DEMÁS GASTOS EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. A ESTO SE LIMITÓ LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL; ALLÍ EN NINGÚN MOMENTO SE EXPUSO LO RELACIONADO CON EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE SU PRÓRROGA, PRETENSIÓN QUE LA UNIÓN TEMPORAL DEJÓ POR FUERA PARA ACUDIR ANTE ESTA JURISDICCIÓN EN PROCURA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS SOBRECOSTOS DE ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR CON LAS ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES. EN OTRAS PALABRAS, SE SORPRENDIÓ A LA ADMINISTRACIÓN CON UNA DEMANDA QUE A LA POSTRE Y DE ACUERDO AL DICTAMEN PERICIAL SE CONVERTIRÍA EN UNA SUMA MILLONARIA.
Neiva, nueve (09) de agosto de dos mil cuatro (2004)
Asunto : CONTROVERSIA CONTRACTUAL
Demandante : CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS
CITEC LTDA. - JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL
Demandado : MUNICIPIO DE NEIVA
Radicación : 41 001 23 31 005-1999-012
Acta : Nº 69
MARIO CABRERA DUSSAN quien obra en nombre y representación de CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS – CITEC LTDA. y además como representante del CONSORCIO UNION TEMPORAL CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL, por medio de apoderado instauró acción contractual contra el MUNICIPIO DE NEIVA, a fin de que esta Corporación acceda a las siguientes:
I.- PRETENSIONES
1.- Que circunstancias posteriores a la celebración del Contrato Nº 0018 del 13 de diciembre de 1995, imprevistas y ajenas al contratista CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL, rompieron su equilibrio en contra de éste.
2.- Que para restablecer el equilibrio económico, a punto de no pérdida para el contratista, el Municipio de Neiva debe pagarle los sobrecostos en que incurrió, en valores constantes, derivados de labores adicionales y mayor permanencia en obra.
3.- Que el Municipio de Neiva debe pagar las costas del proceso.
1.- Previa licitación pública el Municipio de Neiva y el consorcio integrado por CITEC LTDA. y JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL celebraron el Contrato Nº 0018 del 13 de diciembre de 1995, para los estudios de regulación, canalización e higienización del río del Oro; la adecuación de las márgenes a lo largo de éste río y el diseño para la construcción de un parque longitudinal desde su desembocadura desde el río Magdalena hasta la intersección de las prolongaciones de la Avenida de Circunvalación con la calle 2 sur.
2.- El plazo del contrato comenzó el 25 de enero de 1996. El contrato previó un plazo de 5 meses, pero durante su ejecución hubo necesidad de complementar y optimizar el proyecto, debido a lo cual el Municipio de Neiva concedió una prórroga de dos meses, según Contrato Adicional Nº 1 del 20 de junio de 1996.
3.- En razón a lo anterior, el contratista debió laborar con su equipo de trabajo dos meses más de lo previsto, incurriendo en sobrecostos proporcionales, toda vez que el precio contractual sólo previó una actividad para cinco meses.
4.- Los estudios se entregaron a plena satisfacción del Municipio el 21 de agosto de 1996. El Contrato Nº 0018 de 1995 no se ha liquidado.
La demanda fue admitida por auto del 12 de febrero de 1999, providencia que fue notificada al Agente del Ministerio Público el 17 de febrero de 1999. Se corrigió el auto admisorio mediante providencia de octubre 5 del mismo año, en el sentido de fijar los gastos ordinarios del proceso a cargo del demandante, por cuanto en el auto admisorio se dispuso que los gastos corrieran por cuenta del demandado.
El señor Alcalde del Municipio de Neiva fue notificado del auto admisorio el 1º de febrero de 2000. Constituyó apoderado quien dentro de la oportunidad legal contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones deprecadas por el actor.
En providencia de julio 31 de 2000 se dio apertura al período probatorio, decretando las pruebas solicitadas por las partes, siendo una de ellas, la práctica de dictamen pericial, para cuya actuación se designaron dos auxiliares de la justicia Ingenieros Civiles, a quienes se les concedió el término de 45 días para la emisión de su dictamen. Por auto de abril 8 de 2001 fueron relevados los peritos inicialmente designados procediendo a reemplazarlos por Omar Pabón y Víctor Hugo Charry, quienes presentaron su dictamen del cual se dio traslado por el término de tres días según auto del 16 de noviembre de 2002.
Por auto del 14 de marzo de 2003 se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión, igualmente al Agente del Ministerio Público para quien se corrió traslado por el término especial para la emisión de su concepto de fondo. La parte demandada presentó su escrito de alegatos, mientras la parte demandante y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.
IV.- CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
En cuanto a los hechos de la demanda, el apoderado del Municipio de Neiva, hace algunas precisiones que se concretan a los siguientes aspectos:
1.- El Contrato de Consultaría Nº 0018 de 1995 se celebró previo concurso de méritos y no licitación pública como lo afirma el apoderado del demandante. Señala que CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL es una unión temporal y no un consorcio como lo señala la parte actora.
2.- El citado contrato de consultoría de 1995 se suscribió el 25 de enero de 1996, fecha a partir de la cual se computó el plazo contractual. El plazo inicial del contrato fue de 150 días calendario; posteriormente se suscribió un contrato adicional por el término de 60 días calendario.
3.- Señala que la mencionada unión temporal de manera equivocada solicitó modificaciones y ampliaciones a la consultoría con el argumento que no estaban comprendidas en el objeto contractual. La Interventoría mediante Oficios del 10 de abril y 8 de mayo de 1996 le contestó a la actora que no le asistía razón porque dichas ampliaciones no eran ampliaciones por cuanto desde el inicio estaban comprendidas dentro del objeto contractual. La única modificación que se acepta es la de la Cláusula Séptima, denominada SITIO DE ENTREGA, la maqueta general a escala 1.2500 por una serie de fotografías con el técnica fotoshop.
4.- El Municipio formaliza la respuesta al derecho de petición formulado por la Unión Temporal, por medio de la Resolución Nº 242 de junio 20 de 1996 la cual le fue notificada personalmente a su apoderado. Este acto goza de presunción de legalidad y contra él no se interpuso recurso alguno, ni se demando en nulidad ante el Tribunal Administrativo del Huila. En el numeral 5 de la parte motiva de dicha resolución, se señala: “Respecto a la solicitud de ampliación de plazo y precio del contrato original, la Administración acoge lo acordado en las reuniones llevadas a cabo con la participación del Consultor y el Interventor, y por ende encuentra viable la ampliación del término inicialmente pactado, sin que ello signifique modificación del valor”.
5.- La ampliación del plazo se debió a razones exclusivamente de la parte actora y no del municipio. Ni durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 018 de 1995 ni en los documentos adjuntos a la demanda formulada, la parte actora acredita de manera válida que haya surgido un desequilibrio económico con la ejecución del citado contrato. El 21 de agosto de 1996 se suscribió el acta final del contrato de consultoría antes citado.
V.- ALEGATOS DE CONCLUSION DE LA PARTE DEMANDADA
Dice la apoderada del Municipio que la acción se origina en el incumplimiento por parte de su representada a las obligaciones contenidas en las cláusulas del contrato en cuestión, desconociendo la parte actora la conciliación prejudicial surtida ante la Procuraduría 34 y la providencia del Tribunal Administrativo del Huila mediante la cual se le impartió aprobación a dicho acto.
Afirma que efectivamente existió una controversia de carácter contractual la que fue dirimida, resolviéndose de fondo dicha controversia al aprobar el Tribunal contencioso Administrativo el acuerdo conciliatorio celebrado; la decisión fue notificada en debida forma pudiendo se recurrida a través de los recursos de ley; sin embargo no se hizo quedando en firme y haciendo tránsito a cosa juzgada material lo cual significa que sobre esa misma controversia, frente a los mismos hechos y a la misma relación contractual no se puede volver a discutir, por seguridad jurídica por cuanto estamos en un estado social de derecho. Nadie puede alegar su propia culpa en derecho propio y si no se estaba conforme con las determinaciones de la conciliación, debió impugnarse.
VI.- CONSIDERACIONES
1.1.- NORMAS SOBRE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL VIGENTES A LA FECHA DEL ACUERDO CONCILIATORIO
1.1.1- LEY 23 DE 1991
a) El artículo 59 señaló que las personas jurídicas de derecho público a través de sus representantes legales, podrán conciliar total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que se ventilarían ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A.
b) En sus artículos 60 y 64 se reguló la conciliación prejudicial en materia contenciosa administrativa. En el caso de que no se hubiese intentado la conciliación prejudicial, artículo 65 señaló como obligación del Consejero o Magistrado ponente de la Corporación que conociera de la demanda, que en el mismo auto admisorio y una vez notificado este, debía ordenar el traslado de la misma al Fiscal correspondiente para que se adelante la conciliación, etapa que suspendía el proceso.
1.1.2.- DECRETO 2651 DE 1991
Mediante este decreto se expidieron normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales, regulando lo relacionado a la conciliación judicial.
El artículo 6º señaló que “En todos los procesos a los que se refiere el artículo 2 de este decreto y en lo contencioso administrativo en los que se controvierta la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado, en primera instancia habrá por lo menos una oportunidad de conciliación que tendrá lugar, a más tardar, al concluir la etapa probatoria del respectivo proceso” (inciso primero).
La Sala Plena de la Corte con ocasión de demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el precitado decreto, respecto a la aplicación de la Ley 23 de 1991 y ésta última disposición señaló su ámbito de aplicación, así:
“…mientras que la conciliación prevista en los artículos 59 a 65 de la Ley 23 de 1991 que han sido examinados apunta a los conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ventilarían mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la de reparación directa o la de responsabilidad, las disposiciones “sobre conciliación”, contenidas en el Capítulo I del citado Decreto 2651 por disposición expresa de su artículo 2º, se aplican a los asuntos distintos, entre otros, de los contenciosos administrativos, exclusión hecha de los procesos en los que se controvierta la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado, en primera instancia, los cuales están cobijados por la normatividad especial contenida en su artículo sexto”.1
Mediante Decreto 171 de enero 26 de 1993 se reglamentó el artículo 6 del Decreto 2651 de 1991, en cuyo artículo 1º señala que en los procesos en los que controvierta la responsabilidad contractual o extracontracual del Estado se aplican las normas sobre conciliación contenciosa administrativa contenidas en el artículo 6 del citado decreto. En la misma se advierte que la audiencia de conciliación a la que se hace referencia no es aplicable a los procesos derivados de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del C.C.A. (artículo 1º).
1.1.3.- DECRETO REGLAMENTARIO 173 DE 1993
Este decreto reglamentó la conciliación prejudicial de que trata el Capítulo V de la Ley 23 de 1991. En él se indicaron los requisitos que debe contener la petición de conciliación extrajudicial, la inadmisión, la audiencia y sus sesiones, los impedimentos, etc. Respecto al desarrollo de la audiencia de conciliación el artículo 9º estableció:
“Presentes los interesados en el día y hora señalados para la celebración de la audiencia, esta se llevará a cabo bajo la dirección del agente del ministerio público en la siguiente forma:
1.- El agente exhortará a los interesados para que concilien las diferencias objeto de petición y concederá el uso de la palabra a cada uno de ellos por el término que consideren necesario para la debida exposición de sus pretensiones.
2.- Acto seguido los interesados justificaron los pedimentos con los medios de prueba que acompañaron a la solicitud de conciliación y precisarán los alcances que tendrían para la dilucidación del asunto aquellos medios de prueba que harían valer en el proceso judicial.
3.- Si los interesados no concilian, el agente propondrá las fórmulas que considere procedentes para la solución de la controversia.
4.- Si hubiere acuerdo se elaborará un acta que contenga, entre otras, la designación de los interesados en la solución del conflicto, de sus apoderados, el objeto de la conciliación, así como la propuesta formulada por el ministerio público y el contenido, extensión y modalidades del acuerdo conciliatorio. El acta será firmada por quienes intervinieron y por el agente del ministerio público, cuya firma solo tendrá el alcance de una refrendación.
5.- Si el acuerdo es parcial se dejará constancia de ello precisando los puntos que fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron advirtiendo a los interesados su derecho de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para demandar lo que fue objeto de desacuerdo. (Resalta la Sala)
6.- En esta oportunidad antes de que los interesados suscriban el escrito de conciliación, el agente del ministerio público les advertirá que el acta una vez suscrita se remitirá al juez del conocimiento para su calificación y aprobación definitiva.
7.- Cuando no se llegue a ningún acuerdo, el agente dará aplicación a lo previsto en el artículo 63 de la Ley 23 de 1991”.
1.2.- LA CONCILIACION PREJUDICIAL
a) La parte actora, previamente a la instauración de la presente acción contractual, acudió ante la Procuraduría 34 Judicial Administrativa de la ciudad de Neiva con el propósito de lograr un acuerdo en relación con el reconocimiento y pago de los ajustes del Contrato de Consultoría Nº 018, suscrito entre la actora y el Municipio de Neiva el 13 de diciembre de 1995 cuyo valor contractual fue de $264.401.768.oo, para ser ejecutado en el término de 150 días calendario a partir de su iniciación, el que fue adicionado mediante Contrato Nº 01 prolongando por 60 días más la terminación del contrato, siendo la fecha de culminación el 21 de agosto de 1996, fecha en la cual se suscribió la respectiva acta final de obra contratada.
b) La audiencia de conciliación prejudicial a la que nos venimos refiriendo se llevó a efecto en cuatro sesiones, así: 30 de septiembre de 1997; 2 de diciembre de 1997; 10 de febrero de 1998 y 28 de mayo de 1998, ésta última en la que se concretó el acuerdo entre las partes en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta que el H. Procurador suspendió la diligencia con el fin de que las partes realizaran conjuntamente la liquidación de los reajustes, la cual efectivamente se hizo por la Dra. María Nelcy Santos Cleves, Consultora de la Oficina Asesora para la Contratación del Municipio de Neiva, y el Dr. José María Delgado, la cual arrojó el monto total CIENTO OCHO MILLONES TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($108.003.756), con base en ésta me permito manifestar que el Municipio reconoce el sesenta por ciento (60%) que arroja la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000), los cuales serán cancelados dos meses después de que el H. Tribunal Administrativo del Departamento apruebe la conciliación llevada a cabo por las partes. Me permito anexar la conciliación realizada por la Ing. María Nelcy Santos para que haga parte de esta diligencia…”. La parte peticionaria, esto es, la Unión Temporal, respecto a la fórmula propuesta de conciliación expuso: “En nombre de mis poderdantes y atendiendo previamente las instrucciones del representante de la Unión Temporal solicitante, manifiesto al señor Procurador y a la señorita apoderada del Municipio de Neiva que estaríamos dispuestos a conciliar el valor antes mencionado por la representante judicial de la entidad convocada, siempre y cuando se tome como valor absoluto o neto a favor de los convocantes a esta diligencia, es decir sin el factor del 14% del IVA que se debe descontar para la nación. Como segunda alternativa estamos dispuestos a aceptar ese valor si se toma como parte de la liquidación vigente para noviembre 30 de 1995, en donde el Ministerio de Transporte expide la Resolución 8181, con la cual automáticamente se actualizaba los valores de personal negociados con el Municipio de Neiva; y sobre los valores que se deben actualizar con la Resolución de febrero de 1996, en concreto la No 555 del 1º de febrero, teniendo en cuenta el 50% de lo que se debe liquidar con esta última; es decir, el 50% que arroje la actualización de la Resolución de noviembre de 1995 a la de febrero de 1996”. De la contrapropuesta se dio traslado a la apoderada del Municipio, quien previa consulta con el Jefe del Departamento Jurídico de la Alcaldía, aceptó la primera proposición como es el pago de los $65.000.000.oo neto, sin descuento del IVA, suma que pagará dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acta por parte del Tribunal.
c) En la audiencia de conciliación la parte convocante, esto es, la Unión Temporal no hizo salvedades ni dejo constancias en relación con otras pretensiones que fueran susceptibles de ser reclamadas por vía judicial, como tampoco se indicó de manera expresa que el acuerdo conciliatorio fuera total o parcial
1.3.- PROVIDENCIA APROBATORIA DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
En providencia del 30 de junio de 1998 la Sala Plena del Tribunal aprobó el acuerdo conciliatorio prejudicial llevado a efecto entre la Unión Temporal CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL y el MUNICIPIO DE NEIVA HUILA, por la suma de $65.000.000, sin el descuento de IVA, que el Municipio de Neiva pagará dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de La providencia.
a) En la conciliación aprobada que hizo tránsito a cosa juzgada y prestó mérito ejecutivo, se concretó el temario objeto del acuerdo en los siguientes términos:
“…con el fin de llegar a un acuerdo relacionado con el reconocimiento y pago de los ajustes del contrato de consultoría No 018 suscrito entre la peticionaria y el Municipio de Neiva el 13 de Diciembre de 1995 por valor de $264.401.768.oo, para ser ejecutado en el término de 150 días…”.
b) Agrega la providencia aprobatoria, lo que sigue:
“Estima la peticionaria que desde octubre de 1995 cuando se hizo la presentación de la propuesta hasta agosto de 1996 en que se entregaron definitivamente los estudios y diseños contratados, según los ítems 1.6 y 3.3 del pliego de condiciones tienen derecho a los reajustes de acuerdo a la resolución del Ministerio de Transporte que establece los topes máximos para sueldos y demás gastos en los contratos de consultoría, y liquidados los ajuste con base en esos parámetros el valor total de contrato ascendería a $405.052.120.oo deducido el valor cancelado $264.401.768.oo, el Municipio le adeudaría por concepto de reajustes la suma de $140.650.362.oo objeto de conciliación”.
c) En la parte considerativa de la precitada providencia, se indican las disposiciones con fundamento en las cuales se aprueba la conciliación. Se dice lo siguiente:
“La conciliación Prejudicial administrativa conforme lo establecido en la Ley 23 de 1991 y el Decreto Reglamentario de la misma 173 de 1993 es procedente en los conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que se adelantarían ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa mediante las acciones contempladas en los Artículos 85 y 86 y 87 del C.C.A.”
2.- LAS PRETENSIONES DE LA PRESENTE ACCION CONTRACUTAL
Se concretan las pretensiones al restablecimiento del equilibrio económico producto de circunstancias posteriores a la celebración del Contrato Nº 0018 del 13 de diciembre de 1995, imprevistas y ajenas al contratista CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL, el cual se lograría con el pago de los sobrecostos en que incurrió, en valores constantes, derivados de labores adicionales y mayor permanencia en obra.
3.- CUANTIFICACIÓN DE LAS PRETENSIONES
3.1.- DICTAMEN PERICIAL
El cuestionario a resolver por parte de los peritos fue el siguiente:
a) Cuáles fueron los costos previstos de personal y administración para un período de cinco meses.
b) Cuál fue el estimativo de la utilidad para un período de cinco meses.
c) Cuál es el sobrecosto que presenta por tales conceptos al prorrogar el plazo de ejecución en dos meses.
d) Encontrar la utilidad proporcional a dos meses y dejada de percibir.
e) Los valores por concepto de sobrecostos y utilidad proporcional deberán actualizarlos utilizando los índices de precios al consumidor del DANE.
Basado en la prueba documental allegada al expediente y especialmente la providencia del Tribunal Administrativo del Huila de junio 30 de 1998, mediante la cual se aprueba la conciliación prejudicial celebrada entre la Unión Temporal CITEC LTDA.- JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL, por la suma de $65.000.000.oo, los Auxiliares de la Justicia absolvieron el interrogatorio en la siguiente forma:
a) Determinación de los costos previstos de personal y administración para un período de cinco (5) meses.
Se analiza la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila para afirmar que a la Unión Temporal se le canceló la totalidad de lo conciliado como reconocimiento a lo estipulado en el Contrato Nº 018 de 1995 (150 días), es decir que no se incluyeron en ese pago los 60 días de prorroga señalado en el contrato adicional Nº 1. Se afirma que la Unión Temporal no está solicitando doble pago “…ya que recurrimos a hacer un análisis comparativo de la oferta económica presentada para el Concurso de Méritos… por valor de $264.401.768 y para duración de cinco meses tal y como lo establecieron los pliegos de condiciones del mencionado concurso y concertado por la comisión negociadora de la Alcaldía y el valor presentado ante la Procuraduría General de la Nación en donde promovió conciliación prejudicial por valor de $405.051.130 que descontando el valor cancelado de $264.401.768 quedaba un saldo de $140.650.362.
“De este análisis queda claro como se puede observar en el anexo 1, que las variaciones significativas corresponden a al aplicación de la Resolución No 000555 de 1º de febrero de 1996 por el mismo período de tiempo de la oferta presentada por la Unión Temporal. Es decir 5 meses solamente.
“De acuerdo con los documentos aportados se hace el respectivo análisis del valor real de la ejecución del contrato por parte de la Unión Temporal de acuerdo con los soportes de la oferta económica presentados para participar en el concurso Nº 1 de 1995…, se puede establecer que el contrato tuvo un valor real durante los Cinco meses de $404.948.775 tal como se muestra en el anexo 1 de este documento.
“Por lo tanto el valor total del contrato ejecutado es de $404.948.775 incluido IVA del 16%”.
b) Estimativo de la Utilidad para un período de cinco (5) meses
“La utilidad calculada corresponde al porcentaje presentado por la Unión Temporal CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL en su propuesta inicial que corresponde al 20%; de lo cual se establece que la utilidad es de $69.818.754, de acuerdo con lo siguiente:
404.948.775 = $334.093.072 x 20% = $69.818.754
c) Sobre costo que presenta tales conceptos al prorrogar el plazo de ejecución en dos (2) meses
“Con los datos obtenidos arriba por la ejecución, se puede determinar que el valor de cada mes es de $80.989.755 en promedio, resultado que se obtiene al dividir el valor real y total de ejecución ($404.948.775) por el tiempo por el cual la Unión Temporal CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL presentó su propuesta (5 meses), así:
Valor Promedio Mensual = Valor Total
Valor Promedio Mensual = $405.948.775 = $80.989.755.
“Ahora, considerando que el plazo del contrato se prorrogó por (2) dos meses, el valor de dicha prórroga se determina al multiplicar el promedio mensual por 2, así:
Valor de la Prórroga = $80.989.755 x 2 = $161.979.510
d) Utilidad proporcional a dos (2) meses y dejada de percibir
“La utilidad calculada corresponde al mismo porcentaje presentado por la Unión Temporal CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL en su propuesta inicial, o sea el 20%; de lo cual se establece que la utilidad para los dos meses es:
161.979.510 = $139.637.509 x 20% = $27.927.502
e) Actualización de los Sobrecostos y Utilidad Proporcional en los términos de la Ley 80 de 1993.
Para calcular la actualización se tomó en cuenta únicamente lo correspondiente a los sobrecostos. Su cuantificación se hizo con fundamento en el artículo 4, numeral 8 de la Ley 80 de 1993.
“3.2. METODOLOGIA:
“En aplicación de las anteriores normativas, se sigue entonces el siguiente procedimiento:
Valor a indexar: $161.979.510
Fecha de iniciación de intereses: 21 de agosto de 1996
Fecha de corte: 31 de agosto de 2002
Tasa de interés: 12% sobre valores actualizados
Índice de precios: Sobre cada mes, con la variación
correspondiente al mismo mes del
año inmediatamente anterior
El valor de los perjuicios indexados ascendió a la suma de $550.963.980.68, discriminado así:
Valor capital 161.979.510.00
Valor indexación año 1996 5.979.668.04
Valor indexación año 1997 36.254.968.89
Valor indexación año 1998 35.977.312.47
Valor indexación año 1999 39.993.116.90
Valor Indexación año 2000 28.402.517.88
Valor indexación año 2001 27.013.543.62
Valor indexación año 2002 22.031.109.88
Valor intereses 193.332.233.00
Valor total de los perjuicios indexados 550.963.980.68
4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LA CONCILIACION PREJUDICIAL Y LA PRUEBA PERICIAL
Haciendo la comparación entre las pretensiones objeto de conciliación y las pretensiones de la presente acción cuya cuantificación se encuentran en el dictamen pericial, observamos que, si bien se derivan de la misma causa, es decir, del Contrato de Consultoría Nº 0018 suscrito entre el Municipio de Neiva y la Unión Temporal CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL, son diferentes tal como se infiere del contenido de estas dos actuaciones.
En la conciliación prejudicial la entidad convocante o sea el hoy accionante en este proceso, reclamaba el reconocimiento y pago de los ajustes del contrato correspondientes al período inicial de ejecución, esto es, por los 150 días calendario estipulados en la cláusula Décima del contrato, pues aplicando los citados ajustes el valor real de la contratación ascendía a $405.052.120.oo de los cuales se dedujo el valor cancelado por $264.401.268.oo, resultado una diferencia a favor del contratista por la suma de $140.650.362.oo, que a la postre por vía de conciliación fue reconocida a favor de la Unión Temporal CITEC LTDA. – JOSE MARIA DELGADO VILLARREAL en cuantía de $65.000.0000.oo sin el descuento del IVA.
De otra parte, si bien el dictamen pericial no fue objetado por las partes, cabe resaltar varias inconsistencias encontradas en él en cuanto a la metodología utilizada para establecer los sobrecostos de personal de administración, los cuales además de no corresponder a la realidad carecen de la sustentación probatoria; veamos:
a) Para establecer el sobrecosto de personal y administración para el período de los dos meses de prórroga del contrato que inicialmente se pactó por cinco, toma como valor real del mismo la suma de $405.052.130, sin considerar que los $140.650.362 resultante al descontar el valor del contrato, fue objeto de conciliación, aceptando la suma de $65.000.000 con la cual quedaba satisfecha su pretensión relacionada con los ajustes del valor del contrato de acuerdo a los topes máximos para sueldos y demás gastos en los contratos de consultoría establecidos en la Resolución 555 del Ministerio de Transportes. El valor real es lo efectivamente pagado por la entidad al contratista, que en su caso equivale al valor del contrato $264.401.768 más el valor conciliado por ajustes $65.000.000, para un total de $329.401.768.
b) Si bien es cierto la resolución del Ministerio de Transporte señala unos topes máximos para sueldos y demás gastos, ello no quiere decir que el contratista está obligado a que los costos relacionados con el contrato sean equivalentes a esto; esos valores se establecieron como una limitación para que los contratistas no los excedan. En este caso particular, si el contratista cubrió esos topes máximos debió demostrar probatoriamente dentro del proceso que efectivamente incurrió en ellos, prueba que brilla por su ausencia en el dictamen pericial, el cual sólo se limitó a la cuantificación numérica y matemática, sin que tal procedimiento corresponda a la realidad.
c) No habiéndose demostrado los sobrecostos en que incurrió como prolongación del contrato por el término de dos meses, ello impide la cuantificación de las utilidades que pudo haber recibido por la ejecución del contrato, la cual, sea de paso afirmar no equivale al 20% del valor contractual pactado, sino del 10% por tratarse de un contrato de consultoría tal como lo ha sostenido reitera jurisprudencia del Consejo de Estado; menos aún se puede determinar la actualización de los susodichos sobrecostos.
5.- DECISION
Las disposiciones trascritas nos llevan aseverar que en la petición de conciliación prejudicial se deben exponer todos los aspectos susceptibles de reclamación, a fin de enterar a la entidad convocada de las obligaciones contractuales que ante una eventual no conciliación deberá responder en proceso posterior que se le promoverá a través de las acciones que consagra la ley de contratación administrativa y/o el Código Contencioso Administrativo.
En conclusión y acorde con las razones jurídicas expuestas anteriormente, las pretensiones incoadas en la demanda no serán atendidas, tal como se expresará en la parte resolutiva de esta providencia.
PRIMERO: DENIEGENSE las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Reconocer personería al abogado JOSE HOLBEIN ALDANA, portador de la T.P. Nº 62.879 del C.S.J., para actuar en este proceso como apoderado sustituto de la parte actora, en los términos y para los fines del poder conferido (f. 220)
TERCERO: En firme esta providencia, devuélvasele el saldo de lo consignado para gastos del proceso, si lo hubiere, a la parte actora y archívese el proceso.
JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIQUE ENRIQUE DUSSAN CABRERA
GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA HELENA SOTO ROJAS
Neiva, tres (3) de septiembre de dos mil cuatro (2004).
Decídese la acción de tutela impetrada directamente por el interno en la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva, EDINSON MAURICIO AGUILAR MARTÍNEZ, contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con sede en esta ciudad, al atribuirle violación de un derecho fundamental.
Dice el accionante citado en el escrito de demanda haber sido condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito con sede en esta capital, a la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión, encontrándose detenido por razón de ese proceso desde el 1 de febrero de 2003, llevando a la fecha de instaurar la acción dieciocho (18) meses y veintidós (22) días de detención física, y seis (6) meses más de redención, reuniendo de esta manera el tiempo consagrado por el Art. 64 del C. P. para tener derecho a la libertad condicional, esto es, purgadas las tres quintas partes de la sanción. Que por tal razón elevó solicitud en ese sentido desde el 11 de agosto pasado ante la autoridad judicial accionada, sin que hasta el momento hubiese recibido respuesta alguna a su pretensión; de tal suerte advierte una violación flagrante a su derecho fundamental a la libertad.
DERECHO RECLAMADO
No obstante pedir el restablecimiento de la libertad que le ha sido conculcado por la autoridad judicial accionada con la no resolución oportuna de su solicitud, hace radicar la violación en el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política.
1.- El escrito de demanda se sometió a reparto por la Oficina Judicial el pasado 25 de agosto entre los integrantes de la Sala Penal de la corporación, la que al ser adjudicada a la presidida por el suscrito Magistrado se dispuso en auto del día siguiente –26 de agosto-, avocar conocimiento por reunir los requisitos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, ordenando imprimirle el trámite preferencial para vincular al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, pidiéndole informara dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir del recibo del correspondiente oficio, si esa dependencia ejecuta la pena de cuarenta (40) meses de prisión impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, en evento positivo si se ha elevado solicitud de libertad condicional el 11 del mismo mes de agosto, de ser así, qué trámite se le ha dado, qué comunicación o notificación se le ha hecho al respecto remitiendo fotocopia y de no haberse resuelto cuál el motivo para ello.
2.- Se dispuso así mismo remitir copia de la demanda a la autoridad judicial accionada para que dentro de un plazo perentorio ejerza el derecho de defensa, respondiendo a dicho requerimiento con oficio No. 503 del 27 de agosto del cursante año, donde expresó haber radicado y avocado el conocimiento el día 4 de abril de 2003, del proceso No. 2002-00097 seguido contra Edinson Mauricio Aguilar Martínez, donde el Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad lo condena en sentencia del 31 de octubre de 2002, a la pena principal de ocho (8) meses de prisión, decisión modificada por la Sala Penal del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial el 7 de febrero de 2003, aumentando la pena a cuarenta (40) meses de prisión, por el punible de extorsión tentada, negándole el disfrute de sustituto penal alguno. Que el interno formuló petición de libertad condicional recibiéndola el Centro de Servicios Administrativos el 20 de agosto del cursante año, pasando a despacho el 24 del mismo mes, confiriendo el beneficio de la libertad condicional al otro día –25 de agosto- al reunir los requisitos exigidos en el artículo 64 del C.P., beneficio que entró a disfrutar previa suscripción de diligencia y depósito de una caución, determinación contra la que no interpuso recurso alguno, auto del cual se aporta a las diligencias en fotocopia junto a las constancias de notificación.
El artículo 86 de la Carta Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1.991, consagra la figura de la acción de tutela como un mecanismo de defensa que tiene toda persona contra acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos expresamente establecidos por la ley, que quebrante o amenace vulnerar derechos constitucionales fundamentales, pudiendo el agraviado reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, su restablecimiento o preservación, siempre y cuando se carezca de otro medio de defensa judicial contra ellas. Significa entonces que se acude al instituto como última medida a adoptar a efecto de restablecer o preservar un derecho fundamental conculcado y no se disponga de otro procedimiento eficaz de defensa.
Hace consistir el peticionario el quebrantamiento al derecho fundamental reclamado, en la omisión de dar respuesta a su memorial calendado el 11 de agosto de 2004, dirigido al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, donde solicita su libertad condicional al considerar satisfechos los requisitos del orden objetivo contenidos en el Art. 64 del C.P., arguyendo que a la fecha de incoar la acción excepcional no había obtenido respuesta alguna a su pretensión.
Antes de abordar el estudio del asunto planteado, considera la Sala necesario reiterar sobre el decantado criterio que existe acerca de atribuir una presunta violación ante la omisión de una actuación jurisdiccional, que lleva al operador judicial a incurrir en mora, al derecho de petición en algunos casos, otros, como el que es materia de análisis donde se atribuye trasgresión al derecho a la libertad pero se cita el artículo de la Constitución Política que refiere al derecho a la igualdad –Art. 13-, si embargo se ha expresado que en esos eventos lo que puede existir es una posible violación del debido proceso –Art. 29 Carta Política- y del derecho de acceso a la administración de justicia –Art. 229-. Así lo ha sostenido el máximo organismo constitucional del país al sostener sobre ese tópico lo siguiente: “El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla con sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir trasgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que ‘las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes del de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”1
Al resultar entonces procedente la vía escogida por el peticionario para invocar la protección de su derecho fundamental, corresponde a la Sala considerar si en realidad se han quebrantado a efecto de ordenar su restitución inmediata, o si ante la inexistencia de los hechos expresados torna impróspero el recurso. Se dice por el accionante haber suscrito la petición de libertad el 11 de agosto del cursante año, pero la autoridad judicial demandada dice que se radicó en el Centro de Servicios el 20 siguiente, término justificado si tenemos en cuenta que en el interregno de la época de elaboración con la de recibo se presentaron tres días inhábiles por el festivo del día lunes –16 de agosto-, que levaría necesariamente a retrasar el trámite de cualquier solicitud. Ahora un solo día hábil trascurrió entre el momento en que es recibida la petición de libertad en el Centro de Servicios de los Juzgados de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad –llegó el 20 de agosto- y el momento en que pasa a despacho –24 de agosto-, toda vez que en ese período existen dos días inhábiles, advirtiendo igualmente la Sala el cumplimiento celoso de los plazos para tramitar esa clase de peticiones, máxime que al día siguiente –25 de agosto-, es resuelta en forma favorable al peticionario, cumpliendo a cabalidad el término para adoptar esa clase de decisiones conforme alo prescrito en el artículo 168 del Ordenamiento procesal penal, que es de tres (3) días.
Ante esa situación lleva a la Sala a concluir que la autoridad judicial accionada no ha dilatado y menos aún omitido dar respuesta oportuna y adecuada al petente sobre la solicitud de libertad condicional presentada, tornando impróspera la acción de tutela interpuesta.
Es por lo anterior que, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO TUTELAR el derecho fundamental que reclama restablecimiento el interno EDINSON MAURICIO AGUILAR MARTÍNEZ, por los motivos antes considerados.
Procédase a la notificación de esta decisión conforme lo establece el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, e infórmese a los interesados que puede ser impugnada en el término establecido en el artículo 31 de la misma legislación.
ALVARO ARCE TOVAR
ERLEANS DE JESUS PEÑA OSSACLEMENCIA PERDOMO GONZALEZ
OSCAR ENRIQUE AGUIRRE PERDOMO
COPIADO AL TOMO:_______ FOLIO :_____ del libro de tutelas.
1 Corte Suprema de Justicia – Sala Plena. Sentencia 143 de diciembre 11 de 1991. Expediente 2326. Magistrados Ponentes: Dr. Pedro Escobar Trujillo – Dr. Pablo J. Cáceres Corrales.
1 Corte Constitucional. Sentencia T-377 de 2000. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

References: ARTÍCULO 87
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 59
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 artículo 6
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 6
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 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 168
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 artículo 31