Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A050A-01.htm
Timestamp: 2017-11-23 12:59:48+00:00

Document:
A050A-01
Auto 050A/01
Referencia: expediente I.C.C.-221
Peticionario: Manuel Augusto Conde
Demandado: Humana Vivir E.P.S.
Bogotá, D.C., febrero catorce (14) de dos mil uno (2001)
Mediante el presente auto, procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a pronunciarse sobre el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, dentro de la acción de tutela incoada por Manuel Augusto Conde Cedeño, contra Humana Vivir E.P.S.
El ciudadano MANUEL AUGUSTO CONDE CEDEÑO, el día 16 de noviembre del 2000, interpuso acción de tutela contra Humana Vivir E.P.S., pretendiendo la protección constitucional de los derechos a la vida y la salud presuntamente vulnerados, al no practicársele, la cirugía denominada “gastroplastia vertical bandeada”, por parte de la entidad de salud, aduciéndose estar fuera del P.O.S. dicho tratamiento médico, razón por la cual peticiona la atención científica para sus padecimientos.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, a quien le correspondió el conocimiento de la acción, mediante providencia de 16 de noviembre de 2000, ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial de la ciudad de Cartagena, con el fin de que se proceda a su reparto entre los jueces municipales de ese distrito, de conformidad con lo establecido por el artículo 1º inciso 4º Num. 1 del Decreto 1382 de julio 12 del 2000.
Por su parte, el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, a quien se le asignó el proceso de la referencia, decidió plantear conflicto negativo de competencia con el máximo organismo de la jurisdicción administrativa al considerar que es inaplicable el decreto 1382 del 2000, al compartir plenamente las consideraciones de la Corte Constitucional sobre el contenido material del susodicho precepto normativo, plasmado en el auto del 26 de septiembre del 2000, por ende remite el expediente a la Corte Constitucional, para dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado.
2. Teniendo en cuenta que el presente asunto se refiere a una controversia generada entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, y para los solos efectos de la acción de tutela hacen parte de la misma jurisdicción, pues orgánica y funcionalmente se hallan integrados a la jurisdicción constitucional, por lo tanto, son jueces de tutela en lo que respecta a la acción instaurada por MANUEL AUGUSTO CONDE CEDEÑO, contra Humana Vivir E.P.S.
3. Ahora bien, con independencia de la materia sobre la que versa la tutela, esta Corporación reiterará su jurisprudencia[1], según la cual, “en términos generales, cuando con ocasión del trámite de acciones de tutela cualquier juez o Tribunal de la jurisdicción constitucional se vea en la necesidad de decidir sobre un conflicto de competencia, originado en consideraciones de orden territorial o material, deberá hacerlo apoyándose en las disposiciones ordinarias vigentes, las cuales son perfectamente aplicables por analogía...”
4. Aplicando los anteriores razonamientos al caso subexamine, la Corte estima, que la resolución del conflicto planteado corresponde resolverla a esta Corporación en atención a que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, los conflictos de competencia derivados de las acciones de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, deben ser resueltos por la autoridad competente, que en este caso es la Corte Constitucional, por ser ella el superior funcional común como máximo tribunal en asuntos constitucionales, tal como lo ha sostenido esta Corte entre otros en el Auto 059 de octubre 1º de 1998, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
5. De otro lado, debe reiterar la Corte en esta ocasión la doctrina vertida en el Auto I.C.C.-l 18, en cuanto a los alcances del decreto 1382 del 2000.
“Como es suficientemente conocido, para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 60, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, (artículo 4º), institución esta conocida como la “excepción de inconstitucionalidad”, que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
“El artículo 86 de la Carta Política vigente consagra la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y autoriza al legislador para establecer aquellos “casos en que esta acción procede contra los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
“El Gobierno Nacional en acatamiento a lo establecido por los artículos transitorios 5º, literal b) y 6º de la Carta, expidió entonces el Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, decreto que en virtud de la materia a que el se refiere, aunque expedido por el Ejecutivo en razón de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para ese efecto por la Asamblea Constituyente, es de carácter legislativo, es decir sus normas tienen la categoría de ley en sentido material. Y, siendo ello así, su reforma sólo compete al legislador, no al Presidente de la República mediante decreto reglamentario, pues ello no le es permitido conforme a lo dispuesto por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.
“Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1° a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela. En efecto:
“Adicionalmente, el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 2000 establece que si la acción de tutela se ejerce “contra más de una autoridad” el asunto será de conocimiento del “juez de mayor jerarquía”, según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración.
“Por otra parte, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dicta nuevas normas que fijan la competencia para los casos en que la acción de tutela se incoe contra funcionarios o corporaciones judiciales.”
En varios Autos, I.C.C.- 117 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, I.C.C.-119 M.P. Dra. Martha Sáchica de Moncaleano, I.C.C. 123 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, esta Corporación ratificó los anteriores criterios e hizo especial énfasis en el argumento de la extralimitación de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República para expedir el Decreto 1382 del 2000.
6. A juicio de la Corte en el presente caso también se considera pertinente inaplicar el inciso numeral 1º del articulo 10 del decreto 1382 del 2000, por contrariar los preceptos superiores, en razón a la supremacía de la Carta Política (art. 4 C.P.) y a los criterios jurisprudenciales referidos anteriormente.
Por otra parte, la Corte precisa, una vez más, que independientemente del caso concreto, para efectos de determinar la competencia territorial, cuando existen actos administrativos expedidos por entidades del orden nacional y asuntos concernientes a la aplicación de una ley, debe aplicarse la regla general, según la cual la competencia por el factor territorial se determinará por el lugar donde se producen los efectos jurídicos de las decisiones administrativas y no el lugar físico de expedición del acto administrativo, como tantas veces lo ha expuesto esta Corporación a propósito de la interpretación del art. 37 del decreto 2591 de 1991.
En este orden de ideas, se resolverá el conflicto de competencias planteado entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, en el sentido de remitir el expediente al primer juez colegiado, para que resuelva de fondo la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la C.P. y el art. 37 del decreto 2591 de 1991.
En el presente caso, INAPLICAR, por inconstitucional el inciso 4 del numeral 1º. del articulo 1º del decreto 1382 del 2000. En consecuencia, remítase el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar, para que asuma el conocimiento de la acción de tutela instaurada por el ciudadano MANUEL AUGUSTO CONDE CEDEÑO, contra Humana Vivir E.P.S.
JOSE GEGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 40
 artículo 215
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 189
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 1