Source: https://jurisprudenciaderechofamilia.wordpress.com/2012/12/18/union-de-hecho-sin-hijos-menores-consecuencias-economicas-del-cese-de-la-convivencia-desestimacion-de-las-solicitudes-de-atribucion-del-uso-de-la-vivienda-pension-compensatoria-o-compensacion-econo/
Timestamp: 2018-06-20 12:56:07+00:00

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Unión de hecho sin hijos menores. Consecuencias económicas del cese de la convivencia. Desestimacion de las solicitudes de atribución del uso de la vivienda, pensión compensatoria o compensación económica al no constatarse ni una especial desprotección en uno de los convivientes ni desequilibrio económico ni enriquecimiento injusto – Jurisprudencia Derecho de Familia
18Dic 2012 6 Ene 2013
STS, Civil sección 1 del 30 de Octubre del 2008 ( ROJ: STS 7175/2008) Recurso: 1058/2006 | Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN
Reclamación de la conviviente de una indemnización como consecuencia de la liquidación de los bienes adquiridos durante la convivencia, de una pensión compensatoria y de la atribución de la vivienda que constituyó el domicilio común. En las instancias se desestimaron tales pretensiones. La Sala ratifica la desestimación de las pretensiones de la demandante en aplicación de la reciente doctrina jurisprudencial y rechazando que deban aplicarse analógicamente las normas del matrimonio, partiendo de los datos fácticos recogidos en la sentencia recurrida, entre los que destaca la falta de constancia de un acuerdo de los convivientes que tuviese por objeto la constitución de un patrimonio común con los bienes adquiridos durante la convivencia, y la ausencia de un pacto regulador de las consecuencias de la ruptura de la pareja y la extinción de la unión de hecho, independencia económica, contribución equilibrada a los gastos propios de la convivencia, ni que como consecuencia de la ruptura ocupe la actora una posición más débil, digna, por ello, de protección. En el fallo de declara que la jurisprudencia no establece analogía entre la unión de hecho y el matrimonio y que el derecho a indemnización depende de las circunstancias del supuesto, en virtud de la doctrina del “enriquecimiento injusto”.
La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda, únicamente en lo concerniente a la pretensión que tenía por objeto la declaración de la existencia de una convivencia “more uxorio” entre las partes, desestimando, en cambio, las restantes pretensiones deducidas por la actora. Dicha sentencia fue confirmada íntegramente por la Audiencia Provincial, que desestimó los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte demandante como por la demandada.
Para resolver la cuestión controvertida, que se resume en la determinación de las consecuencias económicas derivadas del cese de la convivencia y de la extinción de la unión de hecho, la Sala de instancia acude al criterio que establece la Sentencia del Pleno de esta Sala de fecha 23 de septiembre de 2005 , dictada con la finalidad de fijar una línea jurisprudencial uniforme para dar solución al problema jurídico derivado de la finalización de las relaciones estables de pareja, fundamentalmente cuando no existe norma legal que determine sus consecuencias, ante la diversidad de soluciones propuestas por la doctrina y también desde la jurisprudencia. A partir de dicha orientación jurisprudencial, y de acuerdo con sus dictados, el tribunal sentenciador considera que no procede reconocer a la actora derecho a indemnización alguna, ni derecho a la pensión compensatoria y al uso de la vivienda familar que reclama, pues, por un lado, no cabe aplicar de forma automática el régimen de la sociedad de gananciales, no constando, además, acuerdo o pacto expreso o tácito entre los convivientes para constituir una comunidad sobre los bienes adquiridos durante la convivencia, sin que figure de forma significativa la existencia de cuentas bancarias conjuntas, habiendo sido emitidos todos los recibos relativos a los gastos de la vivienda familiar a nombre del demandado, a quien se atribuye su pago; y por otro lado, tampoco cabe aplicar analógicamente los artículos 96 y 97 del Código Civil y reconocer, con arreglo a ellos, el derecho a la pensión compensatoria y al uso de la vivienda familiar que éstos regulan, al no poder identificarse el matrimonio con las uniones estables de pareja. Concluye, finalmente, la Sala de instancia que no cabe apreciar el enriquecimiento injusto que sirve de base a las pretensiones indemnizatorias deducidas en la demanda, por cuanto no se aprecia que haya habido una pérdida de oportunidad o de expectativas para la actora, que estuvo trabajando mientras lo permitió su estado de salud.
SEGUNDO.- La actora ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que se articula en tres motivos de impugnación, el primero de los cuales se encabeza con la denuncia de la infracción de los artículos 3.1 y 4.1 del Código Civil , en relación con la doctrina que emana de la Sentencia de 17 de enero de 2003 , preceptos a los que después se añade, en el desarrollo argumental del motivo, el artículo 96 , que también se considera infringido por la sentencia recurrida, por estimar la parte recurrente que, con arreglo a la indicada doctrina jurisprudencial, debe protegerse a quien, tras haberse dedicado a su compañero y al hogar familiar durante toda la convivencia, presenta, tras la ruptura de la relación, un interés más necesitado de amparo. En el segundo motivo se denuncia la infracción del artículo 4.1 , en relación con el artículo 97, ambos del Código Civil , y la vulneración de la doctrina contenida en la Sentencia de 16 de julio de 2002 , conforme a la cual procede reconocer el derecho a la pensión compensatoria en favor del conviviente desfavorecido por aplicación analógica del artículo 97 del Código Civil . Y, por último, en el tercer motivo del recurso se denuncia la vulneración de la doctrina jurisprudencial contenida en la Sentencia de 5 de julio de 2001 , la cual, con fundamento en los artículos 10.1 y 39.1 de la Constitución y en los principios de rango constitucional que en ellos se recoge, conduce a la protección de la parte más desfavorecida tras la extinción de las uniones de hecho de larga duración, cuando el patrimonio reunido durante tal convivencia queda en manos de uno de los convivientes, en claro perjuicio del otro.
TERCERO.- La adecuada respuesta a la cuestión suscitada en el recurso, y, por tanto, en la demanda, pasa, ante todo, por poner de manifiesto, tal y como se hace en la reciente Sentencia de 8 de mayo de 2008 -recogiendo, a su vez, los términos de la de fecha 19 de octubre de 2006-, que la realidad social que encierra la convivencia a modo marital o las uniones de hecho ha carecido hasta fechas muy próximas de toda consideración jurídica, lo que no significa que tales uniones fueran contrarias a la ley, ni que la jurisprudencia se desentendiera de ellas. Como se recuerda en la Sentencia de 19 de diciembre de 2006 -a la que alude la de fecha 8 de mayo de 2008 , antes mencionada-, la doctrina jurisprudencial se ha referido a las mismas como familia natural -sentencia de 29 de octubre de 1997 -, situación de hecho con trascendencia jurídica -sentencia de 10 de marzo de 1998 -, realidad ajurídica con efectos jurídicos -sentencia de 27 de marzo de 2001 -, o como realidad social admitida por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo -sentencia de 5 de julio de 2001-. En las sentencias de 17 de enero de 2003 y de 5 de febrero de 2004 , recogiendo la doctrina sentada en anteriores resoluciones, se destaca el carácter alegal y ajurídico, que no ilegal o antijurídico, de las uniones de hecho, que producen o pueden producir una serie de efectos con trascendencia jurídica que no son ignorados por el jurista en general ni por el Juez en particular, y que deben ser resueltos con arreglo al sistema de fuentes del Derecho. Y se ha destacado también -cfr. sentencias de 17 de enero de 2003 y de 12 de septiembre de 2005 , esta última de Pleno- que se encuentran afectadas por principios de rango constitucional, y en particular, por la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico -artículo 1.1 de la Constitución-, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para su realidad y efectividad -artículo 9.2 de la Constitución- y justifica, como se precisa en la sentencia de 12 de septiembre de 2005 , que el Título relativo a los derechos y deberes fundamentales tenga como pórtico la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás -artículo 10.1 de la Constitución- sin olvidar el principio de igualdad que impide todo trato discriminatorio -artículo 14 de la Constitución- y la expresa protección a la familia -artículo 39.1 de la Constitución-, no sólo la fundada en el matrimonio, sino también en la convivencia “more uxorio”.
Paralelamente a lo anterior, la misma doctrina jurisprudencial, en línea con la del Tribunal Constitucional, se ha preocupado de precisar que la unión de hecho es una institución que nada tiene que ver con el matrimonio -sentencias de 12 de septiembre de 2005 y de 19 de octubre de 2006 , y sentencias del Tribunal Constitucional 184/90 y 222/92 , por todas-, aunque una y otra se sitúen dentro del derecho de familia. Aun más: hoy en día -como dice la sentencia de 12 de septiembre de 2005 -, con la existencia del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias.
Es, pues, esa diferencia entre la unión de hecho y el matrimonio, y la voluntad de eludir las consecuencias derivadas del vínculo matrimonial que se encuentra ínsita en la convivencia “more uxorio”, la que explica el rechazo que desde la jurisprudencia se proclama de la aplicación por “analogía legis” de las normas propias del matrimonio, entre las que se encuentran las relativas al régimen económico matrimonial; lo que no empece a que puedan éstas, y, en general, las reguladoras de la disolución de comunidades de bienes o de patrimonios comunes, ser aplicadas, bien por pacto expreso, bien por la vía de la “analogía iuris” – como un mecanismo de obtención y de aplicación de los principios inspiradores del ordenamiento a partir de un conjunto de preceptos y su aplicación al caso no regulado-, cuando por “facta concludentia” se evidencie la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común (Sentencias de 22 de febrero y de 19 de octubre de 2006 ), pues los bienes adquiridos durante la convivencia no se hacen, por ese mero hecho, comunes a los convivientes, sino que pertenecen a quien los ha adquirido, salvo que, de forma expresa o por medio de hechos concluyentes se evidencie el carácter común de los mismos (Sentencia de 8 de mayo de 2008 ).
Inistiendo en lo anterior, se ha de significar que esta Sala -cfr. Sentencias de 12 de septiembre de 2005, de Pleno, y 19 de octubre de 2006, y tras ellas, la de fecha 8 de mayo de 2008, en recurso de casación 1428/2001 – ha acudido al mecanismo de la analogía “iuris” para extraer, por inducción, un principio inspirador con arreglo al cual se pueda resolver la cuestión consistente en cuáles han de ser las consecuencias económicas derivadas del cese de la convivencia “more uxorio”, presupuesta la ausencia de norma específica legal y la falta de pacto, expreso o tácito, establecido por los miembros de la pareja. De esta forma, se ha buscado y encontrado fundamento a la compensación del conviviente que ha visto emperorada su situación económica a resultas de la ruptura de la relación en la figura del enriquecimiento injusto, ampliamente considerado, y gravitando en torno a la denominada “pérdida de oportunidad”, que sería -como explica la sentencia de 12 de septiembre de 2005 – “el factor de soporte que vendría de algún modo a sustituir al concepto de “empeoramiento” que ha de calificar el desequilibrio.
Como se precisa en la Sentencia de 8 de mayo de 2008 , de continua referencia, hay, sin duda, otros argumentos capaces de justificar la procedencia de la compensación económica en los casos de desequilibrio tras el cese de la convivencia al modo marital. Se basan éstos, en unos casos, en el principio general de protección al perjudicado, enraizado en el principio constitucional que proclama la dignidad de la persona y el desarollo de la libre personalidad -artículo 10.1 de la Constitución-, que sitúa el centro de atención, no en el hecho de si se han efectuado aportaciones económicas o se ha sufrido un empobrecimiento, sino en la circunstancia de que haya habido importantes aumentos patrimoniales durante la convivencia y en la dedicación al trabajo y atención al hogar, dejando al conviviente que la ha prestado al margen de todo beneficio económico. En otros casos, la justificación de la compensación económica viene de la mano de la aplicación al cese de la convivencia “more uxorio” de las reglas previstas en el Código Civil para la fijación de las consecuencias derivadas de la ruptura matrimonial -artículos 97, 98 y 1438- con base en la similitud relativa entre uno y otro caso -y, desde luego, con base en el concepto amplio de familia que ha elaborado el Tribunal Constitucional (STC 222/1992 )-, que justifica un método de integración que conduce a aplicar a las situaciones de hecho las consecuencias establecidas para la disolución -o nulidad, según el caso- del vínculo matrimonial sin necesidad de sostener la semejanza entre dos instituciones que son distintas -sin necesidad, por lo tanto, de recurrir a sistemas de integración basados en la analogía-, y sin que sea preciso acudir a la figura del enriquecimiento injusto.
Llegado este punto, debe recordarse que son ya doce las Comunidades Autónomas las que han regulado legalmente las uniones de hecho en sus distintos aspectos, llegando algunas de ellas a establecer las normas que han de regir las consecuencias económicas de su ruptura. Entre ellas se encuentra la Comunidad Valenciana, que ha dictado la Ley 1/2001, de 6 de abril , por la que se regulan las Uniones de Hecho, cuya aplicación está condicionada a la inscripción de la pareja en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, que tiene, además, carácter constitutivo (artº. 1.1 y 2 ), si bien dicha Ley no regula las consecuencias de la extinción de la unión, limitándose exclusivamente a remitirse a la voluntad de las partes, y a prever la inscripción del pacto entre ellas que regule dichas consecuencias.
La recurrente concentra inicialmente su esfuerzo argumental en sostener que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 3.1 y 4.1 del Código Civil , en relación con la doctrina establecida en la Sentencia de 17 de enero de 2003 , por cuanto no ha aplicado analógicamente lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código Civil , aplicación justificada por la necesidad de proteger el más débil interés de la conviviente y de evitar el enriquecimiento injusto del varón, en perjuicio de la primera. Este argumento se refuerza con la denuncia -de nuevo- de la infracción del artículo 4.1 del Código Civil , esta vez puesto en relación con la doctrina establecida en la Sentencia de 16 de julio de 2002 , que propugna la aplicación analógica del artículo 97 del Código Civil , y, en consecuencia, reconoce el derecho del conviviente que se ha visto perjudicado por la extinción de la prolongada convivencia “more uxorio” a percibir una pensión compensatoria, en los términos previstos en dicho precepto. Y este mismo argumento sirve de cierre al alegato casacional, con la invocación del criterio mantenido en la Sentencia de 5 de julio de 2001 , que propugna la indicada aplicación analógica del régimen jurídico matrimonial a las uniones de hecho de larga duración, ahora con fundamento en los principios constitucionales consistentes en el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la familia, que se contienen en los artículos 10.1 y 39.1 de la Constitución.
Debe señalarse, ante todo, que es pacífica la inexistencia de norma especial que regule las consecuencias de la ruptura de la convivencia extramatrimonial de que se trata: no es aplicable la Ley 1/2001, de 6 de abril, de la Comunidad Valenciana , reguladora de las uniones de hecho, pues además de que su inaplicabilidad deriva de la falta de constancia de la inscripción de la unión en el correspondiente registro administrativo, no establece, por ende, normas “ad hoc” más allá que la referida a la simple reserva de la libertad de pactos, también con acceso al registro, que en este caso, sin embargo, son inexistentes.
Ya se ha indicado que el criterio jurisprudencial con arreglo al cual debe decidirse la controversia objeto del litigio y, por ende, de este recurso, es el que deriva de la Sentencia -de Pleno- de fecha 12 de septiembre de 2005 , que, consecuente con su carácter plenario, tiene una finalidad claramente unificadora de la jurisprudencia que ha de servir, acorde con su carácter de fuente complementaria del ordenamiento jurídico, para resolver el conflicto, logrando al tiempo cumplir con las funciones propias de la casación, la nomofiláctica y ahora, en la misma medida, la función unificadora.
Faltan, por tanto, los presupuestos necesarios para reconocer el derecho de la solicitante a una indemnización equivalente al 50% del valor de los bienes adquiridos durante la convivencia, toda vez que, sentanda la improcedencia de la aplicación analógica de las normas reguladoras de la disolución y liquidación del régimen matrimonial de ganaciales, no hay constancia de la voluntad de formar un patrimonio común, ni se aprecia el perjuicio de la demandante que sirve de base a dicha pretensión indemnizatoria. Igualmente improcedente resulta el abono de la pensión compensatoria y la atribución del uso de la vivienda familiar que reclama: la aplicación analógica de los artículos 96 y 97 está excluída; y el reconocimiento de tales derechos mediante la aplicación de principios generales por la vía de la analogía “iuris” pasa ineludiblemente por verificar la existencia de un perjuicio y un desequilibrio en la posición de la demandante respecto del otro conviviente y en comparación con la situación de convivencia, una vez cesada ésta, que justifique la compensación pretendida y la atribución del derecho de uso de la vivenda por ser portadora, en definitiva, del interés más digno de protección, presupuestos éstos que, sin embargo, no concurren en el caso considerado. Y, en fin, las circunstancias expuestas conducen del mismo modo a rechazar cualquier indemnización, y más aun compensación de todo género, con base en el enriquecimiento injusto, pues impiden apreciar desplazamiento patrimonial alguno y el empobrecimiento de la demandante, siquiera en un sentido lato del término, equivalente a una pérdida de oportunidades como consecuencia de la dedicación familiar, que, sobre la base de su carácter injusto, sirvan para asentar la reclamación económica y patrimonial que se contiene en la demanda.
Previo Pensión compensatoria: Configuración legal y doctrinal. Compatibilidad con el régimen de separación de bienes pactado en capitulaciones otorgadas en fecha anterior a la ruptura, siendo irrelevante para la apreciación de las circunstancias del Art. 97 C.C que al tiempo de la ruptura.
Siguiente Unión de hecho. Consecuencias económicas de su disolución. Reclamación de la convivente con base en la existencia de una sociedad de pérdidas y ganancias en la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto. Doctrina jurisprudencial. Falta de los presupuestos para apreciar el derecho a compensación o indemnización.

References: artículo 96
 artículo 4
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 4
 artículo 97