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Timestamp: 2018-10-19 07:49:06+00:00

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El Caso Millapi y la nueva doctrina del Superior Tribunal
El Caso Millapi y la nueva doctrina del Superior Tribunal de Justicia de
Río Negro en materia indígena
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió el pasado 7 de febrero de 2007 rechazar
la demanda por desalojo que los titulares del dominio de un campo, el ciudadano
norteamericano John Gilbert Ogilvie y su consorte argentina Silvia T. de Ogilvie, le habían
iniciado a varios de los integrantes de la Comunidad Mapuche “Millapi” del paraje rionegrino de
Paso de los Molles. Dicho juicio llevaría casi diez años de tramitación, habiéndose condenado
a los pobladores indígenas al desalojo de sus tierras por los Tribunales de Primera y Segunda
Instancia anteriormente intervinientes.
Dentro de los demandados se encontraban las abuelas mapuches nacidas en el sitio hace ya
más de 80 años, las hermanas Dominga y Felisa Millapi, inmortalizada ésta última a través de
la célebre canción que el cantautor rionegrino Edgardo Lanfré le dedicara años atrás, frente a
la injusticia pública de resultar víctima de una acción de desalojo en la propia casa donde
naciera, tratándosela para el caso como una “intrusa” y encontrándose, ya desde el comienzo
del juicio, ciega y sola en la misma, a pesar de lo cual jamás quiso abandonar su hogar.
Como abogado de la citada comunidad, y siendo el letrado de los demandados el Dr. Ronaldo
Hussmann, resolvimos seguir de cerca todo el procedimiento atento tratarse de una flagrante
injusticia y de un indudable caso testigo. Concurrimos, por tanto, al reconocimiento que para el
caso realizara el STJ en noviembre de 2005 y aportamos ante el citado Tribunal todas las
consideraciones de derecho indígena claramente aplicables al presente a través de un escrito
de “Amicus Curiae” o “amigos del Tribunal”; la misma figura jurídica que también utilizáramos
junto al Dr. Rubén Marigo en la causa “Gilio” y que fuera admitida por primera vez en la
Provincia de Río Negro en aquella oportunidad, tomando como base la doctrina elaborada por
el mismo STJ en el caso “Odarda”, ante el amparo presentado por el Codeci contra la minera
“Calcatreu”.
Sin duda, uno de los principales vicios de todo este procedimiento derivaba del hecho de que el
Sr. Ogilvie había demandado a los integrantes de la comunidad mapuche “Millapi” fundándose
en el supuesto “cese de una relación laboral” de uno de sus miembros para con este supuesto
“nuevo dueño”. Así, los Jueces Luis Lutz y Alberto Balladini consideraron violado el “principio
de congruencia” porque la demanda claramente se fundó en el “despido” de uno de los peñi
(hermanos) de la comunidad, pero el Juez de Primera Instancia en lo Civil había hecho lugar al
desalojo por un supuesto “mejor derecho posesorio” de los actores, invocando razones no
alegadas por el Sr. Ogilvie en su demanda.
Por otra parte, para el Dr, Lutz no correspondía tampoco debatir y decidir sobre el dominio (es
decir, sobre quien figure o no como titular del campo en el Registro de la Propiedad Inmueble )
del territorio ocupado tradicionalmente por estos miembros de la comunidad porque, en el caso,
podrían encontrarse vulneradas normas de orden público, en cuanto a la protección de la
propiedad de las tierras de poblaciones indígenas se refiere, por lo cual fijó el criterio de que
corresponderá a los jueces una mayor prudencia y rigor en cuanto al estricto cumplimiento de
un proceso de desalojo.
A su vez, el Dr. Balladini entendió que el fuero Civil, en que tramitó el juicio de desalojo, era
incompetente porque esta demanda se fundaba en el cese de un vínculo laboral, lo que
determinaba, de por sí, la nulidad de todo el proceso.
Merece, sin embargo, una especial atención el voto del Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, quien
agregó como principal fundamento al mismo el carácter de los demandados como poseedores
originarios de las tierras que ocupan, lo cual no había sido valorado en absoluto por todos los
Jueces que habían intervenido con anterioridad.
De esta manera el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro se hizo eco de
algunos de los argumentos esgrimidos en nuestro escrito de “Amicus Curiae” y resolvió
finalmente revocar la sentencia de la Cámara Civil de Apelaciones de San Carlos de Bariloche
en cuanto confirmaba la sentencia del Juez de primera instancia y los condenaba al desalojo,
desestimándose la demanda del Sr. Ogilvie por las razones expuestas y, sobre todo, por el
claro carácter de poseedores originarios de sus tierras con que cuentan los demandados.
Nueva doctrina legal:
El argumento de que la simple acción de desalojo no basta para que el sistema judicial pueda
ordenar el deshaucio de los miembros de una Comunidad mapuche viene a confirmar el criterio
de que la ocupación tradicional indígena brinda hoy más derecho de poseer “legalmente” un
territorio que el hecho de haber obtenido un simple “título de propiedad” por sobre el mismo.
Al respecto, los títulos otorgados por las autoridades de un estado que arribó al lugar,
necesariamente, en forma posterior a la ocupación que en dicho sitio vienen realizando los
pobladores originarios, carecerán de validez frente al carácter de “preexistentes” que el mismo
texto del artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reconoce a los pueblos indígenas.
A través de esta sentencia, el Superior Tribunal de Río Negro reafirma los principios de la
célebre sentencia recaída en el caso “Sede, Alfredo y otros c/ Vila, Herminia y otros” en agosto
de 2004, confirmada por la Cámara de Apelaciones Civil de Bariloche en noviembre de 2006;
dando así el máximo Tribunal de la Provincia un paso de suma relevancia en el reconocimiento
de los derechos de los pueblos originarios.
Se reafirma, por tanto, una nueva doctrina legal, en función de la cual una simple acción de
desalojo no resultará procedente para separar a los miembros de una comunidad indígena de
su territorio tradicional, en tanto hoy se estarían vulnerando tanto el principio de “preexistencia”
de los pueblos indígenas como los derechos de “propiedad y posesión comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan” reconocidos ambos expresamente por el nuevo texto
*Se adjunta el Fallo completo y el escrito de “Amicus Curiae” presentado en el caso.
SENTENCIA - STJ RÍO NEGRO - CAUSA OGILVIE
EXPTE. N* 20195/05-STJSENTENCIA N* 006
///MA, 7 de febrero de 2007.-----Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Río Negro, doctores Luis Lutz, Víctor H. Sodero Nievas y Alberto I. Balladini, con
la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para el tratamiento de los
autos caratulados: “OGILVIE, John G. y Otra c/GALVAN, Santiago y/u Ocupantes
s/DESALOJO s/CASACION” (Expte. N* 20195/05-STJ-), elevados por la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIIa. Circunscripción Judicial, a fin de
resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 701/723 y vta., deliberaron sobre la temática
del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos,
conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U E S T I O N E S - - - - - - - - - - - -----1ra.-¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - -----2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O T A C I O N - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el señor Juez doctor
Luis Lutz dijo:- - - -----La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIIa.
Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia N* 87 de fecha 21 de Septiembre de 2004,
obrante a fs. 686/693, -en lo que aquí importa- resolvió: “1) No hacer lugar a los recursos de fs.
650 y 651, con costas por su orden. 2) No hacer lugar al recurso de fs. 647 con costas. ...”. - - -----Esto es, rechazó las apelaciones interpuestas por la Asesora de Menores e Incapaces, Dra.
Marta Noemi PEREYRA y la Defensora Oficial, Adriana H. RUIZ MORENO, como
representante promiscua y curadora ad litem respectivamente del señor Aquilino GALVAN; y
del Dr. Rodolfo C. HUUSMANN, en ///.- ///.-carácter de apoderado de Santiago GALVAN y
Dominga MILLAPI, confirmando en consecuencia la Sentencia dictada por el Juez de Primera
Instancia a fs. 640/645 y vta., que desestimara la excepción de falta de legitimación pasiva e
hiciera lugar a la demanda, condenando a los Sres. Santiago, Alejandro y Aquilino GALVAN, a
la Sra. Dominga MILLAPI y a cualquier otro subinquilino y/u ocupante, conjuntamente con las
personas y/o cosas que de cualquiera de ellos dependieren, a desalojar la vivienda sita en el
puesto de veranada del establecimiento Los Molles, paraje Paso de Los Molles, Departamento
Pilcaniyeu, Provincia de Río Negro, restituyéndola al Sr. John Gilbert OGILVIE y la Sra. Silvia
Elina TORTORELLI en un plazo de diez (10) días bajo apercibimiento de ley.- - - -----Contra lo
así decidido, interponen recurso extraordinario de casación a fs. 701/723, los co-demandados
Santiago GALVAN y Dominga MILLAPI, planteo que es contestado por la parte actora a fs.
732/734 y vta. de las presentes actuaciones.- - - - - - -----Al respecto, los recurrentes aducen en
sustento del recurso extraordinario local, que la sentencia en crisis ha incurrido: a) En la
violación o errónea aplicación de lo dispuesto por los artículos 34 inc. 4) y 163 inc. 5) del
CPCyC., y de los artículos 2351, 2352, 2373, 2377 y 2379 del Código Civil; b) En arbitrariedad,
por no resolver cuestiones propuestas, y a su vez resolver una cuestión que no había sido
propuesta en la demanda; c) arbitrariedad por omisión de prueba y absurdidad en el mérito de
la prueba.- - - - - - - - - - - - -----Previo a ingresar al análisis de los agravios esgrimidos, para una
mejor comprensión resulta menester un breve recuento de los términos en que quedo trabada
la litis.- - - - - - - - - -----Se inician las presentes actuaciones con la demanda de desalojo
promovida por el Sr. John OGILVIE y la Sra. ///.- ///2.-Silvia TORTORELLI contra el Sr. Santiago
GALVAN subinquilinos y/u ocupantes como así también de los animales que le pertenezcan y
que se encuentran en el puesto de la veranada en el establecimiento Los Molles, paraje Paso
de los Molles, Departamento de Pilcaniyeu.- - - - - - - - - - - - - - -----Expresan los actores, que en
esencia, el Sr. GALVAN se desempeñó como peón general del campo de su propiedad desde
el 1 de Marzo hasta el 30 de Septiembre de 1997, fecha en la que renunció intempestivamente,
razón por la cual se le otorgó un plazo para desocupar la vivienda que con motivo de dicha
relación laboral venía ocupando y que, vencido el mismo, aún permanece en el
establecimiento. Funda su pretensión, en los arts. 1493 ss y concordantes del Código Civil y los
artículos pertinentes del Estatuto del Peón Rural (Dec. Ley 28.169/44).- -----Contestaron la
demanda las Sras. Dominga y Elisa MILLAPI, Celia HENRIQUEZ, Alicia y Marta GALVAN y los
Sres. Miguel y Santiago GALVAN, oponiendo como defensa, las excepciones de incompetencia
(en los términos del art. 347 inc. 1* del CPCyC.), de falta de personería, de defecto legal, y falta
de legitimación pasiva, pidiendo el rechazo de la demanda.- - - - -----Que, además de negar los
hechos invocados por los actores como suelen ser de rigor en los respondes, expresaron que
no puede demandarse por desalojo a quien detenta la posesión animus domini del inmueble,
manifestando al respecto una distinta versión fáctica, por cuanto expresan que sus antecesores
ocupan el campo desde fines del siglo XIX, aproximadamente desde 1890, cuando se asentó
en el lugar don José MILLAPI, luego de finalizada la Campaña del Desierto, de forma tal que
son ya tres generaciones las que viven allí y por ende la demanda no puede prosperar pues no
se trata de una acción reivindicatoria sino personal.- - - - - - - - - - -///.- ///.-Que, a fs. 130/132 y
vta. se presentan los actores solicitando la exclusión de algunos co-demandados de la litis y,
subsidiariamente el rechazo de las excepciones deducidas. Con respecto a la excepción que
aquí importa, esto es la de falta de legitimación pasiva, expresaron que no es posible discutir
aquí derechos posesorios.- - - - - - - - - - - - - - - ------A fs. 159/160 y vta. la Cámara de
Apelaciones en lo Civ. y Com., asignó a la justicia civil la competencia para entender en la
presente causa. Ello, entre otras consideraciones, en que “si el contrato de trabajo ha sido
rescindido, la justicia ordinaria es competente para entender en el desalojo ...”.- - -----A fs.
197/199 y vta. el Juez de Ia. Instancia resolvió: I) Hacer lugar a la defensa de falta de
personería opuesta en autos, teniéndola por subsanada con el poder obrante a fs. 128/129. II)
Rechazar la excepción de defecto legal. III) Diferir para el momento de dictar la sentencia
definitiva el tratamiento de la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta en autos. IV)
Hacer lugar al pedido de exclusión de litis, respecto de las Sras. Elisa MILLAPI, Celia
HENRIQUEZ, Alicia y Marta GALVAN y al Sr. Miguel GALVAN.- - - - - - - - - -----Desestima la
excepción de defecto legal, en cuanto considera: “Que en el escrito de demanda se solicita que
se condene al Sr. Santiago Galván, sub-inquilinos y/u ocupantes a desocupar la unidad
habitada, como así también los animales que le pertenezcan a aquél”. “Que, a su vez, en dicha
presentación se señala que el Sr. Galván se desempeñaba como peón general en el
Establecimiento Los Molles -de propiedad de los mandantes- y que con motivo de su renuncia
al trabajo se le notificó que debía desalojar la vivienda que por motivo de la relación laboral
venía ocupando”. “Que de ello se desprende con claridad que el objeto de esta demanda, es
obtener el desalojo de///.- ///3.-la vivienda que habita el Sr. Santiago Galván y sus ocupantes y
la de sus animales, con motivo del cese de la relación laboral que habría existido entre las
partes.”.- - - - -----Que lo así decidido por la instancia de origen, fué posteriormente confirmado
a fs. 219/224 por la Cámara de Apelaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----A fs. 564 y
vta. se presenta la Defensora General, en su carácter de curadora provisoria del codemandado Aquilino GALVAN, manifestando que su pupilo ha nacido en el inmueble cuyo
desalojo se pretende hace cincuenta años, y que detenta por sí mismo la posesión a título de
dueño, que la misma es contínua, pacífica e ininterrumpida. En síntesis, plantea la posesión
animus domini y la consiguiente inexistencia de la obligacióm de restituir, por lo que solicita se
rechace la acción de desalojo deducida.- - - - - - - - - - - - - - - - - -----Finalmente, el Juez de
Primera Instancia dicta sentencia a fs. 640/645, resolviendo: I) DESESTIMAR la excepción de
falta de legitimación pasiva; II) HACER LUGAR a la demanda, y en consecuencia condenar a
los Sres. Santiago, Alejandro y Aquilino GALVAN, a la Sra. Dominga MILLAPI y a cualquier otro
subinquilino y/u ocupante, conjuntamente con las personas y/o cosas que de cualquiera de
ellos dependieren, a desalojar la vivienda sita en el puesto de veranada del establecimiento Los
Molles, paraje Paso de Los Molles, Departamento Pilcaniyeu, Provincia de Río, restituyéndola
al Sr. John Gilbert OGILVIE y la Sra. Silvia Elina TORTORELLI en un plazo de diez (10) días
bajo apercibimiento de ley.- - - - - - - - - - - -----Ello, por cuanto concluye que los co-demandados
no lograron acreditar su alegada condición de dueños de la vivienda cuyo desalojo motivara el
juicio sino que, al contrario, hubo quedado patentizado su caracter de meros///.- ///.-tenedores
precarios -a partir de la subasta del imueble- sin derecho, en consecuencia, para resistir la
pretensión restitutiva de los actores; ad eventum cualquier derecho que pudiere haberles
asistido en el pasado, soslayando incluso la prohibición legal de intervertir sólo animus el título
con que pudieran haber contado, nunca pudo extenderse más allá del remate judicial del
inmueble y de la consiguiente tradición (también judicial) operada en favor de terceros
adquirentes (antecesores dominiales de los aquí actores).- - - - - - - - - -----Dicho
pronunciamiento, como lo expresara al inicio del voto, es confirmado -en lo sustancial- por la
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería a fs. 689/693 de las presentes
actuaciones.- - - - - - - - - - - - - - - -----Se llega así a la instancia casatoria derivada del recurso
que articularan los co-demandados Santiago GALVAN y Dominga MILLAPI, y cuyos
fundamentos fueron sintentizados “ut supra”.- -----Que, ingresando ahora al examen de las
cuestiones traídas a debate, y teniendo presente la pretensión inicial de la parte actora que
constituye el objeto del proceso más la oposición de los co-demandados en cuanto delimitan
ese objeto, adelanto mi opinión favorable a la viabilidad del recurso extraordinario deducido.
Doy razones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La demanda de desalojo -como bien observara la
parte recurrente- se fundó: en cuanto a los hechos, en el cese y/o extinción de la invocada
relación laboral (peón general) que vinculaba a Santiago GALVAN con los Sres. OGILVIE TORTORELLI. Relación laboral esta, que era -según la parte actora- el motivo y/o causa de la
ocupación del inmueble por los co-demandados; y en cuanto al derecho, en los arts. 1493 ss y
concordantes del Código Civil, y los artículos pertinentes del Estatuto del Peón Rural (Dec. Ley
28.169/44). (ver fs. ///.- ///4.-18 y vta.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----A posteriori, la propia
parte actora al tiempo de contestar el traslado de las excepciones opuestas (fs.130/132 y vta.),
específicamente al responder la excepción de falta de legitimación activa, dijo: “Discutir
derechos posesorios en un proceso de desalojo es algo vedado por propia esencia del referido
proceso, estando impedida la introdución de dichos planteos defensivos.” “Ninguna duda cabe
que mi parte pretende el desalojo de la Vivienda. Ese es el objeto exclusivo de la acción
deducida. En tal orden de ideas el ámbito de este juicio es manifiestamente extraño a la
determinación de los alegados derechos posesorios sobre la fracción de campo donde se halla
no solamente la vivienda, sino corrales y otras instalaciones”. -----En síntesis, los actores
aducen en el responde a la excepción de falta de legitimación, que no es posible discutir en
este juicio derechos posesorios.- - - - - - - - - - - - - -----La propia Sentencia del Juez de Primera
Instancia, señala al inicio de los considerandos, “...que el juicio de desalojo no es el ámbito
natural para debatir el derecho de poseer o a poseer el inmueble en litigio. Así debe repararse
que la naturaleza especial de este tipo de juicios sólo permite la discusión de derechos
personales pero no la de los reales, pues la controversia respecto de estos últimos debe
tramitarse en juicio aparte y por la vía procesal conveniente (arg. arts. 497, 574,600, 1493,
2351, 2352,2468, 2506, 2758 Cód. Civil y cdtes, Cód. Procesal)”. Cita, en apoyo de tal postura,
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y de otros tribunales de dicha
provincia y a destacada doctrina (Augusto M. MORELLO).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Sin
embargo, el Juez de Primera Instancia haciendo caso omiso de los límites máximos y mínimos
del binomio ///.- ///.-pretensión - oposición, y olvidándose de lo dicho en cuanto a que en el
juicio de desalojo no puede controvertirse ni tampoco decidirse el derecho de propiedad, o el
jus possidendi, o el jus possessionis, ya que todo ello excede el objeto específico del juicio de
desalojo, igualmente resuelve el litigio en orden al mejor derecho a poseer de los actores.- ----Sentencia de Primera Instancia, que no obstante que los ahora recurrentes se agraviaron
expresamente de que el juicio de desalojo no es el ámbito natural para debatir el derecho a
poseer (Memorial de fs. 665/674), la Cámara confirmó lo decidido por el “a quo”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De lo expuesto se desprenden sin hesitación dos cuestiones gravitante, que
ameritan la viabilidad del recurso de casación en examen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----La primera de ellas, que la Sentencia de Primera Instancia, como la de Cámara que -en lo
sustancial- la confirma, se apartan de los términos en que había quedado trabada la litis. Ello
es así por cuanto el juzgador no sólo viene obligado a fallar dentro de los límites máximos y
mínimos del binomio pretensión - oposición; no sólo debe fallar todas y solamente las
pretensiones deducidas por las partes, sino que además debe resolver tales pretensiones en la
misma forma y por la misma causa por la que han sido formuladas e impugnadas" (conf.
Morello, Augusto M., “Prueba, Incongruencia, Defensa en Jucio”, pág. 56 y sgtes.; conf.
STJRN. Se. 49/99, “MUTUAL DEL PERSONAL JUDICIAL DE LA PCIA. DE RIO NEGRO”; Se.
N* 58/02, “S., M. A. C/ P., V. y Otros S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ CASACION”).- -----En el
caso, los actores demandaron el desalojo fundado en el cese de relación laboral, ya que
invocan que esta era la causa de la ocupación del inmueble; y en los arts. 1493 ss. y
concordantes del Código Civil y en los artículos ///.- ///5.-pertinentes del Estatuto del Peón
Rural. En consecuencia, más allá de una eventual cuestión en los términos de la Ley 1504, los
jueces debieron decidir la pretensión deducida en base a los hechos y a la acción según les
fuese interpuesta, y no utilizar las defensas opuestas por los co-demandados para modificar y/o
transformar la pretensión original deducida por los actores, porque ello no sólo implica la
violación del principio de congruencia, sino también del derecho de defensa de los
demandados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Al respecto, se ha dicho que: “Aún cuando es
cierto que el juez "iuria curia novit" no está compelido a aplicar el derecho invocado por las
partes, ya que debe suplir el silencio o calificar la acción si fue erróneamente invocado, está
impedido, en cambio, de alterarla o modificarla. De allí que, si el actor reclama el desalojo de
un inmueble invocando su título de dueño, no puede el juez mandárselo entregar a título de
locador o viceversa, ya que la sentencia sólo puede pronunciarse sobre aquellas materias
planteadas en los escritos constitutivos del proceso (arts. 34, inc. 4* y 163, inc. 6* del Código
Procesal).” (CNACiv., Cap. Fed., Sala E, “ALICATA DE KOZINER, María Cristina c/ PAVON,
Ramón Mario s/ INTERDICTO”, del 23/06/1997); “Aún cuando es cierto que el juez, "iura curia
novit", no está compelido a aplicar el derecho invocado por las partes, sí lo está, en cambio, de
no alterar o modificar la acción intentada por éstas. De allí que, si el actor reclama el desalojo
de un inmueble alegando su título de dueño, no puede el juez mandárselo entregar a título de
locador, o, por el contrario, si se lo pretende como aquél, no se lo puede reintegrar en virtud de
otro título.” (CNACiv., Cap.Fed., Sala E, “VALINOTTI, Hilario Alcides c/BINIMELIS, Juan Carlos
y otro s/DESALOJO”, del 2/07/1996); “Las limitaciones que en ///.- ///.-orden a la aplicación del
brocardo “iura novit curia”, impone el respeto al principio de congruencia impide que bajo la
presunta reformulación jurídica del caso se produzca una modificación de oficio de la base
fáctica que conforma la causa de pedir, supliendo la carga que compete al justiciable de relatar
los hechos o causa remota que han dado origen a la demanda impetrada.” (Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba, Sala Civil y Comercial, del 28/03/2006, “Renovell, Francisco F. c.Araus
Hnos. S.A.C.F.A.I., LLC 2006 (agosto), 803).- - - - - - -----En similar sentido, este Cuerpo tiene
dicho que: “Los jueces ....en preservación del principio de congruencia deben ajustar sus
decisiones a las peticiones formuladas al trabarse la litis.... Han de aplicar los preceptos
pertinentes en base a los hechos expuestos por los litigantes, pero ello no autoriza a cambiar la
acción interpuesta ni a modificar los términos en que ha quedado trabada la litis; lo contrario
importaría conculcar lisa y llanamente la garantía de la defensa en juicio faltando a las reglas
del debido proceso, que tienen raigambre constitucional lo mismo que el principio de igualdad
ante la ley (arts. 18 y 16, Const. Nac.), asegurado por el Código procesal al tratar sobre los
deberes de los jueces... .” (conf. Morello, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial”, T. II - C,
ps. 75/76; STJRN, Se. N* 44/05, “ASOCIACION MUTUAL DE SERVIDORES PUBLICOS RIO
NEGRO (AMSER RIO NEGRO”); “El fallo atacado por el recurso de casación ha incurrido en la
violación del principio de congruencia al apartarse de los términos en que había quedado
trabada la litis. En efecto, si la actora reclamó al recurrente - codemandado - los daños y
perjuicios sufridos por su carácter de empleador del chofer del ómnibus; el co-demandado
contesta la demanda y ejercen sus defensas en base a dicha pretensión, delimitando de tal
forma el ///.- ///6.-objeto del proceso; luego el Juez de Primera Instancia como la Cámara no
pueden apartarse de los términos de la relación procesal, resolviendo en base a cuestiones no
planteadas en los escritos de demanda y contestación, como lo es la condición de dueño del
automotor por parte del ahora recurrente.” (STJRN., Se. N* 58/02, “S., M. A.”).- - - - - - - -----La
segunda cuestión gravitante que se observa, es que no obstante el encuadre inicial de la
Sentencia de Primera Instancia antes referido, de que los actores al contestar la excepción de
falta de legitimación y los ahora recurrentes se agraviaron puntualmente de que no es posible
en el proceso de desalojo discutir el derecho a poseer, tanto la instancia de origen como luego
la Cámara, excediendo claramente el limitado marco cognositivo del juicio de desalojo, se
expidieron sobre el invocado mejor derecho a poseer de los Sres. OGILVIE -TORTORELLI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La ley protege a la propiedad en sus diversos modos de
actuación en la vida jurídica por distintos medios: el dominio, por la acción de reivindicación; la
posesión, por las acciones posesorias; la tenencia por los interdictos; y el uso, por el juicio de
desalojo (conf. STJRN., Se. N* 58, “AÑAHUAL, Dora Elena c/MELLADO, Alberto Ceferino
s/DESALOJO s/CASACION” (Expte. N* 21213/06-STJ-), del 4 de julio de 2006).- - - - - - -----En
autos nos encontramos claramente frente a una acción de desalojo, fundada en una acción
personal -no real-, resultando luego improponible en el marco del abreviado juicio de desalojo,
debatir y decidir como lo hicieran las sentencias impugnadas, sobre el dominio y/o el preferente
derecho posesorio del inmueble en cuestión.- - - - - - - - - - - - - - -----Así, se ha dicho que: “La
acción de desalojo no constituye la vía idónea para dilucidar la cuestión referida al “ius///.- ///.possidendi” y al “ius possessionis”.” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, del 18/07/2001, “Gargiulo, Juan R. y otro c. Eval, Jorge J. y otro -Ac. 78.132-”, LLBA
2001, 1465; STJRN., Se. N* 58/2006, “AÑAHUAL”); “El proceso de desalojo no resulta la vía
procesal idónea para debatir y dilucidar cuestiones relativas al mejor derecho a la posesión, la
posesión misma o la disputa acerca de cuál de los contendientes tiene mejor derecho para
acceder al dominio en función de sus antecedentes, pues tales son cuestiones propias de las
acciones posesorias, petitorias o contractuales.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala I, del 21/04/2005, “López, Antonio c. Ocupantes inmueble calle Olazábal 4250 PA y otros”,
DJ 03/08/2005, 1002; STJRN., Se. N* 58/2006, “AÑAHUAL”); “El juicio de desalojo no es la vía
adecuada para debatir y dilucidar cuestiones que desbordan su objetivo, tales como son las
relativas a la posesión o al mejor derecho a la misma. Así, cuando el litigio se refiere a
cuestiones propias de acciones posesorias, petitorias o contractuales, ajenas al ámbito de
dicho proceso, aunque la calidad de poseedor del demandado presente visos de seriedad,
tales cuestiones deben ventilarse por otros medios procesales creados para ello.” (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, del 02/06/1998, “Banco de Iguazú (en liq.) c.
Rodrigo, Juan”, LA LEY 1998-F, 46 - DJ 1998-3, 1121).- - - - - -----Lo hasta aqui dicho resulta
suficiente para encontrar andamiento al recurso de casación interpuesto a fs. 701/723, por el
cual la parte demandada peticiona se case la sentencia recurrida (ver fs. 702), en razón de que
el pronunciamiento del Juez de Ia. Instancia -confirmado por la Cámara- al ordenar el desalojo
de los co-demandados sustentado en una acción no ejercida por los actores, provoca la
violación del ///.- ///7.-principio de congruencia, y de que el juicio de desalojo no resulta la vía
procesal adecuada para debatir y dilucidar cuestiones relativas al mejor derecho a la posesión,
la posesión misma o la disputa acerca de cuál de los contendientes tiene mejor derecho para
acciones posesorias, petitorias o contractuales.- - - - - - - - - - - - -----Máxime, considerando que
las cuestiones discutidas y decididas no sólo han desbordado manifiestamente la vía del juicio
elegida por los actores, sino que además en el caso podrían encontrarse involucradas normas
de orden público, en cuanto a la protección de la propiedad de las tierras de las poblaciones
indígenas se refiere (conf. arts. 11, 12, 13 y cc. de la Ley Provincial N* 2287; art 75, incs. 17* y
22* de la C.N., Convenio OIT N* 169) u otras (Ley 1504), que imponían a los jueces una mayor
prudencia y rigor en cuanto al estricto cumplimiento del marco congnositivo del proceso de
desalojo, dejando para las vías idóneas el debate de las cuestiones finalmente resueltas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Ello, en tanto la sentencia dictada en el juicio de desalojo no debe
prejuzgar ni sobre el dominio ni sobre el mejor derecho posesorio que invoquen las partes, a
cuya disposición quedan siempre las acciones petitorias y posesorias para procurar el
reconocimiento del derecho subjetivo que pretendan. MI VOTO por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Víctor H. Sodero Nievas dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----I) Voy a compartir la solución que se propone en orden al fondo de la
cuestión admitiendo el recurso de casación y en consecuencia revocando la sentencia de
Cámara, que confirma el pronunciamiento del Juez Civil, Comercial y de Minería ///.- ///.-Nro. 3
de S.C. de Bariloche por los fundamentos del voto que antecede, a los que agrego: El “ad-quo”,
ha distinguido las corrientes interpretativas doctrinarias y jurisprudenciales que se han
construído durante los últimos cincuenta años sobre la cuestión, pero a mi juicio ha
desinterpretado los alcances del plenario MONTI, con la salvedad de la cita que corresponde a
la CNPAZ (y no a la CNEsp.Civ. y Com.).- - - - - - - - - - - - - - -----Para comenzar, transcribiré la
doctrina de dicho plenario: “No es suficiente que el demandado invoque la calidad de poseedor,
para que se declare improcedente la acción de desalojo”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----Hago esta introducción porque, por la antigüedad de fallo, surge nítidamente que es anterior
al texto del CPCC. que sigue Río Negro (Ley l7.454), y sus reformas, que se refieren
especificamente al juicio de desalojo (art. 679 y ss.). También deben computarse las reformas
al C.C., por la Ley 17.711 (2505) y al régimen registral (art. 2do. Ley 17.80l), con lo que el
precedente aún valioso y hasta hoy citado (la Ley 2005- E-222), debe computar armónicamente
todos los preceptos y ajustarse a las circunstancias de la causa, a los hechos y a la prueba.- - ----Lo mismo pasa con el régimen sucesorio (art. 34l0 y ss. del C.C.), y las implicancias de la
reforma de la Constitución Nacional de l994 y sus nobles antecedentes, tal como lo refleja
Elena I. Highton en referencia a los pueblos indígenas (conf. “El camino hacia el nuevo derecho
de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria en la Constitución de l994”, Revista de
Derecho Privado y Comunitario Nro. 7, Derecho Privado en la reforma constitucional, Rubinzal
Culzoni. Santa Fe 1994, págs. 277/3l3).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----A poco que se
avance en la cuestión, se puede ver nitidamente que son varias las personas involucradas en
el///.- ///8.-pleito que no se denunciaron en el escrito de demanda (art. 68l del CPCC.), ya que la
remisión genérica que se hace en la demanda (fs. 18), a subinquilinos y ocupantes del
Establecimiento Paso de los Molles, de ninguna manera alcanza a cubrir las exigencias que
impone esa norma, de precisar a quienes se dirige, porque la acción de desalojo no se limita a
un ex-trabajador que resiste la restitución de una vivienda, en cuyo caso el procedimiento debe
ser laboral y no civil (art. l0 de la Ley l504), sino que comprende otras cuestiones derivadas del
origen de la posesión y del título posesorio, conforme los antecedentes obrantes en el Expte.
Administrativo Nro 121.114-Año l938 y sus antecedentes del Ministerio de Agricultura de la
Nación. Allí se prueba que desde l933 se había producido la ocupación del inmueble
involucrado en éste desalojo por don José María Galván y que se habían efectuado las mejoras
requeridas para tal fin, todavía hoy existentes, poblamiento, cercado, marcas y señales y
demás actos posesorios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Además de allí también surge
la integración familiar primigenia, y así, luego del fallecimiento de la primera esposa de don
José María Galván, la demandada Dominga MILLAPI, aparece como concubina de José María
Galván, con quién ya al mes de Setiembre de l943, -según dichas actuaciones- tenía dos hijos:
Elsa, de dos años y Santiago de uno, ambos argentinos. Luego como surge de autos, nacieron
otros hijos. Es importante, destacar que en dicho documento se hace constar el origen
aborigen de Dominga Millapi. Pero lo que es más interesante aún es señalar que de las 2.500
has. originariamente solicitadas (y finalmente escrituradas) se cercena una parte en razón de
que: “Dentro de estas tierras, en la parte Sud-Este se encuentran radicados los pobladores
nros. 28, 29 y 30, los cuales ///.- ///.-deberían ser desalojados al concederle las mismas en
arrendamiento al Sr. Galván. Ello no sería un inconveniente de existir lugares apropiados y
libres para su futura radicación, pero al no haberlos es necesario darle una solución a ese
problema”. Y continúa (fs. 25): “Esos pobladores son de origen autóctono y como por expte.
85.9l5-935, se aconseja la reserva de tierras para aborígenes, nada más justo, que al haberlos
incluído entre ellos y así tratados, como factor principal en esas reservas -al individuopodríamos contemplar como factor accesorio -la tierra que habitan- por consiguiente, las
mismas deben engrosar las que por el expte. citado se aconseja reservar para ese destino, y
concluye, concediendo en arrendamiento a Don José María Galván la tierra indicada (luego
adjudicada en venta). Y decretar la reserva de las tierras ubicadas en la parte S.E. del
perímetro deslindado por el Sr. José María Galván, con lo que la superficie se redujo a 2.000
hectáreas. Sintetizando, digamos que finalmente con fecha 22 de Diciembre de l965, se le
otorgó a José María Galván el título de propiedad Nro. 526 (Decreto 2637/65), de la Provincia
de Río Negro, conforme a las leyes l82 y 279 de Tierras, por las 2.500 has. poseídas
originariamente (en verdad según plano de mensura son 2.499 has, 54 as., 50 m2., con forma
de trapecio), y según el correspondiente plano de mensura.- - - - - - - - - - - - - - -----Con estas
limitaciones iniciales y pese a la exclusión del juicio de Elisa Millapi, Celia Henriquez, Alicia,
Marta y Miguel Galván, la condena de desalojo recae contra los señores Santiago, Alejandro y
Aquilino Galván y también contra la Sra. Dominga Millapi, que como vimos, era la concubina
del Sr. Galván (titular originario), al menos desde l940 y continuaba poseyendo el mismo
inmueble rural y la única casa –habitación del establecimiento, conviviendo además los hijos
del ///.- ///9.-primer matrimonio GALVAN-GONZALEZ y los de GALVAN-MILLAPI, al menos es
lo surge del expte administrativo citado que tengo a la vista para fallar.- - - - - - - - - - - - ----Ninguna de estas circunstancias fueron tenidas en cuenta por el Juzgador, que con un
esquema dogmático se aferró sólo a los lineamientos del viejo fallo plenario “MONTI” de la
CNPAZ., sin tener en cuenta las particulares circunstancias de la causa a la que lo aplicaba.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Me detendré en esta cuestión de derecho: ALSINA, Tomo III, pág.
40l, había señalado que la sentencia dictada en procedimiento de desahucio en manera alguna
prejuzga en materia de dominio y posesión, pero como se remarcó en el fallo plenario, la
solución debe buscarse desde el derecho adjetivo, y concretamente sobre las reglas del “onus
probandi”. Y es aquí donde se desnaturaliza la doctrina del fallo, ya que la carga de probar la
precariedad del título del demandado y la consiguiente obligación de restituir, corresponde a la
parte actora. Sólo cuando el actor haya probado el hecho constitutivo de su derecho, el
demandado debe proveer la prueba (Chiovenda, “Principios del Derecho Procesal Civil”, Tomo
II, pág. 253). Traducido al lenguaje del Código es el quebrantamiento de la regla sobre carga
probatoria (art. 377, 1ra. parte del C.P.C.). -----Sin este encuadramiento preliminar que se
siguió en “Monti”, es difícil resolver las cuestiones de legitimación activa/pasiva, no menos lo es
caer en una simplificación: así y para que quede claro, tampoco alcanza con alegar una
situación de derecho posesorio para enervar una acción de desalojo, sin incorporar ninguna
prueba que haga a su derecho, de admitirlo así se enervarían todos los juicios de desalojo. Por
eso Fenochietto Arazi, “Código Procesal Comentado”, Tomo III, pág. 363, precisan que la
alegación debe tener suficientes ///.- ///.-visos de seriedad, ser suficientes de acuerdo a las
características del proceso que se dirime. En la misma línea se inscribe PALACIO, Lino,
“Derecho Procesal Civil. Tratado”, Tomo VII, pág. 97, quien recuerda que en el juicio de
desalojo se encuentra vedada toda posibilidad de debatir el tema relativo al mejor derecho a la
posesión o la posesión misma. Por lo tanto, la pretensión no procede contra el ocupante que
alega su calidad de poseedor, siempre que acompañe elementos que aporten “prima-facie” o
acrediten la verosimilitud de su alegación. La jurisprudencia confirma estos postulados, tal
como lo demuestra el voto del Dr. Posse Saguier (La Ley l998-F-46), que le da sentido exacto
al plenario Monti. La pretensión de desalojo se da contra el locatario, sublocatario, el tenedor
precario, el intruso y todo otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible, vale decir contra
quienes son tenedores que reconocen en otro la titularidad del dominio (art. 2460 y sgtes. del
C. Civil, pero no contra quien posee “animus domini” (La Ley l997-C-467 y ss) entre tantos
SAIJ, Sumarios Q00l4804, Q00l7ll2, W00l682). De allí que la legitimación activa para demandar
no puede asegurar de por sí el resultado, desalojo, ni la sola alegación de la posesión u otros
derechos servirá de defensa, si no viene acompañada en cada uno de los estadios procesales,
de la correspondiente alegación (seria, verosímil) y se sujeta a la correspondiente prueba.
Quien promueve un juicio de desalojo debe saber que es un camino acotado y singularmente
breve -aunque aquí excedió el plazo razonable-, pero que no es la herramienta más eficaz para
asegurar la tutela del Derecho de Propiedad, tal como lo entendimos en su momento a
Edgardo Sassi (La Ley l993-E-529). Quedan siempre a salvo los supuestos de interversión del
título (CAUSSE Diego y otros, La Ley l995-E-406).- - - - - - - - - - - - - - - - ///.- ///10.-Con los
antecedentes de hecho y prueba que ha merituado el Juez ponente, más lo que yo he
considerado precedentemente, es evidente que el conflicto a resolver es complejo y que las
alegaciones del demandado al contestar la demanda, al menos parcialmente son ciertas,
creíbles, verosímiles, para obstar al progreso de la acción de desalojo, por emanar la prueba
de instrumentos públicos, en orden a la tenencia, posesión y propiedad de José María Galván
padre de todos los involucrados, mereciendo una consideración particular la situación de la
Señora Dominga Millapi, aborigen reconocida, concubina de Galván, durante casi 30 años y
madre de NUEVE hijos: GALVAN-MILLAPI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Al respecto sólo
basta recordar el fallo de la SCBSAS del 5/6/90-Lexis Nexis nro. l4/l2l88, cuando sentenció:
“No reviste el carácter de comodataria quien convivió con el actor como su concubina, y por lo
tanto, no puede ser sujeto de la acción de desalojo” (arts. 114l, 2255, 2256 y concs. del C.C. y
676 (680) Cód. Proc. Civ.), continuadora de la posesión junto a los hijos hasta la fecha, es decir
durante más de sesenta años. “Fácil es colegir que se ve desbordado el estrecho marco del
juicio de amparo para decidir esta cuestión, frente a la aplicación de leyes que son de orden
público (l82 y 279), sin perjuicio de las restantes normas aplicables”. En orden a lo expuesto no
puedo dejar de ponderar la obra de la Dra. Beatriz Areán, El Desalojo, Hammurabi, procesos
civiles l4, Ed. 2004, págs. 62, 63, 65, l05, l64, l74, 259, 300/5), al que remito por brevedad, en
orden a la coincidencia de los argumentos que he utilizado para sentenciar. ASI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el señor Juez doctor Alberto I. Balladini dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----I)Como bien observara el colega del primer voto al///.- ///.formular la reseña del caso en examen, a la cual brevitatis causae me remito, los actores
demandaron el desalojo del inmueble en cuestión, fundado en el cese de la relación laboral
(peón general) que vinculaba al señor Santiago Galvan con los señores John Gilbert Ogilvie y
Silvia Elina Tortoreli, ya que invocan que dicha relación laboral era la causa de la ocupación del
inmueble (arts. 1493 ss y concordantes del Código Civil, y artículo pertinente del Estatuto del
Peón Rural).- - -----La sentencia de Primera Instancia, confirmada en lo sustancial por el
pronunciamiento de Cámara ahora recurrido, hizo lugar a la demanda de desalojo, en orden al
mejor derecho a poseer de los actores, condenando a los Sres. Santiago, Alejandro y Aquilino
GALVAN, a la Sra. Dominga MILLAPI y a cualquier otro subinquilino y/u ocupante,
conjuntamente con las personas y/o cosas que de cualquiera de ellos dependieren, a desalojar
la vivienda sita en el puesto de veranada del establecimiento Los Molles, paraje Paso de Los
Molles, Departamento Pilcaniyeu, Provincia de Río Negro, restituyéndola al Sr. John Gilbert
OGILVIE y la Sra. Silvia Elina TORTORELLI en un plazo de diez (10) días bajo apercibimiento
de ley.- - - -----Esto es, no obstante que se había demandado el desalojo fundado en una
acción personal (y no en una acción real), las sentencias en crisis igualmente se expidieron a
efectos de resolver el desahucio de los demandados, sobre el dominio y/o el preferente
derecho posesorio de los actores.- - - - - - - - -----En tal orden de ideas y en cuanto a los puntos
tratados por los jueces preopinantes, coincido plenamente con el Juez del primer voto, en
cuanto entiende que el pronunciamiento del Juez de Primera Instancia -confirmado por la
Cámara- al ordenar el desalojo de los co-demandados, fundado en una acción no ejercida por
los actores, incurrió en la violación del///.- ///11.-principio de congruencia.- - - - - - - - - - - - - - - - ----Es que, como dice MORELLO, “... no obstante que de acuerdo con el referido aforismo “iura
novit curia” los jueces pueden apartarse del derecho invocado por las partes, no lo es menos
que en preservación del principio de congruencia deben ajustar sus decisiones a las peticiones
formuladas al trabarse la litis... . Han de aplicar los preceptos pertinentes en base a los hechos
expuestos por los litigantes, pero ello no autoriza a cambiar la acción interpuesta ni a modificar
los términos en que ha quedado trabada la litis; lo contrario importaría conculcar lisa y
llanamente la garantía de la defensa en juicio faltando a las reglas del debido proceso, que
tienen raigambre constitucional lo mismo que el principio de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16,
Const. Nac.), asegurado por el Código procesal al tratar sobre los deberes de los jueces... . ”.
(Conf. Morello, Augusto M., “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial”, T. II - C, ps. 75/76).- - - - - - - - - - - - - -----Al respecto, este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que: “La
congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre
aquellos dos grandes elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la
decisión. Hay una necesidad de correspondencia entre ambos extremos que funciona como
condición de proceso verdadero. Es por ello que: Tampoco les está permitido a los magistrados
alterar los términos esenciales en que el debate quedó planteado. Desde tal horizonte el tema
asciende por sus implicancias al derecho constitucional procesal y afianza la concreta
operancia de las garantías del debido proceso. (conf. Morello, “Prueba, Incongruencia, Defensa
en Juicio”, págs. 37 y 43)”.(STJRN., Se. N* 13/00 “E., H. y Otro C/ INCOPP S. A.”); “La
congruencia es la necesaria conformidad que debe///.- ///.-existir entre la sentencia y las
pretensiones deducidas en juicio. Más que un principio jurídico se trata de “un postulado de
lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento”. Por la aplicación de tal
postulado, la sentencia debe versar sobre las cuestiones planteadas por los justiciables, recaer
sobre el objeto reclamado y pronunciarse en función de la causa invocada. La incongruencia
constituye pues una falta de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de los
litigantes y la parte dispositiva de la sentencia... .” (Cf. Fenochietto - Arazi, “Código Procesal,
Civil y Comercial de la Nación”, T. I, pág. 138).” (STJRN., Se. N* 28/02, “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS”); “Está vedado a los jueces dictar sentencia “extra petita”, esto es
apartándose de los términos de la relación procesal y decidiendo en forma distinta a la pedida
por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los términos de demanda y
contestación; caso contrario se infringiría el principio de congruencia entendido el mismo como
la correspondencia entre la sentencia y el pedimento formulado respecto de las personas, el
objeto y la causa.” (conf. SCJBA., “Freites, H. O. C/ Provincia de Buenos Aires S/ Daños y
Perjuicios”, Sentencia del 08-07-97; idem “Puebla de López, Juliao, Feodora y otra C/ Coop.
Industria Textil Argentina de Producción y Consumo Ltda. S/ Cobro sumario”, Sentencia del 0311-99; STJRN., Se. N* 36/02, “J., A. N. y Otra”).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En el
mismo sentido, también se ha dicho que: “No obstante que de acuerdo con el aforismo iura
novit curia, los Jueces pueden apartarse del derecho invocado por las partes, no lo es
menos que en preservación del principio de congruencia deben ajustar sus decisiones a las
peticiones formuladas al trabarse la litis, pues la facultad de aplicar los///.- ///12.-preceptos
pertinentes en base a los hechos expuestos por los litigantes, no los autoriza a cambiar la
acción interpuesta ni a modificar los términos en que ha quedado trabada la litis, pues lo
contrario sería conculcar lisa y llanamente la garantía de defensa en juicio, faltando a las reglas
del debido proceso, que tiene raigambre constitucional -art. 18 Constitución Nacional.”
(CApCivCom., Morón, Bs. As., Sala 02, “CARUSO JORGE CESAR c/ FOGLIA HECTOR N. s/
INCIDENTE DE NULIDAD”, del 16/02/95); “El principio “iura novit curia” debe aplicarse a los
preceptos pertinentes en base a los hechos expuestos por los litigantes, más ello no autoriza a
cambiar la acción interpuesta, pues en caso contrario se conculcaría lisa y llanamente la
garantía de defensa en juicio e igualdad entre las partes, principios éstos de reconocida
raigambre constitucional, asegurados por el Código Procesal al tratar los deberes de los
jueces.” (CNApel. en lo Civ. y Com., Cap. Fed., Sala 06, “FUCITO BEATRIZ c/ ALEMANI
ERNESTO RICARDO s/ DERECHO PROCESAL-JUICIO DE CONOCIMIENTO”, del
30.06.1988).- - - - - - -----A dicha irregularidad procesal, se agrega además -como bien
advirtieran ambos jueces preopinante-, que el juicio de desalojo no resulta la vía procesal
adecuada para debatir y dilucidar cuestiones relativas al mejor derecho a la posesión, la
acciones posesorias, petitorias o contractuales.- - - - -----Es que como se dijera
precedentemente, en autos nos encontramos frente a una acción de desalojo, fundada en una
acción personal -no real-, resultando en consecuencia improponible en el abreviado marco del
juicio de desalojo, debatir y resolver -como en definitiva lo hicieran las///.- ///.-sentencias
recurridas-, el dominio y/o el preferente derecho posesorio sobre el inmueble en cuestión.- - - - - - - ----Así, se ha dicho que: “El juicio de desalojo no es la vía adecuada para debatir y
dilucidar las cuestiones que desbordan su objetivo, como son las relativas al mejor derecho a la
posesión o la posesión misma. Lo mismo ocurre con la disputa acerca de cuál de los
contendientes pueda tener mejor derecho a acceder al dominio en función del antecedente que
cada uno invoca como apoyatura del supuesto derecho de propiedad alegado por ambas y que
ninguno ostenta. Son todas cuestiones propias de acciones posesorias, petitorias o
contractuales ajenas al ámbito del desalojo.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala
C, 14/08/1997, “Cosovi, Jorge C. c. Gudzden, Miguel y otro.”, LA LEY 1998-B, 15 - DJ 1998-1,
1003; STJRN., Se. N* 58/2006, “AÑAHUAL”); “El juicio de desalojo no configura la vía idónea
para debatir y dilucidar cuestiones que desbordan su objetivo, como las relativas al mejor
derecho a la posesión, la posesión misma o bien la disputa acerca de cuál de los contendientes
pueda tener mejor derecho para acceder al dominio en función de los antecedentes que cada
uno invoca, pues tales son cuestiones propias de las acciones posesorias, petitorias o
contractuales.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C, del 23/12/1996, “Nayar,
Rolando C. y otro c. Ocupantes Yufre 255/57.”, LA LEY 1997-C, 467 - DJ 1997-2, 827).- - - - - ----II) Sin perjuicio de lo hasta aquí dicho, y no obstante que el pronunciamiento de la Cámara
de Apelaciones obrante a fs. 159/160 y vta. que oportunamente hiciera lugar al recurso de
apelación deducido por la actora y asignara a la justicia civil la competencia del presente juicio
de desalojo se encuentra firme y consentida por las partes, advierto que el presente juicio de
desalojo, es de competencia -por razón///.- ///13.-de la materia-, del fuero laboral, y que en
consecuencia debió tramitarse ante la Cámara del Trabajo de la Tercera Circunscripción
Judicial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Ello es así, por cuanto la Ley 1504 de Procedimiento
Laboral establece claramente en su art. 10, inc. IV) que: “En los desalojos por restitución de
inmuebles o parte de ellos acordados como beneficio o retribución complementaria de la
remuneración entenderá el Tribunal de la Circunscripción en que se hallare el inmueble”.- - - - - - - - - - - - - - - - -----En tal orden de ideas, y considerando que la competencia en razón de la
materia, es de orden público y por ende indisponible para las partes, entiendo que en autos no
sólo debería declararse la nulidad de las sentencias por las razones antes desarrolladas, sino
también por la incompetencia de los jueces que las dictaron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Es
que a fin de la determinación de la competencia debe estarse de modo principal a la exposición
de los hechos que el actor hace en su demanda, y sólo en la medida que se adecue a ellos, al
derecho que invoca como fundamento de su pretensión (conf. CSJN., del 6.12.1998, “Manliba
S.A. c/ C.E.A.M.S.E. s/ const. tribunal arbitral”), y en autos los actores demandaron el desalojo
del inmueble en cuestión, fundado en el cese de la relación laboral (peón general) del señor
Santiago Galvan, por cuanto aducen que dicha relación laboral era la causa de la ocupación
del inmueble (arts. 1493 ss y concordantes del Código Civil, y artículo pertinentes del Estatuto
del Peón Rural).- - -----Al respecto, se ha dicho que: “La competencia “ratione materiae” es de
orden público, principio este que no se altera o se deja sin efecto por la voluntad de los
particulares, siendo los jueces a quienes cabe velar por su estricto cumplimiento, aún de oficio
cuando la parte no lo hace en///.- ///.-tiempo, forma e instancia oportuna” (CACyC, La Plata,
Bs.As., Cámara 2, Sala 1, “Aglio, Luis Horacio c/ Zozaya, Brenda s/ Daños y perjuicios, del
26.11.1996); “La competencia en razón de la materia es la potestad de un determinado órgano
judicial de entender en cuestiones, derivada de reglas jurídicas preestablecidas; y, entonces, la
competencia se presenta -en general-, como la aptitud legal de ejercer la función judicial en
una causa concreta determinada o como un conjunto de atribuciones de las cuales está
investido un órgano judicial y que establece los límites dentro de los cuales pueden actuar los
jueces que, en la mayoría de los casos está instituida en favor del interés público. Además,
esta competencia en razón de la materia es de orden público y, por lo tanto, indisponible para
las partes.” (STJ de ENTRE RIOS, Sala 04, “BOURNISSENT TIBURCIO RAUL c/
MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS s/ MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR
S/COMPETENCIA”, del 22/5/2003); “La competencia ratione materiae es de orden público, no
pudiendo alterarse ese principio o dejarlo sin efecto por la voluntad de los particulares,
debiendo los jueces velar por el estricto cumplimiento aún de oficio. ... No sólo las partes están
impedidas de prorrogarlas, sino que el propio órgano jurisdiccional debe inhibirse de oficio de
entender en la demanda, si de sus propios términos y exposición, resulta que la causa no es de
su competencia.” (CAM. FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN, BUENOS AIRES,
“WIRADO S.A. s/ "RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA EN ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS N. 458 DELMERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES", del 29/10/87);
“La competencia en razón de materia reviste carácter de orden público, por lo que aún el
Tribunal de Alzada debe remitir las actuaciones de oficio a la justicia competente, si es la
primera oportunidad que tiene para hacerlo”///.- ///14.-(conf. C.N.Civ. Sala B, E.D.87 662)”.
(CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, CAPITAL FEDERAL, Sala B, “SOSA
ANA MARTINA Y OTROS c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ Escrituración”, del
3/09/1985); “Es irrelevante el pacto relativo a la competencia en razón de la materia celebrado
entre las partes, para un marco jurídico distinto y privilegiado, que no es el que efectivamente
se ha implementado en la demanda, pues para su determinación debe estarse a los hechos y
el derecho invocado en el escrito inicial, dado que el carácter inderogable y del orden público
que caracteriza a la competencia “ratione materia” hace que resulte indisponible por voluntad
de los particulares” (CNApel.en lo Civil, Sala I, 10.04.1997, “Transporte Metropolitano Belgrano
Sur S.A. c/ Pizzería Estrella del Sur S.R.L., La ley 1997-D,784). ES MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el señor Juez doctor Luis Lutz dijo:- - - -----Por las
razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso
de casación interpuesto a fs. 701/723 por los co-demandados Santiago GALVAN y Dominga
MILLAPI. II) Casar las Sentencias obrantes a fs. 640/645 y vta. y fs. 686/693 dictadas por el
Juez de Primera Instancia y la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería
respectivamente, revocándolas y en consecuencia, rechazar la demanda del modo en que fue
propuesta. III) Imponer las costas a la parte actora en todas las instancias (art. 68 y ss. del
CPCyC.). IV) Regular los honorarios profesionales de los doctores Rodolfo César Huusmann y
Miguel Blanco Crespo, en conjunto, en el 35% y 35% y los del doctor Felipe Anzoátegui en el
25% y 25%, por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria y ante la Cámara de
Apelaciones, respectivamente, todos a calcular sobre los emolumentos///.- ///.-que
oportunamente se les regulen a los profesionales intervinientes por sus actuaciones en Primera
Instancia (art. 14 L.A.). Regular los honorarios profesionales del perito interviniente, Arquitecto
Domingo Carrasco, por su intervención ante este Superior Tribunal de Justicia en la suma de
PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), incluyendo la misma todos los gastos realizados a efectos de
su producción por el nombrado. ASI MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la
misma cuestión el señor Juez doctor Víctor H. Sodero Nievas dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por todo lo dicho en la primera cuestión propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al
recurso de casación interpuesto a fs. 701/723 por los co-demandados Santiago GALVAN y
Dominga MILLAPI. II) Revocar la Sentencia de fs. 686/693 dictada por la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería que confirmara el pronunciamiento del Juez
Civil, Comercial y de Minería N* 3 de S.C. de Bariloche; y en consecuencia, rechazar la
demanda del modo en que fue propuesta. III) Imponer las costas a la parte actora en todas las
instancias (art. 68 y ss. del CPCyC.). IV) Regular los honorarios profesionales de los doctores
Rodolfo César Huusmann y Miguel Blanco Crespo, en conjunto, en el 35% y 35% y los del
doctor Felipe Anzoátegui en el 25% y 25%, por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria
y ante la Cámara de Apelaciones, respectivamente, todos a calcular sobre los emolumentos
que oportunamente se les regulen a los profesionales intervinientes por sus actuaciones en
Primera Instancia (art. 14 L.A.). Regular los honorarios profesionales del perito interviniente,
Arquitecto Domingo Carrasco, por su intervención ante este Superior Tribunal de Justicia en la
suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), incluyendo la misma todos los gastos///.- ///15.realizados a efectos de su producción por el nombrado. MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión, el señor Juez doctor Alberto I. Balladini dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al
Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 701/723 por los codemandados Santiago GALVAN y Dominga MILLAPI. II) Declarar la nulidad de las Sentencias
obrantes a fs. 686/693 y 640/645 y vta. dictadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y de Minería y por el Juez de Primera Instancia respectivamente, debiendo remitirse
los autos a la Cámara del Trabajo de la Tercera Circunscripción Judicial para que dé trámite al
objeto de la demanda. III) Imponer las costas por su orden en atención a la naturaleza de la
cuestión y el contenido de la resolución (art. 71 del CPCyC.). IV) Diferir las regulaciones de
honorarios hasta tanto se alleguen a autos pautas definitivas. ASI MI VOTO.- - - - - - -----Por
Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los co-demandados Santiago
GALVAN y Dominga MILLAPI a fs. 701/723 de las presentes actuaciones.- - - - - - - - - - - - - Segundo: Revocar la Sentencia obrante a fs. 686/693 dictada por la Cámara de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y de Minería, en cuanto confirma el pronunciamiento de Primera Instancia.Tercero: Rechazar la demanda del modo en que fue propuesta.- - Cuarto: Imponer las costas a
la parte actora en todas las///.- ///.-instancias (art. 68 y ss. del CPCyC.).- - - - - - - - - - Quinto:
Regular los honorarios profesionales de los doctores Rodolfo César Huusmann y Miguel Blanco
Crespo, en conjunto, en el 35% y 35% y los del doctor Felipe Anzoátegui en el 25% y 25%, por
sus actuaciones en esta instancia extraordinaria y ante la Cámara de Apelaciones,
respectivamente, todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente se les regulen a
los profesionales intervinientes por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 14 L.A.) y del
perito interviniente, Arquitecto Domingo Carrasco, por su intervención ante este Superior
Tribunal de Justicia en la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), incluyendo la misma todos
los gastos realizados a efectos de su producción por el nombrado.- - - - - - - - - - - Sexto:
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. LUIS LUTZ JUEZ - VICTOR
HUGO SODERO NIEVAS JUEZ - ALBERTO I. BALLADINI JUEZ - EN DISIDENCIA - ANTE MI:
ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.TOMO: I
SENTENCIA N* 006
FOLIO N* 23/37
AUTOS “OGILVIE, JOHN GILBERT Y OTRA C/ GALVÁN, SANTIAGO Y
OTROS S/ DESALOJO”
Expte: 12540, fº 026, año 2004, (Reg. Cám), (Exp. 20774, fº 267, año 2002,
Reg. de Iª Inst. del Juz.. Nº 3)
OBJETO: SE PRESENTAN COMO AMICUS CURIAE
DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
JORGE RODRÍGUEZ, Presidente del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), con domicilio legal en San Martín 451, entre piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Pbro. GUSTAVO TARTAGLIA, Vicario Episcopal para la Pastoral Aborigen ,
designado por el Obispo Fernando Maletti para todo el ámbito de la Diócesis de Bariloche, con
domicilio legal en el Obispado de Bariloche, Pasaje Gutiérrez 793; y los Dres DARÍO
RODRÍGUEZ DUCH y SOFIA BORDENAVE, abogados integrantes del Equipo Patagónico de
Derechos Humanos, en su carácter de personas físicas y letrados especializados en Derechos
Humanos y Derecho Indigenista con domicilio legal en Pasaje Gutiérrez 740 de la ciudad de
Bariloche, Río Negro; constituyendo domicilio en forma conjunta en la Avenida Artémides Zatti
1030 de la ciudad de Viedma, en los autos de referencia, ante V.E. se presentan y como mejor
proceda dicen:
Las organizaciones suscribientes se presentan en los autos ut supra mencionados en
carácter de “Amici Cúriae”, a los efectos de aportar razones de derecho y de hecho para
fundamentar el requerimiento de revocación de las sentencias de primera y segunda instancia
recaídas en los mismos y el reconocimiento de los derechos que como integrantes del pueblo
originario mapuche corresponde a los demandados Felisa y Dominga Millapi, tanto como a los
hijos de ésta última Santiago, Aquilino y Alejandro Galván, rechazando por tanto el planteo de
desalojo impetrado por los actores.
Esto, en función de la condición de familias originarias que han llegado al paraje
desde, al menos; 1880, ocasión en que la misma mal llamada “Conquista del Desierto” produjo
obligadamente el desplazamiento de las poblaciones mapuches desde la región denominada
“del Azul” hacia esta zona. Es en este lugar donde vienen los demandados reproduciendo su
cultura ancestral, como parte del pueblo originario mapuche, extremo constatado
personalmente por el mismo Superior Tribunal en su visita del 8 de noviembre de 2005.
Manifiestan por este medio la gran preocupación que les ocasiona una potencial
violación en que podría incurrir el Poder Judicial de una provincia argentina hacia los derechos
de integrantes de los Pueblos indígenas, comprometiendo la responsabilidad internacional del
Estado, en los términos del art. 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional y de los art. 14 a 19
de la ley Nacional 24.071 (Convenio 169 de la OIT ), problemática sobre la cual los organismos
e instituciones abajo firmantes vienen trabajando desde larga data en la defensa de sus
derechos específicos y su pleno reconocimiento.
La presente causa reviste importancia institucional e involucra un interés público,
en tanto la provincia de Río Negro, y el mismo Estado Nacional Argentino se hallan hoy en
instancias de demostrar, con la resolución a adoptar, el nivel de reconocimiento y aceptación
que observan respecto de la normativa constitucional e internacional vigente en la materia.
Por todo lo expuesto, quienes suscriben esta presentación avalan el planteo de
Casación propuesto por el apoderado de los demandados ante la Cámara de Apelaciones en lo
Civil, Comercial y de Minería de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro,
tanto como la Queja por Recurso Denegado que debió efectivizarse ante ese Superior Tribunal
al resultar rechazado el citado planteo; en tanto dicho recurso pretende restablecer los
derechos fundamentales de los integrantes del pueblo mapuche aquí demandados, hasta hoy
vulnerados por el sistema judicial rionegrino conforme los hechos y el marco legal que
seguidamente describiremos.
Las organizaciones abajo firmantes se hallan debidamente legitimadas para formular
y acompañar el presente escrito, en tanto sus respectivos objetivos institucionales se
encuentran directamente relacionados con la suerte del presente procedimiento, puesto que
ven en el mismo comprometida la defensa de derechos, el asesoramiento y representación en
litigio, tanto como el debido acompañamiento de las comunidades y organizaciones de los
pueblos indígenas. Al respecto, podemos referir sus respectivos objetivos institucionales
revelados en sus estatutos fundacionales que avalan estos dichos:
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que resultara creado para atender la
problemática indígena a lo largo y ancho de todo el país. Reglamentado a instancias de
la ley nacional 23.302, cuenta con legitimación activa específica para la siguiente
presentación, en tanto dentro de las funciones y responsabilidades de su área jurídica
de Tierras se prevé expresamente que serán facultades específicas de esa área la
“participación en la mediación activa en conflictos entre las comunidades y los
demás actores de la sociedad, especialmente en aquellos que obstaculizan el
acceso y uso racional de los recursos naturales y las tierras que ocupan las
comunidades...”
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) es una de las áreas Pastorales
de la Iglesia Católica que desde hace ya más de 20 años viene realizando la
representación judicial y en litigio de muchas de las Comunidades indígenas en todas
las Diócesis del país en que se encuentran ubicadas comunidades indígenas, tal y
como sucede con la Diócesis de Bariloche que involucra al paraje Paso de los Molles,
observando un indiscutible compromiso en la lucha por la reivindicación de los
derechos de los pueblos indígenas y contando con abogados especializados en la
materia en todas las regiones involucradas. Su sede central se halla en la calle
Catamarca 434, ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Se encuentra además
demostradamente comprometida con la formación de recursos humanos para el
acompañamiento de las causas judiciales en defensa de los mismos.
Los Dres. Darío Rodríguez Duch y Sofía Bordenave, integrantes del Equipo
Patagónico de Derechos Humanos, son letrados de reconocida trayectoria en la
atención de la problemática de derechos humanos y de derecho indígena en distintas
zonas del país, preferentemente dentro de la región norpatagónica en relación con el
pueblo mapuche, habiendo sido convocados en numerosas oportunidades por el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tanto como por la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación , el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y distintas
organizaciones indígenas para la atención de consultas, asesoramiento en litigio y
diseño de estrategias legales en defensa de los derechos indígenas de todo el país y
países vecinos. Con experiencia de litigio a nivel internacional ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y en asesoramiento y presentación de amicus
en otros Tribunales. Autores de artículos e informes, de numerosas ponencias y
expositores en diferentes jornadas, seminarios y Congresos respecto de la
problemática indígena y de derechos humanos en distintos foros nacionales e
internacionales, su opinión es considerada autorizada en la problemática indígena por
todas las instituciones que lo han convocado y en particular por quienes avalan el
En virtud de lo expuesto, resulta clara la postura esgrimida por las organizaciones
abajo firmantes, en tanto persiguen indudable e incesantemente el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas a lo largo y ancho de todo el país, promoviendo la
finalización de las injusticias que desde los poderes públicos pudieran seguir observándose
para con todos los integrantes de pueblos y comunidades originarias existentes en nuestro
Por ello, no pueden soslayar en la actual instancia su preocupación porque,
hallándose en juego los derechos inalienables de los integrantes del pueblo originario
mapuche, pudieran estos verse desconocidos para el caso que se dispusiera el efectivo
desalojo de los demandados en el presente procedimiento.
La presente figura del "Amicus Curiae”, o “Amigos del Tribunal” consiste en las
distintas presentaciones escritas que pueden efectuar terceros que, aunque ajenos a la suerte
del pleito, observen un interés en la resolución final que se pudiera adoptar en el mismo. En
dichas presentaciones los terceros autorizados pueden reflejar sus opiniones, debidamente
fundadas, en torno al objeto del juicio, mediante aportes significativos para el criterio que
pudieran observar los jueces.
A través de ésta institución, se permite que personas y grupos de interés respecto
de una temática, puedan sostener ante el Tribunal una opinión, manteniendo así un tipo de
comunicación transparente y directa, lográndose una posición superadora del nivel de
discusión habitual e iluminando, en cuanto resulte procedente al caso, el criterio judicial en
materias que por su especificidad resultan de una complejidad particular, pudiendo la suerte del
litigio incidir notablemente en causas de interés público que trasciendan los pormenores del
Quienes presentan este escrito asumen de antemano que no invisten la calidad de
parte en el proceso, además de que el contenido de su opinión no genera efectos vinculantes
para el Tribunal. Su razón principal de ser es asistir al Juzgador, acercándole herramientas
jurídicas, antecedentes, jurisprudencia especializada y otros datos que pudieran coadyuvar con
la resolución de casos de una cierta complejidad.
Por eso, quien presenta un “Amicus Curiae” en un caso judicial concreto, debe ser
una persona, jurídica o física, que acredite una importante, pública y destacada trayectoria en
la materia de que se trate, aportando elementos de convicción al Tribunal sobre la temática en
que dicha persona pueda ser considerada “palabra destacada”.
Desde sus orígenes en la tradición romana clásica, la figura del “Amicus Curiae” o
“amigos del Tribunal” surgía como medio para que los terceros desinteresados en la suerte de
un pleito pudieran hacer oír su postura y citar casos en interés de la justicia como tal. Sin
embargo, al ser incorporado gradualmente al derecho anglosajón del Common Law durante los
últimos siglos, la figura fue mutando y admitiendo un carácter no neutral, razón por la cual hoy
el mismo sistema judicial requiere que se identifique debidamente a cual de las partes se
apoyará con el contenido del escrito.
Si bien el uso de este instituto en la modernidad obedece a una tradición
anglosajona, no es menos cierto que hoy el Amicus Curiae se ha convertido en moneda
corriente y práctica habitual en todas las instancias internacionales, siendo costumbre en el
derecho internacional que presentaciones de este tipo puedan hacerse ante la Comisión y la
Corte Interamericanas de Derechos Humanos, tanto como ante la Corte Europea de Derechos
Así, un caso paradigmático que ha tomado notoria relevancia en este sistema
jurídico ha sido el de la comunidad indígena “Awas Tingni Mayagna (Sumo) v. La República de
Nicaragua”; en el cual The International Human Rights Law Group (IHRLG) y The Center for
International Environmental Law (CIEL) presentaron un amicus curiae breve y solicitaron su
incorporación al expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999,
colaborando así notablemente para el nivel de resolución del citado proceso en cuanto ambas
organizaciones, especializadas en Derechos Humanos y Ambientales, pudieron brindar la
debida información a la Corte Interamericana respecto de los vínculos entre estas áreas y el
impacto que las cuestiones ambientales poseen indiscutiblemente sobre el ejercicio de los
Hoy, el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice en su
art. 54 inciso 3 que: “El Presidente podrá invitar o autorizar a cualquier persona interesada para
que presente su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta”. Si bien en una primera
etapa se utilizó esta figura con carácter consultivo, hoy la Corte también ha adoptado este
criterio para su función jurisdiccional.
En nuestro país contamos con legislación vigente que contempla esta figura, tanto
como la del “asistente oficioso” con la que poseen similares características. La ley de
procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ley 402 en
su art. 22 dice: AMICUS CURIAE. “Cualquier persona, puede presentarse en el proceso en
calidad de asistente oficioso, hasta diez (10) días antes de la fecha de celebración de la
audiencia. En la presentación deberá constituir domicilio en la jurisdicción. Su participación se
limita a expresar una opinión fundamentada sobre el tema en debate. El/la juez/a de trámite
agrega la presentación del asistente oficioso al expediente y queda a disposición de quienes
participen en la audiencia.
El asistente oficioso no reviste calidad de parte ni puede asumir ninguno de los derechos
procesales que corresponden a éstas. Las opiniones o sugerencias del asistente oficioso tienen
por objeto ilustrar al tribunal y no tienen ningún efecto vinculante con relación a éste. Su
actuación no devengará honorarios judiciales. Todas las resoluciones del tribunal son
irrecurribles para el asistente oficioso. Agregada la presentación, el Tribunal Superior, si lo
considera pertinente, puede citar al asistente oficioso a fin de que exponga su opinión en el
acto de la audiencia, en forma previa a los alegatos de las partes”.
Por eso, resultó esclarecedor el texto de la Acordada 28/04 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación Argentina , cuando consideró a esta figura como un instrumento útil y
provechoso a fin de permitir la participación ciudadana en la administración de justicia. Nuestro
más alto Tribunal consideraba así que, cuando se trate de causas que puedan contener una
determinada trascendencia institucional o afectar algún interés de carácter público, se pueda
autorizar a terceros de competencia reconocida en la problemática involucrada, previa
demostración del porqué de su interés en la resolución final del caso, que puedan agregar al
pleito elementos de trascendencia.
En consecuencia, podemos concluir en que la figura del Amicus Curiae se ha
constituido en una importante y esclarecedora herramienta destinada a permitir el acceso de la
ciudadanía a la Administración de Justicia, abriendo así el juego a terceros interesados en
procesos de incidencia colectiva o en los que se debatan cuestiones que hacen al interés
público, que por ser tales, no debieran quedar limitados a la mera intervención de las partes
tradicionales en un proceso.
En función de todo lo expuesto en los acápites precedentes, procederemos a
continuación a acreditar las razones y a detallar el cumplimiento de los requisitos que para el
instituto de referencia hoy se exige desde el sistema judicial rionegrino.
Si bien la Corte Suprema de Justicia ha regulado en su Acordada 28/04 los
requisitos de admisibilidad para este tipo de presentaciones, el mismo Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Río Negro ha complementado los mismos a través de su resolución
adoptada en sentencia 41/04 de autos "ODARDA, MARIA MAGDALENA (AMICUS CURIAE) s/
Presentación" (Expte. N* 19565/04-STJ-), el que fuera presentado por la legisladora Magdalena
Odarda en la Acción de Amparo planteada por el Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas (CODECI) en relación con la instalación del proyecto minero “Calcatreu” dentro del
territorio de la Reserva Lipetrén.
Dichos criterios de admisibilidad resultarían reafirmados por el STJ en autos “GILIO,
JUAN Y OTROS S/ PSA. Promoción de la prostitución” Expte. D-11-02, en ocasión en que
admitiera por primera vez ante esos estrados judiciales este tipo de planteo al escrito
presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en instancia de
las Casaciones presentadas por el Ministerio Fiscal y la Asesora de Menores, con firma de uno
de los suscriptos.
Con ello, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro estableció así las bases y
condiciones de admisibilidad que debe observar una presentación de “Amicus Curiae” en el
sistema judicial de la provincia, los que serían resumidos por el mismo STJ en los siguientes:
Tales condiciones se hallan debidamente cumplidas en nuestro caso, toda vez que las
instituciones firmantes no hemos sido parte en el pleito, realizando esta presentación “motu
propio” en un recurso interpuesto ante ese mismo Tribunal, que cuenta en esta ocasión con la
indelegable responsabilidad de adoptar una resolución de trascendencia colectiva, cual es el
respeto por la aplicación de normas fundantes del derecho indigenista que se hallan hoy
contempladas y reafirmadas por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
antes del llamado de autos para sentencia.” De este modo, el presente escrito consta
exactamente de 15 carillas, siendo nuestro principal objetivo dar nuestra opinión fundamentada
en derecho respecto de la suerte del presente juicio.
3) “Constituir domicilio en los términos del art 40 y cc del CPCC”. Cumplimos con lo requerido
en tanto fijamos domicilio a los fines procesales del presente en la Av. Artémides Zatti 1030 de
esa ciudad de Viedma.
4) “Observar las disposiciones de la Constitución Nacional , la de la
Provincia , los Tratados y convenciones internacionales a que adhirió y
vigencia”. En este sentido, no solo observamos sus disposiciones en el contenido de nuestra
presentación sino que propugnamos y solicitamos en nuestros fundamentos su mas amplia
adhesión por los Tribunales de la República.
con elementos objetivos de idoneidad que daten de cinco o más años”. Tanto el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas como el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen cuentan con una
antigüedad mucho mayor de cinco años, toda vez que la ley de creación del INAI es la 23.302
de 1985 y los estatutos de Endepa provienen de fines de los años 70. A su vez, los Dres. Darío
Rodríguez Duch y Sofía Bordenave integran el Equipo Patagónico de Derechos Humanos y
vienen trabajando en la problemática de derechos humanos y de derecho indígena desde hace
más de 10 años, con nutrida y pública experiencia en la materia, con acompañamiento en
terreno y litigio a favor de las comunidades y pueblos indígenas de la República , publicación
de trabajos, conferencias, seminarios, jornadas, etc, que incluyen la participación del Dr.
Rodríguez Duch en el “Seminario Judicial Patagónico del Derecho de las Comunidades
Originarias” con el auspicio oficial del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia
entre el 28 y 30 de octubre de 2004 y de la Dra. Bordenave en la Audiencia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2001) en la que fue autora del informe sobre la
situación de derechos humanos ambiente y pueblos indígenas a nivel continental; así como en
otras numerosas instancias académicas. Tal extremo se halla debidamente acreditado con el
Certificado expedido por el INAI agregado al presente.
6) “Fundamentar su interés para participar en la causa, sin revestir el carácter de parte ni
asumir ninguno de los derechos procesales que le corresponden a éstas”. Conforme los
estatutos de las instituciones a nuestro cargo y la descripción de nuestros objetivos en el
capítulo correspondiente, resulta a todas luces evidente las razones que hacen a nuestro
interés en la defensa y compromiso con el debido cumplimiento de los derechos de los
indígenas afectados por la suerte del presente pleito.
particular si quiere apoyar a alguna de las partes”. Al respecto, se manifiesta una relación de
acompañamiento y asesoramiento con la Comunidad Mapuche de Paso de los Molles, dentro
de la cual se encuentran los demandados, por parte del Dr. Darío Rodríguez Duch, a pesar de
lo cual detalla no ser parte ni haber formulado ninguna presentación formal en el presente
proceso. Respecto de el INAI y Endepa no existe vinculación alguna con los demandados, más
allá de formular el presente escrito de Amicus Curiae en apoyo de los indígenas
cuestión institucional relevante”. Delimitamos por ello nuestra opinión a las razones de interés
público e institucional que hacen a la defensa del orden constitucional vigente y a los derechos
inalienables reconocidos por la legislación provincial rionegrina, la Constitución de la provincia,
la Carta Magna y los Tratados Internacionales.
que se pretende agregar”. Por tanto, asumimos tal responsabilidad, toda vez que nos hallamos
a cargo de nuestras respectivas instituciones y organizaciones y resultamos responsables por
cada uno de nuestros actos institucionales, dentro de lo cual asumimos la veracidad y exactitud
de los conceptos vertidos por el Dr. Darío Rodríguez Duch en su opinión, quien resulta el autor
partes ya agregados al proceso”. Contando con los antecedentes, resoluciones adoptadas y
escritos principales de la causa en nuestro poder, y a los fines de realizar un verdadero aporte
a la opinión de los Sres. Jueces para colaborar con los mismos en carácter de verdaderos
“Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal) nos ocupamos especialmente de no reiterar conceptos
ya vertidos por las partes durante el proceso, realizando el debido hincapié en introducir
conceptos no traídos al Tribunal o en complementar otros simplemente mencionados.
11) “Carecer
cualquier propósito de lucro en la actividad que le
compete en relación al objeto de la causa”. Para el caso, el INAI es un organismo público que
se encuentra desempeñando sus funciones en relación con el contenido de su ley de creación
23.302; Endepa se halla cumpliendo su objetivo como área Pastoral de la Iglesia Católica , tal
cual lo hace a lo largo de todo el país y Latinoamérica y el Dr. Rodríguez Duch es contratado
por el Equipo Jurídico de Endepa, lo cual descarta cualquier posibilidad de interés económico o
de lucro en relación con el objeto de la presente causa.
especial tribunales supranacionales”. Tal cual se detallará más adelante, se encuentran en
juego la aplicación y vigencia de normas provinciales (ley 2287), nacionales (constitución
Nacional art. 75 inc. 17, ley 23.302 y 24.071) e internacionales (Convenio 169 de la OIT y otros
Tratados de Jerarquía Constitucional), existiendo numerosos precedentes judiciales,
incluyendo a los emitidos por ese mismo Superior Tribunal, los que se detallarán
oportunamente a lo largo del presente.
13 a 17) Respecto de los citados puntos, a saber: 13 “Argumentar jurídicamente, indicando en
detalle la cuestión que motiva la presentación ante el S.T.J”. 14) “Referenciar las soluciones
que se han adoptado al respecto en el derecho comparado”.15) “Exponer los criterios
sostenidos por la doctrina en la cuestión que motiva la litis” y 16) “Concluir sugiriendo al S.T.J.
la solución que se considera corresponde al caso”; todos ellos surgen debidamente de la
lectura detallada del presente escrito, lo que V.E. podrá comprobar al finalizar la misma.
17) “Aceptar que la presentación no devengará ningún tipo de costas”. Situación que
aceptamos y convalidamos todos los abajo firmantes, considerando con ello hacer uso de
nuestro verdadero carácter de “Amigos del Tribunal” y no requiriendo por ello erogación de
ninguno de los involucrados en nuestro favor.
18) “Identificar la fuente de financiamiento con que cuenta quien pretende intervenir”. En este
sentido, el INAI, como Instituto Nacional depende operativamente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación , de quien percibe sus erogaciones y gastos operativos; Endepa, al ser un
área Pastoral de la Iglesia Católica , percibe sus fondos de dicha Institución madre, y el Dr.
Rodríguez Duch percibe una remuneración fija, no relacionada con la cantidad de causas, de
ésta última área y la Dra. Sofia Bordenave percibe también una remuneración por parte del
Proyecto de Desarrollo de Comunidades Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social de la
Respecto de los requisitos 19 y 20, a saber: 19) “Consentir que la incorporación de la
presentación al expediente será del exclusivo arbitrio del S.T.J., quien solamente si lo
considerara pertinente, así lo ordenará sin ninguna forma de recurribilidad del presentante” y
20) “Declarar expresamente que la aceptación o el rechazo de la presentación de la opinión no
tiene ningún efecto vinculante para el S.T.J. y abstenerse de cualquier difusión pública por sí o
por terceros que exceda el contenido objetivo y literal del escrito”, consentimos y declaramos
expresamente someternos al exclusivo arbitrio del STJ para la incorporación del presente
escrito, sin recurso judicial alguno, así como admitimos la falta de carácter vinculante de esta
presentación, tanto como nos comprometemos a abstenernos de una difusión pública que
exceda el contenido objetivo y literal del escrito.
José Millapi había nacido en Azul, actual provincia de Buenos Aires, entonces
bastión del pueblo mapuche hasta que en 1879 fuera destruido por el actual Ejército Argentino.
En esa oportunidad, salvando milagrosamente su vida llegó caminando hasta el actual paraje
de “Paso de los Molles” luego de, como nos lo relata su hijo Pedro, haber logrado escapar de
una fosa común en la cual estuviera tres días “enterrado”, haciéndose pasar por muerto antes
de que los militares terminaran de rematarlo. Tenía, para asombro de todos quienes lo
conocieron, la marca de un hachazo en su cabeza que no podía dejar lugar a dudas a los
militares respecto de su muerte.
Prácticamente no hablaba “castilla” y decía que era un “kona” (militante guerrero) de
su comunidad, la cual sería una de las sitiadas y asoladas por el Ejército durante la guerra de
conquista. Se sabe que muchos mapuche que habitaron en las cercanías del río Pichileufu,
antiguamente llamado “Machi-leufu” (río de la Machi ), tienen ancestros oriundos de “El Azul”.
De allí viene la denominación comúnmente reproducida en la zona de “Azuleros”, tal y como se
llamó a los descendientes de familias mapuches tradicionalmente reconocidas en la zona de la
precordillera rionegrina y neuquina, tales como Llanquín, Prafil, Cañiú Curá o Liempe.
Es por este motivo que la comunidad de Paso de los Molles mantuvo siempre fuertes
vínculos con la Comunidad de Anecón Grande, cuyos miembros también habían sido
desterrados del centro de la Provincia de Buenos Aires. Por ello, numerosos relatos históricos
nos refieren que ambas comunidades celebraban juntas las ceremonias de “nguillatún” o
“Kamarikun” durante los meses de febrero, en la pampa en donde hoy viven los Calfunao, a
escasos metros de las viviendas de Dominga y Felisa Millapi, trasladándose entonces
masivamente los miembros de la comunidad de Anecón Grande en carros y yeguarizos hacia
Paso de los Molles para dicha ceremonia hasta entrados los años 40. La misma actitud tomaba
la comunidad de éste último paraje para ofrecer la reciprocidad a sus visitantes.
Don José Millapi tuvo cuatro esposas, con quienes generó cerca de quince hijos. Así
tuvo a tuvo a Julio, María, Audalía, Cornelio, Rosario, Emilio, Julia, Eustaquio, Carmen,
Antonia, Germán; todos de apellido Millapi. Con la última de sus esposas, Herminia Castillo,
tuvo varios hijos más, entre quienes se cuentan Felisa, Dominga y Pedro, las dos primeras
demandadas en el presente.
Actualmente vive Felisa su hija menor, con 83 años de edad y ciega, en el lugar
donde aún quedan restos de la casa de José. A una distancia de unos seiscientos metros de
allí, en lo que constituía otra antigua tapera de José (“Tapera de las Chapas”), vive Dominga,
con tres de sus 12 hijos: Santiago, Aquilino y Alejandro. En el campo vecino y a unos pocos
kilómetros, vive Pedro Millapi junto a su familia.
En los años 30, visitaron la zona tres inmigrantes españoles, uno de lo cuales era
don José María Galván, quien solicitó a Don José Millapi trabajar “a medias” (contrato de
mediería en que una de las partes aporta el uso del campo y el otro los animales,
correspondiéndole el producto en un 50% a cada uno) el campo situado en las proximidades
de “ La Tapera de las Chapas”. Accediendo José Millapi al citado trato, el colono se instaló
junto a sus tres hijos y su primer esposa, Nolfa González, quien fallece al poco tiempo casi sin
residir nunca en el mismo debido a una enfermedad que la aquejaba. Sus tres hijos, por su
parte, prácticamente no residieron en el campo, dado que a su mas tierna edad se van a vivir
con los familiares de su madre fallecida, accediendo al campo a visitar a su padre en forma
Es en estos momentos cuando, una vez trasladada Nolfa González, e incluso antes
de su muerte, Don José María Galván “se junta” con Dominga Millapi, una de las quince hijas
de José Millapi, manteniendo así la vigencia de ese “contrato original” respecto de la utilización
de una pequeña parte del campo de aquel y teniendo con ella doce hijos, entre los cuales se
encuentran Santiago, Alejandro y Aquilino, todos de apellido Galván.
La situación descripta resulta relevante a fin de percibir el grado de injusticia, en
virtud de la cual los tres hijos del matrimonio español, que prácticamente no residieron en el
predio, se beneficiaron en la sucesión de su padre, resuelta durante los años 70, con el 50 %
de la herencia proveniente de su madre, Nolfa González, con el doble de la porción que
correspondía a los hijos “naturales” que tuviera con doña Dominga Millapi, por no ser éstos
últimos “legítimos”.
Y he aquí la segunda situación de flagrante injusticia que denunciamos, toda vez
que el mismo Estado Rionegrino, una vez fallecido José Millapi en los años 30, resuelve dar
cabida a la solicitud de adjudicación en venta que formulara entonces a nombre de aquel
mismo José María Galván que se había acercado en su momento a don José Millapi a
solicitarle un lugar en su campo para explotarlo “a medias”. Cabe aclarar que en esos tiempos,
existiendo una pareja en el campo, la Dirección de Tierras y Colonias otorgaba el “permiso
precario de ocupación” y la posterior “adjudicación en venta” a nombre del “hombre de la
familia”, no así de la mujer, que en este caso en particular era indiscutiblemente la que gozaba
de los derechos de posesión indígena sobre el lugar, por haber nacido allí y por ser hija de don
José Millapi.
Es así como el 22 de diciembre de 1965 la Dirección de Tierras u Colonias de la
Provincia ordena el otorgamiento del Título de Propiedad (por Decreto Nº 2637 – Título nº 526,
inscripto en Registro de Propiedad el 3-01-66, Tomo 419, Folio 48, Nº de Finca 92.576.) a favor
del Sr. José María Galván, quien había solicitado la respectiva mensura al Ing. Shaw. Este
último se las ingenió para localizar en distintos lugares imaginarios a los pobladores mapuches
despejando la zona de modo que “no se observan irregularidades en su tramitación” como
sostiene Daniel Tait, Director de Tierras del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río
Negro en su nota dirigida al Defensor del Pueblo el 26 de diciembre de 1997.
Sin embargo, entre los vecinos perjudicados por esta mensura y la confección final
del citado título, se encuentran los descendientes de la comunidad de Domingo Maripi Paillalef
y, más al este, los hijos de Francisca Navarrete, quienes actualmente se hallan dispuestos a
promover una acción reivindicatoria en favor propio y de la Comunidad indígena de Paso de los
Molles a la que pertenecen, amparados para el caso en los actuales derechos constitucionales
y basados en los expedientes que obran en la Dirección
de Tierras, manifestando
públicamente las absolutas irregularidades a las que han tenido acceso y en que se han
basado las autoridades de Tierras para el otorgamiento de aquel título.
En el interior del predio que hoy involucra el título de propiedad otorgado a José
María Galván, cercada por un callejón que alambra su pequeño campo, vive actualmente
Felisa Millapi. En este lugar y en otros es posible verificar los corrimientos y superposiciones de
alambrados. Existe, incluso, un curioso caso en el que, disputándose el campo entre doña
Francisca Navarrete, José María Galván y el colono español de apellido Alonso, cada uno de
ellos colocó en paralelo un alambrado a una distancia de 50 cm .
No cabe la menor duda de que hoy resultaría clara y contundente la aplicación del
texto del Convenio 169 de la OIT cuando en su art. 17 inc. 3º establece que “Deberá impedirse
que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos
pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”. Lo propio sucedería con
la aplicación de los art. 11 a 13 de la ley provincial 2287.
A finales de los años ’60 fallece don José María Galván, luego de lo cual, sus hijos
“legítimos”, no habiendo residido en el campo más que durante el corto tiempo en que su
madre estuviera allí, le venden sus derechos hereditarios a Jesús Arroyo, iniciador de la
empresa frigorífica más importante de la región. Posteriormente se realiza el remate del campo
en virtud de la sucesión y el mismo empresario adquiere también todas las partes
correspondientes a los hijos menores de edad (los de Dominga y José María Galván) sin que
éstos perciban jamás precio alguno por dicha operación.
Muchos años después, ya durante 1994, Eduardo Arroyo, hijo de Jesús, adquiere
dos campos, utilizando uno como veranada y el otro como invernada. Existen dos títulos de
propiedad porque originariamente uno correspondía al predio de la familia Alonso y el otro al
“de Galván”.
En marzo de 1997, Eduardo Arroyo vende ambos predios a John Gilbert Ogilvie,
ciudadano norteamericano residente en el país durante algunos meses al año. Con fecha 30 de
setiembre de 1997, el mismísimo Delegado de la Dirección Provincial de Tierras en la zona
andina, Clodomiro Ferreira, traslada personalmente a Santiago Galván, principal demandado
en el presente y uno de los hijos de Dominga Millapi, al pueblo de Pilcaniyeu a fin de que este
enviara su telegrama de renuncia a Eduardo Arroyo, sin saber aquel leer ni escribir. La
estrategia original pergeñada por los actuales actores en el presente procedimiento consistió
en contratar, con fecha 1 de marzo de 1997 (tal cual consta en los recibos de sueldo
correspondientes y en Anses) a Santiago Galván como peón en el campo donde naciera y
residiera siempre, logrando luego su renuncia a fin de iniciarle así un proceso de desalojo por
“finalización de relación laboral”.
Tan interesado resultó en la cuestión el mismo Clodomiro Ferreira, Delegado
Regional de Tierras, que con fecha 24 de septiembre de 1997, desde su doble carácter de
funcionario y Administrador del campo de Ogilvie, realiza un acta de Exposición denunciado
que Santiago Galván “no se retiraba del campo”.
La misma Dirección de Tierras dispone, por resolución del 1 de diciembre de 1997,
el desalojo de los Millapi del campo que habían ocupado siempre, situación que determinó que
con fecha 14 de diciembre de ese año se emitiera una nota de la Coordinadora del Parlamento
Mapuche de Río Negro hacia el Ministerio de Gobierno de la Provincia solicitando se inicie
sumario Administrativo contra el Delegado de Tierras en Bariloche, Sr. Clodomiro Ferreira, por
su sospechosa intervención desde su doble carácter de funcionario público y Administrador del
campo en cuestión, para obtener así una orden de desalojo firmada por la repartición, que él
mismo representaba, en contra de la familia Millapi.
Tal tipo de irregularidades ya han sido advertidas por el Superior Tribunal con
anterioridad, cuando en el caso: "CO.DE.C.I. DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ACCION
DE AMPARO" (Expte. N* 19439/04-STJ-), en relación con la posible instalación del proyecto
minero “CALCATREU”, el Dr. Lutz revelaba en su voto que:” La DIRECCION DE TIERRAS Y
COLONIZACION parece haber tenido una actuación distraída al respecto, no solamente
por la demora de décadas, sino por la omisión de la legislación específica de la
“cuestión indígena” y sus reglamentaciones a aplicar a los pobladores de dicha Reserva
(Lipetrén) en cuanto a regularizar la situación de la tierra fiscal, ampliar hacia otras
tierras aptas aledañas, operar con las reconocidas organizaciones que se desenvuelven
en ese medio y colaborar con las actividades del CODECI. en procura de resultados más
eficaces según el ordenamiento jurídico en vigencia, incluyendo los lineamientos del
inc.17 del art.75 de la C.N ., la Ley Nacional N* 23303, el art. 42 de la C.P ., las Leyes N*
2287 y N* 2553, los Decretos N* 1693/90 y N* 310/98, etc”.
Dejamos a criterio de ese Excmo. Tribunal la consideración de la posible
comisión por parte del Funcionario de Tierras de algún acto delictual y la pertinente remisión de
las presentes actuaciones al Sr. Fiscal.
Luego de ello, es historia conocida, dado que las principales cuestiones suscitadas
entre las partes constan en el presente procedimiento, hoy a la vista a de los Sres. Jueces,
dentro del cual es dable emitir las presentes consideraciones de hecho y de derecho a fin de
brindar la mayor utilidad a favor de los Sres. Jueces al presente escrito de “Amicus Curiae”.
La Escuela 99 de Paso de los Molles comienza sus actividades y desarrollos
curriculares desde antes del año 1940 en un predio donado al Estado Nacional por el vecino
Benjamín Alonso. Es posible revisar el Libro Histórico de la Escuela que se encuentra en los
archivos resguardados por la Delegación Regional Bariloche del Ministerio de Educación de la
Provincia. En la actualidad viven en la zona rural aledaña muchos ex-alumnos que cursaron
allí sus primeros escolares, siendo varias decenas de ellos los que residen actualmente en la
ciudad de S. C. de Bariloche.
El predio se encuentra en la margen Oeste del río Pichileufú (“río pequeño”) a
escasos metros de donde hace poco tiempo ha construido un chalet el ciudadano
estadounidense John Ogilvie. Este último debió destruir para ello la totalidad de los
emplazamientos de aquella escuela, aún cuando persisten allí los cimientos del mástil de la
bandera del patio. La Dirección General de Tierras y Colonias ha informado y aseverado, a
través del testimonio del subdirector Gentile, que la Escuela , predio que debiera encontrarse
reservado al Ministerio de Educación, existe, pero se encuentra en el lado Este del río, en los
emplazamientos que pertenecen a la vivienda de la ex-diputada nacional Trinidad Benavides.
Sin embargo, todos los testimonios de la zona nos revelan que yerra la dirección de Tierras en
su aseveración, tanto como lo hizo el Ing. Clodomiro Ferreira, ex-delegado de tierras en
Bariloche, cuando asesoraba e intervenía en la compra que Ogilvie hiciera de los campos.
Viven aun en Bariloche los maestros Iglesias y Garache quienes ejercieron sus
funciones docentes hasta el año 1984. Evidentemente resulta posible obtener una
determinación exacta de la ubicación de la escuela preguntado a los pobladores de la
Comunidad de Paso de Los Molles que concurrieron a ella, o bien a los innumerables exalumnos que viven en las ciudades de Bariloche y pueblos vecinos de Pilcaniyeu y Comallo.
Por ello, y ante la necesidad actual de los pobladores de la zona para reabrir un
edificio escolar en el lugar en que estuviera emplazada otrora, la Comunidad de Paso de los
Molles solicitará a la provincia de Río Negro la restitución del predio respectivo, toda vez que
hoy sus hijos deben trasladarse hasta 30 y 40 kilómetros de distancia para contar con la
posibilidad de cursar sus estudios primarios, viéndose obligados a cambiar notablemente su
estilo de vida al no poder vivir con sus padres.
e).- La evasión fiscal detectada:
Cabe mencionar, por lo llamativo de la cifra, que la operación de supuesta
“compra” del campo en cuestión, predio de 2.500 hectáreas en área óptima de precordillera,
con aguadas, arboledas, arroyos y excelentes pasturas, se realizó, conforme lo consigna la
propia escritura traslativa de dominio, por un monto de $ 30.000.- (pesos treinta mil) en el año
1997, lo cual nos deja entrever una grosera evasión al fisco de la provincia, toda vez que
resulta público que el valor de un campo como el citado en el mercado podría ubicarse en cien
veces esa cifra, motivo por el cual los miembros de la Comunidad Indígena de Paso de los
Molles formularán la denuncia respectiva ante los organismos de control.
Podemos, por tanto, sospechar fundadamente que la compra que hiciera el
mismo actor de la presente de un campo vecino de 4.500 hectáreas , se encontrará, casi con
seguridad, viciada por la misma aberrante evasión impositiva, motivo que ameritará la
Por resultar claramente aplicable al caso de marras, siendo incluso este caso uno
de sus fundamentos históricos, resulta oportuno traer a colación parte del contenido de la
ponencia realizada por el Dr. Darío Rodríguez Duch, abajo firmante, en el Congreso “Cultura y
Desarrollo” durante junio de 2003. Al respecto, citaba la exposición:
“Un tercer y curioso sistema ( de despojo de las tierras de las comunidades
indígenas) se transformó en algo muy común en la zona de la precordillera patagónica,
resultando mucho más práctico y elegante. Para evitar el desgaste y el frecuente “bochorno”
público por hacer uso de procedimientos como el antedicho (violencia directa y avance
nocturno de los alambrados), el usurpador adoptaba comúnmente este otro sistema que, al
menos en apariencia, era mas “humano” que el anterior.
Tal era el caso de cuando, una vez consumado el despojo mediante el tendido de
alambrados y posterior ingreso al campo de sus animales, el despojante “invitaba” a las
distintas familias de ocupantes originarios a continuar habitando su propia vivienda, construida
por ellos mismos y en cuyo emplazamiento venían habitando sus ascendientes desde siglos,
transformando el carácter de éstos en el de “simples tenedores” o ”puesteros”, considerando a
sus viviendas como “puestos” (lugares de avanzada dentro del campo, con viviendas y corrales
ubicados estratégicamente para la mejor explotación del campo en su totalidad) y otorgando a
uno de sus ocupantes, generalmente el varón hábil de mediana edad, un sueldo de parte del
improvisado “patrón”, que pasaba de usurpador a “empleador”.
A través de este curioso pero efectivo método se consumaba el despojo de una
manera menos “traumática”, y ante la posibilidad del no retiro de su territorio, los indígenas,
legítimos poseedores de sus tierras, consideraban a esto una opción válida para continuar con
su modo de vida. Continuaban de hecho teniendo sus pocos animales y contarían además con
el aporte de un pequeño sueldo.
Así, el usurpador configuraba una situación irregular en la que el antiguo poblador y
poseedor legítimo pasaba a quedar en “relación de dependencia” de aquel que le estaba
quitando los derechos sobre sus tierras (al menos en los papeles) y su propia vivienda pasaba
a constituir un “puesto” de la ilegítima “estancia” así conformada.
Difícil era para estos pobladores indígenas, puestos así en la encrucijada entre ser
desalojados violentamente o aceptar este leonino trato que al menos les permitía continuar en
contacto con su tierra, no elegir sin dudar esta segunda opción.
Más difícil aún era prever que en virtud de esta figura jurídica, los improvisados
“empleadores” serían quienes, muchos años después y cuando ya el campo no resultara
negocio por el escaso valor de la lana, les iniciarían un juicio laboral por despido, incluyendo su
desalojo porque iban a necesitar vender el campo a un tercero, teniendo en cuenta que éste
ultimo no aceptaría comprar dicho campo con ocupantes dentro. Podríamos nombrar
innumerables casos en este sentido pero vienen a la mente recientes casos llevados en los
parajes Paso de los Molles, Pipil Cura, Supay Niyeo o Arroyo las Minas.
Llamaba poderosamente la atención el desparpajo con el que cierto operador
inmobiliario, a quien se le realizara una cámara oculta recientemente en un programa de
investigación, mencionaba al potencial cliente que el campo se le vendía con veranada,
“house”, corrales y “gauchos” (eufemismo, éste último, mediante el cual las inmobiliarias suelen
hablar de los pobladores indígenas de la Patagonia ).
De este modo obtenemos una somera semblanza sobre una de las formas más
efectivas con que la cultura dominante vino a imponer su supremacía. A través de esta extraña
institución se doblegaba y despojaba de lo suyo a las culturas originarias con argumentos
legales, todo en pos del arribo de la “civilización”. (Ponencia a cargo del Dr. Darío Rodríguez
Duch en el Congreso “Cultura y Desarrollo”, Palacio de las Convenciones de La Habana ,
Cuba, 10 de junio de 2003).
Durante el presente procedimiento, el letrado de la parte demandada ha realizado
un pormenorizado análisis respecto de las excepciones procesales que debían plantearse
desde un primer momento ante la promoción de la acción sumaria de desalojo, las que han
resultado rechazadas por las resoluciones de los Jueces de Primera y Segunda Instancia.
Sin embargo, resulta hoy de utilidad traer a colación en el actual escrito de
Amicus Curiae algunos conceptos que, no habiendo sido en su momento planteados, no
pudieron originar tampoco contestación alguna por la contraparte ni resolución al respecto por
parte de los jueces intervinientes, razón por la cual haremos hincapié en el desarrollo de dos de
las excepciones que, aunque propuestas por el letrado de los demandados, observan algunas
aristas particularísimas para este caso, dado que se trata aquí de territorios correspondientes a
Detallaremos entonces a continuación los argumentos no tratados durante el
presente procedimiento en relación con dos excepciones fundamentales: la falta de
legitimación activa y la prescripción adquisitiva.
Ni el Sr. John Gilbert Ogilvie, ni su Sra. debieron haber sido tenidos por actores
en las presentes actuaciones, dado que los mismos no poseen ni poseyeron nunca legitimación
para ser considerados parte en el proceso que iniciaron sobre el particular predio ocupado
tradicionalmente por los demandados, toda vez que la tierra de la que intentan desposeer a
estos últimos jamás les perteneció en carácter de propietarios, no solo en virtud de que los
títulos que aducen resultan inválidos a la luz de la nueva normativa constitucional, sino por el
hecho de no haber ejercido nunca, sobre la parte del predio en cuestión, posesión efectiva
Al respecto, los actores no han podido jamás realizar acto posesorio alguno sobre
dicho terreno, atento los demandados, en nombre propio y de la comunidad indígena del
pueblo mapuche a que pertenecen, jamás le han entregado tal posesión, lo cual desconfigura
de por sí la supuesta condición de propietarios de los actores en los términos exigidos por el
art. 3265 del Código Civil en cuanto este exige la efectiva tradición de la cosa para ser
considerados tales.
El Código Civil no permite que nadie, sin el cumplimiento del previo requisito de
recibir la entrega efectiva de la posesión en mano (tradición) pueda hacer gala del carácter de
“propietario”. Dicho extremo nunca sucedió en el caso que nos ocupa, atento tratarse de
territorio ocupado ancestral e indubitablemente por los Millapi y su comunidad, los que jamás
cesaron en su posesión “animus dómini”.
Podemos traer a colación las normas del Código Civil Argentino en lo que hacen a
la materia. Sobre el particular el artículo 577 dice “Antes de la tradición de la cosa, el acreedor
no adquiere sobre ella ningún derecho real”, a su vez completa el 3.265 que “Todos los
derechos que una persona transmite por contrato a otra persona, sólo pasan al adquirente de
esos derechos por la tradición ...”, a lo que el 2.383 agrega que “Para juzgarse hecha la
tradición de los inmuebles, no estando el adquirente en la simple tenencia de ellos, es
necesario que el inmueble este libre de toda otra posesión, y sin contradictor que se oponga a
que el adquirente la tome”.
En tal sentido, resulta aplicable al caso el criterio recientemente sustentado por el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy en autos “Comunidad aborigen Laguna
de Tesorero – pueblo Ocloya c/ Cosentini, César Eduardo s/ prescripción adquisitiva” Expte.
2397/04 STJJ, donde se desconoce la legitimación del titular registral del predio reclamado por
la comunidad, Sr. Cosentini, cuando revela que “El demandado no pudo probar más que su
condición de titular registral desde el año 1992 en que le fueron cedidos, a título gratuito,
los derechos y acciones hereditarios sobre las mismas...(tierras)”, agregando luego que:
“Por su parte éstas (las herederas declaradas) cedieron gratuitamente a César Eduardo
Cosentini los derechos y acciones sobre el inmueble mediante la escritura de fs. 107. Según
se consigna en ese instrumento, el cesionario quedó colocado “en el lugar, grado y
prelación de los expresados derechos y acciones”, sin que conste haberse concretado la
tradición del bien, requisito ineludible para que se configure el modo, elemento
ineludible para la adquisición del dominio que reclama...” (STJJujuy, Expte. 2397/04,
Sentencia del 27/12/05).
Por tanto, solicitamos de V.E tenga presente la argumentación expuesta, toda vez
que dicha excepción no ha podido resultar tratada debidamente en las instancias anteriores,
pudiendo actualmente el STJ resolverlo a la luz de la normativa y jurisprudencia citada,
interpretando así el derecho aplicable en el debido contexto jurídico del caso.
Si bien hubo sido planteada oportunamente la presente excepción, consideramos
que, de un tiempo a esta parte, el particular instituto de la prescripción adquisitiva debe
observar un claro vuelco en cuanto a su aplicación e interpretación respecto del carácter de los
actos posesorios realizados por los integrantes de una comunidad indígena, tal y como resultan
indubitablemente los demandados.
En primer término, la posesión “animus dómini” debe ser considerada en base a un
criterio amplio para el caso de las comunidades indígenas, las que logran precisamente el
carácter “pacífico” de su posesión, luego de mas de un siglo de dominación y sojuzgamiento,
accediendo voluntariamente a determinados extremos que le viniera requiriendo
compulsivamente el mismo sistema legal del “winca” o blanco. De lo que no cabe ninguna
duda, es que esa posesión pacífica e ininterrumpida es ejercida por la familia Millapi desde que
llegó al predio don José Millapi en 1879, naciendo allí mismo sus hijas Felisa y Dominga,
además de todos sus nietos y biznietos, lo cual nos habla a las claras de un plazo
notablemente superior a los 20 años requeridos por el Código Civil, tornando claramente
aplicable al caso de marras el presente instituto contra el planteo formulado por la actora.
Cabe aclarar que, en el caso de las comunidades indígenas, los actos posesorios
se exteriorizan en la vieja construcción de sus viviendas, corrales, potreros y galpones, datados
por el perito interviniente en más de 70 años de antigüedad. Lo que no refleja la pericia
arquitectónica es si antes de esas construcciones “nuevas” no existían allí mismo emplazadas
otras viviendas originales levantadas por las mismas manos, o de sus ascendientes. Debemos
destacar, además, que se consideran actos posesorios en la cosmovisión indígena al
emplazamiento de un cementerio familiar, tanto como la disposición de los sitios ceremoniales
existentes en ese lugar desde tiempos remotos.
Y es así que los actos posesorios de una comunidad indígena no solo que no se
miden a través de los actos meramente descriptos en el art. 2384 del Código Civil, aún cuando
efectivamente los realizaron, sino que debemos interpretar su relación con el terreno desde una
perspectiva mucho más abarcativa respecto de su validez, atento el hecho del conocido criterio
de protección del medio ambiente y de su necesidad de pasar desapercibidos en su entorno.
Teniendo en consideración las cuestiones relativas a sus diferentes valores de vida,
los cuales deben ser respetados atento al precepto constitucional que impone “garantizar el
respeto a su identidad cultural”, resulta imperativo comprender que, en la cosmovisión
indígena, el modo de poseer es absolutamente diferente al modelo de posesión derivado de la
En este sentido, el mayor hincapié se encuentra dado en la ESPIRITUALIDAD de
los involucrados y en su estilo de vida COMUNITARIO, debiendo respetarse pautas
diferenciales en la relación constante del hombre con la naturaleza.
El hecho de vivir por generaciones en su propio lugar, realizando la cultura de la
tierra a su manera y respetando la relación que guarda la posesión indígena con el territorio en
que viven importa, de por sí, un acto posesorio por excelencia demostrativo del “ánimus
domini” que también afinca en el derecho común las enunciaciones jurisprudenciales
En cuanto al particular requisito para la procedencia de la prescripción adquisitiva
de acreditar su “ánimus dómini”, podemos argumentar que la lógica más elemental nos lleva a
concluir que quienes en forma pública, continua e ininterrumpida han sembrado, plantado,
cercado con “palo pique”, levantado sus viviendas y espacios comunitarios, sitios ceremoniales
y hasta el cementerio comunitario en el lugar; han venido ejerciendo sin lugar a dudas la
posesión “rem sibi habendi”, comportándose para el caso como verdaderos dueños y sin
reconocer en otros ese derecho.
En el caso que nos ocupa, resulta claro y evidente, a la luz de toda la prueba
testimonial operada en autos, el hecho de que jamás los demandados abandonaron la
posesión (testimonio de Jorge Arroyo), de que poseían a título de dueños (testimonio de Daniel
Eduardo Arroyo), y del carácter indígena y tradicional de su posesión, tanto como de sus actos
posesorios “animus dómini” contruyendo ampliaciones a las viviendas (testimonios de Emilia
González de Pincheira, Irineo Riquelme y Carlos Félix Domínguez). Dichos extremos pudieron
ser debidamente constatados por V.E. en ocasión de la visita que el Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro efectuara al paraje Paso de los Molles el pasado 8 de noviembre de
Por ello, resulta doblemente grave y preocupante para nuestro sistema
institucional, transformando a la presente en una indiscutible causa de interés público atento la
clara violación de los preceptos constitucionales; que las dos sentencias recaídas en autos
hasta el momento expresen que los demandados no han acreditado debidamente su posesión
“animus dómini”, tanto como parten de la falacia de que luego de la subasta operada en la
sucesión se transformaron en “meros detentadores” de su territorio ancestral.
Dado que el espíritu del texto Constitucional es contundente cuando expresa el
“reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural” y el “respeto a su identidad” (art. 75 inc. 17
C .N.), mal podría, en virtud de normas subalternas como resulta ser el Código Civil, pretender
someterse a los pueblos indígenas en forma igualitaria al cumplimiento de formalidades legales
ajenas a su cosmovisión a la hora de evaluar el carácter de sus actos posesorios y los
derechos sobre el territorio que ocupan ancestralmente.
Conforme lo expuesto es que el carácter de la posesión indígena en el predio de
donde pretende desposeérselos, permite rechazar de plano cualquier pretensión de
reconocimiento de posesión o tenencia alguna con que adujeran los actores haber contado
sobre el mismo, tanto sea por sí como por sus antecesores, correspondiendo, para el caso, el
reconocimiento de los actos posesorios de los demandados conforme la característica de
comunidad indígena y haciendo lugar, en este caso, a la excepción de prescripción adquisitiva
en su favor, situación no resuelta correctamente por las instancias judiciales previas a la
Cabe citar como antecedente directo y oportuno el caso de la “Comunidad
Mapuche Huayquillan c/ Brescia Celso y otro s/ prescripción adquisitiva” (Expte. Nro. 7250/1)
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia
en Familia de la V Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquen, con sentencia
actualmente firme del día 18 de agosto de 2004, en donde la citada comunidad mapuche
solicitaba se declarara operada la usucapión sobre el territorio tradicionalmente ocupado por la
misma, ante lo cual el tribunal accede al pedido resolviendo que, en virtud del principio de
supremacía constitucional “A la comunidad le hubiere bastado, como lo hizo…acreditar su
calidad de pueblo indígena, y la ocupación de las tierras por las que acciona (art. 75 inc.
17 de la Constitución Nacional ) para obtener el reconocimiento del derecho que
Otro reciente caso emblemático fue el que la Comunidad jujeña del pueblo Ocloya
“Laguna de Tesorero” promoviera como prescripción adquisitiva en relación con su territorio
cuyo título de propiedad estaba reconocido, sin embargo, al particular Cesar Eduardo
Cosentini. En dicho caso fue el mismo Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy
quien hizo lugar a la acción ordenando inscribir, incluso, la titularidad del dominio del predio en
cuestión a nombre de la actora, haciéndose constar mediante anotación marginal su carácter
de inenajenable, imprescriptible e insusceptible de gravámenes y embargos.(“Comunidad
aborigen Laguna de Tesorero – pueblo Ocloya c/ Cosentini, César Eduardo s/ prescripción
adquisitiva” Expte. 2397/04 del STJJ).
Sin duda, en el caso que nos ocupa la situación resulta mucho más clara aún, dado
que los miembros de la familia Millapi – Galván, y de la comunidad mapuche de Paso de los
Molles a la que integran, vienen públicamente poseyendo el predio en cuestión desde hace
más de un siglo, lo cual determina con claridad la aplicación del instituto de la prescripción
adquisitiva para echar por tierra la pretensión de la actora.
introducidas al presente
presente, sino también
expuesto, a la luz de todas estas consideraciones especialmente
procedimiento, consideramos que debiera proceder la excepción de
propuesta, correspondiendo por tanto no sólo el rechazo de la
la confección del título de propiedad comunitario en favor de la
comunidad de Paso de los Molles por parte del Estado, tal como lo ha resuelto el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy.
a).- La noción de propiedad del Código Civil y los antecedentes legales del
reconocimiento a los territorios indígenas:
Sin ánimo de desmerecer la encomiable labor hermenéutica de Velez Sarfield,
corresponde aclarar que, muchas de las normas en que el mismo se basara para el dictado del
Código Civil respecto del derecho de propiedad, resultan hoy inaplicables al reconocimiento de
la propiedad que debe observarse para con una comunidad indígena, conforme las enormes
variaciones que han venido observando las mismas a la luz del nuevo derecho constitucional e
Por eso, constituye un verdadero acierto el criterio del Juez Emilio Riat, de
Bariloche, Río Negro, cuando revela en su sentencia de autos “SEDE, ALFREDO Y OTROS
C/VILA, HERMINIA Y OTROS S/ Desalojo que:
“Compréndase bien: la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la
posesión individual del código civil. Por mandato operativo, categórico e inequívoco de la
Constitución Nacional , toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse
como posesión comunitaria aunque los integrantes no hayan ejercido por sí los actos
posesorios típicos de la ley inferior (artículo 2384 del código civil). Es la propia Constitución la
que nos dice que esas comunidades han poseído y poseen jurídicamente por la sencilla razón
de preexistir al Estado y conservar la ocupación tradicional”.
“La posesión comunitaria y la propiedad comunitaria de los indígenas son
categorías jurídicas nuevas que requieren, por supuesto, alguna adecuación normativa (ver,
por ejemplo, Altabe, Braunstein y González, "Derechos indígenas en la Argentina. Reflexiones
sobre conceptos y lineamientos generales contenidos en el artículo 75 inc. 14", ED 164-1193;
Travieso, Juan, "Los derechos humanos de los pueblos indígenas. Normas de la Constitución
Argentina de 1994 y tratados internacionales", etcétera)”.
“Pero el derecho reconocido por el constituyente es plenamente operativo
(ver, por ejemplo, Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo -homenaje a Marienhoff-.
Dominio del Estado. Capítulo XXI - Tierras de comunidades indígenas", Abeledo, Lexis
1701/010057). Debe respetarse no bien se detecta una comunidad que persiste en su
ocupación tradicional, aunque la adecuación normativa no esté completa. De todos modos, se
ha señalado que la ratificación mediante ley 24.071 del convenio 169 de la OIT constituye la
reglamentación actual de la cláusula constitucional”.
“En las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil se concluyó
precisamente que la posesión y la propiedad indígenas son conceptos nuevos y peculiares que
afectan al concepto mismo del derecho real. Además, se recalcó su rango constitucional,
supremo, diferenciado y autónomo del derecho civil inferior: "la protección consagrada para la
propiedad de las comunidades indígenas argentinas por el artículo 75 inc. 17 C .N. hace
innecesaria e inconveniente su inclusión en el Código Civil, ya que ello implicaría una
desjerarquización no querida por el poder constituyente" (Conclusión VI). Según la comisión
ponente, resulta "objetable, atento a la jerarquía que el poder constituyente le ha atribuido a las
comunidades indígenas y a su propiedad, con un evidente propósito de reparación histórica, la
pertinencia de que, desde la grada inferior del derecho privado, en un mismo rango con los
derechos reales esencialmente privatísticos, con la pretensión de una mayor garantía, se
intente una tipificación distinta que, en definitiva, podría conspirar contra los objetivos
perseguidos" (ponencia conjunta de Jorge Alterini, Pablo Corna y Alejandra Vázquez; ver, por
ejemplo, Andorno, Luis, "El objeto de los derechos reales en las XVIII Jornadas Nacionales de
Derecho Civil", JA 2002-I-1254)”
“Es trivial, por lo tanto, que los demandados hayan nacido o no en el lugar
específico, que hayan tenido una residencia continua o intermitente, que hayan trabajado la
tierra por sí o para otro, etcétera (cuestiones que fueron sometidas vanamente a prueba: fs.
299, 373, 391, 400, 421, etcétera). Incluso es intrascendente que alguno de ellos haya
reconocido circunstancialmente la posesión de otro, porque se trata de un derecho
irrenunciable desde que es inenajenable (artículo 75 -inciso 17- ya citado). Lo único relevante
es que la comunidad se haya conservado tradicionalmente en el lugar y que ellos pertenezcan
a tal comunidad. Eso equivale a posesión comunitaria con derecho a propiedad comunitaria. Y
especialmente repugnante al nuevo derecho constitucional es el reproche de una supuesta
interversión unilateral del título por parte del indígena porque éste, de acuerdo con la nueva
Constitución, siempre poseyó por y para la comunidad. El título fue siempre el mismo; no hubo
cambio ni interversión alguna”.
Firmado: Emilio Riat. Juez”
Por eso, el Superior Tribunal de la Provincia de Río Negro podrá comprender en
ésta ocasión que, tratándose en el presente de un predio que involucra a un territorio indígena,
no se encontrará fallando sobre una simple cuestión de derecho privado entre particulares,
razón por la cual un elemento tan precioso como es la tierra y cultura de una comunidad
originaria no puede ser reconocido a un tercero extraño a esas tierras por el solo hecho de que
pretenda haber obtenido “escritura pública” sobre las mismas.
Luego de un amplio debate público que incluyó a distintos actores sociales de la
provincia y que involucró la participación de los indígenas durante más de dos años, se dicta
en 1.988 la ley 2.287 o “Ley Integral del Indígena Rionegrino”, publicada en el Boletín Oficial el
2 de enero de 1.989. En ella se brindan los lineamientos de la política indígena de la provincia
aún con anterioridad a la mayoría de las normas que brindan hoy el sustento jurídico al
denominado “derecho indigenista” (Constitución Nacional reformada en 1994 y Convenio 169
ratificado en 2000). En ella se expresan claramente los siguientes conceptos que mantienen
relación con el caso que nos ocupa, y que requieren de una aplicación coherente por parte de
los poderes públicos de la provincia de Río Negro.
Así, su art. 11 dice muy claramente: “Dispónese la adjudicación en propiedad de
la tierra cuya actual posesión detentan los pobladores y/o comunidades indígenas
existentes en la provincia”. Tal concepto podría quedar en la mera enunciación si no
estuviera acompañado de normas específicas que permitieran detectar las distintas situaciones
irregulares existentes y propusieran “medidas positivas” para revertirlas. Por eso, el art. 12
comienza diciendo:“La autoridad de aplicación de la presente ley, coordinadamente con la
Dirección de Tierras de la Provincia efectuará las investigaciones en relación al cumplimiento
de los dispuesto por la Ley de Tierras, las leyes vigentes de creación de reservas, y los
derechos vinculados a la tradicional posesión previos a la provincialización. En caso de
detectar anormalidades arbitrará los medios para realizar las gestiones judiciales
Pero más aún, esta normativa provincial avanza notablemente por sobre las leyes
de otras provincias, incluso de la normativa nacional, cuando propone que distintas áreas del
mismo estado rionegrino promuevan inmediatamente las acciones judiciales o administrativas
que correspondan. Dice al respecto el art. 13: “En los casos que luego del análisis a que se
hace referencia en el artículo anterior se detectaran situaciones de lesión enorme o subjetiva,
usurpación y otros vicios de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio de las
comunidades indígenas y/o sus pobladores, el órgano de aplicación dará intervención a la
Fiscalía de Estado (hoy también al CODECI) a los fines de la promoción inmediata de las
acciones judiciales y/o administrativas que correspondan, y cuando fuera necesario se
solicitará al Poder Legislativo el uso del mecanismo de la expropiación”.
Avanza aún más la legislación rionegrina hacia una posición preclara en favor de
los indígenas cuando establece indubitablemente el principio “pro indígena” para el ejercicio de
la presente ley. Dice el art.. 58: “En caso de duda sobre la interpretación, aplicación o
alcance de esta ley, los encargados de aplicarla, decidirán en el sentido más favorable al
Para evitar las futuras intromisiones como de la que pretende hacerse víctima a los
aquí demandados, la legislación ha encontrado un remedio, fundado en el nuevo texto de la
Constitución Nacional , a través de la obligación que pesa hoy sobre el estado de regularizar el
dominio indígena por medio de títulos de propiedad comunitarios para las Comunidades
Indígenas. Se está hablando, para el caso, de un nuevo derecho real, abriéndose el tradicional
principio de “númerus clausus” que regía en materia de los derechos reales. Se trata así de
un nuevo derecho que la Constitución reconoce (la propiedad comunitaria) en cabeza de un
nuevo sujeto de derecho (las comunidades indígenas de nuestros pueblos originarios).
Vale aclarar a esta altura un concepto que resulta esencial a la hora de comprender
el verdadero status jurídico de las tierras o territorios que ocupan las comunidades indígenas.
“Al respecto cabe aclarar que la propiedad de los territorios indígenas está directamente
reconocida por la Constitución Nacional. Dado que el art. 75 inciso 17 de la misma es
plenamente operativo en virtud de los argumentos descriptos “ut supra”, dicha operatividad se
manifiesta, en este caso, como una INTERVERSIÓN del título que ostenta el Estado nacional,
provincial o municipal, en el sentido de que su única obligación es la regularización de ese
dominio a nivel registral. Por tanto, el mismo texto constitucional establece que los inmuebles
ocupados por indígenas pasan a ser bienes tradicionalmente incluidos en el patrimonio de las
comunidades indígenas. La regularización lo es sólo en beneficio del propio Estado, quien
a raíz de la intervención dominial, se muestra reteniendo una calidad registral que no
tiene en la realidad del derecho, hallándose gravado, por lo tanto con el deber de
exteriorizar la realidad jurídica: la propiedad comunitaria indígena. (conf. Dr, Agustín
Pestalardo en dictamen al gobierno de Jujuy de enero de 1998).
Dice el Convencional Constituyente Díaz (Convención Nacional Constituyente,
inserción solicitada a la 29° reunión, 3° Sesión Ordinaria, 11 de agosto de 1994, Apéndice) que
“los Convencionales entienden que este modo tradicional de posesión comunitaria que
practican los pueblos indígenas no cabe en las palabras del Código Civil vigente y que el
fin de reconocer esa relación a nivel constitucional evita el conflicto entre los dos
sistemas jurídicos cuando permite que ello se resuelva con la prescripción oportuna de
una serie de normas específicas que respeten tal modalidad especifica. Entonces estamos
diciendo claramente que el Congreso de la Nación debe hacerse cargo de que hay un modo
diferente de ejercer la posesión de la tierra y que deberá dictar las leyes que aten las
consecuencias jurídicas a este modo diferente”.
Nos aclara también Elena Highton al respecto en “El camino hacia el nuevo
derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria en la Constitución de 1.994” que:
“una propiedad tal (comunitaria indígena) debe poder perpetuarse como la comunidad a
que ella sirve de donde la inalienabilidad y la indivisibilidad son las garantías de
estabilidad y seguridad económica del grupo”. Como consecuencia entiende que es
relevante la derogación del régimen de sucesión del Código Civil para las tierras
indígenas.(Elena Highton, “El camino hacia el nuevo derecho de los pueblos indígenas a la
propiedad comunitaria en la Constitución de 1994).
Tal como lo destaca nuestra más prestigiosa doctrina, “Para los pueblos autóctonos
la tierra no es una mera extensión geográfica sino más bien el asiento de una relación
ancestral y espiritual que no se expresa acertadamente a través de las tradicionales figuras
jurídicas. No se trata tanto de una delimitación de lo propio y de lo ajeno, sino de un espacio
existencial donde acaso el hombre no se presenta como propietario de la tierra, sino que ésta
se subjetiviza y aprisiona al hombre en sus entrañas y se hace propietaria de él (“gente de...” y
no “tierra de...”). Se desdibuja la idea que sustenta la propiedad individual de raíz romana,
proyectada en los códigos decimonónicos” (Alterini, J.H., Corna, P.M. y Vázquez, G.A.,
Propiedad Indígena, Editorial de la UCA , julio de 2005, pág. 41).
Por todo ello, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene
dicho, en cuanto a “Los derechos sobre la tierra” de los pueblos indígenas que “La tierra
constituye para los pueblos indígenas una condición de la seguridad individual y de enlace del
grupo. La recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan
derechos esenciales para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria”
(CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos Indígenas en Perú, año 2000).
En cuanto a las “Tierras que tradicionalmente ocupan”, entiende la doctrina que
dicho reconocimiento de derechos “responde al objetivo de reparación histórica cuya fuerza
movilizadora es indiscutible en el supuesto previsto...Se les reconoce el derecho de propiedad
y de posesión. Entendemos que la fórmula empleada pretende resguardar el derecho de
propiedad, no sólo en abstracto, sino también a través de su concreto ejercicio que supone la
posesión efectiva de la tierra. Se busca que la proclama del derecho de propiedad no pueda
quedar desvirtuada en los hechos por la imposibilidad del uso y del goce, los que quedan
asegurados si concurren la propiedad y la posesión” (Alterini, J.H., Corna, P.M. y Vázquez,
G.A., Propiedad Indígena, Editorial de la UCA , julio de 2005, pág. 106).
Sostienen los mismos autores en relación con la propiedad comunitaria
indígena que: “Se trata de un derecho real, ante todo, porque se ejercita en relación
directa con las tierras sobre las que recae. Tiene un indudable contenido patrimonial. Su
régimen es de orden público. Su estructura la diseña la ley (Constitución Nacional), a través
de preceptos imperativos a las que deben someterse inexorablemente, tanto las comunidades
como todas las otras personas. Otorga a la comunidad titular los dos derechos esenciales en
cualquier derecho real, el “ius persequendi”, o derecho de persecución y el “ius preferendi”, o
derecho de preferencia, ambos oponibes “erga omnes”. Es un derecho real autónomo” (Alterini,
J.H. y otros, ob. cit. págs. 154/155).
Asimismo, recalcan que “Es un derecho real autónomo, que presenta
algunas semejanzas con el dominio y el condominio. Pese a cierto paralelismo con
derechos reales clásicos, son tan acentuadas las particularidades que no puede ponerse
en tela de juicio que estamos en presencia de un instituto con rasgos propios”.
En el mismo sentido se ha dicho que “La reforma constitucional argentina
de 1994 ha generado una nueva categoría de derechos reales que se suma a los
tradicionales: la posesión y propiedad comunitaria de la tierra…” (Travieso, Juan A., en
Los Derechos Humanos de los pueblos indígenas (Normas de la Constitución Argentina de
1994 y Tratados Internacionales), JA, 1996-III, pág. 1038); y que “Se trata de un nuevo tipo
de propiedad, no contemplado por el Código Civil, prima facie tuitivo de los indígenas
previstos como grupos…” (Sagües, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, t. II,
3º ed., Buenos Aires, 2001, pág. 571).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo del 31 de agosto de
2001, en la causa “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ Nicaragua” puntualizó que “El
derecho a la tierra, reivindicado por los indígenas, se inscribe en el derecho a la
propiedad, desbordando el concepto tradicional en el que prima la relación individual,
toda vez que las culturas indígenas tienen una vinculación muy particular con la tierra
secular de sus antepasados, en la que cumplen su ciclo vital y donde buscan alcanzar su
plenitud humana, espiritual y material” ( La Ley , Suplemento de Derecho Constitucional,
21/04/03, págs. 65-67).
Es a la luz de todos los antecedentes citados que convenimos en que la solicitud
de los títulos de propiedad comunitarios constituye, en definitiva, el último paso en el
reconocimiento que los Estados Nacional y Provincial decidieron realizar en favor de las
comunidades indígenas, atento una cuestión de costos. La confección de dichos títulos, sin
embargo, simplemente es un derecho que corresponde a la Comunidad del pueblo mapuche
de Paso de los Molles en atención al art. 14 del Convenio 169 de la O.I .T. que revela:
Art. 14: “ Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y
de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan... Los gobiernos deberán tomar las
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión...”
Al respecto revela la ley 23.302 en su art. 7 “Dispónese la adjudicación en
propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país” Agregando luego en su art. 8
que “La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y
explotación de las tierras...El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras
afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación (INAI – CO.DE.CI.) para el otorgamiento
de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos...”.
Es precisamente en este punto que nos detendremos un instante, dado que el
mismo CODECI ha implementado, en combinación con el INAI, el “Programa de Nuevos
Derechos, Regularización Dominial y Personería Jurídica de Comunidades Indígenas” a partir
del año 1998, dentro del cual se fijan dos primeras áreas de trabajo en las Reservas de
Lipetrén y Pilquiniyeu del Limay, y se establecen claramente “Areas Críticas”, denominando
así a aquellos parajes en que se han detectado graves irregularidades y potenciales lesiones
subjetivas en las operaciones de venta que involucran territorios indígenas en los términos de
los art. 11, 12 y 13 de la ley provincial 2287 de Río Negro. Dicho carácter genera, precisamente
en cabeza del estado rionegrino, la necesidad de brindar allí una particular protección legal a
las poblaciones indígenas afectadas y un acompañamiento destinado a evitar potenciales
abusos por parte de particulares en las operaciones de venta. Dentro de esas áreas críticas se
encuentran, en primer lugar, Paso de los Molles, Arroyo las Minas, Pichi Leufu y Pipil Cura,
extremo que podrá ser constatado por el Superior Tribunal en un pedido específico de informes
que pudiera destinar al Codeci y al INAI.
No cabe entonces, otra consecuencia lógica de la “preexistencia” que nos
menciona el nuevo texto del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional , que la de hacer pesar
sobre el estado (nacional y provincial) la obligación de realizar el debido relevamiento de las
ocupaciones existentes en cabeza de las comunidades indígenas y de confeccionar, según lo
obliga el mismo sistema jurídico por él creado, los títulos comunitarios de propiedad en su
favor, siendo, en todo caso, el mismo estado el primer interesado en “regularizar” esa posesión
a través de la inscripción en un registro y de la expedición de un título.
Asimismo, cabe al Superior Tribunal en la presente instancia tener por
acreditada, en base a las argumentaciones vertidas, la nulidad de los títulos de quienes nunca
poseyeran los territorios ocupados tradicionalmente por la comunidad mapuche de Paso de los
Molles, basándose para ello en la misma posesión tradicional que dicha comunidad indígena
viene ejerciendo sobre su territorio.
En virtud de todas las argumentaciones expuestas, las organizaciones
suscribientes consideraron oportuno que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro pudiera
contar con los elementos de juicio agregados, teniéndolos presentes para la oportunidad de
dictar su fallo definitivo y rechazando el planteo de desalojo que pretenden los actores contra
los integrantes de la comunidad mapuche de Paso de los Molles aquí demandados, pudiendo
verse, de no ser así, potencialmente violados los derechos del mas alto rango constitucional e
internacional citados en el presente escrito.
Tal cual lo revela el texto del art. 53 de la recientemente jurada Constitución de la
Provincia del Neuquén, el estado debe tomar “medidas positivas” para tornar en operativos
los derechos constitucionales reconocidos hacia los pueblos indígenas, dentro de las cuales
deberán enmarcarse, en casos como el presente, el debido rechazo por parte del sistema
judicial a los desalojos planteados contra las ocupaciones tradicionales indígenas, tanto como
el reconocimiento del derecho a la confección de los correspondientes títulos comunitarios en
favor de la comunidad indígena de que se trate.
Por todo lo expuesto, se solicita del Superior Tribunal de la Provincia de Río
Negro recepte la presente argumentación en carácter de “Amicus Curiae”, teniendo presente su
contenido y adoptando la decisión propuesta por las organizaciones firmantes, rechazando de
plano el planteo de desalojo de los actores y reconociendo el derecho que posee la Comunidad
Mapuche de Paso de los Molles a la confección del título comunitario sobre las tierras que
SERA JUSTICIA v
Desahucio • Derecho Procesal Civil argentino • Personería • Prueba documental • Tasa de justicia • Bono de ley
Declaracion 12 de Octubre - violencia contra ninios mapuches
Calidad de la Educación en Contextos Multiculturales
PRIMERA CONFERENCIA REGIONAL LATINOAMERICANA SOBRE EL DERECHO A LA
Tropismo invisible o impulsion profunda, el espiritu humano vibra
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References: artículo 75
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 577
 artículo 75
 artículo 75