Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-267-14.htm
Timestamp: 2017-10-22 13:40:29+00:00

Document:
C-267-14
Sentencia C-267/14
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ-Resulta ajustado a la Constitución
El Acuerdo internacional aprobado mediante la Ley 1605 de 2012, y esta misma, se ajustan a la Constitución Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales establecidos al efecto, y en el contenido material por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva nacional constitucional, cumple el propósito perseguido, que es el reconocimiento de los privilegios e inmunidades para delegados y representantes de Estados Parte, bienes, locales y archivos de la OPAQ, todo en cabal observancia de los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, social y económico por la República de Colombia.
Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación por el Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución, como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. El control que esta Corte ejerce, según lo estatuido en el artículo 241 superior (numeral 10°), sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, incluye el atinente a eventuales vicios de procedimiento, que empieza por examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, al igual que acerca del cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de estos intercalando otras cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no pudiendo en principio fraccionar dicha aceptación ni modificar el texto. En cuanto al examen de fondo, radica en cotejar las disposiciones del tratado internacional y de su ley aprobatoria, frente a la totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para constatar si se ajustan o no a la Constitución, sin perjuicio de que el Estado pueda realizar declaraciones interpretativas y, a menos que esté expresamente vedado, introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS, DERECHO A LA PAZ Y DIGNIDAD HUMANA-Deber del Estado/PAZ-Derecho y deber de obligatorio cumplimiento
PAZ-Regla de conducta
PRINCIPIO DE INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA-Jurisprudencia constitucional
INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA EN MATERIA LABORAL-Jurisprudencia constitucional
INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA-Criterios jurisprudenciales
INMUNIDAD DE JURISDICCION EN MATERIA PENAL-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA-No es contrario a la Constitución Política
La jurisprudencia constitucional ha estimado que el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la Carta. En este sentido, dicho principio solo se justifica en la necesidad de garantizar que las misiones diplomáticas y los organismos de derecho internacional cumplan sus funciones con independencia, y en el respeto por la soberanía, independencia e igualdad de los Estados. Por lo anterior, se tiene que dicho principio no es contrario a la intervención de las autoridades colombianas, cuando éstas persigan la protección de los derechos de los habitantes del territorio nacional, concluyendo entonces que el reconocimiento de privilegios e inmunidades en los términos planteados es compatible con las normas constitucionales.
Referencia: LAT- 409
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de 2014
En razón a la vacancia judicial, en enero 11 de 2013 la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012 “Por medio de la cual ‘se aprueba el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ’, hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006”.
Mediante providencia de febrero 4 de 2013, el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento y solicitó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
Posteriormente, mediante auto de agosto 22 del mismo año, se requirió al Secretario General de la Cámara de Representantes, para que enviara copias auténticas, impresas o en medio magnético, con los textos completos de las actas números 18 y 19 de esa célula legislativa, correspondientes a las sesiones de los días octubre 30 y noviembre 7 de 2012.
Cumplido lo anterior, mediante auto de octubre 8 siguiente se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Justicia y del Derecho, de Salud y de la Protección Social, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Comercio, Industria y Turismo para los efectos pertinentes. En la misma providencia se determinó que por la Secretaría General de esta corporación se fijara en lista el proceso y se surtiera el traslado al Procurador General de la Nación, para el concepto respectivo.
Los textos del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, firmado en La Haya en septiembre 12 de 2006 y de su ley aprobatoria, objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial N° 48.651 de 21 de diciembre de 2012:
La apoderada especial de la Oficina Jurídica de este Ministerio presentó un análisis formal y material del instrumento internacional bajo estudio y de su ley aprobatoria, enfocando en primer término la validez de la representación del Estado colombiano en el proceso mediante el cual se suscribió el Acuerdo y, por otro lado, el trámite legislativo que precedió a su aprobación.
Seguido a lo anterior, concluyó que el Convenio no contraviene la carta política y guarda armonía con otros instrumentos internacionales suscritos por Colombia en la misma materia, como la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, adoptada en Washington en noviembre 14 de 1997 (Ley 737 de 2002), declarada exequible mediante sentencia C-764 de septiembre 17 de 2002, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
A su vez, expresó que “las obligaciones que asume el Estado en materia de marcación de explosivos, así como de destrucción o transformación en sustancias inertes de aquellos que se encuentran sin marcar se avienen a la Constitución, en cuanto no representan ninguna limitación de su soberanía (art.9.C.P) y, por el contrario, se ajustan perfectamente a los fines del Estado Social de Derecho y a los principios de reciprocidad e integración del Estado Colombiano al orden internacional (art.226.C.P)”.
Para finalizar, solicitó que se declare la exequibilidad de dicho Acuerdo internacional y de la Ley 1605 del 21 de diciembre de 2012, ya que “se ha dado cumplimiento… a los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno, y de otra, los objetivos y el contenido de la Convención…”.
Este Ministerio a través de apoderado especial, presentó escrito mediante el cual solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la ley cuya constitucionalidad se revisa, explicando que según el convenio aprobado “tanto el desarrollo de la negociación, como el propio trámite de la Ley ante el Congreso, se surtieron con todas las formalidades legales y constitucionales, y como se ha afirmado, el Acuerdo se halla enmarcado dentro de los claros principios y normas superiores, que rigen los Tratados Internacionales, tanto en el orden interno como externo”.
Por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales, expuso la Cancillería que a través de la aprobación de este acuerdo “el Gobierno Colombiano estaría contribuyendo, a su vez, con sus propios intereses en materia de seguridad, facilitando los mecanismos desarrollados desde el derecho internacional, para permitir la realización de los propósitos acordados por la comunidad global”.
De tal manera, solicitó declarar exequible el Acuerdo, al igual que su ley aprobatoria, indicando que satisfacen los principios y postulados del Estado Colombiano y su política exterior.
En concepto N° 5677, recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 19 de noviembre de 2013, el Procurador General de la Nación pidió a esta corporación declarar la exequibilidad de la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, firmado en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
Inicialmente, el jefe del Ministerio Público se refirió al examen efectuado sobre el trámite cumplido en el Congreso de la República, en torno al proyecto radicado bajo los números 111 de 2011 en Senado y 140 de 2012 en Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1605 de 2012, cuya constitucionalidad ahora se revisa. Como resultado de tal análisis, encontró que el proceso legislativo adelantado cumplió todas las exigencias normativas previstas para un proyecto de tal naturaleza, denotando la inexistencia de vicio alguno.
En seguida reseñó el análisis material del contenido del instrumento internacional sub examine, concluyendo que no observa contradicción entre dicho convenio y la carta política colombiana. Por el contrario, “su regulación se ajusta a los preceptos constitucionales, en especial los contenidos en el Preámbulo, los artículos 2°,8°, 9°, 226 y 227… constituye un desarrollo normativo de otro instrumento internacional como es la ‘Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción’ hecho en París el 13 de enero de 1993, declarada exequible por la Corte, en la sentencia C-328 de 2000”.
El control que esta Corte ejerce, según lo estatuido en el artículo 241 superior (numeral 10°), sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, incluye el atinente a eventuales vicios de procedimiento, que empieza por examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, al igual que acerca del cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso.
En cuanto al examen de fondo, radica en cotejar las disposiciones del tratado internacional y de su ley aprobatoria, frente a la totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para constatar si se ajustan o no a la Constitución,
sin perjuicio de que el Estado pueda realizar declaraciones interpretativas y, a menos que esté expresamente vedado, introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
El Gobierno Nacional remitió a esta corporación en enero 11 de 2013, copia auténtica de la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ', hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006”, para su control constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 10° de la carta política, dentro del término de los seis días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1605 de 2012
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 111 de 2011 Senado
El proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y por el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón el día 7 de septiembre de 2011, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 150-16, 154, 189-2° y 224 de la Constitución.
El texto inicial y la respectiva exposición de motivos aparecen publicados en la Gaceta del Congreso Nº 667, de septiembre 7 de 2011, páginas 1 a 7. Así, aparecen cumplidos los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República (art. 154 precitado) y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva (art. 157, numeral 1°, ib.).
El proyecto de ley 111 de 2011 fue anunciado por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado, según consta en el acta N° 30 de junio 13 de 2012, publicada en la Gaceta N° 21 de febrero 8 de 2013 (pág. 1 y 2), así:
- Proyecto de ley número 111 de 2011 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
En cumplimiento de lo así anunciado, la discusión y votación unánime (dado que se realizó una votación ordinaria), de este proyecto efectivamente se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 14 de junio de 2012, que contó con la participación inicial de 6 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, haciéndose presente en el transcurso de la sesión los faltantes, omitiéndose la lectura del articulado y los Senadores de Comisión se encontraban todos de acuerdo con el proyecto de ley, de todo lo cual da cuenta el acta Nº 31 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 549 de 2012 (págs. 50 a 52).
Según certificación expedida en febrero 11 de 2013 por el Secretario General del Senado, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 4 de septiembre de 2012, según consta en el Acta de Plenaria N° 12, publicada en la Gaceta del Congreso N° 797, de noviembre 9 del mismo año, paginas 1 y 2, de la siguiente forma:
Proyecto de ley número 11 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en la Haya el 12 de septiembre de 2006.”
Finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día “martes 11 de septiembre de 2012, a las 3:00 p. m.”.
Así mismo, dicho Secretario General certificó que este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate en la sesión plenaria del 11 de septiembre de 2012, según consta en el acta N° 13, publicada en la Gaceta del Congreso N° 798 de noviembre 9 del mismo año, con votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, quórum de 92 senadores (de 100).
En septiembre 18 del mismo año, fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 617 el texto definitivo aprobado en Plenaria del Senado, del proyecto de ley 111 de 2011 Senado (página 4).
El proyecto de ley fue anunciado en sesión de octubre 30 de 2012, según consta en el acta N° 18, publicada en la Gaceta N° 17 de febrero 6 de 2013, página 29, así:
“Siguiente punto de Orden del Día. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003, para aprobación en próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyecto de ley.
Proyecto de ley número 140 de 2012 Cámara, 111 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la Opaq’, hecho en la Haya el 12 de septiembre de 2006.
Agotado el Orden del Día se cita para el próximo miércoles 7 de noviembre a las 9 de la mañana.”
Posteriormente, según certificación expedida en febrero 18 de 2013 por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el debate y aprobación “por unanimidad en votación ordinaria” se realizó en noviembre 7 de 2012, como consta en el acta N° 19 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 222 de 2013.
En noviembre 21 de 2012 fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 823 el texto definitivo aprobado en primer debate (páginas 22 a 27).
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de marzo 21 de 2013, suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes, da cuenta de haber sido producido en noviembre 26 de 2012, según consta en el acta N° 176 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 26 de febrero 8 de 2013 (pág. 31), donde se lee:
Proyecto de ley número 140 de 2012 Cámara, 111 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ, hecho en La Haya, el 12 de septiembre de 2006.”
De acuerdo con la certificación recibida en abril 9 de 2013 y con el contenido del acta de Plenaria N° 177 de la Cámara de Representantes, luego publicada en la Gaceta Nº 83 de marzo 12 de 2013 (pág. 40), este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate, precisamente durante la sesión realizada el miércoles 28 de noviembre de 2012, aprobación que se produjo unánimemente por los 152 Representantes presentes, en votación ordinaria.
2.4.3. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo dispensado a este proyecto
Frente al trámite dado en las cámaras legislativas al Proyecto de Ley 111 de 2011 – Senado / 140 de 2012 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1605 de 2012, la Corte reitera lo siguiente:
2.5. Análisis material sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante la Ley 1605 de 2012
Además, las partes que suscriben el Acuerdo incluyeron consideraciones que justifican su adopción, por la importancia de afianzar nexos entre Colombia, los Estados Parte y la OPAQ, ya que este instrumento “constituye un mecanismo para que Colombia pueda atender los serios compromisos adquiridos en los distintos foros internacionales, en los cuales la comunidad internacional aboga por la seguridad internacional”[2], basada en “procesos de verificación por parte de los inspectores de la OPAQ y los expertos que los apoyan, quienes adelantan sus tareas de desmantelamiento de estructuras para el almacenamiento de armas químicas, así como de vigilancia de las industrias químicas como medida preventiva”, evitando que dichos elementos puedan ser desviados de sus propósitos pacíficos, con el fin de causar algún mal a la humanidad, lo cual representa un gran avance en materia de unidad y fortalecimiento de la seguridad internacional.
En el artículo 1° se hace referencia a definiciones de términos, como convención, OPAQ, director general, estado parte y sus representantes, bienes, archivos de la OPAQ, entre otros.
Respecto a la personalidad jurídica de la OPAQ, el artículo 2° establece su plena capacidad para contratar, adquirir bienes, entablar acciones judiciales y actuar en las mismas.
Frente al artículo 3° sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, señala que sus bienes y archivos gozarán de inmunidad, independientemente del lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga, sin hallarse sometidos a fiscalizaciones, reglamentos o moratorias, prestando “la debida atención a todo requerimiento del Estado Parte, en la medida en que estime posible dar curso a dichos requerimientos sin detrimento de sus propios intereses”.
Así mismo, en materia de comunicaciones y publicaciones oficiales dirigidas a la OPAQ, al igual que las procedentes de la misma, expresa el artículo 4° que son inviolables, cualquiera sea el medio o forma de transmisión.
Los artículos 5°, 6° y 7° refieren los privilegios e inmunidades otorgados a los representantes de los Estados Parte, funcionaros de la OPAQ y expertos, tales como inmunidad de detención o arresto, inmunidad de toda jurisdicción mientras ejerzan sus funciones, inviolabilidad de sus documentos, exención a cualquier medida de migración, inmunidad de equipajes. Por otra parte, el artículo 8° hace referencia al abuso de los privilegios otorgados, el cual será resuelto con arreglo a un procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10°, que establece la solución de controversias.
Paralelamente, el artículo 9° enuncia que los documentos de viaje y visados de las personas señaladas en los artículos 5°, 6° y 7° gozan de privilegio, para impedir que surjan obstáculos donde deban ir a cumplir sus funciones.
A su vez, el artículo 10° describe que la OPAQ deberá prever procedimientos apropiados para la solución de controversias relacionadas con interpretación o aplicación del Acuerdo, en las que estén implicados funcionarios de la organización, señalando que aquellas que no logren ser resueltas de forma amistosa serán sometidas a un Tribunal Permanente de Arbitraje.
Igualmente, el artículo 11° versa sobre la interpretación de las disposiciones del Acuerdo, la cual debe realizarse en consideración a las funciones asignadas a la OPAQ por la Convención.
Por último, el artículo 12° señala las disposiciones finales sobre la entrada en vigor del Acuerdo, al igual que la facultad de la OPAQ y los Estados Parte de concertar los acuerdos suplementarios que sean necesarios e iniciar consultas relativas a la enmienda del Acuerdo.
La Constitución Política en el artículo 22 ubica la paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, disposición que de conformidad con los artículos 2° y 189 superiores vinculan al Estado y particularmente al Gobierno Nacional, en la adopción de políticas públicas encaminadas a la preservación del orden y el mantenimiento de la convivencia pacífica, mientras toda persona tiene el deber de “propender al logro y mantenimiento de la paz” (art. 95-6 Const.).
En este sentido y de conformidad con normas internacionales[3], el mandato del artículo 22 de la carta ha de entenderse como una regla de conducta que debe conducir a todos los habitantes del territorio nacional hacia la solución pacífica de los conflictos de manera pacífica, lo cual tiene relación directa con el respeto a la dignidad humana, pues “la solución violenta de los conflictos sociales y personales únicamente conduce a la anulación del ser humano y a la destrucción de las sociedades”[4], sentencia que también refiere:
“El logro de la convivencia pacífica en una sociedad no sólo es una cuestión de medios institucionales y personales para contrarrestar la violencia; es también un asunto cultural. La paz no es simplemente el resultado de la eliminación de los conflictos, también es la consecuencia de la convicción ciudadana en la conveniencia de los métodos jurídicos de solución de conflictos. Una sociedad que centre sus esperanzas de convivencia pacífica en los métodos de disuasión por medio de las armas de fuego es una sociedad fundada en un pacto frágil y deleznable. Las relaciones intersubjetivas estarían construidas en el temor y la desconfianza recíprocas, de tal manera que la ausencia de cooperación, entendimiento y confianza como bases del progreso social serían un obstáculo insalvable para el crecimiento individual y colectivo.”
En lo interno, surge clara la correlación con lo establecido en el artículo 81 superior, sobre la prohibición de “la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares” y el deber de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida…” (art. 2 Const.).
“El derecho humanitario en manera alguna legitima la guerra. Lo que busca es garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para proteger a la persona humana. Las normas humanitarias, lejos de legitimar la guerra, aparecen como una proyección de la búsqueda de la paz, que es en el constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, lo cual confiere nuevas bases constitucionales al Protocolo II.[5]”
Las armas químicas tienen devastadores efectos indiscriminados y su acción suele superar la capacidad de control, aun del propio agresor, implicando horrenda destrucción masiva, gravemente contraria a los principios del derecho internacional humanitario. En los términos de la precitada sentencia C- 328 de marzo 22 de 2000 (está en negrilla en el texto original):
“La obligación constitucional de respetar en los estados de guerra y de conmoción interior (art. 214 numeral 2) el derecho internacional humanitario, deriva en el deber del Estado colombiano de asegurar que, en todo conflicto bélico o interno, tales normas se apliquen. De igual manera, siguiendo la cláusula Martens[6], y en evidente conexión con el principio de dignidad humana, el Estado colombiano estará obligado a lograr la no utilización de medios que tengan efectos desproporcionados contra los no combatientes o que afecten la población civil. Es decir, tiene el deber de evitar la fabricación y el uso de cualquier arma de destrucción masiva, ya sea en el conflicto interno o en sus acciones bélicas internacionales.
Del deber de prevenir la guerra y de asegurar la realización del derecho internacional humanitario, se sigue que el Estado colombiano (1) en términos de reciprocidad (art. 226 de la C.P.) puede acudir a los escenarios de cooperación internacional a fin de procurar avances en el desarme mundial y en el control sobre los medios de producción de las armas e, (2) imponer restricciones proporcionadas al libre comercio y la libre empresa, a fin de evitar la producción de armas o de sus insumos, todo lo anterior, con el objeto de lograr que el desarrollo científico y tecnológico se dirija a ‘conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano’ (C.P. art. 334).”
2.5.4. La jurisprudencia constitucional y el principio de inmunidad de jurisdicción restringida. Reiteración de jurisprudencia[7].
Esta corporación en sentencia C-788 de octubre 20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se señaló que “en sede de tutela y en materia de control de constitucionalidad, las siguientes limitaciones a la inmunidad de los agentes de Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se encuentren en el territorio nacional”, son las siguientes:
2.5.4.1. La jurisdicción laboral
“En la sentencia T-932 de 2010, la Corte analizó el caso de una ciudadana a favor de quien la Misión Diplomática de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, dejó de realizar los aportes al Sistema de Pensiones. Para resolver el caso concreto, en las consideraciones generales del fallo, la Sala Novena de Revisión llegó a tres conclusiones principales: (i) de manera progresiva, el derecho internacional ha reconocido que los Estados y los organismos internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral, es decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos supranacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales “cuando se encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional (…).[8]”; (ii) cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano, debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la que “un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales.”; y (iii) la celebración de contratos de trabajo con nacionales colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los organismos supranacionales a asumir el riesgo de vejez[9], “mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo.
2.5.4.2. Las jurisdicciones civil y administrativa
Mediante la sentencia C-315 de abril 1º de 2004, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, la Sala Plena de esta Corte declaró la constitucionalidad de “La Convención sobre las Misiones Especiales” de las Naciones Unidas -abierta a la firma en Nueva York el 16 de diciembre 1969-, así como de la Ley 824 de 2003 que lo aprobó.
“(1) El principio de inmunidad de jurisdicción no implica que la víctima de un daño antijurídico causado por una misión diplomática no pueda obtener la indemnización respectiva. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado en la materia, si “por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo (…).[10]” De este modo, el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas ocasionado por la actividad legítima del Presidente de la República y el Congreso, que genera un daño antijurídico, impone al Estado el deber de reparar a los afectados[11].
(2) Los locales, archivos, documentos y la correspondencia oficial de la misión diplomática son inviolables[12].
(3) La inmunidad de jurisdicción de los representantes del Estado que envía la misión especial y de los miembros de su personal diplomático “no los eximirá de la jurisdicción del Estado que envía.[13]”
(4) los representantes del Estado que envía la misión especial y de los miembros de su personal diplomático gozan de inmunidad en el Estado receptor, únicamente por los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales[14]”.
2.5.4.3. La jurisdicción penal
En la sentencia C-315 de 2004 ya citada, se señaló que la Convención sobre las Misiones Especiales de las Naciones Unidas, incorporada al ordenamiento jurídico interno por la Ley 824 de 2003, “también señala en su artículo 31 que los representantes de un Estado y los miembros del personal diplomático gozan de inmunidad penal en el Estado receptor”, frente a lo cual esta corporación no efectuó ningún reproche.
Sin embargo, es preciso aclarar que en la sentencia C-863 de septiembre 7 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, “Por medio de la cual se aprueba ‘la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado’, suscrita en Nueva York el 9 de diciembre de 1994”, la Corte afirmó que en concordancia con lo dispuesto en dicha convención, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado tienen la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor.
En este sentido, aunque la corporación consideró constitucional el artículo de la Convención según el cual, el personal militar o de policía asociado a las Naciones Unidas no puede ser detenido ni interrogado cuando haya sido capturado en el curso del desempeño de sus funciones y se haya establecido su identidad, pues “debe ser devuelto a las Naciones Unidas o a las autoridades pertinentes, y en todo caso tratado de conformidad con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y con los principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949.”, también fue enfática en sostener que los privilegios de los que goza el personal de Naciones Unidas[15], señalando que:
“no implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas internacionales[16], los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. En el caso de delitos cometidos por personal que goza de privilegios o inmunidades, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser garantizados, por lo que cabe la indemnización de los perjuicios ocasionados a las víctimas, incluso a cargo del Estado colombiano cuando se reúnan los requisitos para ello.” (Negrilla fuera del texto original).
2.5.5. De la exequibilidad material de las estipulaciones del Acuerdo bajo análisis
Referidas las previsiones incluidas en el Acuerdo cuya exequibilidad se analiza, es ostensible que todas se ajustan al contenido usual de este tipo de convenios y que en nada devienen contrariados los principios, fines, objetivos ni garantías propias de un Estado social de derecho, sino que, por el contrario, los desarrollan, particularmente en lo determinado por los artículos 2°, 8°, 9°, 226, 227 y complementarios de la Constitución, por lo cual ningún reproche de inexequibilidad alcanza tan siquiera a columbrarse.
Todo ello evidencia que la participación de Colombia en este convenio tiene un claro sustento constitucional y contribuye a la realización de los mandatos superiores, para el caso los referentes a la promoción y fomento de la cooperación en materia de seguridad internacional, sin contrariar postulados constitucionales como los establecidos en los artículos 3° y 9°, lo que desvirtúa cualquier eventual objeción a su incorporación al derecho interno y a que se formalice el compromiso de cumplimiento por el Estado colombiano.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición las de armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
A LA SENTENCIA C-267/14
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA ORGANIZACION PARA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ-Condiciones de votación en trámite legislativo (Aclaración de voto)
VOTACION NOMINAL Y PUBLICA-Contenido (Aclaración de voto)
VOTACION NOMINAL Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE QUORUM Y MAYORIAS-Relación (Aclaración de voto)
REGLA DE VOTACION NOMINAL Y PUBLICA-Importancia (Aclaración de voto)
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA ORGANIZACION PARA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ-Análisis sobre validez de votaciones del proyecto es insuficiente e impide verificar la adecuada aplicación del artículo 133 de la Constitución Política (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente LAT-409
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1605 de 2012, mediante la cual fue aprobado el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”.
Con nuestro acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, aclaramos nuestro voto a la sentencia C-267 de 2014, en relación con (i) la forma en que se verificaron los requisitos de la votación del proyecto de ley durante el trámite legislativo.
Sobre el estudio de las votaciones dentro del trámite legislativo.
1. Hemos reiterado en varias aclaraciones, la necesidad de que la Corte verifique a partir de los criterios ya establecidos en la jurisprudencia, en cada caso, el cumplimiento de las condiciones de votación del trámite y, concretamente, haga explícito cuándo es válido apartarse de la regla de votación prevista en el artículo 133 de la Carta Política. Mencionamos que el artículo 133 Superior, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, establece que el voto de los miembros de cuerpos colegiados de elección directa será nominal y público, salvo en los casos que determine la ley; afirmamos que la reforma constitucional citada (AL 01/09) tuvo por propósito reforzar los mecanismos de transparencia y el control ciudadano sobre la gestión de esas Corporaciones. Además, insistimos en la importancia de que en la reforma constitucional se haya acogido no solo la exigencia de votación pública, sino también la del voto nominal, y destacamos la forma en que esa regulación refleja los resultados de la ponderación efectuada por el propio Congreso al ejercer el poder de reforma, dando prevalencia a la transparencia y la responsabilidad del congresista hacia sus electores sobre el propósito de agilizar las sesiones parlamentarias.
2. Ese balance normativo fue recogido por el legislador ordinario, al modificar el artículo 130 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992), a través del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011[17], disposición en la que, además de reiterar la regla general de votación nominal y pública, se dispuso que habrán de implementarse procedimientos electrónicos que acrediten el sentido del voto de cada congresista y el resultado de la votación; se previó que, a falta de dichos mecanismos, la votación nominal debe adelantarse mediante el llamado a lista para que cada congresista anuncie de manera verbal el sentido de su voto, y se estableció la obligación de publicar en la Gaceta del Congreso toda la información relacionada con el trámite legislativo, incluido el resultado de las votaciones y el sentido del voto de cada congresista.
En ese marco, la regla de votación nominal es un medio para acreditar el quórum decisorio (art. 145 CP) y el apoyo de la mayoría al proyecto, porque exige verificar la presencia de los integrantes de la respectiva célula legislativa al momento de expresar el sentido de su voto.[18]
3. Mediante la votación ordinaria, de naturaleza excepcional, se satisface el principio de celeridad de los procedimientos, pues esta se concreta en un golpe sobre el pupitre en señal de aprobación (pupitrazo). El artículo 129 del Reglamento del Congreso, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, enuncia de manera taxativa los supuestos en los que procede esta modalidad excepcional de votación.
Uno de ellos, previsto en el numeral 16 de dicha disposición, tiene lugar “cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto”. Pero aun en estos casos, prevalece la exigencia de votación nominal cuando esta es solicitada por alguno de los integrantes de la respectiva célula legislativa, e igualmente se impone la adopción de mecanismos de verificación de la votación ordinaria, que permitan dar a conocer el resultado de la votación y el sentido del voto de cada congresista.
4. La Corte ha entendido que los supuestos en los que se admite la votación ordinaria deben ser interpretados de manera restrictiva, a fin de evitar que tal mecanismo se torne en la regla, con base en dos argumentos: (i) la vigencia del principio de supremacía constitucional y (ii) la obligación de interpretar de forma restrictiva las normas que establecen excepciones a reglas previstas en la Constitución[19]. Estos criterios han inspirado la interpretación restrictiva de la excepción a la regla de votación nominal y pública en los casos en que existe unanimidad, insistiendo en que esta no puede presumirse sino que debe probarse o inferirse de manera razonable de las circunstancias en las que se desarrolló el debate parlamentario.[20]
5. Así pues, el Tribunal Constitucional ha insistido, de una parte, en la importancia de la regla de votación nominal y pública para la transparencia del trámite y el control ciudadano. De otra, ha explicado que presumir la existencia de este tipo de votación afecta esos principios y puede llevar a que la excepción se convierta en regla; y, finalmente, ha declarado que en términos probatorios, no debe suponerse o presumirse, sino que debe hallarse plenamente acreditada en el trámite, o bien, inferirse inequívocamente a partir de las circunstancias del trámite legislativo.
En el acápite en el que se debía estudiar la validez de las votaciones, el proyecto sostiene efectúa la siguiente síntesis de los hechos:
En el Primer Debate, en Comisión Segunda del Senado, “en cumplimiento de lo así anunciado, la discusión y votación de este proyecto efectivamente se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 14 de junio de 2012, que contó con la participación inicial de 6 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, haciéndose presente en el transcurso de la sesión los faltantes, de todo lo cual da cuenta el acta No. 31 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso No. 549 de 2012”;
En Plenaria del Senado, “dicho Secretario General certificó que este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate en la sesión plenaria del 11 d septiembre de 2012, según consta en el acta No. 13, publicada en la Gaceta del Congreso No. 798 de noviembre 9 del mismo año, con votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, quórum de 92 senadores (de 100). Como puede cotejarse, el texto definitivo del proyecto de ley 111 de 2011, Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 617 de septiembre 18 del mismo año, página 4”;
En el tercer debate, en la Comisión Segunda de Cámara “… según certificación expedida en febrero 18 de 2013 por la Secretaría General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el debate y aprobación ‘por unanimidad en votación ordinaria’ se realizó en noviembre 7 de 2012, como consta en el acta No. 19 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 222 de 2013”.
Y, finalmente, en la Plenaria de la Cámara, “de acuerdo con la certificación recibida en abril 9 de 2013 y con el contenido del acta de Plenaria No. 177 de la Cámara de Representantes, luego publicada en la Gaceta No. 83 de marzo 12 de 2013 (pág. 40), este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate, precisamente durante la sesión realizada el miércoles 28 de noviembre de 2012, aprobación que se produjo unánimemente por los 152 Representantes presentes, en votación ordinaria”.
6. En nuestro criterio, el análisis sobre la validez de las votaciones del proyecto es insuficiente e impide verificar la adecuada aplicación del artículo 133 de la Constitución Política. Primero, porque si bien se menciona la existencia de unanimidad en los debates en los que se produjo la votación ordinaria, ello no se demuestra mediante las citas necesarias de las Gacetas del Congreso en las que consten los detalles o pormenores de cada votación; segundo, porque las conclusiones se basan principalmente en las certificaciones expedidas por las secretarías de Senado y Cámara, y no por la Gaceta, órgano oficial de divulgación de las actuaciones del trámite legislativo. En términos concretos, tal como se estudiaron las votaciones, no es posible verificar (i) cómo se votó en la Comisión segunda del senado (primer debate), (ii) si hubo unanimidad en la Plenaria del Senado (segundo debate); en los debates restantes se afirma que existió unanimidad, pero no existen las referencias o trascripciones de las gacetas en las que se dé cuenta de cada votación y su resultado.
[2] Gaceta del Congreso 667 del 7 de septiembre de 2011.
[3] Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 1945 y Resolución 95 de diciembre 11 de 1946, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[4] C- 328 de marzo 22 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5] “Sentencia C-225/95”.
[6] “Sobre el particular ver sentencia C-225/95”.
[7] C-788 de octubre 20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva
[8] Sobre el tema de la inmunidad restringida en materia laboral, también se puede consultar la sentencia T-633 de 2009. En esa oportunidad, la Corte Constitucional afirmó que la Corte Suprema de Justicia sí es competente para conocer de las demandas laborales interpuestas por nacionales colombianos contra agentes diplomáticos que actúan a título personal o en representación de un Estado acreditante para los fines de la misión, por la terminación unilateral y sin justa causa de un contrato de trabajo. En consecuencia, según lo dicho por la Corte, la acción de tutela es procedente para obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso, cuando so pretexto del principio de inmunidad de jurisdicción, una misión diplomática o un organismo internacional controvierte injustificadamente una decisión judicial mediante la cual se le ordena pagar a favor del trabajador una indemnización por despido sin justa causa.
[9] De forma similar, en la sentencia T-628 de 2010, la Corte Constitucional afirmó que frente a los casos en que la vinculación de los nacionales se realice mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios, el organismo internacional contratante tiene el deber jurídico de verificar la afiliación al sistema de seguridad social en salud del contratista, para pagar los honorarios propios de la ejecución del contrato.
[10] Sentencia del 25 de agosto de 1998, Radicación número IJ-001, Sección Tercera del Consejo de Estado.
[11] Sobre este mismo punto, se pueden consultar las sentencias C-1156 de 2008 y C-254 de 2003.
[12] Artículos 25 a 28 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
[13] Artículo 31.5 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
[14] Artículo 43 de la Convención sobre las Misiones Especiales. Al respecto, en la sentencia C-1156 de 2008, la Corte afirmó: “la inmunidad de jurisdicción no es un beneficio personal, es decir, un privilegio concedido in tuitu personae, sino que se otorga por razones funcionales para asegurar precisamente el cumplimiento de las mismas.”
[15] Sobre el particular, cabe mencionar que en la sentencia C-578 de julio 30 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa que declaró la constitucionalidad de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 “Por medio de la cual se aprueba el ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”, hecho en Roma el 17 de 1998, esta corporación precisó: “ni los altos funcionarios públicos dentro de un Estado -por ejemplo un Jefe de Estado o de Gobierno, un miembro del gobierno o un parlamentario-, cualquiera que sea su nivel y jerarquía, queden a salvo de la instrucción y del juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional cuando incurren en una de las conductas estipuladas en el Estatuto. Se ha optado por colocar el valor de los bienes jurídicos de interés para toda la humanidad protegidos en el Estatuto por encima de la protección a la investidura de los mandatarios. Se trata aquí de un cambio de enorme significación: los derechos humanos ocupan un claro lugar de precedencia sobre los principios de inmunidad de los Jefes de Estado, de Gobierno y de otros altos funcionarios del Estado reconocidos por el derecho internacional y por el derecho interno de los Estados, con lo que se ratifica la tendencia en este sentido presente en diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Genocidio, los Principios de Nuremberg, los Estatutos de los Tribunales ad hoc y el Código de Crímenes contra la Paz. La inmunidad penal del poder ha cedido, no sin resistencia, dadas las reformas constitucionales que ciertos países como Francia tuvieron que adelantar para exceptuar el principio de inmunidad del primer mandatario, frente a la importancia y a la necesidad de protección de la dignidad de la vida humana.”
[16] Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor,” señala en el numeral 4 del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante.” Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (Ley 17 de 1971), establece en su artículo 41, para. 1 que: “Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente.” Igualmente, el Artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.” Ver. Sen B., “A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición, páginas 95-202 y 285 a 309.
[17] “Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”.
[18] Sobre la relación entre votación nominal y la verificación del cumplimiento de las reglas de quórum y mayorías ver Auto 118 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), la Corte sostuvo que existió un vicio de procedimiento en el trámite de un proyecto de ley estatutaria que fue aprobado en la plenaria del Senado por votación ordinaria, sin que existiera ningún elemento del que razonablemente pudiera inferirse ni el cumplimiento de la regla de mayoría absoluta prevista en el artículo 153 de la Carta para este tipo de iniciativas, ni la existencia de una voluntad unánime de aprobarlo. En tal sentido, este Tribunal afirmó que:
[19] Auto 032 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Humberto Sierra Porto). “El artículo 129 R.C. ofrece un listado preciso y minucioso de excepciones, entre las cuales no se encuentra la aprobación del informe de objeciones gubernamentales. Resultaría a todas luces contrario al principio de supremacía constitucional que se hiciera una interpretación flexible de estos tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato constitucional consistente en que la regla general es la votación nominal y pública, a fin de cumplir los propósitos de la enmienda de 2009, antes explicados. Además, carecería de sentido que mientras el legislador orgánico, en cumplimiento del mandato constitucional mencionado, describe las excepciones a dicha regla general de forma detallada, la Corte realice una interpretación extensiva que tiende a desconocer la prescripción superior. De otro lado, dicha hermenéutica flexible llevaría a que cada vez que en el procedimiento legislativo se esté ante decisiones unánimes, lo cual no es poco frecuente, se haga uso de la votación ordinaria, desnaturalizándose con ello lo previsto en el artículo 133 de la Constitución”.
[20] Al respecto, en el Auto 118 de 2013MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. “Las reglas de excepción son de uso restrictivo y siempre deben apuntar a la realización de los fines de transparencia y publicidad en el proceso democrático. Una lectura en otro sentido implicaría flexibilizar las exigencias constitucionales, en desmedro de los principios anotados, dificultando los procesos de control social y político hacia los congresistas –accountability- y desnaturalizando, en últimas, el sentido de la reforma al proceso de formación de la ley. Tampoco se podría verificar si un congresista se sujetó a la disciplina propia de su bancada.

References: artículo 241
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 artículo 129
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