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Timestamp: 2017-09-23 07:42:06+00:00

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Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Residuos « Actualidad Jurídica Ambiental | AJA
En este sentido, se declaraba nulo el apartado 9.2.1 del referido Plan, por no establecer la ubicación de los centros de tratamiento de residuos contemplados en el Mapa M-3 del Anejo del Reglamento, y ello sobre la base del art. 5.4 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, que establecía que el contenido mínimo de los planes autonómicos de residuos debía incluir, entre otras cuestiones, la ubicación y las instalaciones apropiadas para la eliminación de los residuos, y del art. 23.2 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y león, en cuya virtud los planes regionales de ámbito sectorial contendrán “los documentos que reflejen adecuadamente las determinaciones exigibles en virtud de la legislación sectorial”. La Sentencia de instancia ponía de manifiesto, tras el análisis pormenorizado del contenido del Plan en cuestión, que el mismo no concretaba los lugares e instalaciones para la eliminación de residuos, quedando diferida la determinación de las mismas a los instrumentos de planeamiento urbanístico, a las Directrices de ordenación del Territorio de ámbito regional y a la propia iniciativa particular (Antecedente de Hecho tercero).
Junto a ello, el TSJ Castilla y León, también había declarado la nulidad del Plan Regional de Residuos Industriales en su apartado 8.2.2, porque se había previsto un objetivo específico de regeneración de aceites de automoción para el año 2010, de un 40%, muy por debajo de las previsiones del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que, con carácter básico, establece un mínimo del 65% desde el uno de enero de 2008.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación. En primer lugar, porque, siguiendo la Jurisprudencia comunitaria, es necesario que los planes de residuos incluyan un mapa con indicación del emplazamiento que se dará a los lugares de eliminación de residuos o, al menos, unos criterios suficientes para que la autoridad competente pueda determinar si el lugar o la instalación se ajusta a los criterios de gestión del Plan. Por tanto, la previsión de una ubicación en un área excesivamente amplia, o con la mera indicación de “áreas preferentes”, no parece ajustarse a las exigencias comunitarias, poniendo en riesgo la saludo pública y el medio ambiente (F.J.5 in fine). Por su parte, en segundo término, el Tribunal Supremo entiende que es aplicable con el carácter de norma básica la previsión del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, frente al argumento utilizado por la recurrente, relativo a la competencia que el art. 4.2 de la Ley de Residuos atribuye a la Comunidad Autónoma para la aprobación de planes en materia de residuos.
“ De acuerdo con el Tribunal de Justicia, los planes de gestión deben prever criterios de localización espacial o geográfica de los lugares de eliminación de residuos …y por ello han de incluir un mapa que señale el emplazamiento concreto que se dará a los lugares de eliminación de residuos o unos criterios de localización suficientemente precisos para que la autoridad competente para expedir una autorización con arreglo al artículo 9 de la Directiva 91/156/CEE pueda determinar si el lugar o la instalación de que se trata está incluido en el marco de la gestión prevista por el plan….
Esos requisitos no se cumplen en el mapa ni en las determinaciones referidas a este extremo anuladas por la sentencia de la Sala de Valladolid. Aunque el mapa P3 recoge una serie de áreas de localización preferente “a tener en cuenta” la determinación que contiene es sólo aparente ya que indica tres zonas de una amplitud desmesurada en las que se pueden autorizar las instalaciones y admite, incluso, que se puedan autorizar instalaciones fuera de ellas, …. El valor orientativo resultante no es complementado o sustituido por otros criterios de localización suficientemente precisos a efectos del artículo 9 de la Directiva 91/156/CEE,… …De ella resulta el cumplimiento meramente aparente -y por ello incumplimiento- del mandato dirigido a los planes autonómicos de residuos para que especifiquen los lugares y las instalaciones apropiadas para la eliminación de los residuos, que establece el artículo 5.4 de la Ley 10/1998 aplicable al caso y esencial para la protección de la salud pública y del medio ambiente a que se orienta toda la normativa de la Unión e interna referente a residuos” (F.J.5º).
“…..La obligación de asumir ese objetivo para Castilla y León, en el marco de sus competencias en la materia, es clara. Basta señalar que la disposición adicional primera del Real decreto establece, a los efectos que interesan, que el mismo tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el art. 149.1.23ª de la Constitución” (F.J.6º).
La Planificación en materia de residuos es, sin duda, una pieza fundamental en la articulación de una política eficaz de gestión de los residuos, orientada a su reducción. No obstante, como se pone de manifiesto en la Sentencia considerada, dos son los aspectos conflictivos en la aprobación de planes por parte de las Comunidades Autónomas, a saber: la naturaleza discrecional de los planes, limitada en gran medida, por las previsiones legales que han de contener dichos planes, y la necesaria conjunción de la planificación sectorial con la planificación territorial, en la que es claro el protagonismo de las Comunidades Autónomas.
A nuestro juicio, el límite a la aludida discrecionalidad y al ejercicio de las competencias autonómicas de ordenación del territorio está, como se señala en la Sentencia, en el objetivo de tutela de la salud pública y de protección del medio ambiente que inspira la normativa, comunitaria e interna, de residuos. De lo contrario, podrían darse soluciones que, como el Plan Regional de Residuos impugnado, sólo cumplan en apariencia con los mínimos irrenunciables de la esta legislación.
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References: Real Decreto 
in fine
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 5
 Real decreto