Source: http://www.scribd.com/doc/81319574/Reuniones-Abiertas-Definicion
Timestamp: 2015-05-28 14:29:21+00:00

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P. 1Reuniones Abiertas. Definición.Reuniones Abiertas. Definición.Ratings: (0)|Views: 337|Likes: 2Published by Samuel BonillaTexto en el que se analiza la pertinencia de elaborar una ley marco en materia de sesiones públicas de órganos de gobierno, en el contexto del derecho de acceso a la información pública y la transparencia gubernamental.Fuente: Diccionario de Derecho de la Información. Tomo II. Tercera edición aumentada. Coordinador: Ernesto Villanueva. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2010.Texto en el que se analiza la pertinencia de elaborar una ley marco en materia de sesiones públicas de órganos de gobierno, en el contexto del derecho de acceso a la información pública y la transparencia gubernamental.Fuente: Diccionario de Derecho de la Información. Tomo II. Tercera edición aumentada. Coordinador: Ernesto Villanueva. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2010.More info:Categories:Types, Government & PoliticsPublished by: Samuel Bonilla on Feb 12, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/81319574/Reuniones-Abiertas-Definicion08/10/2013pdftextoriginal 1
Samuel Bonilla NúñezTérmino empleado para referirse a reuniones públicas de órganos colegiados degobierno. Las reuniones abiertas permiten el acceso público, y su lógica seenmarca en el derecho a saber de los individuos sobre la forma en que susgobernantes y funcionarios toman decisiones en su representación. Constituyenpor lo tanto una modalidad presencial del acceso a la información pública.En una reunión abierta el público asistente puede emplear mecanismos de registrode su desarrollo, como videograbación o toma de notas, en tanto no interfiera oaltere el curso de la sesión. La función del público en este tipo de reuniones puedeentenderse como la de un testigo social que asiste a observar y escuchar cómo sedesarrollan; es decir, a conocer de primera mano cómo y en qué sentido se tomanlas decisiones y cuál es el desempeño de los servidores públicos.En México las leyes de transparencia y acceso a la información pública han tenidoun desarrollo muy focalizado hacia el acceso a documentos generados,administrados o en posesión de los sujetos obligados. En sus glosarios detérminos aparece invariablemente la definición de documentos, como el elementosustancial, y por lo general exclusivo, al que deberá acceder un solicitante deinformación para que se cumpla el derecho protegido por la norma.No obstante, el procedimiento de acceso a documentos no agota las alternativaspara que los individuos puedan acceder a la información gubernamental, ninecesariamente constituye en todos los casos la mejor forma de satisfacer elderecho a saber.En documentos oficiales pueden quedar registrados –por error, negligencia,formulismo oficioso, rutina burocrática o dolo– hechos que no correspondenfielmente con lo ocurrido o que no ocurrieron.
Los documentos constituyen
Por ejemplo, aunque en apariencia es un asunto nimio, el siguiente caso ilustra lo afirmado. La sesión delPleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del miércoles 6 de diciembre de 2006 inició sudesarrollo con sólo cuatro de sus cinco integrantes, no se encontraba presente el Comisionado Juan PabloGuerrero Amparán, hecho que incluso fue anunciado en la apertura de la sesión por el ComisionadoPresidente Alonso Lujambio. Este último explicó que en esa sesión habría un receso para ir a comer y quecuando se reanudara la sesión se incorporaría el Comisionado Guerrero. El extracto del acta númeroACT/06/12/2006, de esa sesión, publicado por el IFAI, asienta que “En la sala de sesiones del Pleno delInstituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ubicada en (…), a las catorce treinta y cinco horasdel miércoles seis de diciembre de dos mil seis dicho Instituto sesionó con la asistencia de las siguientespersonas: Alonso Lujambio Irazábal (ALI), Comisionado Presidente; Horacio Aguilar Álvarez de Alba (HAAA),
registros susceptibles de alteraciones, además de poder ser ocultados, destruidos,desaparecidos, sustituidos, falsificados o negados.La regulación de las reuniones abiertas de entidades públicas en algunos casosforma parte de una ley de acceso a la información pública, y en otros constituyepor sí misma una ley independiente, como ocurre en varios estados de losEstados Unidos (open meetings law).En México se encuentra generalmente en leyes orgánicas y reglamentos laregulación o referencia a las sesiones de órganos colegiados, fuera del contextodel derecho de acceso a la información pública y con amplios márgenes dediscrecionalidad para que el presidente del órgano, o éste en su conjunto,determine cuándo una reunión puede ser secreta, privada o cerrada. Esadiscrecionalidad suele subordinar en los hechos el principio de apertura de lasreuniones de órganos de gobierno.En 1912 el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Demetrio Sodi,
exponía lossiguientes argumentos para que las sesiones del Pleno de la Corte fuesenpúblicas:
Sería de desear que el Alto Cuerpo, encargado de la interpretación de los preceptos constitucionales, se preocupara algo más de sus fallos y que fueraconsecuente con sus propias resoluciones. ¿Es esto posible? Seguramente que no,en estos momentos, dada la forma del despacho en el Tribunal Pleno. Muchasocasiones los Ministros no nos fijamos en lo que lee el Secretario ni en lo queexpone el revisor. Nos entretenemos en la lectura de los periódicos, en despachar nuestra correspondencia privada, en estudiar expedientes, en conversar con loscompañeros, y por esta causa, cuando el presidente ordena que se recoja lavotación, contestamos “como el Ministro revisor”, sin saber realmente lo quevotamos. Para corregir este vicio sería conveniente que
los acuerdos fuesen públicos y no reservados
, como lo son en la actualidad por un precepto delReglamento interior. Con acuerdos públicos, los interesados y los abogadossabrían por qué se fallaban los negocios en tal o cual forma; oirían lasdiscusiones, podrían penetrarse del alcance de las ejecutorias, y los Ministros, en presencia del público, guardarían la compostura y la atención necesaria,indispensable en el desempeño de las funciones tan altas que la ley les confiere.
A su vez, en ese mismo año, el Ministro Cristóbal C. Chapital
planteó ante elPleno de la Corte, sin éxito, algunos de los razonamientos de la propuesta dereforma al artículo 7º del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia,
Comisionado; Alonso Gómez Robledo Verduzco (AGRV), Comisionado; Juan Pablo Guerrero Amparán (JPGA),Comisionado; María Marván Laborde (MML), Comisionada”.
La Suprema Corte de Justicia, la Revolución y el Constituyente de1917 (1914-1917).
México, 1994. p. 155.
presentada por él y por los ministros Emilio Bullé Goyrí y Demetrio Sodi, para quelas sesiones del Pleno fuesen públicas:
(…) la Corte resuelve cuantas cuestiones y cuantos litigios se promueven en elPaís, que afecten la individualidad de los derechos primordiales, y contra lo queella resuelve no hay acción, recurso ni medio jurídico en contrario. Susresoluciones tienen que ser precisamente cumplidas y siendo esto así, lo racional,lo justo es, que este Alto Cuerpo, justifique ante la Nación entera, que estafacultad discrecional de que la ley la reviste, la usa cumplida y fielmente. Esta justificación solo la puede obtener mediante la publicidad de sus procedimientos,abandonando una vez para siempre el sistema del misterio que hasta ahora hausado, sistema en mi concepto copiado de los procedimientos usados por losextintos Tribunales Inquisitoriales.
Actualmente, el artículo 94 de la Constitución establece respecto a la SupremaCorte de Justicia de la Nación que “en los términos que la ley disponga lassesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en loscasos en que así lo exijan la moral o el interés público”. A su vez, la Ley Orgánicadel Poder Judicial de la Federación especifica en su artículo 6 que “las sesionesdel Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando se refieran a los asuntosprevistos en el artículo 10, serán públicas por regla general y privadas cuando asílo disponga el propio Pleno. Las sesiones que tengan por objeto tratar los asuntosprevistos en el artículo 11 serán privadas.”La citada ley indica, en su artículo 75, que las sesiones ordinarias del Pleno delConsejo de la Judicatura Federal serán privadas; y respecto al Tribunal Electoralseñala en su artículo 185 que sus sesiones de resolución jurisdiccional seránpúblicas.Los mayores riesgos en la discrecionalidad para determinar si una reunión de unórgano público es abierta o no, están presentes cuando tal decisión está alalcance de un solo servidor público. Esta posibilidad es frecuente; por ejemplo, enla Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales delEstado de Morelos, en su artículo 32, fracción 37, expresa que “todas las personastienen derecho de acceso a las reuniones públicas de las entidades, salvo que por disposición expresa de la ley, del titular de la entidad o del órgano correspondientese determine que deban realizarse con carácter reservado o selectivo”.Una práctica recurrida es la de realizar reuniones previas a puerta cerrada, aveces llamadas “reuniones de trabajo”. En ellas quienes las conducen o convocanprocuran llegar a acuerdos que eviten determinados debates o discrepancias en lareunión formal ante público, periodistas o cámaras de televisión. Esta prácticaparece estar más próxima al aseguramiento de representaciones semejantes amontajes teatrales que a procesos libres y abiertos sobre asuntos públicos,propios de una sociedad democrática.
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References: artículo 7
 artículo 94
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 75
 artículo 185
 resolución 
 artículo 32