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Timestamp: 2020-05-30 16:04:17+00:00

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Ante las posibles infracciones e incumplimientos normativos en materia de medio ambiente, el ordenamiento jurídico responde con tres formas diferentes de actuación: la vía penal, la vía civil y la vía administrativa.
La protección penal del medio ambiente encuentra su legitimación en la propia Constitución Española, en concreto su artículo 45 reconoce el derecho a disfrutar del medio ambiente y el deber de conservarlo. Estableciendo además sanciones penales o administrativas para quienes violen dicho precepto, así como la reparación del daño causado.
Esta protección también queda recogida en el Título XVI del Código Penal «De los delitos relativos a la ordenación del patrimonio histórico y del medio ambiente», en su Capítulo III «De los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente».
A raíz de la modificación del Código penal, también se sanciona a las personas jurídicas de las entidades por aquellas infracciones cometidas por sus empleados, siempre que no se haya ejercido el debido control mediante la implantación de un sistema denominado "Corporate Compliance".
Este es un sistema de control que detecta y prevé las conductas delictivas que pudieran efectuar los trabajadores de la empresa; así como las personas jurídicas de la misma. Se distinguen diferentes tipos de delitos, relacionados con diferentes ámbitos de la empresa, entre los que se encuentran los delitos contra el medio ambiente.
La responsabilidad debe quedar acotada a los supuestos en que se produzca un daño al medio ambiente. Encuadrar el medio ambiente en el ámbito civil realmente no es una tarea fácil, partiendo de la premisa que el ámbito civil está orientado básicamente a resolver problemas entre particulares, o particulares frente a la administración cuando actúa como agente privado.
El ámbito civil se debe limitar a ser un garante de los recursos naturales, a prevenir cualquier tipo de daño al medio ambiente y a elaborar un sistema eficiente de reparación del daño cuando éste se ha producido.
Una parte importante de la legislación ambiental está fundamentada en normas administrativas. Para encuadrar un ilícito (acto no permitido o ilegal) en la vía administrativa se deberá antes que nada encontrar la incoación de un expediente administrativo sancionador, y por supuesto tener en cuenta el marco o normas generales aplicables al Régimen Administrativo Sancionador.
Con la publicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, aparece una nueva acepción del concepto responsabilidad.
Estructura y contenidos de la Ley de Responsabilidad Ambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre ). La Ley de responsabilidad ambiental se distribuye en 48 artículos, agrupados en seis capítulos; diez disposiciones adicionales, una transitoria y cinco finales, además de seis anexos.
El capítulo I se ocupa de las disposiciones generales, es decir, el objeto de la Ley, definiciones y ámbito de aplicación de la norma. La Ley 11/2014, de 3 de julio, que modifica la Ley 26/2007, transpone a la normativa estatal lo establecido en el artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE, de 12 de junio para asegurar que la responsabilidad del operador se aplique a las aguas marinas, en caso de producirse accidentes graves en las operaciones relacionadas con el petróleo y gas mar adentro.
El capítulo II contiene las reglas sobre atribución de responsabilidades. Se obliga a los operadores que desarrollen actividades profesionales o económicas a adoptar las medidas de prevención, evitación y reparación y de sufragar su coste. También se impone al operador colaborar con la Administración y la obligación de comunicar aquellas amenazas de daño medioambiental o aquellos daños medioambientales de los que tenga conocimiento.
El capítulo III desarrolla las obligaciones de los operadores en materia de prevención, de evitación y de reparación, así como las obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas y las potestades que les reconoce la Ley para llevar a cabo su cumplimiento. El operador tiene la obligación de adoptar las medidas de prevención y de evitación y la de comunicar el suceso a la autoridad competente, la cual podrá requerir al operador para que le suministre información adicional o para que adopte tales medidas. Igualmente podrá proporcionarle instrucciones sobre la forma en la que deberá ejecutar dichas medidas o, en su caso, ejecutarlas a su costa cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley. La Ley 11/2014, introduce el artículo 17bis que establece que las autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de riesgos medioambientales.
La Ley 11/2014 modifica el artículo 24 para precisar el carácter voluntario de la garantía financiera para aquellos operadores que no quedan obligados a su constitución. También se agiliza el procedimiento para la determinación de la garantía financiera, siendo el proprio operador obligado a constituir una garantía financiera, quien determina su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos medioambientales de su actividad y quien comunica la constitución de la garantía a la autoridad competente. Por otro lado, se modifica el artículo 27 para ampliar los sujetos garantizados por la garantía financiera, de forma que quedan incluidos los titulares de las instalaciones en las que se realice la actividad que pueda ocasionar los daños medioambientales.
De acuerdo con el artículo 28, se desarrollarán reglamentariamente los criterios que servirán de base para determinar las actividades exentas de constituir garantía financiera obligatoria debido a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad. Mediante el Real Decreto 183/2015 se han introducido las exenciones (a la constitución de la garantía financiera, nunca a la reparación de los daños si ocurre un accidente) para una gran mayoría de actividades partiendo de este escaso potencial de generar daños tal y como señalaba el Artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Estas exenciones se pueden consultar en el Artículo 37 del Real Decreto 2090/2008 Se modifica el artículo 30 para otorgar una homogeneidad en el contenido mínimo de las pólizas de seguros; y el artículo 31.1, referido a la vigencia de la garantía financiera obligatoria, para precisar que la misma debe estar vigente durante todo el periodo de actividad desde la fecha en que su constitución sea obligatoria y hasta su cese efectivo.
El capítulo IV se ocupa de las garantías financieras. Por medio de ellas se pretende asegurar que el operador dispondrá de recursos económicos suficientes para hacer frente a los costes derivados de la adopción de las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales.
El capítulo V de la Ley se ocupa del régimen de infracciones y sanciones. El régimen sancionador de la Ley únicamente prevé la imposición de sanciones a personas físicas y jurídicas privadas. Las infracciones se agrupan en dos categorías, muy graves y graves. Se prevé en ambos casos la posibilidad de suspender la autorización concedida al operador por un período máximo de dos años en las infracciones muy graves y de uno en el caso de infracciones graves.

References: artículo 45
 artículo 38
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 28
 Real Decreto 
 Artículo 28
 Artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 31