Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S45-05.html
Timestamp: 2016-02-07 23:57:46+00:00

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Renato Ticona Estrada y otros v. Bolivia, Caso 712/04, Informe No. 45/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 45/05
1. El 9 de agosto de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por el Defensor del Pueblo de Bolivia (en adelante “el peticionario”) en contra de la República de Bolivia (en adelante “el Estado”) en la que se alega la violación de los derechos humanos de los ciudadanos Renato Ticona Estrada, (artículos 1(1), 2, 3, 4, 5, 7, 8, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención Americana)) y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por un lado, y de César Ticona Olivares, Honoria Estrada de Ticona, Hugo Ticona Estrada y Rodo Ticona Estrada y Betzy Ticona Estrada familiares directos de Renato Ticona Estrada por otro, por la presunta violación a los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana por hechos ocurridos en territorio boliviano el 22 de julio de 1980. 2. En su respuesta el Estado solicitó que la petición fuera declarada inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos. 3. Tras analizar la petición y de acuerdo con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 30, 37 y concordantes de su Reglamento, la Comisión decidió declarar la admisibilidad de la petición en relación con presuntas violaciones de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 y 25 y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) y los artículos I, III, IV y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En consecuencia, la Comisión decidió notificar a las partes y hacer público el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual.
7. El 23 de junio de 2005 la CIDH recibe las observaciones del Estado Boliviano, las cuales fueron transmitidas al peticionario el 28 de junio de 2005, con un plazo de un mes para que presentara sus observaciones. 8. El 29 de julio de 2005, la Comisión recibe las observaciones del peticionario a la respuesta del Estado. En dicha comunicación el peticionario solicita se incorpore como víctimas de violaciones de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana a los ciudadanos Rodo Ticona Estrada y Betzy Ticona Estrada, hermano y hermana de Renato Ticona Estrada. La mencionada comunicación fue remitida al Estado el 1 de Agosto de 2005, otorgándole un plazo de un mes a fin que presente las observaciones que considerare oportunas.
9. El 21 de septiembre la CIDH recibe una comunicación del Estado mediante la cual manifiesta su interés en iniciar un proceso de solución amistosa. El 22 de septiembre la CIDH indicó ponerse a disposición de las partes y ofrecer sus buenos oficios en virtud del artículo 48(1)(f) de la Convención Americana. El 7 de octubre la CIDH recibe una comunicación del peticionario indicando no estar interesado en entrar en un proceso de solución amistosa y requiriendo se continué con el trámite de la petición. La Comisión dio traslado de la mencionada comunicación al Estado el mismo 7 de octubre de 2005. III. POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD
10. El peticionario alega que el 22 de julio de 1980, aproximadamente a las 20:00 horas, los hermanos Renato Ticona Estrada (maestro y estudiante universitario) y Hugo Ticona Estrada (dirigente universitario y ex dirigente sindical) habrían sido detenidos por una patrulla del Ejército en cercanías de la tranca de control de Cala-Cala (Oruro), cuando se dirigían a la localidad de Sacaca (Potosí), Bolivia. 11. Indica que en dicha oportunidad, los soldados verificaron los nombres de los hermanos en una lista y al constatar que el nombre de Hugo Ticona Estrada figuraba en ella detuvieron a ambos hermanos. Se indica que en esa oportunidad los hermanos Ticona habrían sido despojados de sus documentos de identificación, prendas personales y dinero, además de ser obligados, a golpes propinados por el sargento Willy Valdivia Gumucio, el teniente René Veizaga Vargas y otros soldados del Regimiento Topater, a responder a qué partido político pertenecían, si eran dirigentes, qué cargos tenían y dónde se encontraban ocultas las supuestas armas de la universidad.[1] Informa que el interrogatorio y golpiza se habrían prolongado aproximadamente desde las 20:30 hasta las 03:00 del día siguiente (23 de julio). Denuncia que los hermanos Ticona también fueron puestos frente al muro de la escuela de Cala Cala, al que los soldados dispararon en repetidas oportunidades, simulando el fusilamiento de los hermanos para conseguir que dieran información. El peticionario destaca que Renato Ticona fue golpeado en repetidas oportunidades hasta perder el conocimiento. Señala que con posterioridad a la golpiza, los hermanos Ticona habrían sido trasladados por el Coronel Melean, en un camión militar, inicialmente a la guarnición/cuartel de Vinto y luego a la ciudad de Oruro donde fueron entregados al Servicio Especial de Seguridad (SES) de esa ciudad. El peticionario señala que para el momento del traslado, Renato Ticona no había recobrado el conocimiento. Informa que Renato y Hugo Ticona fueron separados y trasladados a la clínica URME[2] de Oruro habiendo sido Hugo Ticona puesto en libertad el 4 de noviembre de 1980 y que Renato Ticona Estrada se encuentra hasta la fecha en calidad de desaparecido.[3]
14. Reseñando el proceso penal, el peticionario informó que el 7 de abril de 1983, la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que investigue los hechos relacionados con la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada. En fecha 18 de febrero de 1983, la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desparecidos presentó una querella criminal contra Roberto Melean, Willy Valdivia Gumucio, René Veizaga Vargas y Gumersindo Espinoza Valdivieso. En fecha 28 de febrero de 1985, Honoria Estrada de Ticona y Hugo Ticona Estrada presentaron una querella penal contra Gumersindo Espinoza Valdivieso y contra los partícipes en la comisión del “delito de Desaparecido Político con presunción de asesinato de su familiar Renato Ticona Estrada”. 15. Informa el peticionario que el 4 de julio de 1983, el Juez Tercero de Instrucción en los Penal de La Paz, instruyó un sumario criminal contra Roberto Melean, Willy Valdivia Gumucio, René Veizaga Vargas y Gumersindo Espinoza Valdivieso por encontrarse los hechos denunciados incursos en las sanciones previstas en diversos artículos del Código Penal.
16. Indica el peticionario que el 1º de febrero de 1984, Gumersindo Espinoza Valdivieso fue aprehendido en la ciudad de Oruro y conducido al Juzgado Tercero de Instrucción en los Penal de La Paz donde el 6 de febrero presentó su declaración indagatoria. El peticionario denuncia que pese a las órdenes de aprehensión dictadas por el juez de la causa, los coimputados Roberto Melean, Willy Valdivia Gumucio y René Veizaga Vargas nunca se presentaron a declarar. En fecha 6 de mayo de 1985 el juez notificó, citó y emplazó por edicto a los coimputados que nunca se apersonaron al juzgado ni fueron habidos. En fecha 11 de junio de 1985, ante una solicitud de Gumersindo Espinoza, el juez de la causa dictó un auto de concesión de libertad provisional. Sin embargo, dicho auto fue revocado por la Sala Penal II de la Corte Superior de Justicia de La Paz en fecha 17 de junio de 1985. 17. En fecha 5 de julio de 1985, Gumersindo Espinoza presentó ante el juez de la causa una excepción de falta de tipicidad que fue declarada procedente en fecha 2 de septiembre de 1985 ordenando excluir al encausado y procediendo al archivo de obrados en su favor.[4] Informa el peticionario y confirma en actas proporcionadas por el Estado que el proceso seguido contra los presuntos autores de la desaparición forzada de Renato Ticona fue archivado en el primer trimestre de 1986[5].
19. Alega el peticionario que una de las razones por las cuales fue infructuosa la investigación judicial de las violaciones cometidas contra Renato Ticona Estrada fue la falta de tipificación del delito continuado de la desaparición forzada de personas en la legislación penal boliviana. 20. En virtud de los hechos antes reseñados, el peticionario alegó que el Estado Boliviano había incurrido en múltiples violaciones de la Convención Americana: Derecho a la Vida (artículo 4), Derecho a la Integridad Personal (artículo 5), Derecho a la Libertad Personal (artículo 7), Garantías Judiciales (artículo 8) Protección Judicial (artículo 25), Derechos Políticos (artículo 23), Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica (artículo 3) todos estos producto de la detención, sometimiento a actos de tortura, penas crueles y degradantes a Hugo Ticona Estrada y posterior desaparición forzada de Renato Ticona Estrada. Así como también en violaciones a la integridad psíquica y moral y denegación de justicia de Cesar Ticona, Honoria Estrada de Ticona, Hugo Ticona Estrada, Rodo Ticona Estrada y Betzy Ticona Estrada, todos ellos familiares directos de la presunta víctima desaparecida. 21. En cuanto al requisito de agotamiento de los recursos internos, el peticionario invoca las tres causales de excepción contenidas en el articulo 46(2) de la Convención Americana. Alegó para esto, las circunstancias en la que ocurrieron los hechos, la falta de esclarecimiento judicial, así como la carencia en respetar la garantía judicial, y el existente retardo injustificado del proceso. 22. En cuanto a la primera causal de excepción, el peticionario citó lo reseñado por la CIDH en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Bolivia de 1981 en el que se concluía:
24. Respecto a la segunda causal de excepción contemplada en artículo 46(2)(b) de la Convención, el peticionario alegó que la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados y los familiares de Renato Ticona Estrada enfrentaron una serie de impedimentos para proseguir el proceso penal y agotarlo. Alguno de estos impedimentos incluyeron la inexistencia de tipificación del delito de desaparición forzada en la normativa penal de Bolivia, la atención exclusiva al juicio de responsabilidades contra García Meza et. al. en detrimento de otros casos[8], y el hecho de que la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados fue desintegrada antes de que concluyera su trabajo[9]. El peticionario señaló como factores adicionales que dificultaron el agotamiento de los recursos internos el hecho de que el proceso penal tuvo lugar en la ciudad de La Paz, en el Juzgado Tercero de Instrucción en los Penal pero los familiares de Renato Ticona Estrada no habitaban ni habitan en dicha ciudad. Se informó que los padres de la presunta víctima, vivieron hasta 1983 en el área rural del departamento de Oruro y luego en el departamento de Cochabamba. Indica que sin la existencia de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, fue imposible para los familiares de Renato Ticona seguir regularmente el proceso penal por razones de distancia y carencia de recursos económicos para solventar los gastos de un abogado que patrocine la causa. El peticionario, por tanto alega que la situación de indigencia de la familia Ticona fue otro factor que incidió en el hecho de que no pudieran agotar los recursos de la jurisdicción interna. 25. Finalmente y con relación a la tercera causal de excepción contenida en el artículo 46(2)(c), el peticionario denunció que el Ministerio Público o Fiscalía no cumplieron con las obligaciones de impulsar el proceso para darle la celeridad necesaria y permitió que éste sea archivado en 1986, cuando tenía la obligación de continuar ejerciendo la acción penal pública de oficio. Con relación a las observaciones del Estado relacionada a la reactivación del caso y que éste aún se encuentra activo, el peticionario responde que mediante esta aseveración el Estado pretende sólo hacerse responsable de las actuaciones judiciales realizadas a partir del año 2005 ignorando la inactividad que tuvo el proceso penal por un lapso que excede el plazo razonable. Adicionalmente, el peticionario aduce que el proceso que se tramita actualmente en sede judicial boliviana presenta nuevas dilaciones. En virtud de lo anterior, el peticionario alega retardo injustificado dado que a 22 años de los hechos el proceso penal, que se inició con la instrucción del sumario el 4 de junio de 1983 y se archivó en 1986, ni siquiera concluyó en su etapa sumaria o de instrucción. B. Posición del Estado
26. En su respuesta el Estado solicitó que la petición fuera declarada inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos. 27. El Estado afirmó que el 28 de Octubre de 1982, el gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo Nº 19.441, mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, así como decretos complementarios posteriores que reflejan la voluntad política del Estado de luchar contra los delitos cometidos durante regímenes autoritarios. El Estado hace un recuento similar al desarrollado por el peticionario con relación a las acciones judiciales realizadas desde 1983 a 1985.
28. Informa adicionalmente, que en junio de 2003, el Gobierno boliviano aprueba un Decreto Supremo que da continuidad al Trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos, mediante el procesamiento de información para el descubrimiento de restos de personas victimas de Desapariciones Forzadas. Se indica asimismo, que actualmente, el Juez Instructor en lo Penal de la ciudad de La Paz se encuentra a cargo del caso y que está trabajando en la prosecución de la investigación y posterior sanción a los culpables de la desaparición de Renato Ticona Estrada. 29. En virtud de lo anterior, el Estado argumenta que la petición debe ser declarada inadmisible dado que la investigación se mantiene activa garantizando los artículos 8 y 25 de la Convención Americana por lo cual no se han agotado los recursos internos.
31. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. 32. La Comisión tiene competencia ratione materiae debido a que la petición se refiere a denuncias de violación de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. La Comisión toma nota que en el presente caso se alega la desaparición forzada de una persona. Tomando en cuenta que Bolivia ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 5 de mayo de 1999, en la etapa de fondo y dependiendo de las determinaciones fácticas que realice, la Comisión decidirá sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en el caso.
36. La Comisión considera convincentes los argumentos desarrollados por el peticionario y concluye que procede la aplicación de la excepción prevista en el artículo 46(2) de la Convención Americana y artículo 31(2) del Reglamento de la Comisión. En efecto, a la fecha de elaboración del presente informe, es decir, a veintidós años de la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada, el Estado no ha concluido el proceso penal necesario para resolver el asunto en su fuero interno que se inició con la instrucción del sumario el 4 de junio de 1983 y se archivó en 1986 sin que se hubiera concluido con la etapa sumaria o de instrucción. El peticionario indicó que el proceso se reabrió en el año 2005 presentando también dificultades y que a la fecha el Estado no ha sancionado a los responsables de los hechos denunciados ni se han encontrado los restos mortales de Renato Ticona[10]. 37. La CIDH señala que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46(2) de la Convención Americana, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el Informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana. Por los argumentos que anteceden, la Comisión considera que existen suficientes elementos de juicio como para eximir al peticionario del requisito de previo agotamiento de los recursos internos en aplicación del artículo 46(2) de la Convención Americana
39. En el presente caso, las excepciones previstas en el artículo 46(2) ya han sido examinadas por la CIDH al analizar el requisito de agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1)(a), ut supra párrafo 34. En razón de las circunstancias analizadas, la Comisión no requiere examinar nuevamente si se configura dicha excepción. Adicionalmente, tomando en cuenta la fecha de los hechos alegados, la posibilidad de encontrarse frente a una situación de violación continuada de derechos humanos, y la situación de los diversos recursos internos intentados en Bolivia, la Comisión considera que la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. 3. Duplicación de procedimiento y cosa juzgada internacionales
42. La petición bajo estudio se refiere a presuntos actos de detención arbitraria y torturas de los hermanos Renato y Hugo Ticona, como así también a la posterior desaparición forzada de Renato Ticona, actos cometidos por agentes del Estado Boliviano en perjuicio de las presuntas victimas mencionadas. Así también la petición se refiere a violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana de Cesar Ticona, Honoria Estrada de Ticona, Hugo Ticona Estrada, Rodo Ticona Estrada y Betzy Ticona Estrada, familiares directos de Renato Ticona Estrada. La Comisión considera que la exposición de los peticionarios se refiere a hechos que de ser comprobados podrían caracterizar violaciones a los consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 13 y 25 de la Convención Americana, y a las obligaciones genéricas que se refieren los artículos 1(1) y 2 de dicho tratado. Tales hechos podrían asimismo, constituir violación a los artículos I, III, IV y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. V. CONCLUSIONES
[1] Con relación al la detención de los hermanos Ticona el peticionario indica que en una declaración voluntaria depuesta el 12 de abril de 1984 en la ciudad de Oruro, Erasmo Calvimontes Calvimontes, conscripto del servicio militar en el Regimiento Topater de Oruro en 1980, éste afirmó que el 23 de julio de 1980, junto a otros soldados, se encontraba haciendo guardia en la tranca de Cala Cala bajo órdenes de Melean, Veizaga y Valdivia, cuando por instrucciones superiores detuvieron a los hermanos Hugo y Renato Ticona Estrada. Los hermanos fueron interrogados a golpes y patadas hasta que se desvanecieron casi moribundos. Por otra parte, en su declaración testifical de 5 de febrero de 1985 ante la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos, el ciudadano José Cadima Meza señaló que “[s]iendo Secretario General del Sindicato de COMIBOL fui apresado el 21 de julio de 1980 por fuerzas militares y agentes civiles del DIN y SES,[…].... Durante mi detención me enteré que habían sido detenidos los hermanos Hugo y Renato Ticona, también supe que uno de ellos se encontraba internado en una clínica a consecuencia de la tortura de que había sido objeto, el mismo que posteriormente me enteré que había desaparecido; el otro hermano, según versiones de los otros compañeros de prisión se encontraba detenido. [2] El peticionario indica que al momento de los hechos la clínica URME de Oruro estaba relacionada con los hospitales militares de COSSMIL.
[3] El peticionario informa que con relación a Renato Ticona se han barajado varias hipótesis: “según una versión, su cadáver fue trasladado de vuelta al cuartel de Vinto y el 24 de julio, en la madrugada, enterrado por ocho oficiales en las cercanías del cuartel. Una segunda versión indica que Renato murió en el SES de Oruro y luego fue llevado a La Paz en una camioneta de la prefectura. Una tercera versión, comunicada a la madre de Renato, indica que fue llevado paralítico al Estado Mayor en La Paz, con el número 00358. Esta versión habría sido confirmada a la madre por un funcionario ministerial de apellido Rico Toro. Rico Toro prometió la entrega de Renato, lo que nunca sucedió. Una cuarta versión apunta a que Rento fue trasladado a una casa de seguridad en el oriente del país. Una quinta versión, del ex presidente de facto Luis García Meza, señala que los hermanos Ticona Estrada fueron detenidos y que Renato fue sepultado En todo caso, Renato Ticona Estrada desapareció forzadamente la madrugada del 23 de julio de 1980 luego de ser detenido y torturado por agentes del Estado.” [4] Resolución Nro. 089/85 del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Bolivia. [5] Comunicación de fecha 8 de marzo de 2005 del Ministerio Publico a la Presidente de la Corte Superior de Justicia del Distrito de la Paz donde se encontraba archivado el expediente del caso.
[l]a acción penal es pública ... en los delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público, sin perjuicio de la acusación o denuncia particulares”; asimismo, el art. 8 dispone que “[l]a acción penal pública es irrenunciable cuando se la ejerce por el ministerio público. El desistimiento o el abandono de la causa por los ofendidos no corta ni interrumpe la acción penal pública”; y el art. 46 señala que “[c]orresponde a los fiscales en lo penal ... promover y ejercitar la acción penal en los delitos de acción pública, sin esperar querella de parte ofendida; vigilar y controlar el desenvolvimiento de los juicios apersonándose en las respectivas oficinas proponiendo las diligencias necesarias para su celeridad y conclusión, constatar las denuncias graves y requerir el enjuiciamiento de jueces o funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. [7] CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Bolivia, conclusiones.
[10] CIDH. Informe 14/04 Admisibilidad. Perú. Caso 11.568, Luis Antonio Galindo Cárdenas, 27 de febrero de 2004, párrs. 39 y 40. CIDH. Informe 52/97, Admisibilidad, Nicaragua. Caso 11.218 Arges Sequeira Mangas. 18 de febrero de 1998, párr. 96. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces

References: artículo 48
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 artículo 31
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 Resolución