Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831587.html
Timestamp: 2019-11-21 03:57:40+00:00

Document:
as201831587
Auto Supremo Nº 587
Expediente: 336/2017
Demandante: Santa Mónica Cotton Trading Company SA
El recurso de casación de fs. 42 a 52, interpuesto por Santa Mónica Cotton Trading Company SA, a través de su representante legal Andrés Iván Petricevic Suarez, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1028277023 y Matrícula de Registro de Comercio Nº 13326, contra el Auto Nº 1/2017 de 16 de mayo, cursante a fs. 40, dictado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el recurso de apelación en efecto devolutivo concedido dentro el proceso Contencioso Tributario accionado por la empresa recurrente contra la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, impugnando Resolución Administrativa Nº 21-00010-10 de 25 de junio de 2010, el Auto que concede el recurso de fs. 83, el Auto Supremo de admisión Nº 336-A de 31 de julio de 2017, antecedentes del proceso; y:
Tramitándose el proceso Contencioso Tributario, la entidad demandada formuló incidente de Perención de Instancia (fs. 10 a 11 del expediente) en cuya razón la Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, emitió el Auto Nº 62 de 20 de junio de 2014, (fs. 17), que rechazó la solicitud del demandado, resolución que fue objeto de recurso de Reposición con alternativa de apelación, resuelto por el Auto Nº 61 de 12 de agosto de 2016 (fs. 31), que rechaza el recurso y concede la alzada en efecto devolutivo para ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (Sala en Materia Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa), donde se remiten fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes.
El recurso de apelación interpuesto por el demandado, concedido en efecto devolutivo, es resuelto por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto Nº 1/2017 de 16 de mayo, cursante a fs. 40, revoca el Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2014, y declara perención de instancia del presente proceso y archivo de obrados.
Contra el Auto Nº 1/2017 de 16 de mayo, el demandante formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 42 a 52, conforme los argumentos siguientes:
Acusa interpretación errónea del art. 215 de la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario, vigente por la SC 76/2004 de 16 de julio, que dispone: “El Tribunal Fiscal (hoy Juzgado en materia Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributario) deberá impulsar el proceso en sus distintas fases o actuaciones para que éstas concluya dentro de los plazos previstos…”, disposición erróneamente interpretada por el Tribunal ad quem, que específicamente señala que el impulso procesal en materia tributaria está a cargo del juzgador. Aclara que en esta materia prima el Principio Inquisitivo, que vuelve parte activa de la causa al Juez o Tribunal, quien posteriormente emitirá una Sentencia; diferencia que es diametral con la del Procedimiento Civil Ordinario, donde rige el Principio Dispositivo, en virtud del cual, los derechos e intereses jurídicos que se discuten, son de dominio absoluto de los particulares, es decir de las partes.
También acusa errónea interpretación del art. 267 de la Ley 1340, que dispone: “El Tribunal tendrá amplia facultad para ordenar cualesquiera diligencias relacionadas con los puntos controvertidos, pedir la exhibición de documentos y formular las preguntas que estimara conveniente a las partes, sus representantes y testigos, estos últimos dentro de los alcances del artículo 267, siempre en relación a las cuestiones debatidas”; argumenta que el Juez en materia tributaria se encuentra facultado para averiguar la verdad material de los hechos, por lo que el impulso procesal es una obligación, que hace inaceptable la perención de instancia, por cuanto, su admisión implica incumplimiento o falta de diligencia en la labor asignada a la judicatura especializada, por la Ley 1340.
Con relación al tiempo transcurrido desde el 2 de abril de 2013 hasta el 20 de febrero de 2014, sostiene que la inactividad en ese periodo, que provocó la perención de instancia, se debe a que el Juzgado Primero en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria estuvo sin Juez titular desde junio de 2010 hasta el 15 de junio de 2011, situación que no es atribuible a los litigantes.
Sostiene que el art. 309 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable al caso concreto, por la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, por lo que, sostiene que el art. 309 del CPC-1975, fue aplicado indebidamente por el Tribunal ad quem.
Por lo que pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, Case el Auto Nº 1/2017 de 16 de mayo, y deliberando en el fondo, confirme el Auto Nº 62/2014 de 20 de junio que rechazó la perención de instancia.
En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre el recurso planteado, debe ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.
Sobre el derecho de impugnación
Los medios de impugnación previstos en el Código Procesal Civil responden a un sistema recursivo cuya regulación es de orden público, no pudiendo las partes litigantes ni los juzgadores alterar lo normado por Ley.
El art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, sin embargo, el ejercicio de ese derecho no debe concebirse como una potestad absoluta o ilimitada que faculte al litigante la posibilidad de impugnar cuanta resolución considere ser gravosa a sus intereses o hacerlo a través de cualquier medio de impugnación en cualquier tiempo y forma, por el contrario ese derecho reconocido a nivel constitucional debe ser ejercido conforme los requisitos, condiciones y previsiones previamente normadas por la Ley procesal.
De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación
Previamente corresponde señalar que, si bien el principio de impugnación se configura, como principio regulador para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por lo que en atención a este principio, todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo, ese derecho no es absoluto para todos los procesos e instancias, debido a su limitación, determinada por la misma Ley, ya sea, por el tipo de proceso, por la clase de resolución, tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.
En este entendido, Armando Córdova Saavedra, en el “Manual Práctico del Nuevo Código Procesal Civil” pág. 138 y 141 expresa: “El Recurso de casación, constituye por su naturaleza un medio impugnatorio de carácter extraordinario y procede en supuestos estrictamente determinados por Ley y dirigido a que el máximo Tribunal Supremo, la revise con el fin de corregir errores de juicio o de procedimiento –in judicando o in procedendo que en ella se han cometido…”; en esa misma lógica, Adolfo Armando Rivas, en el texto “Curso sobre el Código Procesal Civil” pág. 320, señala: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley…”, criterio concordante con lo dispuesto por el art. 270 de la Ley 439 “Código Procesal Civil” (CPC-2013).
A este efecto, el Auto Supremo Nº 678/2017 de 19 de junio, en cuanto a las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación, establece: “Sobre el tema el art. 250.I del Código Procesal Civil señala: “I. Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario”, norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270-I del Código Procesal Civil es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley (…) Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley 025, es decir, específicamente para aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos…”, de lo que se desprende que en principio se debe analizar en cada caso particular la naturaleza de la resolución que dio origen a la impugnación y si la misma se trata de un Auto interlocutorio simple o definitivo, porque de ello depende la procedencia o no del recurso de casación.
En ese orden, podemos señalar que los autos interlocutorios simples son resoluciones que deciden las cuestiones incidentales suscitadas durante la tramitación del proceso, que según el profesor Eduardo J. Couture, constituyen “pronunciamientos sobre el proceso y no sobre el derecho”, porque dirimen cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal y se resuelven con apoyo de fundamentación conforme lo establece el art. 210 de la Ley 439, de tal manera que pueden ser revocadas o sufrir mutaciones de oficio o a instancia de parte y solo son apelables en efecto devolutivo y/o diferido según el caso específico a ser resuelto, lo que significa que la Resolución de segunda instancia que resuelve la apelación no admite recurso de casación.
En cambio, los Autos interlocutorios definitivos de acuerdo a lo dispuesto por el art. 211 del Código Procesal Civil, son resoluciones que cortan todo procedimiento ulterior del juicio haciendo imposible de hecho y de derecho la prosecución del proceso, pues ponen fin al proceso y suspenden la competencia de la autoridad jurisdiccional.
Por lo expuesto, se puede asumir que el recurso formulado contra el Auto que resuelve la apelación de una resolución que rechaza la solicitud de perención de instancia, no es admisible en Casación, pues se entiende que dicha resolución constituye un auto interlocutorio simple que no interrumpe el trámite de la causa, porque no resuelve una cuestión de fondo del litigio, menos pone fin al proceso, en razón de resolver una cuestión incidental o accesoria, por lo que dicha resolución no admite casación.
Precisando podemos señalar que un Auto interlocutorio que declara la perención de instancia, es considerado Auto interlocutorio simple, porque el pronunciamiento emitido no pone fin a la controversia, es netamente procedimental, ya que solo limita el desarrollo del proceso, pudiendo la parte incoar nuevamente la acción dentro del plazo previsto por Ley.
Al respecto, el Auto Supremo Nº 295/2016 de 5 de abril, señala: “En el caso específico, de los antecedentes que informan el proceso y en aplicación de la doctrina señalada precedentemente se tiene que el Auto recurrido que dio origen al recurso ordinario de apelación, mismo que constituye ser un Auto interlocutorio simple y de ninguna manera puede calificarse como Auto definitivo porque no resuelve el fondo del problema litigioso, tampoco corta procedimiento ulterior ni mucho menos pone fin al proceso; al ser un Auto interlocutorio simple, no podía haber sido apelado en el efecto suspensivo ni mucho menos concederse el recurso en ese efecto; de donde se concluye que la Resolución incorrectamente recurrida de casación no ingresa en ninguna de las categorías de resoluciones previstas en el art. 255 del Código de Procedimiento Civil, para que haga viable la procedencia el recurso de casación…”.
Expuesta la doctrina legal aplicable al presente caso, corresponde realizar un análisis de los actuados procesales a efectos de determinar la procedencia del presente recurso de casación.
En ese entendido, de la revisión del cuaderno de actuados, consistente en fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes que conforman el testimonio, se tiene que dentro del proceso contencioso tributario seguido por Santa Mónica Cotton Trading Company SA contra la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, impugnando la Resolución Administrativa Nº 21-00010-10 de 25 de junio de 2010, el demandado mediante memorial de 26 de marzo de 2013, de fs. 10, solicita la declaratoria de perención de instancia, rechazada por Auto Nº 62 de 20 de junio de 2014, cursante a fs. 17 del testimonio; resolución apelada por escrito de fs. 19 a 21, resuelto por Auto Nº 61 de 12 de agosto de 2016, que concede la alzada en efecto devolutivo para ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que resuelve mediante Auto Nº 1/2017 de 16 de mayo, que revoca el Auto interlocutorio Nº 62 de 20 de junio de 2014, declarando en consecuencia la Perención de Instancia del presente proceso y archivo de obrados.
Por lo que se puede advertir que la resolución que da origen al presente recurso de casación es un Auto que rechaza el incidente de perención de instancia presentado por el demandado, resolución que por su naturaleza no admite recurso de casación conforme el fundamento desarrollado en el parágrafo III “De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación”, donde se ha expuesto criterios que orientan el entendimiento de las resoluciones que admiten recurso de casación, de cuyo análisis se desprende que contra los autos interlocutorios simples -como es el caso- no procede este medio impugnatorio, por lo que el Auto Nº 62 de 20 de junio de 2014 de fs. 17 del testimonio, cuya apelación fue concedida en efecto devolutivo, ya que resolvía el rechazo del incidente de perención de instancia, no ingresa en el marco de lo previsto en el art. 270.I del Código Procesal Civil, para que haga viable la procedencia del recurso de casación, situación por la cual no corresponde admitir el recurso de fs. 42 a 52.
Corresponde aclarar que la etapa recursiva se apertura a momento que el Juez de instancia emite una resolución, es decir en ese momento se determina en atención al tipo de resolución o Auto que emite el de instancia, si es recurrible de reposición, apelación y casación; no siendo posible la modificación de la etapa recursiva, a medida de la tramitación o resolución de los recursos, afirmación realizada en atención al principio de Seguridad Jurídica, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. En el caso que se analiza, ante el rechazo del incidente de perención de instancia y la concesión del recurso de apelación en efecto diferido, la ley prevé que ese Auto interlocutorio solo es recurrible de apelación, más no de casación.
Por cuanto, siendo evidente que nuestro ordenamiento jurídico no hace permisible el recurso de casación, contra este tipo de resoluciones, corresponde aplicar el art. 106.I del Código Procesal Civil con la facultad remisiva del art. 214 de la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 Código Tributario.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el Auto interlocutorio de fs. 83 inclusive, a través del cual se concedió el recurso de casación, disponiendo que el Tribunal de alzada, haga uso de la facultad concedida por el art. 274.II.2) del CPC-2013 y deniegue la concesión del recurso.
No siendo excusable el error del Tribunal alzada, se impone una multa de Bs300.

References: Resolución 
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