Source: http://rpsaba.blogspot.com.ar/2008/01/
Timestamp: 2018-03-23 18:44:32+00:00

Document:
Sabático: enero 2008
Arte y Libertad de Expresion sobre el Muro
El artista especializado en graffiti, Banksy, dibuja sobre el Muro que separa Israel de Palestina y enciende la polémica a ambos lados de la pared...
Anciano: Usted pinto el muro y lo hace parecer bello.
Banksy: Gracias.
Anciano: No queremos que sea bello, odiamos este muro, lárguese de acá!
Para más información sobre la obra de Banksy, ver
http://www.briansewell.com/artist/b-artist/banksy/banksy-palestinian-tag.html
Publicado por Roberto Saba a las 10:29 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Arte, Banksy, Israel, Libertad de expresión, Palestina
A 11 a años de un dia negro para la libertad de expresion en Argentina
José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue asesinado el 25 de enero de 1997 cuando estaba cubriendo la temporada para ese medio. Tras una reunión social en la casa de un empresario, Cabezas fue secuestrado por delincuentes que lo asesinaron y quemaron dentro de su auto.
En el acto que se celebró hoy en su memoria, la hermana del reportero gráfico expresó: "Lo que hay que solucionar es el Poder Judicial mismo, el único responsable". "La Justicia no me dio nada en qué confiar", afirmó esta mañana Gladys Cabezas, en la Plaza de los Dos Congresos.
Publicado por Roberto Saba a las 22:35 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El New York Times se jugó por Hillary
Publicado por Roberto Saba a las 15:09 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Estados Unidos, Hillary Clinton
Vidas Arrasadas: Salud Mental y Derechos Humanos en Argentina
La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos
Abajo encontrarán la introducción del excelente informe sobre derechos humanos y salud mental en Argentina preparado por el Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Al respecto, recomiendo ver la nota del ex Ministro de Salud, el Dr. Gines Gonzalez García en el Diario La Nación en la que responsabiliza a los jueces por esta situación: "La autoridad sanitaria -el equipo de salud que recibe, trata y contiene a los pacientes- debe recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones pero habitualmente reticente a autorizar altas dispuestas por los profesionales actuantes. Sobre todo cuando más del 80% de las personas internadas en manicomios están en esa condición por orden judicial. Para revertir ese escenario, abrimos una instancia de diálogo con muchos magistrados que muestran preocupación por la judicialización de los pacientes.."
A ese artículo respondió el Dr. Recondo, Presidente de la Asociación de Magistrados" en ese mismo diaro: "El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, publicó un artículo en LA NACION con el título de "Salud mental: recuperar el tiempo perdido". Contiene una serie de inexactitudes que entiendo necesario aclarar. González García sostiene que la autoridad sanitaria debe "recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones, pero habitualmente reticente a autorizar altas". Con esa frase, el responsable de velar por la salud de todos los argentinos parece ignorar que si bien hoy en la Argentina existe un plexo normativo que sólo le da legitimidad a un juez para disponer la internación forzosa o involuntaria de un paciente, haya tenido o no conductas delictivas, esa decisión es tomada sobre la base de informes periciales que elaboran los expertos (psiquiatras y psicólogos). Y una situación similar se produce cuando se trata de las altas. No puede ser sino un juez quien, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 34 y 482 del Código Civil, restrinja, en una situación excepcional, la libertad de una persona. Esa norma es de más rigurosa aplicación cuando la causa invocada para la detención es el padecimiento mental de las personas. Esta tendencia histórica fue reforzada por las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Declaración de Caracas (1990) y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)." Nota completa en: http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=965863
Del Resumen Ejecutivo del Informe de MDRI y CELS...
Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos documenta violaciones a los derechos humanos perpetrados contra las aproximadamente 25.000 personas que están detenidas4 en las instituciones psiquiátricas argentinas. Más de un 80 por ciento de estas personas son encerradas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. Dos tercios de las camas psiquiátricas pertenecen al sistema público. A pesar de que en muchas partes del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiátricos, el 75 por ciento de las personas en el sistema argentino de salud mental público se encuentran detenidas en instalaciones de 1000 camas o más.
Este informe registra graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas argentinas, y documenta, incluso, casos de personas que han muerto incineradas en celdas de aislamiento, exposición a privación sensorial5 mediante el aislamiento por un largo período de tiempo y actos de violencia física y sexual. El informe también detalla condiciones de vida peligrosas e insalubres, tales como la falta de agua en los baños, ausencia de cloacas, amenazas a la seguridad y riesgos de incendio en las instituciones. La vasta mayoría de las personas detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas deben sobrevivir en condiciones de casi total inacción y sin posibilidad de pensarse a futuro por fuera de la institución.
La institucionalización a gran escala y los abusos que la acompañan se deben, en gran medida, a décadas de una politica de invertir en grandes instituciones que segregan a las personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios de atención en salud mental y apoyo en las comunidades.
La segregación de las personas en las instituciones psiquiátricas
Hace muy poco tiempo estuve en Open Door, en la Colonia Cabred. Allí, hablando con su Director, me dijo acá hay alrededor de 1.064, o una cifra parecida, [de] internos. Me dijo, más o menos 750 están por pobres; es decir, están porque hace mucho que están y están porque nadie los va a buscar, y están porque no tienen adónde ir si salen. Se suma todo: el tiempo que llevan, la soledad, el acostumbramiento a esa soledad o a esa forma de vida y el no tener parientes interesados en ellos. Es decir que no son locos, son pobres y solos; que es una buena manera de volverse locos.
- Felipe Solá, Gobernador de la provincia de Buenos Aires
La segregación efectiva de las personas en las instituciones psiquiátricas argentines contribuye a incrementar su discapacidad y viola los estándares internacionales de derechos humanos. Al ser separadas de la sociedad, las personas pierden los lazos que las unen a su familia, amigos y comunidades de referencia. Las personas quedan sometidas al régimen custodial de las instituciones psiquiátricas, y pierden las habilidades de vida esenciales que necesitan para sobrevivir en la comunidad, lo que impide su rehabilitación.
La segregación a gran escala de la que son objeto las personas institucionalizadas en el sistema de salud mental argentino es injustifi cada, dada la riqueza de profesionales de salud mental capacitados de los que dispone y la existencia de programas alternativos centrados en la comunidad en varias regiones del país. Argentina es uno de los países con más psiquiatras y psicólogos per capita del mundo. Amplios sectores de la población urbana argentina fi nancian individualmente su psicoterapia durante un largo período de tiempo. Sin embargo, esta riqueza de recursos no se traduce en políticas generales conducentes. Las personas con discapacidades mentales que carecen de los fondos para pagar estos servicios se ven forzadas a recibir atención en un sistema público de salud mental que, frecuentemente, es inadecuado, las segrega de la sociedad y viola sus derechos humanos fundamentales.
El desarrollo de estrategias innovadoras de atención para la salud mental —tales como el subsidio económico para la vivienda, rehabilitación psicosocial, y apoyo de los pares— ha probado que la gran mayoría de las personas con discapacidades mentales puede vivir y prosperar en la comunidad. No obstante, en Argentina estos servicios alternatives prácticamente no existen (aunque en este informe se presentan algunas excepciones a esta observación general, desarrolladas en las provincias de Río Negro, San Luis y Buenos Aires). Muchas de las personas con discapacidades mentales que carecen de recursos personales o de una familia que pueda fi nanciar una atención privada, no tienen otra opción que las instituciones asilares. El alto grado de hospitalización a largo plazo en grandes instituciones consume los recursos públicos que, en su lugar, deberían ser usados para desarrollar servicios integrados a la comunidad. Si bien existen algunos programas de atención comunitarios que demuestran que la Argentina dispone de los recursos técnicos necesarios para reformar los servicios e integrar a las personas con discapacidades mentales en la comunidad, lo cierto es que, teniendo en cuenta las entrevistas a funcionarios y profesionales así como el análisis de las políticas en salud mental efectivamente implementadas, las organizaciones fi rmantes pueden concluir que aún no existe una política general conducente a la integración comunitaria de las personas con discapacidades mentales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las tres instituciones psiquiátricas más grandes absorben el 80 por ciento del presupuesto de salud mental.
http://www.mdri.org/projects/americas/Argentina/MDRI.ARG.SPAN.NEW.pdf
También en la página del CELS, pero creo que hay un error en el link.
Publicado por Roberto Saba a las 12:26 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
The Fragility of the Law
Published in the last Yale Law Report
Sterling Professor of Law, Owen Fiss teaches procedure, legal theory, and constitutional law at Yale Law School. He is the author of many articles and books on these subjects, including more recently, A Way Out/America’s Ghettos and the Legacy of Racism, Adjudication and its Alternatives (with Judith Resnik), and The Law as it Could Be. Professor Fiss also co-directs Law School programs in Latin America and the Middle East.
In the following article, Professor Fiss identifies what he sees as challenges to the Constitution and the American rule of law brought on by the “War Against Terrorism.”
The phrase “War Against Terrorism” has no discrete legal content. It was politically inspired, and used to mobilize American society. Yet the declaration of the “War Against Terrorism” marked the beginning of a unique challenge to the rule of law that began on September 11, 2001, and continues to this very day.
In speaking of the rule of law, I refer not to the statutes and regulations that serve the purposes of the state, but rather
to the Constitution itself, which creates the public morality of the nation. The Constitution is not exhausted by the
words appearing in the document executed in 1787 and its twenty-seven amendments. It also includes principles,
such as the separation of powers or the right to travel, that are inferred from the overall structure of the Constitution,
and certain enactments of Congress—the Civil Rights Act of 1964, for example—that articulate the governing principles
of American society. These principles are laden with a special normative value that derives from the role they play in defining our national identity—what it means to be American. Since September 11, at least three of these principles have
been put in issue. The first is the prohibition against torture, derived, as I see it, from the Eighth Amendment and our
participation in the Convention Against Torture. The challenge comes not so much from the grotesque treatment of
prisoners at the Abu Ghraib prison in Iraq, where disciplinary proceedings were brought against those responsible,
but from the Administration’s actions in the war against Al Qaeda itself.
In order to broaden the range of techniques that interrogators can use against prisoners allegedly linked to Al Qaeda,
an August 2002 Department of Justice memorandum argued that only acts causing pain “equivalent in intensity to the
pain accompanying physical injury, such as organ failure, impairment of body function, or even death” fell within
the legal definition of torture. The Department of Justice later distanced itself from this definition, but a separate
December 2002 Department of Defense memorandum establishing guidelines for the interrogation of prisoners held at
Guantánamo suggested that two practices almost universally understood as torture—the use of scenarios designed to
convince detainees that death was imminent, and use of a wet towel and dripping water to induce fear of suffocation—
though forbidden “as a matter of policy for the time being,” nonetheless “may be legally available.” The program of “extraordinary renditions,” in which American officials have abducted suspected Al Qaeda members and transferred them to countries that routinely engage in torture, suggests a similar disregard for the principle against torture. Indeed, it has become an open question whether the President even believes himself bound by the principle. In December 2005, when he signed a statutory ban on torture, President Bush said that he intended to construe the ban as consistent with his constitutional powers as Commander in Chief and his duty to protect against terrorist attacks, a statement that has been widely understood as indicating that he may not feel bound by the act’s language.
The President is entirely correct that statutes cannot constitutionally interfere with his powers as Commander in Chief,
but the statutory ban on torture merely codifies an underlying constitutional prohibition that is, of course, superior to
the President’s power to lead the military. As such, it is fully binding on his actions.
The second principle that has been put into doubt is the right of the people to communicate without fear of government
eavesdropping. This freedom is rooted in the Fourth Amendment and is not absolute: the Fourth Amendment
only prohibits unreasonable searches. Courts have historically protected this freedom by requiring the government,
if at all possible, to apply for a judicial warrant before listening in on private conversations.
In 2005, news media revealed that soon after the September 11 attacks the President had authorized the National Security Agency (nsa) to intercept communications between persons in the United States and persons abroad if the nsa believed that one of the parties was linked to Al Qaeda. This program has proven enormously controversial, and much of the controversy has centered on whether it violated a 1978 law, the Foreign Intelligence Surveillance Act (fisa), that prohibits such governmental surveillance without authorization by a special court. In a 2006 legal memorandum defending the program, the Attorney General argued that the wiretaps were much like any other strategic engagement with the enemy, exclusively within the President’s powers as Commander in Chief, and not subject to statutory regulation. This past January, the Attorney
General modified his position, perhaps in a nod to critics or to an unfavorable lower court decision denying the government’s motion to dismiss a challenge to the nsa program.
The Attorney General indicated that he had, for the first time, begun to obtain judicial approval of the wiretaps under fisa. But he did not concede the issue of Presidential power, and left unresolved important questions about the scope of judicial oversight. The Attorney General did not disclose, for example, whether the special court is approving wiretaps on an individual basis, or whether it is granting blanket authorizations that cover multiple wiretaps. To my mind the focus of the inquiry should not be on whether the nsa program violates fisa, but rather whether it violates the Fourth Amendment itself. Admittedly, the Supreme Court has never spoken directly to the issue of whether the government must obtain a warrant before intercepting communications like those at issue in the nsa program, but the very reasons that the Supreme Court has
imposed a warrant requirement in other wiretapping cases— including those involving domestic threats to public order— are fully applicable. A warrant requirement does not prevent the President from thwarting terrorist attacks, but minimizes abuses and avoids the impairment of communicative freedom that comes from knowing that the President could tap the phone of anyone he claims is linked to Al Qaeda.
A third principle challenged by the “War Against Terrorism” is what I call the principle of freedom. This principle is rooted in the constitutional guarantee of the writ of habeas corpus and due process, and denies the government the power to incarcerate anyone without charging them with a crime and swiftly bringing them to trial. This principle contains an exception for the exigencies of war: As a matter of necessity, enemy combatants can be seized on the battlefield and imprisoned for the duration of hostilities. In the midst of the Afghanistan War, the President declared that alleged soldiers of the Taliban and Al Qaeda captured anywhere in the world were not ordinary prisoners of war but rather “illegal enemy combatants.” This special
designation allows the military to interrogate them on a protracted basis, to incarcerate them indefinitely, even beyond
the duration of hostilities, to put them on trial before military commissions, and to punish them for the simple act of fighting. Traditionally the designation of “illegal enemy combatant” applied to individual spies or saboteurs, or to irregular militias, never to entire armies.
Because they are being held as “illegal enemy combatants,” prisoners at Guantánamo have had little ability to press their claim for freedom. Some insisted, for example, that they never fought for the Taliban or Al Qaeda, but had been wrongly seized by local authorities or bounty hunters. At first there was no procedure to adjudicate these claims, but in July 2004 the Administration established a system of administrative tribunals to review individual cases. These tribunals were staffed by the military, freed of many of the ordinary rules of evidence, and though military personnel serve as personal representatives, the prisoners were not allowed the assistance of counsel. The Administration is now putting some of the Guantánamo prisoners on trial, using military commissions instead of courts martial or ordinary civilian courts. Traditionally military commissions were used to try persons caught red-handed in a theater of war, and, in response to litigation challenging their use at
Guantánamo, the Supreme Court expressed the fear that the Administration had transformed them “from a tribunal of true exigency into a more convenient adjudicatory tool.” But the Court stopped short of declaring these tribunals an offense to due process, holding only that they conflicted with a statute. In October 2006, Congress responded to this decision by enacting a law specifically granting the Administration authority to continue with its use of military tribunals. This statute came on the heels of an earlier use of administrative tribunals to review the status of the Guantánamo prisoners and denied them the right to petition for a writ of habeas corpus.
The Administration has not been content to confine the “illegal enemy combatant” designation to those seized in Afghanistan or another theater of armed conflict. The war against Al Qaeda knows no bounds, and the Administration has thus invited us to view the United States itself as a battleground and subject to the same rules. As a result, a citizen of Qatar studying at Butler University in Indiana (Ali Saleh Kahlah al-Marri) was seized and is now being held incommunicado at a naval brig
in South Carolina. Similarly, an American citizen (Jose Padilla) was arrested at O’Hare airport and held in the same brig for more than three years before being charged with a crime in federal court.
One could accept that the war against Al Qaeda is a war, and resist the conclusion—that the United States is a battleground similar to Afghanistan—not just as a matter of ordinary usage, but because of the consequences that conclusion would have for American society. To treat the United States as a battleground in the same sense as Afghanistan would threaten the fabric of ordinary life and put the exception to the principle of freedom for enemy combatants in the position of eating up the rule. The Administration would be able to imprison anyone living within our midst—citizens and non-citizens alike—without ever charging them with a crime and putting them on trial. Many have decried these developments as an abuse of executive power. Yet while the Executive Branch is the driving force, the other branches are complicit in these challenges to the rule of law. When Congress enacted the 2005 statute affirming the ban against torture, legislators failed to provide any remedy for violations. Congress has not taken any steps to stop the NSA wiretapping program, though the Administration’s about-face in January 2007 made such measures less urgent. When it comes to the principle of freedom, Congress became a full partner with the Administration, passing legislation to deny aliens deemed “illegal enemy combatants” access to the protection
of the writ of habeas corpus and authorizing their trial by military commissions.
The Supreme Court’s performance has been no better. Its decisions have caught the headlines because they rebuffed the Administration, but they are hardly victories for the Constitution. In one case, the Court ruled that that an American citizen (Yasser Hamdi) held as an illegal enemy combatant in the South Carolina naval brig was entitled to the assistance of counsel and an evidentiary hearing regarding his claim that he had not taken up arms against the United States. This ruling was based on due process, yet it left the prisoner to carry most of the evidentiary burden and four Justices expressed their view that a military tribunal offered a sufficient forum for the prisoner to press his claim for freedom. In other cases, the Court’s performance has even been more timid. When Jose Padilla challenged his detention, the Supreme Court refused to rule on the merits and instead held that he had initially filed his habeas petitionin the wrong court. Even more significantly, the Court has
refused, at least so far, to address a ruling that the Court of Appeals in Washington, D.C., first advanced in 2003 and reaffirmed this February, that aliens held at Guantánamo do not have any constitutional rights that can be vindicated by the writ of habeas corpus. On April 2, 2007, the Supreme Court denied a writ of certiorari seeking review of this judgment. In so doing, the Court allowed the program of the elected branches to run its course, but it failed, yet again, in its duty to safeguard the Constitution and the values it embodies.
Publicado por Roberto Saba a las 18:16 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Estados Unidos, Owen Fiss, Terrorismo
Balance de Libertad de Expresion en el Mundo segun IFEX
PRIMER PLANO DE LIBRE EXPRESIÓN
EL AÑO 2007 FUE UNO DE LOS MAS MORTÍFEROS REGISTRADOS, ENCUENTRAN
Un día antes de Navidad, el locutor Fernando Lintuan fue baleado por dos hombres en Davao, Filipinas, unos momentos después de terminar su programa matutino en la radio local, informa el Center for Media Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, CMFR). Según el gerente de la estación de Lintuan, el asesinato "definitivamente tuvo relación con el trabajo": Lintuan había criticado recientemente un nuevo y costoso parque presentado por el alcalde y con frecuencia informaba de actividades de tala ilegal en la zona.
Con la muerte del presentador de radio filipino termina uno de los años más mortíferos para los periodistas que se hayan registrado, informan varios miembros de IFEX en sus informes de fin de año.
Según su análisis de fin de año, el CPJ registró 65 periodistas muertos en relación directa con su trabajo en 2007, la cifra de muertes más alta en más de un decenio. Los números del año pasado sólo van a la zaga de los de 1994, cuando 66 periodistas fueron muertos en conflictos en Argelia, Bosnia y Rwanda. El CPJ está investigando las muertes de otros 23 periodistas en 2007 para determinar si se estuvieron relacionadas con el trabajo.
- CPJ: http://www.cpj.org/Briefings/2007/killed_07/killed.html
Reporteros sin Fronteras (RSF) contó al menos 86 periodistas muertos en el cumplimiento de su labor: un aumento de 244 por ciento en cinco años. Y al menos dos fueron arrestados en promedio cada día y más de 2,600 sitios web fueron bloqueados, dice RSF. Por desgracia, cerca de nueve de cada diez asesinos de periodistas quedan impunes. Pero dos casos clave en 2008 pueden alterar la tendencia de impunidad, dice RSF: los juicios de los supuestos asesinos de Hrant Dink en Turquía y Anna Politkovskaya en Rusia.
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24909
Mientras tanto, Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión (CJFE) dice en su revisión anual que para mediados de diciembre "una aterradora cifra de 102 periodistas habían escrito sus últimas palabras y difundido sus últimos informes". CJFE dice que el único destello de esperanza era que los medios no dejaran de hacer su trabajo. Un buen ejemplo: la imagen del periodista japonés Kenji Nagai mientras agonizaba en una calle en Rangún, Birmania, cámara en mano, tras ser baleado a quemarropa durante las manifestaciones de septiembre.
- CJFE: http://tinyurl.com/2zf97g
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), que compila cifras en colaboración con el Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias (INSI), dice que 171 periodistas y trabajadores de los medios fueron muertos el año pasado. La FIP incluye a todos los periodistas muertos debido a su trabajo así como a los muertos en accidentes mientras se encontraban cumpliendo una misión o se dirigían o volvían de cubrir una noticia. Abdulkadir Ali Hosh, editor en línea de AllDarwish.com en Somalia, fue incluido en la lista el 24 de diciembre. Fue muerto en un accidente de automóvil cerca de Garowe, la capital de Puntlandia, Somalia, mientras se dirigía a cubrir una noticia.
- FIP: http://www.ifj.org/default.asp?Index=5638&Language=EN
- INSI: http://tinyurl.com/269zn9
A pesar de la variación en las cifras, todas están de acuerdo en que en 2007, la violencia contra periodistas alcanzó niveles extremos.
Una vez más, Irak fue el país más peligroso del mundo para la prensa. Al menos 31 periodistas - excepto uno, todos iraquíes - fueron muertos por hacer su trabajo, dicen miembros de IFEX, y representan cerca de la mitad de la cifra de muertes de 2007. Muchos de ellos fueron atacados; no fueron víctimas del fuego cruzado.
Como Ali Shafeya al-Moussawi, un corresponsal del premiado sitio web de noticias Alive in Baghdad, quien fue encontrado asesinado en su casa en Bagdad con 31 orificios de bala en la cabeza y pecho el 14 de diciembre. Según RSF, el ejército iraquí había practicado una redada su calle.
El CPJ informa que desde la invasión encabezada por Estados Unidos a Irak en marzo de 2003, cerca de 175 periodistas y trabajadores de los medios han sido muertos, lo que hace de éste el conflicto más mortífero para la prensa en la historia reciente. RSF ubica el número más de 200.
Los siguientes tres países más mortíferos para los medios fueron Somalia con al menos siete periodistas muertos por hacer su trabajo, y Sri Lanka y Pakistán, ambos con al menos cinco muertos. Según CJFE, los tres países comparten un rasgo en común: "Gobiernos inestables con propósitos contra la libre expresión que buscan aplastar el disenso. En esos países, los
periodistas son retratados como 'alborotadores' que actúan contra el interés nacional".
En un terrible caso en Pakistán, tres miembros de una familia fueron muertos en tres ataques separados, informa CJFE. El cuerpo de Hayat Ullah Khan fue encontrado lleno de balas en junio de 2006. Su hermano de 11 años fue muerto varios meses después. Luego, en noviembre pasado, la esposa de Khan, Mehr-un-Nisa, fue muerta por una bomba plantada cerca de su casa. Se cree que los asesinatos son un intento de evitar que la familia denuncie a
los asesinos de Khan.
Los miembros informan, sin embargo, de una buena noticia: por primera vez en quince años, no hubo periodistas asesinados en Colombia debido a su trabajo.
Por desgracia, la lista de periodistas muertos en 2008 ya cuenta con un nombre.
PROBIDAD informa que el Año Nuevo, dos hombres entraron en la estación Radio Mega en Santa Bárbara, Honduras, y balearon repetidamente al propietario de la estación, José Fernando Gonzáles, y lo mataron en el acto. La policía dice que Gonzáles puede haber sido muerto por hacer su trabajo: había estado ampliando sus empresas de medios en la región.
Pero el futuro no tiene que ser tan sombrío. INSI señala algunos hechos alentadores en 2007 que podrían marcar un punto de viraje: más consciencia de la grave situación de la libertad de prensa; varios países del Norte que prometen mejorar la seguridad para periodistas que cubren los conflictos; organismos internacionales que prometen combatir la impunidad para los que atacan a reporteros; la ONU respaldando las maniobras para mejorar la seguridad de periodistas; y las organizaciones de noticias proporcionado capacitación en seguridad profesional y equipo de protección moderno.
Lea más acerca de las recientes muertes de periodistas:
- CMFR sobre Lintuan (Filipinas): http://tinyurl.com/28rvuy
- INSI sobre Hosh (Somalia): http://tinyurl.com/ysj9nj
- RSF sobre al-Moussawi (Irak): http://tinyurl.com/yvtngv
- PROBIDAD sobre Gonzáles (Honduras): http://tinyurl.com/2g4mmy
Vea también las siguientes alertas de IFEX para leer análisis de fin de año de un país o región en particular:
- CHINA: Más de 180 periodistas extranjeros acosados en 2007, dice RSF
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89375/
- PARAGUAY: Un periodista asesinado, pero la lucha para democratizar los
medios continuó en 2007, dice la SPP http://www.ifex.org/en/content/view/full/89362/
- PERÚ: Informe de IPYS muestra un periodista asesinado, más de 100 violaciones a la prensa en 2007
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89364/
- SOMALIA: Situación de prensa se deterioró drásticamente, dice informe anual del NUSOJ
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89370/
- SURESTE ASIÁTICO: Libertad de prensa y libre expresión declinan en 2007, dice informe de SEAPA
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89348/
Publicado por Roberto Saba a las 12:33 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Libertad de Expresion en Africa
Unusually high numbers of journalists have been killed worldwide in 2007, as shown in an analysis conducted by the Committee to Protect Journalists which states that the number has increased from 56 in 2006 to 65 (86 unconfirmed deaths). Alarmingly the confirmed death toll in Africa has increased from 2 to 10, of which 7 have occurred in Somalia.
2007 Backsliders
Reports from the past year have shown a grave deterioration in press freedom in Somalia, a country whose fragile state has seen it declared the most dangerous country for journalists in Africa and ranked the second most dangerous worldwide. Journalists are frequently subjected to harassment, attacks, and censorship resulting in significant numbers fleeing to neighbouring countries. Media institutions are also regularly threatened with closure and confiscation of equipment by government authorities.
In further news on Somalia in December 2007, the Transitional Federal Parliament has approved a new National Media Law. ARTICLE 19’s critique of the law before it was passed is available here: http://www.article19.org/pdfs/analysis/somalia-notes-on-draft-media-law.pdf. Also this month, ARTICLE 19, together with the National Union of Somali Journalists, UN Somalia, Amnesty international and the East & Horn of Africa Human Rights Defenders Network displayed solidarity with Somali journalists at an event celebrating Human Rights Day on 10 December 2007.
ARTICLE 19 in December 2007
Following on from the 10 December Human Rights Day celebrations, ARTICLE 19 facilitated a ten day training course in Nairobi, Kenya, for 40 exiled Somali Journalists, in coordination with the UN Human Rights Advisor for Somalia. The training transferred skills on media ethics and self-regulation, conflict reporting and gender equity in the media. We plan to continue these activities in the New Year.
ARTICLE 19 also assisted in the renewal of a joint declaration which was first signed by the four special mandates; the Special Rapporteurs on Freedom of Expression for the OSCE, UN, OAS and ACHPR in 1999 and has been renewed every year since its initiation. In addition to this declaration the ACHPR Special Rapporteur upholds the Declaration of Principles for Freedom of Expression in Africa; this outlines the fundamental free expression rights of the individual and the rights and standards for the media.
The ARTICLE 19 sponsored documentary ‘Silence is Golden’ had its London launch on 3 December 2007. The documentary, directed by former ARTICLE 19 employee, Alexandra Sicotte-Levesque, exposed the opaque practices of the mining industry in Ghana and their affect on the poverty stricken and silenced mining communities. The trailer for the documentary, in which ARTICLE 19 calls for greater transparency by extractive industries, can be found here: http://www.youtube.com/watch?v=ewSuZTZOunQ
December also saw ARTICLE 19 with our partner International Commission of Jurists – Kenya, publish a guidebook for the media on elections coverage. The guidebook can be accessed here: http://www.article19.org/pdfs/tools/kenya-elections.pdf
The Kenyan Presidential and legislative elections were held on 27th December 2007. the outbreak of violence and chaos that has ensued since the controversial re-election of Mwai Kibaki as President has also impacted on the media with an order issued on 30 December, banning live broadcasts – effectively imposing a media blackout. The situation in Kenya remains tense, with deadly clashes being reported in Nairobi and several provincial cities. Local journalists have reported that news is now circulating mainly by means of SMS messages.
Intolerance and Defamation
Zambian authorities have banned a radio station from broadcasting a live phone-in show for allegedly “becoming a platform for confrontation, controversies and a channel of insults and misinformation”; MISA Zambia have called the decision an “assault on media freedom and freedom of expression, and contrary to democratic reforms”.
In Egypt, 6 lawsuits for insult and defamation were brought before the Court on 10 December against journalist Wael El Ibrashi, chief editor of Sawt El-Omma, an independent newspaper. El Ibrashi is used to facing trial as a result of the candid content of the newspaper, which is considered a free platform for fighting corruption in Egypt. In an earlier case, El Ibrashi, among other chief editors, was sentenced to a one year imprisonment term in a lawsuit that will be brought to the El Agouza Appeal Court on 26 January. Further cases of defamation have arisen in Chad,
To learn more about defamation globally follow this link for a global defamation tool launched by ARTICLE 19 in December 2007: http://www.article19.org/advocacy/defamationmap/map/
Meanwhile in the Gambia two newspapers and two radio stations remain forcibly and arbitrary closed. The Gambia’s press freedom record remains a concern to ARTICLE 19, the journalist Chief Ebrima Manneh is still imprisoned and there has been little progress towards justice for the death of journalist Deyda Hydara despite renewed calls for an investigation by freedom of expression NGOs in December. Further cases of intolerance of the media have arisen in the Congo, Sudan, Liberia, and Morocco among others.
Media Improvements 2007
The outlook for Africa is, however, not so bleak; ARTICLE 19 partner, Media Foundation for West Africa, has reported overall improvements in the West African region for press freedom with a decline in incidents of press freedom violations in 2007. In the Horn of Africa, Ethiopia’s first private commercial radio station, Sherger Radio, is launched and running. Addis Neger, a private weekly, was also launched in Ethiopia – demonstrating greater awareness and concern for freedom of expression in the country, in what is the first independent political publication for two years.
Around Africa is compiled of news alerts from various sources.
Publicado por Roberto Saba a las 17:46 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Africa, Libertad de expresión
Fish y Kronman: Humanidades y Ciudadania
January 6, 2008, 5:31 pm
Although none of these commentators uses the word, the issue they implicitly raise is justification. How does one justify funding the arts and humanities? It is clear which justifications are not available. You can’t argue that the arts and humanities are able to support themselves through grants and private donations. You can’t argue that a state’s economy will
benefit by a new reading of “Hamlet.” You can’t argue – well you can, but it won’t fly – that a graduate who is well-versed in the history of Byzantine art will be attractive to employers (unless the employer is a museum). You can talk as Bethany does about “well rounded citizens,” but that ideal belongs to an earlier period, when the ability to refer knowledgeably to
Shakespeare or Gibbon or the Thirty Years War had some cash value (the sociologists call it cultural capital). Nowadays, larding your conversations with small bits of erudition is more likely to irritate than to win friends and influence people.
At one time justification of the arts and humanities was unnecessary because, as Anthony Kronman puts it in a new book, “Education’s End: Why Our Colleges and Universities Have Given Up on the Meaning of Life,” it was assumed that “a college was above all a place for the training of character, for the nurturing of those intellectual and moral habits that together from
the basis for living the best life one can.” It followed that the realization of this goal required an immersion in the great texts of literature, philosophy and history even to the extent of memorizing them, for “to acquire a text by memory is to fix in one’s mind the image and example of the author and his subject.”
The answer in both cases, I think, is no. The premise of secular humanism (or of just old-fashioned humanism) is that the examples of action and thought portrayed in the enduring works of literature, philosophy and history can create in readers the desire to emulate them. Philip Sydney put it as well as anyone ever has when he asks (in “The Defense of Poesy,”
1595), “Who reads Aeneas carrying old Anchises on his back that wishes not it was his fortune to perform such an excellent act?” Thrill to this picture of filial piety in the Aeneid and you will yourself become devoted to your father. Admire the selfless act with which Sidney Carton ends his life in “A Tale of Two Cities” and you will be moved to prefer the happiness of others
to your own. Watch with horror what happens to Faust and you will be less likely to sell your soul. Understand Kant’s categorical imperative and you will not impose restrictions on others that you would resist if they were imposed on you.
It’s a pretty idea, but there is no evidence to support it and a lot of evidence against it. If it were true, the most generous, patient, good-hearted and honest people on earth would be the members of literature and philosophy departments, who spend every waking hour with great books and great thoughts, and as someone who’s been there (for 45 years) I can tell
you it just isn’t so. Teachers and students of literature and philosophy don’t learn how to be good and wise; they learn how to analyze literary effects and to distinguish between different accounts of the foundations of knowledge. The texts Kronman recommends are, as he says, concerned with the meaning of life; those who study them, however, come away not with a life
made newly meaningful, but with a disciplinary knowledge newly enlarged.
Publicado por Roberto Saba a las 18:50 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Anthony Kronman, Ciudadanía, Humanidades, Stanley Fish, Yale Law School
Informe de Reporteros sin Fronteras sobre Libertad de Expresion en el Mundo durante el 2007
Libertad de prensa : el año 2007 en cifras
Publicado el 2.01.2008
86 periodistas muertos 2007, un aumento del 244 % en cinco años
86 periodistas muertos
20 colaboradores de medios muertos
887 detenidos
1511 agredidos o amenazados
528 medios censurados
67 periodistas secuestrados
Y respecto a Internet :
37 bloggers detenidos
21 agredidos
2.676 sitios cerrados o suspendidos
A título comparativo, en 2006 :
85 periodistas muertos
32 colaboradores de medios muertos
871 detenidos
1.472 agredidos o amenazados
912 medios censurados
56 periodistas secuestrados
Muertos: 7
Detenidos: 86
Agredidos/Amenazados: 626
Medios censurados: 91
Secuestrados: 11
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Aniversarios en la Corte de EEUU
Esta lista de "aniversarios" se la robe a Jack Balkin de su blog... Perdon Jack...
Supreme Court Anniversaries
2008 marks the anniversary of several important Supreme Court decisions.
100th anniversary:
Adair v. United States, 208 U.S. 161 (1908)(striking down ban on "yellow-dog" contracts that forbade workers from joining trade unions.)
Muller v. Oregon, 208 U.S. 412 (1908)(upholding woman protective labor legislation)
Ex parte Young, 209 U.S. 123 (1908)(creating legal fiction of suing state attorney general to permit suits against states and get around Hans v. Louisiana's interpretation of the Eleventh Amendment)
Londoner v. City and County of Denver, 210 U.S. 373 (1908)(administrative agencies must provide due process for adjudicative but not legislative actions)
Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908)(upholding Kentucky law that banned racial integration by private universities chartered as corporations)
Twining v. New Jersey, 211 U.S. 78 (1908)(key case in debate over incorporation of the Bill of Rights, declining to incorporate Fifth Amendment's ban on compelled self-incrimination)
Bailey v. Alabama, 211 U.S. 452 (1908)(striking down peonage laws under the Thirteenth Amendment)[UPDATE: Actually the decision striking down the peonage laws is the second Bailey case, 219 U.S. 219 (1911), see Raphael's note below]
Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958)(cruel and unusual punishment to strip citizenship as punishment; origin of "evolving standards of decency" test in Eighth Amendment jurisprudence)
Kent v. Dulles, 357 U.S. 116 (1958)(recognizing right to travel under the Fifth Amendment)
NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958)(protecting freedom of association of NAACP from compelled disclosure of membership lists)
Speiser v. Randall, 357 U.S. 513 (1958)(striking down requirement of loyalty oath in order to obtain tax benefits)
Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958)(holding that state school boards resisting integration orders were bound by the Supreme
Court's interpretation of the Constitution).
35th anniversary:
San Antonio Independent School Dist. v. Rodriguez 411 U.S. 1 (1973)(holding that education is not a fundamental right and poverty is not a suspect classification)
Frontiero v. Richardson 411 U.S. 677 (1973)(applying heightened scrutiny to classifications based on sex)
Miller v. California 413 U.S. 15 (1973)(developing three part test for obscenity)
Roe v. Wade 410 U.S. 113 (1973)(upholding right to abortion)
Doe v. Bolton 410 U.S. 179 (1973)(upholding right to abortion)
Bob Jones University v. United States 461 U.S. 574 (1983)(upholding loss of tax exempt status to private religious school that discriminated on the basis of race)
City of Akron v. Akron Center for Reproductive Health 462 U.S. 416 (1983)(striking down various Ohio restrictions on abortion; in dissent, Justice O'Connor first offers "undue burden" test)
INS v. Chadha 462 U.S. 919 (1983)(holding legislative veto unconstitutional)
Marsh v. Chambers 463 U.S. 783 (1983)(permitting state legislatures to employ chaplains for prayers)
Hazelwood v. Kuhlmeier 484 U.S. 260 (1988)(limiting student speech in school sponsored activities)
Hustler Magazine v. Falwell 485 U.S. 46 (1988)(First Amendment prohibits public figures from using intentional infliction of
emotional distress as an alternative to defamation claims)
Lying v. Northwest Indian CPA 485 U.S. 439 (1988)(Free Exercise Clause did not prevent logging on Native Americans sacred land)
Morrison v. Olson 487 U.S. 654 (1988)(upholding constitutionality of independent counsel statute)
Thompson v. Oklahoma 487 U.S. 815 (1988)(holding execution of persons who committed crimes while under the age of 16 violated the Eight Amendment)
Publicado por Roberto Saba a las 16:03 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Corte Suprema de los EEUU, Jack Balkin
Libertad de expresion y la crisis politica en Kenia
Las tragedias humanitarias, sociales y politicas que padece Africa subsahariana son usualmente ignoradas por oxidente. Los principales periodicos del mundo a menudo tienen un solo corresponsal para cubrir media docena de paises y los estados occidentales ni siquiera tienen embajadas en la mayoria de las naciones africanas.
La falta de atencion por parte del resto del mundo sobre lo que en ese subcontinente sucede es una de las razones por las que esos desastres y sus efectos se prolongan en el tiempo y parecen no tener solucion. La situacion actual en Kenia es grave y lo menos que podemos hacer es prestar atencion a lo que alli sucede...
Kenya: ARTICLE 19 condena la censura a los medios de comunicación.
Motines masivos en Kenia han precedido la presunta manipulación de votos en la polémica reelección de Mwai Kibaki como presidente Las elecciones, ocurridas el 27 de Diciembre de 2007, han sido criticadas como injustas por los partidarios del candidato de la oposición, Raila Odinga, y miembros de la comunidad internacional, incluyendo observadores de la Unión Europea. El 30 de Diciembre de 2007, el gobierno instituyó una interdicción en todos los programas de la radio y la televisión. Cerca de 300 personas han muerto y más de 100,000 han huido de sus hogares como resultado de la violencia.
El 30 de Diciembre de 2007 el Ministro de Seguridad Interna, Hon Juan Michuki, actuando bajo la sección 88 del Acta de las Comunicaciones en Kenya, 1998, supuestamente "en el interés de la seguridad y tranquilidad pública" pidió "la suspensión inmediata de todo programa en vivo hasta nuevo aviso" la declaración que anunciaba esta medida también ordenó a todas las difusoras de medios de comunicación y a los periodistas, parar cualquier difusión que se entendiera como "de incitación o alarmante y tomar la responsabilidad de estar en línea con la ley".
Wachira Waruru, Presidente del Consejo de los Medios de Comunicación en Kenya, organismo independiente, describió la orden como draconiana, impráctica y difícil de llevarse a cabo en las condiciones actuales. Los medios denunciaron que la orden era "regresiva". La Directora Ejecutiva de ARTICLE 19, la Dra. Agnés Callamard, indicó: " ARTICLE 19 apoya la posición de los medios en Kenya respecto a que la interdicción no es legitima. De hecho, es una tentativa evidente de acortar la libertad de los medios en Kenya".
El derecho fundamental a la libertad de expresión se engarza en la sección 79 de la Constitución de Kenya, así como el Articulo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Kenya ratificó en 1972. Bajo la ley Internacional, las restricciones a la libertad de expresión sólo son legitimas si son claras y necesarias. ARTICLE 19 reconoce que la situación actual en Kenya es delicada pero considera que las acciones para limitar las actividades de cobertura periodística son ilegitimas. Mientras es apropiado que se prohíba la incitación a la violencia, las restricciones de cobertura periodística, no permiten un adecuado flujo de información sobre lo que actualmente esta pasando.
Publicado por Roberto Saba a las 10:47 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Africa, Kenia, Libertad de expresión
Obama empezo con el pie correcto...
Barak Obama subió al escenario con una amplia sonrisa. Respondión con aplausos a los gritos y saludos de sus seguidores ayer antes de que se votara en Iowa por la candidatura democrata a la presidencia, el primer test de los candidatos en una larga secuencia de votaciones estatales. Allí dijo:
“Dicen que este país está demasiado dividido, demasiado desilusionado como para re-unirse entorno a un propósito común. Pero esta noche de enero, en este momento clave de nuestra historia, ustedes habrán hecho aquello que los cínicos dicen que no podrían hacer"...
Obama ganó en Iowa, un estado predominantemente blanco... Podrá ganar la primaria? Y la presidencia? Lo cierto es que empezó con el pie correcto y afortunadamente no fue el derecho...
Publicado por Roberto Saba a las 10:59 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Barak Obama, Estados Unidos
Albie Sachs: "La democracia fue mi venganza"
Entrevista realizada el 5 de diciembre de 2004
Publicada en el Diario La Nación, Suplemento Enfoques
Hace catorce años, tiempos de apartheid en Sudáfrica, este hombre que ahora es miembro de la Corte Suprema de su país y que entonces era un defensor de los derechos humanos sufrió un atentado que casi le costó la vida. Hoy cuenta por qué la conquista de la dignidad humana fue la mejor respuesta a sus agresores y analiza los cambios en la justicia argentina
No es muy común hablar de "venganzas" con un ministro de una Corte Suprema de Justicia o de un Tribunal Constitucional. Y se complica aún más si ese juez perdió un brazo y la visión de un ojo en un atentado y el magistrado alude a la venganza que aplicó a sus victimarios.
Pero se trata de una venganza "suave", aclara Albie Sachs. Alude así a haber desechado la violencia y haber ayudado a instaurar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de las leyes y la Justicia en Sudáfrica, un país, en el momento de aquel ataque contra Sachs, todavía dominado por el racismo y la violencia gubernamental.
El 7 de abril de 1988 el reconocido abogado defensor de los derechos humanos voló en pedazos en Maputo, capital de Mozambique, tras la explosión de una bomba que había sido colocada en su automóvil. Agentes de las fuerzas de seguridad sudafricanas intentaron asesinarlo y estuvieron cerca. Debió aprender a caminar otra vez y a escribir con la mano izquierda.
Se respuso, retomó las defensa de los derechos civiles y tuvo un lugar protagónico en los cambios que siguieron: el ascenso de Nelson Mandela al poder, la creación del Tribunal Constitucional sudafricano (del que fue integrante), y el armado y desarrollo de la célebre Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
"La democracia será mi venganza", se prometió en el hospital. Dieciséis años después, y de visita en Buenos Aires, afirma que así fue.
-Usted ha marcado una línea de conducta que se convirtió en una virtual política de Estado para superar las divisiones. Se llamó "soft vengeance", algo así como "venganza suave".
-Después de sufrir el atentado, estaba en el hospital y un amigo me envió una carta. "No te preocupes, te vengaremos", prometió. Y me pregunté: "¿Cómo podría beneficiarme eso?". Entonces comprendí que aun si la persona responsable del atentado era juzgada y liberada por falta de pruebas, allí podría residir mi "venganza suave": vivir en un país en el que rigiera el Estado de Derecho. Si lográbamos instaurar la democracia y la dignidad humana en Sudáfrica, allí residiría mi venganza. Lograr eso fue muchísimo más importante que una eventual venganza dura, personal, que sólo demuestra que eres más poderoso. Lo que llamo "venganza suave" demuestra que la moral es lo correcto, que la calidad de vida es lo importante. Y eso es reconfortante, mucho más que el simple pensar: "Intentaste matarme y ahora que estoy en el poder te daré una reprimenda para asegurarme de que me mantendré en el poder".
-Eso parece tener ciertos puntos en común con un argumento que aquí generó un profundo debate, aún vigente: la sanción de las leyes de Punto final y Obediencia debida con el argumento de fortalecer la democracia...
-(Interrumpe.) Eso no representa un caso de "venganza suave" para mí. Eso es impunidad. Es completamente diferente. Es ignorar lo que ocurrió, mientras que en Sudáfrica se introdujo a los responsables de crímenes en el proceso de reconstrucción. Ellos debieron afrontar la Comisión de la Verdad y reconocer lo que habían hecho. Cada uno de ellos. Individualizarse, detallar qué habían hecho y contar la verdad. Esa fue la manera de integrarlos a nuestra nación, porque no se puede convivir por siempre en un país dividido. Pero subrayo que éste fue nuestro proceso, nuestro modo de lograrlo, y que cada país tiene su propio camino.
Uno de los problemas aquí, en Argentina, por lo que tengo entendido, es que los militares en forma particular nunca reconocieron lo que hicieron. En Sudáfrica sí lo hicieron. Otro de los problemas aquí es que los militares se enfrentaron con los procesos judiciales y algunos incluso intentaron esquivarlos. En Sudáfrica todo fue negociado, se debatió cuál era el mejor modo de reconstruir el país.
-¿Cada uno de los militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos declaró sus crímenes ante la Comisión de la Verdad?
-Si el militar quería evitar un proceso penal por esos crímenes, debía presentarse ante la Comisión. Y allí los familiares de las víctimas escucharon, con lágrimas en sus rostros, y lágrimas en los de los propios asesinos, lo que había ocurrido. Eso fue una clara diferencia, por ejemplo, con Pinochet en Chile, que nunca reconoció lo que hizo, sino que incluso intentó justificarlo, lo que genera más rencor. Algunos militares en Sudáfrica, por supuesto, se negaron a reconocer sus crímenes y fueron sometidos a juicio y condenados. Pero en su mayoría reconocieron, en público y por televisión, lo que habían hecho, mirando a los ojos a sus víctimas. Y después debieron regresar a sus casas y afrontar la situación ante sus propios hijos que les preguntaban si era cierto lo que habían confesado, y vivir con esa carga. Eso no suprimió el dolor de las víctimas y sus familiares, pero hizo mucho por suavizarlo.
-Ese criterio linda con la idea del arrepentimiento y del perdón...
-No suelo utilizar demasiado la palabra "perdón". Perdonar es una cuestión personal, es importante para algunas religiones. Cuando yo conocí al responsable de organizar el atentado en mi contra, durante el proceso ante la Comisión de la Verdad al que esta persona se había sometido, y eventualmente estrechamos luego nuestros manos, humanicé mi relación con él. Hasta entonces, yo sólo era un objeto para él y un instrumento para mantener su poder. Entonces me convertí en una persona para él, como él también se convirtió en una persona para mí. Eventualmente podremos sentarnos en el mismo autobús; nunca iré al cine ni a cenar con él, pero ahora podemos convivir en el mismo país porque reconoció lo que hizo.
-¿La posibilidad de evitar el proceso penal no fue muy indulgente para los responsables?
-Algunos han tenido que recibir asistencia psicológica por el desorden y el estrés causado por tener que presentarse ante la Comisión de la Verdad y tener que reconocer que fueron derrotados. Por supuesto que la transición tampoco fue sencilla. Muchos no coincidieron con la decisión tomada. Pero hubo debates, plazos que cumplir y los medios de comunicación apoyaron el proceso. Se sabía que, al final, eso permitiría encaminar el país.
Sabíamos que, al principio, los victimarios regresarían de la Comisión de la Verdad a sus hermosas casas en autos cómodos y que quienes sufrieron durante el apartheid deberían regresar a sus hogares humildes en autobús o combis. Pero el objetivo trazado era revertir también esa inequidad. Era alcanzar una redistribución real de la riqueza, y en eso estamos.
-¿Cómo se logró que cedieran espacios quienes eran poderosos?
-Esa es otra diferencia con lo ocurrido en Chile, Brasil, Argentina o Uruguay. Quienes sufrieron en Sudáfrica se organizaron como grupo y se convirtieron luego en líderes de la nación. Nelson Mandela es la figura más reconocida, pero hubo muchas otras. En el Tribunal en el que trabajo, uno de mis colegas también estuvo en prisión, al igual que yo. Y otros cuatro fueron abogados que lucharon por los derechos humanos. La idea es, en suma, que nosotros controlamos el proceso de cambio. En los países sudamericanos la sensación que queda es que se perdieron cinco, diez, quince años para la democracia en lograr que las víctimas alcanzaran esas posiciones decisivas.
-¿Cómo afecta las vidas cotidianas el Tribunal Constitucional que usted integra?
-No buscamos nada raro. Los casos, los planteos llegan a nosotros y adoptamos la solución que la Constitución exige. Su articulado ofrece un gran apoyo a los desposeídos, a los necesitados. Por tanto, somos jueces progresistas porque la Constitución lo es. También se trata mucho de balancear intereses y reclamos distintos. Muchas veces le digo a la gente que no debemos decidir entre lo que está bien y lo que está mal, sino balancear lo que está bien con lo que está bien. Por ejemplo, entre la libertad de prensa y la dignidad de una persona.
-¿Pero cómo se defienden los derechos sociales en un país en vías de desarrollo cuyo gobierno, como en la Argentina, lidia con restricciones presupuestarias y las empresas flaquean?
-Nuestra Constitución dice que todos tienen determinados derechos. Entonces la Corte sólo impone que el gobierno tome las medidas razonables con sus recursos disponibles para resolver las necesidades. Así, el derecho incorpora la noción de los recursos y su realización progresiva. De ese modo, se puede ayudar a las personas en condiciones desesperadas, como quienes viven en la calle, o a las embarazadas con SIDA a las que no se le proveían medicamentos. Pero es el gobierno el que debe definir cómo resolver esos problemas, no los jueces.
-¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la judicatura?
-Cómo lidiar con el terrorismo sin poner en riesgo el Estado de Derecho; cómo imponerle límites a la burocracia estatal sin entorpecer la gestión administrativa; y cómo aportarles a los jueces visiones más amplias, no más populistas, sino más comprometidas con la sociedad. Yo siento que los jueces en distintas partes del mundo se están alejando de la mera visión procedimental del Derecho, del qué dice la ley en forma estricta, y comienzan a evaluar qué significan, cómo impactan esas leyes en las vidas de las personas comunes. Eso aporta una visión más abarcadora de la labor del juez.
-Eso puede en ciertos casos derivar en una dependencia política o en una influencia partisana sobre los jueces...
-No, no. Debe quedar clara la independencia en los puntos de vista del juez. No debe tenerle miedo a nadie. Ni a los funcionarios, los sacerdotes, los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos, ni a la prensa. La obediencia sólo se debe a la Constitución. Y la Argentina ha incorporado muchos instrumentos internacionales a su Constitución, por lo que el juez no debe inventar algo que no está allí. Sí puede, en cambio, analizar qué caminos ha tomado la Justicia en otros países, ver qué soluciones han encontrado y evaluar si es trasladable al derecho local.
-El presidente Kirchner designó ya a cuatro de los nueve miembros de la Corte Suprema y podría designar a un quinto miembro en cuestión de meses. ¿Qué le sugeriría si tuviera la oportunidad?
-(Sonríe.) No le diría... (se arrepiente)... Le recomendaría que eligiera juristas con coraje. Personas con distintos pensamientos, pero con igual valor para ir contra quien sea, incluso contra él. ...se es el punto. Que sólo sean leales a la Constitución, no al Presidente de la Nación. Eso será respetado. Nadie quiere una Corte señalada como la "menemista" o la "kirchnerista". La clave pasa por armar una Corte Suprema respetada, con integridad, laboriosa y con sensibilidad hacia los derechos humanos.
Después de sufrir persecusiones, atentados y exilios, Sachs pudo volver a su país. Como miembro activo del Congreso Nacional Africano, fue designado por Nelson Mandela para integrar la nueva Corte Constitucional, tras las primeras elecciones libres en la historia de Sudáfrica.
Entre sus títulos más conocidos están The Jail Diary of Albie Sachs (su diario de prisión) y The soft Vengeance of a Freedom Fighter (La venganza suave de un luchador de la libertad).
Publicado por Roberto Saba a las 23:54 1 comentario: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Africa, Albie Sachs, Constitución, Derechos Humanos, Rol del Juez, Sudáfrica
Derecho a la Informacion en Argentina: Una Vision desde Londres
“Los gobiernos son reacios a la legislación para el derecho de acceso a la información”
Entrevista publicada en Pagina/12
Artículo 19 es una ONG con asiento en Londres que se dedica a defender y promover la libertad de expresión y el acceso a la información. La francesa Agnès Callamard, directora de la organización, señala que en Argentina, en el 2006 “fueron archivados todos los esfuerzos por desarrollar el acceso a la información”.
–Para los que no tienen noción de la existencia de Artículo 19, ¿cómo opera en estos momentos?
–Desde hace tres años (es decir, desde que llegó ella a ser directora ejecutiva), hemos incrementado el personal a 26 personas. La base de la acción está en Londres desde los comienzos, hace más de veinte años. Pero además estamos tratando de salir de Inglaterra para ampliar la acción en el exterior. Tenemos una oficina en México DF, con un plantel de cinco personas; otra en Brasil, con dos personas. También tenemos oficina en Nairobi, Kenia, con dos, una persona en el Líbano, otra en Nepal, y estamos por abrir una agencia en Bangladesh. La estrategia de Artículo 19, su visión y objetivo son ahora tratar de localizar actividades para maximizar nuestro impacto, en términos de apoyar a entidades similares, con asesoramiento en dirigencia en derechos humanos y estar en el lugar preciso cuando la oportunidad requiere visibilidad en la defensa de la libertad de expresión. Debo decir que esta visión y las prioridades han sido efectivas. Cómo seguimos adelante para seguir expandiendo y sosteniendo la acción dependerá de nuestra financiación y de la forma en que nos desarrollamos económicamente.
–¿De dónde provienen los fondos de esta ONG?
–Por suerte nuestra base de ingresos es bastante amplia. Es uno de los aspectos positivos de Artículo 19. Tenemos una media docena de donantes fuertes que nos proveen anualmente de las cifras mayores para nuestra actividad. Entre ellos está la Fundación Soros, la Fundación Ford, el gobierno sueco a través de su oficina de desarrollo internacional (SIDA), el gobierno británico mediante una ONG de apoyo al desarrollo en el exterior, y la Fundación Rausing, que es uno de los donantes más generosos.
–Vistos desde afuera, nunca hallé una razón clara de por qué Artículo 19 y la revista Index on Censorship no pudieron aunar esfuerzos. Fue un problema desde el comienzo cuando el iniciador de Artículo 19, el fallecido Martin Ennals, ex secretario general de Amnistía Internacional, y Philip Spender, director de la Writers and Scholars Educational Trust, que publicaba Index on Censorship, no pudieron llegar a un acuerdo. Me pregunto si fue solamente un conflicto de personalidades, o si hubo algo más. En general, la dispersión de los esfuerzos de derechos humanos, muchas veces por diferencias ideológicas o económicas, me parece una lástima. Se desperdician tiempo y fondos.
–Vea, no puedo hablar de ese pasado, que usted vivió como director de la revista, porque yo no estaba en esos tiempos. Lo que sí le puedo decir es que hoy estamos tratando de trabajar en la forma más coordinada posible. Verá que compartimos el mismo edificio. Además, la mayor parte de nuestra acción por la libertad de expresión en el Reino Unido se desarrolla en combinación con la revista Index..., y con el Centro PEN de Inglaterra (ex PEN Club, organización internacional de escritores). El noventa por ciento de la acción aquí se hace en base a la colaboración entre las tres oficinas. Además, existen negociaciones, que preceden a mi arribo a Artículo 19, que se vienen desarrollando con seis grupos más. Para reforzar la acción conjunta y la relación de las nueve organizaciones, en este momento se promueve un plan de promoción de alfabetización y literatura. Esto requiere mucho estudio si se va a instalar en sociedades muy diferentes. El objetivo es crear un centro mundial de libertad de expresión y literatura. Por ahora se monitorea toda nueva legislación que atañe a libertad de expresión. Si pensamos, ahora hablamos de solamente las tres primeras agencias, que un proyecto de legislación constituye una amenaza a la libertad de expresión, haremos un análisis y un informe acerca de la naturaleza de lo que vemos como amenaza. Nos unimos para responder en la forma más efectiva posible a lo que parece tergiversar una libertad esencial en la democracia. Aclaro que lo de abrirnos a un programa de alfabetización no está en el programa de Artículo 19 en la actualidad. Es un proyecto para el futuro y requiere de mucho más esfuerzo que el que podemos aportar los entes que mencioné. La idea es desarrollar una recomendación de política de alfabetización en todo el mundo y eso no es tarea fácil. La promoción de la alfabetización y del desarrollo de la literatura mediante traducciones, etc; ya es parte de la acción de otras ONG entre las nueve que mencioné. El proyecto será de otros, nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a defender la libertad del emprendimiento. Por ahora se organizan seminarios y conferencias para elevar la concientización de la necesidad de la libertad de expresión en los programas de alfabetización.
–Siempre que me encuentro con una organización como Artículo 19 me llevo la impresión de que América latina es una región secundaria para ustedes. El interés británico, y más generalmente, europeo, parece concentrarse en países de Africa, Medio Oriente y regiones asiáticas.
–Creo que eso está cambiando. Es cierto que en Africa la impresión es que Artículo 19 tiene una actividad regional, que no es lo mismo en Asia y Europa, donde la acción se radica en países individuales. También en Medio Oriente nuestra acción es relativamente nueva, de tan sólo dos años. Tenemos dos personas en la región, y nuestra labor se concentra en Irak, Yemen y un poco en Egipto. Vamos a hacer más en América latina a través de un programa iniciado hace dos años que busca establecer contacto con organizaciones de base, para atender a cambios conceptuales. Verá que América latina hoy se está convirtiendo en punto de mayor atención para el Reino Unido y Europa. En esa región se va ampliando el trabajo pero no puede considerarse regional. Hemos comenzado a trabajar en México y por ahora seguiremos avanzando país por país. El hecho de referencia es que un periódico mexicano en idioma inglés, The Reporter, dijo en noviembre que Artículo 19 se ha establecido como voz y autoridad en lo que hace a la libertad de expresión. También hemos logrado llamar la atención de los medios en Brasil, cosa que no es fácil. Pero ésas son oficinas locales, y no regionales. No hemos hecho mucho en la Argentina, ni lo intentamos si bien en 2005 y 2006 hemos estado presentes mediante un admirable socio, que es la Asociación de Derechos Civiles (ADC). Uno de nuestros fracasos en América latina ha sido que los gobiernos, me refiero en general, son reacios a llevar adelante la legislación para el derecho de acceso a la información. En la Argentina en 2006 nos pareció que todos los esfuerzos por desarrollar el derecho a la información se archivaron. Se cayó todo en ese 2006 quizá debido al desprecio por el tema demostrado por el presidente de la República. Posiblemente no entendió bien los beneficios de fortalecer la democracia implícitos en la liberación del acceso a la información.Espero que podamos convencer a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la importancia de la transparencia informativa oficial y que haga de ella una prioridad. Hay que reconocer que hubo buenos ejemplos de decisiones en el tribunal y en la subcomisión interamericana de derechos humanos en lo que se refiere al acceso a la información. Pero varios gobiernos, con razonamientos bastante problemáticos, no han tomado los recaudos necesarios. Brasil es un ejemplo de un gobierno que pudo tomar algunos pasos en el tema, pero ahora esos pasos parecen más un baile, dos adelante, tres para atrás. Luego se mueven a un costado para desmentir que se ignora el tema. Es ridículo que democracias establecidas se comporten de esta forma. Por un lado las autoridades, en Brasil y en otros países, reconocen que la transparencia es una parte esencial del progreso democrático, pero no hay movimiento hacia ese progreso. Venezuela es otro caso de lamentar. La sociedad en ese país está tan polarizada que es muy difícil para una organización internacional anunciar una acción imparcial en cuanto a situaciones controvertidas y ser aceptada como creíble. En todo momento algún grupo saldrá a usar un análisis nuestro para beneficio de su bando. Venezuela es un campo minado. Cualquiera sean las circunstancias históricas, o las justificaciones históricas posibles que la gente quiera instalar en el escenario político, no se puede justificar la represión actual de la libertad de expresión. No corresponde a la visión que propuso el presidente Hugo Chávez en años recientes. El anunció un proyecto de justicia social, de justicia internacional, de mayor igualdad. Nada de eso se equipara con restringir la libertad de expresión. Aun cuando todos los medios del país estén contra ese proyecto no se justifica silenciar a los medios. Quiero hacer notar que siempre que se comienza a silenciar las voces de disenso por lo general es imposible detenerse en unas pocas voces. Eso lo enseña la historia. Un sistema que no tolera la crítica, el disenso, se extiende a todos los niveles. Y aclaro que si nosotros defendemos la crítica, no significa que apoyemos lo que dicen las voces del disenso. Significa que para el bien de la sociedad, para el bien de la democracia, el disenso es necesario.
–Su labor principal, la producción de Artículo 19, parece ser la emisión de comentarios y comunicados de prensa. ¿Qué más produce esta organización?
–En realidad, a lo que usted se refiere es tan sólo una pequeña parte de la labor. Por tradición, Artículo 19 no es un actor veloz en la reacción frente a los hechos. No tendemos a responder a las crisis de inmediato, como lo haría Amnistía Internacional. Nuestro proceder por el derecho a la libertad de expresión es dedicarnos a una política estructural, sugerir nuevas posibilidades y métodos, nuevas instituciones, y también hacer una contribución a los diferentes ambientes para la libertad de expresión. Gran parte de nuestro trabajo es a largo plazo, de alcance profundo, llevando el conocimiento internacional a organizaciones y comunidades de base. Combinamos la labor legal, la búsqueda de niveles aceptables, y de contacto entre grupos para la mejor protección de la libertad de expresión. En fin, nuestra labor muchas veces no es muy visible, no alcanza grandes titulares, pero el proceder lentamente es una parte importante de nuestro trabajo. Le doy ejemplos: ofrecemos aprendizaje para el mejor conocimiento y aceptación de la libertad de expresión, entrenamos y elevamos la capacidad de docentes en el tema, organizamos seminarios para debatir nuevos aspectos de la legislación de medios y de comunicaciones. Con frecuencia mensual producimos informes analíticos sobre hechos de actualidad. Por ejemplo, en noviembre publicamos un análisis sobre la legislación china en relación con los medios. Esto se relaciona con los medios mismos, pero también es de interés para todo lo que tiene que ver con intercambio comercial e inversiones. También en noviembre publicamos informes sobre la libertad de expresión en Turquía y el Código Penal Turco. Mucha gente detenida está procesada por ofender lo que se describe como la entidad nacional. Es complejo. Otro de estos informes cubrió la situación de Turquía frente a los kurdos de Irak. Si bien tiene relación con la crisis reciente y la amenaza de invasión por Turquía, el informe es producto de una misión de estudio en julio de 2007. Hace tres años que trabajamos en Sudán, en Jartum, para tratar de elaborar un mecanismo para la libre expresión. Esto no se logra de la noche a la mañana. Hay que llevar a muchos participantes al diálogo. Hay que convencer a mucha gente, en muchos casos muy reacia, para que entiendan que los beneficios que pueden obtener mediante la libertad de expresión pueden ser buenos para su país, para la sociedad y el desarrollo. Esto hacemos. Hacemos muchas reuniones de comprensión, para que la gente pueda entender lo que es la libertad y que les puede ser útil participar en la preparación de políticas que pueden ser debatidas con funcionarios y con la sociedad civil. Luego, en otra etapa, hay que acompañar a la gente para ver si una política, en un cierto contexto, puede funcionar y ser aprobada por una asamblea o una Legislatura. Ese proceso es lento.
–¿Por qué establecieron una oficina tan grande en México? Un ente con cinco personas, frente a un total mundial, incluyendo la central en Londres, de veintiséis personas.
–Creció. Comenzó con dos personas y decidieron que quedaba mucho más por hacer en México. Hay varias ONG muy buenas en el país, pero decidimos que había espacio para la labor de Artículo 19. Por esto estamos desarrollando nuevos proyectos adecuados al medio local. Hay un equipo de cinco personas ahora, pero esto puede no seguir así en un par de años. Los números del personal varían según la naturaleza de los proyectos de investigación. Por ahora no se podría mantener una oficina de cinco personas por cinco años. Nuestra publicación regular, el newsletter, se hace en castellano en México. Aparece cada tantos meses, dependiendo del volumen de nuestra labor. Nosotros aportamos fondos, pero ellos han iniciado un proceso de financiación propio. El director local, Darío Ramírez, es parte del sistema central. Las dos personas en la oficina de San Pablo, encabezada por Paula Martins, también. No tenemos otras delegaciones en la región, pero como dije tenemos muy buenos socios en Buenos Aires, donde funciona la ADC. En Santiago de Chile trabajamos con Pro Acceso. Nuestros socios regionales son IPYS, en Lima, Perú. Con la gente en Chile estamos trabajando para lograr mayor transparencia en el acceso a la información. Debo decir que mientras no parezcamos muy involucrados en América latina como región, es importante que la gente nos acompañe mostrando mayor interés en los asuntos de la región, más allá de sus propias fronteras. Hay que comprometerse e interesarse por lo que sucede afuera, meterse en temas internacionales. Las naciones latinoamericanas se están convirtiendo en actores de primera línea en los hechos internacionales, por lo que es prioritario que presten sus voces a situaciones de libertad de expresión en lugares como Burma o Pakistán o China. La región debe ser escuchada. La sociedad civil en América latina es una de las más vibrantes del mundo, y sería fantástico que se tomara un rol más grande en hechos mundiales. Hasta ahora la región ha mirado demasiado hacia adentro.
–Toda esta labor, ¿llega al público en algún lugar?
–El objetivo es llegar a un público más amplio, no especializado, interesado en aportes que son centrales a la política pero que no son de uso corriente. Ahora ni siquiera tenemos mucho espacio en los grandes medios que parecemos defender. Los medios, en realidad, tienen una mala prensa. Cada vez que se publican esos sondeos de opinión sobre la percepción pública de las instituciones que consideran confiables, los medios están lejos del primer puesto. Hay bastante desconfianza de los medios en Europa. Por lo tanto hay mucho trabajo de campo para hacer para llegar al público y para explicar lo que es libertad de expresión en los mismos medios. Tenemos que explicar por qué importa, reforzar la comprensión, por qué hay que tolerar algo de las expresiones consideradas extremistas porque es importante para la salud de la democracia. No es un mensaje fácil de entregar. En eso estamos.
Publicado por Roberto Saba a las 20:38 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Acceso a la Información, Libertad de expresión
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