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BOE.es - Documento BOE-A-2006-17741
Documento BOE-A-2006-17741
Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, hecho en Wellington el 28 de julio de 2005.
«BOE» núm. 243, de 11 de octubre de 2006, páginas 35153 a 35160 (8 págs.)
BOE-A-2006-17741
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
El Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, han acordado lo siguiente:
2. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son:
iv) los impuestos locales sobre la renta, (denominados en lo sucesivo «impuesto español»).
b) en Nueva Zelanda: El Impuesto sobre la Renta, (denominado en lo sucesivo «impuesto neozelandés»);
3. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente, en un plazo de tiempo prudencial, las modificaciones importantes que se hayan introducido en sus legislaciones fiscales.
a) el término «España» significa el Reino de España y, utilizado en sentido geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo su mar territorial y las áreas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
b) el término «Nueva Zelanda» significa el territorio de Nueva Zelanda, con exclusión de Tokelau y de los Estados asociados con autogobierno de las Islas Cook y Niue; e incluye las áreas exteriores a su mar territorial que, de conformidad con la legislación neozelandesa y con el Derecho internacional, se hayan designado o puedan designarse como áreas en las que Nueva Zelanda pueda ejercer sus derechos con respecto a los recursos naturales;
c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan España o Nueva Zelanda, según el contexto;
f) el término «empresa» se aplica al ejercicio de toda actividad empresarial o profesional o negocio;
h) la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante salvo cuando el transporte se realice exclusivamente desde un punto a otro o entre puntos situados en el otro Estado contratante;
(i) en España: el Ministro de Economía y Hacienda o un representante autorizado;
(ii) en Nueva Zelanda: el Comisionado de la Oficina Tributaria (Inland Revenue) o un representante autorizado;
(i) en el caso de España, una persona física, que posea la nacionalidad de España y en el caso de Nueva Zelanda, una persona física que posea la ciudadanía de Nueva Zelanda;
k) la expresión «actividad empresarial o profesional» y el término, «negocio» incluyen la prestación de servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.
1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado, sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el mismo.
a) dicha persona será considerada residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, o no la tuviera en ninguno de ellos, se considerará residente exclusivamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
b) si la residencia exclusiva no pudiera determinarse según lo dispuesto en el párrafo a), se considerará residente exclusivamente del Estado donde viva habitualmente;
e) los talleres,
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales;
g) las explotaciones agropecuarias o forestales;
h) las obras, construcciones o los proyectos de instalación o montaje cuya duración exceda de doce meses.
3. No se considerará que una empresa tiene un establecimiento permanente únicamente por razón de:
a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; o
b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas; o
c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa; o
d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa; o
e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa actividades de carácter auxiliar o preparatorio, como hacer publicidad o realizar investigaciones científicas; o
f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con, el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los párrafos a) a e), con la condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
4. Se considerará que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante y que realiza actividades mediante ese establecimiento permanente si, durante más de doce meses:
a) realiza actividades de supervisión en ese Estado en relación con una obra, construcción o con un proyecto de instalación o montaje emprendidos en ese Estado, o
b) utiliza estructuras, instalaciones, plataformas de perforación, barcos u otros equipos sustanciales similares:
i) para la exploración o la explotación de recursos naturales; o
ii) en actividades relacionadas con dicha exploración o explotación.
5. A los efectos de determinar la duración de las actividades referidas en los apartados 2 y 4, el período de duración de las actividades desarrolladas en un Estado contratante por una empresa asociada con otra empresa, se añadirá al período durante el cual la empresa con la que está asociada desarrolla la actividad si las actividades mencionadas en primer lugar están relacionadas con las desarrolladas en ese Estado por la empresa con la que está asociada, con la condición de que todo período durante el que dos o más empresas asociadas desarrollen actividades concurrentes se contabilice sólo una vez. Se considerará que una empresa está asociada con otra si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, o si una tercera persona o personas controla a ambas directa o indirectamente.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 cuando una persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 7, actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 3 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.
8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o esté controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante, o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
2. La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el Derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación o la concesión de la exploración o la explotación, o respecto del producto de la explotación de cualesquiera recursos naturales (incluyendo yacimientos minerales, pozos de petróleo o de gas, canteras, o madera en pie); los buques, embarcaciones y aeronaves no tendrán la consideración de bienes inmuebles.
6. Cuando:
a) un residente de un Estado contratante sea el beneficiario efectivo, ya sea directamente o a través de una o más entidades fiduciarias interpuestas («trust»), de una participación en los beneficios de una empresa explotada en el otro Estado contratante por el fiduciario («trustee») de una entidad fiduciaria que no tenga la consideración de sociedad a efectos fiscales; y
b) respecto de esa empresa, el fiduciario tuviera, conforme a los principios del artículo 5, un establecimiento permanente en ese otro Estado, la empresa explotada por el fiduciario se considerará explotada en ese otro Estado por aquel residente mediante un establecimiento permanente situado en ese otro Estado y la participación en los beneficios de la empresa se atribuirá a dicho establecimiento permanente.
8. Las rentas o beneficios de cualquier tipo de seguro se someterán a imposición de conformidad con el Derecho interno de los Estados contratantes. Sin embargo, si una empresa de un Estado contratante obtiene primas pagadas por el aseguramiento de riesgos situados en el otro Estado, excepto a través de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, las rentas o beneficios obtenidos por la empresa por el aseguramiento de dichos riesgos no excederá en ese otro Estado del 10 por ciento de las primas brutas pagadas por dicho aseguramiento.
Artículo 8. Explotación de buques y aeronaves.
1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, tales beneficios pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante cuando se deriven de la explotación de buques o aeronaves exclusivamente entre puntos situados en ese otro Estado.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se aplican también a la parte de los beneficios obtenidos por un residente de un Estado contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves mediante la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo de explotación internacional.
5. A los efectos de este artículo, los beneficios derivados del transporte en buques o aeronaves de pasajeros, ganado, correo, bienes o mercancías, embarcados en un Estado contratante para su descarga en un lugar de ese Estado, tendrán la consideración de beneficios derivados de la explotación de buques o aeronaves exclusivamente entre puntos situados en ese Estado.
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante, cuyo beneficiario efectivo sea residente del otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos, y según la legislación de ese Estado, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de los dividendos.
1. Los intereses procedentes de un Estado contratante pagados a un beneficiario efectivo residente del otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante sólo podrán someterse a imposición en este otro Estado si el perceptor de los intereses es su beneficiario efectivo y este es un Estado contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales.
4. El término «intereses» en este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios y, en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos, así como cualesquiera otras que se sometan al mismo régimen que los rendimientos de los capitales prestados por la legislación fiscal del Estado contratante del que procedan las rentas, sin embargo no incluye las rentas consideradas dividendos conforme al artículo 10. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo.
5. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
6. Los intereses se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda que da origen al pago de los intereses y estos sean deducibles en la determinación de la renta, los beneficios o las ganancias atribuibles a dicho establecimiento permanente, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente.
1. Los cánones procedentes de un Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Dichos cánones podrán someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los cánones.
3. El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y las películas, cintas o cualquier otro medio de reproducción de la imagen o el sonido, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tales casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
5. Los cánones se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente fiscal de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en uno de los Estados contratantes un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de los cánones, y estos sean deducibles en la determinación de la renta, los beneficios o las ganancias, atribuibles a dicho establecimiento permanente, dichos cánones se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente.
6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
Artículo 13. Enajenación de bienes.
1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las rentas derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, comprendidas las rentas derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las rentas derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
4. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante de la enajenación de acciones o participaciones análogas cuyo valor se derive en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante podrán someterse a imposición en ese otro Estado.
5. Las rentas derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.
c) las remuneraciones no son deducibles en la determinación de los beneficios sujetos a imposición de un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro Estado.
Las pensiones (incluidas las derivadas de la función pública) y remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
1.a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, y a las pensiones, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.
Los pagos que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento o estudios un estudiante que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado contratante y que se encuentre temporalmente en el primer Estado con el único fin de cursar estudios, no podrán someterse a imposición en ese Estado, siempre que dichos pagos procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante; realice en el otro Estado contratante una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 del presente Convenio.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas de un residente de un Estado contratante no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, procedentes del otro Estado contratante, pueden someterse también a imposición en ese otro Estado.
a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Nueva Zelanda, España permitirá la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Nueva Zelanda.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que puedan someterse a imposición en Nueva Zelanda.
2. En Nueva Zelanda:
Con sujeción a las disposiciones de la legislación de Nueva Zelanda vigentes en ese momento, relativas a la posibilidad de deducir del impuesto sobre la renta neozelandés los impuestos pagados en el extranjero (sin que esto afecte a la generalidad de este artículo), los impuestos españoles pagados con arreglo a la legislación de España y de conformidad con el presente Convenio (bien sea directamente o mediante deducción) por rentas obtenidas por un residente de Nueva Zelanda y procedentes de España, podrán compensarse con el impuesto neozelandés pagadero sobre dichas rentas.
1. Los nacionales de uno de los Estados no estarán sometidos en el otro Estado a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, la presente disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados.
2. Los beneficios determinados de acuerdo con las disposiciones del artículo 7 de un establecimiento permanente que una empresa de uno de los Estados tenga en el otro Estado y que sean imputables a dicho establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones del artículo 7, no estarán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a ninguno de los Estados a conceder a los residentes del otro Estado las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3. Las empresas de un Estado cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado mencionado en primer lugar cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes de un tercer Estado.
4. Cuando uno de los Estados considere que las normas tributarias del otro Estado infringen los principios establecidos en el presente artículo, las autoridades competentes de los Estados se consultarán entre ellas con la intención de resolver la cuestión.
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 22, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones de este Convenio.
4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores. Cuando se considere que este acuerdo puede facilitarse mediante un intercambio verbal de opiniones, este podrá realizarse a través de una comisión formada por representantes de las autoridades competentes de los Estados contratantes.
1. Los gobiernos de los Estados contratantes se notificarán entre sí el cumplimiento de los procedimientos internos contemplados en su legislación para la entrada en vigor del presente Convenio.
2. El Convenio entrará en vigor en la fecha de la recepción de la última de las notificaciones a las que se refiere el apartado 1 y sus disposiciones surtirán efecto:
(i) en relación con los impuestos retenidos en la fuente, respecto de las rentas que se obtengan a partir del día 1 de enero, inclusive, del año civil siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor;
(ii) en relación con otros impuestos, respecto de las rentas correspondientes a los períodos impositivos que comiencen a partir del día 1 de enero, inclusive, del año civil siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor.
b) En Nueva Zelanda:
(i) con relación al impuesto retenido sobre las rentas, las ganancias o los beneficios obtenidos por un no residente, respecto de las cantidades pagadas o debidas a partir del primer día, inclusive, del segundo mes siguiente a la fecha en que el Convenio entre en vigor; y
(ii) con relación a cualquier otro impuesto neozelandés, respecto de todo período impositivo que comience a partir del 1 de abril, inclusive, siguiente a la fecha en que el Convenio entre en vigor.
El presente Convenio permanecerá en vigor hasta su denuncia por alguno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá notificar por escrito la denuncia del Convenio al otro Estado contratante, por vía diplomática, al menos, con seis meses de antelación al final de cualquier año civil que comience una vez transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que el Convenio entre en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:
(i) en relación con los impuestos retenidos en la fuente, respecto de las rentas que se obtengan a partir del día 1 de enero, inclusive, del año civil siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia;
(ii) en relación con otros impuestos, respecto de las rentas correspondientes a los períodos impositivos que comiencen a partir del día 1 de enero, inclusive, del año civil siguiente a aquel en que se notifique la denuncia.
(i) con relación al impuesto retenido sobre las rentas, las ganancias o los beneficios obtenidos por un no residente, respecto de las cantidades pagadas o debidas a partir del primer día, inclusive, del segundo mes siguiente a aquel en el que se comunique la denuncia, y
(ii) con relación a cualquier otro impuesto neozelandés, respecto de todo período impositivo que comience a partir del 1 de abril, inclusive, del año civil siguiente a la fecha en que se comunique la denuncia.
Hecho en doble ejemplar en Wellington, el 28 de julio de 2005 en las lenguas española e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia entre los textos prevalecerá el redactado en lengua inglesa.
Por el Reino de España, Por el Gobierno de Nueva Zelanda,
Francisco Javier Rojo García,
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante de dicho Convenio:
a) Se acuerda que si Nueva Zelanda introdujera un impuesto sobre la renta exigido por las autoridades locales, este quedaría incluido en el ámbito del Convenio.
b) Se entenderá que en la aplicación de los artículos 10, 11 y 12 o cuando un Estado contratante otorgue una deducción por impuestos pagados en el otro Estado contratante, el impuesto o deducción no incluirá las multas pecuniarias o intereses aplicados por mora o incumplimiento conforme a la legislación interna de los Estados contratantes. Se entenderá igualmente que esto no afectará al ajuste por dichas multas o intereses, cuando corresponda, que pueda acordarse mediante procedimiento amistoso en virtud del artículo 23, o de otro modo.
II. Con referencia al artículo 4:
A los efectos del presente Convenio, se emitirá un certificado de residencia a toda persona que así lo solicite, en el que se haga constar su situación con respecto a su residencia en un Estado contratante. Dicho certificado, siguiendo lo establecido en la legislación interna de cada Estado, manifestará de forma expresa la condición de residente en el Estado contratante del solicitante a los efectos del Convenio.
III. Con referencia al artículo 10.
a) En el caso de que Nueva Zelanda modificara de forma sustancial las normas del Crédito Fiscal para Inversores Extranjeros (Foreign Investor Tax Credit rules) contenidas en el apartado LE de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act) de 1994, las autoridades competentes neozelandesas informarán de dicha modificación a las autoridades competentes españolas con el fin de reconsiderar los contenidos del artículo 10; y
b) En el caso de que España modificara de forma sustancial la tributación de los dividendos obtenidos por no residentes, las autoridades competentes españolas informarán de dicha modificación a las autoridades competentes neozelandesas con el fin de reconsiderar los contenidos del artículo 10.
Cuando dicha modificación sustancial se derive del marco regulador de la Unión Europea, comprendidas las sentencias del Tribunal de la Unión Europea, las autoridades competentes españolas informarán de dicha modificación a las autoridades competentes neozelandesas con el fin de reconsiderar, si fuera posible, los contenidos del artículo 10.
IV. Con referencia a los artículos 10, 11 y 12:
Se acuerda además que si Nueva Zelanda negociara en el futuro un Convenio para Evitar la Doble imposición con otro Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el que se limitara la tributación en la fuente de los dividendos, intereses y cánones a un tipo inferior que el establecido en cualquiera de esos artículos (del presente Convenio), Nueva Zelanda iniciará negociaciones con España con la debida diligencia para reconsiderar dichos artículos con el fin de otorgar (a España) el mismo tratamiento.
V. Con referencia a los artículos 10, 11 y 12:
Se entenderá que un fiduciario («trustee») sujeto a tributación en un Estado contratante por razón de dividendos, intereses o cánones, será considerado el beneficiario efectivo de dichos dividendos, intereses y cánones.
VI. Con referencia al artículo 20:
Se acuerda que cuando surjan rentas comprendidas en ese artículo, las autoridades competentes de los Estados contratantes celebrarán negociaciones con el fin de alcanzar una solución satisfactoria sobre la tributación de dichas rentas.
VII. Con referencia al artículo 21:
Se entenderá que la deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, se concederá de acuerdo con la legislación interna de cada Estado contratante. Si cualquiera de los Estados contratantes modificara de forma sustancial su legislación interna con respecto a dicha deducción informará de tales cambios a las autoridades competentes del otro Estado contratante.
VIII. Con referencia a los artículos 26 y 27:
Se entenderá que las expresiones utilizadas en el original «income year» y «tax year» tienen el mismo significado: «periodo impositivo», y que la utilización de diferentes expresiones por cada Estado contratante se basa exclusivamente, en Nueva Zelanda en razones de terminología de su legislación interna y, en el caso de España, en razones de terminología de sus Convenios para Evitar la Doble Imposición.
Hecho en doble ejemplar en Wellington el 28 de julio de 2005 en las lenguas española e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia entre los textos prevalecerá el redactado en lengua inglesa.
El presente Convenio entró en vigor el 31 de julio de 2006, fecha de recepción de la última notificación, cruzada entre las Partes, de cumplimiento de los procedimientos legales internos, según se establece en su artículo 26.2.
Madrid, 22 de septiembre de 2006.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Francisco Fernández Fábregas.
Entrada en vigor: 31 de julio de 2006.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 22 de septiembre de 2006.

References: artículo 5

Artículo 8
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 7

Artículo 13
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 26
 Resolución