Source: https://www.escritosjuridicos.com/demanda-por-aumento-de-la-cuota-de-plan-de-ahorro-automotor/
Timestamp: 2020-07-12 00:29:55+00:00

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Demanda por Aumento de la cuota de Plan de Ahorro Automotor – EscritosJuridicos.com
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……………. con domicilio real en calle ………….de la ciudad de ……………, provincia de ………….con el patrocinio del ……………., con domicilio legal en …………, constituyendo domicilio ………….me presento y respetuosamente ante V.S. y digo:
Vengo por el presente a iniciar demanda sumarísima en los términos del art. 53 de la LDC, contra ………… y ……… ambas domiciliadas en…., piso …..de la Ciudad …….
El objeto de la presente acción es solicitar de V.S. se sirva:
● Decretar la resolución del contrato de ahorro previo que me vincula con …. de Ahorro para fines Determinados por incumplimiento contractual con fecha retroactiva al 31 de mayo de 2018.
● Como medida accesoria a dicha resolución contractual, deberá determinar que a partir de ese día mi parte adeuda a ….de Ahorro para fines Determinados una deuda de naturaleza dineraria, calculada en en los términos del art. 25.4.1 de la resolución 8/15 de la IGJ.
● Se solicita también se condene a ….de Ahorro para fines Determinados al reintegro de toda suma que mi parte haya pagado de más, con más los intereses a la misma tasa Activa Banco Nación (por aplicación del principio de reciprocidad).
● Condene ….. de Ahorro para fines Determinados a reintegrar cada una de las sumas cobradas en concepto de honorarios por administración del plan en contra de los intereses de mi parte, en virtud de la aplicación de la sanción prevista en el art. 1325 del CCyCN.
● Se condena a la demandada a abonar los daños punitivos en el equivalente a la suma del total del valor de la unidad de ahorro al momento del pago de la sentencia y/o lo que en más o menos estime Vuestra Señoría de acuerdo a su sana crítica y la prueba a rendirse en autos.
● Se condene a la terminal co-demandada ….. a responder solidariamente todas y cada una de las obligaciones que decida la condena.
2.- ANTECEDENTES FÁCTICOS:
2.1.- El plan contratado. En **** de **** suscribí con la demandada un plan de ahorro (Grupo **** y Orden ***) en virtud del cual adquiri un automóvil *****
Para garantizar el saldo del precio, el auto fue prendado a favor de la administradora del plan, comprometiéndome a pagar mes a mes el equivalente a dividir el valor móvil de la unidad por la cantidad de 84 cuotas que se compone el plan. Actualmente estoy al dia con el pago de las cuotas correspondientes a dicho plan a pesar de que a esta altura me encuentro imposibilitado de seguir pagando sin que ello importe postergar gastos esenciales para mi persona y grupo familiar.
2.2.- El súbito aumento del dólar. Aumento del precio de lista de la unidad y la imposibilidad de seguir pagando:
A partir del mes de mayo del año 2018, como consecuencia de la súbita e impredecible devaluación de la moneda de nuestro país, el precio de lista de la unidad sufrió sufriendo un aumento considerable.
Este aumento impactó de lleno en el valor móvil a pagar, tornando cada vez más difícil juntar el dinero para pagar en tiempo y forma situación que me expone al peligro cierto de perder el vehículo si fuera ejecutada la prenda que grava la unidad. Al respecto me remito al pedido cautelar efectuado en el punto 11) de la presente demanda.
Adelanto desde ya que la administradora de plan, ante esta situación debió haber efectuado una consulta a todos los ahorristas para pedir nuevas instrucciones. Nada de ello hizo, continuando con la administración de los planes como si nada hubiera sucedido. Sobre este asunto volveremos a la hora de analizar la responsabilidad jurídica de la administradora de planes.
2.3.- La caída en la venta de unidades. La existencia de bonificaciones para la compra de autos. Discriminación.
Como era de esperar, el aumento de los precios de los autos provocó una caída abrupta en la venta de unidades automotores en nuestro país así como una caída enorme en las suscripciones de nuevos planes de ahorro. Como era de esperar también, el pago de las cuotas de los planes de ahorro cayeron estrepitosamente, entrando en mora una importante cantidad de suscriptores.
Estas circunstancias demuestran que los precios de lista emitidos por la terminal que acompañaron la subida del dólar NO FUERON CONSENTIDOS POR EL MERCADO.
Los diarios de todo el país se han hecho eco de esta noticia, impresiones de pantalla solo efecto ilustrativo.
● “Cae más de 38% la venta de autos en octubre” El sector atraviesa un panorama “complejo” y estima cerrar el año en 800.000 unidades, titulaba Clarín en nota de fecha 1 de noviembre de 2018[1].
● https://www.ambito.com/concesionarias-venden-autos-perdida-caida-la-demanda-n4027860
● https://www.minutouno.com/notas/3080913-por-la-crisis-venden-autos-cero-kilometro-a-perdida
● https://www.iprofesional.com/autos/284169-vehiculos-vehiculos-en-venta-segmento-La-venta-de-autos-0Km-acumulo-una-caida-de-11-durante-2018
● https://www.iprofesional.com/autos/285110-Cierran-agencias-de-autos-en-todo-el-pais-por-caida-de-ventas
● https://www.iprofesional.com/economia/283873-precio-patentamientos-ventas-Autos-0Km-en-crisis-planes-de-ahorro-cayeron-mas-del-57
● https://www.clarin.com/autos/dolar-hoy-aumentaron-cuotas-plan-ahorro-suscripciones-desploman_0_rpJXHgD2N.html
● https://www.clarin.com/autos/planes-ahorro-opciones-pueden-seguir-pagando-cuotas_0_RDoga84tY.html
● https://www.lmneuquen.com/las-cuotas-planes-autos-se-hacen-impagables-n605413
● https://autoblog.com.ar/2018/07/31/crisis-0km-el-50-de-los-suscriptores-de-planes-de-ahorro-debe-cuotas-o-cancelo-la-compra/
● http://www.protectora.org.ar/noticias/como-afectan-los-aumentos-a-los-planes-de-ahorro-de-los-0km/33751/
● https://www.lagaceta.com.ar/nota/783158/actualidad/dolar-golpea-planes-ahorro-cuotas-subieron-hasta-125porciento.html
● https://www.cadena3.com/noticias/turno-noche/fuerte-suba-las-cuotas-planes-ahorro-automoviles_123000
● https://www.rionegro.com.ar/autos/el-plan-de-ahorro-hace-agua-por-el-aumento-de-las-cuotas-AY6203938
● https://paralelo32.com.ar/preocupa-el-incremento-de-cuotas-de-planes-de-ahorro/
● https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-locales-santa-fe/planes-de-ahorro-perjudicados/
● https://www.ambito.com/se-disparan-las-cuotas-planes-autoahorro-como-darse-baja-n5010101
● https://diariolaopinion.com.ar/noticia/236921/alerta-por-suba-en-planes-de-ahorro-de-autos-0km
● https://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2019/1/16/advierten-un-aumento-monstruoso-de-la-cantidad-de-denuncias-en-san-juan-con-los-planes-de-autos-103235.html
● https://www.sinmordaza.com/noticia/590227-autoahorristas-marcharon-por-el-aumento-de-las-cuotas.html
● https://www.adnrionegro.com.ar/2018/11/un-70-de-aumento-en-planes-de-ahorro-para-comprar-autos/
Esta caída estrepitosa de ventas llevó a que la misma terminal a través de su red de concesionarias lanzaran al mercado importantísimos descuentos y/o bonificaciones en las unidades comercializadas.
Eso si, las terminales se cuidaron de no bonificar los modelos que se comercializan a través de planes de ahorro. Esto con el fin de evitar la aplicación del art. 32 de la Resolución 8/15 de la IGJ, el cual dispone en su apartado Nº 2 que: “Toda bonificación o descuento que efectúe el fabricante a los agentes y concesionarios de su red de comercialización, deberá trasladarse, en las mejores condiciones de su otorgamiento, al precio del bien-tipo a los fines de la determinación de la cuota pura. Las entidades administradoras deberán incluir dichas bonificaciones en la comunicación de precios que presenten en cumplimiento del apartado 16.2. del artículo 16 del Capítulo I.” Sobre esta cuestión volveremos en el punto 4) de la presente demanda.
La página Autoblog, una de los portales especializados en esta temática automotor, da cuenta de lo aquí denunciado[2]: “Los que compran en efectivo se están beneficiando con descuentos inéditos: en dólares, los autos están más baratos que nunca. Quienes pagan un plan, están sujetos a los valores de las listas de precios: en pesos, los autos nunca estuvieron tan caros.”
La misma Cámara Argentina de Concesionarios[3] recientemente ha reclamado a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) adecuar la base imponible del pago de las Patentes a los precios reales de las operaciones, y no a los de lista, ya que entre ambos existen diferencias de hasta el 30%.
Estamos hablando de otro enorme reconocimiento del problema antes denunciado. Si bien el reclamo tiene que ver con un tema impositivo que encarece los autos, lo cierto es que la misma Cámara reconoce que existe enorme diferencia entre el precio de lista y el real de las operaciones, “…explicó que los precios reales incluyen fuertes bonificaciones, y son entre 20 y 30% más bajos que los de la base imponible usada para el pago de impuestos”. El titular de la CCA dijo además que el mercado de 0km sigue “paralizado, con stocks de entre 500 y 600 mil unidades”.
Las quejas masivas marchas en todo el país. Este trato discriminatorio y en abuso de posición dominante indignó completamente a los ahorristas, entre los que me encuentro, provocó la movilización masiva de los ahorristas de planes. Cito alguna de las noticias periodísticas que dan cuentas de las movilizaciones, denuncias y convocatorias realizadas por los damnificados de esta práctica.
● https://www.cba24n.com.ar/autoconvocados-protestaron-por-cuotas-abusivas-en-planes-de-ahorro/
● https://www.lavoz901.com/noticias/reclaman-por-el-aumento-de-planes-de-ahorro-y-piden-la-intervencin-de-bordet.htm
● http://www.agenciafe.com/nota/304606-Movilizacin-por-las-subas-en-los-planes-de-ahorro
● https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-1-16-0-0-0-sin-definiciones-para-los-afectados-por-los-planes-de-ahorro
● https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2018-12-23-13-36-0-cientos-de-puntanos-sufren-el-cruel-aumento-de-los-planes-de-autoahorro
● https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-1-13-0-0-0-con-cuotas-inalcanzables-en-los-planes-de-ahorro-iran-a-la-justicia-federal
● https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-12-27-10-56-0-autoconvocados-protestaron-y-pidieron-una-solucion-por-las-excesivas-subas-en-los-planes-de-ahorro
● http://www.puntal.com.ar/riocuarto/Protestan-por-aumentos-desmedidos-de-las-cuotas-de-planes-de-ahorro-20181121-0032.html?fb_comment_id=1897584503688655_1897775403669565
● https://www.rosario3.com/noticias/Reclamo-por-aumento-desmedido-de-cuotas-de-autoplanes-20190219-0043.html?fbclid=IwAR0NnE4c2TpeyajHe4yNHnVD19waogSaEw036tdpMBeE32ZThmc3aWFBPo0
2.4.- La respuesta de FCA en contra de los intereses de los ahorristas. El plan de diferimiento de cuotas:
Una vez que se disparó el dólar, especialmente en el mes de mayo de 2018, la administradora de planes sabía perfectamente que ello impactaría fuertemente en el precio de lista de las unidades comercializadas por la terminal.
Aún sabiendo ello decidió -en contra de lo que manda la ley- continuar con la administración de los planes como si nada hubiera sucedido. Ya para el mes de diciembre el valor móvil de la unidad pasó de $******* a ******.
Como señalamos en su oportunidad, FCA de ahorro ante esta circunstancia excepcional debió haber haber solicitado o pedido instrucciones a sus mandantes, cosa que JAMÁS HIZO. Siguió adquiriendo los autos mediante los precios de lista que viene fijando unilateralmente la terminal demandada, garantizándole el flujo de dinero (millones y millones de pesos) que proviene de los miles de ahorristas que pagan sus cuotas hacia la terminal. Ninguna acción hizo en defensa de sus mandantes de acuerdo a los lineamientos claro que le exigía el Código Civil. Sobre esta cuestión volveremos más adelante.
El diferimiento de cuotas. Como el tema seguía movilizando a la gente cada vez más molesta, a principios del mes de noviembre de 2018, FCA de Ahorro decidió unilateralmente sin consulta alguna a los ahorristas miembros del grupo (y sin autorización de la IGJ) ofrecer diferimientos de cuotas a los ahorristas.
Esto es otra clara clara prueba de que la administradora sabía perfectamente de la morosidad en el pago de las cuota por parte de los ahorristas ya que no estaban consintiendo estos nuevos precios fijados sin ningún tipo de contacto con la realidad.
Esta situación se encuentra reconocida expresamente por la misma empresa FIAT en nota publicada en la página web “Autoblog”[4]. Allí entrevistaron a Martín Zuppi, director general de FCA Argentina quien reconoció que la causa del aumento de los precios fue por la subida del dólar y que comenzaron a ofrecer diferimiento en el pago de las cuotas las mismas no fueran tan “pesadas” al consumidor:
“-¿Cuál es la posición de Fiat con respecto a los reclamos de clientes que hoy no pueden pagar las cuotas de los planes de ahorro, por los fuertes aumentos que tuvieron en los últimos meses?
-El plan de ahorro es un sistema de venta que en la Argentina está muy instalado y que para Fiat es muy importante. Hoy ya tenemos una opción de apoyo a los clientes que no pueden pagar la cuota. El plan de ahorro no es ajeno a lo que está ocurriendo con la economía de todo el país. A la gente le cuesta pagar la cuota, los precios han aumentado por la suba del dólar. Lo que estamos haciendo es llamar a los clientes, reunirnos con ellos y llegar a un acuerdo para que puedan llegar a pagar las cuotas. Estamos intentando acercarles una cuota un poco más acomodada y tengan capacidad de pago”.
“Ante el encarecimiento de los planes de ahorro, Fiat renegociará con sus clientes”[5] confirmó el diario BAE negocios.
El diferimiento ofrecido significa que FCA permite dejar de pagar parte de la cuota dándole al cliente la posibilidad de no caer en mora pagando la diferencia cuando finalice el plan. En otras palabras, no es una bonificación de la cuota (lo que hubiera correspondido) sino simplemente es un mero diferimiento en el tiempo de la obligación del ahorrista.
Conclusión: En estas condiciones, me encuentro obligado a continuar pagando la cuota de un auto valuado a un precio de lista irrisorio que no ha sido convalidado por el mercado. Esto sin que se les haya dado a los demás ahorristas (los que no tienen el auto) la más mínima oportunidad de ratificar o rectificar el mandato original otorgado a la administradora del plan.
Esto provoca que se me obligue a pagar una suma dineraria que no tiene sustento alguno, en contradicción con las enormes ofertas y/o bonificaciones que existen en el mercado para adquirir autos de mayor gama a precios inferiores al que estoy pagando. Todo ello con el agravante de que si dejo de pagar, sufriré la ejecución prendaria de la deuda que tengo para con el administrador del grupo.
Ante esta situación y la absoluta falta de respuestas de las demandadas, vengo a iniciar la presente demanda judicial.
3.- DERECHO – MARCO JURÍDICO “IDEAL” DEL SISTEMA DE AHORRO PREVIO:
Resulta indispensable para analizar la presente demanda, partir de un somero análisis del marco jurídico de este tipo de contratos, únicos en el mundo.
En lo que interesa al objeto de este tipo de contratos los ahorrista que se suscriben a estos planes otorgan a la sociedad de ahorro y préstamo un mandato oneroso (en los términos del art. 1322, Cód. Civil y Comercial) que implica a su vez la obligación del cumplimiento de prestaciones a su cargo.
Es así que otorgan ese mandato a la sociedad para que ésta los integre en un grupo de personas que desea adquirir el bien cuya compra motivó la contratación y consiguientemente al plan que comenzará a regir una vez integrado el grupo con el número de personas previsto, plan al que adhieren desde ese primer momento.
Esta interpretación va en línea con lo dispuesto por el art. 28.2 de la Resolución IGJ 8/15 al establece que “Las entidades administradoras, en su condición de mandatarias de los suscriptores, deberán obrar con la lealtad, buena fe y diligencia necesarias para asegurar la obtención de acuerdos con los proveedores de los bienes que garanticen el mantenimiento de los valores durante el período comprendido entre la fecha de emisión y la de vencimiento de las cuotas”.
A su vez esta adhesión implica la obligación de los ahorristas de abonar una cuota de suscripción como retribución a la sociedad por esa primera tarea.
Una vez integrado el grupo de ahorro con la cantidad de ahorristas requeridos comienza a regir propiamente el plan de ahorro y préstamo.
En este período el mandato que debe cumplir la sociedad básicamente consiste en percibir de cada ahorrista del grupo las cuotas de integración estipuladas, administrar los fondos que les son entregados, comprar los bienes cuya adquisición es el objeto principal de los ahorristas agrupados y adjudicar periódicamente de acuerdo a la modalidad convenida esos bienes a los ahorristas que resulten favorecidos.
Por su lado es obligación de cada adherente abonar la cuota de integración convenida en forma periódica y retribuir por su labor a la sociedad un porcentaje estipulado en concepto de gastos de administración.
Cuando el ahorrista resulta favorecido de conformidad al procedimiento que se convenga en el contrato al que ha adherido con la adjudicación del bien que motivó su ingreso al plan, las relaciones jurídicas vuelven a complejizarse ya que a su respecto, comienza el período de préstamo de fondos.
Con la adjudicación del bien el suscriptor deja de ser simplemente un mandante de la sociedad de ahorro y préstamo para constituirse además en mutuario es decir en beneficiario de un crédito cuyo importe ha de consistir en la diferencia existente entre el monto por él abonado -con sus aportes al fondo de ahorro ya aportados- del valor del bien que desea adquirir y el monto necesario para completar dicho valor.
Es necesario aclarar que en este tipo de planes usualmente se conviene que el reajuste de las cuotas de integración estará en directa relación con el incremento del precio de lista de los bienes cuya adquisición se pretende, lo que tiene su fundamento en la circunstancia de que los grupos se forman de modo tal que la suma de las cuotas de cada período de pago alcance para la adjudicación de por lo menos un bien a uno de los miembros del grupo en cada período.
Por esta circunstancia una vez adjudicado el bien al ahorrista puede decirse que el mismo ha recibido un crédito por la diferencia entre lo que ha pagado hasta ese momento y el precio del bien recibido, crédito que se reajustará en la forma indicada -es decir en la medida del incremento del precio del bien- para posibilitar de esa manera la continuidad de las adjudicaciones a los demás ahorristas. A su vez, a fin de garantizar el pago de ese crédito que recibe, normalmente se constituye una prenda, sobre el bien adjudicado, por lo que además en esta etapa el adherente pasará a ser deudor prendario.
Por su parte nos encontramos en el otro extremo de la relación a la sociedad de ahorro y préstamo mandataria de los ahorristas hacia quienes se obligó a cambio de las retribuciones pactadas, a agruparlos en los respectivos “círculos cerrados”, a adoptar los recaudos para la percepción de las cuotas de ahorro correspondientes, a administrar los fondos del grupo, a realizar los procedimientos de adjudicación y a entregar a los ahorristas sucesivamente favorecidos en esos procedimientos los bienes que les fueran adjudicados en los plazos convenidos, previa constitución de garantías si fuera necesario.
Tal calidad de “mandataria” constriñe a la sociedad de ahorro y préstamo al cumplimiento de sus obligaciones en la forma y el tiempo acordados so pena de responder ante los suscriptores.
Restaría agregar en el punto que este mandato invariablemente se otorga con carácter “irrevocable”, de modo tal que los otorgantes quedan obligados a respetar el mismo limitando los ahorristas-mandantes su derecho a desligarse del sistema.
Hasta aquí un breve comentario sobre el marco legal “ideal” del contrato que nos ocupa. A continuación pasaré a analizar lo que sucede en la realidad.
4.- DERECHO Segunda parte. LA DESVIACIÓN DEL SISTEMA.
Ya en el año 1984 Guillermo F. Peyrano[6] hacía referencia a la desviación de la finalidad del sistema y la desprotección del ahorrista.
La lectura del mismo resulta esclarecedora “No son los ahorristas los que normalmente promueven la formación de estos sistemas, sino que es la misma empresa terminal la que, necesitada de colocar sus productos, crea la sociedad de ahorro y préstamo para que ésta se encargue de conseguir los interesados en ingresar a los planes -sea directamente o por intermedio de los concesionarios de la empresa terminal-.
Queremos significar con esto que ya no es el ahorro y préstamo para fines determinados meramente un medio de facilitar el acceso a determinados bienes a los interesados en adquirirlos, sino que ha terminado por constituirse en un auténtico y rentable sistema de ventas patrocinado e impulsado por las empresas terminales.
Y es a partir de este hecho en que pueden comenzar los peligros para los ahorristas.
La empresa terminal no sólo promueve la creación de la sociedad de ahorro y préstamo sino que también normalmente conserva una participación mayoritaria en el paquete accionario de la misma.
Y esta participación incluso, en ocasiones, es abiertamente confesada en los contratos que se firman con los suscriptores con la finalidad de prestigiar el sistema y de generar la confianza de los adherentes en que serán cumplidas las obligaciones pactadas.
Pues que se opera habitualmente una auténtica contraposición de intereses entre los ahorristas-mandantes y la sociedad de ahorro y préstamo-mandataria, ya que ésta pertenece a su vez a la empresa terminal que es la vendedora de los productos.
“…Pero además tiene la enorme ventaja de tener también asegurado que esa salida regular de su producción o de sus stocks se producirá a los precios que el conjunto económico a través de la empresa terminal fije voluntariamente, ya que los contratos que por intermedio de la administradora se han suscripto son reajustables justamente en relación al incremento de precio de lista de los bienes”.
Se desvirtúa el sistema porque el mismo, originariamente pensado por los mismos ahorristas para lograr el acceso a determinados bienes en base al crédito y al ahorro recíprocos, se ha transformado en un instrumento destinado a asegurar las ventas de la empresa terminal y a producir las mayores utilidades posibles al conjunto económico.
Poco importa entonces que el precio de los bienes que produce o comercializa la empresa terminal se incremente (lo que sucedió en el caso de especie), puesto que ésta tendrá asegurado un flujo regular de salida de esos bienes merced al ingenioso sistema de ahorro y préstamo para fines determinados.
No habrá discusión posible entre la administradora y la terminal, no existirán tratativas o negociaciones para favorecer los intereses de los ahorristas.”
ESTO ES JUSTAMENTE LO QUE HA PASADO EN EL CASO DE ESPECIE.
Es un hecho público y notorio que la terminal demandada viene fijando unilateralmente el precio del valor móvil de la unidad (o similares) sin aplicar bonificación o descuento alguno a los modelos de ahorro, a la vez que realiza importantes descuentos a los modelos (y/o autos similares) que no se comercializan por esta vía.
De esta forma elude la finalidad que tuvo el Estado Argentino al redactar el art. 32 de la Resolución 8/15 de la IGJ, el cual dispone en su apartado Nº 2 que: “Toda bonificación o descuento que efectúe el fabricante a los agentes y concesionarios de su red de comercialización, deberá trasladarse, en las mejores condiciones de su otorgamiento, al precio del bien-tipo a los fines de la determinación de la cuota pura. Las entidades administradoras deberán incluir dichas bonificaciones en la comunicación de precios que presenten en cumplimiento del apartado 16.2. del artículo 16 del Capítulo I.”
Esta normativa tuvo (y tiene) por objeto garantizar la igualdad de trato entre quienes compran en forma individual y quienes lo hacen mediante planes de ahorro, ello en línea con el artículo 8 bis de la ley de Defensa del Consumidor.
Estamos ante una conducta abusiva /o fraudulenta y/o discriminatoria, en perjuicio de los ahorristas de planes que no tenemos libertad de contratar. En definitiva, la terminal ha buscado eludir la aplicación de una normativa que pretende que no se perjudique o discrimine a los ahorristas.
También existe en el caso en cuestión una evidente situación de abuso de posición dominante, prohibida por el art. 9 y 10 del Código Civil. El artículo 10 establece que “El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.”.
Más allá de esta ilicitud que pongo en conocimiento, lo cierto es que es un hecho público que la devaluación del peso provocó una distorsión de precios fenomenal en el mercado automotor. Esto impide a mi parte estimar con fundamentos técnico- matemáticos, cual debería ser el precio justo que mi parte tendría que pagar por el automóvil que poseo.
Es por ello que la presente demanda, aclaro, no cuestiona ni pretende que V.S. fije el precio de la unidad, sino que simplemente se pretende declarar ilícito el comportamiento de la administradora del plan ante el súbito e importante aumento de precios habido. A continuación me abocaré a desarrollar dichos argumentos.
5.- DERECHO. Tercera parte. EL MANIFIESTO INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRADORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS ELEMENTALES DEL MANDATO.
Resulta indiscutible que la enorme, súbita e inesperada suba del dólar sucedida en el año 2018 resultó una circunstancia que alteró el curso normal del contrato, siendo un hecho ajeno a las partes, extraordinario e imprevisible, causando un perjuicio a mi parte por onerosidad grave.
Esta situación, daría lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión contractual, dando lugar a mi parte solicitar la intervención la intervención judicial para morigerar los efectos perniciosos del desequilibrio producido.
En este caso particular, la aplicación de la imprevisión contractual merece una mirada particular, ya que en principio, este remedio legal está pensado para contratos bilaterales. En el caso de especie, tenemos un sistema contractual donde confluyen muchas personas en pos de lograr un mismo objetivo, lo que merece otra mirada.
Veámoslo con un ejemplo concreto. Si un par de ahorristas invocaran la teoría de la imprevisión y pretendieran un reajuste de la cuota, la administradora podría contestarles que ello no puede suceder, ya que ella tiene un mandato para seguir juntando el dinero suficiente que le permita seguir adquiriendo los vehículos para todos aquellos que siguen en el sistema. Dicho de otro modo, la existencia de “contratos coligados” resulta un obstáculo para que alguien plantee en forma individual la solución prevista en el art. 1.091 del CCyCN.
Ahora, esto no significa que el problema descrito no tenga solución, pero la misma debe venir por la decisión mayoritaria de los ahorristas, y no de la voluntad unilateral e inconsulta del administrador del sistema, como sucedió en el caso de especie. Es por ello que, el punto neurálgico de la cuestión pasará por contestar la siguiente pregunta:
¿Qué debió hacer el administrador del plan ante la situación extraordinaria sucedida?
Como primera aproximación puede advertirse en que el contrato suscripto no está prevista una solución a este tipo de situaciones extraordinarias en donde la suba del precio de la unidad supera cualquier estimación esperada[7].
Esto no es llamativo, lamentablemente. Son las empresas demandadas las que redactan estos contratos predispuestos y saben que una previsión expresa para estos casos, podría significarles la pérdida del flujo de fondos que los miles de ahorristas le representan.
Resulta sumamente reprochable que las demandadas, quienes llevan operando en el país durante décadas y por tanto conocen de las crisis económicas que cada tanto arrasan con el valor de nuestra moneda, no hayan previsto alguna cláusula de salida para que los ahorristas no queden “atados” a un plan que resulta impagable o que resulta contrario a sus intereses económicos (esto en línea con la teoría de la imprevisión).
Desde ya sostengo categóricamente que esta omisión de modo alguno puede jugar en contra de la parte débil del contrato.
La cláusula 30 del contrato establece expresamente que “el adherente y/o adjudicatario en su caso, acepta que la administradora resuelva equitativamente las situaciones no previstas en estas condiciones Generales, pudiendo en la misma adoptar otras medidas que resulten necesarias para proteger los intereses del Grupo de Adherentes, en un todo de acuerdo con las previsiones del art. 40 de la ley 23.270”. Esto significa que el mismo contrato preveía la posibilidad de que algunas situaciones no sean previstas, ordenando a la administradora a que soluciones estas situaciones siempre con el faro en proteger los intereses del grupo de adherentes.
Aplicación de las reglas del mandato. En estas circunstancias, sostengo que correspondía a la administradora cumplir con las reglas del Código Civil y Comercial, especialmente las reglas del mandato[8] allí previstas[9]. Veamos:
El art. art. 1324 inc. a)[10] del CCyCN indica que el mandatario debe “a) cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del lugar de ejecución;”
Es que más allá de la legalidad del precio fijado unilateralmente por la terminal para estos vehículos, lo cierto es que la mandataria demandada tenía la obligación de velar por los intereses de los ahorristas quienes en definitiva son los que le dieron el mandato para actuar en nombre y representación de ellos. Nada de eso hizo, incurriendo en situación de incumplimiento contractual.
Esto se encuentra perfectamente en línea con el analizado artículo 30 del contrato que otorga la facultad a la administradora de adoptar otras medidas “que resulten necesarias para proteger los intereses del Grupo de Adherentes…”
¿Que debería haber hecho la mandante ante la devaluación y el inminente aumento súbito en el precio de los autos?
La solución se encuentra en el art. 1324 del CCyCN inc. b): “dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las medidas indispensables y urgentes;”
¿Dio aviso la administradora del problema enorme que causaría la devaluación del peso y el encarecimiento enorme de los precios de los autos? NO.
¿Pidió nuevas instrucciones, solicitando la ratificación de las instrucciones primogenias? NO.
¿Adoptó “medidas urgentes”, como podría ser la suspensión de emisión de cuotas hasta tanto no se tomara una decisión? NO.
De haber tomado medidas urgentes y/o pedido instrucciones a los miembros del grupo acerca de las circunstancias extraordinarias sucedidas, todo este daño injusto se hubiera evitado. Veamos:
Es sencillo presumir que de haber suspendido la emisión de cuota y efectuado la consulta los ahorristas hubieran decidido en gran mayoría dejar de seguir con el plan. En otras palabras, resulta difícil imaginar que la mayoría de ahorristas hubieran querido continuar pagando por los autos valores aumentados en un 100% cuando por otro lado la misma Terminal y su red de concesionaria ofrecían autos con enormes bonificaciones por otros canales de comercialización.
Es más, la organización civil Usuarios y Consumidores Unidos (www.ucu.org.ar) lanzó una encuesta nacional[11] a fin de preguntar a los ahorristas no adjudicatarios si deseaban o no continuar con el plan. Como era de esperar, la gran mayoría de ahorristas se inclinaron por la decisión de liquidar el plan y recuperar el dinero ahorrado, desistiendo de continuar con el contrato. Desde ya dejo ofrecido dicha prueba informativa para ser producida en su momento.
Volviendo al tema, la liquidación del grupo le hubiera significado a los ahorristas hacerse del dinero ahorrado en el plazo de 30 días, esto según artículo 18 del contrato. Con ese dinero recuperado, el ahorrista podría aprovechar las ofertas que por otro canal de comercialización las terminales y concesionarias automotrices están ofreciendo públicamente.
En lo que respecta a los ahorristas que poseen el auto prendado (como es mi situación) la liquidación del grupo hubiera implicado la posibilidad de optar por la conversión de la deuda de valor en una dineraria. En otras palabras, los ahorristas que poseen deuda prendaria frente al grupo no quedarían obligados a seguir pagando el valor de un auto que aumentó enormemente, sino que la deuda de valor se convertiría en un deuda dineraria, con intereses, mucho menor a la deuda irrazonable que se pretende me haga cargo.
Esta salida tiene sentido en tanto disuelto el grupo, no tiene sentido exigir a los ahorristas que poseen el auto en su poder se hagan cargo del dinero necesario para seguir adquiriendo automóviles a la terminal.
Un comentario sobre el art. 31 del contrato (cláusula manifiestamente ilegal y/o abusiva). Seguramente dirá la contraria que esta situación de aumento de dólar/precio de la unidad está tratada “indirectamente” por el art. 31 del contrato de ahorro en tanto dispone que en caso de falta de pago de las cuotas por parte del 60% de los adherentes en un solo mes, la administradora “tendrá derecho” a: continuar con las adjudicaciones en el grupo, reagruparlo con otros grupos o proceder a la liquidación del grupo. Esto no es ajustado. Veamos:
Primero, la cláusula trata un supuesto distinto y no tiene por que aplicarse al caso extraordinario sucedido en el caso de especie (súbita alza del dólar que termina impactando indefectiblemente en los precios).
Segundo, hasta el momento en que el 60% de los ahorristas dejen de pagar en un mismo mes puede llegar a suceder esto puede pasar mucho tiempo, generando innecesariamente un daño evitable al patrimonio de los ahorristas[12].
¿Resulta razonable que el sistema espere que suceda la mora generalizada para comenzar a ensayar soluciones? Esto va en contra del principio de prevención del daño consagrado en el art. 1711 del CCyCN asi como los elementales deberes del mandatario. Es que si la administradora sabe perfectamente la incidencia del precio del dólar en el valor del auto ahorrado, no es lógico o razonable esperar que la gente no puede dejar de pagar más para intentar una solución general.
Es que resulta lógico suponer que los ahorristas en forma individual decidan continuar pagando el plan haciendo enormes esfuerzos. El problema o dificultad que tienen los ahorristas no adjudicados es que desconocen como van a comportarse el resto de los miembros del grupo; es más, aún cuando lo quisieran averiguar y ponerse de acuerdo, no cuentan con la identidad y datos de contacto de los restantes miembros del grupo para poder organizarse. Esto imposibilita cualquier posibilidad de aunar información y hacer acuerdos y/o tomar decisiones en conjunto.
El que tiene la información de contacto de todos los miembros del grupo y el único que puede abrir el debate acerca de la continuación o no del plan es el administrador del plan de ahorro. Entonces, si el administador es el único que tiene esta posibilidad resulta lógico que la misma se evalúe con criterio estricto; eso significa que en caso de duda debe estarse por la obligación de realizar la consulta los ahorristas[13]. De lo contrario se estaría cristalizando una situación jurídica abusiva en perjuicio de los consumidores que formamos parte del sistema (aquí cuestionado).
Tercero, por otro lado, advertirá V.S. que la cláusula estipula que para que se dispare esta “potestad”, los planes deben ser dejados de pagar por más del 60% de los adherentes en un mismo mes. Esta situación es fácilmente evitable mediante el prorrateo del aumento de precios mes a mes como sucedió en el caso de autos. Efectivamente, la terminales se cuidaron de pasar el impacto del dólar en el precio del auto de un mes a otra, sino que fueron trasladando el efecto de la devaluación De esta forma evitaron que los planes caigan en mora abruptamente, no dando lugar a la situación que prevé el mismo contrato predispuesto.
Quinto, si el “faro” de la actuación del administrador debe ser el interés de los ahorristas, resulta irrazonable que la norma le otorgue un poder casi absoluto sobre la suerte de sus mandantes. La expresión “tendrá derecho” se contrapone con la clara manda del Código Civil del art. 1325 inc. b) que manda a pedir instrucciones a su mandante. En otras palabras la cláusula convierte una obligación del mandatario en una mera potestad a su arbitrio.
En definitiva, estamos ante una cláusula que se debe tener por no escrita por resultar lesiva a la manda legal de prevenir daños y a los más elementales deberes como mandatario establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación; asimismo deja en mano de la administradora/terminal el manejo de la causal objetiva para que se dispare la aplicación de la misma, a la vez que importa una desnaturalización de la clara obligación legal de pedir instrucciones.
6.- PRIMER PRETENSIÓN. Resolución contractual por incumplimiento de contrato con efecto retroactivo al 31 de mayo de 2018.
Ante el manifiesto incumplimiento del art. 1234 inc. a) y b) del CCyCN, se solicita de V.S. decrete la resolución del contrato de plan de ahorro que me une con la demandada, por incumplimiento exclusivo de su parte, en los términos del art. 1084 y 1088 del CCyCN y art. 10 bis inc. c).
Se invoca el art. 10 bis inc. c) de la LDC en tanto otorga facultad resolutoria al consumidor en caso de incumplimiento sin necesidad de interpelación previa. Igualmente en el caso de especie, la interpelación previa no habría tenido ningún sentido ya que el momento para hacer la consulta a todos los ahorristas pasó y es imposible volver el tiempo atrás. Esta situación está prevista en el inc. c) del art. 1088 del CCyCN (cumplimiento imposible).
Efecto retroactivo. El art. 1079 del CCyCN establece que la resolución contractual produce efecto retroactivo entre las partes.
En razón de que la suba del dólar se produjo en el mes de mayo del año 2018, entiende esta parte que la administradora debió haber suspendido la ejecución del mandato no emitiendo cuotas con aumentos hasta tanto no recibieran instrucciones nuevas de los ahorristas.
Al emitir la cuota del mes de junio sin cumplir con sus deberes como mandatario, entiendo que la situación de incumplimiento contractual y resolución del contrato se dió en la fecha de emisión, la que se estima en fecha 31 de mayo de 2018.
Esta fecha de corte es estimativa, y que tiene que ver con la ausencia de previsión contractual; cosa que hubiera otorgado un dato objetivo para identificar el momento donde las circunstancias objetivas extraordinarias que debieran haber disparado la debida actuación de la administradora.
7.- SEGUNDA PRETENSIÓN. Accesoria a la resolución contractual por incumplimiento de contrato. Determinación del saldo de deuda. Reintegro de sumas dinerarias pagadas de más.
Si bien corresponde resolver el contrato de ahorro previo con la demandada, lo cierto es que al día de hoy mi parte no ha abonado la totalidad del saldo de precio del vehículo que tengo en mi poder. Es por ello que resulta indispensable determinar judicialmente acerca de la naturaleza y alcance de la deuda prendaria que tengo.
Según el art. 25.4.1 de la resolución 8/15 de la IGJ, al hablar de la liquidación anticipada del grupo, establece que “Los suscriptores adjudicados deberán seguir pagando las cuotas hasta el vencimiento del plazo del contrato, calculadas en base a la evolución del precio del bien tipo o del valor de la última cuota con más la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina, lo que sea menor.”
La solución más beneficiosa a mi parte, al menos en los meses que van de junio al día de la fecha, es calcular las cuotas a pagar aplicando la tasa del Banco Nación. Veamos las tablas comparativas:
Valor de la cuota aplicando intereses tasa interés activa Banco Nación a la cuota de mayo de 2018
Valor de la cuota actualizada según precio de lista de terminal
Respecto a los pagos efectuados con posterioridad al 31 de mayo de 2018. Solicita reintegro. Al mes de febrero mi parte lleva pagada ****** de mas de lo que correspondía pagar, según el cuadro anterior.
Por razones de necesidad y a fin de evitar perder el vehículo por una posible ejecución prendaria, mi parte continúa abonando hasta el día de la fecha las cuotas que fue emitiendo la administradora demandada actualizadas según el valor de auto fijado unilateralmente por la Terminal.
Desde ya, solicito que al momento de dictar sentencia se reintegre cualquier suma que mi parte haya abonado de más, con más los intereses a la misma tasa Activa Banco Nación (por aplicación del principio de reciprocidad).
8.- TERCER PRETENSIÓN. DEVOLUCIÓN DE PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN:
El art. 1324 CCyCN estipula cómo debe “c) informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato;”
El artículo 1325 CCyCN dispone que “Si media conflicto de intereses entre el mandante y el mandatario, éste debe posponer los suyos en la ejecución del mandato, o renunciar. La obtención, en el desempeño del cargo, de un beneficio no autorizado por el mandante, hace perder al mandatario su derecho a la retribución”.
Está claro que el ordenamiento jurídico ve con enorme disfavor la existencia de conflicto de intereses entre mandatario y mandante; justamente lo que sucedió en el caso que nos ocupa.
Efectivamente, una vez que la subida del dólar disparó los precios de lista de los autos, el interés de la mandante empezó a colisionar con el interés de los ahorristas (mandantes).
El intereses de la administradora radicaba en mantener el flujo de fondos que los planes de ahorro le significan a las terminales automotrices, máxime en el marco de una caída estrepitosa de ventas del mercado. Mantener el dinero que ingresa por los de ahorros con clientes “cautivos” a valores de precios de listas (irrisorios) era fundamental para la administradora (en claro interés de la terminal automotriz). Perder ese flujo de fondos, hubiera sido calamitoso tanto para la administradora como para la terminal.
Por otro lado, la salida del sistema a través de la liquidación del plan era la solución más adecuada para los ahorristas. Los que no tenían en el auto, en caso de liquidación recuperaban su dinero rápidamente mientras que los ahorristas con créditos prendarios transformaban su deuda en nominal, sin quedar atados a estos aumentos impagables en los aumentos de los valores de los autos.
Ante la existencia de este enorme conflicto de interés, la administradora nada hizo, ni siquiera informó esto a sus mandantes ni dió la posibilidad de que ellos tomen la decisión de liquidar el plan.
Esto lo hace plausible de la sanción prevista en el artículo 1325 del CCyCN segundo párrafo “hace perder al mandatario su derecho a la retribución”, por tanto corresponde que la administradora reintegre el total de los honorarios por administración que cobró durante el inicio del plan hasta el día de la fecha.
9.- CUARTA PRETENSIÓN. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS PUNITIVOS:
No hay dudas que la conducta de la administradora demandada importa un doloso comportamiento en beneficio del grupo económico que representa y en contra del interés de los consumidores que confiaron la administración de sus fondos.
Esta situación de enorme destrato hacia los miles de consumidores es merecedora de los mayores reproches, procediendo en el caso una multa punitiva (art. 52 bis LDC) por el monto que V.S. determine en su oportunidad, estimándola mi parte en el equivalente a la suma del total del valor de la unidad de ahorro al momento del pago de la sentencia y/o lo que en más o menos estime Vuestra Señoría de acuerdo a su sana crítica y la prueba a rendirse en autos.
10.- QUINTA PRETENSIÓN. SE DECRETE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA TERMINAL AUTOMOTRIZ CO-DEMANDADA.
Solicito desde ya que la sentencia a dictarse se establezca la responsabilidad solidaria de la terminal demandada en los términos del art. 40 de la LDC, por todas las sumas dinerarias que tenga que abonar la administradora por cualquier tipo de causa o concepto reclamado.
Esta norma establece la responsabilidad solidaria de los intervinientes dentro de la cadena de comercialización, máxime teniendo en cuenta que la terminal -en palabras de Peyrano- “…necesitada de colocar sus productos, crea la sociedad de ahorro y préstamo para que ésta se encargue de conseguir los interesados en ingresar a los planes -sea directamente o por intermedio de los concesionarios de la empresa terminal”.
Del relato fáctico y del análisis jurídico efectuado, es evidente que el centro de interés de la actuación de la administradora demandada ha sido la empresa terminal y no los ahorristas que le dieron el mandato irrevocable de administrar su dinero con el fin de adquirir los vehículos. Hemos visto también como el sistema de ahorro previo, en nuestro país, es un sistema de comercialización y colocación de los productos que la terminal fabrica o importa.
Otro fundamento -ligado al anterior- para sostener la responsabilidad solidaria alegada radica en la conexidad contractual existente entre ambas empresas, en tanto existe un fin común y supracontractual que fundamenta la red contractual armada y diseñada por ellos.
En esta inteligencia, enseña Mosset Iturraspe[14] que los contratos están unidos en un sistema, y que existe una causa-fin o finalidad económica social que trasciende la individualidad de cada contrato, y que constituye la razón de ser de su unión o ligamento. Messineo[15] explica que los contratos vinculados constituyen algo más amplio que la mera reciprocidad y que esa vinculación puede ser tanto “genética” como “funcional”. Así, estamos frente a una vinculación genética cuando un contrato ejerce un influjo decisivo sobre los otros, mientras que la relación será funcional si existe mutua influencia, aun cuando se caractericen por la subordinación a la causa común, cual es la distribución de bienes y, consecuentemente, la compraventa por parte de los consumidores.
De esta forma, la red contractual permite superar el clásico principio de la relatividad de los contratos prevista en el art. 1137 del Código Civil y extender la responsabilidad que de aquellos se derive en forma solidaria tanto al fabricante como al distribuidor, comerciante, administrador del plan de ahorro, etcétera, es decir, a todos los que han intervenido en la cadena de comercialización, tal como lo hace el art. 40 de la ley 24.240.
11.- SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. OFRECE ABONAR LA CUOTA POR EL 60% DE SU VALOR. SE ABSTENGA DE INICIAR PROCESO DE EJECUCIÓN:
Cómo explicaba en capítulo de los antecedentes, los aumentos de cuota no pueden ser soportados por mi parte, sin ver comprometidos seriamente mis ingresos destinados a las más elementales necesidades básicas.-
Resulta indispensable que V.S. a fin de evitar mayores daños, y en virtud del principio de prevención de los mismos (art. 1711 CCyCN), ordene a la demandada a que acepte durante lo que dure el presente proceso pagos equivalente al 60% del valor de la cuota emitida por la administradora del plan demandada.
Entiendo que si bien ese monto es superior a lo realmente adeudado conforme los lineamientos esbozados en el punto 7) de la presente demanda, ese dinero es el que puedo seguir pagando sin que implique descuidar los gastos más elementales para el sostén personal y de mi grupo familiar.
Vale destacar que la medida que se ordena es totalmente procedente ya que en la especie se dan todos y cada uno de los requisitos para el dictado de una medida cautelar como la solicitada, a saber:
11.1 Verosimilitud del derecho:
Los hechos y el derecho esgrimidos en la demanda, resultan de público y notorio. Veamos.
La escalada del dólar es de público y notorio conocimiento. Se acompaña tabla de cotizaciones durante el período que va de enero de 2018 hasta el día de la fecha. Esta escalada del dólar impactó en los precios del modelo de ahorro, tal como se desprende de las cuotas emitidas por la demandada durante el año 2018.
Asimismo hemos acompañado prueba de enormes descuentos que ofrecen las concesionarias de la marca sobre autos que no están bajo sistema de plan de ahorro, lo que de demuestra que los precios de lista de modo alguno han sido consentidos por los consumidores de nuestro país. Esta situación fáctica ha sido reconocida por la misma empresa FIAT tal como lo indicamos en el punto 2) de la demanda inicial.
Por otro lado, el comportamiento que se le reprocha a la administradora de plan (incumplimiento del contrato de mandato) se evidencia con la serie ininterrumpidas de cuotas emitidas que dan cuenta de la continuación del plan de ahorro, sin suspensión alguna a fin de solicitar nuevas instrucciones a los ahorristas ante la subida del dólar (lo que implicaría la subida del precio del auto).
Ante la situación fáctica evidente, y en la medida que V.S. entienda que el planteo jurídico esbozado en los puntos 3, 4 y 5 resulta razonable, la verosimilitud del derecho se encuentra comprobada.
Conforme todo lo narrado precedentemente se encuentra acreditada la verosimilitud de mi derecho en solicitar se me permita pagar el 60% del valor de la cuota.
Tiene dicho la jurisprudencia al respecto que “La verosimilitud del derecho de la parte que peticiona la medida cautelar no debe asimilarse a la existencia de la debida prueba de los hechos en que funda la demanda, desde que tal exigencia sólo alcanzable en la etapa probatoria pertinente, desplazaría la oportunidad de la medida cautelar y determinaría, en definitiva, su inoperancia, contrariando así la finalidad perseguida por los arts. 195, 209 y sgtes. del C. Procesal.” (CC0102 LP 212575 RSI-515-92 I 25-8-1992, Sumario Juba n° B150670).-
11.2.- Peligro en la demora:
Notará V.S. que en el caso de especie estamos hablando de la posibilidad de perder la unidad automotor mediante una ejecución prendaria aún demostrando mi intención de seguir pagando de buena fe sumas dinerarias que resultan superiores a las que mi parte estima debería realmente abonar según el planteo esbozado en el punto 7.
Por lo expuesto y siguiendo la teoría de la prevención del daño cada vez más arraigada en nuestro derecho positivo, entiendo que la solución que mejor resguarda mi derecho es que V.S. ordene la medida cautelar aquí solicitada.
11.3.- Contracautela:
Que al corresponder beneficio de litigar sin gastos y/o justicia gratuita dispuesto por el art. 53 de la LDC, no corresponde ofrecer contracautela.- Al respecto me remito a lo expuesto en el capítulo 5.- Sin perjuicio de ello, ofrezco la caución juratoria.
12.- PRUEBA:
12.1.- Documental: Se acompaña la siguiente
1) Contrato de adhesión, identificado como solicitud de adhesión N°****
2) Cuotas emitidas por FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, correspondientes a los meses de ******************, identificadas respectivamente con los siguientes números**************
3) Solicitud de inscripción del contrato prendario identificado con el N° ****
4) Factura de compra emitida por FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, correspondiente al vehículo FIAT ****de fecha ********
5) Carta documento enviada a FCA. S.A de ahorro para fines determinados, a través de Correo Andreani S.A. en fecha ****** identificada como *****con su correspondiente acuse de recibo.-
6) Carta documento enviada por FCA S.A. de ahorro para fines determinados, a través de Correo Andreani S.A en fecha **** identificada como ****-
En el caso de desconocimiento de la cartas documentos aludidas desde ya alego que frente al carácter público que revisten dichos instrumentos, la mera negativa es insuficiente para restar valor probatorio al mismo.-
Tiene dicho la jurisprudencia que “Frente a la existencia de los signos exteriores que otorgan verosimilitud a la autenticidad de la pieza, no parece justo exigir a quien pretende prevalerse del documento cargar con la prueba que generalmente se produce a fin de “autenticar” los recibos de carta documento y que consiste en un simple pedido de informes al Correo mediando una simple negativa de la contraria. Es a quien pretende negar la autenticidad a quien incumbe la carga de la falsedad, mediante el mismo pedido de informes referido”.-
Más todavía “Las cartas documentos con aviso de retorno al constituir instrumentos públicos no sólo prueban su contenido, sino también que los destinatarios la han recibido, y el ataque en cuanto a su autenticidad o la circunstancia que en el documento no se especificó el piso y departamento del domicilio del demandado, requieren para declarar su invalidez la redargución de falsedad.”.-
Sin perjuicio de ello y de manera subsidiaria para el supuesto que V.S. lo estime pertinente, solicito se ordene oficio al Correo Andreani S.A a fin de que se expida sobre dichas circunstancias.-
7) Copia de la denuncia presentada en fecha ******* ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) *****.-
En el caso de desconocimiento de denuncia aludida y para el supuesto que V.S. lo estime pertinente, solicito se ordene oficio a la OMIC de la ciudad ****, a fin de que se expida sobre dichas circunstancias.-
8) Recibos de sueldo correspondiente a los meses de *********** emitidos por ***********.-
En caso de desconocimiento de los mismos y para el supuesto que V.S. lo estime pertinente, solicito se ordene oficio a la (empleadora), domiciliada en *******de la ciudad de San Nicolás, a fin de que se expida sobre dichas circunstancias.-
11) Se ofrecen impresiones de pantalla provenientes de los siguientes links:
● https://autoblog.com.ar/2018/09/20/fantasma-subprime-las-ventas-por-planes-de-ahorro-caen-a-mas-velocidad-que-los-patentamientos
● https://cca.org.ar/piden-que-la-patente-de-los-autos-se-pague-sobre-los-precios-de-venta-y-no-sobre-los-de-lista
● https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Ante-el-encarecimiento-de-los-planes-de-ahorro-Fiat-renegociara-con-sus-clientes-20181111-0039.html
● https://autoblog.com.ar/2018/11/09/fiat-ofrece-renegociar-con-todos-los-clientes-que-tengan-problemas-para-pagar-los-planes-de-ahorro/comment-page-2/
En caso de negativa de la autenticidad de las impresiones de las distintas webs, ofrezco como prueba subsidiaria el correspondiente reconocimiento judicial, el que podrá ser llevado a cabo directamente por el Juez o su Secretario, quien deberá ingresar a cada uno de estos links y certificar si los mismos coinciden con el contenido de las copias acompañadas.
Solicito se libre oficio a las siguientes reparticiones:
2.1.- Usuarios y Consumidores Unidos a fin de que envíe en formato digital el resultado de la “Encuesta Nacional – Aumento planes de ahorro”. El archivo digital deberá enviarse al correo electrónico de vuestro Juzgado.
12.3.- Absolución de posiciones: Solicito se cite a las demandadas a través de sus representantes legales a absolver posiciones bajo apercibimiento de ley, a tenor del pliego que se acompañará en su oportunidad.-
12.4.- Pericial contable:
Se desincule perito a fin de que examinando los libros de la accionada “FCA de Ahorro para fines Determinados SA” determine: a) Si sus libros son llevados en legal forma.- b) Informe promedio de morosidad de los grupos de ahorristas administrados durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. c) Dictamine si a partir de mediados del año 2018 aumentó la morosidad respecto de los años anteriores y si la misma continuó aumentando (y en ese caso, en que medida). d) Indique la cantidad (y promedio) de grupos que interrumpieron la normal provisión de unidades durante durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por carencia de fondos.
13.- TRÁMITE SUMARÍSIMO:
Que de acuerdo a lo establecido en el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, solicito que el presente pleito tramite por el proceso sumarísimo regulado por el art. 496 del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires.-
14.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS:
Que de acuerdo al derecho que me confiere el art. 53 de la ley 24.240, solicito que el presente pleito tramite con beneficio de gratuidad, siendo comprensivo el mismo de las eventuales costas y costos del presente proceso.-
Es que durante mucho tiempo se debatió si dicho beneficio comprendías las costas encontrándose la doctrina y jurisprudencia dividida al respecto.-
Esta parte entiende que la cuestión ha quedado zanjada, luego de que la Excma. Corte Suprema de la Nación en fecha 11 de octubre de 2011, dentro de los autos caratulados “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banca Nazionale del Lavoro SA s/ sumarísimo” declaró, luego de rechazar el recurso extraordinario interpuesto por la asociación de consumidores actora, que no correspondía pronunciarse sobre la condena en costas en virtud de lo establecido en el art. 55 segundo párrafo de la ley 24.240.-
O sea, el Supremo Tribunal de la Nación entendió que el beneficio de gratuidad de la Ley 24.240 es equiparable al beneficio de litigar sin gastos, comprendiendo también las costas del proceso.-
15.- AUTORIZACIONES
16.- PETITORIO
https://www.clarin.com/economia/cae-38-venta-autos-octubre_0_FgW-HaGSK.html
[2] https://autoblog.com.ar/2018/09/20/fantasma-subprime-las-ventas-por-planes-de-ahorro-caen-a-mas-velocidad-que-los-patentamientos
[3] https://cca.org.ar/piden-que-la-patente-de-los-autos-se-pague-sobre-los-precios-de-venta-y-no-sobre-los-de-lista
[4] https://autoblog.com.ar/2018/11/09/fiat-ofrece-renegociar-con-todos-los-clientes-que-tengan-problemas-para-pagar-los-planes-de-ahorro/comment-page-2/
[5] https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Ante-el-encarecimiento-de-los-planes-de-ahorro-Fiat-renegociara-con-sus-clientes-20181111-0039.html
[6] “Ahorro y préstamo para fines determinados. La desviación de su finalidad y la protección del ahorrista” (Publicado en: LA LEY1984-C, 1202 cita Online: AR/DOC/17471/2001)
[7] La única cláusula contractual que trata sobre el aumento de precios, es la 12 que establece que si un modelo no se fabrica o importa más, el mismo debe ser sustituido por otro siempre y cuando ese modelo de reemplazo no supere el 20% del valor del anterior modelo. En ese caso se dispara el derecho de los ahorristas de no continuar con el plan. Reparará V.S. que esto importa un reconocimiento de que un salto en el precio de un mes a otro de un 20% resulta una circunstancia susceptible de rescisión contractual. Lo que no se logra entender es porque esta cláusula solo juega para los casos de cambio de modelo, ya que en definitiva, si se pone incapié en la óptica del consumidor, lo que a él más le importa es no quedar atado a vaivenes muy importantes en los precios de los planes(independientemente de la causa que origina el aumento).
[8] Recordemos que todos los doctrinarios que han analizado la naturaleza jurídica del contrato de ahorro previo, más allá de las particularidades que posee, afirman que estamos ante un mandato.
[9] Esto se encuentra en línea con la condición de consumidor de mi parte, teniendo siempre en miras la armonización del sistema normativo en su conjunto, por lo que la aplicación de los citados principios protectorios -de orden público, indisponibles para las partes (cfr. art. 65 ley N° 24.240)- llevan a la inequívoca conclusión que, en caso de duda, debe estarse a favor de la prevalencia del derecho invocado por el consumidor.
[10] ARTICULO 1324.- Obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a:
[11] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYL0adReGWf5TygZQLXI6J9FRDaElUGwZCliZDBHBF6uM6Q/viewform?usp=sf_link
[12] El daño consiste para los ahorristas en su obligación de seguir pagando sus cuotas con enormes aumentos sobre el valor móvil durante todo el tiempo que lleve que los adherentes dejen de pagar en su mayoría. No es lo mismo liquidar el plan a mediados del año 2018 que pasado un año de sucedido el hecho extraordinario.
[13] Distinto sería el caso si los ahorristas tuvieran la posibilidad de contactarse entre ellos y tomar decisiones en conjunto. Ahí podría entenderse razonable que el administrador continúe con la administración hasta tanto no reciba nuevas instrucciones tomadas por la mayoría de los ahorristas.
[14] MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Contratos conexos, Grupos y redes de Contratos”, Santa Fe, Rubinzal
Culzoni, 1999, p. 22.
[15] MESSINEO, citado por MOSSET ITURRASPE, J., ob. cit., p. 23

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 30
 artículo 18
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1325
 artículo 1325