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Timestamp: 2018-02-23 23:55:55+00:00

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Sentencia A.P. Murcia 54/2010 de 26 de febrero. Delito contra los derechos de los trabajadores. Homicidio imprudente. Absolución. Caída en altura - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Murcia 54/2010 de 26 de febrero
Delito contra los derechos de los trabajadores: Absolución. Trabajos en plataformas flotantes (pontonas), donde un trabajador cayó por un agujero existente y precipitándose al mar, donde falleció a causa de asfixia por inmersión. Medidas de seguridad laborales: Los acusados pudieron haber omitido medidas de seguridad pero tal omisión no ponía en grave peligro la vida, salud o la integridad física de los trabajadores, pese a producirse el accidente. Existencia de botes y chalecos salvavidas. Nexo de causalidad: No se entiende acreditada la existencia de nexo causal entre la caída y la conducta omisiva de medidas de seguridad.
SENTENCIA: 00054/2010
SECCIÓN QUINTA (CARTAGENA)
ROLLO Nº 464/2009 (PENAL)
ILTMO. SR. D. MIGUEL ÁNGEL LARROSA AMANTE
ILTMO. SR. D. MATÍAS M. SORIA FERNÁNDEZ MAYORALAS
ILTMO. SR. D. JOSÉ JOAQUÍN HERVÁS ORTIZ
En Cartagena, a veintiséis de febrero de dos mil diez.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, compuesta por los Ilustrísimos Señores citados
S E N T E N C I A Nº 54
Vista, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos. Sres. expresados, la causa procedente del Juzgado de lo Penal número uno de Cartagena, seguida en el mismo como Juicio Oral número 234/06, antes Procedimiento Abreviado número 14/06 del Juzgado de Instrucción número dos de Cartagena (Rollo nº 464/09), por un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de homicidio imprudente, contra Abelardo, representado por el Procurador D.Rafael Varona Segado y defendido por el Letrado D.Juan Antonio Victoria Ros, y contra Armando, representado por la Procuradora Dª.Eulalia Monerri Pedreño y defendido por el Letrado Sr. Moreno Rodríguez, siendo partes en esta alzada, como apelantes, dichos acusados, y, como apelado, el Ministerio Fiscal, ha sido Magistrado ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ JOAQUÍN HERVÁS ORTIZ, que expresa el parecer de la Sala.
PRIMERO. El Juzgado de lo Penal número uno de Cartagena, con fecha 3 de agosto de 2.009, dictó Sentencia en los autos de que este rollo dimana declarando probados los siguientes hechos:
"A la vista de lo actuado, se declara probado que el día 24 de abril de 2003, en el muelle de Fertiberia, situado en la dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena, el oficial de 2ª y soldador, Gustavo se encontraba en una plataforma flotante (pontona) de unas dimensiones de 24 por 29 metros, realizando las funciones propias de su profesión, por cuenta de la empresa Metalmecánicas Herjimar SL, de la que es gerente y administrador el acusado Abelardo, mayor de edad y sin antecedentes penales, empresa que a su vez había sido subcontratada por la mercantil Necso Entrecanales y Cubiertas SA, estando encargado de los trabajos que allí se realizaban, el también acusado Armando, mayor de edad y sin antecedentes penales.
Sobre las 16,40 horas del citado día, el trabajador cayó por un agujero existente en la superficie de la pontona de 0,15 por 1,5 metros, golpeándose la cabeza contra una viga y precipitándose al mar, donde falleció a causa de asfixia por inmersión.
No ha resultado suficientemente acreditado de todo lo actuado si el accidente se produjo por la caída del trabajador al agua como consecuencia del movimiento de la plataforma cuando se encontraba interviniendo en las operaciones de encaramiento y ensamblaje de las pontonas, o bien, por caída a través del citado hueco como consecuencia del movimiento de la plataforma al dirigirse el trabajador, por motivos desconocidos, a la zona de la estructura donde se encontraba ese hueco, después de estar realizando labores de soldadura de unas piezas denominadas "tinteros" en el lado de la superficie pegado al cantil del muelle.
En todo caso el accidente se produjo porque los acusados no habían evaluado los riesgos de los puestos de trabajo ni implantado las medidas preventivas colectivas e individuales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, sin que se encontraran señalizados ni delimitados los huecos existentes en la superficie de la plataforma, ni fuera prohibida por la empresa que ejecutaba la obra, la realización de otros trabajos mientras se efectuaba la operación de aproximación y encaramiento para su ensamblaje de las pontonas ni ordenara al personal ajeno a dichos trabajos, abandonar la plataforma.
La empresa Metalmecánicas Herjimar SL había contratado seguro de responsabilidad civil con la compañía aseguradora FIATC y la empresa Necso Entrecanales y Cubiertas SA tenía concertada póliza con el mismo objeto con la compañía HDI International.
El trabajador fallecido, casado con Raimunda, se encontraba a la fecha de los hechos conviviendo con Tomasa; fruto de dicha relación, tenían un hijo menor de edad.
Los perjudicados, herederos del fallecido, han renunciado, con carácter previo al acto del juicio oral, a las acciones penales y civiles que pudieran corresponderles por estos hechos, al haber sido debidamente indemnizados.".
SEGUNDO. En el fallo de dicha resolución expresamente se disponía:
"Que debo condenar y condeno a Abelardo y Armando, como autores criminalmente responsables de:
A) Un delito contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia grave, concurriendo la circunstancia atenuante de reparación del daño, a la pena de tres meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tres meses de multa con cuota diaria de seis euros, y,
B) Un delito de homicidio imprudente, concurriendo la circunstancia atenuante de reparación del daño, a la pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de las costas procesales.
En atención a la situación económica de los acusados se acordó fijar el importe de cada una de aquéllas cuotas diarias en seis euros por lo que el total de la multas impuestas a cada uno de ellos asciende a 540 euros que habrán de ser abonados por cada uno de los acusados en los cinco días siguientes al requerimiento que a tal efecto se le practique quedando sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas.".
TERCERO. Contra la anterior Sentencia, en tiempo y forma, se interpusieron, para ante esta Audiencia Provincial, Sección Quinta, sendos RECURSOS DE APELACIÓN, respectivamente, por la Procuradora Dª.Eulalia Monerri Pedreño, en nombre y representación de Armando, y por el Procurador D.Rafael Varona Segado, en nombre y representación de Abelardo, admitidos en ambos efectos y por los que se expusieron por escrito, y dentro del plazo que al efecto les fue conferido, las argumentaciones que les sirven de respectivo sustento, dándose seguidamente a la causa, por el órgano judicial de primer grado, el trámite dispuesto por el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con traslado del escrito de recurso a las demás partes personadas para impugnación y plazo común de diez días, remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, formándose el correspondiente rollo, con el número 464/09, que ha quedado para Sentencia sin celebración de vista, tras señalarse para el día 16 de febrero de 2.010 su votación y fallo.
CUARTO. En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOSÚNICO. Se aceptan los hechos declarados probados por la Sentencia apelada, con las salvedades que, a continuación, se señalan. En primer lugar, deben entenderse suprimidos del relato de hechos probados los dos siguientes párrafos:
"No ha resultado suficientemente acreditado de todo lo actuado si el accidente se produjo por la caída del trabajador al agua como consecuencia del movimiento de la plataforma cuando se encontraba interviniendo en las operaciones de encaramiento y ensamblaje de las pontonas, o bien, por caída a través del citado hueco como consecuencia del movimiento de la plataforma al dirigirse el trabajador, por motivos desconocidos, a la zona de la estructura donde se encontraba ese hueco, después de estar realizando labores de soldadura de unas piezas denominadas "tinteros" en el lado de la superficie pegado al cantil del muelle.
En todo caso el accidente se produjo porque los acusados no habían evaluado los riesgos de los puestos de trabajo ni implantado las medidas preventivas colectivas e individuales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, sin que se encontraran señalizados ni delimitados los huecos existentes en la superficie de la plataforma, ni fuera prohibida por la empresa que ejecutaba la obra, la realización de otros trabajos mientras se efectuaba la operación de aproximación y encaramiento para su ensamblaje de las pontonas ni ordenara al personal ajeno a dichos trabajos, abandonar la plataforma.".
En segundo lugar, debe añadirse al relato de hechos probados el párrafo siguiente:
"No ha resultado acreditada la causa de la caída del trabajador por el hueco o agujero existente en la superficie de la plataforma flotante ("pontona"), máxime cuando se desconoce la razón por la que el trabajador acudió a esa zona de la plataforma, cuando momentos antes se encontraba realizando trabajos de soldadura en el extremo opuesto de dicha plataforma, es decir, el más próximo al cantil del muelle."
PRIMERO. Frente a la Sentencia de primera instancia, que condena a los acusados como autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia grave y como autores de un delito de homicidio imprudente, se alzan éstos por medio de sus respectivos escritos de interposición de recurso de apelación, solicitando la revocación de la Sentencia apelada y que se dicte otra por la que sean absueltos de tales delitos, por entender que sus conductas no son merecedoras de reproche penal, en base a las alegaciones que realizan en dichos escritos. Y para la resolución de los referidos recursos de apelación, debe comenzarse por señalar que esta Sala ha de partir del respecto a la valoración de pruebas personales que la Juzgadora "a quo" realiza, como se desprende de la doctrina expuesta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en Sentencias, entre otras, de 25 de febrero de 2.003 (Sentencia número 258/2003), de 6 de marzo de 2.003 (Sentencia número 352/2003) y de 13 de abril de 2.004 (Sentencia número 494/2004), en las que, en interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en la Sentencias número 167/02 y otras posteriores, señala el Alto Tribunal que el recurso de apelación penal español no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la primera instancia y que en la resolución del recurso de apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación. Y en este mismo sentido, también recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2.007 (Sentencia número 406/2007) que "nuestro país se halla englobado en un contexto cultural en cuyos ordenamientos jurídico-procesales no se reproduce el juicio en la segunda instancia, lo que hace que el Tribunal Superior carezca de inmediación en la práctica de las pruebas y sin ella no es posible realizar valoraciones o alteraciones del resultado de la misma, más allá de los límites que el propio principio de inmediación impone.".
Y debe añadirse que ni siquiera cabe que este órgano "ad quem" proceda a efectuar una diferente valoración probatoria de las pruebas personales que se practicaron en la primera instancia, por medio del visionado de la grabación del acto del juicio, por no ser esa la inmediación que viene exigiendo, al efecto, la jurisprudencia constitucional, como se desprende de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de mayo de 2.009 (rec. nº 8457/2006).
Ahora bien, que ello sea así no quiere decir que este Tribunal tenga que aceptar, de forma acrítica, las conclusiones que la Juzgadora "a quo" obtiene a partir del resultado arrojado por las pruebas practicadas en el plenario, máxime cuando en la Sentencia se detalla lo manifestado por partes, testigos y peritos en el acto del juicio, por lo que esta Sala dispone, por esta vía, de un más amplio control de las inferencias realizadas por la Juzgadora "a quo" a partir del contenido de dichas declaraciones, puesto en relación con la documental obrante en las actuaciones, lo que permite que la Sala pueda formar su propia convicción sobre la existencia o inexistencia de relevancia penal en las conductas de los acusados.
SEGUNDO. Partiendo de lo expuesto en el precedente ordinal, debe señalarse que la Sala, a la vista de la detallada exposición que la Sentencia apelada ofrece en relación con las diferentes declaraciones realizadas en el acto del juicio, puestas en relación con la prueba documental obrante en las actuaciones, concluye que no existe base suficiente para imputar a los acusados conducta alguna merecedora de reproche penal, sin perjuicio de la valoración que sus conductas puedan merecer en otros órdenes. En este sentido, debe comenzarse por señalar que de lo que se expone en la Sentencia en relación con las pruebas personales que se practicaron en el plenario no se desprende que los acusados hayan incurrido en una omisión de medidas de seguridad que pueda ser subsumida en los artículos 316 y 317 del Código Penal, pues el tipo exige que la omisión de las medidas de seguridad ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, de tal manera que cualquier omisión de medidas de seguridad no puede dar lugar, sin más, a la aplicación del referido tipo penal, como si no existiese, en materia de seguridad e higiene en el trabajo, un marco de actuación propio del derecho administrativo sancionador. En este punto, parece oportuno traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2.002 (Sentencia número 1233/2002), en la que se señala, textualmente, lo siguiente: "Finalmente el elemento normativo del tipo se refiere a "... la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales...", lo que permite calificar el delito como tipo penal en blanco -en este sentido STS núm. 1360/98 de 12 de noviembre - de suerte que es la infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, bien entendido que no bastaría cualquier infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque esta exige en adecuado nexo de causalidad que la norma de seguridad infringida debe poner en "peligro grave su vida, salud o integridad física" la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral que lleven consigo tal creación de grave riesgo. Otra concepción en la línea de bastar para la integración del tipo penal cualquier infracción de normas de seguridad extendería indebidamente la respuesta penal en niveles incompatibles con el principio de mínima intervención y de seguridad jurídica. En definitiva podemos concluir que la integración del tipo penal con la normativa de la prevención de riesgos laborales, sólo debe ser en relación con la infracción de los más graves preceptos cuya omisión es capaz de generar aquel grave peligro. Se está en consecuencia ante una infracción de una norma de seguridad que se ha reconvertido en tipo penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva para el bien jurídico de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores.".
Partiendo de lo expuesto, debe señalarse que, en efecto, los acusados pudieron haber omitido medidas de seguridad, pero, en cualquier caso, tal omisión no ponía en grave peligro, desde una perspectiva "ex ante", la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, pese a que se acabase produciendo el desgraciado accidente que dio lugar al fallecimiento de uno de los trabajadores de la empresa. Es decir, lo que no cabe es acudir al resultado producido para inferir de él, sin más, que existió una grave omisión de normas de seguridad, máxime en un supuesto como el presente en el que no aparece esclarecida, en modo alguno, la etiología del siniestro. Y ello, como hemos adelantado, se desprende, con nitidez, del propio contenido de la Sentencia. Así, cabe extraer de ella que la empresa sí había adoptado medidas de seguridad, pues, prescindiendo incluso de las declaraciones de los acusados por el interés exculpatorio que cabe suponerles, resulta que de las declaraciones de los testigos se desprende que existían medidas de seguridad, en general, tales como arneses y chalecos, según declaró el testigo D. Valentín; el testigo D. Carlos Ramón, encargado de manejar el "tráctel" desde el bote, manifestó que en el bote llevaban salvavidas y botas, añadiendo que los huecos de las plataformas flotantes ("pontonas") no se podían cerrar, sino que se dejan abiertos para poder ir ensamblando dichas plataformas, y que ha hecho cursos de formación y ha recibido material de seguridad; y de la declaración de D. Andrés, trabajador de la empresa "Bureau Veritas", que era la encargada de asesorar sobre la prevención de riesgos a la empresa a la que pertenecía el trabajador accidentado, manifiesta que no sabría decir si los huecos de las plataformas deberían estar señalizados o no, añadiendo que el hueco existente era el razonable y necesario para encarar o ensamblar dichas plataformas.
Pero es que, además, el resultado de la prueba pericial practicada en el acto del juicio, del que la Sentencia apelada también deja constancia, no puede ser más claro en punto a concluir que en modo alguno puede entenderse que existiese omisión de medidas de seguridad generadora del grave riesgo para los trabajadores requerido por el tipo penal del artículo 316 del Codigo Penal, pese a que -se reitera- se produjese el desgraciado accidente que dio lugar al fallecimiento del trabajador y cuya causa real dista mucho de estar clara. Así, D. Casiano, técnico de seguridad y salud laboral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tras ratificar el informe que obra en las actuaciones (folios 53 al 75), manifiesta que los trabajadores deberían haber llevado un sistema de sujeción, toda vez que las plataformas tenían huecos, añadiendo también que no sabía lo que hacía el trabajador accidentado en la zona de la plataforma por la que cayó, toda vez que era soldador, sin que pueda entenderse acreditado que estuviese participando en los trabajos de ensamblaje de las plataformas; y que lo que explica en su informe sobre la forma de producirse el siniestro era una mera hipótesis, añadiendo que no tenía pruebas de la forma en que ocurrió el accidente. Y también afirma que la empresa sí que tenía concertada con la empresa "Bureau Veritas" la prevención de riesgos laborales y que se acreditó que dicha empresa había dado formación a los trabajadores, así como que existía una evaluación de riesgos, aunque ésta no contemplaba la caída de un trabajador al mar. Es decir, de esta prueba pericial se desprende que lo máximo que cabría reprochar a los acusados es que no hubiesen adoptado medidas para que los trabajadores que realizaban los trabajos de ensamblaje de las plataformas flotantes llevasen algún sistema de sujeción, debido a la existencia de huecos en la plataforma, y que no se hubiese valorado el riesgo de caída. Ahora bien, difícilmente puede entenderse que ello generase grave riesgo para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, desde una perspectiva "ex ante", por las siguientes razones: en primer lugar, los huecos abiertos en la plataforma no eran otros que los indispensables para realizar las labores de ensamblaje, según resulta de la declaración testifical antes referida y de la pericial a la que haremos referencia a continuación, estando, además, esos huecos en línea y perfectamente identificados, al estar todos ellos situados en la zona de ensamblaje de la plataforma, siendo perfectamente visibles por cualquiera, al igual que lo era el resto del perímetro de la plataforma, como se desprende de las diferentes fotografías obrantes en las actuaciones; y, en segundo lugar, el riesgo de caída desde la plataforma ha de entenderse mínimo y de escasa peligrosidad general, si se tiene en cuenta que el suelo de caída estaría constituido por el agua del mar, de evidente efecto amortiguante, y que el desnivel entre la superficie de la pontona y la superficie marina no llegaba a un metro.
Esa ausencia de grave riesgo para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, se desprende igualmente de lo informado por el perito D. Estanislao, técnico superior en prevención de riesgos laborales que emitió el informe obrante a los folios 503 al 527 de las actuaciones y que dijo en el plenario, según se expresa en la Sentencia apelada, que no se podían poner barandillas en los huecos existentes en la plataforma porque entonces se imposibilitaría el trabajo de ensamblaje, añadiendo que no existía un riesgo de caída superior a dos metros y que dicha caída no se produciría sobre una superficie dura, sino sobre el mar, añadiendo que los trabajadores que estaban junto al cantil del muelle no necesitaban más medidas de seguridad. También manifestó dicho perito que el trabajador fallecido era soldador y que no necesitaba chaleco salvavidas, toda vez que trabajaba en tierra y que sería poco recomendable que un soldador utilizase chaleco salvavidas por estar hecho de material inflamable.
En definitiva, de todas esas declaraciones que se extraen del propio contenido de la Sentencia apelada, difícilmente puede alcanzarse la conclusión de que en los trabajos que se estaban realizando concurriese omisión de medidas de seguridad generadoras del grave peligro para la vida, salud o integridad física de los trabajadores requerido por los artículos 316 y 317 del Código Penal, debiendo reiterarse que la mera constatación de que, "ex post", se produjese la muerte de un trabajador de la empresa, no permite dar por acreditada, sin más, la existencia de esa omisión generadora de grave peligro, máxime cuando, como se ha dicho, nadie indicó al trabajador accidentado que acudiese a la zona de la plataforma en la que resultó accidentado ni que participase en las tareas de ensamblaje de las plataformas, ignorándose por completo las razones por las que el trabajador se desplazó hasta esa zona de la plataforma, habiéndose barajado incluso la hipótesis de que hubiese acudido a ese lugar a realizar una necesidad fisiológica. Es por ello, que ha de suprimirse del relato de hechos probados lo que la Juzgadora "a quo" expresa sobre la etiología del accidente; en concreto todo el párrafo en el se afirma que el accidente se produjo porque los acusados no habían evaluado los riesgos de los puestos de trabajo ni implantado las medidas de preventivas colectivas e individuales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio y en el que se vincula además la causación del accidente con la falta de señalización y delimitación de los huecos existentes en la plataforma y con el hecho de que durante las maniobras de aproximación de las plataformas no se prohibiese la ejecución de otros trabajos ni se ordenase el abandono de la plataforma por parte del trabajador accidentado, pues tales afirmaciones son conclusiones que la Juzgadora "a quo" extrae y que ni siquiera encuentran respaldo probatorio suficiente en la propia Sentencia apelada, máxime cuando los trabajos de soldadura debían ser realizados por el accidentado en la zona de la plataforma anexa al cantil del muelle, sin que conste acreditado que la realización por el accidentado de tales trabajos de soldadura en dicha zona supusiese peligro alguno para él y sin que tampoco pueda imputarse, sin más, a los acusados que el accidentado decidiese acudir al extremo contrario de la plataforma por razones desconocidas. Y debe suprimirse, igualmente, del relato de hechos probados el párrafo que sólo recoge dos posibles causas de la caída del accidentado por el hueco, que serían, según la Juzgadora "a quo", que cayese por el hueco como consecuencia de un movimiento de la plataforma cuando se encontraba interviniendo en las operaciones de ensamblaje, o que cayese por el hueco como consecuencia de un simple movimiento de la plataforma cuando se dirigió a ese lugar por razones desconocidas; y esa supresión viene motivada porque, en realidad, no ha sido esclarecida la causa real de esa caída, por lo que no existe razón alguna para limitarla a esas dos únicas posibilidades, como, sin suficientemente fundamento para tal restricción, se hace en la Sentencia apelada.
TERCERO. De lo expuesto en el precedente ordinal se desprende no sólo que deben ser absueltos los dos acusados del delito contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia grave, previsto en los artículos 316 y 317 del Código Penal, por el que han sido condenados en la primera instancia, sino también del delito de homicidio imprudente del artículo 142.1. del Código Penal por el que también han sido condenados. Y ello porque no resulta identificada conducta imprudente alguna de los acusados merecedora de reproche penal, máxime cuando ni siquiera consta la verdadera causa de la caída del trabajador y cuando tampoco puede entenderse acreditada la existencia de nexo causal alguno entre dicha caída y una conducta omisiva de medidas de seguridad por parte de los acusados, especialmente teniendo en cuenta que los huecos existentes, como se ha dicho, no eran, en modo alguno, sorpresivos, sino que estaban todos en línea y, precisamente, en el extremo de la plataforma que iba a ser ensamblado con la otra, hasta el punto de que, a la vista de la prueba practicada y especialmente de las fotografías obrantes en las actuaciones, resulta difícil entender la caída sufrida por el trabajador accidentado.
Todo lo expuesto sin perjuicio de la valoración que estos hechos pueda merecer en el ámbito administrativo sancionador o en otros órdenes jurisdiccionales.
CUARTO. Procede, por todo lo expuesto, estimar los recursos de apelación interpuestos y revocar la Sentencia apelada, dictando otra, en su lugar, por la que se absuelva a Abelardo y a Armando de los delitos contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia grave y de homicidio imprudente, de los que eran acusados, declarando de oficio las costas de ambas instancias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Que estimando los recursos de apelación interpuestos, respectivamente, por el Procurador D.Rafael Varona Segado, en nombre y representación de Abelardo, y por la Procuradora Dª.Eulalia Monerri Pedreño, en nombre y representación de Armando, contra la Sentencia de fecha 3 de agosto de 2.009, dictada por el Juzgado de lo Penal número uno de Cartagena en el Juicio Oral número 234/06, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución, dictando otra, en su lugar, por la que ABSOLVEMOS a Abelardo y a Armando de los delitos contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia grave y de homicidio imprudente, de los que eran acusados, declarando de oficio las costas de ambas instancias.
Notifíquese esta Sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose saber a las partes que contra ella no cabe recurso alguno; y, con certificación de la presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente de la misma, celebrando Audiencia Pública en esta Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, doy fe.
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

References: resolución 
 artículo 790
 resolución 
 resolución 
 artículo 316
 artículo 142
 artículo 248
 resolución