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Timestamp: 2018-12-14 01:04:58+00:00

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La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.
Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad
Resumen Partiendo de la naturaleza pública del Sistema Nacional de Salud y del sistema de la seguridad social en el ordenamiento jurídico vigente, el presente trabajo se propone centrar el debate sobre la privatización de la sanidad, en el marco de las formas de gestión de las funciones y tareas públicas. Se descarta que atente contra el carácter público de ambos sistemas el empleo de opciones organizativas en régimen de derecho privado para la gestión directa de la asistencia sanitaria de la seguridad social.En el polo opuesto,hay que descartar también que,en el marco constitucional vigente,dicha asistencia deje de ser competencia de los poderes públicos para convertirse en una actividad puramente privada. Se trata de una actividad de titularidad pública, pero susceptible de gestión indirec269
ta por centros y establecimientos privados. Algunas formas de gestión indirecta (convenios y conciertos) no plantean problema, pero sí lo suscita la figura de la concesión de servicio público. La tesis que se mantiene es que el recurso a esa figura debe ser excepcional y justificado. Precisiones conceptuales: las tres modalidades de privatización En 1986 la Ley General de Sanidad (LGS) configuró el Sistema Nacional de Salud (SNS) como conjunto de “estructuras y servicios públicos al servicio de la Salud”, tanto los de la administración del Estado (hoy ya transferidos) como los de las Comunidades Autónomas (art. 44). El SNS integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho
Rev Adm Sanit. 2008;6(2):269-96
Menéndez Rexach Á. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad
a la protección de la salud (art. 45). No hay,pues,ninguna duda de la naturaleza “pública” del sistema, integrado por un conjunto de organizaciones de este carácter,lo que no impide la colaboración de establecimientos privados, mediante convenios y conciertos. La universalización del derecho a la asistencia y la gratuidad de la incluida en el catálogo de prestaciones de la seguridad social (ya no contributivas, sino financiadas íntegramente con fondos públicos) han perfilado los trazos del sistema y reforzado su consideración como función y responsabilidad de los poderes públicos competentes (en síntesis, las funciones de regulación y dirección del SNS corresponden al Estado, mientras que la gestión de las prestaciones compete a las Comunidades Autónomas, a través de sus servicios de salud respectivos, que organizan a su criterio). Sin embargo, desde hace varios años, al socaire de la previsión legislativa de “nuevas formas de gestión” en el SNS, se ha suscitado un vivo debate sobre la tendencia, más o menos encubierta, de algunas de esas formas hacia la privatización de la sanidad en España. En un reciente “Manifiesto en defensa de la sanidad
pública” presentado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad el 22 de febrero de 2008(1) se afirma que “en los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio”. El Manifiesto añade que “en esta campaña privatizadora desempeña un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público,cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria. Además, la introducción de fórmulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas for(1) El texto del manifiesto puede leerse en la página web de la Federación.
y c) ejercicio de tareas o funciones públicas en régimen de derecho privado a través de organismos y entidades (entidades públicas empresariales. b) gestión (indirecta) de tareas o funciones públicas a través de empresarios privados. Por otra. que sería nada menos que la quiebra del derecho a la protección de la salud. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad mas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido. aunque las prestaciones se llevasen a cabo por centros privados financiados con fon271 dos públicos. se hace referencia al propósito de “privatizar el sistema sanitario público” para convertirlo en un negocio. Quien esto escribió comparte sin reservas la defensa de la sanidad pública frente a los riesgos de la “privatización”. donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional”. se dice que “la introducción de fórmulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros.Menéndez Rexach Á. pero lo importante es identificar en qué consiste ésta. que actúan sometidas en todo o en parte a ese sector del ordenamiento jurídico (privatización formal).6(2):269-96 . lo que parece implicar que el sistema seguiría siendo público. pero no está tan claro en qué consiste la “privatización” que conduce a ese resultado. manteniendo la financiación con dinero público”. parezcan necesarias unas precisiones sobre el concepto. por una parte. 2008. para centrar el análisis. En efecto. siempre según el Manifiesto: “que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela. La generalización de la gestión indirecta de servicios públicos por empresas privadas puede ser un paso intermedio Rev Adm Sanit. Las tres modalidades no son estancas. sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas). De ahí que. El resultado perseguido sería. Los redactores del Manifiesto tienen claro el resultado.sino que puede haber una dinámica. Desde el punto de vista jurídico el término “privatización” puede tener un triple significado: a) atribución al sector privado de tareas o funciones que eran competencia y responsabilidad estatal (privatización material). dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficencia”. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. en virtud de contratos (privatización funcional). lo que quizás no esté muy claro en las afirmaciones reseñadas.
a través de entidades sometidas al derecho privado. La liberalización no excluye. No obstante. la privatización ha afectado a tareas o funciones que antes eran de competencia estatal (muchas de ellas en régimen de monopolio) y que han dejado de serlo para convertirse en actividades privadas a desarrollar en régimen de libre competencia (telecomunicaciones. En el primer sentido.Menéndez Rexach Á. Sólo en este supuesto la actividad se “privatiza” realmente. como se verá después.sino la mutación de los clásicos instrumentos de intervención en fórmulas de cooperación1. y ello se lleva a cabo a través de múltiples pasos intermedios o fórmulas de transición. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.Sobre este denominador común la diferencia entre ambas reside en que la privatización formal. hidrocarbu272 ros. por exigencias del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. en el sentido de que deja de ser competencia y responsabilidad de los poderes públicos. etc. energía eléctrica. sinónimo de tarea o función de competencia de las organizaciones públicas). lo que exige inexcusablemente la cooperación con el sector privado”. sin perjuicio de que los poderes públicos continúen regulando la actividad y controlando la gestión de las prestaciones. la privatización no supone una despedida o retirada del Estado del campo de actuación.es gestión directa por la propia Administración Rev Adm Sanit. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad en el camino hacia la entrega al sector privado de la prestación de esa actividad.6(2):269-96 . sin perjuicio de que esté (más o menos) regulada.). lo que abre un nuevo ámbito para la cooperación entre el sector público y el privado. En esta acepción la privatización de la sanidad ni se ha planteado frontalmente ni puede plantearse en el marco jurídico-constitucional vigente. 2008. En las otras dos acepciones del término la actividad sigue estando configurada como función pública o servicio público (en el sentido amplio de esta expresión.sino que va unida a una regulación de esas actividades para evitar abusos y garantizar la consecución de los objetivos de interés general a que están subordinadas. Para decirlo con las palabras de uno de los más ilustres administrativistas actuales “la privatización de organizaciones y entidades desemboca con frecuencia en una ulterior privatización de funciones y cometidos. A este proceso se le ha denominado también “liberalización” de actividades antes configuradas como “servicios públicos”.
porque hay otra modalidad de gestión indirecta.Menéndez Rexach Á. que se ha utilizado tradicionalmente con mucha frecuencia. 2008. la Administración pública está sujeta a la Ley y al Derecho (no necesariamente el Derecho administrativo) y que.a través de entidades públicas (o sus “medios propios”) que actúan sometidas a ese régimen. por consiguiente.tanto regidas por el derecho público como por el privado.6(2):269-96 . normalmente concesión de servicio público. a través de empresarios privados. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.Tras unos años de áspero debate sobre si está o no justificada la “huida hacia el derecho privado” para el ejercicio de funciones públicas. según la Constitución de 1978. los agentes privados podrían argumentar que son más aptos para ello y que. La gestión directa de funciones y tareas públicas a través de entidades públicas o en mano pública sometidas al Derecho privado no suscita hoy objeciones mayores. sin que nunca haya despertado los recelos que ahora suscita la concesión. se les debería encomendar la realización de esas actividades. al menos hasta ahora. ligadas a la Administración responsable de esa actividad en virtud de un contrato administrativo. es decir. sobre la segunda acepción del término “privatización”. la gestión indirecta de servicios públicos a través de empresas privadas. no supone ejerci273 cio de esas potestades.quizás porque estaba configurado como un re- Rev Adm Sanit. el concierto sanitario.puede adoptar las opciones organizativas que se consideren más adecuadas. El límite general es que en régimen de derecho privado no se pueden ejercer potestades administrativas. no hay obstáculo alguno para que se lleve a cabo en régimen de derecho privado. El foco del debate se ha centrado en España.Habida cuenta de que la prestación de la asistencia sanitaria.Cualquiera que sea el régimen aplicable se trata de gestión directa de funciones públicas a través de la propia entidad responsable o de otras que tienen la consideración de entes instrumentales o “medios propios” de aquella. hoy parece haberse aceptado que. La posible crítica es que. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad responsable de la actividad. mientras que en la privatización “funcional” se gestiona indirectamente.en aras de la eficacia. en sí misma. Éste ha sido el escenario de la polémica principal. si los poderes públicos generalizan el empleo de fórmulas societarias y fundacionales privadas para la realización de tareas públicas.
en concreto.tiene un alcance mucho mayor que el concierto sanitario en cuanto al protagonismo de los agentes privados. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.partiremos aquí de la premisa de que la legislación vigente regula diversas formas de gestión de esos servicios2. muchos de los defensores de la sanidad pública temen que la tendencia a la privatización “funcional” que se detecta en algunas Comunidades Autónomas constituya un paso intermedio hacia la privatización “material” de la asistencia sanitaria. Después. Cuadro general de las formas de gestión de los servicios públicos Sin entrar en el análisis del concepto de “servicio público”. sino también constitucionales. A continuación haremos referencia a la evolución legislativa de las modalidades de gestión admisibles en el ámbito sanitario. que se podrían superar mediante modificaciones legislativas. uno de los más controvertidos del Derecho público. A los efectos que aquí interesan. Sin duda. sobre el papel que puede representar la figura de la concesión.Menéndez Rexach Á. lo que ya no es tan fácil de soslayar. quedando éstos obligados a garantizar su prestación. Pero a este resultado se oponen no sólo obstáculos legales. para concluir los condicionantes que para la gestión de la asistencia sanitaria derivan de su consideración como prestaciones no contributivas del sistema público de seguridad social.3. quebrando el actual modelo de SNS. entendiendo por tales las actividades que son competencia y responsabilidad de la Administración pública. 2008. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad medio subsidiario a utilizar cuando la Administración carecía de medios propios para garantizar la efectividad de las prestaciones. Para enfocar con precisión el problema recordaremos en primer lugar el cuadro general de las formas de gestión de servicios públicos. lo relevante para calificar una determinada actividad como servicio público es que esté atribuida por la Ley a los poderes públicos. para lo cual podrán utili- Rev Adm Sanit.6(2):269-96 .para terminar con unas consideraciones sobre los límites constitucionales a la gestión indirecta de la asistencia sanitaria y. aunque sea también gestión indirecta de un servicio público. expondremos sucintamente las modalida274 des de gestión indirecta en la legislación autonómica. Es evidente que la concesión para construir y explotar un hospital.
cualquiera que sea su prestador.entre otras constitucionalmente posibles. 86. a la Constitución. cuyo respeto debe hacerse (2) El concepto tradicional de servicio público. para suministrar información plural a través de determinados soportes técnicos y permitir formar opinión pública.) y. cuyo acceso debe facilitarse a todos en condiciones de igualdad. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. de no ser inevitable para alcanzar un pronunciamiento de adecuación a la Constitución de la declaración que el art. Una circunstancia que no se produce. (3) Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional.es esa una noción que. a consecuencia del proceso de “liberalización” de actividades que habían sido asumidas por los poderes públicos.128. para abrir posteriormente su gestión a los particulares. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad zar las modalidades de gestión (directa o indirecta) legalmente previstas(2). protección del medio ambiente. por otra. Entre esas excepciones al régimen común figura la imposición de “obligaciones de servicio público” con el fin de garantizar determinados objetivos de interés general (corrección de desequilibrios territoriales. telecomunicaciones. por una parte.por su amplitud.1 de la Ley efectúa. Estos servicios. a raíz de la introducción del concepto de “servicios de interés económico general” en el Derecho comunitario europeo. 275 Rev Adm Sanit. Un debate doctrinal en el que no corresponde a un Tribunal Constitucional terciar.sujeto a distintas elaboraciones y utilizado en diversos momentos históricos con finalidades también distintas. 2008. (…) No obstante. distribución de productos petrolíferos. Por consiguiente. etc. que estarán sometidas a las reglas de la libre competencia “en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida.El art. La sentencia 127/1994. derivada del uso de dos expresiones constitucionales que no pueden querer decir lo mismo.so pretexto del ejercicio de su función de control normativo. en la medida en que resultan afectados derechos fundamentales.2 de la Constitución permite a la Ley reservar al sector público «recursos» o «servicios esenciales». la asunción por los poderes públicos de la actividad televisiva como servicio público.y una interpretación literal aunada a otra sistemática. se ha difuminado.). de hecho o de derecho. justifica de la calificación de la televisión como servicio público con la siguiente argumentación (FJ 6): “B) (…) La idea de servicio público no constituye una noción unívoca y sí un concepto muy debatido por la doctrina científica —con detractores y valedores—.6(2):269-96 . que antes hemos comentado. puede abarcar a estos servicios de radiodifusión de indudable importancia o esencialidad en las sociedades de masas contemporáneas. que figuran entre “los valores comunes de la Unión” según el Tratado Constitutivo y la propia Carta Europea de Derechos Fundamentales. Es. una opción. El cuadro de las formas de gestión que se explica a continuación se refiere al concepto de servicio público en el Derecho positivo español. La declaración de la televisión como servicio público no es contraria. Entre esas obligaciones puede incluirse la garantía del servicio universal para determinadas prestaciones básicas. característico del derecho francés y del español. compatible con la configuración de la actividad como servicio público(3). La gestión indirecta supone la colaboración de los particulares en ejercicio de sus derechos constitucionales. el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada” (art. pues. de 5 de mayo. para el desarrollo de estas actividades pueden reconocerse excepciones o privilegios que afecten a la libre competencia.que puede tomar el legislador. obliga a entender que los «servicios esenciales» de una comunidad no tienen por qué ser «recursos» naturales o económicos. y no la de acaparar indebidamente servicios televisivos que puedan ser directamente prestados por los particulares en el ejercicio de su derecho general de libertad. El concepto tradicional de servicio público se ha quedado a medio camino entre los dos nuevos conceptos del Derecho europeo: es más amplio que el de servicio universal.Menéndez Rexach Á. etc. en sí misma y sin necesidad de mayores razonamientos. no puede tener otra justificación que la de servir a los intereses generales y asegurar la vigencia de otros bienes y principios o derechos constitucionales.2 del Tratado Constitutivo). precisamente por el interés general que revisten. en muchos casos en régimen de monopolio (servicios postales. pueden ser prestados tanto por entidades públicas como privadas. pero bastante más estrecho que el de servicios de interés económico general. ningún precepto constitucional la impide expresa o tácitamente.
que aportaría matices terminológicos.a la par.denominación genérica que comprende según LOFAGE dos figuras diferentes: organismo autónomo. Por los servicios de la propia entidad. Por medio de un organismo público. 85 bis y 85 ter). y entidad pública empresarial. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. de 30 de octubre. 20. la vigencia de los derechos fundamentales comprendidos en el art. a través de sus estructuras ordinarias (departamentos ministeriales en la Administración General del Estado. 2. 2008. si bien en el marco de este trabajo no es posible hacer un estudio detallado. Para completar el panorama se deberían tomar en consideración los datos de la legislación autonómica. que actúa en régimen de derecho privado.“excepto en la formación de la voluntad de sus órganos.de 14 de abril. en general. que está sometido íntegramente al derecho público.2 LOFAGE).20 CE y. Ambas opciones organizativas son válidas.obliga a que este Tribunal controle si la Ley garantiza o no suficientemente tales derechos”. Formas de gestión directa Se caracterizan porque la prestación del servicio se lleva a cabo des(…) En definitiva. utilizando para ello las distintas opciones previstas en el Derecho de la Organización. reguladora de las Bases del Régimen Local. la Ley 6/1997. de Contratos del Sector Público [LCSP].Menéndez Rexach Á.artículos 85. en sus estatutos y en la legislación presupuestaria” (art.de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. para la gestión de servicios públicos. la de contratos (Ley 30/2007. concejalías o direcciones de servicios en la Administración local). es decir. de 2 de abril.pero no novedades sustanciales.53. en el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley. artículos 251 y 253) y la de Régimen Local (Ley 7/1985. sin que la Ley citada establezca criterios precisos sobre la pro276 Rev Adm Sanit.LOFAGE).Esas opciones son las siguientes: 1. de las propias estructuras administrativas.6(2):269-96 . consejerías o departamentos de las Comunidades Autónomas. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad Los datos básicos para trazar el cuadro de las formas de gestión se encuentran en la legislación de organización administrativa (en particular.1 de la Constitución no puede llevar a declarar la inconstitucionalidad de la controvertida calificación legal de servicio público y ello sin perjuicio de que el legislador debe ponderar debidamente y garantizar los derechos fundamentales en juego sin imponer a los mismos restricciones innecesarias que pugnarían con los derechos consagrados en el art.
un nuevo tipo de Organismo Público. También hay que incluir aquí la actuación a través de fundaciones promovidas por entidades públicas.Más aún. tras la entrada en vigor de la ley la Agencia “será el tipo de organismo público que. que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma. La gestión indirecta se admite siempre que los servicios “sean susceptibles de explotación por particulares”. sin más. Pese a que esta expresión se suele emplear como un valor entendido.Menéndez Rexach Á. atribuya las competencias administrativas. su significado no está nada claro. económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. A estos dos tipos de organismos se ha añadido recientemente (por Ley 28/2006. El empresario gestor indirecto de un servicio público aparece así como un colaborador de la Administración para el desarrollo de activi277 Rev Adm Sanit.1 LCSP). 251. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad cedencia de utilizar una u otra. 4. quedando expresamente prohibida en “los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos” (art.6(2):269-96 . cuya actividad y funciones se ajusten al concepto de Agencia Estatal y se estime oportuno y más eficaz su transformación en este tipo de Organismo Público”. lo que difumina los límites de la gestión indirecta. 2008. Mediante sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad que la ha creado con esa finalidad instrumental. con carácter general se cree por la Administración General del Estado. Formas de gestión indirecta Se caracterizan porque la prestación del servicio se encomienda a un empresario privado en virtud del correspondiente contrato. (4) La Exposición de Motivos de la Ley 28/2006 explica que las Agencias “no van a ser. las agencias estatales. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico. Ésta requiere. que se haya determinado previamente su régimen jurídico. que parece llamado a sustituir a los dos anteriores. A las entidades públicas empresariales son asimilables las fundaciones públicas sanitarias. además. a las que después haremos referencia. ya que en el futuro sólo se crearán Agencias y los actuales organismos públicos que subsistan tendrán que adaptarse a esta figura(4).sino la fórmula organizativa hacia la que. 3.subsistirán los restantes tipos de Organismos Públicos”. de 18 de julio) un tercero. se van a reconducir aquellos Organismos Públicos existentes en la actualidad. en el marco de la legislación de fundaciones.excepcionalmente. progresivamente. para dar respuesta a sus necesidades de descentralización funcional. si bien.
(5) La sociedad mercantil de titularidad pública es forma de gestión directa si el capital pertenece íntegramente a la entidad que decide su constitución. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. y d) sociedad de economía mixta en la que la Administración participe. requiere la adjudicación del correspondiente contrato) si la participación de la entidad “madre” no es exclusiva. pues es sabido que el riesgo no recae en exclusiva sobre el contratista. 253) son las siguientes: a) concesión. c) concierto con personal natural o jurídico que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate. atiende sobre todo al contenido económico de la actividad a desarrollar y se define como una modalidad de contrato de gestión de servicios públicos en la que “el empresario gestionará el servicio a su riesgo y ventura”. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad dades que son competencia y responsabilidad de ésta. b) gestión interesada. Esta afirmación genérica debe ser matizada por la existencia de servicios subvencionados o con financiación mixta. públicos o privados. las modalidades tradicionales que se mantienen en la nueva Ley de Contratos del Sector Público (art. Cuando el contrato es de gestión de servicios públicos (uno de los contratos administrativos típicos). sino que lo comparte la Administración. porque éste se repercute sobre los usuarios. mientras que se considera gestión indirecta (y. en concurrencia con personas naturales o jurídicas(5). lo que no ha impedido que 278 Rev Adm Sanit. pero ello no altera el significado de la técnica concesional. por la que el empresario gestionará el servicio a su riesgo y ventura. por sí o por medio de una entidad pública. en determinados supuestos. en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato. por tanto. sino que hay otros partícipes. Consorcios La regulación de los Consorcios como entidades públicas se contiene en la legislación administrativa general. Esta configuración tradicional de la concesión no es del todo exacta. El significado típico de la concesión de servicio público estriba en que la Administración no tiene que hacer desembolso alguno para sufragar el coste del servicio.6(2):269-96 . que. está obligada a compensar a aquél para mantener el equilibrio económico del contrato. 2008. en términos bastante lacónicos. paradigma de la gestión indirecta de servicios públicos.Menéndez Rexach Á. La concesión.
Cuestión distinta es que en los órganos de gobierno de la entidad gestora se dé representación a otras instituciones que puedan estar interesadas. 67 LGS) o conciertos (art. 37.el criterio legal parece ser que en los centros públicos las prestaciones sanitarias son objeto de gestión directa. local o de otras entidades públicas) o privados. La decisión de constituir un consorcio no debería depender de la forma de gestión que se pretenda adoptar. 4. 37 a 40 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales).2). La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). (6) Rev Adm Sanit. lógicamente. alguna Corporación Local) “para instalar o gestionar servicios de interés local” (art.6(2):269-96 . por tratarse de actividades “compartidas”.Menéndez Rexach Á. mientras que 279 La primera regulación fue establecida en la legislación de Régimen Local (art.ligándola a la existencia de un convenio previo. autonómica. Esos centros y establecimientos pueden ser públicos (de titularidad estatal. Evolución legislativa de las formas de gestión en el ámbito sanitario La Ley General de Sanidad La LGS establece el principio de gestión unitaria (por áreas de salud) de los centros y establecimientos del servicio de salud de la Comunidad Autónoma (art. vinculados a la red pública en virtud de los correspondientes convenios (art. o sobre las que concurren las competencias propias de aquellas.la cons- titución de un consorcio para la gestión de centros o establecimientos cuya titularidad corresponda íntegramente a una sola entidad.2). que deben estar atribuidas a las entidades potencialmente interesadas en la constitución de esta figura.También es admisible la participación en el consorcio de entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones Públicas. sino del tipo de actividades a desarrollar. conforme a la cual esta institución se caracteriza porque resulta de la agrupación de entidades públicas “de diferente orden” (entre las que debería figurar.De ahí que no tenga sentido. 56. 90 LGS).1 del citado Reglamento). en principio. Como los convenios a que se refiere esta Ley son sólo los que se celebran entre el Estado y las Comunidades Autónomas. las fundaciones privadas. de 26 de noviembre de 1992. Bajo este rótulo pueden estar comprendidas. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad la figura haya tenido una gran difusión en cuanto a técnica de cooperación entre entidades públicas en el ámbito sanitario y en otros(6).en principio. reguló con carácter general la figura del Consorcio.hay que suponer que los consorcios “locales” continúan rigiéndose por la legislación de Régimen Local. de acuerdo con la concepción integral del sistema sanitario que en ella se proclama (art. 2008. Aunque no se formula explícitamente. en el marco de las relaciones de colaboración entre Administraciones Públicas. 85 de la LBRL y arts.
entre los que se mencionan expresamente los sanitarios. ya que la organización de las prestaciones sanitarias en cada servicio 280 de salud depende de la Comunidad Autónoma respectiva. de la libertad de empresa que la Constitución garantiza (cfr.89 LGS). las entidades públicas (territoriales o no) pueden constituir fundaciones para los fines de interés general previstos en la Ley. mientras que los convenios no figuran en el cuadro general de las modalidades de gestión de servicios públicos.en virtud de su potestad de autoorganización de los servicios a su cargo. de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general.en el ámbito sanitario. de cooperación Rev Adm Sanit.una doble condición:por un lado. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.Los centros privados tienen.art.pues. culturales. Estos últimos se han considerado tradicionalmente. educativos. en el sentido amplio que esta expresión tiene en nuestro ordenamiento jurídico. muy diferente) si no fuera por el singular impacto que tuvo en la configuración de las fundaciones de iniciativa pública. no merecería ser citada aquí (porque su objeto es. deportivos. como forma de organización de los establecimientos sanitarios públicos y la polémica surgida en torno a esta opción organizativa. En su virtud. Las fundaciones sanitarias y la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud La Ley 30/1994. Por consiguiente. en apariencia. una modalidad de gestión indirecta de servicios públicos. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad la colaboración de los centros privados se instrumenta a través de los citados convenios de vinculación y de los conciertos. cívicos. en el marco de la LGS se pueden utilizar las formas de gestión admitidas con carácter general. 2008. son gestores indirectos de un servicio público.es una manifestación.Menéndez Rexach Á.reflejan el ejercicio de una actividad privada libre y.por otra. de 24 de noviembre. La existencia de centros sanitarios privados.en cuanto contribuyen a la efectividad de unas prestaciones que son responsabilidad de los poderes públicos. con independencia de que se vinculen o no a la red pública. lo que no impide que se les pueda considerar también como una modalidad de gestión indirecta4. La LGS no va mucho más allá de lo que se acaba de decir.ni podría hacerlo. junto a los de asistencia social. como hemos dicho.6(2):269-96 .
pero no las examinaremos aquí.Menéndez Rexach Á. párrafo primero de la Ley). públicas o privadas). intentaron poner al servicio de ese objetivo cualquiera de las modalidades admitidas con carácter general. 1. único.6(2):269-96 . la referencia a “los términos previstos en la Ley General de Sanidad” parecía acotar las posibilidades de gestión a lo establecido en dicha Ley. Era cuestionable si esta “habilitación” legal aportaba algún elemento nuevo al cuadro de las formas de gestión admisibles en el ámbito sanitario como reflejo de las previstas en la legislación administrativa general. aprobadas en el contexto de un debate creciente sobre la necesidad de “modernizar” y hacer más eficiente la gestión de la asistencia sanitaria pública. único 2). mediante acuerdos. de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud. había que enten- Rev Adm Sanit. a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho” (art.que “podrá llevarse a cabo directa o indirectamente. 2. Algunas sentencias han considerado que. convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas. Estas disposiciones. Lo relevante era el propósito de ampliar el abanico de las opciones de gestión. Para reforzar la afirmación anterior 281 se puntualizaba que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.Por otro lado. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad para el desarrollo. convenios o contratos con otras personas o entidades. en los términos previstos en la Ley General de Sanidad” (art.1). de defensa del medio ambiente o de fomento de la economía o de la investigación. de 17 de junio. Aunque la formulación no fuera muy precisa esta disposición pretendía dar cobertura general tanto a las formas de gestión directa de los servicios sanitarios (a través de cualesquiera entidades de naturaleza y titularidad pública) como a las de gestión indirecta (mediante acuerdos. 2008. de promoción del voluntariado o cualesquiera otros de naturaleza análoga (art. La “apertura” hacia otras formas de gestión se instrumentó mediante el Real Decreto-Ley 10/1996. como el DecretoLey “habilitaba” el empleo de “nuevas” formas de gestión. y la Ley 15/1997. Entre el Decreto-Ley y la Ley había diferencias significativas. porque son tangenciales a nuestro tema. de 25 de abril. además de con medios propios.
Las fundaciones públicas sanitarias La Ley 50/1998.Pero estas fundaciones son muy diferentes a las creadas al amparo de la Ley de Fundaciones de 1994 (y a las que se refería el Real Decreto-Ley de 1996). si son nuevas formas significa que con anterioridad a estas normas aquellas no existían o no era posible legalmente llevarlas al Sistema Nacional de Salud. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad der que la LGS no las permitía(7). de 30 de diciembre. según la cual (FD 6º): “En vista de que a la luz la Ley 14/1986. Ya se dijo en el auto de esta Sala y Sección Tercera de 119. La Ley reafirma la posibilidad de constituir fundaciones para la gestión y administración de los centros y establecimientos sanitarios.Dicho de otra manera. por tanto. de medidas fiscales.insertos en el marco de la LOFAGE. el legislador se propuso reconducir al derecho público el régimen de esta modalidad organizativa. normas que en el fondo dan la razón a Comisiones Obreras en el razonamiento del fundamento de derecho anterior. se dicta el Real Decreto Ley 10/1996. de 25-04-1997 Habilitación de nuevas Formas de Gestión Sistema Nacional de Salud.como el resto de las Comunidades.porque ahora se califican expresamente de “Organismos Públicos” y están sometidas. General de Sanidad. de 17 de junio. como opción para la gestión de la asistencia sanitaria.la Generalidad Valenciana.la STSJ de la Comunidad Valenciana 1925/2000 (JUR 2001/160009). asimilados en líneas generales a las entidades públicas empresariales y. sin perjuicio de la normativa que puedan establecer las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias”. ya no son entidades puramente privadas (aunque en mano pública). no recogía ni permitía la gestión indirecta del servicio público de salud. sino del Sistema Nacional de Salud.6(2):269-96 . 2008. la colaboración de los centros privados con el SNS se instrumenta a través de los convenios de vinculación y de los conciertos. sobre habilitación de nuevas Formas de Gestión del INSALUD y la Ley 15/1997. 111 dio un nuevo giro a la regulación de la fundación. como las fundaciones constituidas al amparo de la Ley de 1994. administra(7) Así. en su art. Quizás influido por las críticas que se habían vertido sobre la utilización de fundaciones privadas de iniciativa pública (al amparo de la Ley de 1994). por ello. supletoriamente.1997 que el hecho de que se refiera al Insalud no impide su adopción por la Comunidad Valenciana. se integran en el Sistema Nacional de Salud y pueden adoptar las formas de gestión establecidas en dicha normativa. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.Ya hemos visto que. para evitar equívocos la Ley 15/1997 ya no habla de formas de gestión del Insalud.11). que tiene transferidas las competencias en materia sanitaria.Menéndez Rexach Á. pero se podía mantener que ello no excluía la utilización de otras formas de gestión previstas en la legislación administrativa general. actuando en régimen de derecho pri282 Rev Adm Sanit. sino organismos públicos. conforme a la LGS.111. tivas y del orden social.al régimen establecido en la LOFAGE para las entidades públicas empresariales (art.
mediante alguna de las modalidades señaladas.con independencia de que se preste en régimen de derecho público o de derecho privado. mientras que en el segundo es directa. Respecto de estas últimas. garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público” (art. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad vado en muchos aspectos5. la entrega de esta actividad al sector privado.llama la atención que se aplique el mismo régimen cuando la participación del INSALUD sea mayoritaria o única (art. Esto equivale a establecer que en el ámbito del INSALUD sólo es admisible la gestión directa. Rev Adm Sanit. El Real Decreto 29/2000. Esto no parece tener en cuenta que en el primer caso la gestión es indirecta (y requiere. 54). a las fundaciones privadas de iniciativa pública y a las fundaciones públicas sanitarias.Es importante subrayar que.6(2):269-96 . de 24 de noviembre. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. el Reglamento contiene una serie de disposiciones comunes a las “nuevas formas de gestión” y una regulación específica de las tres modalidades que parece tener mayor interés en potenciar: fundaciones constituidas al amparo de la Ley 30/1994. consorcios y sociedades estatales. Podían suscitar críticas.la adjudicación del correspondiente contrato). se mantiene en todo caso la “condición de servicio público” de la actividad. 111 de la Ley 50/1998. en concreto. así como mediante la cons283 titución de cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho.Menéndez Rexach Á. Al respecto.consorcios. servicios y establecimientos sanitarios.sociedades estatales y fundaciones públicas sanitarias. menos aún. como en el art.por tanto. pero en aspectos mucho más concretos (régimen del personal. en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud.).3º). por lo que no suponían la “privatización funcional” de la sanidad ni. podrá llevarse a cabo a través de fundaciones constituidas al amparo de la Ley 30/1994. etc.cualquiera que sea la opción organizativa que se adopte. por lo que sus disposiciones son aplicables a las “nuevas formas de gestión” previstas en las citadas leyes y. Según el Real Decreto “la gestión y administración de los centros. de 14 de enero. sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud Esta importante disposición reglamentaria desarrolló lo establecido tanto en la Ley 15/1997. Estas fundaciones eran una modalidad de gestión directa. 2008.
de unas funciones que seguían siendo competencia y responsabilidad estatal (a través del INSALUD). generalmente sometido al Derecho Administrativo. ha desplazado al ámbito autonómico el problema 284 de las opciones organizativas para la gestión de la asistencia sanitaria. transformado en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGS). Además de la personificación del respectivo servicio de salud configurándolo como organismo autónomo. lo que ha suscitado el debate sobre si esta forma de gestión implica la privatización (“funcional”) de la sanidad. supuso únicamente la privatización “formal”. impidió que se planteara su privatización “funcional”. es decir.Menéndez Rexach Á. con independencia de que fuera o no innovadora respecto de la LGS. Seguramente el hecho de que los centros y establecimientos gestionados por ese instituto estuvieran integrados en el sistema público de la seguridad social.pero también en algún caso (PaísVasco) al Derecho privado. aquel tenía el carácter de entidad gestora. su gestión indirecta a través de empresarios privados en régimen de concesión de servicio público o similar. La gestión indirecta de establecimientos sanitarios en la legislación autonómica Apunte sobre las formas de gestión en la legislación autonómica Por razones de espacio es imposible hacer aquí una reseña de las aportaciones de la legislación autonómica sobre las formas de gestión sanitaria3. bien como fun- Rev Adm Sanit. y la consiguiente reducción drástica de las competencias del INSALUD. 2008.6(2):269-96 . como la citada de la concesión de servicio público. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. en el sentido de sometimiento al derecho privado.la legislación autonómica ha previsto la personificación de los establecimientos sanitarios o de sus organismos gestores. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad Recapitulación La apertura hacia nuevas formas de gestión de las prestaciones sanitarias prevista en la legislación estatal de los últimos años del siglo XX. Y ha sido en ese ámbito donde se ha abierto camino a formas de gestión indirecta que el Estado no había utilizado. La transferencia de la gestión de la asistencia sanitaria de la seguridad social a las Comunidades Autónomas que todavía no la tenían.entidad pública o ente público de carácter institucional.
la concesión de servicio público para construir un hospital y posteriormente explotarlo. En concreto. 2008. y al que se remiten buena parte de las leyes autonómicas utilizando la terminología de la normativa estatal de “habilitación” de nuevas formas de gestión. riesgo alguno de “privatización” de la asistencia.6(2):269-96 .el denominador común es que todas ellas son formas de gestión directa de unas funciones inequívocamente públicas.servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente. En la Comunidad Valenciana la vigente Ley de Ordenación Sanitaria de 2003 ofrece una clara cobertura a esa posibilidad(9). los conciertos y los convenios de vinculación. públicos o privados. aunque el marco normativo de referencia es la legislación de fundaciones. pero el sometimiento al derecho privado no afecta para nada a la naturaleza de la actividad. La figura del consorcio es muy utilizada (especialmente en Cataluña y también en Castilla y León). Pero algunas leyes han previsto y utilizado fórmulas de gestión indirecta distintas de las reguladas en la LGS. como ya hemos reiterado.consorcios. empresas públicas u otros entes dotados de personalidad jurídica propia.fundaciones. Nos encontramos en el mismo escenario de las opciones organizativas en el ámbito del INSALUD. que son. acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas y fórmulas de gestión integrada o compartida” (negrita no original).Menéndez Rexach Á.como la Fundación del Hospital del Oriente de Asturias o la Fundación Marqués de Valdecilla. 285 Rev Adm Sanit. al privado o a una mezcla de ambos. en principio. que antes hemos descrito y comentado.además. con independencia de las ventajas e inconvenientes de estas opciones organizativas y del grado de autonomía de gestión que se les atribuya. Ahora bien. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. empresas públicas (Andalucía e Islas Baleares). cuya impugnación daría lugar a las sentencias que enseguida comentare(9) El artículo 23 de la Ley 3/2003 establece que “la gestión y administración de los centros. En su mayoría han mantenido el principio de la gestión directa (en sus (8) Hay supuestos especiales o atípicos.bien como sociedades mercantiles (Cataluña). lo que no conlleva. mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho.fundaciones públicas sanitarias (Galicia). Pero ya antes se había otorgado una concesión para la construcción y explotación del hospital de Alzira.Estarán sujetas al derecho público. con medios propios o ajenos.así como a través de la constitución de concesiones administrativas. diversas modalidades) de la asistencia sanitaria a través de los centros y establecimientos encuadrados en el respectivo servicio de salud. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad daciones privadas (casi todas)(8).pudiéndose establecer.
El recurso no cuestionaba el concurso como tal. sino si era legal la figura de la concesión administrativa para gestionar el servicio público sanitario y los centros sanitarios de la seguridad social.El tribunal sintetiza su posición en las siguientes afirmaciones (FD 8º): “a) Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia núm. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.). es decir.Menéndez Rexach Á.También en Madrid. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad mos. tras un análisis bastante detallado del problema.llega a la conclusión de que no hay reparo legal alguno que se oponga a la gestión indirecta del servicio sanitario. La concesión se otorgaría por un plazo de 10 años prorrogables por otros 5. disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sis- Rev Adm Sanit.6(2):269-96 . 2008. lo que suscitó de nuevo los reproches de privatización encubierta. en la sentencia 1925/2000 (JUR 2001/160009).El TSJ de la Comunidad Valenciana. en virtud de una concesión.si era posible la concesión administrativa dentro del modelo de gestión de la sanidad pública establecido en la actualidad por el legislador. sobre la base de que el concesionario construiría un hospital en Alzira sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento y lo gestionaría. el Gobierno regional decidió la construcción y explotación de 8 nuevos hospitales en régimen de concesión. revirtiendo al cabo de los 10 años el pleno domi286 nio de la construcción hospitalaria a la Administración. La impugnación de la concesión del hospital de Alzira Los datos básicos del caso son los siguientes: la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana convocó concurso para la adjudicación de concesión para la prestación y gestión de la atención sanitaria especializada del área de salud número 10 del Servicio Valenciano de Salud. 37/1994. etc. Contra esta convocatoria interpuso recurso la Federación Sindical de Comisiones Obreras. 43 de la Constitución recoge la prestación del servicio de salud como un derecho de estricta configuración legal. conciertos con hospitales que no sean de la red pública del Servicio Valenciano de Salud. el art. recibiendo en contrapartida a cargo de la Administración las compensaciones económicas establecidas. así como sus ingresos de explotación propios (prestación de servicios a población de la seguridad social ajena al área de salud número 10. sin perjuicio de que en el futuro pudiera establecerse otro distinto.
el concierto y el convenio de vinculación. Ley 10/1996 y la Ley 15/1997 que. si bien con una diferencia sustancial: en el caso de los hospitales vinculados. respeta íntegramente los derechos del personal sanitario estatutario de la Conselleria de Sani287 dad. Pero sí es admisible tras el R. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad tema (.Menéndez Rexach Á. 2008. a las prestaciones sanitarias de los ciudadanos”. por otra. 10 que. Rev Adm Sanit. cuyo trabajo se proyecta al Servicio Nacional de Salud y. que sólo preveía el concierto sanitario y el convenio singular de vinculación.permiten tanto la gestión directa en la prestación del servicio de salud como la gestión indirecta y. por lo que “quizás sea ésta la figura más similar a la de la concesión administrativa. También son dignas de mención las consideraciones que formula el Tribunal sobre las analogías y diferencias entre la concesión. de Contratos de las Administraciones Públicas. en definitiva. de 18 de mayo. en el régimen de elección de la empresa concesionaria.6(2):269-96 . La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. la gestión indirecta mediante concesión no hubiera sido posible en el marco de la LGS. por una parte y..D.. de 17 de junio. la prestación del servicio sanitario a través de una empresa privada concesionaria. c) Tanto el Real Decreto Ley 10/1996. En el convenio “los medios y recursos privados acceden al sector público”.). según la sentencia. con las reglas establecidas en el pliego de condiciones de explotación. d) El hecho de que el Centro de Especialidades de Alzira y Sueca sean gestionados por la concesionaria es consecuencia del nuevo sistema de gestión indirecta del área de salud núm. b) No se aprecia que se haya vulnerado ninguno de los preceptos de la Ley 13/1995. que son las dos modalidades de gestión indirecta admitidas por la LGS. aunque referida al INSALUD. sobre habilitación de nuevas Formas de Gestión del Insalud y la Ley 15/1997 de 2504-1997 de Habilitación de nuevas Formas Gestión Sistema Nacional de Salud.) el carácter público del sistema no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privada (.. Tiene interés destacar que. la titularidad es privada y es la empresa pri(10) Véase más arriba el párrafo reproducido en la nota 7. era también aplicable a las Comunidades Autónomas(10).dentro de esta última..Tesis que asume Comisiones Obreras.
La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. la incorporación de medios públicos al sector privado. En cambio.situación que por el momento no está prevista en la LGS. es decir. en el caso de las concesiones administrativas la titularidad del hospital es pública. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad vada la que efectúa el desembolso para la creación y puesta en funcionamiento del hospital proporcionando después a través de un convenio singular.Menéndez Rexach Á. teniendo además la Administración potestades de inspección y control en dicho hospital privado”. así como la fuente de ingresos a la empresa privada que accede a la gestión y explotación del hospital garantizándole ab initio la producción generadora de los ingresos. pero no a la inversa. según la sentencia. Antes al contrario. fue autorizada por el Real Decreto Ley 10/1996 y la Ley 15/1997. en el concierto sanitario. pues esto implica la ‘externalización’ 288 de los medios y recursos públicos por la empresa privada. 4. Ley 15/97 y Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ahora bien. que la LGS no permitía (salvo en las modalidades de convenios y conciertos).6(2):269-96 . b) que la previsión conteni(11) Rev Adm Sanit. con base en lo dispuesto en el Real Decreto Ley 10/96. 2008. El resultado del análisis es que “la Ley General de Sanidad posibilita la incorporación de medios privados al sector público sanitario a través de conciertos sanitarios y convenios singulares. ya que la población asistencial está asegurada al ser la propia población de la seguridad social”. de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (“si son nuevas formas significa que con anterioridad a estas normas aquellas no existían o no era posible legalmente llevarlas al Sistema Nacional de Salud”). en síntesis: a) que la sentencia recurrida declara que es legal la concesión administrativa para gestionar un Hospital del Sistema Nacional de Salud. la asistencia sanitaria a la población de la seguridad social. es la administración la que proporciona los medios y recursos de su titularidad. que también son aplicables a las Comunidades Autónomas.3 del vigente RD Legislativo 1/1994 no parece que sea posible la externalización de los servicios sanitarios de la Seguridad Social”. la gestión indirecta del servicio público de salud. por el contrario. que fue desestimado por senLos motivos del recurso de casación eran.a pesar de que también declara que la Ley General de Sanidad no permite la concesión administrativa.“no se produce la ‘publificación’ de la Organización y Funcionamiento del Centro Concertado. y conforme al citado art. Contra esta sentencia Comisiones Obreras interpuso recurso de casación(11).
6(2):269-96 . y e) en definitiva que la figura de la concesión administrativa como fórmula de gestión y prestación sanitaria carece de cobertura legal.y que el carácter público del sistema no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privada’”. o indirecta. “Que los artículos 41 y 43 de la Constitución no imponen la gestión pública directa y exclusiva del sistema de salud. como en el caso de una concesión administrativa. por todo lo que no se puede aceptar la alegación de que ese nuevo sistema de gestión del Sistema Nacional de Salud 289 Rev Adm Sanit. mediante acuerdos.d) que la asistencia sanitaria es una prestación de la seguridad social y que el artículo 4.3 del Real Decreto Legislativo establece que en ningún caso la ordenación de la seguridad social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil. cual parece pretender el reda en el Real Decreto-Ley 10/96 y la Ley 15/97 (“pudiéndose establecer además acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas y fórmulas de gestión integrada o compartida”). sino a los contratos.Menéndez Rexach Á. currente. Pero añade otros argumentos que son. convenios contratos con personas o entidades públicas o privadas. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad tencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2005 (RJ 2006/4212). 2008. una empresa privada cuya finalidad por definición es el lucro. de la posibilidad de gestión directa. y además de con medios propios. ya se ocupan. c) que los hechos posteriores corroboran esa tesis. ampliando los términos de la Ley General de Sanidad. como así además lo ha declarado el Tribunal Constitucional al decir en sentencia de 37/94. 2. pues el Real Decreto 29/2000.se ha de entender referida no a la remisión de los derechos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. como hace la sentencia recurrida. es un derecho de estricta configuración legal.pero no alude a las concesiones administrativas. y en base a ello la Administración no puede dar lugar a que la gestión de una prestación de seguridad social pueda existir directamente. en desarrollo de la Ley 15/97. es lo cierto. regula las fundaciones públicas sanitarias. convenios y acuerdos previstos en la Ley General de Sanidad. ‘que el derecho de que los ciudadanos puedan ostentar en materia de seguridad social salvando el carácter indisponible para el legislador de la garantía constitucional de esta institución. con el indicativo y clarificador título.las empresas públicas. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. El Alto Tribunal señala que “para ello bastaría con reproducir las valoraciones de la sentencia recurrida que han dado adecuada respuesta a las argumentaciones que aquí hace el recurrente y que en buena medida son reproducción de las formuladas en la Instancia”.los consorcios.pues la norma remitente regula las nuevas formas de gestión y no los derechos de los usuarios. en síntesis: 1. ya regula la concesión administrativa como forma de gestión indirecta de los servicios públicos. “Que además de que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (…). que el Real Decreto Ley 10/96 y la Ley 15/97. sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud.
convenios o contratos con entidades públicas y privadas.esa referencia a la Ley General de Sanidad no se puede entender referida. como no podía menos.la Ley 15/97 podía autorizar unas nuevas formas de gestión. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. pero cuidando que ello no redunde en perjuicio del usuario del servicio. “Que en nada obsta a lo anterior el que la Ley 15/97. a los modos de gestión previstos en la Ley General de Sanidad.siem290 pre que se respeten y salvaguarden los derechos de los usuarios. como se aduce. pero que ese mismo artículo permite además la gestión a través de empresas privadas concesionarias. 2008.entre otras.esto es. porque ya se ha visto que la gestión del Sistema Nacional de Salud no exige una gestión pública directa y exclusiva y al ser de configuración legal. 3. y por el contrario. que se le otorgue un servicio con las adecuadas garantías y sometido a los controles oportunos (…)”. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad carezca de cobertura legal.6(2):269-96 . la concesión de servicio público como modalidad de ges- Rev Adm Sanit. “Por último en nada obsta a lo anterior las referencias que el recurrente hace a la Ley General de la Seguridad Social artículo 4. porque el Real Decreto 29/2000 lo que hace es desarrollar una parte del apartado 1 del artículo único de la Ley 15/97. refiera. la relativa a las fundaciones. pues como ya había valorado y declarado adecuadamente la Sala de Instancia. que apliquen las nuevas formas de gestión autorizadas por la Ley. sí que es procedente y obligado entender que esa referencia a la Ley General de Sanidad se ha de interpretar y aplicar del único modo congruente y posible. Ley 15/97. después de referirse a las nuevas formas de gestión.‘en los términos previstos en la Ley General de Sanidad’. El Tribunal Supremo ha respaldado así. la primera.en definitiva.cual el recurrente pretende. sin reservas. 4.estimando que esa referencia deja en vigor. citada. y la segunda. pues ello sería tanto como dejar sin efecto esa habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que la norma posibilita. como se ha expuesto”.mediante acuerdos.Menéndez Rexach Á.3 y al Real Decreto 29/2000.y también en buena medida derogar la propia Ley que las regula.a que se refiere la Ley General de Sanidad. las nuevas formas de gestión que la nueva norma autoriza y dispone. en los términos que el legislador disponga. pues la tiene y en base a Ley posterior a la de Sanidad y a la de la Seguridad Social”.
(12) “La garantía institucional del sistema de Seguridad Social. que el carácter público del sistema de la Seguridad Social es compatible con la incidencia de formas de gestión o responsabilidad privadas: “Lo que verdaderamente ha de ser tutelado por imperativo constitucional es que no se pongan en cuestión los rasgos 291 estructurales de la institución Seguridad Social a la que pertenecen”. si bien “el carácter público del sistema de seguridad social no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas. a la que se remite la del TS que acabamos de comentar. En apoyo de su tesis invoca una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el significado del sistema público de la Seguridad Social. tratando de descartar que pueda haber otros posibles. 41 CE. Límites constitucionales a la gestión indirecta de la asistencia sanitaria como prestación no contributiva del sistema público de Seguridad Social La STC 37/1994. de importancia relativa en el conjunto de la acción protectora de aquél. sin cerrar la interpretación de ciertos conceptos de relevancia constitucional. que no es incompatible con la garantía institucional del sistema de Seguridad Social consagrada en el art. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad tión indirecta de los establecimientos sanitarios. Lo que verdaderamente ha de ser tutelado por imperativo constitucional es que no se pongan en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social a la que pertenecen. Rev Adm Sanit. centrándola en aspectos concretos de éste desvinculados del conjunto al que pertenecen. el carácter público del sistema de Seguridad Social no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas. Ahora bien.6(2):269-96 . La experiencia comparada y la de nuestro país así lo ponen de manifiesto. descartándose toda prevalencia de la autonomía privada en el diseño de la acción protectora dispensada”. este rasgo debe apreciarse en relación con la estructura y el régimen del sistema en su conjunto. en cuanto afecta a un aspecto parcial de la protección de la incapacidad temporal para el trabajo. ¿Hay algún obstáculo para ello en el marco constitucional vigente? Este es el último punto que vamos a examinar aunque sea someramente. de 1 de febrero.1 LGSS. declara. de importancia relativa en el conjunto de la acción protectora de aquél” (FJ 3)(12). La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. Ahora bien.sin distorsionar la evaluación. en consonancia con lo dicho.de modo que la mayor parte de los establecimientos sanitarios fueran gestionados indirectamente.Menéndez Rexach Á. en cuanto impone el obligado respeto a los rasgos que la hacen recognoscible en el estado actual de la conciencia social lleva aparejado el carácter público del mencionado sistema. Desde esta perspectiva. lo que puede ser admisible en casos aislados (concesiones de gestión de determinados hospitales) puede no serlo si se generaliza. Y habrá que concluir.ni tampoco haciéndolos encajar indebidamente en los moldes que en un determinado momento proporciona la ley ordinaria. en efecto. 129. 2008. y no altera el papel predominante y el compromiso de los poderes públicos en su labor articuladora de la tutela frente a esta contingencia. la reforma experimentada por el art.
en cuanto impone el obligado respeto a los rasgos que la hacen recognoscible en el estado actual de la conciencia social. En suma. 41 CE” (FJ 5). 65/1987 y 134/1987). pero no cierra posibilidades para la evolución del sistema de Seguridad Social hacia ámbitos desconocidos en la actualidad o hacia técnicas que hasta ahora no se han querido o podido utilizar. porque: “La Constitución. la definición del concreto “modelo” de seguridad so292 cial vigente en cada momento pertenece a las facultades de libre configuración del legislador. de 11 de diciembre.la libertad de configuración del legislador es notoria y ello ya ha sido suficientemente reiterado en la jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 103/1983.que la noción de nuestro Derecho positivo en el momento de aprobarse la Constitución acerca del Régimen de Seguridad Social se sustentaba en la cober- Rev Adm Sanit. Por tanto. Consagra una institución protegiéndola contra alteraciones que puedan desnaturalizar su esencia. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad La STC 206/1997. y más cuando se trata de una materia como la Seguridad Social. una triple apreciación. declara que lo que sea seguridad social “no es deducible por sí solo del tenor del art. por consiguiente. 2008. no pretende imponer un único modelo.6(2):269-96 . porque equivaldría a congelar la libertad de opción del legislador”.º). Por su parte. sintetiza la doctrina constitucional sobre el significado de la seguridad social y el carácter “evolutivo” de esta institución en los siguientes términos: “De nuestra doctrina se desprende.Menéndez Rexach Á. la STC 239/2002. si la naturaleza de una determinada institución se ajusta a tal imagen ha de deducirse de los propios rasgos que perfilan la noción de `Seguridad Social´ y nunca de un concepto inexistente en la Constitución. En palabras de la sentencia: “(…) Con respeto a las líneas estructurales básicas de la institución. la Constitución consagra `la garantía institucional del sistema de Seguridad Social. lleva aparejado el carácter público del mencionado sistema (y sólo impide que) se pongan en cuestión los rasgos estructurales de la Institución Seguridad Social´ (STC 37/1994 fundamento jurídico 4.En primer lugar. de 27 de noviembre. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública.dentro de los límites constitucionales expuestos. Por consiguiente.Dentro de tales límites son constitucionalmente admisibles distintos modelos”.
41 CE hace un llamamiento a todos los poderes públicos para que subvengan a paliar estas situaciones de necesidad. 2008. lo que ha de ser realizado por dichos poderes públicos en el ámbito de sus respectivas competencias”(13). que el Sistema de Seguridad Social. porque consideren que la cuantía de la revalorización estatal no es la adecuada. En segundo lugar. pues creo que con ello se interfiere en lo que es una misión estatal”. permite incluir en su ámbito no sólo las prestaciones de carácter contributivo. 41 CE. visible como tal por sus beneficiarios. por exigencia de la propia Ley de Seguridad Social (art.aunque lo hagan a su propia costa. como acabamos de decir. 52 LGSS). al configurarse como una función de Estado.en la unidad de sus prestaciones en toda España.Y en tercer lugar. No me parece constitucionalmente aceptable que. de modo que. no incluyendo en su ámbito la atención a otras situaciones de necesidad.Menéndez Rexach Á.6(2):269-96 . por el contrario. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad tura de riesgos de carácter contributivo. (13) Pero esto no significa que todas las medidas que se adopten para la protección social deban encuadrarse en el marco del sistema de la seguridad social. no se compadecería con la paulatina reducción de otros ámbitos de protección distintos al de la seguridad social por el hecho de la extensión o ampliación de la cobertura de este último sistema a colectivos no protegidos por él con anterioridad. ya que ello significaría. sino también las no contributivas. como finalidad constitucional consagrada en el art. un correlativo vaciamiento de competencias autonómicas que no ha sido querido así por el Texto constitucional”. en vez de una seguridad social única. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. Según la sentencia “la tendencia a la universalización de las medidas de protección social. la garantía constitucional de dicho sistema obliga a mantener la titularidad pública de una red de asistencia primaria y hospitalaria. y concebida desde su nacimiento como un instrumento de solidaridad nacional. que el art. lo que no impide la colaboración de centros y establecimientos sanitarios privados. aunque se configurase como gestión indirecta de un servicio público y no como una actividad meramente privada. hay que preguntarse si la libertad de configuración del legislador es tan amplia como para permitir cualquier modalidad de gestión (directa o indirecta) o si. pueda ser vista por aquéllos como más o menos generosa en las distintas Comunidades Autónomas. pues ello conllevaría el vaciamiento de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de asistencia social. mientras la asistencia sanitaria básica esté incluida en el sistema público de la seguridad social. los órganos políticos de una determinada Comunidad Autónoma eleven la cuantía de esa revalorización. Hay un voto particular en el que se critica el resultado a que conduce la sentencia con la siguiente argumentación:“la asistencia social no puede ser un título competencial en función del cual se pueda no complementar el sistema asistencial de la seguridad social en las áreas no cubiertas por éste (que creo que es su papel).cuando se está fijando desde un plano nacional la revalorización de las pensiones de la seguridad social única y estatal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 293 Rev Adm Sanit. prestaciones de la seguridad social. pero sí que toda la asistencia (o la mayor parte) sea prestada por éstos. sino suplementar al alza las concretas Ahora bien.
se deberían objetivar los criterios para determinar cuándo es recomendable utilizar 294 Rev Adm Sanit. actividades económicas de interés (14) La expresión “Estado garante” se ha acuñado en Alemania6. Son. puede ser admisible la concesión como forma de gestión (indirecta) de determinados establecimientos y así lo ha declarado el Tribunal Supremo. no “prestador de servicios”. por ello. por ello. es decir.no deberían serlo. un Estado “regulador”. Pero hay otras actividades de contenido predominantemente social (aunque sean susceptibles de explotación económica).6(2):269-96 . Se refiere preferentemente a las actividades “privatizadas” en sentido material.7. Pero esa opción debe considerarse excepción a una regla y. lógicamente. al menos. a través de centros y establecimientos de titularidad pública y gestión directa. en su mayor parte.hay que salir al paso de la muy extendida tesis de que las formas de gestión son intercambiables y que es indiferente utilizar una u otra. En este marco. En relación con ellas éstos no son sólo “garantes”. es decir. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. necesitada de justificación caso por caso.No lo son o. sino que también son y deben seguir siendo “prestadores” con sus propios medios. las sanitarias)(14). Sin embargo. El Estado garante no realiza por sí mismo las prestaciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales típicos del Estado social. Al contrario. esa noción no explica el papel del Estado en su totalidad. cualquiera que sea su forma de organización y el régimen jurídico aplicable (derecho público o privado). A este respecto. general y. en sustancia. a tareas o funciones antes consideradas “servicios públicos” y que han sido “liberalizadas”. que son competencia y responsabilidad de los poderes públicos. El Estado garante es así. 2008. sino que su función es activar a las fuerzas sociales (los agentes privados) para que colaboren en la realización de tareas públicas en el marco de la regulación establecida por aquél. lo que no parece que se haya hecho en los supuestos en que se ha recurrido a esta figura.Menéndez Rexach Á. reguladas. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad ¿Sería “recognoscible” una seguridad social en la que la asistencia sanitaria fuera prestada mayoritariamente por establecimientos privados? Una respuesta afirmativa podría articularse en el marco de la concepción del Estado como “garante” de las prestaciones a que tienen derecho los ciudadanos (entre ellas.
Rev Adm Sanit.fundamentalmente mediante fórmulas de concertación. en el caso de la concesión de servicio público hay que tener presente que su significado típico estriba en que la Administración no tiene que hacer desembolso alguno para sufragar el coste del servicio.sino en la realización efectiva de un derecho fundamental cueste lo que cueste. porque éste se repercute sobre los usuarios. aunque sufra pérdidas (lo que es insostenible a medio y largo plazo) o prima la obtención del beneficio. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. en el ámbito bien conocido del concierto sanitario.con fondos públicos se pueden financiar prestaciones que proporcionan los establecimientos privados. el empresario privado no puede actuar con los esquemas habituales dirigidos a la obtención de un beneficio. y por ello necesitadas de justificación concreta. sino que se verá abocado inevitablemente a una difícil encrucijada:o desempeña correctamente su función.sin perjuicio de la colaboración de los centros privados.Pero éstas deben ser excepciones a la regla de la gestión directa. 2008.con el consiguiente deterioro de la calidad de la asistencia pres295 tada.Desde luego. muy coherente y no hay. en este punto. sin que sea suficiente la genérica previsión legal de su admisibilidad. previsto en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.Menéndez Rexach Á.6(2):269-96 . por lo que no se trata de recurrir al capital privado para obtener unos recursos de los que carecen los poderes públicos. a mi juicio.parece razonable sostener que la efectividad de los mandatos constitucionales relativos a la protección de la salud y al mantenimiento obligatorio de un sistema público de seguridad social implica la existencia de una red de establecimientos de titularidad pública que deben ser gestionados directamente (con o sin atribución de personalidad jurídica propia). Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad cada una de las opciones. pero esto nos sitúa. En concreto.Pero lo decisivo es. de nuevo.También es admisible la concesión y alguna otra fórmula análoga.a la gestión de las prestaciones sanitarias.El planteamiento de la LGS era. que como la esencia de la prestación sanitaria no está en su contenido económico.en términos generales. Parece claro que este esquema no es adecuado. En ellas la financiación pública está asegurada en el marco del sistema de la seguridad social (y ahora de la financiación autonómica). como el nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el privado. En definitiva. razones sólidas para revisarlo. a mi juicio.
Franzius C. 1995. Esteve Pardo J. 2001. Menéndez Rexach A. 2006. 71 y ss. Madrid: Thomson Aranzadi. Madrid: La Ley. Madrid: Universidad Carlos III-Marcial Pons. 6. Schmidt-Assmann E. Vol. Lobo F. La reforma de los servicios públicos sanitarios. Fórmulas de gestión indirecta de servicios sanitarios: especial referencia al concierto sanitario. 2003.Vaquer M. p. Menéndez Rexach A. Administración y regulación económica.Formas de gestión de la sanidad pública en España. 2003. p. 73 y ss. 2008. La organización de los servicios públicos sanitarios. Pamplona. Domínguez Martín M. Ponencias del Tercer Congreso Derecho y Salud.Títulos académicos y profesionales. Vaquer Caballería M. 5. Der Gewährleistungsstaat. Fundaciones públicas y fundaciones en mano pública.ein neues Leitbild für den sich wandelnden Staat? Der Staat.6(2):269-96 . p. 79 y ss. 4. 3. La autonomía municipal. Gobierno de Navarra. En: Parejo L. Formas Jurídicas de gestión de los servicios sanitarios. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad BIBLIOGRAFÍA 1.Menéndez Rexach Á. 2. coordinadores. En: La gestión de servicios sanitarios:modelos alternativos. 7. 2007. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública-Marcial Pons. La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. 1999. La teoría general del Derecho administrativo como sistema (traducción española). Madrid: Marcial Pons. 42(4):493 y ss. 296 Rev Adm Sanit. Ponencia presentada en el II Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. La regulación de la economía desde el Estado garante.
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