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Timestamp: 2018-10-24 06:14:12+00:00

Document:
Resena De Novedades I Gestion Del Conocimiento To Mercantil - Lexology
Resena De Novedades I Gestion Del Conocimiento To Mercantil
CUATRECASAS, GON<;ALVES PEREIRA
RESENA DE NOVEDADES I GESTI6N DEL CONOCIMIEN TO MERCANTIL
Dic iembre de 20 15
REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2015: NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MERCADO DE
LEY 1 1 /2015 Y REAL DECRETO 878/2015 : REFORMA DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA 4
RECLAMACION NOTARIAL DE DEUDAS DINERARIAS NO CONTRAD ICHAS (EL "MONITOR IO
NOTARIAL")
REAL DECRETO 878/20 15: NUEVOS AV ANCES EN LA REFORMA DEL SISTEMA DE POST­
CONTRATACIO N ESPANOL
NUEVO REGIMEN JURiDICO DE LOS ESTABLECIMIE NTOS FINANCIEROS DE CREDITO 5
ORDEN ECC/2316/2015 RELATIVA A LAS OBLIGACIONES DE INFORMAC ION Y C LASIF ICACION DE
CIRCULAR 5/2015, DE 28 DE OCTUBRE, DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, POR LA QUE SE MODIFICA LA CIRCULAR 1!2008, DE 30 DE ENERO,SOBRE INFORMACION PERIODICA DE LOS EMISORES CON VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION EN MERCADOS REGULADOS RELATIVA A LOS INFORMES FINANCIEROS SEMESTRALES, LAS DECLARACIONES DE GESTION INTERMEDIAS Y, EN SU CASO, LOS INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRA LES
JURISPRUDENCIA'
STJUE DE 6 DE OCTUBRE DE 2015, N° C-362/14: INVALIDACION DE LA DECISION DE LA COMISION 2000/520, DE 26 DE JULIO, QUE RECONOCiA A EE.UU. COMO "PUERTO SEGUR O" DE DATOS PERSONALES PROCEDENTES DE LAUE
STS DE 18 DE NOVIEMBRE DE 20 15,N• 630/2015: EL REAL DECRETO-LEY 5/2005 SOLO ES APLICAB LE
A LOS ACUERDOS DE COMPENSACION CONTRACTUAL CON MAS DE UNA OPERAC ION 8
Todas las sentencias del Tribunal Supremo que se citan en esta Reseiia son de Ia Sa la Primera, salvo que se
indique otra cosa .
CUATRECASAS . GoNc;ALVES PERE IRA
STS DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. N" 653/2015: POSIBLE INFRACCION DE UNA CLAUSULA DE NEGATIVE
STS DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, N° 505/2015: LA DELIMITACION ENTRE EL DOLO Y EL ERROR EN LA
FORMACION DE LA VOLUNT AD CONTRACTUAL
STS DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 20 15. N° 468/2015: EL DEBER DE COMUNICAC ION DE UNA RECLAMAC ION EN EL
MARCO DE UNA COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES
SAP DE MADRID (SECC. 28") DE 26 DE OCTUBRE DE 2015. N° 298/2015: CUESTIONES SOBRE AUMENTOS DE
CAPITAL E INEXISTENCIA DE SUPUESTO DE OPA OBLIGATORIA
SAP DE MADRID (SECC. 28°) DE 23 DE OCTUBRE DE 2015, N° 296/2015: APLICACION DEL PRINCIPIO DE CONSUNCION A UN CONFLICTO DE NORMA$ ENTRE EL DERECHO DE OPOSICION DE LA ESCISION Y EL 14
REGIMEN DE TRANSMISION DE PARTICIPACIONES CON PRESTACIONES ACCESORIAS
SAP DE BARCELONA (SECC. 15°) DE 27 DE JULIO DE 2015, N° 198/2015: EL DERECHO DE SEPARACION EN LA
MODIFICACION DE FACTO DEL OBJETO SOCIAL
SAP DE MADRID (SECC. 28°), DE 24 DE JULIO , DE 2015, N° 216/2015: EL CRITERIO DEL VALOR RAZONABLE DE
LAS PARTICIPACIONES NOES IMPERATIVO
RDGRN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 (BOE 9.12.15): LA REDUCCION DE CAPITAL PARA DOTAR RESERVAS
VOLUNTARIAS EN SL EXIGE ALGUN MECANISMO DE TUTELA DE ACREEDORES
RDGRN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 (BOE 24.11.15): NO DEBE CONSTAR NECESAR IAMENTE EN ESTATUTOS
LA REFERENCIA AL CONTRATO DEL CONSEJERO EJECUTIVO DEL ART. 249 LSC Nl LA APROBAC ION, EN SU 20
CASO, DE UNA POLiTICA DE REMUNERACIONES
RDGRN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 (BOE 24.11 .15): DERECHO DE OPOSICION EN ESCISION PARCIAL DE SA
CON REDUCCION DE CAPITAL
RDGRN DE 29 DE OCTUBRE 2015, (BOE 23 .11.15): INSCRIPCION DE CLAUSULA QUE EXIGE SOMETER A LA
JUNTA GENERAL LA INCOACION DE UNA DEMANDA CONTRA LA SOCIEDAD
RDGRN DE 20 DE OCTUBRE DE 2015 (BOE 19.11.15): ADMITIDO DEPOSITO DE CUENTAS CON INFORME DE
AUDITOR DESFAVORAB LE
RDGRN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (BOE 8.10.15): NO ES INSCRIBIBLE LA LIMITACION ESTATUTARIA A LOS 25
ADMINISTRADORES PARA CONSTITUIR GARA NTfAS
RDGRN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (BOE 8.10. 15): ADMITIDA JUNTA CONVOCADA POR ADMINISTRA DOR
CONSULTA N° 2 BOICAC N° 103/2015: FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR DE LOS DIVERSOS SUPUESTOS DE LA
DEFINICION DE ENTIDAD DE INTERES PUBLICO
REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2015: NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreta legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se promulga el texto refundido de Ia Ley del Mercado de Valores. Supone Ia integraci6n en un solo texto, "debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas, de una serie de disposiciones legales relativas a los mercados de valores ", y Ia derogaci6n de Ia antigua ley 24/1988, de 28 de julio .
La Ley 20/20 142 autoriz6 al Gobierno a preparar un texto normativo en el que se integrasen, "debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas", una serie de disposiciones legales relativas a los mercados de valores. El resultado es el nuevo texto refundido de Ia ley del mercado de va lores ("TRLMV "), aprobado por el Real Decreto legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que parte del texto consolidado de Ia anterior ley 24/1988 e incorpora disposiciones en Ia materia que se encontraban dispersas3 en otras normas con rango legal. El TRLMV ha sido informado por el Consejo de Estado que,si bien realiza una va loraci6n material positiva en tanto que, respetando Ia habilitaci6n normativa, no se introduce ningun ca mbio sustancial, critica que el plazo de consu lta haya sido excesivamente breve y el expediente escaso, dada Ia trascendencia de Ia norma .
El TRLMV tiene una estructura similar a Ia anterior Ley 24/1988 y esta dividido en 10 Tftulos, en los que se integran un total de 334 artfculos (frente a los 131 anteriores) . En Ia pagina web del Tesoro se ha publicado, tal y como prevefa Ia Disposici6n Adicional unica del Real Decreto legislativo 4/ 2015, una tabla de correspondencias con los art f culos de Ia anterior ley: Tabla de correspondencias con Ia ley 24/1988
Destaca en el nuevo TRLMV una labo r de sistematizaci6n y orden de los art f culos de Ia anterior Ley 24/1988. En este sentido, aunque las infraccio nes se siguen clasificando como muy graves, graves y leves, ahora se agrupan en funci6n de Ia materia afectada (infracciones relativas a las ofertas publicas de adquisici6n , a las obligaciones de
Ley 20/20 14, de 29 de octubre, par Ia que se de lega en el Gobierno Ia potestad de dictar diversos textos
refundidos, en virtud de Ia establecido en el articulo 82 y siguientes de Ia Constituci6n Espanola.
En elTRLMV se integran (i) las disposiciones adicio na les tercera y decimocua rta y las dispos iciones tra nsitorias primera, segunda, quinta y sexta de Ia Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de Ia Ley 24/1988, (ii) Ia disposici6n adicional terce ra de Ia Ley 41/ 1999, de 12 de noviembre, sabre sistemas de pages y de liquidaci6n de valores, (iii) las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta y las disposiciones transitorias primera, segunda y sexta de Ia Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, (iv) Ia disposici6 n adicional tercera de Ia Ley 26/2003, de 17 de julio, par Ia que se modifican Ia Ley 24/1988, y el texto refundido de Ia Ley de Sociedades An6nima s, (v) Ia disposici6 n adiciona l de Ia Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de Ia Ley 24/ 1988, (vi) las disposic iones finales primera, segunda y cuarta de Ia Ley 32/2011, de 4 de octubre, par Ia que se modifica Ia Ley 24/ 1988, y (vii) Ia disposici6n adicional dtkima tercera de Ia Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci6n y resoluci6n de entidades de crE!dito . Hay que tene r en cuenta que Ia habilitaci6n de Ia Ley 20/2014 se extendi6 a normas futuras que "puedan, en su caso, promulgarse antes de Ia aprobac i6n par Consejo de Ministros de los textos refundidos que procedan y asf se haya previsto en las mismas" par Ia que tambien se refunden Ia disposici6n transitoria novena de Ia Ley 5/2015, de 27 de abril, de fome nto de Ia financiaci6n empresarial y las disposiciones tra nsitorias sexta y septima de Ia Ley 11/20 15, de 18 de ju nio, de recuperaci6n y resoluci6n de entidades de credito y empresas de servicios de inversion.
transparencia e integridad del mercado, etc.) . Igualmente se renumeran todos los a rtfculos de forma correlativa , desapareciendo las numeraciones de incises en serie dentro del mismo ordinal.
Se actualizan y mejoran las remis iones normativas, tanto internas como a ot ras normas en v igor (por ejemplo, a Ia LSC). El TRLMV tambien recoge las ultimas reformas que han tenido Iugar y, por ejemplo , ordena en un unico capitulo nuevo todas las disposiciones relativas a Ia compensacion, liquidacion y registro de va lores e infraest ructuras de contratacio n. Tambien se aprovec ha Ia refundicion para introducir determinadas aclaraciones. A sf , en el actual art. 82, que recoge el umbral de autoca rtera a plicable a las sociedades en proceso de exclusion, ya aparece el porcentaje del 20% propio de socieda des no cotizadas. 0 en el art. 233,ya se refleja Ia opinion de Ia CNMV al entender que, en caso de entidades emisoras de va lores en situacion de concurso, solo corresponde a Ia administracion concursa l cumplir con las obliga ciones de remision de informacion cuando los administradores y directives han sido sustituidos.
Se mantiene todav fa algun problema de discordancia que no se ha podido solventar en Ia refundicion. En este sentido, Ia Ley de Fomento de Ia Financiac ion Empresarial dio una nueva redaccion al antiquo art. 99 c) quinquies de Ia Ley 24/ 1988 para tipifica r como infra ccion muy grave el incumplimiento de las normas de conducta propias de un sistema multilateral de negociacion. Posteriormente,Ia Ley 11/2015 vo lvio a modifica r el art. 99 c) quinquies, pero sin tener en cuenta su ultima version, por lo que dicha infraccion quedo sin tipificar. El TRLMV no ha podido incorporar las previsiones que Ia Ley de Fomento de Ia Financiacion Empresarial introdujo en el art. 99 c) quinquies por exceder de Ia habilitacion conferida al Gobierno.
El TRLMV entro en vigor el pasado 13 de noviembre a unque Ia Exposicion de Motives ya advierte que se modificara en el corte plaza para permitir Ia incorpo racion a Derecho espanol de las novedades introduc idas por MIFID 24 y por Ia reform a europea en materia de abuse de mercados.
LEY 11/2015 Y REA L DECRETO 878/2015: REFORMA DE LA NORMATIVA DE
TRANS PARE NCIA
Puede acceder a nuestro Legal Flash sabre Ia reforma de Ia normativa de transparencia,llevada a cabo por Ia Ley 11/2015 y el Real Decreta 878/2015 (en particular, en el regimen de comunicacion de participaciones significativas), a traves del siguiente enlace :
Lega l Flash - Reforma de Ia Normativa de Tran sparencia
La nueva regulac i6n MIFID2 comprende Ia Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 15 de mayo de 20 14, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por Ia que se mod ifican Ia Directiva 2002/92/CE y Ia Directiva 2011/6 1/UE, y el Reglamento (UE) 600/20 14 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 20 14, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) 648/20 12 .
La reforma en materia de abuso de mercado se llevanl a cabo a traves del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 20 14, sobre el abuso de mercado, que sera de aplicaci6n el 3 de julio de 20 16, y de Ia Directiva 20 14/57/E U relativa a las sanciones en materia de abuso de mercado.
RECLAMACION NOTARIAL DE DEUDAS DINERARIAS NO CONTRADICHAS ( EL
"MONITORIO NOTARIAL")
Puede acceder a nuestro Legal Flash sabre el monitorio notarial, introducido por Ia Ley 15/20 15, de 2 de julio, de Jurisdicci6n Voluntaria, en Ia Ley del Notariado, a traves del siguiente enlace:
Legal Flash - Reclamaci6n notarial de deudas dinerarias no contradichas (el "monitorio
REAL DECRETO 878/20 15: NUEVOS AVANCES EN LA REFORMA DEL SISTEMA DE POST­ CONTRATACION ESPANOL
Puede acceder a nuestro Legal Flash sobre las novedades introducidas por el Real Decreta 878/2015 en relaci6n con Ia reforma de los sistemas de post-cont rataci6n espaf\oles a traves del siguiente enlace:
Nota Monogratica - Real Decreta 878/2015: Nuevas avances en Ia reforma del si stema de post-contrataci6n espaf\ol
EL NUEVO REGIMEN JUR[DICO DE LOS ESTA BLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO
Puede acceder a nuestra Nota Monogratica sabre el nuevo regimen juridico de los Establecimiento s Financieros de Credito a traves del siguiente enlace :
Nota monogratica - El nuevo regimen juridico de los establecimientos financieros de credito
ORDEN ECC/2316/2015 RELATIVA A LAS OBLIGACIONES DE INFORMACION Y CLASIFICACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
Puede acceder a nuestro Legal Flash sabre esta norma a traves del siguiente enlace :
Lega l Flash - Orden ECC/23 1 6/20 15 relati va a las ob ligacio nes de informacion y
clasificaci6n de productos financieros
CIRCULAR 5/2015, DE 28 DE OCTUBRE, DE LA COMISION NACIONA L DEL MERCADO DE V ALORES , POR LA QUE SE MODIFICA LA CIRCULAR 1/2008, DE 30 DE ENERO, SOBRE INFORMACION PERIODICA DE LOS EMISORES CON VALORES ADM ITIDOS A NEGOCIACION EN MERCADOS REGULADOS RELATIVA A LOS INFORMES FINANCIEROS SEMESTRALES , LAS DECLARACIONES DE GESTION INTERMEDIAS Y, EN SU CASO, LOS INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES
El 20 de noviembre entro en vigor Ia Circular CNMV 5/2015 que modifica determinados aspectos de los modelos de notificacion de informacion publica periodica a probados por Ia Circular CNMV 1/20 08. En co ncreto:
La ampliacion del plazo para presentar el primer informe semestral de dos a tres
La supresion de Ia obligacion de publicar y difundir informacion sobre las nuevas emisiones de deuda.
La adaptacion de los modelos aplicables a las entidades de credito (anexo II) a los nuevas modelos previstos por Ia Circular 5/2014,de 28 de noviembre, de Banco de Espana.
La introduccion de desgloses adicionales de informacion en el anexo II para proporcionar una mayor transparencia e informacion a los inverso res. Estes desgloses se refieren a Ia solvencia, calidad crediticia de Ia cartera de prestamos y partidas a cobrar, operaciones refinanciadas o reestructuradas y ex posic ion inmobiliaria .
La incorporacion del nuevo detalle, exigido por Ia modificacion en Ia NIC 1, de Ia partida de "Otro resultado global", en dos componentes, Ia parte reciclable y Ia no reciclable.
STJUE DE 6 DE OCTUBRE DE 2015, N° C-362/14: INVALIDACION DE LA DEC ISION DE LA COMISI6N 2000/520, DE 26 DE JULIO , QUE RECONOC[A A EE.UU. COMO "PUERTO SEGURO" DE DATOS PERSONALES PROCEDENTES DE LAUE
Las transferencias internacionales de datos de caracter personal a EE. UU. ya no pueden simplemente ampararse en el programa de "puerto seguro ". Para regularizarse deben encontrar nueva base legal conforme a/ regimen general ap/ icab/ e a los pafses que no proporcionan un nivel de protecci6n equivalente a/ que presta Ia Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de Caracter Personal.
El pasado 6 de octubre el Tribunal de Justicia de Ia Union Europea (TJUE) dicto una sentencia declarando inva lida Ia Decision 2000/520, de 26 de julio, de Ia Comision por virtud de Ia cual se presumfa que EE.UU. garantizaba un nivel de proteccion adecuado, equiparable al de Ia normativa europea en materia de proteccion de datos de caracter
persona l ("puerto seguro") . El principal efecto de Ia Decision ahora invalidada era que las transferencias de datos personales a EE.UU. no requerfan autorizacion de Ia Agencia de Protecc ion de Datos ("APD "), simplemente se debian notificar indicando como destino un "puerto seguro".
La controversia comenzo con Ia denuncia a Facebook ante el comisa rio de proteccio n de datos irlandes (en Irlanda esta domiciliada Ia filial europea de Facebook) por parte del abogado austrfaco Max Schrems. La denuncia se baso en Ia informacion clasificada filtrada por el ex-funcionario del gobierno estadounid ense Edward Snowde n en 2013,Ia cual revelo que, en el marco de diversos programas de espionaje y seguridad nacional del gobierno de EE.UU., tanto e l FBI como Ia National Security Agency accedia n de for ma masiva e indiscriminada a grandes volumenes de datos personales procedentes de Europa y transferidos con base en el puerto segu ro. En particular, dicha informac ion clasificada ev idencio que las autoridades estadounidenses procesa n los datos personales mas alia de lo estrictamente necesario para Ia proteccion de Ia seguridad nacional. El comisario irla ndes desestimo Ia denuncia a l e ntender que (i) no le compet ia revisar lo que Ia Comision Europea ya habia acordado e n su Decision 2000/520 y que, en todo caso, (ii) Ia denuncia era infundada. El denunciante recurrio ante Ia High Court of Ireland, Ia cual remitio Ia correspondiente cuestion prejudicial ante el TJUE.
En esencia, Ia se ntencia del TJUE invalida Ia Decision 2000/ 520 al considerar que Ia vigilancia masiva e indiscriminada a Ia que las autoridades estadounidenses someten los datos personales es incompatible con Ia normativa europea de proteccion de datos, por lo que ya no puede considera rse que EE.UU. sea un "territorio equiparado". Como consecuencia de dicha sentencia, las transferencia s internacionales de datos de caracter persona l a EE.UU. ya no puede n simplemente a mpararse en el programa de "puerto seguro ", sino que, para regularizarse, deben encontrar nueva base legal.
En particular, a raiz de esta sentencia las transferen cias internac ionales de dato s a EEUU deberan someterse al regimen genera l aplicable a los paises que no proporcionan un nive l de proteccion equiva lente al que presta Ia Ley Organ ica 15/ 1999, de 13 de diciem bre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal. Ello implica que quienes tengan previsto continuar realizando transferencias internaciona les a EE.UU. deberan encontrar legitimacio n:
Bien en otros instrumentos como las Cla usulas Contractuales Tipo acordadas por las Decisiones de Ia Com ision Europea 200 1/ 497/CE, 2004/915/ CE y 2010/87/ UE y solicitar Ia autorizacion de Ia Directora de Ia APD;
Bien en algunas de las excepcio nes previstas en el art. 34 de Ia LOPD (como, p.ej., conta r con el consentimiento inequivoco del afectado o justifica r que Ia transferencia a EE.UU. es necesaria para Ia ejecucion de un contrato en interes del afectado).
Como consecuencia de Ia sente ncia del TJUE, Ia APD esta requiriendo a todos los titulares de ficheros de datos persona les, que, en su dia, a l notifica rlos a Ia A PD, declararon su intencion de transferirlos a EE.UU. , para que, antes del 29 de enero de 2016, informen al Registro General de Proteccion de Datos sobre Ia continuidad de las transferenc ias y, en su caso, sobre Ia adecuacion a Ia normativa de proteccion de datos , es decir, sobre cual es el nuevo a mparo legal que legitima a partir de ahora dichas transferencias.
En este punto conviene recordar que el concepto de "transferencia internaciona l" de datos personales se refiere a su transmisi6n fuera del territorio del Espacio Eco n6mico Europeo e incluye tanto cesiones a nuevos responsables del tratamient o (es decir, a compaf\fas que trataran los datos por cuenta propia), como a proveedores o encargados de tratamiento quienes los trataran por cuenta del cedente establecido en ter ritorio espaf\ol a los solos efectos de poder prestar un determinado servicio. Por tanto, Ia sentencia que se resef\a afecta no solo a empresas multinacionales que tengan sociedades matrices o filiales en EE.UU. , sino tambien a c ualquier compaf\ia que cuente con un prestador de servicios tec nicos (p.ej., servidores de correo electr6nico , plataformas de software o de gesti6n global de gesti6n de empleados, etc.) que sirva de infraestructura ubicada en EE.UU.
Sin perjuicio de las medidas transitoria s adoptadas por Ia APD y otras autoridades nacionales de protecci6n de datos, no cabe duda que, como han declarado Ia Comisi6n Europea y el Grupo del Art. 29, Ia soluci6n de fondo a este problema pasa por alcanzar un nuevo acuerdo transatlantico que permita establecer un nuevo marco legislative seguro para las transferencias de datos a los EE.UU. Hace escasos dias Ia com isaria europea de justicia, Vera Jourova, dec lar6 publicamente en Washington que esperaba que en enero de 2016 EE.UU. y Ia Union Europea ya habran llegado a un acuerdo para sustituir el sistema de safe harbor declarado invalido por el TJUE,el cual ofrecera garantias legales plenas.
STS DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. N° 630/2015: EL REAL DECRETO-LEY 5/2005 SOLO ES APLICABLE A LOS ACUERDOS DE COMPENSACI6N CONTRACTUA L CON MAS DE UNA OPERACI6N FINANCIERA
Los contratos de permuta financiera no son contratos con obligaciones recfprocas y solo se benefician del regimen especial en concurso del Real Decreto-ley 5/20056 cuando el acuerdo de compensaci6n comprende varios contratos de instrumentos financieros distintos.
El TS se pronuncia sobre Ia inclusion de acue rdos de compensaci6n contractua l que documentan una (mica operaci6n financiera dentro del a mbito de ap licaci6n del Real Decreto-ley 5/2005 y sobre Ia calificaci6n co ncursal de los creditos resultantes de Ia permuta financiera , y zanja con ello Ia disparidad de criterios que existia en nuestra jurisprudencia menor7 respecto a tales cuestio nes.
Real Decreta- ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impu lso a Ia productividad y para Ia
mejora de Ia contrataci6n publica .
Esta cuesti6n no ha sido pacifica en nuestros tribunales y podemos encontrar resoluc iones a favor yen contra de considerar que el Real Decreta-ley 5/2005 es aplicable a los supuestos en los que el acuerdo marco de compensaci6n (CMOF, SDA) solo ampara una operaci6n financiera (swap). Asi, entre otra s resoluciones ,las SSAP de Madrid (Secc . 28•) de 4 y 18 de mayo de 2015, n•• 121/20 15 y 136/ 20 15, consideran que el Rea l Decreta-ley 5/2005 es de aplica ci6n aun cuando Ia operaci6n objeto del acuerdo de compensa ci6n contractual sea unica. La calificaci6n que merece el cn!dito en e l concurso vendra dada por el art. 16.2 de dicha norma, que, para el caso en el que acuerdo de compensaci6 n contractua l se mantenga vigente tras Ia declaraci6n de concurso, remite a lo previsto en el primer parrafo del art. 61.2 LC. Por tanto, los creditos generados a cargo de Ia concursada con posteridad a Ia declaraci6n de concurso deberan ser considerados como creditos contra
Ia masa . Por su parte, Ia AP de Barcelona (Secc . 15•, sentencia de 28 de mayo de 2015, no 139/ 2015) afirma que en los contratos de permuta financiera de tipo de interes solo surgen obligaciones para una de las partes y no existen , por tanto, prestaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes . Considera que el a rt. 61.2
En relaci6n con Ia posible aplicaci6n del Real Decreta-ley 5/ 2005 a los acue rdos de compensaci6n con una operaci6n financiera (mica , el TS entiende que cua ndo el acuerdo alberga un unico derivado no tiene sentido aplicar el regimen concursa l que allf se regula , puesto que ese acuerdo se limita a recoger las clausulas de liquidaci6n por compensac i6n de Ia propia operaci6n (tipicame nte, un swap de intereses) y ese flujo de pagos no es un acuerdo de compensaci6n contractual en si. Para el TS, el art. 5 del Rea I Decreto- ley8 se refiere a una pluralidad de operaciones financieras cuyas respectivas liquidaciones seran compensadas para dar Iugar a un saldo neto unico. Esta pluralidad no existe cuando nos encontramos ante las liquidaciones resulta ntes de una unica operaci6n financ iera (el contrato de swap), sino que se trata, mas bien, de una operaci6n a ritmetica de liquidaci6n o deducci6n de un unico co ntrato. En co nsecuencia, solo puede ampararse en el Real Decreta-ley aquel acuerdo marco por el que se cree una unica obligaci6n j uridica que abarque todas las transacciones entre las partes .
Una vez rechazada Ia aplicaci6n del Real Decreta-ley, el TS se plantea si los creditos derivados de contratos de swap pueden ser considerados como creditos contra Ia masa en caso de concurso. Como punta de partida, reitera su postura adoptada en las SSTS de 8 y
9 de enero de 2013 y de 2 de septiem bre de 2014 9 : el swap no es un contrato con
obligaciones redproca s para las partes, solo genera obligaciones para una de las partes en cada una de las liquidaciones previstas que, por el caracter aleatoric del contrato, puede que no sea Ia misma e n todas las liquidaciones. No resulta, por tanto , aplicable el art. 61.2 LC previsto para los contratos con obligaciones redprocas, con lo que e I credito que resulte de Ia liquidaci6n anticipada del co ntrato sera credito concursal, y no contra Ia masa.
A lo anterior hay que afiadir las dificultades que plantea e ncuadrar este tipo de contratos dentro de Ia co nsideraci6n de c reditos co ntra Ia masa , puesto que se a lejan de las funciones que sirven de fundamento a esta categoria de creditos: su utilidad para Ia tramitaci6n del propio procedimiento de concurso y su contribuci6n a Ia continuaci6n de Ia actividad del deudor, fu nciones estas que no cumple el contrato de swap.
En consec uencia, si el acuerdo de compensaci6n solo documenta una operaci6n financiera , no es aplicable el Real Decreta- ley 5/2005 y los creditos que se deriven del acuerdo seran ca lificados como creditos concursa les, con independencia de si las liquidacio nes son a nteriores o posteriores a Ia declara ci6n del concurso.
LC no es aplicable a este tipo de contratos y que las cantidades adeudadas merecen Ia calif icaci6n de creditos
Conforme a dicho articulo, las normas del Real Decreta -ley "se aplicanl a las operaciones f inancieras que se rea licen en el marco de un acuerdo de compensaci6n contractual o en relaci6n con el, siempre que el acue rdo prevea Ia creaci6n de una (mica obligac i6n juridica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de Ia cual, en case de vencimiento anticipado, las partes solo tendn3n derecho a exigirse el sa ldo neto del producto de Ia liquidaci6 n de dichas operaciones".
SSTS de 8 y 9 de enero de 2013, nos 811/2012 y 797/20 12 (vease su reseiia en Noyedades GCM no 75 de
febrero de 20 1 3) y de 2 de septiembre de 20 14, no 187/2014.
STS DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, N° 653/2015: POSIBLE INFRACCION DE UNA
CLAUSULA DE NEGATIVE PLEDGE
El TS considera que, en el caso concreto, no se incump!i6 Ia cl{wsula de negative pledge de un contrato de prestamo porque el propio contrato autor izaba el arrendamiento en determinadas condiciones .
AI celebrar un contrato de arrendamiento con opci6n de compra por un periodo inicial de 5 af\os, Ia arrendadora ocult6 a Ia arrendataria que previamente habfa firmado un contrato de prestamo con una entidad de credito que inclufa una clausula de prohibici6n de gravamen (negative pledge). Posteriormente, Ia entidad de credito comunic6 a Ia arrendataria su decision de no aceptar el arrendamiento y esta desaloj6 el inmueble. La arrendataria so licit6 Ia nulidad del contrato en el concurso de acreedores de Ia arrendadora alegando que esta habfa actuado dolosamente al ocultar Ia existencia de Ia clausula de negative pledge.
La AP consider6 que, a efectos de Ia clausula de negative pledge, ni el arrendamiento ni Ia opci6n de compra son gravamenes o cargas reales. El TS desestima el recurso de casaci6n atendiendo a las circunstancias concretas del caso, en el que el propio contrato de prestamo inclufa una clausula que permitfa el arrendamiento en dete rminadas condiciones. Ademas, sef\ala que Ia clausula de negative pledge no supone un impedimenta total para Ia concesi6n por el deudor de garantfas a terceros sino el compromiso de que, si lo hace, debera otorgar tambien una garantfa igual o superior a favor del acreedor. El TS considera que dicho efecto ya se habfa conseguido porque "Ia cesi6n de Ia posesi6n que supone el a rrendamiento estaba mas que «compe nsada» con Ia garant fa real que constituye Ia hipoteca".
STS DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 , N° 505/20 15: LA DELIMITACION ENTRE EL DOLO Y EL
ERROR EN LA FORMACION DE LA VOLUNT AD CONTRACTUAL
La apreciaci6n del dolo contractual determina por sf mismo Ia nulidad del contrato celebrado. El dolo solo puede ser exceptuado por su car;!Jcter no esencial o por su empleo por ambas partes contratantes. No cabe, por tanto, alegar Ia posible culpabilidad o negligencia de Ia vfctima del engaflo en Ia respues ta at error provocado.
En marzo de 2008, en ejercicio de una opci6n de compra, se ve nden las participaciones sociales de una SL propietaria de tres fincas registrales en las que esta previsto realizar un proyecto inmobiliario importante. Previamente, en julio de 2004, Ia parte vendedora habfa suscrito con una persona ffsica un contrato de permuta de bienes respecto de una parcela ubicada en Ia unidad de ejecuci6n del proyecto de urbanizaci6n.
La parte vendedora oculta a los compradores el hecho de que, a Ia fec ha del contrato de compraventa, Ia persona ffsica, en virtud de un incumplimiento del contrato de permuta, habfa entablado Ia impugna ci6n del proyecto de urbanizaci6n que en septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Ia Comunidad Valenciana anul6.
Si bien tanto elju zgado de 1a insta ncia como Ia AP consideran acreditado el dolo por parte de Ia vendedora, interpretan de manera distinta el alca nce del erro r en Ia formaci6n de Ia vo luntad co ntract ual. Para Ia sentencia de primera instancia el error provocado por Ia ve ndedora no tiene el caracter de esencia l puesto que el comprador tiene una conducta negligente al mostrar una clara pasividad a Ia hora de intentar subsa nar el proyecto impugnado o presentar uno nuevo. En cambio, para Ia AP el error provocado por Ia parte ve ndedora fue un error vicio del conse ntimie nto que debi6 ser calificado de esencia l y de excusa ble para Ia parte compradora y, en consecuencia, revoca Ia anterior resoluci6n y da Ia raz6n a los demandantes.
El TS, por su parte, tambien da Ia raz6n a Ia parte compradora. Primero realiza un a nalisis de las figuras del dolo y el error vicio y concluye que (i) aunque el dolo provoque necesariamente el error a Ia otra parte contratante, Ia reacci6n del ordena miento ju ridico se centra exclusivamente en Ia antijuridicidad de Ia conducta do losa para determinar Ia nulidad del contrato celebrado (consecuencia que solo quedara excepcionada cuando el dolo no sea grave o esencial o haya sido empleado por ambos contrata ntes) ,y que (ii) una vez apreciado el dolo contractual , no cabe, a su vez, apreciar el error vicio en el contrato como si se trata ra de supuestos compatibles y concurrentes. Por tanto, Ia apreciac i6n del dolo contractual determina, por sf mismo, Ia nulidad del contrato celebrado .
En el caso concreto, el dolo contractual de Ia parte ve ndedora se presenta de fo rma inequfvoca al no advertir, deliberada mente, a Ia parte compradora de Ia existenc ia de Ia impugnaci6n del proyecto de urbanizaci6n prese ntado como definitive . La constataci6n y consec uente calificaci6n del dolo co ntractual hace improcedente que se entre en Ia va loraci6n del supuesto dele rror vicio del contrato, pues el efecto de Ia nulidad del contrato ya se ha producido,de form a plena,con base al prop io dolo contractual apreciado . Por ello, no ca be alegar Ia posible culpabilidad o negligencia de Ia vfctima del engaiio en Ia respuesta al error provocado, sino solo su posible exce pci6 n por su caracter no esencial, o por su empleo por a mbas partes contrata ntes.
STS DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015, N° 468/2015: EL DEBER DE COMUNICAC ION DE UNA RECLAMAC ION EN EL MARCO DE UNA COMPRAV ENTA DE PARTICIPAC IONES SOC IALES
La comunicaci6n de una contingencia fiscal por parte del comprador a los abogados que ya no tienen relaci6n alguna con los vendedor es (hecho no comunicado a/ comprador) no determina que e/ comprador incumpla su obfigaci6n de comunicaci6n de contingencias regufado en el contrato pues, de acuerdo a Ia interpretacion tefeof6gica y sistematica del contrato, no se trata de una obligaci6n de resultado sino de medios de comunicar fa citada recfamaci6n dentro de fa difigencia debida y de acuerdo con ef principio de fa buena fe contractual.
En el marco de una comprave nta de participaciones socia les de una SL, el comprador reclama a los ve ndedo res Ia cantidad que tuvo que satisface r a Ia Agencia Tributaria por una sa nci6n impuesta a Ia sociedad objeto de Ia compraventa, debido a un calculo err6neo de Ia base imponible del S. La sanci6n se produce con posterio ridad a Ia fecha de cierre pero por un hecho acaecido con anterioridad.
El contrato de promesa de compraventa era un contrat o con Ia est ructura seg uida en el mercado para este tipo de operaciones. Los vendedores otorgaban una serie de R&W (entre elias, habe r cumplido con las obligaciones fiscales y Ia no implicaci6n en procedimientos ni haber recibido notificaci6n alguna de las autoridades competentes) y se obligaban a responder frente al comprador por cualquier contingencia anter ior a Ia fecha de cierre (incluidas las reclamaciones de terceros). En el procedimiento en caso de reclamaci6n de tercero, el comprador debfa notificar a los vendedores en el mas breve plazo posible. El incumplimi ento de lo dispuesto en dicha clausula exoneraba de toda responsabilidad a los ve ndedores.
El comprador sf notifica en plazo Ia reclamaci6n, pero Ia comunica unicamente a los abogados de los vendedores los cuales ya no tienen relaci6n alguna con ellos (hecho que desconoce el comprador). Los vendedores, por tanto, reclaman que el comprador incumpli6 el procedimiento establecido en el co ntrato lo que les situa en una situaci6 n de indefensi6n por haber sido informados dos aiios despues de su inicio en Ia ultima fa se del procedimiento inspector.
La sentencia de P instancia da Ia raz6n a los vendedores pero Ia AP, t ras un auto aclaratorio, da Ia raz6n al comprador. El TS confirma Ia sentencia de Ia AP con base en dos conclusiones interpretativas: (i) conforme a Ia voluntad realmente querida por las partes como principio rector de Ia labor interpretativa,queda claro que el sentido de las clausulas mencionadas era proteger al comprador frente a contingencias o reclamaciones que trajeran ca usa por hechos anteriores a Ia fecha de cierre del contrato ; y (ii) Ia naturaleza del deber de comunicaci6n no viene configurado como una obligaci6n de resultado , sino como una obligaci6n de medios de comun icar Ia reclamaci6n a los vendedo res, dentro de Ia diligencia debida y de acuerdo con el principio de buena fe contractua l .
En el caso concreto, queda acreditado que el comprador sf que comunic6 en un breve plazo Ia reclamaci6n a los vendedores en e l despac ho de abogados de su referenda. El hecho de que ese despacho dejara de tener relaciones con los vendedo res (hecho , ademas , no comunicado al comprador) no determina que se le pueda imputar el incumplimiento de este deber, dada su naturaleza y Ia aplicaci6n del principio de buena fe contractual conforme a las caracterfst icas y circunstancias del caso . Finaliza seiia lando que tampoco queda acreditado que, de haberse seguido por los ve ndedores Ia defensa , los resultados hubieran sido distintos.
SAP DE MADRID (SECC. 28°) DE 26 DE OCTUBRE DE 2015, N° 298/2015: CUESTIONES SOBRE AUM ENTOS DE CAP ITAL E INEXISTENCIA DE SUPUESTO DE OPA OBLIGATORIA
Un accionista de una sociedad cotizada impugna varios acuerdos adoptados por Ia junta en mayo yen octubre de 2010 cuando Ia sociedad estaba en situaci6n de pre-insolvencia .
En Ia junta de mayo se adopta ron dos a umentos, (i) uno de 60 M€ por com pensaci6n de creditos, titularidad de las entidades fina ncieras implicadas en el proceso de refinanciac i6n, en el que no existi6 un derecho de preferencia de los accionistas y (ii) otro de 112 M€ por aportaci6n dineraria, con derecho de preferencia, al que no acudirfan las entidades financieras con el fin de garantiza r el equilibrio en el control del capital que exist fa antes
de realizar las ampliaciones de capita l. Tras Ia ejecuci6n del primer aumento, las entidades
financieras incrementaron su participaci6n en Ia sociedad del 5% al 65% del capital.
En Ia junta de octubre, se revoc6 el acuerdo de aumento de capital por aportaci6n dinerar ia aprobado en mayo y se aprobaron tres aumentos de capita l con elfin de obtener los 200M€ a los que habfan quedado condicionados los acuerdos de refinanciaci6n. Se aprobaron tres clases de aumentos: (i) uno, por aportaci6n no dineraria, consistente en Ia aportaci6n de las participaciones preferentes emitidas por otra sociedad del grupo , (ii) otro por aportaci6n dineraria, con derecho de preferencia y (iii) un tercero, por aportaci6n no dineraria, consistente en una compensaci6n de cn§ditos .
La SAP desestima todos los motivos de nulidad o anulabilidad de los acuerdos sociales invocados por el demandante. A continuaci6n apuntamos los aspectos mas interesantes de Ia sentencia para nuestra practica:
Inexistencia de derecho de preferencia en l os aumentos por compensaci6n de creditos. La AP sef\ala que el derecho de preferencia esta legalmente excluido en los aumentos de capital por compensaci6n de creditos (art. 304 LSC) citando, entre otros, las RRDGRN de 4 y 6 de febrero de 2012 (BOE 1.03.12). Por ello, rechaza el argumento de que solo era admisible el aumento por compensaci6n de creditos sin derecho de preferencia porque, en Ia misma junta, se compensaba Ia privaci6n de ese derecho mediante un aumento dinerario con derecho de preferencia.
El aumento por co mpensaci6n de creditos, s in derec ho de preferencia, no resulta abusivo. El demandante argument6 que el aumento por compensac i6n de creditos tenfa caracter abusivo, buscaba diluir Ia participaci6n de determinados socios y lesionaba el interes social. La AP rechaz6 este argume nto al entender que "el perjuicio del demandante u otros accionistas no puede identificarse con Ia lesion del interes social" y que Ia ampliaci6n estaba justificada "a Ia vista de Ia situaci6n econ6mica de Ia sociedad y Ia imperiosa necesidad de refinanciaci6n".
3 . La emisi6n de nuevas acciones por debajo de su precio de cot izaci6n en el a umento dinerario acordado en octubre no resulta contraria al interes socia l. La SAP sef\ala que no resulta extraf\o que una sociedad cotizada, inmersa en un proceso de refinanciaci6n, efectue un aumento de capita l con un importante descuento para garantizar el exito de Ia operaci6n. Ademas, en Ia medida en que, al reconocer un derecho de preferencia, Ia operaci6n se iba a dilatar en el tiempo , es habitua l que el emisor anticipase o descontase las posibles cafdas de Ia cotizac i6n bursatil para evitar que el precio de emisi6n pudiera ser superior al valor de cotizaci6n y nadie acudiese a Ia ampliaci6n.
No es necesario identifica r nomina lmente a l os benef iciar ios de l aumento por aportaci6n no dineraria de las participaciones preferentes. El art . 300 LSC exige identificar a las personas que deban efectuar las aportaciones no dinerarias pero estas pueden quedar delimitadas, como en este caso, "por una determinada caracterfstica o pertenencia a un grupo, siempre que Ia delimitaci6n sea lo suficientemente precisa".
Las preferentes se valoraron correctamente aunque no se aplicase el criterio del precio medio ponderado . La AP considera que, en este caso, co ncurren c ircunstancias
excepcionales, previstas en el art. 69 a) LSC (escaso volumen de negociaci6n y Ia situaci6n patrimonial del grupo), que justificaban Ia valo raci6n de las prefe rentes por parte de un experto independiente.
Las entidades financieras no incurrieron en supuesto de OPA obligato ria . El demandante afirmaba que las entidades financieras, tras e l primer aumento de capital, incurrieron en supuesto de OPA obligatoria al actuar concertadamente y rebasar el umbral del 30% de los derechos de voto y que, al no formular una oferta, quedaron privados de su derecho de voto . La AP no considera probada Ia existencia de una concertac i6n entre las entidades financieras destinada a obtener el control de Ia sociedad cotizada . El mero hecho de que determinados accionistas actuen de forma paralela (en este caso, votaron a favor del cese de los administrado res- cuyas conductas se estan enjuiciando en sede penal - y de las medidas necesarias para el cumplimiento de las condiciones suspe nsivas del acuerdo de refinanciaci6n) no puede equipararse a una concertaci6n destinada a obtener el control de Ia sociedad cotizada.
SAP DE MADRID (SECC . 28°} DE 23 DE OCTUBRE DE 2015, N° 296/2015: APLICAC ION DEL PRINCIPIO DE CONSUNCI6N A UN CONFLICTO DE NORMAS ENTR E EL DERECHO DE OPOSICION DE LA ESCISION Y EL REGIMEN DE TRANSMIS ION DE PARTICIPACIONES CON PRESTACIONES ACCESORIAS
En una operaci6n de escisi6n parcial por Ia que se transmiten a Ia sociedad beneficiaria participaciones sociales con prestaciones accesorias, Ia norma del derecho de oposici6n de acreedores en Ia escisi6n consume o absorbe Ia que establece Ia necesaria autorizaci6n de Ia sociedad en Ia transmisi6n de participaciones con prestaciones accesorias.
Los hechos del caso son los siguientes: una sociedad an6nima (" Ecoloner") se escinde parcialmente transmitie ndo a una sociedad limitada de nueva constituci6n (" Nueva Ecoloner") su participaci6n en el capital socia l de ot ra sociedad ("EAN") . Las participaciones de EAN transmitidas tenfan v inculada una prestaci6n accesoria a cargo de su titular consistente en Ia obligaci6n de financiar a Ia sociedad para Ia construcci6n de instalaciones y de promover acuerdos para evitar Ia insolvencia o Ia disoluci6n por perdidas graves. La transmisi6n se produjo sin el consentimiento de EAN por lo que dicha sociedad no reconoci6 a Ia sociedad beneficiaria de Ia escisi6n, Nueva Ecolo ner, como socia por aplicaci6n del art. 24 LSRL10 (que condicio na Ia transmisi6n de las participac iones de Ia sociedad gravadas con prestaciones accesorias a Ia autor izaci6n de Ia sociedad) . EAN no ejercit6 el derecho de oposici6n en Ia escisi6n.
La sociedad beneficia ria de Ia escisi6n, Nueva Ecoloner, interpuso demanda contra EAN con el fin de que se declarase su condici6n de socia. La sentencia de primera instancia desestima Ia demanda. Recurrida en apelaci6n,Ia Audie ncia Provincial de Madrid estima el recurso de apelaci6n y, en consecuencia, declara a Nueva Ecoloner socia de EAN desde Ia
El antiguo 24 LSRL se corresponde con el actual art. 88 LSC. Por razones tem porales Ia sentencia se refiere a
los preceptos de las antiguas leyes de an6nimas y limitadas en Iugar de a las vigentes LSC y LME.
fecha de efectos de Ia escisi6n y condena a EAN a inscribir Ia transmisi6n e n ellibro registro
de socios. En sfntesis el razonamiento de Ia Audiencia es el siguiente:
1. No ca be duda de que EAN era acreedora de Ia sociedad escindida, Ecoloner, ya que los estatutos de EAN le facultaban para exigir a Ecolo ner el cumpl imiento de determinada s obligaciones de hacer contempladas como prestaciones accesorias. Tampoco se puede olvidar que existe un principio general en el de recho de obligaciones conforme al cual no cabe imponer al acreedor un cambio en Ia persona del obligado sin su consentimiento 11•
Sin perjuicio de lo anterior, en este caso nos encontramos ante un problema estrictamente jurfdico : un concurso de normas. Es necesar io dilucidar cual es Ia norma jurfdica aplicable al caso: si, en una transmisi6n patrimonial de participaciones (con asuncion correlativa de deuda) producida en el seno de una escisi6n, debe aplicarse dicho principio general que exige consentimiento del acreedor 12 o si ha de prevalecer Ia singular protecci6n de los acreedores en el ambito de las modificac iones estructurales, que transmuta el derecho de veto e n uno mas modesto, el derecho de oposici6n (que faculta a los acreedores para exigir que Ia obligaci6n que se trans mite al nuevo deudor sea adecuadamente garantizada 13) .
No puede utilizarse el principio de especialidad para resolver dicho concurso de leyes, porque al ser diferentes los pianos en los que las normas en conflicto operan (peculiaridad de Ia deuda versus procedimiento de transmisi6n) cualquiera de elias podrfa ser norma especial respecto de Ia otra en func i6n de cual sea el punto de vista que se adopte.
Debe aplicarse el criterio de consunci6n confo rme al cual aquella norma que contempla de modo complete el valor que el ordenamiento pretende preservar en relaci6n con un determinado tipo de supuestos de hecho deber prevalecer sobre -o absorber a- Ia norma que protege ese va lor de un modo solo parcial.
La doctrina mercantilista ha destacado que el reconocimiento a los acreedore s del peculiar derecho de oposici6n que contempla el art. 243 LSA (hoy, art. 44 LME) naci6 con vocaci6n de superar las insatisfactorias consec uencias a las que en este ambito conducirfa Ia soluci6n arbitrada por el derecho patrimonial comun,esto es, el derecho de veto. La aplicaci6n de dicho principio a las operaciones de modificac i6n estructural equivaldrfa en Ia practica a Ia imposibilidad de llevarlas a cabo ,ya que el veto de un solo acreedor supondrfa Ia frustraci6n de Ia operaci6n.
Ademas, en las operaciones de escisi6n, el legislador no concedi6 unicamente a los
acreedore s un meca nisme de protecci6n a priori como el derecho de oposici6n, sino
Este principio aparece positiv izado de modo general en el art. 1205 Cc y tiene una concreta proyecci6n pnictica
en los arts . 65 LSA y 24 LSRL (hoy, art. 88 LSC).
A rt. 24.1 LSRL (hoy, art. 88.1 LSC) que exige Ia autorizaci6n de Ia socieda d para Ia transmis i6n de
participaciones que lleven a parejada prestaciones accesorias.
Art. 243 LSA (hoy, art. 44 LME, aunque con alguna modificaci6 n introducida por Ia Ley 1/ 20 12),que regula el derecho de oposici6n de acreedo res en las operaciones de modificaci6n estructural. La propia Aud iencia dice expresamente que no tiene en cuenta por no resultar aplicable al caso Ia reforma operada en el art. 44 LME porIa Ley 1/ 2012.
que estableci6 tambien una protecci6n a posteriori que en este caso supone Ia responsabilidad solidaria de Ia propia sociedad escindida por Ia totalidad de las obligaciones transmitidas en Ia escisi6n14. Por tanto, si Nueva Ecolone r incumple las obligac iones accesorias vinculadas a las participac iones que adquiri6 como consecuenc ia de Ia escisi6n, EAN podrfa exigir su cumplimiento lntegro a Ia sociedad esci ndida, Ecoloner. Ni siquiera puede afirmarse en este supuesto que se haya producido un cambio de deudor con liberaci6n del primitive.
Concluye Ia Audiencia Provincial de Madrid que Ia norma del art. 243 LSA, -hoy, art.
44 LME- (derecho de oposici6n en Ia fusion o escisi6 n) consume o absorbe el art. 24 LSRL -hoy, art. 88 LME- (autorizaci6n de Ia sociedad en Ia transmisi6n de participaciones con prestaciones accesor ias) y, por tanto, es Ia norma de aplicaci6n prioritaria para solucionar el conflicto. Estima el recurso de apelaci6n con Ia consiguiente estimac i6n de Ia demanda y declara a Nueva Ecoloner titular de las participaciones de EAN desde que se consum6 Ia escisi6n parcial con derecho a disfrutar de los derechos plenos inherentes a dicha condici6n y condena a EAN a inscribir a Nueva Ecoloner en el libro registro de socios.
SAP DE BARCELONA (SECCI6N 15°) DE 27 DE JULIO DE 2015 , N° 198/2015: EL DERECHO DE SEPARAC I6N EN LA MODIFICACI6N DE FACTO DEL OBJETO SOCIA L
En principia, Ia modificaci6n de hecho de Ia actividad de Ia sociedad no da derecho a los socios disidentes a separarse de Ia sociedad en ap/icaci6n del supuesto contemplado en el art. 346 LSC. No obstante, es posible acudir a otras instituciones generales como el abuso del derecho o ef fraude de fey.
Los accionistas minoritarios de una SA quieren ejercitar el derecho de separaci6n por modificaci6n sustancial del objeto social y reclaman el reintegro por parte de Ia sociedad del valor de sus acciones conforme a Ia LSC. El objeto social de Ia sociedad era Ia tenencia y explotaci6n de inmuebles, si bien era titular de varias fi liales con porcentaj es en el 97%, 25% o 23% del capital socia l, respectivamente, que se dedicaban , entre otros, (i) a Ia compraventa de productos para heladerfa y su maquinaria , (ii) a Ia fabricaci6n y comercializaci6n de productos de pastelerfa, panaderfa, co nfiterfa etc. , o (iii) al asesoramiento y consultorfa en materia de seguridad en el trabajo . De acuerdo co n las cuentas anuales del 2010 y 2011 tales participaciones constitulan los principales activos.
En consecuencia, los minoritarios solicitan celebrar una junta con el objetivo de, entre otros, modificar el objeto socia l para adaptarlo a Ia actividad real desa rrollada por Ia sociedad y reconocer el derecho de separaci6n de los accionistas. El presidente de Ia j unta no reconoce el poder del representante de los accionistas minoritarios que acudi6 a Ia junta y rechaza las propuestas del orden del dla por el 66,66% del capital correspondiente a los votos de los otros dos grupos familiares.
La AP da Ia raz6n a los accionistas minoritarios con base en los siguientes argumentos:
4 Art. 259 LSA (hoy, art.80 LME) .
1. Es evidente que Ia toma de participaciones en las otras sociedades es cuantitativamente significativa y, ademas, cualitativamente , Ia actividad de las sociedades participadas no tienen relacion alguna con Ia activ idad de Ia sociedad, que ha asumido, ademas, Ia gestion de algunas de dichas empresas. Por tanto , queda acreditado que se ha modificado sustancialmente el objeto socia l .
No obstante entiende que, en principio, Ia modificacion de hecho de Ia act ividad de Ia sociedad no da derecho a los socios disidentes a separa rse de Ia soci edad en aplicacion del supuesto contemp lado en el art. 346 LSC. El socio que quiere permanecer en Ia sociedad tiene otras armas para tratar de co rregir Ia situacion, como Ia impugnacion de los acuerdos de Ia junta que ratifiquen dichas decisiones sin modificar los estatutos, o las acciones de responsabilidad contra los administradores.
No obstante, es posible acudir a otras instituciones generales como el abuso del derecho o el fraude de ley.
En el caso concreto, lo que puede resultar abusivo es Ia omision por Ia mayorfa de los socios de modificar los estatutos e incluir las actividades que expresamente han aceptado desarrollar. Esa omision priva indebidamente a los socios minoritarios demandantes de su derecho de separacion, por lo que causa un dano a sus intereses , y Ia junta es perfectamente consciente de tal circunstanc ia.
En todo caso, tanto con el abuso de derecho como con el fraude de ley, Ia consecuencia sera reconoc er a los actores su derecho de sepa racion y, en consecuencia, a recibir el valor razonable de sus participaciones sociales o acciones en concepto de precio de las que Ia sociedad adquiera o de reembolso de las que se amorticen, segun lo dispuesto en el art . 356.1 LSC.
SAP DE MADRID (SECC. 28°). DE 24 DE JULIO , DE 2015, N° 216/20 15: EL CR ITERIO DEL
VALOR RAZONABLE DE LAS PARTICIPACIONES NOES IMPERATIVO
La Audiencia entiende que Ia exigencia legal de valorar las participaciones conforme at valor razonable no tiene caracter imperativo. En consecuenc ia, declara Ia validez de una clausula estatutaria adoptada por unanimidad en Ia que se declara que, en caso de separaci6n o exclusion, se considerara como valor razonable de las participaciones su valor neto contab/e.
Se interpone por parte de una sociedad un recurso directo ante un juzgado de lo mercantil contra Ia calificacion negativa del registrador mercantil por Ia que se le deniega Ia inscripcion de una clausula estatutaria del siguie nte tenor: "En los casos de separacion o de exclusion de socios se considerara valor razonable de las participaciones sociales el va lor neto contab le de las mismas (...)".
La sentencia de primera instancia confirma Ia calificacion negativa por entender que Ia
equiparacion estatutaria entre el valor razonable y el contable infringe el art. 353 LSC al
impedir al socio que se separa o queda excluido obtener el valor razonable de su
participacion15.
La Audiencia revoca Ia sentencia de primera instancia, deja sin efecto Ia calificacion
negativa del registrador y ordena que se inscriba el articulo estatuta rio enjuiciado.
En opinion de Ia Audiencia, Ia cuestion no es tanto determinar si coincide o no el valor razonable y el valor neto contable, que normalmente no coinciden, sino si es posible que los estatutos de una SL (en el caso enjuiciado, aprobados por unanimidad como consecuencia de un proceso de transformacion social), contenga n una clausu la estat utar ia de liquidacion que prevea un criterio de valoracion inferior al valor razonable de las participaciones al tiempo de Ia separacion o exclusion.
Consciente de que se trata de una cuestion discutida en derecho y que existe a lguna RDGRN que sostiene Ia tesis contraria, Ia Audiencia responde afirmativa mente a Ia c uestion partiendo del caracter dispositive del criterio del valor razonable: "La exigencia de valorar las participaciones sociales conforme a su valor razonable no tiene caracter imperative desde el memento en que deja en libertad a Ia sociedad y al socio para llegar a un acuerdo sobre ese valor razonable". En esta linea argumenta lo siguiente:
Si las partes pueden convenir al tiempo de Ia exclusion o separac ion del socio cual debe ser el valor de las participaciones del socio separado o excluido ex art. 353 LSC, nose aprecia razon alguna para que dicho pacto nose concluya con anterioridad y este expresado con caracter general en unos estatutos a probados por unanimidad. Un pacto estatutario como el enjuiciado es manifestacion del principio general de libertad contractual del art. 1255 CC y resulta conforme al principio gene ra l de libertad de pactos estatutarios previsto en el art. 28 LSC en Ia medida que no se opone a las leyes ni a los principios configuradores de Ia sociedad limitada.
La clausula estatutaria no implica Ia renuncia anticipada de derecho alguno del socio excluido o que se separa, ni tampoco del propio derec ho de separacio n, sino que delimita el contenido economico del derecho del socio a percibir el valor de sus participaciones sociales en caso de separacion o exclusion.
Aun cuando el valor neto contable fuera inferior al valo r razonable al tiempo de Ia separacion o exclusion de un socio, ello no implicaria enriqueci miento injusto en favor de Ia sociedad en tanto que responderia a lo aceptado previamente por todos los socios.
De Ia misma forma que el legislador permite alterar Ia regia de Ia proporcionalidad en Ia distribucion de beneficios (art. 275 LSC) yen relacion a Ia cuota de liquidacion (art. 392 LSC),tampoco debe ponerse obstaculo a un pacto estatutario que fije, en caso de separacion o exclusion de un socio, un criterio que pueda no coincidir con el valor razonable de esas participaciones al tiempo de Ia exclusion o separacion.
El a partado primero del art. 353 LSC establece lo siguiente: "1. A falta de acuerdo entreIa sociedad y el socio sobre el valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones, o sobre Ia persona o personas que hayan de valorarlas y elprocedimiento a seguir para su valoraci6n, sen\ n valoradas por un auditor de cuentas distinto al de Ia soc iedad, designado por el registrador mercantil del domicilio soc ial a solicitud de Ia soc iedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones ode las acciones objeto de valoraci6n.".
La Audiencia concluye sus consideraciones en favor de Ia dispositividad de l criterio del va lor razonable poniendo de manifiesto las ve ntajas de Ia fijacion de un criterio como el enjuiciado: "dic ha clausula tiene Ia ventaja para Ia sociedad y los socios de facilitar que Ia determinacion del valor de su participacion, por asi haberlo aceptado todos los socios, se realice conforme a un sistema de facil fijacion evitando, a falta del dificil acuerdo entre Ia sociedad y el socio una vez surg ido el conf licto, las dificultades y gastos vinculados al ca lculo del valor razonable, asi como Ia inevitable dilacion e incertidumbre en caso de que se discuta judicialmente su determinacion" 16•
RDGRN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 (BOE 9.12.15): LA REDUCCI6N DE CAPITAL EN SL PARA DOTAR RESERVAS VOLUN TAR IAS REQUIERE ALGUN MECANISMO DE TUTELA DE LOS ACREEDORES SOCIALES
No se inscribe una reducci6n mixta de capital para compensar perdidas , dotar reserva legal y voluntaria. AI no tener estas ultimas cankter de indisponibles, para admitir Ia inscripci6n serfa preciso, o reconocer estatutariamente a los acreedores un derecho de oposici6n, o asumir por cada socio su parte de responsabilidad por tales reservas.
Una SL reduce capita l social para compensar perdidas, dotar reserva legal y constituir reservas voluntarias. El Registrador Mercantil no inscribe Ia operacion alegando, en lo que aqui nos interesa, que se comprometen las expectativas de cobro de los acreedores sociales dado que las reservas vo luntarias pueden distribuirse en el futuro entre los socios sin destinarse a cubrir las perdidas. El Registrador Mercantil considera que, o tales reservas vo luntarias deben constituirse como indisponibles, o se ha de indicar Ia identidad de los socios y "Ia parte que les corresponde en esas reservas volunta rias, aceptando cada socio su responsabilidad por esas cantidades".
La DGRN rechaza el correspondiente recurso y confirma Ia calificacion del Registrador Mercantil. Tras recordar Ia doctrina de dos RRDGRN anteriores, que con Ia anterior LSRL habian admitido operaciones de reduccion de capital en SL para dotar Ia reserva legal o una reserva indisponible (RDGRN 16.1.11, BOE 13.4.11 y RDGRN 25.1.11, BOE 4.4.11), apunta que en este caso Ia reserva vo luntaria no se constit uye como indisponible, lo que menoscaba Ia posicion de los acreedores. Por ello,concluye Ia DGRN que "solo cabe admitir Ia inscripcion solicitada cuando vo luntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores de un derecho de oposicion o Ia garant ia que para los mismos constituya Ia responsabilidad de los socios, bien establecida estatutariamente o bien asumida por estos". Por si quedase alguna duda, Ia DGRN recalca que no seria suficiente para inscribir identificar a los socios e indicar su porce ntaje de su participacion en las reservas voluntarias, pues "Ia mera expresion de tales extremos, sin
Puede leerse un comenta rio a esta sentencia en Ia siguiente entrada : http : // almacendedere cho org/ el-crjt erjo­
del-valor-razonable-de-las-participacio nes- no-es-imperativo/
Ia asuncion de responsabilidad de los socios por las deudas sociales en los terminos antes expresados, no garantiza Ia debida proteccion de los acreedores sociales" 17•
RDGRN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 201 5 (BOE 24.1 1.15): NO DEBE CONSTAR NECESARIAMENTE EN ESTATUTOS LA REFERENCIA AL CONTRATO DEL CONSEJERO EJECUTIVO DEL ART. 249 LSC Nl LA APROBACI6N , EN SU CASO, DE UNA POLfTIC A DE REMUNERACIONES
No es necesario que consten en estatutos Ia referencia at contrato que debe celebrar el consejero delegado y Ia sociedad conforme at art.249 LSC ni Ia aprobaci6n, en su caso, de una polftica de remuneraciones.
La DGRN ha resuelto un recurso contra Ia calificacion negativa de una clausula estatutar ia
de retribucion en el Registro Mercantil de Madrid.
Los estatutos 18 establedan Ia gratuidad del ca rgo de administrador sin perjuicio de que el cargo del consejero delegado serfa retribuido con todos o algunos19 de los sistemas de remuneracion que se detallaban en Ia clausula estatutaria. El registrador denego Ia inscripcion de Ia clausula estatutaria porque no hada referencia a Ia necesaria celebrac ion de un contrato entre el consejero delegado y Ia sociedad en los term inos previstos en el a rt. 249 LSC.
La DGRN reitera Ia argumentacion de Ia RDGRN 30.07.15 (BOE 30.09.15) 20 y sena la que Ia referencia al contrato del art. 249 LSC y a Ia polftica de remuneracion que, en su caso, a pruebe Ia sociedad no necesa riamente deben constar en los estatutos : "son cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria a lguna ".
En contra de esta interpretacion de Ia DGRN se ha pronunciado el Juzgado de lo Mercantil n° 9 de Barcelona en una sentencia de 27.11.15 ( n° 241/20 15). El Juzgado desestimo Ia
Una doctrina similar ya Ia expuso Ia DGRN en su RDGRN 26.14.13 RDGRN (vease Noyedades GCM n° 77 de iulio de 2 013 ), en Ia que sostuvo que, en reducciones de capita l en SL por devoluc ion de aportaciones a los socios por debajo del valor nominal de las participaciones amortizadas, debera indicarse si Ia difere ncia se destina, o a compensar perdidas, o a dotar una reserva voluntaria (en cuyo caso responden de las deudas sociales los socios que permanezcan en Ia soc iedad hasta el importe de Ia reserva voluntaria distribuida) o a dotar una reserva indisponible.
En concreto, Ia clausula discutida era Ia siguiente: "EI cargo de Ad ministrador sera gratuito, sin perjuicio de Ia retribucion que le pueda corresponder por Ia prestacion de servicios en v irtud de una relacion distinta de Ia propia de ta l cargo que haya sido establecida, asf como de ser resarc idos de los gastos just ificados que realicen con ocasion y en el ejercicio de su funcion . No obstante lo anterior, el cargo de Consejero Delegado de Ia compaiifa sera retribuido por todos o algunos de los siguientes conceptos: (i) una parte f ija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos, (ii) una parte variable, correlacionada con a lgun indicador de los ren­ dimientos del conseje ro de Ia Sociedad, (iii) una parte asistencial, que contemplara los siste mas de prevision y seguros oportunos, y (iv) una indemnizacio n en caso de separacion o cua lquie r otra forma de extincion de Ia relacion jurfd ica con Ia Sociedad no debida a un incumplimiento imputable a l consejero".
Au nque noes materia del recurso, es interesante apuntar que Ia clausula discut ida inclufa sistemas alternatives de retribucion para el consejero delegado y que el registrador no invoco como defecto el incumplimiento del principio de determinacion estatutaria que obliga a establecer estos sistemas de manera cumulativa.
Vea se Novedades GCM n° 88 de octubre de 2015 .
demanda contra Ia calificaci6n negativa de una clausula de retribuci6n21 par el Registro Mercantil de Barcelona que estableda Ia gratuidad del cargo de admin istrador y permitia que, en caso de existir consejo, este pudiera aprobar una retribucion par Ia prestacio n de funciones ejecutivas sin necesidad de acuerdo de junta ni precision estatutaria. La sentencia muy escuetamente, sin desarrollar su argumentacion juridica, concluye que Ia clausula "vulnera el principio de reserva estatutaria de Ia retribucion, en Ia medida en que tanto Ia existencia de remuneraci6n, como el concreto sistema de retribucio n de los administradores son circunstancias que necesariamente deben constar en los estatutos sociales, ya sea en el momento de su constitucion o con posterioridad en las respectivas modificaciones; sin olvidar que ello es competencia exclusiva de Ia junta de socios, y no como pretenden los actores, del co nsejo de administracion. Articulos 217, 218 y 219 LSC en relacion con los articulos 285 y siguientes del citado texto legal."
RDGRN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 (BOE 24. 1 1.15): DERECHO DE OPOS ICI6N EN ESCISION PARCIAL DE SA CON REDUCCION DE CAPITAL
Si un acreedor ejercita su derecho de oposici6n en una escisi6n parcial de SA y Ia sociedad considera que no procede Ia oposici6n, no resulta de aplicaci6n el regimen de Ia reducci6n de capital con devoluci6n de aportaciones a los socios y, conforme at art. 44 LME, Ia escisi6n se inscribira y tendra plena eficacia (sin perjuicio de que Ia discrepancia entre el acreedor y Ia SA se resuelva en su caso ante los tribunates).
Una SA se escinde parcialmente, reduciendo su capital, en beneficio de una SL de nueva constitucion. En Ia escritura de escisio n los administradores de Ia SA manifiestan que un acreedor hipotecario de Ia SA se ha opuesto a Ia escision pero que dicho credit o se encuentra sufic ientemente garantizado . El Registro Mercantil de Madrid califica con dos defectos: (i) el acuerdo de reduccion no cumple los requisitos de publicacion y de derecho de oposicion de acreedores previstos para Ia reducci6n de capital (arts. 319, 336 y 337 LSC) ; y (ii) se considera necesa rio que, o bien sea tal acreedor el que manifieste que su garantia es suficiente, o bien se le notifique Ia prestacion de fia nza so lidaria en su favor por entidad de credito por Ia cuantia de su credito .
La DGRN revoca Ia calificacion del Registrador. Las conclusiones de su resolucion son e n
sintes is las siguientes:
1. La DGRN no co nsidera aplicable a Ia operacion de escision el regimen de publicacion y de derecho de oposicion de acreedores propio de Ia reduccion de capital con devolucion de aportac iones . La reduccion del capita l como elemento natural de Ia escisio n parcial22 no tiene "suficiente sustantividad propia " para tener que cumplir adicio na lmente los requisitos estab lecidos por Ia LSC para Ia reduccion del capita l
En concreto, Ia cli3usula discutida era Ia siguiente: "EI cargo de administrador no sera retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde este, Ia remuneracion que tenga par conven iente a los conseje ros ejecutivos par el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les recomienden, sin acuerdo de junta ni necesidad de precision estatutaria alguna de mayor precision del concepto o conceptos remuneratorios, todo ella en aplica­ cion de los que se establece en el articulo 249.2 de Ia Ley de Sociedades de Capital".
La reduccion se suele dar pero no es imprescindible si el traspaso de Ia unidad economica se realiza con cargo
a reservas de Ia escindida .
social "como modificacion estatutaria autonoma". En el case de Ia reduccion de capital inserta en una modificacion estructural, Ia publicidad del art. 44. LME satisface los intereses de soc ios y terceros respecto de ta l reduccion. Lo mismo sucede con el derec ho de oposicion de acreedo res. Ya con el art. 243 LSA se habfa unificado el regimen del derecho de oposicion de acreedores en Ia fus ion con el regimen de Ia reduccion del capital socia l. Ademas, Ia flex ibilizac ion del regimen inicial de Ia LME del derecho de oposicion e n operacio nes de modificacion estructural implementa da con las refo rma s de 2012 quedarfa desvirtuada si se entendiese que en escisio nes con reduccion de capital los acreedores conserva n un derecho de oposicion que funcionase como un derecho de veto a impedir Ia escision. Por otro lade, e l derecho de opos icion de los acreedores en Ia reduccion de capital con restitucion de aportaciones no tiene el mismo sentido que e n Ia escisio n parcial,pues en esta Ia esci ndida y las beneficia rias respo nderan solidariamente de las obligaciones traspasadas por sucesion universal que se incumplan (art. 80 LME). Fina lmente, en el case concreto analizado, Ia beneficiaria era de nueva creacion, de modo que "no podra tener deudas anteriores que puedan afecta r a los acreedores de Ia sociedad escindida".
2. Para Ia DGRN resulta bastante Ia declara cion del organo de administracion sobre el caracter suficientemente garantizado del credito hipotecario que tiene el acreedor que ha manifestado su oposicion a Ia escision. A fa lta de acuerdo entre los interesados sobre Ia concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposicion, Ia escisio n es plenamente eficaz y debe inscribirse, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su derecho de oposicion y a acudir a l el j uez competente seg un lo previsto en el art. 44 LME23 •
RDGRN DE 29 DE OCTUBRE 2015 (BOE 23. 11.15): INSCRIPCI6N DE CLAUSULA QUE EXIGE SOMETER A LA JUNTA GENERAL LA INCOACI6N DE UNA DEMANDA CONTRA LA SOCIEDAD
La DGRN estima el recurso contra Ia calificaci6n negativa del Registrador . Sin embargo, Ia ratio decidendi descansa en Ia circunstancia de haber sido previamente inscrita Ia clausula, que se presenta a inscripci6n con una minima modificaci6n en su literalidad .
La clausula cuya inscr ipcion se habfa de negado deda: "No podran los accionistas incoar demanda alguna contra Ia sociedad sin antes haber sometido Ia cuestion a Ia ju nta genera l de accionistas y haber resuelto esta sobre el asunto planteado". El texto coincidfa con el previamente inscrito, salvo e n Ia ca lificaci6n de Ia Junta como "extraordinaria".
La DGRN subraya c ierto paralelismo entre lo querido por los socios y el recurso al arbitraje o Ia mediaci6n mediante clausula estat uta ria. Perc estas consideraciones, desarrolladas en cuatro de los cinco funda mentos ju rfdicos de Ia resoluci6n, no son las que conducen a Ia
Esta doctrina ya Ia habia establecido en RRDGRN previas, a saber, en Ia RDGRN de 9 .5.14 (resefiada en Noy edades GCM no 82 dei ul jo de 2014 ) y, sobre todo ,en las RRDGRN de 15.10.14,y de 5 y 6.11.14 (resefiadas en Novedades GCM no 85 de diciembre de 2014 ).
estimacion del recurso. El quinto y definitivo, ademas de rec hazar que se trate de supuestos de arbitraje o mediacion, hace notar que al denegacion de Ia inscripcion dejarfa incolume Ia anteriormente publicada, y de muy parecido tenor. El examen de Ia va lidez y de los efectos de Ia clausula correspo nde a los tribunales.
Las circunstancias que rodean el caso, en definitiva, no permiten afirmar con rotundidad que en todo caso pueda inscribirse una clausula nueva con tenor parecido al aquf enjuiciado
RDGRN DE 20 DE OCTUBRE DE 2015 (BOE 19.11.15): ADMITIDO DEPOSITO DE CUENTAS CON INFORME DE AUDITOR DESFAVORABLE
La DGRN admite el deposito de las cuentas de dos ejercicios de una sociedad a las que se acompanan informes de auditorfa en el que el auditor habfa manifestado una opinion desfavorable. La DGRN considera dicha informacion de relevancia para terceros y socios por to que no procede denegar el deposito de cuentas.
En los ultimos tiempos diversas RRDGRN han ana lizado si procede el deposito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse en el caso en que el informe del auditor contenga sa lvedades de las que resulte una opinion desfavorable o denegada. La regia general, hasta ahora (salvo un par de excepciones que luego se citaran), habfa sido inadmitir el deposito de cuentas en esos casos24 . Ahora, en esta Resolucion, Ia DGRN cambia de postura y lo acepta.
En el caso exami nado, el Registro Mercantil de Madrid rechaza los depositos de los ejercicios 2012 y 2013 de una SL porque, segun los informes de auditorfa , las cuentas auditadas "no expresan Ia imagen fiel del patrimonio y de Ia situacion financie ra " y el auditor emite op inion desfavorable.
La DGRN analiza si con los informes aportados se cumple Ia finalidad prevista en Ia
A tal fin, recuerda que el objetivo de Ia legislacion de auditorfa de cuentas es obtener una opinion tecnica en Ia que el auditor, de forma clara y precisa, manifieste su valoracion sabre si las cuentas anuales de un determinado ejercicio expresa n Ia imagen fiel del patrimonio, Ia situacion financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo, conforme a las normas de informacion financiera que resulten de aplicacion. Ello conduce a que puedan ser expresados cuatro tipos de opiniones tecnicas: favo rable, con salvedades, desfavorable y denegada. En este caso, Ia opinion del auditor es desfavorable "debido al efecto muy significative de las salvedades que contempla ".
La DGRN cita Ia doctrina de Ia SSTS 8.2.13 (RJ 2570) y 20 .3.08 (RJ 1658),segun las cuales son nulos por contrarios a ley los acuerdos que aprueban las cuentas anua les que no muestran Ia image n fiel "aunque esten redactadas o formula das de modo formalm ente correcto y no ex ista n irregularidades en el procedimiento para su adopcion" . No obstante,
Entre otras, veanse las RRDGRN 5.9.13 (resei'iada en Novedades GCM no 78 de oct ubre de 20 1 3 ), 12.11.13 y
8.1.14 (resei'iada junt o con Ia de 10.1.14 en Novedades GCM no 80 de febrero de 20 1 4).
seiiala que, si bien el info rme del a udito r contiene una opinio n cualificada, cabrfa "que los administradores de Ia sociedad al formular las cuentas, los socios al ap robarlas e incluso los tribunales de Justicia al resolve r sobre dic ha materia mantuvieran una opinion distinta". Puesto que tal informe no deja de versar sobre una materia esencialme nte cuestionable, no se le puede atribuir el va lor de una resolucion ju dicia l firme e inapelable "sobre unos hechos respecto de los cuales es perfectamente posible que otro auditor tenga una opinion tec nica distinta que se traduzca en un informe que no sea desfavorable".
Tra s lo anterior, recuerda dos supuestos (a los que antes aludfamos ) en los que el auditor
denega ba su opinion yen los que, por excepcio n,Ia DGRN admitio el deposito de cuentas25 :
El supuesto de Ia RDGRN 10.1.14, en el cual, aunque el informe de auditorfa no expresaba opinion por existir incertidumbre significativa, se admitio el deposito pues su denegacio n desvirtuarfa su finalidad y sustraerfa a los soc ios y a los terceros "una informacion mercantil relevante"; para Ia DGRN, dicha Resolucion matizo Ia doctrina de otras anteriores, segun las cuales no debfa admitirse el deposito cuando Ia razon que impedfa al auditor ex presar su opinion fuera imputable a Ia sociedad, "por haberse comprometido Ia objetividad o independencia del auditor o por no haberse realizado por Ia sociedad Ia entrega de Ia documentacion correspond iente".
El supuesto de Ia RDGRN 11.3.14, en el cual se considero que, para determinar si procede el deposito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, era preciso analizar si con el infor me aportado se cumplfa o no con Ia f inalidad prevista por Ia legislacion de sociedades de satisfacer el interes de socios y terceros, o del socio minoritario que inste su realizacion, a que un a uditor revisase las cuentas anuales. Atendiendo a Ia fina lidad del informe, "cua ndo del informe de a uditorfa pueda deducirse una informacion clara sobre el estado patrimonial de Ia sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por cuestiones tecnicas, no emita opinion". A Ia luz de dicho criterio se debfa ana lizar el concreto informe del auditor presentado junto con las cuentas.
La DGRN indica que, si bien no puede equipararse Ia opinion tecnica denegada a Ia opinion tecn ica desfavorable 26, ambas pueden contener informacion especialmente relevante. Y concluye que "denegar el deposito de las cuentas anuales con un informe de auditorfa desfavorable, que como el del presente caso contiene informacion detal lada y cuantificada sobre los extremos que lleva a emitir dicha opinion, significarf a no dar publicidad a una informacion relevante para socios y terceros que es una de las finalidades basicas del
Para mas detalle, vease resena del primer supuesto, el de Ia RDGRN 10.1.14, en Noyedades GCM n° 80 de febrero de 2014, y de l segundo , el de Ia RDGRN 11.3.14, en Novedades GCM no 81 de mayo de 2014 . De ambas parecfa desprenderse que Ia clave de que Ia DGRN acepta se el deposito de cuentas residfa en Ia relevancia que Ia informacion del informe de auditor, incluso con opinion denegada, pudiera proporciona r en cada caso y , ademas, ayudarfa Ia a usencia de culpa de Ia sociedad en Ia imposibilidad de emitir opinion por el auditor. Ahora,
con esta RDGRN 20.10.15, Ia admision, depende solo de Ia relevancia de Ia informacion, con independencia de
Ia culpa de Ia sociedad.
Puesto que en el caso de Ia denegada "las limitacio nes al alcance o las incertidumbres, no impiden
necesariamente que las cuentas puedan reflejar Ia imagen fiel de Ia soc iedad".
deposito de cuentas en el Registro Mercanti127, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de deposito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva".
RDGRN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 20 15 (BOE 8.10.15): NOES INSCRIBIBLE LA LIMITACI6N
ESTATUTARIA A LOS ADMINISTRADORES PARA CONSTITUIR GARANTfAS
No es inscribible Ia disposici6n de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada segun Ia cua/ los administradores "necesitarim autorizaci6n prev ia de Ia junta general por exceder de sus facultades propias o los fines sociales: 1.o (...). 2.o Constituir hipotecas, prendas o cua/quier otra garantfa real o personal (aval) para Ia seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas del poderdante, salvo que sean entidades pertenecientes at mismo grupo ".
Se discute si es inscribible o no Ia disposicion de los EESS de una SL segun Ia cual los administradores necesitarian autorizacion previa de Ia junta general para constituir garantfas reales o personales.
La DGRN recuerda que Ia jurisprudencia y doctrina reiterada de Ia DGRN sostiene que (i) el objeto social debe estar determinado, (ii) pero es ineficaz frente a terceros cualquier limitacion de dichas facultades si se encuentran dentro de asuntos o actos comprendidos dentro del objeto socia l, y (iii) estan incluidos en el ambito de poder de representacion de los administradores no solo los actos de desarrollo y ejecucion del objeto, ya sea de fo rma directa o indirecta y los complementarios o auxiliares para ello, sino tambien los neutros o polivalentes y los aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos unicamente los claramente contrarios a el, es decir , los contradictorios o denegatorios del mismo.
Por tanto, concluye que una limitacion como Ia cuestionada puede tener una eficacia meramente interna (en el ambito de Ia exigencia de responsabilidad que Ia sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se hubiese extralimitado ), pero que es doctrina de Ia DGRN que Ia trascendencia de las normas estatutarias imponen Ia eliminacion de toda ambiguedad e incertidumbre en Ia regulacion estatutaria como requisito para su inscripcion.
RDGRN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 20 15 (BOE 8.10.15) : ADMITIDA JUNTA CONVOCADA
POR ADMINISTRADOR NO INSCR ITO
Cuando una junta general ha sido convocada par quien actua como administrador sin que dicha circunstancia resulte de los Iibras del Registro Mercantil es preciso acreditar ante e/ Registrador Ia validez y regu/aridad de su nombramiento para que e/ acto concreto sea inscrito.
A I respecto, Ia DGRN recuerda que , segun el art. 281 LSC, "«cualquier persona podra obtener informacio n del Registro Mercantil de todos los documentos depositados», entre cuyos documentos debe e ntenderse incluido el informe de a uditorfa".
El objeto de esta resolucion se centra en determinar si es posible que los acuerdos reflejados en un acta de junta general celebrada ante notario pueden modificar el contenido del Registro Mercantil teniendo en cuenta que Ia convocatoria de Ia junta no se convoca por los administradores mancomunados inscritos sino por un administrador unico, que fue nombrado en una junta anterior y cuyo acuerdo no habfa accedido a los libros registrales.
La DGRN recuerda que, salvo algunas excepciones legales, Ia convocatoria de las juntas constituye una facultad reservada al orga no de administracion con cankter exclusivo; en consecuencia Ia falta de competencia de quien Ia haya convocado determinara Ia invalidez de Ia reunion y Ia ineficacia de sus acuerdos.
El problema en el presente caso es que Ia junta se ha convocado por quien afirma ser administrador de Ia sociedad sin que su nombramiento como tal conste en el Registro. A este respecto Ia DGRN recuerda que el nombramiento de los administradores surte efecto desde el momento de Ia aceptacion del cargo y que Ia inscripcion registral no es constitut iva aunque sf se precisa para que el nombramiento surta plena eficacia frente a terceros.
El que Ia falta de inscripcion no determine por sf misma Ia invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador antes de Ia inscripcion no excusa de Ia necesar ia acredita cion de Ia existenc ia y va lidez de Ia representacion alegada para que el acto concreto pueda ser inscrito.
De Ia documentacion presentada a inscripcion resulta probado que quien ha convocado Ia junta general tiene Ia condicion de administrador de Ia sociedad a pesa r no estar inscr ito. El hecho de que, en su momento, su nombramiento no accediera a los libros del registro no es obstaculo para que ahora se pueda regularizar Ia situacion registral conforme a Ia vo luntad social.
CONSULTA N° 2 BOICAC N° 103/2015: FECHAS DE ENTRADA EN V IGOR DE LOS DIVERSOS SUPUESTOS DE LA DEFINICI6N DE ENTIDAD DE INTERES PUBLICO.
En esta consulta, el ICAC concreta para cada supuesto de "Entidad de Interes Publico " las fechas de aplicaci6n de tal concepto.
Como ya reseiiamos en nuestro anterior numero de Novedades 2s, el 21 de julio se publico en el BOE Ia Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditorfa de Cuentas (Ia "Ley 22/2015"). La Ley 22/2015 deroga el Texto Refundido de Ia -todavfa- vigente Ley de Auditorfa 29 y su objeto principal es adaptar Ia legislacion espanola a los cambios de Ia Directiva 2014/56/UE, relativa a Ia auditorfa legal de las cuentas anuales y las cuentas consolidadas, y al Reglamento UE n° 537/20 14 (el "Reglamento UE n° 537/201430"), sobre los requisitos espedficos para Ia
28 Vease Novedades GCM no 88 de octubre de 2015 .
29 Texto Refundido de Ia Ley de Auditoria de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativ e 1/ 2011, de 1de julio.
Reglamento (UE) NO 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los requisites especificos para Ia auditoria legal de las entidades de interes publico y por el que se deroga Ia Decision 2005/909/CE de Ia Comisi6n . Vease link a dicha disposici6n en http://www .icac.meh.es/Documentos/Reg lamento%20UE%20537%2020 14 .pdf
auditorfa legal de las llamadas "Entidades de Interes Publico" ("EIP "). Su art. 3.5 Ley 22/2015 establece una definicion legal de EIP31, que, a su vez, es objeto de desarrollo por el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre32 .
Si bien con caracter general Ia Ley 22/20 15 entra en v igor el 17 de junio de 20 16, Ia DT2a del Real Decreta 877/2015 establece un regimen transitorio para determinados supuestos. El resultado final no deja de ser complejo . De ahf que en Ia consulta aquf resef\ada se plantee al ICAC cual es el ejercic io en el que se entiende que entra en vigor Ia nueva definicion de EIP,ya sea por actividad, ya sea por tamaf\o, en f uncion de si e l ejercicio se corresponde con el af\o natural o no y, en este ultimo caso, en funcion de s i Ia fecha de cierre del ejercicio es anter ior o poster ior al 4 de octubre de 2015 (fecha de entrada en vigor del Real Decreta 877/2015).
A tal fi n,el ICAC desgrana los diversos supuestos previstos en el art. 15 del Real Decreta 1517/20 11 (el "Reglamento de Auditoria " o "RAC"), sef\a lando que Ia consideracion de EIP en los ejercicios 20 15 y 2016 para las distintas entidades se ha de determ inar segun los siguientes criterios:
1. Las entidades del a rt. 15.l.a) RAC ("Las entidades de credito, aseguradoras , emisoras de valores admitidos a negociacion en mercados secundarios oficiales de va lores o en el mercado a lternativo bursatil pertenecientes al segmento de empresas en expansion") tendran Ia consideracion de EIP a partir del 17 de junio de 20 16. Dicha condicion afectara a las primeras cuentas o estados que se correspondan con ejercicios cerrados con posterioridad a dicha fecha 33.
Las entidades a que se refieren las letras b), c) y e) del art. 15.1 RAC, cuya consideracio n de EIP viene determinada por el cumplimiento "durante dos ejercici os consecut ivos, a Ia fecha de cierre de cada uno de ellos", de determinados parametros cuantitativos modificados por el Real Decreta 877/2015 34 :
El art. 3.5 Ley 22/2015 las define en estos terminos : "Tendran Ia consideracion de entidades de interes publico:
Las entidades emisoras de valore s admitidos a negociacion en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de credito y las entidades aseguradoras sometidas al regimen de supervision y control atribuido al Banco de Espana, a Ia Comision Nacional del Mercado de Valores y a Ia Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos autonomicos con competencias de ordenacion y supervision de las entidades aseguradoras, respectivamente, asf como las entidades emisoras de va lores admitidos a negociacion en el mercado alternativo bursatil pertenecientes al segmento de empresas en expansion.//b) Las entidades que se dete rminen reglamentariamente en atencion a su importancia publica signif icativa por Ia naturaleza de su actividad, por su tamano o por su nume ro de empleados,f/c) Los grupos de sociedades en los que Ia sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en las letras a) y b) anter iores".
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de Ia Ley 26/2013 , de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y funda ciones banca rias, por e l que se regula el fondo de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/20 11, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de Ia Ley de Auditorfa de Cuentas, aprobado por el Rea l Decreto Legislativo 1/20 11, de 1de ju lio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de ju lio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de Ia Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones deInversion Colect iva.
La DFl".Uno del Real Decreto 877/2015 da nueva redaccion al art. 15 del Real Decreto 1517/ 2011.
Aunque el ICAC no lo indica, entendemos que, en el caso mas habitual de sociedades cuyo ejercicio coincide con el a no natural, las primeras cuentas anuales seran las cerradas con fecha 31.12.16.
En estas letras, el RAC califica como EIP, entre otras, a las empresas que, "durante dos ejercicios consecut ivos, a Ia fecha de cierre de cada uno de ellos", cumplan una serie de parametros . Asf,las empresas de servicios de inv ersion que tengan como mfnimo 5.000 clientes, las instituciones de inversion colectiva que tengan como
Si su ejercicio se corresponde co n el aiio natural o cierra a 31 de diciembre, se tendril en cuenta lo siguiente:
En e l ejercicio 2015, para determinar si en ese ejercicio una entidad es
o no EIP se consideraran los nuevas parametres con los datos correspondientes a los ejercicios 2014 y 20 1335.
En el ejercicio 20 16, se tendran en cuenta los datos correspondientes
a los ejercicios 2015 y 201636.
Si su ejercicio no se corresponde con el aiio natural o tiene una fec ha de cierre
distinta al 31 de diciembre, entonces:
Si Ia fecha de cierre del ejercicio es posterior a l 4 de octubre de 2015 ,
se aplican, mutatis mutandi, las reglas del parrafo a anterior 37 .
Si Ia fecha de cierre del ejercicio es anterior al 4 de octubre de 2015, el regimen aplicable a dicho ejercicio sera el anter ior al RD 877/ 2015; Ia regia del parrafo a)(i) se aplica al primer ejercicio tras Ia entrada en vigor del RD 877/2015; Ia regia del parrafo a) (ii) se ap lica al segundo
ejercicio tras Ia entrada en vigor del RD 877/ 201538.
Las entidades del art. 15.l.d) RAC ("Las funda ciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electr6nico. ").
Esta letra "d" suprime del concepto de EIP a las sociedades de ga ra nt fa redproca. Por ello, en el ejercicio 2015 ya no tendran Ia cons ideraci6n de EIP si dicho ejercicio se cierra con posterioridad al 4 de octubre de 20 1539.
minimo 5.000 participes o accionistas, los fondos de pensiones que tengan como minimo 10.000 participes y las soc iedades gestoras de tales instituc iones o fondos. As imismo, establece que senln EIP las entidades cuyo importe neto de Ia cifra de negocios y plantilla media, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4 .000 empleados, respectivamente.
Es decir, en aplicaci6n de Ia DT 2• Real Decreto 877/20 15, entendemos que, para saber si a 31. 12.15 dichas EIP cumplen durante dos ejercicios consec utivos las cifras mencionadas en Ia nota anterior, se tendnln en cuenta los datos de los ejercicios cerrados a 31.12 .13 y 31.12.14
Es decir, ya no sera de aplicac i6n Ia DT 2• Rea l Decreto 877/20 15; de a hi que, para saber si a 31.12.16 dichas EIP cumplen durante dos ejercicios consecut ivos las cifras antes mencionadas, se tendran en cuenta los datos del ejercicio cerrado a 31.12.15 y del mismo ejercicio cerrado a 3 1.12.16.
El ICAC pone un ejemplo de socieda d con cierre a 3 1 de octubre: (i) para el ejercicio que cierra a 31. 10.15, "se tendra n en cuenta los datos de los dos ejercicios anteriores (2012- 13 y 2013-14)" (o sea , a nuestro e ntender, los cerrados a 3 1.10.13 y 31.10.14); (ii) para el ejercicio que cierra el 3 1.10.16 "ya se tendran en cuenta los datos correspondientes a cada uno de dichos eje rcicios (2014-15 y 20 15-16)" (o sea, a nuestro entender, el ejercicio cerrado a 31.10.15 y el mismo ejercicio cerrado a 31.10.16) .
El ICAC pone un ejemplo de sociedad con cierre a 31 de agosto: el regime n del ejercic io cerrado a 31.8.15 sera el anterior al Real Decreto 877/20 15; para el ejercicio que cierra a 31.8 .16, entendemos que se tendran en cuenta los datos de los ejercicios cerrados a 3 1.8.14 y 3 1.8.15; para el ejerc icio que cier ra a 31.8. 17, entende mos que se tendran en cuenta los datos del ejercicio cerrado a 31.8. 16 y el mismo ejercicio cerrado a 31.8.17.
Aunque el !CAC no lo indica, entendemos que, en el caso de sociedades de garantia reciproca con ejercicio coincidente con el ano natural, las primeras cuentas anuales en las que ya no seran EIP seran las cerradas a 31.12. 15.
Esta letra "d" incorpora al concepto de EIP a las funda ciones bancarias. El ICAC
interpreta que tend ran Ia consideraci6n de EIP a partir del17 de junio de 2016.
Los grupos de sociedades en los que Ia sociedad dom inante sea una de las EIP contemplada s en las letras a) , b), c) , d) y e) del art. 15.1 (veanse arts. 3.5.c Ley 22/ 2015 y 15.1.f) RAC).
Los grupos de sociedades en los que su sociedad dom inante no sea EIP dejara n
de tener consideraci6n de EIP40.
Los grupos de sociedades en los que su sociedad domina nte sea EIP te ndran tal consideraci6n a partir del 17 de junio de 2016. Dicha condici6n afectara a las primeras cuentas o estados que se correspondan con eje rcicios cerrados con posterioridad a dicha fecha 41•
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El ICAC observa que esto es "a diferencia del regimen anterior [a Ia Ley 22/2015] que exigia como condici6n
unicamente que en el grupo estuv iese integrada una sociedad EIP".
Aunque el ICAC no lo indica, entendemos que, en elcaso mas habitual de sociedades dominantes cuyo ejercicio coincida con el ano natural, las primeras cuentas anuales (que interpreta mos seran las consolidadas ya que se calif ica de EIP al gr upo) seran las cerradas con fecha 31.12 .16.
Reseña de novedades Mercantil - Octubre de 2015 *
Ley 452015, De 14 De Octubre, De Voluntariado BOE De 15 De Octubre) *
Bancario, seguros e instituciones financieras - Octubre de 2015 *
Real decreto 8782015: nuevos avances en la reforma del sistema de post-contratacion espanol * - European Union
Resena de novedades I propiedad intelectual y nuevas tecnologias n 31- mayo de 2016 : legislacion * - European Union

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 
e contrario
 Real Decreto 
 Real Decreto 

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 Real Decreto 
 Real Decreto 
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