Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654151
Timestamp: 2019-05-24 20:46:01+00:00

Document:
MODIFICACIÓN DE ARANCEL TIPO BÁSICO CONSOLIDADO RESPECTO DE PARTIDAS VINCULADAS CON EL AZÚCAR
PETICIÓN DE OFICIO : Cesar Augusto Parra Munoz
COMBATE Y SANCIÓN DE TERRORISMO POR CORTE PENAL INTERNACIONAL. OFICIO
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES HORVATH, MARTÍNEZ Y RUIZ DE GIORGIO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DL Nº 2.222, LEY DE NAVEGACIÓN, PARA PROHIBIR O REGULAR, EN SU CASO, EL PASO DE NAVES CON CARGA PELIGROSA EN EL MAR TERRITORIAL DE LA ZONA AUSTRAL (2813-12)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES RÍOS Y ZALDÍVAR, DON ANDRÉS, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DEROGA DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL Y DE TRÁNSITO, Y CONCEDE AMNISTÍA POR CONTRAVENCIONES BASADAS EN PRUEBAS PROVENIENTES DE EQUIPOS DE REGISTRO DE INFRACCIONES (2817-07)
Sesión 11ª, en miércoles 31 de octubre de 2001
(De 16:19 a 18:33)
Y SERGIO SEPÚLVEDA GEMUCIO, SUBROGANTE
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar (2788-01) (se aprueba en general y particular)
Combate y sanción de terrorismo por Corte Penal Internacional (observaciones del señor Viera-Gallo)............................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y de Agricultura , la señora Subsecretaria de Hacienda , el señor Subsecretario de Agricultura , y la Jefa de Gabinete del Ministro de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 8ª, ordinaria, en 16 de octubre; 9ª, ordinaria, y 10ª, especial, secreta, ambas en 17 de octubre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "Discusión Inmediata", respecto del proyecto de ley que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la OMC para ciertas partidas relacionadas con el azúcar (Boletín Nº 2.788-01).
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "Simple", respecto del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (Boletín Nº 2.745-06).
Con el tercero inicia un proyecto de ley que agrupa los tribunales de la reforma procesal penal de la ciudad de Santiago (Boletín Nº 2.812-07) y, a su vez, lo incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional.
Con el primero comunica que ha dado su aprobación, con la enmienda que indica, al proyecto de ley que amplía el plazo de entrada en vigencia de la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos, con urgencia calificada de "Simple" (Boletín Nº 2.291-15).
Con el segundo da a conocer que ha aprobado el proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 17.322, y a otras normas de seguridad social (Boletín Nº 2.765-13).
Con el tercero y el cuarto informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, los siguientes proyectos de acuerdo:
1.- El que aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado en Nueva York, el 9 de diciembre de 1999 (Boletín Nº 2.799-10), y
--Se manda comunicar los proyectos de acuerdo a Su Excelencia el Presidente de la República.
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su opinión respecto del proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de reclamaciones electorales y otros aspectos procesales (Boletín Nº 2.810-07).
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia dictada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que flexibiliza las inversiones de los fondos mutuos y compañías de seguro, crea la Administradora General de Fondos, facilita la internacionalización de la banca, y perfecciona las leyes sobre sociedades anónimas y de fondos de inversión (Boletín Nº 2.722-05), y
Con el segundo remite copia autorizada de la sentencia dictada en el control de constitucionalidad del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en materia de educación parvularia (Boletín Nº 1.738-04).
--Se mandó comunicar los proyectos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del señor Contralor General de la República, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Novoa, referido a la Empresa Metropolitana de Residuos (EMERES).
Dos de la señora Ministra de Relaciones Exteriores , por medio de los cuales responde sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, relacionados con las relaciones chileno-bolivianas y a otras materias difundidas por la prensa en semanas recientes, y a los efectos que pudieren derivarse para nuestro país del Acuerdo de Cooperación Nuclear entre los Gobiernos de Argentina y de Australia.
Del señor Ministro de Hacienda , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Viera-Gallo, referente a la posibilidad de extender la exención temporal del Impuesto de Timbres, dispuesta por la ley Nº 19.747, a los créditos otorgados a la pequeña y mediana empresa.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, por medio del cual responde una carta enviada por el señor Presidente del Senado, relativa a la tramitación del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Servicio de Transporte Remunerado de Escolares.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, por el cual responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, respecto de diversas materias relacionadas con la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A.
De la señora Ministra de Planificación y Cooperación, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido a la creación de una comisión destinada a analizar la pobreza que afecta a la Novena Región.
De la señora Ministra de Educación , por el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relacionado con la aplicación de la Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles con respecto a los educadores diferenciales.
Ocho del señor Ministro de Obras Públicas :
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, acerca de la posibilidad de destinar recursos para la construcción de una pasarela en el sector La Chipana de Huemul, ubicado entre las comunas de Chimbarongo y Teno, en el límite de las Regiones Sexta y Séptima.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las tareas de reparación y mantención del puente Rosselot y de la pasarela El Quinto, ambos ubicados en la localidad de La Junta, Undécima Región.
Con el tercero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca de la posibilidad de ensanchar el camino vecinal "El Peñasco", ubicado en la comuna de Colbún, Séptima Región.
Con el cuarto, remite un cuadro resumen de los oficios dirigidos en el mes de agosto de 2001 a los señores parlamentarios, en relación con consultas a esa Secretaría de Estado.
Con el quinto, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la situación de predios colindantes con la Ruta 5, en la comuna de Longaví, Séptima Región.
Con los tres últimos, responde igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: el primero, sobre la posibilidad de excluir del área que conformaría el santuario de la naturaleza en el denominado Parque Pumalín, a las franjas fiscales del camino desde Puerto Montt al sur y los otros dos sobre contratistas respecto de los que el Ministerio a su cargo adeudaría estados de pago.
Con el primero, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referido al problema sanitario que afecta a las familias que componen el Comité de Vivienda Rinconada Los Sin Casa, comuna de Marchihue, Sexta Región.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la creación del Instituto Nacional de Oftalmología.
Cuatro del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales:
Con los dos primeros, contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a la situación que afecta a familias de la Undécima Región, en relación con la entrega de sus viviendas y a la evaluación de impacto ambiental del proyecto Alumysa.
Con el tercero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relacionado con el problema que afecta a los pobladores de las tomas de terrenos de La Negra y La Pampa, ubicadas en Alto Hospicio, Iquique.
Con el cuarto, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Gazmuri, relativo a los comités de viviendas de la Séptima Región.
Del señor Presidente del Banco Central, en virtud de los cuales responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido a la situación del cobre chileno.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre el otorgamiento de concesiones de acuicultura y los usos del borde costero en la zona austral de nuestro país.
Del señor General Director de Carabineros , por medio del cual agradece las condolencias manifestadas con ocasión del trágico accidente aéreo ocurrido recientemente en el norte del país, que cobró las vidas de oficiales y de personal de la institución.
Dos del señor Subsecretario de Marina , mediante los cuales contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Lagos, referidos a la concesión del terreno de playa de Caleta Chanavaya, al sur de Iquique, Primera Región.
De la señora Subsecretaria de Hacienda, por el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la existencia de un proyecto de reforma de la salud que consideraría la eliminación de cotizaciones para el sector pasivo.
Del señor Subsecretario del Trabajo , por medio del cual remite copia del informe definitivo del Comité de Libertad Sindical de la OIT, sobre la queja presentada por la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Industria Alimenticia, el Turismo, la Gastro-Hotelería, Derivados y Similares (COTIACH).
Del señor Director Ejecutivo (S) de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, por el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la evaluación de impacto ambiental efectuada al proyecto Central Hidroeléctrica de Lago Atravesado, Undécima Región.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relacionado con la adopción de medidas tendientes a erradicar las plagas que afectan al ganado de la localidad de Caquena, provincia de Parinacota, Primera Región.
Del señor Intendente de la Sexta Región, por el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a los subsidios impagos de agua potable rural de la comuna de Nancagua.
Dos del señor Jefe de la Segunda Zona de Carabineros, por medio de los cuales agradece las condolencias enviadas con ocasión del lamentable accidente que costó la vida a seis funcionarios de Carabineros de Chile.
Dos del señor Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá S.A., mediante los cuales contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Lagos, referidos a la planta desaladora de Arica que opera para ESSAT la empresa DESOLARI Limitada, y a diversos contratos celebrados con la empresa MONTEC Limitada.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la OMC para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, con urgencia calificada de "Discusión Inmediata" (Boletín Nº 2.788-01).
Asimismo, en los antecedentes del proyecto se acompaña un certificado del señor Secretario de las Comisiones de Hacienda y Agricultura, unidas, relativo a los acuerdos adoptados por éstas.
De los Senadores señores Horvath, Martínez y Ruiz De Giorgio, mediante la cual inician un proyecto de ley sobre modificación del decreto ley Nº 2.222, Ley de Navegación, para prohibir o regular, en su caso, el paso de naves con carga peligrosa en el mar territorial de la zona austral (Boletín Nº 2.813-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras no sea incluido en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria).
De los Senadores señores Ríos y Zaldívar, don Andrés, mediante la cual inician un proyecto de ley relativo a derogación de disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y de Tránsito, y concede amnistía por contravenciones basadas en pruebas provenientes de equipos de registro de infracciones (Boletín Nº 2.817-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras no sea incluido en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Acaba de llegar a la Mesa una comunicación suscrita por los Senadores señores Stange , Moreno , Fernández , Novoa y Vega , en la que solicitan que, de conformidad al artículo 36 del Reglamento, la iniciativa que regula la posesión y ocupación de inmuebles fiscales en la forma que indica sea discutida en particular y general en la Comisión de Medio Ambiente para los efectos de su primer informe.
El señor RUIZ, don José.- Sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor RUIZ, don José.- Solicito oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República para que incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria el proyecto que hemos presentado con los Senadores señores Horvath y Martínez , a fin de modificar la Ley de Navegación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se mandarán oficios para que se incluya tanto ese proyecto como el que deroga disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y de Tránsito, y concede amnistía por contravenciones basadas en pruebas provenientes de equipos de registro de infracciones.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Los Comités, por unanimidad, acordaron en sesión de hoy lo siguiente:
1.- Respecto del informe de la Comisión de Defensa Nacional relativo a los aspectos técnicos y el costo de la aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, ponerlo en primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria del martes 6 de noviembre.
2.- En lo que dice relación a la iniciativa sobre modificación del arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, iniciar la votación en general, en esta sesión, a las 17:30, facultando a la Mesa para distribuir el tiempo entre los señores Senadores que se inscriban y, a continuación, votarla en particular, sin debate.
3.- Tratar y despachar, en la sesión ordinaria del miércoles 7 de noviembre el proyecto sobre la Ley de Presupuestos.
Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite, que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, con informes de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, y de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2788-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 10 de octubre de 2001.
Hacienda y Agricultura, unidas,(verbal), sesión 11ª, en 31 de octubre de 2001.
Relaciones Exteriores, sesión 11ª, en 31 de octubre de 2001.
Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Agricultura, señor Arturo Barrer; la Subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner, y la Jefa de Gabinete del Ministro de Hacienda , señora Catalina Bau.
Hago presente que, como se dispondrá de una hora para intervenir y, en consideración a que se han inscrito los Honorables señores inscritos Moreno, Valdés, Boeninger, Larraín, Bitar, Ominami, Romero, Sabag, Cariola y Pérez, corresponderán seis minutos a cada uno.
La Mesa determinará el orden de los oradores, para que exista la debida alternancia.
Luego de la relación del señor Secretario , ofreceré la palabra, por cinco minutos, al Presidente de la Comisión de Hacienda para que haga un informe oral; de igual forma se procederá con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , Honorable señor Romero.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto calificándola de "discusión inmediata".
La iniciativa fue analizada primeramente por las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, las que le dieron su aprobación en general por nueve votos a favor -de los Honorables señores Bitar, Boeninger, Cariola, Foxley, Larraín (con dos votos), Moreno, Romero y Sabag- y la abstención de la Senadora señora Matthei.
En cuanto a la discusión particular, las Comisiones unidas rechazaron todas las indicaciones presentadas, tanto las del Ejecutivo como las formuladas por los señores Senadores, quedando, en consecuencia, aprobado el texto despachado, en el primer trámite constitucional, por la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores, previo a la discusión general del proyecto, efectuó un debate acerca de su competencia para conocerlo y sometió a votación la declaración de incompetencia, la que fue aprobada por cuatro votos a favor -de los Honorables señores Bombal, Martínez, Romero y Valdés- y el voto en contra del Senador señor Ominami.
Finalmente, la Comisión de Relaciones Exteriores señala en su informe que estimó prudente abstenerse de emitir opinión sobre el proyecto por ser una materia de índole aduanera no sujeta a su competencia.
Señor Presidente, este proyecto fue analizado en forma conjunta por las Comisiones de Hacienda y de Agricultura del Senado.
A la primera sesión, que se celebró la semana pasada y que fue dedicada enteramente a escuchar a los distintos sectores que deseaban manifestar su opinión sobre la materia, concurrieron los representantes de la Asociación Nacional de Importadores, de ASEXMA, de la Asociación de Bebidas Refrescantes, de la Corporación Nacional de Exportadores, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Confederación de Dueños de Camiones, de IANSA, y de FENARE (productores de remolacha).
Las Comisiones unidas sesionaron hoy en la mañana para votar el proyecto en general y particular.
El artículo 1º del proyecto tiene por objeto modificar el arancel tipo básico consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, que es de 31,5 por ciento. En el caso del azúcar, fue renegociado para elevarlo a 98 por ciento. Simultáneamente con esto, sobre la base de consultas bilaterales formuladas a los principales países proveedores de azúcar (Argentina, Guatemala y Brasil), se negociaron cuotas de importación libres de arancel aduanero por 60 mil toneladas anuales.
En el inciso segundo del referido artículo se establece que la distribución de cuotas de importación libres de derechos de aduana será la siguiente: Argentina, 21 mil toneladas; Guatemala, 16 mil 700 toneladas, y Brasil, 9 mil 700 toneladas. El resto (12 mil 600 toneladas) quedará libre para otro tipo de exportadores.
Además, se dispone que ningún importador que haga uso de esa cuota podrá sobrepasar el 20 por ciento del total asignado.
Por su parte, el artículo 2º contempla un principio a través del cual se garantiza que no se excederá el arancel máximo de 98 por ciento por la vía de aumentos en los derechos específicos. Éstos, sumados al derecho "ad valorem", deberían sostenerse y acotarse por debajo de ese límite.
Según la discusión habida en las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, el proyecto de ley en análisis se justifica fundamentalmente por la anómala situación que existe en el mercado internacional del azúcar, el cual fue descrito como altamente distorsionado y volátil.
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (DIRECON) aportó antecedentes que demuestran que en las décadas de los 60 y 70 la volatilidad observada en los mercados mundiales con relación a los precios del azúcar -vale decir, su fluctuación frecuente- fue cuatro veces mayor que la volatilidad promedio de las materias primas, y que en la década de los 80 ella aumentó de cuatro a siete veces. Es decir, la volatilidad para el azúcar alcanzó a 72 por ciento, mientras que para el resto de las materias primas fue de 11 por ciento.
Además, según datos proporcionados a las Comisiones unidas, se constató que los países desarrollados establecen, especialmente para el azúcar, como también para otros productos agrícolas, sobretasas de aranceles no consolidados en la OMC, que en el caso de la Unión Europea alcanzan a 380 por ciento, y en el de Estados Unidos, a 300 por ciento.
Asimismo, en el debate se hizo presente que el mercado mundial del azúcar se caracteriza porque en general es subsidiado, con alta volatilidad, en el cual hay una serie de acuerdos entre países, o entre productores y consumidores, que establecen precios distintos de los existentes en el comercio mundial. Por lo tanto, sólo el 5 por ciento es un mercado libre de cuotas, excedentario, y a través del cual finalmente se determina el precio del producto.
Ésos son los fundamentos que, a mi juicio, justifican el proyecto presentado por el Ejecutivo.
Ahora bien, los argumentos tendientes a establecer una reserva sobre el texto propuesto se tradujeron en un conjunto de indicaciones que, de por sí, ilustran la naturaleza de las dudas planteadas por algunos señores Senadores con respecto a esta materia. En efecto, se presentaron dos indicaciones que sostenían que, al contemplarse un beneficio como el contenido en el proyecto, era conveniente acotar el plazo en la ley y fijar uno máximo cuya vigencia pudiera ser renovada posteriormente. Una de ellas sugería que éste fuera de tres años, y la otra de diez.
Esta última indicación la presentó el Ejecutivo , que además complementaba la proposición de determinar un plazo máximo de diez años, con el compromiso de no utilizar el mecanismo de salvaguardia para superar el 98 por ciento del arancel consolidado reconocido.
De otro lado, se formularon también observaciones acerca de la necesidad o no de incorporar las cuotas en la ley en proyecto; pero hubo señores Senadores que se manifestaron en contra de esa idea.
Además, el Honorable señor Urenda presentó una indicación para limitar la distribución de las cuotas, con el objeto de evitar que algún importador pudiera disponer de más de un 15 por ciento de ellas. Al mismo tiempo, se formuló otra en el sentido de que toda empresa que produzca más de 60 por ciento del azúcar en el país no podrá acceder a cuota alguna de importación.
Todas esas indicaciones fueron votadas y rechazadas en las Comisiones unidas.
Por último, cabe señalar que el proyecto fue aprobado en general por nueve votos a favor y una abstención, y que no implica costo financiero alguno para el Estado. Por lo tanto, está en condiciones de ser votado en la Sala del Senado.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Romero para que dé cuenta del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Presidente , en su oportunidad la Sala acordó remitir también el proyecto a la Comisión de Relaciones Exteriores, que presido. Lo cierto es que dicho órgano técnico, luego de un análisis exhaustivo -que se halla consignado en el informe- acerca de si debía o no entrar a conocerlo, declaró que la materia no era de su competencia.
Es importante que los Honorables colegas lean dicho informe, por los precedentes que pueda sentar el debate desarrollado. La declaración de incompetencia fue aprobada por cuatro votos a favor -de los Senadores señores Bombal , Martínez , Romero y Valdés - y uno en contra del Honorable señor Ominami. Estimo innecesario abundar a este respecto, pero si se quisiere discutir...
Los señores Senadores lo tienen a mano. Bastará con que se impongan de su contenido.
Dadas las exposiciones anteriores, se reducirá a cinco minutos el tiempo de cada orador.
Señor Presidente , la iniciativa que nos ocupa se originó en dos situaciones. Una de hecho: el 27 de noviembre del presente año termina el plazo de las llamadas "salvaguardias". Éstas constituyen un mecanismo de defensa de producciones internas amagadas por importaciones de mercancías subsidiadas en los países de procedencia.
La segunda situación tiene que ver con las conversaciones entre el Gobierno y los distintos actores productivos chilenos, sostenidas a lo largo de este año y materializadas a través de la Mesa de Diálogo Agrícola, que concluyeron en el establecimiento de algunos principios claves desde el punto de vista de la agricultura presente y futura del país.
Con respecto a la manipulación de mercados internacionales mediante subsidios, prácticas monopólicas y dumping ejecutados por otras naciones, el Gobierno se comprometió con los productores, agricultores, campesinos e intermediarios a establecer las protecciones necesarias para defender sus intereses.
El proyecto mantiene la situación vigente, vale decir, no crea ninguna barrera nueva, adicional, sino que, ante un mercado tremendamente intervenido y con diversos elementos de poca transparencia, permite seguir operando tanto a quienes cultivan remolacha como a aquellos que la procesan para elaborar azúcar, ya que crea condiciones de estabilidad para una producción que se inició masivamente en Chile en la década de los 50.
Se ha argumentado aquí que con esto se ampararía la ineficiencia de los productores agrícolas y de la empresa como tal. El Senador que habla no defenderá a esta última, sino a los trabajadores y a los agricultores que se dedican al cultivo de remolacha. ¿Y qué significa esto? Que es preciso demostrar que desde el momento en que ella comenzó a producirse en el país ha existido una transformación del cultivo y una mejoría en su rendimiento y productividad. Además, se ha convertido en una fuente de trabajo y de diversificación de actividades en zonas donde había cultivos tradicionales que no tenían otro destino que el de insistir en inversiones de igual naturaleza.
En consecuencia, no nos parece adecuado ni acertado plantear que la normativa genera una imagen distinta dentro de la economía del país. Desde esa perspectiva, somos partidarios de aprobarla en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados, sin introducir plazos. Ello, por una razón muy simple: porque en el Tratado con el MERCOSUR y en sus Protocolos, ratificados por las dos ramas del Parlamento, se establece que la banda de precio del azúcar comenzará a desactivarse en el plazo de seis años, de 2006 al 2011; y la del trigo, en el de ocho, de 2006 al 2014.
Por consiguiente, fijar un período adicional de 2, 3 ó 10 años no sirve para nada. Lo único que se lograría sería mandar una señal de incertidumbre y, en el fondo, de desincentivo de las inversiones a aquellos que requieren seguir con el cultivo de remolacha.
Ahora, quiero dejar establecido lo siguiente:
Primero, Chile produce azúcar en forma eficiente y para la seguridad alimentaria es bueno que existan remolacha y remolacheros en nuestros campos. Quien diga lo contrario se entrega al manejo de un mercado poco transparente que, en definitiva, puede terminar costándonos muy caro desde el punto de vista de la soberanía nacional y del bienestar de la población.
Segundo, se está garantizando el trabajo de la gente en la agricultura y esa señal debe ser estable. Resulta inconveniente seguir mandando señales contradictorias respecto de lo que ocurrirá en un sector que desarrolla su actividad en gran parte del territorio nacional y en torno de la cual viven muchas personas.
Tercero, hubiéramos preferido que no existieran cuotas. Es poco transparente. No nos gusta el sistema, y tampoco que la IANSA sea un monopsonio que a veces realiza con los productores actividades que no son las más adecuadas.
Por eso, en caso de aprobarse el proyecto tal como se propone, una vez transformado en ley propondremos al Gobierno que dicte un reglamento, a través del Ministerio de Hacienda, o envíe al Congreso una iniciativa para crear un Comité de Gestión, público o privado, a fin de que, por un lado, los productores sepan, con transparencia, cuándo, cómo y en qué forma se les pagará el producto que entreguen; y, por otro, los intermediarios y los transportistas conozcan las condiciones en que eso se efectuará.
Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto en los términos en que viene planteado, y rechazaré las indicaciones tendientes a establecer plazos o cortapisas, con el objeto de que esta garantía continúe beneficiando a los remolacheros y, sobre todo, a los campesinos del país.
Con mucho respeto, advierto a los asistentes que el Reglamento del Senado prohíbe las manifestaciones, sean a favor o en contra. Por lo tanto, de persistirse en ellas me veré en la obligación de ordenar el desalojo de las tribunas.
Como entiendo que su presencia aquí obedece al interés por escuchar el debate, les pido que se comporten de acuerdo con esa exigencia reglamentaria.
Espero que Su Señoría sea más indulgente con el público, cuya concurrencia se debe a su interés por el proyecto, en el que se encuentra en juego su destino.
La Mesa tiene el deber de aplicar el Reglamento como corresponde, señor Senador.
Pero en otras ocasiones lo ha aplicado con distinto espíritu.
Señor Presidente , en el fondo, el proyecto en estudio busca preservar el sistema de bandas de precio, instaurado formalmente en Chile en 1986 y que desde entonces se ha constituido en una política de Estado. Así lo prometió Ricardo Lagos en su campaña presidencial, y lo mismo hizo Joaquín Lavín en la suya. De manera que los intereses políticos convergen en la necesidad de mantener la modalidad de bandas de precio, fijándose no tanto en el mecanismo propiamente tal, sino en conseguir el objetivo que se persigue, cual es el de estabilizar los precios de ciertos productos que, por sus fluctuaciones en el mercado internacional, requieren esta clase de mecanismo.
¿Por qué nos vemos obligados a adoptar la modalidad especial propuesta? Porque en virtud de la firma del Acuerdo de Marrakech, que fijó en 31,5 por ciento el arancel máximo consolidado, Chile no podrá continuar con el sistema que ha venido aplicando hasta la fecha y se vería topado por ese techo de 31,5. Al suscribirlo se pensó que se liberalizaría el mercado en el mundo, lo que no ocurrió. En cambio, otros países fueron más previsores. Por ejemplo, el arancel consolidado en Estados Unidos es de 90 por ciento; en Europa, de 138 por ciento, y en Japón, de 270 por ciento. De modo que, como siempre, los chilenos "somos más papistas que el Papa".
¿Por qué nos interesa preservar el cultivo de remolacha azucarera? Por una razón muy sencilla: porque resulta eficaz y rentable en Chile. Si no fuera por la tremenda distorsión de precios que hay en el mercado internacional, no tendríamos problema. Si hubiera un libre flujo de oferta y demanda en el mundo en esta materia, nuestro país no necesitaría de bandas de precio ni de aranceles máximos de 98 por ciento. La eficiencia de los trabajadores chilenos en este ámbito sería suficiente para competir con cualquier otra nación.
Debe tenerse en cuenta -como ya se señaló- que Chile es muy eficiente en el área de los productores agrícolas, es decir, de los trabajadores del campo, y en la de la fabricación de azúcar. En ambas puede demostrar una óptima operatividad, que en términos de eficiencia lo ubica como primer productor en el mundo en el rubro del azúcar proveniente de remolacha. Tiene bajos costos de producción y muestra eficacia y alto rendimiento, lo que es digno de destacar.
En consecuencia, uno se pregunta, primero, por qué tenemos que legislar en esta materia. Precisamente, por la enorme volatilidad de los precios en el mercado internacional a causa del excesivo proteccionismo existente sobre todo en los países más ricos del mundo.
Pensemos que para ingresar azúcar a Europa hay que pagar un arancel de 350 por ciento; a Estados Unidos, uno de 250 por ciento.
Cabe mencionar también el caso de Brasil, país que, en la búsqueda de alcohol, desarrolló un programa subsidiado de azúcar de caña que, si se dejara entrar a Chile, podría destruir nuestra producción, ya que existe un problema de cultivo: el de la remolacha, de rotación anual, es muy distinto de los cultivos de más largo plazo, como el de la caña de azúcar.
En seguida, uno se pregunta qué persigue este proyecto. Algo muy simple, señor Presidente : mantener las condiciones actuales, que están rigiendo el mercado del azúcar en Chile desde hace muchos años. No pretende introducir innovación alguna. Por lo tanto, nadie será perjudicado. Quienes trabajan hoy día el azúcar serían dañados en caso de que se rechazara esta iniciativa. Porque ésta deja las cosas tal cual están. Y las cosas, tal cual están, se hallan cada día mejor, pues durante los últimos diez años el precio de ese producto al consumidor ha bajado 34 por ciento.
La gente que trabaja en el sector -insisto- es eficiente y eficaz. Por consiguiente, quienes objetan este proyecto no tienen justificación alguna desde el punto de vista de los costos.
Ahora, de terminarse ese cultivo, ello sí que causaría un daño enorme. Hay que pensar que Regiones enteras dependen en alto grado de él. En la que represento, 40 por ciento de los ingresos por cultivos anuales proviene de la remolacha. Y en el país, entre trabajos que se desarrollan en el campo, la industria, el transporte y el comercio, un total aproximado de 50 mil personas viven directa o indirectamente del cultivo de la remolacha.
Por ende, no tiene sentido rechazar un proyecto de esta naturaleza o condicionarlo, pues sólo persigue preservar un cultivo que en el futuro, con visión de Estado, si logramos mejorar las condiciones del libre comercio en este ámbito, nos hará prosperar al permitirnos exportar azúcar sobre la base de duplicar o triplicar la superficie hoy día sembrada.
Si abortáramos esta iniciativa, señor Presidente , estaríamos terminando con la posibilidad de cultivar azúcar en Chile.
Por último, me parece del todo inaceptable la idea de fijar plazos al proyecto. Los plazos únicamente provocan incertidumbre y alejan la inversión. Y ello sería extremadamente malo, porque lo que se está haciendo en el ámbito de la remolacha es invertir, ganar eficiencia y, gracias a eso, bajar el valor del azúcar.
A la luz de tales antecedentes, me parece injusto, inexplicable e inaceptable poner trabas a esta iniciativa, que por supuesto aprobaremos con mucho entusiasmo.
Señor Presidente , en el poco tiempo de que dispongo, quiero enfatizar que el muy intenso debate habido en las Comisiones que analizaron esta iniciativa tuvo que ver con un asunto bastante simple, cual es si continuaremos o no manteniendo como política de Gobierno (y de Estado, diría yo, a estas alturas de la vida) respecto de la agricultura la aplicación de un instrumento que ha sido básico en esa área durante los últimos años y en cuya defensa, además, hemos comprometido al país en todas las negociaciones bilaterales y multilaterales sobre libre comercio: la banda de precios.
La banda es en un mecanismo que permite estabilizar precios en mercados muy imperfectos en el plano internacional y que se caracterizan por ser altamente volátiles. Y eso, porque corresponden a producciones que tienen grados extraordinariamente fuertes de restricciones en los principales centros consumidores del mundo. Tanto en Estados Unidos como en Europa, las trabas al ingreso del azúcar extranjera son exageradamente fuertes. Se trata, además, de países que protegen mucho sus producciones internas: de caña y remolacha en el país del Norte; básicamente, de remolacha en el Viejo Continente.
Por consiguiente, el precio internacional depende bastante no tanto de los costos como de los niveles de cosecha en las principales naciones consumidoras. Si hay una buena cosecha en Estados Unidos y poca necesidad de importación, el precio baja de manera estrepitosa. Viceversa, ante una mala cosecha en los principales centros consumidores, el precio excedentario del mercado correspondiente sube también en forma estrepitosa. Es más volátil -¡mucho más!- que otros mercados.
Respecto de Chile, la situación es asimismo bastante más incierta, por aquellas variaciones. Tenemos productos agrícolas que entran en los otros mercados casi sin restricciones: las hortalizas, con arancel cero en Estados Unidos; nuestros vinos, con aranceles bajos incluso en Europa. Pero la industria de que hablamos no es competitiva a nivel internacional.
Y hay dos modos de defenderse. Uno, el viejo mecanismo de fijar aranceles altos y permanentes (fracasó en Chile y en el resto del mundo, pues tenía el problema de que podían defenderse producciones que en el largo plazo no eran competitivas, lo que dañaba al país y a los consumidores). El segundo es el de la banda de precios, que establece un colchón. La banda sigue la tendencia internacional del precio; no es arbitraria. Si los precios tienden a la baja, la banda hace lo propio, aunque sin aquellas tremendas variaciones, que, en el caso que nos ocupa, imposibilitan establecer cultivos de remolacha e industria remolachera (porque las dos actividades van combinadas: desarrollo agrícola y desarrollo industrial).
Por eso hemos sostenido la banda de precios como una política justa que protege de buena manera a sectores importantes de agricultores chilenos -la remolacha y el trigo son esencialmente las producciones que hoy día se benefician de ella- y que no ampara producciones donde Chile no sea competitivo en el mediano plazo.
Y el ejemplo no es teórico, sino práctico: con banda, nuestras oleaginosas no han podido resistir la competencia internacional; tenemos en el país, desde hace veinte años, miles de hectáreas de raps y de maravilla que ahora son cultivos marginales.
En consecuencia, el argumento de que con este proyecto perjudicaremos en el mediano plazo a sectores urbanos, a otras industrias, etcétera, simplemente, no es atendible. Aquí no estamos perjudicando a consumidores ni a industrias distintas de la azucarera, sino estabilizando una situación. Y, sobre el particular, apuesto a la circunstancia de que los remolacheros de Chile y su industria tienen condiciones de competitividad, con un adecuado resguardo, como es la banda, que no es la protección ineficiente de la antigua modalidad.
Queda todavía una cantidad de problemas por resolver, como el carácter monopólico de la IANSA; la forma de establecer la relación entre monopolios y productores, y cómo se determina el mecanismo de negociación de precios razonables.
Como existen monopsonios, no sólo en el caso del azúcar, sino también en el arroz, donde cuatro telefonazos...
Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
Sólo necesito un minuto, señor Presidente.
Lo lamento, Su Señoría: sólo medio minuto.
El problema de la regulación monopólica o monopsónica queda pendiente. Pero no constituye tema del debate de hoy. Lo que discutimos ahora es si vamos a mantener mecanismos que son justos para el país y buenos para la agricultura y, también, para los consumidores.
Por consiguiente, apoyaremos este proyecto tal como lo despachó la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , no repetiré todos los argumentos que se han expuesto. Sólo quiero levantar mi voz esta tarde aquí, particularmente como representante del sur profundo, de Valdivia y de Osorno, provincias donde la remolacha constituye un cultivo tradicional excelente y que da trabajo seguro, además de mejorar las condiciones para el cultivo de la tierra.
Me reuní hace pocos días con los productores, quienes me pidieron hablar en nombre de ellos. Lo hago como Senador, por el bien de Chile. Pero el bien de Chile se logra cuando el trabajo generado a través de un cultivo es grande. Aquí estamos en presencia de por lo menos diez mil trabajadores directos y varios miles de indirectos (cerca de 40 mil trabajadores). Y todo eso significa a lo menos 400 mil habitantes de Chile que viven del producto en cuestión, que es noble y respecto del cual nuestro país tiene una enorme ventaja.
Los últimos estudios indican que, en todo el mundo, somos la nación más eficiente en producción de remolacha. No estamos, entonces, protegiendo algo artificial. Se trata de una producción legítima, y Chile está entre los mejores 25 países productores de todo tipo de remolacha, incluida el azúcar obtenida de caña foránea.
Luego, éste es un cultivo que debemos sostener y proteger, porque en torno a él gira un comercio -como se ha dicho- absolutamente irracional que pretende llegar a Chile con precios bajo el costo.
Por otra parte, nuestra nación necesita la banda de precios para protegerse. ¿Pero contra quién?
Tengo a la vista cifras sobre países exportadores de este producto. Hemos de protegernos, por ejemplo, de las naciones de la Unión Europea, la que, a nivel mundial, ofrece 39 por ciento del azúcar refinada; cuenta con un mercado cerrado y subsidiado, y establece una protección de 350 por ciento contra el ingreso de azúcar importada.
En el proyecto que nos ocupa no estamos hablando de un arancel de 95 por ciento, sino de una banda de precios, que de hecho será mucho más baja.
Estados Unidos de América, país que predica el libre comercio, es el cuarto mayor productor mundial; cuenta con un mercado cerrado, y tiene un arancel consolidado equivalente a 150 por ciento, más salvaguardia automática (el año pasado alcanzó a un total de 250 por ciento).
O sea, estamos en inmejorables condiciones frente a tales países.
Otra gran nación productora es Guatemala, que tiene un arancel consolidado de 160 por ciento. Brasil se encuentra en una situación distinta, porque destina 50 por ciento de la caña al alcohol, para lo cual tiene un subsidio -no he podido conseguir las cifras exactas- extremadamente alto: dos veces y media superior al promedio del arancel del resto del mundo.
Y podría seguir citando a otros países.
¿Alguien se extrañará, entonces, de que Chile proteja normalmente, dentro de los tratados en vigor, una producción tan significativa desde los puntos de vista del trabajo y de la tierra?
Plantear que nuestro país debe abrirse en esta materia es, en mi opinión, una actitud de lesa patria.
Además, internacionalmente, estamos frente a un momento económico donde los países tienden a una mayor protección. Se habla mucho de libre comercio, pero el hecho es que las naciones se defienden frente a la crisis.
Acabamos de ver en la prensa que Estados Unidos, el mayor productor mundial de acero, tiene 24 plantas quebradas y prohibió la importación de ese producto.
¡Ésa es la enseñanza que nos dan los países que profesan el libre comercio! ¿Y nosotros no vamos a proteger una actividad tan noble como la de la producción de azúcar? Seguramente, podremos exportar.
Por último, señor Presidente , quiero puntualizar que, a propósito del proyecto que nos ocupa, se ha presentado la idea -muy respetable- de fijar la banda de precios por diez años. El argumento es que esto puede servir de ejemplo, que demuestra que a Chile no le gustan estas cosas, en fin.
No sé por qué tenemos que demostrar que nos portamos bien. Nos portamos bien cuando producimos adecuadamente y barato.
Lo que sucede, señor Presidente , es que si hoy establecemos los 10 años estaremos renunciando a un derecho. ¿A favor de quién? ¿A favor de una doctrina?
Me parece inútil y perjudicial fijar un plazo.
Por lo expuesto, aprobaré con entusiasmo el proyecto tal como lo presentó el Gobierno.
Señor Presidente , en primer término, no me cabe ninguna duda de que es indispensable legislar sobre esta materia, porque el 27 de noviembre terminarán las salvaguardias en vigencia, que no pueden renovarse. Si no se legisla, se producirá una caída brusca del precio del azúcar, con el consiguiente desastre para la industria de la remolacha.
En segundo término, el caso del azúcar es bastante especial. El mercado de este producto -como aquí se ha señalado- es el más distorsionado del mundo, con aranceles de 250 por ciento y más.
En tercer lugar -y esto es muy importante-, Chile ha hecho una revolución tecnológica no acometida por otros rubros de su agricultura tradicional, todos los cuales están comprometidos y se verán forzados a una apertura externa, de acuerdo con la política general comercial del país y con los tratados sobre la materia que hemos firmado y que probablemente seguiremos suscribiendo. Desde ya, esto implica un aumento de rendimiento de 5,9 a 10,3 toneladas por hectárea.
Luego, en cuanto a nuestro costo efectivo de producción, comparado internacionalmente, los datos que recibí de IANSA indican que, si bien no es el más bajo del mundo, es competitivo, levemente superior al de España y Francia, pero inferior al promedio de la Unión Europea. O sea, se trata de una industria viable en el largo plazo. Sin embargo, me parece que, en este caso, la viabilidad de la industria en el largo plazo constituye el punto clave.
En consecuencia, pienso que, sin perjuicio de lo que ahora se apruebe, es necesario y conveniente realizar estudios independientes que evalúen estos costos comparativos, naturalmente situados en mercados no distorsionados y con algunas hipótesis de tipo de cambio alternativas.
De otra parte, debo precisar que el proyecto no significa elevar el arancel a 98 por ciento, sino ampliar el piso de la banda, de manera que -y esto sí constituye un aumento de la protección-, en caso de baja de los precios internacionales más allá de cierto límite, aquélla no se traspase al consumidor en un margen más extenso que el actual. Por consiguiente, es una defensa mayor, papel que hasta el momento han desempeñado de hecho las salvaguardias que perderán vigencia el 27 de noviembre.
Desde ese punto de vista, creo que hay mérito suficiente para legislar sobre la materia. Sin embargo, no me cabe duda alguna de, que al romperse por primera vez la política de Chile del arancel consolidado máximo de 31,5 por ciento, se estimulará a otros sectores que no han hecho esta necesaria revolución tecnológica y de competitividad a buscar, no por la vía de la reconversión sino por la de la mayor protección, la salida de mediano y largo plazo a sus problemas. Y pienso que eso sería una mala señal.
La cuestión, entonces, radica en cómo equilibrar ambos tipos de consideraciones: una política a largo plazo para el país en su conjunto y el hecho de que el caso del azúcar es extremadamente particular. Y, en mi concepto, la única manera de hacerlo es estableciendo un plazo de vigencia lo suficientemente largo como para no afectar las inversiones en los próximos años. Por ende, un plazo de dos, tres o cuatro años, claramente, me parecería insuficiente.
Por eso, me declaro partidario de aprobar la ley en proyecto, pero incluyendo al mismo tiempo un plazo de diez años de vigencia y la prevención de que por encima de la aplicación máxima de la nueva banda no puedan colocarse salvaguardias, porque eso sería extremadamente exagerado.
Se ha manifestado, señor Presidente -y con esto termino-, que una de las razones prácticas por las cuales no procede aprobar un plazo de vigencia es la de que al modificarse la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, dadas las circunstancias particulares de la tramitación, aquélla no alcanzaría a despacharla en tercer trámite o existiría el riesgo de una Comisión Mixta y no habría ley antes del 27 de noviembre. Creo que ése no es un buen argumento en términos de procedimiento legislativo, y además la Ley de Presupuestos, que la Cámara debe ver la próxima semana, asegura el quórum para realizar una sesión en esos días.
Para terminar, no me voy a pronunciar sobre el problema de las cuotas, que no me gustan, pero que fueron introducidas, pese a no ser necesarias en la ley -ellas son parte de una negociación internacional-, por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, con el fin de facilitar el trámite de la iniciativa en esa rama del Congreso, no voy a cuestionar su inclusión en el proyecto.
En síntesis, señor Presidente , me parece indispensable legislar sobre la materia, pero, por señales de política comercial, prefiero establecer un plazo, el cual, en mi opinión, debería ser largo. Creo que uno de 10 años sería bastante adecuado.
Señor Presidente , considero que aquí no está en cuestión la existencia de dificultades para la agricultura tradicional chilena, ni tampoco para los productores remolacheros, que hoy se hallan ampliamente representados en las tribunas del Senado. Me parece muy bien que ellos puedan seguir este debate.
Creo que tampoco está en duda el hecho de que el del azúcar es un mercado que funciona de manera particularmente imperfecta. Eso no está en duda; no es ésa la discusión. La verdadera discusión -y me alegro de que la estemos planteando en esta ocasión- tiene que ver con el tipo de solución que debe darse a estos problemas, es decir, con cómo enfrentarlos. Porque, con todo el respeto que tengo por la agricultura tradicional, y por los productores de remolacha en particular, quiero decirles que no son los únicos que pasan por dificultades. Ése es el problema de fondo.
Hay sectores de la industria textil que han hecho un tremendo esfuerzo tecnológico, que han sido puestos en grandes dificultades y que, sin embargo, no han recibido protección especial. La industria del acero, por ejemplo, que es una industria tecnológicamente muy desarrollada, se halla hoy en problemas, porque los mercados internacionales no funcionan adecuadamente. Y lo mismo ocurre con los industriales del cuero. Se podría hacer un listado de diez, veinte o treinta sectores industriales o agrícolas que, pese a estar en dificultades, no han sido objeto de ningún tratamiento especial.
Ése es el fondo de lo que aquí se plantea. Es un problema real, pero al cual, en mi opinión, se le está dando una muy mala solución.
Tengo tres observaciones de mérito a este proyecto.
La primera es que entrega una solución que involucra un grave retroceso de la política comercial chilena de los últimos 25 años. Para hacer corta la historia, el Parlamento se ha pronunciado sobre política comercial en tres ocasiones de manera importante: en 1991, con una rebaja arancelaria del 15 al 11; en 1995, aprobando el Tratado de Marrakech , y en 1998, con una rebaja de aranceles que aún se encuentra vigente. Nadie planteó en esas ocasiones el tema del azúcar. El Honorable señor Gazmuri hablaba de las bandas de precio, y tenía razón. Nuestro país ha manifestado su deseo de contar con bandas de precios, y ésa es la razón por la cual en 1995, en el Tratado de Marrakech, se establecieron dos tipos de producto y dos tipos de arancel. Hay un arancel consolidado general de 25 por ciento para todos los productos y un arancel consolidado de 31,5 por ciento para los productos con banda de precio. El Congreso no olvidó que existían bandas de precios. Se consolidó, en un tratado internacional, un arancel que es 25 por ciento superior al arancel general.
Entonces, es grave que, para resolver los problemas de un sector, por respetable e importante que sea, se retroceda en el conjunto de la política. El Senador señor Moreno hacía ver las dificultades del mercado del azúcar y de otros mercados agrícolas. Eso es cierto, pero, ¡por favor!, seamos coherentes. Lo que discutimos aquí se centra en la apertura unilateral de nuestro país. Lo que Chile por suerte ha hecho -y bien- es abrirse, no obstante las dificultades de los mercados internacionales. Ésa es su estrategia de desarrollo. Con el argumento de que existen dificultades en los mercados internacionales, Chile no se habría abierto y podríamos tener aranceles de 98 por ciento para todos los productos. Ésa es la consecuencia lógica de lo que aquí se ha estado diciendo.
Por eso, señor Presidente, creo que no se está siendo coherente con las definiciones que el propio Parlamento ha adoptado.
Mi segunda observación tiene que ver con lo que sigue. Creo que éste es un precedente negativo para la solución de otros problemas que se nos van a venir encima. Los mercados internacionales funcionan de manera muy imperfecta. Muchos otros productores, frente a sus dificultades, van a pedir el mismo tratamiento del azúcar. Eso va a ocurrir así. Muchos productores que han ido a la quiebra durante estos años se van a preguntar hoy día por qué el azúcar y por qué no ellos, por qué no los textiles, por qué no otros sectores que también se encuentran en dificultades.
La política de Chile, señor Presidente -y esto lo hemos repetido hasta la saciedad-, ha ido en la dirección de un arancel parejo y declinante en el tiempo. Y lo que se hace en el proyecto es exactamente lo contrario: se establece un arancel que se especifica respecto de un producto y que se aumenta en 300 por ciento. Eso no tiene ninguna coherencia y no es consistente con lo que se ha venido haciendo.
Por último, señor Presidente , pienso que esta iniciativa es muy mala para los consumidores. Aquí se ha hablado de los trabajadores que viven de la remolacha. Y yo reitero: respeto mucho su situación, pero aquí están en juego todos los consumidores del país. Voy a dar un solo dato: hoy el precio interno del azúcar está sobre los 400 dólares la tonelada debido a la acción de la banda de precio, en circunstancias de que el precio internacional es de 250 dólares. Los pobres de todas las ciudades, los pobres del norte del país, los pobres de la Región Metropolitana, están pagando un azúcar 70 por ciento más cara que la que podrían adquirir con el precio internacional. Eso no me parece correcto, señor Presidente , ni para los pobres, ni para los trabajadores, que también dependen de las industrias que utilizan el azúcar como insumo.
Aquí, señor Presidente, hay que considerar los intereses del conjunto del país y no los de un solo sector.
Señor Presidente , hace ya 25 años que tuve la oportunidad de colaborar muy directa y estrechamente en la creación del sistema de bandas de precios para la agricultura de mi país. Y lo hice pensando en un mecanismo estabilizador de precios y como contrapartida a los escandalosos subsidios y bonificaciones que de manera permanente las naciones desarrolladas introducen en los mercados internacionales. Creo que hemos tenido éxito en estos 25 años; un éxito relativo, naturalmente, porque no los hay en términos absolutos en esta materia.
Me parece que el principal adversario de las bandas de precios no está en el Senado, sino en la errónea política exterior que puede asumir Chile en las negociaciones a que constantemente se ve obligado debido a la globalización del mundo.
Cuando se inició el sistema, las bandas de precios se aplicaron a tres productos: el trigo, el azúcar y las oleaginosas. Hoy sólo dos de ellos quedan vivos, ya que las oleaginosas fallecieron de muerte natural con motivo de un acuerdo económico con Bolivia.
Quiero advertir a la Sala y al país que los errores en política exterior siempre se pagan. Y tengo la impresión de que la asociación con el MERCOSUR, que también rechacé, va a ser una amenaza continua para los intereses agrícolas chilenos, en particular para el sistema de bandas. Incluso, en una Comisión donde se analizó el tema, ciertos funcionarios -equivocadamente, según mi criterio- señalaron que las bandas de precios tenían sus días contados, pues en el MERCOSUR se había adquirido un compromiso para su virtual derogación en el plazo de desgravación. Es una confusión lamentable, sobre todo si surge de personeros de la burocracia nacional.
A mi juicio, señor Presidente , éste no es un buen proyecto. Estoy a favor de las bandas de precios y voy a apoyarlas, pero -reitero- éste no es un buen proyecto. Estimo que empresas cuyo insumo básico o importante es el azúcar, particularmente aquellas de la Quinta Región, se verán afectadas por la situación planteada en la iniciativa. Además, hay trabajadores chilenos detrás de esas industrias -siete u ocho mil- que elaboran chocolates o caramelos y cuyo insumo fundamental es el azúcar.
Pero cuando se trata de escoger entre lo principal -que es la preservación del sistema de bandas de precios- y otros efectos, jamás he dudado en respaldar aquel mecanismo, el cual se ha demostrado hoy como una política de Estado que todos los sectores han apoyado como tal.
Por lo expuesto, voy a aprobar el proyecto. Sin embargo, me queda la sensación de que su articulado tiene vacíos inexcusables. No me agrada el sistema de cuotas ni el apoyo a determinadas empresas. Creo que la IANSA debe demostrar su eficiencia compitiendo incluso dentro de sus propias divisiones. No estamos legislando respecto del sistema de bandas de precios para favorecer a empresas, sino a productores y trabajadores.
Por último, debe prestarse debida atención a las negociaciones internacionales en curso, como las relativas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. No cabe la menor duda de que el precio que se pagaría por una mala negociación puede ser extraordinariamente grave para los intereses agropecuarios chilenos. Y lo digo porque, en el caso de las reuniones técnicas que hasta ahora se han sostenido con Estados Unidos, en alguna medida importante ya se está sacrificando a este sector.
Espero que en esta materia se rectifiquen criterios y que, además, el sistema de bandas de precios tenga vida permanente en el sistema económico chileno.
Señor Presidente , me referiré al tema en debate desde otro ángulo.
Se tiene la percepción de que se está aprobando un proyecto de ley que protege a los agricultores y les da un tratamiento discriminatorio favorable. Ello no es así. Tengo mucho orgullo de representar a una Región que produce remolacha, sector en el que en los últimos años se ha producido una verdadera revolución, por cuanto la productividad y eficiencia han aumentado en términos tales que los productores de remolacha chilenos se cuentan entre los más eficientes del mundo después de los franceses. Y la gracia no está sólo en mejorar la productividad, sino también en hacerlo con costos bajos, como ocurre con los de los productores nacionales, quienes los han mejorado tanto que también se ubican entre los más reducidos del mundo.
Como resultado de esto, si se observa el precio que pagan por el azúcar los consumidores de otros países, podrá apreciarse que el de Chile nuevamente es uno de los más bajos. De modo que el problema no reside en nuestro país, sino, muy por el contrario, en el exterior, donde se otorgan subsidios que generan mercados excedentarios que hacen que el precio del azúcar sea tremendamente volátil. En ese sentido, la banda de precio crea las condiciones para que productores muy eficientes puedan competir con los de otros países que no lo son tanto. O sea, los agricultores chilenos no están pidiendo subsidios ni protección, sino el establecimiento de condiciones leales para competir. Creo que éste es un punto muy importante.
Además, no se está fijando un arancel para la importación de azúcar, sino que se crea un mecanismo que se hace cargo del peor escenario en lo que respecta a los precios internacionales. Por lo tanto, fija un tope máximo que, hasta antes que Chile unilateralmente determinara el compromiso de arancel máximo consolidado con la OMC, no existía. Con motivo de la aplicación de la banda, el arancel podía ser cualquiera y, efectivamente, en algunas oportunidades, llegó a 120 y 130 por ciento.
Considero relevante destacar la eficiencia de los productores nacionales. Y se está defendiendo a una actividad sana. Es posible que otros sectores pretendan aspirar a lo mismo, pero no lo van a lograr, porque no son tan eficientes ni tampoco enfrentan mercados tan distorsionados como los del azúcar. Es decir, el hecho de que productores nacionales eficientes actúen en mercados internacionales tan distorsionados no se da ni se asemeja a ninguna otra actividad del país.
Por último, en cuanto al tema del plazo, estimamos inconveniente fijar uno determinado. Tanto en la agricultura como en las empresas que procesan remolacha las inversiones no son de un día para otro. Los programas de fertilización, de riego y de mecanización, que son los que permiten alcanzar costos tan bajos, representan grandes inversiones, las que, entonces, no se pueden considerar con horizontes de plazos determinados.
Además, fijar plazo no tiene ningún sentido, porque el tope de 98 por ciento que se propone sólo va a operar dentro de la banda, pero no fuera de ella. Por lo tanto, no tiene sentido fijar un plazo para este porcentaje de tope, porque mañana, cuando no haya bandas, tampoco existirá este tope.
Puede hacer uso de ella Su Señoría por 20 segundos.
En relación con el comentario del Honorable señor Ominami , en cuanto a que la agricultura era una actividad que estaba siendo privilegiada y que si a este sector se le daba un privilegio muchos otros lo iban a solicitar, debo señalar que el señor Senador no ha entendido un problema clave: en el mundo la única actividad protegida es la agricultura.
En un estudio de "The Economist", que analiza todas las actividades industriales y productivas de bienes y servicios, se establece que en todas ellas los aranceles fluctuaban entre 3 y 4 por ciento.
Pero en el caso de la agricultura el promedio de los aranceles oscila entre 40 y 50 por ciento. De manera que se trata de una situación especial respecto de una actividad que está siendo intervenida en el mundo. No hay otra igual. Por lo tanto, si se quiere tener agricultura, debe enfrentarse la realidad internacional, que perjudica la labor agropecuaria, porque nosotros no la protegemos.
Señor Presidente, he escuchado los argumentos que con bastante pasión han planteado los Honorables colegas en favor de elevar el arancel consolidado.
Además, valoro la presencia de los productores en las tribunas. Forma parte de nuestra educación cívica y de nuestra democracia escuchar los argumentos de unos y otros a fin de aprobar lo que es mejor para Chile.
Estoy seguro de que ninguno de nosotros busca dañar los intereses del país. Todos pretendemos defenderlos. De manera que nadie tiene aquí el monopolio de la defensa de los intereses nacionales. En ese sentido, debemos buscar las fórmulas más adecuadas para el conjunto del país, y ello se resuelve oyéndonos y votando.
Recuerdo que intervine en favor de las salvaguardias, por entender que el mercado de la agricultura está distorsionado. Yo procedí en forma coherente; otros actuaron en contra de las salvaguardias, a pesar del efecto negativo que podrían tener sobre la carne o la leche, y hoy, sobre la base de otros principios, votan al revés en el caso de la remolacha. Mas, para mantener una sola posición en esta materia, supone establecer algunas condiciones para los productos de la agricultura, dado el carácter distorsionado de sus mercados.
En la Comisión voté favorablemente la idea de legislar en general y de otorgar un arancel de 98 por ciento. Y también lo voy a hacer ahora, por entender que no se está aprobando un arancel, sino una banda, que se va a mantener. Por eso, votaré a favor de la banda.
Sin embargo, hay un conjunto de factores que ninguno de nosotros puede dejar de considerar.
En primer lugar, en la Región que represento no hay producción remolachera. (Comprendo que los Senadores del sur la defiendan. Es legítimo y así corresponde). Allí se da un mercado esencialmente importador, consumidor, a lo que se añade una relación especial con Bolivia, país exportador de azúcar y oleaginosas, productos sobre los cuales se aplican restricciones que perjudican el desarrollo de la zona norte. Sin embargo, esos factores rara vez se debaten o se defienden con tanta pasión, no obstante representar una parte importante de Chile.
Nosotros le regalamos la Ley Arica, señor Senador.
Es cierto que se aprobó, lo cual fue muy útil, pero con plazo. Sobre ese punto me referiré luego.
En consecuencia, primero, en este cuadro es necesario mirar hacia otras Regiones de Chile. Y, segundo, tenemos que aplicar una política coherente. Nosotros vamos en una línea de reducción progresiva de los aranceles; y en algunos casos de transiciones difíciles hemos de efectuar algunas protecciones, pero sin salirnos de esa tendencia y de esa línea. Y, finalmente, también hay que tener en cuenta los argumentos que aquí han expuesto los consumidores.
En tales circunstancias, estimo conveniente votar a favor de la existencia de este arancel consolidado de 98 por ciento, fijándole un plazo de aplicación. Pienso que tres años puede ser corto; pero diez es suficientemente largo como para permitir, entre otras cosas, revaluar la situación, observar los cambios internacionales, ver las modificaciones que se producen en el MERCOSUR, analizar los cambios en las políticas agrícolas de otros países y revisar todo en su conjunto.
Cabe señalar que la Ley Arica -a la cual se refirió el señor Senador que recién me interrumpió- tiene un plazo, el que se ha postergado para evaluar la normativa que favorece a las zonas extremas del norte y del sur del país, y que otorga una compensación a la contratación de mano de obra. Cabe recordar que el Estatuto Automotriz también determinó un límite de tiempo.
En consecuencia, la fijación de un plazo nos permitirá revisar la situación, y es posible que en tres o cuatro años se modifique lo que ahora se aprueba.
Por otra parte, tengo tres observaciones adicionales que permitirán mejorar el proyecto. Primero, debemos eliminar las cuotas, porque no son necesarias. El Gobierno afirmó, hoy en la mañana, que éstas se pueden negociar sin ser necesario que figuren en la ley, pues al establecerlas allí las rigidizamos. Si mañana deseáramos cambiar de opinión y dar, por ejemplo, una cuota a Bolivia, tendríamos que hacer una enmienda legal, y también si pretendiéramos bajar las cuotas otorgadas a los brasileños. Por eso, me parece que se trata de una rigidez innecesaria.
Segundo, en la iniciativa habría que corregir lo relativo al aprovechamiento que de ella puede hacer una sola empresa. Estoy dispuesto a votar a favor de los remolacheros, pero no de IANSA. Pienso que esta empresa no puede intervenir en la importación de azúcar libre de tales cuotas.
En esas condiciones y con los cambios que describí, anuncio mi voto a favor del 98 por ciento, pero presentaré las respectivas indicaciones al proyecto para introducirle correcciones por el bien del país y para contar con una ley mejor que la vigente.
Habíamos acordado votar a las 17:30 y ya estamos atrasados en 12 minutos.
De los señores Senadores presentes, quedan inscritos los Honorables señores Ríos y Sabag. Si le parece a la Sala, prorrogaremos la discusión hasta que intervengan Sus Señorías; luego, usará de la palabra el señor Ministro , por cinco minutos, y la señora Subsecretaria, por dos minutos, para hacer una aclaración. Posteriormente, procederemos a votar.
Señor Presidente , estamos frente a un hecho muy trascendente en materias propias de la política exterior de nuestro país.
En nuestras manos tenemos una responsabilidad muy grande con un grupo importante de personas que trabajan en determinada área de Chile: la agricultura, y dentro de ella, la remolacha. A su vez, existe un mundo que está cambiando: con expectativas de desarrollo económico muy diversas; que estructura sus programas económicos internacionales en torno de hechos reales, concretos. Y cuando haya alguna alternativa propicia, el país establecerá fórmulas arancelarias o de impuestos nacionales adecuadas que favorezcan cierta producción, y no solamente los temas agrícolas, donde -tal como lo señaló el Senador señor Larraín - la totalidad de las naciones del mundo o el 90 por ciento de ellas aplican una protección especial a la agricultura por diversas razones, de carácter geopolítico, económico, y por todo el sistema arancelario extraño que recorre las tierras agrícolas del orbe. También en otras áreas existe una defensa clara y evidente para establecer fórmulas que permitan un crecimiento armónico del país.
Esos objetivos que se tienen a la vista son, desde mi perspectiva, los esenciales para discutir y aprobar -como espero que ocurra- el proyecto en debate, que es importantísimo para el desarrollo de Chile.
Señor Presidente , aquí se ha planteado el tema de los plazos. Sobre el particular, el Senador señor Boeninger señaló que lo prudente son diez años. Sin embargo, es necesario dejar claramente establecido -al respecto, recojo lo manifestado por el Honorable señor Bitar - que es indispensable entregar ciertas libertades al Ejecutivo para que desarrolle en plenitud las acciones propias de su responsabilidad en el comercio exterior.
En un proyecto de tanta trascendencia no es posible determinar plazos. Ello, porque efectivamente, en los próximos años, en este enorme y cambiante mundo financiero internacional -el cual, de pronto, por hechos tan distintos a los problemas de índole económica, más bien del tipo político-terrorista, sufre cambios radicales y giros en 180 grados-, se puede terminar complicando la existencia de una ley que por siete u ocho años debe mantener cierto porcentaje en el arancel.
El peor error que podemos cometer en la aprobación de esta iniciativa es establecer un plazo, aunque sea muy extenso. Porque, en definitiva, tales plazos también están sujetos a contratos internacionales que terminan por comprometer -si esta iniciativa, por distintos motivos, debiera adelantar su término- activos y patrimonios agrícolas, así como los patrimonios del Estado, que son muy delicados.
Por lo tanto, lo importante es tener confianza. Y al aprobar esta iniciativa sin fijar un límite en el tiempo, entregamos al Ejecutivo confianza en que las cosas se realizan de determinada forma y con conocimiento de todos los chilenos. Y esto nos permite pensar que las alternativas de desarrollo son adecuadas.
En segundo término, ¡qué bueno es discutir este tema bajo el alero de la Organización Mundial del Comercio! ¡Qué bueno que en esta materia no exista ningún acuerdo bilateral o multilateral que nos complique! ¡Qué bueno es darse cuenta de que todas las acciones internacionales deberían cobijarse bajo el paraguas de la OMC!
Particularmente -al Senado le consta-, he votado en contra de todos los acuerdos bilaterales que se han suscrito. Creo más en la OMC, pues este organismo macro del mundo nos permite efectivamente, de pronto, contar con un arancel diferenciado sin que se produzca un problema en nuestra relación con él. Entiendo que entre sus miembros se encuentra un conjunto de países que sí requieren aranceles especiales. La misma Organización Mundial del Comercio ha sostenido que cuando dentro de determinado elemento de la economía de una nación, por efecto de una importación o por aranceles bajos, se produce un daño claro y real a dicha economía, ese país tiene derecho, con las notificaciones del caso, a implantar aranceles diferenciados para que exista un desarrollo armónico. Esto, que realiza la OMC, no se aplica en los tratados internacionales bilaterales que Chile ha firmado, y todos han terminado siendo dañinos para nuestra agricultura.
En tercer lugar, algo muy importante. En estos momentos, nosotros debatimos acerca de un área del desarrollo económico que se encuentra entre las cinco mejores del mundo. No existen más de cuatro o cinco naciones donde se pueda hablar de éxitos más evidentes que el de los agricultores chilenos. Sin embargo, este inmenso éxito tecnológico, de trabajo, de desarrollo, de esfuerzo económico y de sacrificio inmensamente grande, queda siempre marginado por otros intereses de carácter industrial o de otro tipo, que terminan desplazando el crecimiento de la agricultura, que es el sector de nuestro país que ocupa más mano de obra.
En consecuencia, anuncio que votaré favorablemente y en plenitud el proyecto, pero advierto que estoy en contra de cualquier indicación que establezca plazos. Por el contrario, manifiesto mi interés por que exista libertad absoluta para ir desarrollando esta iniciativa en tal forma que avancemos adecuadamente.
Estimo que se trata de un primer paso para entender las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio y para el fortalecimiento de un área tan debilitada como la agricultura en Chile, a pesar de sus excelencias técnicas a nivel mundial.
Señor Presidente , la industria azucarera nacional es un patrimonio del país, y ha sido construida sobre la base de un significativo esfuerzo del Estado chileno y de generaciones de profesionales y agricultores de nuestra tierra que han hecho de este cultivo una importante fuente de empleo, alimento y substitución de importaciones.
Chile produce su azúcar de manera competitiva y rentable a nivel mundial. El cultivo de la remolacha azucarera en nuestro país es del orden de las 45 mil hectáreas; casi 8 mil explotaciones agropecuarias. El 30 por ciento de esta superficie corresponde a predios de entre una y 20 hectáreas, con un total de 4 mil 700 pequeños agricultores. Existen alrededor de 300 agricultores de la etnia mapuche. El 91 por ciento de la superficie es de bajo riego. De las tres mil hectáreas que se cultivan en secano, 85 por ciento está en la Décima Región. El 82 por ciento de la superficie total se ubica entre la Séptima y la Octava Regiones. El rendimiento promedio nacional es del orden de las 58 toneladas por hectárea, siendo la Sexta Región la que presenta el más alto promedio del país, con más de 60 toneladas por hectárea. La actividad agrícola de la industria azucarera proporciona unos veinticuatro mil empleos. El sector industrial genera dos mil quinientos puestos de trabajo, y los servicios asociados a la industria azucarera ocupan a otros seis mil trabajadores, todo lo cual implica una operación anual de alrededor de los cincuenta y un millones de dólares. Asimismo, anualmente, el transporte de la cosecha se traduce, en promedio, en ciento cuatro mil viajes de camiones.
La importancia económica y social del cultivo de la remolacha es innegable. El conjunto de ella -agricultores e industria- presenta rendimientos de nivel mundial y, por ello, es competitiva. Cabe destacar que la producción de remolacha es anual, y, en cambio, la de la caña de azúcar puede abarcar cinco años, lo que representa diferencias significativas a la hora de establecer una industria de alto costo, sujeta a precios de suma variabilidad. De ahí la banda de precios: se busca la estabilidad de éstos en correlación con la tendencia internacional de los mismos.
El mercado internacional del azúcar es muy distorsionado, sus precios son de gran volatilidad, y sus volúmenes transados internacionalmente representan sólo una mínima parte del total mundial producido, tanto en azúcar de remolacha como de caña. Más bien, son excedentes de las producciones locales. Únicamente el cuatro por ciento del consumo mundial se realiza en países que no producen azúcar, y alrededor del 80 por ciento del consumo mundial se transa a precios superiores en 50 por ciento a los precios internacionales.
Las políticas seguidas en prácticamente todos los países productores de azúcar del mundo tienden a proteger sus industrias locales: la Unión Europea aplica 378 por ciento adicional; los Estados Unidos, 300 por ciento; México , 200 por ciento. Es decir, todos los países protegen sus industrias.
Quiero hacer presente que en Chile el precio del azúcar al consumidor es de los más bajos del mundo, en contradicción a lo que hace un momento apuntaba el Honorable señor Ominami. En términos absolutos, es del orden de medio dólar el kilogramo. En cambio, en Japón es de 2,40 dólares; en los Estados Unidos y en China, de 1,60; en Alemania y Australia, de un dólar. ¡Para qué seguir hablando sobre esta materia!
Como ya se ha señalado, el país perdió 30 mil hectáreas dedicadas al cultivo de las oleaginosas, raps, debido a las perforaciones experimentadas por las bandas de precios del aceite, terminando así con un cultivo que era la mejor opción de rotación de nuestros suelos. No queremos que lo mismo suceda con nuestra remolacha. Necesitamos defender, apoyar, dar tranquilidad y estabilidad a los agricultores dedicados a este rubro.
Por eso, votaré el proyecto en la misma forma como lo hizo la Comisión, es decir, tal cual lo envió la Cámara de Diputados. No quiero un tercer trámite. Deseo transmitir tranquilidad a los agricultores para que sepan que estamos preocupados por mantener esta actividad tan importante para Chile.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor Ministro.
El señor CAMPOS (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional este proyecto de ley que, por varias razones, modifica el arancel consolidado del azúcar.
Primero, la iniciativa corresponde a uno de los acuerdos alcanzados al interior de la Mesa Agrícola, suscrito por Su Excelencia el Presidente de la República. Y el Gobierno del Presidente Lagos cumple y honra sus compromisos.
En segundo lugar, y después de considerar la situación actual del mercado del azúcar, hemos concluido que la fórmula propuesta es el único camino con que contamos para mantener la vigencia de un instrumento estabilizador del precio que, por lo demás, está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico conocido como las "bandas de precios", las que, mientras sean ley de la República, como Gobierno, estamos obligados a respetar y a hacer cumplir.
En tercer término, mediante el proyecto pretendemos transparentar una situación que, de hecho, existe actualmente, cual es la de que, con relación a uno de los productos incluidos en las bandas, no en una sino que en muchas ocasiones, en conformidad con la ley que las regula, Aduanas o el Gobierno de Chile se han visto obligados, en el caso del azúcar, a aplicar aranceles superiores al 31,5 por ciento que en su momento registramos ante la Organización Mundial de Comercio.
Por último, hemos enviado este proyecto porque, en lo que al sector remolachero se refiere, nos encontramos ante uno de los sectores agrícolas más productivos y competitivos del país, que representa diez mil explotaciones, de las cuales siete mil corresponden a pequeños agricultores, que ocupan cerca de cincuenta mil hectáreas de territorio agrícola nacional, desde la Séptima Región al sur. Asimismo, porque este cultivo está inserto dentro del proceso de rotación de los cultivos anuales, y constituye una actividad que genera sobre treinta mil fuentes de trabajo, en la cual no solamente están empeñados los esfuerzos de agricultores, sino que también de la industria, de comerciantes y, básicamente, de los transportistas. En suma, un sector que en los últimos años prácticamente ha hecho una revolución en materia de productividad, ya que de las treinta y cinco, o treinta y ocho toneladas que se producían ayer, hoy día ha sobrepasado con creces las sesenta toneladas por hectárea.
Ahora bien, con relación al debate suscitado esta tarde, permítame, señor Presidente , hacer algunas precisiones.
En primer lugar, este proyecto de ley no afecta el precio al consumidor, como algunos medios de comunicación lo han indicado. Por el contrario, éste seguirá siendo el mismo.
En segundo término, considero una señal equívoca el pretender, por la vía de las indicaciones, establecer plazo a la vigencia del nuevo arancel consolidado que hemos registrado ante la Organización Mundial de Comercio, ya que éste es uno de los sectores que requiere estabilidad y sustentabilidad en el tiempo. Además, la imposición de un plazo en esta ley en proyecto implicaría limitar la capacidad negociadora de nuestra Cancillería frente a futuros acuerdos comerciales que nuestro país eventualmente pudiese suscribir.
En tercer lugar, debo insistir en que esta modificación no significa necesariamente que el arancel del azúcar vaya a ser de 98 por ciento. Ése es el tope de la franja al que puede llegar, y en la práctica, ello dependerá de las variaciones fácticas que tenga el mercado del azúcar internacionalmente.
Por último, quiero referirme a un antecedente al que algunos señores Senadores me han hecho referencia, y también a un aspecto mencionado en esta Sala. Cuando terminen las salvaguardias en noviembre, aun cuando no se apruebe este proyecto, nada va a pasar, y ello por una razón muy simple: la Corte Suprema, en reiterados fallos, ha estimado que la normativa referente a las bandas de precios prima sobre el arancel que tenemos consolidado ante la OMC.
Finalmente, debo decir que el Gobierno no respalda ninguna indicación a este proyecto de ley. Todavía más: personalmente tengo dudas acerca de la constitucionalidad de las mismas, y creo que en la medida en que esta iniciativa sea aprobada en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, vamos a dar una de las señales que necesita la agricultura chilena para seguir contribuyendo al desarrollo nacional, como lo ha hecho hasta ahora.
No caben las interrupciones, señor Senador.
Sólo para decir que, si es así, ¿por qué el Gobierno presentó indicaciones en la Comisión, y ahora dice que no apoya ninguna, en circunstancias de que son las mismas?
Tiene la palabra, por dos minutos, la señora Subsecretaria.
Señor Presidente -como ya se dijo-, dentro de la política de apertura comercial seguida por el Estado en los últimos 25 años, han estado consideradas las bandas como un instrumento estabilizador de precios, dada la distorsión con que operan los mercados internacionales.
Desde 1976, ha existido un compromiso del Gobierno por mantener las bandas de precio vigentes; lo reiteraron Ricardo Lagos y Joaquín Lavín como candidatos presidenciales, y el acuerdo se enmarca dentro de los compromisos adoptados también por la Mesa Agrícola.
De igual forma, debe recordarse que, al aprobarse la ley de rebaja de aranceles, se suscribió un protocolo de entendimiento entre el Ejecutivo y un grupo de Senadores para que, dada "la importancia que tenía para el país legislar una rebaja de la tasa arancelaria, considerando que la misma otorgaría un impulso al sector productivo chileno", y con el fin de minimizar los costos de ajuste, se acordó "para aquellos productos sensibles con banda de precio, mantener el referido mecanismo".
Reconociendo el compromiso de mantener la banda de precio para el azúcar, este proyecto sólo tiene por finalidad asegurar que la banda continúe operando, como lo ha hecho desde 1983 a la fecha de manera consistente con nuestras obligaciones en la OMC.
Lo anterior no significa, sin embargo, que nuestro país esté renunciando a la política de apertura comercial desarrollada en los últimos 10 años. Para continuar con esta política es necesario entender que subsisten prácticas de subsidios a nivel internacional que producen significativas distorsiones en los mercados.
El nuevo arancel consolidado que se consigna en el proyecto no significa que los derechos efectivos vayan a alcanzar tales márgenes; la norma no fija un arancel de 98 por ciento a las importaciones, sino que sólo permite aplicar los derechos específicos que determina la banda de precio en función del piso de la misma; de acuerdo a la regla vigente, es necesario aclarar que ésta no puede ser alterada en una dirección más proteccionista, porque ha sido congelada en los respectivos acuerdos internacionales.
Es también importante consignar que el Ejecutivo presentó dos indicaciones al proyecto en las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, las que limitaban el establecimiento del nuevo consolidado e impedían la aplicación de sobretasas en este período, las que fueron rechazadas por las Comisiones unidas. El Gobierno no insistirá en tales indicaciones; sin embargo, se reserva el derecho de legislar a futuro a fin de perfeccionar la normativa que regula la materia. En el intertanto, dado el nuevo techo arancelario, el Ejecutivo se compromete a que no se aplicará el mecanismo de salvaguardias para estos productos.
Ha terminado el debate del proyecto. De acuerdo con las resoluciones adoptadas, procederemos a votarlo en general.
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar en general la iniciativa?
Con la abstención del Senador señor Ominami.
--Se aprueba en general el proyecto, con la abstención del Senador señor Ominami, y la declaración del Senador señor Urenda de no poder votar por encontrarse pareado con el Senador señor Hamilton.
Indicación suscrita por los Senadores señores Ominami , Bitar , Foxley , Cordero y Martínez , para sustituir el actual inciso tercero del artículo 1º del proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, por el siguiente:
"No podrán acceder a las cuotas de importación de azúcar libres de todo gravamen, esto es, no podrán efectuar importaciones libres de gravamen, directa o indirectamente a través de terceros, aquellas empresas que, por sí o mediante filiales, subsidiarias o acuerdos de distribución y comercialización, representen más del 60 por ciento de mercado mayorista de azúcar refinada del país, o las que realicen procesos de refinación de azúcar en el país.".
Como Presidente del Senado debo declararla inadmisible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62, número 1º de la Constitución, sin perjuicio de que la considero de bastante interés. Creo que el Ejecutivo debiera tomarla en sus manos.
Señor Presidente , ¿me permitiría por lo menos explicar su fundamento, para que quede registrado el punto de vista de los Senadores que la suscribimos, que somos más de diez?
No tendría inconveniente, señor Senador. Pero previamente debo declararla inadmisible.
Señor Presidente , acá no existe ninguna discriminación contra una empresa como IANSA. Lo que estamos señalando es que una empresa que produce más del 60 por ciento, que toma más del 60 por ciento del mercado, no tiene derecho a usar las cuotas preferenciales, y así éstas puedan entregarse a otros pequeños o medianos empresarios, a fin de que tengan más competencia en el mercado. De manera que -repito- no hay discriminación contra una empresa. Es una norma de carácter general.
Por eso, consideramos conveniente la indicación.
Yo también suscribiré el oficio, señor Senador.
Las indicaciones se harán llegar al Ejecutivo, a objeto de que pueda prestarles su patrocinio. Estoy de acuerdo con el principio que plantean.
Por lo tanto, se mandará un oficio en tal sentido, en el nombre de Su Señoría y en el mío propio.
Y también en el mío, señor Presidente.
Que el oficio se envíe en nombre del Senado, señor Presidente. Tal vez todos los señores Senadores quieran sumarse a la petición que se hará al Ejecutivo.
Señor Presidente , simplemente quiero compartir el criterio de la inadmisibilidad, porque la indicación contiene una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Asimismo, deseo señalar que lo que busca el proyecto es salvar el cultivo de la remolacha y no la regulación de una actividad industrial determinada. Si hay voluntad para hacerlo -la hay, pues creo que a los productores remolacheros, a los transportistas, les interesa una regulación de la actividad como una empresa de las características que ésta tiene-, debe ser objeto o de entendimiento entre las partes interesadas o de otra iniciativa de ley; pero, confundir una cosa con la otra en esta materia, me parece altamente improcedente.
¡Que el oficio se envíe en nombre del Senado, señor Presidente!
Entonces, si le parece a la Sala, el oficio se mandará en nombre del Senado.
Indicación suscrita por los Senadores señora Matthei y señores Bitar , Foxley , Boeninger y Martínez , para agregar el siguiente artículo 3º, nuevo:
"Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º precedente, los derechos específicos que resulten de la aplicación del artículo 12 de la ley Nº 18.525, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar, para cada operación de importación, el 31,5 por ciento ad valorem para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, a partir del 1º de abril de 2011.".
De acuerdo con la facultad de la Presidencia , declaro inadmisible la indicación, por ser inconstitucional.
Señor Presidente , me permite la palabra sobre la materia, porque la otra indicación está vinculada con ésta.
Lo que hicimos algunos Senadores fue renovar una indicación presentada en la Comisión por el Ejecutivo. Tenemos derecho a hacerlo.
Tendría que haberla renovado el Ejecutivo , porque éste la retiró. Además, ni siquiera es igual al texto original.
Es exactamente el mismo texto, señor Presidente.
A pesar de ello, el Ejecutivo es el que tendría que renovarla, señor Senador.
Sería bueno que el Ejecutivo no cambiara de opinión en seis horas. Es muy útil para el manejo del Gobierno.
El señor Ministro señaló que no haría suya ninguna de las indicaciones. Entonces, para mí, más claro, echarle agua. No puedo ir más allá ni ser más papista que el Papa.
Por lo tanto, declaro inadmisible la indicación.
La última indicación viene suscrita por los Senadores señora Matthei y señores Bitar , Foxley , Boeninger y Martínez , para incorporar el siguiente artículo primero transitorio:
"Artículo primero transitorio.-
Desde la publicación de la presente ley y hasta la fecha establecida en el artículo 3º de la misma, no podrán adoptarse las medidas establecidas en el artículo 9º de la ley Nº 18.525, a las importaciones de mercancías correspondientes a las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900.".
La Presidencia también la declara inadmisible, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Señor Presidente , ya votamos en general el proyecto. Nos encontramos votándolo en particular. De modo que pido votación separada del inciso tercero del artículo 1º del proyecto. Tengo derecho a solicitarla.
¿Y con qué propósito pido división de la votación? Para que lo relativo a las cuotas preferenciales sea sacado de esta iniciativa. Creo que no conviene que en una ley aparezcan cuotas.
El Ejecutivo tiene la facultad, y eso no afecta para nada al proyecto, pues, como lo aprobamos, siguen teniendo todos las mismas ventajas. Pero, a mi juicio, la cuota rigidiza innecesariamente.
Su Señoría tiene derecho a pedir división de la votación.
Señor Presidente , apoyo la petición del Senador señor Bitar , porque el problema es bastante más serio de lo que aparece a primera vista.
En mi opinión, es necesario sacar este tema de la ley en proyecto, por las siguientes razones:
Primero, evidentemente rigidizará la política exterior, por afectar a futuras negociaciones.
Segundo, crea precedentes de referencia que sin la menor duda serán esgrimidos por otros países para exigir igual estabilidad en las normas, las cuales deben ser esencialmente variables en las negociaciones. Tercero, al inmiscuirse en funciones propias del Ejecutivo, resulta inconstitucional, pues pretende resolver problemas de relaciones internacionales, que son facultad privativa de aquél.
Cuarto, de seguirse la línea antedicha, el Presidente de la República estará obligado a vetar, porque no va a aceptar que se entrometan derechamente en su facultad negociadora de la parte económica, a través de Relaciones Exteriores.
Y deseo agregar un quinto aspecto: de no haber reacción, se sentaría un precedente muy negativo. ¿Por qué lo planteo? A mi juicio, la independencia de los Poderes del Estado debe ser celosamente guardada tanto cuando se exige que la respeten, como cuando se defiende la que tiene cada uno de ellos.
Por tales razones, apoyo la petición del Senador señor Bitar.
Sobre el punto específico, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
Señor Presidente , el Senador señor Bitar tiene obviamente derecho a pedir división de la votación; pero creo que en este momento separar lo que viene consignado en el artículo contradiría todo lo que hemos escuchado en el debate, en cuanto a que el Gobierno hizo una declaración formal anunciando su disposición a que en el futuro regulará el problema de cuotas y otros mecanismos a través de la legislación. Y eso es lo que corresponde y no venir a generar para el proyecto -puede que ése no sea el propósito- un tercero o cuarto trámite que, en el fondo, significaría llegar al 25 de noviembre sin haber resuelto el problema y condenando a la ruina a los remolacheros. Ése es el punto.
Por lo tanto, votaré en contra de la proposición del Senador señor Bitar , por creer que aunque ése no sea su propósito, en último término, atenta contra el espíritu del proyecto que estamos votando.
¿Me permite, señor Presidente ? He sido aludido. Quiero señalar que mi petición no atenta contra el espíritu de ningún proyecto.
Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Gazmuri.
No acepto que se hagan imputaciones en cuanto a la intencionalidad de mi petición. Estoy usando la facultad de pedir votación separada.
Señor Senador , corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Gazmuri.
Es malo que estén las cuotas en el proyecto.
No tengo inconveniente en darle la palabra, señor Senador, si la solicita.
Puede intervenir el Senador señor Gazmuri.
Señor Presidente , considero que este asunto de verdad no tiene mayor importancia, pues estos acuerdos ya están suscritos por el Gobierno; las cuotas están inscritas en la Organización Mundial de Comercio. Podrían no estarlo, pero figuran en el proyecto. Si las sacamos ahora, lo que ocurrirá es que la iniciativa puede no despacharse en la fecha debida. Y eso sí que no es indiferente, además de crear un tremendo problema a un sector importante de agricultores del país.
Entonces, si ya están acordadas e inscritas las cuotas, dejémoslas, y discutamos después si deben o no deben ir en la ley; pero ahora despachemos el proyecto como está.
Señor Presidente , lo dicho por el Senador señor Gazmuri me ahorra la argumentación que quería dar a conocer en esta oportunidad.
En verdad, la sugerencia del Senador señor Bitar no produce ningún efecto práctico, pues Chile ya negoció las cuotas con la Organización Mundial de Comercio y con nuestros socios comerciales. Están registradas. El hecho de que figuren en el proyecto sólo obedece a un propósito de transparencia respecto de lo ya convenido, y su exclusión del mismo no genera efecto práctico alguno.
Ya está todo dicho y es suficiente, señor Presidente.
Señor Presidente , deseo simplemente señalar que no me gusta lo de las cuotas; pero, con los argumentos dados en cuanto a que, por un lado, ya están inscritas ante la Organización Mundial de Comercio; y, por otro, que frente al problema más importante -cual es poner o no poner un plazo- ha quedado decidido con lo aprobado por la Cámara, francamente no me parece suficientemente importante como para generar un tercer trámite. De modo que, a pesar de no gustarme las cuotas, votaré por mantenerlas.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez, en su segunda intervención.
Señor Presidente , deseo insistir en una sola cosa y hacer un comentario.
Si al señor Ministro le es indiferente que se creen problemas en las relaciones internacionales referidos a la agricultura, es una decisión de él y la respeto; pero es evidente -y puedo asegurar al Senado que ocurrirá así- que en los próximos meses otros países exigirán que se les fije por ley una cuota, más allá de las conversaciones que realizan los Ministerios. Ese es un elemento claro y preciso.
Por otra parte, esgrimir que so pretexto de sacar apuradamente la ley se deben aceptar estas cosas, lo considero inadmisible. Hemos tenido muchas experiencias en el sentido de que, por discutir apresuradamente un proyecto, se incurre hasta en errores de ortografía, por lo cual, al final, sufrimos un bochorno porque se escribe mal la ley y, a renglón seguido, es necesario rehacerla, cambiando su espíritu o el enfoque. No estoy de acuerdo con eso y deseaba dar mi opinión.
En todo caso, deseo hacer presente que la facultad presidencial sobre el tema de las cuotas se mantiene y en nada se innova al respecto. Esa parte no me preocupa.
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar, a quien ruego ser breve.
Señor Presidente , reconozco hidalgamente que seré derrotado en una eventual votación; pero no quiero dejar de advertir a Sus Señorías que tengan en cuenta lo siguiente: a lo largo de toda nuestra vida republicana -me tocó ayer comentar un libro sobre la República Parlamentaria-, el peso del centro-sur en la historia de Chile ha sido tan determinante, que quería alegar por más presencia para el norte y sus intereses.
Dicho lo anterior, retiro la indicación, para evitar más discusiones, señor Presidente.
-(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
Ruego guardar silencio y evitar las manifestaciones.
Señor Presidente , la decisión del Senador señor Bitar me evita expresar la mitad de lo que iba a señalar. No quería derrotarlo y por eso le pedí retirar su proposición.
Además, quiero referirme a lo manifestado por otro señor Senador. Aquí, con cierta frecuencia, se intenta decir que, cuando se busca resolver los temas en forma razonable -a veces, sobre la base de la economía de tiempo- no legislamos con seriedad o que las cosas se hacen apresuradamente.
Debo reconocer que el Senado intenta siempre hacer las cosas bien. Éste ha sido un debate abierto, largo, donde la gente ha opinado e incluso ha venido a escuchar; y la Comisión ha trabajado bien. El hecho de evitar un tercer trámite y resolver rápidamente el tema no significa estar legislando livianamente.
Cada vez que se señala eso se agudiza la imagen que se quiere dar de que el Parlamento no trabaja bien. Reclamo de ello en cada oportunidad que se produce, y lo vuelvo a hacer ahora.
--Queda aprobado en general y particular el proyecto, por haberse declarado inadmisibles las indicaciones y retirado la solicitud de división de la votación.
Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Al señor Subsecretario Desarrollo Regional y Administrativo, sobre ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS: "CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ABASTECIMIENTO DE ARSÉNICO BAQUEDANO SIERRA GORDA", e "INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIERRA GORDA" (SEGUNDA REGIÓN).
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores , acerca de CESIÓN DE FRANJA DE TERRENO A BOLIVIA EN LITORAL DE SEGUNDA REGIÓN.
Al señor Presidente de Empresa Ferrocarriles del Estado , en relación con ARRENDAMIENTO DE LOTES Nºs 4 Y 6 DE ESTACIÓN DE FERROCARRILES A MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU (SEXTA REGIÓN).
De los señores PARRA y SILVA:
Al señor Ministro de Hacienda, respecto de OTORGAMIENTO DE BENEFICIO PARA SERVICIO DE BIENESTAR DE TRABAJADORES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A la señora Ministra de Educación , atinente a REDUCCIÓN DE HORAS DE ASIGNATURA DE FILOSOFÍA EN TERCERO Y CUARTO MEDIO Y SU SUPRESIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales 1.
Señor Presidente , quiero formular en esta parte de la sesión una pregunta, respecto de la cual alguien puede pensar que es de fácil respuesta: ¿quién podría juzgar eventualmente a Bin Laden? Planteo esta interrogante por una razón bastante simple: lo reclama Estados Unidos, y Afganistán ha señalado que no lo entregará a ese país, sino a un tercero. Si mañana el Gobierno de Afganistán decide juzgarlo, obviamente Estados Unidos no se daría por satisfecho, tal como ocurrió con los dos ciudadanos libios acusados de atentar contra un avión de la "TWA", quienes, al final, no fueron entregados a dicha nación, ni tampoco juzgados en Libia, sino enviados a Holanda.
Hago tal consideración preliminar, porque, luego de los atentados perpetrados en Washington y en Nueva York, se plantea con mucha fuerza si alguien podría juzgar en forma imparcial y rigurosa, y, en consecuencia, sancionar conforme a Derecho, a los responsables del terrorismo internacional. Terrorismo cuyo radio de acción, a diferencia de los grupos que actuaban anteriormente a nivel de cada Estado, no se limita a la subversión del orden o a crear pánico en una nación, sino a atacar en diversos puntos del orbe: un día lo hizo en África, teniendo como blanco las embajadas estadounidenses; en otra ocasión, en América del Norte, como ocurrió recientemente; y también, en América Latina, cuando atentó contra la organización judía AMIA o la Embajada de Israel en Buenos Aires.
Hace pocos días, se anunciaron nuevos atentados terroristas, desconociéndose el lugar del mundo en que ellos pueden llevarse a cabo.
El terrorismo actual se vale de la globalización que vivimos, de la expedición del transporte y del fácil acceso a las redes de comunicación, haciendo su actuar más imprevisible y dificultando las pesquisas policiales, la labor de inteligencia y la acción de la justicia. Asimismo, se vale de contactos con otras organizaciones criminales, como traficantes de drogas y de armas, y de extensas redes de financiamiento legales o ilícitas.
El terrorista moderno ingresa, ataca y huye. Se establece en el país que le brinda mayor seguridad, pero golpea en otro, o en varios. Por ello, su combate se hace más difícil y obliga a reunir esfuerzos de muchas naciones. Sin embargo, para combatir eficazmente el terrorismo, resulta fundamental establecer alguna forma de administrar justicia que guarde relación con el carácter global de este fenómeno.
Ya no bastan los esfuerzos de un Estado. El terrorismo global del siglo XXI hace imprescindible una justicia universal para su juzgamiento y sanción, que complemente los esfuerzos de las justicias nacionales o, derechamente, las substituya cuando éstas sean inexistentes o insuficientes.
Por ello, el establecimiento de la Corte Penal Internacional, acordada en Roma, curiosamente un 11 de septiembre de 1998, es cada vez más urgente. Su Estatuto se encuentra sujeto a la ratificación de los Estados, y podrá iniciar su funcionamiento cuando lo hayan ratificado, al menos, sesenta naciones.
Señor Presidente , la creación de dicho organismo es un largo anhelo de la comunidad internacional. Se inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial, con las experiencias de Nüremberg y Tokio, y se encuentra dentro de las aspiraciones de la Carta de Naciones Unidas. Sobre el particular, se han ido dando diversos pasos, como los Tribunales ad hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, hasta culminar hace tres años con la suscripción del referido Estatuto.
No obstante lo anterior, desde el inicio de la década de los 70, comenzó a surgir consenso internacional sobre el combate al terrorismo. Diversas resoluciones internacionales así lo confirman, entre ellas sendas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que vienen aprobándose desde inicios de la década de los 70: la 3034, de 1972, y en particular, la 49/60, de 9 de diciembre de 1994, que en su anexo contenía la "Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional". Y otro tanto ha realizado la Organización de los Estados Americanos.
Sin embargo, pese al consenso de que tal preocupación demuestra la gravedad asignada por los Estados al terrorismo, aún no se cuenta con procedimientos universales para su combate eficaz, y existen apreciaciones puntuales discrepantes sobre su definición y alcances, motivadas especialmente por la coyuntura del Medio Oriente.
Todo ello ha impedido hasta ahora arribar a una definición amplia y compartida de terrorismo que permita la subscripción de un texto internacional único y comprensivo en torno a la materia. En su lugar, existen doce Convenciones y Protocolos -algunos de los cuales fueron ratificados por el Senado hace quince días- sobre tópicos tan diversos como secuestro de aeronaves, toma de rehenes, lavado de dinero, atentados con bombas, etcétera.
Dicha indefinición fue también la causa que impidió establecer el terrorismo explícitamente en el artículo 5 del Estatuto de Roma como una de las materias objeto de la competencia de la Corte Penal Internacional, junto con los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Todos esos tipos penales fueron detalladamente definidos en dicho Estatuto.
Existen diversos Estados y organizaciones no gubernamentales que señalan que las conductas terroristas pueden entenderse comprendidas en los delitos de lesa humanidad cuando sobrepasan cierto umbral de destrucción, como ocurre al utilizar aviones de pasajeros contra edificios donde trabajan civiles, o al usar armas químicas, biológicas o nucleares contra población civil.
En consecuencia, la Corte Penal Internacional, aunque el artículo 5 no contempla explícitamente el terrorismo, tendría la competencia suficiente para analizar los casos más graves de terrorismo internacional. Así lo señalaron recientemente el Parlamento Europeo y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Mary Robinson. Tales apreciaciones son de enorme importancia por el papel que la Corte puede tener después de lo ocurrido en Nueva York y en Washington.
Por otra parte, surge como un imperativo para la humanidad la necesidad de contar a la brevedad con la Corte Penal Internacional, a objeto de que sancione ese tipo de hechos cuando las justicias nacionales sean renuentes, no estén en condiciones de hacerlo o simplemente se encuentren imposibilitadas para juzgar a los inculpados.
De allí que la pregunta que formulé al iniciar mi intervención sobre quién puede juzgar a Bin Laden y a los altos dirigentes de Al Qaeda o a otros terroristas internacionales, puede tener una respuesta adecuada si se ratifica el Estatuto de Roma por sesenta Estados, caso en el cual la Corte Penal Internacional entraría a funcionar.
Por lo tanto, sería importante que el Senado despachara el proyecto respectivo a la brevedad cuando sea sometido a su consideración, y que la Cámara de Diputados se pronunciara a favor de la ratificación del Tratado, pues se trata de una materia que se encuentra pendiente desde hace meses en esa rama del Parlamento, la cual fue aprobada por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución, Legislación y Justicia.
Los últimos sucesos mundiales así lo ameritan. Cuarenta y cuatro naciones ya han ratificado el Estatuto, nueve de ellas de nuestro continente, cuatro latinoamericanas (Argentina, Paraguay , Venezuela y Costa Rica), estimándose que en muy poco tiempo más se reunirán las sesenta adhesiones necesarias para que inicie su funcionamiento. Es preciso tener en cuenta que las últimas naciones en ratificarlo fueron Reino Unido y Suiza, que además existen países de la Comunidad Europea que están tramitando su ratificación, y que cualquiera nación que desee adherir a la Comunidad Europea debe suscribir y ratificar el Tratado.
La Corte Penal Internacional ya no es una conjetura, no es sólo un proyecto, no es un ideal a alcanzar, es una realidad que entrará a funcionar en La Haya seguramente en el segundo semestre del próximo año.
A mi juicio, nuestro país debe estar entre las sesenta naciones fundadoras, porque, entre otras cosas, la Asamblea de los Estados que hayan suscrito el Tratado será la que nombre a los jueces del Tribunal, al personal de la Corte y determine la forma de implementar el Estatuto de Roma, con todas las consideraciones prácticas del caso.
Sin duda, sería conveniente que hubiera una presencia latinoamericana e hispánica lo suficientemente fuerte para contrapesar la presencia del mundo anglosajón o francoparlante.
El desafío es que Chile sea hoy uno de los países que empuje la instalación de la Corte Penal Internacional y contribuya a su establecimiento, más que limitarse a ratificarla en forma muy posterior, cuando aquélla esté constituida, se hayan nombrados los jueces y se encuentren determinados todos los procedimientos y mecanismos concretos de funcionamiento.
En este momento, existe una Comisión que se preocupa de la instalación práctica de la Corte, y está formada por Argentina, Hungría , España y Canadá, en colaboración con el Gobierno de Holanda. Asimismo, se aboca a temas muy específicos, como puede ser incluso la instalación física de ese Tribunal. Sin embargo, Chile no participa en ello.
El amplio consenso universal para rechazar el terrorismo, manifestado en todos los foros regionales y mundiales de los últimos días, como también en nuestro país, debe expresarse en resoluciones claras y eficaces de la comunidad internacional para combatirlo y sancionarlo, haciendo avanzar el Derecho Internacional.
Sobre el particular, nos encontramos ante un dilema -permítame, señor Presidente , que lo diga en forma muy breve, pero ojalá clara- con respecto a la política adoptada por Estados Unidos.
El Gobierno de ese país fue renuente a suscribir el Tratado de Roma. El Presidente Clinton sólo lo hizo al final de su mandato: el año 2000. El mayor recelo se encuentra en el Partido Republicano, que mira con desconfianza la sumisión de Estados Unidos, especialmente de la actuación de sus tropas en el extranjero, a las exigencias del Derecho Internacional. Ha prestado particular atención a la definición de los delitos de guerra o de agresión como algo que pudiera ser invocado en contra de sus actuaciones en el campo internacional.
Llama la atención -o mejor dicho, produce preocupación- el hecho de que la potencia más importante del mundo, que debería ser la principal impulsora del Derecho Internacional y predicar con su ejemplo, tenga, sin embargo, una actitud renuente a la aplicación del mismo. Dicha normativa debería ser igual para todas las naciones: poderosas o débiles, grandes o pequeñas.
Se han presentado en el Congreso de Estados Unidos tres enmiendas con respecto a este tema; dos de ellas han sido impulsadas por el Senador señor Helms. Ambas, entre otras cosas, establecen que los funcionarios de ese Gobierno, civiles o militares, quedarían excluidos de la jurisdicción de la Corte y que, incluso, dicho país sancionaría con el término de la ayuda militar a las naciones que hubiesen ratificado el establecimiento de ella. Por cierto, tales enmiendas no serán aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, porque eso significaría poner en cuestión alianzas tan delicadas como la NATO o la OTAN, dado que entre los países que más impulsan la creación de la Corte están los de la Comunidad Europea.
A pesar de todas esas resistencias, es significativo que una delegación del Gobierno de los Estados Unidos participe activamente en la Comisión de Instalación de la Corte y discuta todas las materias prácticas. Esto es, como si el Gobierno de ese país hubiera llegado a la conclusión política de que ella se instalará de todas maneras; que más le vale tener alguna palabra en su funcionamiento, y que incluso, eventualmente, podría ser utilizada, como ocurrió en el caso de los dos ciudadanos libios a quienes se les imputó la autoría del atentado contra el avión de la TWA y que terminaron siendo juzgados en Holanda. Sería más fácil si existiera una Corte con prestigio, que actuara con imparcialidad, que culturalmente fuera pluralista y que constituyera la instancia adecuada para juzgar a este tipo de delincuentes y acciones delictivas.
Señor Presidente , me llama la atención que el Gobierno de Chile y su Parlamento -especialmente la Cámara de Diputados- hayan sido lentos en el tratamiento de esta materia. En verdad, a raíz del caso Pinochet, puede haber sectores sensibles frente a la justicia internacional; pero justamente, con motivo de esa experiencia, deberían llegar a una conclusión diametralmente opuesta, cual es que el Tratado que crea la referida Corte es la mejor garantía para evitar que jueces aislados, de diversos países, se adjudiquen jurisdicción universal sobre crímenes cometidos en otras naciones.
Además, está perfectamente claro que la mencionada Corte sólo conocerá de los juicios futuros, de los delitos cometidos después de que entre en funcionamiento. En este sentido, el Gobierno argentino ha tenido un papel de vanguardia en América Latina en la suscripción y ratificación del Estatuto de Roma.
Señor Presidente , a grandes amenazas y desafíos, grandes deben ser las respuestas. La Corte Penal Internacional es una garantía de juzgamiento y castigo de los responsables de esos crímenes, conforme a Derecho. La utilización de la fuerza, si no se sustenta en él, no es duradera y al mismo tiempo puede ser un bumerán en la política internacional.
En ese sentido, quiero formular las siguientes preguntas. Estados Unidos ha ordenado a sus aparatos de inteligencia eliminar al ciudadano Osama bin Laden donde quiera que lo encuentren. ¿Se trata de una acción conforme a Derecho? ¿Puede un Gobierno ordenar el asesinato de un ciudadano sólo por una imputación, aunque sea muy contundente, sin someterlo a proceso? ¿Eso cabe dentro de la lógica internacional?
Creo que la invocación del Capítulo VII de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas para justificar ese tipo de acciones no es suficiente. Por lo demás, no es conveniente que Estados Unidos siente el precedente de que se puede ajusticiar a personas consideradas enemigas por el solo hecho de que sean calificadas como tales y puedan haber cometido actos criminales. Porque otros países podrían seguir ese mismo ejemplo, y tendríamos entonces no una comunidad internacional ordenada, sino un verdadero caos de selva, donde cada Estado se arrogue el derecho de castigar, sin juicio alguno, a quien estime conveniente.
Por eso, si se establece la referida Corte, el Gobierno de los Estados Unidos probablemente desarrollará sus acciones estrictamente dentro del marco del Derecho Internacional, lo que sería muy beneficioso para toda la comunidad mundial.
Deseo terminar mi intervención señalando que de este Parlamento depende que nuestro país dé una señal clara en tal sentido.
Por lo anterior, solicito que esta intervención sea enviada mediante oficio, en mi nombre, a la Ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear , para que pueda ser tramitada con urgencia la iniciativa a que me he referido. Si no es posible lograrlo en este período preelectoral -porque, tal vez, no es el momento oportuno- que se realice a más tardar en enero, a fin de que la Cámara de Diputados pueda despacharla durante ese mes y el Senado la estudie entre marzo y abril.
Con ello se pretende que Chile esté entre los creadores de aquella instancia judicial, de la misma manera en que estuvo presente entre los países que dieron origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1.— Los accidentes de naves con derrame de combustible propio o transportado en los canales de la Zona Austral de Chile que dañan o ponen en riesgo las condiciones ambientales, los recursos ambientales, los recursos naturales, los asentamientos humanos y las perspectivas de desarrollo que presenta con evidencia esta zona, como lo son el turismo, la pesca y la acuicultura.
2.— El artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República que establece:
“El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.”
“La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.
3.— La dificultad de fiscalizar eficazmente las rutas de navegación por las condiciones de aislamiento, escasa población y poca presencia de servicios públicos en gran parte del litoral de la Zona Austral de Chile.
4.— La conveniencia de realizar una acción preventiva y de fomentar las condiciones que permitan un desarrollo de los potenciales de esta relevante parte del territorio nacional.
5.— El buen resultado en la fiscalización que ha significado la ley 19.521 que establece como obligatorio el posicionamiento automático en las naves pesqueras.
Moción prohíbe o regula en su caso el paso de naves con carga peligrosa en el mar territorial de la zona austral
Modifícase los artículos del Decreto Ley 2222, Ley de Navegación, según se señala:
Agrégase el siguiente Artículo 102, pasando el actual 102 a ser el artículo 105:
Prohíbese la navegación de naves que transporten cargas peligrosas e hidrocarburos por los canales interiores de la Zona Austral de Chile, entre los paralelos 41º30’S y 56º LS, a menos que se cumplan las siguientes condiciones o tengan los requisitos que señala el artículo siguiente.
Agrégase el siguiente Artículo 103, pasando el actual 103 a ser el artículo 106, y el actual 105 a 107:
Podrán navegar por canales específicos y el mar interior de la Zona Austral que defina el Reglamento las naves que transporten cargas peligrosas e hidrocarburos, que además de cumplir con las normas vigentes:
a) Tengan doble casco, un dispositivo de posicionamiento automático en el mar que le permita a la autoridad competente tener conocimiento de su ubicación en tiempo real como lo establece la Ley 19.521 y las condiciones de seguridad y cauciones que determine el Reglamento.
b) Las que por razones de seguridad y por condiciones de la mar deban buscar refugio. En este caso las rutas y refugios estarán previamente determinados por la autoridad competente y en todo caso deberán tener el dispositivo de posicionamiento que señala la letra a).
Agregar el siguiente Artículo 104:
Las naves mayores que no transporten cargas peligrosas e hidrocarburos por el mar interior de la Zona Austral deberán navegar con un dispositivo de posicionamiento automático en el mar que le permita a la autoridad competente tener conocimiento de su ubicación en tiempo real como lo establece la Ley 19.521.
Agrégase el siguiente artículo 150 bis:
En caso de operar una nave en contravención a los artículos 102 y 103 se sancionará al armador y a quienes resulten responsables con multas hasta 10.000 pesos oro más lo que indique la presente ley.
La instalación del dispositivo automático que señalan los artículos 103 y 104 debe efectuarse en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente ley.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.— Jorge Martínez Busch, Senador.— José Ruiz De Giorgio, Senador.
Los numerales 7 y 8 del artículo 1º de la ley Nº 19.676, modificaron la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y el Nº 1 del artículo 2º de dicha ley, modificó el artículo 4º de la ley Nº 18.290, de Tránsito.
Esta última disposición regula el uso de los “fotorradares” o equipos de registro de infracciones o medios aptos para producir fe.
En efecto, faculta a Carabineros de Chile y a los inspectores fiscales y municipales para operar directamente, sea en forma próxima o a distancia, equipos de registro de infracciones que podrán consistir en películas cinematográficas, fotográficas, fonográficas u otras formas de reproducción de la imagen y del sonido y, en general, en medios aptos para producir fe. Las normas de tránsito cuyo cumplimiento se fiscalice mediante el uso de estos equipos deberán estar señalizadas y deberán advertir con claridad y en forma oportuna a los conductores los sectores en que se usan estos equipos.
Para la utilización de los equipos de registro de infracciones de propiedad de particulares esta disposición señala que deberán celebrarse contratos con éstos luego de licitación pública prohibiéndose la estipulación de la obtención de un número mínimo de películas, fotografías u otros de los elementos probatorios a que se alude anteriormente, durante un período determinado o la presentación de alguna cantidad de denuncias, así como relacionar, directa o indirectamente, el valor de los servicios con la cantidad de elementos probatorios obtenidos o de denuncias efectuadas, ni con el monto de las multas aplicadas o percibidas.
Los estándares técnicos de los equipos serán regulados por un Reglamento que dicte el Ministerio de Transporte y establecerá las condiciones en que han de ser usados para que los elementos de prueba que de ellos provengan puedan servir de base para denunciar infracciones o contravenciones, adoptándose medidas tendientes a asegurar el respeto y protección a la vida privada.
El juez de policía local sólo admitirá a tramitación la denuncia basada en estos medios probatorios siempre que éstos provengan de Carabineros, inspectores fiscales o municipales que hayan utilizado el equipo de registro de infracciones con sujeción al reglamento.
Finalmente, esta norma establece un plazo de prescripción de 45 días contados desde la fecha en que se cometió la infracción y aquella en que se notificó la citación al juzgado, no pudiendo continuarse el procedimiento y archivándose los antecedentes pasado dicho plazo.
A su vez, los numerales 7 y 8 del artículo 1º de la ley Nº 19.676, como se señaló anteriormente, modificaron la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y dicen relación con el Registro de Multas del Tránsito No Pagadas.
La primera de estas disposiciones establece que tratándose de las denuncias señaladas en el inciso tercero del artículo 3º de esta ley, esto es, la infracción a las normas de tránsito o de transporte terrestre, el Secretario del Tribunal, cada dos meses, comunicará las multas no pagadas para su anotación en el Registro de Multas del Tránsito no pagadas. Mientras la anotación esté vigente, no podrá renovarse el permiso de circulación del vehículo afectado. El plazo de prescripción será de tres años, contado desde la fecha de anotación.
Su inciso segundo dispone que el Registro será fiscalizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y se regirá por el reglamento que dictará el Presidente de la República por intermedio de ese ministerio. Dicho reglamento contemplará la licitación pública de la operación y administración del Registro, indicando las características técnicas y económicas a que deberán sujetarse las bases de la licitación; el financiamiento del Registro mediante el cobro de aranceles por las actuaciones que se realicen; el plazo máximo de duración de la concesión; un procedimiento expedito para la atención de reclamos, sobre todo los tendientes a que se elimine o modifique los datos erróneos, inexactos, equívocos o incompletos que figuren en el Registro, lo que deberá efectuarse en forma gratuita para los interesados; las causales de expiración de la concesión, especialmente las de caducidad, entre las cuales se considerará la reiteración de errores en la operación y administración del Registro; y las demás materias que le conciernan.
Agrega la norma legal que el permiso de circulación del vehículo podrá renovarse si su monto es pagado simultáneamente con las multas que figuren como pendientes en el Registro, sus reajustes y los aranceles que procedan. Para ello, en el mes de diciembre de cada año, el Registro remitirá a los municipios la nómina de vehículos que se encuentren en tal situación, señalando la placa patente, fecha de anotación de la morosidad, monto de la multa, juzgado que la impuso y causa en la cual incide.
Su inciso cuarto señala que la Municipalidad que reciba el pago de la multa impuesta por un juzgado de policía local de otra comuna, percibirá un 20% de ella y remitirá al Registro el 80% restante, junto con el arancel que a éste le corresponda, para que proceda a eliminar la anotación. A su vez, dentro de los 90 días siguientes, el Registro hará llegar a las municipalidades respectivas el porcentaje de la multa que le fue enviada.
El inciso final de esta disposición dispone que si el pago de una multa ya registrada se efectuare en la Tesorería Municipal correspondiente al lugar en que se cometió la infracción o en la entidad recaudadora con la que haya celebrado convenio esa municipalidad, ésta informará al Registro ese hecho y le enviará el arancel respectivo dentro de los noventa días siguientes.
A su vez, el numeral 8, que contiene el artículo 24 bis, establece que para eliminar la anotación de morosidad en el Registro, el interesado deberá pagar, junto con el valor de las multas y los reajustes que procedan, el arancel correspondiente.
Su inciso segundo señala que las resoluciones posteriores que acrediten el pago, modifiquen la cuantía de la multa o absuelvan de ella, serán comunicadas al Registro para que la anotación que se hubiera practicado sea eliminada o modificada, según corresponda.
Su inciso tercero establece que si, debido a una anotación errónea, inexacta, equívoca o incompleta en el Registro, el interesado en obtener la renovación del permiso de circulación del vehículo tuviere que pagar las cantidades a que se refiere el inciso primero sin estar legalmente obligado, tendrá derecho a que se devuelva la suma reajustada. Lo anterior no obstará a que demande la indemnización del daño que le hubiere causado el tratamiento indebido de los datos.
Finalmente, su inciso cuarto, dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, las personas naturales propietarias de los vehículos tendrán los derechos que establece la ley Nº 19.628 en relación con el Registro y la municipalidad que le haya proporcionado los datos.
Regula también esta materia el Decreto Nº 152 del Ministerio de Transportes, que Reglamenta el Registro de Multas de tránsito No Pagadas, fue publicado el 12 de octubre de 2000, y establece un plazo máximo de duración de la concesión de 5 años, prorrogable por una sola vez, por un año, mediante licitación pública, intransferible e intransmisible.
La principal obligación del registro es mantener informados a los municipios de las multas impagas, ingresadas a su base de datos por la comunicación que debe hacer, actualizando el Registro cada dos meses, el secretario del juzgado de policía local que las aplicó.
El financiamiento del Registro es por ley el arancel de 8% de la multa aplicada, el que deberá ser pagado en la tesorería Comunal por el afectado, junto con el valor de la multa. Además se financia con la venta de los certificados del registro de anotación, para los interesados en conocer la morosidad de un vehículo, en caso de compraventa del mismo.
El Registro funcionará incorporando la nómina de partes morosos que, cada dos meses, le enviarán los 240 juzgados del país. Se iniciará con la anotación de los partes empadronados cursados con posterioridad al 1 de diciembre de 2000 y que permanecen impagos.
Este registro ya fue licitado adjudicándoselo una empresa que debería entrar en funcionamiento en marzo del próximo año.
Ahora bien, de todos son conocidos los problemas que ha ocasionado la puesta en funcionamiento de los llamados “fotorradares”, que tienen su antecedente legal en el artículo 2º de la ley 19.676, que modificó el artículo 4º de la Ley de Tránsito, ya reseñado.
Es un hecho notorio, destacado por la prensa, que el sistema sólo se ha utilizado para recaudar recursos para las municipalidades y sin ningún interés real de ordenar el tránsito y prevenir accidentes. Asimismo, las empresas que intervienen como contratistas del sistema han llegado a ofrecer y ejecutar en determinados juzgados de policía local casi la totalidad de las labores que son propias del tribunal, tales como las resoluciones que dicta el juez, las cartas certificadas que se envían, etc.
Existen municipalidades en que se han enviado al tribunal hasta 500 denuncias diarias, lo que ningún juzgado con medios propios y aun computarizados, puede procesar y notificar dentro del plazo de 45 días que la ley establece.
Por otra parte, se ha publicado en la prensa que las empresas que ofrecen servicios de sistemas electrónicos de control de infracciones del tránsito, se encontrarían de acuerdo para repartirse el mercado y denuncias de corrupción. Al respecto, la Comisión Antimonopolio se encuentra centrada en investigar las denuncias de presuntos acuerdos entre empresas dedicadas al rubro para repartirse el mercado en el marco de las licitaciones.
Los Jueces de policía local han pedido suspender la validez de ese sistema de control de tránsito hasta que se aclare y se uniforme su funcionamiento por parte de todos los municipios del país.
La presente Moción tiene por finalidad derogar estas disposiciones, ya que, en lo que dice relación con la implementación de los “fotorradares”, el objetivo que se tuvo en vista al momento de la dictación de estas normas no fue cumplido y , por otra parte, como se señaló anteriormente, se ha efectuado una serie de denuncias públicas que dan cuenta de irregularidades en la utilización de los equipos de registro de infracciones, tales como falta de señalización, incumplimiento de estudios técnicos previos para la modificación de velocidades máximas e incumplimiento por parte de los municipios de la realización de bases de licitación sin sujeción a normas de carácter técnico, exigencia en los contratos entre municipalidades y empresas operadoras de los equipos de una cantidad mínima de infracciones al mes, irregularidades en la elaboración de las citaciones al tribunal, las que habrían sido efectuadas por la misma empresa operadora de los sistemas de registro, quienes requerirían directamente del Registro Civil los datos de empadronamiento de los vehículos, manejando una empresa privada documentación pública. Ha existido un exceso de celo de la actividad fiscalizadora del cumplimiento de las normas de tránsito para obtener beneficios económicos. Todos estos antecedentes revelan la ineficacia de estos equipos, tanto desde el punto de vista de los conductores que se ven expuestos a abusos por su utilización, como en cuanto a la aplicación de los procedimientos establecidos en la ley para la contratación de estos servicios por parte de las municipalidades.
La infracción a estas normas desprestigia el rol fiscalizador de los municipios en materias de seguridad vial y los principios de probidad pública y de legalidad de las actuaciones de los órganos de la administración pública. Es necesario evitar el lucro municipal mediante las infracciones a las leyes del tránsito, materia que es necesario prevenir y remediar.
También ha presentado serias dificultades la aplicación de la ley para los jueces de policía local. En efecto, la tramitación de las multas empadronadas dirigidos al vehículo, que se identifica por su patente, y no al conductor, han inducido al juez, ante el no pago, a ordenar la incautación de vehículos y arresto del propietario o del representante legal de la empresa dueña del auto, lo que no se aplica a estas infracciones.
Al derogarse estas normas vuelve a radicarse en quien corresponde la facultad de cursar con medios de detección electrónica que sean solamente de su propiedad plena y no sujeta a condición, el detectar y denunciar las infracciones de velocidad y otras, de esta manera se aplica la ley igualitariamente para todos los infractores.
En virtud de los antecedentes expuestos se concluye que el sistema de equipos de registro de infracciones llamado “fotorradares” se ha demostrado ineficaz, tanto desde el punto de vista de los conductores que se ven expuestos a abusos por su utilización, como en cuanto a la aplicación de los procedimientos establecidos en la ley para la contratación de estos servicios por parte de la municipalidades.
Por lo tanto, es necesario suprimir la utilización de estos medios de registro, eliminando al efecto los incisos segundo a octavo, ambos inclusive del artículo 4º de la Ley de Tránsito.
En cuanto al Registro de Multas No Pagadas su diseño y operación adolece de serias faltas e imperfecciones.
No existen, igual que en la aplicación de los partes empadronados, criterios uniformes para aplicar el sistema respecto a los partes que son inválidos y a cómo se alimentará el registro. Este sistema debería estar garantizado por el juez para que sea transparente, porque se puede perjudicar a los conductores. No está clara la situación de las personas que no lograron ser notificadas de la infracción. Para algunos jueces, como no hubo emplazamiento, el parte es nulo. Para otros, en cambio, estiman que si hubo carta certificada y la recibió alguien en el domicilio, se da por notificado.
Además, pueden surgir problemas con las multas que pasen al Registro siendo inválidas por haber sido notificadas en un plazo superior a los 45 días, desde la infracción, que establece la ley.
Si alguien adquiere un auto que registra una infracción tendrá que pagarla porque lo compró con multa, lo que está fuera del reglamento y de la ley.
La actualización del registro significará que si se compra un vehículo usado y se obtiene un certificado del Registro informando que no hay deuda, no garantiza realmente la no existencia de deuda. Una multa puede haber sido anotada en el registro con posterioridad a la adquisición del vehículo. Ésta será de cargo del nuevo dueño, a pesar de haber pagado por un certificado que entrega información incompleta.
Se le ha criticado señalando que el principal interés de la autoridad es recaudar el dinero de la multa, sin importar si se está castigando al culpable o afectando a un inocente.
Cuando se realice la renovación del permiso de circulación, en marzo del año 2002, quienes quieran renovar sus patentes no podrán hacerlo si no han pagado los partes que figuren en el mencionado registro. Como se trata de parte empadronados puede ocurrir que la notificación no haya llegado al domicilio del infractor o que el parte se haya pagado directamente a la tesorería comunal respectiva y que esa repartición sólo anote el nombre de la persona que pagó y no el de la patente del vehículo infractor, no eliminándose la multa del listado computacional. Además, cualquier confusión en la anotación de una letra de la patente bastará para imponerle una multa a un inocente y liberar de sanción al culpable. Tal como está el sistema operativo del registro se pueden predecir un cúmulo de problemas tanto para los funcionarios municipales como para los dueños de vehículos motorizados.
El infractor estará obligado a ponerse al día en las tesorerías municipales, pues, de lo contrario, el vehículo afectado no tendrá derecho a patente. Si la morosidad persiste, la anotación del registro recién prescribirá al cabo de tres años.
La Moción, además, tiene por objetivo devolver a aquellas personas que se han encontrado en la indefensión la posibilidad de ejercer sus derechos.
A mayor abundamiento es dable destacar que las modificaciones de la ley Nº 19.676 establecen un sistema que se inicia como jurisdiccional, pues entrega el conocimiento de la denuncia a un Tribunal, que debe dictar sentencia escuchando al denunciado, o en su rebeldía, sin embargo, se continúa desarrollando un procedimiento imperfecto ya que las citadas enmiendas privan al Juez de toda atribución o facultad para hacer cumplir lo juzgado, toda vez que se saca de la esfera jurisdiccional para encargarle a un ente administrativo privado con fines de lucro el llevar un Registro de Multas no pagadas. Tanto es así que el Juez no ordena la comunicación a dicho Registro sino quien lo hace es el Secretario del Juzgado de Policía Local. se priva al juez de la facultad de ejecutar lo juzgado
Por otra parte, la inscripción en el Registro de Multas no pagada se efectúa respecto del vehículo radicándose en el vehículo, no en la persona, la responsabilidad infraccional, pudiendo no coincidir el responsable jurídico de la infracción con el propietario del vehículo. Como ejemplo podemos citar los casos en que existen contratos de arrendamiento del vehículo, leasing, contratos de trabajo de conductores y cualquier otro acto jurídico que otorgue la tenencia de un vehículo.
De ahí que se pueda burlar o eludir la responsabilidad infraccional y provocar respecto de la inscripción en el Registro de Multas No Pagadas recursos de protección y de nulidad de la inscripción, pues el efecto de esa inscripción es impedir el pago del permiso de circulación, privando al dueño del uso de su vehículo.
Creemos, no obstante haberse dictado el Reglamento respectivo y haberse adjudicado la licitación, y existir derechos adquiridos que pueden ser objeto de indemnización, es necesario legislar sobre estas materias, ya que el derecho de las personas es superior a todo otro valor material. De ahí que el texto legal establece un plazo para que queden sin efecto los derechos que bajo la vigencia de estas normas se generaron.
Finalmente, consideramos que la mera derogación de esta normas no es suficiente, por lo tanto, se propone otorgar una amnistía a todas aquellas personas que fueron objeto de infracciones de tránsito cursadas en forma irregular.
En mérito a los antecedentes expuestos tenemos el honor de someteros a vuestra consideración el siguiente
“Artículo 1º.— Deróganse el artículo 24, contenido en el Nº 7, y el artículo 24 bis, contenido en el Nº 8, del artículo 1º de la ley Nº 19.676, que modifica la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.
Artículo 2º.— Derógase el Nº 1 del artículo 2º de la ley Nº 19.676, que modificó el artículo 4º de la ley Nº 18.290, de Tránsito.
Artículo 3º.— Concédese amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de esta ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, salvo que hayan dado origen a un accidente de tránsito, Esta amnistía se extenderá, asimismo, a los propietarios de los vehículos motorizados cuando, en las mismas circunstancias, recaiga sobre ellos la responsabilidad subsidiaria que contempla el artículo 175 de la Ley de Tránsito.
Si en el respectivo proceso hubiere recaído sentencia ejecutoriada que haya dado lugar a una anotación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, éste procederá a eliminarla de oficio. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá recabar de dicho registro la eliminación de la anotación, con el solo mérito del certificado que, a petición verbal o escrita, le extenderá el juzgado de policía local acreditando el hecho de estar beneficiado por la amnistía a que se refiere el inciso primero.
No obstante, las multas que se hubieren enterado en la Tesorería Municipal respectiva no podrán ser objeto de reembolso alguno y la amnistía de que se trata no dará lugar a deducir acciones indemnizatorias de perjuicios en contra de la respectiva Municipalidad.”.
(Fdo.): Mario Ríos Santander.— Andrés Zaldívar Larraín.-

References: artículo 36
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 62
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 19
 Artículo 102
 artículo 105
 Artículo 103
 artículo 106
 Artículo 104
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 1

Artículo 2
 artículo 2
 artículo 4

Artículo 3
 artículo 175