Source: http://joaquinortegaarenas.blogspot.mx/2006/08/
Timestamp: 2017-06-23 00:05:25+00:00

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Joaquín Ortega Arenas Escribe y Se Pronuncia: agosto 2006
Es evidente que estamos en una grave encrucijada. El futuro inmediato del País se encuentra en manos de una Suprema Corte de Justicia que por su desempeño desde hace dos décadas ha perdido totalmente la credibilidad y la confianza de los mexicanos.
Para nadie es un secreto que el poco pueblo que votó, lo hizo como siempre lo hemos hecho en México, en contra de, no por. Y votó en contra del sistema hoy representado por un diverso partido que nos ha traído en apenas seis años, graves perjuicios cuya enumeración sería prolija, pero que a manera de ejemplo, mencionaremos que acabó con los ferrocarriles, con las fábricas de ácidos, con las fábricas de todo, con la producción agrícola, y hoy tenemos las tierras agrícolas ociosas y llenas de yerba y exportamos mano de obra , cada día mas mexicanos huyen de su miseria a costa de su vida, y en cambio importamos maíz, frijol , gasolinas, ropa, enseres domésticos. El zapato, orgullo de la tierra del señor presidente, cada día es menos y mas el que nos llega de China de contrabando protegido por las autoridades. Permitió el régimen la venta de los bancos, el mas redituable negocio después de Petróleos Mexicanos , sin recibir un solo centavo de impuestos. Permite el régimen el mas despiadado tráfico de drogas en aeronaves propiedad del Estado, ( Un solo avión de la Comisión Nacional del Agua, investigado tal vez por error, trajo CINCO TONELADAS Y MEDIA DE HEROÍNA ), cuyo destino se diluyó. A pleno sol, soborna el sistema a los funcionarios electorales y los mexicanos nos quedamos atónitos cuando, al día siguiente de las elecciones, les medio millón de pesos a cada uno y, no quiero ni imaginar lo que tienen prometido a los magistrados del Tribunal Federal Electoral por un “fallo” ad hoc. El Poder Judicial Federal se ha convertido en “nana” de las instituciones de crédito, y sus oponentes no tienen oportunidad alguna de ganar un juicio, aunque legalmente tengan la razón . Nunca faltará pretexto o interpretación torcida de la ley y de esa manera se les ha permitido dizque con base en el FOBAPROA, despojar ilegalmente a miles de mexicanos de sus hogares, de sus tierras, de sus negocios con la mas absoluta impunidad. No importa que existan denuncias ante las Procuradurías, Federal y Locales. Nunca serán investigadas con apego a la ley y menos consignadas, pero…
Esta situación tiene y tendrá a no dudarlo un alto costo social. La paciencia se agota. Están despertando al México Bárbaro que relatara en forma tan clara John Kenneth Turner. Que necesidad hay de eso. Estamos en los umbrales de otro 1810-1910, ¿2010? Porque no evitarlo. El último nos costó un millón de vidas y un retraso de mas de cincuenta años que no hemos podido reponer.
Para nadie ha sido un secreto el resultado REAL de las elecciones. Presuntos ganadores y presuntos perdedores saben perfectamente cual fue. Me parece que ese no es el motivo de la situación que vivimos, sino se trata mas bien de un asunto penal. Se han cometido en este sexenio tantas barbaridades, que los autores mas que conservar el poder, pretenden evitar las gravísimas sanciones que merecen por su conducta francamente antimexicana.
Se me ocurre, soñar no cuesta nada, una solución:
1.- Que el sacrosanto TRIFE, declare ilegales las elecciones y anularlas de plano.
2.- Que el Congreso designe un presidente provisional. Ya ocurrió en 1928 con el asesinato de Obregón.
3.- Que el Presidente Provisional, libere a los culpables de los atropellos del gobierno último .
4.- Que proponga una modificación a la Constitución, mediante la cual:
a).- Se modifique el sistema de voto “anónimo” y se establezca el voto DE LOS CIUDADANOS COMO TALES, COMO LOS PROTEGE LA LEY, CON NOMBRE APELLIDO Y FIRMA, OBVIAMENTE, CON DERECHO A LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE SU VOTO.
b).- Que se establezca el sistema de segunda y tercera vuelta y cuantas sean necesarias para que la persona que sea ELECTO Presidente del República, tenga un mínimo de CINCUENTA Y UNO POR CIENTO de los votos de los ciudadanos con derecho a SUFRAGAR.
c).- Que las elecciones sean calificadas por el pueblo representado por el Congreso de la Unión, como había sido antes de la catastrófica creación de “organismos autónomos dependientes del Poder Judicial Federal dependiente a su vez del Presidente de la República”, volviendo a las tesis sostenidas por los autores de la constitución de 1857 y don Ignacio L. Vallarta en sus “Votos”.
d).-Que dentro del plazo legal, convoque a nuevas elecciones. Estamos acostumbrados, porque así ha convenido al SISTEMA, a que nos gobiernen personas que nunca alcanzan ni siquiera el cuarenta por ciento de los votos de los electores, y eso mis queridos amigos NO ES NI SERA JAMAS DEMOCRACIA. Publicadas por
El sistema democrático generado por la Revolución Mexicana para la calificación de las elecciones y observado hasta la llegada al poder del enemigo de la democracia que nos gobernó durante el sexenio 1988-1994, ( se cayó el sistema y la caída fue calificada por muchos como ilegal ), determinaba la intervención como “colegio electoral” de la cámara de diputados entrante, formada por aquellos a quiénes se había entregado ya constancia de mayoría y eran por tanto, diputados electos.
El constituyente de 1917, con apego a la tradición constitucional mexicana, dispuso en la redacción original del artículo 60 constitucional, que cada cámara debía de calificar las elecciones de sus miembros y que sus resoluciones serían definitivas e inatacables, no procediendo en contra de ellas el juicio de amparo.
El Colegio Electoral, fue en un principio escenario de balaceras y mas, hasta que el P.R.I., por arte de magia siempre mayoritario, impuso docilidad y disciplina en el mismo.
El dócil poder legislativo, obsequió los deseos de los jefazos en turno, y cambió el sistema.. Creó un organismo burocrático dizque autónomo, ( no olvidar nunca el viejo refrán, “el que paga, manda) y para la organización y “control” de las elecciones se inventó el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
No era suficiente, y se inventó también un TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL, dependiente del Poder Judicial Federal cuyos miembros son designados por el Titular del Poder Ejecutivo, para calificar en definitiva las elecciones y dirimir cualquier controversia relativa a las mismas.
La “ Iglesia en manos de Lutero”, hubiera exclamado don Ignacio L. Vallarta, cuya estatua gigantesca se erige en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, ya que el ilustre abogado de la época profiriana, señaló en sus célebres “Votos”, la imposibilidad de que el Poder Judicial conociera de ese tipo de controversias, que no eran de su competencia sino del pueblo mismo, representado por el Congreso de la Unión.
Se inventó, en un nuevo golpe a la democracia, la figura de “diputados plurinominales”, designados que no electos, por los partidos políticos “ reconocidos “ por el Ejecutivo, y en el año de 1977 se promovió una reforma al artículo 60 constitucional, con objeto de establecer que el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, se integrara por los 60 presuntos diputados que de acuerdo con las constancias de mayoría registradas por la Comisión Federal Electoral obtuvieron el mayor número de votos y por los 40 presuntos diputados que en las circunscripciones plurinominales hubieran obtenido la votación más alta. Llovieron las protestas. La integración del Congreso de la Unión, quedaba totalmente a cargo del Poder Ejecutivo en turno, por la vía del “ reconocimiento “ a los partidos políticos .
En tiempos de Vallarta, la expresión de los deseos del pueblo no eran susceptibles de ser atacadas por el juicio de amparo, y en la actualidad menos , porque en manos de la supuesta autoridad “constitucional” de la Suprema Corte de Justicia, lo derechos, todos, del pueblo no son susceptibles de ser defendidos mediante el juicio de amparo. En materia de derechos políticos, como el derecho al voto y el derecho a defender ese derecho, se acabaron las garantías individuales para los “individuos” que, según reza el artículo 1 constitucional, “ gozaran de las garantías que otorga esta Constitución, las cuáles no podrán restringirse ni suspenderse…”
. Escuché hace días un comentario jocoso y trágico a la vez. Decía un conocido abogado que, “ el I.F.E., cocina el BIFE para que lo reparta el TRIFE “. Mas trágico que jocoso, por sus efectos, el sistema sintetizado por mi distinguido colega, alude, sin duda a que:
El Gobierno en turno, organiza y realiza las elecciones mediante una de sus dependencias el I.F.E. que, con el voto anónimo de los ciudadanos, cocina el BIFE, para que lo califique y reparta el Poder Judicial Federal, designado y pagado generosísimamente por el Gobierno en turno.
En pocas palabras. El Gobierno en turno, gracias a una amañadísima legislación, es juez y parte en la repartición de los puestos de elección popular. Hoy le ha tocado al P.A.N., que indudablemente pretende que sea por lo menos, por los setenta años en que lo hizo el P.R.I., pero, en ésta ocasión tal parece que “la magdalena no está para tafetanes “
Un error en el cálculo, será gravísimo para el País. El anterior nos costó UN MILLÓN DE VIDAS.
Maestro Franciso Arellano.
Doy contestación por este medio al A Mail que se sirvió enviarme en el que me señala la posible injusticia que he cometido al mencionar conductas no muy apegadas a la ley efectuadas por el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Mariano Azuela Güitrón.
Tiene usted toda la razón en aquello que me dice de don Mariano Azuela González. Con verdadero cariño y admiración recuerdo haberlo conocido allá por los años cuarentas, en los desayunos que los jueves invariablemente, convocaban a sus amigos en un café de la calle Madero, don Alfonso Reyes y don Alfonso de la Mora, exiliado español exgobernador republicano de Santander. Era yo el más joven, por no decir el único joven de los invitados, y mi admiración y respeto por el grupo de los contertulios que se reunían me tenía siempre atento de las palabras de todos y cada uno de ellos. Con especial deleite recuerdo a don Mariano Azuela González, de quién escuché años antes una frase que aún me estremece pronunciada en el Anfiteatro Bolívar en los años de treintas, con motivo de una reunión convocada en medio de uno de los constantes escándalos que los universitarios armaban, en la que escuetamente terminó un discurso señalando emocionado casi hasta las lágrimas, ¡ Oh Universidad, espejo de mi Patria!, y a don José Vasconcelos que, aunque poco acudían, en cada ocasión en que lo hacían, con su inteligencia y brillantez acaparaban la atención de todos los demás. Tuve la fortuna de que Don Mariano Azuela me regalara autografiado, la novela “Los de Abajo”, que me entregó en la sala de su casa por allá por la Colonia Santa María. Sin discusión, es uno de los mexicanos más brillantes del fin del Siglo XIX y la primera mitad de XX,
Conocí y colaboré en la Escuela Nacional de Jurisprudencia con don Salvador Azuela Rivera, uno los hijos de don Mariano, excelente maestro de Derecho Constitucional y orador en torno al cual nos agrupamos la mayoría de los universitarios para llevarlo a la rectoría. Extraño, pero cierto, ya existían las imposiciones por la fuerza y para desgracia de la Universidad, perdimos. El verdadero nazi que “ganó”, cambió la Ley Orgánica y terminó con la democracia universitaria para convertir nuestra amada casa de estudios en la gran oficina gubernamental burocrática que es hoy.
Fui alumno de Don Mariano Azuela Rivera y llegué a cultivar con él una buena amistad, riendo siembre por su ingenio y el de su inseparable amigo Francisco Liguori.
Mis hijas fueron alumnas de doña Carmen Azuela Rivera que les enseñó a tocar el piano, instrumento que dominaba a la perfección. Sábado a sábado las llevaba a la misma casona en que Don Mariano me entregó el preciado regalo de “Los de Abajo”, y las recogía dos horas después, aprovechando una hora mas para platicar, largo y tendido con doña Carmen, mujer como todos los de la familia, de una gran cultura y simpatía.
Conocí a Mariano Azuela Güitrón muy joven, Supe y agradecí su desempeño en el Tribunal Fiscal de la Federación y como Ministro de la Suprema Corte de Justicia, inteligente, trabajador y sobre todo, independiente, pero… un buen día lo designaron presidente de la Suprema Corte de Justicia y desde ese aciago día, en el Poder Judicial han sucedido cosas terribles, posiblemente “sugeridas” por el titular del poder ejecutivo, y no objetadas por el antiguo excelente jurista. Cosas que se antojan increíbles y que son del dominio público, como la protección irrestricta y descarada para los bancos e instituciones de crédito, organismos gubernamentales y descentralizados, entre los que recuerdo está, en la que un juez de distrito declaró, en contra de toda ley y principio de derecho y justicia, inejecutable una ejecutoria dictada por el Poder Judicial en juicio Civil, y orquestó que todos los tribunales encargados de conocer los recursos procedentes, los declararan, sin análisis alguno, obviamente por que no hay ni habrá justificación, “notoriamente improcedentes”. Los funcionarios involucrados en ese “affaire” (un juez de Distrito y Magistrados de una Tribunal Colegiado de Circuito) son acreedores de la cárcel, pero, nada pasará, porque el Consejo de la Judicatura Federal, `presidido por Don Mariano señaló que nada de malo hay en esas conductas.
Absolvió la Suprema Corte a Luís Echeverría Álvarez del delito INTERNACIONAL DE GENOCIDIO, por que está prescrito. Absolvió la Suprema Corte a Oscar Espinosa Villarreal, no por que no haya cometido el delito que se le imputó y probó, sino por que dizque fue juzgado por FUERO incompetente. En relación con el FUERO, los Tribunales Federales conocen de los asuntos que le importan al ejecutivo, y ese es su fuero actual, aunque existan centenares de Tesis Jurisprudenciales legalmente “obligatorias” que señalan lo contrario, y jueces de distrito, magistrados unitarios y magistrados de circuito, no tienen empacho en violar esas tesis, hecho que de acuerdo con el Código Penal es constitutivo de delito que, con la protección “de arriba”, nunca será investigado y mucho menos castigado, y eso no es lo peor. Lo peor es que el mal ejemplo cunde y lo que era un tribunal impoluto, está literalmente convertido en una cloaca.
Si le interesa, maestro Arellano, vuelva a escribirme y le enviaré toda la documentación con la que se acreditan las que parecen graves acusaciones infundadas, cosa que no hago públicamente porque cuatro de mis antepasados fueron ministros de la Suprema Corte, guardo para la institución un inmenso cariño y tengo la esperanza de que esa situación por la que atraviesa, sea pasajera.
Parece mentira. Los últimos gobiernos priistas idearon una manera ideal `para perpetuarse , por la buena o por la mala , en el ejercicio del poder, sin contar que el penúltimo, desde el día en que tomó posesión, se dedicó en cuerpo y alma a la destrucción del partido que lo llevó al poder, y por mano de su “delfín”, lo logró plenamente.
La fórmula es muy sencilla. Mediante un simple fraude a la constitución, se consiguió que los ciudadanos carecieran de derecho alguno a combatir legalmente el resultado amañado de cualquier elección.
El voto, debe ser libre y secreto…, pero se ha interpretado como libre y anónimo. Dado que basta con poner una cruz sobre los formatos que elabora un órgano burocrático al servicio del gobierno en el momento en que el ciudadano pinta su cruz y le ponen tinta en la mano para que no lo vuelva a hacer en esa ocasión, está renunciando a su calidad de ciudadano con derecho a exigir que se respete su voto, a las garantías de audiencia y exacta aplicación de la ley que señalan los artículos 14 y 16 constitucionales .
En verdad, el ciudadano NO HA VOTADO, no ha ejercido su derecho democrático de elección, ha pintado una cruz en un papel y ya. No ha cumplido con la obligación de votar, porque su voto no es suyo, es ANÓNIMO y con trapacerías como se acostumbra y se ha acostumbrado siempre en México, esa cruz anónima puede ser contabilizada para cualquier otro candidato, al gusto del INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
Durante muchos años, las elecciones eran calificadas por el pueblo representado en el Colegio Electoral del Congreso de la Unión por los ciudadanos favorecido con los sufragio popular. Una de las maniobras de los dos últimos presidentes priistas, fue abandonar ese sistema , crear un ÓRGANO BUROCRÁTICO, DIZQUE AUTÓNOMO, designado y pagado por el propio ejecutivo, que está encargado de realizar todos los trámites necesarios para la realización de las elecciones, Financiar a los “partidos” reconocidos por el gobierno; imprimir los votos, y realizar las elecciones mediante el VOTO ANÓNIMO; calificar esas elecciones y hacer la declaratoria que antes hacía el congreso relativa a la declaración de quién y quiénes eran los candidatos triunfadores. En esta última elección, a cada uno de los miembros del mentado I.F.E., POR SU “ARDUO TRABAJO”, AL DÍA SIGUIENTE DE LAS ELECCIONES LES DIERON UNA GRATIFICACIÓN DE MEDIO MILLÓN DE PESOS, No pienses mal, querido lector. No hay nada de malo en ello y está prohibida cualquier sospecha.
Una vez calificada la elección, las impugnaciones son tratados por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que actúa como parte y juez. Por un lado ha sido designado por el Presidente de la República, que además, arropa con toda clase de prebendas a los elegidos para ello, y la gratitud de los funcionarios, junto con el temor de ser blanco de ataques y sanciones por algún mal comportamiento, lo convierte en parte interesada en el resultado de las elecciones.
Todos los Presidentes hasta hoy han tratado de cubrir todas las ilegalidades que durante seis años han cometido, designando a su sucesor “que les cubra la espalda”, y ello influye en que deba ser considerado el tribunal de marras, como parte interesada. No obsta para ello, el que sean “jueces” y actúen como tales en el proceso electoral, y eso no tiene nada de raro. Los señores Ministros de la Suprema Corte son designados por el Presidente de la República y sin empacho alguno actúan desde siempre, como jueces en todos aquellos amparos en que la autoridad responsable es el señor Presidente de la República. Un Magistrado de la Corte Suprema de la Confederación Helvética , enterado de ese sistema me espetó como una opinión que me dolió en el alma, que eso no solo es ilegal, sin delictuoso, pero que le vamos a hacer si vivimos en permanente fraude a la ley, y en estos casos, A LA MISMÍSIMA CONSTITUCIÓN.
El momento político presente nos obliga a volver la mirada a una elección presidencial posiblemente muy similar a la presente.
En el año de 1909, Porfirio Díaz había agotado ya la credibilidad del pueblo en su gobierno después de 34 años de ejercer el poder mediante sucesivas reelecciones. La agitación y el descontento popular fueron canalizados por un coahuilense ilustrado y valiente, Francisco I. Madero, que para las elecciones que deberían realzarse en 1910, tuvo la idea de formar un partido “Antireleccionista”, La idea cundió por todos los confines del País como reguero de pólvora encendida y el número de sus adeptos fue creciendo en forma alarmante para el gobierno. A cada concentración que promovió acudieron miles y miles de ciudadanos cuyo descontento había venido guardándose por la falta de un líder.
Para evitar toda confrontación con el pueblo ya convertido en un caldero hirviente, el anciano dictador decidió “eliminar” el peligro, y ordenó encarcelar al señor Madero y evitar de ese modo que compitiera con él en las elecciones que deberían celebrarse en el mes de julio de 1910, año del centenario de la Independencia, hecho que recalentó aun mas la situación que, controlada por el ejército nacional permitió que las elecciones se realizaran teniendo como únicos candidatos al señor Presidente Porfirio Díaz y al eterno palero del mismo, Don Nicolás Zúñiga y Miranda.
El señor Presidente resultó electo por séptima vez por unanimidad de votos . Las campanas repicaron a placer y las fiestas parea conmemorar la que sería la última reelección del señor Díaz proliferaron en tanto la tropa mantenía “la calma” en el País.
Las fiestas del centenario tuvieron un inusitado esplendor, pero… tan solo después de dos meses, la república era escenario de una terrible guerra fratricida que nos costó UN MILLÓN DE VIDAS.
Se institucionalizó la República una vez apagadas las pasiones y tomó el poder el P.N.R., sucesivamente denominado P.R.M. y P.R.I. que con mejores formas de engañar a la gente, agotó totalmente su credibilidad en setenta años.
Afortunadamente en forma pacífica dejó su lugar al Partido Acción Nacional, que a decir verdad ha roto todos los records de duración. En solo SEIS años, ha agotado por completo su credibilidad en medio de escandalosos saqueos, como la venta millonaria de los bancos a extranjeros sin obligar a los compradores a pagar un solo centavo de impuestos, contratos para privatizar todo lo privatizable con pingües ganancias para los “operadores”, contratos trillonarios para los parientes de la familia presidencial y amigos que los acompañan, a mas de barbaridades sin cuento del titular de ejecutivo de la Nación ( “…comes y te vas…las lavadoras de dos patas, etc…) y escándalos sin fin como el público cohecho al Poder Judicial Federal con sueldos millonarios para sus miembros ( un señor ministro de la Suprema Corte “gana con regalías, automóviles, criados y gastos a su disposición casi un millón de pesos mensuales) , y el resultado de ese cohecho convertido en atrocidades sin cuento en perjuicio de la ley y la justicia.
Llegaron las elecciones y el candidato lógico a la presidencia, con algo de mesianismo que provoca reuniones millonarias en donde quiera, resultó a la vista de todos con una abrumadora mayoría de votos que tal parece le están escatimando, mas que por cuestiones políticas, por cuestiones penales , ya que no ha cesado de amenazar a los corruptos con la cárcel, lo que éstos, no pueden permitir y nos tienen al borde de un gravísimo conflicto que debemos evitar a toda costa.
Tiene en su manos este problema, el Tribunal Federal Electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que designado por el Presidente de la República y pagado por el Ejecutivo Federal, dista mucho de ser imparcial,
Este tribunalito sustituyó al verdadero poder popular en la calificación de las elecciones , al Colegio Electoral formado por los diputados electos por el pueblo como jueces, con compromiso único con sus electores , y ninguna liga con las autoridades federales en el poder.
Hay la posibilidad remota, pero posibilidad de que este tribunalito se haga un tribunal respetable con una resolución justa e imparcial, y mas vale que así sea. México es un País que cada cien años se sacude con un estallido de odio y estamos en los umbrales de la fecha fatídica.
La anterior insisto, nos costo UN MILLÓN DE VIDAS.
No tiene remedio. México es un País sin memoria, o al menos, con un pasado siempre olvidado.
Estamos viviendo una nueva época dorada de los impuestos. El Estado cobra por todo y por nada y sobre esa nada, 15% de Impuesto al Valor Agregado. Olvidamos, o no queremos recordar la crueles experiencias que el cobro exagerado de impuestos ha traído para muchos Países y a nosotros mismos: a Inglaterra le costaron la pérdida de sus trece colonias norteamericanas y a nuestro País, la pérdida de mas de la mitad de nuestro territorio, ya que no debemos olvidar que la revolución de los tejanos se gestó por el cobro inmoderado que de impuestos hacía Santa Anna, y el inmoderado uso también del “papel sellado”, banderas que tomaron para su guerra Sam Houston, Stephen C. Austin y nuestro querido yucateco exgobernador del Estado de México y del Estado de Coahuila, Lorenzo de Zavala, al que ninguna justicia le han hecho en Texas.
Corría el año de 1853, y la inestabilidad del Gobierno y los constantes alzamientos de militares dieron lugar a la renuncia del Presidente Mariano Arista y al nombramiento para sucederlo, del Presidente de la Suprema Corte Juan Bautista Ceballos que después de un mes en el cargo, lo entregó al general Manuel María Lomardini, quién a su vez, lo entregó a Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Leblón, que ocupó por Undécima vez la Presidencia de la República Mexicana, cuando el País, despojado de mas de la mitad de su territorio se debatía en una horrible miseria ocasionada sobre todas las cosas por la corrupción que caracterizó, y desgraciadamente sigue caracterizando a nuestros gobiernos postcoloniales.
Electo por las legislaturas de los estados, fue llamado de Jamaica, en donde se encontraba exiliado y llegó a Veracruz en el Paquebote inglés AVON el día 1 de abril de ese año, tomó posesión el 20 del mismo, y empezó una larga lista de decretos y órdenes, invariablemente encabezados con la fórmula “...Antonio López de Santa Ana, Benemérito de la Patria, General de División, Caballero de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y, Presidente de la República, a sus habitantes sabed...” y el 9 de mayo , decretó la centralización del Poder Público; el 14, centralizó las rentas de la Nación; el 20, creó un ejército de noventa mil hombres; el 20 restableció las “ ...alcabalas, sin perjuicio de la continuación de todas las contribuciones existentes...”
El dinero no alcanzaba, y el 3 de octubre de 1853, estableció impuestos de 2 reales mensuales a cada coche; un real mensual a las pulquerías de una sola puerta, y tres por cada puerta mas ; 2 reales mensuales por cada canal; medio real diario por cada puesto fijo o ambulante; cinco reales mensuales por cada coche o carruaje; de tres a quince pesos por cada carro de alquiler según su tamaño; por cada caballo según su clase, de uno a dos pesos mensuales, y un peso mensual por cada perro...
En 9 de enero de 1854, se decretó que deberían causar impuesto las ventanas, las puertas y las luces exteriores de las casas, “...cuatro reales a los zaguanes, cocheras, puertas de tienda, ..y tres reales a los balcones y ventanas...” y la cuota era mensual .
Como ha venido sucediendo hasta nuestros días, la crisis se retrasó con siete millones de dólares que a cuenta de diez, recibió el Gobierno por la venta de una porción del territorio nacional, “La Mesilla”.
Los impuestos exagerados y caprichosos, determinaron que el 1 de marzo de 1854, se iniciara la llamada Revolución de Ayutla encabezada por el anciano caudillo Juan Alvarez, que pronto fue secundada por numerosos caudillos más en todo el ámbito de la Nación.
Somos por definición un pueblo acostumbrado a obedecer y callar, y los depauperados ciudadanos empezaron a pagar los impuestos señalados por el dictador hasta que, no por falta de voluntad, sino por falta de dinero dejaron de cubrir las injustas cantidades señaladas por la autoridad. Los gastos que originaba la revolución de Ayutla, la pompa y el dispendio de Su “Alteza Serenísima” pronto dejaron vacías las arcas nacionales, no había dinero ni para pagar a los cobradores de impuestos, hasta que llegó el día, un 9 de agosto de 1855, en que Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Leblón, Benemérito de la Patria, General de División, Caballero de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y, Presidente de la República, hizo acopio de todo lo que pudo y huyó nuevamente a la América del Sur, concluyendo en forma abrupta su undécimo y último mandato presidencial.
De nada nos ha servido este triste ejemplo que originó un inútil derramamiento de sangre... Nuestros gobernantes siguen empeñados en sacar agua de las piedras, y hasta ahora lo han logrado. Lo dicho, somos un pobre pueblo acostumbrado a obedecer y callar,
Nuestra situación actual no es muy diferente. Nos hemos salvado hasta hoy del impuesto por los perros y las ventanas, pero pagamos impuestos por ganancias, por pérdidas, por consumo, por gasto, por trabajar físicamente, por trabajar intelectualmente, y un 15% mas, “sobre el valor agregado”, arrancado al pueblo con burlas y gestos obscenos a cargo del Presidente del Congreso, Diputado Roque Villanueva , hoy senador, bendecido además por el gobierno del cambio y en vías de aumento para gravar alimentos básicos y medicinas.
¿Hay acaso diferencia entre los impuestos santanistas a los caballos, a los carruajes, a las sillas de montar, y “la tenencia y uso de vehículos” ? ¿Entre el impuesto predial determinado por las autoridades a capricho y sin tomar en cuenta la capacidad contributiva de los causantes que ha dado origen al abandono de grandes sectores de la vieja Ciudad, como es el caso de Coyoacán, en la que, habitada por intelectuales “pobretes” que han huido al alza de las contribuciones prediales ha dado oportunidad para la “venta” de “uso del suelo” para centenares de “Condominios” de lujo en callejones coloniales estrechos, que convierten la circulación vehicular, muy numerosa, en un permanente caos? ¿Que diferencia podemos encontrar entre el impuesto decretado por el dictador a “las linternas y lámparas” y el alza constante de las tarifas eléctricas? La Mexican Light and Power Company, nos explotaba inicuamente con tarifas bajísimas, hasta que el Presidente López Mateos “nacionalizó” la Industria eléctrica. Desde entonces el servicio ha empeorado. Las tarifas se han elevado hasta las nubes. Se acabaron las inversiones en mantenimiento y ampliación de la industria, y hoy, es necesario privatizarla nuevamente. ¡Que edificante panorama! Para garantizar la sumisión de los pocos mexicanos que protestaran, el Presidente Santa Ana creó por Decreto de 20 de mayo de 1853 un ejército de noventa mil hombres. Hoy tenemos para “salvaguardar las instituciones” un muy moderno ejercito de doscientos cincuenta mil hombres (aunque de cierto se sabe que anualmente desertan, entre soldados y marinos, cerca de cien mil efectivos, quienes seguramente llegaron al ejército y la armada más empujados por el hambre que por vocación, y hoy entrenados para matar con todo tipo de armamentos sin otro oficio ¿a què podrán dedicarse fuera de “las instituciones”?) lo que, sin embargo, no deja de costar a los contribuyentes un alto porcentaje del ingreso interno bruto.
Podemos contar con los préstamos que sean necesarios para aumentar a los miles de millones de dólares en los que esta empeñado todo el País. Una operación de miles de millones de pesos efectuada entre dos instituciones de crédito, una mexicana y una extranjera, no causó un solo centavo de impuestos, pero cada uno de los cuarenta y tres millones de mexicanos y mexicanas en estado de extrema pobreza, deberá pegar un impuesto por cada tortilla con chile y frijoles que se coma para paliar su sempiterna desnutrición. Aunque no todo anda mal, todavía podemos compartir nuestra misérrima dieta con uno o varios perros sin pagar impuestos por ellos.
Poco a poco, pero en forma inexorable, hemos entregado aquel recurso que Ramón Lòpez Velarde calificó de herencia del diablo, cuando en su inmortal “Suave Patria” señaló;
“,,,El niño Dios te escrituró un establo,
Y tus veneros de petróleo el diablo…”
Durante el gobierno delirante del general Cárdenas, lo expropiamos. Lo detentaban al unísono varias de las compañías petroleras que manejan, han manejado y seguirán manejando el petróleo del mundo entero. Las inefables “Siete Hermanas” . Un fondo no muy claro estuvo siempre presente en el patriótico acto. Se avecinaba ya fatalmente la Segunda Guerra Mundial, y Royal Dutch & Schell , empresa holandesa creada por Henry Deterding, era propietaria del ochenta por ciento del petrolero mexicano. Eso no podía ser permisible para el Gobierno Norteamericano y envió a México como embajador al señor Dwigt D. Morrow para que convenciera al Presidente Calles de la necesidad de que México “expropiara” los bienes con los que las compañías petroleras exploraban, explotaban y distribuían el petróleo mexicano. Falló en su intento. El Presidente Calles se negó a hacerlo. --- No podemos luchar en contra de las siete hermanas. Cualquiera de ellas es mucho mas fuerte que cualquier País petrolero del mundo, excepción hecha de los Estados Unidos. Si expropiamos corremos el riesgo de que con el tiempo nuestro petróleo sea controlado solo por los Estados Unidos--- fue su razonamiento.
Cambió el gobierno pero, cada día que pasaba era más cercano el estallamiento de la guerra y nuestro vecino del norte envió a México como embajador a Josephus Daniels, para que continuara con la negociación que iniciara Morrow. Tuvo pleno éxito como puedes amable lector constatarlo directamente si lees el libro “ Short sleaves diplomacy” escrito por el propio Daniels y publicado por la Universidad de Carolina del Norte. Entre medidas francamente teatrales y artificiales se “expropió” el petróleo y es una alta gloria de este País, pero, el tiempo vengador nos ha venido revelando la verdad. Hemos entregado a Estados Unidos públicamente a partir del gobierno de Miguel Alemán, la exploración, la explotación y ahora estamos a punto de entregar la distribución del petróleo. Una malhadada NORMA MEXICANA 005, inventada por el Secretario de Economía, hecha decreto por el Presidente de apellido en Inglés, establece condiciones a cargo de los distribuidores hasta hoy mexicanos, que pronto, muy pronto tendrán que dejar ese último reducto de nuestra ”grandeza” petrolera en manos de las inefables SIETE HERMANAS. Pronto, ya muy pronto, nuestras gasolineras serán EXXON, CHEVRON, TEXACO, SHELL, etc. El gobierno federal ha recibido hasta ahora de Petroleos Mexicanos el 40% del presupuesto de egresos ¿que perspectiva tenemos para cuando Petróleos Mexicanos deje de pagar impuestos y estos sean condonados a las empresas extranjeras por “interés nacional”.
Por lo que respecta a los impuestos, pagamos ya por todo y por nada. Nos falta pagar por las ventanas y por fortuna, la ignorancia de nuestros gobernantes nos protege del mal ejemplo que nos dejó el gobierno de Su Alteza Serenísima Don Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Leblón, Benemérito de la Patria, General de División, Caballero de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y, Presidente de la República,
I.- ¿PORQUÉ?
A lo largo de muchos años, un considerable número de intelectuales, académicos y publicistas, han tratado inútilmente de desentrañar la naturaleza esencial y las características funcionales que distinguen al sistema jurídico-político mexicano, llamado por ellos mismos, como si se tratara de una entidad fantasmagórica: “el sistema”. Dicha empresa ha abarcado tanto lo relativo a la forma y el sentido de sus instituciones fundamentales y sus leyes y programas de gobierno, como aquella infinidad de prácticas (legislativas, políticas, electorales, judiciales, burocráticas, administrativas, financieras, policiales, etc.) en las que “el sistema” cobra realidad en el mundo de la vida social y produce efectos concretos y tangibles en la vida presente y futura de millones de hombres y mujeres. Ese esfuerzo, que no dudamos en calificar como inútil y que ha consumido enormes cantidades de tiempo y de recursos intelectuales y materiales, ha fallado habitualmente porque parte de la idea, falsa, de que México, desde el inicio de su vida como nación independiente, ha contado —exceptuando las breves aventuras imperiales de Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo—, con instituciones estatales formalmente republicanas y formalmente democráticas, con poderes formalmente soberanos (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) respetuosos de sus facultades y competencias y, finalmente, con buenas leyes, formalmente justas y equitativas. Es decir que, generalmente, se han estudiado su historia política y su vida pública como sí el conjunto de sus instituciones jurídico-políticas fuese en sí mismo bueno, racional, equitativo y justo; llegándose las más de la veces a la conclusión de que la injusticia, la antidemocracia, el autoritarismo, la corrupción, la impunidad y todos y cada uno de los vicios sociales que efectivamente padece, fueran únicamente efecto de malos gobiernos y peores gobernantes.
Hoy en día, es aún frecuente escuchar o leer comentarios y análisis que consideran el presidencialismo, el marco parlamentario y la actividad legislativa, la legislación mexicana y todo su sistema judicial, como instituciones jurídico-políticas “de las más avanzadas del mundo”, sin reparar en el hecho de que los grandes males y los grandes problemas que fatalmente la aquejan, no son exclusivamente efecto de los gobiernos autoritarios, ineficientes, corruptos e impunes que ha padecido y padece, sino que aquellos existen y actúan sólo para perpetuarse en el poder —aún después de autoproclamarse como gobiernos “del cambio”—, ahí en donde el conjunto de las instituciones, especialmente las que tienen que ver con la salvaguarda del estado de derecho y la administración de la justicia, no sólo permiten, sino aun justifican y solapan, exactamente lo contrario.
Más acertado que intelectuales y estudiosos —o menos comprometido con “el sistema”—, el escritor y político peruano-español Mario Vargas Llosa, acuñó una expresión que indudablemente recupera, califica y describe la naturaleza profunda, la esencia misma del ser y el hacer del sistema jurídico-político mexicano: “México –afirmó- es una Dictadura Perfecta”. Con ello, lo que el escritor decía era bien simple:
Una dictadura, sin más, se entiende como un régimen o una forma de gobierno en donde no existen ni funcionan instituciones libres, autónomas o democráticas; un régimen que dirige, arbitra y sanciona todas y cada una de las prácticas sociales en función directa de la conservación de sus poderes y del ejercicio de sus facultades gubernativas, nunca sujetas a la aprobación plebiscitaria de instancia deliberativa alguna; un ejercicio de gobierno en donde los intereses de los gobernantes y de los grupos sociales que los apoyan y les son afines se enuncian, imponen y ejecutan a través y con el concurso de los aparatos estatales creados para el efecto: parlamentos, tribunales, policías, ejército y sistemas represivos y carcelarios. Una dictadura, en fin, es una forma de gobierno en donde el Dictador y su séquito institucional actúan por sí, ante sí y para sí, sin concebir y menos conceder la elaboración y aplicación de otras propuestas, otros programas, otras empresas y otras leyes que no sean aquellos que favorecen su permanencia en el poder. Solo que, ese tipo de dictadura no es perfecta: porque se impone directa y abiertamente por medio de la fuerza.
La Dictadura Perfecta no es, en el fondo, muy distinta. Pero su forma, su sentido y su discurso, son diametralmente opuestos. En la Dictadura Perfecta suceden elecciones aceptablemente libres; hay partidos políticos; funcionan cámaras de Diputados y de Senadores que, se dice, discuten y aprueban leyes “a favor de la nación y de todos y cada uno de los mexicanos”; existe un sistema judicial, nominalmente soberano, que a través de sus instancias federales y estatales conoce, aplica y hace cumplir las leyes, de manera presumiblemente imparcial y expedita; cuenta con un poder ejecutivo, electo libremente, que formalmente cumple y hace cumplir la ley para conducir y llevar a buen puerto, siempre por supuestos medios consensados y democráticos, equitativos y transparentes, a la nación entera. Sin embargo, como sucede en México, a través del “sistema” la dictadura existe, está representada y se ejerce a través de los actos públicos y privados de una camarilla gobernante que actúa por sí, ante sí y para sí con los inocultables objetivos de garantizar su permanencia en el poder y de satisfacer sus más caros intereses personales y de grupo.
En resumen, en la Dictadura Perfecta sucede exactamente lo mismo que en una dictadura a secas; pero éso mismo, aquí, es, o más bien parece ser, legal, democrático, equitativo y justo. Porque la Dictadura Perfecta aparentemente no impone sus objetivos e intereses particulares y de grupo al resto de los mexicanos por medio de la fuerza, sino a través de un sofisticado mecanismo de simulación de virtudes y disimulo de defectos en donde el conjunto de las instituciones públicas y un amplio sector de las instituciones privadas, sobre todo el sistema financiero y los medios masivos de comunicación operan cotidianamente al margen de la legalidad, pero igualmente participan y cooperan de manera solidaria y mancomunada en una, que no es sino la misma estrategia discursiva, para proclamar machacona y estridentemente, la “necesidad histórica” de sus programas, intereses y propuestas, y la “pertinencia” la “eficiencia”, la “vocación de servicio”, el “patriotismo” y la estricta “legalidad” de todos y cada uno de sus actos.
Sin embargo, México, un país que dice poseer instituciones político-jurídicas de vanguardia, permanece sumido en una profunda crisis moral, cuyas manifestaciones particulares (sociales, económicas, políticas, jurídicas, culturales) no son sino el efecto natural de un modo particular del ser y el hacer de un Estado nacional cuyas trazas dictatoriales y modales totalitarios, pueden sustentarse, y de hecho se sustentan, en una constitución que carece de obligatoriedad real, de coercibilidad verdadera, y es sabido que nula jurisdictio sine promodica coercione.
En los Estados Unidos de América, el Congreso y los Congresos estatales tienen PROHIBIDO PROPONER LEYES QUE OBSTACULICEN O IMPIDAN EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CIVILES ESCRITAS O NO, DE LAS QUE GOCE EL CIUDADANO (Enmiendas I, II, III, IV, XIV, XV y XIX de la Constitución norteamericana).
En México, todas las libertades civiles, que en cualquier país civilizado del mundo tienen como contraparte las limitaciones tajantes de la actividad del estado que garanticen su ejercicio, son concesiones constitucionales graciosas, de un Estado dictatorial y, por ello, están sujetas para su ejercicio, a las condiciones con las cuales sean permitidas por las leyes.
¿Y las leyes? Dictan las leyes congresistas electos bajo el estricto control corporativo de una población de capacidad disminuída que, a falta de una real representación, integran una legislatura sometida a intereses “de partido”, y sujeta a todo tipo de cesiones y concesiones en aras de intereses “partidarios”.
A este régimen jurídico aún de corte feudal, se debe la cínica e inevitable corrupción que existe en México. Hay que obtener permiso para todo acto de la vida. SOMOS PERMISIONARIOS DE LA EXISTENCIA, NO CIUDADANOS LIBRES.
En esa estructura jurídica y política, está implícita la voluntad estatal de mantener a los mexicanos en condición jurídica subordinada. Una mayoría de ciudadanos de condición jurídica disminuída tiene siempre como contraparte una minoría privilegiada y tal relación se expresa precisamente en la estructura jurídica y política del país, que sirve para mantener los privilegios de la minoría que, desde cualquier partido, se ha eternizado en el poder estatal, no gracias a su eficacia, sino a sus privilegios legales y políticos, sostenidos a costa de anular las libertades civiles de la mayoría de los mexicanos.
El sistema jurídico establecido crea por tanto un poder ejecutivo dictatorial, omnímodo y omnipotente; un poder legislativo que traiciona cotidianamente sus principios y conspira en contra del resto de los mexicanos y de los verdaderos intereses nacionales; una legislación general ambigua y permisiva y, finalmente, en una administración de justicia sumisa y corruptible.
Define el artículo 40 de la Constitución vigente al Estado mexicano como:
Nada más alejado de la realidad política que esa definición.
No existe una Federación, porque los Estados no son libres ni soberanos. Una Federación es, por definición, la acción de unir mediante alianza, liga, unión o pacto entre varios estados. ( Del latín, foederare, unir ).
La Constitución de 1824 estableció el régimen federal, en contra de la opinión del Diputado neolonés Servando Teresa de Mier, quien señalaba que no se estaba verificando una unión de entes soberanos, sino la continuación de un régimen centralista como lo era el monárquico español.
Los Estados se crearon por la constitución misma, se les señaló la característica de "libres y soberanos" que jamás han tenido, y así continuamos con la ilusión de la "federación".
La Federación la conforman los estados ya existentes que, al unirse, se comprometen a aportar y sufragar los gastos que la federación demanda, en la medida de las posibilidades de cada uno. En México, la Federación creó los estados que la iban a componer y ha seguido creando nuevos estados, pero…
No es la Federación Mexicana la que administra el total de los ingresos del País y los distribuye a su antojo, estableciendo cuál o cuáles, graciosamente, permite obtener a los "estados". Es el Gobierno Federal, a quién se ha identificado indebidamente con la “Federación”
Surgió con el tiempo el descontento con el Gobierno Federal suplantando a la Federación misma, y éste, sin importarle su origen temporal, ha buscado la forma de que continúe el falso estado de cosas en que se vive. ¿Cómo lo ha logrado?
El imperio de la Ley, se encuentra en México limitado al arbitrio y decisiones presidenciales, y en los 180 años transcurridos desde que se estableció el régimen federalista por el Congreso de 1823-1824, se ha venido fraguando la desaparición total de ese sistema político, hasta llegar nuevamente a un virtual absolutismo monárquico en el que han quedado aniquilados la propia federación y la democracia representada por el voto libre y secreto de los ciudadanos.
El primero que dejó de tener vigencia , es el que reza que los Estados son "... libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior..." , principio hoy anulado por el establecimiento del Juicio de Amparo y su desviación total, logrado desde tiempos de Antonio López de Santa Anna, mismo que ha determinado que el régimen interior de los presuntos "estados", se vea sujeto en todo y por todo a la resoluciones que dicte el Poder Judicial Federal, derivado de la perversión total del primitivo juicio de amparo con el que, a mediados del Siglo XIX, pretendió Manuel Crescencio Rejón, sin éxito alguno, poner coto a los abusos de poder y violaciones constitucionales que constantemente efectuaban los gobiernos militares que sucedieron al de la Corona española, al plantear la necesidad de que, respetando la soberanía de los estados presuntamente federados, se pusiera en manos de los Jueces de Primera Instancia y los Tribunales del Fuero común, la potestad de amparar a «...los que les pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo, breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados.», es decir, la facultad de interpretar y cumplir la Constitución Federal.
La proposición de Manuel Crescencio Rejón, que revivía los viejos recursos de fuerza y de poder existentes, en España en tiempos de Alfonso el Sabio, y en Suiza en los de Gullermo Tell, quedó totalmente desvirtuada por la intervención del Presidente Antonio López de Santa Anna, quien determinó que tales facultades se reservaran por siempre a la Justicia Federal, limitando la soberanía de los Estados Federados mediante los artículos 22 y 25 del Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, el 18 de mayo de 1847 que, sobre las rodillas , casi clandestinamente, y mientras México era invadido por los norteamericanos, redactó el rico joven jaliciense Mariano Otero, y en el que estableció la competencia única y exclusiva de los Tribunales de la Federación, para aplicar la Constitución, conservando la facultad de sentencia o dictamen, el cual fue, a no dudarlo, el primer golpe bajo a la soberanía de los Estados, agravado después el 12 de noviembre de 1908, en plena dictadura porfiriana, cuando se amplió la esfera de procedencia del juicio de amparo a asuntos que “… correspondan al orden judicial ..”
Se estableció además el “principio Otero”, que limitó la procedencia y efectos del juicio de amparo, “solo a instancia de parte agraviada”, tan celebrado por nuestros abogados, ignorantes no sólo del derecho, sino de la historia patria, ya que ha permitido que se actúe permanentemente fuera de la ley que, habiendo sido declarada inconstitucional, puede seguir aplicándose sin recato ni castigo alguno.
Así, toda autoridad puede realizar actos inconstitucionales, salvo contra aquellos que obtengan un amparo.
Una ley, aun habiendo sido declarada inconstitucional, puede seguirse aplicando a quienes no ganaron un amparo contra ella.
Los jueces pueden aplicar leyes y ejercer acciones inconstitucionales, porque la constitucionalidad de los actos sólo puede decidirla la Federación y así, la dictadura perfecta se ha logrado al federalizar la administración de justicia, la toma de decisiones y la distribución de los recursos económicos, para después someterla al arbitrio del Poder Ejecutivo.
La facultad de gobernar, la facultad de legislar y la de impartir justicia, en su totalidad, quedaron en manos de la Federación. Los Estados “libres y soberanos” perdieron totalmente su soberanía.
Para consolidar el sistema absolutista, actualmente en vigor, durante el gobierno del Presidente Victoriano Huerta, se hizo la reforma al artículo 92 Constitucional, el 4 de junio de 1914, en la que se determinó que «…los Ministros de la Suprema Corte serán electos por el Senado en escrutinio secreto y precisamente entre las personas que proponga en terna el Presidente de la República...» principio que acogió la Constitución vigente . Terminó de golpe la democracia legalmente establecida, al dejar al margen la elección de los individuos del Poder Judicial, sustituida por su “nombramiento” y, con ella, concluyó también la independencia del mismo. Normalmente es causa de inhabilitación de un juzgador el participar como tal, juzgando a su benefactor, es decir, a quien le dio “nombramiento” pero aquí en México, no lo es.
En 1994 se crearon, con nuevas reformas a la Constitución, los Tribunales Electorales, entre cuyas funciones está la de anular la elección de cualquier tipo de funcionarios; y no cuesta ningún esfuerzo concluir que, con esta medida, ha muerto la democracia, ya que el voto “libre y secreto” de los ciudadanos, puede ser declarado nulo por los tribunales electorales del Poder Judicial Federal, sin siquiera tomar en consideración a los ilusos que lo emitieron.A lo largo de los noventa y tres años de vigencia de la actual Constitución mexicana, se ha reformado más de dos mil doscientas veces y, en esas reformas, se han venido estableciendo fueros y privilegios corporativos y monopolios que reservan, a favor del estado, el ejercicio de las libertades civiles y los derechos humanos.
Se ha establecido, por norma constitucional, el trabajo legislativo mediante el funcionamiento de fracciones parlamentarias y, con esa medida, ha desparecido la esencia de la representación popular directa de los habitantes de cada región del País. De hecho, ya no existen los representantes populares. Han sido substituidos por fracciones de los partidos políticos, mas no de todos, sino únicamente de los que han sido aceptados y reconocidos por la Federación que, en las discusiones de leyes o proyectos en las Cámaras legislativas, deben votar en masa, por consigna partidaria, y, lo que es peor, una buena parte de diputados y senadores ya no son electos por el pueblo, directamente, en forma democrática. Ahora son “propuestos” por los partidos aceptados por la federación.
Las medidas legales “adoptadas” constituyen un cáncer que ha minado nuestras instituciones democráticas, y la cura necesaria debe ser radical: Extirparla, pero ¿cómo?
El Juicio de amparo fue en el Siglo XIX una necesidad para limitar los abusos del poder, y constituyó un medio de defensa eficaz para los ciudadanos, aun con las limitaciones impuestas por el Presidente Santa Anna. Hoy se ha convertido en manos del ejecutivo, en un arma en contra de los ciudadanos.
Las “reformas “ constitucionales adoptadas a partir del sexenio delirante 1934-1940 han ido desarticulando por completo el dizque sistema democrático del que, alguna vez, presumimos los mexicanos. De democrático no queda nada al sistema actual.
En 1935 , indudablemente con miras futuristas se modificó la Constitución y se aniquiló al Poder Judicial de la Federación.
Se inventó el corporativismo para todo y sólo el 7 de julio de 1940, las elecciones presidenciales se decidieron a balazos. Vinieron los cochupos “pacíficos”, la guerra sucia, las caídas del sistema, el asesinato nunca aclarado del candidato oficial y el “constituyente permanente” que ha eliminado de hecho al Poder Legislativo, en la creación de las leyes, ya que, con una interpretación directa del artículo 92 constitucional realizada por la Suprema Corte de Justicia, se ha permitido que simples “normas administrativas”, dictadas por secretarios de estado, se conviertan el “leyes autoaplicativas” ( caso específico, el despojo de sus concesiones a los gasolineras, para entregarlas a Exxon, Chevron, Shell Oil; los contratos de Servicios Múltiples para explotación de gas natural que realiza Petróleos Mexicanos, a favor de empresas extranjeras etc. etc.), en contra de cuales no proceden los recursos administrativos, sino el juicio de amparo indirecto que,…no lo van ustedes a creer, forzosamente debe resolver la suprema corte.
Claro, de por medio se ha tenido que agradecer a diputados, senadores y ministros de la suprema corte, su comprensión y apoyo y, además de sus ya elevadísimas “dietas”, se les han asignado riegos, comisiones, viáticos, embutes y regalías sin límite.
El monopolio constitucional de la legalidad y la constitucionalidad de los actos públicos y privados por un Poder Judicial monstruoso, corrupto y al servicio del ejecutivo, nos ha llevado a una simple simulación de estado de derecho.
Se reformó la Constitución en tiempos de Zedillo y se creó, a semejanza con los países verdaderamente civilizados, un Consejo de la Judicatura Federal OMNIPOTENTE, DEL QUE ES PRESIDENTE TAMBIEN EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE, QUIEN LEGISLA CON SIMPLES ACUERDOS “ DE PLENO”, INATACABLES, EN CONTRAVENCIÓN NO SOLO CON LAS LEYES ORDINARIAS, SINO HASTA DE LA MISMÍSIMA CONSTITUCIÓN, Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE TENEMOS OBLIGACIÓN DE ACATAR, COMO SON LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA CARTA DE LOS ESTADOS AMERICANOS , Debemos poner un remedio, pero
II.- ¿CÓMO?
Solo la vuelta al principio, al verdadero estado federal, con respeto irrestricto a la soberanía de los estados, sus tribunales y sus instituciones democráticas, se resolverá el problema antes de que lo haga un estallido social gravísimo, como los que ha tenido México cada cien años.
Para ello se hace necesario:
I.- El restablecimiento de la elección directa y democrática de todos los funcionarios públicos, ya sean del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial.
II.- El rescate de la soberanía de los Estados “libres y soberanos”.
III.- Una mejor administración de justicia en la que destaque:
a).- La desaparición del juicio de amparo en cuestiones que “… correspondan al orden judicial ”, como lo había planteado Rejón, ya que cada estado soberano es responsable de procurarlas en el ejercicio pleno de su soberanía, siempre sujeta al pacto federal.
b).- La limitación de la competencia de la Justicia Federal a los asuntos meramente federales. No hará falta, además de la Suprema Corte de Justicia, más que unos cuantos juzgados.
c).- La eliminación de los centenares de Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito existentes que, dígase lo que se diga, sólo constituyen una simulación absoluta , una duplicidad inútil de la cuasi justicia que imparten, sin soberanía alguna, los tribunales judiciales de los Estados y la que “imparte “ la cuasi “justicia federal”.
Basta para aquilatar la importancia del problema, señalar que en la República hay TREINTA Y DOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, uno por cada Estado y uno por el Distrito Federal, y CIENTO SETENTA Y DOS Tribunales Colegiados de Circuito encargados de revisar confirmar o revocar, en juicios de Amparo Directo, los fallos de los Tribunales mencionados de los Estados dizque Libres y Soberanos.
Existen SESENTA Y OCHO Tribunales Unitarios de Circuito, encargados de las apelaciones en materia federal y la tramitación de juicios de amparo por violaciones a la legalidad de las resoluciones de otros tribunales unitarios.
Hay actualmente DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Juzgados de Distrito encargados de revisar, confirmar o revocar en vía de amparo Indirecto, todas y cada una de las decisiones administrativas o leyes que dicten los poderes correspondientes en los Estados, y tramitar los juicios que corresponden al fuero federal.
En esencia, no haría falta más de un Juzgado de Distrito y un Tribunal Unitario en cada Estado, que ventilen los juicios Federales y conozcan exclusivamente sobre Constitucionalidad.
d).- Tal vez podría conservarse el juicio de amparo, en asuntos que “correspondan al orden judicial ..” imitándosele a lo que en los países sajones se conoce como “Habeas corpus”, «...los que les pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden judicial…” como señalaba Rejón, con lo que serán innecesarios los costosísimos centenares de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito y Consejos de la Judicatura hoy existente, conservando únicamente los necesarios para el control de la constitucionalidad de leyes.
e).- Para el control de la constitucionalidad en los actos de cualquier autoridad, basta con sancionar penalmente, en forma enérgica, las violaciones a las garantías individuales. Cada amparo que la Justicia Federal concede implica la comisión de un delito NO PENADO HASTA LA FECHA, lo que debe evitarse, castigando severamente a cualquier autor de violaciones a las garantías individuales, juzgado por Jurado Popular electo libremente en cada caso por los ciudadanos.
f).- Es de ingente necesidad la separación de las funciones otorgadas por el artículo 102 constitucional al Ministerio Público, tanto Federal como Local, que lo convierten en juez y parte en todos los asuntos , a mas de que esa poderosa institución, designada por los ejecutivos local y federal, tiene la función de consejera de los ejecutivos. Debe crearse la Institución del Fiscal Federal, como un puesto de elección popular, revocable en todo momento mediante plebiscito, con la función de investigar, perseguir y gestionar judicialmente la sanción de los delincuentes y reservarse el cargo de procurador para el abogado del Poder Público.
Una reforma oportuna de los sistemas judiciales redundaría en:
I.- El retorno a la legalidad absoluta, que es una ambición perenne de todos los pueblos.
II.- En México tendría como primer efecto, un inmenso ahorro a la federación con la desaparición de un 90 a 95% de los tribunales federales, judiciales, administrativos o electorales que sólo ha servido para aniquilar la impartición de justicia; el renacimiento de la democracia necesaria para que el Poder Judicial responda a sus electores y no a quien los ha designado y, por sobre todas las cosas, la eliminación de la corrupción que ha generado el crecimiento inútil y desmedido del aparato judicial federal.
III.- Haría desaparecer las posibilidades cada día más amenazantes de un estallido social, como los ocurridos en México cada cien años, que tal parece estamos esperando para el 2010.
Finalmente —lo que ya no es frecuente en estos desencantados días—, en la perspectiva de recuperar para nosotros mismos nuestro futuro inmediato y de garantizar la viabilidad de nuestro país como nación independiente, formulamos una esperanzada y radical propuesta de reconstrucción social, cuya premisa básica es el rescate y la vigencia del verdadero estado de derecho, por la vía de la reconstrucción moral, legal e institucional, de nuestro ahora devastado, corruptible y maltrecho sistema de justicia. No bastaría acabar con el control corporativo que existe sobre los partidos políticos a través del registro, ni con el cohecho real de esos partidos por medio del subsidio. No bastaría, porque el ciudadano que debe votar seguiría sujeto a interdicción, a control directo, prisionero de conciencia dentro de las corporaciones en las que es, por la fuerza afiliado, a las que cotiza forzosamente y de las que dependen su actividad y su vida. Seguirá imposibilitado para defender eficazmente sus intereses, e imposibilitado para ejercer cotidianamente, en sus asociaciones libres una verdadera democracia.
El remedio es fácil y está al alcance de las legislaturas estatales, cuyo principal objetivo debe ser siempre preservar la soberanía y la libertad de los estados hasta hoy formalmente libres y soberanos.
Para acceder a las libertades civiles y la democracia, se requiere modificar la constitución. Establecer en el capítulo de las garantías individuales las mismas prohibiciones al congreso y a la acción estatal que existen en los Estados Unidos, para obstaculizar, reducir o coartar las libertades civiles; la misma vigencia de todas las libertades escritas o no escritas, inherentes a la actividad ciudadana y, suprimir de ella la forma actual en que las libertades ciudadanas se nos conceden restringidas, como "permiso" del Gobierno, a cambio de todo tipo de corrupciones. LA ELIMINACIÓN DE LOS NÚCLEOS, SECTORES O GRUPOS PRIVILEGIADOS CON INFLUENCIAS O FUEROS ESPECIALES, para establecer la verdadera igualdad entre los ciudadanos. Establecer como derecho Inviolable de todo ciudadano, la posibilidad de llevar a juicio a cualquier funcionario que lo requiera, sin necesidad de procedimientos intermedios e, insistimos, establecer como delito grave la violación de los derechos del hombre y el ciudadano, convertidos formalmente en las garantías individuales establecidas en la Constitución vigente.
En el principio todo era el caos.
¡Lo logramos! En setenta y un años de políticas equivocadas, los mexicanos hemos vuelto al caos en todos los órdenes: económico, jurídico, político y social.
El panorama político en este fin del sexenio del “cambio”, no puede ser más desolador y triste.
Las “reformas“ constitucionales adoptadas a partir del sexenio delirante, 1934-1940, han ido desarticulando por completo el dizque sistema democrático del que alguna vez presumimos los mexicanos. De democrático no queda nada al sistema actual.
En 1935, indudablemente con miras futuristas, se modificó la Constitución y se aniquiló al Poder Judicial de la Federación.
Se inventó el corporativismo para todo y sólo el 7 de julio de 1940, las elecciones presidenciales se decidieron a balazos. Vinieron los cochupos “pacíficos” , guerra sucia , las caídas del sistema , el asesinato nunca aclarado del candidato oficial y el “constituyente permanente” que ha eliminado de hecho, al Poder Legislativo en la creación de las leyes, ya que con una interpretación directa del artículo 92 constitucional, realizada por la Suprema Corte de Justicia se ha permitido que simples “normas administrativas” dictadas por secretarios de estado, se conviertan el “leyes autoaplicativas” ( caso específico, el despojo de sus concesiones a los gasolineras, para entregarlas a Exxon, Chevron, Shell Oil; los Contratos de Servicios Múltiples para explotación de gas natural otorgados a extranjeros por Petróleos Mexicanos, etc. etc.), en contra de las que no proceden los recursos administrativos, sino el juicio de amparo que,…no lo vas a creer, querido lector, debe resolver la suprema corte y los ignorantes jueces de distrito rechazan, por notoriamente improcedente, .
Claro, de por medio se ha tenido que agradecer a diputados, senadores y ministros de la suprema corte, su comprensión y apoyo y, además de sus ya elevadísimas “dietas”, les han asignado riegos, comisiones, viáticos, embutes y regalías sin límite.
Se inventaron los diputados y senadores “plurinominales”, que no son democráticamente electos por el pueblo, sino por los “partidos políticos reconocidos por el Gobierno”, una variación cibernética al antiguo sistema callista del “carro completo”.
Los dizque representantes populares, democráticamente electos, o “plurinominales”, concurren al Congreso de la Unión en “manada” partidista” y carecen de voz y voto en la asamblea, ya que están obligados a votar “por bancada”,
El concepto del Estado ha variado sustancialmente. Felipe Calderón, hoy candidato del Partido ( de ) Acción nacional a la Presidencia de la República, señalo desde la más alta Tribuna de la Patria ( televisión de costa a costa ) con motivo de la separación de su partido y el teatral Partido Verde Ecologista, que éstos últimos se habían desligado del Partido ya en el Poder, porque “…no les dieron nada del botín…” . Sincera y valerosa definición de las ambiciones políticas en boga. Tal vez esa definición influyó para su designación como candidato presidencial.
El otrora poderosísimo P.R.I., en franca debacle, designó como su Presidente a Roberto Madrazo, quien con toda inocencia, se hizo acompañar en la planilla respectiva de la maestra Elba Esther Gordillo. Poco duró el romance. Unos cuantos meses después se acabó lo que nunca debió empezar. Designó como sus precandidatos a la Presidencia, “finalistas” a Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México el cual muy pronto fue literalmente encuerado y puestas a la luz una tremenda cantidad de trapacerías, que lo dejaron fuera de la contienda y únicamente porque México es el nuevo México que conocemos, no está en la cárcel. El candidato natural, Roberto Madrazo, se ha encargado, a pulso, de descalificarse plenamente.
Tanto el candidato de PAN, como el del PRI, ignoran aquella máxima inventada por el genial Nicolás Maquiavelo que desde hace quinientos años rige la política, “…nunca des presencia a tus enemigos…” y en una injusta y terrible campaña “de poca”, iniciada por nuestro ingenuo Señor Presidente en contra del hoy tercero de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador, (el propio hoy candidato la denominó “el complot”), han logrado lo que, en otras condiciones, parecería imposible: colocarlo a la cabeza, por muchos, pero muchos cuerpos, de la carrera presidencial.
Con la mira en el botín, el País es actualmente víctima de la más despiadada corrupción que haya padecido jamás en su historia, y puntea en ese aspecto, increíble pero cierto, EL PODER JUDICIAL FEDERAL, con el inefable nieto del gran Mariano Azuela González al frente, y en él se centran todos los ojos. Marioneta del poder hace ya muchos años, su ilícito Tribunal Federal Electoral será el factotum de lo que pase, antes del nunca deseado estallido social que nos amenaza. ( 1810, 1910, ¿2010? )
Esperemos el final de esta tragedia que ocurrirá el dos de julio del presente año y ¡Que el Señor nos agarre confesados!

References: artículo 60
 artículo 60
 artículo 1
 resolución 
 artículo 40
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 102
 artículo 92