Source: http://carlosaguinaga.com.ar/2009/05/modificando-la-ley-de-transito-y-transporte-extendiendo-la-exigencia-del-seguro-contra-terceros/
Timestamp: 2017-03-30 22:29:27+00:00

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Modificando la Ley de Tránsito y Transporte, extendiendo la exigencia del seguro contra terceros | Carlos Aguinaga
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Modificando la Ley de Tránsito y Transporte, extendiendo la exigencia del seguro contra terceros
Modificando la Ley 6082, extendiendo de este modo la exigencia del seguro contra terceros a todo automotor, camión, acoplado o semi acoplado, moto o motoneta cuyo motor exceda los 50 cm3 de cilindrada y que no se encuentre afectado al transporte público, debe estar cubierto por un seguro de acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación, y que asegure la integridad de la indemnización a los terceros que pudieran resultar perjudicados por los daños. Expediente Nº 54901
Proponemos a consideración de los Sres. Senadores el presente Proyecto de Ley, con el objeto de modificar diversos Artículos de la Ley Provincial 6082 de Tránsito y Transporte.
No es ajeno a la opinión pública el hecho de que el sistema de seguridad vial se encuentra desbordado. La pérdida de vidas humanas, las lesiones y los daños en los bienes, tanto públicos como privados, son moneda corriente en las calles y rutas tanto Provinciales como Nacionales. Esta realidad imperante sustituye cualquier intento de anticipación que pretenda tener una norma que se ocupe del tema. La república y nuestra Provincia se encuentran en una clara emergencia vial, que requiere de la más enérgica de las respuestas de los distintos sectores gubernativos que pudieran tener ingerencia, ya sea en forma directa o indirecta sobre la materia. Ello en virtud de que la problemática comprende diversos estamentos y se evidencia su naturaleza multidisciplinaría, debiendo abarcar aspectos educativos que tiendan a generar efectos preventivos, como también reparadores y sancionatorios.
En este contexto general, se presenta una problemática particular dentro del universo planteado, relacionado íntimamente con la reparación pecuniaria a las víctimas de accidentes de transito. Cada vez con mayor asiduidad los reclamos indemnizatorios de peatones, transportados o conductores se vuelven estériles al tiempo de ejecutar las condenas judiciales contra los asegurados y citadas en garantía, pues se enfrentan a un deudor en estado de insolvencia (ya sea particulares o la empresa de transporte público) y a una aseguradora que intenta oponerle una “franquicia” o un “descubierto obligatorio” nacido de un contrato en el que el damnificado no participó, pero que -paradójicamente- es impuesto por la ley y una resolución administrativa, cuya validez constitucional analizaremos mas adelante.
Esta problemática llama la atención del Legislador, en virtud de que las interpretaciones de las normas vigentes han conducido a nuestros Magistrados, con una ratio indicio que no se cuestiona, a dejar en una situación de insatisfacción del Derecho de la víctima. Es decir, es imperante mejorar la técnica legislativa propuesta en esta materia, para dotar a nuestros Jueces de las herramientas necesarias para que, ahora en uso de ella, pueda cumplirse con el propósito de Justicia y Equidad que inunda el espíritu de la Ley. No debe una deficiente técnica legislativa obstruir las pretensiones de Justicia que reclama la Sociedad toda.
Es imprescindible ahondar en los conceptos que proporciona la Doctrina Jurídica, a los efectos de determinar el camino que mejor exprese la Ratio Legis que pretende cumplir con los fines expuestos. Por eso no debe perderse de vista el propósito que la norma busca al imponer la contratación obligatoria de un seguro. Ello para no confundir el concepto mercantilista del contrato de seguro en sí mismo (con el que se pretende resguardar el patrimonio del asegurado contratante), con el fin social que busca el seguro obligatorio automotor (que pretende en primer lugar, que el Derecho del tercero damnificado no quede en una mera declaración de buenas intenciones.
Esta realidad adquiere mayor trascendencia si se tiene en cuenta que las empresas del transporte público de pasajeros son precisamente quienes figuran entre los principales causantes de accidentes de tránsito. Sosteniendo la oponibilidad de la franquicia que tienen estipulada estas empresas con sus respectivas aseguradoras no se hace más que desnaturalizar la esencia del seguro automotor obligatorio, dejándose a las víctimas de un accidente de tránsito en un estado de desprotección total, cuando lo que se busca mediante la implementación del seguro automotor obligatorio es justamente lo contrario.
Es cierto que, en un segundo plano, la finalidad de la implementación de la franquicia en el contrato de seguro pretende, en cierto modo educar al conductor o particular titular del vehículo, para que la contratación del mencionado seguro no genere en el mismo la desaprensión de quien se siente ampliamente respaldado ante las consecuencias negativas de su conducta. En la medida en la que el responsable del siniestro deba responder, en su aspecto patrimonial, en la reparación del daño, este se conducirá con particular atención frente a las normas viales. Tal es el criterio de la Suprema Corte Provincial, cuando ha dicho: “El fundamento de la franquicia o descubierto obligatorio consiste en estimular el interés del asegurado en la no realización del riesgo cubierto a través de la imposición de una mayor diligencia en evitar la verificación de siniestros. Su finalidad es lícita y ética pues procura moralizar el contrato de seguro, especialmente en el campo de la responsabilidad civil, donde se reprocha al asegurado su indiferencia por los daños causados a terceros.” (PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN J° 108.704/37.762 PACHECO DEVIA, TERESA / C/ FERNANDEZ, WALTER Y OT. Fecha: 25/06/2007. Tribunal: Suprema Corte de Justicia. Expediente: 88691. Ubicación: S378-213)
Pero el sistema normativo actual, alejándose de su espíritu y esencia, permite que los actores obligados se escabullan de sus responsabilidades a través de los elevados montos que establecen como limites a las franquicias, abusando de los que se presentan en la relación en carácter de víctimas.
Es en ésta dirección que los puntos siguientes pretenden construir una visión mas pormenorizada de la problemática, y contribuir en alguna medida, a aportar una solución tangible al flagelo de los accidentes viales, constituyendo los mismos una de las principales causas de muerte en la República.
B-. CONCEPTOS GENERALES. CONTEXTO NACIONAL
Según la Ley de Seguros Nº 17.418 el asegurador debe indemnizar el daño sufrido por el asegurado como consecuencia de un siniestro cubierto dentro los alcances, límites y condiciones establecidas en la póliza contratada (art. 118). Uno de los límites a ese deber resarcitorio lo constituye la inclusión contractual de una “franquicia”, es decir, de una parte del monto necesario para reparar el daño causado a un tercero que, de ocurrir el siniestro amparado por el seguro, será soportado íntegramente por el asegurado -causante del daño.
Esta franquicia cumple con la doble finalidad de abaratar costos de las aseguradoras por daños de escaso monto que, por lo general son inferiores que los gastos administrativos y, por otro lado, soportar una parte del daño, hace que los asegurados extremen su pericia y precaución para evitar el daño, lo que en ocasiones se definió como una búsqueda de la “moralización del seguro” o “ policyholder moral hazard”, es decir, un riesgo para el asegurador que surge cuando el comportamiento del asegurado se modifica luego de contratar el seguro, de modo que aumenta la posibilidad de acaecimiento del siniestro y se altera su probabilidad o magnitud.
Otra de las consecuencias mas importantes de la inclusión de franquicias en esta clase de seguros, es la disminución del precio de las primas y el consecuente menor esfuerzo económico del sector asegurado, que como sabemos, hace años padece una grave crisis de solvencia que permanece sin solución.
En nuestro derecho existen dos clases: las “condicionales” (o “relativas” o “simples”) y las “incondicionales” (o “múltiples”, “absolutas” o “deducibles”).
– Franquicias condicionales, relativas o simples : el asegurador indemnizará al asegurado cuando el daño exceda la suma o el porcentaje establecido en la póliza como franquicia; cuando esto ocurra, el asegurador indemnizara el total del mismo, sin deducciones.
– Franquicias incondicionales, múltiples, absolutas o deducibles: el asegurador indemniza al asegurado como consecuencia del siniestro cuando el daño supera la franquicia establecida en la póliza; pero la indemnización a pagar alcanzará solamente el exceso de la franquicia. El deducible puede ser fijo o en un porcentaje del total.
Algunos autores distinguen a la “franquicia” de lo que denominan “descubierto obligatorio”, que existe cuando el asegurado conserva a su cargo cierta parte del daño, independientemente de su intensidad y extensión del total. Como se observa, esta figura presenta una similitud con la “franquicia” en su finalidad y en sus consecuencias.
Tanto la “franquicia” como el “descubierto obligatorio” cumplen una función análoga, aunque presentan diferencias en cuanto al pago de la prima y a los alcances de la indemnización a cargo del asegurador, en los casos de una “franquicia deducible”.
En opinión de López Saavedra -que compartimos- la “franquicia” y el “descubierto obligatorio”, involucran conceptos diferentes, pero coinciden en sus efectos y consecuencias. El “descubierto” se vincula al concepto de “infraseguro”, es decir, al caso en que la suma asegurada es inferior al valor total del interés asegurable, situación que origina la aplicación de la llamada “regla proporcional”; en cambio en la franquicia puede no existir “infraseguro”, aunque el asegurado termina soportando una parte del daño sufrido en su interés asegurable.
Es decir, en una primera aproximación, la implementación de las franquicias no resulta ni ilícita ni abusiva, sino que se encuentra validamente admitida en la práctica comercial habitual. Pero, debemos avanzar en la construcción narrativa propuesta, y determinar en que lugar se vincula con la obligatoriedad de su contratación para la circulación de un automotor.
C-. EL SEGURO OBLIGATORIO
1-. Ámbito Nacional
La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (B.O. 10/2/1995) es de jurisdicción federal y las Provincias y Municipios son libres de adherir a ella (arts. 1, 2 y 91). Ninguna otra norma debe alterar su espíritu, en aras de la preservación de su unicidad y la garantía de seguridad jurídica del ciudadano (art. 2).
En su artículo 68 establece que “Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no (…) ”. Y en su artículo 70 establece que su aplicación es prioritaria sobre cualquier otra norma que regule el tránsito en la república.
La ley no caracteriza al seguro, pero establece que:
– debe cubrir eventuales daños causados a terceros por el uso de un automotor, motocicleta, acoplado o semiacoplado (párr. 1 y 2);
– debe tener una vigencia anual (párr. 3);
– puede ser contratado con una entidad aseguradora autorizada (párr. 3);
– los gastos de sanatorio o velatorio de terceros deben ser abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se hagan valer luego; el acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Nada dice la ley respecto de la clase de seguro que debe emplearse; sólo se limita a fijar los lineamientos generales que debe contener, pudiendo ser el mismo de cualquier naturaleza. En este contexto la SUPER INTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN) dicto una resolución mediante la cual establece los lineamientos a los cuales debe ajustarse el seguro obligatorio que ordena el Art. 68 de la Ley de Transito Nacional, para EL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS.
La Resolución N° 25.429/97 de la S.S.N. (B.O. 11/11/1997), expresa en su Anexo II, cláusula 4, que “ El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro … por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos…El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del asegurado y del conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento…”.
Es claro que se trata de un seguro de responsabilidad civil, en el que hay dos asegurados: la propietaria o explotadora del automotor y el conductor; ambos pueden exigir personalmente la cobertura pactada.
La norma también establece en su Anexo II, cláusula 4 (denominada “Franquicia o descubierto a cargo del asegurado”) que “El asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de pesos cuarenta mil ($ 40.000)…Dicho descubierto obligatorio a su cargo se computará sobre capital de sentencia o transacción, participando el asegurado a prorrata en los intereses y costas…”.
Ello significa que, de acaecer un siniestro amparado por la póliza en el que intervenga un automotor de transporte público de pasajeros, el asegurador sólo responderá frente al damnificado o sus derechohabientes (en los términos del art. 118 de la Ley de Seguros) cuando el daño supere los cuarenta mil pesos ($ 40.000). En cualquier otro caso, operaría un supuesto de “no seguro” (nótese además que no pueden contratarse seguros distintos a los basados en la póliza aprobada por la S.S.N.).
La Resolución N° 25.429 de la S.S.N. fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 67, inc. b), de la ley 20.091 (B.O. 7/2/1973) y sus considerandos aluden a la situación imperante en el mercado asegurativo del sector del autotransporte público de pasajeros: emergencia de las empresas prestadoras del servicio y sus aseguradoras, alta siniestralidad en el ámbito del autotransporte, liquidación del INdeR, incremento del tránsito vehicular, alta actividad litigiosa y sentencias condenatorias, entre otras. Resulta evidente que, dicha resolución es contraria al Art. 68 de la ley Nacional de Transporte, al modificar su espíritu y esencia. Si bien se ha sostenido que como el art. 68 de la ley 24.449 refiere a “…las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora…” la S.S.N. “reglamentó” la norma, estableciendo una limitación técnica de la cobertura que atiende a otros elementos del negocio asegurador, lo cierto es que mal puede una resolución administrativa -por mas humanitarios que sean sus fines- establecer diferenciaciones donde la ley omite hacerlo. Ni aún con base en el fin del seguro de responsabilidad civil que es “mantener indemne el patrimonio del asegurado”, pues ese no fue el fin tenido en miras por el legislador de la ley 24.449.
Hoy este tema es de debate permanente en las Cortes de todo el País, con criterios opuestos respecto de la oponibilidad de la franquicia respecto de los terceros damnificados ajenos a la contratación del seguro. La Cámara de Apelación Civil y Comercial de Lomas de Zamora consideró inoponible a la victima de un accidente de transito, una franquicia a cargo del asegurado por la suma de $40.000. El Tribunal departamental, por mayoría, mantuvo su posición y se apartó así del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cuestión. El voto mayoritario consideró que la franquicia permitida por la Resol. Nº 25.429 de la Superintendencia de Seguros de la Nación “contradice toda la actual evolución del Derecho de Daños, que tiene como epicentro a las víctimas” (22/10/07).
Sin embargo, el 7 de agosto del año 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos CUELLO, PATRICIA DOROTEA C/ LUCENA, PEDRO ANTONIO”, hizo lugar a un recurso de queja y dejó sin efecto la sentencia de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que declaraba inoponible a la victima de un accidente de transito una franquicia a cargo del asegurado por la suma de $40.000. El Tribunal, haciendo suyo el dictamen de la Procuración, reiteró su postura de que el seguro obligatorio de responsabilidad civil impuesto por la Ley Nacional de Transito puede incluir excepciones de cobertura oponibles a la víctima, pues la citada norma dispone que este seguro se hará “de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora”.
El Dr. Lorenzetti, en el mismo fallo pero en sentido opuesto, dijo que, de acuerdo con lo establecido por el Art. 109 de la Ley N° 17.418, el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado, por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del contrato. En tales condiciones, y atento a que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes y está destinado a reglar sus derechos (arts. 1137 y 1197 del Código Civil), y el damnificado reviste la condición de tercero frente al mismo porque no participó en su realización, si desea invocarlo debe circunscribirse a sus términos, pues los contratos tienen un efecto jurídico relativo y los efectos se producen exclusivamente entre las partes y no pueden afectar a terceros (arts. 1195 y 1199 del C{odigo Civil).
Visto lo cual el problema se presenta como de difícil solución, tanto Doctrinaria como Jurisprudencial. Pero es claro, y debemos tenerlo presente para la problemática en nuestra Provincia, que una Resolución Administrativa no puede modificar una norma de Orden Público.
2-. Ámbito Provincial
En el caso particular de la Provincia de Mendoza, no se adhirió a la norma Nacional que regula el Tránsito, dictando su propia norma en la materia. Hasta la fecha han adherido diecinueve provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Nuestra Provincia cuenta con su propia Ley de Tránsito y Transporte N° 6.082/93, con sus modificaciones y anexos correspondientes. Ello podría conducir al error de que nuestra Provincia cuenta con una norma mas detallada que la Nación y por ende mas clarificadora respecto del debate planteado. No es así.
La Ley Provincial 6.082/93 cuenta con dos Artículos en donde se establece la obligatoriedad de la contratación de un seguro para la circulación de vehículos en la Provincia, uno referido al transporte particular y una referida al transporte colectivo de pasajeros.
En el Título IX, Capítulo XIII, Art. 78, se establece que: “Todo automotor, acoplado o semi acoplado, debe estar cubierto por un seguro de acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación, y que cubra los daños causado a terceros. Este contrato de seguro obligatorio, podrá ser celebrado por cualquiera de las entidades legalmente autorizadas para operar en ramo correspondiente. Para el caso de vehículos con patentes de países extranjeros, en tránsito por la provincia de Mendoza, deberán contar con éste mismo seguro, contratado con compañías aseguradoras con sede en la Argentina, o en su caso con extensiones de póliza realizadas a través de entidades con sede en el país, y que se sometan a la jurisdicción Argentina.”.
Nótese que la norma, es extremadamente semejante a la Ley Nacional e incluso mas escueta en aspectos fundamentales, con lo que la problemática descripta ut supra respecto de las franquicias, es plenamente vigente en Mendoza. Máxime si se tiene en cuenta la norma que se refiere al transporte público de pasajeros.
En el Título XII, Capítulo II de la Ley 6.082, en su Art 160, se regula el seguro obligatorio con que debe contar este tipo de servicio. El Art. 160 señala que “Son obligaciones de los concesionarios: inc. d) contratar seguros que amparen a los usuarios personal de conducción y guarda, cosas transportadas y de responsabilidad civil frente a terceros , en las condiciones que determinen la reglamentación o los pliegos de licitación o que surjan de normas de la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS.”.
El Capítulo III del mismo Título se refiere al servicio por taxímetros, en el Art. 180 señala que “ es obligación de los permisionarios: inc) c contratar seguros en forma similar a la establecida en el inciso d) del Art. 160…”
Es claro que no solo se repite la deficiente redacción del artículo, sino que también se hace expresa alusión a las reglamentaciones de la S.S.N., llamándolas normas.
En este punto, es de fundamental importancia determinar cual es el fundamento de la inclusión en la Ley de Transito de una norma estableciendo la contratación de un seguro obligatorio. Se evidencia con claridad insoslayable, que la finalidad de la inclusión de dicha norma no es incrementar el espectro comercial de las compañías de seguros, ni proteger el patrimonio de aquel que resulta civilmente responsable en la generación de un daño. El fundamento crucial para la inclusión de una norma que impone una carga a la ciudadanía, que se traduce en un beneficio económico patrimonial para las aseguradoras, y la protección del patrimonio particular de los particulares y empresas, es sin lugar a dudas, la protección de los damnificados por accidentes viales. Claramente tiene una finalidad social, que se traduce en la inclusión de una norma de Orden Público, tendiente a que las víctimas y familiares de las víctimas por el acaecimiento de un siniestro, encuentre la reparación económica a la que son merecedores de conformidad a las normas de Daños contenidas en el Código Civil. Las normas transcriptas aluden a la necesidad de proteger a los damnificados, pero la Resolución 25.429, siguiendo la teoría general de la responsabilidad civil de la Ley Nº 17.418 -y pretendiendo consagrar una diferencia que no fue mencionada siquiera elípticamente en la Ley Nº 24.449 Nacional o la 6.082/93,- refiere a la necesidad de mantener indemne el patrimonio del asegurado. Las diferencias técnicas no son menores, pues en uno y otro caso las indemnizaciones a los daños causados por el siniestro recompondrán patrimonios diferentes. La resolución de la S.S.N. no debe -ni puede- modificar la ley de seguros ni las leyes de tránsito. Y la aprobación administrativa del contenido normativo de un determinado contrato de seguro no legitima que las disposiciones del mismo afecten el ordenamiento jurídico; en otros términos, las disposiciones administrativas no transforman en válidas cláusulas contractuales que no lo son.
Al establecer el Art. 78 y 160 de la 6.082, la obligatoriedad del seguro para circular con un automóvil se está garantizando a toda víctima de un accidente de tránsito su correspondiente indemnización por los daños sufridos, por lo cual declarar que esta norma admite límites de cobertura importa lisa y llanamente deformar su ratio legis. Reiteramos, el seguro automotor obligatorio no es un seguro pensado para cubrir el patrimonio del asegurado, sino que es un seguro para que ninguna víctima de un accidente quede sin ser indemnizada porque las garantías de solvencia que ofrecen las compañías aseguradoras permiten que los daños irrogados con el ejercicio de determinadas actividades (como ser la conducción de un automóvil) sean efectivamente reparados.
Además, por una omisión inexplicable, la norma no establece el seguro obligatorio para motos y motonetas de cilindrada superior a los cincuenta centímetros cúbicos, tan capaces de producir daños y pérdidas de vidas humanas como un automóvil. Se exceptúan las de cincuenta centímetros cúbicos o inferiores por la finalidad social que las mismas tienen para el trasporte de las clases trabajadoras, la baja velocidad que desarrollan y la menor entidad del daños que son susceptibles de producir por su bajo peso.
Es imperiosa una modificación al sistema vigente, para cumplir acabadamente con la finalidad y espíritu de la norma, ya que si sumamos la débil posición económica en que se encuentran, en nuestro país, las empresas del transporte público de pasajeros, vemos cómo se cae todo el sistema que tiende a proteger a las víctimas creando sólo un sistema de desprotección, haciendo que aquél que sufrió un accidente deba soportar, además de los daños, la imposibilidad de percibir la correspondiente indemnización por ellos.
D-. CARACTERISITCAS DEL SEGURO AUTOMOTOR
El seguro obligatorio para móviles utilizados para transporte público de pasajeros debe ser ‘de responsabilidad civil’, regulado específicamente en los arts. 109 a 120 y cc. de la ley 17.418. Para nuestra Ley, en este tipo de seguros el asegurado no es la víctima, sino la persona que debe afrontar la responsabilidad de indemnizar los daños sufridos por aquélla (art. 109, Ley de Seguros). Si bien su contratación representa un beneficio indirecto para terceros damnificados -pues al principal responsable se suma un garante contractual citado en juicio- el beneficiario directo del seguro es el causante del daño (es decir, el responsable civil) pues mediante la cobertura su patrimonio se mantendrá indemne total o parcialmente. En otros términos, en el seguro de responsabilidad civil el tercero damnificado goza de derechos sobre la indemnización convenida en la póliza, por ser la víctima del asegurado responsable. Y coincidimos con quienes sostienen que este seguro tiene una trascendencia fundamental por cuanto trasunta la expresión mas acabada de la ‘función social del seguro’, siendo su eje o epicentro la víctima del daño. Pero cuando se aplica rígidamente el artículo 118 de la ley 17.418, se advierte la existencia de un trato perjudicial hacia quien no celebró el contrato de seguro y resultó dañado en el siniestro. Por ello estimamos que el artículo 118 de la Ley de Seguros resulta a todas luces insuficiente para resolver cuestiones atinentes a siniestros relacionados con transporte público de pasajeros y sus postulados deben ser reevaluados en aras de la seguridad jurídica.
En consideración a este razonamiento, es que consideramos que, en materia de seguros de automotores, el sistema estructurado entre las Compañías de Seguros y los asegurados, a la luz de las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, resulta insuficiente a los fines sociales que inspiran a la norma para establecer su obligatoriedad a la ciudadanía y en particular a las empresas de Transporte Público de Pasajeros, ya sean públicas o privadas.
En virtud de estas consideraciones, no creemos en la ilegitimidad de la contratación de seguros con franquicia, pero los mismos en la medida de lo establecido precedentemente no cumple con la implantación de la finalidad de los seguros automotores. Ello en virtud de que el limite de la franquicia fijado en 40.000 pesos, resulta evidentemente exagerado, teniendo en cuenta que la mayoría de los siniestros no alcanzan esa cifra. Con lo cual se genera para los montos de menor cuantía una situación de NO SEGURO que es contrario al espíritu de ley. Es decir, en el caso hipotético en que los daños a un tercero alcancen $ 39.999 y el asegurado se encuentre insolvente, el damnificado no será resarcido, pues la resolución -“modificando” la ley- así lo establece.
E-. CONSTRUCCION DE UNA SOLUSION LEGISLATIVA
Debe replantearse el seguro automotor obligatorio, a partir de su naturaleza y finalidad: el seguro automotor obligatorio no es un sistema de protección del patrimonio del asegurado, sino que el mismo ostenta una finalidad asistencial de la víctima; debe tenerse presente el fin mismo por el cual fue establecido, cual es la protección de los terceros damnificados y en base a este postulado deben estructurarse todas sus normas. En el seguro automotor obligatorio el verdadero interés asegurable es el tercero damnificado y ya no el patrimonio del asegurado.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, es clara la injusticia que resulta de la oponibilidad de la franquicia a la víctima de un accidente de transito por parte de la Compañía de Seguros, cuando en consecuencia debe recurrir al concurso o quiebra del ente generador del daño, transformándose su pretensión resarcitoria en una declaración de intenciones de buena voluntad.
Teniendo en cuenta que en el caso de vehículos particulares, la contratación de un seguro de responsabilidad civil con franquicia redunda en una disminución del valor de la póliza, variando en consecuencia las cláusulas de la misma de acuerdo a las necesidades del asegurado, se presenta como la solución más justa al caso, establecer dentro del Art. 78 un límite mínimo al que se deberá ajustar dicha contracción en cuento a las franquicias. Claro que dicha solución tiende a renaturalizar el seguro con franquicia ya que como expusimos ut supra, el mismo tiende a evitar generar gastos administrativos a las Compañías de Seguros que resultan ser mas elevados que el siniestro al cual deben responder. En materia de daños a automotores, en Francia y en las provincias francoparlantes de Canadá (particularmente Québec y Ontario) se sostuvo que la “franquicia” configura un “auto-aseguramiento” del asegurado respecto de los perjuicios materiales sufridos por el bien. Es por ello que no enerva el sistema, fijar un límite a la franquicia y evitar de este modo las absurdas cláusulas que fijan montos exorbitantes trasformando la mayoría de los casos en situaciones de NO SEGURO para las víctimas. Es lógico que dicho monto sea razonable, advirtiendo al fin argumentado para la existencia de los seguros con franquicia.
De tal manera que el seguro automotor obligatorio, será valido en la medida que la franquicia del mismo, si se contratara un seguro con tal cláusula, no sea superior al monto total de la prima anual contratada siendo esta cifra a partir de la cual comenzará a correr la cobertura de la Compañía de Seguros. Por ello se propone la reforma del art. 78 en tal sentido, conciliando los diferentes intereses que se encuentran involucrados y sus derivaciones económicas y sociales.
El transporte público de pasajeros presenta una realidad diferente, en virtud de que la Resolución N° 25.429/97 de la S.S.N., establece un modelo de póliza al que deben ajustarse dichas empresas.
Es por ello que la solución mas ajustada a derecho resulta ser, teniendo en miras proteger la indemnidad de la indemnización que resulte del litigio, el depósito por parte de las empresas de transporte público de los montos que se les reclamen en juicio provenientes de daños ocasionados en accidentes de tránsito a terceros transportados o no. Es decir, se hará una reserva en una cuenta especial creada al efecto, de los montos de los juicios por accidentes viales, cuando estos fueran inferiores a los límites de las franquicias de los seguros contratados. Dicho monto podrá ser reemplazado por la contratación de un seguro de caución con la finalidad señalada.
De tal manera, se protegerá el derecho de los terceros afectados en accidentes de transito, a que si eventualmente tuvieran éxito en sus pretensiones ante la justicia, los montos resultantes de las mismas serán satisfechos por las empresas involucradas. Por el contrario, si dicha pretensión resulta adversa al tercero, los montos serán desafectados y puestos a disponibilidad de las empresas de transporte nuevamente.
Dichos depósitos deberán ser en una proporción suficiente al monto de la demanda, para no generar abultamientos desproporcionados en las pretensiones de los actores, y transformar dicha reserva en un elemento de extorsión a las empresas, pero si para afrontar el posible resultado negativo para la empresa en el litigio, con mas la actualización monetaria y costas del proceso. Dicho porcentaje resultará en un 70 % del monto nominal del juicio, ya que si la demanda fuera abultada en mas de un 30% resultara una pluspetición inexcusable que será condenada por el propio juzgador en contra de la pretensión del actor. Esto se resuelve mas fácilmente por parte de la concesionaria mediante la contratación de un seguro de caución.
Con esta técnica legislativa, se conserva por un lado el carácter tuitivo del seguro obligatorio automotor, y por otro lado, el interés de las restantes partes que contratan un seguro con independencia de los eventuales siniestros que se produzcan. De tal forma, además, se asienta el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, al señalar que “La cuestión de la oponibilidad de la franquicia al tercero damnificado que reclama los daños derivados de un accidente de tránsito y cita en garantía a la aseguradora no ha recibido una única respuesta. Esta Sala ha adherido al criterio de la oponibilidad de la franquicia a la víctima, con fundamento en que la obligación del asegurador de responder no surge del daño causado sino del contrato de seguro, que la ley reconoce como fuente de la obligación del asegurador – arts. 118 y 116 Ley de Seguros-. Por otra parte, la franquicia o descubierto obligatorio tiene por finalidad en estimular el interés del asegurado en la no realización del riesgo cubierto a través de la imposición de una mayor diligencia en evitar la verificación de siniestros, de lo contrario, deberá afrontar una parte del daño. Su finalidad es lícita y ética pues procura moralizar el contrato de seguro, especialmente en el campo de la responsabilidad civil, donde se reprocha al asegurado su indiferencia por los daños causados a terceros; la franquicia, es además una defensa anterior al siniestro y en consecuencia oponible a la víctima – art. 118, 3° párrafo-.” (CENTENO, MARIA YOLANDA EN J° 35.969/8975 CENTENO, MARIA YOLANDA / C/ RUSSO, NORBERTO Fecha: 20/10/2006. Tribunal: Suprema Corte de Justicia. Expediente: 86383. Ubicación: S371-251.).
Los fundamentos expuestos justifican las soluciones adoptadas, adaptando los hechos con el Derecho, y contribuyendo a que la práctica jurídica alcance un fin mas equitativo cuando mas transita el camino hacia la Justicia.
Mendoza, 24 de abril de 2008.
Artículo 1º – Modifícase el Art. 78° de la Ley 6082, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 78° – Todo automotor, camión, acoplado o semi acoplado, moto o motoneta cuyo motor exceda los 50 cm3 de cilindrada y que no se encuentre afectado al transporte público, debe estar cubierto por un seguro de acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación, y que asegure la integridad de la indemnización a los terceros que pudieran resultar perjudicados por los daños que se causaren por el uso del vehículo, y que en caso de contemplar franquicia, la misma no supere el monto de la prima anual. Este contrato de seguro obligatorio, podrá ser celebrado por cualquiera de las entidades legalmente autorizadas para operar en ramo correspondiente. Para el caso de vehículos con patentes de países extranjeros, en tránsito por la Provincia de Mendoza, deberán contar con éste mismo seguro, contratado con compañías aseguradoras con sede en la Argentina, o en su caso con extensiones de póliza realizadas a través de entidades con sede en el País, y que se sometan a la jurisdicción Argentina.”
Art. 2º – Modifícase el texto del Artículo 160° inc) d de la ley 6.082, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 160. Inciso d) – Son obligaciones de los concesionarios: contratar seguros que amparen a los usuarios, personal de conducción y guarda, cosas transportadas y de responsabilidad civil frente a terceros, en las condiciones que determinen la reglamentación o los pliegos de licitación o que surjan de normas de la Superintendencia General de Seguros. Asimismo será obligación de los concesionarios la contratación de un seguro de caución para garantizar la indemnidad de las reclamaciones por daños causados a usuarios y terceros cuando los montos de estas sean inferiores a las franquicias contempladas en las condiciones particulares de las pólizas contratadas en cumplimiento del párrafo anterior”.
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2 respuestas a Modificando la Ley de Tránsito y Transporte, extendiendo la exigencia del seguro contra terceros
Pingback: Será obligatorio el seguro para las motos. | Carlos Aguinaga
pablo dijo:	8 enero 2010 en 7:24 pm	buenas tardes, estoy tratando de averiguar si finalmente se promulgo la reforma a la ley de transito respecto al seguro obligatorio para motos. muchas gracias
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 artículo 68
 artículo 70
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 67
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 118
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 Resolución 

Artículo 1
 Artículo 160