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Timestamp: 2015-11-30 16:56:45+00:00

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EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. PARTE II
21 ELEMENTOS...
Ante esta situación, el Estado venezolano de la IV República debía asumir un papel activo en lograr un equilibrio social con la participación directa y activa del ciudadano en las actividades económicas y sociales, pero no lo hizo. En consecuencia cedió oportunidades únicas para que no germinara el neoliberalismo en el país y no se implantara en el ordenamiento jurídico nacional. Pero esta realidad, que aún impera en la actualidad en el país, ha sido contrarrestada desde 1999, cuando con motivo de la CRBV se estableció el Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia en Venezuela, que lleva al Estado a intervenir en la actividad económica y social, como un Estado neo-prestacional (CFR.- MORA BASTIDAS: 2005, 13).
El Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia de Venezuela se caracteriza por intervenir estratégicamente en los asuntos económicos de la población, pero los ámbitos y las formas de intervención quedaran sujetos a la democracia participativa. El pueblo es el verdadero ente que determina la acción interventora del Estado y su derecho, y no un grupo político elitesco, tal como ocurría antes. A través de los medios de participación ciudadana se establecerán los espacios para que las fuerzas sociales participen en la ejecución de los movimientos. Sin ellos, las actividades realizadas carecerán plenamente de cualquier grado de legitimidad y serían susceptibles de aumentar las posibilidades de su fracaso. Las fuerzas sociales sirven además como termómetros de la eficacia de las acciones emprendidas y de los correctivos que pudieran tomarse si se hacen necesarios. Asimismo, son frente de resistencia a la burocracia, el estatocentrismo y la enorme planificación, que son los detonantes de la inoperatividad del Estado y cáncer disfuncional muy silencioso en el sistema político y económico y, mucho más, si están acompañadas por funcionarios públicos sin sentido social ni capacidad. El Estado, entonces, centra su actividad en suplir, fomentar, estimular, coordinar, completar e integrar la iniciativa particular y grupal, en las decisiones políticas del gobierno, de los más diversos modos, a todas las comunidades intermedias, ubicadas entre el Estado y el individuo. Para ello el gobierno bolivariano implementó el mecanismo de parlamentarismo de calle e impulsó la contraloría social para que sus acciones fueran más preactivas que reactivas. Todo esto para que el ejercicio del Estado tenga criterio legítimo, ya que se supone que la voluntad del pueblo expresada por el apoyo de los resultados electorales, y en función de un plan nacional de participación, garantiza que la acción estatal sea resultado de la relación concertada entre el Estado y la comunidad organizada. Porque si así no lo hiciese, pondría en peligro la construcción de relaciones sólidas para coadyuvar a la mejor efectividad, eficacia y eficiencia de las medidas dirigidas al bienestar de la colectividad, la garantía de los derechos sociales, seguridad social: pleno empleo, acceso a los sistemas de vivienda, asistencia médica, pensiones, sistemas de protección al desempleo; y en especial, fortalecer los intercambios comerciales de las organizaciones humanas y su ambiente; contraviniendo el interés público y el servicio del bien común, así como las futuras políticas dirigidas a la mayor flexibilidad para la estabilización de las condiciones de negociación de los más débiles en la cadena productiva.
La intervención estratégica es consustancial a un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia y, por defecto, en el Socialismo del Siglo XXI. Esta modalidad de acción estatal posee una filosofía distinta para la resolución de los problemas desde una perspectiva más pragmática y constructivista, en concordancia con los principios comerciales, financieros y económicos del nuevo orden internacional. Con esa visión, emana un derecho del Socialismo del Siglo XXI comprometido a garantizar la efectividad de los derechos sociales y a realizar sus acciones con la misión trascendental de lograr el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de todos los conciudadanos.
El Estado y el derecho originado del Socialismo del Siglo XXI reflejan el justo equilibrio entre respuestas rápidas y precaución política a la hora de escoger en cuáles sectores de las relaciones económicas de sus ciudadanos se va a intervenir. No conforme con eso, el Estado establece mecanismos de aprendizaje político cuyo uso y ejecución causan un preciso juicio político de Estado que se extiende a la población al momento que los ciudadanos y ciudadanas adquieren instrumentos para tomar decisiones en materia económica con una mayor preocupación por el tiempo que disponen. Tal cual como un ajedrecista moviendo sus piezas en un juego de vital importancia, el Estado y sus ciudadanos aprenden a obrar con estrategia y táctica, de forma cuidadosa e ir mirando hasta treinta posibles escenarios hacia el futuro, pero bajo un derecho que es aceptado y no resistido por ni siquiera pequeñas minorías.
7.- UNIDADES ECONÓMICAS SOCIOPRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD:
La palabra comunidad a través de la historia ha adquirido diversas connotaciones románticas, nostálgicas, despectivas y reaccionarias, sin embargo, gracias al desarrollo de las ciencias jurídicas, económicas, politológicas, sociológicas y, especialmente, demográficas, éste concepto ha podido adquirir hoy una mejor forma, aunque hay quienes piensan que todavía la comunidad es una idea inacabada. En la actualidad existe un acuerdo en mirar la comunidad como un grupo de personas asociadas con el objeto de llevar una vida en común, pero a partir de allí surgen un conjunto de variables que son analizadas de diferente manera por cada rama de conocimiento científico.
Para el derecho, la característica más importante de una comunidad es cómo se estructuran y organizan las relaciones de los individuos a partir de la relación con su medio ambiente y las normas que lo rigen: “una comunidad es un tipo especial de grupo social, siendo un grupo social un conjunto de personas que persiguen un fin común, para lo cual establecen una red de relaciones producto de su interacción y de su comunicación, cuya conducta se rige por un conjunto de normas culturales y comparten intereses, creencias y valores comunes” (SILVIO: 2000).
En cambio, para la economía, la comunidad es un sistema donde sus integrantes tienen objetivos comunes que varían por los diferentes cambios que puedan ocurrir en el espacio económico y social, y en la estabilidad de las formas y medios de producción y el reparto de sus bienes y servicios limitados y útiles, ya sea por donaciones, obligaciones, trueques, comercio, transferencias, o reparto de la tierra: “Las comunidades constituyen asentamientos poblacionales que, a su vez, resultan parte de otras organizaciones mayores y se pueden definir como un espacio físico ambiental, delimitado geográficamente y en cuyo seno se producen interacciones sociopolíticas y económicas que traen consigo un conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de las necesidades existentes. Cada comunidad es portadora de tradiciones, historias e identidad propia que se identifican con los intereses y el sentido de pertenencia del grupo que integra dicho espacio, y que al mismo tiempo la diferencian del resto de las comunidades” (AGUILA CUDEIRO: 2004; Ver también: COLECTIVO DE AUTORES: 2001, 6).
Por otro lado, la politología mira a la comunidad como una organización humana que ha hallado formas y medios óptimos para el sano desarrollo de sus vidas en conjunto, mediante la imposición de asignaciones de poder y decisiones entre sus miembros, como para restringir el rol de fuerzas sociales dirigidas a la fragmentación social. Pero es en la sociología donde el concepto de comunidad alcanza sus más altos niveles de reflexión.
Para la Sociología, la comunidad se entiende como un grupo o conjunto de personas (o agentes) que comparten elementos en común como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, etc.; y poseen una identidad común, gracias a la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), pero lo que más distingue a una comunidad es que sus miembros dan muestras reiteradas de tolerancia, porque comprenden y respetan a los demás, sin importar religión, clase, sexo, capacidad, riqueza, grupo étnico, idioma o edad; lo que permite crear una atmósfera de estabilidad que psicológicamente hace soportable la convivencia en sociedad. Esta confluencia de factores permite un mínimo de cohesión social suficiente para construir comunidad, tal como lo infirió Robert Nisbet al definir comunidad como: "todas las formas de relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad personal; profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo (...) puede encontrarse en (...) localidad, religión, nación, raza, profesión o (causa común). Su arquetipo... es la familia" (NISBET: 1966,47); aunque Leonard Broom y Philip Selznick, pensaron que si bien que los factores que hacen posible la cohesión social son vitales para construir comunidad, también lo es el sentimiento de identidad, posesión o pertenencia que puedan manifestar los miembros (BROOM & SELZNICK: 1968: 31), porque de esa forma la comunidad adquiriría ese añadido vital que la diferencia de otros conceptos sociológicos (sociedad, organización, etc.), es decir, el rasgo de “unidad natural”, de ser un sólo cuerpo, definible.
Finalmente, la comunidad ha sido tratada por la demografía, dando mayor interés a las dimensiones geográficas de las poblaciones humanas, sus estructuras, evolución y características generales, pero lo más resaltante es el uso de un punto de vista cuantitativo para establecer las conclusiones. Dentro de la demografía, las unidades comunales se distinguen porque sus dimensiones territoriales alcanzan justo donde coinciden los límites espaciales de la comunidad, de allí que cada comunidad posea una dimensión territorial sui generis que la concierne única y exclusivamente a una región geográfica concreta a nivel mundial y le otorga un específico papel en la visión geopolítica nacional de cualquier gobierno. Estas cualidades se transfieren a los miembros de la colectividad, quienes construirán comportamientos y percepciones, también sui generis por la estrecha relación del excepcional medio ambiente que los rodea, que pueden ser medidas a través de estudios estadísticos, que a su vez, determinarán el grado de integración social y el grado de conciencia de pertenencia de los individuos dentro de la unidad comunal. Sólo a partir de entonces será posible distinguir una unidad comunal genuina, porque la tenencia de argumentos geográficos y sociológicos valederos servirá de insumos para que la demografía señale que existe un asentamiento humano, ubicado en una determinada área geográfica, cuyas personas interaccionan más intensamente entre sí que con otros contextos, los que los hace diferentes y pertenecientes a un “todo comunal” especial. Debido a su heterogeneidad, las comunidades pueden funcionar como herramientas de análisis demográfico de un país, lo que permite crear nuevos paradigmas a la hora de tomar decisiones políticas importantes en materia económica o social. Cuando se analiza el mapa de un país desde la perspectiva de la división político-administrativa, la visión geopolítica tradicional sólo daría cuenta, por ejemplo, de los estados o gobernaciones, provincias y alcaldías, sin mayores comentarios por otras instancias, como la comunidad. Pero si se analiza el mapa de un país a partir de las unidades comunales, el mismo cambia considerablemente porque surgiría una nueva propuesta para entender la distribución del territorio nacional y tomar conciencia: 1) de la distribución demográfica de la población: sus asimetrías, desigualdades, uniformidades, dispersiones, concentraciones y equilibrios; 2) de los centros económicos, financieros y comerciales del país, como de las regiones más remotas y, probablemente, empobrecidas; 3) los ejes de potencial desarrollo que, a largo plazo, y según las políticas gubernamentales, podrían ser modificados en beneficio de la juiciosa ordenación territorial de las áreas periféricas del país; 4) de las regiones o zonas que merecerían mayor prioridad y atención por parte de los gobiernos a la hora de ejecutar políticas de desarrollo económico y social; y especialmente, 5) de la ubicación de las Unidades Económicas Socioproductivas.
Como vimos, las comunidades pueden tener diversos enfoques, pero existen elementos ulteriores que son transversales a todas sus formas, por ejemplo, que se articulan y armonizan alrededor de actividades socio productivas específicas que pueden ser, o no, únicas y distintivas. Es decir, dentro de las comunidades existen representaciones humanas envueltas en actividades económicas, comerciales y financieras; y en algunos casos, pueden ser tan manifiestas, que pueden ser suficientes para catalogarlas. No obstante, este tipo de comunidades no son un fenómeno propio de nuestros días. Desde principios del Siglo XX, gracias a la industrialización y la expansión del Neoliberalismo, y sus consecuentes tendencias a acelerar y estratificar los empleos, las comunidades “naturales” del mundo iniciaron un proceso de transición a la modernidad, dejando atrás históricas culturas laborales y actividades económicas realizadas por años, para acceder a un mundo más sediento de prácticas humanas efectistas, dependientes e interdependientes. Con el paso de los años, el fenómeno llegó a tal magnitud, que se hizo común ver como algunas unidades comunales en América Latina y África reflejaban una reducción considerable de sus actividades socio-productivas en general sólo hasta detenerse en la obtención de los productos mínimos necesarios para la vida, a la par que aumentaban las prácticas consumistas, las pésimas decisiones políticas de los gobiernos y decaía la seguridad jurídica de los Estados (CFR.- WATTS: 1992, 373-374; CSAKI: 1992).
Estas circunstancias animaron a algunos gobiernos a consolidar sus comunidades a través de la implantación de mecanismos artificiales para transformarlas en colectividades productivas, para combatir el éxodo, su desaparición a la luz de las grandes ciudades, la pobreza y el estancamiento económico. Pero en el caso latinoamericano, el valor de las comunidades fue más un tema de retórica política durante la última parte del siglo XX, que de hechos concretos. Hasta que en el 2006, Venezuela dio un pasó adelante que traería como consecuencia la idea de que si era posible hablar de empoderamiento popular de las comunidades siempre y cuando estuvieran organizadas.
Partiendo del principio que las comunidades en Venezuela de principios del siglo XXI se caracterizan por haber sobrevivido a históricas fuerzas políticas, sociales y económicas que intentaron separarlas desde principios del siglo XX por el “boom” petrolero a través del establecimiento de una cadena productiva exclusiva y excluyente, el gobierno bolivariano promovió la creación de un nuevo tipo de comunidad dirigido a fortalecer más aún la integración de sus miembros. Considerando que las costumbres heredadas; el modo de uso, acceso y dominio de los recursos disponibles y los medios de producción; eran importantes para establecer políticas precisas y para comprender como unas comunidades se asimilaban y diferenciaban de otras, se evaluó que las verdaderas flaquezas de las comunidades venezolanas se encontraban en el escaso poder y en la precaria participación política que tenían. Esta hipótesis fue tomada por la Asamblea Nacional y ya para el año 2005 se encontraba en su fase final la Ley más revolucionaria jamás vista en la historia de la modernidad: la Ley de los Consejos Comunales. Esta ley promovía la figura de los Consejos Comunales, enmarcados como instancias de democracia participativa y protagónica, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permitieran al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.
Esta ley llevaba a un nuevo nivel la figura de la comunidad, por cuanto la transformaba de una mera unidad de rango territorial o sociodemográfico, a ser una instancia política y expresión de poder popular. El Consejo Comunal se presentaba como parte del poder constituyente, en cambio, las juntas parroquiales, los concejos municipales, las alcaldías y gobernaciones quedaban definidas como parte del poder constituido. Con esta visión, los Consejos Comunales tendrían una estructura de funcionamiento que no existía en la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública ni en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ya que era el corazón de la participación directa de la comunidad. Al promulgarse, la Ley de Consejos Comunales el 10 de abril de 2006, días después (17-7-06) el comandante presidente Hugo Chávez Frías, en su programa Alopresidente, señaló: “que tenemos que construir este sistema comunal de producción y consumo, ayudar a crearlo, desde las bases populares, con la participación de las comunidades, mediante las organizaciones de la comunidad, las cooperativas, la autogestión y las diferentes formas de crear este sistema". No obstante, pese a que la idea caló poco en los alcaldes del país (los primeros llamados a iniciar los cambios), desde esa misma fecha aumentó el interés nacional por los beneficios económicos al adoptar dicha figura. Como consecuencia, no paso mucho tiempo para que fuera evidente que los Consejos Comunales podían ser perfectamente un vehículo dinamizador de la economía nacional, ya que si se articulaban varios de ellos, podía nacer una inmensa red de intercambio socio productivo entre las localidades, donde cada comunidad se transformaría en una comuna de producción, y donde cada una ocuparía un puesto particular, estratégicamente diseñado, en el proceso de producción nacional. Pero para el éxito, el Estado estaría llamado a intervenir estratégicamente la economía nacional para que: 1) cada comunidad se transforme en unidad socioproductiva; y 2) que se enfoque en impulsar un determinado producto, cuidando siempre de conseguir un equilibrio productivo. El Estado venezolano, a través de sus órganos ministeriales, articuló políticas para ese objetivo, cuidando de no excederse en privilegiar sólo unas comunidades, porque si lo hacía pondría en riesgo los intereses del gobierno nacional, favoreciendo desequilibrios en la producción y competencias desiguales. Por ejemplo, si existía un desequilibrio en la producción de papa de cuatro comunidades vecinas en el Estado Guárico, entonces el Estado intervendría para que se constituyeran en un solo cuerpo: la comuna. La comuna es espacio de organización comunitaria que, generalmente, surge de un complejo de relaciones por las que un grupo de miembros produce sus bienes materiales con ciertas características propias a sus intereses.
“Esa palabra Comuna también forma parte de nuestras raíces a las que debemos, insisto, e insistiré siempre, rescatar, y estos niños deben ser radicales, ellos deben conseguir, debemos ayudarlos a conseguir nuestras raíces que se quedaron muchas de ellas sepultadas por el tiempo pero están aquí mismo a flor de tierra, a flor de agua, andan en el aire, incluso. Esa palabra Comuna, yo venía leyendo ayer en ese viaje bonito y alegre desde los andes venezolanos (…) Galeano dice que no hay nada menos foráneo en estas tierras nuestras que el socialismo, porque nuestros aborígenes, los charrúas, los caribes, los Incas, los Aztecas, los Mayas, todos ellos vivían en comunidades, en comunas, antes de que llegaran los barcos de allá del viejo Continente y destrozaran nuestra civilización autóctona, aborigen. “Nada hay menos foráneo en estas tierras que el socialismo...” Eduardo Galeano. Y yo creo que el camino para reivindicar y salvar nuestros pueblos del abismo en que caímos en el Siglo XX, es el socialismo, un socialismo muy nuestro, un socialismo como decía el General bolivariano de Pernambuco, brasileño, José Ignacio Abreu e Lima, un socialismo que nazca de nuestra propia entraña, que nazca de nuestras propias realidades, que nazca de nuestra propia historia” .
Lógicamente, la intervención del Estado en este caso debería estar muy bien avalada por un Plan de Desarrollo Integral de la Nación y estar acompañada por la participación ciudadana. Con estas reglas la acción interventora del Estado tiene posibilidades de éxito. Las comunidades determinarían cual o qué actividad productiva desean desarrollar y el Estado, basado en un Plan, se volvería un impulsor de la voluntad de su pueblo y guía de la misma::
“Ahora se están estableciendo estas instituciones para diagnosticar democráticamente las necesidades y prioridades comunales. Con el desplazamiento de recursos sustanciales desde los niveles municipales al nivel de la comunidad, el apoyo de nuevos bancos comunales para proyectos locales y de un tamaño tal que permitan que el organismo que toma las decisiones sea la asamblea general en lugar de representantes electos, los nuevos consejos comunales suministran una base no sólo para la transformación de los seres humanos en el curso del cambio de las circunstancias, sino también para la actividad productiva que esté realmente basada en las necesidades y los fines comunales” (LEBOWITZ: 2006).
También a raíz de los comentarios del Presidente Hugo Chávez, el 17 de Julio de 2006, se habló de crear en Venezuela un nuevo concepto de Consejos Comunales pero en materia de Producción, con base a tres principios rectores. En primer lugar, incorporar a las Unidades Comunales de Producción (UCP) como una nueva figura dentro de los agentes económicos tradicionales en Venezuela previstos en el Código de Comercio, tales como, las familias ; empresas privadas ; el Estado , gobernaciones y municipios, a través de empresas públicas productoras de insumos, servicios sociales y comunales; instituciones privadas sin fines de lucro, particulares; y todas aquellas asociaciones de autogestión y cogestión o unidades de economía popular. En segundo lugar, impulsar las empresas socialistas y las empresas de producción social, como vehículos para el desarrollo del modelo socialista de producción a ser instaurado en el país. Y en tercer lugar, extender aún más la capacidad productiva de las UCP, a niveles, incluso, industriales, como para formar una ciudad comunal.
“La ciudad comunal, la ciudad comunal... este es otro concepto una ciudad comunal “se constituye cuando en la totalidad de su perímetro se hayan establecido las comunidades organizadas, las comunas, y los autogobiernos comunales, estando sujeta su creación a un referéndum popular que convocará el Presidente de la República en Consejo de Ministro”. En resumen cuando en una ciudad en todo su espacio estén conformados las comunidades, como diga la ley que habrá que hacer, las comunidades con su Consejo Comunal, las comunas y las agregaciones correspondientes, entonces esa ciudad tendrá el derecho de constituirse y se constituirá previo a referéndum en una ciudad comunal. Ya la ley desarrollará, bueno, las características, atribuciones, derechos, etcétera que podrá tener una ciudad comunal” (Hugo Chávez).
Para lograr esto último aspecto, habría que tomar como referencia a todas las comunidades del país, para encontrar dentro de ellas algunas que por sus condiciones y circunstancias muy particulares, las hicieran aptas para asumir retos más ambiciones que la mera producción de algún producto. Las comunidades o comunas seleccionadas podrían, incluso, transformarse en ciudades comunales que controlarían grandes complejos industriales, lo que beneficiaría no sólo al equilibrio productivo que es la clave que garantiza un desarrollo armónico de la economía nacional, sino también la industria nacional en general en el marco del Socialismo del Siglo XXI. Conforme los miembros de cada una de estas comunidades realicen sus actividades, entonces, aumentará también la capacidad de trabajo y las relaciones de complementariedad e intercambio para con las demás Unidades Comunitarias vecinas (CFR.- CORONA SÁNCHEZ: 1986). ¿Pero cuál sería el primer paso en este plan?
Veamos el siguiente caso. Si imaginamos por un momento que una empresa privada construye una inmensa bomba de gasolina justo al frente de una carretera muy transitada en algún lugar del país y que la misma se encuentra ubicada en una zona aledaña a un humilde caserío rural, probablemente se pensaría que la puesta en funcionamiento de dicha bomba traería indefectiblemente beneficios económicos para los habitantes del caserío, bien sea por las posibilidades de empleo que se abren o bien sea por las posibles actividades comerciales derivadas que se generen; no obstante, realmente no existen relaciones sociales que aseguren que esos beneficios económicos llegaran a la comunidad plenamente, porque siempre quedan en las manos de los dueños de las empresas. Pero ¿qué ocurriría si el Estado construye una bomba de gasolina contratando cooperativas para ello y luego de concluida ésta, se concede la propiedad o la administración de la bomba a los mismos habitantes del caserío? ¿Acaso se aseguraría que los beneficios económicos lleguen más efectivamente a los habitantes del caserío? ¿Cómo asumirían el reto los habitantes de ese caserío? ¿Bajo qué principios el Estado sustentaría adjudicar semejante voto de confianza a una comunidad? ¿Qué riesgos conllevaría tal acción? ¿Por qué esa comunidad y no otra? ¿Quién tomará las decisiones y rendirá las cuentas si algo sale mal? ¿Acaso sería factible? Es cuestión de probar…
Si el Estado venezolano se enrumba tras ese objetivo, su acción se interpretaría como una fuerza exógena y artificial sobre las realidades geográficas de la comunidad que esta siendo aludida, porque modifica la escena social y crea una fuerza de atracción donde los miembros de la comunidad no pueden evitar la influencia del cambio provocado por la bomba de gasolina. La atracción originada concluirá con la asimilación por parte de la comunidad del cambio de su entorno, y si se incorpora un acompañamiento por parte del Estado durante ese proceso, al finalizar los miembros de la comunidad podrán estar en capacidad de administrar la bomba. De esta forma, la comunidad dará un salto, creando relaciones de subordinación, articulación y complementación saludables; matizando las tradicionales relaciones económicas de la región, sin que ello signifique la pérdida cierto grado de “autonomía política” en la fase productiva. Bajo ese esquema de acción, no parecería inapropiado que un Estado como el venezolano decida construir semejantes complejos, pero si sería inapropiado construir grandes complejos industriales en zonas cuyas comunidades no estén preparadas para asumir esas responsabilidades. Por ejemplo, sería inapropiado que el Estado construyera un complejo agroindustrial en toda la sierra de Mérida, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando no es posible cultivar allí nada sin la inversión de grandes sumas de dinero y esfuerzo humano. Esa acción sería más comprensible en el Estado Guárico, donde abundan comunidades en mejores condiciones y necesidades para asumir la administración de esos complejos. En este caso, son los factores geográficos los protagonistas, pero también pueden alegarse factores sociales, económicos y políticos. Pero sea cual sea el proyecto a desarrollar, éste debe provenir por exigencia del mismo pueblo y en ningún caso del Estado, y sólo a partir del cumplimiento de ese requisito sine cua non, es cuando el Estado, como máximo órgano de control, deberá analizar las propuestas y ejecutarlas unas vez aprobadas, y si no, deberá dialogar y explicar a los Consejos Comunales que presentaron el proyecto, lo inviable del mismo, siempre buscando encontrar otras alternativas que no restrinjan el desarrollo social y económico integral de cada una de las personas que integran la comunidad.
Este escenario fue objeto de análisis por el gobierno bolivariano, quien en el 2008, en el marco de la Ley habilitante, donde surgieron 66 leyes nuevas, nació Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. Esta ley, más revolucionaria que la anterior,
La Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, creó las modalidades y formas asociativas que potencian el control y próspero desenvolvimiento de las actividades de la economía popular, y el establecimiento de un nuevo sistema de producción, cuyos patrones de transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios, serán realizados por asociaciones de personas y comunidades organizadas, concientes de la necesidad de plantear un sistema socialmente justo en las relaciones socioproductivas y de intercambio solidario, con los fines de coadyuvar a la consolidación de las bases del modelo socioproductivo de la Nación, en la búsqueda del desarrollo humano integral y sustentable. Asimismo, la ley vino a resolver un problema jurídico sobre la posibilidad que una comunidad pueda ser propietaria de algo, ya que establece nuevas figuras de tipo de propiedad y empresas, que han posible un mayor desarrollo de las comunidades como figura jurídica concreta y no difusa:
1.	Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal: Unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, a una o varias comunas, que beneficie al colectivo, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad.
2.	Empresa de Propiedad Social Indirecta: Unidad productiva cuya propiedad es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad. El Estado progresivamente podrá transferir la propiedad a una o varias comunidades, a una o varias comunas, en beneficio del colectivo.
3.	Empresa de Producción Social: Unidad de trabajo colectivo destinada a la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades sociales y materiales a través de la reinversión social de sus excedentes, con igualdad sustantiva entre sus integrantes.
4.	Empresa de Distribución Social: Unidad de trabajo colectivo destinada a la distribución de bienes o servicios para satisfacer necesidades sociales y materiales a través de la reinversión social de sus excedentes, con igualdad sustantiva entre sus integrantes.
5.	Empresa de Autogestión: Unidad de trabajo colectivo que participan directamente en la gestión de la empresa, con sus propios recursos, dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y de la comunidad.
6.	Unidad Productiva Familiar: Es una organización integrada por miembros de una familia que desarrollen proyectos socioproductivos dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y de la comunidad.
7.	Grupos de Intercambio Solidario: Conjunto de prosumidoras y prosumidores organizados, con la finalidad de participar en alguna de las modalidades de los sistemas alternativos de intercambio solidario.
8.	Grupos de Trueque Comunitario: Conjunto de prosumidoras y prosumidores organizados, que utilizan las modalidades del sistema alternativo de intercambio solidario.
A través de este Decreto se esperaba englobar las unidades económicas que están en las comunidades y las empresas familiares que no tenían un espacio jurídico. Con esto se da un reimpulso, el acompañamiento y la formación debida, a esos sectores que son tan necesitados; organizando la economía para crear cadenas productivas asociadas a las grandes industrias, a los grandes desarrollos.
“No podemos crear los grandes parques industriales si no desarrollamos aguas abajo y aguas arriba las pequeñas unidades productivas que hacen posible ese gran parque industrial. Si no lo hacemos así, seguiremos creando grandes cordones marginales de pobreza. Impulsamos la economía bajo un plan constante al desarrollar proyectos estatales para áreas específicas, como servicios, electricidad, planes de vivienda, salud, de educación, los planes de industrializacion, de reforestación, de reacondicionamiento de espacios. Por ejemplo, en todo el eje ferroviario debe haber unidades productivas que creen pueblos, donde participen el Estado y los pueblos, generando propiedad social directa e indirecta (...) No se desarrolla un país si no estás enfocado en todos los procesos productivos, desde los pequeños hasta los grandes. Estamos desarrollando nuestras capacidades no para crear monopolios o grandes cadenas, sino para crear beneficio social, mayor calidad de vida. La carencia de planificación se evidencia cuando vemos plantas que no tienen dónde colocar su producción, o donde el grande se come al pequeño. Aquí queremos planificar. En una cuenca lechera debemos tener una planta procesadora de leche. Pero debemos crear conciencia en la comunidad para instalar esa planta. Si quieren poner otro tipo de empresa, no nos negamos, pero los orientamos sobre las capacidades y sobre la base de la real potencialidad de la zona, establecemos la política a seguir, porque aquí se desarrollaron muchos conjuntos industriales que ahora están abandonados porque no se hicieron sobre la base de un plan estratégico, sino que simplemente se desarrollaron galpones, plataformas. No tenían dónde comercializar, conseguir materia prima, formarse o capacitarse. El hecho de que en Aragua, Carabobo y Distrito Capital se concentra 60% de la industria del país quiere decir que no hubo planificación sobre el Estado. El primer desarrollo de transformación metalúrgica lo tenemos en Carabobo y Aragua, cuando la fuente minera está en Bolívar. ¿Por qué la transformación no fue en Bolívar o Anzoátegui? Porque eran los intereses de ciertos sectores de tener un puerto cerca por donde sacar la materia prima y luego recibirla transformada y no desarrollar la producción nacional. ¿Por qué importamos tantas piezas de vehículos si aquí tenemos el hierro, el acero, el plástico? ¿Por qué no instalamos plantas de esas partes? (Pedro Morejón) .
Con este decreto, a medida que crezcan las comunidades y se dignificarán a las personas. En un mediano plazo todas esas cadenas y parques industriales tendrán las cadenas asociadas, y entonces ciudadanos y ciudadanas podrán contar con productos de calidad que garanticen la plena soberanía alimentaria, salud, educación.
“Tenemos un atraso en el área porque nos fueron desplazando, se cerraron parques industriales. No se entregaron créditos, no hubo procesos para la transformación, al punto de que éramos una economía de puerto. Debemos tener las plantas que transforman las materia primas en productos terminados. Que las materias primas no se vayan a otros países y después nos las manden transformadas en rubros para la construcción. Ahora tenemos cinco años de crecimiento económico. Estamos construyendo ferrocarriles, autopistas, puentes, teleféricos, satélites; eso apoya la creación de servicios, con fuentes de energía sanas como Caruachi, para industrializar el eje Orinoco-Apure. Esperamos generar empleos y conciencia sobre el uso de la mercancía. Porque también trabajamos el consumo, la conciencia del consumidor sobre los productos, de dónde vienen, cómo vienen, cuánto costó su distribución. Queremos crear conciencia, cultura del venezolano. Los hábitos de las viejas costumbres (alimentarias) debemos cambiarlos hacia los alimentos que se producen aquí. Debemos tener preferencias para lo que se produce en el país” (Pedro Morejón) .
8.- EL ESTADO TOLERANTE:
Venezuela es un estado Tolerante, aunque los medios de comunicación opositores insistan en lo contrario mal interpretando el hecho que en la CRBV de 1999 no aparezca el concepto entre los principios democráticos fundamentales del Estado. La tolerancia, como principio democrático, significa aceptar el hecho que los seres humanos poseen diversidad de aspecto, situación, forma de expresarse, comportamiento y valores; y tienen derecho a vivir en paz, a ser como son y a disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna discriminación (CFR.- UNESCO: 1995; RUS: 2006; ABELLÁN: 2006; DEL ÁGUILA: 2006) (CFR.- GRAWITZ: 1991, 381). Sin embargo, para lograr ese objetivo debe ejecutarse la aplicación de la ley y en el ejercicio de los poderes públicos con justicia e imparcialidad.
Lo contrario a este planteamiento significa exclusión, marginación, frustración, hostilidad y fanatismo de grupos vulnerables. A fin de instaurar una sociedad más tolerante, Venezuela y Estados del mundo han ratificado convenciones internacionales en los últimos años en materia de derechos humanos e igualdad de trato a todos los grupos e individuos de la sociedad. Sin tolerancia a las diferencias no puede haber paz, y sin paz no puede haber desarrollo ni democracia: “todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes” (CFR.- UNESCO: 1978). Entonces dada la importancia de este concepto a nivel internacional, la pregunta es ¿por qué el constituyente de 1999 no incluyó expresamente la tolerancia como un principio democrático en la CRBV, aún cuando dicho concepto es de imprescindible importancia para la complexión de la democracia y era un principio llamado a ser integrado en el nuevo Estado del siglo XXI por organismos internacionales como la ONU y la UNESCO? Por una sencilla razón, Allan Brever Carías no lo quería incluir . En aquella oportunidad la preocupación acerca de instaurar en el país un sistema político de democracia participativa fue tan decidida que se dejaron de lado temas tan importantes como éste. Además, debido a que durante toda la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) las discusiones fueron monopolizadas por constituyentes que eran abogados, hubo un exacerbado juridicismo, parcialmente desactualizado , en el diseño de cada uno de los artículos constitucionales; lo que favoreció el solapamiento de la tolerancia. Este exacerbado juridicismo no permitía réplicas ni revisionismos de otras ciencias, al punto que algunos politólogos consideran que si en 1999 se hubiera presentado para su discusión a la plenaria una propuesta para incluir el principio de tolerancia en el texto final de la constitución, éste igualmente no hubiese sido aprobado por los “excelsos abogados presentes”. La razón es que el principio de tolerancia dentro de la democracia tiene sus orígenes teóricos en espacios no propios del derecho, sino más bien de la Ciencia Política y el derecho socialista . Si hubiera sido presentado, los abogados de aquella histórica asamblea habrían mostrado su bandera de resistencia, abogando cualquier tipo de argumento vacío pintado de forma jurídico-abstracta como para intimidar cualquier intento pro-socialista . De una u otra forma, en 1999 se olvidó que la tolerancia es consustancial a la democracia. Si la democracia presupone el pluralismo de opiniones, preferencias y proyectos políticos, y además aporta un procedimiento institucionalizado y pacífico para dirimir esas diferencias en el marco de la igualdad de derechos ciudadanos, entonces la tolerancia tiene en la democracia su mejor hábitat. En efecto, como una vez lo preguntó Isidro Cisneros ¿cómo concebir, por ejemplo, el diálogo, el pluralismo, la legalidad o la representación política sin tolerancia?, sin ella, nada es posible. La tolerancia es indispensable para la democracia; es una parte de la familia de valores, principios, procedimientos, instituciones y prácticas políticas que dan vida a la democracia. Así, junto a la tolerancia están, de manera destacada, la libertad, la igualdad política, la soberanía popular, el pluralismo, el diálogo, la legalidad, la justicia, la representación política, la participación, el principio de mayoría y los derechos de las minorías. La articulación de este cúmulo de principios y valores es lo que conforma el complejo sistema en el que la democracia cobra forma y operatividad (CFR.- CISNEROS) y, si Venezuela no lo expresó en la CRBV de 1999, no significa que el país sea intolerante y mucho menos que el país se estaría alejando de una de sus mayores conquistas democráticas, por cuanto el principio puede estar desarrollado en el articulado de la constitución.
Para algunos constituyentes se desarrolló un conjunto de principios constitucionales dirigidos a asegurar la convivencia social y política civilizada, como medida para evitar el retorno de experiencias segregacionistas de tan doloroso recuerdo como las que se han registrado en la historia de la humanidad, las cuales se han tratado de explicar dando un carácter adjetivo al tipo de tolerancia que se empleó, sea liberal o socialista. Por ejemplo, la tolerancia Socialista se estipula en la ideología del igualitarismo, es decir, se interesa por crear un sistema político calculado en leyes que imponen obligaciones recíprocas entre quienes gobiernan y son gobernados y, a la vez, permite al Estado intervenir en todas, o en ciertas áreas económicas “estratégicamente establecidas”, para hacer que todos los ciudadanos sean iguales en el mayor sentido posible. No obstante, este tipo de tolerancia manifiesta algunas limitaciones cuando olvida que todos los seres humanos son inmanentemente diferentes unos de otros, sea por sexo, raza, credo, etc., y que las obligaciones impuestas pueden atentar contra la dignidad de algunos individuos; que si no se suman al proceso, serán excluidos así como a todas aquellas formas de vida opuestas a los supuestos planteados. Entretanto, otra limitación es que el Estado no puede negar que es susceptible a disimular un conjunto de ideas que enmascara la voluntad de poder de un grupo, clase o sector (CFR.- BUELA), a la hora de determinar en qué áreas económica va a intervenir para lograr la igualdad.
En cambio la tolerancia liberal se aparta del igualitarismo y propone un sistema político más inclinado por garantizar la igualdad de derechos sociales, pero no la igualdad económica, ya que, indefectiblemente, siempre habrá ganadores y perdedores a raíz de las relaciones de libre mercado (CFR.- FAIRCLOUGH: 2006). Sin embargo, para nuestros efectos no hay que creer que la tolerancia puede ser socialista o liberal. La tolerancia es una, es para todos. La tolerancia combina preocupaciones económicas y sociales con similar equilibrio. Además, utiliza el principio de la reciprocidad para fundamentar las transacciones, los compromisos y los acuerdos que pueden llevarse a cabo en el Estado democrático; es decir, los intercambios se hacen entre desigualdades y, por lo tanto, la reciprocidad será el valor que sustentará la convivencia pacífica cuando los ciudadanos reconozcan las desigualdades del otro: “si tú me toleras, yo te tolero”, allí esta la clave (CFR.- CISNEROS). La tolerancia es el respeto por la diferencia. Es la respuesta a la intolerancia.
Y si bien, la intolerancia se ha hecho una característica de la vida diaria no sólo en Venezuela sino en el mundo gracias a la globalización (CFR.- IBARRA), residiendo no en el Estado sino dentro de las mismas sociedades, haciéndose evidente en acciones y actitudes que hieren con insensibilidad los sentimientos, derechos y dignidad de los otros, con actitudes irracionales, cuyos orígenes se remontan a la ignorancia y la falta de educación; los Estados deben asumir posturas activas en la búsqueda de la tolerancia a partir del estimulo de estrategias dirigidas a una educación preventiva de los cultivos de prejuicio, odio y discriminación. La educación es el medio más efectivo para prevenir la intolerancia. Es vital que los niños aprendan sobre lo que es tolerancia de manera que puedan comprender porqué los derechos humanos, la dignidad humana y el respeto por la diversidad son inseparables. La educación misma debe liberarse del virus de la intolerancia y señalar cuáles son nuestros derechos compartidos, para que sean siempre respetados y contribuya a que todos disfruten siempre de estos derechos (CFR.- ANNAN: 2002).
La educación juega un papel tan imprescindible que su buena administración significa que el ciudadano adquiera una conciencia diferente sobre la institución y el rol del Estado; y desarrolle para descubrir donde hay tolerancia, aun cuando los medios de comunicación la nieguen. Las prácticas tolerantes dentro del Estado Democrático se caracterizan por hacer el seguimiento de las acciones dirigidas a la tolerancia con el objetivo de resguardar su estructura y aplicar correctivos en aquellos casos en que se amerite. Pero en ese ejercicio, el Estado también pone en acción prácticas de indiferencia, es decir, no es que el Estado descuida su propia vida y carece de interés por lo que percibe. Sino más bien, deja al libre albedrío específicos hechos sociales que lo rodean y se desinteresa de las consecuencias que puedan causar a no ser que hayan transgredido algún ordenamiento normativo. Esta práctica va dirigida a lo superfluo, pero como ocurrió en el caso de Venezuela, los medios de comunicación tergiversaron su significado y le otorgaron importancia para crear matrices de opiniones negativas al Estado. En perfecta sincronía con las tesis de la psicología social, los medios de comunicación opositores al gobierno bolivariano vendieron masivamente la idea que el Estado venezolano ya no era constructor social; negaba su propia responsabilidad; no tenía control sobre su territorio; y era intolerante. Algunos ciudadanos compraron estas ideas, y los medios insistieron aún más, al punto que se recuerda el caso de una inexperta periodista que fue despedida por negarse en el 2006 a “crear una noticia”. En esa ocasión, una periodista de una televisora llegó a una institución pública venezolana y recibió una llamada desde el mismo canal para informarle que debía “crear una noticia”. Originalmente, le solicitaron que cubriera una manifestación pública al frente de la institución. Pero cuando ella llegó se sorprendió al no ver a nadie manifestando. Entonces la llamaron del departamento de prensa para indicarle que debía reunir transeúntes o gente que estuviera cerca del lugar y los organizara para que manifestaran por cualquier cosa. Además, le indicaron que no se preocupara, que los camarógrafos estaban entrenados para hacer creer a la audiencia que habían cientos de personas. Ella se negó, y descubrió al llegar al trabajo su carta de despido. Pero no por ello el gobierno accionó contra quienes se oponían a él. Más bien, aceptó las diferencias y desde entonces la tolerancia se hizo un tema de reflexión esencial en las discusiones para la construcción del Socialismo del Siglo XXI.
La mundialización de la economía y una aceleración de la movilidad, la comunicación, la integración y la interdependencia; la gran amplitud de las migraciones y del desplazamiento de poblaciones; la urbanización y la transformación de los modelos sociales, crean un escenario que favorecen constantemente las contradicciones sociales y la intolerancia (CFR.- UNESCO: 1978). Esto recrea un escenario complejo para que el Socialismo del Siglo XXI profundice y fomente la tolerancia y la siembra de actitudes de apertura, solidaridad, unión y reciprocidad. No obstante, un camino sería que la CRBV incluya, en una próxima reforma: la tolerancia, justo en lo que es hoy el Artículo 2 de la CRBV y que dice: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social” (la tolerancia) “y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Con esa inserción, el país tendrá el piso necesario para que el proceso de transición al Socialismo del Siglo XXI no sea un camino tortuoso lleno de luchas sociales entre quienes desearán la tradición y entre quienes desearán la modernidad y, ciertamente, se transforme en una experiencia deshumanizada como pretenden los medios. Esa palabra significa un nuevo valor del Estado y la consolidación de una nueva cara del acuerdo nacional porque privilegia la concertación y el diálogo como vías legítimas para las discusiones políticas en vez de las armas. La confrontación ideológica se amilanaría y se traduciría en un repunte de los esfuerzos dirigidos a causas. Pero, sería incorrecto esperar a que la oportunidad llegue. La tolerancia humana en Venezuela es cosa de hoy mismo y su desarrollo comienza con su puesta en práctica. A medida que se vaya haciendo habitual, a medida nos desarrollaremos como nación. Las escuelas y las universidades, el hogar y el lugar de trabajo son los llamados a crear la cultural de la tolerancia en Venezuela. Los medios de comunicación pueden desempeñar una función constructiva, facilitando un diálogo y un debate libre y abierto, difundiendo los valores de la tolerancia y poniendo de relieve el peligro que representa la indiferencia al ascenso de grupos e ideologías intolerantes. Igualmente, el Estado no debe cesar en adoptar medidas que hagan falta, para garantizar la igualdad en dignidad y derechos de los individuos y grupos humanos; con especial atención a los grupos vulnerables socialmente desfavorecidos que necesitan protección a través de leyes y medidas sociales en vigor, primordialmente en materia de vivienda, de empleo y en de salud, donde recientemente el estado venezolano ha impulsado unas políticas dirigidas a que las aseguradoras entreguen pólizas solidarias y gratuitas a necesitados. Así como velar por el respeto de su autenticidad, de su cultura y sus valores y facilitar su promoción e integración social y profesional, en particular mediante la educación. Y de lograrse, sin duda, sería uno de los mensajes más memorables que Venezuela le daría al mundo, en especial, a aquel mundo convulsionado, tan intolerante que no busca en su propia gente la respuesta a su propia paz.
9.- EL ESTADO HISTÓRICO:
Si algo aumenta la confrontación entre fuerzas políticas antagónicas que tienen una considerable representatividad en la población de un país, es la falta de sinceridad con respecto a la historia. Puede darse el caso, que los grupos políticos luchen entre si con gran brío por imponer a la población una sola interpretación o versión de los hechos históricos como una verdad franca, omnipotente y omnisciente y, por tanto, así debe quedar para la historia. Los estudios históricos pasan a un segundo plano y su interpretación se transforma en un arma manipuladora al servicio de una emoción política patriótica e ideológica de clase; y en el mayor obstáculo para la pacificación y convivencia pacífica (CFR.- PEREÑA: 1999), porque crea tensiones sociales innecesarias; enfrenta a las colectividades de unos territorios con otros; y se desdeñan los lazos culturales que unen, como si se tratara de enaltecer los hechos que separan y hacen irreconciliables las relaciones humanas (CFR.- VIDAL DELGADO: 2006).
No importa que ocurran hechos notorios, evidentes para cada quien; el debate retórico que se origina de esa confrontación es capaz de tergiversar la realidad de cualquier suceso por más indiscutible e incuestionable sea, con el objetivo de amoldarlo a las necesidades políticas inmediatas de cada bando (CFR.- BROUÉ: 1972). Vale recordar el caso de un general ruso, que al llegar a los campos de concentración alemanes luego de finalizar la segunda guerra mundial ordenó sin contemplación que tomarán fotografías a todos aquellos abominables y execrables demandes. Cuando se le preguntó por qué era necesaria aquella movilización de fotógrafos, él tan sólo se remitió a responder que era para que nadie en el futuro se atreviera a decir que el holocausto jamás existió. Pero, incluso, pese a ese esfuerzo, hoy existen millares de seres humanos alrededor del mundo que niegan que el holocausto existiera; e insisten en contrariar la realidad de lo ocurrido. Allí están los riesgos de la historia. La confusión humana. La confusión en la matriz de opinión de la sociedad siempre favorece a fuerzas políticas específicas, las cuales harán lo necesario para imponer su posición a los medios de comunicación; aunque se sepa de antemano que la información a ser transmitida no creará situaciones de aprendizaje para la población. Esto se debe a que cada fuerza política presenta un discurso político-histórico a la población con mayor carga emotiva y política que científica y, además, intenta por medio de la persuasión cambiar la opinión de los ciudadanos en una dirección en particular que va en su beneficio por acceder o mantenerse en el poder. Así, la simple opinión histórica de un ciudadano se hace estratégica para los intereses políticos aunque no sea correcta; y se hace deseable y necesaria por los grupos políticos, cumpliéndose así una de las prerrogativas de la manipulación política (CRF.- NIZAMA VALLADOLID: 2002).
La tergiversación se entabla en las discusiones mediáticas acerca del protagonismo de los actores; allí se enfatizan verdades medias y se abren posibilidades para que los intereses ocultos vayan adquiriendo mayor fuerza para involucrar a los pueblos en un orden de convenientes convicciones sociales que unos pocos comprenden y que la gran mayoría desconoce. La sociedad pasa a ser el eje de un complot mediático y el Estado, aunque se encuentre formando filas en la pugna ideológica, no debe olvidar las razones de su existencia. El estado debe agotar esfuerzos para que el ciudadano se acerque a la realidad histórica y rechace su apariencia; y evite ser objeto de una pugna que, en algunos casos, no lo involucran, pero tienden a afectarlo por ser él un agente importante en un mundo más mediatizado.
El Estado al estar conciente que un ser sin historia es un ser sin identidad y que el olvido de la historia significa correr el riesgo de repetir los errores del pasado, descubre su papel formador de conciencia. Si no es el Estado, ¿Entonces Quién? El Estado es el vehículo para acercar a la población a una historia sin recelos, sin disimulos, sin prejuicios, así la interpretación del pasado no se convertirá en “una hipoteca de futuro” (CFR.- FRANCISCO FRANCO: 2003). Si los ciudadanos no saben de donde vienen, entonces no sabrán dónde están y hacia dónde van; y lo mismo se le aplicaría a las instituciones del sistema político del país, las cuales como reflejo de ese desconocimiento de sus ciudadanos, consecuentemente denotará como sus funcionarios públicos no comprenden el significado de su trabajo ni de su institución ni el por qué de su existencia, a la espera que otra historia, una historia transnacional o comercializada, ocupe el lugar . El Estado debe intervenir en la creación de una misma historia, y no una historia oficial, ni tampoco una historia negra, es decir, una historia científica, abierta a connotaciones objetivas más que subjetivas; llena de significados verdaderos que motiven la discusión académica y supriman las discusiones fanáticas. Una historia sin paralelismos políticos que sirva de banco de referencia para que los individuos puedan tomar decisiones sustentadas. Una historia cuyas bases se repartan entre el carácter científico y la prospección comunitaria. Una historia capaz de crear identidad al reconocer las condiciones de vida de la sociedad en la que estamos, lo que significa asumir críticamente nuestro <> y nuestro <>, con todas las circunstancias favorables o desfavorables que caracterizan a nuestro país para que esta realidad histórica en que vivimos (aquí y ahora) sea mejor a la hora de heredársela a las nuevas generaciones (CFR.- BARRAZA).
La historia científica supondría, por definición, una historia con paradigmas acordes a la realidad de la sociedad y a los avances teóricos, que coadyuve a construir un mundo más digno (CFR.- REYES GUERRA). Pero esta teoría tiene grandes retos. La historia científica puede ser ingenua al ignorar las limitaciones de los historiadores humanos finitos y caídos (CFR.- SCHULTZ: 2003). Éstos se aproximan al pasado con una cierta perspectiva, con presuposiciones fundamentadas en el trasfondo, experiencia y convicciones. Estas presuposiciones, correctas o no, son los lentes con los cuales vemos el pasado. Nadie funciona como un observador neutral y desinteresado. Además, no hay un registro completo del pasado. Los documentos históricos tratan sólo con una pequeña fracción de todos los eventos, hechos, pensamientos e intenciones de la historia humana. El conocimiento global y exhaustivo de hoy, cada vez más cargado de información, también dificulta el trabajo al historiador que esta limitado por el tiempo. Por otro lado, la historia científica es también humanista y por ello el hombre autónomo, pese a estar equipado con la razón y una metodología científica, no puede creer que será anómico a la hora inspeccionar los <> de la historia y reconstruir el pasado (CFR.- SCHULTZ: 2003). Por esas razones el Estado del Socialismo del siglo XXI pone su atención en ese tema y aprovecha que la historia científica tiene gran potencial de poder formativo, porque sugiere el planteamiento de medios válidos para aprender a realizar análisis sociales (en el sentido amplio), y permite incorporar muchas posibilidades para trabajar las diversas habilidades intelectuales y potenciar el desarrollo personal (CFR.- PRATS: 1999). Esos fines valdrían el esfuerzo. El Estado se abriría asimismo a un nuevo mundo y la historia científica, con todas sus debilidades, serviría como medio para limar las contradicciones producidas por el antagonismo natural de los hombres, la consecuencia más deseada por el que hacer científico, y para someter nuestras hipótesis a su necesario contraste, con el objeto de validarlas y hacerlas así sostenibles y sustentables (CFR.- BADÍA: 2003). En cambio, las comunidades mirarían la historia como un todo dinámico y en permanente movimiento en donde son protagonistas; como un puente que les abre la posibilidad de trazar un futuro propio, con un rostro que no se pierde en la mera homogenización impuesta por una discusión política.
La necesidad de arribar a una historia científica es claramente sentida en nuestra América, y particularmente en nuestro país. Debemos superar aquellas diferencias humanas de viejo cuño que tenemos en nuestro continente y no terminan por resolverse . Superarlas es necesariamente un paso al desarrollo, puesto que los pueblos ahora estarán pensando en otras ideas más importantes y provechosas en directa relación con su comunidad, como si se tratara de una historia científica comunitaria, que daría cabida a ver cómo, por ejemplo, un doctor supo resolver una enfermedad en su colectividad, en su hospital o en su paciente (CFR.- GAMARRA: 2006), o como una cooperativa estableció un exitoso mecanismo de producción de un determinado bien con base a las realidades muy propias de su comunidad. Esa memoria comunitaria es la que ha resguardado, transmitido e impulsado el gobierno bolivariano. Las comunidades son una fuente invalorable e inimaginable de información histórica; en sus coyunturas sociales existen experiencias que son el beneficio del futuro y el cambio del modo en que nos entendemos a nosotros mismos y nuestro vinculo con las cosas. Sin ir muy lejos, la historia científica comunitaria comienza allí mismo, en la localidad antes que en la municipalidad. En la localidad los hechos sociales de la comunidad son integrados en una serie homogénea de conocimiento en pro del desarrollo y la consolidación de la identidad cultural, cuyo piso de legados dibujará más tintas a la pintura patria que enorgullece a los venezolanos.
La localidad rescataría ese quehacer diario, casi minimalista, que los medios de comunicación y los historiadores no recogen, por cuanto están más interesados por lo grande, por lo nacional e internacional. La historia científica comunitaria en el Socialismo del Siglo XXI es volver la mirada hacia adentro. Hacia las pequeñas cosas que rodean a nuestros ciudadanos, a sus logros, a sus fracasos, a sus experiencias. Es poner la esperanza en que el racionalismo moderno servirá como el mediador entre las contradicciones sociales y las fracturas de clase; porque equilibraría pareceres, encaminaría voluntades a un mismo camino y serviría para reenfocar la atención de los hombres hacia nuevos problemas o hechos comunitarios. Esta tipo de historia sumaría no sólo la historia local, sino total; pasado-presente-futuro, historia-ciencias sociales, historia explicativa, historia económico-social, fuentes no narrativas, cuantitativismo, monografías regionales y multiplicidad de tiempos, lo que nos alejaría de la “historia historizante”, propia de nuestra época, propia del imperialismo, en la cual el historiador tiene la misión que los “hechos históricos” deben ser coordinados y ordenados en una cadena lineal de causas y consecuencias, para ser presentados como síntesis (CFR.- PRIMO: 1995), pero privilegiando los grandes hechos, las grandes cifras y los grandes personajes, apartándose de la sociedad que los genera (CFR.- CORONA PAÉZ: 2001) y menospreciando el presente, es decir, una historia del pasado sin más, pasado que no poseía ninguna relación ni contacto con nuestro contexto y llena de héroes extranjeros (CFR.- BUSTAMANTE); historia basaba en el interés de quienes dominan los medios.
Pero de igual forma, si se habla de cambiar el significado de la historia, es básico comprender que esto no será posible sin el protagonismo de las universidades. Pero éstas deberían madurar con carácter de urgencia, por cuanto año a año están generando apresuradamente conocimiento sin valor, anacrónico e injustificable. Muestra de ello, son las tesis universitarias de los últimos 100 años a lo largo de continente americano. Desde principios del siglo XX, las universidades se volvieron un instrumento de investigación de los grandes intereses políticos, económicos y financieros del momento. Exclusivas y excluyentes con el estudiantado; soberbias e inmaculadas en sus resultados; y exquisitas en cuanto a sus objetos de estudio. Empresas privadas camufladas detrás de una toga y birrete ¿Por qué? Por los siguientes ejemplos nominados en el 2009 a los IG NOBELS : 1) a principios del siglo XXI en Estados Unidos de América se gastaron más de 15 millones de dólares por investigar por qué la gente lagrimea cuando corta una cebolla.; 2) la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires, hicieron un importante gasto para demostrar como se comportaban los hamsters cuando se les daba Viagra; 3) Catherine Douglas y Peter Rowlinson no perdieron tiempo para buscar recursos para demostrar que las vacas a las que se les pone nombre dan más leche que las vacas que no lo tienen; 4) seis investigadores de la Universidad de Bern perdieron horas de sueño por determinar si es “mejor” que te peguen en la cabeza con una botella de cerveza vacía o llena; 5) tres mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México dejaron de lado a sus familias por hacer diamantes de tequila; 6) Donald Unger logró tocar el cielo por llevar 60 años haciéndose crujir los nudillos de su mano izquierda y nunca los de la derecha para probar si este hábito provocaba o no artritis; 7) tres investigadores europeos sacrificaron su orgullo social al analizar por qué las embarazadas no se caen; 8) a Elena N. Bodnar, Rafael C. Lee y Sandra Marijan quienes con esfuerzo intelectual crearon un sujetador el cual, en caso de emergencia, puede transformarse rápidamente en un par de máscaras, una para el dueño del sostén y la otra para alguien que la necesite; y 9) tres investigadores japoneses que demostraron los desechos domésticos pueden ser “destruidos” en un 90% mediante el uso de bacterias extraídas de las heces de pandas gigantes. Pero la pregunta es: ¿¿¿Y EL SIDA??? ¿¿¿Y EL CANCER??? ¿¿¿Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL??? ¿Acaso nadie le ha dicho a esta gente que hay verdaderos problemas que debemos atender? Que alguien me explique entonces. Así como estas tesis pueden rayar perfectamente en lo absurdo e intrascendente, es preciso decir que lo mismo puede ocurrir en Venezuela sino se canalizan los esfuerzos de las tesis a un sólo fin u objetivo. Un caso patético es aquel de un estudiante venezolano que durante 3 largos años de su vida estudió la organización de la elección interna de candidatos regionales del partido político Acción Democrática en 1972. Con esta fabulosa tesis, se hizo Doctor en Ciencias Políticas en la magnánima Universidad Central de Venezuela. Pero… ¿Es que acaso su tesis tiene algún valor en el 2009? ¿Quién se desvive por leer esa tesis hoy en día? ¿A quién le cambió la vida? ¿Acaso esa tesis cambió el mundo? ¿Fue un documento trascendental en su tiempo? Para nada…! Los esfuerzos de los estudiantes universitarios, al momento de hacer sus tesis, deben ser enfocados en realidades importantes, o al menos trascendentes. Si un estudiante de historia desea hacer su tesis sobre la vida de algún prócer de la independencia de Venezuela, los cuales están más que estudiados y difícilmente se pueda descubrir algo nuevo, la universidad o el Estado deberían de interceder y hacerle entender que eso podría hacerlo luego de graduarse. Antes, es preferible que ese estudiante, por ejemplo, tomé un caso de la historia venezolana que aún no esta resuelto o es inconcluso. Es preferible que gaste su máximo esfuerzo académico en descubrir que fue de una persona desaparecida o asesinada durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez o durante la II, III y IV República; que especifique donde realmente fue asesinado Delgado Chalbaud; dónde se encuentra la treintena de aviones desaparecidos en tierra (no aguas) venezolanas; dónde se encuentran los cementerios desaparecidos de la ciudad de Caracas; dónde se encuentran los cuerpos personas desaparecidas en el Parque Sierra Nevada; por qué algunos pobladores de bailadores poseen una forma de escribir números que no es similar a ninguna otra conocida en el continente pero similares a pueblos asiáticos; quién esta enterrado en la tumba de Ezequiel Zamora; donde se encuentra la tumba de Nereo Pacheco o el dibujo de su rostro fallecido hecho por Héctor Poleo; de quienes eran los dos cuerpos que encontraron en la década de los noventa en el sector de Catia ornamentados con reliquias del siglo XVII; qué causo el estruendoso sonido que estremeció a caracas a finales de los años ochenta y que se oyó hasta los valles del Tuy; son tantas preguntas, tantas cosas que aún faltan por responder, que podrían ser resueltas. Desde esta óptica, la idea es sellar capítulos, para luego continuar otros. Si algún estudiante llegara por ejemplo a precisas que fue de la historia de algún desaparecido, ésta información tendría un alto valor espiritual para la familia de aquel, así como se saldaría la deuda social que tiene el estado para con su población. 10.- LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNAL:
Si por algo se caracterizará el Socialismo del Siglo XXI, será porque hará tributos a las tesis y paradigmas de la Economía Social en vez de la Economía de Mercado que provocó nefastas experiencias en América Latina, como la acelerada evolución de los desequilibrios sociales en los años setenta y la inestabilidad de las condiciones de vida de los ciudadanos de los años ochenta y noventa. En su oportunidad, la Economía de Mercado dominó las relaciones comerciales en todo el continente por la apresurada aceptación de las tesis del neoliberalismo por parte de los gobiernos, quienes creyeron que sería el elemento garante para el desarrollo económico y seguro de sus naciones, aún a sabiendas que entre las consecuencias de su uso, las poblaciones establecerían patrones comerciales que aumentarían proporcionalmente el número de perdedores del juego comercial con respecto al número de ganadores. Esa indiferencia por la Economía Social fue el detonante de la multiplicación de grandes masas de pobres y desempleados que aparecieron de la nada en las ciudades latinoamericanas. En pocos años, los países tenían millones de seres desprotegidos y excluidos que terminaban siendo un actor aislado del sistema, frente a un mundo cada vez más difícil y complejo de sobrevivir bajo la ley del más fuerte, la cual cobraba vida por un modelo de competencia de demanda y oferta salvaje (CFR.- FUENMAYOR: 2005). La Economía de Mercado nació como una forma de comercio dirigida a reducir las carencias del sistema económico propio de principios del siglo XX, y se concentró en cuatro ideas fundamentales: a) la supremacía del mercado como espacio que determina las relaciones sociales sin la intervención del Estado, y al margen de la política; b) el privilegio al individuo por encima de las colectividades, negando las relaciones cooperativas y solidarias, puesto que prevalece el interés propio; c) el lucro privado es la razón de la actividad humana encaminada a satisfacer necesidades, de allí que se fortalezca la ganancia privada en por encima de los beneficios sociales; y d) las categorías económicas son el eje central del discurso y de las prácticas sociales (CFR.- TORRES LÓPEZ: 2002, 12-13). Sin embargo, sus postulados fracasaron en muchos gobiernos del mundo y, más, en Latinoamérica, donde la desigualdad y el atraso económico y social fueron tan considerables que desde los primeros años de su puesta en marcha, ya se hablaba de la búsqueda de otras alternativas, como aquella, de muy antaño, de la Economía Social (CFR.- FUENMAYOR: 2005).
La Economía Social es una teoría que evolucionó considerablemente con los años. Sus orígenes datan en la Europa del siglo XIX, cuando se hizo objeto de estudio para algunos autores franceses como Charles Dunoyer, Fréderic Le Play, Charles Gide y León Walras. En principio, el término Economía Social no se reducía a definir sólo un tipo de organizaciones como las cooperativas y las mutuales, creadas por los trabajadores; sino que iba más allá, como un enfoque que integraba la problemática social al estudio de la economía y cuestionaba la “economía de los economistas”. Posteriormente, en el año 1900, Charles Gide le da un mayor desarrollo a los planteamientos al considerar que la Economía Social era un vestíbulo que comprendía tres partes: a) los poderes públicos, es decir las intervenciones públicas que atienden las necesidades sociales no satisfechas por el mercado; b) las asociaciones (entendidas como las asociaciones obreras); y c) las obras sociales de los patronos, la filantropía. Incluyendo así las instituciones que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros, asegurar contra los riesgos sociales, o permitir la independencia económica (CFR.- VIENNEY: 1994, 6; BASTIDAS-DELGADO: 2001). Pero a finales de los años cincuenta, en Francia, el tema de la Economía Social alcanza un nivel de madures considerable, una vez que se logra conjugar en un sólo planteamiento lo mejor de la economía capitalista y la socialista, es decir, capacidad técnico-productiva que crea la integración vertical y el potencial distributivo, productivo, asociativo y autogestionario que encierra la cooperación del trabajo en las sociedades socialistas (CFR.- NUÑEZ, Orlando). Es decir, la economía social aparecía con aquellas empresas cuya distribución de beneficios y toma de decisiones no estaban fundamentadas en el capital aportado por cada socio; el peso y la toma de decisiones es igual para todos los socios y no en función del capital aportado por cada uno de ellos (CFR.- CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ECONOMÍA SOCIAL: 2004). Con ese principio se interpretaba que las empresas actuaban en el mercado con la misma finalidad de producir bienes y servicios, sólo que con una actitud muy diferente, una actitud social. Estas ideas, o enfoque humanista, se vieron además como una opción esperanzadora de organización en función de actividades productivas; bajo relaciones de igualdad y solidaridad, por lo cual constituía una alternativa a las relaciones de competencia mercantilista que fomenta el capitalismo, porque vuelve a unir producción y reproducción, satisfaciendo de manera más directa y mejor las necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad.
Así, una vez importado el concepto de Economía Social a América Latina es asumido por las élites políticas y económicas como una reacción “creativa” de las personas que han decidido a emprender su propia experiencia empresarial frente a las diversas barreras de entrada que el mercado genera: dificulta el acceso al trabajo, a la vivienda, al consumo, a la salud, etc. (CFR.- MARIÑO). No obstante, el pueblo no lo veía así. Más bien, era percibido como un modo de “emprender de otra manera”; colocando a la persona física en el centro del desarrollo económico y social (CFR.- JEANTET: 2006), para producir sociedad (no sólo utilidades económicas) y forjar valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades, las cuales, eran de base territorial, étnica, social y cultural (CFR.- CORAGGIO: 2004). Además, la Economía Social se caracterizaba por proponer: a) la construcción de espacios de acción constituidos por individuos, familias, comunidades y colectivos que actúen combinando la utilidad material y valores de solidaridad y cooperación, limitando, más no anulando, la competencia; b) la conformación de mercados donde los precios y las relaciones resulten de una matriz social que pretenda la integración de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera igualitaria; c) la consolidación de acciones colectivas en ámbitos locales, donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulaos de manera más transparentes; y d) constitución de asociaciones libres de trabajadores en lugar de empresas donde el trabajo está supeditado al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir (CFR.- CORAGGIO: 2004). En definitiva, lo interesante de la Economía Social es que reconocía las dimensiones sociales de la economía, porque los sujetos participantes desarrollan sus actividades en sus espacios vitales de vida, vinculándose a su identidad social y cultural, lo que marca la diferencia con el tipo de actividad propia de la empresa capitalista y fundamentalmente con las relaciones de trabajo que se desarrollan alrededor de la misma. Sin embargo, hay que establecer que la Economía Social admite el mercado, sólo con base a su antigüedad y validez como instrumento económico que ha existido y avanzado conforme al desarrollo de la humanidad y de ninguna manera como el regulador de las relaciones humanas (CFR.- VERANO PÁEZ: 1998, 20), lo que para muchos representa un elemento cuestionable para una teoría que se presentó (y presenta) como la solución al desarrollo humano, principalmente en Latinoamérica.
A medida que se expandió la Economía Social en forma heterogénea por el mundo, gracias a los gobiernos que entablaban formulas políticas y jurídicas para amoldar éstas ideas a sus condiciones internas (ya que comprendían la inconveniencia de asimilar a la exactitud el modelo francés), parecía ineludible vincular que la Economía Social se manifestaba sobre todo en sociedades en transición y particularmente durante las grandes mutaciones del capitalismo (CFR.- MONZÓN: 2004). Estas conjeturas fueron muy bien entendidas por los partidarios de las fórmulas políticas socialistas modernas que casi de inmediato asumieron sus postulados teóricos, pero poniendo atención en que era posible realizar sobre la Economía Social un proceso de revisión teórica para apuntalar su identidad a fines más socialistas.
A este respecto, los primeros avances llegaron cuando los socialistas modernos consideraron que la Economía Social, puesta en uso, podía incorporar en el sistema político de sus Estados a las clases más excluidas de las sociedades si se orientaba la teoría hacia caminos indiferentes de la ganancia y la acumulación del capital sin límites. Este objetivo ulterior, de combinar lo político y lo económico a mayor compenetración, resultaba una idea entusiasta para todos aquellos que demandaban participación en el quehacer político y oportunidades para su desarrollo económico. Pero esos planteamientos resultaron ser sospechosos para los gobiernos de carácter capitalista, porque insinuaban un cambio en las formas en que se tomaban las decisiones políticas, alterando un orden que indudablemente iba en contra de los intereses de las clases dominantes. De hecho, las clases dominantes latinoamericanas de los años ochentas compartían un mismo discurso político caracterizado, entre otras cosas, por el desden a la búsqueda de modelos políticos y económicos alternativos; así como alabanzas reiteradas al neoliberalismo y el capitalismo como “única solución a los problemas”. Sin embargo, ellos no fueron suficientes para impedir la pérdida de audiencias en países como en Venezuela, país cuya relaciones tradicionales con Europa la habían puesto en contacto con las ideas de humanizar las relaciones de mercado a través de la intervención estratégica del Estado y cuya población, en principio, conocía la Economía Social, aunque las gobiernos de turno hasta 1999 dijeran exactamente lo contrario. Las primeras experiencias de Economía Social en Venezuela datan del siglo XIX, aunque en aquella época no se les conocían como tales, sino como políticas de solidaridad y cooperativismo. Más que todo, eran incipientes experiencias de autoayuda campesina e indígena con indirecta participación del Estado que no lograron mayor desarrollo por la falta de constancia de los actores involucrados y la inestabilidad jurídica propia de la época (CFR.- BASTIDAS-DELGADO: 2003; o Ver También.- TERRENO: 1972). Las primeras leyes en materia de Economía Social aparecen en la época de Juan Vicente Gómez, en 1910 y 1917 para regir el sector cooperativo; el cual goza de rango constitucional desde 1961 siendo el más institucionalizado, con la creación de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) desde 1966 y su primera Central de Cooperativas Regional desde 1967. En cuanto al sector microempresarial, se crea en 1959, la Comisión Artesanal de Crédito al Artesanado y Pequeña Industria, reestructurada en 1961 como Comisión Nacional de Financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria y finalmente sustituida en 1974 por la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (CORPOINDUSTRIA), la cual con la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad (FUNDACOMUN) desarrolla programas de microcréditos dirigidos a organizaciones económicas de base, para ser clausurados en 1988. En 1987 se crea el Fondo de Cooperación y Financiamiento de Empresas Asociativas (FONCOFIN), para promover y fomentar el desarrollo de pequeñas unidades de promoción, dicho Fondo es eliminado en 1999. Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se llevo a cabo con el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza, el “Programa de Apoyo a la Economía Popular” y posteriormente en el segundo período de Rafael Caldera se creó el Programa de Economía Solidaria bajo lineamientos de la Agenda Venezuela, ambos programas fueron adscritos a FONCOFIN, prestando servicios de asistencia técnica, financiera y de comercialización a pequeños microempresarios. También desde la sociedad se crearon algunas Organizaciones No Gubernamentales, entre las cuales se encuentran: La Fundación Mendoza, el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) y el Equipo de Formación y Publicación (EFYP) (CFR.- ARGUELLO: 2005).
Otro hito importante fue la referencia de las ideas de Economía Social en el Artículo 72 de la Constitución de 1961, la cual, si bien fue tímida, trajo consecuencias como la Ley General de Asociaciones de Cooperativas, las Centrales Cooperativas Regionales, la Central Cooperativa de Venezuela, entre otros; y abrió el paso para su plena consolidación constitucional con la CRBV de 1999, cuando adquiere mayor perfeccionamiento. Allí, en el Artículo 118, 184 y 308, se establece que el Estado intervendrá de forma estratégica en los procesos económicos de la nación a fin que se estimulen las expresiones de la economía social en el país (CFR.- GUERRA SOTILLO: 2005, 13-25). Con esta iniciativa el constituyente entendió que desarrollo económico solidario con integración y reintegración de todos los sectores, promoviendo los principios éticos y la educación, donde interactúan personas como protagonistas, generando bienestar económico y social a lo interno y externo, es la clave para enfrentar las agudas necesidades del pueblo venezolano. Desde entonces, la economía social es entendida, formalmente, por el gobierno, como una vía alternativa y complementaria a la economía privada y pública, sirviendo para distinguir un sector de producción de bienes y servicios que conjuga intereses comunes, tanto económicos como sociales, que debe estar apoyado en el dinamismo de las comunidades locales, con la participación de lo ciudadanos y de los trabajadores de las denominadas empresas alternativas, entre ellas las empresas asociativas y las microempresas autogestionables (CFR.- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: 2001: 27). Pero paralelamente, a medida que la Economía Social adquiría identidad para el pueblo venezolano, antes de 1999 se veía como emergían dos nuevas formas de economía que parecían dar mejores propuestas que la Economía Social, ya que hacían posible, al menos en la teoría, la participación de una mayor cantidad de individuos pertenecientes a los sectores excluidos. Nos referimos, entonces, a la Economía Popular, la cual también fue recogida en la CRBV de 1999 y la Economía Comunal.
Ya para mediados de los años noventa, la Economía Comunal comenzaba a dar sus pasos más importantes en el continente suramericano con propuestas propias para la medioeconomía y la macroeconomía, sin mayor aproximación o interés para la microeconomía. Esto se debía a que la Economía Comunal se circunscribe a un nivel muy particular en la estratificación social de la población, al interesarse por la comunidad más que el individuo en lo que a desarrollo social y económico se refiere. La Economía Comunal tiene origen en las actividades económicas de las étnias, razas y clases sociales, y además, desde el punto de la administración pública, se enfoca en establecer o diseñar políticas que dan auge y dinamismo al intercambio comercial entre las comunidades y, esencialmente, sus pequeñas y medianas empresas, para luego preocuparse discriminatoriamente por la microempresas; pero lo más distintivo es que la Economía Comunal acepta como imperativo las políticas neoliberales, en coordinación con políticas sociales y participativas, en contexto de democracia representativa para alcanzar sus fines; cuando la Economía Popular, no acepta las políticas neoliberales como un imperativo para el logro de sus fines, porque de hecho, el Estado se preocupa por proteger formas de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva o social, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Por esa razón la Economía Popular tuvo mayor aceptación en Venezuela que la Economía Comunal, y así quedó expreso en el Artículo 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Economía Popular es un sistema de producción, transformación, distribución e intercambio de bienes y servicios, conformado por asociaciones de personas organizadas, caracterizado por ser socialmente justo en las relaciones de producción, económicamente viable, ecológicamente sustentable y respetuoso de la diversidad cultural, dirigido a satisfacer las necesidades y el desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas, a impulsar su incorporación laboral y social, a fortalecer su espíritu emprendedor y el desarrollo del país. Esta teoría se interesa en dar prioridad al individuo para luego saltar a la comunidad, y se preocupa por las Unidades de Economía Popular (UEP), es decir, por apoyar a los emprendedores, cooperativas; unidades económicas asociativas; cajas rurales y mutuales; mediana, pequeña, y micro empresa; núcleos y microempresas familiares; empresas de propiedad social directa o indirecta; empresas de producción social y empresas de cogestión; asociaciones de consumidores; empresas de inserción social; consejos y bancos comunales; empresas de trabajadores; asociaciones de pequeños productores (agropecuarios, industriales y pesqueros); asociaciones de transportistas; asociaciones de comerciantes de los mercados; movimientos de mujeres, jóvenes y niños trabajadores, entre otros, los cuales para la Economía Comunal, son sujetos relegados ante la importancia de crear políticas de acceso financiero y económico para la sana complexión a la economía intercomunidades. La Economía Comunal sólo reconoce el desarrollo económico como la vía de la realización personal de los individuos, y no el desarrollo social, además, estudia un reducido y exclusivo espectro de asociaciones humanas para desarrollar sus planteamientos, a diferencia de la Economía Popular que reconoce el desarrollo social y posee un espectro más desarrollado, amplio, inclusivo y participativo de asociaciones humanas. Sin embargo, es preciso indicar que ambos tipos de Economía se asemejan en que son alternativas al modelo capitalista, sólo que la Economía Popular tiene más sensibilidad por el bienestar del individuo que la otra. Inclusive, hoy se ha hecho un poco complejo diferenciar a un tipo de economía de la otra, ya que bien podría pensarse que la Economía Comunal infiere a los Consejos Comunales o al empoderamiento del pueblo en lo referente a su participación en las actividades económicas de su localidad; cuando, en sus aspectos más doctrinarios, comprende “aquellos mercados en que se transan bienes y servicios entre comunidades, así como las tareas administrativas relacionadas con la planificación, distribución y ejecución del presupuesto, contrataciones, licitaciones de bienes y servicios”. Entretanto, quizás ha servido como elemento diferenciador el que la Economía Popular incluye o se interesa por dos elementos que son viejos problemas del país: la economía informal y la economía ilegal.
La economía informal en Venezuela tiene sus referentes en el aumento de la mano de obra debido a factores demográficos; a un ascenso del índice de actividad, particularmente de la mujer; a la decadencia operativa de los sindicatos; a la ineficiencia del Estado capitalista; a migraciones significativas del entorno rural al urbano; a la reducción de las oportunidades de empleo para ingresar en la economía formal (CFR.- UTAL: 2006); y a los innumerables problemas que aquejaron a las clases sociales más bajas del país a mediados de los años ochenta. En aquellos días, dichos problemas obligaron a la población a buscar soluciones que permitieran sortear el desempleo, la inflación, las dificultades para acceder al sistema educativo, el incremento de los impuestos, etc. Tales soluciones, salvo casos excepcionales, fueron opciones de supervivencia de cuestionada productividad, pero sin importar dicha circunstancia, éstas ayudaron al venezolano común, a librar la batalla contra la crisis económica. Es así como surge un proceso que funciona, no sólo al margen de la legalidad sino en contraposición a la planificación del Estado y a través del cual el venezolano común puede producir ingresos suficientes para su grupo familiar mediante actividades económicas que hacen caso omiso del cúmulo de formalismos administrativos y legales que son necesarios para funcionar apropiadamente. La economía informal se refiere al número de actividades comerciales que se encuentran más allá de la regulación del Estado, es decir, no cumplen con todos los requisitos legales de producción, distribución y comercialización propios de una economía formal, en especial, cuando se trata de pagar impuestos lo que significa que el Estado no obtiene ningún tipo de beneficio. La economía informal, además, se caracteriza porque sus formas regulares de acción están en contra de las líneas modernas de producción según el Estado capitalista, por ejemplo, no utilizan tecnologías complejas ni formas avanzadas de producción, no tienen una división del trabajo establecida, no están constituidas jurídicamente como empresas modernas, tienen distintos tipos de relaciones laborales al mismo tiempo, la utilización del capital es relativamente baja y predominan actividades económicas de pequeña escala. Asimismo, la economía informal utiliza medios ilícitos (contrabando y piratería) o no ilícitos para comerciar bienes que no están prohibidos por la ley, lo cual la diferencia de la economía ilegal, cuya regla de juego es utilizar medios ilícitos para comerciar bienes que, expresamente, la ley prohíbe comerciar. Originalmente, el Estado venezolano tuvo una actitud flexible con quienes participaban en la economía informal, pero a medida que los años transcurrían, ésta economía que se limitaba al comercio callejero, se expandió a las grandes empresas, fábricas y tiendas que han sido la vanguardia para abandonar el sistema por otro que funciona “bajo tierra”, un sistema ilegal. Ese sistema “bajo tierra”, causa daños irreversibles al fisco nacional y su mayor peligro es que crea una cultura que da la espalda al Estado ya que la población se acostumbra a no respetar las leyes. Eso se debe a que los ciudadanos comprenden que hay mayor garantía de beneficios económicos irrespetando las normativas, cuando debería ser todo lo contrario. Las leyes en el contexto económico y financiero no ofrecían a los ciudadanos mayores garantías de beneficios. Era mejor evitar los patrones formales, y comulgar con los informales o ilegales. Cuando las leyes no pudieron dar semejante garantía, parte de la sociedad venezolana comenzó a actuar indiferente al derecho y al Estado, con genuina expresión, como para hacer de las leyes papel caducos aunque vigentes. Acá es el mismo ciudadano que desea apartarse del Estado y su poder. El ciudadano descubre una ventaja al excluirse del sistema político y si el Estado no ofrece las garantías para que este se reincorpore, peligra entonces su estabilidad.
El Estado tiene la necesidad política de incorporar antes que desincorporar, al menos en lo que al carácter económico se refiere. Su sobrevivencia depende de ello. Al permitir que un grupo de individuos se aproveche de mecanismos extra-ley, favorece que haya un desnivel de oportunidades comerciales entre los ciudadanos. Por ejemplo, habrá tensiones con respecto al sistema impositivo, el cual sería visto como injusto, por cuanto algunos comerciantes estará en la obligación de pagar impuestos que otros, como lo buhoneros, no pagarán. Igualmente, lejos de los impuestos que el Estado deja de percibir, si el Estado no integra a quienes participan de la economía informal y legal, la Economía Social y Popular decaen porque carecen de seguridad jurídica. Ambas necesitan estabilidad y estar alimentadas constantemente con sanos procesos sociales en un ambiente caracterizado por un Estado fuerte, integrador, promotor de políticas públicas incluyentes, para que el comercio no se resuelva meramente por el mercado. La existencia de la economía informal y la ilegal es una manifestación más de las libres fuerzas capitalistas y neoliberales que hay que evitar. La Economía Popular no puede convivir al lado de esos dos modos que son contrarios a su naturaleza. Se desvirtúa su imagen y UEP y las sociedades laborales podrían caer en vulgares organizaciones clandestinas si llegan a descubrir una relación entre las ventajas de obrar juntos y las ventajas de evadir las leyes. Por otro lado, hoy un Estado no puede negar las normas internacionales que cercan al comercio, y no porque sea algo superado, sino porque hacerlo sería decretarse asimismo como incompleto, bueno, al menos para la ciencia política. Por más desee un Estado crear su propio “modo” de asumir el tema comercial en su territorio, éste no puede desentenderse de lo que esta establecido más allá de sus fronteras. Hoy la interdependencia comercial no es un principio, es una realidad, y la apertura comercial de las naciones galopa incontrolable por los mercados del mundo como para negar, así como si nada, su existencia. Esa relación de sucesos crea una fuerza magnética tan potente que influye en al comercio nacional de los países como el de Venezuela, e incluso, en aquellos aún más celosos de sus fronteras. Por ello, que si se desea sacar a flote la Economía Popular en Venezuela, y dentro del Socialismo del Siglo XXI, es preciso considerar que no está exento de los flujos comerciales internacionales y que, además, el Estado debe presumir que la clave está en privilegiar el financiamiento del trabajo sobre el capital (CFR.- ARMAS: 2004). Así como crear una legislación propia, de todo tipo, laboral, impositiva, administrativa, que no aliente la competencia desleal y consolide los principios de la Economía Popular (CFR.- FERNÁNDEZ: 2004); fomentar un núcleo duro de UEP fuertes con alta tecnología y que su excedente sea usado para seguir expandiendo el sistema económico; gestar líderes que sean capaces de desarrollar una visión de futuro con las estrategias para lograr esa visión, que sean capaces de motivar, inspirar y movilizar a la gente, de promover los cambios necesarios y desarrollar procesos de empoderamiento; y finalmente, luchar por incorporar a los ciudadanos que se encuentran en la economía informal e ilegal. Es preciso tener un sistema político y económico con una mayoría de ciudadanos muy susceptible a las normativas nacionales. Es preciso, por ejemplo, tener a los buhoneros incorporados al sistema económico de la nación. Los riesgos de crear y apoyar conductas humanas fuera del Estado sólo generan distorsión de la norma jurídica y un auge de la inseguridad jurídica. Y con ese escenario la Economía Popular no puede sobrevivir, y de hecho, ningún otro “modo” de emprender las cosas.
Con la CRBV de 1999, y la creación del Ministerio para la Economía Popular (2004), se abrió una etapa en la historia venezolana en la que el Estado asumía una política de gobierno contundente para la búsqueda y consolidación de un nuevo sistema o modelo socioeconómico que garantizara oportunidades a la totalidad de la población, en especial a la más excluida, para que pudiera integrarse al sistema productivo nacional como un elemento preponderante de las cadenas productivas. Desde esa fecha, el Estado y las comunidades organizadas, establecieron un nexo de proximidad único que permitió un patente auge de las formas asociativas de la economía popular y solidaria a lo largo de todo el país. Así, de la nada, aparecieron más de 160 mil cooperativas, y otras UEP, sin embargo, la explosión de estas asociaciones se ha visto empañada porque no existía una ley que regule el accionar de esas asociaciones. Sin embargo, luego de la explosión de las UEP, a un punto insospechado años antes, parecía que el llamado de la Constitución no sólo había quedado satisfecho, sino, incluso, insuficiente ante la avalancha de ciudadanos y ciudadanas que veían en la nueva Economía Popular el camino a su superación personal. La Constitución, consideraba que era evidente e imperativo promover, impulsar y apoyar la Economía Popular, pero no daba mayor desarrollo a sus planteamientos. Por esa razón, desde el 2004 se armó una matriz de opinión legislativa que consideraba la necesidad de crear una normativa que regulara los pormenores del sistema económico que se estaba gestando y que, por demás, significaba la transición a un nuevo estadío en la historiografía venezolana. En este estadío prevalecería el Desarrollo Sustentable como principios rectores que harían frente al modo de producción capitalista, dando a los venezolanos y venezolanas herramientas de contenido social para el desarrollo económico; un sistema incluyente y propio en capacidad de resolver los problemas sociales de forma democrática y participativa; una economía basada en relaciones de producción solidarias mediante la movilización consciente de las potencialidades productivas del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; y finalmente, herramientas para el auge económico del país a nivel mundial como resultado del trabajo en conjunto.
En este orden de ideas, la Asamblea Nacional maduró la idea de crear una Ley que de cuerpo a la concepción del nuevo sistema económico y social basado en formas diferentes a las relaciones humanas que privilegian la competencia, el individualismo y sustituirlas por relaciones humanas y de producción que reivindican la creación y protección de formas de asociación comunitaria para la producción, el ahorro y el consumo, orientadas bajo mecanismos de autogestión, cogestión y régimen de propiedad colectiva y social. Y esos esfuerzos llegaron en el 2008, vía Ley Habilitante, con la promulgación de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, llamada a ser el marco legal que dará cuenta de los principios, normas y procedimientos de cada una de las UEP, así como también la promoción, control y desarrollo de las otras manifestaciones vinculadas a éste tipo de Economía. Esta ley, propone la creación de nuevas figuras asociativas desde el seno de la comunidad y establece un sistema de producción, caracterizado por innovadores patrones de transformación, distribución e intercambio de bienes y servicios, que será realizado por asociaciones de personas organizadas, concientes de la necesidad de plantear un sistema socialmente justo en las relaciones de producción, económicamente viable, ecológicamente sustentable y respetuoso de la diversidad cultural, dirigido a satisfacer las necesidades y el desarrollo integral de las venezolanas y los venezolanos, a impulsar su incorporación laboral y social, a fortalecer su espíritu emprendedor y el desarrollo del país. Por otro lado, dicha Ley, vino a llenar el vacío legal sobre aspectos revelantes de la dinámica social, política y económica del proceso de transición al socialismo que se adelanta en la Venezuela Bolivariana. El carácter orgánico de la Ley nace porque se quiso evitar que disposiciones especiales de otras leyes coincidieran con los principios, fines, características y propósitos de la Economía Popular, dado que el sistema jurídico imperante en Venezuela aún privilegia el modo capitalista de producción y por ende obstaculiza el desarrollo de modelos alternativos.
De esta forma, se enrumbó al país hacia profundos cambios, en donde se construiría un nuevo orden político, económico y social dentro de una visión incluyente e integral del Estado que se dirige, a su vez, a la consolidación de la democracia participativa y protagónica dejando atrás el desgastado esquema de la democracia representativa. Pareciera así, que la oportunidad es propicia para preparar el camino, abonar el terreno para la profundización de la democracia económica mediante la diversificación de la economía no petrolera; y para establecer la necesaria y deseable especificidad a las relaciones de producción, a la empresa, al comercio y al financiamiento que impulsa la acción de la Economía Popular, permitiendo garantizarle capacidad jurídica a las unidades que la desarrollan, sin perjuicio de que se produzcan leyes especiales para un tipo dado de Unidad de la Economía Popular.
11.- DEMOCRATIZACIÓN DE LOS INGRESOS:
La democratización del capital nace a mediados del siglo XX como una corriente crítica y revisionista del capitalismo; y como una de las variedades de la teoría del “capitalismo popular” , que fue una teoría burguesa apologética sobre la presunta transformación del actual capitalismo monopolista de Estado en un nuevo régimen social en el que desaparecen las clases y las contradicciones de clase, se “democratiza el capital” y se “nivelan los ingresos”, se eliminan las crisis económicas, y el Estado capitalista se convierte en un “Estado, del bienestar general” (CFR.- BORISOV: 1975).
En principio, la democratización del capital buscaba medios que permitieran darle un rostro más humano al capitalismo con el aumento del número de dueños en las empresas, a medida que los trabajadores o personas particulares adquieran una reducida cantidad de acciones del capital social de la compañía y, por ende, poder de decisión. De esta forma, la propiedad capitalista se fragmenta, se desconcentran las ganancias y proliferan las posibilidades para que desaparecieran las diferencias entre la clase obrera y la clase burguesa. No obstante, las primeras experiencias aplicadas en EUA a principios del siglo XX, dieron como resultado que la mayoría de la población se sumaba a las prácticas capitalistas como individuos tan insignificantes como lo eran antes. Pese a que los ciudadanos y ciudadanas podían comprar una acción a una empresa para incluirse en la lista de los “dueños”, terminaban siendo un agente pasivo sin posibilidad de examinar a fondo los asuntos de las compañías. Ellos no podían asistir a las asambleas de las sociedades anónimas ni participar en su dirección, a la sombra de los verdaderos dueños de las sociedades anónimas y los hombres de negocios que figuraban en los consejos de administración. La reducción del volumen del paquete de acciones de control de los monopolistas, tampoco vigorizó el carácter pasivo de los pequeños tenedores de acciones. A los monopolistas les bastaba poseer una cantidad de acciones relativamente pequeña para dirigir la sociedad anónima y controlar grandes sumas de capital; y esta relación de hechos supuso, entonces, que la democratización del capital era una teoría inviable, que aparentaba buscar una realidad que no era tal, porque no garantizaba que un pequeño accionista tuviera igualdad de derechos que los grandes accionistas.
La democratización del capital se presentaba como una pantomima más de la oligarquía financiera para acrecentar su poderío. Tan sólo creaba la ilusión que hasta los pequeños poseedores de acciones participan en cierto modo en la dirección de la sociedad anónima, cuando en realidad la compra de algunas acciones por parte de los obreros y empleados no da origen a ningún cambio sustancial en la naturaleza del capitalismo monopolista moderno, aunque la propaganda burguesa presente ese hecho como transformación de la sociedad en una asociación sin clases (CFR.- BORISOV: 1975). Esta teoría originalmente tenía por real objetivo defender el régimen capitalista en decadencia, encubrir su esencia explotadora y el abismo existente entre la burguesía monopolista y los trabajadores, escindir el movimiento obrero y quebrantar la solidaridad proletaria en la lucha de la clase obrera contra al capitalismo.
Sin embargo, otros pensaron que la democratización del capital tenía potenciales ventajas que había que aprovechar y rescatar porque, en perspectiva y en sentido gradual, podía permitir a una fracción de la población el acceso a ciertas condiciones de vida más activas en el sistema económico del país. Esa pequeña fracción de individuos que salía beneficiada de la relación, al menos, favorecía el aspecto de la teoría. Si bien, esa fracción podía ser no más que un puñado de individuos, era suficiente razón como para revisar más detenidamente la teoría de la democratización del capital, para ver si era posible rescatarla de su olvido.
La idea era descubrir las fallas de la teoría y hacer los correctivos necesarios para que el número de individuos que participaran en ella fuera mucho mayor y ofreciera mejores ventajas de desarrollo económico. Con esta perspectiva se comenzaron a evaluar las estructuras de la propiedad de los medios de producción en beneficio de la población, pero con la convicción que el capital era un elemento más sujeto a ser privatizado (CFR.- BORISOV: 1975). Privatizar el capital comenzó a verse como una estrategia estadal que traería pocas mejoras, pero peor era nada. Que un grupo, por menor que fuera, accediera a las acciones reduciría matemáticamente el índice de pobres, y se fortalecería las condiciones sociales y económicas del país. Se pensaba, sobre el hecho que los proletarios se conviertan en propietarios, sin dejar de ser proletarios, beneficiando a la población en diversos sentidos: empleo, inclusión, respeto mutuo y reducción de las asimetrías y, en especial, la solidaridad. De Igual manera, se hace partícipe al trabajador del desarrollo de su país; se promueve la aparición de nuevas formas de propiedad cooperativas y asociativas de contenido social; el trabajo conquista un fin social y equitativo; el trabajador y la trabajadora obtienen una mayor inteligencia de sus prácticas de consumo y su punto de vista se hace más importante que la del sindicato, el cual tiene intereses propios que defender; se legitima el mercado a través del desarrollo de actividades productivas autogestionarias donde converjan formas de propiedad, distintas tales como: microempresas, empresas comunitarias, nuevas cooperativas, pequeñas y medianas empresas y empresas campesinas con un alto sentido de la responsabilidad de hacer equitativa la distribución de los esfuerzos, las ganancias y la dirección de las empresas; y finalmente, se abarataría el costo de disposición del capital. Además, con el aumento del numero de propietarios en las empresas se haría posible que el financiamiento de la planta productiva y la distribución de las ganancias adquirieran un carácter multifacético por la participación de una mayor cantidad de agentes que, en definitiva, harían frente a la tradicional concentración de empresas en círculos familiares y de amistad (CFR.- FONSECA: 1997). Sin embargo, la democratización del capital, con rostro humano, necesitaría para su éxito la firme disposición de una política estatal dirigida a la reducción de las tasas de interés porque estimularía la inversión productiva, de esa forma se podría ayudar también a darle calidad de vida a las personas que históricamente fueron excluidas del sistema financiero (CFR.- MINCI: 2004) y a dar soluciones colectivas para el mantenimiento de los puestos de trabajo, asociada al desarrollo social y al crecimiento empresarial (CFR.- LUZ: 2003). Por otro lado, también necesitaría que el Estado llamara a la tesis de la Economía Social como componente de su política económica, ya que dicha teoría compagina indirectamente con la misma preocupación de la democratización del capital: apoyar el dinamismo de las comunidades locales y la participación de los ciudadanos y trabajadores, diferenciándose sólo en que la Economía Social se concentra en la constitución de empresas alternativas, asociativas y autogestionables, más que en la distribución equitativa de las ganancias y la creación de formulas democráticas en la dirección de la empresa. En definitiva, una combinación explosiva, vestida de gala científica.
Ese Estado, con conciencia de las pequeñas ventanas al desarrollo que ofrecía la democratización del capital, apareció a mediados del Siglo XX en Europa y América del Norte. Caracterizándose por ir a descubrir con sus propios medios las ventajas de la democratización del capital con el uso de políticas que instaban a las empresas nacionales, en especial las más poderosas, a vender a sus pueblos cierto porcentaje de acciones contentivas de la participación patrimonial del capital de la empresa. Tratando de redistribuir la riqueza, EUA, Alemania e Italia exploraban todo tipo de posibilidades fiscales para que los tenedores de las acciones pudieran votar acerca de las decisiones importantes de la empresa y recibieran dividendos por concepto de la participación en las utilidades. Pero los obstáculos se presentaron en las tarifas de servicios que cobraban las casas y bolsas de valores, y en la impredecible volatibilidad de los mercados. En el primer caso, las pequeñas ganancias que podía tener un tenedor de acciones se desgastaban en comisiones a las casas de valores, quienes hacían de intermediarios con la bolsa, y cuando no era así, las bolsas de valores también cobraban su comisión por hacer la transacción de compra y venta de acciones. En el segundo caso, el comportamiento de los mercados accionarios era circunstancial, casual e insospechado. Cuando subía o bajaba el precio de una acción de una empresa, así también fluctuaba el valor de la inversión del accionista. Un individuo podía estar un día en el ápice de su máximo nivel de riqueza y el otro día en su más bajo nivel de pobreza. Esa fluctuación contravenía las aspiraciones de quienes creían en la democratización del capital. El mercado accionario no debía ser un ambiente de riesgos financieros o económicos, sino más bien un ambiente de mínimo riesgo en donde la población pudiera tener un espacio alterno y seguro para mantener o hacer perdurables sus ahorros, y generar ganancias con dividendos de las utilidades. Pero, conforme avanzaba el conocimiento en la materia se fueron estableciendo prácticas para proteger a los menores inversionistas. Por ejemplo, se hizo común ver cómo las bolsas cerraban la venta y compra de acciones cuando había una considerable caída en el precio de las acciones, y se mantenía cerrada por tantos días fuera necesario hasta que se equilibrara y se normalizara el mercado, en beneficio de los accionistas minoritarios. Asimismo, se crearon leyes para proteger al pequeño inversionista a nivel mundial como principio rector del sector, las autoridades y las bolsas (CFR.- CATAO: 2000), y asegurar el desarrollo de su cultura financiera, como elemento estratégico para activar un nuevo proceso creador de cultura comercial más justa, responsable y solidaria. De esta forma, la democratización del capital luchaba para hacerse ver con un rostro humano y social. Los cambios en la estructura de la propiedad de los medios de producción no sólo supondría que una empresa cerrada o abierta transfiera, total o parcialmente, acciones de la sociedad a un número de personas diferentes al del grupo controlador (CFR.- SUFICO: 2002), sino también requeriría para su éxito la aparición de nuevas “conciencias” en los inversionistas que les haga entender el papel protagónico que ejerce en la relación comercial. Si el inversionista no se percataba del conjunto de experiencias, informaciones, costumbres, valores y hábitos preactivos que determinan la democratización del capital, entonces, era improbable el desarrollo económico y mucho menos la consolidación y ampliación del sistema financiero, pero si el regreso a los antiguos métodos de democratización del capital de hacia un siglo atrás.
Ahora bien, las experiencias de la democratización del capital en los Estados subdesarrollados fueron los detonantes que acabaron con las aspiraciones de sobrevivencia de este enfoque. La aplicación de estos idearios en Latinoamérica, por ejemplo, profundizó la brecha entre pobres y ricos, porque los modelos fueron traídos desde los países del norte y aplicados “sin mayores inconvenientes y a la ligera” a los países del sur sin la más mínima atención a las realidades socioculturales de la región. El modelo económico diseñado para funcionar en países de “frío”, se derritió en los trópicos. El modelo requería para su funcionamiento estabilidad en varios indicadores sociales para su efectividad, como el caso que las poblaciones debían tener acceso a un óptimo sistema educativo y político, con capacidad de inventiva e innovación para su uso y aplicación. Y cómo no era así, el modelo que llegó con grandes bríos, se desinfló en el camino. En el caso venezolano, los desmanes de este modelo asolaron al país durante el gobierno de Rafael Caldera, cuando la clase media y baja se enrumbaban a las fronteras de la pobreza (CFR.- CÓRDOBA JAIMES: 2005). En este tiempo, las televisoras nacionales ofrecían a las audiencias diariamente espacios informativos nocturnos sobre la Bolsa de Caracas, y especiales para animar al público a invertir, pero luego de la crisis bancaria (1994), la caída de la bolsa de valores de México (1994), la caída mundial de valores de Japón (1997), la operación de Bonos Globales de Teodoro Petkoff (1997) y la desastrosa caída de la Bolsa de Valores de Caracas en 1997 (CFR.- GUERRA: 2007), casi todos estos espacios desaparecieron sin despedirse. ¿Por qué? Porque no tenían explicaciones para aquellas familias que perdieron millones de bolívares en la Bolsa de Caracas. Los medios pasaron rápidamente aquella página. Nadie quería hablar de ese tema ni de los “yupis”. Y la población dominada que ya no creía en la banca ni en la bolsa, olvidó lo ocurrido como si nada, gracias al poder persuasivo de los medios.
Sin embargo, lo sucedido abrió el paso para que algunas gobernaciones y alcaldías más concientes de su rol social, se animaran a crear políticas a la “venezolana” , para afrontar la situación económica. Estas ideas, se hicieron populares y en el proceso constituyente de 1999, se enunció que el Estado se dedicaría a la organización de un sistema de microfinanciero más moderno y reforzado. Con este marco, se discutió que dentro de la teoría de la democratización del capital había temas asociativos que factiblemente podían ser rescatados para la construcción de un nuevo ideario: la democratización del capital a la venezolana. Con el tiempo, esta teoría se unió a otra de carácter político: dar poder al pueblo, dando como resultados instrumentos normativos como la Ley de Cooperativas; Ley de Tierras; Ley de Consejos Comunales; Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero; y Ley para el Desarrolllo y Fomento de la Economía Popular. Con estas iniciativas, Economía Popular y Poder Político, se unen de la mano para no separarse en el modelo venezolano. El Estado asegura el mayor acceso de recursos financieros a los históricamente excluidos a través del fortalecimiento de nuevas formas de organización social. Ahora, los trabajadores, emprendedores, comunidades organizadas, comunas, empresas familiares, cooperativas y microempresas, tienen el potencial de integrarse en un entramado socioproductivo bajo el amparo de la ley y tener un papel más activo en la economía nacional ¿A qué punto? Al punto de que pueden comprar bonos de la Deuda Pública Nacional.
En abril del 2004 el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en el marco del programa Aló Presidente 187, destacó que durante su gestión se rompió con el viejo esquema monetario y ahora todos los venezolanos pueden tener participación en la compra de bonos de la Deuda Pública Nacional (DPN), mecanismo que calificó como exitoso para el financiamiento de proyectos que ejecuta el Gobierno Bolivariano: “Hemos logrado la democratización, vean ustedes el éxito que hemos tenido con la venta de bonos DPN, ahora cualquier venezolano -con dos o tres millones de bolívares- puede comprar un bono, cualquier persona de la clase media, o media baja, puede convertirse en accionista comprando bonos DPN, se acabaron esos mecanismos que beneficiaban sólo a una minoría (…) en la década de los años 90, se tomaron decisiones que eran directrices del Fondo Monetario Internacional, éramos esclavos, éramos una colonia. En los años 90 se impusieron los bonos cero cupón y los Títulos de Estabilización Monetaria (TEM) del Banco Central de Venezuela que compraban los bancos con el dinero de los ahorristas; igual pasó con la imposición de los Bonos Brady y los Bonos Globales, los ahorristas nacionales no tenían manera de comprar esos bonos. En la década de los 90 se llegaron a emitir 20 mil millones de dólares en estos bonos internacionales; y en cuanto a los TEM, en el año 98, se llegó a acumular un saldo emitido de 5 mil millones de dólares, ese saldo nosotros lo reducimos a cero, pero prácticamente el 100 % de los rendimientos de esos bonos fue a parar a manos de los dueños de los bancos locales y los inversionistas extranjeros quienes fueron los que se beneficiaron siempre de las políticas económicas de la Cuarta República”. Con este cambio de rumbo, el gobierno venezolano devolvió la confianza al pueblo sobre los mecanismos de democratización del capital, porque aseguraba el monto de sus inversiones.
Con esta política de colocación de bonos, en palabras del Presidente, se dio prioridad a los inversionistas locales y se incorporaron más de 120 mil nuevos pequeños inversionistas, es decir, “gente común, porque ahora no hace falta ser rico, ni ser multimillonario, para comprar un bono en Venezuela”. La totalidad de los recursos captados por los DPN han sido utilizados para la inversión social y productiva; para becas de la Misión Robinsón, Misión Sucre; para el impulso a la agricultura; y “no como antes que era para la especulación”. La lógica de que el Estado se endeude con su pueblo es para acelerar los proyectos de desarrollo e infraestructura con políticas monetarias diferentes “de un gobierno que ahora es verdaderamente independiente, autónomo y libre que cuida el interés de las mayorías, y no el interés de las minorías”. Además, se trata de desarrollar un sólido mercado secundario y que Venezuela se transforme en un centro de compra y venta de títulos de países emergentes de América Latina y Europa. La estrategia del Gobierno es que la mayoría del pueblo se habitué a comprar bonos de títulos públicos no sólo de Venezuela sino de otros países de la región y del mundo, y no bonos de aquellos que se ofrecen en el adverso mercado de capitales privados. Con la colocación de bonos, los Estados y los pueblos latinoamericanos hayan a sus verdaderos financistas en ellos mismos, y avanzan hacia la integración regional. En ese sentido, en el 2005, el Gobierno venezolano compró bonos argentinos por orden de más de 986 millones de dólares y los vendió a pequeños inversionistas obteniendo ganancias por más de 40$ millones de dólares que pasaron a la Oficina Nacional del Tesoro. Estas operaciones, como las anteriores Bonos Soberanos de Venezuela (2003 y 2004), siempre se hicieron facilitando asistencia técnica a los nuevos y viejos pequeños inversionistas por parte del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas; y acentuando un componente académico en ellos, a fin que no accedieran a interpretaciones divergentes de las normas y reglamentos de las transacciones, para evitar la aparición de conductas no acordes con el sistema y típicos conflictos entre accionistas de la mala gerencia privada, y cuyo origen se remonta a los viejos ideales capitalistas y sus problemas serios de administración.
Más recientemente, el gobierno nacional presentó a la nación papeles negociables denominados Bonos del Sur (2007) , que son una inversión muy democrática para los pequeños inversionistas. El Bono del Sur es un titulo 50% argentino y 50% venezolano que persigue recoger mil 500 millones de dólares del circulante para proyectos de desarrollo y lleva la garantía de ambas naciones contra cualquier variación cambiaria y con excelentes condiciones de remuneración. La estrategia es la consolidación progresiva del Banco del Sur, propuesta auspiciada por Caracas y consistente en crear un ente financiero multiestatal con capital inicial venezolano, argentino y brasileño, cuyo objeto principal es estimular el crecimiento social y económico de las sociedades de la región, siendo independiente de las orientaciones e intereses del sistema económico global y formador de un sistema financiero del sur. La diferencia de este Bono, con respecto a los formatos de los anteriores, es que los precios de venta compaginan con las expectativas de los pequeños inversionistas y que acentúa que el trabajador, que pueda adquirirlo con el activo de sus prestaciones sociales, tenga el apoyo de sus patrones . Así, los Bonos del Sur encajan en la visión de democratización del capital en Venezuela, porque giran en torno a simplificar las regulaciones, abriendo el mercado de capitales a nuevas propuestas y a nuevos actores. Y en esta empresa, las UEP son sin duda un eslabón fundamental, no sólo dentro del objetivo de democratizar la gestión financiera, sino también en lo relativo a la consolidación de un entramado productivo que contribuya a diversificar la economía y a sentar las bases de un modelo de desarrollo en sintonía con nuestra realidad y nuestras potencialidades (CFR.- TOVAR: 2005, 2).
12.- LA NUEVA GEOMETRÍA DEL PODER:
La figura de los Consejos Comunales es la esencia de la democracia participativa y protagónica en Venezuela (CFR.- CHÁVEZ: 2006e). Estas instancias de encuentro social se organizan, articulan e integran como un canal entre el gobierno local y las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que conforman y hacen vida en una comunidad determinada , para que puedan asumir directamente la gestión de las políticas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de sus comunidades en beneficio de la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.
La idea de agregar a los Consejos Comunales en la división político-administrativa del país atiende a dos razones muy particulares. En primer lugar, a la necesidad de entablar un nexo de proximidad más estrecho entre el gobierno local y el pueblo, debido a las experiencias que se habían obtenido con las alcaldías y juntas parroquiales desde la promulgación de la Ley Orgánica del Régimen Municipal (1989) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005), las cuales, sencillamente insinuaban la insuficiencia de éstas para coadyuvar al desarrollo social y económico de sus comunidades, aunque medianamente habían podido resolver sus problemas.
Las alcaldías se habían transformado en lo que inicialmente debían ser, en pintorescas instancias políticas de origen europeo llamadas Bürgermeister , entes políticos con vocación para la tramitación y solución de las necesidades más propias de las comunidades, pero en ningún momento, entes con capacidad para impulsar el bienestar económico y financiero de los ciudadanos, el cual debe ser obligación del Estado Nacional. Las Alcaldías se desentienden de la situación de las actividades económicas de los habitantes de sus municipios, y especialmente, de sus inquietudes y proyectos de vida. Incluso, las alcaldías tienen un rol despreocupado por la sana complexión de las cooperativas, unidades económicas asociativas, cajas rurales y mutuales; mediana, pequeña, y micro empresa; núcleos y microempresas familiares, empresas de producción social y empresas de cogestión, emprendedores, asociaciones de consumidores, empresas de propiedad social directa e indirecta, bancos comunales y cualquier otro tipo de asociación de economía popular presente en su espacio territorial, cuando, hoy más que nunca, debería ser todo lo contrario. Asimismo, las Alcaldías son un reducto de democracia representativa que domina la vida local, al punto que los ciudadanos deben de esperar hasta que el Alcalde tome las decisiones pertinentes para dar curso a diversas acciones para la solución de problemas.
En segundo lugar, la idea también era crear una instancia política que diera más poder al pueblo, a fin que tuviera una mayor, efectiva, eficaz y oportuna capacidad de respuesta para afrontar las disímiles necesidades de sus comunidades. Esta iniciativa encontró su fundamento desde que ocurrió la implantación de las Alcaldías en Venezuela y los ciudadanos y ciudadanas se alejaron de sus espacios políticos una vez que constataron su inoperatividad para atender eficazmente las diversas demandas sociales, para luego salir en búsqueda de otras alternativas políticas más confiables para canalizar soluciones, las cuales, no siempre eran legales. Así, para evitar esto, los Consejos Comunales fueron llamados a suplir las carencias de las Alcaldías, en lo especial, a permitir que la misma comunidad organizada pueda ser el ente ejecutor para resolver sus problemas, evitando de esa forma, concentrar sus demandas a la Alcaldía para que, ésta a su vez, delegue en el Consejo Municipal o en el Alcalde el estudio de las posibles respuestas; y a potenciar o desarrollar las atribuciones y obligaciones de las alcaldías; al incorporar el interés por el desarrollo integral de la persona y la comunidad, entendiendo el desarrollo integral como el proceso planificado de transformación cualitativa que implica el mejoramiento progresivo y equilibrado de los componentes sociales, culturales, ambientales, económicos, políticos, humanísticos y científicos de la persona y la comunidad.
Los Consejos Comunales dan celeridad y mayor empuje a todas las medidas a tomar para la solución de problemas de la comunidad, sin embargo, es preciso destacar que los Consejos Comunales no se perfilan como una instancia alterna al poder municipal, lejos de esa opinión, los Consejos Comunales, más bien, adquieren una pequeña porción del poder municipal concentrado en la Alcaldía y los distribuye de forma justa, equitativa y equilibrada entre las comunidades que integran la municipalidad. El trabajo de las Juntas Parroquiales tampoco queda afectado, porque igual que el Consejo Comunal, ésta es una sub-instancia política del mismo poder municipal y goza, también, de aquella pequeña porción de poder. De esta forma, el nacimiento de los Consejos Comunales se circunscribe dentro de los modernos principios de la gerencia y administración pública que exaltan la coordinación con las demás estructuras políticas y la delegación de poder político al pueblo como vías al desarrollo social y económico de las comunidades.
Los Consejos Comunales son una instancia política madura, única y sin comparación en el mundo que constantemente se reinventa así misma, por cuanto cada localidad le dará el mejor uso según sus realidades particulares. No obstante, hay que seguir con juiciosa atención su evolución ya que su carácter innovador sugiere la posibilidad de comer errores en la marcha. La ausencia de mayores referentes históricos o experiencias previas con respecto a los Consejos Comunales a nivel nacional e internacional , confiere al Estado una gran responsabilidad, porque debe ser el guía que enrumbará al pueblo venezolano por el camino del desarrollo hasta el preciso instante en que éste puede enrumbarse por si mismo. El seguimiento debe hacerse en coordinación con las comunidades organizadas a fin de reducir, en la medida de lo posible, los habituales pasos en falso que siempre acompañan a éste tipo de propuestas sociales. La evolución de los Consejos Comunales es responsabilidad también de las comunidades. De ella depende su auge, consolidación y, especialmente, defensa, por cuanto es inevitable la presencia de retractores que no sólo se niegan al cambio, sino que intentan interferirlo confundiendo a la población sobre la verdadera naturaleza de los Consejos Comunales, aunque no conozcan realmente la materia ni los beneficios de ésta. Además, debido al hecho que el poder político de los Consejos Comunales es acotado y los recursos económicos generados, asignados o captados tienen su origen en el Estado, es posible que aparezcan relaciones clientelares verticales en su seno que terminen desvirtuando los fines para los que una vez fueron creados. Es decir, dado que el Estado es quien trasfiere los recursos a los bancos comunales, se puede crear una dependencia económica innecesaria entre los Consejos Comunales y el Estado, cuando lo correcto es que el Consejo Comunal, una vez recibido los recursos, pueda administrarlos de forma tal que se vuelva con el tiempo independiente y pueda autogestionar su mismo progreso y desarrollo, sin mayor control del poder nacional. Eso, sin contar, que la distribución de los recursos por parte de los Bancos Comunales, los cuales pueden ser retornables o no retornables, pueden ser entendidos por algunos como prebendas a las que puede accederse por favores políticos (relación clientelar horizontal). En ese contexto, es preciso que la comunidad adquiera conciencia de la responsabilidad que significa recibir en sus manos esa pequeña fracción de poder político. Las comunidades deben aprender a usar el poder político que se le ha delegado y evitar que se les salga de las manos. Para ello podrá valerse en los diversos Comités que integran a los Consejos Comunales y, principalmente, en el Comité de Contraloría Social, porque será éste, la unidad operativa que tendrá las máximas responsabilidades por evitar y detectar cualquier tipo de exceso, o manejo indebido de los recursos.
No obstante, los Consejos Comunales son centros de encuentro y reencuentro vecinal para el acuerdo; un medio para mantener activa y permanente el poder constituyente y el ejercicio de la soberanía popular; una tribuna para el intercambio de pareceres y pensamientos y valores; un espacio propicio para la inclusión y no de exclusión; una unidad de democracia directa; una instancia de participación y protagonismo; y son una vía para el Socialismo del Siglo XXI. Los Consejos Comunales no acumulan poder, lo distribuyen para la formulación, ejecución, planificación, control y evaluación de las políticas públicas, transmitiendo principios y valores que acentúan corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, equidad, transparencia, honestidad, igualdad social e igualdad de género, eficiencia y eficacia, contraloría social, asociación abierta y voluntaria, gestión y participación democrática, formación y educación, autogestión y cogestión, planificación participativa, respeto y fomento de nuestras tradiciones, la diversidad cultural, propiedad colectiva y social, articulación del trabajo en redes y cultura ecológica. Por esa razón, dada su gran potencialidad como ente socializador, los Consejos Comunales se miran como el componente imprescindible de la sociedad democrática venezolana del futuro. Su composición orgánica, por ahora incipiente; la categoría de sus objetivos y la inclusión de nuevos parámetros para la gestión de la administración pública de las localidades, hacen pensar que su desarrollo y posterior madures podría reemplazar en algún momento a la actual organización político-administrativa del país, de origen europeo, por otra organización más venezolana, mas adecuada a las realidades y particularidades del país. Los Consejos Comunales se ven a futuro como algo más que Gobernación, una Alcaldía o una Junta Parroquial. Se ven como un modelo que no será la mera copia de experiencias políticas europeas, sino como un modelo venezolano con capacidad de subsanar las carencias de los modelos de gobierno local del mundo. Es decir, un gobierno local venezolano, para los venezolanos.
La idea de elevar el poder político de los Consejos Comunales es aumentar el autogobierno del pueblo (CFR.- ESCARRA: 2007, 20), a través del reordenamiento del poder territorial, adoptando innovadores conceptos de espacios políticos, creando nuevas ciudades comunitarias o comunas, o transformando algunas ya existentes, para consecuentemente desmontar la actual división político-administrativa del país y el modelo de Alcaldías y Juntas Parroquiales. Asimismo se podría, por ejemplo, fortalecer el poder comunal en aquellos pequeños centros poblados que cohabitan en una extensión enorme de territorio y pertenecen a una misma alcaldía, como ocurre en Apure, y que no tienen capacidad de autoabastecerse o autoalimentarse; o como el caso del municipio de Capacho (Táchira), donde existen dos alcaldías en un mismo pueblo, y se alimenta así la burocracia y la incapacidad de maniobra.
Los futuros Consejos Comunales se circunscribirán al principio que cada ciudad podrá autogobernarse. El mapa venezolano podría no tener sus actuales estados, sino un sinnúmero de focos políticos. Cada ciudad, en su espacio natural, tendrá su propio gobierno citadino o Consejo Comunal, que se estructurará de acuerdo a sus necesidades políticas, económicas, sociales, infraestructurales, etc… pudiendo articularse con las otras ciudades vecinas. No obstante, en esta primera fase de desarrollo, los Consejos Comunales serán como pequeños “centros de poder” sectorizados. Enclaves de poder político dentro de los municipios, con supervisión del Estado y las comunidades organizadas. En una segunda fase, los Consejos Comunales podrían adquirir mayor fortalecimiento orgánico y operativo, al tanto que podrían responder, gracias a la experiencia acumulada, a la solución de los problemas comunales de forma óptima, siendo el Banco Comunal el principal motor del desarrollo social y económico de los ciudadanos y ciudadanas, incluso, antes que la acción motora del Estado. En este estadio, el Consejo Comunal también presenciaría la desaparición de las Juntas Parroquiales, los Consejos Municipales y las Alcaldías; y verá el auge de las ciudades federales y, quizás, las ciudades comunales o comunas, con capacidad para reunirse en mancomunidades y luego en federaciones. Una tercera fase implicaría la superación al modelo de las Gobernaciones, ubicando a los Consejos Comunales como la más importante unidad política del gobierno regional, para finalmente culminar con el ápice del proyecto, las ciudades socialistas: grandes centros poblados con plena capacidad de autogestión y autogobierno. Sin embargo, aunque estas fases describen un posible camino que puede tener sus altibajos e inimaginables desvíos y avances, sólo parece predecible que el desarrollo de los Consejos Comunales en Venezuela ameritará muchos años y que no será un suceso uniforme a nivel nacional, sino más bien un suceso que se extenderá de forma heterogénea.
Las experiencias de los Consejos Comunales en el país han comenzado sin un patrón geopolítico específico y, más bien, siguen un patrón que privilegia a las comunidades mejor organizadas. Estas comunidades ya han podido crear sus Consejos Comunales y ponerlos en marcha, sin mayores dificultades que la adquisición urgente de experiencia política y gerencial; y las dificultades obvias de trasmitir una nueva cultura política, más humana e incluyente, a una población acostumbrada a estar excluida y olvidada. El accionar de estas comunidades sugiere que la aparición de los Consejos Comunales siempre será un comportamiento espontáneo y determinado por la iniciativa y voluntad de aquellas comunidades organizadas que estén decididas por hacerse ellas mismas protagonistas de su futuro. En cambio, hablar de la evolución de los Consejos Comunales es otra cosa, porque sólo habrá evolución si existen ciertos parámetros de control y planificación que indudablemente son responsabilidad del Estado y la comunidad organizada. Por ello, ambos deben trabajar coordinadamente por el sano desarrollo de esta instancia política y aplicar planes o pruebas pilotos en aquellas comunidades que si lo ameriten, a fin de detectar éxitos y fallas orgánicas en el sistema político implementado, para establecer líneas de referencia que le puedan ser de utilidad a los demás Consejos Comunales del país.
La evolución de los Consejos Comunales amerita control y planificación de alta entrega. La nueva división político-administrativa del país a la que nos enrumbamos, amerita esa entrega. Evitar fallas, reconocer los éxitos, sólo facilitaría y aceleraría la transición a nuevos estadios inimaginables que, sin lugar a dudas, sugieren un mundo donde todos los ciudadanos y ciudadanas podrán satisfacer sus necesidades más innatas, o al menos, canalizarlas, lo cual supondría un ciudadanos civilizado, responsable y democrático; es decir, un ciudadanos superior, un ciudadano realizado o encaminado sólidamente a serlo.
13.- LA RECONQUISTA DE LA SOBERANÍA:
Varios pensadores latinoamericanos se han inclinado por creer que el “renacimiento nacional” o reconquista de la soberanía frente a las políticas imperialistas de EUA es propio de nuestros tiempos, en tanto, que consideran que es de reciente data la aparición de iniciativas nacionales dirigidas a la reconquista de las tomas de decisiones políticas. No obstante, las luchas de los pueblos latinoamericanos por fortalecer su soberanía ante EUA comenzaron antes de finalizar el siglo XIX, siendo su primer avance en el siglo XX la derogación de la Enmienda Platt, cuando Cuba se libera de las condiciones de su capitulación en 1898, en la Guerra de Cuba. La Enmienda Platt fue aprobada en 1901 por el Congreso de EUA como rectificación al proyecto de ley sobre Apropiaciones del Ejército y fue incluida en la Constitución de Cuba de 1902, a pesar de ser ésta bastante avanzada para la época. Esta enmienda permitía que EUA controlara los empréstitos exteriores, los tratados que pudiera efectuar Cuba, el derecho a intervenir militarmente en la isla cuando lo considerara oportuno , y la adquisición de bases carboníferas y navales en el litoral cubano. Pero las constantes protestas de los cubanos por la continua intervención estadounidense en sus asuntos internos, de claro matiz imperialista, provocaron varias renegociaciones que desembocaron en la firma del Tratado de Reciprocidad entre Cuba y Estados Unidos de 1934, y en la derogación de la Enmienda Platt.
Desde entonces, los pueblos latinoamericanos han aupado sus esfuerzos por acentuar su autodeterminación e independencia en un contexto internacional caracterizado por un imperialismo norteamericano que cada vez tendía a vigorizarse y a articularse con otras potencias mundiales europeas, así como a expandirse por canales diversos al punto que ya para finales de los años 80’s del siglo XX, Latinoamérica había perdido soberanía no sólo en las decisiones políticas, sino también en áreas económicas, legislativas y en el manejo de sus recursos naturales. Cada decisión del Estado, cada iniciativa política y legislativa, cada gobernante electo, cada actuación institucional y cada decisión judicial, podía ser de interés de EUA, y en el caso que así fuera, el imperialismo operaba al punto de asegurarse un resultado que fuese beneficioso a sus intereses.
El control en el Sistema Político y en los poderes públicos se manejaba a través de las embajadas norteamericanas , las cuales, como representantes de los gobiernos de turno de EUA, fungían como enclaves de consulta obligatorios para las élites políticas nacionales. Estas embajadas poseían el verdadero poder nacional. En sus espacios nacían las aprobaciones, negaciones, reconsideraciones y demás apreciaciones que fueran de interés para el Imperio, y en el caso, que algún nacional ofreciera resistencia a sus designios, éste podía ser “comprado” o excluido del sistema político por su “actitud enemistosa a la embajada”. De esta forma, los intereses de EUA, aquellos que nacieron como humildes semillas en las élites políticas de los países latinoamericanos, se ramificaron hasta enraizarse profundamente en los sistemas políticos, como para, inclusive, influir en el comportamiento sociocultural de los ciudadanos. Los intereses de EUA se transformaron en grandes paradigmas, elementos sine cua non, para estructurar decisiones e iniciativas políticas nacionales. Más que todo, porque EUA cuidaba que la aplicación de sus intereses siempre partiera del principio de que éstos debían perpetuar, regenerar, procrear y asegurar su existencia, la pérdida del status de nación independiente y, especialmente, un nexo de dependencia muy sólido entre EUA y sus países “satélites”.
En virtud de las consecuencias, las élites políticas latinoamericanas optaron por no hablar de la interferencia de EUA en sus asuntos políticos a sus pueblos. Así, el pueblo quedaba sometido a una posición relegada o excluida en lo que a construcción política se refería. De nada servían las constantes transformaciones “democráticas” de las instituciones ni los constantes “esfuerzos” de la democracia representativa. El pueblo no tenía poder y se le hacía entender que si lo poseía. Sin embargo, éste modelo se dirigía a toda velocidad a entrar en una fase de crisis. Ya para los años 80’s se sentía en los ambientes políticos latinoamericanos el olor característico de las revoluciones sociales. Y quizás habría sido la Caída del Muro del Berlín en 1989, la que simbólicamente reflejó el fin de la Guerra Fría, el punto de inflexión histórica, o ruptura epistemológica, que impulsó el sentimiento de los pueblos de cambiar las pautas de las relaciones políticas de sus Estados.
A partir de los años 90, los conflictos sociales en la región se hicieron más acentuados. Países como Venezuela y Argentina , vieron tambalear sus sistemas políticos ante revueltas populares que sólo buscaban mayor “empoderamiento” popular, distribución justa de la riqueza, garantía de derechos humanos y, especialmente, la necesidad de contar con un Estado que estuviera en verdadera sintonía con la agenda popular y no con la agenda norteamericana.
Pero el reto no era fácil. La profundidad con que se encontraban enraizados los intereses norteamericanos en los sistemas políticos era descomunal. Tratar de modificar la situación significaba un replanteamiento general del Estado, y ello, sin duda, significaba una transformación que, según las experiencias mundiales, podía no ser pacífica. Los gobiernos de EUA confiscaban la soberanía de los países a través de las acreencias de las deudas externas; la imposición de leyes; la manipulación de las decisiones políticas; la interferencia en las políticas monetarias y fiscales; la obstrucción a la comercialización abierta de tecnologías de avanzada, bienes y servicios; regalías y prebendas a las élites políticas; espionaje; amenazas y chantajes; torturas; policías secretas y cuerpos paramilitares que eran financiados de forma indirecta; compra de decisiones judiciales; entre otros, y tratar de arrancar esto de raíz sugería una revolución inimaginable con alto contenido de violencia, por cuanto corría el riesgo que si el pueblo se sublevaba contra su régimen, éste se defendería a capa y espada para mantener y extender su posición hegemónica de poder, como en efecto así fue, al menos en el caso de Venezuela.
Las revueltas sociales del “Caracazo” (1989) y los dos intentos de golpe de Estado de 1992 (febrero y noviembre), reflejaron el descontento social del pueblo venezolano con su sistema político y, también, el descontento del imperio. La violencia con que se sometió al pueblo en todas las revueltas, la cantidad de vidas perdidas de ciudadanos y ciudadanas inocentes, y la impunidad con que quedaron los delitos, tan sólo fueron una precaria manifestación de la indiferencia e indolencia con que los gobiernos de EUA tradicionalmente habían tratado a todos los venezolanos y venezolanas, y ciertamente, a todos los países latinoamericanos. Condenando a éstos, a un control, basado en el olvido paulatino de sus más imperiosas necesidades.
No obstante, el fracaso de las revueltas no significó un obstáculo para el pueblo de Venezuela, quien tomó las derrotas como una patente reiteración de lo que ocurría en el país y como punto de partida, punto de inexcusable justificación, para imponer su voluntad sea como fuere, sea a quien sea, hasta sólo saciarse una vez haya reconquistado, como fue 180 años antes, su independencia, y ese momento llegó en 1998, con la ascensión al poder de Hugo R. Chávez F., quién desde sus primeros instantes en la presidencia de la República dirigió su atención a la reconquista de la soberanía perdida por la acción de los gobiernos extranjeros.
Las acciones que entabló el presidente Chávez para la reconquista de la soberanía se basó, a nuestro juicio, en tres grandes ideas rectoras: la imposición de la democracia participativa como mecanismo para acercar el poder al pueblo; el despliegue de un nuevo ordenamiento normativo de los venezolanos para los venezolanos; y el más importante, la construcción de un paradigma administrativo, el cual indicaba el compromiso al que debía atender toda funcionaria y funcionario público al ejercer sus funciones, apegándose a los principios y valores de la Constitución de 1999 y no en razón de intereses extranjeros. El paradigma administrativo era y sigue siendo la bandera del verdadero cambio de voluntad del Estado venezolano. La administración pública había que liberarla de la enfermedad que había minado todos sus organismos, dependencias y oficinas por años, y adecuarla a las demandas ciudadanas que reclamaban mayor información, transparencia, honestidad y apego a la patria. En tanto que la nueva administración pública adquiriera un vigor formal, el Estado venezolano se fortalecería y haría más conciente de los riesgos del imperialismo, es decir, de la dominación política y económica ejercida por EUA durante más de un siglo, gracias a su superioridad económica y tecnológica. Por ejemplo, vale destacar la anécdota del dictador Marcos Pérez Jiménez, quien en su oportunidad a mediados del siglo XX sostuvo una reunión con el embajador norteamericano de turno. En dicha reunión el presidente de facto le comentó a su par sobre su interés de construir un tren que cruzara de punta a punta a la nación venezolana. Por lo que quedó sorprendido cuando el embajador le respondió que la construcción de un tren de semejante proyección sería considerado un gesto inamistoso por el gobierno de EUA. Sorprendido, Marcos Pérez Jiménez preguntó por qué, a lo cual el embajador “sin ton ni son”, le indicó, que aún la industria automotriz estadounidense tenía mucho que vender en Venezuela. Esta anécdota fue recordada por el comandante presidente Hugo Chávez en el año 2007, quien dos años antes también había comentado que en una ocasión, a finales de los años 90, una representante de la embajada Norteamérica en Venezuela, salió airada del palacios de Miraflores, incluso tirando con todas sus fuerzas la puerta de su despacho presidencial, cuando el comandante se negó a seguir desinteresadamente ciertas “instrucciones” de la secretaría de estado norteamericana.
Estas tres concepciones se presentaron como un proyecto político liberador, no sólo del Estado, sino también de las fuerzas productivas; los modelos propios de negocios; la información; la alimentación; las elecciones periódicas; la salud; el atraso tecnológico; la educación; los servicios básicos; la ampliación de las políticas sociales; la intelectualidad; las reformas estructurales que alterasen la matriz social y económica de nuestras sociedades; la reforma agraria y la reforma urbana; el acceso cada vez más amplio a las redes de carreteras, caminos, puertos y aeropuertos; la creación de nuevos derechos; y del mismo pueblo oprimido, el cual ahora podía ser el protagonista de su propio destino y componente clave para el éxito del proyecto.
El nuevo sistema político y económico venezolano ya no seguiría produciendo enormes distorsiones, susceptibles a todo tipo de manipulación por parte de las oligarquías económicas y de los partidos tradicionales. El control social sobre la actividad política y estatal ya no sería extremadamente reducido; así como la cobertura del Estado en áreas como salud y educación, los cuales, en su momento gracias a la ola neoliberal estaban tan debilitados que muchos de estos servicios públicos pasaron a ser accesibles solamente a través del mercado. El nuevo modelo combinaba capacidad de crecimiento, capacidad de innovación, generación de empleo y renta, con redistribución del ingreso y de la riqueza. Pero, ese nuevo modelo exigía que se implementara en coordinación con las tendencias del contexto político continental, y en ningún momento, como un modelo cerrado, que daba la espalda a los marcos de la correlación de fuerzas vigentes en el mundo. Si eso ocurría, Venezuela se aislaba en un momento histórico en que todos los países se aproximaban por las fuerzas globalizadoras y mundialistas, que de una u otra forma, traían grandes ventajas, o al menos, para el momento eso se creía.
Los cambios dentro del Estado venezolano debían estructurarse a sabiendas que los países vecinos aún se encontraban sometidos por las imperiosas fuerzas políticas y prácticas del Imperio. En ese sentido, había que cristalizar un modelo alternativo al neoliberal, que acabara con la polarización pobreza-riqueza y el capitalismo salvaje y con el grave deterioro de los recursos renovables y no renovables de la naturaleza, sin que ello significara un reto político para los Estados de la región, sino más bien un cambio controlado, democrático y participativo dirigido para el desarrollo integral del país y la erradicación de las prácticas que acentuaban la dependencia del mercado nacional con EUA y hacían imposible la liberación total.
El nuevo modelo debía adquirir una concepción donde la base productiva de bienes y servicios de cada uno de los países, así como las fuentes fundamentales de energías y materias primas e insumos diversos, deben quedar bajo control de los Estados y los países y no al servicio exclusivo de las empresas transnacionales. Además, el nuevo modelo debía construir un sistema de financiamiento crediticio alternativo a los que se conocían, es decir, de aquellos sistemas que funcionaban sólo en interés de oligarquías y bancos extranjeros.
Estos sectores productivos constituyen los fundamentos para el desarrollo económico en general; de su crecimiento depende la generación de empleos para población. El desarrollo de las capacidades productivas de bienes y servicios debía tener como centro la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones para elevar gradualmente su nivel de vida, y al mismo tiempo apoyar la capacidad de exportación para generar los recursos financieros necesarios para el desarrollo, la estabilidad y crecimiento sostenido de la economía nacional. En consecuencia, la evaluación del escenario dio como resultado que Venezuela no podía aislarse y que la economía venezolana necesitaba ser orientada equilibradamente hacia mercados emergentes con conciencia de las debilidades del mercado interno. Con esta visión, se permitiría diversificar los centros a donde se compran los bienes que no se producen en el país, con atención a Europa y América Latina, en vez de EUA. Ese modelo que posteriormente sería conocido como la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), buscaría fortalecer nuestros mercados internos, de manera integrada con la política externa, lo que implica definir una política industrial expansiva y una política agrícola la soberanía alimentaria, privilegiando el cuidado del desarrollo social, y el desarrollo integral de la persona y la comunidad, sobre el desarrollo económico. El ALBA se encaminó detrás de la idea de que si era posible llevar a cabo la reforma agraria, acompañada de medidas para garantizar apoyo técnico y crédito para estos productores, para garantizar alimentos a la población y eventualmente excedentes agrícolas para exportar, el fortalecimiento de los mercados internos, como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas nacionales, disminuyendo así el mercado natural latinoamericano de consumidores de EUA. El ALBA apunta a impulsar el empleo y las Unidades de Economía Popular en sus países a diferencia de las grandes empresas transnacionales, que tienden a llevarse sus ganancias a sus países de origen. El nacimiento del LBA supuso la inversión de recursos orientados hacia el respaldo a las empresas nacionales de todos los tamaños, el acceso a la ciencia y la tecnología, la inclusión a los sectores económicos informales, y todos aquellos sectores parcial o totalmente excluidos; sin embargo, conforme los cambios avanzaban, los medios de comunicación, en manos de monopolios privados, interferían de manera descarada en perjuicio del cambio y en beneficio de los reductos imperialistas, que defendían hasta sus últimas instancias los tentáculos que aún sobrevivían dentro del poder y fuera del mismo. La batalla por la liberación había comenzado, y aunque se ha ganado terreno aún estamos medio camino de ser totalmente independientes.
Venezuela, con su proyecto de liberación, combina la soberanía nacional con la cooperación entre los distintos pueblos y países que abracen este proyecto que ahora es propuesta de integración continental. Pero el desafío es aún mayor si recordamos que cada uno de nuestros países posee historias particulares y correlaciones de fuerzas específicas, a lo cual respondemos con estrategias y programas también diferenciados. Sólo el tiempo será el elemento articulador de las diferencias, y tarde o temprano, no será sólo Venezuela el país liberado, sino todo e

References: resolución 
sui generis
sui generis
in fine
 Artículo 2
 Artículo 72
 Artículo 118
 Artículo 308