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Timestamp: 2018-12-17 00:53:55+00:00

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﻿ Sentencia T-560 de agosto 31 de 2015
SENTENCIA T-560 DE 31 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD- EL DEPORTE COMO MEDIO DE TRABAJO. EL DEPORTE ES UN MEDIO DE TRABAJO Y REALIZACIÓN PERSONAL, QUE PUEDE SER UTILIZADO POR LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, PARA SENTIRSE LABORALMENTE ACTIVOS, LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN SOCIAL Y UNA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS. LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA ELABORAR POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, EXISTEN Y SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE TENGAN A CARGO LA FUNCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE A NIVEL DEPARTAMENTAL. ESTAS POLÍTICAS INCLUYEN LA ENTREGA DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y PEDAGÓGICOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL, ENTRE OTROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEPORTE, INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE, PERSONA CON DISCAPACIDAD
Sentencia T-560 de agosto 31 de 2015
Ref.: expedientes T-4.773.268 y T-4.889.518, acumulados.
Acción de tutela presentada por Reinel Rubiano Tobar, contra Emssanar ESS y otros (T-4773268); y Oscar Alberto Rios Cuervo, contra Nueva EPS (T-4889518).
Bogotá, D.C., treintaiuno de agosto de dos mil quince.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Jorge Iván Palacio y la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En la revisión de las providencias dictadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Sala de Decisión Constitucional) y Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Oralidad), dentro de las acciones de tutela instauradas por Reinel Rubiano Tobar contra Emssanar ESS y la secretaría departamental de salud del Valle del Cauca; y Oscar Alberto Rios Cuervo contra Nueva EPS, respectivamente.
Los expedientes llegaron a esta Corte por remisión efectuada por los citados despachos, en virtud de lo ordenado por los artículos 86 (inc. 2º) de la Constitución, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante auto del 13 de mayo de 2015, la Sala Quinta de Selección de tutelas, decidió acumular los expedientes T-4.773.268 y T-4.889.518 por presentar unidad de materia y asignar a este despacho su sustanciación.
El señor Reinel Rubiano Tobar fue diagnosticado con “lesión raquimedular nivel T10, cistostomía por antecedente de pólipo uretral y con luxación anterior de larga data en la cadera izquierda”(1), según la historia clínica aportada.
El actor añadió que pertenece a la Liga de Deportistas Limitados Físicos del Valle del Cauca (Lidevalle) desde el año 2004, según el certificado expedido por el presidente de dicha Liga(2).
El demandante señaló que para practicar dicho deporte, requiere de una silla de ruedas especial para deportistas (silla de ruedas deportiva ultra liviana, para adulto, plegable con llantas desmontables, rin 700, llantas inflables 700, marco de carbono y llantas de patiar delanteras) y que “actualmente cuenta con una silla de ruedas que no se encuentra en buen estado de uso diario, no fue hecha a mi medida y es muy inestable por lo que existe alto riesgo de caída en cada desplazamiento”(3). Además, explicó que la silla de ruedas actual, carece de las especificaciones para participar en actividades deportivas.
El señor Oscar Alberto Ríos Cuervo sufre de una “lesión medular por heridas [con] arma de fuego hace 17 años”(4) generada en su trabajo como escolta.
El actor manifestó que su silla de ruedas se encuentra en estado de deterioro, y debido a ello, el médico tratante le ordenó “silla de ruedas de baloncesto: en titanio, rines 25 spinergy de 24 radios gruesos, correas de seguridad para pies, piernas y cintura, espaldar bajo, marco rígido, parachoques, quinta rueda posterior, ruedas posteriores con inclinación para aumentar la base de sustentación, aros de propulsión, llantas inflables tubulares, ruedas delanteras de patín, descansa pies rígido no plegable y sin descansabrazos”(5).
Finalmente, el petente insistió en que necesita la silla de ruedas para representar al país en el año 2015 en el torneo de Toronto-Canadá, pero que la Nueva EPS, a través de su comité técnico científico, negó dicho insumo, al considerar que éste “corresponde a tratamientos experimentales o aquellos medicamentos que se prescriben para la atención de las actividades, procedimientos e intervenciones que se encuentran expresamente excluidas del plan obligatorio de salud artículo 130 numeral 6 (...)”(6).
1. Expediente T-4.773.268.
El Juzgado 13 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, mediante auto del 8 de agosto de 2014, admitió la acción de tutela, ordenó correr traslado a Emssanar ESS y a la secretaría departamental de salud de Valle del Cauca para que se pronunciaran acerca de los hechos y pretensiones de la acción de tutela. Además solicitó que las entidades informaran su naturaleza jurídica y su representante legal.
A. Emssanar ESS.
Por otro lado, sostuvo que Emssanar ESS EPS-S, “administra los recursos otorgados con el fin de prestar los servicios de salud bajo el esquema de Régimen Subsidiado, lo que implica que los usuarios no requieren acreditar unos pagos mensuales para la prestación del servicio, es decir no requiere de cotizaciones (...)”(7), de manera que se acoge a la población vulnerable y con ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Afirmó que su representada solo recibe recursos exclusivos para la cobertura del plan obligatorio de salud, POS, mientras que el Estado le destina recursos del régimen de participaciones y transferencias al ente territorial (secretaría de salud departamental del Valle del Cauca) para la complementación de las prestaciones de servicio que no se encuentran dentro de la cobertura del POS.
Ana Lorza Bedoya (profesional universitario), indicó que el suministro de medicamentos, exámenes, actividades e insumos entre otros, “(...) deben ser soportados en una orden o fórmula médica, del médico (sic) tratante adscrito (sic) a la EPS o de la Red Pública; si estos se encuentran excluidos en el plan obligatorio de salud, bien puede la empresa promotora de salud prestar los servicios y recobrarlos al Fosyga/Consorcio SAYP”(8).
La accionada concluyó que Emssanar-ESS, como entidad aseguradora en salud, debe brindar los servicios requeridos por el actor de forma íntegra y oportuna, a través de las IPS públicas o privadas con las cuales tenga contrato de prestación de servicios de salud, de conformidad con la Resolución 5521 de 2013 y demás normas relacionadas en la materia.
El accionante impugnó el fallo de primera instancia, bajo el argumento de que su solicitud es una “silla de ruedas deportiva ultra liviana para adulto plegable con llantas desmontables, rin 700, llantas inflables 700, marco de carbono, con llantas de patiar delanteras”(9), y no una silla de ruedas regular para uso diario.
Asimismo, señaló que el accionante no demuestra que “para garantizar su derecho a la salud debe practicar deporte y que, por ende, la silla de ruedas que exige para jugar baloncesto tiene relación directa con dicho derecho fundamental”(10).
2. Expediente T-4.889.518.
A. Nueva EPS.
El Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2014, negó la acción de tutela, al considerar que “la autorización de insumo NO POS, no cumple con las exigencias contenidas por la Corte Constitucional para su procedencia, por cuanto, en sentir de esta Agencia Judicial la falta del suministró (sic) en las condiciones prescritas por el médico tratante, no acarrea para el demandante una vulneración a sus derechos (...)”(11).
Asimismo, el a quo argumentó que la silla de ruedas deportiva solicitada, se requiere solamente para la práctica de una actividad deportiva, de manera que ello no es un impedimento para que el actor pueda gozar de una vida en condiciones dignas y se pueda integrar a la comunidad; “máxime si se tiene en cuenta que no se justificó por el especialista tratante (...) una condición de salud del paciente que amerite la orden del suministro de silla de ruedas para baloncesto”(12).
Finalmente, el despacho declaró que según la ley y la jurisprudencia constitucional, la atención integral “se refiere única y exclusivamente a la patología actual que presente el afiliado (...) y a situaciones de salud determinadas objetiva y medicamente (sic), que correspondan a la patología que padece el afiliado, y no a otras diferentes y frente a las cuales no se consolida su existencia real”(13), de manera que no era posible otorgarle este tipo de tratamientos al accionante.
3. Actuaciones procesales en sede revisión.
La Sala Quinta de Revisión de tutelas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las señaladas por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y los artículos 57 y 58 del reglamento interno de esta corporación(14), a fin de allegar material probatorio suficiente que permitiera resolver la acción de tutela, profirió los siguientes autos:
Asimismo, ordenó oficiar a la Nueva EPS para que indicara cuál era el ingreso base de cotización (IBC) del señor Oscar Alberto Ríos Cuervo y si tiene beneficiarios a su cargo.
a) La forma en que se encuentran vinculados laboralmente los deportistas con las selecciones departamentales y la Selección Nacional de Baloncesto.
b) Los porcentajes e incentivos económicos que reciben los deportistas que pertenecen a estas selecciones.
c) Si los deportistas que practican esta disciplina, reciben prestaciones sociales en salud y seguridad social.
d) Si los deportistas que practican esta disciplina, reciben un salario fijo.
ii. El 4 de agosto de 2015, la Sala ordenó oficiar al Comité Paralímpico Colombiano, para que profundizara y explicara de manera detallada el alcance de la siguiente respuesta dada en el auto precitado: “los recursos del Comité Paralímpico Colombiano provienen casi en su totalidad de los recursos que entrega el Departamento Administrativo del Deporte, Coldeportes, los cuales son destinados al Alto Rendimiento y que por tanto tienen destinación específica”(15).
iv. ¿Cuáles son las herramientas o instrumentos económicos que utiliza el comité paralímpico colombiano para materializar las funciones comprendidas en el artículo 17 del Decreto 641 de 2001 y el artículo 8º de sus estatutos?
4. Respuestas dadas en sede de revisión.
A. Respuestas generales.
Señaló que Coldeportes carece de la competencia funcional para pronunciarse respecto de las decisiones tomadas por las ligas, “ya que este Departamento tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia (sic) el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre”(16).
De igual manera, anotó que con fundamento en la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia constitucional, Coldeportes no ha vulnerado en ningún momento el derecho fundamental a la salud, y que por el contrario, siempre “ha fomentado el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, a través de los distintos planes y programas que tiene la entidad, buscando la inclusión y participación de la población colombiana (sic)”(17).
En este sentido, sostuvo que la entidad que representa actualmente ejecuta actualmente diferentes programas para beneficiar a la población en situación de discapacidad, entre los cuales se encuentran: “el programa de incentivo a medallistas (Res. 1105/2015), el programa deportista excelencia (Res. 175/2011), apoyo al ciclo paralímpico y apoyo calendario único federaciones”(18).
Comité Paralímpico Colombiano, CPC
Julio Cesar Ávila, presidente y representante de la mencionada entidad(19), declaró que en el caso de Reinel Rubiano Tobar, no es cierto que éste pertenezca a la Selección de Baloncesto del Valle del Cauca. Contrario a ello, el actor se encuentra inscrito en el club deportivo Nuevos Horizontes.
Por otro lado, indicó que de conformidad con la Ley 582 de 2000, el Comité Paralímpico “no se encuentra legal ni estatuariamente [obligado] a atender las prestaciones del sistema de salud, por lo cual no tiene competencia alguna en el presente caso, destacando por ende, que se presenta sin lugar a dudas falta de legitimación en pasiva ya que el Comité Paralímpico Colombiano no forma (sic) parte las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados”(20). (resaltado en el texto original).
Federación Colombiana para Personas con Limitaciones Físicas, Fedesir
Fernando Pérez Benavidez, citador de la Secretaría General de esta corporación, manifestó que no se pudo entregar el oficio a Fedesir, ya que nadie lo recibe y solamente se encuentra un buzón habilitado para dejarlo(21).
Igualmente, informó que el oficio se remitió por correo certificado el 28 de julio del presente año, mediante guía de envío Nº YG09197503co, la cual fue entregada por la empresa postal 472 el 30 de julio de 2015(22).
B. Respuestas específicas para el caso T-4.773.268.
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle.
Luis Fernando Restrepo, gerente encargado y representante legal de la precitada entidad, manifestó que según la Ley 181 de 1995 y la Ordenanza Nº 22 de 1997, Indervalle es “el organismo rector del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el departamento [Valle del Cauca], su naturaleza jurídica es la de un establecimiento público del orden departamental, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente que integra el sistema nacional del deporte”(23).
Por otro lado, sostuvo que mediante la Resolución 320 de 2012, se creó el “programa deportista apoyado”, con la finalidad de garantizar que los deportistas que han obtenido grandes logros para el departamento y el país, adquieran estímulos y apoyos, como por ejemplo: alojamiento, alimentación, apoyo económico, aportes a la seguridad social y transporte entre otros. No obstante, aseveró que el accionante no se encuentra “referenciado en algún deporte, tanto en lo convencional como en el sector discapacitado”(24), de manera que no puede ser beneficiario de los incentivos anteriormente aludidos.
Aunado a ello, Gustavo Adolfo Bermúdez Díaz (presidente de la Liga de Deportistas Limitados Físicos del Valle del Cauca) informó que el actor “no ha sido convocado a conformar la selección Valle de Baloncesto en silla de ruedas desde el mes de octubre de 2014 a la fecha”(25).
Finalmente, precisó que los deportistas no se encuentran vinculados laboralmente con Indervalle, ya que éstos (en virtud de la L. 1228/95) se encuentran adscritos a los clubes deportivos que pertenecen a cada una de las ligas.
C. Respuestas específicas para el caso T-4.889.518.
La secretaría general de esta corporación, informó el 24 de julio de 2015 que una vez vencido el término de traslado, no se recibió información alguna por parte del accionante(26).
Por otro lado, anotó que la subgerencia de deporte asociado y altos logros de Indeportes, “ha venido ejecutando un programa de apoyo (a nivel técnico, científico y social) para los deportistas, incluidos aquellos en situación de discapacidad, destacados en su proceso de preparación deportiva y de entrenamiento que hayan alcanzado desempeños y resultados sobresalientes”(27).
En virtud de lo anterior, sostuvo que el accionante se encuentra incluido dentro del “Programa de deportistas de altos logros de Indeportes en la categoría nacionales”(28), y que por tanto, se encuentra recibiendo apoyo técnico metodológico, científico y social.
Finalmente, enfatizó que Indeportes no presta el servicio de salud, pues su función se circunscribe a la asesoría “en deporte, educación física y recreación de las entidades y organizaciones del departamento a través de los recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros en su propósito de organizar, financiar, investigar capacitar y fomentar la educación física, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de Antioquia (...)”(29).
Por otro lado, las entidades accionadas señalaron que no se encontraban obligadas a otorgar el insumo solicitado por los actores, ya que se encontraba excluido del plan obligatorio de salud, POS, según lo consignado en el artículo 130 de la Resolución 5521 de 2013.
De esta manera, la Sala evidencia que Emssanar ESS, la secretaría departamental de salud del Valle del Cauca y la Nueva EPS, no se encuentran legitimadas en la causa por pasiva dentro de los presentes casos, pues son entidades que tienen por objeto la prestación del servicio de salud, derecho que no está siendo vulnerado por la acción u omisión de dichas entidades.
La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
6. La legitimación en la causa o legitimatio ad causam (legitimación para obrar), ha sido definida por la doctrina “como la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)(30)”.
7. En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable(31)”.
Según la jurisprudencia de esta corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”(32).
La procedencia de la acción de tutela para la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
“esta regla que desarrolla el principio de subsidiariedad no es absoluta, ya que la jurisprudencia constitucional ha establecido que, si bien en principio no procede la tutela para solucionar [las controversias planteadas], excepcionalmente y con carácter extraordinario, ésta se muestra como el mecanismo apto para la protección inmediata de los derechos del peticionario, cuando quiera que se involucren los derechos de sujetos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta (...)”(33).
En relación a ello, esta corporación ha determinado que cuando se trata de poblaciones históricamente discriminadas o de sujetos que merecen una especial protección, la tutela es el mecanismo idóneo, ya sea de manera definitiva o transitoria, lo cual dependerá de la valoración que el juez constitucional realice en el caso particular(34).
De esta manera, las reglas relativas a la procedencia de la tutela tendrán que ser más flexibles, cuando se busquen proteger los derechos fundamentales de personas que se encuentren en un estado de debilidad manifiesta. Al respecto, la Sentencia T-789 de 2003(35), indicó que:
“...en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional —esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, sujetos en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema”.
12. En reiteradas oportunidades(36), la Corte ha sostenido que las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, son una expresión del Estado social de derecho que se encuentra expresamente consagrado en el artículo 52 de la Constitución.
El Acto Legislativo 2 del 2000 resaltó la función que el deporte está llamado a cumplir en la sociedad en cualquiera de sus manifestaciones -recreativas, competitivas y autóctonas-, y la importancia que éste representa en la formación integral de las personas, así como en la preservación y el desarrollo de una mejor salud en el ser humano(37).
13. Asimismo, la jurisprudencia de esta corporación(38) ha señalado que aunque el derecho a la recreación y al deporte se encuentre ubicado en el acápite de los derechos sociales, económicos y culturales, éste adquiere el carácter de fundamental y representa una herramienta idónea para lograr la integración social de las personas en situación de discapacidad.
Es por ello que se puede afirmar que tanto el deporte como la recreación, son actividades que contribuyen a la evolución y al desarrollo (tanto a nivel personal como social) del ser humano, pues en ellas encuentra un mecanismo para adaptarse al medio en que vive “a la vez que actúa como mecanismo facilitador en su proceso de crecimiento, impulsando las bases de la comunicación y las relaciones interpersonales”(39).
En este orden de ideas, la inclinación por una práctica deportiva determinada (a escala aficionada o profesional) y la importancia que ello reviste en el proceso de formación integral del individuo, “permite que el deporte se vincule con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación e incluso al trabajo cuando su práctica habitual se asume como una actividad profesional de la cual se deriva el sustento diario”(40).
“De un lado, es un espectáculo público, por lo cual se relaciona con el derecho a la recreación de los miembros de la comunidad (C.P. art. 52). De otro lado, los jugadores profesionales no sólo ejercitan el deporte como un medio de realización individual sino que son personas para quienes la práctica del deporte es una ocupación laboral, por lo cual esta actividad es una expresión del derecho a escoger profesión u oficio (C.P. art. 26) y cae en el ámbito del derecho del trabajo y de la especial protección al mismo prevista por la Constitución (C.P. art. 25 y 53). Finalmente, las asociaciones deportivas, si bien no tienen ánimo de lucro, y no son por ende sociedades comerciales, sí ejercen una actividad económica, puesto que contratan jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas de entradas a los espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas, etc., pues son “titulares de los derechos de explotación comercial de transmisión o publicidad en los eventos del deporte competitivo” (L. 181/95, art. 28). Son entonces verdaderas empresas, en el sentido constitucional del término, por lo cual su actividad recae bajo las regulaciones de la llamada Constitución económica (C.P. arts. 58, 333 y 334)”(41).
En virtud de lo anterior, la jurisprudencia constitucional catalogó a este grupo (sujetos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta) de personas como “sujetos de especial protección constitucional”, ya que debido a su condición física, psicológica o social particular, merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva(42).
Estos sujetos, en condición de individuos plenos y autónomos, son titulares de derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, pero su interpretación es cualificada debido a la especial protección que ostentan(43).
Entre esos derechos se encuentra el ejercicio del deporte, el cual está expresamente consagrado en el artículo 52 Superior y ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental autónomo(44), que está relacionado con los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la salud, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio.
i) alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; ii) asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas y de participar en dichas actividades y, con ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones, instrucción, formación y recursos adecuados; y iii) asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas (art. 30 num. 5º).
19. Del mismo modo, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”,señala que para promover el ejercicio efectivo del derecho a la recreación y el deporte se debe contar con áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico y terapéutico.
20. Particularmente, en materia de recreación y deporte de las personas con discapacidad, la Ley 181 de 1995(45) , “por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”, indica que todos los organismos que integran el Sistema Nacional del Deporte(46) deben fomentar la participación de las personas en situación de discapacidad en sus programas de deportes, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física, llevándolas así a su rehabilitación e integración social, para lo cual deben trabajar coordinadamente. Además, precisa en su artículo 24 que se promoverá la regionalización y especialización deportiva, teniendo en cuenta los perfiles de las personas con discapacidad.
Asimismo, el artículo 1º de la Ley 582 de 2000(47), “Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995”, define al deporte asociado de las personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, como el desarrollo de un conjunto de actividades que tienen como finalidad contribuir por medio del deporte a la normalización integral de toda persona que sufra alguna limitación, el cual es ejecutado por entidades de carácter privado, con el fin de promover y desarrollar programas y actividades de naturaleza deportiva con fines competitivos, educativos, terapéuticos o recreativos.
A través del ejercicio del derecho a la recreación y el deporte, los sujetos en condición de discapacidad pueden: (i) participar en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás, (ii) desarrollar una vida digna de acuerdo con sus expectativas y (iii) convertir su práctica deportiva en un proyecto específico de inclusión a la sociedad, donde ésta también puede ser reconocida como una actividad profesional de la cual derivan su sustento diario(48).
En este sentido, los jugadores profesionales y de alto rendimiento no sólo practican el deporte como un medio de recreación y diversión, “sino que son personas para quienes la práctica del deporte es una ocupación laboral, por lo cual esta actividad es una expresión del derecho a escoger profesión u oficio (C.P. art. 26) y cae en el ámbito del derecho del trabajo y de la especial protección al mismo prevista por la Constitución (C.P. art. 25 y 53)”(49).
De esta manera, la inclinación por una práctica deportiva a nivel profesional y la importancia que ello reviste en el proceso de formación integral del individuo, “permite que el deporte se vincule con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación e incluso al trabajo cuando su práctica habitual se asume como una actividad profesional de la cual se deriva el sustento diario”(50). (resaltado fuera del texto).
27. Reinel Rubiano fue diagnosticado con “lesión raquimedular nivel T10, cistostomía por antecedente de pólipo uretral y con luxación anterior de larga data en la cadera izquierda”(51).
Señaló que para practicar dicho deporte, requiere de una silla de ruedas especial para deportistas y que “actualmente cuenta con una silla de ruedas que no se encuentra en buen estado y carece de las especificaciones de una silla de ruedas deportiva”(52).
28. La apoderada judicial de Emssanar ESS EPS-S, solicitó que se exonerara de responsabilidad a la entidad que representa. Asimismo, afirmó que su representada solo recibe recursos para la cobertura del plan obligatorio de salud, POS, mientras que el Estado le destina recursos del régimen de participaciones y transferencias al ente territorial (secretaría de salud departamental del Valle del Cauca) para la complementación de las prestaciones de servicio que no se encuentran dentro de la cobertura del POS.
De manera específica, el demandante solicita que se le entregue una “silla de ruedas deportiva ultra liviana, para adulto, plegable con llantas desmontables, rin 700, llantas inflables 700, marco de carbono y llantas de patiar delanteras”(53), lo que a todas luces no puede ser cubierto por una entidad que tenga a su cargo la prestación del servicio de salud, pues escapa de su objeto social, y más aún, tiene la función de satisfacer una necesidad que se encuentra directamente relacionada con el derecho al deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.
30. Sin embargo, antes de pronunciarse en relación con dicho aspecto, la Sala destaca que la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para la el caso sub judice, como quiera que el señor Reinel Rubiano Tobar es una persona en condición de discapacidad, ya que sufre de una “lesión raquimedular nivel T10, cistostomía por antecedente de pólipo uretral y con luxación anterior de larga data en la cadera izquierda”(54), lo cual le exige transportarse de manera permanente en una silla de ruedas.
31. Ahora bien, según la Ley 1346 de 2009 (“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”), el Estado debe “asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados”(55). (resalta fuera del texto original).
Por su parte, la Directiva 2 de septiembre de 2013, emitida por el Director de Coldeportes, señala que uno de los “lineamientos para fomentar y desarrollar la inclusión de la población con discapacidad en educación física, recreación, actividad física y deporte” es la accesibilidad al entorno físico, para lo se requiere brindar “facilidades de desplazamiento [y] adquisición de implementación deportiva y creativa”(56). (resaltado fuera del texto original).
32. Para lograr lo anterior, Coldeportes a través de su Dirección de Fomento y Desarrollo, ha buscado fomentar la “práctica del Deporte Social Comunitario como un proceso de inclusión social encaminado a potencializar las capacidades y habilidades de acuerdo al ciclo vital de las personas con discapacidad”(57). Es por ello que:
“el grupo interno de deporte social comunitario los entes departamentales de deporte y recreación presentaron proyectos de cofinanciación a Coldeportes, esta invitación se realizó a los entes departamentales que cumplieron con la información solicitada por Coldeportes en el primer semestre de 2014, los departamentos que decidieron promover el deporte comunitario en la población con discapacidad con recursos de Coldeportes son: Atlántico, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Sucre, Risaralda, Putumayo y Vaupés para un total de inversión de $558.000.000 en los siguientes componentes: contratación de recurso humano, compra de implementación y realización de capacitaciones estos proyectos han de darle continuidad a programas establecidos departamentales o son el surgimiento de un nuevo programa de inclusión con enfoque diferencial” (58). (resaltado fuera del texto original).
“desde el año 2011 se apoya a proyectos de los entes deportivos departamentales para la población con discapacidad [e inclusive] para el año 2015 se continúa con las líneas de cofinanciación a los entes departamentales de deporte y recreación tanto desde recreación como para deporte social comunitario con el fin de promover la inclusión de la población con discapacidad”(59) .
En efecto, según la información allegada a esta corporación, Indervalle, como “organismo rector del deporte, la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física del Departamento [del Valle del Cauca]”(60) no ha adelantado ninguna gestión administrativa e institucional, para la obtención de alguno de los beneficios ofrecidos por Coldeportes, como lo demuestran los informes enviados por dicha entidad, en donde no aparece el departamento del Valle del Cauca (donde ejerce su competencia Indervalle), y sí, los departamentos de: Atlántico, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Sucre, Risaralda, Putumayo y Vaupés(61).
La falta de gestión administrativa por parte de Indervalle, con la subsecuente vulneración de los derechos del actor, puede indicar 2 situaciones que hacen inexplicable que este no haya recibido la silla de ruedas deportiva: (i) que Indervalle cuenta con los recursos económicos suficientes para costear programas que promuevan el aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte de personas en condición de discapacidad de manera independiente y sin la colaboración de Coldeportes, y (ii) que exista una inactividad de dicho organismo para acceder a los apoyos y beneficios brindados por Coldeportes que habrían podido atender las necesidades del demandante.
La primera, es ordenar al Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle, que otorgue la silla de ruedas deportiva al señor Reinel Rubiano Tobar, dentro del mes siguiente a la notificación del presente fallo, como quiera que al no iniciar los trámites administrativos necesarios para obtener la cofinanciación de alguno de los proyectos ofertados por Coldeportes es razonable suponer que no requeriría de los recursos ofrecidos por dicha entidad.
37. Oscar Alberto Rios sufre de una “lesión medular por heridas [con] arma de fuego hace 17 años”(62) generada en su trabajo como escolta. Es deportista extremo y de alto impacto, pues juega baloncesto en silla de ruedas hace 16 años para la selección Colombia y Antioquia.
De manera específica, el demandante solicita que se le entregue una “silla de ruedas de baloncesto: en titanio, rines 25 spinergy de 24 radios gruesos, correas de seguridad para pies, piernas y cintura, espaldar bajo, marco rígido, parachoques, quinta rueda posterior, ruedas posteriores con inclinación para aumentar la base de sustentación, aros de propulsión, llantas inflables tubulares, ruedas delanteras de patín, descansa pies rígido no plegable y sin descansabrazos”(63), tal y como fue diagnosticado por el profesional tratante.
39. Sin embargo, antes de pronunciarse en relación con dicho aspecto, la Sala destaca que la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para el presente caso, ya que de los hechos enunciados en la tutela, se evidencia que Oscar Alberto Ríos es una persona en condición de discapacidad, pues sufre de una “lesión medular por heridas [con] arma de fuego hace 17 años”(64), lo cual le exige transportase de manera permanente en una silla de ruedas.
En el caso sub examine, la silla de ruedas deportiva solicitada por el actor, tiene una doble función, pues no solamente es utilizada como mecanismo de transporte, sino también como instrumento para la práctica de baloncesto(65). De esta manera, la acción de tutela por contar con un término expedito de 10 días, es el mecanismo idóneo y adecuado para el presente caso, ya que el insumo requerido es de suma importancia y necesidad para el demandante.
40. Ahora bien, la Sala encuentra que el actor pertenece a la Selección Colombia de Baloncesto en silla de ruedas, tal y como lo afirma el Comité Paralímpico Colombiano (en adelante CPC) e Indeportes Antioquia en sus escritos(66).
Bajo dicho presupuesto, el demandante es un deportista de alto rendimiento (a la luz de lo descrito en la Ley 181 de 1995(67)) pues representa a Colombia en certámenes a nivel internacional, tal y como lo hizo en las justas que se llevaron a cabo del 3 al 18 de agosto en Toronto-Canadá en los juegos Parapanamericanos de 2015(68).
41. Dentro de las funciones que detenta el CPC, se encuentra el apoyo a los “deportistas de alto rendimiento que representan a Colombia en eventos internacionales como son campeonatos mundiales, juegos Parapanamericanos, Juegos Paralímpicos, entre otros”(69). Para el cumplimiento de sus funciones, se suscribió un “contrato de apoyo a actividades de interés público Nº 114 de 2014” entre Coldeportes y el CPC, con el objetivo de “apoyar al Comité Paralímpico Colombiano, para la Preparación y Participación deportiva de las delegaciones colombianas en eventos internacionales y del ciclo Paralímpico 2014, como la continuación de la preparación de los atletas y entrenadores colombianos con objetivos a Juegos Paralímpicos Río 2016”(70).
En otras palabras, el CPC como “ente rector del deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales (...) encargado de dirigir, organizar, supervisar y coordinar en el ámbito nacional e internacional la actividad deportiva, recreacional y de aprovechamiento del tiempo libre para dicho sector de personas”(71), debe destinar una parte del presupuesto establecido en el convenio Nº 114 de 2014 suscrito con Coldeportes o en cualquier otro convenio o programa que tenga finalidades similares(72), para garantizar la compra de la silla de ruedas requerida por Oscar Alberto Rios, quien se desempeña como deportista de alto rendimiento y hace parte de la Selección Colombia de Baloncesto en silla de ruedas.
Además, según lo manifestó Julio Cesar Ávila (presidente y representante legal del CPC), el CPC eventualmente “contempla la entrega a los deportistas de indumentaria para la representación del país en eventos deportivos como es el caso de sudaderas, uniformes de competencia y de presentación, botilitos, fajas terapéuticas, tenis, entre otros (...)”(73). La silla de ruedas deportiva, debe ser parte de dicha indumentaria básica, en tanto es una herramienta esencial y sin la cual el accionante no podría seguir practicando baloncesto.
42. Por otro lado, la Sala aclara que a diferencia de lo sostenido por el Juzgado 12 Administrativo de Medellín, la práctica del baloncesto sí constituye un mecanismo adecuado para que el accionante encuentre una mayor y mejor integración social, más aun, cuando lo practica a nivel profesional y su condición económica depende de ello.
1. En el caso (T-4.773.268), CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia proferida el 23 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Sala Penal), por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia, el cual concedió el amparo solicitado por Reinel Rubiano Tobar, por las razones expuestas en la presente sentencia.
2. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la recreación, al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre de Reinel Rubiano Tobar, y ORDENAR al Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle, que otorgue la silla de ruedas deportiva al señor Reinel Rubiano Tobar, dentro del mes siguiente a la notificación del presente fallo. En caso de que lo anterior no se pueda cumplir, Indervalle procederá a actuar de conformidad con lo dispuesto en el fundamento jurídico Nº 35 del presente fallo.
3. En el caso (T-4.889.518), REVOCAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Oralidad), mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado por Oscar Alberto Ríos.
4. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la recreación, al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre de Oscar Alberto Ríos y ORDENAR al Comité Paralímpico Colombiano que le entregue al accionante la silla de ruedas deportiva en los términos dados por el profesional tratante, dentro del mes siguiente a la notificación del presente fallo.
Magistrados: Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Jorge Iván Palacio Palacio.
(1) Cuaderno 1. Folio 10. Historia Clínica del señor Reinel Rubiano, realizado por el Hospital Universitario del Valle.
(2) Cuaderno 1. Folio 19. Certificado de afiliación expedido por el presidente de la Liga de Deportistas Limitados Físicos del Valle del Cauca (LIDEVALLE), Gustavo Adolfo Bermúdez, el 2 de julio de 2014.
(3) Cuaderno 1. Folio 1. Acción de tutela presentada por Reinel Rubiano
(4) Cuaderno 1. Folio 8. Historia Clínica de Oscar Alberto Ríos Cuervo.
(5) Cuaderno 1. Folio 5. Orden médica suscrita por Mario Giraldo Prieto (medicina física-rehabilitación) el 31 de octubre de 2014.
(6) Cuaderno 1. Folio 6. Formato de negación de servicios de salud y/o medicamentos, elaborado por el Comité Técnico Científico de la Nueva EPS, el 5 de noviembre de 2014.
(7) Cuaderno 1. Folio 27. Contestación de la acción de tutela.
(8) Cuaderno 1. Folio 53. Contestación de la acción de tutela por Ana Lorza Bedoya, profesional universitaria.
(9) Cuaderno 1. Folio 78. Impugnación presentada por Reinel Rubiano Tobar, el 28 de agosto de 2014.
(10) Cuaderno 1. Folio 89. Fallo de segunda instancia, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Sala de Decisión Constitucional) el 23 de octubre de 2014.
(11) Cuaderno 1. Folio 20. Fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín, el 26 de noviembre de 2014.
(13) Cuaderno 1. Folio 22.Fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín, el 26 de noviembre de 2014.
(14) Acuerdo 5 de 1992. Por medio del cual se unifica en un solo texto, el Reglamento de la Corte Constitucional aprobado por el Acuerdo 1 de 1992 y adicionado mediante los acuerdos 3 y 4 de 1992.
(15) Cuaderno 2. Folio 65. Escrito de contestación presentado por Julio Cesar Ávila, presidente y representante del Comité Paralímpico Colombiano, el 21 de julio de 2015.
(16) Cuaderno 2. Folio 36. Escrito de contestación presentado por José Alejandro García, jefe de la oficina jurídica de Coldeportes, el 10 de julio de 2015.
(17) Cuaderno 2. Folio 37. Escrito de contestación presentado por José Alejandro García, jefe de la oficina jurídica de Coldeportes, el 10 de julio de 2015.
(18) Cuaderno 2. Folio 171. Escrito de contestación presentado por José Alejandro García, jefe de la oficina jurídica de Coldeportes, el 18 de agosto de 2015.
(19) Cuaderno 2. Folio 67. Certificado expedido por la subdirectora de regulación y personas jurídicas de la Secretaría de cultura, recreación y deporte de Bogotá, en cual consta que Julio Cesar Ávila es el presidente y representante del Comité Paralímpico Colombiano.
(20) Cuaderno 2. Folio 64. Escrito de contestación, presentado por Julio Cesar Avila, presidente y representante del Comité Paralímpico Colombiano, el 21 de julio de 2015.
(21) Cuaderno 2. Folio 135. Informe elaborado por Fernando Pérez Benavidez, citador de la Secretaría General de la Corte Constitucional, el 24 de julio de 2015.
(22) Cuaderno 2. Folio 133. Informe elaborado por la oficial mayor de la Secretaría General de la Corte Constitucional, Mónica Poveda, el 31 de julio de 2015.
(23) Cuaderno 2. Folio 48. Escrito de contestación, presentado por Luis Fernando Restrepo, gerente encargado y representante legal de Indervalle, el 21 de julio de 2015.
(24) Cuaderno 2. Folio 50. Escrito de contestación, presentado por Luis Fernando Restrepo, gerente encargado y representante legal de Indervalle, el 21 de julio de 2015.
(25) Cuaderno 2. Folio 53. Certificado expedido por Gustavo Adolfo Bermúdez Díaz, presidente de la Liga de Deportistas Limitados Físicos del Valle del Cauca, el 15 de julio de 2015.
(26) Cuaderno 2. Folio 35. Informe del 24 de julio de 2015, elaborado por la Secretaría General de la Corte Constitucional.
(27) Cuaderno 2. Folio 94. Escrito de contestación, presentado por Mauricio Alberto Mosquera, gerente y representante legal de Indeportes Antioquia, el 16 de julio de 2015.
(28) Cuaderno 2. Folio 99. Escrito de contestación, presentado por Mauricio Alberto Mosquera, gerente y representante legal de Indeportes Antioquia, el 16 de julio de 2015.
(29) Cuaderno 2. Folio 100. Escrito de contestación, presentado por Mauricio Alberto Mosquera, gerente y representante legal de Indeportes Antioquia, el 16 de julio de 2015.
(30) Chiovenda, G. (1922). Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo I. Madrid: Reus.
(31) T-568 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
(32) Auto 257 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(33) T-417 de 2010. M.P. María Victoria Calle.
(34) T-412 de 2010. M.P. María Victoria Calle
(35) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
(36) Ver entre otras las sentencias C-005/93, M.P. T-383/94, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-317/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-479/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-758/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(37) C-449 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis
(38) Ver entre otras: T-435 de 2015, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-660 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-297 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo; T-287 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(39) C-625 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.
(40) C-449 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(41) C-287 de 2012 M.P. María Victoria Calle.
(42) T-167 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao.
(43) Existen diferentes instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que estructuran las obligaciones adquiridas por el Estado en el ámbito internacional sobre el alcance de la protección de las personas en situación de discapacidad, dentro de los cuales se destacan: las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Resolución de la ONU de dic. 20/93), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (aprobada por la L. 762/2002, cuya revisión constitucional se realizó mediante la Sent. C-401/2003) y la Observación General Nº 5 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la que se interpretan las obligaciones frente a la población con discapacidad derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y al Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales.
(44) T-160 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, La Corte indicó que actualmente se muestra artificioso predicar la exigencia de procedibilidad de la tutela consistente en la conexidad respecto de derechos fundamentales. Por lo tanto, ese requerimiento debe entenderse en otros términos, es decir, en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental.
(45) Modificada por el Decreto 4183 de 2011, por la Ley 1445 de 2011, por la Ley 1389 de 2010, por los artículos 4º, 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003, por la Ley 617 de 2000, publicado en el Diario Oficial 44.188, de 9 de octubre 2000, por el Decreto 4183 de 2011, por la Ley 1445 de 2011, por la Ley 1389 de 2010, por los artículos 4º, 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003, por la Ley 617 de 2000, por la Ley 582 de 2000, por la Ley 494 de 1999, por la Ley 344 de 1996, por la Ley 582 de 2000, por la Ley 494 de 1999 y por la Ley 344 de 1996.
(46) Los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del Deporte son los siguientes: Nivel Nacional: Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales; Nivel Departamental: entes deportivos departamentales, ligas deportivas departamentales y clubes deportivos; y nivel municipal: Entes deportivos municipales o distritales, clubes deportivos y comités deportivos.
(47) “Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones”.
(48) T-660 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortíz.
(49) C-287 de 2012. M.P. María Victoria Calle.
(50) C-449 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(51) Cuaderno 1. Folio 10. Historia Clínica del señor Reinel Rubiano, realizado por el Hospital Universitario del Valle.
(52) Cuaderno 1. Folio 10. Historia Clínica del señor Reinel Rubiano, realizado por el Hospital Universitario del Valle.
(53) Cuaderno 1. Folio 1. Acción de tutela presentada por Reinel Rubiano.
(54) Cuaderno 1. Folio 10. Historia Clínica del señor Reinel Rubiano, realizado por el Hospital Universitario del Valle.
(55) Ley 1346 de 2009, artículo 30, num. 5, literal b).
(56) Cuaderno 2. Folio 189. Directiva 2 de septiembre de 2013, emitida por el director de Coldeportes.
(57) Cuaderno 2. Folio 171. Escrito de contestación presentado por José Alejandro García, jefe de la oficina jurídica de Coldeportes, el 18 de agosto de 2015.
(59) Cuaderno 2. Folio 187. Comunicación interna de Coldeportes, enviada por Afraino Luis Restrepo Villarroel, director (e) de fomento y desarrollo.
(60) Cuaderno 2. Folio 48. Escrito de contestación, presentado por Luis Fernando Restrepo, gerente encargado y representante legal de Indervalle, el 21 de julio de 2015.
(61) Cuaderno 2. Folio 171. Escrito de contestación presentado por José Alejandro García, jefe de la oficina jurídica de Coldeportes, el 18 de agosto de 2015.
(62) Cuaderno 1. Folio 8. Historia Clínica de Oscar Alberto Rios Cuervo.
(63) Cuaderno 1. Folio 5. Orden médica suscrita por Mario Giraldo Prieto (medicina física-rehabilitación) el 31 de octubre de 2014.
(64) Cuaderno 1. Folio 8. Historia Clínica de Oscar Alberto Rios Cuervo.
(65) Cuaderno 1. Folio 23. Impugnación presentada por Oscar Alberto Ríos, el 28 de noviembre de 2014.
(66) Cuaderno 2. Folio 63 y 92. Escrito de contestación, presentado por Julio Cesar Avila, presidente y representante del Comité Paralímpico Colombiano, el 21 de julio de 2015. Escrito de contestación, presentado por Mauricio Alberto Mosquera, gerente y representante legal de Indeportes Antioquia, el 16 de julio de 2015.
(67) Artículo 16. “Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes: (…) Deporte de alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización y nivel superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos”.
(68) Cuaderno 2. Folio 63 y 92. Dichas afirmaciones fueron hechas por Julio Cesar Avila Sarria, presidente y representante del CPC y Mauricio Alberto Mosquera Restrepo, gerente y representante legal de Indeportes Antioquia.
(69) Cuaderno 2. Folio 144. Escrito de contestación presentado por Pedro José Mejía Murguerito, vicepresidente del Comité Paralímpico Colombiano.
(70) Cuaderno 2. Folio 147. Copia del contrato de apoyo a actividades de interés público Nº 114 de 2014, suscrito entre el Departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre-Coldeportes y el Comité Paralímpico Colombiano.
(71) Artículo 1º de los Estatutos del Comité Paralímpico Colombiano.
(72) En la respuesta enviada por José Alejandro García García (jefe de la oficina jurídica de Coldeportes), se encuentra que Coldeportes además cuenta con un programa llamado “Apoyo al Ciclo Paralímpico”, el cual tiene por “objeto apoya económicamente la preparación y participación de los seleccionados nacionales Paralímpicos a traves (sic) del Comité paralímpico Colombiano, el cual se realiza año tras año”.
(73) Cuaderno 2. Folio 145. Escrito enviado por el vicepresidente del CPC, Pedro José Mejía Murgueitio, el 13 de agosto de 2015.

References: artículo 130
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 130
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 30
 Artículo 16
 Artículo 1