Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00063-de-enero-22-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f973de05453a0282e0430a0101510282&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 20:27:32+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2013-00063 de enero 22 de 2014
SENTENCIA 2013-00063 DE 22 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO- CONFESIÓN DEL INVESTIGADO. LA ATENUACIÓN DE LA SANCIÓN PARA EL ABOGADO QUE RECONOCE SU RESPONSABILIDAD ANTES DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS DEBE CONTENER REQUISITOS DE VEROSIMILITUD, DETERMINACIÓN Y PRECISIÓN, PARA QUE EL PROCESADO SE HAGA ACREEDOR A LOS BENEFICIOS. ASÍ, QUIEN HAYA CONFESADO SU CULPA, PERO SIN CUMPLIR ESTAS CONDICIONES, NO PODRÁ SER COBIJADO CON LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 1123 DEL 2007, QUE EN SU LITERAL B) PROHÍBE LA IMPOSICIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN EN CASOS DE CONFESIÓN, SIEMPRE QUE EL PROCESADO NO TENGA ANTECEDENTES. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, NO SE REUNIERON LOS REQUISITOS LEGALES, POR LO TANTO SE CONFIRMÓ LA SANCIÓN, POR LA COMISIÓN DE LA FALTA CONTRA LA RECTA Y LEAL REALIZACIÓN DE JUSTICIA, QUE EL ARTÍCULO 33, NUMERAL 11, DEFINE COMO EL USO DE PRUEBAS O PODERES FALSOS, ASÍ COMO EL DESFIGURAMIENTO, AMAÑAMIENTO O TERGIVERSACIÓN DE ELLOS EN ACTUACIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, DOCUMENTO, ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO
Sentencia 2013-00063 de enero 22 de 2014
Rad.: 23001110200020130006301
Aprobado según acta 2 la misma fecha.
Abogado en consulta
Bogotá, D.C., 22 de enero de 2014.
Procede la Sala a conocer en grado jurisdiccional de consulta, el fallo proferido el 9 de octubre de 2013(1), por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, por medio del cual impuso sanción disciplinaria de suspensión por el término de 5 años en el ejercicio de la profesión, al abogado Gustavo Rhenals Nova por haber incurrido en la falta descrita en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.
Con ocasión de la noticia publicada por el periódico El Meridiano de Córdoba el 13 de febrero de 2013, la cual tituló “Redada contra el carrusel”, haciendo referencia a una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación por el desfalco a la educación en Córdoba, la cual ascendió a 64 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora, el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante oficio PSD-0199-2013 del 22 de febrero de la misma anualidad, solicitó a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba se adelantara indagación preliminar, en caso de no existir, contra los 11 abogados involucrados en el proceso penal, dentro de los cuales se encontraba el encartado.
En el cuerpo de la noticia se indicó que los vinculados a la investigación serían procesados por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y privado, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros, por cuanto al parecer los abogados contactaban a ex empleados docentes del departamento (la mayoría sin derecho a pensión) para que les dieran poder y así adelantar trámites de solicitud de reconocimiento de pensión ante los juzgados a través de demandas ejecutivas laborales.
Acreditada la condición de abogado del disciplinado, doctor Gustavo Rhenals Nova, identificado con cédula de ciudadanía 78.016.531, portador de la tarjeta profesional 153004, el a quo de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 decretó la apertura del proceso disciplinario, mediante auto del 9 de abril de 2013(2), fijando fecha para la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional.
El 19 de abril de 2013 se llevó a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional, a la cual se hicieron presentes el encartado, su defensor de confianza doctor Guillermo Raúl Rhenals Nova y el representante del Ministerio Público; acto seguido se escuchó en versión libre al investigado quien indicó que efectivamente representó como abogado en varios procesos ejecutivos laborales a ex docentes del departamento, en los cuales se tenían como pretensiones solicitar el reconocimiento de la pensión denominada 50 – 20, las cuales fueron tramitadas ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica.
A lo anterior, dijo que dichos procesos no los inició directamente él, dado que obró como apoderado en virtud de la sustitución de los poderes que hiciera el abogado Lefther Manuel Arrieta, es decir, las demandas fueron elaboradas y presentadas por el profesional del derecho citado, entrando a conocer del asunto en el estado procesal inicial pues únicamente se habían admitido las demandas.
De igual manera, manifestó que no tenía conocimiento de los documentos con los cuales se habían instaurado las demandas, toda vez que cuando se suscribieron las sustituciones de los poderes estas ya habían sido presentadas, aclarando que desconocía que los documentos fueran falsos. El a quo le preguntó cuanto dinero había recibido por los encargos de los cuales fungía como abogado, a lo cual respondió que no recibió, pues lo pactado era que una vez se efectuara el pago de las sentencias se le reconocerían los honorarios, pero que finalmente no se había emitido decisión al respecto.
El encartado afirmó estar vinculado a un proceso penal por los hechos narrados, en el cual dijo haber aceptado los cargos imputados como lo fueron peculado, falsedad en documento público y privado, motivo por el cual se encontraba privado de la libertad.
En atención a dicha afirmación, el director del proceso le solicitó al encartado explicar las razones por las cuales en el proceso penal había aceptado el cargo de falsedad de documentos públicos y privados, y en la diligencia disciplinaria afirmó que desconocía la autenticidad de los documentos soportes de la demanda, respondiendo que en dicha actuación había aceptado los cargos por recomendación de su abogado defensor y de esta manera agilizar el proceso.
En consecuencia, el a quo una vez escuchada la declaración del encartado, ordenó la práctica de las siguientes pruebas: (i) Solicitar al Juzgado Penal del Circuito de Montería remitiera copias de la carpeta y los audios donde se encuentra el allanamiento a cargos del doctor Gustavo Rhenals Nova, así como también copia del escrito de acusación de la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá; (ii) vincular a los abogados Óscar Vidal Arrieta y Lefther Herrera Taboada a esta tramitación disciplinaria con el fin de escucharlos en versión libre por los señalamientos hechos por el encartado; (iii) se ordenó oficiar al Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de solicitar los antecedentes disciplinarios del abogado disciplinado, y; (iv) se solicitó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica se remitieran copias o se informara en donde se encontraban los procesos en donde actuó como apoderado el encartado, en sustitución del abogado Lefther Herrera Taboada, relacionados con los procesos ejecutivos laborales que tuvieran como pretensión el reconocimiento de la pensión denominada 50-20.
El 27 de junio de 2013 se continuó la audiencia de pruebas y calificación provisional, a la cual asistieron el encartado y su defensor de confianza, dando el uso de la palabra al abogado defensor, quien manifestó la intensión de acogerse a lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, solicitando por ende la observancia de lo estipulado en el inciso 1º literal b del artículo 45 ibídem para efectos de la gradación de la sanción.
Acto seguido intervino el encartado, quien dijo haber recibido los poderes de los profesores como resultado de la sustitución antes anotada, indicando que efectivamente los utilizó sin tener conocimiento de que éstos y las resoluciones de las instituciones educativas donde estaban consignados los derechos laborales reclamados eran falsas; en tal virtud, el a quo le recordó al encartado que dichas afirmaciones habían sido expuestas en la diligencia anterior, de las cuales no se podía colegir que se trataba de una confesión de la comisión de faltas disciplinarias.
En vista de lo anterior, el director del proceso suspendió la audiencia a efectos de que se revisaran por parte del encartado y de su apoderado, los soportes obrantes en el expediente, toda vez que se denotó contradicción entre lo manifestado por el defensor y la declaración expuesta por el abogado disciplinado.
En consecuencia, y una vez revisado el expediente, se reanudó la audiencia con la intervención del encartado, quien dijo haber utilizado efectivamente los poderes y las resoluciones que soportaban las demandas a sabiendas que se encontraban revestidos de falsedad, por lo cual solicitó se le acogiera al beneficio de confesión, lo cual conllevó a que se suspendiera la diligencia con el fin de estudiar la posibilidad de proferir el fallo correspondiente.
El 9 de octubre de 2013 el seccional de instancia profirió el fallo, por medio del cual declaró disciplinariamente responsable al abogado Gustavo Rhenals Nova, al hallarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria descrita en el artículo 33 numeral 11 del Código Disciplinario del Abogado, imponiéndole sanción de suspensión por el término de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión(3).
Para arribar a la resolutiva de la referencia, sostuvo el seccional de instancia que una vez revisadas las pruebas recaudadas, se observó que el abogado disciplinado intervino en tres procesos laborales en los que se pudo establecer que el jurista ciertamente accedió a los mismos luego de que el abogado Lefther Herrera renunciara a la representación judicial que en ellos venía ostentando, lo cual conllevó a que se suscribieran los nuevos mandatos apoderando al doctor Rhenals Nova; se detalló en dicha providencia que en el proceso de Enith Ester Mezquida Navaja y otros le otorgaron 105 poderes; en el de Zaida Miriam Castillo Salgado y otros 55; y, en el de Olga María González Aviles y otros le confirieron 56.
De otra parte, en el análisis del caso el a quo resalta que del resultado de las gestiones adelantadas por el disciplinado no se recibieron dineros por cuenta de fallos; asimismo, dijo haberse encontrado demostrado que las resoluciones falsas de las instituciones educativas donde estaban consignados los derechos laborales reclamados ya se encontraban en los diligenciamientos dado que en los asuntos ya se habían admitido las demandas y se había librado mandamiento de pago.
Así las cosas, el magistrado de instancia concluyó que si el encartado no fue beneficiario de suma alguna de dinero, y si no presentó documentos distintos a los poderes referenciados, entonces su confesión, en cuanto aceptó haber usado documentos falsos, que se concentraron sólo a los mandatos recibidos, es real, por lo que la responsabilidad que se deduce de esa conducta sólo se limita a hacerle señalamientos antiéticos en relación con el uso de esos poderes que él admite son espúreos.
Referente a las faltas contra la honradez profesional dijo el a quo no ser posible hacer imputación alguna por sustracción de materia, pues si no existió recaudo de valor alguno, mal podría colegirse que se configuró el acaecimiento de dicha ilicitud.
Finalmente, se determinó como dolosa la imputación, por cuanto el encartado sabía plenamente, en razón de su confesión, que los poderes utilizados en las controversias laborales multicitadas eran falsos; llevando al a quo a concluir que el investigado tenía pleno conocimiento de la incorrección ética cometida, imponiendo en consecuencia la sanción referenciada.
En cuanto a la tasación de la sanción, se tuvo en cuenta la confesión enunciada, partiendo de allí a analizar lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, inicialmente en lo referente a los criterios de agravación, dado que el hecho ocasionó estridencia en la comunidad por las características del hecho y los motivos determinantes del comportamiento que estuvieron orientados a lograr beneficiarse ilegalmente con dineros públicos.
Afirmó de acuerdo con la confesión del disciplinado, que es procedente aceptar el reconocimiento de los beneficios de atenuación de la sanción expuestos en el literal b del artículo 45 del Estatuto Disciplinario de los Abogados, la cual indica que cuando se presenta confesión de los hechos investigados no se podrá imponer como sanción la exclusión de la profesión; dicha situación fue atendida favorablemente al encontrar que el doctor Gustavo Rhenals Nova no presenta antecedentes disciplinarios(4).
5.1. Competencia: Según lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado de consulta, la sentencia proferida el día 9 de octubre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante la cual se impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cinco (5) años al abogado Gustavo Rhenals Nova, por haber incurrido en la falta consagrada en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo.
En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo, y a la luz de las disposiciones legales que atañen a esta consulta.
5.2. Marco normativo y conceptual: Antes de cualquier consideración fáctica es necesario precisar que la norma de la Ley 1123 de 2007, por la cual se encontró disciplinariamente responsable al profesional del derecho investigado, señala:
11. “Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas”.
5.3. Caso concreto: De acuerdo con los medios probatorios que sustentan ésta actuación, se tiene como un hecho incontrastable que el abogado Gustavo Renals Nova hizo parte del grupo de abogados que contactaban a ex empleados docentes del departamento (la mayoría sin derecho a pensión) para que les dieran poder y así adelantar trámites de solicitud de reconocimiento de pensión ante los juzgados a través de demandas ejecutivas laborales.
En el desarrollo del proceso disciplinario se encontró demostrado que el encartado efectivamente asumió la representación de 3 de los procesos laborales cuestionados, en los cuales obró como apoderado de los demandantes por la sustitución de poderes que le hiciera el abogado Lefther Manuel Herrera; de acuerdo con lo manifestado por el disciplinado en audiencia de pruebas y calificación provisional del 19 de abril de 2013, con ocasión de dichas actividades profesionales se le vinculó a un proceso penal por los delitos de peculado y falsedad en documento público y privado, manifestando que se había allanado a dichos cargos y por ende fue privado de la libertad.
Posteriormente, el 27 de junio de 2013 en la reanudación de la audiencia de pruebas y calificación provisional, el abogado defensor del encartado solicitó al director del proceso conceder el beneficio establecido en el literal b del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, referido a la atenuación de la sanción disciplinaria, basado en lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 105 ibídem, dado que se reconoció por parte del disciplinado que usó como sustento de las demandas documentos falsos, como lo fueron las resoluciones de las entidades educativas en las que laboraban los docentes y algunos poderes, declaraciones estas que fueron acogidas por el a quo como la confesión de la comisión de falta disciplinaria atribuible al doctor Gustavo Renals Nova.
En atención a que estamos frente a una determinación basada en un confesión, es preciso traer a colación lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional cuando en la Sentencia C-280-1996(5) se refirió a los beneficios de dicha figura en las faltas disciplinarias, mediante la cual dijo: “… La disposición acusada fija un criterio de modulación de la falta disciplinaria y un elemento para la dosificación de la sanción, pero no se convierte en un instrumento de coacción que obligue al sujeto disciplinable a declarar contra sí mismo. En efecto, el texto legal demandado no contiene precepto que establezca la obligación de la persona investigada de confesar la falta cometida, sino simplemente brinda un beneficio a la persona que lo haga. Es el individuo sometido a una investigación disciplinaria el que libremente toma la decisión de confesar, teniendo en consideración los beneficios o perjuicios que puede desencadenar la conducta que asuma…”.
De otra parte, siguiendo la definición propuesta por el profesor José Rory Forero Salcedo, en su libro "De las pruebas en materia disciplinaria", la confesión no resulta ser otra cosa que: “la manifestación libre, espontanea, concreta y voluntaria, vale decir sin apremio del juramento, que hace el destinatario de la ley disciplinaria, ante el funcionario competente, quien la plasmará por escrito, en donde éste admite la comisión de la falta disciplinaria, ya como autor, ora como determinador de la misma”.
Además, la confesión por considerarse como un elemento probatorio, debe contener los requisitos de verosimilitud, determinación y precisión que la hagan digna de credibilidad y valorarse con los demás medios de prueba de acuerdo con las reglas de la sana critica; es así como en el caso sub examnie se pudo corroborar que la manifestación expuesta por el encartado se ajustó a los principios y conceptos antes mencionados, lo cual legítima la decisión del a quo al momento de concederla.
Visto lo anterior, y con base en los elementos probatorios obrantes en el proceso, la Sala advierte desde ya la necesidad de confirmar la decisión de primera instancia, mediante la cual se le impuso al encartado sanción disciplinaria de suspensión de 5 años en el ejercicio de la profesión, por la incursión en la falta prevista en el artículo 33, numeral 11 de la Ley 1123 de 2007, dado que se pudo establecer en el proceso penal la falsedad de los documentos que soportaban las demandas aludidas. Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que el disciplinado aceptó al interior del diligenciamiento penal la comisión de los delitos imputados, entendiéndose de tal manera que éste tenía conocimiento absoluto de la calidad de los documentos y su intensión de incurrir en actuaciones delictivas.
Pero para poder atender de manera concreta el análisis de la conducta constitutiva de falta disciplinaria del abogado, es necesario indicar sin mayores disertaciones que el togado con su actuar efectivamente hizo uso inapropiado e irracional de las facultades otorgadas a quienes ejercen el derecho, estando en contra del contenido esencial que enmarcan los deberes profesionales, estándose sin lugar a dudas frente a una falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, materializada con su conducta engañosa, usando sus conocimientos jurídicos para defraudar a personas y a las autoridades.
Sin la necesidad de ahondar más en disertaciones sobre el caso concreto, esta Sala considera que se hace necesario confirmar la decisión de primera instancia, tendiendo en cuenta que con su proceder el abogado no ejerció la profesión de manera correcta, desconociéndose la aplicación de conocimientos jurídicos, valores éticos y morales, dado que el actuar del jurista no se encuentra reducido a la relación que éste tiene para con el cliente, sino que también lo está para con la sociedad, conceptos que en el presente caso no se encuentran evidenciados.
En consecuencia, es claro para ésta Sala que el abogado disciplinado, no atendió sus obligaciones profesionales de conformidad con los cánones establecidos para el ejercicio de la abogacía, razón por la cual se considera que la conducta objeto de reproche se encuentra enmarcada en el tipo disciplinario imputado, por encontrar probada la comisión de la falta, o sea el usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas.
5.3. Dosimetría de la sanción: La sanción impuesta por el Seccional de Instancia, se realizó teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. Sobre el particular la Sala encuentra necesario confirmar la sanción, lo cual se sustenta de la siguiente manera.
Siguiendo la línea jurisprudencial trazada por esta corporación, “el grado de consulta se torna como un control del Estado, donde al superior le asiste el control de legalidad tanto del proceso como de la sanción impuesta”(6).
Bajo los anteriores argumentos, se hace imperioso confirmar la sanción de suspensión impuesta por el a quo, por cuanto el abogado al acudir a una actuación judicial con el ánimo de hacer valer documentos falsos, no sólo incurrió en una falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, sino que contribuye al desprestigio de la profesión de la abogacía; dicha situación hace imperante acompañar el criterio expuesto por el director del proceso, toda vez que al imponerle al investigado 5 años de suspensión en el ejercicio profesional, se ajustó a lo establecido en el parágrafo del artículo 43 del estatuto del abogado, pues allí se determina el límite especial de la sanción, que oscila entre 6 meses y 5 años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública.
Para el caso concreto, debe observarse que el abogado con su actuación antiética, causó un perjuicio al departamento de Córdoba, colocando en riesgo además los recursos públicos de dicha entidad territorial, convirtiéndose ello en la configuración de los criterios generales de graduación de la sanción, establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, dada la trascendencia social de la conducta.
Las anteriores consideraciones frente a la sanción se hacen con base en la regla de interpretación y aplicación de los preceptos del estatuto del abogado, como lo es la finalidad misma de este proceso, correspondiendo a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; adicionalmente, teniendo presente que el a quo de manera adecuada tasó la sanción basado en lo establecido en el literal b del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es que por mediar la confesión de la falta antes de la formulación de cargos, la sanción no podría ser la exclusión de la profesión teniendo en cuanta que el doctor Gustavo Renals Nova carecía de antecedentes disciplinarios.
1. Confirmarla sentencia proferida el 9 de octubre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, por medio de la cual se impuso sanción de suspensión por el término de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión al abogadoGustavo Renals Nova, al encontrarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
Notífíquese, cúmplase.
Magitrados: Wilson Ruiz Orejuela—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.
(1) Folios 78 a 91 Pl. Ponencia magistrados: Miguel Alfonso Mercado Vergara y Ramón de Jesús Jaller Dumar.
(2) Folio 9 Pl.
(3) Folios 78 a 91 Pl.
(4) Folio 36 Pl.
(5) Sentencia C- 280/1996. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(6) Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Providencia del 5 de octubre de 2011, Radicado 110010102000201102442 00, Aprobado según Acta 021.

References: ARTÍCULO 45
 ARTÍCULO 33
 artículo 33
 artículo 104
 artículo 105
 artículo 45
 artículo 33
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 256
 artículo 112
 artículo 33
 artículo 45
 artículo 105
 artículo 33
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 33