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Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil cuatro (2004).
Se gana por prescripción ordinaria el dominio de los bienes corporales que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales.
2. Para abordar el asunto, es de verse que de acuerdo con el artículo 2518 del Código Civil, en armonía con los artículos 2527, 2528 y 2529 ibídem, se gana por prescripción ordinaria el dominio de los bienes corporales que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales; éstas, consisten esencialmente en el ejercicio de una posesión regular no interrumpida durante diez años, si se trata de bienes raíces, - hoy 5, artículo 4° ley 791 de 2002 -, entendiéndose que esta especie de posesión es “la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión”, cual lo señala el artículo 764 ejusdem.
En cuanto al justo título, ha de decirse que no pocas han sido las discusiones generadas alrededor de su concepto, al igual que sobre las razones por las cuales se sustrae de la posesión regular al poseedor propietario y, a su turno, se reserva para el que no tiene el dominio, todas ellas suscitadas, en alguna medida, por la circunstancia de que la ley civil no define la institución.
Sobre el particular, la jurisprudencia nacional ha sostenido que es “todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que, en concreto, podrían determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obráse la adquisición del dominio” (G.J. t. CVII, pag. 365; en similar sentido, G.J. t. CXLII, pag. 68, y CLIX, 347, entre otras); asimismo, díjose en otra oportunidad que “es aquel constituido conforme a la ley y susceptible de originar la posesión para el cual nace, lo que supone tres requisitos, a saber: a) Existencia real y jurídica del título o disposición voluntaria pertinente, pues de lo contrario mal puede hablarse de justeza de un título que no existe. Luego, no habrá justo título cuando no ha habido acto alguno o éste se estima jurídicamente inexistente. b) Naturaleza traslativa (vgr. venta, permuta, donación, remate, etc.) o declarativa (vgr. sentencia aprobatoria de partición o división, actos divisorios, etc) de dominio, porque solo en virtud de estos actos o negocios aparece de manera inequívoca la voluntad de transferir o declarar el derecho en cuya virtud el adquirente adquiere la posesión, aun cuando no adquiera el derecho de propiedad (art. 753 C.C.). ... c) Justeza del título, esto es, legitimidad, la que se presume, salvo que se trate de título injusto conforme al art. 766 C.C.” (sentencia de 9 de marzo de 1989, no publicada oficialmente).
Igualmente, a partir del último comentario es dable exponer que salvo los títulos que la propia ley descalifica como justos - artículo 766 del Código Civil -, entre los que se resalta, por lo pertinente, “el falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende”, entre otros, los demás seguirán haciendo parte de tal categoría.
Ahora, en lo que toca con la buena fe, es decir, la “conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio”, tema pacífico en esta ocasión, basta decir que, como se desprende del artículo 764 ibídem, ella habrá de estar presente cuando se adquiera la posesión, y esta condición, acompañada del justo título, tornará regular aquélla.
Se trata, pues, de requisitos acumulativos, pero diversos, lo que se aprecia cuando la última disposición indica que “se puede ser poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular”; o, como lo ha dicho la Corporación, si se observa que “el justo título y la buena fe inicial, como requisitos de la posesión regular, son factores distintos, cada uno con contenido propio, no obstante ser relacionables entre sí hasta el punto de que el justo título pueda servir para explicar la buena fe del poseedor, cuando no incida circunstancia alguna contraindicante” (G.J. t. CVII, pag. 365).
3. Las ideas precedentes, en particular, cuando se señala que el título, para ser justo, debe ser válido y verdadero, y que en ciertos eventos la ley tilda algunos títulos de injustos, corresponden al raciocinio elaborado por el ad quem cuando no halló colmadas las exigencias para usucapir ordinariamente, prevalido de que la posesión aducida por los demandantes no era regular, en tanto no procedía de un título justo, sino de uno falso.
Evidentemente, si no es justo título el falsificado, no es tal aquel sobre el que se demuestra que el propietario del inmueble ha sido suplantado por otro, quien lo ha vendido haciéndose pasar por él; resulta inobjetable, entonces, que una vez establecida la falsificación del título desaparece la causa o fuente de la adquisición de la posesión, sin perjuicio, claro está, de que el poseedor engañado pueda instaurar acciones indemnizatorias frente al suplantador.
De modo general, autorizada doctrina ha pregonado que los títulos injustos “adolecen de vicios o defectos que impiden la transferencia del dominio, por causas que miran a la regularidad del acto mismo y no a la calidad de dueño que invista o pueda investir el otorgante” (J. Verdugo A., citado por Alessandri Rodríguez Arturo y Somarriva Undurraga Manuel, Curso de Derecho Civil, Los Bienes y Los Derechos Reales, Nascimento, 3ª ed., Santiago, 1974, pag. 466). Y, concretamente, sobre el título falsificado, se ha sostenido que “en realidad ... no existe título, sino que se pretende dar el carácter de tal a un acto que no se ha realizado y que se establece por un instrumento falso. Aunque se trate de un título que por su naturaleza es translaticio de dominio, y no obstante la buena fé del que adquiere la posesión, de creer que el título se lo confiere realmente la persona a quien se atribuye, tal título no podría considerarse justo, ni regularizar la posesión, porque en el hecho no emana de la persona a quien se atribuye. Es necesario que el título exista realmente emanado de la persona que debe transferir el dominio; y por lo tanto, el título no podría suplirse por la creencia de su existencia por parte del poseedor, o de que el título falsificado que se ha entregado a éste, es verdadero”. (Claro Solar Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Vol. III, T. séptimo, Editorial Jurídica de Chile, 1979, pag. 485).
Acorde con lo que se viene exponiendo, podría decirse entonces que el título posesorio seguirá siendo justo siempre que su único defecto sea el de provenir de un non dominus. (en este sentido, Josserand Louis, Derecho Civil, T. I, Vol. III, Europa - América - Bosch, Buenos Aires, 1952, pag. 314, y Valencia Zea Arturo, Derecho Civil, T. II., Temis, Bogotá, 1987, pag. 308).
En suma, como con antelación lo ha comentado esta Corporación, el título justo no puede ser “un título cualquiera, sino uno que, teniendo simiente en un acto jurídico del enajenante, posea virtualidad para una ulterior transmisión de la propiedad. ... Porque solamente es justo el título que hace creer razonadamente en que se está recibiendo la propiedad; y que si a la propiedad no se llegó a la postre, se debió, antes que por defecto del título, a la falencia en la tradición; ... En una palabra, recibe el nombre de justo título traslaticio el que consistiendo en un acto o contrato celebrado con quien tiene actualmente la posesión, seguido de la tradición a que él obliga (inc. 4 del art. 764 del Código Civil), da pie para persuadir al adquirente de que la posesión que ejerce en adelante es posesión de propietario. Precisamente por esta condición especial es que la ley muestra aprecio por tal clase de poseedores, distinguiéndolos de los que poseen simple y llanamente; y denominándolos regulares los habilita para que el dominio que, en estrictez jurídica no les llegó, puedan alcanzarlo mediante una prescripción sucinta .... Salta al punto la esclarecedora idea que Andrés Bello quiso que en materia posesoria figurase en el Código Civil chileno, pues el artículo 830 del proyecto correspondiente al año 1853 establecía tres clases de posesión, a saber: la que va unida al dominio, que es la ejercida por el verus domino; la que ejerce quien no es dueño pero tiene justo título y buena fe, denominada posesión civil; y, por último, la que ejerce quien ni es dueño ni tiene justo título o buena fe, llamada posesión natural. Y aunque finalmente no quedó consagrada esa brillante división tripartita de la posesión, el caso es que la mencionada en segundo término quedó a la postre denominada como posesión regular ” (sentencia de 4 de julio de 2002, exp. 7187, no publicada aún oficialmente).
4. Puestas así las cosas, emerge que el problema no radica en que el título falsificado hubiese reunido, en principio, los requisitos formales que le otorgaban aparente autenticidad, idoneidad y eficacia, que permitió al supuesto adquirente obrar con la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo vicio, que es lo que constituye la buena fe posesoria, a términos del artículo 768 del Código Civil; no, la cuestión estriba en que, por razón de la demostrada falsedad, el acto jurídico incorporado en él carece de sustrato como para ser considerado título traslaticio de dominio; por eso, ha de repetirse, la misma ley - art. 764 C.C. - prevé que pueda haber un poseedor de buena fe pero irregular, por lo que, bajo estos razonamientos, es claro que no pudo incurrir el Tribunal en la contradicción que se le achaca, cuando, pese a no encontrar reparos a la buena fe, descartó el justo título.
Atendida la naturaleza de la falsedad del título, fluye que si ésta es establecida con posterioridad, aquél se afecta desde la fecha de su creación y, por ende, la posesión que de él deriva resulta perjudicada a partir de entonces, pues, evidentemente, no es la declaración la que hace falso el título, sino que ello obedece a su anómalo otorgamiento; esto se traduce en que el pronunciamiento judicial de falsedad surte efectos retroactivos, dado que, en verdad, el título viciado por falso equivale al que no ha existido jurídicamente para fundar en él la posesión regular, así el falsificador hubiera entregado materialmente el bien. Es más, un aserto que converge a corroborar lo anterior es que mientras no es factible, por obvias razones, la validación de un título apócrifo, el artículo 767 del Código Civil permite que ello se haga, por ratificación u otro medio legal, respecto de un título que originalmente fue nulo, caso en el cual los efectos de dicho saneamiento se remontarán a la fecha en que aquél se concedió (en este sentido, Vélez Fernando, Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, T. III, París - América, 2ª ed., París, pag. 150).
De otro lado, cabe precisar que en nada se asemeja la exclusión del carácter de justo del título falsificado para celebrar una compraventa, que contempla el numeral 1° del artículo 766 del Código Civil, con la situación que se presenta en el caso de la venta de cosa ajena y la posesión que de ésta se desprende para el adquirente. En efecto, al paso que allá se suplanta al propietario y se hace aparecer su intervención, sin que se haya dado, o se acude a otra modalidad fraudulenta, lo que, en todo caso, pone en evidencia la mentira del acto, su contenido, o ambos, en la venta de cosa ajena, quien vende lo hace por sí mismo y sin sustituir al verdadero dueño, lo que hace que el título sea real. El falsificado deja de ser título traslaticio de dominio y vicia el correspondiente modo de adquirir, en cambio, cuando alguien vende lo que no le pertenece su proceder es legítimo, y lo avala el artículo 1871 del Código Civil, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo; en fin, con el título falso no se vende, con el otro sí y, por lo mismo, se habilita al comprador que posee para adquirir el bien por prescripción, si se reúnen las demás condiciones de ley.
Referencia: Expediente Nº 7362
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de julio de 1998, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario seguido por MARÍA DEL CARMEN VINCHIRÁ DE CORTÉS y JOSÉ SEGISMUNDO CORTÉS SOLANO frente a OTONIEL GONZÁLEZ, GONZALO ARANGO SOCOTÁ, ÁNGELA OCHOA DE MARTÍNEZ o sus herederos, y PERSONAS INDETERMINADAS.
1. Ante el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, María del Carmen Vinchirá de Cortés y José Segismundo Cortés Solano demandaron a Otoniel González, Gonzalo Arango Socotá, Ángela Ochoa de Martínez, o sus herederos y a las personas indeterminadas para que se declarara que los primeros adquirieron, por medio de prescripción ordinaria, el dominio del inmueble situado en la Calle 52 A número 76 A - 23 de esta ciudad, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 050 - 0100446 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva.
2. Como sustento de las súplicas se invocaron los siguientes hechos.
a. Los demandantes compraron el inmueble a Ángela Ochoa de Martínez, mediante la escritura pública 641 de 8 de octubre de 1983 de la Notaría Única del Círculo de Granada (Meta), en cumplimiento de la promesa de compraventa celebrada el 8 de septiembre anterior, a raíz de la cual los adquirentes entraron en posesión del predio el 24 de septiembre.
b. El mentado instrumento fue aclarado por la escritura pública 4914 de 30 de diciembre de 1983 de la Notaría 14 del Círculo de Bogotá, en la que los compradores hicieron constar que la vendedora había adquirido el bien a Otoniel González, según escritura pública 467 de 6 de diciembre 1983 de la Notaría Única del Círculo de Caicedonia, registrada el 20 de diciembre siguiente.
c. El 11 de enero de 1984 fueron inscritas las escrituras públicas 641 y 4914 en el folio de matrícula inmobiliaria 050 - 0100446.
d. La posesión plena y pacífica del predio perduró hasta 1985, cuando se presentó Otoniel González, quien manifestó no haberlo transferido a Ángela Ochoa de Martínez y que, por consiguiente, seguía siendo su dueño, razón por la cual fue formulada la denuncia correspondiente.
e. Dentro del proceso penal resultaron condenados Ángel Guillermo Guevara Guevara y María Margarita Herrera, por los delitos de estafa y falsedad documental, pues se estableció que habían suplantado a Otoniel González y a Ángela Ochoa de Martínez.
f. Desde 1985, cuando Otoniel González se presentó con el propósito indicado, no ha efectuado ninguna reclamación para recuperar el inmueble, de modo que los demandantes conservan la posesión adquirida el 24 de septiembre de 1983, con justo título y buena fe, que han ejercido por más de 10 años, al realizar mejoras, reparaciones, así como el pago de impuestos y servicios públicos, por lo que tienen derecho a adquirir el dominio por prescripción ordinaria.
3. Los demandados Gonzalo Arango Socotá, Ángela Ochoa de Martínez y las personas indeterminadas, estuvieron representados por curador ad litem, quien dijo atenerse a lo que resultara probado.
Otoniel González, por su parte, contestó la demanda, se opuso a las pretensiones, y, en esencia, alegó que los títulos fueron declarados nulos por las autoridades penales, que Ángela Ochoa de Martínez no estaba facultada para vender el inmueble y que los demandantes no podían aducir posesión por la existencia de un proceso civil en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá.
4. El Juez de primera instancia accedió a las aspiraciones contenidas en el libelo, y ordenó la consulta de la sentencia, de la cual el demandado Otoniel González también recurrió en apelación.
5. Mediante providencia de 30 de julio de 1998, el Tribunal revocó el fallo del a quo, en cuyo lugar resolvió negar las pretensiones, cancelar el registro de la demanda y condenar en costas a los demandantes.
1. Después de establecer el cumplimiento de los presupuestos procesales, pasó el ad quem a indicar, con apoyo en los artículos 2512, 2513, 2518, 2527, 2528 y 2529 del Código Civil, que la prescripción adquisitiva ordinaria exige posesión regular ininterrumpida por un tiempo no inferior a 10 años, y que ésta se configura si procede de justo título y es adquirida de buena fe.
A continuación, precisó algunos conceptos sobre la buena fe, cuya existencia, destacó, es suficiente al momento de la adquisición de la posesión, y afirmó que en este caso “no hay prueba alguna ... que desvirtúe la presunción”, por lo que este requisito no admite reparo.
2. En relación con el justo título, anotó inicialmente que él es el obtenido a través de uno de los modos que el Código Civil tiene como idóneos para adquirir la propiedad, bien sea originario o derivativo, y que si es traslaticio ha de ejecutarse la tradición.
Del mismo modo, aseveró que aunque los títulos traslaticios presentados por los demandantes tienen la apariencia de provenir de la dueña, el a quo no analizó si eran realmente justos, habida cuenta que al expediente se arrimó copia de la sentencia penal de condena por la falsedad perpetrada sobre la escritura pública aducida, como tampoco advirtió que del folio de matrícula inmobiliaria se desprendía la existencia de tal investigación criminal, circunstancias estas que fueron conocidas por los demandantes, quienes las mencionaron en la demanda y en los interrogatorios de parte.
No se trata de una venta de cosa ajena, aclaró el juzgador, sino de la falsificación de la escrituras públicas 467 y 641, según se demostró en el proceso respectivo; en la primera escritura, recayó sobre las firmas de Otoniel González, supuesto vendedor, y de Ángela Ochoa de Martínez, presunta compradora, y, en la segunda, se hizo lo propio con la rúbrica de la última, quien aparece enajenando el inmueble a los demandantes.
3. En este orden de ideas, concluyó el sentenciador que la escritura pública presentada por los demandantes como justo título - la 641 - es producto de una falsificación, al igual que sucede con la que soporta la anterior tradición - la 467 - ; por consiguiente, el contrato bilateral contenido en ella es inexistente, por faltar el consentimiento del titular del dominio, lo que hace que las ventas no sean verdaderas ni idóneas para transferir la propiedad, de manera que, con independencia de la buena fe que los actores puedan ostentar y del tiempo de su posesión, no se ha acreditado un justo título que les otorgue la posesión regular requerida para usucapir ordinariamente, pues el que allegaron no lo es a términos del artículo 766 del Código Civil.
1. Con fundamento en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se propone un único cargo, en el cual la sentencia del Tribunal es acusada de quebrantar los artículos 252, 253, 256, 265 y 407 ibídem; 762, 764, 765, 768, 769, 777, 778, 779, 780, 785, 789, inciso 1°, 1760, 1857, inciso 2°, 1871, 1875, 2512, 2513, 2518, 2522, 2526, 2527, 2528, 2529 y 2534 del Código Civil; 12, 13, 31, 32, 45 y 47 del decreto 960 de 1970; 39, 40 y 43 del decreto 1250 de 1970, todos por falta de aplicación; y el artículo 766 del Código Civil, por aplicación indebida.
2. Primeramente, los impugnadores comentan que cuando el Tribunal apreció las sentencias penales y aplicó el artículo 766 del Código Civil, olvidó que la falsedad de las escrituras constituía sólo un paso dentro del iter criminis de la estafa, como tampoco tuvo en cuenta que la declaración del ilícito cobró firmeza hasta el 23 de enero de 1987, mientras que la posesión de los demandantes se remontaba al 24 de septiembre de 1983, y, además, estaba amparada en un título que gozaba de la presunción de autenticidad y de la calidad de justo, lo que otorgaba carácter regular a la posesión, pues reunía las exigencias legales de validez y estaba inscrita en el respectivo folio de matrícula, sin disputa ni cancelación.
3. Afirman luego que al aplicar el artículo 766 del Código Civil, el ad quem desechó las apreciaciones de la primera instancia sobre la justeza del título, y traen a colación algunas anotaciones jurisprudenciales sobre el justo título, para compararlas con el fenómeno de la venta de cosa ajena. La aplicación incorrecta del artículo 766 ejusdem es clara, acotan, toda vez que el Tribunal manifestó que la venta era inexistente por no haber sido consentida, cuando el contrato tuvo existencia real y sus prestaciones se cumplieron debidamente, situación que los perjudica, pues siendo ofendidos por el delito deben quedarse sin el bien, violándose, incluso, su derecho fundamental a la vivienda digna y a la posesión.
4. Consideran también que el fallador pasó por alto que el justo título puede no coincidir con la propiedad que del bien objeto de tradición tenga la persona que lo hace, porque si aquél fuera sólo el que confiere dominio sobre la cosa su poseedor carecería de interés para promover la acción de prescripción; por último, concluyen que el justo título para ese efecto es uno traslaticio de dominio, que sirve legítimamente como motivo para que el que tenga la cosa se repute dueño de ella, séalo o no en realidad, y critican la contradicción del Tribunal, habida cuenta que afirmó la inexistencia del título y, simultáneamente, no encontró reparo sobre la buena fe de los demandantes.
1. Es bien sabido que cuando el ataque extraordinario se orienta por la vía directa, la premisa básica es que el censor está totalmente conforme con el entendimiento dado por el sentenciador a los medios demostrativos que transitaron por el litigio.
En el caso que ocupa la atención de la Corte, aunque la censura no indicó expresamente la vía acogida para cuestionar el fallo del Tribunal, es claro que sus reproches versan sobre aspectos de puro derecho, propios del mencionado escenario, de modo que, para desatar el recurso, resulta útil plantear - ab initio - el problema jurídico sobre el que giró la controversia.
Efectivamente, si hay consenso en cuanto a que las escrituras públicas 467 y 641 fueron fruto de una falsificación, el punto toral que ofrece este asunto está en determinar si la consecuencia legal que, para los efectos de la posesión y la prescripción adquisitiva ordinaria, asignó el Tribunal a tal hecho, esto es, la ausencia de un justo título y, correlativamente, de posesión regular, compasa con los dictados del ordenamiento jurídico.
Desde luego, no se trata aquí de un análisis panorámico, sino de un examen estrictamente delimitado por el marco argumentativo que trazó la acusación enantes reseñada.
5. Al no estar demostrado el quebranto directo de la ley sustancial, no prospera el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de julio de 1998, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario identificado en precedencia.
Costas del recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.
C.J.V.C. Exp. 7362

References: artículo 2518
 artículo 4
 artículo 764
 artículo 766
 artículo 764
 artículo 830
 artículo 768
 artículo 767
 artículo 766
 artículo 1871
 artículo 766
 artículo 368
 artículo 766
 artículo 766
 artículo 766
 artículo 766