Source: http://www.elderecho.com/tribuna/contable/concurso-necesario_11_168430003.html
Timestamp: 2017-11-21 19:01:00+00:00

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El auto de declaración de concurso, tal y como estipula el artículo 21.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, QC 2003/1300, (en lo sucesivo LC), debe contener, necesaria e ineludiblemente, una serie de pronunciamientos. Entre éstos, con ánimo de acotar la materia, debemos hacer referencia a la obligación legal de reflejar el carácter voluntario o necesario del concurso (apuntando en su caso, si el deudor ha solicitado la liquidación). Pero, ¿en qué consiste dicha diferenciación? ¿qué supone un concurso voluntario? ¿y uno necesario? ¿qué especialidades posee este último?
Pues bien, entrando a responder la primera de las cuestiones, debemos indicar que la diferencia esencial entre ambos radica en el sujeto que insta la solicitud del concurso. En concreto, el artículo 22 de la LC precisa que, si la primera de las solicitudes es la del propio deudor, nos encontramos ante un concurso voluntario. Por el contrario, si la primera de las solicitudes presentadas es la de un acreedor o cualquier otro legitimado, nos hallamos frente a un concurso necesario. Es precisamente en este último supuesto donde profundizaremos, sin perjuicio de las necesarias alusiones al concurso voluntario, que nos permitirán centrar mejor la materia que procuramos exponer.
Para ello, tomaremos como punto de partida, dentro de una lectura ordenada de la Ley, el artículo 1.1 de la LC, donde se determina el presupuesto subjetivo para la declaración de concurso. Dicho precepto dispone que la declaración de concurso, ya sea voluntario o necesario, puede ser instada sobre cualquier deudor, sea persona natural o jurídica. De este modo, y continuando con la secuencia lógica de la exposición, toca descollar el presupuesto objetivo para la declaración de concurso. Pues bien, el artículo 2 de la LC, señala como primer presupuesto la insolvencia del deudor común, que surge cuando éste no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.
Concretamente, en cuanto al presupuesto objetivo exigido para el nacimiento del concurso necesario, el precepto establece que si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los hechos enumerados en el artículo 2.4 de la LC, que son: en primer lugar, el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor; en segundo lugar, la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor; en tercer lugar, el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor; finalmente, el incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante
el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
Dicho esto, cabe entrar a examinar cuáles son los sujetos legitimados para solicitar la declaración de concurso. En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la LC, están legitimados tanto el propio deudor (en el caso del voluntario), como cualquiera de sus acreedores (necesario). También quedarían legitimados, amparándonos en el apartado tercero del mismo precepto, los socios, miembros o integrantes de la persona jurídica que sean personas responsables de las deudas de aquella, para solicitar la declaración de concurso de una persona jurídica.
Por otra parte, tal y como determina el apartado quinto, el acreedor podrá instar también la declaración judicial conjunta de concurso de varios de sus deudores cuando exista confusión de
patrimonios entre éstos, o, siendo éstos personas jurídicas, formen parte del mismo grupo, con identidad sustancial de sus miembros y unidad en la toma de decisiones.
En cuanto a los requisitos de forma exigidos para la solicitud del concurso instado por el acreedor, el artículo 7 de la LC establece que la misma deberá expresar el origen, naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación actual del crédito, del que deberá acompañar documento acreditativo. El precepto añade que el resto de los legitimados, sólo deberán expresar en la solicitud el carácter en el que la formulan (aportando a su vez, el documento del que resulte su legitimación o proponiendo prueba para acreditarla). En cualquier caso, se deberán expresar en la solicitud los medios de prueba de los que pretenda valerse el solicitante para acreditar los hechos en que la fundamenta, no siendo bastante por si sola la prueba testifical.
Así, una vez realizada la solicitud ante el tribunal competente, el mismo día (o el siguiente hábil al de su reparto), el juez deberá examinar la solicitud del concurso. En caso de estimarla completa, se continúa el procedimiento según lo establecido en el artículo 15 de la LC. Dicho artículo 15 de la LC señala que, presentada la solicitud por cualquier legitimado distinto al deudor, el juez deberá dictar auto admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor, conforme a lo establecido en el artículo 184 de la LC, para que comparezca en el plazo de 5 días (dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos y el deudor podrá formular oposición a la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que intente valerse).
Las posteriores solicitudes que se presenten, por su parte, se acumularán a la primera y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones.
Empero, continuando con la lectura esquematizada de la LC, deberíamos entrar a conocer cuales son las medidas cautelares anteriores a la declaración de concurso necesario que expone la LC en su artículo 17. Pues bien, el apartado primero de dicho precepto establece que el juez, al admitir a trámite la solicitud de concurso, puede adoptar ciertas medidas cautelares para asegurar la integridad del patrimonio del deudor (de conformidad con lo establecido en la LEC). Así, será en el momento de la admisión o desestimación de la solicitud de la declaración de concurso cuando el juez se pronuncie sobre la eficacia de estas medidas.
En caso de admisión de la solicitud, dejando a un lado las medidas cautelares y entrando a ver las opciones que ostenta el deudor ante esta situación, debemos anunciar que son tres las alternativas que detenta éste (tal y como se infiere del artículo 18 de la LC): allanarse; no formular oposición; o, formular oposición. Pues bien, si el deudor se decanta por cualquiera de las dos primeras posibilidades, o incluso si decide instar su propio concurso, el juez deberá declarar el concurso de acreedores.
Si por el contrario el deudor resuelve oponerse a la admisión de la solicitud de declaración de concurso, deberá basar la oposición en la inexistencia del hecho en que se fundamenta la solicitud, o en su falta de insolvencia (en cuyo caso debería probarlo). En este supuesto, el secretario judicial, al día siguiente a dicha oposición del deudor, deberá citar a las partes a una vista que se celebrará dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se hubiera formulado oposición, y se desarrollará del modo previsto en el artículo 19 de la LC.
Si el deudor comparece a dicha vista, podrá: por un lado, consignar el importe del crédito; por otro, acreditar haber consignado el importe del crédito antes de la vista; o, finalmente, podrá manifestar la causa de la falta de consignación. En caso de no comparecer, sin embargo, el juez dictará auto declarando el concurso.
Por su parte, si es el solicitante el que decide no comparecer (o no ratificar su solicitud), y el juez estima la concurrencia de los presupuestos objetivos para la declaración de concurso, y de las actuaciones resulta la existencia de otros posibles acreedores, antes de dictar auto resolviendo sobre la solicitud, concederá un plazo de 5 días para que las partes formulen las alegaciones que les conviniesen. Una vez practicadas las pruebas pertinentes, tal y como precisa el artículo 20 de la LC, el juez, en los tres días siguientes deberá dictar auto declarando el concurso, o desestimando la solicitud. Contra cualquiera de los dos pronunciamientos cabe recurso de apelación, que no tendrá efecto suspensivo salvo que el juez acuerde lo contrario. Si se da este último supuesto, el juez deberá pronunciarse sobre el mantenimiento, total o parcial, de las medidas cautelares que hubiese adoptado.
Si se trata de recurrir alguno de los demás pronunciamientos contenidos en el auto de declaración del concurso, las partes podrán oponerse mediante recurso de reposición. Finalmente, estarán legitimados para recurrir el auto de declaración de concurso el deudor que no la hubiese solicitado y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque no hubiera comparecido con anterioridad. Para recurrir el auto desestimatorio sin embargo, sólo estará legitimada la parte solicitante del concurso. De esta manera, tras mantener una lectura ordenada de la LC, volvemos al artículo 21.1 del mismo cuerpo jurídico expuesto al inicio.
Y es que, cuando el artículo 21.1.2 exige que el auto de declaración de concurso se pronuncie acerca de "los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio, así como el nombramiento y las facultades de los administradores concursales", vemos, que provoca diferentes efectos cuando se trata de un concurso voluntario o uno necesario. La disimilitud estriba en que, en caso del concurso voluntario, el deudor conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores mediante su autorización o conformidad.
Por el contrario, en caso de concurso necesario, el deudor ve suspendidas sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por los administradores concursales. Ello sin obviar que no se trata de una regla inalterable, pues en realidad el juez posee la facultad de intercambiar los efectos establecidos para cada tipo de concurso.
Esto es, puede acordar en el auto de declaración: la expuesta suspensión, para el caso del concurso voluntario; la citada mera intervención para el caso de un concurso necesario. Es más, a solicitud de la administración concursal, y oído el concursado, el juez podrá cambiar el régimen inicialmente establecido, del modo previsto en el artículo 40.4 de la LC.
Finalmente, antes de acabar, cabe destacar una medida llamativa dirigida a premiar a los acreedores que optan por solicitar la declaración de concurso. Nos referimos a la recompensa otorgada por el artículo 91.6 de la LC, donde podemos observar que se elevan a créditos con privilegio general, aquellos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta la cuarta parte de su importe.

References: artículo 21
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 184
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 40
 artículo 91