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Timestamp: 2019-07-16 14:39:42+00:00

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STC 166/2007, 4 de Julio de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 30973615
STC 166/2007, 4 de Julio de 2007
Número de Recurso: 1780-1999
Cuestión de inconstitucionalidad 1780-1999. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid respecto del párrafo segundo del artículo 150 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual de 1996, en la numeración de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, sobre la legitimación de las entidades de gestión de derechos. Potestad legislativa: cuestión de inconstitucionalidad, acerca de una refundición legislativa viciada de ultra vires, inviable.
Sentencia citada en: 106 sentencias, 8 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
STC 166/2007, de 4 de julio de 2007
Con fecha 28 de abril de 1999 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento (autos núm. 857-1997), el Auto de 22 de febrero de 1999, en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el párrafo segundo del art. 150 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en la numeración efectuada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos), por su posible contradicción con los arts. 9.3, 66.2 y 82 de la Constitución (CE).
La cuestión trae causa del juicio declarativo de mayor cuantía núm. 857-1997 promovido por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra la sociedad mercantil Alfadelta Ediciones y Distribuciones, S.A., en ejercicio de acciones de resolución del contrato suscrito por ambas partes de utilización del repertorio gestionado por la actora en la producción de discos, cassettes y discos compactos destinados a la venta al público y de reclamación de cantidad por impago de derechos de autor.
De la excepción formulada se dio traslado a la sociedad actora, que contestó en tiempo y forma, recibiéndose el incidente a prueba y practicándose la misma. Tramitado el incidente y con suspensión del término para su resolución, el Juzgado de Primera instancia núm. 46 de Madrid, por providencia de 18 de junio de 1998, acordó, conforme a lo dispuesto en el art. 35.2 LOTC, oír a las partes y al Ministerio Fiscal “para que en el plazo común e improrrogable de diez días, puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad”.
Evacuado el trámite de alegaciones conferido, la sociedad demandante se opuso al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que el párrafo segundo del art. 145 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, no rebasa los límites de la delegación legislativa del art. 82 CE, pues el Gobierno se ha limitado a aclarar el contenido del art. 135 de la Ley de propiedad intelectual 22/1987, de 11 de noviembre, sin que dicho precepto vulnere tampoco los arts. 14, 24 y 33 CE.
Mediante Auto de 22 de febrero de 1999 el Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid acuerda plantear ante este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con el párrafo segundo del art. 150 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por posible infracción de los arts. 9.3, 66.2 y 82 CE.
Al objeto de una correcta identificación del precepto legal cuestionado, comienza por señalar que el antiguo art. 145 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, ha sido renumerado como art. 150 del citado texto refundido por obra de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.
Razona seguidamente el Juzgado proponente de la cuestión que la anterior Ley 22/1987, de 31 de noviembre, de propiedad intelectual, establecía en su art. 132 que “Las entidades legalmente constituidas que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta o en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura, que habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Estas entidades no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este título se establece”. Previsión a la que añadía el art. 135 que “Las entidades de gestión una vez autorizadas estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios Estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales”. Por su parte, el art. 145 (actual art. 150), del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en su apartado primero reproduce el art. 135 de la Ley de propiedad intelectual de 1987, pero añade un segundo apartado, objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, del siguiente tenor literal: “A los efectos establecidos en el art. 503 de la Ley de enjuiciamiento civil, la entidad de gestión estará obligada a aportar al proceso copia de sus Estatutos, así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente”.
El Juzgado proponente, tras referirse a la doctrina constitucional sobre los limites al ejercicio por parte del Gobierno de la delegación legislativa recogida en la STC 205/1993, de 17 de junio, cuyo fundamento jurídico 3 reproduce, señala que, de las dos modalidades de delegación legislativa que prevé el art. 82 CE, en el caso del precepto legal cuestionado se trata de una refundición de varios textos legales, supuesto en el que, como se indica en la citada STC 205/1993, la capacidad de innovación del Gobierno se limita a la labor de regularización, aclaración y armonización de textos legales.
Pues bien, el art. 135 de la Ley de propiedad intelectual de 1987 reconocía a las entidades de gestión legitimación para actuar en nombre de sus asociados, pero en modo alguno establecía la presunción de que los derechos ejercitados, por el hecho de ejercerse, estaban encomendados a la gestión de la asociación ejerciente ni en ninguna de las normas que son objeto de refundición se contiene una previsión de tal tenor. Cierto es que del art. 135 resultaba efectivamente un régimen de legitimación ex lege por sustitución, que permite a las entidades de gestión autorizadas “ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales”, pero presumir, como se hace en el actual art. 150 (antes 145) del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que el derecho ejercitado está confiado a la entidad de gestión, con la correlativa inversión de la carga de la prueba, limitándose además los medios de oposición de la parte contraria, supone ir más allá de lo previsto en la Ley de propiedad intelectual de 1987, constituyendo tal regulación una auténtica innovación.
Por lo expuesto -concluye el Juzgado proponente- “se estima que el actual artículo 150, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, precepto aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo, puede ser contrario al artículo 82 así como a los artículos 9.3 y 66.2 de la Constitución, por lo que procede el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”.
Mediante providencia de 15 de septiembre de 1999 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dar traslado de las actuaciones, conforme dispone el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. También se acordó publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”, publicación que tuvo lugar con fecha 24 de septiembre de 1999.
El día 30 de septiembre de 1999 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional un escrito del Presidente del Congreso de los Diputados en el que se comunicaba que dicha Cámara no se personaría en el presente proceso constitucional ni formularía alegaciones.
La Presidenta del Senado, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 8 de octubre de 1999, comunicó a su vez que esta Cámara ha adoptado el acuerdo de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de octubre de 1999 el Abogado del Estado se personó en el presente proceso constitucional y formuló las alegaciones que seguidamente se resumen, en virtud de las cuales concluía solicitando que se declare la plena conformidad a la Constitución del precepto cuestionado.
Bien puede interpretarse que la redacción del texto legal de 1987 quiso encajarse en el ámbito del art. 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), esto es, mediante el reconocimiento de que las entidades de gestión aludidas en el precepto pasan a tener reconocida por la propia Ley un título directo y propio de legitimación que les faculta para el ejercicio de acciones administrativas o judiciales, al margen de la exteriorización precisa de una relación representativa con los titulares de los derechos reconocidos en la Ley. Los “derechos confiados a su gestión” a que el precepto alude no serían sólo los que por una disposición voluntaria hubieran resignado a su favor los titulares materiales de los derechos, sino los intereses colectivos -también de relevancia pública- inherentes a la protección en abstracto de los derechos de propiedad intelectual confiados por la ley. Se trataría de un “régimen de representación ex lege por sustitución”, como expresamente reconoce el Auto de planteamiento de la cuestión en su fundamento jurídico 6, régimen en el que no importarían tanto los apoderamientos singulares como la directa determinación de la ley, sustituyendo, o cuando menos yuxtaponiendo, a la legitimación individual y común una forma de legitimación para la defensa de intereses colectivos.
El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones ante este Tribunal con fecha 19 de octubre de 1999, interesando la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad.
Por escrito fechado el 5 de junio de 2007, el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez comunicó a la Presidenta de este Tribunal su propósito de abstenerse en el debate y votación de la resolución de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por entender que concurre en su persona la causa de abstención 13ª del art. 219 LOPJ, como consecuencia de haber desempeñado el cargo de Vicepresidente de la Comisión Mixta creada por el Real Decreto 287/1989, de 21 de marzo, por el que se desarrolló el art. 25 de la Ley 22/1987, de propiedad intelectual. Señala en su escrito que mediante dicha Comisión Mixta se puso en marcha el mecanismo de la remuneración por copia privada y su administración a través de las entidades de gestión a que se refiere la cuestión de inconstitucionalidad. Añade que habiendo sido nombrado por Orden del Ministro de Cultura de 21 de septiembre de 1989 (“Boletín Oficial del Estado” de 4 de octubre de 1989) desempeñó el cargo hasta su renuncia al mismo por haber sido designado Magistrado del Tribunal Supremo, renuncia hecha pública por Orden del Ministro de Cultura de 15 de marzo de 1991 (“Boletín Oficial del Estado” de 8 de abril de 1991).
Mediante Auto de 19 de junio de 2007, el Pleno de este Tribunal acordó no estimar justificada dicha abstención, toda vez que la circunstancia alegada por el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez no puede encontrar acomodo en ninguna de las causas contempladas en el art. 219 LOPJ. El hecho de que don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez hubiese desempeñado el cargo de Vicepresidente de la Comisión Mixta creada por el Real Decreto 287/1989, de 21 de marzo, hasta su cese por renuncia, al haber sido designado Magistrado del Tribunal Supremo, no determina su inidoneidad para enjuiciar la cuestión debatida en este proceso constitucional, cuyo objeto resulta ajeno a los cometidos desempeñados por la referida Comisión Mixta, toda vez que la misma se ocupó de la puesta en marcha del mecanismo de remuneración por copia privada y su administración a través de las entidades de gestión previsto en el art. 25 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual (desarrollado por los arts. 15 a 17 del Real Decreto 287/1989, de 21 de marzo), mientras que el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad se refiere al párrafo segundo del art. 150 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en la numeración resultante de la Ley 5/1998, de 6 de marzo), al entender el Juzgado proponente que el Gobierno podría haber incurrido al redactar dicho precepto en exceso en la refundición o vicio de ultra vires, por lo que estaría en contradicción con los arts. 9.3, 66.2 y 82 CE.
Por providencia de 3 de julio de 2007 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 del mismo mes y año.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del párrafo segundo del art. 150 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en la numeración resultante de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, por entender que el referido precepto puede ser contrario a los arts. 9.3, 66.2 y 82 CE.
Así planteada la cuestión, es oportuno señalar que, como venimos señalando desde antiguo (SSTC 51/1982, de 19 de julio, FJ 1, y 47/1984, de 4 de abril, FJ 3) y hemos reiterado posteriormente (SSTC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 2.a; 159/2001, de 5 de julio, FJ 5; 205/1993, de 17 de junio, FFJJ 3 a 6; y 51/2004, de 5 de julio, FFJJ 5 a 8), este Tribunal es competente, en virtud de los arts. 163 CE y 27.2 b) LOTC, para ejercer su control de constitucionalidad sobre los Decretos Legislativos, tanto por razones materiales (si el precepto cuestionado es, por razón de su contenido, contrario a la Constitución), como por razones formales (si se ha incurrido en exceso en el ejercicio de la delegación legislativa o ultra vires), y ello sin perjuicio de que este control sea compartido con el que corresponde la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 82.6 CE y art. 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa).
Efectuada la precisión que antecede, resulta pertinente reproducir el contenido del precepto objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad en el momento de ser planteada. Concretamente, el art. 145 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que pasó a ser art. 150 en la numeración resultante de la Ley 5/1998, de 6 de marzo (que entró en vigor el 1 de abril de 1998), disponía lo siguiente:
A los efectos establecidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la entidad de gestión estará obligada a aportar al proceso copia de sus estatutos, así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo, o el pago de la remuneración correspondiente
Por otra parte debe tenerse en cuenta que la disposición final segunda , 4, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, ha dado nueva redacción (con vigencia a partir del 8 de enero de 2001, según establece la disposición final vigésimo primera) al art. 150 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Conforme a la referida disposición, el párrafo primero del art. 150 mantiene la redacción original del precepto, en tanto que el párrafo segundo, al que se refiere la presente cuestión, queda así redactado:
Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo, o el pago de la remuneración correspondiente
Una vez sentadas las precisiones que anteceden, resulta obligado que examinemos los óbices procesales que el Fiscal General del Estado ha opuesto en sus alegaciones a la admisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por estimar que no se ha cumplido debidamente el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal que exige el art. 35.2 LOTC, ni se ha exteriorizado tampoco en el Auto de planteamiento de la cuestión el denominado juicio de relevancia conforme a lo establecido en el referido precepto.
Por lo que se refiere al trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC, es doctrina reiterada de este Tribunal que dicho trámite debe satisfacer dos funciones que le son inherentes: de un lado, garantizar una efectiva y real audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal ante una posible decisión de tanta entidad como lo es la apertura de un proceso constitucional, poniendo a disposición del órgano judicial un medio que le permita conocer con rigor la opinión de los sujetos interesados; y, de otro lado, facilitar el examen por parte de este Tribunal acerca de la viabilidad de la cuestión misma y el alcance del problema constitucional en ella planteado.
Alega asimismo el Fiscal General del Estado que tampoco se cumple el requisito relativo a la exteriorización del juicio de relevancia que exige el art. 35.2 LOTC en el Auto de planteamiento de la cuestión, juicio de relevancia que se da por supuesto por el Juzgado, sin mayores explicaciones.
Las consideraciones que han quedado expuestas conducen a la inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad, si bien cumple advertir que aunque la misma se entendiese referida a la inicial redacción del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual de 1996, esto es, al párrafo segundo del art. 145 del citado texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por haber incurrido el Gobierno —a juicio del órgano judicial promovente de la cuestión— en vicio de ultra vires en el ejercicio de la delegación legislativa, se llegaría a la conclusión de desestimar la cuestión, por las razones que seguidamente se expresan.
En todo caso, por las razones que han quedado expuestas en los fundamentos jurídicos 6 y 7 de esta Sentencia, la presente cuestión de inconstitucionalidad ha de ser inadmitida, al haber incumplido el Juzgado proponente las exigencias establecidas por el art. 35.2 LOTC en cuanto al trámite de audiencia y a la exteriorización del juicio de relevancia.
SAP Madrid 526/2010, 23 de Noviembre de 2010
SAP Álava 44/2004, 12 de Marzo de 2004
STS 854/2011, 24 de Noviembre de 2011

References: artículo 150
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