Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5521
Timestamp: 2020-04-08 22:50:29+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 261/2005
SENTENCIA 261/2005, de 24 de octubre
ECLI:ES:TC:2005:261
e) El Servicio de Vigilancia Aduanera en oficio de 15 de enero de 1997 informó al Juzgado de Instrucción núm. 2 que la baja solicitada con fecha 19 de diciembre de 1996 había sido cumplimentada en la expresada fecha, según lo ordenado, adjuntándose ahora seis cintas con las grabaciones de las que no se desprendría “ningún dato relevante para la investigación”. Finalmente, el Servicio de Vigilancia Aduanera con fecha 19 de febrero de 1997 solicitó el cese de las intervenciones que continuaban vigentes, al “no aportar ningún dato de interés a la investigación”, remitiendo entonces al Juzgado veintitrés cintas grabadas con las conversaciones del teléfono que había sido prorrogado, usado por don Manuel Pinell Serrano, así como siete cintas del teléfono fijo y una cinta del teléfono móvil, usadas ambas por don Casimiro Frigolet Guerrero. Tal cancelación se acuerda por Auto de la misma fecha del Juzgado de Instrucción.
En relación a las alegaciones de la defensa sobre declaración de nulidad de lo actuado por la ilegitimidad de las intervenciones acordadas, el Juzgado de lo Penal desestima tal pretensión por cuanto las referidas intervenciones “no han tenido influencia en los hechos enjuiciados”, siendo así, que, por otra parte, las escuchas efectuadas por la Guardia civil no habían sido relevantes para la detención de los acusados, siguiendo este cuerpo una investigación diferente a la del Servicio de Vigilancia Aduanera
10. El Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, registrado en este Tribunal con fecha 18 de junio de 2004, comienza su exposición por un análisis de la alegada vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, admitiendo sustancialmente el contenido de las consideraciones realizadas por los recurrentes. Así, el Fiscal, luego de citar diversas resoluciones de este Tribunal sobre el particular (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 8; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 2, y 184/2003, FJ 9), pone de relieve que los órganos judiciales en cuestión no han valorado en términos de proporcionalidad el sacrificio que supone la limitación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones en relación al interés general que representa la averiguación del delito y el descubrimiento de sus partícipes. En el presente caso, los Autos de 10 de octubre de 1996 y los posteriores de 4 de noviembre y 19 de diciembre de 1996 no han ponderado de modo proporcionado los intereses y el derecho fundamental en juego, toda vez que el de contrabando es un delito menos grave, por la pena prevista para el mismo y por la que ulteriormente fue impuesta a los acusados, así como por su escasa relevancia social teniendo en cuenta la repercusión que para la sociedad representa la comisión de este tipo de delitos. Por otra parte, continúa el Fiscal, la lectura de los tres Autos antes cuestionados permite advertir que se trata de verdaderas resoluciones esteriotipadas en las que no se reflejan los indicios racionales de criminalidad de los que pudieran deducirse que los sometidos a la medida están implicados en el delito, pudiendo servir para autorizar la escucha en la investigación de cualquier infracción, advirtiendo que en las resoluciones de 4 de noviembre y 19 de diciembre de 1996 ni tan siquiera se destaca el tipo delictivo por el cual se autorizaron. Al hacer esta afirmación, el Ministerio público realiza un resumen de la doctrina de este Tribunal sobre los elementos que ha de integrar una resolución judicial que limite el derecho al secreto de las comunicaciones, en lo que se refiere a su debida expresión o exteriorización, necesarios para afirmar su legitimidad. (Entre otras, SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 7, y 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2). No se pronuncia, no obstante, el Ministerio público sobre las consideraciones realizadas por los recurrentes sobre la inexistencia en este caso de un debido control judicial subsiguiente a la adopción de las medidas de intervención acordadas.
La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, según la anterior doctrina, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que se precisa para que puedan entenderse fundadas que se encuentren apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona (STC 165/2005, 20 de junio, FJ 4, entre otras). Este es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando en diversas resoluciones exige la concurrencia de “buenas razones o fuertes presunciones” de que las infracciones están a punto de cometerse (STEDH de 6 de septiembre de 1978, caso Klass, y de 15 de junio de 1992, caso Lüdi), expresando en nuestro Ordenamiento el art. 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal que han de concurrir “indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa” (art. 579.1 LECrim) o “indicios de responsabilidad criminal” (art. 579.3 LECrim). No se trata de satisfacer los intereses de una investigación meramente prospectiva, pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación, por más legítima que sea esta aspiración, pues de otro modo se desvanecería la garantía constitucional (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 8; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 11). De otra parte, aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención se exteriorice directamente en la resolución judicial, ésta, según una consolidada doctrina de este Tribunal, puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva (SSTC 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2; 184/2003, de 23 de octubre, FFJJ 9 y 11).
En primer lugar, el Auto de 10 de octubre de 1996, del Juzgado de Instrucción núm. 3, autorizó la observación telefónica con el único razonamiento de que existían “indicios racionales suficientes para sospechar que a través de este teléfono se pueden estar llevando a cabo operaciones relacionadas con el contrabando”, sin particularizar los elementos objetivos en que se basaba tal convicción. Se trata, en consecuencia, de una resolución esteriotipada, tal como sostienen los recurrentes y el Ministerio público, no resultando subsanada esta deficiencia, desde nuestra perspectiva constitucional, por la circunstancia de que el mismo Auto se remita a la solicitud de la Guardia civil. Es decir, en este caso la resolución judicial no puede entenderse motivada, ni incluso integrada con la solicitud de la Guardia civil, por cuanto ésta se limita a afirmar la existencia del delito y la participación en él de la persona respecto a la que se solicita la intervención telefónica, pero sin expresar en la misma dato objetivo alguno que pueda considerarse indicio de la existencia del delito ni de la conexión del afectado con el mismo sobre el que pudiera sustentarse el referido conocimiento.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3134-2002
Promovido por don Casimiro Frigolet Guerrero y otros frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Huelva que les condenaron por delito de contrabando de tabaco.
La actuación del órgano judicial, no obstante vulnerar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de los recurrentes, no ha lesionado su derecho a un proceso público con todas las garantías ni a la presunción de inocencia, al haber sido condenados éstos a través de la utilización de pruebas válidas realizadas con todas las garantías, conforme a la Constitución y a la Ley [FJ 5].
La condena de los recurrentes se sustentó exclusivamente en las declaraciones de los funcionarios que efectuaron el seguimiento de los acusados e intervinieron el tabaco, así como en sus propias declaraciones autoinculpatorias, excluyéndose el resultado de las escuchas practicadas con lo que la prueba tomada en consideración en el juicio oral no incurre en ninguna prohibición de valoración desde la perspectiva constitucional [FJ 5].
Se ha lesionado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de los recurrentes, al no resultar debidamente motivados los Autos judiciales de autorización de las intervenciones telefónicas, ni, incluso, la resolución por la que se acordaba su prórroga [FJ 4].
Artículo 18.3, ff. 1, 2, 5, 6
Artículo 24.2 (derecho a un proceso público), f. 5
Prueba de cargo suficientePrueba de cargo suficiente, f. 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 18

Artículo 24