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Timestamp: 2020-01-24 10:45:57+00:00

Document:
﻿ LEY 101 DE 1993
LEY 101 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1993
CONTENIDO:DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO, DICTADA LEY GENERAL
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:991 DE ENERO 30 DE 1994, PG. 77
DIARIO OFICIAL N°:41149
“Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero”.
8. Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la prestación de la asistencia técnica a los pequeños productores, conforme a los procesos de descentralización y participación.
14. Estimular la participación de los productores agropecuarios y pesqueros, directamente o a través de sus organizaciones representativas, en las decisiones del Estado que los afecten.
Internacionalización y protección del sector agropecuario y pesquero
ART. 2º—Liberación del comercio agropecuario y pesquero. El Gobierno Nacional podrá, mediante tratados o convenios que serán sometidos a la aprobación del Congreso, obligarse sobre bases de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, a la liberación gradual y selectiva de bienes agrícolas, pecuarios y pesqueros, sus insumos y productos derivados.
PAR.—Si en los tratados multilaterales, subregionales o bilaterales se permite el desarrollo de concesiones en el sector agropecuario como resultado de posteriores negociaciones o como desarrollo de actividades realizadas por organismos comunitarios o regionales, dichas concesiones deberán ser sometidas al concepto de la comisión nacional agropecuaria a que hace referencia el capítulo XII de la presente ley.
ART. 3º—Especial protección del Estado a la producción de alimentos. Salvo las previsiones contempladas en el artículo anterior, el Gobierno Nacional establecerá tarifas arancelarias, mecanismos paraarancelarios o sistemas compensatorios, con el fin de que en la importación de bienes agropecuarios y pesqueros se garantice la adecuada protección a la producción nacional.
ART. 4º—Tributos aplicables frente a competencia desleal. Los subsidios regulares cuantificables, mediante los cuales otros países estimulan la producción y exportación de productos de origen agropecuario y pesquero, y que se traduzcan en competencia desleal para los productos nacionales, deberán ser neutralizados a través de mecanismos como derechos compensatorios, valor mínimo de aforo aduanero, precios de referencia o restricciones paraarancelarias.
Igualmente, deberán tenerse en cuenta las reducciones de costos de producción resultantes de la no adhesión de otros países a convenios internacionales relacionados con las condiciones laborales, así como otras reducciones artificiales de costos o precios, incluyendo el “dumping”. Estas medidas compensatorias se aplicarán en concordancia con los procedimientos establecidos en los convenios internacionales vigentes.
ART. 5º—Régimen de salvaguardia. El Gobierno Nacional impondrá medidas de salvaguardia cuando la producción nacional de bienes agropecuarios o pesqueros sufra un perjuicio o cuando exista una amenaza de perjuicio a causa de un incremento significativo de las importaciones o de una caída sustancial de los precios internacionales. La petición de imposición de una medida de esta naturaleza podrá ser presentada por representantes de la producción doméstica.
El consejo superior de comercio exterior decidirá los casos en que esta salvaguardia deba aplicarse.
Prioridad para las actividades rurales
ART. 6º—En desarrollo del artículo 65 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y su comercialización. Para este efecto, las reglamentaciones sobre precios y costos de producción, régimen tributario, sistema crediticio, inversión pública en infraestructura física y social, y demás políticas relacionadas con la actividad económica en general, deberán ajustarse al propósito de asegurar preferentemente el desarrollo rural.
ART. 8º—La comisión de regulación energética establecerá subsidios preferenciales de energía eléctrica para los productores del sector agropecuario y pesquero.
ART. 9º—Cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios, así como sus mejoras, excluyendo, por consiguiente, factores de valorización tales como el influjo del desarrollo industrial o turístico, la expansión urbanizadora y otros similares.
PAR.—Para el ajuste anual de los avalúos catastrales de los predios rurales dedicados a las actividades agropecuarias dentro de los porcentajes mínimo y máximo previstos en el artículo 8º de la Ley 44 de 1990, el gobierno deberá aplicar el índice de precios al productor agropecuario cuando su incremento porcentual anual resulte inferior al del índice de precios al consumidor.
ART. 10.—Adiciónese el artículo 8º de la Ley 44 de 1990 con el siguiente parágrafo:
“PAR.—Cuando se trate de predios rurales, el concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social —Conpes—, sobre el ajuste anual de los avalúos catastrales deberá estar antecedido por el concepto del Ministerio de Agricultura sobre la existencia de las circunstancias contempladas en el artículo 10 de la presente ley, si ellas se presentasen”.
ART. 11.—De los recursos que le corresponda a la Nación provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, el gobierno destinará prioritariamente recursos suficientes para la reactivación y el desarrollo sostenido del sector agropecuario y pesquero.
Provisión de crédito para el sector agropecuario y pesquero
ART. 12.—En desarrollo del artículo 66 de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en la presente ley, el Estado subsidiará el crédito para pequeños productores, incentivará el crédito para la capitalización rural y garantizará la adecuada disponibilidad de recursos crediticios para el sector agropecuario.
PAR.—En la expedición de las normas que regulan la actividad crediticia, el Gobierno Nacional y el Banco de la República deberán garantizar que, durante 1994 y 1995, las tasas de interés del crédito de fomento agropecuario y de los títulos de Finagro no superen las vigentes el 31 de octubre de 1993. Para años posteriores, deberán garantizar un suministro adecuado de crédito al sector, a tasas de interés inferiores a las del crédito comercial ordinario.
(Nota: El parágrafo del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-489 de 1994. Aclarando que la sentencia, en relación con lo que se declara inexequible, surte efectos únicamente hacia el futuro, según las consideraciones consignadas en la parte motiva de la mencionada providencia).
ART. 13.—Operaciones a cargo del fondo para el financiamiento del sector agropecuario. Además de los fines estipulados en el artículo 26 de la Ley 16 de 1990, la comisión nacional de crédito agropecuario establecerá líneas de redescuento, dotadas del volumen suficiente de recursos y bajo condiciones financieras apropiadas, con el objeto de que los establecimientos de crédito puedan otorgar créditos en moneda nacional y extranjera para los siguientes fines:
1. Adquisición de tierras.
2. Compra de maquinaria, equipos y demás bienes de capital necesarios para el desarrollo de las actividades agropecuaria y pesquera.
3. Almacenamiento, comercialización y transformación primaria de cosechas y productos pecuarios y pesqueros por parte de los productores.
4. Incremento del hato ganadero, retención de hembras y adecuación de fincas.
5. Construcción y operación de sistemas de conservación en frío.
6. Desarrollo de la pesca y acuicultura.
7. Reforestación.
8. Adecuación de tierras.
9. Producción de semillas y materiales vegetales.
10. Organización y operación de cooperativas agrícolas y pesqueras.
11. Financiación de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, dentro de los límites que establezca el Gobierno Nacional.
12. Financiación de la comercialización a través de bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas.
PAR. 1º—Previo concepto favorable de la comisión nacional de crédito agropecuario, los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, sobre los que trata el capítulo VI de la presente ley, podrán obtener financiación directa de Finagro, siempre y cuando respalden las obligaciones crediticias correspondientes mediante aval o garantía expedidos a favor de Finagro por entidades financieras autorizadas para tal efecto por la Superintendencia Bancaria.
PAR. 2º—Cuando la comisión nacional de crédito agropecuario determine la ocurrencia de una situación económica crítica, conforme a lo señalado por la Ley 34 de 1993, Finagro podrá redescontar créditos otorgados por los intermediarios financieros en cuyo destino se contemple:
— La refinanciación de préstamos originalmente otorgados con recursos propios de los intermediarios financieros, y/o
— La cancelación de pasivos originados en créditos de proveedores otorgados a organizaciones de producción y/o comercialización constituidas por productores primarios.
Los redescuentos de que trata el inciso anterior deberán formar parte de un proyecto de crédito que en su conjunto sea económica y financieramente viable. Además, deberá evidenciarse la dificultad de atender las obligaciones originales debido a la ocurrencia de las causales invocadas para la declaratoria de la situación económica crítica.
ART. 14.—Condiciones especiales. Cuando la naturaleza de los proyectos así lo requiera, la comisión nacional de crédito agropecuario establecerá:
1. Plazos de amortización y períodos de gracia que se ajusten a la capacidad de generación de ingresos de los proyectos financiados.
2. Mecanismos de capitalización de intereses u otros sistemas especiales para la cancelación de intereses causados.
3. Sistemas de refinanciación y capitalización de intereses en caso de mora asociada con factores que afecten de manera general el desarrollo de las actividades financiadas.
4. Denominación de los créditos en unidades de poder adquisitivo constante, UPAC, o en cualquier otro sistema de amortización que permita preservar el valor real de los préstamos.
PAR.—Para la ejecución de programas de fomento y desarrollo ganadero, dirigidos a pequeños y medianos ganaderos, los fondos ganaderos podrán acudir a líneas especiales de crédito en las condiciones financieras de que trata el presente artículo.
ART. 15.—Financiamiento de adquisición de tierras y vivienda rural por las corporaciones de ahorro y vivienda. Autorízase a las corporaciones de ahorro y vivienda para crear sistemas especiales de crédito para la adquisición de tierras y vivienda rural, con plazos hasta de treinta (30) años, los cuales podrán ser otorgados bajo las reglas del sistema de poder adquisitivo constante, UPAC.
Las corporaciones de ahorro y vivienda tendrán acceso a las líneas de redescuento que para estos efectos se establezcan en el fondo para el financiamiento del sector agropecuario.
ART. 16.—Financiamiento de la adquisición de tierras. Autorízase a los demás establecimientos de crédito para crear sistemas especiales para financiar con plazos de hasta treinta (30) años, la adquisición de tierras destinadas a la explotación agropecuaria y acuícola. La amortización de estos créditos se efectuará bajo cualquier sistema de capitalización de interés, que garantice la preservación de su valor real, incluidas las unidades de poder adquisitivo constante, UPAC.
La comisión nacional de crédito agropecuario fijará las condiciones bajo las cuales Finagro redescontará estas operaciones.
ART. 17.—Garantías para refinanciación de cartera agropecuaria. Autorízase al fondo agropecuario de garantías para convenir con la Caja Agraria y los demás bancos comerciales y las corporaciones financieras el otorgamiento de garantías hasta el 60% de las cuotas anuales de intereses y capital de los créditos agropecuarios que sean reestructurados por los establecimientos de crédito en los términos del presente artículo.
Los créditos elegibles para este tipo de garantías deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. Que se trate de créditos vencidos con anterioridad al 20 de noviembre de 1993 y aún se encuentren en mora, y cuya cuantía no supere los 10 millones de pesos ($ 10.000.000) de capital.
2. Que sean refinanciados a partir de la vigencia de esta ley a un plazo total de 10 años, un período de gracia a capital de tres (3) años y una tasa de interés máxima equivalente a la pactada en el crédito objeto de reestruturación.
3. Que en caso de incumplimiento de la reestructuración, el respectivo establecimiento podrá hacer exigible anticipadamente las demás obligaciones a cargo del deudor.
Estas garantías no podrán respaldar las cuotas de capital e intereses que correspondan a créditos cuyos intereses penales no sean remisionados. El fondo no podrá exigir garantías al usuario de crédito por esta reestructuración.
PAR. 1º—La prima de garantía que se le paga al fondo no podrá ser inferior al 3.5% anual sobre las cuotas de interés y capital que se vencen en cada año. En el caso de pequeños agricultores, estas cuotas no pueden ser inferiores al 1.5% anual. Podrán establecerse primas adicionales para las entidades que presenten mayor siniestralidad.
PAR. 2º—En todo caso las garantías no se harán efectivas sino hasta que se inicie el cobro judicial de las obligaciones.
La porción de la cartera reestructurada garantizada por el fondo será objeto de un tratamiento contable especial para facilitar el acceso a nuevos créditos por los usuarios que reestructuren sus deudas.
PAR. 3º—Los beneficios de este artículo serán aplicables a los créditos de producción otorgados con recursos del fondo nacional del café.
PAR. 4º—Prorrógase hasta el 30 de junio de 1994 el plazo consagrado en el numeral 4º del artículo tercero de la Ley 34 de 1993, para que puedan acogerse a los beneficios de la citada ley aquellos productores que no califiquen dentro de las condiciones del presente artículo, y que tuvieren obligaciones contraídas entre el 15 de septiembre de 1992 y el 1º de septiembre de 1993. A partir del 1º de febrero de 1994, estos beneficios sólo se otorgarán si las correspondientes solicitudes de refinanciación se presentan ante las entidades financieras antes del vencimiento del respectivo crédito.
PAR. 5º—Para efectos de lo establecido en este artículo, el presidente de Finagro, entidad administradora del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, podrá delegar en otros empleados de Finagro la función de expedición de los certificados de garantía del FAG. Igualmente, Finagro podrá contratar con terceros la ejecución integral de las funciones derivadas de las disposiciones contenidas en este artículo.
ART. 18.—Los montos anuales de garantías que emita el fondo en desarrollo de este artículo deberán contar con la aprobación previa del Confis. A partir de 1994, el fondo deberá hacer una evaluación anual de los siniestros que puedan ocurrir en el siguiente año y los ya ocurridos en el año en curso, y solicitarle al Ministerio de Agricultura incorporar al presupuesto general de la Nación los recursos necesarios para cubrir estos pagos netos del valor de las primas recibidas y por recibir.
ART. 19.—Autorízase al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, para que, en el diseño de mecanismos de refinanciación de los créditos de producción otorgados con sus recursos propios a los beneficiarios de la reforma agraria, pueda incluir la remisión total de los intereses penales y parcial de los intereses causados.
La autorización prevista en este artículo sólo cobijará a los beneficiarios de reforma agraria cuando se trate de créditos vencidos con anterioridad al 20 de noviembre de 1993, cuyas obligaciones hubieren sido calificadas por la junta directiva del Incora como incobrables o de difícil cobro dentro de los tres (3) años anteriores a la vigencia de la presente ley.
ART. 20.—El fondo agropecuario de garantías respaldará preferencialmente las solicitudes de crédito de los campesinos de las zonas apartadas y de difícil acceso del país, que no puedan facilitar a las entidades bancarias y financieras las prendas y garantías exigidas para un préstamo ordinario. La comisión nacional de crédito agropecuario fijará las condiciones de cuantía y requisitos para obtener este beneficio.
ART. 21.—Incentivo a la capitalización rural. Créase el certificado de incentivo a la capitalización rural, al cual tendrá derecho toda persona natural o jurídica que ejecute proyectos de inversión en el sector agropecuario. Los proyectos deberán corresponder a los términos y condiciones que determine la comisión nacional de crédito agropecuario con base en las políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura.
ART. 22.—Naturaleza y forma del incentivo. El incentivo a la capitalización rural es un título que incorpora un derecho personal, que expedirá el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, cuyo monto será descontado de la cuantía total o de los pagos parciales de la obligación crediticia originada en un proyecto de los que trata el artículo 21 de la presente ley.
ART. 23.—Cuantía del incentivo. La comisión nacional de crédito agropecuario señalará los montos, condiciones y modalidades del incentivo a la capitalización rural, sin exceder en ningún caso del 40% del valor de los proyectos objeto del incentivo, incluidos los intereses causados durante la fase de desarrollo de los mismos.
ART. 24.—(Modificado)*Otorgamiento y efectividad del incentivo. El incentivo a la capitalización rural será asignado u otorgado en cada caso por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, a través de los intermediarios financieros, instituciones fiduciarias o cooperativas. El beneficiario sólo podrá hacer efectivo el incentivo en las condiciones previstas en el documento expedido por Finagro, si han sido satisfactorios la evaluación, verificación de campo y seguimiento de control del plan de inversión, realizados por Finagro.
*(Nota: Modificado por la Ley 1151 de 2007 artículo 22).
ART. 25.—Recursos para atender el incentivo. El Gobierno Nacional hará las apropiaciones y operaciones presupuestales necesarias para asignar los recursos que se requieran para la plena operatividad del incentivo a la capitalización rural, recursos que serán administrados por Finagro de acuerdo con la programación anual que adopte la comisión nacional de crédito agropecuario.
PAR.—Finagro sólo comprometerá recursos para la expedición de certificados de incentivo a la capitalización rural hasta la concurrencia de los recursos apropiados en el presupuesto general de la Nación o autorizados por el Confis con cargo a vigencias futuras.
ART. 26.—Modifíquese el artículo 8º de la Ley 16 de 1990, que quedará así:
“Objetivo. El objetivo de Finagro será la financiación de las actividades de producción en sus distintas fases y comercialización del sector agropecuario, a través de redescuento de las operaciones que hagan las entidades pertenecientes al sistema nacional de crédito agropecuario u otras instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas, debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, o mediante la celebración de convenios con tales instituciones, en los cuales se podrá pactar que el riesgo sea compartido entre Finagro y la entidad que accede al redescuento”.
ART. 27.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 16 de 1990, el fondo agropecuario de garantías también podrá respaldar los créditos otorgados por las demás instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas, debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria para otorgar créditos con destino al sector agropecuario.
ART. 28.—El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses a partir de la sanción y promulgación de la presente ley para reglamentar lo relativo al incentivo a la capitalización rural.
Contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras
ART. 29.—Noción. Para los efectos de esta ley, son contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras las que en casos y condiciones especiales, por razones de interés general, impone la ley a un subsector agropecuario o pesquero determinado para beneficio del mismo.
ART. 30.—Administración y recaudo. La administración de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras se realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan condiciones de representatividad nacional de una actividad agropecuaria o pesquera determinada y que hayan celebrado un contrato especial con el Gobierno Nacional, sujeto a los términos y procedimientos de la ley que haya creado las contribuciones respectivas.
Las colectividades beneficiarias de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras también podrán administrar estos recursos a través de sociedades fiduciarias, previo contrato especial con el Gobierno Nacional; este procedimiento también se aplicará en casos de declaratoria de caducidad del respectivo contrato de administración.
PAR. 1º—Las entidades administradoras de los fondos provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras podrán demandar por vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria el pago de las mismas. Para este efecto, el representante legal de cada entidad expedirá, de acuerdo con la información que le suministrará el Ministerio de Hacienda, el certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad.
PAR. 2º—El recaudador de los recursos parafiscales que no los transfiera oportunamente a la entidad administradora, pagará intereses de mora a la tasa señalada para el impuesto de renta y complementarios.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015 artículo 2.10.3.5.7. del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
ART. 31.—Destinación de los recursos. Los recursos que se generen por medio de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras deben ser invertidos en los subsectores agropecuario o pesquero que los suministra, con sujeción a los objetivos siguientes:
1. Investigación y transferencia de tecnología, y asesoría y asistencia técnicas.
2. Adecuación de la producción y control sanitario.
3. Organización y desarrollo de la comercialización.
4. Fomento de las exportaciones y promoción del consumo.
5. Apoyo a la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un ingreso remunerativo.
6. Programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio del subsector respectivo.
ART. 32.—Fondos parafiscales agropecuarios o pesqueros. Los recursos provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras y los patrimonios formados por éstos, constituirán fondos especiales en las entidades administradoras, las cuales estarán obligadas a manejarlos en cuentas separadas, de modo que no se confundan con los recursos y patrimonio propios de dichas entidades.
Los ingresos de los fondos parafiscales serán los siguientes:
1. El producto de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras establecidas en la ley.
3. Los derivados de las operaciones que se realicen con recursos de los respectivos fondos.
5. Los recursos de crédito.
6. Las donaciones o los aportes que reciban.
Los recursos de los fondos parafiscales solamente podrán ser utilizados para las finalidades señaladas en la ley que establezca cada contribución.
ART. 33.—Presupuesto de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros. La preparación, aprobación, ejecución, control, liquidación y actualización de los presupuestos generales de ingresos y gastos de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, se sujetarán a los principios y normas contenidos en la ley que establezca la respectiva contribución parafiscal y en el contrato especial celebrado para su administración.
Las entidades administradoras elaborarán presupuestos anuales de ingresos y gastos, los cuales deberán ser aprobados por sus órganos directivos previstos en las normas legales y contractuales, con el voto favorable del ministro correspondiente o su delegado, según la ley; dicho voto no implica obligaciones a cargo del presupuesto general de la Nación por estos conceptos.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015 artículos 2.10.3.1.14 y artículo 2.10.3.5.17. del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
ART. 34.—El gobierno vigilará que las personas obligadas a pagar o recaudar contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras cumplan con su respectiva obligación. La ley que establezca cada contribución definirá las sanciones a que haya lugar.
ART. 35.—Todas las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras existentes con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, quedan sujetas a lo que ordena esta ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos y las disposiciones legales que los regulan y los contratos legalmente celebrados.
Fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros
ART. 36.—Sin perjuicio de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros regulados en la presente ley, créanse los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, como cuentas especiales, los cuales tienen por objeto procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones, mediante el financiamiento de la estabilización de los precios al productor de dichos bienes agropecuarios y pesqueros.
PAR.—Cuando el Gobierno Nacional lo considere necesario organizará fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, dentro de las normas establecidas en la presente ley.
ART. 37.—Los fondos de estabilización de precios y productos agropecuarios y pesqueros que se organicen a partir de la vigencia de la presente ley serán administrados, como cuenta especial, por la entidad gremial administradora del fondo parafiscal del subsector agropecuario y pesquero correspondiente. Estos fondos también podrán ser administrados por el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, como una cuenta separada de sus propios recursos, en los términos que señale el Gobierno Nacional.
Estos fondos también podrán ser administrados por otras entidades o por intermedio de contratos de fiducia, de acuerdo con la decisión que para tal efecto tome el Ministerio de Agricultura.
PAR.—El Gobierno Nacional podrá transformar los actuales fondos de estabilización de precios de exportación de cacao y algodón, en fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, en los términos de esta ley.
ART. 38.—Los recursos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros provendrán de las siguientes fuentes:
1. Las cesiones de estabilización que los productores, vendedores o exportadores hagan de conformidad con el artículo 40 de la presente ley.
2. Las sumas que los fondos parafiscales agropecuarios o pesqueros, a los cuales se refiere el capítulo V de la presente ley, destinen a favor de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros.
5. Los rendimientos de las inversiones temporales que se efectúen con los recursos de los fondos en títulos de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, o en valores de alta rentabilidad, seguridad y liquidez expedidos por el Banco de la República y otros establecimientos financieros.
PAR. 1º—Los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros podrán recibir préstamos del presupuesto nacional o de instituciones de crédito nacionales o internacionales. La Nación podrá garantizar estos créditos de acuerdo con las normas de crédito público.
PAR. 2º—Las cesiones a que se refiere el numeral primero de este artículo son contribuciones parafiscales.
ART. 39.—La composición de los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros será determinada en cada caso por el Gobierno Nacional, lo mismo que el procedimiento y el período para el cual los productores, vendedores y exportadores, según corresponda, designen sus representantes en ellos. Cuando un fondo de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros esté incorporado como cuenta especial a un fondo parafiscal agropecuario o pesquero, la composición del comité directivo de aquél y sus reglas de mayoría, serán las mismas del organismo que tenga a su cargo la aprobación del presupuesto o del plan de inversiones y gastos del fondo parafiscal.
ART. 40.—Procedimiento para las operaciones de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros. El precio de referencia o la franja de precios de referencia; la cotización fuente del precio del mercado internacional relevante; y el porcentaje de la diferencia entre ambos precios que se cederá a los fondos o se compensará a los productores, vendedores o exportadores, serán establecidos por los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros.
1. Si el precio del mercado internacional del producto en cuestión para el día en que se registre la operación en el fondo de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros respectivo es inferior al precio de referencia o al límite inferior de una franja de precios de referencia, el fondo pagará a los productores, vendedores o exportadores una compensación de estabilización. Dicha compensación será equivalente a un porcentaje de la diferencia entre ambos precios, fijado en cada caso por el comité directivo, con el voto favorable del Ministro de Agricultura, o su delegado.
3. Con los recursos de los fondos se podrán celebrar operaciones de cobertura para protegerse frente a variaciones de los precios externos, de acuerdo con las disposiciones vigentes o las que para tal efecto expida la Junta Directiva del Banco de la República.
Los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros establecerán la metodología para el cálculo del precio de referencia a partir de la cotización más representativa en el mercado internacional para cada producto colombiano, con base en un promedio móvil no inferior a los últimos 12 meses ni superior a los 60 meses anteriores.
El porcentaje de la diferencia entre ambos precios que determinará las respectivas cesiones o compensaciones de estabilización entre los fondos de estabilización y los productores, vendedores o exportadores, según el caso, será establecido por los comités directivos de los fondos de estabilización dentro de un margen máximo o mínimo que oscile entre el 80% y el 20% para el respectivo producto.
PAR. 1º—Las cesiones y compensaciones de estabilización de que trata este artículo se aplicarán en todos los casos a las operaciones de exportación. Los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros establecerán si dichas cesiones o compensaciones se aplican igualmente a las operaciones de venta interna.
PAR. 2º—Los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros podrán establecer varios precios de referencia o franjas de precios de referencia y diferentes porcentajes de cesiones o compensaciones, si las diferencias en las calidades de los productos respectivos o las condiciones especiales de cada mercado así lo ameritan.
ART. 41.—Los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros determinarán la etapa del proceso de comercialización en la cual se aplican las cesiones y los procedimientos y sanciones para asegurar que ellas se hagan efectivas. Cuando se trate de operaciones comerciales en las cuales participe el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, las cesiones se aplicarán en el momento de la venta de los productos.
ART. 42.—Los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros podrán deducir parcial o totalmente de las compensaciones por realizar, el equivalente al certificado de reembolso tributario, CERT, si las exportaciones se benefician de dicho incentivo.
Así mismo, podrán descontar parcial o totalmente las preferencias arancelarias otorgadas en los mercados de exportación.
ART. 43.—Los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros ejercerán las demás funciones que les señale el Gobierno Nacional en el reglamento de la presente ley o que contractualmente se estipulen con la entidad administradora.
ART. 44.—Cada fondo de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros tendrá un secretario técnico, que será designado por su comité directivo, con el voto favorable del Ministro de Agricultura o su delegado. El secretario técnico podrá ser también el ordenador de gastos del fondo.
Las secretarías técnicas se integrarán con personal de alta calificación profesional, que en forma permanente elaborarán los estudios, propuestas y evaluaciones técnicas requeridas para el funcionamiento y eficiencia administrativa de los fondos de estabilización. Los gastos de funcionamiento y los costos de administración serán sufragados con cargo a sus propios recursos.
ART. 45.—Reserva para estabilización. El patrimonio de cada fondo de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros constituirá una cuenta denominada reserva para estabilización. Cuando al final de un ejercicio presupuestal se presente superávit en dicha cuenta, este se deberá aplicar, en primer lugar, a cancelar el déficit de ejercicios anteriores y, en segundo término, a constituir o incrementar los recursos de la misma cuenta, con el propósito de garantizar su destinación exclusiva a la estabilización de los respectivos precios.
Por la naturaleza misma de su objeto y operaciones, los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Cualquier superávit, beneficio o excedente que reporte la actividad de estos fondos no será susceptible de reparto o distribución.
ART. 46.—De conformidad con las políticas y lineamientos trazados por los comités directivos de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, la entidad administradora podrá expedir los actos y medidas administrativos y suscribir los contratos o convenios especiales necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos de este capítulo de la presente ley.
ART. 47.—El Gobierno Nacional ordenará la liquidación de cualquiera de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros cuando a su juicio lo considere necesario, previo concepto favorable del comité directivo respectivo. En este caso, se aplicarán las normas de liquidación previstas en el Código de Comercio para las sociedades. El remanente de la liquidación, después de devolver a los fondos parafiscales que hubiesen hecho aportes al respectivo fondo de estabilización en liquidación los montos correspondientes, se asignará por el Ministerio de Agricultura para programas de fomento en el mismo subsector agropecuario o pesquero.
Apoyo a la comercialización de productos de origen agropecuario y pesquero
ART.48.— Intervención del Idema en la comercialización. Modifíquese el artículo 2º del Decreto 2136 de diciembre 30 de 1992, que quedará así:
“El Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, tendrá como objetivos contribuir al abastecimiento de productos básicos de origen agropecuario y promover la modernización y el adecuado funcionamiento de los mercados de dichos productos, preferencialmente en las zonas marginales del país.
Cuando se presenten graves situaciones de desabastecimiento o fallas en los mercados calificadas como tales por la junta directiva del Idema con el voto favorable del Ministro de Agricultura o su delegado, o cuando el Ministerio de Agricultura haya fijado precios de intervención, el instituto podrá cumplir sus objetivos y funciones en cualquier zona del país dentro de los límites establecidos en el plan anual de inversiones. En el evento de que los recursos establecidos en el plan anual de inversiones sean insuficientes, el Ministro de Agricultura presentará las solicitudes de adición correspondientes al Conpes”.
PAR.—Para efectos de los objetivos y funciones del Idema se entiende por zonas marginales toda región alejada de los centros de consumo, ya sea por distancia o insuficiencia de vías de acceso, con poca presencia del Estado y bajos niveles de vida, al igual que aquellas zonas urbanas con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, donde no hay adecuadas formas de distribución minorista”.
ART. 49.— Sin perjuicio de las funciones establecidas en el Decreto 2136 de 1992, el Idema tendrá además las siguientes funciones:
1. Otorgar especial apoyo a la comercialización de productos nacionales de origen agropecuario, especialmente no perecederos. Para el efecto el Idema podrá constituir o cofinanciar la infraestructura física comercial que se requiera y dotarla de los equipos necesarios.
2. Garantizar a los productores un precio mínimo de compra, que será fijado por el Ministerio de Agricultura. Cuando se presenten graves distorsiones del mercado, los precios que fije el Ministerio de Agricultura contemplarán las compensaciones que se deriven de las fallas de los mercados.
Cuando los precios mínimos de garantía, o los de intervención fijados por el Ministerio de Agricultura, sean superiores a los precios del mercado, el Idema deberá comprar a esos precios o pagar al agricultor una compensación equivalente a la diferencia resultante entre los precios de mercado y los de garantía o intervención, según sea el caso.
Para la intervención del Idema en las anteriores condiciones, el Ministerio de Agricultura emitirá la reglamentación pertinente.
3. Contribuir al mejoramiento del abastecimiento de productos básicos, especialmente granos, a través del manejo de existencias mínimas de seguridad formadas en su totalidad con productos nacionales. No obstante, cuando la oferta nacional resulte insuficiente, la junta directiva del Idema podrá autorizar que dichas existencias se constituyan en parte con productos importados. La constitución y manejo de las existencias mínimas de seguridad podrán ser contratados con gremios, cooperativas o firmas asociativas.
4. Apoyar o realizar la distribución minorista de productos básicos en zonas marginales o campesinas, al igual que en aquellas zonas urbanas con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
5. Importar y distribuir, al por mayor, alimentos básicos, cuando se presenten graves fallas en los mercados calificados como tales por la junta directiva, con el voto favorable del Ministro de Agricultura o su delegado.
6. Exportar, a los precios vigentes en los mercados internacionales, alimentos y productos adquiridos en la cosecha nacional. Así mismo, efectuar operaciones de venta interna de productos adquiridos en las cosechas nacionales a precios que consulten la realidad de los mercados y garanticen la estabilidad de los precios al productor. Cuando las compras se efectúen a precios mínimos de garantía o a precios de intervención, o cuando se presenten fallas en los mercados, las ventas podrán no incluir la totalidad de los costos que originen las operaciones de compra, almacenamiento, conservación y transporte.
7. Para garantizar la estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, el instituto podrá administrar fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros de que trata el capítulo VI de la presente ley, cuando así lo disponga el Ministerio de Agricultura, y ser sujeto de créditos, con cargo a los recursos de los respectivos fondos, destinados a las operaciones propias de dichos fondos.
8. Apoyar a los productores preferencialmente de zonas marginales y garantizar adecuados canales de comercialización de productos agropecuarios y pesqueros, para lo cual el Idema estimulará la creación y el fortalecimiento de empresas comerciales y de transformación primaria de productos mediante el aporte de capital inicial, y el financiamiento de la preinversión, en asocio con los productores de las distintas regiones del país y con las entidades territoriales. Así mismo, para apoyar o realizar la distribución minorista de productos básicos en zonas marginales estimulará la creación de este tipo de empresas.
La participación del Idema cesará una vez las empresas logren niveles aceptables de competitividad y solidez patrimonial, a juicio de la junta directiva del Idema.
Para el cumplimiento de esta función, el Idema creará un fondo de inversiones para capital de riesgo en empresas comercializadoras y de transformación primaria de productos agropecuarios y pesqueros, el cual se constituirá con recursos del presupuesto nacional y recursos propios que la junta le asigne. Para tal efecto, autorízase a Finagro para realizar inversiones en el fondo o en las empresas. Igualmente, el fondo podrá recibir otros recursos, en calidad de aporte provenientes de donaciones o transferencias de otras entidades públicas o privadas.
9. Con sujeción al plan anual de inversión, realizar pagos a productores o a intermediarios para contribuir a sufragar sus costos de almacenamiento de las cosechas que requieran dicho almacenamiento, a juicio de la junta directiva.
10. Con sujeción al plan anual de inversión, comprar a futuro a los productores, y vender a futuro a los intermediarios o usuarios finales los bienes agropecuarios que decida la junta directiva.
ART. 50.— Determinación de los precios mínimos de garantía. Los precios mínimos de garantía que fije el Ministerio de Agricultura, mediante resolución motivada, deberá considerar los precios de los mercados internacionales, el margen de protección otorgado por el régimen arancelario, los costos portuarios y los costos de almacenamiento de las cosechas nacionales; en todo caso, el precio fijado no podrá ser inferior al costo mínimo de importación determinado por el régimen arancelario vigente, pudiéndose descontar el costo de almacenamiento de las cosechas nacionales.
PAR.—Estos precios mínimos de garantía serán fijados semestralmente antes del 31 de enero y del 31 de julio de cada año.
ART. 51.— Las pérdidas que se ocasionen en el ejercicio de la función social que desarrolla el Idema serán consolidadas dentro de las finanzas del instituto. Si las finanzas de la entidad no alcanzan a cubrir en su totalidad las mencionadas pérdidas, esta diferencia será asumida por el presupuesto nacional.
ART. 52.— Se autoriza a las entidades del sector agropecuario del orden nacional para mantener su participación accionaria en almacenes generales de depósito de la Caja Agraria, Idema y Banco Ganadero, Almagrario S.A.
ART. 53.— De conformidad con las normas estatutarias y legales correspondientes, la Nación y las entidades del sector agropecuario del orden nacional, dejarán de participar en las corporaciones o centrales de abastos y en la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A., Vecol S.A., dentro de un plazo no mayor al 31 de diciembre de 1994. Este plazo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1996 para las corporaciones o centrales de abastos que aún estén en proceso de construcción.
(Nota: Derogado por el Decreto 1127 de 1999 artículo 20 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
(Nota: Derogado por el Decreto 2478 de 1999 artículo 22 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
ART. 54.— Autorízase al Gobierno Nacional para que dentro de un plazo no mayor de un (1) año, a partir de la vigencia de esta ley, reglamente los objetivos de interés público derivados del proceso de comercialización en los mercados mayoristas y los mecanismos especiales de vigilancia sobre las corporaciones o centrales de abastos.
ART. 55.—Las bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas podrán desarrollar mercados de futuros y opciones con el fin de proteger el riesgo inherente a las fluctuaciones de precios y darle fluidez y liquidez al mercado de productos agropecuarios y pesqueros.
PAR.—Se autoriza al Idema para que pueda actuar en el mercado de futuros y opciones que desarrollen las bolsas de productos agropecuarios y pesqueros.
ART. 56.—En la regulación sobre retención en la fuente sobre transacciones de productos de origen agropecuario y pesquero, el Gobierno Nacional propenderá para que aquellas que se realicen a través de bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas queden exentas de dicha retención.
Tecnología asistencia técnica y sanidad agropecuaria y pesquera
ART. 57.—(Derogado).* Obligación de crear las Umatas y su función. Los municipios y los distritos especiales tendrán la obligación de crear la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria Umata, cuya función única será la de prestar la asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños productores. Los municipios podrán asociarse para el cumplimiento de la anterior obligación.
ART. 58.—(Derogado).* Los recursos de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, a que hace referencia la Ley 60 de 1992 (sic), artículo 21 numeral 6º, se destinarán en forma prioritaria a financiar, como mínimo, los costos de los servicios personales de los profesionales y técnicos intermedios que conformen la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria, sea ésta por contrato o por planta.
ART. 59.—(Derogado).* Supervisión a los municipios. El Ministerio de Agricultura informará al Ministerio de Hacienda y a las entidades cofinanciadoras cuáles municipios no están cumpliendo con la creación de la Umata, su financiamiento y las funciones que les compete desempeñar de acuerdo con las normas vigentes, para los efectos a que haya lugar.
ART. 60.—(Derogado).* Cuando se compruebe ante el Ministerio de Agricultura que un municipio o distrito no cumple con los reglamentos establecidos para la ejecución de las funciones que se le han transferido en materia de asistencia técnica, el gobierno departamental al cual pertenezca, previa autorización del ministerio, podrá convocar a los campesinos beneficiarios para que se organicen y contraten el servicio con gremios o entidades debidamente acreditadas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Agricultura.
ART. 61.—Consejo municipal de desarrollo rural. Los municipios crearán el consejo municipal de desarrollo rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, y cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.
El consejo municipal de desarrollo rural deberá estar conformado, como mínimo, por el alcalde, quien lo presidirá, representantes designados por el concejo municipal, representantes de las entidades públicas que adelanten acciones de desarrollo rural en el municipio, representantes de las asociaciones de campesinos y de los gremios con presencia en el municipio y representantes de las comunidades rurales del municipio, quienes deberán constituir mayoría.
La participación de los miembros de las comunidades rurales deberá ser amplia y pluralista, de manera que garantice la mayor participación y representación ciudadana en las deliberaciones del consejo. Para el desarrollo de sus funciones el consejo de desarrollo rural establecerá comités de trabajo para temas específicos, incluyendo la veeduría popular de los proyectos de desarrollo rural que se adelanten en el municipio.
PAR.—En aquellos municipios en donde exista una instancia de participación ciudadana que permita el cumplimiento de los propósitos de que trata el presente artículo, no será necesaria la creación del consejo municipal de desarrollo rural.
ART. 62.—(Derogado).* Comisión municipal de tecnología y asistencia técnica agropecuaria. Los consejos municipales de desarrollo rural crearán una comisión municipal de tecnología y asistencia técnica agropecuaria, para orientar y vigilar el funcionamiento de la Umata. En esta comisión deberán tener representación mayoritaria los usuarios campesinos. Los gremios de profesionales del agro que tengan presencia en el municipio respectivo deberán estar incluidos.
ART. 63.—(Modificado).* Son funciones de la comisión municipal de tecnología y asistencia técnica agropecuaria las siguientes:
1. Determinar las zonas, veredas y especies agrícolas y pecuarias y acuícolas a atender en forma prioritaria por parte de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria, Umata, y velar por la efectiva prestación del servicio de asistencia técnica gratuita a los pequeños productores rurales.
2. Orientar la distribución de recursos municipales previamente asignados para los proyectos de tecnología y/o asistencia técnica agropecuaria a ser ejecutados en el municipio.
3. Informar al consejo municipal de desarrollo rural sobre el desarrollo de sus actividades y atender los planteamientos que allí se acuerden y que sean de su competencia.
4. Las demás funciones que los municipios y sus respectivos consejos municipales de desarrollo rural consideren pertinentes.
*(Nota: Derogado y modificado por la Ley 607 de 2000 artículos 20 y 21).
ART. 64.—Los concejos municipales reglamentarán la conformación de los consejos municipales de desarrollo rural, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, a iniciativa del alcalde.
PAR.—La vinculación del personal profesional y técnico de la Umata, cuando ésta forma parte de la estructura administrativa del municipio, se debe hacer con sujeción a las normas y procedimientos de la carrera administrativa.
ART. 65.—(Modificado)* El Ministerio de Agricultura, por intermedio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, deberá desarrollar políticas y planes tendientes a la protección de la sanidad, la producción y la productividad agropecuaria del país. Por lo tanto, será el responsable de ejercer acciones de sanidad agropecuaria y el control técnico de las importaciones, exportaciones, manufactura, comercialización y uso de los insumos agropecuarios destinados a proteger la producción agropecuaria nacional y a minimizar los riesgos alimentarios, ambientales que provengan del empleo de los mismos y a facilitar el acceso de los productos nacionales al mercado internacional.
Para la ejecución de las acciones relacionadas con la sanidad agropecuaria y el control técnico de los insumos agropecuarios, el ICA podrá ejercer sus actividades directamente o por intermedio de personas jurídicas oficiales o particulares, mediante delegación, contratación o convenios, y coordinará los aspectos pertinentes con el Ministerio de Salud y con el Inderena, o con la entidad que haga sus veces.
PAR.—Los funcionarios autorizados para estos propósitos tendrán el carácter y las funciones de “inspectores de policía sanitaria”.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2150 de 1995 artículo 112 de la Presidencia de la República).
ART. 66.—El Gobierno Nacional estimulará actividades productivas sostenibles, que contribuyan a la prevención de riesgos, a la protección de la producción agropecuaria nacional y al uso adecuado de los recursos naturales, e incentivará inversiones ambientalmente sanas en el agro colombiano.
ART. 67.—Créase el fondo nacional de protección agropecuaria, con el fin de priorizar y agilizar la disponibilidad de recursos destinados a la ejecución de acciones del ICA en materia de sanidad animal, sanidad vegetal y de insumos agropecuarios.
PAR. 1º—El fondo nacional de protección agropecuaria tendrá un sistema especial de manejo de cuentas, teniendo como base las siguientes fuentes de recursos:
1. Las partidas específicas del presupuesto nacional.
2. Los recaudos directos del ICA, por concepto de servicios tarifados.
3. Los recursos propios del ICA, generados por ingresos de actividades de prevención y control a la producción agropecuaria.
4. Las multas provenientes de infracciones a la presente ley y a los reglamentos.
5. Traslados presupuestales internos.
6. Aportes, donaciones o legados de instituciones.
7. Convenios o créditos internacionales, destinados a la ejecución de programas específicos de protección a la producción agropecuaria nacional.
PAR. 2º—El ICA administrará y reglamentará el fondo nacional de protección agropecuaria.
ART. 68.—Cuando las normas técnicas lo permitan, los consumidores de empaques deberán acreditar como requisito para el reconocimiento fiscal de sus costos el uso de empaques elaborados con fique. Para el efecto el Ministerio de Agricultura fijará anualmente el porcentaje de utilización de empaques de fique de acuerdo con la evolución periódica de la producción nacional de la fibra.
ART. 69.—Para reglamentar lo pertinente a los requisitos para la asistencia técnica en el sector agropecuario y pesquero, incluidas las calidades técnicas de los asistentes contratados en las Umatas, créase la comisión de asistencia técnica agropecuaria. Esta estará integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, de la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, de la Federación Nacional de Ganaderos Fedegan, de la Federación Nacional de Ingenieros Agrónomos de Colombia Fiac y de las asociaciones campesinas.
Inversión social en el sector rural
ART. 70.—Gasto público social. Las erogaciones que la Nación realice para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el artículo 1º de esta ley, constituyen gasto de inversión pública social en los términos del artículo 350 de la Constitución Política.
El gasto público social en el sector rural se establecerá teniendo en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas que residan en zonas rurales, según lo establezca la ley orgánica respectiva.
ART. 71.—Autorízase al Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI, creado por el Decreto 2132 de 1992, para cofinanciar programas de desarrollo rural con organizaciones campesinas o con las comunidades de productores organizados, de acuerdo con la reglamentación especial que para tal efecto expida el Conpes para la política social.
ART. 72.—Los organismos, dependencias y entidades oficiales nacionales competentes en el respectivo sector de inversión, podrán participar tanto técnica como financieramente en la ejecución de los programas y proyectos de las entidades territoriales que sean objeto de cofinanciación, cuando éstos hagan parte de una función municipal o departamental.
Del subsidio familiar campesino
ART. 73.—Creación de la caja de compensación familiar campesina. Créase la caja de compensación familiar campesina como una corporación de subsidio familiar y como persona jurídica sin ánimo de lucro, perteneciente al sector agropecuario y vinculada al Ministerio de Agricultura. La corporación se regirá por las normas del Código Civil que regulan esta clase de instituciones, cumplirán funciones de seguridad social y operará en conformidad con las disposiciones legales relativas al subsidio familiar. El régimen de sus actos y contratos será el usual entre particulares consagrado en el derecho privado y sus trabajadores serán particulares.
La Superintendencia de Subsidio Familiar ejercerá su supervisión y control.
ART. 74.—La caja de compensación familiar campesina sustituirá de pleno derecho a la unidad de negocios de subsidio familiar de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en las actividades relacionadas con el subsidio familiar del sector primario que dicha unidad viene cumpliendo, en los términos establecidos en la presente ley.
La caja de compensación familiar campesina tendrá cobertura nacional y ejercerá estas actividades prioritariamente en el sector primario, ya sea directamente, o en asociación con otras entidades, o mediante contratos con terceros. Sin embargo, podrá actuar como caja de compensación familiar en cualquier otro sector.
La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, facilitará el desarrollo de las actividades de la corporación a través de su red de oficinas en todo el país, en los términos que se acuerden en el contrato que suscribirán para el efecto.
PAR.—Se entiende por sector primario aquél en el cual se realizan actividades de agricultura, silvicultura, ganadería mayor y menor, pesca, avicultura, apicultura, minería y actividades afines. La caja podrá canalizar y ejecutar los subsidios a la demanda legalmente establecidos, en los aspectos que constituyen su objeto. La aprobación de los presupuestos anuales de la caja deberá contar con el voto favorable del Ministro de Agricultura o su delegado, en el consejo directivo.
ART. 75.—Patrimonio de la caja. El patrimonio de la caja de compensación familiar campesina estará formado por los activos y pasivos actualmente vinculados a la operación de la unidad de negocios de subsidio familiar de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y por los aportes que reciba a título gratuito de personas naturales o jurídicas.
ART. 76.—La caja de compensación familiar fampesina será dirigida y administrada por un consejo directivo y un director administrativo, quien será su representante legal.
El consejo directivo estará integrado así:
— El Ministro de agricultura o su delegado, quien lo presidirá.
— El presidente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o su delegado.
— Un representante de los patronos afiliados, por cada una de las regiones Corpes.
— Un representante de los trabajadores afiliados, por cada una de las regiones Corpes.
El director administrativo será designado por el consejo directivo, con el voto favorable del Ministro de Agricultura.
La elección de los representantes de los patronos y de los trabajadores, en el consejo directivo, se hará según el procedimiento que señale el Gobierno Nacional en el reglamento.
ART. 77.—(Derogado).* Establécese el cociente nacional de recaudos provenientes del sector primario, que será el resultado de dividir el monto de recaudos anuales de las cajas de compensación familiar en el sector primario, por el número promedio anual de personas a cargo en el mismo sector, durante el año inmediatamente anterior.
Las cajas cuyos cocientes de recaudos del sector primario, estimados de la misma forma, superen el cociente nacional, deberán redistribuir los excedentes correspondientes hacia las cajas cuyos cocientes sean inferiores a dicho cociente nacional.
Los cocientes para cada caja, el cociente nacional y los mecanismos de redistribución serán establecidos por la Superintendencia de Subsidio Familiar.
PAR. —Para el cálculo de los cocientes que estipula este artículo, se tendrá en cuenta la totalidad del personal de las empresas cuya actividad principal se desarrolle en el sector primario, aun si parte del mismo labora en el sector urbano.
*(Nota: Derogado por la Ley 789 de 2002 artículos 52).
ART. 78—La Superintendencia de Subsidio Familiar deberá elaborar un estudio sobre la cobertura de este servicio en el sector primario, y adoptará las medidas que se requieran para reducir el índice de evasión en el pago de los aportes correspondientes, dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley.
ART. 79.—Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el comité directivo nacional de subsidio familiar de la unidad de negocios de subsidio familiar de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, con la aprobación de la junta directiva de dicha institución, tomará las medidas conducentes a formalizar los traspasos de la propiedad del patrimonio a que se refiere el literal a) del artículo anterior. Tales traspasos deberán ser también autorización(sic), previa evaluación, por la Superintendencia de Subsidio Familiar.
ART. 80.—Dentro del término indicado en el artículo anterior, la Superintendencia de Subsidio Familiar propiciará y coordinará todas las acciones necesarias para que la caja de compensación familiar campesina asuma la totalidad de sus funciones y responsabilidades en relación con el subsidio familiar campesino una vez culmine el citado plazo, con arreglo a todas las disposiciones legales relativas a la dirección, organización, revisoría fiscal, asamblea general y demás aspectos pertinentes, de las cajas de compensación familiar.
ART. 81.—La eliminación en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, de las actividades relacionadas con el subsidio familiar campesino tiene, para todos los efectos legales, la naturaleza de una clausura o cierre parcial pero definitivo de tales actividades. Consiguientemente, una vez la junta directiva de aquella institución suprima los correspondientes cargos en la planta de personal, se producirá la extinción de la relación laboral de quienes los ocupan.
Sin embargo, por el hecho de presentarse esta forma de extinción de la relación laboral, los trabajadores que por razón de ella queden desvinculados de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, tendrán derecho a que la entidad les reconozca y pague una indemnización o compensación que tendrá como referencia cuantitativa los montos legales o convenciones para los eventos de despidos, según el caso.
ART. 82.—No obstante lo previsto en el artículo anterior, los trabajadores oficiales cuyo cargo se suprima tendrán derecho a ser incorporados, según su preparación y experiencia, a los cargos que se creen en la planta de personal de la caja de compensación familiar campesina de acuerdo con las necesidades del servicio, si satisfacen las pruebas de aptitud que adopte el consejo directivo de la corporación.
El ejercicio de la opción entre la vinculación a la caja de compensación familiar campesina y el pago de la indemnización o compensación, corresponde al trabajador oficial.
ART. 83.—Extensión y financiación del subsidio. El consejo directivo de la caja de compensación familiar campesina podrá adoptar y poner en práctica planes de extensión del subsidio familiar en dinero, especie y servicios, para trabajadores del sector primario no asalariados y de menores recursos, cuando tales planes se hallen debidamente financiados por recursos del presupuesto general de la nación o recursos derivados de superávit operacional.
ART. 84.—Incentivo estatal al pago de las primas. El Estado concurrirá al pago de las primas que los productores agropecuarios deban sufragar para tomar el seguro a que se refiere el artículo 1º de la Ley 69 de 1993. Para el efecto, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, podrá fijar valores porcentuales diferenciales sobre el monto de dichas primas que deberán ser asumidos a título de incentivo por el Estado, con cargo a los recursos del presupuesto general de la nación, en un rubro especial asignado para tal efecto al Ministerio de Agricultura en el presupuesto nacional.
Para la efectividad y agilidad en el pago de este incentivo, el Ministerio de Agricultura podrá celebrar contratos de fiducia con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.
ART. 85.—(Derogado).* Para efectos de desarrollar el seguro agropecuario, según lo ordena el artículo 4º de la Ley 69 de 1993, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario será integrada, adicionalmente a los miembros que establece la Ley 16 de 1990, por el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, un representante de las compañías aseguradoras y un representante de los gremios de la producción agropecuaria nombrados en la forma que determine el reglamento. Estos miembros adicionales de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario tendrán voz y voto.
*(Nota: Derogado por el Decreto 2371 de 2015 artículo 5° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
ART. 86.—Las partidas que le sean asignadas en el presupuesto nacional al fondo nacional de riesgos agropecuarios, creado por el artículo 6º de la Ley 69 de 1993, serán hechas a título de capitalización.
ART. 87.—Modifíquese el numeral 2º del artículo 4º de la Ley 69 de 1993, que quedará así:
“2. Se considerará que existe riesgo asegurable, cuando el asegurado desarrolle sus actividades agropecuarias en las mínimas condiciones de tecnología que para cada cultivo haya señalado el Ministerio de Agricultura o la entidad por este determinada”.
ART. 88.—(Derogado)* Las primas de los contratos del seguro agropecuario creado por el artículo 1º de la Ley 69 de 1993 estarán excluidas del impuesto sobre las ventas.
Se entiende que las comisiones de seguros y los intereses generados por las operaciones de crédito a que hace referencia el numeral 3º artículo 476 del estatuto tributario, solamente están exceptuados del impuesto sobre las ventas cuando el servicio financiero haya sido prestado por una entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
(Nota: Derogado el inciso segundo por la Ley 174 de 1994 artículo 13).
(Nota: El inciso segundo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-349 de 1995).
(Nota: Derogado el inciso primero por la Ley 488 de 1998 artículo 154).
Mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo de la política agropecuaria
(Nota: Derogado por la Ley 301 de 1996 artículo 7º).
ART. 89.—Comisión nacional agropecuaria. Créase la comisión nacional agropecuaria como mecanismo de concertación de las políticas del Estado y de participación ciudadana en la gestión pública del sector agropecuario.
ART. 90.—Funciones de la comisión. Son funciones de la comisión nacional agropecuaria las siguientes:
1. Examinar la evolución periódica del sector agropecuario y pesquero y de cada uno de los subsectores que lo integran.
2. Evaluar el grado de bienestar social alcanzado por la población campesina y de pequeños pescadores y proponer las medidas aconsejables para mejorarlo.
3. Considerar el estado del comercio internacional de bienes agropecuarios y sugerir medidas para incrementar la participación de Colombia en el mismo.
4. Conceptuar sobre los programas de inversión social en el campo que el Estado realice o pretenda realizar.
5. Proponer medidas orientadas al incremento de la productividad física y económica del sector agropecuario.
6. Cualesquiera otras de naturaleza semejante o complementaria.
ART. 91.—Integración de la comisión nacional agropecuaria. La comisión nacional agropecuaria estará integrada por:
El Ministro de Agricultura, quien lo presidirá.
Un representante de la Junta Directiva del Banco de la República.
El presidente de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan.
El presidente de la Federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia, FIAC.
Un dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.
Un dirigente de otras organizaciones campesinas, elegido de acuerdo con el reglamento que dicte el Ministerio de Agricultura.
PAR. 1º.—Los ministros de Hacienda y Crédito Público, Comercio Exterior y Desarrollo Económico podrán delegar su participación únicamente en un viceministro. El director del Departamento Nacional de Planeación sólo podrá hacerlo en el jefe de la unidad de desarrollo agrario de dicho departamento.
ART. 92.—En lo pertinente al sector pesquero y acuícola será el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura, Conalpes, creado por la Ley 13 de 1990, el mecanismo de concertación y de participación ciudadana en la gestión pública del sector.
ART. 93.—Celebración de audiencias públicas. La comisión nacional agropecuaria celebrará audiencias públicas cuando así lo soliciten al menos cuatro (4) de sus miembros.
Con el fin de recibir información y criterios útiles para el desempeño de sus funciones, la comisión podrá requerir informes verbales o escritos a los organismos y entidades públicas y a las agremiaciones del sector agropecuario.
Es obligatorio para los servidores del Estado proveerlos, salvo que se trate de asuntos sometidos a reserva legal.
ART. 94.—Periodicidad de las reuniones. La comisión nacional agropecuaria sesionará ordinariamente cuatro (4) veces al año. También lo hará de modo extraordinario cuando las circunstancias lo ameriten, por convocatoria de su presidente o de cuatro (4) de sus integrantes.
ART. 95.—Participación de las organizaciones gremiales del sector agropecuario en la dirección de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura. Para las juntas directivas de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura que carezcan de la representación del sector agropecuario, el gobierno queda autorizado para reformarlas con el fin de incluir en ellas un representante de las entidades gremiales del mismo sector y uno de las asociaciones campesinas.
Control de la política agropecuaria por el Congreso
ART. 96.—Informe anual del Ministro de Agricultura. De conformidad con el artículo 208 de la Constitución Política, el Ministro de Agricultura presentará al Congreso, dentro de los primeros quince (15) días de cada legislatura, un informe pormenorizado de su gestión, el cual necesariamente deberá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:
1. Desempeño del sector agropecuario y de sus diferentes subsectores.
2. Estado de la seguridad alimentaria nacional y de las medidas adoptadas para fortalecerla.
3. Medidas adoptadas por el gobierno en desarrollo de la protección especial que el Estado debe brindar a la producción de alimentos.
4. Evolución del gasto público social en el sector rural, incluidas las sumas previstas para la siguiente vigencia en el proyecto de presupuesto general de la nación.
5. Evolución de los indicadores de bienestar social de la población campesina y pesquera.
6. Contenido de la política que para el sector agropecuario y pesquero viene practicándose, y de la que se considera deseable para el futuro.
7. Evaluación y perspectivas de los planes sectoriales y subsectoriales diseñados y en ejecución.
ART. 97.—Audiencias del Congreso para evaluar la política agropecuaria y pesquera. El informe ministerial a que se refiere el artículo anterior será objeto de amplia difusión por parte del gobierno.
Después de que haya transcurrido un (1) mes desde cuando el informe se haya hecho de conocimiento público, las comisiones quinta de Senado y Cámara efectuarán audiencias con el fin de que los distintos estamentos representativos de la producción agropecuaria y pesquera puedan formular observaciones. La asistencia del Ministro de Agricultura, y de los demás funcionarios que dichas comisiones consideren necesaria, es obligatoria.
También podrá ordenarse la comparecencia a estas audiencias de cualquier persona natural o jurídica que pueda aportar elementos de juicio útiles para el examen de la política agropecuaria y pesquera.
ART. 98.—Facultades extraordinarias. Concédese facultades extraordinarias al Presidente de la República para los fines y por los términos indicados a continuación:
1. Para crear el Viceministerio de Desarrollo Rural Campesino, reestructurar administrativa y operacionalmente el Ministerio de Agricultura, con el fin de adecuarlo a los objetivos de esta ley y del proceso de descentralización política, y reorganizar el fondo de organización y capacitación campesina; por el término de seis (6) meses.
2. Para establecer la exención del impuesto al valor agregado IVA, que se crea por este artículo, sobre los servicios intermedios destinados a la adecuación de tierras, la producción agropecuaria y pesquera y la comercialización de los respectivos productos; las zonas de fronteras tendrán un tratamiento prioritario en estas materias; por el término de tres (3) meses.
3. Con el propósito de frenar el deterioro que viene experimentando el sector tabacalero, revisar el régimen tributario aplicable a los cigarrillos, crear un fondo de compensación para neutralizar los efectos que tal revisión tenga sobre los ingresos de los departamentos, y realizar las apropiaciones necesarias para efectuar las debidas transferencias al referido fondo de compensación; el texto de los decretos que se expidan con la finalidad indicada en este ordinal deberá contar con concepto favorable de la comisión de asuntos fiscales y tributarios designada por la conferencia de gobernadores; por el término de seis meses.
Los términos indicados se contarán a partir de la vigencia de la presente ley.
(Nota: El numeral tercero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-246 de 1995).
ART. 99.— Autorízase a la Nación para que hasta por sesenta mil millones de pesos ($ 60.000.000.000 m/l), emita bonos agrarios y otorgue su garantía a los títulos de deber del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora, de que trata la Ley 30 de 1988.
*(Nota: Derogado por la Ley 1152 de 2007 artículo 178)
ART. 100.—Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
CAPÍTULO XIV (Nota: Adicionado por la Ley 811 de 2003 artículo 1º).
CAPÍTULO XV (Nota: Adicionado por la Ley 811 de 2003 artículo 2º).
CAPÍTULO XVI (Nota: Adicionado por la Ley 811 de 2003 artículo 3º).
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 1993.

References: artículo 65
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 66
 artículo 26
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 8
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 2
 resolución 
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 21
 artículo 112
 artículo 1
 artículo 350
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 476
 artículo 13
 artículo 154
 artículo 7
 artículo 208
 artículo 178
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3