Source: https://tc.vlex.es/vid/-514148874
Timestamp: 2019-06-20 16:14:44+00:00

Document:
STC 74/2014, 8 de Mayo de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 514148874
Número de Recurso: 4821-2008
Recurso de inconstitucionalidad 4821-2008. Planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de oliva virgen.
El 19 de junio de 2008 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional escrito de la Abogado de la Generalitat de Cataluña por el que, en la representación que ostenta, interpone conflicto positivo de competencia, en relación con los arts. 1, 3 b), 6, 7 y disposición adicional única, apartado 2, del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de oliva virgen.
Este Tribunal, mediante providencia de 1 de julio de 2008, acordó admitir a trámite, a propuesta de la Sección Segunda, el conflicto positivo de competencia promovido por la Generalitat de Cataluña, acordando dar traslado de las actuaciones al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que, en el plazo de veinte días y bajo la representación procesal que señala el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pudiera personarse en los autos y aportar cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Se acordó asimismo comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para el caso de encontrarse impugnado o se impugnare el referido Real Decreto, en cuyo caso se suspendería el curso del proceso hasta la decisión del conflicto. Igualmente, la citada providencia acordó la publicación de la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
El 7 de julio de 2008, fue registrado ante este Tribunal escrito del Abogado del Estado en el que se daba por personado y solicitaba una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones. Por providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 8 de julio de 2008, se tiene por personado al Abogado del Estado y se le prorroga en diez días más el plazo concedido, a contar desde el día siguiente al de expiración del ordinario.
El 17 de septiembre de 2008, presentó la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno de Nación, escrito de alegaciones en el que solicita se dicte Sentencia desestimatoria de la demanda y se declare que la competencia controvertida corresponde al Estado.
Por providencia de 6 de mayo de 2014 se señaló, para deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 8 del mismo mes y año.
El objeto del presente conflicto positivo de competencias se circunscribe a los arts. 1, 3 b), 6, 7 y el apartado segundo de la disposición adicional única del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles catadores de aceite de oliva virgen. Dicha disposición establece, al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.13 CE (disposición final primera), un sistema de control anual que permitirá, como así se dispone en ella, asegurar el adecuado cumplimiento de los requisitos para controlar los diferentes tipos de aceite, y en especial las características organolépticas de los aceites vírgenes, exigidos por el Reglamento (CEE) núm. 2568/91, de la Comisión, de 11 de julio de 1991, relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis, en orden a garantizar al consumo la calidad de estos productos.
Los paneles de catadores autorizados para la realización del control oficial que se comunican por España a la Unión Europea deberán cumplir los siguientes requisitos: b) Poseer la autorización para ello de la comunidad autónoma donde se ubique el panel y, en su caso, del órgano competente de la Administración General del Estado.
A fin de perfilar cuales son las competencias esgrimidas por el Estado y la Generalitat de Cataluña, hemos de comenzar por señalar que el art. 116.1 a) y b) EAC, que la Abogada de la Generalitat esgrime como precepto que atribuye la competencia exclusiva en la regulación y el desarrollo de la agricultura, la ganadería y sector agroalimentario, y la regulación y ejecución sobre la calidad, la trazabilidad y las condiciones de los productos agrícolas, debe ser entendido en los términos en los que fue interpretado por este Tribunal en la STC 31/2010, de 28 de junio, el art. 110 EAC y en concreto, la expresión “en todo caso” que acompaña, como en este caso, a los artículos que describían el contenido de las materias. Dijimos entonces que “el art. 110 EAC no es contrario a la Constitución en tanto que aplicable a supuestos de competencia material plena de la Comunidad Autónoma y en cuanto no impide el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado ‹/i ‹ /i› ‹ i› › ‹i › ex ‹/i ›‹ i› ‹i › ‹ / ‹/ i›i› art. 149.1 CE, sea cuando éstas concurren con las autonómicas sobre el mismo espacio físico u objeto jurídico, sea cuando se trate de materias de competencia compartida, cualquiera que sea la utilización de los términos ‘competencia exclusiva’ o ‘competencias exclusivas’ en los restantes preceptos del Estatuto, sin que tampoco la expresión ‘en todo caso’, reiterada en el Estatuto respecto de ámbitos competenciales autonómicos, tenga otra virtualidad que la meramente descriptiva ni impida, por sí sola, el pleno y efectivo ejercicio de las competencias estatales” (FJ 59). Y es que hemos dicho que “tanto la definición de las potestades, facultades y funciones que integran el contenido funcional de las competencias, que el recurrente llama blindaje por definición, como la técnica de la descripción de las materias y submaterias sobre las que la Comunidad Autónoma asume competencias, que denomina blindaje por descripción, tienen un sentido meramente descriptivo y no impiden, limitan o menoscaban el ejercicio de las competencias estatales (STC 31/2010, FFJJ 58 y 64)” (STC 137/2010, de 16 de diciembre, FJ 9).
Hemos afirmado con carácter general que “el ejercicio de las competencias asumidas como exclusivas por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, tiene como límite el ejercicio de las competencias propias del Estado, bien como consecuencia de la concurrencia de otros títulos competenciales —como ocurre, por ejemplo, cuando la competencia del Estado en comercio exterior (art. 149.1.10 CE) o sobre la planificación general de la economía (art. 149.1.13 CE) se superpone a la competencia autonómica de turismo (STC 13/1988, de 4 de febrero, FFJJ 1, 2, 3 y 9, en materia de ‘ferias internacionales’)—; bien como consecuencia de la afectación de un interés nacional o —como señalamos en la STC 133/1990, de 19 de julio, (en relación con la materia ‘protección civil’)— de ‘la necesidad de prever la coordinación de Administraciones diversas, bien por el alcance del evento (afectando a varias Comunidades Autónomas) o bien por sus dimensiones, que pueden requerir una dirección nacional de todas las Administraciones públicas afectadas, y una aportación de recursos de nivel suprautonómico’ (FJ 6). Límites o condicionamientos que no excluyen ‹/i ‹ /i› ‹ i› › ‹/ i› ‹/i › per ‹ /i› ‹ i› s e ‹/i › la proyección extraterritorial o internacional de las competencias autonómicas cuando ello sea posible” (STC 80/2012, de 18 de abril, FJ 7).
En concreto sobre la competencia estatal de “ordenación general de la economía” (art. 149.1.13 CE), “la doctrina constitucional tiene establecido que bajo la misma encuentran cobijo tanto las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector concreto como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector (SSTC 95/1986, 213/1994, etc.). No obstante, la jurisprudencia constitucional también ha precisado (SSTC 125/1984, 76/1991) que dicha competencia estatal no puede extenderse hasta incluir cualquier acción de naturaleza económica si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general (SSTC 186/1988, 133/1997), pues, de no ser así, se vaciaría de contenido u na mate ri a y un títul o compe te ncial más específico (STC 112/1995)” (STC 99/2 01 2, de 8 de mayo, FJ 3 ). Ta mb ién hemos afirmado que la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE tiene un “carácter transversal”, ya que “aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como ‘exclusiva’ en su Estatuto … esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica” [STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3 d)]. Igualmente, se ha destacado que el posible riesgo de que por este cauce se produzca un vaciamiento de las concretas competencias autonómicas en materia económica obliga a enjuiciar en cada caso la constitucionalidad de la medida estatal que limita la competencia asumida por una Comunidad Autónoma como exclusiva en su Estatuto, lo que implica un examen detenido de la finalidad de la norma estatal de acuerdo con su ‘objetivo predominante’, así como su posible correspondencia con intereses y fines generales que precisen de una actuación unitaria en el conjunto del Estado [por todas, STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3 d)]” (STC 143/2012, de 2 de julio, FJ 3). Y es que si bien es evidente, como ya hemos afirmado, que “el Estado retiene ciertas capacidades en aquellos aspectos sectoriales de la economía que pudieran ser objeto de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas pero que deben acomodarse a las directrices generales mediante las que aquél fija las bases de la planificación económica y coordina la misma”, no lo es menos que “dichas facultades de supervisión no pueden suponer en ningún caso que se desfigure un reparto constitucional y estatutario de competencias en el que las Comunidades Autónomas han recibido importantes responsabilidades en materia económica” (STC 77/2004, de 29 de abril, FJ 4).
Expuesto el alcance que cabe atribuir a la competencia estatal recogida en el art. 149.1.13 CE, estamos ya en condiciones de analizar en detalle si los preceptos concretamente impugnados encuentran o no cobertura constitucional en la competencia estatal aludida. Previamente hemos de recordar que en la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, tuvimos ocasión de afirmar que el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación, así como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector. Más en concreto, en la reciente STC 34/2013, de 14 de febrero, FJ 9, hemos atendido a la importancia para la economía general de un sector de la agricultura como es el vitivinícola para fundar en ello la competencia del Estado ‹/i ‹ /i› ‹ i› › ‹i › ex ‹/i ›‹ i› ‹i › ‹ / ‹/ i›i› art. 149.1.13 CE. Importancia de la que tampoco cabe dudar respecto del sector oleícola en cuanto que constituye uno de los componentes principales del sistema agroalimentario español por su importancia económica, social, territorial, medioambiental y de salud pública, lo que ha justificado la creación de una estructura administrativa específica a través del organismo autónomo Agencia para el Aceite de Oliva (hoy sucedida por la Agencia de Información y Control de alimentos, creada por la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto) , dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), en cuyas publicaciones puede observarse la importancia de la producción de aceite y de su exportación, así como la extensión del cultivo, hasta el punto de ser España el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva y de aceitunas de mesa, con la mayor superficie de olivar y el mayor número de olivos. A escala nacional, el olivar es el segundo cultivo en extensión, después de los cereales, y está presente en 34 de las 50 provincias españolas, llegando en Andalucía a representar el 60 por 100. En definitiva, la relevancia del mercado del aceite de oliva —hacia el exterior por su dimensión y hacia el interior por la generalización territorial de la producción—, justifican la adopción de medidas homogeneizadoras en un aspecto como el de la valoración organoléptica que tanto incide en la determinación de la calidad del aceite y, consecuentemente, en el crédito exterior de un producto en el que España es primer exportador, así como en la articulación adecuada el mercado interior del mismo.
Por lo demás, la estructura del razonamiento de la Comunidad Autónoma impugnante pone de manifiesto que su reproche competencial no pone en cuestión la competencia estatal para regular algunos aspectos de la producción y comercialización del aceite de oliva sino tan sólo que alguna de las medidas contenidas en el Real Decreto impugnado se mantengan en los límites de lo admisible al amparo de la competencia estatal en ma teria d e “ba ses y coo rdinaci ón de l a planifi cación de la actividad económ ica”, competen cia est atal qu e, hemos de insistir, no se cuestiona in genere ni respecto del concreto sector oleícola, sino tan sólo en alguna de concretas medidas incorporadas al Real Decreto impugnado.
El primero de los artículos a los que se reprocha la invasión competencial es el apartado 2 del art. 1, en cuanto reserva a la Administración general del Estado la competencia para autorizar los paneles de catadores en el caso de importaciones y exportaciones, pues supone la reserva al Estado de una competencia ejecutiva que de ordinario corresponde a las Comunidades Autónomas y que no se alteraría por el hecho de que el aceite esté destinado a la exportación.
Este Tribunal ha tenido ya ocasión de establecer criterios claros de delimitación entre el título competencial “comercio exterior” y el que tiene que ver con los sectores materiales a los que se refieren los productos objeto del comercio. De esta doctrina es exponente la STC 313/1994, de 24 de noviembre, en la cual se distingue entre la actividad destinada a determinar y controlar las características y calidad de los productos con destino a su comercialización —encuadrable en los títulos sectoriales específicos relativos a los productos comercializados de que se trate— y aquella actividad pública que regula de modo directo el régimen de intercambio de los productos —perteneciente al ámbito competencial del comercio—. Más en particular, en la STC 21/1999, de 25 de febrero, concluimos que la actividad consistente en certificar las características de determinados materiales forestales de reproducción para su importación o exportación y de semillas destinadas a la exportación ha de encuadrarse en la materia de montes y aprovechamientos forestales respecto de la cual la Comunidad Autónoma demandante tenía competencia ejecutiva y no en el título competencial relativo al comercio. Pues bien, la norma a la que se reprocha la invasión competencial atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para autorizar los paneles de catadores de aceite por cuanto se trata de una competencia ejecutiva asumida con carácter exclusivo por la Comunidad Autónoma recurrente, siendo la cuestión controvertida si tal competencia se altera en su titularidad por el hecho de que los paneles de catadores hayan de intervenir en los casos de importación y exportación de aceite, esgrimiéndose por el Estado su competencia exclusiva en materia de comercio exterior, régimen aduanero y arancelario ‹/i ‹ /i› ‹ i› › ‹i › ex ‹/i ›‹ i› ‹i › ‹ / ‹/ i›i› art. 149.1.10 CE.
Los arts. 6 y 7 del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, configuran un sistema de ensayos de aptitud de los paneles de catadores que hayan sido autorizados por quien ostente la competencia para ello (bien las Comunidades Autónomas o bien el Estado ‹/i ‹ /i› ‹ i› › ‹i › ex ‹/i ›‹ i› ‹i › ‹ / ‹/ i›i› art. 1.2 ya analizado), estableciendo la obligación de participar en al menos dos ensayos al año y en todos aquellos de ámbito estatal, comunitario o internacional que sean obligatorios según la normativa de que se trate. Se disciplina el contenido mínimo de los ensayos, consistente en la evaluación de cinco muestras de aceite de oliva virgen, que deberán ajustarse a la normativa ISO correspondiente, y son las Comunidades Autónomas las que comunican a la Administración general del Estado los paneles que desean que participen en cada ensayo, de cuyo calendario de realización se comunica anualmente por el Estado a las Comunidades Autónomas.
Ya hemos anticipado que, aceptado por las partes que el encuadramiento material de los preceptos de los que ahora tratamos es el de agricultura, materia sobre la que Cataluña tiene competencia exclusiva, lo que hemos de resolver es si la concreta medida analizada encuentra cobertura constitucional en la competencia estatal sobre “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13 CE) a la vista de la importancia del sector oleícola que ya hemos sentado como una de las bases de nuestro razonamiento. Para comenzar hemos de recordar que la competencia transversal de la que tratamos puede ejercerse tanto a través de medidas normativas como ejecutivas, pues lo determinante es su utilidad para la consecución del objetivo de política sectorial propuesto. Pues bien, el análisis conjunto de los preceptos impugnados y del resto de los que integran el Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, revela que la finalidad perseguida es la de dar cumplimiento a las exigencias de la normativa comunitaria sobre homogeneidad en la determinación de las características de los aceites de oliva, los métodos de análisis requeridos para controlar sus diferentes tipos y en especial las características organolépticas de los aceites de oliva virgen . Aun cu ando y a hemos recordado en el presente caso q ue la e xigenc ia de da r cump l imient o a la normativa comunitaria no altera per se el reparto constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, tampoco cierra el paso al despliegue de título competencial alguno, señaladamente de un título transversal como el recogido en el art. 149.1.13 CE, si concurren los presupuestos necesarios para hacer uso constitucionalmente legítimo del mismo. Cuando el derecho comunitario afecta a un sector o subsector de tanta relevancia en nuestra economía, en términos absolutos y relativos, como el del aceite de oliva, el cumplimiento de la normativa y de los objetivos comunitarios (no por comunitarios, sino en razón de su objetiva relevancia) cobra una singular importancia dada la trascendencia que el incumplimiento de aquella y estos pueda llevar consigo en términos de pérdida de crédito comercial e incluso de debilitamiento de la posición de nuestra administración en los continuos procesos de negociación comunitaria. A ello se une que el establecimiento de garantías de calidad del aceite de oliva tiene también efectos en el mercado interior dada la extensión territorial de la producción de aceite a la que ya nos hemos referido, de modo que la efectividad del sistema de garantía de calidad del aceite (en particular la homogeneidad de su funcionamiento) se orienta también a garantizar la correcta articulación del mercado interior. Con este punto de vista fácilmente se comprende la dimensión supraautonómica de la necesidad de garantizar un funcionamiento satisfactorio del sistema de control oficial de la calidad del aceite de oliva en un aspecto tan sensible como el de las características organolépticas del aceite de oliva virgen, dependiente de un tipo de análisis tan singular y específico como es el sensorial.
En segundo término ha de destacarse que el sistema de coordinación y control anual al que se reprocha la invasión competencial opera sin menoscabar la competencia ejecutiva que primera y principalmente se encomiendan a las Comunidades Autónomas. En efecto, el Real Decreto analizado atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para autorizar los paneles de catadores que van a estar habilitados para realizar el control oficial de la calidad del aceite de oliva virgen, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria y por el propio Real Decreto —principalmente arts. 2, 3 y su anexo—. Quiere decirse que la intervención del Estado no se produce de forma d irecta reservá ndose la comp etencia para l a autori zación de los paneles de catadores y vaciando la co mpetenci a autonómica, sino en un se gundo ni vel propio de la posición de garante ad extra del adecuado funcionamiento del sistema de paneles de catadores habilitados para el control oficial, tal como pone en evidencia que sea la Administración general la que ha de comunicar anualmente a la Comisión Europea la lista de paneles autorizados para la realización del control oficial, y su composición, que han superado los ensayos de aptitud (art. 9 del Real Decreto citado). Consecuentemente, el grado de incidencia de la medida controvertida se mantiene dentro de los límites imprescindibles, y afecta, no cabe olvidarlo, no sólo a los paneles autorizados por las Comunidades Autónomas, sino también a los que lo hayan sido por la Administración general del Estado conforme al ya analizado art. 1.2.
Todo lo anterior permite co ncluir que los prec ep tos impugnados constituyen u na intervención est at al en el ámbito material de la regulación y el des ar rollo de la agricul tu ra y el sector agroaliment ar io amparada en el t ít ulo competencial que corresponde al Estado ex art. 149.1.13 CE, no suponiendo por tanto invasión de la competencia autonómica sobre dicho ámbito material, pues aunque se enuncia como exclusiva, se asume “respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de la Constitución” (art. 116.1 EAC). Y es que, tal como ya hemos recordado, la técnica de la descripción de las materias y submaterias sobre las que la Comunidad Autónoma asume competencias “no impiden, limitan o menoscaban el ejercicio de las competencias estatales (STC 31/2010, FFJJ 58 y 64)” (STC 137/2010, de 16 de diciembre, FJ 9).
Declarar que el apartado 2 del art. 1 del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de oliva virgen, en la interpretación que se realiza en el fundamento jurídico 5 de esta Sentencia, no invade las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Desestimar el presente conflicto positivo de competencias en todo lo demás.
Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez a la Sentencia que resuelve el conflicto positivo de competencia núm. 4821-2008 al que se adhieren las Magistradas doña Adela Asua Batarrita y doña Encarnación Roca Trías y los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos.
En su examen de los arts. 1 y 3 b) el fundamento jurídico 5 de la Sentencia de la mayoría descarta el encuadramiento de las disposiciones controvertidas en la materia “comercio exterior” (art. 149.1.10 CE), aplicando correctamente la ya consolidada doctrina constitucional que distingue entre la actividad destinada a controlar las características y la calidad de los productos con destino a su comercialización (actividad encuadrable en los títulos específicos relativos a cada producto, aquí indudablemente la agricultura) y la actividad que regula de modo directo el modo de intercambio de productos. En ese sentido sigue el modo de razonar de la STC 313/1994, de 24 de noviembre y, muy especialmente, la de la STC 21/1999, de 25 de febrero, por lo demás reiterada en las SSTC 186/1999, de 14 de octubre, FJ 5; 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 16; 190/2000, de 13 de julio, FJ 5, y 33/2005, de 17 de febrero, FJ 11. En suma, con este razonamiento, la Sentencia de la mayoría abordaba acertadamente la cuestión, pues como se deduce de tal doctrina constitucional son las Comunidades Autónomas, en cuanto titulares de las competencias exclusivas en materia de agricultura, las competentes para controlar los aspectos agroalimentarios del producto previos a su comercialización.
El segundo punto de mi discrepancia se refiere a los impugnados arts. 6 y 7, preceptos que configuran un sistema de ensayos de aptitud de los paneles de catadores que hayan sido autorizados por quien ostente la competencia para ello (bien las Comunidades Autónomas o bien el Estado ‹/i ‹ /i› ‹ i› › ‹i › ex ‹/i ›‹ i› ‹i › ‹ / ‹/ i›i› art. 1.2), estableciendo la obligación de participar en al menos dos ensayos al año y todos aquellos de ámbito estatal, comunitario o internacional que sean obligatorios según la normativa de que se trate. Se disciplina el contenido mínimo de los ensayos, consistente en la evaluación de cinco muestras de aceite de oliva virgen, que deberán ajustarse a la normativa ISO correspondiente, y son las Comunidades Autónomas las que comunican a la Administración General del Estado los paneles que desean que participen en cada ensayo, de cuyo calendario de realización se comunica anualmente por el Estado a las Comunidades Autónomas.
Las otras dos razones aportadas eluden el problema. La primera es que “el sistema de coordinación y control anual al que se reprocha la invasión competencial es una medida complementaria o adicional a las que primera y principalmente se encomiendan a las Comunidades Autónomas”. Lo que aquí se enjuicia es si el Estado dispone de título suficiente para poder hacer lo que hace y p ara d et erminarlo es i ndife re nte el carácter de la medida, ya que l o úni co importante es si e l Estado está constitucionalmente habilitado ex art. 149.1.13 CE y si esa medida es necesaria para el cumplimiento de los objetivos que dice perseguir la norma básica. La segunda es que las Comunidades Autónomas “no quedan marginadas del sistema de coordinación y control controvertido”, lo que es, nuevamente indiferente, respecto a lo aquí discutido. En ese sentido, si el Estado es competente, lo será aunque las Comunidades no participen y si no lo es de nada sirve que establezca mecanismos de participación en una materia en la que sus competencias no le habilitan para actuar en los términos que se desprenden de los preceptos impugnados.
En tercer lugar, considero que la Sentencia de la mayoría tampoco examina adecuadamente la cuestión relacionada con la disposición adicional única.2, relativa a la posible designación de un laboratorio nacional de referencia.
SAP Cantabria 330/2003, 15 de Octubre de 2003

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 artículo 149
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