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Timestamp: 2020-01-17 19:56:50+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 144, de 25/01/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 144
Sesión núm. 134
celebrada el miércoles, 25 de enero de 2006
-Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación. ("BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2005). (Número de expediente 130/000027.) ...
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Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página 7292)
-Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación ... (Página 7292)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expone las razones que han obligado a la promulgación del Real decreto-ley. Señala que durante el año 2005 el Ministerio de Economía y Hacienda impulsó la negociación entre los interlocutores sociales a través de un grupo de trabajo que estudiase los temas relacionados con la previsión social complementaria. Entre esos temas se incluían las dos materias objeto de este Real decreto-ley, que articula el texto sobre el que se llegó a un acuerdo a lo largo del mes de diciembre último.
Alude en primer lugar a la modificación del régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, modificando a través del artículo primero del Real decreto-ley la disposición transitoria segunda del texto refundido de la ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, estableciendo que los planes de pensiones a 31 de diciembre de 2001 mantendrán la distribución de representantes en la comisión de control del plan prevista en sus especificaciones a día de la fecha o la establecida en modificaciones posteriores por acuerdo de negociación colectiva. En cuanto a lo previsto respecto a los requisitos mínimos de votos favorables para adoptar acuerdos que afecten a determinadas materias, se mantiene vigente la obligación establecida en la ley 24/2001, de adaptación de las especificaciones de los planes preexistentes a dichos preceptos, por lo que en caso de no haberse realizado tal adaptación antes del 1 de enero de 2006 estos preceptos se aplicarán directamente.
Respecto al segundo de los aspectos objeto del Real decreto-ley, referido a los denominados planes de jubilación, a través del artículo segundo se atienden las consideraciones expuestas por los interlocutores sociales y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2006 el plazo para la exteriorización de los planes, para permitir a las expresas afectadas la contratación o creación de instrumentos de exteriorización bajo las nuevas condiciones reguladas, dirigidas a facilitar tal exteriorización.
Justifica por último la urgencia del Real decreto-ley en la necesidad de modificar normas transitorias o con rango de ley que establecían obligaciones de adaptación dentro de un plazo que vencía el 31 de diciembre de 2005, por lo que la entrada en vigor de la modificación debía producirse antes de enero de 2006.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene de nuevo el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por 168 votos a favor, 125 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, es rechazada por 128 votos a favor, 165 en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las doce y veinte minutos del mediodía
REAL DECRETO-LEY 16/2005, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE ADAPTACIÓN DE LAS COMISIONES DE CONTROL DE LOS
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PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO Y SE REGULA LA ADAPTACIÓN DE DETERMINADOS COMPROMISOS POR PENSIONES VINCULADOS A LA JUBILACIÓN. (Número de expediente 130/000027.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación. Exposición por un miembro del Gobierno -el señor vicepresidente- de las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley. El Gobierno tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para presentar, a efectos de su convalidación, el Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación. El Gobierno ha adoptado estas medidas en el marco del diálogo con los interlocutores sociales para fomentar la previsión complementaria al sistema público de pensiones y en concreto para solucionar diversas cuestiones de adaptación a la normativa vigente.
En el año 2005 el Ministerio de Economía y Hacienda impulsó la negociación entre los interlocutores sociales a través de un grupo de trabajo que estudiase temas relacionados con la previsión social complementaria.
Entre estos temas se incluían las dos materias objeto de este real decreto-ley, que articula el texto sobre el que se llegó a un acuerdo a lo largo del mes de diciembre del año 2005. Voy a referirme, en primer lugar, a la modificación del régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, para lo que quiero hacer una breve referencia a sus antecedentes.
La Ley 8/1987, de regulación de los planes y fondos de pensiones, introdujo en España los planes de pensiones como instrumento de previsión social complementaria. Una de las características básicas del sistema en la modalidad de empleo es la supervisión por las comisiones de control, órganos constituidos por representantes de la empresa o empresas promotoras y de los trabajadores partícipes. Estas comisiones establecen las normas específicas por las que se rige cada plan concreto y controlan su funcionamiento a lo largo de toda su vida. En origen la ley estableció la mayoría absoluta de la representación de los partícipes en la composición de las comisiones de control en razón de su carácter de beneficiarios últimos de sus prestaciones. Posteriormente, la Ley 24/2001, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que entra en vigor el 1 de enero de 2002, modifica diversos aspectos de la Ley de planes y fondos de pensiones afectando entre otras materias a la regulación de comisiones de control. En concreto, se estableció el criterio general de composición paritaria de la comisión de control no solo para los nuevos planes que se creasen sino también para los preexistentes y además se otorgaba a las partes autonomía suficiente para determinar el régimen de mayoría para la adopción de acuerdos en las comisiones de control pudiendo establecerse mayorías cualificadas. Para la aplicación de estas disposiciones se estableció un plazo transitorio para adaptar, vía negociación colectiva, las comisiones de control, a 1 de enero de 2002, a lo establecido en la ley, transcurrido el cual, de no haberse adoptado el acuerdo, se aplicarían directamente las previsiones legales. Este plazo transitorio se ha ido ampliando en sucesivas reformas legales siendo la última de ellas la operada por el Real Decreto-ley 10/2004, que lo prorrogaba hasta el 31 de diciembre del año 2005.
En el marco del diálogo con los interlocutores sociales se puso de manifiesto que la reforma introducida a la Ley 24/2001 implicaba una alteración sustancial de las condiciones pactadas inicialmente. Estas nuevas condiciones, de haberse aprobado en el momento inicial, podrían haber conducido a empresas y trabajadores a decisiones diferentes sobre los planes o métodos alternativos como los seguros colectivos. Este real decreto-ley atiende a tales consideraciones. Así, su artículo primero modifica la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones estableciendo que los planes de pensiones a 31 de diciembre de 2001 mantendrán la distribución de representantes en la comisión de control del plan prevista en sus especificaciones a día de la fecha o la establecida en modificaciones posteriores por acuerdo de negociación colectiva. En cuanto a lo previsto respecto a los requisitos mínimos de votos favorables para adoptar acuerdos que afectan a determinadas materias, se mantiene vigente la obligación establecida en la Ley 24/2001, de adaptación de las especificaciones de los planes preexistentes a dichos preceptos, por lo que, en caso de no haberse realizado la adaptación antes del 1 de enero de 2006, tales preceptos se aplicarán directamente.
En lo que atañe al segundo de los aspectos objeto del decreto-ley, referido a los denominados premios de jubilación, la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones de 2002 establece, de acuerdo con la redacción dada por la Ley 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, la obligación de las empresas de instrumentar mediante contratos de seguro colectivo o planes de pensiones los compromisos por pensiones
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referidas a su personal asumidos en convenios colectivos u otros acuerdos vinculados a las contingencias de jubilación, incapacidad permanente y fallecimiento. En el ámbito de los compromisos vinculados a la jubilación cabe destacar los denominados premios de jubilación. Estos compromisos, habitualmente establecidos en convenios colectivos sectoriales, consisten en prestaciones de pago único en el momento del cese por jubilación, vinculados a la permanencia del trabajador en la empresa o sector hasta la jubilación anticipada o a la edad ordinaria. Estos premios están extendidos en numerosos sectores de la actividad económica que comprenden gran número de pequeñas y medianas empresas. La Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero, amplió expresamente hasta el 31 de diciembre del año 2004 el plazo para la exteriorización de los premios de jubilación vía contratos de seguro colectivos o vía planes de pensiones.
El plazo de exteriorización de los premios de jubilación fue nuevamente ampliado hasta el 31 de diciembre de 2005 por la Ley 4/2004, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. De nuevo en el marco del diálogo con los interlocutores sociales, se pusieron de manifiesto las dificultades para impulsar y llevar a término dentro de este plazo los procesos de negociación colectiva conducentes a la adaptación y exteriorización de los premios de jubilación y en su caso al establecimiento de planes de pensiones de promoción conjunta sectoriales. La diversidad de cláusulas de los convenios colectivos de distinto ámbito, sectorial y territorial, que regulan los premios de jubilación y denominaciones similares complica una acción negociadora a nivel confederal o estatal. Además, se planteó el esfuerzo financiero que puede suponer la exteriorización de los premios de jubilación, especialmente para las empresas de pequeña y mediana dimensión, en la medida en que han de afrontar el desembolso en primas de seguros o aportaciones a planes de pensiones correspondientes a los costes del compromiso ya devengados. En el real decreto-ley, en su artículo segundo, se atiende a tales consideraciones y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2006 el plazo para la exteriorización de los premios de jubilación para permitir a las empresas afectadas la contratación o creación de instrumentos de exteriorización bajo las nuevas condiciones reguladas, dirigidas a facilitar tal exteriorización.
Estas condiciones son las siguientes. En primer lugar, en la distribución de los costes por servicios pasados, se permite que la financiación del coste del compromiso devengado se realice mediante primas o aportaciones periódicas desde la formalización del seguro o del plan hasta la primera edad de posible acceso a la jubilación con derecho a prestación. En segundo lugar, se permite igualmente la utilización de hipótesis de permanencia en plantilla o tasas de rotación en el cálculo de las primas y las aportaciones, basadas en la experiencia de los sectores. El desarrollo de estas condiciones técnico-financieras, de acuerdo con la habilitación establecida en la norma, está ya siendo abordado por el Ministerio de Economía y Hacienda y será sometido a consulta de los agentes sociales.
Para terminar, quiero indicar simplemente que la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar esta disposición en forma de real decreto-ley se justifica porque, como se ha resaltado, hay que modificar normas transitorias con rango de ley que establecían obligaciones de adaptación dentro de un plazo que vencía el 31 de diciembre de 2005, por lo que la entrada en vigor de la modificación debía producirse antes de enero de 2006; con ello se entiende cumplido el requisito determinado por el artículo 86 de la Constitución. Espero que SS.SS. acuerden la convalidación de este real decreto-ley, que como he ido señalando es el resultado de las negociaciones desarrolladas con los agentes sociales y articula una propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda que cuenta con el respaldo de los mismos como solución de compromiso a ciertas dificultades en las materias que regula esta norma.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho a un turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posiciones. Grupo Parlamentario Mixto, doña María Olaia Fernández, por favor.
Intervengo muy brevemente para manifestar la posición de nuestro grupo respecto a la convalidación del Real Decreto-ley 16/2005. Desde nuestra posición vamos a apoyar esta convalidación porque entendemos que es el resultado de la valoración y el análisis del desarrollo de la Ley 8/1987, así como de las diferentes modificaciones de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y de las correspondientes ampliaciones de plazo para que, a través de la negociación colectiva, se pudiera llegar a acuerdos sobre la composición de las comisiones de control. Entendemos que después de este tiempo hay suficientes posibilidades de analizar el desarrollo de estas regulaciones y que la negociación con los agentes sociales permite una razonable explicación de lo que se recoge en este real decreto y que responde, como digo, a una realidad urgente, precisamente porque tendría que aplicarse ya desde el 1 de enero. Participamos de la necesidad de la urgencia de este Pleno para convalidar este real decreto y de las consideraciones que se hacen en la segunda parte del mismo en cuanto a las jubilaciones. Entendemos que es necesario que se mantenga una posibilidad de modificación mediante el diálogo y la negociación colectiva en cuanto a las primas o las aportaciones que se hagan a las bolsas o planes de pensiones. Efectivamente el real decreto facilita esta cuestión, del mismo modo que
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facilita la posibilidad de ampliación en el puesto de trabajo de las personas sujetas a los derechos de estos planes de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Olaia.
Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Vista la explicación que el señor vicepresidente segundo del Gobierno nos ha dado como ministro de Economía y Hacienda para tutelar lo que ya va siendo una especie de maraña legislativa sobre los fondos de pensiones y toda la legislación que se ha venido produciendo al respecto desde la ley originaria, la Ley 8/1987, de regulación de los planes y fondos de pensiones, nos vemos obligados a poner un ritmo en cuanto a los plazos que habían vencido el 31 de diciembre del pasado año para que esto tuviera la debida adecuación. Tengamos en cuenta que esta materia, como he comentado ya, una especie de bosque legislativo, con modificaciones que la mayoría de las veces se han referido a la ampliación del plazo que las comisiones de control, que es donde está el problema, tienen que tomarse para que las reclamaciones que puedan presentarse en las mismas, bien por la parte empresarial o bien por la parte de los comités de empresa, de los trabajadores y de los sindicatos, tengan la adecuada conformidad con los principios legales, ha venido produciendo una legislación, señor presidente, del siguiente tenor a partir de la Ley 8/1987, de regulación de los planes y fondos de pensiones. Está, por ejemplo, la Ley 24/2001, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, es decir, una ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 que entraba ya en la regulación.
Posteriormente, se redacta el texto refundido de la regulación de los planes y fondos de pensiones, que se aprueba por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, para establecer una disposición transitoria también de ampliación. A continuación, se aprueba el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, que viene a regular, en su artículo 30, el reglamento de planes y fondos de pensiones. A esta norma legislativa le sigue el Real Decreto-ley 10/2004, de 23 de diciembre, que viene a hacer una adaptación de las comisiones de control preexistentes a la Ley 8/1987 y a incidir en el funcionamiento de las comisiones de control de los planes de empleo. Si a eso le sumamos además la Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero, que viene a incidir también en esta materia, nos daremos cuenta de que es necesario poner un poco de pausa y orden en esta legislación. La fecha del 31 de diciembre de 2005 ya ha prescrito, por lo que es preciso establecer con la máxima urgencia una nueva prórroga, que es lo que pretende fundamentalmente este real decreto-ley que hoy nos ocupa, hasta el 31 de diciembre de 2006 para que las comisiones de control puedan atender a los dos principios reguladores que se señalan en su texto articulado, tanto en su artículo primero, que se refiere a las modificaciones del régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control, como en su artículo segundo, sobre el plazo de adaptación y condiciones especiales para el aseguramiento de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.
Señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley por la necesidad perentoria de adecuar los plazos finales al 31 de diciembre de 2006 para que estas comisiones de control puedan recoger todas las incidencias ajustadas a ley, en beneficio de todos los partícipes de estos planes de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Pérez.
En primer lugar, quiero señalar que en materia de previsión colectiva incluida en el diálogo social existe un conflicto larvado entre Gobierno y sindicatos. De hecho, las conversaciones están suspendidas desde el verano debido precisamente a las dificultades de sacar adelante los dos temas que se incluyen en este decreto que, quizás en el límite del plazo, salva la situación que provocaría el final de los plazos establecidos en la normativa respecto de estos dos temas, previsto para el 31 de diciembre de 2005. Mediante este real decreto-ley se modifica el régimen transitorio establecido en la Ley de 2001, de forma que las comisiones de control existentes antes del 1 de enero de 2002 puedan mantener su composición, mayoritaria de los partícipes, sin necesidad de acuerdos colectivos expresos, dejando libertad para que en el futuro pueda modificarse su composición o adoptar la paridad mediante la negociación colectiva. En realidad, esto, y no lo que unilateralmente impuso el Partido Popular, es lo natural, ya que en definitiva son los agentes sociales los que legítimamente han de establecer dicha composición. La aplicación directa de la paridad, como establecía la Ley de 2001, afectaba al equilibrio establecido en las comisiones de control constituidas al amparo de la normativa anterior y podía generar conflictividad en su funcionamiento, como en alguna ocasión hemos defendido en esta Cámara. Así, el decreto mantiene la distribución de representantes prevista en las especificaciones a esa fecha o en la establecida posteriormente, si se ha hecho mediante acuerdo de negociación colectiva. En una palabra, se recupera la situación legal que existía cuando se efectuaron las correspondientes negociaciones de externalización de compromisos y permite mantener la mayoría en manos de los trabajadores en los términos establecidos inicialmente, sin alterar el equilibrio contractual originario.
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En cuanto a los premios de jubilación hablamos, por tanto, de prestaciones de pago único en el momento del cese por jubilación vinculadas a la permanencia del trabajador en la empresa o en el sector hasta su jubilación ordinaria o anticipada. La exteriorización de los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores se aprobó por la Ley de ordenación y supervisión del seguro privado de 1995, con el objetivo de asegurar una mayor garantía del cobro de las pensiones privadas por los trabajadores, ya que se trasladaba la gestión de los fondos a instrumentos financieros especializados y especialmente supervisados como son los planes y fondos de pensiones y los seguros colectivos. Los sindicatos han reiterado en el diálogo social las dificultades para la adecuada exteriorización de dichos planes, dada la diversidad de cláusulas en los convenios de distintos ámbitos sectoriales y territoriales y el esfuerzo financiero que supone para las pequeñas y medianas empresas el desembolso de primas de seguro o aportaciones a los planes de pensiones correspondientes a los costes ya devengados, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de prestaciones solo se mantiene en tanto que los trabajadores permanezcan en la empresa o en el sector hasta la edad de jubilación. Debe reconocerse que el real decreto-ley establece unas condiciones técnicas y financieras específicas para que las empresas puedan flexibilizar y ajustar la financiación a sus capacidades y a la dinámica de sus plantillas. En primer lugar, se autoriza el uso de hipótesis de permanencia en la empresa o sector, es decir, las tasas de rotación para el cálculo de las primas y aportaciones basadas en la experiencia sectorial. El proyecto reafirma -y esto es importante- la necesidad de externalizar dichos compromisos, aunque se admiten elementos que difieren y flexibilizan el coste para las empresas, concretamente la posibilidad de proyección futura de la totalidad de los costes sin reconocimiento de servicios pasados, así como la toma en consideración de coeficientes de mantenimiento o tasas de rotación de plantillas que en nuestra opinión plantea problemas técnicos aún no resueltos, fundamentalmente porque no existe experiencia estadística aplicable.
Además, se extiende el plazo de exteriorización para que las nuevas condiciones puedan ser aplicadas por los agentes sociales en la negociación de acuerdos para la promoción conjunta de planes sectoriales o supraempresariales y la suscripción de seguros colectivos. El hecho de que el Ministerio de Economía deba elaborar en los próximos meses, previa consulta con los agentes sociales, una orden ministerial que regule la aplicación de estas hipótesis de rotación no es totalmente tranquilizador si ello pudiera retrasar nuevamente la exteriorización de estos premios de jubilación. En definitiva, el decreto hace un esfuerzo para facilitar las obligaciones empresariales y debería hacerlo para finalizar decididamente y de una vez con esta cuestión. Es importante destacar como positivo también que estas alternativas de flexibilidad y diferimiento de costes no resultan de obligada aplicación lógicamente pudiendo producirse la externalización también en las condiciones vigentes hasta la fecha, es decir, sin la utilización de tasas de rotación y con reconocimiento de servicios pasados si así lo deciden las partes. Por todo ello, votaremos a favor de la convalidación de este decreto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.
Señor vicepresidente segundo, ha hecho una buena exposición que acredita el carácter farragoso y curvilíneo del tracto que configuran normativamente tanto las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo como la exteriorización de los llamados premios de jubilación.
La verdad es que este real decreto-ley no está destinado a clarificar o a simplificar tan compleja y farragosa normativa, sino a solucionar los problemas concretos en relación con los cuales mi grupo no puede estar más de acuerdo porque son casi obviedades. La primera hace referencia a la imposición de crear comisiones paritarias o configurar, mediante mandato ex lege, como paritarias las comisiones que anteriormente a la fecha de 2002 se crearon con otra composición diferente a la paritaria.
Esta imposición ex lege resulta ilegítima o ilícita desde una perspectiva de argumentación jurídica elemental. Sería lo que en términos de derecho civil se denomina dislocación de la base del negocio, en este caso una especie de dislocación de la base del negocio colectivo. Si cuando se aprobaron estos planes o estas comisiones paritarias la pretensión de quienes los concertaron y aprobaron era que no tuvieran una composición paritaria, evidentemente ex lege no se puede modificar la voluntad de los interlocutores sociales. Como es obvio que en el ámbito del derecho del trabajo e incluso en el ámbito del derecho civil supondría una dislocación de la base del negocio colectivo, me parece muy pertinente la excepción que se acomete.
En cuanto a las razones de urgencia argüidas respecto a la exteriorización de los premios de jubilación, bien sea en su doble modalidad de compromisos por pensiones o en su caso de promoción de planes de promoción conjunta, las dificultades técnicas las ha acreditado usted perfectamente. Evidentemente, hemos sobrepasado ya la fecha de 31 de diciembre de 2005, luego la urgencia no puede ser más obvia. Estamos fuera de fecha y desde esa perspectiva pocos argumentos, a mayor abundamiento, hay que añadir, señor presidente, y estamos de acuerdo con lo que se propone. Con ello solucionamos
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dos problemas muy concretos, señor vicepresidente, pero no la complejidad normativa que afecta a figuras tan relevantes como estas que serían susceptibles o meritarían quizá una reflexión complementaria a efectos de simplificación, porque entre leyes de acompañamiento, Ley de fondos y planes de pensiones, sus múltiples reformas y otras leyes colaterales que afectan a estas cuestiones, estamos ante algo muy difícil de seguir incluso para los profesionales del derecho, para los profesionales de la Administración que han de ejecutar estos compromisos, para los interlocutores sociales, y se impondría seguramente, además de lo que estamos haciendo hoy por razones de urgencia y porque resulta racional y obvio que debe hacerse así, alguna simplificación normativa a la cual humildemente le instamos, señor vicepresidente.
Esquerra Republicana. Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Compartimos uno de los argumentos que incluye este real decreto.
Compartimos, por supuesto, la urgencia y la necesidad que se cita en la exposición de motivos, pero lo hacemos con desagrado ya que no es razonable ni admisible que año tras año se deje en manos del azar político la prórroga de una obligación para las empresas que, conteniendo elementos de derecho necesario para los trabajadores, implica en muchos casos la asunción de unos importantísimos costes recurrentes de cobertura en su instrumentación. Además tampoco es admisible que debamos jugar a las prisas y predicción en la última semana de cada año porque no hemos sido capaces de articular un sistema de exteriorización que, siendo garante de los derechos económicos de los trabajadores en materia de protección social complementaria, respete mínimamente las leyes de la lógica, lo razonable y la libre competencia sin abuso de posición.
Estaremos más o menos de acuerdo con la modificación de la regulación de la composición de las comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de empleo. La modificación impuesta a la originaria ley que modifica el artículo 7.3 de la anterior, estableciendo el sistema de representación paritaria parece, más cercana a lo óptimo por cuanto si bien son instrumentos que garantizan derechos a los partícipes, su instrumentación se articula sobre la base de la protección social complementaria por parte de las empresas y como un verdadero instrumento de previsión social. Así pues, la regulación integrada actualmente en el texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones aprobado por el real decreto legislativo nos parece acertada, así como la habilitación de la negociación colectiva que prevé el artículo 30 del reglamento de planes de pensiones. Nos parece razonable lo citado, pero también el régimen de garantías que se pretende con la norma. Aquellos planes instaurados con anterioridad a la reforma deben respetar su composición, por cuanto de hecho en su articulación se tuvieron en cuenta las premisas de su regulación y alterar su formato pudiera representar un cambio a priori y alteración de lo pactado en su momento por las partes intervinientes.
Hablemos ahora de lo referido a los compromisos por pensiones y su exteriorización. Actuaremos en sentido positivo aceptando la prórroga propuesta, pero queremos ser proactivos y aportar ya elementos de debate que, además de entretenernos en el día de hoy para convalidar este real decreto, concluyan con un acuerdo expreso en esta Cámara de desarrollar durante el primer semestre de este año todo aquello necesario para que se pueda instaurar efectiva y racionalmente esta previsión antes de la finalización del ejercicio de 2006. Ya hemos dicho que la prórroga gratuita y provocada básicamente porque nosotros no hemos hecho buena parte de los deberes nos parece poco razonable para nuestros ciudadanos.
La trascendencia de la exteriorización yace en su justificación, por un lado, y en los efectos que sobre determinadas empresas tiene, por el otro. La justificación se sustenta en una directiva comunitaria que obliga a los Estados miembros a que se desarrollen instrumentos internos para que queden garantizadas y se preserven las obligaciones en materia de protección social, en primer lugar, por cuanto no habla solo de contingencias complementarias, sino de todas y cada una de las contingencias, incluidas las públicas, en nuestro caso las del sistema de Seguridad Social, extremo que no se ha llevado a cabo en el Estado español, donde los trabajadores no tienen garantizadas las prestaciones de la Seguridad Social derivadas de contingencias comunes cuando la empresa no ha abonado sus cotizaciones. En segundo lugar, debemos decir que la fórmula adoptada para la exteriorización de determinadas contingencias, o bien la consideración de contingencia de determinadas partidas, tampoco responde a la naturaleza de lo establecido en la directiva, por lo que nos parece que debemos reformular la regulación pretendida y reordenar lo que algunos órganos, con interés corporativo, han pretendido que fueran compromisos por pensiones. Ahora bien, es evidente que el fundamento de protección que tiene la exteriorización de compromisos sobre los derechos pasivos de los trabajadores resulta ser una mejora y una garantía para el futuro de muchos trabajadores. No tiene ningún sentido que se pacte protección social complementaria en forma de mejora de la pública y que luego no pueda garantizarse su abono con instrumentos externos, y más cuando la línea de futuro por la que puede pasar el ajuste del sistema público de protección social sea precisamente la protección social complementaria. Por ello, la justificación material y de utilidad de la exteriorización nos parece a todas luces razonable, aunque debemos ahondar en la fórmula de exteriorizar así como en el concepto que debemos reconocer como compromisos por pensiones.
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La otra cara de la moneda es el efecto que esta cuestión tiene sobre el pasivo de las empresas, y resulta que por un lado tenemos que los criterios administrativos, tanto de Inspección de Trabajo como de la Dirección General de Seguros, son de interpretación extensiva de lo que significan compromisos por pensiones, y por otro nos encontramos en un marco en el que, por desconocido y por no desarrollado hasta la fecha, las compañías aseguradoras pretenden hacer su gran negocio convirtiendo en verdaderas fuentes de abuso manifiesto el cálculo de las primas. Así pues, estamos ante un problema para muchas empresas, quizá más acentuado en las pequeñas y medianas, que deben afrontar importantes primas, y a ello debemos poner remedio. Debemos ser capaces de ponderar la necesaria protección de los derechos pasivos de nuestros trabajadores que todo Estado de bienestar debe tener con la materialización razonable y asumible de dicha protección por parte de las empresas. Tenemos claro que la protección social complementaria será uno de los pilares futuros de nuestro sistema de protección social, y por ello tenemos claro que debe instaurarse y avanzar en ello, pero con una clara, indubitada e inflexible intervención del Estado como garante de hecho y de derecho de algo tan sensible como son las situaciones de necesidad de los ciudadanos. Por ello, entendemos que en aquellas áreas que estructuran un Estado del bienestar éste no puede esconderse dejando en manos del libre mercado la protección de los trabajadores. Puede dejarse al mercado la instrumentación, pero solo de aquello imprescindible y mediante instrumentos muy determinados y, en cualquier caso, con la fiscalización de las obligaciones y normas de garantía plena. Con ello apuntamos que el control sobre todo lo relativo a la protección de los trabajadores debe ser estricto, pero también apuntamos que el Estado debe coparticipar de una forma efectiva en ello. Por un lado, apostamos por racionalizar claramente el concepto de compromiso de pensión exteriorizable, dejando fuera algún elemento actualmente incluido y en determinados importes máximos, y por otro apostamos por permitir que el propio sistema público pueda asumir en determinados casos y parámetros algunos de ellos. La exteriorización no solo es posible mediante la articulación de pólizas de seguro, puesto que con una simple modificación del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, referido al fondo de garantía salarial y sus normas de desarrollo, podríamos dejar cubiertas determinadas prestaciones o previsiones convencionales para el caso de insolvencia empresarial, y no solo ésta, sino también aquellas derivadas de casos en que las empresas pudieran haber incumplido sus obligaciones en materia de cotización. Recordemos además que el fondo de garantía salarial tiene excedentes que podrían asumir con cierta normalidad estos costes.
Como conclusión, decimos que sí a la prórroga, pero con el compromiso de que hagamos los deberes. No al actual sistema de exteriorización, no a lo que es exteriorizable y no al libre mercado abusivo, pero sí a la obligación empresarial y en cualquier caso a que el Estado no haga dejación de sus funciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Señor Sánchez Llibre, por Convergència i Unió.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente segundo del Gobierno, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser la de votar favorablemente el Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y al mismo tiempo se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación, los mal llamados premios de jubilación. Ante esta posición, a nuestro grupo le gustaría precisar algunas cuestiones que a nuestro entender merecen un amplio debate en esta Cámara a lo largo de este periodo de sesiones y de esta legislatura.
Desde hace varios años hemos asistido a las prórrogas de las composiciones de las diferentes comisiones de control y también hemos asistido desde el año 2002, año tras año, a las prórrogas de la exteriorización de los premios de jubilación. Pero a nosotros nos gustaría abordar con tiempo, con la máxima información y con un debate de todos los grupos de la Cámara, el límite y el alcance que tendrían que tener los planes de previsión social complementaria. Como sabrá, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, los datos que tenemos a nuestro alcance demuestran que las cantidades dirigidas a la previsión social complementaria no se están desarrollando con la potencia que todos desearíamos. Desde Convergencia i Unió consideramos que los planes de pensiones de empleo deberían tener mucha más importancia de la que les estamos dando hasta la fecha, incluso la que les está dando el Gobierno.
Es aquí donde el Gobierno tiene muchas posibilidades de profundizar en ellos. Al mismo tiempo nos da la sensación de que el Gobierno no está prestando toda la atención que requieren dichos planes de previsión social para poder canalizar hacia ellos muchos más recursos. Por este motivo planteamos en este debate que quizás el Gobierno no está haciendo todo lo que tiene a su alcance para potenciarlos. En este sentido, nos dirigimos al señor vicepresidente segundo del Gobierno para que tome en consideración la posición de Convergencia i Unió respecto a canalizar en un futuro inmediato más recursos hacia este tipo de previsión social complementaria.
Respecto a los premios de jubilación, ya sabe, señor ministro, que nuestro grupo parlamentario ha presentado diferentes iniciativas que siempre han dado como resultado la posibilidad de ampliar un año más la exteriorización de dichos premios de jubilación, pero al mismo
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tiempo hemos presentado una proposición de ley reclamando al Gobierno -me imagino que en este caso se contó con los votos favorables de casi todos los grupos parlamentarios; el Grupo Parlamentario Socialista tomó en consideración esta proposición no de ley no votando a favor pero sí con el ánimo de resolver el problema en el futuro- la posibilidad de exceptuar los planes de pensiones de la exigencia de exteriorización, sin que hasta el momento lo hayamos conseguidos. Nosotros partíamos de la base de que la exteriorización de dichos premios de jubilación no deja de ser un gravamen económico muy importante para diferentes sectores de pequeñas y medianas empresas de nuestro tejido industrial productivo, concretamente los sectores de la limpieza, de la hostelería y de la construcción. Entendemos por las informaciones que nos han hecho llegar que una externalización de esta envergadura perjudicaría muchísimo sus cuentas de resultados y sus cuentas de explotación y se verían abocados a realizar reducciones drásticas de plantilla, incluso en algunos casos a suspensiones de pagos o a quiebras. Por tanto, nosotros recogemos estas sensibilidades y una vez más las queremos trasladar al Gobierno para que a lo largo de este periodo de sesiones, de esta legislatura se pueda resolver de una vez por todas que estos mal llamados premios de jubilación se puedan exceptuar de la exigencia de la externalización.
Ante esta cuestión, cuya solución consideramos muy importante para nuestro tejido industrial, planteamos una solución, que pienso que es a la que tendríamos que llegar a lo largo de este periodo de sesiones, que es la definición de los premios de jubilación. En su momento planteamos la posibilidad de que por premios de jubilación se entendieran los incentivos que, regulados por convenio colectivo, bajo diferentes denominaciones, se materializan en una prestación económica a un tanto alzado y en una sola vez, señor ministro, que tienen naturaleza indemnizatoria y que están establecidos en el momento de la jubilación, o para incentivar la resolución voluntaria y anticipada por parte del trabajador de la relación laboral, para compensar la pérdida salarial que tal resolución comporta. Por lo tanto, estamos totalmente convencidos de que si pudiéramos llegar a un acuerdo, y que este fuera trasladado a los diferentes estadios y a las diferentes mesas de negociación entre los sindicatos y las patronales, sería factible, cambiando la definición de premio de jubilación, exceptuarlos de la externalización de los mal llamados premios de jubilación.
Señor ministro, partiendo de la base de que vamos a votar a favor de este real decreto, nos gustaría mucho que este debate parlamentario en el que he vuelto a incidir lo pudiéramos resolver a través de algunas iniciativas parlamentarias para que al final del año 2006 no nos viéramos abocados irreversiblemente a tener que prorrogar otro año la externalización de los premios de jubilación, porque esta cuestión provoca dudas e incluso frustraciones empresariales en el sentido de que las pequeñas y medianas empresas no van a saber si tienen que externalizar de golpe, de hoy para mañana, cantidades que casi me atrevería a decir -según algunos datos que figuran en nuestro poder, elaborados por la patronal de la pequeña y mediana empresa- que podrían suponer cuatro o cinco veces la masa salarial de una empresa a lo largo de un año. Estamos convencidos, señor vicepresidente, de que según estas manifestaciones y con las futuras negociaciones que podamos llevar a cabo en este periodo de sesiones podríamos resolver esta situación que nosotros llevamos bastantes años planteando ante esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, por segundo año consecutivo debatimos en esta Cámara un real decreto que pone en evidencia la improvisación y la negligencia en la forma de actuar de este Gobierno. Si el año pasado ser un Gobierno novato podía ser un factor eximente, este año las prisas y la urgencia no tienen otra razón que la falta de planificación, los olvidos y la forma chapucera que tiene el Gobierno de hacer las cosas. Sí, señorías, el Gobierno aprobó el 30 de diciembre pasado el real decreto-ley a sabiendas de que solo podía convalidarse en un Pleno extraordinario del mes de enero o, peor aún, en el primer Pleno ordinario del mes de febrero, dando por bueno que entre el final de año, que era cuando caducaba la anterior prórroga, y la nueva norma existiría un vacío legal que solo es fruto de esta forma de hacer las cosas por la que al Gobierno se le pasan los plazos para hacer las tareas que son importantes, pero le sobra tiempo, eso sí, para desgastarse en las cosas que no importan y que incluso molestan a los españoles.
Señorías, la Ley de planes y fondos de pensiones de 1987 estableció el requisito de mayoría absoluta para la representación de los partícipes, los trabajadores y los sindicatos, en las comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de empleo. En el año 2001 el Gobierno del Partido Popular modificó este criterio y estableció de forma general el sistema de representación paritaria del promotor y de los partícipes y ciertos requisitos para la adopción de acuerdos sobre determinadas materias, a la vez que habilitó el reglamento posterior a la negociación colectiva para adoptar una composición distinta de la paritaria. Dicha composición paritaria supuso, según reconoce la exposición de motivos del real decreto que ustedes presentan hoy, la introducción de un nuevo equilibrio en el proceso de adopción de las
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decisiones en un instrumento de previsión social que afecta tanto a los trabajadores como a los empresarios. Para los planes preexistentes a esa fecha, es decir, al 1 de enero de 2002, permitió un régimen transitorio con un plazo de adaptación de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2004, con el objeto de que fuera un elemento de acuerdo en la negociación colectiva de forma previa a la entrada en vigor de la misma. El 28 de diciembre del año pasado, en esta Cámara dimos todos los grupos el visto bueno a un real decreto-ley que prorrogaba en un año el régimen transitorio, con lo cual ha habido cuatro años, tiempo más que suficiente, para negociar y adoptar los acuerdos oportunos en los convenios colectivos antes de la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, en lugar de prorrogar un año más este periodo transitorio, como han hecho con los premios de jubilación de hoy, o dejar que tras cuatro años de margen entrara en vigor dicha ley, el Gobierno ha optado por decretar la retirada de este precepto y por volver a la situación anterior de 1987.
Todo ello a pesar de que la normativa actual exige un régimen de acuerdos que supone el refrendo de ambas partes para determinadas decisiones y también a pesar de lo esgrimido el año pasado para prorrogar el régimen transitorio. Argumentos como el de desarrollar de forma equilibrada los instrumentos de previsión complementaria en el seno de las empresas bajo el fruto del diálogo entre los agentes sociales; o el de permitir profundizar en el diálogo y eliminar la influencia que el cumplimiento de los plazos podría acarrear; o que se podría afectar el equilibrio inicialmente alcanzado, cuestionar la legitimidad de las comisiones de control, la eficacia de sus actuaciones, además del riesgo de bloqueo de sus decisiones; o que el acuerdo es la vía idónea para avanzar en el desarrollo de este sistema, del diálogo social, como fruto de pactos de empresa; o el de ampliar el plazo porque muchos convenios colectivos son plurianuales y hace falta tiempo, así como el de prorrogar para no generar incertidumbres en un periodo en el que no estuviera vigente esta posibilidad transitoria de adaptación, han dejado de ser útiles para el Gobierno. De repente, en un giro copernicano de travestismo político, cambian de opinión y no solo ya no hace falta tiempo para dialogar y negociar, sino que por ley intentan imponer la vuelta atrás, a 1987, sin permitir dar sus frutos a la negociación y al diálogo.
Señor Solbes, si iban a acabar haciendo esta chapuza, ¿por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Por qué han vuelto ustedes a cambiar de rumbo y de opinión? Trae usted a esta Cámara un real decreto por su extraordinaria y urgente necesidad, pero, señor Solbes, ¿no sabía usted en el mes de diciembre que el plazo de las prórrogas concluía el 31 de diciembre pasado? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y si lo sabía, ¿por qué trae este decreto tarde? ¿Sabía usted que para ampliar el plazo de los premios de jubilación el año pasado ya tuvo que recurrir a la Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, en un lugar sin duda muy oportuno? ¿Sabía que el Consejo de Estado ya emitió dictamen el año pasado diciendo que su forma de legislar era una chapuza que creaba inseguridad jurídica? ¿Sabía, señor Solbes, que esta plétora de reales decretos-leyes solo responde a la imprevisión, a la improvisación y produce un gran desorden legislativo? ¿Sabía, señor Solbes, que por traer este real decreto hoy, en un Pleno extraordinario, ha creado usted un vacío legal desde el 31 de diciembre hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado y que durante este mes ha habido que aplicar la ley de 2001, que obliga, como usted sabe, a la paridad? ¿Sabía que con esta medida no se resuelven los posibles conflictos entre las partes porque sencillamente no ha habido acuerdo y lo que ha hecho usted ha sido interponerse en esos posibles acuerdos? ¿Sabe usted, señor Solbes, que con esta medida introduce una injusta y peligrosa heterogeneidad en la composición de las comisiones de control, según se constituyeran antes o después del 1 de enero de 2002 y según hayan llegado o no a acuerdos en los convenios colectivos? ¿Sabe usted que esto es una involución en esta materia? Señor Solbes, ¿sabe usted que con esta medida está discriminando negativamente los planes de empleo en los que se ha respondido diligentemente al mandato legal de adaptación a través de los correspondientes equilibrios negociados entre las partes y que está usted produciendo una alteración sustancial de estas situaciones? Señor Solbes, ¿sabe usted que la ley del año 2001 que ahora quiere modificar pretendió precisamente subsanar la situación original de desequilibrio en la composición de las comisiones de control que originó la Ley de 1987 y, por otra parte, equilibrar el proceso de adopción de decisiones en una figura de previsión social que instrumenta, sin duda, compromisos empresariales que están entroncados en la mayoría de los casos con la negociación colectiva, que es paritaria por definición? ¿Lo sabe usted?
Señorías, es necesario avanzar en los sistemas complementarios y cumplir los acuerdos del Pacto de Toledo. La regulación ideal en materia de planes y fondos de pensiones de empleo es la que aprobó la ley de 2001, que precisamente prevé una composición paritaria en las comisiones de control, con la exigencia de mayorías cualificadas para las decisiones de inversión a favor de la empresa para los planes de prestación definida, porque asume el riesgo con el compromiso de cubrir un porcentaje del salario del trabajador y, si la rentabilidad de las inversiones no es suficiente, teniendo que hacer aportaciones adicionales; y a favor de los sindicatos para los planes de aportación definida, que son la mayoría y en los que el riesgo de las inversiones se transfiere a los partícipes.
Señor Solbes, en el año 2005 solo se constituyeron 20 nuevos planes de empleo a 30 de septiembre, lo que pone de manifiesto que el Gobierno no está haciendo absolutamente nada por mejorar esta importante forma de previsión social y de ahorro.
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Señorías, este real decreto-ley también extiende el plazo de la exteriorización de los denominados premios de jubilación hasta el 31 de diciembre de este año. Sin entrar en la oportunidad o no de la prórroga de esta exteriorización y de sus rigideces, lo cierto es que ustedes no saben qué hacer con los premios de jubilación, que en muchos casos se están comprando en la negociación colectiva. Ustedes han reducido a mínimos la complementariedad de los trabajadores, apenas se han formado nuevos planes en 2005 y en este momento son incapaces de impulsar este importante instrumento de ahorro. El mejor ejemplo está en su pretendida reforma del IRPF, en la que los planes de empleo empeoran claramente porque se elimina la posibilidad de que las personas mayores puedan realizar aportaciones por encima del límite y unen a estos efectos dependencia y planes de pensiones. A la vez, llevan muchos meses cuestionando la previsión social complementaria, sus beneficios fiscales y, por lo tanto, señor Solbes, el ahorro. Señorías, están haciendo ustedes justo lo contrario de lo que hay que hacer. Por lo tanto, den ustedes menos prórrogas y contribuyan mucho más a conseguir una mejor situación de las personas mayores tras su jubilación.
Señorías, no estamos de acuerdo con su forma de hacer las cosas. En todo caso, habríamos votado afirmativamente la convalidación de este real decreto si ustedes lo hubiesen tramitado como proyecto de ley para poder debatirlo con seriedad y rigor y para mejorarlo a través de la introducción de enmiendas. Así nos hubiéramos puesto de acuerdo de una forma sencilla y no habríamos cerrado los ojos a sus olvidos de final de año, a su improvisación y a su negligencia, señor Solbes. De esta manera, un mes tarde, fuera de plazo, con urgencia, con un Pleno extraordinario y sin la posibilidad -como viene siendo costumbre para este Gobierno- de debatirlo con profundidad como proyecto de ley, no, señor Solbes. No quieran contar con nosotros para sus chapuzas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Echániz.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, señor presidente, debatimos hoy la convalidación del Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, que modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones, los llamados premios de jubilación.
Entre las razones para su convalidación, en primer lugar hay que destacar que el real decreto articula una propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda dirigida a los agentes sociales que finalmente cuenta con el respaldo de los mismos como una solución de compromiso. ¿Qué regula esta norma? Regula las materias sobre las comisiones de control de los planes de empleo y los premios de jubilación.
Señorías, oyendo al portavoz del PP, señor Echániz, parecía que estábamos hablando del fin del mundo, con esas palabras grandilocuentes a las que ya nos tiene habituados, e incluso utilizando palabras fuera de tono como chapuza, involución y demás. Creo que son los términos que en estos momentos el Partido Popular tiene que mostrar ante su soledad en cualquier norma que se plantee. Señor Echániz, hoy vamos a dar solución a un problema creado por una ley planteada por ustedes y por una forma de gobernar, que fue la suya, frente a todo el mundo. No tiene razón de ser y no es lo habitual que una ley regule y cambie unas comisiones creadas con anterioridad a esa misma norma, que es lo que hace el actual decreto.
Se dio un plazo que ampliamos a todo el año pasado para que las comisiones se adaptaran de común acuerdo a través de la negociación colectiva y no fue posible alcanzar ese acuerdo. Por ello, en el real decreto se dice que las comisiones que ya estaban creadas sigan funcionando como venían haciéndolo hasta el año 2001-2002. En nada perjudica a las comisiones creadas al amparo de la Ley de 2002 ni a las que se hayan adaptado de acuerdo con la negociación colectiva porque, como su nombre indica, la adaptación ha sido acordada. Lo que plantea el real decreto es que aquellas en las que no haya sido posible el acuerdo se mantengan tal como establecía la ley cuando se fundaron esas comisiones, cosa bastante razonable.
El real decreto no desvirtúa el principio general de paridad, ya que mantiene la norma general de paridad aplicable a las comisiones de control a 1 de enero de 2002, es decir, la que las reguló en el momento de su creación. El real decreto salvaguarda situaciones de amparo de la Ley de planes y fondos de pensiones vigentes el 1 de enero de 2002 y evita posibles conflictos en torno a las comisiones de control que pudieran derivarse de la imposición automática que supondría si no existiese este real decreto. En todo caso, el real decreto, como no podía ser de otra manera, deja la puerta abierta a la negociación colectiva para variar estas comisiones si las partes de la negociación colectiva lo consideran oportuno. Por otra parte, el vigente texto refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones conserva la autonomía de las partes para autorregular el régimen de adopción de acuerdos en las comisiones de control y posibilita el establecimiento de requisitos de mayorías cualificadas en aquellos temas que sean de interés y que establece la propia ley. Por ejemplo, se deja tal como estaba lo relativo a determinadas materias como la política de inversión o los costes a cargo del promotor; todo eso queda como establecía la Ley de 2002. La urgencia del real decreto creo que ya ha sido explicada por todos los que han intervenido anteriormente, excepto, como
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no podía ser de otra forma, por el representante del Partido Popular.
El real decreto también establece y amplía a 31 de diciembre de 2006 el plazo para la externalización de los premios de jubilación. Es verdad que se establece un año más para que las partes puedan llegar a acuerdos, pero también hemos de decir que el real decreto plantea una serie de condiciones para que esos acuerdos de negociación colectiva se tengan en cuenta. Por tanto, avanzamos en ese sentido, en la obligación de externalizar los premios de jubilación.
Además, el señor Sánchez i Llibre se refería a que ya había acuerdo entre las partes en cuanto a qué seconsidera premio de jubilación, lo que no sabemos todavía es cómo se externaliza. Existe un acuerdo más o menos consensuado en el sentido de que los premios de jubilación son aquellas prestaciones que se dan por una sola vez a la hora de jubilarse o que en algún caso suponen un incentivo para el trabajador a la hora de jubilarse anticipadamente. Es verdad que ya se ha avanzado en alguna negociación, pero el real decreto no perjudica esos acuerdos. Hay que tener en cuenta la cantidad de convenios sectoriales que existen no solo en el ámbito estatal sino también en el provincial y la dificultad que ello comporta.
Por consiguiente, se ha avanzado bastante en el sentido de definir qué es un premio de jubilación. Acuérdense que hace un año debatíamos aquí si era un premio de jubilación que el trabajador recibiera un regalo, como puede ser un reloj, a la hora de jubilarse.
Está claro que eso no lo es y el real decreto ya establece, si se externaliza ese premio, en qué condiciones se ha de hacer y si en las empresas no hay previsión de que tenga que haber personas jubilables incluso no está la obligación de esa externalización.
Un aspecto importante, como es el de las comisiones de control, queda zanjado, también dejamos muy encarrilado lo referido a los premios de jubilación, y creo que es suficiente.
Quería hacer dos apreciaciones al señor Echániz.
Las expresiones que los portavoces del PP están utilizando, como improvisación del Gobierno, formas chapuceras o involución, resultan ya graciosas porque están fuera de lugar. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, pero ustedes no lo pueden entender. Que el Gobierno dé tiempo, dé una propuesta a los agentes sociales y cite para que haya un acuerdo, ustedes no lo pueden entender, porque solo entienden la imposición y lo único que vale es lo que ustedes dicen. Decía S.S. que solo ha habido 20 planes de empleo nuevos en el año 2005.
Señorías, son 20 planes de empleo nuevos ligados a la negociación colectiva. Los sectores con empresas grandes tienen planes de empleo específicos desde hace muchos años y lo que estamos consiguiendo es que sectores con empresas pequeñas y medianas se vayan incorporando a los planes de empleo. Creo que estamos avanzando y que vamos por el buen camino. Además, señor Echániz, vamos a hablar de dependencia, de seguro de dependencia, y seguiremos hablando de los seguros de planes privados de empleo, de protección social y seguramente pasará lo que va a pasar aquí hoy: ustedes se volverán a quedar solos, porque es lo que les está pasando últimamente. Se han tirado al monte, se han perdido en las montañas y hasta que no encuentren su rumbo y su camino para volver al diálogo, al consenso de la clase política no les queda más remedio que los exabruptos para hacerse oír.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
Únicamente quiero manifestar a los distintos intervinientes que han apoyado este decreto-ley que el retraso ha sido debido a nuestro interés por intentar llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales. Y finalmente, en cuanto a los premios de jubilación, debemos ser coherentes. Si las empresas adoptan obligaciones para ser pagadas en el momento de la jubilación, deben tener alguna garantía financiera para que esos compromisos no queden en el vacío. ¿Qué hemos hecho, siendo conscientes de algunos problemas que algunas de SS.SS. han planteado? Siendo conscientes de que hay dificultades en algunas empresas concretas, hemos hecho dos cosas que nos parecen importantes. Por una parte, hemos prorrogado un año más y hemos establecido unas condiciones que sin duda alguna van a dar un mayor margen de maniobra, en la medida en que solo se está hablando de obligaciones para servicios futuros y no tanto de la constitución de este tipo de obligaciones para servicios pasados, y por otra, está la utilización del criterio de hipótesis de permanencia en plantilla, que nos va a dar mejores resultados para resolver ese problema. Por lo tanto, el tema es equilibrado y la solución que se ha buscado es la adecuada para resolver las cuestiones pendientes.
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.
(Rumores.) Silencio, por favor.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 168; en contra, 125; abstenciones, una.
¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Varios señores del Grupo Parlamentario Popular: Sí.) En consecuencia, vamos a votar si el real decreto se tramita o no como proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 128; en contra, 165; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto ley convalidado.

References: artículo 86
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 Real Decreto 
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 artículo 30
 artículo 7
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 artículo 30
 artículo 33
 resolución 
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