Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-123-96.htm
Timestamp: 2017-11-24 20:18:09+00:00

Document:
T-123-96
La circunstancia de que la Corte Constitucional posteriormente hubiera declarado inexequible el artículo del C.C.A., no puede servir de sustento para estructurar o configurar la vía de hecho alegada, por la circunstancia de que el Consejo de Estado debió haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad de dicha norma, porque la decisión de la Corte no puede ser aplicada retroactivamente al momento en que se adoptaron las referidas decisiones, mas aún cuando ella misma fijó sus efectos hacia el futuro. La circunstancia de que el Consejo de Estado no hubiera aplicado la excepción de inconstitucionalidad, no configura una vía de hecho, pues, el Consejo de Estado fundado en razones que se estiman válidas estimó dentro del margen de la autonomía y de la independencia judicial que le es propia, que dicha norma se encontraba vigente y no apreció prima facie que ella fuera incompatible con la Constitución. Por lo demás, no resultaría congruente que la Corte en sentencia haya determinado que sus efectos sólo operan en relación con las sentencias que profiera la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a partir de la notificación de aquélla y que por otra parte, considere que el Consejo de Estado incurrió en vía de hecho cuando aplicó la norma antes de haberse proferido el fallo de inexequibilidad y cuando ésta obviamente se hallaba vigente.
Peticionario: Zamir Eduardo Silva Amin.
Santafé de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes marzo de mil novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, revisa el proceso de la acción de tutela presentada por Zamir Eduardo Silva Amin, contra el Consejo de Estado, según la competencia de que es titular con fundamento en los arts. 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Manifiesta el señor Zamir Eduardo Silva Amin, que en los pasados comicios electorales de marzo de 1994, la Circunscripción electoral de Boyacá eligió seis Representantes a la Cámara, en dicha elección se presentó como candidato a dicha Corporación, habiendo ocupado la lista que encabezó el séptimo lugar en el escrutinio correspondiente. Ninguna de las listas obtuvo el cuociente, por lo que se declararon elegidos los candidatos que encabezaron las seis primeras listas en el orden correspondiente a sus residuos.
Posteriormente el Dr. Héctor Pablo Ramírez Sandoval y el accionante se hicieron coadyuvantes en el proceso electoral número 1108, instaurado por Ricardo Agudelo Sedano, por compartir íntegramente el interés directo en el resultado del proceso.
La Sección Quinta de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de octubre 31 de 1994 decidió declarar la nulidad del acto eleccionario en lo que se refería a la elección del Representante a la Cámara por Boyacá que encabezó la lista que ocupó el sexto lugar en los escrutinios, pero se abstuvo de decretar la práctica de un nuevo escrutinio y por lo tanto de una nueva elección, llamando a ocupar la curul al siguiente no elegido en la lista, como si se tratara de una falta absoluta y no de una declaratoria de nulidad de una elección hecha con fundamento a una causal de inelegibilidad.
Contra esa sentencia se interpuso el recurso de súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,-- recurso que había sido declarado exequible por la sentencia C-104/93 de la Corte Constitucional,- por considerar que se había violado la jurisprudencia de la Corporación, proferida antes y después de la Constitución de 1991, en relación con la noción de nulidad y con los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto electoral, así como de la forma como se deben llenar las faltas absolutas de los Congresistas cuando se produce una declaratoria de nulidad de una elección.
Interpuesto el recurso de queja, La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio del auto de julio 25 de 1995, resolvió el recurso de queja y decidió denegar el recurso extraordinario de súplica, interpuesto contra la sentencia de octubre 31 de 1994, proferida por la sección quinta en el proceso número 1108 contra el auto del 25 de noviembre de 1994 y el recurso de reposición contra el auto de enero 20 de 1995, proferidos ambos por su Sección Quinta; y de otra mediante el auto de septiembre 12 de 1995, negó el recurso de reposición que contra aquel se había interpuesto.
Solicita el accionante se le tutele su derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia, que se le desconoció por la vía de hecho judicial en que incurrió el Consejo de Estado al expedir, a través de su Sala Plena, las providencias de julio 25 y septiembre 12 de 1995, por medio de las cuales declaró bien denegado el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia de octubre 31 de 1994, proferida por la Sección Quinta de la mencionada Corporación.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá negó la tutela impetrada, por considerar que el carácter residual de esta acción le impide ser una instancia más que permita juzgar cuestiones propias de procedimientos ordinarios.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decide confirmar el fallo recurrido con fundamento en las siguientes consideraciones:
A raíz de la división en Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, cada una de éstas adquirió competencia para decidir en forma independiente y autónoma las controversias contencioso administrativas asignadas, acordes con la respectiva especialización y con el fin de unificar la jurisprudencia el art. 24 del decreto ley 528 de 1964 dispuso lo siguiente:
“Las cuatro salas o secciones de lo contencioso administrativo funcionarán separadamente en el conocimiento de los respectivos negocios, salvo cuando se trate de modificar alguna jurisprudencia, caso en el cual lo harán separadamente, previa convocatoria hecha por la sala o sección que esté conociendo del asunto”.
"Habrá recurso de súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso respecto del auto interlocutorio o de la sentencia dictados por una de las secciones en los que, sin la previa aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a alguna jurisprudencia.
En el escrito en el que se proponga el recurso se indicará precisamente la providencia en donde conste la jurisprudencia que se reputa contrariada. El recurso podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto o del fallo”.
En virtud del artículo 6 de la ley 14 de 1988 se integró y señaló competencia a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo en materia electoral. Dicha norma en lo pertinente expresa:
Contra las sentencias de la Sección Quinta no procederá ningún recurso ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. (subraya la Sala)
"Artículo 130.- Subrogado. D.E. 2304/89, art. 21. Recursos extraordinarios y asuntos remitidos por las secciones. Habrá recurso de súplica, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, excluidos los consejeros de la sala que profirió la decisión, contra los autos interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones cuando sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación.
2. La sentencia C-104/93 de la Corte Constitucional.
Mediante la sentencia C-104/93[1] la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 1 y 2 del art. 130 del C.C.A., que habían sido modificados por el art. 21 del Decreto 2304 de 1989. Entre los diferentes argumentos consignados en dicha sentencia para avalar la constitucionalidad del recurso extraordinario de súplica se destacan los que a continuación se consignan:
“2. De la competencia y funcionamiento del Consejo de Estado:
“En primer lugar, en cuanto a las funciones, se observa que el carácter de tribunal supremo de lo contencioso administrativo le es conferida por la Carta al Consejo de Estado, mas no a una de sus salas o secciones”.
“Además la propia Constitución remite a la ley la regulación del desempeño de dichas funciones. Y tal precepto es justamente desarrollado por la norma objeto de estudio, esto es, por el artículo 130 del código contencioso administrativo”.
“Por tanto, si el recurso de súplica está consignado en una norma con fuerza de ley y si la Constitución remite a la ley la forma como el Consejo de Estado ejercerá sus competencias judiciales, no queda sino colegir, en sana lógica, que el recurso de súplica se aviene a la preceptiva superior”.
“Es más, el recurso de súplica es un desarrollo de la Carta toda. En efecto, el recurso de súplica canaliza los siguientes derechos de la Constitución: la efectividad de los derechos humanos (2°), el principio de igualdad en la aplicación de la ley (13), el derecho a impugnar la sentencia condenatoria (29), el carácter de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo que posee el Consejo de Estado (237) y su funcionamiento en salas (236), como bien lo anotó la vista fiscal, cuyo concepto aquí se comparte, además del derecho al acceso a la administración de justicia (228)”.
“En segundo lugar, en relación con el funcionamiento del Consejo de Estado, la Corte Constitucional se pregunta ¿cómo lograr la uniformidad de la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa? La respuesta no es otra que mediante el recurso de súplica. Es por ello, de nuevo, que para esta Corporación el artículo 21 incisos primero y segundo del Decreto 2304 de 1989 se aviene a la Constitución. Además el juez plural, en este caso el Consejo de Estado, es uno solo. La división en salas y secciones obedece a una distribución del trabajo. De ahí la existencia de procedimientos que pretendan unificar la jurisprudencia y evitar decisiones diferentes frente a casos similares. En otras palabras, el objetivo último del recurso de súplica consiste en la garantía de que sin la aprobación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no es posible acoger doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación”.
3. La sentencia C-005/96 de la Corte Constitucional.
El ciudadano Zamir Silva Amin, la misma persona que promovió la acción de tutela, demandó ante la Corte Constitucional la declaración de inexequibilidad del inciso 2 del art. 231 del C.C.A., modificado como se dijo antes por el art. 6 de la Ley 14 de 1988, el cual había establecido la improcedencia del recurso de súplica contra las sentencias de las Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Observa la Sala cierta similitud entre los argumentos expuestos en la petición de tutela y los que se consignaron en la demanda de inconstitucionalidad. En efecto, en ésta se plantea como argumento de inconstitucionalidad la derogatoria de la norma demandada por el art. 21 del decreto ley 2304 de 1989, que corresponde al art. 130 del C.C.A., el cual igualmente se esgrime para sustentar la violación del derecho fundamental al debido proceso, con motivo de la expedición de las providencias judiciales impugnadas por la vía de la tutela.
La Corte en la sentencia C-005/96[2], declaró inexequible la norma acusada por considerarla violatoria del principio de igualdad, al “excluir un recurso respecto de ciertas personas -en el caso presente de las que litigan en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado solamente por hacerlo allí y no en otra sección-, sin que la diferenciación establecida obedezca a motivos justos razonables y proporcionales”.
“Se trata de definir si, como afirma el actor, el artículo 21 del Decreto 2304 de 1989 (130 del C.C.A.) derogó tácitamente el inciso 2º del artículo 231 del Código Contencioso Administrativo tal como había quedado al expedirse el 6º de la Ley 14 de 1988”.
“Nótese que, mientras el artículo 231 del Código Contencioso Administrativo excluyó el recurso de súplica en cuanto a las sentencias proferidas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el artículo 21 del Decreto 2304 de 1989, que modificó el 130 del mismo Código, consagró ese recurso extraordinario, sin introducir distinción alguna entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, "contra los autos interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación".
“Para el demandante la norma que ataca es insubsistente por cuanto su contenido se opone a lo preceptuado por disposición especial y posterior”.
“Ello sería cierto si, aceptando en gracia de discusión que la norma especial entre las dos objeto de comparación fuera la del artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, pudiera establecerse que materialmente resultaba del todo nueva y que, en consecuencia, correspondía a la voluntad del legislador, a partir de su vigencia, la eliminación de las normas especiales anteriores que consagraban excepciones en cuanto a la procedencia del recurso extraordinario de súplica del que se viene hablando”.
“No obstante, basta examinar -como el mismo actor lo propone- el contexto de la Ley 14 de 1988, en cuyo artículo 6º se introdujo la disposición impugnada, que exceptuó a las sentencias proferidas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del recurso extraordinario de súplica, para comprender que en ese mismo estatuto (artículo 3º) se consagró, a la par con la excepción, una regla general exactamente igual a la posteriormente plasmada en el artículo 7º del Decreto 2288 de 1989, expedido y en vigor desde el mismo día en que entró a regir el artículo 21 del Decreto 2304 de 1989 (actual artículo 130 del Código Contencioso Administrativo): la de que a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le corresponde, como una de sus funciones especiales, la de "resolver los recursos extraordinarios que sean de su competencia".
“Es decir, ambos complejos normativos -el de la Ley 14 de 1988 y el compuesto por los decretos 2288 y 2304 de 1989- hicieron coexistir la consagración de la regla general que confería competencia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para conocer de los recursos extraordinarios intentados contra las providencias de sus secciones, con la disposición especial que exceptuaba de todo recurso a las sentencias de la Sección Quinta. Así, pues, nada cambió al respecto entre la Ley 14 de 1989 y los aludidos decretos posteriores”.
“Por supuesto, mirada la normatividad consagrada en la Ley 14 de 1988 y en los decretos 2288 y 2304 de 1989 como un todo sistemático y armónico, resulta perfectamente lógico, sin perjuicio de la subsistencia de la norma especial del precepto acusado, que se previera en el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo el recurso de súplica para la generalidad de los autos interlocutorios y sentencias proferidas por las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, excluidos los fallos que dicha disposición especial exceptuó”.
“El artículo 2º de la Ley 153 de 1887 dice que la ley posterior prevalece sobre la anterior y que en caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, se aplicará la ley posterior”.
“Ese principio debe entenderse en armonía con el plasmado en el artículo 3º Ibídem, a cuyo tenor se estima insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior se refería”.
“El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”.
“De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3º de la Ley 153 de 1887 y 5º de la Ley 57 del mismo año”.
“En otras palabras, viniendo al caso en controversia, para que la disposición demandada pudiera entenderse derogada, con arreglo a los precedentes principios, por la consagrada en el actual artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, se requeriría que esta última disposición así lo hubiera declarado (derogación expresa) o que, siendo ambas de la misma especialidad, resultaran entre sí incompatibles, por lo cual se preferiría la especial posterior (derogación tácita), o que mediante el precepto invocado se hubiera regulado íntegramente la materia”.
“Repárese, entonces, en que el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo no derogó expresamente la norma impugnada; en que, no siendo ambas de la misma especialidad -pues el ámbito de aplicación de la posterior es mucho más amplio en cuanto cobija a todas las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en tanto que la demandada tan sólo alude a las sentencias de la Sección Quinta-, no son entre sí incompatibles si se toma la disposición especial del artículo 231 C.C.A. como una excepción a la regla general del 130 Ibídem, por lo cual no se produjo tampoco una derogación tácita; y en que no se puede afirmar que el Decreto 2304 de 1989 reguló íntegramente la materia, como quiera que apenas introdujo algunos cambios en la normatividad del Código Contencioso Administrativo adoptado por Decreto Ley 01 de 1984”.
“Se anticipa la Corte a dilucidar el problema relativo a la comparación entre los dos artículos que enfrenta el demandante, en su condición de integrantes de un mismo Código”.
“Según el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, cuando dos disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallen en un mismo Código, preferirá la consignada en el artículo posterior”.
“El precepto acusado (artículo 130 del Código Contencioso Administrativo) es indudablemente anterior al 231 Ibídem, que el actor señala como norma derogatoria, por lo cual a primera vista prevalecería la segunda disposición mencionada”.
“No se pierda de vista, sin embargo, que la aludida regla tiene lugar tan sólo cuando, como lo dice su encabezamiento, "en los códigos que se adopten se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí" (subraya la Corte)”.
“Y ocurre que las normas de los artículos 130 y 231 del Código Contencioso Administrativo no son incompatibles, pues no repugnan necesariamente la una a la otra, sino que son complementarias y pueden ser armonizadas sobre la base de que la una consagra una regla general y la otra un mandato excepcional”.
“Agréguese a ello que, según antes se explica, las dos normas no tienen "la misma especialidad", como lo exige el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 para que tenga lugar la regla en comento, pues ya se ha visto que la del 130 tiene un alcance especialísimo respecto del 231”.
“Así, pues, está vigente el precepto demandado”.
“Ahora bien, el actor invoca en apoyo de su tesis la Sentencia C-104 del 11 de marzo de 1993, proferida por esta Corte, mediante la cual se declaró exequible el artículo 21 del Decreto Ley 2304 de 1989. Pero del enunciado fallo apenas resulta que la norma se ajusta a la Constitución Política, sin que ello signifique descalificación del precepto consagrado en el artículo 231 del Código Contencioso Administrativo, que ni siquiera es mencionado y mucho menos analizado en la providencia”.
“El aludido fallo únicamente recayó sobre el artículo entonces demandado y mal puede hablarse de cosa juzgada constitucional implícita en cuanto a la disposición ahora acusada ni respecto de su insubsistencia”.
La tutela contra la acción u omisión de los funcionarios judiciales es una cuestión que ha quedado definida y consolidada en la constante jurisprudencia de la Corporación, a través de diferentes sentencias de las Salas de Revisión de Tutelas, que han seguido los derroteros trazados en las sentencias C-543 del 1 de octubre de 1992, en el sentido de que la tutela como mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por dicha causa, opera cuando el juez omite o dilata injustificadamente la adopción de un acto procesal o la actuación judicial constituye una vía de hecho o se expide una decisión judicial que puede generar un perjuicio irremediable a las partes o a terceros. Con respecto a las providencias judiciales la vía de hecho aparece cuando una autoridad que ejerce función jurisdiccional adopta una decisión que rebasa todos los límites de la legalidad, es decir, que carece de un fundamento serio, objetivo y razonable y obedece a su sola voluntad, capricho o arbitrio. La decisión desprovista de toda legalidad y con la mera apariencia de providencia judicial, y por consiguiente desnaturalizada, es apreciada o es valorada en su materialidad, como un simple hecho.
“Los efectos de la inexequibilidad declarada se extenderán únicamente a las sentencias que profiera la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a partir de la notificación del presente fallo”.
“Ha sido constante preocupación del Legislador la de darle celeridad y certeza a los procesos electorales y por ello siempre los ha sujeto a normas especiales y no al trámite ordinario; manifestaciones en este sentido ha sido el estricto cumplimiento de los términos, la restricción de los incidentes, la simplificación del procedimiento, las continuas revisiones en aras a su perfeccionamiento y la creación de una Sección especializada; además de la prohibición expresa de los recurso extraordinarios, que fue consagrada desde la creación de la Sección Electoral mediante la Ley 96 de 1985 cuyo artículo 67 claramente expresó: “Contra la sentencia de la Sala Electoral no habrá recurso alguno”. “Esta misma disposición se encuentra hoy repetida en el artículo 6o. de la Ley 14 de 1988, el cual, bueno es resaltarlo, constituye un mandato directo del legislador dictado después de que éste le había concedido facultades extraordinarias al Presidente de la República (Art. 76 No. 12 C.P. vigente entonces) mediante la Ley 30 de 1987 en la cual no mencionó este tema; entonces, no puede entenderse que un decreto dictado por el Presidente en ejercicio de precisas facultades extraordinarias, que no mencionó este aspecto, como materia a ser desarrollada por el Presidente, pudo variar la voluntad expresada directamente por el Legislador después de otorgadas aquellas facultades”.
“Ahora bien, con respecto a los efectos de la sentencia de la Constitucional C-104 de marzo 11 de 1993 por medio de la cual se determinó que el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo era exequible, es obvio que ella no puede servir de argumento para decir que las sentencias de la Sección Quinta son susceptibles del recurso extraordinario de súplica, por cuanto, en primer término, la sentencia de la Corte no declaró inexequibles las normas especiales sobre el proceso electoral que prohiben los recursos contra las sentencias de la Sala Electoral y porque, en segundo lugar, el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, por virtud de la declaratoria de exequibilidad sobre él recaída no podía adquirir un ámbito de aplicación más amplio que el que ya tenía antes de que tal declaración se produjera”.
“De otra parte la Corporación ha sentado el siguiente criterio jurisprudencial.”
“....Se tiene entonces que hoy en día el recurso extraordinario de súplica procede, por regla general contra los autos interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones, cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, (sic) se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación. (Art. 130, C.C.A. modificado por el art. 21 Decreto-Ley 2304 de 1989)”.
“Sin embargo, por vía de excepción, conforme al artículo 6o. de la ley 14 de 1988, que vino a modificar el artículo 231 del C.C.A., -y que ya había sido reformado antes por el artículo 67 de la ley 96 de 1985-, se tiene que contra las sentencias de la Sección Quinta, en materias electorales, no cabe recurso alguno”.
“Por tanto, es menester dilucidar si los criterios sobre interpretación de la ley conducen a la conclusión de que esta excepción subsiste o en efecto suyo, a la contraria”:
“El artículo 5o. de la Ley 57 de 1887 (15 de abril), sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional, enseña lo siguiente:
Cuando haya incompatibilidad (sic) entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla”.
1ª. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general; (Las negrillas son de la Sala).
2ª. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y si estuvieren en diversos Códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente; Civil, de Comercio, Penal, Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública”.
“Es cuestionable que el artículo 231 es norma especial -y además posterior-, enfrente de la del 130 del Código Contencioso Administrativo, que tiene un carácter general. De donde resulta que en caso de conflicto entre las dos, debe prevalecer la especial, que es la del 231, en la forma como fue modificado por el 6o. de la Ley 14 de 1988, que establece que contra las sentencias que dicte la Sección Quinta del Consejo de Estado en materias electorales, no procede recurso alguno”.
“No sobra advertir que en otras oportunidades, antes del fallo de la Corte Constitucional-, la Sala Plena acogió una tesis semejante. (Auto del 23 de enero de 1990; Recurso de Queja contra providencia del 26 de octubre de 1989, de la Sección Quinta; Actor: Gustavo Certain; Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez”.
“Por último la Sala estima conveniente agregar que al regular los procesos electorales el legislador adoptó un trámite sumario y expedito, para evitar dilaciones injustificadas porque en ello está comprometido el interés de todo el núcleo social, que aspira - con razón -, a tener absoluta claridad sobre quiénes son sus legítimos representantes”.
“Así las cosas, es una claridad meridiana que el recurso extraordinario de súplica en el caso presente estuvo bien denegado...”.
“A lo anterior cabe agregar que no es cierta la afirmación del recurrente en el sentido de que el texto del ordinal 1o. del artículo 5o. de la Ley 57 de 1887 fue modificado por los artículos 1o., 2o., y 3o. de la Ley 153 de 1887, dado que tanto el primero como los segundos contienen regulaciones diferentes”.
“En efecto, mientras el ordinal 1o. del artículo 5o. de la Ley 57 de 1887, señala la preferencia de la disposición especial sobre la general cuando se encuentran en el mismo Código y son incompatibles entre sí; los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley 153 de 1887 señala la preferencia de la disposición especial sobre la general cuando se encuentran en el mismo Código y son incompatibles entre sí; los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley 153 de 1887 se refieren es a la prevalencia de la ley posterior sobre la anterior (artículo 2o.) y a la insubsistencia de una disposición por declaración expresa del legislador, por incompatibilidad con disposiciones especiales y posteriores o por existir una ley nueva y posterior que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería (artículo 3o.).
“La reforma que se estatuyó en los preceptos enunciados de la Ley 153 de 1887 debe entenderse como una adición de lo regulado en el artículo 5o. de la Ley 57 de 1887, de éste[3]
No advierte la Sala que en los pronunciamientos del Consejo de Estado, cuestionados por el peticionario, se hubiere incurrido en una vía de hecho que haga procedente la acción de tutela. En efecto:
Los argumentos expuestos por el Consejo de Estado en las aludidas providencias, sustentados juiciosamente en la ley vigente y en su propia jurisprudencia, dentro de los límites razonables, racionales y proporcionados de aplicación e interpretación de aquélla, enmarcados además en el ámbito de su independencia y autonomía judicial (arts. 228 y 230 C.P.), llevan a la Sala a la convicción de que dichas decisiones se adoptaron regularmente y se ajustaron a lo que en derecho correspondía en ese entonces.
La circunstancia de que la Corte Constitucional posteriormente hubiera declarado inexequible el inciso 2o. del art. 231 del C.C.A., no puede servir de sustento para estructurar o configurar la vía de hecho alegada por el petente, por la circunstancia de que el Consejo de Estado debió haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad de dicha norma con fundamento en el art. 4o. de la Constitución, porque la decisión de la Corte no puede ser aplicada retroactivamente al momento en que se adoptaron las referidas decisiones, mas aún cuando ella misma fijó sus efectos hacia el futuro. Además, la evaluación de las circunstancias bajo las cuales se configura una vía de hecho necesariamente supone la consideración acerca de las normas jurídicas que se encontraban vigentes en el momento en que se adoptó la decisión judicial y de las demás circunstancias que sean relevantes. Por lo tanto, no es procedente que en este momento procesal en que se revisan las decisiones adoptadas dentro del proceso de tutela la Sala se pronuncie sobre la referida vía de hecho, tomando en cuenta circunstancias o situaciones diferentes a las existentes en el momento en que se produjeron las decisiones impugnadas mediante el instrumento de la tutela.
La Constitución es norma de normas y “en todo caso de incompatibilidad de la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (art. 4o.). De este modo, por ser la Constitución el elemento determinante de la validez del ordenamiento jurídico derivado, en cuanto debe adecuarse o conformarse con sus preceptos, se consagra la supremacía normativa del estatuto superior frente a las normas de rango inferior al disponerse la aplicación prevalente de aquél, cuando las disposiciones de éstas lo contradigan.
Sobre el punto dijo la Corte Constitucional[4], lo siguiente:
“Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del ordenamiento jurídico no quede librada a la voluntad, el deseo o la conveniencia del funcionario a quien compete hacerlo, debe preservarse el principio que establece una presunción de constitucionalidad. Esta, desde luego, es desvirtuable por vía general mediante el ejercicio de las aludidas competencias de control constitucional y, en el caso concreto, merced a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, haciendo prevalecer los preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las normas inferiores que con ellos resultan incompatibles.”
“Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento esencial para que la inaplicación sea procedente, ya que, de no existir, el funcionario llamado a aplicar la ley no puede argumentar la inconstitucionalidad de la norma para evadir su cumplimiento.”
“El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la incompatibilidad en términos generales como "repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí".
“En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe.”
Para la Sala, la circunstancia de que el Consejo de Estado no hubiera aplicado la excepción de inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 231 del C.C.A. a efecto de conceder al petente el recurso extraordinario de súplica contra la aludida sentencia, no configura una vía de hecho, pues como quedó expresado antes, el Consejo de Estado fundado en razones que se estiman válidas estimó dentro del margen de la autonomía y de la independencia judicial que le es propia, que dicha norma se encontraba vigente y no apreció prima facie que ella fuera incompatible con la Constitución.
Por lo demás, no resultaría congruente que la Corte en la sentencia C-005/96 haya determinado que sus efectos sólo operan en relación con las sentencias que profiera la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a partir de la notificación de aquélla y que por otra parte, considere que el Consejo de Estado incurrió en vía de hecho cuando aplicó la norma del inciso 2 del artículo 231 del C.C.A., antes de haberse proferido el fallo de inexequibilidad y cuando ésta obviamente se hallaba vigente.
Por las razones precedentes se confirmará la sentencia del 26 de octubre de 1995 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de octubre de 1995 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez acogió la del 26 de septiembre de 1995 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C.
Notifiquese, copiese, comuniquese, cumplase, e insertese en la gaceta de la Corte Constitucional.
[1]. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2]. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[3]. “CONSEJO DE ESTADO Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza M. Actor: Guillermo Castro Daza. Expediente No. Q-013. Agosto 10 de 1993”
[4]. Sentencia T-614/92. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

References: artículo 6
 artículo 130
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 231
 artículo 231
 artículo 21
 artículo 130
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 130
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 artículo 231
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 231
 artículo 67
 artículo 6
 artículo 130
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 artículo 6
 artículo 231
 artículo 67
 artículo 5
 artículo 231
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 231
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