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Timestamp: 2020-08-08 20:31:33+00:00

Document:
Registro Oficial. AGOSTO31 de AGOSTO del 2001
Viernes 31 de Agosto del 2001
\n 23-721 Proyecto de Ley\n de congelamiento de los precios de la avena Quáker\n
\n 23-722 Proyecto de Ley de Reformas Constitucionales
\n 1789 Incorpórase una\n nota complementaria dentro del Capítulo 87 del Arancel\n de Importaciones
\n 105 Niégase la solicitud\n de la empresa Fosforera Ecuatoriana S.A., mediante la cual se\n requirió la aplicación de una medida de salvaguardia\n definitiva a las importaciones de fósforos aforables
\n SB-INS-2001-222 Nómbrase\n al economista Luis Alberto Aguirre Gómez, liquidador de\n la Compañía Ecuatoriana de Seguros S.A. ECUASEGUROS\n
\n REGULACION
\n 084-2001 Modificación temporal de la constitución\n de encaje
\n 185 Jorge Luis López\n Villacrés en contra del Banco Central del Ecuador
\n 186 José Germán\n Sarango en contra del Director Ejecutivo del INDA
\n 187 Dr. José Temístocles\n Quezada Guaicha en contra del IESS
\n 188 Enrique Cesáreo\n Palacios Guzmán en contra de la Directora del Servicio\n de Rentas Internas
\n 189 Gloria Matilde Moya Montenegro\n en contra del IESS
\n 191 Héctor Horacio\n Chancay Palma en contra del Banco Central del Ecuador
\n 192 Carmen del Rocío\n Espinoza Sola en contra del IESS
\n 193 Fernando Muirragui Montalvo\n y otros en contra del Municipio Metropolitano de Quito
\n 194 Aurelio Castro Chicaiza\n en contra del IESS
\n 195 Marco Quito Ulloa en contra del Ministerio\n de Educación y otros
\n 196 Luis Aníbal Riofrío\n González en contra del IESS
\n 197 Cecilia del Carmen Michilena\n Carranco en contra de la Municipalidad de Ibarra
\n 198 Tribunal Distrital de\n lo Contencioso Administrativo de Quito en contra del IESS
\n 199 Juan José Ramírez\n Yánez en contra del IESS
\n 200 Vicente Carrión\n Ordóñez en contra del IESS
\n 533 Precios de Referencia \n del Sistema Andino de Franjas de Precios para la segunda quincena\n de agosto del 2001, correspondientes a la Circular No. \n 154 del 1 de agosto del 2001
\n DECISION:
\n 507 Actualización de\n la Nomenclatura NANDINA, (Nota: El Anexo de esta Decisión\n se encuentra publicada en la Gaceta Oficial No. 682 de\n 3 de julio del 2001 del Acuerdo de Cartagena)
\n - A la publicación del Acuerdo\n No. 182: Emitido por el Ministerio de Economía\n y Finanzas, efectuada en el Suplemento al Registro Oficial No.\n 249 del 22 de enero del 2001\n \n
NOMBRE: "DE CONGELAMIENTO DE LOS\n PRECIOS DE LA AVENA QUAKER".
CODIGO: 23 - 721.
AUSPICIO: H. WILFRIDO LUCERO BOLAÑOS.
INGRESO: 20 - 08 - 2001.
\n A COMISION: 21 - 08 - 2001.
El deterioro que ha sufrido la economía ecuatoriana\n en los últimos tiempos, ha encarecido significativamente\n los productos de primera necesidad.
Algunos productos alimenticios como la avena Quáker\n se vendían al público a precios exagerados, lo\n cual ha significado una verdadera explotación al pueblo,\n por lo que es indispensable adoptar medidas efectivas en defensa\n de los consumidores.
Esta circunstancia' ha afectado particularmente a los sectores\n pobres de la población que soporta la disminución\n del poder adquisitivo de sus exiguos ingresos, con lo cual resulta\n afectada no sólo la canasta familiar sino también\n su dieta alimenticia.
NOMBRE: "DE REFORMAS CONSTITU-CIONALES".
CODIGO: 23 - 722.
INGRESO: 21 - 08 - 2001.
De conformidad con la disposición del numeral 4 del\n artículo 130 de la Ley Suprema de la República,\n es facultad del Congreso Nacional reformar la Constitución\n e interpretarla de manera generalmente obligatoria.
Es indispensable modernizar el sistema político del\n país, procurando el fortalecimiento de las diferentes\n funciones del Estado, que permitan mayores posibilidades de gobernabilidad\n al Ejecutivo, una Legislatura más idónea y democráticamente\n constituida, una Función Judicial más profesional\n y efectiva y, tribunales que actúen con independencia,\n al margen de influencias partidistas. Es también un imperativo\n despolitizar varias instituciones fundamentales para un transparente\n ejercido democrático.
Estos objetivos, sólo pueden alcanzarse mediante puntuales\n reformas a la Carta Fundamental del Estado Ecuatoriano.
Que mediante decretos ejecutivos 1212 y 1400 A, publicados\n en los Registros Oficiales Nos. 264 y 309 de 12 de febrero y\n 19 de abril del 2001, se fijó en 0% la tarifa por derechos\n arancelarios hasta el 31 de diciembre del 2001, para la importación\n de chasises descabinados nuevos, buses y busetas nuevos para\n el transporte escolar, taxis nuevos, vehículos de transporte\n pesado y transporte de carga liviana, que realicen las organizaciones\n para el transporte terrestre afiliadas a las asociaciones o federaciones\n nacionales y registradas en el respectivo organismo estatal;
Que para la aplicación de los referidos decretos se\n requiere de la incorporación de una nota complementaria\n en el Arancel de Importaciones, para cuyo efecto el Consejo de\n Comercio Exterior e Inversiones emitió dictamen favorable\n mediante Resolución No. 107 de 27 de julio del 2001; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 15 de la Ley Orgánica de Aduanas,
Articulo 1. - Incorpórese una nota complementaria dentro\n del Capítulo 87 del Arancel de Importaciones, en los siguientes\n términos:
"Los vehículos automotores y los demás\n vehículos utilizados para el transporte terrestre de mercancías\n y personas, comprendidos en las partidas arancelarias 8701.20.00,\n 8702.10.10, 8702.10.90, 8702.90.91, 8702.90.99, 8703.21.00, 8703.22.00,\n 8703.23.00, 8703.31.00, 8703.32.00, 8704.21.00.20, 8704.21.00.90,\n 8704.22.00, 8704.31.00.20, 8704.31.00.90, 8704.32.00, 8706.00.10,\n y 8706.00.90.10, cuyas importaciones, realizadas hasta el 31\n de diciembre del 2001, directamente o a través de sus\n representantes o distribuidores, en aplicación de lo contemplado\n en los decretos ejecutivos Nos. 1212 y 1400 A, publicados en\n los Registros Oficiales Nos. 264 y 309 de 12 de febrero y 19\n de abril del 2001, respectivamente, estarán sujetos a\n la tarifa de 0% de derechos arancelarios y a la autorización\n previa del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones".
Artículo 2. - De la ejecución del presente decreto,\n que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al señor Ministro\n de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.
Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito,\n a 22 de agosto del 2001.
f) Richard Moss Ferreira, Ministro de Comercio Exterior Industrialización\n y Pesca.
f.) Jorge Gallardo Zavala, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es fiel copia de original.
Que la compañía FOSFORERA ECUATORIANA S.A.,\n mediante comunicación del 29 de julio de 1999, solicitó\n la aplicación de una medida de salvaguardia provisional\n a las importaciones de fósforos aforables en la subpartida\n arancelaria 3605.00.00. con el objeto de evitar que continúen\n ocasionando un perjuicio ala producción nacional;
Que conforme con la Resolución 0003 del COMEXI, publicada\n en el Registro Oficial N 288 del 1 de abril de 1998, la Subsecretaria\n de Comercio Exterior e Integración del MICIP expidió\n la Resolución 990016 del 28 de octubre de 1999 dando por\n iniciada la investigación;
Que el COMEXI, en sesión celebrada el 14 de noviembre\n del 2000, adoptó la Resolución 074, publicada en\n el Registro Oficial No. 218 del 5 de diciembre del 2000, mediante\n la cual se aplica una medida de salvaguardia provisional equivalente\n al 14 por ciento adicional al arancel que rige para las importaciones\n de fósforos, aforables en la subpartida NANDINA 3605.00.00,\n por un período de 6 meses;
Que mediante oficio No. 784 CXC del 6 de abril del 2001, el\n COMEXI, traslada a la Subsecretaría de Comercio Exterior,\n la carta suscrita por el señor Manuel Iñarrea López\n y auspiciada por los abogados Manuel García Jaen, Antonio\n José Cobo y María Isabel Pardo, en representación\n de la empresa FOSFORERA ECUATORIANA, mediante la cual solicitan\n la imposición de una medida de salvaguardia definitiva,\n a las importaciones de fósforos, al amparo de las disposiciones\n contempladas en la Resolución 052 del COMEXI, en forma\n de derechos arancelarios del orden del 82 por ciento adicional\n a la tarifa arancelaria vigente, por un período de cuatro\n años;
Que para sustentar su solicitud, la empresa FOSFORERA ECUATORIANA\n manifiesta la presencia de un incremento sostenido de las importaciones\n del señalado producto, durante los tres últimos\n años calendario, considerado período representativo\n para la industria; para lo cual remite las correspondientes cifras\n de importación, así como de las importaciones en\n relación con la producción nacional, la participación\n del producto importado en el mercado local, una comparación\n del precio del producto nacional con el importado, el empleo,\n la producción, la capacidad utilizada, las ventas y las\n utilidades;
Que el 15 de junio del 2001, el COMEXI resuelve que en un\n plazo de 30 días, sobre la base de la solicitud formulada\n por la empresa FOSFORERA ECUATORIANA de que se imponga una medida\n de salvaguardia definitiva, el MICIP presente un análisis\n complementario, que le permita a ese organismo, adoptar la determinación,\n definitiva que corresponda;
Que en virtud de esas instrucciones, el 18 de julio del 2001,\n la Subsecretaría de Comercio Exterior remite al COMEXI,\n el informe respectivo en el que se tomó en consideración,\n los datos remitidos por la empresa FOSFORERA ECUATORIANA;
Que con base en la información presentada por la empresa\n FOSFORERA ECUATORIANA y las cifras obtenidas por la autoridad\n investigadora, se realizó un análisis comparativo\n a fin de detectar el comportamiento de las diferentes variables\n en el transcurso del periodo que sirvió de base para la\n elaboración del informe preliminar y del período\n 1998/2000; de cuyo análisis, la autoridad investigadora\n ha llegado a determinar que, si bien existe un incremento en\n el volumen de las importaciones de fósforos no se da en\n cantidades que puedan causar un daño grave a la rama de\n la producción nacional;
Que el nivel de empleo, igualmente, no muestra síntomas\n de daño, en vista de que se mantiene invariable el número\n de empleados de la empresa; la producción, por su parte,\n si bien decae en 1999 en 2,2 por ciento, evidencia una recuperación\n del 8,6 por ciento durante el año 2000; situación\n que no refleja un daño grave en esta variable; la utilización\n de la capacidad instalada se ha mantenido en niveles de alrededor\n del 43 por ciento, en los últimos cinco años; las\n ventas experimentan una disminución promedio del 12,5\n por ciento, lo cual no refleja necesariamente un daño\n grave como respuesta a la importación del producto similar;\n y, las utilidades, si bien se reducen en 57,1 por ciento en el\n 2000, respecto del año inmediato anterior, esta variación\n no guarda proporción con el comportamiento del resto de\n variables analizadas, por lo que no constituye un resultado directo\n del incremento de las importaciones;
Que la normativa vigente sobre la materia, establece que se\n podrá adoptar una medida de salvaguardia a un producto\n determinado, siempre y cuando se compruebe la existencia de importaciones\n en cantidades y en condiciones tales que causen o amenacen causar\n un perjuicio grave a los productores nacionales de productos\n similares o directamente competidores;
Que de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre\n Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio\n y de la Resolución 052 del COMEXI, publicada en el Registro\n Oficial No. 70 del 4 de mayo del 2000; y, con base en el análisis\n técnico presentado por la Autoridad Investigadora del\n MICIP, no se ha comprobado la existencia de daño o amenaza\n de daño grave a la rama de producción nacional;\n y,
Articulo 1. - Negar la solicitud de la empresa FOSFORERA ECUATORIANA\n S.A., mediante la cual se requirió la aplicación\n de una medida de salvaguardia definitiva a las importaciones\n de fósforos aforables en la subpartida arancelaria 3605.00.00.
Artículo 2. - Disponer que la autoridad investigadora\n realice las respectivas notificaciones de la presente resolución.
Certifico que, la Resolución 105 fue adoptada por el\n Consejo de Comercio Exterior e Inversiones en sesión llevada\n a cabo el viernes 20 de julio del 2001.
f) Gonzalo Correa, Subsecretario de Comercio Exterior e Integración\n del MICIP, Secretario del COMEXI.
No. SB\n - INS - 2001 - 222
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS
Que mediante Resolución No. SB - INS - 99 - 408 de\n 1 de diciembre de 1999, esta Superintendencia de Bancos declaró\n a la compañía Ecuatoriana de Seguros S.A. ECUASEGUROS,\n en estado de liquidación forzosa;
Que mediante Resolución No. SB - INS - 2000 - 346 de\n 12 de diciembre del año 2000, se nombró como liquidador\n de la mencionada aseguradora, al economista Angel Vallejo Ballesteros,\n con todas las facultades administrativas, judiciales y extrajudiciales\n dentro de esta liquidación forzosa y las especiales a\n ser conferidas mediante mandato;
Que el inciso segundo del artículo 59 de la Ley General\n de Seguros, faculta al Superintendente de Bancos nombrar un liquidador\n para que lo represente en la liquidación, delegando las\n atribuciones que le confiere la ley; y,
ARTICULO PRIMERO. - Dejar sin efecto, a partir de esta fecha,\n el nombramiento conferido al economista Angel Vallejo Ballesteros,\n como liquidador de la compañía Ecuatoriana de Seguros\n SA. ECUASEGUROS, otorgado mediante Resolución No. SB -\n NS - 2000 - 346 de 12 de diciembre del año 2000.
ARTICULO SEGUNDO. - Nombrar al economista Luis Alberto Aguirre\n Gómez, liquidador de la compañía Ecuatoriana\n de Seguros S.A. ECUASEGUROS, quién tendrá para\n los efectos del proceso liquidatorio, todas las facultades legales\n que establecen las leyes para los liquidadores, en especial,\n aquellas que tienden a proteger los intereses de trabajadores,\n inversionistas, acreedores en general y accionistas; de acuerdo\n a las leyes pertinentes.
ARTICULO TERCERO. - Delegar al economista Luis Alberto Aguirre\n Gómez, el ejercicio de la jurisdicción coactiva,\n que la ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la\n Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero y en la Sección Trigésima Primera del\n Título Segundo del Código de Procedimiento Civil,\n para que actúe en calidad de empleado recaudador y proceda\n al cobro de las obligaciones vencidas a favor de la entidad en\n liquidación. A este efecto, la presente resolución\n le servirá de orden de cobro general.
ARTICULO CUARTO. - El liquidador designado sustanciará\n las diligencias dispuestas en la Ley General de Seguros y en\n la Codificación de la Ley General de Instituciones del\n Sistema Financiero, necesarias al proceso liquidatorio con máxima\n celeridad.
ARTICULO QUINTO. - Ordenar que el economista Angel Vallejo\n Ballesteros presente el informe de labores, cuentas, inventarios,\n estados financieros y anexos relacionados con su administración,\n cortados a la fecha de expedición de la presente resolución.
ARTICULO SEXTO. - Disponer que la presente resolución\n se inscribe en los registros mercantiles y de la propiedad de\n los cantones de Quito y Guayaquil.
ARTICULO SEPTIMO. - Disponer que la presente resolución\n se publique, por una sola vez, en un diario de circulación\n nacional.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los diecisiete días del mes de agosto del año\n dos mil uno.
Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días\n del mes de agosto del año dos mil uno.
f) Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario General.
f) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Prosecretario Técnico.
22 de agosto del 2001.
N0 084\n - 2001
ARTICULO 1. En el Capítulo II (Requerimiento y Posición\n de Encaje), del Titulo II (Encaje), del Libro I (Política\n Monetaria - Crediticia) de la Codificación de Regulaciones\n del Banco Central del Ecuador, sustitúyase el primer inciso\n de la disposición transitoria constante al final del artículo\n 5, por el siguiente:
Durante las semanas de encaje comprendidas entre el 2 y 29\n de agosto del 2001, los bancos privados y demás instituciones\n del sistema financiero público y privado sujetos al control\n de la Superintendencia de Bancos tendrán un encaje de\n 4% para todos los depósitos y captaciones, constituido\n de la siguiente manera:"
ARTICULO 2. Elimínese el último inciso de la\n disposición transitoria del mismo capítulo y titulo.
Comuníquese. - Dada en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los dieciséis días del mes de agosto del año\n dos mil uno.
f) José Luis Ycaza.
f.) Dr. Manuel Castro Murillo.
SECRETARLA GENERAL, DIRECTORIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Es copia. - Lo certifico.
f.) Ivette Charvet Montúfar, Prosecretaria del Directorio.
N0 185
Quito, a 11 de junio del 2001; las 10h45.
VISTOS: (392 - 2000): Jorge Luis López Villacrés\n presenta recurso de casación de la sentencia dictada por\n el Tribunal Distrital N0 4 de lo Contencioso Administrativo en\n el juicio seguido por la recurrente en contra del Gerente General\n del Banco Central del Ecuador; sentencia en la cual se acepta\n parcialmente la demanda, negándose la indemnización\n por concepto de compensación reclamada por el recurrente.\n Este pretende que en el fallo recurrido se ha infringido lo dispuesto\n en el Art. 84 del Reglamento de la Administración Integrada\n del Recurso Humano del Banco Central del Ecuador, por falta de\n aplicación de la indicada norma, lo que a su criterio\n ha configurado la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación\n vigente. Durante el término correspondiente se calificó\n el recurso, oportunidad en la que se estableció la competencia\n de la Sala para conocer y resolver del mismo, presupuesto procesal\n que no ha variado, por lo que, habiéndose agotado en el\n caso el trámite establecido por la ley para los recursos\n de casación, es procedente que se dicte la sentencia respectiva,\n a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones:\n PRIMERO. - El Art. 84 del Reglamento de la Administración\n Integrada del Recurso Humano del Banco Central del Ecuador tiene\n el siguiente texto: "No podrá destituirse a los servidores\n de la institución ni dar por terminado el contrato de\n trabajo sino por las causas y mediante los procedimientos establecidos\n en la ley y este reglamento. - Si de hecho ln fueren, el Banco\n Central pagará en concepto de indemnizaciones, cualquiera\n fuere el régimen legal aplicable a la relación\n entre la institución y el servidor, las determinadas en\n el Código de Trabajo, en leyes especiales y, además,\n las siguientes: hasta dos años de servicio, el valor correspondiente\n a cuatro haberes totales mensuales, más un haber total\n mensual por cada año adicional de servicio o fracción...".\n Del texto antes transcrito aparece con claridad meridiana que\n la indemnización adicional a la que se refiere el Art.\n 84 del tantas veces mencionado reglamento ha de otorgarse a favor\n de quienes fueren destituidos o se diere por terminado su contrato\n de trabajo, es decir a favor de quienes fueron objeto de un acto\n unilateral de la administración. En tanto que el sistema\n de compensación por separación de los servidores\n del Banco Central del Ecuador, se realiza al amparo de lo dispuesto\n en el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado, que\n crea una compensación para los servidores que voluntariamente\n renuncien a sus funciones dentro del plan de reducción\n de personal que cada entidad establezca como parte de los procesos\n de modernización del Estado; es decir se trata ésta\n de una compensación por un acto bilateral, comúnmente\n denominada "compra de renuncias", la cual por estar\n normada por la ley jamás puede constituir una forma velada\n de destitución ni ninguna otra actitud tendente a negar\n los derechos del servidor, como impropiamente se sostiene en\n el escrito de interposición del recurso de casación.\n Es más, el mismo Art. 52 en el inciso quinto establece\n la salvedad de que no serán consideradas como parte de\n la separación voluntaria los beneficios que los fondos\n de cesantía u otros similares creados con anterioridad\n se hayan establecido a favor del funcionario, siempre que tales\n fondos hayan sido alimentados con recursos institucionales y\n con los propios del trabajador, lo que quiere decir, a contrario\n sensu, que no habrá derecho a recibir, además de\n la compensación establecida en el Art. 52, cualquiera\n otra indemnización establecida con anterioridad a la institución\n que no se haya alimentado con fondos, además de los institucionales\n con los originados en los propios beneficiarios. - SEGUNDO. -\n El razonamiento anterior nos lleva a la innegable conclusión\n de la carencia de fundamento jurídico del recurso planteado,\n pues no había razón alguna para que se aplique\n en el caso la disposición del mencionado artículo\n 84 del reglamento tantas veces mencionado. Por lo que, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se desecha el recurso propuesto.- Sin costas.- Notifíquese,\n devuélvase y publíquese.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A.. Luis Heredia\n Moreno y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.
RAZON: Las dos copias que anteceden son iguales a su original.
Quito, a 26 de junio del 2001.
f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la\n Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de\n Justicia.
N°\n 186
Quito, a 13 de junio del 2001; las 09h00.
VISTOS: (266/00): José Germán Sarango deduce\n recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal\n Distrital N0 3 de lo Contencioso Administrativo en el juicio\n seguido por el recurrente en contra del Director Ejecutivo del\n INDA; sentencia en la cual no se acepta la demanda por haberse\n producido la caducidad. Pretende el recurrente que en el fallo\n impugnado se han infringido las normas de los artículos\n 1, 3, 5, 10 lit. a) y 65 de la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa; Arts. 38 de la Ley de la Modernización\n del Estado; 100 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva; y 278 del Código\n de Procedimiento Civil. Infracciones que a su criterio han configurado\n las causales contempladas en el Art. 3 de la Ley de Casación\n en este orden; la causal primera por indebida aplicación\n y falta de aplicación de las normas que señala\n en cada caso y la causal cuarta por no haberse decidido en la\n sentencia todos los puntos de la litis. Con oportunidad de la\n calificación del recurso, la Sala estableció su\n competencia para conocer y decidir de él, presupuesto\n procesal que no ha variado por lo que habiendo concluido en el\n caso el trámite establecido por la ley ha lugar a que\n se dicte sentencia a efecto de lo cual, se hacen las siguientes\n consideraciones: PRIMERO. - La sentencia impugnada en su parte\n resolutiva se reduce a señalar que: "no acepte la\n demanda por haberse producido la caducidad", y en el considerando\n cuarto expresamente se refiere a los antecedentes señalando\n que se le notificó al actor por la prensa en los días\n 27, 28 y 29 de junio de 1993 y que habiendo presentado la demanda\n el 22 de marzo de 1999 han transcurrido con exceso los tres meses\n de los que habla la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n Administrativa en su Art. 65 por lo que se ha producido la caducidad.\n Pero la sentencia recurrida ignora que el Art. 65 de la Ley de\n la Jurisdicción Contencioso Administrativa señala\n que el término correrá: "...desde el día\n siguiente al de la notificación de la resolución\n administrativa que haya causado estado y de la cual se reclama.".\n Consta de autos que el recurrente presentó un recurso\n de reposición a la autoridad que sustituyó conforme\n a derecho al autor del acto administrativo inicial, el Director\n Ejecutivo del INDA con fecha 1 de septiembre de 1997, petición\n que fue rechazada mediante oficio N0 000282 de 14 de enero de\n 1999, fecha en la cual evidentemente se consideraría que\n causó estado la resolución impugnada. Vale la pena\n señalar que a la fecha de presentación del recurso\n de reposición se encontraba en plena vigencia el Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva, cuyo Art. 104 estatuye la posibilidad de interponer\n el recurso de reposición pero únicamente dentro\n de los quince días posteriores a la notificación,\n la cual, conforme se dijo antes, se cumplió en los días\n 27, 28 y 29 de junio de 1993, fecha en la cual aún no\n se encontraba en vigencia el indicado estatuto, siendo efectiva\n su vigencia desde el 30 de abril de 1994, por lo que podía\n presentarse el recurso de reposición legalmente hasta\n quince días después de esta fecha y no el 1 de\n septiembre de 1997, fecha en la cual había caducado sin\n duda alguna su derecho para interponer tal recurso de reposición.\n Y aún en el supuesto no consentido de que por no estar\n vigente a la fecha de publicación no se considerare el\n plazo para presentar el recurso establecido en el Art. 104 del\n Estatuto Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva, encontrándose en plena vigencia el Art. 28\n de la Ley de Modernización del Estado, es evidente que\n por el silencio administrativo, quince días después\n de presentado tal recurso de reposición había de\n considerarse que la reclamación había sido aprobado\n por el ministerio de la ley. En consecuencia desde la indicada\n fecha bien podía el recurrente acudir ya en sede administrativa\n ya en sede jurisdiccional para exigir la ejecución de\n lo aprobado por el ministerio de la ley y ocurre que acudió\n tan sólo el 22 de marzo de 1999 cuando evidentemente,\n aún en el supuesto no consentido de no haberse aprobado\n su reclamación por el ministerio de la ley, por el transcurso\n de un término mayor a tres meses, su derecho a accionar\n había caducado. - SEGUNDO. - De lo anterior aparece con\n toda claridad que si bien el inferior no realizó el análisis\n pormenorizado constante en el numeral anterior, es evidente que\n a pesar de haberse presentado un recurso en vía administrativa,\n por haberlo deducido fuera del término que tenía\n para ello, la resolución inicial causó estado y\n en consecuencia, no habiéndose deducido la acción\n en el término de noventa días, caducó el\n derecho. En consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso\n de casación interpuesto. - Sin costas. - Notifíquese,\n devuélvase y publíquese.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia\n Moreno y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte\n Suprema de Justicia.
N°\n 187
Quito, a 13 de junio del 2001; las 09h15.
VISTOS: (431/00): El Director General (e) del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social deduce recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N0 1 de lo\n Contencioso Administrativo en el juicio seguido por el Dr. José\n Temístocles Quezada Guaicha contra la institución\n representada por el recurrente; sentencia en la cual se acepta\n en parte la demanda, se declaran ilegales los oficios impugnados\n y se dispone el pago de movilización y bono rural tomando\n como punto de partida la ciudad de Quito. Sostiene el recurrente\n que en la sentencia impugnada se ha infringido la disposición\n contenida en el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil,\n infracción que configura la causal tercera de las señaladas\n en el Art. 3 de la Ley de Casación, por falte de aplicación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba. Con oportunidad de la calificación del recurso\n se estableció la competencia de la Sala para conocerlo\n y resolverlo, presupuesto procesal que no ha variado, por lo\n que, habiéndose agotado el trámite determinado\n por la ley para los recursos de casación, ha lugar a que\n se dicte sentencia, a efecto de lo cual se hacen las siguientes\n consideraciones: PRIMERO. - La norma que se alega se ha infringido,\n esto es, el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil,\n textualmente dispone: "La prueba deberá ser apreciada\n en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,\n sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva\n para la existencia o validez de ciertos actos. - El Juez no tendrá\n obligación de expresar en su resolución la valoración\n de todas las pruebas producidas sino únicamente de las\n que fueren decisivas para el fallo de la causa. Examinada la\n sentencia recurrida se establece que en ella el Juez "a\n quo" en el numeral séptimo hace una larga enumeración\n de la documentación presentada por las partes, siendo\n así que el numeral octavo establece las conclusiones y\n resalte lo que, a su criterio, ha demostrado importancia durante\n el término de prueba. Sin embargo del estudio del expediente\n correspondiente aparece evidente que el Juez "a quo"\n debía estudiar y resolver sobre el valor de determinados\n principios como: la intangibilidad de los derechos de los trabajadores,\n la pertinencia del pago de gastos de movilización desde\n un punto determinado y su inamovilidad o movilidad frente a circunstancias\n supervenientes. -SEGUNDO. - Es igualmente evidente que nuestra\n Constitución preceptúa en el numeral tercero del\n Art. 35 que: "El Estado garantizará la intangibilidad\n de los derechos reconocidos a los trabajadores, y adoptará\n las medidas - para su ampliación y mejoramiento",\n añadiendo, en el numeral cuarto, que: "Los derechos\n del trabajador son irrenunciables". Mas también no\n es menos evidente que, así mismo la máxima norma\n legal, establece claramente el servicio público como un\n sector sujeto a normatividad específica, en la que se\n hace prevalecer el criterio de que el ejercicio de dignidades\n y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad,\n que exigirá. capacidad, honestidad y eficiencia; disponiendo\n el Capítulo II del Título V el establecimiento\n de un régimen especial para quienes integran la administración\n pública. Precisamente por ello es que en los incisos segundo,\n tercero y cuarto del numeral noveno del Art. 35 de la Constitución,\n se determina cuáles servidores estarán sujetos\n al régimen laboral y cuáles estarán comprendidos\n dentro del sistema del derecho administrativo. Este diferenciación\n es sustancialmente importante para apreciar la verdadera trascendencia\n de las normas laborales en cada caso, disposición constitucional\n que, por su naturaleza, prevalece sin lugar a dudas sobre cualquier\n otra norma, por importante que ésta fuera, pero que debe\n estar sujeta a las disposiciones constitucionales. Lo anterior\n nos demuestra que al trasladar al personal del seguro social\n del régimen laboral al administrativo, los funcionarios\n conservaron los derechos que tenían como trabajadores,\n tanto más cuando el organismo máximo, del ente\n autónomo al que pertenecían en forma expresa reconoció\n esos derechos a los funcionarios que pasaban al sistema de la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Mas es evidente\n que tales derechos en el nuevo régimen administrativo,\n al que por disposición constitucional se sometían,\n tenían que estar adecuados en materia de competencias\n y naturaleza de las instituciones correspondientes a las disposiciones\n del régimen administrativo. Por consiguiente, en el caso,\n indudablemente que el actor tenía el derecho adquirido\n de recibir el bono rural y el pago de movilización como\n consecuencia de la naturaleza de la prestación de servicios\n que realiza al IESS y que se caracteriza por no efectuarlas en\n un único y determinado lugar, sino mediante visitas itinerantes\n a los dos dispensarios a él encargados, partiendo de un\n lugar determinado que no era el de ubicación de los indicados\n dispensarios. Ahora bien, es así mismo evidente que cuando\n se encontraba bajo el sistema del derecho laboral, se produjo\n un acta transaccional que, por su naturaleza, se la cumplía\n para establecer puntos coincidentes respecto de problemas existentes\n en ese entonces, y también no es menos cierto que el órgano\n del sistema laboral establecido por el contrato colectivo, denominado\n "Comité Obrero Patronal de nivel central", adoptó\n las decisiones para el caso de acuerdo con las atribuciones de\n las que se hallaba investido. Mas no por ello se ha de pretender\n que al pasar del sistema laboral al regido por la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, no exista un órgano con\n la competencia suficiente para adoptar en el campo administrativo\n las resoluciones que tomaba el Comité Obrero Patronal\n en el campo laboral; ni tampoco se puede creer que las resoluciones\n adoptadas sobre problemas coyunturales puedan ser inamovibles\n cuando se produjo el traslado al otro sistema tanto más\n que en el sistema de servicio civil y carrera administrativa\n existe una normatividad expresa que caracteriza de manera concrete\n las instituciones establecidas en beneficio de los servidores\n y sus efectos, y es así como el pago de movilización\n está considerado, dentro del sistema del servicio civil,\n como el equivalente al costo de los pasajes desde el lugar de\n la permanencia habitual del funcionamiento hasta el lugar en\n dónde tiene que dar cumplimiento al servicio público\n a él encomendado. - TERCERO. - Ahora bien, es evidente\n que cuando se adoptaron las resoluciones a las que alude el actor\n era notoria la falte de elementos formales suficientes para pensar\n que se tenga como lugar base de la permanencia otro que no fuera\n la ciudad de Quito, y por ello precisamente el acta transaccional\n había considerado como lugares iniciales de desplazamiento\n los cantones que se habían creado con anterioridad al\n 31 de mayo de 1983. Mas ocurre que con posterioridad a esa fecha\n se crea el cantón Pedro Vicente Maldonado, el cual fue\n elevado a esa categoría a partir del 28 de enero de 1992.\n Esta circunstancia unida al hecho de que el actor tiene su domicilio\n actualmente en el cantón últimamente nombrado ha\n determinado que el organismo competente dentro del sistema de\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Dirección\n Nacional de Seguro Campesino, en la que trabaja el actor, considere\n que era pertinente conceder el pago de movilización al\n actor por una sola vez semanal desde la ciudad de Quito hasta\n el cantón Pedro Vicente Maldonado, lugar de su residencia,\n y desde éste diariamente hasta los dispensarios en que\n presta sus servicios, presumiendo naturalmente que el actor en\n su actual residencia cuente con todos los medios para no trasladarse\n todos los días a la ciudad de Quito para iniciar sus desplazamientos\n diarios. No consta de autos, por otra parte, que el actor haya\n demostrado que durante todos los días parte de la ciudad\n de Quito al cumplimiento de sus deberes en los dispensarios respectivos.\n Todo lo anterior concurre a demostrar que, con las resoluciones\n impugnadas, no se ha violado ningún derecho subjetivo\n del actor, en tanto en cuanto no se ha demostrado que éste\n concurra todos los días a la ciudad de Quito para desde\n ésta partir al cumplimiento de sus funciones en los dispensarios\n médicos a él encomendados; circunstancia esta última\n que determina el que la Sala llegue a la conclusión de\n que al no haber existido violación de los derechos individuales\n no hay ilegalidad en los actos administrativos impugnados. Con\n tales antecedentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia recurrida y se\n desecha la demanda, dejándose a salvo la posibilidad de\n que el actor demuestre, en legal forma, que concurre personalmente\n todos los días hasta la ciudad de Quito para desde éste\n trasladarse al cumplimiento de sus deberes en los dispensarios\n médicos encomendados. - Sin costas. - Notifíquese,\n devuélvase y publíquese.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia\n Moreno y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.
RAZON: Las tres copias que anteceden son iguales a su original.
f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala\n de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
N°\n 188
Quito, a 13 de junio del 2001; las 11h30.
VISTOS: (248 - 00): Enrique Cesáreo Palacios Guzmán\n interpone recurso de casación de la sentencia dictada\n por el Tribunal Distrital N0 3 de lo Contencioso Administrativo\n de Cuenca en el juicio seguido por el recurrente en contra de\n la Directora del Servicio de Rentes Internas; sentencia en la\n cual se rechaza la demanda por considerarse que ha operado la\n caducidad. Sostiene el recurrente que en la sentencia impugnada\n se han infringido las disposiciones de los artículos 28\n de la Ley de Modernización y 65 de la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa, lo que ha configurado las causales\n de errónea interpretación e indebida aplicación,\n respectivamente, señaladas en el Art. 3 de la Ley de Casación.\n Con oportunidad de la calificación del recurso, la Sala\n estableció su competencia para conocer y resolver este\n caso, presupuesto procesal que no ha variado, por lo que, habiendo\n en el caso concluido el trámite establecido por la ley\n para la casación, es pertinente el que se dicte sentencia,\n a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones:\n PRIMERO. - Es de absoluta evidencia que el recurso subjetivo\n o de plena jurisdicción no puede presentarse en cualquier\n tiempo, sino únicamente dentro del término de noventa\n días (días hábiles) de notificada la resolución\n administrativa que haya causado estado y en base de la cual inicia\n la respectiva acción. Pero naturalmente para ello el Juez\n tiene la necesaria obligación de establecer cuál\n es el acto administrativo impugnado y en qué fecha el\n indicado acto ha causado estado, circunstancia esta última\n que se da únicamente cuando la resolución administrativa\n de que se trate no es susceptible de recurso alguno en la vía\n administrativa. Cierto es que, en aplicación de lo que\n dispone el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estada\n el afectado por un acto administrativo bien puede concurrir directamente\n ante la jurisdicción contencioso administrativa sin agotar\n antes de la vía administrativa; mas este es un derecho\n que no enerva el de poder recurrir a la vía administrativa,\n si ese es su interés, en la esperanza de en ella lograr\n el reconocimiento de sus derechos presuntamente violados. En\n el caso, es evidente también que el origen del reclamo\n se encuentra en el hecho de un pago como indemnización,\n inferior al que considera tener derecho el actor; más\n no es menos cierto que en ejercicio de sus plenas facultades,\n bien podía concurrir directamente ante la jurisdicción\n contencioso administrativa con el correspondiente reclamo para\n que reconociéndose lo que en el fondo es un error de cálculo,\n se ordene el pago correspondiente; pero bien podía también,\n utilizando la vía administrativa, presentar el reclamo\n respectivo ante la autoridad administrativa correspondiente con\n la esperanza de que, reconociéndose el error incurrido,\n se procediera al pago respectivo. El efecto del reclamo presentado\n ante la autoridad administrativa podía ser impugnado ante\n la jurisdicción contencioso administrativa, de no ser\n favorable a sus pretensiones, en el término de noventa\n días a partir de aquel en que se recibió la respuesta\n y, en consecuencia el acto administrativo había causado\n estado. De no recibirse la respuesta en los quince días\n siguientes de término de presentada la solicitud, como\n así ocurrió, en atención de lo que dispone\n el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado: "...vencido\n el respectivo término, se entenderá por el silencio\n administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o\n que la reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante.".\n Conforme consta de la jurisprudencia vinculante sobre el silencio\n administrativo establecida por esta Sala, la que está\n en pleno acuerdo con lo que enseña la doctrina, según\n la cual el silencio administrativo positivo origina un derecho\n autónomo que no tiene relación alguna con sus antecedentes\n y que, en consecuencia, de no ser ejecutado de inmediato por\n la administración, puede ser base suficiente para iniciar\n un recurso, no de conocimiento sino de ejecución, ante\n la respectiva jurisdicción contencioso administrativa.\n Por consiguiente, resulta contraria a esta jurisprudencia pretender,\n como lo hace la sentencia, que: "El silencio administrativo\n constituye un hecho jurídico que excluye toda declaración\n de voluntad, constituye simplemente una presunción de\n carácter legal que limite a presumir denegatoria de la\n Administración, que no equivale necesariamente, a una\n resolución administrativa; por lo tanto, el efecto que\n la ley le atribuye no es de naturaleza sustancial, sino meramente\n procesal.". El silencio administrativo negativo, que se\n encontró en vigencia en nuestro derecho hasta la expedición\n de la Ley de Modernización del Estado, que fuera publicada\n en el Registro Oficial N0 349 de 31 de diciembre de 1993, en\n realidad consagraba una presunción que podía ser\n demostrada en contrario con la posterior manifestación\n de la autoridad administrativa; mas el silencio positivo establece\n una presunción de derecho, a la que no afecta la posterior\n manifestación en contrario de la administración.\n Este efecto del silencio positivo consta claramente señalado\n en los fallos emitidos por esta Sala en los juicios Nos. 321/97,\n 168/ 98 y 169/ 98 que constan publicados en la Gaceta Judicial,\n Serie XVI, N0 15, Págs. 4208 - 4212. - SEGUNDO. - Habiéndose\n en el caso aprobado por el ministerio de la ley, como consecuencia\n del silencio administrativo positivo, la reclamación del\n recurrente, éste bien pudo, conforme lo hizo, reclamar\n su ejecución en la vía administrativa previamente\n a plantear similar reclamación en la vía contencioso\n administrativa. Cierto es que la definición del recurso\n subjetivo o de plena jurisdicción incluye la existencia\n de una negativa, desconocimiento o no reconocimiento por el acto\n administrativo de que se trata, mas ésta sé encuentra\n complementada por lo establecido por otras normas legales y por\n la jurisprudencia que establecen como a más de los actos\n expresos existen actos tácitos que originan el derecho\n de accionar ante la jurisdicción contencioso administrativa.\n Uno de estos actos tácitos es el que se da cuando reclamada\n la ejecución de lo aprobado por el silencio administrativo\n positivo, la administración no lo ejecute y entonces surge\n la facultad del reclamante para acudir ante la vía contencioso\n administrativa, solicitando que se disponga su ejecución.\n - TERCER(S). - Establecido el derecho que tenía el reclamante\n en aplicación de lo dispuesto en el Art. 28 de la Ley\n de Modernización del Estado, en concordancia con lo señalado\n en el Art. 38 del mismo cuerpo legal, es preciso determinar si\n se produjo o no la alegada caducidad del derecho para reclamar\n en tal vía por la oportunidad o no del reclamo. Aparece\n claramente que se presentó una reclamación ante\n el Director del Servicio de Rentas Internas y consta que ésta\n no tuvo respuesta, por lo que es evidente que a partir del 26\n de diciembre de 1998, en aplicación de lo que dispone\n el Art. 127 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, se consideraba como aprobada\n la solicitud, por haber transcurrido má

References: artículo 130
 Resolución 

Artículo 2
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Artículo 2
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 artículo 59
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