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Timestamp: 2018-02-22 22:56:26+00:00

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Terrorismo ó derechos humanos. Algunas consideraciones sobre modelos de implantación legal de terrorismo en Argentina. – Derecho Penal Online
Internacional 10/08/2007
Este trabajo se enmarca en la reflexión jurídica sobre el modelo imposición de leyes antiterroristas. Se analizará el estado de dicha cuestión en la actualidad internacional y en un país como la Argentina.
Se analizarán los llamados Proyectos de ley Antiterroristas que han circulado y circulan actualmente en el Congreso de la Nación Argentina. Se realizará un breve cotejo legal-interpretativo con las denominadas leyes contra la Subversión, utilizadas como instrumento normativo durante la década del 60 y 70, para combatir y eliminar a la disidencia política.
Haremos finalmente una evaluación sobre la posición y el compromiso de la Argentina respecto del tema tratado, especialmente ante la Comunidad Internacional.
2.- Terrorismo y Derecho Supranacional (Formas de implantación)
La cuestión del Terrorismo a nivel de Derecho Supranacional tiene larga data, intentaremos hacer aquí un breve esbozo de la cuestión, de modo de poder pasar a analizar con mayor detenimiento este fenómeno a la luz del caso Argentino.
Como hemos visto, la globalización de la temática del terrorismo ha llevado en estos últimos tiempos a la construcción de un bloque o marco de legalidad Antiterrorista en la esfera Internacional, que busca instalarse en la esfera local del mismo modo en que se fueron instalando los estándares de legalidad internacional de derechos humanos desde mediados del siglo veinte para acá.
La intención de globalizar o trasnacionalizar la condena del terrorismo desde determinados cánones jurídicos, entendemos puede lograrse desde distintos caminos o formas de implantación. Nosotros identificaremos tres formas:
* La primera, en forma de ley local Antiterrorista, que es sancionada por el Congreso de cada país o por decreto y no tienen en cuenta o incumple (o no se adecúa) los exhortos establecidos en los estándares multilaterales sobre terrorismo establecidos por la ONU o la OEA, como así los estándares básicos sobre derechos humanos (Así, la Ley Patriot Act de USA, Ley Antiterrorista Peruana Fujimori, Ley Antiterrorista Colombiana, Chilena, etc.).
* La segunda, en forma de ley local Antiterrorista, como una forma de reforzar el sistema protectorio de derechos humanos. Es decir, a través de una ley que cumple con los trazados establecidos por los instrumentos internacionales que regulan la cuestión del Terrorismo, previniendo y reprimiendo estos actos, con cierto respeto al sistema de derechos humanos reconocidos internacionalmente (modelo establecido por la OEA en la Convención 3/6/02 en Barbados, y modelo de la ONU en Resols. 2003 y 1373).
* La tercera, en forma de operatividad automática del derecho supranacional que previene y reprime el terrorismo por ser crimen de lesa humanidad, no siendo necesaria una legislación interna al respecto, puesto que al igual que las graves violaciones cometidas por los Estados a los derechos humanos, entra en juego el ius cogens, por lo tanto pasa a tener tratamiento de jurisdicción universal, extraterritorialidad, imprescriptibilidad, etc (modelo de Convención contra el Terrorismo de 1937 de la Liga de las Naciones, o el que se pretende introducir como reforma en el Estatuto de Roma de 1998).
La idea de modelos de implantación funciona como una suerte de conceptualización por vía de estos tipos ideales con los que trataremos de comprender el fenómeno de ingreso a la órbita local, de aquellos cánones o consensos jurídicos que son resultado de una lenta preparación en la órbita trasnacional. Estos modelos o tipos ideales de implantación del terrorismo, son también el resultado de un gradual y complejo avance de la política y el derecho internacional. Son tres visiones que hoy se disputan en el pensamiento internacionalista dentro y fuera del seno de los Organismos Internacionales. De alguna manera pareciera que desde el primer modelo se avanza hacia el tercero, pero esto no es de ninguno forma así; pues por momentos el Unilateralismo Norteamericano exporta hacia el mundo su Ley Patriótica como la formula o receta más eficaz para combatir el terrorismo; pero por otro momento también es criticada por la Comunidad Internacional quien advierte el abuso de posición dominante y el incumplimiento de derechos humanos básicos, convirtiéndose el segundo estadío o acaso el tercero como la situación ideal.
A nosotros nos interesará analizar estos modelos o tipos ideales de implantación, a la luz de una coyuntura tan disímil y compleja como los es el Estado Argentino a la hora de perfilarse desde sus políticas públicas al tema del terrorismo.
3. El intento de implantación de una legislación Antiterrorista en Argentina.
3. 1) Antecedentes (las denominadas leyes contra la subversión)
Argentina posee varios antecedentes históricos sobre la existencia de instrumentos legales en los que se busca erradicar prácticas o acciones “terroristas” o “antisubversivas”. Las leyes y decretos para combatir y erradicar la subversión dictadas entre los decenios 60-70/ 70-80 son muy numerosos, en todas ellas se faculta a las fuerzas de Seguridad del Estado, entre ellas a las Fuerzas Armadas (a partir de la ley Nacional 16.970/66), a combatir y aniquilar el accionar de elementos subversivos en todo el territorio del país, para lo cual se establecen distintos mecanismos de asistencia, cooperación, penalidades, formas de juzgamiento, asignaciones presupuestarias, etc.
Como sostiene el profesor Eduardo S. Barcesat, el examen estricto de la legalidad de facto evidencia que el estado de excepción comienza su instalación en nuestra sociedad mucho antes de la asonada militar del 24 de Marzo de 1976; mas bien el golpe de estado expresa una continuidad y profundización de la excepcionalidad, que su mero arribo al poder. Tanto la ley 20.840 denominada “Defensa nacional”, las primeras expresiones del futuro Terrorismo de Estado son de autoría de la Triple A, decretos secretos y la imposición del Estado de sitio, que propician y posibilitan una verdadera discrecionalidad y arbitrariedad en el ejercicio del poder político.
El paradigma o marco general ideológico de toda esta legalidad de excepción, se trata de la Doctrina de la Seguridad Nacional que se gestara a partir 1966 y continuara desde marzo del 1976 como poder desaparecedor. Tal doctrina se asentaba principalmente sobre dos premisas básicas: a) la bipolaridad del mundo (guerra fría) y; b) la guerra total y permanente (contrainsurgencia). La primera, como sabemos, supone al individuo dividido en dos partes: Occidente Cristiano y Comunismo Ateo. La segunda parte de aquella doctrina es que aquellas dos partes del mundo se encuentran en guerra, y en el ámbito interno, esta premisa supone que el enemigo rojo, el subversivo, actúa mediante guerra revolucionaria. Por lo tanto, todo ciudadano es un guerrero, esté en un bando o en el otro. El Estado de la Seguridad Nacional, en consecuencia, debe armar una máquina de guerra contrarrevolucionaria (…) las fuerzas armadas y la policía se superponen, pues la primera termina actuando como la segunda, hasta el punto que muchas veces actúa anónima.
Come vemos, la construcción semántica del “subversivo” tiene toda una historia jurídica enmarcada dentro de la matriz política de la época, siendo el Estado su principal protagonista en tanto ejecutor de una violencia indiscriminada (no por
ello irracional) y dirigida por todos los medios posibles a aniquilar a sus enemigos políticos. El terror es programático, se encuentra en el seno de Estado, se presentarse en forma de manera escalonada o en espiral: como detención legal por el mero hecho ser considerado subversivo, por el mero hecho de participar de algún modo en la subversión. Se presenta luego como secuestro y detención ilegal por ser considerado subversivo, luego en forma de asesinato del tildado subversivo (o ni siquiera subversivo), en forma de campo de concentración y en forma de desaparición forzada de personas (de subversivo o no subversivo). El terror de Estado es tríptico: a la vez secreto, clandestino y absolutamente impune en su accionar.
Con respecto al concepto jurídico de “subversivo” caben las palabras del jurista Argentino Beinutsz Szmukler en una ponencia presentada en el año 1980 en la Conferencia Nacional de Abogados en Córdoba: el subversivo siempre fue una categoría política, un adefesio político autóctono engarzado a textos jurídicos, no había razón (más que política) para inventar una categoría jurídica especial llamada “subversivo”, o acaso de “terrorista”. Como dice Szmukler, en todo caso se trata de sujetos que por el simple uso de la violencia política contravienen acciones prescritas en una norma penal, no hay razones para llamarlos de un modo específico, o inventarles un estatuto punitivo específico por poseer una cualidad personal.
3.2 Consideraciones previas en cuanto al contexto de implantación de leyes Antiterroristas.
a) El Rol de las Fuerzas Armadas en la Democracia (acerca del nuevo consenso)
Pese al amplio consenso político que postuló la subordinación castrense al ámbito civil desde 1983, se fueron sucediendo distintos intentos por rediscutir sus funciones en democracia. Durante los últimos 20 años han sido preocupantes los esfuerzos por sumar por sumar a las Fuerzas Armadas en acciones vinculadas a la seguridad interior y a la represión del conflicto social. El trabajo de monitorear, desde y durante la vigencia democrática, el cumplimiento de estas normas se volvió particularmente importante a partir de la segunda mitad de la década del 90 y cobró fuerza luego de los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos. Ahora bien, ello no ha impedido la organización de fuerzas de seguridad mixtas o combinadas como las que vienen trabajando desde Mayo de 2002 en la ciudad de Buenos Aires o en el Conurbano: Prefectura Naval, Gendarmería y la Policía Bonaerense realizaron convenios de cooperación modificando el esquema de seguridad ciudadana utilizado hasta el momento, incluso en casos de conflicto social. Cabe decir, nada impide que de sancionarse un instrumento legal como la ley Antiterrorista sea de aplicación directa sin intervención necesaria de las Fuerzas Militares.
b) Inexistencia de la llamada “guerra sucia”.
En segundo lugar, desde un aspecto político-histórico, la situación interna Argentina actual es radicalmente diferente a la de la década del 70, en tanto y en cuanto no existe, ni puede –legalmente– haber una respuesta armada, ni de contrainsurgencia, ni un clima de lucha revolucionaria como en ese entonces.
En efecto, si aquellas leyes contra la subversión adquirían un carácter netamente represivo, selectivo y de eliminación de los disidentes; los Proyectos de ley Antiterroristas actuales tienen un carácter de naturaleza preventiva-disuasiva, que no la haría menos represivo en caso de volverse a circunstancias iguales o similares. A nuestro entender, se trata más de una advertencia a los que quieran embarcarse en la ruta de la contestación del sistema económico y social vigente.
c) Neoliberalismo y ciclo de protesta social.
En tercer lugar, la política neoliberal actual se caracteriza por el desmantelamiento del aparato estatal en general, abandono de los servicios públicos rentables en manos de empresas transnacionales, recortes en salud, educación, vivienda, cultura, legalización de la explotación por medio de la mentada flexibilización, etc. El Estado actual parecería que tiene un fuerte rol en garantizar las ganancias de las empresas multinacionales y del capital financiero, que elevar el nivel de vida de la población. Así, el Estado no tendría otra salida que de "adaptarse al mercado mundial" sin importar el precio que debe pagar la población: desempleo masivo; miseria generalizada, crecimiento de la mortalidad infantil, perdida del poder adquisitivo, etc. En una tal situación, es de esperar, razonablemente, que los "desordenes y protestas" aumenten día tras día. Todo parece indicar que de dictarse una ley Antiterrorista sería un instrumento oportuno para impedir una contestación social al sistema vigente.
3.3.) Los Proyectos de ley Antiterrorista.
En primer lugar, ninguna casualidad resulta al cotejar los postulados básicos de la estructura de las llamadas leyes para combatir a la subversión con los postulados básicos de los proyectos que intentan legislar la temática antiterrorista. Es indudable que estamos ante una misma matriz ideológica, atravesada por distinta jerga terminológica:
El primer Proyecto data del año 1997, y es posterior a los atentados ocurridos en la Embajada de Israel y en la sede de la AMIA.
El segundo Proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2002
El tercer Proyecto, data de Marzo del año 2006.
Todos estos textos, con algunos matices entre sí, reproducen en su contenido extractos de los estándares legales internacionales y algunas leyes comparadas sobre la legislación Antiterrorista. Como resultado tenemos: textos producto de distintos injertos legales, una amalgama desordenada de aspectos normativos que ni siquiera guarda coherencia con la normativa vigente (Constitución Nacional, Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos, Leyes de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, Código Penal, Códigos Procesales Provinciales, etc.)
a) Las definiciones de terrorismo en tipos penales especiales.
La indefinición o vaguedad del concepto de terrorismo es un hecho que ya a nadie se le escapa. La comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo –a esta altura– en definirlo de un modo u otro, existen sí distintas versiones sobre sus elementos y/o características.
Como bien señalaba Beinutsz Szmukler al analizar el concepto análogo de “subversivo”, queda a la vista que la creación de un sujeto como el de “los terroristas” pretende dar un estatuto especial por el mero hecho de poseer una cualidad personal (absolutamente indefinida) cuando la legislación penal interna (el código Penal) de cada país, ya prevé y reprime un catálogo de delitos: contra la vida, abuso de armas, delitos contra libertad individual, extorsión, daños, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público. Desde un punto de vista estrictamente técnico estamos haciendo derecho penal de autor y no de acto, a la vez que creando condiciones jurídicas especiales y excepcionales dentro del propio sistema jurídico, que en su espíritu constitucional no distingue a un ciudadano de otro ante la ley (art. 16 de la CN).
En el mismo sentido se expresa el profesor Raúl Eugenio Zaffaroni en una obra de pronta publicación:[1]
“Por desgracia, las reformas penales que impulsan la cuestión del terrorismo, además de provocar un avance del estado de policía o autoritario –con el consiguie
nte debilitamiento del estado de derecho-, suelen tener efectos paradojales, porque crear tipos penales de terrorismo puede ser fuente de impunidad. Ante todo, porque es común que lesionen el principio de estricta legalidad, lo que puede provocar su declaración de inconstitucionalidad. En segundo lugar, porque todos pretenden incorporar elementos subjetivos. Parece que nadie es capaz de preguntarse para qué efecto práctico pueden servir esos tipos con elementos subjetivos, cuando en el tipo tradicional del homicidio calificado, sin requisito subjetivo alguno, se prevé la pena máxima del código, y ello sin necesidad de agotar el resultado del estrago, sino bastando con causar la muerte de una sola persona. Y la misma pena se le impone al que lo financia, porque coopera en la preparación en forma necesaria (con dominio del hecho) y, por consiguiente, es partícipe necesario, o porque decide al ejecutor y en tal caso es instigador. Si la ley es tan clara y lo ha sido siempre, no se comprende qué efecto práctico se puede buscar con tipos especiales que no cubren ningún vacío de tipicidad y que, por el contrario, pueden confundirlo todo y provocar impunidades.”[2]
En el fondo estamos ante la misma figura del subversivo con algunos aditamentos que intentan disfrazarlo y -porqué no- “despolitizarlo” en razón de los nuevos tiempos que corren. Como ya hemos explicado, la Doctrina -Represiva- de la Seguridad Nacional se transforma en Doctrina -Preventiva- de la Seguridad Ciudadana, ajustando sus parámetros de intervención con técnicas de excepción legal que le auguran áreas (zonas liberadas) para practicar el terror contra elementos de la ciudadanía considerados “indeseables” (enemigos), incluso dentro del propio Estado de Derecho.
b)Violación flagrante a Derechos Humanos y Garantías judiciales:
En lo que hace a las garantías judiciales y derechos en juego, para ser sintético, voy a enumerar aspectos de los Proyectos que son de suma preocupación (Vease Anexo I y II que acompañan este trabajo):
– En el Proyecto 1997, es el Tribunal Federal el competente para juzgar los delitos que tengan una naturaleza terrorista (art. 3). Se crea un juez especial para atender el caso. Se pone así en juego la garantía del juez natural que establece el artículo 18 de la CN y art. 8 de la CADH (algún parecido con el viejo Camarón de 1971 no parece ser mera casualidad).
– El Proyecto 1997 otorga poderes especiales al Poder Ejecutivo Nacional representado en el Procurador General de la Nación, se trata de funciones administrativas de trasgresión de la ley para habilitar a los agentes encubiertos, sustituir testigos, suministrar información.
– Existe en ambos casos (en forma grosera en el Proyecto 1997) una utilización desmedida de figuras ambiguas y polémicas tales como: del "arrepentido", “a delación anónima”, “la infiltración”, “el testigo oculto y bajo reserva”, etc. La experiencia histórica en América Latina nos puede conducir a afirmar que los servicios represivos de inteligencia (militares y policiales) no han esperado y ni esperaran orden de juez competente para infiltrarse en organizaciones sociales, políticas o de derechos humanos.
– En ambos Proyectos existe una violación manifiesta (grosera) a garantías consagradas universalmente: el principio de legalidad (como máxima taxatividad penal: el concepto de terrorismo es un tipo penal abierto), al derecho de inocencia, de defensa, publicidad de las pruebas (secreto completo actuaciones), a fin de cuentas: violación al debido proceso en general (art. 18 de la CN, arts. 8 y 9 de la CADH).
– En ambos proyectos nos encontramos con un intento de descomunal avance sobre los derechos de privacidad de la ciudadanía (art. 19 de la CN, art. 11 y 12 de la CADH) y atentatorio contra el sistema de probatorio procesal de cada provincia (art. 2, 18, y 75 de la CN), puesto que con la excusa del terrorismo se abre la puerta para hacer inteligencia investigativa sin ningún tipo de control judicial.
– En ambos proyectos se viola de manera patente el derecho a la libertad de expresión, libertad de cultos, derecho de liberad de reunión, derecho de petición, de resistencia, no discriminación, etc. Todos consagrados en forma unánime por el bloque constitucional e internacional (arts. 14, 16, 18, 33 y 36 de la CN, y arts. 12, 13, 15, 16, 23 de la CADH)
4. Otra forma de implantación: ¿Implantación sin ley?
Con posterioridad a los intentos aludidos de instaurar una legislación antiterrorista en la órbita local, el Estado Argentino ha mantenido una posición de permanente cooperación internacional en la materia, aprobando así distintas convenciones internacionales, sin llenar el completo vacío en la legislación interna. Sin embargo, a pesar de dicho vacío –en apariencia–, parece estar zanjada la cuestión en nuestro país sobre la existencia del fenómeno del terrorismo; sea, como algo posible; sea, como algo que –a esta altura– nadie dudaría que pueda existir. Independientemente de una definición que tampoco la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en adoptar, como ya hemos podido apreciar, hay sectores que se disputan ese vacío buscando llenarlo con aspectos, pautas y definiciones que pasan por alto conquistas básicas en el ámbito de los derechos humanos.
4.1) Leyes y Convenciones sobre Terrorismo aprobadas por el Estado Argentino.
Decíamos que la aprobación de distintos instrumentos de derecho internacional, es decir, el reconocimiento del Estado Argentino de distintos convenios multilaterales que tratan y condenan el tema del terrorismo, ha ido vinculando lentamente a ese Estado a la temática, de forma de crear un contexto propicio para su implantación sin la necesidad de una reglamentación interna.
Por ley 19.793, la Argentina aprueba el Convenio para la Represión del Apoderamiento ilícito de Aeronaves, de La Haya 1970.
Por ley 20.411, se aprueba el Convenio para la Represión de Actos ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, de Montreal 1971.
Por ley 23.915, se aprueba el Protocolo para la Represión de Actos ilícitos de violencia en los Aeropuertos que prestan servicio a la Aviación Internacional, de Montreal 1988.
Por ley 24.209 se aprueba el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marina, de Roma 1988.
Con fecha 22 de Septiembre de 1998, el Congreso Argentino aprueba por ley 25.762 el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.
Con fecha 17 de Marzo del 2000, el Congreso dicta la ley 25.241, que establece reducciones de penas a aquellas personas que colaboren en la investigación sobre hechos de terrorismo (introduce la llamada figura del Arrepentido).
Con fecha 30 de Marzo de 2005, es decir, en una misma jornada, el Congreso Nacional aprobó dos instrumentos legales de derecho internacional a saber: mediante Ley 26.024, la Convención Interamericana sobre Terrorismo del año 2002 (OEA); y la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo sancionada por la Asamblea General de la ONU en el año 1999.
La inclusión al derecho interno de dicha legislación no ha modificado sustancialmente el panorama que existía hasta el momento en la legislación común, siendo más una demostración o gesto de cooperación por parte del Estado Argentino ante la comunidad internacional, que un giro en la aplicación de esa normativa a situaciones concretas.
4.2) El Terrorismo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (el caso Lariz Iriondo como pauta interpretativa)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 10 de Mayo de 2005,[3] sienta un precedente fundamental para poder analizar en el futuro la relación de equilibrio entre sistema de derechos humanos interno y obligación del Estado Argentino ante la Comunidad internacional en relación a los denominados delitos de Terrorismo. En efecto, es en este fallo donde queda a la luz la armonización o balanceo entre estándares de derecho internacional de derechos humanos y la legislación internacional antiterrorista. De un análisis riguroso de los considerandos del fallo, se deja ver las distintas posiciones que hoy se desencuentran a la hora de pensar en las pautas o modelos de implantación de la temática antiterrorista en la órbita local.
a) El voto en Mayoría: La legislación internacional sobre terrorismo no alcanza la categoría de ius cogens.
Así el voto en mayoría que se desprende de los votos de Maqueda y Zaffaroni, si bien nunca se pone en duda la existencia un fenómeno como el del terrorismo, intenta armonizar la legislación internacional en la materia sin ponerla al nivel (ni al riesgo) de los estándares internacionales de derechos humanos hoy incorporados. En cambio, en el voto del (hoy destituido) Boggiano tendremos una clave para comprender el segundo y tercer modelo de implantación analizado (Ver 2.4), la que asimila la legislación terrorista a la legislación sobre derechos humanos.
Del nudo argumental del fallo en mayoría podemos extraer que se establece una clara distinción entre delitos de lesa humanidad y delitos de terrorismo. Para los primeros existiría todo un desarrollo del ius cogens internacional que puede rescatarse ante de los textos sobre que receptan la imprescriptibilidad de estos delitos a nivel internacional;[4] no así para el caso de los delitos de terrorismo que se receptan en la legislación internacional sin ius cogens. Esta diferencia de naturaleza marca una cuestión muy importante, en tanto en el caso que eventualmente exista un tipo penal específico, el mismo merece ser abordado como un delito común.
Por eso entiendo que la Corte, si bien no se expide a la hora de señalar que se considera como “terrorista”, reconoce la vaguedad del término, y no le da un estatuto especial que no sea la legislación penal interna, la que prevé y reprime un catálogo de: delitos contra la vida, abuso de armas, delitos contra libertad individual, extorsión, daños, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público; todos ellos de naturaleza común y prescriptible.
Me parece que la Corte -de algún modo- es sumamente esclarecedora en cuanto supera eventuales discusiones que puedan llevarse a cabo en el futuro, zanjando la cuestión que el delito de terrorismo no merecería tratamiento especial alguno y nada tiene que ver con delitos de suma gravedad y con propio desarrollo histórico que tienen que ver con la violación a los derechos humanos por parte de los Estados.
En conclusión dos aspectos centrales pueden derivarse del fallo que comentamos y que sirven como pauta interpretativa son los siguientes:
1) El delito de terrorismo es un delito común, y como tal: prescriptible. Las consecuencias de esta interpretación para nuestro derecho interno son fundamentales, en tanto estos actos no se tratan de una violación a los derechos humanos, ni delitos de lesa humanidad. Por ello, estamos ante un hecho que, por ausencia de legislación interna, debe ser encuadrado en normas penales comunes de nuestro sistema penal local, por lo tanto, bajo las mismas penas de esos delitos.
2) La Corte reconoce la vaguedad del concepto de terrorismo a nivel internacional, señalando que no se trata de derecho internacional consuetudinario la imprescriptibilidad del delito de terrorismo
b) El voto en disidencia del Dr. Boggiano: El terrorismo como crimen de lesa humanidad.
El voto en disidencia de Boggiano si bien deja expresada la postura de los mismos sectores que dieron impulso a los proyectos de ley comentados más arriba, realiza una apuesta mucho más compleja en cuanto asimila el tratamiento de los derechos humanos a la cuestión del terrorismo.
Es por eso que decimos que el caso de Boggiano se enrola en el segundo y el tercer modelo de implantación que hemos analizado en el punto 2.4.
El tratamiento de especialidad que pretende Boggiano se le dé al terrorismo en el derecho interno, es de la misma laya que el tratamiento dado a los Derechos Humanos y al los crímenes de lesa humanidad; algo que, como se explicó en el voto en mayoría, resulta inaceptable a la luz del desarrollo de ius cogens internacional.
De este modo, para el criterio interpretativo sentado por la Corte en el fallo que comentamos, el régimen legal aplicable será más grave en los casos de Terrorismo de Estado (permite que rija la norma supralegal) que un simple acto terrorista (seguirá rigiendo el derecho interno).
c) Consecuencias del Fallo de la Corte:
Las consecuencias del fallo dictado por la Corte, establece o introduce una pauta interpretativa fundamental a la hora de analizar los modelos de implantación del terrorismo que se barajan hasta el momento en Argentina.
En efecto, el fallo separa las aguas en lo que hace a la cuestión del terrorismo y su tratamiento, a la cuestión de los derechos humanos y su tratamiento. No será lo mismo, para nuestro derecho, que el Estado sea el que cometa actos de terrorismo, que acaso lo realice un particular. En el primer caso: entraría a jugar el peso del derecho externo y la costumbre internacional (ius cogens), con operatividad inmediata a la hora de condenar los actos de violación a los derechos humanos como crimen de lesa humanidad (genocidio, torturas, desaparición de personas). En el segundo caso: por el momento, el derecho internacional que regula y condena los actos de terrorismo, no podrá tener el mismo peso y carácter en la esfera local, que el que tienen los crímenes de lesa humanidad. La inexistencia de un consenso internacional en la materia (falta de una definición, una reciente evolución legislativa, la inexistencia del tema en el Estatuto de Roma) impiden darle tratamiento especial que le otorga la costumbre internacional (jurisdicción universal, imprescriptibilidad, etc.).
Entonces, separadas las aguas entre crímenes de lesa humanidad y meros actos de terrorismo, el fallo es una pauta interpretativa en el sentido de impedir o clausurar, por el momento (decimos por el momento porque el consenso internacional sobre el tema puede llegar a quedar definido de tarde o temprano) un modelo de implantación del tercer nivel, tal como lo analizáramos en 2.4. Es decir, a falta de una ley especial o una norma de fondo que en Argentina condene especialmente el terrorismo (segundo nivel de implantación analizado en 2.4), la cuestión debería ser resuelta en el derecho interno por tipos penales comunes. El terrorismo al ser atípico en nuestro derecho, no sería ni siquiera un delito común, más bien deberíamos h
ablar de un mero concurso de delitos.[5]
Por último, no podemos dejar de mencionar el fallo dictado por la CSJN con fecha 14/6/05,[6] el que junto al fallo analizado, terminan resolviendo –de algún modo– la dilemática cuestión de la teoría de los dos demonios en el plano normativo-constitucional. En efecto, la “no equiparación” entre simple terrorismo y Terrorismo de Estado marca una definición cualitativa de vital importancia a la hora de revisar jurídicamente el pasado Argentino. Por más que determinados sectores pretendan seguir insistiendo en la igualación: subversivos/represores, a la hora reconstruir lo que ellos suponen como una “verdad histórica completa”; los fallos se desmarcan de estas falsas presuposiciones jurídicas y trampas axiológicas, reconociendo que semejantes interpretaciones conllevarían a una vuelta a la impunidad. Se asegura así el valor, respeto y vigencia a la jerarquía universal de los derechos humanos, garantizándose el derecho a la justicia, al permitir el procesamiento, juzgamiento y condena de hechos aberrantes cometidos en forma sistemática por medio del el uso del aparato estatal.
En un contexto como la Argentina, donde la existencia de un sistema de Terrorismo de Estado tuvo un peso y consecuencias muy fuertes sobre la sociedad que llegan hasta actualidad, la implantación del un modelo legal de terrorismo genera mucha resistencia, en tanto resulta “inevitable” asociar dicha temática a un pasado signado por la impunidad, guerra sucia y desaparición de miles de personas. Pues si bien ya nadie –parece– discutir la existencia del fenómeno terrorista, en América Latina en general y especialmente en Argentina, dicho fenómeno, parece estar instalado en el imaginario de numerosas organizaciones sociales y políticas, como algo que posee un vínculo mucho más fuerte con el Estado, que con elementos externos a su seno.
Aquí nos dedicamos a analizar el contexto internacional de implantación de la agenda del terrorismo, revisamos los modelos legales que se intentaron introducir a nivel local desde un principio y que quedaron finalmente truncos.
Si bien es cierto que una doctrina como la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, vigente durante la década del 60 y 70, ha sido reformulada bajo los cánones de la actual Doctrina de la Seguridad Ciudadana; todavía se puede sostener que las mismas tiene un peso fuerte y decisivo a la hora de mover influencias en ámbitos como los medios, la opinión pública, y particularmente, en aquellos lugares del Estado donde funciona el llamado Sistema de Seguridad (interno y externo). Pero a pesar de ello, la misma línea de influencia no alcanza a quebrar los consensos logrados en el área de los derechos humanos, ni el grado de conciencia cívica alcanzado respecto a las formas de perpetuarse la impunidad en la Argentina; aspectos estos últimos que fueron conseguidos tras años de lucha por parte de los Organismos de Derechos Humanos, las Organizaciones sociales y Movimientos de Memoria.
No es casual que cada vez que se promociona un proyecto legal de ésta índole se vincule la temática del terrorismo con un intento por parte del Poder de Policía del Estado de avanzar sobre las conquistas en el área de los Derechos Humanos. Dada esta coyuntura, no resulta nada fácil lograr una armonización (o intento por equilibrar) el sistema de protección a los derechos humanos de la ciudadanía y un marco de legislación Antiterrorista. Nuestra historia como país es determinante a la hora de poner en evidencia que ambos polos se tocan permanentemente, se encuentran tensados, en definitiva: no se augura una fácil convivencia entre la vigencia de una normativa que trate la cuestión del terrorismo y la vigencia del sistema de derechos humanos hoy incorporado. Pues a esta altura, ninguna duda nos cabe que de dictarse una ley Antiterrorista, ésta podría llegar a convertirse en un instrumento oportuno para impedir la más plena libertad de expresión, o coartar la intervención activa de asociaciones civiles y políticas en el reclamo y petición por una mejor y más digna vida democrática. Me refiero al hecho de entregarle nuevamente un cheque en blanco al Poder de Policía, para que éste cuente con una herramienta rápida y eficaz para infiltrar, controlar, investigar y perseguir a organizaciones sociales, políticas y religiosas; o acaso, continuar criminalizando los ciclos de demanda y protesta social, como los que conocimos en Argentina desde la década del 90 y los que se vieron durante el período 2000/2001 con motivo del agotamiento de un modelo económico-social excluyente e injusto, como lo es el sistema neoliberal.
Hemos analizado cómo el Estado Argentino ha mantenido una posición de permanente cooperación internacional en la materia del terrorismo, aprobando así distintos instrumentos legales- marco, sin llenar el completo vacío en la legislación interna. Es –justamente– ese vacío el centro de disputa en el que se intenta avanzar de distinta forma: a) postulando un modelo de implantación basado en Leyes Antiterroristas, hijas de leyes para combatir la Subversión –o acaso– la Ley Patriótica de USA, la Ley Antiterrorista Peruana, etc.; b) postulando un modelo de implantación a través de Leyes locales Antiterroristas que se adecuen a los parámetros o moldes legales establecidos y consensuados por la Comunidad Internacional en instrumentos como la Convención de la OEA de 2002, o Resoluciones y Convenciones dictadas en el marco de la ONU; c) postulando la implantación legal por medio de una permanente cooperación internacional, que si bien no deja de propugnar por una legislación especial sobre terrorismo, haga funcionar u operativice el bloque de la legislación internacional de la temática, desplazando de inmediato la normativa local común. Se postula entonces que el terrorismo sea considerado como delito o crimen de lesa humanidad, de modo que tenga operatividad automática el sistema de derechos humanos incorporado al rango Constitucional en el art. 75 inc. 22 de la CNA.
Volvemos a repetir, quien escribe comparte la creencia de que la cuestión está teñida del oportunismo político por parte de ciertos sectores, que buscan implementar mecanismos relacionados con la impunidad del pasado para hacerlo valer en el hoy, constituyendo un avance evidente sobre conquistas históricas en el área de los derechos humanos. Ya se observó que en este contexto, a pesar de no existir un diagnóstico serio y fundado sobre el tema, la idea de un fenómeno llamado terrorismo es muy fuerte, a tal punto que ha impregnado el imaginario de tal forma, que su resultado se torna prácticamente indiscutible ante la comunidad internacional.
A treinta años del más terrible golpe militar que se haya dado en la Argentina, qué mejor desafío que el de revisar el modelo de implantación legal sobre terrorismo que tendremos que enfrentar. Mientras tanto, quedará nuestro compromiso asumido por los sectores populares, movimientos sociales, políticos y las organizaciones de derechos humanos por seguir evitando que sectores reaccionarios busquen llenar ese vacío legal con pautas que regresan a ese fatal pasado.
Agamben, Giorgio, Estado de Excepción, Homos Sacer II, I. Edit. Adriana Hidalgo, Bs. As. 2003.
Barcesat , Eduardo S.: Los Derechos Humanos en la Democracia”, Biblioteca Política Argentina, nº 92, Centro Editor de America Latina, 1985.
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[*] El autor es Abogado, Profesor de los Seminarios de grado en Criminología Crítica, y Criminalización de la Protesta y la Pobreza de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, miembro del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) y del Colectivo HIJOS La Plata.
[1] Raúl Eugenio Zaffaroni, El Enemigo en el derecho Penal.
[2] Zaffaroni. Ob. citada. Pág. 160
[3] Fallos 322:360: "Lariz Iriondo, Jesús María s/ solicitud de extradición" – CSJN – 10/05/2005, publicado en: www.csjn.gov.ar
[4] Ya en el fallo: “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros -causa N° 259" (ver www.csjn.gov.ar ), la Corte establece el principio de imprescriptibilidad en los delitos de lesa humanidad, por ser ius cogens receptado por el derecho internacional.
[5] Recordemos que esta ha sido la posición de Beinutsz Szmukler en la ponencia presentada en el año 1980; también es la postura de Raúl Eugenio Zaffaroni, ver 3.3.a).
[6] "Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. —causa N° 17.768—" – CSJN – 14/06/2005. véase: www.csjn.gov.ar.
1971. Las acciones típicas que se sancionan son: ejercer contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia, destruir una aeronave en servicio o producirle daños, colocar en una aeronave un artefacto o sustancia idónea para destruir o producirle daños, destruir o producir daños a las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbar su funcionamiento.
Por ley 24.209 se aprueba el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marina, de Roma 1988, penaliza a quien se apodere, tome el control, destruya, dañe una plataforma marina fija.
Con fecha 22 de Septiembre de 1998, el Congreso Argentino aprueba por ley 25.762 el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.65
Con fecha 17 de Marzo del 2000,66 el Congreso dicta la ley 25.241, que establece reducciones de penas a aquellas personas que colaboren en la investigación sobre hechos de terrorismo (introduce la llamada figura del Arrepentido).
El art. 1º de la ley establece una suerte de definición sobre el hecho considerado como terrorista:
“… A los efectos de la presente ley se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas cometidas por integrantes de asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor, y que se realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o en general elementos de elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas.”
Dicha definición no es parte de ninguna tipificación penal, por cuanto ninguno de sus artículos establece modificaciones al Código Penal de fondo. Entonces, en una dudosa y oscura redacción, la ley no sólo establece una definición genérica que hace referencia y alcance sobre cualquier hecho delictivo, sino que además, establece una reducción significativa de las penas a aquellas personas imputadas de delitos vinculados a esta definición, que se arrepientan de sus actos y colaboren efectivamente en la investigación.67
La ley avanza incluso sobre aspectos de forma reservados por la constitución a las Provincias, como ser la reglamentación sobre Medidas de Prueba (art. 4, 5 y 6) y el ámbito de valoración que puede tener un Fiscal y un Juez (art. 4).68 La figura del arrepentido, no es una novedad, ya vimos que, de algún modo, es parte de la familia de polémicas figuras tales como: el agente encubierto (ley 23.737) o el testigo de Identidad Reservada. Todas ellas han sido y siguen siendo las herramientas establecidas por los truncos Proyectos Antiterroristas que analizamos más arriba.69
Con fecha 30 de Marzo de 2005, es decir, en una misma jornada, el Congreso Nacional aprobó dos instrumentos legales de derecho internacional, a saber: mediante Ley 26.024, la Convención Interamericana sobre Terrorismo del año 2002 (OEA); y la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo sancionada por la Asamblea General de la ONU en el año 1999.
La inclusión al derecho interno de dicha legislación no ha modificado sustancialmente el panorama que existía hasta el mo
mento en la legislación común, siendo más una demostración o gesto de cooperación por parte del Estado Argentino ante la comunidad internacional, que un giro en la aplicación de esa normativa a situaciones concretas. Sin embargo, la trascendencia que hoy tiene, por ejemplo, la Convención Interamericana de 2002 a nivel regional,70 no deja de ser el paradigma o el piso de inevitable referencia para dar legitimidad, incidencia legislativa, política y jurisprudencial ante el planteo de casos concretos que puedan ser considerados –eventualmente– como de terrorismo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 10 de Mayo de 2005,71 sienta un precedente fundamental para poder analizar en el futuro la relación de equilibrio entre sistema de derechos humanos interno y obligación del Estado Argentino ante la Comunidad internacional en relación a los denominados delitos de Terrorismo.
En efecto, es en este fallo donde queda a la luz la armonización o balanceo entre estándares de derecho internacional de derechos humanos y la legislación internacional antiterrorista. De un análisis riguroso de los considerandos del fallo, se deja ver las distintas posiciones que hoy se desencuentran a la hora de pensar en las pautas o modelos de implantación de la temática antiterrorista en la órbita local.
Dice el voto en mayoría:
“(…)La punición e imprescriptibilidad de los crímenes cometidos participando de un aparato de poder estatal y con su cobertura, consistentes en la eliminación de opositores bajo un régimen de estado de policía y adoptados como metodología programada, al igual que los crímenes de guerra, consistentes en la toma y eliminación de rehenes, era ius cogens desde mucho antes de su tipificación internacional precisa y cierta en tratados internacionales (…) la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, en su art.1dispone que esos crímenes "son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido (…) No puede decirse lo mismo de los delitos de terrorismo, sin que importe la calificación actual conforme al derecho internacional fundado en los tratados vigentes, pues, al menos respecto de todos los actos hoy calificados como tales conforme al derecho de los tratados, no puede afirmarse la existencia de un derecho internacional consuetudinario previo a éstos. El concepto de terrorismo ha sido sumamente difuso y ampliamente discutido, al punto que ni siquiera se logró un consenso en el Estatuto de Roma, donde no fue posible lograr una definición, pese a la unánime condena. Tampoco en el sistema regional americano la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Barbados el 3 de junio de 2002 (ratificada por ley 26.023) logró un consenso sobre su tipificación ni sobre su consideración como crimen de lesa humanidad. Mal puede considerarse la vigencia de un derecho internacional consuetudinario consagratorio de la tipicidad e imprescriptibilidad de delitos sobre cuya definición no se ha logrado acuerdo entre los estados hasta el presente.- Mal puede considerarse la vigencia de un derecho internacional consuetudinario consagratorio de la tipicidad e imprescriptibilidad de delitos sobre cuya definición no se ha logrado acuerdo entre los estados hasta el presente (…)" (Del voto en mayoría de Zaffaroni – Maqueda)
Del nudo argumental del fallo podemos extraer que se establece una clara distinción entre delitos de lesa humanidad y delitos de terrorismo. Para los primeros existiría todo un desarrollo del ius cogens internacional que puede rescatarse ante de los textos sobre que receptan la imprescriptibilidad de estos delitos a nivel internacional;72 no así para el caso de los delitos de terrorismo que se receptan en la legislación internacional sin ius cogens. Esta diferencia de naturaleza marca una cuestión muy importante, en tanto en el caso que eventualmente exista un tipo penal específico, el mismo merece ser abordado como un delito común.
Ya en una causa anterior,73 Boggiano había tenido oportunidad de introducir la cuestión, en tanto:
“(…) el terrorismo entraría para él en “la definición de los crímenes de lesa humanidad establecido en el Estatuto del Tribunal Internacional de Roma, el que incluiría a "otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra…". Destaca que esta “…definición, pese a su amplitud, resulta sumamente precisa en cuanto permite incluir dentro de ella a un delito iuris gentium, como el terrorismo. Este se patentiza mediante una desproporción total entre el fin político o ideológico buscado y el medio empleado, con la consecuente violación de los más elementales principios de la convivencia humana civilizada (…)”
Es por eso que decimos que el caso de Boggiano se enrola en el segundo y el tercer modelo de implantación que hemos analizado en el punt
o 2.4.
Veamos el acápite IV del desarrollo del fallo “Lariz Iriondo”, cuyo título recibe el nombre: “El terrorismo como delito de lesa humanidad”:
“(…) Que el terrorismo es una de las formas más brutales de violencia que actualmente perturba a la comunidad internacional, pues siembra odio, muerte, deseo de venganza y de represalia. De estrategia subversiva, típica sólo de algunas organizaciones extremistas, dirigida a la destrucción de las cosas y al asesinato de las personas, el terrorismo se ha transformado en una red oscura de complicidades políticas. El terrorismo actúa y golpea a ciegas, fuera de las reglas con las que los hombres han tratado de regular sus conflictos (…) Que el terrorismo se debe condenar de la manera más absoluta. Manifiesta un desprecio total de la vida humana, y ninguna motivación puede justificarlo (…) En tales condiciones, resulta aplicable la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa humanidad (…) de ello se sigue que tal inferencia cabe respecto de cualquier metodología de violación grave de los derechos humanos; pues es equiparable el terrorismo de estado al terrorismo cometido en el caso de la AMIA o en el de las Torres Gemelas, entre tantos otros (…) No sería aceptable la solución de la derrota del terrorismo con prescindencia de los derechos humanos fundamentales pues la violación de esos derechos no puede ser justificada con el pretexto inaceptable de que se trata de cuestiones internas de un Estado (…) Que, en este contexto, se impone concluir que tratándose de delitos de lesa humanidad, como el terrorismo, no rigen las disposiciones del derecho interno en materia de prescripción (…)”.
Si nos remitimos al artículo 32 del Proyecto de ley Antiterrorista 2002 (Ver Anexo II), podremos observar el mismo criterio conceptual desarrollado aquí por Boggiano. Dice el Art. 32:
“Decláranse imprescriptibles las acciones y penas relacionadas con actos de naturaleza terrorista, o del crimen organizado vinculado al terrorismo”.
No hay ninguna casualidad, el tratamiento de especialidad que pretende Boggiano se le dé al terrorismo en el derecho interno, es de la misma laya que el tratamiento dado a los Derechos Humanos y al los crímenes de lesa humanidad; algo que, como se explicó en el voto en mayoría, resulta inaceptable a la luz del desarrollo de ius cogens internacional.
En efecto, el fallo separa las aguas en lo que hace a la cuestión del terrorismo y su tratamiento, a la cuestión de los derechos humanos y su tratamiento. No será lo mismo, para nuestro derecho, que el Estado sea el que cometa actos de terrorismo, que acaso lo realice un particular (pese a interpretaciones de ciertos sectores que pretenden incluir al terrorismo dentro del art. 7 del Estatuto de Roma).74 En el primer caso: entraría a jugar el peso del derecho externo y la costumbre internacional (ius cogens), con operatividad inmediata a la hora de condenar los actos de violación a los derechos humanos como crimen de lesa humanidad (genocidio, torturas, desaparición física de personas). En el segundo caso: por el momento, el derecho internacional que regula y condena los actos de terrorismo, no podrá tener el mismo peso y carácter en la esfera local, que el que tienen los crímenes de lesa humanidad, por lo tanto se trataría de delitos comunes, vale decir, prescriptibles. La inexistencia de un consenso internacional en la materia (falta de una definición, una reciente evolución legislativa, la no inclusión expresa del tema en el Estatuto de Roma) impiden darle tratamiento especial que le otorga la costumbre internacional (jurisdicción universal, imprescriptibilidad, etc.).
Entonces, separadas las aguas entre crímenes de lesa humanidad y meros actos de terrorismo, el fallo es una pauta interpretativa en el sentido de impedir o clausurar, por el momento (decimos por el momento porque el consenso internacional sobre el tema puede llegar a quedar definido de tarde o temprano) un modelo de implantación del tercer nivel, tal como lo analizáramos en 2.4. Es decir, a falta de una ley especial o una norma de fondo que en Argentina condene especialmente el terrorismo (segundo nivel de implantación analizado en 2.4), la cuestión debería ser resuelta en el derecho interno por tipos penales comunes. El terrorismo al ser atípico en nuestro derecho, no sería ni siquiera un delito común, más bien deberíamos hablar de un mero concurso de delitos.75
Por último, no podemos dejar de mencionar el fallo dictado por la CSJN con fecha 14/6/05,76 el que junto al fallo analizado, terminan resolviendo –de algún modo– la dilemática cuestión de la teoría de los dos demonios en el plano normativo-constitucional. En efecto, la “no equiparación” entre simple terrorismo y Terrorismo de Estado marca una definición cualitativa de vital importancia a la hora de revisar jurídicamente el pasado Argentino. Por más que determinados sectores pretendan seguir insistiendo en la igualación: subversivos/represores; a la hora reconstruir lo que ellos suponen como una “verdad histórica completa”; los fallos se desmarcan de estas falsas presuposiciones jurídicas y trampas axiológicas, reconociendo que semejantes interpretaciones conllevarían a una vuelta a la impunidad.77 Se asegura así el valor, respeto y vigencia a la jerarquía universal de los derechos humanos, garantizándose el derecho a la justicia, al permitir el procesamiento, juzgamiento y condena de hechos aberrantes cometidos en forma sistemática por medio del el uso del aparato estatal.78
5. El Proyecto de Ley Antiterrorista 2006 (Véase Anexo III)
Sin perjuicio de la aprobación de las leyes que, como dijéramos, aprueban Convenciones que posicionan al Estado Argentino en un rol de cooperación internacional en la lucha contra el Terrorismo, ello no significa que la situación a nivel local se haya modificado sustancialmente en relación al tema.
A mi modo de ver, se suman hasta el momento distintas circunstancias y factores que han impedido un nivel de implantación mayor de la agenda del terrorismo a nivel local. Entre ellas debe tenerse en cuenta: a) la presión de los Organismos de Derechos humanos para evitar se discuta el tema del Terrorismo y se lo pretenda confundir con la agenda del Terrorismo de Estado; b) el compromiso público que el gobierno de Kirchner mantiene con esos organismos; c) las propias deficiencias técnicas y políticas de los Proyectos en danzas que brevemente intentamos analizar; d) el fallo dictado por la Corte Nacional con fecha 10 de Mayo de 2005; e) por último, una clara y verdadera falta de diagnóstico sobre la existencia de “supuesta” actividad terrorista en Argentina.79
Insisto, todos estos factores, juntos o separados, son los que han jugado a la hora de impedir un mayor grado de implantación legal en políticas- legales sobre el tema del terrorismo.80
Más allá de estas trabas que comentamos, son los mismos sectores mencionados los que amparados en intereses foráneos, y absolutamente descontentos por no haber logrado introducir la temática del terrorismo a un nivel de implantación legal de primer orden (los Proyectos de ley que analizamos) o de un tercer orden (en una postura como la de Boggiano en el más alto Tribunal); intentan nuevamente llevar la discusión por vía legislativa a través
de un nuevo modelo o texto legal, que si bien copia las características o coordenadas de los textos anteriores, reviste mayor y más complejidad técnica, al punto que la acercan al segundo modelo o tipo ideal de implantación legal del terrorismo que analizamos en 2.4.
Este nuevo Proyecto de ley, presentado en Marzo de 2006 ante el Congreso de la Nación Argentina, lleva el nombre de Ley de Prevención y Sanción del Terrorismo.81 El proyecto consta de 80 artículos, sus capítulos siguen las coordenadas y parámetros establecidos por Argentina en la Ley 26.024, la que –como hemos ya visto– aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Barbados 2002).
A modo general, podemos decir que, más allá de recapitular vaguedades conceptuales sobre la definición de terrorismo, insistir con el carácter de crimen de lesa humanidad y utilizar las clásicas y polémicas figuras o medios para combatir el terrorismo (agentes encubiertos, testigos de identidad reservada, etc.); el Proyecto, a diferencia de los anteriores, sigue a grandes rasgos las pautas establecidas por los patrones Internacionales establecidos por la OEA y ONU. No podemos dejar de mencionar una especial diferencia, el Proyecto 2006 no autoriza la ingerencia de las FFAA., en cuestiones de Seguridad Interior (Véase 3.2.a).
Comencemos analizando la definición del terrorismo que se adopta en el art. 1, que es la siguiente:
“Se entenderá por terrorismo cualquiera de las acciones descriptas en la presente ley y en los convenios internacionales en los cuales la Argentina sea Estado Parte, destinadas a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona, cuando el propósito de dichas acciones, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Cabe decir, al igual que lo estipulado en la Ley 26.024 que aprueba el Convenio de la OEA, la definición se complementa en una remisión directa a otras Convenciones que el Estado Argentino ha ido aprobando durante todos estos años en lo que hace a la cuestión del terrorismo y de las que no puede de ninguna manera obviar (Véase Punto 4.1).
A pesar de lo ya dicho por la Corte en Lariz Iriondo, el art. 9 insiste con el carácter de delitos de lesa humanidad del terrorismo, por lo tanto los considera delitos imprescriptibles. Y por si no quedan dudas acerca de los intereses y el espíritu del proyecto, se aclara: "Ninguno de los delitos previstos en la presente ley se considerará como delito político o delito conexo con un delito político, o un delito inspirado por motivos políticos” (art. 10).
Por lo demás, y como ya fuera dicho, se mantienen ciertas pautas que ya introducían los Proyectos 1997 y 2002, en cuanto a: Jurisdicción Federal excluyente, con amplia intervención de la Secretaría de Inteligencia de la Nación y el Ministerio Público para denunciar los hechos. Los Medios y figuras polémicas utilizadas para prevenir el terrorismo son los exclusivamente autorizados por Ley de Inteligencia 25.520, Agentes Encubiertos, Colaboradores de la Justicia, Informante, Testigos de Identidad Reservada (con remisión al Régimen de Protección de la Ley 25.764).
Existen en el Proyecto propone la creación de un nuevo marco institucional para combatir y prevenir el terrorismo, del que como ya dijéramos, quedan afuera las FFAA:
a) La Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo: de funcionamiento en el ámbito del Ministerio del Interior, la misma coordina, planifica, recaba la información, da directivas a otros Organismos, comunica al Ministerio Público para que instruya, etc. La exclusión de las Fuerzas Armadas del tema, no impide que hagamos aquí las mismas observaciones que hiciéramos en el Proyecto 2002, en lo referente a la creación de una suerte de Gestapo Antiterrorista (Véase 3.3.c).
b) El Plan Nacional de Prevención de Terrorismo: El una suerte de estudio pormenorizado elaborado por la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo, que intentaría brindar información acerca del estado de la cuestión del Terrorismo en Argentina durante cada período anual (análisis estratégico de capacidades y vulnerabilidades).
Más allá de ciertas analogías con proyectos anteriores, queda a la vista que el Proyecto 2006 ha sido elaborado con mayor cuidado y precisión técnica, en tanto no se vislumbra una contradicción patente con normativa fundamental, ya sea leyes de Seguridad Interior y Defensa. Utiliza los Convenios Internacionales aprobados por el Estado Argentino para lograr una definición al terrorismo, y enmarca la cuestión en los principios establecidos por Convenciones como las de la OEA 2002 (Ley 26.024) y Resoluciones de la ONU.
Es claro que aquí el análisis de compatibilidad mínima legal al que hacíamos referencia en 3.3.d), debería ser mucho más riguroso y fino. Como dijimos, ante un Proyecto de estas características estamos ante un modelo o tipo ideal de implantación legal del terrorismo de segundo orden, tal como ya fuera analizamos en 2.4.
En un contexto como la Argentina, donde la existencia de un sistema de Terrorismo de Estado tuvo un peso y consecuencias muy fuertes sobre la sociedad que llegan hasta actualidad, la implantación del un modelo legal de terrorismo genera mucha resistencia, en tanto resulta “inevitable” asociar dicha temática a un pasado signado por la impunidad, guerra sucia y desaparición de miles de personas. Pues si bien ya nadie –parece– discutir la existencia del fenómeno terrorista, en América Latina en general y especialmente en Argentina; dicho fenómeno, parece estar instalado en el imaginario de numerosas organizaciones sociales y políticas, como algo que posee un vínculo mucho más fuerte con el Estado, que con elementos externos a su seno.
No es casual que cada vez que se promociona un proyecto legal de ésta índole se vincule la temática del terrorismo con un intento por parte del Poder de Policía del Estado de avanzar sobre las conquistas en el área de los Derechos Humanos. Dada esta coyuntura, no resulta nada fácil lograr una armonización (o intento por equilibrar) el sistema de protección a los derechos humanos de la ciudadanía y un marco de legislación Antiterrorista. Nuestra historia como país es determinante a la hora de poner en evidencia que ambos polos se tocan permanentemente, se encuentran tensados; en definitiva: no se augura una fácil convivencia entre la vigencia de una normativa que trate la cuestión del terrorismo y la vigencia del sistema de derechos humanos hoy incorporado. Pues a esta altura, ninguna duda nos cabe que de dictarse una ley Antiterrorista, ésta podría llegar a convertirse en un instrumento oportuno para i
mpedir la más plena libertad de expresión, o coartar la intervención activa de asociaciones civiles y políticas en el reclamo y petición por una mejor y más digna vida democrática. Me refiero al hecho de entregarle nuevamente un cheque en blanco al Poder de Policía, para que éste cuente con una herramienta rápida y eficaz para infiltrar, controlar, investigar y perseguir a organizaciones sociales, políticas y religiosas; o acaso, continuar criminalizando los ciclos de demanda y protesta social, como los que conocimos en Argentina desde la década del 90 y los que se vieron durante el período 2000/2001 con motivo del agotamiento de un modelo económico-social excluyente e injusto, como lo es el sistema neoliberal.
Hemos analizado cómo el Estado Argentino ha mantenido una posición de permanente cooperación internacional en la materia del terrorismo, aprobando así distintos instrumentos legales- marco, sin llenar el completo vacío en la legislación interna. Es –justamente– ese vacío el centro de disputa en el que se intenta avanzar de distinta forma: a) postulando un modelo de implantación basado en Leyes Antiterroristas, hijas de leyes para combatir la Subversión –o acaso– la Ley Patriótica de USA, la Ley Antiterrorista Peruana, etc.; b) postulando un modelo de implantación a través de Leyes locales Antiterroristas que se adecuen a los parámetros o moldes legales establecidos y consensuados por la Comunidad Internacional en instrumentos como la Convención de la OEA de 2002, o Resoluciones y Convenciones dictadas en el marco de la ONU; c) postulando la implantación legal por medio de una permanente cooperación internacional, que si bien no deja de propugnar por una legislación especial sobre terrorismo, haga funcionar u operativice el bloque de la legislación internacional de la temática, desplazando de inmediato la normativa local común. Se postula entonces que el terrorismo sea considerado como delito o crimen de lesa humanidad (incluido implícitamente en el art. 7.1.h del Estatuto de Roma), de modo que tenga la operatividad automática del bloque legal incorporado al rango Constitucional en el art. 75 inc. 22 de la CNA.
Volvemos a repetir, quien escribe comparte la creencia de que la cuestión está teñida del oportunismo político por parte de ciertos sectores, que buscan implementar mecanismos relacionados con la impunidad del pasado para hacerlo valer en el hoy, constituyendo un avance evidente sobre conquistas históricas en el área de los derechos humanos. Ya se observó que en este contexto, a pesar de no existir un diagnóstico serio y fundado sobre la materia, la idea de un fenómeno llamado terrorismo es muy fuerte, a tal punto que ha impregnado el imaginario de tal forma, que su resultado se torna prácticamente indiscutible ante la comunidad internacional.
Sin embargo, las consecuencias y matices que trae aparejado cada nivel o tipo de modelo de implantación analizado es de un tono distinto: Así, el modelo unilateral de implantación de Guantánamo (Bush) que trata de presionar en el sentido de imponer internamente una legislación especial sobre terrorismo cuyo patrón sería la Ley Patriótica, se trata de una normativa racista y de control ideológico, que aplasta y pasa por encima de derechos humanos básicos reconocidos internacionalmente. Una ley de ese tipo, resulta tan irracional a simple vista, que quiebra cualquier consenso legal local y multilateral. En cambio, el modelo de implantación multilateral de la ONU y la OEA, cae en cierta contradicción de no poder desconocer su propia legislación internacional sobre la materia de derechos humanos que ellos mismos propugnan. Es decir, aquí podríamos advertir la posibilidad de mantener cierto juego o marco para la mayor discusión, poniendo ciertas trabas, reduciendo o amorigerando el grado policial de avance.
* El autor es Abogado, Profesor de los Seminarios de grado en Criminología Crítica, y Criminalización de la Protesta y la Pobreza de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, miembro del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) y del Colectivo HIJOS La Plata.
1 El presente trabajo fue presentado en una versión reducida en la Sesión Internacional sobre Sistema Penal, Criminología y Violencia Punitiva. Mar del Plata, Punta Mogotes, día 7 a 9 de Septiembre de 2006.
2 "(…) en la presente convención, la expresión "actos de terrorismo" se entiende de hechos criminales dirigidos contre un Estado con el objetivo o naturaleza para provocar el terror contre personalidades determinadas, grupo de personas o en el público…" (arts. 1, 2). League of Nations, Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, O.J. 19 at 23 (1938), Véase League of Nations, Doc. C. 546 (I) M.383 (I) 1937, V (1938), citada en el "Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 22 de octubre de 2002, OEA/Ser.L/V/ll.116
3 En su intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas luego de los atentados del 11-S, George W. Bush exigió a la comunidad internacional que se una a EEUU en su guerra planetaria contra el ‘terrorismo’. En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1373 para combatir el ‘terrorismo’, a modo de legitimar la posición norteamericana (en el mismo sentido pueden verse las Resol. 1390, 1269, 1368).
4 Puede leerse en internet la página web del Comité sobre Terrorismo (CCT) en el que se lee lo siguiente: “la Sexta Comisión de la Asamblea General está examinando un proyecto de Convenio General sobre el terrorismo internacional, que, en caso de que fuera aprobado, incluiría una definición de terrorismo”.
5 Resolución sobre lucha contra el terrorismo en la Unión Europea, Diario Oficial nº C 055 de 24-2-97, p. 0027. Dicha definición ha sido fuertemente criticada por el Comité Europeo para los problemas Criminales (CDPC), puesto que considera que no puede incluirse un móvil político tan explícito so pena de introducir serias trabas en la extradición de sus autores (Véase La Tipificación “Europea” del delito de terrorismo. Por Nicolás García Rivas. Trabajo Publicado en Revista de Derecho Penal. 2006. Rubinzal Culzoni. Pág.416.
6 Propuesta de Decisión Marco sobre la lucha contra el terrorismo, en la que se expresa que los métodos terroristas han cambiado y considera que la nueva legislación debe revisarse, incluso la forma en que cada país Europeo ha tratado el tema a nivel local, de forma tal de evitar futuras disparidades. Ver Nicolás García Rivas, ob. Cit. Pág.425/426.
7 El segundo informe de la Comisión Europea de Terrorismo, de diciembre de 2005 redacta una memoria en la que se advierte que: “no todos los Estados han respetado el plazo fijado para la incorporación de la Decisión Marco al derecho Nacional. La información que han presentado algunos Estados miembros es incompleta…”. CFr. 9809/1/05. Nota sobre la aplicación del plan de acción de la UE para la lucha contra el terrorismo, Bruselas, 10-6-20005, P.6
8 El concepto de terrorismo que mantienen estas Leyes patrióticas expresa: “…el uso o amenaza que tengan como objetivo influenciar al gobierno o intimidar al público o a parte del público…y el uso o la amenaza que se hagan con el fin de promover una causa política, religiosa o ideológica… y cuando la acción incluya entre otros, violencia grave contra una persona, daños graves a la propiedad o creación de un grave riesgo par
a la salud o seguridad públicas…”. Las herramientas de excepción más conocidas son la “detención indefinida de personas”, y los llamados procesos por “military commissions” de aquellas personas sospechadas de estar implicadas en actividades terroristas. Véase: Estado de Excepción, Homos Sacer II, I. Edit. Adriana Hidalgo, Bs. As. 2003.
9 Puede verse el trabajo de Juan Gonzáles Moras, El Poder de Policía Global. En La Radicalidad de las Formas Jurídicas, La Grieta. La Plata, 2000.
10 En el seno de la OEA ya se habían realizado Conferencia Especializada sobre Terrorismo realizada en Mar del Plata, Argentina el 23 y 24 de noviembre de 1998 concluyó con la adopción del Compromiso de Mar del Plata. Ese compromiso requería el establecimiento dentro de la Organización de los Estados Americanos de un "Comité Interamericano Contra el Terrorismo" que surgió luego mediante resolución AG/RES. 1650 (XXIX-O/99). Los eventos del 11 de septiembre de 2001 renovaron la atención en torno a los esfuerzos interamericanos para enfrentar el terrorismo. Esto fue seguida por la Resolución para el Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo (RC.23/RES.1/01). Así se llega a la Convención Interamericana de junio de 2002.
11 En lo que hace al concepto de terrorismo, tanto la Comisión Interamericana (CIDH), como la Corte Interamericana (CI) en resoluciones y recomendaciones posteriores a la sanción de la Convención han sido enfáticas en señalar: “… los estados tienen el deber de asegurar que las tipificaciones de los delitos relacionados con el terrorismo sea precisa y sin ambigüedades, consignando en un lenguaje que defina estrictamente las acciones punibles, determinando sus elementos y los factores que la distingan del comportamiento que no constituye delito penal o pueda ser punible de otra manera” (Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, Secretaría General de las Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 2002, Pag. 185 y 186).
12 Como ya lo adelantamos ni siquiera el Estatuto de Roma, los más de 160 país que lo han firmado, se han puesto de acuerdo en llegar a un concepto del delito de terrorismo. Tal es así que los mismos no están todavía incluidos y todavía no forman parte de la jurisdicción de la Corte. Véase http://www.un.org/spanish/law/cpi.htm
13 Véase Álvarez Dorrego Matías, La Corte Penal Internacional, Hacia la inclusión en el Estatuto de Roma del Crimen de Hacia la inclusión en el Estatuto de Roma del Crimen de Terrorismo, Edit. Fabian J. Di Pacido Editor. Bs. As. 2004.
14 “Liberatión", París, edición de 20 de octubre de 2001
15 De este modo se diluye la vieja doctrina que pensaba a los derechos humanos como una barrera de avance de los Estados sobre los derechos de la ciudadanía, es decir, donde sólo un órgano estatal y público era el sujeto activo capaz de vulnerarlo. La nueva doctrina del terrorismo introduce a los particulares como sujetos activos capaces de ofender la vigencia de los derechos humanos. Así por ejemplo: “…Una estrategia internacional eficaz de lucha contra el terrorismo debería utilizar los derechos humanos como marco de unión. La idea de que las violaciones de los derechos humanos son admisibles en determinadas circunstancias es errónea. La esencia de los derechos humanos es que la vida y la dignidad humanas no deben verse comprometidas jamás, y que ciertos actos, ya sea que los cometan agentes estatales o no estatales, no están nunca justificados para ningún fin”. Palabras de la señora Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos., año 2002.
16 Véase Noam Chomsky, Estados Terroristas. Edit. Paidos. 2003.
17 El gobierno de los EEUU presiona por vía diplomática para poner en la agenda de los países latinoamericanos la cuestión del terrorismo. Véase Le Mond Diplomatique, El choque de dos terrorismos, Agosto de 2005, o El Mundo según Washington, Febrero de 2003.
18 En palabras del propio Koffi Annan, Secretario de la Asamblea de la ONU: “La globalización, el espectro del terrorismo internacional y el creciente reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, son parte de este cambio. Para hacer frente a él, necesitamos una visión que pueda ayudar a producir un nuevo equilibrio. Esa visión debe respetar los derechos humanos, confrontar la amenaza del terrorismo, y hacer uso de los recursos y la legitimidad de la cooperación multilateral. Esto nos pone frente a un desafío complejo, pero en el cual debemos guiarnos por un principio claro más allá de cualquier otro: el respeto por el estado de derecho internacional."
19 Por citar algunas de esas leyes nacionales de facto: 16..970/66 (seguridad interior), 18.234/69 (represión del comunismo), 18.670/70 (delitos de subversión), 18.953/71 (aumenta penal delitos subversión), 19.053/71 (se crea la Cámara Federal en lo Penal para juzgar delitos de subversión, conocida como “el Camarón”), 20.300/73 (partidas presupuestarias para afrontar combate contra la subversión), 20.642/74 (suben penas delitos subversión), Decretos 2770, 2271, 2772/75 (intervención fuerzas armadas para aniquilar subversión), 21.260/76 (autoriza a dar baja a empleados públicos vinculados a actividades subversivas), 21.264/76 (sobre represión del sabotaje), 21.269/76 (prohibe actividades de agrupaciones políticas marxistas), 21.322/76 (se declararon ilegales y disueltas distintas organizaciones subversivas), 21.461/76 (estableció el juzgamiento de delitos subversivos por Consejos de Guerra especiales).
20 Por citar al más famoso Decreto 2772, dictado en 1975 durante el gobierno de la Sra. Isabel Perón y que permitía la intervención directa de las Fuerzas Armadas.
21 Tomado del Mensaje de Elevación del Proyecto de ley sobre “Represión al Comunismo” sancionada en 1967, en Mariano Cardelli, Del Discurso de la Seguridad Nacional al Discurso de la Seguridad Ciudadana, en el libro La Criminalización de la Protesta Social, La Grieta- Hijos, La Plata 2003, pág. 150.
22 Un análisis profundo de la excepcionalidad legal Argentina, implicaría analizar las leyes dictadas por los primeros Gobiernos de Facto: 1930-1938, la elaboración de la llamada Doctrina de Facto por parte de la Corte Suprema, la instauración legal de la Revolución Libertadora, hasta llegar al gobierno de Onganía y la aparición de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Pueden verse los trabajos de Negretto, Gabriel L., El problema de la emergencia en el sistema constitucional, Edit. Ábaco, Buenos Aires, 1994, “Un criterio muy particular: La Doctrina de Facto de la Corte Suprema de Justicia. ED, t.144, Pág. 833. Incluso se puede ir más atrás en los decretos dictados en el marco de la Campaña del Desierto por el Orden Conservador (por ej. Decretos para la eliminación del Indio), o las leyes utilizadas por los primeros gobiernos del s. XX contra los inmigrantes (por ej. Ley de Residencia). Véase Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, Edit. Planeta. 7ª Ed. 2003.
23 Como explica G. Agambén, el Estado Moderno se separa del derecho a través de le excepción. La construcción de un dispositivo como la excepción jurídica permite suspender el Estado de Derecho (en ciertos casos) y llevar a cabo una guerra civil legal (o ilegal) contra los individuos indeseados de la comunidad (los enemigos), a quienes se les quitará toda posibilidad de un estatuto humanitario, suspendiéndose el reconocimiento de los derechos más básicos de la persona, quedando desnudos (nuda vida), vulnerables ante un estado de emergencia o excepción que no busca (a la larga) sino su eliminación. Estado de Excepción, Homos Sacer II, I. Edit. Adriana Hidalgo, Bs. As. 2003.
24 Eduardo S. Barcesat. Derecho Al Derecho. Democracia y Liberación. Edic. Fin de Siglo, 1993, pàg.42.
25 Pilar Calveiro, Poder y Desaparición; los campos de concentración en
Argentina, Buenos Aires, Colihue, 1998.
26 Roberto Bergalli; Reflexiones sobre el Control Social en América Latina, Epílogo del libo de Massimo Pavarini, Control y Dominación, Siglo XXI, México 1996, Pág. 197.
27 “El secreto y la clandestinidad del terrorismo de estado, produce una ideología propia que encubre la situación real. De un lado, el poder usurpador proseguirá una intensa campaña en la que se machacará la función suprema de las fuerzas armadas y de seguridad como custodios del ser nacional, las esencias patrias y el tradicional modo de vida, occidental y cristiano. Del otro lado, el terror llevará una convicción ciudadana del “no te metas” y del “por algo será” que evidencian la anestesia cívica que padeció la comunidad argentina durante el largo período del terror” Eduardo S. Barcesat. Ob. cit, pàg.43.
28 Véase, por ejemplo, el prólogo del libro-informe Nunca Más.
29 En la IX Conferencia Nacional de Abogados (celebrada en San Francisco, Córdoba, 3 al 7-X-79), su temario fue auspiciado bajo la fórmula: "Bases para una legislación sobre el terrorismo y la subversión y el resguardo de los derechos y garantías individuales", la que a juicio de los partícipes contenía dos errores que luego fueron subsanados: a) la utilización de un término “subversión”, que resultaba difuso y con neta carga ideológica, y b) planteaba una especie de petición de principio, ya que daba por aceptada la necesidad de una legislación específica, cuando ello, en todo caso, debía ser producto del análisis de los asistentes. Afortunadamente, un prolongado, sustancioso y a veces, ríspido debate en el seno del encuentro, permitió alcanzar una resolución mayoritaria que, en su conjunto, significó un positivo aporte a la democracia argentina. Ese logro fue posible, merced a un espíritu de diálogo y transacción en los matices del despacho, al que sus partícipes adhirieron.
30 Revista El Derecho, n° 4969, del 13 de Mayo 1980. Terrorismo, Subversión y Derechos Humanos. Trabajo que sigue los lineamientos de la ponencia efectuada por el autor a la IX Conferencia Nacional de Abogados (San Francisco, Córdoba, 3 al 7/X/979), en plena dictadura militar, organizada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, enriquecido por el debate suscitado en el evento, y la ponencia presentada por los doctores Isidoro L. M. Alconada Sempe y Adolfo Gabino Ziulu.
31 “Estos conceptos como el de subversivo o terrorista están hechos sobre la base de una epistemología antigarantista de fuerte concepción ontológica o sustancialista de la desviación penalmente relevante, donde el objeto de conocimiento no lo es tanto el delito formalmente previsto por la ley, sino la desviación crimninal en cuanto en sí misma es inmoral o antisocial, y; más allá de la persona del delincuente, de cuya maldad o antisocialidad el delito es visto como una manifestación contingente, suficiente pero no siempre necesaria para justificar el castigo. En el plano de las técnicas jurídicas estas representaciones se reflejan en una desvalorización del papel de la ley como criterio exclusivo y exhaustivo de definición de los hechos desviados. La técnica más difundida es la previsión de delitos elásticos o indeterminados, como el escándalo público, el desacato, la propaganda o la asociación subversiva, la asociación de tipo mafioso, etc.” Luiggi Ferrajoli, Derecho y razón, Teoría del galantismo Penal, Edit. Trotta, Barcelona.1998. Pag. 41/42.
32 Existe actualmente en la Argentina un vacío o un silencio a la hora de calificar desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional los actos de violencia política cometidos por las organizaciones armadas durante la década del 60 y 70. Las posturas sustentadas durante los juicios a las cúpulas Montoneras y del ERP en el Alfonsinismo, igualan responsabilidades bajo la excusa de los dos terrorismos (los dos demonios). Entendemos que esta postura debe ser revisada a la luz de una nueva doctrina que, de ningún modo pueda calificar simplemente como terrorismo actos de resistencia a la opresión, resistencia civil, desobediencia, acción directa y legítima defensa, en un marco de Dictadura y Terrorismo de Estado.
33 El concepto de subversión es, según José S. Caballero, "… tan amplio que se conformaría con cualquier incitación a obrar ilegalmente", pero con la exigencia subjetiva de que el agente la realice "para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos". Como se observa, la norma instituye el delito ideológico, ya que un mismo acto, si es realizado con objeto de lucro o de satisfacción de bajos instintos, resulta menos grave que cuando su finalidad es provocar un cambio social o político. Ello implica una regresión frente a la conciencia jurídica universal, que considera más tenuemente los delitos con motivación política; este espíritu tuvo expresión hace 126 años en nuestra Constitución, que en su art. 18 abolió "para siempre la pena de muerte por causas políticas", pero no por delitos comunes. Semejante instrumentación "legal" de lucha antisubversiva nos hace recordar que no faltan quienes "califican de acción subversiva todo intento de cambiar un sistema social que favorece la permanencia de sus privilegios" (Documentos Finales de Medellín, II, Paz, párr. 5)”. En Revista El Derecho, n° 4969, del 13 de Mayo 1980.
34 No quedan dudas que en la Argentina debemos esta conquista a la larga lucha por los DDHH realizada incluso antes de 1983 por muchos Organismos y Asociaciones Civiles. La tradición y la voz de estos organismos hace más complejas las intentonas reaccionarias por parte de la vieja (y nueva) guardia golpista.
35 Para un desarrollo histórico de la legislación, puede verse Marcelo Sain y Valeria Barbuto, “Las Fuerzas Armadas y su espacio en la vida democrática”, en CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Pag. 499.
36 A mediados de 2002 las Fuerzas Armadas a través de quien era su cabeza en ese momento, el General Brinzoni propuso la fusión de las Áreas de Seguridad y Defensa, pero su voz no tuvo acogida (diario Clarín, 8/6/02). En Noviembre de 2002 el ex presidente Carlos Menem propuso la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, al solicitar que salieran a la calle a combatir el delito, tampoco tuvo acogida (diario Clarín del 4/12/02)
37 Este cambio de Paradigma estratégico y Geopolítico, puede ser analizado desde la Sección II, Parr. 4, inc. k y m de la Declaración sobre seguridad de las Américas, OEA, Declaración sobre Seguridad de las Américas, Conferencia especial sobre Seguridad, México 27/10/03. Disponible en http://www.wola.org/security/declaración_seguridad_americas_espaniol.pdf.
38 “La propuesta de rever los límites de defensa y seguridad estuvo íntimamente ligada a los intentos de otorgarle a las FFAA, un rol de interlocutores políticos. Pretensión que se acrecentó durante los años 2001/2002 a medida que los juicios por violación a los DDHH tomaron nuevo impulso y los sectrores más conservadores de las fuerzas armadas trataron de recuperar un rol que asegurara la impunidad de sus responsables”. Derechos Humanos y Control Civil sobre las Fuerzas Armadas, CELS, Colección Experiencias 2, 2006, Pág. 20.
39 Para una visión más clásica de la defensa y estrategia militar como la que sustenta el paradigma establecido por ley 23.554, la capacitación, la lógica de acción y la eficacia de las Fuerzas Armadas, es opuesta a la que sustenta un paradigma mixto o laxo de implicancia en objetivos y cuestiones de seguridad.
40 La Masacre de Avellaneda en Junio de 2002, en la que murieron asesinados a manos de la policía los militantes Maximiliano Kostecki y Darío Santillán es un muy buen ejemplo que podemos mencionar de intervención de las tres fuerzas sobre un mismo espacio territorial: el P
uente Pueyredón.
41 En palabras del propio Agambén: “El totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración, a través del estado de excepción de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables al sistema político (…) el significado del estado de excepción como estructura original en la cual el derecho incluye en sí al viviente a través de su propia suspensión emerge con claridad en el military order emanado del presisente de los Estados Unidos el 13 de Noviembre de 2001, que autoriza la “detención indefinida” y el proceso por “military commissions” de los no-ciudadanos sospechados de estar implicados en actividades terroristas (…) la novedad de la orden del presidente Bush es que cancela radicalmente todo estatuto jurídico de un individuo, produciendo así un ser jurídicamente innominable e inclasificable (…) el único parangón posible es con la situación jurídica de los judios en los Lagers Nazis, quienes habían perdido, junto con la ciudadanía, toda identidad jurídica (…)”Estado de Excepción, Ob. cit. Pág. 24.
42 Para un buen análisis de los ciclos de protesta social en la Argentina de los 90 al 2001, puede verse Javier Auyero, La Protesta. Edit. Universidad de Quilmas (Unqui). Bs. As. 2002.
43 Acontecimientos como los del 19 y 20 de Diciembre de 2001 podrían llegar a ser un muy buen ejemplo de situaciones en las que una Ley Antiterrorista podría aplicarse.
44 El citado proyecto fue debatido en el ámbito de la Comisión Bicameral conformada en razón del atentado a la AMIA y lleva la firma de los legisladores Picchetto (PJ), Storani (UCR), Cruchaga (UCR) y Alvarez (Frepaso).
45 En ese entonces los autores del Proyecto argumentaron que: “… hay que proveer a la justicia de los medios investigativos adecuados a los nuevos procederes del terrorismo, sin perjuicio de las garantías constitucionales…”. La presión de Organismos de DDHH, críticas técnicas, y un contexto político enrarecido dentro del propio Menemismo, hicieron que el Proyecto quede en el aire.
46 El proyecto de ley, fue firmado por el presidente del bloque justicialista en ese entonces, Miguel Pichetto (el mismo que presentara el proyecto anterior), acompañado por la firma de los diputados Norma A. de Godoy, Carlos Omar Menem, Sara de Amavet, Sergio Edgardo Acevedo y Carmen del R. Caillet, entre otros. Fue presentado el 11 de septiembre de 2002 -a un año del atentado a las Torres Gemelas-. El proyecto lleva el aval de la embajada de los Estados Unidos en el país. Hasta el momento es analizado por las comisiones de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Derechos y Garantías, de Relaciones Exteriores y Culto, de Presupuesto y Hacienda, y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad e Inteligencia.
47 “En la Argentina, el terrorismo, incluida su versión antisemita, siempre ha estado ligada al aparato estatal de seguridad y contando con la inoperancia cuando no con la complacencia de muchos jueces, por lo que resulta absurdo que tal proyecto amplíe enormemente las facultades de esos sectores, abriendo la posibilidad de mayores abusos de los que ahora cometen. No hacen falta nuevas leyes draconianas para combatir el delito, sino cambiar la política económica y social que favorece su incremento, limpiar a fondo todas las fuerzas de seguridad de todos los asesinos, servidores del Proceso…”. Gacetilla de comunicado: La Ley Antiterrorista es de terror, APDH, Mayo 1997.
48 La Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo sostuvo: "sostenemos que este proyecto de ley es equivalente a la creación de la Gestapo en la época de Hitler, y lo denunciamos como la legalización del terrorismo de Estado" (Comunicado de prensa Madres Línea Fundadora, firmado en junio de 1997).
49 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), manifestó frente a las Comisiones de Defensa y Seguridad Interior de la Nación su preocupación por el proyecto de ley “Antiterrorista”, dicha preocupación estaba basada en una concepción de lo que deben ser las instituciones de Seguridad e Inteligencia, respetuosas de los derechos y libertades fundamentales. La aprobación del proyecto implicaría una virtual derogación de la ley de Inteligencia 25.520. Asimismo señala que el cumplimiento de los convenios internacionales sobre terrorismo no requieren establecer, como se hace en el proyecto, una situación de excepción que puede ser utilizada para avasallar derechos y libertades fundamentales. Vease: www.cels.org.ar.site_cels.noticias.gacetillas.06_junio.ley_antiterrorista.htlm.
50 Como veremos, el texto ni siquiera cumple con las pautas y recomendaciones establecidas por la OEA a los Estados miembros en su Informe Anual 2002 sobre Terrorismo y Derechos Humanos. Convención Interamericana contra el Terrorismo, firmada 3 junio 2002.
51 La Convención de Ginebra por la Prevención y la Represión del terrorismo del 16 de noviembre de 1937 establece que: "…en la presente convención, la expresión "actos de terrorismo" se entiende de hechos criminales dirigidos contre un Estado con el objetivo o naturaleza para provocar el terror contre personalidades determinadas, grupo de personas o en el público…" (arts. 1, 2). La convención sobre la Prevención y la Represión de actos de terrorismo, firmado en Washington el 2 de febrero de 1971 por los Estados americanos nucleados en la OEA, en su artículo 4 establece: "… actos que producen un efecto de terror o de intimidación sobre los habitantes de un Estado… y eso a través del uso de métodos o de medios que, por su naturaleza, causan o pueden causar un daño extendido, disturbios serios en el orden público… ".
52 Es un adelanto punitivo, en tanto se está penando una mera “actividad”, y no la consumación de un hecho delictivo concreto. Para un análisis dogmático, puede verse, Ziffer, Patricia S., El Delito de Asociación Ilícita, Ad Hoc, Bs. As. 2005.
53 Aquí surge una extensa doctrina, muy conocida en la actualidad como “El Derecho penal del Enemigo”, diversos autores han realizado elaboraciones complejas sobre el tema, al punto de desdoblar categorías de ciudadanos, ello sin pretender poner en juego el principio de igualdad ante la ley. Veamos la opinión de un autor tradicional como G. Jakobs: “Frente a los autores de vulneraciones a los derechos humanos, quienes no ofrecen una seguridad suficiente de ser personas, de por sí está permitido todo lo que sea necesario para asegurar el ámbito “comunitario/legal”, y esto es de hecho lo que sucede, conduciendo primero una guerra, no enviando como primer paso a la policía para ejecutar una orden de detención. Ahora bien, una vez que se tiene al infractor, se cambia el Código Penal y al Código de Procedimiento penal como si se tratara de un homicidio por despecho o de conflictos ciudadanos parciales de esas características. Por lo tanto, se declara al autor persona para poder mantener la ficción de la vigencia universal de los derechos humanos. Sería más sincero separar la coacción en la creación de un orden de derecho a mantener un orden (…) como es evidente, no me dirijo contra los derechos humanos con vigencia universal, pero es que su establecimiento es algo distinto que su aseguramiento. Si sirve al establecimiento de una Constitución Mundial habrá que castigar a los que vulneran los derechos humanos; pero eso no es una pena contra las personas culpables, sino contra enemigos, peligrosos, y por ello debería llamarse la cosa por su nombre: derecho penal del enemigo” Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo, Cuadernos Civitas, Pag. 54.
54 Raúl Eugenio Zaffaroni, El Enemigo en el derecho Penal, Edit. Ediar. 2006.
55 Zaffaroni. Ob. citada. Pág. 16
56 Recordemos simplemente que el mismo derecho internacional (Resol. 3034 cit. Asamblea General de la ONU) reconoce legalmente el derecho que tienen los pueblos de rebelarse contra un sistema injusto, comprendidos los medios pacíficos a su disposición. Asimismo, el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional que establece el derecho de resistencia y rebeldía ante la opresión por parte de toda la ciudadanía.
57 Las críticas al Proyecto de 1997 son tomadas del dictamen crítico sobre el proyecto de ley Antiterrorista Argentina, elaborado por el Equipo Buenos Aires del Servicio de Paz y Justicia – Serpaj. Puede encontrarse en www.derechos.org.serpaj.doc.leyterr.com
58 Para un buen análisis crítico- jurídico puede consultarse Carrió, Alejandro D.; Agentes encubiertos y testigos de identidad reservada: armas de doble filo, ¿confiadas a quien?, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año III, Nro. 6, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1997, pp. 311-322; o Miller, J.;Gelli, M. A.; Cayuso, S. y Gullco, H; Constitución, poder político y derechos humanos, Tomo III, “Garantías Constitucionales en el proceso penal”, Buenos Aires, La Ley, 2002, pp. 69-73.
59 En efecto, más arriba explicamos que en el marco de las leyes de Defensa y Seguridad Interior vigentes, la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior requiere básicamente de la declaración de estado de sitio (así lo indica la Constitución) ante conmoción interior. Sin embargo, el art. 13 del mentado Proyecto crea un supuesto excepcional y confuso de “emergencia terrorista” que -de alguna manera- deja afuera la hipótesis de conmoción interior plasmada ya por el texto constitucional.
60 Marcelo Fabian Sain es especialista en cuestiones de seguridad, y fue invitado entre otros oradores ante la Comisión de Seguridad Interior de la H. Cámara de Senadores para dar una explicación más profunda sobre aspectos de inteligencia desarrollados en el Proyecto Pichetto. Me remito a la versión Taquigráfica de la Cámara de Senadores de la Nación, Reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Salón Auditorio, 20 de Mayo de 2003.
61 Desde los atentados del 11-S, todos los sistemas de Inteligencia parecen volver a juntarse, unificarse, combinarse, centralizar el manejo estratégico de la información. Los atentados fueron una buena excusa para replantear es supuesto desorden de información, la desarticulación en la inteligencia que no pudo prever lo que iba a ocurrir.
62 “Las tres leyes, Defensa Nacional sancionada en 1988 durante la presidencia de Alfonsín, la de Seguridad Interior de 1992 sancionada durante la presidencia de Ménem y la de Inteligencia Nacional sancionada en 2001 durante la presidencia de De la Rúa; fueron la expresión de un consenso suprapartidario, elaborado a lo largo de muchos años y reflejo de los niveles de conciencia de una sociedad que aprendió de su propia experiencia y procura que no pueda repetirse. Horacio Verbitsky, Diario Página 12, Domingo 26 de Marzo de 2006 “Justo Ahora, el rol militar en una sociedad democrática”.
63 Así, la Argentina a integrado a su Constitución, art. 75 inc. 22 la Convención Interamericana sobre DDHH, la que reza: "… los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna… " (art. 1,1, Pacto de San José de Costa Rica). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy explicita en cuanto a los alcances de lo contenido en dicho artículo. Ella ha aclarado que "…la primera obligación asumida por los Estados partes… es de respetar los derechos y libertades reconocidos por la convención. El ejercicio de la autoridad pública tiene ciertas limitaciones debido al hecho que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad de la persona… El Estado tiene el deber de organizar el aparato gubernamental, y en general, todas las estructuras por intermedio de las cuales se ejerce el poder público, de tal manera que el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos sean asegurados sobre el plan jurídico…".
64 Véase Informe la Organización de Estados Americanos 2002 de sobre Terrorismo y Derechos Humanos, Ob. ya citada.
65 El art. 2 de dicho instrumento internacional establece que "1. Comete delito en el sentido del presente

References: artículo 18
 artículo 32
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 36