Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920088.html
Timestamp: 2019-11-19 08:45:00+00:00

Document:
as201920088
Auto Supremo: 88/2019
Expediente: LP-130-18-S.
Partes: Carmen Valdivia Vda. de Murillo c/ Roxana Rivera Añez.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 268 a 271 vta., interpuesto por Roxana Rivera Añez, contra el Auto de Vista Nº 252/2018 de 14 de agosto, cursante de fs. 265 a 267, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de cumplimiento de obligación seguido por Carmen Valdivia Vda. de Murillo contra la recurrente, la concesión de fs. 276, la admisión mediante el Auto Supremo Nº 1120/2018-RA de fs. 281 a 282 vta. y todo lo inherente;
1. Carmen Valdivia Vda. de Murillo, mediante memorial del 27 de noviembre de 2006 (fs. 16 y vta.), presentó demanda de cumplimiento de obligación de crédito más intereses legales y pago de daños y perjuicios, en contra de Roxana Rivera Añez, arguyendo que la obligación de la deudora proviene de 6 cheques firmados, cuyo monto total asciende a la suma de $us.19.000, cuyas firmas fueron reconocidas en medida preparatoria.
Admitida la demanda, se apersona la demandada y plantea incidente de nulidad de la medida preparatoria de demanda (fs. 19 a 20) y ante la falta de contestación a la demanda, se la declaró rebelde mediante Auto de 4 de septiembre de 2008 (fs. 50 vta.).
2. El Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la ciudad de La Paz, pronunció Sentencia Nº 142/2016 de 22 de agosto, cursante de fs. 222 a 224 vta., declarando Probada en parte la demanda de cumplimiento de obligación disponiendo la cancelación del monto de $us.6.700, recibidos en calidad de préstamo, más intereses legales dentro del plazo de 3 días de ejecutoriada la decisión.
3. Resolución de primera instancia que al ser apelada por Carmen Rosa Valdivia Vda. de Murillo, mereció el Auto de Vista Nº 252/2018 de 14 de agosto que asume anular la Sentencia Nº 142/2016 de agosto, disponiendo que la autoridad jurisdiccional dicte nueva determinación.
El Tribunal de Alzada sostiene que el Juez de la causa infringió las reglas del debido proceso, al incumplir con el voto de la debida “motivación de las resoluciones judiciales”, en tal sentido deberá subsanar la misma a través de la construcción de una sentencia que contenga todos los elementos establecidos en la norma procesal civil, y los principios, derechos y garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado.
1. Acusó que la sentencia dictada por el juez de primera instancia, cumple con la motivación extrañada por los vocales suscriptores de Auto de Vista, pues en la sentencia se expresa con claridad absoluta las razones y motivos por las que se declaró probada en parte la demanda.
2. Denunció que se advierte que en la Sentencia del juez de primera instancia, se establecieron los hechos que fueron probados a partir de las pruebas presentadas por ambas partes, así como los hechos que no fueron probados por la parte actora.
3. Arguyó que la resolución de primera instancia, se refiere a los medios de prueba que ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimados, la sentencia es clara al respecto, pues se tiene expresado de manera didáctica, las razones por las que se desestimó alguna de ellas y los motivos por las que valoró otras.
4. Manifestó que no se hubiese pronunciado el juez de primera instancia, con relación a otras pretensiones como el pago de daños y perjuicios, está claro que no corresponde tutelar ese rubro, cuando se ha expresado de manera contundente que los cheques presentados lo único que probaron fue que la titularidad de los mismos le corresponde a otra persona y que al ser entregados en garantía constituían un ilícito, por tanto, no producen efectos de título.
5. Alegó que el Auto de Vista recurrido, contiene interpretación errónea de la ley, por cuanto la sentencia dictada por el inferior en grado responde a la previsión del art. 115 de la Constitución Política del Estado, así como a los arts. 213.II num. 3) y 145.I del Código Procesal Civil, de donde se infiere que fue la autoridad de alzada quien en perjuicio de una sana administración de justicia pretende que el caso se prolongue en el tiempo, pretendiendo una nueva sentencia, cuando la que se tiene responde a los principios y garantías de un debido proceso.
Solicitó casar la resolución impugnada y deliberando en el fondo declarar firme y subsistente la Sentencia Nº 142/2016 de 22 de agosto de 2016.
Contestación al recurso por Carmen Rosa Valdivia Vda. de Murillo.
Los dineros fueron pagados en cheques siendo que la acreedora no cobró de manera oportuna. Asimismo, los cheques no fueron analizados ni valorados conforme señalan los arts. 607, 615 y 616 del Código de Comercio. Por su parte la demandada arguye que esos cheques fueron dados en garantía y para expresar esta torpeza se remite a la audiencia de conciliación donde se incurrió “en lapsus calamis”, al decir que eran garantía y asimismo que dichos cheques provienen de la empresa “Rivera Añez Asociados Constructores S.R.L.”, por lo que le debería a la actora la suma de $us.6.700.
No se giró los cheques, sino que fue la demandada quien firmó y no le dijo jamás que eran en garantía; empero, faltando a la verdad dice que dio en garantía. Si es así, la demandada habría incurrido en delito, de acuerdo al art. 204 del Código Penal.
En cuanto a los daños y perjuicios extrañados por la demandada eso se demostrará en ejecución de sentencia y finalmente de acuerdo al Código Procesal Civil debió dictarse por revocar la sentencia y declarar probada su demanda.
En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo latino “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.
De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso.
De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”.
De acuerdo a lo expresado precedentemente, se ha establecido que la congruencia en su sentido restringido, es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto, conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra, infra o citra petita, y en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.
En tal sentido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto, no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.
Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo la Ley 439 en el art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el Auto Supremo Nº 304/2016 de fecha 06 de abril donde se ha delineado en sentido que: “Los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley Nº 439 la falta de congruencia, no es causal para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley Nº 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (El resaltado nos pertenece).
III.3. Sobre la falta de motivación
Sobre este tópico, el Auto Supremo Nº 216/2014 de 15 de mayo, señala: “corresponde manifestar que si bien la jurisprudencia constitucional ha considerado a la motivación de las resoluciones como una exigencia que debe satisfacer el derecho al debido proceso y que la infracción de tal requisito conlleva su nulidad, no se puede desconocer que la ausencia de motivación no es lo mismo que la insuficiencia de la fundamentación de una Sentencia, aspecto éste que bien puede ser remediado por el Tribunal de Alzada sin necesidad de anular o invalidar el fallo de primera instancia, pues ello se opondría al principio de conservación de los actos procesales que orienta que los Jueces y Tribunales ante una nulidad deben adoptar esa medida en forma restrictiva procurando siempre la conservación de los actos en cuanto ello sea posible y no se oponga al derecho a la defensa de las partes; de otra parte la nulidad de una Sentencia insuficientemente motivada se opondría también al derecho de las partes a un proceso sin dilaciones indebidas.
Por lo que la nulidad de una Sentencia por falta de motivación debe aplicarse siempre y cuando dicha falta de motivación produzca indefensión a las partes, o conlleve total incertidumbre o imprecisión respecto al hecho que se juzga o a las razones que justifiquen la decisión asumida”.
En la presente causa la demandada ha planteado recurso de casación que analizadas las conclusiones establecidas en los puntos 1, 2, 3 y 4 tratan de aceptación y defensa de la Sentencia Nº 142/2016 de 22 de agosto (fs. 222 a 224 vta.), excepto el enunciado en el punto 5 que denuncia que el Auto de Vista recurrido contiene interpretación errónea de la ley, por cuanto la sentencia dictada por el inferior en grado, responde a la previsión del art. 115 de la Constitución Política del Estado, así como a los arts. 213.II num. 3) y 145.3 del Código Procesal Civil, de donde se infiere que la autoridad superior en grado, pretende que se dicte una nueva Sentencia, cuando la que se tiene responde a los principios y garantías de un debido proceso.
Al respecto se cuenta como antecedente, el recurso de apelación interpuesto por la actora Carmen Rosa Valdivia Vda. de Murillo de fs. 227 a 229 presentado el 29 de septiembre, el mismo que expresa sus agravios solicitando revocar la Sentencia de 22 de agosto de 2016 y que se declare probada su demanda de fs. 16 vta. y el pago de $us.19.000, más intereses legales, así como costas, daños y perjuicios que se valorarán en ejecución de sentencia.
Al resolver la apelación de la actora mencionada supra, el Auto de Vista Nº 252/2018 de fs. 265 a 267, asumió una decisión anulatoria de la Sentencia Nº 142/2016 de 22 de agosto, argumentando que el juez infringió las reglas del debido proceso, al incumplir con el voto de la debida motivación.
Sobre este particular, corresponde remitirnos a los argumentos desarrollados en la doctrina aplicable en los puntos III.1, III.2 y III.3, donde se ha establecido que la falta de congruencia y motivación en la sentencia, no pueden ser aplicadas con riguroso criterio para fundar una causal de nulidad procesal, ya que por expresa determinación de los arts. 218 y 265 del Código Procesal Civil es obligación del Tribunal de Alzada fallar en el fondo, pues las normas citadas, conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado, tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico, alcance el fin esperado que resulta ser la solución al conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el juez de la causa puede resolver en el fondo, ampliando el fundamento del A quo y emitiendo criterio sobre las pretensiones omitidas, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal, que es una medida de última ratio.
En ese sentido, se concluye que en el caso de autos, la decisión de anular la sentencia por incongruencia o falta de motivación, asumida en segunda instancia no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Ad quem fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 105, 106, 107, 108, 109, 218 y 265 del Código Procesal Civil, cuando al tratarse de otra instancia -como se expuso supra- en aplicación de las citadas normativas debió resolver en defecto del A quo y fallar en el fondo de lo debatido, toda vez que inclusive el petitorio de la apelante solicitaba revocar la sentencia, y por otro lado los agravios de la apelante permiten al Ad quem, enmendar las omisiones del Juez A quo y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria se ha desconocido las normas procesales, en desmedro de la actora quien requiere la solución al conflicto jurídico, correspondiendo en consecuencia anular el Auto de Vista para que resuelva los agravios invocados en el recurso de apelación conforme al art. 265.I del Código Procesal Civil.
Por lo que corresponde corregir el error del Tribunal Ad quem, para que este considere el recurso de apelación de Carmen Rosa Valdivia Vda. de Murillo, asimismo considere los reclamos planteados por la actora de fs. 227 a 229 como también la respuesta de la demandada de fs. 232 a 234.
Conforme a lo expresado en los fundamentos de la presente resolución a la cual nos remitimos como respuesta a los argumentos esgrimidos por la parte actora.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA Auto de Vista Nº 252/2018 de 14 de agosto cursante de fs. 265 a 267, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I de la Ley Nº 439.

References: Resolución 
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