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Timestamp: 2017-12-11 20:56:39+00:00

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junio 2013 ~ MEMORIAS DE LA TIERRA
10:58 PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS ELECCIONES: ACORDADA DE LA CAMARA NACIONAL ELECTORAL. No Comments
ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO: En Buenos Aires a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece, se reúnen en acuerdo extraordinario en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los doctores Alberto Ricardo Dalla Via, Rodolfo Emilio Munné y Santiago Hernán Corcuera, actuando los señores Secretarios de la Cámara doctores Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. Abierto el acto por el señor Presidente doctor Alberto Ricardo Dalla Via,
1º) Que el artículo 75 de la Constitución Nacional reconoce en su inciso 17 la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y en consecuencia, garantiza “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. A su vez, reconoce “la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” y encomienda “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Agrega que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. Asimismo, asegura “su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.-
En ese marco, la tutela constitucional de la participación de los pueblos originarios en la gestión referida a los intereses que los afecten, es un aspecto que indudablemente incluye el pleno ejercicio de la ciudadanía y las diversas formas de participación político-electoral, mediante los instrumentos de democracia directa y representativa previstos en la legislación vigente en los distintos órdenes institucionales.-
Por otra parte, mediante la ley 24.071, nuestro país aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “Pueblos indígenas y tribales en países independientes”. Este instrumento prevé, entre otras cuestiones, que los Estados deben “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (art. 6º, ap. 1, inc. “a”); y que deben establecerse “los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan” (ap. 1, inc “b”).-
Complementariamente, establece que el reconocimiento de sus costumbres y derecho consuetudinario, así como también el derecho de conservar sus instituciones propias, “no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes” (art. 8º, inc 3).-
2°) Que, asimismo, este Tribunal ha puesto reiteradamente de relieve la importancia del ejercicio del sufragio activo en el sistema democrático, “en tanto constituye la función constitucional a través de la cual el cuerpo electoral expresa la voluntad soberana de la Nación (cf. Fallos 312:2192) y determina el carácter representativo de las autoridades (cf. Fallos 319:1645)” (cf. Fallos CNE 3033/02; 3072/02; 3142/03; 3268/03; 3326/04 y 4026/08, entre otros).-
En análogo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “[e]l derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán” (cf. Caso “YATAMA vs. Nicaragua”, sentencia del 23 de junio de 2005).-
Ello así pues, “[l]o que determina en última instancia si una elección es ‘libre’ es el grado en que facilita la plena expresión de la voluntad política del pueblo [...], [la que] después de todo, [...] constituye la base de la autoridad legítima del poder público (cf. “Los Derechos Humanos y las Elecciones. Manual sobre los aspectos jurídicos, técnicos y de derechos humanos referentes a las elecciones”, Serie de Capacitación Nº 2, Centro de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 1994, párr. 62, pág. 10).-
3°) Que, en diversas circunstancias este Tribunal ha abordado, tanto en su actuación jurisdiccional como administrativa, la participación política de los miembros de los pueblos originarios.-
A modo de ejemplo, en el precedente que se registra en Fallos CNE 4283/09, se resolvió una causa vinculada con la denuncia de actos de clientelismo y manipulación electoral, poniendo particularmente de relieve la gravedad derivada de que “los hechos denunciados en la presente causa involucr[e]n a un gran número de integrantes de pueblos originarios [...]”.-
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia que involucraba los derechos de participación política de los miembros de comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, caso YATAMA vs. Nicaragua –ya aludido-, destacó que “[e]s indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación” (cf. párr. 195).-
En el que añadió que “[d]icha obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales” (cf. párr. 201), dado que “se debe tomar en consideración que se trata de personas que pertenecen a comunidades indígenas y étnicas [...], quienes se diferencian de la mayoría de la población, inter alia, por sus lenguas, costumbres y formas de organización, y enfrentan serias dificultades que los mantienen en una situación de vulnerabilidad y marginalidad” (cf. párr. 202).-
Asimismo, el mencionado Tribunal internacional, ha enfatizado que “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta [las] particularidades propias [de los pueblos indígenas], sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres” (cf. caso “Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 63). Ello implica, como se expresó en el precedente registrado en Fallos CNE 4283/09, ya citado, el establecimiento de determinadas medidas con el fin de procurar en la práctica la igualdad de oportunidades que permitan corregir las situaciones que son el resultado de conductas discriminatorias”.-
4°) Que, por otro lado, cabe recordar que mediante la Acordada 128/09, relativa a la capacitación cívico electoral, esta Cámara ha expresado que “todo programa educativo que oriente sus acciones hacia el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de los valores democráticos, debe considerar los rasgos culturales como un elemento esencial para su planificación. En este sentido, el respeto a las culturas originarias ha de ser el factor que determine un segmento particular de instrucción electoral, los pueblos originarios. A tal fin, resulta idóneo diseñar nuevas herramientas de capacitación que propendan a preservar su identidad”.-
5°) Que, sin perjuicio de lo anterior, en esta instancia resulta conveniente encaminar de modo más integral y orgánico el abordaje de la participación política de los pueblos originarios, promoviendo -en el marco de la competencia de la justicia nacional electoral- las acciones que resulten conducentes para favorecer el pleno ejercicio del derecho al sufragio y de las demás prerrogativas político-electorales por parte de los miembros de las comunidades indígenas.-
6°) Que, en función de lo expuesto, resulta conveniente crear el “Programa de Promoción de la participación político electoral de los pueblos indígenas”, orientado a la evaluación, proposición y adopción de medidas que favorezcan el ejercicio de los derechos político-electorales por parte de los miembros de las comunidades indígenas.-
A tal fin, sin perjuicio de las diversas acciones que puedan implementarse en lo sucesivo, tales medidas comprenderán la identificación geográfica de las comunidades indígenas en la cartografía electoral vigente, a fin de promover la conformación de circuitos electorales que contemplen la individualidad de cada comunidad. En cuanto sea posible, la designación de autoridades de mesa bilingües o seleccionadas entre miembros de la propia comunidad y la elaboración de material electoral complementario en la lengua del respectivo pueblo originario. Finalmente, la selección de establecimientos de votación adecuados para así –en miras del espíritu y voluntad del Programa- favorecer la concurrencia por parte de los integrantes de todas las comunidades.-
7°) Que, todo lo expuesto precedentemente evidencia a su vez la necesidad de articular la cooperación interinstitucional con organismos o entidades competentes en la implementación de políticas públicas orientadas a los pueblos originarios, tales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -a cuyo cargo se encuentran el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I.) y el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (RENOPI)-, el Ministerio de Educación -en el marco del programa de Educación Intercultural Bilingüe (ley 26.206)-; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en relación con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI); el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), entre otros; así como también con los organismos provinciales pertinentes y, naturalmente, con las propias comunidades interesadas.-
8°) Que, finalmente, no puede dejar de mencionarse que la presente iniciativa constituye también, de modo secundario y accesorio, un modo de rendir homenaje al centenario de la ley Sáenz Peña, que promovió la consagración del sufragio universal -aun cuando esa “universalidad” se entendiera en el restringido sentido propio de su época-, pues aquella centenaria ley constituyó el punto de partida en la evolución de los derechos político-electorales en nuestro país.-
En efecto, al implementar el carácter universal del sufragio, la ley Sáenz Peña ha inspirado otras normas que extendieron luego la composición del cuerpo electoral (cf. Acordada 23/12 CNE), como ocurrió −por ejemplo- con la participación de la mujer a partir de la incorporación del voto femenino en las elecciones del año 1951 (ley 13.010); la inclusión al cuerpo electoral de los habitantes de los territorios nacionales; el voto de los argentinos residentes en el exterior (ley 24.007), el voto de los detenidos sin condena (ley 25.858); y el voto a los 16 años (ley 26.774), entre otras acciones menos relevantes o visibles tendientes también a suprimir las barreras jurídicas y fácticas para continuar expandiendo -dentro de lo previsto por nuestra Constitución Nacional- la participación electoral.-
1º) Crear el Programa de Promoción de la participación político electoral de los pueblos indígenas; el que comprende las actitudes, acciones y procedimientos mencionados en el considerando 7º y las que en lo sucesivo se dispusiere.-
2°) Poner en conocimiento de los señores jueces con competencia electoral, solicitándoles que -sin perjuicio de las medidas que se adoptaren con alcance general- arbitren en sus respectivas jurisdicciones las medidas que estimen pertinentes en el marco del Programa y provean al Tribunal toda aquella información que resulte relevante en relación con ello.-
Ofíciese a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y, por su intermedio, póngase en conocimiento de las comunidades indígenas inscriptas. Oportunamente, comuníquese a las Juntas Electorales Nacionales a través de los señores jueces federales electorales. Con lo que se dio por terminado el acto.
Fdo.: DR. ALBERTO RICARDO DALLA VIA, Presidente - DR. RODOLFO EMILIO MUNNÉ, Vicepresidente - DR. SANTIAGO HERNÁN CORCUERA, Juez de Cámara.
MEMPO GIARDINELLI: Veinticuatro toneladas de fuego y memoria
5:56 MEMPO GIARDINELLI: Veinticuatro toneladas de fuego y memoria centro editor america latina dictadura No Comments
Fuente: Contratapa de Pagina12
8:39 EDUARDO DE LA SERNA: Carta abierta a la corte suprema de (in) justicia No Comments
• No es muy creativo destacar que el Poder Judicial goza de privilegios de los que carece toda otra instancia de la Patria: no son elegidos por el pueblo (¡en una Democracia!), no lo son por un "período de tiempo", sino que son vitalicios, e incluso están por encima de la misma Ley (que haya miembros de la corte que superen los 75 años me resulta patético, ¡ni entre el Episcopado se da semejante cosa!).
• No hace falta que les diga la incredibilidad de la que "gozan" ante la sociedad. Aunque parece que eso no les importa ya que parecen considerarse "supra-humanos". La sensación que tiene el pueblo es que la justicia no es para ellos salvo que sea para sancionarlos o condenarlos. Cosa habitual entre los pobres.
• Es serio que a uno de los tres poderes de la República sólo se pueda acceder siendo abogado, ¿no les parece? ¿No es un "pueblo = demos" excesivamente elitista ese?
• Una cosa son los "Poderes" que conforman el Estado, pero eso no implica que sean los únicos poderes que hay en la Patria. Hay un "Cuarto Poder", hay un "Poder Económico", y –para ser sinceros- nunca parecen haberse preocupado de mostrarse independientes de los mismos. Es más, ¡son tantas las veces en las que parece que la justicia sólo beneficia a los poderosos!!! (por si no se dan cuenta, eso quiere decir a los que tienen Poder).
• Soy de aquellos que celebraron la nueva composición (no totalmente nueva, por cierto) de la Corte Suprema. Soy de los que lamentan haber celebrado.
• Sinceramente ya no espero justicia, y menos del "Poder Judicial", y quizás deba agradecerles por eso. Habrá –quizás- eventuales "maníes para los monos", pero no espero Justicia.
Viendo el alarde de in-Justicia del que gozamos, creo que ahora nos falta esperar que:
o declaren que las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias deben anularse, ya que en la experiencia pasada fue evidente cómo terminarían las elecciones;
o declaren que la Mesa de Enlace debe hacerse cargo de los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y de Educación;
o declaren prohibida en todo el territorio nacional la enseñanza de cualquier historia que no sea coherente con la que "Mitre nos legó";
o, y finalmente, declaren nulo el 54,11% de las pasadas elecciones.
Así habrá justicia y Sus Señorías podrán seguir en la estratósfera ajenos al mundo y sobre todo, bien distantes del Pueblo, no sea cosa que este gobierne.
18:30 LAS TRAMPITAS DE LORENZETTI fallo consejo de la magistratura No Comments
El fallo de los supremos cortesanos que declaro insconstitucionales varios artículos de la ley de elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura partió de una trampa de Lorenzetti. Durante el debate de la ley, envió una nota en la cual advertía que traspasar el manejo presupuestario del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura como ordena la Constitución Nacional, iba a provocar la "parálisis" de la justicia. Carrió reaccionó furibunda y denunció un "pacto" entre Lorenzetti y el Gobierno Nacional.
¿Que ocurrió en realidad? Ocurrió que los cortesanos ya tenian decidido declarar la inconstitucionalidad de la ley. Y si ese artículo hubiera subsistido, habrian tenido que declarar "inconstitucional" una norma de la propia Constitución, como ya se hizo con Fayt en 1999. No lucía muy republicano que digamos. Entonces, de muy buenos modos pidieron la eliminación de ese artículo y esperaron que les llegue el expediente via per saltum para destrozar la ley sin correr riesgos... Una pinturita.
Acá la Carrió.
EDUARDO BARCESAT: El pueblo pierde ante la justicia, como ante el poder
10:57 como ante el poder consejo de la magistratura, EDUARDO BARCESAT: El pueblo pierde ante la justicia No Comments
El fallo (de mayoría) de la Corte Suprema de Justicia ha hecho prevalecer los intereses de las corporaciones –particularmente la de los jueces–, por sobre la soberanía popular (art. 33, C.N.), sustento de todo derecho, explícito e implícito. Recordemos que la Nación Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal de gobierno (art. 1, C.N.), por lo que todo poder emana del pueblo y si ese pueblo no puede gobernar por sí sino a través de sus representantes, por qué privarle de la posibilidad de elegir sus representantes en un órgano esencialmente político, como es el Consejo de la Magistratura, que no dicta pronunciamientos sobre causa alguna, toda vez que no integra el Poder Judicial.
Peor aún, el voto de mayoría de la Corte Suprema se erige en intérprete de los debates de la Convención Constituyente (año 1994), haciendo caso omiso de la clara delegación que el art. 114 de la C.N. establece para que la ley del Congreso determine la forma de la representación de los estamentos y su integración equilibrada. El voto en disidencia del Dr. Raúl Zaffaroni, que participó activamente del debate en Comisión del proyecto de creación del Consejo de la Magistratura, deja señalado que la delegación efectuada por la Constitución a favor de la futura ley del Poder Legislativo, impide considerar inconstitucional que esa representación se ejerza por el voto popular, y hace propias las consideraciones del Dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que se pronunció a favor del voto popular de las respectivas representaciones.
La vida en Cuba de los hijos de los militantes de la Contraofensiva
18:02 La vida en Cuba de los hijos de los militantes de la Contraofensiva guarderia montonera No Comments
16:11 EDUARDO DE LA SERNA: LEGÍTIMA JUSTICIA 1 Comment
Esto que escribo estoy convencido que no sirve para nada. Que es inútil o ilusorio, pero mientras haya una sola pelota, “el gordito” va a seguir jugando [y que se me perdone cualquier lectura discriminatoria]. Es que no puedo entender que una ley –cualquiera que fuera- aprobada por mayoría de ambas cámaras del Poder Legislativo, aprobada y reglamentada por el Poder Ejecutivo pueda ser frenada, anulada e impedida en su funcionamiento por un juez cualunque de un lugar cualunque; y vale para la ‘Ley de Medios’ o la reforma del Poder Judicial, o cualquier otra. Especialmente con lo fácil que parece que resulta conseguir fallos adversos (o favorables, según el actor) en jueces para los que la celeridad, la imparcialidad o el desinterés no parecen figurar entre sus cualidades. Si resulta que un viaje a Miami, un ropero, un reloj o un sobre pueden torcer la opinión del juez, resulta evidente que es más económico “apuntar” a ese juez que a aceitar un buen número de diputados o senadores. Y –por supuesto- luego se titulará “la justicia frenó…” cuando favorece al aceitador, mientras que dirá “el juez Tal dijo…” cuando lo perjudica (además que nunca falta un delincuente con micrófono que dirá al aire el teléfono del juez para que sus amigos lo atosiguen a insultos). Realmente no entiendo que eso sea “JUSTICIA”. ¿No es que el Poder Judicial –en la división de poderes- debe garantizar el cumplimiento de la ley? ¿Cómo es posible que sea un instrumento para impedirla?
Sin duda que algo está mal, ¿pero cómo se puede cambiar eso si “el dueño de la pelota” es el que pone las reglas del juego? Es como si hubiera un penal a favor y “el gordito” sentenciara “¡mete gol, gana!”. En algunos países (Colombia, por ejemplo) hay un “Tribunal Constitucional”, y este es responsable de que determinadas leyes o normas tengan la garantía de ser constitucionales o no, y de darles cauce o frenarlas (en el caso de Colombia fue este Tribunal, por ejemplo, el que impidió la re-re-elección del narco-para-político Álvaro Uribe). Un Tribunal de este tipo podría –al menos- impedir que un “juez de cuarta” frene una ley con ese argumento, o que los planteos de (in) constitucionalidad se demoren eternamente y favoreciendo de ese modo a los “mandantes” o “aceitadores” o “dueños de la pelota”.
Siendo que algunos son amantes de “adjetivar” fácil (y vaya aquí mi repudio al uso liviano del adjetivo “nazi” que no hace sino volver a victimizar a tantos; muchos gurúes del establishment deberían lavar sus bocas antes de pronunciar palabras), siendo que adjetivan, a lo mejor les gustaría sentenciar que si un juez mediocre puede impedir una ley (o muchas) votada por el Congreso y aprobada por el Ejecutivo, a lo mejor eso se parezca a una “dictadura judicial”, ¿no?
Es evidente que no todo lo “legal” es “justo” [las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son un buen ejemplo], ni todo lo “justo” está “legislado”, pero sería indispensable que jueces creíbles, intachables (y con declaración pública de bienes –y viajes- por cierto) sean los responsables de garantizarlo. Un país donde la justicia tiene la última palabra, debería garantizar que la justicia sea justa. O legítima, si se quiere.
7:46 Caso "fayt": juzgar y constituir No Comments
Carlos Santiago Fayt nació el 1 de febrero de 1918. En 1983, una vez prestado el acuerdo del Senado, fue nombrado por el presidente Raúl Alfonsín para servir en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Oportunamente cumplió con la prescripción ordenada por el artículo 98 de la Constitución federal (hoy 112). Es decir, los individuos nombrados como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...prestarán juramento... de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución..." Al asumir el cargo constitucional, que viene desempeñando desde entonces, la estabilidad vitalicia de los magistrados se hallaba protegida en el artículo 96 de la Constitución: "Los jueces de la Corte Suprema... conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta..."
La reforma constitucional, sancionada el 22 de agosto de 1994, mantuvo inalterada la redacción de la citada regla. Empero, dentro de las atribuciones del presidente de la Nación, se introdujo una nueva disposición como artículo 99, inciso 4º: “Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto... Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite." La citada regla se completó con la Disposición Transitoria Undécima: "La caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas en el artículo 99, inciso 4º, entrarán en vigencia a los cinco años de la sanción..." de la reforma constitucional.
El 22 de agosto de 1994, la Convención Nacional Constituyente dispuso: "...cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo necesario para que sus miembros y funcionarios juren esta Constitución". Con arreglo a este mandato emanado del poder constituyente, los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 25 de agosto de 1994 suscribieron la Acordada Nº 58, por la cual se estableció el procedimiento para recibir el "juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional conforme al texto sancionado en 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y las modificaciones realizadas por la reciente Convención Constituyente, en los términos de las normas que habilitaron su funcionamiento..."; el juez Fayt, obviamente, firmó dicho instrumento. En el artículo 1º de la Acordada se estipuló que el presidente de la Corte recibiera el juramento de los Señores Jueces del Tribunal. Así se hizo.
El 11 de julio de 1997, Fayt inició la acción prevista por el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de obtener que se declare la nulidad, en los términos de la Ley 24.309, de la reforma introducida por el artículo 99, inciso 4º, párrafo tercero, del nuevo texto de la Constitución Nacional al artículo 86, inciso 5º, del texto de 1853–1860. Tal enmienda importó, a su juicio, una restricción no habilitada a la garantía de inamovilidad que consagra el artículo 110 del actual texto constitucional (anterior artículo 96), en cuanto establece que un nuevo nombramiento, precedido de acuerdo del Senado, será necesario para mantener en el cargo a cualquier juez, una vez que cumpla la edad de 75 años.
El 19 de noviembre de 1998, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia dictada en la instancia anterior en cuanto había declarado la invalidez de la reforma constitucional y la confirmó en cuanto a la procedencia de la acción declarativa. Dicho Tribunal afirmó dentro del marco procesal fijado por el artículo 322 del CPCCN, que el artículo 99, inciso 4°, párrafo tercero, de la Constitución Nacional reformada no altera la garantía de inamovilidad de que goza Fayt, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de su designación bajo el régimen constitucional anterior a la reforma de 1994. Contra ese pronunciamiento el Estado nacional interpuso recurso extraordinario federal. La causa llegó a la Corte.
El 19 de agosto de 1999, la Corte, en fallo suscrito por los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Guillermo A. F. López, Adolfo Vázquez (según su voto), y con la disidencia parcial del juez Gustavo Bossert, hizo conocer su decisión. Revocó la sentencia apelada y, en los términos del artículo 322 del CPCCN, hizo lugar a la demanda promovida, declarándose la nulidad de la reforma introducida por la convención reformadora de 1994 en el artículo 99, inciso 4°, párrafo tercero –y en la disposición transitoria undécima–, al artículo 110 de la Constitución.
La sentencia pronunciada en "Fayt", con envase de "interpretación" contiene una enmienda constitucional; mejor dicho, una "contrarreforma constitucional". Su contenido constituye una invención jurídica, que desagrega –¿para este caso?– un texto explícito incluido democráticamente por el poder reformador. La exclusión del límite de edad que se hizo en "Fayt" configura una forma de "gobierno de los jueces" prohibida constitucionalmente, porque no hace falta decir: ¡que la Constitución es creada por los ciudadanos y ciudadanos que integran el pueblo!
8:38 PODER JUDICIAL REAL: Política de vivienda No Comments
La falta de acceso a una vivienda adecuada constituye una de las principales vulneraciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La abrumadora cantidad de desalojos violentos de familias humildes que se producen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cada año es un síntoma de la ausencia de políticas públicas en la materia.
Los desalojos, que afectan a familias en situación de extrema vulnerabilidad, son ejecutados en reiteradas ocasiones mediante la aplicación del artículo 335 del Código Procesal Penal de la CABA, que autoriza a un juez a ordenar el desalojo de un inmueble independientemente del estado del proceso, sin confrontar los argumentos de las partes, sin tomar en consideración la cantidad de afectados, ni que el resultado de esa medida implique dejar familias enteras (incluyendo niñas y niños) en situación de calle. Este comportamiento generalizado del Poder Judicial real se inscribe entre las prácticas que están siendo interpeladas desde el espacio amplio que configura el movimiento de “Justicia legítima”, entre otros sectores. Consideramos indispensable reabrir el debate sobre la necesidad de una reforma legislativa que derogue o limite las facultades que pretendidamente emanan de este artículo. Asimismo celebramos y acompañamos los esfuerzos que tanto la Defensoría General de la Ciudad como el Consejo de la Magistratura están realizando para morigerar sus efectos.
Sin embargo, no podemos perder de vista que los desalojos son expresión sintomática de una política que, por una parte, propicia las condiciones de exclusión social que se encuentran en la base de la problemática sociohabitacional y, por otra, pretende resolver con la ley penal las tensiones sociales que esa misma política genera.
El derecho a una vivienda adecuada, consagrado tanto en la legislación interna como en numerosos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, impone al Estado obligaciones claras y concretas.
El artículo 14 bis in fine de la Constitución Nacional determina la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna. La Constitución de la CABA, por su parte, dispone mediante el artículo 31 que la Ciudad “reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado”.
En su artículo 11, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional en Argentina, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
En una coyuntura de fuerte desregulación del mercado inmobiliario, la inversión en propiedades como opción generalizada de resguardo de valor ha hecho aumentar considerablemente la demanda de suelo urbano bien localizado por parte de sectores de altos ingresos. De este modo, disminuye el disponible para los sectores populares, quienes se ven compelidos a ocupar inmuebles de forma irregular, o buscar un lugar en villas y asentamientos en condiciones de suma precariedad. Mientras el número total de habitantes de la ciudad se mantiene estable, la población residente en villas y asentamientos registra un crecimiento de un 52 por ciento entre 2001 y 2011, según la propia Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad. Asimismo, los resultados del último Censo Nacional de 2010 indican que los hogares inquilinos de viviendas tipo B (que no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen de retrete con descarga de agua, o tienen piso de tierra u otro material precario) aumentaron en un 193 por ciento. Casi la totalidad de las viviendas que observan algunas de estas condiciones, son aquellas que se ubican en villas y asentamientos precarios.
En materia presupuestaria, el análisis realizado por la Asesoría General Tutelar y el Centro de Estudios Legales y Sociales en el informe Infantilización del Déficit Habitacional revela que el “gasto” destinado a vivienda inició en 2006 un ciclo decreciente frente a la ejecución total del gasto de la administración, y también en relación con el gasto social. En 2007 y 2009 se registran reducciones netas del presupuesto respecto del año anterior. Durante 2010, los recursos aplicados a esta finalidad sólo alcanzaron el 1,9 por ciento del gasto total y el 2,5 por ciento del “gasto” social, lo que implica una reducción cercana al 50 por ciento y al 60 por ciento respectivamente. Entre 2007 y 2011 el promedio de incremento presupuestario en la función vivienda fue de 12 por ciento –muy por debajo de los índices de inflación estimada para el mismo período–, mientras que el “gasto” social general y el devengado total superaron el 26 por ciento anual. En este escenario, se sigue priorizando la inversión de recursos en programas destinados a paliar la emergencia habitacional sin atacar el problema de fondo. Muestra de ello es que el Instituto de Vivienda de la Ciudad subejecuta su presupuesto. Así, mientras el Ministerio de Desarrollo Social porteño mostraba porcentajes de ejecución superiores al 92 por ciento, el IVC sólo alcanzaba el 57,6 y el 36,1 por ciento para los años 2009 y 2010, respectivamente.
En definitiva, resulta evidente que el Gobierno de la Ciudad, que administra la jurisdicción del país con mayores ingresos en relación con su cantidad de habitantes y dimensión territorial, incumple sistemáticamente con su deber de generar políticas públicas destinadas a garantizar progresivamente el derecho de los sectores populares a acceder a una vivienda adecuada y responde con violencia y más exclusión frente a las situaciones que este incumplimiento genera.

References: artículo 75
 artículo 98
 artículo 96
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 1
 artículo 322
 artículo 99
 artículo 86
 artículo 110
 artículo 96
 artículo 322
 artículo 99
 artículo 322
 artículo 99
 artículo 110
 artículo 335
 artículo 14
in fine
 artículo 31
 artículo 11