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Timestamp: 2018-02-21 14:48:27+00:00

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Sentencia T.S.J. Andalucía 346/2009, de 29 de mayo. IVA. Corredores de comercio. Comunidad de gastos. Sujeción. No procede - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Andalucía 346/2009, de 29 de mayo
IVA: Comunidad de bienes integrada por profesionales de la correduría de comercio. Ejercicio de la actividad de corredor de comercio: La comunidad de bienes no es un ente asociativo constituido para el ejercicio directo de la actividad profesional porque dicha actividad debe realizarse a título personal. Sujeción por los servicios prestados a los Corredores de comercio: No procede porque no existe actividad empresarial onerosa, ni intervención en el mercado de prestación de servicios.
RECURSO NÚM: 3.481/2001
SENTENCIA NÚM. 346 DE 2.009
D. José Antonio Santandreu Montero
D. Ernesto Eseverri Martínez
En la ciudad de Granada, a veintinueve de mayo de dos mil nueve. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 3.481/2001 seguido a instancia de la entidad DIRECCION000, C.B.", que comparece representada por la Procuradora Sra. Torrecillas Cabrera, siendo parte demandada el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada), en cuya representación y defensa interviene el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 65.112,56 euros.
Primero.-Se interpuso el presente recurso el día 12 de septiembre de 2001 contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) que se identifica más abajo. Se admitió a trámite y se acordó reclamar el expediente administrativo, siendo remitido por la Administración demandada.
Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso anulando la resolución recurrida por no ser ajustada a Derecho.
Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó que sea dictada sentencia confirmando en sus términos la resolución que se impugna por ser conforme a Derecho.
Cuarto.-Acordado el recibimiento a prueba por plazo de treinta días comunes a las partes para proponer y practicar, en dicho período se practicaron aquellas pruebas que propuestas en tiempo y forma por las partes, la Sala admitió y declaró pertinentes, incorporándose las mismas a los autos con el resultado que en estos consta.
Quinto.-Declarado concluso el período de prueba, al no estimarse necesario por la Sala la celebración de vista pública, se acordó dar traslado a las partes para conclusiones escritas, sin que el mismo se haya cumplimentado de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley de la Jurisdicción.
Sexto.-Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Ernesto Eseverri Martínez.
Primero.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de 25 de junio de 2001, recaída en el expediente número 18/368/00, desestimatoria de la reclamación que confirma la liquidación correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios de 1995 a 1998, con causa en acta de disconformidad incoada por la Delegación de Granada de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dejando constancia de que la demandante no había presentado declaración-liquidación por el referido Impuesto al entender que no era sujeto pasivo del mismo, ni tampoco, procedió al ingreso de las cuotas devengadas correspondientes a las bases imponibles descubiertas por la Inspección.
Segundo.-El TEARA en la resolución recurrida, confirmando el criterio mantenido por la inspección tributaria a lo largo del procedimiento instruido, sostiene que la Comunidad de Bienes " DIRECCION000 " constituye una ordenación por cuenta propia de factores de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la prestación de servicios para sus comuneros (los Corredores de Comercio integrados en ese ente sin personalidad jurídica), apreciando de ese modo, la existencia de un sujeto pasivo en el IVA que opera al margen y con independencia de los servicios prestados a sus clientes por los profesionales-comuneros. Más específicamente juicio de la inspección tributaria, dichos servicios prestados por la Comunidad de Bienes se concretan, en la contratación del arrendamiento del local en que los comuneros ejercen conjuntamente su profesión, la asunción de los pagos de ciertos suministros como agua, luz, teléfono, etc., así como la adquisición de elementos materiales propios para el funcionamiento del despacho donde los comuneros despliegan el ejercicio de su actividad profesional. La condición de sujeto pasivo del IVA de la referida Comunidad -siempre a juicio de la Inspección tributaria- parece fuera de cualquier duda, por lo que considerando la valoración de esos servicios prestados a los comuneros-profesionales de la actividad, procede al cálculo del IVA devengado que, además, no fue objeto de declaración.
La demanda, se opone a la resolución recurrida y, con ella, al criterio mantenido por la inspección de los tributos en el expediente instruido, y defiende, con carácter principal, que es la propia Comunidad de Bienes la que ejerce frente a terceros la actividad profesional de agencia de mediación de los actos de comercio; y con carácter subsidiario, sostiene que como quiera que la referida Comunidad de Bienes es una comunidad "de gastos" del tipo de las que se conforman al abrigo de la Ley de Propiedad Horizontal, que, además, no persigue ningún lucro, debe entenderse no sujeta al IVA, añadiendo también que, por esa razón, los profesionales que la componen tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en régimen de atribución de rendimientos, y que a los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, la Dirección General de Tributos la llega a considerar como sujeto pasivo de ese gravamen.
Tercero.-El artículo 11 del Reglamento Interior de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio (Decreto 853/1959, de 27 de mayo) calificaba a los Corredores de Comercio como Agentes mediadores con facultad para dar fe, con el carácter de Notarios, de los actos y contratos mercantiles cuya intervención fuere la propia de su oficio, añadiendo más adelante en su artículo 29 que "el cargo de Corredor de Colegiado de Comercio es personal. Por tanto, su ejercicio es siempre de la incumbencia y responsabilidad absoluta del titular y obliga a éste a residir en la plaza para la cual fue nombrado". Asimismo, el Real Decreto 1251/1997, de 24 de julio, por el que se modifica parcialmente el anterior texto reglamentario, en su artículo 46, previó la posibilidad de que dos o más Corredores adscritos a una misma plaza mercantil establecieran convenios destinados a conseguir un mejor ejercicio de la profesión, una adecuada organización del trabajo, o una mejor atención a la clientela, añadiendo el precepto que "si tales convenios contemplaran formas asociativas para el ejercicio profesional (...) podrán prever la distribución entre los asociados o convenidos de los aranceles devengados".
La lectura conjunta de los preceptos reglamentarios transcritos permite entender que el ejercicio de la actividad profesional de Corredor de Comercio se realiza a título personal como sistema de imputar la posible responsabilidad de sus actuaciones a quienes así la desarrollan, sin perjuicio de que, con finalidades organizativas y de economía de medios para la atención a sus clientes, se permita el arbitrio de formas asociativas entre los Corredores de una misma plaza mercantil. Es cierto, que en el añadido del segundo de los textos reglamentarios transcritos se hace referencia a una posible organización en forma asociativa "para el ejercicio profesional" pero el efecto que deriva de la misma es la previsión de una distribución entre los asociados de los aranceles devengados, sin que de ello pueda llegar a entenderse que tales formas asociativas pudieran derivar hacia el ejercicio colectivo de la actividad profesional que, conforme al artículo 29 de su Reglamento de Régimen Interno solo es posible ejercerlo a título personal.
Por lo tanto, la forma asociativa para el ejercicio de la actividad profesional que quedara prevista en la modificación del referido texto reglamentario, no evita la responsabilidad personal frente a terceros del Corredor en el ejercicio de sus actividad y tan sólo posibilita la puesta en común de los ingresos percibidos en el ejercicio de la profesión para su prorrateo entre los asociados previa detracción de los gastos que se hayan ocasionado en ese régimen común de actuación.
Trasladados esos razonamientos al caso que aquí se enjuicia parece incuestionable que la Comunidad de Bienes aquí demandante, integrada por profesionales de la correduría de comercio, se constituyen en un ente sin personalidad jurídica, no para el ejercicio directo de esa actividad profesional que sólo es posible desarrollarla a título individual por esos agentes mediadores (artículo 29 del Reglamento de Corredores de Comercio) sino a los efectos del empleo de un logotipo común, de la contratación del personal adecuado a los fines de la asociación, para compartir gastos derivados del local arrendado donde ejercen su actividad profesional, aquellos otros que son consecuencia de la adquisición de medios materiales y demás gastos de organización y funcionamiento del despacho profesional. Esto es, la Asociación que se constituye bajo la forma jurídica de una Comunidad de Bienes no puede ser concebida sino como un ente de hecho fundado para facilitar la prestación de los servicios propios del despacho profesional en lo que podría ser calificada como "una comunidad organizada para gastar" o para la economía de los gastos inherentes al ejercicio de la actividad profesional desplegada para la mediación en los actos del comercio.
En consecuencia con lo indicado, debe rechazarse el argumento principal de la demanda conforme al cual, la entidad demandante DIRECCION000, C.B." es un ente asociativo constituido para el ejercicio directo de la actividad profesional consistente en la mediación en los actos de comercio de su circunscripción territorial, dado que, conforme a las normas estatutarias rectoras de esa profesión, su ejercicio debe ser ejercido a título personal por los titulares de la misma en la correspondiente plaza mercantil.
Cuarto.-Dicho lo cual, cuestión diferente es la de considerar que la referida comunidad de bienes instituida para la economía de gastos de los profesionales mediadores en las actuaciones de comercio, pueda quedar calificada como sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido en cuanto prestadora de servicios a los Corredores de Comercio que, bajo dicha forma asociativa, desempeñan su actividad profesional a título personal.
Dispone el artículo 41 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: "Uno. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúa en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen. Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos con la finalidad de intervenir en la producción de bienes y servicios".
Desarrollando el tenor de su mandato es posible señalar que la sujeción al IVA queda determinada por la entrega de bienes y prestaciones de servicios que, a título oneroso, sean desarrollados por profesionales y empresarios con intervención en el mercado de bienes y servicios, ya lo hayan sido con carácter habitual, ya ocasionalmente. Es decir, que la frontera que delimita la sujeción al tributo queda predeterminada hacia cualquier entrega de bienes o prestación de servicios que, persiguiendo un resultado oneroso, sea desplegada por empresarios o profesionales organizados a tales efectos, esto es, para intervenir en un mercado en sí mismo competitivo.
En el caso enjuiciado los Corredores de Comercio de una misma plaza se asocian en comunión de intereses para compartir los gastos del local en donde despliegan el ejercicio de su actividad profesional y aquellos otros que les resultan comunes con la finalidad de, prorrateando sus costes, economizar los gastos así generados. Si la referida Comunidad de Bienes funciona al modo que se acaba de destacar, resulta evidente que por el desarrollo de tal actividad no percibe remuneración alguna, de donde, puede deducirse que su ejercicio no tiene componente oneroso y, por ello, falta uno de los requisitos apuntados en el artículo 41 de la Ley IVA para sujetar a gravamen la prestación de servicios realizada a sus comuneros por la referida Comunidad de Bienes.
Cierto es, que la onerosidad en el desarrollo de una actividad empresarial no se debe medir solamente por su resultado retributivo materializado en un estipendio económico porque también puede existir remuneración onerosa cuando se constituye una ente con el fin de reducir los gastos generados en el ejercicio de una actividad desplegada al margen de la asociación así constituida. Pero, con todo, ya se concrete el ejercicio de la prestación de servicios así desplegada en la obtención de un rendimiento económico, ya, lo sea con la obtención de una retribución no pecuniaria (por ejemplo, para economizar gastos), a los efectos del IVA habrá que determinar cuál es el valor agregado -componente oneroso- que se incorpora a la prestación de tales servicios, susceptible de pasar a integrar la base imponible del tributo.
Bajo esta perspectiva, resulta evidente que en relación con la Comunidad de Bienes constituida por los Corredores de Comercio a la que se está haciendo referencia constante, conformada para la economía de los gastos propios del ejercicio de la actividad de mediación en los actos de comercio, no es posible determinar cuál es el valor que se agrega a la prestación de sus servicios a los profesionales y prueba de que ello es así, lo hallamos en el propio informe emitido por el inspector actuario que, para valorar ese componente de la base del tributo, atiende a los gastos producidos por la Comunidad de Bienes para, así, considerarlos de valor equivalente al de los servicios prestados por el ente colectivo a sus profesionales asociados, lo que conduce a un valor económico igual a cero, esto es, sin pérdidas ni beneficios, o lo que es igual y reduciendo el caso a su elemental consideración, la citada Comunidad de Bienes tiene un resultado económico nulo, de manera que el valor añadido que se incorpora a su actividad de prestación de servicios es igualmente nulo o inexistente, lo que no hace sino poder de relieve que se trata de una prestación de servicios que no reúne componente de onerosidad alguno.
Si, además de no apreciar la existencia de una actividad empresarial onerosa resulta que la Comunidad de Bienes no está interviniendo en otro mercado de producción de bienes y prestación de servicios diferente de aquel que supone economizar los gastos propios del ejercicio de la actividad profesional, resulta que se echa en falta otro de los requisitos apuntados en el artículo 41 de la Ley IVA para determinar la sujeción al tributo de la prestación de los servicios desplegada por ese ente sin personalidad jurídica, en este caso, la organización de medios de producción con la intención de intervenir en el mercado productivo. En efecto, la Comunidad de Bienes enjuiciada se limita a adquirir los servicios -ciertamente, no todos- que dispensa a los profesionales de la correduría de comercio y distribuye entre sus comuneros los gastos que ocasiona la gestión del referido despacho profesional, sin que por ello mismo, el ejercicio de su actividad como prestadora de tales servicios transcienda más allá del propio entorno de los profesionales asociados en ella, por lo tanto, la falta de voluntad de intervenir en el mercado de prestación de servicios la excluye del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Lo dicho no empece el hecho de que, en efecto, el artículo 5.3 de la Ley IVA presuma el ejercicio de una actividad empresarial cuando por las operaciones definidas en el artículo 41 de esa ley se exija contribuir por el Impuesto sobre Actividades Económicas, resultando que la Comunidad de Bienes a la que se está haciendo referencia se halla censada en el referido Impuesto, y no obstaculiza la conclusión aquí alcanzada lo dispuesto en este artículo, primero, porque en él se recoge una presunción legal que puede quedar destruida mediante prueba en contrario de que pese a que la actividad empresarial se encuentre censada en el IAE, no por ello, es causa determinante de su gravamen en el IVA por prestación de servicios; en segundo lugar, el sentir de dicha presunción queda vinculado a que la actividad empresarial de que se trate reúna los requisitos establecido en el artículo 41 de la propia Ley, y se acaba de decir, que en la Comunidad de Bienes considerada se aprecia la falta de alguno de tales requisitos; tercero, en la actualidad, como consecuencia de la modificación operada en el IAE, la mayoría de los sujetos están exentos de dicho tributo y no le es exigible, por ello, su contribución por el mismo en los términos que parece indicarlo el citado artículo 51 de la Ley IVA; finalmente, el censo en el IAE de la Comunidad de Bienes enjuiciada es la consecuencia inmediata de que para la contratación del personal encargado de la gestión del despacho profesional, precisaba de un Número de Identificación Fiscal sin el que no podía proceder a la misma por imperativo de la normativa vigente en la materia.
En otro orden de consideraciones, constituye doctrina unánime en el ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido la que sostiene que debe excluirse de sujeción al mismo la actividad desplegada por aquellos empresarios o profesionales que, aún ordenando por cuenta propia los diferentes factores de producción para intervenir en el mercado realicen exclusivamente operaciones sin contraprestación, conviniendo con el sentir del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que para entender realizada una operación a título oneroso es necesario que entre quien efectúe la entrega del bien o la prestación del servicio y su destinatario exista una relación jurídica en cuyo marco se intercambien prestaciones recíprocas y que, además, la retribución percibida por quien efectúa la entrega o la prestación constituya el contravalor efectivo del bien entregado o del servicio prestado al destinatario (SSTJCE de 8 de marzo de 1986, 23 de noviembre de 1988, 3 de marzo de 1994 y 21 de marzo de 2002) circunstancia ésta de la recíproca y equivalente contraprestación entre quien da o presta el servicio y quien lo recibe que, en el caso ahora enjuiciado y por los motivos hasta el momento apuntados, tampoco cabe considerar concurrentes en él.
En consecuencia con lo indicado, entiende la Sala que resulta excesivamente forzada la atracción al ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido de los presuntos servicios prestados por la Comunidad de Bienes a los Corredores de comercio que, en torno a ella, quedan asociados a los meros efectos de alcanzar una mera economía de aquellos gastos que son comunes al ejercicio profesional, por lo que debe concluirse que el citado ente sin personalidad no deja de ser una simple comunidad de gastos que, en cuanto tal, no es determinante del hecho imponible del Impuesto en lo que concierne a los servicios que, de ese modo, presta a sus asociados.
Quinto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, no se aprecian motivos suficientes para efectuar ningún pronunciamiento en materia de costas.
Estima el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad DIRECCION000, C.B." contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de 25 de junio de 2001, recaída en el expediente número 18/368/00, que se anula por no ajustada a Derecho; sin hacer ningún pronunciamiento en materia de costas.
Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, con las demás prevenciones del art. 248.41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra la misma, por ser firme, no cabe interponer recurso alguno, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 29
 Real Decreto 
 artículo 46
 artículo 29
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 51
 artículo 139
 resolución