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Timestamp: 2017-10-23 09:41:35+00:00

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Se deben regular adecuamenten los acuerdos preventivos extrajudiciales - Publicaciones - Estudio Ton & Asoc
SI BIEN RECONOCEMOS QUE ES UN GRAN AVANCE LEGISLATIVO, MEJORAR EL ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL, PARA HACERLO APLICABLE, CONSIDERAMOS QUE NO ESTA CORRECTAMENTE REGULADO. PUEDEN PRODUCIRSE ABUSOS, QUE SI NO SE CORRIGEN LEGISLATIVAMENTE, DEBERAN LOS JUECES PRETORIANAMENTE SOLUCIONAR.-
PROCESO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.-
La actividad económica actual necesita de agilidad para desenvolverse y debemos reconocer que el proceso judicial es muy lerdo y pesado, esta va haciendo que cada vez más la actividad comercial vaya prescindiendo de estos procesos y buscando la composición de sus problemas por otras vías.-
El acuerdo preventivo extrajudicial, tiene como ventaja lograr la reducción de costos y de tiempos procesales.-
NECESIDAD DE REGULACION DEL INSTITUTO
No hay dudas después de lo manifestado, que nos alegramos de que pueda llegar a ser aplicable éste instituto, pero nos preocupa sobremanera la falta de regulación que hemos encontrado en el mismo y que intentaremos enumerar:
1.- SUSPENSION DE TODAS LAS ACCIONES DE CONTENIDO PATRIMONIAL DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN. La suspensión de las acciones es para lograr que se forme una masa pasiva y de ésta manera lograr la pars conditio creditorum.-
Esta suspensión es más beneficiosa que la que concede el concurso preventivo.-
Desde el momento de la presentación del pedido de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor en los términos del art. 21 inc. 2 y 3, es decir, suspende, o no podrán deducirse las ejecuciones de garantías reales y se prohibe la deducción de nuevas acciones de contenido patrimonial contra el deudor por causa o título anterior a la presentación.-
Pero no reglamente adecuadamente cuales son las acciones que se suspenden, salvo en la remisión que hace al art, 21 de la ley, debió haber sido más clara la norma en éste aspecto.-
2.- NO ACLARACION SI LA SUSPENSION SE PRODUCE DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION, O DESDE EL MOMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. Son dos momentos que pueden llegar a ser distintos el de la presentación del acuerdo para su homologación y el momento en que el juez determine que están cumplidos todos los requisitos para que pueda producirse la homologación, si es que el juez debe dictar tal providencia.-
La ley dice desde la presentación, pero en tal caso se podría efectuar una presentación incompleta y dejarlo suspendido sine die.-
3.- NO SE INDICA SI ES NECESARIO UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL MEDIANTE DECRETO, AUTO O SENTENCIA PARA INDICAR LA SUSPENSION DE LAS ACCIONES INDIVIDUALES. Consideramos que debió haberse reglamentado que el juez debiera dictar un auto ordenando la suspensión de las ejecuciones individuales, si los requisitos formales se han cumplido. En caso contrario un decreto que emplace a cumplir con los requisitos formales, bajo apercibimiento de ser rechazado el acuerdo.-
Pablo Heredia dijo: "Habría sido más razonable disponer que la suspensión de las acciones de contenido patrimonial procede cuando, a pedido del deudor, así lo dispusiera el juez con carácter excepcional, lo cual podría justificarse, por ejemplo, cuando existieran acreedores intransigentes o reacios a entablar conversaciones tendientes a concluir un acuerdo preventivo extrajudicial, porque ansían quedarse con los activos de la empresa".-
Este acuerdo no es oponible a los acreedores hipotecarios, prendarios, ni privilegiados que no hayan renunciado a su privilegio, pero cual es el camino que deben seguir para la ejecución de su crédito, puesto que no tienen sentencia verificatoria, para que les sea aplicable el art. 57.-
4.- SUSPENSION DE JUICIOS DE CONOCIMIENTO Y JUICIOS LABORALES CON MONTOS NO DETERMINADOS. La ley no dice que pasa con aquellos juicios que conforme a la norma del art. 72 se suspenden, pero que no tiene determinado el valor de la reclamación. ¿Quién fijará tales valores? El deudor, puesto que no está prevista la continuación de los juicios hasta obtener sentencia, ni el trámite verificatorio, en que el acreedor estima un valor que puede o no ser aceptado por el síndico.-
Los juicios por accidentes de trabajo, ¿quedarán suspendidos, por ser de contenido patrimonial, o se seguirán tramitando conforme lo dispuesto por el art. 21?.-
5.- FORMA DE COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE SUSPENSION DE LAS EJECUCIONES. No habiendo fuero de atracción, en razón de la no remisión al art. 21 inc. 1, la ley debió haber dispuesto como se comunicaría a los juzgados ejecutantes ésta resolución, si ha través de un oficio del juez homologante o acompañando el deudor en cada proceso copia certificada de la resolución de suspensión de las ejecuciones, siempre y cuando ésta existiera.-
6.- INDETERMINACION PRECISA DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LAS EJECUCIONES DE GARANTÍAS REALES.- Con respecto a la ejecución de garantías reales, nos preguntamos ¿hasta cuando se suspenden?. Puesto que en concurso, es hasta la verificación, pero en este proceso no tenemos verificación, por lo que consideramos se debe suspender hasta la homologación del acuerdo, al igual que el resto de las acciones de contenido patrimonial.-
En caso de rechazo de la homologación la suspensión inmediatamente debiera quedar sin efecto.-
Que ocurriría si se hace la presentación del acuerdo y nunca se solicita la homologación. Las acciones quedarían suspendidas indefinidamente.-
7.- NO EXIGENCIA DE QUE EL ACUERDO AL MOMENTO DE PRESENTARSE TENGA LAS MAYORIAS NECESARIAS. El art. 72 de la ley al mencionar los requisitos no indica entre ellos el de que se hayan obtenido las mayorías y el art. 70 in fine dice que no es necesario que las firmas sean puestas el mismo día, por tanto nos preguntamos ¿Qué pasa con un acuerdo que se presenta cumpliendo todos los requisitos y sin que estén obtenidas las mayorías necesarias? No hay tiempo exigido para ello. Podría llegar a quedar indefinidamente en esa situación y con las ejecuciones suspendidas indefinidamente.-
8.- ¿PODRA FIRMAR EL ACUERDO EL ACREEDOR, EN EL LAPSO QUE VA DESDE LA PRESENTACIÓN HASTA LA HOMOLOGACIÓN?. Nada a previsto la ley, por tanto, consideramos que sí sería posible.-
9.- NO ESTA PREVISTA LA SITUACION DEL ACREEDOR POSTERIOR A LA PRESENTACION DEL ACUERDO.- El llamado acreedor postconcursal no está previsto si puede seguir la ejecución adelante o pedir la quiebra y nos preguntamos
10.- ¿PODRA EL ACREEDOR PRESENTARSE EN CONCURSO, CUANDO LO ESTÉN EJECUTANDO LOS ACREEDORES POSTCONCURSALES?. Tal como está redactada la ley, no vemos inconveniente para ello.-
11.- NO ESTA PREVISTA LA APARICION DE ACREEDORES DE CAUSA O TITULO ANTERIOR, DESPUÉS DEL PERIODO DE OPOSICIÓN. No existe verificación tardía, ni incidente de revisión, sólo la oposición, por tanto el acreedor de causa o título anterior, aunque no se haya homologado el acuerdo, si ha pasado el término para la oposición, creemos que no podrá comparecer al proceso.-
12.- FALTA DE REGULACION DEL TRAMITE DEL ACREEDOR OMITIDO EN EL LISTADO: La ley ha previsto en el art. 75, que el acreedor no denunciado para oponerse al acuerdo deberá demostrar sumariamente haber sido omitido en el listado. El no estar en el listado es muy sencillo, no necesita de mayores pruebas, creemos que la demostración sumaria se refiere a su calidad de acreedor y a la exigibilidad de la deuda. Consideramos que hubiere sido conveniente sólo decir el acreedor omitido, puesto que el mismo artículo contempla que en caso de ser necesario se abrirá a prueba.-
13.- DEFICIENTE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN A LOS ACREEDORES.- La presentación del acuerdo para su homologación debe ser hecha conocer por edictos, que se publican por 5 días en el boletín oficial y en un diario de amplia circulación.-
14.- PERIODO VERIFICATORIO FALTA DE OPORTUNIDAD PARA DISCUTIR LA CAUSA DEL CRÉDITO Y EVITAR EL CONCILIO FRAUDULENTO. Debemos reflexionar que pasa con la causa de la obligación, como presupuesto necesario para su verificación. Un largo camino se recorrió, para lograr un proceso verificatorio que diera seguridades al resto de los acreedores y al deudor, de la no existencia de créditos falsos.-
15.- NO APLICACIÓN DE MEDIDAS QUE PROHIBAN LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL DEUDOR QUE PRESENTA EL ACUERDO. Creemos que lo más grave de este proceso es que no se inhibe al deudor para disponer y gravar bienes registrables, no se le restringen los actos de disposición, ni aunque fueran gratuitos, salvo que se lo prevea en el convenio.-
16.- FALTA DE DETERMINACIÓN SI ES NECESARIO LLEVAR CONTABILIDAD EN LEGAL FORMA.- De inmediato comenzó a generar discuciones doctrinarias, sobre si éste beneficio es sólo para los deudores que llevaren contabilidad en legal forma o no. Consideramos que conforme al estado actual de la legislación, cualquiera puede presentar acuerdo, pero opinamos que la ley debió restringirlo sólo a los deudores con contabilidad, por una razón de seguridad para los acreedores, y como un complemento a lo que dijimos con respecto a la notificación.-
17.- NO INTERVENCION POR PARTE DEL JUZGADO DE LOS LIBROS CONTABLES. A diferencia de la presentación en concurso, este instituto, no exige ponerlos a disposición del juez y lo que es más grave aún no contiene la exigencia del art. 14 inc. 5 de llevarlos al juez, para que el secretario coloque nota datada a continuación del último asiento y proceda a cerrar los espacios en blanco que existieran.-
18.- FALTA DE PRESENTACION DE LOS TRES ULTIMOS ESTADOS CONTABLES.- Como vemos tiene menores requisitos que los exigidos para la presentación en concurso de acreedores por el art. 11 inc. 3 y no exige tampoco los estados contables de los 3 últimos ejercicios.-
Este tema está relacionado, con la exigencia de llevar contabilidad en legal forma, observando los tres últimos estados contables, se puede muchas veces ver si se está abultando el pasivo.-
19.- CERTIFICACION DE CONTADOR DE QUE NO HAY OTROS ACREEDORES REGISTRADOS.- . Nos preguntamos ¿Qué pasa con los acreedores no registrados? Son parte del pasivo o no. Consideramos que sí, por tanto, debiera haber una sanción muy grave para el deudor que no denuncie a sus acreedores, dada la falta de control de síndico en este proceso.-
20.- NECESIDAD DE DESIGNACION DE UN SINDICO. No existe el contralor del síndico en el proceso, solamente hay un contador certificante nombrado por el mismo deudor.-
¿Qué ocurriría si se intentara un acuerdo sin estar el deudor en cesación de pagos, ni con dificultades económico financieras?. Al no haber síndico, nadie controlaría tal situación, tampoco habría posibilidad de hacer aplicable los art. 16 y 17 de la ley.-
21.- GRAVE PERJUICIO CON RESPECTO AL SOMETIMIENTO DEL ACREEDOR QUE FIRMO EL ACUERDO SI ÉSTE NO SE HOMOLOGÓ.- Será difícil conseguir que un acreedor firme el acuerdo sin tener la seguridad de que el mismo se va a homologar, dado que el art. 71, en concordancia con el art. 1.197 del Código Civil, hacen obligatorio tal acuerdo, para quien lo suscribió.
Sostenemos que coexisten dos sistemas. El que se da en la situación de que se realice un acuerdo con los acreedores y no se homologue. No obstante éste acuerdo obligará a los firmantes y sólo producirá efectos con respecto a ellos. Y el del acuerdo homologado que será aplicable a todos los acreedores.-
22.- FALTA DE REGULACION DEL TRAMITE DE SUSTANCIACION DE LA OPOSICION..- No se determina claramente si se va a tratar de un proceso incidental o de un proceso sumario, teniendo en cuenta los plazos, no se indica cual es la amplitud de la admisibilidad de las pruebas.-
La ley no indica traslado al deudor, de las oposiciones efectuadas, por lo que en caso de no darse intervención, se podría violar el derecho de defensa, como dice Pablo Heredia , "En rigor, sin intervención del deudor no habría debate propiamente dicho, y lo que decidiera el juez, sin oírlo expresamente, afectaría su derecho de defensa de un modo insanable. Por ello, a fin de hacer efectiva la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional, pese al silencio de la ley, corresponde conferir traslado de la oposición al deudor".-
Consideramos también que además debiera darse posibilidad a los restantes acreedores, aunque no se les diera traslado, de presentarse en ese incidente, a efectos de proteger sus derechos creditorios, en caso de tener un interés legitimo, para efectuar su presentación.-
23.- SE PUEDE O NO CATEGORIZAR: Es muy complejo para dar una respuesta a éste tema. La ley habla de libertad de acuerdos, por lo tanto, en el acuerdo podría existir distintas categorías o propuestas. Pero ¿qué pasa con los acreedores no participantes del acuerdo, pero obligados por sus efectos? A que categoría van. Se aplica lo preceptuado por el nuevo art. 52. Creemos que no. Es un tema que consideramos debe ser urgentemente legislado, puesto que sino nos encontramos con la posibilidad de una maniobra temible. Formar una propuesta residual para los no participantes del acuerdo, con condiciones totalmente desventajosas. Recurrimos nuevamente al juez y a la apliación del 953 y 1.071 del Código Civil.-
24.- TIENE FACULTADES EL JUEZ PARA DECIDIR SOBRE LA HOMOLOGACION DEL ACUERDO VOTADO FAVORABLEMENTE O SIEMPRE, QUE ESTEN LAS MAYORÍAS DEBE HACERLO.
De todas maneras creemos que en este tópico la ley no le está dando facultades al juez, para que revise el mérito del acuerdo, por la libertad contractual de las partes intervinientes, pero se deberá aplicar igualmente las normas de los art. 953 y 1.071 del Cód. Civil y anular el acto, en caso de que sea abusivo del derecho.-.
25.- SERA POSIBLE UNA NUEVA PRESENTACIÓN DE ACUERDO O LA PRESENTACION DE CONCURSO DENTRO DEL AÑO. La ley también ha omitido esta consideración, salvo en la remisión genérica del art. 76, si bien en el momento de la presentación se presenta la mayoría, que pasaría si en la etapa de la oposición, se presentaran acreedores no denunciados que variaran los cómputos y dejara de haber mayorías, o si al momento de la presentación no se tuvieren las mayorías, que se van consiguiendo después utilizando la posibilidad de que el acuerdo se firme sin necesidad de simultaneidad. Se podría presentar un nuevo acuerdo inmediatamente o no podrá hacérselo. Creemos que no existe ninguna limitación legal para ello.-
Consideramos que aunque la ley no lo diga expresamente, no hay ninguna prohibición de presentarse en concurso, sin considerar el término de un año del art. 59 in fine.-
Pero reflexionemos, el porque de esta prohibición en la ley, teniendo en cuenta los antecedentes legislativos concursales que no la tenían y daban la posibilidad al deudor de presentarse, frenar las ejecuciones, desistir de la presentación y cada vez que la ejecución avanzase, volver a presentarse nuevamente y así en forma indefinida.-
Creemos que la justicia no puede proteger el abuso del derecho, en caso de que ello ocurra, lamentablemente el juez, no tendrá posibilidades de evitarlo.-
26.- EL JUEZ DEBE DICTAR RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO O NO.- Volvemos a que la ley nada prevee expresamente, salvo como en el punto anterior la remisión genérica del art. 76.-
Pero en la práctica es imposible que el juez dicte tal resolución, puesto que su intervención es sólo para la homologación del acuerdo y a partir de allí no hay síndico, ni comité de acreedores, ni ningún órgano de contralor, que pueda indicar que el mismo se cumplió.-
27.- INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO: ¿Qué pasa en caso de incumplimiento del acuerdo? La ley nada prevee, consideramos que en tal caso se pueden producir las siguientes situaciones a) Que el acreedor insatisfecho ejecute el acuerdo homologado, b) Que pida la resolución del contrato, en caso de considerarse que es un simple contrato y que no se ha producido la novación de las obligaciones, conforme lo piensa entre otros PABLO HEREDIA y por tanto pida el renacimiento de la obligación originaria; c) Que se pida automáticamente la declaración de quiebra. En este tema consideramos que no bastará el mero incumplimiento como en el concurso para pedir la quiebra, puesto que los presupuestos objetivos son más amplios, no sólo la cesación de pagos, sino también las dificultades económicas o financieras de carácter general. Recordemos que para el pedido de quiebra por parte del acreedor (art. 78) se debe probar la cesación de pagos.-
28.- SE SUSPENDEN O NO LOS PEDIDOS DE QUIEBRA.- Nada dice la ley, por tanto habría que analizar, si en la suspensión del art. 21 inc. 2 y 3 está contemplada, creemos que en el inc. 3 al suspender las acciones de contenido patrimonial, quedarán suspendidos los pedidos de quiebra.-
29.- SE INTERRUMPE O NO LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES INDIVIDUALES DEL ACREEDOR. En el art. 32 de la ley al indicar los efectos del pedido de verificación, los equipara a los de la demanda judicial y no obstante dice: "interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia".-
En el acuerdo sólo se prohibe deducir nuevas acciones por causa o título anterior a la presentación, pero, nada dice de la prescripción, ni de la caducidad, por tanto, consideramos que el acreedor debiera hacer alguna reserva para que ellos no ocurra. Si no ha iniciado la demanda no puede interrumpirla, conforme a lo preceptuado por el art. 3.986 del Código Civil, pero si debiera por lo menos suspenderla.
30.- FALTA DE PREVISION DE LA SUSPENSION DE LAS ACCIONES DE CONTENIDO PATRIMONIAL, EN LOS JUICIOS YA INICIADOS Y QUE NO SEAN EJECUCION DE GARANTÍAS REALES.- Ya expresamos que la remisión que hace el art. 72 es únicamente a los incisos 2 y 3 del art. 21 y no al inc. 1 que indica el fuero de atracción, por tanto, pareciera que dichos procesos no se suspenden y pueden seguir tramitándose hasta la homologación del acuerdo, que si los comprendería.-
31.- FALTA DE DISPOSICIONES SOBRE LA REGULACION DE HONORARIOS.- La ley ha dejado librado a criterio del juez, la regulación de los honorarios del los profesionales intervinientes, teniendo en cuenta la magnitud y entidad de los trabajos realizados. Consideramos que es un grave error, que se debió haber fijado una escala de honorarios, como en el caso del concurso preventivo, que limitara la discrecionalidad del juez, entre un mínimo y un máximo porcentaje del capital del acuerdo homologado.-
Consideramos y así lo hemos dicho en otras oportunidades que es un gran avance de la legislación concursal. En algún momento debemos comenzar a comprender que la empresa necesita soluciones desde que comienza con las dificultades económico financieras, para poder realizar en esa oportunidad un claro plan de organización, que le permita seguir operando, en defensa de la fuente de trabajo y la creación de capital que es la concepción que se debe tener de las empresas consideradas con función social.-
Debemos recorrer el largo camino de la práctica y de la aplicación del instituto.-
Pero criticamos su deficiente reglamentación, que puede hacerlo fracasar, con grave perjuicio para el mundo empresario nacional y para la economía en general.-
Si bien la excelente creación jurisprudencial de nuestros Tribunales, muchas veces ha dado soluciones magnificas a estos inconvenientes, no se puede cargar al judicante de esta obligación y al judiciable de la incertidumbre de no tener reglas claras tan necesarias en la órbita comercial.-
Se permite gran flexibilidad al deudor, pero no se dan seguridades a los acreedores.-
PROPONEMOS por tanto, en esta ponencia REGULAR ADECUADAMENTE Y EN FORMA COMPLETA Y LÓGICA EL ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICAL, PARA QUE FUNCIONE, CON LA CELERIDAD Y SEGURIDAD NECESARIA EN EL MUNDO EMPRESARIO ACTUAL.-
ALEGRÍA, HECTOR, La Ley, Numero especial del suplemento de Concursos y Quiebras, Junio de 2002, Nueva reforma a la ley de concursos y quiebras. Ley 25.589, pag 17.-
FARGOSI, HORACIO, La Ley, Numero especial del suplemento de Concursos y Quiebras, Junio de 2002, Algunas notas sobre los acuerdos preventivos extrajudiciales, pag 22.-
DASSO, ARIEL ANGEL, Quiebras. Concursos Preventivo y Cramdown. Ley 24522, Editorial Ad-Hoc, Bs. As, 1997, tomo I, pag 327.-
DASSO, ARIEL ANGEL, La Ley, Año LXVI Nº 105, 31 de Mayo de 2.002, La Contrarreforma De La Ley De Quiebras En La Emergencia. Ley 25.589. pag 9.-
EDUARDO ANGEL TEPLITZCHI, La Ley, 23 de Julio de 2.002, La Posibilidad de una verdadera solución preventiva en la ley 25.589: El Acuerdo Extrajudicial, pag 1.-
PABLO D. HEREDIA , El acuerdo preventivo extrajudicial, según las reformas introducidas por la ley 25.589, Lexis Nexis, Jurisprudencia Argentina, ISBN 987-1016-25-5, Buenos Aires, 4 de Setiembre de 2002, JA 2002-III, Fascículo n. 10.-
PABLO D. HEREDIA , Ob. Cit., pag, 22.-
PABLO D. HEREDIA, Ob. Cit, pag. 31.-
WALTER RUBEN JESUS TON, libro compartido, LAS REFORMAS CONCURSALES, en prensa, Ediciones

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