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Timestamp: 2018-09-19 05:06:43+00:00

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¿NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN "LA 4° TRANSFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA”? (Parte V)
El tsunami electoral que sufragó popularmente por MORENAs, incluyó ambas Cámaras del Congreso General, Congresos Locales, el Poder Constituyente Permanente (art. 135 Constitucional).
Fecha de publicaci�n: 2018-08-30 00:00:00
II. En 1916, la UNAM propuso una Ley de Desarrollo Constitucional.
"La Constitución mexicana es una muy distinta a la promulgada en 1917. Es tres veces más extensa, tiene dos veces más palabras y un desorden importante en su contenido. Los constitucionalistas las dividen parte dogmática, relacionada con los derechos, y la orgánica, referente a los poderes. Pero en la nuestra es muy complicado encontrarla, se ha perdido debido a un largo proceso de reformas.
Este diagnóstico, que cumplía 99 años, fue expuesto por Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; recuerda que si bien en su momento fue un caso paradigmático para el constitucionalismo mundial, hoy no dice mucho a los mexicanos y sólo se convertido en patrimonio de juristas y jueces.
"Ejemplo, si leemos el artículo 28 es confuso e inaccesible, pero esto es válido para muchos más. El 41, que tenía 63 palabras en 1917 y hoy tiene 4 mil”. Refirió que la Constitución se modificó e incorporó contenidos normativos, algunos sólo reglamentarios, que no se necesitan en ésta, como los minutos y segundos a los que partidos políticos tienen acceso en radio y tv durante elecciones. "Son razones políticas por lo que quieren que tengan jerarquía constitucional”.
Se ha robustecido, explicó, por las reformas a lo largo de este centenario, no obstante no es algo negativo. "No ha sido una mala noticia, ha sido útil como instrumento para modernizar a México. El problema es que el proceso ha tenido consecuencias negativas para la técnica constitucional, dejando un documento extenso, confuso, contradictorio, muy desordenado y de difícil lectura”.
Las reformas, más allá de su debate ideológico, han sido positivas como mecanismo para procesar conflictos políticos y ser eje para encontrar acuerdos. México transitó a la democracia, hubo apertura económica, se abrió en ella la agenda de derechos humanos, y si bien ha habido recientemente otras controvertidas -la energética y la de telecomunicaciones-, ha fungido como instrumento para transformar instituciones.
Pero necesitan de otro espacio, como el repositorio propuesto por Héctor Fix-Fierro y Diego Valadés, en el anteproyecto Constitución Política de los EUM. Ordenado y consolidado. Es una propuesta de Ley de Desarrollo Constitucional que se conformaría por "leyes constitucionales”, más rígidas que las ordinarias, pero menos que el texto constitucional, "pues la reforma de éste exige la participación de las entidades federativas y la aprobación de su mayoría”.
Su eventual resultado busca su consolidación y reorganización, sin modificar contenidos constitucionales, manteniendo inalterado el aspecto normativo y sin romper los pactos políticos que lo sustentan. Además de más accesible a la lectura, coherente y ordenada, todas las reglamentarias se trasladarían a esta la Ley; "la aligeraría en un 30%”.
DESCONFIANZA. Por qué todas estas reformas han sido plasmadas de manera innecesaria -hablando técnicamente del funcionamiento constitucional- en la Carta Magna. Salazar refiere que se debe a la desconfianza entre la clase política. "Con el objetivo de que no vean roto un acuerdo, los partidos han buscado subir muchas reformas y normas a la Constitución, donde se mantendrán blindados y será más difícil hacer modificaciones futuras. "Los salarios de los consejeros del INE o los nombramientos de consejeros del INEE se encuentran ahí, no es necesario”.
Todo esto requiere de la reordenación y consolidación constitucional del anteproyecto, solicitado por ambas cámaras. Para esta reingeniería técnica, Salazar menciona que sólo se podrá lograr a través de un gran pacto político, que incluya a todas las entidades federativas, donde los actores políticos acepten el cese de reformas o contenidos durante la transición. Lograrlo no es impensable, e incluso sería la forma ideal para revitalizar el documento dentro de un año, cuando se conmemorará su centenario.
De seguir con una Carta Magna inalterada, puntualizó, se podría convertir en un instrumento jurídicamente irrelevante, sujetada a interpretaciones incorrectas y afectar los derechos de los mexicanos. Pero, los cambios propuestos "le inyectarían años de vigencia útil, para el futuro y las próximas generaciones”.
III. DIEGO VALADES. En un twittt de 6 agosto 2018: "En 2017, con motivo del centenario de la Constitución, se dejó ir la oportunidad de reordenarla. Espero los próximos legisladores adviertan la importancia de darle un nuevo aspecto y nueva vida.”
IV. JUAN ANTONIO RUIBAL CORELLA
Es autor de la obra "La Constitución de 1917, Antecedentes y Panorámica”, 1° Lugar del Concurso Nacional de Ensayo sobre la Constitución Política de los EUM, convocado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y la LIV Legislatura de Sonora.
En su parte conducente y concluye:
"En el transcurso de los de los últimos ochenta años, la constitución ha sido reformada en múltiples ocasiones. Particularmente en el sexenio (1988-1994), se llevaron polémicas modificaciones a los artículos 27 y 130, que es necesario comentar brevemente, sacudieron estructuras muy añejas y dieron margen a promulgar sus sendas leyes reglamentarias: la nueva ley agraria y ley de asociaciones religiosas y culto público.
Por cuanto al artículo 27, el 7 de noviembre de 1991, el entonces titular del Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa para reformarlo. Entre sus argumentos se detecta el siguiente párrafo en la Exposición de Motivos:
Necesitamos cambiar no porque haya fallado la reforma agraria. Vamos hacerlo porque tenemos hoy una diferente realidad demográfica, económica y de vida social en el campo [...]. Necesitamos un programa integral de apoyo al campo para capitalizarlo, abrir opciones productivas y construir medios efectivos que protejan la vida en la comunidad, como la quieren las campesinas de México.
En síntesis, los principales aspectos de su reforma fueron:
a) El fin del reparto agrario, por no existir ya tierras susceptibles para ello;
b) La creación de los Tribunales Federales Agrarios, dotados de autonomía y jurisdicción plena, suprimiendo la intervención del presidente de la Republica como máxima autoridad en la materia;
c) El paso franco a las sociedades por acciones en la propiedad y en la producción rural;
d) El reconocimiento y protección a nivel constitucional del ejido y la comunidad;
e) Una asociación entre ejidatarios y comuneros entre sí o con la iniciativa privada.
Empero, el nuevo sistema desató fuerte oposición condensada en este argumento de uno de sus críticos más radicales:
La reforma del artículo 27 constitucional y la Ley Agraria, decretada en los primeros meses de 1992, cancelan el contrato social agrario de la Revolución mexicana y abren las venas del segmento social más pobre e indefenso de la población rural, al suprimir el carácter de inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad ejidal y comunal y al permitir la concentración de la tierra en enormes haciendas por acciones. (Calva, José Luis, La disputa por la tierra. La reforma del art. 27 y la nueva Ley Agraria, Distribuciones Fontamara, México, 1993, p. 19).
Quizá el propósito de las reformas fue plausible, pero a cinco años de distancia la situación del campo continúa siendo muy difícil. Factor determinante en este panorama fue el turbulento año de 1994, sin duda el más aciago de la historia contemporánea de México, y en cuyas postrimerías para agravar todavía más las cosas, irrumpió abruptamente la devaluación del 20 de diciembre. Esperemos tiempos mejores en esta materia fundamental para la marcha del país.
En cuanto al artículo 130, también el entonces titular del Ejecutivo presentó el 10 de diciembre de 1991, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar diversos preceptos constitucionales, entre ellos éste.
Invocó "Principios básicos que guían la memoria colectiva y que debían preservarse y refrendarse como parte del acervo cultural y político de la sociedad: respeto irrestricto a la libertad de creencias, estado soberano, clara demarcación entre los asuntos eclesiásticos, igualdad jurídica de todas las iglesias y agrupaciones religiosas y educación pública laica”. (Reformas constitucionales y modernidad nacional, cit., pp. 207 y 208).
Como su consecuencia, el 13 de julio de 1992 se promulgó por el Ejecutivo Federal la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, puso término a un prolongado periodo de simulación entre las iglesias (especialmente la católica) y el gobierno mexicano, cuyas relaciones se regulaban específicamente por el artículo 130, el cual conjuntamente con otras leyes ordinarias marcaba directrices jurídicas, modificadas de manera radical, empezando por el reconocimiento de su existencia que se les había negado en forma categórica.
Si hacemos abstracción de excesos verbales provenientes de algunos miembros de la jerarquía católica, afirmamos que estas reformas fueron afortunadas en términos generales, pues efectivamente se acabó con la simulación. Y qué bueno que así sea. Jamás se debe de regresar al pasado y es necesario sepultar para siempre los turbulentos antecedentes del asunto en cuestión.
Lo importante de estos casos es que los basamentos fundamentales de los artículos 27 y 130 permanecieron inmutables, sin que el Estado perdiera, por una parte, la potestad que le corresponde respecto al territorio ni su carácter laico es decir, sin alterarse el pensamiento de la constitución de 1917.
A propósito de reformas constitucionales, no han faltado voces que preconizan la derogación de la Carta Magna, con el argumento de que su texto gramatical ha sido alterado en numerosas ocasiones y lo más conveniente es promulgar una nueva.
Lo anterior es parcialmente válido. Porque si bien es cierto que comparada con la norte americana, vgr., la nuestra ha sido tocada con frecuencia, reiteramos que los principios fundamentales de su creación no se han modificado, independientemente de que la Ley fundamental no prevé su derogación ni la existencia de plebiscitos o del referéndum, que serían las únicas vías legales para apelar directamente al pueblo.
Íntimamente relacionado con el tema, advertimos que la inmensa mayoría de las reformas han sido consecuencia de dos factores determinantes:
a) El ejercicio de un presidencialismo autócrata y desbordado, y b) La falta de ejercicio por el poder legislativo de importante facultad de iniciar leyes y decretos.
En efecto, a medida que históricamente este poder ha ido dejando espacios, el Ejecutivo se ha apresurado a cubrirlo. Por fortuna, se avizoran signos de que esta situación tiende a modificarse. Bajo esa perspectiva, lo que conviene para el futuro no es cambiar de Constitución, sino hacer las reformas más rígidas; que puede y debe ser la actual, pero con procedimientos que dificulten dicha reforma y, ahora sí con la participación de la ciudadanía a través del plebiscito o referéndum.
En este orden de ideas, una facultad que debe respetarse al ejecutivo es la llamada "facultad reglamentaria”, que ni siquiera está expresamente otorgada al presidente de la República en el texto constitucional (se pretende derivarla de la fracción I del artículo 89) y que constituye, en nuestro concepto, un obstáculo para el sano funcionamiento de la división de poderes y el progreso democrático del país.
¿Por qué? porque si en uso del derecho de iniciativa el 90% de los proyectos de leyes federales son (o han sido) enviados por el ejecutivo al Congreso de la unión (De la Madrid Hurtado, Miguel, Estudios de Derecho Constitucional, Ed. Porrúa, 2° edición, México, 1980, p. 243.), la citada facultad es ociosa y ha servido de instrumento, en ocasiones, hasta para vulnerar su texto.
Y es que esta vía ha brindado al ejecutivo la enorme comodidad de no tener que recurrir ante ambas Cámaras, para que se discutan los proyectos de reglamentos. Un caso muy evidente fue el de Reglamento de la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera en el que, pasando por encima de la ley reglamentaria, se tocaron aspectos del mismo artículo 27 constitucional.
En todo caso que la plurimencionada facultad reglamentaria se ejerza por el poder legislativo, para fortalecerlo frente a la tradicional preeminencia del Ejecutivo, es un sano ejercicio de la división de poderes a la manera del clásico sistema de frenos y contrapesos que proponía Montesquieu.
Como corolario, tampoco aparece como válido, desde el punto de vista histórico, redactar una nueva Constitución. Significaría una falta de respeto a la generación del 17. Y un pueblo que no tiene memoria ni conciencia histórica, es como un viajero sin equipaje o una muchedumbre sin voz.
Como toda obra humana, la Carta Magna tuvo errores y lagunas que el transcurso del tiempo ha hecho emerger, situación explicable. Por otra parte, ya que sería utópico pensar en un ordenamiento jurídico monolítico e inmutable, en un mundo que en materia descubrimientos científicos y tecnológicos ha avanzado más en los últimos 25 años que en los últimos 25 siglos y en un contexto universal al que México no puede ser no puede sustraerse, constantemente convulsionando por toda clase de movimientos políticos, económicos y sociales.
Por ello, a la luz de todas las consideraciones anteriores, los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestra Constitución de 1917 y evocar con respeto a los miembros de esa generación, cuyos integrantes, sin duda, entre el humo de los cañones y la sangre de un millón de muertos, cumplieron con creces su histórico y social cometido, dotado en el vértice de un feliz y armoniosa conjugación, de un profundo humanismo y lealtad inquebrantable a los supremos intereses de la patria.
V. FINAL Sea usted, amable lector, jurista o no, quien saque sus conclusiones. ¿Nueva Constitución Política? ¿Una Ley constitucional?, ¿Sólo reformas, a qué preceptos? Aprecio a la Barra Sonorense de Abogados A. C. (Colegio) su intención de editar un folleto con esta sucinta antología didáctica (2001-2018), útil para profesores y alumnos de Derecho Constitucional, de Ciencias Políticas y de ciudadanos interesados y comprometidos con el avance de nuestra cultura de la legalidad y del Estado democrático de Derecho.

References: artículo 28
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 89
 artículo 27