Source: http://iuriscivilis.blogspot.com/2011/03/
Timestamp: 2017-06-26 02:00:01+00:00

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marzo 2011 | IurisCivilis
La delimitación de la masa activa concursal: las operaciones de reducción y de reintegración
La masa activa del concurso viene definida en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), concretamente en el artículo 76.1 como aquel conjunto de bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento. Por otra parte, la delimitación de la masa activa del concurso requiere de la realización de una serie de operaciones que podemos resumir en dos: operaciones de reducción y operación de reintegración. La primera supone la separación del patrimonio del deudor de aquellos bienes y derechos que al tiempo de la declaración de concurso se hallan en posesión del deudor – concursado. Las segundas pretenden la incorporación al patrimonio del deudor de bienes y derechos que, no encontrándose bajo la posesión del deudor, son propiedad del concursado y deben formar parte de la masa activa concursal. En primer lugar, abordemos las operaciones de reducción. Éstas, a su vez, se pueden dividir en dos tipos: las acciones de reivindicación y las acciones que comportan el derecho de separación. En cuanto a las acciones de reivindicación, también son conocidas como acciones de separación del dominio o separatio ex iure dominio, por tratarse de bienes o derechos cuya propiedad o titularidad no pertenece realmente al patrimonio concursal y venían reguladas en los derogados artículos 908 a 910 del Código de Comercio. Estos preceptos consideraban como de dominio ajeno aquellos bienes o mercaderías o efectos que, existentes en la masa de la quiebra, sin embargo su propiedad no se hubiese transferido al quebrado por un título legal e irrevocable, reconociendo el derecho de sus legítimos dueños a su puesta a disposición, previo reconocimiento de su derecho en junta de acreedores o en sentencia judicial firme y, sin perjuicio, del derecho de retención por parte de la masa de los derechos que sobre tales bienes pudieran corresponder al quebrado. En referencia a las acciones que comportan el derecho de separación o separatio ex iure creditii, éstas no afectan a la propiedad del bien en cuestión y sí a un mejor derecho que se ostenta sobre el mismo (de uso, goce o gravamen). Este derecho de separación puede ser de separación absoluta (fuera del procedimiento concursal o de ejecución universal) o relativa (que motiva la preferencia y prelación crediticia). En segundo lugar, en lo atinente a las operaciones de reintegración, a través de las cuales se posibilita que bienes que no están en el patrimonio del deudor al tiempo de la declaración concursal, debiendo estarlo, se incorporen al mismo. Atendiendo a la legislación precedente, era usual distinguir entre aquellas operaciones que suponían una nulidad radical – denominadas de reintegración absoluta y plasmadas en el derogado artículo 878 del Código de Comercio –, de aquellas otras que afectaban a los llamados actos impugnables – denominadas de reintegración relativa. Estos últimos eran actos y negocios jurídicos que por haberse realizado en un período próximo a la declaración concursal, se presumían realizados en fraude, en ocasiones con presunción iuris et de iure (sin admisión de prueba en contrario) de fraude, establecidas en los derogados artículos 881 y 882 del Código de Comercio. El vigente artículo 71 de la LC establece una serie de requisitos para la prosperabilidad de la acción, teniendo en cuenta que resulta intrascendente, a estos efectos, la existencia o no de intencionalidad fraudulenta en el acto – extremo que podría tener incidencia en sede de calificación. Que el acto objeto de impugnación se haya realizado por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso. Que el acto objeto de impugnación sea perjudicial para la masa activa. Que no sea un acto ordinario de la actividad profesional o empresarial del deudor, realizado en condiciones normales. Que no sea uno de los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados. Respecto del perjuicio a que hacíamos referencia en el punto 2 se establecen tres baremos para su determinación. En primer lugar el precepto señalado exige que exista perjuicio para la masa, sin necesidad de admitir prueba en contrario en todos aquellos actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades al uso o que impliquen pago o extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuera posterior a la declaración del concurso. En segundo lugar, la ley presume que existe perjuicio patrimonial, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, serán rescindibles, salvo que se acredite por el demandado la inexistencia de perjuicio los actos siguientes: 1. Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado. 2. La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas. En último lugar, cualquier otro que pretenda rescindirse, que no esté comprendido en los dos grupos anteriores exigirá que quién interponga la demanda acredite el perjuicio patrimonial como condictio sine qua non. De todas formas, la determinación de si el acto que pretende impugnarse es o no realmente perjudicial para la masa, viene siendo entendido por la doctrina científica afirmando que pueden ser impugnados todos aquellos actos del deudor que impliquen una disminución de su patrimonio. Por tanto, el presupuesto básico de la acción de reintegración es la existencia de un perjuicio para la masa activa, sin que sea estrictamente necesaria la existencia de una relación de causalidad entre el acto del deudor y la situación de insolvencia. En cualquier caso, para poder apreciar la existencia o no de perjuicio, se debería atender al sacrificio patrimonial que deben soportar los acreedores concursales como consecuencia directa de la insolvencia del deudor. En este sentido, se deberá entender que ha existido perjuicio cuando se produzca una disminución real de la masa activa o el acto impida o dificulte la satisfacción colectiva de los acreedores concursales, beneficiando a determinados acreedores en perjuicio de los restantes, vulnerando el principio de la “par conditio creditorum” Ahora bien, el aludido principio de universalidad consagrado en el artículo 76.1 de la LC y expuesto en el primer párrafo de este post, cuenta con determinadas excepciones que vienen recogidas en los apartados 2 y 3 del citado precepto. Analicemos sucintamente estos supuestos antes de finalizar este trabajo. En primer término, los bienes o derechos deben ser de naturaleza patrimonial. Dicho de otro modo, susceptibles de realización en metálico y, por tanto, quedan excluidos los bienes y derechos personalísimos. También quedan excluidos aquellos bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 605 y ss. de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Los bienes que hayan sido declarados inalienables. Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal. El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia. Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley: es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional). Asimismo, la ley contempla determinados supuestos caracterizados por una cierta especialización en la determinación de la masa activa. Los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán separar estos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, de las acciones que tengan reconocidas en su legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor del concursado, se integrará en la masa activa. Concurso de persona casada en régimen de gananciales o de comunidad de bienes.- En este caso, la masa activa comprenderá los bienes y derechos privativos del concursado y los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado. Concurso de persona casada en régimen de separación de bienes.- En este caso, la ley concursal contempla una serie de presunciones en beneficio de la masa. En este sentido, dispone el artículo 78 que: “se presumirá en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, que donó a su cónyuge la contraprestación satisfecha por éste para la adquisición de bienes a título oneroso cuando esta contraprestación proceda del patrimonio del concursado. De no poderse probar la procedencia de la contraprestación se presumirá, salvo prueba en contrario, que la mitad de ella fue donada por el concursado a su cónyuge, siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración de concurso.” Comunidad ordinaria de bienes y cuentas indistintas.- La norma general mediante la cual los bienes y derechos que pertenezcan a varios en comunidad o proindiviso, integrarán la masa activa en la cuota correspondiente a su mitad, salvo prueba en contrario, encuentra en el artículo 79 de la LC una excepción: saldos acreedores de cuentas indistintas. En estos supuestos, de aparición del concursado como cotitular, la totalidad de los saldos acreedores de cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto se integrarán en la masa activa y no la mitad o cuota correspondiente como sucedería de aplicar la regla general, salvo prueba en contrario apreciada como suficiente por la administración concursal. 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El Consejo General de la Abogacía Española ha ofrecido a la Comisión Europea la integración del portal español www.justiciagratuita.es, desarrollado por la Infraestructura Tecnológica del CGAE, dentro del portal de la Unión Europea e-Justicia, en respuesta a una consulta de esta Comisión sobre Asistencia Jurídica Gratuita a través de Internet. La Abogacía española, pionera en la gestión electrónica de la Justicia Gratuita, presenta así en Europa esta plataforma, a través de la cual sólo en 2010 se gestionaron en España más de 200.000 expedientes electrónicos, lo que supuso un incremento de más del 400% con respecto a 2009. Además, el portal gestionado por la Abogacía Española, ha permitido ya reducir los plazos de tramitación de la concesión de la asistencia jurídica hasta en cuarenta días, ofreciendo a los ciudadanos una mayor seguridad económica y jurídica gracias al trámite electrónico. Además www.justiciagratuita.esofrece una información clara y fiable, formularios estandarizados y la posibilidad de realizar simulaciones para conocer las expectativas de otorgamiento del beneficio de Justicia Gratuita. La propuesta está enmarcada en el Estudio de Viabilidad encargado por la Dirección General de Justicia de esta institución europea y se corresponde con una de las acciones del programa “E-Justicia” de la Comisión Europea para su portal web “e-Justice” (https://e-justice.europa.eu). La primera fase pretende determinar si este portal europeo puede ofrecer ayuda y asistencia jurídica a los ciudadanos europeos a la hora de recabar información sobre cómo obtener Asistencia Jurídica Gratuita en los diferentes Estados miembros, y si ésta puede darse a través de Internet. En esta línea, la página web del CGAE ofrece una solución práctica e integrable a escala europea ya que en ella se vinculan, a través de un mapa de España interactivo –por comunidades y provincias-, los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita de todos los Colegios de Abogados de España. Este servicio online es pionero en Europa, y organismos como el Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, han reconocido en sus recientes recomendaciones sobre asistencia jurídica adoptadas en su última Sesión Plenaria la importancia de evolucionar hacia estos eficientes sistemas electrónicos que facilitan a través de portales el acceso al abogado, el acceso a la justicia y sobre todo, el acceso al “derecho a tener derechos”. Fuente: CGAE Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional anula la Orden Ministerial PRE 1743/2008, de 18 de junio, reguladora del canon digital por copia privada
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso – Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia declarando anulada la Orden Ministerial PRE 1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción. La referida orden (PRE/ 1743/2008) se aprobó como consecuencia de la ley 23/2006 que introdujo ciertas modificaciones en el texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) para así incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/ 29/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Los recursos contenciosos – administrativos planteados tenían como objetivo procesal la discusión por las partes procesales de, entre otras cuestiones, si la orden referida del canon digital por copia privada, tenía el carácter de un reglamento o de un acto administrativo. En este sentido, la Audiencia Nacional ha llegado a la conclusión de que la referida norma es una norma reglamentaria dictada en ejecución de la Ley de Propiedad Intelectual, y que por tanto para su aprobación era necesario el cumplimiento de determinados trámites relativos a las memorias justificativa y económica, además del dictamen del Consejo de Estado; los cuales fueron omitidos. Por tanto, considera afectada la citada Orden Ministerial de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. Por otra parte, la Audiencia Nacional no accede a las pretensiones de algunos recurrentes que solicitaban la devolución de lo que se ha había recaudado hasta el momento a través de la canon digital. La sala considera que no tiene jurisdicción para fallar sobre estas peticiones debido a la naturaleza jurídico-privada del canon que determinaría una falta de competencia en este materia. Además, la resolución de lo Contencioso Administrativo no es firme por lo que contra esta decisión cabe la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo. Asimismo, la sala ha rechazado plantear una cuestión de inconstitucionalidad y las tarifas se seguirán aplicando hasta que haya sentencia firme que es la que dicte el Tribunal Supremo. ACCEDER A LA LECTURA DE LA SENTENCIA Continuar Leyendo
El Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña avala finalmente la decisión de la Generalitat de que, a excepción de en los casos penales, las traducciones del catalán al castellano que se realicen en los juicios se paguen por parte de quienes las hayan solicitado. Según información recogida en el Diario Expansión, un abogado denunció en octubre de 2009 al Departamento de Justicia de la Generalitat por práctica restrictiva de la competencia ante la Comisión Nacional de la Competencia. La Generalitat ha dispuesto que las traducciones del catalán al castellano de los documentos en los juicios no se hagan de forma gratuita, sino que las paguen quienes las soliciten, salvo en los casos penales, pese al deber de gratuidad de tales traducciones dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para todo tipo de procesos. La Comisión Nacional de la Competencia estimó que el caso competía a Competencia de Cataluña. Ahora, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña ha rechazado la denuncia porque considera responsable al juez que tomó la decisión de no dar la gratuidad de la traducción de documentos, cuando el juez no hacía otra cosa que ejecutar la política de medios materiales diseñada desde la Generalitat. El abogado, José Luis Mazón, presentará de nuevo la denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia con sede en Madrid contra el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el juez aludido y la Generalitat, para que se aclare la responsabilidad y se sancione al culpable. Mazón señala que en ningún momento han negado que el hecho es una discriminación que afecta al Derecho de la Competencia de un abogado que no domina el catalán para poder competir en los tribunales españoles con sede en territorio autonómico catalán en paridad de condiciones con los abogados catalano-parlantes. Fuente: Portal Difusión Jurídica Continuar Leyendo
En Derecho Inmobiliario,
Hace cierto tiempo que dedicamos este artículo a tratar el tema de la usucapión o prescripción adquisitiva. En el referido post enfocamos la temática alrededor de una breve exposición sobre los requisitos especiales de esta modalidad de adquisición de la propiedad: la buena y el justo título. En esta ocasión continuamos abordando esta materia dedicando unas líneas a los requisitos generales que habilitan el reconocimiento de esta forma de adquisición. En esencia, estos presupuestos se encuentran en la propia naturaliza jurídica de la usucapión y son: el transcurso del tiempo y la posesión. Sin embargo, antes de analizar dichos presupuestos, conviene retomar la concepción de usucapión que ha elaborado reiteradamente la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, al concebir a la misma como subsanación de la falta de poder de disposición del transmitente, permitiendo las adquisiciones a non domino del mismo modo que el art. 34 de la Ley Hipotecaria , pues purifica el defecto de titularidad del transmitente (entre otras, las SSTS 10 de febrero de 2004, 5 de mayo de 2005 y 28 de febrero de 2007 , esta última sobre el art. 34 LH , con cita a su vez de otras muchas). Tras lo cual, cabe afirmar – pues su evidencia no exige que deba silenciarse -, que el usucapiente no se encuentra obligado a comprobar – en aquellos supuestos de doble venta - que el vendedor resulta ser el legítimo propietario o titular, tal como afirma la STS de 19 de febrero de 2008 (nº de Recurso: 5398/2000 y nº de Resolución: 104/2008) “si la usucapión exigiera del usucapiente asegurarse por completo de que quien le vende es el verdadero dueño, la institución carecería de utilidad porque entonces no se adquiriría por usucapión sino por compraventa acompañada de tradición. ” Evidentemente, la usucapión se asienta en la posesión, de tal forma que sólo se podrá usucapir la propiedad de aquellos bienes o la titularidad de aquellos derechos reales susceptibles de ser objeto de posesión. En este sentido, la STS de treinta de octubre de 2009 (nº de Recurso: 1696/2005 y nº de Resolución: 714/2009 ) señala que no cabe la usucapión “en bienes que son de dominio público (así, sentencia de 26 de abril de 1999) que están fuera de la disponibilidad de los sujetos (…).” Siguiendo esta línea argumental, resulta interesante destacar que es doctrina constante y uniforme del Tribunal Supremo la que proclama que los títulos nobiliarios son susceptibles de prescripción adquisitiva o usucapión basada en la posesión inmemorial, cifrada en cuarenta años, sin necesidad de acreditar justo título y buena fe. Por mencionar alguna, la STS de 19 de octubre de 2009, viene a confirmar esta aseveración con la siguiente exposición: “Superado por la doctrina de esta Sala el llamado «dogma de la imprescriptibilidad» de los títulos nobiliarios, la prescripción adquisitiva es admitida por la jurisprudencia más reciente (SSTS de 30 de diciembre de 2004, 10 de septiembre de 2008, recurso 1446/2001 , y las que en ella se citan) y como se deduce, entre otras, de la STS de 7 de marzo de 1998, recurso 293/2004 , presupone la vacancia del título y su ulterior consolidación en el seno de una línea o rama diferente a la prellamada, a resultas de la posesión inmemorial continuada. ” Sentada esta premisa, resulta claro que la continuidad posesoria es el verdadero punto de inflexión que impulsa y caracteriza todo el proceso adquisitivo de la usucapión. Así, nuestro Código Civil, en el artículo 1941 exige que esta posesión sea “en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida”, es decir, que el hecho posesorio debe resultar ostensible frente a la colectividad. De esta manera, el poseedor se ha de comportar como dueño de una cosa o titular de un derecho real durante un plazo temporal determinado, siendo necesario que ninguna persona cuestione dicha situación. Por otra parte, este comportamiento inequívoco como titular de un dominio o de cualquier otro derecho real viene reiterado, de una forma u otra, por el Código Civil en diversos preceptos: 441, 444, 447 y 1942. Por tanto, es necesario subrayar que cualquier estado posesorio no legitima, en absoluto, la adquisición a non domino de una cosa o la titularidad de un derecho real, sino únicamente la situación posesoria que cumple con los requisitos exigidos en el precepto arriba citado y que siendo interdependientes han de considerarse acumulativamente. Analicemos sucintamente cada uno de ellos. Posesión en concepto de dueño De conformidad con lo dispuesto en los artículos 447 y 1941 del CC, sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de titulo para adquirir el dominio. El poseedor debe actuar frente al resto de los miembros de la comunidad y, sobre todo, frente al eventual perjudicado por la usucapión, como si fuera el dueño de la cosa o titular del derecho real. De esta forma, si el poseedor que pretende usucapir actúa por mera tolerancia del duelo de la cosa (cfr. arts. 444 y 1942 del CC), sus actos posesorios serán irrelevantes a efectos de la usucapión. En cuanto a la más reciente doctrina jurisprudencial, la STS de 30 de diciembre de 2010 (nº de Recurso: 484/2007 y nº de Resolución: 856/2010), en referencia a la acreditación de la posesión en concepto de dueño señala que: “Como recuerda la sentencia de esta sala de 17 mayo 2002 (Rec. 1201/98 ), la jurisprudencia viene reiterando que el requisito de la posesión en concepto de dueño no es un concepto puramente subjetivo o intencional ( Sentencias 20 noviembre 1964 , 6 octubre 1975 , 16 mayo 1983 , 19 junio 1984 , 5 diciembre 1986 , 10 abril y 17 julio 1990 , 14 marzo 1991 , 28 junio 1993 , 6 y 18 octubre 1994 , 25 octubre 1995 , 7 y 10 febrero 1997 y 16 noviembre 1999 ) por lo que no basta la pura motivación volitiva ( Sentencias 6 octubre 1975 y 25 octubre 1995 ) representada por el ánimo de tener la cosa para sí, sino que es preciso, además, el elemento objetivo o causal ( SS. 20 noviembre 1964 y 18 octubre 1994 ) consistente en la existencia de «actos inequívocos, con clara manifestación externa en el tráfico» ( Sentencia 3 octubre 1962 , 16 mayo 1983 , 29 febrero 1992 , 3 julio 1993 , 18 octubre y 30 diciembre 1994 y 7 febrero 1997 ), «realización de actos que solo el propietario puede por sí realizar» ( S. 3 junio 1993 ); «actuar y presentarse en el mundo exterior como efectivo dueño y propietario de la cosa sobre la que se proyectan los actos posesorios» ( S. 30 diciembre 1994 )”. Obviamente, como señalamos en otro post, para la usucapión extraordinaria no se requiere justo título ni buena fe, pero sí, como señala la STS de cinco de febrero de 2010 (nº de Recurso: 109/2006 y nº de Resolución: 8/2010) que “la posesión pública ininterrumpida lo haya sido en concepto de dueño (arts. 1941 y 447 CC ). Según la jurisprudencia de esta Sala, para que exista posesión en concepto de dueño no basta la pura motivación volitiva o intención de ser dueño, sino que es preciso además el elemento objetivo o causal consistente en la existencia de actos inequívocos con clara manifestación externa en el tráfico, actos que sólo el propietario puede realizar, presentándose en el mundo exterior como efectivo dueño y propietario de la cosa (SSTS 30-12-94 y 17-5-02 con cita en ambas de otras muchas). ” Posesión pública A mayor abundamiento, el comportamiento o actitud de quién pretender usucapir debe acreditarse mediante la realización de determinados actos posesorios que manifiesten frente a los demás la creencia del usucapiente de que verdaderamente está ejercitando facultades que le competen. Por tanto, si el usucapiente actúa de forma oculta o clandestina, la posesión ejercida es irrelevante a efectos de la usucapión, tal como establece el artículo 444 del CC: “Los actos meramente tolerados, y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión”. Posesión pacífica El carácter pacífico de la posesión, exigido en el artículo 1941 del CC, implica que la adquisición de la posesión por parte del usucapiente no ha sido llevada a cabo de forma violenta, tal como proclama el artículo 441 del CC: “En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente.”. Si ello fuera así, el vicio de origen que acarrea la posesión la inhabilita a efectos de la usucapión. Por ello, el artículo 1956 del CC establece que: “Las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores, a no haber prescrito el delito o falta, o su pena, y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del delito o falta.” En este sentido la STS de 29 de marzo de 2010 (nº de Recurso: 169/2006 y nº de Resolución: 193/2010) asimila la posesión legal del Estado a la posesión adquirida con violencia al señala que: “Por otro lado, el juego de los artículos 441 y 444 del Código Civil impide cualquier consideración acerca de una eventual adquisición del dominio por el Estado en virtud del instituto de la prescripción adquisitiva o usucapión al haber poseído por más de treinta años (artículo 1959 Código Civil), pues no puede aceptarse que la posesión material del inmueble por el Estado en virtud de su incautación fuese apta para adquirir por usucapión pues se trató de una adquisición forzada y unilateral por su parte frente a la que no cabía oposición alguna y en consecuencia asimilable a la posesión adquirida de modo violento. ” Igualmente, el carácter pacífico de la possessio ad usucapionem viene a suponer que durante todo el período posesorio el usucapiente no encuentra ni halla oposición por parte del verdadero propietario de la cosa o del legítimo titular del derecho real en cuestión. En el caso de que la posesión del usucapiente sea objeto de discusión, judicial o no, perdería el carácter de pacífica y, por consiguiente, dejaría de desplegar los efectos en relación con la usucapión pretendida. Posesión ininterrumpida El último requisito exigido en el referido artículo 1941 del CC es que la posesión ha der ininterrumpida que, viene siendo afirmado por la jurisprudencia que la posesión a efectos de la usucapión ha de ser continuada e ininterrumpida. De esta forma, si se produjere cualquier acto de interrupción de la posesión, dejaría de correr el plazo de prescripción del usucapiente y se requeriría comenzar de nuevo a computar el referido plazo otra vez desde el comienzo, en caso de que el verdadero titular de la cosa o derecho iniciase una nueva etapa de inactividad. Ahora bien, las reglas establecidas en los artículos 1943 y ss. Del CC ofrecen una regulación un tanto compleja de esta materia. Comienza diciendo el primero de ellos que: “La posesión se interrumpe, para los efectos de la prescripción, natural o civilmente. Y el art. 1944 que: “Se interrumpe naturalmente la posesión cuando por cualquier causa se cesa en ella por más de un año.” Por su parte, el artículo 1945 que: “La interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato de Juez incompetente.” Finalmente, el artículo 1948 que: “Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe asimismo la posesión.” En este último caso, el poseedor usucapiente deja de ser poseedor en concepto de duelo o titular de un derecho real por faltar el primero de los requisitos analizados: la posesión, aunque continúe de hecho, deja de ser apta para producir la adquisición de la cosa o derecho real en el curso de una usucapión. A la misma conclusión hay que llegar en el supuesto de la denominada interrupción natural proclama en el citado artículo 1944 del CC. Si no hay continuidad posesoria hasta el completo agotamiento del correspondiente plazo, los actos posesorios llevados a cabo por el usucapiente dejan de ser válidos a efectos de la usucapión. En cuanto a la interrupción civil establecida en el siguiente, conviene señalar que la misma presenta ciertas peculiaridades propias. Si el proceso judicial instado por el verdadero dueño o titular del derecho real termina siendo satisfactorio de sus intereses, la usucapión, además de quedar interrumpida, no habrá tenido lugar. En cambio, el artículo 1946 del CC priva de efectos interruptivos a la citación judicial en los casos siguientes: 1. Si fuere nula por falta de solemnidades legales. 2. Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la instancia. 3. Si el poseedor fuere absuelto de la demanda. En consecuencia, en tales supuestos, la citación judicial llevada a efecto a consecuencia de la actuación del eventual titular de la cosa o derecho real carece de efecto interruptivo y, por tanto, el plazo durante el cual ha venido corriendo la usucapión juega a favor del poseedor usucapiente, quien no ha de volver a comenzar a computar el plazo, sino que, sin solución de continuidad, puede llegar a adquirir mediante usucapión el derecho real en liza una vez que concluya el período restante del plazo posesorio correspodiente. En este sentido, matiza la STS de 18 de marzo de 2008 (nº de Recurso: 221/2001 y nº de Resolución: 214/2008): “En cuanto a los arts. 1945 y 1946 CC , hay un alto grado de coincidencia entre los autores de la doctrina científica en el sentido de que la interrupción civil de la posesión por citación judicial del poseedor es meramente provisional porque, en realidad, se supedita a que el proceso causante de la citación se resuelva mediante sentencia estimatoria de la demanda y contraria por tanto al poseedor demandado, de modo que sólo se interrumpirá la posesión apta para la usucapión si después se dicta sentencia firme favorable al demandante no poseedor, cualquiera que sea ya la fecha de la misma y, por tanto, aunque recaiga años después de transcurrido el tiempo necesario para adquirir por usucapión. Así, la sentencia de esta Sala de 8 de noviembre de 1948 , al comparar la interrupción de la prescripción extintiva de las acciones, regulada en el art. 1973 CC , con la interrupción civil de la posesión según los términos del art. 1946 del mismo Cuerpo legal, declaró que la eficacia de aquélla no se subordina, como ésta, al seguimiento y resolución favorable del litigio.” Y, seguidamente, el alto tribunal, en esta misma sentencia, procede a aclarar la pretendida confusión operada por la expresión utilizada en el art. 1945: “aunque sea por mandato de Juez incompetente” con el siguiente razonamiento: “Ciertamente se suscita entre los comentaristas alguna duda por la referencia del art. 1945 al "Juez incompetente", ya que no parece fácil que un proceso seguido ante un Juez carente de competencia pueda finalizar por sentencia firme de fondo estimatoria de la demanda y, por tanto, que la citación judicial ordenada por Juez incompetente deba producir el efecto, que dicho precepto establece, de interrumpir civilmente la posesión. Sin embargo este aparente contrasentido se salva por algún autor acudiendo a una aplicación extensiva del art. 1947 CC , de modo que sería imprescindible interponer una nueva demanda ante Juez competente dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la resolución por la que se hubiera declarado la falta de competencia del primer Juez; y se salva también por la mayoría de los autores, con un criterio más ajustado a la coordinación entre ordenamiento sustantivo y ordenamiento procesal, recordando que no toda falta de competencia, como sucede con la territorial, impide un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión formulada en la demanda, de suerte que, según los casos, caben sentencias estimatorias válidas si el demandado no alega la falta de competencia del Juez.” Continuar Leyendo
En BOE,
Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado
Se ha publicado en el BOE de hoy, 14 de marzo de 2011, Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, modifica la Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma. Novedades en los modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil. Los cambios en los modelos de presentación de cuentas anuales son consecuencia de la promulgación de dos normas de naturaleza contable. En primer lugar, por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. En segundo lugar, por la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. El artículo 4 del citado Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre modifica el Plan General de Contabilidad, teniendo incidencia directa en los modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil, aprobados por la Orden JUS/206/2009. Así, el apartado Seis modifica la tabla de correspondencia del balance en los modelos normal y abreviado, el apartado Siete modifica la nota 1.3 del modelo normal de memoria, el apartado ocho la nota 7.2.2 del modelo normal de memoria, el apartado Nueve suprime el punto 4 del apartado 12.1. Impuesto sobre beneficios de la nota 12. Situación fiscal del modelo normal de memoria, el apartado Diez modifica la nota 19 del modelo normal de memoria, y el apartado Once modifica la nota 20.4 del modelo normal de memoria. La citada Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, resuelve sobre la información a incorporar en la Memoria de las cuentas anuales de las empresas a partir del ejercicio 2010. La citada Resolución introduce un nuevo apartado de información en las normas de preparación del contenido de la memoria (apartado 27 en el modelo normal, y apartado 15 en los modelos abreviado y de pymes). Por último, y con el fin de homogeneizar las hojas de datos generales de identificación de los modelos de cuentas individuales y consolidadas, se incorporan en estas la información relativa al empleo en sus detalles por tipo de contrato y sexo, y del empleo de personas con discapacidad. ACCESO AL TEXTO LEGAL Continuar Leyendo
Validez de la cláusula que autoriza la realización de obras en elementos comunes a los propietarios de locales comerciales
Cualquier propietario de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal se encuentra legitimado para poder realizar dentro de su casa o negocio todas las obras y modificaciones que estime conveniente, sin necesidad alguna de solicitar permiso a la Comunidad de Propietarios. No obstante, esta facultad se encuentra limitada a que dichas obras no afecten a la estructura, seguridad o estética del edificio ni perjudiquen a otro propietario. A título meramente ilustrativo, cualquier propietario puede construir un tabique en el interior de su casa para sacar dos habitaciones de una grande, mas no puede interrumpir el paso de una tubería por su piso sin contar con la aprobación del propietario afectado o de la comunidad o pintar las ventanas de otro color pues altera la estética de la fachada. Esta facultad viene establecida en el artículo 7.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/99, de 6 de abril en los términos siguientes: “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad. En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al Administrador” En cuanto a la obras en las zonas comunes del edificio ningún propietario se encuentra legitimado para realizar alteración alguna. Por ejemplo, para poder abrir una nueva puerta al pasillo o una ventana exterior, no es suficiente la aprobación del Presidente ni de la mayoría de los propietarios aprobada en Junta, sino que se requiere la unanimidad de todos los propietarios, y bastaría la oposición de uno de ellos, para que no se pudiese lograr el acuerdo, pues afecta al título constitutivo (vid. art. 17.1ª de la LPH). Veamos otro ejemplo más. El reemplazo de las puertas de entradas de los pisos, a mi juicio, puede ser efectuado por cuenta de cada propietario, pero manteniendo el mismo color de las anterior, por razones de uniformidad. Respetando el aspecto exterior de la puerta, no es necesario solicitar permiso a la Comunidad pues, en este caso, debe primar la seguridad de los propietarios por encima del interés de aquélla. Por el momento, dejemos esta materia aquí. En referencia a los locales existen determinadas cuestiones que suscitan un enorme interés por la posibilidad de que en los mismos se puedan establecen cualquier negocio permitido por la ley. Así, por ejemplo, la evacuación de humos de la chimenea de restaurantes, instalación de aparatos de aire acondicionado que sobresalen de la fachada y el ruido producido por los mismos. Estos temas serán tratados en otros artículos. Volviendo a los locales, cabe señalar que los estatutos de la Comunidad de Propietarios suelen ser normas de régimen interno que, respetando los parámetros prefijados en la ley, suelen especificar las reglas mínimas de convivencia y, en ocasiones, el destino de los locales, con una fórmula más o menos genérica o específica. Como sucede con los testamentos ológrafos, los estatutos – sobre todo si no han sido redactados por un administrador de fincas o Abogado especializado en la materia – suelen ser susceptibles de diversas interpretaciones que acabarán siendo resueltas por los Tribunales de Justicia. Recientemente, se ha dictado la STS de fecha 22 de diciembre de 2010 (Roj: 7741/2010, Id Cendoj: 28079110012010100878), siendo ponente D. Juan Antonio Xiol Ríos, en la que se resuelven determinadas cuestiones sobre esta materia dignas de atención. Este supuesto se centra en el ejercicio de una acción personal de nulidad de un acuerdo comunitario adoptado por la Junta general de una comunidad de propietarios, por la que se exige el cierre de las "ventanas" de local del recurrente. Esta nulidad se basa en vulnerar dicho acuerdo lo dispuesto en los arts. 9 y 10 de los estatutos de la comunidad, donde se autoriza a los propietarios de locales de negocio a llevar a cabo en los mismos las obras de adaptación para el uso a que se destinen, pudiendo modificar la fachada del local mediante la apertura de huecos; pretensión frente a la que se opone la comunidad demandada, defendiendo la legalidad del acuerdo, alegando que no vulnera los estatutos. Por tanto, el problema radica en determinar si esta autorización otorgada por los estatutos permite válidamente llevar a cabo la apertura de huecos, como los que ha abierto el recurrente, sin necesidad de obtener una previa autorización por parte de la comunidad de propietarios Como es fácil de apreciar, ninguna de las partes discute la validez y eficacia de los estatutos, normas reglamentarias aprobadas por la comunidad y cuya eficacia viene establecida por el Art. 5.3 a LPH. A este respecto la STS de 27 de septiembre de 1991, señala que: "la autorización concedida por la unanimidad de los copropietarios del inmueble, se ha ido otorgando a medida que cada uno de ellos adquiría su parte privativa, y firmaba la escritura de compra, aceptando la de obra nueva y división horizontal, como antecedente necesario, y los estatutos, incorporados a ella, por los que habría de regirse la comunidad. Los futuros copropietarios del inmueble fueron libres de aceptar unas condiciones que figuraban en tal título constitutivo de la propiedad que pensaban adquirir (art. 5 de la ley propiedad horizontal); pero una vez prestado su consentimiento, tienen que atenerse a lo reglamentariamente estatuido”. Sin entrar en el fondo del asunto, resulta sencillo colegir que la discusión se centra en una cuestión meramente interpretativa de los preceptos señalados en los estatutos. Recuerda el alto tribunal que en materia de interpretación contractual hay que acudir al artículo 1281 del Código Civil que señala: “si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. ” Sin embargo, al margen de esta cuestión, merece reseñarse la conceptualización del término “fachada” que realiza la sentencia. “La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial, ha desestimado la acción ejercitada por quien ahora recurre, acudiendo a una distinción entre el concepto de fachada del edificio y el concepto de fachada del local, para desde esta diferenciación concluir que la autorización otorgada por los estatutos de la comunidad a los titulares de los locales comerciales, a realizar obras en la fachada, quedaba limitada a la fachada que lo fuere del local. No resulta posible tal distinción. La pared o muro que delimita el local y le separa del exterior o de la zona común constituye fachada del edificio y como tal, constituye uno de los elementos comunes sobre el que recae un derecho de copropiedad con los demás dueños de los pisos o locales del inmueble. Así resulta de la definición ofrecida por el artículo 396 CC y así se describe por los estatutos de la comunidad, cuyo artículo primero señala «Son elementos comunes generales del edificio, el solar, los cimientos, la estructura, la cubierta, las fachadas, tanto al exterior como a patio, los desagües y acometidas de agua (...)» La distinción que realiza la Audiencia Provincial entre el concepto de fachada del edificio y fachada del local, carece de virtualidad práctica, dado que, en todo caso la fachada del local, sigue manteniendo su carácter de elemento común. Esta Sala ya ha descrito que la fachada es todo lo correspondiente al exterior del inmueble en su completa superficie. De este modo cuando los estatutos de la comunidad permiten a los propietarios de los locales comerciales «a) Modificar la fachada del local o locales mediante cierre, apertura, división, subdivisión de huecos y obras de ornamentación y embellecimiento u otras similares», sin duda se refieren a la fachada, considerada como elemento común.” Como señala el alto tribunal “El problema radica en determinar si esta autorización otorgada por los estatutos permite válidamente llevar a cabo la apertura de huecos, como los que ha abierto el recurrente, sin necesidad de obtener una previa autorización por parte de la comunidad de propietarios. Con carácter general se debe tener en cuenta que el artículo 12 LPH en relación con la regla primera del artículo 17 LPH exige la unanimidad de la Junta de propietarios para adoptar acuerdos que impliquen una modificación de los elementos comunes, por constituir una modificación del título constitutivo. Dicha jurisprudencia limita tal posibilidad a que las obras que se realicen no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general o perjudique los derechos de otro propietario.” Continúa afirmando el tribunal que “La aplicación de la doctrina al presente litigio exige la estimación del recurso de casación. La parte recurrente, titular de un local comercial situado en la planta baja, ha abierto tres huecos en la fachada del edificio, amparada por la autorización que le ofrecía los estatutos de la comunidad, sin que durante el desarrollo del pleito, se haya aducido que tales obras hayan menoscabado o alterado la seguridad del edificio o su estructura general. Tampoco se ha acreditado en modo alguno que con la apertura de tales huecos se haya perjudicado los derechos de otro propietario.” Para concluir que: “Finalmente se debe reiterar como doctrina jurisprudencial que las obras realizadas por el titular de locales comerciales situados en las plantas bajas de los edificios que afecten a elementos comunes y que estén autorizadas por el título o los estatutos de la comunidad de propietarios no se consideran contrarias a derecho, siempre que no afecten a la seguridad o estabilidad del edificio ni perjudiquen el derecho de otro propietario.” Fuente: Difusión Jurídica Continuar Leyendo
Com. Europea,
Aprobada la Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España
En BOE del día 8 de marzo de 2011 se ha publicado la Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España. Como señala su artículo 1 la Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España es aquella cuya administración central y domicilio social se encuentren en territorio español y se regirá por lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, y en aquellas cuestiones no reguladas en el Reglamento, por lo dispuesto en esta Ley, en la Ley de Cooperativas aplicable en función del lugar donde realice principalmente la actividad cooperativizada, así como por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. El objetivo principal de la Ley es permitir de iure la constitución de la SCE en España. Por este motivo, desde la aprobación del Reglamento comunitario se han ido efectuando diferentes análisis del desarrollo en España de los aspectos diferidos por dicho Reglamento, y que fundamentalmente residen en la determinación de la legislación aplicable y el Registro competente en todos los actos de la SCE. A tal efecto, en todo el proceso de elaboración de la norma se ha consultado a los Ministerios con competencias en relación con esta materia y a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Además se remitió la propuesta al sector cooperativo, a través de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), que dio su conformidad al texto. La norma también ha sido informada positivamente por el Consejo para el Fomento de la Economía Social. Finalmente el Consejo de Estado ha emitido el dictamen preceptivo, cuyas observaciones se han tenido en cuenta en el articulado de la norma. La Ley consta de veinte artículos, encuadrados en cuatro capítulos, más una disposición adicional, y tres disposiciones finales. El capítulo I recoge las disposiciones generales que determinan la legislación aplicable y régimen de la SCE, los supuestos de regularización, el Registro competente en materia de inscripción y publicación de actos y las reglas de traslado de la sociedad cooperativa europea y oposición al mismo, con cautelas concretas en materia de coordinación entre el Registro Mercantil Central y los Registros de cooperativas competentes, ya sea el estatal o el correspondiente autonómico. El capítulo II establece las peculiaridades específicas de la legislación cooperativa en relación con los actos de fusión y transformación, que también contiene medidas concretas de coordinación entre Registros y el capítulo III dispone que la sociedad cooperativa europea que se domicilie en España podrá optar por un sistema de administración monista o dual, y lo hará constar en sus estatutos. Por esta razón, se contempla el desarrollo del sistema dual, por cuanto no es el propio de la legislación española. El capítulo IV regula el órgano competente para la disolución de la SCE fijada por el Reglamento. En la disposición adicional única se prevé la modificación del Reglamento del Registro Mercantil para adecuarlo al contenido de la presente Ley. La disposición final segunda habilita al Gobierno para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo necesarias. Por último, la disposición final tercera prevé una «vacatio legis» de un mes, plazo que se considera adecuado para su entrada en vigor. ACCESO AL TEXTO LEGAL Continuar Leyendo
Probablemente, de manera habitual o residual, muchos consumidores se hayan encontrado en la necesidad de decidir la conveniencia de reparar o no un electrodoméstico o un ordenador averiado, cuando el mismo se encuentra fuera del plazo legal de garantía. La decisión de proceder a su reparación y su no sustitución por uno nuevo va a depender, en esencia, de la diferencia entre el valor del aparato y el coste de la reparación. Hace un tiempo dedicamos un artículo a exponer los derechos de los consumidores derivados de los servicios de reparación del automóvil. En esta ocasión vamos a dedicar este post a informar sobre los derechos que ostentan los consumidores por los servicios de reparación de aparatos de usos domésticos que, de alguna forma - no nos engañemos - viene motivado por alguna mejorable experiencia personal en la utilización de este tipo de servicios. Ahora bien, conviene tener presente – para no inducir a ningún error o confusión -, como publicamos en este artículo, que todos los bienes de consumo tienen una garantía legal mínima de dos años. La garantía de esta reparación se rige por los artículos 114 a 127 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que contienen algunas normas especiales, como la relativa a la duración de la garantía, que será de seis meses, entre otras consideraciones. Ciñéndonos al tema que nos ocupa, como acertadamente señala la OCU, acudir a los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) puede, en multitud de casos, acarrearnos una serie de problemas e irregularidades: falta de información, trato poco profesional, cambio de piezas innecesarias o recicladas sin previa autorización, irregularidades en el pago, etc…Por ello, resulta indispensable conocer el elenco de derechos que ostentamos como consumidores para prevenir cualquier situación irregular y, en su caso, poder reclamar con todas las garantías. La norma básica que regula los derechos de consumidor en esta materia es el Real Decreto 58/1988, de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso domésticos. No obstante, como paso previo a profundizar en la regulación contenida en esta normal legal, resulta casi obligado conocer su ámbito de aplicación. Así, de conformidad con el artículo 1, la misma se aplica a todas las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la instalación, conservación, reparación o mantenimiento de aparatos de uso doméstico. Entendiéndose por aparato doméstico aquellos bienes de consumo duradero de uso doméstico que utilicen, directa o indirectamente para su funcionamiento o aplicación, cualquier tipo de energía y/o la transformen. Siguiendo el texto legal, estos aparatos domésticos se suelen clasifican en tres grupos: Pequeños aparatos de uso doméstico (plancha, estufa, ventilador, cepillo eléctrico, depiladora, microondas...). Línea blanca (frigorífico, congelador, cocina, horno, lavadora, campana extractora, aire acondicionado...). Línea marrón y electrónica (televisor, vídeo, cadena de música, DVD, home cinema, reproductor de audio...). En este sentido, dispone la Disposición Adicional Primera de este Real Decreto que: “la comercialización de aparatos de uso doméstico en el territorio nacional exigirá la existencia de servicio de asistencia técnica que asuma la reparación, conservación y mantenimiento de dichos aparatos y el suministro de piezas de repuesto durante, al menos, siete años para las funcionales, salvo en el caso de aparatos cuyo precio de venta no supere las 10.000 pesetas que será de cinco años, y dos para las estéticas, contados todos ellos a partir del cese de la fabricación o importación del modelo”. Disposición que, obviamente, habrá que poner en relación con la normativa estatal y autonómica en materia de protección de los derechos de los consumidores. Los SAT (Servicio de Asistencia Técnica), al que nos hemos referido más arriba, son aquellos establecimientos o personas que, cumpliendo los requisitos reglamentarios establecidos para esta actividad, se dediquen a la reparación, instalación y/o conservación o mantenimiento de aparatos de uso doméstico y presten sus servicios tanto en los locales donde se desarrolla su actividad como en los domicilios de los usuarios. Los SAT Oficiales de Marca son aquellos que poseen autorización escrita del fabricante o de su representante legal en España. Asimismo se considera pieza de repuesto a todo elemento o conjunto de elementos que realice una función correcta. También se define como toda pieza necesaria para el correcto funcionamiento del aparato de uso doméstico. La regulación contenida en esta norma es suficiente clara y establece unas condiciones que deben cumplir los Servicios de Asistencia Técnica de aparatos de uso doméstico que se convierten en derechos de los consumidores. Como señala la exposición de motivos y a modo de ilustración: la obligación de entregar presupuesto previo escrito, salvo renuncia expresa a el por el usuario; requisito de facturación, garantía de las reparaciones, hojas de reclamaciones, e información mínima ofrecida al usuario de tales servicios. En primer lugar, todos los SAT tienen que mostrar al público, de forma visible, el precio de la mano de obra, los costes de desplazamiento o transporte, la indicación del horario, que el usuario tiene derecho a un presupuesto, que las reparaciones están garantizadas por tres meses, y que hay hojas de reclamación a disposición del público. El artículo 2 regula el denominado derecho de admisión. Este derecho viene a significar que todas las solicitudes de prestación de algún servicio por parte de los usuarios, conforme al uso establecido, deberán ser admitidas por los servicios de asistencia técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento. Los SAT solo podrán negarse a realizar las reparaciones que no estén dentro de sus posibilidades. En este caso, informarán de ello al usuario por escrito, expresando los motivos de tal imposibilidad. Los SAT Oficiales de Marca no están obligados a reparar aparatos de marcas distintas a las que representan o aquellos que no hayan sido importados legalmente. De conformidad con el extenso artículo 3, los usuarios tienen derecho a un presupuesto previo, por escrito, que tiene una validez de 30 días, desde la fecha de comunicación al usuario. En ese presupuesto deben estar detallados los datos del servicio de asistencia técnica y también los del usuario, la identificación del aparato, el motivo de la reparación, el diagnóstico de la avería, los pagos desglosados y la fecha prevista de entrega del aparato, además del tiempo de validez del presupuesto. Este documento debe llevar fecha y firma del SAT, y tener un espacio para la firma de aceptación del usuario. El presupuesto puede cobrarse en los casos en que no se acepte la reparación, pero su coste no puede ser más del importe de una hora de mano de obra y que viene establecido en el artículo 3.5 y en la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios que derogó los apartados 1 y 2 del artículo 8. El presupuesto debe figurar por escrito y en él constarán al menos los siguientes datos: Nombre, domicilio y CIF del Servicio de Asistencia Técnica (SAT). Nombre y domicilio del usuario. Marca, modelo y número de serie del aparato. Motivo de la reparación. Diagnóstico de la avería. Precio de la reparación. Fecha y firma de persona responsable del SAT. Fecha prevista de entrega del aparato ya reparado. Si el aparato va a repararse en el domicilio del usuario, debe constar la fecha en que se hará la reparación. Espacio reservado para la fecha y la firma de aceptación por el usuario. Tiempo de validez del presupuesto, que será como mínimo de treinta días desde que se comunica al usuario. Si mientras se realiza el presupuesto o la reparación aparecen otras averías, el SAT informará al usuario a la mayor brevedad posible. Si existe presupuesto inicial, someterá a la aceptación del usuario un presupuesto adicional sobre la nueva avería. Si el usuario había renunciado a que le dieran presupuesto, el SAT volverá a ofrecer su elaboración cuando el coste del nuevo arreglo sea superior al 10%, 8% ó 6% del precio del aparato, dependiendo de cuál sea ese precio (hasta 60,10 €: 10%; entre 60,10 y 300,51 €: 8%; más de 300,51 €: 6%). Así, si el aparato cuesta 200 €, el SAT deberá volver a ofrecer la elaboración de un presupuesto si el precio del nuevo arreglo es superior a 16 € (8% de 200). Para ello, el aparato se valorará como si hubiera que comprarlo nuevo en el mercado. Al dejar un aparato cualquiera para su reparación, el SAT debe facilitar al usuario un resguardo del depósito. El presupuesto también puede servir como acreditación debidamente firmado por el SAT y el usuario. La presentación del resguardo es necesaria tanto para la recogida del presupuesto previo como para la retirada del aparato. Si el usuario lo pierde, deberá identificarse a plena satisfacción del SAT. Además, este documento sirve para demostrar datos tan importantes como la fecha en que dejamos el aparato en el SAT o las condiciones en que se encuentra. Por ello, te recomendamos que lo pidas si no te lo entregan. Los SAT deben conservar la documentación relativa a resguardos y presupuestos previos durante un periodo mínimo de seis meses. En cuanto a las piezas utilizadas en la reparación han de ser nuevas, salvo que el usuario dé su consentimiento por escrito para lo contrario, estén en perfectas condiciones de uso y sean más baratas que las nuevas si existieran en el mercado. No se pueden sustituir piezas sin necesidad. En ningún caso un cambio innecesario puede traducirse en un incremento de precio. Además el usuario tiene derecho a quedarse con las piezas sustituidas siempre que la reparación no esté amparada por la garantía del aparato. El precio de la reparación es la suma del coste de las piezas de repuesto utilizadas, los impuestos, la mano de obra y cualquier otro servicio prestado para realizar la reparación. El presupuesto debe hacer referencia a todos estos conceptos (art. 4). Por tanto, resumiendo una vez realizado el trabajo, se debe entregar al usuario una factura con su número correlativo, los datos del servicio técnico, el usuario y el aparato que se debe reparar, el detalle de los trabajos efectuados, su coste, las piezas, en la que deberán figurar: Número de orden correlativo. Nombre, domicilio y CIF del SAT. Nombre y domicilio del usuario. Marca y modelo del aparato reparado. Operaciones realizadas, piezas de repuesto utilizadas y tiempo de mano de obra empleado, con expresión de sus respectivos importes. Cuantía de los gastos por desplazamiento, transporte u otros que se facturen, incluyéndose los datos fiscales. Fecha y firma de persona responsable de SAT. En la factura, la valoración de las piezas de repuesto, mano de obra y restantes servicios debe corresponderse con los precios establecidos y publicitados por el SAT. Si existe presupuesto, la cuantía y concepto de la factura deberá corresponderse con este. Los SAT, como el resto de establecimientos, tienen libertad para fijar sus precios, pero: El coste de la mano de obra, desplazamientos y otros servicios, así como los recargos (por ejemplo, para reparaciones urgentes), debe anunciarse debidamente en el establecimiento. Las cantidades indicadas en el presupuesto por estos conceptos no podrán ser superiores a las anunciadas. En la mano de obra, se presupuestará el tiempo de ocupación real previsto para la reparación. En cuanto a las piezas de repuesto, se presupuestarán a su precio de venta al público. A falta de estos, se aplicarán los precios de venta al público usuales en los talleres del ramo. El presupuesto es vinculante, por lo que el SAT no podrá cobrar un precio superior al indicado en ese documento. Transcurrido un mes desde que el SAT comunica al cliente que puede recoger el aparato ya reparado, el usuario debe abonar los gastos de almacenamiento, siempre que así se anuncie mediante una tabla expuesta al público que indique el importe de dichos gastos. Por otra parte, dispone el artículo 5.5 que: “en aquellos servicios realizados en el domicilio del usuario, los gastos del desplazamiento, que deberán reflejarse en factura, no podrán ser exigidos mas que por una sola vez, aun cuando el servicio requerido afecte a varios aparatos y aun cuando fueran necesarios varios desplazamientos para la realización del mismo servicio. No se cobrará el desplazamiento si el usuario esta ausente.” Por otra parte, el usuario que crea no ser atendido correctamente por un SAT tiene derecho a presentar reclamación ante la Administración de Consumo o a acudir a una Asociación de Consumidores. En este sentido, el artículo 2.2 exige que se atienda al usuario: “sin discriminación alguna, y por orden de petición del servicio, salvo causa justificada, no debiendo los servicios cubiertos por garantía sufrir ninguna postergación.” Al igual que los demás establecimientos abiertos al público, los SAT tendrán a disposición de los clientes Hojas de Reclamaciones y anunciarán su existencia mediante carteles. Si el SAT no dispone de estas hojas o se niega a facilitarlas, el usuario podrá presentar la reclamación por el medio que considere mas adecuado. Las reparaciones o instalaciones que realice un Servicio de Asistencia Técnica (SAT) deben tener una garantía de al menos tres meses desde que se entrega el aparato al usuario. Si el aparato vuelve a estropearse durante ese periodo, el usuario lo comunicará al SAT que otorgó la garantía y tendrá derecho a la reparación gratuita de las averías garantizadas. La garantía cubre las deficiencias que sean reproducción total o parcial de una avería ya reparada y las que surjan como consecuencia de la misma reparación o instalación. El usuario no tendrá derecho a la reparación gratuita cuando la avería esté causada por un uso inadecuado del aparato o por causas de fuerza mayor, lo que deberá ser probado por el SAT. Tampoco están cubiertos por la garantía los fallos derivados de averías ocultas previamente comunicadas por el SAT y que el usuario no hubiera querido reparar, siempre que dicha circunstancia conste en la factura. La garantía queda anulada si el usuario o terceras personas manipulan o reparan el aparato. Si en garantía se produce una nueva avería y no hay acuerdo respecto a si está cubierta por la garantía, el usuario podrá elegir para la reparación los servicios del SAT garante o los de otros distintos. Si opta por lo segundo, el usuario deberá comunicarlo al SAT que prestó la garantía, con antelación suficiente para que pueda intervenir en el nuevo proceso de reparación. Realizada esta y de persistir la falta de acuerdo, el usuario deberá abonar el importe, y después podrá presentar denuncia ante los Servicios de Consumo. Todos los gastos que ocasione la nueva reparación correrán a cargo del SAT, incluidos los siguientes: El transporte que la reparación exija y el desplazamiento de los operarios, siempre que correspondan a los abonados en factura anterior. Las piezas de repuesto y el material. Los impuestos. A estos efectos puede consultarse el artículo 6. Entiéndase, sin perjuicio de lo previsto de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por el que se regula el régimen de garantías y responsabilidades. Las hojas de reclamaciones viene ejemplarizada en el anexo del reglamento y pueden ser utilizadas por cualquier usuario que crea no ser atendido correctamente por un servicio de asistencia técnica ante la autoridad competente o Asociación de Consumidores y Usuarios. En cualquier caso, la no existencia o negativa a facilitar las hojas de reclamaciones, faculta al usuario a presentar la reclamación por el medio que considere mas adecuado. El procedimiento de reclamación, sin perjuicio del establecido en la normativa propia sobre defensa de los consumidores y usuarios, se detalla en el artículo 7.6 y ss., el cual podemos resumir de esta forma: 1. El usuario de un SAT podrá solicitar a la persona responsable que se halle al frente del mismo la entrega de una Hoja de reclamaciones. 2. El usuario deberá hacer constar su nombre, domicilio y número del documento nacional de identidad o pasaporte, así como los demás datos a que se refiere el impreso, exponiendo claramente los hechos motivo de queja, con expresión de la fecha en que esta se formule. 3. El usuario remitirá antes de que transcurra un mes desde la finalización de la garantía o la entrega del aparato, en su caso, el original de la Hoja de reclamaciones a las autoridades competentes en materia de consumo correspondientes al lugar donde se encuentre ubicado el servicio de asistencia técnica, conservando la copia verde en su poder y entregando la copia rosa al director o persona responsable del SAT. Al original de la reclamación el usuario unirá cuantas pruebas o documentos sirvan para la mejor valoración de los hechos, especialmente el resguardo o factura. 4. El servicio de asistencia técnica deberá cumplimentar los datos de identificación del mismo que constan en la Hoja de reclamaciones. Una vez expuestos los motivos de queja del usuario, la Hoja de reclamaciones podrá ser suscrita por el establecimiento, que podrá realizar cuantas consideraciones estime oportunas respecto de su contenido, en el lugar habilitado para ello. 5. En el plazo de quince días hábiles desde la recepción, la autoridad competente en materia de consumo acusará recibo al reclamante y, caso de considerarlo pertinente, dará traslado de la queja a la empresa afectada, asociación de SAT y entidades oportunas otorgándoles un plazo de diez días hábiles para que aleguen cuanto estimen conveniente. 6. La autoridad competente en materia de consumo pondrá en conocimiento del interesado todas las actuaciones realizadas. 7. El desistimiento del usuario en la reclamación implicará el archivo de las actuaciones practicadas, sin perjuicio de la potestad de la administración para incoar expediente de oficio por cualquier irregularidad que proceda. 8. Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo fijado para ello, la autoridad competente en materia de consumo iniciará, si procediera, la tramitación del oportuno expediente, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de defensa del consumidor; sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan. Continuar Leyendo
En Poder Judicial,
Se ha publicado en el BOE de 1 de marzo de 2011 el Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2011. Como es fácil adivinar de acuerdo con la Ley de presupuestos se establecen restricciones a la incorporación de personal de nuevo ingreso determinando que el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público será como máximo igual al 10 por ciento de la tasa de reposición de efectivos con carácter general, tasa que se fija en hasta el 30 por ciento para el acceso a los Cuerpos de funcionarios docentes. Igualmente se indica que la reposición de efectivos se concentrará en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el ámbito de la Administración de Justicia se convocan un total de 1254 plazas, correspondiendo 371 al Ministerio de Justicia y 883 a las Comunidades Autónomas. El desglose del número de plazas correspondiente a cada cuerpo lo tenéis en esta imagen: Continuar Leyendo

References: artículo 76
 artículo 878
 artículo 71
 artículo 76
 artículo 78
 artículo 79
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 1941
 artículo 444
 artículo 1941
 artículo 441
 artículo 1956
 artículo 1941
 artículo 1945
 artículo 1948
 artículo 1944
 artículo 1946
 resolución 
 resolución 

Resolución 
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 Real Decreto 
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 Resolución 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 1281
 artículo 396
 artículo 12
 artículo 17
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 1
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 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 7
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