Source: http://crysol.blogspot.com/2018/07/
Timestamp: 2019-03-23 12:31:55+00:00

Document:
Crysol: julio 2018
Fiscal Perciballe pidió nuevos procesamientos
Fiscal Perciballe pidió procesamiento de ocho ex militares por
La Diaria - 31 7 18
Ayer de noche el informativo de TNU dio a conocer –y luego fue confirmado por la diaria– que Ricardo Perciballe, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pidió el procesamiento de ocho oficiales retirados por delitos de tortura a cerca de una treintena de detenidos por la dictadura que fueron recluidos en el centro clandestino conocido como “300 Carlos”, que funcionó entre 1975 y 1977 y estaba ubicado dentro del cuartel del entonces Batallón de Infantería Blindado Nº 13 (Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle).
Los oficiales retirados son Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas. Los tres últimos ya habían sido condenados por diversos delitos de terrorismo de Estado. En el caso del coronel retirado Ramas, que cumple prisión domiciliaria en Piriápolis, en setiembre de 2017 la jueza penal de 2º Turno Marcela Vargas realizó una audiencia en la casa del ex militar por la causa del "300 Carlos", pero el acusado se amparó en el derecho a no declarar. Antes se había excusado de ir a la sede judicial por razones de salud, pero el colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis denunció que Ramas había sido visto paseando por la rambla del balneario, violando la prisión domiciliaria.
Buscando a Ferro
Justicia uruguaya investiga intrigante
contradicción en la fuga del represor desde España.
Por Enrique Blixen – Brecha – 27 7 18
Una denuncia sostiene que el militar prófugo reingresó a Uruguay el día que supuestamente era detenido en Madrid. Mientras se investiga el dato, se revelan otros detalles de su segunda fuga: quedó en libertad mientras se sustanciaba su extradición, porque un fiscal español consideró que sus delitos habían prescripto.
Ferro por Ombú
Puesto que la cooperación judicial entre países se apoya en gran medida en la confianza mutua (de lo contrario sería imposible concretar cualquier pedido de extradición), la fuga del coronel (r) Eduardo Ferro (si es que existió), ubicado por Interpol en Madrid a fines de agosto de 2017, se convierte en un gran escándalo internacional que debería tener graves consecuencias, a menos que todos miren para el costado: el Estado español violó flagrantemente el tratado de extradición firmado con Uruguay en 1996 y aún no ha dado una explicación oficial de por qué no ha concretado todavía la entrega del responsable de múltiples delitos de lesa humanidad (entre ellos el asesinato de María Claudia García de Gelman y las desapariciones de Fernando Miranda y Óscar Tassino).
La explicación es simple: aunque la extradición fue concedida por el Consejo de Ministros del gobierno español, con la firma del entonces presidente Mariano Rajoy, la entrega del requerido, que supuestamente debía permanecer en prisión administrativa, no pudo concretarse porque Ferro estaba en libertad y se tomó las de Villadiego, gracias a una “mano solidaria” que le extendieron unos magistrados españoles.
La primera sospecha que se instaló cuando se supo, en mayo pasado, que Ferro se había vuelto a fugar apuntaba a la cancillería y a la embajada uruguaya en Madrid, en el supuesto de que el incumplimiento de algún trámite burocrático había facilitado la liberación del requerido. Pero el abogado de Ielsur, Martín Fernández, que representa a la familia Tassino en el proceso judicial, fue contundente al afirmar que “se cumplieron con todos los plazos y los requerimientos, y no hubo nada parecido al caso Tróccoli”.
Fernández explicó a Brecha que concurrió reiteradas veces a la cancillería para conocer los detalles del extraño episodio y que la cancillería aguarda explicaciones del gobierno español, las cuales aún no han llegado, pese a que han transcurrido dos meses desde que se comunicó desde Madrid que Ferro había obtenido la libertad.
Extraoficialmente se conocen ahora detalles que explican la “suerte” de Ferro. El ex coronel de Ingenieros, cuya carrera estuvo determinada por su actuación como oficial de inteligencia –fue jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) y responsable del espionaje militar al referéndum contra la ley de caducidad–, había fugado de Uruguay cuando la justicia penal lo conminó a presentarse ante el magistrado para un interrogatorio. El 7 de setiembre de 2017 supuestamente fue detenido en un hotel de Madrid y la Interpol fue informada debido a que existía un pedido de captura internacional.
Inmediatamente el juzgado tramitó el pedido de extradición, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras se aguardaba la decisión de la justicia española, que aparentemente estaba estudiando la pertinencia de la extradición en función de las pruebas y argumentos aportados por el magistrado uruguayo, un fiscal pidió la excarcelación de Ferro con el argumento de que los delitos que se le imputaban habían prescripto (lo que no es cierto, porque tales delitos de lesa humanidad son imprescriptibles). El juez aceptó el criterio del fiscal y ordenó su excarcelación.
Según el abogado Fernández, todo el episodio fue “entre gallos y mediasnoches”. La liberación de Ferro ocurrió, según fuentes españolas, el 23 de noviembre de 2017, pero recién fue comunicada a las autoridades uruguayas el 24 de mayo de 2018. Tan subrepticia habría sido la excarcelación que en el escrito por el que se concede la extradición el Consejo de Ministros español consigna que Ferro estaba preso.
Para el abogado de Ielsur la medida impulsada por el fiscal y aceptada por el juez no tiene precedentes y es de una extrema gravedad, más en función de la calidad de los delitos que se le imputan al extraditable. Le parece inadmisible que Uruguay no fuera enterado de esa decisión hasta seis meses después. “Es un episodio muy oscuro –dijo a Brecha– que revela los poderosos contactos y relaciones de Ferro”. Fernández descarta que se trate de un error por el cúmulo de elementos que revelan la intención de ocultamiento; considera que cualquiera sea el tenor de la explicación que el Estado español le debe a Uruguay, la justicia española no puede permanecer muda. El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo tampoco ha dado a conocer una posición pública al respecto.
La orden de captura del ex coronel de inteligencia ha sido reiterada, pero el rastro se ha perdido totalmente. Esté donde esté, para seguir en libertad Ferro debe manejarse con documentación falsa y contar con abundantes recursos. En principio no podría cobrar su jubilación militar.
Pero hay aún más, y a ello se debe el uso de ciertos condicionales en esta crónica. Según confirmó a Brecha, el fiscal penal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe recibió recientemente una denuncia de un testigo que afirma haber viajado con Ferro en un avión de Iberia, desde Madrid a Montevideo, y de haberlo observado detenidamente mientras Ferro hacía la cola para presentar sus documentos en las ventanillas de Migración. El testigo no tiene dudas sobre la identidad porque acostumbraba verlo pasear con sus perros por las calles de Punta del Este cuando en la década del 90 fue jefe de seguridad en un hotel del balneario.
La denuncia incorpora un elemento paradójico: el avión de Iberia despegó de Madrid el 6 de setiembre y aterrizó en Montevideo, sin escalas, en la mañana del 7 de setiembre de 2017. La presencia de Ferro en Carrasco coincide con la fecha en que, según las comunicaciones oficiales españolas a la embajada uruguaya, era detenido e ingresaba en un instituto de reclusión para cumplir la prisión administrativa mientras se sustanciaba el pedido de extradición.
La denuncia promovió una investigación a cargo de la unidad policial de Delitos Complejos. Se trata de establecer si Ferro efectivamente reingresó al país en setiembre. El chequeo es en principio simple si el requerido utilizó su pasaporte real, como dicen que usó al ingresar a España. Pero si Ferro viajó con documentación falsa, el estudio de las listas de pasajeros y el análisis de las cámaras de televisión en el aeropuerto será más complejo. La denuncia también obliga a confirmar la partida del prófugo en 2017. El fiscal Perciballe indicó a Brecha que todavía no tiene ningún elemento sólido como para considerar que Ferro regresó a Uruguay en setiembre de 2017, pero apuntó que el testigo fue muy firme y consistente en su relato.
En principio, una contradicción como la que presenta la denuncia debería explicarse por una simple confusión. Pero por las características de la trama española y la ayuda que recibió Ferro de la hermandad de terroristas de Estado españoles (que exhiben antecedentes de complicidad con criminales perseguidos de las dictaduras latinoamericanas) es sano plantearse todas las dudas, poner bajo cuestión todos los detalles, empezando por preguntar si realmente estuvo preso en Madrid.
La historieta no sería descabellada teniendo en cuenta la imaginación que Ferro aplicó en las operaciones de inteligencia cuando era el “Guillermo” que actuaba en Buenos Aires para el Sid en dictadura o se esforzaba por infiltrar a los partidos políticos de izquierda desde la Dgid, ya en democracia.
En todo caso, inevitablemente surgirán indicios de sus travesuras por el mundo. Una clandestinidad como la de Ferro no se sostiene sin apoyos considerables y generosos de todo tipo, y siempre quedan huellas.
Por la victoria del pueblo
Reseña de "Kollontai, apuntes de resistencia",
dirigida por Nicolás Méndez Casariego.
Por Guilherme de Alencar Pinto - La diaria 24 7 18
La intrigante sonoridad del título puede hacer pensar en una de las películas indigenistas del boliviano Jorge Sanjinés, pero en realidad es una alusión un poco elíptica a la Operación Alejandra, que a su vez fue bautizada en tributo a la revolucionaria bolchevique Alieksandra Kollontay (1872-1952). Esta operación involucró a un grupo político militante obrero uruguayo, cuya plana mayor se refugió en Buenos Aires cuando arreció la represión durante el gobierno de Juan María Bordaberry, y desde allí coordinaron, junto a los que permanecieron en suelo nacional, planes y acciones para intentar derrocar la dictadura uruguaya.
Esencialmente, se trata de la historia de la fundación, en 1975, en la clandestinidad y, sobre todo, en Buenos Aires, del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo), y de las operaciones de resistencia que llevó a cabo durante la dictadura. El director de Kollontai, apuntes de resistencia, Nicolás Méndez Casariego, es argentino, hijo de uruguayos, y filmó la película con la perspectiva de informar ese importante costado de la historia, no desde el punto de vista de conocedores de la historia reciente de este país, sino para un público general.
La trama tiene sus complejidades, pero está expuesta en forma amplia y accesible. Parte de la descripción del Uruguay próspero y democrático, tal como podría lucir a inicios de los años 60; describe la profundización de las contradicciones sociales en el correr de la década, la represión y conflictividad en los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Bordaberry, el golpe de Estado uruguayo en 1973, la expansión de la epidemia dictatorial en la región con el golpe de Estado de Chile en 1973 y el de Argentina en 1976, la terrible represión coordinada que fue posible a partir de entonces, y luego las grandes manifestaciones de apertura que siguieron al plebiscito de 1980.
Se trazan los orígenes del PVP en la FAU (Federación Anarquista Uruguaya), en el movimiento sindical, la formación de la ROE (Resistencia Obrero Estudiantil) y su brazo armado OPR-33 (Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales). Se explican sucintamente las diferencias entre esta (de tendencia específicamente obrera, concentrada en apoyar las acciones determinadas por los sindicatos) y el movimiento tupamaro (que se describe como foquista). Luego se cuenta la formación, en el exilio, del PVP y de las ideas para derrocar la dictadura, incluyendo el plan, bastante delirante y sin dudas curioso, de inventar una ficticia marca de cosméticos Vilox (estilizada como ViloX para poner el énfasis en la X –“por la”– y la V –“victoria”–) y así incorporar ese elemento característico del capitalismo y de la modernidad (la propaganda comercial en medios masivos) para darlo vuelta en la forma de mensajes cifrados o subliminales, y además para propiciar instancias para filtrar materiales de propaganda política más explícita. El énfasis de la película está en ese período, y culmina con la brutal represión que siguió al golpe argentino, que liquidó a casi toda la plana directiva del PVP, sin llegar a destruir el movimiento, que nunca cesó su actividad resistente.
Quizá los hechos contados, uno a uno, no sean una novedad absoluta, salvo alguna minucia. Pero el relato como un todo es novedoso, y puede ayudar a redimensionar el papel histórico del PVP (es impresionante constatar cómo tantos de los nombres más notorios entre las víctimas directas de la dictadura –muertos, desaparecidos, presos, familiares de niños desaparecidos– integran o integraron ese movimiento). Sobre todo, la película contrasta con la tendencia del relato histórico y de cierta modalidad amnésica o enajenada de recordar la dictadura como un tiempo en que la resistencia se anuló.
Para los estándares de un documental latinoamericano, la película parece haber contado con buenos recursos. Son muchísimos los militantes entrevistados, junto a la lúcida voz del historiador Álvaro Rico. Hay una cantidad enorme de material de archivo. Se escuchan algunas canciones de la época. Hay reconstituciones ficcionalizadas. Las imágenes están posproducidas para lucir con la mayor nitidez posible, más allá de sus orígenes diversos (súper 8 desgastados, videos caseros, junto a registros realizados en forma profesional). Los varios documentos gráficos estáticos (páginas de periódicos, panfletos, fotos, hojas tipeadas) están elaborados con animaciones que destacan las palabras o frases que los realizadores consideraron más relevantes o llamativas, y que muchas veces bailan delante de nuestros ojos. Para contornear la concentración absoluta en el hilo narrativo, el montaje no pierde el menor pretexto como para relajar por algunos segundos en elementos ilustrativos (alguna propaganda pintoresca, fachada, mapa, y una significativa atracción por los procesos fabriles-industriales).
Me frustran un poco las declaraciones reducidas a una o dos frases efectivas, que no alcanzan a dar cuenta de qué dijo el declarante. En este caso, a diferencia de otros documentales que optan también por ese estilo truncado, la cantidad de declarantes es tan grande que, de alguna manera, montando de uno a otro se construye un sentido claro. Suena música durante un porcentaje enorme del metraje (predomina una especie de tango piazzolleano con armonías oscuras, ominosas, a veces con ritmo de candombe), y también aquí hubiera sido bueno un poquito más de aire.
El resultado es, de todos modos, entretenido, ágil, claro, y cumple un papel importante en la construcción de un relato histórico que busca compensar las distorsiones propiciadas por Julio María Sanguinetti y muchos tupamaros. Constituye, además, un importante y motivador homenaje a la actividad resistente durante la dictadura, y a una visión de la izquierda política con un decidido foco puesto en la clase trabajadora.
Kollontai, apuntes de resistencia. Nicolás Méndez Casariego.
Martes 31: colocan placa por Alvaro Balbi
Organizaciones repudiaron vandalización de placas
Denuncian que estos episodios expresan
“ofensiva de los sectores más reaccionarios”
La diaria - 26 7 18
Foto - Andrés Cuenca
La lluvia no impidió que un numeroso grupo de personas se concentrara ayer frente al Hospital Militar para repudiar los últimos actos de vandalización de las placas de la memoria. Al caer la noche, la gente se amontonó bajo los paraguas para escuchar a la oradora del acto, la actriz Gabriela Iribarren, quien se encargó de darle voz a la proclama escrita por organizaciones sociales y de derechos humanos. “Estos y otros sucesos son acciones de un sector civil y militar que se resiste a vivir en democracia, y que se expresa de distintas formas: en los discursos y dichos de muchos actores políticos y en atentados como estos”, comenzó la oradora.
“La impunidad no es algo abstracto: es una realidad construida intencionalmente a partir de intereses concretos”, continuó, y agregó que estos hechos “expresan una ofensiva de los sectores más reaccionarios”. “Frente a las acciones de fascismo no permaneceremos indiferentes ni seremos omisos”, manifestó, y llamó “a defender la memoria como una trinchera, a redoblar fuerzas y esfuerzos desde las organizaciones” y a “enfrentar las amenazas” con más lucha, verdad, memoria y justicia.
La movilización surgió en rechazo a los últimos actos de vandalización con pintura verde de las placas de memoria ubicadas en el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva y frente al Hospital Militar. El autor de estos hechos, el coronel retirado Carlos Díaz Vecino, fue condenado por la Justicia a cumplir con una pena de seis meses de libertad vigilada y obligado a reparar y limpiar ambas placas. Pero estos no fueron los últimos episodios. En la tarde del lunes, una vecina encontró la placa de la memoria del Hospital Militar tirada en el piso. Ese mismo día, según informó la diaria, el Ministerio de Defensa Nacional presentó una denuncia policial ante la Seccional 9ª y volvió a colocar la placa en su lugar.
Juan Ludzcanoff, integrante de la Mesa Permanente contra la Impunidad, recalcó a la diaria que estos hechos “son atentados” llevados adelante por una “persona que expresa una actividad fascista que viene in crescendo”. Si bien destacó como positivas las acciones tomadas por las autoridades de los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa, que repudiaron los incidentes y denunciaron ante la Policía los casos, explicó que todos estos ataques suceden porque hay un “marco de impunidad que permite que existan las amenazas y los atentados”.
Para Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, la impunidad muchas veces se puede ver en la postura que toma el Estado frente a hechos de este tipo. “Yo saludo que haya habido una acción eficaz por parte de las autoridades luego de los atentados contra las placas de la memoria y que se haya identificado al responsable, pero también hay una larga lista de hechos anteriores que siguen impunes. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y dar respuestas adecuadas ante estos hechos”, sentenció.
Presentan Veintidós vidas
Presentan Hermanos en Conversa
65 aniversario del Moncada
Toledo camino a la Memoria
El sábado 21 de julio a partir de las 13:00 horas el Colectivo de Memoria de Toledo señalizará el camino que lleva al Sitio de Memoria donde están las fosas donde aparecieron los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.
Son cerca de dos km donde se colocarán los carteles realizados artesanalmente por el Colectivo, nombrando al camino como CAMINO A LA MEMORIA.
Convocamos a los colectivos de la Red Pro Sitios de Memoria a acompañar esta acción llevada adelante por el Colectivo de Memoria de Toledo, que integra la Red.
El encuentro se realizará en la Plaza de Toledo a las 13 hs, para partir desde allí.
En Febrero de 2019, Uruguay será sometido al Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas.
A continuación transcribimos el informe que para dicha instancia elaboró y presentó formalmente nuestra organización.
INFORME DE CRYSOL
EX PRESAS Y EX PRESOS POLÍTICOS DE URUGUAY
CRYSOL es la asociación civil de ex presas y ex presos políticos de Uruguay. Como tal, promueve la defensa de los derechos de sus asociados en particular y de todas las víctimas del terrorismo de Estado en general en el marco de lo dispuesto por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
Fundada el 20 de junio del año 2000, cuenta con personería jurídica. Su labor procura avanzar en la educación, promoción y defensa de los Derechos Humanos en Uruguay, así como a la afirmación de la Democracia, la participación ciudadana y la solidaridad con quienes son vulnerados en sus derechos.
Sus esfuerzos más destacados están orientados a alcanzar una eficiente y adecuada actuación del Sistema de Justicia, en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes de la pasada dictadura cívico militar; a desentrañar la verdad de los hechos (en particular del paradero de quienes hoy son mantenidos en condición de desaparición forzada); a promover y preservar la Memoria colectiva de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado (también de las diversas expresiones de resistencia de la población civil a la dictadura); a alcanzar una adecuada reparación integral para las víctimas y sus familiares y a promover la adopción por parte del Estado Uruguayo, de las máximas garantías de no repetición del terrorismo de Estado.
1. La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país. Se comenzó a gestar en el momento en que el Presidente Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas.
2. Redistribuyó la riqueza nacional de manera negativa y perjudicial para la población. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur. Fue una tragedia nacional.
3. En materia de violaciones a los DDHH tuvo un costo altísimo. La aplicación de tal proyecto de país implicó alrededor de 200 detenidos desaparecidos, 200 asesinados, más de 7000 condenados por Tribunales Militares, miles de personas privadas de su libertad. Miles de ciudadanos obligados a exiliarse. (1)
4. La privación masiva de la libertad a los opositores, asociada a la tortura y a la reclusión prolongada en condiciones crueles e inhumanas, fue la metodología deliberadamente seleccionada por el régimen. Uruguay, en ese período, fue el país con la mayor cantidad de presos políticos en proporción a su población. (2)
La actuación del Sistema de Justicia en Democracia
5. En el sistema democrático republicano de Uruguay el poder judicial tiene el monopolio exclusivo de ejercer la justicia. Es el único órgano estatal con potestades plenas para investigar y sancionar las actividades delictivas de aquel período.
6. Sin embargo no ha encarado nunca la indispensable investigación criminalística para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, muy especialmente lo referido a los detenidos desaparecidos.
7. La investigación, el esclarecimiento y la sanción de los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos es el único camino que puede impedir que las mismas vuelvan a repetirse.
8. En Uruguay solamente alrededor de 30 personas han sido condenadas, con todas las garantías del debido proceso por estos delitos. En la actualidad solamente 10 permanecen detenidas.
9. En el año 1986, el gobierno del Dr Julio María Sanguinetti aprobó la Ley 18.548, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado, que actuó como una verdadera ley de amnistía para todos los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante el período del terrorismo de Estado. La ley 18.548 maniató al Poder Judicial, vulnerando el sistema republicano de gobierno, y lo supeditó a las decisiones del Poder Ejecutivo.
10. En octubre del año 2009, a través de la Resolución 365/2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley y su no aplicabilidad para el caso Nibia Sabalzagaray, estudiante asesinada por torturas en 1974 en un cuartel militar. (La declaración de inconstitucionalidad de una ley en Uruguay, sólo es válida para el caso concreto y no determina la invalidez de la ley para el resto de los casos). Este juicio condujo al procesamiento del Gral en actividad Julio Dalmao.
11. En febrero de 2011, la Corte Interamericana de DDHH, en el caso Gelman vs Uruguay declaró la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad por violentar la normativa internacional suscrita por el país y condenó a Uruguay. En octubre de ese año, el Parlamento aprobó la Ley 18.831 la que, en su artículo 1º, restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, anulando, en los hechos, la Ley de Caducidad. Eliminó todos los obstáculos legales para la actuación del Poder Judicial.
12. En febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante la Resolución 20/2013, declaró inconstitucionales los Artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 que consideraban imprescriptibles e inamnistiables las graves violaciones a los DDHH del período dictatorial. El Presidente de dicho cuerpo declaró públicamente que quienes quisieran juzgar las graves violaciones a los DDHH se encontrarían con “una muralla” que se opondría. El rechazo a nivel del país y de la opinión pública internacional, unido a cambios en la integración del cuerpo, generó una flexibilización de su postura y el avance de algunas investigaciones.
13. La designación en el año 2016 de la Dra. María Elena Martínez Rosso para integrar la Suprema Corte de Justicia, al sumarse a los Dres Jorge Chediak y Eduardo Turell, ha generado una nueva mayoría en dicho órgano que desconoce las normas internacionales de DDHH desde el Tribunal de Nuremberg, desacata la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay. Es un claro riesgo de que consagre la impunidad sobre todas las causas de graves violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado. Cabe aclarar que los otros dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Dr Felipe Hounie y la Dra. Bernadette Minvielle han expresado su voto discorde con el dictamen de la mayoría.
14. La sentencia 680/2017 de la Suprema Corte de Justicia, aprobada en setiembre del año pasado, es un claro ejemplo de la postura hegemónica. Todos los casos posteriores que han llegado a dicho órgano se han basado en dicha sentencia para clausurar las investigaciones judiciales e imponer la impunidad.
15. Especialmente desde el año 2005 el Estado uruguayo comenzó a abordar de manera efectiva el resarcimiento a las víctimas del terrorismo estatal. Fundamentalmente lo hizo a través de la Ley 18.033 y la Ley 18.596. Ambas leyes fueron un gran avance en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. Sin embargo presentan insuficiencias y carencias que han motivado sendas recomendaciones por parte de la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 (3) y también del Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff en el año 2014. (4)
16. Básicamente los cuestionamientos son dos: el resarcimiento no abarca a todas las víctimas del terrorismo estatal, en lo referido a las personas privadas de su libertad y sometidas a tribunales militares. Además, para acceder a dicho resarcimiento, denominado Pensión Especial Reparatoria (PER), artículo 11 de la Ley 18 033, las víctimas deben renunciar a todo tipo de beneficios sociales, jubilaciones y pensiones, desnaturalizando el sentido y la naturaleza del beneficio del resarcimiento.
17. Los niños y adolescentes de la época que eran familiares directos de las y de los ex presos políticos (hijos y hermanos) que sufrieron el acoso y la violencia no han sido resarcidos hasta el momento, salvo parcialmente en materia de salud.
18. La Ley 18 033 fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 106/2007 de una manera sumamente restrictiva lo cual perjudica negativamente a los cónyuges y causahabientes de los ex presos políticos cuando fallecen. También a ellos se los obliga a renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones. Lo mismo ocurre con aquellos hijos discapacitados.
19. La Ley 18 596 fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 297/2010 que restringe el acceso a los servicios de salud, impidiendo la libre elección del prestador en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) como lo señala el Artículo 10 de la norma legal.
(1) Uruguay Nunca Más. Serpaj. 1989
(2) Uruguay Nunca Más. Serpaj. 1989
(3) REPARACIONES - Fundamento del derecho a la reparación en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Responsabilidad estatal en base a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos. Necesidad de adecuación de la normativa nacional.
Recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo - Montevideo, 6 de diciembre de 2012.
(4) Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, relativo a su misión al Uruguay (30 de septiembre al 4 de octubre de 2013).
1) Sentencia 20/2013 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
2) Sentencia 680/2017 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
3) Informe sobre Reparaciones de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de 6 de diciembre de 2012.
Entrevista a delegación en Chile
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Reunión con la Dra Birgit Gerstenberg
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References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 11
 Artículo 10