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Timestamp: 2020-08-04 05:58:35+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1993-1260
Documento BOE-A-1993-1260
«BOE» núm. 16, de 19 de enero de 1993, páginas 1232 a 1246 (15 págs.)
BOE-A-1993-1260
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/1992/11/24/11
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el <Boletín Oficial de Aragón> y en el <Boletín Oficial del Estado>; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.
La ordenación del territorio, concebida en sentido amplio, de conformidad con la Carta Europea, como la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, constituye una de las áreas de actuación de los poderes públicos más claras e importantes en orden a conseguir un uso y disfrute equilibrado y óptimo del territorio y de sus recursos naturales, compatible con su protección y mejora, y, definitiva, a proporcionar una adecuada respuesta a los deseos sociales de elevar la calidad de vida, individual y colectivamente.
A esta idea responden el artículo 40 de la Constitución, que confía a los poderes públicos la promoción de las condiciones que sean favorables para el progreso social y económico de la colectividad, para la distribución más equitativa de la renta regional y para la lucha contra el paro; el artículo 45 del propio texto fundamental, que, después de consagrar el derecho de todos al disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, atribuye a dichos poderes públicos la obligación de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, y el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Aragón, conforme al cual corresponde a los poderes públicos aragoneses, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impulsar una política tendente a la mejora y equiparación de las condiciones de vida y trabajo de los aragoneses y promover la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad.
Se trata de una idea que justifica, por tanto, la intervención no sólo de los poderes generales del Estado, sino también y específicamente de los autonómicos. Es, en concreto, el artículo 35.1.3. del Estatuto de Autonomía de Aragón el que, en concordancia con el artículo 148 de la Constitución Española, atribuye a esa Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de <ordenación del territorio, urbanismo y vivienda>.
A su vez, se establece, pasando al plano de la ejecución, que las previsiones contenidas en las Directrices Parciales y, excepcionalmente, en las Generales de Ordenación del Territorio se ejecutarán mediante Programas Específicos de Actuación o Gestión de Ambito Territorial y se agilizarán, coordinando la gestión de las administraciones públicas mediante procedimientos de gestión coordinada; los primeros definirán las actuaciones concretas a realizar en un determinado ámbito territorial, sector y período de tiempo, así como la forma de financiación de las mismas, y los segundos facilitarán la adecuada coordinación entre los distintos ámbitos de la administración necesaria en el proceso de gestión del territorio.
Por otra parte, se tiene en cuenta la necesaria articulación con la política territorial de la Administración del Estado, a la vez que se prevé y asume la imprescindible participación de las corporaciones locales y de toda la sociedad, estableciéndose al efecto los oportunos mecanismos de consulta, colaboración y control, así como la posibilidad de suscribir convenios con todas las administraciones públicas, incluidas las Comunidades Autonómas limítrofes.
Por último, se crea un Centro de Documentación Territorial de Aragón destinado a reunir, sistematizar e investigar cuestiones relacionadas con la problemática territorial aragonesa, preparando los medios para que la información esté disponible y actualizada.
En su título II, la Ley introduce, asimismo, medidas de fomento del desarrollo socioeconómico equilibrado de Aragón, en forma de ayudas y beneficios de índole urbanística, en función del uso del territorio, para conseguir la conservación de la población, la mejora de la accesibilidad o el acceso a la vivienda. Asimismo, introduce medidas de fomento para la ejecución de programas sectoriales destinados a la recuperación de la población, del medio natural y del patrimonio arquitectónico.
- La agilización y seguridad de trámites mediante la coordinación en la Comisión de Ordenación del Territorio de las propuestas sectoriales de urbanismo, medio ambiente y patrimonio, y la puesta en práctica de un procedimiento para la coordinación y agilidad en la toma de decisiones sobre las autorizaciones para el uso del territorio, actualmente dispersas en varios órganos de la Administración autonómica.
- La utilización de una estructura supramunicipal que permita resolver la gestión de asuntos de incidencia territorial referentes a la dotación de accesibilidad, al abastecimiento y depuración de aguas, al tratamiento de residuos, a la preparación de suelos productivos y a la colaboración y gestión de programas específicos de desarrollo comarcal.
Artículo 1. 1. La presente Ley tiene por finalidad la regulación de las bases en las que se apoya el ejercicio de la competencia exclusiva para la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Art. 2. Son objetivos fundamentales de la ordenación del territorio:
e) Identificar las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por su riqueza paisajística, ecológica o cultural, deban ser objeto de especial protección y ser sometidos a gestión sectorial específica en desarrollo de la legislación agraria, de protección del medio natural o del patrimonio cultural.
g) Favorecer la vertebración del territorio y su conexión con los principales núcleos de actividad, nacionales y extranjeros, mediante la creación e impulso de las infraestructuras de comunicación y transporte.
Art. 3. El análisis del territorio de Aragón debe considerar al menos los elementos siguientes:
- Las tendencias de desarrollo urbano.
Art. 4. 1. El cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo anterior es responsabilidad de todas las administraciones públicas. A esos efectos, las administraciones públicas actuantes en el territorio de Aragón procurarán que se alcancen los objetivos propuestos en la presente Ley, estableciendo las medidas oportunas, dentro de las competencias que a cada una le correspondan.
Art. 5. 1. A los efectos de una mejor coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas, podrán celebrarse toda clase de acuerdos, convenios o conciertos con la Administración del Estado y con las entidades integrantes de la administración local.
Art. 6. 1. La ordenación y coordinación en contenido y plazos de las distintas intervenciones y procedimientos administrativos que inciden sobre los usos y actividades y proyectos que transforman el territorio se realizarán mediante convenios entre administraciones, que regularán la prioridad de las intervenciones de las distintas administraciones y establecerá reglas dirigidas hacia la unidad de los expedientes y resoluciones, asegurando que las decisiones de los distintos organismos de la Administración autonómica se coordinen y se agilicen.
Art. 7. 1. El Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio en Aragón, órganos colegiados de carácter activo y consultivo en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio cultural, serán los órganos competentes para la coordinación de las acciones de los Departamentos de la Diputación General que incidan sobre la estructura territorial de Aragón y del resto de las administraciones públicas, y asumirán las competencias que se les asignan en la presente Ley en las normas que la desarrollen, sin perjuicio de las funciones de asistencia, asesoramiento y evacuación de consultas que les sean requeridas por el Presidente de la Comunidad o el Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, y de las demás funciones que tengan encomendadas.
Art. 8. Se creará un Centro de Documentación Territorial de Aragón destinado a reunir, sistematizar, ordenar, sintetizar e investigar documentación e información sobre el territorio de Aragón, preparando los medios adecuados para que esta información esté actualizada y disponible para los usos necesarios en el análisis, investigación, planeamiento y gestión territorial, y para la promoción y coordinación de otros centros comarcales de documentación territorial de Aragón.
Instrumentos de Ordenación y Gestión del Territorio
Art. 9. La ordenación del territorio aragonés se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos específicos:
c) Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial.
Art. 10. 1. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial son el instrumento básico de ordenación conjunta e integrada de la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial tienen por finalidad la determinación de las previsiones que se consideran necesarias para alcanzar los objetivos generales que se definen en el artículo 2..
El contenido de dichas Directrices habrá de ser respetado en los restantes instrumentos de ordenación y vinculará igualmente al planeamiento urbanístico.
Art. 11. 1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial son instrumentos de desarrollo de las Directrices Generales, a las que se ajustarán; podrán ser Directrices de Ambito Territorial, referidas a partes determinadas del territorio aragonés, o Directrices Sectoriales, referidas a aspectos concretos y específicos comprendidos entre los objetivos fundamentales recogidos en el artículo 2. de esta Ley.
Art. 12. 1. Los Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial son instrumentos de ejecución de las previsiones contenidas en las Directrices Parciales de Ordenación Territorial, mediante la definición de las actuaciones concretas a realizar en un determinado ámbito territorial, sector o sectores y período de tiempo, así como de la forma de financiación y organización de las mismas.
Art. 13. 1. Los procedimientos de gestión coordinada son instrumentos de coordinación, en un ámbito territorial específico, de la gestión de órganos de diferentes administraciones públicas en actuaciones con incidencia sobre la estructura territorial de Aragón o de sus áreas geográficas supramunicipales de características homogéneas o funcionales, así como de coordinación de decisiones administrativas sectoriales, con incidencia territorial, tendentes al desarrollo socioeconómico o a la protección del medio natural y del patrimonio cultural.
Art. 14. 1. En los instrumentos de ordenación del territorio de Aragón se distinguirán con precisión aquellos de sus contenidos que tengan carácter de determinaciones vinculantes de ordenación territorial de aquellos otros que posean solamente naturaleza de directriz orientativa.
Art. 15. 1. Los instrumentos de ordenación del territorio deberán contener un análisis de los efectos que las actuaciones previstas hayan de producir, tanto en el medio económico y social como en el medio ambiente natural; encaminado a prever, valorar y adecuar la posible incidencia que aquéllas hayan de tener sobre un ámbito espacial determinado.
Art. 16. 1. La Diputación General, a propuesta del Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, previo informe del Consejo de Ordenación del Territorio y oídas las corporaciones locales afectadas, trámites que habrán de evacuarse en un plazo máximo de dos meses desde su propuesta, podrá acordar la suspensión parcial de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial o la suspensión total o parcial de los Programas Específicos de Gestión o Actuación Territorial o de los Procedimientos de Gestión Coordinada, a fin de proceder a la revisión o modificación de cualquiera de estos instrumentos o a la elaboración de uno nuevo que lo sustituya.
5. El acuerdo de suspensión se publicará en el <Boletín Oficial de Aragón> y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia o provincias afectadas y se comunicará a las corporaciones locales interesadas.
Art. 17. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:
a) Descripción de los elementos que identifican la estructura del territorio aragonés, formulando un diagnóstico de los programas existentes en relación con la situación y evaluación de cada uno de los componentes de dicha estructura, y el modelo de ocupación del territorio.
c) Establecimiento de un sistema de información y conexión permanente entre las administraciones públicas, a fin de garantizar la disposición
de los datos precisos para la elaboración de los instrumentos de ordenación del territorio y la coordinación de las diversas actuaciones de desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial, procurando la racionalización, simplificación y coherencia entre los respectivos procedimientos.
g) Indicación, de entre las anteriores, de aquellas áreas que deben ser objeto de planes o programas específicos de protección de espacios naturales, con su correspondiente prelación.
h) Enumeración de proyectos motores de la ordenación territorial, de grandes infraestructuras y de otros proyectos de inversión y dotación de equipamientos de interés general comunitario que puedan impulsar el desarrollo de Aragón y recuperar y proteger sus valores principales.
Art. 18. 1. En la indicación de las áreas geográficas a que se refiere la determinación f) del artículo anterior se establecerán, como mínimo, las siguientes categorías:
b) Areas en desarrollo, constituidas por aquellos territorios que se encuentrenen fase de crecimiento y que conservan una cierta capacidad de desarrollo ordenado.
c) Areas congestionadas, formuladas por aquellos territorios en los que la densidad de población y de actividades generan desequilibrio y deseconomías de congestión y problemas crecientes de calidad de vida, de incompatibilidad de usos o de afección al medio natural o estén ya desequilibradas respecto de las dotaciones y equipamientos con que cuentan.
Art. 19. En la clasificación de espacios, elementos naturales y bienes culturales protegidos se diferenciarán tres formas de protección: Activa, pasiva y preventiva.
1. La protección activa se reserva para aquellos espacios naturales, bienes naturales y económicos sometidos a protección específica en ejecución de la legislación sectorial correspondiente.
2. La protección pasiva se aplicará a las áreas del territorio delimitadas por las directrices parciales de ordenación territorial en atención a sus valores urbanísticos, medioambientales, culturales o económicos.
3. Podrá, asimismo, establecerse en las Directrices de Ordenación Territorial otro grado de protección, la protección preventiva transitoria, en áreas genéricamente sensibles, que puede llegar a ser convertida en protección pasiva, o suprimida, al desarrollar los planeamientos de ámbito municipal, planes parciales o especiales, si en dichos documentos se incorporan análisis más precisos del impacto sobre el medio natural o sobre el entorno.
Art. 20. El procedimiento de elaboración de las Directrices Generales es el siguiente:
a) Con la colaboración de los restantes Departamentos y administraciones públicas, corresponde al de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes la elaboración y formulación de un Avance de Directrices Generales, que contendrá todas las determinaciones previstas en el artículo 17 de esta Ley, así como la totalidad de los documentos precisos.
c) Dentro del mismo plazo fijado en el apartado anterior y durante dos meses, el Avance será sometido a información pública, mediante los oportunos anuncios en el <Boletín Oficial de Aragón> y en uno, al menos, de los periódicos de mayor difusión en cada una de las tres provincias.
d) A la vista de las alegaciones formuladas en los trámites señalados y dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización de las consultas e información pública, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes procederá a la redacción del Proyecto de Directrices Generales, el cual previo informe preceptivo del Consejo de Ordenación Territorial a emitir en un plazo de dos meses, se someterá a la Diputación General para su aprobación, con o sin modificaciones.
Art. 21. A partir de la entrada en vigor de las Directrices Generales de Ordenación Territorial, la Diputación General presentará anualmente a las Cortes de Aragón una memoria relativa al cumplimiento de las previsiones de estas Directrices Generales de Ordenación Territorial y a su desarrollo, en su caso, por otros de los instrumentos de ordenación del territorio regulados en esta Ley. En el supuesto de desarrollo, la memoria contendrá también información sobre la ejecución de los instrumentos formulados.
Art. 22. 1. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida, salvo que en su propio texto se indique lo contrario.
Art. 23. 1. La revisión de las Directrices Generales de Ordenación Territorial se llevará a efecto cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Art. 24. Al margen de las circunstancias que imponen la revisión de las Directrices, éstas podrán, simplemente, ser modificadas. La modificación se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento:
b) Una vez elaborado por el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes el proyecto de modificación, se someterá a información pública por término de un mes, mediante los oportunos anuncios en el <Boletín Oficial de Aragón> y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia o provincias a las que la modificación se refiera, sin perjuicio de que, en atención a sus características, pueda someterse, además, a la consideración de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Diputación Provincial y Ayuntamientos directamente afectados.
Art. 25. 1. Salvo lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, las Directrices Generales de Ordenación Territorial vincularán a las administraciones públicas y a los particulares.
Art. 26. 1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:
a) Diagnóstico del área considerada, especialmente en lo relativo a población, recursos naturales y productivos, medio natural, situación socioeconómica, planeamiento urbanístico vigente, modelo de ocupación del territorio y demás aspectos que se estimen de interés en atención a los objetivos perseguidos.
g) Identificación de las circunstancias que implican la consideración de interés social de determinadas construcciones o usos del suelo y precisión de las condiciones para su edificabilidad en suelo no urbanizable no sometido a protección, siempre que se garantice su viabilidad técnica y económica a través de los oportunos proyectos, avales y programación temporal, a determinar en la propia Directriz Parcial.
a) Diagnóstico del sector o subsector, especialmente en lo relativo a sus efectos sobre la situación socioeconómica de las distintas áreas geográficas homogéneas supramunicipales o espacios y sobre el medio natural de Aragón, y en relación con la disponibilidad de suelo conforme al planeamiento urbanístico vigente.
b) Identificación de la estructura del sector en el ámbito supramunicipal o regional, que ordena la Directriz.
c) Medidas de reconversión, cuando se trate de un sector económico en crisis, potenciando la implantación de nuevas actividades económicas mediante los incentivos adecuados.
Art. 27. 1. Con la colaboración de los restantes Departamentos y administraciones públicas, corresponde al Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes la elaboración y formulación de los Proyectos de Directrices Parciales de Ordenación Territorial, bien por su propia iniciativa, bien por orden de la Diputación General.
5. Dentro del mismo plazo fijado en el apartado anterior, el Proyecto será sometido a información pública, mediante los oportunos anuncios en el <Boletín Oficial de Aragón> y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia o provincias afectadas.
Art. 28. 1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida, salvo que en su propio texto se indique lo contrario.
b) Una vez elaborado el Proyecto de modificación, por acuerdo de la Dirección General correspondiente, se someterá a información pública por término de un mes, mediante los oportunos anuncios en el <Boletín Oficial de Aragón> y en uno de los periódicos de mayor circulación en la provincia o provincias a que la modificación se refiere, sin perjuicio de que, en atención a sus características, pueda someterse, además, a la consideración de la Delegación del Gobierno y de la corporación o corporaciones directamente afectadas.
Art. 29. 1. A salvo lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, las Directrices Parciales de Ordenación Territorial deberán ser respetadas por las administraciones públicas, los particulares, los Programas Específicos de Actuación Territorial y los instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística en los mismos términos contemplados para las Directrices Generales en el artículo 25 de la presente Ley.
Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial Art. 30. Los Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:
b) Enumeración y descripción técnica de las actuaciones que integran el contenido del Programa, con referencia a las obras a realizar y a los servicios a implantar, gestionar o explotar en cumplimiento de las previsiones contenidas en las Directrices que se ejecuten.
Art. 31. 1. Corresponde al Departamento o Departamentos competentes por razón de la materia, en coordinación con el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, la iniciativa en la elaboración y formulación de los Programas Específicos de Actuación o Gestión de Ambito Territorial, por acuerdo de la Diputación General.
Art. 32. 1. Corresponderá al Departamento o Departamentos que tengan atribuida la iniciativa en la elaboración y formulación de los Programas la verificación anual de su grado de cumplimiento, así como la propuesta motivada de actualización, adaptación o modificación de aquéllos, tanto en lo que concierne a los plazos de desarrollo de las actuaciones programadas como en lo que afecta a las previsiones financieras.
Art. 33. 1. Las actuaciones previstas para cada año en los Programas Específicos de Actuación o Gestión de Ambito Territorial habrán de ser tenidas en cuenta necesariamente por la Diputación General en la elaboración del proyecto anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma, a remitir a las Cortes de Aragón para su aprobación definitiva.
2. Los Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial constituirán referencia obligada para las administraciones públicas a quienes corresponda la ejecución y gestión de las actuaciones incluidas en los mismos y, en consecuencia:
c) Servirán de base para la implantación de procedimientos de gestión coordinada.
Art. 34. 1. La Diputación General podrá suscribir convenios con las restantes administraciones públicas en orden a la elaboración y desarrollo conjunto de Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial.
2. En particular, la Diputación General, podrá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 de la Constitución, suscribir convenios con Comunidades Autónomas limítrofes con la finalidad de elaborar conjuntamente Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial que incidan en el territorio de ambas.
Art. 35. La aprobación de un Programa Específico de Actuación o Gestión de Ambito Territorial que haya sido sometido a información pública en forma reglamentaria llevará implícita la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación respecto de las obras, instalaciones y servicios comprendidos en las actuaciones programadas y la autorización reglamentaria para la constitución de los entes creados al efecto por los programas.
Art. 36. 1. Con objeto de coordinar la gestión de los distintos órganos de las administraciones públicas en los aspectos de incidencia sobre el territorio, se podrán establecer convenios específicos entre las distintas administraciones para agilizar y coordinar su gestión administrativa, en un ámbito territorial concreto o para un determinado tipo de proyecto, reduciendo la gestión a:
c) Los controles sectoriales que sean exigidos en el convenio o en la autorización administrativa única, en función de los cuales queda garantizado que sean cumplidas las condiciones legales y las condiciones particulares de la licencia.
Art. 37. 1. Se establecerá un procedimiento de Gestión Administrativa coordinada en los asuntos de incidencia urbanística, medioambiental, cultural u otros análogos, en que deban intervenir el Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
Art. 38. 1. Para la gestión adecuada de infraestructuras, servicios y equipamientos de interés o ámbito supramunicipal, podrán establecerse mediante convenio procedimientos de gestión coordinada, que facilitarán el proyecto, la aprobación, la ejecución y la financiación de soluciones de gestión, de ámbito supramunicipal y gestión competitiva.
Art. 39. 1. A solicitud de los Ayuntamientos afectados, y mediante un procedimiento de gestión administrativa coordinada, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes podrá declarar el interés social de un uso, actividad, construcción o implantación en suelo no urbanizable, fuera del suelo sometido a protección por el planeamiento o normativa urbanística o territorial, cuando se justifique para la realización de programas de viviendas sociales o para la implantación de actividades motoras de la economía comarcal de significada trascendencia.
f) Viabilidad económica, justificada mediante la aportación de vales y garantías suficientes, fijadas reglamentariamente, al objeto de que el proyecto sea concluido y conservado adecuadamente.
Art. 40. 1. Se podrá establecer mediante convenio un procedimiento de Gestión Administrativa Coordinada para la transformación de suelo no urbano en nuevos asentamientos de desarrollo en aquellos ámbitos territoriales en los que así se determine por las directrices parciales de ámbito territorial, o por los planes urbanísticos de ámbito municipal, por gestión concertada de la Administración Autónoma y la municipal o supramunicipal.
4. Las convocatorias de estos concursos serán publicadas en el <Boletín Oficial de Aragón> y en los periódicos de mayor tirada.
Art. 41. Se podrán ejecutar programas de gestión coordinada de las administraciones para el establecimiento de reservas de terrenos con destino a su adquisición de patrimonio público de suelo con objeto de que pueda facilitar actuaciones de objetivo territorial a medio y largo plazo.
Art. 42. 1. Con la finalidad de facilitar la consecución de los objetivos perseguidos a través de los instrumentos de ordenación del territorio contemplados en esta Ley, como parte de las estrategias de las directrices, se podrán conceder ayudas, beneficios fiscales o de índole urbanística u otros estímulos, con arreglo todos ellos a la legislación vigente, para crear o ampliar actividades públicas o privadas de carácter industrial, artesanal, turístico, agrícola, ganadero, forestal, comercial o cualesquiera otras análogas con incidencia en el territorio, así como para mejorar la productividad de las actividades de la misma naturaleza ya existentes.
Art. 43. En especial, se podrán conceder subvenciones, beneficios de índole urbanística u otros estímulos, con arreglo a la ley, a aquellas actividades de nueva implantación o de ampliación de las existentes que se localicen en áreas deprimidas, valorando fundamentalmente la creación directa o indirecta de puestos de trabajo motores de la actividad comercial o cualquier otra circunstancia de específica incidencia en la ordenación del territorio, en función de las previsiones contenidas en los instrumentos respectivos.
Art. 44. Tendrán consideración de actuaciones especialmente protegibles las siguientes:
Art. 45. 1. Se programarán acciones específicas para la conservación de la población en áreas geográficas homogéneas supramunicipales seleccionadas, por las directrices generales mediante:
c) Facilitar el acceso a la vivienda a la población autóctona, y especialmente a los jóvenes que permanezcan en un trabajo estable en estas áreas geográficas.
d) Mejoras de la accesibilidad, por medio de inversiones en la red de carreteras, y mejora del transporte colectivo.
Art. 46. 1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren lo prevenido en la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, fuera exigible.
2. En ningún caso se impondrá una doble sanción por unos mismos hechos y en función de unos mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que pudieran deducirse de otros hechos o infracciones concurrentes.
3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción impuesta por ésta excluirá la sanción administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador, con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.
Art. 47. 1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en su caso, procedan, el infractor podrá ser obligado por el Consejo de Ordenación del Territorio a la restitución de las cosas reponiéndolas a su estado anterior, con indemnización de los daños irreparables y de los perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.
2. La Administración podrá, subsidiariamente, proceder a la restitución y reposición de las cosas a su estado anterior a costa del obligado.
Los gastos devengados por esta actuación subsidiaria, así como el importe de indemnizaciones y multas, podrán detraerse, en su caso, de la fianza establecida o, de ser insuficiente, ser exigidos por la vía administrativa de apremio.
3. También podrá la Administración imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado en los requerimientos correspondientes, sin que su cuantía pueda exceder, en cada caso, de 500.000 pesetas por mes, salvo que el interés legal devengado por el importe del coste presupuestado de tal restitución o reposición, reconocido por el interesado, en dichos lapsos de tiempo, fuera superior, en cuyo caso, el límite máximo de la multa coercitiva será del doble de la cuantía de dicho interés.
Art. 48. 1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en graves y leves.
a) La desatención reiterada e injustificada a los requerimientos dirigidos por los órganos administrativos competentes realizados para el cumplimiento de esta Ley.
b) Las actuaciones que provoquen la transformación de las condiciones legales o reales de los terrenos por la que se haga imposible la ejecución de las infraestructuras, equipamiento, obra, servicio o instalación proyectada, o se afecte a espacios o bienes protegidos por alguno de los instrumentos de la Ley.
c) La aprobación de cualquier instrumento de ordenación previsto en la legislación urbanística que contravenga las determinaciones contenidas en los instrumentos territoriales regulados en esta Ley.
d) La realización de actos de ejecución urbanística que contravengan, en términos tales que no sea posible su legalización, las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación del territorio regulados en esta Ley.
e) Las infracciones graves recogidas por la legislación específica en materia urbanística o medioambiental.
f) Cualquier acción u omisión que infrinja las prohibiciones contenidas en los instrumentos de ordenación de territorio o constituya un grave obstáculo a la consecución de sus objetivos, cuando así sea fijada expresamente en las Directrices o en los Planes de Ordenación Urbanística o en otros decretos que desarrollen la legislación territorial, urbanística o medioambiental.
a) La negativa injustificada a facilitar los datos solicitados para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
b) La desatención a los requerimientos dirigidos por los órganos administrativos competentes.
c) La alteración ilegal de las condiciones de los espacios y bienes protegidos, cuando esta actuación sea legalizable.
d) La realización de actos de ejecución urbanística que contravengan las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación del territorio regulados en esta Ley, siempre que aquellos actos puedan ser legalizados.
e) Cualesquiera otras acciones y omisiones que infrinjan las previsiones contenidas en esta Ley o en sus instrumentos y que no constituyan grave obstáculo a la consecución de sus objetivos.
Art. 49. 1. La responsabilidad por las infracciones a que se refiere el artículo anterior será exigible, con carácter solidario, a la persona que ejecuta materialmente la actividad, a quien la promueva o por cuya cuenta se ejecuta y al técnico que la dirige.
2. Cuando se trate de una persona jurídica, la responsabilidad, además de ser exigible directamente de ésta, alcanzará también, con carácter solidario, a quien haya adoptado la decisión y, tratándose de un órgano colegiado, a aquellos miembros del mismo que hubieran votado a favor del acuerdo discrepando de informes preceptivos y unánimes en que se hubiera formulado la advertencia expresa de ilegalidad.
3. Excepcionalmente, cuando la actividad infractora se encuentre amparada por una licencia administrativa, la responsabilidad será exigible, en los términos del apartado anterior, de la administración autorizante, pero se extenderá también a las personas enumeradas en el apartado 1 de este artículo, cuando las mismas hubiesen incurrido en dolo o culpa o negligencia graves.
Art. 50. 1. Las infracciones tipificadas en el artículo 48 se sancionarán con multas de las siguientes cuantías:
a) Las graves, con multa de 10.000.001 a 100.000.000 de pesetas.
b) Las leves, con multa de 10.000 a 10.000.000 de pesetas.
2. En la determinación de la cuantía de las multas, se tomará en consideración, como criterio valorativo, la concurrencia o no de las circunstancias específicas de intencionalidad, reincidencia, cuantía de los daños y perjuicios causados e irreparabilidad de los mismos.
A tal efecto se establecerá reglamentariamente la graduación y criterios específicos determinantes de las cuantías.
3. La cuantía de las multas podrá ser actualizada periódicamente mediante Decreto aprobado por la Diputación General.
4. En cualquier caso, la cuantía de la multa no será inferior al doble del beneficio obtenido con la infracción.
Art. 51. 1. Será competente para la imposición de sanciones por infracciones leves el Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes. En las sanciones por infracciones graves será competente la Diputación General.
2. Cuando se trate de infracciones graves, se seguirán los trámites previstos en la legislación estatal reguladora del procedimiento administrativo común. Tratándose de infracciones leves, el procedimiento se reducirá a notificar a la persona o personas responsables el oportuno pliego de cargos, confiriéndose un plazo de quince días para que puedan formularse alegaciones, pasado el cual se dictará resolución.
3. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá, en cualquier momento de su tramitación, acordar la suspensión o paralización de la actividad infractora, cesando, en todo caso, esta medida cautelar con la terminación del procedimiento en la vía administrativa.
Art. 52. Las infracciones leves prescribirán en el plazo de dos años; las graves, en el plazo de cuatro años.
Primera.-Las disposiciones de esta Ley se entenderán sin perjuicio de las competencias legalmente asignadas a otras administraciones públicas, con arreglo a las normas específicas que, en cada caso, resulten de aplicación.
Segunda.-El Proyecto de Directrices Generales de Ordenación Territorial deberá aprobarse por la Diputación General en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley y remitirse a continuación a las Cortes de Aragón para su tramitación como ley.
Tercera.-En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria tercera, se iniciará la tramitación de unas Directrices Parciales que tengan por objeto:
a) Un Programa Específico para la financiación, ejecución y explotación de instalaciones de depuración de aguas en núcleos superiores a 2.000 habitantes, así como en zonas especialmente sensibles.
Cuarta.-1. Los instrumentos de ordenación del territorio contemplados en la presente Ley serán públicos.
Quinta.-1. Los usos, actividades y transformaciones con incidencia en el territorio que impliquen la intervención de diversos órganos o entidades de la Administración autonómica aragonesa se someterán al principio de procedimiento o resolución únicos.
Sexta.-1. Corresponderá al Consejo y, en su caso, a las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio la coordinación de los informes y propuestas de todos los órganos y entes con competencia sectorial en materias que inciden sobre la estructura territorial y de todas las alegaciones formuladas oportunamente por los particulares afectados, pudiendo adoptarse, en el trámite reglamentario que proceda, en relación al proyecto globalmente considerado, alguna de las decisiones siguientes:
a) Su autorización, sometida o no, a la incorporación del proyecto de medidas correctoras obligatorias.
Séptima.-Una vez adaptado el planeamente urbanístico y los documentos vigentes de protección del medio natural y del patrimonio cultural a lo previsto en las Directrices, y desarrolladas las Directrices Parciales de cada ámbito territorial específico, la gestión, desarrollo y ejecución de las Directrices Parciales Territoriales y de las competencias de planeamiento, ejecución y gestión urbanística, salvo en aquellos extremos que en las mismas se determinen sobre aspectos sectoriales con incidencia territorial, podrán delegarse por los Ayuntamientos en el correspondiente órgano de gestión coordinada de ámbito supramunicipal constituido en forma reglamentaria.
Octava.-No obstante el carácter vinculante de los instrumentos de ordenación del territorio previstos en esta Ley, en casos de desastres naturales o situaciones de emergencia podrán llevarse a cabo las actuaciones que sean precisas para remediar tales situaciones sin necesidad de ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en aquellos instrumentos.
Primera.-1. Los instrumentos de ordenación urbanística actualmente existentes mantendrán plena vigencia y eficacia en tanto no se aprueben las Directrices Generales y, en su caso, Parciales reguladas en esta Ley.
3. De igual modo deberán adaptarse a las Directrices Parciales cualesquiera planes, programas o proyectos de la Diputación General de Aragón con incidencia en el territorio. Aquellos proyectos que se encuentren en vigor y en fase de ejecución al aprobarse aquéllas proseguirán su ejecución, pero podrán ser suspendidos expresamente por la Diputación General, en atención a su incidencia sobre el territorio, con el objetivo de adaptarlos a las Directrices.
Segunda.-Los instrumentos de ordenación urbanística que se encuentren en tramitación en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley deberán acomodarse a sus principios y objetivos, así como tener en cuenta los documentos y directrices generales o parciales que hayan sido aprobadas, a cuyo efecto se establecerán mecanismos de coordinación e información recíprocos.
Tercera.-1. Por razones de urgencia y causas de interés público debidamente justificadas apreciadas por el órgano competente para aprobarlas, podrán elaborarse Directrices Parciales de Ordenación Territorial antes de la entrada en vigor de las Directrices Generales.
Cuarta.-1. En tanto no se aprueben Directrices Parciales de Ordenación Territorial que precisen las condiciones exigibles a las construcciones o usos del suelo que en cada ámbito territorial puedan considerarse de utilidad pública o interés social, y a solicitud de los Ayuntamiento afectados, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes podrá declarar el interés social en suelo no urbanizable, fuera del suelo sometido a protección por el planeamente o normativa urbanística o territorial, cuando se justifiquen las condiciones exigidas en el artículo 39 de esta Ley y se tramite en la forma establecida en el citado artículo.
2 . Con carácter transitorio, las modificaciones o revisiones del planeamiento promovidas por esta vía deberán aportar el suelo necesario para resolver a su coste todas las infraestructuras y servicios, limitando su edificabilidad a un aprovechamiento máximo de 0,20 m2/m2.
3. En estos casos, las garantías que se exigirán para la ejecución y conservación de las obras e instalaciones no serán menores del 20 por 100 del coste global de la inversión proyectada, incluida la edificación, valorada por técnico legalmente competente.
Quinta.-1. En tanto no se modifique de forma específica la legislación urbanística, medioambiental o patrimonial, el Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio asumirán las funciones que la legislación sectorial establece para los órganos colegiados en estas materias.
2. Hasta que la Diputación General desarrolle reglamentariamente la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 7. de esta Ley, la composición y funcionamiento del Consejo y de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio se regularán por el Decreto 135/1991, de 1 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se constituyen el Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio en Aragón.
Sexta.-1. En tanto no se defina otro criterio más específico en las Directrices Generales o Directrices Parciales de Ordenación Territorial, se considerarán como proyectos, acciones, autorizaciones y licencias con incidencia sobre el territorio supramunicipal, y sujetas a decisión del Consejo o de las Comisiones Provinciales de Ordenación Territorial:
d) Aquellas que den lugar a un uso, procedimiento de fabricación, residuo o actividad no existente anteriormente en el área geográfica homogénea supramunicipal o no regulado expresamente como compatible por las directrices territoriales parciales.
Que su superficie sea superior al 5 por 100 de la superficie del suelo urbano vigente.
Que su capacidad relativa en edificabilidad o densidad sea superior en un 20 por 100 a la media de las edificabilidades o densidades existentes en el entorno más próximo.
Que cuando la ejecución total de los proyectos pueda producir un ritmo de crecimiento del área territorial, comarca, municipio, núcleo o barrio superior en un 50 por 100 al crecimiento medio anual de los cinco últimos años en ese mismo ámbito.
2. A tales fines se considerará entorno la superficie directamente visible, a distancia siempre menor de 2.000 metros desde el lugar de la actuación.
Séptima.-Se consideran transitoriamente áreas de protección preventiva, en tanto se precise su delimitación con mayor estudio en las Directrices Parciales o Sectoriales específicas:
a) Las áreas próximas a los ríos de caudal continuo situadas en la zona de policía de riberas establecida por la Ley de Aguas.
b) Las áreas próximas a estanques naturales o a embalses hasta una distancia de 200 metros respecto de la cota más alta alcanzada por las aguas.
c) Las áreas con pendiente media superior al 25 por 100.
d) El espacio situado en el entorno de las áreas arboladas que forman un ribazo o hilera de arbolado de longitud superior a 100 metros, en una anchura de 10 metros a cada lado de la hilera.
e) Las áreas arboladas compactas con densidades de arbolado superior a un árbol por cada 30 metros cuadrados.
f) Los barrancos y cauces fluviales en su cauce de desagüe de periodicidad cincuentenaria.
g) Las áreas destinadas a pastos en alturas superiores a 1.000 metros.
h) Las áreas de alturas superiores a 1.500 metros.
En las áreas sometidas a protección preventiva, cualquier actividad o uso del suelo deberá ser autorizado por el organismo competente tras analizar su impacto global sobre la situación socioeconómica y el medio ambiente e imponer las medidas correctoras oportunas.
Primera.-1. Se faculta a la Diputación General para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Segunda.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a las previsiones contenidas en esta Ley.
Tercera.-La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el <Boletín Oficial de Aragón>.
Zaragoza, 24 de noviembre de 1992.-El Presidente de la Diputación General de Aragón, Emilio Eiroa García.
(Publicada en el <Boletín Oficial de Aragón> número 142, de 7 de diciembre de 1992)
Fecha de entrada en vigor: 08/12/1992
Publicada en el BOA núm. 142, de 7 de diciembre de 1992.
SE DEROGA, por Ley 4/2009, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2009-11681).
en el Recurso 2636/2001, la extinción por desistimiento del recurrente, en relación con la disposición adicional 9, en la redacción dada por la Ley 1/2001, de 8 de febrero, por Auto de 2 de febrero de 2005 (Ref. BOE-A-2005-2910).
en el Recurso 2636/2001, el levantamiento de la suspensión de la vigencia en relación con la disposición adicional 9, en la redacción dada por el art. único de la Ley 1/2001, de 8 de febrero, por Auto de 16 de octubre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-19989).
SE AÑADE una disposición adicional novena, por Ley 1/2001, de 8 de febrero (Ref. BOE-A-2001-4840).
SE DEROGA los arts. 46 a 52 y la disposición transitoria 7, por Ley 5/1999, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-1999-8873).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 9 y 20, aprobando las directrices generales de ordenación: Ley 7/1998, de 16 de julio (Ref. BOE-A-1998-21294).
DE CONFORMIDAD con el art. 35.1.3 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto (Ref. BOE-A-1982-20819).

References: artículo 40
 artículo 45
 artículo 6
 artículo 35
 artículo 148

Artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 145
 resolución 
 artículo 48
 resolución 
 artículo 39
 artículo 7