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Timestamp: 2017-04-25 21:57:59+00:00

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Sentencia sobre la Convención de Nueva York Expand Messages
Fabricio MantillaEstimados miembros del Grupo, Adjunto la sentencia de la CSJ de 25 de junio de 2010
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DOC28 KBAVIANCA Exequatur.doc
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SaveEstimados miembros del Grupo, Adjunto la sentencia de la CSJ de 25 de junio de 2010 sobre exequatur, junto con el célebre fallo Cornelissen de la Corte de Casación francesa (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-14.082, Cornelissen c/ Sté Avianca), con una traducción libre, y algunos comentarios doctrinales. Es importante también traer a colación la
sentencia de 29 de febrero de 1996 la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
en donde se concedió el exequátur a una sentencia de condena a la empresa colombiana Compañía Agrícola de Seguros S.A.,
proferida por un tribunal inglés dentro de un proceso en el cuál dicha compañía
había objetado la competencia del juez estatal, mediante la presentación de la
excepción de arbitraje, acompañada de la copia del pacto arbitral. Saludos cordiales, Fabricio MANTILLA[1] C.S.J. Cas. Civ. 29/02/1996. M.P.
Nicolás Bechara Simancas. Sent. 013.
G. J. CCXL, número 2479 p. 286 ss.De : "Lombana, Juan" <jlombana@...>À : InfosecretarialCAC@yahoogroups.com; Comité Colombiano de Arbitraje <comite_colombiano_de_arbitraje@yahoogroups.com>Envoyé le : Vendredi 23 Septembre 2011 11h31Objet : RE: [InfosecretarialCAC] Sentencia sobre la Convención de Nueva York Muchas gracias por el mensaje Dr.
Cárdenas. Sin lugar a dudas creo que puede ser un
avance para el arbitraje internacional en Colombia. No obstante, hay un aspecto
en esta decisión que amerita reflexión, como quiera que, en relación con la industria
de los Hidrocarburos, se podría estar cerrando la posibilidad de someter al
arbitraje internacional ciertas controversias derivadas de actividades de
absoluto interés para dicha industria, en las que el foro natural para
llevarlas es y debe ser el arbitraje internacional. La CSJ, analiza el artículo 10 del Código
de Petróleos y concluye que los contratos relacionados con la explotación,
exploración, refinación, transporte y distribución del crudo se encuentran
sujetos a la ley y jurisdicción Colombiana. Para llegar a esta conclusión, la
Corte expresa que existe un vacío normativo cuando el artículo 10 de dicho
código habla de “contratos sobre petróleos” y para determinar cuales se
encuentran o no sometidos a la ley y jurisdicción locales, en opinión de la
Corte, tal vacío debe ser llenado acudiendo a lo dispuesto en el artículo 4º de
ese código que declara como de utilidad pública la industria de los
hidrocarburos haciendo mención a ciertas actividades relativas a la misma. La
CSJ sostiene lo siguiente: Es claro que los citados negocios jurídicos no están cobijados por el artículo
10° del Decreto 1056 de 1953, pues no entran dentro de la categoría de
“contratos sobre petróleos”. En efecto, el texto en cuestión no precisa a qué
convenios se impone la exclusividad en cuanto a que la ley y la jurisdicción
aplicables será la colombiana, dado que la referencia se hace, simplemente, a
“estos contratos”. Y para llenar esa omisión legislativa, basta reparar que el
mismo “Decreto” en su 1ª disposición dice referirse a las “mezclas de hidrocarburos”
que componen el “petróleo crudo”, lo acompañen o deriven de él; al paso que en
el normado 4° se declaran como de utilidad pública, las actividades relativas a
la “explotación, exploración, refinación, transporte y distribución del crudo”;
por lo que se entiende que los actos jurídicos de los que se predica un interés
especial del legislador, son aquellos que presentan como objeto directo una
cualquiera de las mencionadas etapas del manejo del “hidrocarburo” declaradas
como de “utilidad pública”… La inquietud
que surge entonces es si los contratos que versen sobre las actividades
relacionadas con la Industria de Hidrocarburos pueden o no ser sometidas al
arbitraje internacional y en los contratos relacionados con dichas actividades,
puede o no pactarse el arbitraje internacional como mecanismo de resolución de
controversias?. De acuerdo con la posición expresada en la sentencia parecería
desafortunadamente que no. Sin embargo, podría esta posición revisarse
acudiendo a otras normas del mismo Código de Petróleos, al contexto en que
fueron expedidas y la realidad actual del sistema jurídico Colombiano de lo que
podría concluirse que no todos “estos contratos” se refiere a la totalidad de
actividades de la industria enunciadas en el artículo 4 del Código de Petróleos.
. (i) El
artículo 4 del Código de Petróleos, al hacer una declaratoria de utilidad
pública de una “industria”, en este caso la petrolera, pretende dotarla de
ciertas prerrogativas dado el provecho que la misma reporta para una
colectividad y para el cumplimiento de los fines del Estado, como ocurre con el
establecimiento de un régimen especial en cuanto a la imposición de
servidumbres, expropiaciones, etc. (Art. 9), exenciones en materia tributaria
(art. 16) o la posibilidad de desarrollar infraestructura por el territorio
(Arts. 200 y ss.). Pero el artículo 4º del Código de Petróleos parecería no
tener por objeto que tales actividades se encuentran necesariamente
sometidas a la jurisdicción de los tribunales locales y a la ley local. Artículo 4o. Código de Petróleos. Declárase de
utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de exploración,
explotación, refinación, transporte y distribución. Por lo tanto, podrán
decretarse por el Ministerio del ramo, a petición de parte legítimamente interesada,
las expropiaciones necesarias para el ejercicio y desarrollo de tal industria (ii) El
artículo 10 del Código de Petróleos, establece que Tanto por la materia sobre que recaen como por el lugar en que se
celebran, estos contratos se rigen por las leyes colombianas y quedan sometidos
a la jurisdicción de los tribunales colombianos. En consecuencia, consultando
la mayor autoridad y la mayor prontitud en los juicios, toda discrepancia entre
los contratantes acerca de la interpretación de los contratos, y toda
diferencia o controversia sobre su ejecución, resolución, rescisión o
caducidad, que no sean dirimibles por medio de peritos en los casos previstos
en el artículo 11 de este Código, serán decididas de modo
definitivo por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Negocios Generales y en
una sola instancia. Es cierto que la norma
genera una duda cuando se refiere a “estos contratos” sin determinar a cuales
de ellos se refiere, pero otras disposiciones del Código permitirían establecer
a qué contratos se aplicaría la restricción, que no necesariamente serían todos
los enmarcados en las actividades que el artículo 4º declara de utilidad
pública. Por ejemplo, es más preciso suplir ese vacío acudiendo al artículo 2º
del Código de Petróleos que señala: Artículo 2o. Código de Petróleos. El petróleo de propiedad de la Nación SÓLO podrá explotarse en virtud de los contratos vigentes celebrados con
anterioridad a este Código, y de los contratos que se inicien y perfeccionen de
conformidad con él. Esta norma parecería sí
referirse a unos contratos determinados que serían aquellos en virtud de los
cuales se pretenda “explotar” un recurso que el Estado se ha reservado.
También, el artículo 6º del Código al establecer que la Nación no queda
obligada a prestación o indemnización alguna a favor de los contratistas cuando
celebren contratos con el Gobierno, se refiere solamente a los “contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos”, mas no a los de transporte,
distribución o refinación. Artículo 6o. Código de Petróleos. En los contratos que sobre exploración y explotación celebre el
Gobierno, es bien entendido que la Nación no queda obligada a prestación ni a
indemnización alguna a favor del contratista, en caso de que un tercero
demuestre, en forma legal, tener derecho sobre el petróleo materia del
contrato. Conforme lo anterior,
parecería que el artículo 10 no quiso referirse a las “actividades” o “ramos”
en que la industria ha sido declarada de utilidad pública para sujetarlas a la
ley colombiana y la jurisdicción local, sino a los “Contratos” por los cuales
un particular puede llevar a cabo la exploración y explotación de petróleo,
esto precisamente por la importancia que sobre el recurso mismo tienen, pero no
puede extenderse abiertamente a cualquiera otro. (iii) El
artículo 10 del Código de Petróleos tiene una segunda parte que permite
establecer que, cuando se refiere la norma a “Contratos sobre Petróleo”, se
está refiriendo principalmente a contratos de exploración y explotación o
producción. El inciso 2º del artículo 10 señala “Las compañías cuyo asiento principal de negocios esté en algún país
extranjero, que quieran establecerse en Colombia y celebrar con la Nación o con
particulares contratos sobre petróleo, deberán constituir y domiciliar en la
cabecera del Circuito de Notaría de Bogotá, aunque no sean colectivas, una casa
o sucursal, llenando las formalidades del artículo 470 y de sus concordantes
del Código de Comercio, casa que será considerada como colombiana para los
efectos nacionales e internaciona­les, en relación con estos contratos y los
bienes, derechos y acciones sobre que ellos recaen” Como esta norma lo indica, precisos requerimientos se exigen para
quienes quieran celebrar “contratos con la Nación” que son precisamente
contratos de exploración y producción. Así, parecería que el mismo código
cuando habla de “contratos sobre petróleo” se refiere a aquellos en los que el
Estado confiere derechos sobre el recurso mismo, que son los contratos de
exploración y producción en sus distintas modalidades, en los que precisamente
es el Estado una de las partes. (iv) Además
de lo dispuesto en el artículo 2 del Código que se refiere tan sólo a contratos
de exploración y explotación, la decisión podría haber acudido a un método de
interpretación sistemático para concluir cuales son “estos contratos” que están
sujetos a la reserva de jurisdicción y la determinación de la ley local como la
aplicable. Así, se encuentra entre otros los artículos 47, 48 y 49 del Código
que tratan sobre oleoductos y particularmente el último sobre “Los
contratos de oleoductos de uso público”, que sí está sometido a la ley local.
Esta norma señala: Artículo 49. Código de Petróleos. Los contratos de oleoductos de uso público destinados
al transporte comercial del petróleo crudo o de sus derivados, tendrán un plazo
de duración de cincuenta (50) años. Dichos contratos podrán prorrogarse por
lapsos de veinte (20) años, si el contratista
se somete a cumplir las disposiciones legales que rijan sobre la materia en la
época de cada prórroga, la cual se podrá convenir desde la iniciación de
los cinco (5) últimos años del término del contrato o de su prórroga o
prórrogas, o aún antes de este plazo si ello se justifica, a juicio del
Ministerio de Minas y Petróleos, por las nuevas inversiones que pretenda hacer
el propietario del oleoducto”. Bajo
esta norma aquellos contratos que se otorgan bajo la modalidad de concesión
para la construcción y operación de un oleoducto de uso público estarían
sujetos a la ley colombiana pues así lo señala esta disposición, con lo que
puede concluirse que el legislador no se refería en general a todos los ramos
de la industria del petróleo para restringirlas a una ley determinada y al
sometimiento de la jurisdicción nacional. (v) Conforme
lo expuesto, no puede entenderse que todo contrato o convención que guarde
relación con las actividades de “exploración, explotación, transporte,
distribución, refinación” por ser actividades de una industria declarada de
utilidad pública está sometida a una ley aplicable determinada y una
jurisdicción específica. Al parecer sólo la exploración y explotación, así como
los contratos para la construcción de oleoductos de uso público destinados al
transporte comercial de crudo, estarían sujetos a la ley y jurisdicción
señalada por el artículo 10. La imposibilidad de pactar arbitraje internacional
o escoger una ley diferente parecería sólo estar relacionada con contratos de
“concesión”, “contratos de asociación”, hoy en día contratos E & P, TEA
etc. cuyo objeto en efecto consiste en la exploración y explotación de
hidrocarburos, pero no sería adecuado pretender extender esta reserva a otros
contratos. No sería conveniente imponer estas restricciones por ejemplo a proyectos
de infraestructura para la construcción y operación de sistemas de transporte
de suyo complejas y que requieren la intervención de capitales extranjeros.
Tampoco lo sería restringir operadores privados para que escogieran una
ley distinta y un foro internacional para resolver las controversias surgidas
de acuerdos de distribución cuando importantes transacciones tiene como destino
mercados extranjeros. Cordialmente, JSLSaludos Juan Sebastián Lombana Sierra.Asesor
57-1-6464210| ext.4251 jlombana@... From: InfosecretarialCAC@yahoogroups.com [mailto: InfosecretarialCAC@yahoogroups.com ] On Behalf Of JUAN PABLO CARDENAS
Sent: jueves, 22 de septiembre de
2011 10:02 p.m.
To: InfosecretarialCAC; Comité
Colombiano de Arbitraje
Subject: [InfosecretarialCAC]
Sentencia sobre la Convención de Nueva York Apreciados señores: Como quiera que algunas personas han señalado que no han tenido
acceso a la importante sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 27 de
julio de 2011 sobre la aplicación de la Convención de Nueva York, a la presente
acompaño su texto en formato electrónico. De esta sentencia es pertinente destacar los siguientes aspectos: La Corte señala que la solicitud de reconocimiento de un laudo
arbitral debe analizarse a la luz de la Convención de Nueva York y recuerda que
la “Convención” impide que se
impongan “condiciones apreciablemente más
rigurosas”, por lo que rechaza aplicar los requisitos que
establece el Código de Procedimiento Civil Colombiano pero que no se encuentran
en la Convención. En tal sentido expresa que no se puede rechazar la solicitud de
exequátur porque “no existe constancia de que el laudo arbitral se
encuentre debidamente ejecutoriado”; “porque de conformidad con el
artículo V del referido Estatuto internacional, su estudio sólo se abre camino
a instancia de la parte contra la cual es invocado el “laudo arbitral”, dado que ese es un tema
que se relaciona con la “obligatoriedad para
las partes” de la respectiva decisión”. Advierte la Corte Suprema de Justicia que la Convención sólo
exige que se acredite el pacto arbitral y la sentencia arbitral, por lo cual en
la medida en “que se incorporó en debida forma el contrato donde se pactó la
cláusula compromisoria, al igual que la “sentencia
arbitral” en copia autenticada, surge como corolario de lo
analizado, que se satisfacen las condiciones que habilitan conceder la
homologación pretendida”. Así mismo señala que no se puede invocar para negar el exequatur
con base en el Código de Procedimiento Civil Colombiano la “Existencia de proceso en curso sobre el mismo
asunto”, pues la Convención no contempla esta causal. Por lo demás
aclara la Corte el sentido de este requisito en el Código de Procedimiento
Civil. La Corte decide que no procede negar el reconocimiento del laudo
porque “verse sobre derechos reales constituidos en bienes
que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el
proceso en que la sentencia se profirió”, porque tal causal no está
en la Convención de Nueva York Adicionalmente cuanto a la solicitud de negar el
reconocimiento por ser el laudo contrario al orden público reitera la Corte
Suprema de Justicia su fallo del 5 de noviembre de 1996 exp. 6130, en el
cual hizo referencia al contenido de esta noción y expresó que
en esta materia “el cometido encomendado al juez es de un aspecto mucho
más amplio puesto que le compete verificar, en primer lugar, la compatibilidad
con el „orden público‟ de
los efectos que habría de producir esa específica sentencia en el evento en que
fuera a ser declarada aplicable, y en segundo lugar, medir con prudencia la
intensidad de los lazos que unen a la situación litigiosa con el Estado de cuyo
orden público‟ se
trata, toda vez que si la posibilidad de conciliación se da o la conexión no es
suficientemente caracterizada, la aludida evicción carece por entero de
justificación”. Señala la Corte que “el
concepto de “orden público” “se
limita a los principios básicos o fundamentales de las instituciones, a lo cual
servirían de ilustración: la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos,
la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido
proceso. Por lo tanto, en principio, el desconocimiento de una norma imperativa
propia del “foro” del juez del
exequátur, per se, no conlleva un
ataque al mencionado instituto, lo será, si ello trae como consecuencia el
resquebrajamiento de garantías de linaje superior, como las antes enunciadas.” Por otra parte en cuanto a la causal prevista por la Convención
para negar el reconocimiento porque “la
parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente
notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no
ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa”,
señala la Corte que no existe ningún requisito formal con carácter
general para la notificación, por lo que debe valer cualquier medio al que las
partes hayan prestado su consentimiento.Así mismo en relación con la imposibilidad de hacer valer sus
medios de defensa señala “ que la indefensión no surge de circunstancias
voluntarias o queridas por la parte citada” y para precisar el alcance de esta
causal de negativa de reconocimiento se remite a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en materia de garantía del derecho de defensa de conformidad con
el artículo 29 de la Constitución Política. También señala que no se puede alegar para este
efecto la dificultad idiomática, porque el idioma fue pactado.Igualmente en
cuanto a posibilidad de invocar para este propósito la imposibilidad
económica para designar un abogado que ejercitara la “defensa” ante el Centro
de Disputas Arbitrales de Nueva York, señala la Corte que no puede ser tenido
en cuenta e para denegar el exequátur dado que en estrictez, el mismo no se
adujo en el procedimiento arbitral. Agrega que no resulta de recibo que la
parte que anticipadamente asintió sobre la decisión de una controversia en un
centro tan especializado y reputado como el “ICDR”, venga luego de
ser vencida a mostrarse sorprendida por el costo de la “defensa” de sus
intereses, y con base en ello, pedir el no reconocimiento y ejecución de la
providencia que le resultó contraria Finalmente señala el “coste de
un arbitraje” no ha sido considerado como “una
causa eficiente para no participar en él” Cordialmente Juan
Pablo Cárdenas Mejía Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 4
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10
 resolución 
 artículo 4

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 artículo 11
 artículo 4
 artículo 2
 Artículo 2
 artículo 6
 Artículo 6
 artículo 10

artículo 10
 artículo 10
 artículo 470
 artículo 2
 Artículo 49
 artículo 10
 artículo 29