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Timestamp: 2020-08-07 13:16:40+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 154, de 08/03/2017
cve: DSCD-12-CO-154
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 154
- Del diputado don José Juan Díaz Trillo y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre restauración de las balsas de depósitos de fosfoyesos en las Marismas del Tinto por la empresa Fertiberia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/000117). (Número de expediente 181/000053) ... (Página3)
- Del diputado don José Juan Díaz Trillo y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre liquidación adicional extemporánea remitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la comunidad de regantes de El Fresno y a la comunidad de regantes Pedro Arco de la provincia de Huelva, que no se contempla en los convenios de colaboración firmados por ambas con Seiasa para llevar a cabo las obras de modernización de regadíos acogidas a los fondos europeos FEDER (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/001754). (Número de expediente 181/000054) ... (Página5)
- Relativa al trasvase entre la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir con el fin de contribuir a la recuperación de los acuíferos de la zona y a la consecución del equilibrio hídrico en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000016) ... (Página7)
- Relativa a la declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad a las cuevas y el entorno que conforman el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en la localidad de Calasparra (Murcia). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001329) ... (Página12)
- Relativa a la tramitación para la declaración de un área marina protegida (AMP) con nomenclatura de santuario internacional de cetáceos. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000511) ... (Página15)
- Sobre la estrategia nacional de gestión cinegética. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000867) ... (Página15)
- Sobre la contribución de los acuerdos de colaboración pesquera a la cooperación con terceros países. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000890) ... (Página20)
- Relativa a la ejecución del proyecto del Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000931) ... (Página23)
- Sobre el etiquetado de la miel. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001021) ... (Página27)
- Sobre la reparación de las carreteras de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Presentada por los grupos parlamentarios Mixto, Socialista, de Esquerra Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001118) ... (Página32)
- Sobre la eliminación de las tuberías de fibrocemento en las conducciones de agua potable. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001187) ... (Página37)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión número 6 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Antes de entrar en el orden del día, me comunican que quieren hacer una modificación del mismo, si ningún grupo se opone, en el sentido de que la iniciativa que figura con el número 4.º, que es la relativa a la declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad a las cuevas y el entorno que conforman el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en la localidad de Calasparra, Murcia, pasaría a ser la número 11.º
La señora PASTOR MUÑOZ: Imposible, presidente.
El señor PRESIDENTE: Entonces no es posible.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, es que la portavoz de la segunda proposición no de ley me dice que no puede cambiarla.
El señor PRESIDENTE: Como ustedes saben, cuando hay una alteración en el orden del día porque alguno de los proponentes lo sugiere, todos los demás grupos tienen que estar de acuerdo; si no es así no se puede efectuar ese cambio. Lo siento, pero no es posible. Se mantiene el orden del día tal como está.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RESTAURACIÓN DE LAS BALSAS DE DEPÓSITOS DE FOSFOYESOS EN LAS MARISMAS DEL TINTO POR LA EMPRESA FERTIBERIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/000117). (Número de expediente 181/000053).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto de las preguntas. Comparece el señor subsecretario para contestar a las preguntas por escrito que han vencido en el plazo y que, como sus señorías saben, se transforman en orales.
Doy la bienvenida en nombre de la Comisión al señor subsecretario, don Jaime Haddad, para responder a las preguntas formuladas por don José Juan Díaz Trillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DIAZ TRILLO: Muchas gracias, presidente.
Bienvenido, señor subsecretario. Lamento que haya tenido que venir a responder a dos preguntas y procuraremos hacer de su necesidad y la nuestra virtud en este breve periodo de tiempo, en el que vamos a hablar de una cuestión que creo que usted sabrá que es de honda preocupación para la ciudad, para la provincia de Huelva y para Andalucía. Hablamos precisamente de los depósitos de fosfoyeso que se apilan, aproximadamente hace cincuenta años, en el entorno de la ciudad; seguramente lo conoce pero al final una foto puede ser más expresiva. (Muestra una fotografía). Es prácticamente el tamaño de la capital de Huelva, 1.200 hectáreas, con un depósito de unos 120 millones de toneladas y, por tanto, una tarea de una enorme magnitud desde el punto de vista medioambiental. Le decía que haremos de la necesidad virtud porque esta pregunta se formuló en julio, justamente cuando por indicación u obligación, como usted quiera, de la propia Audiencia Nacional, que sabe usted que es la que está dirigiendo de alguna manera, tutelando jurídicamente este proceso, indicaba que el ministerio, como no puede ser de otra manera, tenía que ser el que dirigiera y llevara a cabo la ejecución de la sentencia. En este sentido, nos sorprendió sobremanera, más allá de que le daban quince días para pronunciarse -entiendo que tenían que hacerlo obligatoriamente-, que valoraran ustedes el proyecto presentado por la empresa Fertiberia, pero más nos sorprende que siete meses después, tanto tiempo, y siendo un tema de palpitante actualidad y de compromiso ciudadano, cívico de las administraciones, a día de hoy prácticamente sigamos igual. No me preocupa tanto que los modestos diputados de la provincia de Huelva tardemos tanto cuando el Reglamento, lo sabe usted bien, obliga que en cuarenta días, como mucho, nos tengan que responder, como que la propia ciudad de Huelva y la propia Junta de Andalucía, parte importantísima en este proceso, a día de hoy no conozcan ese proyecto. Bien está, o regular diría yo o incluso muy mal, que la empresa esté alargando estos tiempos, pero que el ministerio no sea diligente, no tome cartas en este asunto de un modo más incisivo, nos preocupa.
Le voy a hacer una pequeña historia de esta cuestión. Hablamos de un proceso que se inicia fundamentalmente a partir de 1 de enero de 2011, cuando se produce por sentencia judicial también el cese de los vertidos, y justamente en aquel año 2011 -y un servidor puede dar fe puesto que tenía el honor de ser responsable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía- pusimos en marcha, junto con el ministerio, una serie de iniciativas, entre ellas un proyecto piloto, sufragado, por cierto, por su ministerio, en coordinación con universidades, y también se dio audiencia a la participación a través de una comisión de expertos. En esta pregunta, que reitero ahora oralmente, exigiría, si usted me lo permite, al ministerio que de una vez por todas haya una participación real de la Administración local, que sabe usted que tiene una mesa, valga la redundancia, de participación ciudadana; ha creado también una comisión de expertos con la universidad, y la propia Junta de Andalucía casi clama ya desde hace varios meses que quiere conocer el proyecto para seguir colaborando, como se había hecho hasta 2011. Algunas voces han querido incluso insinuar que la ministra actual fue también directora de aquella empresa Fertiberia. Me puede parecer una cosa lateral porque creo en la seriedad de su ministerio, de sus técnicos, pero más allá de la pregunta escrita, en la que ustedes vienen a decir que han contado con pronunciamientos técnicos de empresas acreditadas, públicas y privadas, y que dan su visto bueno a este proyecto que, por cierto, va a tener un trámite de audiencia pública, por tanto de participación, mas allá de ello quería hoy reclamarle esa cooperación -sé que se lo ha pedido por escrito a la ministra el presidente de la Diputación
y secretario general de la fuerza política que represento-, ya que después de año y medio o dos años de ministra, va siendo hora de acercarse a la provincia de Huelva donde tanta tarea, por cierto, creo que tienen ustedes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Juan Díaz Trillo.
Señor subsecretario, tiene usted la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Haddad Sánchez de Cueto): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted ha dicho, ya en mayo de 2014 fue la Audiencia Nacional la que encomendó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la valoración de la idoneidad del proyecto que Fertiberia había de presentar para la regeneración de las balsas de fosfoyesos. Desde entonces, el ministerio ha ido puntual y periódicamente informando a la Audiencia Nacional sobre los trabajos de la empresa. Desde la presentación del proyecto inicial, el ministerio, como ha dicho usted, solicitó la colaboración del Instituto Geológico y Minero y la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, Emgrisa, para contar, señoría, con el mejor criterio técnico y dotar, además, para evitar cualquier tipo de duda, de una transparencia y objetividad total a lo que es la valoración del proyecto por parte del ministerio. En marzo de 2015, el ministerio ya avanzó la idoneidad del proyecto que Fertiberia había presentado en 2014, siempre y condicionado a que se completara con los estudios, informes y otros aspectos que los dos entes a los que he hecho alusión consideraban necesarios. Fertiberia ha ido completando el proyecto y esos organismos han ido revisando, uno a uno, las modificaciones y las nuevas aportaciones. En febrero de 2016, la Audiencia Nacional requirió al ministerio para que se pronunciara definitivamente sobre la idoneidad del proyecto. Los organismos técnicos en los informes emitidos valoraron que los nuevos estudios aportados desde marzo de 2015 y las modificaciones incluidas en el proyecto eran adecuados y suficientes, si bien debían tenerse en cuenta determinadas consideraciones. Estas conclusiones son las que han llevado a que por parte del ministerio se declare finalmente la idoneidad del proyecto, si bien el proyecto tendrá que recoger las consideraciones que han hecho estos dos entes a los que he hecho alusión.
Por otra parte, respecto a si se han tenido en cuenta las consideraciones presentadas por las partes personadas, he de señalar que estas se remiten a la Audiencia Nacional, por ser ese un procedimiento judicial de ejecución de sentencia. Aquí estamos a las instrucciones de la Audiencia Nacional. Además, es importante tener en cuenta una cuestión, y es que la declaración de idoneidad no supone la aprobación del proyecto en sí mismo, que se tendrá que someter a tramitación ambiental en la que tanto particulares como asociaciones y administraciones públicas podrán presentar cuantos informes, advertencias y consideraciones estimen oportunas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jaime Haddad.
Señor Díaz, tiene usted la palabra.
Por seguir abundando en lo que hoy nos interesa, que podría ser iniciar una nueva etapa en esta cuestión, vuelvo a reiterarle que si usted pregunta en la ciudad de Huelva seguramente esta es una de las cuestiones que cualquier ciudadano, de cualquier barriada, va a destacar como más preocupante para ellos. Ojalá que este sea un punto de inflexión. No perdamos tanto tiempo, más allá de la diligencia propia que ustedes tienen que mantener ante los tribunales, vayamos a una posición más activa por parte del ministerio; en tanto que haya una coordinación efectiva con el ayuntamiento y con la Junta de Andalucía, que finalmente tendrá que hacer una autorización ambiental integrada, como usted sabe. En este sentido, por hacer de la necesidad virtud en el día de hoy, querría pedir al representante de la formación política que sustenta al Gobierno -por ejemplo, en el año 2011 llegaron a Huelva a decir, el señor Montoro, entonces candidato, con el alcalde de entonces, que iban a trasladar estos 120 millones de toneladas de fosfoyeso- rigor, diligencia, como le he dicho, y no marear a la gente, no engañarla. Sé bien por la responsabilidad que tuve que eso es imposible, sería un fraude ante la ciudadanía, mover esa cantidad de ese subproducto, los fosfoyesos, es inviable, insostenible medioambientalmente y costaría aproximadamente, porque hizo un estudio la Junta de Andalucía, 2.551 millones. Pero esto lo decía el señor Montoro y el alcalde de entonces. Por tanto, queremos eso, rigor, seriedad y manos a la obra. Sé
que la empresa ha hecho una tarea, que es la depuración de las aguas allí estancadas y que era necesario empezar por ahí, pero tengo la impresión -y parece que la tiene también la Audiencia Nacional, porque usted conoce que hace apenas un mes ha elevado el aval, la fianza de 21,9 a 65,9 millones- de que la autoridad judicial es la que más está poniendo en este asunto y los sufridos ciudadanos de Huelva y de Andalucía, cuyas instituciones están al margen. Ustedes están de espaldas a ellos. Yo le pediría en el día de hoy que aproveche esta visita a la que le hemos obligado, no tanto nosotros sino la falta de diligencia de quienes tienen que contestarnos, para que de una vez por todas nos pongamos en marcha con esta cuestión, repito, tan importante para la provincia y para el medio ambiente.
Tiene la palabra don Jaime Haddad.
Señoría, nosotros hemos colaborado estrechamente con la Audiencia Nacional, hemos respondido a todo lo que nos ha solicitado; estamos ante una ejecución de sentencia, como usted sabe, ejecución de sentencia que no es fácil, porque solucionar el proyecto en sí mismo es un proyecto tremendamente complicado. Pero no puedo estar de acuerdo en que el ministerio se ha puesto de espaldas, porque el ministerio no ha cejado de trabajar desde el momento en que le requirió la Audiencia Nacional su total colaboración. Usted habla de proyectos que a lo largo de los años se han ido planteando como la ampliación a terrenos diferentes de lo que es el proyecto y usted sabe que la Audiencia Nacional, el 21 de octubre de 2016, ya denegó la ampliación de este proyecto. Es decir, que esta no ha sido una tramitación totalmente pacífica. Lo que sí le puedo decir es que estamos en la fase que usted dice, la de la evaluación ambiental, fase en la que, además, no va a quedar más remedio a todas las administraciones que tienen competencia en ella que colaborar estrechamente, que trabajar y aportar lo mejor de sí mismas. Le digo que en fecha 2 de marzo de 2017 ya se ha enviado al Boletín Oficial del Estado la apertura del plazo de información pública. El ministerio ya ha iniciado la tramitación ambiental del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el auto de la Audiencia Nacional. Ahora lo que queda es que todas las administraciones que tenemos competencia en esta importante evaluación colaboremos estrechamente, y de eso le doy yo fe, que el ministerio va a poner encima de la mesa todo lo que sea necesario. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaime.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LIQUIDACIÓN ADICIONAL EXTEMPORÁNEA REMITIDA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE EL FRESNO Y A LA COMUNIDAD DE REGANTES PEDRO ARCO DE LA PROVINCIA DE HUELVA, QUE NO SE CONTEMPLA EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR AMBAS CON SEIASA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS ACOGIDAS A LOS FONDOS EUROPEOS FEDER (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/001754). (Número de expediente 181/000054).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es otra pregunta por escrito que se ha transformado en oral por no haber sido contestada en el plazo. La pregunta se refiere a la liquidación adicional extemporánea, remitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la Comunidad de Regantes de El Fresno y a la Comunidad de Regantes Pedro Arco, de la provincia de Huelva, que no se contempla en los convenios de colaboración firmados por ambas con Seiasa para llevar a cabo las obras de modernización de regadíos acogidas a los fondos europeos Feder.
Para su formulación tiene la palabra doña Josefa Inmaculada González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor subsecretario, por acompañarnos esta tarde.
Como ha dicho el presidente de la Mesa, en julio el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de su empresa pública, la empresa que pertenece al grupo del patrimonio del Estado, hace llegar a las comunidades de regantes de Huelva, concretamente a la Comunidad de Regantes Pedro Arco y a la Comunidad de Regantes de El Fresno, unas liquidaciones adicionales extemporáneas de más
de 2 millones de euros entre las dos. Es tal la sorpresa de los agricultores de estas comunidades de regantes, que se ponen en contacto con los diputados del Partido Socialista en Huelva y esto nos lleva a hacer esta pregunta. Nos comentan ambos presidentes de las dos comunidades de regantes que se firman los convenios por ambas partes donde se fija cuál es el tiempo de la obra y cuáles son las liquidaciones que hay que hacer. Una vez que llegan a un acuerdo, se hacen las obras, se terminan en 2015, ninguna de las obras tiene incidencias ni incremento de obra y la sorpresa es que, cuando las comunidades de regantes están abonando en tiempo y forma el dinero conveniado para la obra, les llega esta factura que asciende a 1.700.000 euros para la Comunidad de Regantes de El Fresno y a 500.000 euros para la Comunidad de Regantes Pedro Arco. Ante esta situación, los diputados de Huelva elevamos esta pregunta al ministerio para que nos aclarara por qué se llegaba a esta situación cuando en los convenios firmados no se habla de ninguna recalculación de los presupuestos, sino de cómo se va a hacer la obra y cómo se tiene que liquidar, y conforme a esos convenios estaban actuando las comunidades de regantes, Nos preguntamos también por qué una liquidación tan alta, que supone el 33 % de lo que era el importe que habían conveniado las comunidades de regantes. Esa es la pregunta que elevamos al ministerio y que hoy le traemos aquí por no ser contestada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Josefa Inmaculada.
Don Jaime, tiene la palabra.
Señoría, en primer lugar, corresponde al consejo de administración y al comité de dirección de Seiasa proponer y aprobar las liquidaciones de la tarifa anticipada de las obras que tenían cofinanciación Feder, porque el problema se ha dado en esa cofinanciación. El consejo de administración tomó la decisión de que se admitieran las nuevas liquidaciones a las que se refiere la pregunta a la vista del contenido de los convenios entre Seiasa y las comunidades de regantes afectadas, así como de los informes de la oficina presupuestaria, que depende de mí directamente, y la Oficina Nacional de Auditoría, que depende del Ministerio de Hacienda. Todos los gastos de estos proyectos presentados por Seiasa a financiación por parte de Feder fueron certificados a la comisión; se remitieron para que hicieran los desembolsos tras las oportunas verificaciones realizadas por el órgano intermedio, que es el que tiene que verificar los gastos y que también depende de mí en el ministerio, que es la Dirección General de Servicios. Las autoridades de gestión de certificación en fondos comunitarios, así como la autoridad de auditoría, que es la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, como consecuencia de estas revisiones detectó la existencia de unos gastos no financiables, que fueron retirados previamente y que obviamente la aportación nacional hizo que se incrementaran.
Hay que tener en cuenta que en los convenios suscritos entre Seiasa y las comunidades de regantes existe una cláusula que establece que las comunidades debían de hacerse cargo de los costes no financiables por Feder. Y aquí está el problema, el cálculo inicial de esos costes. En consecuencia Seiasa ha reclamado a las comunidades de regantes la cantidad que le corresponde abonar por disminución de la aportación de Feder mediante las correspondientes liquidaciones. Como resultado del nuevo cálculo, efectivamente, señoría, se produjo un incremento de alrededor de un millón y medio para la Comunidad de Regantes de El Fresno y de medio millón para la Comunidad de Regantes de Pedro Arco.
Por tanto, al modificar las liquidaciones que fueron remitidas a las comunidades de regantes, Seiasa ha actuado de la única manera que podía actuar, vaya por delante, y es siguiendo los criterios de todos los órganos certificadores de los fondos a Bruselas. El ministerio, desde el mismo momento en que conoció toda esa circunstancia, a principios de 2016, se involucró activamente en la búsqueda de soluciones con las comunidades de regantes; se mantuvieron reuniones entre los regantes y responsables ministeriales sobre el asunto, en las que se examinaron las posibilidades de presentar alegaciones a dichas liquidaciones. Porque, efectivamente, el problema es que cuando se firmó el convenio no se preveía que pudiera haber esa cuantía de gastos no financiables por el Feder. El ministerio agrupó las alegaciones presentadas y las remitió a la Abogacía del Estado para no conculcar ningún derecho. El ministerio fue consciente en todo momento de la necesidad de actuar conforme a derecho, compartió con Seiasa y los regantes la mejor forma de resolver esta cuestión y llegaron a la conclusión de que era mediante el pronunciamiento de los servicios jurídicos saber si esta liquidación era legal o no, se podía justificar o no. El contenido del informe de la Abogacía del Estado emitido el pasado 23 de enero es claro en cuanto que señalaba el más que
probable éxito de las reclamaciones de las comunidades de regantes si el caso iba a instancias judiciales. El ministerio, tal y como ya se había comprometido a hacer el año pasado cuando se desencadenó esta situación, ha dado ya comienzo a los trámites necesarios para la firma de una adenda al vigente convenio con Seiasa para ampliar el capital de la sociedad, es decir, hacer una transferencia presupuestaria desde el ministerio a la sociedad para cubrir el importe de las liquidaciones que deberán anularse. Cuando dichos trámites estén cumplimentados, la sociedad anulará estas liquidaciones. En estos momentos, la adenda al convenio suscrito con Seiasa se ha redactado, se ha remitido a la Dirección General de Patrimonio del Estado y a la Abogacía del Estado, que ya ha emitido su informe preceptivo y seguidamente se remitirá a la Secretaría de Estado de Presupuestos y, a través de acuerdo del Consejo de Ministros, se autorizará el desembolso de la ampliación de capital a Seiasa después de su fiscalización.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jaime.
Tiene la palabra doña Josefa Inmaculada.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Me agrada muchísimo escuchar su explicación. Era conocido por mí, porque he estado reunida con los presidentes de las dos comunidades de regantes y me comentaron que en una reunión que tuvieron el pasado 16 de febrero con don Carlos Cabanas le había comentado que había un informe y que se iban a retirar las liquidaciones extraordinarias, como usted reconoce. Pensamos que es un fallo administrativo que se ha dado en la empresa y que el Gobierno ha tenido a bien resolver y no que lo soporten los agricultores, que todos pensábamos que no eran los responsables de este fallo. Así lo aprobó esta Comisión de Agricultura el 19 de octubre del pasado año, en una PNL que trajimos, que fue respaldada por la mayoría de las señorías que estamos esta tarde aquí. Felicitamos al Gobierno por que esto termine felizmente para los agricultores de Huelva.
Señoría, de verdad es que en este asunto la voluntad tanto de Seiasa como del ministerio desde el primer momento ha sido la de evitar perjuicios a los regantes y a la sociedad, pero siempre dentro del escrupuloso respeto a la legalidad, porque automáticamente, y por una decisión del consejo de administración sin ninguna fundamentación, no podían haber dado marcha atrás en esas liquidaciones. Pudieron dar marcha atrás cuando la Abogacía del Estado puso encima de la mesa los argumentos jurídicos y necesarios para poder corregir esta situación.
Despedimos al señor subsecretario y continuamos la sesión. (Pausa).
- RELATIVA AL TRASVASE ENTRE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y PIEDRAS Y LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DE LOS ACUÍFEROS DE LA ZONA Y A LA CONSECUCIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL Y NATURAL DE DOÑANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000016).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las proposiciones no de ley.
Proposición no de ley relativa al trasvase entre la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, con el fin de contribuir a la recuperación de los acuíferos de la zona y a la consecución del equilibrio hídrico en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la
palabra doña Josefa González Bayo, por un tiempo de cinco minutos. Señoras y señores diputados, les ruego que se ajusten a los tiempos porque el orden del día tiene muchos puntos y la Comisión va a ser larga.
Adelante, señora González.
Señorías, la provincia de Huelva tiene como particularidad estar dividida en tres demarcaciones hidrográficas, Guadiana, con una encomienda de gestión por parte de la Junta de Andalucía; Tinto, Odiel y Piedras, con excedente de agua y gestionada por la Junta de Andalucía, y la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, deficitaria en recursos y gestionada por el Estado. El Guadalquivir desemboca sirviendo de límite geográfico de las provincias de Huelva y Cádiz, y uno de los espacios de mayor protección y mayor riqueza natural y conservación de la biodiversidad de Europa, de España y de Andalucía, es el Parque Nacional y Natural de Doñana, enclavado en la comarca del Condado de Huelva. En esta comarca conviven es especial simbiosis el desarrollo de una agricultura moderna y tecnificada, con una gran proyección internacional y un espacio protegido emblemático. El creciente desarrollo de la agricultura en los municipios de la comarca, en el ámbito geográfico de proximidad al espacio de Doñana y la demanda de recursos subterráneos para atender las necesidades de la población y también de la actividad económica, ha supuesto una amenaza para el equilibrio hídrico del acuífero de Doñana y también para los ecosistemas asociados al mismo. Por ello, la Junta de Andalucía acometió un proceso de ordenación de la corona norte forestal de Doñana, un decreto que pone límites y ordena la actividad agrícola en el ámbito limítrofe con el espacio protegido y que viene a proteger todo el espacio que está próximo al Parque Nacional de Doñana. No se puede incrementar, después de este decreto, más superficie regable, porque así ya viene aprobado por el plan de la corona norte.
Señorías, para preservar el equilibrio del acuífero de Doñana, en el año 2008 el Consejo de Ministros, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación gestionada por la Junta de Andalucía, Tinto, Odiel y Piedra, hasta la demarcación gestionada por el Guadalquivir para garantizar el abastecimiento de las poblaciones ubicadas en el ámbito del Guadalquivir y sustituir la sustracción de agua por recursos superficiales. Este trasvase hoy no está al cien por cien porque estamos pendientes de la DIA que esperamos que el Gobierno del PP pronto haga realidad. No obstante, este aporte es insuficiente para garantizar el abastecimiento en los núcleos de población y consolidar y hacer sostenible la economía local y el frágil equilibrio con el espacio sensible como es Doñana. De ahí, tanto la planificación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedra, que puso a disposición del Estado 15 hectómetros cúbicos para atender las necesidades básicas y ambientales del espacio de Doñana, y también la planificación hidrográfica del Guadalquivir, que cifra en 15 hectómetros cúbicos anuales los recursos necesarios para atender la demanda y proteger el acuífero de Doñana. Luego el trasvase está justificado para la recuperación del acuífero de Doñana, impidiendo así las extracciones y los nuevos crecimientos.
Entendemos de máxima urgencia esta acción, tanto para el Parque de Doñana como para la comarca del Condado; el impulso, por parte del Gobierno del Partido Popular, en una iniciativa legislativa con una ley de trasvase de 15 hectómetros cúbicos al año y que además se declaren de interés general del Estado las infraestructuras necesarias para llevarla a cabo. El agua del trasvase provendrá del sistema del Chanza-Piedras y no de ninguna construcción que se esté llevando a cabo ahora mismo en Huelva. El sistema Chaza-Piedras se surte del abastecimiento de la mayoría de los municipios y del resto de la provincia de Huelva, y tiene a disposición 15 hectómetros cúbicos para sumárselos a los 4,99 ya aprobados, para garantizar el abastecimiento y los regadíos en el Condado de Huelva, en el ámbito del Guadalquivir. Se utilizan las mismas condiciones de conducción que tenemos en estos momentos; habrá que hacer obras de interés general para adecuarlas.
Es la cuarta vez que los diputados socialistas venimos a esta Cámara a exigirle al Gobierno un trasvase para el condado de Huelva. La última vez nos dieron una razón: que no se podía hacer porque el Gobierno estaba en funciones; una razón que en ese momento nos pareció peregrina, dada la urgencia de esta actuación y viendo cómo desde Huelva todos los agricultores y población del Condado contábamos hasta tres trasvases los que se aprobaban con un Gobierno en funciones. Bien, pues ahora ya no hay ni un solo motivo para retrasar más la ley del trasvase para el Condado de Huelva. Hoy el Gobierno ya no está en funciones y por eso le pedimos que el próximo viernes lo lleven al Consejo de Ministros. Señorías, Bruselas dirigió un requerimiento al Estado solicitando aliviar la presión a la que se ve sometido el acuífero de
Doñana y le corresponde al Gobierno sustentado por el Partido Popular atender este ultimátum. La parte que le corresponde a la Junta de Andalucía está hecha, que es el Plan de ordenación de los regadíos de la corona norte, aprobado en diciembre de 2014.
El señor PRESIDENTE: Doña Josefa, le ruego que vaya concluyendo, se ha excedido en el tiempo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Voy terminando, presidente.
Simplemente quiero recalcar en esta Comisión que estamos hablando del Condado, con un alto potencial agrario, en el que 90.000 familias dependen de este trasvase, donde más de 200.000 empleos indirectos se generan de esta agricultura. Por eso esta ley de trasvase necesita del esfuerzo de todos los parlamentarios que estamos aquí hoy sentados, y sobre todo del Gobierno que tenemos en la nación.
Para terminar, quisiera recalcar que es necesario un desarrollo sostenible, pero también hay que hacerlo compatible y sustentable con el desarrollo humano dentro del medio natural.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González Bayo.
Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se han presentado dos enmiendas, que supongo va a defender don Pedro Arrojo.
La PNL que nos presenta el Grupo Socialista se refiere a uno de los múltiples conflictos abiertos en España por la sobreexplotación y el desgobierno en gran medida de las aguas subterráneas en muchos sitios, cuestiones en las que yo sugiero que más vale que asumamos todos y todas una posición autocrítica.
En la zona, como es bien conocido, se han disparado los pozos y los regadíos ilegales en monte público, en zonas protegidas con talas irregulares, y lo reconoce todo el mundo con la voz baja, pero es así. Se caracterizan como legalizables -atención, legalizables- 9.340 hectáreas de regadío, trasvasando de momento 15 hectómetros cúbicos, como se dice. El propio término legalizable indica claramente el enfoque que se le da al problema. Si son legalizables, queda claro que hoy son ilegales, a pesar de lo cual en lugar de combatir la ilegalidad la estrategia es legalizar lo ilegal. Cuidado, yo no digo que la gente que esté en esa ilegalidad sea mal intencionada, pero cuidado con esos enfoques.
Esta estimación de caudales se hace sin poner por delante -y lo enfatizo- las medidas que sobre el papel prevé la Junta de Andalucía en el plan que se ha citado antes, como cerrar pozos en zonas protegidas o limitar el uso a la dotación permitida, 4.500 metros cúbicos por hectárea, y no los 7.000 metros por hectárea que, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Córdoba, se están usando. La problemática, tanto de sobreexplotación de acuíferos como de crecimiento del regadío, se aborda como siempre mediante estrategias de oferta, eludiendo las valoraciones ambientales y económicas que exige la directiva, y se hace combinando de forma poco clara los caudales de los ríos Chanza, Piedras, Tinto y Odiel. Es necesario en este caso, como en otros tantos, un análisis sistémico de los proyectos contemplados, una evaluación ambiental estratégica, así como una evaluación rigurosa de costes que culmine con el preceptivo y obligado análisis coste/eficacia del que nadie habla y sobre el que no existe ni siquiera un papel. Trocear la cuestión y hablar solo del Chanza es lo que en Bruselas se conoce -quienes conozcan un poco Bruselas lo saben- como técnicas de saucissonnage, que están muy mal vistas y son fuertemente perseguidas.
Una de las piezas de esta estrategia territorial, aunque no se cite en la PNL, es el embalse de Alcolea en construcción, que regulará 118 hectómetros cúbicos, que está presupuestado en 65 millones de euros -yo les aseguro, y al tiempo, me apuesto una cena, a que no serán menos de 90, ya lo veremos-, pero las aguas del Alcolea sobre todo son muy ácidas, pH inferior a 4, y están cargadas de metales pesados, es una zona minera, no puede ser de otra forma. Por ello habría que hacer un tratamiento químico que neutralice el pH y que decante al menos parte de los metales pesados. Pero técnicamente eso no es posible salvo que hagamos una ósmosis inversa y para eso entonces hacemos ósmosis inversa del agua de mar y particularmente con metales pesados tan peligrosos como el cadmio. En cualquier caso, el agua tendría una carga salina tremenda que la haría inadecuada para la mayor parte de los cultivos que hay en la zona y el coste, de lo que nadie habla, no será menos de 15 céntimos de euro/metro cúbico.
En lo que se refiere al Chanza en sí mismo, hay que prever una inversión, yo calculo, de por lo menos 70 millones de euros en el canal de Trigueros, además de un bombeo de 140 metros, que con la pérdida de carga se transforma en 200 metros y unos 40 o 50 millones para la red de distribución.
Lo que se nos ofrece con esta PNL es como una manzana aparentemente sana, el Chanza, para alimentar, eso sí, de entrada la insaciable avidez de la estrategia de oferta vigente y constantemente alimentada por razones electoralistas. Sin embargo, advertimos que, como en el Paraíso, esa manzana, amigos míos, está envenenada; alimentar la expectativa de más recursos sin activar a fondo la clausura de pozos y regadíos ilegales, y sin promover estrategias de gestión de la demanda, es una grave irresponsabilidad, especialmente si tenemos en cuenta que esas estrategias incluyen, en última instancia, aguas tóxicas. Alimentar esa expectativa pone en riesgo grave, de entrada, los mercados de las producciones de Huelva, al tiempo que supone afecciones directas e indirectas a Doñana.
Por ello proponemos una serie de cuestiones previas que deben condicionar lo que se propone en la PNL. En concreto, desarrollar lo previsto en el Plan especial de ordenación del regadío norte en la corona forestal de Doñana, que ya lo he explicado antes. Segundo, realizar una evaluación ambiental estratégica, con atención a la toxicidad de las aguas trasvasables. Tercero, evaluar riesgos sobre los mercados de la producción agraria de Huelva, con esa perspectiva de trasvases con metales pesados. Por último, un cálculo riguroso de costes, como exige la directiva marco, con un compromiso explícito de pago de dichos costes por los potenciales beneficiarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pedro.
Ha presentado una enmienda a esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Carmelo Romero.
Le voy a decir a usted y a todos los diputados aquí presentes, tanto de un grupo como de otro y de todos los lugares de España, lo que se pretende en una zona de la provincia de Huelva muy importante, que es fundamental en los asuntos socioeconómicos y también en los asuntos de empleo. Cerca de la comarca de Doñana, en la comarca del Condado de Huelva, que abarca una serie de pueblos, se está produciendo una situación muy importante de desarrollo socioeconómico, con el cultivo de fresas, arándanos, frambuesas y también moras, y además puedo decir que es un cultivo eminentemente social. ¿Por qué? Pues porque en materia de empleo, de manera directa, se están empleando entre tres y seis meses al año, más de 80.00 personas, y de manera indirecta, en esas empresas de auxiliares y empresas de servicio del sector agrícola, otras tantas. Por tanto, el cultivo social no hay quien se lo quite aunque algunos quieran quitárselo de en medio. También la facturación de ese sector agrícola es muy importante. Por eso tenemos que garantizar allí los regadíos de toda esa zona, porque social y económicamente es muy importante, pero no solo por eso, sino también por la situación de sostenibilidad medioambiental.
Como bien se ha dicho por parte del diputado de Podemos, habría que empezar a cerrar los pozos que están pinchados en el acuífero 27, que es el acuífero de Doñana. Ya se está haciendo, señor Arrojo, se están cerrando esos pozos, aunque están pendientes otros. Sin embargo, quisiera decir que tiene importancia tanto en materia socioeconómica como en materia medioambiental, por eso es por lo que se trae aquí, se ha traído en múltiples ocasiones, en otros ámbitos de las distintas administraciones, ese trasvase de 15 hectómetros cúbicos que se necesitan para garantizar todo eso, lo medioambiental y también lo socioeconómico, que tan importante es una cosa como otra.
¿Qué ha hecho el Gobierno del Estado, el Gobierno del Partido Popular, porque el de Zapatero poco hizo? ¿Qué ha hecho el Gobierno del Estado del Partido Popular? Pues el Gobierno, teniendo siempre en la cabeza que el agua es riqueza y es empleo, ha efectuado el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos, que es a lo que se ha referido antes la señora González Bayo, que lo aprobó el Consejo de Ministros del señor Rodríguez Zapatero. Lo aprobó y se acabó, ya no hizo más. Tuvo que ser en el año 2012 cuando vimos los papeles y empezamos no solamente a gestionar los papeles, sino a hacer las obras, y ya hoy son una realidad esas obras, y ya se están regando con esos 4,99 hectómetros cúbicos los campos de la comarca del Condado.
Además, el Gobierno del Estado, el Gobierno del señor Rajoy, ha hecho lo siguiente: Se ha comprado la finca Los Mimbrales, con 6,8 hectómetros cúbicos más, por 50 millones de euros. Lo anterior, los 4,99 hectómetros cúbicos, ese trasvase supuso más de 20 millones de euros; ahí tiene usted no palabras, obras. Y se está haciendo la presa de Alcolea, oiga, no sesenta y algo, 89 millones de euros es lo que vale, usted andaba por los 90, más o menos es lo que es, pero no es que vaya a ser, es que ya son 89 millones de euros.
Se han cerrado ya en este momento 263 pozos de la comarca de Doñana, del acuífero 27, y están pendientes 130 pozos más que en breve plazo de tiempo, espero, se puedan cerrar también. Aparte de eso, queremos los 15 hectómetros cúbicos de trasvase. Y queremos que se haga la ley de trasvase. ¿Por qué? Para garantizar de una vez por todas que lo que hoy se está produciendo con agua extraída del acuífero 27 se haga con agua superficial. Para eso se necesitaba ese plan de la corona norte de Doñana que usted ha anunciado y que aprobó el Gobierno, se publicó en el BOJA el 30 de diciembre de 2014. Tardó nada más y nada menos que cerca de una década, la Junta de Andalucía tardó una década hasta que salió en el BOJA. Y usted viene hoy aquí a decir: Que el próximo viernes el Consejo de Ministros apruebe un proyecto de ley. Tardó una década. Pues bien, a partir de esa década, cuando salió publicado en el BOJA, mes y medio después, el secretario de Estado dijo -Europa Press, en Huelva-: "El Gobierno autoriza un nuevo trasvase de 15 hm3 cúbicos para garantizar los regadíos del Condado." Además, no solamente lo dijo Europa Press, que puede pensar lo que quiera; también se dice en el Huelva Información: "Luz verde del Gobierno al trasvase de 15 hm3".
El señor PRESIDENTE: Señor Romero.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
Yo le he ofrecido a la señora González Bayo que hagamos una propuesta conjunta, que haya una transaccional conjunta, que la voy a leer, porque yo lo que quiero es claridad, queremos allí solamente claridad y no ese embrollo de esta proposición no de ley. Dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se acelere y continúe con el desarrollo de los trabajos iniciados para efectuar el trasvase de 15 hectómetros cúbicos entre la cuenca de los ríos Tinto, Odiel, Piedras y la cuenca del río Guadalquivir para los regadíos del Condado de Huelva, que acoge a los municipios de Moguer, Bonares, Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Almonte. Eso es claro, eso es intachable...
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, no me obligue a quitarle la palabra.
Ustedes están acostumbrados a muchas palabras, a mucho ruido y nada de hechos, y, si no, que diga la Junta de Andalucía cuántas obras ha hecho en materia de aguas en la provincia de Huelva.
El señor PRESIDENTE: Yo he apelado a su sentido de la responsabilidad y he aplicado con una cierta generosidad todos los turnos; todo el mundo ha doblado el tiempo previsto, todo el mundo, pero en esto pasa como en los penaltis, que todo el mundo ve los del equipo contrario. A partir de ahora, para el buen orden de la reunión, seré mucho menos flexible, mucho más riguroso para que todos los portavoces se ajusten a los tiempos previstos; si no, no vamos a finalizar la sesión de hoy. Pero todo el mundo ha duplicado los tiempos previstos.
Señora González Bayo, a los solos efectos de decir si acepta o no las enmiendas que le han propuesto don Pedro Arrojo y don Carmelo Romero, tiene la palabra.
No acepto las enmiendas que me ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y no acepto la enmienda que me presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque es incompleta en referencia a lo que presento en la PNL.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, ¿algún grupo desea la palabra? Don Luis Salvador, por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra.
Estamos asistiendo a un ejemplo del que los onubenses tienen que estar no digo preocupados, sino acostumbrados pero extrañados. Resulta que el Grupo Socialista presenta una PNL para solucionar una problemática que se reconoce tanto desde el ministerio como desde las demarcaciones del Plan hidrológico que es necesario realizar, ese aumento de 15 hectómetros cúbicos más para poder garantizar lo que se ha expuesto ya tanto por la proponente de la PNL como por el también proponente de la enmienda del Grupo Popular. El señor Arrojo, de Podemos, ha hecho una intervención técnica, siempre de nivel y que siempre me desborda porque no tengo los conocimientos técnicos y tendría que estudiármela para seguirla
después en su momento cuando empieza a entrar en detalles, pero me quedo con la parte política. La PNL que presenta el Grupo Socialista y lo que está diciendo el Grupo Popular es que están de acuerdo en que hay que hacer ese trasvase de esos 15 hectómetros cúbicos más y que, además, hay que garantizarlo con carácter permanente. Sin embargo, prefieren estar en el 'y tú, más', tirarse los trastos, ver qué es lo que no hizo el uno, qué es lo que está haciendo el otro, en decir que continuamos y aceleramos y el otro que no se ha hecho nada, que hay que hacerlo, en vez de decir que por una vez están de acuerdo en un tema tan importante para la provincia onubense como es este, y para los empleos que se han dicho y para nuestros agricultores y los productos hortofrutícolas, y no entendemos que haya este lío.
No nos gusta que el Grupo Socialista no se haya abierto por lo menos a haber intentado llegar a una transaccional para haber intentado encontrar el consenso del resto de los grupos en un tema en el que todos podemos estar de acuerdo, y no entendemos que el Grupo Popular no acepte que el Grupo Socialista ha planteado algo lógico, que haya preferido recriminarle lo que tenía que haber hecho pero no hizo, pero el Grupo Popular dice que sí estaba haciendo, pero que, como siempre, no está hecho y hay que continuar y acelerarlo. Vamos a apoyar esta PNL aunque nos hubiera gustado una transaccional con el conjunto de los grupos y que hubiera sido un poquito más flexible también en este sentido la portavoz del Grupo Socialista.
- RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD A LAS CUEVAS Y EL ENTORNO QUE CONFORMAN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE CALASPARRA (MURCIA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001329).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Les recuerdo que llevamos una hora de sesión y solo hemos visto una iniciativa, a todos ustedes se lo recuerdo.
La siguiente propuesta es relativa a la declaración de Patrimonio natural de la humanidad a las cuevas y el entorno que conforman el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de Calasparra (Murcia). El autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, doña Ascensión Carreño.
Señorías, en primer lugar, quiero saludar a quienes han venido desde la Región de Murcia, desde el municipio de Calasparra, que aunque no están aquí presentes en esta sala se encuentran en el Congreso de los Diputados, como es el presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen de Arroz de Calasparra, don Antonio de Béjar Reverte, el párroco de Calasparra, don José Manuel Martínez o el presidente del Consejo Consultor Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, don Rafael Cerro, entre otros. También quiero dar las gracias a los concejales del Partido Popular de Calasparra por el impulso de esta iniciativa que hoy presenta el Grupo Popular, una proposición no de ley relativa a la declaración de Patrimonio natural de la humanidad a las cuevas y el entorno que conforman el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de Calasparra (Murcia).
Calasparra, señorías, se encuentra bañada por cuatro ríos y dos pantanos, posee uno de los paisajes naturales más especiales y espectaculares del noroeste de la Región de Murcia. Entre su patrimonio destacan pinturas rupestres, yacimientos arqueológicos, cultura, además de recursos para practicar deporte de naturaleza y posiblemente el mejor arroz del mundo, el arroz de Calasparra, producto estrella de la gastronomía murciana y embajador de la región en los cinco continentes.
El Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de Calasparra, ocupa un lugar único por su orografía y por una venerada presencia mariana, con el título y advocación de Esperanza, manifestada bajo la presentación de una doble imagen de la Virgen. Cuando se recorren los alrededores del santuario y lo observas desde lejos, parece lógico que fuera escogido ese lugar ante cualquier otro. Es tal impresión de serenidad, de paz, que los sentidos se llenan de mensajes que no aciertas a describir. El santuario se encuentra en una gran cavidad excavada en la roca, es una alegoría entre la espiritualidad, la naturaleza, el turismo y el ocio. Se trata de uno de los tres santuarios más visitados de España. Destaca sobremanera el hecho de que, pese a las peregrinaciones, cada persona encuentra su espacio personal para poder tener una experiencia e intimidad con la imagen de la Virgen de la Esperanza.
Las cuevas que conforman este abrigo rocoso, ubicadas en este entorno natural de belleza extraordinaria junto al río Segura, han sido desde tiempo inmemorial lugar de protección para pastores ante las inclemencias meteorológicas. En su interior albergan dos nacimientos de agua. Uno de los momentos más importantes para la historia del santuario es el otorgamiento del testamento de la calasparreña Juana Sánchez, de 1617. Durante el mes de septiembre se celebra la famosa romería en la que miles de visitantes acuden al santuario; también se celebra el mercado artesanal y de productos típicos, organizado por la mayordomía de la Fundación Santuario.
Otro elemento destacable es la cueva del Puerto, a nueve kilómetros de Calasparra, con cerca de cinco kilómetros y un desnivel de 114 metros de profundidad; es la cueva con mayor recorrido horizontal de toda la Región de Murcia, habilitada para la visita turística en el recorrido de más de 700 metros y para la práctica de espeleología. El entorno natural se remata con el cañón de los Almadenes, un escenario salvaje, prácticamente inalterado por la mano del hombre. Se trata de un paraje protegido, habitado por álamos, fresnos, sauces y animales, como el búho real, el águila culebrera y la nutria. El patrimonio cultural y natural se completa con los abrigos del Pozo y la cueva de los Monigotes, dos referencias imprescindibles, datadas desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, y perteneciente al llamado arte esquemático.
La agricultura, señorías, es el motor económico de Calasparra, el cultivo del arroz, que se remonta hasta el siglo XIV, es otro de los elementos característicos de esta zona, un arroz con denominación de origen protegida en Calasparra, que se extiende su producción a los términos colindantes de Moratalla, en la provincia de Murcia, y Hellín, en la provincia de Albacete. En definitiva, es un elemento más del rico acervo cultural y natural, en este caso agroalimentario, que debemos promocionar como símbolo de calidad. Su sistema de riego por inundación, cuya inclinación de las parcelas permite que el agua sobrante pueda regresar a formar parte del río, apenas consume el 8 % del agua que pasa por las parcelas, el resto retorna al río. Todas estas características naturales nos llevan a reconocer el valor del entorno como monumento de la naturaleza y a mantener este espacio en las mejores condiciones de conservación y uso sostenible, evitando con ello cualquier actuación que devalúe este patrimonio.
Por ello, el Grupo Popular insta al Gobierno a que apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la candidatura de las cuevas y el entorno que conforma el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de Calasparra, en la Región de Murcia. Además, el deseo del Grupo Popular es que todos los grupos apoyen esta iniciativa, apoyen al municipio de Calasparra y apoyen a la Región de Murcia.
A esta iniciativa ningún grupo ha presentado enmiendas. ¿Algún grupo desea fijar posición? Por parte de Ciudadanos tiene la palabra don José Luis Martínez.
Vaya por delante que yo también soy murciano, pero esto no me va a restar objetividad al manifestar que Calasparra merece ser considerada Patrimonio natural de la humanidad por lo que voy a pasar a relatar e intentar explicar.
La Región de Murcia es una de las regiones de España quizá con la mayor biodiversidad en un territorio pequeño; pasamos, sin solución de continuidad, de parajes de sierra a bosques de ribera o humedales, como el Mar Menor, y a ecosistemas de costa y el desierto, que también tenemos desierto. Calasparra se encuentra situada en la comarca del noroeste de la Región de Murcia, que es una estibación de la serranía de la Bética y está ligada al agua; no podríamos entender la declaración de Patrimonio natural de la humanidad y la situación de Calasparra sin estar ligada al agua y, en concreto, al río Segura. La presencia de agua es lo que determina los asentamientos de población, porque son fuente de vida, de progreso y de riqueza para la civilización y casi todas las civilizaciones o las ciudades se ubican cerca de sitios donde hay agua, en este caso del río Segura, el río Thader para los romanos y el río Secura para los árabes. Esto condiciona y va a condicionar el paisaje en la zona, porque la morfología del terreno está constituida por rocas kársticas y con el paso de los años el agua va horadando el terreno y ha configurado el paisaje tan espectacular de la zona de Calasparra y del cañón de Almadenes. Esto no sería posible sin el río Segura y sin sus afluentes, que son el Argos y el Quípar, que son los que, como digo, determinan el paisaje, el agua y el río de la vida. Hay una película al respecto, que recomiendo, de Chumilla Carvajal,
un director murciano y producida por Elías Querejeta, que pone bien de manifiesto todo este proceso, cómo el río, cómo el agua condiciona la vida y los asentamientos de los pueblos.
Los asentamientos en la zona de Calasparra tienen una antigüedad de casi siete mil años, ya tenemos allí cuevas y abrigos rupestres, que además son Patrimonio de la Unesco desde el año 1999, como son los abrigos de la Serreta y del Pozo. Ha habido civilizaciones, casi todas las civilizaciones han estado allí, como la argárica, la ibérica, los griegos, los romanos y, por supuesto, los árabes. Es tal la importancia de Calasparra y de sus ríos que la Cañada Real pasaba por allí, los antiguos terrenos de la Mesta, porque los pastores buscaban el abrevadero y las cuevas que el río horadaba en este paisaje kárstico daban lugar a abrigos donde se refugiaban estos pastores y en uno de estos abrigos, en una de estas cuevas, es donde posteriormente se ubicó el Santuario de la Virgen de la Esperanza de Calasparra.
No podríamos tampoco entender Calasparra sin su arroz, como ha dicho la compañera del Grupo Popular, y esto viene también condicionado por el agua...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muy breve.
Hay que mencionar la singular belleza del paisaje, toda esta belleza explota en el cañón de Almadenes, que está cortado en vertical en algunos puntos con hasta 150 metros de desnivel, y esta belleza ha sido cantada desde la Edad Media. Ya el geógrafo andalusí Al-Zuhi, en su libro de geografía decía que esta zona era una de las maravillas del mundo. Por todo esto, pensamos que la zona de Calasparra y del cañón de Almadenes contiene los fenómenos naturales extraordinarios y de singular belleza natural que se requieren para ser declarada Patrimonio natural de la humanidad, por lo cual vamos a apoyar esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pastor.
Quiero rendir un homenaje en el día de hoy, 8 de marzo, Día de las mujeres, a todas aquellas mujeres que luchan y se esfuerzan por no ser invisibilizadas por las prácticas, los ritmos, la ceguera y los codazos de sus compañeros varones. Quiero dedicar un homenaje a todas las mujeres que fueron y que son ejemplo para todas nosotras, a todas las valientes que no se resignan y que no se quedan ahí, dejando que las ninguneen. Muchas gracias a todas por estar ahí, tengan la edad que tengan, trabajen en el ámbito que trabajen, se expresen como se expresen y estemos donde estemos.
Respecto a la PNL del Grupo Popular, relativa a la declaración de Patrimonio natural de la humanidad de las cuevas y el entorno natural del Santuario de Santa María de Calasparra. Anunciamos nuestro voto favorable, pero queremos hacer algunas consideraciones. La primera se refiere al trabajo preparatorio. Entendemos que los procesos de declaración de Patrimonio natural de la humanidad deben partir de una demanda social, donde se ve la articulación y la participación, donde se contempla esa articulación y participación de diferentes actores, sociales y económicos. Creemos que el éxito de estos procesos siempre depende de una activa implicación del conjunto de agentes del territorio, del desarrollo de acciones previas de mejora, la divulgación del proyecto para el cual se quiere promover la declaración, así como la sistematización de la documentación y la información disponible.
Con la solicitud de la declaración se suele adjuntar una propuesta de futuro. Consultadas las organizaciones sociales de la zona afectada, nos ha sorprendido el escaso trabajo previo que se ha realizado hasta ahora, a pesar de haberse publicitado esta iniciativa en los medios de comunicación. Por eso creemos que no existe un trabajo previo y queremos recordar y animar la necesidad de impulsarlo. Por otro lado, las declaraciones de Patrimonio natural de la humanidad de nada sirven si no van acompañadas de un plan de gestión integral, a nuestro criterio debe ser así, un plan que se centrará, suponemos en las cuevas del entorno y afectará también a diversos aspectos que van desde el patrimonio arqueológico del Neolítico hasta el Patrimonio Inmaterial relacionado con el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza o cuestiones de índole agraria, como el cultivo tradicional del arroz, lo que implica una conservación de los ecosistemas de regadío tradicional. Este plan de gestión debería estar vertebrado por la idea de sostenibilidad en un contexto de enorme vulnerabilidad, como es el de la Región de Murcia, en un marco al que no podemos sustraernos, como es el del cambio climático.
Conocidos los desmanes del Gobierno de Murcia en la gestión de otros espacios ecológicos frágiles, como es el Mar Menor, por ejemplo, queremos recordar esta necesidad: sin un adecuado plan de gestión sostenible, la declaración no servirá absolutamente para nada y tememos que pudiera ser al contrario, perjudicial. En cualquier caso, confiamos en que este plan de gestión integral se llevará a cabo y votaremos a favor de esta proposición no de ley del Grupo Popular.
Tiene la palabra don Pedro Saura, en nombre del Grupo Socialista.
No sé si les sucede a ustedes, señorías, pero una de las cosas más interesantes para un diputado es poder hablar en algunas ocasiones de tu tierra y de los sentimientos más elementales. Les digo que a mí me sucede que pasar en algunas ocasiones de las macromagnitudes más frías y más impersonales a hablar de tu tierra, a hablar de emociones, es una de las cosas más interesantes que nos pueden pasar como diputados aquí en el Congreso de los Diputados.
Les anticipo que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la iniciativa. Calasparra, el cañón de Almadenes, las cuevas y el entorno de Nuestra Señora de la Esperanza, son lugares en un entorno irrepetible, lleno de emociones y también, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, invitamos a todos los españoles y a todos los ciudadanos del mundo a que lo visiten, a que visiten ese entorno.
Nosotros vamos a apoyar la iniciativa básicamente por dos razones. En primer lugar, porque estamos hablando de un entorno irrepetible, estamos hablando de algo que, efectivamente, lo merece objetivamente hablando. En segundo lugar, porque nos parece que, para que se declare Calasparra y su entorno Patrimonio de la humanidad, lo que necesitamos es consenso social y político, y es importante que también hoy aquí, parta esta iniciativa con el consenso político necesario.
Voy a leer una parte de la PNL. Dice: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial, y una vez haya sido incluida en la lista indicativa, también con el acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo..." ¿Por qué leo esta parte de la proposición no de ley? Porque con tantos condicionantes nos parece muy necesario, señorías, que se desarrolle una estrategia eficaz e inteligente, que, a nuestro juicio, tiene que partir y tiene que ir a la base, tiene que ir a los ciudadanos, tiene que ir al municipio, tiene que ir a la Región de Murcia, porque de esa manera, con esa estrategia eficaz e inteligente, se conseguirá el objetivo. Y para nosotros, una base importante de esa estrategia es también el acuerdo social y el acuerdo político; es decir, que de ninguna manera esa estrategia tiene que ser utilizada de manera partidista por ningún grupo político porque, de esa manera, se logrará el objetivo que pretende la iniciativa y con la que nosotros estamos de acuerdo.
- RELATIVA A LA TRAMITACIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA MARINA PROTEGIDA (AMP) CON NOMENCLATURA DE SANTUARIO INTERNACIONAL DE CETÁCEOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000511).
El señor PRESIDENTE: Esta iniciativa ha sido retirada.
- SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE GESTIÓN CINEGÉTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000867).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto número 6.º del orden del día, sobre la estrategia nacional de gestión cinegética. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra doña Teresa de Lara.
Señorías, la disposición adicional cuarta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley de Montes, prevé la elaboración y adopción de una estrategia nacional de gestión cinegética que
establezca, en colaboración con las comunidades autónomas, el marco orientativo y de coordinación, a nivel nacional, del aprovechamiento cinegético. La inclusión de la citada estrategia fue el resultado de fructíferas negociaciones con las comunidades autónomas competentes en temas cinegéticos. Creemos, señorías, que es importante abordar cuestiones relativas a las vedas y su coordinación en comunidades autónomas colindantes, a los recursos genéticos cinegéticos, a las licencias, a la regulación de métodos de caza y, en definitiva, a la definición de aspectos sanitarios.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que la actividad cinegética y de la pesca, practicadas de forma racional y sostenible, no solo aportan beneficios sociales y económicos, sino también medioambientales y culturales. La caza y la pesca deportivas, señorías, mantienen un firme compromiso con la conservación de los espacios naturales y de las especies, convirtiéndose en un instrumento de gestión imprescindible y tienen un profundo arraigo en nuestras tradiciones, constituyendo un sector económico con importante capacidad de generar renta y empleo en el mundo rural, especialmente en ese mundo rural más desfavorecido.
Señorías, hablar de actividad cinegética y piscícola es hablar de cultura, de campo, de tradición, de desarrollo rural, de generación de riqueza y empleo. Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una autoenmienda a su proposición no de ley en el sentido de incorporar a la gestión cinegética la gestión de la pesca y quedando por ello el documento como estrategia nacional de gestión cinegética y de la pesca.
Como seguramente conocen ustedes, la caza en España es practicada por unos 800.000 cazadores nacionales, a los que hay que sumar los más de 25.000 visitantes extranjeros que anualmente vienen a cazar procedentes de diversos países. Según los estudios de valoración económica del sector cinegético, la actividad genera un flujo económico de más de 4.000 millones de euros anuales y una generación de cerca de 60.00 empleos. Además, cuenta con una base medioambiental de 43 millones de hectáreas, lo que hace de España una de las regiones de Europa más ricas en biodiversidad cinegética. En cuanto a la pesca deportiva, son 75.000 federados los que realizan la actividad en distintas partes de España y además es cada vez mayor la demanda de esa actividad como producto turístico, generando también asimismo una actividad económica de más de 3.000 millones de euros al año.
Señorías, el principal objetivo de la estrategia es, por tanto, lograr la diversificación y mejora de las rentas del medio rural, para lo que será precisa la colaboración de todas las comunidades autónomas. Se trata, en definitiva, de lograr mayor dinamismo económico y social para el conjunto del sector, como sucedió cuando varias comunidades autónomas firmaron un protocolo para la creación de la licencia de caza interautonómica. El protocolo se enmarcó, señorías, en la apuesta del Gobierno por la simplificación administrativa, el mercado único y el impulso hacia una administración más eficiente, eficaz y más barata para los ciudadanos. A fecha de hoy, Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Madrid han emitido más de 40.000 de estas licencias, lo que significa que estos cazadores tienen mayor movilidad en estas comunidades, además de favorecer la presencia en el territorio de una actividad rural estratégica.
Termino, señor presidente, y lo hago reiterando la apuesta, el compromiso del Grupo Parlamentario Popular por la caza y la pesca deportivas, practicadas de forma sostenible, actividades que contribuyen al equilibrio de los ecosistemas y a dinamizar el mercado rural. Estoy convencida, señorías, de que la aprobación de la estrategia nacional de gestión cinegética y de la pesca contribuirá a ello, por lo que solicito el voto favorable de los grupos parlamentarios.
A esta iniciativa se había presentado una enmienda del Grumo Mixto, que ha sido retirada, y luego una autoenmienda del propio grupo proponente, que ha defendido. ¿Algún grupo desea fijar la posición sobre esta iniciativa? Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bataller.
Compromís va a votar en contra de esta proposición no de ley por motivos tanto de fondo como competenciales. Hace tiempo que la caza dejó de ser una actividad necesaria para procurar el sustento de las poblaciones rurales. Únicamente queda, como función social de la caza, aquellas batidas que se organizan para eliminar los excesos de animales que pueden resultar dañinos para personas y bienes, pero realmente no entendemos que esta actividad recreativa deba llevarse más allá. En cualquier caso, y lo que voy a decir es lo más importante, hay un problema competencial que no podemos obviar. Según el artículo 148, apartado 11.ª, de la Constitución española es competencia de las comunidades autónomas
la caza y, en desarrollo de este artículo, los estatutos de autonomía han asumido tal competencia. Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana así lo hace en su artículo 49 y hay numerosas leyes de caza autonómicas, por ejemplo, la Ley 13/2004 de la Comunidad Valenciana.
¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema es que cuando el 27 de mayo de 2015 se produjo un vuelco electoral en numerosas comunidades autónomas parece ser que hubo prisa por entrar en una dinámica de recentralización de competencias, y así tenemos que por la Ley 21/2015, de 20 de julio, se introdujo una disposición adicional cuarta en la cual se hablaba de esa estrategia nacional cinegética que invade competencias de las autonomías con la excusa de una planificación económica que realmente no es tal. Y quiero recordar a sus señorías que en fechas recientes, en el Pleno de este Congreso, hemos aprobado una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana para ir acabando con toda la normativa que de una manera apresurada fue promulgándose en la X Legislatura, cuando ya se veía que el rodillo mágico iba a desaparecer y cuando lo que interesaba era volver a una situación de recentralización como fórmula maravillosa para solucionar problemas competenciales que, como digo, deben respetar en todo caso la situación en la que están las diferentes comunidades autónomas.
Por tanto, entiendo que aprobar esta proposición no de ley supondría abundar en una línea política en la que ya se ha demostrado que evidentemente no podemos seguir y supone, por tanto, que se esté validando una invasión competencial que, con la excusa de ordenar la caza, también entraría en otras cuestiones, como ordenación de espacios naturales y relacionados. Por estos motivos, anunciamos nuestro voto negativo a esta proposición.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, don Enric Bataller.
Por Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra su portavoz, don Xavier Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidente.
Votaremos en contra de esta PNL ya que, como se indica en la exposición de motivos, se basa precisamente en la reforma de la Ley de Montes 21/2015, del 20 de julio, una reforma que nuestro grupo precisamente votó en contra en su momento por varios motivos. Por un lado, era una reforma acuñada desde el interés por la explotación de recursos naturales que suponía la desregularización del medio natural y, por otro lado, suponía también una injerencia del marco competencial de las comunidades autónomas en aspectos como, por ejemplo, la restricción de funciones de los agentes forestales. Era una reforma que en su momento ya planteó diferentes problemas, además teniendo en cuenta, como ha comentado mi compañero, que se abordó en el mes de diciembre la derogación de la reforma. Presentamos una PNL donde se abordaba la derogación de las reformas legislativas en el ámbito medioambiental que precisamente, obviando las directrices europeas, han supuesto hasta ahora un importante retroceso en la protección del medio ambiente al aplicarle una óptica neoliberal en la senda de su privatización y marquetización.
Esta propuesta que presentamos aquí fue aprobada por todos los grupos, excepto por el Partido Popular, y creemos que es contradictorio que se plantee en estos momentos una PNL que se basa en esta propia Ley de Montes. Por lo tanto, creemos que la aplicación de esta propuesta que se nos plantea puede ser una injerencia competencial en ciertos aspectos como, por ejemplo, cuando se habla de armonización de las órdenes de veda o cuando se habla de directrices generales de caza, teniendo en cuenta que hay leyes de caza pendientes en diferentes comunidades autónomas y que puede tratarse de un tema de licencia única que realmente se ha de contrastar. Creemos que es un aspecto que, en la misma línea que cuando se aprobó la Ley de Montes, puede seguir generando conflictos de competencias con comunidades autónomas.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don Miguel Garaulet.
La señora diputada De Lara siempre nos traslada unas PNL que, hasta cierto punto, tienen su lógica. Me parece una idea bastante buena, como aquella que hace unos años pretendía que se incluyera la caza como un subsector del sector agrario. ¿Las repercusiones y las mejoras que eso trajo consigo? Hasta ahora, ninguna, y por eso estamos aquí otra vez.
La PNL empezaba bien, incluía la caza y la pesca y, gracias a Dios, han hecho ustedes una enmienda donde también incluyen la pesca, que en la primera parte estaba olvidada, y no conviene perder de vista que actualmente hay más pescadores que cazadores.
Pero para que no se convierta en otro brindis al sol, vamos a proponer lo siguiente. Dentro del marco de la estrategia nacional de gestión cinegética proponemos la creación de un consejo rector de caza en España que sea dependiente o no del Mapama pero que esté formado por un grupo de expertos técnicos y no técnicos, representantes de los principales sectores de la caza, con un representante del ministerio, el presidente de la Real Federación Española de Caza, representantes de las principales asociaciones de cazadores, organismos de investigación en temas cinegéticos, universidades, de las asociaciones ecologistas más importantes de España; es decir, un consejo rector que pueda orientar y pueda definir cuáles son los criterios, tanto en la caza como en la pesca, que puedan organizar el sector. Hablan de modificar la Ley de Montes, pero yo hablaría mejor de actualizar la Ley de Caza de 1942 e ir incorporando a las comunidades autónomas. Efectivamente, como dice nuestro compañero de Compromís, es una competencia que está totalmente derivada a las comunidades autónomas, hay que hacer partícipes a las comunidades autónomas del desarrollo de esta Ley de Caza. Hay que incluir a la Real Federación Española de Caza en todos los organismos consultivos tanto de la Administración nacional como autonómica, porque no está.
Yo, en contra de lo que dice el compañero de Esquerra Republicana, creo que no es de recibo disponer de diecisiete leyes por cada una de las comunidades autónomas; hay una forma de gestionar diferente, hay diferentes especies prohibidas en cada una, hay otras que no son prohibidas, el valor de las sanciones son totalmente dispares; es decir, los métodos a utilizar son diferentes. Por eso proponemos el establecimiento de una licencia nacional y la licencia para las comunidades autónomas limítrofes; licencia gratuita para las rentas bajas; disponer de un registro de infractores a nivel nacional; que se regule una caza sostenible dentro de la normativa de la Unión europea en su totalidad, no como se hace actualmente; considerar necesaria la fauna cinegética como base de la fauna silvestre; considerar la caza como un tipo de gestión medioambiental; un registro de empresas comercializadoras de caza; legalizar laboralmente a todas aquellas personas que intervienen actualmente en la caza, como pueden ser los rehaleros, los postores, los recogedores de carne, mediante una simplificación de los trámites a la hora de darlos de alta; aplicación de tarifas planas; establecer las infracciones de las leyes de caza de forma clara y contundente; el tratamiento del furtivismo...
El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo. Este es un turno de fijación de posición.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: En definitiva, vamos a apoyar esta PNL, pero creemos que debemos adelantar y aportar todas estas propuestas dentro de otra PNL o en el desarrollo de esta PNL en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Garaulet.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Juan Antonio López de Uralde.
No se crea que tengo mucho interés en hablar de este tema, porque cada reunión de la Comisión de Agricultura el Partido Popular nos presenta una PNL sobre el tema de la caza; parece que no pasa nada más en el mundo que los problemas en torno a la caza. Precisamente en la última reunión de esta Comisión todos los grupos, excepto el Partido Popular, votamos una proposición no de ley para recuperar y reforzar la Ley de desarrollo rural, cuyo objetivo es dar un impulso real al mundo rural, un impulso que de verdad permita diversificar la actividad y potenciar muchísimas actividades económicas. Esta ley fue cortocircuitada por el Gobierno del Partido Popular, que le quitó toda la financiación. Conviene recordarlo porque ahora, con esta proposición no de ley, parece que, según sus autores, la única labor que genera actividad económica en el mundo rural fuera la caza, cuando hay necesidades mucho más importantes que, al parecer, no despiertan el menor interés.
Somos conscientes de los ingresos que suponen para los pequeños municipios de España el arrendamiento y gestión de zonas forestales de propiedad municipal y comunal como los cotos de caza, y que desgraciadamente en muchos casos es uno de los pocos ingresos con los que cuentan. En este
sentido, se ha generado una situación perversa en la cual el Gobierno potencia sin freno la actividad cinegética, a pesar de que existe un proceso de desregulación social respecto a la actividad, y cada año se reduce más el número de personas que la practican. No invierten ni promuevan otras actividades ligadas a la gestión forestal, que serían más positivas a todos los efectos, ni promueve con el mismo empeño actividades ambientales, que son los auténticos nichos de empleo. Tampoco ofrece alternativas a la financiación de los entes locales, sino más bien al contrario, los estrangula financieramente.
La posición de este grupo confederal no es ni prohibir ni eliminar la caza, ni tan siquiera está en contra de la actividad en sí misma. En este momento estamos en contra de todas aquellas prácticas relacionadas con la caza que suponen maltrato animal o que atentan contra la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el equilibrio natural y, desde luego, no entendemos ni apoyamos que se impulse de manera machacona y por encima de cualquier otra actividad en el mundo rural. Pero sobre todo nos preguntamos qué sentido tiene esta PNL, si esa estrategia nacional de gestión cinegética que se solicita en la misma ya está prevista por el ministerio y fue anunciada por la propia ministra entre las sesenta y seis medidas que presentó en esta misma Cámara.
Es muy relevante recordar que las competencias en materia de caza no están en manos del ministerio sino de las comunidades autónomas. Esta propuesta choca, por tanto, con las competencias autonómicas de carácter exclusivo en temas de caza. Ello va en la línea de recentralización de la política del actual Gobierno que atenta contra los principios del Estado de las autonomías. Es decir, recortar las competencias para reforzar al Gobierno central. Esto hace que esa estrategia en realidad pueda tener un alcance muy limitado, ya que solo podría incluir temas de sanidad animal o aquellas cuestiones en las que se pongan de acuerdo las propias comunidades autónomas. Precisamente en el asunto que se menciona explícitamente, la licencia única, conviene recordar que cada comunidad autónoma tiene no solo su propia normativa, como corresponde a sus competencias, sino ecosistemas y especies diferentes, distintos periodos de caza, razones porque las que es lógico que cuenten con licencias diferenciadas.
Por todo ello, votaremos en contra de esta proposición no de ley del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Juan Antonio López de Uralde.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Pilar Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Muchas gracias.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de la Ley de Montes, como todos ustedes saben. No estábamos de acuerdo en la reforma de una ley que abría la puerta a la especulación, a favorecer intereses particulares y a minimizar las exigencias ambientales, tres constantes que, por cierto, han tenido todas las modificaciones legislativas que el Gobierno del Partido Popular hizo en la pasada legislatura, relativas al medioambiente.
En este caso, por supuesto, no estamos de acuerdo con desarrollar una parte de esa ley que tiene muchas aristas; tiene aristas, en primer lugar, porque las competencias sobre gestión cinegética, como todos sabemos, son exclusivas de las comunidades autónomas. Esto no tendría que ser una barrera para poder hacer una estrategia nacional, pero es que resulta que la realidad de la gestión cinegética en cada comunidad autónoma es muy diferente. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que son eminentemente de cazadores y hay otras comunidades autónomas que son de cotos de caza, como la mía, Extremadura. Y en una comunidad autónoma que recibe cazadores, en la que hay mucho coto de caza, tenemos muchas exigencias, exigencias fiscales muy importantes, exigencias que tienen que ver con la concesión de licencias, exigencias que tienen que ver con las tasas que se pagan, y me da la sensación de que siempre que hablamos de exigencias al final queremos armonizar por debajo, para que las exigencias sean las mínimas posibles y para que se facilite algo que consideramos que tiene que estar muy controlado.
Por tanto, consideramos que hay cuestiones que son mucho más urgentes que esta propuesta de armonización y coordinación que ni siquiera nombra a las comunidades autónomas, que ni siquiera hace alusión a aquellas organizaciones que tienen que tomar decisiones acerca de cuál sería un buen plan de gestión cinegética, como ha dicho el compañero de Podemos. Teniendo como tenemos la posibilidad de poner en marcha la Ley de desarrollo rural, que ha estado paralizada los últimos años -entonces no éramos la mayoría pero ahora sí-, pienso que lo que tiene que hacer el Gobierno es desarrollarla y no necesita siquiera traer aquí esta iniciativa sobre cuestiones relativas a la gestión cinegética. Cualquier
estrategia en este sentido que no contemple a las comunidades autónomas no tiene mucho sentido y desde el Grupo Parlamentario Socialista vemos que es una proposición no de ley para rellenar el cupo pero que no tiene mayor relevancia.
Por esos motivos, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra.
- SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN PESQUERA A LA COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000890).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la siguiente proposición, sobre la contribución de los acuerdos de colaboración pesquera a la cooperación con terceros países. Para su defensa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín García Díez. (El señor vicepresidente, Viso Diéguez, ocupa la Presidencia).
Como sabrán todas sus señorías, los acuerdos de colaboración pesquera sostenibles que se realizan entre la Unión Europea y terceros países los lleva a cabo la Comisión, en nombre de la Unión Europea, y tienen un objetivo prioritario y fundamental, que es permitir mayores posibilidades de pesca para la flota comunitaria dado que, como saben, es deficitaria en muchas de sus pesquerías. Quiero matizar que ese abanico de posibilidades que abren estos acuerdos se centra exclusivamente sobre poblaciones excedentarias -insisto en esta palabra, excedentarias- en las zonas exclusivas de esos países con los que se firman estos acuerdos. Además, tienen una garantía jurídica porque dichos acuerdos se regulan jurídicamente, como es conocido. Dentro de este tipo de acuerdos, los más representativos, los más famosos son aquellos que se llaman acuerdos del sur, que afectan sobre todo a especies de túnidos o afines a los túnidos, pero también los hay mixtos, con poblaciones demersales que no son de túnidos.
La Unión Europea fundamentalmente lo que hace es, a cambio de que estos países permitan el acceso a sus aguas a la flota comunitaria, ofrece unos derechos de acceso y ofrece un apoyo financiero sectorial, y digo sectorial porque lo que hace realmente es destinar ese apoyo económico a fomentar el desarrollo de la pesca sostenible en estos países, potenciando su capacidad tanto administrativa como científica, ya que se centra en la gestión, en la supervisión, en el control y en la vigilancia de la pesca sostenible. Este apoyo financiero, este apoyo sectorial, no se limita a una entrega de dinero, sino que además va acompañado de la prestación de unos servicios, de la experiencia de los técnicos de la Unión Europea, que son técnicos altamente capacitados y cualificados en la transferencia de conocimiento; por tanto son, al final, motores de desarrollo sectorial.
Si recuerdan la comparecencia de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente hace unas semanas en esta misma Comisión, nos hablaba de los acuerdos que estaban en vigor, los acuerdos que estaban negociándose y las nuevas posibilidades que se abrían. Quiero recordar brevemente que hay dieciséis acuerdos denominados del sur, de los cuales once están operativos y cinco en proceso de reanudación por algunas dificultades en los protocolos que ahora mismo están paralizados. Durante la pasada legislatura se dieron pasos muy importantes en este campo ya que, por ejemplo, se amplió esta red de acuerdos con Gabón, con Liberia, con las islas Cook; se ha recuperado uno que estaba durante muchos años paralizado con Senegal, pero sobre todo se han reforzado dos muy importantes dentro de los que llamábamos acuerdos mixtos, que son el de Marruecos y el de Mauritania, que afectan especialmente a nuestra flota española. Concretamente en Mauritania se han incorporado especies que no estaban incluidas en el anterior acuerdo, como son los cefalópodos, de gran trascendencia económica para algunas comunidades de nuestro país, como es Galicia, Canarias, Andalucía y el propio País Vasco.
En esa misma comparecencia la ministra nos decía que los objetivos de su Gobierno eran seguir impulsando ante la Unión Europea la negociación de nuevos acuerdos, de este tipo de acuerdos a que estamos refiriéndonos en todo momento, para la flota española. Además, tenemos que recordar que ya están abiertas negociaciones con nuevos países, como es el caso de Tanzania y otros que próximamente se abrirán, como es Kenia. Por tanto, el trabajo que ha llevado a cabo el Gobierno para ampliar esta red de acuerdos es fundamental para nuestros intereses ya que, como vengo diciendo, esta actividad queda garantizada en unas condiciones de estabilidad, de garantía jurídica, que serían yo diría que casi imposibles de alcanzar sin contar con el respaldo administrativo de la Unión Europea. Al mismo tiempo se garantiza
el acceso -y esto creo que es importante también- al mercado comunitario de productos de la pesca que cumplen con los rigurosos requisitos higiénico-sanitarios que establece nuestra legislación europea, contribuyendo así a una seguridad alimentaria y garantizando el empleo directo e indirecto que generan estas flotas.
Para ir concluyendo, quiero decirles, señorías, que a través de estos acuerdos se canaliza una inversión privada, además de la aportación económica que hace la Unión Europea, que en algunos países se convierte en un motor de desarrollo y de transferencia tecnológica. En definitiva, la combinación de este apoyo institucional a través de la matriz sectorial con sus correspondientes dotaciones económicas y el apoyo técnico de estos expertos a los que me he referido, aparte de la contribución de la iniciativa privada, hacen que estos acuerdos de pesca sean un elemento de desarrollo para muchos países con enorme éxito, como algunos de los ejemplos ya citados. Por tanto, estos acuerdos no son solo acuerdos comerciales, sino que son verdaderos mecanismos de asociación y de apoyo a los terceros países.
Quiero finalizar porque este debate, cuando lo hemos tenido en alguna otra legislatura, suscitó en alguna de las intervenciones -no recuerdo exactamente quiénes las defendieron- argumentaciones en el sentido de que este tipo de acuerdos de pesca son una especie de colonización a lo moderno, al ir ciertos países europeos a otros continentes a extraer un producto que de esta manera no puede ser extraído por los nativos. Pues no, señorías, vuelvo a insistir, porque lo he dicho creo que reiteradamente en mi exposición, en que estos acuerdos se firman solo para especies excedentarias de esos países y para especies que los pescadores de esos países no pueden pescar y a cambio están recibiendo una dotación económica importante y una transferencia de tecnología y de aprendizaje también muy importante.
Termino, señor presidente, diciendo que a esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que por alguno de los argumentos que ya he venido relatando no tenía cabida en los términos en que ha sido planteada. Sin embargo, en aras de buscar el consenso que a mí siempre me ha gustado alcanzar, he ofrecido a la ponente del Grupo Parlamentario Socialista una pequeña modificación a nuestro texto, que quedaría tal cual está añadiéndole al final, a efectos del Diario de Sesiones, la expresión "contribuyendo a promover unas condiciones sostenibles desde el punto de vista social, laboral y medioambiental". De esta manera espero que dé satisfacción si no total, por lo menos parcial a la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista. También solicito al resto de los grupos el apoyo a esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Viso Diéguez): Muchas gracias, señor García Díez.
Como bien comentaba, a este punto presenta enmienda el Partido Socialista. Para defenderla, tiene la palabra doña Margarita Pérez.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidente.
En mi opinión, tanto la exposición de motivos como la parte dispositiva de su iniciativa no se ajusta muy bien al título de contribución de los acuerdos de colaboración pesquera a la cooperación con terceros países. Parece más bien que buscan garantías para la Unión Europea en la explotación de recursos pesqueros en aguas de terceros países, que es una de las partes para poder hablar de cooperación entre países. Las relaciones tienen que ser equilibradas, aportar beneficios a ambas partes y, por tanto, ser equitativas. Es cierto que la pesca es una parte muy importante de la alimentación de los países menos desarrollados y un importante punto de apoyo para su desarrollo económico; por eso los acuerdos tienen que garantizar que la explotación de los excedentes de pesca que no utilizan los países en desarrollo no pasen de eso, de explotación de los excedentes, y que permitan la convivencia con la pesca artesanal que realizan los nativos.
En septiembre de 2015, la Conferencia del consejo consultivo de la flora de larga distancia en aguas no comunitarias, que se celebró en Las Palmas, emitió una serie de recomendaciones, entre otras, que los acuerdos se deben concluir en el mutuo interés de la Unión y de los países terceros implicados; el reconocimiento de la importancia que tiene la pesca, especialmente la artesanal, para los países africanos, dada su importante contribución a la creación de empleo, a la seguridad alimentaria y a la economía del Continente Africano; que la Unión Europea debe promover un diálogo con los países africanos que fomenten el desarrollo de un marco reglamentario para las sociedad mixtas y sus actividades extractivas, de transformación y de comercialización que garantice que las sociedades mixtas operan de manera transparente, no compiten con la pesca artesanal y contribuyen a los objetivos de desarrollo del país en cuestión; que los acuerdos pesqueros deben incluir los instrumentos de protección de los trabajadores en
las condiciones laborales decentes para garantizar las mismas condiciones laborales, la misma protección de los derechos de los trabajadores y los mismos niveles de formación; que la Unión Europea debe promover la transparencia a nivel global y apoyar las iniciativas adoptadas para que los países costeros publiquen los textos de los acuerdos de acceso, las listas actualizadas de los buques registrados, los datos relativos al esfuerzo de pesca global por pesquería, etcétera. De conformidad con el derecho internacional, dichos tratos son indispensables para permitir el cálculo de los excedentes sobre los que se basa el acuerdo con la Unión Europea o cualquier otra parte.
No parece que sean estas recomendaciones las que guían su propuesta. Es cierto que se necesita mejorar el intercambio de información, de tecnología para capturas, transformación, distribución, transporte y comercialización y mejorar la investigación, pero consideramos que también es necesario que las relaciones entre países sean equitativas y que hay que promover condiciones justas y sostenibles desde el punto de vista social, laboral y medioambiental. Por tanto, agradecemos profundamente que el ponente haya recogido esta adición a su iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Viso Diéguez). Muchas gracias.
Como usted ha dicho, el texto queda tal y como lo han acordado.
Para fijación de posición, tiene la palabra don Luis Salvador.
En primer lugar, nosotros entendemos que lo que se plantea en esta PNL es positivo, es adecuado; no entendemos por qué tienen siempre la necesidad de poner: continúe demandando, continúe realizando. Cuando se lee la PNL queda hasta ridículo que diga: "continúe demandando de la Unión Europea que el impulso político en su acción exterior se focalice en la potenciación..." ¿Eso se va a seguir haciendo permanentemente, o se va a hacer solo una vez para que la Unión Europea lo haga? Razón de más cuando la reforma política pesquera de la Unión Europea ya lo contempla. También podríamos entender que la declaración de buenas intenciones incluida en esta PNL, y que compartimos, la Unión Europea la incorpora completamente en su reforma de la política pesquera. Por tanto, le estamos pidiendo a la Unión Europea que haga lo que ya está contemplando.
Por otra parte, entendemos que son muy importantes estos acuerdos, y es muy importante también para nuestro país, es importante para nuestras flotas pesqueras, por ejemplo, para la andaluza, de donde yo vengo, pero también, como se ha dicho, para otros puntos de España. Cuando se ha puesto de ejemplo a Mauritania y la pesca del jurel, para nuestra flota es muy importante poder pescar esos excedentes porque de eso también depende el bienestar de muchas familias españolas que lo están necesitando. Si además a través de estos acuerdos se hace un intercambio justo y se puede ayudar a desarrollar el sistema pesquero y la economía de estos países, entendemos que es beneficioso para todas las partes.
Desde el Grupo Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo con este tipo de acuerdos fomentados por la Unión Europea y también entendemos que hay que dar la mayor participación posible a los países que participan, y lo vamos a apoyar. Es una declaración de buenas intenciones, estamos de acuerdo en que se plantee, pero nos parece excesivo meter el latiguillo permanente en todas las intervenciones. De todas formas, lo vamos a apoyar y nos sentimos satisfechos de que haya habido un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en un tema que es de interés general.
El señor VICEPRESIDENTE (Viso Diéguez): Muchas gracias, don Luis Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña Eva García.
Casi coincido -solo casi- en la postura que ha mantenido el compañero de Ciudadanos porque, efectivamente, es verdaderamente increíble el nivel de inconcreción de la proposición no de ley que trae el Partido Popular. Para empezar, que el Partido Popular inste a su propio Gobierno para que inste a Europa, donde también están gobernando, a que hagan la política aprobada por ellos mismos nos parece una perogrullada absolutamente increíble, y además traer aquí una proposición no de ley que no sabemos exactamente si se refiere a algún acuerdo en concreto, a un país en concreto, si va a implicar un cambio de normativa, nos dan ganas de votar que no. Además, al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea ni la exposición de motivos ni la política aprobada en ese sentido por parte de la Unión Europea nos parece de recibo, somos muy críticos con los acuerdos pesqueros con terceros países porque en muchos casos hemos visto que a lo que llevan es a la expulsión de facto de los pescadores y pescadoras autóctonos. Entonces, lejos de ser un elemento que mejora la seguridad alimentaria de estos países, nos lleva a una crisis social e incluso al desplazamiento de trabajadores y al empobrecimiento económico de la zona. Pero es que, además -y no lo decimos nosotros, se ha constatado por distintas instancias-, hay una falta de control en las compensaciones de estos terceros países, y tenemos el ejemplo bastante reciente de cómo el Tribunal Superior de Justicia Europeo paró el acuerdo que teníamos con Marruecos precisamente por la falta de compensación al Sáhara. Por tanto, no le vemos estas bondades, en general, a los acuerdos pesqueros con terceros países y desde luego para poder votar que sí en su caso, o cualquier otra toma de decisiones, tendríamos que tener una mayor concreción en esta proposición no de ley, pero tal como está presentada ni por una posición política ni, por supuesto, por la falta de concreción podemos votar otra cosa que no sea no. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Eva García.
- RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL PASSEIG MARÍTIM DE LES CALES DE MIAMI PLATJA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000931).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate del siguiente punto del orden del día, que es la proposición relativa a la ejecución del proyecto del Passeig Marítim de les cales de Miami Platja. La ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra don Ferran Bel.
Esta es una iniciativa que llega aquí después de que durante seis años el Estado no haya ejecutado un proyecto que se redactó en el año 2010, y la verdad es que no será por falta de iniciativas y enmiendas en diferentes Presupuestos Generales del Estado de los diferentes grupos parlamentarios en anteriores legislaturas, lo que pasa es que en aquellas legislaturas -no la anterior, que fue corta, sino la anterior a esta, que fue larga- había una mayoría absoluta que hacía que no prosperara prácticamente ninguna iniciativa. En este caso, a instancias del propio Ayuntamiento de Mont-roig del Camp y por unanimidad de todos sus concejales, se aprobó pedir a los diferentes grupos parlamentarios que tomáramos una iniciativa de estas características. ¿A qué efectos? ¿A efectos de que se ejecute el proyecto de forma inmediata a lo largo de 2017? Pues no, tampoco somos tan ambiciosos, somos realistas y lo que se plantea es que se pueda ejecutar este proyecto a lo largo de los próximos años. De hecho, debo recordar -lo conocen sobre todo los diputados de la provincia de Tarragona- que Mont-roig del Camp es un municipio con prácticamente 11 kilómetros lineales de costa; en los actuales solo existe paseo marítimo en un kilómetro y medio y además financiado en aquel momento por la iniciativa privada. El ayuntamiento ya ejerció su responsabilidad en 2001 y modificó su planeamiento urbanístico a efectos de convertir todas las calas, hasta ese momento edificables, en zonas verdes, para después poder proyectar una actuación como de la que estamos hablando. En 2010, el Ministerio de Medio Ambiente en ese momento redactó el proyecto titulado: Recuperación medioambiental y paisajística de las calas de Mont-roig del Camp, y tenía prevista una inversión de 11.829.000 euros.
Como decía, después de prácticamente siete años, no se ha producido ninguna actuación. Esta actuación mejoraría la accesibilidad, preservaría el espacio natural, ofrecería no solo a sus ciudadanos sino también a todos los turistas o potenciales turistas un nuevo espacio y yo creo que finalizaría -hay que ser claros también- con un agravio en relación con otros municipios cercanos donde Costas ha actuado. Por ello nuestro grupo, haciéndose eco de lo que se pedía en aquel momento por parte del ayuntamiento -si me permiten, yo debo hacer hincapié en el esfuerzo y el coraje que ha puesto especialmente uno de sus concejales, don Francisco Chamizo, que nos insistió en que esto era una prioridad para el municipio-, planteamos una PNL que compromete, pero de forma sensata. No pedimos que se presupueste una inversión de 11 millones en el presupuesto de 2017, es más, no fijamos ninguna cantidad específica; lo que pedimos es que se establezca una previsión plurianual en los próximos Presupuestos Generales del Estado -tampoco indicamos en cuántos ejercicios, entendemos que no deberían ser muchos- para que se ejecuten las obras del paseo marítimo de les cales de Miami Platja.
Entendemos que no valen excusas, creo que si hay voluntad por parte del ministerio -la hay por parte del ayuntamiento de forma unánime, también la había en anteriores ayuntamientos-, también será fácil llegar a acuerdos. Si hablas con los concejales y el alcalde de Mont-roig lo que te dicen es que primero era la crisis, y no se hacía porque había crisis, después no existía Gobierno, tan pronto existió Gobierno en el Estado español ellos aprobaron la moción que ha servido como base a esta PNL; nosotros mismos, a las pocas semanas, presentamos esta PNL y entendemos que con la misma unanimidad que se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Mont-roig se puede aprobar también en el seno de la Comisión, porque la redacción de la PNL lo que busca es el consenso.
No se ha presentado ninguna enmienda y me gustaría interpretar este hecho como un primer paso para que en este contexto pueda ser aprobada esta propuesta. Seguramente no solo los habitantes de Mont-roig, sino todas las personas que visitan este bonito espacio se lo agradecerían; también ayudaríamos a potenciar el sector turístico, especialmente importante en la Costa Dorada, y a la vez, aunque no tengamos una certeza de cuándo finalizará la inversión, sí que tendríamos que tener la certeza de su inicio.
Efectivamente, no hay ninguna enmienda a esta iniciativa. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don Luis Salvador.
Teníamos intención de que el portavoz que interviniera en nombre de nuestro grupo fuera Sergio del Campo, que es diputado por Tarragona, pero no ha podido hacerlo por estar en este momento presente en una subcomisión de la que él es portavoz y responsable.
En primer lugar, esta iniciativa nos parece muy oportuna y adecuada porque que se intente preservar en una zona de costa precisamente los kilómetros de playa de manera natural, las calas y todo el entorno medioambiental nos parece encomiable y algo que siempre vamos a apoyar. Transcurrido el tiempo, hemos visto que, como dice el propio enunciado de esta proposición no de ley, al final lo que hay son unos espacios que están degradados y solamente un kilómetro y medio de paseo realizado sobre los 11 kilómetros de paseo que estaban previstos. Pero hay algo que me pone especialmente contento al ver esta propuesta, teniendo en cuenta que viene precisamente del Grupo Mixto, porque dice: incorporar al próximo proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado una previsión plurianual para iniciar la ejecución. Y lo digo porque al decir claramente que no era necesario que estuvieran dentro del presupuesto de 2017 y que al mismo tiempo acepta una previsión plurianual, me da un síntoma muy importante de que vamos a seguir juntos muchos años (Risas) y, por tanto, me siento contento de la declaración que ha hecho hoy en esta Comisión. (El señor vicepresidente, Lamuà Estañol, ocupa la Presidencia).
Para terminar simplemente quiero recordar que nuestro diputado por Tarragona ya se ha interesado también por esta iniciativa en una iniciativa parlamentaria en la que preguntaba por la recuperación medioambiental y paisajística de las calas de Mont-roig del Camp, Tarragona, entre los mojones M-137 y M-275, desde el linde ratificado por la O.M. 08/05/02 y cuáles eran sus motivos de no ejecución durante los seis años y sí pedía una inclusión en la partida presupuestaria para estos Presupuestos Generales del Estado de 2017. Por tanto, vamos a apoyarla y, repito, con gran satisfacción por el enunciado del propio proponente.
El señor VICEPRESIDENTE (Lamuà Estañol): Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Félix Alonso.
El señor ALONSO CONTORNÉ: Muchas gracias.
Efectivamente, el alcalde, que creo que es muy eficiente, nos ha enviado a todos la posibilidad de llevar adelante esta iniciativa, y todos la hemos recogido porque entendemos que es sensata. Pero para entender un poco lo que es Miami Platja -porque, claro, ya solo el nombre genera, sobre todo en la gente que no es de la zona, una serie de expectativas: ¿será una zona cercana donde se hacen películas, etcétera? No sabemos-, les diré que Miami Platja nace justamente en el año 1952 a raíz de lo que en estos momentos la gente diría un emprendedor. Era una persona del ciclismo, Marcel-li Esquius -ya saben sus señorías que a mí me gusta el ciclismo-, una persona todoterreno o un lanzador, por no decir
una persona pícara dentro del pelotón en el momento de los sprints. Solo hay que ver su trayectoria, y solo hay que ver que el nombre de Miami Platja viene -nos dijo su hijo- porque en un momento determinado -y así está recogido- viendo el NO-DO vio que había habido un huracán en Miami y se le ocurrió la palabra Miami. O sea, que estamos hablando de una nueva población, de una población que ha crecido o ha mal crecido en unos momentos determinados, con un fuerte componente especulativo, y estamos hablando de una población que está a 20 kilómetros del núcleo urbano. Por tanto, tenemos unas dificultades añadidas: unos Gobiernos, desde mi punto de vista, tanto municipales como lógicamente luego todas las diferentes administraciones, que se han preocupado poco por el urbanismo que se desarrollaba en aquella zona. Por tanto, ahora lo que tenemos que arreglar son entuertos de otros, entuertos que, desgraciadamente, alguien no reguló lo suficiente para que tuviéramos un urbanismo más adecuado a la zona, porque hemos de recordar -y los que puedan disfrutar de sus playas lo podrán apreciar- que es una zona maravillosa. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Estaríamos hablando verdaderamente de un Miami, estaríamos hablando de una zona no paradisíaca pero de un nivel muy alto de calidad, sobre todo de sus playas. Desgraciadamente, el urbanismo no ha acompañado, y no ha acompañado porque alguien ha planificado o, mejor dicho, no ha planificado. Y ese problema que se da en Miami Platja se da en muchas localidades de todo el territorio, sobre todo en costas de España. Ese es un problema grave que tendremos que ir solucionando, pero que lógicamente ahora el Gobierno, en este caso el Estado, tiene que tomar algunas medidas, igual que las tienen que tomar las demás administraciones, y estoy convencido, al menos así lo deseo, que las tomarán. Esas actuaciones pasan por dignificar lo que están pidiendo, y dignificar significa dar presupuestos, dar apoyo a esta iniciativa. Por tanto, arreglemos ese entuerto, Miami se merece eso y mucho más, es muy bonito y, desgraciadamente, una reparcelación no planificada nos ha conducido a que en estos momentos nos encontremos con que Miami Platja sea una antigua carretera nacional que está en las lindes de los dos lados, y eso no puede ser, tiene que tener un tejido social, tiene que tener un tejido urbano, bien consolidado, y yo estoy convencido de que ese paseo dará posibilidades a ese embellecimiento que merece Miami Platja.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Joan Ruiz i Carbonell.
Buena parte de nuestra costa fue víctima de la especulación, que la convirtió en muchos casos en un continuo de hormigón y de apartamentos. Tarragona no pudo escapar y paseando por alguno de sus tramos cuesta creer que se le siga llamando Costa Dorada, nombre con el que ya se conocía en siglos pasados, porque desde las embarcaciones se veía brillar sus arenas, nuestras arenas de nuestras playas, como si fuera oro. La Ley de Costas de un ministro socialista, Josep Borrell, que fue tomada como modelo por muchos países, fue el inicio de una manera nueva de tratar nuestro litoral. Se paralizaron intentos de continuar construyendo bloques de apartamentos en primera línea y se recuperó parte del dominio marítimo-terrestre. Se regeneraron playas y dunas, volvió a crecer la vegetación que siempre había existido en estas zonas y se recuperaron pequeñas zonas húmedas donde se vuelve a ver todo tipo de aves. Todo eso, incluso aumentando el atractivo que para el turismo tenía, demostrando que había formas de hacerlo compatible. Pero en estos últimos años dos hechos han puesto todo ello en cuarentena y nos hacen preocuparnos; primero, la sequía de inversiones desde que Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno; con la excepción de algún espigón y alguna aportación de arenas después de algún gran temporal, la verdad es que no ha habido prácticamente nada; solo hay que repasar los presupuestos desde el año 2012, lo pueden confirmar. Segundo, la nueva Ley de Costas, la de 2013, la conocida como del ministro Cañete, un paso atrás más en la defensa de nuestro litoral. La mezcla de ambos hechos ha dejado muchos proyectos en los cajones de los servicios provinciales de costas, uno de ellos es el de la iniciativa que tratamos hoy, que recoge, como se dice vulgarmente, hasta con las faltas de ortografía, lo solicitado por el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, del que forma parte el alargado núcleo urbano de Miami, pegado al mar, con 11 kilómetros de línea costera, con dos largas playas y diez calas preciosas, encantadoras, que conservan buena parte de lo que era su estado natural. El ayuntamiento, a lo largo de estos años, lo ha salvaguardado, lo ha hecho modificando su planeamiento urbanístico, como se ha dicho aquí, en 2001, para recalificar todas las zonas edificables de las calas, convirtiéndolas en zonas verdes otra vez. Luego ha solicitado al servicio de Costas, a la subdelegación del Gobierno, a la dirección general y también a todos los grupos parlamentarios, que les ayudáramos con proyectos y las inversiones que
eran necesarias. Sé de lo que hablo, porque me ha tocado en estos últimos años presentar una enmienda, siempre la misma cada año, en los Presupuestos Generales del Estado para que se llevara a cabo la primera fase de la recuperación medioambiental y paisajística de las calas de Mont-roig del Camp. Recuerdo además los dos mojones porque me los llegué a aprender de memoria: el 137 y el 275, de uno a otro.
Es un proyecto que como exige la ley, exige su ayuntamiento y exige su alcalde, Fran Morancho, une una defensa del medio natural y la posibilidad de que continúen siendo playas turísticas, recurso necesario para un municipio con altos índices de paro, junto a otros, como Salou, Cambrils o Vandellòs -solo su nombre ya suena-, que tienen grandes recursos. Lo que nos piden es poco, conscientes de las penurias económicas por las que pasan las arcas públicas, que el ministerio inicie los trámites de la primera fase, son 200 metros, que unirían -hace más de seis años que se hizo el proyecto- dos tramos ya construidos hace años -precisamente también por otro alcalde, que también era del PSC, curiosamente-, uno de un kilómetro y otro de medio kilómetro, con las diez calas, que están a diferente nivel. Esperamos ahora, como sucedía año tras año, que no se estrelle contra la mayoría absoluta del PP, porque ya no la tenemos; que el proyecto eche a andar, aunque sea para demostrarnos por parte del PP lo que el Gobierno dice, que la situación económica ha mejorado; tienen una manera de mostrarlo: iniciarla. Así que, naturalmente, votaremos a favor y haremos lo posible para que no quede, en caso de que se apruebe, en el Diario de Sesiones de una reunión de esta Comisión.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Jordi Roca.
El señor ROCA MAS: Muchísimas gracias, presidente.
Después del repaso histórico que el diputado de Podemos, Félix Alonso, ha hecho sobre este tema, no sé si lo de alcalde de Altafulla se le queda corto y tendrá que ser también alcalde Mont-roig o presidente de la Diputación, porque ha sido muy interesante.
Estamos a favor de esta moción, estamos a favor de que se ejecute el proyecto del Passeig Marítim de les cales de Miami Platja, porque proteger y mejorar nuestra costa es una prioridad para el PP. Así, el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, pese a las tremendas restricciones presupuestarias, no solo ha tenido que pagar las deudas del anterior Gobierno, de esos que hablan de recortes pero que nos dejaron un montón de impagos, sino que también ha tenido que, además con toda la voluntad, hacer muchos proyectos, algunos que venían de hace muchos años. Pasó la burbuja, pasaron esos siete años magníficos, en los que algunos se dedicaron a hacernos perder el tiempo, estuvimos hablando de cosas, nos hicieron perder el tiempo a todos, perdieron ellos el tiempo; algunos siguen perdiendo el tiempo, no sé yo exactamente si todo lo que está pasando en el Parlament de Catalunya ayuda -yo creo que no demasiado- al medio ambiente en Cataluña. En ese sentido, el Gobierno quiere ejecutar este proyecto del Passeig Marítim de les cales de Miami Platja, pero necesita que el ayuntamiento le ceda los terrenos porque así lo indica la ley. Aquí se nos ha dicho que hay un acuerdo del ayuntamiento, y yo ya sé que el acuerdo del ayuntamiento ha sido por unanimidad, pero los trámites administrativos son los que son y los acuerdos del ayuntamiento no sirven si el ayuntamiento no cede los terrenos al ministerio.
Yo ya sé que en el neolenguaje que impera en algunos grupos esto de cumplir la ley no sirve y que al final los deseos tienen que ser ley -los deseos solo de algunos, evidentemente-, pero en el mundo real las cosas no funcionan así, porque los trámites administrativos se tienen que seguir de manera firme, porque así se lo pedimos nosotros a los ciudadanos que tienen que cumplir la ley, por tanto, cómo no va a cumplir al ley el ministerio que, evidentemente, ejecutará este proyecto cuando el ayuntamiento haga los trámites administrativos obligados. Además, quiero acabar con un agradecimiento efusivo y cariñoso a todos los grupos que han demostrado que están dispuestos a ayudar al Gobierno del Partido Popular a aprobar los presupuestos.
Muchísimas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!- Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jordi Roca.
- SOBRE EL ETIQUETADO DE LA MIEL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001021).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la siguiente proposición no de ley, sobre el etiquetado de la miel. El autor de esta iniciativa es el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra don Felipe Sicilia.
Señorías, en España el sector apícola viene representado por 29.000 explotaciones y 2,7 millones de colmenas. De esas explotaciones, algo más del 19 % son explotaciones profesionales al tener más de 150 colmenas cada una de ellas, y acumulan a su vez el 80 % del censo de colmenas. La producción de miel nacional está en torno a las 33.000-34.000 toneladas. Esta producción está protegida por el programa nacional de apoyo, con financiación tanto de la Unión Europea como de las comunidades autónomas. Dentro de este programa nacional de apoyo se contemplan medidas para la mejora de la comercialización, la promoción y la protección de los consumidores, entre otros, sin dejar, evidentemente, de lado el enorme valor medioambiental que supone la actividad de este sector apícola. En nuestro país se importan en torno a 25.000-30.000 toneladas de miel, y la norma nacional de calidad, recogida en el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel, permite en el caso de mezclas que si estas mieles son originarias de más de un Estado miembro de la Unión o de un tercer país, la mención a la misma se pueda sustituir con las siguientes nomenclaturas: mezcla de mieles originarias de la Unión Europea, mezcla de mieles no originarias de la Unión Europea o mezcla de mieles originaria y no originaria de la Unión Europea. Como vemos, señorías, en ninguna de las tres nomenclaturas posibles tienen por qué indicar el país de origen o donde fueron recolectadas estas mieles, sin indicar, insisto, si la miel comercializada proviene de un tercer país en concreto, simplemente se menciona que es un país fuera de la Unión. La situación actual que tiene nuestro país choca con lo que ya está ocurriendo en otros países de la Unión Europea, donde sí se detalla en el etiquetado el origen de la miel, por lo que desde el Grupo Socialista entendemos que es necesario recoger las inquietudes del sector, porque quiero insistir en que esta es una proposición no de ley, una iniciativa que nos viene demandando el sector desde hace ya tiempo, para que con ella podamos contribuir a que puedan tener una mejor posición, a que puedan vender su miel y posicionar su miel como una miel de calidad frente a otros países y que eso pueda suponer una mejora de sus rentas; además, señorías, de dar una mayor información al consumidor.
Por eso, señorías, mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley en la que pedimos al Gobierno que modifique ese Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel, y el resto del marco normativo nacional, de manera que se permita una diferenciación comercial que no genere confusión a los consumidores, indicando el país de origen en el etiquetado y que se contemplen medidas para el control de su cumplimiento para que así podamos proteger al sector.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Felipe Sicilia.
A esta iniciativa se han presentado diversas enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
El considerando 5 de la Directiva 2001/110, del Consejo de la Unión Europea, relativa a la miel, argumenta que los intereses particulares de los consumidores requieren una total transparencia en lo que se refiere a características geográficas de la miel, así como en el etiquetado, indicándose el país de origen en el que se haya recolectado, habida cuenta del estrecho vínculo que existe entre la calidad de la miel y su origen. Por ello, es imprescindible garantizar una información completa sobre estos aspectos para no llevar a los consumidores a error. A pesar de esta afirmación en el preámbulo de la directiva que he citado, su articulado no garantiza tal transparencia ni satisface el interés general de los consumidores. Como ya se ha indicado por el ponente, señor Sicilia, en el apartado a) del punto 4 del artículo 2 de esta directiva, hay únicamente unas menciones muy, muy genéricas que resultan insuficientes. Por tanto, la opacidad en el etiquetado respecto al origen de la miel que permite la normativa europea evita la trazabilidad de los alimentos y, por tanto, vulnera el derecho de acceso a la información y la protección de los consumidores para poder tomar decisiones conscientes. Esta opacidad, asimismo, perjudica la competitividad por vía de
calidad del sector apícola local, que tiene que competir por vía de precios con productos de menor calidad. Por tanto, tenemos una situación que fomenta indirectamente la competencia desleal con los productores apícolas locales, imposibilita una trazabilidad alimentaria y promueve la invisibilidad de las diferencias de calidad de los productos comercializados en nuestro tejido económico, y todo ello genera una indefensión a los consumidores.
Por este motivo, nosotros, compartiendo la filosofía de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, hemos planteado unas enmiendas para que, junto con la necesaria reforma de la normativa española, en paralelo también se inste al Gobierno para que ante la Comisión Europea, ante las instancias comunitarias, se promuevan también aquellas reformas legislativas que puedan tener un efecto general para todo el ámbito de la Unión Europea y de esta manera unifiquen el mercado comunitario. Estamos en tramitación de una enmienda transaccional con el grupo proponente y alguna otra formación, que confiamos en que va a fructificar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bataller. Queda una pequeña parte del tiempo, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muy brevemente. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa desde el Partit Demòcrata. Esperemos que la transaccional mejore algo la redacción. Nuestra formación política presentó en el Pleno del Senado precisamente una iniciativa que intentaba impulsar la modificación del marco legislativo actual sobre la miel, especialmente respecto al etiquetado, para hacer obligatoria la identificación del país o los países de origen en que la miel haya sido recolectada. Asimismo, articular un marco legislativo que permita dar más información sobre el origen, la calidad de la miel, más transparencia y más apoyo al comercio local. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa.
Muy brevemente, y sin ánimo de entrar en ninguna polémica, quiero comentarle al señor Salvador que nosotros, independientemente de nuestra voluntad, la voluntad la va a fijar el pueblo de Cataluña y ellos van a decidir si Cataluña es independiente o no. Y por si acaso el pueblo de Cataluña decide que no lo sea ...
El señor PRESIDENTE: Eso no entra en el orden del día, no se aparte de la cuestión. Estamos hablando del etiquetado de la miel.
Le retiro la palabra. Las polémicas particulares trátenlas fuera de la Comisión.
Don Miguel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
El señor Sicilia ha explicado bien cuál es su proposición no de ley y los demás participantes en la defensa de esta PNL han puesto encima de la mesa cuál es la importancia de esta directiva. En la modificación de la Directiva 2001/110, de la Comunidad Europea, por la Directiva 2014/63, de junio de 2015, se aceptaron 500 enmiendas, de las cuales cero eran para el etiquetado; por tanto, estaba claro cuál era la problemática para el etiquetado, no había problemática. Nosotros creemos que la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, en la persona del señor Sicilia, tiene buenas intenciones: facilitar a los consumidores que identifiquen el origen de las mieles en los puntos de venta, pero, señores, hay que copiar los casos de éxito, no los casos de fracaso. Esto lo han hecho en Italia y las consecuencias han sido que en el primer año subió la importación de mieles en un 17 % y en el segundo año creció un 13 % adicional. ¿Por qué? Porque había una competencia desleal, porque importaban mieles de la Unión Europea, que no tenían que especificar nada, porque había unos costes adicionales del etiquetado; solo se permiten cuatro países, había que meter más tinta para el tema de los porcentajes, había dificultades técnicas en el etiquetado.
Pensemos que España más o menos produce 30.000 toneladas de miel, 15.000 toneladas de monofloral y 15.000 toneladas de milflores. Nuestra producción no cubre las necesidades de consumo de exportación de nuestro país; por tanto, para garantizar el suministro y la calidad, que sea homogénea todo el año, es necesario aprovisionarnos en ambos hemisferios, para mantener una línea de homogeneidad y de calidad dentro de los productos de envasado de la miel española. Aparte, nuestra miel monofloral está muy bien posicionada en niveles de calidad, tenemos una denominación de origen, además está etiquetada como producto nacional; es más, la diferencia de precio así lo indica. En definitiva, yo creo que lo que busca el mercado es un producto equilibrado y de calidad. Si además unimos que nosotros importamos el
20 % de la Unión Europea, volveríamos a hacernos trampas en el solitario. Es decir, que vamos a intentar jugar todos con un mismo valor y no perjudiquemos a los envasadores de miel. Nuestro total apoyo a los 30.000 apicultores que existen en nuestro país. Nuestro diputado Toni Cantó tuvo un encuentro con los apicultores de Ayora, que es el mayor productor de miel a nivel nacional, y con los de Montroy, ¿por qué? Pues, desde un punto de vista medioambiental, por su contribución al equilibrio ecológico y sobre todo al mantenimiento de la biodiversidad y, sobre todo, por una cosa de la que hemos hablado todos, por la fijación de la población en el medio rural. Su producción está prácticamente consolidada, llevan 10 años sin excedentes; por tanto, hay que mantener esa producción. Estamos también de acuerdo en que hay que apostar por la mejora de la cadena alimentaria y sobre todo la mejora de las condiciones del consumidor. Por tanto, además de esto, habría que incrementar el control antifraude y una mayor información al consumidor para poner en valor las denominaciones de origen. Eso es lo que tenemos que hacer, intentar entre todos lograr un mayor control sobre el fraude que se hace en el envasado de la miel. Pero en este caso estamos de acuerdo con el Grupo Socialista y con Compromís en hacer una transaccional en la que incluyamos que esta directiva sea de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea, para no hacernos trampas en el solitario.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha presentado también una enmienda a esta iniciativa.
Tiene la palabra don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a retirar las enmiendas presentadas, como punto de partida, y adelantamos que vamos a votar favorablemente esta PNL.
Estamos hablando del sector apícola, como bien ha expuesto numéricamente en su exposición el portavoz del Grupo Socialista pero, si me permiten, voy a poner un poco el foco a estos números, y dentro de estos cerca de 30.000 apicultores y apicultoras que tenemos en el Estado español, es especialmente relevante conocer que un 40 % tienen menos de 60 colmenas, y aproximadamente un 20 % tienen 150 colmenas, de manera que estamos hablando de pequeños productores pero de gran valor, puesto que es una explotación estrechamente vinculada al territorio, no deslocalizable, por tanto ubicada, además, en la mayoría de los casos, en zonas rurales con especiales dificultades. Además, también es especialmente interesante saber que una de cada ocho incorporaciones de jóvenes al campo están ligadas a la producción de la apicultura, un sector profundamente innovador, vinculado a otros productos como las ceras, los propóleos, la cosmética y otros productos que a la vez son potenciales desarrolladores de mercados locales, mercados de cercanía, que en el fondo también lo defendemos con vehemencia, vinculado al gran objetivo de equilibrio territorial. También es importante conocer el valor nutricional, la gran calidad de los productos relacionados con la miel, y su importancia dentro de la biodiversidad, puesto que el procedimiento a través de la trashumancia entre zonas y entre las estaciones ayudan a la polinización, que es fundamental para dicha biodiversidad. Sin embargo, ¿qué encontramos frente a esto? Pues un apoyo por parte de la Administración prácticamente testimonial, cuando vemos que en el año 2016, por ejemplo, el ministerio de Agricultura destina solo 48.000 euros a la comercialización, la promoción y la información de los valores vinculados a la miel.
Celebro especialmente las manifestaciones desde Ciudadanos, desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista cuando loan y defienden las denominaciones de origen, pero lamento después ver su defensa del CETA que viene a volar por los aires todas estas denominaciones de origen de los productos estatales, de los productos de calidad que queremos y que, por desgracia, con esta competencia desleal que nos llegará desde el otro lado del Atlántico va a quedar en nada. Pero si bien defendemos, como hemos dicho, a los productores y a las productoras del sector apícola, también nos interesa profundamente defender a las personas consumidoras, y si bien la regulación actual, de la cual venimos a defender esta modificación, se basa en la Directiva 2014/63, que niega en buena parte la posibilidad de información sobre el origen de la miel, puesto que si la miel tiene su origen en diversos Estados el etiquetaje en todo caso no reflejará todos esos Estados, sí que tendríamos que poner esto en relación con otras directivas comunitarias que sí defienden este derecho a la información del consumidor. Por ejemplo, el Reglamento 1.169 de 2011, que establece que la información alimentaria no inducirá a error al consumidor, especialmente en el país o lugar de referencia, o también la Directiva 2000/13, del Parlamento Europeo, que establece
que cualquier regulación en el etiquetado de los productos alimentarios se debe fundamentar, ante todo, en el imperativo de la información y la protección de los consumidores puesto que, como muy bien introducía el diputado señor Bel, nosotros somos absolutamente partidarios del derecho a decidir, del derecho a decidirlo todo, y para poder decidirlo todo hay que tener los máximos conocimientos, la máxima información y también la información deriva de un etiquetaje transparente, de un etiquetaje legible y comprensible. Recordemos también que esta reivindicación cuenta con el apoyo de los parlamentos autonómicos de Cataluña, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia.
Por tanto, vamos a dar apoyo tanto a la PNL en el texto literal presentado por el Grupo Socialista, como a la enmienda formulada por el Grupo Ciudadanos, en sus dos vertientes, por un lazo en la trazabilidad, en que se recoja en las etiquetas de forma preceptiva el origen, el Estado, en qué país o países se ha producido aquel producto, para mejor información de la ciudadanía. También vamos a defender que el Gobierno inste a la Unión Europea a modificar la directiva para que todos los productores y las productoras de miel comparezcan en el mercado con el principio de igualdad de armas y evitar la competencia desleal por parte de otros Estados que no den tanta información de sus productos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Javier Calvente.
Señor Sicilia, en primer lugar, usted no ha consultado con el sector ni se ha reunido con él. En segundo lugar, ustedes tienen ahora mucho interés por el sector, pero el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero desde el año 2004 hasta el año 2011 no hizo nada, nada desde el punto de vista legislativo. Por tanto, el Grupo Popular le pide que no alarme usted ni a los productores ni a los envasadores ni a los consumidores. En términos del sector, la proposición no de ley que el Grupo Socialista presenta hoy es extemporánea y yo diría que está cristalizada, como la miel, es decir, está rancia, está caducada, está echada a perder. ¿Por qué? Porque usted ha citado el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, que está modificado, que es lo que ustedes piden, por una directiva europea y por el Real Decreto 477/2015, que traspone la Directiva 2014/63 del Parlamento Europeo y del Consejo. Por tanto, informes del Parlamento Europeo, del Consejo, de la comunidad autónoma y del sector desoyen lo que usted plantea en el día de hoy. Pero más todavía, le ha traicionado el corta y pega, porque usted cita en su proposición no de ley una norma derogada, insisto, por el real decreto que entró en vigor el 21 de junio del año 2015 y hace alusión a la Comunidad Europea. Usted se ha pasado por el arco del triunfo, con cortesía parlamentaria, el Tratado de Lisboa que establece esa modificación de la directiva a la que he hecho alusión, del año 2014, y al real decreto del año 2015. Por tanto, ustedes, señorías, con todo el respeto, están equivocados, puesto que aluden a una normativa que ya no es aplicable porque no está vigente, puesto que fue modificada desde el punto de vista de la normativa europea y desde el punto de vista de la normativa nacional.
Entrando en el fondo de la cuestión, ya lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos, de más de 500 enmiendas que se presentaron en la tramitación, cero han sido al etiquetado. Miren ustedes, hay experiencia. Usted ha dicho, señor Sicilia: Existen otros países. ¿Cuáles? ¿Italia, con una experiencia totalmente negativa? La obligatoriedad se introdujo en el año 2006. Italia, de forma testimonial, Grecia y Polonia, son los únicos países que han adoptado la decisión que usted propone y, desde hace tres años, en Italia ha supuesto una merma importante en las exportaciones, una disminución en el consumo y un incremento de las importaciones y está desautorizada por las autoridades italianas y por la federación de productores y envasadores del sector. En definitiva, esta medida no ha supuesto ninguna mejora para Italia, porque las importaciones no dejan de aumentar y las exportaciones disminuyen y ha habido un descenso del consumo interno. ¿Qué decimos al sector? Que la normativa y la trasposición dicen que solo en las mezclas, no confundamos a nadie. En las etiquetas deben mencionarse los países en los que ha sido recolectada la miel, pero, según dice la norma, podrá sustituirse solo en el caso de mezclas. En España tenemos siete denominaciones de origen, con una calidad fundamental: miel de Campoo-Los Valles, miel de Galicia, miel de Granada, miel de la Alcarria, miel de Liébana, miel de Tenerife, miel de Villuerca y miel Villuercas-Ibores. Aparte del etiquetado que exige la normativa, hay un etiquetado complementario en el que se mencionan el producto, la denominación de origen, la denominación geográfica protegida, el tipo de miel, el logotipo de identificación de la denominación de origen y la numeración de control y la entidad de control.
Termino, señor presidente. Antes de introducir una modificación en una normativa que está derogada, con arreglo a lo que plantea la proposición no de ley del Grupo Socialista, como a lo único que afecta es a las mezclas, ¿qué es lo que hace el Grupo Popular? Presentamos una enmienda de modificación en la que decimos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que remita a esta Comisión en los próximos meses un informe sobre la situación actual de la identificación del origen de la miel en España y las actuaciones que tiene previsto desarrollar el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para impulsar la calidad y mejora de la información al consumidor, porque ustedes están alertando de una situación sobre la que no tenemos datos concretos y a través del ministerio podemos tenerlos para que todos los diputados podamos pronunciarnos sobre si es necesario o no instar esa modificación.
Para fijar posición, tiene la palabra, por Esquerra Republicana de Catalunya, don Javier Eritja.
Vamos a votar a favor de esta propuesta. Simplemente quería hacer una reflexión sobre la Ley de etiquetado. Haciendo una lectura más allá de lo que se está planteando aquí, es importantísimo lo que se está diciendo, porque estamos viendo la potencialidad que tiene la aplicación justa de la Ley de etiquetado de cara a dos temas: una, la protección del propio producto, incluso con relación a las denominaciones de origen, y otra como elemento de referencia para el consumidor. Eso que inicialmente puede parecer sencillo, es fundamental de cara a la entrada de productos de otros países, favorecida seguramente por el CETA. Una buena aplicación de la Ley de etiquetado va a permitir definir mucho mejor la calidad del producto, de cara a la competencia con los productos de fuera, y los estándares de producción, porque la etiqueta va a reflejar el origen del producto y los estándares de producción que tiene detrás. Por ello, es un elemento tanto de referencia para el consumidor como de protección para el productor. En ese sentido, en un momento u otro habrá que plantearse incidir mucho más en la aplicación correcta de la Ley de etiquetado. Quizás hará falta que sea mucho más legible para el consumidor e incluso que intensifique mucho más la información, que sea una información mucho más ágil y que permita al consumidor tener unos datos básicos para poder conocer qué producto tiene delante. La Ley de etiquetado permite dar elementos al consumidor para orientarle en hábitos de consumo e incluso en temas de salud. Por tanto, su aplicación correcta permite abrir un campo muy amplio de protección tanto para el consumidor como para nuestro productor. Quería aprovechar que se hablaba de este tema para abrir este debate, teniendo presente que tanto el CETA como otros grandes convenios internacionales permiten que entren productos que muchas veces no cumplen con los estándares con los que estamos trabajando aquí.
Señor Sicilia, ¿acepta alguna de las enmiendas?
El señor SICILIA ALFÉREZ: Respecto a la enmienda del Grupo Popular, que defendía el señor Calvente, le he de decir, en primer lugar, que no sabía que se dedicaba a espiarme para ver con quién me reunía y con quién no. Se le escapó el 8 de febrero, que fue la última vez que me reuní con el sector, además en esta misma casa, a las once de la mañana. Se ve que ese día le despisté. Como no queremos que el ministerio tenga un arduo trabajo realizando estudios, vamos a librarle de esa ardua tarea y no vamos a aceptar la enmienda, para que se quede tranquilo, tal como le han dicho el resto de los grupos.
Respecto a la enmienda de Podemos, la han retirado, y con el resto de los grupos, Compromís y Ciudadanos, hemos llegado a una transaccional que haremos llegar a la Mesa de inmediato.
Simplemente quiero decirle al señor Calvente que tiene mi agenda a su disposición para que su labor de espionaje sea más fácil.
- SOBRE LA REPARACIÓN DE LAS CARRETERAS DE TITULARIDAD DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO, SOCIALISTA, DE ESQUERRA REPUBLICANA Y CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001118).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, que hace referencia a la reparación de las carreteras de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sus proponentes son los grupos Mixto, Socialista, de Esquerra Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En nombre de todos ellos, tiene la palabra don Javier Eritja.
Efectivamente, actúo como portavoz de cuatro grupos parlamentarios: el Grupo Parlamentario Mixto (PDeCAT), el Grupo Socialista, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo de Esquerra Republicana.
Se trata de una iniciativa de ámbito territorial, pero responde a una situación más amplia de falta de inversión por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro en aquellas funciones que le son atribuidas por ley. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro es el organismo de gestión regulador y mantenedor de las aguas y riegos de la cuenca hidrográfica del Ebro, pero en virtud de la Ley de Aguas, Real Decreto 1/2001, tiene también atribuidas competencias en infraestructuras accesorias o de servicio -esto es, no hidráulicas- necesarias para el correcto desarrollo de sus funciones. Por ese motivo, mantiene bajo su titularidad una red de caminos construidos para prestar servicio a canales y acequias. En las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, la propia confederación diseñó y construyó una red de caminos para prestar servicio al canal de Aragón y Cataluña, inaugurado el año 1906, y a su derivado, el canal de Zaidín, ya en funcionamiento en 1912, conectando así los diversos núcleos de población existentes con los de nueva creación que en esos momentos se estaban constituyendo. Si bien en la época de su construcción pudiera resultar comprensible la creación de esos viales, el hecho es que hace décadas esta finalidad ha sido sobrepasada por la realidad del desarrollo socioeconómico de esta región, regada precisamente por amplios canales, hecho que ha supuesto un importante crecimiento. Hoy esos caminos de servicio funcionan como verdaderas carreteras y su correcto mantenimiento y conservación determina el normal desarrollo social y económico de un territorio a caballo entre Cataluña y Aragón, en el que concurren intensamente actividades de carácter agrario, industrial y de servicios; un ámbito territorial que acoge una población de unos 20.000 habitantes y que hoy comprende centros urbanos como Alcarràs y Almacelles, de unos 6.000 o 7.000 habitantes, y municipios como Zaidín, o de relativa nueva creación, de los cincuenta o los sesenta, como Gimenells, Pla de la Font, Sucs o Raimat.
A raíz de las múltiples denuncias y reclamaciones presentadas por las administraciones afectadas, generalmente ayuntamientos y entidades supramunicipales, la propia Confederación Hidrográfica del Ebro elaboró en septiembre de 2013 el proyecto de reparación, acondicionamiento y mejora de los caminos generales de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, que fue redactado a instancias de su presidente y en cuyo contenido se dictamina que se deberá incluir la licitación de las obras una vez dotada designación presupuestaria. En dicho proyecto, la propia confederación acaba reconociendo que una vez ejecutadas las obras del llamado proyecto sería aconsejable la gestión de la entrega y la cesión de la titularidad de los caminos generales del canal de Aragón y Cataluña a otras administraciones de ámbito local o autonómico, ya que el uso actual de esas vías de comunicación trasciende el uso eminentemente agrícola para el que fueron diseñadas en su momento. En todo caso, deja muy claro que dicho traspaso de titularidad de los viales a las administraciones locales o autonómicas debería hacerse una vez ejecutadas las obras contempladas en el proyecto de reparación y acondicionamiento. Por tanto, la prioridad hoy es que la confederación y, por extensión, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente asuman sus responsabilidades, tal como aparecen atribuidas en la propia Ley de Aguas, y ejecuten las soluciones propuestas por la propia confederación en su proyecto de 2013.
Atendiendo a lo que he expuesto en estos últimos puntos, creemos que la enmienda propuesta por el Grupo Popular no conserva el espíritu de nuestra propuesta original, en la que decimos que lo que se tiene que atender ahora es la recuperación del proyecto de reparación y reforma de esos espacios y que si luego se procede a un traspaso o cesión sería en una segunda fase, pero que no se puede hacer una sin que se haya hecho previamente la otra.
A esta proposición se ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra don Emilio del Río, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DEL RÍO SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como muy bien se ha señalado, la CHE ha llevado a cabo el proyecto de reparación y acondicionamiento de los caminos de la zona regable del canal de Aragón y Cataluña, que se redactó en septiembre de 2013, se aprobó en 2014 y tiene un presupuesto base de licitación de casi 2 millones de euros. Estos viales son en realidad los caminos que forman parte de la red de caminos generales del Plan coordinado del canal de Aragón y Cataluña, de titularidad del organismo, en los que existe una limitación de velocidad de 50 kilómetros/hora. Las inversiones en estos viales están contempladas en las partidas correspondientes, destinadas a la conservación y mantenimiento que requiere esta red de caminos. Algunas de ellas se realizan directamente por la Unidad de Parque de Maquinaria de este organismo y durante los últimos años -2014, 2015 y 2016- se han efectuado reparaciones y mejoras del firme en varios tramos, resultado del trabajo conjunto de los ayuntamientos de la zona y de la Unidad del Parque de Maquinaria de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
La propuesta de enmienda de mi grupo plantea que en primer lugar se acuerde el convenio de cesión de estas vías, con el compromiso de que la CHE las arregle antes de que se formalice el convenio. La propuesta de enmienda elimina lo que en el texto figura como si fuera una obligación. El texto original dice: Así como la posterior conversión en carreteras por parte de las entidades receptoras. Pueden convertirse en carreteras o no. Según esto, estamos diciendo que se conviertan obligatoriamente. Aquí el orden de factores sí altera el producto, porque ¿qué es lo que ha ocurrido en otros casos? Que se hace la inversión en la reparación y después los interesados ya no quieren la cesión de los caminos porque les tocaría mantenerlos a ellos. Es una propuesta sensata y razonable, que está de acuerdo en lo sustancial, pero que dice: primero aceptan ustedes la cesión, con el compromiso de que se van a arreglar, y después se ceden. Sobre todo se elimina la obligatoriedad que el texto recoge de la posterior conversión en carreteras por parte de las entidades receptoras. Si al menos dijera: Se estudiará la posibilidad de... Pero todas no, porque entonces ¿qué habría que hacer? ¿Nuevos caminos, nuevas redes viarias para acceder a las infraestructuras de la CHE?, porque entonces no podría circular determinada maquinaria por esas carreteras. Esta es la propuesta del Grupo Popular.
¿Algún grupo desea intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Ferran Bel.
Lo ha dicho antes el portavoz de Esquerra Republicana, el señor Eritja. Esta es una proposición conjunta de diferentes grupos que responde a una demanda del territorio, a una demanda de la zona de Lleida. Es también una proposición para cumplir la ley. Hace un momento, un portavoz del Grupo Popular, el señor Roca, me decía que había que cumplir la ley. Claro, de lo que se trata es de cumplir la ley. Decía: No sé si el Parlament de Catalunya está por cumplir la ley o no está por cumplir la ley. Estamos por cumplir la ley, señor...
El señor PRESIDENTE: Señor Bel, si quiere ir al Parlament de Catalunya, vaya, pero no abra debates aquí que no tienen que ver con la cuestión. No sea recurrente y más cuando no está aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al que está aludiendo.
El señor BEL ACCENSI: Está aquí mismo. (Una señora diputada: Acaba de llegar).
El señor PRESIDENTE: Le ruego que fije la posición sobre la cuestión.
El señor BEL ACCENSI: Señor presidente, voy a intentar fijar la posición, pero con el máximo respeto y cariño.
Cuando el señor Jordi Roca ha hablado del Parlament de Catalunya...
El señor PRESIDENTE: Pero es que esto no es un debate.
El señor BEL ACCENSI: Usted no le ha interrumpido. Cuando el señor Salvador ha hablado del proceso de decisión en Cataluña no le ha interrumpido, en cambio, cuando habla un servidor me interrumpe. Por tanto, yo tengo tres minutos...
El señor PRESIDENTE: Señor Ferran Bel, no tiene la palabra.
En este hemiciclo se guardan las normas y no vamos a hacer alusiones cruzadas ni recurrentes respecto a las intervenciones que han hecho otros grupos parlamentarios. Yo no he oído esa a la que usted hace referencia, si no, hubiera actuado de la misma manera. No aproveche su turno para fijar posición sobre esta cuestión para trasladarnos a otros debates que no tienen nada que ver.
¿Quiere usted fijar la posición sobre este asunto?
El señor BEL ACCENSI: Estoy intentando fijar la posición, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pues fíjela.
El señor BEL ACCENSI: Lo que pasa es que si desde la Presidencia nos tienen que decir cómo la tenemos que fijar...
El señor BEL ACCENSI: Estoy en una indefensión que elevaré donde la tenga que elevar. En todo caso, lo que no puede ser es que se trate de forma absolutamente desigual a diferentes portavoces, que cuando unos hacen alguna alusión a alguna cuestión la Presidencia no les oye y cuando lo hacemos otros se nos interrumpe en la fijación de posición.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Bel, yo no lo estimo así y soy quien dirige este debate. Está consumiendo su tiempo en unas cuestiones que no vienen al caso. Por tanto, le paso la palabra a otro portavoz.
El señor BEL ACCENSI: Pido la palabra, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No la tiene.
Vamos a fijar posición. ¿Algún otro grupo desea intervenir?
El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, no quería intervenir, pero como portavoz del Grupo Mixto en esta Comisión, quiero pedirle que reflexione, porque al señor Bel se le está privando del uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Ya es una decisión tomada. Le agradezco sus reflexiones, señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Formularemos una protesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señor presidente, gracias por la palabra.
La PNL que nos han presentado no ofrece ninguna estimación del coste ni hace tampoco ninguna referencia a la nota de prensa de fecha 24 de junio de 2015, de la CHE, que anunciaba el inicio de los trabajos de reparación del camino de los Cazadores en Gimenells, Pla de la Font, Lleida, zonas referidas por la propia PNL; se mejoraban 5 kilómetros de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña a un coste de 52.000 euros, es decir, un coste de 10.400 euros por kilómetro, y hablábamos de caminos.
Una de las reivindicaciones de esta PNL es que las vías, ahora bajo la titularidad de la CHE, pasen a ser de titularidad local o autonómica, la que corresponda. Esto nos parece una solución más racional y eficiente en la gestión de estos caminos. Los caminos en cuestión fueron diseñados y construidos en las décadas de los cincuenta y sesenta, hace un montón de años, y en muchos casos están siendo descuidados y no están siendo mejorados por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Planteamos un caso muy claro. El presupuesto de la CHE de 2015 tenía 96 millones de euros, de los cuales, 77 millones, el 80 %, se dedicaron a inversiones; la inversión, lógicamente, va destinada a obras de regulación y defensa, es decir, para la gestión hídrica propiamente dicha. Solo 600.000 euros se destinaron a otras
inversiones en las que estaría la reparación y la mejora de los caminos. Está claro que es necesaria una dotación presupuestaria para que la CHE lleve a cabo el proyecto de reparación, acondicionamiento y mejora de los caminos generales de la zona regable del canal de Aragón y Cataluña, aprobado el 14 de marzo de 2004 y remitido a la Dirección General de Infraestructuras, Tecnología y Dirección General del Agua para su tramitación. Como la organización territorial de España ha variado mucho desde los años cincuenta, es aconsejable transferir la gestión y ceder la titularidad de los caminos generales del canal de Aragón y Cataluña a otras administraciones de ámbito local o autonómico que puedan mantenerlos adecuadamente, porque es una cuestión de seguridad vial, porque hay una alta densidad de tráfico, incluyendo el transporte escolar. De acuerdo con lo que hemos dicho, estaríamos hablando de arreglar entre 30 y 50 kilómetros de caminos rurales, basándonos en la inversión ya comprometida. Según nota de prensa de la CHE, del 24 de junio de 2015, de la que ya hemos hablado, podríamos estar hablando de una inversión inicial de entre 312.00 y 520.000 euros, inversión que consideramos necesaria para afrontar el arreglo de estos caminos antes de proceder al traspaso a las entidades locales y autonómicas.
Por tanto, vamos a votar a favor de esta PNL, pero creo que es importante que se plantee lo que ha comentado el portavoz del Grupo Popular, porque no son carreteras, son caminos, y están dedicados a un efecto que, si los cambiamos a carreteras, no podría cumplirse. Por tanto me gustaría que reconsideraran la posibilidad de incluir esa matización que ha hecho el Grupo Popular para poder hacer una PNL en condiciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo?
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Gracias, señor presidente.
Esta es una PNL presentada desde la fraternidad y que avala una lícita reclamación del territorio. En su momento, cuando se presentó, en la XI legislatura, fue firmada por las cuatro personas representantes del territorio de Lleida en el Congreso de los Diputados: el señor Eritja, aquí presente; el señor Postius, del PDeCAT; la señora Mónica Lafuente, del Partido Socialista, y servidor de ustedes. Estoy convencido de que en el fondo, nuestro insigne presidente, señor Llorens, actual diputado del Partido Popular por tierras de Lleida, estaría encantado de sumarse al espíritu que subyace tras esta PNL.
El señor PRESIDENTE: No adivine mi pensamiento ni me atribuya opiniones que todavía no he manifestado.
En señor MOYA MATAS: Saldremos de dudas en las votaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su deferencia.
Quizá intentando traducir lo que en su momento ha dicho el señor Bel, en realidad estamos ante un caso de mora del Estado español referido a las infraestructuras, una situación que, por desgracia, es bastante habitual en Lleida y en Cataluña en general. Este es un caso claro, como lo son también los de la N-240, la N-230, el eje pirenaico, etcétera. Es una mora en las obligaciones asumidas por el Gobierno de España. En este caso tenemos un proyecto redactado en septiembre de 2013 y aprobado el 14 de marzo de 2014 -dentro de poco vamos a celebrar tres años de su aprobación-, pero en absoluto ha sido ejecutado; un proyecto que en el fondo viene a arreglar unas vías fundamentales de comunicación entre los municipios del Baix Segrià, en la provincia de Lleida. El proyecto termina con un párrafo que, si me permiten, voy a leer literalmente. Dice: Una vez ejecutadas las obras del llamado proyecto, sería aconsejable la gestión de la entrega y cesión de titularidad de los caminos generales del canal de Aragón y Cataluña a otras administraciones de ámbito local y autonómico. Es decir, este proyecto viene a decir que el hecho de que la titularidad de estos caminos, carreteras, llamémosles como sea, sigan en manos de un organismo cuya única misión es la gestión del agua parece contra natura, más aun viendo cómo la CHE descuida las más elementales obligaciones de mantenimiento y conservación de estos viales. Fundamentalmente, lo que estamos defendiendo es la seguridad de dichos viales, la seguridad de los vecinos en unas vías de comunicación que enlazan además dos comunidades autónomas, Cataluña y Aragón, y una zona muy importante de actividad económica y de actividad vital como es el Baix Segrià.
Por tanto, lo fundamental es la realización de estas obras, por seguridad vial, por justicia territorial y por cumplimiento de compromisos del Estado, y una vez realizadas estas obras, solicitamos que se estudie y se promueva el posible traspaso de la titularidad a la comunidad autónoma, a la diputación, a los municipios, ya lo hablaremos. Lo que hoy en día necesitan los vecinos y las vecinas que transitan por estas vías es seguridad, de manera que lo más importante es que aprobemos la realización de estas obras con la correspondiente dotación presupuestaria.
Señor Lamuà, tiene la palabra para intervenir con toda brevedad, porque ustedes han presentado una iniciativa conjunta y ha hablado un portavoz en nombre de todos, gracias a la flexibilidad de esta Presidencia, que también se la autoconcede para decir que algunas veces las representaciones territoriales se corrigen. Por tanto, no me atribuya una intención de voto, porque entonces me tendría que manifestar respecto a las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular o de otros grupos y no es mi cometido.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Le agradezco el gesto, señor presidente. Intervendré con la máxima brevedad, siguiendo un poco el ímpetu del señor Moya en la defensa de esta PNL.
Cuando una PNL la presentan distintos grupos desde su redacción inicial, suele significar dos cosas: una, que el problema es real y evidente y, dos, que la solución también lo es. Creo que el caso de esta PNL se ajusta a lo que acabo de decir. En su momento, todos los electos de la demarcación de Lérida presentaron esta PNL. Al ser una legislatura fallida, no se llegó a ver en Comisión y, por tanto, hoy nos debemos alegrar de que por fin se pueda ver. Fue una PNL que, como digo, suscitó el acuerdo de todos los representantes de una misma demarcación, cosa que es suficientemente remarcable. La petición no debe entenderse como una reclamación para meramente mejorar la circulación entre unas poblaciones vinculadas casi exclusivamente por estas vías. No es un capricho; el mal estado de estas vías es un problema y un riesgo permanente para los usuarios habituales y así nos han hecho llegar esta preocupación a los grupos que hemos presentado esta PNL. La falta de cuidado del pavimento y la falta de todo tipo de señalizaciones hace que circular de manera habitual por estas vías sea realmente un motivo de peligro. Por tanto, la preocupación nace no solo del mero hecho de mejorar la circulación, sino de hacerla más segura.
La propuesta del Grupo Popular creemos que no es aceptable -ya lo han dicho otros ponentes- porque pretende invertir el orden de la petición. No vale ceder y después mirar la manera de financiarlo cuando se pueda, no; el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Lo principal es arreglarlo, hacerlo de manera lo más inmediata posible y, en todo caso, después de que se hayan arreglado y señalizado debidamente las calzadas, se busque la manera de cederlo y a qué organismos o instituciones hacerlo, porque si analizamos la redacción de la enmienda parecería que lo que buscaba el Grupo Popular era más un clavo ardiendo al que agarrarse para poder votar que no, que no la manera de enriquecer la solución propuesta por esta PNL.
Doy las gracias a la colaboración de tantos grupos distintos en su espíritu y en sus ideas para que hoy pueda echar a andar esta PNL, que vigilaremos que pueda tener recorrido más allá de la Comisión de hoy, para que una parte de las terres del Baix Segrià, que necesitan estos arreglos para el día a día de estas comunidades, tengan por fin la solución que debieran haber tenido desde hace más tiempo. (El señor Bel Accensi pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Bel?
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.
Amparándome en el artículo 72.1 del Reglamento del Congreso, quisiera dejar constancia de que no se me han respetado los turnos de intervención y mi tiempo ha sido consumido por la Presidencia, a los efectos legales oportunos posteriores.
El señor PRESIDENTE: Quedará reflejado esto y todo lo que yo he dicho también.
- SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO EN LAS CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001187).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última proposición no de ley sobre la eliminación de las tuberías de fibrocemento en las conducciones de agua potable. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña Eva García.
Las tuberías de fibrocemento, hechas a base de amianto y de cemento, se generalizaron en España y en Europa desde los años cuarenta. Esto es algo bastante conocido; era un material célebre por ser resistente, ligero y sobre todo porque era muy económico y se convirtió en el paradigma del boom de la construcción en aquellos años y durante bastantes décadas. Sin embargo, lo que es menos conocido por la mayoría, aunque afortunadamente esto se va corrigiendo, es que se trata de un material altamente cancerígeno que puede provocar dolencias muy graves. En el caso de España estamos hablando de que se calcula, según las estadísticas, que 235.000 trabajadores y trabajadoras están afectados por distintas dolencias relacionadas con la exposición al amianto y hasta 80.000 personas podrían morir de aquí a 2030 por enfermedades relacionadas con la exposición a las distintas formas de amianto. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, lo reconocen estudios que arrancan desde 1935, aunque no tuvieron mucho éxito y no se les hizo mucho caso. Pero lo que ya sí parece que nos pone las orejas en punta es que últimamente Europa, en 2013, aprueba una completísima resolución en la que plantea que hay que abordar el problema del amianto en su integridad, no solo en la parte de sustitución de todas las infraestructuras, sino que además aborda de manera bastante profunda el problema de salud pública que representa.
España hizo los deberes muy pronto, es cierto, en cuanto a la aprobación de la prohibición del uso, comercialización y distribución del amianto y derivados, en 2001, cuatro años antes de la fecha tope que marcaba Europa, pero vamos bastante tarde en cuanto a abordar los resultados de años de uso masivo. Estamos hablando de que en España sigue habiendo millones de toneladas de amianto y derivados en distintas infraestructuras a lo largo y ancho de todo el país. Como decía, se trata de un material altamente cancerígeno y, repito, no lo decimos nosotros, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer nos pone en alerta y nos dice que no hay nivel de exposición seguro. No podemos exponernos un poquito al amianto y un poquito menos nos salvará; no, no hay nivel de exposición seguro. Dicen las últimas investigaciones -estas están firmadas por la Unión Europea en la resolución de 2013- que la exposición al amianto y derivados se relaciona con el mesotelioma y el cáncer de pulmón -esto era algo que se conocía-, pero también con el cáncer colorrectal, gastrointestinal, de garganta, riñón, esófago, vesícula biliar, etcétera. Queda muy claro que el riesgo -esto es lo interesante- es tanto por inhalación de las fibras de amianto como por la ingestión, por tragarlo, y entramos en el corazón de nuestra proposición no de ley.
En España, según la encuesta nacional sobre suministro de agua potable y saneamiento, realizada por las asociaciones gestores de servicios de agua, se estima que aún quedan, aproximadamente, unos 40.000 kilómetros de redes de abastecimiento realizadas en su momento con fibrocemento, y estas especialmente se encuentran en los núcleos urbanos más pequeños. Se impone, por tanto, establecer un plan a corto y medio plazo para erradicar este producto y sustituirlo por otros elementos más seguros en general de todos los equipamientos, pero tratándose de las redes de abastecimiento entendemos que la urgencia pasa a ser todavía mayor si cabe. ¿Por qué? Porque hablamos de conducciones de agua que afectan a toda la población y de manera doble a los trabajadores y trabajadoras que han de manipular y reparar este tipo de instalaciones, que de cuando en cuando parece que no pero se hace. Por todo ello entendemos, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que es de recibo presentar esta proposición no de ley para instar al Gobierno a que, en coordinación y colaboración con las administraciones territoriales competentes, lleve a cabo una auditoría sobre la cantidad y situación de las tuberías de fibrocemento existentes en las conducciones y redes de agua potable de nuestro país y a elaborar y aprobar un plan de eliminación de las conducciones de agua potable realizadas con fibrocemento, así como establecer un horizonte temporal a partir del cual quede prohibida la existencia de este tipo de redes -ya está prohibido el uso y la fabricación- y quede absolutamente sustituido por elementos seguros y no perjudiciales para la salud.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra don Gonzalo Palacín.
Adelanto que nuestro grupo ve con buenos ojos esta iniciativa, pero sí que es verdad que la encontramos coja, entre comillas, en dos aspectos que expondré en mi intervención y que van en línea con la enmienda que hemos presentado.
Todos somos conscientes de la peligrosidad del amianto y de los productos que lo contienen. En los últimos meses se han ido aprobando, tanto en el Parlamento de Andalucía como en numerosos ayuntamientos, iniciativas que iban en la misma línea que la que hoy nos ocupa, y hoy nos toca a nosotros. En nuestro país, el uso del amianto, como ha dicho la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, está prohibido por una orden ministerial desde el año 2001 como consecuencia de la trasposición de una directiva europea, pero la primera directiva europea que incorporaba el amianto como sustancia tóxica data del año 1978. A raíz de esta última se han ido sucediendo otras directivas que sobre todo hablaban de la peligrosidad de la manipulación de productos que contenían amianto. También es verdad que la Organización Mundial de la Salud, en la guía para el agua potable, publicada en 2006, que era la primera donde se tenía en cuenta la contaminación por asbestos, o sea por amianto, establecía lo siguiente: No hay, por consiguiente, pruebas uniformes de que la ingestión del amianto sea peligrosa para la salud, de modo que no se ha considerado necesario establecer un valor de referencia basado en los efectos para la salud del amianto en el agua de consumo.
Independientemente de lo que nos diga la OMS, es verdad que recientemente las instituciones europeas se han pronunciado marcándonos la senda a seguir con la resolución del 14 de marzo de 2013, del Parlamento Europeo, donde se pide a la Unión Europea que desarrolle un modelo de detección y de registro de amianto instalado, y el Comité Económico y Social Europeo aprobó un dictamen el 19 de febrero del año 2015, en el que se instaba a la elaboración de registros de instalaciones públicas en edificios que contuvieran amianto, instando a los Estados miembros a lo que hoy estamos hablando, que es a hacer un registro de todas las redes que contuvieran amianto. Este es el siguiente paso. Una vez prohibido el uso del amianto en 2001 debemos decidir si lo eliminamos definitivamente de las conducciones o bien esperamos a que concluya su vida útil; más o menos la vida media de las tuberías de amianto son 40 años y lleva prohibido desde 2001, por lo que tendrían que pasar todavía 20 años hasta que no quedara o quedara muy poco en nuestras tuberías. Si decidimos eliminarlo, ¿por qué no eliminamos el fibrocemento de todas las instalaciones? Si estamos comprometidos, debemos hacerlo de todas, y eso también incluye las instalaciones de riego. En ese sentido, hemos propuesto modificar el punto 1 de la iniciativa del grupo proponente.
Como se ha comentado anteriormente, desde finales de los años cuarenta hasta bien entrados los ochenta, el amianto fue muy utilizado y todavía hoy quedan muchísimos kilómetros de este material, instalado sobre todo en pequeñas y medianas poblaciones. Por esta razón también hemos solicitado la ampliación del punto 2, porque entendemos que si existe un horizonte temporal debe ir acompañado de una línea de financiación para la eliminación de estas tuberías, ya que las pequeñas poblaciones son las que menos recursos tienen para poder acometer estas u otras obras. A modo de ejemplo, utilizando un presupuesto base que podemos manejar en cualquier ayuntamiento, retirar, demoler, levantar, tratar el residuo y poner una tubería nueva, pavimentándola después, supondría un coste de unos 250 a 300 euros el metro lineal. Para un municipio como el mío, que tiene 19 kilómetros de tuberías que contienen amianto, supondría un coste en torno a cinco millones de euros. Si tenemos que cambiar los 40.000 kilómetros de tuberías que todavía tenemos en nuestro país, serían unos 10.000 millones de euros. Por eso entendemos que es necesaria una línea de financiación, sobre todo para las pequeñas administraciones. No debemos penalizar sino ayudar a los pequeños municipios. Si queremos dar un plazo a la retirada de las tuberías de fibrocemento, es necesario dar apoyo a las administraciones, y en esa línea va nuestra enmienda. Adelantamos que si el grupo proponente acepta nuestra enmienda, votaremos a favor de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Gonzalo Palacín.
Doña Eva García, ¿acepta o no la enmienda?
La señora GARCÍA SEMPERE: Sí, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Bataller.
Como se ha dicho, en España hay actualmente 40.000 kilómetros de redes de abastecimiento fabricadas con fibrocemento y esto constituye un riesgo cierto para la salud. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, si bien debo indicar que nos parece tímida, nos parece corta, porque se circunscribe a las conducciones de agua potable, cuando en realidad deberíamos tomar también esta proposición como un primer paso para ir abordando otras muchas cuestiones, como el desmantelamiento de los tejados construidos con amianto y otras muchas otras obras que están envenenando a la gente cotidianamente y que afectan a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables, los niños, que por su mayor dilatado periodo de vida tienen más capacidad de ir almacenando el fibrocemento. De hecho, el Servicio Nacional de Salud ha estimado en un 83 % el repunte de enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación y la gestión del amianto, por tanto, la oportunidad de esta propuesta es más que evidente. Nos preocupa muchísimo que el agua potable que va a parar a nuestras casas y acaba en nuestro organismo por su ingesta, discurra por tuberías que son contaminantes. Queremos que se establezca un calendario. Deberíamos tener en cuenta que la Unión Europea se ha fijado como objetivo erradicar el amianto de todo tipo de edificaciones para 2028; si tenemos en cuenta que fue en el año 1935 cuando empezó ya a saberse científicamente la relación entre el amianto y determinados tipos de cáncer, cabe pensar que prácticamente cien años que llevamos para la erradicación del amianto es bastante. Deberíamos trabajar con este objetivo. Debemos apoyar a los ayuntamientos que, en muchos casos, están trabajando para eliminar la red de agua potable construida con fibrocemento; deben recibir ayudas para que puedan continuar con esta labor. Por tanto, como un primer paso en esta tarea, apoyamos esta propuesta y votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bataller. (El señor Bel Accensi pide la palabra).
¿Comparten ustedes el tiempo?
El señor BEL ACCENSI: Sí.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Bel.
Voy a intentar fijar la posición de mi grupo en torno a esta PNL sin utilizar las palabras proceso, independencia, Cataluña y Partido Popular, que por lo visto tanto molestan.
Nosotros vamos a apoyar la propuesta, que nos parece mucho más completa con la enmienda del Partido Socialista. Yo les quiero transmitir mi experiencia como alcalde. En mi municipio, Tortosa, que no llega a los 40.000 habitantes, tenemos 119 kilómetros de tuberías de suministro de agua potable. De estos 119 kilómetros, 59 son todavía de amianto. Hemos sustituido 45 a lo largo de los últimos nueve años, con un gran esfuerzo económico, prácticamente al límite, y todavía nos queda el 50 %; hemos hecho el 38 % y nos queda el 50 %. Esto abona el argumento de que es imprescindible que haya ayudas financieras para que cualquier normativa que se establezca en torno a plazos vaya acompañada de las correspondientes ayudas financieras, si no va a ser materialmente imposible que se cumpla.
A la vez, si me permiten, quería lanzar un cierto mensaje de tranquilidad a todos nuestros conciudadanos, en tanto así nos lo transmiten los técnicos. Mientras estas tuberías no son objeto de rotura, el paso del agua a través de ellas no genera, hoy por hoy, ningún problema constatado para la salud pública ni para la salud de nuestros conciudadanos. Tenemos que evitar este tipo de instalaciones, pero tampoco hay que alarmar de forma excesiva a nuestros conciudadanos. En todo caso, les felicito por la propuesta y espero que prospere.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Ferran Bel.
¿Otros grupos que desean fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don José Luis Martínez.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Desde nuestro grupo también compartimos la sensibilidad y la preocupación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y, en este sentido hemos presentado iniciativas en parlamentos regionales, ayuntamientos y en el propio Parlamento nacional; tenemos presentadas varias PNL en la Comisión de Educación y en la Comisión de Sanidad y, a nivel particular, este diputado que suscribe también ha dirigido preguntas al Gobierno.
El tema es bastante complejo porque, como ha apuntado la diputada del Grupo de Unidos Podemos, lo barato de este material, su flexibilidad, hizo que se utilizara profusamente durante todo el siglo XX y especialmente en la Administración pública tenemos lugares que son muy sensibles, porque, como se ha apuntando por parte de otros compañeros, es un material cuya vida media son 40 años, pero las inclemencias del tiempo y el paso del mismo va generando un deterioro y entonces la eliminación de las fibras que quedan en suspensión por inhalación y la exposición constante lo hacen muy peligroso. También coincido en que me parece un poco floja la PNL y que se podía haber mejorado. Hay lugares públicos sensibles, como colegios, hospitales, cuarteles o centros públicos, donde se ha usado aislamientos con este tipo de material como prevención de incendios en tuberías, tejados, chimeneas, en falsos techos e incluso en depósitos de agua. A estas alturas deberíamos tener ya un inventario de todos estos lugares y un plan para la eliminación de los mismos. Hay que tener en cuenta que las víctimas del amianto no son inmediatas; este mineral, como decimos, se aloja en el organismo, va atacando progresivamente, y los efectos se ven a largo plazo, pero ya existen estudios de la Universidad Carlos III que reflejan que va a haber víctimas hasta el año 2040 relacionadas con la inhalación y la exposición a este tipo de material.
En conclusión, apoyamos la iniciativa y nuestro voto va a ser afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Luis Martínez.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Eloy Suárez.
Ha dicho algún interviniente antes que la iniciativa que planteaban era por fraternidad y reconozco que me ha hecho bastante gracia. Esta, si no fuera por lo serio del asunto, sería de felicidad, pero de felicidad inconsciente, me da la sensación, y voy a explicar por qué.
Agradezco al señor Bel que haya sido templado por lo menos en las afirmaciones porque sembrar el pánico en la población a mí me parece que es la última obligación que tienen que tener los diputados. Es verdad que el fibrocemento con el amianto plantea problemas, pero con las cuestiones de la salud hay que ser muy escrupulosos y cuidadosos, y ojo con las afirmaciones que se hacen, ya que de la misma forma que hay informes en un sentido los hay en otros. Hasta ahora lo que creo que queda claro, de ahí que Europa en el año 2003 tomara medidas con esa Directiva europea número 18, es que lo que realmente es preocupante son las exposiciones que son inhaladas. Y esto poco tiene que ver con lo que estamos hablando hoy aquí.
Agradezco que se haya reconocido que España, en el año 2001, se anticipara cinco años, pero la propia Organización Mundial de la Salud -lo digo por contrarrestar informes que se dice que son serios-, que creo que es un organismo serio, dice que no se han encontrado evidencias que permitan concluir que esté la vía cancerígena en la ingesta de amianto. Lo mismo sucede en Estados Unidos, pero sobre todo en España, donde al final se ha constatado que hay muy pocas fibras en las tuberías de agua de amianto. Esto es importante y tiene además una explicación, porque al final el agua, cuando circula por las tuberías, crea una capa de cal que hace todavía más complicado que las fibras de amianto vayan al agua. Lo quería decir fundamentalmente por aquello de no sembrar alarma, pero sobre todo porque creo que es importante el esfuerzo que se ha hecho en este país en los últimos 15 años, donde se ha pasado de un 40 % de red de tuberías a un 20 %, es decir, ya se ha reducido un 50 %, y todo ello se ha debido, fundamentalmente, al esfuerzo de muchas instituciones.
Y llego a la felicidad de la iniciativa. Ninguno de los intervinientes, salvo el portavoz, compañero y amigo, el señor Palacín, ha hecho un cálculo; un cálculo muy por debajo de la realidad, fundamentalmente porque ustedes han hablado de 40.000 kilómetros. Ahora, en la propuesta del PSOE, ya nos ponemos en 90.000 kilómetros que, en un coste más bien prudente, cuestan unos 60.000 millones de euros. Yo les quiero recordar a todos ustedes que el presupuesto en inversiones de este año es de 9.000 millones. Es decir, están ustedes planteando destinar en 10 años 6.000 millones, es decir, nos acercamos al total de las inversiones del Estado en este problema. Lo único que espero es que ustedes expliquen a los
ciudadanos de dónde van a quitar todos los años 6.000 millones de euros. Pero les quiero decir algo más. Me sorprende mucho de esta iniciativa que todo el mundo se haya olvidado que la competencia no es del Estado, la competencia es de los municipios y, en todo caso, de los gobiernos autonómicos. Ustedes hay unas veces que quieren que el Estado se inmiscuya en los municipios, sobre todo cuando es la hora de pagar, y otras no. Me da la sensación que este tipo de iniciativas está muy bien para salir por la puerta ahora y felicitarse uno, pero son brindis al sol porque sus señorías conocen perfectamente la situación económica de este país. Al señor Palacín lo único que le preguntaría es por qué cuando había superávit del 8 %, 8.000 millones no se destinaron exactamente a este programa que, por lo que vemos hoy, es de los más importantes que sus señorías consideran.
Nosotros vamos a votar que no, no porque estemos en contra de resolver el problema, lo que creo es que al final hay que buscar soluciones razonables y me da la sensación que 6.000 millones, siendo prudente, es una solución imposible, pero eso ya se lo dejo a sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Eloy Suárez.
Señorías, vamos a interrumpir durante cinco minutos la sesión para ordenar las votaciones.
Les comunico a todos ustedes que he autorizado la distribución de un pequeño detalle de los ciudadanos de Calasparra, que han seguido emocionados el debate y la votación unánime sobre la declaración que hoy ha aprobado esta Comisión. La portavoz que ha defendido la iniciativa va a repartir un pequeño obsequio entre todas sus señorías durante este intervalo que necesitamos para ordenar la votación. (Pausa).
Vamos a proceder a votar las proposiciones no de ley correspondientes al orden del día de hoy. Les ruego silencio y colaboración porque nos podemos equivocar.
La primera iniciativa es relativa al trasvase entre la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la demarcación hidrográfica del Guadalquivir con el fin de contribuir a la recuperación de los acuíferos de la zona y a la consecución del equilibrio hídrico en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana. El autor de esta iniciativa es el Grupo Socialista. No se han aceptado enmiendas y se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 7; abstenciones, 18.
Votamos el punto relativo a la declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad a las cuevas y el entorno que conforman el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de Calasparra.
El señor PRESIDENTE: Con 36 votos a favor, queda aprobada por unanimidad.
Que nadie vea intención en el reparto del pequeño obsequio de parte de los ciudadanos de Calasparra. (Risas).
La proposición no de ley relativa a la tramitación para la declaración de un área marina protegida ha sido retirada.
Proposición no de ley sobre la estrategia nacional de gestión cinegética. Esta iniciativa, que ha sido presentada por el Partido Popular, que se ha autoenmendado, se vota en sus términos puesto que se ha retirado la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de ley sobre la contribución de los acuerdos de colaboración pesquera a la cooperación con terceros países. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha llegado a una transaccional con el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 7; abstenciones, 4.
Proposición no de ley relativa a la ejecución del proyecto del Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en sus términos.
Proposición no de ley sobre el etiquetado de la miel. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que ha redactado, junto con el Grupo Mixto y Ciudadanos, una transaccional, que es lo que se somete finalmente a votación.
Proposición no de ley sobre la reparación de las carreteras de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha sido presentada conjuntamente por los grupos Mixto, Socialista, Esquerra Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No se ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por lo que se vota en sus términos.
Proposición no de ley sobre la eliminación de las tuberías de fibrocemento en las conducciones de agua potable. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se ha aceptado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que se ha incorporado a la iniciativa.

References: artículo 148
 artículo 49
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 72
 resolución 
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