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Timestamp: 2017-07-25 12:36:02+00:00

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DECRETO APROBANDO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS OBRA C/REAL Nº 48-72 ALMENDRAL » Ayuntamiento Zafarraya
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BANDO RELATIVO A LA EXPLOTACION DEL BAR Y PISCINA MUNICIPAL
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL “DOS CASAS DE TURISMO RURAL EN VENTILLA LA LECHE (ZAFARRAYA)”
BANDO “DOS CASA DE TURISMO RURAL EN LA VENTILLA LA LECHE
SEÑALANDO DIA, HORA Y LUGAR PRUEBAS TECNICO ASESOR MEDIOAMBIENTAL
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DECRETO APROBANDO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS OBRA C/REAL Nº 48-72 ALMENDRAL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 300/2.014.
D. José Félix Zamora Quesada, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya, en atención a las obras que se van a realizar, mediante inversiones financieramente sostenibles que provienen de la Excma. Diputación Provincial de Granada, y de acuerdo con la legislación vigente, HE ACORDADO:
 Primero: Aprobar el Proyecto Técnico de obras elaborado por D. Leonardo Tapiz Buzarra, Arquitecto; llevando la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud D. Pablo Ariza Rojo, Arquitecto Técnico.
 Segundo: Aprobar el Pliego de Cláusulas administrativas particulares que van a regir el contrato de obras de repavimentación, saneamiento, abastecimiento y pluviales de Calle Real nº 48 a 72 del Almendral de Zafarraya, a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad, y que son las que siguen:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN, SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE REAL Nº 48 A Nº 72 DEL ALMENDRAL DE ZAFARRAYA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
CAPÍTULO PRIMERO – DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1. Régimen jurídico.
Cláusula 2. Objeto del contrato.
Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.
Cláusula 4. Perfil de contratante.
CAPÍTULO II – LICITACIÓN
Cláusula 5. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.
Cláusula 6. Procedimiento de adjudicación y solicitud de ofertas.
Cláusula 7. Aspectos del contrato objeto de negociación.
Cláusula 8. Garantía provisional.
Cláusula 9. Presentación de proposiciones.
Cláusula 10. Forma y contenido de las proposiciones.
Cláusula 11. Calificación de la documentación presentada, valoración de los criterios de
selección y apertura y examen de las proposiciones.
Cláusula 12. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento.
CAPÍTULO III – ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Cláusula 13. Garantía definitiva.
Cláusula 14. Adjudicación del contrato.
Cláusula 15. Perfección y formalización del contrato.
CAPÍTULO IV – EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 16. Principio de riesgo y ventura.
Cláusula 17. Comprobación del replanteo.
Cláusula 18. Plan de Seguridad y Salud.
Cláusula 19. Interpretación del proyecto.
Cláusula 20. Dirección de las obras.
Cláusula 21. Plazo de ejecución.
Cláusula 22. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
Cláusula 23. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
Cláusula 24. Modificación de las obras.
CAPÍTULO V – DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cláusula 25. Abonos, mediciones y valoración.
Cláusula 26. Revisión de precios.
Cláusula 27. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Cláusula 28. Obligaciones laborales, sociales y medio ambientales.
CAPÍTULO VI – EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 29. Recepción de la obra.
Cláusula 30. Medición general y certificación final.
Cláusula 31. Plazo de garantía y liquidación.
Cláusula 32. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
Cláusula 33. Responsabilidad por vicios ocultos.
Cláusula 34. Resolución del contrato.
Cláusula 35. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales
ANEXO I. Características del contrato.
ANEXO II. MODELO de proposición económica.
ANEXO III. Modelo de declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego.
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP).
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras
descritas en el apartado 1 de su anexo I, según el proyecto aprobado por la Administración, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.
El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del anexo I. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 del anexo I.
Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación, serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la
adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación.
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la página web del Ayuntamiento de Zafarraya: www.zafarraya.es.
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del
TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 y 6 del anexo I; y en el apartado 8 en el que se indican los criterios que se aplicarán para la selección de las empresas.
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 55 del TRLCSP.
El contrato se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad en aplicación de los
artículos 169.1, 170 y 171 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicha ley.
Las ofertas se solicitarán de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible,
capacitadas para la realización del objeto del contrato.
La solicitud de ofertas se realizará mediante invitación por correo o fax.
En el presente procedimiento serán objeto de negociación el aspecto económico y las mejoras que se señala en los apartado 8 del anexo I.
Debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, según el artículo 178.5 del TRLCSP.
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación
incondicional del clausulado de este pliego, sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspectos negociables previstos en los apartados 8 del anexo I.
Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
A) SOBRE Nº 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” que incluirá,
preceptivamente, los siguientes documentos:
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (NIF), todo ello en original o
copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello.
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I 1 del RGLCAP, para
los contratos de obras.
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas, exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito.
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior,
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de
España o del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la condición de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del
TRLCSP.
Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas
en el Registro Mercantil.
1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa
para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 6
del anexo I, salvo que se aporte certificación de clasificación en el que conste dicha
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación
declarado bastante, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el
apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación
contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
período ejecutivo con el Ayuntamiento de Zafarraya.
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo III al presente
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el
firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
5.- Solvencia económica, financiera y técnica.
Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 350.000 euros, los licitadores
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en los
apartados 5 y 6 del anexo I. En el mismo apartado se especifican los criterios de
selección en función de los medios de acreditación de la solvencia.
Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unión.
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de
acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios,
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha
unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente
con la del contrato, hasta su extinción.
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
B) SOBRE Nº 2 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”.
La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Cláusula 11. Calificación de la documentación presentada, valoración de los criterios de selección y apertura y examen de las proposiciones.
Por la Mesa de Contratación se llevarán a cabo las actuaciones y aplicación de los
criterios de selección, apertura de ofertas y negociación acerca de los aspectos indicados en el apartado 8 del anexo I, de la forma y en el orden que aquéllos determinen.
Si se hubiese constituido Mesa de Contratación, ésta elevará al órgano de contratación
De conformidad con lo establecido en el artículo 178.5 del TRLCSP, deberá dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.
La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.
Si, antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración del contrato o desistiese del procedimiento, deberá compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica.
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a varios criterios de adjudicación, estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido, según lo previsto en el apartado 4 del anexo I al presente pliego. La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la Administración. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP.
El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa, atendiendo a varios criterios de adjudicación, tras la negociación acerca de los aspectos indicados en el apartado 8 del anexo I. El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a varios criterios de adjudicación, deberá acreditar, a requerimiento del órgano de contratación, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgará un plazo de diez días hábiles.
Asimismo, en el citado plazo de diez días hábiles se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía y, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
Si no se presenta la documentación requerida en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Una vez presentada adecuadamente la documentación señalada y constituida la garantía
definitiva, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, sin perjuicio de la eventual revisión de la adjudicación en vía de recurso especial en materia de contratación.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se haya interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.
El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en documento
administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación de la adjudicación.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización se efectuará dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de formalización, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o se hubiera levantado la suspensión.
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.
De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato se
realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.
En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el órgano de la Administración encargado de las obras, procederá a la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, en el que intervendrán el
contratista o su representación legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes.
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el órgano de la Administración encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP.
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el artículo 237 b) del TRLCSP.
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del
acuerdo de autorización de inicio de las obras.
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Administración antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso.
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.
Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras y, en su caso, del responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado.
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.
El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 10 del anexo I o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo.
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP, justificándolo debidamente en el expediente.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 106, 107, 108, 210, 219 y 234 del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 235.1 del TRLCSP, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su expedición. En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I, de acuerdo con lo previsto en los artículos 89 a 94 del TRLCSP , 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan al TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos,en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecución del objeto del contrato ante el registro del órgano de contratación, a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitación, en las que deberán constar la identificación del órgano de contratación y del destinatario del objeto del contrato.
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas.
Cláusula 28. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: LRSSC y R. D.1109/2007, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma.
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administración, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al representante de la Administración, otro al director de la obra, y el tercero al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el representante de la Administración le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción y que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP.
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista.
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la
Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval.
En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administración, ésta deberá abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, así como las siguientes:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP.
De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene carácteradministrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones sesusciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley.
Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como los que se dicten en contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP serán inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas resoluciones podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
POR LA ADMINISTRACIÓN. FECHA Y FIRMA. CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHA Y FIRMA.
1.- Definición del objeto del contrato.
Código CPV: Obras Viales 45233140-2 (trabajos de repavimentación, saneamiento, abastecimiento y pluviales en Calle Real nº 48 a 72 del Almendral de Zafarraya).
2.- Situación: Almendral (Zafarraya).
3.- Órganos administrativos.
Órgano contratante:Alcaldía.
Dirección postal:C/ Entrada de Granada nº 2 Zafarraya, C.P. 18128.
4.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.
Base imponible de la obra: 86.377,20 euros.
Importe del I.V.A.: 18.139,21 euros.
Importe total: 104.516,41 euros.
5.- Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75 del TRLCSP, apartado: a)
6.- Acreditación de la solvencia técnica:
Artículo 76 del TRLCSP, apartado: a)
7.- Procedimiento de adjudicación.
8.- Aspectos del contrato objeto de negociación.
Económicos: relativos al precio de la ejecución (6 Puntos). Y mejoras a realizar en la propia obra: como por ejemplo;poner numeración de todas las viviendas en el mismo formato de azulejo; poner las dos placas con el nombre de la calle; y la reforma de la plaza existente en dicha calle (demolición y construcción de nuevos alcorques, plantación de nuevos árboles, sustitución de pavimento por otro nuevo, mobiliario urbano, etc) (4 Puntos); dichas mejoras deberán ser valoradas técnica y económicamente.
9.- Garantía definitiva.
El 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido.
10.- Plazo de ejecución.
Total: 3 meses.
11.- Régimen de pagos.
Expedición de certificaciones: Tres certificaciones; dos parciales y la final.
12.- Revisión de precios.
Procede: No.
13.- Plazo de garantía: Un año desde el acta de recepción de la obra.
D./Dª…………………………………………………………………………………., con DNI número
……………………………… en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a que
representa)……………………………………………………………………… con NIF………………………..con
domicilio en ………………………………………………………………………………………………………… calle ……………………………………………………………, número……………… habiendo recibido invitación para la licitación del contrato de:…………………………………………, y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones:
Base imponible:………………… euros.
IVA:……………. euros.
Importe total de la oferta:……………………. euros.
Mejoras que se van a realizar: Valoración Económica:
Fecha y firma del licitador.
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de……………………………………………….………
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante,no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los
términos y condiciones previstos en la misma.
II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
En……………………………………………………, a …….. de …………………….. de ….
En Zafarraya a 23 de Septiembre de 2.014.
EL ALCALDE. Doy fe, EL SECRETARIO.
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 60
 artículo 55
 artículo 178
 artículo 55
 artículo 60
 artículo 178
 artículo 100
 artículo 215
 artículo 231
 artículo 141
 artículo 237

resolución 
 artículo 4
 artículo 100
 resolución 
 artículo 212
 resolución 
 artículo 214
 artículo 211
 artículo 235
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 216
 artículo 236
 artículo 168
 artículo 100
 artículo 65
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 resolución 
 artículo 109
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 resolución 

Artículo 75

Artículo 76
 artículo 60
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