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Timestamp: 2018-02-22 00:45:29+00:00

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CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES (COFPA): diciembre 2015
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies: resumen de prensa 2015
La Fiscalía abre diligencias de investigación ante posibles nombramientos ilegales en el sector público del Principado (LNE 14/04/2015)
Conceyu pide al Gobierno que aclare la fecha de los decretos de la estructura de gobierno (LNE 19/08/2015)
Conceyu denuncia la "conflictividad laboral" en el servicio de Recaudación (LNE 6/10/2015)
Los funcionarios aplauden el fin de los nombramientos a dedo (LNE 20/11/2015)
El Conceyu por Otra Función Pública critica que se suban las retribuciones de 41 asesores del Principado (El Comercio, 10/11/2015)
Piden investigar a los exdirectores generales de Informática y Telecomunicaciones por posibles incompabibilidades (El Comercio 21/09/2015)
Advierten de que los interinos con más de cinco años de servicio tienen carrera profesional (El Comercio 15/09/2015)
El Tribunal Supremo anula la encomienda de valoración de centros sociales a Fasad (El Comercio, 24/07/2015)
El COFPA impugna los 48 puestos de confianza de la Junta General (El Comercio, 9/09/2015)
Los permisos a empleados públicos para tener un segundo trabajo crecen un 34% en un año (El Comercio, 18/12/2015)
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, diciembre 30, 2015 No hay comentarios:
Los interinos de larga duración de la Comunidad Valenciana cobrarán el complemento de carrera profesional
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de dictar el 21 de diciembre una importante sentencia (ver aquí) en la que reconoce el derecho del personal interino de larga duración perteneciente a esa Comunidad Autónoma a cobrar el complemento retributivo de la carrera profesional horizontal.
La sentencia del alto tribunal valenciano, en la línea de otras anteriores del Tribunal Supremo y también ya de Juzgados asturianos, tiene un importante valor pedagógico, por cuanto explica con gran claridad las razones por las cuales los interinos de larga duración, es decir, con cinco o más años de antigüedad, deben cobrar dicho complemento retributivo, en igualdad de condiciones con los funcionarios de carrera.
De entrada, el TSJ de la Comunidad Valenciana recuerda que corresponde a ese Tribunal velar por el respeto del principio de primacía del Derecho comunitario cuando, como aquí ocurre, existe una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterición de la normativa europea, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una “selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso”, lo cual puede dar lugar a una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva como ha afirmado el Tribunal Constitucional en la sentencia 145/2012, de 2 de julio.
Dicho de otro modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha sentado una jurisprudencia clara e inequívoca sobre el alcance de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo temporal, que hace innecesario e improcedente el planteamiento de una cuestión prejudicial. Dicha jurisprudencia sienta que no está justificada una diferencia de trato retributivo entre los funcionarios de carrera y los interinos que no esté justificada en razones objetivas, sin que sirva para ello la referencia a la temporalidad de la relación.
A este respecto, el TSJ de la Comunidad Valenciana recuerda que al funcionario interino no se le exige para ser nombrado cualificaciones académicas o una experiencia distinta a la que se exige a los funcionarios de carrera. Antes bien, ejercen idénticas funciones y están sometidos a las mismas obligaciones.
Asimismo, la sentencia del TSJ afirma que las “razones objetivas” para justificar una diferencia de trato retributivo entre trabajadores temporales y fijos no pueden limitarse, sin más, a que estén previstas en una ley estatal o en un convenio colectivo. Por el contrario, esa diferencia de trato debe basarse en elementos precisos y concretos que caracterizan la condición de trabajo de la que se trata, que pueden tener su origen en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebra el contrato de duración determinada o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro.
En el caso de la llamada “carrera profesional horizontal”, que se desarrolla sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y valorándose el rendimiento evaluado y acreditado, el único requisito que se exige a los funcionarios de carrera para poder acceder a la misma es el de tener una antigüedad mínima de cinco años, por lo que no concurre ninguna razón objetiva para privar a los interinos con idéntica antigüedad del derecho de acceso y del complemento retributivo que conlleva, cuando realizan un trabajo idéntico o similar.
Para el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies la cuestión de fondo que pone de manifiesto esta jurisprudencia no es otra que ese invento llamado “carrera profesional horizontal”, introducido en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007 como supuesta panacea para el desarrollo profesional objetivo de los funcionarios públicos e incorporado ilegalmente en la Administración del Principado de Asturias por el Gobierno de Areces ese mismo año a pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas, es exclusivamente un complemento retributivo. Dicho de otro modo, la carrera profesional horizontal es un invento averiado que no tiene realmente nada de carrera, en el sentido de ascenso o progresión profesional, si no que se trata simplemente de un mero mecanismo de progresión en las remuneraciones, como sucede con los trienios.
Siendo la verdadera naturaleza de esa falsa carrera profesional la de un complemento retributivo, la consecuencia no puede ser otra que quienes desempeñen puestos con las mismas funciones deben cobrar las mismas percepciones, sean empleados fijos o temporales. Algo que todavía no ha comprendido el Gobierno de D. Javier Fernández, que sigue empeñado en mantener una discriminación salarial inadmisible de los interinos de larga duración, más propia de sistemas políticos que amparan y legitiman la explotación laboral de los trabajadores.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, diciembre 23, 2015 No hay comentarios:
LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO. VIEJOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y NUEVOS PROBLEMAS NO TRATADOS
Publicamos el clarividente y demoledor artículo de José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, que aparece en el número 2 de la Revista Documentación Administrativa. El título es bien significativo: LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO. VIEJOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y NUEVOS PROBLEMAS NO TRATADOS (ver aquí)
A continuación reproducimos el apartado de Conclusiones:
"La reforma de la Ley 30/1992, en los términos en que se propone, parece innecesaria y peligrosa. Innecesaria, porque el objetivo de una Administración electrónica no exige, en absoluto, el desdoblamiento de la actual ley en dos distintas, con un reparto de materias poco coherente y que dificultará el manejo de preceptos de uso diario por los operadores jurídicos. En particular, la separación entre los aspectos procedimentales ysustantivos de la responsabilidad extracontractual y de la potestad sancionadora se compagina mal con una regulación sistemática y fácilmente accesible en esas dos materias centrales del Derecho Público.
Por otra parte, ya se ha dicho que el cambio tecnológico que supone pasar de una cultura de papel a una electrónica no muta la naturaleza de la relación entre la Administración y los ciudadanos. La mayor garantía de que la Administración electrónica no influya en un recorte práctico de los derechos, no se juega tanto en la ley sino en los medios técnicos puestos a disposición de los ciudadanos para que la información sea fácilmente accesible e inteligible por cualquier persona que sepa leer y escribir.
Se trata también de una propuesta peligrosa, en cuanto expande desproporcionadamente potestades de la Administración que hasta ahora eran objeto de una interpretación restrictiva, fiada sobre todo a las leyes especiales.
La construcción de un deber general de colaboración con la Administración o la delirante expansión de la potestad administrativa para imponer medidas provisionales seguramente no ha estado en el ánimo de los autores de la propuesta. Pero una cosa son las intenciones y otras los resultados de las acciones. Y ateniéndonos a los proyectos de ley presentados en el Congreso de los Diputados, el resultado es decepcionante, como, por lo demás, subrayan todas las colaboraciones que figuran en este número de la revista.
Como se ha tratado de demostrar, estos proyectos no abordan los problemas dogmáticos y prácticos que requeriría una nueva ley de procedimiento. Mientras se decida mantener la benemérita estructura de la ley de 1958, lo mejor es no tocarla. Experimentos como el que aquí sumariamente hemos comentado, deberían estar desterrados de cualquier acción de gobierno, pues no tiene sentido hacer una reforma aparentemente de gran calado, para dejarlo todo prácticamente igual, pero empeorando sustancialmente la posición jurídica de los ciudadanosm ante la Administración, en algunos extremos no menores"
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, diciembre 18, 2015 No hay comentarios:
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en sábado, diciembre 12, 2015 No hay comentarios:
Marcos Peña Molina es Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica y de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Camas. Letrado
“No hay mayor inseguridad que el Derecho creado por los Jueces”
1. UNA POSIBLE SOLUCIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL
En los últimos tiempos hemos podido contemplar como en el ámbito de la Administración Pública, y particularmente en el Sector Local, se ha producido un hecho cada vez mas reiterado, y no por ello plausible, que es la incorporación a aquélla de trabajadores previa contratación de los mismos a través de sucesivos y distintos contratos laborales temporales para el desempeño de funciones que, en realidad y normalmente, responden a necesidades permanentes y estructurales de la Corporación, que fuerzan a calificar dichos contratos por los Tribunales de Justicia como irregulares, injustificados y abusivos, con el efecto de declarar el vínculo laboral como indefinido.
A la vista de tal situación cabe preguntarse no sólo sobre la bondad jurídica de la novación de una relación laboral indefinida no fija en una relación funcionarial interina por vacante, sino también sobre la viabilidad de la celebración por parte de la Corporación Local de un concurso-oposición, solicitado normalmente por aquellos que se pudieran encontrar en situaciones semejantes, al objeto de que éstos tengan la posibilidad de normalizar de modo razonable su relación de servicios con la Administración Local.
En la práctica ante una petición semejante se observa una respuesta negativa por parte de las Corporaciones Locales, y ello, de una parte, por la difícil tarea de encontrar el camino menos tortuoso para dotar de estabilidad a trabajadores que en muchas ocasiones sus funciones solo conforman un puesto sin ninguna plaza dotada presupuestariamente, y de otra, por las extensas limitaciones legales impuestas desde el Gobierno central para incorporar nuevo empleado público, en aras a corregir un déficit presupuestario inexistente en el nivel mas básico de nuestra organización administrativa estatal.
La situación expuesta ha sido considerada por la doctrina como mal endémico de nuestra Administración Local, lo que exige encontrar una solución al problema.
II. ACCESO A LA FUNCIÒN PÙBLICA MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL
No puede negarse el hecho de que nuestro Legislador estatal ha optado por una funcionarización generalizada del empleado público que presta servicios en las Administraciones Locales. La reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local , operada por la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local , es prueba de cargo de este aseveración, Dispone el artículo 92.2 del reformado cuerpo legal: “Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.” La Administración ya no puede obviar que sus puestos de trabajo, con carácter general, tienen que ser ocupados por funcionarios públicos, el personal laboral debe ser de utilización residual.
Habiendo recogido la pretendida Ley de racionalización del gastos público local, las determinaciones fijadas en el Informe CORA (Comisión para la Reforma de la Administración Pública) y las directrices de una Europa, cada vez mas austera en el sector público, los operadores jurídicos no podemos olvidar que, a pesar de este viraje estatutario y base de una generalizada funcionarización del empleado público, nuestra legislación existente y además básica, continua previendo la posibilidad de que la Administración recurra a la normativa laboral, cuando ello sea necesario. Se quiera o no, el personal laboral es definido por nuestra legislación básica como un tipo de empleado público, ex art. 8.2.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
Siendo esta la situación de la Función Pública actual, no puede orillarse que es doctrina jurisprudencial consolidada el hecho de considerar a la Administración como autentico empresario, cuando acude a la contratación laboral, quedando, en tal caso vinculada por las reglas de aquel ordenamiento jurídico. Así lo entendió el Alto Tribunal tempranamente. [SSTS de 22 de enero y 6 de mayo de 1992; 16 de febrero de 1993; pero fundamentalmente, la STS de 18 de marzo de 1991, dictada en unificación de doctrina].
Sostener una argumentación contraria vulneraría el principio de legalidad contemplado en el art. 9.3 CE, el cual informa la actuación de toda Administración Pública: <<no puede entenderse que la Administración, cuando actúa como empresario sometida al Derecho privado y contrate trabajadores, queda exenta del cumplimiento del Derecho Laboral, pudiendo ir incluso contra el mismo; de forma que el contrato de trabajo celebrado con la Administración pública, debe regirse, tanto en su nacimiento como en su desarrollo por la normativa laboral, pues de lo contrario vulneraría el art. 9.1 CE, precepto que vincula tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos, y contra el art. 24 CE>> [STCT de 22 de marzo de 1988].
Que duda cabe que a la Administración Local debe serle de aplicación la argumentación anterior, habida cuenta, no solo de lo dispuesto en el art. 177.2 Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local (aprobado por RDLeg. 781/1986, de 18 de abril) en el que se señala de modo expreso cómo, pudiendo celebrarse la contratación laboral por tiempo indefinido o temporal, “el régimen de tales relaciones será, en su integridad, el establecido en las normas de Derecho Laboral” sino por lo dispuesto en el artículo 11.1 del EBEP, según el cual: “Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.”
La Administración en este contexto y ligada a la legislación laboral deberá respectar la exigencias impuestas por esta y no podrá, como tampoco puede hacerlo un particular, recurrir a la contratación temporal, quebrantando las normas específicas que la regulan, para cubrir necesidades permanentes y estructurales de su propia organización de recursos personales. En caso contrario su proceder no merecería otro calificativo que el de actuar en fraude de ley.
III. LA DECLARACIÓN DE LABORAL INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA Y SUS CONSECUENCIAS
Acogiendo las argumentaciones esgrimidas por D. Ricardo Villanueva Puertollano en su Tesis Doctoral “Reflexiones y propuestas sobre empleo público local: problemas actuales de derecho administrativo”, la figura del personal laboral indefinido no fijo de plantilla no ha sido incorporada al derecho positivo a través de EBEP, a pesar de que pueda considerarse lo contrario a la vista de lo regulado en su artículo 8.2.c ).
El nacimiento de esta figura responde a la tensión producida entre dos polos antagónicos: De una parte, la necesidad de combatir la irregular contratación temporal de la Administración, y de otra la imposibilidad de aplicarle, al igual que al empresario privado, la presunción iuris et de iure del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores de que el contrato laboral en fraude de ley deviene en indefinido dadas las previsiones del igualdad en el acceso al empleo público consagradas en la Constitución (artículos 22.3 y 103 ).
La evolución jurisprudencial de la figura del indefinido no fijo de plantilla, siguiendo a SALA FRANCO, ha transcurrido por cuatro etapas diferentes:
- Primera: Se entendía que el contrato era indefinido, declarando la improcedencia del despido con derecho de opción entre la indemnización o la readmisión (Tribunal Supremo, Social, 28/11/1989).
- Segunda: En la que también se entendía que el contrato era indefinido, y el despido improcedente, pero sin posibilidad de opción entre readmisión o indemnización, imponiéndose en todo caso esta última. (Tribunal Supremo, Social, 08/06/1995).
- Tercera: Se consideraba el contrato temporal irregular por celebrarse en fraude de ley, salvo que el puesto ocupado por el trabajador sea funcionarial, en cuyo caso es nulo. (Tribunal Supremo, Social, 19/01/1993).
- Cuarta: Línea por la que se entiende que el trabajador es indefinido pero no fijo de plantilla, debiendo abandonar el puesto cuando se cubra por el procedimiento correspondiente. (Tribunal Supremo, Social, 07/10/1996).
Fue esta Sentencia, la primera que introdujo la distinción entre trabajador fijo de plantilla y contratado indefinido, aportando mayor confusión a la ya existente entre la terminología laboral y la administrativa.
Esta creación jurisprudencial procede en todo caso de la jurisdicción social y de una forma u otra han pesado muchos los principios de ese ámbito del derecho en la consolidación de una figura que desde el punto de vista estrictamente administrativo deberíamos calificar de inaceptable. En tal sentido señala SANCHEZ MORÓN que -la experiencia demuestra que aplicar sin más las normas laborales, pensadas con una función tuitiva del trabajador frente al empresario privado, a las relaciones de empleo público, puede producir serias disfunciones.
A mi criterio, la solución que se tendría que haber dado a los supuestos de contratación laboral irregular debería haber sido la propuesta por el profesor TOMAS SALA FRANCO, en la obra “La contratación de personal laboral en la Administración Local. Revista de Estudios locales, num. 112/2008. Julio-Agosto, BIB 2008\2640, THOMSON ARANZADI., Págs. 55 y siguientes
Para entender la argumentación se ha de partir de un supuesto determinado, como el de una contratación realizada de forma directa por la Administración prescindiendo de cualquier procedimiento de selección.
Por aplicación del artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común serán nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. En consecuencia, un contrato celebrado en estas circunstancias debería calificarse como nulo.
Apoya esta tesis la normativa relativa a contratación administrativa del sector público, que determina que la declaración de nulidad de los actos preparatorios de los contratos llevará consigo la de estos, que entrarán en fase de liquidación. De igual forma, procedería aplicar a la contratación laboral el artículo 9.2 del Estatuto de los Trabajadores, pagando al trabajador la remuneración correspondiente a los servicios prestados y extinguiendo la relación laboral.
En estos supuestos, si la causa de nulidad no es imputable al trabajador, éste podrá exigir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración contratante.
Si los Tribunales hubieran seguido esta pauta nunca se hubiera producido la figura del indefinido no fijo de plantilla como consecuencia de contratos por obra o servicio determinado concertados en fraude de ley o por irregularidades en contratos eventuales por circunstancias de la producción, ya que en ellos concurre en la mayoría de los casos su ausencia de inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla, requisitos sin los cuales no puede efectuarse una convocatoria, con lo cual la ausencia de procedimiento jamás hubiera podido tener como consecuencia una declaración de indefinido; ni siquiera en los actuales términos de la jurisprudencia consolidada, ya que ésta llega al absurdo de considerar a estos trabajadores como una suerte de interinos sin plaza, lo cual carece de todo sentido.
Como se ha expuesto, no es esta la senda que ha seguido el Alto Tribunal, y en definitiva, se ha concluido que “ en cuanto se contrata sin sujeción clara y debidamente explicitada a las disposiciones especiales que regulan la contratación temporal, la regulación nacida ha de tenerse por tiempo indefinido”. Sentencias de 10 de febrero y 6 de mayo de 1987 (R. 825 y 3247), entre otras. Doctrina ésta, asimismo, aplicable a las Administraciones Públicas. [STS de 13 de septiembre de 1988], creándose en estos supuestos ex iudicium el “puesto” de indefinido no fijo de plantilla.
IV. LA CONVERSIÓN DE LA RELACION LABORAL EN FUNCIONARIAL INTERINA
Sentado lo anterior, lo cierto es que en la práctica no solo las Entidades Locales han utilizado fraudulentamente las contrataciones temporales que han llevado a la tacha judicial de declarar las relaciones contractuales como indefinidas no fijas sino también, y mucho, las Comunidades Autónomas y el Estado (Comisión Técnica para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, encabezada por el Profesor SÁNCHEZ MORÓN, Madrid, 25 de abril de 2005 (M.A.P.).).
Es importante advertir, que los procesos de funcionarización, no han sido configurados para el personal laboral indefinido sino para el personal laboral fijo. Una mala planificación de los recursos humanos o un cambio legislativo en el que se produzca una mutación sobrevenida de las funciones laborales desempeñadas en funcionariales exige regularizar la naturaleza del vínculo contractual.
Es por ello por lo que no es el EBEP , concretamente su Disposición Transitoria Segunda, la primera norma que determinó la posibilidad de funcionarización, sino la existencia de una larga experiencia que posibilitó su propio reconocimiento constitucional a muy tempranos días.
Así la cosas, el proceso del funcionarización tuvo su origen en la doctrina del Tribunal Constitucional emanada de la STC 99/1987 de 11 de junio , aspecto que no puede ser olvidado en ningún momento: consistente en una solución excepcional y extraordinaria para la que unos trabajadores fijos de la Administración que se han incorporado a ella cumpliendo todos los requisitos y procedimientos legales y que ocupan un puesto adscrito ex lege a funcionario, puedan incorporarse a esa nueva condición jurídica.
La funcionarización, como institución jurídica, implica un respeto a la estabilidad en el trabajo del personal laboral, porque la única otra opción sería el despido de estos trabajadores fijos, con una indemnización, alternativa que el propio Tribunal Supremo considera radical y poco adecuada, así como costosa en términos económicos e ineficaz para mantener la seguridad de los servicios públicos. Por ello tres son los ejes en las que se fundamenta el proceso de funcionarización:
a). el cumplimiento del mandato constitucional que concretó en su día el Tribunal Constitucional.
b). el respeto a los derechos de los trabajadores (personal laboral).
c). la garantía de continuidad de los servicios públicos que prestan aquellos empleados públicos.
Consecuencia del reconocimiento constitucional anterior fue su reconocimiento legal a través del articulo 15.1c de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la reforma de la Función Pública (Ley 30/84) y su Disposición Adicional 15 , todavía en vigor tras la aparición del EBEP.
Admitida legal y constitucionalmente los procesos de funcionarización para personal laboral fijo, se ha de preguntarse si es posible un proceso similar para regularizar al personal laboral indefinido no fijo de plantilla.
Como se ha indicado con anterioridad, esta cuestión no solo se ha planteado en las Corporaciones Locales sino también en las Comunidades Autónomas. Ello es así, por cuanto que tras la declaración judicial de personal laboral indefinido no fijo de plantilla se produce una distorsión en el sistema de ordenación de empleados públicos, caracterizado por ser un sistema rígido, cerrado y fragmentado que nace tras la entrada en vigor de la Ley 30/84, concretamente, por lo regulado en el artículo 15 . Estos nuevos instrumentos de ordenación lo constituían las Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT) y las Plantillas de Personal. Dos instrumentos diferentes pero que se complementaban entre si.
Mediante las RPTs la Administraciones Públicas fijan la organización de su personal fijo y estructural; a través de las Plantillas de personal determinan la repercusión de esa organización en en el Presupuesto, constituyendo así, un documento esencialmente económico. Uno se refiere a puestos de trabajo, el otro a plazas dotadas presupuestariamente. La plaza responde a una necesidad permanente, el puesto puede responder a una necesidad temporal. Es por ello por lo que no caben puestos “indefinidos” sin plaza.
Esta distorsión del sistema de gestión de recursos humanos que genera la asunción de personal laboral indefinido sin plaza ha dado lugar a que la Administraciones Públicas busquen distintos sistemas para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la estabilidad en el empleo (art. 35 de la CE) dentro del principio de legalidad y seguridad jurídica ( art. 9.3 de la CE)
Entre las distintas experiencias obtenidas por las diversas Administraciones Públicas sobre este asunto, ha sido muy relevante, en mi opinión, la lograda por la Comunidad Autónoma de Canarias.
La respuesta que dio la CA anteriormente citada vino acompañada de las recomendaciones que realizó la propia Intervención Autonómica. Como ejemplo de transparencia política, los pasos para la regularización de la situación fueron publicados en su portal Web, concretamente en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/guia_rrhh/libro7/vii1h.jsp
Se puede destacar del mismo, la siguientes actuaciones a seguir:
- “"En los supuestos en que por sentencia se declare la condición de personal laboral indefinido, ello conllevará que el Departamento responsable adscriba al personal a una plaza vacante en el mismo.
- En el caso de que no exista plaza, se estudiará la necesidad, del centro directivo en cuestión, de la misma. En base a ese estudio se seguirá alguno de los procedimientos siguientes:
a) Crear la plaza en el mismo Departamento a través de una modificación, que podrá ser puntual, de la RPT, detrayendo el coste de la misma del correspondiente crédito asignado por el que se contrató, reduciendo el marco presupuestario en ese concepto para ejercicios posteriores en la cuantía correspondiente al gasto originado. Hasta que se cree la plaza, se podrá utilizar el crédito asignado a plazas vacantes dotadas, incluso de funcionarios, lo que supondrá no poder proceder a la cobertura de las mismas.
b) Adscripción por la Dirección General de la Función Pública a otra plaza vacante, de necesaria cobertura, de igual categoría que figure en otro Departamento.
c) Creación de la plaza en otro Departamento, a través de una modificación de la RPT, que podrá ser puntual, detrayendo el coste del Departamento de origen y con las mismas consecuencias previstas en el apartado a).
En cualquier caso, las plazas cubiertas por personal laboral indefinido serán convocadas para su provisión por el procedimiento legalmente establecido."
El informe de la Intervención Autonómica de fecha 6 de mayo de 2004 (pueda extraerse a través de dichas páginas web) en su Considerando Tercero, manifiesta la necesidad de adaptar lo mas rápidamente posible la RPT para solventar la distorsión que produce la ocupación por parte de una laboral indefinido en una plaza de funcionario, no pudiéndose, en ningún caso formular un reparo de suspensión del pago de nóminas sobre dicho personal debido a que se iría contra lo declarado en sentencia judicial.
En definitiva, la respuesta que se ofrece al problema de la regularización del personal indefinido es la ocupación de plaza y posterior conversión, aunque sea mediante la modificación de la RPT.
Fijado lo anterior, el problema se presenta naturalmente, cómo encajar personal laboral indefinido en una plaza de funcionario, teniendo en cuenta además, que la Ley de Presupuestos del Estado para cada año, limita casi completamente la creación de plazas.
A mi criterio, la respuesta a la pregunta podemos encontrarla en la interesante sentencia judicial siguiente: Sentencia de 31 de enero de 2014, de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
Según la misma y, concretamente, a propósito de la conversión directa de personal laboral temporal en funcionario interino, en el Fundamento Jurídico Tercero se dispuso que: “ Ciertamente, se ha producido en el presente caso una situación particularmente compleja debido a la aprobación por el Pleno municipal de 20 de julio de 2012 de la funcionarización de plazas y puestos de trabajo ocupados por personal laboral temporal que hizo necesaria la oferta a aquellos trabajadores afectados de su posible conversión en funcionarios interinos con la finalidad de hacer coincidir la naturaleza de la plaza creada con la relación jurídica del afectado, pero sin que el nombramiento de funcionario interino tuviese carácter obligatorio para el afectado, sino que se trataba de una posibilidad o derecho”. “el puesto sigue siendo el mismo a pesar de su funcionarización sobrevenida, sin creación de nueva plaza , y sin que pueda obviarse que si la apelante ha podido optar al nombramiento como funcionaria interina lo ha sido sobre la base de su condición de contratada laboral temporal, persistiendo en todo momento la causa de vinculación jurídica original con el Ayuntamiento, quien al disponer la referida funcionarización claramente señala la necesaria continuidad en la prestación de servicios (...)hasta tanto en cuanto sean provistos los puestos o plazas de personal funcionario de forma definitiva en los términos que legal o reglamentariamente procedan, o su amortización o transformación, sin perjuicio de su conversión en nombramientos de funcionarios interinos. ”
Es decir, el Alto Tribunal autonómico lo que ha venido a decir es que la regularizacion/conversión del personal temporal en funcionario interino no modifica el vinculo jurídico original que lo une a su empleador (Ayuntamiento) pues este sigue siendo el mismo. Lo que llevo a cabo el Ayuntamiento es un proceso de corrección de la situación jurídica generada por la ocupación de personal laboral indefinido en plazas de funcionarios públicos.
La corrección de ese vinculo jurídico (de laboral temporal a funcionario temporal) no supone creación de plazas ni de puestos de trabajo sino regularización a fin de hacer coincidir la naturaleza de la plaza con la relación jurídica del afectado.
Teniendo en cuenta toda la disertación anterior, la posible solución que podría utilizarse por los Consistorios para corregir la disfunciones orgánicas ocasionadas por los indefinidos no fijos cuando no se pudieran crear plazas al efecto, o cuando las plazas existentes fueran funcionariales, podría consistir en:
a) El indefinido no fijo de plantilla que tuviera reconocido dicha condición por sentencia judicial, que careciera de plaza, tendría que ocupar otra plaza vacante funcionarial del Grupo equivalente a su categoría profesional. Intentado hacer coincidir el puesto de trabajo funcionarial con el laboral que ocupaba y desempeñaba.
b) A fin de hacer coincidir la naturaleza estatutaria de la plaza con la relación laboral indefinida que une al Ayuntamiento con el empleado, y previo consentimiento del mismo, se debería proceder a la regulación/funcionarización del vinculo contractual en Funcionario Interino por Vacante, pues, como se ha especificado, este sigue siendo el mismo que en origen (temporal), sin que en ningún caso por dicha actuación se creen nuevas plazas ni puestos, ni se modifique la RPT. Todo ello de acuerdo con lo argumentado en la Sentencia de 31 de enero de 2014, de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias anteriormente referida.
Señaladas las principales fases, quedaría el ultimo paso a seguir que se expone a continuación.
V. EL CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR/A A LA CITADA CONVERSIÓN
Aún siendo una potestad de la Administración Pública el organizar sus propios efectivos, es imprescindible contar con el consentimiento de los afectados para la conversión (de indefinidos laborales a funcionarios interinos), pues estos pierden derechos adquiridos por la Legislación laboral, que al ser incompatibles con el régimen estatutario propio de los funcionarios (también interinos) derivado de Leyes y Reglamentos, los derechos y obligaciones solo pueden provenir ex novo desde el momento del nombramiento.
No obstante lo anterior, El Tribunal Supremo, cuando ha conocido supuestos análogos al presente, no duda en reconocer la existencia de fraude de ley en los casos de renuncia a una relación laboral indefinida sin acreditar ventaja a cambio [así lo señalan las SSTS 11 de febrero de 1991 y, muy especialmente, la STS de 22 de junio de 1990, según la cual “una vez adquirida la condición de fijeza o el carácter indefinido de su relación laboral, no puede luego modificarse válidamente esta condición o carácter aceptando la suscripción de un nuevo contrato temporal, pues la condición de trabajador fijo es irrenunciable, según dispone el art. 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, por afectar a un derecho fundamental dentro de la esfera jurídico-laboral, como es la estabilidad en el empleo, de lo que se deduce que el contrato posteriormente pactado conculca patentemente ese derecho inalienable y constituye un evidente fraude de ley, al hacer uso de un derecho aparentemente legal en perjuicio del trabajador, fraude que por su viciosa naturaleza le priva de efectos según se deriva del art. 6.4 del Código Civil, y que determina la aplicación de la presunción favorable a la duración indefinida de la relación de trabajo..., obligando todo lo expuesto a concluir que se ha de mantener incólume la relación jurídica de duración indeterminada que existía antes”.
Tal determinación sólo puede ser adoptada a partir de una real expectativa de mejora, focalizada en este caso en la asunción de futuro cierto de la condición de funcionario de carrera mediante el compromiso firme de la convocatoria de la plaza correspondiente para ser cubierta por los procedimientos de acceso legalmente establecidos.
VI. LA TRANSFORMACION DE FUNCIONARIO INTERINO EN FUNCIONARIO DE CARRERA. LA COBERTURA DE LA PLAZA POR CONCURSO-OPOSICIÓN
Dada la imposibilidad de convertir automáticamente a un interino en funcionario de carrera, a la vista de los principios constitucionales de mérito y capacidad [STC 302/1993, de 21 de octubre ], la cobertura definitiva de la plaza exige una actuación administrativa pertinente a fin de acabar con la precaria situación del interino quien, como es claro, no renuncia a un empleo indefinido para quedar a merced de una Administración, pues no se puede olvidar el carácter extraordinario de estas figuras [<>, STS de 16 de mayo de 1989 ], utilizadas ampliamente como mecanismos ordinarios de adscripción constituyendo conductas claramente contrarias al modelo constitucional de función pública.
Pero, no solo hay que tener en cuenta los principios constitucionales que informan las relaciones laborales, sino que tal exigencia de permanencia y estabilidad en el empleo público ha sido exigida legalmente por muestro Ordenamiento Jurídico cuando se han dado las notas de necesidad, permanencia y funcionalidad. Así el artículo 6.3 del Decreto de 30 de mayo de 1952 por el que se aprueba el texto del Reglamento de funcionarios de la Administración local, dispuso que: “ La persistencia durante dos años en el pago a determinados temporeros o eventuales implicará la presunción de que existe necesidad de personal permanente, y la Corporación estará obligada a crear las correspondientes plazas de plantilla para proveerlas en forma reglamentaria.”
Siendo necesaria, por tanto, la convocatoria de la plaza ocupada interinamente sin prolongada demora, se ha de precisar cual de los procedimiento de acceso a la función pública es el mas adecuado para el fin expuesto.
La oposición libre, como forma de provisión, no es el cauce idóneo y lógico que permita tomar en consideración los méritos adquiridos por el empleado en su prolongada relación con la Administración, primero como laboral y luego como funcionario interino.
La previsión contenida en el olvidado art. 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, reconociendo la virtualidad del sistema de concurso-oposición (cuya viabilidad es afirmada por el art. 91.2 LBRL y Disposición Transitoria Cuarta del EBEP) en los procesos de consolidación de interinos, permite un adecuado uso de este proceso selectivo, por si duda hubiere, al confirmar la posibilidad de valorar en tales casos, entre otros méritos, la experiencia en los puestos de trabajo objeto de convocatoria. En el mismo sentido, la STC 50/1986, de 23 de abril , conforme a la cual el sistema de concurso- oposición es plenamente <> con la Constitución por cuanto da cumplimiento al <>.
Nada impide, por tanto, el recurso a un concurso-oposición con el fin de lograr la consolidación de empleo en la función pública para que el afectado vea reconocida su situación previa y para poner fin, a la conducta injustificada seguida por la Corporación Local en su relación con la misma, dando la respuesta que se merece la expectativa de derecho que hizo renunciar al trabajador sus derechos laborales.
La senda seguida por la jurisprudencia laboralista ha provocado numerosos problemas en el esquema organizativo administrativo, todavía hoy sin resolver, cuando se procede a declarar y reconocer en sentencia a empleados públicos temporales la condición de indefinido no fijos de plantilla. Como se ha expuesto, una coherente solución pasaría por considerar la nulidad contractual, dejando, en su caso, a salvo el derecho de indemnización del trabajador y la exigencia de responsabilidad del órgano gestor (político) que contrató sin los procedimientos legales oportunos.
No siendo este el camino seguido por los jueces y tribunales, y ni atisbo que sea el que vaya a seguirse en el futuro; y teniendo en cuenta que tales situaciones nacen de incumplimientos legales por parte de la Administración Pública, la posible solución para una plena integración del indefinido no fijo en el organigrama funcionarial cuando no pueden crearse plazas ad hoc, podría pasar por el procedimiento expuesto, máxime cuando existiera contradicción entre el puesto laboral que se desempeña y la plaza funcionarial vacante que se pudiera ocupar.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, diciembre 11, 2015 No hay comentarios:
La Junta General del Principado devuelve el cien por cien de la paga extra a sus trabajadores entre diciembre y enero, mientras el Principado prolonga la devolución hasta enero del 2017
Doble rasero y dos soluciones distintas para la devolución de la paga extra a los empleados públicos. Mientras que la Junta General del Principado devolverá a sus trabajadores el importe de la paga extra suprimida en dos pagos, uno en diciembre de este año y el otro en enero del año 2016, según el acuerdo que hoy publica el BOPA (ver aquí), el Gobierno del Principado de Asturias, con la complicidad de todos los sindicatos firmantes del Acuerdo aprobado por la Mesa General de Negociación, devolverá dicha extra en tres tramos: uno en diciembre, otro en enero del 2016 y el tercero en enero de 2017 (ver acuerdo aquí)
La paradoja del caso es que la Junta General del Principado podría aprobar una Ley de Presupuestos para 2016 que discrimine a los empleados públicos del Principado, dándoles un peor trato que a los propios trabajadores de la Junta.
La Administración ha metido un nuevo gol a los pactistas sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, al lograr que éstos acordasen el aplazamiento del reembolso de la paga extraordinaria de verano de 2012, sustraída a los funcionarios a través de los recortes introducidos en la legislación estatal.
El Acuerdo firmado el pasado 31 de octubre, denominado “de establecimiento del calendario de devolución de las cantidades pendientes correspondientes a la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012”, lo han suscrito los sindicatos CCOO, FSES, UGT, SAIF y CSIF
Con esta firma- innecesaria de otra parte, ya que la Comunidad Autónoma podría acordar unilateralmente el pago aplazado de la paga extra de 2012-, los sindicatos firmantes, a la vez que suministran total impunidad a Función Pública para efectuar la demora de la devolución, se quitan la careta y demuestran lo grotesco de su situación: critican hacia afuera los recortes apoyando una supuesta oposición de izquierdas frente a una derecha que presentan como culpable de debilitar y demoler los servicios públicos y, simultáneamente, no tienen inconveniente alguno en poner su firma en acuerdos que posponen, hasta el 2017, los efectos económicos de la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 robada a los funcionarios a quienes teóricamente representan.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, diciembre 04, 2015 No hay comentarios:
Comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias
En el día de hoy Javier Álvarez Villa, en representación del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, compareció en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado de Asturias para hablar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado, con la siguiente intervención:
El informe de Personal que acompaña al proyecto de Ley de Presupuestos con el objeto de explicar los Gastos de Personal, tiene unos llamativos agujeros negros, que distorsionan las posibilidades de comprensión de este Capítulo.
Así, en primer lugar, se omite toda referencia a los Organismos y entes públicos sometidos a régimen de contabilidad privada – 5 Fundaciones, más el IDEPA y el Consorcio de Transportes – y las 15 empresas públicas que figuran en los Presupuestos. Nada hay en el Informe de Personal sobre el gasto de personal de cada una de estas 22 entidades, ninguna información sobre sus plantillas. Materia oscura.
Por lo que se refiere a las explicaciones sobre la distribución del gasto, el Informe de Personal dedica al análisis de las plantillas de personal 92 de sus 117 páginas. Pero esta información desglosada sobre las plantillas aporta muy poca información y, sobre todo, inútil, sobre el reparto de la masa salarial, porque en la Administración Pública lo que realmente existen son puestos de trabajo y no plazas de plantilla. Es decir, lo que realmente hay son puestos base y puestos singularizados – jefaturas, coordinadores, asesores, directores etc.- y esta información no figura por ningún lado en el Informe.
Para conocer con certeza como se ha distribuido realmente la masa salarial entre los diferentes grupos de empleados públicos habría que disponer de la secuencia de las relaciones de puestos de trabajo de los últimos años.
Si se dispusiera de ella se observaría, seguramente, como han ido aumentando los puestos de trabajo singularizados adscritos al grupo A – titulados superiores -
Como la masa salarial se ha mantenido prácticamente estancada parece lógico concluir que esta especie de hipertrofia de asesores, coordinadores etc., sin soporte objetivo para su creación, ha sido posible mediante una transferencia salarial de abajo a arriba, desde los grupos más bajos – con menores sueldos – hacia los superiores. Clasismo salarial.
Por lo que se refiere al personal temporal, el Informe de Personal se limita a señalar que el gasto asciende al 6,40 por ciento del gasto total, pero omite toda referencia al número de trabajadores temporales, distribución por Consejerías y demás organismos etc.
Si tomamos los datos de las últimas Encuestas de Población Activa veremos que el personal temporal puede suponer entre el 15 y el 20 por 100 del personal de la Comunidad Autónoma. Ello supone que este 15 /20 por ciento percibe sólo 6,40 por ciento del total de la masa salarial, lo que nos lleva a concluir que se está utilizando la precarización del empleo público de forma deliberada para disponer de mano de obra barata.
De este modo se discrimina a los interinos y al personal temporal en general doblemente: por un lado, se les condena a una precarización casi perpetua, impidiéndoles acceder a un puesto fijo al congelar o minimizar al máximo la oferta de empleo público; y, por otro, se les paga menos que a los empleados fijos, aún desempeñando trabajos idénticos.
En este sentido, el artículo 24.1 del proyecto de ley de Presupuestos consagra esta discriminación salarial, señalando que los funcionarios interinos no podrán percibir el complemento de carrera o de incentivo profesional, ni cualquier otro vinculado a los funcionarios de carrera; en contra de la Directiva 1999/70/, sobre trabajo temporal, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de las sentencias que ya están empezando a dictar los juzgados asturianos.
Pero el proyecto de ley de Presupuestos también castiga a los trabajadores públicos fijos, a los que se suprime el derecho al abono de la cantidad correspondiente a la segunda categoría de la carrera profesional horizontal.
El sistema de carrera horizontal que en el año 2007, a pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas, había que implantar con urgencia, aunque no existiera cobertura legal que lo avalara, porque serviría para motivar a los empleados públicos y permitir que se estabilizarán en un puesto de trabajo, sin obligarles a cambiar de puesto para obtener mejoras retributivas, todo ello, mediante una progresión de categoría cada cierto números de años, ahora se suspende “manu militari” y hasta nuevo aviso. Lo que antes se se decía utilizar para motivar a los empleados públicos ahora se suprime para desmotivarlos.
Mientras tanto, se mantiene prácticamente intacta la partida de cerca de un millón de euros para cursos de formación del Instituto Adolfo Posada. Pero si el cursillismo desmedido que alentó la implantación de la carrera profesional horizontal, para obtener puntos para progresar de categoría, ahora debería desinflarse con la suspensión de dicha carrera, ¿a cuento de qué se mantiene intacto entonces la partida presupuestaria para cursos de formación?
Finalmente y para acabar, lo que tampoco mengua es el número del personal de confianza política o personal eventual, que aumenta de 90 a 91, 48 adscritos a la Junta General del Principado.
A nuestro juicio, se trata de un número excesivo e injustificado, no porque los diputados y diputadas y los cargos políticos no deban tener personal técnico que les asesore en le desempeño de sus funciones parlamentarias o de gobierno, si no porque consideramos que una buena parte de las funciones que desempeñan deben quedan reservadas a empleados públicos, elegidos en procedimientos de selección libres y en igualdad de oportunidades, porque son materialmente funciones propias de empleados públicos.
Por ello la asociación a la que represento ha interpuesto un recurso contencioso – administrativo frente la relación de puestos de trabajo de personal eventual de la Junta General del Principado, pues consideramos que incurre en un claro fraude de ley.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, diciembre 02, 2015 1 comentario:

References: artículo 92
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 62
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 24