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Timestamp: 2020-08-08 02:29:51+00:00

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No obstante lo anterior, la línea jurisprudencial imperante desde antiguo y recogida hoy en la más reciente jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal (Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Civil, Sección 1ª- núm. 71/2014 de 25 febrero. RJ 2014\1155), conecta a los dos obligados (asegurado y asegurador) con un vínculo de solidaridad, entendiendo que ambos son deudores solidarios de una misma prestación y que cumplen la misma función de resarcir al perjudicado (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1993. RJ 1993, 3464), si bien, quedando el derecho del perjudicado contra el asegurador limitado a la suma asegurada y justificando la solidaridad a la luz del tenor literal del artículo 1140 CC -pese al distinto contenido obligacional de ambos deudores-, cuando aduce que acreedores y deudores «no estén ligados del propio modo».
A la luz de estos dos preceptos, el asegurador puede oponer al tercero perjudicado que el hecho causante no es objeto de cobertura, o lo que es igual, que queda fuera de la delimitación del riesgo asegurado, lo que ha llevado a la jurisprudencia a acuñar el concepto de excepciones impropias u objetivas. Véase en este sentido, la Sentencia del TS Sala 1ª, núm. 40/2009, de 23 de abril, que partiendo de la inmunidad declarada en la Ley, considera oponibles las «excepciones impropias», al encontrar más cabida en el artículo 73 que en el 76 de la LCS, definiéndolas como «aquellos hechos impeditivos objetivos, que deriven de la ley o de la voluntad de las partes», es decir, «aquellas condiciones establecidas en el contrato y relativas a su contenido, que podría haber opuesto frente a su asegurado en el caso de que éste fuera quien hubiese reclamado». Ahora bien, en muchos casos la línea divisoria entre éstas y las excepciones personales no será tarea fácil. Por el contrario, no podrá oponer posibles excepciones personales derivadas del comportamiento del asegurado, como el incumplimiento por su parte de las obligaciones recogidas en el contrato o que hubieran agravado el riesgo producido –en cuanto excepciones puramente personales- así como causas limitativas de los derechos del asegurado, que igualmente encierren ese elemento interpersonal.
Así, en un supuesto de responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación de vehículos a motor acaecido en Cataluña, se negó la existencia de ese plazo trienal por parte del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) en Sentencia núm. 533/2013 de 6 septiembre, pues se consideró que en ese caso no se trataba del ejercicio de una simple acción derivada de culpa extracontractual, sino en el ejercicio de la acción contra el Consorcio de Compensación de Seguros que nace precisamente de un derecho de carácter singular y extraordinario que no reconoce al perjudicado la legislación civil catalana sino el artículo 11.1.a) de la Ley sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y el 11.3 del Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros , aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el cual ha de cumplir la obligación de indemnizar en sustitución de la aseguradora del vehículo desconocido causante del daño, frente a la que cabía la acción directa prevista en el citado artículo 7.1 de la Ley sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Y ello precisamente, a la luz del artículo 1090 del Código Civil cuando dice que las obligaciones derivadas de la ley «se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido».
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References: artículo 1140
 artículo 73
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 1090