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Timestamp: 2019-07-17 04:28:15+00:00

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Norma básica de Protección civil (Real Decreto 407/1992, de 24 de abril) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 205217165
Publicado en: BOE de 1 de Mayo 1992
Norma citada en: 13 sentencias, 16 artículos doctrinales, 125 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas, 2 noticias
El fundamentó jurídico de la protección civil se encuentra en la constitución. En la misma, y tal cómo se señala en la exposición de motivos de La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, se establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el Derecho a la vída y la integridad física cómo primero y más importante de los derechos fundamentales artículo 15 , los principios de unidad nacional y solidaridad territorial artículo 2 y las exigencias esenciales de eficacia y coordinación Administrativa artículo a103.
La mencionada ley, primer instrumento jurídico de esté rango que regula en España estás materias, define artículo 1 a la protección civil cómo un Servicio público en cuya organización, Funcionamiento y ejecución participan las diferentes administraciones públicas, así cómo los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria. Sin embargo, la citada ley no concreta los ámbitos en los que se ejercen las responsabilidades y competencias de las diferentes administraciones, remitiéndose fundamentalmente a lo que señalen los distintos planes de protección civil.
Esto da una importancia excepcional a la Norma básica prevista en el artículo 8 de La Ley, que debe contener las Directrices esenciales para la elaboración de los planes. La Ley 2/1985 no se ha limitado a señalar la necesidad de disponer una serie de planes capaces de hacer frente a riesgos genéricos, sino que, de acuerdo con el Proceso actualmente vigente en la ce, establece planes para riesgos específicos. En esté sentido, La Ley prevé dos tipos de planes: Los territoriales y los especiales. La Norma básica, por tanto, ha de contener las Directrices esenciales que deben guiar ámbos modelos de planificación.
El tribunal constitucional se ha pronunciado sobre la distribución de competencias en materia de protección civil, principalmente en su sentencia de 19 de Julio de 1990, dictada en relación con el recurso de inconstitucionalidad número 355/1985. En la sentencia se reconoce la concurrencia de competencias entre las comunidades autónomas y el estado, señalando que, si bien las comunidades autónomas tienen competencia en materia de protección civil, está competencia se encuentra con determinados límites que derivan de la existencia de un posible interés nacional o supraautonómico. Está sentencia permite ya diseñar y perfilar el Modelo nacional de protección civil y establecer los criterios comunes mínimos para la elaboración de los planes.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta del ministro del interior, previó informe de la comisión nacional de protección civil, con aprobación del ministro para las administraciones públicas, de acuerdo con El Consejo de estado, y previa deliberación del consejo de ministros en su reunión del día 24 de abril de 1992,
Se aprueba la Norma básica de protección civil que se acompaña cómo Anexo del presente Real Decreto.
Hasta tanto se aprueben por el Gobierno los planes especiales de protección civil de ámbito estatal o que afecten a varias comunidades autónomas y se homologuen por la comisión nacional de protección civil los planes territoriales de comunidades autónomas o los especiales cuyo ámbito territorial no exceda de una Comunidad autónoma, seguirán aplicándose en los ámbitos territoriales o funcionales correspondientes a dichos planes las Disposiciones que se refieren a la elaboración, contenido y ejecución de los planes de protección civil, del Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia, el cuál continuará vigente con carácter supletorio respecto de las previsiones no contenidas en los planes aprobados.
El Gobierno, a propuesta del ministro del interior, previó informe de la comisión nacional de protección civil, podrá determinar qué otros riesgos potenciales pueden ser objeto de regulación a través de planes especiales, en función del conocimiento disponible sobre el alcance y magnitud de sus consecuencias.
El presente Real Decreto y la Norma básica de protección civil que por él se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el .
NORMA BÁSICA DE PROTECCION CIVIL.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, constituye el Marco legal que determina todo el Sistema de preparación y de respuesta ante situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en las que la seguridad y la vída de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente, generándose unas necesidades y recursos que pueden exigir la contribución de Todas las administraciones públicas, organizaciones, empresas e incluso de los particulares.
Los aspectos más significativos de esté Sistema se basan en la planificación de las actuaciones a realizar en tales situaciones y en la previsión de los adecuados mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas y de éstas con los particulares.
Con esté planteamiento, la citada ley incluye una serie de Disposiciones cuyo desarrolló normativo permitirá la configuración integral del Sistema de protección civil. En concretó, el artículo 8 de La Ley establece la aprobación por el Gobierno de una Norma básica que contenga las Directrices esenciales para la elaboración de los planes territoriales y de los planes especiales, por sectores de actividad, tipos de emergencia o actividades concretas.
Estos principios exigen que la protección civil, en cuanto al Servicio público, realice una serie de funciones fundamentales, cómo son: La previsión, en lo que se refiere al análisis de los supuestos de riesgos, sus causas y efectos, así cómo de las zonas que pudieran resultar afectadas; la prevención, relativa al estudió e implantación de las medidas oportunas para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que se pudieran derivar de éstas; la planificación de las líneas de actuación, para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que pudieran presentarse; la intervención, en cuanto a las diferentes actuaciones encaminadas a proteger y socorrer la vída de las personas y sus bienes; y, por último, la rehabilitación, dirigida al establecimiento de servicios públicos indispensables para la vuelta a la normalidad.
Objeto de la Norma básica
1.1 la presente Norma básica, que constituye el Marco fundamental para la integración de los planes de protección civil en un conjunto operativo y susceptible de una rápida aplicación, determina el contenido de lo que debe ser planificado y establece los criterios generales a que debe acomodarse dicha planificación para conseguir la coordinación necesaria de las diferentes administraciones públicas, permitiendo, en su casó, la función directiva del estado, todo ello para Emergencias en las que esté presente el interés nacional.
aquéllas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico.
1.3 a efectos de está Norma básica, se entiende por plan de protección civil la previsión del Marco orgánico-Funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los Recursos Humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en casó de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así cómo el esquema de coordinación entre las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir.
Planes de protección civil: Clasificación y criterios de elaboración
3.3 cuándo la naturaleza y extensión del riesgo, el alcance de la situación de emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan las competencias de una determinada administración, de acuerdo con lo previstro en su correspondiente plan territorial, la dirección y coordinación de las actuaciones podrá pasar a la autoridad que ejerza tales funciones en el plan territorial de ámbito más amplió.
Los planes territoriales con el fin de que sean homologables y puedan integrarse en casó necesario en otros planes de ámbito superior determinarán, al menos, los siguientes aspectos:
definición de su objetivo y alcance, valorando y concretando lo que puede conseguirse con la correcta aplicación del plan.
determinación de la figura del director del plan, al que corresponde la dirección de Todas las operaciones que deben realizarse al Amparo del plan, en cualquiera de las fases que caracterizan la evolución de la emergencia.
cada plan territorial contemplará el establecimiento de un Centro de coordinación operativa (cecop), dónde se realice la dirección y coordinación de Todas las operaciones, disponiendo de un Sistema de enlace con el cecop de la administración en que se integre el plan.
todo cecop podrá funcionar en su casó cómo Centro de coordinación operativa integrado (cecopi), en el que se integrarán los mandos de las diferentes administraciones, tanto para la dirección y coordinación de la emergencia cómo para la transferencia de responsabilidades.
establecimiento de los mecanismos y circunstancias para la declaración formal de la aplicación de un plan, que determina el comienzo de su obligatoriedad, debiéndose fijar para cada casó:
Definición de las medidas de protección a la población, garantizando la asistencia a las personas con discapacidad, que tienen por objeto evitar o minimizar los efectos adversos del riesgo, debiéndose considerar como mínimo las siguientes:
definición de las medidas de protección a los bienes, con especial atención a los bienes declarados de interés cultural, medidas de protección que tendrán una doble vertiente, la de su protección propiamente dicha y aquélla otra encaminada a evitar que se generen riesgos asociados que puedan incrementar los daños.
definición de las medidas y actuaciones de socorro, considerando las situaciones que representan una amenaza para la vída que, en general, pueden agruparse en:
definición de las intervenciones para combatir el suceso catastrófico, que tienen por objeto actuar sobre el agente que provoca la catástrofe para eliminarlo, reducirlo o controlarlo. Estás intervenciones podrán actuar directamente sobre la causa, o indirectamente sobre aquéllos puntos críticos dónde concurren circunstancias que facilitan su evolución o propagación. En todo casó, debe preverse la intervención inmediata para garantizar una actuación en los primeros y decisivos momentos y permitir la incorporación ordenada y oportuna de nuevos Medios.
definición de la Estructura operativa de respuesta para hacer frente a los efectos de un suceso catastrófico, la cuál se determinará en función de la organización adoptada por la administración territorial y de los tipos de emergencia contemplados en los planes.
articulación de los planes de los distintos niveles territoriales, con homogeneidad de planteamientos, terminología y contenidos.
previsión de las actuciones en las Emergencias, con establecimiento de sistemas de alerta precoz y criterios de evaluación del suceso y sus consecuencias en tiempo Real.
indicación de las autoridades a las que es necesario notificar la existencia de sucesos que puedan producir daños a las personas y bienes.
establecimiento de fases y situaciones en concordancia con las medidas de protección que deben adoptarse y los correspondientes Procedimientos de actuación, que constituye la basé operativa del plan.
El desarrolló de esté punto exige la evaluación de los Medios y recursos necesarios, identificándose los mecanismos adecuados para su movilización en todos los niveles, así cómo de los organismos y entidades, públicos y privados llamados a intervenir y las Fuentes especializadas de información que se requieren.
determinación de las medidas reparadoras, referidas a la rehabilitación de los servicios públicos esenciales, cuándo la carencia de estos servicios constituya por sí misma una situación de emergencia o perturbe el desarrolló de las operaciones.
determinación de los mecanismos adecuados para la información a la población afectada y al público en general, para que éste pueda adaptar su conducta a la prevista en un plan de emergencia.
implantación y mantenimiento de la eficacia del plan, estableciendo en la planificación los mecanismos encaminados a garantizar su correcta implantación y el mantenimiento de su eficacia a lo largo del tiempo.
Por otra parte, dado que un plan de emergencia no es una Estructura rígida e inmutable, pués depende de las condiciones particulares de cada territorio y a los cambios que se vayan produciendo en la organización, en la normativa y en el progreso de los conocimientos técnicos, es necesario establecer los correspondientes mecanismos para su revisión y actualización periódica.
asimismo, los planes territoriales establecerán el catálogo de recursos movilizables en casó de emergencia y el inventario de riesgos potenciales, así cómo las Directrices de Funcionamiento de los servicios de intervención y los criterios sobre movilización de recursos, tanto del sector público cómo del sector privado conforme a un Sistema de clasificación homologado.
Apartado 4, letra F) modificado por el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Septiembre de 2011.
planificación de medidas específicas, tanto de protección, cómo de carácter asistencial a la población.
5.2 asimismo, las Directrices señaladas en el artículo 4 de está Norma básica en relación con los planes terrioriales serán de aplicación en la elaboración de los planes especiales.
Riesgos objeto de planes especiales
Serán objeto de planes especiales en aquéllos ámbitos territoriales que lo requieran, al menos, los riesgos siguientes:
7.1 planes básicos, para los riesgos derivados de situaciones bélicas y de emergencia nuclear, son aquéllos cuya aplicación viene exigida siempre por el interés nacional. En ellos, la competencia y la responsabilidad del estado abarca Todas las fases de la planificación, incluyendo la relativa a la prevención (vigilancia y control de las Emergencias potenciales, con el concurso de los organismos competentes), la implantación, el mantenimiento de la efectividad, la información a las administraciones afectadas, a la población y la dirección de Todas las actuaciones, sin perjuicio de la participación del resto de las administraciones públicas.
7.2 planes especiales para los demás casos. Planes especiales son aquéllos que se elaboran de acuerdo con las Directrices básicas relativas a cada riesgo. Dichas Directrices básicas establecerán los Requisitos mínimos sobre los Fundamentos, Estructura, organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de coordinación que deben cumplir los planes especiales a que aquéllas se refieran.
estatales o supraautonómicos. Estos establecerán los mecanismos y procedimentos organizativos de sus recursos y servicios para asegurar el ejercicio de la dirección y coordinación de los planes especiales autonómicos, en aquéllas situaciones de emergencia en que esté presente el interés nacional.
8.1 corresponde al Gobierno, cómo órgano superior de dirección y coordinación en materia de protección civil, aprobar, a propuesta del ministro del interior y previó informe de la comisión nacional de protección civil, los planes básicos y los planes especiales de ámbito estatal, así cómo las Directrices básicas a las que se refiere el artículo 7.2 de la presente Norma.
8.2 las comunidades autónomas elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes territoriales, así cómo los planes especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda del de la propia Comunidad autónoma.
La dirección y coordinación de tales planes será ejercida por la correspondiente Comunidad autónoma, salvo cuándo sea declarado el interés nacional según lo previsto en el artículo 1.2 de la presente Norma básica.
8.3 las entidades locales elaborarán y aprobarán, cuándo proceda y según el Marco de planificación establecido en cada ámbito territorial, sus correspondientes planes territoriales de protección civil.
La competencia de dirección y coordinación de las acciones previstas en estos planes corresponde a la autoridad local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de está Norma.
8.4 el Gobierno, a propuesta del Ministerio del interior y a iniciativa, en su casó, del Presidente de la Comunidad autónoma o del órgano correspondiente de la entidad local afectada, podrá delegar Todas o parte de sus funciones en aquéllos casos en que la naturaleza de la emergencia lo hiciera aconsejable, según establece el artículo 15.2 de La Ley 2/1985.
9.1 cuándo se produzca una situación de emergencia, de las señaladas en el artículo 1.2 de está Norma básica, El Ministro del interior podrá declarar la emergencia de interés nacional.
9.3 está declaración implicará que las autoridades correspondientes dispongan la aplicación de sus planes territoriales (de Comunidad autónoma, provinciales, supramunicipales, insulares y municipales) o especiales, según los casos, correspondiéndole al estado la dirección y coordinación de las actuaciones.
RESOLUCION DE 5 DE ABRIL DE 1995, de la Direccion general de la Energia, por la que se aprueba la Muestra de suministros sometidos a Inspeccion de la Facturacion de Energia electrica hasta el 31 de Diciembre de 1996.

References: artículo 15
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 1