Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1544
Timestamp: 2019-09-18 09:34:48+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 119/1990
SENTENCIA 119/1990, de 21 de junio
ECLI:ES:TC:1990:119
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, don Francisco Rubio Llorente, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García- Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa, don Luis López Guerra, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bereijo y don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 507/90, promovido por doña Itziar Aizpurúa Egaña, don Juan Cruz Idígoras Guerricabeitia y don Angel Alcalde Linares, representados por el Procurador don José Manuel de Dorremochea Aramburu y asistidos por el Letrado don Ignacio Iruín Sanz, contra la decisión del Presidente del Congreso de los Diputados de 4 de diciembre de 1989. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Congreso de los Diputados, representado y defendido por el Letrado de las Cortes Generales y Jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de dicha Cámara don León Martínez Elipe. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco Rubio Llorente, quien expresa el parecer del Tribunal.
A) El 21 de noviembre de 1989, fecha de la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, su Presidente procedió a tomar juramento a los asistentes a la misma, recordándoles «que, de acuerdo con los precedentes de la Cámara, el acatamiento se presta mediante la fórmula "sí, juro", o "sí, prometo", y efectuándoles la pregunta: ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?». Realizado el correspondiente llamamiento, los Diputados contestaron empleando aquella fórmula o, en dos casos, diciendo «sí, juro y prometo», declarando el Presidente que habían adquirido la condición plena de Diputados. De aquella sesión se hallaban ausentes la señora Aizpurúa y el señor Idígoras. El señor Alcalde aún no era Diputado.
B) En el «Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados» del siguiente 30 de noviembre se publicó una «Resolución de la Presidencia sobre la forma en que se ha de prestar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución previsto en los arts. 4 y 20 del Reglamento de la Cámara», la cual es de igual fecha. Esta Resolución consta de un Preámbulo o Exposición de Motivos, donde se afirma que «el acceso al ejercicio de los cargos y funciones públicas requiere en nuestro ordenamiento, de acuerdo con lo establecido por una larga tradición y por las normas vigentes, que el acto solemne de acatamiento a la Constitución se lleve a cabo con una fórmula ritual, simple, inequívoca e igual para todos». Se hace referencia a continuación a las fórmulas establecidas para el juramento o promesa de los funcionarios públicos, de los miembros de la Carrera Judicial, de los Magistrados del Tribunal Constitucional y de los Senadores. La fórmula prevista en el art. 11 del Reglamento del Senado ha sido, igualmente, en el Congreso, la exigida para este acto, «avalada por el carácter normativo del uso parlamentario repetido e indiscutido». Añade la Resolución que «dentro del proceso de racionalización normativa seguido por la Cámara, procede ahora incorporar al Reglamento, por la vía de la aprobación de una Resolución de la Presidencia, la fórmula exclusiva y solemne mantenida hasta el presente, que los señores Diputados habrán de cumplimentar para adquirir la condición plena de tales y cuyo incumplimiento conllevará los efectos previstos en el párrafo segundo del art. 20 del Reglamento». Se dispone, así, en primer lugar, que la promesa o juramento prevista en los arts. 4 y 20 del Reglamento se efectuará de la siguiente manera: «El Presidente preguntará al Diputado que haya de prestarlo: "¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?". Dicha pregunta será contestada mediante la expresión "si, juro", o "sí, prometo"». En segundo lugar, se dispone que la entrada en vigor de la Resolución tenga lugar el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
C) Al comienzo de la sesión plenaria del 4 de diciembre, que era la de investidura del candidato a Presidente del Gobierno, el Presidente del Congreso, dirigiéndose a la señora Aizpurúa, le preguntó: «¿juráis o prometéis acatar la Constitución?», respondiendo dicha señora: «Por imperativo legal, sí prometo». Iguales pregunta y contestación se produjeron en los casos de los señores Alcalde e Idígoras. A continuación, el Presidente declaró que la señora y los señores citados «al no haber utilizado la fórmula reglamentaria no han adquirido la condición plena de Diputados», rogándoles que abandonaran el hemiciclo.
D) En la reanudación de la sesión, que tuvo lugar al siguiente día a las once de la mañana, hizo el Presidente un nuevo llamamiento y constatando la ausencia de la señora Aizpurúa y de los señores Alcalde e Idígoras manifestó: «Habiendo sido llamados doña Itziar Aizpurúa Egana y don Jon Idígoras de Guerricabeitia en tres sesiones plenarias, sin que hayan prestado promesa o juramento de acatar la Constitución sus derechos y prerrogativas como Diputados quedan en suspenso hasta que se produzca la adquisición por los mismos de su plena condición de tales, conforme a lo previsto en el art. 20.2 del Reglamento de la Cámara».
E) Iniciada la sesión del 12 de diciembre, se efectuó un nuevo llamamiento a la señora Aizpurúa y a los señores Alcalde e Idígoras, ninguno de los cuales se encontraba presente, por lo que habría de procederse a un tercer llamamiento en la siguiente sesión plenaria. Este llamamiento tuvo lugar el 20 de diciembre, no hallándose tampoco en el hemiciclo los recurrentes, ante lo que el Presidente del Congreso declaró que, habiéndose celebrado tres sesiones plenarias sin que los referidos señores hubieran prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución «de acuerdo con la fórmula reglamentariamente establecida», los mismos «no tendrán, según lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento de la Cámara, derechos ni prerrogativas hasta que se produzca la adquisición plena de su condición de Diputados».
Actuando con la rigidez formalista empleada con los recurrentes, debía haberse rechazado la fórmula «sí, juro y prometo», utilizada por los Diputados Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chinivella, pues tampoco se atuvieron estrictamente al mandato reglamentario. ¿Y qué decir de la fórmula («juro o prometo») empleada por don Enrique Múgica al tomar posesión del cargo de Ministro de Justicia? Por su parte, el Diputado Ignacio María Oliveri Albisu, al día siguiente de responder «sí, prometo» afirmaba que «como Diputado de EA yo también acepto la Constitución por imperativo legal, aunque no lo diga».
7. Por providencia del 21 de marzo, la Sección acordó tener por personado y parte al Congreso de los Diputados y a don León Martínez Elipe, Letrado de las Cortes Generales y Jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de la referida Cámara, como su representación y defensa, así como en virtud de lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC, dar vista de las actuaciones remitidas por el Congreso a las partes y al Ministerio Fiscal, al objeto de que, en el plazo común de veinte días, pudieran presentar las alegaciones que estimaran procedentes.
Ha de destacarse, finalmente, que tal Resolución, aprobada tras la celebración de la sesión constitutiva y con carácter previo a la presencia en la Cámara de los Diputados de Herri Batasuna, no tenía ni por contenido ni por fin discriminar a éstos con una fórmula diferencial de juramento exclusiva para los mismos. La Resolución no pudo dictarse antes de aquella sesión sencillamente porque ninguno de los órganos que intervienen en su aprobación había podido constituirse (Presidente, Mesa y Junta de Portavoces). La fórmula establecida en la Resolución no pretende discriminar a nadie, porque es la misma que, con fundamento en la costumbre parlamentaria, se ha exigido a todos los Diputados. Es, por tanto, la que se utilizó en la sesión constitutiva y la que, en idénticos términos, se ha utilizado por el Diputado que acudió a la sesión de 4 de diciembre al tiempo que los recurrentes (señor Molina) y por todos los que han jurado con posterioridad a dicha fecha. Por último, la razón de que se dictase tal resolución consiste en que se había puesto en duda la eficacia jurídica de este precedente a través de diversas manifestaciones públicas; o sea, cuando estaba en cuestión el elemento de la opinio iuris imprescindible para la existencia de la costumbre jurídicamente vinculante, se dicta la Resolución de la Presidencia.
Es cierto que, como venimos sosteniendo desde nuestra Sentencia de 18 de diciembre de 1981 (STC 41/1981), cuando la petición de amparo se dirige contra acto de aplicación de un precepto legal al que no se reprocha desviación alguna de lo allí previsto, el recurso de amparo implica un ataque indirecto a la constitucionalidad del precepto mismo y que esta misma consecuencia se produce también cuando el objeto del recurso es un acto de aplicación de una norma con valor de Ley, aunque desprovista de la fuerza propia de la Ley como son los Reglamentos Parlamentarios (SSTC 101/1983 y 122/1983 y otras muchas), pero las posibilidades de impugnación que así se abren no son una aberración o una consecuencia no querida por el legislador. Este, que está tan vinculado por la Constitución como el resto de los poderes públicos (art. 9.1 C.E.), la ha previsto expresamente al habilitar (art. 55.2 LOTC) un procedimiento que articula, para estos supuestos, la competencia de las Salas y del Pleno de este Tribunal y que por eso mismo resulta en alguna medida redundante en aquellos recursos de los que, como en éste sucede, conoce directamente el Tribunal en Pleno por haberlo recabado para sí en uso de lo dispuesto en el art. 10.1 k), LOTC. El hecho de que, cuando se opera de este modo, la decisión sobre la constitucionalidad del precepto impugnado pueda considerarse ya, en cierto modo, predeterminada, es tan intranscendente para cuestionar la admisibilidad de un recurso de amparo como el hecho, que también la representación del Congreso de los Diputados señala, de que, tratándose, como a su juicio es aquí el caso, de normas autoaplicativas, la invalidación del acto de aplicación equivale, sin más, a la invalidación de la norma aplicada. Prescindiendo de la consideración evidente de que no puede calificarse de autoaplicativa una norma que por si misma no limita, ni prohíbe, ni faculta y que requiere por tanto, para producir su efecto, de un acto de aplicación, es claro que el resultado que así se produce se origina en la naturaleza de la norma y no en el uso, pretendidamente torticero, de la vía procesal utilizada.
Número y fecha BOE [Núm, 160 ] 05/07/1990 Corrección1
Tipo y número de registro Recurso de amparo 507-1990
Contra decisión del Presidente del Congreso de los Diputados de 4 de diciembre de 1989 por la que se deniega a los recurrentes la condición plena de Diputados.
Vulneración de los derechos reconocidos en los arts. 14 y 23.2 C.E., en relación con la fórmula de acatamiento de la Constitución utilizada por los Diputados de Herri Batasuna
No cabe considerar en modo alguno como «acto de mero trámite» un acto que niega a Diputados electos la «condición plena» de Diputados y les priva del derecho a asistir a las sesiones de la Cámara en tanto no accedan a cambiar su criterio sobre el modo de cumplir el requisito reglamentario del juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. [F.J. 1]
La exigencia de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como requisito imprescindible para alcanzar en plenitud la condición de Diputado no viene impuesta por la Constitución, pero tampoco es contraria a ella. [F.J. 4]
La obligación de prestar juramento o promesa de acatar la Constitución no crea el deber de sujeción a ésta, que resulta ya de lo que dispone su art. 9.1 y aunque pueda entenderse que lo refuerza, creando un vínculo suplementario de índole religiosa o moral, esta vinculación más fuerte en el fuero interno no tiene, como tal, trascendencia jurídica ni es, en consecuencia, la finalidad perseguida por la norma legal o reglamentaria que la impone. [F.J. 4]
Es cierto que la exigencia de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como requisito para el acceso a los cargos y funciones públicas no es contraria a los derechos fundamentales que la Constitución consagra, pero no puede ignorarse que los términos en los que tal exigencia se hace pueden ser tales que la invaliden, pues cuando se trata de cargos y funciones públicas cuya naturaleza esencial viene establecida por la Constitución o es deducible de ella, «los requisitos que señalen las leyes» sólo son constitucionalmente admisibles en la medida en que sean congruentes con ella. [F.J. 4]
Las leyes deben ser interpretadas siempre de manera que se maximalice, en lo posible, la eficacia de los derechos fundamentales, criterio hermenéutico derivado del «mayor valor» de aquéllos. [F.J. 4]
La Sentencia que pone término a un recurso de amparo no puede proclamar, con eficacia «erga omnes», la inconstitucionalidad de las normas con valor de Ley, pero, como es obvio, sí puede fundamentar su fallo en la afirmación, «prima facie», de tal inconstitucionalidad, cuando la lesión de los derechos fundamentales para la que se pide nuestro amparo no se haya originado en ningún defecto propio del acto de aplicación de la norma, sino de la norma misma. [F.J. 1]
Aunque en nuestra STC 118/1988 hemos considerado que las normas dictadas por la Presidencia del Congreso de los Diputados, en uso de la facultad que le confiere el art. 32.1 del Reglamento, se integran en éste y adquieren así el mismo valor que el resto de su contenido, es evidente que esta equiparación entre normas reglamentarias y resoluciones presidenciales desde el punto de vista de su impugnabilidad, no equivale a una equiparación de unas y otros desde todos los puntos de vista y a todos los efectos. [F.J. 3]
Todo juicio de igualdad exige que la comparación se establezca siempre desde un solo punto de vista y la unidad del «tertium comparationis» implica, cuando lo que se aduce es una discriminación en la aplicación de la Ley», que sea también una y la misma la norma aplicada. [F.J. 6]
En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 23 C.E.) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora. [F.J. 7]
Los Diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron, determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito (y por tal ha de ser tenido mientras no haya una decisión judicial en contrario) en el que puede haberse incluido de modo tácito o expreso el compromiso de afirmar públicamente que sólo por imperativo legal acatan la Constitución. [F.J. 7]
Acuerdo del Presidente del Congreso de los Diputados, de 4 de diciembre de 1989, por lo que se deniega a tres Diputados la adquisición de la condición plena de Diputados
Artículo 9.1, ff. 2, 4, 7
Artículo 23.2, ff. 3 a 7
Artículo 72.1, ff. 4, 5
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. Juramento: Fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas
Artículo 10.1 k), f. 2
Artículo 32.2, f. 5
Artículo 108, ff. 4, 6
Artículo 108.6, f. 4
Artículo 220, f. 6
Artículo 224, f. 6
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de marzo de 1987 (Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica)
Acatamiento de la ConstituciónAcatamiento de la Constitución, f. 4
Acatamiento de la Constitución por los diputadosAcatamiento de la Constitución por los diputados, f. 4
Acceso a la condición plena de DiputadoAcceso a la condición plena de Diputado, f. 3
Actos parlamentariosActos parlamentarios, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputados, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DiputadosDiputados, ff. 4, 7
Juicio de igualdadJuicio de igualdad, f. 6
Juramento o promesa de acatamiento de la ConstituciónJuramento o promesa de acatamiento de la Constitución, ff. 3, 4
Naturaleza del actoNaturaleza del acto, ff. 4, 7
Recurso contra resoluciones del Presidente del CongresoRecurso contra resoluciones del Presidente del Congreso, ff. 5, 7
Recurso de amparo contra actos parlamentariosRecurso de amparo contra actos parlamentarios, f. 5
RepresentaciónRepresentación, f. 7
Resolución sobre la adquisición de la condición plena de diputadoResolución sobre la adquisición de la condición plena de diputado, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sujeción a la ConstituciónSujeción a la Constitución, f. 4
Reserva de leyReserva de ley, f. 5

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 

Artículo 9

Artículo 23

Artículo 72

Real Decreto 

Artículo 10

Artículo 32

Artículo 108

Artículo 108

Artículo 220

Artículo 224

Resolución