Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU337-17.htm
Timestamp: 2019-06-17 17:08:18+00:00

Document:
SU337-17
Sentencia SU337/17
SUSTITUCION PENSIONAL PARA CONYUGE SUPERSTITE Y COMPAÑERA PERMANENTE-Distribución proporcional
En reiterados pronunciamientos, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha manifestado que, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para garantizar el reconocimiento de derechos pensionales, toda vez que es viable controvertir el contenido de estos a través de la justicia laboral ordinaria o contenciosa administrativa, según corresponda. Sin embargo, esta Corte ha advertido que la tutela procede cuando se ejerce como mecanismo transitorio con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable o cuando el medio judicial preferente no resulte eficaz para obtener el amparo del derecho frente a la exigencia de una protección inmediata en el caso concreto, es decir, de manera excepcional.
La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el mecanismo de amparo constitucional se torna procedente cuando se está frente a una irrazonable valoración de la prueba realizada por el juez en su providencia. En ese sentido, la irregularidad en el juicio valorativo debe ser ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud que incida directamente en el sentido de la decisión proferida, so pena de convertirse el juez de tutela en una instancia de revisión de la evaluación del material probatorio realizada por el juez natural.
Ahora bien, acorde con lo dispuesto en el inciso primero del art. 42, la familia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, disposición que, como lo han entendido el legislador y la jurisprudencia, incluye al compañero o compañera permanente, superándose con ello una visión tradicional y restringida de familia que no se corresponde con la realidad colombiana del siglo XXI.
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Proscripción de tratos diferenciados cuando resultan irrazonables
PENSION COMPARTIDA ENTRE CONYUGE SUPERSTITE Y COMPAÑERA (O) PERMANENTE-Marco legal
PENSION COMPARTIDA ENTRE CONYUGE SUPERSTITE Y COMPAÑERA(O) PERMANENTE-Jurisprudencia constitucional
PENSION COMPARTIDA ENTRE CONYUGE SUPERSTITE Y COMPAÑERA(O) PERMANENTE-Jurisprudencia del Consejo de Estado
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Procedencia por configuración de defecto por violación directa de la Constitución al omitir aplicar los artículos 13, 42 y 48 del Texto superior
SUSTITUCION PENSIONAL-Orden a Ecopetrol reconocer y pagar a la accionante en calidad de cónyuge supérstite, el 50% de la sustitución pensional que actualmente reconoce y paga a compañera permanente del causante
Expediente T-5.742.928
Bogotá DC, dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
En la revisión de la providencia emitida el 21 de julio de 2016 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se confirmó el fallo dictado el 24 de mayo de 2016 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela promovida por la señora Aurora Santiago de Solano contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. -Ecopetrol S.A.-. El presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección número Nueve, por medio de auto de 19 de septiembre de 2016, y repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
De conformidad con el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 que unifica y actualiza el Acuerdo 05 de 1992, por medio del cual se adoptó el Reglamento de la Corte Constitucional, y en razón a que la acción de tutela de la referencia se interpuso contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, el 15 de febrero de 2017 la Sala Plena de esta Corporación asumió el conocimiento del presente asunto, suspendiéndose por ello los términos para ser fallada.
Aurora Santiago de Solano interpuso la presente acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral; el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. -Ecopetrol S.A.-, en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la salud, a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital, los cuales considera conculcados al habérsele negado el derecho a la sustitución pensional, en forma vitalicia, en el 50% de la pensión de jubilación que venía disfrutando su difunto esposo Emilio Solano, y por haber sido desvinculada de los servicios de salud que la compañía le estaba prestando.
2.2. Que su cónyuge gozaba de una pensión de jubilación convencional reconocida por la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol S.A.-, desde el 28 de septiembre de 1991.
2.4. Que el 23 de octubre de 2001, la entidad se abstuvo de reconocer la sustitución pensional a su favor, argumentando que la señora Marlene Guerrero Fuentes se había presentado como reclamante en calidad de compañera permanente por cuanto había convivido con el causante durante los dos años anteriores a su muerte-, advirtiendo que el conflicto debía dirimirse ante la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, en el año 2003, procedió a desafiliarla de los servicios integrales de salud, desconociendo así lo consagrado en la Convención Colectiva del Trabajo de la empresa.
3.1. Defectos alegados por la accionante
Con fundamento en lo anteriormente descrito, expresa que la prueba en que se sustenta la acreditación de la convivencia entre el causante y la señora Marlene se encuentra viciada de nulidad absoluta, por cuanto: i) la actora siempre estuvo registrada como beneficiaria del causante ante Ecopetrol, pues estuvo inscrita a los servicios médicos integrales y odontológicos que ofrece la compañía hasta el 23 de mayo de 2003, circunstancia que, de conformidad con el parágrafo 5° del artículo 34 de la Convención referida, acredita su convivencia y, por lo mismo, le impide demostrar su calidad de compañera permanente, y ii) se desconoció el contexto dentro del cual se profirió la prueba con la que se acreditó la convivencia.
3.2. Pretensiones
● Copia de la autorización emitida, el 2 de marzo de 2001, por Pablo Emilio Solano, en la que manifiesta que autoriza a su compañera permanente, Marlene Guerrero Fuentes, para que en su nombre y representación cobre el dinero del Plan Educacional de sus hijas menores de edad, Sandra Milena, Leidy Karol y Erika Mayure Solano Guerrero, correspondiente al mes de febrero de 2001. Valga aclarar que en dicho documento reposa la siguiente nota: “Se trasladó un funcionario de la Notaría Séptima para tomar la huella del señor Pablo Emilio Solano C.C. 1.957.312 el Carmen, quien no puede firmar por su estado delicado de salud, pero se encuentra consciente” (folios 40 y 41 del cuaderno 2).
● Copia de la nota de ingreso a la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica San José de Cúcuta, de fecha 2 de marzo de 2001 17:30, emitida por un médico especialista en medicina interna, nuclear, cardiología y ecocardiografía, en la que se indica “Paciente masculino en la séptima década de la vida, hospitalizado desde el 18/03/01 por falla cardíaca y angina. Hoy a las 10 a.m. presentó alteración de conciencia y mal patrón ventilatorio, por lo cual se trasladó a UCI.
● Al ingreso severamente hipertenso, en coma, por lo cual se indica intubación orotraqueal y ventilación mecánica y se inicia estudio (…)” (folio 42 del cuaderno 2).
● Respuesta proferida por Ecopetrol S.A., el 23 de octubre de 2001, dirigida a la señora Aurora Santiago de Solano, en la que informa que no es posible acceder a la solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional causada con el fallecimiento de su cónyuge, toda vez que la señora Marlene Guerrero Fuentes se presentó a reclamar el mismo derecho en calidad de compañera permanente, manifestando su convivencia con el causante hasta el momento de su fallecimiento. Por consiguiente, la compañía petrolera, al carecer de competencia para definir dicho conflicto, resolvió abstenerse de conceder dicha pensión (folio 51 del cuaderno 2).
● Copia parcial de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Ecopetrol y la USO julio 2014-junio 2018 (folios 52 a 55 del cuaderno 2).
● Certificación emitida por Ecopetrol S.A., el 22 de marzo de 2016, en la que da cuenta de que la accionante estuvo inscrita a los servicios médicos integrales y odontológicos que ofrece la empresa hasta el 23 de mayo de 2003 (folio 56 del cuaderno 2).
● Copia de los registros civiles de nacimiento de Miriam, Esther, Neida, José Antonio, Nibia y Arturo Solano Santiago, hijos de la actora y el causante (folios 58 a 63 del cuaderno).
● Copia del registro civil de matrimonio contraído entre Emilio Solano y Aurora Santiago, el 24 de junio de 1956, en el municipio El Carmen, Norte de Santander (folio 64 del cuaderno 2).
● Copia de la cédula de ciudadanía de Aurora Santiago de Solano, en la que certifica que nació el 12 de agosto de 1935 (folio 65 del cuaderno 2).
● Copia del acta de declaración extra proceso No. 735, rendida por Mario Moreno, ante el Notario Quinto de Cúcuta el 13 de abril de 2016, en la que declara que fue la persona que transportó al señor Emilio Solano a la realización de la hemodiálisis, acompañado siempre de su esposa, Aurora Santiago, durante el año 2000 y parte de 2001, desde su casa ubicada en la ciudad de Cúcuta. Indica que dicho procedimiento se realizaba día por medio. Agrega que el señor Solano falleció en el año 2001 (folio 66 del cuaderno 2).
● Copia del acta de declaración extraproceso No. 734, rendida por Oneida García Molina, el 13 de abril de 2016, ante el Notario Quinto de Cúcuta, en la que expresó que conoce a la actora, toda vez que vivían en el municipio de Tibú, específicamente en el barrio de propiedad de Ecopetrol. Afirma que posteriormente se trasladaron a la ciudad de Cúcuta. Sostiene que se encontraba con la señora Aurora Santiago junto con su esposo y en varias ocasiones con sus hijos haciendo mercado en la central de abastos de la ciudad de Cúcuta, al igual era la persona que lo acompañaba al médico a realizarse exámenes y hemodiálisis, tratamiento que tenía que hacerse día por medio por ser paciente renal. La señora Aurora dependía económicamente de su esposo Emilio, ya que la señora no trabajaba y no devengaba salario alguno. Sostiene que convivió todo el tiempo con su esposo desde que se casaron hasta el día del fallecimiento de éste, y que de dicha unión procrearon seis hijos, a saber: José Antonio, Miriam, Esther, Neida, Arturo y Nibia (folio 67 del cuaderno 2).
● Copia del registro de defunción de Emilio Solano, en el que se certifica que falleció el 3 de marzo de 2001 en la ciudad de Cúcuta (folio 68 del cuaderno 2).
4.2. La sentencia de casación que confirmó la decisión favorable a la compañera permanente
El 11 de noviembre de 2015, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió casar la providencia emitida el 21 de agosto de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso que la señora Aurora Santiago de Solano instauró contra la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. -Ecopetrol S.A.- y la señora Marlene Guerrero Fuentes. El Alto Tribunal de la jurisdicción ordinaria confirmó el fallo de 29 de febrero de 2008, dictado dentro del referido proceso por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C. (folios 22 a 39 del cuaderno 2).
Con tales presupuestos y, atendiendo que quien interpuso el recurso de casación fue la señora Guerrero sin que la señora Santiago de Solano se pronunciara sobre la misma, la Sala de Casación Laboral desató la alzada precisando que “entre los posibles beneficiarios de una pensión de sobrevivientes…no es posible predicar un litisconsorcio necesario, pues la resolución de la controversia judicial puede darse a favor de una de ellas sin que sea necesario la comparecencia de la otra”. Agregó que el Tribunal “(…) no podía estarse a la manera como compareció la señora Marlene Guerrero Fuentes al proceso, sino a la verdadera naturaleza que correspondía su intervención”
5.3 Marlene Guerrero Fuentes
Igualmente, reposan los oficios 22028 y 22029 dirigidos al profesional Néstor Anzola como apoderado de la citada y a ella, remitiéndoles el escrito de solicitud de amparo para su eventual respuesta (fls 110-111).
Ahora bien, respecto de la afirmación de que la decisión adoptada se fundamentó en una prueba ilícita, estimó que la demandante tiene a su alcance la acción de revisión, mecanismo mediante el cual puede discutir dicho planteamiento a través de la causal 1° del artículo 31 de la Ley 712 de 2001.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol S.A.-, demandadas, se encuentran legitimadas como parte pasiva en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º y 42 del Decreto 2591 de 1991, debido a que se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita.
4. Improcedencia de la acción de tutela para garantizar el reconocimiento de acreencias pensionales. Reiteración jurisprudencial
Frente a ello, juegan un papel de enorme importancia los presupuestos sentados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-063 de 2013[1], para determinar i) si los mecanismos ordinarios son eficaces para la protección de los derechos fundamentales involucrados en conflictos en que se pretenda el reconocimiento de acreencias pensionales y ii) si permiten evaluar la gravedad, inminencia e irreparabilidad del daño que podría generarse si no se protegen por vía tutelar. Dichos presupuestos son:
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha estimado que en determinadas circunstancias, resulta imperativo disponer el amparo definitivo. Tal acontece cuando “(...) se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente no es idóneo para solicitar la prestación o resulta ineficaz para dirimir las controversias.[2] La razón en la que se funda esta apreciación es la necesidad de proteger los derechos fundamentales. Resultaría violatorio de la Constitución y lesivo para los derechos fundamentales un amparo transitorio cuando el juez constitucional advierte que agotada la protección temporal no hay mecanismos que permitan la protección del derecho o que existiendo tales vías estas no resultan idóneas o su activación se produce cuando resulta inane para el amparo solicitado.
5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial
Este tribunal ha señalado y reconocido que, por regla general, la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales, por cuanto (i) se trata de decisiones que configuran ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales, proferidas por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; (ii) por el valor de cosa juzgada de las sentencias que resuelven las controversias planteadas entre ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y; (iii) por la autonomía e independencia de la jurisdicción en la estructura del poder público propia de un régimen democrático[3].
No obstante, ha advertido desde la sentencia C-543 de 1992, que el ejercicio del mecanismo tutelar es posible contra providencias judiciales de manera excepcional y restrictiva, cuando el pronunciamiento del funcionario judicial -como lo señaló en aquella oportunidad-, configura una vía de hecho, producto de la arbitrariedad y de la incorrecta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.(…), el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4].(…), el juez de tutela debe indicar (…) de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales(…).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].(…). De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].(…).
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida. (…)”[10] (Negrilla fuera del texto original).
“a. Defecto orgánico. El cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.(…).
- Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. (…).
- Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, ‘[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto’[11].
Más específicamente se ha precisado: “Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, en esencia, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce específicamente postulados de la Carta Política, actuando en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dicho defecto se produce, entre otros, cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Carta, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso (…)”[12] (subrayas fuera de texto)
En ese orden de ideas, es dable colegir que la acción de tutela, como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede de manera excepcional para controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii) la decisión debatida por esta vía haya incurrido en uno o varios defectos o vicios específicos, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales[13].
6. Caracterización del defecto fáctico. Reiteración jurisprudencial
En relación con este asunto, el tribunal constitucional ha señalado que el defecto fáctico se puede presentar en una dimensión negativa y en una positiva[14].
En lo relativo a la dimensión positiva, el defecto fáctico se presenta generalmente cuando (el juez) aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.). (Subrayas fuera de texto)
7. Caracterización del defecto por violación directa de la Constitución. Reiteración jurisprudencial
“el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”[15]
Una razón más que sustenta la causal reseñada es la vocación de eficacia que se predica del ordenamiento jurídico, y ella no resulta ajena a las disposiciones constitucionales. El soporte normativo de esta consideración se encuentra en el artículo 2º de la Carta, cuando se señala entre los fines esenciales del Estado, la garantía de la “(…) efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”. En el mismo precepto se dispone “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los Particulares.” Se concluye, pues, que existe un deber estatal de hacer efectivos los derechos[16]. El desconocimiento de la dimensión de eficacia de la normativa constitucional, tornaría sin duda nugatorio el imperativo del artículo 4º Superior.
8. La sustitución pensional como derecho fundamental y la distribución proporcional de la misma entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente
“(…) es un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho. Los beneficiarios de la sustitución de las pensiones de jubilación, invalidez y de vejez, una vez haya fallecido el trabajador pensionado o con derecho a la pensión, son el cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, los hijos menores o inválidos y los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado (…)” (negrillas fuera de texto) (Sentencia T-190 de 1993)
ARTÍCULO. 8º- Conformación del sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley.
ARTÍCULO 2º- Principios. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, (…):
“(…) la Sala considera que, tal como lo ha expresado esta Corporación reiteradamente, lo que se busca con la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes es que los familiares del pensionado o afiliado muerto puedan reemplazar el sustento económico que éste les proporcionaba, y que su muerte no disminuya sus condiciones de vida. Por esta razón, la Corte ha resaltado que el reconocimiento de estas prestaciones constituye un derecho fundamental por su estrecha relación con la garantía del mínimo vital.”[17]
“(…) la jurisprudencia constitucional ha sido clara también en reconocer que el derecho a la sustitución pensional es de naturaleza fundamental, ello por estar contenido dentro de valores tutelables como el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud y al trabajo.”[18]
8.2. El peso del principio de igualdad en el control de la ley que regula la sustitución pensional. La proscripción de los tratos irrazonables
Al respecto la Sala concluyó que resultaba inconstitucional el enunciado legal referido porque “(…) no existe un fundamento objetivo, racional y razonable que justifique la diferencia en el tratamiento de la sustitución pensional en favor de los padres de los oficiales y suboficiales y de los soldados y grumetes, cuando la situación que da origen a la sustitución es sustancialmente igual.”. Entre los fundamentos de la providencia para sostener esta afirmación se consignó:
“El tratamiento diferente de la sustitución pensional resulta violatorio del principio de igualdad cuando ello resulta de limitar su goce en el tiempo en perjuicio de ciertos beneficiarios, colocados dentro de una misma situación objetiva, porque entonces se desconoce uno de los supuestos que lo justifican, como es el de la existencia de un vínculo de racionalidad y proporcionalidad entre los supuestos de hecho que constituye el trato y el fin específico que se persigue con la medida. Si se rompe esa relación, la medida resulta inconstitucional.” (Negrillas fuera de texto)
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido; (En negrillas lo demandado)
“La restricción demasiado amplia que figura en la norma acusada quebranta en estos términos el principio de igualdad, contenido en el artículo 13 de la Carta Política, porque establece un tratamiento diferenciado, a todas luces injusto, frente a quienes inician vida marital con el causante con anterioridad a que éste adquiera el derecho a la pensión. El tratamiento discriminatorio viene impuesto, entonces, por una coincidencia de fechas que no atiende a la verdadera intención de las partes cuando deciden iniciar una vida común, lo cual va en detrimento obvio de la protección prevalente que el Estado debe a la familia como institución básica de la sociedad (art. 5º C.P.) (Negrillas fuera de texto)
En el caso de la sentencia C-1035 de 2008 se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.” cuyo tenor literal era el siguiente:
En la censura al texto legal se observaba que la violación al derecho a la igualdad está dada por la concurrencia de tres situaciones “(i) la existencia de un criterio sospechoso de discriminación fundado en la existencia de una condición de origen familiar; (ii) que la existencia de este criterio “afecta un grupo de protección constitucional especial como lo son las mujeres (sic)”; y (iii) porque el diseño de la norma establece un “privilegio injusto” para un sector determinado de la sociedad.”
8.3. La regulación legal y la jurisprudencia constitucional de la pensión compartida entre el o la cónyuge supérstite y el o la compañero (o) permanente
Como se puede observar, la referida ley no previó qué acontecería en el evento de presentarse un conflicto de intereses entre cónyuges y compañeras (os) permanentes o entre compañeras (os) permanentes, que se creyeran con derecho a reclamar la sustitución pensional. Con miras a subsanar ese déficit y advirtiendo que “El espíritu del proyecto es mejorar la solidaridad y la equidad, bajo una óptica de responsabilidad fiscal.”, se expidió la Ley 797 de 2003, la cual, entre otras cosas, modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 13 ya transcrito en esta providencia, dispuso quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y de la sustitución pensional. Un aspecto relevante de ese ajuste normativo es la estipulación de mandatos que en varias hipótesis ordenan a las(os) compañeros (os) y cónyuges supérstites compartir la pensión.
Así, entre otras reglas, determinó que en el evento de que se presentara convivencia simultánea entre cónyuge y compañera (o) permanente dentro de los cinco años anteriores a la muerte del causante, la pensión se le concedería a la (el) esposa (o); preceptiva que como se observó en el acápite inmediatamente anterior se condicionó a que “además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.”
Igualmente, se señaló que de no existir convivencia simultánea, manteniéndose vigente la unión conyugal, pero habiendo una separación de hecho, la (el) compañera (o) podría reclamar una cuota parte de la asignación en proporción al tiempo convivido con el causante, siempre que éste hubiese sido superior a los cinco años anteriores al fallecimiento. Del mismo modo se estableció otra regla para el caso “de un pensionado (que tuviese) un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión”
Finalmente y en lo concerniente a la regulación legal sobre la distribución de la pensión entre cónyuges y compañeras (os) permanentes o entre compañeras (os) permanentes debe anotarse que en el artículo 6 de la ley 1204 de 2008 se determinó lo siguiente:
No obstante, la aplicación e interpretación de dicha normatividad debe hacerse atendiendo lo previsto en la Constitución Política de 1991, a partir de la cual tomó especial importancia bajo un marco de igualdad jurídica y social, la familia constituida por vínculos naturales.”
En el caso concreto, al valorar el material probatorio allegado a instancia de las partes, encuentra la Sala acreditados supuestos de hecho que legitiman el derecho tanto de la cónyuge como de la compañera del causante.”
· Con el advenimiento de la Ley 797 de 2003 se trazaron reglas para resolver los conflictos en materia de sustitución pensional, estableciendo la distribución proporcional de la prestación entre las interesadas.
· La intención del proyecto de ley finalmente aprobado fue el logro de una mejora en materia de equidad y solidaridad.
· La jurisprudencia de esta Corporación propendiendo por la distribución equitativa de la pensión, ha protegido el derecho a la sustitución pensional en algunos casos de manera transitoria cuando cursa un proceso en el que se resuelven las diferencias entre cónyuge y compañera permanente. En otros casos se ha protegido de modo definitivo. Elementos relevantes en esas decisiones han sido la convivencia prolongada y la condición de vulnerabilidad de alguna de las interesadas, bien por la calidad de adulto mayor o por su estado de salud.
· El criterio de equidad en materia de división de la pensión entre cónyuges y compañeras (os) permanentes o entre compañeras (os) permanentes derivado de una interpretación constitucional ha estado presente en las soluciones jurisprudenciales de esta y otras Corporaciones.
La actora, de 82 años de edad, expresa que contrajo nupcias con Emilio Solano el 24 de junio de 1956, momento a partir del cual convivieron hasta el fallecimiento de éste. Agrega que durante dicha unión procrearon seis hijos. Debido al fallecimiento de su esposo, acaecido el 3 de marzo de 2001, solicitó ante Ecopetrol S.A. el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión que el causante gozaba desde el 28 de septiembre de 1991. Dicho pedimento se sustentó en su calidad de cónyuge supérstite, habida cuenta de que el vínculo matrimonial jamás se disolvió y siempre fue reconocida como beneficiaria del causante ante ECOPETROL.
Podría eventualmente la Corte devolver la actuación para que en la Jurisdicción ordinaria se rehiciese lo correspondiente y, atendiendo a las peculiaridades del documento cuestionado, se reconsiderara lo acontecido, sin embargo, resultaría lesivo para la accionante ese proceder dada su edad y, por ello, no se le someterá a transitar nuevamente por un camino ya recorrido, procediendo la Sala a resolver el caso. El principio de eficiencia en el trámite de la pensión observado por esta Corporación en la sentencia T- 013 de 2011 impone a la Sala a resolver el asunto de modo definitivo.
· el vínculo conyugal se mantuvo vigente, hasta el momento del fallecimiento del causante;
· la accionante hizo vida marital con su esposo, incluso hasta el momento de su fallecimiento (además de sus propios dichos, se tienen las declaraciones de Oneida García Molina y Mario Moreno, las cuales son contestes en este punto) y
· la señora Aurora Santiago de Solano procreó seis hijos con el de cujus.
En cuanto al imperativo de solidaridad tal como se refirió en el apartado 7.1 de la parte motiva, ha sido también fijado en la Ley 100 de 1993 e implica la ayuda mutua entre las personas. Obsérvese que se trata de una obligación propia del Estado Social de Derecho -como se deduce del artículo 1° de la Carta-, y no de una virtud como sería lo propio en un modelo asistencialista. En el caso concreto la parte débil es la octogenaria Santiago de Solano y le atañe al sistema de seguridad social materializar su derecho a la sustitución pensional.
Con la finalidad de salvaguardar sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, se ordenará a la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol S.A.-, que en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, reconozca y pague a la señora Aurora Santiago de Solano, identificada con la cédula de ciudadanía número 27.701.737, el 50% de la sustitución pensional que le reconoce y paga a la señora Marlene Guerrero, con ocasión del fallecimiento de Pablo Emilio Solano, portador de la cédula de ciudadanía número 1.957.312. La referida señora Marlene Guerrero Fuentes continuará disfrutando del derecho que actualmente goza, pero en una proporción del 50% de lo inicialmente reconocido, dada la redistribución ordenada en esta providencia.
En efecto, la peticionaria reclama la extensión a su cónyuge de los beneficios que recibe como pensionada de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL-, relacionados con la prestación de servicios de salud. Al haber recibido respuesta negativa por parte de la mencionada institución, teniendo en cuenta su condición de extrabajadora de una empresa industrial y comercial del Estado, lo jurídicamente normal era plantearle el asunto al juez laboral competente para que, a través del procedimiento ordinario descrito en los artículos 70 y siguientes del Código Procesal del Trabajo, hiciera las declaraciones pertinentes, las cuales seguramente se hubieran encaminado a determinar la existencia o inexistencia de la obligación por parte de la empresa aquí accionada, de inscribir al cónyuge de la accionante como beneficiario del sistema de seguridad social en salud.
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo proferido el veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016) por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil que, a su vez, confirmó el dictado el veinticuatro (24) de mayo de 2016 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales, a la defensa, a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital de la señora Aurora Santiago de Solano.
TERCERO.- DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 29 de febrero de 2008; por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el 21 de agosto de 2009 y; por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 11 de noviembre de 2015, dentro del proceso laboral iniciado por la señora Aurora Santiago de Solano contra la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol S.A.- y la señora Marlene Guerrero Fuentes; de conformidad con los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol S.A.- que en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la notificación de este fallo, reconozca y pague a la señora Aurora Santiago de Solano, identificada con la cédula de ciudadanía número 27.701.737, el 50% de la sustitución pensional que actualmente le reconoce y paga a la señora Marlene Guerrero con ocasión del fallecimiento de Pablo Emilio Solano, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1.957.312.
QUINTO.- Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
A LA SENTENCIA SU337/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Se debió declarar la improcedencia por cuanto debate probatorio corresponde a la jurisdicción ordinaria (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente T-5.742.928
Acción de tutela interpuesta por Aurora Santiago contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral; el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol S.A.
Con el respeto que merecen las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación expongo las razones por las cuales salvo mi voto en la adoptada por la mayoría de la Sala Plena de la Corporación el 18 de mayo de 2017, en el asunto de la referencia.
La Sala, en la sentencia objeto de este salvamento de voto, afirma que la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no adolece de defecto fáctico, pues la accionante, Aurora Santiago, no acudió en casación a manifestar su inconformidad con el fallo de segunda instancia y alegar el supuesto carácter ilícito de la prueba cuestionada en la acción de tutela. Aun así, ordena revocarla, partiendo del supuesto de que la prueba presuntamente ilícita aportada al proceso ordinario pudo ser determinante para concederle la sustitución pensional a la señora Marlene Guerrero, como compañera permanente del causante. No es entendible, a mi juicio, esta contradicción en la que incurre la Sala, ya que la consecuencia lógica de no haber encontrado un defecto fáctico, ni ningún otro vicio, en la sentencia de casación es la firmeza de esta decisión.
Cabe recalcar que en desarrollo del proceso ordinario, la accionante tuvo la oportunidad de cuestionar la licitud del documento aportado como prueba, acudiendo a la tacha de falsedad, lo cual no ocurrió. En cambio, la señora Aurora Santiago acudió a la acción de tutela para controvertir dicha prueba, después de proferida la sentencia de casación. En este punto, es importante agregar que a pesar de que la accionante no acudió en casación, quedaba la vía del recurso extraordinario de revisión, para debatir lo pertinente ante la jurisdicción ordinaria.
El debate probatorio correspondiente, valga insistir, debió darse en su oportunidad en la jurisdicción ordinaria, a la cual, evidentemente, tuvo acceso la accionante, toda vez que fue quien propuso la controversia judicial relacionada con su reconocimiento como beneficiaria de la sustitución pensional de su esposo, en calidad de cónyuge supérstite. Así las cosas, no se puede afirmar que la actuación de las entidades accionadas vulneró los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, la defensa, el debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital de la accionante, razón por la cual debió declararse improcedente el amparo constitucional.
[1] En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-055 de 2006, T-249 de 2006 y T-851 de 2006.
[2] Sentencia T- 813 de 2013.
[3] Al respecto, ver, entre otras, la Sentencia T-044 de 2013.
[4] Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993.
[5] Sentencia T-504 del 8 de mayo de 2000.
[6] Ver entre otras la Sentencia T-315 del 1 de abril de 2005.
[7] Sentencia T-008 del 22 de enero de 1998.
[8] Sentencia T-658 del 11 de noviembre de 1998.
[9] Sentencias T-088 del 17 de febrero de 1999 y SU-1219 del 21 de noviembre de 2001.
[10] Ver Sentencia C-590 de 2005.
[11] Sentencia T-590 del 27 de agosto de 2009.
[12] Sentencia SU-415 de 2015.
[13] Sentencia T-018 del 20 de enero de 2012.
[14] Sentencia T-112 del 20 de febrero de 2012.
[15] Sentencia T-555 de 2009, criterio reiterado en la Sentencia SU-415 de 2015.
[16] Sentencia T-694 de 2014.
[17] Sentencia T-124 de 2012.
[18] sentencia T-128 de 2016.

References: artículo 61
 artículo 34
 resolución 
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 4

ARTÍCULO 2
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 36