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Timestamp: 2020-06-04 00:17:06+00:00

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﻿ SENTENCIA 3508 DE MARZO 11 DE 2005
SENTENCIA 3508 DE 11 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:TRASTEO DE VOTOS Y SUPLANTACIÓN DE ELECTORES. REQUISITOS QUE SE DEBEN DEMOSTRAR PARA QUE SE CONFIGUREN CON EL FIN DE LOGRAR LA NULIDAD DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIOS DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRASHUMANCIA DE VOTOS, VOTO FRAUDULENTO, ACTA ELECTORAL, DEBERES DEL JURADO DE VOTACIÓN
Sentencia 3508 de marzo 11 de 2005
Dr. Darío Quiñónez Pinilla
Rad.: 200012331000200103758 01
Actor: Armando Amaris Pimienta y otro
Expediente: 3508
De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar.
A pesar de que en ejercicio de la acción de nulidad de carácter electoral el demandante, señor Magdaleno García Calleja, pretende que “se declaren nulas las actas de escrutinio de los jurados de votación (E-14) de las mesas Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 de la cabecera urbana de La Gloria, mesas Nº 1 y 2 del corregimiento de Simaña, mesa Nº 1 y 2 del corregimiento de Carolina” (fl. 77), lo evidente es que, en ambas demandas, de modo expreso se solicita la nulidad del acto de elección de la señora Sirley Ditta Zambrano como alcaldesa del municipio de La Gloria para el período 2003 a 2007, contenido en el acta parcial del escrutinio de los votos para alcalde, formulario E-26 AG, expedido el 28 de octubre de 2003 por la comisión escrutadora municipal.
Primer cargo. Trasteo de votos
Según planteamientos de los demandantes, en las elecciones celebradas el 26 de octubre de 2003 en el municipio de La Gloria sufragaron varias personas que no residen en esa localidad. Ello, de un lado, por cuanto varios ciudadanos sufragaron pese a que la inscripción había sido anulada por el Concejo Nacional Electoral y, de otro, porque otros dos ciudadanos sufragaron pese a que residen en otro municipio (señor Pablo E. Soto Ascanio, identificado con la cédula de ciudadanía 5.046.070 y señor José Ramón Quintero Guerrero, identificado con la cédula de ciudadanía 12.506.526). Por estas razones, a juicio de los demandantes, se desconoció la prohibición que en ese sentido señalan los artículos 316 de la Constitución y 4º de la Ley 163 de 1994, entre otras normas.
Evidentemente, el artículo 316 de la Constitución solo autoriza a participar en las elecciones de autoridades locales a los ciudadanos residentes en el respectivo municipio; en tal sentido los votos depositados en contravía con esa prohibición no son válidos constitucionalmente y, en consecuencia, deben ser excluidos de la respectiva votación. Así las cosas, conforme a la actual jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado (1) , la violación de la regla impuesta en la norma superior puede generar la nulidad de la elección popular, pues deriva de la aplicación directa de la Carta y del principio de supremacía constitucional que impone la aplicación preferente de la norma de superior jerarquía. Luego, el demandante invocó una causal de nulidad de aplicación directa de la Constitución.
Ahora bien, la interpretación del artículo 316 de la Constitución permite inferir que, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia de esta Sala (2) , la nulidad de la elección por “trasteo de votos” solo se configura si se demuestran los siguientes supuestos:
a) Que los inscritos no residan en el municipio donde se inscribieron para las elecciones. En efecto, para sufragar en determinada localidad es necesario que el titular de la cédula de ciudadanía figure como apto para sufragar en una mesa de votación. Sin embargo, esa aptitud solo surtirá efecto cuando la inscripción se efectúe con el lleno de los requisitos legales y constitucionales. Así, uno de los requisitos es, precisamente, que la inscripción se efectúe en el lugar donde reside. A su vez, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, se presume que el lugar de inscripción es aquel donde el ciudadano tiene su residencia electoral.
Por lo anterior, es claro que la demostración del requisito objeto de estudio exige que se desvirtúe la presunción de residencia electoral, puesto que, si bien es cierto que la ley presume que al momento de la inscripción los ciudadanos residen en el municipio donde se inscriben, no es menos cierto que es una presunción iuris tantum.
b) Que los inscritos ciertamente votaron en las elecciones. La nulidad de una elección solamente se genera si existen votos irregulares, pues la simple inscripción irregular puede producir una decisión administrativa que deja sin efecto ese acto pero, por sí sola, no altera la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos ni distorsiona el verdadero resultado electoral, que son algunos de los principales objetos del control de legalidad y constitucionalidad del acto de elección popular.
c) Que los votos irregulares tengan incidencia en el resultado electoral final, pues, de lo contrario, la nulidad del voto resulta inocua. De hecho, los controles de legalidad y constitucionalidad buscan garantizar que el resultado electoral refleje la verdadera participación ciudadana, esto es, que se proteja la transparencia y eficacia del voto (Cód. Elect., art. 1º). Por ello, si el número de votos irregulares no alcanza a alterar el resultado final de las elecciones debe prevalecer la eficacia del voto válido y, en consecuencia, no puede accederse a la nulidad de la elección. Por el contrario, si los votos irregulares pueden modificar el resultado final de la elección deben prevalecer los principios de transparencia de la democracia participativa, puesto que, en últimas, lo que se protege es la verdadera expresión popular.
Pues bien, al desvirtuar la residencia electoral es necesario tener en cuenta que el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 señala que “para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral”. Esa norma agrega que “se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad de juramento, residir en el respectivo municipio”. Y residencia electoral es el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo.
Por lo tanto, como se advirtió en anteriores oportunidades, la presunción de residencia puede desvirtuarse cuando se demuestra que el sufragante registró, en el momento de la inscripción, una dirección que no corresponde al lugar donde habita o está de asiento de manera regular o ejerce profesión u oficio o posee negocios. En efecto, al respecto la Sala dijo lo siguiente:
“Es claro, sin embargo, que si el ciudadano al momento de inscribirse indica una dirección como del lugar de su residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no otra la que configura el vínculo material con el municipio donde se está inscribiendo, de tal manera que si se acredita con prueba idónea que en el lugar indicado como de residencia o de ejercicio de su actividad profesional o negocio no reside o trabaja, con ello se habrá desvirtuado la presunción de residencia electoral. Significa lo anterior que en rigor no se trata de demostrar que un inscrito reside en otro municipio o ciudad distinto de aquel en que se inscribió, porque ello puede resultar insuficiente dadas las varias alternativas de relación material del inscrito con el lugar de inscripción; o de imposible demostración si lo que se pretende es la prueba de que no reside, trabaja, no se encuentra en el lugar de asiento no posee negocio o empleo, etc. Por razones lógicas y jurídicas debe entenderse que el acto de inscripción, el señalamiento bajo juramento de una dirección del inscrito, tienen correspondencia con su relación material con el respectivo municipio y constituyen el fundamento de hecho de la presunción juris tantum de su residencia electoral y la sola acreditación de que no reside o trabaja en el lugar señalado bajo juramento como tal, desvirtúa la presunción de residencia electoral como ya se indicó” (3) .
Lo anterior muestra que para proceder al análisis del cargo es necesario que el demandante señale con claridad el nombre de los ciudadanos cuya residencia electoral pretende desvirtuar, el lugar y la mesa precisa donde ellos sufragaron y, finalmente, cuál es la suma total de esos votos, pues se trata de averiguar si los votos irregulares alteraron el resultado electoral.
Ahora bien, los demandantes apoyan el cargo con fundamento en dos hechos. De un lado, manifestaron que varias personas sufragaron en el municipio de La Gloria pese a que mediante Resolución 5291 de 2003, el Concejo Nacional Electoral dejó sin efecto la inscripción de sus cédulas, por haber encontrado que su residencia no corresponde a dicho municipio. De otro lado, el señor Armando Amaris Pimienta se refirió al sufragio en el municipio de La Gloria de dos personas que, según plantean, no residen en esa localidad.
A continuación, la Sala analiza, cada uno de los casos señalados por los demandantes:
Del casco urbano:
Mesa número 1:
1 941.400 Mizar García Fernando
2 1.715.220 Caamaño Mizar Saúl
3 1.739.654 Machado Vera Calixto Fortunato
4 3.821.047 Montesino Pedraza Cristóbal
5 3.822.011 Rodríguez Puerta Amancio
6 3.822.042 Beleño Rodríguez Ascensión
7 3.822.047 Ramos Rapalino Jairo
8 5.044.419 Romero Morales Álvaro
Mesa número 2:
1 5.045.058 Beleño Rodríguez Blas
2 5.045.418 Romero Vega Carlos Eduardo
3 5.046.083 Romero Morales Edilberto
4 5.046.200 Machado Urrutia Pablo Emilio
Mesa número 3:
1 5.046.948 Romero Pimienta Luis Manuel
Mesa número 4:
1 5.048.151 Amaris Pimienta Jainer
2 5.048.161 Martínez Oviedo Wilmer
3 5.116.366 Guerra Guerra Gustavo
4 5.118.194 Caamaño Mizar Hemel
5 5.118.490 Zambrano Jiménez Eduardo
6 5.761.875 Luque Virgilio
Mesa número 5:
1 9.160.710 Rubio Navarro Filman
2 9.160.780 Yépez Arrollo Osvaldo
3 9.161.253 Pedrozo Ospina José Isabel
4 9.161.615 Ramos Díaz Ulfrán Antonio
5 9.161.616 Mizar Ortiz Fernando Antonio
6 9.161.983 Marrugo Castro Manuel Antonio
7 9.162.558 Sernio Rapalino Ever
8 12.579.584 Fuentes Avendaño José Antonio
9 12.581.929 Ballesteros Flórez Alberto Manuel
10 12.582.049 Rubio Navarro Adid Antonio
11 12.645.947 Casado Rubio Luciano Tomás
12 12.716.312 Torres Ferreira Orlando
13 13.837.360 Lisarazo Martínez Álvaro
14 13.850.321 Chávez Hernández Luis Fernando
15 14.265.947 Figueroa Germán
16 18.911.156 Romero Flórez Hugo
17 18.916.776 Carrillo Gómez Herminsul
18 18.918.381 Rico Perales Rudis Manuel
19 18.922.203 Pérez Romero Alexander
20 18.937.384 Benavides Manjarrés Alberto
21 18.973.087 Polo Navarro Milton
22 22.832.891 Beleño Beleño Herlinda
23 22.833.078 Vitola Robles María Minerva
24 22.833.148 Yépez Caamaño Somalia
25 26.673.952 Cruz Galvis Anastasia
26 26.722.019 Quintero de Suárez Estella del Socorro
27 26.725.075 Jiménez González Esther María
28 26.767.374 León Arenas Diana Gisel
Mesa número 6:
1 26.793.478 Ballesteros Pedraza María Matías
Mesa número 8:
1 26.795.343 Rivera Meza Marisela
Mesa número 9:
1 26.915.603 Pedraza García Aquilina
2 28.489.446 Morales Rodríguez Yudis Tatiana
3 30.069.091 Navarro Guerra María Nicolaza
4 30.874.245 Rancel Villafañe Digna Rosa
5 30.874.691 Rueda Flórez Disney
6 30.874.798 Machuca Villalobos Miriam
7 32.853.193 Rodríguez Aguas Glenna Cruz
8 36.501.316 Yépez Alvear Rosalina
9 37.181.199 García Bonet Orfa
10 37.275.967 Durán Roa Yasmín
11 37.312.664 Arias Caicedo María Esperanza
Mesa número 10:
1 39.677.648 Carrascal García Yelitza
2 49.606.227 Saucedo Salas Yarledis
3 49.609.316 Casado Rubio Hilda Beatriz
4 49.653.621 Ballesteros Pedraza Luz Elena
5 49.654.502 Gómez Santodomingo Vitelma
6 49.656.547 Arias Rubio Miriam Nancy
7 49.664.232 Chajin Ballesteros Sujey Corina
8 49.670.469 Gómez Romero Lorena Sofía
9 49.691.457 Benavides García Alix María
10 49.791.058 Durán Jiménez María Trinidad
11 60.259.637 Chiquillo Romero Claudia Patricia
12 63.356.226 Romero Bueno Lina María
13 72.201.776 Quintero Cruz Gabriel Enrique
14 72.283.728 Rodríguez García Miguel Alexander
15 73.564.855 Martínez Contreras Jhon Geiver
16 77.034.076 Caro Zuleta Heráclito
17 77.180.869 Campo Castro Uber
18 84.048.885 Arias Robles Roberto Antonio
19 85.434.785 Sequea Cárdenas Martín Silfredo
Corregimiento Ayacucho:
Zona 99, puesto 20, mesa número 2:
1 12.504.153 Castro Rodríguez Diosid
En relación con las personas antes citadas, la Sala pudo comprobar que, como lo plantea la parte actora, dichos ciudadanos se encontraban inhabilitados para sufragar en las elecciones del 26 de octubre de 2003 por decisión del Concejo Nacional Electoral, contenida en la Resolución 5291 de 2003 (fls. 38 a 85, cdno. ppal. y 3 a 50, cdno. 2).
No obstante, ninguno de dichos ciudadanos aparece votando en la mesa a que alude la demanda, pues revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de cada una de las mesas, se tiene que, en cada caso, la casilla correspondiente a cada una de las cédulas anteriormente relacionadas no fue diligenciada con nombre alguno (fls. 228 a 299, cdno. ppal.). Dicha ausencia de registro, permite a la Sala concluir que, contrario a lo sostenido en la demanda, las personas titulares de dichas cédulas no sufragaron en el municipio de La Gloria en las elecciones llevadas a cabo el 26 de octubre de 2003.
Zona 99, puesto 20, mesa número 3:
1. 19.665.112 Vergel Solano Próspero
En relación con este caso, la Sala pudo comprobar que, como lo plantea la parte actora, el ciudadano identificado con la cédula de ciudadanía 19.665.112 se encontraba inhabilitado para sufragar en las elecciones del 26 de octubre de 2003 por decisión del Concejo Nacional Electoral, contenida en la Resolución 5291 de 2003 (fls. 60, cdno. ppal. y 35, cdno. 2).
No obstante, el ciudadano titular de dicho documento, señor Evaristo Avendaño Pimienta no aparece votante en la mesa a que alude la demanda, pues revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 3 del puesto 20 de la zona 99 del corregimiento de Ayacucho del municipio de La Gloria, se tiene que la casilla correspondiente a la cédula que identifica al señor Evaristo Avendaño Pimienta este no aparece votando, no hay lugar a considerar que sufragó quien se encontraba inhabilitado para hacerlo.
Cabe señalar que el señor Próspero Vergel Solano, se identifica con la cédula de ciudadanía 19.685.112, según manifestó en declaración rendida dentro del proceso (fls. 363 y 364, cdno. 2). Y ocurre que la casilla correspondiente a ese número no fue diligenciada en la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 3 del puesto 20 de la zona 99 del corregimiento de Ayacucho del municipio de La Gloria (fl. 302, reverso, cdno. ppal.).
Corregimiento Carolina:
1 3.821.219 Cárdenas Sereno Franklin
2 5.046.121 Cárdenas Sereno Antonio
En la relación con las personas antes citadas, la Sala pudo comprobar que, como lo plantea la parte actora, dichos ciudadanos se encontraban inhabilitados para sufragar en las elecciones del 26 de octubre de 2003 por decisión del Concejo Nacional Electoral, contenida en la Resolución 5291 de 2003 (fls. 68, cdno. ppal. y 43, cdno. 2).
No obstante, ninguno de dichos ciudadanos aparece votando en la mesa a que alude la demanda, pues revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 1 del puesto 35 de la zona 99 del corregimiento Carolina del municipio de La Gloria, se tiene que, en cada caso, la casilla correspondiente a cada una de las cédulas anteriormente enlistadas no fue diligenciada con nombre alguno (fl. 333, reverso, cdno. ppal.). Dicha ausencia de registro, permite a la Sala concluir que, contrario a lo sostenido en la demanda, las personas titulares de dichas cédulas no sufragaron en el municipio de La Gloria en las elecciones llevadas a cabo el 26 de octubre de 2003.
Corregimiento La Mata:
Zona 99, puesto 50, mesa número 1:
1 5.044.454 Gómez Santodomingo Fredy Alfonso
2 2.288.823 Marino González Omar
En relación con las personas antes citadas, la Sala pudo comprobar que, como lo plantea la parte actora, los titulares de las cédulas antes citadas se encontraban inhabilitados para sufragar en las elecciones del 26 de octubre de 2003 por decisión del Concejo Nacional Electoral, contenida en la Resolución 5291 de 2003 (fls. 68, cdno. ppal. y 43, cdno. 2).
Respecto del primer caso se pudo comprobar que el señor Fredy Alfonso Gómez Santodomingo, identificado con la cédula de ciudadanía 5.044.454, votó en la mesa número 1 del puesto 50 de la zona 99 del corregimiento La Mata del municipio de La Gloria, a pesar de que se encontraba inhabilitado por decisión del Concejo Nacional Electoral. De modo que, respecto de este caso, pudo comprobarse la irregularidad planteada en la demanda (lista y registro de votantes, formulario E-11, fl. 337, reverso, cdno. ppal.).
Respecto del segundo caso, el ciudadano titular de la cédula 2.288.823, señor Santos Arias Cortés no aparece votando en la mesa a que alude la demanda, pues revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 1 del puesto 50 de la zona 99 del corregimiento La Mata del municipio de La Gloria, se tiene que la casilla correspondiente a dicha cédula fue diligenciada, por error, con el nombre del señor Omar Marino González (fl. 337, cdno. ppal.). En consecuencia, como quiera que frente al número de cédula que identifica al señor Santos Arias Cortés este no aparece votando, no hay lugar a considerar que sufragó quien se encontraba inhabilitado para hacerlo.
Cabe señalar que el señor Omar Marino González, se identifica con la cédula de ciudadanía 2.513.428, según manifestó en declaración rendida dentro del proceso (fls. 379 y 380, cdno. 2). Y ocurre que la casilla correspondiente a ese número no fue diligenciada en la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 3 del puesto 20 de la zona 99 del corregimiento de Ayacucho del municipio de La Gloria (fl. 302, reverso, cdno. ppal.).
Zona 99, puesto 50, mesa número 2
1 18.921.926 Suárez Casadiego Manuel
2 18.925.668 Herrera Herrera Miguel
En relación con las personas antes citadas, la Sala pudo comprobar que, como lo plantea la parte actora, los titulares de las cédulas antes citadas se encontraban inhabilitadas para sufragar en las elecciones del 26 de octubre de 2003 por decisión del Concejo Nacional Electoral, contenida en la Resolución 5291 de 2003. Se aclara sí, que los titulares de dichas cédulas no son la personas que señala la demanda, sino los señores Jaime Criado López y Oscar López Carmelo, como se indica en dicho acto administrativo (fl. 69, cdno. ppal. y 44, cdno. 2).
No obstante, ninguno de dichos ciudadanos aparece votando en la mesa a que alude la demanda, pues revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 2 del puesto 50 de la zona 99 del corregimiento La Mata del municipio de La Gloria, se tiene que, en cada caso, la casilla correspondiente a cada una de las cédulas anteriormente enlistadas no fue diligenciada con nombre alguno (fl. 343, reverso, cdno. ppal.). Dicha ausencia de registro, permite a la Sala concluir que, contrario a lo sostenido en la demanda, las personas titulares de dichas cédulas no sufragaron en el municipio de La Gloria en las elecciones llevadas a cabo el 26 de octubre de 2003.
Finalmente, es del caso precisar que pudo demostrarse que los señores Manuel Suárez Casariego (sic) y Miguel Herrera Herrera, se identifican con las cédulas de ciudadanía números 18.921.846 y 18.925.222 (sic), según manifestaron en declaración rendida dentro del proceso (fls. 375 a 378, cdno. 2). Y ocurre que dichos ciudadanos aparecen votando en el lugar que les corresponde, esto es, frente a los números de cédula que los identifica, en la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 3 del puesto 20 de la zona 99 del corregimiento de Ayacucho del municipio de La Gloria (fl. 302, reverso, cdno. ppal.).
Corregimiento Simaña:
1 12.503.627 Avendaño Varela Dasmir
2 12.567.875 Mojica Orozco Aldo José
3 12.568.461 Uribe Rueda Edwin Mauricio
4 13.167.860 Díaz Alvernia Elisain
En relación con las personas antes citadas, la Sala pudo comprobar que, como lo plantea la parte actora, dichos ciudadanos se encontraban inhabilitados para sufragar en las elecciones del 26 de octubre de 2003 por decisión del Concejo Nacional Electoral, contenida en la Resolución 5291 de 2003 (fls. 73, cdno. ppal. y 48, cdno. 2).
No obstante, ninguno de dichos ciudadanos aparece votando en la mesa a que alude la demanda, pues revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 1 del puesto 85 de la zona 99 del corregimiento Simaña del municipio de La Gloria, se tiene que, en cada caso, la casilla correspondiente a cada una de las cédulas anteriormente enlistadas no fue diligenciada con nombre alguno (fls. 367 y 368, cdno. ppal.). Dicha ausencia de registro, permite a la Sala concluir que, contrario a lo sostenido en la demanda, las personas titulares de dichas cédulas no sufragaron en el municipio de La Gloria en las elecciones llevadas a cabo el 26 de octubre de 2003.
1 22.493.694 Vivas Almendra Luz Stela
2 26.922.297 Padilla Ramos Aminda
3 36.500.897 Arias Ramírez Martha Irene
4 36.503.656 Quintero Flórez Marisoley
5 37.170.390 Lobo Montaño Amira
6 37.686.418 Rivera Guarnido Olga Esneda
7 49.652.709 Naranjo de Vilardy Neldy
8 49.659.848 Sánchez Contreras Duby
9 49.667.354 Medalla Cruz Eliane
10 49.669.892 Miranda Prado Marilyn
En relación con las personas antes citadas, la Sala pudo comprobar que, como lo plantea la parte actora, dichas ciudadanas se encontraban inhabilitadas para sufragar en las elecciones del 26 de octubre de 2003 por decisión del Concejo Nacional Electoral, contenida en la Resolución 5291 de 2003 (fls. 73 y 74, cdno. ppal. y 48 y 49, cdno. 2).
No obstante, ninguna de dichas ciudadanas aparece votando en la mesa a que alude la demanda, pues revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 1 del puesto 85 de la zona 99 del corregimiento Simaña del municipio de La Gloria, se tiene que, a excepción del octavo caso, la casilla correspondiente a cada una de las cédulas anteriormente enlistadas no fue diligenciada con nombre alguno (fls. 367 y 368, cdno. ppal.). Dicha ausencia de registro, permite a la Sala concluir que, contrario a lo sostenido en la demanda, las personas titulares de dichas cédulas no sufragaron en el municipio de La Gloria en las elecciones llevadas a cabo el 26 de octubre de 2003.
Respecto del octavo caso, es pertinente aclarar que la ciudadana titular de la cédula 49.659.848, señora Duby Sánchez Contreras no aparece votando en la mesa a que alude la demanda, pues revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de la mesa número 1 del puesto 85 de la zona 99 del corregimiento Simaña del municipio de La Gloria, se tiene que la casilla correspondiente a dicha cédula fue diligenciada, por error, con el nombre de la señora Somby Mercedes Sánchez Contreras (fl. 374, cdno. ppal.). En consecuencia, como quiera que frente al número de cédula que identifica a la señora Duby Sánchez Contreras esta no aparece votando, no hay lugar a considerar que sufragó quien se encontraba inhabilitado para hacerlo.
Ahora la Sala se ocupa de los dos casos de trasteo de votos, no relacionados con las cédulas a que alude la Resolución 5291 de 2003.
a) Una de las demandas, la presentada por el señor Armando Amaris Pimienta, señala que en la mesa número 1 del puesto 31 de la zona 99 del corregimiento de Bubeta sufragó el ciudadano Pablo E. Soto Ascanio, identificado con la cédula de ciudadanía 5.046.070, a pesar de que no se encuentra inscrito en el censo electoral del municipio de La Gloria, sino en el departamento de Cundinamarca y su domicilio lo tiene en el municipio de Pelaya (Cesar), según la ficha de Sisbén número 10479.
Al respecto, si bien es cierto que en el proceso se pudo establecer que en la mesa 1 del puesto 31 de la zona 99 del corregimiento de Bubeta del municipio de La Gloria el señor Pablo Helí Soto Ascanio votó frente a la cédula de ciudadanía 5.406.070 (lista y registro de votantes, formulario E-11, fl. 318, reverso, cdno. ppal.), la cual lo identifica (según manifestó en declaración rendida por él, fls. 365 y 366, cdno. 2), también lo es que al expediente no se allegó prueba alguna que permitiera controvertir la presunción de residencia electoral del señor Soto Ascanio.
b) También se sostiene en esa misma demanda que en la mesa número 1 del puesto 31 de la zona 99 del corregimiento de Bubeta sufragó el ciudadano José Ramón Quintero Guerrero, identificado con la cédula de ciudadanía 12.506.526, a pesar de que no se encuentra inscrito en el censo electoral del municipio de La Gloria.
Sobre el particular, si bien es cierto que en el proceso se pudo establecer que en la mesa 1 del puesto 31 de la zona 99 del corregimiento de Bubeta del municipio de La Gloria el señor José Ramón Quintero Guerrero aparece votando como jurado de votación frente a la cédula de ciudadanía 12.506.526 (lista y registro de votantes, formulario E-11, fl. 318, reverso, cdno. ppal.), la cual lo identifica (según manifestó en declaración rendida por él, fls. 370 y 371, cdno. 2), también lo es que al expediente no se allegó prueba alguna que permita establecer, con total certeza, que no se encontraba inscrito en el censo electoral de ese municipio y que, por tanto, el señor Quintero Guerrero no podía votar allí. En efecto, a pesar de que en las listas de sufragantes (formularios E-10) que obran en el expediente no aparece relacionada su cédula, ocurre que dichas listas no corresponden a la totalidad de la mesas de votación del municipio de La Gloria, sino a unas cuantas (fls. 92 y ss. y 200 y ss., cdno. ppal., y 150 y ss., cdno. 2). Además, según informó el gerente de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no es posible determinar la mesa en que debía votar el señor Quintero Guerrero, dado que la cédula que lo identifica se encuentra “por actualizar” (fls. 143 a 149, cdno. 2).
Así las cosas, para la Sala es claro que respecto del cargo de trasteo de votos, de los 101 casos denunciados, solo uno logró demostrarse. Y es evidente, que ese voto irregular no tiene incidencia en el resultado electoral final, de modo que la nulidad que por ese cargo se pretende resulta inocua. En efecto, la diferencia entre la candidata que resultó ganadora y el que le siguió en votación fue de 170 votos, como se consignó en el acto de elección acusado; de modo que el número de votos irregulares no alcanza a alterar el resultado final de las elecciones y, por tanto, debe prevalecer la eficacia del voto válido y, en ese sentido, no puede accederse a la nulidad de la elección en atención al primer cargo formulado.
Segundo cargo. Suplantación de electores
El demandante considera que se presentó el fraude electoral de suplantación de electores en determinadas mesas del municipio de La Gloria y, por tal razón, considera que las actas de escrutinio que registraron como válidos esos votos son falsas, en tanto que contienen datos contrarios a la verdad electoral, por lo que se configura la casual la nulidad de la actas de escrutinio señalada en el artículo 223, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo. Dicha norma señala lo siguiente:
“ART. 223.—Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (...).
En relación con la hermenéutica de esta disposición y, específicamente, en cuanto al entendimiento del concepto de falsedad de los registros y elementos que hayan servido para la formación de un acta de escrutinio, la jurisprudencia de la sección ha sostenido que se configura cuando se presenta una alteración del resultado como consecuencia de una intención dañosa en hacer aparecer un dato que no es verdadero (4) . Por lo tanto, la diferencia entre un elemento falso y un apócrifo radica en que “en la falsedad hay esencialmente la intención de engañar, supone una intención dolosa, tendiente a causar un perjuicio que para el caso se traduce en el desconocimiento de la voluntad de los electores, mientras que en lo apócrifo no la hay” (5) .
Sin embargo, esa posición ha sido modificada por la sección (6) y se explica con claridad en los siguientes términos (7) :
“Conviene puntualizar alrededor de este criterio hasta ahora intocable para la sección, que apócrifo o falso en este caso tienen el mismo sentido, puesto que los vocablos coinciden con las maquinaciones que deforman la verdad electoral, de modo que el número de votos depositados termina siendo mentiroso siempre en favor de unos y en desmedro de otros candidatos. En indiferente dentro del proceso electoral que resalte la conducta dolosa, aunque es de suponerla, puesto que se trata de un elemento del delito de falsedad que corresponde investigar y sancionar a la jurisdicción penal.
Basta que los resultados electorales sean simulados, supuestos, fabulados o que provengan de instrumentos alterados o mutilados, para que proceda la anulación de las correspondientes actas de escrutinio de los jurados de votación, puesto que en esas condiciones son el resultado de actividades ilegítimas. Pero no compete a la jurisdicción contencioso administrativa, concretar responsabilidades por esas anomalías, ni escudriñar sobre intenciones dañinas, que son cuestiones de orden subjetivo que la ley procedimental penal encarga de investigar y sancionar a los fiscales y jueces competentes para conocer del delito de falsedad”.
En consecuencia, un elemento o un registro electoral es falso o apócrifo cuando se oculta, modifica o altera los verdaderos resultados electorales, independientemente de si ese acto u omisión se produce como consecuencia de actos malintencionados o dolosos. En otras palabras, el análisis de la falsedad en el proceso electoral no está dirigido a probar la existencia de la responsabilidad derivada de un hecho ilegal sino a estudiar si se desvirtúa la presunción de legalidad y veracidad del acto administrativo de contenido electoral. De consiguiente, si en la democracia las elecciones populares deben traducir la auténtica voluntad popular y deben ser la genuina expresión del querer ciudadano, todos aquellos actos tendientes a alterar la verdad electoral deben ser retirados del ordenamiento jurídico para dar paso a la realidad electoral.
A continuación, la Sala procede a analizar si existen pruebas suficientes para demostrar el supuesto fáctico sustento de la demanda, respecto de cada caso en particular.
a) Zona 99, puesto 20, mesa número 2 el corregimiento de Ayacucho. Dice el demandante que en el formulario E-11 de esta mesa los jurados dejaron constancia de que “En esta hoja E-11 los números de cédulas 13162530 y 13166416 no aparecen registrados los nombres por un descuido por tanta conglomeración de sufragantes, pero están registrados en E-10 y aparecen como votantes. Para mayor constancia se realizó un oficio donde todos los jurados de la mesa Nº 2 y testigos firmamos”. Agrega que esa afirmación no es cierta, pues en el formulario E-10 aparece registrado como sufragante el ciudadano identificado con la cédula 13.166.416 pero no en el formulario E-11. Y, de otra parte, el ciudadano identificado con la cédula de ciudadanía 13.162.530 no aparece en ninguno de los formularios E-10 ni E-11, además de que esta última cédula no está inscrita en el censo electoral.
En relación con este caso, sea lo primero anotar que en la copia auténtica de la lista y registro de votantes (formulario E-11) de esta mesa que fue allegada al proceso no aparece clara ni completa la anotación de los jurados a la que alude el demandante (fl. 299, reverso, cdno. ppal.).
No obstante, revisado este documento pudo establecerse que la persona identificada con número de cédula 13.162.530 no aparece habilitada para votar en esta mesa, dado que dicho número no aparece preimpreso en ese documento, ni tampoco aparece actuando como jurado de votación al final del mismo. De modo que en relación con dicha cédula no aparece registro de voto alguno (fls. 296 y 300, cdno. ppal.).
De otra parte, si bien en esta mesa la persona identificada con el número de cédula 13.166.416 aparece como habilitada para sufragar en ella, pues dicho documento aparece preimpreso en la lista y registro de votantes (formulario E-11) de esta mesa, lo cierto es que la casilla correspondiente a este número no fue diligenciado con nombre alguno. De modo que en relación con dicha cédula no aparece registro de voto alguno (fl. 297, cdno. ppal.).
Por lo anterior, es del caso concluir que en relación con las cédulas números 13.162.530 y 13.166.416 no fue demostrada la existencia de elemento o un registro electoral falso o apócrifo.
b) Zona 99, puesto 20, mesa número 3 del corregimiento de Ayacucho. Dice el demandante que en esta mesa sufragó la ciudadana Elma Meza, identificada con cédula de ciudadanía 26.795.739, a pesar de que no se encontraba habilitada para votar en esa mesa, sino en la número 8 del puesto 0 de la zona 0, según el censo electoral del municipio de La Gloria.
En relación con este caso, revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de esta mesa, pudo establecerse que el número de cédula 26.795.739 no aparece preimpreso en el mismo, ni anotado al final como correspondiente a algún jurado de votación (fls. 304 y 305, cdno. ppal.). De este modo, ante la inexactitud en la formulación del cargo, es del caso concluir que, en esta oportunidad, tampoco fue demostrado la existencia de elemento o un registro electoral falso o apócrifo.
c) Zona 99, puesto 20, mesa número 5 del corregimiento de Ayacucho. Dice una de las demandas que el ciudadano Cenel Becerra Lobo, identificado con la cédula de ciudadanía 77.181.010, fue suplantado, pues aparece votando a pesar de que es miembro activo de la Fuerzas Militares y el día de los comicios se encontraba prestando servicio.
Revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de esta mesa, se pudo establecer que el señor Cenel Becerra Lobo aparece votando enfrente de la cédula de ciudadanía 77.181.100, la cual lo identifica, según manifestó en declaración rendida en el proceso (fl. 314, reverso, cdno. ppal.).
No obstante, al expediente no fue allegada prueba alguna que demuestre que, para la fecha de la elección acusada, el señor Cenel Becerra Lobo fuera miembro activo de las Fuerzas Militares. Además, la afirmación que en ese sentido se hiciera en la demanda, fue desmentida por el señor Becerra Lobo en la aludida declaración (fls. 367 y 368, cdno. 2).
Por lo anterior, es del caso concluir que en este caso tampoco fue demostrada la existencia de elemento o un registro electoral falso o apócrifo.
d) Zona 99, puesto 28, mesa número 1 del corregimiento de Besote. Dice el demandante que el ciudadano Yonnys Almendrales Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía 18.928.232, fue suplantado, pues aparece votando a pesar de que es miembro activo de la Policía Nacional.
Si bien es cierto que revisada la lista y registro de votantes (formulario E-11) de esta mesa, se pudo establecer que el señor Yonnys Almendrales Fernández aparece votando enfrente de la cédula de ciudadanía 18.928.232 (fl. 325, reverso, cdno. ppal.), lo cierto es que, según constancia expedida por la jefe del grupo de hojas de vida y base de datos del área de registro y control de la dirección de recursos humanos de la Policía Nacional, se tiene que dicho ciudadano “no figura como personal activo ni retirado de la institución” (fl. 326, cdno. 2).
De modo que, al igual que el caso anterior, no fue allegada prueba alguna que demuestre que, para la fecha de la elección acusada, el señor Yonnys Almendrales Fernández fuera miembro activo de la Policía Nacional.
Por todo lo anterior, la Sala coincide con el señor procurador séptimo delegado ante esta corporación en que la demostración de solo un voto irregular no tiene incidencia en el resultado electoral final, de modo que debe prevalecer la eficacia del voto válido y, en ese sentido, no hay lugar a declarar la nulidad de la elección de la señora Sirley Ditta Zambrano como alcaldesa del municipio de La Gloria, para el período de 2004 a 2007.
Finalmente, respecto de la intervención del ciudadano Pablo Julio Cáceres Corrales, quien manifestó coadyuvar la apelación cuando el proceso se encontraba en estado de dictar sentencia de segunda instancia, la misma será rechazada por extemporánea, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Código Contencioso Administrativo, las intervenciones adhesivas solo se admitirán hasta cuando quede ejecutoriado el auto que ordene el traslado a las partes para alegar.
En esta forma, se impone confirmar la sentencia impugnada.
Por lo expuesto, el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Confírmase la sentencia dictada el 8 de junio de 2004 por el Tribunal Administrativo del Cesar.
2. Recházase por extemporánea, la solicitud de coadyuvancia formulada por el ciudadano Pablo Julio Cáceres Corrales.
En firme esta providencia, vuelva el expediente al tribunal de origen.
(2) Sentencias del 28 de enero de 1999, expediente 2125 y del 5 de noviembre de 2000, expediente 2378.
(3) Sentencia del 7 de diciembre de 2001, expediente 2742.
(4) Sentencias de 18 de marzo de 1993, expediente 0922 y de 29 de junio de 1995, expediente 1304. Sentencia de 25 de agosto de 1995, expediente 1353.
(5) Sentencia de 8 de octubre de 1998. Expediente 2011.
(6) Sentencias de 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1872, de 1º de julio de 1999, expediente 2234 y de 10 de agosto de 2000, expediente 2400.
(7) Sentencia de 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1872.

References: artículo 316
 artículo 316
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 316
 Resolución 
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 artículo 223
 artículo 235