Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201715893659683.HTML
Timestamp: 2019-05-24 11:11:14+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1589/2017
(Sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2017).
(Son las 14:15).
–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene el gusto de recibir al señor Aníbal Pereyra, intendente de Rocha, al señor Carlos Loyarte, Director de Gestión Humana y al señor Gabriel Tinaglini, Secretario General de la Intendencia de Rocha.
SEÑOR PEREYRA.- Quiero agradecer a los integrantes de la comisión la convocatoria y que nos hayan enviado la versión taquigráfica correspondiente a la comparecencia de la Asociación de Guardavidas de Rocha.
Para nosotros es importante hablar de este tema. Más allá de las características naturales que tiene nuestro departamento –es el único departamento del Uruguay que posee 180 kilómetros de costa océanica, lo que hace que el turismo juegue un rol muy importante–, para disfrutar de sus playas se necesita seguridad. Debe haber un servicio que brinde a los bañistas, a los visitantes, determinada seguridad porque no es lo mismo una playa oceánica que cualquier otro curso de agua. Sin perjuicio de ello, también nos parece importante que en este ámbito –una comisión del Senado– elevemos la mirada en el análisis de esa necesidad del servicio. En este punto, en parte coincidimos con lo expresado aquí por la asociación de guardavidas en cuanto a que se debe avanzar pero con una mirada como país –de manera que la solución no sea solamente de cada intendencia de acuerdo con su realidad– ya que los recursos que se desprenden de la actividad turística son cada vez mayores.
Sé que hace muchos años se presentaron proyectos de ley, pero no es un tema sencillo porque hay que tener en cuenta las autonomías municipales, entre otras cosas. A su vez, a las intendencias no les resulta fácil hacerse cargo de una tarea que no les corresponde directamente, no es su responsabilidad directa, pero obviamente en aquellos departamentos donde la actividad turística juega un rol importante debemos desarrollar el servicio. La realidad nos va empujando.
En los últimos doce años este servicio ha tenido un tratamiento diferente y podemos decirlo con absoluta claridad porque los hechos lo demuestran. Estamos de acuerdo con lo expresado en comisión por la asociación de guardavidas en cuanto a la necesidad de seguir mejorando la inversión. Sucede que al día de hoy, este servicio de seguridad en las playas –que es imprescindible–, en esta temporada, le supondrá a la Intendencia de Rocha, un costo de dos millones y medio de dólares. Repito: solamente en la época de verano. Todos los años se hace una inversión permanente en las casetas de guardavidas. Recién decía que desde hace doce años se vienen dando avances importantes y justamente recuerdo que antes –cuando trabajaba en el verano en mi departamento– el servicio de guardavidas debía construir la caseta porque de lo contrario no tenían dónde resguardarse. Felizmente eso se terminó.
En oportunidad de su comparecencia en esta comisión, uno de los integrantes de la asociación, el señor Antonio Criado –concurrió como secretario de la asociación, pero no cumple servicio en la Asociación de Guardavidas de Rocha y casualmente este año no ha sido contratado– señaló que el año pasado hubo puntos donde el servicio fue muy precario, más precisamente, que faltaron casetas. Hay que aclarar que se dijo una verdad a medias porque los últimos días de diciembre y primeros días de enero –si no me equivoco hasta el 5 de enero–, en algunos puntos de la costa de Rocha –Barra del Chuy y Cabo Polonio– no se habían terminado de colocar las casetas que habían desaparecido el 26 de octubre a causa de la crecida del mar que se llevó la mitad de las casetas existentes en la costa. Cabe destacar que esto fue incluido en el convenio firmado el año pasado, en el que quedó establecido que podían darse razones que impidieran el cumplimiento de algunos puntos. No hay que pasar por alto que el temporal fue el 26 de octubre y había que hacer un llamado. Recién los primeros días de enero pudimos terminar con la instalación en dos o tres puntos de la costa, pero fue a partir de una emergencia que fue incluida en el convenio. Como dije, el problema estuvo en que el mar se las llevó, no que no hubiera. Este año –hace unos días– tuvimos una situación similar y estamos trabajando en ello porque en la costa tenemos estas situaciones.
Entonces, nosotros reconocemos que hay necesidad de mejora, pero cuando se plantean estos aspectos en un ámbito parlamentario no se habla con claridad sobre el esfuerzo que se hace para mantener el servicio. Hasta hace dos años contábamos con una partida del Ministerio de Turismo, pero ahora el financiamiento de todo el servicio es exclusivamente departamental. Nosotros somos conscientes de que hay un planteo que viene de muchos años –por parte de la Asociación de Guardavidas de Rocha, que se ha venido consolidando, y por la Asociación Nacional de Guardavidas– sobre generar estabilidad laboral. Nos parece justo que todos los trabajadores organizados planteen la necesidad de mejora de condiciones de trabajo. En este caso, como estamos hablando de una tarea zafral, la idea es que se puedan dar otras condiciones de contratación. Ese fue uno de los motivos centrales del gran conflicto que tuvimos en el año 2015 –hacía poco que había asumido como intendente– y fue el segundo de los últimos diez años. Hubo un conflicto similar –no recuerdo si fue en el 2011 o en el 2012– en la administración del compañero Artigas Barrios, con el mismo objetivo: la búsqueda de la contratación permanente.
Reitero que el reclamo está dentro de los planteos justos que los trabajadores organizados deben tener, pero nosotros, como administración departamental, debemos resaltar las condiciones y características que tiene el departamento de Rocha. Y cualquier administración que esté al frente de las políticas públicas de un departamento sabe que llegar a eso comprometería mucho las finanzas, el equilibrio presupuestal y las necesidades que tiene el departamento.
El estatuto del funcionario municipal establece que tres años consecutivos de contrato permanente de un trabajador determina ser funcionario contratado eventual. Precisamente, eso es lo que da estabilidad laboral al funcionario. Este es un elemento que nosotros consideramos absolutamente razonable. Ahora bien; desde el punto de vista de la realidad departamental ingresar, inicialmente, 133 funcionarios a la plantilla permanente, es problemático. Destaco que ese número sería inicial, porque luego se iría acrecentando. Además, se trataría de realizar una tarea que sería solo de guardavida, porque en Rocha hay una sola piscina y, por lo tanto, no sabríamos qué hacer con más de 130 funcionarios. Actualmente el servicio de guardavidas está contratado desde el 17 de octubre hasta la primera semana de julio. Aclaro que se contrata antes porque desde el 17 de octubre se incorpora al funcionario contratado a las tareas de entrenamiento. Hemos llevado una propuesta en función de un planteamiento de la Asociación de Guardavidas, que es la fórmula que ahora se ha incorporado, que implica una carga horaria mayor, con horas extras, que luego permita llevar la contratación hasta el mes de julio. Estos últimos dos años hemos planteado generar una contratación, debido a que uno de los aspectos que se menciona en la versión taquigráfica es lo relativo a la carga horaria, ya que se trabaja los 3 meses sin interrupción. Por nuestra parte, estamos dispuestos a hacer una contratación de 8 horas y aumentar la plantilla de contratados, tema con el que la asociación no ha estado de acuerdo, por lo que no se llegó a plantear esa alternativa.
Hay muchas afirmaciones que se hicieron por parte de la asociación cuando comparecieron en esta comisión con las que no estamos de acuerdo. Concretamente, un integrante de esa asociación, el señor Criado –repito que este año este señor no cumple servicios– dijo lo que voy a leer textualmente: « Quiere decir que hay un contexto, una infraestructura muy pobre, muy limitada que tuvo uno de los puntos más sorprendentes en la temporada anterior. No sé si los señores senadores habrán visto fotos que muestran a muchos compañeros trabajando sin casilla, casi que en tolderías, dando incluso una mala imagen. Eso pasó en Rocha el año pasado». En lo personal, no puedo permitir que se venga al Parlamento y se diga que había tolderías, sin aclarar los motivos por los cuales estuvieron trabajando, durante pocos días, en esas condiciones. Luego de eso, incluso, se llegó a un acuerdo de trasladarlos a lugares en otras condiciones, hasta que se instalaran las casillas que, efectivamente, no se habían podido instalar en virtud del temporal que ocurrió en esa época. Por lo tanto, afirmar que las condiciones eran precarias, al menos –no quiero atribuir intencionalidades– es algo que no se ajusta a los hechos.
En el convenio que firmamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la presencia de representantes del PIT – CNT y el Ministerio de Turismo incorporamos un artículo que nos parece importante y que propone generar un ámbito nacional en el que se analice el tema en su globalidad. De esa forma, podremos tener una visión más amplia del problema, fundamentalmente en virtud de la participación de otros organismos que estén vinculados a la problemática de la seguridad en las playas. Aclaro que no estamos planteando que las intendencias eviten responsabilidades –no es esa nuestra intención–, sino de hacer un trabajo coordinado. De hecho, cuando comenzó el servicio de guardavidas en el departamento de Rocha en el año 1982, tenía cuatro guardavidas. Estoy hablando del año 1983 o 1984. No sé de qué manera –todavía estábamos en dictadura– la intendencia le pasaba a prefectura el dinero y esta controlaba; inclusive, hasta les daban la comida.
La Asociación Nacional de Guardavidas plantea como espejo buscar una solución nacional como en Montevideo. Sucede que Montevideo tiene una característica como ciudad y como servicio de playa muy diferente a Maldonado, Colonia, y Rocha. Estoy hablando de los departamentos que tienen mayor cantidad de integrantes en el servicio de guardavidas. Es por eso que capaz no es una necesidad tan urgente para el conjunto del país, pero sí me parece importante que empiece a haber una mirada nacional, aunque sé que no es fácil. Por ejemplo, en Brasil el servicio está en la órbita de los bomberos, y acá hubo algunos planteos que apuntaban a prefectura; sí nos parece que tiene que estar dentro de un organismo que tenga una especialización vinculada con el tema. La intendencia no la tiene, lo que no quiere decir que se desentienda. No estamos planteando eso.
A partir de este planteo queremos doblar la apuesta para tratar de buscar un camino en ese sentido. Ese es nuestro mayor desvelo. Seguramente en Rocha –depende de las administraciones– puede haber conflictos permanentes antes del verano, y creo que eso no le sirve ni a Rocha ni al país. Felizmente, este año logramos en solo dos reuniones cerrar el acuerdo para esta temporada. Acá se dio a entender como que no los recibíamos y eso tampoco se ajusta a la realidad. Nosotros tenemos los correos en los que consta que el día 22 de setiembre enviamos a la asociación de guardavidas notificación para la reunión, y después se dijo que tardamos en generar el ámbito.
Soy consciente de que este planteo, que es histórico, está instalado para lograr una contratación permanente. Nosotros somos responsables de esta administración que va hasta el 2020. Después podrá haber otras administraciones que puedan plantear otros razonamientos. Ahora, con las características que tienen otros departamentos es imposible que cualquier administración que tenga un razonamiento lógico pueda dar ese paso porque lo que está generando es una decisión de desequilibrio presupuestal. A cualquier intendencia si le ingresan 130 funcionarios, se le genera un desequilibrio presupuestal y de funcionarios que después, durante todo el año, no cumplen ninguna tarea que pueda hacerse, salvo en la playa.
No quiero extenderme más, señor presidente; quizás ustedes quieran plantear alguna interrogante. Si usted lo permite quisiera ceder el uso de la palabra al Director de Gestión Humana para que precise algunos aspectos puntuales del contrato, y al Secretario General para que se refiera a la logística del servicio.
SEÑOR LOYARTE.- Quería plantear básicamente que uno de los reclamos que hacen los guardavidas está referido al tema contractual, que algunos consideran que no es adecuado, que no es correcto, y hacen ciertas puntualizaciones que entendemos no corresponden y las quiero explicar.
Los guardavidas fueron contratados a partir del 17 de octubre, y hasta el 7 de diciembre, cuando bajan a la playa a prestar el servicio, tienen todo un período de entrenamiento que la intendencia lo paga. A partir del 7 de diciembre y hasta el 12 de marzo bajan permanentemente. No tienen días libres, como ellos dicen. Y después trabajan en Semana Santa o Semana de Turismo. ¿Por qué trabajan en forma continua? El contrato de ellos es de 44 horas semanales, cinco jornadas de ocho horas y una jornada de cuatro horas. Como evidentemente no tenemos suficientes guardavidas como para cubrir todo el servicio, generan ocho horas extras los domingos y cuatro horas extras los sábados. Por eso hablan de 56 horas semanales. Esas 12 horas semanales, más los días feriados que trabajen, no se les pagan, sino que se cambian por tiempo libre. Y generan tiempo y medio libre, es decir, diez horas generan 15 horas. Además, tienen jornadas de preparación, jornadas técnicas, etcétera, que también se las paga la intendencia.
Juntando todos esos días, el contrato se extiende hasta el 15 de junio del siguiente año. Ellos no quieren que se les paguen las horas extras, sino que prefieren que se les alargue el contrato, la vinculación, por el tema de que el intendente del momento entendió –considero que con razón y en beneficio de ellos– que de esa forma podían aportar por lo menos seis o siete meses al BPS.
Ese es el tipo de contrato que tenemos, y estoy convencido de que es totalmente legal. Son 44 horas semanales y el resto son horas extras; en lugar de pagárselas, se les cambian por tiempo libre. Ese es uno de los cuestionamientos que ellos plantean.
Es cierto que trabajan 100 días sin interrupción. También se les ha planteado –el intendente se los dijo, pero ellos no quieren– que aumentaríamos la plantilla de guardavidas, llegaríamos a 190 en lugar de 132 y cada uno tendría su día libre y medio por semana, como corresponde. En ese caso nadie tendría horas extras. Pero eso sí, finaliza la Semana de Turismo y el contrato termina, cosa que ellos no aceptan, porque evidentemente quieren que el vínculo se extienda por más meses. En eso no transan. Tanto es así que ni siquiera se llegó a presentar formalmente esa propuesta.
Otro aspecto que cuestionan es el tema de los docentes, pero en este caso también tenemos que basarnos en lo que dice la norma. Si la persona tiene otro cargo público, tiene que hacer el trámite de acumulación y no puede tener más de 60 horas. Entonces, ocurre que muchos son docentes en Primaria, donde la unidad docente son 20 horas; como en la intendencia son 44, no pueden acumular. En Secundaria sí podrían acumular si hacen 16 horas. Entonces, esto les ha afectado mucho. Tanto es así que de la brigada del año pasado hay 15 que ya no están, porque evidentemente prefieren seguir siendo docentes. Me parece que ese reclamo que plantean no corresponde, porque la solución para ellos sería que la intendencia no tuviera en cuenta esa exigencia, es decir, que los contratara como funcionarios municipales sin tener en cuenta los cargos que puedan tener en la educación, que es donde pueden acumular.
El otro cuestionamiento refiere a las funcionarias embarazadas. Estas funcionarias, evidentemente, no pueden cumplir la tarea porque, por el riesgo que tienen, no van a poder brindar el servicio de vigilancia ni mucho menos hacer algún rescate. Sin embargo, la intendencia igualmente las contrata porque son integrantes de la brigada que viene desde hace muchos años, sabiendo que no pueden cumplir el servicio. Esto acarrea que la intendencia tenga que reforzar el servicio y termina contratando retenes para poder cubrirlo. Este año, que ya empezó el período de entrenamiento, tenemos tres funcionarias que recién tuvieron hijos –una en setiembre, otra en octubre y otra que ya viene con medio horario– y, sin embargo, la intendencia las contrata. Hay que tener en cuenta que es un contrato a término por un servicio real; creo que hay suficiente consideración, sobre todo con la brigada, porque las mujeres en este caso, evidentemente, no pueden cumplir con el servicio. La intendencia las contrata para un servicio específico, a pesar de que no lo pueden hacer. A su vez, como están con licencia médica o con medio horario, estas señoras no pueden hacer horas extras, por lo que no se les puede cambiar por tiempo libre para extender el contrato. Me parece que es lógico que así sea y hay que hacerlo de esa manera. Ellos creen que sí habría que pagarles las horas extra, como plantearon en este ámbito, pero nosotros no lo entendemos así.
También quiero referirme al planteo que están haciendo respecto a que quieren un contrato anual. Es evidente que todo trabajador busca la estabilidad, pero la propia Constitución dice que el funcionario tiene que estar para la función y en la intendencia no existen funciones para que ellos cumplan durante todo el año. En realidad, plantean que sí podría haber tareas, porque, dada la cantidad de espejos de agua que tiene la intendencia, se podría hacer trabajo en las escuelas o escuelas acuáticas para concientización. Pero, en definitiva, eso sería inventar funciones para el funcionario y la intendencia no lo puede hacer ni tiene recursos para ello. Por lo tanto, no corresponde que lo hagamos.
También evocan a otras intendencias, pero estuve hablando con compañeros de recursos humanos de la Intendencia de Maldonado y ellos me dicen que contratan 220 funcionarios zafrales en cada temporada. Este año todavía no los han contratado; hicieron un llamado en el que la gente se anota y va a haber coordinadores que van a tomar la prueba de ingreso y demás. Cuando ingresen, esos guardavidas van directamente a la playa y cuando termine turismo se acaba el contrato. Esa intendencia tiene veinte guardavidas permanentes, pero lo que sucede es que en Maldonado hay mucha más infraestructura; en muchas localidades tienen piscinas y los funcionarios permanentes trabajan allí durante todo el año, pero el resto no. Todos saben que los recursos de la Intendencia de Maldonado son un poco mejores que los nuestros; sin embargo, no tiene funcionarios permanentes.
Creo que la Intendencia de Rocha ha hecho todos los esfuerzos posibles para contemplarlos; se les reconoce todo el trabajo que tienen y su profesionalidad. Como ellos recalcan, si el servicio no fuera eficiente, la intendencia no los contrataría. La intendencia ha hecho un esfuerzo muy grande para realizar mejoras en diferentes aspectos –servicios, logística, lentes, etcétera– y creo que habría que tenerlo en cuenta.
SEÑOR TINAGLINI.- Quería agregar que el mantenimiento de un servicio como este este año a la intendencia le cuesta en el entorno de los USD 2:500.000. Además, vale la pena recalcar todo lo que se está invirtiendo en la mejora de las condiciones de las casetas. El año pasado las casetas desaparecieron por el temporal, por lo que se contrató a una empresa para que las construyera nuevamente, lo que agrega un costo adicional de USD 50.000. A su vez, tenemos planificado ir cambiando las casetas en el resto del quinquenio, a fin de que todas tengan las mismas características. Para que tengan una idea, cada caseta cuesta entre USD 2.300 y USD 2.400, y estamos hablando de que hay 56 casetas distribuidas en toda la costa y en dos puntos de agua interiores: Averías, en el río Cebollatí –allí el servicio es cubierto por la Intendencia de Rocha–, y Puerto de los Botes, en La Riviera, a pocos kilómetros de la capital de Rocha.
Vale la pena recalcar, también, que todo el equipamiento que utilizan estos trabajadores –protector solar, lentes, vestimenta, insumos tales como torpedos– es cubierto año a año por la intendencia, y esos son costos que se van sumando. Si bien a veces hay colaboraciones de instituciones públicas y privadas, es la intendencia la que, en definitiva, proporciona todo ese equipamiento. Quería que eso quedara claro.
El otro punto importante es que cuando se dio el conflicto en el año 2015 –un conflicto grande que terminamos solucionándolo un 29 de diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–, entre todas las idas y venidas hubo un planteo concreto del intendente para transferir los recursos a la entonces prefectura, o sea, lo mismo que nos costaba a nosotros pero que la gestión fuera hecha por prefectura. Lo cierto es que entre idas y venidas se nos vino la temporada y no se llegó a concretar, pero la voluntad estuvo.
SEÑOR CAMY.- Saludo al señor intendente y a los jerarcas del Gobierno departamental que lo acompañan; siempre es oportuno y saludable –sobre todo para nosotros, por ser hombres del interior– tener la opinión muy certera de la autoridad departamental sobre asuntos que ocurren dentro del territorio en el cual ejercen el Gobierno.
En este sentido, queremos estar convencidos de que entendimos el parecer de la Intendencia de Rocha. Creo que hay dos temas distintos, uno de los cuales es el reclamo laboral, una reivindicación de un conjunto de trabajadores –a quienes hemos recibido y nos dieron su opinión– que, en todo caso, a mi entender, puede tener una lógica más vinculada con el Poder Legislativo nacional en el sentido de intentar legislar sobre una situación laboral que más allá de en qué departamento del país ocurra, tiene su característica propia y tal vez sea pasible de las condicionantes que tiene en particular, fundamentalmente en los departamentos costeros. El otro tema es, específicamente, lo que atañe al departamento de Rocha. En ese caso, tengo mis dudas de si a la jurisdicción nacional le compete o no tener opinión. Como mis colegas del Cuerpo saben, soy custodio muy celoso de las autonomías departamentales.
En ese marco, me queda una duda. Quiero pensar que el Gobierno de Rocha está igualmente preocupado por prestar un buen servicio –que es su obligación–que por custodiar la fuente laboral de los trabajadores. Parece claro que el servicio no solo no se restringiría sino que seguramente podría mejorarse si, como dice el señor intendente, se evalúa la posibilidad, incluso, de acrecentar la plantilla y, a su vez, de darles mejores condiciones de trabajo –en la medida en que van a tener un horario más corto– a quienes cumplan la función. Pero, por otro lado, también hay un legítimo interés que afectaría a estos trabajadores.
Si entendí bien, esas son las dos situaciones. Una de ellas es más bien de escala departamental que poco tendría que ver con esta comisión; desde mi punto de vista, sería más lógico analizarla dentro de la órbita del departamento. En cambio, la otra visión es la que atiende a toda la situación de que cualquier guardavidas en el país tiene un régimen de trabajo muy particular, muy acotado a una etapa del calendario anual lo que, obviamente, hace que el trabajo sea, no digo rudimentario pero, por lo menos, no abarcativo de todo el año y, por tanto, preocupa a cada trabajador. Si esto es así, señor presidente, y si comprendí bien la visión que tiene el Gobierno departamental, deberíamos focalizarnos en tener la visión del Gobierno de Rocha como departamento principal en esta área porque tiene 180 kilómetros de costa atlántica y por lo que significa en el turismo estival, pero considerando la posibilidad de legislar con una comprensión nacional.
En lo que respecta a los temas locales, hay que ser relativos en vincularse, mucho más en algunos aspectos que nos generan contradicción. Podríamos mencionar el tema de la precariedad de las casetas, respecto al cual habíamos anotado algunas preguntas para realizar, pero el intendente ha aclarado el tema, su respuesta ha sido muy contundente y no tenemos elementos para no creer lo que ha señalado.
SEÑORA PASSADA.- Ante todo, voy a hacer una pregunta concreta y, después, algunos comentarios.
El contrato del que estamos hablando ha sido aprobado dentro del marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Personalmente, tengo que decir que bastante trabajo nos dio hacer –y volver a tener– la ley de negociación colectiva y esta figura claramente debe seguir enmarcada allí.
Si seguimos el principio de igualdad en materia de un mismo contrato y una misma función tenemos que la situación concreta que se da en Maldonado es diferente a la que se da en Rocha. Reitero que hablamos de la misma función, es decir, de una misma tarea que se desarrolla. Unos trabajadores son zafrales, por lo que una vez que finaliza la actividad de verano el contrato se termina, situación distinta a la que se da en Montevideo y Canelones. Mientras el intendente hablaba, yo pensaba que esto merece tener una solución más a nivel interinstitucional que por la vía legal. Creo que puede haber otros actores que podrían aportar, y mucho, en buscar una solución a este tema; pienso en el Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio de Turismo. ¿Por qué una solución interinstitucional? Porque, por un lado, tenemos la actividad que desarrollan los guardavidas en la playa y, por otro, está el tema de la seguridad. Si nosotros vamos a ocuparnos de la seguridad también tenemos que contemplar otro tipo de seguridades en el ámbito de la playa. Quizá nosotros seamos los promotores de ese diálogo entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las intendencias. Es muy claro: Rocha tiene una sola piscina; Piriápolis va a tener la suya y hay otra en Pan de Azúcar. Una vez terminada la tarea realizada en la temporada pueden ejercer como profesores, y ese acuerdo laboral es distinto. Entonces, creo que podemos tener una mirada más integral. Colonia también tiene sus particularidades con los guardavidas.
Me parece que esta problemática tendría que seguir el camino del contrato y del convenio laboral; es allí donde se tiene que resolver porque si miramos es un tramo muy corto en el que quedan sin salario.
También hay otras situaciones de convenios laborales donde, justamente, para tener los jornales de reconocimiento hasta en el propio BPS, se acuerda mediante tarea, determinada función y con determinados jornales.
Entonces, pienso que esto debe seguir en el ámbito de la negociación colectiva sin descartar el planteo del señor intendente, que me parece es un camino más abarcativo, con una mirada de solución nacional. De lo contrario, se legislaría para una situación muy concreta y particular del departamento de Rocha, pero dejaríamos de lado las diferencias. Debemos respetar las autonomías de las intendencias –porque no se puede comparar la situación de Rocha con Montevideo o Maldonado–, pero promoviendo una instancia que nos obligue a mirar este problema con otros actores. En ese sentido dejo planteada la propuesta.
SEÑOR MIERES.- Quiero dejar constancia de que nosotros presentamos un proyecto de ley que regula la situación laboral de los guardavidas –la Intendencia de Rocha tiene una copia– y, luego, conversamos con el senador Carámbula sobre la posibilidad de crear un marco más adecuado.
Creo que el tema de fondo es que a esta altura el asunto es zafral, estacional, y permanentemente vuelve como conflicto, a veces en Rocha y, otras, en Maldonado. Como bien decía la senadora Passada las situaciones son muy diferentes y las regulaciones laborales también lo son, pero me parece que es un tema nacional y no puede seguir en manos estrictamente de lo que puede hacer cada intendencia. Digo que es un tema nacional porque tiene que ver con la imagen del país en cuanto a su política de turismo. En definitiva, la situación de los guardavidas está relacionada con la seguridad de las playas y, por lo tanto, con la imagen del país. En cualquier lugar de la costa que ocurran problemas de cobertura se genera una situación que afecta al conjunto del país y su desarrollo turístico.
Obviamente, las diferencias presupuestales de las intendencias son muy notorias, por lo que, con más razón, me parece que este tema debe tener una solución nacional. Es claro que debemos tener en cuenta las autonomías departamentales, pero debe haber una participación y una cooperación del Gobierno nacional – particularmente desde el Ministerio de Turismo– para que haya costos compartidos y mecanismos de colaboración; considero que esa sería la solución. Lo otro es seguir corriendo a apagar los incendios cada vez que empieza la temporada.
La problemática es puntual, casual, etcétera, pero en definitiva tenemos el mismo –o distintos líos relacionados con la misma situación– todos los años, poniéndose a veces en riesgo la cobertura del servicio al comienzo de la temporada turística.
Me gustaría conocer la opinión de la intendencia departamental sobre esto, es decir, sobre la necesidad de una regulación legislativa de carácter nacional y las características que tendría. Sé que el proyecto de ley que presentamos tiene costos y que habría algunas dificultades para cumplir con las normativas que allí formulamos, pero me parece que lo peor es que no haya nada. Entonces, la cuestión es qué cosas habría que corregir, incorporar o agregar, y si la intendencia tiene sugerencias en ese sentido. Esto va más allá del conflicto puntual y me parece que el final de la historia debería ser una regulación general de la profesión del salvavidas, que es una especialización relevante, con su peculiaridad y, de alguna forma, debe tener una cobertura desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de sus derechos y sus deberes, que sea razonable.
Nuestro aporte es un proyecto de ley que, obviamente, está sometido a discusión y es susceptible de mejoras, pero me gustaría saber si la intendencia puede, sobre la base de aquel proyecto o de otro que pueda tener, hacernos llegar propuestas concretas que permitan avanzar hacia un marco legislativo de esta situación.
Esa era la reflexión que quería hacer, señor presidente.
SEÑOR LORIER.- Ante todo, saludo a la delegación de Rocha.
Compartimos que aquí debería haber una especie de solución de carácter nacional. Consulto a la delegación sobre el papel que puede tener el Congreso de Intendentes o la parte de él que también esté afectada por esta problemática.
Por otro lado, también compartimos que aquí hay un interés nacional que cada vez es más importante, más relevante para la economía uruguaya. La actividad turística significa varios puntos del Producto Bruto Interno y, por lo tanto, consideramos que debe haber una solución que, en materia de costos, sea compartida por el Gobierno nacional. En ese sentido, compartimos la posibilidad, por ejemplo, del Ministerio de Turismo, pero también pueden vincularse actividades complementarias con la educación física y, por lo tanto, con todas las actividades deportivas, involucrando así a otras instituciones. Planteo esto porque todos sabemos que la clave de este problema es el financiamiento. A nadie se le puede escapar la buena voluntad que puede tener el señor intendente y su equipo para dar solución a este tema; el problema es que uno debe mirar la cuestión global y saber que después se generan problemas de financiamiento a largo plazo difíciles de solventar.
Creemos, entonces, que es una profesión muy importante que debe ser amparada, pero que la solución debería tener estas características, o sea, un Congreso de Intendentes que se involucre y, además, organismos del Gobierno nacional que también se involucren desde el punto de vista operativo y también económico financiero a fin de solventarla.
Pregunto concretamente si este asunto ya se trató en alguna oportunidad en el Congreso de Intendentes. Además, me gustaría saber –porque aquí se mencionó algo de Maldonado– cómo solucionaron este problema las otras intendencias en las que se presentan situaciones similares –Canelones, Montevideo, Colonia, San José– con un número importante de guardavidas.
Era cuanto quería decir. Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE.- Conozco el departamento y su realidad. Este tema se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Ha habido muchas instancias interinstitucionales. Recuerdo algunas registradas en los años 2010 y 2011 en las que fue convocada por el Sistema Nacional de Emergencias toda la interinstitucionalidad vinculada a esta temática: gobiernos departamentales, Congreso de Intendentes, Ministerio de Turismo, Ministerio de Defensa Nacional.
Se han hecho varios estudios y ha habido propuestas que se han analizado. Algunas van en la dirección de lo planteado por el señor senador Mieres y otras en la línea de lo que el propio intendente de Rocha anteriormente relataba. Es claro que está llegando el momento de darle una solución nacional a este problema. Creo que hay que ponerse a trabajar en esa dirección.
Sin duda, el turismo impacta en el PBI nacional. Hay que ver y discriminar de qué manera impacta en los PBI departamentales, ya que hay realidades muy distintas. En el caso de la Intendencia de Rocha, aparte de la seguridad en las playas, debe impulsar a su costo obras de infraestructura vinculadas al turismo, algunas de ellas muy relevantes. En La Pedrera, en La Paloma y en el resto de la zona balnearia uno puede observar que en el transcurso de los últimos años se han hecho inversiones muy relevantes vinculadas a brindar un buen servicio al turista que se acerca al departamento. Ahora bien, estas son obras que, muchas veces, tiene que costear el propio Gobierno departamental.
Simplemente, quería hacer este señalamiento sobre un tema que es apasionante y complejo. Pedimos al señor intendente una reflexión al respecto recordándole, eso sí, que tenemos muy poco tiempo dado que desde hace rato está esperando, afuera, la otra delegación.
SEÑOR PEREYRA.- Trataremos de ser breves.
En función de los planteos que se hicieron, podemos decir lo siguiente. Los departamentos en los que el servicio es más relevante y posee mayor cantidad de integrantes son Montevideo, Maldonado, Rocha, Colonia y San José. Obviamente que en los departamentos que se encuentran más sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico está el disparador y es allí donde se encuentra la mayor concentración del servicio.
Como bien se dijo y todos saben, cada departamento ha planteado una solución que está relacionada con las características del lugar.
A partir del momento en que el departamento de Montevideo incorporó el servicio permanente –en la década del ochenta–, se generó –como bien lo señaló hoy el señor senador Camy, así como también la señora senadora Tourné en oportunidad de la comparecencia de los guardavidas, lo que surge de la versión taquigráfica– el reclamo desde el punto de vista de la función de los guardavidas. Decimos esto porque, una cosa es legislar sobre los aspectos de la función del servicio, del guardavida, como una carrera terciaria, etcétera, y otra cuestión está relacionada con la autonomía municipal.
Creo que el esfuerzo a realizarse debe ir por la línea de definir cómo trabajamos en ese servicio. Ya lo dije al principio: las intendencias no pueden relegar la responsabilidad que tienen en el territorio pero, ciertamente, no les compete el seguimiento de la tarea en las playas y la seguridad. ¡No nos compete! Aquí es donde aparecen todos estos entreveros, porque cada departamento va adoptando medidas para que, quien es parte del servicio, pueda tener trabajo, salario y estabilidad todo el año. Voy a poner el ejemplo de Rocha. ¿Cómo hacemos con un servicio de más de ciento treinta integrantes, donde más de la mitad de ellos ni siquiera reside en Rocha? ¿Cómo cumplen con la permanencia? ¡Está claro! Quieren la permanencia pero el servicio no existe. Ahí está el equilibrio del que hablamos al comienzo. Obviamente que nos preocupan la tarea y el trabajador, pero también nos preocupa el otro trabajador, el que tiene que financiar un servicio que implica cada vez más recursos, porque no tiene techo. El turismo no ha tenido techo y va a seguir creciendo, por suerte y felizmente. Como dijo el señor presidente, estos son los dolores del crecimiento y debemos saber cómo atacamos el problema.
Nos parece importante –y nos queda clara la preocupación de los señores senadores– luchar porque este tema no se desinfle; como sabemos, algo que nos pasa a los uruguayos es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve.
Si mal no recuerdo, desde el año 2000 se vienen presentando distintos proyectos de ley para regular esta materia, pero la dificultad surge cuando se plantea la regulación y luego el servicio. Ahí está la dificultad, en quién es el responsable.
Para nosotros está clara la imposibilidad de Rocha, como departamento, de absorber un servicio de estas características en forma permanente, más allá del justo reclamo de los trabajadores. También tenemos un número importante de funcionarios que contratamos a término, por lo que implica el verano en Rocha. Por ejemplo, la intendencia contrata informantes turísticos –son muy importantes–, que si bien no son terciarios, hacen carrera de especialización y se han ido incorporando en los últimos años a través de la UTU. A su vez, Rocha es el departamento que tiene mayor cantidad de áreas protegidas y contrata a más de 20 guardaparques, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La mayoría de ellos son zafrales. Tenemos, sí, algunos guardaparques permanentes porque la tarea así lo requiere, es decir, cuando se necesita un contralor permanente. Entonces, ese es el nudo que debemos abordar.
Me parece importante dejar bien en claro –en tanto las actas parlamentarias son documentos públicos– que para Rocha es muy importante mejorar el servicio. Esto nos preocupa año a año, en función de las características y las posibilidades del departamento, y así ha sucedido.
Los problemas de la asociación de guardavidas de estos últimos años no tienen nada que ver con los que tenían, con relación al servicio, en las décadas del 80, del 90 y a principios de 2000. En esa época no cobraban –como la mayoría de los funcionarios municipales de entonces– y tampoco tenían todos los elementos de los que hoy sí disponen. Ahora tienen el agua que requieren diariamente y todos los años se compra la indumentaria y los materiales correspondientes para la tarea. Entonces, si queda registrado en una versión taquigráfica parlamentaria que es precaria la función, lo desmentimos totalmente: ¡eso es falso! No se pueden confundir los justos reclamos de quienes integran el servicio, de querer permanecer, con poner sobre el tapete otros elementos que nada tiene que ver con el servicio en sí mismo.
Es una discusión apasionante; ahora bien, estoy convencido que el servicio de guardavidas no debe ser responsabilidad directa de la intendencia. En fin; así como los uruguayos resolvimos temas viejos como el Sucive –cuando parecía que no íbamos a poder–, creo que lograremos solucionar esto. En el caso del Sucive, a los 19 departamentos les dolían prendas, para un lado y otro; en cambio, en esta cuestión somos pocos y no todos lo sentimos.
Como bien decía el presidente de la comisión, este tema no se empezó a trabajar ahora sino hace años, y debemos insistir en mayor grado. Por eso nos parece bueno que una comisión del Senado nos ayude a mantener ese ámbito. Eso sería fantástico.
Les agradecemos la posibilidad que nos han dado de hacernos presentes en la comisión para hablar de estos temas.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al señor intendente y a sus asesores su presencia en la comisión y nos ponemos a las órdenes. Seguiremos tratando el tema.
(Se retiran de sala el señor intendente de Rocha y los jerarcas del Gobierno departamental).
(Ingresan a sala la señora subinspectora general de Trabajo y Seguridad Social señora Cristina Demarco y el doctor Diego Cardozo).
–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene mucho gusto en recibir a la subinspectora general de Trabajo y Seguridad Social, señora Cristina Demarco y al asesor, doctor Diego Cardozo. Los invitados saben el motivo de la convocatoria, que tiene que ver con un proyecto de ley que tenemos a estudio de la comisión. Varios señores senadores tenían interés en intercambiar opiniones con el ministerio y por eso surge la invitación.
SEÑORA DEMARCO.- Buenas tardes.
Con mucho beneplácito tomamos conocimiento de este proyecto, porque de alguna manera clarifica y da certeza jurídica a lo que ya venimos trabajando hace muchos años. En algunos períodos se incrementa más la cantidad de casos de acoso moral o violación de derechos inespecíficos, y como sólo teníamos la ley de acoso sexual, en la mayoría de los casos nos basamos, en nuestros procedimientos, haciendo analogía de los temas. El número de casos de acoso o abuso sexual es inferior cuando se compara con la totalidad de violaciones de derechos inespecíficos, en definitiva el acoso moral en el trabajo, la discriminación, la persecución sindical. Por lo tanto, de alguna manera saludamos este proyecto, al tiempo que queremos hacer algunas especificaciones con respecto a los procedimientos inspectivos, el inicio del proyecto y cómo se menciona la actividad inspectiva.
Si se me permite, esta primera parte la voy a comentar yo y luego el doctor Cardozo, que es el director de la división jurídica de la inspección, hará referencia al tema de la identidad de testigos y lo que queremos proponer.
Cuando hablamos de investigación fiscalizadora de la inspección tenemos que pensar que, como nuestro país ha ratificado el convenio n.º 81, plasmado en el Decreto n.º 680 del año 1977, nuestros inspectores de trabajo tienen un estatuto y un procedimiento para actuar. Este estatuto se basa, entonces, en lo que toma del convenio n.º 81 el Decreto n.º 680, que refiere a la posibilidad de ingresar libremente en horas del día o de la noche a lugares que presumiblemente se encuentren ocupados trabajadores, a examinar, interrogar, recorrer el lugar, etcétera.
Hay dos tipos de procedimientos. Algunos países son generalistas, es decir, todos los inspectores hacen todo: investigan las condiciones generales de trabajo –lo que hace a la documentación laboral– y condiciones ambientales, de seguridad y salud en el ambiente laboral. A este respecto, nuestros inspectores, por allá en los años noventa, se organizaron en dos grupos: uno que se ocupa de las condiciones generales de trabajo –sería el que se ocupa del tema que hoy nos convoca– y, otro, de las condiciones ambientales de trabajo.
El procedimiento se sigue en acuerdo a lo que establece el Decreto n.º 680 y el convenio n.º 81; por lo tanto, generalizar la investigación inspectiva –como lo dice de alguna manera el artículo 1.º– de los casos de acoso, los de condiciones generales de trabajo y ambientales de trabajo, no sería conveniente, sino que habría que distinguir nuestras potestades para verificar la documentación laboral en todo lo que tiene que ver con que al trabajador se le pague el salario, se le conceda licencia, se le abone el salario vacacional, etcétera, y lo que hace al procedimiento de las condiciones ambientales de trabajo, de seguridad y salud. Esa es la esencia de la inspección del trabajo. Son las inspecciones que se hacen en virtud de denuncias anónimas o de oficio, mediante el operativo dispuesto por el jerarca. Pienso que es en esos casos en los que se cumple la función típica del inspector de trabajo. Es más, cuando este convenio se ratificó allá por el año 1973, no es que no existieran casos de abuso, discriminación y acoso, sino que no eran denunciados. Entonces, se hacían investigaciones de condiciones generales de trabajo o de condiciones ambientales de trabajo. No había personas que vinieran a denunciar un caso de este tipo y así fue durante muchos años.
En el año 2005 –tal vez un poco antes– empiezan los primeros casos de denuncias de persecución sindical –recuerdo que siendo abogada de la jurídica tuve una de las primeras– y obviamente de acoso, discriminación, casos de xenofobia, cualquier tipo de cosa que fuera diferente de un trabajador para los otros y ejerciera sobre él una violencia, persecución o discriminación. Acá entra el acoso moral.
En esos casos se trató que no fuera por las vías normales que se hace una inspección de condiciones generales o ambientales, sino que tuviera un minijuicio, algo muy similar a lo que es el Poder Judicial, pero dentro de nuestras competencias, habilidades y facultades como inspector de trabajo, abogado de la jurídica y como inspector general o subinspector que firma luego la intimación, sanción o lo que fuere.
La persona viene a denunciar un caso que tiene claro que puede probar y hacemos mucho hincapié en la prueba, porque si no habría denuncias todos los días por un exabrupto en el trabajo. Los acosos pueden ser hacia el mando medio, hacia el jerarca o hacia un igual, porque es evidente que se puede dar en cualquier régimen de trabajo o posicionamiento que se tenga dentro de la empresa como trabajador.
Nos parece que debería haber una diferencia en el procedimiento común y corriente. Cuando vamos labramos un acta, vemos cómo es el ambiente laboral, cuáles son los sueldos, cómo está la persona anotada en la planilla, lo cual es diferente al caso de acoso. En el caso de acoso la persona lo denuncia, se forma un expediente que tiene un filtro y estudiamos si aporta las pruebas suficientes, porque hemos tenido casos que no son los que parece o dice la persona que está afectada y luego leyendo vemos que no tiene ninguna prueba y que se cae por su propio peso. A veces son los menos, pero existen.
Lo que nos interesa dejar plasmado en esto que vemos superpositivo y que le va a dar garantías al proceso –que hoy se están viendo cuestionadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo– es simplemente que se vea como un procedimiento especial –que no es el de condiciones generales o el de condiciones ambientales–, que muchas veces la contraparte tiene una vista, un procedimiento inspectivo si el abogado que está instruyendo ese caso lo considera así, un interrogatorio a testigos, aportación de pruebas y que tiene como si fuera el estudio de una sentencia al final que es la resolución final del inspector general. Inclusive antes de la resolución final le damos una vista final para que si alguna de las dos partes quiere hacer algún tipo de alegato –como se dice en la justicia– lo pueda hacer; a veces se ven sorpresas.
Estos expedientes muchas veces llevan tiempo, más de seis meses, un año o dos. Entonces, me parece que darle esta certeza jurídica que podemos aplicar con este proyecto de ley es muy positivo, porque de alguna manera ya estamos trabajando bien y nuestros procedimientos no han tenido recursos por esos temas, pero los que los hemos tenido sabemos que a veces el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mira esa parte, que le está faltando esa patita de la legalidad, y por ende esto se lo estaría dando.
SEÑOR CARDOZO.- Buenas tardes. Soy abogado, asesor letrado de la inspección, funcionario de carrera y actualmente me encuentro interinamente en la dirección de la división jurídica.
El proyecto de ley que nos presentaron viene a solucionar una situación que se estaba plasmando, y básicamente daría una congruencia general al tratamiento de investigaciones en base a derechos fundamentales. Tenemos una ley de acoso sexual que establece un procedimiento específico para la investigación en esa materia. El acoso sexual es uno de los tipos de derecho fundamental pero existen otros tipos, como la represión sindical, el acoso moral y la discriminación en todos sus sentidos, dados por el convenio internacional 111 de la OIT.
¿Cuál es la situación que se plantea y cuál es la práctica que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social viene realizando desde hace mucho tiempo? En virtud de que no existe un procedimiento específico para el acoso moral –porque actualmente no está plasmado en una norma legal– y para la represión sindical, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social utilizaba el procedimiento por analogía del acoso sexual, por vía del artículo 332 de la Constitución de la República. Últimamente ha habido sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con argumentos jurídicos –así como nosotros recurrimos a argumentos jurídicos para utilizar la analogía del artículo 332 de la Constitución– en el entendido de que debería existir una norma legal que amparara en los casos de represión sindical. ¿Por qué razón? A grosso modo se señala –reitero que no es textual, sino que estoy haciendo un poco de memoria– que en la situación de represión sindical había una ley específica –que es la Ley n.º 17940– y que por esa razón el artículo 332 de la Constitución no se podría invocar para el caso de represión. Aclaro que no estamos hablando de otros casos de derechos fundamentales. Es así que el proyecto de ley que se presenta resolvería esta situación, por cuanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sostiene –más allá de que nosotros opinamos que es legítimo una situación así–, con todo derecho, que es necesaria una ley específica para estos temas.
Ahora bien, básicamente las salvedades que entendemos que ameritaría el proyecto de ley es que reproduce casi íntegramente la ley de acoso sexual para equiparar ambos procedimientos. Lo que nosotros entendemos es que el primer artículo –que es el que difiere con el resto del párrafo– establece un ámbito de aplicación general a todas las actuaciones de la inspección y en forma obligatoria, taxativa y preceptiva. Como ha explicado la subinspectora Demarco, tenemos actuaciones en las cuales las denuncias son anónimas porque están amparadas por el propio convenio internacional de trabajo. Entonces, en materia de salud e higiene laboral y de documentación laboral, concurre el trabajador, denuncia y esa denuncia está amparada en el anonimato. Lo que no está amparado es el relevamiento que hace la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social en el momento del acto inspectivo.
Nosotros entendemos que está bien que siga siendo de esa manera. ¿Por qué? Porque en esas situaciones no hay dos partes; es el Estado que asume, fiscaliza y controla la legalidad y el cumplimiento de la normativa laboral. Por ejemplo: si tomamos declaraciones a una persona y en el estudio de categorías y salarios no sabemos a quién le tomamos la declaración, ello impediría un desarrollo correcto del procedimiento administrativo en esas situaciones. Lo contrario sucede en el tema de los derechos fundamentales; justamente entendemos que el proyecto de ley le está dando coherencia al sistema, está ampliando el margen que estaba restringido al acoso sexual, llevándolo a todos los procedimientos de derechos fundamentales. Pero hoy por hoy esa disquisición no está plasmada en el artículo. Habla de todos los procedimientos y eso puede llevar a dificultades en las otras formas de fiscalización de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, incluso a garantías de todas las partes. Repito que en los otros procedimientos no hay dos partes: es el Estado con la empresa o el empleador, quien tiene a su cargo a un trabajador. En principio, esa es la sugerencia o el matiz más importante que tenemos sobre el proyecto de ley.
Sin perjuicio de lo dicho, tenemos otro matiz. Es un tema que lo estamos estudiando y si nos lo permiten, posteriormente podemos agregar una propuesta –más que nada explicando todo esto– y dar sugerencias concretas en los puntos. Si bien lo principal para nosotros es el otro punto, también nos preocupa el hecho de que hay una diferencia entre testigos y personal relevado directamente por los actos inspectivos. Hoy en día utilizamos el resguardo de la identidad, aunque no se trata de que la identidad no quede consignada; en realidad, esa identidad queda consignada en un acta aparte que se guarda por si un juez la pide. Incluso, la práctica habitual debería ser la de que cuando vamos a hacer la resolución, quienes instruimos la cotejemos, ya que puede suceder que la persona que declaró lo hizo como testigo y a su vez declaró en la inspección, por lo que pueden ocurrir contradicciones. Para resumir y ubicarnos en el tema, quiero decir que no es lo mismo el acto inspectivo que el testigo ofrecido por la parte, ya que este último es un medio de prueba ofrecido. En esos procedimientos se hacen audiencias y se trata del ejercicio de una función jurisdiccional que tenemos dentro de la administración que terminará como un acto administrativo que, como tal, puede ser atacado por legitimidad y mérito de los recursos pertinentes. Pero esa parte nos gustaría poder plasmarla en algunas sugerencias que acercaríamos a los señores senadores.
De todos modos, quisiéramos destacar el primer punto que es el más importante para nosotros, porque si bien es una herramienta que nos beneficia y nos da congruencia en el sistema, de la forma en que está redactado puede llegar a complicar los otros procedimientos inspectivos, tanto en materia de condiciones ambientales como de condiciones generales de trabajo.
En definitiva, se trata de lo que he expuesto y si los señores senadores lo entienden pertinente les haríamos llegar un trabajo breve, con algunas sugerencias, pero con las motivaciones del caso, abordando la parte técnica y también la política, o sea la de la dirección.
SEÑORA DEMARCO.- Simplemente quiero remarcar que haríamos llegar a la comisión ese trabajo lo antes posible. Asimismo, me gustaría señalar que nos preocupa que si bien el procedimiento que hoy estamos llevando adelante nos parece coherente y acorde a derecho, si alguien lo está observando –por supuesto eso lo hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo– sería positivo que se salvaguardara con este proyecto que, de alguna manera, nos da un espaldarazo muy importante en un tema muy delicado en el que está en juego la parte psíquica y emocional de las personas. No hay que olvidar que muchas veces el sufrimiento que acarrean estas situaciones es muy grande y es preciso hacer una defensa de la persona de forma clara. Creo que la protección al testigo también es necesaria, porque de alguna manera no es lo mismo que un inspector haga un interrogatorio en el lugar de trabajo, donde los compañeros no saben que se los va a interrogar –en esto radica la reserva del caso–, a que haya alguien propuesto por la parte que no tenga mucho problema en que se diga su nombre; también puede ocurrir lo contrario y se pida la reserva del caso.
Queremos dar las gracias una vez más a los señores senadores y quedamos a sus órdenes.
SEÑOR CAMY.- En primer lugar, quiero saludar la presencia de la subinspectora general de trabajo y de su asesor jurídico. Asimismo, me gustaría hacer una consulta muy puntual sobre este proyecto de ley, con respecto al que coincidimos en los términos que se han señalado sobre sus virtudes. En el inciso final del artículo se dice que en caso que la inspección decida interrogar a las personas vinculadas con los hechos denunciados fuera del local de la empresa, el tiempo que insuma el traslado al mismo y el interrogatorio será considerado tiempo trabajado, debiendo considerar en todo caso las necesidades que se acrediten del ciclo productivo. La duda que me surge es cómo se justifica la ausencia ante la empresa, cuando estamos hablando de un denunciante que comparece en términos de reserva, es decir que se quiere ocultar su identidad. ¿Cómo justifica ante la empresa ese tiempo que faltó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se le induce a que mienta y presente un certificado médico falso? Digo esto como una justificación que no amerite levantar sospecha; no sé de qué manera justifica. Ese es el asunto práctico que me genera dudas al leer el proyecto. Es la única duda puntual que quería establecer.
SEÑOR CARDOZO.- Justamente, esa es una de las cosas que queremos marcar en la minuta. Es por eso que queremos hacer la distinción entre el testigo propuesto por la parte y el trabajador que es relevado directamente por un acto inspectivo de la inspección. Ahí está el tema y no solo pasa en esto. Justamente, la situación se da en cómo después yo voy a justificar y decir que estuve prestando testimonio. Teóricamente es una incongruencia. En un tema menor esta cuestión ya se suscitó con la ley de acoso sexual, cuando la propia Ley n.º 18516 establece en su artículo 12 una protección especial en la cual una persona no puede ser despedida en un determinado período de tiempo –180 días–, y las empresas invocaban, justamente, que como declaró bajo un resguardo esta no sabía que esa persona estaba amparada bajo esa situación. Ese caso se interpretó a través del decreto reciente de setiembre de este año y se dio la posibilidad al oferente del testigo de que lo quisiera tratar con reserva. Sin reserva le corría la protección del artículo 12, y si no, lo daba con reserva, en cuyo caso no le corría esa protección. Esa situación ya se planteó en la propia ley y este proyecto, que reproduce en parte la ley de acoso sexual, en este punto, cuando lo estudiamos, observamos la misma inquietud que tiene el senador, y es por eso que queremos acercarles y hacer un estudio un poco más a conciencia, más allá de poder hablarlo acá. La idea es que queden por escrito y más consignados los fundamentos por los cuales entendemos que puede haber –sinceramente, este es un tema que también estamos discutiendo– una diferenciación, y en caso de que se opte por el tema del resguardo, evidentemente, hay que contrarrestar este artículo. No quisimos adelantarnos, sino que más que nada quisimos hacer una presentación y basarnos en el principal problema que veíamos en la norma para nosotros y para nuestras actuaciones, que a su vez es el primer problema que destacábamos: que se separaran los derechos fundamentales del resto de los procedimientos. ¿Por qué? Porque en los derechos fundamentales la denuncia no es anónima. En los derechos fundamentales lo que es anónimo es el relevamiento de las inspecciones de trabajo, al contrario de las situaciones de condiciones ambientales y condiciones generales de trabajo –el resto de las situaciones–, donde la denuncia es anónima, pero el relevamiento que hace la inspección en los procesos no. Queremos que lo vean en forma práctica y clara para poder tomar una decisión sobre el tema.
Sí, es verdad que nos congratulamos de que haya una norma que brinde seguridad jurídica sobre todos los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se tratan con un procedimiento determinado. Ahora estamos para discutir solo la ley de acoso sexual, en un contexto en el que no ha quedado todo el sistema uniforme para todos los derechos fundamentales. Es por eso que estamos complacidos con la norma, más allá de las dos puntualizaciones importantes.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tomamos el compromiso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ni bien tengan prontas las sugerencias que entiendan pertinente incorporar a este proyecto de ley nosotros ya estaríamos en condiciones de analizarlo en comisión.
SEÑORA PASSADA.- Simplemente quiero agregar que me parece importante el trabajo que hizo la secretaría de la comisión, porque se adelantó e incluyó en el comparativo la Ley de Acoso Sexual, que tenía el detalle de cada una de las acciones correspondientes. Entonces, nosotros les enviaríamos la documentación a través de la secretaría, como decía el señor presidente, y nuestros invitados, a su vez, nos enviarían su informe, así lo incorporamos en la discusión lo más pronto posible.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la señora subinspectora general de Trabajo y Seguridad Social, Cristina Demarco, y al doctor Diego Cardozo, su presencia en la sesión de hoy.
(Se retiran de sala la señora subinspectora general de Trabajo y Seguridad Social, Cristina Demarco, y el doctor Diego Cardozo).
SEÑORA SECRETARIA.- «Solicitud de audiencia del Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar». Quiero informar que ya fue agendada para el próximo jueves a las 15 horas.
«La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Soledad Díaz, relacionadas con la denuncia realizada por un peón rural de Salto por agresión física, y solicita que sea enviada a la comisión.
Solicitud de audiencia y escrito denunciando violación de la Ley n.º 18159, de 20 de julio de 2007, “Promoción y Defensa de la Competencia”, presentada por el señor Horacio Silva, tallerista vinculado al Banco de Seguros del Estado.
Carpeta n.º 931/2017. “Subsidios de Cargos Políticos y de Particular Confianza. Modificación”. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Daniel Bianchi».
Quiero informar que ya hablé con el señor senador porque este proyecto de ley requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, y me señaló que va a presentar una minuta de comunicación.
«Carpeta n.º 930/2017. “Vani Hebar Leal Morales (Causahabiente del señor Abel Carlevaro). Pensión graciable”. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Tacua S.A., operador portuario, está interesado en transmitir su posición como consecuencia de la aprobación del artículo 116 de la rendición de cuentas».
–Corresponde pasar a considerar el cuarto punto del orden del día: «Carpeta n.º 917/2017. Mozos de Cordel». Este proyecto de ley modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006.
Pregunto a los señores senadores si estamos en condiciones de votarlo.
SEÑOR CAMY.- Nosotros estamos en condiciones de acompañar el proyecto.
SEÑORA PASSADA.- Por mi parte, quisiera la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que no la tenemos y este tema está enrabado con el de convenios. Creo que simplemente habría que mandarles lo resuelto por la Cámara de Representantes y pedirles que nos envíen su opinión por escrito.
SEÑOR PRESIDENTE.- Me acota la secretaría que, en realidad, el proyecto tiene algunos aspectos a modificar y ya se incorporaron en un nuevo texto. Por lo tanto, habría que mandarle ambos textos al ministerio, solicitando su opinión por escrito.
(Son las 15:51).

References: artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 116
 artículo 5