Source: http://www.franciscosantana.net/2012/05/decreto-n-8921-mediante-el-cual-se.html
Timestamp: 2017-11-21 08:21:10+00:00

Document:
Decreto N° 8.921, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social ~ Jurídicas de Interés
Decreto N° 8.921, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social
miércoles, mayo 02, 2012 Francisco Santana
Decreto Nº 8.921 24 de abril de 2012
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros.
DECRETO CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Artículo 1º. Se modifica el artículo 6º, en la forma siguiente:
"Artículo 6º. El asegurado o asegurada que deje de estar obligado u obligada al régimen de la presente Ley tiene derecho a continuar en el mismo, siempre que lo solicite.
Estas cotizaciones las deberá pagar mensualmente y si se atrasare en el pago por más de un mes podrá continuar facultativamente en el Seguro Social una vez que cumpla su obligación. Si el asegurado o asegurada por continuación facultativa vuelve a la condición de trabajador o trabajadora dependiente, solo quedará obligado al pago de su parte de cotización a causa de la labor que realiza para un empleador o empleadora, quien también asumirá la parte correspondiente."
Artículo 2º. Se modifica el artículo 7º, en la forma siguiente:
"Artículo 7º. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud y recibirán asistencia médica integral siempre que lo necesiten, sin discriminación alguna."
Artículo 3º. Se suprime el artículo 8.
Única. De conformidad con lo previsto en el artículo 5º de la Ley de Publicaciones Oficiales imprímase a continuación en un solo texto la Ley del Seguro Social publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.976 Extraordinario, de fecha 24 de mayo de 2010, con las reformas aquí dictadas y, en el correspondiente texto íntegro, sustitúyanse por los de la presente los datos, de firmas, fechas y demás datos de promulgación.
Dado en Caracas, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil doce. Año 201º de la Independencia, 153º de la Federación y 13º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese,
El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, JORGE ALBERTO ARREAZA MONSERRAT
La Ministra del Poder Popular para la Juventud, MARÍA PILAR HERNÁNDEZ DOMINGUEZ
El Ministro del Poder Popular para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
DECRETO CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Ejecutivo Nacional dictará las condiciones y requisitos para la aplicación del Seguro Social Obligatorio a las cooperativas y administraciones mencionadas. Capítulo II
Los asegurados y aseguradas tienen derecho en caso de incapacidad temporal para el trabajo debido a enfermedad o accidente, a una indemnización diaria desde el cuarto día de incapacidad. La duración y atribución de las indemnizaciones diarias no podrán exceder de cincuenta y dos semanas para un mismo caso. Artículo 10
El inválido o la inválida tiene derecho a percibir una pensión, siempre que tenga acreditadas: a) No menos de cien cotizaciones semanales en los tres últimos años anteriores a la iniciación del estado de invalidez y además,
b) Un mínimo de doscientas cincuenta semanas cotizadas. Cuando el asegurado o asegurada sea menor de treinta y cinco años, el mínimo de doscientas cincuenta cotizaciones semanales se reducirá a razón de veinte cotizaciones por cada año que le falte para cumplir esa edad, sin que ello excluya el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo.
Si la invalidez proviene de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la pensión correspondiente no podrá ser inferior al valor que resulte de aplicar, a los dos tercios (2/3) de salario del asegurado o asegurada, el porcentaje de incapacidad atribuido al caso. Artículo 17
El inválido o inválida que no pueda moverse, conducirse o efectuar los actos principales de la existencia o que necesite la asistencia constante de otra persona, tiene derecho a percibir una suma adicional, que establecerá el Reglamento, y que podrá ser hasta de cincuenta por ciento (50%) de dicha pensión.
La pensión de invalidez se pagará después de transcurridos seis meses desde la fecha en que se inició el estado de invalidez y durante todo el tiempo que éste subsista.
El inválido o inválida que no llene los requisitos para obtener una pensión de invalidez, pero tenga acreditadas no menos de cien cotizaciones semanales en los últimos cuatro años anteriores a la iniciación del estado de invalidez, tiene derecho a una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas. En caso de que se recupere, se añadirán las nuevas cotizaciones a las que causaron la indemnización única, para cualquier eventual derecho; pero de ser otorgada una pensión o una nueva indemnización única se le descontará la que recibió anteriormente.
El asegurado o asegurada que a causa de enfermedad profesional o accidente del trabajo quede con una incapacidad mayor del veinticinco por ciento (25%) y no superior a los dos tercios (66,66%)(sic) tiene derecho a una pensión. También tendrá derecho a esta pensión por accidente común siempre que el trabajador o trabajadora esté sujeto a las obligaciones del Seguro Social. Artículo 21
La pensión por incapacidad parcial será igual al resultado de aplicar el porcentaje de incapacidad atribuido al caso a la pensión que le habría correspondido al asegurado o asegurada de haberse incapacitado totalmente.
El asegurado o asegurada que a causa de enfermedad profesional o accidente de trabajo quede con una incapacidad mayor de cinco por ciento (5%) y no superior al veinticinco (25%), tiene derecho a una indemnización única igual al resultado de aplicar el porcentaje de incapacidad atribuido al caso, al valor de tres (3) anualidades de la pensión por incapacidad total que le habría correspondido. También tendrá derecho a esta pensión por accidente común siempre que el trabajador o trabajadora esté sujeto o sujeta a las obligaciones del Seguro Social.
La Junta directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dictará las normas que se aplicarán para la determinación del grado de incapacidad.
Las pensiones por incapacidad parcial se pagarán mientras ésta subsista y desde que el asegurado o asegurada deje de percibir indemnizaciones diarias por esa incapacidad.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debe prescribir exámenes, tratamientos y prácticas de rehabilitación con el objeto de prevenir, retardar o disminuir el estado de invalidez o incapacidad para el trabajo. El incumplimiento de las medidas recomendadas, por parte de los solicitantes o beneficiarios y beneficiarias de pensión, producirá respectivamente la suspensión de la tramitación del derecho o del goce de pensión, mientras el asegurado o asegurada, o beneficiario o beneficiaria no se someta a las indicaciones prescritas.
Durante los primeros cinco años de atribución de la pensión, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podrá revisar el grado de incapacidad del pensionado o pensionada y suspender, continuar o modificar el pago de la respectiva pensión según el resultado de la revisión. Después de este plazo el grado de incapacidad se considerará definitivo o igualmente si el inválido o inválida, incapacitado o incapacitada ha cumplido sesenta años de edad.
El asegurado o asegurada, después de haber cumplido sesenta años de edad si es varón o cincuenta y cinco si es mujer, tiene derecho a una pensión de vejez siempre que tenga acreditadas un mínimo de setecientos cincuenta semanas cotizadas.
El asegurado o asegurada que realice actividades en medios insalubres o capaces de producir una vejez prematura, tiene derecho a una pensión por vejez a una edad más temprana a la que se refiere el artículo anterior y en la forma en que lo determine el Reglamento.
La pensión por vejez se calculará en la forma prevista en el artículo 16 para la pensión de invalidez.
La pensión por vejez es vitalicia y se comienza a pagar siempre que se tenga derecho a ella, desde la fecha en que sea solicitada.
El asegurado o asegurada mayor de sesenta años si es varón y de cincuenta y cinco si es mujer, que no tenga acreditadas el mínimo de setecientos cincuenta cotizaciones semanales para tener derecho a pensión por vejez, puede a su elección, esperar hasta el cumplimiento de este requisito o bien recibir de inmediato una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas. Cuando el beneficiario o beneficiaria, después de recibir la indemnización única, efectuare nuevas cotizaciones, les serán agregadas a las que la causaron, si con ellas, alcanza el derecho a pensión, pero al otorgársele ésta se le descontará la indemnización que percibió.
El monto total de la pensión de sobreviviente no podrá ser inferior al salario mínimo nacional. En caso de tratarse de un o una sobreviviente, éste o ésta recibirá el monto total de la pensión y, cuando se trate de dos o más sobrevivientes, la pensión se distribuirá en partes iguales hasta completar el cien por ciento (100%) de dicho monto.
Cada vez que se reduzca el número de beneficiarios o beneficiarias de una misma pensión de sobrevivientes, o se produzca el nacimiento del hijo póstumo o hija póstuma, se procederá de acuerdo con el artículo 34, según el nuevo número de beneficiarios o beneficiarias.
La pensión de sobrevivientes se reconoce a los efectos de su pago desde el día inmediatamente siguiente al del fallecimiento del o la causante.
Las pensiones a los hijos e hijas se pagarán hasta que cumplan catorce años o dieciocho años de edad, si fueren estudiantes, o de ser totalmente incapacitados o incapacitadas mientras subsista ese estado. Artículo 37
Cuando el asegurado o asegurada fallezca sin causar derecho a pensión de sobrevivientes, los familiares a que se refiere el artículo 33 tienen derecho, siempre que el asegurado o asegurada tenga acreditadas no menos de cien cotizaciones semanales en los últimos cuatro años precedentes a su muerte, a una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas.
Si al causarse una pensión o indemnización única de sobrevivientes no hay familiares de las características señaladas en el artículo 33, tienen derecho a percibir: por partes iguales y en orden excluyente, una indemnización única, calculada en la misma forma como se establece en el artículo 37 los hermanos y hermanas menores de catorce años; el padre o madre; y siempre que esos beneficiarios o beneficiarias hayan vivido a sus expensas para la fecha de la muerte.
El fallecimiento de un asegurado o asegurada, o de un beneficiario o beneficiaria de pensión por vejez o invalidez da derecho a una asignación funeraria, en las condiciones que fija el Reglamento.
El asegurado o asegurada que contraiga matrimonio y tenga acreditadas no menos de cien cotizaciones semanales en los últimos tres años precedentes, tiene derecho a una asignación que fija el Reglamento.
El viudo o viuda, concubino o concubina, beneficiario o beneficiaria de la pensión de sobreviviente, no perderá este derecho en caso de contraer nupcias, o establecer una relación concubinaria. No se podrá recibir más de una pensión por este concepto.
Del Salario de Referencia y de las Semanas Cotizadas
El salario anual de referencia será igual a la quinta parte (1/5) de los salarios cotizados en los últimos cinco años civiles. Inmediatamente precedentes al año en que se realiza el riesgo que da derecho a pensión, o a la décima parte de los últimos diez años civiles si este cómputo resultare más favorable al beneficiario o beneficiaria. El Reglamento fijará las modalidades para el cálculo del salario de referencia para los casos en que el período entre las fechas correspondientes a la primera cotización, en el régimen de la presente Ley y la de realización del riesgo fuese inferior a cinco años.
a) Los períodos cumplidos por la asegurada o el asegurado en el Seguro Social Obligatorio;
b) Los períodos del Seguro Social facultativo según el artículo 6 para los cuales la cotización ha sido efectivamente pagada;
c) Los períodos durante los cuales el asegurado o asegurada recibió prestaciones en dinero por incapacidad temporal, según el Capítulo I del Título III de esta Ley; y
d) Los períodos acreditados según el artículo 91, sin embargo, estos períodos no se tomarán en cuenta para el cómputo del monto de la prestación.
Las prestaciones en dinero no podrán ser, en ningún caso, objeto de cesiones o adjudicaciones o traspasos judiciales o extrajudiciales ni de medidas de embargo u otras que las graven o comprometan, salvo las acordadas en los juicios de alimento.
Las pensiones comenzarán a pagarse desde la fecha en que se cause el derecho, siempre que la solicitud se haga dentro del año siguiente a esa fecha. Si fuere hecha posteriormente, la pensión comenzará a pagarse desde la fecha de la solicitud.
No podrá ser otorgada una pensión de invalidez o de sobrevivientes cuando la solicitud sea hecha después de transcurridos cinco años desde la realización del riesgo.
El Reglamento determinará los casos en que un beneficiario o beneficiaria puede percibir más de una pensión prevista en esta Ley y el método de cálculo de ellas para que sean compatibles.
La suma básica que integra el monto de la pensión de invalidez o vejez y en su respectiva proporción en la pensión de sobrevivientes se determinará en relación con el salario general de los asegurados o aseguradas, el índice del costo de vida y otros elementos de juicio que fije el Reglamento.
Los extranjeros y extranjeras beneficiarios y beneficiarias de pensiones, que fijen su residencia en el exterior con carácter permanente, podrán solicitar que se le conmute su respectiva pensión por una suma global variable, según las condiciones establecidas en el Reglamento, la cual no podrá exceder del equivalente a cinco anualidades de la pensión conmutada. Sin embargo, en este caso y mediante acuerdos internacionales, podrán establecerse otras modalidades para el pago de las pensiones.
Un organismo denominado Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, con domicilio principal en la ciudad de Caracas y jurisdicción en todo el territorio de la República, administrará todos los ramos del Seguro Social Obligatorio y solucionará las cuestiones de principio de carácter general. El órgano entre el Ejecutivo Nacional y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, a quien corresponde dirigir su política y vigilar la marcha de sus servicios, sin perjuicio de la acción que en materia sanitaria ejerza el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ejercerá las atribuciones que le acuerde la presente Ley y su Reglamento, velará por la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia y cumplirá y hará cumplir todo lo relacionado con el régimen de cotizaciones y prestaciones.
La administración del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales estará a cargo de una Junta Directiva, cuyo Presidente o Presidenta será el órgano de ejecución y ejercerá la representación jurídica de aquél.
La Junta Directiva estará constituida por representantes en número igual del Ejecutivo Nacional, de los empleadores y empleadoras, asegurados y aseguradas, y por una o un representante de la Federación Médica Venezolana, este último o está última con voz pero sin voto, elegidos o elegidas en la forma que determine el Reglamento. El Presidente o Presidenta será de la libre elección y remoción del Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social e integrará la representación del Ejecutivo Nacional.
La Junta Directiva dictará los Estatutos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que contendrán todo lo relativo a la organización interna del mismo y determinará los servicios que funcionarán como dependencias directas de la citada Junta. Asimismo publicará semestralmente los balances del Instituto.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales establecerá las oficinas administrativas necesarias, de acuerdo con la importancia de la respectiva zona donde se aplique el Seguro Social Obligatorio, las que funcionarán como dependencias del mismo, en la forma y límite que se establezcan en los Reglamentos respectivos. Estas oficinas estarán asesoradas por una junta de tres miembros con carácter ad-honorem integrada por representantes del Colegio Médico local, de los empleadores y empleadoras, y de asegurados y aseguradas.
Habrá una Comisión de Inversiones ad-honorem, compuesta por quince miembros: cinco representantes del Ejecutivo Nacional, cinco representantes de los empleadores y empleadoras, y cinco representantes de los asegurados y aseguradas. Dicha comisión se reunirá por lo menos una vez al año, estará presidida por el Ministro o Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y tendrá como atribuciones principales: conocer de la memoria y cuenta de la Junta directiva, del Informe anual de la Oficina de Contraloría, elaborará el Reglamento de Inversiones y determinará el monto, distribución y oportunidades de ellas.
Habrá una Oficina de Contraloría, cuyo Director o Directora será de la libre elección y remoción del Contralor o Contralora General de la República, la cual estudiará todos los documentos y asientos contables y hará los reparos del caso; controlará la aplicación de los Presupuestos y las transferencias de partidas de los mismos; vigilará que se practiquen y mantengan al día los inventarios de los bienes del Instituto; y cumplirá las atribuciones que determine el Reglamento y Estatutos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
El Ejecutivo Nacional determinará, por vía reglamentaria, las decisiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que para su ejecución deben ser aprobados por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.
El cálculo de las cotizaciones se hará sobre el salario que devengue el asegurado o asegurada, o sobre el límite que fija el Reglamento para cotizar y recibir prestaciones en dinero.
La cotización para el Seguro Social Obligatorio será determinada por el Ejecutivo Nacional mediante un porcentaje sobre el salario efectivo, sobre el salario límite o sobre el salario de clase. Este porcentaje podrá ser diferente según la categoría de empresas, empleadores o empleadoras a la región donde se aplique la presente Ley, pero cuando esto ocurra la diferencia entre los porcentajes mínimo y máximo no será superior a dos (2) unidades.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podrá establecer la forma como ha de determinarse el salario sujeto a cotización de los trabajadores y trabajadoras de remuneración variable o establecer un salario único cualquiera que sea el monto de la remuneración.
Sección segundo:
Los empleadores y empleadoras, y los trabajadores y trabajadoras, sujetos y sujetas al régimen del Seguro Social Obligatorio, están en la obligación de pagar la parte de cotización que determine el Ejecutivo Nacional para unas y para otros.
El empleador o empleadora está obligado u obligada a enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales su cuota y la de sus trabajadores y trabajadoras por concepto de cotizaciones en la oportunidad y condiciones que establezcan esta Ley y su Reglamento. El empleador o empleadora que no entere las cotizaciones u otras cantidades que por cualquier concepto adeude al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas en esta Ley y su Reglamento, de pleno derecho y sin necesidad de previo requerimiento, está obligado a pagar intereses de mora, que se calcularán con base en la tasa activa promedio establecida por el Banco Central de Venezuela vigente para el momento del incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.
Los intereses moratorios se causarán aún en el caso que se hubiesen suspendido los efectos del acto en vía administrativa o judicial.
El empleador o empleadora podrá, al efectuar el pago del salario o sueldo del asegurado o asegurada, retener la parte de cotización que éste o ésta deba cubrir y si no la retuviere en la oportunidad señalada en este artículo no podrá hacerlo después.
Las entidades señaladas en el artículo 3 y las empresas del Estado estimarán el monto de sus gastos por concepto de cotizaciones del Seguro Social y lo incluirán en su respectivo presupuesto anual, en una partida independiente, la cual deberá ser entregada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mensualmente.
Sección tercera: De las Cotizaciones Iniciales
La cotización para financiar el Seguro Social Obligatorio será, al iniciarse la aplicación de esta Ley, de un once por ciento (11%) del salario a que se refiere el artículo 58, para las empresas clasificadas en el riesgo mínimo; de un doce por ciento (12%) para las clasificadas en el riesgo medio, y de un trece por ciento (13%) para las clasificadas en riesgo máximo. El Reglamento determinará la distribución de las empresas entre los diferentes riesgos contemplados en este artículo. La cotización para financiar las prestaciones en dinero por invalidez o incapacidad parcial, vejez, muerte y nupcias de las personas indicadas en el artículo 3, será al iniciarse la aplicación de esta Ley, de cuatro y tres cuartos por ciento (4 3/4%) del salario a que se refiere el artículo 58.
La parte de cotización que corresponderá al asegurado o asegurada será, al iniciarse la aplicación de esta Ley, de un cuatro por ciento (4%) del salario señalado en el artículo anterior.
La cotización inicial y la cuota que corresponda al asegurado o asegurada sólo podrán aumentarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.
Mediante subvención, incluida en el Presupuesto Nacional, serán sufragados por el Fisco Nacional los gastos de administración del Seguro Social, así como los del primer establecimiento y los de renovación y mantenimiento de equipos, la cual no podrá ser menor del (1,5%) de los salarios cotizados. A tal efecto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentará al Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, la estimación de dichos gastos para cada año fiscal.
El Fisco Nacional aportará los fondos que se requieran para proporcionar los edificios y los locales destinados a los servicios médicos y administrativos.
Los ingresos del Seguro Social Obligatorio para cubrir el costo de las prestaciones estarán formados por:
Los egresos por concepto de prestaciones del Seguro Social Obligatorio estarán formados por:
El Reglamento señalará los porcentajes de los salarios sujetos a la cotización para el Seguro Social Obligatorio, que se destinarán a cubrir los gastos indicados en los numerales 1 y 2 del artículo anterior; pero sin que la suma de ambos pueda ser mayor de siete y un cuarto por ciento (7 ¼%).
El Seguro Social Obligatorio tendrá, para cubrir los egresos específicos por prestaciones, tres fondos independientes: uno para asistencia médica, otro para indemnizaciones diarias y un tercero para las pensiones y demás prestaciones en dinero. Artículo 74
Los fondos para asistencia médica y para indemnizaciones diarias estarán constituidos y mantenidos cada uno de ellos, con los ingresos derivados de las respectivas partes de la cotización que señale el Reglamento de acuerdo con lo pautado en el artículo 72. A estos fondos se les cargarán, respectivamente, los gastos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 71.
La diferencia entre la totalidad de los ingresos para prestaciones y las cantidades destinadas a los fondos para asistencia médica y para indemnizaciones diarias ingresará exclusivamente al Fondo de Pensiones.
Los sobrantes que provengan de los aportes del Fisco Nacional formarán las reservas para gastos de primer establecimiento, renovación y mantenimiento de equipo.
Cuando el nivel general de salarios de los asegurados o aseguradas experimente un alza sensible, por variación del costo de vida, se procederá a la revisión del límite del salario sujeto a cotización y de las cuantías de las prestaciones, incluso de las pensiones ya otorgadas con el objeto de mantener las prestaciones a un nivel real.
Cada vez que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales compruebe, en base al desarrollo seguido por los egresos del Fondo de Pensiones, que los ingresos de este fondo serán insuficientes a breve plazo para cubrir los egresos, propondrá al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, el aumento de la cotización para el Seguro Social Obligatorio, el cual se destinará al Fondo de Pensiones y deberá ser suficiente para cubrir los egresos de los próximos cinco años por lo menos.
Si el fondo para asistencia médica o el fondo para indemnizaciones diarias experimentare un descenso indicativo de que los ingresos serán insuficientes a breve plazo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales propondrá al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social una diferente distribución de los ingresos por cotizaciones para los distintos fondos o el aumento de las cotizaciones. La solicitud al Ministerio del poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social deberá ser presentada junto con un informe actuarial y un estudio de los factores que puedan haber influido en la disminución anormal del fondo.
Los fondos para asistencia médica y para indemnizaciones diarias se podrán invertir sólo en colocaciones a la vista o a corto plazo a través de instituciones bancarias o financiadoras debidamente acreditadas. El fondo para pensiones deberá invertirse en colocaciones a largo plazo, teniendo en cuenta la seguridad, la rentabilidad, la utilidad económico-social y la fácil realización de los capitales por colocarse. Artículo 81
La Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fijará el monto de las reservas que deben ser invertidas en un período determinado y formulará un plan de inversiones que presentará a la Comisión de Inversiones previstas en el artículo 55.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al elaborar un plan, dará preferencia en las inversiones a largo plazo, a las construcciones de edificios para servicios médicos-asistenciales y administrativos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.
El Instituto podrá elaborar convenios con el Ejecutivo Nacional para invertir parte del Fondo de Pensiones en la construcción de edificios para centros médicos, hospitales y servicios administrativos destinados al Seguro Social. Las cuotas de amortización no podrán ser menor de una cantidad que permita cancelar la deuda en veinte años.
Las controversias que suscite la aplicación de la presente Ley y su Reglamento serán sustanciadas y decididas por los Tribunales del Trabajo de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Las controversias de carácter profesional entre los médicos o médicas, profesionales afines y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y las que puedan presentarse con motivo de la prestación de sus servicios, serán resueltas por comisiones tripartitas integradas por una o un representante del Colegio u organismo gremial correspondiente, un o una representante del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y un tercero, designado de común acuerdo entre las partes.
Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de los empleadores o empleadoras que incurran en las conductas tipificadas y sancionadas como tales en esta Ley. Las infracciones administrativas serán sancionadas de conformidad con el procedimiento administrativo previsto para la materia en el artículo 90 de esta Ley, previa instrucción del respectivo expediente, y sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan concurrir.
El empleador o empleadora incurre en una infracción por cada uno de los asegurados o aseguradas, trabajadoras o trabajadores afectados, a excepción de las infracciones de obligaciones documentales que puedan considerarse de carácter colectivo.
Se entenderá que hay reincidencia cuando el empleador o empleadora después de una resolución o sentencia firme, comete una o varias infracciones de la misma índole durante los tres años siguientes contados a partir de aquéllas. Se consideran infracciones de la misma índole las incluidas bajo la misma calificación de leve, grave o muy grave.
Las infracciones de la Ley del Seguro Social se califican en leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado.
2. La omisión de informar sobre la cesación de actividades, cambios de razón social, traspaso del dominio a cualquier título, y en general otras circunstancias relativas a las actividades de la empresa, establecimiento, explotación o faena.
Las infracciones contempladas en el artículo 86 de esta Ley se sancionarán de la siguiente manera:
1. Las leves: con multa de veinticinco unidades tributarias (25 UT).
2. Las graves: con multa de cincuenta unidades tributarias (50 UT).
3. Las muy graves: con multa de cien unidades tributarias (100 UT).
En caso de reincidencia del empleador o empleadora en infracciones leves o graves se sancionará con la multa que corresponda más un cincuenta por ciento (50%) de la misma; en el caso de infracciones muy graves se sancionará con el cierre temporal del establecimiento por tres días. Artículo 88
El empleador o empleadora que incumpla con la obligación de enterar en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas las cotizaciones que recauda el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin perjuicio de lo establecido con carácter general en los artículos 86 y 87 de esta Ley, incurrirá en una infracción muy grave especialmente calificada, por cada una de los trabajadores o trabajadoras afectados o afectadas, que será sancionada a razón de cinco unidades tributarias (5 U.T) por semana, hasta un límite máximo de cincuenta y dos (52) semanas.
Las sanciones que puedan imponerse a los empleadores y empleadoras no les exonera del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento, en particular, lo correspondiente al pago de las cotizaciones, u otras cantidades pendientes, así como los intereses moratorios que se generen.
El Procedimiento de recaudación de las cotizaciones y cuantías no enteradas en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas, así como el procedimiento sancionador, se regirán por lo establecido en el Código Orgánico Tributario, en cuanto no contradiga esta Ley y su Reglamento, atendiendo a las siguientes especificidades:
2. Los funcionarios o funcionarias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante las visitas de fiscalización, exigirán la presentación de libros, registros u otros documentos, y ordenarán, si fuera el caso, cualquier investigación que les permita verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Igualmente, interrogarán, a solas o ante testigos, al empleador o empleadora, como a cualquier miembro del personal con carácter confidencial si lo declarado y la identificación del declarante pudiesen provocar represalias contra éste o ésta.
Cada vez que el Seguro Social se extienda a una nueva región o grupo de trabajadores o trabajadoras, las personas que por ese motivo se inscriban por primera vez como asegurados o aseguradas y efectúen no menos de cincuenta cotizaciones semanales en los dos primeros años de aplicación, tendrán derecho a que se les reconozca como acreditadas un número de cotizaciones semanales igual a tantas veces veinte como años de edad tengan en exceso de veinticinco (25), con un máximo de quinientas cotizaciones semanales y un mínimo de cincuenta. Este abono no se tomará en cuenta para el cómputo del porcentaje que debe aplicarse al salario de referencia, para la determinación de la pensión.
El Reglamento determinará las transferencias que ha de efectuar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de las diversas sumas contabilizadas en las Reservas Técnicas, Fondos de Seguridad, Catástrofe y Solidaridad o Compensación a los nuevos fondos para asistencia médica, indemnizaciones diarias y pensiones. Tercera
Las rentas causadas bajo la vigencia del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales se seguirán pagando en su misma cuantía con cargo al nuevo fondo para pensiones y serán reajustadas cuando por variación del costo de vida, lo sean las pensiones atribuidas conforme a la presente Ley.
Tanto los beneficiarios o beneficiarias de rentas por incapacidad permanente, mayor de dos tercios (2/3) como los de renta de sobrevivientes, causadas bajo la vigencia del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales, tendrán derecho a las prestaciones de asistencia médica con las limitaciones del artículo 8 y su fallecimiento dará derecho al pago de la asignación funeraria establecida en el artículo 39.
Los beneficiarios o beneficiarias de rentas por incapacidad permanente, mayor de dos tercios (2/3), causadas bajo la vigencia del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales causarán, a su fallecimiento, derecho a pensiones de sobrevivientes, en las mismas condiciones establecidas en la presente Ley para los pensionados o pensionadas por invalidez o vejez.
Los beneficiarios o beneficiarias de rentas por incapacidad permanente, cuyo grado no sea mayor de veinticinco por ciento (25%), podrán solicitar del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que se les conmute la renta respectiva por una suma global equivalente a tres anualidades de renta que percibe el solicitante.
El Ejecutivo Nacional determinará la forma y condiciones por las cuales el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podrá hacerse cargo de la continuidad del pago de las pensiones que vienen percibiendo los servidores públicos o servidoras públicas.
Las personas naturales o jurídicas que tengan en vigencia sistemas de pensiones para su personal, quedan facultadas para descontar, de las jubilaciones que otorguen, el monto de la pensión que corresponda al beneficiario o beneficiaria en el régimen del Seguro Social. Disposición Derogatoria
Quedan derogados expresamente los artículos 167, 178, 179, 180 y 181 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.302, de fecha 22 de Septiembre de 1993, de igual manera queda sin efecto toda disposición normativa que contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en la presente Ley en materia de pensión de sobreviviente.
Para la fecha de su entrada en vigor, la presente Ley regirá en aquellas regiones donde haya estado en vigencia el régimen del Seguro Social Obligatorio por accidentes, enfermedad profesional y enfermedad no profesional.
El Ejecutivo Nacional aplicará progresivamente esta Ley a otras regiones del país, categorías de empresas o grupos de empleadores o empleadoras, y de trabajadores o trabajadoras, en una, varias o todas las prestaciones del Seguro Social que establece el artículo 2.
En cada región, las cotizaciones y las prestaciones serán exigibles y satisfechas tan pronto como la oficina administrativa respectiva empiece a funcionar.
Los empleadores o empleadoras no podrán rebajar los salarios que vienen pagando a sus trabajadores o trabajadoras, por causa de las cotizaciones que aquellos deberán pagar conforme a las disposiciones de esta Ley.
En aquellas regiones del país y categorías de empresas donde estuvieren en vigor las disposiciones de la presente Ley, quedarán insubsistentes los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, referentes a las indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Quinta
Si la presente Ley o su Reglamento no contuvieren en términos expresos, las definiciones de ciertos conceptos en ellos enunciados, serán aplicables las establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.
Las órdenes de pago libradas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se considerarán títulos ejecutivos contra el deudor.
Los créditos causados por cotizaciones dejadas de pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se considerarán privilegiados de conformidad con lo establecido en el artículo 1.867 del Código Civil, excepto cuando concurran con los procedentes de pensiones alimenticias, salarios y demás derechos derivados del trabajo.
Los Jueces o Juezas, Registradores o Registradoras, Notarios o Notarias, así como cualquier otra autoridad que en el ejercicio de sus funciones otorgue fe pública, requerirá al interesado o interesada el certificado de solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para dar curso a toda operación de venta, cesión, donación o traspaso del dominio a cualquier título, de una empresa, establecimiento, explotación o faena.
El empleador o empleadora responde con los bienes que tenga por el pago de las cotizaciones y los gastos de cobranza. En caso de sustitución de empleadores o empleadoras, él o la sustituyente será solidariamente responsable con el sustituido o sustituida, por las obligaciones derivadas de la presente Ley.
Hasta tanto el Ejecutivo Nacional tome las providencias necesarias para el establecimiento en el país de un Servicio Único de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podrá contratar prestaciones de asistencia médica con Instituciones Públicas y técnicamente, capacitadas y autorizadas para prestar dicha asistencia en forma idónea.
Prescriben por cinco años las acciones:
1. Para exigir el pago de las cotizaciones que se establezcan para empleadores o empleadoras, y asegurados o aseguradas.
Dado en Caracas, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil doce. Año 201º de la Independencia, 153º de la Federación y 13º de la Revolución Bolivariana.
Posted in: Decreto ley 2012,Ley del Seguro Social,Leyes 2012

References: artículo 236
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 6

Artículo 2
 artículo 7

Artículo 3
 artículo 8
 artículo 5
 Artículo 10
 Artículo 17
 Artículo 21
 artículo 16
 artículo 34
 Artículo 37
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 37
 artículo 6
 artículo 91
 artículo 3
 artículo 58
 artículo 3
 artículo 58
 artículo 78
 Artículo 74
 artículo 72
 artículo 71
 Artículo 81
 artículo 55
 artículo 90
 resolución 
 artículo 86
 Artículo 88
 artículo 8
 artículo 39
 artículo 2
 artículo 1