Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6155
Timestamp: 2020-06-03 03:42:43+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 188/2007
SENTENCIA 188/2007, de 10 de septiembre
ECLI:ES:TC:2007:188
En el recurso de amparo electoral núm. 6579-2007, promovido por la federación Convergencia i Unió, representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio María de Anzizu i Furest y asistida por el Letrado don Ramón Entrena Cuesta, contra la Sentencia núm. 628/2007, de 19 de julio, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimatoria del recurso contencioso-electoral núm. 9-2007, interpuesto contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 25 de junio de 2007 de proclamación de consejeros comarcales electos en el ámbito de Tarragona. Han comparecido y formulado alegaciones la coalición electoral Progrés Municipal, representada por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque y asistida por la Letrada doña Ana Villena Barjau, la coalición electoral Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, representada por el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco y asistida por el Letrado don Marc Sanglas i Alcantarilla, la coalición electoral Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrès Municipal, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Esther Rodríguez Pérez y asistida por el Letrado Vladimir Blanes, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 24 de julio de 2007, don Antonio María de Anzizu i Furest, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la federación Convergencia i Unió, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones administrativa y judicial de las que se deja hecho mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) En el “Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona” núm. 100, de 1 de mayo de 2007, se publicaron las candidaturas a concejales proclamadas en su circunscripción para las elecciones municipales.
Dichos recursos fueron desestimados por diversas Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona el día 4 de mayo de 2007.
c) La federación demandante de amparo interpuso recurso de amparo electoral contra los referidos acuerdos de proclamación de candidaturas alegando la vulneración de los derechos reconocidos en los arts. 14 y 23 CE. Estos recursos fueron inadmitidos a trámite por providencias de mayo de 2007, dado que en el momento de su interposición no se había producido ninguna lesión de los derechos fundamentales de los candidatos de la federación demandante.
d) La Junta Electoral Provincial de Tarragona, en fecha 18 de junio de 2007, notificó el Acuerdo sobre el número de consejeros comarcales que correspondían a cada formación política en cada Consejo Comarcal de la provincia de Tarragona.
e) La federación demandante de amparo interpuso en tiempo y forma el recurso previsto en el art. 21 LOREG ante la Junta Electoral Central, sin que hasta la fecha se haya notificado resolución en dicho recurso.
f) La federación ahora recurrente en amparo interpuso en fecha 27 de junio de 2007 recurso contencioso-electoral contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, de 25 de junio de 2007, de proclamación de consejeros comarcales electos para los Consejos Comarcales en el ámbito de Tarragona, en lo concerniente a los candidatos proclamados por las coaliciones electorales “Partit de Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” (PSC-PM, en lo sucesivo), “Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal” (ERC-AM, a partir de ahora) e “IC-V-Entesa pel Progrés Municipal”.
g) Tras la tramitación oportuna, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó la Sentencia núm. 628/2007, de 19 de julio, desestimatoria del recurso contencioso-electoral.
a) En la demanda se precisa que constituye objeto del recurso de amparo el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, de 25 de junio de 2007, de proclamación de los consejeros comarcales que corresponden a cada formación política y, en particular, la proclamación de consejeros comarcales en los Consejos Comarcales de la Conca de Barberá, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragones e I Terra Alta.
En primer lugar, que a efectos de las Diputaciones Provinciales cada entidad política se considera con independencia de las demás. Cuando un partido político se presenta formando coaliciones electorales distintas (y son tales cuando no existe una referencia a una denominación común) en varios municipios de un mismo partido judicial hay que entender que cada una de las coaliciones es distinta de las demás a los efectos del art. 205 LOREG, de forma que no se acumulan los votos obtenidos por candidaturas de diferente naturaleza o identidad jurídica. El art. 20.2 del Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de organización comarcal de Cataluña (TRLOCC) establece idéntico modo de proceder para la constitución de los Consejos Comarcales
En segundo lugar, que las agrupaciones de electores que presenten candidaturas en un determinado distrito son, por su propia naturaleza, independientes y distintas de las que presenten candidaturas en otros municipios o distritos, no resultando acumulable a efectos de la proclamación de consejeros comarcales el número de concejales obtenidos en distintos municipios por agrupaciones electorales más o menos afines.
d) En la provincia de Tarragona las coaliciones electorales Partit de Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PM), ERC-Acord Municipal (AM) e ICV-Entesa pel Progrés Municipal (EPM) se han presentado con denominaciones específicas, que resultan electoralmente atractivas en cuanto ocultan con particular cuidado su denominación auténtica, real y formal con la intención de disfrazarse municipalmente a los ojos de los electores.
La coalición PSC-Progrés Municipal (PM) se presenta en las circunscripciones que a continuación se indican, ordenadas por las respectivas Juntas Electorales de Zona, con las siguientes denominaciones. Como puede observarse, en determinadas circunscripciones (en particular, en Montbrió del Camp y Montroig del Camp, del ámbito de la Junta Electoral de Zona de Reus; en L’Ametlla de Mar, Batea, Caseres, Corbera d’Ebre, La Fatarella, La Pobla de Massaluca, Tivenys y Villaba dels Arcs, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa; en Alcocer, Alió y Montblanc, de la Junta Electoral de Zona de Valls) se ha aunado dicha coalición electoral con otros partidos políticos independientes.
Junta Electoral de Zona de REUS
1. Alforja Units per l’Alforja-Progrés Municipal (UpA-PM) 2. Guiamets (Els) Progrés Municipal (PM) 3. Maspujols Progrés Municipal (Id’A-PM) 4. Miravet Unió d’Independents per Miravet-Progrés Municipal (PM) 5. Molar (El) Agrupació del Molar-Progrés Municipal (PM) 6. Montbrió del Camp Candidatura Independent per Montbrió-PSC-Progrés Municipal 7. Montroig del Camp Units per Miami-PSC-Iniciativa-Progrés Municipal 8. Palma d’Ebre (La) Progrés per la Palma d’Ebre-Progrés Municipal (PM) 9. Torre de l’Espanyol (La) Progrés per la Torre-Progrés Municipal (PM) 10. Vilanova d’Esconalbou Independents per Vilanova d’Escornalbou-Progrés Municipal (IVE-PM) 11. Vinebre Progrés per Vinebre-Progrés Municipal (PM)
Junta Electoral de Zona de TORTOSA
1. Ametlla de Mar (L’) PSC-Iniciativa-Progrés Municipal (PSC-Iii-PM) 2. Batea Unió per la Terra Alta-Progrés Municipal (UPTA-PM) 3. Bot Alternativa per Bot-Progrés Municipal (APB-PM) 4. Camarles Progrés Municipal per Camarles i Lligallos-Progrés Municipal (PM) 5. Caseres Unió per la Terra Alta-Progrés Municipal (UPTA-PM) 6. Corbera d’Ebre PSC-Unió per la Terra Alta-Progrés Municipal 7. Fatarella (La) Convivencia i Progrés-Unió per la Terra Alta-Progrés Municipal 8. Horta de Sant Joan Units per Horta-Progrés Municipal (PM) 9. Pinell de Brai (El) Progrés Municipal pel Pinell-Progrés Municipal (PM) 10. Pobla de Massaluca (La) Unió per la Terra Alta-Progrés Municipal (UPTA-PM) 11. Tivenys PSC-Iniciativa-Progrés Municipal (PSC-Iii-PM) 12. Villaba dels Arcs Unió per la Terra Alta-Progrés Municipal (UPTA-PM)
Junta Electoral de Zona de VALLS
1. Alcocer Alcoverencs pel Canvi-Progrés Municipal 2. Alió Independents per Alió-Progrés Municipal 3. Montblanc Acord per Montblanc-PSC-Iniciativa-PM 4. Nulles Units per Nulles-Progrés Municipal (UpN-PM) 5. Sarral Units per Sarral-Progrés Municipal (UPERSARRAL-PM) 6. Vimbodí i Poblet Junts per Vimbodí i Plobet-Progrés Municipal (JPVIP-PM)
Junta Electoral de Zona de VENDRELL
1. Masllorenç Junts per Masllorenç-Progrés Municipal (JPM-PM) 2. Pobla de Motornés Alternativa Municipal de la Pobla de Montornés-Progrés Municipal (AM-PM)
La coalición electoral ERC-Acord Municipal (AM) se presenta en las circunscripciones que a continuación se relacionan con las denominaciones siguientes:
1. Falset Independents per Falset-Acord Municipal (IpF-AM) 2. Figuera (La) La Figuera Endavant-Acord Municipal (LFE-AM) 3. Gratallops Independents per Gratallops-Acord Municipal (IPGRI-AM) 4. Guiamets Independents pel Guiamets-Acord Municipal (IpG-AM) 5. Marçà Miloquera-Acord Municipal 6. Masroig (El) Independents pel Masroig-Acord Municipal (IpM-AM) 7. Miravet Entesa per Miravet-Acord Municipal (EpM-AM) 8. Morera de Montsant (La) Independents per la Morera de Montsant Escaladei-Acord Municipal 9. Porrera Independents per Porrera-Acord Municipal (IP-AM) 10. Pradell de la Teixeta Alternativa per Pradell-Acord Municipal (ApP-AM) 11. Torre de Fontaubella (La) Fountaubella-Acord Municipal 12.Torroja del Priorat Independents per Torroja-Acord Municipal (IpT-AM) 13. Ulldemolins Veïns per Ulldemolins-Acord Municipal (Vpu-AM) 14. Vilella Baixa (La) Independents per la Vilella Baixa-Acord Municipal (IpVB-AM)
1. Bot Entesa per Bot-Acord Municipal (EpB-AM) 2. Fatarella (La) Entesa per Fatarella-Acord Municipal (EpF-AM) 3. Freginals Impuls per Freginals-Acord Municipal (IF-AM) 4. Godall Acord per Godall-Acord Municipal (ApG-AM)
1. Montblan Agrupament Catalanista de Montblanc-Acord Municipal (ACM-AM) 2. Pontils Alternativa Municipal-Acord Municipal (AM-AM) 3. Prados Units per Prades-Acord Municipal (UP-AM) 4. Santa Coloma de Queralt Acció Colomina-Acord Municipal (AC-AM) 5. Vila-rodona Junts per Vila-rodona-Acord Municipal (JxV-AM)
Finalmente, la coalición electoral ICV-Entesa pel Progrés Municipal (EPS) se presenta en las circunscripciones que a continuación se relacionan con las denominaciones siguientes.
1. Puigpelat Entesa pel Progrés Municipal de Puigpelat-Entesa pel Progrés Municipal 2. Querol Coalició d’Independents per Querol-Entesa pel Progrés Municipal (CIQ-EPM) 3. Santa Coloma de Queralt Entesa per Santa Coloma-Entesa pel Progrés Municipal (EpSC-EPM) 4. Senan Independent-Entesa pel Progrés Municipal (I-EPM)
1. Aiguamurcia Independents pel Municipi d’Aiguamurcia-Entesa pel Progrés Municipal (IMA-EPM) 2. Altafulla Alternativa Baix Gaià-Entesa pel Progrés Municipal (ABG-EPM) 3. Pobla de Montornés (La) Alternativa Baix Gaià-Entesa pel Progrés Municipal (ABG-EPM) 4. Riera de Gaià (La) Iniciativa Rirenca-Entesa pel Progrés Municipal (IR-EPM) 5. Roda de Barà Alternativa Baix Gaià-Entesa pel Progrés Municipal (ABG-EPM) 6. Torredembarra Alternativa Baix Gaià-Entesa pel Progrés Municipal (ABG-EPM) 7. Vespellà de Gaià Alternativa Baix Gaià-Entesa pel Progrés Municipal (ABG-EPM)
El partido político Entesa pel Progrés Municipal fue fundado en noviembre de 2002 por diversos cargos pertenecientes a Iniciativa per Catalunya –Verds y fue inscrito con la misma sede social que tiene esta formación. La conexión se evidencia cuando se hace notar que Iniciativa per Catalunya–Verds es titular de la marca Entesa pel Progrés Municipal.
e) En la demanda de amparo se deja constancia a continuación de la incidencia que la impugnación efectuada por la federación recurrente en amparo tiene en el reparto de consejeros comarcales de la Conca de Barbera y Ribera d’Ebre (en ambos pasaría de ocho a nueve), del Priorat (donde ganaría dos consejeros, pasando de ocho a diez), de Tarragonès (donde tendría trece consejeros en vez de doce) e I Terra Alta (donde igualmente se incrementarían sus consejeros comarcales, pasando de nueve a doce).
4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de julio de 2007, de conformidad con lo previsto en el art. 50.1 a) LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, acordó admitir a trámite el recurso de amparo por no apreciar en un examen liminar que la demanda presentada incumpla lo dispuesto en los arts. 41 a 46 y 49 LOTC y por estimar que la especial trascendencia de su contenido justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional. Asimismo, constando ya remitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sección Quinta, las actuaciones correspondientes, incluidos el expediente electoral e informe emitido por la Junta Electoral Provincial de Tarragona, conforme a lo dispuesto en el art. 112.3 de la Ley electoral general de 20 de junio de 1985, reformado por la Ley 8/1991 de 13 de marzo y nuestro Acuerdo de 20 de enero de 2000, se acordó igualmente que el citado órgano judicial emplazara a las partes, excepto a la recurrente en amparo, para que en el plazo de tres días pudieran personarse ante este Tribunal mediante Procurador de Madrid con poder al efecto y asistidos de Abogado, formulando las alegaciones que tuvieran por conveniente. Y, en fin, dio vista de la demanda al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días pudiera efectuar las alegaciones procedentes.
5. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 26 de julio de 2007 don Felipe Juanas Blanco, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, se personó en la presente causa con el asesoramiento legal de don Marc Sanglas i Alcantarilla, presentando las alegaciones que a continuación se resumen:
Proclamadas las candidaturas por las respectivas Juntas Electorales de Zona, Convergencia i Unió interpuso recursos contencioso-electorales (art. 49 LOREG) en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona, recursos que fueron desestimados. Impugnó posteriormente dichas resoluciones a través de la interposición de diversos recursos de amparos, que fueron inadmitidos por este Tribunal.
6. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 26 de julio de 2007 doña Esther Rodríguez Pérez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la coalición electoral Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerr Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal, asesorada por el Letrado Vladimir Blanes, se personó en la presente causa, presentando las alegaciones que a continuación se resumen:
a) Esta coalición se constituyó con la finalidad de presentarse a las elecciones locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, siendo objeto de la correspondiente comunicación y registro ante la Junta Electoral Central. Su constitución ha sido, por lo tanto, plenamente válida y eficaz. De conformidad con la doctrina de la Junta Electoral Central los estatutos reguladores del funcionamiento de la coalición prevén la utilización de denominaciones específicas en distintos distritos electorales, habiéndose comunicado a la Junta Electoral Central las diversas denominaciones específicas que la coalición adopta en las circunscripciones municipales en las que se presenta.
Esta coalición ya utilizó la denominación común Entesa pel Progrés Municipal en las elecciones locales de 1999 y 2003, sin que en esos comicios fuera cuestionado su empleo, ni objeto de impugnación ninguna de sus candidaturas.
Se trata de una coalición formada por tres partidos perfectamente complementarios, sin que pueda calificarse a ninguno de ellos de instrumental o dominante. Debe ser el voto de los electores el que decida el acierto o no de configurar la coalición en los términos acordados por los partidos coaligados.
No cabe apreciar vulneración alguna del art. 23 CE, en la medida en que la referencia a la denominación común de la coalición que figura en la totalidad de las candidaturas presentadas la identifica perfectamente ante el electorado.
b) La denominación general de la coalición es la de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal, excepto en aquellos municipios en los que adopta denominaciones específicas, incorporando siempre la denominación común Entesa pel Progrés Municipal. Así pues, en ningún municipio se presenta junto con otros partidos formando una coalición diferente y en ningún caso adopta la denominación coincidente con la de algún otro partido político legalmente constituido e inscrito en el Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. El hecho de que en algún municipio la denominación específica pueda coincidir parcialmente con la de algún otro partido no se puede interpretar, en ningún caso, como que exista una coalición con ese partido, ni que en la circunscripción en cuestión sea otra la coalición que presenta la candidatura, existiendo, como ya se ha dicho, una única coalición identificada por la referencia común Entesa pel Progrés Municipal.
En consecuencia ninguna objeción puede hacerse a la plena validez de las candidaturas presentadas por la coalición, ni puede entenderse vulnerado ningún derecho fundamental del resto de los candidatos.
La representación procesal de la coalición electoral Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal considera antidemocrático y jurídicamente inviable que se pretenda que no se computen determinados votos para la elección de los consejeros comarcales que corresponde designar a las diferentes formaciones políticas que han concurrido a las elecciones locales, siendo las coaliciones que han presentado candidaturas las que han de proceder a dicha designación y no ninguno de los partidos integrados en las mismas. La totalidad de los votos declarados válidos expresados a favor de las candidaturas debidamente proclamadas se deben computar para las formaciones que los recibieron, sin que la legítima utilización de denominaciones específicas en determinados municipios suponga ninguna limitación a su plena eficacia y cómputo, tanto en la elección de los miembros de los Ayuntamientos como en la de los miembros de los Consejos Comarcales.
Concluye su escrito de alegaciones suplicando del Tribunal Constitucional la desestimación de la demanda de amparo, con imposición de costas a la recurrente.
7. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia de Madrid el 25 de julio de 2007, y que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal dos días más tarde, don Roberto Granizo Palomeque, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la coalición electoral Progrés Municipal, asesorada por la Letrada doña Ana Villena Barjau se personó en la presente causa, presentando las alegaciones que a continuación se resumen:
La federación recurrente en amparo no formuló objeción ni interpuso reclamación ante la Administración electoral. Tampoco emprendió ninguna acción judicial contra el acuerdo de coalición, ni contra sus promotores.
c) La coalición electoral Progrés Municipal está formada por un partido, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), y por la federación de partidos Progrés Municipal de Catalunya (PMC). Esta última está constituida por diferentes representantes de cuatro partidos políticos y fue inscrita en el Registro correspondiente en fecha 3 de marzo de 1999 (documento núm. 1), habiendo concurrido a las elecciones municipales de ese año en coalición con el Partit dels Socialistes de Catalunya, al igual que en el año 2003. En los años transcurridos desde su constitución se han ido incorporando a la federación de partidos Progrés Municipal de Catalunya otros partidos, hasta conformarla en la actualidad un total de cincuenta y tres partidos políticos. Estos partidos tienen un ámbito de actuación municipal, salvo en algún caso, en el que su actividad se extiende a una determinada comarca, extremo que normalmente queda reflejado en su denominación (por ejemplo Unió per la Terra Alta: UPTA). El hecho de agruparse en una federación obedece a razones de evidente estrategia política y de representación en aquellas Corporaciones Locales de ámbito supramunicipal a las que individualmente no podrían acceder. Este es el motivo por el cual esos cincuenta y tres partidos se han agrupado voluntariamente en una federación, lo que no es fraudulento ni inconstitucional, pues obedece a su legítimo interés de ampliar su influencia institucional.
Toda acusación de fraude de la recurrente es falsa e irreal. Así, cuando se afirma que el Sr. Romà Cunill es Alcalde del municipio de Borredà por las listas de PSC, se olvida que este partido concurrió en las tres últimas elecciones municipales en coalición con la federación Progrés Municipal.
Además la utilización de denominaciones específicas en determinadas circunscripciones está expresamente permitida por la LOREG y por la doctrina de la Junta Electoral Central (Acuerdos de 12 de febrero de 1999, 12 de marzo de 2003 y 3 de mayo de 2007). e) Es evidente que los votos obtenidos por una misma coalición en distintas circunscripciones electorales se han de computar a la hora de la asignación de puestos de diputado provincial o de consejero comarcal, sea cual sea la coalición de la que se trate. En este sentido se ha pronunciado la Junta Electoral Central en Acuerdo de 6 de julio de 2007 a resultas del recurso interpuesto por la ahora demandante de amparo contra la asignación de consejeros comarcales del Bages y de L`Alt Penedés.
8. El Ministerio público evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 3 de agosto de 2007, que a continuación se resume:
Así pues la aplicación de la legislación electoral realizada por la Junta Electoral, cuya decisión ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia, satisface los parámetros constitucionales exigidos para no vulnerar el derecho contenido en el art. 23.2 CE. No adicionar, como pretende la demandante, el resultado obtenido por las distintas formaciones políticas que cuestiona y enumera en la demanda a los votos obtenidos por cada coalición a la que pertenecen, habiéndose cumplido por todas ellas la legalidad electoral, incidiría en la representación política, expresada a través de su voto por el cuerpo electoral, de los órganos de representación política y, por tanto, se vulneraría el derecho fundamental contenido en el art. 23.2 CE pero no sería precisamente el derecho de la demandante de amparo el que resultaría lesionado sino el de las coaliciones electorales en cuestión.
1. La federación Convergencia i Unió impugna el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 25 de junio de 2007, confirmado por la Sentencia núm. 628/2007, de 19 de julio, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el que se proclaman los consejeros titulares y suplentes de los Consejos Comarcales del ámbito de Tarragona. La impugnación se contrae exclusivamente al extremo referido a la proclamación de los consejeros designados por las coaliciones electorales Progrés Municipal, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal en los Consejos Comarcales de la Conca de Barberá, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragones e I Terra Alta.
La federación demandante de amparo, con invocación expresa de los arts. 14 y 23.2 CE, estima que el Acuerdo recurrido ha vulnerado el derecho de sus candidatos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, ya que la Junta Electoral Provincial en las operaciones relativas a la asignación de los consejeros de los Consejos Comarcales de la Conca de Barberá, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragones e I Terra Alta, que regulan los arts. 20 y 21 del texto refundido de la Ley de la organización comarcal de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 2/2003, de 4 de noviembre, ha considerado como una misma coalición coaliciones electorales distintas, computando en este caso a favor de cada una de las tres coaliciones electorales antes referidas concejales y votos obtenidos por coaliciones electorales diferentes. Argumenta al respecto, en síntesis, que se trata de coaliciones electorales fraudulentas, que se han presentado con denominaciones específicas en diversos distritos electorales, y, en fin, que en otros casos han incorporado en determinadas circunscripciones partidos políticos independientes inscritos en el registro de partidos políticos que no forman parte de las coaliciones constituidas y comunicadas a las Juntas Electorales.
La coalición electoral Progrés Municipal se opone a la estimación de la demanda de amparo. Tras señalar que la recurrente no impugnó el acuerdo de constitución de la coalición sostiene que ésta cumple todos los requisitos legalmente establecidos (art. 44 de la Ley Orgánica del régimen electoral general: LOREG), por lo que, desde que la Junta Electoral Central tomó razón de su constitución y lo comunicó a las restantes candidaturas y a las Juntas Electorales competentes, ha obtenido el derecho a participar en igualdad de condiciones en las elecciones municipales celebradas el día 27 de mayo de 2007 y, por ende, en las subsiguientes elecciones a las Diputaciones Provinciales y a los Consejos Comarcales, sin que por ello se vulneren los derechos de sufragio de los candidatos de la demandante de amparo ni de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
La coalición electoral Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal se pronuncia también a favor de la desestimación de la demanda de amparo, al considerar que no puede efectuarse objeción alguna a la validez de las candidaturas por ella presentadas, ni vulnerado el derecho de ningún candidato a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE).
Sin necesidad de detenernos (a partir de la doctrina sentada con carácter general en la STC 149/2000, de 1 de junio, que se reitera en la STC 36/2003, de 25 de febrero) en la posibilidad o no de una fiscalización jurisdiccional autónoma e independiente de los actos de las Juntas Electorales de toma de razón de las coaliciones electorales, respecto de los que, como expresamente reconoce la representación de la coalición electoral Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, la Ley Orgánica del régimen electoral general no prevé ningún procedimiento específico de impugnación, ha de rechazarse la alegada inadecuación de procedimiento y, consiguientemente, la posible extemporaneidad de la demanda de amparo. En efecto, no constituye ahora objeto de la pretensión actora la constitución de determinadas coaliciones electorales y la presencia de sus candidaturas, con unas u otras denominaciones, en las elecciones municipales, sino, como es propio y específico del recurso de amparo electoral regulado en el art. 114.2 LOREG, el acuerdo de la Junta Electoral Provincial sobre proclamación de electos, en este caso, sobre la proclamación de determinados puestos de consejeros en los Consejos Comarcales de la Conca de Barberá, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragones e I Terra Alta, con base en la infracción de la legislación electoral que regula las operaciones de su asignación, por haber considerado como una misma entidad política, en este caso con la forma de coaliciones electorales, entidades políticas distintas en opinión de la recurrente en amparo. En definitiva, se impugna a través del recurso de amparo electoral del art. 114.2 LOREG un acto de una Junta Electoral de proclamación de electos por una supuesta infracción de la legislación electoral reguladora de dicho acto que la demandante considera lesiva del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE), de modo que, ni puede tildarse de procedimentalmente inadecuado el recurso de amparo promovido por la actora, ni tampoco puede estimarse que incurra en extemporaneidad al haber sido interpuesto dentro del plazo legalmente establecido.
3. Desestimado el óbice procesal aducido por la representación de la coalición electoral Esquerra Republicana-Acord Municipal, la cuestión suscitada en el presente recurso de amparo que a continuación hemos de enjuiciar estriba en determinar si el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 25 de junio de 2007 ha vulnerado, como sostiene la demandante de amparo, o no, como mantienen el Ministerio Fiscal y las representaciones procesales de las coaliciones electorales Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal y Progrés Municipal, el derecho de los candidatos de la federación recurrente a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE) al haber considerado la Junta Electoral, con infracción del art. 20.2 de la Ley de organización comarcal de Cataluña, como una misma coalición coaliciones electorales distintas en las operaciones relativas a la asignación de los puestos de consejeros de los Consejos Comarcales de la Conca de Barberá, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragones e I Terra Alta, habiendo computado en este caso a favor de cada una de las coaliciones electorales Progrés Municipal, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal los concejales y votos obtenidos a su juicio por coaliciones electorales diferentes.
De otra parte, hemos de poner ahora de manifiesto, antes de proseguir el enjuiciamiento de la queja de la actora, que la denunciada infracción de la legislación electoral afecta en este caso, según se afirma y se argumenta en la demanda, sin que nada opongan a ello quienes han comparecido en este proceso como partes demandadas, al resultado de la elección, requisito para poder apreciar la existencia de una lesión real y efectiva del derecho de sufragio activo [SSTC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 c); 153/2003, de 17 de julio, FJ 3; 154/2003, de 17 de julio, FFJJ 6 c) y 8; 135/2004, de 5 de agosto, FJ 4 c)], pues en principio de ser estimada las quejas de la demandante de amparo en los términos formulados le corresponderían en los Consejos Comarcales de la Conca de Barberá y Ribera d’Ebre y Tarragones un puesto más de consejero comarcal, dos en el referido a Priorat, y tres respecto del partido judicial de I Terra Alta más que los atribuidos en el Acuerdo de proclamación recurrido.
4. El marco normativo configurador de los temas de fondo planteados, en lo que aquí y ahora interesa, viene constituido, de un lado, por el art. 44.1 b) LOREG, que permite la presentación de candidaturas o listas de candidatos a “las coaliciones electorales constituidas según lo dispuesto en el apartado siguiente”, de conformidad con el cual “[L]os partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente a una elección deben comunicarlo a la Junta competente, en los diez días siguientes a la convocatoria. En la referida comunicación se debe hacer constar la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección y coordinación”. Finalmente el apartado 3 del mencionado precepto impide que los partidos federados o coaligados puedan “presentar candidaturas propias en una circunscripción si en la misma concurren, para idéntica elección, candidatos de las federaciones o coaliciones a las que pertenecen”.
Así pues, el trascrito art. 44 LOREG permite a los partidos y a las federaciones de partidos coaligarse para concurrir conjuntamente a una elección. Para ello la LOREG les exige únicamente que comuniquen a la Junta Electoral competente el pacto de coalición suscrito en los diez días siguientes a la convocatoria electoral, la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección o coordinación. Este Tribunal ha declarado en la STC 154/2003, de 17 de julio, que: “[el citado precepto legal] ha sido interpretado en numerosos Acuerdos por la Junta Electoral Central … en el sentido de indicar, por un lado, que la Junta Electoral competente, ante la que hacer constar la constitución de una coalición electoral en el caso de que se circunscriba al ámbito de una sola provincia, es tanto la Junta Electoral Provincial como la Junta Electoral Central (Acuerdos de 5 de mayo de 1986, 30 de enero de 1987, 18 de noviembre de 1994, 7 de abril de 1995); y, por otro, en cuanto a la función que al respecto corresponde a la Junta Electoral competente, que ésta toma conocimiento de las coaliciones electorales cuya constitución se ha hecho constar ante la misma, y remite relación de ellas a las Juntas Electorales Provinciales, así como al Ministerio del Interior y a los representantes generales (Acuerdos de 5 de mayo de 1977, 17 de enero de 1979, 24 de abril de 1987, 28 de abril de 1989, 26 de abril de 1993, 3 de mayo de 1999, 31 de enero de 2000), dándose por válida la constitución como consecuencia de la toma de razón por la Junta Electoral competente; por lo que, en virtud de lo dispuesto en el art. 44.3 LOREG, no pueden los partidos integrantes de la coalición presentar candidaturas independientes en los distritos en los que presente candidaturas la coalición electoral (Acuerdo de 12 de mayo de 1986). Tal toma de conocimiento o razón por la Junta Electoral competente no excluye una facultad de control o de fiscalización sobre los requisitos legalmente exigidos para la constitución de una coalición electoral, como así se desprende de la doctrina de este Tribunal respecto a la necesidad de comunicar la denominación elegida, que ‘en virtud del art. 44.2, en relación con el art. 46.4 LOREG, [la Junta Electoral] podrá denegarla si coincide con la perteneciente o tradicionalmente usada por un partido político, a fin de no inducir a confusión al electorado’ (STC 105/1991, de 13 de mayo, FJ 3)” (FJ 8).
En relación con la utilización por las coaliciones electorales de denominaciones específicas en las distintas circunscripciones electorales, este Tribunal ha tenido ocasión de declarar, haciéndose eco de la doctrina establecida al respecto por la Junta Electoral Central, que el “art. 44.2 LOREG … no impide que una coalición electoral adopte una denominación o simbología específica en determinados distritos electorales, manteniendo la referencia a una denominación común que debe incorporarse a todas las circunscripciones, ni impone que esa denominación común deba comprender necesariamente la totalidad de los elementos identificadores de la coalición” (STC 154/2003, de 17 de julio, FJ 11). Esta posibilidad de utilización de denominaciones específicas por las coaliciones electorales en los términos indicados se consideró en aquella Sentencia que no resulta por sí misma contraria e incompatible con la reiterada doctrina constitucional, según la cual “la denominación, siglas y símbolos de los instrumentos de participación política y electoral —partidos, coaliciones, federaciones, agrupaciones electorales— son un elemento fundamental de los mismos, no sólo porque sirven como elemento intrínseco de configuración, sino, y sobre todo, por constituir un medio fundamental de identificación del ciudadano, ya que están al servicio de una identificación clara y distinta de quien presente la candidatura para que la voluntad política que los sufragios expresen se corresponda, con la mayor fiabilidad posible, a la entidad real de quien, a lo largo de la campaña electoral, así los recabe (SSTC 69/1986, de 28 de mayo, FJ 2; 103/1991, de 13 de mayo, FJ 2)” (ibidem).
En este caso las tres coaliciones electorales concernidas han presentado candidaturas adoptando unas denominaciones específicas en determinadas circunscripciones electorales, que se identifican unas y otras en la demanda de amparo y que han quedado reflejadas en los antecedentes de esta Sentencia, pero manteniendo en todos los casos, como también se recoge en la demanda de amparo, junto a esas denominaciones específicas, la referencia a la denominación común propia de cada una de las coaliciones, esto es, Progrés Municipal, Acord Municipal y Entesa pel Progrés Municipal, según la coalición de la que en cada supuesto se trate. El mantenimiento, junto a las denominaciones específicas, de la referencia a la denominación identificadora común de cada coalición en todas las circunscripciones electorales, a lo que en la mayoría de los casos se añade también la utilización de las siglas y los logotipos comunes de estas coaliciones, excluye en principio cualquier atisbo de que, como consecuencia del empleo de aquellas denominaciones específicas, en los términos y condiciones indicados, se haya podido inducir a confusión al electorado en relación con los integrantes de la entidad política que a lo largo de la campaña electoral ha recabado su voto. De modo que, en aplicación de la doctrina antes reseñada, ha de desestimarse también en este extremo la queja de la recurrente en amparo.
El examen de esta alegación requiere una consideración previa sobre la coalición electoral Progrés Municipal, pues en este caso la denunciada incorporación de partidos políticos que supuestamente no forman parte de las coaliciones electorales constituidas y comunicadas a la Junta Electoral Central se limita exclusivamente a determinadas candidaturas presentadas por la coalición electoral Progrés Municipal en algunas circunscripciones electorales.
La recurrente en amparo afirma en la demanda que esta coalición está integrada por dos partidos políticos, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y el partido Progrés Municipal (PM), sosteniendo a continuación, a los efectos que a esta queja interesan, que a la coalición formada por dichos partidos se han incorporado otros partidos políticos en algunas circunscripciones. Sin embargo, como acredita el examen de las actuaciones judiciales y la documentación aportada por la representación procesal de la coalición electoral Progrés Municipal, ésta ha sido integrada integrada por un partido político, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), y por una federación de partidos, Progrés Municipal de Catalunya, de la que forman parte en la actualidad cincuenta y tres partidos políticos, según certificación del Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Siendo ello así, la queja actora sólo puede sustentarse, en los términos en los que ha sido formulada en relación con esta coalición, sobre la base fáctica de que esos partidos políticos que mantiene que se han incorporado a la coalición en algunas circunscripciones no formen parte de la federación Progrés Municipal. Pues bien, la demandante de amparo en ningún momento acredita ni tan siquiera argumenta que dichos partidos no formen parte de la federación de partidos integrante de la coalición Progrés Municipal, desatendiendo de este modo la carga que sobre ella pesa, toda vez que, al igual que acontece con carácter general en el recurso de amparo, también en el recurso de amparo electoral es carga de quien recurre, no sólo la de abrir la vía para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre las vulneraciones de la Constitución que se aleguen, sino también la de proporcionar la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente cabe esperar y que se integra en el deber de colaborar con la jurisdicción constitucional, sin que le corresponda a este Tribunal suplir la argumentación ni los razonamientos de las partes, reconstruyendo de oficio la demanda cuando el demandante ha desatendido la carga que pesa sobre él [SSTC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 6; 135/2004, de 5 de agosto, FJ 3 b)].
Esta carencia de la necesaria fundamentación en el reproche que se dirige a las candidaturas presentadas por la coalición electoral Progrés Municipal ha de conducir necesariamente a su rechazo y, como consecuencia de ello a la desestimación de la queja de la actora.
A la precedente consideración ha de añadirse la no menos concluyente observación de que la recurrente en amparo también ha incumplido la carga de acreditar la incidencia que sobre el resultado electoral pudiera tener la estimación de la queja que ahora nos ocupa. En efecto, en ningún pasaje de la demanda acredita ni argumenta la incidencia que sobre el reparto de los puestos de consejeros comarcales en liza habría de tener la detracción a la coalición electoral Progrés Municipal de los votos y concejales que ha obtenido en las circunscripciones en las que, en opinión de la recurrente, habría incorporado partidos políticos que no formarían parte de la coalición según ha sido constituida y comunicada a la Junta Electoral Central. En las operaciones aritméticas que al respecto se aportan en orden a poner de manifiesto la posible afectación o variación de los resultados electorales, la demandante separa los votos y concejales que conjetura que habrían de corresponder al partido político y a la federación de partidos políticos que integran en este caso la coalición, esto es, al Partit dels Socialistes de Catalunya, de una parte, y a la federación Progrés Municipal de Catalunya, de otra, segregando, por tanto, los votos y concejales de uno y otro, pero no hace referencia ni consideración alguna a la posible incidencia y significado en el resultado electoral de los votos y concejales que ha obtenido la coalición en aquellas circunscripciones en las que, a juicio de la demandante de amparo, habría incorporado partidos políticos que no forman parte de aquélla y que, de acuerdo con su planteamiento, deberían detraerse del resultado total atribuido a la coalición. En otras palabras, la demandante de amparo al argumentar sobre la posible alteración de los resultados electorales para justificar la trascendencia constitucional de su queja se limita a determinar los votos y concejales que, a su juicio, habrían de computarse a cada una de las entidades políticas que han constituido la coalición, procediendo a la segregación de los que corresponderían a una y otra, pero sin acreditar ni tan siquiera razonar en momento alguno sobre la incidencia en el resultado electoral de los votos y concejales obtenidos por la coalición en aquellas circunscripciones en las que denuncia que ha incorporado partidos políticos que no forman parte de la misma. Esta advertida falta de acreditación y argumentación de la incidencia de la queja suscitada sobre el resultado electoral ha de conducir necesariamente a su desestimación, de acuerdo con la doctrina constitucional de la que se ha dejado constancia, según la cual para poder apreciar la existencia de una lesión real y efectiva del derecho de sufragio es imprescindible que las irregularidades o anomalías del procedimiento electoral denunciadas afecten al resultado final de la elección [SSTC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 c); 153/2003, de 17 de julio, FJ 3; 154/2003, de 17 de julio, FF JJ 6c) y 8; 135/2004, de 5 de agosto, FJ 4 c)].
8. En cuanto a la imposición de costas a la recurrente, solicitada por la representación procesal de las coaliciones electorales Progrés Municipal, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal, la Sala no aprecia la existencia de la temeridad o mala fe en la posición actora que exige el art. 95.2 LOTC, por lo que estima no procede su imposición.
Tipo y número de registro Recurso de amparo electoral 6579-2007
Promovido por la federación Convergencia i Unió respecto a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmó la proclamación de consejeros comarcales electos en el ámbito de Tarragona.
CIU impugna la asignación de cargos públicos representativos en elección de segundo grado al entender que se han computado votos obtenidos por coaliciones electorales distintas, vulnerándose con ello el derecho de los candidatos de su coalición a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos.
Se desestima el recurso de amparo. La Sentencia indica que es lícita la utilización de denominaciones específicas en función de las circunscripciones, siempre que se mantenga la referencia a una denominación identificadora común, pues ello no induce a confusión al electorado. Además, las coaliciones electorales concernidas están constituidas por formaciones políticas inscritas en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, por lo que se cumplen las exigencias de la Ley Orgánica del régimen electoral general. Finalmente, no se ha aportado dato alguno sobre cómo las irregularidades denunciadas hubieran afectado al resultado final de la elección, elemento imprescindible para poder apreciar la existencia de una lesión real y efectiva del derecho de sufragio.
La demandante de amparo al argumentar sobre la posible alteración de los resultados electorales no acredita ni razona en momento alguno sobre la incidencia en el resultado electoral de los votos y concejales obtenidos por la coalición en aquellas circunscripciones en las que denuncia que han incorporado partidos políticos que no forman parte de la misma, lo que ha de conducir necesariamente a su desestimación (SSTC 85/2003, 135/2004) [FJ 7].
La demandante de amparo no acredita ni argumenta que los partidos integrados en la federación de partidos Progrés Municipal de Catalunya no formasen parte de la federación de partidos integrante de la coalición Progrés Municipal, desatendiendo de este modo la carga que sobre ella pesa, lo que ha de conducir necesariamente a la desestimación de la queja (SSTC 85/2003, 135/2004) [FJ 7].
Ningún reproche cabe efectuar a las coaliciones electorales concernidas por la impugnación, pues la LOREG no establece más requisitos para la constitución de una coalición, que la de que tenga lugar entre partidos y/o federaciones de partidos, sin que establezca restricción alguna en razón de su actividad, de sus promotores o de su domicilio [FJ 5].
La LOREG no impide que una coalición electoral adopte una denominación específica en determinados distritos electorales, manteniendo la referencia a una denominación común que debe incorporarse a todas las circunscripciones, ni impone que esa denominación común deba comprender necesariamente la totalidad de los elementos identificadores de la coalición (STC 154/2003) [FJ 6].
La denominación, siglas y símbolos de los partidos políticos son un elemento fundamental de los mismos, no sólo porque sirven como elemento intrínseco de configuración, sino, y sobre todo, por constituir un medio fundamental para su identificación por el ciudadano (SSTC 69/1986, 103/1991, 154/2003) [FJ 6].
No puede tildarse de procedimentalmente inadecuado el recurso de amparo electoral a través del cual se impugna un acto de una Junta Electoral de proclamación de electos por una supuesta infracción de la legislación electoral reguladora de dicho acto, que la demandante considera lesiva del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos (SSTC 149/2000, 36/2003) [FJ 2].
Cuando la queja por desigualdad se plantea respecto de los supuestos comprendidos en el art. 23.2 CE no es necesaria la invocación del art. 14 CE, porque el propio art. 23.2 CE especifica el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos, a no ser que la diferenciación se deba a algunos de los criterios de discriminación expresamente impedidos por el art. 14 CE, lo que no acontece en este caso (SSTC 24/1989, 154/2003) [FJ 3].
No procede la imposición de costas a la parte actora, al no apreciarse la existencia de la temeridad ó la mala fe que exige el art. 95.2 LOTC [FJ 8].
Artículo 44, ff. 1, 4
Artículo 44.2, ff. 4, 6
Artículo 46.4, f. 4
Decreto Legislativo de la Generalidad de Cataluña 4/2003, de 4 de noviembre. Texto refundido de la Ley de la organización comarcal de Cataluña
Título III, capítulo II, f. 4
Artículo 20.1 párrafos 2, 3, f. 4
Artículo 21, ff. 1, 4
ComarcasComarcas, ff. 4, 5, 6, 7
Composición de coaliciones electoralesComposición de coaliciones electorales, ff. 5, 6
Derecho de sufragioDerecho de sufragio, f. 7
Elecciones localesElecciones locales, ff. 4 a 7
Fundamentación de la demanda de amparoFundamentación de la demanda de amparo, f. 7
Improcedencia de condena en costas procesales en el recurso de amparoImprocedencia de condena en costas procesales en el recurso de amparo, f. 8
Lesión efectiva del derecho fundamentalLesión efectiva del derecho fundamental, f. 7
Objeto del recurso de amparo electoralObjeto del recurso de amparo electoral, f. 3
Proclamación de candidatos electosProclamación de candidatos electos, f. 7
Requisitos para la constitución de coaliciones electoralesRequisitos para la constitución de coaliciones electorales, ff. 5, 6
Sufragio activoSufragio activo, ff. 5, 6
CataluñaCataluña, ff. 4 a 7

References: resolución 

Artículo 44

Artículo 44

Artículo 46

Artículo 20

Artículo 21