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Timestamp: 2019-08-19 01:32:40+00:00

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Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (N.U) 79 | Racismo | Etnia, raza y género
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Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución
2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la
dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los Estados
Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las Naciones
Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona
tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en
particular por motivos de raza, color u origen nacional,
Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual
protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la
Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y todas las
prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su
forma y dondequiera que existan, y que la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960 [resolución
1514 (XV) de la Asamblea General], ha afirmado y solemnemente proclamado la
necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente,
Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904
(XVIII) de la Asamblea General] afirma solemnemente la necesidad de eliminar
rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas
y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la
Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es
científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de
que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la
Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u
origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las
naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la
convivencia de las personas aun dentro de un mismo Estado,
Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los ideales de
toda la sociedad humana,
Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en
algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad
o el odio racial, tales como las de apartheid, segregación o separación,
Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la
discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las
doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y
edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y
discriminación raciales,
Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y
ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza,
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura en 1960,
Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y con
tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medidas prácticas,
1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o
preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido
que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre
nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no
establezcan discriminación contra ninguna nacionalidad en particular.
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado
progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la
protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de
igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que
no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los
diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los
objetivos para los cuales se tomaron.
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las
razas, y con tal objeto:
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de
discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por
que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen
en conformidad con esta obligación;
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación
racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas
gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las
disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación
racial o perpetuarla donde ya exista;
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si
lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada
por personas, grupos u organizaciones;
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y
movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las
barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas
especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para
asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de
personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de
igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como
consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos
grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.
Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se
comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas
las prácticas de esta naturaleza.
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se
inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de
personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover
el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen
a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal
discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en
cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente
Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la
superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo
acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de
personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas,
incluida su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades
organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la
discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales
organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales
promuevan la discriminación racial o inciten a ella.
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la
presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico,
particularmente en el goce de los derechos siguientes:
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos
que administran justicia;
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de
violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o
por cualquier individuo, grupo o institución;
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser
elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la
dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas;
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo
igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria;
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales
como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.
Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción,
protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras
instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo
la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así
como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por
todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.
Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces,
especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información,
para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos
raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial y de la presente Convención.
1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
(denominado en adelante el Comité) compuesto de dieciocho expertos de gran prestigio
moral y reconocida imparcialidad, elegidos por los Estados partes entre sus nacionales,
los cuales ejercerán sus funciones a título personal; en la constitución del Comité se
tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las
diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas jurídicos.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas
designadas por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una
persona entre sus propios nacionales.
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de
la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes
invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario
General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este
modo, indicando los Estados partes que las han designado, y la comunicará a los
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados partes que
será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones
Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados partes,
se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número
de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados partes
presentes y votantes.
5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato
de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años;
inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por
sorteo los nombres de esos nueve miembros.
b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya cesado en sus
funciones como miembro del Comité, designará entre sus nacionales a otro experto, a
reserva de la aprobación del Comité.
6. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos
desempeñen sus funciones.
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones
Unidas, para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas,
judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer
efectivas las disposiciones de la presente Convención: a) dentro del plazo de un año a
partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate; y b) en lo
sucesivo, cada dos años y cuando el Comité lo solicite. El Comité puede solicitar más
información a los Estados partes.
2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y
recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los
datos transmitidos por los Estados partes. Estas sugerencias y recomendaciones de
carácter general se comunicarán a la Asamblea General, junto con las observaciones de
los Estados partes, si las hubiere.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas facilitará al Comité los servicios de
4. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones
1. Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones de la
presente Convención, podrá señalar el asunto a la atención del Comité. El Comité
transmitirá la comunicación correspondiente al Estado parte interesado. Dentro de los
tres meses, el Estado que recibe la comunicación presentará al Comité explicaciones o
declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y exponer qué medida correctiva
hubiere, en su caso, adoptado.
2. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas partes, mediante negociaciones
bilaterales o algún otro procedimiento adecuado, en un plazo de seis meses a partir del
momento en que el Estado destinatario reciba la comunicación inicial, cualquiera de los
dos Estados tendrá derecho a someter nuevamente el asunto al Comité mediante la
notificación al Comité y al otro Estado.
3. El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo con el párrafo 2 del
presente artículo, cuando se haya cerciorado de que se han interpuesto y agotado todos
los recursos de jurisdicción interna, de conformidad con los principios del derecho
internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la
substanciación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente.
4. En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados partes
interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.
5. Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del presente artículo, los
Estados partes interesados podrán enviar un representante, que participará sin derecho a
voto en los trabajos del Comité mientras se examine el asunto.
1. a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la información que estime
necesaria, el Presidente nombrará una Comisión Especial de Conciliación (denominada
en adelante la Comisión), integrada por cinco personas que podrán o no ser miembros
del Comité. Los miembros de la Comisión serán designados con el consentimiento
pleno y unánime de las partes en la controversia y sus buenos oficios se pondrán a
disposición de los Estados interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto,
basada en el respeto a la presente Convención.
b) Si, transcurridos tres meses, los Estados partes en la controversia no llegan a un
acuerdo sobre la totalidad o parte de los miembros de la Comisión, los miembros sobre
los que no haya habido acuerdo entre los Estados partes en la controversia serán
elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, por voto secreto y por mayoría
2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No deberán
ser nacionales de los Estados partes en la controversia, ni tampoco de un Estado que no
sea parte en la presente Convención.
4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones
Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión decida.
5. La secretaría prevista en el párrafo 3 del artículo 10 prestará también servicios a la
Comisión cuando una controversia entre Estados partes motive su establecimiento.
6. Los Estados partes en la controversia compartirán por igual todos los gastos de los
miembros de la Comisión, de acuerdo con una estimación que hará el Secretario
7. El Secretario General podrá pagar, en caso necesario, los gastos de los miembros de
la Comisión, antes de que los Estados partes en la controversia sufraguen los costos de
acuerdo con el párrafo 6 del presente artículo.
8. La información obtenida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta
podrá pedir a los Estados interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.
1. Cuando la Comisión haya examinado detenidamente el asunto, preparará y presentará
al Presidente del Comité un informe en el que figuren sus conclusiones sobre todas las
cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre las partes y las
recomendaciones que la Comisión considere apropiadas para la solución amistosa de la
2. El Presidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a cada uno de los
Estados partes en la controversia. Dentro de tres meses, dichos Estados notificarán al
Presidente del Comité si aceptan o no las recomendaciones contenidas en el informe de
3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el Presidente del
Comité comunicará el informe de la Comisión y las declaraciones de los Estados partes
interesados a los demás Estados partes en la presente Convención.
1. Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia
del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas
comprendidas dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones, por
parte de ese Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la presente
Convención. El Comité no recibirá ninguna comunicación referente a un Estado parte
que no hubiere hecho tal declaración.
2. Todo Estado parte que hiciere una declaración conforme al párrafo 1 del presente
artículo podrá establecer o designar un órgano, dentro de su ordenamiento jurídico
nacional, que será competente para recibir y examinar peticiones de personas o grupos
de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de
violaciones de cualquiera de los derechos estipulados en la presente Convención y
hubieren agotado los demás recursos locales disponibles.
3. La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente artículo y el nombre
de cualquier órgano establecido o designado con arreglo al párrafo 2 del presente
artículo serán depositados, por el Estado parte interesado, en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas, quien remitirá copias de los mismos a los demás
Estados partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante
notificación dirigida al Secretario General, pero dicha notificación no surtirá efectos con
respecto a las comunicaciones que el Comité tenga pendientes.
4. El órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 del presente
artículo llevará un registro de las peticiones y depositará anualmente, por los conductos
pertinentes, copias certificadas del registro en poder del Secretario General, en el
entendimiento de que el contenido de las mismas no se dará a conocer públicamente.
5. En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano establecido o
designado con arreglo al párrafo 2 del presente artículo, el peticionario tendrá derecho a
comunicar el asunto al Comité dentro de los seis meses.
6. a) El Comité señalará confidencialmente toda comunicación que se le remita a la
atención del Estado parte contra quien se alegare una violación de cualquier disposición
de la presente Convención, pero la identidad de las personas o grupos de personas
interesadas no se revelará sin su consentimiento expreso. El Comité no aceptará
comunicaciones anónimas.
b) Dentro de los tres meses, el Estado que reciba la comunicación presentará al Comité
explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y exponer qué medida
correctiva, si la hubiere, ha adoptado.
7. a) El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta todos los datos
puestos a su disposición por el Estado parte interesado y por el peticionario. El Comité
no examinará ninguna comunicación de un peticionario sin antes cerciorarse de que
dicho peticionario ha agotado todos los recursos internos disponibles. Sin embargo, no
se aplicará esta regla cuando la substanciación de los mencionados recursos se
prolongue injustificadamente.
b) El Comité presentará al Estado parte interesado y al peticionario sus sugerencias y
recomendaciones, si las hubiere.
8. El Comité incluirá en su informe anual un resumen de tales comunicaciones y,
cuando proceda, un resumen de las explicaciones y declaraciones de los Estados partes
interesados, así como de sus propias sugerencias y recomendaciones.
9. El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas en este artículo
sólo cuando diez Estados partes en la presente Convención, por lo menos, estuvieren
obligados por declaraciones presentadas de conformidad con el párrafo 1 de este
1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales que figura en la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, las disposiciones de la presente
Convención no limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a esos
pueblos por otros instrumentos internacionales o por las Naciones Unidas y sus
2. a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la presente
Convención recibirá copia de las peticiones de los órganos de las Naciones Unidas que
entienden de asuntos directamente relacionados con los principios y objetivos de la
presente Convención, y comunicará a dichos órganos, sobre dichas peticiones, sus
opiniones y recomendaciones, al considerar las peticiones presentadas por los habitantes
de los territorios bajo administración fiduciaria o no autónomos, y de cualesquiera otros
territorios a los cuales se aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General,
relativas a asuntos tratados en la presente Convención y sometidos a examen de los
mencionados órganos.
b) El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas copia de los
informes sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que,
en relación directa con los principios y objetivos de esta Convención, hayan aplicado las
Potencias administradoras en los territorios mencionados en el anterior inciso a, y
comunicará sus opiniones y recomendaciones a esos órganos.
3. El Comité incluirá en su informe a la Asamblea General un resumen de las peticiones
e informes que haya recibido de los órganos de las Naciones Unidas y las opiniones y
recomendaciones que les haya comunicado acerca de tales peticiones e informes.
4. El Comité pedirá al Secretario General de las Naciones Unidas toda la información
disponible que guarde relación con los objetivos de la presente Convención y que se
refiera a los territorios mencionados en el inciso adel párrafo 2 del presente artículo.
Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de controversias o
denuncias regirán sin perjuicio de otros procedimientos para solucionar las
controversias o denuncias en materia de discriminación establecidos en los instrumentos
constitucionales de las Naciones Unidas y sus organismos especializados o en
convenciones aprobadas por ellos, y no impedirán que los Estados partes recurran a
otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios
internacionales generales o especiales que estén en vigor entre ellos.
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo
Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro
Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la
2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de los Estados
mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra.
2. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
haya sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratificación o de adhesión en
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de
haber sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratificación o de adhesión, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los
Estados que sean o lleguen a ser partes en la presente Convención los textos de las
reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
Todo Estado que tenga objeciones a una reserva notificará al Secretario General que no
la acepta, y esta notificación deberá hacerse dentro de los noventa días siguientes a la
fecha de la comunicación del Secretario General.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la
presente Convención, ni se permitirá ninguna reserva que pueda inhibir el
funcionamiento de cualquiera de los órganos establecidos en virtud de la presente
Convención. Se considerará que una reserva es incompatible o inhibitoria si, por lo
menos, las dos terceras partes de los Estados partes en la Convención formulan
objeciones a la misma.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para ello una
notificación al Secretario General. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su
Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
Toda controversia entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o a la
aplicación de la presente Convención, que no se resuelva mediante negociaciones o
mediante los procedimientos que se establecen expresamente en ella, será sometida a la
decisión de la Corte Internacional de Justicia a instancia de cualquiera de las partes en la
controversia, a menos que éstas convengan en otro modo de solucionarla.
1. Todo Estado parte podrá formular en cualquier tiempo una demanda de revisión de la
presente Convención por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General de
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medidas que deban
tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal demanda.
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en los artículos 17
y 18;
b) La fecha en que entre en vigor la presente Convención, conforme a lo dispuesto en el
artículo 19;
1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositada en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de la
presente Convención a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las categorías
mencionadas en el párrafo 1 del artículo 17 supra.
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 artículo 2
 artículo 10
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17

artículo 19
 artículo 17