Source: http://www.domingorondina.com.ar/software-libre/
Timestamp: 2018-04-26 05:42:54+00:00

Document:
SOFTWARE LIBRE | Domingo Rondina
Inicio 2015 SOFTWARE LIBRE
EL PROBLEMA DE LA FALTA DE REGLAMENTACIÓN LEGAL
Cuando escribimos sobre inconstitucionalidad por omisión explicamos el problema de la falta de reglamentación del legislador respecto a preceptos constitucionales que requieren desarrollo legal.
Pero también es un grave problema, mucho más frecuente, el de la falta de reglamentación del ejecutivo respecto a una ley que necesita desarrollo para su puesta en marcha.
En Santa Fe se dictó una ley tremendamente innovadora como es la 13139 de software libre.
Sin embargo, vencidos incluso los plazos que la misma ley imponía, el gobernador no la reglamentó.
Eso llevó a que las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática inicien un trámite administrativo exigiendo el dictado del acto administrativo reglamentador, implementador.
Agotados los plazos administrativos, corresponde la acción judicial que puede ser tanto el amparo por mora para que el juez fije términos perentorios y sanciones al ejecutivo (tesis mayoritaria), como una acción de fondo por la cual el juez sustituya la voluntad del ejecutivo disponiendo lo necesario para la operatividad de la norma (tesitura nuestra, muy resistida en doctrina y jurisprudencia).
Compartimos el texto de la ley y luego el inicio del reclamo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 13139
ARTÍCULO 1.-Modifícase el artículo 1º del Título I de la ley 12360, quedando redactado de la siguiente forma:
“TÍTULO I – TERMINOLOGÍA
“Artículo 1.- A los efectos de la correcta interpretación y aplicación de la presente ley entiéndase por:
a) Programa o software, a cualquier secuencia de instrucciones usada por un dispositivo de procesamiento digital de datos para llevar a cabo una tarea específica o resolver un problema determinado.
c) Usuario, a aquella persona física o jurídica que emplea el software.
d) Código fuente o de origen, o programa fuente o de origen, al conjunto completo de instrucciones y archivos digitales originales, más todos los archivos digitales de soporte, como tablas de datos, imágenes, especificaciones, documentación y todo otro elemento que sea necesario para producir el programa ejecutable a partir de ellos.
e) Software Libre o Programa Libre: software licenciado por su autor de manera tal que se ofrezcan a sus usuarios, sin costo adicional, las siguientes libertades:
e.1) ejecución irrestricta del programa para cualquier propósito;
e.2) acceso irrestricto al código fuente o de origen respectivo;
e.3) inspección exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento del programa;
e.4) uso de los mecanismos internos y de cualquier porción arbitraria del programa para adaptarlo a las necesidades del usuario;
e.5) libertad de estudiar la manera en que el programa opera (incluyendo la realización de cualquier tipo de pruebas técnicas y la publicación de sus resultados) sin ninguna restricción y adaptarlo a las necesidades particulares del usuario;
e.6) confección y distribución pública de copias del programa;
e.7) modificación del programa y distribución libre, tanto de las alteraciones como del nuevo programa resultante, bajo las mismas condiciones de licenciamiento del programa original.
La libertad descripta en el apartado e.1) implica que la licencia del software no incluya ninguna restricción al número de usuarios que pueden ejecutarlo, número de equipos en que se puede instalar ni propósitos para el que se puede utilizar.
Para poder garantizar las libertades número e.3), e.4), e.5) y e.6), es necesario que los usuarios del software tengan acceso a su código fuente y que éste se encuentre en un formato abierto.
f) Software Privativo o Programa Privativo: es todo software que no es libre, es decir, aquel cuyo autor no está dispuesto a licenciar otorgando a los usuarios todas las libertades enunciadas en el apartado e”.
g) Formato Abierto: Cualquier modo de codificación de información digital que satisfaga las siguientes condiciones:
Su documentación técnica completa esté disponible públicamente;
exista al menos un programa de Software Libre que permita almacenar, presentar, transmitir, recibir y editar cualquier información representada en él;
no existan restricciones técnicas, legales o económicas para la confección de programas que almacenen, transmitan, reciban o accedan a datos codificados de esta manera.”
ARTÍCULO 2.- Modifícanse y sustitúyanse los títulos II, III, IV y V y sus respectivos artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la ley N°12360, y agréganse al título V, los artículos 10 y 11, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
“TÍTULO II – DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.- La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos de las políticas de incorporación y gestión progresiva de software, que garanticen la debida protección de la integridad, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad de la información y auditabilidad de su procesamiento en la Administración Provincial y el libre acceso ciudadano a la información pública ofrecida en formatos digitales.
Artículo 3.- Reglas generales. Son reglas de aplicación de esta ley las siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Descentralizados y las Empresas donde el Estado Provincial posea mayoría accionaria, deben implementar en sus computadoras de escritorio (PCs), computadoras portátiles (notebooks o laptops) y servidores (servers) Software Libre;
b) para ello deben exigir a proveedores el suministro de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y servidores sin ningún tipo de software previamente instalado en los mencionados equipos. En su defecto, el software instalado debe ser Software Libre;
c) la exigencia de implementar Software Libre comprende fundamentalmente al Sistema Operativo de los equipos informáticos, hasta llegar a cada uno de los diferentes tipos de programas a utilizar en los mismos;
d) el Gobierno de la Provincia debe obtener control efectivo sobre los sistemas de información y los datos de los que depende su funcionamiento, promover la igualdad de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y evitar a los mismos depender exclusivamente de proveedores únicos;
e) con el propósito de garantizar la transparencia, debe permitirse al público conocer las tecnologías que utiliza para su funcionamiento, salvo en aquellos casos en que hacerlo implicara riesgos para la seguridad del Estado Provincial;
f) el Estado Provincial debe utilizar sistemas de información que eviten el acceso a la misma por parte de personas no autorizadas, para garantizar la seguridad;
g) para ser considerado válido y ser utilizado por las distintas dependencias y organismos provinciales, no es suficiente con que un software sea adecuado para cumplir la labor técnica para la que fue diseñado sino que se debe considerar su esquema de licenciamiento a la luz de las libertades que ofrezca;
h) el Gobierno Provincial debe promover el desarrollo de la industria de software local, regional y nacional;
i) conforme esta ley tome vigencia, se debe instrumentar un plan integral de educación en los niveles primario, secundario y universitario del ámbito público.
TÍTULO III – ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 4.- Estas disposiciones son de aplicación en todo el ámbito de la Administración Provincial, empresas donde el Estado Provincial tenga participación mayoritaria, organismos descentralizados, y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales deben emplear en sus sistemas y equipamientos de informática, programas libres.
TÍTULO IV – EXCEPCIONES
Artículo 5.- En caso de inexistencia o indisponibilidad de Software Libre que permita dar solución al requerimiento planteado, se podrá optar por su desarrollo o por la adaptación de Software Libre existente. En cualquier caso, la solución técnica resultante debe ser Software Libre en los términos definidos en el artículo 1 de esta ley.
Artículo 6.- Excepciones. Para el caso particular de software específico utilizado para el control de dispositivos, en caso de no existir programas de Software Libre adecuados para una determinada labor, la dependencia u organismo provincial que se encontrara en esta situación podrá optar por las siguientes alternativas, con el orden de prioridades sucesivo:
a) Se seleccionará en primer término a los programas que cumplan con todos los criterios enunciados en el Art.1 inciso e), que sean adecuados en cuanto a funcionalidad, alcance, desempeño, diseño de datos, prolijidad del desarrollo y documentación; excepto por la facultad de distribución del programa modificado. En este único caso, el permiso de excepción podrá ser definitivo, y;
b) si no se encontraren productos de estas condiciones, se podrá optar por programas “no libres”, pero el permiso de excepción otorgado por la Autoridad de Aplicación caducará automáticamente a los dos años de emitido, debiendo ser renovado previa constatación que no exista disponible en el mercado una solución de Software Libre satisfactoria.
Artículo 7.- Previo a expedir un permiso de excepción, la Autoridad de Aplicación debe realizar una consulta técnica pertinente, priorizando a las Universidades Nacionales con sede en la Provincia, acerca del estado del arte, la disponibilidad de Software Libre y la existencia de desarrollos que pudieran realizar la tarea u operación requerida a juicio del Gobierno de la Provincia. Esta consulta se puede complementar con otras a instituciones públicas o privadas, expertos o profesionales independientes que entiendan en la temática.
Artículo 8.- Publicidad de las excepciones. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley debe publicar en los medios que determine la reglamentación, la fundamentación e información completa sobre todas las autorizaciones que emita para el uso de software privativo. Cada una debe estar acompañada por una detallada descripción de la evaluación realizada, las razones para autorizar el uso de software privativo (incluyendo pruebas de desempeño de Software Libre relacionado, si lo utilizaran) y los requisitos mínimos que una alternativa libre debería cumplir para ser empleada.
Artículo 9.- Informe de riesgos. Si cualquier dependencia u organismo provincial fuera autorizado en forma excepcional para adquirir o utilizar programas o software “no libres” para almacenar o procesar datos cuya reserva sea necesario preservar, fueren confidenciales, críticos o vitales para el desempeño de la administración provincial, la Autoridad de Aplicación debe publicar, por los medios que determine la reglamentación, un informe donde se expliquen los riesgos asociados con el uso de software de dichas características para esa aplicación en particular.
TÍTULO V – REQUERIMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SOFTWARE POR PARTE DEL ESTADO PROVINCIAL
Artículo 10.- Los requerimientos de software de la administración deben ser publicados mediante los mecanismos habituales de publicidad para las compras que efectúa la Provincia.
Artículo 11.- Publicidad de las contrataciones. Las resoluciones de adjudicación relacionadas con las contrataciones de software deben ser publicadas, incluyendo expresamente los fundamentos de las mismas, en los sitios oficiales de acceso telemático público.
Solamente aquellas compras o contrataciones que sean resueltas por las dependencias del Sector Público Provincial con base en razones de seguridad, quedan exceptuadas de la obligación de dar a publicidad la resolución de adjudicación y la correspondiente fundamentación.”
ARTÍCULO 3.- Incorpóranse a la ley 12360 los TÍTULO VI – DERECHOS; TÍTULO VII – SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS; TÍTULO VIII – CONVENIOS; TÍTULO IX – RESPONSABILIDADES, TÍTULO X – DISPOSICIONES TRANSITORIAS, Y XI – AUTORIDAD DE APLICACIÓN, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
“TÍTULO VI – DERECHOS
Artículo 12.- Derechos del licenciatario. Todo contrato de licencia de software en que las entidades comprendidas en el artículo 4º sean parte licenciataria otorgará los siguientes derechos, sin que para ello se requiera autorización del titular de los derechos de autor:
a) reproducir total o parcialmente el software por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya sea permanente o transitoria, traducirlo, adaptarlo, arreglarlo y producir cualquier otra transformación cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad, incluida la corrección de errores. También realizar copias de salvaguarda del software en número razonable, consistente con las políticas de seguridad de la entidad licenciataria;
b) observar, estudiar o verificar su funcionamiento con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del mismo;
c) reproducir el código y traducir su forma, cuando ello sea indispensable para obtener la información necesaria que permita la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
c.1) que tales actos sean realizados por el licenciatario, por una persona debidamente autorizada en su nombre o por cualquier otra facultada para utilizar una copia del programa;
c.2) que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en el apartado 1; y,
c.3) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad;
d) ceder totalmente los derechos sobre el software a cualquier otra entidad de las mencionadas en el artículo 4, o entidades sin fines de lucro. Es nula cualquier disposición contractual en contrario.
Artículo 13.- Interoperabilidad. En todos los casos se debe garantizar la accesibilidad de los archivos y bases de datos involucrados independientemente del sistema utilizado, los que de ningún modo pueden estar sujetos a la utilización exclusiva de determinado software para su consulta o procesamiento.
TÍTULO VII – SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS
Artículo 14.- Cuando la realización de un trámite ante las dependencias del artículo 4, o la prestación de servicios al público por parte de éstas, requieran o permitan el empleo de medios informatizados:
a) los accesos telemáticos no deben exigir el empleo por parte del público de programas de proveedores determinados, siendo condición suficiente que los mismos se ciñan a los estándares abiertos que en el caso correspondan, y;
b) en el caso en que el trámite se realice o el servicio se preste a través del uso de un programa distribuido por alguna de las dependencias mencionadas, éste no debe exigir como requisito previo para su funcionamiento el empleo de software de proveedores determinados.
TÍTULO VIII – CONVENIOS
Artículo 15.- Se faculta al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con las Universidades Nacionales con sede en el territorio de la provincia de Santa Fe a los fines de:
a) solicitarle asesoramiento y la implementación del Plan Integral de Migración a Software Libre, y;
b) capacitar al personal de la administración provincial para operar el nuevo software.
TÍTULO IX- RESPONSABILIDADES
Artículo 16.- La máxima autoridad administrativa, junto con la máxima autoridad técnica informática de cada dependencia u organismo provincial comprendido en los alcances del artículo 4, son solidariamente responsables por el cumplimiento de esta ley.
TÍTULO X – DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 17.- Plazos de Transición. Las entidades enumeradas en el artículo 4 tienen un plazo de 180 días a partir de la reglamentación de la presente, para realizar un inventario de todos los implementos informáticos que requieran para su funcionamiento.
Sin perjuicio de lo que establezca el plan de migración, las entidades enumeradas en el artículo 4 pueden continuar utilizando el software privativo que hayan adquirido antes de la entrada en vigencia de la misma, sin necesidad de obtener permisos de excepción, por un plazo de 4 años. Al término de este período, dejarán de ejecutar cualquier clase de software privativo para el que no hayan obtenido previamente la autorización correspondiente.
En el lapso de 6 años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Autoridad de Aplicación puede otorgar permisos de excepción para utilizar programas privativos aún cuando existan alternativas libres en aquellos casos en los que el cambio se vea acompañado de costos significativos. Estos caducarán automáticamente al cabo de este período, a partir del cual no podrán continuar utilizando software privativo para el que existan alternativas libres.
Artículo 18.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar en un plazo de 90 días las condiciones, tiempo y forma en que se efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga las condiciones de la presente ley y orientará en tal sentido, las licitaciones y contrataciones futuras de programas de computación realizadas a cualquier título.
TÍTULO XI – AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 19.- El Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado es la autoridad de aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 4.- Incorpórase como artículo 9 bis a la ley 12360 el siguiente texto:
“Artículo 9 bis.- Laboratorio de Software Libre. Créase en el ámbito de la Autoridad de Aplicación el Laboratorio de Software Libre en el cual deben investigarse productos en base a los requerimientos de la gestión pudiendo para ello realizar convenios con Universidades, empresas y otros actores involucrados en la problemática”.
ARTÍCULO 5.- Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar e implementar gradualmente la presente ley, efectuando para ello las asignaciones presupuestarias que correspondan, en tanto y en cuanto se contemple la situación de no lesionar derechos adquiridos a proveedores de software propietario.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. .
RICARDO PAULICHENCO
SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 10 NOV 2010
SOLICITA SE REGLAMENTE LEY PROVINCIAL 13139
S3000DEE
Francisco Guillermo Latosinski, argentino, mayor de edad, DNI N° 295293119, en mi condición de Presidente de la Asociación Civil TramaTierra, Biocolectivo por la Sustentabilidad, con personería jurídica Nº 723/11, con domicilio en calle P. Luis Dusso 5232, y constituyendo domicilio a los efectos de la presente actuación administrativa en calle Francia 3352, ciudad de Santa Fe, con el patrocinio letrado de Domingo Rondina, abogado, con fianza vigente para el ejercicio de la profesión, respetuosamente digo:
I)PERSONERÍA
Que comparezco ante el Excelentísimo Gobernador de la Provincia de Santa Fe en mi carácter de PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN CIVIL TRAMATIERRA BIOCOLECTIVO POR LA SUSTENTABILIDAD, con domicilio en calle P. Luis Dusso 5232 de la ciudad de Santa Fe.
Acredito ello con la copia del acta de designación de autoridades, así como de los estatutos constitutivos de los que surge mi capacidad para la presente.
TRAMATIERRA es una organización no gubernamental que tiene como objetivo la construcción de sociedades sustentables y la promoción de modelos alternativos de gestión pública y privada, para lo que realiza diferentes acciones en el ámbito estatal en sus diversos niveles, como así también en las agendas de organizaciones y movimientos sociales, con el fin de instalar debates amplios y democráticos.
II)OBJETO
En el carácter invocado vengo a solicitarle al Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, la pronta reglamentación de la Ley Provincial 13139, que modifica de manera integral la Ley Provincial 12360, denominada vulgarmente como “de software libre”, ya que a casi cuatro años de su sanción por la Legislatura de Santa Fe sigue sin estar operativa en todos sus aspectos al requerir muchos de ellos de la pertinente reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que al día de hoy no se ha hecho.
III) SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEY PROVINCIAL 13139, MODIFICATORIA DE LA LEY 12360.
No escapa al Excelentísimo Gobernador de la Provincia que las leyes, cuando no establecen un plazo, entran en vigencia a partir de los ocho (8) días desde su publicación en el Boletín Oficial (art. 2 CC).
La ley 13139 fue sancionada de manera definitiva por la Legislatura el día 14 de octubre del 2010, modificando íntegramente la ley 12360 y otorgándole un nuevo espíritu mucho más amplio y acorde a los tiempos que corren, y no fue objeto de observaciones por parte del Poder Ejecutivo, publicándose en el Boletín Oficial un mes después, el día 23 de noviembre del 2010.
La norma, operativa en algunos de sus aspectos, se ve afectada ya que el legislador ha entendido que era necesario por las especiales circunstancias que contempla, dejar en manos del Poder Ejecutivo algunos otros aspectos, debiendo entonces éste reglamentar algunos de sus artículos para que efectivamente puedan cumplirse.
De su atenta lectura se desprende cuál es el espíritu de la ley: la misma apunta a una migración integral, aunque progresiva, por parte del Estado (sus tres poderes, sus entidades autárquicas, organismos descentralizados y empresas estatales o donde el Estado tenga mayoría accionaria), hacia la utilización de software libre; apunta también a la promoción por parte del Estado Provincial de la industria del software libre. En palabras del entonces legislador provincial Pablo Javkin, autor del proyecto, “El espíritu de esta ley consiste en la implementación de políticas de incorporación y gestión de software que garantice soberanía, seguridad de datos, desarrollo de la industria local y el libre acceso ciudadano a la información pública ofrecida en formatos digitales”.
En este sentido, la aplicación parcial de la ley atenta contra su espíritu, transformándola en un mero catálogo de buenas intenciones y algunas disposiciones aisladas respecto a la utilización de software libre que lejos está de cumplir sus objetivos.
La forma de gobierno republicana exige, con su sistema de frenos y contrapesos, la distribución de las competencias estatales en diferentes poderes porque entiende que así cada uno desempeña con mayor eficacia su función y a la vez sirve de límite a los otros, pero que bien entendido el concepto no implica una segregación de poderes dentro del propio Estado, que es uno, y por lo tanto exige colaboración por parte de los tres poderes para lograr el bien común y el bienestar general, entre otros valores. Por ello es que muchas veces el legislador entiende que es preciso dejar en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de ciertos aspectos de las leyes, por ser éste quien se encuentra en mejores condiciones de establecer los parámetros para, precisamente, su ejecución, pero no significa ello que de esta forma se le otorgue carta blanca al Poder Ejecutivo para disponer discrecionalmente respecto a cuales artículos se van a aplicar y cuales no. No al menos a través del mecanismo de la falta de reglamentación, pues para eso el Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta del veto.
Entendemos que no es ésta –la inoperatividad de varios artículos de la ley- la intención del Poder Ejecutivo de la Provincia, ya que a su turno no utilizó la herramienta del veto y, más aún, anunciaba con beneplácito en diversos medios de comunicación el importante paso que era para la Provincia de Santa Fe la implementación de una ley de este tenor, convirtiéndola en pionera en el país en esta materia.
La sanción de esta ley es fruto de la labor conjunta de organizaciones civiles, profesionales de la informática, estudiantes de carreras afines y legisladores. Existió pluralidad en el debate, tanto que el proyecto es presentado por un diputado del oficialismo y uno de la oposición de manera conjunta. Esperamos que no sea el Poder Ejecutivo quien deje trunco este proyecto del consenso, justamente lo que tanto se pregona hoy pero pocas veces se practica.
IV)ARTICULADO SIN REGLAMENTAR
Los artículos que aún requieren de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo son de vital importancia para el logro del objetivo planteado por la misma ley 13139 en su artículo 2, modificatorio del artículo 2 de la ley 12360, más aún porque además se establecen plazos para el cumplimiento de objetivos por parte del Estado Provincial en esta materia y están próximos a cumplirse. Los artículos que entendemos prioritarios a reglamentar son los siguientes:
* Artículos 7, 8 y 9 texto según ley 13139, referido a la publicidad que debe darse a los actos que autorizan excepciones para la utilización de software “no libre” o “privativo”.
* Artículo 11 texto según ley 13139, referido a la publicidad en los sitios oficiales de la Provincia, de las resoluciones de adjudicación y contrataciones de software.
* Artículo 17 texto según ley 13139, de trascendental importancia ya que dispone que a partir de la reglamentación, las entidades del artículo 4 (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Descentralizados y Empresas del Estado y con participación estatal mayoritaria), tienen un plazo de 180 días para realizar inventario de todos los implementos informáticos que requieran para su funcionamiento. En el mismo plazo debe la autoridad de aplicación (Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado), presentar un plan ordenado de migración hacia los sistemas de software libre, que debe ser aprobado por la Legislatura de la Provincia.
* Artículo 9 bis texto según ley 13139, sobre la creación bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado del Laboratorio de Software Libre.
Todo esto sin perjuicio que el mismo artículo 18 texto según ley 13139 ordenaba al Poder Ejecutivo la reglamentación en un plazo de noventa (90) días por lo cuál ya se encuentra en mora.
V)EL COMPROMISO QUE TOMÓ LA PROVINCIA Y NO ESTÁ CUMPLIENDO.
A su turno la Provincia de Santa Fe suscribió el Acuerdo Federal para la Gestión Pública” y el “Compromiso Federal de Objetivos y Metas de Gestión Pública: 2010-2016: Hacia el Estado del Bicentenario de la Nación Argentina”. En dichos instrumentos se compromete la provincia a tomar medidas del tenor de la ley que felizmente se sancionó pero decepcionantemente no se encuentra aún reglamentada. Entre estos instrumentos, es contundente el Compromiso Federal de Metas y Objetivos que explícitamente sentencia en su Compromiso de Acción 8, el “promover, de acuerdo a los principios establecidos en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y el Modelo Iberoamericano de Software Público para el Gobierno Electrónico, la utilización de software libre, software público y estándares abiertos”. Si bien este incumplimiento no acarrea consecuencias jurídicas, es notorio, de seguir la situación actual, que otra vez nos encontramos frente a las promesas políticas que esperanzan un cambio positivo pero que terminan siendo una máscara publicitada mediáticamente sólo para el beneficio electoral.
VI)BREVE CONSIDERACIÓN FINAL
Desde la Asociación Civil TramaTierra venimos llevando adelante acciones positivas en pos de la implementación efectiva y total de la ley provincial 13139. Siempre tuvimos una postura propositiva y es el camino que pretendemos seguir recorriendo para lograr los objetivos que nos llevaron a conformarnos como Asociación Civil que pretende modificar estándares de vida impuestos, hacia otros más sustentables y accesibles, todo en favor de una nueva sociedad más abierta, participativa y solidaria. Grandes expectativas y militancia en el mejor sentido de la palabra hemos puesto en la implementación de esta ley. Un trabajo que ya lleva varios años y que deseamos no se vean truncado. Lamentablemente no vemos por parte del Ejecutivo Provincial la respuesta que todos los que participamos en la elaboración de la norma en cuestión estamos esperando, lo que nos lleva a pensar que todo fue una pantomima, un discurso vacío de voluntad. Estamos convencidos, o queremos estar convencidos, que por cuestiones que escapan a la voluntad del Excelentísimo Gobernador de Santa Fe es que nos encontramos en esta situación de no reglamentación e imposibilidad de llevar adelante la aplicación integral de la ley.
Desde TramaTierra vamos a seguir trabajando para que la implementación plena de la norma sea una realidad, vamos a seguir con las charlas y seminarios defendiendo la norma y su proceso de elaboración, pero lamentablemente estamos obligados a manejarnos con la mayor sinceridad posible con las personas que pusieron las mismas expectativas que nosotros en esta ley, e informarles que es el Poder Ejecutivo quien obstaculiza por omisión su implementación. No se tome esto como una amenaza, pues en ningún momento es nuestro modo de transcurrir, sino como el cumplimiento del deber que tenemos como promotores de los nuevos paradigmas sociales, pues así como hemos celebrado y felicitado a las autoridades cuando la sanción de la ley, debemos también hacer llegar nuestro malestar por la situación actual.
Atentos a la situación anteriormente planteada, desde ya que de seguir con la situación actual de no reglamentación, pone en riesgo de nulidad todos los contratos que a futuro celebre el Estado Provincial referidos a la temática que la Ley provincial 13139 regula, por su ilicitud.
También, la falta de reglamentación, mantiene vigentes esquemas totalmente injustificados de apropiación económica en contra de los intereses del Estado provincial y de los ciudadanos santafesinos.
De seguir así la situación, desde nuestra parte nos veremos también obligados a iniciar todas las acciones judiciales necesarias tendientes a lograr la reglamentación.
En particular reservamos derechos y acciones para promover formal acción de amparo por mora en el cumplimiento de la obligación reglamentaria del Poder Ejecutivo Provincial.
4.1 Se me tenga por presentado y domiciliado.
4.2 Se arbitren las actuaciones administrativas correspondientes a los fines de reglamentar la ley provincial 13139.
4.3 Se imprima al trámite el carácter de urgente, ya que los plazos que la misma ley contempla se encuentran al acaecer.
4.4 Se tengan presentes las reservas formuladas.
Resuelva como se pide

References: ARTÍCULO 1
 artículo 1

ARTÍCULO 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 1

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 resolución 

ARTÍCULO 3

Artículo 12
 artículo 4
 artículo 4
in fine

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 4

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 4

Artículo 17
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 18

Artículo 19

ARTÍCULO 4
 artículo 9

ARTÍCULO 5
 artículo 2
 artículo 2
 Artículo 11
 Artículo 17
 artículo 4
 Artículo 9
 artículo 18