Source: http://penal.carpioabogados.com/index.php/es/derecho-procesal-penal/etapa-preparatoria/actos-de-investigacion
Timestamp: 2018-01-16 19:24:46+00:00

Document:
ACTOS DE INVESTIGACIÓN	(4)
IMPROCEDENCIA DEL CAREO DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, SALVO QUE SE TRATE DE UNA PRUEBA ANTICIPADA
Published in ACTOS DE INVESTIGACIÓN
Miércoles, 29 Julio 2015 03:08
“1.- Con relación a la diligencia de careo, solicitada por el abogado defensor de la imputada Norma Pinedo Vargas, al respecto debe indicarse que según lo prescrito en el artículo 183, inciso 1 y 2 del CPP, es el juez el que conduce la diligencia de careo, lo que nos hace concluir que esta diligencia debe actuarse en juicio oral, o en todo caso durante la investigación preparatoria, pero únicamente como una prueba anticipada, debiendo por ende, reunir los requisitos que la ley establece para su actuación, esto es, de conformidad con lo prescrito en el artículo 243 del CPP que su solicitud sea presentada ante el juez de investigación preparatoria y sobre todo que obedezca a motivos de urgencia o de presencia de algún motivo fundado a considerar que pudiera impedir que dicho medio de prueba no podría hacerse en la etapa del juicio oral (artículo 242 primer párrafo, literal b). Siendo esto así, la solicitud peticionada en este extremo debe declararse IMPROCEDENTE”. CASO: 69-2011
Fiscal a cargo: Dr. Luis A. Tisnado Solís
PROVIDENCIA N° 03-2011-FPEDTID-ST-MP-FN
Tarapoto, nueve de septiembre de dos mil once.-
DADO CUENTA, con la presente investigación, y con el escrito que antecede presentado por la abogada AURISTELA GONZÁLEZ ILLATOPA, AGRÉGUESE A LA PRESENTE CARPETA FISCAL:
1.- Con relación a la diligencia de de careo, solicitada por el abogado defensor de la imputada NORMA PINEDO VARGAS, al respecto debe indicarse que según lo prescrito en el artículo 183, inciso 1 y 2 del CPP, es el juez el que conduce la diligencia de careo, lo que nos hace concluir que esta diligencia debe actuarse en juicio oral, o en todo caso durante la investigación preparatoria, pero únicamente como una prueba anticipada, debiendo por ende, reunir los requisitos que la ley establece para su actuación, esto es, de conformidad con lo prescrito en el artículo 243 del CPP que su solicitud sea presentada ante el Juez de Investigación Preparatoria y sobre todo que obedezca a motivos de urgencia o de presencia de algún motivo fundado a considerar que pudiera impedir que dicho medio de prueba no podría hacerse en la etapa del juicio oral (artículo 242 Primer Párrafo, literal b). Siendo esto así, la solicitud peticionada en este extremo debe declararse IMPROCEDENTE.
2.-Asimismo, de acuerdo a lo que fluye de la carpeta fiscal, y teniendo en consideración el derecho irrestricto del derecho a la defensa que tiene toda persona, la misma que se encuentra consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del NCPP, recepcionese la declaración del imputado RONALD RUIZ PINEDO, la misma que se llevará a cabo en el Establecimiento Penal de Moyobamba el día doce de octubre del presente año, a horas 11 a.m., con presencia obligatoria de su abogado defensor, bajo apercibimiento de ser excluido de la defensa y nombrársele abogado de la Defensoría Pública, y al escrito de la abogada de fecha 7 de septiembre de 2011, solicitando ampliación de declaración testimonial, estese a lo resuelto en la presente providencia.
3.- Respecto al pedido de ampliación de la declaración testimonial del efectivo Policial SO3 Ángel Gabriel Narváez León, esta fiscalía considera que no ha existido grave defecto en su actuación ni mucho menos se ha incorporado nuevos elementos de convicción en la presente investigación preparatoria, siendo esto así, la solicitud peticionada en este extremo debe declararse IMPROCEDENTE.
Primer Otrosí Digo: Notifiquese vía electrónica a la abogada Auristela Gonzalez Yllatopa, abogada defensora de la coimputada Norma Pinedo Vargas la presente disposición. Segundo Otrosí Digo:
Teniendo el imputado RONALD RUIZ PINEDO la condición de interno, reo en cárcel, se deberá notificar en el establecimiento penitenciario de Moyobamba, asimismo al no contar con abogado particular, solicito se oficie a la defensoría de oficio.
Tarapoto, 9 de septiembre de 2011
* Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Sede Tarapoto
IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL POR FALTA DE UTILIDAD Y DE PERTINENCIA
Miércoles, 29 Julio 2015 03:07
“El abogado del imputado Juan Elías Frittizz Calderón ha solicitado se realice una ampliación de las declaraciones de Dina Sadit Morales Quiñones, Luis Alberto Vidal Heras y Ángel Ponce Simón para que declaren sobre el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades para realizar transferencias de dinero así como para que se esclarezca la fiscalización de la cuenta N° 0807-000144; y CONSIDERANDO: PRIMERO: De modo similar a como ocurre con las pruebas, los actos de investigación deben reunir ciertos requisitos para su admisión, los que han sido refreídos por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia del Exp. N° 6712-2005-HC/TC. Lima. Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana (de 17 días del mes de octubre de 2005) como 1) Pertinencia: Exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto del proceso. 2) Conducencia o idoneidad: El legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho; 3) Utilidad: Se presenta cuando contribuya a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. solo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar con él los hechos que pretenden ser probados por la parte; y, cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes; 4) Licitud: No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida; y 5) Preclusión o eventualidad: En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de medios probatorios, pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud probatoria; SEGUNDO: En el caso de las testimoniales objeto de pronunciamiento, se debe formular dos reparos; en primer lugar, que no se cumple con el requisito de utilidad, pues las declaraciones sobre el contenido de una Ley no son necesarias en razón a que lo dicho se puede lograr incluso en mejor medida con el acceso y lectura de la Ley; y, en segundo lugar, que no se cumple con el requisito de pertinencia, pues no está siendo objeto de investigación la fiscalización de la cuenta N° 0807-000144, sino la sustracción del dinero obrante en ella por parte de los investigados”.
AMPLÍA PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y OTROS
Código de Carpeta Fiscal N° 216-2012
Dado cuenta: Con el estado de la investigación preparatoria y estando a que del análisis de la carpeta fiscal se aprecia que todavía resultan necesarios actos dirigidos al pleno esclarecimiento de los hechos; SE DISPONE: AMPLIAR EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR SESENTA DÍAS ADICIONALES; ORDENÁNDOSE: 1) Recibir las declaraciones testi-
moniales de Marcial Valencia Valdiviezo, Silvestre Yupanqui Chacón, Leslie Carol Leal Rodríguez, Ángel Ponce Simón, quienes deberán concurrir a este despacho a las 08:00, 10:00, 12:00 y 14:00 horas del lunes 13 de mayo de 2013; a quienes se les informa que de acuerdo al numeral 1 del artículo 163 del CPP 2004: “Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna”; que el numeral 3 del artículo 337 del mismo cuerpo normativo prescribe que: “El fiscal puede: a) Disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están obligados a comparecer ante la Fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injustificada determinará su conducción compulsiva”; siendo que el numeral 1 del artículo 66 establece: “En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional”; no solo ello, sino que el Código Penal prescribe en su artículo 371 que: “El testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas” además de considerar como delito en su artículo 368 el hecho de no obedecer el mandato emitido por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones; POR LO
QUE LA CITACIÓN SE DEBE HACER BAJO APERCIBIMIENTO DE SU CONDUCCIÓN COMPULSIVA y de INICIAR PERSECUCIÓN PENAL EN SU CONTRA en caso de no acatar
el presente mandato fiscal; 2) Requerir al alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcoy o a quien ejerza sus funciones al momento de la notificación con la presente para que, en el plazo de 03 días hábiles, haga llegar a esta fiscalía especializada y por vía segura 2.1. Los originales de la documentación relacionada con la presente investigación –obtenciones de los talonarios, sustracción de dinero y vacaciones de los investigados Juan Elías Calderón Frittizz, Jeremíaz Almazán Henríquez y Dina Morales Quiñones e indagaciones administrativas que se hubieren realizado al respecto– que aún estuvieran en poder de la municipalidad que representa; 2.2. Autorización para que este Despacho solicite al Banco de la Nación remita a este despacho copias certificadas o fedateadas de las cartas de conformidad correspondientes a los Cheques N°s 47065336, 47065337, 47065338, 47065339, 47065340, 47065341, 47065343, 47065344, 47065345, 47065346, 47065347, 47065348, 47065349 y 47065350 de la cuenta N° 0807 000144, de sus correspondientes registros de transacciones y de las declaraciones juradas de actividad económica del cliente presentadas para el depósito de los cobros a favor de otras personas; así como del registro de firmas autorizadas de la mencionada cuenta; 3) Requerir al gerente, administrador o representante del Banco de la Nación - Sede Parcoy, o a quien ejerza sus funciones al momento de la notificación con la presente para que, en el plazo de 03 días hábiles, remita a esta fiscalía especializada el nombre y dirección de las personas que atendieron en la oficina del Banco de la Nación - Sede Parcoy los días 24 y 29 de febrero de 2012; 12 de marzo de 2012; 14, 16, 27 y 28 de abril de 2012; 2 y 7 de mayo de 2012 y que realizaron el pago de los Cheques N°s 47065336, 47065337, 47065338, 47065339, 47065340, 47065341, 47065343, 47065344, 47065345, 47065346, 47065347, 47065348, 47065349 y 47065350 de la cuenta N° 0807 000144; 4) Requerir al Director del Hospital Regional de La Libertad o a quien ejerza sus funciones al momento de la notificación con la presente para que, en el plazo de 03 días hábiles, remita a este despacho el informe del ecocardiograma y otras pruebas practicadas al paciente Juan Elías Calderón Frittizz (informándosele a los destinatarios de estos requerimientos –que han sido identificados con los numerales 2, 3 y 4– con tal finalidad que: El numeral 2 del artículo 322 del CPP 2004 prescribe: “Para la práctica de los actos de investigación (el Fiscal) puede requerir la colaboración de las autoridades y funcionarios públicos, quienes lo harán en el ámbito de sus respectivas competencias y cumplirán los requerimientos o pedidos de informes que se realicen conforme a la Ley”. Por su parte, el numeral 3 del artículo 337 del CPP 2004 esta-
blece: “3. El fiscal puede: (…) b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso”. Lo que debe concordarse con el artículo 368 del Código Penal, que señala: “El que desobedece o resiste la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido”; con el artículo 405 del Código Penal que estable como delito de encubrimiento real el ocultar pruebas de los delitos; por lo que el presente mandato fiscal se expide BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR ACCIONES LEGALES EN SU CONTRA en caso de hacerse caso omiso).-
OTROSÍ DIGO: El abogado del imputado Juan Elías Frittizz Calderón ha solicitado se realice una ampliación de las declaraciones de Dina Sadit Morales Quiñones, Luis Alberto Vidal Heras y Ángel Ponce Simón para que declaren sobre el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades para realizar transferencias de dinero así como para que se esclarezca la fiscalización de la Cuenta N° 0807-000144; y CONSIDERANDO: PRIMERO: De modo similar a como ocurre con las pruebas, los actos de investigación deben reunir ciertos requisitos para su admisión los que han
sido refreídos por el Tribunal Constitucional, por ejemplo en la Sentencia del Exp. N° 6712-2005HC/TC-Lima. Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana (de 17 días del mes de octubre de 2005) como 1) Pertinencia: Exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto del proceso. 2) Conducencia o idoneidad: El legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho;
3) Utilidad: Se presenta cuando contribuya a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. solo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar con él los hechos que pretenden ser probados por la parte; y, cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes; 4) Licitud: No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida; y 5) Preclusión o eventualidad: En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de medios probatorios, pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud probatoria; SEGUNDO: En el caso de las testimoniales objeto de pronunciamiento se debe formular dos reparos; en primer lugar, que no se cumple con el requisito de utilidad, pues las declaraciones sobre el contenido de una Ley no son necesarias en razón a que lo dicho se puede lograr incluso en mejor medida con el acceso y lectura de la Ley; y, en segundo lugar, que no se cumple con el requisito de pertinencia, pues no está siendo objeto de investigación la fiscalización de la Cuenta N° 0807-000144, sino la sustracción del dinero obrante en ella por parte de los investigados; POR LO QUE SE DECLARA: IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE DINA SADIT MORA-
LES QUIÑONES, LUIS ALBERTO VIDAL HERAS Y ÁNGEL PONCE SIMÓN.-
Trujillo, abril 19 de 2013
DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN PARA ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN
Miércoles, 29 Julio 2015 03:04
“Sexto: Determinación del objeto de prueba
Sobre este punto cabe señalar que el Ministerio Público, por prescripción de lo establecido por el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 60 del Código Procesal Penal, es el titular de la acción penal, correspondiéndole, por ende, la dirección de la investigación de un evento delictivo, disponiendo para ello la realización de diferentes actos de investigación a fin de reunir los diferentes medios de prueba, regidos, en todas las etapas procesales, por los principios de legalidad, utilidad, pertinencia y conducencia, rechazando aquellos que no se adecuen a dichas exigencias. En tal sentido, corresponde señalar que serán objeto de prueba en el presente caso los siguientes:
Determinar si el imputado JOSÉ LUIS ALFREDO CHIRINOS CHIRINOS en calidad de jefe de la ONP, es autor del delito de desobediencia a la autoridad. - Establecer si el investigado ha tenido pleno conocimiento de la orden impartida por el juez del Tercer Juzgado en lo Civil de Cajamarca, así como la posibilidad de cumplimiento de dicha orden.
Determinar la existencia o no de causas agravantes, eximentes o atenuantes de responsabilidad penal del investigado”.
Carpeta Fiscal : 1374-2011
Denunciado : José Luis Alfredo Chirinos Chirinos
Agraviado : El Estado - Poder Judicial
Delito : Desobediencia y Resistencia a la Autoridad
DISPOSICIÓN N° 02 DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Cajamarca, veintinueve de noviembre del dos mil once.-
Dado cuenta: En el presente caso, se emite disposición de Formalización de investigación prepa-
ratoria, en cumplimiento a lo ordenado por el superior jerárquico Dra. Deissy Lorena Villanueva Velezmoro, fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Cajamarca; en la investigación que se sigue contra José Luis Alfredo Chirinos Chirinos en calidad de Jefe de la Oficina de Normalización Provisional - ONP, por la presunta comisión del delito contra la administración Pública en su modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad, en agravio del Estado peruano representado por el procurador público del Poder Judicial.
Primero.- Imputación
Los hechos objeto de imputación consisten en que el investigado José Luis Alfredo Chirinos Chirinos en calidad de Jefe de la Oficina de Normalización Previsional, ha incumplido un mandato emitido por el órgano jurisdiccional en ejercicio de sus atribuciones, esto es, se ha negado a cumplir la orden emitida por el juez ejecutor del Tercer Juzgado Civil de Cajamarca, en el sentido que en su calidad de representante legal de ONP, expida a favor de don Roberto Quiroz Cruzado, la Resolución que reconozca el pago de la pensión mínima y abone las pensiones devengadas e intereses correspondientes, conforme a lo ordenado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria Corte
Suprema de Justicia de la República por resolución de fecha 26 de octubre del año 2010, y pese a tener conocimiento de la orden impartida, dolosamente ha incumplido con ello.
De las copias certificadas derivadas del Expediente N° 2006-0438-87-0601-JR-CI-03 remitidas por el juez del Tercer Juzgado Civil de Cajamarca, sobre acción contencioso-administrativa seguida por Roberto Quiroz Cruzado contra la Oficina de Normalización Previsional, se tiene que mediante Resolución número treinta de fecha diecinueve de julio del año dos mil once, dicho juzgado impuso a la demandada en la persona de su representante legal una multa equivalente a diez unidades de re-
ferencia procesal y ordenó “cumpla con expedir a favor del demandante la resolución que reconozca el pago de la pensión mínima y abone las pensiones devengadas a intereses; bajo apercibimiento de duplicarse la multa impuesta en caso de incumplimiento, sin perjuicio de remitirse copias del pre-
sente proceso a la fiscalía penal de turno de esta ciudad para la formalización de la denuncia penal correspondiente”. Es así que mediante Resolución número treinta y uno de fecha once de agosto del presente año, se resuelve “formar el cuaderno de multas y remitir a la Secretaría de Cobranzas de Multas de la Corte Superior de Justicia, asimismo se impone a la demandada Oficina de Normalización Previsional, en la persona de su representante legal, una multa equivalente a veinte unidades de referencia procesal”, y finalmente se dispone “remitir copias del proceso a la fiscalía de turno para la formalización de la denuncia penal”.
b. Sin embargo, la fiscalía a cargo de la investigación, al advertir que la orden contenida en el requerimiento emitida por el órgano jurisdiccional no era expresa y clara, sino genérica (sin precisar el tipo penal por el cual iba ser denunciado en caso de incumplimiento), así como bajo los principios de fragmentariedad y subsidiariedad, existe una vía menos gravosa para la solución de los hechos, en el sentido de que los mismos aún vienen siendo materia de conocimiento en el Tercer Juzgado Civil donde se han aplicado multas reiterativas, se dispuso el archivo; pronunciamiento que fue re-
vocado por el Superior Jerárquico por considerar que existe un mandato cierto y expreso emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y además existe evidencia manifiesta de que el mismo no ha sido cumplido por el emplazado, no obstante haber sido requerido judicialmente bajo apercibimiento de que el incumplimiento acarrearía la remisión de copias al Ministerio Público para la formalización de la denuncia penal y que el fundamento que subyace a los procesos contencioso administrativo y penal son distintos como distinta es la pretensión que se persigue en ambos, ya que no es posible que en el proceso contencioso-administrativo se dilucide si los hechos configuran o no el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Tercero: Elementos de convicción
Como elementos de convicción que sustentan la imputación y, por ende, la presente disposición, lo constituye las copias certificadas el Expediente N° 2006-0438-87-0601-JR-CI-03 sobre acción contencioso-administrativa seguida por Roberto Quiroz Cruzado contra la Oficina de Normalización Previsional, en el cual obra la Resolución N° 30 por la cual se requiere al investigado cumpla con expedir a favor del demandante la resolución que reconozca el pago de la pensión mínima y abone las pensiones devengadas a intereses, que según el superior jerárquico acreditaría el conocimiento por parte del investigado de la orden impartida.
Cuarto: Calificación Jurídica
Los hechos cuya comisión se le atribuye al imputado José Luis Alfredo Chirinos Chirinos en calidad de Jefe de la ONP, se adecuan al delito contra la Administración Pública - violencia o resistencia a la autoridad en su modalidad de DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD previsto por el artículo
368 del Código Penal, que textualmente señala “El que desobedece o resiste a al orden legalmente impartida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de su pro-
pia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años (…)”. En este sentido, el tipo penal exige el agente desobedezca o resista una orden impartida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, por lo que al tratarse de un delito de acción negativa tiene que quedar claramente expresada; esto es debe acreditarse la existencia de una orden concreta y directa y expedida por un funcionario público en cumplimiento de sus
atribuciones, la misma que para que tenga efectividad debe haber sido debidamente notificada a su destinatario no solo en su domicilio procesal, sino especialmente en su domicilio real o legal a efectos de establecer la existencia del elemento subjetivo - DOLO; asimismo la orden debe llevar consigo una conminación previa expresada en una resolución judicial, en el caso concreto, el apercibimiento de ser denunciado por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento, solo así dicha orden podrá tener efectos penales exigidos por el tipo penal.
Quinto: Valoración
A criterio del superior jerárquico, con las copias certificadas del Expediente N° 2006-0438-87-0601-JRCI-03 remitidas por el juez del Tercer Juzgado Civil de Cajamarca, existen suficientes elementos de convicción que acreditarían la existencia del delito objeto de imputación y vincularían al investigado como presunto autor, sobre todo con la resolución N° 30 de fecha 19 de julio de 2011, mediante la cual se le impuso a la ONP una multa de diez(10) unidades de referencia procesal por no haber cumplido con el requerimiento, asimismo se le apercibe nuevamente con duplicarle la multa impuesta, así como con remitir copias certificadas al Ministerio Público en caso de incumplimiento; cumpliéndose de esta manera con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal atribuido.
Sexto: Determinación del objeto de prueba
Sobre este punto cabe señalar que el Ministerio Público, por prescripción de lo establecido por el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 60 del Código Procesal Penal, es el titular de la acción penal, correspondiéndole, por ende, la dirección de la investigación de un evento delictivo, disponiendo para ello la realización de diferentes actos de investigación a fin de reunir los diferentes medios de prueba, regidos, en todas las etapas procesales, por los principios de legalidad, utilidad, pertinencia y conducencia[48], rechazando aquellos que no se adecuen a dichas exigencias. En tal sentido, corresponde señalar que serán objeto de prueba en el presente caso los siguientes:
Determinar si el imputado José Luis Alfredo Chirinos Chirinos en calidad de jefe de la ONP, es autor del delito de desobediencia a la autoridad.
Establecer si el investigado ha tenido pleno conocimiento de la orden impartida por el juez del Tercer Juzgado en lo Civil de Cajamarca, así como la posibilidad de cumplimiento de dicha orden. - Determinar la existencia o no de causas agravantes, eximentes o atenuantes de responsabilidad penal del investigado.
Séptimo: Presupuestos de ejercicio de la acción penal
Conforme a lo prescrito por el artículo 336, inciso 1 del Código Procesal Penal, para el ejercicio
válido de la acción penal, a través de la formalización de la investigación preparatoria, el fiscal deberá verificar: a) Que aparezcan indicios reveladores de la existencia del delito: Que en el caso son los expuestos en el considerando “tercero” de la presente; b) Que la acción penal no haya prescrito: Que en el caso de autos no ha sucedido, por cuanto desde la fecha de ocurrencia del hecho delictivo hasta la actualidad no ha operado aún la prescripción ordinaria ni extraordinaria de la acción penal, conforme a lo previsto por el artículo 80 cuarto párrafo del Código Penal concordado con el artículo 83 último párrafo del mismo texto legal; c) Que se haya individualizado al imputado: en este caso es José Luis Alfredo Chirinos Chirinos en calidad de jefe de la ONP; d) Requisitos de procedibilidad: Que en el presente se han cumplido todos.
[48] Cabe señalar, que estos principios se concretan finalmente en lo prescrito por los artículos 155 y 352, inciso 5, literal b. del Código Procesal Penal.
El Cuarto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, a cargo de la presente investigación, con las atribuciones conferidas por los artículos 159 incisos 1, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 94, incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo N° 052; concordante con lo establecido en el artículo 336 y siguientes del Código Procesal Penal; DISPONE:
A.- FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y CONTINUAR contra JOSÉ LUIS ALFREDO CHIRINOS CHIRINOS en calidad de Jefe de la Oficina de Normalización Previsional, identificado con DNI N° 30849822, de 64 años de edad, nacido el 19 de marzo de 1947, casado, natural de Arequipa, con estudios superiores, sus padres Constantino y Antonieta, con domicilio legal en Av. Bolivia N° 144 piso 17 - Centro Cívico de Lima - Cercado de Lima; como presunto AUTOR del delito Contra la Administración Pública en la modalidad de desobediencia a la autoridad, previsto por el artículo 368 del Código Penal, en agravio del Estado, presentado por el Procurador Público del Poder Judicial.
B.- REALÍCESE los siguientes actos de investigación:
OFÍCIESE al Tercer Juzgado Especializado en lo Civil, para que remita copias certificadas de los cargos y/o constancias de notificación de la resolución N° 30 y 31 dirigidos tanto al domicilio procesal como al domicilio legal del investigado, en su calidad de Jefe de la ONP.
RECIBIR la declaración testimonial de Roberto Quiroz Cruzado el día 14 diciembre del 2011 a las 09:00 horas.
RECIBIR la declaración del investigado JOSÉ LUIS ALFREDO CHIRINOS CHIRINOS en calidad de Jefe de la ONP, el día 16 de diciembre del 2011 a las 10:00 horas.
Se recabe los antecedentes penales y judiciales que pudiera registrar el imputado.
Demás diligencias necesarias y pertinentes con relación a la presente investigación.
C.- PÓNGASE en conocimiento del juez de investigación preparatoria la formalización y continuación de la presente investigación conforme a lo previsto en el artículo 3 del Código Procesal
Penal en vigor, concordante con el inciso tercero del artículo trescientos treinta y seis del acotado.
D.- NOTIFÍQUESE la presente a las partes procesales, al imputado JOSÉ LUIS ALFREDO CHIRINOS CHIRINOS en calidad de Jefe de la ONP, tiene domicilio legal en Av. Bolivia N° 144 piso
17 –Centro Cívico de Lima– Cercado de Lima, asimismo ha señalado domicilio procesal en Casilla Judicial N° 135 de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, abogado defensor Dr. RICARDI MARTÍN LUPERDI GAMBOA; y, al agraviado Estado, representado por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, en su domicilio real sito en la Av. Petit Thouars N° 3943 - San Isidro, Lima y con correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y a la casilla electrónica Institucional Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. N° de casilla 640 o fax 2210020 y 2211059.
* Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca
Martes, 28 Julio 2015 22:31
. Formalización de investigación
La sentencia de la Casación N° 14-2010-La Libertad (cinco de julio de dos mil once) señala que la formalización de investigación no significa la determinación de la comisión del delito y/o responsabilidad penal del imputado “Cuando el imputado Sánchez Paredes realiza las observaciones al informe pericial oficial –el veinticinco de noviembre de dos mil nueve– y solicita se proceda conforme al artículo ciento ochenta del nuevo Código Procesal Penal, los plazos procesales ya habían terminado en exceso –luego de la ampliación respectiva el plazo se cumplió el veinticinco de octubre de dos mil nueve–, por lo que el fiscal –luego que reuniera los elementos indiciarios o elementos reveladores de la comisión del delito y la participación de Sánchez Paredes– dispuso formalizar la investigación preparatoria, que no significa la determinación de la comisión del delito y/o la responsabilidad penal del imputado, sino solo la existencia de indicios o sospecha de tales eventos, porque tal situación se determinará luego del desarrollo de la etapa de juzgamiento”.
La sentencia de la Casación N° 01-2011-Piura (ocho de marzo de dos
mil doce) señala, como doctrina jurisprudencial, que no es posible cuestionar judicialmente la disposición de formalización de investigación.
“ESTABLECIERON de conformidad con el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal, como doctrina jurisprudencial, que no es posible cuestionar la Disposición de Formulación y Continuación de la Investigación Preparatoria”.
Y, que no corresponde a la tutela de derechos el control sobre la valoración de los elementos de convicción que hace el fiscal –quien debe actuar con independencia de criterio y sujetándose a la Constitución y la Ley– para decidir la formalización de investigación preparatoria.
“Cuarto: Que, por tanto, si bien es cierto el inicio de la investigación preparatoria es decisión unilateral del Ministerio Público a través de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, conforme a lo establecido en el artículo trescientos treinta y seis del Código Procesal Penal, también lo es, que para dicho efecto debe actuar con independencia de criterio y sujetándose a la Constitución y la Ley (debida motivación de las resoluciones judiciales), lo cual se cumplió en el presente caso respecto a la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria en cuestión formulada contra Elmo Alejandro Carbajal Chong por el delito de lavado de activos en agravio del Estado (sustentada concretamente en que el veintisiete de diciembre de dos mil ocho adquirió la embarcación denominada ‘Esperanza en Cristo II’ por la cantidad de noventa mil dólares americanos, pese a que en un proceso penal por difamación en donde declaró en calidad de testigo, manifestó que se dedicaba a la labor de albañilería y por lo cual percibía mil nuevos soles mensuales, por tanto, sus ingresos no justificarían la capacidad económica para adquirir dicho bien inmueble); empero la Sala de Apelaciones consideró lo contrario, sustentando la revocatoria que se cuestiona, en que no se había merituado los documentos aportados por el imputado mediante el derecho de defensa y principio de contradicción que le asiste (ver considerando quinto de la resolución de vista de fecha dos de noviembre de dos mil diez, obrante a fojas cuarenta y ocho), efectuando así una labor de valoración de los elementos de convicción sobre su suficiencia y credibilidad, que no corresponde al acto procesal de tutela de derechos, sino a la etapa intermedia o sentencia”.

References: artículo 183
 artículo 243
 artículo 183
 artículo 243
 artículo 163
 artículo 337
 artículo 66
 artículo 371
 artículo 368
 artículo 322
 artículo 337
 artículo 368
 artículo 405
 artículo 159
 artículo 60
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo
368
 resolución 
 resolución 
 artículo 159
 artículo 60
 artículo 336
 artículo 80
 artículo 83
 artículo 94
 artículo 336
 artículo 368
 resolución 
 artículo 3
 resolución