Source: http://asociacionendefensadelserviciopublico.blogspot.com/2010/
Timestamp: 2017-05-29 22:39:17+00:00

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Asociación en defensa del Servicio Público: 2010
EL SÁBADO 22 DE ENERO A LAS 12 HORAS TODA ANDALUCÍA Tiene UNA CITA en SEVILLA MACRO-MANIFESTACIÓN EN SEVILLA CONTRA EL DECRETAZO DESDE EL PALACIO DE SAN TELMO HASTA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA PORQUE SEGUIMOS LUCHANDO, PORQUE ESTAMOS GANANDO, PORQUE TENEMOS LA RAZÓN Y PORQUE NO VAMOS A DEJAR ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD HISTÓRICA QUE ESTAMOS VIVIENDO: NO AL DECRETAZOCONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, NO A LAS AGENCIASCONTRA EL DESPILFARRO Y EL CLIENTELISMO CONTRA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VERTICAL POR UNA FUNCIÓN PÚBLICA QUE RECONOZCA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD EN EL INGRESO PARA TOD@S L@S ANDALUC@S Y LA INDEPENDENCIA DE L@S EMPLEAD@S PÚBLIC@S POR LA TRASNPARENCIA, LA CALIDAD Y LA HORIZONTALIDAD ¡¡¡ ALLÍ NOS VEMOS !!!
LOS DECRETOS SE CONGELAN!!! AHORA TENEMOS QUE CONSEGUIR QUE LA NUEVA LEY INCLUYA NUESTRAS PROPUESTAS Y LA GUERRA ESTARÁ GANADA.PRIMERA BATALLA SUPERADA.Noticia del PAIS: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/PSOE/congela/decreto/sector/publico/aprobar/ley/elpepuespand/20101211elpand_2/TesEl PSOE 'congela' el decreto del sector público hasta aprobar la leyEl grupo socialista quiere ampliar el acuerdo alcanzado con CC OO y UGT sobre la reordenación del sector público, cuya tramitación por decreto ley ha originado al Gobierno andaluz el mayor quebradero de cabeza de la legislatura, además de capear con la monumental crisis económica. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, se comprometió ayer en el Parlamento a "no tomar decisiones o acuerdos que puedan impedir un debate final y un diálogo sincero" sobre la tramitación como ley del decreto. Esto significa, en la práctica, que no se van a aprobar los estatutos de las 14 agencias públicas en las que se van a subsumir 111 entes instrumentales, hasta que se apruebe la ley, según informaron fuentes socialistas.La noticia en otros webswebs en españolen otros idiomasGriñán no lo dijo con tanta claridad en respuesta a una pregunta del portavoz de IU, Diego Valderas, aunque sí utilizó un tono grave y solemne al "garantizar como presidente" que no se iba a ir a una política de hechos consumados mientras dure el trámite de discusión parlamentaria. Tampoco podía decirlo muy claro para no dejar a los pies de los caballos a su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, a la que han pedido desde el primer momento que derogue la norma.Estaba previsto que los estatutos de las 14 agencias públicas, en los que se define la naturaleza de las mismas y un protocolo de integración laboral, iban a entrar en vigor el 1 de enero. Una vez que los socialistas andaluces han decidido rectificar su posición, ahora no quieren tomar ninguna decisión que mine su credibilidad. De ahí, que el decreto aunque esté en vigor va a estar en el congelador hasta febrero, fecha en la que está previsto aprobar la ley de reordenación del sector público.Griñán señaló además al portavoz del grupo parlamentario, Mario Jiménez, y al ponente socialista en la ley, José Caballos, como los interlocutores socialistas (en realidad los llamó "sujetos que van a interactuar con ustedes") en este "nuevo escenario político".El presidente justificó las prisas por aprobar el decreto el pasado mes de julio a que era un compromiso adquirido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque recordó que esta propuesta figuraba en su discurso de investidura. A la pregunta de Valderas si la propuesta de consenso era "de alcance limitado", Griñán aseguró la disposición de su partido a tener "las puertas abiertas al diálogo", por lo que aventuró que no "será difícil obtener acuerdos".Valderas aprovechó para afear los trompicones del Gobierno andaluz en este asunto, al que acusó de actuar "manu militari", con "prepotencia", "torpeza" y "miopía política". También alertó del "nivel de división interna" entre los trabajadores de la Junta. Pese a eso, quedó clara la predisposición de IU a llegar acuerdos con el PSOE. A la federación de izquierdas, le preocupa que los sindicatos mayoritarios como, sobre todo, CC OO y UGT pierdan representación en el sector público. De hecho, CC OO ha dejado de ser la organización sindical con más apoyo entre los docentes y ha sido desbancada por CSIF, en las recientes elecciones sindicales.
Arbitrariedad: receta fácil.Tómese un político; da lo mismo el color y signo político. Debe venir cargado de ideas, intenciones o empeño; da lo mismo si buenos o malos, si nuevos o manidos. Désele un cargo público; déjese asentar unos pocos días. Añádase una empresa pública y déjese macerar durante varias reuniones con el director de la misma. Todo lo urdido se envuelve en papel de BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) que contenga una encomienda de ejecución a la citada empresa y se deja tramitar un tiempo prudencial. Puede servirse sola o acompañada de más encomiendas.Es un plato sencillo y extremadamente versátil. Si se ha dejado que la ambigüedad impregne bien la temática de la encomienda, el político podrá pedir lo que le plazca y la empresa lo realizará con los medios y costes que mejor parezca. Una de las mayores virtudes de esta receta es prescindir casi completamente de los funcionarios y de sus molestos atavismos y su obscena adicción a la legalidad.Y cuando lleguen las famosas Agencias del Señor Griñán, será como cocinar en Thermomix, a toque de botón, sin mancharse un dedo y sin tener que limpiar después porque nadie estará mirando.Eso si, los ingredientes son caros, pero un político que ha dedicado su vida al servicio público se lo merece, ¿o no?
sobre el épico 27N
una compañera de la asociación se explica ante la prensa
Magnífico video de los y las compañeras de Torretriana en contra del acuerdo falaz de los sindicatos.La verdad es que me alegro por los compañeros trabajadores de lasempresas públicas, muchos de ellos precarios y con sueldos de risa.Lástima que el acuerdo no sea para mejorar sus condiciones laboralescosa que tendría que haber llegado hace mucho, sino para conseguirquitarse de en medio a CCOO y UGT que dejarán de movilizar en favor delos y las trabajadoras funcionarias....Vergonzoso pacto que deja en pie los elementos más lesivos del DL:Adscripción funcional forzosade funcionarios a las agenciasVaciado de funciones de la Administración en favor de las agenciasAdopción de un modelo gerencial, corto placista y economicista de priorización de objetivos en la administración.Aumento de la arbitrariedad del ejercicio del servicio públicoImposibilidad material de acceder a la función pública para los próximos 20 añosEndeudamiento masivo de la administración autonómicaNo hay trampa ni cartón, ahí tenéis el acuerdo de UGT, no os dejéis engañar, será voluntario renun ciar a la condición de funcionario, pero no que nos adscriban funcionalmente, con un jefe o jefa no funcionario/a con la imposición de objetivos electoralistas a corto plazo. Al que no lo adscriban funcionalmente será el próximo campeón mundial de SUDOKUs ya que perderá sus funciones.El acuerdo:Preacuerdo cª hy ap de ug tyccoo de reordenación del sector público andaluz
Pues si compañer@s, hoy jueves tenemos a nuestro querido presidente en un sarao en la UNIA a las 13.45 (más detalles AQUI) y ¿quién organiza el acto? pues el Real Instituto Elcano, una institución muy conocida por estar presidida por el exministro de defensa del PP Eduardo Serra, que además resulta ser presidente de otra Fundación que a algunos en la gran casa de la Junta de Andalucía quizá le suene por sus más que buenas relaciones con Griñan, Everis, consultora adjudicataria de numerosos contratos públicos.Y la cosa no queda aquí, estos señores suponemos vienen a contarle a Griñán aquello que más saben, a saber: cómo se hace una privatización en condiciones, tales como las que ellos ayudaron a implementar en la América Latina que las sufrió yacabó en cacerolazos. Aquello ocurrió en beneficio de lastodopoderosas multinacionales, algunas españolas que se hicieron con el botín. Ahí estaban el SCH del Botín que ahora dice que hay que recortar derechos al funcionariado..., Telefónica, BBVA.... toditas.Podéis contrastar esta información. A modo de muestra un botón, un informe publicado por el Instituto Elcano en el que desgranaba a las empresas españolas cómo aprovechar el multimillonario botín que había ayudado a forjar. DescargarPara los que no conozcan el proceso de privatización en América Latina, ese que acabó en cacerolazos en Argentina.... este artículo es revelador:
Aquí tod@s recogemos para la ciudadanía los efectos en el servicio público del nuevo modelo de gestión gerencial.Las primeras notas:- Tussam, desmontando líneas no rentables.- Las escuelas de nuestr@s hij@s a subasta.Más información en la pestaña "agencialización"
Situación de trámite de las Agencias el 23/10/2010 DescargarAgencias
Los británicos acaban de saber que medio millón de empleos públicos desaparecerán...http://www.elpais.com/articulo/internacional/Reino/Unido/desvela/mayor/ajuste/gasto/publico/II/Guerra/Mundial/elpepuint/20101020elpepuint_7/TesLA NOTICIA:Reino Unido desvela el mayor ajuste del gasto público desde la II Guerra MundialEl ministro británico de Economía, George Osborne, asegura que el objetivo es ahorrar 95.000 millones de euros y reducir el actual déficitWALTER OPPENHEIMER / Londres 20/10/2010 El canciller del Exchequer y responsable del Tesoro británico, el conservador George Osborne, ha desvelado hoy el mayor ajuste del gasto público en Reino Unido desde la II Guerra Mundial con el objetivo de ahorrar 83.000 millones de libras (95.000 millones de euros) y reducir el actual déficit público del 11% hasta el 3% a lo largo de la legislatura que empezó en mayo pasado.La enorme dimensión del ajuste -que la oposición considera que se debe más a las pulsiones ideológicas de los conservadores, siempre defensores de reducir el peso del Estado, que a una necesidad inevitable de acabar con el déficit a esa velocidad- se va a traducir en la pérdida de casi medio millón de empleos públicos, una reducción media del 19% en cuatro años en el gasto de los departamentos ministeriales, unos recortes adicionales de 7.000 millones de libras (8.000 millones de euros) de ayudas sociales y un adelanto en cuatro años sobre el calendario previsto en el retraso de la edad de jubilación de los varones, que pasará a ser los 66 años en lugar de los actuales 65 a partir de 2020.La coalición de conservadores y liberales-demócratas que gobierna Reino Unido desde las pasadas elecciones acordó ya un recorte de cerca de 7.000 millones del gasto público en el actual ejercicio fiscal. Los anuncios de hoy tienen por objetivo reducir el llamado "déficit estructural" del Estado, que se ha disparado como consecuencia de la crisis económica. Mientras los laboristas acudieron a las elecciones de mayo con el compromiso de reducir ese déficit a la mitad en cuatro años, los conservadores se escudaron en la crisis de Grecia para legitimar su posición de que era necesario reducir el déficit por completo para evitar una crisis de credibilidad como la padecida por Grecia, con consecuencias en Irlanda, Portugal y, en menor medida, España.Pero el ajuste no es gratuito. El canciller Osborne se ha esforzado hoy por subrayar que el paquete de ajuste se sustenta en tres vértices: reformas, justicia distributiva y crecimiento económico. Osborne aseguró que los ricos pagarán más que los pobres tanto en términos brutos como proporcionales, pero lo mismo dijo al presentar el primer ajuste para encontrarse 48 horas después con un análisis independiente que demostraba lo contrario.De entrada, el recorte en ayudas sociales y en servicios públicos hace pensar que serán de las clases medias para abajo las que paguen el ajuste, aunque el Gobierno ha garantizado que se mantendrán sin tocar algunas de las ayudas más tradicionales y populares, como el transporte gratuito y las ayudas para pagar la factura de la calefacción que reciben los jubilados.El Gobierno ha cumplido su compromiso de mantener el gasto en la atención sanitaria pública y en la educación primaria y secundaria, aunque las matrículas universitarias se van a liberalizar y se espera que el precio de esas tasas se dispare. Tanto el Ministerio de Justicia como el Home Office van a ver recortado su presupuesto en un 6% y la policía más concretamente en un 4% anual, lo que puede acabar afectando directamente a la presencia de policías en la calle, un tema de gran sensibilidad política.También son políticamente muy sensibles los recortes en el Estado de bienestar, como las reducciones de las ayudas a las familias anunciados ya días atrás o la imposición de límites al total de ayudas que pueden recibir las familias en las que nadie trabaja.De los grandes departamentos ministeriales, los más afectados serán el de Negocios e Innovación (del que dependen las universidades) y el de Comunidades y Gobierno Local (que gestiona las ayudas a la vivienda a través de los gobiernos municipales), que perderán un 7,1% anual cada uno de ellos.
Los compañeros y compañeras de Torre Triana han diseñado esta camiseta. Proponen llevarla un día por semana para que poco a poco veamos cómo somos muchos los que defendemos lo público. El fondo es negro!Otra propuesta apunta a lacitos verdes, más inócuos y nos permitirán llevarlos cada día.Camisetafinal
Les pagamos para que digan que tenemos que trabajar más por menos...Ceoe
Leemos la noticia relativa al gobierno del tradicional aliado del PP, UPN, en:http://www.noticiasdenavarra.com/2010/10/14/economia/el-plan-moderna-plantea-suprimir-el-caracter-vitalicio-de-los-funcionarios El Plan Moderna plantea suprimir el carácter vitalicio de los funcionarios esta pretensión contradice al estatuto básico de la función pública ELA cree que el plan es un nuevo paso para desmantelar el sector público Miguel Sanz y José Antonio Sarría, presidente de la CEN, dos de los impulsores del Plan Moderna. (JAVIER BERGASA) Pamplona. El Plan Moderna, aprobado por el Parlamento de Navarra, plantea suprimir el carácter vitalicio de los funcionarios. La propuesta, definida como una acción que debe ejecutarse a corto plazo, se encaja dentro de sus planteamientos para hacer más eficiente la Administración Pública, que se desea transformar en "un factor de competitividad y un ejemplo de productividad y eficacia". El sindicato ELA denunció ayer éste y otros puntos de cuantos componen una iniciativa que, según los firmantes (UPN, PSN, las dos universidades, la Confederación de Empresarios, UGT y CCOO), pretende transformar el modelo productivo de Navarra de aquí a 2030. "No es cierto que se pretenda esto, sino que se da otro paso en el desmantelamiento del sector público", explicó Mitxel Lakuntza, coordinador de ELA en Navarra, que confirmó que no habían sido invitados a participar en la elaboración del plan. La supresión del carácter vitalicio del puesto de los funcionarios -incluida en la página 15 del Plan de Acción de Moderna- forma parte de un paquete de medidas que incluye la "flexibilización del estatuto de empleado público" y el establecimiento "de un sistema de evaluación continua en función de los resultados". Del mismo modo, plantea fomentar la movilidad entre departamentos y desarrollar una carrera profesional que "tenga en cuenta los méritos y no la antigüedad". Se trata, en resumidas cuentas, de considerar a la Administración Pública "como una organización empresarial en sí misma, con un funcionamiento eficiente", se explica en el texto aprobado. Todo esto supone, según ELA, "un ataque a todas las personas trabajadoras de la Administración". Miguel Izu ya advertía en la Tribuna Abierta publicada el pasado 9 de octubre en este periódico de que la supresión del carácter vitalicio de los funcionarios escapa a las competencias de las que dispone Navarra. "Por encima de su legislación está la básica estatal que de momento garantiza la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera", explica Izu, doctor en Derecho, funcionario del Gobierno de Navarra y ex parlamentario foral por Izquierda Unida entre 2003 y 2007. "Esto es algo evidente, pero no sé si nadie se ha dado cuenta, porque ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra", añadía ayer en referencia al Boletín del 22 de septiembre. ELA, UGt y CCOO El sindicato ELA extendía ayer sus críticas al conjunto del plan, del que aseguró que tiene como objetivos "atacar los servicios públicos mediante el fomento del negocio y la iniciativa privada" y "aumentar el poder que determinados grupos empresariales tienen, incrementando su cota de gestión en todo lo que es el dinero que se detrae de lo público". "En un principio, lo único que se garantiza es el dinero público, algo que va a permitir que una fundación como esta vaya a gestionar en exclusividad cuestiones que deberían ser de gestión pública, como los créditos del ICO", expuso Lakuntza, que criticó también el papel que han jugado UGT y CCOO. "Han decidido ponerse al servicio de una estrategia neoliberal, de derechas. Van a ir de la mano con quienes están recortando los derechos sociales y laborales". CCOO, por su parte reprochó a ELA que practique "un sindicalismo sin propuesta y alejado de los intereses de los trabajadores". Por su parte, Lakuntza considera que el acuerdo pone de manifiesto la "alianza existente entre UPN y PSN, que deciden privatizar la acción pública y gestionar de forma compartida los próximos 20 años al servicio de los intereses de una elite empresarial". ELA recuerda asimismo que para desarrollar las actuaciones del plan se crea una fundación integrada por los impulsores del plan y mediante la que "trata de crear una organización paralela al poder político para gestionar dinero público, eludiendo controles, con el objetivo de acabar con el sector público mediante la privatización y chupando del bote". El coordinador de ELA en Navarra concluyó además que no se puede decir que el plan vaya a afrontar un cambio de modelo económico en Navarra cuando "cuestiones tan determinantes como el reparto de la riqueza, las políticas de empleo, el gasto social, o la fiscalidad ni se tocan". en
Quien pensara que no le tocaba.... aquí viene la siguiente tanda:Mas agenciasView more documents from Sergio Pascual.
Ayer nos lo contaba Público, en Andalucía haremos caja endeudando a las empresas públicas, un lindo truco que en poco tiempo permitirá justificar facilmente la necesidad de su privatización por las elevadísimas deudas que se apuntarán en sus balances que las harán insostenibles a largo plazoResulta esperpéntico escuchar a la titular de hacienda andaluza defender una política financiera que consiste en vender por fases el erario público, engañando por el camino a las entidades fiscalizadoras, hipotecando el patrimonio acumulado por todos los y las andaluzas en perjuicio de las generaciones venideras que tendrán que pagar un alquiler a un tercero por algo que hoy es suyo.Entre tanto se desdeñan plausibles propuestas como la recuperación de las Cajas de Ahorro Andaluzas, que junto con el ICO podrían prestar el servicio de financiación al pequeño y mediano empresario asfixiado por la banca privada y a la propia Administración autonómica.La noticia:Andalucía se vende edificios a sí misma para financiarsePrevé recaudar 950 millones vendiendo inmuebles a sus empresas públicasLos presupuestos de la Junta de Andalucía para 2011, que se aprobarán el 26 de octubre, sufrirán lo que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, definió ayer como "contracciones significativas". Contará con unos ingresos de 31.692,7 millones, 2.055,5 menos que este año, una caída del 6,1%.Podría ser aún peor, pero la consejera de Hacienda ha puesto en marcha un sistema para obtener dinero sin superar el máximo del 1,3% de déficit sobre el PIB autorizado por el Estado. En 2011 espera ingresar nada menos que 951,7 millones vendiéndose a sí misma parte de su gigantesco patrimonio inmobiliario. "Tenemos entre 80 y 90 edificios administrativos, con cerca de 400 millones de metros cuadrados, que podrían ser objeto del interés de los inversores", dice Aguayo. Pero los inversores no son otros que las propias empresas públicas del Gobierno andaluz, que comprarán los edificios a cambio del compromiso de que la Junta se mantendrá en ellos como inquilina durante un número de años determinado.En definitiva, es como obtener un crédito hipotecario que se irá pagando en cómodas letras mensuales pero sin ir al banco. Es decir, sin que esa cantidad compute como deuda financiera, por lo que no implica superar los límites al endeudamiento. Será pues la Junta la que se preste el dinero a sí misma a través de sus propias empresas.La consejera señaló a dos de estas compañías, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y la Empresa Pública de Gestión de Activos (Agesa), la gestora de los suelos y edificios propiedad del Estado en los que se celebró la Expo."Nuevos tiempos requieren nuevas formas de hacer presupuestos", señaló ayer Aguayo. Aunque reconoce que "se trata de un negocio jurídico", en el que el mismo propietario transfiere fondos de un libro a otro, asegura que es algo más que simple "ingeniería financiera, porque en la explotación existe una posibilidad de obtener ingresos por ese ente instrumental. Es una manera de rentabilizar nuestro patrimonio". Y eso, según la consejera, son "fórmulas novedosas" que se están desarrollando en Francia y Alemania.El Ministerio de Economía no quiso ayer valorar la iniciativa andaluza hasta saber más detalles. Tampoco lo hizo el Banco de España, aunque fue el propio gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien la semana pasada sugirió imponer un techo de gasto a las CCAA.
Dl52010Descárgatelo y reenvíalo
Crean una plataforma de sindicatos profesionales andaluces contra los recortes
NOTICIA DE PRENSA:Los recortes en materia económica que los gobiernos central y autonómico han aprobado, y que afectan a los funcionarios, personas dependientes y futuras madres, van a conllevar la movilización de sindicatos profesionales, que se han unido ya en una plataforma a nivel autonómico con el objetivo de aunar esfuerzos e impedir que los trabajadores sean las víctimas de las crisis cuando no han sido los culpables. De esta manera surge la denominada 'Plataforma de Sindicatos Profesionales e Independientes de Empleados Públicos' andaluces, que cuenta con una delegación en cada una de las ocho provincias de la comunidad autónoma y que este lunes ha sido presentada de forma oficial. Como primera acción de protesta, la plataforma ha convocado una concentración ante las subdelegaciones de las ocho capitales andaluzas contra los recortes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Antonio Griñán. El acto se desarrollará al mismo tiempo a partir de las 19 horas. La plataforma está formada por sindicatos profesionales del ámbito de la Administración Pública andaluza, incluyendo Administración General (USAE Y SAFJA), Sanidad (SATSE y SMA), Educación (AMPE), Justicia (STAJ) y Policía Local y Bomberos (YPLB). Todas las organizaciones sindicales trabajarán contra los decretos leyes del Gobierno central y autonómico que permiten una rebaja de las retribuciones de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la anulación del cheque-bebé y la reducción de los derechos de las personas dependientes. La constitución de la Plataforma se hace de forma indefinida, como ha explicado este lunes en la presentación de la de Córdoba su portavoz, Manuel Cascos. Según éste, el rechazo de los siete sindicatos profesionales a estos decretos obedece a la creencia de que los funcionarios no son «los responsables» de la crisis pero también a que los gobiernos han actuado «anticonstitucionalmente» imponiendo los recortes. Asimismo, Cascos señala que la rebaja de las pensiones se mantendrá en años venideros. En cualquier caso, la Plataforma, integrada en las ocho provincias de Andalucía por los mismos sindicatos, entiende que antes de plantear estas medidas -que afectan a los que no han provocado la actual situación de crisis- deberían de haberse puesto en marcha otras. Entre ellas, según ha enumerado Manuel Cascos, se encuentran la reducción de altos cargos, asesores de confianza y puestos de libre designación de los cargos públicos, así como ministerios y consejerías. De igual forma, la Plataforma exige la eliminación «del gratis total» para los políticos, de proyectos «inviables» y subvenciones «injustificadas» e insta a perseguir el fraude fiscal. en
y de aquí no podíamos sacar ingresos??? Hay quien nunca está en crisis
Telefónica obtiene retornos del 29% para sus accionistas y anuncia nuevas subidas de dividendos César Alierta no ha dudado en calificar como ?diferencial? la política de remuneración al accionista de la Compañía. Las Claves: 2009, un año en que la Compañía reparte un dividendo de 1,15?/acción, el 15% más que el año anterior, confirma el carácter diferencial de la política de retribución al accionista de Telefónica, basada en dividendos crecientes.Telefónica reitera además su compromiso firme con el accionista con incrementos de dividendos que permiten alcanzar 1,40?/acción en 2010, el 21,7% más, y un compromiso de un mínimo de 1,75?/acción en 2012. Infolatam Madrid, 2 junio 2010 Los accionistas de Telefónica han disfrutado en 2009 de una Rentabilidad Total del 29,5%, la mayor tasa entre sus iguales de Europa y Estados Unidos, lo que sitúa a Telefónica como líder del ranking de rentabilidad para sus accionistas. Así lo ha explicado el presidente de Telefónica, César Alierta, en el discurso entregado durante la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada hoy en Madrid. César Alierta no ha dudado en calificar como “diferencial” la política de remuneración al accionista de la Compañía, al tiempo que ha reiterado el anuncio de nuevas subidas de dividendos. Así, los accionistas de Telefónica no sólo han visto incrementarse el dividendo el 15% en 2009 –hasta 1,15€ por acción-, sino que podrán disfrutar en 2010 de un dividendo de 1,40€ por acción, el 21,7% más. De esta cantidad, ya se ha pagado el primer tramo de 0,65€ por acción, en concreto el pasado 11 de mayo.Adicionalmente, Telefónica tiene el objetivo de distribuir a medio plazo un dividendo, como mínimo, de 1,75€ por acción en 2012. en
De funcionario me paso a cocinero...
He recibido esto y alucino... Siete millones de euros para siete cocineros. No está mal. A millón por cucharón. Aunque luego pensando quienes son los principales clientes, me doy cuenta de que son los mismos que les conceden la subvención. Es decir, pagamos la subvención y pagamos las comidas (nada baratas) de los clientes, altos funcionarios de las distintas Administraciones que hacen uso de sus servicios.... Inconcebible, si no lo leo en el BOE (ver archivo adjunto), no lo creo. No puede ser, y menos en estos años de crisis -por mucho que el Gobierno necesite los votos del PNV- que se regalen 7.000.000 EUR (1.164.800.000 Ptas) a unos POBRECITOS (Arzac,Arguiñano, Subijana, Berasategui, etc) cocineros vascos y Mondragón nibertsitatea, todos ellos socios fundadores de "Basque Culinary Center Fundazioa" a través de un Real Decreto lleno de verborrea y demagogia barata, para justificar lo injustificable.
PUES SE VE QUE NO ES LEGAL EL TIJERETAZO!
¡NO ES LEGAL!Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª). Sentencia de 12 julio 1991 RJ\1991\5662 ANULABILIDAD DE ACTUACIONES: DEFECTOS DE FORMA: necesidad de que carezcan de los requisitos indispensables o den lugar a indefensión de los interesados. FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL: DERECHOS ADQUIRIDOS: montante consolidado de retribuciones. GERONA: AYUNTAMIENTO DE CASSA DE LA SELVA: impugnación Presupuestos para 1985: procedencia: por vulnerar derechos adquiridos de funcionarios. Jurisdicción: Contencioso-Administrativa Recurso núm. 1046/1989 Ponente: Excmo Sr. ramón trillo torres La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia en 17 de febrero de 1989, no dando lugar a la inadmisibilidad de la demanda y desestimando el recurso interpuesto por la representación procesal de funcionarios del Ayuntamiento de Cassa de la Selva (Gerona), contra aprobación del presupuesto ordinario para el ejercicio de 1985.Interpuesto recurso de apelación por D. Domingo V.M. y otros funcionarios recurrentes en Primera Instancia, el T.S. lo estima en parte, revocando la sentencia apelada salvo lo tratado en su fundamento de derecho quinto, declarando en su consecuencia la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento de Cassa de la Selva únicamente en cuanto que al aprobar el prespuesto ordinario nacional para el año 1985 haya reducido las retribuciones de los funcionarios respecto a las que habían percibido en el año 1984. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Los funcionarios del Ayuntamiento de Cassá de la Selva (Gerona) han impugnado el acuerdo del Pleno de 31 de diciembre de 1985, aprobatorio del Presupuesto Ordinario Municipal para dicho año, en los puntos por los que se reducían las retribuciones de toda la plantilla de funcionarios de la Corporación, alegando, en primer lugar, como razones formales de la nulidad invocada, la falta de documentos esenciales y de la preceptiva tramitación administrativa, así como el hecho de que en la sesión aprobatoria del Presupuesto no hubiera actuado un funcionario con habilitación nacional. Sobre estos defectos formales debemos tener en cuenta que el criterio general a seguir para acordar nulidades por razón de la forma o del procedimiento seguido para adoptar decisiones administrativas es sustancialmente el que proclama el artículo 48-2 de la Ley de Procedimiento Administrativo ( RCL 1958\1258, 1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708), que vincula la declaración de nulidad a que el acto de que se trate carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Conforme a este precepto, examinaremos si en los trámites seguidos para aprobar el Presupuesto ha concurrido alguna de las circunstancias mencionadas. Entendemos que no cabe hablar de indefensión, porque como se indica con acierto en la sentencia apelada, la propia Corporación demandada, después de haber aprobado inicialmente el Presupuesto en 13 de septiembre de 1985, advirtió la existencia de irregularidades en su tramitación, muy especialmente referidas a la debida publicación e información pública, lo que dio lugar a que el día 24 de diciembre de ese mismo año se reprodujese el acuerdo de aprobación inicial a fin de subsanar los defectos apreciados. Queda contrastada, por otra parte, la evidencia de la oportuna posibilidad de los recurrentes para defender sus puntos de vista en las alegaciones que han formulado tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional. 07 de junio de 2010 © Thomson Aranzadi 1 Por lo que se refiere a si el expediente para la confección del Presupuesto se ha realizado con los requisitos necesarios para alcanzar su fin, debemos considerar que los defectos formales es necesario conectarlos con el interés concreto que es soporte de la pretensión de quien solicita que se declare la nulidad por razones formales. En este sentido es de notar que el punto esencial controvertido es el referente a la disminución de las retribuciones de los funcionarios para el año 1985 con relación a las que percibían en 1984. Aparte de que en el folio 23 del expediente aparece el informe de la Secretaría-Intervención sobre este punto concreto, no cabe la menor duda de que se trajeron a colación más informes que los normalmente necesarios para tomar la decisión, como fueron los emitidos por el Ministerio de Administración Territorial y el Departamento de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, por lo que no podemos aceptar la idea de que la resolución se haya dictado sin tener en cuenta elementos formales suficientes para alcanzar el fin perseguido de ajustar las retribuciones en los términos que diremos. SEGUNDO.- El problema de la efectiva reducción de retribuciones que es consecuencia de la aprobación del Presupuesto Municipal del año 1985 tiene su origen en la afirmación de que en el año 1982 el Ayuntamiento de Cassá de la Selva había aplicado al personal las retribuciones complementarias en la cuantía máxima que autorizaba el Real Decreto 211/1982 ( RCL 1982\289 y ApNDL 1975-85, 6286), que al calcular la nómina para el año 1983 aplicó la misma normativa que para el año 1982, sin tener en cuenta la limitación a los incrementos retributivos globales que había establecido la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que la misma situación se produjo en el año 1984 con relación al incentivo de productividad. A partir de estos antecedentes, el Ayuntamiento resolvió volver al marco de la legalidad en el año 1985, mediante el sistema de pagar a partir del primero de enero de dicho año unas retribuciones cuya cuantía se fijaría tomando como base los máximos legales que había pagado el año 1982 y aplicándoles los incrementos de los años 1983 a 1985 dentro de los límites máximos permitidos por las Leyes Generales de Presupuestos del Estado para cada uno de estos años, de modo que las reducciones resultantes sobre lo que percibían en el año 1984 serían extraídas del complemento de productividad. Siendo ésta sustancialmente la situación denunciada, el problema que debemos resolver es el de la potestad del Ayuntamiento para tomar las medidas adoptadas frente a unos posibles derechos adquiridos por los funcionarios afectados. La sentencia impugnada hace un muy apreciable y detenido estudio de las razones de estricta legalidad, que unidas a las facultades discrecionales de la Corporación para fijar los complementos retributivos, avalarían jurídicamente la decisión municipal. Sin embargo, al fundar así su criterio favorable a la resolución aprobatoria del Presupuesto de 1985, no tiene en cuenta la Sala de primera instancia que las cantidades que venían percibiendo los funcionarios respondían a los acuerdos firmes por los que en cada uno de los años, desde 1982, se habían fijado sus retribuciones, de modo que éstas vinieron a constituir un verdadero derecho adquirido de los interesados sólo susceptible de ser modificado en su contenido de extensión por los procedimientos de revisión de oficio legalmente establecidos.A esta correcta idea responde la referencia que se hace en la Memoria del Alcalde a que en su momento habría de hacerse un pronunciamiento sobre una posible declaración de lesividad de los acuerdos que habían permitido unas retribuciones superiores a las legalmente previstas y exigir la devolución de las indebidamente satisfechas. Siendo correcto, como decimos, que la devolución de lo ya percibido requeriría acudir a un proceso de lesividad, la cuestión es que el ámbito del derecho adquirido de los funcionarios no se agota en el respeto a las cantidades que ya han devengado. En efecto, dentro del amplio campo que la noción estatutaria del régimen jurídico de los funcionarios ofrece a los poderes públicos para introducir innovaciones en dicho régimen, sin que frente a las mismas sea eficaz invocar la intangibilidad característica de los derechos adquiridos, la jurisprudencia, acompañada en su doctrina por una usual práctica normativa, ha delimitado aquel campo al sostener que aunque no puede incluirse entre los derechos adquiridos el mantenimiento de una determinada estructura de las retribuciones, sin embargo sí merece aquella calificación el montante consolidado de las mismas, al que normalmente suele atenderse, en caso de que el nuevo régimen lo disminuya, mediante la técnica de los complementos personales y transitorios, absorbibles por futuros aumentos -sentencias de 17 de febrero y de 11 de julio de 1988 ( RJ 1988\1425 y RJ 1988\5572)-. Esta tesis trae como consecuencia que en principio (y salvo un eventual proceso de lesividad), las cantidades que cada uno de los recurrentes percibían en el año 1984 constituía un derecho adquirido de los mismos, que no podía desconocer la Administración demandada en la forma en que lo hizo. Son estas circunstancias, que se centran en la eficacia de las respectivas decisiones municipales aprobatorias de las retribuciones de sus funcionarios y en su no impugnación por los cauces legalmente establecidos, las que nos obligan a entender que no se ajusta a derecho el Presupuesto de Cassá de la Selva para el año 1985. Incidentalmente, se ha introducido también en el proceso el tema del coeficiente multiplicador del Secretario de la Corporación. Es ésta una pura cuestión de personal, individualizada, no normativa, que al ser integrable dentro de uno de los supuestos de inapelabilidad descritos en el artículo 94-1-a) de la Ley de la Jurisdicción, origina que no debamos modificar el pronunciamiento que sobre el particular se ha hecho por la Sala de Barcelona. TERCERO.- No ha lugar a especial declaración sobre costas. en

References: Real Decreto 
 artículo 48
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 94