Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632003.html
Timestamp: 2019-03-22 10:27:03+00:00

Document:
as201632003
Auto Supremo Nº 03/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.198/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 416 a 418, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) representado legalmente por Olga Duran Uribe, Sandra Argote Cespedes y Brenda Erika Siñani Rojas, contra el Auto de Vista Nº 67 de 2 de febrero de 2015, cursante de fs. 398 a 399, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de reconocimiento de renta de viudedad que sigue Juana Román Mendoza vda. de Peña en su calidad de derecho habiente del causante Carmelo Segundo Peña Villarroel contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 419 a 420, el auto de fs. 421 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, por memorial que cursa de fs. 244 a 245, Juana Román vda. de Peña solicitó declaratoria de viudez de benemérito de la Patria, a objeto de que se proceda al pago de los beneficios como benemérito de la Patria y rentista jubilado de telecomunicaciones, habiendo la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR emitido la Resolución Nº 00010462 de 4 de noviembre de 2013 cursante de fs. 255 a 257, resolviendo desestimar la Renta Única de Viudedad en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de la indicada resolución.
La Comisión de Calificación y Rentas del SENASIR fundamentó su resolución señalando que, no corresponde atender la solicitud, por no haber convivido la impetrante con el causante los dos últimos años previos a su fallecimiento, de conformidad a lo señalado por el art. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) e Informe Social Nº 384/2012 de 21 de diciembre de 2012, además de ser extemporánea la solicitud de conformidad a lo dispuesto por el art. 61 del MPRCPA señalado.
Dicha determinación fue impugnada a través de Recurso de Reclamación de fs. 294 a 295; recurso que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 610/14 de 25 de septiembre de 2014 (fs. 343-346) que resuelve confirmar la Resolución Nº 00010462 de 4 de noviembre de 2013 dictada por la Comisión de Calificación de Rentas por encontrarse dispuesta conforme las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
En grado de apelación de fs. 382 a 383 deducido por la demandante Juana Román Mendoza vda. de Peña, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 67 de 2 de febrero de 2015 (fs. 398-399), revocó la Resolución Nº 00010462 de 4 de noviembre de 2013, emitida por la Comisión Calificadora de Rentas y la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 610/14 de 25 de septiembre de 2014 y deliberando en el fondo con los fundamentos expuestos ordena a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, la calificación de la renta de viudedad, como viuda de jubilado y de benemérito de la Guerra del Chaco del Sr. Carmelo Segundo Peña, sin costas.
Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 416 a 418, interpuesto por el SENASIR a través de sus representantes legales, en el que esgrimen los siguientes fundamentos:
Expresan que el tribunal ad quem incurre en aplicación indebida a la ley al fundamentar su decisión prescindiendo lo prescrito en la norma legal como es el Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación aprobado por la Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 en su art. 32, el cual además de establecer los casos en los que se concede renta de viudedad a la esposa sobreviviente, en su art. 61 señala que la acción para reclamar rentas o pagos globales de derecho habientes, prescribe a los tres años de fecha de fallecimiento del causante, y que la solicitud efectuada por la demandante se encuentra fuera de plazo tal como establece el art. 64 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010.
Indica que el art. 532.I del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS) establece la prescripción para reclamar una renta de los seguros de riesgos profesionales o de muerte para cualquier derechohabiente, a los tres años de la fecha de fallecimiento del causante; estableciendo también el mismo plazo el art. 61 del MPRCPA aprobado por la Resolución Secretarial (RS) Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
Añade que conforme el informe social Nº 384/2012 de 21 de diciembre de 2012 (fs. 246-252) se tiene que según la documentación solicitada y entrevistas a vecinos, la Sra. Juana Román no habría convivido con el causante los dos últimos años anteriores a su fallecimiento, estableciéndose que el causante habría vivido en Santa Cruz en casa de su hija, por lo que ésta hija denunció el hecho de que su padre no convivió con la demandante, por lo que estaría tramitando un beneficio que no le corresponde.
Señala que quedó demostrado por la documentación presentada por la propia apelante que su solicitud se encuentra fuera de plazo establecido por ley y que realiza el reclamo de una renta que no le corresponde, existiendo al respecto jurisprudencia sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia mediante el AS Nº 541 de 28 de octubre de 2010 emitido por la Sala Social y Administrativa Primera.
Acota que de todo lo expresado se infiere que el tribunal ad quem se aparta de las disposiciones expresas señaladas incurriendo en su aplicación indebida, pues no considera que el SENASIR como Ente Gestor del Sistema de Reparto dentro de sus atribuciones tiene la facultad de revisión de rentas prevista por el Decreto Supremo (DS) Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y reconocida por la SC Nº 058/2004, de donde deviene la importancia de exigir los requisitos indispensables para el reconocimiento de renta de viudedad, elevados a la categoría de obligatoriedad, considerando además que tratándose de prestaciones en dinero financiadas por el Tesoro General del Estado, su calificación y otorgación errónea puede generar daño económico con responsabilidad funcionaria.
Acota que la actitud con la actúa el Tribunal de Alzada, vulnera todo el margen del principio de seguridad que rige en todo proceso, desechando la aplicación de disposiciones especiales que rigen la materia, importando la omisión del art. 471 del RCSS, vulneración al debido proceso al dejar en indefensión al ente gestor al aplicar las disposiciones en materia de Seguridad Social a largo plazo del sistema de reparto, máxime si se considera que los efectos jurídicos del auto de vista no son actos Erga omnes.
Concluye solicitando se case el Auto de Vista Nº 67 de 2 de febrero de 2015.
La institución recurrente señala como normas transgredidas el Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación, aprobado por la RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 en sus arts. 32 y 61; art. 64 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010; art. 532.I del RCSS; en razón a que el derecho de la demandante a solicitar declaratoria de viudez, habría prescrito.
En el caso de autos, si bien la normativa y jurisprudencia señalada por la parte recurrente, dispone que el plazo para reclamar la renta de los seguros de riesgos profesionales o de muerte, prescriben a los tres años del fallecimiento del asegurado; debe considerarse que de acuerdo al certificado de defunción cursante a fs. 243, se verifica el fallecimiento de Carmelo Segundo Peña Villarroel el 24 de mayo de 2009; y en fecha 14 de diciembre de 2010 la ahora demandante Juana Román Mendoza presentó ante el Agente Regional del SENASIR VALLEGRANDE, memorial de apersonamiento en el cual adjunta la documentación pertinente a objeto de cobrar las rentas de su extinto esposo (fs. 203), el que demuestra que la interesada presentó su solicitud al año y siete meses del fallecimiento del titular; y posteriormente, en fecha 1 de octubre de 2012, presentó ante el Administrador Regional del SENASIR SANTA CRUZ, solicitud de declaratoria de viudez; aspectos correctamente analizados por el Tribunal de Apelación.
Asimismo, es menester tenerse en cuenta que, al entrar en vigencia la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, interrumpió el cálculo que ahora objeta el SENASIR, por lo que resulta imposible su caducidad, de acuerdo a los argumentos planteados por la Comisión de Reclamación de la entidad impugnante; máxime si las disposiciones citadas en el recurso tienen jerarquía inferior a la Carta Magna.
En efecto, el art. 48.IV de la norma suprema, dispone que: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles” (las negrillas añadidas); por lo que, el referido precepto se encuentra en plena concordancia con los principios protectores de la seguridad social de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad y eficacia; y, el art. 410 de la ley fundamental relativo a la primacía constitucional.
A su vez, no se debe olvidar que el derecho a una renta y la seguridad social están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales como el Convenio 102 de la OIT de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, a la persona humana de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, la vestimenta, la alimentación, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, quien es considerado para el Estado, de atención prioritaria y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado consagrados en el capítulo segundo del título primero, correspondiente a la primera parte de la Constitución Política del Estado; aspectos considerados en la SCP Nº 0280/2012 de 4 de junio de 2012.
Consecuentemente, el Estado tiene la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares, vivienda de interés social y otros, mismos que se encuentran ratificados en los arts. 35 y ss. de la Constitución Política del Estado (CPE).
Por otra parte, en relación al hecho que expresa la institución recurrente de que la demandante no habría convivido con el causante los dos últimos años anteriores a su fallecimiento, conforme lo señala el informe social de fs. 246 a 252; debe tenerse presente que en mérito al testimonio del proceso de Reconocimiento de Unión Libre o de hecho que fue presentado de fs. 224 a 233, quedó comprobada la existencia de la Unión libre o de hecho habida entre Juana Román Mendoza con el de cujus Carmelo Segundo Peña Villarroel desde el año 1995, reconociéndosele todos los derechos personales y patrimoniales, por lo que quedó consolidada la relación de la demandante con el causante, con todos los efectos legales que le asigna el art. 1287 del Código Civil, el que surte los efectos legales para la solicitud efectuada de renta de viudedad; esta prueba desvirtúa lo afirmado por el SENASIR, que simplemente se basa en el Informe Social Nº 384/2012 de 21 de diciembre de 2012 (fs. 246-252), para desestimar la renta única de viudedad a favor de la derecho habiente, careciendo dicho informe de sustento legal, siendo injusto y arbitrario, porque además fue elaborado por funcionario de la misma entidad, quien no puede establecer la no convivencia de la demandante con el causante, máxime si esta atribución corresponde determinar a la Autoridad jurisdiccional competente, a través de una resolución judicial.
Por lo expuesto precedentemente, se concluye que el Tribunal de Alzada aplicó e interpretó correctamente la normativa vigente a momento de emitir la resolución recurrida, no habiendo transgredido, mal interpretado ni vulnerado norma alguna, correspondiendo resolver el recurso deducido por el SENASIR de fs. 416 a 418, en la forma dispuesta por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de fs. 416 a 418 interpuesto por el SENASIR. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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