Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510086.html
Timestamp: 2019-03-26 06:16:32+00:00

Document:
as201510086
AUTO SUPREMO Nº 086/2015-RRC
Expediente : Santa Cruz 33/2014
Parte imputada : Reynerio León Torrez y otro
Por memorial presentado el 28 de mayo de 2014, cursante de fs. 1501 a 1511, René Galindo Canedo en representación de YPFB Transporte S.A., interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 37 de 7 de abril de 2014 de fs. 1462 a 1467, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la entidad supra nombrada contra Reynerio León Torrez y Julio César Jiménez Ortiz, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 332 inc. 2) y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.
En merito a la acusación pública (fs. 2 a 3), una vez desarrollado y concluido el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Camiri, pronunció la Sentencia 04/2013 de 2 de octubre (fs. 1419 a 1423 vta.), declarando a Reynerio León Tórrez, culpable del delito de Robo Agravado previsto en el art. 332 inc. 2) del CP, condenándolo a la pena de seis años y siete meses, a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación (Palmasola) en Santa Cruz y lo absolvió por el delito de Asociación Delictuosa, incurso en el art. 132 del CP, con costas; así como al imputado Julio César Jiménez Ortiz, por ambos delitos.
Contra la citada Sentencia, la entidad querellante YPFB Transporte S.A. y el imputado Reynerio León Torrez, presentaron recursos de apelación restringida (fs. 1430 a 1443 y 1445 a 1449 respectivamente), resueltos mediante Auto de Vista de 7 de abril de 2014, que los declaró admisibles e improcedentes, motivando la formulación del presente recurso de casación.
Del memorial que cursa de fs. 1501 a 1511, se extraen los siguientes motivos:
Luego de realizar una explicación de antecedentes del proceso, como primer motivo señala que en apelación restringida denunció errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto incurso en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido a que el Tribunal de Sentencia interpretó de forma errónea y no aplicó las previsiones contenidas en los arts. 132, 331, 332 y 358 del CP; puntualmente en lo que concierne al delito de Asociación Delictuosa previsto en el art. 132 del CP, puesto que antes del 24 de enero de 2009, Julio César Jiménez Ortiz, Reynerio León Torrez, Digno Félix Murillo Urzagaste y Marcelino Cruz Velásquez, se pusieron de acuerdo para trasladar soldados a la localidad de Macharety y sustraer cañerías de propiedad de la empresa, acto repetido el 24 de enero de 2010, oportunidad en el que fueron trasladados a Boyuibe veintiséis soldados para perpetrar el delito de Robo, agrega que pese a existir plena prueba de los hechos referidos, se incurrió en declaraciones contrarias de la prueba producida en juicio, entendiendo que Julio César Jiménez Ortiz no estuvo en el lugar del hecho, siendo éste quien proporcionó los veintiséis soldados, adecuando su conducta a los delitos de Robo Agravado y Daño Calificado, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 451 de 13 de septiembre de 2007 y transcribe parte de la doctrina legal aplicable.
Como segundo motivo, denuncia que el Tribunal de juicio como el Tribunal de alzada, omitieron valorar los hechos probados en juicio, por cuanto no se analizó en ninguna parte de la Sentencia y en el Auto de Vista la instrucción de Julio César Jiménez a Wilfredo Guachalla en el sentido de que “si alguien preguntaba se le diga que se trata de un trabajo para el gobierno”(sic), resultando además contradictorio porque inicialmente indicó que no pueden revalorizar prueba y posteriormente dan como hecho probado que Julio César Jiménez Ortiz no estaba en el lugar de los hechos y que éste mandó a recoger cañerías y no a cortarlas; sin embargo, omitieron valorar los siguientes aspectos: a) Los soldados del Regimiento Pisagua salieron de su jurisdicción de Tarija, ingresando a otras jurisdicciones tanto de Sucre como de Santa Cruz, sin autorización de las Divisiones de Ejército, sin la cual no se podía mover a soldados; b) La instrucción de Julio César Jiménez a Wilfredo Guachalla, respecto a que si alguien preguntaba el trabajo que realizaban los soldados diga que era un trabajo para el gobierno; c) Que, Reynerio León vendía carne y ese era el argumento para que éste ingrese con libertad al Regimiento y contactarse con Julio César Jiménez, pese a que las certificaciones determinan que no se encontraba autorizado para realizar dicha actividad, ni su propia declaración en la que señaló otra actividad; d) El propio Julio César Jiménez, es la persona que alista a los soldados y hace que ingresen al camión y pone a disposición de Wilfredo Guachalla, a quien le da la recomendación referida en el punto b); y, e) El registro del libro de novedades del 21 de diciembre de 2009 página 165; concluyendo que todos estos hechos fueron probados mediante prueba testifical e informes, elementos que no fueron valorados por el Tribunal de juicio y verificados en su valoración por el Tribunal de alzada. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 438 de 24 de agosto de 2007.
Como tercer motivo, denuncia insuficiente fundamentación de la Sentencia y del Auto de Vista, defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, expresando que carecen de suficiente fundamentación y la existente es pobre y contradictoria, la Sentencia no cumplió con el inc. 2) del art. 360 del CPP, puesto que no fundamentó adecuadamente la absolución ni valoró la declaración de Wilfredo Guachalla respecto a la instrucción recibida de Julio César Jiménez, en el sentido de que “si alguien preguntaba se le diga que se trata de un trabajo para el gobierno”(sic), aspecto que constituye en la vulneración al art. 173 del CPP, al respecto el Tribunal de alzada, no advirtió que la Sentencia no asignó valor a los elementos de prueba aportados, justificando y fundamentando las razones por las cuales les otorga determinado valor, tampoco valoró una prueba fundamental consistente en el libro de registro de novedades del Regimiento Pisagua (fs. 165, 168 y 174 del libro de registro mencionado), la cual determina que en más de una oportunidad salieron soldados del Regimiento Pisagua por instrucción de Julio César Jiménez Ortiz; sin embargo, señala que el Auto de Vista argumentó que no se expresó agravios y cuáles los derechos constitucionales vulnerados, pese a que en apelación restringida identificó la vulneración del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso previsto en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 273 de 8 de octubre de 2007 y 342 de 28 de agosto de 2006.
Como cuarto motivo, la entidad recurrente denuncia que la Sentencia se basó en hechos no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, argumentando que se produjo prueba de cargo y descargo que no fue adecuadamente valorada por el Tribunal de Sentencia y por el Auto de Vista, “es así que se obvia interpretar el Art. 20 del Código Penal en su verdadera dimensión legal” (sic), determinando que Julio César Jiménez, no estaba en el lugar en el cual fueron detenidos los coautores, sin valorar la declaración de Wilfredo Guachalla y las certificaciones emitidas por autoridades militares, por Impuestos Nacionales y por FEGACHACO.
El recurrente solicita se admita el recurso y se determine la existencia de contradicción en los términos del art. 416 del CPP, se declare fundado el recurso y se establezca la doctrina legal aplicable, dejando sin efecto la Resolución recurrida.
Una vez concluido el debate del juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Camiri, pronunció la Sentencia 04/2013 de 2 de octubre, con base a los siguientes argumentos: i) Se llegó al convencimiento que el 24 de enero de 2010, las tuberías de Boyuibe fueron retiradas por Marcelino Cruz Velásquez y veintiséis soldados del Regimiento Pisagua acantonado en la localidad de Villamontes, los mismos que estaban al mando del Sgto. Grover Guachalla Rivero, habiendo salido los soldados a horas 07:05 a.m. del Regimiento por orden del Mayor Julio César Jiménez Ortiz, y, por declaraciones de Jorge Tarupayo, las tuberías se encontraban cargadas en un camión Volvo, color rojo, con placa de control 964-FAA; en el mismo lugar, se encontraron dos garrafas de gas licuado y dos tubos de oxigeno; asimismo, el 25 de enero de 2010, las tuberías fueron devueltas a Klaus Sieghard Hins Penner, Gerente de la empresa Eurolatina Bolivia S.R.L., encargada de seguridad de los ductos; ii) El imputado Reynerio León Torrez, fue al Regimiento Pisagua por lo menos en seis oportunidades y se lo vio conversando con el My. Julio César Jiménez Ortiz, de ahí porqué se lo considera como autor mediato del delito de Robo Agravado en el hecho de apropiación de las tuberías, adecuando su conducta a las previsiones del art. 332 inc. 2) del CP; iii) Que, de acuerdo al libro de novedades del Regimiento Pisagua (fs. 174), se constató que la salida de soldados fue ordenada por el My. Julio César Jiménez Ortiz, pese a que el Comando General del Ejército establece la prohibición de disponer personal militar para actividades particulares; sin embargo, el dominio del hecho lo tenía Reynerio León Torrez; en cambio, Julio César Jiménez Ortiz, no sabía que eran caños que iban a levantar, infiriéndose que no se trataba de cortar caños, sino cargar caños sueltos, además, no estuvo en el lugar del hecho, por lo que no tuvo la posibilidad de verificar qué clase de caños se estaban recogiendo, puesto que el testigo Digno Félix Murillo Urzagaste manifestó que por instrucciones de Reynerio León Torrez, fue al cuartel a recoger a los soldados para luego recoger las garrafas y los tubos, concluyéndose que no se acreditó la participación de Julio César Jiménez Ortiz en el hecho en grado de complicidad; iv) Finalmente, no se acreditó que el hecho configure el delito de Asociación Delictuosa, previsto en el art. 132 del CP.
Con esos antecedentes, el Tribunal de Sentencia, declaró a Reynerio León Tórrez, culpable del delito de Robo Agravado previsto en el art. 332 inc. 2) del CP, condenándolo a la pena de seis años y siete meses, a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación (Palmasola) en Santa Cruz y lo absolvió por el delito de Asociación Delictuosa, incurso en el art. 132 del CP, con costas; al imputado Julio César Jiménez Ortiz lo absolvió de culpa y pena por los citados delitos.
La empresa querellante YPFB Transporte S.A., representada por Klaus Hinz Penner y René Galindo Canedo, por memorial de fs. 1430 a 1443, formuló recurso de apelación restringida conforme los argumentos siguientes vinculados al recurso de casación: a) Inobservancia de la ley sustantiva, defecto de Sentencia incurso en el art. 370 inc. 1) del CPP, debido a que el Tribunal de juicio interpretó mal las previsiones contenidas en los arts. 132, 331, 332 y 358 del CP, puesto que en la tramitación del juicio oral se determinó que el 24 de enero de 2010, Julio César Jiménez Ortiz, Reynerio León Torrez, Digno Félix Murillo Urzagaste y Marcelino Cruz Velásquez, se pusieron de acuerdo para trasladar veintiséis soldados a Boyuibe para perpetrar el delito de Robo, utilizando un equipo de oxígeno que fue manipulado por Marcelino Cruz Velásquez, procediendo a realizar el corte de cañerías y cargarlos a un camión bajo la dirección de Digno Félix Murillo Urzagaste, previo acuerdo con Reynerio León Torrez y éste con Julio César Jiménez Ortiz, aprovechando que las cañerías estaban fuera del control del dueño que es YPFB Transporte S.A., incurriendo el Tribunal de Sentencia en el defecto referido con el argumento de que al no haber estado Julio César Jiménez Ortiz en el lugar de los hechos carece de responsabilidad penal, sin observar el art. 20 del CP, debido a que ejecutó el hecho por medio de otros y fue él quien proporcionó a los veintiséis soldados, aspecto que lo convierte en autor del delito de Robo Agravado previsto en el art. 332 incs. 2), 3) y 4) con relación al inc. 5) del art. 326 del CP; al margen de ello, no se tomó en cuenta las declaraciones de Grover Wilfredo Guachalla y, el libro de novedades del Regimiento Pisagua; b) Omisión valorativa de la prueba testifical de Selma Virginia Iradi, secretaria del Comando del Regimiento Pisagua, los policías Jorge Tarupayo y Julio Guarachi, Grover Wilfredo Guachalla, quien recibió instrucciones de Julio César Jiménez Ortiz; c) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por cuanto no existe fundamentación de la Sentencia y la existente es insuficiente y contradictoria, expresando que no se dio cumplimiento al inc. 2) del art. 360 del CPP, relativo a las circunstancias que han sido objeto del juicio, los fundamentos esgrimidos carecen de respaldo probatorio, la absolución no está debidamente fundamentada y es contradictoria, puesto que no establece que Julio César Jiménez Ortiz, es quien organizó a los soldados e instruyó a Wilfredo Guachalla los traslade y si alguien preguntaba se le diga que se trata de un trabajo para el Gobierno; la Sentencia no asignó valor probatorio a los elementos de prueba aportados, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta de toda la prueba, vulnerándose el debido proceso y el derecho a la defensa; y, d) La Sentencia se basó en hechos no acreditados y en defectuosa valoración de la prueba, defecto contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP, al no haberse valorado adecuadamente la prueba de cargo y descargo, como la declaración de Wilfredo Guachalla.
Cabe aclarar que el imputado Reynerio León Torrez, presentó apelación restringida (fs. 1445 a 1449 y vta.); sin embargo, no corresponde referirse a sus argumentos debido a que no presentó recurso de casación.
Radicada la causa en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el recurso de apelación restringida, mediante Auto de Vista de 7 de abril de 2014, con los siguientes fundamentos jurídicos:
1) Con relación a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, al haberse calificado como Robo Agravado por la participación de dos o más autores y que sólo se condenó a uno, señala que el Tribunal de juicio, si bien condenó a uno y absolvió a otro, en la fundamentación de derecho, llegó a determinar que dadas las características de cómo se presentó el hecho, previamente se estableció que el imputado cumplió un rol determinante en la comisión delictiva; es decir, bajo la teoría del dominio del hecho, el sentenciado fue la persona que dominó el escenario delictivo y el Tribunal llegó a esa conclusión conforme el art. 20 del CP, que es aplicable al caso de autos, habiendo calificado correctamente el hecho como Robo Agravado; en consecuencia, concluyó que la Sentencia condenatoria es correcta y se ajusta a derecho, habiendo realizado una adecuada valoración de todos los elementos de prueba ofrecidos conforme los arts. 171 y 173 del CPP; 2) En cuanto a la ausencia de fundamentación de la Sentencia, señaló que el fallo impugnado cumplió con lo normado en el art. 124 del CPP, puesto que contiene motivos de hecho y de derecho en los que basó sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, fijándose de manera clara y precisa y circunstancialmente la especie que se estimó acreditada y se sustentó en hechos existentes y debidamente acreditados en el juicio oral, lo que se denomina fundamentación fáctica; 3) Respecto a la absolución de Julio César Jiménez Ortiz, expresa que se valoró correctamente las declaraciones de Jorge Tarupano Fernández, Marcelino Cruz Velásquez, Digno Murillo Urzagaste y Grover Wilfredo Guachalla, quienes manifestaron que el acusado nombrado, no se encontraba presente en el lugar de los hechos, si bien se admitió que hubo ordenado a una tropa de soldados para recoger tubos; sin embargo, la orden no era para cortar tubos, situación que escapa a la responsabilidad del imputado; además, que la orden hubiese sido generada inicialmente por el Comandante del Regimiento Carlos Ernesto Valdivia Insulza y la misma fue cumplida por los subalternos; en suma, el Tribunal de juicio, explicó adecuadamente cuál fue la prueba generada que determinó que la conducta de Julio Cesar Jiménez Ortiz, no se hubiese adecuado a los tipos penales acusados y que además la prueba proporcionada en juicio, fue insuficiente para generar convicción en el Tribunal respecto a la culpabilidad del imputado, habiendo valorado correctamente la prueba producida en juicio.
Con los argumentos referidos supra, el Tribunal de alzada, declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida.
Este Tribunal, admitió el presente recurso, abriendo su competencia a fin de verificar la posible contradicción del Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados por la parte recurrente, correspondiendo hacer el análisis de los motivos denunciados para observar si tienen o no mérito.
III.1. Respecto a la denuncia vinculada a la errónea aplicación de la ley sustantiva.
La entidad recurrente, denuncia en el primer motivo que el Tribunal de Sentencia incurrió en errónea aplicación de la Ley sustantiva y no aplicó las previsiones contenidas en los arts. 132, 331, 332 y 358 del CP; puntualmente en lo que concierne al delito de Asociación Delictuosa previsto en el art. 132 del CP, puesto que antes del 24 de enero de 2009, Julio César Jiménez Ortiz, Reynerio León Torrez, Digno Félix Murillo Urzagaste y Marcelino Cruz Velásquez, se pusieron de acuerdo para trasladar soldados a la localidad de Macharety y sustraer cañerías de propiedad de la empresa, acto repetido el 24 de enero de 2010, oportunidad en el que fueron trasladados a Boyuibe veintiséis soldados para perpetrar el delito de Robo y pese a existir plena prueba de los hechos referidos, se incurrió en declaraciones contrarias de la prueba producida en juicio, bajo el argumento de que Julio César Jiménez Ortiz no estuvo en el lugar del hecho, siendo éste quien proporcionó los veintiséis soldados, adecuando su conducta a los delitos de Robo Agravado y Daño Calificado, concluyendo que el Tribunal de alzada debió determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados; invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 451 de 13 de septiembre de 2007.
El precedente invocado, Auto Supremo 451 de 13 de septiembre de 2007, fue pronunciado en un proceso seguido por los delitos de Asesinato y Homicidio, cuya sentencia declaró a uno de los imputados cómplice en la comisión del delito de Homicidio conforme a lo previsto por el art. 23 con relación al art. 251, ambos del Código Penal, siendo condenado a cinco años de privación de libertad, Sentencia que fue confirmada por el Tribunal de alzada; en casación, se denunció que la Sentencia de primera instancia, se basó en hechos inexistentes que no fueron probados en el proceso, además de valoración defectuosa de la prueba introducida en el juicio y que la Sentencia era contradictoria entre la parte considerativa y la dispositiva, verificándose en el examen del recurso casacional la existencia de error in iudicando en la aplicación del art. 23 en relación al art. 251 del CP, circunstancia no advertida por el tribunal de apelación, pues analizada la conducta del recurrente, en base a la cual se le condenó a la pena privativa de libertad de 5 años por complicidad en la comisión del delito de homicidio, se infirió que la misma no se subsumió en los elementos constitutivos del tipo penal por el que fue condenado, al no establecerse con precisión cuál la colaboración dolosa que prestó el imputado para la ejecución del hecho antijurídico doloso, tampoco se verificó la existencia de promesas realizadas con anterioridad a la comisión del hecho punible; por el contrario, los datos del proceso daban cuenta que la intervención del referido imputado se produjo luego de que el hecho delictivo había sido cometido, actitud que ni duda cabe, no se subsumió dentro de lo previsto por el art. 23 del Código Penal; estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “Se considera defecto absoluto la errónea aplicación de la ley penal sustantiva en perjuicio de los imputados porque viola el principio de legalidad, en ese marco, teniendo en cuenta que los hechos delictivos no son necesariamente obra de una sola persona y que, por el contrario, suelen tomar parte en ellos distintos sujetos, es preciso diferenciar los grados de responsabilidad penal en base a las aportaciones que realice cada uno de ellos, de tal forma que habrá sujetos que recibirán la totalidad de la pena prevista (autores), mientras otros, al realizar contribuciones secundarias (cómplices), estarán más alejados de los aspectos fundamentales del delito y, por lo tanto, podrían llegar a recibir una pena menor.
De acuerdo a la doctrina penal, la complicidad en relación a la comisión del cualquier delito, se configura cuando el sujeto activo dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico y que, en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Cuando la participación de terceros es de índole más secundaria, de ayudar o de auxilio para ejecutar el delito, se habla entonces de complicidad, que puede ser moral o material. La primera, tiene lugar cuando al delincuente se le indica el modo o forma de cometer el delito, dándole ánimos o prometiéndole ayuda para lograr la impunidad. La segunda, material, supone prestar medios materiales para la ejecución del delito o, intervenir en su relación ejecutando actos que no sean propios y característicos del delito”.
Con relación al motivo en cuestión y efectuado el contraste propio del recurso de casación, se evidencia que la situación de hecho resuelta por el precedente invocado por la parte recurrente como contradictorio, no es similar a la planteada en la presente causa, pues en aquel la doctrina legal aplicable fue establecida al evidenciarse que en la calificación de la conducta de la parte imputada se incurrió en error in iudicando, al haberse condenado por complicidad pese a no concurrir los presupuestos previstos por el art. 23 del CP, resultando en el caso presente, que el planteamiento de la entidad recurrente se funda en la presunta autoría de uno de los imputados en los delitos acusados; a esto se añade, el hecho de que el recurrente dirige sus cuestionamientos a la actuación del Tribunal de Sentencia, sosteniendo únicamente en casación que el Tribunal de apelación debió determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, alegación que resulta insuficiente para vislumbrar una posible contradicción con el precedente invocado, razones por las cuales el presente motivo deviene en infundado.
III.2. En cuanto a la denuncia de falta de valoración de hechos probados en juicio.
Del contenido del recurso de casación se evidencia que los motivos segundo y cuarto, tienen íntima relación pues en ambos se denuncia la omisión valorativa de hechos probados, por lo que corresponde realizar un sólo análisis, con la aclaración de que en el segundo motivo se invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 438 de 24 de agosto de 2007 y en el cuarto motivo se cumplieron los presupuestos de flexibilización para su consideración.
El Auto Supremo 438 de 24 de agosto de 2007, emergió de un proceso tramitado por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso De Instrumento Falsificado, denunciándose en casación, entre otros aspectos, valoración defectuosa de la prueba testifical y documental; constatando la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, que si bien el Tribunal de alzada no valoró la prueba respetando el principio de inmediación, empero, no se consideró que dicho principio genera a la vez la obligación del Tribunal o Juez de Sentencia de no omitir deliberadamente actuaciones demostradas plenamente en el juicio oral, público y contradictorio; por lo que concluyó, que los defectos de sentencia no fueron rectificados por el Tribunal de apelación, atentando contra el debido proceso, el principio de igualdad de las partes y la imparcialidad, generando un defecto absoluto previsto por el art. 169 numeral 3 del CPP y que el mismo tribunal dio errónea aplicación al art. 124 del citado Código al no fundamentar y reparar los agravios denunciados, entre otros, al referirse uno a uno a los defectos de la sentencia; por lo que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Sí el Tribunal de Apelación advierte que falta o existe contradicción en la fundamentación de la sentencia apelada, es su deber corregir o complementar el fundamento jurídico aludido, en caso de no hacerlo, dicho acto jurisdiccional se constituye en defecto absoluto y atenta contra los principios y a la vez derechos a: la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Tómese como razonamiento central, que conforme al nuevo sistema procesal vigente, en aquellos supuestos en el que el Tribunal de Alzada comprueba la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, no es pertinente anular totalmente la sentencia; sino dar cumplimiento a la última parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, esto es dictar directamente una nueva sentencia, definiendo la situación jurídica del imputado.
Asimismo, el Tribunal de Alzada se encuentra en el deber de circunscribir su resolución a los puntos impugnados, uno a uno; la omisión de uno de ellos vulnera el derecho a la defensa, razón por el que es de imperativo cumplimiento el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal.
Finalizando el esquema jurídico delineado, cuando el Máximo Tribunal constata que en el proceso se han pronunciado fallos que atentan contra el debido proceso, como en el caso de autos que atentan las reglas de la sana crítica, la igualdad legal de las partes y al principio de imparcialidad, corresponde regularizar el procedimiento, disponiendo que el Tribunal de Alzada dicte nuevo Auto de Vista aplicando la doctrina legal adoptada en el presente Auto Supremo, garantizando a la vez los principios de universalidad, legalidad y probidad jurisdiccional que debe caracterizar a todo Tribunal de Justicia ”.
En el caso presente, el recurrente como se tiene afirmado, denunció omisión valorativa de hechos probados y defectuosa valoración de la prueba, defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, en especial la instrucción del imputado Julio César Jiménez Ortiz a Wilfredo Guachala, en el sentido de que: “si alguien preguntaba se le diga que se trata de un trabajo para el gobierno” (sic); asimismo, se dio como un hecho probado que el imputado nombrado supra, no estuvo en el lugar de los hechos y que mandó a recoger cañerías y no a cortarlas, omitiendo valorar los siguientes aspectos: a) Los soldados del Regimiento Pisagua salieron de su jurisdicción Tarija, ingresando a otras jurisdicciones tanto de Sucre como de Santa Cruz, sin autorización de las Divisiones de Ejército, sin la cual no se podía mover a soldados; b) La instrucción de Julio César Jiménez a Wilfredo Guachalla, respecto a que si alguien preguntaba sobre el trabajo que realizaban los soldados diga que era un trabajo para el gobierno; c) Que, Reynerio León vendía carne y ese era el argumento para que éste ingrese con libertad al Regimiento y contactarse con Julio César Jiménez, pese a que las certificaciones determinan que no se encontraba autorizado para realizar dicha actividad, ni su propia declaración en la que señaló otra actividad; d) El propio Julio César Jiménez, es la persona que alista a los soldados y hace que ingresen al camión y pone a disposición de Wilfredo Guachalla, a quien le da la recomendación referida en el punto b); y, e) El registro del libro de novedades del 21 de diciembre de 2009 pág. 165; concluyendo que todos estos hechos fueron probados mediante prueba testifical e informes, elementos que no fueron valorados por el Tribunal de juicio y verificados en su valoración por el Tribunal de alzada, a lo dicho, agrega que no se valoró adecuadamente la declaración de Wilfredo Guachalla, las certificaciones emitidas por autoridades militares, por Impuestos Nacionales y FEGACHACO.
En el ámbito de la denuncia, a efectos de la verificación del ofrecimiento de prueba, judicialización y valoración, se advierte de la revisión del cuaderno procesal, que la acusación particular (fs. 1325 a 1331 vta.), entre los medios probatorios documentales, ofreció signadas numeralmente las siguientes: 16, Informe de 26 de marzo de 2010, emitida por el Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales; 24, Certificación de Fegachaco de 10 de marzo de 2010; 45, Certificación de 12 de marzo de 2010, emitida por el Tcnl. Oscar Montellano Aparicio; 46, Certificación de 12 de marzo de 2010, emitida por el Tcnl. Julio René Montalvo Mariscal; 48, Libro de registro del Regimiento Pisagua, 52, 53 y 55, Informes del Cnel. Samuel Gamboa Fernández de 6 de enero de 2011, 8 de noviembre de 2010 y 10 de noviembre de 2010; 60, Informe del Comandante del Regimiento Pisagua Tcnl. Julio René Montalvo Mariscal, prueba que conforme el acta de registro de juicio oral fue incorporada al juicio oral de acuerdo a las previsiones del art. 333 del CPP, a excepción de la prueba 46; asimismo, la entidad querellante ofreció como testigo a Grover Wilfredo Guachalla.
La Sentencia de grado, simplemente mencionó las pruebas signadas con los números 16, 24, 45, 46, 53; sin embargo, no realizó una descripción de las mismas ni de la declaración del testigo Grover Wilfredo Guachalla Riveros, menos las valoró conforme los arts. 171, 173 y 359 del CPP, pese a que el Tribunal de juicio como uno de los componentes de la Sentencia tiene el deber de realizar una descripción de toda la prueba incorporada en el juicio oral, especificando su procedencia, asignar el valor correspondiente a cada una de ellas y posteriormente valorar toda la prueba en su conjunto, de manera integral y armónica, observando las reglas de la sana crítica, aspectos que no fueron controlados y verificados por el Tribunal de alzada, concluyéndose que se vulneró el debido proceso, incurriendo en el defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme las previsiones de los arts. 370 inc. 6) y 169 inc. 3) del CPP; en consecuencia, el Auto de Vista impugnado es contrario al precedente invocado.
III.3. Sobre la denuncia de insuficiente fundamentación.
En el tercer motivo alegado en recurso de casación, la entidad recurrente, YPFB Transporte S.A., denunció insuficiente fundamentación de la Sentencia y del Auto de Vista impugnado, defecto incurso en el art. 370 inc. 5) del CPP; asimismo, expresó que no se cumplió con la previsión contenida en el art. 360 inc. 2) del CPP, relativo a la enunciación del hecho y objeto del juicio, no se fundamentó adecuadamente la absolución del imputado Julio César Jiménez Ortiz, ignorando la declaración testifical de Wilfredo Guachalla, quien declaró que recibió la instrucción de señalar que si alguien preguntaba algo, diga que es un trabajo para el gobierno, tampoco asignó valor alguno a los elementos de prueba incorporados al juicio como el Libro de novedades del Regimiento Pisagua, vulnerándose el art. 173 de la norma procesal penal, el derecho a la defensa y el debido proceso, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 273 de 8 de octubre de 2007 y 342 de 28 de agosto de 2006.
El Auto Supremo 273 de 8 de octubre de 2007, emitido en una causa por el delito de Prevaricato, entre sus fundamentos jurídicos expresó que, la Sala Penal es la encargada de precautelar los derechos y garantías de las partes y que se observen las normas procesales establecidas.
El Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, deviene del ilícito de Despojo, constatándose en casación que los Tribunales inferiores estructuraron sus fallos sin la debida motivación razonable y menos estimando la prueba presentada en la causa, incumpliendo con la obligación establecida en el art. 124 del CPP, incurriendo en violación de normas legales y específicamente que el Tribunal de apelación no realizó una adecuada fundamentación que permita ingresar en el análisis de los antecedentes del proceso para ejercitar la tutela de los derechos y garantías en un proceso justo, razones por las cuales estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.
La exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al juez el material necesario para ejercer su control, y sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.
En virtud de estas razones, la ley procesal consagra la exigencia de motivación de las sentencias, amenazando la infracción a dicha regla, con la nulidad conforme reza el artículo 370.5) Código de Procedimiento Penal.
La motivación, a la vez que un requisito formal, que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (Claría Olmedo). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.
La motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica…”.
En el presente caso, de la revisión de la Sentencia vinculada al motivo sujeto a análisis, referente a que se omitió dar cumplimiento al art. 360 inc. 2) del CPP, relativo a la enunciación del hecho y circunstancias que fueron objeto del juicio, se constata que la Sentencia de grado en el acápite “B.- HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS” (sic), en el punto B.1, mencionó la fundamentación fáctica del Ministerio Público, incluyendo la fundamentación oral; en cambio, en el punto B.2, señala que la acusación particular (fs. 1325 a 1331 vta.) y el memorial de ofrecimiento de prueba (fs. 700 a 705 vta.), “hace una relación procesal, sin concluir en los hechos objeto del juicio, los mismos que no pueden ser suplidos por el Tribunal de Sentencia…” (sic), esta puntualización, no condice con los memoriales señalados, puesto que la entidad querellante, precisamente en el punto II de Antecedentes de los memoriales señalados, realizó la fundamentación fáctica o enunciación del hecho, empezando el relato desde el día del hecho 24 de enero de 2010, incluyendo todas las acciones efectuadas a partir de la denuncia; empero, la Sentencia omite una de sus partes esenciales, vulnerando el debido proceso, la normativa expresada en el art. 360 inc. 2) del CPP, incurriendo en el defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, puesto que toda resolución judicial, al margen de ser fundamentada y motivada, tiene la ineludible obligación de exponer los hechos objeto de juzgamiento, la fundamentación descriptiva, analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica, máxime si en el caso de autos, la acusación pública y la acusación particular difieren en cuanto a la calificación del hecho a los tipos penales.
En cuanto a los cuestionamientos a la absolución del imputado Julio César Jiménez Ortiz, debido a que la Sentencia no hubiese tomado en cuenta la declaración de Wilfredo Guachalla y la instrucción que hubiese recibido del citado imputado, así como el libro de novedades del Regimiento Pisagua; se evidencia que la Sentencia en el punto “C.3.2.- RELATIVAS A LA CULPABILIDAD (CONDENA O ABSOLUCION)” (sic); hizo referencia a la prueba de cargo 48, Libro de novedades del Regimiento Pisagua (fs. 174), limitándose a sostener que con ella se acreditó que la salida de los veintiséis soldados, fue ordenada por Julio Jiménez Ortiz; empero, no era para cortar los caños, sino para cargar caños y como éste no se constituyó en el lugar de los hechos, no tuvo la posibilidad de verificar la clase de caños que estaban recogiendo, concluyendo que los elementos probatorios no fueron suficientes para acreditar la participación del imputado en el hecho en grado de complicidad; finalmente, pese a constar en el acta de juicio oral la declaración del testigo Grover Wilfredo Guachalla Riveros, la Sentencia simplemente refiere que el testigo nombrado al ver la actividad de los soldados intentó comunicar al Mayor Julio César Jiménez Ortiz para recibir instrucciones; sin embargo, llegó antes el policía Tarupayo.
El Auto de Vista impugnado, como se tiene señalado en el punto II.3 de la presente Resolución, en los hechos convalidó la conclusión de la Sentencia, pese a no encontrarse debidamente fundamentada, pues no denota una valoración intelectiva a través de la asignación de valor probatorio a cada uno de los elementos probatorios incorporados al juicio oral, justificando y fundamentando las razones por la cuales les otorgó o no determinado valor; lo que implica, que el Tribunal de alzada omitió su labor de ejercer control respecto a la valoración de la prueba, cuando le correspondía, en caso de observar insuficiente fundamentación o que ésta sea contradictoria, o la existencia de vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba, se entiende ante la existencia de fundamentación intelectiva, dar aplicación al art. 413 del CPP, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, al no haberlo hecho, vulnero el debido proceso, en su vertiente de debida motivación o fundamentación, de tal forma que el precedente invocado por la entidad recurrente es contrario al Auto de Vista impugnado, resultando también fundado este motivo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 7 de abril de 2014, y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida.

References: Resolución 
 artículo 413
 resolución 
 artículo 398
 artículo 370
 resolución