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Timestamp: 2018-07-18 08:12:50+00:00

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Equipo Nizkor - Sentencia que declara que el Decreto 129/2014 de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña y sus anexos son inconstitucionales y nulos.
Sentencia que declara que el Decreto 129/2014 de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña y sus anexos son inconstitucionales y nulos
En la impugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) núm.5830-2014, promovida por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, contra el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del Presidente de la Generalitat de Cataluña, así como de sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña publicado en el Anexo al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 27 de septiembre de 2014. Han comparecido y formulado alegaciones en representación del Gobierno de la Generalitat los Abogados don Xavier Castrillo Gutierrez, doña Roser Revilla Ariet y don Ramón Riu Fortuny. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Xiol Rios, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de septiembre de 2014, el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, al amparo de los arts. 161.2 CE y 76 y 77 LOTC, impugnó el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del Presidente de la Generalitat de Cataluña, así como sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, publicada en el Anexo al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 27 de septiembre de 2014.
2. La impugnación se funda en los motivos que a continuación, sucintamente, se resumen.
a) Se aduce la vulneración del art. 1.2 CE en el que se establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado". Según se alega, esta infracción de la Constitución se produce porque el Decreto impugnado considera soberano al pueblo catalán o a una parte del mismo atribuyéndole la capacidad de ser consultado de manera autónoma y diferenciada sobre cuestiones que afectan a la unidad de la nación española (la independencia de Cataluña, art. 3 del Decreto impugnado). Esta alegación la fundamenta en la doctrina constitucional establecida, entre otras, en las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4, 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 8 a 11 y en la STC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 3.
b) Se considera también que el Decreto 129/2014 es contrario al art. 2 CE, en el que se establece que "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Esta alegación se fundamenta en la doctrina establecida en la STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4.
c) Se aduce la infracción del art. 168 CE, que regula el procedimiento de reforma constitucional. Se alega que el reconocimiento de un nuevo sujeto soberano en el pueblo catalán requiere una previa decisión constituyente políticamente imputable al soberano constitucional ("el pueblo español", art. 1.2 CE). Así se deriva, según sostiene el Abogado del Estado, de la doctrina establecida en las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4 y 31/2010, de 28 de junio, FJ 12. A su juicio, si bien nuestra constitución no prohibe el paso de la 'Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles' al 'Estado de varias naciones' cada una con derecho a decidir o autodeterminarse, este paso ha de ser el producto de una decisión del pueblo español, titular de la soberanía nacional, lograda con la estricta y rigurosa observancia de cuanto dispone el art. 168 CE, aplicado con el más absoluto respeto a los principios de la propia Constitución que se quiere cambiar. Por ello, considera que el reconocimiento de un nuevo sujeto soberano en el Pueblo Catalán -sujeto con capacidad para autodeterminarse políticamente- requiere una previa decisión del constituyente, políticamente imputable al soberano constitucional ("el pueblo español", art. 1.2 CE) y ha de encauzarse a través del procedimiento del art. 168, sin que pueda dilucidarse en un referéndum en el que solo participan los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Catalana.
d) También se sostiene que el Decreto 129/2014 infringe el art. 9.1 CE. El Abogado del Estado considera que este Decreto es un acto de visible insumisión a la Constitución Española. Según sostiene esta parte procesal, la libertad de un parlamento o de un gobierno autonómico para elegir políticas está jurídicamente limitada por la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Todo ello sin perjuicio de que a través de los procedimientos adecuados y por quien esté legitimado pueda iniciar un proceso de reforma constitucional.
e) Por último, en relación con las vulneraciones de carácter no competencial, se imputa al Decreto impugnado la lesión de los arts. 1 y 2.4 EAC, en los términos que han sido interpretados por la STC 31/2010, FFJJ 8 y 9. El Abogado del Estado sostiene que no es acorde con los referidos preceptos estatutarios considerar soberano al pueblo de Cataluña, pues el art. 1 EAC que establece que Cataluña "ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica" y el art. 2.4 EAC, que dispone que los poderes de la Generalitat "emanan del pueblo catalán y se ejercen de acuerdo con este Estatuto y la Constitución", traen causa de la Constitución y, en consecuencia, es contrario a los mismos crear un sujeto jurídico que entre en competencia con el soberano pueblo español (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 9). El Abogado del Estado entiende que sin el acto de soberanía del pueblo español que reconoció el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (arts. 2 y 137 CE) no existiría un pueblo catalán como sujeto jurídico y político del derecho a la autonomía.
El Abogado del Estado concluye su escrito de alegaciones solicitando del Pleno del Tribunal la admisión de esta impugnación y que tras los trámites legales dicte en su día sentencia por la que se declare inconstitucional y nulo el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del Presidente de la Generalitat de Cataluña de convocatoria de una consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña así como sus anexos. Por otrosí, habiendo invocado expresamente el art. 161.2 CE, solicita, de conformidad con lo previsto en el citado art. 161.2 CE y 77 LOTC, que se declare suspendida la disposición impugnada así como sus anexos y las restantes actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la convocatoria de dicha consulta, así como de cualquier actuación vinculada a la referida consulta desde la fecha de interposición de esta impugnación, comunicándoselo al Presidente de la Generalitat de Cataluña como "órgano autonómico correspondiente" en tanto que autor del acto que es objeto de este proceso constitucional (art. 64.1 LOTC en relación con el primer inciso del art. 77 LOTC) y ordenando publicar la suspensión en los periódicos oficiales autonómico y estatal para que alcance conocimiento y eficacia general respecto de cualesquiera terceros (art. 64.4 LOTC, en relación con el primer inciso del art. 77 LOTC).
2. El Pleno del Tribunal, por providencia de 29 de septiembre de 2014, acordó admitir a trámite la impugnación; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, al objeto de que, en el plazo de veinte días, pudiera personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimase convenientes; tener por invocado por el Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 77 LOTC, produjo la suspensión de la Resolución impugnada para las partes desde la fecha de interposición del recurso, que fue el día 29 de septiembre de 2014, y para los terceros desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue 30 de septiembre de 2014. Por último se acordó comunicar al Presidente de la Generalitat de Cataluña la providencia y publicar la incoación del proceso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. El 1 de octubre de 2014 la Generalitat de Cataluña presentó un escrito por el que solicitaba que se la tuviera por comparecida y parte en el presente proceso constitucional y que acordase el inmediato levantamiento de la suspensión del Decreto impugnado así como de las restantes actuaciones de preparación de convocatoria la referida consulta o vinculadas a ella con el fin de que recuperasen su plena eficacia y aplicación.
Se pone de manifiesto, por otra parte, que, de acuerdo con los datos que ofrecen los análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas, en los últimos diez años el grado de valoración satisfacción y funcionamiento de la democracia en España ha bajado mucho y tales datos denotan una gran desafección hacía las instituciones. Por ello, considera la Generalitat que es preciso establecer cauces a través de los cuales los ciudadanos puedan manifestar sus aspiraciones. Se alega, además, que diversas instancias europeas han recomendado reforzar las instituciones democráticas con mecanismos de democracia directa y que el art. 10.3 del Tratado de la Unión Europea reconoce el derecho de todo ciudadano a participar en la vida democrática de la unión y que en los apartados 1,2 y 3 del art. 11 consagra el denominado "dialogo civil" y en el apartado 4 de este artículo reconoce el derecho de los ciudadanos de la Unión de instar de la Comisión la adopción de una iniciativa legislativa.
Junto a ello se cita, además, la STC 42/2014, de 25 de marzo, al considerar el Gobierno de Cataluña que, en esta Sentencia, el Tribunal reconoció la conformidad con la Constitución de la referencias al "derecho a decidir" contenidas en la resolución 5/X del Parlamento de Cataluña si se interpretaba de acuerdo con lo declarado en sus fundamentos jurídicos 3 y 4.
4. Por providencia de 8 de octubre el Pleno acordó incorporar a los autos el escrito presentado por los Letrados de la Generalidad de Cataluña, en representación del Gobierno de Cataluña y oír al Abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, exponga lo que estime procedente sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión del Decreto impugnado en este procedimiento.
5. El 10 de octubre de 2004, los Abogados de la Generalitat de Cataluña evacuaron el trámite de alegaciones conferido por la providencia de 29 de septiembre de 2014, oponiéndose a la demanda de impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno del Estado. Alegan, en primer lugar, que la consulta popular convocada mediante el Decreto 129/2014 es una consulta no referendaria, tal y como su propio nombre indica. En su opinión, esta es la conclusión que se deriva de la doctrina constitucional, pues entienden que, de acuerdo con la STC 103/2008 (FJ 2), el referéndum es la consulta dirigida al cuerpo electoral para pronunciarse sobre una cuestión de especial relevancia política a través del ejercicio del derecho de voto en el marco de un procedimiento electoral y con unas garantías de orden jurisdiccional específicas; elementos que determinan que a través de este tipo de consultas se ejerza el derecho de participación política que garantiza el art. 23.1 CE. Sostienen los representantes del Gobierno de Cataluña que, de acuerdo con la doctrina expuesta, la consulta convocada por el Decreto 129/2014 no reúne los elementos para considerarla como una consulta referendaria, pues de sus preceptos no se infiere que la participación ciudadana se fundamente en el ejercicio del derecho fundamental que consagra el art. 23.1 CE, ni que esa participación se articule mediante un procedimiento electoral, ni que el colectivo llamado a participar coincida con el cuerpo electoral ni que se le presten las garantías jurisdiccionales.
Por todo ello, consideran los Abogados de la Generalitat que la interpretación del art. 122 EAC, en su vertiente competencial relativa a las consultas no referendarias, comprende tanto las competencias de la Generalitat sobre las diferentes materias y sectores a las que se refiere el citado Capítulo II del Título V, como el haz de facultades, funciones y capacidad de iniciativas de las que, constitucional y estatutariamente, dispone la Generalitat. En consecuencia, entienden que la Generalitat, en virtud del art. 122 EAC, ha asumido competencia para convocar una consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, ya que su celebración tiene como finalidad conocer la opinión ciudadana sobre el ejercicio, en su caso, de la potestad que le reconocen los arts. 87 y 168 CE y el art. 61 EAC de iniciar formalmente ante las instituciones del Estado la reforma constitucional en un sentido determinado. A juicio de los Letrados de la Generalitat, esta interpretación tiene un claro apoyo en la doctrina establecida en la STC 42/2014, FFJJ 3y 4 en la que se ha admitido que las referencias "al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña" contenidas en la resolución 5/X no son inconstitucionales y la posibilidad de una consulta sobre el futuro político de Cataluña si se respetan dos límites: primero, que esta consulta no se plantee unilateralmente como un referéndum de autodeterminación y, segundo, que la consulta no ignore que la concreción efectiva del derecho a decidir debe realizarse siempre en el marco de los procedimientos de reforma constitucional; requisitos que, según alega la Generalitat de Cataluña, la consulta convocada respeta.
Por lo que se refiere al Decreto 129/2014, se pone de manifiesto, en primer lugar, que toda la impugnación parte de una premisa errónea: que la consulta convocada es un referéndum encubierto. Según se afirma, el Decreto impugnado tiene como objeto una consulta no referendaria, como se deduce del propio título del Decreto. También se alega que el objeto de esta consulta es conocer la opinión de los participantes "con la finalidad de que la Generalidad pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e institucional que le corresponde", por lo que se considera evidente que la consulta es un instrumento de opinión, no de decisión, y que se vincula al eventual ejercicio por la Generalidad de la potestad a la que se refieren los arts, 87 y 166 CE y el art. 161 CE, por lo que la consulta encaja dentro del ámbito competencial de la Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 122 EAC. Respecto del art. 3, en el que se establece la pregunta (pregunta que son dos, la primera sobre Cataluña como Estado, y la segunda como Estado independiente) se considera que aunque por el alcance político que tiene esta pregunta pudiera formularse a través de una consulta referendaria, ello no es obstáculo para que también pueda plantearse a través de consulta que no tienen este carácter, pues no existe una reserva material de referéndum.
Por lo que respecta a las personas llamadas a participar, se sostiene que, al poder participar en la consulta no solo quienes integran el cuerpo electoral sino también otros colectivos no incluidos en el mismo (jóvenes entre 16 y 18 años y determinados extranjeros), los resultados de esta consulta nunca se podrían homologar a los que tendría una consulta referendaria.
En relación con los demás preceptos del Decreto impugnado, se considera que esta regulación es lógica y necesaria para el desarrollo de la consulta convocada y se vuelve a señalar que las impugnaciones de carácter competencial no pueden efectuarse por el cauce utilizado por el Gobierno -el procedimiento regulado en el Título V LOTC- para impugnar este Decreto.
6. El 10 de octubre de 2014, el Abogado del Estado planteó incidente de ejecución de la providencia de 29 de septiembre de 2014, en relación con el Decreto de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña 133/2014, de 6 de octubre, de nombramiento de los miembros de las comisiones de seguimiento de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña. El Pleno, por providencia de 14 de octubre de 2014, acordó tener por recibido el referido escrito y dar traslado de copia del mismo al Ministerio Fiscal, y a la representación de la Generalidad de Cataluña, otorgándoles un plazo de quince días para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes.
7. El 15 de octubre de 2014 se registró en este Tribunal el escrito presentado por D. Xavier Narcís Guillem en la Agrupación de Secretarias de Juzgado de Paz núm. 1 de les Borges Blanques por el que solicitaba que se le tuviera por comparecido y parte adherida en el presente procedimiento. El Pleno, por providencia de 15 de octubre de 2014, acordó no haber lugar a dicha solicitud al no estar legitimado para ser parte.
8. El 16 de octubre de 2012 el Abogado del Estado, dentro del plazo otorgado por la providencia de 8 de octubre de 2014, presentó su escrito de alegaciones en relación con la solicitud de levantamiento de la suspensión del Decreto impugnado formulada por los Letrados de la Generalitat. El representante del Gobierno del Estado, tras ponderar los intereses concernidos y los perjuicios de imposible o difícil reparación que podría originar la eficacia del Decreto impugnado, solicita que se deniegue el levantamiento de la suspensión y se acuerdo el mantenimiento de la suspensión durante toda la pendencia del recurso.
En su opinión, el interés público que subyace en el mantenimiento de esta medida cautelar es impedir que se movilice a los electores de una Comunidad Autónoma para que decidan sobre una cuestión que no les corresponde, ya que, a su juicio, la cuestión consultada concierne a todo el pueblo español. Por ello entiende que el interés que salvaguarda el Estado con la pretensión del mantenimiento de la suspensión se manifiesta en los siguientes aspectos: a) el interés en la defensa de la unidad de España y en la residencia de la soberanía nacional en el pueblo español, que, según sostiene, son los fundamentos mismos de la Constitución (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4); b) el interés general o público en evitar que la consulta sirva de instrumento de presión del Gobierno y deslegitimación de su voluntad y c) el interés en evitar que el cuerpo electoral se vea implicado en un proceso electoral litigioso, dada la sospecha de inconstitucionalidad que recae sobre el mismo.
Se alega, por otra parte, que el mantenimiento de la suspensión no genera perjuicio alguno al interés público invocado por la Comunidad Autónoma, pues, según se aduce, como el ordenamiento constitucional dispone de cauces adecuados, ordinarios y eficaces para dar efectividad y plena virtualidad al principio democrático y para facilitar la participación de todos los individuos en la vida política no es perentoria ni imprescindible la celebración de la consulta el día 9 de noviembre de 2014 para que tal principio tenga plena y absoluta eficacia. No obstante, considera también a efectos dialecticos, que, aunque se entendiera que el principio democrático y el mandato contenido en el art. 9.2 CE solo pudieran atenderse mediante la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña, esta consulta solo podría celebrarse si el Tribunal desestima el fondo de la impugnación, pues, a su juicio, solo entonces podrá celebrarse con todas las garantías.
9. Los Abogados de la Generalitat, por escrito presentado el 21 de octubre de 2014 en el Registro de este Tribunal, y dentro del plazo otorgado por la providencia de 16 de octubre de 2014, formularon alegaciones en el incidente de ejecución de la providencia de 29 de octubre de 2014 en relación con el Decreto de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña 133/2014, de 6 de octubre, promovido por el Abogado del Estado y solicitaron la desestimación del incidente planteado
10. El 24 de octubre de 2014, el Fiscal presentó en el Registro de este Tribunal su escrito de alegaciones en el incidente de ejecución de la providencia de 29 de octubre de 2014 en relación con el Decreto de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña 133/2014, de 6 de octubre, promovido por el Abogado del Estado. El Fiscal considera que procede dictar resolución apreciando la contravención de la providencia de este Tribunal de 29 de septiembre de 2014 por el Decreto de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña 133/2014, de 6 de octubre, de nombramiento de los miembros de las Comisiones de Seguimiento de la Consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña acordando su de declaración de nulidad.
11. El 27 de octubre de 2014, los Abogados de la Generalitat presentaron un escrito en el Registro de este Tribunal adjuntando un conjunto de documentos, referidos a acuerdos adoptados por distintas entidades locales de Cataluña, en los que, mediante fórmulas diversas, se manifiesta el apoyo a la celebración de la Consulta convocada por el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del Presidente de la Generalitat.
12. Los Abogados de la Generalitat de Cataluña, el 3 de noviembre de 2014, presentaron un escrito en el Registro de este Tribunal por el que ponían de manifiesto que, según constaba en la página web de la Moncloa, el Gobierno había adoptado el acuerdo de impugnar ante el Tribunal Constitucional, con invocación del art. 161.2 CE, las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria del denominado "procesos de participación ciudadana" recogido en la pág. Web http://participa2014.cat/es/index.html, así como los restantes acto o actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de dicha consulta, y a cualquier actuación, aun no formalizada jurídicamente vinculada a la referida consulta. Según se aduce, dada la falta de precisión del comunicado no les resulta posible conocer el procedimiento a través del cual el Gobierno del Estado tiene previsto formalizar la impugnación de las actuaciones relativas del referido proceso participativo. No obstante, consideran que la argumentación que puede utilizar el Gobierno es que el proceso de participación ciudadana es un referéndum encubierto y que se ha instrumentalizado para sortear la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional sobre el Decreto 129/2014.
13. El Pleno, por providencia de 12 de noviembre, acordó unir a las presentes actuaciones el escrito presentado por los Abogados de la Generalitat el 3 de noviembre de 2014, tener por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo y entregar copia al Abogado del Estado.
14. Por providencia de 25 de febrero de 2015 se señaló el mismo día para deliberación y votación de la presente Sentencia.
1. El Abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha impugnado el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del Presidente de la Generalitat de Cataluña, así como sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, publicado en el Anexo al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, de 27 de septiembre de 2014. Esta impugnación se efectúa al amparo de los arts. 161.2 CE y 76 y 77 LOTC.
La Generalitat sostiene, además, que la realización de una consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña encuentra un claro apoyo en la doctrina establecida en la STC 42/2014, pues el Tribunal, al apreciar que las referencias al "derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña" contenidas en la resolución 5/X no son inconstitucionales si se respetan las condiciones que esa Sentencia establece, está admitiendo la posibilidad de una consulta sobre el futuro político de Cataluña siempre que no se plantee unilateralmente como un "referéndum de autodeterminación" y que la consulta no ignore que la concreción efectiva del derecho a decidir debe realizarse siempre en el marco de los procedimientos de reforma constitucional; exigencias que, según se afirma, respeta el Decreto 129/2014.
2. Una vez expuestas sucintamente las posiciones de las partes debe analizarse, en primer lugar, si concurre la causa de inadmisibilidad parcial de la demanda que invoca la Generalitat de Cataluña. Entiende esta parte procesal que a través del cauce impugnatorio regulado en el Título V LOTC no pueden aducirse vulneraciones de carácter competencial, ya que, a su juicio, este tipo de alegaciones ha de efectuarse a través de la vía de los conflictos de competencias prevista en los arts. 62 a 67 LOTC. Por ello solicita que se inadmitan las alegaciones por las que se aduce que el Decreto impugnado es contrario al orden constitucional de competencias.
La circunstancia de que este proceso constitucional sea la única vía para que el Gobierno pueda impugnar las disposiciones o resoluciones de las Comunidades Autónomas que considere contrarias a la Constitución por motivos no competenciales llevó al ATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 3, a sostener que, "en el proceso impugnatorio del título V LOTC, únicamente pueden hacerse valer, pese a la indefinición legal de los motivos impugnatorios que se recoge en el art. 77.1 LOTC, vulneraciones constitucionales por razones no competenciales".
Ahora bien, de tal declaración no cabe deducir, como pretende la Generalitat de Cataluña, que la impugnación deba ser inadmitida en la parte relativa a las alegaciones de carácter competencial, sino únicamente que cuando la impugnación se fundamente solo en ese tipo de vulneraciones, se estará, materialmente, ante un conflicto de competencias, incluso aunque se acuda por la vía prevista en el Título V LOTC. Debe tenerse en cuenta que, en tales casos, aunque el Gobierno formule la impugnación invocando expresamente el procedimiento regulado en el citado Título V LOTC, los requisitos procesales que debe cumplir para que la impugnación sea admitida a trámite son los mismos que los establecidos para que el Gobierno pueda plantear directamente el conflicto positivo de competencias: el plazo para recurrir es, en ambos supuestos, de dos meses (arts. 62 y 76 LOTC), y la impugnación, por expresa disposición del art. 77, «sea cual fuere el motivo en que se base» debe formularse y sustanciarse por el procedimiento previsto en los arts. 62 a 67 LOTC, que es por el que se tramitan los conflictos positivos de competencias. De ahí que la STC 184/1996, ante una impugnación formulada por la vía prevista en el Título V LOTC que se fundamentaba únicamente en la infracción del orden constitucional de competencias, entendiera que "dada la remisión que el art. 77 LOTC efectúa a los arts. 62 a 67 también de la LOTC que regulan los conflictos de competencia, nada impide que resolvamos en este proceso la controversia planteada declarando la titularidad de la competencia controvertida".
3. La resolución de la presente impugnación exige, en primer lugar, determinar si la consulta convocada por el Decreto 129/2014 es una consulta popular de carácter no referendario, tal y como el propio Decreto establece y alegan los Letrados de la Generalitat, o si la consulta convocada, a pesar de su denominación, tiene carácter referendario, como sostiene el Abogado del Estado.
En efecto, el Decreto impugnado, al llamar a participar a los mayores de dieciséis años que tengan la condición política de catalanes y a los extranjeros que sean también mayores de dieciséis años y cumplan los requisitos establecidos en su art. 4.b) y c), para que mediante el sufragio y a través del procedimiento y garantías establecidos en la Ley 10/2014 y en el propio Decreto -normas que establecen un procedimiento y unas garantías de carácter electoral- expresen su opinión sobre la cuestión sometida a su consideración, está convocando una consulta referendaria y, por tanto, incurre, como se ha adelantado, en las mismas infracciones constitucionales en las que incurre la Ley 10/2014, de la que es aplicación, al regular las consultas generales.
4. Las consideraciones anteriores determinan que el Decreto 129/2014 y sus anexos, al convocar una consulta de carácter referendario y establecer las reglas y previsiones específicas para su celebración, deban ser declarados inconstitucionales y nulos por los mismos motivos por los que la STC de esta misma fecha, declara inconstitucionales y nulos los dos primeros enunciados del arts. 3.3, relativos a las consultas generales y los apartados 4 a 9 del art. 16 de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, de la que el Decreto 129/2014 es aplicación. Una vez estimada íntegramente la impugnación por estos motivos no procede examinar el resto de las alegaciones aducidas.

References: Resolución 
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