Source: http://www.slideshare.net/UnionProgresoyDemocracia/coste-estado-autonmico-ii
Timestamp: 2016-07-27 16:06:35+00:00

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Edición revisada, actualizada a mayo de 2011 y ampliada de "El coste del Estado autonómico I"
El coste del Estado autonómico II: Administraciónautonómica y local Edición revisada, actualizada a mayo de 2011 y ampliada de“El coste del Estado autonómico I” Grupos de Administración Pública y de Economía de UPyD
© Fundación Progreso y Democracia, 2012Publica: Fundación Progreso y DemocraciaCalle Cedaceros 11, 2º H28014 Madrid (España)ISBN: 978-84-937433-7-6Edición literaria al cuidado de Miguel Ángel Quintana PazIlustración y diseño de portada: Pablo UríaDiseño y maquetación: Sic – Idea y creación editorialPrimera edición: marzo 2012Impreso en España
ÍndicePrólogo a la edición de 2011 .......................................................................... 111ª PARTE: EL COSTE DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ............. 231.1. Prefacio a la segunda edición: Un año después, el tiempo(y los demás) nos han dado la razón.......................................................... 25 1.1.1. Sobre el carácter predictivo de nuestro libro .................................. 25 1.1.2. Excesos detectados: conﬁrmados y aumentados .......................... 28 1.1.2.1. Exceso de deuda y déﬁcit públicos..................................... 28 1.1.2.2. Excesos derivados de duplicidades, redundancias y otras incidencias .......................................................................... 33 1.1.3. Carencias que hacen el sistema actual inviable ............................. 51 1.1.3.1. Un Estado fuerte y capaz de hacer frente a los retos que plantea un contexto global, cambiante y complejo ................................................ 51 1.1.3.2. Dirigentes y directivos competentes ............................................ 52 1.1.3.3. Una cultura de autocrítica, transparencia y rendición de cuentas .............................................................................. 53 1.1.3.4. Una cultura que fomente la productividad, la eﬁcacia y la eﬁciencia ................................................................................................... 54 1.1.3.5. Déﬁcit de medición y comparación .............................................. 54 1.1.4. Algunas conclusiones sobre lo ocurrido en el último año ............... 551.2. El coste del Estado autonómico (2010): Duplicidades, redundanciasy excesos de un Estado con tres Administraciones. Hacia una mediciónde la eﬁcacia y la eﬁciencia ......................................................................... 59 1.2.0. Prólogo a la edición de 2010 .......................................................... 59 1.2.1. Contexto y características del estado autonómico ......................... 68 1.2.1.1. Algunos presupuestos metodológicos y de enfoque .......... 68 1.2.1.2. ¿Dónde estamos? Geografía, demografía y economía...... 70 1.2.1.3.¿Cómo hemos llegado a esta situación? Algunas características perversas del modelo .............................................. 75 1.2.2. El coste del Estado Autonómico ..................................................... 77 1.2.2.1. Gastos inevitables .............................................................. 77 1.2.2.2. Gastos evitables ................................................................. 78 1.2.3. Gastos evitables: excesos, duplicidades y redundancias............... 81 1.2.3.1. Medios anticuados y políticas innecesarias....................... 81 1.2.3.2. Proliferación de organismos público-privados .................... 83 1.2.3.3. Duplicidades administrativas .............................................. 87
1.2.4. Costes de personal y de funcionamiento........................................ 95 1.2.4.1. Dos excesos previos: personal de conﬁanza y diferencia salarial .......................................................................... 95 1.2.4.2. Evolución de la distribución de efectivos y presupuesto .................................................................................. 97 1.2.4.3. ¿Puede medirse la eﬁcacia y eﬁciencia de las Administraciones Públicas? Hacia una taxonomía de las organizaciones públicas ........................................................... 101 1.2.5. En conclusión: doce carencias y debilidades del modelo vigente 106 1.2.6. Doce propuestas para salir del caos organizativo y el exceso de gasto ............................................................................... 114 1.2.7. Anexo: medición de la eﬁciencia y eﬁcacia de las administraciones públicas ............................................ 118 1.2.7.1. Cómo medir la eﬁcacia ..................................................... 118 1.2.7.2. Indicadores de eﬁciencia .................................................. 119 1.2.7.3. Indicadores de eﬁcacia ..................................................... 129 1.2.7.4. Fuentes utilizadas ............................................................. 137 1.2.7.5. Tabla resumen de los principales datos............................ 1381.3. Apéndice: Cálculo del sobrecoste de las ineﬁciencias de lascomunidades autónomas .......................................................................... 139 1.3.1. Sobrecoste directo ........................................................................ 139 1.3.2. Sobrecoste en presencia de la externalización de servicios ........ 1412ª PARTE: EL COSTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL........................ 1452.1. Medición de la eﬁciencia de las 40 principales ciudades ............... 147 2.1.1. Concepto y medida de la eﬁciencia .............................................. 147 2.1.2. Cómo medir la eﬁciencia .............................................................. 149 2.1.3. Eﬁciencia y calidad ....................................................................... 1562.2. Tamaño eﬁciente de un municipio .................................................... 159 2.2.1. Concepto de tamaño eﬁciente ...................................................... 159 2.2.2 Tamaño eﬁciente y estimaciones de ahorro pontencial ................. 162
Prólogo a la edición de 2011El libro que presentamos ahora contiene una reedición sustancialmente corre-gida y ampliada del informe El coste del Estado Autonómico I publicado por laFundación Progreso y Democracia en abril de 20101. Dicho informe constituyóel primer documento de un partido político donde se alertaba de los excesosdel modelo autonómico español y de cómo su diseño alentaba y permitía elincremento de gastos innecesarios. Desde entonces poco a poco otros par-tidos, fundaciones, investigadores y expertos se ha ido sumando a nuestrastesis, que hoy recogen asimismo tanto la Comisión Europea como el FMI,aunque no siempre de forma completa. Nos sentimos orgullosos de haberintroducido en la agenda político-mediática asuntos que antes simplementese negaban y de haber roto un silencio cómplice que tapaba y escondía lasvergüenzas de un sistema perverso consentido por casi todos.Con este nuevo libro, los autores (los Grupos de Administración Pública yde Economía de UPyD) pretendemos dar un paso más, aportando nuevosdatos (actualizados a mayo de 2011) y profundizando en el nivel de la Admi-nistración local, otro de los pilares necesitados de una profunda reforma ennuestro país si queremos de verdad romper la dinámica de déﬁcit, deuda,ineﬁciencia e irresponsabilidad que caracteriza a la actuación habitual de mu-chos dirigentes políticos. Una vez más queremos contribuir a llenar la laguna(intencionada) que existe en España de estudios comparados sobre eﬁcienciaadministrativa.Debemos recordar que nuestro análisis no iba ni va dirigido contra el fenó-meno de la descentralización política o administrativa –que en otros países(Alemania, Estados Unidos, Austria) ha logrado tener un notable éxito–, sinocontra su aplicación particular «a la española», caracterizada por algunos ele-mentos perversos, la mayoría de los cuales se mantienen a pesar del tiempotranscurrido. Podemos destacar algunos de ellos:1. Grupo de Administración Pública de UPyD: El coste del Estado autonómico. Fundación Progresoy Democracia: Madrid, 2010. El coste del Estado autonómico II 11 ı
• La renuncia a establecer un modelo concreto en la Constitución española, ambigüedad que ha sido aprovechada por unos y por otros para descono- cer o ignorar los pocos límites que sí establece. • Una tendencia incremental en prácticamente todas las comunidades au- tónomas, que desde el principio no se conformaron con mantener el gasto de las políticas transferidas por el Estado y el número de organismos, sino que optaron en su lugar por aumentar –de forma en ocasiones redundante y casi siempre innecesaria– ﬁnanciación, personal y número de entidades, tanto dentro como fuera de su territorio, llegando en ocasiones a bordear el ridículo. • Esa actuación derrochadora fue liderada por los Gobiernos nacionalistas, con una estrategia nada disimulada de suplantar al Estado en todo tipo de competencias, con independencia de su sentido económico, social o de si poseían o no base legal. Pero a su vez fue imitada por el resto de comuni- dades autónomas, con el axioma bastante simplista y acrítico de que lo que es bueno para los demás debe de serlo para nosotros; y además con la po- sibilidad de conseguir con ello réditos electorales. Del «café para todos», se pasó a «tonto el último», lema que se concretó más recientemente en la de- nominada «cláusula Camps» del nuevo Estatuto de autonomía valenciano. • Todo ello se sustentó en un concepto muy particular de autonomía impulsa- do por los Gobiernos nacionalistas (pero de nuevo imitado por los demás), en el sentido de que no había verdadera autonomía política si no existía al mismo tiempo autonomía económica. Ésta se cifraba en dos objetivos: recaudar autónomamente (País Vasco y Navarra habrían conseguido en este sentido el top de autonomía) y gastar del mismo modo («caiga quien caiga»). Como consecuencia se trasladó hábilmente al imaginario colecti- vo de la sociedad que por tanto autonomía «debía» equivaler a ausencia de límites. Lo cierto es que en el mundo real todos estamos sujetos a lími- tes: algunos puramente físicos, pero otros ﬁjados por nuestras leyes; y es precisamente gracias a estos límites que podemos ejercer nuestra liber- tad. Lo más curioso es que los nacionalistas reclaman para sí un concepto de autonomía de la que no gozan ni siquiera los Estados-nación, como ellos llaman, y que tampoco existe en ningún Estado federal. • Nada de esto hubiera llamado la atención sin embargo si los distintos Go- biernos autonómicos hubieran hecho un uso sensato y austero de su auto- ı12 Administración autonómica y local
nomía, pensando en el bienestar de los ciudadanos y en el bien común de España. Pero si algo han demostrado estos treinta años de ausencia de límites es que se ha castigado la mesura y se han premiado los excesos y las argucias orgánico-ﬁnancieras, como la de crear entidades instrumen- tales para ocultar déﬁcit. Esto es especialmente cierto en al caso de los Gobiernos nacionalistas quienes, en ejercicio de su particular concepto de autonomía de gasto, por ejemplo, en lugar de apostar por crear y man- tener un sistema de salud y de protección social de calidad y eﬁciente, que les diera prestigio (real) en España y en Europa, han preferido optar por el folklore: comprando lanzas tribales, subvencionado la enseñanza del catalán en países latinoamericanos o abriendo costosas embajadas cuya utilidad práctica es cercana al cero, cuando no al ridículo, ya que la protección consular sólo puede ser ejercida legalmente por el Estado es- pañol (¿alguien se cree que se fomenta la inversión extranjera clamando que Cataluña no es España?). Esta tendencia parece que se conﬁrma con el nuevo protocolo de uso de la lengua catalana por los médicos del sis- tema de salud catalán incluso ante personas que tengan diﬁcultades para entenderlo: una vez más el nacionalismo demuestra que antepone sus intereses «soberanistas» al bienestar y salud de sus ciudadanos. • Por otra parte, estos gastos innecesarios y excesivos se trasladaron igual- mente a las inversiones, sometiéndolas a criterios políticos o electoralistas incompatibles con estudios económicos mínimamente rigurosos en cuanto a viabilidad y relación coste/beneﬁcios: aeropuertos sin pasajeros, universi- dades sin alumnos, carreteras triplicadas, trenes de alta velocidad sin viaje- ros, etc. A ello se une que en ningún proyecto se contabilizan los gastos pre- visibles de mantenimiento dentro de la (preceptiva) memoria económica.Este diseño del modelo, a golpe de chantaje político u ocurrencia electoralista,se ha convertido en un cáncer estructural en España que funciona como verda-dero impuesto al crecimiento económico y a la gestión eﬁciente de los recursospúblicos. Esto pasa por ejemplo con la diﬁcultad para establecer centrales decompras o con la creación y mantenimiento de diecisiete ordenamientos dife-rentes que llegan a establecer requisitos y exigencias «localistas» para la aper-tura de negocios o su funcionamiento (por ejemplo en materia de seguros), loque supone no solo un obstáculo al mercado interior –con la introducción de unverdadero proteccionismo autonómico y una red clientelar (que fomenta la co-rrupción)–, sino que directamente desincentiva la inversión extranjera en nues-tro país, lo que resulta especialmente grave en tiempos de crisis económica. ı El coste del Estado autonómico II 13
Desgraciadamente este análisis sigue estando vigente tras las elecciones ge-nerales de 2011, a la fecha de redacción de este prólogo, cuando el nuevoGobierno ha conﬁrmado que el déﬁcit superará el 8%. Pero lo más relevantees que, según informe de 11 de enero de 2012 del Observatorio Fiscal y Fi-nanciero de las Comunidades Autónomas2, todas las comunidades autóno-mas incumplen el objetivo de estabilidad del -1,3%; su desvío respecto a esacifra alcanza los 14.476 millones de euros, de los cuales el 62,2% (más de9.000 millones) corresponde a cuatro comunidades: Comunidad Valenciana(21,3%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla-La Mancha (11,4%). Eneste contexto, y sabiendo que las comunidades autónomas son responsablesaproximadamente del 60% del consumo público, sorprende poderosamenteque estas se nieguen a que sus presupuestos sean visados por el Ministeriode Hacienda, cuando España como Estado miembro de la UE ha aceptadoque esta controle su propio presupuesto. De nuevo la pregunta es si el modeloautonómico tal como está diseñado en España está dirigido a mejorar la cali-dad de la vida de los ciudadanos o a mantener una serie de privilegios de lascastas dominantes de cada territorio.En este libro también se incluyen (en su apartado 1.3.) los cálculos que serealizaron (y que no se pudieron incluir en la anterior edición del libro, la de2010) siguiendo criterios de benchmarking para conocer de forma relativa elsobrecoste de las comunidades autónomas en la prestación de los serviciospúblicos atendiendo a su gasto en los capítulos I, II y IV de sus presupuestos.Para ello, se normalizó el gasto por comunidad en esos capítulos, dividiéndolopor la población, y se hizo la comparación sobre la media de las tres mejores(esto es, las que menor gasto por habitante tenían). Según este cálculo sepudo concluir que durante el último trienio (2008-2010) el sobrecoste (y consi-guiente ahorro) ascendería a 52,8 mil millones de euros.El coste de los entes localesUna vez presentado el anterior informe sobre el coste del Estado autonómico(edición de 2010), los Grupos de Administración Pública y de Economía deUPyD trabajaron en un estudio sobre el coste de las entidades locales, quefue presentado en octubre de 2010. Este se hizo desde una doble perspectiva:1) calculando el sobrecoste de las cuarenta principales ciudades de Españapor población, aplicando para ello la misma técnica que se utilizó para el cál-culo del sobrecoste de las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciuda-2. http://www.fedea.net/CCAA ı14 Administración autonómica y local
des autónomas; y 2) calculando el coste de la exuberancia municipal española(nuestro país cuenta con 8.112 municipios) y los ahorros que conllevarían unproceso de fusión municipal al aplicarse economías de escala en la provisiónde servicios municipales.Al igual que en el caso de las comunidades autónomas, fuimos los primeros enpresentar un análisis de eﬁciencia comparativo de las principales ciudades es-pañolas y de calcular el coste que implica la profusión de pequeños municipiosque hay en España. Ese análisis se presenta en la segunda parte de este libro.Con datos de 2008 (que no varían sustancialmente en años posteriores comopublicaremos en su momento), el estudio mostró que las principales ciudadesespañolas incurrían en importantes sobrecostes, destacando en ello la ciu-dad de Madrid. Para el cálculo de ese sobrecoste hemos utilizado la mismatécnica que para el de las comunidades autónomas, normalizando los gastosdel capítulo I y capítulo II de los presupuestos dividiéndolos por su poblacióny comparando cada ciudad con la media de las tres con menor gasto en esecapítulo, que son las más eﬁcientes. Se trata de aplicar las ya citadas técnicasde benchmarking, muy comunes en la Unión Europea y en los países federa-les pero casi ausentes en el estudio de los entes territoriales españoles; se-guramente, como señalamos en el primer libro, por la opacidad interesada delos responsables políticos de estas entidades, que no desean comparacionesque permitan a sus ciudadanos valorar con exactitud sus políticas.Según los datos obtenidos, las tres ciudades más eﬁcientes son para el capí-tulo I Gijón, Oviedo y Vigo; y, para el capítulo II, Córdoba, Gijón y Tarrasa. Lasuma del sobrecoste en esos dos capítulos da un ahorro potencial de 6.211millones de euros, aproximadamente el 0,6% del PIB español. Un ahorro querepresenta algo más de la octava parte del que nos obliga el cumplimiento dedéﬁcit ﬁjado por la Unión Europea para el año 2012. Un sobrecoste en el quedestaca la ciudad de Madrid, ya que ella sola aporta el 38% del mismo, másde seis veces el de la ciudad de Barcelona.Con el objeto de perfeccionar el estudio, aunque de forma todavía provisional,hemos incorporado también un análisis de los gastos del Capítulo IV, ya quetodas las ciudades, en mayor o menor medida, han llevado a cabo políticasde externalización de servicios mediante la trasferencia de recursos a entespúblicos o privados que lógicamente implican gastos de los capítulos I o II quese podrían ahorrar. ı El coste del Estado autonómico II 15
En este estudio hemos considerado que todos estos municipios presentanun nivel de servicios similar. Pero con el ﬁn de contrastarlo con la calidad quelos ciudadanos aprecian en sus servicios lo hemos cruzado con un estudiohecho por Mercociudad. Y de ese cruce se puede concluir que la calidad noestá reñida con la eﬁciencia, ya que no hay una correlación estadísticamentesigniﬁcativa entre ambas. E incluso, en casos como Gijón y Sevilla, hay unacorrelación inversa entre gasto y calidad: a menor gasto en los capítulos I y II,mayor calidad y a la inversa.Como mencionamos al hablar de las comunidades autónomas, el estudio espreliminar y debe ser completado por quien realmente tiene medios para ha-cerlo. Y en él deberá incorporarse tanto la deuda como aquellas inversionesrealizadas que han resultado de una escasa utilidad pública.Lo que el estudio sí evidencia es que, al igual que las comunidades autóno-mas, los municipios han duplicado sus competencias sobre la base de la com-petencia general establecida en el artículo 25 de la Ley de Bases de RégimenLocal del año 1985, ampliando su campo de acción con las del Estado y lascomunidades autónomas desde la educación hasta el empleo y dejando aveces en un segundo plano la que debían ser sus obligaciones esenciales. Almismo tiempo, han aplicado ingentes cantidades de dinero en infraestructurasinnecesarias o en ediﬁcios suntuosos, en muchas ocasiones de escaso gustoestético. Se creyó, en suma, que esos gastos colocarían a sus ciudades en eltop ten de no se sabe bien qué ranking; y se olvidó que lo que hace que unaciudad sea realmente próspera son sus ciudadanos y que estos requieren deservicios básicos y no de altos impuestos para pagar los «caprichos de susalcaldes». Madrid es el ejemplo perfecto: se ha gastado cientos de millones ennuevas sedes municipales, que parecen más propias de un país, o en comple-jos deportivos, como la Caja Mágica, que nadie quiere usar. Este es el caminoperfecto que nos ha llevado a la situación de crisis que padecemos.En una segunda parte sobre los entes locales hemos calculado el coste de laexuberancia municipal española. Nuestro país cuenta con 8.112 municipios delos cuales el 84% tiene menos de 5.000 habitantes y sólo pocos más del 1%superan los 50.000 habitantes. Esta estructura, como señala Ramón Paradaen su libro de 2007 La segunda descentralización: del Estado autonómico almunicipal 3, se deﬁnió en las Cortes de Cádiz a partir del régimen campesino-3. José Ramón Parada Vázquez: La segunda descentralización: del Estado autonómico al ı16 Administración autonómica y local
parroquial vigente. Y no se ha adaptado a los nuevos tiempos, en los que sehan producido numerosísimos cambios productivos y poblacionales. Ha per-manecido como tal a pesar de su disfuncionalidad y a pesar de lo hecho enotros países a partir de los años 60 del siglo pasado, donde se acometieronimportantes procesos de fusión municipal ligados a una racionalización de supropio funcionamiento, como ha explicado el profesor Francisco Sosa Wagneren diversos de sus estudios. Incluso se ha seguido el proceso contrario y sehan realizado segregaciones municipales, al hilo de la enfermedad identitariaque ha dominado nuestro país en las últimas décadas (como señalábamos alhablar de las comunidades autónomas) y que conﬁemos en que haya empe-zado su retroceso.Al problema del tamaño municipal se une la existencia de las diputacionesprovinciales, que jugaron un importante papel desde que se crearon en elsiglo XIX por el decreto de Javier de Burgos pero cuya razón de ser, tras elproceso descentralizador en comunidades autónomas, es muy reducida, yaque viene realmente justiﬁcado por la función que realizan para garantizar losservicios a los ciudadanos de los municipios de menos de 20.000 habitantes:mas esa función podría dejar de ser necesaria mediante el citado aumentodel tamaño de los municipios españoles y la asunción por las comunidadesautónomas de parte de sus competencias, como ya sucede en el caso de lascomunidades uniprovinciales. También hay que contar que se han ido crean-do toda otra serie de entes, como las mancomunidades, que en general nohan funcionado y que sin embargo han servido para diluir la responsabilidadpolítica de alcaldes y concejales.Para determinar el sobrecoste que se deriva del tamaño de los municipios enEspaña, y también para ver si se puede establecer una mínima escala eﬁcien-te para la provisión de servicios, hemos analizado la relación entre poblacióne ingresos a escala municipal en toda España, añadiendo a los ingresos losgastos de las diputaciones. Para asignar los gastos de las diputaciones he-mos aplicado una regla proporcional a la población asignando el 70% de sugasto a los municipios con menos de 20.000 habitantes, ya que es allí dondeorientan esencialmente su función. De esta forma el sobrecoste lo hemosdeﬁnido como la relación entre los recursos que gasta un municipio porcen-tualmente sobre el total del gasto municipal español frente al porcentaje querepresenta su población sobre el total español. Este indicador permite mostrarmunicipal. Cívitas: Madrid, 2007. ı El coste del Estado autonómico II 17
qué municipios tienen un mayor consumo de recursos en relación a sus habi-tantes y, por tanto, son menos eﬁcientes.De acuerdo con los datos que hemos calculado y que se pueden consultar eneste libro en su apartado 2.2., el tamaño más eﬁciente es el de los municipiosde 20.000 habitantes; si bien existen economías de escala en general en to-dos los municipios de mayor tamaño, con las excepciones de Sevilla, Bilbao,Vitoria, Pamplona y San Sebastián (lo que en el caso de Sevilla coincide conel hecho de que sea una de las ciudades cuya calidad de servicios es peor va-lorada por sus ciudadanos). En el caso de los municipios de menos de 20.000habitantes se aprecian deseconomías de escala.Aplicando estos criterios y determinando posibles tamaños mínimos hemoscalculado el ahorro potencial que podría llegar a haber. Así, si fusionáramoslos municipios en tamaños de 2.000, 5.000, 10.000 ó 20.000 habitantes sepodrían ahorrar desde 1.956 millones de euros para un tamaño de 2.000 ha-bitantes hasta 16.142 millones para un tamaño de 20.000.En la vida actual, donde prima la movilidad y donde la gente busca la calidadde los servicios, un proceso de fusión municipal tendría grandes beneﬁcios.Por una parte se podrían prestar servicios de mejor calidad, ﬁnanciarlos ade-cuadamente y suprimir duplicidades. Serían de mejor calidad ya que podríancontar con una estructura administrativa más eﬁciente y reducida que depen-diera menos del localismo; y porque se podrían aprovechar los recursos co-munes reduciendo gasto corriente en ediﬁcios, material, etc. Por otra parte sepodrían eliminar duplicidades entre ellos, con las Diputaciones Provincialesy con las comunidades autónomas. En deﬁnitiva, se podrían aprovechar lassinergias derivadas de su fusión para prestar los servicios esenciales que danlos municipios y que son uno de los signos más evidentes de civilización: aguacorriente, recogida de residuos, alumbrado, calles y carreteras. A veces senos olvida que esas funciones son las que de verdad con carácter preferentedeben realizar los municipios, como nos recuerda Edward Glaeser en su re-cientemente traducida obra El triunfo de las ciudades4 .Por otra parte, la cercanía favorece la corrupción, ya que se tienen que tomardecisiones importantes, sobre todo en materia de urbanismo, por institucio-nes poco «poderosas» frente a los poderes económicos que pueden sacar4. Edward Glaeser: El triunfo de las ciudades. Taurus: Madrid, 2011. ı18 Administración autonómica y local
grandes beneﬁcios de ellas. La fusión de los municipios existentes en otrosde mayor tamaño permitiría elegir a concejales y alcaldes más preparados yademás reduciría signiﬁcativamente su número, que pasaría, de los 48.733concejales que existen en la actualidad en los 6.821 municipios de menos de5.000 habitantes hoy vigentes, a 13.000 concejales, si se fusionaran en 1.000municipios de 5.000 habitantes, o a 7.500 concejales, si se fusionaran en 500de 10.000 habitantes.Los datos que ofrecemos en este estudio resaltan que es muy conveniente ha-cer una modiﬁcación de la estructura administrativa local de España. Para elloconsideramos que es imprescindible que haya un impulso desde el Estadoque ﬁje mediante una modiﬁcación de la Constitución –que también deberíareconsiderar la estructura y competencias de las comunidades autónomas,según hemos señalado– cuales han de ser las competencias de cada ámbitoterritorial. Y que respecto de las entidades locales proceda a marcar los cri-terios mínimos de población para tener un Ayuntamiento, de forma que pau-latinamente, y en un proceso que deberá hacerse conjuntamente con las co-munidades autónomas, se termine por modiﬁcar la planta municipal mediantela reducción del número de Ayuntamientos y la supresión de las diputacionesprovinciales. Obviamente esto no implicaría la desaparición de los nombresde los pueblos, ni de su ﬁesta local, que seguirían como hasta ahora. Lo únicoque compartirían todos los actuales municipios, después de fusionados, seríauna misma estructura administrativa.De realizar estas reformas en España habría tres niveles administrativos cla-ros: Administración del Estado, comunidades autónomas y municipios. Algoque debería ser igual para todo el país, incluido Euskadi, donde sus munici-pios y diputaciones practican estrategias enormemente derrochadoras.Acciones de UPyD en las institucionesEn todo caso, en este tiempo transcurrido desde el primer informe sobre elcoste autonómico, UPyD no se ha limitado a su labor de análisis y denuncia,sino que tanto en el Parlamento nacional como en el Parlamento vasco, laAsamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid y numerosos Ayuntamientosdonde tenemos presencia ha formulado diversas iniciativas.En el Congreso de los Diputados se presentó una proposición no de Ley enmayo de 2010 en la que se pedía el control del gasto de las comunidades autó-nomas por el Estado, que fue rechazada por todos los grupos parlamentarios ı El coste del Estado autonómico II 19
argumentando que era constitucionalmente inviable. Lo que, por cierto, no en-tendió así el Tribunal Constitucional en su sentencia de 134/2011, donde cre-yó constitucional el control del gasto autonómico con la legislación entoncesvigente. Y tan importante era esta cuestión que se acabó en agosto haciendouna reforma constitucional exprés para constitucionalizar el límite de gasto delas Administraciones Públicas. También en el Congreso, en julio del 2011, sepresento una propuesta de resolución en la que se instaba al Gobierno a queiniciara un proceso de fusión de municipios y supresión de diputaciones queasimismo fue desestimada por todos los grupos. Luego se ha visto como laUnión Europea forzaba a países como Italia a realizar esa fusión, tarea que haemprendido ya el nuevo Gobierno italiano.En la Asamblea de Madrid el Grupo Popular propuso la creación de una Co-misión de Duplicidades –siguiendo la estela del debate público abierto porUPyD- entre la Comunidad Autónoma de Madrid y sus Ayuntamientos. Esacomisión tiene aún pendiente emitir un dictamen para su elevación al pleno dela cámara, pero por las comparecencias que han tenido lugar parece evidentela existencia de dichas duplicidades y la conveniencia de reformar la estruc-tura y funcionamiento de la Administración municipal. Tales duplicidades vandesde las competencias en educación hasta las de vivienda. Los problemasde estructura y funcionamiento se han puesto aún más de relieve con la crisis.Existen Ayuntamientos como el de Parla, que no puede pagar una estructurade personal absurda en que los conductores y las peluqueras cobran entrelos sueldos más altos del Ayuntamiento; y que construyó un tranvía inviablecuya ﬁnanciación y coste de funcionamiento atenaza el cumplimiento por elAyuntamiento de los servicios esenciales. O Ayuntamientos como el de Alcaláde Henares, que tiene cerca de 200 millones de euros de deuda, con un alcal-de que gana más que el presidente del Gobierno y 100 empleados públicosque ganan más que él, aparte de dedicar entes municipales a gastar millonesde euros en campañas de autobombo y ﬁnanciación a la que se hace prensa«amiga». Sin que debamos olvidar tampoco el Ayuntamiento de Alcorcón, con500 millones de euros de deuda para un presupuesto de 160 millones, de loscuales 300 los debe la empresa municipal de la vivienda, que sirvió a los ﬁnesmegalómanos de un alcalde que quería con sus plusvalías construir un centrode arte de costes millonarios.En otoño de 2011, UPyD presentó también en el pleno de la Asamblea deMadrid iniciativas destinadas a abrir desde la Comunidad homónima el ne-cesario control presupuestario previo de las comunidades autónomas y los ı20 Administración autonómica y local
municipios; iniciativas que fueron rechazadas por todos los partidos bajo acu-saciones de demagogia y de querer reducir la autonomía de autonomías ymunicipios. Todos los grupos negaron que fuera necesaria una reforma cons-titucional. A pesar de estas negativas, se ha conseguido abrir el debate públi-co y no nos cabe duda de que el camino se acabará recorriendo, como ocurriócon la renuncia a los coches oﬁciales y posteriormente con la supresión en laAsamblea del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Agencia de laEmigración. Además hemos comprobado que donde somos decisivos se hanacabado haciendo cosas interesantes en esta dirección: en Coslada se hanreducido los asesores municipales y se está negociando un presupuesto queacabe con despilfarros varios; en Getafe se han suprimido también asesoresy anulado subvenciones nominativas de millones de euros como la que iba alGetafe Club de Fútbol.Por tanto, esta labor de UPyD ha sido imprescindible para abrir y potenciarun debate público esencial: la necesidad de resolver la crisis institucional denuestro país, que en gran parte es responsable de la gravedad de la crisis ydel retraso en acometer medidas para su solución. Una solución que a juiciode UPyD requerirá de una modiﬁcación constitucional. No hay que más quever la infausta conexión que se creó entre las cajas de ahorros, comunidadesautónomas, entidades locales y empresarios acostumbrados a vivir de los be-neﬁcios que da la cercanía al poder. Este triángulo, en el que salían todos be-neﬁciados menos los ciudadanos, se ha producido en gran parte por el acre-centamiento de las elites locales y su falta de control por parte del Estado.Breve valoración de algunas medidas del nuevo GobiernoEsta crisis institucional debe ser uno de los principales objetivos a resolverpor el nuevo Gobierno y las nuevas Cortes Generales. A pesar de ello, lasmedidas tomadas hasta ahora por el Gobierno no animan a pensar que estédispuesto a emprender las adecuadas, incluida la reforma constitucional. Hu-biera sido muy deseable que en el Consejo de Ministros de 30 de diciembrede 2011, en el que se acordó la subida de impuestos, se hubiera acorda-do la intervención de la Comunidad Valenciana, para asumir directamentela gestión presupuestaria de esa quebrada comunidad, y se hubiera exigidoal resto de comunidades autónomas que sometieran sus presupuestos a uncontrol previo a su aprobación. Sin embargo, en el Consejo de Política Fiscaly Financiera de 17 de enero se tomaron medidas a favor de las comunidadesautónomas sin exigirles nada a cambio; lo que es un error que conﬁemos enque se corrija con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que habrá de apro- ı El coste del Estado autonómico II 21
barse como desarrollo del nuevo artículo 135 de la Constitución, donde se haestablecida la llamada regla de oro del déﬁcit público y cuyo anteproyecto hasido presentado por el Gobierno.Sin duda, UPyD está resultando fundamental en el mapa político español pararomper la omertá que había venido caracterizando al modelo de organizacióndel poder administrativo en España, siendo probablemente el grupo políticoque más está haciendo para llevar criterios de racionalidad política y económi-ca al sistema. Cambios estos imprescindibles para España que si no hacemospor nosotros mismos nos acabarán siendo impuestos desde fuera, como hasucedido en otros países y como ocurrió con la reforma constitucional: que enel fondo implicó una intervención, puede que suave, pero intervención al ﬁn yal cabo de nuestro país.Quedan obviamente algunos temas pendientes, como el de seguir insistiendoen reforzar los criterios cualitativos, y no meramente cuantitativos, en el em-pleo de recursos públicos y poner así en cuestión el axioma, algo simplista, deque a más recursos se obtienen automáticamente mejor servicios públicos.De hecho, en futuros estudios pretendemos comparar el gasto autonómicoen sanidad y educación para analizar con datos si verdaderamente el mayorgasto por enfermo o por alumnos se concreta necesariamente en más satis-facción del paciente o mejores resultados educativos en la encuesta PISA,así como actualizar el presente libro en función de las medidas que tome elnuevo Gobierno.Por último, nos gustaría aprovechar también este prólogo para agradecer eltrabajo certero de todos aquellos que han hecho posible la redacción de estelibro, con una mención especial en este sentido a Jorge Díaz Neira por sulabor en la recopilación y el tratamiento de los datos para este estudio. Jaime de Piniés Bianchi Miembro del Grupo de Economía de UPyD Ramón Marcos Allo Miembro del Consejo de Dirección de UPYD Diputado de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid ı22 Administración autonómica y local
1ª PARTE: El costede la Administración autonómica
1.1. Prefacio a la segunda edición: Un año después, el tiempo (y los demás) nos han dado la razón1.1.1. SOBRE EL CARÁCTER PREDICTIVO DE NUESTRO LIBROEl libro sobre el coste autonómico publicado por la Fundación Progreso yDemocracia en abril de 20105 fue el primer documento serio publicado enEspaña por un partido político sobre los excesos del Estado autonómico, alque luego se han ido sin embargo apuntando otros (eso sí, sin nombrarnos).Así, la Fundación FAES, vinculada al Partido Popular, elaboró posteriormenteun informe titulado Por un Estado autonómico racional y viable (publicado endiciembre de 2010)6, donde curiosamente se utilizaban datos muy similares alos nuestros, por supuesto sin citarnos, en un extraño homenaje a la políticade transparencia en España. Algo parecido puede decirse del informe publi-cado por el Círculo de Empresarios sobre eﬁciencia de las Administracionesterritoriales el 26 de abril de 20117.Por su parte, un exministro de Administraciones Públicas durante los primerosGobiernos de Rodríguez Zapatero publicaba un artículo donde diferenciabaentre autonomía y descontrol.8 También otros diputados del PSOE han pu-blicado artículos en el mismo sentido, como Elviro Aranda, portavoz adjuntode la Comisión Constitucional9, quien entre otras cosas decía: «Para seguirconstruyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión5. Grupo de Administración Pública de UPyD: El coste del Estado autonómico. Fundación Progresoy Democracia: Madrid, 2010. El texto íntegro de tal libro se halla incluido en el presente volumencomo su apartado 1.2.6. Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales: Por un Estado autonómico racional y viable,http://www.fundacionfaes.org/record_fi le/fi lename/2964/ESTADO_AUTONOMICO.pdf7. Círculo de Empresarios: Administraciones Territoriales: propuestas para la mejora de la eficienciay de la unidad de mercado, http://www.circulodeempresarios.org/wp-content/uploads/2011/04/Doc-AATT-26-abril-2011.pdf8. Jordi Sevilla: «Comunidades, ¿autónomas o descontroladas?». El Mundo (suplemento Mercados),20 febrero 2011.9. Elviro Aranda: «Racionalidad en el Estado autonómico». El Mundo, 10 marzo 2011. El coste del Estado autonómico II 25 ı
la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la políticaterritorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de lossentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas delos partidos».Finalmente, el propio Gobierno, presionado por la realidad de los datos ylas interpelaciones parlamentarias de UPyD, no ha tenido más remedio quesubirse al carro: eso sí, a destiempo y de forma un tanto superﬁcial y testimo-nial. Así, en el Anexo II de la Orden TAP/700/2011, de 17 de marzo, «por laque se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2011,por el que se aprueban los programas y políticas públicas que serán objetode evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicasy la Calidad de los Servicios en 2011 (BOE de 1 de abril)», ﬁgura el siguientetexto: Informe relativo a posibles duplicidades, solapamientos e ineﬁciencias en el Estado Autonómico En España, tras constatarse el éxito del modelo territorial previsto en la Constitución de 1978, se debate cómo mejorar la eﬁciencia del mismo para afrontar los nuevos retos. Otros países descentralizados, como Esta- dos Unidos, Suiza, Australia, Alemania o Canadá, han hecho este mismo ejercicio de reﬂexión sobre sus sistemas de organización territorial del po- der en los últimos 15 años. A pesar de que descentralización y eﬁcacia van de la mano, siempre hay un margen para la mejora. Bajo estas premisas, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios elaborará un informe relativo a la me- jora en el funcionamiento del Estado Autonómico, centrado en identiﬁcar las posibles duplicidades, solapamientos e ineﬁciencias del sistema e in- cluyendo las propuestas de mejora, en su caso, siempre desde la leal- tad institucional, el respeto al marco constitucionalmente diseñado y a los Estatutos de Autonomía, y bajo el principio de que la descentralización debe estar ligada especialmente a la eﬁciencia y la calidad de la acción pública. ı26 Administración autonómica y local
Extraña la similitud de este título y texto con la proposición no de ley presen-tada el 26 de enero de 2009 por UPyD y rechazada por el PSOE y el PP10;proposición en cuya exposición de motivos se aseveraba, entre otras cosas: España ha experimentado, sin duda, desde los años setenta una admirable evolución política, económica y social a la que ha contribuido con dedica- ción y eﬁcacia nuestra Administración Pública. Ello ha sido posible gracias a la buena preparación y nivel de profesionalidad que, con carácter gene- ral, tienen nuestros funcionarios públicos, también a los planes de moder- nización implantados en los años ochenta (con las inspecciones operativas de servicios que eliminaron muchos trámites inútiles) y a una conciencia de austeridad en el gasto público operativo (que injustamente se ha consolida- do también en materia salarial), lo que nos permitió cumplir en el año 2000 los criterios de convergencia y pasar a formar parte de la Eurozona. […] Pues bien, sorprende que nadie esté valorando si la estructura creada por cada comunidad autónoma responde a dichos principios de economía, eﬁcacia y eﬁciencia, y si se producen duplicidades innecesarias con el Estado (por ejemplo, en materia de política exterior), con la Administra- ción local o entre ellas. Ni siquiera que se sepa si se han llevado a cabo políticas de bench marking, tan frecuentes en otros ámbitos, que permitan comparar los modelos organizativos de las comunidades autónomas para determinar aquellos aspectos que puedan ser imitables y cuáles han de- mostrado ya su clara ineﬁcacia.Todo ello precedía a la proposición no de ley propiamente dicha presentadapor UPyD, y que rezaba así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: a) Que presente un Proyecto de Ley que ﬁje un modelo de Gobierno y de organización ministerial estable para los próximos diez años, sin perjuicio de la potestad de cada Presidente de Gobierno de crear ministerios sin cartera.10. El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Rosa Díez González, diputada de UniónProgreso y Democracia, presentó el día 26 de enero de 2009 una proposición no de ley (162/000300)de austeridad y racionalización de las Administraciones Públicas y de eliminación de duplicidades yde gastos superfluos para su debate en pleno (BOE nº 142, 06/02/2009). El coste del Estado autonómico II 27 ı
b) Que presente, a ﬁnales del año 2009, un Proyecto de Ley de Gobiernos austeros y eﬁcaces en el uso del dinero público que, en aplicación del ar- tículo 149.18 de la Constitución Española, ﬁje las normas para el Gobierno y la Administración de España y de las Entidades locales y armonice las de los Gobiernos y Administraciones de las comunidades autónomas bajo esos principios.En deﬁnitiva, pues, nuestro informe-estudio no sólo tuvo la virtud del ser elprimero en atreverse a poner el dedo en la llaga, sino que también es plausiblesospechar que ha marcado cierta tendencia entre otros informes similares,además de tener un curioso carácter visionario o predictivo: por cuanto todoslos errores, excesos y carencias detectados en aquel momento no han hechosino conﬁrmarse o agravarse desde entonces. Valga el siguiente resumen(que ocupará el resto de este apartado 1.1., el prefacio a esta segunda edi-ción) como botón de muestra de ello.1.1.2. EXCESOS DETECTADOS: CONFIRMADOS Y AUMENTADOS1.1.2.1. Exceso de deuda y déﬁcit públicosa) Un repaso a la (preocupante) situaciónEn el año 2010 el Gobierno logró cumplir el objetivo que se había planteado,consiguiendo que el déﬁcit del Estado español se situara en el 9,24%, menorque el 11,1% del año anterior, aunque ello no oculte que se sigue gastandobastante más de lo que se ingresa (en concreto 50.700 millones de eurosanuales). No obstante, las comunidades autónomas incumplieron su objetivoprevisto del 2,4%, pues alcanzaron un déﬁcit del 2,83% del PIB. En realidad,de las 17 comunidades autónomas sólo ocho cumplieron el objetivo, con cua-tro (Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Cataluña) con desvíos muy nota-bles; fue Castilla-La Mancha la que ostentó el récord negativo con un 6,47%de su PIB. Sólo cuatro comunidades autónomas consiguieron ser ahorradorasen términos de déﬁcit (Canarias, País Vasco, Extremadura y Madrid). De he-cho, mientras las Administración General del Estado redujo su déﬁcit en el2010 hasta casi la mitad del año anterior (situándose en un 4,97% del PIB) lascomunidades autónomas aumentaron su déﬁcit hasta el 3,39% del PIB frenteal 2% del año 2009. Incluso si tomamos como referencia los presupuestosaprobados para este año 2011, Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Va-lenciana y País Vasco (por este orden) encabezan los mayores porcentajesde déﬁcit. ı28 Administración autonómica y local
Con relación a la deuda las mayores gastadoras (también por este orden)fueron la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia. Sinembargo, en términos totales, el mayor volumen de deuda en 2010 fue, unaño más, para Cataluña (27,6% del total de la deuda autonómica) seguida deComunidad Valenciana y Madrid, sumando entre las tres el 54,5% del total. Entodo caso, llama la atención que ninguna comunidad autónoma consiguierareducir su endeudamiento respecto al año anterior y algunas, incluso lo incre-mentaran signiﬁcativamente: País Vasco, Extremadura y Murcia. La previsiónpara este año 2011 no es mucho mejor si tenemos en cuenta las previsionespresupuestarias pues al menos ocho comunidades autónomas incumpliríanel objetivo del 1,3% del PIB11. Es decir la reducción del déﬁcit público no havenido acompañada de la reducción de deuda, la cual está previsto que sigacreciendo los próximos años (69,7% para el año 2011 y 73% para el año 2012),incrementando así el peso para las ya sobrecargadas espaldas de las gene-raciones venideras. Es más, según datos del Banco de España y de Eurostat,la deuda de las Administraciones Públicas españolas estaría ya (a ﬁnales del2010) en realidad cerca de los 800.000 millones de euros (un 75% del PIB)cuando al acabar el año 2007 alcanzaba 502.000 millones de euros; es decir300.000 millones de incremento en tres años: ¡otro récord Guinness de in-eﬁcacia e ineﬁciencia gubernamental! Todo esto sin contar el posible déﬁcitoculto que ha aﬂorado en Cataluña con el cambio de gobierno y que se podríareproducirse en otras comunidades autónomas tras los resultados electoralesdel 22 de mayo de 2011.Por lo que se reﬁere a las corporaciones locales, el incremento de la deuda en2010 fue del 2,1%, lo que la sitúa en el 3,3% del PIB. En términos totales llamala atención la deuda de algunas capitales de provincia (especialmente Madrid,Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla) y que en 2010 continuara incrementán-dose, con el récord de la ciudad de Barcelona, con un incremento del 59,2%,y con la excepción de Madrid que bajó por primera vez en los últimos años un4,5%; ahora bien, a costa de la creación de nuevos impuestos (tasa de basu-ra) por un servicio que ya se venía cobrando a cuenta del incremento del IBI.En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid sigue ostentando el primer puestoen cuanto a deuda se reﬁere (7.300 millones según el Banco de España), loque hace que supere la de todas las comunidades autónomas, excepto Cata-luña, Comunidad Valenciana y Andalucía.11. Véase El País, 26 noviembre 2011. ı El coste del Estado autonómico II 29
Esta relación nos demuestra que tanto PSOE (con o sin nacionalistas) comoPP han gestionado mal los recursos públicos de sus autonomías, de los cua-les todavía a estas alturas estamos esperando algún ejercicio de autocrítica.No obstante, el caso de Cataluña es un hecho verdaderamente singular puesaparece en todas las quinielas como candidata a ser nombrada la comunidadautónoma con peor gestión económica y ﬁnanciera. La Agencia de caliﬁca-ción Moody’s la caliﬁca como A3, la peor nota de solvencia de toda España;es decir, que de ser una nación independiente debería ser probablemente res-catada.12 Junto al gasto excesivo de la propia Generalitat, habría que añadir ladeuda de algunas entidades públicas catalanas destacadas por un Informe dela Cámara de Comercio de Barcelona, como el Instituto Catalán de Finanzas(una suerte de Banco público catalán que controla diversas ayudas públicas);la Agencia Catalana del Agua, con una deuda de 1400 millones; o del InstitutoCatalán del Suelo, con 900 millones de deuda.13Ello llama especialmente la atención: tratándose de una de las comunidadescon mayor autonomía y que ha hecho bandera de la reclamación constante demás cuota de ﬁnanciación, en la práctica no existe conciencia en la ciudadaníade que con estos dirigentes (tanto del tripartito como demás grupos naciona-listas, pues todos ellos han gobernado) lo que tienen no es tanto un problemade falta de recursos como un serio problema de exceso de gasto y mal uso defondos públicos. Dejando de lado los numerosos casos de corrupción (juzga-dos, pendientes y prescritos), baste como ejemplo el caso de unas embajadasfuncionalmente inútiles o unos parlamentarios autonómicos que se encuentranentre los mejor pagados de España (véase el apartado 1.1.2.2.3.b de este li-bro). Sobre esto sin embargo no se habla y se opta mejor por instalarse en lacortina de humo del cupo catalán o manipulando a los ciudadanos con presun-tos agravios inexistentes o los enigmáticos efectos salvíﬁcos de una ansiada,absurda y sacralizada independencia, excusas que a ﬁn de cuentas permiteemitir y colocar «bonos patrióticos» de deuda por valor de 5.400 millones deeuros. Es un claro ejemplo donde se ve cómo puede la clase política pensar12. No obstante, no es la única en ser degradada por la Agencia Moody’s (véase su comunicado de11 de marzo de 2011), pues Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana bajan a A2 y Murcia aA1. Asimismo, Moody’s sitúa en «perspectiva negativa» aunque sin tocar su calificación actual a An-dalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco. Llama igualmente la atenciónlas razones de la rebaja de calificación: «Se han desviado ampliamente de los objetivos de déficit de2010 y también las correspondientes dificultades que encontrarán para controlar sus trayectorias dedéficit y deuda en 2011 y 2012», así como «su debilidad en la gestión del presupuesto en los últimosaños, como ilustran previsiones presupuestarias en las que no se puede confiar».13. Véase ABC, 14 febrero 2011. ı30 Administración autonómica y local
siempre en cómo mantenerse mejor en el poder antes de en qué modo puedebeneﬁciar más y mejor la calidad de vida de sus ciudadanos.b) Un Estado débil incapaz de controlar el déﬁcit autonómicoAnte esta situación, no sólo la Comisión Europea, sino el Banco de España,el Informe de Barclays Capital o las Agencias Fitch y Moody’s, señalan quelos objetivos de reducción de déﬁcit previstos para este año 2011 (6,4% delPIB y no digamos para el año 2012 que está previsto que se reduzca hasta el5,5 en pleno año electoral) están en peligro por las necesidades continuas deﬁnanciación de las comunidades autónomas.De hecho, la Comisión Europea ha pedido a España que ﬁje techos de gastoa las comunidades autónomas, aunque el Gobierno lo ha considerado contra-rio a la Constitución. En la actualidad se da la paradoja de que la UE puedeﬁjar techo de gasto a España e incluso imponerle sanciones si se pasa, peroel Gobierno español no podría hacer lo mismo con las comunidades autó-nomas14. Curiosamente el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, haanunciado como primera decisión si llega al gobierno el ﬁjar techo de gastoy endeudamiento para todas las comunidades autónomas15, algo que ya pe-díamos nosotros hace más de un año y que contradice la postura actual delGobierno de que tal medida esté prohibida por la Constitución.En la actualidad, todas las comunidades autónomas dispondrían de un mayornivel de soberanía en materia de gasto que el conjunto del Estado. ¡RécordGuinness a la contradicción! Es decir, como en tantas otras ocasiones, tendre-mos que esperar a que Bruselas tome las decisiones necesarias para obligara las comunidades autónomas a reducir el gasto porque el Estado español re-nuncia, no tanto por falta de previsiones constitucionales adecuadas sino porsus complejos a la hora de interpretarlas, a hacerlo. De hecho, una directivaeuropea en este sentido (que al parecer ya está sobre la mesa) supondría unahumillación más para el Gobierno español y sus dirigentes. Y todo ello aunquenuestra Constitución permite y prevé otra cosa, tomando por ejemplo su artí-culo 131.1 que nunca se ha puesto en práctica (como han demostrado los pro-fesores Luis María Linde de Castro, Serrano Sanz y Juan Velarde Fuertes).1614. Véanse las declaraciones del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba en la sesión de control alGobierno en el Congreso del 23 de marzo de 2011.15. Véase ABC, 30 mayo 2011.16. El artículo 131.1 de la Constitución española afirma: «El Estado, mediante ley, podrá planificarla actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar El coste del Estado autonómico II 31 ı
Todo esto tiene además lugar en el Estado miembro de la Unión Europea conmayor porcentaje de descentralización del gasto en manos de entes territoria-les (exactamente un 54,8 por ciento en 2009), siendo la proporción de gastoque asumen las comunidades autónomas 10 puntos superior al de los Länderalemanes y 20 a los austríacos. Esta situación es especialmente preocupantecuando las comunidades autónomas incumplidoras del techo de déﬁcit resul-tan ser del mismo signo político del Gobierno o socios de referencia para po-der aprobar leyes de la importancia de la Ley estatal anual de presupuestos.Por otra parte, llama la atención la desigualdad en términos de ingresos con elinjusto, desigual e insolidario sistema de cupo vasco y navarro (algo aceptadoal parecer por todos los partidos del arco parlamentario con la excepción deUPyD) tiene su inﬂuencia, entre otras cuestiones, en cuanto al paro, pues laúnica provincia española que baja del 10% de paro es Guipúzcoa (8,98%) ytodas las demás están debajo del 13,50% (Álava 11,48%, Vizcaya 13,30% yNavarra 13,58%), lo que no parece que sea debido exclusivamente a la im-plantación de mejores políticas que otros territorios y contrasta fuertementecon la media española del 21,29%17.En cualquier caso, esta situación contrasta con la pervivencia de numero-sos sobrecostes del sistema derivados de duplicidades, redundancias y otrasineﬁciencias. De hecho, en nuestro libro de abril de 2010 (incluido en estevolumen como apartado 1.2.) logramos establecer un ranking de eﬁcienciay eﬁcacia entre nuestras CCCA, llegando a calcular la cuantía que el malfuncionamiento de nuestro Estado autonómico suponía para nuestros bolsi-llos (26.000 millones de euros). Ahora, con los datos actualizados a 2010 elcoste aumentaría a 28.000 millones de euros (en concreto: 28.540.113.545,69euros). Se trata del sobrecoste directo pues si se tiene en cuenta el coste deexternalización habría que revisar ambas cifras a la baja como se analiza enel apartado 1.3 de este libro.Veamos seguidamente, cómo a día de hoy sigue siendo posible reducir esesobrecoste sin afectar (necesariamente) a servicios sociales y otras políticaspúblicas esenciales.el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de renta y de la riqueza y su más justadistribución».17. Datos del INE de abril de 2011. ı32 Administración autonómica y local
1.1.2.2. Excesos derivados de duplicidades, redundancias y otrasincidencias1.1.2.2.1. Exceso de fragmentación territorial contraria a criterios deeﬁciencia y de economía de escalaa) El ejemplo paradigmático de la sanidad públicaEn nuestro libro del año pasado ya alertábamos contra el coste añadido quesuponía perder economía de escala por realizar compras de bienes y pro-ductos de uso masivo (jeringuillas, algodón, vacunas, etc.) de forma territo-rializada. Pues bien, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Saluden su pleno de 12 de marzo de 2010 optó por un procedimiento de comprasagregadas para el conjunto del SNS, al que las comunidades autónomas sepueden sumar de «manera voluntaria». Y recientemente se ha ejecutado unaactuación de compra centralizada de vacunas a la que se han apuntado «vo-luntariamente» ocho comunidades autónomas. Como si ser eﬁciente y ahorrarcostes a los ciudadanos en esta política tan sensible y necesitada de recursospudiera ser cuestión de capricho o gusto de los dirigentes autonómicos.Por su parte, en el Informe 01|2010 (aprobado el 20 de octubre de 2010) delConsejo Económico y Social (CES) sobre «desarrollo autonómico, compe-titividad y cohesión social en el sistema sanitario» se propuso la necesidadde «mejorar los sistemas de compras para inﬂuir en el sistema de ﬁjación deprecios de los insumos sanitarios, particularmente tecnología y medicamen-tos, pero también equipamientos y material sanitario» (pág. 142). A ello seañade la extrañeza (expuesta de forma un tanto sarcástica) del Consejo porla «ausencia de datos» al papel clave que debe cumplir la Alta Inspección delEstado (págs. 31-33), al parecer inexistente, otra nueva dejación de funcionespor parte de un Estado débil y acomplejado. En deﬁnitiva el CES reconoceque la descentralización sanitaria se ha hecho sin los necesarios elementosde coordinación y control por parte del Estado que luego ha debido rectiﬁcarcon parcheados legislativos y poca convicción. Como resultado hoy en día nosólo la eﬁciencia y eﬁcacia del sistema no está garantizada, sino que tampocolos están su igualdad y equidad en todo el territorio español.En deﬁnitiva, cuando el déﬁcit del sistema sanitario llega a los 11.000 millonesde euros, el gasto hospitalario ha aumentado un 82% desde el año 2002 y elgasto farmacéutico por habitante supera en 103 euros al de la media de laOCDE18, sorprende que todavía en España no se apliquen de forma vinculante18. Según los datos de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. ı El coste del Estado autonómico II 33
y efectiva medidas que traten de favorecer economías de escala. No es queel sistema sanitario gaste poco: es que gasta mal y de forma desigual segúncomunidades autónomas.b) La fusión «sentimental» de las cajas de ahorroPara un país que pretende ser tenido como serio en la escena internacional, ala búsqueda (desesperada) de inversiones, y que pretende conservar el em-pleo existente, sorprendentemente la política de fusión (en frío o en caliente)de cajas de ahorro no se ha hecho siempre siguiendo criterios de eﬁcaciay eﬁciencia, sino de política territorial-sentimental con tal de encumbrar unacaja (no muy grande ni tampoco muy libre) por comunidad autónoma espe-cialmente en los casos gallego, catalán y vasco, comunidades autónomas porcierto donde PP y PSOE gobiernan o han gobernado con o sin nacionalistas.Como consecuencia, se dan duplicidades de sucursales redundantes en ca-jas ya muy presentes en el mismo territorio (lo que compromete la solvenciay el empleo del futuro), que se hubiera evitado de haber privilegiado opcionesque aprovecharan sinergias de distinta presencia territorial.Convendría preguntar a los ciudadanos de esas comunidades si preﬁeren te-ner una banca saneada donde tener sus ahorros y con el menor coste enempleo posible o de una caja ineﬁciente y redundante, eso sí con marca de latierra, cual vino con denominación de origen.1.1.2.2.2. Excesos organizativos: continúa la proliferación de entes yorganismosEl ejecutivo español adoptó un Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 deabril de 2010 de racionalización del sector público empresarial, en el que ﬁ-jaba el 31 de julio del mismo año como fecha tope para aplicar varias de susmedidas (por ejemplo, reducir el número de consejeros en entidades públicasempresariales). No obstante, a estas alturas gran parte de esos objetivos si-guen en gran parte incumplidos, algunos por cierto en relación con organis-mos dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda, que es quien estállamado a dar ejemplo en esta materia. Así, como botón de muestra, huboque esperar hasta el 31 de marzo de 2011 para que se publicara en BOE elReal Decreto 390/2011 que aplicaba dicho Acuerdo a la Fábrica Nacional deMoneda y Timbre y al Instituto de Crédito Oﬁcial.En dicho Acuerdo el Gobierno optó asimismo por fusionar algunas entidadesy eliminar otras (y lo mismo ha instado a hacer a las comunidades autóno- ı34 Administración autonómica y local
mas). Y sin embargo una lectura atenta al BOE permite detectar que se siguencreando nuevos órganos: así, la Orden CIN/1507/2010, de 27 de mayo, por laque se regula la Comisión Asesora de Política Cientíﬁca (BOE, 11 de junio de2010); o el Real Decreto 822/2010, de 25 de junio, por el que se aprueba elReglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creaciónde órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario (BOE, 15 dejulio de 2010). Y recientemente, el Anteproyecto de la Ley de Igualdad planteacrear un Alta Autoridad con competencias redundantes con las que se suponeque ya ejerce el Defensor del Pueblo (a su vez ya duplicado por varias comu-nidades autónomas).No es que estas funciones no demanden alguien que las desempeñe, pero lapregunta que cabe plantearse es por qué en lugar de extender las funcionesde órganos ya existentes se opta tan alegremente por crear nuevas entidades.Parece que cuando no se sabe muy bien qué hacer para resolver un proble-ma (tanto si ya existía o si se ha creado natural o artiﬁcialmente por el propioGobierno) se recurre a crear un nuevo organismo o ente como medida «fácily milagrosa», cuando lo cierto es que tal inﬂación de órganos y comisionesmultiplica las reuniones (además del coste), muy similares (y a veces inútiles)con casi los mismos miembros, complicando así la gestión. Por ejemplo, enmateria de órganos que cumplen funciones asesoras su proliferación, casiininterrumpida, no va unida paradójicamente a una mejora ostensible de lacalidad de las decisiones públicas. Bastaría con establecer, como mucho y ensu caso, un órgano asesor por Departamento ministerial con diversas seccio-nes si hiciera falta, pues lo más común es que los mismos miembros formenparte de diversos consejos y comisiones. En deﬁnitiva: a más órganos, másreuniones, más costes, más dietas, menos eﬁcacia y, por tanto, mal uso deltiempo y de los recursos disponibles.Por otra parte, estas entidades, tanto en el ámbito estatal como autonómico,se han convertido en instrumentos para desviar gastos o corruptelas dondeel régimen jurídico más rígido del sector público «administrativo» no lo per-mite (contratación de informes varios como pago de favores, contratación depersonal a dedo como «falsos asesores» del ministro o consejero de turno),o simplemente acometiendo políticas de incrementos salariales a algunos di-rectivos o de indemnizaciones exorbitantes, alejadas de cualquier criterio deprofesionalidad o mérito. Así por ejemplo en un informe de la IntervenciónGeneral del Estado se atestigua que COFIDES (empresa estatal para ﬁnan-ciar proyectos en el exterior) pagó como indemnización por despido a una ı El coste del Estado autonómico II 35
persona 238.000 euros por 15 años de servicio cuando en realidad no habíatrabajado ni uno.19Esta tendencia, en realidad, esconde una incapacidad para dirigir políticaspúblicas o vender realmente eﬁcacia y eﬁciencia en la gestión optando en sulugar por creaciones-milagro. Llama la atención, por ejemplo, que el PSM ensu programa electoral para la Comunidad de Madrid proponga la creación de44 nuevos entes, entre los que aparecen organismos tan curiosos como la«Oﬁcina de Atención al Sobreendeudamiento».201.1.2.2.3. Excesos organizativos a nivel autonómicoa) Algunas consideraciones generales: continúa «el milagro» de los pa-nes y los pecesEl número de entidades públicas sigue creciendo en plena crisis dentro dealgunas comunidades autónomas mientras se dispara su deuda. En Cataluña,por ejemplo, se pasó de 190 entidades en 2009 a 224 en 2010 asumiendo és-tas el 56% del gasto total y el 42% del personal al servicio del sector públicocatalán en 2010 (según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona). Enotras estadísticas, que toman como base el presupuesto para el año 2011,el número total llega a 244 con un presupuesto de unos 14.504 millones deeuros (sólo equiparable al de Andalucía). Recientemente esta tendencia deincremento se ha conﬁrmado con la creación del Consejo Nacional (catalán)de Arqueología y Paleontología (Decreto 328/2011 de 26 de abril de la Ge-neralitat de Cataluña, DOGC, de 28 de abril). Llama la atención igualmentela Ley 6/2009, de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua deCastilla-La Mancha (BOE, 22 de octubre de 2010), así como la «Comisión deToponimia de las Islas Baleares» (creada por Decreto 3/2011 de 15 de abril,publicado en BOCAIB de 22 de abril), entre otras.Parece por tanto que la tendencia a crear nuevos entes va a seguir creciendocuando está en juego cualquier aspecto que puede afectar a encumbrar, au-mentar o consolidar la supuesta entidad diferencial de una comunidad autóno-ma. Esto conﬁrma que nuestro Estado autonómico no se diseña en función delobjetivo de garantizar mejores servicios a los ciudadanos al menor coste, sinoque ha derivado en un instrumento para conﬁrmar y exacerbar sentimientos(reales, supuestos o implantados) de ser diferentes al resto. Por otra parte, re-19. Véase www.cotizalia.com, 10 enero 2011.20. El Mundo, 27 de abril de 2011. ı36 Administración autonómica y local
sulta igualmente claro que las comunidades autónomas más endeudadas sontambién las que han creado un mayor número de entes y empresas.21 Aunquetal vez esta situación podría estar cambiando si se atienden a ciertas medidassugeridas por algunos Gobiernos (por ejemplo el catalán y el valenciano), esosí, para después de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, por loque contraponen de tal modo eﬁcacia y eﬁciencia con democracia.Una vez más Cataluña ocupa el dudoso honor de liderar, con mucha distanciasobre el siguiente, el ranking autonómico de descontrol organizativo, mientrastodos los esfuerzos de los principales partidos (todos los que ocupan y hanocupado la Generalitat) se centran en alentar el sentimiento independista yhacer culpables de sus males a «Madrid» y «lo español». Si durante muchosaños el enfoque nacionalista era despreciar a «lo andaluz» como símbolo deun estereotipo negativo de emigrante que sin embargo tanto ha ayudado aldesarrollo económico catalán, en muchos casos Cataluña presenta cifras si-milares sino peores (salvo en el paro) a la comunidad autónoma de Andalucíaen todos los parámetros económicos y de desmanes organizativos.En todo caso, no sólo existe un exceso en cuanto al número y a su gasto, sinoque los directivos de estos entes son en muchas ocasiones personas de ínti-ma cercanía a dirigentes del Gobierno de turno, ignorando los principios bá-sicos del mérito y capacidad aplicables a toda organización pública. Así, porejemplo, la adjudicación de obras y proyectos en materia de infraestructuras,carreteras y transportes (importantísima función de ejercicio de potestadesadministrativas) está atribuida en Cataluña a la empresa pública GISA, mien-tras la adjudicación de obras en materia de obras de reparación y de adminis-tración de las viviendas de promoción pública de la Generalitat está atribuidaa otra empresa pública, ADIGSA (80.000 viviendas en el momento del traspa-so desde el Estado), con la curiosa circunstancia de que el «único» supuestode corrupción detectado en el famoso caso del 3% se refería a esta empresa.Esta situación aconseja que las personas propuestas para directivos de em-presas y fundaciones públicas debieran pasar por una valoración previa antela correspondiente Comisión del Parlamento.b) Exceso de parlamentarios y discrepancias salarialesNo se trata de criticar aquí tanto que existan diecisiete comunidades autóno-mas para una población de 46 millones de habitantes o de que todas cuenten21. María Gómez Agustín: La metástasis del INI. Foment del Treball Nacional: Barcelona, 2010. El coste del Estado autonómico II 37 ı
con su parlamento y su Gobierno, pues esas decisiones forman parte de leyesorgánicas en vigor. La cuestión en la que queremos centrarnos es si el princi-pio de autonomía es compatible con criterios de austeridad y proporcionalidadrazonables. Por nuestra parte, no creemos que existan obstáculos constitu-cionales insalvables para ﬁjar límites sensatos al número tanto de parlamenta-rios y consejeros, pues la situación actual es excesiva y costosa.Así, por ejemplo, nadie se ha planteado en España si son muchos o pocos1.180 diputados autonómicos. O aunque su distribución en principio tenga quever con la población, si esta correlación es la adecuada máxime teniendoen cuenta, primero, que el número no es ﬁjo (sigue aumentando conformeaumenta la población) y que el Congreso de los Diputados cuenta con 350miembros para 46 millones de personas. Los parlamentos autonómicos quemás diputados tienen son Cataluña (135), Madrid (129) y Andalucía (109) ylos que menos Baleares (33), La Rioja (33) y Cantabria (39). Por tanto entretres comunidades autónomas (las que más tienen) ya superan el número dediputados del Congreso. Esta situación no parece razonable por lo que UPyD(único partido en hacerlo) ha propuesto limitar a 100 el máximo de diputadosautonómicos. En efecto, el grupo parlamentario de UPyD de la Asamblea deMadrid ha llevado a la Cámara regional la reducción del número de diputados,pasando de los 129 actuales a 100, tal como ﬁgura en el programa de UPyDpara la Comunidad de Madrid.Otra cuestión llamativa es que tampoco están homologados los sueldos deesos diputados, ni existen baremos de máximos y mínimos. Más en concreto,el Parlament de Cataluña cuenta con 135 diputados para una población de7,3 millones de personas, y con un presupuesto, para el año 2009, de 68,3millones de euros, mientras que el Congreso de los Diputados lo componen350 miembros para una población de 46 millones de habitantes, con un presu-puesto de 98 millones de euros para el mismo año. De ello se deducen algu-nos datos curiosos: el Parlament de Cataluña con un 38,5% de los diputadosdel Congreso de los Diputados representa al 15,8% de la población española.Ello puede suponer un acercamiento en materia de representatividad puesmientras el diputado del Congreso representa de media a 131.428 personas,el del Parlament representaría a 54.074; aunque estas cifras en realidad sonalteradas en la práctica a la luz de las correcciones que impone la ley electoraly variarían algo si el Congreso subiera a 400 diputados como ha propuestoUPyD. ı38 Administración autonómica y local
Por otra parte, ello se traduce asimismo en un sobrecoste para el ciudadano,pues mientras el gasto medio por diputado en el Congreso se eleva a 280.000euros, el del un diputado del Parlament alcanza los 505.926 euros, lo queconstituye uno de los costes más elevados de España (y ello cuando el Con-greso de los Diputados no es necesariamente un ejemplo de austeridad). Lapregunta de nuevo es: ¿de qué manera se beneﬁcian los ciudadanos de teneruno de los parlamentos más caros de España? Cuando se ha ﬁjado el númerode diputados y su presupuesto, ¿se ha hecho pensando en los intereses delos ciudadanos o de los propios partidos que componen el arco parlamenta-rio? En este sentido, parece claro que urge una rebaja del coste del Parlamentcatalán (y del resto de parlamentos autonómicos), lo que puede estructurarseprimero rebajando todas las partidas de gasto (más allá de los 3,7 millones deeuros que se ha rebajado para el 2010 con un total de 65,6 millones de eurosde presupuesto) y valorando si realmente son necesarios los 135 diputadosactuales o podría funcionarse igual o incluso mejor con un número inferior. Porejemplo, si se redujera a 100 miembros, la relación con la población sería deun diputado por 73.000 habitantes, lo que seguiría siendo la mitad de lo quese aplica al Congreso de los Diputados. Una vez más cabe preguntarse si elalto autogobierno de Cataluña sirve para mejorar la calidad de vida de susciudadanos o de sus políticos nacionalistas.Por último, aunque ello requiriera la modiﬁcación de la Constitución, deberíaplantearse una reforma del Senado dirigido a mejorar su eﬁcacia y reducir sucoste, aprovechando el trabajo y salario de los diputados autonómicos. Setrataría de dejarlo reducido a una cámara auténticamente territorial de 100senadores formado por representantes de los distintos parlamentos autonó-micos en proporción a su población.c) Consejeros y discrepancia salarialEn lo que respecta a número de consejeros de Gobiernos autonómicos ocurrealgo parecido. Aquí no existe ningún criterio ni siquiera orientador (por ejemplo,población y competencias asumidas). Las comunidades autónomas que másconsejeros tenían a fecha de mayo de 2011 (aunque este número puede variaren cada cambio de gobierno y por ejemplo a resultas de las elecciones demayo 2011) era Andalucía (13), Castilla-León (12), Navarra (12) y Cataluña (11);y las que menos: Castilla La-Mancha (5), Canarias (8), Murcia (9) y Madrid (9).¿Realmente iría en contra del principio de autonomía ﬁjar unos niveles máximosy mínimos en función de competencias y población y homogeneizar salarios? ı El coste del Estado autonómico II 39
En el capítulo de salarios encontramos igualmente algunas discordancias sig-niﬁcativas; por ejemplo presidentes de comunidades autónomas que gananmucho más que el presidente de Gobierno, a pesar de tener lógicamente me-nos responsabilidad. Incluso se aprecian discordancias en el interior de cadacomunidad autónoma que tienen su relevancia de cara al adecuado serviciode los ciudadanos. Por ejemplo, en Navarra (una de las comunidades autóno-mas del cupo), de acuerdo con la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, dePresupuestos Generales para el año 2011, el presidente del Gobierno de Na-varra ganará 69.354,46 euros, mientras cada consejero ingresará 64.543,22euros. Estas cifras contrastan con los sueldos del director gerente del Ser-vicio Navarro de Salud-Osasunbidea y de la Hacienda Tributaria de Navarra(85.445,50 euros, más que el presidente de la Comunidad Foral) o del directorgerente del Servicio Navarro de Empleo (65.330,72 euros), el director de laHacienda Tributaria de Navarra (65.292,64 euros) o de algún personal directi-vo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, como el director de RecursosHumanos, director de Atención Primaria, director de Asistencia Especializaday director de Administración y Organización (65.292,64 euros), que ganan «enrealidad» más que los consejeros. Todo ello genera bien desconﬁanza (loscargos políticos ganan más de lo que aparece en la Ley de presupuestos) operplejidad, sobre todo cuando se proponen soluciones como el copago parasolucionar el sobrecoste de la sanidad o se aumentan los impuestos. Nadatenemos en contra de que los puestos de responsabilidad estén adecuada-mente y dignamente retribuidos (sobre todo si se comparan con el sector pri-vado), pero siempre que los ocupen personas competentes con unos criteriosque sean transparentes y racionales así como sujetos a la evaluación de susresultados.d) Agencias de Protección de Datos y Autoridades de competenciaLa Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene como función prin-cipal la de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección dedatos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos deinformación, acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación de datos. Es unaAgencia de reducido tamaño que está consiguiendo poco a poco que estederecho tan desconocido como importante vaya encontrando su acomodo ennuestro ordenamiento jurídico.Sin embargo, en una iniciativa sin parangón en otros Estados europeos, alabrigo de una interpretación expansiva de las atribuciones competenciales deautoorganización, algunas comunidades autónomas han iniciado la creación ı40 Administración autonómica y local
de autoridades autonómicas orientadas a la protección de los datos persona-les contenidos en los ﬁcheros de los que la Administración autonómica searesponsable. Fue la Comunidad de Madrid (en contradicción con las decla-raciones oﬁciales de austeridad de su presidenta) la primera en crear unainstitución de esta naturaleza, por medio de la Ley 8/2001, de 13 de julio,de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.Posteriormente, dada la dinámica incrementalista y mimética que preside laconstrucción de nuestro Estado autonómico, este impulso fue rápidamenteseguido por Cataluña con su Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Cata-lana de Protección de Datos, y por el País Vasco con la ley 2/2004, de 25 defebrero. En Galicia llegó a presentarse a su Parlamento una propuesta de Leyque también preveía la creación de una autoridad de protección de datos; sinembargo, su tramitación fue interrumpida por una convocatoria electoral y, demomento, el proyecto se ha abandonado.En realidad, se trata de entidades con un ámbito competencial tan reducidoque dedican más recursos a actividades divulgativas que a actuaciones deinspección propiamente dichas y, en ocasiones, reiterando sus esfuerzos demanera concurrente con la AEPD en una competencia un tanto estéril y re-dundante.Un caso similar lo constituye el caso de la defensa de la competencia. Mientrasa nivel europeo quien protege que la competencia entre empresas sea real yleal es la Comisión Europea, a nivel nacional lo hace la Comisión de Defensade la Competencia. Sin embargo, algunas regiones han decidido que ellastambién querían defender la competencia en su territorio. Por ejemplo por Ley1/2009 de 12 de febrero se creó la Autoridad Catalana de la Competencia (mo-diﬁcada por la Ley 2/2011, de 11 de mayo), a la que se unen el Consejo de De-fensa de la competencia en Andalucía creado en 2008 o el Decreto 15/2009,de 5 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de la Comu-nidad de Castilla y León en materia de defensa de la competencia (BOCYL de11 de febrero de 2009). La pregunta fundamental para los ciudadanos es nosólo el coste de este desdoblamiento institucional sino una cuestión más sen-cilla: ¿con tantas instituciones se garantiza mejor la competencia? Pues tal noparece ser el caso por ejemplo en Cataluña, donde la prohibición de rotular encastellano o las diﬁcultades añadidas para abrir grandes supermercados (eneste supuesto con sentencia condenatoria incluso del Tribunal de Justicia dela UE) son pruebas de que sucede todo lo contrario. ı El coste del Estado autonómico II 41
e) AeropuertosComo ya advertimos en nuestro anterior informe el número de aeropuertospúblicos deﬁcitarios en España resulta excesivo. Por si fueran pocos los queteníamos (y su deuda) otro más se ha inaugurado a bombo y platillo el 25de marzo de 2011 por los responsables del PP en la Diputación Provincialde Castellón y la Comunidad de Valencia. Todo ello antes de recibir el vis-to bueno de Fomento para declararlo adecuado para operar, lo que tardaráal menos seis meses más desde que se solicite tal visto bueno22; es decir,que se ha hecho por decisión personal de los dirigentes locales, sin contarcon el punto de vista deﬁnitivo de la Agencia Estatal de Navegación Aérea. Afalta de resultados realmente exitosos, algunos políticos preﬁeren presentarinversiones inútiles y carísimas como logros para ganar elecciones. La (falsa)tesis en este caso es que un aeropuerto constituye per se un revulsivo eco-nómico para la provincia que lo alberga, sin que importen los millones queha costado su construcción, su contribución al incremento de deuda públicao el déﬁcit que se deba arrastrar año tras año por no obedecer su apertura auna demanda real (y suﬁciente) de viajeros sino a puro cálculo de marketingelectoral y auto-bombo. Esta contradicción ha sido recientemente destacadapor el Comisario europeo de defensa de la competencia, Joaquín Almunia 23,quien resaltó que numerosos aeropuertos regionales lo que estaban haciendoera favorecer vía subvención a compañías de bajo coste (conocidas tambiénpor su epíteto inglés, low-cost), falseando así la competencia y perjudicandoal resto de compañías aéreas y aeropuertos.En efecto, además del coste que implica la construcción de un nuevo ae-ropuerto (donde el Gobierno central aparentemente tiene poco que decir apesar de que resulta imposible operar sin que los vuelos surquen el cielo demás de una comunidad autónoma) está el coste que los Gobiernos autonómi-cos deben pagar a las compañías aéreas para que utilicen su aeropuerto. Yes que no se piensa en que vaya a haber un número de pasajeros suﬁcientepara que compense a las aerolíneas hacerse cargo, ni siquiera se elaboranestudios económicos que valoren cuál es la ganancia efectiva de tiempo com-parándolo con el uso de AVE conectado a otro aeropuerto mayor. Así, porejemplo, la Junta de Castilla-La Mancha concedió recientemente a Vueling22. A la fecha de cierre de esta edición (febrero de 2012), y tras la ruptura en diciembre de 2011 delcontrato con la empresa que debía gestionar tal aeropuerto, aún no se ha solicitado tal visto bueno.(Nota del editor).23. Declaraciones del 26 de mayo de 2011. ı42 Administración autonómica y local
2,36 millones de euros anuales a través de una nueva empresa pública creadaal efecto para salvar el aeropuerto de Ciudad Real24.Este marco deﬁcitario está afectando igualmente a la posible privatización par-cial de AENA, pues en la actualidad los aeropuertos deﬁcitarios están recibien-do apoyo de trabajadores (por ejemplo controladores) pagados con cargo a losbeneﬁcios que obtienen los grandes aeropuertos españoles. Eso implica igual-mente que las tasas aeroportuarios sean más elevadas en España que en otrospaíses europeos, otro impuesto a la productividad y a nuestra competitividad.Como resumen: las inversiones públicas en la España autonómica se muevenpor (falsos) criterios electorales y no por razones de eﬁcacia y eﬁciencia.f) TelevisionesYa citábamos en la primera edición de este libro el Informe de la ConsultoraDeloitte donde se demostraba que desde el año 2007 (579 millones) hastael 2009 (1.362 millones) casi se ha triplicado la cuantía de subvenciones quereciben las televisiones públicas en España, lo que supone para cada fami-lia un coste de 144 euros al año (110 por las autonómicas y 34 por la esta-tal). Las televisiones autonómicas acumulan una deuda de 1.480 millones deeuros pese a lo cual tienen previsto gastar 1.860 millones de euros en el año2011, lo que supone aproximadamente el 1,1% del presupuesto total de susrespectivas comunidades autónomas25. Esto llevó a la secretaria general delPP y candidata, entonces, a gobernar Castilla-La Mancha, María Dolores deCospedal, a proponer la privatización de la televisión manchega (después dehaber apoyado en su día su creación), lo que supondría según sus propias de-claraciones un ahorro de «hasta 50.000 millones de las antiguas pesetas»26.Claro que nada dice la misma responsable del PP de lo que va a hacer estepartido en las comunidades autónomas que ya gobierna, alguna de las cualesdisponen no sólo de un canal autonómico sino de dos (por ejemplo, Madrid),sin hablar de las de ámbito local27.24. En octubre de 2011, esta compañía efectuó su último vuelo desde tal instalación aeroportuaria,una vez finalizado el «contrato publicitario» (en realidad, como ya se ha apuntado, mera subvenciónencubierta) que la ligaba con la Junta de Castilla-La Mancha. Ello ha acarreado el cierre de talaeropuerto. (Nota del editor).25. Informe Económico sobre la Televisión Pública en España de Deloitte, financiado por UTECA(Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), que reúne a las cadenas privadas de televisión es-pañolas.26. www.cotizalia.com, 16/11/2010.27. En la fecha de cierre de esta edición (febrero de 2012), Cospedal es ya la presidenta de la comu-nidad autónoma de Castilla-La Mancha. Aún no se ha producido la privatización de su canal detelevisión. El coste del Estado autonómico II 43 ı
Esta idea de la privatización de televisiones autonómicas ha sido igualmenteincluida en el informe de julio de 2010 Propuestas de CEOE para recuperar laconﬁanza en la economía española. En realidad, sin descartar la privatizaciónde estas televisiones, bastaría para reducir el coste con limitar a un solo canalla posibilidad de crear televisiones por las comunidades autónomas, impo-niendo en su caso a las de menor tamaño la obligación de compartir canalcon otras.En todo caso, en el último año no sólo no se han reducido el número de tele-visiones públicas (con algunas comunidades autónomas con dos y hasta trescanales) sino que siguen con un gasto excesivo que no necesariamente setraduce en calidad. Llama la atención el caso de RTVE, que incluso despuésde una generosa (y excesiva) política de jubilaciones anticipadas y de cambiarsu sistema de ﬁnanciación (el cual por cierto está recurrido al Tribunal de Jus-ticia de la UE, otra chapuza legislativa por tanto) ha comunicado un déﬁcit de47,1 millones en el año 2010, mientras sigue comprando y emitiendo costosaspelículas americanas, lo que difícilmente encaja con su vocación de serviciópúblico.Merece destacarse igualmente la situación de las emisoras de radio de titula-ridad pública en Cataluña, que llega aproximadamente a un tercio de la totali-dad. Existe incluso una emisora de música clásica de la Generalitat: Catalun-ya Música. No basta al parecer con Radio Clásica, de RNE, como si la músicaclásica también tuviera que pagar el peaje de la culturización catalana. Unavez más, ¿se piensa en los ciudadanos o en el propio clan nacionalista?g) EmbajadasA la política de «exceso exterior» se ha apuntado recientemente el último can-didato a presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid por el PSM, quienincluyó en su programa electoral el incremento de «oﬁcinas comerciales» enel exterior. Llama la atención asimismo, una vez más, el caso de Cataluña,donde a pesar de reconocer oﬁcialmente que no tienen dinero suﬁciente paramantener los servicios sanitarios del sistema catalán de salud28, preﬁerenalargar listas de espera y bajar la protección social sanitaria a sus ciudadanosantes que reducir un canal de televisión catalana (de tres) o cerrar al menosla mitad de sus embajadas autonómicas (que suponen un coste de casi 3028. Véanse las declaraciones de Boi Ruiz, consejero de salud de la Generalitat catalana en La Van-guardia, 17 de abril de 2011, bajo el titular «No hay alternativa [a los recortes], no hay dinero». ı44 Administración autonómica y local
millones de euros), las cuales resultan en la práctica para los ciudadanos yempresas catalanas, si no contraproducentes, sí prácticamente inútiles. Enefecto, si la protección consular la deben prestar legalmente los consuladosde las Embajadas españolas (quienes también ostenta la representación oﬁ-cial frente al Estado de acogida), cabe preguntarse ¿es eﬁcaz esta políticapara los ciudadanos catalanes?; ¿cuál sería la imagen que tendríamos si derepente el Estado de Texas abre Embajada en Madrid y argumentan que «estono tiene que ver nada con la Embajada de EEUU»?; ¿realmente eso mejoraríasu imagen y las ganas y garantías de nuestros empresarios de invertir allí?En deﬁnitiva, esta política no sólo supone un coste innecesario, sino que im-plica engañar a los ciudadanos decir que no hay alternativa a los recortessociales, pues puede recortarse en otros sitios y además ganando en eﬁca-cia y efectividad pública: es una simple cuestión de prioridades. En la actualsituación de deuda pública conviene aprovechar especialmente mejor la redestatal de embajadas o del Instituto de Comercio Exterior estatal (ICEX), in-corporando en su caso a algún funcionario de la comunidad autónoma que lorequiera en su estructura, a imagen de lo que se ha hecho en el caso de laRepresentación Permanente ante la UE.h) UniversidadesEn el último año se ha publicado el Informe de la Conferencia de Rectores delas Universidades Españolas de 2010 (dirigido Juan Hernández Armenteros)La Universidad Española en cifras 29, donde entre otras cosas se nos da larazón en cuanto que el número actual de universidades públicas españolasresulta excesivo e ineﬁcaz de cara a producir una educación de excelencia.i) ObservatoriosLa plaga de observatorios estatales, autonómicos y locales, en su gran ma-yoría casi completamente inútiles, perfectamente prescindibles o al menosfusionables, es el rayo que no cesa. Por Real Decreto 1220/2010, de 1 deoctubre (BOE de 16 de octubre) el Ministerio de Educación ha creado (enplena crisis económica) el «utilísimo» Observatorio Universitario de Becas,Ayudas al Estudio y Rendimiento académico (estructurado en un secretariadoy dos comisiones) el cual se constituye como un órgano de asesoramiento delMinisterio. No importa que el Ministerio cuente con una Subdirección Generalde Análisis, Estudios y Prospectiva Universitaria y con una Oﬁcina Estadística29. Publicado por la CRUE en febrero de 2011, www.crue.org. ı El coste del Estado autonómico II 45
dentro de su estructura, ni que exista el Consejo de Universidades y la Confe-rencia General de Política Universitaria, entre otros órganos.1.1.2.2.4. Exceso de personal y gasto corrienteEl primer dato llamativo en este ámbito es que en el último año el número totalde empleados públicos no ha dejado de crecer, aunque sí ha disminuido susalario.Figura 1:Evolución en el incremento y distribución del número de empleados públicos(funcionarios y laborales) y presupuesto en el último año (según datos oﬁcialesdisponibles) Enero 2009 Julio 2010 Sector público estatal30 575.021 (21,8%) 597.021 (22,2%) (20% Presupuestos (238.851 AGE) (241.142 AGE) 30% Seguridad Social) Comunidades autónomas31 1.332.844 1.346.826 (35% Presupuestos) (50,6%) (50,3%) Administración Local32 629.505 632.719 (15% Presupuestos) (23,8%) (23,6%) 99.530 103.653 Universidades (3,8%) (3,9%) Total 2.636.900 2.680.219Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Boletín del Registro de Perso-nal (MPT y antiguo MAP)303132Tomamos la referencia del Registro Central de Personal porque se trata dedatos oﬁciales, certiﬁcados y objetivos, en comparación con la Encuesta dePoblación Activa (EPA) que se basa en estimaciones de encuestas. En todocaso, la diferencia de este número total (2.680.219) y el de la EPA (3.175.000)30. Incluye: Administración General del Estado (abreviado como AGE), Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia, Entidades Públicas Empresa-riales y Organismos Públicos con régimen específico.31. Incluye: Consejerías y sus Organismos autónomos, Área de la Docencia no Universitaria, Institu-ciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia, Fuerzas de Seguridad.32. Incluye: Ayuntamientos y Diputaciones/Cabildos/Consejos Insulares. ı46 Administración autonómica y local
Propuesta politica UPyD Asturias

References: artículo 25
 resolución 
 artículo 135
 artículo 131
 Real Decreto 
 Real Decreto