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1. Contratos agrarios y contratos de trabajo en la agricultura: distinción. El componente «trabajo» en las relaciones agrarias típicas
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Lidia Álvarez Ponce
1 11. COI^FTRATO DE TRABAJO AGRARIO Y FIGURAS CONTRACTUALES AFINES LfiI EL CAMPO 1. Contratos agrarios y contratos de trabajo en la agricultura: distinción. El componente «trabajo» en las relaciones agrarias típicas Los coritratos agrarios, en cuanto que ponen en marcha la explotación de los recursos naturales para su aprovechamiento agrícola, forestal o pecuario, por medio de persona distinta al propietario de la finca, generan y, al propio tiempo, disciplinan el conocido conflicto entre propietario e.rtático y erizpre.rario dinámico47. Este divorcio entre propiedad y empresa, que se traduce en una multiplicidad de sistemas de tenencia indirecta de la tierra, aspira a superarse mediante la habilitación en las leyes de diversos cauces para que los cultivadores directos accedan, como desembocadura final del contrato agrario, a la propiedad de las fincas ajenas que vinieran explotandoas. Por la celebración de este tipo de contratos, el propietario rústico que no reúne la necesaria capacidad técnica y financiera, o, simplemente, prefiere no asumir la tarea de gestión empresarial o está dispuesto a compartir ese esfuerzo con otra persona, cede temporalmente el uso y disfrute de una o varias fincas para su aprovechamiento agrícola, forestal o ganadero, reservándose a cambio el derecho a percibir un canon o renta, o conviniendo con el cesionario el reparto equitativo de los productos que se obtengan de la explotación. De este modo, el dueño del inmueble pone los medios para 47. CFL A. BALLARIN MARCIAL, Dererba Agrario, cic., p Por su pane, J. J. SANZ JAR- Que, Derecbo Agrario, Madrid, 1975, p. 167, ha definido los conrrams agrarios como «aquéllos que cienen como causa y finalidad úlcima la funcionalidad de la propiedad de la cierra y de la empresa agraria». 48. Cfr. en el Derecho español el Tímlo I, Capículo IX «Formaz de acceso a la propiedad» de la Ley 83/1980, de 31 diciembre, de Arrendamiencos Rúscicos, donde se escablecen las siguiences modalidades de acceso a la propiedad por el arrendacario: derechos de Canteo, rerracro y adquisición preference (arts. 86 a 97) y adquisición forzosa (ares. 98 y 99). Los mismos derechos de canceo, recracco y adquisición preference corresponden al aparcero de fincas rúscicaz (vid. Tíc. II, Cap. VIII, arc. 118 (único) de la Ley 83/1980). 2952 que la tierra puede cumplir la función social que le es propia, al tiempo que el cesionario se constituye en verdadero empresario {empresatio real). En cuanto tal, el cultivador por cualquier título de la explotación agraria asume los riesgos de empresa; organiza y dirige las múltiples labores que requieren el desarrollo de las plantas y la crianza y cuidado de los animales; sufraga los gastos a que tales operaciones dan lugar; contrata la mano de obra necesaria; en fin, a él se imputan jurídicamente los resultados de la actividad de explotación, percibiendo los beneficios y soportando las pérdidas. La doctrina italiana ha calificado así, fundamentalmente, el contrato agrario como el instrumento jurídico a cuyo través el agricultor organiza la empresa y la dirige al fin de la utilización productiva del suelo en su. destino agrario. El contrato de agrario es, según esto, un contratto per l'impre.ra, en cuanto que su efecto inmediato es la constitución de una emptesa agraria para su explotación por la persona a la que se transmite el uso y disfrute de la tierra. En cuanto acto de «organización», preexiste a la empresa, y en ello se distingue de otra categoría, el contratto d'impre.ra, entendido como aquél que el empresario estipula para proveer a las diversas necesidades que sé le presentan en el decurso de su gestión empresarial. En este tipo se incluyen diversos negocios jurídicos: contratos de compraventa, de alquiler de maquinaria, de ejecución de obra, de seguros agrarios y, también, el contrato de trabajo agrario, todos los cuales presuponen la existencia de la hacienda y de la empresa en plena actividad Sostienen esta noción estricca dé cónttaro agrazio, como contrato constitutivo de empresa d«per 1'imptesa», entre o[ros: C. FRASSO1DATt, «Orientamenti e prospetcive del nuovo diricco agrario e la funzione del concratco agrazio», en RDA, I, 1965, p. 8; G. GAttoNi; «Limiti dell'autonomia privata nella nuova disciplina dei,contratti agrati», en RDA, I, 1964, p. 75; G. TAhtauatt^lo, «I contratti agrari atipici», ^R'Ĝiur. agr. it., 1958, p. 601; G. CA- RRARA, 1 contratti agrari, Totino, 1952, pp. 2 y 3; G. BOU.A y C. FRASSOLDATI, voz «Contratto agratio» en Novitrimo Drgerto ltalianq vol. IV, dic pot A. Azara y E. Eula, 3 ed., Torino, 1959, p. 561; E. BASSANELLI, imprera agraria (Comm. al Codice Civile, rub. artr ), Roma-Bologna, 1943, p. 455 y«contratci agrari tipici e leggi di prorroga», en For: Ital., I, 1956, p. 104; E. FARARA, «Ai confini fra i ocntratti agtari e quelli di lavoto», en Riv. giur. lav., 1951, II, p. 48.; S. P^RAS, «La nozione di contratto agtario», en RDA, I, 1975, p. 437; P. 2963 Entre los contratos agrarios tipificados legalmente en el Detecho español pueden citarse, como más representativos, todos ellos en relación instrumental a la empresa agraria, el arrendamiento rústico, sin duda el más importante de los contratos agrarioss^ ; b) el contrato de aparcería rú.rticast; c) la enfiteusi.r52; d) el derecho de.ruperficie, de análogas características al anterior53; e) también puede servir de título para el ejercicio de una empresa agraria el derecho real de u.rufructo54; ^ en fin, según el art del Cód. Civ., «los foro.r y cualesquiera otros gravámenes que se establezcan desde la promul- MAGNO, «Contracto agrario e contracto di lavoro nell'ordinamenco giutidico italiano», en RDA, I, 1975, p. 555, y Dirrtto Agrario del [avoro, cit., p. 155; G. AMATO, «Il conctacro di lavoro agricolo», crt., pp. 47 y 48; D. Aatososo, «Nozioni e limiti del rappotto di lavoro subordinato in agricoltura», cit, p Otros aucores propugnan una definición más amplia de contrato agrario, comprensiva cambién del contraco de ttabajo agrícola, y azí lo entienden como «ogni conctatto col quale 1'imprendicore agtatio acquista la disponibilitá dei fattori della produzione, sia che si traai del fondo, sia che si tratti del capitale, sia che si traai del lavoro». Cfr. E. BETTt, Lezioni di diritto civile rai contratti agrari, Milano, 1957, p. 19. Asimismo, S. ORtANno CASC1o, «Il lavoro nei concracci agrari tipici», en Riv. trrm. dir. proc. civ., 1956, pp. 96 y ss.; A. GEISI BIDART, Profili metodologi per un studio (comparato) di impresa, propiecá e concracci agrari», en RDA, I, 1980, p Pot cuya celebración «se ceden cemporalmente una o vatiaz fincas para su aprovechamiento agrícola, pecuatio o forestal, a cambio de precio o renta» (art. 1 de la LAR) 51. Pot cuya vittud «el titular de una finca rústica cede tempotalmente para su explotación agraria el uso y disfrute de aquélla o de alguno de sus aptovecharnientos, apotcando al mismo tiempo un 25 por 100, como mínimo, del valor total del ganado, maquinaria y capital circulance, y conviniendo con el cesionario en repartirse los ptoductos por partes alícuotaz, en proporción a sus respectivaz apotcaciones» (art de la LAR) 52. Especie de censo por el que «una persona cede a otra el dominio útil de la finca, reservándose el directo y el derecho a percibir del enfiteuca una pensión anual en reconocimienco de este mismo dominio» (art del Cód. CivJ 53 Según declaración expresa del artículo 1655 del Cód. Civ. Laz modalidades que puede presentar este derecho son muy variadas. EI Cód. Civ., recogiendo de Cataluña la rabatra morta, regula en su art el censo o escablecimiento a primetaz cepaz, por el que «el dueño del suelo cede su uso para plancar viñaz por el tiempo que vivieren laz primetas cepas, pagándole el cesionario una renca o pensíón anual en frutos o en dinero» Arts. 467 a 522 del Cód. Civ. Su especialidad en maceria agraria aparece cuando recae sobre fincaz níscicas. EI Cód. Civ. conciene reglas especiales sobre usufructos consticuidos sobre viñaz, olivares u ocros árboles o arbuscos (atts. 483 y 484); sobre monces (arc. 485) y sobre un rebaño o piara de ganados (arr. 499). Regula cambién el simple derecho de uso, esco es, del usufructo limitado a las necesidades del Ĝsuario y de su familia, que, en cuanto tal, consituye accividad de empresa, dirigida a la producción pata el mercado, y que es personalísimo y no cransmisible (arts. 524, 525 y 529). En patcicular, el art. 526 escablece que «el que mviere el uso de un rebaño o piara de ganado, podrá aprovecharse de laz crías, leche y lana en cuanco bazcen para su consumo y el de su familia, así como cambién del estiercol necesario para el abono de laz cierras que culcive». 2974 gación de este Código, cuando sean por tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones establecidas para el censo enfitéutico en la sección que precede. Si fueren temporales o por.tiempo limitado, se estimarán como arrendamientos y se regirán por las disposiciones propias de este contrato». Una de las peculiaridades más sobresalientes del trabajo ágrícola es la ambigiiedad relativa de las relaciones contractuales que lo tienen en su base. Así, entre el tipo de trabajo por cuenta ajena dominante en las grandes explotaciones y el trabajo por cuenta propia paradigmático de las pequeñas unidades de cultivo, existe una variedad formidable de fórmulas mixtas o intermedias (arrendamientos, aparcerías, diversos derechos reales de goce y disfrute; sistemas cooperativos de explotación, integral o parcial, de tierras y/o ganados), respecto de las cuales la distinción entre ambas modalidades de prestación del trabajo se presenta a menudo muy difícil. De otro lado, la población activa agraria se resiste como ninguna otra a la compartimentación de sus miembros en situaciones jurídico-personales estables, siendo frecuente que un mismo trabajador aparezca, sucesiva o simultáneamente, en el mismo período agrícola, como trabajador por cuenta propia y como trabajador por cuenta ajena al servicio de uno o varios empresarios, conjugando ambas facetas de su actividad. Pero, en rigor, las únicas relaciones propias y exclusivas del sector agrícola son los contratos agrarios. Lo que permite identificar al contrato agrario como un «genus» en sí mismo; lo que le imprime «personalidad» y sirve a distinguirlo de otros tipos negociales, es su referencia exclusiva a lá materia jurídico-agraria. Por el contrario, la «agrariedad» en el contrato de trabajo es cualidad «extrínseca» o«áccidental», no sustancia155; no afecta a su naturaleza si basta a convertirlo en un tipo autónomo, distinto del arquetipo contractual común^de trabajo dependiente y por cuenta ajena. Si atendemos a su. cau.ra, esto es, a la finalidad que uno y otro contrato desempeñan en la vida social, es claro que la del contrato agrario no se agota en el puro intercambio de trabajo por salario; 55. Cfr. P. MeGNO; «Caratteri del lavoro agricolo nel'ordinamento italiano^, en RDA, I, 1983, p5 sino que va más allá, y consiste en la constitución o en la cesión constitutiva de una empresa agraria, que debe ser administrada y financiada por el cultivador que afronta el riesgo del esfuerzo productivo que realiza sobre la re.r fructífera de un tercerosb. Es indiscutible que el factor «trabajo», entendido en su sentido amplio y no estrictamente jurídico como aquella manifestación de la capacidad creadora del ser humano que contribuye a satisfacer determinadas necesidades y es fuente de bienes y servicios, está siempre presente en las relaciones agrarias de que venimos tratando. No obstante, debe añadirse inmediatamente que existe una primera e importante diferencia de grado entre la significación y naturaleza que el trabajo, por más señas, productivo, dependiente y por cuenta ajena asume en las relaciones que se califican como jurídico-laborales y la relevancia que el componente trabajo, ejecutado en utilidad propia y en régimen de autonomía, tiene en los contratos agrarios. Como ya se habrá advertido, esa diferente significación viene dada por el hecho de que, en los contratos agrarios, a diferencia de lo que ocurre en la contratación laboral, el interés directamente comprometido no er el trabajo per.rondl del cultivador (arrendatario, aparcero, enfiteuta, censatario...),.rino.ru actividad de empre.ra; en definitiva, lo que se compromete es el destino agrícola, forestal, pecuario o mixto realizado conforme a las reglas de la buena técnica agraria, pero no así las operaciones materiales de explotación, que puede realizarlas el cesionario personalmente o a través de otra personas^. 56. Cfc L. Toerouta^, «La causa dei contratti agrari», en RDA, I, 1960, p Existe en el campo una variedad extraordinaria de sicuaciones de tenencia indirecta de la tierra que demuesttan cambién la complejidad de telaciones que se producen entre el crabajo, de una parte, y la empresa, de otra, y que tienen que ver con la excensión de la tietta cultivada: empresas agrariaz pulverizadas qué no bastan por sí solaz para emplear el total trabajo del emptesario, el cual se ve por ello obligado a conseguir otra ocupación; pequeñas empresas que absorben la labor del empresario y de algunos miembros de su familia, pero no de todos ellos, los cuales se ven compelidos en parte a buscar empleo en la industria ó en los servicios, o en laz propiaz comunidades rurales al servicio de cultivadores más prósperos; empresaz mediaz que bastan a absorber la capacidad de trabajo de una familia campesina, recuttiendo eventualmente a la conctacación de personal asalariado en las épocas de mayor actividad estacional; grandes explocaciones en las que el emptesazio no ejecuta materialmente laz operaciones agtícolas o colabora muy excepcionalemnte en ellas, aportando mano de obra asalariada, fija y/o evencual; a veces, cuando de empresas muy grandes se crata, la acción gescora del empresario puede no ser suficience y debe valerse de la siscencia de personal direccivo contracado. ^ 2996 De hecho, en la legislación agraria, el requisito de ser cultivador per.ronal únicamente se exige para ser concesionario de explotaciones familiares o comunitarias adjudicadas por el IRYDA58; o para merecer la calificación de explotación familiar agraria a efectos de concesión de diversas ayudas y beneficios59; o, conforme a la legislación arrendaticia anterior, para calificar como protegidos ciertos arrendamientos que no superasen una determinada renta^, pero que, salvo en el supuesto de adquisición forzosa de la finca por el arrendatario de acuerdo con el artículo de la LAR actual, apenas tiene hoy 58. Arts 21 y ss. de la LRYDA. En la legislación autonómica, la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria Andaluza, dispone que sólo podrán ser beneficiatios de asentamiencos en tierras públicas adquiridas por el IARA los explotadores personales y directos. Se comprenden en este concepto tanto los ciculares de explotaciones familiares agrarias, que deberán trabajar directamente las fincas junto con sus familiates sin que la aportación de mano de obta azalatiada fija supete en cómputo anual a la familiar, como los socios de explotaciones colectivas, los cuales «habrán de aporcat su trabajo a la explotación» (arts. 60, b) y 64, pár. 2 ). Asimismo, la Ley del Parlamento Navatro sobte Plan de Fomento a la Explotación Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperativismo, de 30 de abtil de 1980, teserva la concesión de los beneficios tributarios y financietos que en ella se establecen, entre otros, a los agricultores y ganaderos con dedicación exclusiva a su profesión «que azuman ditectamente el tiesgo de su Empresa, trabajeti directa y petsonalmente en ella y el trabajo asalariado en la misma no supere el 50 pot 100 de U.T.H.» (art. 1, Baze ls, 1. 1). 59. Ley 49/1981, de 24 diciembre, arts. 45 y ss. En concreto, pata que los ticulates que proyecten modetnizat sus explotaciones tengan opción a los beneficios que la Ley establece en su Capítulo IV, se precisa que laz empresas alcancen «como mínimo, la plena ocupación de un miembro de la familia y ocupar anualmente, como máximo, además de la mano de obta familiar, dos trabajadotes asalatiados fijos o lo que tesulte equivalente en asalariados eventuales (art b). Conforme al art. 1, in fine, del R.D. 419/1985, de 6 de marzo, por el que se desarrolla la modernización de las explotaciones familiares agtatias y otros aspectos de la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, no serán tenidos en cuenta para el cómputo a que se refiere el art b) de la Ley citada los salatios abonados pot citcunstancias excepcionales, no periódicas y que no cotrespondan al ciclo productivo normal». 60. La Ley de Arrendamientos Rústicos de 23 de julio de 1942 creó la figura del cultivador directo y perronal (cultivo realizado por los arrendatatios o sus familiates cooperadores sin intervención de azalatiados en más del 25 por 100 de los que fuesen necesatios pata el adecuado laboreo de la finca y renta inferior a 40 quintales métricos de trigo o capacidad económica equivalente, según ha interpretado la jutispmdencia), al que dispensaba una protección especial (arts. 83 a 90 del Reglamento de Arrendamientos Rústicos, de 29 abril 1959), en materia de ptótroga legal. Postetiormente, la Ley de 16 de julio 1954 inscituyó un tipo de «arrendamiento especialmence protegido», en favot de los arrendatarios cultivadotes ditectos y personales antetiores al 1 de agosto de 1942 cuyos arrendamietos estuvieran subsistentes y cuando el locatario fuera español, concediéndole el llamado detecho de acceso a la propiedad (arts. 91 y s. del Reglamento). Cfc J. L. DE Los Mozos, Ettudior de Derecbo Agrario, Madrid, 1972, p7 transcendenciab^. Desde luego, la actividad de cultivo personal no se exige, en general, para ser agricultor, sea a título de propietario 0 por virtud de cualquier otro derecho de goce, personal o real. En efecto, según el artículo de la vigente LAR, pueden ser arrendatarios, y, en su caso, subatrendatarios de fincas rústicas, los «profesionales» de la agticultura. El art dispone que se entenderá por profesional de la agricultura «la persona natutal, en la plenitud de sus derechos civiles o emancipado o habilitado de edad que se dedique o vaya a dedicarse de manera preferente a actividades de carácter agrario y se ocupe de manera efectiva y directa en la explotación». Como ha señalado la doctrina, la ocupación «efectiva y directa» en la explotación significa «asunción de riesgos y dirección personal», pero no implica por necesidad que el cultivador tenga que realizar matetialmente las operaciones de cultivo; podrá, por tanto, el profesional de la agricultura «realizar el trabajo a través de asalariados»62. La LAR reconoce, expresamente, la condición de profesionales de la agricultura para poder contratar como atrendatarios rústicos: - A una serie de personas jurídicas, públicas y privadas, enumeradas en el artículo. 15, letras b), c), d) y e): Cooperativas Agrarias, SS.AA.TT, OPAS, IRYDA, Entidades Públicas... - A los cultivadore.r perronale.r (art ), respecto de los cuales el art de la LAR dispone que tendrán esta consideración quienes exploten las fincas por sí mismos, o con ayuda de familiares que con ellos convivan, sin utilizar asalariados más que circunstancialmente, por exigencias estacionales de la explotación agcaria. Quiere además el precepto que no se pierda esta condición aunque se utilicen uno Conforme escablece la disposición transitoria primere de la LAR de 1980, los contratos de arrendamienco nístico existences a la encrada en vigor de la Ley se regirén, en cuanto a su duración, por la legislación ancerior, excepco cuando se crare de cultivadores pecsonales y diteccos en los cérminos definidos por el azc. 16, en cuyo caso cendrán derecho a las prórrogas que la nueva notmaciva decermina, hasca el límite de veintiún años, contados desde la iniciación del contraco. 62. CFr. J. Lncttuz BEtt^s)o ec alai, Elementot de Derrorba Civil. Il. Derecho de Obligacione.r, vol. 3, Barcelona, 1986, p8 dos asalariados, en caso de enfermedad sobrevenida o de otra jústa causa que impida el cultivo persona163. De esta regulación se extrae que el concepto de profesional de la agricultura en la LAR es más amplio que el de cultivador personal. Se concluye, pues, con facilidad que el arrendatario de fincas rústicas no asume en ningún momento la condición jurídica de trabajador por cuenta del dueño de la tierra, bien que atendiendo a las condiciones de vida y de trabajo de muchos pequeños arrendatarios se haya equiparado a veces su situación personal y económica a las de los trabajadores agrícolas asalariados. El arrendamiento rústico se configura como un contrato para el e.rtablecimiento de una explotación o empre.ra. El contrato de arrendamiento rústico no puede concebirse como un mero contrato de cambio, sino como un contrato que sirve a regular el más amplio conflicto entre propiedad estática y empresa dinámica; esta es, precisamente, su especialidad: se concibe como un contrato «para la empresa agraria»^. En fin, la propia LAR contempla una amplia relación de situaciones agrarias a las que niega expresamente la considera Ĝión de arrendamientos rústicos y, otras veces, sin entrar a discutir su naturaleza arrendaticia, las declara excluidas de la aplicación de sus preceptos. Algunas de estas situaciones jurídicas constituyen verdaderos contratos de prestación de servicios, relaciones laborales tuteladas por el Derecho del Trabajo. A) De este modo, el artículo 5 de la LAR dispone que «no se considerarán arrendamientos rústicos los contratos de recolección de cosechas a cambio de una parte de los productos ni, en general, los de realización de alguna faena a rícola claramente individualizada, aunque se retribuya o compense con una participación en los productos o con algún aprovechamiento singular». Son éstos verdaderos contratos de trabajo, en los que la prestación del trabajador com- 63. Una modificación importante respecto de la legislación anceriot ha sido la supresión del límite de numero de obradas que podían utilizar de trabajadores asalariados, escablecido en un 25 por 100 del cotal necesario para el adecuado laboreo de la finca (art del Reglamento de Arrendamiencos Rústicos). 64. J. L. ne ^os Mozos; «La nueva Ley de Arrendamiencos Rústicos. Comparación con la legislación anterior», en RDP, febrero de 1982, p9 prende el servicio de recolección de la cosecha o la realización de cualquier otra faena agrícola particular -en modo alguno constitutiva de una actividad de empresa agraria, por tener ésta un contenido mucho más amplio-, a cambio de las cuales se le compensa con una parte de los frutos recolectados o con otro aprovechamiento singular (agrícola, forestal o pecuario). Puede pensarse, a tenor de los debates parlamentarios de la LAR, que con la inclusión de este precepto se deseaba evitar que el propietario de la finca, denominando tales contratos como de arrendamiento rústico, encubriese en realidad una relación de trabajo, eludiendo con ello sus obligaciones salariales y en materia de Seguridad Socia165. Por tanto, el contrato que se celebre nominalmente como de arrendamiento rústico para la ejecución de estos servicios circunstanciales al detentador de la finca, será un contrato hecho en fraude de ley, declarado nulo como tal arrendamiento por la vía del artículo 8 de la LAR, del artículo 6. 4 del Cód. Civ y, particularmente, por aplicación de la presunción legal de existencia del contrato de trabajo que de antiguo recoge nuestro Ordenamiento laboral (art ET). Pero es que, en realidad, quizás no hubiera sido necesario incluir este artículo 5 en la LAR, en la medida los supuestos descritos en dicho precepto quedan per.re fuera del ámbito de la Ley, por falta de acoplamiento a la propia naturaleza del contrato de arrendamiento rústico, según el concepto que del mismo ofrece el artículo 1 de la LAR. En efecto, no existe aquí cesión de finca rústica para el destino de aprovechamiento agrícola, forestal o pecuario; no hay transmisión de derechos posesorios de uso y disfrute para su ejercicio continuado, ni aun cuando las faenas agrícolas se compensasen con algún beneficio de frutos, logro de piezas de caza, disposición de aperos de labor, aprovechamientos de leñas, etc, que no pasan de ser modalidades retributivas en especie; el realizador de tales faenas no reúne -o, por mejor decir, no es preciso que reúna- la condición de profesional de la agricultura exigida por el artículo de la LAR para conferir el carácter de arrendatario; a diferencia de éste, ós. CEi. A. AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, Commtario.r a!a Ley de Arrendamientot Rúttitot, Granada, 1987, p10 no se le reconoce el poder de dirección que le pueda permitir la elección del tipo de cultivo (art. 10), el destino productivo de la finca (art. 61), así como su libertad para introducir mejoras (arts. 47 y ss.), de todo lo cual fácilmente se extrae que actúa por cuenta y bajo las órdenes e instrucciones del propietario de la finca. B) También quedan excluidos de la LAR los contratos que impliquen cesión del aprovechamiento de tierras a cambio de los servicios prestados fuera de ellas (art. 6. 3). Nuevamente nos hallamos ante genuinas contrataciones laborales, como las antes referidas al comentar el artículo 5 de la LAR; claro está, siempre y cuando la contraprestación por la cesión del aprovechamiento agrario sea una prestación de servicios en la que concurran todas y cada una de las notas configuradoras del contrato de trabajo, ex art del ET (excluido, por tanto, que se trate de un arrendamiento civil de servicios). Si así fuere, por la legislación laboral común habrán de regirse, conjurando simulaciones fraudulentas. No han de confundirse estós contratos de trabajo con pacto de retribución «in natura» con los arrendamientos de fincas rústicas por dutación inferior al año agrícola, calificados por la LAR como de temporada (art. 6. 4); ni con los contratos de cesión arrendaticia de tierras labradas y preparadas por cuenta del propietario (utilizando o no trabajadores asalariados) para la siembra a la que específicamente se refiera el contrato (art. 6. 5). En estos casos, la relación es de carácter civil arrendaticio, no laboral, pues existe cesión efectiva de la posesión en el uso y disfrute de la finca a cambio de reciptocidad económica (precio o renta). El hecho de que la LAR haya decidido excluir.estos contratos de su ámbito se explica, ya porque no sirven como base para el establecimiento de una actividad de explotación estable y duradera, característica del cultivador que ha hecho de la agricultura su medio habitual de vida (supuesto del art. 6. 4), ya por tratarse de contratos en los que está ausente la unidad de todo ciclo de cultivo y que suelen utilizarse para la explotación de determinadas especies que requieren una mano de obra importante y cuidadosa, por destinarse concretamente a la producción industrializada (plantas de floricultura, horticultura intensiva...), lo que, a juicio de la doctrina, lleva a que hayan de tener una calidad y 30411 características determinadas que escapan de las normas dictadas para los arrendamientos necesitados de protección (en los aspectos de continuidad, duración, rentas, acceso a la propiedad...) Las ejecuciones de obra en el campo; examen particular de las relaciones contractuales en las explotaciones agrarias «desactivadas» y de los contratos de integración vertical en la agricultura Como se sabe, el artículo 1544 del Código Civil define el contrato de arrendamiento o, mejor, de ejecución de obra como aquel negocio jurídico bilateral por el que «una de las partes se obliga a ejecutar una obta (...) a la otra (...) por precio cierto». En el género contrato de ejecución de obra se incluyen dos especies: el contrato civil de empresa o contrata, que es el que se celebra con el titular de una organización empresatial con trabajadores propios que le colaboran, cuando no son ellos exclusivamente quienes realizan el trabajo obedeciendo instrucciones del empresario, y el contrato de obra propiamente dicbo, en el que la ejecución del encargo se realiza personalmente por el contratista o, todo lo más, «auxiliado por personas de un círculo reducido y generalmente íntimo (familiares con frecuencia)»67. A las ejecuciones de obra que se constituyen y realizan en el sector agrario procede aplicarles en su complitud el régimen jurídico contenido en los artículos 1588 y siguientes del Cód. CiV., por lo que a él nos remitimos. Empero, conviene precisar que la evolución de las diferentes formas de organización del trabajo en las explotaciones agrarias y las relaciones de producción resultantes, como con- 66. Cfc A. AGGt^roEZ FExNdrroEZ, Comentariat..., cic., pp. 36 y 37. Vid. azimismo el informe emicido por la Ponencia relaciva al Proyecco de ley de Arrendamiencos Rústicos, en el BOCG (Congreso de los Diputados), Serie A, núm. 28-I, p. 64/ T. SAtA FaAlvco, «Datos pata una caracceri^ación material del Derecho del Trabajo», en CDT, núm. 0, 1974, p. 49, apoyándose en L. E. ne ^.A Vn.tA. Asimismo, J. A. SAGAROOY BENGOECF{EA, «Concrato de trabajo de ejecución de obra», en AA.W., Catorce Lectione,r tobre rontratot upeciater de trabajo, cit., p12 secuencia de la crisis del modelo de agricultura tradicional y de las peculiares características del desarrollo capitalista en el sector, han generado, sobre todo en las últimas décadas, una variedad incontenible de situaciones nuevas que se reconducen, precisamente, a través del contrato de ejecución de obra o de contratos «atípicos» muy próximos a él. Nos estamos refiriendo en particular al fenómeno conocido en el lenguaje de los hechos económicos como «descentralización productiva», modo de producción cuya rasgo más acusado es el de que la obtención de los resultados productivos de la empresa principal no se consigue por la incorporación de trabajadores a su plantilla, sino por la «combinación o coordinación de aportaciones parciales llevadas a cabo por empresas auxiliares o por colaboradores externos»68. Con carácter generál, la descentralización productiva se manifiesta tanto en la realización por un tercero de operaciones singulares correspondientes al entero ciclo productivo de la empresa como de actividades complementarias que no forman parte de dicho ciclo pero que son indispensables en su marcha ordinaria69. En la agricultura y en la ganadería encontramos plasmaciones de estas dos variantes: a la primera de ellas responde la situación de un importante número de explotaciones agrarias de.ractivada.r, y a la segunda el proceso cada vez más extendido de integración vertical de la actividad de explotación como un apéndice del ciclo productivo de las industrias transformadoras y distribuidoras de bienes agrarios, bajo diversas fórmillas de «agricultura contractual». A1 análisis somero de las implicaciones que estos nuevos modos de producción agraria presentan en orden a la tipificación y naturaleza de las relaciones contractuales establecidas con ocasión de los mismos se dedican las siguientes páginas. 6ó. A. MARTÍN VALVERDE, «EI discteco retorno del attendamiento de servicios», en Cuertioner actualu de Derecbo de1 Trabajo. Ertudiot ojrecidar por lor catedráticot etpañolet de Derecho de! Trabajo a! Proferor Manuel Alonro Olea, Madtid, 1990, p G9. lbídem. 30613 2.1. La agricultura de.ractivada Son explotaciones de.ractivadat ^omo en un momento anterior se expuso- aquéllas en las que parte de las tareas del ciclo de producción agraria salen de la competencia y control de la empresa cultivadora para ser realizadas por un tetcero extraño a la explotación, a cambio de un precio cierto70. Varios supuestos pueden distinguirse: La debilidad financiera de las pequeñas producciones familiares y la mecanización integral de los cultivos, que a partir de la década de los sesenta han experimentado una rápida evolución tecnológica, han determinado que sólo una pequeña parte de las explotaciones han podido incorporat a su capital fijo los equipos más costosos, viéndose las restantes obligadas a contratar los servicios de empresas auxiliates. Estas empresas, con maquinaria y trabajadores propios, realizan una amplia gama de operaciones en toda la geografía española: recolección, poda, riego, tratamientos fitosanitarios, roturación de terrenos, y otras múltiples y complejas faenas. El instrumento jurídico que soporta las relaciones contractuales del agricultor con estas empresas agrarias de servicios no es otro que la contrata o.rubcontrata^^, disciplinada en la órbita laboral por el artículo 42 del ET, que establece una serie de cautelas y deberes contractuales a cargo de la empresa principal para proteger los intereses de los trabajadores de la empresa contratista. Dicho precepto no excluye ningún tipo de actividad empresarial de cara a las responsabilidades contractuales que se derivan para el comitente por los actos del contratista, por lo que también el agricultor, grande o pequeño, deberá solicitar por escrito certificación negativa de descubierto por impago de cuotas de la empresa contratada a la entidad gestora de la Seguridad Social, al objeto de quedar libre, según parece, de responsabilidad por los débitos no 70. Cfr. S. VEU.nr77^, «Innovazioni cecnologiche, forme di produzione emergenci e organizazione aziendale», en /^+ Quertione Agraria, núm. 4, 1981, p Ocras veces en cambio la «exceriorización» de las tareas campesinas se produce sin la cobertura de un vínculo jurídico-contraccual entre el empresario agrícola y quien asume la realización de las labores. Es el caso, p.ej., de los cometciantes ptivados o cooperativas de comercialización que en Levante concratan mano de obra ( «collidors») para la recogida de la naranja que previamence han comprado en el árbol. 30714 prescritos anteriores a la contrata. No obstante, y habida cuenta el escaso desarrollo económico de las pequeñas explotaciones familiares que a menudo conciertan los servicios de estas empresas auxiliares, parece desmedido que, a más del pago del precio por las tateas encomendadas, se predique de las mismas ^omo, en general, de cualesquiera pequeñas empresas -1a responsabilidad solidaria de carácter objetivo por las obligaciones salariales y de Seguridad Social del contratista, contraídas por éste durante la vigencia de la contrata. Seguramente que el legislador no tendría que haberse detenido en la exoneración de responsabilidad del cabeza de familia por las obras contratadas para construcción o reparación de su vivienda, o para el caso que el propietario de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad empresarial (art. 42. pár. 2 ), sino que tendría que haber ido más lejos, ajustando el peso de las responsabilidades solidarias al estado financiero de las pequeñas y medianas empresas Otras veces, cuando la tarea o fase del ciclo productivo objeto de descentralización puede ser realizada por una sola persona, lo que se celebra es un contrato de obra propiamente dicho. Es el caso, muy común, del tractorista que se comptomete a laborar un terreno con maquinaria y aperos propios a cambio de una cantidad fija que recibe al finalizar el encargo. Este trabajador, si verdadero ejecutor de obra, queda fuera del poder de dirección del empresario, sin sujeción a horario ni jornada; a menudo el dueño delega en él la decisión sobre el tiempo preciso en que debe realizar el encargo, con tal que se acomode a las naturales exigencias del cultivo, por lo que responderá civilmente frente al propietario del retraso o impericia cuando la finca o sus frutos resulten dañados; no persigue un salario fijo, sino que espera obtener un beneficio, con el consiguiente riesgo pata él de pérdida si los gastos de combustible, la conservación o reparación de los instrumentos, las eventuales intettupciones en el trabajo por inclemencias del tiempo, por enfermedad o dificultad del terreno, etc., hacen más onerosa la ejecución de la obra, le hacen invertir más tiempo del previsto o no llega a terminar la tarea7z. 72. A efectos de exclusión del Régimen Especial Agratio, el artículo Primero del RSSA dispone que no tendrán la consideración de trabajadores por cuenca ajena los «conductores de vehículos y maquinaria cuyos propiecarios arrienden sus servicios para labores agropecuarias, sin ser ticulares de una explotación o cuando siéndolo no los ucilicen en la misma». 30815 Asimismo, la telativa frecuencia con la que se conttatá a destajo en la agricultura obliga a diferenciar claramente cuándo el destajista es verdadero trabajador y cuándo es empresario o contratista. La dificultad de delimitación surge porque el destajo, en su forma más pura, se asemeja mucho a la remuneración de una locatio conductio operi.r, «pues, al no estimar la cantidad del tiempo invertido en la realización del trabajo, parece dibujat un verdadero contrato de ejecución de obra»73. A este respecto, la doctrina mantiene que el ejecutor de obra se distingue del trabajador.retribuido a destajo porque mientras éste se incorpora al círculo rector, organicistá y disciplinario de la empresa, aquél es el director de su propio trabajo (autoorganización); mientras en la obra muchas veces se ponen los materiales e instrumentos de trabajo por el que la realiza, en el destajo los aporta, casi siempre, el empresario (aunque aquí la regla no es segura); mienttas en la ejecución de obra el precio o estipendio se ajusta siempre «a tanto alzado», como contraprestación única de un resultado final en función de su valor, en el destajo se tiene en cuenta la cantidad de trabajo, para garantizar al trabajador un salario mínimo, sin referencia a un precio globa174. La clave para distinguit uno y otro supuestos, vendrá oftecida normalmente por la valoración en su conjunto de las notas anteriormente apuntadas, en especial por lo que atiende a la retribución: si el ejecutor persigue obtener un lucro especial o ganancia aleatoria, notablemente superior a la compensación normal del trabajo dependiente (salario), no hay contrato de trabajo La integración vertical en lat relacione.r económica.r agro-indu.rtriale.r Como vimos en otro lugat, a esta situación se llega cuando las relaciones contractuales del agricultor con las industrias transformadoras o entidades de comercialización de productos agrarios cu- 73. G. BnYON C^-ueox y E. PÉeEZ Bonln, Aianuat de Dererho del Trabajo, 11' ed., vol.i, Madrid, , p G. BnYOrr CHncorr y E. P^eEZ Bori)n, rit. rapra, pp. 324 y 325.; G. DtecuEz CuEnvo, Lrr^ionu de Derubo del Trabajo, 3' ed., Madr;d, 1991, pp. 44 y16 bren tanto el suministro de semillas, crías de animales, antiparasitarios, fertilizantes, piensos, etc., como el destino, cantidad y calidad de la producción futura. Concluido entonces que la actividad de supervisión ejetcida por estas empresas industriales y/o mercantiles sobre el ciclo agrícola/ganadero no las convierte en empresas agrarias, procede determinar ahora la naturaleza del vínculo que disciplina los derechos y deberes correspectivos entre el agricultor integrado y la firma integradora. En todo proceso de integración vertical existe un centro de decisión que fija los objetivos económicos y las condiciones técnicas de la producción. En concreto, son las empresas integradoras las que imponen el volumen regular de producto que debe obtenerse en cada caso, las técnicas que deben utilizarse (programación de los cultivos, sistemas de trabajo, fechas de siembra y recolección...), así como las características de la producción final. Por su parte, el agricultor integrado se compromete, tanto a realizar las distintas labores de acuerdo con las indicaciones técnicas que emanan del personal de fábrica avanzado en la explotación, como a transferir al fabricante o comerciante, una vez completado el ciclo vegetal o animal, la totalidad de los productos obtenidos, a cambio de un precio cierto que acostumbra fijarse, en las ramas de producción en que la integración está muy avanzada, a tanto cierto por pieza o por kilo, pero también, cuando se trata de cultivos o especies en las que la integración no es mayoritaria, en función del precio de mercado (acompañada o no por una cláusula de precio mínimo garantizado) La integración vertical viene siendo especialmente significativa en decerminadas ramas agrarias: pollo. pata carne, potcino, bovinos y derivados, frutas y legumbres para conservas, hottalizas y cultivos industriales (algodón, remolacha, tabaco...), ampliándose progresivamente a nuevos sectores. Vid. sobre este complejo fenómeno, además de A. LnNGttEO, «Análisis de la integración vertical en España», cit., pp. 187 y ss., los trabajos de R. JUnN I FENOC[.nx, «La teoría de la agroindustrialización y la estabilidad del campesinado», en Agricultura y Sociedad, núm. 9, 1978, p. 177 y ss., y la invescigación empírica de A. GAMiz, «Agticulcura familiar y dependencia en la producción bajo contrato^, en Agricultura y Sociedad, núm. 1, 1976, pp. 73 y ss; G. BrvoNn, / contratti d'integrazione verticale in agricoltura, Milano, 1979; L. MoRUZZt, «Profili della vendita di prodocci agricoli con prezzo e contracti di incegrazione verticale^, en RDA, I, 1961, pp. 394 y ss. 31017 En general, el sutgimiento y expansión de estas fórmulas integradoras de pequeñas explotaciones familiares frente a la alternativa de producción directa en granjas o fincas propias de las industrias o entidades comerciales se justifica porque el ahorro de costes de trabajo (la familia agrícola puede aceptar bajas remuneraciones) compensa al integrador de la posible reducción de otros costes en un sistema de producción organizado a gran escala^b. Mediante la integración, las empresas transformadoras y distcibuidoras se aseguran la materia prima necesaria, sin verse afectadas por las fluctuaciones de los precios ni de la cantidad de producto que cada año afluye al mercado, con la ventaja añadida de que pueden adaptar la producción agraria a las particulares exigencias de su propio ciclo productivo. Además, las industrias pueden transferir al pequeño agricultor otros riesgos (obsolescencia de las instalaciones, factores aleatorios ligados al cultivo o cría del ganado, etc.). Por su patte, el agricultor encuentra en estas fórmulas una vía de superación de las graves dificultades con las que tropieza la pequeña explotación familiar para hacer frente a las crecientes necesidades de capitalización. Además, al campesino le queda la tranquilidad de haber colocado su cosecha antes de obtenerla y a un precio cierto, reduciendo paralelamente los costes de producción (en semi- Ilas, fertilizantes...) y asegurando los ingresos familiares. De acuerdo con este modelo, se registra una pérdida cada vez mayor de autonomía y capacidad de decisión del titular de la explotación agraria, desde el punto y hora que, en buena medida, se le sustrae el control técnico del proceso productivo. A menudo, trabajo y tierra son las únicas contribuciones materiales del agricultorganadero. En virtud de la acusada «dependencia» que generan estas nuevas formas de organización del trabajo, la familia campesina ha pasado a ser un mero «cliente» de las empresas integradoras, hasta el punto que se ha hablado en estos casos de un proceso de «proletatización» o«salarización» del campesinado o, más concretamente, de 7ó. CFC. E. ARNELTE ALEGRE, «Modos de producción...=, cit., p18 que el campesino, aunque formalmente autónomo en cuanto propietatio de la tierra que cultiva y de la explotación en la que trabaja, ha pasado a convertirse en un verdadero «asalariado a domicilio»^^. Como anunciábamos al ptincipio, procede examinar si las obligaciones de hacer ( y de consentir) que asume el agricultor y el correlativo poder de supervisión y control sobre la producción agraria que incumben a la industria transformadora o entidad comercial constituyen indicios bastantes para reconducir dichas relaciones al tipo y disciplina del Ĝontrato de trabajo. A nuestro entender, y desde el análisis dé los presupuestos que informan la presencia de una relación jurídico-laboral, no puede contestarse, en buena técnica jurídica, afirmativamente a dicha proposición, al menos de forma indiscriminada, por las si uientes razones: Primera. EI fenómeno de la integración vertical presupone, como conditio sine qua non, que el agricultor contratante sea un auténtico empresatio, el cual, con medios de producción propios y ajenos, ejerza una actividad económica organizada al fin de la producción de bienes para el mercado, soportando el riesgo del proceso productivo. Esta descripción del papel que el agricultor asume en la concreta vida de la relación no es incompatible con la facultad de inspección y control del empre ario industrial o mercantil sobre la empresa agraria. Dicho poder, por muy amplio que sea, es obvio que deja siempre al cultivador un margen de autonomía suficiente como para no perder los rasgos configuradores de su condición empresarial. En todo caso, a él corresponden la gestión económico-financiera de la ezplotación y las relaciones con el personal asalariado. Una vez superadas, por insuficientes, las teorías que asignaban a la dependencia un significado técnico o económico, doctrina y jurisprudencia han delimitado claramente este elemento en el Derecho del Trabajo y en las relaciones contractuales que al mismo interesan como el aspecto pasivo de los poderes de mando y disciplina del empresario. Y es ptecisamente en este sentido que la dependencia, De tal lo califican A. Lnt^lGaeO, «Análisis de la incegración verticcal...», crt., pp. 189 y 203; A. Gnt.il2, «Agriculcuta familiar...», tit., p19 como criterio definitorio.de la relación jurídica de trabajo, no está presente en el entramado de derechos y obligaciones que se constituye entre el agricultor integrado y el industrial integrador, en la media que el primero no aparece comprometido con la misma «calidad» que un trabajador asalariado en el círculo rector, organicista y disciplinario del segundo. No se olvide por otra parte que una cierta dependencia, entendida como sometimiento a órdenes e instrucciones, existe en muchas relaciones obligaciones, sin ir más lejos, en el contrato civil de ejecución de obra, y no por ello puede hablarse, en puridad, de todas estas situaciones como constitutivas de relaciones laborales en sentido propio. Por consiguiente, en la integración de que venimos hablando cebe detectar un grado mayor o menor de dependencia económica, técnica y hasta sociológica, pero no puede confirmarse indiscriminadamente la existencia de subordinación jurídica o dependencia laboral. Segunda. Mientras que el trabajo objeto de contratación laboral se define como «personalísimo», en el sentido de que el ttabajador debe su propia actividad sin que ésta pueda ser sustituida por la de otro, en el conttato de integración rústica la aportación por el agricultor de su personal trabajo suele ocupar un plano secundario en el entramado contractual de derechos y obligaciones. El interés del empresario integrador queda satisfecho con el desarrollo de una actividad económica organizada en régimen de empresa, por cuanto es esto lo que le permite obtener el re.rultado convenido, pero le son indiferentes la prestación de trabajo que realice la contraparte, o, llegado el caso, las eventuales modificaciones que pueda experimentar la titularidad de la empresa integrada durante la vida de la relación78. En definitiva, a la fábrica o entidad comercial lo único que le interesa es que el agricultor, cualquier agricultor, explote por sí o por otros las fincas integradas para su aprovechamiento agrícola, forestal o pecuario, sujetándose a sus órdenes e instrucciones, y con el compromiso de transferirle la producción obtenida. 78. En esce sencido, G. Brvot^tn, l contratti áintegrazione..., cic., p20 Tercera. Si bien la relativa variedad de fórmulas contractuales utilizadas no hacen posible su reducción a modelos o categorías estereotipados, ocurre con Frecuencia (sobre todo cuando de producciones vegetales se trata) que la propiedad de los frutos cosechados corresponde al agricultor, no al fabricante. EI agricultor no es, por tanto, ajeno a los resultados que obtiene mediante el ejercicio de su actividad de empresa, como lo es el trabajador asalariado. La transmisión de dominio de los frutos al integrador tiene lugar, no ex ante, sino ex po.rt, una vez se han cumplido las recíprocas obligaciones de entrega de la cosa y pago del precio; sin perjuicio, claro está, de las acciones legales que aquél pueda dirigir contra el cultivador integrado si llegado el caso fuera que éste, incumpliendo el compromiso previamente adquirido en el contrato, diera a su producción un destino diferente del convenido. Cuarta. El agricultor-empresario persigue con la integración un beneficio o lucro especial, no la simple retribución de su trabajo (cuando lo presta). No tiene garantizado el percibo de un salario mínimo, y soporta la mayoría de las veces tanto el riesgo del menoscabo o inexistencia de beneficios, como la producción de pérdidas que puedan derivarse de una mala cosecha o de la destrucción de los frutos antes de su recepción por el fabricante. Sin embargo, la regla no es fija (v.gr., en la integración de pollos para carne el riesgo lo suele correr la casa integradora, limitándose el ganadero a cobrar un precio estipulado previamente por el cebo de cada unidad). Aunque lo más seguro es que el contrato de integración sea un contrato «atípico», carente por el momento en nuestro país de una regulación normativa de ámbito estatal que discipline la estructura y dinámica de los correspectivos derechos y obligaciones de agricultores y firmas industriales o comerciales contratantes79, si conjuga- 79. Falta de regulación sobre el tema que separa al Derecho español de otros Ordenamiencos comparados. Así, en el Derecho italiano, recientemence, la Ley núm. 88/1988, de 16 de marzo, aprobó ^.Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agticoli», dirigidas a disciplinar los acuerdos marco que se celebren entre reptesentaciones de una pluralidad de agriculrores y de una pluralidad de empresas de comercialización o de transformación, al objeto de establecer una baze normativa común para los singulares contratos de integración vertical que pueda celebrarse entre los azociados de la respeĝtivas organizaciones estipulantes del Acuerdo. Para un comentario analítico de esta ley 314 Mostrar más
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References: artículo 1655
in fine
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1544
 artículo 42
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 3

RESOLUCiÓN 

RESOLUCIÓN 
 Artículo 62
 Artículo 1
 artículo 9
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Resolución 
 Artículo 5151
 REAL DECRETO 
 Artículo 1
 artículo 106
sui generis
 Real Decreto 
 artículo 60

REAL DECRETO 
 Artículo 1
 Artículo 1