Source: http://radiodifusiondata.com.ar/2016/oea.htm
Timestamp: 2018-12-12 18:29:58+00:00

Document:
PERSECUSION AL CANAL 100% NOTICIAS DE NICARAGUA
La AIR expresa su rechazo y condena ante nuevos actos de persecución contra la señal de televisión @100noticiasni, por parte del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos - TELCOR. pic.twitter.com/7mcAy5b5GX
— AIR - IAB (@air_iab) 1 de noviembre de 2018
.@CIDH y @RELE_CIDH manifiestan preocupación por intento del gobierno de Nicaragua de imponer restricciones a 100% Noticias, canal que había sido sacado del aire durante las protestas por su línea editorial. pic.twitter.com/ZBn8OCAol5
FUERTE RECHAZO INTERNACIONAL A LA LEY CONTRA EL ODIO DE VENEZUELA
20-NOV/2017
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su grave preocupación por la aprobación en Venezuela de la "Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" a través de un trámite expedito en la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas disposiciones, en nombre de "la paz, la tranquilidad pública y la nación", establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
La "Ley contra el Odio" fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 8 de noviembre y sancionada sin intervención de la Asamblea Nacional. Aunque la ley en su parte general esgrime el objetivo legítimo de promover la diversidad, la tolerancia y erradicar toda forma de odio, discriminación y violencia por motivos discriminatorios y preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación, el Presidente Nicolás Maduro declaró antes de su aprobación que el objetivo era "contrarrestar la campaña de odio, terror y violencia que ha sido promovida por los sectores extremistas de la oposición"[1].
En su artículo 20, la ley prevé sanciones "de diez a veinte años" de prisión para "[q]uien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio". Además, establece que estos delitos serán imprescriptibles, lo que violenta los principios del derecho penal mínimo.
En su artículo 22, la normativa también prevé la revocación de la concesión de prestadores de servicio de radio o televisión que "[d]ifunda[n] mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturalez[a]". El mismo apartado considera una multa de 50 mil a 100 mil unidades tributarias a la persona jurídica responsable de las redes sociales y los medios electrónicos que no retiren mensajes de dicha índole dentro de las seis horas siguientes a su publicación, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles.
En su artículo 23, la ley establece sanciones pecuniarias de tres hasta cuatro por ciento de los ingresos brutos a los prestadores de servicios de radio o televisión que "incumpla[n] la obligación de ceder los espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intoleranci[a]".
Respecto a la creación de figuras penales para sancionar la "promoción o incitación al odio", hay que subrayar que el artículo 20 de esta norma sanciona con "prisión de diez a veinte años" a quien "promueva o incite" al odio, la discriminación o la violencia. A pesar de que, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones, en el derecho internacional estas limitaciones sólo pueden establecerse hasta donde sea necesario para garantizar ciertos intereses públicos o los derechos de otras personas. De acuerdo al derecho internacional, lo que incluye a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el sistema de restricciones ulteriores establecido en el artículo 13 de la Convención Americana, las limitaciones deben establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa; las limitaciones deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por el propio derecho internacional; y las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro del objetivo que persiguen, estrictamente proporcionales a la finalidad que buscan, e idóneas para lograr dicho objetivo.
En consonancia con el artículo 13.5 de la Convención Americana, la CIDH y su Relatoría Especial han sostenido que es legítimo prohibir el discurso que constituya incitación a la violencia por motivos discriminatorios. En tanto, en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, para que una expresión constituya "delito de odio" está debe ser interpretada de conformidad con los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) a fin de garantizar, entre otros, el respeto a los derechos de las demás personas o el orden público. En ese sentido, los Estados pueden "prohibir" o sancionar ese tipo de expresión, pero sólo cuando constituya "incitación" a la discriminación, hostilidad o violencia, de conformidad con el artículo 20.2 del PIDCP.
A vía de ejemplo, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su informe sobre Violencia contra personas LGBTI consideraron que, a la luz de los principios generales de la interpretación de los tratados, la "apología del odio" dirigida contra las personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal, es sancionable penalmente cuando constituya incitación a la violencia o a "cualquier otra acción ilegal" semejante.
De lo expuesto se deduce que fórmulas como las utilizadas en la "Ley Contra el Odio" en Venezuela, que establecen figuras vagas y abiertas como la "promoción o fomento" de toda clase de "discriminación", tienen la capacidad de prohibir una amplia gama de expresiones públicas que están protegidas por el derecho internacional. Resulta, además, particularmente preocupante, que figuras tan amplias y ambiguas sean sancionables con penas de prisión exorbitantes (de diez a veinte años de prisión), lo cual producirá un efecto intimidatorio sistémico en el espacio público y en las redes sociales de Venezuela.
Por otra parte, la "Ley contra el Odio" impone a todos los medios de comunicación –impresos, de radio, televisión, por suscripción, así como a los medios cuyos contenidos pueden ser generados o replicados a través de Internet– una serie de limitaciones en nombre de "la paz, la tranquilidad pública y la nación" y le otorga al Estado facultades exorbitantes.
Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA
ASESINATO DE PERIODISTA HONDUREÑO: OEA EXIGE RAPIDA INVESTIGACION
21-SEP/2017
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Carlos William Flores, de Canal 22, ocurrido en Honduras e insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística.
RELATORIA DE LA OEA CONDENA EL CIERRE SIN GARANTIAS DE MAS DE 50 MEDIOS EN VENEZUELA
07-SEP/2017
la cidh pide por el esclarecimiento del asesinato del periodista de tv mexicano luciano rivera
18-AGO/2017
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y reportero de CNR TV, en México e insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística.
GUATEMALA: ASESINAN A PERIODISTA DE TV Y A SU ESPOSA
23-NOV/2016
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Hamilton Hernández Vásquez en Guatemala, e insta a las autoridades guatemaltecas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
El Estado informó a la Relatoría Especial que las autoridades abrieron investigaciones en este caso, pero aún no se conoce si el crimen tiene una conexión con el trabajo que desempeñaba Hamilton Hernández como periodista. La Relatoría Especial ha recibido información sobre el asesinato de otros siete periodistas en Guatemala en lo corrido del 2016, el Estado también informo que en dichos casos se está investigando si estos asesinatos tenían relación con el trabajo que las víctimas desarrollaban como periodistas y comunicadores sociales.
RELATORES DE LA ONU Y LA OEA PIDEN QUE LA LEY DE COMUNICACION DE ECUADOR SE AJUSTE A ESTANDARES INTERNACIONALES
Desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, los Relatores han advertido sobre la falta de adecuación de varios aspectos de la ley a estándares internacionales y han observado con preocupación que "su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno".
En particular, señalaron, "resulta preocupante que ciertas obligaciones contempladas en la Ley carecen de contenido jurídico preciso, y su aplicación, junto con las severas sanciones previstas para su incumplimiento, inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador".
CHILE. RELATORIA DE LA CIDH CRITICA CONCENTRACION DE MEDIOS Y PIDE REFORZAR LA RADIO COMUNITARIA
OEA MANIFIESTA PREOCUPACION POR EL ASESINATO DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES EN GUATEMALA
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del director radial Álvaro Alfredo Aceituno López, ocurrido el pasado domingo en Guatemala, e insta al Estado a investigar este crimen con la debida diligencia.
Fuente: Relatoría Libertad Expresión
COMUNICADO DE LA CIDH TRAS LA AUDIENCIA ENTRE EL KIRCHNERISMO Y EL GOBIERNO POR LA LEY DE S.C.A.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 157º Período ordinario de Sesiones del 2 al 15 de abril de 2016. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 49 audiencias públicas, 34 reuniones de trabajo, y reuniones con Estados y organizaciones de la sociedad civil de la región.
Respecto a la audiencia sobre la Ley 26.522 y sus modificatorias el comunicado dice lo siguiente:
La audiencia completa pueda verse en este enlace:
ASESINARON AL PERIODISTA DE RADIO SALVADOREÑO NICOLAS GARCIA
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Nicolás Humberto García, ocurrido el 10 de marzo en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, El Salvador, e insta a las autoridades a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Este es el sexto asesinato de un comunicador en lo que va de 2016 en el continente americano, señala la Relatoría. Por lo cual reitera que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación y proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial por el ejercicio de sus derechos fundamentales.
RELATORIA DE LA OEA CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN BRASIL E INSTA A ADECUAR EL MECANISMO DE PROTECCION
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del locutor João Valdecir de Borba, ocurrido el 10 de marzo en el municipio de São Jorge do Oeste, estado de Paraná, Brasil. La Relatoría Especial expresa su preocupación e insta a las autoridades brasileñas a actuar con prontitud y diligencia para aclarar los motivos del asesinato e identificar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con la información disponible, Borba se encontraba en Rádio Difusora 1490 AM con su programa al aire cuando salió a la puerta y dos hombres le dispararon en el abdomen. Borba fue llevado a un hospital, donde falleció. Colegas relataron que había dejado la cobertura de noticias policiales a pedido suyo hace cinco meses y se había dedicado a programas musicales, aunque no había especificado públicamente la razón.
La Relatoría ha reiterado que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Esta obligación resulta particularmente importante en países en los cuales existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.
El Estado de Brasil cuenta con un "Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos" desde 2004 y en 2012 lo extendió a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Sin embargo, este mecanismo no ha sido adecuado a las necesidades de los periodistas ni fue suficientemente difundido entre los trabajadores de los medios de comunicación, lo que le ha restado efectividad para ofrecer garantías a quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. La Relatoría Especial insta al Estado a que fortalezca los mecanismos de protección para los comunicadores de todas las regiones de Brasil y que provea presupuesto para su funcionamiento.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado analice la hipótesis que establece que la causa de este crimen está vinculada al ejercicio de su libertad de expresión, y por consiguiente, que identifique, procese y sancione a los responsables, además de adoptar medidas de reparación justas para los familiares de la víctima. La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación.
RELATORIA DE LA OEA CONDENA ASESINATO DEL PERIODISTA VENEZOLANO RICARDO DURAN
29-ENE/2016
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Ricardo Durán, ocurrido el 19 de enero en Caracas. La Relatoría Especial expresa su preocupación e insta a las autoridades venezolanas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del asesinato e identificar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con la información disponible, Durán fue asesinado presuntamente por tres hombres en la noche del 19 de enero cuando salía de un edificio en la zona de Caricuao. Los responsables del crimen huyeron sin llevarse el coche del periodista ni alguna de sus pertenencias. Durán era jefe de prensa del gobierno del Distrito Capital y anteriormente había sido periodista del canal público VTV.
El Ministerio Público informó que designó al fiscal Miguel Hernández para investigar este delito. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su "repudio por el asesinato" e indicó que dio instrucciones para capturar a los responsables.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
RELATOR DE LA OEA, PREOCUPADO POR LAS MODIFICACIONES EN LA LEGISLACION ARGENTINA
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió hoy (viernes 15) que los Estados "deben adoptar medidas para que no existan oligopolios o monopolios en la comunicación" y mostró su "preocupación" por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
"Cuando se borran todos los controles y los límites regulatorios en los medios de comunicación, se puede dar un contexto de hiperconcentración", advirtió el especialista al señalar que la CIDH se pronunció en contra de los DNU cuando sostuvo que "las trasformaciones tienen que hacerse a través de leyes, sobre todo cuando una ley es convalidada por la Suprema Corte de Justicia, como es la ley 26.522".
En declaraciones a radio del Plata, Lanza señaló que la CIDH recibió "decenas de denuncias de parte de organizaciones de la sociedad civil y de distintos estamentos de la sociedad" y que en esa instancia, el organismo se encuentra "siguiendo las transformaciones con mucha atención".
Explicó que la intervención directa de la CIDH surge "cuando se agotan los recursos judiciales disponibles", como las medidas cautelares que actualmente se presentan en la justicia argentina, y que por lo tanto, la actitud es de "observación".
Días atrás, el representante de la CIDH recibió el pedido de audiencia presentado por la Defensoría del Público de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como consecuencia de los reclamos recibidos por sectores de la sociedad civil en contra de la intervención a la Afsca.
"Una democracia requiere diversidad y pluralismo y que los estados adopten medidas positivas para que no se constituyan oligopolios o monopolios en la comunicación porque afecta a la circulación de ideas, al trabajo periodístico y a la información que reciben los ciudadanos", alertó Lanza.

References: artículo 20
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 20