Source: https://gestors.cat/ca/newsletter/4458
Timestamp: 2019-10-14 16:08:25+00:00

Document:
BOE i notícies del 27 de febrer de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 27 DE FEBRER DE 2019
(BOE, 27-02-2019)
Resolución de 26 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/index.php?d=50&s=3
RECULL DE PREMSA DEL 27 DE FEBRER DE 2019
Los impuestos son la principal palanca de ingresos de los gobiernos, pero también un atractivo reclamo electoral cuando se avecinan elecciones. Los comicios autonómicos, locales y europeos del próximo 26 de mayo son un ejemplo claro ante el que se ha acentuado la creciente “competencia fiscal a la baja” en la que han incurrido las comunidades autónomas, según expuso este martes el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín.
(El País, 27-02-2019)
El Gobierno aprobó por decreto en el último Consejo de Ministros de 2018 una subida del 7% en las bases máximas de cotización, hasta los 52.250 euros anuales, por las que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social.
Un efecto secundario de esta medida es que, al elevar la parte del salario que se destina a contribuir con el sistema se minora la parte sujeta a la tributación del IRPF. Así, Hacienda recibirá menos este año de las rentas altas, aunque, si se tiene en cuenta el pago a la Seguridad Social, las arcas públicas ingresarán más.
Así, un contribuyente madrileño que cobre 52.250 euros anuales, o más, aportará 105,71 euros menos a Hacienda este año que en 2018, ilustra Luis del Amo, secretario técnico del registro de asesores fiscales REAF.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este martes que está estudiando cómo actualizar mediante un decreto las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades para que puedan recibir en torno a unos 6.900 millones más de recursos durante este año. "Estamos explorando cómo hacerlo sin Presupuestos", ha dicho la ministra durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
Las autonomías ya contaban con recibir poco más de 102.000 millones de euros durante 2019 (incluidas la previsión de liquidación de 2017) por el sistema de financiación, según les adelantó la propia ministra a los consejeros de Hacienda el pasado verano. Pero como la economía está yendo mejor de lo estimado inicialmente esa cifra se actualizará con otros cerca de 6.900 millones adicionales, unos 2.000 millones menos de lo que figuraba en los Presupuestos. "Hasta ahora sólo se ha hecho algo similar una vez, en 1996", ha recordado. "Así que es jurídicamente viable", remarcó.
Montero ha explicado que, aunque las comunidades no podrán beneficiarse de todos los recursos adicionales que aportarían las medidas fiscales como la subida del IRPF y la regularización del IVA por el sistema inmediato de información (SII), —un mecanismo digital para liquidar el IVA en tiempo real— pero si hay que actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación para "ajustar los recursos a la mejora del ciclo económico". Así que la actualización será ligeramente inferior a los 9.000 millones reflejados en los Presupuestos. La cuantía final quedará en torno a unos 6.900 millones aproximadamente.
Montero ha reconocido que adoptará la decisión en un decreto que se aprobará antes del 28 de abril, fecha prevista para celebrar las elecciones generales. "Siempre he defendido que no hay una jerarquía presupuestaria del Estado respecto a las comunidades autónomas", ha abundado la ministra para argumentar que el sistema de financiación debe repartirse con independencia del ciclo presupuestario del Estado central. Es decir, que el hecho de que el Gobierno no logre aprobar sus Presupuestos Generales del Estado no debe afectar al reparto de recursos de las autonomías.
El sistema de financiación de las comunidades autónomas es complejo, poco transparente y, en ocasiones, su aplicación es poco eficaz. El reparto se hace de la siguiente manera. A mediados de cada año, sobre el mes de julio, el Gobierno comunica a las comunidades las cantidades que recibirán el próximo a cuenta del sistema de financiación. Se trata de una aproximación para que las administraciones regionales puedan comenzar a elaborar sus Presupuestos con una previsión de ingresos. Meses más tarde, en torno a la primavera del año siguiente, el Ejecutivo central con una previsión más real de los recursos (ya ha empezado el ejercicio y ve como marcha la economía) actualiza las entregas a cuenta. Esto es precisamente lo que Montero quiere hacer ahora para que las comunidades dispongan de unos 9.000 millones adicionales.
Pero el reparto no termina aquí. Dos años más tarde, cuando se cierra definitivamente el sistema de financiación —la intervención ya ha revisado y dado por buenos los ingresos obtenidos— se cuadra el sistema. Si el Estado ha entregado menos recursos de los que debería hace un pago adicional a las comunidades (esto ocurre cuando la economía crece) y, al revés, si ha entregado más recursos de los que les correspondía a las comunidades les exige la devolución (suele suceder en épocas de recesión). Esto último fue lo que ocurrió en 2008, 2009 y 2010. Cuando las autonomías tuvieron que devolver miles de millones de euros al Estado. Para no descuadrar las cuentas regionales, el Gobierno del PP les permitió hacer estas devoluciones en cómodos plazos.
(La Vanguardia, 27-02-2019)
El tratamiento del permiso de paternidad y maternidad tiene que ser igual dentro de la empresa
La Audiencia Nacional determina que el tratamiento del permiso de paternidad y maternidad tiene que ser igual dentro de la empresa. En su sentencia anula la normativa interna de una entidad bancaria que equipara a efectos retributivos una baja parental con una de incapacidad temporal, constituyendo así discriminación por razón de sexo.
La sentencia determina, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un trabajador que se haya acogido a una baja parental “no puede estar en una posición de desventaja con respecto a los trabajadores que no se hayan acogido a él”. Y va más allá matizando que “las ventajas determinadas para la mujer no pueden ser discriminatorias para el hombre”.
La resolución extiende la igualdad de trato tanto a mujeres como a hombres, y establece que, si la paternidad queda menos protegida que la maternidad, la consecuencia lógica es un menor índice de disfrute de la primera en detrimento de la segunda, “perpetuándose así la asunción mayoritaria de cargas familiares por las mujeres al ser estas quienes utilizan de modo absolutamente mayoritario estos permisos”, explica.
(Cinco Días, 27-02-2019)
Murcia y Baleares, las comunidades que más empleo crearon en 2017
El empleo en todas las regiones españolas creció en 2017 por encima de la media de la Unión Europea, que ese año se situó en el 1,6%, mientras que Melilla (+3,6%), Ceuta (+3,4%) y Murcia (+3,3%) se consolidaron como algunas de las zonas que más crecieron en el bloque comunitario, según los datos de empleo regional publicados este martes por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. Por detrás de estas tres, pero por encima de la media de España (+2,6%), las regiones españolas donde más creció el empleo fueron Baleares (+3%), Cataluña, Canarias (+2,9% ambos) y Extremadura (+2,7%).
En línea con el conjunto del país se situaron los incrementos de Comunidad Valenciana y Aragón, que registraron un 2,6%, mientras que justo por debajo estuvieron Castilla-La Mancha, Madrid y Asturias (+2,5% en los tres casos). De su lado, en Andalucía y Navarra el empleo creció un 2,4%, mientras que en Galicia lo hizo un 2,3% y en País Vasco y Cantabria, un 2,1%. Los menores incrementos, pero aún, así por encima de la media de la UE, se observaron en Castilla y León y La Rioja (+1,7% ambas).
En el conjunto del bloque comunitario, el empleo creció en el 90% de las regiones, lo que equivale a un total de 253. En dos, el número de trabajadores permaneció estable mientras que en 26 se registraron descensos. Los mayores aumentos a nivel europeo se dieron en la región francesa de Mayotte (+7,7%), Malta, el Algarve portugués, la región checa de Bohemia Central (5,3% en los tres casos) y en la región británica compuesta por los condados de Herefordshire, Worcestershire y Warwickshire (+4,7%).
Asimismo, en 19 regiones de la UE el crecimiento del empleo excedió el 3%, entre las cuales había tres en España (Melilla, Ceuta y Murcia), tres en Portugal y otras tres en Reino Unido. Con respecto a los descensos de empleo, las caídas más abultadas se observaron en la región italiana de Basilicata (-2,7%), el condado británico de Cumbria (-2,4%) y la región central y oeste de Lituania (-2,1%).
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha sugerido hoy que el Ejecutivo va a renunciar a las medidas estrella de su departamento en materia de pensiones: volver a vincular su revalorización con el IPC en la ley y derogar definitivamente el factor de sostenibilidad aprobado en 2013.
El Ejecutivo ya renunció a estas dos medidas en la propuesta de Real Decreto en materia de Seguridad Social que entregó el viernes a los agentes sociales. Si bien debía de confirmar hoy a los sindicatos si renunciaban a ello o no. La respuesta de Valerio ante la pregunta de si existiría esa renuncia ha sido clara “como Gobierno lo tenemos que valorar” […] “pero no hay voluntad del Gobierno hacer una reforma unilateral”.
Hoy mismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado esta misma posición, al asegurar que no contemplan con aprobar una reforma de las pensiones antes de las Elecciones. De darse, esa reforma debería ser unilateral, ya que, en primer lugar, el Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones en el seno del Parlamento rompió la semana pasada sus negociaciones. De esta forma no existiría el respaldo de los grupos parlamentarios. Y, en segundo lugar, los empresarios de CEOE-Cepyme también han rechazado de plano apoyar en estos momentos una reforma de calado de la Seguridad Social, en plena precampaña electoral.
De todo esto se deduce claramente la renuncia a la reforma de pensiones pensada por Pedro Sánchez desde que llegó al poder. En cuanto a la contrarreforma laboral, Valerio también la ha dejado en el aire, al indicar que, el Gobierno quiere consensuar primero un texto con patronal y sindicatos y, después, trabajar para lograr los apoyos necesarios en la Diputación Permanente para que el Real Decreto pueda ser consolidado.
Pero en estos momentos, que el Ejecutivo logre el respaldo de los empresarios a esta contrarreforma es prácticamente imposible. Y la dificultad de lograr el respaldo de la mayoría suficiente en la Diputación Permanente es parecida. Si bien, en principio, los responsables de Trabajo sí van a seguir intentando lograr los apoyos suficientes en ambos foros.
(Expansión, 27-02-2019)
Todo apunta a que el deterioro de la economía de la zona euro retrasará el alza de los tipos de interés y el índice hipotecario lo está anticipando. Este mes, el euríbor apenas sube 0,008 puntos respecto a enero, hasta el -0,108% de media. Sin embargo, en tasa interanual, experimenta el mayor aumento desde mayo de 2014, de 0,083 puntos, y se notará en las hipotecas a las que les toque revisión anual. Hace justo un año el euríbor marcaba su mínimo histórico en el -0,191%. Así, para una hipoteca media de 120.000 euros a 20 años con un diferencial del 1%, la cuota se encarecerá en unos 4,30 euros al mes o 51 euros al año.
El euríbor a 12 meses firmará en febrero su undécimo incremento mensual consecutivo, pero la tendencia alcista se ha suavizado y los expertos avisan que previsiblemente apenas se moverá en los próximos meses. "Mientras BCE no modifique el tipo de facilidad de depósito, actualmente en el -0,40%, el euríbor tiene muy pocas opciones de cambiar", asegura Aitor Méndez, analista de IG.
Explica que, desde hace cuatro años, las entidades financieras tienen que pagar al banco central por depositar en sus arcas sus excesos de liquidez, "por lo que los tipos en el interbancario no tienen ninguna razón para girarse al alza", dado que "a las entidades financieras les basta con ofrecer unos tipos menos negativos que el BCE para ser competitivos a la hora de comprar y vender dinero entre ellas". Así, y a la vista de que no parece que la institución vaya a modificar su política monetaria en un futuro próximo, "el euríbor no mejorará mucho", reitera.
Hace unos meses se esperaba que el BCE subiera los tipos de interés en 2019 al menos una vez, pero ya una mayoría del mercado (55%) cree se mantendrán en el cero durante este ejercicio, según las expectativas futuras que recoge Bloomberg. "Lo que parece improbable es que la Fed pueda bajar los tipos con la economía de Estados Unidos frenándose y el BCE, que suele ser más acomodaticio, los empiece a subir", señala José Ramón Guerra, del departamento de financiación estructurada de Key Capital Partners.
"Hay miedo a que el estancamiento en la zona euro empeore y si se elevan los tipos el temor se acelerará. Además, no hay indicios de que la inflación, que es lo que realmente guía al BCE, le lleve a mover tipos hacia arriba", añade.
El Tesoro coloca 5.000 millones con demanda y tipos de interés récord para los 15 años
El rechazo a los presupuestos y la convocatoria de elecciones no resta interés al papel español. Al menos eso es lo que se desprende de la emisión sindicada a 15 años que ha realizado hoy el Tesoro. El organismo que dirige Carlos San Basilio vendió 5.000 millones en deuda con vencimiento en julio de 2035. La rentabilidad exigida es la más baja de la historia para esta referencia situándose en el 1,864%, lo que supone una reducción de 50 puntos básicos respecto a la anterior sindicación a 15 años efectuada en febrero de 2017. Los bonos ofrecen un cupón del 1,85%.
Goldman Sachs, Barclays, Santander, HSBC, Morgan Stanley y Natwest Markets actuaron como entidades colocadoras. Coincidiendo con la emisión de este martes, la rentabilidad de la deuda española a diez años continúa la senda bajista y se sitúa ya en el 1,138%, mínimos del pasado octubre de 2016. En aquel momento la política monetaria de la zona euro distaba mucho de la existente en la actualidad. Aunque las condiciones siguen siendo muy acomodaticias, el BCE ha dejado de comprar deuda y ahora se limita a reinvertir los vencimientos, una estrategia que dista mucho de los 80.000 millones de deuda que adquiría Mario Draghi en octubre de 2016.
Unidos Podemos y el PNV han confirmado contactos con el Gobierno para respaldar un futuro decreto de alquileres, sobre el que ya hay un borrador, tal y como ha asegurado este martes el portavoz de la formación vasca, Aitor Esteban.
De hecho, Esteban ha señalado, en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de Mesa y Junta de Portavoces del Congreso este martes, que este es el único borrado facilitado por el momento por el Ejecutivo. "No sé cuántos va a aprobar en el Consejo de Ministros, si es que va a aprobar alguno. Sólo me ha llegado el borrador de uno", ha dicho.
En todo caso, Esteban ha señalado que el PNV únicamente brindará su apoyo a aquellos decretos que comparta enteramente, ya que, al no poder tramitarse como proyectos de ley por la disolución de las Cámaras, los grupos no pueden introducir modificaciones. "Si no estamos conformes con la integridad del texto, votaremos que no", ha advertido.
Unidos Podemos, por su parte ha reconocido negociaciones sobre este decreto, sobre las que su portavoz, Irene Montero, ha preferido "ser prudente", recalcando además que su grupo "nunca" había "abandonado" estas conversaciones con Fomento para regular los precios de los alquileres, incluso después de tumbar el decreto que ampliaba a cinco años la duración de los contratos.
Montero ha reconocido no saber si el Gobierno finalmente aprobará un nuevo decreto ley con medidas dirigidas al mercado del alquiler, y ha optado por esperar al fin de estas negociaciones, pero ha advertido al Gobierno de que no apoyará unos decretos que sean "una pantomima y parte de su campaña electoral".
Theresa May abre la puerta, por primera vez, a un retraso del Brexit
Theresa May ha anunciado hoy en la Cámara de los Comunes que el Brexit podría ser retrasado, más allá de la fecha oficial del 29 de marzo, si el acuerdo firmado con Bruselas es rechazado de nuevo por el Parlamento británico y Reino Unido se enfrenta a un Brexit sin acuerdo. Se trata de un cambio radical de estrategia por parte de la primera ministra, que hasta ahora había negado tajantemente la posibilidad de extender el artículo 50 del Tratado de Roma, la cláusula que permite a un país dejar la Unión Europea y que, en el caso de Reino Unido, se había fijado en el último viernes de marzo.
Theresa May ha asegurado que no es partidaria de pedir esta prórroga. "Dejadme ser clara, no quiero ver el artículo 50 retrasado. Nuestro foco debe ser conseguir un acuerdo y marcharnos el 29 de marzo", ha dicho. Pero no lo quedaba mucha más alternativa, ante la amenaza de al menos una docena de miembros de su Gobierno que habían asegurado que dimitirían si no daba este paso. La libra esterlina, que llevaba varios días al alza esperando esta noticia, ha recibido el anuncio con alzas superiores al 0,5%, lo que sitúa la moneda en máximos desde mediados de 2017 frente al euro. May ha explicado que el Parlamento vivirá tres días de infarto a mediados de marzo que marcarán el futuro del Brexit.
La primera cita será el próximo 12 de marzo, cuando el Parlamento votará si apoya el Acuerdo de Salida al que el Gobierno británico llegó con Bruselas, y que ya fue rechazado en enero. Si este acuerdo es de nuevo tumbado, May solicitará una nueva votación el 13 de marzo, en la que preguntará a los diputados si quieren salir de la UE sin acuerdo. Si esta opción también es rechazada, el día 14 los parlamentarios tendrán la oportunidad de votar si lo que quieren es posponer el Brexit por un "periodo breve de tiempo", según anunció May. "Si el Gobierno no logra respaldo a su plan el próximo 12 de marzo, presentaremos al día siguiente una nueva moción preguntando a los diputados si están dispuestos a salir de la UE sin un acuerdo.
Si rechazan esta posibilidad, presentaremos el día 14 una nueva moción para preguntar a la Cámara si debemos solicitar una extensión breve y limitada del artículo 50", ha explicado la primera ministra. May ha indicado que, si se da esta situación, el Gobierno mantendrá conversaciones con los líderes europeos para lograr este retraso. En principio, el acuerdo podría lograrse, aunque May tendrá que tener clara su posición. Esta mañana, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, ha dicho en Londres que un aplazamiento de la fecha del Brexit, más allá del 29 de marzo, sólo puede ser aceptado si el Gobierno británico lo justifica como vía para llegar a un pacto de salida de la Unión Europea (UE) beneficioso para todas las partes implicadas.
Según Méndez, quien participó en la presentación del I Barómetro de la Inversión Española en Reino Unido, puede parecer "desconcertante" que a falta de apenas cuatro semanas para el día del Brexit todavía no se conozcan las condiciones de la separación. Por ello, "una prórroga puede tener sentido para evitar un Brexit sin acuerdo. La primera ministra ha insistido en que la prórroga debe ser breve para no coincidir con las elecciones europeas. Si el artículo 50 es extendido más allá de finales de junio, Reino Unido tendrá que participar en las elecciones y en la composición del Parlamento europeo. "¿Qué tipo de mensaje estaríamos mandando a los 17 millones de votantes que apoyaron el Brexit?", ha indicado.
La comunidad empresarial ha recibido con cautelas el anuncio de la posible prórroga del Brexit. Desde la patronal CBI aseguran que "mientras que la extensión no es el fin en sí mismo, puede ser una necesidad para lograr una salida de la UE ordenada". Sea cual sea el resultado de las votaciones que tendrán lugar en marzo, las posibilidades a las que se enfrenta Reino Unido se reducen a tres: salir de la UE el próximo 29 de marzo con un acuerdo; salir a finales de junio de la UE con acuerdo; o salir de la UE a finales de junio sin acuerdo.
Gracias a este trato diferenciado, Barça, Madrid, Osasuna y Athletic disfrutaron de un tipo fiscal ventajoso del 25 % frente al 30 % del resto de clubes, por lo que el Ejecutivo comunitario exigió una multa de entre 0 y 5 millones de euros para cada equipo, aunque la cuantía final debían fijarla las autoridades españolas en el proceso de recuperación de las ayudas. La Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para recurrir la decisión del Tribunal General del TUE.

References: Resolución 
 artículo 36
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50