Source: https://beta.e-justice.europa.eu/279/ES/time_limits_on_procedures?ROMANIA&action=print&init=true
Timestamp: 2019-08-21 00:37:50+00:00

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Desde el punto de vista procesal, los plazos son, en general, los intervalos de tiempo en los que deben realizarse o, por el contrario, se prohíbe realizar determinados actos procesales. Se rigen por lo establecido en los artículos 180 a 186 de la Ley n.º 134/2010, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, en su versión modificada y completada (en vigor desde el 15 de febrero de 2013).
Los distintos tipos de plazos aplicables a los procedimientos civiles se clasifican, según la forma en que se definieron, en legales, judiciales o convencionales (independientemente de su naturaleza). Los plazos legales son aquellos contemplados expresamente en la legislación y, en principio, fijos, de manera que ni el juez ni las partes pueden reducirlos ni prorrogarlos (por ejemplo, el plazo de cinco días para la notificación de la citación). De manera excepcional, la ley permite la prórroga o la reducción de determinados plazos legales. Los plazos judiciales son aquellos establecidos por los órganos jurisdiccionales durante la tramitación de un asunto, por ejemplo, para la comparecencia de las partes, la declaración de testigos y la producción de otros elementos de prueba, como documentos, informes periciales, etc. Los plazos convencionales son aquellos que las partes pueden establecer durante el enjuiciamiento del litigio y que no requieren la aprobación del órgano jurisdiccional.
En función del tipo, los plazos procesales pueden ser perentorios (preclusivos) o dilatorios (prohibitivos). Los primeros son aquellos en los cuales debe realizarse un determinado acto procesal (por ejemplo, el plazo para la interposición de un recurso, un segundo recurso, etc.) y los segundos son aquellos que impiden la ejecución de actos procesales mientras no se hayan cumplido.
Otro criterio para la clasificación de los plazos es la sanción aplicable en caso de inobservancia; según este criterio, los plazos pueden ser absolutos o relativos. La inobservancia de plazos absolutos afecta en última instancia a la validez de los actos procesales, mientras que la inobservancia de plazos relativos, aunque no llegue a invalidar el acto, puede traer aparejada la aplicación de sanciones disciplinarias o económicas a quienes los hayan incumplido (por ejemplo, el plazo para dictar una resolución judicial, el plazo de redacción, etc.).
Por último, en lo que respecta a su duración y de conformidad con la clasificación que figura en el artículo 181 del Código de Enjuiciamiento Civil, los plazos pueden señalarse en horas, días, semanas, meses o años. Por otro lado, en algunos casos particulares, la ley no establece un tipo de plazo específico (señalado en horas, días, etc.), sino que fija un momento concreto para la realización del acto procesal en cuestión (por ejemplo, la oposición a la ejecución de una resolución judicial puede presentarse hasta la realización del último acto de ejecución) o dispone que el acto debe realizarse «sin demora» o «tan pronto como sea posible» o «con carácter de urgencia».
De conformidad con la legislación rumana, los días inhábiles son los sábados y los domingos, además de los festivos nacionales, como el Día Nacional de Rumanía (1 de diciembre), el Día del Trabajo (1 de mayo) y algunas fiestas religiosas importantes: Navidad (25 y 26 de diciembre), Pascua (dos días), Pentecostés (un día que cambia en función del calendario), la Asunción de María (15 de agosto), San Andrés (30 de noviembre) y Año Nuevo (1 y 2 de enero).
Las normas aplicables en materia de plazos son las establecidas en los artículos 180 a 186 del Código de Enjuiciamiento Civil.
Todos los plazos tienen un momento inicial y un momento final, que delimitan su duración.
En lo que respecta al momento inicial, el artículo 184, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que el cómputo de los plazos comenzará el día en que se notifique el acto procesal de que se haga depender su inicio, a menos que la ley establezca lo contrario.
Sin embargo, en algunos casos, la notificación del acto procesal de que se haga depender el inicio del plazo podrá ser reemplazada por un acto procesal equivalente. Así pues, en determinados casos, la notificación del acto procesal de que se haga depender el inicio del plazo podrá reemplazarse por otros actos que marquen el momento inicial del plazo (por ejemplo, la solicitud de notificación de actos procesales a la parte contraria, la interposición de recursos o la notificación de títulos de ejecución).
No obstante lo dispuesto por la norma general, en algunos casos, los plazos procesales comienzan a computarse desde un momento distinto de la notificación, a saber, desde que se dicta la resolución judicial (por ejemplo, el plazo de prescripción o el que permite complementar la sentencia), desde la admisión de la prueba (por ejemplo, el plazo de cinco días para la entrega de los importes requeridos o la presentación de la lista de testigos) o desde la publicación de determinados documentos (por ejemplo, el plazo de cinco días relativo a la publicidad para la venta de inmuebles).
Por momento final se entiende el momento en el que se cumple el plazo y que marca el fin de la posibilidad de realizar el acto para el cual se estableció dicho plazo (en el caso de los plazos perentorios) o el momento en el que surge el derecho de realizar determinados actos procesales (en el caso de los plazos dilatorios).
Entre el momento inicial y el momento final, los plazos transcurren de forma ininterrumpida, es decir que, en principio, no son susceptibles de ser interrumpidos ni suspendidos. Sin embargo, de conformidad con el artículo 186 del Código de Enjuiciamiento Civil, los impedimentos que no sean imputables a las partes constituyen motivos para interrumpir los plazos procesales. Además, existen otras circunstancias especiales que provocan la interrupción de los plazos procesales, como la interrupción del plazo para recurrir (véase el artículo 469 del Código de Enjuiciamiento Civil). Asimismo, la ley dispone que los plazos procesales también pueden suspenderse (como es el caso del período de prescripción; véase el artículo 418 del Código de Enjuiciamiento Civil). Si el plazo se interrumpe con arreglo al artículo 186 del Código de Enjuiciamiento Civil, tras el cese del impedimento, comenzará un plazo fijo de quince días, independientemente de la duración del plazo interrumpido. Si el plazo se suspende, seguirá computándose desde el momento en que haya terminado la suspensión, y el tiempo transcurrido antes de la suspensión se agregará al cómputo final.
De conformidad con el artículo 183 del Código de Enjuiciamiento Civil, los documentos procesales presentados dentro del plazo legal por carta certificada enviada a la oficina de correos, al servicio mensajería o a un servicio de comunicación especializada se entenderán presentados dentro del plazo. Los documentos presentados por la parte interesada dentro del plazo legal ante la dependencia militar o la oficina de administración del lugar donde dicha parte esté detenida también se entenderán presentados dentro del plazo. El recibo entregado por la oficina de correos o el registro o la certificación del servicio de mensajería, el servicio de comunicación especializada, la dependencia militar o la oficina de administración del lugar donde la parte interesada esté detenida, que figuren en el documento presentado, según corresponda, servirán de prueba de la fecha en que dicha parte inició el acto.
De conformidad con el artículo 181 del Código de Enjuiciamiento Civil, los plazos señalados en días se computarán de acuerdo con el sistema exclusivo, es decir, excluyendo el día de inicio (dies a quo) y el día final del plazo (dies ad quem), y las normas aplicables serán las establecidas en relación con el momento inicial del plazo, como se explica en la sección 4.
Los plazos señalados en días siempre se computan teniendo en cuenta el día entero, aunque el acto solo pueda presentarse en el horario de apertura de la oficina judicial. Esta deficiencia puede subsanarse presentando el acto procesal por correo postal, para que el funcionario de correos indique la fecha y el método de comunicación empleado y estos le consten así al destinatario. Véase también la sección 4.
Por ejemplo, si una persona debe ejecutar o se le notifica un acto el lunes, 4 de abril de 2005, y se le solicita que responda dentro de los catorce días desde la notificación, ¿deberá responder antes del:
i. lunes, 18 de abril (días naturales), o
ii. viernes, 22 de abril (días hábiles)?
La respuesta correcta es que el número de días indicado se corresponde con días naturales. La persona deberá actuar a más tardar el 18 de abril inclusive.
De conformidad con el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, los plazos señalados en años, meses o semanas finalizarán el día del año, mes o semana que sea equivalente a la fecha inicial del cómputo.
Si la fecha inicial del cómputo fuese un 29, un 30 o un 31 de mes y no hubiese en el último mes del plazo una fecha equivalente a la fecha inicial, el plazo expirará el último día de dicho mes.
Los plazos que finalicen un día festivo o durante la suspensión del servicio se entenderán prorrogados hasta el final del primer día hábil siguiente.
Los plazos señalados en semanas, meses o años expirarán en el día de la última semana o del último mes o año del plazo que sea equivalente a la fecha inicial del cómputo. Si no hubiese en el último mes del plazo una fecha equivalente al día inicial del cómputo, el plazo expirará el último día de dicho mes. Si el último día del plazo es un día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
Sí, cuando el último día del plazo sea un día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
El artículo 184 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que el plazo procesal se interrumpirá y comenzará de nuevo desde la fecha de la nueva notificación en los siguientes casos:
si fallece alguna de las partes, en cuyo caso se notificará un nuevo documento a los causahabientes, en el último domicilio del causante, sin especificar el nombre ni la condición de cada uno de ellos;
si fallece el representante de alguna de las partes, en cuyo caso se notificará un nuevo documento a la parte afectada.
El plazo procesal no comenzará a computarse y, si ya había comenzado el cómputo, será interrumpido respecto de la parte que carezca de capacidad o tenga capacidad limitada para actuar, hasta que se haya nombrado a una persona que la represente o la asista, según corresponda.
Sí, se han establecido plazos especiales para las distintas ramas del Derecho. Con arreglo al Código de Enjuiciamiento Civil, el plazo general para interponer recursos de apelación y de casación es de treinta días. En algunos asuntos (procedimientos especiales), como los relativos a órdenes presidenciales, el plazo para recurrir es de cinco días, es decir, más corto que el previsto para recurrir de conformidad con las normas de Derecho civil.
La respuesta es afirmativa, es decir que, en ciertos casos excepcionales, la ley permite al juez prorrogar el plazo (por ejemplo, cinco días para recursos de apelación y de casación, según los artículos 469 y 490 del Código de Enjuiciamiento Civil, respectivamente) o reducirlo (por ejemplo, cinco días antes de la fecha de audiencia para la notificación de citaciones, según el artículo 159 del Código de Enjuiciamiento Civil).
De conformidad con el artículo 1087 del Código de Enjuiciamiento Civil, en procedimientos civiles internacionales, los órganos jurisdiccionales aplicarán las normas procesales rumanas, a menos que se disponga expresamente lo contrario. Véanse asimismo las respuestas a las preguntas 5, 11 y 16.
Como se señaló anteriormente, la inobservancia de plazos absolutos afecta en última instancia a la validez del procedimiento, mientras que la inobservancia de plazos relativos, aunque no llegue a invalidar el acto procesal, puede traer aparejada la aplicación de sanciones disciplinarias o económicas a quienes los hayan incumplido (por ejemplo, el plazo para dictar resoluciones, el plazo de redacción, etc.).
La inobservancia de plazos procesales podría tener como consecuencia la aplicación de diversas sanciones, a saber:
la nulidad del acto procesal;
la indisponibilidad del plazo para la realización del acto procesal;
la expiración de la validez de la solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional;
la prescripción del derecho a la ejecución forzosa;
sanciones económicas;
sanciones disciplinarias;
la obligación de volver a realizar o de corregir un acto ejecutado sin las formalidades legales correspondientes;
la obligación de indemnizar a la parte perjudicada por la inobservancia de formalidades procesales.
El artículo 185 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que, cuando un derecho procesal deba ejercitarse dentro de un plazo determinado, la inobservancia de dicho deber tendrá como consecuencia la pérdida del derecho, a menos que la ley disponga lo contrario. Los actos procesales ejecutados tras la expiración del plazo correspondiente serán nulos. Cuando la ley impida el cumplimiento de un acto procesal dentro de un plazo, el acto realizado antes de la finalización de dicho plazo podrá ser anulado a petición de la parte interesada.
El artículo 186 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que se le concederá un nuevo plazo a la parte que hubiese incumplido un plazo procesal, siempre que esta justifique debidamente la demora. La parte en cuestión deberá realizar el acto procesal dentro de los quince días desde la fecha en que hubiese cesado el impedimento y, a su vez, solicitará que se le conceda un nuevo plazo. Si se trata de un recurso, el plazo será el mismo que el concedido para la interposición de recursos. Las solicitudes de plazos nuevos serán tratadas por el órgano jurisdiccional competente para recibir solicitudes relacionadas con los derechos no ejercitados dentro del plazo correspondiente. Si la parte es responsable del incumplimiento de un plazo procesal, no se le concederá ninguna vía de reparación.

References: resolución 
 artículo 181
 resolución 
 artículo 184
 resolución 
 artículo 186
 artículo 469
 artículo 418
 artículo 186
 artículo 183
 artículo 181
 artículo 182
 artículo 184
 artículo 159
 artículo 1087
 artículo 185
 artículo 186