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Timestamp: 2018-07-22 08:55:45+00:00

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RESOLUCION DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE DISPONE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO Y PUBLICACION DEL CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 1996 DICTADO POR DON FERNANDO VALDES DAL-RE EN EL CONFLICTO DERIVADO DEL PROCESO DE SUSTITUCION NEGOCIADA DE LA DEROGADA ORDENANZA LABORAL PARA LAS INDUSTRIAS VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS DE 11 DE JUNIO DE 1971. | Iberley
Sentencia/Laudo. Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS de BOE
LAUDO ARBITRAL QUE SE CITA
LAUDO ARBITRAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA PROFESIONAL, PROMOCION PROFESIONAL Y ECONOMICA DE LOS TRABAJADORES, ESTRUCTURA SALARIAL Y REGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES EN LAS INDUSTRIAS VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LIC...
TÍTULO I Normas de configuración
Artículo 1. Naturaleza y eficacia del Laudo.
Artículo 2.º Ambito funcional.
Artículo 6. Garantía de regulación de las materias objeto del presente Laudo.
TÍTULO II Condiciones de trabajo
CAPÍTULO I Estructura profesional
Artículo 7. Principios de ordenación.
Artículo 8. Grupos y categorías profesionales.
CAPÍTULO II Promoción de los trabajadores
SECCIÓN PRIMERA. PROMOCIÓN PROFESIONAL
Artículo 11. Provisión de vacantes mediante el sistema de promoción interna.
SECCIÓN SEGUNDA. PROMOCIÓN ECONÓMICA
Artículo 12. Complemento salarial por antigüedad.
CAPÍTULO III Estructura salarial
Artículo 13. Retribución debida.
Artículo 15. Complemento por trabajo nocturno.
Artículo 16. Complemento por trabajo en domingos o festivos.
Artículo 17. Complemento por disponibilidad.
Artículo 20. Incentivos.
Artículo 21. Forma de pago del salario.
Artículo 22. Salidas y dietas.
Artículo 23. Anticipos a cuenta del salario.
Artículo 24. Garantías «ad personam».
Artículo 25. Principios de ordenación.
Artículo 26. Graduación de las faltas.
Sentencia/Laudo RESOLUCION DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE DISPONE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO Y PUBLICACION DEL CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 1996 DICTADO POR DON FERNANDO VALDES DAL-RE EN EL CONFLICTO DERIVADO DEL PROCESO DE SUSTITUCION NEGOCIADA DE LA DEROGADA ORDENANZA LABORAL PARA LAS INDUSTRIAS VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS DE 11 DE JUNIO DE 1971. 28/05/1996 Boletín Oficial del Estado 01/01/1996
RESOLUCION DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE DISPONE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO Y PUBLICACION DEL CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 1996 DICTADO POR DON FERNANDO VALDES DAL-RE EN EL CONFLICTO DERIVADO DEL PROCESO DE SUSTITUCION NEGOCIADA DE LA DEROGADA ORDENANZA LABORAL PARA LAS INDUSTRIAS VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS DE 11 DE JUNIO DE 1971. (Boletín Oficial del Estado núm. 129 de 28/05/1996)
Visto el contenido del Laudo arbitral de fecha 29 de marzo de 1996 dictado por don Fernando Valdés Dal-Ré en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de junio de 1971, por el que se establecen las disposiciones reguladoras de la estructura profesional, promoción profesional y económica de los trabajadores, estructura salarial y régimen de faltas y sanciones en las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras, y del que han sido partes, de un lado, las Federaciones Estatales de Alimentación, Bebidas y Tabacos de UGT y de Alimentación de CC.OO. y, de otro, las asociaciones empresariales «Federación Española de Fabricantes de Bebidas Espirituosas», «Federación Española del Vino» (FEV), «Federación de Bodegas del Marco de Jerez» (FEDEJEREZ), «Asociación de Elaboradores y Envasadores de Vinagre» (BONMACOR), «Asociación Española de Fabricantes, Elaboradores y Distribuidores de Vermouth, Bitter Soda y Aperitivos Vínicos», «Asociación Española de Fabricantes y Elaboradores de Sidras» (AESI), «Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcohol y Aguardientes Vínicos» y «Asociación de Distribuidores de Grandes Marcas de Bebidas» (ADIGRAM), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, en relación con la disposición transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo,
Ordenar la inscripción del citado Laudo arbitral en el correspondiente Registro de este centro directivo.
Madrid, 29 de abril de 1996.
En la ciudad de Madrid, a 29 de marzo de 1996, don Fernando Valdés Dal-Ré, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, actuando como árbitro nombrado por el Pleno de la referida Comisión en fecha 15 de enero de este mismo año, ha dictado el siguiente Laudo arbitral:
En el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de junio de 1971 («Boletín Oficial del Estado» del 25). Han sido partes, de un lado, las Federaciones Estatales de Alimentación, Bebidas y Tabacos de UGT y de Alimentación de CC.OO., representadas, respectivamente, por don Eugenio Gariglio y por don Ramón Cantarero. Y de otro, las asociaciones empresariales «Federación Española de Fabricantes de Bebidas Espirituosas», «Federación Española del Vino» (FEV), «Federación de Bodegas del Marco de Jerez» (FEDEJEREZ), «Asociación de Elaboradores y Envasadores de Vinagre» (BONMACOR), «Asociación Española de Fabricantes, Elaboradores y Distribuidores de Vermouth, Bitter Soda y Aperitivos Vínicos», «Asociación Española de Fabricantes y Elaboradores de Sidras (AESI), Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcohol y Aguardientes Vínicos» y «Asociación de Distribuidores de Grandes Marcas de Bebidas» (ADIGRAM), todos ellos en su legal o voluntaria representación.
Primero.-En fecha 23 de octubre de 1995, y como consecuencia de previa citación efectuada por el Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), comparecieron, ante una comisión delegada del Pleno de la citada Comisión encargada de incentivar el proceso de sustitución negociada de las Ordenanzas Laborales aún en vigor con vistas a evitar vacíos de regulación, representantes de las organizaciones sindicales de UGT y CC.OO. anteriormente referenciadas y de aquellas organizaciones empresariales que decidieron personarse en dicha comparecencia: Federación Española del Vino (FEV), Federación Española de Bebidas Espirituosas y Federación de Bodegas del Marco de Jerez. No comparecieron a esta reunión la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcohol y Aguardientes Vínicos, la Asociación de Distribuidores de Grandes Marcas de Bebidas, la Asociación Española de Fabricantes, Elaboradores y Distribuidores de Vermouth, Bitter Soda y Aperitivos Vínicos, la Asociación Española de Fabricantes y Elaboradores de Sidras y la Asociación de Elaboradores y Envasadores de Vinagres.
No obstante ello, el Secretario general de AESI, mediante escrito datado el 18 de octubre, comunica a la CCNCC que su subsector, «pequeño y disperso en las provincias de Asturias, Guipúzcoa, Navarra y Pontevedra, no tiene un convenio colectivo nacional pero ello no obsta a que en el marco de los distintos convenios existentes se estén incorporando aquellos aspectos de la Ordenanza Laboral que, específicos en nuestro sector, se consideren convenientes por las partes». Por su parte, el Secretario general de BONMACOR remite igualmente escrito en fecha 16 de octubre en el que comunica que su representada, ante la falta de formalidades y garantías de la convocatoria, ha decidido no acudir a la misma, manifestando, respecto de los eventuales vacíos de cobertura que pudieran producirse como consecuencia de la próxima derogación de la Ordenanza del sector, y entre otros argumentos, que dicha Ordenanza se encuentra derogada desde la Ley 8/1980, de 8 de enero, del Estatuto de los Trabajadores, así como que, aun en la hipótesis de que estuviera en vigor, en el sector no hay problemas de cobertura, por cuanto que en él está ampliamente difundida la negociación. Finalmente, la Federación Española de la Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB), igualmente citada, presentó escrito en el que se expone que dicha Federación, que agrupa a más de 60 organizaciones sectoriales, no tiene capacidad jurídica para negociar y obligarse en asuntos que son competencia de las respectivas organizaciones sectoriales. Por consiguiente, con ella no habrían de seguirse las actuaciones relativas al procedimiento de sustitución negociada de la Ordenanza de Industrias Vinícolas.
Segundo.-Durante la reunión celebrada en la referida fecha, las organizaciones sindicales y empresariales comparecientes acordaron celebrar una nueva reunión el 14 de noviembre. Tal y como consta en el acta de esta sesión, que por obrar en el expediente se da aquí por completamente reproducida, el representante de la Federación Española de Bebidas Espirituosas manifestó, entre otros aspectos, que la actual estructura negocial del sector habría de mantenerse, que los vacíos de regulación, de existir, eran mínimos y que, no obstante, en determinadas materias, tales como sistema de clasificación profesional y régimen de faltas y sanciones, sería conveniente garantizar que el contenido de la Ordenanza pudiera aplicarse a todo el sector, ya que en relación a ellas la Ordenanza había venido a establecer criterios generales que han sido de utilidad durante muchos años. A su vez, el representante de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (FEDEJEREZ), hizo constar que en su subsector sólo podría producirse vacío de regulación en el régimen disciplinario.
En la sesión celebrada el día 14 de noviembre, la comisión delegada de la CCNCC, ante el desacuerdo manifiesto de los asistentes, procedió a constatar la imposibilidad de encontrar una solución negociada para resolver los problemas de cobertura derivados de la derogación de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras.
Tercero.-En fechas 20, 21 y 23 de noviembre de 1995, tienen entrada en el Registro de la CCNCC escritos de idéntico contenido, de data 17 de noviembre, presentados por los Presidentes de las organizaciones empresariales Federación Española del Vino, Asociación Española de Elaboradores y Distribuidores de Vermouth, Bitter-Soda y Aperitivos Vínicos, Federación Española de Fabricantes de Bebidas Espirituosas y Federación de Bodegas del Marco de Jerez.
En dichos escritos se vienen a exponer las razones por las que, a juicio de los comparecientes, la CCNCC debería informar positivamente sobre la existencia de cobertura legal suficiente en el sector vinícola, sin que proceda adoptar, por tanto, acto administrativo alguno en el procedimiento abierto a propósito de la futura derogación de la Ordenanza de las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras.
Cuarto.-El 15 de enero de 1996, el Pleno de la CCNCC acordó, por mayoría de sus miembros, que la solución a los posibles vacíos de cobertura que se producen como consecuencia de la pérdida de vigencia de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de junio de 1971 fuera sustanciada mediante arbitraje.
Asimismo, acordó por mayoría que el referido arbitraje quedara sometido a las siguientes reglas:
«1.º Designar como árbitro a don Fernando Valdés Dal-Ré, Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
2.º Establecer que el arbitraje recaiga sobre las siguientes materias: 1, estructura profesional; 2, estructura salarial; 3, promoción profesional y económica y 4, poder disciplinario.
3.º Comunicar a las partes sociales afectadas estos acuerdos, dándoles un plazo de diez días hábiles a fin de que puedan designar por mutuo acuerdo otro u otros árbitros, así como reducir o ampliar las materias objeto de arbitraje.
4.º Transcurrido dicho plazo, el árbitro o árbitros designados dispondrán de treinta días naturales para dictar el Laudo.»
Quinto.-En fecha 17 de enero de 1996, el Secretario de la CCNCC remite escrito a las partes en conflicto por el que se les da traslado del acuerdo mencionado en el anterior apartado. En fecha 22 de enero, se envía nuevo escrito como consecuencia de haberse advertido error en la certificación del acuerdo del Pleno de la CCNCC de fecha 15 de enero, en el que se indica que el plazo de diez días hábiles a que se refiere el punto 3.º del meritado acuerdo ha de computarse «a partir de la fecha de recepción» de este segundo escrito.
Sexto.-En fechas 2, 6, 9 y 12 de febrero de 1996, tienen entrada en el Registro de la CCNCC diferentes escritos de impugnación de la decisión del Pleno de la CCNCC, adoptada en su reunión de fecha 15 de enero de 1996, suscritos por los Presidentes de las organizaciones empresariales Federación Española de Fabricantes de Bebidas Espirituosas, Federación Española del Vino, Asociación de Elaboradores y Envasadores de Vinagre, Federación de Bodegas del Marco de Jerez y Asociación Española de Elaboradores de Vermouth, Bitter Soda y Aperitivos Vínicos.
Séptimo.-En fecha 14 de febrero de 1996, el Secretario de la CCNCC, en respuesta a los escritos de impugnación presentados por las organizaciones empresariales a que se ha hecho referencia en el anterior apartado, remite a su vez escrito en el que se las hace saber que la decisión adoptada por el Pleno de la CCNCC en su reunión del día 15 de enero de 1996, a la que se refiere el antecedente de hecho tercero, agota la vía administrativa, advirtiéndoles que, contra la misma, puede promoverse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, así como que la mencionada decisión es ejecutiva, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 109.c), en conexión con el 22.2 y 56 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Octavo.-En fecha 23 de febrero de 1996, tiene entrada en el Registro de la CCNCC escrito de don Eugenio Gariglio en el que manifiesta, en su calidad de Secretario de Acción Sindical de la Federación de Alimentación, Bebidas y Tabacos de UGT, prestar la conformidad y aceptación de su representada al procedimiento de arbitraje acordado el 15 de enero de 1996 por el Pleno de la CCNCC para sustanciar los posibles vacíos de cobertura que pudieran producirse como consecuencia concreta de la pérdida de vigencia de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras.
Noveno.-En fecha 12 de marzo de 1996, el Secretario de la CCNCC remite escrito a las partes en conflicto por el que, y en razón de no haber ejercitado la facultad de nombrar de mutuo acuerdo otro u otros árbitros, se las convoca a una comparecencia a celebrar el día 20 de marzo de 1996 ante el árbitro designado por el Pleno de la CCNCC, comunicándoseles asimismo que en dicha audiencia podrán formular las alegaciones verbales y presentar los escritos de alegaciones que se estimasen oportunos para defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Décimo.-En la audiencia oral celebrada el día 20 de marzo comparece exclusivamente la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (FEDEJEREZ), cuyos representantes manifiestan su oposición al procedimiento arbitral por entender que en dicho subsector la derogación de la Ordenanza de Industrias Vinícolas no produce vacío alguno de cobertura al estar vigentes convenios colectivos que regulan las materias objeto de laudo, en los términos establecidos por el acuerdo del Pleno de la CCNCC de 15 de enero de 1996.
Undécimo.-En fecha 20 de marzo de 1996, tiene entrada en el Registro de la CCNCC escrito presentado por don Conrado López Gómez, en calidad de Apoderado de la Federación Española de Fabricantes de Bebidas Espirituosas, en el que, en respuesta al escrito de convocatoria recibido para asistir a una comparecencia el día 20 de marzo ante el árbitro designado, se manifiesta:
1.º Que su representada se ha opuesto al arbitraje y a la designación del árbitro, y que, de no abstenerse a ello, se le recusa en este acto, manteniendo en su caso esta recusación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.
2.º Que dicha parte no acudirá a reunión alguna hasta que no se concrete con los necesarios detalles y precisión el carácter de la reunión a la que se convoque, los asuntos a tratar, las personas o entidades citadas a dicha reunión, así como el carácter activo o pasivo en el que se personan y la puesta a disposición del expediente completo con carácter previo para tomar vista del mismo y garantizar su defensa.
3.º Que dicha entidad se propone interponer recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Pleno de la CCNCC de 15 de enero de 1996.
4.º Que, asimismo, dicha parte anuncia en este acto su propósito de solicitar la suspensión de la ejecutividad del Laudo que puede dictarse, requiriéndose a la CCNCC para que, a su iniciativa, suspenda cualquier actuación o garantice personal o institucionalmente las indemnizaciones que por daños y perjuicios pudiere ocasionarse por su decisión.
Duodécimo.-En fecha 22 de marzo de 1996, el Secretario de la CCNCC convoca a las asociaciones empresariales mencionadas en el anterior antecedente de hecho a una nueva comparecencia ante el árbitro designado, a celebrar el 25 de marzo del corriente, al tiempo que, en respuesta a su escrito de 20 de marzo, se les transmite las siguientes medidas adoptadas por el árbitro designado en el presente procedimiento arbitral:
a) Que la reunión convocada constituye una audiencia oral previa al dictado de un laudo arbitral, conforme a lo acordado por el Pleno de la CCNCC en su reunión de 15 de enero de 1996.
b) Que en esta reunión se podrán formular cuantas alegaciones se estimen de interés, así como presentar los escritos que se consideren convenientes para la mejor defensa de los derechos e intereses legítimos de la compareciente.
c) Que a la reunión han sido convocadas otras asociaciones empresariales con representación en el sector.
d) Que en la Secretaría de la CCNCC obra el expediente completo en relación con el arbitraje de la Ordenanza del sector de Industrias Vinícolas, expediente a cuyo conocimiento la asociación convocada puede en cualquier momento acceder.
Décimotercero.-En fecha 25 de marzo de 1996, tienen entrada en el Registro de la CCNCC tres escritos dirigidos al árbitro designado, remitidos los dos primeros por don Conrado López Gómez, actuando en nombre y representación de la Federación Española de Fabricantes de Bebidas Espirituosas y de la Federación Española del Vino, y el tercero, por don Enrique Fabregat Mayol, en representación de la Asociación Española de Elaboradores y Distribuidores de Vermouth, Bitter-Soda y Aperitivos Vínicos, todos ellos de idéntico contenido y que por obrar en el expediente se dan aquí por reproducidos, en los que, tras comunicar su inasistencia a la segunda audiencia oral a la que se les había convocado, reitera su oposición al Laudo y su recusación al árbitro designado, solicitando la suspensión de la ejecutividad de lo que se califica como de «supuesto» acuerdo adoptado por el Pleno de la CCNCC en fecha 15 de enero de 1996.
Décimocuarto.-El presente Laudo se ha dictado dentro del plazo establecido por el acuerdo de 15 de enero de 1996 del Pleno de la CCNCC.
Primero.-Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, el presente procedimiento arbitral se encuadra dentro de las previsiones establecidas en la disposición transitoria sexta del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción introducida por la Ley 11/1994, de 19 de mayo. Con ello quiere significarse, primeramente, que dicho procedimiento ha ido precedido por los trámites que ordena la referida norma, señaladamente, y en lo que ahora interesa mencionar, por los tres siguientes: El primero, una invitación por parte del Pleno de la CCNCC a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales dotadas de la legal o presunta legitimación negocial (artículo 87.2 ET) en el sector de Industrias Vinícolas para iniciar tratos contractuales con vistas a evitar los vacíos de cobertura que pudieran surgir como consecuencia de la derogación de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras. El segundo, la conclusión sin acuerdo de ese proceso contractual. Finalmente y ante el fracaso de la negociación y la existencia de reales vacíos de cobertura normativa vinculado a ese efecto derogatorio, apreciados por el Pleno de la CCNCC, la decisión de este organismo de carácter tripartito de someter la solución de las controversias a fórmula arbitral.
Pero la mera invocación del marco normativo del presente procedimiento arbitral también sirve para poner de manifiesto la naturaleza de la controversia deferida a solución arbitral. No es éste, en efecto, un conflicto que verse sobre la interpretación y aplicación de una norma preexistente o, lo que es igual, un conflicto jurídico que deba ser resuelto con el auxilio de los instrumentos que brinda la hermenéutica jurídica. Tal y como nos ha llegado, el presente conflicto nace como consecuencia de un desacuerdo previo entre las partes, expresado por la mayoría de las asociaciones empresariales, partes en este conflicto, las cuales han descartado una y otra vez a lo largo de las actuaciones previas a este procedimiento y en este mismo procedimiento la concurrencia en el sector vinícola de los presupuestos de hecho habilitantes, ex disposición transitoria 6.ª ET, para dictar un laudo. A su juicio, ni la Ordenanza del sector vinícola se ha derogado en fecha 31 de diciembre de 1995, habiéndolo hecho mucho antes, bien a la entrada en vigor del ET en 1980 bien en 31 de diciembre de 1994, ni, en cualquier caso y aun cuando se aceptase a efectos puramente dialécticos la tesis de la CCNCC, la supuesta derogación en la reseñada fecha ha producido ni va a producir vacío alguno de regulación en el sector.
El desacuerdo de las partes en conflicto a la hora de valorar las previsiones contenidas en la disposición transitoria 6.ª ET, básicamente motivado por la decisión de las patronales de no abrir tratos contractuales encaminados a la sustitución pactada de la Ordenanza para las Industrias Vinícolas, evidencia que nos encontramos ante un exquisito conflicto de intereses o económico; ante un conflicto cuya solución pide nece
sariamente el dictado de un Laudo que, al ser sustitutivo de la falta de pacto colectivo, produzca sus mismos efectos: Evitar vacíos de cobertura sobre las relaciones laborales en el sector de la industria vinícola.
La naturaleza económica y no jurídica del presente conflicto es una conclusión rica en consecuencias constructivas, pues ya sirve para definir su modo de resolución, que ha de resultar acorde con esa naturaleza. No ha lugar ahora a reflexionar sobre la fundamentación teórica de la distinción de los arbitrajes en arbitrajes de derecho y de equidad, distinción que ha sido objeto de severas críticas por un destacado sector de la doctrina científica. Sea cual fuere la posición que se mantenga respecto de este criterio de clasificación de los arbitrajes, la diferencia básica entre uno y otro reside en que mientras el primero encierra un juicio jurídico en Derecho, el fallo del segundo se sustenta en un leal saber y entender.
Al sustentarse sobre un proceso previo y frustrado de creación de normas, el presente conflicto no puede solventarse o no puede sólo solventarse de acuerdo con una estricta aplicación e interpretación de reglas normativas, examinadas y ponderadas según los criterios y canones hermenéuticos comúnmente aceptados por la comunidad jurídica. La controversia ha de sustanciarse de conformidad con el leal saber y entender del árbitro designado, que cuenta así con un margen más amplio de discrecionalidad en la decisión cuyo límite infranqueable lo constituye, claro es, la arbitrariedad. Con la invocación a la equidad como fundamento del fallo, a la postre, se persigue no tanto un apartamiento del razonamiento jurídico que sostiene la decisión arbitral cuanto que ésta venga complementada con otros criterios ajenos a la interpretación jurídica; en definitiva, con toda esa compleja y delicada serie de criterios sociales, económicos, organizativos y culturales que las propias partes hubieran manejado y ponderado a la hora de transformar sus discrepancias en reglas jurídicas orientadas a crear un marco estable de ordenación de las relaciones laborales en el sector de la industria vinícola.
Segundo.-De conformidad con el acuerdo de fecha 15 de enero de 1996 adoptado por el Pleno de la CCNCC, por mayoría de sus miembros, la materia sometida a arbitraje versa sobre cuatro aspectos: Estructura profesional, promoción de los trabajadores, en su doble vertiente de promoción profesional (ascensos) y económica, estructura salarial y régimen de faltas y sanciones. La fundamentación del presente Laudo tiene como objetivo ofrecer una suficiente motivación a las decisiones adoptadas al regular esas materias. Con esta motivación se procura satisfacer un doble interés: El conocimiento a las partes de las razones que se encuentran a la base de esa regulación y, en su caso, la facilitación del ulterior control jurisdiccional de nuestro Laudo.
No estará de más señalar, antes de cualquier otra consideración, las dificultades con las que este árbitro ha tropezado a la hora de elaborar los criterios de ordenación de las materias que forman el objeto del presente Laudo y que proceden, básicamente, de la ausencia de alegaciones de fondo, orales o escritas, formuladas, a excepción de FEDEJEREZ, por las asociaciones empresariales. Estas no solamente han incomparecido a las audiencias orales acordadas por este árbitro como medio de asegurar el principio de contradicción y de garantizar la defensa de sus legítimos intereses. Al margen de ello, la representación de las tan mencionadas asociaciones ha adoptado y puesto en práctica una estrategia de oposición a ultranza al dictado del presente Laudo y de no colaboración en el procedimiento arbitral; estrategia sobre la que ninguna objeción puede y debe formularse, salvo la de dejar constancia, por una parte, de los infundados reproches vertidos hacia las actuaciones arbitrales, a las que se han tildado sistemáticamente de arbitrarias y lesivas de las más elementales garantías formales, y, por otra, de las gruesas descalificaciones dirigidas hacia la persona del á
rbitro designado, al que se le han negado los más elementales atributos para el ejercicio de la función arbitral.
Cierto es que la activa oposición de la parte patronal a formular alegaciones de fondo sobre las materias objeto del Laudo arbitral podría haber quedado compensada con las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales, partes de este conflicto. Pero las consecuencias económicas, sociales u organizativas de tales propuestas no han podido ser valoradas o discutidas con la contraparte, ni tampoco han podido ser comparadas con las regulaciones convencionales en vigor.
Tercero.-Dado el contexto en el que ha debido discurrir este procedimiento arbitral, a este árbitro le ha parecido razonable, primeramente, mantener, con variaciones de matiz poco significativas, el sistema de clasificación profesional establecido por la derogada Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras. El hecho de tratarse de una norma reglamentaria perteneciente a la segunda generación de Ordenanzas y.haber sido dictada, por tanto, en fechas relativamente recientes, unido al dato de ser infrecuentes los convenios colectivos subsectoriales que han procedido a reformar las estructuras profesionales contenidas en aquella norma, abonan esta medida, que, lejos de pretender cristalizar el sistema de clasificación profesional dado, persigue estimular a las propias partes a negociar otro nuevo que pueda servir más adecuadamente a las necesidades económicas y sociales de las empresas del sector, pero ya con pleno conocimiento y responsabilidad de lo que se pacta.
La regulación de la estructura salarial se limita a recoger los complementos salariales más usuales en la realidad laboral de las empresas, sin proceder a su cuantificación, pues ello, muy probablemente, hubiera desbordado el contenido de la propia materia sometida a arbitraje. La ordenación del plus de antigüedad se aparta, sin embargo, de la pauta que se acaba de indicar, pues el Laudo mantiene o conserva en su integridad el anterior régimen reglamentario de este complemento salarial. Esta solución, pese a su condición de regla especial, cuenta con razonable fundamento. En la literalidad del acuerdo de sometimiento a arbitraje, adoptado por la CCNCC, la promoción económica de los trabajadores aparece enunciada de modo diferenciado respecto de la estructura salarial. Cierto es que el plus de antigüedad tiene la naturaleza de un complemento salarial de índole personal; pero es más cierto que la pertenencia del referido plus a la estructura salarial es un dato que, a los efectos de la definición del objeto de la materia a arbitrar, ha quedado relegado a un segundo plano; a tales efectos, lo que emerge es el resuelto designio del Pleno de la CCNCC de tratar la promoción económica de los trabajadores en su global consideración, incluida, por tanto, la base de cálculo del tan citado complemento. Una inteligencia distinta hubiera vaciado de contenido los concretos términos del acto de sumisión a arbitraje.
La regulación de la promoción profesional de los trabajadores y del régimen disciplinario, por último, recoge, en lo sustancial, los criterios contenidos en el proyecto de Acuerdo Interprofesional para la Sustitución de las Ordenanzas Laborales elaborado por este árbitro en noviembre de 1995, a petición de las organizaciones sindicales y de las asociaciones empresariales más representativas de ámbito estatal, miembros de la CCNCC.
Cuarto.-Tal y como ha quedado recogido en los antecedentes de hecho, la única asociación empresarial asistente a las audiencias orales acordadas por el árbitro designado ha sido la «Federación de Bodegas del Marco de Jerez» (FEDEJEREZ), la cual también ha formulado alegaciones por escrito. Al margen de la oposición expresada respecto de la decisión adoptada por el Pleno de la CCNCC de someter a procedimiento arbitral el desacuerdo derivado del proceso de sustitución negociada de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas y que se ha concretado en la interposición, en el plazo legalmente establecido, del oportuno recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, FEDEJEREZ ha solicitado, en su comparecencia, ser excluida del ámbito de aplicación del presente Laudo arbitral, alegando que en el subsector en el que ostenta representación no existen vacíos de cobertura en las materias objeto de arbitraje, ya que todas ellas se encuentran suficientemente reguladas por los convenios en vigor.
En el decir de FEDEJEREZ, tales convenios serían el Convenio XVIII y el Convenio XIX de la Vid de la provincia de Cádiz. Con un ámbito funcional idéntico, referido a las actividades incluidas en la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, excepción hecha de los almacenes de vinos comunes, uno y otro convenio difieren en sus eficacias, jurídica y personal. Mientras el Convenio XVIII, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993, es un convenio estatutario y está dotado, por tanto, de una eficacia jurídica normativa y de una eficacia personal general, el Convenio XIX, con vigencia desde 1 de enero de 1994 hasta 31 de diciembre de 1995, es un convenio extraestatutario, de eficacia personal relativa.
No es cuestión ahora de entrar a debatir las complejas relaciones que plantea la sucesión en el tiempo de convenios de naturaleza distinta. A los efectos que aquí interesa, bastará con recordar que, conforme ha hecho notar reiterada jurisprudencia, a dichas relaciones no se les aplica, sin más, el principio de modernidad. El anterior convenio estatutario permanece en situación de vigencia prorrogada ex artículo 86.3 ET, bien que su aplicación queda limitada a los trabajadores no afectados por el posterior convenio extraestatutario. Este criterio elaborado por la jurisprudencia al amparo de la legislación anterior a la reforma operada por la Ley 11/1994 -que es el criterio que por razones temporales hay que tener ahora en cuenta- explica el que, en efecto, en el subsector al que representa FEDEJEREZ se encontraban en vigor, a 31 de diciembre de 1995, dos convenios. De lo que se trata es de discemir si los contenidos normativos de ambos convenios (en realidad, sólo el de eficacia general podría razonablemente servir de fundamento), idénticos en su estructura, colman o no los vacíos de cobertura, tal y como los mismos han sido apreciados por el Pleno de la CCNCC.
Ambos convenios regulan el sistema de clasificación profesional (capítulo II, artículos 6-11, Convenio XVIII, y artículos 5-6 y disposición final 3.ª, Convenio XIV). También regulan la promoción profesional de los trabajadores (artículos 12 y ss., Convenio XVIII, y artículos 8 y ss., Convenio XIX) y la promoción económica (artículo 34, Convenio XVIII, y artículo 23, Convenio XIX). Y enuncian y desarrollan la estructura salarial (capítulos V y VI). Sin embargo, ninguno de los dos convenios trata el régimen de faltas y sanciones, que, conforme ha quedado recogido en los antecedentes de hecho, es una de las materias objeto de arbitraje.
Estas observaciones evidencian que la alegación formulada por FEDEJEREZ no puede ser atendida; esto es, no ha lugar a excluir del ámbito de aplicación del presente Laudo al subsector de las industrias vinícolas de la provincia de Cádiz, excepción hecha de los almacenes de vinos comunes. Todo ello, claro es, sin perjuicio de que las disposiciones aplicables de este Laudo a dicho subsector se limiten de manera exclusiva al régimen disciplinario, en virtud de lo previsto en el artículo 2.º de su anexo. Y sin perjuicio igualmente de la completa inaplicación de este Laudo en el supuesto de que el próximo Convenio Colectivo, el XX, incorpore a sus contenidos el citado régimen de faltas y sanciones. Y es que el presente Laudo queda configurado en cuanto a su aplicación, como no podía ser de otro modo, como una disposición radicalmente subsidiaria respecto de los productos nacidos de la autonomía colectiva, de modo que los convenios colectivos de eficacia general, bien que no sólo ellos, siempre prevalecen frente a aquél, al que desplazan.
En atención a todo lo expuesto, el árbitro designado en el presente procedimiento, por la autoridad que le ha conferido el Pleno de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, ha decidido:
Dictar las disposiciones que figuran en anexo, reguladoras, en los términos establecidos, de la estructura salarial, promoción profesional y económica de los trabajadores, estructura salarial y régimen de faltas y sanciones que han de aplicarse en sustitución de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alhoholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de julio de 1971.
Por el Secretario de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos se procederá a la notificación del presente Laudo a las partes en conflicto, remitiéndose un ejemplar a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su depósito, registro y, en su caso, y si dicha autoridad laboral lo estima necesario, publicación en el «Boletín Oficial» correspondiente.
1. El presente Laudo ha sido dictado al amparo de lo establecido en la disposición transitoria sexta del Estatuto de los Trabajadores, una vez concluidas, sin acuerdo, las negociaciones dirigidas a sustituir la Ordenanza Laboral para las Industria Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de julio de 1971 («Boletín Oficial del Estado» del 25), en las que fueron partes, de un lado, las Federaciones Estatales de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT y de Alimentación de CC.OO., y, de otro, las asociaciones empresariales «Federación de Bodegas del Marco de Jerez» (FEDEJEREZ), «Federación Española del Vino» (FEV), «Asociación de Distribuidores de Grandes Marcas de Bebidas» (ADIGRAM), «Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcohol y Aguardientes Vínicos», «Federación Española de Fabricantes de Bebidas Espirituosas», «Asociación Española de Fabricantes, Elaboradores de Sidras» (AESI), «Asociación Española de Fabricantes, Elaboradores y Distribuidores de Vermouth, Bitter Soda y Aperitivos Vínicos» y «Asociación de Elaboradores y Envasadores de Vinagre» (BONMACOR).
2. De conformidad con lo prevenido en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas concordantes, el presente Laudo tiene las eficacias jurídica y personal de los convenios colectivos regulados en el título III del citado texto legislativo.
1. El presente Laudo será de aplicación a todas las empresas cuya actividad estuviera incluida en el ámbito funcional de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de julio de 1971, siempre que.
a) A partir de 1 de enero de 1996 no estuvieran afectadas por ningún acuerdo o convenio colectivo que les resulte aplicable, o
b) Aun estándolo, el contenido normativo de dicho acuerdo o convenio colectivo no regule alguna o algunas de las materias sobre las que versa este Laudo.
2. La entrada en vigor de un acuerdo o convenio colectivo que regule alguna o algunas de las materias sobre las que versa el presente Laudo producirá la total o, en su caso, parcial inaplicación del mismo en el sector, subsector o empresa en el que aquél se haya pactado. El referido acuerdo o convenio colectivo será siempre de aplicación preferente, desplazando a este Laudo con el que, por consiguiente, en ningún caso entrará en concurrencia a los efectos previstos en los artículos 84, 3.3 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores.
3. A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se entenderá:
a) Por «acuerdo», el pacto colectivo celebrado en el marco del artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores cuyo ámbito funcional coincida, total o parcialmente, con el del presente Laudo.
b) Por «convenio colectivo», el resultado de la negociación celebrada de conformidad con las reglas establecidas en el título III del Estatuto de los Trabajadores, incluidos los acuerdos de adhesión y los actos administrativos de extensión.
c) Por «materias sobre las que versa este Laudo», las tratadas en el título II del mismo.
1. El presente Laudo será de aplicación a todos los trabajadores y empresarios incluidos dentro de sus ámbitos funcional y territorial, con independencia de cuál sea la modalidad de contrato de trabajo que hubieren concertado.
2. A los trabajadores vinculados por una relación laboral de carácter especial, únicamente les será de aplicación la materia relativa a régimen disciplinario
El presente Laudo será de aplicación en todo el territorio nacional.
1. En atención a su condición de norma subsidiaria, así como a la finalidad que persigue de evitar vacíos de regulación derivados de la derogación de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras, el presente Laudo, sin perjuicio de lo previsto en su artículo 2.2, tendrá una vigencia indefinida.
2. El presente Laudo entrará en vigor al día siguiente de su notificación a las partes. No obstante y en lo que resulte aplicable, sus efectos quedan retrotraídos al 1 de enero de 1996.
En el supuesto de que por sentencia dictada por órgano judicial competente se decretase la nulidad del presente Laudo o de cualquiera de sus cláusulas, el árbitro que fue designado para emitir el anulado procederá, dentro de los treinta días siguientes al de la firmeza de dicha resolución, a dictar otra nueva decisión arbitral ajustada al contenido del fallo judicial.
1. El personal que presta sus servicios en alguna de las actividades a las que se refiere este Laudo se hallará comprendido dentro de alguno de los grupos genéricos siguientes en razón de las funciones que desempeña.
1. Los Técnicos son aquellos empleados que en posesión o no de un título profesional desempeñan con carácter permanente funciones de su especialidad técnica dentro de la empresa. Se subdividen a su vez en.
1.º Jefe superior.-Es el que en un centro industrial con más de 300 trabajadores, y provisto de poder restringido a su función, dirige todos los trabajos de elaboración y fabricación, teniendo a sus órdenes a todo el personal del centro industrial, sea técnico u obrero. Para desempeñar esta categoría debe poseer además conocimientos a alto nivel de la fabricación de los productos que elabora la empresa y también sobre la organización industrial, dotes de mando y relaciones humanas. Asimismo debe ser capaz de resolver cualquier anomalía o incidente que se produzca. Actuará por delegación de la dirección de la empresa, a la que deberá rendir cuentas de su gestión, asumiendo plena responsabilidad en el cometido de su trabajo.
2.º Técnicos titulados.-Son los que en posesión de un título profesional expedido u homologado por el Estado realizan en la empresa funciones propias de su título. Serán, a su vez, clasificados en razón del grado de dicho título en las siguientes categorías:
a) Encargado general de bodegas y fábricas: Es el que, en posesión de los conocimientos necesarios dentro de las especialidades que abarca este Laudo, y con mando directo sobre los capataces del centro industrial, tiene a su cargo y responsabilidad la dirección y organizaci6n de los distintos trabajos que componen el proceso de elaboración, fabricación y preparación de los productos de la empresa, estudiando y dirigiendo las combinaciones y mezclas que sean precisas para obtener tipos, calidades, clases y las demás propias del centro industrial.
4. Pertenecen al grupo de Subalternos aquellos
trabajadores que, sin ser obreros ni empleados, desempeñen con carácter permanente funciones específicas de responsabilidad elemental. A esta clase pertenecen las siguientes categorías:
g) Agitador y removedor. Es el que, en las industrias de elaboración de vinos espumosos de cava, realiza la colocación de botellas en pupitres, las bate y agita, conociendo el momento en que ha de realizarse esta labor para conseguir la perfecta clarificación o limpieza de los vinos.
h) Degollador a mano. Es el que, en las industrias citadas en el apartado anterior, realiza el descorche de las botellas y la expulsión de las heces decantadas, después del proceso de batido o agitado, al objeto de adicionar el licor de expedición.
i) Cocedor de pulpa y de dulce. Son aquellos operarios que tienen como misión vigilar el lavado de la fruta, alimentar los peroles, vigilar la temperatura de los mismos, dar el punto de cocción, controlar los pesos y confección del parte de fabricación.
a) Trasegador y apilador. Es el que en las bodegas de crianza de vinos, manejando envases de menos de 250 litros y según las costumbres bordelesas, realizan el trasiego de vinos de un envase a otro, y los colocan en las posturas tradicionales.
1. Las plazas vacantes existentes en las empresas se proveerán mediante los sistemas de libre designación o de promoción interna, horizontal o vertical, de acuerdo con los criterios establecidos en este laudo.
2. Los puestos de trabajo que hayan de ser ocupados por los titulados universitarios, y los que comporten el ejercicio de funciones de confianza o de mando, en cualquier nivel de la estructura organizativa de la empresa, se cubrirán mediante el sistema de libre designación.
3. Los restantes serán cubiertos mediante promoción interna de los trabajadores que vinieren desempeñando puestos de trabajo correspondientes a categorías profesionales similares o inferiores a las que han de ser provistos.
4. La promoción se ajustará a criterios objetivos de mérito y capacidad, pudiéndose acordar por las empresas la celebración de las correspondientes pruebas selectivas de carácter teórico-práctico.
5. A los efectos de lo establecido en el apartado primero del presente artículo, se entenderá que existe vacante cuando un puesto de trabajo.
a) Haya quedado libre a consecuencia del cese del trabajador fijo que lo hubiere venido ocupando, salvo que la empresa lo hubiere amortizado de conformidad con la legislación vigente.
a) Las empresas, con una antelación de al menos diez días, publicarán en el tablón de anuncios o en otro lugar manifiestamente visible del centro de trabajo la oportuna convocatoria de las vacantes, en la que se hará constar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, si los hubiere, los criterios de valoración o baremo para la selección.
c) En caso de alcanzar dos o más candidatos la misma valoración, la vacante será ocupada por el más antiguo en la empresa.
d) La valoración de los méritos será efectuada por un Tribunal, cuyo composición será acordada por la empresa, que igualmente designará a sus miembros. Un tercio de dichos miembros, al menos, será nombrado a propuesta de la representación de los trabajadores, si la hubiere.
e) Los ascensos se entenderán hechos a prueba, quedando confirmada la promoción a los dos meses. Si durante este plazo se dedujera la falta de idoneidad del seleccionado, éste volverá a su anterior puesto de trabajo, procediéndose a una nueva convocatoria de la vacante.
f) De no reunir los candidatos los requisitos y aptitudes profesionales exigidos, la vacante podrá ser cubierta mediante personal ajeno a la empresa.
2. A la provisión de vacantes mediante pruebas selectivas teórico-prácticas o de carácter mixto, le serán de aplicación las reglas previstas en el apartado anterior, salvo la establecida en el apartado e).
1. Los trabajadores afectados por el presente laudo tendrán derecho, en concepto de promoción económica, a un complemento salarial por antigüedad cuya cuantía, cómputo y condiciones de devengo serán los que se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 1995.
2. Las empresas respetarán las condiciones más beneficiosas que, en la fecha indicada en el apartado anterior, hubieren individualmente pactado con sus trabajadores o les hubieren unilateralmente concedido.
1. Los trabajadores que presten servicios en las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este laudo percibirán la retribución que resulte de sumar al salario base la totalidad de los complementos salariales regulados en el mismo, incluido el complemento salarial por antigüedad.
2. No obstante lo anterior y al tener los complementos salariales regulados en este laudo un carácter meramente enunciativo, las empresas no están obligadas a abonar aquellos que no se correspondan con el tipo de trabajo desempeñado o con la organización productiva establecida.
1. El salario base es la parte de la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo en función de su nivel profesional.
2. La cuantía del salario base será la que, en cada caso, hubieran pactado individualmente trabajador y empresario.
1. Es el complemento salarial que retribuye cada hora trabajada entre las diez de la noche y las seis de la mañana.
2. Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario podrá pactarse que, en lugar de retribuir el trabajo nocturno, las horas nocturnas trabajadas sean compensadas con descansos retribuidos.
3. De haber acordado entre los representantes de los trabajadores y el empresario la compensación en descansos, podrán éstos acumularse por períodos de dos meses, en cuyo caso los descansos se harán efectivos durante los dos meses siguientes a aquel en el que finalice el período de acumulación.
1. Retribuye la prestación de trabajo realizada en domingos, festivos o días de descanso.
2. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se podrá pactar que, en lugar de percibir el complemento establecido en el apartado anterior, se compense cada día trabajado en domingo, festivo o día de descanso por un día de descanso retribuido o, en su caso, por la parte proporcional de descanso retribuido que corresponda a las horas trabajadas en domingo o festivo.
3. Este complemento o descanso equivalente es compatible con la retribución o el descanso equivalente propio de las horas trabajadas que exceden las de la jornada habitual.
Es el complemento salarial que se abona en aquellos supuestos en los que, no estando fijado en el específico horario de trabajo, el trabajador deba estar disponible para desempeñar su prestación en el momento en que el empresario considere necesario.
1. Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este laudo percibirán anualmente dos pagas extraordinarias. Una en el mes de julio, que habrá de pagarse durante los cinco primeros días de dicho mes, y otra en Navidad.
2. En los casos de nueva incorporación, reingreso o cese, la cuantía de las pagas extraordinarias se calculará en proporción al tiempo trabajado durante el año.
1. Las horas trabajadas que hayan excedido las de la jornada habitual se retribuirán con el incremento pactado que corresponda.
2. Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario podrá pactarse que, en lugar de retribuir las horas que excedan de la jornada habitual de conformidad con el incremento establecido en el apartado anterior, se compensen por descansos.
3. De haber acordado entre los representantes de los trabajadores y el empresario la compensación por descansos, podrán éstos acumularse por períodos de dos meses, en cuyo caso los descansos se harán efectivos durante los dos meses siguientes a aquel en el que finalice el período de acumulación.
4. La Dirección de la empresa informará mensualmente al Comité de Empresa o Delegados de personal y a los Delegados sindicales sobre el número de horas que hayan excedido las de la jornada habitual, especificando las causas, los trabajadores que las han realizado y el número de horas que ha realizado cada trabajador.
1. Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario podrá pactarse un complemento que retribuya el mayor rendimiento del trabajador.
2. Corresponde a la Dirección de la empresa, de acuerdo con el Comité de Empresa, los Delegados de Personal o, en su caso, las representaciones sindicales, la determinación de los rendimientos, tomando como medida.
a) Del rendimiento normal o mínimo, el 100 de la escala de valoración centesimal, que equivale al 75 de la norma británica y al 60 Bedaux, que es el rendimiento de un trabajador medio entregado a su trabajo, sin el estímulo de una remuneración por incentivo.
b) Del rendimiento habitual, el que, en condiciones normales, venga obteniendo repetidamente el trabajador durante un plazo significativo de tiempo.
3. De haber acuerdo entre ambas partes, los rendimientos se aplicarán de inmediato. En caso contrario, el Comité de Empresa, los Delegados de personal o, en su caso, las representaciones sindicales deberán manifestar a la Dirección de la empresa su oposición en el plazo de veinte días laborables, a contar desde la notificación de los nuevos rendimientos. De no lograr el acuerdo dentro de los veinte días laborables siguientes a la manifestación de la oposición, la controversia será deferida a la decisión de uno o varios expertos, en este último caso en número impar, designados de común acuerdo.
4. Sólo se podrán modificar los valores establecidos por las siguientes causas:
b) Mejora de instalaciones que faciliten la realización de los trabajos.
5. La empresa podrá suspender total o parcialmente la aplicación del sistema de incentivos cuando acredite que concurren circunstancias que alteran el proceso productivo o que se han incumplido los métodos de trabajo establecidos. De proceder a esta suspensión, la empresa estará obligada a satisfacer a los trabajadores afectados el complemento correspondiente a su rendimiento habitual (media de los treinta últimos días laborales) en el trabajo suspendido.
1. El pago del salario en efectivo se hará en el lugar de trabajo por períodos mensuales, quincenales o semanales, según la costumbre observada en cada empresa. También podrá efectuarse por medio de cheque nominativo o transferencia bancaria, en cuyo caso el cheque se entregará o la transferencia se realizará en la fecha habitual de pago.
2. Ya se pague en efectivo, ya por cualquiera de los medios establecidos en el apartado anterior, el empresario estará obligado a entregar al trabajador el correspondiente recibo de salarios.
3. El trabajador tendrá derecho, si lo solicita, a firmar el recibo de salarios en presencia de un miembro del Comité de Empresa o de un Delegado de personal. En el caso de que la empresa no contara con órganos de representación de los trabajadores, la firma del recibo de salarios deberá hacerse, entonces, en presencia de un compañero de trabajo.
1. Cuando una empresa precise que sus trabajadores realicen tareas que impliquen desplazamientos a localidades distintas a las de su residencia, además de la retribución que aquéllos perciban, deberá abonárseles una dieta, cuya cuantía y condiciones se pactarán entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.
2. No se considerarán comprendidos en estos casos los trabajadores afectos a los servicios de transporte y reparto realizados en localidades distintas de aquella en que radique la fábrica o depósito.
El trabajador tendrá derecho a que el empresario le anticipe hasta el 80 por 100 del salario mensual aún no devengado.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de absorción y compensación regulada en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas respetarán las condiciones económicas de toda índole más beneficiosas que, a la fecha de entrada en vigor de este laudo, hubieran individualmente pactado o unilateralmente concedido.
2. Igualmente respetarán las condiciones laborales más beneficiosas que, a la fecha de entrada en vigor de este laudo, hubieran individualmente pactado o unilateralmente concedido.
2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de incumplimientos contractuales y culpables del trabajador, podrán ser sancionadas por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación que se establece en el presente capítulo.
3. Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en leve, grave o muy grave
a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año
i) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal pactado.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 91
 Real Decreto 
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 artículo 86
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 artículo 2
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 artículo 83
 artículo 2
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