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Timestamp: 2017-10-19 21:52:22+00:00

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Consejo Constitucional - Decisión nº 2012-647 DC de 28 de febrero de 2012
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Decisión nº 2012-647 DC de 28 de febrero de 2012
1. Considerando que los diputados y senadores recurrentes cuestionan ante el Consejo constitucional la ley que pretende reprimir el negacionismo de la existencia de genocidios reconocidos por ley;
2. Considerando que el artículo primero de la ley impugnada inserta en la ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa un artículo 24 ter; que este artículo castiga, a título principal, con una pena de un año de prisión y 45.000 euros de multa a aquéllos que “han negado o minimizado de forma indignante”, cualquiera que sea los medios de expresión o de comunicación públicos empleados, “la existencia de uno o varios crímenes de genocidio definidos en el artículo 211-1 del código penal y reconocidos como tales por ley francesa”; que el artículo de la 2 de la ley cuestionada modifica el artículo 48-2 de la misma ley de 29 de julio de 1881; que extiende el derecho reconocido a ciertas asociaciones de constituirse como parte civil, en particular para extraer las consecuencias de la creación de esta nueva incriminación;
3. Considerando que, según los autores de los recursos, la ley impugnada desconoce la libertad de expresión y de comunicación proclamada por el artículo 11 de la Declaración de derechos y del hombre y del ciudadano de 1789, así como el principio de legalidad de los delitos y de las penas que deriva del artículo 8 de esta Declaración; que reprimiendo únicamente, de una aparte, los genocidios reconocidos por ley francesa, y de otra, los genocidios con exclusión de otros crímenes contra la humanidad, estas disposiciones desconocen igualmente el principio de igualdad; que los diputados recurrentes hacen valer además que el legislador ha desconocido su propia competencia y el principio de separación de poderes proclamado por el artículo 16 de la Declaración de 1789; que sería igualmente desconocido el principio de necesidad de las penas proclamado por el artículo 8 de la Declaración de 1789, la libertad de investigación así como el principio resultante del artículo 4 de la Constitución según el cual los partidos ejercen su actividad libremente;
4. Considerando, de una parte, que, según el artículo 6 de la Declaración de 1789: “La ley es la expresión de la voluntad general···”; que resulta de este artículo, así como del conjunto de otras normas de valor constitucional relativas al objeto de la ley, que bajo reserva de disposiciones específicas previstas por la Constitución, la ley tiene vocación de enunciar reglas y debe por consiguiente, revestir un alcance normativo;
5. Considerando que, de otra parte, según el artículo 11 de la Declaración de 1789: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por ley”; que el artículo 34 de la Constitución dispone: “La ley fijará las normas sobre··· los derechos cívicos y las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas”; que, con este fundamento, le está permitido al legislador aprobar reglas sobre el ejercicio de la libre comunicación y de la posibilidad de hablar, escribir e imprimir; que le es igualmente posible, con este título, prever incriminaciones que repriman el abuso del ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación que atenten contra el orden público y los derechos de terceras personas; que, sin embargo, la libertad de expresión y de comunicación es tan valiosa que su ejercicio es una condición de la democracia y una de las garantías del respeto de otros derechos y libertades; que las restricciones que limitan el ejercicio de esta libertad deben ser necesarias, adaptadas y proporcionadas respecto del fin perseguido;
6. Considerando que una disposición legislativa que tiene por objeto “reconocer” un crimen de genocidio no podría, en sí misma, ser revestida del alcance normativo que se vincula a la ley; que, sin embargo, el artículo 1 de la ley impugnada castiga la negación o la minimización de la existencia de uno o de varios crímenes de genocidio “reconocidos como tales por ley francesa”; que reprimiendo así el negacionismo de la existencia y de la calificación jurídica de crímenes que habría él mismo reconocido y calificado como tales, el legislador ha incurrido en un atentado inconstitucional contra el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación; que, por ello, y sin que sea preciso examinar los restantes alegatos, el artículo primero de la ley impugnada debe ser declarado contrario a la Constitución; que su artículo 2, que no es separable del anterior, debe ser igualmente declarado contrario a la Constitución,
Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 28 de febrero de 2012 en la que estaban presentes: don JeanLouis DEBRÉ, Presidente, don Jacques BARROT, doña Claire BAZY MALAURIE, los señores Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING y Pierre STEINMETZ.

References: Decisión nº 

Decisión nº 
 artículo 24
 artículo 211
 artículo 48
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 2