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Timestamp: 2018-02-25 15:55:51+00:00

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REFLEXIONES SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA. Beatriz De la Vega Rengifo (*) I. - PDF
REFLEXIONES SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA. Beatriz De la Vega Rengifo (*) I.
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Marcos Iglesias Muñoz
1 REFLEXIONES SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Beatriz De la Vega Rengifo (*) I. INTRODUCCION Internet es hoy un valioso instrumento para efectuar actividades económicas, que ha sobrepasado fronteras y se ha constituido como un aliado de la eficiencia en los negocios y en el comercio para las corporaciones. Tenemos así pues un tipo de comercio originado de esta realidad que se sirve de un mecanismo tecnológico que ha propiciado un desarrollo acelerado de las transacciones internacionales y la discusión académica, entre otros, respecto de los criterios de vinculación tradicionales en el Impuesto a la Renta. Conceptos como servidores, web site, protocolos, plataformas, entre otros, han revolucionado los criterios básicos de dicho impuesto. En el Perú, mediante el Decreto Legislativo 945, vigente a partir del 24 de diciembre de 2003, el legislador tributario incorporó a los servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados a través del Internet dentro de los supuestos que generan renta de fuente peruana, en la medida que, entre otros criterios, los mismos sean aprovechados o utilizados en nuestro país. De esta manera, para efecto del Impuesto a la Renta, nuestra legislación ya contiene un tratamiento respecto de las transacciones que se llevan a cabo a través de mecanismos digitales. Seguidamente, el Decreto Supremo EF, publicado el 4 de julio de 2004, estableció como concepto de servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario a través del Internet mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de la información. Dicho dispositivo reglamentario listó algunos casos concretos de servicios que se encontraban comprendidos dentro del concepto de servicios digitales en mención. Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo 970, publicado el 24 de diciembre de 2006 y vigente desde el 1 de enero de 2007, se modificó, entre otros aspectos, la regulación vinculada a los servicios digitales en el Impuesto a la Renta incorporando dentro del ámbito de aplicación a aquellos servicios digitales que no solamente sean prestados a través del Internet sino a aquéllos que puedan ser prestados mediante cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o de tecnología utilizada (*) Abogada. Gerente de Ernst & Young. 55
2 Beatriz de la Vega Rengifo por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes. En ese contexto, el objetivo del presente trabajo se orienta al análisis de los aspectos más importantes del tratamiento de los servicios digitales en el marco de la Ley del Impuesto a la Renta como un supuesto de renta de fuente peruana, esto es, haciendo especial mención a ciertos aspectos que requieren ser revisados y mejorados a fin de evitar problemas de interpretación en la aplicación práctica de este supuesto de renta de fuente peruana. II. EL COMERCIO ELECTRONICO: CONTEXTO EN EL QUE SURGEN LOS SER- VICIOS DIGITALES Como una cuestión previa a abordar los aspectos más relevantes de los servicios digitales como un supuesto de renta de fuente peruana en la Ley del Impuesto a la Renta, es preciso establecer el contexto en el cual surge la regulación tributaria de dichos servicios. A tal efecto, a continuación unas breves notas sobre el comercio electrónico y como es que uno de los vehículos que le ha dado origen, esto es, Internet, ha determinado una regulación específica de los servicios digitales en la Ley del Impuesto a la Renta. El Comercio Electrónico La sociedad de la información determina el replanteamiento de todos los aspectos de nuestro sistema jurídico, entre ellos el tributario. Ello se debe a que su aparición ha potenciado el desarrollo del comercio electrónico, el cual se constituye en una de las manifestaciones más importantes de la realidad cambiante impulsada por la nueva tecnología. En efecto, para el intercambio comercial, se vienen utilizando modernos medios de comunicación como el correo electrónico, sistemas de pago electrónico, el intercambio electrónico de datos (Electronic Data Interchange-EDI), 1 así como Internet. De los referidos medios, ha sido la red abierta de Internet la que ha permitido con mucha mayor influencia el desarrollo del comercio electrónico. Antes del crecimiento de Internet, el comercio electrónico se realizaba sobre infraestructuras privadas, costosas e inaccesibles para las pequeñas empresas, y generalmente involucraba transacciones comerciales entre empresas. En ese sentido, la utilización de Internet para el desarrollo del comercio ha contribuido a la reducción de los costos de transacción al establecer una relación directa entre el productor y el cliente de un bien o servicio con prescindencia de largas cadenas de intermediarios. Asimismo, hace perfectamente posible que las pequeñas y medianas empresas puedan competir en igualdad de condiciones con empresas más poderosas con un mejor y más rápido acceso a mercados extranjeros. El comercio electrónico no es más que la distribución de productos, servicios, pagos e información sobre redes electrónicas, incluyendo al Internet u otros medios electrónicos (correo electrónico, fax, EDI, etc.) ya sean éstas privadas o públicas. En efecto, el comercio electrónico supone la utilización de las redes informáticas con el fin de facilitar las transacciones que comprenden la producción, la distribución, la venta y la 1 El EDI engloba el intercambio de documentos e información entre ordenadores de dos empresas sin necesidad de intervención humana. Su objetivo es reducir costos y aumentar la velocidad de contratación, aceptación de órdenes, facturación, etc. 56
3 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... entrega de bienes y servicios dentro del mercado. 2 Así, de la misma manera en que conocemos el comercio tradicional, esto es, compra venta de bienes y servicios tangibles en la vida diaria, existe una modalidad de comercio que se sirve de instrumentos de carácter electrónico. 3 Principios Generales para la tributación en comercio electrónico Con el fin de afrontar los problemas tributarios que pueden surgir con el desarrollo del comercio electrónico, a partir del consenso internacional de distintos organismos vinculados al estudio del comercio electrónico, 4 se han estructurado principios básicos a partir de los cuales se podrían desarrollar reformas legislativas en materia tributaria. Estos principios son los siguientes: a) Neutralidad.- Conforme a este principio, la tributación sobre el comercio electrónico no debe conducir a discriminaciones significativas con las modalidades de tributación del comercio tradicional de manera que no se produzcan ventajas ni desventajas competitivas respecto de la utilización de uno u otro tipo de comercio. 5 b) Internacionalización.- El comercio electrónico es una manifestación del desarrollo de la sociedad de la información y en general del fenómeno de la globalización, en tal sentido, el tratamiento tributario sugerido deberá partir de un análisis que considere el tratamiento internacional de las transacciones económicas que se realicen a través de medios electrónicos. c) Simplicidad.- Este principio es contradictorio con la propia complejidad del comercio electrónico, sin embargo, involucra una reestructuración de los sistemas tributarios sin perturbar el desarrollo de la sociedad de la información. Ello implica crear mecanismos para tributar que vayan de acuerdo con el impulso dinámico de la nueva tecnología. d) Eficiencia.- La tributación y recaudación sobre las operaciones que se efectúen Abrams y Doernberg, citado por McLURE JR, Charles E. En: La Tributación sobre el Comercio Electrónico: Objetivos económicos, restricciones tecnológicas y legislación tributaria. Ediciones Depalma. Buenos Aires Pág. 83. El comercio electrónico es el conjunto de transacciones comerciales que tienen lugar a través de medios electrónicos, lo que resulta de difícil delimitación, pues por un lado, en la mayor parte de las transacciones comerciales intervienen medios electrónicos en algún momento, fundamentalmente en el pago. Al mismo tiempo, en la práctica pocas transacciones son totalmente electrónicas, de forma que se produce intercambio físico en algún momento, generalmente en la entrega del producto, salvo en casos como la venta de software. SUB DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS DEL SECTOR EXTE- RIOR. Internet y el Comercio electrónico: Desafíos para el próximo siglo. En: Boletín Económico de ICE No España Pág. 3. Entre dichos organismos se encuentran: el Departamento del Tesoro de los EE.UU ( Selected tax Policy implications of Global Electronic Commerce ), la OCDE ( Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions ) y la Unión Europea ( Comercio electrónico y fiscalidad indirecta ; así como The European Commision s (working paper del 8 de Junio de 1999). Sobre este principio CORABI señala lo siguiente: ( ) se debe gravar con idénticos impuestos los bienes aptos para satisfacer necesidades de las personas, sean ellas físicas o jurídicas. Además si un mismo bien puede ser comercializado en más de una modalidad, la tributación debe ser similar en cada caso. Por ejemplo, por medio de la lectura de un libro, una persona puede dar satisfacción a sus exigencias culturales. El libro impreso puede ser adquirido en una librería o, alternativamente, en una librería electrónica de Internet, donde es posible encontrar el mismo título y extraer el software de contenido imprimiendo el libro en forma autónoma. El resultado final es el mismo: la lectura de un libro listo para satisfacer la necesidad de cultivarse. Citado por: McLURE JR, Charles E. Op. Cit. Pág
4 Beatriz de la Vega Rengifo en el comercio electrónico, deben ser realizadas de tal manera que provoque menores costos posibles de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales a los contribuyentes y a la Administración Tributaria. e) Seguridad jurídica.- Las normas tributarias aplicables al comercio electrónico deben ser claras y sencillas con el fin de que el contribuyente conozca suficientemente las consecuencias fiscales de las transacciones que se efectúen por este medio. El comercio electrónico debe moverse en un entorno legal y seguro que le permita desarrollar todas sus potencialidades. f) Equidad.- Las normas tributarias que se adopten para regular el comercio electrónico deben orientarse a una tributación proporcionada que evite supuestos de doble imposición, evasión y fraude tributario. Asimismo, este principio implica que las transacciones comerciales de los operadores del comercio electrónico (principalmente empresas y consumidores) han de ser gravadas y no discriminadas en función de su forma de operar. Las normas tributarias deben tomar en consideración las diferentes formas de operar que tienen aquellos. g) Flexibilidad.- Las normas tributarias no deben ser rígidas, deben ser elaboradas con la suficiente generalidad para que perduren lo máximo posible en el tiempo de modo que se adecuen constantemente al desarrollo de nuevas tecnologías. Los principios antes mencionados son sumamente relevantes y deben informar toda regulación tributaria vinculada al comercio electrónico, en general, y al comercio a través de Internet en particular. Más adelante se presentan algunas situaciones en las cuales pareciera que los principios antes mencionados han sufrido distorsiones por la manera en la que la regulación de los servicios digitales ha sido incorporada en nuestra legislación tributaria. Clasificación del comercio electrónico Existe una clasificación según la cual se distingue entre dos tipos de comercio electrónico: - Comercio Electrónico Indirecto Consiste en adquirir bienes tangibles que luego son enviados físicamente usando canales convencionales de distribución (envío postal o servicios de courrier). Esta clase será subsumible a la regulación tributaria de modalidades tradicionales, como es el caso de las ventas telefónicas, donde el pedido también se realiza a distancia. 6 - Comercio Electrónico Directo Aquí el pedido, pago y envío del bien o servicio se produce online; son bienes de naturaleza intangible que viajan por la red. Para efectos tributarios es este tipo de comercio el que posee mayor relevancia, pues se torna difícil establecer la naturaleza intrín- 6 En aquellos casos en los que, tras una contratación desarrollada telemáticamente, se produce la traslación del bien por cauces tradicionales, no se está introduciendo ningún tipo de factor fiscalmente diverso a los presentes. Desde hace ya bastante tiempo, en las contrataciones que se realizaban por vía telefónica, no se planteaba ninguna problemática tributaria especial distinta de la que pudiera corresponder a las denominadas ventas a distancia. NOCETE CORREA, Francisco José. La Fiscalidad Internacional del Comercio Electrónico. Instituto de Estudios Fiscales. Documento 23/05. España. Pág
5 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... seca de la operación ya que en los derechos y productos que se transmiten se verifica una desmaterialización del objeto, vía digitalización. Así las cosas, desde la perspectiva de nuestra legislación sobre servicios digitales, será importante centrarnos en el denominado comercio electrónico directo, pues éste es el vinculado al comercio digital que nuestro legislador pretende gravar según lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. Por qué gravar el comercio electrónico? Luego de lo explicado, es importante deslizar unas ideas respecto del fundamento del gravamen en operaciones llevadas a cabo electrónicamente, y dentro de ellas, a las desarrolladas a través de Internet. En este contexto, las posiciones de los distintos Estados no han sido ni son homogéneas, así por ejemplo, Estados Unidos tiene un interés económico muy distinto al que puedan tener países importadores de tecnología como el nuestro; lo cual es lógico: Estados Unidos es el gran vendedor de estas tecnologías, por lo que no le interesa que se les imponga nuevos gravámenes o un reforzamiento de los controles tributarios. Por el contrario, los países tradicionalmente importadores de tecnología tenemos que pensar en obtener recursos de las nuevas tecnologías; por lo tanto, hay contradicciones de intereses a la hora de diseñar el esquema tributario del comercio electrónico. No obstante, consideramos que el fundamento del gravamen está en la capacidad contributiva que se materializa en este tipo de transacciones, de la misma manera en que se configura en el comercio tradicional. En efecto, no habría razón alguna para efectuar un distingo entre ambas formas de comercio, máxime si la diferencia se centra esencialmente en cuestiones de carácter operativo. Así, no tendría ningún sentido prescindir de la exigencia del pago del impuesto a un sujeto sólo por realizar una actividad a través de instrumentos electrónicos. De la misma forma, no tendría sentido un Impuesto a la Renta que grave un supuesto única y exclusivamente por el hecho de ser realizado a través de instrumentos electrónicos, cuando el mismo supuesto realizado por otras vías no es alcanzado por el impuesto, o es alcanzado a un gravamen menor. Una situación como la antes expuesta determina una afectación a los principios que inspiran el comercio electrónico haciéndola más gravosa sin un sustento técnico adecuado. En efecto, imaginemos -por ejemplo- que un estudio de abogados de un país A es contratado por una empresa del país B con el objeto de absolver una serie de consultas tributarias a través de correo electrónico. Si bien en este caso se están utilizando mecanismos electrónicos (correo electrónico), si en el país B esta renta obtenida por el mismo estudio de abogados a través de la misma actividad realizada por otros medios (por ejemplo, vía telefónica) no es alcanzada por el impuesto, tampoco debería tributar sólo por tratarse de una actividad electrónica. En síntesis, el fundamento para afectar las rentas obtenidas a través de comercio electrónico debiera residir en la capacidad contributiva, independientemente del instrumento operativo en que se realice la actividad, lo contrario significaría vulnerar los principios que inspiran al comercio electrónico, mencionados anteriormente. III. LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Como se ha explicado en el acápite anterior, el comercio electrónico, en tanto actividad económica, es muy amplio. No obstante, la Ley del Impuesto a la Renta sólo ha 59
6 Beatriz de la Vega Rengifo regulado algunos aspectos del comercio electrónico directo a través de un supuesto generador de rentas de fuente peruana denominado: servicios digitales. En tal sentido, las líneas que siguen versarán únicamente sobre este aspecto particular. El domicilio y la fuente constituyen los factores de vinculación subjetivo y objetivo, recogidos por la Ley del Impuesto a la Renta para determinar las rentas sujetas a imposición en el Perú. A estos efectos, la citada Ley dispone que los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas de fuente mundial, esto es por sus rentas de fuente peruana y extranjera, mientras que los contribuyentes no domiciliados tributan sólo sobre sus rentas de fuente peruana. Conforme a ello, el segundo párrafo del Artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que en caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre sus rentas gravadas de fuente peruana. Decreto Legislativo 945 Según el texto de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto Legislativo 945, publicado el 23 de diciembre de 2003, el inciso i) del Artículo 9 de dicho texto estableció como rentas de fuente peruana -entre otras- a las obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet, cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país. Desarrollando esta disposición, el literal b) del Artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, según el texto incorporado por el Decreto Supremo EF, publicado el 4 de julio de 2004, estableció que se entiende por servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario a través del Internet mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de la información. Seguidamente, dicho dispositivo reglamentario listó algunos casos concretos de servicios que se encontraban comprendidos dentro de la categoría de servicios digitales. 7 - Mantenimiento de software - Soporte técnico al cliente en red - Almacenamiento de información (Data Warehousing) - Aplicación de hospedaje (Application Hosting) - Provisión de servicios de aplicación (Application Service Provider - ASP) - Almacenamiento de páginas de Internet (Web Site Hosting) - Acceso electrónico a servicios de consultoría - Publicidad (Banner Ads) - Subastas "en línea" 7 Ver la definición que establece la norma reglamentaria respecto a cada uno de estos servicios, en el Anexo I del presente trabajo. 60
7 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... - Reparto de Información - Acceso a una página de Internet interactiva - Capacitación interactiva - Portales en línea para compraventa Nótese que de las normas antes citadas, se desprende que el legislador vinculó la calificación de servicios digitales, además a que éstos deben ser usados o utilizados económicamente en el país, al hecho de que los mismos sean prestados a través de Internet mediante accesos en línea. En otros términos, los servicios digitales debían necesariamente ser prestados por dicha vía para generar renta de fuente peruana. Decreto Legislativo 970 El 16 de diciembre de 2006 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 28932, en virtud de la cual el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria. Así, al amparo de la norma antes citada, el 24 de diciembre del mismo año se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo 970, el cual modificó diversos artículos de la Ley del Impuesto a la Renta. Entre las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 970 se encuentra la relativa al alcance del gravamen de los servicios digitales. Nótese que el escenario considerado por el Poder Ejecutivo al momento de legislar acerca de los alcances del inciso i) del Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta fue la problemática detectada por el lenguaje poco claro del referido dispositivo legal. En efecto, en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 970 se señalaba que en la práctica no existía certeza acerca de lo que debía entenderse por servicios prestados a través de Internet; o, más precisamente, si los servicios prestados a través de la Extranet o la Intranet debían encontrarse dentro de los alcances del inciso i) del Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta. En base a estas consideraciones, el Poder Ejecutivo consideró necesario reestablecer los alcances del inciso i) del Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta. Para tal efecto, mediante el Decreto Legislativo 970, modificó el referido dispositivo legal en los términos siguientes: Artículo 9.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana: ( ) (i) Las obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes, cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país. (El subrayado y resaltado son nuestros). Conforme a lo dispuesto en el propio Decreto Legislativo, esta modificación entró en vigencia a partir del 1 de enero de Como ya hemos indicado, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 970 establecía que el propósito de la modificación del inciso i) del Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta era el de brindar certeza acerca de sus alcances. 61
8 Beatriz de la Vega Rengifo Así, con el fin de dar una respuesta a la mencionada problemática y conocer el alcance de la modificación, es esencial tener en cuenta la definición técnica de Internet. Pues bien, Internet es una red mundial de computadoras interconectadas con un conjunto de protocolos, de los cuales el más destacado es el TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). A diferencia de lo que comúnmente se intuye, Internet no es sinónimo de la Word Wide Web (WWW); ésta es sólo uno de los muchos servicios ofertados en la red Internet. En este contexto, surge la pregunta si la Intranet y/o la Extranet forman parte de Internet. Al respecto, se debe considerar, por un lado, que la Intranet es una red de ordenadores de una red de área local (LAN), privada, empresarial o educativa que proporciona herramientas de Internet, la cual tiene como función principal proveer lógica de negocios para aplicaciones de captura, reportes, consultas, etc., con el fin de difundir información interna o auxiliar para la producción de dichos grupos de trabajo. Normalmente, tiene como base el protocolo TCP/IP de Internet. Por otro lado, en relación con la Extranet (Extended Intranet) se debe mencionar que ésta es una red privada virtual resultante de la interconexión de dos o más Intranets que utiliza Internet como medio de transporte de la información entre sus nodos. 8 Desde luego, como fue mencionado anteriormente, Internet no sólo se refiere a la World Wide Web, sino a todo tipo de interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente. Si bien el término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, lo cierto es que también existen sistemas de redes más pequeños (como es el caso de la Intranet) que forman parte del Internet. Así, considerando que la Intranet (en el común de los casos) y la Extranet tienen como base el protocolo TCP/IP de Internet (es decir, utilizan el protocolo usado por Internet para su funcionamiento), resultaba necesario establecer que dentro del ámbito de los servicios digitales se podría considerar también a los servicios prestados a través de dichas herramientas. Nótese que la intención original del Poder Ejecutivo no era la de incluir un nuevo supuesto al originalmente gravado por el inciso i) del Artículo 9 de la LIR. Se trataba únicamente de precisar lo que debía entenderse por servicios prestados a través del Internet, manteniendo el espíritu original de la norma aclarada. 9 No obstante lo anterior, se debe advertir que el propósito inicial del Poder Ejecutivo (plasmado en la respectiva Exposición de Motivos) no fue trasladado de la misma manera en el texto de la modificación introducida por el Decreto Legislativo 970. Efectivamente, el tenor de la referida modificación importaría no sólo la precisión de la norma originaria, sino la eventual inclusión de supuestos no contemplados en el texto 8 9 Un nodo es cualquier punto de conexión de dicha red, normalmente un ordenador, que tenga una especial importancia para más de un usuario. Cabe señalar que la Exposición de Motivos refiere lo siguiente: En base a ello, y para generar certeza, se modifica el inciso i) del Artículo 9 de la LIR a fin de incluir los servicios digitales prestados no sólo a través de la Internet, sino también de cualquier adaptación de su tecnología. Cabe indicar que la modificación que se quiere introducir, en ningún caso pretende regular la situación anterior, sino que se busca generar un marco de seguridad sobre el tema para casos futuros, correspondiendo a los órganos que interpretan el derecho establecer el criterio a seguir en los casos pasados. Como se observa, el sentido del legislador era de establecer una precisión respecto de los servicios prestados a través de Internet, y sólo respecto de esta red de redes. 62
9 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... de la norma primigenia. Y es que, además de precisar que se incluyen también los servicios prestados a través de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet (por ejemplo, Intranet y Extranet), la norma modificatoria ha señalado que también deben considerarse comos servicios digitales los prestados por cualquier otra red a través de la que se brinden servicios equivalentes. En este último caso, el Decreto Legislativo 970 ya no sólo estaría precisando los alcances de lo que debe entenderse por servicios prestados a través del Internet; estaría incluyendo un nuevo supuesto de servicio digital, en donde la participación del Internet no sería necesaria. De esta manera, el referido Decreto Legislativo estaría excediendo el mandato contenido en la Ley 28932, toda vez que -en materia del Impuesto a la Renta- el Poder Ejecutivo únicamente podía ajustar los alcances del impuesto y de la renta gravable; es decir, precisarlos a fin de hacer más eficiente el sistema tributario, pero no incluir nuevos supuestos normativos. Ley 28932: Acerca del proceso de delegación de facultades al Poder Ejecutivo La situación que indicamos en el acápite precedente, determina que la norma sea inconstitucional por contravenir el mandato de la ley autoritativa que le dio origen (afectación al principio de Legalidad o Reserva de Ley). La Reserva de Ley La reserva de ley es entendida como el mandato en virtud del cual el ámbito de la creación, modificación, derogación o exoneración de tributos queda reservado para ser actuado únicamente mediante una Ley en sentido formal. 10 Es decir, es el poder constituido (el Congreso de la República) quien tiene la potestad originaria de expedir leyes en materia tributaria. De conformidad con el Artículo 74 de la Constitución Política del Perú, la reserva de ley plantea como excepción el caso de delegación de facultades, supuesto en el cual el instrumento normativo idóneo para la creación, modificación, derogación o exoneración de tributos es el decreto legislativo. En base a lo anterior, es posible concluir que la Constitución ha facultado al Poder Ejecutivo a legislar en materia tributaria, siempre que el Poder Legislativo (vale decir, el Congreso) expida una norma habilitante o autoritativa en ese sentido. En ese sentido, la delegación de facultades a la que nos estamos refiriendo se vincula a la potestad del Congreso de desplazar restrictiva y temporalmente su competencia legislativa a favor del Poder Ejecutivo, sobre una materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa que corresponda. Sobre el particular, el Artículo 104 de la Constitución precisa que no pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Asimismo, la norma constitucional señala que los decretos legislativos emitidos como producto del ejercicio 10 LANDA ARROYO, César. Los principios tributarios en la Constitución de Una perspectiva constitucional. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Lima: Palestra Pág
10 Beatriz de la Vega Rengifo de la delegación de facultades, están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. Ahora, es importante dejar constancia de las características y/o requisitos mínimos que debe cumplir todo proceso de delegación de facultades para su validez; entre tales características y requisitos están: - Carácter excepcional.- La delegación de facultades se presenta como una excepción al principio constitucional de la reserva de ley. Se trata, pues, de una alteración ocasional del sistema de dación de leyes, con vistas a una operación concreta, pero dejando indemne el sistema general consagrado por la Carta Constitucional. - Objeto específico.- El Artículo 104 antes comentado es claro al sentenciar que la delegación debe ser efectuada sobre materia específica, la cual debe coincidir con la expresamente señalada en la ley autoritativa. - Carácter restrictivo.- En vinculación con la característica precedente, se debe indicar que la interpretación sobre la materia delegada debe ser restrictiva y no extensiva. Esto por cuanto la delegación de facultades no debe entenderse de ningún modo como una atribución amplia de facultades a favor del Poder Ejecutivo. Es únicamente una delegación concreta y excepcional que debe ceñirse a los límites previstos en la ley autoritativa. - Naturaleza temporal.- La delegación de facultades opera por plazo determinado, el cual debe estar expresamente establecido en la ley autoritativa. Esta norma implica que si el referido plazo culmina sin que el Ejecutivo haya dictado el Decreto Legislativo respectivo, la autorización caduca y el Ejecutivo ya no puede aprobar la norma. - Caducidad de la delegación.- Es preciso anotar que en caso el Ejecutivo dicte la norma antes de vencido el plazo referido en el numeral precedente, se debe entender que el objeto de la delegación se ha cumplido y, por ende, la misma ha caducado. Ergo, no puede -al amparo de la vigencia del plazo- pretenderse modificar el Decreto Legislativo ya dictado. - Aprobación del Decreto Legislativo.- El Decreto Legislativo dictado al amparo de la norma autoritativa debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y promulgado por el Presidente de la República, conforme lo dispone el numeral 2 del Artículo 125 de la Constitución. Una vez aprobada la norma, el Ejecutivo da cuenta al Congreso y, si hay receso parlamentario, a la Comisión Permanente. Objeto General La Ley delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria por un plazo de noventa (90) días calendarios, contados a partir del día siguiente de su publicación, esto es, a partir del 17 de diciembre de Conforme al texto de la mencionada norma, el objeto de la Ley fue el de (i) ampliar la base tributaria; (ii) lograr mayor eficiencia, equidad y simplicidad en el Sistema Tributario Nacional; y, (iii) dotar al país de un Sistema Tributario predecible que favorezca el clima de inversión. Cabe resaltar que la Ley estableció de manera expresa que la delegación no 64
11 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... comprendía los siguientes aspectos: (i) la creación de nuevos impuestos; (ii) la creación de nuevas exoneraciones; (iii) el incremento de las tasas de los tributos vigentes; y, (iv) la posibilidad de gravar los ahorros ni los intereses de las personas naturales provenientes de depósitos en bancos, cajas municipales, cajas rurales, cajas de ahorro y cooperativas de ahorro y crédito. En ese orden de ideas, es preciso reiterar que el Decreto Legislativo 970 resulta inconstitucional en el extremo relativo a aquello que excede lo dispuesto por la Ley 28932, esto es, lo referente a la calificación como servicio digital a aquellas prestaciones que se canalizan a través de redes distintas a Internet. 11 IV. LA DEFINICION DE SERVICIOS DIGITALES EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Si bien la referencia anterior y nuestra explicación se ha centrado en la inclusión del servicio digital como supuesto generador de renta de fuente peruana, y de la inconstitucionalidad referida a un extremo de su disposición, es importante analizar la definición establecida por el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de considerar los criterios para determinar si estamos frente o no a un servicio digital gravado con el Impuesto a la Renta. Como señalamos anteriormente, el literal b) del Artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece que se entiende por servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario a través del Internet mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de la información. Seguidamente, dicho dispositivo legal lista algunos casos concretos -a título enunciativo- de lo que se debe considerar como servicios digitales. Así, los elementos para la existencia de un servicio digital son los siguientes: - Se debe tratar de un servicio, esto es, una prestación de hacer. - El servicio debe prestarse a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red El servicio debe prestarse mediante accesos en línea. - El servicio debe ser esencialmente automático, esto es, debe requerir una mínima intervención humana. - El servicio depende de la tecnología de la información (desarrollo básico de herramientas informáticas). De acuerdo a una definición contenida en el Diccionario de Informática, 13 en línea significa, entre otros: conectado en este momento a la red. En ese sentido, se encontrarían excluidas de la definición de servicios digitales aquellas transacciones que impliquen una conexión a red de manera diferida en el tiempo y no sean inmediatas Es importante mencionar que la norma, al referirse a otras redes, se estaría refiriendo a aquellas actividades electrónicas llevadas a cabo a través de protocolos distintos a TCP/IP. Ya hemos indicado el carácter inconstitucional en este extremo. Diccionario de Informática. Editorial Cultural, Madrid, Pág
12 Beatriz de la Vega Rengifo Asimismo, cuando se señala que el servicio debe ser esencialmente automático, ello supone que la forma de operar o efectuar el servicio sea por sí solo sin o con una mínima intervención humana. 14 En línea con lo expuesto hasta aquí, los elementos que sirven para identificar en cada caso concreto si estamos ante un servicio digital deberán ser evaluados a fin de concluir sobre la ocurrencia de un supuesto de servicios digitales. Nótese que el Artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta enumera una serie de servicios que calificarían como servicios digitales, esto es, servicios que cumplen con las características antes citadas. Sin embargo, tal como veremos a continuación, algunos de ellos no cumplen en su totalidad con tales características. Veamos por ejemplo el supuesto de acceso electrónico a servicios de consultoría : Servicio por el cual se pueden proveer servicios profesionales (consultores, abogados, médicos, etc.) a través del correo electrónico, video conferencia u otro medio remoto 14 Justamente por las razones antes expuestas es que también la Administración Tributaria ha establecido interpretaciones que no se ajustarían a las características definidas por las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta para deslindar si un servicio es o no digital. Así por ejemplo, en el Informe /SUNAT, respecto de un caso práctico planteado, la Administración Tributaria ha señalado lo siguiente: Ahora bien, ( ) el proveedor no domiciliado pone a disposición del cliente una línea de acceso privado para que éste pueda cargar la información que luego el proveedor descargará y almacenará en su servidor ubicado en el exterior. El proveedor no domiciliado descargará la información en su servidor para realizar procesos en batch mediante programas aplicativos diseñados por él a fin de procesar y obtener los balances de operaciones, efectuar compensaciones de divisas por deudas y acreencias, generar los estados de cuenta y los reportes estadísticos. El proceso de la información puede durar varias horas y se realiza sobre lotes de información durante un período de tiempo sin que el cliente pueda tener acceso a los programas ni pueda ejecutarlos o monitorearlos. La información solicitada, estados de cuenta y balances son puestos a disposición del cliente, todo en una fecha y hora determinada, remitiéndosele los resultados o reportes a través de alguno de los siguientes canales: correo postal, fax, archivo adjunto a correo electrónico, archivo almacenado en medios magnéticos; descargando la información a través del acceso que el proveedor pone a disposición del cliente. El servicio es facturado en relación a la cantidad de inputs, de procesos realizados y/o al número de outputs de información generados. Luego de efectuar la descripción del servicio, la Administración Tributaria señala lo siguiente: Sobre este punto, el Reglamento, al indicar que el servicio se pone a disposición mediante accesos en línea, se refiere a que el servicio se presta al usuario mediante conexión a la red, tal como se desprende de las definiciones citadas anteriormente, pero no implica necesariamente que el servicio sea prestado mediante una respuesta inmediata a un requerimiento. Ello implica que es determinante para calificar un servicio como digital el medio a través del cual se accede a la prestación del servicio (conexión a la red), pero no la forma cómo se procesa la información, esto es, mediante un procesamiento inmediato o en batch. En tal sentido, para la Administración Tributaria, cualquier servicio prestado desde el exterior a través de instrumentos electrónicos podría calificar como servicio digital, pues sería suficiente con que sea prestado a través de una conexión a la red (Internet, por ejemplo), independientemente que se realice on line u off line. Como puede apreciarse, dicha conclusión no se ajusta a la definición de servicios digitales establecida por el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, pues extiende su alcance a supuestos de distinta índole. En efecto, la definición de servicios digitales exige que el mismo se realice on line, esto es, cuando el proveedor y cliente están conectados en red. Así, si el servicio se realiza íntegramente mediante conexión fuera de línea (como los correos electrónicos), no debería calificar como servicio digital. 66
13 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... de comunicación. Observamos en este supuesto que se cumplen algunos elementos citados precedentemente. No obstante, parecería que en este caso no se presenta el acceso en línea, pues el servicio puede ser prestado a través del correo electrónico, video conferencia u otro medio remoto de comunicación, no necesariamente a través del Internet y sus variantes. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, el término remoto alude a aquello que está distante, es decir, aquello que puede ser efectuado a distancia, sin la presencia física en el lugar del sujeto o sujetos involucrados. 15 La misma situación se presentaría respecto de los servicios denominados mantenimiento de software, almacenamiento de información y aplicación de hospedaje. 16 Como puede apreciarse, estos servicios, calificados por las propias disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta como servicios digitales no cumplirían con las características necesarias para ser considerados como tales. Ahora veamos el caso de la provisión de servicios de aplicación (Application Service Provider - ASP): El proveedor del servicio de aplicación (ASP) obtiene licencias para el uso del programa de instrucciones para computadoras (software), para alojar dichos programas en servidores de su propiedad en beneficio de sus clientes usuarios. El acceso al software representa para el cliente la obtención de servicios de asistencia empresarial por los cuales puede ordenar, pagar y distribuir bienes y servicios objeto de su negocio. El proveedor del servicio de aplicación (ASP) solamente provee al cliente de los medios para que interactúe con los terceros. Observamos que en este caso también se cumplen los elementos que configuran la definición de servicios digitales. Aunque la definición no señala expresamente que el servicio debe realizarse en línea (on line). Pareciera que en este caso el servicio tendría dos etapas: la primera relativa al alojamiento de los programas del cliente en los servidores del proveedor del servicio; y la segunda, el uso de la información por parte del cliente para interactuar con terceros. Es en esta segunda etapa en la que podría verificarse que el servicio es de carácter online. De no verificarse esta condición, así se verifiquen los otros elementos, no se podrá concluir en la existencia de un servicio digital, desde el punto de vista de las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta En su sentido técnico incluso, la palabra remoto se utiliza en tecnologías de la información para definir sistemas o elementos de sistemas que se encuentran físicamente separados de una unidad central. Un puente remoto es un dispositivo que hace posible la comunicación entre, por ejemplo, una LAN y una red de área amplia. El uso del término es muy frecuente: para referirse al mantenimiento de sistemas a distancia, al acceso a aplicaciones residentes en unidades físicamente distantes, etc. Siguiendo a Cocivera, consideramos que, cuando el legislador utiliza un término, a fin de interpretarlo, es sumamente necesario indagar si el significado técnico de la palabra pertenece a una ciencia diversa de la jurídica o si el significado técnico es jurídico. En el primer caso, es de suponer que el significado en el cual el legislador ha usado la palabra sea aquél común (propio del sector de origen); en el segundo caso deberá entenderse, salvo prueba en contrario, que dicho significado sea aquél jurídico. COCIVERA, Benedetto. Principi di Diritto Tributario. Volumen I. Milano. Dott. A. Giuffre - Editores Págs. 66 y ss. En el caso analizado, el término remoto alude a un significado que pertenece al mundo no jurídico, y más precisamente, al informático, con lo que deberíamos partir de su significado en el área de origen. No obstante, en este caso concreto, los significados técnicos y comunes parecen ser bastante similares. 67
14 Beatriz de la Vega Rengifo Por otro lado, es preciso señalar que parecieran existir algunos servicios enunciados en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta que no necesariamente son únicamente viables si existen herramientas informáticas, lo cual también podría desvirtuar el carácter de servicio digital que la propia norma les ha atribuido. Este sería el caso de los servicios de mantenimiento de software, soporte técnico y servicios de consultoría. Mucho más crítico es el caso de los servicios de acceso a una página de Internet interactiva y capacitación interactiva. Con relación al primer caso, es preciso mencionar el gravamen establecido en el inciso f) del Artículo 48 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el que se señala que por la provisión de noticias o material informativo, las agencias internacionales de noticias tributarán en nuestro país bajo una presunción de renta neta equivalente al 10% de la retribución total (con la tasa de 30%). No obstante, si el mismo servicio se efectúa a través de Internet y con los elementos que definen a los servicios digitales que hemos comentado en párrafos precedentes, el no domiciliado tributará con la tasa de 30% sobre la retribución total. En el segundo caso, la capacitación podría corresponder a un servicio calificado por nuestra Ley del Impuesto a la Renta como de asistencia técnica. 17 Siendo en este ultimo caso la tasa aplicable ascendente a 15%, debería interpretarse que quedarían excluidos del gravamen como servicio digital aquellos servicios que se encuentren comprendidos en el concepto de asistencia técnica, lo cual tendría que ser evaluado caso por caso. Sin embargo, se mantendrían las distorsiones antes señaladas, toda vez que cualquier servicio distinto a la asistencia técnica está gravado en el Perú bajo un criterio territorial, y en el caso de la capacitación únicamente existiría el gravamen por el sólo hecho de ser prestado a través del Internet. Son pues estos los casos, entre otros, los que vulneran el principio de neutralidad, fundamento de toda regulación fiscal referida al comercio electrónico. Eso es consecuencia de trasladar una lista de servicios electrónicos, elaborada con una finalidad meramente ilustrativa respecto de las categorías de rentas (en servicios empresariales o regalías), y configurarla como supuesto generador de fuente peruana para el proveedor no domiciliado. Situación por demás pasible de cuestionamiento. Estos casos en cuestión antes expuestos se deben a la forma en la que se ha estructurado la legislación de los servicios digitales en nuestra Ley del Impuesto a la Renta. Nuestro legislador ha considerado el listado de servicios que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) elaboró (específicamente, su Comité de Asuntos Fiscales) en el 2001 con la exclusiva finalidad de establecer un marco orientador respecto de la categorización de las rentas provenientes de transacciones realizadas digitalmente. En efecto, las operaciones desarrolladas con productos digitales (comercio electrónico directo, de acuerdo a lo explicado anteriormente) son muy complejas, para lo cual, la OCDE se propuso distinguir aquellas más comunes en: i) Generadoras de rentas empresariales, ii) Ventas de bienes tangibles y iii) Operaciones con intangibles (que puedan dar eventualmente lugar a la generación de regalías). 17 Según el inciso c) del Artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se entiende por Asistencia Técnica a todo servicio independiente, sea suministrado desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario. La asistencia técnica también comprende el adiestramiento de personas para la aplicación de los conocimientos especializados a que se refiere el párrafo anterior. 68
15 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... El trabajo de la OCDE fue realizado con el propósito de orientar a los Estados en la clasificación de operaciones electrónicas, bajo criterios utilizados en la legislación interna y en la celebración de tratados para evitar la doble imposición. De esa manera, los aplicadores de las normas tributarias internacionales pueden distinguir si una transacción debería ser catalogada como importación, si genera renta empresarial o en su caso, podría eventualmente generar regalías. Como puede apreciarse, la lista elaborada por la OCDE en el 2001, y que nuestro legislador ha recogido íntegramente a fin de identificar los supuestos que generan rentas de fuente peruana tuvo en su origen un propósito distinto. Por ello, es que se presentarían algunas contradicciones entre lo establecido por las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta y la naturaleza en sí de los servicios considerados como servicios digitales. V. OTROS TEMAS RELEVANTES: LOS SERVICIOS DIGITALES EN EL MARCO DE LA DECISION 578 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) Conforme a nuestra Ley del Impuesto a la Renta peruana, los servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados están sujetos a una tasa de 30%. En caso que los sujetos prestadores de estos servicios estén domiciliados en países miembros de la CAN, esto es, Colombia, Ecuador y Bolivia, son aplicables las disposiciones de la Decisión 578, la cual está diseñada para resolver el conflicto jurisdiccional a favor de uno de los dos fiscos para evitar la doble imposición. En otras palabras, el pago del Impuesto a la Renta en Perú finalmente se sujetará a lo establecido en la Decisión 578. De conformidad con el Artículo 3 de la Decisión 578, independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieran sólo serán gravables en el país miembro en que tales rentas tengan su fuente productora, salvo casos de excepción. Añade dicho Artículo que los demás países que, de conformidad con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas exoneradas, para efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio. 18 El criterio de vinculación escogido por los países de la CAN responde al de fuente (territorio) y en tal sentido, según lo precisa el Artículo 6 de la Decisión, las rentas por beneficios empresariales se gravan en el país donde éstas se hubieren generado. Existe sin embargo en el Artículo 14 de la Decisión 578 una regla especial para los beneficios empresariales por prestación de servicios técnicos, asistencia técnica, servicios profesionales y de consultoría, conforme a la cual el impuesto corresponde al país donde se produce el beneficio de tales servicios, presumiéndose salvo prueba en contrario, que dicho beneficio se produce en el lugar donde se imputa y registra el correspondiente gasto. Como puede apreciarse, no existen en la mencionada Decisión definiciones especiales para los servicios digitales, lo cual podría dar pie -al menos- a dos posibles interpretaciones respecto del tratamiento que correspondería otorgar a estos últimos: 18 La Decisión 578 adopta el método de exención como mecanismo para evitar la doble imposición, de modo que se atribuye exclusiva competencia para recaudar el impuesto al fisco en el cual se sitúa la fuente productora de la renta. En contraposición, se encuentra el método de deducciones (tax credit) recogido de manera importante en el Modelo de Convenio de la OECD, bajo el cual el estado de la residencia comparte la recaudación del impuesto con el país de la fuente. 69
16 Beatriz de la Vega Rengifo - Interpretación Literal Las rentas empresariales producidas por la prestación de servicios digitales corresponden al país donde tales servicios se efectúan, de conformidad con la regla prevista en el Artículo 6 de la Decisión 578, aplicable en general tratándose de beneficios empresariales. 19 Bajo esta interpretación, no sería procedente sujetar estos servicios a la disposición del Artículo 14, pues hacerlo supondría extender los alcances de dicha norma a supuestos no contemplados en la misma, ya que la analogía está prohibida en materia tributaria. 20 Desde la perspectiva del derecho internacional, se llegaría a la misma conclusión teniendo en consideración el principio de literalidad que rige a los convenios internacionales. 21 Conforme a lo anterior, el sujeto no domiciliado prestador de servicios digitales no debería tributar en el Perú sino en su país de origen, en tanto miembro de la CAN. A mayor abundamiento, debemos señalar que literalmente, el Artículo 14 de la Decisión 578 hace referencia a las empresas de servicios de profesionales técnicos, de asistencia técnica y de consultoría, y no a servicios de, por lo que sería posible argumentar que los servicios digitales considerados objetivamente no están bajo el alcance del referido artículo. - Interpretación Sistemática En línea con el objeto y finalidad perseguidos por los países miembros, el Artículo 14 de la Decisión 578 puede ser de aplicación a los servicios digitales prestados por empresas, en cuyo caso las rentas podrían tributar en el país donde se registra el gasto. El Artículo 20 de la Decisión bajo comentario indica que la interpretación y aplicación de lo dispuesto en ella se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario, y que no serán válidas interpretaciones o aplicaciones que tengan como resultado la evasión fiscal. Por su parte, el Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Teniendo en cuenta las disposiciones antes citadas, para fijar los alcances del Artículo 14 es pertinente revisar los antecedentes, trabajos preparatorios y documentos de discusión previos a la aprobación de la Decisión 578. De ellos se puede inferir razonable El Artículo 6 de la Decisión 578 menciona a los servicios de consultoría, de asistencia técnica, servicios profesionales y servicios técnicos. Los servicios digitales prestados por empresas no están comprendidos en esta relación, ergo, bajo una interpretación estrictamente literal, debieran sujetarse a la regla del Artículo 6. Las disposiciones contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales forman parte del derecho interno, por disponerlo así expresamente la Constitución Política y la Convención sobre el Derecho de los Tratados, de la cual forma parte el Perú. Tales disposiciones están sometidas al orden constitucional (por ello contra los tratados y convenios internacionales procede la acción de inconstitucionalidad), de modo que los convenios para evitar la doble imposición deben observar los principios señalados en el Artículo 74 de la Constitución (legalidad, equidad, entre otros). Las partes se obligan de acuerdo a los términos expresados en el Convenio. 70
17 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... mente que la intención de los países miembros habría sido la de contar con una norma especial para las rentas empresariales por servicios en general, sujeta al criterio de vinculación de la fuente pagadora recogido mayoritariamente en sus legislaciones internas. No obstante ello, es preciso señalar que nada consta en los referidos antecedentes respecto a querer otorgar tratamiento diferenciado a algunos de estos servicios, en función del medio o tecnología empleado para su puesta a disposición. Por el contrario, la intención habría sido definir en el Artículo 14 el conflicto de jurisdicción para el caso de los servicios empresariales a favor del país pagador de la renta. En efecto: i. La Decisión 40 (antecesora de la Decisión 578) contenía una disposición especial para los beneficios empresariales por asistencia técnica y servicios profesionales, según la cual el impuesto correspondía al país donde tales servicios se prestaban. ii. iii. iv. En las reuniones de trabajo llevadas a cabo con motivo de la revisión de la Decisión referida en el acápite anterior, se llamó la atención sobre dos cuestiones: (i) además de la asistencia técnica, algunas legislaciones de los países miembros contenían definiciones para los servicios técnicos; y, (ii) en su mayoría las legislaciones internas gravaban las rentas provenientes de servicios bajo el criterio de la utilización económica o del pago. 22 Los representantes y asesores externos habrían estado de acuerdo en que no existía razón para que los servicios técnicos no estuvieran sujetos a la misma regla que la asistencia técnica. Más adelante, a pedido de Bolivia, se incluyó a los servicios de consultoría. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) habría hecho notar la conveniencia de alinear el criterio jurisdiccional previsto en el convenio (lugar de prestación) al criterio de vinculación adoptado mayoritariamente por las legislaciones internas (fuente pagadora). Es así como surge el nuevo texto del Artículo 14. Los servicios técnicos y de consultoría son incorporados con el fin de comprender bajo los alcances de esta norma a los pagos al exterior por servicios prestados por no domiciliados en general. A su turno, el criterio de atribución jurisdiccional del lugar de prestación del servicio es sustituido por el lugar de imputación o registro del gasto, con el fin de alinear el convenio a lo dispuesto por las legislaciones internas. v. No obstante, en el camino Perú derogó la norma para servicios técnicos (y con ella su definición) e incorporó en su legislación definiciones para asistencia técnica y servicios digitales, con un criterio de vinculación similar al previsto por el Artículo 14 del Convenio. Como puede apreciarse, la finalidad de los países miembros habría sido la de sujetar los pagos por servicios prestados por empresas, al criterio de vinculación de la utilización económica, de modo que el impuesto corresponda al país en el cual se reconoce el gasto. Excluir a los servicios digitales que por su naturaleza corresponden a alguna de las categorías de servicios a que se refiere el Artículo 14 (servicios profesionales, técnicos, de consultoría o asistencia técnica) no tendría lógica, pues el medio de comunicación o la tecnología empleada sería irrelevante a los propósitos perseguidos. El tratamiento aplicable a los servicios tendría que resolverse atendiendo al fondo y no 22 Sobre el particular, para el caso peruano, recuérdese la derogada disposición contenida en el Artículo 48 de la Ley del Impuesto a la Renta, conforme a la cual los servicios técnicos prestados parte en el país y parte en el exterior tributaban con una tasa efectiva de 12%. 71
18 Beatriz de la Vega Rengifo a la forma. Los resultados de esta interpretación responden a un análisis del contexto histórico en el cual se gestó el Artículo 14 vigente y se sustentan en la finalidad perseguida por los países miembros en su decisión de ampliar sus alcances y modificar el criterio para atribuir jurisdicción. Los métodos de interpretación (sistemático, histórico y finalista) aplicados son aceptados en materia tributaria, según lo dispuesto por la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, que también podría ser aplicable a los Convenios por tener éstos rango de ley. Conforme a lo anterior, las rentas por beneficios empresariales provenientes de la prestación de servicios digitales corresponderían entonces al país del gasto, es decir a Perú. Como puede apreciarse, estas dos posibles interpretaciones acerca del tratamiento aplicable en el Perú a los pagos por servicios digitales efectuados a favor de un miembro de la CAN son válidas. Sin embargo, bajo la interpretación sistemática anteriormente desarrollada, podría sostenerse que los servicios digitales estarían sujetos a los alcances del Artículo 14 de la Decisión 578. Es del caso mencionar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) tiene una interpretación muy particular (y hasta donde conocemos única en la región) respecto a los alcances del Artículo 14 de la Decisión 578. Según la DIAN los beneficios empresariales por servicios de asistencia técnica, consultoría, servicios profesionales y servicios técnicos deben tributar el impuesto a la renta en el país del domicilio del prestador de tales servicios, pues el beneficio empresarial debe reputarse producido en el país del ingreso, y no del gasto como se presume en el referido artículo. 23 Hasta donde conocemos, la DIAN ha emitido tres pronunciamientos contradictorios sobre los alcances del Artículo 14 de la Decisión 578. En efecto, el año 2004, el entonces Delegado de la División de Normativa y Doctrina Tributaria de la DIAN, el señor Juan José Fuentes Bernal, señaló en relación al Artículo 14 de la Decisión 578 que ( ) el territorio en el cual se gravan las rentas es, justamente, el lugar en donde el servicio ha producido beneficios, es decir, ha generado la renta para el prestador del mismo. Asimismo, complementando su afirmación, señala que en tanto la norma ha incluido la frase salvo prueba en contrario, la presunción consagrada en el artículo referido es desvirtuable. 24 Luego, el 7 de Diciembre de 2005, la misma persona, en el cargo de Jefe de División de Normativa y Doctrina Tributaria, vuelve a pronunciarse sobre el mismo tema, señalando lo siguiente: ( ) cuando los servicios de que trata el artículo 14 de la Decisión 578 son prestados desde Colombia a favor de usuarios localizados en otro país miembro de la Comunidad, se presenta una excepción a la regla general de imposición de acuerdo a la ubicación de la fuente, pues el país con derecho a gravar los beneficios derivados de tales servicios no es el país donde se lleva a cabo la actividad (Co Es preciso anotar que esta interpretación no efectúa el análisis que presentamos sobre la interpretación literal o sistemática de la afectación de los servicios, sino que se sustenta en la identificación del lugar del beneficio calificando al mismo como el ingreso y no el gasto como a nuestro entender efectivamente expresa el Artículo 14. Consulta del 14 de diciembre de Concepto
19 Reflexiones sobre la regulación de los servicios digitales... lombia), sino el país donde se obtienen los beneficios o rentas derivados de la misma, es decir, el país donde está ubicado el cliente que paga por el servicio y registra el correspondiente gasto. 25 Finalmente, con fecha 22 de Diciembre de 2005, el Sr. Fuentes Bernal se pronuncia por tercera vez, señalando que los beneficios empresariales a los que se refiere el Artículo 14 de la Decisión 578, son gravables en el país miembro donde se obtengan. Asimismo, agrega que: ( ) cuando se habla de beneficios empresariales se está aludiendo a la renta obtenida por las empresas que prestan cualquiera de los servicios mencionados en el artículo 14 de la Decisión. 26 Ante tal incertidumbre jurídica es previsible que un proveedor colombiano de servicios técnicos, profesionales, de asistencia técnica, consultoría (o digitales,), opte por pagar el Impuesto a la Renta en su país y luego no quiera aceptar la retención del impuesto en el Perú. Si la retención llegara a hacerse efectiva, se generaría la doble imposición que supuestamente el Convenio pretende evitar. Si el usuario asume el impuesto, dicho gasto no será deducible. Dada la existencia de diversas interpretaciones alrededor de la inclusión o no de los servicios digitales en el Artículo 14 de la Decisión 578, es posible solicitar el pronunciamiento de la Secretaría General de la CAN. Cualquier persona natural o jurídica de los países miembros está legitimada para ir en consulta a la Secretaría General. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La regulación tributaria vinculada al comercio electrónico, y en particular, los servicios digitales a través de Internet debería basarse en los principios que inspiran al comercio electrónico. Así, la tributación de los servicios digitales no debería conducir a discriminaciones significativas en comparación con las modalidades ya existentes del comercio tradicional. Para ello se requiere que toda la regulación se inspire en los principios de neutralidad, internacionalización, simplicidad, eficiencia, seguridad jurídica, equidad y flexibilidad. 2. El fundamento para afectar las rentas obtenidas a través de comercio electrónico, y en particular, las que provienen de los servicios digitales, debiera residir en la capacidad contributiva, independientemente del instrumento operativo en que se realice la actividad, lo contrario significaría vulnerar los principios que inspiran al comercio electrónico, mencionados precedentemente. 3. Según el Decreto Legislativo 945 así como de sus normas reglamentarias, se desprende que el legislador vinculó la calificación de servicios digitales, además de que éstos deben ser usados o utilizados económicamente en el país, al hecho de que los mismos sean prestados a través de Internet mediante accesos en línea. No obstante ello, el Decreto Legislativo 970 que aclaró los alcances de los servicios digitales resulta inconstitucional en el extremo relativo a aquello que excede lo dispuesto por la Ley 28932, esto es, lo referente a la calificación como servicio digital a aquellas prestaciones que se canalizan a través de redes distintas a Internet. 4. Según las disposiciones vigentes sobre servicios digitales en materia tributaria, los principales elementos para la existencia de un servicio digital son los siguien Consulta del 16 de junio de Concepto Consulta del 14 de diciembre de Concepto
20 Beatriz de la Vega Rengifo tes: i) se debe tratar de un servicio, esto es, una prestación de hacer; ii) el servicio debe prestarse a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red (esto ultimo cuestionable); iii) el servicio debe prestarse mediante accesos en línea; iv) el servicio debe ser esencialmente automático, esto es, debe requerir una mínima intervención humana; y, v) el servicio depende de la tecnología de la información. Sin embargo, el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta ha señalado expresamente casos de servicios digitales que no cumplirían con las características mencionadas. Esta situación sería una consecuencia de haber trasladado una lista de servicios electrónicos, elaborada por la OCDE con una finalidad meramente ilustrativa, y configurarla como un supuesto generador de fuente peruana en nuestra legislación. 5. Dada la existencia de diversas interpretaciones alrededor de la inclusión o no de los servicios digitales en el Artículo 14 de la Decisión 578, sería recomendable solicitar el pronunciamiento de la Secretaría General de la CAN para aclarar esta situación. Cualquier persona natural o jurídica de los países miembros está legitimada para ir en consulta a la Secretaría General. Lima, setiembre de

References: Artículo 6
 Artículo 9
 Artículo 4
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 74
 Artículo 104
 Artículo 104
 Artículo 125
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 48
 Artículo 4
 Artículo 3
 Artículo 6
 Artículo 14
 Artículo 6
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 20
 Artículo 31
 Artículo 14
 Artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 74
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 48
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 14
 artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 14
 artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 14