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Timestamp: 2018-12-13 18:25:53+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00610 de junio 18 de 2014
SENTENCIA 2010-00610 DE 18 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:IMPUESTOS AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y CON DESTINO AL DEPORTE. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL, SURGE CON LA SALIDA DE LA MERCANCÍA DE LA FÁBRICA, PUES ELLO SUPONE SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO. EL IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE, POR CONSTITUIR UNA SUERTE DE VALOR AGREGADO AL DE CONSUMO, SE CAUSA CONJUNTAMENTE CON ÉSTE Y LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL MISMO SON FACULTADES PROPIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN CUYAS JURISDICCIONES SE GENERE, POR EXPRESA DISPOSICIÓN LEGAL. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ QUE EL IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE SE CAUSA EN FORMA CONJUNTA CON EL DE CONSUMO, ESTO ES, CON EL DESPACHO DE CIGARRILLOS Y TABACO DESDE LA FÁBRICA DE LA EMPRESA, INDISTINTAMENTE DE SI ÉSTOS FUERON LLEVADOS A OTRAS AGENCIAS DE LA MISMA. LUEGO, NO ERRÓ LA DEMANDADA AL LIQUIDAR EL TRIBUTO POR LA SALIDA DE LOS PRODUCTOS, VALIÉNDOSE DE LOS VALORES CONSIGNADOS EN LAS TORNAGUÍAS. LOS CAMBIOS JURISPRUDENCIALES DEBIDAMENTE SUSTENTADOS NO DESCONOCEN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y CONFIANZA LEGÍTIMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DEPARTAMENTO, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO, CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE
Sentencia 2010-00610 de junio 18 de 2014
Radicación: 08001-23-31-000-2009-00610-01 (19837)
Temas: Causación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de producción nacional. Cambios jurisprudenciales motivados no son contrarios a la seguridad jurídica y la confianza legítima. Improcedencia de la sanción por inexactitud.
En los términos del recurso de apelación y de acuerdo al marco de competencia del ad quem, le corresponde a la Sección determinar, si los actos demandados son contrarios a derecho, al establecer que la demandante estaba obligada a pagar un mayor valor por concepto de impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco de producción nacional y con destino al deporte.
El apoderado de la parte demandante solicitó la celebración de audiencia pública(2) con la finalidad de esclarecer algunos puntos de hecho y de derecho que se plantean dentro del proceso, habida cuenta de la complejidad y tecnicidad del impuesto al consumo y deporte.
Aun cuando en este caso la petición es oportuna, la Sala estima que no es procedente decretar la celebración de dicha audiencia, pues los argumentos expuestos a lo largo del proceso brindan elementos de juicio suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo.
El cambio jurisprudencial es justificado, cuando “i) la doctrina, habiendo sido adecuada en una situación social determinada, no responda adecuadamente al cambio social posterior; (ii) la jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico, para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión; (iii) por cambios en el ordenamiento jurídico positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevante(3)” (resaltados fuera del texto).
... Una interpretación en sentido contrario dejaría a discreción del contribuyente el nacimiento de la misma(4) (5)” (resaltado fuera del texto).
4.2. En cuanto a la competencia para resolver el recurso de reconsideración, la Sala ha indicado(6), que esta se determina de acuerdo a “la estructura propia de la administración” que expida el acto correspondiente.
En el caso de la administración de impuestos del departamento del Atlántico, se tiene, que los artículos 30(7) y 342(8) del estatuto tributario departamental, facultan a la subsecretaría de rentas del departamento, en cabeza del subsecretario, para proferir los actos de liquidación oficial de los impuestos bajo su administración y resolver los recursos que se presenten contra aquellos, respectivamente.
5.2. No obstante, de acuerdo al criterio actual de la Sala, que se reitera en esta oportunidad, la obligación tributaria surge con la salida de la mercancía de la fábrica, pues ello supone su posterior comercialización y consumo. Así se indicó en providencia de diciembre 3 de 2009(9):
Lo anterior indica que para que surja la obligación tributaria a cargo de los productores de cigarrillo y tabaco elaborado basta que el productor entregue el producto y que ese producto tenga el precio al que se factura a los expendedores de la capital del departamento donde esté situada la fábrica(10) puesto que, una vez entregado, tal como lo afirmó la demandada, la finalidad de consumo va implícita en la entrega. No es necesario que se consolide la distribución, la venta, la permuta, la publicidad, la promoción, la donación, la comisión o el autoconsumo para que surja la obligación tributaria”.
“(...) el impuesto al consumo se causa cuando la mercancía sale de la fábrica con destino a una bodega, local, sucursal o similar de propiedad del fabricante, ubicada en otro departamento, porque el productor entregó los bienes en planta para su distribución o venta en el país, es decir, para fines de consumo. Y, para determinar la base del impuesto, los departamentos pueden tomar como base el producto despachado en fábrica según las tornaguías”(11).
“... el artículo 1º del Decreto 1626 de 1951 gravó el consumo de cigarrillos de fabricación nacional con el impuesto al consumo, a una tarifa equivalente al 100% del precio de venta(12).
El artículo 2º de la Ley 30 de 1971 estableció un impuesto adicional del 10% sobre el valor de las cajetillas de cigarrillos nacionales expendidas al público en todo el territorio nacional(13).
De acuerdo con el artículo 3º ibídem, el producto de este impuesto fue cedido a los departamentos y al Distrito Capital(14) y los tesoreros o recaudadores de dichas entidades se encargarían de recaudarlo y entregarlo mensualmente a las juntas administradoras de deportes, tal como lo previó el artículo 4º de la citada ley, en los siguientes términos:
A su vez, el artículo 79 de la Ley 14 de 1983 dispuso que los cigarrillos de producción extranjera pagarían un impuesto del 10%, adicional al impuesto al consumo, que se regiría por lo dispuesto en la Ley 30 de 1971(15).
Adicionalmente, la norma precisó que la causación y el recaudo del tributo se efectuarían de conformidad con los artículos 4º y 5º del Decreto Extraordinario 1280 de 1994, que, en su orden, disponían lo siguiente(16):
Es de anotar que en Sentencia C-256 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Extraordinario 1280 de 1994, que era ley en sentido material, porque el Congreso de la República no podía “conferir facultades extraordinarias al ejecutivo para “revisar el régimen tributario aplicable a los cigarrillos”, toda vez que la amplitud de semejante atribución no solo cobijaba los impuestos del orden nacional sino los que pudieran haber establecido los departamentos y municipios en cuya virtud se afectara la industria tabacalera”. Por tanto, a partir de la Ley 181 de 1995, para determinar la causación del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte deben aplicarse las normas que en cada periodo regulen la causación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de producción nacional(17).
De acuerdo con el anterior recuento normativo, el impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, establecido por el artículo 2º de la Ley 30 de 1971, equivale al 10% del valor de las cajetillas que se expendan (L. 223/95, art., 211 par., inc. 1º) y es adicional al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado y la tarifa en mención se aplica a la misma base gravable de este. A su vez, los fabricantes y distribuidores son responsables del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte (L. 181/95, art. 78) y los departamentos y el Distrito Capital, son los beneficiarios.
De otra parte, no era necesario que el demandado realizara un estudio independiente para sustentar la modificación del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte. Lo anterior, porque este tributo se causa en el mismo momento en que se causa el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado, por lo que, al modificarse oficialmente este, debía modificarse el impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, dado que se liquida sobre la misma base gravable del impuesto al consumo(18). Por consiguiente, el cargo no prospera”(19).
5.6. De conformidad con la sentencia transcrita(20), el impuesto con destino al deporte se causa en forma conjunta con el de consumo, esto es, con el despacho de cigarrillos y tabaco desde la fábrica de la empresa, indistintamente de si estos fueron llevados a otras agencias de la misma. Luego, no erró la demandada al liquidar el tributo por la salida de los productos, valiéndose de los valores consignados en las tornaguías.
Además, el departamento del Atlántico era competente para determinar el impuesto, habida cuenta de que la Ley 181 de 1995, lo facultó en forma expresa para ejercer la fiscalización y control del mismo, aspecto sobre el cual, es necesario hacer la siguiente precisión: cuando el artículo 80 ibídem se refiere a los “entes territoriales beneficiarios”, lo hace atendiendo al significado natural del concepto, que de acuerdo al artículo 286 de la Constitución Política(21), alude exclusivamente a los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas.
5.7. A manera de conclusión puede decirse: i) el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco se causa con la entrega de los productos en la fábrica de origen, momento en el cual, se presume que inicia la cadena de distribución, comercialización y consumo de estos, ii) el impuesto con destino al deporte, por constituir una suerte de valor agregado al de consumo, se causa conjuntamente con este y iii) la fiscalización y control del mismo son facultades propias de los departamentos en cuyas jurisdicciones se genere, por expresa disposición legal.
6.3. Sin embargo, en este caso, la Sala considera que no hay lugar a levantar la sanción, pues para acreditar que se obraba bajo la convicción de estar aplicando dicha tesis jurisprudencial, la demandante debió demostrar; que una vez comercializadas, se pagó el respectivo impuesto por las unidades despachadas y dejadas de declarar en la segunda quincena de noviembre de 2005.
7.1. Finalmente, y de manera subsidiaria, la sociedad recurrente reprochó, que no se tuvieran en cuenta los pagos en exceso hechos por concepto de impuesto al consumo, en períodos anteriores y posteriores al liquidado en los actos demandados (2ª quincena nov./2005), situación que, valga decir, no fue acreditada dentro del proceso.
Era deber de la demandante, demostrar que tenía derecho a una compensación de las sumas pagadas en exceso en períodos distintos al que se liquidó de manera oficial por el departamento del Atlántico. Sin embargo, de las pruebas aportadas no puede deducirse tal circunstancia, todo, porque las declaraciones privadas que se allegaron(22), solo dan cuenta del pago del impuesto para los períodos declarados, pero no permiten determinar si las unidades allí consignadas son superiores a las despachadas.
Tampoco ofrece mayor claridad, el concepto profesional que obra de folios 244 a 250 del expediente, comoquiera que en este solo se hace un comparativo entre el impuesto pagado y el que la administración liquidó, luego del mismo no puede extraerse la realización de pagos a compensar.
7.2. Así las cosas, las afirmaciones que en este sentido se hicieron en el recurso de apelación carecen de sustento probatorio alguno, por lo que el cargo así formulado, no prospera.
1. Se CONFIRMA la sentencia de 29 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las súplicas de la demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(2) Folio 11, cuaderno 2.
(3) Corte Constitucional. Sentencia T-1023 de diciembre 1 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(4) En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 26 de noviembre de 1999, Expediente 9552, C.P. Daniel Manrique Guzmán, en la que precisó que “... la causación de dicho impuesto..., tiene ocurrencia “en el momento en que el productor los entrega (los productos) en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación (o) comisión o los destina a autoconsumo” (resaltados fuera de texto)”.
(5) Expediente 16527, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(6) Al respecto ver sentencias de 13 de octubre de 2011, Expediente 18280 y de 24 de octubre de 2013, expedientes 19676 y 19735.
(7) ART. 30.—Administración y control. La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo de los impuestos al consumo de que trata este capítulo es de competencia de la subsecretaria de rentas de la secretaria de hacienda o quien haga sus veces, o de los funcionarios del nivel profesional de las dependencias bajo su responsabilidad. En la determinación oficial, discusión y cobro de los impuestos el departamento aplicará los procedimientos establecidos en este estatuto. El régimen sancionatorio y el procedimiento para la aplicación del mismo serán los previstos en el presente estatuto, en lo pertinente a los impuestos al consumo de que trata este capítulo (Ordenanza 41/2002).
(8) ART. 342.—Competencia funcional de discusión. Corresponde al subsecretario de rentas de la secretaría de hacienda fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de sumas a pagar por concepto de tributos departamentales o que impongan sanciones y los demás recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario (Ordenanza 41/2002).
(9) Expediente 16527, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en sentencias de 28 de enero de 2010, Expediente 16198, William Giraldo Giraldo; 6 de diciembre de 2012, Expediente 18965, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 27 de septiembre de 2012, Expediente 18247, C.P. William Giraldo Giraldo y 9 de diciembre de 2013, Expediente 19538, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(10) Ley 223 de 1995. ART. 215.—Los productores e importadores de productos gravados con impuestos al consumo de que trata este capítulo tienen las siguientes obligaciones:
d) Fijar los precios de venta al detallista y comunicarlos a las secretarías de hacienda departamental y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, dentro de los diez (10) días siguientes a su adopción o modificación.
(11) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicado 08001 2331 000 2009 00552 01 [19068], C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(12) Decreto 1626 de 1951. ART. 4º—“A partir del 1º de septiembre de 1951 el impuesto sobre consumo de tabaco continuará haciéndose efectivo por los departamentos, intendencias y comisarías exclusivamente sobre el tabaco elaborado y con aplicación de las siguientes tarifas:
(13) Ley 30 de 1971. ART. 2º—“Establécese un impuesto adicional del 10% sobre el valor de cada una de las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expendan al público en todo el territorio nacional”.
(14) Ibídem. ART. 3º— “Cédese a los departamentos, intendencias, comisarías y a Bogotá, Distrito Especial, el producto del gravamen de que trata el artículo anterior, correspondiéndole a cada uno de ellos en la proporción señalada en el artículo cuarto de la presente ley”.
(15) Ley 14 de 1983. ART. 79.—“Sobre el precio establecido en el artículo 74, los cigarrillos de producción extranjera pagarán un impuesto adicional del 10% que se regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1971”.
(16) En Sentencia C-256 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Extraordinario 1280 de 1994
(17) En Concepto 30432-03 de 14 de agosto de 2003, la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda precisó que el impuesto al consumo de cigarrillos nacionales y extranjeros con destino al deporte está vigente y que “ En relación con el artículo 78 de la Ley 181 de 1995, supra, es preciso anotar que cuando este remitía a el Decreto 1280 de 1994, lo hacía en relación con aquellos elementos que, en dicha norma, regulaban lo concerniente al impuesto al consumo de cigarrillos, que posteriormente fueron establecidos por la Ley 223 de 1995, norma que a su vez mantuvo vigente lo establecido por el citado artículo 78 de la Ley 181 de 1995, lo que nos permitiría afirmar que los elementos estructurales del impuesto al consumo establecidos por la Ley 223 de 1995, aplican al impuesto con destino al deporte. Así las cosas, es posible colegir que, desde tiempo atrás, el impuesto con destino al deporte ha estado ligado al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco el elaborado, es así como el hecho generador, causación, base gravable, sujetos pasivos y periodos de declaración y pago son los mismos, difiriendo únicamente en la tarifa”.
(18) En Concepto 30432-03 de 14 de agosto de 2003, la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda precisó que “el impuesto con destino al deporte ha estado ligado al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco el elaborado, es así como el hecho generador, causación, base gravable, sujetos pasivos y periodos de declaración y pago son los mismos, difiriendo únicamente en la tarifa”.
(20) Reiterada en sentencia de la misma fecha. Expediente 19430.
(21) ART. 286.—Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
(22) Folios 205 a 222.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 79
 artículo 2
 artículo 80
 artículo 286
 artículo 74
 artículo 78
 artículo 78