Source: http://carlosramirez2.blogspot.com/2012/02/
Timestamp: 2019-07-21 04:22:48+00:00

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Indicador Político / Carlos Ramírez: febrero 2012
+ Stratfor: brazo político de EU
+ Seguridad nacional privatizada
Calificada como una “CIA en la sombra”, la empresa de análisis de inteligencia y seguridad nacional Stratfor acaba de ser exhibida en sus intereses oscuros por revelaciones de Anonymous vía Wikileaks. Y los correos electrónicos circulados mostraron una especie de oficina alterna privada de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.
Stratfor se dedica a distribuir reportes de asuntos de inteligencia, geopolítica y seguridad nacional. Pero los datos conseguidos por Anonymous revelan que su contenido carece de calidad científica y académica y sus enfoques están redactados para reflejar los intereses de los Estados Unidos. Detrás de los informes se encuentra también la tarea de intermediarios en asuntos de inteligencia y seguridad nacional, además de un loby político.
En este sentido, la empresa Stratfor forma parte de los mecanismos de privatización de la seguridad nacional de los EU a través de empresas privadas que cubren las tareas de las oficinas públicas. Esta privatización de la seguridad nacional estadunidense ha llegado a la decisión audaz de contratar a batallones armados --formados por ex militares-- para ir a combatir al Medio Oriente en lugar de las tropas regulares; con ello, la política militar de los EU ha ido reduciendo la presencia de efectivos y de protestas por la exportación de militares.
La primera filtración de correos electrónicos de Stratfor que hizo el fin de semana Wikileaks expuso los intereses reales de la empresa privada: su dependencia de oficinas militares, diplomáticas, de inteligencia y de seguridad nacional de los EU e Inglaterra, además de servir a los intereses geopolíticos de empresas transnacionales. En este escenario, la tarea de Stratfor tiene una doble vía: como captadora de información de inteligencia y seguridad nacional que va a dar a las agencias similares de los EU y como filtradora de enfoques de inteligencia y seguridad nacional a través de sus reportes pero para reproducir los intereses geopolíticos y estratégicos de los Estados Unidos.
México se convirtió en foco de atención de Stratfor a través de sus reportes distribuidos por correo electrónico y por la venta de sus servicios de información. Pero ahora se sabe que los reportes de Stratfor carecen de metodología seria y científica para analizar la realidad y que responden a los intereses de los llamados mexicans desk u oficinas de las agencias de inteligencia y seguridad nacional de los EU que necesitan fuentes de información sobre México.
En México existen algunas referencias al hecho de que algunas oficinas mexicanas que tienen que ver con asuntos de inteligencia y seguridad nacional hayan adquirido suscripciones de Stratfor con la suposición de que sus análisis ayudan a entender la realidad mexicana. Ahora se sabe también que a través de sus reportes Stratfor ha estado sembrando información interesada en oficinas encargadas del combate contra el crimen organizado.
Pero se trata de información contaminada por los intereses de las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de los EU, tanto militares y civiles. La filtración de la red de intereses de Stratfor ha permitido entender que algunos de los reportes de esa empresa sobre México son filtraciones para imponer criterios de intereses de los EU pero también hay algunas que en el lenguaje del espionaje se consideran como “papillas de bario”, es decir, información que se siembra en una oficina y se va rastreando a lo largo de las redes de información mexicanas para seguir los senderos de la circulación de la información.
Las revelaciones de Anonymous a través de Wikileaks exhiben también la forma en que Stratfor acopia información para sus reportes de inteligencia: el establecimiento de una red de informantes pagados y por tanto interesados. Pero junto a ello existe otra forma de conseguir información: analistas de Stratfor realizan conversaciones con funcionarios de gobiernos, aunque éstos sin saber que el contenido de sus datos se incorpora a un flujo de inteligencia que termina en las agencias militares y civiles de inteligencia y seguridad nacional de los EU.
Stratfor ha abierto una línea de análisis sobre México ya no sólo en materia de geopolítica --por el papel de México en la órbita de seguridad nacional de los EU-- sino que ya le ha entrado a los temas de narcotráfico para imponer criterios supuestamente provenientes de los EU sobre la composición de los cárteles. Y recientemente Stratfor ha comenzado una observación de los temas políticos y electorales de México. Los reportes de Stratfor sobre México han aterrizado en escritorios de importantes funcionarios, aunque algunos de ellos hasta ahora no se hayan percatado de que se trata de información contaminada y hasta envenenada.
El dueño de Stratfor es George Friedman, un académico orientado a temas de seguridad nacional. Nacido en Hungría, huyó a los Estados Unidos para salir del comunismo de su país. En 1996 fundó Stratfor y tardó unos años en tejer su red de intereses, informantes y mecanismos de colaboración con las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de los EU. En México ha publicado algunos textos, ensayos y artículos en la revista Nexos y se mueve con comodidad en los círculos intelectuales mexicanos. Se ha especializado en el análisis prospectivo militar muy demandado en círculos geopolíticos estadunidenses, además de sospechas de asesorar al Pentágono y a la CIA.
Aunque quiere darle a Stratfor un perfil de oficina de análisis geopolíticos, los verdaderos alcances de los trabajos de la empresa llevaron al periódico español Público a caracterizarla como “una CIA en las sombras”. Cuando Anonymous hackeó en diciembre pasado el sitio de Stratfor, Friedman dijo que sus reportes eran una mezcla de información de diarios con análisis de bancos y financieras. Sin embargo, las revelaciones de Anonymous vía Wikileaks han mostrado que los estudios de Stratfor forman parte de los intereses de la inteligencia y la seguridad nacional de las agencias civiles y militares de los EU.
Publicado por Carlos Ramírez en 11:18 No hay comentarios:
+ Narcotráfico: la nota o la vida
+ Medios: la retaguardia abierta
A casi un año de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, su incumplimiento por parte de medios y autoridades civiles ha abierto una brecha peligrosa de seguridad: el uso de averiguaciones previas para fines políticos o para revelaciones sensacionalistas.
De un lado, expedientes en proceso de integración y con informaciones no consolidadas se están usando para reventar precandidaturas políticas con revelaciones sobre acusaciones que aún carecen de confirmación y que la mayor parte de las veces suelen diluirse por falta de seriedad o de aportaciones probatorias.
De otro lado, la facilidad para obtener expedientes de averiguaciones previas ha expuesto a algunas autoridades de seguridad ante el peligro de revelar datos que pongan en riesgo vidas humanas., En diciembre de 2009 familiares de un marino que participó en el combate en que murió el capo Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, fueron asesinados en venganza en Tabasco.
La filtración de averiguaciones previas ha abierto a los medios a información no consolidada que incrimina a personas aún bajo investigación. Recientemente el periódico Reforma publicó, basados en averiguaciones previas, nombres de personal militar presuntamente señalado como responsable de algún delito pero aún en proceso de comprobación, poniendo en riesgo la vida de ellos, de sus familiares y de las propias fuerzas armadas.
El problema de la publicación de averiguaciones previas radica en el hecho de que la redacción de los textos suele acreditar culpabilidades mediáticas que más tarde se diluyen o no resultan serias o de confirmación de responsabilidades que acreditarían sentencias penales. De hecho, se trata de una reproducción en medios escritos del modelo de acusación del documental Presunto culpable, donde las autoridades tergiversan procesos judiciales para inculpar a inocentes; las averiguaciones previas filtradas se usan como si fueran expedientes cerrados y sentenciados. Al final, en base al expediente de indagación, algunos medios sentencian a presuntos culpables.
Las acusaciones afectan por igual a delincuentes que a autoridades acusadas de abuso de autoridad y a políticos sospechosos de complicidad con el crimen organizado. En el ejército existe la molestia por la filtración de averiguaciones previas y por la publicación del contenido de algunas de ellas, sobre todo por la forma en que se delatan nombres de militares presuntamente acusados de violación de derechos humanos poniendo en peligro a sus familiares y de paso para usar asuntos parciales como una forma de desacreditar a la Secretaría de la Defensa Nacional y de manchar a los militares que luchan contra las bandas. De hecho, la filtración de expedientes parece formar parte de una estrategia que beneficia intencionadamente al crimen organizado.
En el fondo existe una violación legal. El artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, supuestamente en vigor, establece la prohibición de apertura y uso mediático de averiguaciones previas, lo que convierte su difusión en un delito paradójicamente para revelar la existencia de un delito:
“Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados.
“Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.
“Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.
“En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria…
“Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.”
La publicación de nombres de fuerzas de seguridad involucradas en presuntos delitos no sólo se convierte en otro delito sino, lo que es más grave, pone en riesgo a las familias de los señalados. En el pasado priísta, la filtración de averiguaciones previas se usaba por los delincuentes para amenazar a testigos y obligarlos a retraerse en sus declaraciones y hoy se utiliza por parte de los delincuentes parea vengarse de las autoridades.
El fondo radica en el dilema del periodismo: la exclusiva o la vida, aunque ahora no referida a la vida del comunicador sino de los inculpados, aún a los propios delincuentes. Lo grave informativamente hablando es que las averiguaciones son procesos de investigación y no de conclusión de responsabilidades, por lo que su difusión significaría una perversión de la credibilidad periodística porque se dan por concluidos hechos no probados.
Al final, la publicación de averiguaciones es mera estridencia, aunque debilitan la retaguardia de la estrategia de lucha contra el crimen organizado.
Publicado por Carlos Ramírez en 5:54 1 comentario:
Publicado por Carlos Ramírez en 6:11 No hay comentarios:
+ PRI: fruta de árbol envenenado
+ Ilegalidad del Consejo Político
La judicialización de las candidaturas de diputados priístas en Oaxaca acaba de arrinconar al PRI en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y podría generar un dictamen que eche abajo las nominaciones aprobadas y meta al partido en una severa crisis de organización.
La tesis jurídica de un aspirante rechazado a participar en el proceso de lucha por una candidatura se basa en el principio jurídico de los frutos del árbol envenenado: decisiones de un organismo son inválidas si su origen es otro organismo que no cumplió con los requisitos legales.
El aspirante priísta oaxaqueño Jaime Larrazábal Bretón impugnó ante el Trife la negativa de la Comisión Nacional de Procesos Internos de registrarlo como aspirante a una diputación, pero denunció la ilegalidad de este organismo por haber sido designado por el Consejo Político Nacional también ilegalmente estructurado.
Por tanto, el Trife está siendo convocado a dictaminar si el Consejo Político Nacional del PRI es legal y por tanto si también es legal la Comisión Nacional de Procesos Internos que está decidiendo las candidaturas a cargos legislativos e inclusive a presidente de la república. La Comisión de Procesos Internos le negó a Larrazábal el registro para competir por la candidatura del distrito 10 de Oaxaca.
Si la impugnación de Larrazábal se resuelve a su favor, entonces todas las candidaturas aprobadas por la Comisión Nacional de Procesos Internos serían ilegales y el PRI tendría que reponer el proceso, pero comenzando por una nueva integración del Consejo Político Nacional.
La argumentación jurídica de Larrazábal es muy sencilla: el Consejo Político Nacional del PRI designó a los miembros de la Comisión Nacional de Procesos Internos para decidir candidaturas. Pero por ley, el Consejo Político debe estar integrado paritariamente por hombres y mujeres. El artículo 147 de los estatutos del PRI registrados en el IFE y de cumplimiento obligatorio señala:
“Los consejeros políticos que correspondan a los sectores, organizaciones adherentes y Organismos Especializados, serán electos de conformidad con el principio que alude el artículo anterior. Será obligatorio que en su integración quede debidamente representada la paridad de género, considerando el 50% de mujeres y 50% de hombres”.
En su impugnación Larrazábal incluye copia certificada de los integrantes del Consejo Político Nacional del PRI para probar que su composición no cumple con el mandato de paridad 50%-50% y viola la ley; por tanto, el Consejo Político que nombró a la Comisión Nacional de Procesos Internos era ilegal y la composición de la Comisión de Procesos fue fruto de un árbol envenenado y también es ilegal.
El problema para el PRI no es menor porque la queja de Larrazábal ante el Trife se basa en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo cita la jurisprudencia Registro No. 252103:
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.
“Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” Primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito.
La impugnación de Larrazábal ante el Trife fundamenta la ilegalidad: “de lo anterior se desprende con claridad que al no ser legal las convocatorias a sesiones de la Comisión Nacional de Procesos Internos, por no provenir del Presidente de la misma, ya que el órgano que lo designó no se encuentra debidamente integrado conforme a la normativa estatutaria del PRI, por ende al contar con incapacidad de origen, todos los frutos que deriven de los actos que suscriba son lisa y llanamente nulos”.
La decisión que dictamine el Trife será histórica porque tendrá que ver con el valor de los estatutos de los partidos y de su cumplimiento/incumplimiento. Larrazábal cita una jurisprudencia del Trife sobre los “elementos mínimos de democracia” que deben estar presentes en los partidos políticos:
1.- La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido. 2.- La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido. 3.- El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad. 4.- La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos. 5.- Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido. Y 6.- Mecanismos de control de poder.
La decisión del Trife sobre la impugnación del aspirante Larrazábal podría declarar la ilegalidad del Consejo Político Nacional del PRI y reventar el proceso de asignación de candidaturas, incluyendo la de Enrique Peña Nieto.
Publicado por Carlos Ramírez en 10:35 No hay comentarios:
+ Revienta PRI en candidaturas
+ Trife enjuiciará consejo político
Lo grave de la crisis priísta en Oaxaca es que pudiera llevar al colapso de la estructura de dirigencia nacional del partido porque los priístas descontentos pidieron al Trife la desaparición del Consejo Político Nacional por haber violado exigencias legales al tomar decisiones sin tener la paridad de género de 50% hombres-50% mujeres que exige la ley, lo que implicó que todos los acuerdos del CPN son legalmente inválidos o nulos por no cumplir con la legalidad electoral.
El problema ahora es del precandidato presidencial Peña Nieto, porque Oaxaca tenía 600 mil votos de la elección de gobernador en el 2010 pero las disputas entre grupos, las impugnaciones a las candidaturas y las renuncias al partido podrían llevar esa cifra a apenas la mitad. Y si en Oaxaca triunfan las impugnaciones y el Trife obliga a reponer el proceso para nominaciones sin preferencia de grupos dominantes, el ejemplo podría contaminar otras plazas y provocarle a Peña Nieto una severísima crisis de militancia que beneficia a los demás partidos que andan a la caza de descontentos priístas.
Publicado por Carlos Ramírez en 5:46 1 comentario:
+ Crimen: gobernadores y alcaldes
+ Repartición de responsabilidades
MAZATLAN, Sin.- Como andan campaña, los precandidatos a la presidencia de la república encontraron la fórmula milagrosa para regresar el ejército a sus cuarteles: tener en seis meses policías estatales y municipales preparados para combatir el crimen organizado.
Cuando altos mandos militares escuchan esos argumentos políticos, no pueden --por disciplina-- más que esbozar una sonrisa. ¿Por qué los gobernadores y alcaldes, bajo cuya responsabilidad territorial recae la inseguridad, no han cumplido con esos compromisos firmados desde 2008?
De haber existido policías estatales y municipales eficientes y gobernadores y alcaldes atentos a su responsabilidad en materia de seguridad, en primer lugar no habría existido un crimen organizado ocupando territorios de la soberanía del Estado y en segundo lugar el ejército no hubiera salido a las calles a combatir a los delincuentes.
Pero no pasa día sin que paradójicamente los militares arresten a policías en activo por estar al servicio de los cárteles criminales o sustituyan a policías más preocupados por sus derechos laborales y su propia vida que por combatir a muerte a los delincuentes.
La demagogia electorera está distorsionando la delicadeza del tema de seguridad. El precandidato que ofrezca en seis meses retirar al ejército por existir en ese lapso policías estatales y municipales eficientes está simple y llanamente mintiendo y jugando con la vida de los miembros de las fuerzas armadas y policías federales que están supliendo la irresponsabilidad estatal y municipal.
Y si es grave que policías estatales y municipales sigan siendo presa de los intereses y poderes económicos de los cárteles, la situación es peor cuando se ve en casi toda la república a policías estatales y municipales protegiendo a poderosos particulares en lugar de estar cuidando a la ciudadanía en las calles. Hay gobernadores que tienen hasta 150 policías ministeriales para protegerlo a él y a su familia y casos en los que el gobernador ha autorizado uso de policías estatales para dar escoltas a niveles bajos como directores de área y sus familias.
De ahí que la ciudadanía pague impuestos para que el Estado --por definición teórica y de funciones-- cumpla con la seguridad como primera tarea fundamental pero ve cómo la policía cuida a particulares. Hasta ahora sólo dos gobernadores han dado el paso exigido por el ejército para que las licencias de portación de armas para policías se dediquen a tareas públicas, no privadas: los mandatarios de Tamaulipas y Sonora quitaron vigilancia policiaca a particulares y regresaron a esos policías a las calles; la custodia ha pasado a servicio privado.
Detrás de la función de proteger a particulares con escoltas policías se esconde un negocio político: policías auxiliares que cobran por servicio de escoltas y custodia pero el dinero no ingresa a las arcas. Tres policías tienen miles de efectivos protegidos por licencia para servicio público pero vendiendo servicio a particulares: la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar del DF. El presupuesto se cubre con finanzas públicas, pero el cobro de los servicios no pasa por regulaciones presupuestales.
A ello se agrega el aspecto político del negocio: los gobernadores prefieren distraer policías para destinarlos a la protección de particulares y cobran el favor político con alianzas con los poderes privados fácticos; un empresario que tiene policías para protegerlo agradece el detalle al gobernador o al alcalde en turno. Pero ello implica que gobernadores usan la licencia militar de portación colectiva de armas para policías para un negocio político.
Hace poco la Secretaría de la Defensa Nacional consideró la necesidad de desaparecer las policías auxiliares para terminar con el negocio de las escoltas a particulares con personal policiaco que debiera estar en las calles, pero curiosamente fueron los gobernadores quienes pidieron una prórroga. En plazas calientes como Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Michoacán, de alta incidencia criminal, una parte sustancial de policías cuidan a particulares y dejan sin cuidar a la ciudadanía. Tamaulipas y Sonora regresaron un importante número de policías a las calles al suspender el servicio de escoltas.
La batalla contra el crimen organizado efectivamente atraviesa la tolvanera de la inseguridad de las clases altas. Pero resulta un contrasentido que la policía cuide a particulares en lugar de cumplir con su función primaria de proteger a la ciudadanía que mayoritariamente no le sirve a los gobernadores como alianza política o que carece de dinero para pagar una escolta.
Altos mandos militares regionales tienen evidencias del efecto en las cifras de delincuencia por el desvío de policías a servicios privado, lo que pudiera tipificarse legalmente como peculado. Y si a ello se agrega la falta de un espíritu de servicio en la función policiaca, entonces se tendrían ya los elementos para concluir por qué las bandas del crimen organizado se asentaron con facilidad en zonas territoriales que supuestamente la policía tenía que impedir.
El día en que policías estatales y municipales abandonen la vigilancia de particulares y la policía deje de ser un negocio privado de funcionarios públicos, ese día la sociedad verá más policías en las calles combatiendo a delincuentes. Porque causa enojo en la ciudadanía que altos funcionarios estatales y municipales se muevan en sus plazas con policías cuidándolos. La cobija del servicio policiaco es pequeña y destapa a las mayorías cuando se jala para tapar a funcionarios de bajo nivel y sus familias.
De ahí que a los precandidatos presidenciales deben ser menos demagogos y concluir que los gobernadores prometieron hace cuatro años policías estatales y municipales eficientes y honestas y no han cumplido su palabra. Y prometer que en seis meses se arreglará el problema es no sólo demagogia sino irresponsabilidad política.
Publicado por Carlos Ramírez en 9:24 No hay comentarios:
Publicado por Carlos Ramírez en 7:40 No hay comentarios:

References: artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 147
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