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Timestamp: 2019-09-22 20:33:16+00:00

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Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva - Página 11
Demandado: INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES
CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / CARGA DE LA PRUEBA / VALORACIÓN PROBATORIA
En el presente asunto, probada la prestación personal del servicio por parte del actor, obra la presunción de existencia del alegado contrato de trabajo, revelándose desde la contestación de la demanda que el servicio sí fue prestado, correspondiendo a la parte pasiva desvirtuar la presunción, es decir, acreditar que dicha prestación no fue desarrollo de una relación de orden laboral ni fue prestada de manera continua ni bajo la dirección de la sociedad demandada.
3.2.2. Es evidente que la testimonial allegada es conteste en cuanto a la prestación del servicio del actor, puntualizando en la subordinación del actor a las ordenes de la demandada, brindando especial claridad los antes mencionados, quienes apreciaron directamente el desarrollo de la relación, el primero como contratista que, se repite, desempeñaba las mismas funciones del demandante y los otros como compañeros de trabajo.
3.2.3. En cuanto al salario como tercer elemento que estructura el contrato de trabajo, el hecho de que este varíe no es óbice para sostener la inexistencia del mismo, en tanto las normas relacionadas establecen que la remuneración se puede pactar de acuerdo al resultado de la actividad desplegada por el actor, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales (Artículo 132, num. 1º del C.S.T.).
De esta forma, pese a alegar la vinculación del actor a través de cooperativas de trabajo asociado, primero Serviasociados y luego AZ Servicios, es claro que la subordinación requerida para la existencia del contrato de trabajo, se soporta en la sujeción a horarios, acatamiento de ordenes, cumplimiento de tareas determinadas por el empleador, aspectos que refieren los declarantes y que demostrados dan lugar a la declaración del contrato de trabajo deprecado.
Radicación número: 41001-31-05-003-2008-00082-01
Actor: SIXTO VERA YATE
Demandado: CINAGRO LTDA. COMPAÑÍA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA JURÍDICA DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL HUILA / TERMINACIÓN CONTRATOS DE TRABAJO
Revisada el Acta de Liquidación de la Industria Licorera del Huila, contentiva del Informe Presupuestal a 31 de julio de 1997, se observa que todas sus operaciones y estados financieros finiquitaron para dicha fecha. Por tanto, la fecha de terminación unilateral de los contratos de los señores MIGUEL ANTONIO CHAVEZ y JESUS MARIA TOVAR DELGADO (q.e.p.d.), y las señoras LUZ MARINA PEREZ y MARTHA LIBIA URREA, coincide con la fecha de terminación de la existencia jurídica de la INDUSTRIA LICORERA DEL HUILA, es decir, 31 de julio de 1997, por lo que no hay lugar a declarar y ordenar pago alguno por los conceptos peticionados.
De esta manera la Industria Licorera del Huila desapareció como ente jurídico, así si se observa el tratamiento brindado por parte de la Corte Constitucional en el fallo de revisión, a dicha entidad, fue el de –en liquidación-, y de manera más clara en el ítem 7.2. de la parte considerativa del mismo, la Honorable Corte afirmó, “… los accionantes eran servidores públicos de la Industria Licorera del Huila –Empresa Industrial y Comercial del Departamento del Huila- hoy liquidada…”, líneas seguidas dijo, “En este caso, y de acuerdo con la Ordenanza 013 del 17 de febrero de 1997 expedida por la Asamblea Departamental del Huila, se trató de una liquidación administrativa. En efecto el artículo 1º de aquella ordenó la supresión y liquidación de la Industria Licorera del Huila como una Empresa Industrial y Comercial del Departamento”, lo anterior permite determinar que aquella está legalmente liquidada; sin que sea dable atender los planteamientos encaminados a restarle valor legal al Acta de Liquidación, pues se estaría excediendo la esfera de la jurisdicción ordinaria.
En efecto la parte demandante y aquí recurrente, no demostró que la relación laboral se mantuvo mucho tiempo después, es decir que no se tiene probada fecha diferente de terminación de la existencia jurídica de la Industria Licorera del Huila, como punto final para efectuar la indemnización sustitutiva del reintegro, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el alegato de no poseer valor legal el Acta de Liquidación para dar por finalizada la vía jurídica de la Industria Licorera del Huila, por ser competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa por efectos de tratarse de un acto administrativo (Art.83 C.C.A.).
Neiva, veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-003-2008-00219-01
Actor: MIGUEL ANTONIO CHAVEZ MONTEALEGRE y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DEL HUILA
CÓMPUTO DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO / ACTA DE CONCILIACIÓN
Confrontadas las normativas transcritas con el caso objeto de estudio, la conclusión a la que llegó el Juzgado de conocimiento es acertada, como quiera que con la audiencia de conciliación plasmada en la acta Nº146 del 15 de abril de 2005, se termina el contrato y, la reclamación administrativa, escrito del trabajador recibido por el empleador acerca de un derecho debidamente determinado, tiene por finalidad entre otros, interrumpir la prescripción por una sola vez, la cual comienza a contarse nuevamente a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente, pero aquella fue presentada el 15 de abril de 2008, fecha en la que iniciaba la contabilización del cuarto, pues el tercero venció el 14 de abril, último día del acotado plazo de tres años, razón por la que operó la prescripción de las acciones correspondientes, precisamente por haber transcurrido más de 3 años, desde que la obligación se hizo exigible.
Neiva, veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-003-2008-00445-01
Actor: MIGUEL ANGEL LOZANO MURCIA
Demandado: ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN
NULIDAD PROCESAL / SANEAMIENTO / DESPIDO SIN JUSTA CAUSA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / SANCIÓN MORATORIA / BUENA FE
Revisadas las diligencias, a folio 144 del cuaderno del Juzgado se advierte que se declaró precluida la etapa probatoria en el proceso, auto que el apelante no censuró en forma alguna, por lo que no puede ahora pretender retrotraer la actuación sin cumplir con los presupuestos para hacerlo de acuerdo a la normativa en cita.
De esta forma, siendo claro que la imposición de la sanción moratoria que censura el apelante debe ser objeto de análisis bajo el concepto de buena fe, lo que equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta por parte del empleador frente a su trabajador en la convicción de estar actuando validamente en derecho, de su comportamiento, de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales citados, no logró el demandado demostrar que así hubiera actuado, obedeciendo su omisión a alguna razón atendible que permita excusar su proceder.
Radicación número: 41298-31-05-001-2009-00010-01
Actor: FERNEY NIETO NUÑEZ Y OTRO
Demandado: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES –COOPROGAR-
CONTRATO REALIDAD / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENRA PERSONAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Se concluye con el examen de la prueba recaudada que la labor encomendada no fue ejecutada por el señor LEONEL LOSADA de manera personal, por tanto, la prestación permanente del contrato y su carácter subordinado es lo realmente importante para que exista contrato de trabajo, y quedar sometido a las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo, circunstancia no observada, pues de llegar a estar demostrados es dable acceder a las pretensiones del actor, que implican liquidación de prestaciones sociales, esto conlleva necesariamente la exactitud de la vinculación entre las partes, pero ninguno de los declarantes dan cuenta de las fechas de iniciación y terminación de aquella, pero sí que dicha labor era ejecutada por terceras personas, encomendadas por el demandante
Radicación número: 41001-31-05-003-2007-00099-01
Actor: LEONEL LOSADA CARDOZO
Demandado: RAFAEL RICARDO HENRIQUEZ
PENSIÓN DE VEJEZ / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
3.3.- En conclusión, auscultadas las diferentes fuentes de derecho, en ningún caso ha cotizado la actora el tiempo requerido para acceder a la pensión de vejez, no predicándose la “situación más favorable” a su favor, acorde lo argumenta el señor apoderado de la parte recurrente, que permita la prosperidad de las pretensiones declarativas y de condena, como bien se determina en el fallo recurrido, el que consecuentemente debe ser confirmado, sin lugar a costas en la presente instancia, pese a ser vencida la parte apelante, por no aparecer causadas (numerales 1 y 9 Art.392 C.P.C.).
Neiva, siete (7) de octubre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-003-2009-00160-01
Actor: ISABEL SANDOVAL DE HERNANDEZ
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE / PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
Igualmente el principio de la condición más beneficiosa no le es aplicable, porque las normas que gobiernan la situación son las atrás mencionadas, y este principio se presenta, cuando al momento de entrar a regir la normatividad implorada, el afiliado hubiese dejado reunidos los requisitos consagrados en ella, esto es que fallezca en vigencia de una norma y que en aplicación del principio de la condición más beneficiosa se le aplique la anterior sin duda alguna es permitido, acorde con tal postulado constitucional, así se ha expuesto en innumerables fallos de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, julio 14 de 2005 radicado 25090; julio 31 de 2007 radicado 28595.
Por lo expuesto se considera que la norma aplicable en este caso no son los Acuerdos 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984, sino el 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año; y que este último exigía en el causante, al momento de su fallecimiento, el cumplimiento de los requisitos de la pensión de invalidez para que sus causahabientes pudieran reclamar pensión de sobrevivientes; y que, como aquí no se cumplió la exigencia tampoco le asiste a la demandante el pretendido derecho pensional.
Radicación número: 41001-31-05-001-2009-00407-01
Actor: ANA ELISA ROJAS DE TORRES
IMPROCEDENCIA DE APELACIÓN ADHESIVA / LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES / CÓMPUTO EN CASO DE REINTEGRO POR ORDEN JUDICIAL / CONVENCIÓN COLECTIVA
Con el material probatorio recaudado se logra verificar que en efecto al haberse decretado el reintegro del señor RICARDO AMEZQUITA VELASCO, implicó la continuidad del contrato de trabajo iniciado el 1 de abril de 1998, es decir que no se torna en un nuevo contrato de trabajo, así las apreciaciones plasmadas por el apoderado de la entidad demandada no son acogidas, toda vez, que la no prestación del servicio del demandante obedeció a una causa ilegal, esto es, el despido efectuado el 13 de noviembre de 2004, sin que a la postre dicha circunstancia sea la causa para que el trabajador no sea beneficiario de las cláusulas convencionales, siendo que al efectuar la liquidación definitiva del período comprendido entre el 1 de abril de 1998 –fecha de ingreso- y como fecha de retiro 12 de noviembre de 2004, se incluyeron conceptos tales como, prima extralegal diciembre e indemnización convencional.
Radicación número: 41001-31-05-003-2009-00221-01
Actor: RICARDO AMEZQUITA VELASCO
ACCIÓN EJECUTIVA LABORAL / TITULO EJECUTIVO
El demandante exige el pago de unas sumas de dinero amparado en unos documentos emanados de la Alcaldía de Neiva-Secretaría de Educación Cultura y Deporte. De la redacción del escrito de demanda se determina que los valores que se pretenden ejecutar emanan de los cuatro documentos ya anotados en la parte fáctica de esta providencia. Sin embargo, al analizarlos se concluye que el título ejecutivo complejo que se pretende constituir con ellos, falta a los requisitos que dicen que la obligación debe ser clara, expresa y exigible.
A esta conclusión se arriba, después de observar que en la Resolución 1540 del 19 de diciembre de 2008, no consta ningún valor explícito por concepto de cesantías, cosa que el mismo actor advierte en el escrito de apelación; en la Resolución 165 del 26 de mayo de 2010, se ordena efectuar unos pagos, sobre los valores consignados en la Resolución 1540, por aportes al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, aportes patronales y pagos a terceros, sin embargo, de este documento no se extrae cual es la obligación expresa a favor del demandante y para llegar a determinarla, debe recurrirse 1) a establecer cual es la suma correspondiente al demandante y 2) a una deducción de carácter jurídico, como la realizada en la demanda en la que se menciona el numeral 3 del articulo 99 de la Ley 50 de 1990, situación que a todas luces debe ser materia de un proceso declarativo.
Los últimos dos documentos con que se pretende constituir el título, son el certificado de disponibilidad presupuestal emanado del Municipio de Neiva y el desprendible de pago del demandante. Ninguno de los dos instrumentos ayuda a dar sustento a lo pretendido y no se entiende en que medida puedan servir para conformar la mencionada obligación.
Neiva, once (11) de noviembre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-002-2010-00798-01
Actor: LUIS EDUARDO FIERRO
Demandado: ALCALDIA DE NEIVA
DESPIDO INJUSTO / OBJETO DEL CONTRATO Y CAUSAS DEL DESPIDO / EFECTOS DEL ACTA DE CONCILIACIÓN
3.2.2. Sostiene el recurrente que el Juzgado le dio pleno valor probatorio al acto por el cual las partes pusieron fin al contrato de trabajo, al colegir que el acta de conciliación No. 422 de 2005 era el medio idóneo para que las partes dirimieran sus discrepancias, cuyos términos textuales consignan el acuerdo a que llegaron las partes así, “la empresa SEPECOL Ltda. le cancela en efectivo el valor de $ 4´348.559” al señor HAROLD PERDOMO CARVAJAL cuya labor es la “recorredor de campo”, con lo que se entiende que cualquier diferencia en relación a la forma como terminó el vínculo quedó transigida, porque era a lo que correspondía exactamente su contenido, al paso de que el hecho de que los comparecientes hubieran establecido el pago de una suma conciliatoria no convierte, de ninguna manera, la finalización del vínculo en un despido injustificado, máxime cuando en el mismo se consignó que su terminación quedaba supeditada al requerimiento que hiciera el jefe de seguridad y/o PETROBRAS Ltda.
De suerte que, en el presente asunto, no se presenta confusión sobre lo que se quiso conciliar y, menos aún, del texto del acta se extrae que las partes estuvieran en desacuerdo con su contenido, como tampoco que el demandante tuviera la convicción de que se estuviera terminando en forma unilateral y sin justa causa su contrato de trabajo mediante el pago de una indemnización, por lo que no se observa que hubiera existido un error que viciara su consentimiento, al menos, con base en las pruebas a que se obran en el expediente.
Neiva, veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-003-2007-00027-02
Actor: HAROLD PERDOMO CARVAJAL
Demandado: SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA. SEPECOL LTDA. Y OTRO
ACCIDENTE DE TRABAJO / RIESGO DE ORIGEN COMÚN / SUBORDINACIÓN
Así, comoquiera que la prueba obrante deja claro que el señor Gustavo Gómez recibió instrucciones para reparar un daño eléctrico en la zona a su cargo y lo cobijaba la disponibilidad que por vía convencional había pactado, hechos ambos que la recurrente no logró desvirtuar, se acredita la presencia del elemento subordinación, concepto que a la luz de la legislación y jurisprudencia relacionada, posibilitan la estructuración de la relación de causalidad que exige el concepto de accidente de trabajo, razón por la que se confirmará el fallo de primera instancia.
Neiva, cinco (5) de noviembre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-001-2008-00075-01
Actor: ISNEDY DE JESUS QUINAYA PEREZ
Demandado: JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO / ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / DISCAPACITADOS
Por lo expuesto se establece que no hay lugar a acoger lo dicho por el demandante respecto de la misma función desarrollada en las vinculaciones surgidas con la Sociedad Florhuila S.A., siendo que la renovación entre uno y otro contrato implicó cambios, en orden al jefe inmediato por el área de actividades, según sea, secamiento, molino y patio, pues según la testimoniales recaudadas se tratan de funciones diferentes, así, el señor DIEGO ALEJANDRO ALFARO RODRIGUEZ, quien se desempeño en la sociedad demandada como coordinador de mantenimiento, manifestó que, auxiliar de molino es sacar los bultos de cristal… los pesaban en la báscula y luego los llevaban a un transportador donde luego los cogían en hombros y lo almacenaban en la bodega. En el área de secamiento descargar silos e ir a palear en las bodegas de almacenamiento. Auxiliar de patio pues oficios varios digamos barrer o recoger empaques… En vista de ello, cada uno de los contratos específica el oficio que desempeñó el trabajador, los cuales son diferentes, es decir que las causas que lo originaron desaparecieron.
4.2.- Así, no se puede hablar de que lo acontecido con el demandante trabajador HECTOR IVAN TRUJILLO RODRIGUEZ fuera un despido sin justa causa, como lo expone desde el inicio de la demanda, y que el inconformismo planteado entorno a ello en esta instancia sea la causal aducida para dar por terminado cada uno de los contratos suscritos, pues de la lectura integral de cada uno de los avisos por escrito se refleja el deseo por parte de la sociedad empleadora de no prorrogar el contrato, es decir de darlo por terminado, por tanto la figura de despido no se presenta en sub lite, sino que lo ocurrido es propio de una terminación por causa legal, conforme al artículo 61 literal c) del C.S.T., de esta manera no hay lugar a indemnización alguna por concepto de despido sin justa causa.
4.3.- Ahora, para concluir todo el planteamiento expuesto, no esta más por decir en relación con la estabilidad laboral reforzada, que si bien la terminación de la relación laboral no obedeció por discriminación alguna, sino por la expiración del plazo pactado entre las partes, como bien se recalcó en líneas atrás y quedo demostrado con las documentales aportadas; en el sub lite no se discute que el demandante fue trabajador de la entidad demandada, como tampoco su enfermedad y consecuente calificación de incapacidad permanente parcial, la que no se tiene como causante de la terminación laboral, razones suficientes para que sea improcedente la declaración de existencia de un solo contrato de trabajo a término indefinido y la consecuente indemnización por despido sin justa causa, sin que se haya demostrado que la terminación del contrato por parte del empleador fuera por la limitación o disminución de la capacidad laboral del trabajador, es decir que no surge la estabilidad laboral reforzada; y por tanto será confirmado el fallo de primer grado, sin lugar a costas en la presente instancia, a tono con los mandatos del numeral 1º del artículo 392 del C. de P. Civil, por no aparecer causadas en la presente instancia.
Radicación número: 41001-31-05-002-2009-00326-01
Actor: HÉCTOR IVÁN TRUJILLO
Demandado: MOLINO FLORHUILA S.A.
ENFERMEDAD PROFESIONAL / ENFERMEDAD DE ORIGEN COMÚN / VALORACIÓN PROBATORIA / CONTRADICCIÓN DE DICTAMEN DE JUNTA CALIFICADORA DE INVALIDEZ
En virtud del material probatorio recaudado la falladora a quo resolvió el caso sub judice, sin que haya lugar a desvirtuar su dicho, siendo que si bien conforme al artículo 51 del C.P. del T., el juez solicito la valoración médica ante la Junta Regional de Calificación, y conforme a esta en armonía con las restantes recaudadas se decidió el asunto.
3.3.- Finalmente el planteamiento brindado por el fallador a quo, de controvertir los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez, demandándolas para tal efecto, y que en sentir de la recurrente no es dable bajo el argumento de ser expertas en lo que realizan, para lo cual esta Sala entrará inicialmente por advertir que si bien son las especialistas en la valoración y diagnóstico de calificación de la pérdida de capacidad laboral, pero ello no justifica plantear inconformismos frente a aquellos en instancia judicial, pues esta Sala anota que el tema relativo a contra quién se debe dirigir la demanda tendiente a controvertir un dictamen proferido por las Juntas de Calificación de Invalidez no ha sido de ninguna manera pacífico.
De esta manera, al margen con la normatividad reguladora, y observándose que el a quo para establecer el verdadero origen de la enfermedad de la reclamante, no lo hizo de manera caprichosa o de acuerdo con su propio conocimiento, sino que se apoyó en otro medio técnico científico que corresponde al dictamen pericial decretado y practicado en el transcurso de la controversia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, obrante a folio 383 y s.s. del cuaderno 2, cuyo concepto profesional se encuentra más acorde con otras probanzas como la historia clínica y exámenes allegados con la demanda.

References: artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 61
 artículo 392
 artículo 51