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Timestamp: 2019-09-17 22:53:47+00:00

Document:
Resolución de TEAF Álava, 26-03-2010 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 26 de Marzo de 2010
Núm. Resolución: R100015
Se desestima el recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la reclamación económico-administrativa porque no existe incongruencia entre las pretensiones formuladas y la resolución de las mismas. La congruencia procedimental no significa respuesta favorable.
En Vitoria-Gasteiz, a veintiséis de marzo de dos mil diez. Visto ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava el recurso de anulación interpuesto por S.A., contra la resolución de 5 de febrero de 2010, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm 269/07, formulada contra la resolución del Director de Hacienda nº 1955/2007, del 19 de octubre, que aprueba once liquidaciones para ejecutar la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas relativa a recuperación de Ayudas de Estado aplicadas en este caso al autoliquidar el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1996 a 2006, ambos inclusive.
Primero. La representación de la interesada planteó reclamación económico-administrativa contra la resolución del Director de Hacienda y las liquidaciones que ejecutan la Decisión 2002/820, de 11 de julio de 2001, de la Comisión de las Comunidades Europeas, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado por España en favor de las empresas de Álava en forma de crédito fiscal del 45% de las inversiones.
En dicha reclamación, la representación empresarial solicitó que se anularan los actos, con base en las siguientes alegaciones: 1. Las liquidaciones y la resolución impugnadas violan los principios de seguridad jurídica y de buena administración, de confianza legítima, de igualdad de trato y de proporcionalidad; 2. A la hora de tomar la decisión de acometer las inversiones se tuvo en cuenta la existencia del crédito fiscal; y 3. S.A. se limitó a solicitar las ayudas previstas en una disposición normativa vigente, reconociéndosele posteriormente la aplicación del beneficio, por lo que no puede verse perjudicada por el incumplimiento de la Hacienda Foral en cuanto a la notificación del mismo a la Administración de las Comunidades Europeas.
Segundo. La reclamación finalizó mediante resolución de este Organismo Jurídico Administrativo de 5 de febrero de 2010, que desestima la misma al considerar que'los actos dictados para recuperar una Ayuda de Estado y ejecutar la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas que así lo ordena no contravienen derecho interno ni comunitario, sin perjuicio de que la validez jurídica última de los mismos esté pendiente de la resolución del Tribunal de Justicia de las CE que ponga fin al procedimiento judicial en curso.'
Tercero. Contra la misma, la representación de la interesada interpone el presente recurso en el que solicita su anulación por incurrir en incongruencia completa y manifiesta, por entender que este Tribunal, antes de dictar la resolución, debió realizar las siguientes actuaciones: 1ª.- Solicitar al Director de Hacienda informe sobre la existencia de recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2009, sobre su posición respecto a los motivos alegados en el mismo y existencia o no de terceros interesados; y 2ª.- Paralizar las actuaciones hasta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dicte sentencia.
Cuarto.En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
Primero. La cuestión planteada en el presente recurso de anulación consiste en determinar si la resolución de la reclamación económico-administrativa ha de ser anulada por incurrir en incongruencia respecto a las peticiones de la interesada.
Segundo. El recurso de anulación es un medio de impugnación que se instauró en el ordenamiento jurídico foral con la aprobación de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y cuya finalidad es la de corregir o enmendar con inmediatez los errores materiales y evidentes en que pudiera haber incurrido el órgano decisor, de modo que, si los mismos se advierten por el interesado en los quince días siguientes a la notificación de la resolución, se evite un recurso contencioso-administrativo absolutamente innecesario.
Es decir, no se trata de dictar una nueva resolución con base en los mismos o en otros argumentos que los que fundamentaron la primera, lo que no puede hacerse porque sería contrario al principio de cosa juzgada en vía administrativa, sino de examinar si concurre alguna de las causas tasadas y excluyentes previstas en el artículo 244.6 de la citada Norma Foral 6/2005. Dicho precepto establece que:
'Con carácter previo, en su caso, a la interposición del recurso contencioso-administrativo, y sin que altere el plazo de interposición de éste, podrá interponerse ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava recurso de anulación en el plazo de quince días exclusivamente en los siguientes casos:
a) Cuando se fundamente el recurso en la incorrecta inadmisibilidad de la reclamación.
c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución.'
Por ello, no cabe, con ocasión de la interposición del recurso de anulación, replantear otra vez la cuestión controvertida, sobre la que ya ha recaído resolución.
Tercero. El vicio de incongruencia se predica de las resoluciones desajustadas a lo solicitado por los reclamantes, esto es, de aquéllas en las que existe una desconexión -completa y manifiesta- entre la parte dispositiva de la resolución y la pretensión formulada por los interesados -objeto del procedimiento-, desconexión que puede venir motivada por no resolverse sobre la misma, hacerlo sobre otra distinta, o por la concurrencia de ambas.
Así lo considera también el Tribunal Constitucional, entre otras, en su Sentencia de 29 de noviembre de 2004 (Westlaw RTC 2004/218), en la que afirma que 'la congruencia viene referida desde un punto de vista procesal, ciertamente, al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan (…) exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas (…).'
En este caso, la interesada aduce que la resolución incurre en incongruencia completa y manifiesta porque este Organismo Jurídico Administrativo, antes de resolver, debió solicitar informe a la Diputación Foral de Álava sobre los extremos antes citados y paralizar las actuaciones hasta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dicte sentencia sobre el recurso de casación interpuesto por la Diputación Foral de Álava contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
Frente a ello, hay que señalar, por un lado, que no cabe admitir el planteamiento de incongruencia con base en actuaciones o decisiones que según la reclamante debieron acordarse y no se han realizado, y, por otro, que la resolución impugnada fundamenta y responde expresamente a todas las peticiones y motivos de impugnación formulados por la reclamante, por lo que no cabe apreciar incongruencia entre las peticiones y la resolución que ahora se impugna sin que pueda asimilarse la incongruencia a una respuesta no favorable a las pretensiones.
Al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2009 (Westlaw RJ. 2009\5564), Sala de lo Civil, señala:
'Pese a la detallada relación de hechos y valoración de las conductas de quienes fueron demandados, se articulan cuatro motivos. El primero de ellos, denuncia infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al considerar que la sentencia incurre en incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado sobre la responsabilidad del centro sanitario por el hecho demostrado de la falta de información al paciente para autorizar la operación… Se desestima. En primer lugar, no se incurre en incongruencia por haber resuelto la pretensión ejercitada en la demanda conforme al resultado de la prueba practicada, ni cabe confundir la incongruencia con una respuesta judicial no satisfactoria para las pretensiones de la parte…'.
Cuarto. La incongruencia que aduce la interesada no encaja en ninguno de los supuestos anteriormente citados (falta de pronunciamiento sobre la pretensión formulada, resolución sobre otra distinta o ambas circunstancias), ya que la resolución se ha constreñido a la petición formulada por la reclamante con independencia de su estimación o no.
Así pues, como no concurre el motivo de oposición aducido ni ninguno de los demás previstos normativamente, procede desestimar el recurso.
Vistos el precepto legal citado y los demás de general y pertinente aplicación.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo del recurso de anulación interpuesto por la representación , S.A. contra la resolución de 5 de febrero de 2010, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm. 269/07,RESUELVEDESESTIMARdicho recurso.
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