Source: https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=4076/2000&L=1
Timestamp: 2019-06-16 17:59:08+00:00

Document:
LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. [2000/10177]
(DOGV núm. 3898 de 15.12.2000) Ref. Base Datos 4076/2000
Fecha de entrada en vigor: 15.03.2001
DECRETO 135/2002, de 27 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de Descontaminación y Eliminación de PCB de la Comunidad Valenciana. [2002/A9399]
DECRETO 2/2003, de 7 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de la Producción, Posesión y Gestión de los Neumáticos Fuera de Uso en la Comunidad Valenciana. [2003/160]
DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. [2004/F10263]
DECRETO 144/2005, de 7 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el Centro de Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana. [2005/X11211]
DECRETO LEY 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales. [2016/4420]
Materias: Residuos
Temáticos: residuo, derecho del medio ambiente, gestión de residuos, protección del medio ambiente, competencia administrativa, contaminación del suelo , monografías
Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana
El conjunto de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye la expresión de la política de residuos de la Generalitat , proporcionando las bases para convertir la gestión de los residuos en una práctica adecuada que garantice la salud de las personas y un alto nivel de calidad en nuestro medio ambiente.
La Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana se enmarca en la normativa comunitaria, que responde a esta evolución, y en concreto en lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, que proporciona el marco jurídico para la definición, prevención en la producción y gestión de residuos; la Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos, que establece un mayor control y vigilancia para éstos; el Reglamento 259/93/CEE, del Consejo, de 1 de febrero, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea; y la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, que regula el vertido de residuos, que sin haber sido transpuesta por el Estado se incorpora ya al texto legal valenciano.
En el marco del mandato global de protección del artículo 45 de la Constitución Española, la competencia legislativa de la Generalitat sobre la materia viene establecida en el apartado 6 del artículo 32 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y en el apartado 1.23ª del artículo 149 de la Constitución Española, de dictar normas adicionales de protección, así como en el artículo 31.9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en que se atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
En los últimos 25 años el concepto de residuo ha evolucionado en varios sentidos; el primero, más jurídico, ha permitido avanzar en la delimitación de las sustancias u objetos que pueden considerarse como tales y las consecuencias del aumento de su producción ha obligado a introducir nuevos sujetos jurídicos como el productor, poseedor o gestor. El segundo sentido, el de su gestión, lleva implícitas las operaciones a que se le somete y, en concreto, las distintas técnicas de gestión final del residuo, avanzando en la posibilidad de su reciclado, reutilización, recuperación y otras formas de valorización.
La ley comienza definiendo los conceptos básicos que serán aplicados en esta ley y en su posterior desarrollo reglamentario. Destaca el concepto de residuo, del que expresamente se excluyen los objetos o sustancias que no tienen modificadas sus propiedades y características originales y que se utilizan de forma directa sin someterse previamente a una operación de valorización o eliminación. Esta exclusión explícita da lugar a la distinción entre los residuos y los tradicionalmente denominados subproductos o materias primas secundarias, haciéndose eco de la evolución que dicho concepto está experimentando en el ámbito comunitario. Junto al concepto de residuo se define expresamente el vocablo desprenderse, crucial para considerar como residuo una sustancia y, sin embargo, huérfano de definición en la legislación estatal y comunitaria. Merece la pena destacar, por su importancia, el concepto de residuo peligroso, el cual se refiere no sólo a las materias y sustancias incluidas en la lista de residuos peligrosos, tal y como precisa la ley básica estatal, sino también a aquellas que, aún no figurando en ella, sean caracterizadas como tales en base a los criterios establecidos en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, cubriéndose de esta forma las lagunas a las que podría dar lugar una interpretación restrictiva del concepto de residuo peligroso dispuesto en la ley básica estatal.
En el capítulo II del título I, dedicado a la organización y competencias de las administraciones públicas, se establece con carácter general la competencia de las entidades locales para la gestión de los residuos urbanos o municipales, siendo los municipios titulares del servicio público de recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos. Como novedad de la presente ley se atribuye la valorización de esta categoría de residuos a la competencia municipal y se someten las actividades de valorización y eliminación de los residuos urbanos al régimen de autorización administrativa de la comunidad autónoma. Se aplica la previsión que al efecto existe en el artículo 13.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en línea con la exigencia de autorización que a nivel comunitario se establece para toda actividad de eliminación y valorización, sin distinguirse la naturaleza pública o privada de los sujetos que lleven a cabo las mismas. Asimismo, se prevé, de forma expresa, la posibilidad de que se constituyan voluntariamente consorcios entre los entes locales y la Generalitat para una más eficaz prestación de los mencionados servicios, así como la posibilidad de que los municipios soliciten su dispensa en los términos dispuestos en la vigente legislación de régimen local.
Finalmente, las diputaciones provinciales contribuirán a la adecuada ejecución de las competencias locales, tal y como dispone al efecto la legislación de régimen local.
La Generalitat ostenta competencias sobre el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, destacando la mayor intervención respecto de los peligrosos, de conformidad con la normativa básica estatal. Asimismo coordina mediante los diferentes planes autonómicos de residuos todas las actuaciones que desarrollen en materia de gestión de residuos, y colabora con las administraciones locales para lograr una adecuada prestación de los servicios de su competencia. Se prevé igualmente la posibilidad de que la Comunidad Autónoma declare servicio de titularidad autonómica o local todas o algunas de las actividades de gestión de residuos, disponiéndose al efecto de forma expresa la titularidad autonómica de las actividades de valorización y eliminación de los siguientes residuos: pilas botón y acumuladores, frigoríficos con clorofluorocarbonos, lámparas de mercurio y medicamentos caducados.
En el título II se regula la planificación, competencia de la Generalitat, cuyo objetivo es coordinar la actuación de las diferentes administraciones públicas en aras de una adecuada gestión de los residuos. Se prevén en el ámbito autonómico dos tipos de planes, el Plan Integral de Residuos y los planes zonales, ambos de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y particulares, mediante los cuales se distribuyen en el territorio de la comunidad autónoma el conjunto de instalaciones necesarias para garantizar el respeto de los principios de autosuficiencia y proximidad. Ambos planes se elaboran previa audiencia de las entidades locales afectadas, y persiguen el cumplimiento de objetivos concretos de valorización, facilitándose la participación de la iniciativa privada en este ámbito y procurando una gestión correcta de los residuos que se generen en la Comunidad Valenciana, en todos los ámbitos de gestión, tanto públicos como privados.
Los planes zonales, que se constituyen como instrumentos de desarrollo y mejora del Plan Integral de Residuos, son documentos detallados que adaptarán las previsiones de éste a cada zona que delimiten, pudiendo modificar, cuando sea conveniente, aquellas previsiones del plan integral que no tengan un carácter vinculante o normativo. Mediante estos planes autonómicos la Generalitat garantiza una adecuada dirección de la gestión de los residuos en toda la Comunidad Valenciana.
El título III regula el régimen de producción, posesión y gestión de los residuos, destacando, como novedades específicas, la posibilidad de la conselleria de obligar a cualquier productor o poseedor de residuos a caracterizarlos, en coherencia con la definición que de residuo peligroso se ha establecido; la creación del Registro de Productores de Residuos que incluya los no peligrosos cuya gestión plantee especiales dificultades; así como del Catálogo de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el cual se especificarán las distintas categorías de residuos y las operaciones de gestión que obligatoriamente habrán de llevarse a cabo con cada uno de ellos; finalmente, se prevé la posibilidad de que se exija a los productores de residuos no peligrosos la constitución de un seguro de responsabilidad civil, en la forma que se determine reglamentariamente.
En lo que respecta a la gestión de los residuos, la ley regula la creación del Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana, y la obligación que tienen los gestores de llevar el registro de las operaciones realizadas; la previsión expresa de un posterior desarrollo reglamentario de las actividades de gestión llevadas a cabo internamente por los productores que podrán quedar exentas de autorización administrativa, así como del régimen jurídico de la gestión de determinados residuos particulares cuyas especiales características exigen una regulación específica. Asimismo, se dedica una sección entera a la regulación de los vertederos, transponiendo la Directiva comunitaria 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos y previendo la necesidad expresa de autorización de la conselleria competente en medio ambiente de todos los vertederos, con arreglo a la clasificación establecida en la ley y a los requisitos técnicos que se determinen reglamentariamente.
La presente ley tiene por objeto, en el marco de las competencias de la Generalitat, establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, así como la regulación de los suelos contaminados, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.
c) Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales regulados por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; los vertidos desde tierra al mar regulados por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y los vertidos desde buques y aeronaves al mar regulados por los tratados internacionales de los que España sea parte.
b) La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal, en lo regulado en el Real Decreto 2.224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal.
c) Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas, cuando se utilicen exclusivamente en el marco de las explotaciones agrarias, en lo regulado en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y en la normativa que apruebe el Gobierno en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
e) Las tierras separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de limpieza primaria de las materias primas agrícolas, cuando estén destinadas a su valorización como tratamiento de los suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos, de acuerdo con el apartado R.10, del anexo II.B de la Decisión de la Comisión de 24 de mayo de 1996.
 Los objetos o sustancias residuales de un proceso de producción, transformación o consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y características originales y que se utilicen de forma directa como producto o materia prima, sin someterse previamente a una operación de valorización o eliminación y sin poner en peligro la salud humana ni causar perjuicios al medio ambiente.
 Los objetos o sustancias que se obtengan tras la valorización de los residuos y que se incorporen al ciclo productivo.
c) Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Son también residuos peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. De igual modo, son residuos peligrosos aquéllos que, aún no figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
 Los residuos del grupo I y II generados en las actividades sanitarias y hospitalarias, según lo regulado en el Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Reglamento Regulador de la Gestión de Residuos Sanitarios.
 Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.
 Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados.
 Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
f) Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.
i) Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental.
j) Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
l) Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de materiales valorizables contenidos en los residuos.
m) Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
r) Reutilización: el empleo de un material regenerado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
t) Regeneración: procedimiento al que es sometido un producto usado o desgastado a los efectos de devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización.
v) Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido controlado de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto las operaciones de eliminación enumeradas en la parte A de la tabla 1 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
w) Vertedero: instalación de eliminación que se destina al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra. No tiene la consideración de vertedero el almacenamiento temporal de residuos por tiempo inferior a dos años o seis meses si se trata de residuos peligrosos.
x) Suelo contaminado: todo aquél cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen reglamentariamente.
Artículo 5. Competencias locales
Artículo 6. Competencias municipales
1. Corresponde a los municipios, la prestación de los servicios públicos de recogida, transporte, valorización y eliminación de los residuos urbanos o municipales en la forma que se establezca en sus respectivas ordenanzas y de acuerdo con los objetivos marcados por la Generalitat a través de los instrumentos de planificación sectorial contemplados en esta ley, así como la inspección y sanción en el ámbito de estas competencias.
Asimismo podrán prestarse estos servicios mediante la constitución de consorcios entre las entidades locales y la Generalitat Valenciana.
5. En los términos previstos al efecto en la legislación de régimen local, si los municipios no prestaren los servicios obligatorios de gestión de residuos urbanos o incumplieran los objetivos de valorización fijados por la conselleria competente en medio ambiente, ésta podrá requerirles concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, no inferior a tres meses, el incumplimiento persistiera, la Generalitat procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad municipal.
Artículo 7. Competencias de las diputaciones
Artículo 8. Competencias de la Generalitat
Corresponde a la administración de la Generalitat:
La Generalitat prestará los servicios de valorización o eliminación de residuos declarados servicio público de titularidad autonómica preferentemente a través de la gestión indirecta.
Artículo 9. Órganos competentes de la Generalitat
1. La actuación de la Generalitat en las materias a que se refiere la presente ley se llevará a cabo a través del Gobierno Valenciano y de la conselleria competente en medio ambiente.
Artículo 10. Entidad de Residuos
1. Se crea la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrita a la conselleria competente en medio ambiente, con la naturaleza de entidad de derecho público de las reguladas en el apartado 2 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, con personalidad jurídica propia e independiente de la Generalitat y plena capacidad pública y privada.
3. La Entidad de Residuos tiene por objeto el ejercicio de cuantas actividades le atribuya la conselleria competente en medio ambiente en materia de gestión de residuos, y aquellas otras que sean presupuesto, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo.
Artículo 11. Régimen jurídico de la Entidad de Residuos
1. La Entidad de Residuos estará sometida al ordenamiento jurídico público en el ejercicio de potestades administrativas. En cuanto al resto de su actividad se someterá al ordenamiento jurídico privado, salvo en lo que sea de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, la Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, el Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Función Pública Valenciana, y la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. La Entidad de Residuos se regirá asimismo, en cuanto a su estructura organizativa, funcionamiento interno y relaciones con los órganos e instituciones de la Generalitat, por el Estatuto que apruebe el Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller competente en medio ambiente.
Artículo 12. Funciones de la Entidad de Residuos
f) Promover la participación de los agentes económicos y sociales en todas las cuestiones relacionadas con la reducción, la valorización y la eliminación de residuos.
h) Promover, impulsar y desarrollar programas de investigación y desarrollo de tecnologías limpias en colaboración con el Centro de Tecnologías Limpias que se creará reglamentariamente con el fin de integrar las actuaciones que emprenda la conselleria competente en medio ambiente dentro de un programa específico de prevención y control integrado de la contaminación.
i) Cualesquiera otras que en relación con esta ley le sean atribuidas.
2. Para el cumplimiento de estos fines la Entidad de Residuos podrá desarrollar sus actividades a través de sociedades u otras fórmulas de colaboración con entidades públicas y privadas. A tal efecto, la Entidad de Residuos podrá constituir o participar en el capital de sociedades mercantiles.
Artículo 13. Organización de la Entidad de Residuos
b) Un presidente, que será el conseller competente en medio ambiente.
Artículo 14. Recursos de la Entidad de Residuos
a) Las dotaciones correspondientes asignadas en los Presupuestos de la Generalitat.
f) Los créditos, préstamos, empréstitos y cualesquiera otras operaciones financieras que pueda contratar.
Artículo 15. Principios generales
1. La Generalitat y las administraciones locales valencianas coordinarán sus competencias en orden a realizar una planificación concertada y una ejecución conjunta de las acciones necesarias para:
f) Impedir el depósito incontrolado de residuos y promover la regeneración de los espacios degradados como consecuencia de los mismos.
i) Facilitar el diálogo y compromiso, así como en su caso la consecución de acuerdos concretos, entre las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales y del asociacionismo ecologista y ciudadano.
2. A fin de asegurar la coherencia y la efectividad de estas acciones en materia de gestión de residuos, se atribuye a la Generalitat la facultad de coordinar la actuación de las entidades locales en el ejercicio de aquellas competencias que trasciendan los intereses locales y estén comprendidas dentro de los objetivos de la presente ley; con este fin podrá actuar por sustitución en los casos establecidos en el artículo 6.5 de la presente ley.
Artículo 16. De la prevención y reducción en la producción de residuos
Artículo 17. Valorización
b) La separación de componentes que, aún no siendo recogidos selectivamente, puedan ser objeto de reciclado o recuperación.
Artículo 18. Optimización en la eliminación
Artículo 19. Información y concienciación
f) Potenciar la educación ambiental en materia de residuos en todos los niveles educativos.
Artículo 20. Recursos económicos
Artículo 21. Fondo Ambiental de Gestión de Residuos
Reglamentariamente se creará un Fondo Ambiental de Gestión de Residuos con el objeto de financiar las inversiones por obras y servicios que sean servicio público de la Generalitat o de la administración local, que no estén suficientemente desarrolladas por la iniciativa privada, o aquellos destinados a las tareas de recuperación de áreas degradadas.
Artículo 22. De la planificación
Artículo 23. Objetivos de la planificación
La planificación de la gestión de los residuos por la Generalitat persigue la coordinación entre las diferentes administraciones públicas con competencias en este ámbito, habida cuenta de la incidencia económica, social, cultural, ecológica y territorial de la gestión integral de los residuos, para lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Artículo 24. Funciones y ámbito del Plan Integral de Residuos
3. El Plan Integral de Residuos podrá ejecutarse directamente o a través del correspondiente plan zonal y proyecto de gestión. La ejecución de las previsiones contenidas en el Plan Integral de Residuos y relativas a los residuos urbanos del artículo 4.e), apartado 1º, de esta ley, a excepción de los envases y residuos de envases a los que se refiere la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases, y Residuos de Envases, requerirá en todo caso el correspondiente plan zonal y proyecto de gestión.
Artículo 25. Determinaciones del Plan Integral de Residuos
f) Prescripciones técnicas generales para las operaciones de gestión de residuos.
i) Las disposiciones especiales sobre residuos particulares que se entiendan necesarias.
j) La estimación de los costes para la ejecución del plan y los medios de financiación para su ejecución.
l) Previsiones de coordinación con otras administraciones sectoriales.
m) La estimación de las necesidades de empleo y su previsible cualificación.
n) Programas de divulgación e información ciudadana.
o) Plazo de vigencia.
Artículo 26. Documentación del Plan Integral de Residuos
Artículo 27. Procedimiento de aprobación del Plan Integral de Residuos
1. La elaboración, formulación, tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos se ajustará a lo establecido en la Ley 6/1989, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, para los planes de acción territorial de carácter sectorial.
2. La elaboración, formulación y tramitación corresponderá a la conselleria competente en medio ambiente y la aprobación será competencia del Gobierno Valenciano.
Artículo 28. Función de los planes zonales de residuos
Artículo 29. Determinaciones de los planes zonales
a) El ámbito territorial sobre el que se aplica, teniendo en cuenta en todo caso, la demarcación territorial de las entidades locales.
f) Infraestructuras para la gestión: número y tipo de instalaciones así como sus características generales.
i) Criterios de compensación a favor del municipio o municipios en que se realiza la valorización y eliminación de los residuos.
j) En caso de residuos de competencia municipal, las condiciones que garanticen la eficacia de actuación de las mancomunidades, consorcios u otras fórmulas de asociación entre sí o con otras administraciones reconocidas en la normativa sobre régimen local, para el desarrollo de las operaciones de gestión de dichos residuos. En todo caso deberá incluirse que:
 Representen al menos a más del 50% de la población de los municipios incluidos en la zona.
 Quede abierta la incorporación de cualquiera de los municipios de la zona en cualquier momento.
 Tengan capacidad económica y técnica para desarrollar las previsiones del plan zonal.
l) Otras determinaciones que se estimen necesarias o convenientes por las características del residuo a gestionar o del ámbito territorial sobre el que se aplica.
Artículo 30. Documentación del plan zonal
 La memoria justificativa.
 Las prescripciones necesarias para las operaciones de gestión de residuos.
 Los planos de ordenación.
Artículo 31. Procedimiento de aprobación del plan zonal
1. Los planes zonales serán elaborados y formulados por la conselleria competente en medio ambiente o por los municipios de la zona afectada.
2. Una vez formulado el documento y, en su caso, admitido a trámite por el conseller competente en medio ambiente, lo someterá a información pública por el plazo de un mes, mediante sendos anuncios publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en uno de los periódicos de información general de mayor circulación en la Comunidad Valenciana. Durante la información pública se podrán presentar alegaciones y sugerencias.
4. Finalizado el plazo de exposición pública y emitidos en plazo los informes solicitados, el director general competente en materia de residuos formulará propuesta de aprobación del plan zonal al conseller competente en medio ambiente.
5. El conseller competente en medio ambiente aprobará el plan zonal mediante orden.
6. El plazo para resolver sobre la aprobación del plan zonal será de seis meses desde la fecha del acuerdo de sometimiento a información pública. En defecto de resolución expresa el plan zonal deberá entenderse denegado.
7. Aprobado el plan zonal se procederá a su publicación en el Diari Oficial de la Ge-neralitat Valenciana.
Artículo 32. Planes locales de residuos
Artículo 33. Funciones del proyecto de gestión
Artículo 34. Contenido de los proyectos de gestión
Artículo 35. Elaboración y formulación de los proyectos de gestión
Artículo 36. Tramitación del proyecto de gestión
2. La presentación de un proyecto de gestión de iniciativa pública o la admisión a trámite de un proyecto de iniciativa privada dará lugar a la convocatoria de un concurso público, por un plazo de 15 días, para la presentación de proyectos de gestión alternativos.
3. La publicación se realizará mediante sendos anuncios en uno de los diarios de información general de mayor circulación en la Comunidad Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. También será objeto de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas cuando así se exija por razón de la cuantía.
4. Durante el plazo de 15 días a que se refiere el punto anterior, quienes pretendan presentar un proyecto de gestión alternativo podrán solicitar una prórroga por el plazo de dos meses a contar desde la finalización del citado plazo de 15 días, prórroga que se entenderá concedida de manera automática.
Artículo 37. Aprobación y adjudicación del proyecto de gestión
c) Declarar la gestión de los residuos de gestión directa, asumiendo alguno de los proyectos presentados. En este caso se indemnizará al promotor del proyecto por los gastos del proyecto realizado.
5. Aprobado el proyecto se remitirá para su publicación en los diarios oficiales correspondientes y, en su caso, se dará traslado a la conselleria competente en medio ambiente.
Artículo 38. Régimen supletorio
Artículo 39. Relación con el planeamiento urbanístico
Artículo 40. Obligatoriedad de los planes autonómicos de residuos
Artículo 41. Declaración de utilidad pública
Artículo 42. Autorización administrativa para la producción de residuos
1. Queda sometida a la autorización administrativa de la conselleria competente en medio ambiente la instalación, ampliación, modificación sustancial y traslado de las industrias o actividades productoras de residuos peligrosos, así como aquellas otras que, no teniendo la consideración de peligrosos, figuren en una lista que, en su caso, se apruebe por razón de las excepcionales dificultades que pudieran plantear la gestión de dichos residuos. Reglamentariamente se aprobará la relación de estos últimos.
Artículo 43. Obligaciones derivadas de la producción y posesión de residuos
3. A requerimiento de la conselleria competente en medio ambiente, podrá obligarse a cualquier productor o poseedor de residuos a seguir un procedimiento para la caracterización de los residuos, que se regirá por las determinaciones de la presente ley y de las disposiciones que la desarrollen.
5. Los productores de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, en función de la actividad y volumen de residuos generados, estarán obligados a declarar a la conselleria competente en medio ambiente los residuos producidos en el proceso de fabricación y el resultado cualitativo y cuantitativo de las operaciones efectuadas con los mismos. Quedarán exentos de esta obligación aquellos productores respecto de sus centros de producción registrados en el sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría previsto en el Reglamento (CEE) 1.836/1993, del Consejo, de 29 de junio de 1993, y desarrollado por la Orden de 5 de marzo de 1999, de la Conselleria de Medio Ambiente.
Artículo 44. Importador, adquirente intracomunitario, agente o intermediario
Los importadores y adquirentes intracomunitarios, así como los agentes comerciales o intermediarios que, en nombre propio o ajeno, pongan residuos en el mercado o realicen con los mismos operaciones jurídicas que impliquen cambio de titularidad posesoria, aun sin contenido transaccional comercial, deberán notificar esta circunstancia a la conselleria competente en medio ambiente a los efectos de su registro administrativo.
Artículo 45. Planes de prevención y reducción de residuos
2. Los planes de prevención y reducción de residuos deberán presentarse en la conselleria competente en medio ambiente cada cuatro años y tendrán, como mínimo, previsiones relativas a los objetivos de reducción y valorización de residuos con indicación de su cuantificación, las medidas previstas para alcanzarlos y el sistema de evaluación y control de consecución de los objetivos.
Artículo 46. Creación del Registro de Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana
Artículo 47. Normas generales de la gestión de residuos
Artículo 48. Catálogo de Residuos de la Comunidad Valenciana
En el Catálogo de Residuos de la Comunidad Valenciana y en su normativa de desarrollo, la conselleria competente en medio ambiente especificará qué residuos tienen la consideración de asimilables a urbanos o municipales a los efectos de la presente ley.
2. Asimismo, la conselleria competente en medio ambiente dictará normas específicas para la gestión de determinados residuos que por su naturaleza o composición no puedan ser gestionados como asimilables a urbanos o municipales, pudiendo articularse sistemas integrados de gestión de tales residuos. En todo caso la Generalitat, en el marco de la presente ley, dictará normas específicas para la gestión de los residuos inertes y agropecuarios.
Artículo 49. Garantías
Artículo 50. Autorización de las operaciones de valorización y eliminación de los residuos
1. Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la conselleria competente en medio ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.
2. Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en los planes autonómicos de residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
4. Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la conselleria competente en medio ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente.
5. La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros de producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa.
Artículo 51. Notificación de operaciones distintas a la valorización o eliminación de residuos
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la conselleria competente en medio ambiente.
Artículo 52.Creación del Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana
1. Se crea el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la conselleria competente en medio ambiente.
c) Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las correspondientes prórrogas.
Artículo 53. Normas generales
1. Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.
2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 años después de su cierre.
Artículo 54. Ámbito de aplicación
b) La utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración/acondicio-namiento y colmatación, o con fines de construcción en vertederos.
Artículo 55 . De la admisión de los residuos en las distintas clases de vertederos
 Residuos urbanos o municipales.
 Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.
 Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables.
Artículo 56 . Residuos no admisibles en los vertederos
1. La conselleria competente en medio ambiente elaborará programas para la reducción de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.
Artículo 57. Autorización de nuevos vertederos
1. Los vertederos estarán sometidos a previa autorización por parte de conselleria competente en medio ambiente, sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias que les sean exigibles en aplicación de la normativa vigente.
2. Las condiciones a las que se someterá dicha autorización, su contenido y los datos que deberán constar en la solicitud de dicha autorización se regularán reglamentariamente por la conselleria competente en medio ambiente.
3. La conselleria competente en medio ambiente definirá los requisitos técnicos para la ubicación, implantación y explotación de los vertederos de forma que se garanticen altos estándares de protección medioambiental y la uniformidad de criterios dentro del ámbito de la comunidad autónoma.
4. La conselleria competente en medio ambiente establecerá los requisitos de los procedimientos de control y vigilancia que deberá llevar a cabo la entidad explotadora del vertedero durante la fase de explotación del mismo, así como los procedimientos de cierre y mantenimiento posterior.
Artículo 58. Costes del vertido de residuos
1. La conselleria competente en medio ambiente adoptará las medidas necesarias para que todos los costes que ocasione el establecimiento y explotación del vertedero, así como los costes estimados del cierre y mantenimiento posterior del emplazamiento durante por lo menos 30 años, queden cubiertos por el precio que cobre la entidad explotadora por la eliminación de cualquier tipo de residuo en dicho vertedero.
2. La conselleria competente en medio ambiente velará por la transparencia en la recogida de toda la información necesaria con respecto a los costes.
Régimen común a la transmisión de las autorizaciones
de producción y gestión de residuos
Artículo 59. Transmisión de las autorizaciones de producción y gestión de residuos
Una vez realizada la comprobación a que se refiere el párrafo anterior, se procederá de oficio por el órgano competente, a la modificación de la inscripción de la autorización en los términos que resulte de la transmisión efectuada.
Régimen jurídico de la gestión de los residuos urbanos
o municipales
Artículo 60. Gestión de los residuos urbanos o municipales por las entidades locales
1. Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.
Artículo 61. Recogida selectiva
2. Los municipios podrán solicitar de la conselleria competente en medio ambiente la dispensa de la obligación de recogida selectiva cuando, por sus características, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento.
3. La conselleria competente en medio ambiente prestará especialmente su colaboración y apoyo en programas de recogida selectiva para los municipios de hasta 5.000 habitantes y de aquellos que se encuentren en espacios naturales protegidos.
Artículo 62. Actividades de gestión de residuos peligrosos
1. Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización de la conselleria competente en medio ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo.
2. Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de autorización regulado en el artículo 50 de esta ley, quedarán sometidas al régimen de autorización de la conselleria competente en medio ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido en el artículo 49 de la presente ley.
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la conselleria competente en medio ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 63. Registro y medidas de seguridad
Artículo 64. De los suelos contaminados
1. Con el fin de elaborar el Inventario de Suelos Contaminados de la Comunidad Valenciana, la conselleria competente en medio ambiente hará un inventario de suelos potencialmente contaminados existentes en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con los antecedentes y los informes de que se dispongan sobre los emplazamientos que estén o que pudieran haber estado afectados por actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos, así como todos aquellos supuestos en que fuere presumible la existencia de sustancias o componentes de carácter peligroso.
2. La conselleria competente en medio ambiente, en la forma que se determine reglamentariamente, evaluará los riesgos que para la salud humana o el medio ambiente pudieran representar los suelos potencialmente contaminados incluidos en el inventario a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con los criterios y estándares que, en función de la naturaleza y de los usos, se determinen.
3. A la vista de los resultados de la evaluación de riesgos, la conselleria competente en medio ambiente elaborará una lista de prioridades de actuación, debiendo proceder con carácter preferente a la declaración de suelo contaminado de aquellos espacios que hayan sido evaluados como de alto riesgo para la salud humana o el medio ambiente.
Artículo 65. Declaración de suelo contaminado y obligados a la limpieza y recuperación
c) Las operaciones de limpieza y recuperación, así como su forma y plazo de ejecución. La conselleria competente en medio ambiente podrá autorizar acuerdos voluntarios en los que se establezcan operaciones de limpieza y recuperación, formas de llevarlas a cabo y plazos distintos a los contenidos en la declaración de suelo contaminado siempre y cuando se garanticen los fines de recuperación del suelo, de conformidad con lo establecido en la evaluación de riesgos.
4. La obligación a que se refiere el número anterior será exigible previo requerimiento de la conselleria competente en medio ambiente, en el que se fijará el nivel exigible de limpieza y recuperación del suelo en función de los usos, así como el plazo en el que deberá efectuarse.
5. El requerimiento se dirigirá, en primer lugar, al causante o causantes de la contaminación que hayan sido identificados en el procedimiento incoado por la conselleria. En el caso de incumplimiento total o parcial de la obligación de limpieza y restauración, la conselleria competente en medio ambiente procederá a su ejecución subsidiaria a costa del obligado.
7. Una vez comprobada por la conselleria competente en medio ambiente la realización de las operaciones que fueron objeto de requerimiento, se procederá mediante decreto del Gobierno Valenciano a declarar que el suelo ha dejado de estar contaminado. El suelo así recuperado solamente podrá destinarse a otros usos mediante la correspondiente autorización de la conselleria competente en medio ambiente, quien podrá exigir la realización de actuaciones de limpieza complementarias a las que se practicaron en su día o negar la autorización cuando los usos a que se pretende destinar el suelo sean incompatibles con la calidad ambiental para el que fue recuperado.
8. La conselleria competente en medio ambiente podrá modificar el Inventario de Suelos Contaminados de acuerdo con los criterios y estándares vigentes en cada momento o en virtud de la descontaminación de los suelos ya inventariados.
Artículo 66. Acuerdos voluntarios
1. Los obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos contaminados podrán suscribir entre ellos acuerdos voluntarios en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser autorizados por la conselleria competente en medio ambiente.
2. También podrán establecerse convenios de colaboración con las administraciones públicas competentes. En dichos convenios se podrán concretar incentivos económicos y subvenciones públicas para financiar las operaciones de limpieza y recuperación. En este último caso, las plusvalías que adquieran los suelos revertirán en favor de la administración pública que haya otorgado las ayudas en la cuantía que se fije en el convenio que, en todo caso, deberá ser como mínimo igual a la cuantía subvencionada.
Artículo 67. Actividades potencialmente contaminantes de los suelos
Los titulares de actividades potencialmente contaminantes de suelos así declaradas por el Gobierno de la Nación deberán remitir a la conselleria competente en medio ambiente informes de situación, que tendrán el contenido mínimo y la periodicidad que se determine reglamentariamente.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos en que exista un grave riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción.
Inspección, responsabilidad administrativa
y régimen sancionador
Artículo 69. Facultad inspectora
1. La facultad inspectora de las actividades sujetas a esta ley corresponde a los ayuntamientos y a la conselleria competente en medio ambiente.
2. Tanto los alcaldes como el órgano competente de la conselleria competente en medio ambiente podrán ordenar la práctica de visitas de inspección o medidas de vigilancia respecto de las actividades sometidas a esta Ley, al objeto de comprobar su adecuación a las prescripciones normativas o de las correspondientes autorizaciones.
3. Los titulares de las actividades a que se refiere esta ley estarán obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades competentes a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información para el cumplimiento de su función.
Artículo 70. Costes de los servicios de inspección
Artículo 71. Responsabilidad administrativa
2. Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores autorizados y siempre que la entrega se realice cumpliendo tanto los requisitos legales que dispone la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como los establecidos en el marco de la presente ley y en su normativa de desarrollo. En todo caso, la cesión ha de constar en documento fehaciente. Igualmente, los poseedores de residuos urbanos quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan derivarse de tales residuos siempre que los hayan entregado a las entidades locales o a los gestores autorizados por éstas, observando las respectivas ordenanzas y demás normativa aplicable.
Artículo 72. Potestad sancionadora
1. El ejercicio de la potestad sancionadora sobre las actividades sometidas a lo dispuesto en esta ley corresponde a los órganos competentes de la conselleria competente en medio ambiente y a los ayuntamientos, de acuerdo con sus respectivos ámbitos competenciales atribuidos por la legislación vigente.
Artículo 73. Tipificación de infracciones
d) El abandono, vertido o eliminación incontrolados en el territorio de la Comunidad Valenciana de cualquier otro tipo de residuos siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se halla puesto en peligro grave la salud de las personas.
f) La ocultación o alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos para la obtención de cualquier autorización, permisos o licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas en esta ley.
a) El ejercicio de una actividad descrita en la presente ley sin la preceptiva autorización, o con ella caducada o suspendida, o el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
f) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el apartado 3 del presente artículo cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.
c) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves.
Artículo 74. Prescripción de infracciones
Artículo 75. Sanciones
 Multa desde 5.000.001 hasta 200.000.000 de pesetas, excepto en residuos peligrosos, que será desde 50.000.001 hasta 200.000.000 de pesetas.
 Clausura definitiva o temporal, total o parcial, de las instalaciones, en los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f) y g) del artículo 73.3, de las infracciones muy graves.
 Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a 10, en los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e) y f) del artículo 73.3, de las infracciones muy graves.
 Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a 10.
 Multa desde 100.001 hasta 5.000.000 de pesetas, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 1.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas.
 Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año, en los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e) y f) del artículo 73.4.
 Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente ley por un período de tiempo de hasta un año.
Multa de hasta 100.000 pesetas, excepto en residuos peligrosos, que será hasta 1.000.000 de pesetas.
Artículo 76. Equiparación al beneficio
Artículo 77. Causas modificativas
Artículo 78. Obligación de reponer
Artículo 79. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria
1. Con independencia de las sanciones que puedan corresponder en concepto de sanción, si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, los órganos competentes podrán acordar la imposición de multas coercitivas, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el 20% de la sanción establecida
Artículo 80. Procedimiento y competencia sancionadora
1. Dentro de la administración de la Generalitat, la competencia para la imposición de las sanciones establecidas en esta ley corresponderá:
b) Al conseller competente en medio ambiente por infracciones graves y muy graves, hasta la cuantía de cien millones de pesetas.
c) Al Gobierno Valenciano por infracciones muy graves de cuantía superior a los cien millones de pesetas.
4. Al objeto de evitar la doble imposición de sanciones por los mismos hechos, la autoridad municipal dará cuenta a la conselleria competente en medio ambiente, y ésta dará cuenta a los municipios afectados, de la incoación y resolución de expedientes sancionadores.
5. El procedimiento para la imposición de las sanciones será el establecido en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, dictado en aplicación del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades previstas en este título.
Artículo 81. Medidas provisionales
En el trámite de audiencia previsto en este apartado se dará a los interesados un plazo máximo de 15 días para que puedan aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes.
Artículo 82. Publicidad
El órgano que ejerza la potestad sancionadora podrá acordar la publicación, en el diario oficial correspondiente y a través de los medios de comunicación social que considere oportunos, de las infracciones cometidas así como las sanciones impuestas y los nombres y apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables, siempre que hubieran adquirido ya el carácter de firmes. Igualmente, se hará pública la efectiva restitución de los daños ambientales.
Primera. Facultad de prohibir la entrada de residuos
Segunda. Condiciones de utilización de los residuos como fertilizante agrícola
1. La utilización como fertilizante agrícola de los residuos señalados en el apartado c) del artículo 3.2 no estará sometida a autorización administrativa regulada en el artículo 42 de esta ley y estará sujeta a la normativa que a estos efectos apruebe el Gobierno Valenciano a propuesta conjunta de las consellerías competentes en medio ambiente y agricultura.
Tercera. Vigencia del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana
El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana aprobado por el Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, modificado por el Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, continuará en vigor en todo aquello que no se oponga a las determinaciones contenidas en la presente ley.
Los planes zonales que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la presente ley podrán modificar las determinaciones del vigente Plan Integral de Residuos a fin de acomodarlo a lo establecido en la presente ley.
Cuarta. Plazo para la presentación de los planes de prevención y reducción de residuos
Los productores de residuos peligrosos deberán presentar en la conselleria competente en medio ambiente, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Plan de Prevención y Reducción de Residuos al que se refiere el artículo 45 de la presente ley.
Primera. Sometimiento a autorización de los titulares de actividades de gestión de residuos
Los titulares de actividades de gestión de cualquier tipo de residuo, salvo la gestión de residuos peligrosos, que vengan desarrollando su actividad a la entrada en vigor de esta ley, deberán obtener la correspondiente autorización administrativa de la conselleria competente en medio ambiente, prevista en esta ley, en el plazo máximo doce meses, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Segunda. Régimen de los vertederos existentes
La conselleria competente en medio ambiente, determinará el plazo y el procedimiento para la adaptación a los requisitos establecidos en la presente ley y normativa de desarrollo de los vertederos autorizados o en funcionamiento, con anterioridad a su entrada en vigor.
Tercera. Criterios de admisión de residuos en vertederos
Lo dispuesto en el artículo 58 referente a los costes del vertido de residuos entrará en vigor en el momento de la transposición de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea, relativa al vertido de residuos.
Cuarta. Órgano competente hasta la efectiva constitución de la Entidad de Residuos
Las funciones de la Entidad de Residuos regulada en el capítulo II del título I de la presente ley, hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 12 de diciembre de 2000

References: artículo 45
 artículo 32
 artículo 149
 artículo 31
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

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Artículo 8

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Artículo 58

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Artículo 60

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Artículo 62
 artículo 50
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Artículo 66

Artículo 67

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75
 artículo 73
 artículo 73
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Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80
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Artículo 81

Artículo 82
 artículo 3
 artículo 42
 artículo 45
 artículo 58