Source: https://www.scribd.com/document/135767068/Desarollo-Del-Proceso-Contencioso-Administrativo
Timestamp: 2019-03-26 06:31:30+00:00

Document:
Desarrollo del Proceso Contencioso Administrativo
l. GENERALIDADES El proceso contencioso administrativo tiene por objeto el control judicial de la legalidad de los actos y resoluciones de la Administración Pública y la defensa de los derechos e intereses de los administrados cuando se considere que han sido afectados por la actuación de la Administración Pública. El derecho de los administrados a demandar el juzgamiento de la actuación de las entidades de la Administración Pública tiene su base constitucional en el arto 148 de la Carta Política de 1993, disposición que tiene su antecedente en el numeral 240 de la Constitución de 1979. En ese contexto, el Código Procesal Civil sujetó el trámite de la llamada "acción de impugnación de acto o resolución administrativa" a las reglas del proceso abreviado, lo que, sin embargo, no fue obstáculo para regular separadamente la revisión judicial de ciertos actos administrativos (por ejemplo el proceso contencioso-administrativo en materia laboral, reglamentado por la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo). II. LEGISLACIÓN BÁSICA
Ley N° 27584 (7/12/2001) Ley del Proceso Contencioso Administrativo. El panorama legislativo antes referido se ha ordenado y unificado a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 27584, Ley del Proceso 507 Contencioso Administrativo. En efecto, esta nueva ley establece los presupuestos para la revisión de la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, los principios que regirán el proceso, el señalamiento de las actuaciones susceptibles de impugnación, el trámite del proceso, así como los mecanismos para lograr la plena eficacia de las sentencias, entre otras importantes reformas.
En cuanto a la vigencia de esta norma, es necesario explicar lo siguiente:
- En principio debía empezar a regir a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir a partir del día 6/01/2002. - Sin embargo, dicho plazo fue ampliado a ciento ochenta días por el D.U. N° 1362001 de 2III2/2001. - Posteriormente, este decreto de urgencia fue derogado por la Ley N° 27684 de 16/03/2002, la misma que dispuso que la vigencia de la Ley del Proceso
Contencioso Administrativo se inicia a partir de los treinta días siguientes a la publicación de la Ley N° 27684. - Ahora bien, como quiera que esta última ley fue publicada el día 16/ 03/2002, se concluye que la Ley del Proceso Contencioso Administrativo (Ley N° 27584) ha empezado a regir el día 15/04/2002. III. NORMAS DEROGADAS. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO En armonía con el espíritu unificador de la Ley N° 27584, en su II disp. derogatoria se establece la derogación, a partir de su vigencia, de las normas siguientes: Los arts. 540 al 545 del Código Procesal Civil, referidos al proceso de impugnación de actos y resoluciones administrativas. Los arts. 79 al 87 de la Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 26636), referidos al proceso contencioso administrativo en materia laboral. Los arts. 157 al161 del TU.O. del Código Tributario (D.S. N° 135-99EF), referidos a la demanda contencioso-administrativa contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal. El arto 157 del TU.O. de la Ley General e Minería (D.S. N° 014-92EM), referido a la impugnación de las soluciones que pongan fin a los diversos procedimientos administrativos mineros. Los arts. 9 y 10 Y la Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del TU.O. del Régimen Pensionario del Estado (D.S. N° 070-98-EF), referidos a la acción de nulidad de los actos administrativos de incorporación, reincorporación, reconocimiento y calificación de derechos pensionarios a cargo del Sistema Nacional de Pensiones. El primer párrafo del arto 17 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), referido a la impugnación judicial de las resoluciones expedidas por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. La Tercera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 26891, que establece el Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de Edad declarados judicialmente en abandono, referida a la acción contenciosoadministrativa contra las resoluciones administrativas firmes que declaran la adopción de los menores de edad declarados judicialmente en abandono. La Ley N° 26756, que constituye una Comisión encargada de proponer al CoN°reso un proyecto de Ley que determine los bienes del Estado que pueden ser materia de embargo (vigente por disposición del arto 2 de la Ley N° 27684 del
PROCESO CONTENCIOSO a) Principios del proceso contencioso administrativo: El proceso se regirá por los siguientes principios (Ley N° 27584. cualquiera fuera su especialidad. con excepción de la Disp. en aplicación del cual no se podrá rechazar liminarmente la demanda en caso de incertidumbre del agotamiento de la . 16. arts. del Ejecutor podrá disponer la suspensión del procedimiento el Poder Judicial. en virtud de la Única Disposición Modificatoria de la Ley N° 27584 se modifica el num. Por otro lado. Única que fue declarada inconstitucional).16/03/2002. Todas las demás disposiciones legales que se opoN°an a la Ley. arto 2): Principio de integración. en los términos siguientes: "Además . En tales casos. por el cual tanto el Estado como el administrado deberán ser tratados con igualdad en la tramitación de la litis. DEL PROCESO. IV. Principio de favorecimiento del proceso. solo cuando dentro de un proceso de amparo o contencioso administrativo. Principio de igualdad procesal. referido a la acción contenciosoadministrativa contra las resoluciones administrativas expedidas por el Superintendente de Banca y Seguros. PARTICULARIDADES ADMINISTRATIVO. El arto 370 de la Ley de Bancos (Ley N° 26702). 3 y 5 del Decreto de Urgencia N° 055-2001 que establecen el procedimiento para el pago de sumas de dinero ordenadas por mandato judicial en los procesos seguidos contra el Estado. 2. se aplicarán los principios del Derecho Administrativo que regulan la actuación de los entes administrativos (Ley N° 27444. Trans. El Decreto de Urgencia N° 019-2001 que establece que los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes inembargables (vigente por disposición del arto 2 de la Ley N° 27684). 230 y IV del Título Preliminar). en virtud del cual los jueces no pueden dejar de resolver por defecto o deficiencia de la ley. exista medida cautelar".2 del arto 16 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979. Los arts.
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. OSIPTEL.1). incluyendo los Ministerios y Organismos Descentralizados (por ejemplo eIINDECI. proyectos y programas del Estado. inmediación. A los Gobiernos Locales. con excepción de las actuaciones y resoluciones propias de la función jurisdiccional. A las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. previstos en el arto 6 del T. b) Entidades que conforman la Administración Pública: Por regla general son impugnables los actos administrativos. Adicionalmente. concentración.vía administrativa o sobre la procedencia de la demanda. en virtud del cual el juez deberá suplir las deficiencias formales en que incurran las partes. A los Gobiernos Regionales. A los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía (por ejemplo INDECOPI.U.NPE. Principio de suplencia de oficio. en el marco de normas de Derecho Público. celeridad. cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y. se consideran sujetas a las normas comunes de Derecho Público. Al Poder Judicial. A las demás entidades y organismos. A su vez. SCR). conforme a la . arto I del Título Preliminar): Al Poder Ejecutivo. en virtud de concesión. N° 017-93-JUS).O. desarrollados en el Título Preliminar del Código Procesal Civil (en adelante CPC). arto 1. entre otros. por tanto. delegación o autorización del Estado. obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta (Ley N° 27444. el proceso se regirá por los principios del Derecho Procesal: legalidad. están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses. y. . salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen. Públicos Al Poder Legislativo. CORDELlCA). salvo en lo referente ~ aquellos actos referidos exclusivamente a la función parlamentaria. entendiéndose por tales a las declaraciones de las entidades de la Administración Pública que. supletoriamente por los principios del Derecho Procesal Civil. se consideran entidades de la Administración Pública (Ley N° 27444. y. en los casos que resulten compatibles.
2. 4 y art. así como la inercia. Son vicios que acarrean la nulidad del acto administrativo (Ley N° 27444. d) Pretensiones que pueden ser intentadas: Siendo la finalidad del proceso contencioso administrativo el control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública (aspecto objetivo) y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados (aspecto subjetivo). 2). Las actuaciones u omisiones de la Administración Pública respecto de la validez. eficacia. La declaración de nulidad. ejecución o interpretación de los contratos de la Administración Pública. someter a conciliación o arbitraje la controversia (Ley N° 26872. por ejemplo. 5. Es decir que puede ser impugnada tanto una resolución de autoridad administrativa como un requerimiento de información de la misma. conforme a ley. es decir cuando la Administración Pública paraliza injustificadamente el trámite o cuando sucede cualquier otra omisión atribuible a aquella. Los actos administrativos y cualquier otra manifestación administrativa. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la Administración Pública. c) Actos y actuaciones impugnables en el proceso contencioso administrativo: Son impugnables en el proceso contencioso administrativo las siguientes actuaciones administrativas (Ley N° 27584. Las declaraciones de silencios administrativos positivo o negativo. o también denominado "vía de hecho". 4. b Y Ley N° 26572. por ejemplo. total o parcial o ineficacia de actos administrativos. pueden demandarse las siguientes pretensiones: 1. artA): 1.normativa de la materia (por ejemplo las Cámaras de Comercio o Colegios Profesionales que actúan como oficinas delegadas de la Comisión de Reestructuración Patrimonial deI INDECOPI). arto 10): . arto 1 inc. 3. arto 6 lit. con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida. tal como el no otorgar información sobre la evolución o estado de un expediente..
. arto 3). o tengan el mismo título. Se ordene a la Administración Pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme (Ley N° 27584. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo. y.La contravención a la Constitución. a las leyes o a las normas reglamentarias. Estas pretensiones pueden acumularse en un solo proceso. arto 84). La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. arto 6): Que sean de competencia del mismo órgano jurisdiccional.. Que no sean contrarias entre sí. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez (Ley N° 72444. siempre que se cumplan los siguientes requisitos (Ley N° 27584. Que exista conexidad entre ellas por referirse al mismo objeto. por los que se adquiere facultades o derechos. o tengan elementos comunes en la causa de pedir (CPC. arto 5). del juez especializado en lo contencioso administrativo. cuando son contrarios al ordenamiento jurídico. ar!o 87). y. 4. esto es. 2. o cuando no se cumplen con los requisitos. salvo q~e sean propuestas en forma subordinada o alternativa (CPC. Que sean tramitables en una misma vía procedimental (sumarísimo o abreviado). 3. . documentación o trámites esenciales para su adquisición. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el arto 14 de la Ley N° 27444. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma.
la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala Constitucional y Social en casación.De acuerdo a la naturaleza de la pretensión. es competente en primera instancia la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior respectiva.4 de la Ley N° 27444 precisa que el plazo es de dos años. el arto 202. y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa. Consejo de Minería. De igual modo. es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia. En este caso. derechos pensionarios). Sobre este último requisito. arto 9. Por razón de la materia. tiene la condición de sujeto activo la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos (por ejemplo. Tribunal del INDECOPI. un año contado desde que el acto quedó firme.. Si la actuación de la Administración Pública que es materia de impugnación vulnera un interés difuso (por ejemplo. es decir.. contados desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede. defensa del medio ambiente o derechos de los consumidores).A elección del demandante.e) Competencia: Por razón del territorio. o la Sala Civil correspondiente (Ley N° 27584. administrativa. Superintendencia de Banca y Seguros. Tribunal Registral y Tribunal de Organismos Reguladores. modificado por la Ley N° 27709 del 26/04/2002). si fuera el caso. es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso. Cuando se trata de impugnación contra resoluciones expedidas por el Banco Central de Reserva. tendrán legitimidad para iniciar el proceso contencioso . es competente para conocer el proceso el juez del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnable (Ley N° 27584. Tribunal Fiscal. el Juez Especializado en lo contencioso administrativo. En los distritos judiciales donde no exista Juez o Sala Especializada en lo contencioso administrativo. f) Sujeto activo del proceso: Corresponde la legitimidad para obrar activa al titular de la situación jurídica sustancial o de los derechos subjetivos que hayan sido o estén siendo vulnerados por la actuación administrativa que es materia del proceso. Tribunal de CONSUCODE. previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que el acto administrativo produce a la legalidad administrativa y al inteo rés público. arto 8).
por el representante judicial de la entidad debidamente autorizado. recomendándole las accipnes necesarias en caso de que considere procedente la pretensión (Ley N° 27584. cuando lo señale la norma correspondiente. 1 contra: La entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración administrativa impugnada. La entidad administrativa cuyo silencio. arto 12). La representación y defensa de las entidades administrativas estará a cargo de la Procuraduría Pública competente o. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejercen función administrativa. La entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento administrativo trilateral. arto 11 párr. delegación o autorización del Estado están incluidas en los supuestos previstos precedentemente. 2°). La entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo daños y su resarcimiento es discutido en el proceso. h) Intervención del Ministerio Público: . según el caso. art 15). Todo representante judicial de las entidades administrativas. arto 11 párr. según corresponda (Ley N° 27584. El particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la entidad administrativa que lo expidió (Ley N° 27584. inercia u omisión es objeto del proceso. La entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada (Ley N° 27584. g) Sujeto pasivo del proceso: La demanda contencioso administrativa se dirige. dentro del término para contestar la demanda. en virtud de concesión. pondrá en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada sobre la legalidad del acto impugnado. 2°).administrativo el Ministerio Público. arto 13). el Defensor del Pueblo o cualquier persona natural o jurídica (Ley N° 27584.
Se ordene a la Administración la realización de una determinada actuación a que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. 546 a/559): El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. i) Vía procedimental: La tramitación de las demandas en materia contencioso administrativa puede efectuarse por la vía del proceso sumarísimo o por la vía del proceso abreviado. . el órgano jurisdiccional le notificará con las resoluciones que expida. total o parcial o ineficacia de actos administrativos. arts. Como dictamin~dor. se expedirá sentencia en el plazo de cinco días (Ley N° 27584. arto 25). según la clase de pretensión o pretensiones que se intenten.Se tramitan como proceso abreviado. En la vía abreviada. En la vía sumarísima.Se tramitan como proceso sumarísimo las siguientes pretensiones (CPC. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines.. En este proceso el dictamen fiscal se emitirá en el plazo de cinco días de remitido el expediente. En este proceso el dictamen fiscal se emitirá en el plazo de 25 días de remitido el expediente. Emitido el dictamen se expedirá sentencia en el plazo de veinticinco días (Ley N° 27584. antes de la expedición de la resolución final que pone fin a la instancia" y en casación. las siguientes pretensiones (CPC. y. arto 14): Como parte. de conformidad con las leyes de la materia. cuando asume el rol de actor en la defensa de intereses difusos. Emitido el dictamen.. arto 24). arts. 486 a/494): La declaración de nulidad. En este supuesto.El Ministerio Público interviene de dos maneras (Ley N° 27584.
La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgreda principios o normas del ordenamiento jurídico. eficacia. con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida. Las actuaciones u omisiones de la Administración Pública respecto de la validez. No obstante. cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1. arto 25). sino la propia indemnización por daños y perjuicios. excluye el de la acción de garantía y. conforme a ley. el ejercicio de la vía ordinaria. a saber: Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. .Tres meses. lo que significa que si algún acto u omisión de la Administración causó un perjuicio al administrado. la persona que considere que sus derechos constitucionales están siendo amenazados o vulnerados por la Administración Pública puede solicitar la tutela de sus derechos a través de la acción de amparo o alguna otra acción de garantía que resulte procedente. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. 4. en esta no cabe solicitar una pretensión indemnizatoria (Ley N° 27584. 5 Y 6 del arto 4 de la Ley N° 27584. art.3). Aquí. esto es. ejecución o interpretación de los contratos de la Administración Pública. DESARROLLO DEL PROCESO . j) Las vías paralelas: Además del proceso contencioso administrativo. la pretensión principal no será la realización o corrección de dicho acto. a) Plazos para interponer la demanda: La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: . V. la del proceso contencioso administrativo. asimismo. este podrá pedir una indemnización en el proceso contencioso. someter a conciliación o arbitraje la controversia.La pretensión de indemnización de daños y perjuicios se plantea como pretensión principal (Ley N° 27584. 3. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
arto 202. inercia y cualquier otra omisión de las entidades administrativas. cuando la pretensión del accionante es la declaración de nulidad del acto jurídico administrativo que se impugna (Ley N° 27584. 1) Dos años. 5).. El plazo se cuenta a partir del conocimiento o notificación del acto materia de impugnación. el plazo comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción (ee. arto 17 inc. salvo disposición legal que establezca plazo distinto (Ley N° 27584. Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable.. Estos plazos son de caducidad.Tres meses. De conformidad con las normas de derecho común. los plazos previstos serán computados desde que el tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada. .. 17 inc. 1 año contado desde que el acto quedó firme.. arto 17 inc.Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la Administración Pública. Excepciones: . 4). 2). de modo que se extingue la acción y el derecho. art. lo que ocurra primero (Ley N° 27584. es decir. cuando se produzca silencio administrativo. El plazo para interponer la demanda corre a partir de la fecha en que venció el plazo' legal para expedir la resolución o producir el acto administrativo solicitado (Ley N° 27584. b) Agotamiento de la vía administrativa. art.Seis meses. 11 párr. cuando el objeto de la impugnación sea cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos-y la legitimación activa recaiga en la entidad administrativa facultada por ley (Ley N° 27584. 17 inc.4). arto 17 inc. 2° y Ley N° 27444. cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos. .Tres meses. 3). arto 1993). El plazo comienza a computarse desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones (Ley N° 27584. art. .. El plazo comienza a computarse desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.
arto 19). párr. arts. d) Improcedencia de la demanda: . arto 20). c) Requisitos especiales de admisibilidad de la demanda: Sin perjuicio de lo dispuesto por los arts. arto 11. son requisitos especiales de admisibilidad de la demanda los siguientes: El documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa. no se cumpliese con realizar la actuación administrativa. salvo las excepciones de ley (Ley N° 27584. 18 y 21 inc. arto 19). . Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. la entidad administrativa que demande la nulidad de sus propios actos deberá acompañar el expediente administrativo correspondiente al acto administrativo que se cuestiona (Ley N° 27584.El agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedibilidad de la demanda (Ley N° 27584. 3). En el supuesto contemplado en la ley (Ley N° 27584. Excepcionalmente. a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo. 2Q).. 4). arto 11. dado que no fue parte del procedimiento respectivo (Ley N° 27584. el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. Cuando en la demanda se formule como pretensión que se ordene a la Administración Pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por ley o en virtud de acto administrativo (Ley N° 27584 arto 5 inc.. y. el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. expresamente consagrado en el arto 148 de la Constitución en cuanto establece que las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. párr. sin perjuicio de las establecidas en normas especiales. Si en el plazo de quince días. 424 y 425 del Código Procesal Civil. no es exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: Cuando la demanda sea interpuesta por entidad administrativa con el objeto de lograr la declaratoria de nulidad de los actos administrativos (Ley N° 27584. arto 218). 2Q). Las reglas para el agotamiento de la vía administrativa están previstas en la norma administrativa general (Ley N° 27444. y.
Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa. En los supuestos previstos en la norma procesal (CPC.La demanda será declarada improcedente en los siguientes casos: Cuando sea interpuesta contra una actuación no impugnable (Ley N° 27584. Esta norma nos habla de un plazo de prescripción ~e la acción y consagra el principio procesal del non bis in idem. debiendo el juez proceder de acuerdo a ley (CPC. y. arto 282). arto 23).S. arto 427). Igualmente. El responsable del cumplimiento del mandato judicial es la autoridad de más alta jerarquía de la institución emplazada. Cuando se interponga fuera de los plazos exigidos por la Ley. El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso. arto 11 párr. y en aplicaci6n del principio de ejecutabilidad de los actos administrativos. El vencimiento del plazo para plantear la pretensión por parte del administrado impide el inicio de cualquier otro proceso judicial con respecto a la misma actuación impugnada (Ley N° 27584. arto 4). Cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico (CPC. arto 19). sin perjuicio de que el juez pueda dictar medida cautelar suspendiendo su ejecutabilidad (Ley N° 27584. 22 y 41. Cuando no se haya expedido resolución motivada ( Ley N° 27584. la admisión de la demanda no impide la ejecución del acto administrativo impugnado. Cuando no se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su nulidad de oficio (Ley N° 27584.. 2Q). principio por el que no se debe sancionar doblemente a nadie en virtud de un mismo hecho impugnado. 2). Y D. sin perjuicio de que este delegue la ejecución del mandato a un funcionario del sector. N° 017-93-JUS. . el mismo que asumirá las responsabilidades civil. penal y/o administrativa que su incumplimiento generen (Ley N° 27584. salvo las excepciones de ley (Ley N° 27584. arts. arto 11). e) Admisión de la demanda: Al admitir a trámite la demanda el juez ordenará a la entidad administrativa demandada que remita el expediente relacionado con la actuación impugnada. arto 452). arto 4). arto 21 inc.
La carga de la prueba Por regla general. .2..196). este puede ordenar que se practiquen de oficio (Ley N° 27584.no tuviera en su poder algún medio probatorio y este se encuentra en poder de alguna entidad administrativa. en el sentido de que es en la etapa postulatoria del proceso el momento en que debe practicarse. e y Ley N° 27444.que estimen producirán certeza en el juzgador respecto de los hechos afirmados o negados en la demanda o su contestación.3. lo indicará así en su escrito de demanda o contestación. si los medios probatorios son insuficientes para que el juez pueda formarse convicción sobre los hechos. puesto que. y aun cuando no hayan sido actuados en el ámbito administrativo. Hechos sobre los que se desarrolla En el proceso contencioso administrativo la actividad probatoria (ofrecimiento. Oportunidad para el ofrecimiento de pruebas Con relación a la oportunidad para el ofrecimiento de las pruebas. en cuyo supuesto la carga de probar los hechos corresponde a la entidad administrativa. arto 2 inc. actuación y valoración de las pruebas) se restringe a las actuaciones desarrolladas en el procedimiento administrativo y recogidas en el expediente administrativo que para dichos efectos se hubiera formado. 9). f. salvo si la actuación administrativa impugnada establece una sanción. Pero. precisando el contenido del documento y el lugar donde se encuentra a fin de que el órgano jurisdiccional pueda disponer todas las medidas necesarias destinadas a la incorporación de dicho documento al proceso (Ley N° 27584. no pudiendo incorporarse al proceso la probanza de hechos nuevos o no alegados en la etapa prejudicial (Ley N° 27584.f) Actividad probatoria: 1. arto 230 inc. la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión (Ley N° 27584. arto 27).24 lit. art. Sin perjuicio del derecho de las partes a utilizar todos aquellos medios probatorios regulados por el CPC -típicos y atípicos. Si el particular -demandante o demandado. en el proceso contencioso administrativo el administrado goza de la presunción de inocencia y las consecuencias que de él se derivan (CPP. arto 28). arto 30 y CPC. la Ley reproduce lo anotado en el CPC. arto 29). admisión.1. f. al igual que en el procedimiento sancionador del cual deriva el acto administrativo impugnado.
g. y su trámite se regula por lo dispuesto en los arts. En tal sentido. Sin embargo.g) Medios impugnatorios: g. la ley establece que la doctrina jurisprudencial en materia contencioso administrativa está compuesta por las decisiones adoptadas en casación por la Sala Constitucional Y Social de la Corte Suprema y no por la Sala Plena de la Corte Corte Suprema (CPC. la Ley N° 27584 establece la posibilidad de solicitar medidas cautelares antes o durante el . Oportunidad Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. en materia casatoria. 355 al 405 del CPC. cuando los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital superen la cuantía de 70 URP (Ley N° 27584. de apelación. excepcionalmente. se regulan a los recursos de reposición. h) Medidas cautelares: h. arto 34). regional o nacional y. Pero en el supuesto de que el recurrente no acompañe la tasa respectiva o la presente con un monto inferior. la ley marca una diferencia respecto al CPC al establecer que el recurso de casación procede siempre y cuando la cuantía del acto impugnado sea superior al equivalente de 70 URP y cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial. arto 400). arto 33). de casación y de queja. Asimismo.1.1. apartándose de lo dispuesto en el CPC. Semejanzas y divergencias con el proceso civil: la casación y la doctrina jurisprudencial En lo que se refiere a los medios impugnatorios la Ley N° 27584 no difiere cualitativamente del sistema adoptado por el Código Procesal Civil. Los órganos jurisdiccionales inferiores podrán apartarse de lo establecido por la doctrina jurisprudencial siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan de la doctrina jurisprudencial (Ley N° 27584. Requisitos de admisibilidad y procedencia Los medios impugnatorios del proceso contencioso administrativo tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que sus pares del proceso civil. el juez o la sala deberán conceder un plazo no mayor de dos días para que subsane el defecto (Ley N° 27584. arto 32).2.
h. arto 35). la interposición de la demanda contencioso administrativa no impide la ejecución del acto administrativo impugnado. Que la medida cautelar solicitada resulte adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión. siempre que se considere adecuada para lograr la eficacia de la sentencia. impone al juzgador el deber de contrapesar los fundamentos expuestos por el demandante con el principio de presunción de legalidad del acto administrativo (Ley N° 27444. arto 682 a/687). Al no haberse reglamentado restricciones acerca de las medidas que podrían ser interpuestas en el proceso contencioso administrativo. Presupuestos para su concesión Para la concesión de la medida cautelar. se reconoce al demandante el derecho a solicitar en sede judicial la suspensión de los efectos del acto impugnado mediante la interposición de las medidas cautelares de innovar y de no innovar (CPC. contrarrestando los fundamentos expuestos por el demandante y la prueba ofrecida en su demanda con el principio de presunción de legalidad del acto administrativo. lo que es coherente con la presunción de legalidad inherente a los actos administrativos y el carácter ejecutorio de los mismos (Ley N° 27444. de igual modo. siempre que la considere adecuada para lograr la eficacia de la sentencia (Ley N° 27584. y. al tiempo que le permite conceder una medida cautelar distinta a la solicitada. serán admisibles todas aquellas recogidas en el CPC (Ley N° 27584. h.1. arto 192). especialmente procedentes en el contencioso administrativo (Ley N° 27584. Las medidas de innovar y de no innovar Conforme se señaló. Pero.proceso. Peligro en la demora del proceso. Sentencia que declara fundada la demanda . siempre que se destinen a lograr la plena eficacia de la sentencia. con la posibilidad de que el juez conceda una medida cautelar distinta a la solicitada. Pero. En resumen. arto 9). los presupuestos para la concesión de la medida cautelar son: Verosimilitud del derecho.3. asimismo. arto 37).2. i) Sentencia: i. arto 36). la ley incorpora los dos requisitos tradicionales regulados en el arto 611 del CPC: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
de acuerdo a lo demandado. aun cuando no hayan sido pretendidas e(lla demanda. son de condena (por ejemplo. sino que va más allá y concede al administrado una tutela efectiva de aquellos derechos e intereses conculcados. y aun por causales que no hayan sido invocadas. aun por la fuerza. el juez está facultado para declarar de oficio la nulidad de todo el acto administrativo (C. Como se señaló. mientras que las que imponen al vencido una prestación (de dar. o ineficacia del acto administrativo impugnado.. arto 219). conviene recordar que. j) Cumplimiento de la sentencia y responsabilidades personales: . estas sentencias pueden ser declarativas o de condena. la sentencia que declara el derecho de una persona a percibir una pensión de jubilación a partir de la producción de la contingencia) son declarativas. sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. incluso cuando se hubiese denunciado solamente la nulidad parcial del acto impugnado. la sentencia que declara fundada la demanda podrá decidir lo siguiente: La nulidad. C. El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada Y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada. sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. la sentencia que ordena a la administración tributaria la devolución de los pagos indebidos). La cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia. hacer o no hacer) y se ejecutan contra él. arto 5). El plazo en el 'que la Administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada. y. En tal acepción. total o parcial. en ejercicio del ius imperium del Poder Judicial. Con relación a la nulidad.Dependiendo de la pretensión o pr9tensiones planteadas (Ley N° 27584. el proceso contencioso administrativo no se limita a verificar que el acto administrativo cuestionado se haya producido con arreglo al ordenamiento jurídico. Las que se limitan a restablecer una situación jurídica anterior al proceso (por ejemplo.
Los conflictos derivados de actuaciones administrativas producidas durante la ejecución de la sentencia serán resueltos en el propio proceso de ejecución de la misma (Ley N° 27584. arts. quien podrá comunicar por escrito al juez qué funcionario será encargado en forma específica de la misma. y como resultado de las modificaciones introducidas por la Ley N° 27684 a las . 3 Y 5 del Decreto de Urgencia N° 055-2001 que establecían el procedimiento de pago de sumas de dinero ordenados por mandato judicial.el trámite de ejecución de sentencias que ordenan al Estado el pago de una suma de dinero. penal o administrativa que su incumplimiento ocasionen. otorgarle un "plazo razonable" para la ejecución de la sentencia (Ley N° 27584. además de reformar in peius -para el administrado. 39 y 41 regulan lo concerniente a la responsabilidad de los funcionarios llamados a cumplir la sentencia.2). en la actualidad. Como se recuerda. Luego. hacer o no hacer). además de observar lo establecido en el arto 122 del CPC (referido al contenido de las resoluciones judiciales). el que asumirá las responsabilidades civil. norma que declaraba inembargables los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el sistema financiero nacional. Sobre estas dos últimas estipulaciones. En la ejecución de lo ordenado en la sentencia. restriN°ir sus efectos o interpretar sus alcances. Alternativamente. esta Ley derogó expresamente el Decreto de Urgencia N° 019-2001. la ya mencionada Ley N° 27684. atendiendo a cada caso en particular. la entidad de la Administración Pública obligada a acatar el fallo judicial). la norma precisa que el responsable es la autoridad de más alta jerarquía de la entidad vencida en juicio. la sentencia deberá establecer el tipo de obligación a cargo del demandado (dar. 39 y 41). restituyó la plena vigencia del Decreto de Urgencia N° 019-2001. se prohíbe al o los responsables la calificación de su contenido o sus fundamentos. estando obligados a realizar todos los actos para la ejecución completa de la resolución judicial. k) Ejecución de las sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero: Quizá la más importante reforma que trajo la Ley N° 27584 fue la concerniente al cumplimiento de las sentencias que ordenan al Estado el pago de una suma de dinero. el juez podrá identificar al órgano responsable dentro de la entidad y. el titular de la obligación (esto es. y los arto 2. el funcionario a cargo de cumplirla y el plazo para su ejecución (Ley N° 27584. Así.Corresponde al juzgado que conoció del proceso en primera instancia hacer ejecutar la sentencia y las demás resoluciones judiciales. Sin embargo. no obstante. arto 40). el interesado podrá solicitar en la vía administrativa la reconsideración de la actuación que origina el conflicto Los arts. ocasionando que los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado recuperaran su condición de inembargables. arto 41.
hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. la reserva de contiN°encia y las obligaciones previsionales. Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos señalados. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al arto 73 de la Constitución Política del Perú. La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto.disposiciones de la Ley N° 27584. calcularán el tres por ciento (3%) referido en el párrafo precedente deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la deuda pública. De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los parráfos precedentes. según sea el caso. para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios. . podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de notificada. mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración. previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias. En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento dispuesto conforme al párrafo anterior resulte insuficiente. los pliegos presupuestarios. harán de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias erl el ejercicio presupuestario siguiente. bajo responsabilidad del Titular del Pliego. serán atendidas única y exclusivamente por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional. se deberá seguir el siguiente procedimiento: Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero. y para el caso de ejecución de las sentencias que ordenan a la Administración el pago de una suma de dinero. bajo responsabilidad del Titular del Pliego. se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el arto 713 y siguientes del Código Procesal Civil. el Titular del Pliego Presupuestario. los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado son inembargables.
arto 43). Por otro lado. NORMAS DEROGADAS IV. DESARROLLO DEL PROCESO . la Ley establece que son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de estas (Ley N° 27584. arto 44). de costas y costos a las partes del proceso. LEGISLACiÓN BÁSICA III.La entidad deberá pagará los intereses que generen el retraso en la ejecución de la sentencia (Ley N° 27584. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: l. Finalmente. exonerándose del pago . PARTICULARIDADES DEL PROCESO V. GENERALIDADES II. la Primera Disposición Final de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo dispone la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en los casos no previstos por aquella.
Documents Similar To Desarollo Del Proceso Contencioso Administrativo
Trabajo Juicio Ordinario
Pleno Jurisdiccional Civil 2008. Cortesuprema Cij Documentos Conclusiones p.j.n.c.l 220708
01124-2013-0-1706-JR-CI-06
Privado Derecho Procesal Civil Resuelto 2005l
327 Derecho Procesal. Introduccion y Proceso Civil
03 - Auditorias de SGI (Proavance) (SF)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución