Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-909-de-diciembre-3-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f06e0b64f6f8023ce0430a010151023c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 16:55:58+00:00

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SENTENCIA C-909 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA. ADECUACIÓN CONSTITUCIONAL. CONSTITUYE FACILITAR EL MUTUO RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, OTORGADAS POR UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN AUTORIZADAS Y RECONOCIDAS OFICIALMENTE POR LOS GOBIERNOS DEL PAÍS EMISOR. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA”, SUSCRITO EN MAR DEL PLATA, ARGENTINA, EL 4 DE DICIEMBRE DE 2010. Y SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1611 DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, TRATADO INTERNACIONAL, EDUCACIÓN SUPERIOR
Sentencia C-909 de diciembre 3 de 2013
Ref.: expediente LAT-410
Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el 11 de enero de 2013, la secretaría jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1611 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”
Mediante Auto del siete (7) de febrero de dos mil trece (2013), el magistrado sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y notificó a las Secretarías Generales de la Cámara y Senado para que remitieran toda la información concerniente al trámite legislativo dado a la Ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Educación, al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes, al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, a Colciencias, a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), a la Asociación de Facultades de Derecho, Acofade, a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad EAFIT, a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB Medellín), a la Universidad del Atlántico, a la Universidad del Norte (Uninorte), a la Universidad de Cartagena, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC),Tunja, a la Universidad de Caldas, a la Universidad del Cauca, a la Universidad Surcolombiana (USCO), a la Universidad del Tolima, a la Universidad de Sucre, a la Universidad del Valle, a la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, a la Universidad Javeriana, a la Universidad del Sinú, a la Universidad del Rosario, a la Universidad Sergio Arboleda, a la Universidad Externado de Colombia y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Maestría***: entre 50 a 60 créditos Segundo ciclo:
Entre 80 a 100 créditos. Tercer ciclo:
Los programas de formación de Profesional Universitario (entre 150 y 170 créditos académicos), preparan para el ejercicio profesional en múltiples campos que requieren competencias más complejas y una intensidad horaria más importante, propios de una profesión o disciplina de naturaleza tecnológica o científica y dentro del campo de las Ciencias humanas, Bellas artes y Filosofía. Estos estudios permiten obtener el título de ¿Profesional Universitario en¿¿(sic).
La vigente normativa en materia de enseñanza universitaria ha creado el registro de universidades, centros y títulos (RUCT), establecido en el Real Decreto 1509 de 2008, de 12 de septiembre, cuyo artículo 1º determina su carácter público y el tipo de información que inscribirá:
2. Se inscribirán en el RUCT, las universidades y los centros universitarios, los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, establecidos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393 de 2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 1º de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 1º de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.
En segundo lugar, afirma que el Acuerdo permite efectuar, de manera clara, el reconocimiento de las instituciones de educación superior y de los programas acreditados por cada uno de los sistemas de calidad de los dos Estados y, a su vez promover el posicionamiento internacional del Sistema Colombiano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
El rector de la Universidad del Sinú-extensión Bogotá, intervino en el presente proceso para solicitar la exequibilidad de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.2.2.1. El Acuerdo no vulnera la Constitución, por el contrario se encuentra acorde con sus principios, valores y preceptos, pues las medidas que los Estados partes adoptan en el referido acuerdo tienden a reforzar los lazos culturales que históricamente une a estos dos países y su contenido responde a lo señalado en el artículo 9º de la constitución.
1.2.2.5. En conclusión, estima que el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010” y su respectiva ley aprobatoria (1611/2013) son exequibles.
1.2.5.2. Indica que para el ministerio que representa, de aprobarse el acuerdo, se favorecería a los nacionales y/o extranjeros que una vez culminados sus estudios de pregrado o posgrado en reconocidas instituciones de educación superior españolas, deseen retornar al país a ejercer sus profesiones, obteniéndose como beneficio: i) el desarrollo de nuevas tecnologías y tesis académicas no conocidas en el territorio nacional, ii) la generación de empresa mediante la inversión extrajera derivada del traslado de capital humano capacitado en el extranjero, iii) la generación de garantías e incentivos para recuperar el material humano colombiano calificado que se encuentra radicado en el extranjero, entre otras.
1.2.5.6. Asociación Colombiana de Facultades de Derecho-Acofade. Exequibilidad
1.2.5.6.2. Sostiene que el artículo 1º de la Carta de 1991, consagra a Colombia como un Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del interés general. En lo que se encuentra inmersa la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales, y la educación es un derecho fundamental. Así mismo, hace referencia al artículo 2º de la Carta que consagra a su vez, los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales, se establece entre otros, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas y los demás derechos y libertades, en los cuales se encuentra el acceso a la educación, que comprende no sólo recibir formación sino el título correspondiente que acredite su idoneidad.
1.2.5.6.3. De igual manera, hace mención al artículo 67 de la Constitución, el cual estipula que la educación es un servicio público, prestado o no directamente por el Estado, consagrado como derecho fundamental, tal y como lo ha manifestado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia. (Sentencias T-539 de 2009, T-009 de 2009 entre otras)
1.2.5.6.4. Indica que con relación al control de constitucionalidad, es importante destacar que la Corte Constitucional se ha pronunciado en otros casos similares al que hoy es objeto de discusión. En dicho sentido, la Sentencia C-750 de 2008, al ejercer el control de constitucionalidad sobre un convenio de igual naturaleza, declaró la constitucionalidad de la ley aprobatoria del convenio de cooperación comercial sucrito(sic) entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242.2 y 278.5 del texto constitucional, el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentó concepto 5617 dentro del trámite de la referencia, en el cual solicita a la Corte la declaración de exequibilidad de las normas objeto de estudio.
De esta manera, explica que el Convenio impulsa el intercambio académico mediante mecanismos diseñados para cumplir con las tendencias y exigencias de la globalización, permitiendo el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes y el fortalecimiento de las naciones donde ellos ejerzan su profesión.
En este orden, resalta que el Convenio se enmarca dentro del especial tratamiento que da la Constitución a la educación para que los ciudadanos puedan acceder a tal garantía (C.P., arts. 27, 67 a 69) y a compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de educación como son los derivados del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
i) Previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental.
ii) Es automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental.
iii) Es integral en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional.
iv) Tiene fuerza de cosa juzgada.
v) Es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y
vi) Cumple una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano.
Así, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el control integral tanto del tratado como la ley que lo aprueba, es el mecanismo consagrado por el Constituyente para armonizar el principio de supremacía constitucional y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Por ello, resulta absolutamente necesario que el control que ejerce la Corporación agote todo el análisis de posibles vicios de procedimiento y de fondo. Sobre el particular, la Sentencia C-468 de 1997(1), dijo:
“La supremacía de la Constitución (C.P., art. 4º) y la necesidad de garantizar la efectividad de los compromisos internacionales (C.P., art. 9º) exigen que la Corte examine y decida definitivamente, en forma automática y previa, si un tratado internacional está conforme o no con los mandatos constitucionales. En efecto, la Carta de 1991 diseñó el control constitucional previo de los tratados internacionales como un mecanismo que permite garantizar al mismo tiempo la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales por el Estado colombiano. Así, el control constitucional previo se ubica en un sistema de relaciones de coordinación entre los órganos públicos, pues impulsa el proceso de perfeccionamiento de los instrumentos internacionales, los cuales habiendo cumplido las fases de negociación, adopción, confirmación presidencial del texto celebrado por el delegado plenipotenciario, aprobación por parte del Congreso y sanción presidencial, buscan preservar la supremacía de la Constitución, sobre la base de que todos los tratados internacionales tienen vocación para producir efectos jurídicos vinculantes para los Estados que lo ratifican.
Esta misma posición ha sido reiterada en múltiples oportunidades, como las sentencias C-861 de 2001(2), C-915 de 2001(3), C-578 de 2002(4), C-781 de 2004(5), C-863 de 2004(6), C-333 de 2005(7), A. 089 de 2005(8), C-931 de 2005(9), C-1151 de 2005(10), C-172 de 2006(11), C-276 de 2006(12), C-576 de 2006(13), C-649 de 2006(14), C-863 de 2006(15), C-718 de 2007(16), C-721 de 2007(17), C-858 de 2007(18), C-927 de 2007(19), C-291 de 2008(20), C-464 de 2008(21), C-541 de 2008(22), C-750 de 2008(23), C-751 de 2008(24), C-799 de 2008(25), C-944 de 2008(26), C-1156 de 2008(27), C-1192 de 2008(28), C-094 de 2009(29), C-195 de 2009(30), C-150 de 2009(31), A. 267 de 2009(32), C-288 de 2009(33), C-376 de 2009(34), C-378 de 2009(35), C-379 de 2009(36), C-446 de 2009(37), C-466 de 2009(38), C-577 de 2009(39), C-615 de 2009(40), C-638 de 2009(41), C-639 de 2009(42), C-683 de 2009(43), C-285 de 2009(44), C-801 de 2009(45), C-293 de 2010(46), C-538 de 2010(47), C-941 de 2010(48), C-261 de 2011(49), C-169 de 2012(50), C-819 de 2012(51), C-822 de 2012(52), entre otros.
Así, en la Sentencia C-1002 de 2003(53) dispuso que “La Corte ha afirmado en forma reiterada que el control de constitucionalidad que ejerce respecto de los Tratados y de sus leyes aprobatorias, comprende la totalidad del contenido de esos actos jurídicos, tanto en sus aspectos formales como materiales.”
De igual manera, en la Sentencia C-460 de 2010(54) se dispuso que el control constitucional de las leyes aprobatorias de tratados, implica la verificación del cumplimiento de los requisitos consagrados en la Ley Orgánica del Congreso. Sobre el particular dijo:
El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto de ley(55). Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así indicarlo la Ley Orgánica del Congreso de la República(56), salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República al referir a las relaciones internacionales y la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la ley aprobatoria. (Subrayado fuera del texto)
El “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, fue suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, por la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuéllar(57), en representación del Estado colombiano, quien conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados(58), no requiere de la presentación de plenos poderes para ejecutar los actos relativos a dicha celebración.
Además, la suscripción del Convenio por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores fue aprobada por el Jefe del Ejecutivo el 19 de julio de 2011(59). De tal suerte que la suscripción del instrumento objeto de estudio, cumplió con lo dispuesto por el artículo 189 de la Constitución Política, que confía al Presidente de la República la dirección de las relaciones internacionales y que, en ejercicio de dicha facultad, le asigna la celebración de acuerdos con otros Estados y con entidades de derecho internacional.
Por su parte, el artículo 8º de la Carta Política indica que es obligación del Estado y de todas las personas proteger las riquezas culturales de la Nación, mientras el artículo 10 establece que pese a que el castellano es el idioma oficial del país, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. A su turno, el artículo 70 señala que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y el artículo 72 llama la atención sobre la obligación del Estado de proteger el patrimonio cultural.
Con fundamento en estas disposiciones, entre otras, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho de las comunidades étnicas a la identidad étnica y cultural, el cual, en los términos de la Sentencia T-778 de 2005(60), tiene como finalidad “(…) que las comunidades que no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello implica que también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios”. (Subrayado fuera de texto)
En este orden, ha dicho la Corte que el derecho a la libre determinación comprende el derecho de las comunidades étnicas a “(…) determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más adecuadas para la conservación o protección de esos fines”. [2]Así, la consagración de este derecho, junto con el de otros derechos de las comunidades étnicas, como se manifestó en la Sentencia C-030 de 2008, parte del reconocimiento del valor intrínseco de las comunidades étnicas como grupos diferenciados culturalmente.
Finalmente, existe un tercer ámbito de reconocimiento a la autonomía de estas comunidades que es de orden interno, y que está relacionado con las formas de autogobierno y de autodeterminación de las reglas jurídicas al interior de los pueblos indígenas. Ello supone el derecho de las comunidades, i) a decidir su forma de gobierno (C.P., art. 330); ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P., art. 246) y iii) el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la Constitución y la ley. La autonomía política y jurídica, relacionada de este modo con una autogestión territorial, actúa así como un instrumento de reafirmación de la identidad de las comunidades indígenas, las cuales, mediante el ejercicio de sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el auto-reconocimiento de sus espacios de expresión colectiva”. (Subrayado fuera de texto)
Así, se ha establecido la consulta previa como un derecho fundamental de las comunidades étnicas y un requisito de procedimiento que debe surtirse antes de un trámite legislativo en el que se adopten medidas que puedan afectarlas directamente. En este sentido, la Corte expresó en la Sentencia C-702 de 2010(61):
“La consulta debe efectuarse en un momento previo a la radicación del proyecto en el Congreso de la República, para que los resultados del proceso de participación incidan en el contenido de la iniciativa que se somete a consideración; no obstante, durante el trámite legislativo en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se interrumpe”. (Subrayado original)
Debe señalarse que la consulta previa solamente es necesaria en el caso de decisiones que conciernen directamente a una o varias comunidades étnicas. Sobre este punto, la Corte en la Sentencia C-030 de 2008(62) diferenció para efectos de participación entre decisiones que conciernen directamente o indirectamente a las comunidades étnicas:
Ahora bien, a fin de establecer si la consulta es obligatoria en un caso concreto, por afectar directamente a las mencionadas comunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalada que hay “afectación directa cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. De manera que procede la consulta, cuando la ley contiene disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal afecto sea positivo o negativo, aspecto este que debe ser, precisamente, objeto de la consulta”(63).
En relación con la consulta previa en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales, la Corte ha sostenido que al realizar el control automático de constitucionalidad que le compete sobre instrumentos internacionales ratificados por Colombia, debe también verificar el cumplimiento del requisito de la consulta previa cuando se trate de normas que afectan directamente a las comunidades étnicas(64).
La Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna, por lo que a éstas les corresponde el previsto para las leyes ordinarias (C.P., arts. 157, 158, 160 y 165).
“Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta”(65).
El texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 665 del 7 de septiembre 2011(66), cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (art. 154 constitucional), y a la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la Comisión Respectiva (art. 157 num. 1º de la Carta).
La ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de la República y presentada en forma favorable por el Senador designado Edgar Gómez Román. La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 139 del 11 de abril de 2012(67).
El Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado fue anunciado para primer debate en el Senado de la República el 8 de mayo de 2012, tal como consta en el Acta 22 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 547 del 23 de agosto de 2012(68), en los siguientes términos (subrayas fuera de texto):
“Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión (Acto Legislativo 1/2003, art. 8º):
1. Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
En la parte final del acta, el Presidente de la Comisión indica: “Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 10 de la mañana”.
El proyecto fue discutido y aprobado el 9 de mayo de 2012, según consta en el Acta 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 548 del 23 de agosto de 2012(69). El siguiente es el texto de la aprobación:
De acuerdo a las anteriores consideraciones, me permito proponer a los honorables senadores, dése(sic) primer debate al Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.(sic)
La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa que está en consideración el informe leído. Aprueba la Comisión el informe final del Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado.
El secretario de la comisión, doctor Diego González González, le informa a la presidencia que ha sido aprobado el informe final del Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, informa a la Presidencia que sí se aprueba por los Senadores de la Comisión, la omisión de lectura del articulado, y el bloque del articulado del Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado.
El secretario, doctor Diego González González, da lectura al título del Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. Está leído el título del proyecto señora presidenta.
La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los senadores de la comisión, el título del Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado, leído por el secretario. ¿Aprueba la comisión el título y que este proyecto de ley tenga segundo debate en la plenaria del Senado?
El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa a la presidencia que sí aprueban los senadores de la comisión, el título del Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado, y el querer de los senadores que este proyecto se convierta en ley de la República y pase a segundo debate en la plenaria del Senado.
En consecuencia, la señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, nombra como ponente para el segundo debate al mismo Senador Édgar Gómez Román”. (Negrillas y subrayado fuera del texto)
De acuerdo con certificación del 13 de febrero de 2013(70), suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley en cuestión fue discutido y aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de trece senadores que conforman la comisión. Todos ellos aprobaron el referido proyecto por unanimidad, tal y como consta en la Gaceta 548 de 2012. (Ver folio 1 -2, cuaderno de pruebas 1 OPC-13/13)
La ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue publicada en la Gaceta 579 del 31 de agosto de 2012(71), siendo presentada en forma favorable por el Senador Edgar Gómez Román.
El proyecto de ley fue anunciado el 4 de septiembre de 2012 para la próxima sesión, tal como consta en el Acta 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 797 del 9 de noviembre de 2012. El anuncio se realizó así:
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.(…) Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado”.(Subrayado fuera de texto)
Según consta en el Acta 13 del 11 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 798 de la misma fecha(72), la plenaria del Senado aprobó el proyecto en la fecha para la cual fue anunciado. La votación fue unánime como se puede deducir del acta, toda vez que hubo un quórum de 92 votos afirmativos de 100 senadores pues 8 se encontraban ausentes con excusa, cero negativos y cero abstenciones de 100 senadores. Lo anterior, es ratificado por la certificación expedida el 25 de febrero de 2013 por el secretario general del Senado de la República(73).
Debe tenerse en cuenta que la iniciativa fue aprobada en cada uno de los debates, tanto en comisiones como en plenaria. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en cada una de las etapas del trámite legislativo el proyecto fue aprobado por unanimidad y a través de votación ordinaria. Así, aunque el artículo 133 Constitución Política prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas, difirió las excepciones a la ley. Por tanto, el artículo 129 R.C., modificado por el artículo 1º de la Ley 143 de 2011 estipula en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros”.
El siguiente es el texto de la aprobación(74):
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Radicado el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el 141 de 2012, fue repartido a la comisión segunda Constitucional de la Cámara de representantes, y se designó como ponente al representante Iván Darío Sandoval Perilla. La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 825 del 21 de noviembre de 2012(75).
De conformidad con el texto del Acta 22 del 21 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 222 del 22 de abril de 2013(76), el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los siguientes términos:
“Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 y estos proyectos van a ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Proyecto de Ley 141 de 2012 Cámara, 107 de 011 Senado, por medio de la cual se aprueba ¿El acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y El Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar de Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. (Negrilla fuera del texto)
En efecto, la comisión segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la sesión del 28 de noviembre de 2012, según consta en el Acta 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 224 del 22 de abril de 2013(77). De acuerdo con certificación expedida por la secretaría general de la comisión segunda de la Cámara de Representantes de fecha 14 de febrero de 2013, allegada a esta corporación el 21 de febrero del mismo año, la aprobación se dio “por votación ordinaria unánime” con el SI de los 13 honorables representantes presentes, pues 5 de los 18 se encontraba ausentes con excusa, tal y como consta en el acta mencionada”(78). (Negrillas fuera de texto)
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 885 del 5 de diciembre de 2012(79), con ponencia favorable del representante a la Cámara Iván Darío Sandoval Perilla.
El anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo en la sesión del 12 de diciembre de 2012, según consta en el Acta 183 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 221 del 22 de abril de 2013.
Sí señor presidente se anuncian proyectos para la sesión plenaria del día 13 de diciembre de 2012, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2003 o para la siguiente sesión donde se voten y discuten proyectos de ley o proyectos de acto legislativo. (…) Proyecto de Ley 141 de 2012 Cámara 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.
En efecto, tal como consta en el Acta 184 de la sesión del 13 de diciembre de 2012, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley por unanimidad en votación ordinaria con la asistencia de 159 Representantes, como consta en la Gaceta del Congreso 271 del 10 de mayo de 2013, según lo ratifica la certificación expedida(80) por el Secretario General de la Cámara de Representantes el 18 de febrero de 2013.
La aprobación se realizó de la siguiente manera(81):
Cuarto punto, Proyecto de Ley 141 de 2012 Cámara, 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España suscrito en Mar del Plata Argentina el cuatro de diciembre de 2010.
El informe con que termina la ponencia dice así: proposición, por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley me permito proponer al pleno de la Cámara de Representantes aprobar en segundo debate el Proyecto de Ley 141 de 2012 Cámara y 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el gobierno del Reino de España suscrito en Mar del Plata Argentina el 4 de diciembre de 2010.
El 02 de enero de 2013(82), el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del convenio internacional, convirtiéndose en la Ley 1611 de 2013.
Posteriormente,, fue remitido el texto de la ley por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, dando cumplimiento al término de seis días otorgado por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
La Corte observa que la aprobación ejecutiva del acuerdo fue suscrita por el Presidente de la República el día 19 de julio de 2011(83). Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuéllar, y la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo Saavedra, se realizó el 07 de septiembre de 2011(84) y la publicación del proyecto de ley se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2011, según consta en la Gaceta del Congreso 665 de esa fecha(85), cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política, esto es, inició su trámite en el Senado de la República y, de otro lado, inició su trámite en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 3ª de 1992.
Esta Corte constata que el proyecto de la ley fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva: el proyecto de ley fue publicado el 7 de septiembre de 2011(86) y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 11 de abril de 2012(87) (C.P., art. 157-1).
Entre el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional, así: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 9 de mayo de 2012(88), mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 11 de septiembre de 2012(89); del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara ocurrió el 28 de noviembre de 2012(90), y el segundo debate tuvo lugar el 13 de diciembre de 2012(91).
En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003(92), que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte que dicho requisito también se cumplió.
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes(93). Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de “permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”(94).
Ahora bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes requisitos(95):
En el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del Senado, el 8 de mayo de 2012 (Acta 22, publicada en la Gaceta del Congreso 547 del 23 de agosto de 2012), se anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día 9 de mayo de 2012, sesión en la que efectivamente se llevó a cabo la aprobación (Acta 23, publicada en la Gaceta del Congreso 548 del 23 de agosto de 2012).
Igualmente, en el trámite del proyecto en el segundo debate en la plenaria del Senado, el proyecto se anunció el 4 de septiembre de 2012 (Acta 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 797 del 9 de noviembre de 2012) para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día martes 11 de septiembre de 2012 a las 3:00 p.m. Y, efectivamente, el 11 de septiembre de 2012, el proyecto fue aprobado según consta en el Acta 13 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 798 del 11 de septiembre de 2012.
Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, se encontró que el anuncio para primer debate se realizó el 21 de noviembre de 2012 (Acta 22 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 222 del 22 de abril de 2013) para el 28 de noviembre de 2012 a las 10 de la mañana, sesión en la que efectivamente se discutió y aprobó el proyecto (Acta 23, publicada en la Gaceta del Congreso 224 del 22 de abril de 2013).
Finalmente, en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se anunció en la sesión del 12 de diciembre de 2012 (Acta 183 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 221 del 22 de abril de 2013) para el 13 de diciembre de 2012, fecha en la que el proyecto fue aprobado (Acta 184, publicada en la Gaceta del Congreso 271 del 10 de mayo de 2013).
En consecuencia, colige la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1611 de 2013 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 5ª de 1992(96).
En los artículos 1º y 2º, las partes que suscriben el acuerdo incluyeron una prerrogativa adicional, la cual se enfatiza en la validez oficial otorgada por una de las partes a los estudios realizados en instituciones de educación superior del sistema educativo del otro Estado, con acreditación institucional o de sistemas académicos, dejando con esto, por fuera de la esfera de aplicación de dicho acuerdo, aquellas instituciones educativas que no se encuentran acreditadas.
El artículo 3º hace referencia a la creación de una comisión bilateral técnica. Comisión que tendrá por objeto tratar todas las cuestiones suscitadas por la aplicación del presente convenio. Esta institución estará compuesta por entre cinco (5) o siete (7) miembros, respectivamente designados por cada una de las partes. Así mismo, está destinada a elaborar una tabla general de equivalencias y acreditaciones, la cual se reunirá a petición de una de las partes, cuantas veces lo considere necesario. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con el objetivo previsto.
Los artículos 4º y 5º, hacen mención a los efectos del reconocimiento y la prosecución de estudios. Señalan que el reconocimiento de títulos producirá los mismos efectos que cada parte confiera a sus propios títulos oficiales, a excepción de aquellos que estén vinculados al ejercicio de profesiones reguladas, para los que será necesario, además de cumplir con las regulaciones que cada país parte impone a sus nacionales, conforme a las normas legales vigentes para cada profesión, someterse a los procedimientos de reconocimiento específico vigentes en cada una de las partes.
En cuanto al artículo 5º, indica que los estudios realizados en el nivel superior en uno de los países signatarios del presente acuerdo, serán reconocidos en el otro a los fines de la prosecución de los estudios y, las autoridades competentes conforme a la legislación de cada una de las partes, podrán admitir a los titulados, según el sistema educativo de la otra parte para la realización de estudios oficiales de postgrado, con la previa confirmación de que los títulos corresponden a un nivel de formación equivalente a los que facultan en cada parte para el acceso a dichos estudios, sin necesidad de reconocimiento previo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso exigibles de acuerdo a lo establecido en las legislaciones internas de cada Estado parte. Superados los estudios de postgrados correspondientes, los títulos obtenidos tendrán plena validez y efectos oficiales.
En el artículo 6º, se ocupa de la actualización o rectificación de la información. En este ítem, se impone a cada una de las partes, la obligación de notificar a la otra, por vía diplomática, las modificaciones o los cambios producidos en el sistema de educación superior de sus respectivos países. Igualmente, las partes se comprometen a mantener actualizada en la página oficial de su organismo acreditador o instrumento que declare la oficialidad de los títulos, la publicación de la relación de títulos y diplomas, y toda la rectificación y/o actualización que se produzca de los mismos.
El artículo 7º se ocupa de los convenios entre las respectivas universidades, para el desarrollo de programas oficiales de grado y postgrado conjuntos. Así mismo, se encarga de que la elaboración, los requisitos y aprobación de estos programas se realice conforme a la legislación de cada uno de los Estados partes.
El artículo 8º consagra que las disposiciones del acuerdo prevalecerán sobre otro Convenio vigente en la materia entre las partes a la fecha de su entrada en vigor. Añade que serán las partes quienes adoptarán las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento del acuerdo por todas las instituciones interesadas en los respectivos países.
El artículo 9º indica que el acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las partes contratantes se comuniquen recíprocamente su aprobación, conforme a las respectivas legislaciones internas.
Así mismo, el artículo 1º de la Constitución, consagra que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Con base en lo anterior, es deber del Estado garantizar los derechos fundamentales de los individuos, dentro de los cuales se encuentra inmerso el derecho a la educación.
De esta forma, la Carta Política reconoce que el derecho a la educación tiene una doble función: i) ser un derecho de la persona encaminado a garantizarle su propio desarrollo, y ii) un servicio público con función social, hallándose comprometido el Estado a proporcionar los medios para su cumplimiento.
Frente a lo cual, esta Corte en la Sentencia T-638 de 1999(97), indicó que la Constitución “ha reconocido a la educación el carácter de derecho fundamental, en cuanto constituye el medio idóneo para acceder en forma permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. Se trata, en realidad, de un derecho inalienable y consustancial al hombre que contribuye decididamente a la ejecución del principio de igualdad material contenido en el preámbulo y los artículos 5º y 13 superiores, pues ‘en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona’”.
“El artículo 67 de la Constitución establece en forma expresa que la educación primordialmente es una función social. “Este concepto de función social tiene su origen en los estudios sobre la transformación del Estado de León Duguit, que sostenía que: "Todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y ése es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes y gobernados... Todo hombre tiene una función social que llenar, y por consecuencia tienen el deber social de desempeñarla; tiene el deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad física, intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible y nadie puede entorpecer ese libre desenvolvimiento”. “De la tesis de la función social de la educación surge entonces la educación como "derecho-deber", que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural”(98).
Siguiendo con el mismo lineamiento, lo acordado no genera contradicciones ni dificultades frente a la regulación constitucional colombiana, contrario sensu, se encuentra dentro de su marco axiológico y compagina con las tendencias globalizantes, lo anterior, conforme a lo estipulado en el numeral 4º del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual indica: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”(99).
Aunado a ello, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales referidos en la Constitución de 1991 en su capítulo 2, título II, el artículo 67 consagra la educación como una garantía fundamental, inherente, inalienable y esencial de la persona(100) y un servicio público que tiene una función social, pretendiendo el acceso “al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” por cuyo intermedio se “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”, correspondiéndole al Estado regular y ejercer la “suprema inspección y vigilancia”, velando por su calidad y el cumplimiento de sus fines.
Adicionalmente, las previsiones estipuladas en el mencionado acuerdo por los Estados partes, encuadran dentro de un marco de conveniencia nacional, reciprocidad, equidad, respeto por la soberanía de los Estados signatarios y la autodeterminación de los pueblos, que realzan el acatamiento de lo estipulado en los artículos 9º, 150 numeral 16 y 226 de la nuestra Carta Política, análogamente es importante precisar que, las ventajas que emanan del mencionado convenio podrán ser aprovechadas, en plena igualdad de condiciones, por nacionales de ambos países.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio, presidente, con aclaración de voto—María Victoria Calle Correa, con aclaración de voto—MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, ausente con excusa—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con aclaración de voto—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con aclaración de voto—Nilson Elías Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con aclaración de voto—Alberto Rojas Rios—Luis Ernesto Vargas Silva, con aclaración de voto.
(1) M.P. Alejandro Martínez Caballero
(2) Clara Inés Vargas Hernández
(3) M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett
(4) M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño
(5) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(7) M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño
(8) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(9) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(10) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(11) M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño
(12) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.-Marco Gerardo Monroy Cabra
(13) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(14) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(15) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(16) M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla
(17) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(18) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(19) M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
(21) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(22) M.P. Dr.Nilson Pinilla Pinilla
(23) M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
(24) M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(25) M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández
(26) M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla
(27) M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández
(28) M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla
(29) M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández
(30) M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
(31) M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
(32) M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(33) M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
(34) M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
(35) M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
(36) M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.
(37) M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
(38) M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.
(39) M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
(40) M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
(41) M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
(42) M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
(43) M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
(44) M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
(45) M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(46) M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla
(47) M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
(48) M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
(49) M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
(50) M.P. Dra. María Victoria Calle Correa
(51) M.P. Dr. Alexei Julio Estrada
(52) M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
(53) M.P.Dr. Álvaro Tafur Galvis
(54) M.P.Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
(55) El artículo 150-14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de “aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.
La Ley 5ª de 1992, artículo 217, refiere: “Condiciones en su trámite. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. Las comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada”. Dicha disposición orgánica fue declarada exequible en la sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía. Cfr. Sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(56) Ley 5ª de 1992, artículo 204. “Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente reglamento”.
(57) Folio 6, cuaderno principal.
(58) Aprobada por la Ley 32 de 1985
(59) Folio 64, cuaderno principal.
(63) Sentencias C-030 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-461 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-750 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-175 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras
(64) Sentencias C-615 de 2009 y C-187 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(65) Sentencia C-334 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis
(66) Ver folio 121 y siguientes del cuaderno de pruebas 1
(67) Ver folios 118-119 del cuaderno de pruebas 1
(68) Ver folios 41-61 del cuaderno de pruebas 1
(69) Ver folio 4-5 del cuaderno de pruebas 1
(70) Ver folios 1-2, Cuaderno de Pruebas 1, OPC-013/13.
(71) Ver folio 68-69 del Cuaderno de pruebas 1 OPC-013/13.
(72) Ver folios 68-71, Cuaderno principal.
(73) Ver folio 70, Cuaderno Principal.
(74) Páginas 22 de la Gaceta del Congreso 798 del 11 de septiembre de 2012.
(75) Ver folios 58-60 del cuaderno principal.
(76) Ver folio 35 del Cuaderno principal.
(77) Ver folios 16-17 de cuaderno de pruebas 2 OPC-014/13.
(78) Ver folios 38-40 del cuaderno principal.
(79) Ver folio 4 y siguientes del cuaderno principal.
(80) Ver folio 24-25 del Cuaderno principal.
(81) Página 35 de la Gaceta del Congreso 271 del 10 de mayo de 2013.
(82) Ver folio 14 del cuaderno principal.
(83) Ver folio 64 del cuaderno principal.
(84) Ver folio 12 del cuaderno principal.
(85) Ver folios 122 y siguientes del cuaderno de pruebas No 1 OPC-013/13
(86) Gaceta del Congreso 665 del 28 de septiembre de 2012.
(87) Publicación de la ponencia para primer debate en la Gaceta del Congreso 1106 del 30 de octubre de 2009.
(88) Según consta en el Acta 23 del 9 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 548 del 23 de agosto de 2012.
(89) Según consta en el Acta 13 del 11 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 798 de la misma fecha.
(90) Según consta en el Acta 23 del 28 de noviembre de 2012, publicado en la Gaceta del Congreso No.- 224 del 22 de abril de 2013.
(91) Según consta en el Acta 184 del 13 de diciembre de 2012, publicada en la gaceta del Congreso 271 del 10 de mayo de 2013.
(92) “Por el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se dictan otras disposiciones”.
(93) Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(94) Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(95) Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(96) “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”
(97) M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
(98) Sentencia T-02 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(99) Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor para Colombia por su aprobación mediante la Ley 74 de 1968.
(100) Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-539 de septiembre 23 de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez y T-009 de mayo 22 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: artículo 241
 Real Decreto 
 artículo 1
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