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Timestamp: 2017-06-28 21:12:57+00:00

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sent-33558-09Cargado por organikoltdaIntereses relacionadosPensionCase LawRetirementInsuranceColombiaCalificación y estadísticas0.0 (0)Acciones de documentosDescargaCompartir o incrustar documentosInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentRepública de ColombiaCorte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL
previó como causales de incompatibilidad de las pensiones e indemnizaciones sustitutivas
Radicado 33558. esto es. y concluyó que es procedente aplicarla en este caso.
En lo que al recurso extraordinario interesa. copió parcialmente un pronunciamiento de la Corte Suprema.
Dejó las costas de primera instancia a cargo de la demandada. se reitera.
En torno a la actualización del ingreso base para liquidar la pensión. Banco Central Hipotecario. que la pensión de invalidez “no se erige como impedimento para el disfrute de la pensión de jubilación a que indudablemente tiene derecho. En efecto. en vigencia de la nueva normatividad de Seguridad Social Integral prevista en la Ley en comento”. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. el ad quem consideró que el reconocimiento de la pensión reclamada encuentra origen en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. así como también. y no las impuso en la alzada. el Acuerdo 048 (sic) de 1990 aprobado mediante Decreto 758 de 1990. que gobierna lo relativo al régimen de transición pensional. aplicable al demandante “toda vez que el derecho pensional se consolidó el 18 de septiembre de 2000 cuando el señor RIAÑO FERNÁNDEZ cumplió 55 años de edad.
empero tal causal no resulta aplicable en la medida en que ella y la prevista en el literal a) fueron objeto de nulidad declarada por el Consejo de Estado mediante sentencia de abril 3 de 1995 expedientes 5708 y 5833 y 5937. una vez cumplidos los requisitos para la pensión de vejez se subsume en ésta obviamente en aplicación de los Reglamentos de Seguro Social que enmarcan el procedimiento en materia de invalidez. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. Sin embargo. la que deberá ser cubierta por el Banco hasta tanto el Seguro Social reconozca la de VEJEZ quedando a cargo de la entidad bancaria el mayor valor si lo hubiere. Banco Central Hipotecario.”
. no puede negarse de todas maneras que la causa de las prestaciones de que aquí se trata es diferente sin que con ello se desconozca que la pensión de invalidez de origen profesional.República de Colombia
Radicado 33558. lo que aquí acontece emana de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN en aplicación de la Ley 33 de 1985. entre otras con las demás pensiones y asignaciones del sector público. vejez y muerte.
que cubre el ISS. Y si bien es cierto el criterio orientador de la mentada nulidad se cimentó en el origen de los dineros que administra el Seguro Social.
data a partir de la cual se reconoce la pensión de jubilación al demandante. que la parte accionada únicamente esta (sic) conformada por el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO. la regla matemática para indexar esta clase de pensiones se materializa iniciando a partir del salario promedio devengado por el trabajador durante el último año de servicio. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. en las condiciones del informativo. el que la Sala acoge y con ello modifica cualquier metodología en contrario utilizada para el efecto.
ex trabajador unas mejores condiciones de carácter económico. suma alguna durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la pensión. que desde luego no exhibe la de invalidez y en todo caso ante la simultaneidad de tales prestaciones debe primar la de JUBILACIÓN. Para ello y según el método o procedimiento propuesto en la sentencia 13336 de noviembre de 2000.República de Colombia
Radicado 33558. tal guarismo es menester ponderarlo verificando una multiplicación por el
. Que como el trabajador no devengó. la variación del IPC hasta llegar a la data de consolidación de la pensión. que resulta ajena a la órbita del Seguro Social”. Sin olvidar finalmente. mismo que no puede ser objeto de favorecimiento respecto de una pensión. Banco Central Hipotecario. actualizado en forma anual utilizando para ello. la actualización del salario base procedía “en forma anual hasta llegar al 18 de septiembre de 2000. ni cotizó.
10. que preceptúa que “Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez.
número de días que corresponde a cada salario y dividiéndolo por el que se adopta para el ingreso base de liquidación.07.987.C. La fórmula es: S.C.32. quedando a cargo de la demandada el mayor valor si lo hubiere. así como las mesadas adicionales de junio y diciembre. A renglón seguido.316. obtuvo como ingreso base para liquidar actualizado la suma de $865.P. partiendo de un salario promedio de $373. desde el 18 de septiembre de 2000. se regirán por las disposiciones
.986. “hasta tanto el Seguro Social reconozca la pensión de vejez de acuerdo a sus reglamentos. para una mesada inicial de $648. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.B. X I. Banco Central Hipotecario. DIVIDIDO POR LE NÚMERO DE DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA DESVINCULACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN”. pues la pensión reconocida se soporta en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.”. a lo que agregó el pago de los intereses moratorios. aplicando los reajustes anuales. DE SEPTIEMBRE DE 1991 A 2000 X NÚMERO DE DÍAS A INDEXAR POR AÑO. finalmente a dicho resultado se le calcula el porcentaje de pensión y se obtiene el valor de la primera mesada pensional.República de Colombia
Radicado 33558. desarrolló la fórmula anterior.
Radicado 33558. en el orden propuesto.
Con fundamento en la causal primera. de resultar necesario. se procede a resolver. formula dos cargos. Inicialmente. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. el de la parte demandada y. y admitido por la Corte.
Interpuesto por ambas partes. el del demandante. “ordene la compartibilidad de la pensión de invalidez con la de jubilación y absuelva al Banco por concepto de los intereses moratorios”. Banco Central Hipotecario.
Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada. concedido por el Tribunal. y en sede de instancia. Se estudiarán separadamente. que fueron oportunamente replicados.
contenidas en la presente Ley y una de ellas es precisamente la regla legal contenida en el mentado precepto”.
Por la vía directa. fecha en la que el demandante adquirió el derecho a la pensión de jubilación.990. el demandado advirtió. expresamente. parágrafo 2 de la Ley 776 de 2.República de Colombia
Radicado 33558. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. 16 y 49 del acuerdo 049 de 1. que limitaba su inconformidad por no haberse ordenado la compartibilidad de la pensión de jubilación con la de invalidez de origen profesional. 21 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo y 5 literal C del decreto 813 de 1994. 73 y 75 del Decreto 1848 de 1969. 1. 23 del Acuerdo 155 de 1. aprobado por el Decreto 785 (sic) de 1. Banco Central Hipotecario. 27 y 75 del Decreto 3135 de 1. violación que condujo a la falta de aplicación del artículo 10.964.
En la demostración.968. la sentencia del ad quem viola “los artículos 10. en relación con los artículos 1º de la Ley 33 de 1985.002”.
.990. 68.963 aprobado por el Decreto 3170 de 1. en el concepto de aplicación indebida. 19. concedida por el ISS a partir del 18 de diciembre de 2000.
si de favorabilidad se trata. Banco Central Hipotecario. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.”. pues. juzga claro que la pensión de invalidez que tiene el demandante. De esta manera. dice. no significa que pueda percibir simultáneamente las dos prestaciones.República de Colombia
Radicado 33558. se confunde un mismo fin en ambas prestaciones. “toda vez que la facultad para compartir una obligación pensional emana de la subrogación de un riesgo. proviene de un siniestro que causa la pérdida de la capacidad laboral y que le impide continuar generando recursos para su subsistencia. si una persona que disfruta de una pensión de invalidez. se habilita para acceder a una jubilación. que no es otro que el resguardo frente al desgaste que depara la edad.
Luego de reproducir la parte pertinente de la motivación del fallo de segunda instancia. el hecho de que deba primar la pensión de jubilación –que no discute-. y es por ello. previamente asegurado. por el paso del tiempo. y no depende de una circunstancia meramente graciosa. por lo que resulta contradictorio “considerar que el beneficio de asistencia económica que otorga la pensión de invalidez no está
. que el amparo que brinda la pensión de invalidez persigue el mismo objetivo que se procura con la pensión de jubilación. la tildó de equivocada. que apuntan a proteger idéntico objetivo.
es inviable acceder a la compartibilidad sólo cuando el actor alcance la edad para hacerse merecedor de la pensión de vejez. sino que es una consecuencia que se deriva de la prescripción contenida en la norma”. asevera. por ello. Banco Central Hipotecario. sea compartible con la de jubilación.
llamado a cubrir esa imposibilidad de generar los recursos económicos necesarios para la subsistencia. que fue debidamente asegurado. Lo anterior es así. no proviene de una orden estrictamente legal. por lo cual. “Mutar una prestación pensional de invalidez en una de jubilación y/o de vejez. conduce a irrogar un indebido favorecimiento”. “momento para el cual con base en el artículo 23 del Acuerdo 155 de 1. toda vez que en esa data futura no diferirán los hechos que actualmente se presentan. por esa vía estimar que compartir ese riesgo. a pesar de que.963 ésta adquiere esa condición [de] pensión de vejez y. por ende. por lo tanto.”. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.República de Colombia
Radicado 33558. cuando cumplió los 55 años de edad. la compartibilidad que invoca. se presenta desde el 18 de septiembre de 2000. que. es decir la protección que irroga la prestación inicialmente otorgada. producto de la pérdida de la disminución de la capacidad para laborar que le causó al beneficiario el riesgo profesional que padeció y.
Que lo pretendido en el recurso extraordinario.República de Colombia
Radicado 33558. por ende. hasta tanto (…) cumpla la edad para la pensión de vejez. Banco Central Hipotecario. en la que se encuentra que no pueden percibirse. prestaciones por invalidez y a la vez prestaciones otorgadas por los riesgos comunes como lo es la pensión de jubilación oficial. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. la aplicación del “artículo 49 de la Resolución 049 de 1990”. y que “la infracción directa resulta de las claras voces del parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002. constituye un “contrasentido ilegal”.
. es la que correspondía.
Finalmente. sostuvo que la aplicación indebida se suscita por “el hecho de haberse considerado que es posible que el actor continúe disfrutando de la pensión de invalidez. amerita que se comparta el valor de la pensión de jubilación. toda vez que esa prestación ampara los mismos riesgos y esa circunstancia implica que haya operado (desde el mismo momento del cumplimiento de los requisitos para la jubilación) la subrogación del riesgo y.”. pues no se puede aplicar “como causal de incompatiblidad la pensión de invalidez. simultáneamente. (…). contrario a lo que arguye el recurrente.” LA RÉPLICA
la Sala resolverá sobre la viabilidad de que el actor pueda disfrutar
. supuestos fácticos tales como la condición de trabajador oficial del demandante.
Conforme a los términos en que se plantea el alcance de la impugnación. Banco Central Hipotecario. en los términos del artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990.
La senda escogida por el impugnante. supone que exista una de vejez debidamente otorgada por el ISS. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. y lo advertido por éste imponen que el estudio del cargo parta de tener por verdad. y que fue pensionado por invalidez de origen profesional el 11 de octubre de 1996. los extremos de la relación de trabajo. el cumplimiento de 55 años de edad el 18 de septiembre de 2000. Y que la compartibilidad de una pensión.
cuando claramente ese aspecto fue declarado nulo por el Consejo de Estado.República de Colombia
Radicado 33558. buscando un beneficios (sic) para la patronal que ya fue resuelto jurídicamente”. más de 15 años de servicios acumulados para la fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985.
la Corte se ha pronunciado en el sentido de señalar la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de vejez.
. reconocida por el Instituto de Seguros Sociales el 11 de octubre de 1996. por haber reunido los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985. se descarta la posibilidad de desatender algunos de los principios consagrados en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993.
simultáneamente la pensión de invalidez de origen profesional.
En efecto. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. a la que aspira. con lo cual. en esta oportunidad. consagrada en un ordenamiento como la Ley 33 de 1985. es perfectamente posible la compatibilidad con que el Tribunal favoreció las aspiraciones del actor.
Si bien. o en la Ley 90 de 1946. el problema jurídico que ahora se aborda. tiene como supuesto fáctico incontrovertible. que no forma parte del sistema de seguridad social integral. esto es. Banco Central Hipotecario. que la pensión de jubilación que reclama el demandante es de orden legal. precisará que bajo circunstancias especiales. entre una de invalidez con una de jubilación a los 55 años de edad. como las que se dejaron delineadas.República de Colombia
Radicado 33558. y la de jubilación.
la jubilación está a cargo del empleador. cuando el ISS no lo subroga por alguna circunstancia.
Desde otra óptica. una vez concurran las exigencias allí previstas. que nace a cargo del empleador. confluyan los requisitos establecidos por los reglamentos respectivos. es una obligación pura y simple. si una de las bases de la línea jurisprudencial de la Corte sobre el tema de la incompatibilidad entre una pensión de invalidez y otra de vejez. se reitera. será cubierta por una entidad que sí forma parte del Sistema. diseñado sobre principios como los de la unidad y la universalidad. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. dado que. y la de invalidez.República de Colombia
Ciertamente. y se transmite a las personas llamadas a sustituir en el goce del
. de no suceder así. en el caso presente tal argumento se desvanece. la pensión de jubilación a cargo del empleador se torna vitalicia. Banco Central Hipotecario. ha sido la afectación de la sostenibilidad del esquema de seguridad social. siempre y cuando. y no se encuentra sometida a condición extintiva o resolutoria diferente a la generada en el reconocimiento de la prestación por vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales. desde luego. conviene decir que la pensión de jubilación contemplada en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. pero dentro del mismo contexto.
ninguna mención hace a la posibilidad de compartir esa prestación con la de vejez.
derecho al jubilado. toda vez que la pensión de invalidez fue otorgada como efecto de un accidente profesional. Revisado el contenido del Acuerdo 155 de 1963. nada tiene que ver con el subsistema de riesgos profesionales. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. Banco Central Hipotecario. a partir del cumplimiento de la edad mínima. como impedimento de ese reconocimiento una vez se han reunido los requisitos previstos. Ninguna otra hipótesis consagra la ley como susceptible de enervar los efectos de la concesión de la pensión jubilatoria. las prestaciones allí contempladas. se
. que sirvió al ISS para reconocer la pensión de invalidez.
Acorde con lo anterior. que establece la transformación de la pensión de invalidez en la de vejez. ni tampoco. precisa destacarse que en el escenario fáctico descrito. ni mucho menos. que es el que corresponde aplicar en el sub lite. mucho menos si se advierte que dicho Acuerdo. no tiene ningún protagonismo el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990. aprobado por el Decreto 758 de 1990. la preceptiva del artículo 63 permite inferir que. Más bien. aprobado por el Decreto 3170 de 1964. con la de jubilación patronal.República de Colombia
Radicado 33558. dada la autonomía financiera y contable del subsistema.
entre otras cosas. que tienen su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. empero. tienen fuentes de financiación independientes. debe interpretarse que no abarca lo relacionado con riesgos profesionales. a partir del 1º de abril de 1994.República de Colombia
Radicado 33558. las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
conceden independientemente de las consagradas para los riesgos de invalidez y muerte de origen común. memorar que para la época en que CAMILO EDUARDO RIAÑO se desvinculó del BANCO CENTRAL
. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. toda vez que se cotiza separadamente para cada riesgo. que prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y de vejez en un mismo afiliado.
Lo mismo cabe referir respecto de lo preceptuado en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. al encontrarse ubicado el precepto en el libro primero de dicho ordenamiento. aún con el vigor jurídico que cobró la Ley 100 de 1993.
Contribuye en gran manera a la desestimación del cargo. En ese orden. Banco Central Hipotecario. son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común. por la potísima razón de que los recursos con que se pagan.
Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
HIPOTECARIO.República de Colombia
No es la unidad de designio de las dos prestaciones el criterio que debe prevalecer a la hora de definir una controversia como la que concita la atención la Sala. así la misma entidad de seguridad social le esté pagando la otra prestación. pues desde esa perspectiva no sería viable la percepción simultánea de las pensiones de sobrevivencia y de vejez por una misma persona. se tiene decantado que una misma persona puede ser beneficiaria
. tanto que. Incluso. cuando le sobrevino la invalidez. Banco Central Hipotecario. si satisface las exigencias legales. pues el simple prurito del “beneficio de asistencia económica”. destinado a “cubrir esa imposibilidad de generar los recursos económicos necesarios para la subsistencia”. no ha sido óbice para que la jurisprudencia haya definido que la esposa o la compañera permanente de un pensionado fallecido. mucho menos puede tomarse esa solución por el solo advenimiento de la pensión de invalidez. ni siquiera su deceso hubiera privado a los legitimados de acceder al goce de la pensión de jubilación. acceda a la pensión por vejez. había completado más de 20 años al servicio de la entidad. y sólo esperaba el cumplimiento de la edad para consolidar su derecho.
que atiende a su naturaleza disímil dentro del derecho de la seguridad social. “Independientemente de la controversia que se expone en relación con la posibilidad jurídica de que la demandada pudiera. estimó que la medida del ente de seguridad social de suspender unilateralmente el pago de la prestación derivada del accidente laboral padecido por el accionante está ceñida al artículo 42 del decreto 2665 de 1988. y que ellas tienen la misma finalidad protectora. la invalidez. guardan compatibilidad entre sí.
simultáneamente de una pensión de invalidez de origen profesional. así mismo. pues es relativo al procedimiento administrativo interno del ISS. al dejarse sustentado lo siguiente: “La controversia que plantea el cargo tiene que ver con la decisión del Tribunal de no declarar compatibles las pensiones de invalidez de diverso origen: por riesgo profesional y por riesgo común. y otra generada en riesgo común. aspecto que no le fue ajeno al legislador desde la ley 90 de 1946 y en la posterior legislación sobre la materia. “Así se afirma y concluye porque las prestaciones económicas que no se debate percibía el demandante antes de la suspensión objeto de discusión y que fueron reconocidas por resoluciones número 10. aspecto formal que a la postre no define el derecho sustancial de éste. debido a que cada una cubre un riesgo diferente y están sujetas a una reglamentación distinta. suspender el pago de la pensión de invalidez por riesgo profesional que primigeniamente reconoció al demandante. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. y de las cuales aquél suspendió la primera. que el ISS reconoció al actor. unilateralmente.República de Colombia
Radicado 33558. como en sentencia de 12 de septiembre de 2001. Banco Central Hipotecario. lo cual no permite confusión en torno a los efectos jurídicos emanados de las variadas contingencias que protege el seguro.213 del 27 de noviembre de 1984 y 8625 del 3 de enero de 1986. radicación 16033. Para ello argumentó el juzgador que ambas prestaciones amparan un mismo riesgo. esto es. para la Corte el cargo debe prosperar. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 del decreto 2665 de 1988. como en efecto lo son el riesgo
que trae a colación el censor. de sendas pensiones de invalidez que en su oportunidad le concediera y pagara el Instituto de Seguros Sociales. a cada una de las cuales. así como para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. de manera autónoma. y en la que se puntualizó lo siguiente: <Por otra parte. y la segunda por invalidez permanente total derivada de una enfermedad no profesional e igualmente determinada conforme a los procedimientos pertinentes.
. los cuales fueron delimitados separadamente en cuanto a sus consecuencias. tal como se desprende de los informes correspondientes (fls. vejez y muerte. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. 02003300648 y que en tal virtud disfrutó. entre ellos. hasta su fallecimiento. “En este sentido fue que se pronunció la Corte en su sentencia 11235 del 18 de noviembre de 1998. les ha determinado su propio perfil y sus respectivas consecuencias. por incapacidad permanente total originada en la enfermedad profesional debidamente diagnosticada en su momento. <Consta en el informativo que el señor Laurencio Cubillos cotizó para el Instituto demandado durante mas de 12 años para el seguro de invalidez.República de Colombia
de invalidez. no es posible confundir los efectos jurídicos provenientes de los diferentes riesgos que ampara el seguro.57 y 75). vejez y muerte. que su compatibilidad nació precisamente del hecho de que cada una cubre un riesgo distinto y de que cada una de ellas parte de presupuestos reglamentarios diferentes. y las eventualidades del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. bajo la afiliación No. con el fin de zanjar cualquier posible discusión en torno a la validez de tal percepción simultánea de las mismas. de acuerdo con las disposiciones reguladoras de las contingencias correspondientes: la primera. ya en lo que tiene que ver con las pensiones de invalidez que disfrutó en vida el señor Laurencio Cubillos considera la Sala oportuno aclarar aquí. Banco Central Hipotecario. accidentes de trabajo o enfermedades profesionales con los derivados de enfermedades de origen no profesional. <Conviene recordar que desde la instauración del régimen de la seguridad social en Colombia mediante la Ley 90 de 1946.
el sujeto obligado a las cotizaciones. se trataron estos seguros en secciones distintas y cada uno ha venido siendo reglamentado en forma separada por diferentes Decretos y acuerdos.
<Si bien la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que en principio no es posible disfrutar simultáneamente dos pensiones por un mismo beneficiario. por la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. entre otros aspectos. como el de invalidez de origen común que en determinadas circunstancias deviene en pensión de vejez . 1172 de 1989. De manera que con algunas excepciones en que se ha producido una
. de la otra. 2496 de 1982. o la plena de jubilación patronal y la de vejez que reconoce el ISS. de una parte. así: a) ATEP: Decretos 3169 de 1964. <Y esa clara diferencia en cuanto a su origen . 539 de 1974 y 027 de 1982. 462 de 1983. 3170 de 1964. y acuerdos 258 de 1967. desde la Ley 90 de 1946. su administración. <Y a su turno ello apareja el que la reglamentación pertinente gobernara dos “seguros” independientes y autónomos: el de enfermedad general y maternidad (EG y M). que no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador . 2053 de 1988. y hasta el Acuerdo 049 de 1990. y accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP). al menos por la época de los hechos.y la pensión de jubilación. a diferencia de aquellas que ahora ocupan la atención de la Sala y cuya coexistencia no está prohibida. el monto de las mismas.una proviene de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional. Banco Central Hipotecario. Siendo diferentes. ello ha sido exclusivamente en aquellos casos en que así lo disponen expresamente las normas aplicables o éstas cubren un mismo riesgo o atienden al mismo seguro. Nótese que estas pensiones tienen la misma naturaleza y amparan. en tanto la otra se deriva de un riesgo común. los requisitos de las prestaciones otorgadas y el monto de ellas en uno y otro seguro.República de Colombia
Radicado 33558.conduce inequívocamente al tratamiento de “contingencias” distintas. <Así. y b) EG y M: Decretos 770 de 1975. y acuerdos 575 de 1975 y 158 de 1980. 1664 de 1984. se repite el mismo riesgo. su financiación. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. 3224 de 1981.
siempre se han distinguidos esos dos seguros aún por las normas orgánicas de los seguros sociales contenidas en la Ley 90 de 1946 y en los Decretos extraordinarios 433 de 1971 y 1650 de 1977. como sí ocurriría si se estuviera en presencia de la “incapacidad absoluta” regulada por el inciso segundo ibidem. pero no lo inhabilita para desempeñar “toda clase de trabajo remunerado”. no viera óbice alguno para que el trabajador laborara en un oficio diferente al primigenio y para que no pusiera reparo a la otra pensión de origen no profesional basada en una enfermedad distinta y consintiera expresamente la compatibilidad entre ambas hasta el fallecimiento de su beneficiario>. Banco Central Hipotecario. pues no aplicó los preceptos referidos en la proposición jurídica del ataque. cuando el ad quem concluyó que la pensión de invalidez por riesgo profesional que inicialmente otorgó el ISS al actor. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. “En consecuencia. como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte”
. <Y en el caso específico.
reglamentación conjunta.República de Colombia
Radicado 33558. la consideración de no ser excluyentes las dos pensiones que disfrutó en vida el pensionado hasta su deceso. incuestionablemente incurrió en la infracción normativa que le increpa la censura. Esta es la razón esencial para que el Instituto conocedor de que previamente se había otorgado una pensión de origen profesional. era incompatible con la pensión de invalidez por riesgo común que posteriormente le reconoció. aprobado por Decreto 3170 de 1964). obedeció fundamentalmente a que la primera de origen profesional se concedió por “incapacidad permanente total”. concepto que en los términos del precepto entonces aplicable (artículo 16 del Acuerdo 155 del 1963. a pesar de haber colegido inicialmente que de los artículos 8º del decreto ley 433 de 1971 y 18 del decreto 3041 de 1966 no se deduce la incompatibilidad alegada por el ISS (folio 317). implica que el asegurado padece de una serie de alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible que le impiden desempeñar su trabajo habitual u otro similar compatible con sus aptitudes y formación profesional. que permite la compatibilidad alegada en la demanda ordinaria.
dado que al momento en que asuma el pago de la pensión de vejez. el cargo es infundado. puesto que ampara un riesgo diferente. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. siendo que además. la segunda no está destinada a mutarla pensión de vejez. pues el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente. Banco Central Hipotecario. será quien deba sufragar las dos prestaciones. en el sentido de establecer la incompatibilidad entre dos pensiones de invalidez.
En el caso bajo examen. la sentencia cuestionada no incurre en la trasgresión jurídica que le enrostra la censura. pues solo habrá lugar a ello cuando tengan origen “en el mismo evento”. sin que sobre anotar que el interés que le asiste al ente bancario accionado para solicitar la compartibilidad se ve seriamente comprometido.
Tal doctrina no pierde vigencia aún con la previsión normativa del parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002. dado que quien eventualmente estaría interesado en la integración de las dos pensiones es la entidad de seguridad social que reconoció y actualmente paga la prestación por invalidez. En consecuencia.
En consecuencia. con mucha mayor razón. las pensiones de jubilación y de invalidez son compatibles.República de Colombia
“Es decir que su pensión de jubilación está gobernada por ese artículo y por lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1. en relación con el artículo primero de la Ley 33 de 1. sino del establecido en la Ley 33 de 1985.
Acusa la sentencia del ad quem de violar “por la vía directa. dado que su retiro del servicio se produjo el 1º de diciembre de 1991. tal como lo previó el parágrafo segundo del artículo 1º de la mencionada Ley 33. Banco Central Hipotecario.993.968”
Básicamente. asevera que el Tribunal aplicó indebidamente las normas relacionadas en la formulación de la acusación.República de Colombia
Radicado 33558. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. es excluyente. en el concepto de aplicación indebida de los artículos 36 y 141 de la Ley 100 de 1.968. pues remite al régimen anterior a su vigencia (artículo 27
. es exclusiva y especial.985 y el artículo 27 del Decreto 3135 de 1. puesto que RIAÑO FERNÁNDEZ no es sujeto de aplicación del régimen de transición creado por la Ley 100 de 1993. significando que la transición ordenada por el parágrafo en mención es única.
En fin. que no el de la Ley 100 de 1993. el artículo 36 de la Ley 100 de 1. sería notoriamente injusto que
. afirma.
del Decreto Ley 3135 de 1. que el régimen de transición que corresponde al demandante es el previsto en la Ley 33 de 1985. según la cual. copió un trozo jurisprudencial. no es posible. Que.968)”. sin incurrir en aplicación indebida involucrar. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. “al consagrar la mencionada Ley 33 (…) un régimen de transición para aquellos trabajadores oficiales que hubiesen cumplido más de 15 años de servicios al entrar en vigencia la aludida ley. sin importar si su reconocimiento es anterior a la vigencia del estatuto de seguridad social integral de 1993. Banco Central Hipotecario.993 con el pretexto de fundamentar un régimen de transición que no le corresponde”. como sería el caso del demandante. LA RÉPLICA
La oposición a la prosperidad del cargo la apoya en la sentencia C-601 de 24 de mayo de 2000. los intereses por mora son procedentes.República de Colombia
Finalmente. que estima aplicables a este litigio. siempre que exista tardanza en el pago de una pensión. Agrega que. que identificó parcialmente. y mencionó otros varios.
y el trabajador se ha empobrecido en forma correlativa al enriquecimiento de la demandada”. medularmente.República de Colombia
Radicado 33558. y “En este orden no puede aducirse incontrastablemente que la pensión legal de que aquí se trata no se aviene a dicha normatividad cuando el cumplimiento de uno de sus presupuestos –edad.
se le entregara “dinero envilecido. De otra parte claro resulta precisar que el memorado artículo 36 precisa que: <Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez. estuvo precedida.
La orden de pagar intereses por mora decretada por el Tribunal. donde el Banco demandado le ha sacado provecho ya que una de sus funciones es el rendimiento del dinero. de considerar que la pensión de invalidez tuvo fundamento en el tránsito legislativo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Antes había
. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.se dio en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Social. se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley> y una de ellas es precisamente la regla legal contenida en el mentado precepto”. Banco Central Hipotecario.
es ajena a consideraciones cualquiera otra índole. pues para el 29 de enero de aquél año. pero además. en estrictez. cuando la pensión que se decreta tiene como fundamento el régimen de transición creado por el legislador de 1991. Banco Central Hipotecario. la censura sostiene que no es viable acceder a los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. la pensión de jubilación que se otorga al actor. en tanto. sino la previsión del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968. aquél contaba más de 15 años de servicio. como la conducta del empleador. en dirección a la negativa de reconocer intereses moratorios. la Sala estima inviable la imposición de la sanción. como en el caso litigado. la pensión de jubilación se decretó a partir de la aplicación del régimen
. porque hubo necesidad de acudir a la transición consagrada en el parágrafo 2º del artículo 1º de la normativa últimamente mencionada.
argumentado que la imposición de la sanción.República de Colombia
Bien conocidos son los pronunciamientos de la mayoría de la Sala. no tiene como soporte la preceptiva del artículo 1º de la Ley 33 de 1985. Empero. pues la pensión de jubilación fue reconocida al tenor de los parámetros delineados en la Ley 33 de 1985.
y la formulación de la demanda inicial. y 5. particularmente la primera pretensión. la aplicación integral de la normatividad que gobierna el caso. por lo cual. “modificando el numeral primero de la parte resolutiva.República de Colombia
Radicado 33558. “en la forma establecida en el parágrafo 2º del Art. como puede verse en los números 3.
Pide que se case parcialmente la sentencia gravada.
Así el juez de la alzada no se haya referido específicamente a este punto. permiten arribar a la conclusión ya esbozada. Banco Central Hipotecario.
El cargo es fundado y próspero. 1º de la Ley 33 de 1985”. con apoyo en los supuestos fácticos aducidos. que no el introducido por la Ley 100 de 1993.
de transición establecido en la Ley 33 de 1985. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. únicamente en lo referente a la cuantía de la
. en la que se pidió la pensión de jubilación oficial. se casará la sentencia en este aspecto. del libelo introductorio.
251. convertida en Tribunal de Instancia. se estudiará el primero. es decir.
. el artículo 11 del decreto 1748 de 1995 y el artículo 19 del C. y en caso de resultar necesario se procederá con el segundo.T”. revoque en su integridad la pronunciada por el Juzgado Sexto (6º) Laboral del Circuito. Banco Central Hipotecario.S. en el último año de servicios (…). de los cuales. debidamente indexados desde el 1º de diciembre de 1991 al 18 de Septiembre de 2000.05. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.178. con fecha 14 de Julio de 2006 que absolvió a la demandada (…)”.
Con ese propósito propone dos cargos. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia del Tribunal: “por violar DIRECTAMENTE en concepto de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA las normas de derecho sustancial contenidas en los artículos 48 y 53 constitucionales y el artículo 1º de la ley 33 de 1985. fecha en que adquirió el derecho y que.
pensión concedida. modificándola a la suma de $1.República de Colombia
Radicado 33558. mensuales que corresponde al 75 % del salario promedio devengado (…).
Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. el órgano límite de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. NO es función de la Corte Suprema de Justicia. sí cumple con lo que manda el artículo 230 de la Constitución Política. pues resulta evidente que en el Estado Social de Derecho y. Reprodujo un fragmento de una sentencia de tutela sobre indexación del ingreso base de liquidación para liquidar pensiones de
. resulta favorable al pensionado.República de Colombia
Radicado 33558. sin tener la facultad para ello. Banco Central Hipotecario. sostiene que ante la falta de regulación legislativa del método para indexar las pensiones de Ley 33 de 1985. sobre aplicación analógica de la fórmula diseñada en el artículo 11 del decreto 1748 de 1995. dice. “esto. se torna necesario acudir a la preceptiva del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. la actividad de legislar o decretar remedios ante las omisiones del legislador y. lo estipulado en el precepto de 1995. usada por el Consejo de Estado para indexar las pensiones de los “trabajadores públicos”. menos si al rompe se constata un claro perjuicio para el trabajador”. claro esta (sic). Por el contrario. que además.
Luego de copiar la parte pertinente del fallo. “sin necesidad de <decretar> formulas (sic) mutuo propio (sic)”. como se hizo en la sentencia radicada bajo el número 13336. al implementar como herramienta para solucionar el vacío normativo. según lo dispuesto en el artículo 235 Superior.
. acotó que la providencia que combate viola el principio constitucional denominado “indubio pro operario”. y que en la sentencia 13336 se optó por una decisión “arbitraria”.
Asevera que el juzgador ad quem. para luego manifestar que esta Sala de la Corte aplica “criterios injustos y ajenos a derecho”. lo que no sucede en otras altas instancias judiciales. Banco Central Hipotecario.República de Colombia
Radicado 33558. debido a la interpretación errónea en que incurrió el sentenciador al aplicar la jurisprudencia mencionada. Que no debe el pensionado cargar con los
efectos nocivos de la devaluación. al darle prevalencia el sistema de actualización adoptado por la Corte Suprema de Justicia. incurre en una vía de hecho por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
jurisprudencial. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. desconectada del ordenamiento jurídico constitucional.
debe casar la sentencia impugnada.
Enrostra a la sustentación del recurso extraordinario deficiencias técnicas. si así lo decide le es imposible entrar a modificar una decisión anulada”. le queda imposible a la Corte estudiar el ataque”. “toda vez que de encontrar. Banco Central Hipotecario. aparentemente violadas por el Juez Colegiado. a más que el impugnante no denunció la norma legal que consagra el derecho sustancial a que aspira. la H. como en el alcance de la impugnación.República de Colombia
Radicado 33558. que el recurso tiene vocación de prosperidad. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. en el fallo gravado no se hace una interpretación inadecuada a las normas denunciadas. Sala. siendo “además que se incluye en la proposición jurídica normas superiores que reclaman determinación legal y preceptos relacionados con la emisión. con el cálculo y con la redención de bonos pensionales. razón por la cual. por lo que al no indicar concretamente el recurrente cual fue la disposición o disposiciones sustanciales. Que.
Aunque no es muy claro el alcance de la Impugnación. convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998. a juicio del recurrente haya sido violada. asentado se tiene que.178. en principio. constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo. al basarse el fallo gravado en un precedente de esta Corporación...
. se procede al estudio de fondo de la acusación. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. siempre que en la decisión que se tomó como parámetro para resolver. Banco Central Hipotecario.". perdió vigencia como efecto de lo que dispuso el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991. En tal virtud.251. y que en sede de instancia la deje en la cantidad que anhela ($1.05). se hubiera dado aplicación al conjunto normativo que correspondía. la vía adecuada es la interpretación errónea. pues además.
La tesis de la proposición jurídica completa. propugnada a raíz de la exigencia del artículo 63 del Decreto 528 de 1964. siendo suficiente el señalamiento de "cualquiera" de las normas de derecho sustancial "que. en cuanto al monto de la mesada inicial. es dable entender que lo que pretende la censura es el quiebre parcial del numeral 1º de la sentencia del Tribunal.
La acusación enderezada por la senda de lo jurídico. Banco Central Hipotecario. luego de haber quebrantado el de segundo grado.
La fórmula de actualización por la que optó el Tribunal.República de Colombia
Radicado 33558. si bien fue avalada por la Corte en sentencia 13336 de 30 de noviembre de 2000. Para los efectos que interesan a este cargo. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. cayó en desuso a raíz del acogimiento del método cuya aplicación. radicación 31240. en decisión de 12 de febrero de 2008. presupone la conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas a las que arribó el ad quem. basta mencionar que no es materia de controversia que el demandante prestó servicios al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO hasta el 1º de diciembre de 1991. la Sala fijó su posición acerca de la metodología que debe desarrollarse para actualizar el ingreso base de liquidación de los trabajadores que se encuentran bajo los
. reclama la censura. no devengó suma alguna de dinero. con vehemencia.
Al dictar el fallo de reemplazo. para entender que después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
importa recordar. tuvo su sustento. como se dijo al resolver la acusación. y cumplió los 55 años el 3 de septiembre de 1993.
“De ese modo. el actor no se encontraba laborando. que la nueva tesis mayoritaria de la Sala.
supuestos fácticos registrados en el caso bajo examen. en las decisiones de la Corte Constitucional del 19 de octubre y 1 de noviembre de 2006. radicaciones D. entre otras. Que el Banco Cafetero. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. Banco Central Hipotecario. le otorgó la pensión a partir de la indicada fecha.República de Colombia
Radicado 33558. en los siguientes términos:
“Para la definición de instancia se tendrá en cuenta que al momento de empezar a regir la Constitución Política de 1991. “Para hacerlo. por haber reunido los requisitos legales.
. resulta necesario fijar el derrotero a seguir frente a la fórmula que debe utilizarse para actualizar las pensiones legales concedidas en vigencia de la Constitución Política de 1991 y antes de entrar a regir la Ley 100 de 1993.6247 y D-6246. respectivamente.
“En ese orden de ideas. conviene también recordarlo. sin embargo. decidió aplicar la fórmula según la cual debía multiplicar el valor histórico igual “al promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios. entre el índice inicial.República de Colombia
Radicado 33558. por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a fecha a partir de la cual se reconoció la pensión. al haber sido objeto de
cuestionamiento a través acción de tutela. sobre el punto. la Corte Constitucional. Esta fórmula. estuvo basada en razones de peso y no puede.
“Para el efecto precisa indicarse que.…” con el argumento de que “refleja criterios justos equitativos…”
. debe aplicarse la fórmula que tradicionalmente se ha adoptado para indexar la base salarial de esas pensiones legales. por ese hecho. no existe norma legal que se haya ocupado de ello. catalogarse como arbitraria (Sentencia T-440/06 de 1 de junio de 2006). Banco Central Hipotecario. esa misma Corporación a través de la sentencia de tutela T-425/07 siguiendo un criterio jurisprudencial distinto al antes referido. en su Sala Sexta de Decisión consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada por los jueces se fundamentó suficientemente. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
se insiste. y en su artículo 36. como las que no hacen parte de éste. por ello. sin duda alguna. que en materia de constitucionalidad de la ley produjo la Corte Constitucional. obedece a la carencia de norma legal que lo consagre. estima la Sala que sería el adecuado para adoptar. es decir. en tratándose de pensiones reconocidas con fundamento en leyes expedidas con anterioridad al 1º de abril de 1994. dado que tanto los titulares de una pensión legal prevista en el Sistema General de Pensiones. señaló un modo de actualizar las pensiones legales. teniendo en cuenta aquellos referentes jurisprudenciales. pues así se daría plena observancia en esta materia al derecho a la igualdad.
“Esta falta de uniformidad. Banco Central Hipotecario. actualizando el ingreso base. precisamente en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política expidió el Sistema de Seguridad Social Integral. Ley 100 de 1993. todo ello en procura de solucionar de manera más efectiva la desventaja
. 36 Ibídem. el establecido en el art.República de Colombia
Radicado 33558. para adoptar un mecanismo ajustado de actualización. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. se repite. a los que se suma el hecho de que el legislador. tendrían el mismo derecho a que se les liquidara la aludida prestación con idéntico método. anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor.
radicación 31222. que es la que se le condena a la entidad demandada del 3 de septiembre de 1993 en adelante. tal cual se solicitó en la demanda y en el alcance la impugnación.307. Banco Central Hipotecario. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. mediante la Resolución No.34. 248 de 30 de
diciembre de 1993 (folios 9 a 17). junto con los respectivos incrementos legales decretados a partir del 1º de enero de 1994”. $81.
“Aplicando las precedentes reflexiones. procede su indexación. habida cuenta que a ALVARO RAÚL ORTIZ ARANGO se le reconoció la pensión en cuantía de $19. asciende a la suma de $599.República de Colombia
Radicado 33558.510. En consecuencia. el monto de la misma.681. así:
económica en que se encuentra un trabajador frente a la devaluación de la moneda producto de la inflación permanente que la misma padece en nuestro país. en cuanto a su valor inicial. esto es.00.
En sentencia de 13 de diciembre de 2007. ya se había abordado el estudio de esta temática. De este modo se rectifica la anterior orientación relacionada con este aspecto.81. la que se ajustó al salario mínimo legal de ese año. desde el 3 de septiembre de 1993.
B. esta Sala de la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones fijando parámetros y directrices para estructurar e implementar la fórmula que más se adecue al propósito del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.C (salario base de cotización) que corresponde al promedio de lo percibido en el último año de servicios. donde el trabajador no devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho pensional. multiplicado por el número de días de la respectiva anualidad y dividido por el tiempo total entre la fecha de desvinculación y el cumplimiento de la edad>. bajo un nuevo examen del tema. ello para el contingente de trabajadores que se hallen
Radicado 33558. multiplicado por los IPC del periodo a actualizar.
“Para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y establecer el monto de su primera mesada pensional en casos como el que nos ocupa. siendo la última aquella que se traduce en: <Base salarial actualizada = S. estima la Sala que debe revisar las pautas que en un principio se adoptaron para la aplicación de la fórmula matemática que sirvió para dar efectividad al mecanismo de la actualización aludida. Banco Central Hipotecario.
“Sin embargo. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
al haber sido objeto de cuestionamiento a través de tutela. (Sentencia T-440 de 1 de junio de 2006). por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a fecha a partir de la cual se reconoció la pensión. entre el índice inicial. esa misma Corporación. que la fórmula que ha venido utilizando en casos semejantes. no sin antes poner de presente. a través de la sentencia de tutela T-425 de 2007. sin embargo. catalogarse como arbitraria”. por ese hecho. y bajo esta órbita modificar su criterio. en su Sala Sexta de Decisión consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada por los jueces se fundamentó suficientemente. Banco Central Hipotecario. de que el cometido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es actualizar anualmente la base salarial para tasar la mesada
. la Corte Constitucional.
en las circunstancias especiales antedichas.República de Colombia
Radicado 33558. estuvo basada en razones de peso y no puede. siguiendo un criterio jurisprudencial distinto al antes referido. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. decidió aplicar la fórmula según la cual debía multiplicar el valor histórico que se traduce en el “promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios.…” con el argumento de que “refleja criterios justos equitativos…”
“Partiendo entonces.
Radicado 33558. para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y establecer el monto de la primera mesada en aquellos casos no contemplados en la ley de seguridad social.
pensional. es dable sostener que esta fórmula también cumple a cabalidad con el designio y espíritu de la norma en comento y demás postulados de rango constitucional que en materia pensional consagran los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. Banco Central Hipotecario.
“En este orden de ideas. lo cual es semejante a la fórmula que viene aplicando la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado. garantizar que los ingresos que integran ese IBL conserven su valor. esto es. dicho fin se logra adecuando el mencionado precepto legal a cada situación. el tomar el valor monetario a actualizar y multiplicarlo por el índice de precios al consumidor final y dividirlo por el IPC inicial. y en términos de la fórmula a aplicar. empero observando la variación del IPC para cada anualidad en la medida que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así lo exige. se estima que en asuntos donde sea procedente la actualización. buscar la que más se ajuste al mecanismo de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
“Con esta nueva postura. Banco Central Hipotecario. que más adelante se desarrollará en sede de instancia:
. se aplicará la siguiente fórmula. IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.
“Así pues.República de Colombia
Radicado 33558. que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de pensiones como la que nos ocupa. IPC Final = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
233. resulta que. se casará la sentencia cuestionada. el ad quem incurrió en el yerro hermenéutico endilgado por la censura.63750.645.32. proceden los siguientes cálculos:
A partir de los hechos probados y no cuestionados del último salario del actor de $373. acorde con la teleología de las normas antes citadas”. del 1º de diciembre de 1991. como fecha de retiro del servicio.
Frente a la prosperidad del segundo de los cargos propuestos por la parte demandada. En consecuencia. como fecha a partir de la cual comenzará a pagarse la pensión de jubilación.70. con un índice inicial de 26.986. En sede de instancia. y en consecuencia.República de Colombia
Radicado 33558. 9 al 11). se confirma la absolución impartida por el Juzgado Sexto Laboral
. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.17700 (fls. el ingreso base de liquidación que se obtiene es de $1.146. en lo relativo a la fórmula empleada para actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. Banco Central Hipotecario. es innecesario estudiar el segundo cargo.
empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional. y uno final de 117.860. Por consiguiente.oo (75%). y del 18 de septiembre de 2000. para una mesada inicial actualizada de $1.
En mérito de lo expuesto. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. por concepto de intereses moratorios. CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
del Circuito. No la casa en lo demás. Banco Central Hipotecario. Dada la prosperidad parcial de los dos recursos. el 31 de enero de 2007. fija el valor de la primera mesada pensional del demandante a partir de 18 de septiembre de 2000. no se imponen costas en casación. en la sentencia dictada el 14 de julio de 2006.
En sede de instancia. así como respecto de los intereses moratorios impuestos a la demandada. SALA DE CASACIÓN LABORAL. la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. a cargo de la demandada. en cuanto la fórmula que aplicó para actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación reconocida al actor. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. dentro del proceso ordinario laboral que CAMILO EDUARDO RIAÑO FERNÁNDEZ promovió contra EL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO-EN
LIQUIDACIÓN. En las instancias.
PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.oo.860.233.
Sin costas en casación. Banco Central Hipotecario.
$1. por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá.República de Colombia
Radicado 33558. En las instancias. y confirma parcialmente el fallo dictado el 14 de julio de 2006. por intereses moratorios. a cargo del demandado.
CÓPIESE. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. NOTIFÍQUESE. en cuanto absolvió al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO –EN LIQUIDACIÓN-.
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia.
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 artículo 1
 artículo 10
 artículo 63
 artículo 13
 artículo 42
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 artículo 10
 artículo 27
 artículo 1
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 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 141
 artículo 27
 artículo 1
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 artículo 11
 artículo 19
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