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Timestamp: 2019-10-14 20:24:52+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 16718 DE 2003
Incompetencia de los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo que dio lugar a la terminación unilateral del contrato
DEPARTAMENTO DE CASANARE VS. LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A.
Una entidad y una sociedad celebraron un contrato estatal en el cual pactaron una clausula compromisoria, para que en caso de diferencias se acudiera al tribunal de arbitramento. Posteriormente, la entidad decidió terminar unilateralmente el contrato.
¿Debe una entidad pública acudir al tribunal de arbitramento cuando las partes pactan una cláusula compromisoria y las diferencias surgen como consecuencia de la terminación unilateral del contrato estatal por parte de la entidad?
Incompetencia de los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos y en particular respecto del acto de terminación del contrato. «(…) al uso de una prerrogativa propia y exclusiva del Estado en ejercicio de función administrativa, como sí lo son por ejemplo, entre otras, las decisiones de la entidad estatal de liquidar unilateralmente el contrato, de declarar el incumplimiento del contratista, o las de terminación, modificación e interpretaciones unilaterales del contrato, o la declaración de caducidad del contrato, etc., todas las cuales, una vez notificadas, en virtud de la presunción de legalidad que las ampara son de obligatorio cumplimiento, dada las características de ejecutoriedad y ejecutividad que revisten7 ”. (…)»
Carga de la prueba cuando se da la causal de nulidad de los actos administrativos por falsa motivación. «(…) “La falsa motivación, quien la aduce tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos”(3) . (…)»
Consecuencias de falsa motivación. «(…) a) La falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico. En el primer caso, se genera el error de hecho y, en el segundo, el error de derecho.
b) Quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de encontrarse falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus probandi) de demostrarlo, dado que sobre los actos de la administración gravita una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda impugnarlos. (…)»
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de julio de 2002, expediente 19.333, Actor: Consorcio Carlos Julio Rivera - José Fernando Peñalosa Rengifo.
(3) Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3443, Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa
«(…) En primer lugar, jurídicamente no es posible someter a decisión de un tribunal de arbitramento las diferencias que surgieron como consecuencia de la declaratoria de terminación del contrato estatal 478 de 1995, por cuanto la decisión fue adoptada unilateralmente por la entidad contratante mediante la Resolución Nro. 01778 del 15 de julio de 1997 (fls. 58 a 60 cdno. ppal.), en uso de las facultades otorgadas por la ley 80 de 1993
En este contexto, como la administración departamental decidió mediante acto administrativo declarar unilateralmente la terminación del contrato 478-95, resulta claro que le estaba vedado a un tribunal de arbitramento pronunciarse sobre la legalidad de dicha decisión administrativa.
Así las cosas, dada la limitación de la cláusula arbitral pactada por las partes y, por ende, de los árbitros, se tiene que esta jurisdicción sí es competente para conocer del presente asunto. (…)»
Una entidad pública no debe acudir al tribunal de arbitramento cuando las partes pactan una cláusula compromisoria y las diferencias surgen como consecuencia de la terminación unilateral del contrato estatal por parte de la entidad, porque al tribunal de arbitramento le está vedado pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo que declara la terminación unilateral del contrato. Por tanto, a pesar de haberse pactado la cláusula compromisoria, la jurisdicción competente para conocer del asunto es la de lo contencioso administrativo.
DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por la parte ejecutada.
DECLÁRASE oficiosamente la excepción de nulidad parcial de la Resolución número 03299 proferida por el Gobernador del Departamento del Casanare, el 28 de noviembre de 1997, en cuanto a las determinaciones adoptadas en contra de la Latinoamericana de Seguros S.A. La ilegalidad recae sobre los apartes del texto que se subrayan a continuación:
“ARTICULO SEGUNDO: Ordénase al contratista la Sociedad CONSTRUCTORA AGUAZUL LTDA y/o el Señor JUAN CARLOS ORTIZ ZAPATA, en su condición de Gerente y Representante legal pagar al Tesoro Departamental de Casanare dentro de un término máximo de ocho (8) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y a favor del contratante - Departamento de Casanare, la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($35.587.485.50) Mcte., más los intereses de orden legal y corrección monetaria desde la fecha de recibo del anticipo hasta la fecha en que se haga el reembolso. Transcurrido este término sin haberse satisfecho la obligación, el contratista o su garante deberán pagar los intereses legales civiles moratorios conforme se expuso en la parte considerativa.
“ARTICULO TERCERO: Ordénase que de no ser pagado el dinero dentro del término estipulado anteriormente, el Departamento de Casanare procederá a hacer efectiva a su favor y en contra de LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A., - la póliza de cumplimiento No. 195545 C que garantiza el pago del anticipo. “PARAGRAFO: La presente Resolución prestará mérito MERITO EJECUTIVO en contra de la Sociedad CONSTRUCTORA AGUAZUL LTDA y/o LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A., mediante el procedimiento ejecutivo singular, ante el Tribunal Contencioso Administrativo competente, para lo cual deberá integrarse título ejecutivo complejo compuesto del contrato, de la resolución que declaró terminado el contrato, de la que resolvió el recurso de reposición interpuesta contra la anterior, de este acto administrativo y del que se produjere contra él, del original de la garantía única”.
“ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente esta Resolución a la Sociedad CONSTRUCTORA AGUAZUL LTDA. y a LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A., por intermedio de su representante legal haciéndoles saber en dicho acto de notificación lo siguiente: a) de acuerdo a los artículos 4°, numeral 9° artículo 25 numeral 5° y artículo 68 de la ley 80 de 1993, existe el mecanismo de solución alternativo de lo ordenado en la resolución. B) Que este acto administrativo procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los cinco días siguientes a la notificación personal. (art. 59 ley 80 de 1993 y demás normas concordantes del C.C.A. (fls. 31 y 32 cdno. 4).
REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare el 15 de abril de 1999, la cual queda así:
1) Declárase la terminación del proceso ejecutivo.
2) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
CE SIII E 19333 DE 2002 CE SI E 3443 DE 1999 CE SI E 5501 DE 2000
Artículo 17 de la Ley 80 de 1993.
Pacto arbitral. «(…) el pacto arbitral tiene como característica principal la de ser un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes, con capacidad para transigir, se obligan a someter sus diferencias, susceptibles de transacción, a la decisión de los árbitros, quiénes están transitoriamente investidos de la función de administrar justicia, y profieren una decisión o laudo que, por mandato legal, adquiere la misma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial. La cláusula compromisoria, tiene, pues, su fuente jurídica en el contrato y su finalidad no es otra que la de procurar la solución ágil de los eventuales conflictos que surjan entre las partes. (…)»
Falsa motivación. «(…) La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo, se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa motivación”(2) (…)»
(2) Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 17 de febrero de 2000, expediente 5501, Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola.
Documento: CE SIII E 16718 DE 2003

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 68

Artículo 17