Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCG-12-CM-10.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-07 09:06:29+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 10, de 20/12/2016
cve: DSCG-12-CM-10
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 10
- Comparecencia de la Defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril Bustamante, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para informar sobre las conclusiones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo en relación con la visita llevada a cabo recientemente por miembros de esa institución al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). (Número de expediente del Senado 713/000015 y número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000092)... (Página2)
- Comparecencia de la Defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril Bustamante, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para informar sobre las actuaciones realizadas por dicho organismo en relación con los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2016 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). (Número de expediente del Senado 713/000018 y número de expediente del Congreso de los Diputados 222/000001) ? (Página 2)
Presentación del Estudio "El asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida". (Número de expediente del Senado 781/000002 y número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000002) ? (Página 2)
Se abre la sesión a las nueve horas.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días a todos y a todas.
Hoy tenemos la primera comparecencia de la defensora del pueblo en esta legislatura. Evidentemente, son muchos los temas en los que sé que todos ustedes están interesados; y todos estamos interesados en que la defensora comparezca. En la última reunión de Mesa y portavoces decidimos que íbamos a incluir en el orden del día los temas que más nos acuciaban; pero, después, debido a la saturación del calendario, ya que antes de fin de año se tenían que celebrar comparecencias, etcétera, y a que la comisión no puede coincidir nunca con el Pleno del Congreso o del Senado, hemos tenido que acotar la comparecencia de hoy, que, sí o sí, debe acabar a las doce. Por tanto, ya no es cuestión de que yo dé equis minutos a sus señorías para que intervengan, sino de que entre todos tenemos que hacer un encaje para que nadie se quede sin hablar y a las doce se acabe la comparecencia. Insisto: no es cuestión de que yo quiera dar diez, ocho o siete minutos, sino que tenemos que distribuir el tiempo. Y la defensora también tendrá que acotar su intervención, aunque no le vamos a decir cuánto tiempo tiene que hablar. Todos intentaremos ser lo más benévolos posible, pero también siendo conscientes de que a las doce esto se tiene que acabar porque, como he dicho, por ley no pueden coincidir la comparecencia y el inicio del Pleno del Senado. Seamos todos comprensivos y flexibles, ambas cosas.
El orden del día comenzará con la intervención de la defensora del pueblo sobre los centros de internamiento, con dos peticiones de comparecencia que se van a realizar de forma conjunta. A continuación, habrá una pausa de cinco minutos, tras la cual la defensora se referirá al estudio sobre el asilo. Después tendrán lugar las intervenciones de los grupos sobre los dos temas, y cada grupo decidirá si interviene de forma conjunta, es decir, si la misma persona va a hablar de los dos temas. La flexibilidad tendrá como base que todo encaje en el horario previsto, porque después tendrá que replicar la señora defensora.
Y, sin extenderme más, doy la palabra a la señora defensora.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Gracias, señor presidente.
Señorías, como ha dicho el presidente, comparezco por primera vez en esta XII Legislatura. Agradezco a todas sus señorías su presencia e interés por esta comparecencia. También en nombre de la adjunta y el adjunto de la institución, en reiteradas ocasiones había solicitado al presidente de la comisión comparecer para los asuntos que han sido fijados y otros más consecuencia de los trabajos realizados a lo largo del último año y un informe semestral que presentamos el pasado mes de julio con toda nuestra actividad, así como varios documentos de trabajo e informes elaborados a lo largo de 2016. Espero en una próxima ocasión terminar con la presentación de esos documentos e informes y proceder a su rendición de cuentas, como se suele decir en términos parlamentarios.
Voy a informar sobre los dos primeros puntos del orden del día, como ha dicho el señor presidente. El primero de ellos trata de la visita realizada, fundamentalmente por técnicas, del defensor y algún técnico -eran cinco-, durante los días 26 y 27 del pasado mes de octubre al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid. Voy a hacer dos comentarios breves sobre los centros de internamientos de extranjeros en general, para proceder después a hablar del centro de Aluche.
Los centros de internamiento datan de 1985, como consecuencia de un requerimiento, de una exigencia que estaba entre las condiciones que España debía cumplir para su ingreso en la Comunidad Económica Europea. Tenía que disponer de unos centros donde mantener durante un tiempo a extranjeros que estuvieran en una situación administrativa no regular. Dichos centros aparecen ya regulados en el año 1985, en la Ley orgánica de derechos y libertades. Y, posteriormente, su definición, la concreción de los servicios de esos centros y la atención a esas personas y sus derechos ha sido recogida en la Ley de extranjería, del año 2000, modificada en sucesivas ocasiones, en concreto, en los años 2003, 2009, 2011 y 2012. Y, afortunadamente, porque ha habido un largo lapso de tiempo en que no lo había, a partir de 2014 existe un reglamento de funcionamiento y de régimen interior para esos centros que recoge buena parte de las recomendaciones y sugerencias efectuadas a lo largo de los años por la institución del Defensor del Pueblo. Una muy especial -solo voy a mencionar esta, aunque han sido muchas las contribuciones de la institución que en este momento presido- ha sido el sometimiento de esos centros a un permanente control judicial. El defensor tuvo mucho afán e interés en que, en el día a día, la estancia de esas personas en los centros estuviera siempre controlada por los jueces, como es debido en un Estado de derecho, por supuesto. Son ocho los centros que existen en España, y ustedes ya conocen cuáles son.
Otra de las cuestiones en las que hemos hecho hincapié a lo largo de estos años ha sido la asistencia sanitaria permanente para las personas que están en los centros, así como la atención social más amplia y completa posible para ayudar y asesorar a esas personas, que no pueden estar más de sesenta días en esos centros.
¿Cuáles son las condiciones en las que están los centros en la actualidad? Varios de ellos han sido reformados, es decir, sus instalaciones han sido objeto de reformas o ampliaciones. En términos generales, creo que hablar de mejoras y reformas comprende muchas de las obras hechas, pero existen todavía muchas deficiencias. Y me refiero a la infraestructura de los centros. Ahora hablaremos de las personas.
¿Qué es lo que nosotros venimos diciendo desde hace algún tiempo, a lo largo de los dos o tres últimos años? En primer lugar, que el papel que juegan las fuerzas de seguridad en esos centros -como he dicho, son para la estancia durante un tiempo, pero no son centros penitenciarios- debe ser estrictamente el de las funciones de seguridad y, por tanto, otro tipo de asistencia o de funciones están mucho mejor atendidas, lógicamente, bien por funcionarios del Estado -no policías, en este caso-, bien por organizaciones no gubernamentales, que tienen experiencia y saben cómo tratar de la mejor manera y modo a las personas que están en los centros y que vienen cumpliendo una función importante. Nosotros somos partidarios de que se amplíe la asistencia y participación de esas ONG en los centros.
También insistimos en que la cobertura de la asistencia sanitaria, la atención sanitaria -que es buena- que dan los profesionales sea completa en lo que al horario se refiere, es decir, también los sábados por la tarde y los domingos. En estos momentos, los sábados por la tarde y los domingos hay un enfermero o enfermera; y en caso de que haya algún asunto importante, esas personas son llevadas inmediatamente al hospital que les corresponda por proximidad. Pero nosotros insistimos en una cobertura de asistencia sanitaria lo más amplia posible en días y horas.
Insistimos también en que a aquellas personas que van a ser retornadas a sus países se les informe con antelación suficiente, y no con unas pocas horas, para que puedan comunicarse con su familia y saber de sus circunstancias.
Hacemos hincapié en atender de manera muy especial y tratar de identificar en los centros a los menores, a los que dicen que son menores, y comprobar si lo son por los medios de que se disponga. Y si son menores tienen un tratamiento distinto, diferenciado. También puede haber personas vulnerables por ser o haber sido objeto de trata de seres humanos y estar en manos de alguna red o haber llegado a España por esas vías. Igualmente hay que atender a esas personas de una manera diferenciada y muy especial. Y puede haber, asimismo, personas en general vulnerables que tengan unas circunstancias que exijan una atención distinta.
Nosotros hemos visitado algunos centros en el extranjero para no quedarnos solo en conocer los españoles. En el defensor tenemos innumerables informes sobre los centros en España, todos los cuales he visitado. Pero también he visitado algunos centros del extranjero para ver qué se hace en países cercanos, como, por ejemplo, Francia, Holanda o Inglaterra. En Francia hay unos cuantos centros, y he estado en París, en el de Le Mesnil-Amelot, que se encuentra a los pies del aeropuerto Charles de Gaulle. También he estado en un centro de Londres, al lado del aeropuerto de Gatwick. Y he visitado el centro que existe en Holanda. Fueron tres visitas que efectué a lo largo de 2014. Y en diciembre de 2014 comuniqué por escrito, en una nota al director general de la Policía, las conclusiones de las visitas y la comparación de lo visto en estos centros y en los centros españoles. De los centros en el extranjero quizá el más próximo en costumbres y usos sea el que está en Francia, y creo que los centros, tanto de allí como de aquí, exigen un mantenimiento constante. Es muy importante el mantenimiento del edificio, y nuestros edificios deberían mejorar y contar con un mejor mantenimiento.
También hemos comprobado que la atención a los internos en algunos de esos centros del extranjero es algo más amplia. Por ejemplo, en el francés hay una representación permanente de la Administración general -lo que nosotros llamamos la Administración General del Estado-, de uno de los ministerios, para informar a los internos de su situación, de los servicios que ofrece el país, de los procedimientos para, en su caso, solicitar protección internacional, asilo, etcétera. Es decir, hay una permanente asistencia de la Administración general.
En relación con la asistencia personal en España, dejando a un lado la asistencia sanitaria, a la que ya me he referido, creemos que se tiene la asistencia letrada debida, pero habría que facilitar más esa asistencia letrada, mejorar las condiciones en las que se celebran los encuentros con los abogados, mejorar las instalaciones para tener una mejor comunicación con las personas que, en ocasiones desde dentro, o desde fuera, acuden al centro para asistir a los internos. En resumen, creo que hay que hacer
mejoras en las infraestructuras de los centros, un mejor mantenimiento, y procurar una mayor y más constante atención y mayores servicios a esas personas. Y entre estos servicios no he mencionado, por supuesto, que haya mejores instalaciones para los ratos de ocio que esas personas puedan tener, porque son muchas las horas y los días que pueden pasar en los centros. Me refiero a mejoras salas de esparcimiento o reunión, más amplias, más cuidadas, más permanentemente cuidadas. Y lo que les estoy diciendo a sus señorías también se lo he dicho al ministro del Interior, quien me comunicó que comparecería mañana -no sé si en el Congreso o en el Senado-. Yo le dije: Ministro, yo voy a comparecer el día anterior, y voy a decir esto -más o menos lo que les estoy diciendo a sus señorías-. Y me contestó: Que sepas, defensora, que me voy a ocupar y que voy a procurar, en la medida de mis posibilidades... -supongo que pensaba en las presupuestarias, no lo sé-... mejorar las instalaciones y las condiciones de vida cotidiana de esas personas.
Podría comentarles a ustedes otros extremos, pero creo que conocen ustedes muy bien el reglamento y la ley que trata de las condiciones en las que están esas personas y, por supuesto, también conocen bien sus derechos, por lo que no voy a volver sobre ello.
Como he dicho al principio, cinco personas de la institución del defensor visitaron el CIE de Aluche, que sé que ha sido objeto también de alguna visita por varias de sus señorías. Los técnicos y técnicas del defensor estuvieron durante los días 26 y 27 de octubre de este año, después de saber que había habido una huelga y que un grupo de internos, fundamentalmente argelinos, se había encerrado en la azotea, en la parte alta del edificio, y que días después había habido una huelga de hambre. ¿Para qué fueron esas personas, que forman parte del equipo de trabajo del Mecanismo de prevención de la tortura del defensor, título y asignación que tiene por encargo de las Naciones Unidas, para prevenir y evitar malos tratos, abusos o tratos degradantes. Los objetivos de la visita fueron, primero, ver qué había sucedido, intentar saber qué había sucedido, siempre desde el punto de vista del defensor. Es decir, hablamos de las condiciones de las personas, de los derechos de las personas, de sus circunstancias. Sus señorías saben, por supuesto, que nuestras maneras de actuar son distintas de las que puede tener el ministerio competente tras una huelga o para la identificación de unas personas que han participado en determinados actos. Nosotros no vamos en las condiciones en que puede ir una investigación policial, ni muchísimo menos. Nosotros vamos a esos centros y fuimos a ese en concreto en aquellas fechas a ver qué nos decían las personas con las que esos técnicos se iban a entrevista para saber qué había sucedido, qué relato hacían, qué causas y motivaciones había, ver las cámaras de seguridad que tienen -que todavía necesitan alguna mejora-, ver los expedientes de los internos y examinar también si las recomendaciones de la institución del año anterior y de meses anteriores se habían cumplido o no.
Se entrevistó a muchas personas a lo largo de esos días, casi a noventa, entre los que estaban funcionarios, el director y personas de los servicios médicos que habían estado durante los días de huelga y de las manifestaciones de los internos. Y voy a describir el resultado del trabajo. Como ustedes se imaginarán, la opinión de las personas a las que se les preguntó por los motivos de la huelga y de sus manifestaciones y sobre los hechos que habían sucedido no coincide en todas las entrevistadas. Parte de aquellas que intervinieron en esas manifestaciones y estuvieron en la azotea del edificio manifestaron a las personas que hacían la entrevista que querían, primero, ser puestos en libertad y, en todo caso, ser devueltos -algunos de ellos- a su patria, a su país de origen. Se trataba fundamentalmente de un grupo de argelinos, y las condiciones o los acuerdos para que estas personas puedan ser repatriadas a su país de origen digamos que no son fáciles. La identificación y posteriormente el procedimiento no es sencillo para las autoridades españolas -entre otras cosas, porque no regresan por avión-, lo que hace que las estancias se prolonguen excesivamente en los centros de internamiento. Pero esa es otra cuestión.
Siguiendo con el relato, nos dicen -les dicen- algunas de esas personas que la policía les había cacheado excesivas veces, que había irrumpido en las salas dormitorio... Otras de las personas entrevistadas afirman que el trato de la policía fue correcto, y que, sí, entraron en los dormitorios. Y que había tensión -es la palabra que yo misma he escuchado decir a los internos: Es que había tensión-. Alguno de ellos me ha dicho: Cuando somos muchas las personas que estamos aquí, hay tensión. Pero también nos dicen -y me dicen-: No hay malos tratos policiales. ¿Nos dicen que hubo un poco de violencia o algo de violencia física? Hubo tensión -me dicen-. Pero algunos nos indican: No ha habido... -y no debería ser, por supuesto, más allá de la tensión que producen esas circunstancias- ...malos tratos, ni mucho menos. Pero parte de los argelinos sí se quejan de malos tratos. Después de subir a la parte alta del edificio, cuando tuvo lugar la huelga se presentaron el director general de la Policía y el jefe superior de Policía; y tras hablar con esas personas, depusieron la huelga.
¿Qué deficiencias, subsanadas o no, hemos encontrado en la visita? Han mejorado las condiciones de los dormitorios, donde duermen seis u ocho personas. Han mejorado las condiciones de higiene, de limpieza. Se ha reparado la sala de ocio, que es insuficiente, muy insuficiente en mi opinión. Se cita a los internos por su nombre -antes tenían un número, por el que se les citaba, pero nosotros hemos instado a que eso no se hiciera así-. Se han reparado duchas, etcétera, que tampoco funcionaban debidamente. Eso está mejor.
Antes de referirme a los aspectos que deben ser subsanados, antes se me ha olvidado decir -y es importante, porque los temas de comunicación y de información lo son- que a esas personas se les ha autorizado a utilizar los teléfonos móviles, algo natural y lógico. Y también hay tres libros de registro: el general; otro, en el que se especifica la recogida de los internos por parte de las ONG cuando van a salir aquellos que son puestos en libertad; y otro más, en el que se contemplan las pertenencias que depositan cuando llegan allí. Estas son las que llamamos buenas prácticas, en la terminología que utilizamos. Es decir, hay cosas que, evidentemente, han mejorado, pero, como decía, hay aspectos que subsanar.
¿Y cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, la asistencia sanitaria, que, como dije al inicio, habría que ampliar lo más posible y que contemplara un examen médico a las personas que van a ser repatriadas antes de marcharse. Que haya una mejor asistencia por parte de los traductores, que son escasos; es decir, que exista una mayor presencia de traductores y durante más horas, porque la comunicación es un factor muy importante para las personas que están en el centro durante tantos días.
Hemos hecho también sugerencias en materia de ocio, a las que también me he referido, como la mejora de las instalaciones y que sean más amplias.
Y atender de modo más inmediato las solicitudes para ser recibidos por el director o para que cuando se formule una queja se les conteste de inmediato, lo antes posible. También, que se les dé copia de los documentos cuando presentan quejas. Y que las cámaras de videovigilancia se extiendan a todas las zonas comunes -no a las zonas más íntimas- y que no haya puntos oscuros, etcétera.
Estas son cuestiones a subsanar que esperamos se puedan hacer.
Como sé que el presidente tiene un poco de prisa...
El señor PRESIDENTE: El presidente no.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Perdón, el presidente, en su calidad de presidente, tiene un poco de prisa y, en defensa de la comisión, quería que no me alargara.
En resumen, estas son algunas conclusiones y circunstancias que nosotros hemos visto en la visita de los días 26 y 27 y las consideraciones de carácter general que hacemos sobre estos centros.
Sepan sus señorías que nuestra atención a los centros es histórica, permanente y constante. Los técnicos van con frecuencia y yo conozco todos los centros; ayer mismo hice la última visita y tuve ocasión de hablar con los internos.
Reitero, y con esto acabo esta parte, que nuestras visitas no pueden averiguar hechos o comportamientos que les correspondería, si eso es así, a la Policía y al Ministerio del Interior. Nosotros no entramos en eso. Nosotros entramos en los derechos de estas personas y en la asistencia que reciben, y reitero que los derechos se cumplen, que la asistencia es mejorable y que las infraestructuras también son algo mejorables, y así se lo he trasladado al señor ministro.
Señor presidente, yo he terminado. Luego contesto encantada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Como hemos dicho, hacemos una breve pausa de cinco minutos. A continuación veremos el punto del asilo, con las intervenciones de las señoras y señores diputados y senadores. (Pausa).
Señoras y señores diputados y senadores, continuamos con la sesión.
Tiene la palabra la señora defensora del Pueblo.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Presidente, si me permite, antes no les mostré a sus señorías, y voy a hacerlo ahora -supondrá unos segundos nada más- en la página web del Defensor, las imágenes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Se pueden localizar en el mapa de España los centros de privación de libertad o centros de internamiento, así como acciones de vuelos de repatriación. De Madrid, por ejemplo, ya que hemos hablado de Madrid. Si ven ustedes -porque yo ver, lo que se dice ver, veo poco-, tan pronto se realiza una visita, se indica en la página la visita realizada, el número de personas, la fecha, el lugar, el tipo de centro y las recomendaciones que se
han hecho después de esa visita. Si pinchamos, por ejemplo en Frontex, que es la última, aparece el vuelo de repatriación, el último vuelo, en el que dos personas, dos técnicas del Defensor han acompañado a este vuelo de repatriación a Santo Domingo y Bogotá. ¿Vemos otro más? Por ejemplo Valdemoro, que es un centro de internamiento de extranjeros. Se puede ver la visita a las dependencias de la Guardia Civil de Valdemoro en octubre y se indican las sugerencias también. Estas no están contestadas porque son muy recientes, pero las sugerencias ya están aquí colgadas.
Muestro esto para que vean que están todas las visitas y todas las sugerencias, y cuando ya están contestadas también se mencionan las respuestas o el resumen de las respuestas. Podemos ver el CIE de Madrid y la visita del 26 de octubre; aquí están los técnicos, y aquí están -les interesaba a sus señorías saberlo- las sugerencias que se hicieron tras esa visita. Yo las he mencionado, las he resumido y aquí están: indicaciones para que se proporcione material de ocio y de deporte..., y así están todas las sugerencias. Es decir, que sus señorías y cualquier persona que tenga interés en conocer estos hechos o el resultado de estas visitas a cualquier punto de la geografía española pueden encontrarlo en la página web. Le damos la máxima importancia y también la máxima transparencia.
Paso a comentarles a sus señorías un informe que creo que tienen -hemos traído algunos ejemplares por si lo desean-: el informe de asilo, presentado en el registro de las Cortes Generales en junio de 2016.
Este informe de asilo es un trabajo importante y largo que ha llevado muchas horas a las personas que han intervenido. Debíamos hacerlo. ¿Por qué motivos? Entre otros, porque la guerra en varios países -en Siria, Afganistán, Irak y otros más-, desgraciadamente ha hecho que a partir del año 2013 las circunstancias de personas que querían emigrar o marcharse de su país hayan cambiado en sentido negativo. Se han visto empujadas e impelidas a marcharse, y la entrada de personas procedentes de estos países ha subido enormemente en toda la Unión Europea y, desde luego, también en España.
El objeto del estudio era analizar las solicitudes de protección internacional de muchas de estas personas -cuyo número daré luego-, describir los procedimientos y los recursos de acogida que existen en nuestro país y analizar cuáles son las dificultades de acceso al procedimiento.
Desde el punto de vista de la acogida y del procedimiento, la situación de acoger y reubicar a estas personas ha mejorado en los últimos tiempos, como voy a explicar. En septiembre del año 2016 se habían dictado 7655 resoluciones, lo que supone el doble de las dictadas en esta materia -la acogida internacional, fundamentalmente asilo- en 2015, que habían sido 3300. En 2015 Se realizó un primer refuerzo de personal temporal dedicado a la instrucción, y a lo largo de 2016 se ha ampliado. Para realizar este trabajo se han visitado los centros de estancia temporal de Ceuta y de Melilla en reiteradas ocasiones; los centros de acogida de refugiados en Madrid, Valencia y Sevilla -son cuatro los denominados CAR-, los centros de internamiento de Algeciras y de Tarifa y las oficinas de asilo y refugio de Madrid. Y para completar esta visión de las circunstancias y las condiciones en las que acuden personas de terceros países, de fuera de la Unión Europea, muchas de ellas para solicitar asilo, también hemos visitado, yo he visitado, algunos centros en el extranjero, recientemente, en Atenas, el campo de refugiados de Eleonas, que está en la misma ciudad, en la periferia, y tiene capacidad para 2500 personas, y un campo-centro de refugiados un poco más alejado de la ciudad, en Termópilas. Fui en compañía del defensor griego y de personas de la embajada de España y todas ellas nos han facilitado -muy especialmente el defensor- estas visitas.
Escuché en esos días decir al comisario de Migración de la Unión Europea, señor Avramópulos, que, por cierto, es griego, que Italia y Grecia no podían ser los países en los que, por aquello de ser los lugares donde primero llegan las personas demandantes de asilo o de refugio, se quedaran; que la solidaridad europea, la acción de los países de la Unión Europea, el reparto de estas tareas y de la acogida era fundamental y esencial; y desde luego que lo es, porque la situación en Grecia para ellos es difícil de sostener. Hay 62 campos de refugiados y el promedio de llegadas de personas está en torno a 75 al día. Es muy difícil que un país, en las circunstancias actuales, pueda identificar y acoger a todas estas personas.
La Ley de asilo vigente en España es del año 2009 y carece de reglamento para desarrollarla. El Defensor ha instado a este reglamento en numerosas, numerosísimas ocasiones, y ahora se nos ha comunicado que ya existe y que está a la espera del informe del Consejo de Estado. Si esto se produce pronto, serán buenas la resolución y la entrada en vigor del reglamento para efectuar determinados procedimientos.
Como saben sus señorías, en esta materia hay dos ministerios competentes, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración; y afortunadamente, hace poco se ha creado un centro de recursos que une los de la Administración General del Estado en esta materia a los que puedan poner o ya hayan puesto a disposición las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. Es un centro de recursos que se llama CRAI. Nos parece interesante, porque todo esto hay que hacerlo de manera coordinada y ordenada, y son diversas las partes y las administraciones que deben actuar.
El sistema de acogida español a personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional distingue entre centros de carácter público y centros gestionados por las ONG, que juegan un papel muy importante. Y, como decía, el número de personas solicitantes de asilo por los motivos antes expresados ha crecido significativamente en 2015. Ello ha forzado, porque era necesario, a incrementar los recursos a lo largo de los últimos meses de 2015 y del 2016 y a aumentar los programas de acogida a estas personas. Los centros de acogida, por un lado los llamados CAR -que son Valencia, Alcobendas, Vallecas y Sevilla- prestan una atención buena pero tienen limitada su capacidad. Las ONG completan esta capacidad con sus propias acciones y con sus propios centros, y en este momento ya se aproximan a 2000 las plazas que tienen las ONG con la financiación o la ayuda de las administraciones, fundamentalmente de la Administración General del Estado; mientras que las públicas, gestionadas directamente por el Estado, son 502.
Hay que añadir también los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla, que, como saben sus señorías, también acogen a estas personas, y hay momentos en que están francamente saturados. Ya han visto -lo saben sus señorías- que han mejorado sus instalaciones; los funcionarios que trabajan allí prestan unos servicios correctos, en algunos casos realmente dedicados y entregados a atender el número de personas tan alto que reciben, y, como decía, en algunos momentos se producen picos de saturación. Nosotros hemos trabajado recientemente con Acnur en unas jornadas para estudiar todas estas circunstancias, que se recogen en parte en este informe, y una de las materias en la que nos volcamos, en tanto que es responsabilidad nuestra, es en hacer el seguimiento de las circunstancias, los hechos, el trato y la acogida a estas personas. Tengo cifras de los datos de acogida en millones de euros, pero, en fin, creo que lo importante es el número de personas: por parte de las ONG, en torno a 2000, y algo más de 500 por parte de la Administración General del Estado.
Yo creo que la falta de reglamento hasta ahora ha dificultado el trabajo y las pautas a seguir por los funcionarios. Espero que esto se corrija cuando entre en vigor el nuevo reglamento.
¿Qué mejoras consideramos imprescindibles? Todo esto se contiene en el informe de manera muy extensa y detallada; yo solo hago un resumen. ¿Qué contiene el informe en relación con las cuestiones a mejorar? Nosotros creemos que lo primero que hay que mejorar es el sistema informático, que permita cumplir todos los requerimientos de la Unión Europea en esta materia. Y se nos ha dicho que el Ministerio del Interior está por la modernización de este sistema y que comprende la necesidad de modernizarlo para que los datos de las personas estén puestos pronto y estén coordinados con las otras administraciones, para que desde las otras administraciones competentes, no desde cualquiera pero sí desde las competentes, se pueda entrar en esos datos y se pueda saber dónde está esa persona, qué centro la está atendiendo y qué servicios y asistencia está recibiendo.
Nos parece muy importante la asistencia jurídica a lo largo de todo el procedimiento; por supuesto, la asistencia letrada a todos los solicitantes; que sean atendidos de manera especial -como indicaba antes en la otra materia- las personas más vulnerables, los menores; identificar a los posibles menores y a las personas que hayan sido o puedan ser objeto de trata de seres humanos o que hayan sido objeto de discriminación por su orientación sexual.
La Unión Europea lleva años intentando modificar el Sistema de Dublín. Como decía el propio comisario griego que he mencionado antes, los países a los que llegan los inmigrantes en primer lugar, fundamentalmente Italia y Grecia, no pueden hacerse cargo de estas personas, eso no es posible. Nos consta que la Unión Europea está trabajando en la modificación de este Sistema de Dublín y vamos a ver hasta dónde llegamos y qué es lo que se puede hacer para repartir las responsabilidades entre el mayor número de países y podamos atender a todas estas personas debidamente.
Los últimos datos que nos ha ofrecido el Ministerio del Interior son del 30 de noviembre de 2016. En España hay 14 457 solicitudes de asilo, muchas de las cuales están todavía por resolver.
Hay un dato interesante que quiero darles a sus señorías. En cuanto a las nacionalidades, la mayoría de las personas que actualmente solicitan asilo en España provienen de Venezuela, de Siria y de Ucrania.
Los datos sobre realojamiento y reasentamiento -que diferencia la Unión Europea- a 15 de diciembre de 2016, hace pocos días, son: reasentamiento en España desde terceros países, por el
acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, 175 personas, y realojamiento directamente desde Grecia e Italia, 398 personas. Estas últimas cifras de reasentamiento y realojamiento nos pueden parecer escasas, dado el número de personas que piden protección internacional en términos generales a países de la Unión Europea. Pero yo tengo que comentarles una impresión, casi constatación, que he tenido en las visitas, concretamente en esta de hace días a Grecia. El problema no es fundamentalmente español, no podemos decir: somos nosotros culpables o responsables de que sean 398 personas las realojadas por España, que son pocas ya que hay 900 plazas disponibles en este momento. Está pasando en toda la Unión Europea, y nos lo han dicho en Grecia y nos lo han hecho saber los centros de Italia. El procedimiento para reagrupar a estas personas, para decidir a dónde se envían, para estudiar y analizar antes su situación, su origen, su procedencia y sus circunstancias es complejo y no es un problema español. La prueba es que nosotros tenemos plazas y no llegan, pero esto lo he comprobado en las visitas a otros centros en el exterior. La Unión Europea no tiene más remedio que mejorar los procedimientos. De las 160 000 plazas asignadas, que sabemos que en septiembre de 2015 se les asignaron a países de la Unión Europea y que algunos rechazaron, se han realojado a 9356 en toda la Unión Europea, lo que quiere decir que hay una diferencia entre los ofrecimientos que se hacen y la acogida de estas personas. Por tanto, tendremos que instar a mejorar los procedimientos.
Voy a acabar diciéndoles a sus señorías que este documento formula al final recomendaciones explicadas detalladamente -las hemos diferenciado porque son de distinta índole- al Ministerio del Interior, al subsecretario de Interior, a la Secretaría General de Inmigración y a las comunidades autónomas. Han sido todas respondidas -encontrarán las respuestas sus señorías en la página web-. Han contestado prácticamente todas las comunidades autónomas en sentido positivo o afirmativo de colaboración. La Secretaría General de Inmigración nos da la razón en algunas, en otras se queda a medidas y a alguna dice que no -las van a encontrar ustedes también en la página web-. El Ministerio del Interior nos acepta parcialmente las tres que hemos presentado -no en su totalidad, parcialmente-; y la subsecretaría también nos acepta parcialmente dos y nos dice -lo digo con toda franqueza- que no a dos. Son mejoras en los procedimientos, atenciones más rápidas; mejor información a las personas que llegan; consisten en mejores servicios de traducción, circunstancia fundamental -los traductores tienen que tener un gran dominio del lenguaje en esa materia, en ese campo porque, si no, los procedimientos se hacen mucho más complicados e incluso pueden fallar, pueden no reunir las condiciones exigidas-. Por supuesto, les hacemos llegar estas recomendaciones a sus señorías. Afortunadamente están todas contestadas. Estas son las circunstancias.
Hay un pequeño capítulo especial dedicado a Ceuta y Melilla en este informe sobre el asilo, donde también se describe cómo eran las instalaciones en los puestos fronterizos para recibir y atender a las personas que solicitaban asilo. Hemos hecho varias visitas -el propio adjunto y yo misma hemos estado en varias ocasiones-. Han mejorado esas instalaciones; hay más personal atendiendo a las personas que piden protección internacional; hay intérpretes. Pero todo ello es mejorable, por las circunstancias y el número de personas. Antes llegaban personas por razones económicas a los puestos fronterizos o por razones de búsqueda de empleo, y ahora están llegando personas además por motivos de persecución y de guerra.
Estos son los epígrafes más importantes de este informe, que tiene cien páginas y que me he permitido solamente resumir a sus señorías para no cansarles y para que no me tenga que llamar la atención en muchas ocasiones el presidente de la comisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora defensora, por su capacidad de contención.
Yo sé que podríamos estar hablando largo y tendido y que sería beneficioso para todos, tanto para ella, y así explicarlo mejor, como para los demás y atenderlo mejor.
Espero que en siguientes ocasiones tengamos más tiempo, más tranquilidad, menos asuntos y podamos tratar el tema con mayor profundidad. Además, estoy convencido de que la señora defensora está dispuesta a venir cada vez que se lo solicitemos.
Por lo tanto, vamos a proceder a la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, las dos solicitudes de comparecencia por el Grupo Socialista y por el Grupo Podemos, y, en segundo lugar, por orden de mayor a menor.
En un principio seré estricto en el tiempo para que puedan hablar todos. Si después de la réplica tenemos tiempo, hasta las doce, daremos un segundo turno.
Tiene la palabra la representante del Grupo Socialista o el representante del Grupo Socialista, que no sé si van a distribuirse la intervención. Sí.
Atendemos a sus indicaciones y vamos a ir con rapidez.
Gracias, defensora, por sus informes y por su trabajo como comisionada que es de las Cortes Generales.
El Grupo Socialista le agradece el trabajo, sus informes porque esta institución contribuye siempre a solucionar problemas y es en esta comisión donde tiene que tener incluso más visibilidad, como bien decía ahora el presidente, con una actitud de reivindicación, de exigencia y de control. Ahí se va a sentir usted y todo su equipo siempre acompañados del Grupo Socialista.
Entro en la materia con rapidez.
Aluche. Usted sabe que los hechos que acontecen cada día en los centros de internamiento de extranjeros -lo voy a decir con claridad- de nuestro país, y, concretamente, los acontecidos en el centro de Aluche, ponen de manifiesto las carencias y las disfunciones del sistema actual. Se cuestiona la seguridad tanto de los internos como de quienes les custodian. Voy a hacerle aquí una lectura a la que seguramente usted ha tenido acceso de dos párrafos, de dos notas del Sindicato Unificado de Policía. Dice uno -del 19 de octubre, un día después-: "El SUP denuncia el mal estado de la mayoría de todas las instalaciones de los CIE, la escasez de medios materiales o humanos, tanto para la prestación del servicio por los funcionarios como para el acogimiento e instancia de los internos de los CIE." Y pide después, el 9 de diciembre, "dar una solución eficaz y definitiva a la situación legal y de seguridad, que a día de hoy representa el mantenimiento de los CIE en estas condiciones".
Me parecía importante que, además de los informes, de las palabras de la defensora, escuchemos también lo que dice la Policía.
Segundo. Es conocido el estado de abandono -y digo bien, de abandono- de estos centros por los responsables de su gestión, que es el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Policía. La ausencia de medios policiales, la disminución de las plantillas -en definitiva, la falta de personal derivada de los recortes del Gobierno- ponen de manifiesto el descontrol que se ha instaurado en la gestión de los CIE -descontrol y abandono-, y que resulta además opaca y está llevando a los mismos a una situación insostenible. Por tanto la situación es así: descontrol, abandono y opacidad.
La posición del Grupo Socialista. Si tuviéramos que dar un titular, sería el siguiente: Ni supresión ni privatización. Y como a veces escuchamos en el debate público sobre esto, estas dos tendencias -soterradas, latentes, quizá no con esa claridad- el Grupo Socialista sí que las tiene claro. Usted lo ha dicho en su intervención, ha hablado del año 1985, del derecho comunitario, de la Ley de extranjería, del Reglamento, de las reformas, de las sentencias, de todas las recomendaciones que ha hecho después el Defensor del Pueblo.
Hoy los centros de internamiento de extranjeros, como acabo de decir, padecen este abandono, esta opacidad, por tanto hay que mejorar su gestión, hay que reformarlos, tienen que ser más eficaces. Por consiguiente, esta es la posición del Grupo Socialista.
Mire, haré después una propuesta brevemente sobre presupuesto. Nosotros creemos que en relación con las instalaciones y el personal, con todo el personal -usted ha hablado de asistencia social, sanitaria, por supuesto de seguridad- hay muchísimo que hacer, y eso es presupuestario. También quiero dejar una frase acerca de las instalaciones: "La ley deja claro que los CIE no tienen carácter penitenciario." Si no tienen carácter penitenciario, no pueden tener ni condiciones ni apariencia penitenciaria, porque ¿de qué sirve que no tengan carácter penitenciario si, en ocasiones, sus condiciones reales y su apariencia lo es?
Cuarto. El Grupo Socialista cree que hay que buscar alternativas. Son dos grupos de personas las que finalmente están como internos en los CIE: aquellos que tienen infracciones administrativas, que tienen que ser retornados -dice la jerga comunitaria-, y otros que tienen detrás delitos penales. Por tanto son dos grupos claros. El Grupo Socialista cree que la institución que usted dirige debe hacer un esfuerzo ahí en el sentido de ejemplaridad por ofrecer alternativas en forma de ideas, de estudios, de trabajos a la Administración para el primer caso, para aquellos internos que están por infracción civil, que en realidad es por una cuestión de procedimiento de extranjería y tienen que ser retornados. ¿Qué alternativas? Le doy tres sugerencias: la comparecencia diaria, la localización electrónica y los pisos tutelados para ese grupo, que también se ha dicho. Estudiémoslo.
Propuestas, y voy terminando, presidente. Primera: una evaluación de la situación real existente entre los centros de internamiento de extranjeros, que cuente con la participación de todos los agentes con competencia en la materia y, por cierto, también con las organizaciones sociales. Segunda: medidas necesarias para que se garanticen las condiciones de vida digna y un escrupuloso respeto a los derechos humanos, especialmente -y usted lo ha dicho, se lo reconozco- la asistencia sanitaria, jurídica, social y familiar. Le decía que íbamos a hacer una propuesta, y creo que es en el seno de esta comisión, para que la institución que usted dirige también se haga eco.
Es necesaria una dotación presupuestaria inmediata, ya. ¿Eso qué significa? Para el año 2017, para adecuar los CIE a las exigencias del Estado de derecho -que hoy no están- y a las que se derivan de nuestros compromisos internacionales, así como que el ingreso en un centro de internamiento para extranjeros nunca comporte limitaciones o privaciones de derechos como se ha podido dar.
Tres propuestas más y un par de preguntas, y termino. Tres propuestas que figuran en una iniciativa que el Grupo Socialista ha registrado en la Cámara Baja y que creo que, a modo de sugerencias, pueden tener cabida en la institución que usted dirige, en la Defensoría del Pueblo. Primera: dictar instrucciones precisas, dirigidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que no se solicite el internamiento excepto cuando el mismo se estime indispensable para una repatriación y no existan otras medidas cautelares menos restrictivas de derechos -en la línea de las alternativas que antes le decía-. Segunda: facilitar el ejercicio de los derechos del interno previstos en la legislación en vigor y que esto se haga de manera que dicho ejercicio sea real y efectivo. Usted ha hecho referencia a ello en su intervención, y se lo agradezco porque creo que era importante que lo hiciera. Por último, acordar todas las medidas necesarias para que se revierta de manera urgente el estado de abandono de los centros de internamiento, no solamente las presupuestarias, sino otras muchas que figuran en una iniciativa que el Grupo Socialista ha registrado, por lo que, por tanto, no les voy a cansar más.
Pero sí que quería hacerle dos preguntas concretas. Usted ha hecho referencia a muchas dudas que podíamos tener, y se lo agradezco -por eso he ido tachando muchas de las preguntas, porque ya ha contestado-. Sí que me gustaría que, en el tiempo que va a tener después, aunque sea breve, nos contestara a si creen -usted y su institución- que se están cumpliendo las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo relacionadas con la garantía de los derechos de asistencia social, sanitaria, jurídica y de comunicación de los internos -y cuando digo que se están cumpliendo digo plenamente-.
Última pregunta: ¿considera usted que se está llevando a cabo una adecuada labor de gestión, mantenimiento y control por el Ministerio del Interior conforme a las normas y a la legislación?
Le animo a que siga su trabajo porque creo que es bueno para la democracia y para los asuntos que hoy hemos tratado, bueno y eficaz. Siempre va a tener, sobre todo en la búsqueda para ofrecer alternativas, el apoyo y el aliento del Grupo Socialista.
Por terminar, me gustaría....
El señor PRESIDENTE: El tiempo que usted consuma se lo quita a su compañera.
El señor LUENA LÓPEZ: Efectivamente.
Para terminar, a día de hoy, mientras celebramos esta comisión, si nos preguntamos, después de lo que ha ocurrido en octubre, después de lo que ha sucedido en otros CIE, si el Gobierno ha tomado las decisiones pertinentes para que no se repita, o, de otra forma, si puede repetirse lo que ha sucedido, todos sabemos, o los que hemos estudiado esta materia, que la respuesta es sí. Por tanto, todos estamos comprometidos a que la respuesta sea cuanto antes no.
El señor PRESIDENTE: Ahora tienen ustedes el tiempo para hablar sobre el asilo. Supongo que va a intervenir la señora Galovart. (Asentimiento).
Tiene la palabra señora Galovart.
La señora GALOVART CARRERA: "Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro, corazones en las manos, el cielo sobre el desierto en su mirada, con un país y una familia escondidos dentro de su cabeza. Los inmigrantes tienen muchos hombros, muchos corazones, muchas manos, muchas piernas. Entran en las tiendas, en los bancos y en los locutorios, en los bares: con fotografías enmarcadas bajo un brazo, con féretros bajo el otro brazo. Nadie ve esas mortajas, esas lápidas, esas cruces, esas lágrimas, esos corazones, esas
familias, esos países, esas fotografías, esos féretros, cielos ni desiertos. No nos miran a los ojos: ¡saben que somos ciegos!"
Buenos días. Con esta poesía de Ángel Guinda, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista felicito por su informe a la defensora del pueblo, a los adjuntos y a los técnicos. También les felicito porque, en sus recomendaciones, un año más el Defensor del Pueblo sigue llamando la atención a un gobierno ciego y sordo, que mantiene un modelo de gestión de flujos migratorios al margen de los derechos humanos; un modelo de gestión que prima la seguridad a los derechos, pues considera a los migrantes como una amenaza y un peligro; un modelo de gestión que prefiere la lógica de la seguridad del Estado a lo lógica de la justicia; un modelo de gestión que consagra prácticas discrecionales y que es reacio al control judicial sobre el poder policial. Un sistema migratorio que promueve dos categorías de personas humanas: los españoles y los migrantes. Un modelo sin reglamento de la Ley de protección de seguridad ciudadana. Siete años han pasado desde las promesas de aprobación de dicho reglamento. Un modelo que no se ajusta a las directivas europeas en materia de asilo. Además, defensora, de la lectura de su informe, se deduce que ese modelo de gestión tiene por único objetivo frenar el flujo de las personas en el territorio español.
Para lograr ese objetivo, el Gobierno ha puesto en marcha medidas que no tienen en cuenta los derechos humanos y que han sido denunciados por ir en contra del derecho internacional, del derecho europeo y del derecho nacional. Medidas como el cierre de fronteras, vigilancia de alta tecnología, despliegues militares y policiales, aviones, helicópteros, concertinas y cuchillas, cámaras térmicas, detectores electrónicos de presencia, centros de detención, operativos de rescate en alta mar. Cuánto cuesta amurallar nuestras fronteras y a qué precio.
A pesar de que no hay valla que no pueda saltar el hambre ni prisión que resista el ansia de libertad, ni mar que no pueda ser surcado, se destinan a ese empeño de bloqueo de fronteras enormes cantidades de dinero, crueldad y mentira que pasan desapercibidas por la mayoría de la población española. Y así, no inocentemente, se manipula la información con palabras tales como invasión, avalancha, peligro, amenaza, cuando el único delito es haber nacido en el sur, la única falta es ser pobre y el único crimen es huir del horror de sus países.
Otra medida persuasiva de los flujos son los acuerdos de Marruecos por carecer de garantías de protección de los derechos humanos. Con estos acuerdos, Europa externaliza sus fronteras en Ceuta, Melilla y Marruecos. Se pretende que los inmigrantes no se acerquen a las vallas de Ceuta y Melilla. Ellos, los marroquíes, vacían la frontera norte de la presencia de los llamados indeseables cerca de los enclaves españoles.
España ha delegado el control de la frontera de Melilla a Marruecos, y Marruecos, por la vía de los hechos, en muchas ocasiones, a las mafias, que cobran sustanciosas cantidades de dinero para poder acceder al territorio español, de tal manera que, por la frontera de Melilla, prácticamente solo acceden personas, fundamentalmente sirios, que han podido pagar a esas mafias. Así se puede explicar el porqué de los asaltos a las vallas pues, salvo para los sirios, existe muy poca posibilidad de acercarse al puesto fronterizo habilitado, sin ser interceptados y rechazados por las fuerzas marroquíes o españolas.
En consecuencia, con las anteriores conclusiones avaladas por las ONG del entorno, y haciendo crítica constructiva, nos extraña que a las mismas no haya llegado la defensora del pueblo en su informe. También echamos en falta en el informe alguna referencia crítica a las políticas de colaboración entre España y Marruecos.
Respecto a las medidas de excepción de flujos migratorios...
El señor PRESIDENTE: Señora Galovart, solamente le digo que tiene dos minutos para que vaya terminando. Ustedes han consumido más del que tenían. Ya llevan doce minutos y medio. Estoy siendo generoso.
La señora GALOVART CARRERA: Respecto a las medidas de excepción de flujos migratorios quiero indicar solamente las medidas de excepción llevadas a cabo en Ceuta y Melilla, donde la justicia ha sido degollada. Se trata de medidas de excepción porque las devoluciones colectivas en caliente o rechazos en frontera se llevan a cabo sin tener en cuenta posibles demandas de asilo.
Hemos de destacar que nos ha causado zozobra que la defensora del pueblo no hubiera interpuesto también, como lo ha hecho el Grupo Socialista, un recurso de inconstitucionalidad a la disposición adicional décima de la Ley de protección ciudadana.
También como medida de excepción tenemos la configuración de los CTI de Ceuta y Melilla, verdaderos limbos jurídicos donde se llevan a cabo de forma sistemática estrategias persuasivas para que los residentes no soliciten la protección internacional de asilo.
Señoras y señores diputados y senadores, las medidas que se han mencionado son ejemplos y frutos de una estrategia que trata y pretende que el sistema no funcione. Realizo esta afirmación porque las deficiencias que vienen poniendo de manifiesto la defensora del pueblo, Acnur y muchas organizaciones, todas, no han sido corregidas en lo fundamental por la Administración, a sabiendas que la justificación de la falta de presupuestos no es excusa cuando se trata de los derechos humanos fundamentales tales como la vida. Resulta que no ha habido voluntad política.
Toda esta intencionada y perversa situación que se deduce del informe conlleva angustia a los solicitantes que se estresan con la burocracia, la lentitud y la falta de garantías. Saben que, mientras tanto, mientras que no tengan papeles, no son nada y no existen.
Tantos problemas que señala el Defensor del Pueblo para poder solicitar la protección internacional, tantas trabas en el procedimiento, tantas dificultades para poder llegar a una resolución, tantas dudas de si se trató de un procedimiento con todas las garantías, sobre si las resoluciones son justas, tantas denuncias presentadas por la defensora y por las organizaciones, tantas resoluciones sin motivar y tanta indefensión ¿son casuales? No, no lo son. ¿Por qué España no ha incorporado las directivas europeas de asilo? Porque España lleva siete años sin aprobar el reglamento de asilo.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar.
La señora GALOVART CARRERA: ¿Por qué Ceuta y Melilla son territorios de excepción? ¿Por qué se han legalizado las expulsiones en caliente en territorio español, etcétera? Así nos podríamos preguntar cuarenta mil cuestiones.
La respuesta a todas estas preguntas no está en el cielo, señores diputados, señores senadores, ni fundamentalmente en el aumento de flujo de emigrantes refugiados sirios, sino, como señalaba, tiene su causa eficiente en la voluntad política decidida de poner freno a la entrada de personas por el sistema que sea, aun conculcando los derechos humanos y la legalidad europea y nacional.
Tus ojos reclaman justicia,...
El señor PRESIDENTE: Acabe, por favor. No hay tiempo.
La señora GALOVART CARRERA:... pero nadie te ve, nadie quiere oírte, te desprecian, tienes miedo.
Señora defensora, no los abandone, no los deje. Continúe usted mejorando cada vez más su informe.
Les repito, no es una cuestión que yo quiera. Cuando se reparte el tiempo, el que gasta uno se lo quita al otro y entonces después, el otro dice no me quite a mí. Pero es una cuestión que tiene que gestionar el grupo cuando tiene el tiempo tasado. ¿Vale?
Ahora tiene la palabra -no sé si van a repartirse el tiempo- la señora Mora, en nombre del Grupo Podemos-En Comú.
Señora defensora, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea valora la labor que ha realizado a lo largo de los años para defender los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en una situación crucial de vulnerabilidad.
Reconocemos la trayectoria de la institución para defender los derechos de las personas migrantes y entendemos que a lo largo de estos años -lo reconocemos- han realizado una labor muy rigurosa para dar a conocer los problemas que tienen los centros de internamiento de extranjeros y que se asuman muchas de sus recomendaciones, que realmente son muy positivas a la hora de que se garanticen estos derechos.
Dicho esto, y a pesar de esta valoración que realizamos, hemos solicitado la comparecencia de la defensora por los hechos que ocurrieron concretamente el día 18 de octubre de 2016 en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Hemos solicitado su comparecencia expresamente porque sucedieron hechos muy graves, hechos de vulneración de los derechos fundamentales. A usted se le
dirigió un aluvión de quejas y solicitudes de intervención y sin embargo tardó ocho días, ocho largos días en intervenir. Ese es el motivo de la solicitud de esta comparecencia.
En el ámbito de esta actuación concreta por la que solicitamos la comparecencia y que ahora nos ocupa, entendemos que la Defensoría no saca buena nota, y no solo eso, sino que suspende como Defensoría y como mecanismo nacional de prevención de la tortura. Por el relato que nos ha hecho nos da a entender que usted le está dando una función muy pobre a la institución, institución que además tiene un gran prestigio a lo largo de los años. Nos ha parecido que ha querido dejar entrever, o lo ha dicho claramente, que la vulneración de los derechos es una cuestión de investigación de la Fiscalía o de la Policía. Sin embargo tenemos que recordar que la Ley orgánica 3/1981, Defensoría del Pueblo, en el artículo 9, le da competencia directa para esclarecer hechos en relación con la vulneración de derechos del título I de la Constitución española, que son exactamente los que ocurrieron el 18 de octubre. Este artículo no tiene ninguna interpretación, no es una función preventiva, dice que tiene competencia para el esclarecimiento de los hechos.
Suspende como Defensoría, primero, porque usted podía y debía actuar de oficio, cosa que después no hizo, y le instaron a que acudiera numerosísimas instancias -desde personas individualmente, que le interpusieron quejas, hasta colectivos sociales, que también le presentaron un aluvión de quejas y le pidieron su intervención-. También sabe de buena tinta desde el primer momento que los internos estaban manifestando que habían sido agredidos. Sin embargo actuó pasados ocho días; actuó y acudió porque debía hacerlo, pero debía haberlo hecho a tiempo, así podía haber garantizado los derechos fundamentales de los personas migrantes que estaban en el centro de internamiento. Y a los hechos nos remitimos -y, de hecho, su función fiscalizadora, cuando acude, se puso en evidencia, y lo sabemos, entre otras cosas por lo que notifican a todas las personas que interpusieron las quejas en ese momento. Primero, detectaron hechos que eran constitutivos de delito y que dio traslado a la Fiscalía y, de hecho, hay diligencias abiertas por presuntos malos tratos. Detectó la presencia de cuatro menores, dos de ellos que además tenían documentación que justificaba que eran menores de edad, y de dos mujeres en situación de vulnerabilidad. Una de ellas fue puesta en libertad y, para la otra, se iniciaron trámites de protección internacional.
La posibilidad de que la Defensoría acuda ante un hecho concreto que suponga un riesgo cierto y grave, o, por lo menos, un riesgo de supuesta vulneración de derechos humanos o de supuesta posibilidad de malos tratos no es una ocurrencia nuestra. Muchos de sus antecesores lo han hecho, y lo han hecho a menudo. De hecho traemos a colación su informe, el del estudio sobre situación penitenciaria de depósitos municipales de detenidos 1988-96, donde se relata que la Defensoría reaccionaba de manera inmediata ante situaciones de riesgo cierto, de posible vulneración de derechos humanos o malos tratos, que es una función directa suya -la supervisión, control y garantizar esclarecimiento de los hechos y que no se sucedan. Y se realizaban visitas -viene en ese informe expresamente- durante el desarrollo motines precisamente. Y no sólo estaban los funcionarios presentes en el desarrollo de los motines, sino que, además, se acompañaba de la reducción de los amotinados y el traslado posterior a sus celdas, porque precisamente son los momentos en los que se puedan producir situaciones de malos tratos. Eso lo dice en su informe, y eso lo hacían sus antecesores.
La intervención inmediata no es algo que nos estemos inventando sino que lo han hecho ustedes durante mucho tiempo.
Señora defensora, su labor de control y prevención es muy importante que sea eficaz y, para eso, no basta con intervenir sino que hay que hacerlo a tiempo. Usted es el último recurso para mucha gente, que ven en usted la única posibilidad de que sean atendidos ante situaciones de extrema gravedad. Por eso, es muy importante que no mire hacia el otro lado, como entendemos que hizo durante ocho días en los que no se intervino. Entendemos, por todos estos motivos, que suspende la actuación en estos hechos como Defensoría pero también como mecanismo nacional de prevención de la tortura. ¿Por qué?
Nos vamos a permitir dar una explicación con tres argumentos. Entendemos que en esta situación suspende como mecanismo porque está realizando una interpretación absolutamente cicatera del artículo 19 del Protocolo Facultativo de Convención contra la Tortura, que establece las funciones que como mínimo tiene que desarrollar el mecanismo: el examen periódico del trato que reciben las personas privadas de libertad, realización de recomendaciones, propuestas y observaciones, y, por lo que manifiesta en otras ocasiones y en esta, lo ha estado comentando antes, ustedes interpretan su función como la puesta en marcha de medidas preventivas de carácter general. No podemos estar, para nada, de acuerdo con esta interpretación. La interpretación de este artículo hay que hacerla teniendo en cuenta la realidad
de España, y la realidad de España es que tenemos nueve condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no perseguir delitos de tortura; nos ha reprendido el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura bastantes veces por no investigar denuncias de malos tratos y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha documentado más de 6700 denuncias por malos tratos o torturas policiales entre 2004 y 2014. El mecanismo establece unas funciones mínimas que, entendemos, se tienen que interpretar en base a la realidad, nuestra realidad.
El segundo argumento por el que entendemos que suspende como mecanismo es ¿qué mejor para prevenir un riesgo evidente de malos tratos que la presencia inmediata, como ya hemos dicho antes? Y sabía la señora defensora que había un riesgo evidente, primero, porque lo que sucedía lo estaba viendo en la televisión, segundo porque ni a diputados ni a senadores se nos dejó entrar durante más de dos días; porque no se dejaba entrar a concejales y además con funciones de seguridad ciudadana, ni a los servicios sanitarios. Los internos estaban manifestando que habían sido agredidos algunos y otros que tenían miedo a ser agredidos, y las visitas además fueron suspendidas. Todo eso era de su conocimiento.
El señor PRESIDENTE: Señora Mora, le quedan cuatro minutos y no sé si quiere hablar del otro tema también.
La señora MORA GRANDE: Tardó ocho días, sin embargo, en intervenir, y entendemos que ahí falló, y falló además, como tercer argumento, porque resulta inadmisible la frecuencia de las visitas. Eso es totalmente contrario al protocolo. Hemos mirado en su página web cuándo fue la última vez que se realizaron visitas, y al CIE de Aluche fue el 4 de diciembre de 2014. Dos años en realizar una visita a un CIE. Entendemos que esto es contrario al protocolo. No entendemos qué clase de prevención es esta.
Señora defensora, entendemos que su función es muy importante, le damos el valor que tiene pero, desde luego, en esta ocasión creemos que ha fallado. Esto con respecto a su comparecencia por los hechos ocurridos en el CIE de Aluche el 18 de octubre.
En relación con el estudio sobre el asilo lo celebramos; nos parece un estudio muy necesario que señala, en su práctica totalidad, las lagunas que existen en nuestro sistema de asilo, tanto en la acogida humanitaria como en la integración. Leyendo el estudio llegamos a dos conclusiones: España no es un país de acogida y además, el sistema español de asilo, lejos de integrar, provoca realmente situaciones de riesgo de exclusión. Voy a aligerar. Compartimos con usted la preocupación que pone sobre la mesa el estudio sobre la falta de trasposición de las directivas, que nos parece muy importante; el desarrollo del reglamento de la Ley de asilo, que llevamos siete años esperándolo y que produce descoordinación, arbitrariedad e ineficacia en el procedimiento de asilo español.
Compartimos sus recomendaciones. Nos gustaría hacer una especial referencia a la frontera sur, donde sí tenemos que reconocer que la labor de la Defensoría ha sido muy importante a lo largo de los años. No me voy a parar aquí. Nos parece un dato importante poner sobre la mesa la imposibilidad de que ninguna persona subsahariana pueda llegar a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, y que la única manera de poder solicitar protección internacional al asilo, siendo subsahariano, menor, víctima de trata o demandante de asilo, sea a través del mar o saltando la valla. Nos hubiera gustado que incluyera alguna recomendación sobre esto, que no incluye, aunque sí hay recomendaciones anteriores, pero es algo muy grave que hay que resolver.
Ha dicho en la presentación del estudio que le da mucha importancia a la asistencia jurídica en el procedimiento de solicitud; sin embargo, vemos recogido en el estudio la escasa o práctica inexistencia de la asistencia jurídica. Nos han llamado mucho la atención los datos que refleja el estudio. Por ejemplo en Madrid, en el primer semestre, de 1060 entrevistas, solo 67 contaron con asistencia letrada. Nos parece bastante grave y es algo que creo que tendremos que trasladar al ministro directamente.
Hasta aquí, resumiendo, queremos felicitarle por el estudio, que nos parece muy bueno. Solo hemos echado de menos una cosa, una laguna que queremos poner sobre la mesa, y es que creemos que falta un análisis más profundo de las condiciones de acogida. Es un estudio amplio, de 100 páginas, en que se ventilan las condiciones de asilo e integración en siete. Solo siete páginas destinadas a las condiciones de asilo e integración. Entendemos que esto se podría mejorar, porque además es muy importante, entre otras cosas porque las cifras que se recogen en el propio estudio, las cifras de la Cruz Roja y CEAR sobre las personas que salen de nuestro sistema son muy elevadas. Según Cruz Roja, el 85% de las personas que acceden a la protección internacional en nuestro país no se quedan en España; según CEAR, el 80%. Son muchísimas personas; es decir, la gran mayoría de las personas que entran en nuestro sistema de acogida salen de los recursos. Entendemos que aquí falta analizar cuáles son las circunstancias y qué es
lo que está pasando para que la gran mayoría de las personas salgan de nuestro sistema. Todos estamos mirando a los refugiados que vienen de Siria o Líbano, estamos todos preocupados por las cuotas de reubicación y reasentamiento, esto es normal, pero es muy importante ver qué es lo que estamos haciendo con las personas que ya están aquí, que están dentro de nuestro sistema de asilo, si son suficientes los recursos que se ofrecen, de eso no se dice nada, si son efectivas las medidas, qué criterios se siguen para asignar a un dispositivo u otro a las personas, que estándares de calidad estamos dando...
El señor PRESIDENTE: Acabe, por favor.
La señora MORA GRANDE: Sí, estoy acabando. Cuáles son las características y cuantías de las ayudas, si estas son suficientes para dar autonomía a las personas y que realmente puedan sobrevivir en nuestro país, si la cantidad de millones que se destinan, que vienen reflejados en el estudio, que son muchos, 400 millones más 18 en un crédito extraordinario, han mejorado los recursos o no etcétera. Realmente falta analizar todo esto que además es importante. Nos gustaría que para el próximo año puedan realizar un análisis más exhaustivo sobre las condiciones de asilo en España y que profundice en los estándares de protección y efectividad.
Queda mucho por hacer, desde luego, para que el sistema de asilo español sea acogedor y nos encantaría plantearle la posibilidad de que puedan realizar un informe monográfico para este año sobre las condiciones de acogida e integración en nuestro país.
Muchas gracias por este estudio, que nos ha parecido muy bueno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mora.
En nombre del Grupo Mixto, entre los grupos que no han solicitado comparecencia, tiene la palabra el señor Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor Presidente, buenos días.
En primer lugar, un saludo obligado a la defensora, a sus adjuntos, al letrado y al equipo técnico que la acompañan. En nombre de mi fuerza política, del Partit Demòcrata, debemos felicitar a la defensora por el estudio, por la calidad del mismo y por su contenido pormenorizado, sobre el asilo en España. Consideramos que es un estudio muy bien elaborado, y cuyo contenido vamos a utilizar para nuestro trabajo parlamentario como referencia de prestigio. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia).
Concretamente, de manera muy breve, pediríamos una profundización mayor del punto 6.1.3 del estudio sobre el asilo, páginas 90 y 91, relativo a la situación en Ceuta y Melilla. A nuestro entender sería necesario ampliar más la explicación sobre la situación existente. Y una segunda cuestión referida a la legislación sobre acogida en la medida en que nuestro anterior grupo parlamentario, de Convergència i Unió, transaccionó una enmienda con el Grupo Socialista relativa a que las comunidades autónomas pudiesen intervenir en los planes de ayuda. Entendemos también que es importante su desarrollo.
No me alargo más, y brevemente como prometí, como voy a tener que ausentarme, quiero excusarme ante esta comisión por abandonar esta sesión pero leeré con atención en el Diario de Sesiones su respuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Bagué, por su brevedad sobre todo y así, de alguna manera, podemos recuperar los tiempos que hasta ahora nos habíamos comido.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente, yo también muy brevemente.
Evidentemente mi grupo no solicitó la comparecencia para el tema de Aluche, pero sobre ese tema sí realizó una pregunta oral al ministro del Interior en pleno, en el Congreso, y al final usted, señora defensora, ha acabado dándonos la razón a lo que nosotros preguntábamos.
Cuando le preguntábamos sobre si consideraba que el personal que estaba en esos centros era el más idóneo para las funciones a las que está encomendada el ministro del Interior contestó que sí. Pero usted nos ha dicho que no, que al fin y al cabo en los centros hay policías y la Policía sabe ejercer de Policía y las funciones de la Policía no son precisamente las que puede tener un funcionario de servicios sociales o incluso de prisiones que no es un funcionario policial, que es otro tipo de funcionario.
Aquí otro compañero decía que no es un centro penitenciario y efectivamente es un centro de acogida, y un centro de acogida o internamiento, según se estime, tiene unas connotaciones muy concretas. Si esas funciones las ejerce la Policía es cuando se producen las tensiones y los problemas.
Me alegra que usted diga en su informe que el personal que está en esos centros no es seguramente el adecuado y, por otra parte, me sorprende y me preocupa que el ministro del Interior piense que sí es el personal adecuado.
Usted decía que se denunciaban malos tratos y otros que hubo tensión ¿quizá la palabra intermedia que está entre tensión y malos tratos puede ser represión? Es decir, se utilizaron formas de represión que usa la Policía y ya sabemos cuáles son las formas de represión que usa la Policía porque su cometido es precisamente ese.
Entonces, en este sentido, yo creo que hay distintas cuestiones. Tanto el tema de Aluche como el del asilo, que enlazo de alguna manera, no son críticas que se le puedan hacer a la defensora del pueblo sino al Gobierno porque la defensora del pueblo también las ha recogido, aunque me parece que a veces, perdónenme la expresión, con poco atrevimiento en sus recomendaciones cuando se refiere a los problemas que hay. Yo creo que hay que decir las cosas más claras.
Ha habido un problema, pero es que aparte de eso las instalaciones están como están, el personal no es el adecuado para atender esos centros y yo creo que usted lo sabe y lo tiene que decir con más claridad.
Y por el tema del asilo, al final, decirle que evidentemente no es un problema español. En el anterior informe que presentó también dijimos lo mismo, es un problema europeo sin duda alguna. Pero España podría hacer más. Y tampoco es una cuestión de la defensora del pueblo hacer que España haga más, evidentemente. Pero sí denunciar que España haga más. Denunciar en el buen sentido de la palabra, es decir, ponerlo encima de la mesa, hacérselo saber a las personas que tienen que encargarse de ello.
Desgraciadamente casi todas las recomendaciones van dirigidas al Ministerio del Interior en sus diferentes facetas. Y eso yo creo que es bastante significativo. Que sea el Ministerio del Interior el que tiene que recibir las quejas porque su funcionamiento en esta materia no es el más pedagógico ni el más, digamos, socializador. Es, pues eso, controlador, represor, etcétera. Y todo eso tiene que ver con la forma en la que entendió este Gobierno que había que detener la llegada de la inmigración.
Otros compañeros lo han dicho. Creo que, afortunadamente, pasaron los tiempos en los que el anterior ministro del Interior reivindicaba aquello de las concertinas en Ceuta, etcétera. Espero que ahora se entienda de otra manera.
Así y todo soy consciente de que es un problema europeo que no tiene una salida fácil. Una cosa es qué hacemos con la inmigración pero otra es que a los que tenemos que atender los atendamos como seres humanos que son, como personas con su dignidad íntegra como cualquiera de los que estamos aquí, que no hay que mirar el origen y los papeles para tratar a las personas con la dignidad que por ser humano tienen. Y creo que fallaríamos en democracia si detectáramos cualquier infracción en materia de dignidad humana.
Por lo tanto espero que usted siga denunciado, siga haciendo informes como los que ha hecho. Le pido más atrevimiento pero, en cualquier caso, creo que es un informe interesante e importante. Esa es su función y mi grupo le seguirá reclamando que así sea.
Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.
El señor RUFÀ GRÀCIA: Hola, buenos días. Presidente, defensora.
Quiero agradecer a las personas que le acompañan su estupendo trabajo. Sobre el informe no voy a hablar mucho más ya que lo estamos analizando y posteriormente haremos preguntas a los ministerios del Interior y de Empleo.
Sobre el tema de Aluche nuestro grupo no presentó nada en su día. Pero sí algunas dudas porque, como usted bien sabe, desde mi primera intervención e intervenciones anteriores de mi grupo, siempre hemos reclamado que el Síndic de Greuges de Cataluña pueda acceder libremente al CIE de Barcelona así como los otros defensores del pueblo de diferentes comunidades puedan acceder también a los diferentes CIE que están en el Estado español para poder analizar qué pasa cuando hay un problema.
Puede que en la Comunidad de Madrid no haya defensor del pueblo y no se acerque, si hubiera un defensor del pueblo en la Comunidad de Madrid se podría haber acercado. Pero lo que sí queremos es el libre acceso a las personas que estamos en esta comisión.
Siempre queda la duda de lo que ha comentado el compañero presidente sobre cuál sería la palabra más técnica, -yo creo que hay un sistema represivo- porque realmente nosotros creemos que la Policía no es el organismo que tenía que estar controlando con un sistema de, casi casi, una prisión, que es lo que ha comentado el Partido Socialista. Y yo creo que nosotros, en la fase que estamos en mi país, vamos a cambiar esto. Nosotros queremos que se cierren los CIE actuales, que se reconviertan en centros de acogida al servicio de las personas y de los inmigrantes y gestionados por los servicios sociales y no directamente por un órgano de poder policial. Esto lo que hará es mejorar la situación y evitar estas tensiones en el interior de estos centros de acogida de inmigrantes y de formación. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Por lo tanto, nosotros también seremos beligerantes solicitando, mientras estemos en el Estado español, el acceso libre a los CIE y a otras prisiones, por ejemplo, para trasladar las dudas que tengamos directamente al Defensor del Pueblo o al Sìndic de Greuges y también, cómo no, a los diferentes estamentos policiales del Ministerio del Interior.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rufá.
Ciudadanos va a compartir el tiempo.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Señor presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, señora defensora. Queremos felicitarle a usted y a todo su equipo por el trabajo que han realizado, por los informes que nos han presentado y por esta exposición. Les animamos a que sigan así en ese trabajo, que es bueno para todos y, al final, para la defensa de los derechos de todos los españoles.
Y de su exposición me he quedado con la palabra tensión, que era lo que le relataban los internos que habían vivido esos días en el CIE de Aluche. Yo creo que esa tensión se produce por dos causas fundamentales: una por los días que están los internos en los centros, que son demasiados, por lo que los procedimientos se tienen que agilizar, tienen que ser más rápidos y más sencillos para reducir esos plazos, y dos, por las condiciones en las que están los internos en el centro.
Estamos de acuerdo con lo que ha señalado la defensora de que se tienen que mejorar las infraestructuras, las condiciones y las instalaciones de los centros, que tiene que haber más sitios de esparcimiento y de ocio y para la práctica deportiva para que la tensión que se pueda acumular pueda disiparse. Y, en ese sentido, mi grupo ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Interior del Congreso para insistir en la mejora de las infraestructuras y de las instalaciones de los CIE.
Estamos también de acuerdo con usted en que hay aspectos que son muy sencillos y fáciles de aplicar y que no tienen costes, como es el de la información a los internos lo que produciría también una rebaja de la tensión: información sobre los horarios, las actividades que pueden hacer, la asistencia jurídica y sanitaria, y, por supuesto, esa información tiene que estar en todos los idiomas, no solamente en castellano porque no sirve de nada si no lo entienden, y tiene que haber un servicio de traductores en condiciones para que puedan recibir esa información.
Estamos también de acuerdo con usted en que el servicio sanitario en los CIE debe mejorar, se debe prestar las 24 horas del día los 7 días de la semana. Esto no supondría un coste importante y, sin embargo, ayudaría a rebajar estas tensiones.
En relación con las infraestructuras, por supuesto, hay que dotar a las zonas comunes de más cámaras de seguridad para que no haya puntos negros, como usted decía en su exposición. Son pequeñas mejoras para las que no se necesita una gran inversión pero que harían más fácil la vida de los internos y, por lo tanto, se rebajaría esa tensión y todo sería más fácil.
Simplemente, señora defensora, como decía, agradecerle su exposición y decirle que insista en sus denuncias y reclamaciones en cuanto a los centros y en el resto de temas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
En nombre del mismo grupo tiene la palabra la señora Millán Salmerón.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, señor presidente, señorías.
En primer lugar quisiera agradecer a doña Soledad Becerril, defensora del pueblo, que comparezca hoy aquí, puesto que la visión que nos ha ofrecido es fundamental para comprender la protección de un derecho tan importante como es el del asilo, y de un problema como este que reviste de máxima actualidad. En el grupo de Ciudadanos somos muy conscientes de que existen problemas estructurales en nuestro país que afectan a la posibilidad de llevar a efecto este derecho y de ofrecer solución a las carencias que muy bien ha señalado la señora Becerril. Por nombrar algunos, la falta de incorporación al ordenamiento jurídico español de las directivas europeas de 2013, su ya inadecuada regulación en España y la incapacidad de las administraciones públicas para gestionar este asunto de forma adecuada, en especial teniendo en cuenta que el número de solicitudes ha aumentado considerablemente en los últimos años debido fundamentalmente a la crisis en Siria.
Esta preocupación por la crisis de los refugiados y por lograr una efectiva realización del derecho de asilo se recoge en nuestro pacto de investidura con el Partido Popular, expresamente en el compromiso número 145 con el siguiente acuerdo: Defender en el ámbito de la Unión Europea una solución justa, responsable y solidaria a la crisis de los refugiados conforme a los compromisos adquiridos en la Unión Europea, seguir impulsando una política común de emigración y asilo que responda a este reto, con un enfoque global y equilibrado que aborde todas las vertientes, con medios financieros y humanos suficientes coherente y políticamente visible para los ciudadanos y apoyada por la solidaridad y las responsabilidades compartidas.
Como se pueden comprobar, las ideas que se pueden extraer de la literalidad de este documento se pueden resumir en cinco. Defendemos una política justa, responsable, solidaria, que cuente con medios financieros y humanos suficientes y que sea común en el marco de los principios recogidos por la Unión Europea.
Agradecemos su comparecencia porque nos resulta de máximo interés conocer de primera mano la situación en la que nos encontramos con respecto a este asunto y, por ello, desde este grupo, nos gustaría plantearle la siguiente cuestión puesto que las demás prácticamente han sido resueltas con su exposición: ¿Piensa que la falta de trasposición de las directivas europeas al ordenamiento jurídico español han sido causa relevante en el agravamiento de este problema?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Millán Salmerón.
En nombre del Grupo Popular -creo que van a compartir el tiempo también- tiene la palabra, en primer lugar, la señora Sánchez Zaplana.
En primer lugar, quiero agradecer a la defensora y a todos los profesionales de la institución que usted dirige su compromiso siempre con la defensa de los derechos humanos. Hemos podido comprobar y lo hemos hecho en su intervención y en sus informes como siempre, pero especialmente desde que sucedió el incidente del 18 de octubre en el CIE de Aluche, que han estado ustedes atentos, trabajando y esforzándose para conocer y mejorar, sobre todo, las condiciones de vida de las personas internas en dicho centro. Gracias, defensora, a usted y a su equipo por este trabajo.
Dicho esto, creo que es conveniente -y a raíz de las intervenciones todavía algo más- aclarar algunos extremos y definir algunos conceptos que parece que no se han comprendido bien. Se ha dicho ya en esta sala y se ha definido qué es un CIE, pero quisiera recordar -aunque ya lo ha definido también la defensora- que es un establecimiento público de carácter no penitenciario donde se interna de manera cautelar y preventiva a personas extranjeras sometidas a un expediente de expulsión, bien por una situación no legal o bien por una sustitución de una pena de prisión. Aparecen, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, con la aprobación de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Es decir, estos centros no se han creado hace dos días. Y posteriormente, las diferentes leyes de extranjería sucedidas desde el año 2000 han ido perfilando las causas y los procedimientos de internamiento, en especial la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social.
Pero podríamos preguntarnos por qué existen estos centros y la respuesta quizás más adecuada sería: para asegurar la repatriación de extranjeros sobre los que se ha acusado, ordenado o propuesto una orden de expulsión, bien por haber incurrido el ciudadano en un ilícito administrativo o en un ilícito penal. Se acomete una medida provisional o cautelar que debe ser autorizada por un órgano judicial y no
debe exceder los sesenta días. Por tanto, los CIE son un instrumento creado hace ya muchos años, un instrumento necesario, en cualquier caso respetuoso con los derechos humanos, creados para un mejor control de la inmigración irregular, todo ello conforme a la legislación española y, por supuesto, a la normativa aplicable de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español que lo desarrolla. La política de retorno, señorías, es una parte fundamental del acervo normativo de la Unión Europea en materia migratoria. Y a raíz del incidente que nos compete en esta comparecencia en el CIE de Aluche, se han efectuado diferentes visitas: la que ha indicado y desarrollado la propia defensora del pueblo de 26 de octubre de 2016, que no se ha mencionado todavía, y la de la Comisión del Interior del Congreso de los Diputados, de 2 de noviembre de 2016.
Me gustaría decir -y desde mis muchos años de experiencia de trabajo en política social- que España es un modelo de integración y de convivencia pacífica y que España se anticipó a Europa en esta materia. Podríamos destacar aquí qué mejoras y cambios se han producido simplemente en los últimos años, por ejemplo, se ha mencionado varias veces la tarea de la Policía Nacional. Pues tengo que decir que las identificaciones de la Policía Nacional han pasado de más de 90 000 en el año 2011 a menos de 36 000 en 2015; que los ingresos en los CIE ha supuesto un bajada del 40%, de 11 325 en 2012 a 6930 -casi la mitad- en 2015; se ha reducido el tiempo de estancia, a veintiún días actualmente, muy inferior al resto de la Unión Europea; y algo que se ha destacado en algún momento también en esta sala: la aprobación del reglamento de los CIE es uno de los logros que se ha acometido en esta legislatura en 2014, lo que da mayores garantías a los derechos de los internos. La labor de las ONG que prestan esa asistencia social que se ha mencionado se ha ido incrementando, por ejemplo, se ha duplicado la subvención de la Cruz Roja en los anteriores Presupuestos Generales del Estado, que ha pasado de 400.000 a 823.000 euros. Y con respecto a la asistencia letrada, gracias a los convenios con diferentes colegios de abogados en la geografía española, hay una tasa media de ocupación del 40% y una estancia media, como hemos dicho, de veintiún días. Además, nuestra legislación exige que no solo el ingreso sino también la estancia se desarrollen bajo control judicial, puesto que la decisión de privación de libertad debe ser siempre acordada por el juez competente y por el tiempo mínimo imprescindible para cumplir su finalidad.
En relación con el CIE de Aluche, quiero aclararles que la fecha de su inauguración fue el 28 de junio de 2005. En cuanto a los terrenos sobre los que se quiso construir, fueron los de la antigua Prisión Provincial de Madrid, conocida como la Cárcel de Carabanchel; en concreto, las instalaciones del CIE se establecieron sobre el edificio que acogía el antiguo hospital psiquiátrico, en el caso de que funcionara entonces, de dicha instalación. Por tanto, no tiene más allá de diez años. Por supuesto, hay que seguir trabajando, como ha indicado la defensora del Pueblo, en la mejora continua y en nuevos proyectos y avances en las instalaciones, así como en los protocolos. Pero se debe reconocer también que, a raíz de las recomendaciones, tras las visitas de las comisiones parlamentarias y de todas la medidas de control, como las del juez de instrucción, el juez de control, el Ministerio Fiscal, la inspección de personal y los controles internacionales, como, por ejemplo, los del comisario de derechos humanos del Consejo de Europa o del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, ahí están todas las mejoras que se han acometido, algunas de ellas recogidas hoy, como las de los aseos, el uso de teléfonos móviles, las comunicaciones ya con ventana abierta... Con esa mejora continua y la información y apertura -niego esa opacidad, según los datos que estoy manejando-, me gustaría, señora defensora, que nos dijera si cree que el trabajo de mejora de atención y de las instalaciones de los CIE van por el buen camino y si las puertas de esos establecimientos están abiertas para todos; y cuando digo para todos me refiero a las organizaciones no gubernamentales -no solo a las que trabajan dentro-, a los parlamentarios -con la visita que he indicado de la Comisión de Diputados-, a los convenios y a otras instituciones, por ejemplo, las instituciones religiosas que están prestando atención en algunos de los centros.
Ahora, por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO SANTOLARIA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la defensora su exposición y a todo su equipo, el trabajo que vienen realizando y lo exhaustivo de estos informes.
Dicen en la presentación del estudio, y cito textualmente: La Unión Europea nunca había tenido que pensar y diseñar una política para recibir a cientos de miles de personas desplazadas por las guerras, por
el terror y por la persecución provenientes de países alejados geográficamente. Para eso no estaba preparada. El número de personas desplazadas de manera forzosa que buscan refugio o que solicitan asilo, que solicitan protección, que quieren llegar a países donde existen los derechos, donde no se persigue por creencias, por ideas, por raza o por etnia, ha desbordado la capacidad de los habituales procedimientos de entrada. Cierro comillas.
Esto me parece importante, porque es una realidad que todos los países de la Unión Europea y la propia Unión Europea tienen que afrontar, teniendo en cuenta, además, la dura lucha personal y familiar que supone un proceso de refugio y asilo para quienes lo sufren.
Para ponernos en antecedentes, y como idea preliminar -creo que ambos están muy ligados-, hay que decir que según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones hay 232 millones de personas que viven fuera de sus países de origen, y no por voluntad propia en muchos casos. La mitad de esos 232 millones se concentra en diez países del mundo, y España es uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque España es un país que se caracteriza por la integración y la incorporación a su sociedad de personas venidas de otros países. En una década hemos pasado de contar con apenas un millón de extranjeros a los más de cuatro millones y medio actualmente. Decir que somos un país de acogida y que integra a personas venidas de otros países es un hecho evidente. Lo demás podríamos decir que son cánticos de sirenas.
Hablando de política de asilo, debemos diferenciar el asilo y la protección internacional de la inmigración irregular, porque a buen seguro que tienen en común un drama humanitario, pero jurídicamente su situación y la respuesta que se debe dar son distintas. La inmigración irregular por razones económicas o sociales no da derecho jurídicamente a pedir asilo, protección subsidiaria o protección internacional. En esto creo que están de acuerdo la inmensa mayoría de países: una cosa es el derecho de asilo y protección internacional y otra muy distinta es la inmigración irregular. No me voy a referir a los datos de las solicitudes ni voy a incidir en ellos. Ya los ha mencionado la defensora.
Ante la gran crisis migratoria que viene padeciendo la Unión Europea, y a pesar de las dificultades que ello conlleva, el Gobierno de España está cumpliendo sus compromisos en materia de asilo y en materia de refugiados. Sin duda, este es un tema muy delicado y en el que creo que tenemos que demostrar mucha sensibilidad, pero también responsabilidad. Es muy fácil hacer un discurso victimista, un discurso facilón, dramático, incluso poético, o poniendo en tela de juicio la labor que realiza la Defensoría, pero no debemos obviar muchos de los temas que se deben solventar día a día para dar cumplimiento a los compromisos que España ha contraído tanto por responsabilidad como por solidaridad.
En materia de reubicación -ya lo ha dicho la defensora-, son 398 las personas que ya están en España; y 289 lo han hecho por la vía del reasentamiento. Con respecto al reasentamiento, la semana pasada el ministro del Interior anunció en sede parlamentaria que a finales de este año se va a adoptar un nuevo plan que va a incluir un grupo de 725 personas. De esta forma se podrá garantizar el compromiso que España adquirió en el mes de julio de 2015 de reasentar a 1449 personas en el plazo de dos años. Hay que indicar también que a día de hoy se está trabajando con la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo para darle una verdadera dimensión que intensifique los esfuerzos de la Comisión Europea y dé cumplimiento a los objetivos plasmados en el Consejo del 18 de marzo de 2016. Otra cuestión que creo importante reseñar es que el SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo, está ahora en momento de negociación, como usted bien sabrá, y eso puede marcar las decisiones políticas de directivas de asilo de la Unión Europea o incluso reformas legislativas en la Ley de asilo española.
En concordancia con muchas de las recomendaciones que la Defensoría realiza en su informe -la defensora ya ha planteado que algunas ya están subsanadas y otras, en estudio-, hay que recalcar que el Gobierno de España pretende, entre otras cuestiones, plantear un sistema europeo común de asilo y que en el examen de las solicitudes se eviten los tiempos de tramitación. También, que mediante el Sistema nacional de acogida e integración para los inmigrantes y refugiados se facilite la agilización de los procedimientos de reunificación familiar. Trasponer, cómo no, las directivas europeas lo más rápidamente posible en temas de asilo y aprobar, también lo antes posible, el reglamento de la Ley 12/2009, tal como ya ha comentado la defensora. Procurar la participación de las comunidades autónomas a nivel de sus competencias en la Conferencia Sectorial de Inmigración, reforzando programas para aquellas personas refugiadas más vulnerables, víctimas de tortura, trata, violencia de género y menores.
El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría.
El señor ROMERO SANTOLARIA: Termino.
Y establecer protocolos con las comunidades autónomas donde se refleje el papel fundamental que deben desempeñar en la prestación de esos servicios de acogida.
En definitiva, y con esto ya concluyo, creo que nuestra responsabilidad es acoger a esas personas que han salido de sus países por la fuerza, siempre en la medida de nuestras capacidades, asegurándoles una vida digna y garantizándoles -como ya dijo la vicepresidenta del Gobierno-, no solamente la acogida, sino lo que es más importante: la integración a medio y largo plazo que merecen en nuestro país.
Con esto finaliza el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios.
A continuación, tiene la palabra la señora defensora para responder durante el tiempo que estime oportuno y, en función del que le dedique a ello, veremos si después se puede dar un segundo turno de intervención, teniendo en cuenta que después cerrará la comparecencia la defensora y que a las doce tenemos que acabar.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Gracias, presidente.
Agradezco a todos ustedes sus intervenciones y que se hayan tomado el trabajo de analizar los documentos y estudiar detenidamente el extenso informe de asilo. Les agradezco su dedicación y el esfuerzo que han realizado, no sólo para preparar la comparecencia, sino para conocer a fondo estas materias y, en consecuencia, hacer las observaciones que han estimado convenientes y procedentes.
Creo haber señalado algunas de las carencias y disfunciones que ha indicado el señor Luena -debo decirlo modestamente-, y estoy de acuerdo con las que él ha reiterado. Es cierto que los policías dicen que son pocos para atender a tan alto número de personas en determinados momentos. También es cierto -creo que lo he dicho muy claramente- que he comunicado al ministro del Interior que las condiciones físicas del lugar de Aluche merecen atención, dedicación, presupuesto y mejora. Lo ha indicado usted, señor Luena, yo lo he dicho, y estoy de acuerdo con lo que usted ha reiterado.
Manifiesta usted al concluir su intervención que hay que ofrecer alternativas para estudiar cómo pueden retornar aquellas personas que deben hacerlo y qué procedimiento utilizar para realizarlo mejor. También estoy de acuerdo. Me parece que hay que pensar en revisar los procedimientos de repatriación y quiénes son las personas susceptibles de repatriar. Creo que esta no solo es una labor del Ministerio del Interior, sino que seguramente lo es también del Ministerio de Justicia y puede que del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que tiene mucho que decir por sus relaciones con otros países, en gran parte países de origen de estas personas que entran de manera no regular o están de manera no regular desde el punto de vista administrativo en nuestro país.
Nosotros hemos procurado vigilar el cumplimiento de los derechos humanos como alto comisionado que somos; y como institución del defensor de derechos y libertades hemos procurado y subrayado la vigilancia en los apartados y circunstancias de defensa de los derechos humanos. Y cuando, no ya vemos, sino sospechamos o creemos que se están vulnerando, inmediatamente lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Y en varias ocasiones lo afirmamos en estos informes -a algunos de los cuales me he referido, y otros, que están documentados-. Insisto: cuando hay sospecha de tratos no acordes con los derechos humanos, con mayúscula, lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía.
En cuanto a las mejoras en las instalaciones, también suscribo lo que ha dicho el señor Luena. Me he referido concretamente a ellas: a espacios de ocio, de deporte, al equipamiento... Estoy de acuerdo con lo que usted ha manifestado, y así se lo he indicado. Supongo que tendrán ustedes ocasión de expresárselo también al ministro del Interior y a algún otro departamento de la Administración General del Estado.
Parte de lo que comento en relación con las cuestiones que ha planteado el señor Luena también se lo puedo dirigir a la señora Galovart sobre el modelo de gestión. Efectivamente, dado el número de personas que están en estos centros, no solo hay que mejorar las infraestructuras sino también la manera de gestionarlos. Y lo he dicho en varias intervenciones, porque esta no es la primera vez que comparezco en esta comisión, ni muchísimo menos. Como saben sus señorías, hemos comparecido reiteradamente en las dos legislaturas anteriores, con mucha periodicidad. Cada dos meses y medio o tres hemos estado
tanto aquí como en el Congreso de los Diputados y hemos hecho informes semestrales, cosa que no se había hecho con anterioridad en la institución del Defensor del Pueblo. Como decía, es conveniente que se revisen tanto la infraestructura como la gestión. El ministro de Exteriores seguramente podrá aclarar algunos extremos de los acuerdos con Marruecos, como se hizo en el pasado con algunos otros países de África, para ayudar en los lugares de origen, en los lugares de procedencia de estas personas, que quieren, y lo comprendemos, abandonar sus países y acercarse a España y a la Unión Europea. Seguramente los acuerdos de cooperación con estos países de origen también sean mejorables o por lo menos sea conveniente ponerlos al día, revisarlos en sus cuantías. Me parece que es algo interesante. Pero le aseguro, señora Galovart -no creo que haga falta asegurarlo, pueden comprobarlo en nuestra página web y en los informes parlamentarios habidos con anterioridad en esta comisión-, que la frontera con Marruecos, la frontera en las ciudades de Ceuta y Melilla es objeto constante de nuestra atención. Si ustedes van por allí -y sé que van-, pregúntenlo. Son constantes las visitas e innumerables las fotografías. Hay algunas en las que aparecemos el adjunto y yo preguntando a esas mujeres, las porteadoras, que todos los días pasan dos y tres veces con enormes fardos a las espaldas. Les hemos preguntado y nos han contado los motivos, e incluso nos han dado cuenta de lo que ganan con cada porte.
Y en el campo de la solicitud de asilo y de protección, tras nuestras visitas y las de las técnicas allí celebradas se ha conseguido la mejora de las instalaciones para los menores, una mayor dotación de personal funcionario para atender a las personas que, a partir de finales de 2012 o principios del 2013, pueden solicitar protección internacional, o el aumento del número de los intérpretes. También hemos visto las instalaciones. En fin, creo que nos hemos ocupado. Seguramente podemos hacerlo un poco más, y lo haremos, pero hemos hecho muchas visitas, muchas, y mantenemos una constante observación y denuncia, cuando procede, de circunstancias o hechos que se pueden dar o que se han dado en dicha frontera.
La señora Mora considera de manera negativa la tardanza de nuestra presencia para valorar lo que sucedió el 18 de octubre en el centro de Aluche. Yo respeto su valoración. Me parece que dejar pasar unos días para que cinco personas realizaran una visita muy larga -de dos días y medio- en un momento de mayor serenidad y tranquilidad era bueno para la valoración y comprobación de lo sucedido. Creo que eso no redunda de manera negativa en la valoración y el aprecio de los hechos y circunstancias. Esa es mi posición.
Y en relación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y las visitas a centros penitenciarios, le manifiesto, señora Mora, que a lo largo de 2016 vamos a superar las cien visitas y que el informe está prácticamente terminado. El correspondiente a 2015 ya lo está hace mucho tiempo y se ha presentado en las Cámaras, y no ha habido ocasión de hablar de él, pero no por falta de interés del Defensor. Como digo, el de 2015 ya está presentado y el de 2016 está prácticamente terminado; y si hubiera habido ocasión lo hubiéramos traído hoy. Repito que se han realizado más de cien visitas a los centros de internamiento en toda España, muchas de las cuales he hecho personalmente. Por tanto, la dedicación es plena, muy grande. Se trata de personas dedicadas por vocación de servicio a valorar las circunstancias de aquellos que están en centros de privación de libertad y que, como he dicho, cuando hay alguna observación importante que hacer la denuncian a la Fiscalía. Hay múltiples recomendaciones a unas y otras administraciones que están a su disposición en el documento de esta institución.
En relación con el informe de asilo, se pueden hacer documentos todavía más amplios, pero el Defensor dispone de unos medios que también tienen sus limitaciones, como otros organismos, y hacemos cuatro o cinco documentos al año que requieren muchas horas, muchas visitas y muchos estudios. Y luego atendemos decenas de miles de quejas. En este sentido, este año ya tenemos para traer a sus señorías el número de actuaciones de oficio, que supera al de 2015. Pero es que el de 2015 supera el de 2014; este, al de 2013; este, al de 2012... Y así, sucesivamente, con una variación casi inexistente en materia de personal. Es decir, el esfuerzo que hacen los técnicos es enorme, como la dedicación, y creo que cumplimos con nuestras obligaciones, aunque las cosas siempre se pueden hacer algo mejor, seguro que sí.
Voy a comentar algunos aspectos de la intervención del señor Bagué, que nos ha pedido disculpas por tener que ausentarse. En relación con el informe de asilo, a Ceuta y Melilla se dedican las páginas 51 a 59. También la señora Galovart me preguntaba -no lo he mencionado antes, discúlpeme- por asuntos de Ceuta y Melilla. Como digo, en el informe de asilo se dedican, por una parte, ocho páginas. Por otro lado, a las condiciones de los centros de estancia temporal en el documento se le dedican las
páginas 90 a 93. Y a lo largo del año comentamos las visitas públicamente y ponemos en la página web las conclusiones.
Preguntaba el señor Bagué sobre la participación de las comunidades autónomas en las visitas a los centros penitenciarios. Le recuerdo -estoy segura de que lo sabe, pero no le ha dado tiempo a mencionarlo- que la institución del Defensor del Pueblo tiene encomendada la función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero no porque se la haya atribuido el Defensor, sino porque las Cortes Generales le asignaron esa responsabilidad, por una amplísima mayoría, en el año 2009. Por eso realizamos esas visitas como mecanismo nacional. Deben saber sus señorías que cuando hay ocasión, que suele ser casi siempre, le comunicamos al defensor de la comunidad autónoma de que se trate si quiere acompañarnos; y en la mayoría de las ocasiones si no viene el defensor lo hace uno de sus técnicos, tanto del Síndic de Greuges, como del Justicia de Aragón o de la Valedora de Galicia, por ejemplo. Siempre les avisamos. Además, vienen acompañados por técnicos especialistas, como forenses o psiquiatras, nominados por los colegios profesionales, que nos han proporcionado esos nombres. Casi siempre les pedimos que vengan, aunque muchas veces sus trabajos no se lo permiten porque están en hospitales u otros centros. Y son un complemento muy importante y muy bien recibido para las visitas porque siempre nos hacen apreciar puntos de vista, hechos o datos que a lo mejor nosotros no hubiéramos alcanzado a ver o interpretar. Como digo, son siempre bien recibidos y mantenemos una excelente relación con ellos y con el consejo asesor que tenemos permanentemente, también elegido por instancias e instituciones que no derivan del propio Defensor, al que informamos periódicamente.
He escuchado con atención al presidente, señor Agirretxea, que ha intervenido en su calidad de portavoz y que subrayaba las funciones de la policía en los centros de internamiento: cuáles deben ser y hasta dónde deben llegar. Yo también lo he señalado; no puedo añadir, señor presidente, mucho más. Consideramos que las ONG acreditadas realizan una labor muy importante. Si su presencia pudiera aumentarse, mejor, porque prestan unos servicios para los que no creo que esté la policía y que estarían mejor confiados a otras personas, a otras manos. Estoy segura de que la policía pensaría lo mismo. En fin, sería conveniente que usted se lo transmitiera al ministro del Interior. Esa ha sido nuestra opinión antes y ahora, como he dicho en reiteradas ocasiones.
Y en relación con la política de asilo, desde luego hay necesidad de una política común de la Unión Europea. En octubre, cuando hicimos una jornada muy amplia con Acnur y representantes de la Unión Europea, con varias personas de la Comisión, así lo manifestamos tanto ACNUR como nosotros. Así lo tenemos dicho y reiterado, y así lo he afirmado cuando he mencionado al Comisario, el señor Avramopoulos -podría mencionar a otros comisarios de la Unión Europea-. Y es que son ya cinco años, casi seis, los que se lleva intentando una política de asilo común que todavía no se ha logrado plenamente. Se han conseguido alguna coordinación y mejoras, pero no se ha logrado. Ojalá a lo largo del próximo año pueda concretarse esa política común que todos esperamos.
El señor Gómez García y la señora Millán Salmerón preguntaban en sus intervenciones, en primer lugar, por las mejoras de las condiciones de los CIE, y reitero lo dicho. Pues sí, supongo que la parte física de las infraestructuras necesita un presupuesto acorde, ojalá lo haya y se consiga. Y, por otra parte: seguimiento de la adecuación de los derechos humanos, prevención de las actuaciones correctas, de la actuación correcta también de las fuerzas de seguridad y la denuncia en caso de que se piense que se vulnera o se puede vulnerar algún derecho fundamental; desde luego, la denuncia ante la Fiscalía. En eso no dudamos; yo, desde luego, no dudo.
La señora Millán Salmerón me preguntaba si la no trasposición de algunas directivas europeas causaba problemas o falta de mejoras en procedimientos; supongo que en concreto se refiere al asilo. Pues sí, claro, la tardanza en los reglamentos es fundamental, porque tanto los reglamentos de los centros de internamiento como los de centros de estancia temporal o los reglamentos para la protección internacional establecen unos requisitos, por ejemplo en materia de asistencia letrada, de intérpretes, de plazos, de tiempos y de atención a personas vulnerables, todo lo que desmenuza el reglamento y, por tanto, facilita la labor a los policías, a las personas que prestan servicios asistenciales y a los propios letrados que también prestan sus servicios. Es decir, el reglamento perfila e incide en aspectos que, si no, a lo mejor pueden ser soslayados o no tenidos en consideración. Creo que es bueno insistir en la conveniencia de traspasar las directivas.
Voy a hacer un comentario que no he hecho en mi intervención porque lo olvidé y que es aplicable a distintas circunstancias y hechos: la existencia durante mucho tiempo de un Gobierno en funciones no nos ha permitido que determinadas recomendaciones se vieran aceptadas. Por ejemplo, hemos
pedido la modificación de algunos reglamentos para hacer concreciones; en materia de legislación, por supuesto, era absolutamente imposible, y en otras materias que nos han comentado distintas administraciones estamos de acuerdo total o parcialmente, pero en este momento no estamos en condiciones de afrontarlas.
Y concluyo diciéndole al señor presidente que nuestra inclinación y disposición a colaborar en todas aquellas materias que sirvan para concluir la política común de asilo es absoluta, pero creo que es conveniente decir que España es un país de acogida, que los españoles son ciudadanos que acogen. Yo he visto -no voy a narrarlo porque sería largo- las acogidas y he hablado con personas, también con representantes de las comunidades autónomas y de ayuntamientos y he asistido en aeropuertos, tanto en Barcelona como en Madrid, a la acogida de refugiados. Y creo que podemos concluir que España es un país de acogida. Tuve ocasión de ver cómo se acogía a una familia siria en el aeropuerto de Madrid, camino del aeropuerto de Barcelona. ¡Cuántas personas y cuántos organismos, desde la Embajada de España en Jordania hasta el Ayuntamiento de Barcelona, pasando por Cáritas y por una fundación catalana, Jubert, han participado! La verdad es que es impresionante cómo las instituciones y los ciudadanos españoles se vuelcan en esta materia.
Le agradezco a la señora Sánchez Zaplana su estudio profundo del documento de asilo, se lo agradezco mucho, y también al señor Romero. Les pido que estén atentos, y atenta, a ver si es posible hacer las mejoras de las que hemos hablado en este CIE y en los demás, y que estén atentos -como ustedes han dicho- a la situación de las personas que pueden ser, o son, vulnerables por distintas circunstancias, pero, desde luego, también de las mujeres.
La impresión que tenemos -que no es más que una impresión porque es difícil de comprobar- es que muchas mujeres que llegan a Algeciras, a Tarifa y a Madrid -en Sevilla también lo hemos visto, en Dos Hermanas concretamente- están sujetas a redes de tráfico de personas, claramente. Les podría contar algunas cosas que me han comentado ellas o las personas que las atienden en esos centros porque he hablado en muchas ocasiones con ellas.
Les agradezco a todos su interés, y si quieren hacer alguna pregunta, les contesto, si el señor presidente lo autoriza. Pero les quiero informar, no querría que se me olvidará, de que cuando ustedes lo estimen conveniente, nos gustaría otra comparecencia para darles los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de los años 2015 y 2016, un documento interesante que fue solicitado a la institución del Defensor del Pueblo en el año 2015 por una resolución del Congreso de los Diputados aprobada por unanimidad. Es un estudio sobre víctimas del terrorismo de ETA y derechos humanos. Está concluido desde el mes de junio y se lo vamos hacer llegar al presidente y a sus señorías. Hemos escuchado la opinión de muchas víctimas y muchas personas que atienden y han atendido a las víctimas desde distintos puntos de vista.
También estamos en condiciones de dar cuenta del informe presentado en junio, el informe semestral, que se hace desde este año 2016, antes no se hacía, y de mostrarles un poco más profundamente las posibilidades de la página web, a la que entra una media superior a 2000 personas al día, más los comentarios que nos hacen llegar los ciudadanos a través del chat y de otras páginas que tenemos. El objetivo de esta nueva página web es que nos lleguen más opiniones para que conozcamos mejor las circunstancias y las quejas de los ciudadanos a efectos de darles mayores facilidades. Esta página está traducida al inglés y la traduciremos -cuando tengamos ocasión- a otras lenguas españolas; y, en colaboración con la ONCE, es ya una página accesible.
Por lo tanto, en la institución se ha hecho un esfuerzo de apertura y de mejora del servicio para que sea más fácil, más eficaz y más rápido. En la página se da cuenta de los tiempos que tardamos: desde el año 2013 al 2016 los hemos bajado a la mitad. Y también damos cuenta de los tiempos que utilizan todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos, y de las que se demoran y de las que se da traslado, por no responder, a la Fiscalía General del Estado. En este momento son 7 o 9 las administraciones de las que se ha dado cuenta a la Fiscalía por no haber respondido; en su mayoría son pequeños municipios. Las comunidades autónomas contestan, aunque algunas lo hacen con retraso; la Administración General del Estado contesta y los municipios medianos y grandes también contestan en tiempo y forma. Estas son algunas de las actuaciones que tenemos todavía por delante.
Quiero saber a qué grupos les gustaría intervenir. Tenemos que hacer el cálculo, porque tiene que cerrar la defensora del pueblo, y basándonos en ese criterio voy a dar dos minutos por grupo para intervenir, empezando de menor a mayor. Empieza el señor representante de Esquerra.
El señor RUFÀ GRÀCIA: Muchas gracias. Entiendo que una parte de la respuesta de mi compañero Joan Roura iba encaminada a la que había comentado yo sobre la colaboración con el Síndic. Más que colaboración -que sé que es una colaboración fluida y sin problemas-, es que el Síndic tenga libertad de acceso al CIE sin solicitarlo a nadie y que pueda ir solo con sus técnicos. Básicamente, esa es nuestra petición, no que no haya colaboración entre su institución y la institución del Síndic, o con el resto.
Quería aclararlo, ya que entiendo que la respuesta que ha dado a Joan me responde a mí. Posteriormente, en el futuro, ya comentaremos otros asuntos.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su precisión, señor Rufà.
Concedo otros dos minutos a la representante de Podemos, señora Mora.
Señora defensora, nos ha dicho que después de una denuncia de posibles malos tratos es bueno esperar unos cuantos días, en este caso ocho, para valorar y analizar qué ha pasado. Es lo que ha dicho exactamente, y no lo compartimos, porque es lo mismo que decirle a alguien que se encuentra en una situación límite y manifiesta que está sufriendo malos tratos y que está pasando una situación de vulneración de derechos humanos, y se lo está manifestando a un montón de personas: Esperemos ocho días para valorar. Eso es exactamente lo que nos ha dicho y no lo podemos compartir. Según el artículo 9 de la Ley del Defensor del Pueblo, tiene funciones para prevenir pero también para intervenir e investigar. Todas esas funciones las tiene.
Nos ha comentado también que algunos internos le manifestaron situaciones de malos tratos y otros no exactamente de malos tratos pero sí de tensión. Quisiera preguntarle por esas manifestaciones. ¿Después de cuánto tiempo fue usted allí? ¿Dos meses, quizá? ¿Un mes y medio? La mayoría de los que protestaron ya estarían fuera, puestos en libertad después de dos meses o devueltos a sus países.
Respecto al informe del asilo, hay una gran laguna y no analiza, en absoluto, en 7 páginas solamente, las condiciones de acogida. Nos dice que hacen lo que pueden. Le estamos pidiendo un informe específico, porque hay una laguna bastante grande.
Recuerdo que cuando presentó el informe anual en la legislatura pasada comentó que no necesitaban más recursos, más medios ni más funcionarios.
La señora MORA GRANDE: Sí. Quizá, este es el ejemplo de que realmente sí necesitan más presupuesto, más funcionarios y más plantilla para poder analizar actuaciones como estas, que son muy importantes, y quizá este sea el momento, porque vamos a aprobar los presupuestos.
Nos ha comentado -y termino- que España es un país de acogida. Pero es un país de acogida por sus ciudadanos, no por sus gobernantes. Sus gobernantes solo han cumplido un 4% de sus compromisos y el 96% de los refugiados siguen sufriendo en campos en el Líbano y en Jordania. Lamentamos que lo comente así. Gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Galovart, que dispone de dos minutos.
La señora GALOVART CARRERA: Mis felicitaciones. No crea que las críticas que se le hacen van contra usted o contra la institución; al revés, reitero que son críticas constructivas.
Quiero decirle que nos preocupa el cumplimiento eficaz por parte de la Administración de las recomendaciones sobre el asilo. Y digo eficaz porque para doblegar a la Administración, la fuerza del argumento y la aplicación de las coerciones legales son insuficientes si no van acompañadas del respaldo de una opinión pública informada. Y para una opinión pública informada, señora defensora, le alentamos a que en el siguiente informe sobre asilo haga campaña de divulgación y de concienciación sobre la situación de los inmigrantes y los refugiados.
Consideramos que la web es un instrumento eficaz, pero no es el único. Le animamos a que sea asidua su presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los foros; que denuncie la situación, cuando hace visitas, en Ceuta, en Melilla y en los aeropuertos, que denuncie in situ la situación que se está produciendo allí de infracción y vulneración de los derechos humanos. Le pedimos que utilice todos los medios coercitivos, salvo la vía penal, para conseguir que la Administración lleve a cabo sus recomendaciones y sus sugerencias y que haga un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias, que no sea solo un brindis al sol por parte de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Galovart.
En nombre del Grupo Popular, la señora Sánchez tiene la palabra.
Señora defensora, gracias por sus palabras. Nos gusta y es nuestra obligación estudiar tanto sus informes como todos los relativos a la materia que nos ocupa. Me quedo, resumiendo su intervención, con que la situación actual de los CIE ha mejorado en infraestructuras y atención; con que, efectivamente, hay que seguir mejorando la asistencia sanitaria, la información a los internos, la atención a los menores y a personas vulnerables y la mejora de las instalaciones, así como las actividades de ocio que se están ejecutando y las buenas prácticas.
Respecto a una pregunta que le he planteado anteriormente sobre si realmente usted piensa que los derechos humanos se cumplen, de su intervención he deducido que, lógicamente, son mejorables las condiciones y la asistencia, y me gustaría saber si las personas que lo requieren, las organizaciones no gubernamentales, los parlamentarios o su propia institución han encontrado alguna dificultad en el acceso y en la visita, en este caso a los establecimientos.
Para concluir, tiene la palabra la señora defensora.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Reitero, en primer lugar, las gracias. Y, en segundo lugar, reafirmo que cuando sus señorías lo estimen conveniente y la Mesa así lo decida, informaremos de otros asuntos llevados a cabo a finales de 2015 y en 2016, y daremos cuenta de números, recomendaciones, actuaciones y quejas que hemos recogido a lo largo del año y de cuáles son los asuntos más importantes de dichas actuaciones, quejas y números, que les podemos mostrar cuando ustedes así lo estimen conveniente.
Yo no voy a corregir a sus señorías, no suele ser mi papel, ni creo que deba serlo. Democráticamente, manifiesto mi disconformidad con algunas apreciaciones que se han hecho, pero no soy nadie para enmendar la plana a nadie, ni muchísimo menos. Acepto las críticas. La libertad de expresión debe ser siempre defendida, y la defensora ha de ser la primera en hacerlo. Y, como defensora, yo, además, no tengo derecho a hacer ninguna queja. La única persona -iba a decir casi- en este mundo, en España que no puede quejarse es la defensora, que debe acoger y estudiar las quejas de los ciudadanos, provengan de donde provengan y del lugar o del centro del que vengan.
Yo creo que los derechos humanos sí se cumplen en España. Cuando hay sospecha -ya lo he reiterado- lo ponemos en conocimiento. Nosotros divulgamos, defendemos y comentamos el rigor, el cumplimiento de los derechos humanos, la necesidad de acogerse a la legalidad vigente, a los convenios internacionales y a la declaración del año 48 en todas las ocasiones y en todo momento. Y continuaremos haciéndolo, y si sus señorías nos dicen que lo hagamos más, lo haremos más veces y más a menudo, pero, desde luego, en nuestro espíritu y en nuestro deseo está divulgar y propagar la necesidad absoluta del cumplimiento de los derechos humanos en toda la nación española.
Les reitero la gratitud por haberme escuchado con paciencia y anoto también sus discrepancias.
Ahora yo, en mi nombre, les agradezco que se hayan atenido a esta limitación, a este corsé que nos hemos autoimpuesto. Sé que no ha sido fácil, sé que todos tienen muchas cosas que decir, muy interesantes y necesarias además, pero las circunstancias son las que son.
Espero que en próximas sesiones tengamos libertad para poder estar todo el tiempo que queramos, pero que tampoco sea excesivo. (Risas).
Eran las once horas y cincuenta y cinco minutos.

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 19
e contrario
 resolución 
 artículo 9