Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/61439
Timestamp: 2019-10-23 21:14:56+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1SPO-106/61439
Propone reformar la Ley de Vivienda y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para impulsar la independencia de las personas mayores con una vida independiente y de interacción con su entorno, asimismo estimular una política de construcción, y de financiamiento para apoyar el mejoramiento y adaptación de viviendas, que permitan el acceso y la movilidad de las personas mayores en su hogar y contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda para ser más independientes y autónomas.
Proposes to reform the Housing Law and the Law on the Rights of Older Persons to promote the independence of older people with independent living and interaction with their environment, also stimulate construction policy, and funding to support the improvement and adaptation of housing, allowing access and mobility of elderly people at home and help improve their ability to move in the housing to be more independent and autonomous.
El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de laUnión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73 fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 en su segundo párrafo; el artículo 21, al que se le adiciona una fracción marcada con el número 1 y se recorren las subsecuentes; el artículo 4 y 5; se adiciona la fracción IV bis al artículo 6; se reforma el segundo párrafo del artículo 47; se reforma el primer párrafo del artículo 78; todos de la Ley de Vivienda. Asimismo se reforma el inciso b, de la fracción VI del artículo 5; la fracción I del artículo 21 y se adicionan las fracciones III, IV y V del mismo dispositivo legal, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de conformidad a la siguiente:
La transición demográfica es un fenómeno por el que atraviesa la población de muy diversos países. Por un lado, la declinación de la mortalidad origina un progresivo aumento de la esperanza de vida y, en consecuencia, un número cada vez mayor de personas alcanza edades avanzadas; y por el otro, la caída de la fecundidad se refleja, a la larga, tanto en una cantidad menor de nacimientos como en una reducción sistemática de la proporción de niños y jóvenes en la población total. La combinación de ambas tendencias conduce, de manera inevitable e irreversible, al envejecimiento demográfico, hecho que se expresa en un estrechamiento de la base y una ampliación de la cúspide de la pirámide poblacional.
Esta mutación ocurre desde hace varios decenios en los países más desarrollados. De acuerdo con los datos de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que el número de adultos mayores (es decir, personas de 65 años y más) se multiplicó alrededor de 2.7 veces en los últimos 50 años (de 64 millones a 171 millones de personas) y que su proporción con respecto a la población total casi se duplicó (de 7.9 a 14.4%). La dinámica del envejecimiento seguramente se acelerará en las próximas décadas y provocará que, al llegar al año 2050, los adultos mayores constituyan poco más de la cuarta parte de los residentes de esos países.
La población mexicana también atraviesa por una fase de plena y acelerada transición demográfica y no podrá sustraerse en el futuro a la dinámica del envejecimiento demográfico, lo que se aprecia en la encuesta intercensal 2015 publicada por INEGI, en México la población en edad avanzada representa el 7.2 por ciento;en el censo de población y vivienda del 2010 representaba el 6.2 y en el censo del 2000 el 5.0.
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que la edad media de la población se incrementará de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su vez, la población de 65 años y más aumentará de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 2030 y alcanzará 32.5 millones al llegar el año 2050.
La vejez es un proceso fisiológico normal dentro de la vida de todos los seres humanos; esta etapa es caracterizada por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales.
En consecuencia, los problemas de discapacidad de los adultos mayores serán cada vez más intensos y visibles en la sociedad. Al respecto, se estima que el número de personas con algún rasgo de deterioro funcional en la vejez crecerá de 2 millones en 2000 a 7.3 millones en 2030 y a 15.1 millones en 2050.
Ante esta situación debemos reflexionar ¿qué significa para las familias mexicanas el hecho de que las sociedad está envejeciendo?, ¿qué medidas está adoptando el Estado para responder ante este fenómeno? y ¿en qué realidad, con quiénes, en dónde y en qué condiciones viven las personas de edades avanzadas?
Por tal motivo nuestro país debe preparar las respuestas institucionales y sociales encaminadas a afrontar exitosamente el fenómeno del envejecimiento demográfica, tal como lo ha asumido al signar diversos instrumentos internacionales, mediante los cuales México ha adoptado el compromiso de que la edad sigue siendo un motivo explícito y simbólico de discriminación que afecta el ejercicio de todos los derechos humanos en la vejez, y que las personas mayores requieren atención especial del Estado;
México ha asumido el compromiso de:
a. Adoptar medidas adecuadas, legislativas, administrativas y de otra índole, que garanticen a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos y prohíban todos los tipos de discriminación en su contra,
b. Fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores por medio de la adopción de leyes especiales de protección o la actualización de las ya existentes.
En este contexto a nosotros como legisladores nos corresponde impulsar las políticas y las acciones a través de un marco jurídico que permita promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores y trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia de que son víctimas.
Pese a los esfuerzos realizados en materia legislativa y administrativa a la fecha, las limitaciones y exclusiones persisten, lo que afecta la calidad y dignidad de la vida de estas personas; tal es el caso de lo que acontece con relación al derecho que tienen las personas mayores a disfrutar de una vivienda digna, no obstante de ser un derecho reconocido ampliamente en instrumentos internacionales y nacionales:
En La Declaración Universal de los Derechos Humanos se dispone en el artículo 25 que “toda persona” tiene derecho a la vivienda.
En El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales se establece en su artículo 11 que los Estados firmantes de dicho instrumento reconocen el derecho a la vivienda de toda persona y su familia.
En los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991);
La Proclamación sobre el Envejecimiento (1992);
La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002),
Los instrumentos regionales tales como: la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003);
La Declaración de Brasilia (2007),
El Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009),
La Declaración de Compromiso de Puerto España (2009),
La Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012);
Y en la reciente Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, dentro de la cual en su artículo 24 se reconoce el derecho a la vivienda.
A nivel nacional, nuestra carta magna en el artículo 4, párrafo siete, establece que la familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda,pero no de cualquier vivienda, ésta debe ser digna y decorosa: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de Vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” y en la Ley de los derechos de las personas adultas mayores en su artículo 5, fracción VI, inciso b, y en su artículo 21, en donde es visto desde un enfoque de asistencialismo social y no de derechos, además con un alcance limitada.
Compañeros Senadoras y Senadores, no debemos dejar de lado que el derecho a la vivienda está directamente vinculado con otros derechos, lo que significa, que la posibilidad de contar con una vivienda digna y adecuada, es una condición que nos permite acceder a otros derechos.
Para las personas de edad, la vivienda y el entorno son particularmente importantes debido a factores como la importante seguridad emocional y psicológica que brinda el hogar. Es un hecho reconocido que una vivienda satisfactoria puede ser beneficiosa para la salud y el bienestar. El hogar, no es sólo un edificio o un espacio edificado, es un ámbito en el que se proyectan emociones, apoyos, identidad, por lo que es conveniente que sea acorde a las necesidades de las personas mayores, para permitirles que continúen con un desarrollo activo familiar y comunitario, y disminuir la dependencia que puedan tener de la ayuda externa.
La mayoría de las vivienda que habitan las personas mayores en general, no responden adecuadamente a sus necesidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad. El desafío de una vivienda segura y propicia para las personas mayores implica reconocer, por una parte, la diversidad de necesidades y preferencias de las personas mayores, incluidos la opción y el derecho de "envejecer en casa" y, por otra, las situaciones de fragilidad que exigen cuidados y formas especiales de residencia.
Las caídas de las personas mayores son un serio problema de salud pública. En balance se observa que la dependencia entre tener un tipo de limitación funcional u otra y sufrir accidentes en el propio hogar es grande; lo que sin duda debe ser un factor para promover la modificación o adaptación de los puntos conflictivos en el hogar, donde de manera más frecuente se producen estos accidentes.
En cualquier país donde el proyecto de viviendas incluya escaleras, pasos estrechos de puerta, baños y aseos inaccesibles o habitaciones demasiado pequeñas o frías para ser usadas por personas cuya movilidad está disminuida por enfermedad, accidente o edad, éstas se sentirán discapacitadas por su propio hogar.
Frente a estos factores “discapacitantes” ¿de qué manera es posible intervenir para evitarlos o corregirlos? La adaptación funcional de la vivienda es uno de los medios para evitar ese sentimiento y facilitar la permanencia de la persona en su propio hogar.
El objetivo fundamental de la adaptación de una vivienda es, por tanto, reducir las demandas que presentan el entorno físico interior y el entorno exterior inmediato de esa vivienda para facilitar la realización de las tareas cotidianas y promover las habilidades de sus residentes de modo que puedan llevar una vida independiente.
Debemos considerar que aunque la cantidad de adultos mayores aumente en el futuro, que es lo único que realmente señalan las proyecciones demográficas, el que esto comporte un aumento paralelo en el número de `personas mayores discapacitadas dependerá de cómo evolucione la prevalencia de la incapacidad funcional en el futuro. La cantidad de discapacidad que una persona experimenta está en función de la interacción de esa persona con el entorno en que se desenvuelve.
Estoy convencido que la discapacidad que adquieren las personas mayores por la disminución de su capacidad funcional progresiva debe abordarse desde el paradigma del modelo social, el cual ve la discapacidad no como un atributo inherente sino como un producto del contexto social y el entorno, incluyendo su estructura física (diseño de edificios, sistemas de transporte, accesos y condiciones de infraestructura de las viviendas).
Cuando no se atiende esto cito textualmente lo referido en la Presentación del Departamento de Bienestar Social en la Ponencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa“Ocurre que la persona mayor sola en el domicilio se va apagando, va cayendo en sus propias limitaciones progresivamente, en silencio y sin conciencia de su falta de condiciones dignas. Simplemente se adapta. Y es que no tiene contraste, nadie le motiva ni le fuerza a mantenerse y reconocerse en una red social. Un día se deja de bañar, al siguiente no se viste, al siguiente se levanta del sofá sin saber si es la mañana o la tarde, y las instituciones podemos mirar o no hacerlo, porque la mayoría de esas personas no nos van a pedir nada”.
Por tal motivo se propone la presente reforma para impulsar por una parte la independencia de las personas mayores como personas de pleno derecho con una vida independiente y de interacción con su entorno, asimismo impulsar una política de construcción, y de financiamiento para apoyar el mejoramiento y adaptación de viviendas, que permitan el acceso y la movilidad de las personas mayores en su hogar y contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda para ser más independientes y autónomas.
De esta manera se cumple con el objetivo 1 y recomendaciones establecidas en la ETRATEGIA REGIONAL DE IMPLEMENTACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID:
a) Promover iniciativas que permitan a los adultos mayores acceder a financiamiento para adquirir una vivienda o adaptar la propia a sus nuevas necesidades de habitabilidad y seguridad.
b). Introducir en la normativa que regula la construcción de viviendas a nivel nacional las necesidades de las personas mayores con relación a su accesibilidad, seguridad y dotación de servicios públicos.
Asimismo para armonizar el contenido de la Ley de Vivienda y de la Ley de los Derechos de Las Personas Adultas Mayores con el contenido de los instrumentos internacionales emitidos por la ONU y con el contenido de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, con el objeto de incorporar el tema del envejecimiento en las políticas públicas de vivienda y generar las condiciones legales, para que las autoridades administrativas competentes impulsen la construcción y adecuación de viviendas dignas, acordes y seguras, en las que el adulto mayor pueda acceder y moverse libremente sin ningún riesgo y poder tener un envejecimiento activo y saludable al lado de su familia.
Lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores es una necesidad impostergable. Es importante recordar que las personas de más de 65 años tienen los mismos derechos que los demás, pero, frecuentemente, requieren de condiciones especiales que les permitan vivir con decoro y bienestar, por lo que es apremiante contar con adecuados mecanismos legales y sociales de protección.
Por lo anterior, es de mi interés el proponer está iniciativa, la cual representa un complemento necesario para reforzar los instrumentos y mecanismos que en materia de vivienda para las personas adultas mayores ya tenemos.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:
ARTÍCULOUNO. Se reforman los artículos 3 en su segundo párrafo; en el artículo 21 se adiciona una fracción marcada con el número 1 y se recorren las subsecuentes; se reforma el artículo 4y 5; se adiciona la fracción IV bis al artículo 6; se reforma el segundo párrafo del artículo 47; se reforma el primer párrafo del artículo 78; todos de la Ley de Vivienda.
Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este ordenamiento, se regirán bajo los principios de equidad,igualdad, no discriminación, dignidad humana, respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia, así como el combate a la invasión de predios y al crecimiento irregular de las ciudades.
I. Adaptación funcional. Es una alteración singular de las características físicas permanentes de la vivienda y su entorno inmediato con el objetivo de reducir las demandas del entorno físico y potenciar la vida independiente, la confianza, la dignidad y la realización de actividades de la vida diaria.
II. Autoproducción de vivienda: el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción;
III. Autoconstrucción de vivienda: el proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva;
IV. Estímulos: las medidas de carácter jurídico, administrativo, fiscal o financiero que establezcan los diferentes órdenes de gobierno para promover y facilitar la participación de los sectores social y privado, en la ejecución de acciones, procesos o programas habitacionales;
V. Espacios Habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas;
VI. Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación;
VII. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda;
VIII. Comisión Intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda;
IX. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda;
X. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;
XI. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;
XII. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce vivienda sin fines de lucro;
XIII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa;
XIV. Sistema de Información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, como el conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así como los efectos de las políticas públicas en la materia, y
XV. Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; adaptaciónfuncional de vivienda;sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito.
IV bis. Promover el diseño, financiamiento, dotación, autoconstrucción y construcción de viviendas acordesa las condiciones de accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores, tanto al interior como en el contexto de la vivienda;
Asimismo fomentar progresivamente el acceso al crédito y subsidios u otras formas de financiamiento, a la persona adulta mayor, para adquirir una vivienda propia, para remodelaro adaptar la vivienda de su propiedad, acorde a sus necesidades de accesibilidad y movilidad, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector público, privado y social.
ARTÍCULO 78.- El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos deberán considerar quelos espacios interiores y exterioressean acordes a la accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores; la eficiencia de los sistemas funcionales, constructivos y de servicio; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.
ARTÍCULO DOS. Se reforma el inciso b, de la fracción VI del artículo 5; la fracción I del artículo 21 y se adicionan las fracciones III, IV y V del mismo dispositivo legal, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
b). Tener acceso a programassociales para contar con apoyos financieros y asesoría técnica para la adaptación funcional de la vivienda en la que va a residir la persona adulta mayor, así como a programas de adquisición de apoyos técnicos que le auxilien en la limitación funcional que sufre alguno de sus órganos o extremidades corporales.
IX. Derecho a la vivienda
La persona adulta mayor tiene derecho a una vivienda dignay adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades en continuo cambio, deberá tener prioridad en la asignación aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad.
I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia, para remodelarla en caso de ya contar con ella o para adaptarla a sus necesidades de acceso y movilidad;
Promover la construcción o la adaptación progresiva de soluciones habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su acceso y movilidad.
Información y asesoría oportuna y eficaz a las personas de edad, a sus familias y a las personas que las cuidan, sobre las opciones de que disponen en materia de vivienda;
Garantizar que en las viviendas y zonas habitacionalesse construyan instalacionespúblicas de recreación y deporte acordes a la necesidades de accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores.
Dado en el salón de Pleno del Senado de la República el día 17 de marzo del 2016

References: artículo 21
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 47
 artículo 78
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 47
 artículo 78
in fine
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ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 78
 artículo 5
 artículo 21