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Timestamp: 2018-04-19 17:10:52+00:00

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BONIFICACIÓN ADICIONAL POR RETIRO A PERSONAL NO ACADÉMICO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO Y OTROS BENEFICIOS TRANSITORIOS
ESTABLECIMIENTO DE ASIGNACIONES PARA PERSONAL DE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Y MODIFICACIÓN DE SU PLANTA
Sesión 75ª, en miércoles 17 de diciembre de 2014
(De 11:14 a 13:58)
Concurrieron, además, los Ministros de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y de Agricultura subrogante, señor Claudio Ternicier González. Asimismo, se encontraba presente el Director Nacional del SAG, señor Ángel Sartori.
--Se abrió la sesión a las 11:14, en presencia de 18 señores Senadores.
Atiende solicitud de información, planteada en nombre del Senador señor Harboe, relativa a la modificación de la red de salud de la provincia de Biobío y explicitación de los montos de recursos destinados a programas de mejora de los centros hospitalarios de las provincias de Biobío, Arauco y Ñuble.
Contesta solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la situación que afecta al Hospital Regional de Coihaique, especialmente en lo que atañe a la necesidad de mejorar su laboratorio y a la falta de espacio suficiente, hecho que fuerza a utilizar oficinas, baños y pasillos.
Del señor Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero:
Remite informe de plagas relevantes detectadas durante los últimos treinta años en la Región del Biobío, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
De las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley sobre asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y Ganadero (boletín Nº 9.690-01) (con urgencia calificada de "suma").
--Por acuerdo de los Comités del día de ayer, quedan para la tabla de Fácil Despacho de esta sesión.
Del Senador señor Navarro, con el que pide a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya a los señores Ministro de Educación y Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para que se proceda a retirar los alimentos ricos en carbohidratos refinados de los programas de alimentación escolar (boletín Nº S 1.782-12).
Del Senador señor Navarro, con el que solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República la incorporación plena y directa de los funcionarios y las funcionarias en los procesos de fusión de servicios públicos y su realización en sede legislativa (boletín Nº S 1.783-12).
Del Senador señor Chahuán, mediante el cual requiere del Senado que manifieste su repudio al atentado perpetrado en contra de víctimas inocentes el día 16 de diciembre de 2014 en una escuela de la ciudad de Peshawar, República Islámica de Pakistán, y solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que, en nombre del Gobierno de Chile y de toda la nación, exprese su condena a esa acción terrorista (boletín Nº S 1.784-12).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero solicitar el asentimiento de la Sala para incluir, en Fácil Despacho de la sesión de la tarde, el proyecto que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, fortaleciendo los consejos regionales.
La iniciativa tiene que ver con el aumento de la dieta de los cores, tema ampliamente conocido, tratado por la Comisión de Gobierno, respecto del cual se realizaron múltiples audiencias y que ojalá pudiésemos dejar resuelto.
Boletín N° 9557-04
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el primer lugar del Fácil Despacho de esta sesión figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación adicional por retiro al personal no académico que indica de las universidades del Estado y faculta a las mismas para conceder otros beneficios transitorios, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.557-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Hacienda: sesión 75ª, en 17 de diciembre de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es entregar, al personal no académico de las universidades del Estado que perciba el beneficio del artículo 9° de la ley N° 20.374 y esté afiliado a una administradora de fondos de pensiones, un bono adicional de 395 unidades de fomento de cargo fiscal, siempre que cumpla con los requisitos que el proyecto dispone, así como facultar a las mismas universidades para conceder otros beneficios transitorios.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala el 16 de diciembre. Lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores García, García-Huidobro, Lagos, Montes y Zaldívar), y también en particular, con la modificación que consigna en su informe, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar).
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 13 a 18 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, estamos frente a un proyecto que sigue la línea de los incentivos al retiro que se han otorgado a otros servidores públicos y que en este caso también respaldamos por estimarlo de toda justicia.
Esperamos que los académicos también puedan alcanzar un acuerdo con el Gobierno, para tener la oportunidad, como ha ocurrido en otras ocasiones, de contar con su propio incentivo al retiro.
Recomendamos a la Sala la aprobación de la iniciativa propuesta.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, quiero manifestar mi respaldo a la iniciativa que nos ocupa y destacar que en ella se recoge un compromiso adquirido en el Gobierno anterior con el personal no académico de las universidades estatales, el cual, lamentablemente, nunca se tradujo en lo que debería haber sido: un proyecto de ley, que en este Parlamento habríamos votado con celeridad y con gusto.
Entonces, en primer lugar, subrayo el hecho de que el actual Gobierno se haya hecho cargo de la materia en análisis, independiente de que no fuera un acuerdo suscrito durante esta Administración, porque entiende que aquí hay la necesidad concreta, respecto del personal no académico -además, se trata de quienes se ubican, muchas veces, en los niveles más bajos de los escalafones universitarios-, de buscar una salida que permita, de alguna manera, compensar las bajas pensiones que se perciben, fenómeno derivado de situaciones que no viene al caso comentar acá.
La bonificación, equivalente a 395 unidades de fomento, hará posible dar salida a personas que incluso ya han superado la edad de jubilación y, en todo caso, un retiro en mejores condiciones económicas.
Quiero destacar, en la tramitación de este proyecto, el trabajo de la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (ANTUE), y en particular de Mónica Álvarez -magallánica y dirigenta nacional de la entidad-, así como el respaldo transversal a la iniciativa. Agradezco, en su nombre, la acogida y la celeridad en el despacho que imprimieron los integrantes de la Comisión de Hacienda -en especial, a su Presidente- y la disposición de la Comisión de Educación, que se allanó, para que la tramitación fuera más rápida, a que el proyecto fuera visto solo por la de Hacienda.
En la Cámara de Diputados se dio una discusión relacionada con el personal académico y, sobre todo, profesional. Y al respecto deseo destacar el compromiso del Gobierno en el sentido de iniciar un debate en cuanto a los incentivos al retiro, que se halla pendiente, de manera de cubrir a todos los estamentos.
Sin embargo, la iniciativa en examen responde, de algún modo, al compromiso asumido y permite dar una salida durante este año. A mi entender, es lejos el mejor regalo de Navidad que podríamos dar a muchos integrantes del personal no académico que se encuentran esperando desde hace mucho tiempo esta alternativa.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, en la Comisión de Hacienda aprobamos este proyecto, como ya se ha dicho, y me parece que existe unanimidad para su despacho, porque es algo que corresponde.
Sobre lo único que deseo llamar la atención es que este es un tipo de proyecto que se repite cada cierto tiempo respecto de determinados sectores. Porque, ciertamente, no se ha logrado una solución final para el llamado "daño previsional", que tantas veces hemos hecho presente.
Lo único que quiero destacar -y lo hice ver en la Comisión- es que normalmente en las iniciativas de esta naturaleza se establece una cuota. Aquí se habla de 850 personas. Y los actores, tanto del Gobierno como de los beneficiados, nos dijeron que con esa cifra se podía alcanzar a la totalidad de la gente. Mi pregunta es por qué se pone cupo, entonces, si se va a abarcar el total.
En varias oportunidades el texto ha venido con cupo y creo que no debería ser así, porque la idea es que se pueda acoger todo el personal que corresponda y cumpla los requisitos, como la determinación de cierta fecha, etcétera.
He apoyado estos proyectos, pero dejo esa constancia. Van a seguir repitiéndose en los mismos términos. Son casi calcados. Tal vez incluso podríamos tener una matriz para este tipo de situaciones, pero -repito- pienso que la limitación de cupos es algo que no corresponde.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, solo quiero dejar consignado que los académicos de muchas universidades nos escribieron, nos llamaron y nos dijeron "No aprueben este proyecto porque nosotros quedamos fuera".
Y hay un problema, como es que el ritmo de diálogo con los académicos fue distinto del que se llevó a cabo con los no académicos. Eso generó roces entre sectores que quizás podrían haberse evitado.
Yo le pido al Ejecutivo que apure las conversaciones con los académicos. A quienes les corresponde jubilar se hallan en una situación difícil. Y en las universidades -sobre todo en algunas- es bueno que haya cierta rotación.
Tal como se preguntó el Senador Zaldívar, no sé cuántas leyes de incentivo al retiro hemos tenido que aprobar, las cuales representan, en definitiva, distintas maneras de poner parches. ¿Parches a qué? A un sistema previsional que está haciendo agua por todos lados. Entonces, como el sistema previsional no está funcionando, hay que proveer un cierto parche, una cierta muleta para que pueda jubilar y salir del sistema un conjunto de sectores.
Creo que no debemos seguir postergando el debate sobre el sistema previsional. Hoy estamos en crisis y podemos seguir aprobando y aprobando este tipo de proyectos, pero el problema de fondo no se resuelve y mucha gente queda insatisfecha. Además, hay numerosos sectores que no tienen la capacidad de pedir un incentivo al retiro y a ellos también hay que tenerlos presentes.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Están inscritos los Senadores señores Bianchi y Lagos. Luego procederíamos a votar, porque les recuerdo que estamos en Fácil Despacho.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, hay que partir diciendo que el proyecto no puede verse como un regalo de fin de año ni nada que se le parezca. Esta es la vergüenza mayor para un Estado que tiene a sus trabajadores en la condición en la que están, al punto que se deben entregar bonos a fin de año como un incentivo al retiro.
Junto con el Vicepresidente del Senado hemos estado en innúmeras reuniones y encuentros buscando mecanismos y tratando de entregar propuestas concretas para que los trabajadores que hoy cumplen una función en el Estado de Chile, mujeres y hombres, puedan recibir pensiones dignas.
Y si debe haber un regalo para esos trabajadores, mujeres y hombres, ese debe ser, precisamente, el de darles dignidad al momento de jubilar.
Quiero partir agradeciendo al Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Ricardo Lagos, quien ha tenido la gentileza, junto con cada uno de los miembros de ese órgano técnico, de analizar la iniciativa con la celeridad que le pidieron en su momento los integrantes de ANTUE y su presidenta, Mónica Álvarez, en quien, por supuesto, volvemos a relevar la forma en que se ha llevado adelante una lucha que hoy día se concreta con esta votación.
Pero estamos frente a un daño previsional enorme.
En una reunión reciente, le planteamos a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social distintas fórmulas, que esperamos ver en los próximos meses, el año que viene, para poder corregir, de una buena vez, durante la actual Administración y con un carácter social, el enorme daño previsional que arrastran nuestros trabajadores.
Por supuesto, vamos a votar favorablemente este proyecto, en el cual hemos colaborado y contribuido.
Y efectivamente el año pasado había un compromiso que no se cumplió durante la Administración anterior. El actual Gobierno lo asumió -eso es así- y llevó adelante el cumplimiento de lo que se había comprometido en su momento. Y es así como hoy día estamos votando este bono por 395 unidades de fomento.
Además, el Senador Montes tiene razón cuando señala que los académicos llamaron e hicieron lobby suficiente para que esta iniciativa no siguiera su curso. O sea, incluso se divide a los trabajadores, académicos y no académicos, y eso no procede.
Hoy estamos votando un bono que en algo o casi algo compensa el enorme daño que estos trabajadores han acumulado. Obviamente, es un tema que más temprano que tarde tendremos que corregir, a la luz de situaciones muy injustas.
Vamos votar favorablemente el proyecto, agradeciendo la celeridad con que lo analizó la Comisión de Hacienda y felicitando el trabajo de cada uno de los integrantes de ANTUE, pero particularmente el desarrollado por Mónica Álvarez.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Les reitero que el proyecto está en Fácil Despacho, así que, luego de la intervención del Senador señor Lagos, integrante de la Comisión de Hacienda, procederemos a realizar una sola votación.
El señor LAGOS.- Me demoraré un minuto y medio, con suerte, señora Presidenta. Únicamente quiero reiterar una cosa.
La razón por la que estamos tramitando este proyecto de ley es para establecer una bonificación adicional en favor del personal no académico de las universidades estatales. En oportunidades anteriores aprobamos los llamados "incentivos al retiro". Y todo esto dice relación con el tema de las jubilaciones.
Yo no tengo problema en aprobarlos y lo voy a seguir haciendo, pero quiero llamar la atención -ya lo he hecho en el pasado en el Senado- sobre qué pasará cuando la ciudadanía comience a captar, a pispar y a "caerle la teja" de que acá hay un doble estándar: el problema de las jubilaciones del sector público se resuelve por proyectos de ley que mejoran las pensiones de quienes, además, muchas veces no tienen lagunas previsionales, etcétera, y nos reunimos para darles a nuestros trabajadores del sector público -yo lo apoyo- un suple a su jubilación que el resto no tiene, en vez de ir al tema de fondo de las pensiones.
Solamente deseo hacer ese alcance. Creo que fue el Senador Montes quien lo señaló. Lo que está detrás es mejorar, que tengan una jubilación mejor. Y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, aquí hacemos algo muy específico y acotado, y si alguien se pone agudo jurídicamente, hasta podría plantear que hay discriminación en la forma en que opera.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, solo deseo hacerle una pregunta al señor Ministro. Es algo más bien formal.
El primer párrafo del artículo 3° dice: "Esta bonificación adicional se concederá hasta un máximo de 850 cupos para efectos de los artículos 1°, 4° y 6° de la presente ley".
Mi pregunta es cómo se llega a esa cifra. ¿Cubre a todos los no académicos que cumplen los requisitos? ¿Obedece a que había cierto fondo que alcanza hasta ahí? ¿Qué pasa con funcionarios que, pudiendo tener derecho a ese bono, no llegan a tiempo en su postulación? Lo planteo porque, eventualmente, podría ser una fuente de discriminación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En este momento no se encuentra el Ministro en la Sala. Pero le puede contestar alguien de la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el Honorable señor García, y después procederemos a abrir la votación.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, creo que la pregunta del Senador Guillier de alguna manera ya fue respondida por el Senador Andrés Zaldívar. Consultamos el punto. Y tanto el Ejecutivo como los dirigentes señalaron que la cifra de 850 cupos alcanza para la totalidad de quienes cumplen los requisitos. Y con esa tranquilidad lo votamos a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Pienso que la respuesta le quedó clara a Su Señoría. Y, siendo así, se hará una sola votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor) y, por no haberse presentado indicaciones, también en particular y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Chahuán.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se encuentra presente el Ministro subrogante de Agricultura, don Claudio Ternicier, a quien saludo.
Y solicito autorización para el ingreso a la Sala del señor Director Nacional del SAG, don Ángel Sartori.
Boletín N° 9690-01
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y Ganadero, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.690-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Agricultura: sesión 75ª, en 17 de diciembre de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es potenciar el rol del Servicio Agrícola y Ganadero en toda la cadena productiva silvoagropecuaria y en la protección al patrimonio fito y zoosanitario del país. Ello se materializará mediante la creación de la asignación de estímulo fito y zoosanitaria y de la asignación de frontera, además de la ampliación de la planta de su personal.
La Comisión de Agricultura discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo de la Sala de fecha 9 de diciembre de 2014 y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Harboe, Quinteros y Moreira).
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de los artículos de su competencia: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, número 1), permanentes, y artículos primero, segundo y tercero transitorios, y los aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores García, García-Huidobro, Lagos, Montes y Zaldívar.
El texto que se propone acordar se consigna en el informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general y particular a la vez el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Agricultura, Senador señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, como bien se dijo en la relación de esta iniciativa, esta crea la asignación de estímulo fito y zoosanitaria para el personal de planta y a contrata, compuesta por componentes fijo y proporcional. En 2015 el fijo ascenderá a 80 mil pesos y el proporcional a 7,5 por ciento, y el 2016 el fijo llegará a 100 mil pesos y el proporcional a 10 por ciento.
Eso tiene que quedar sumamente claro, porque aquí se crea una asignación de frontera para el personal de planta y a contrata que desempeñe funciones en los controles fronterizos terrestres de tipo pernoctable. El monto de esta asignación es de 40 mil pesos brutos mensuales.
Además, se modifica la planta de personal del SAG, contenida en la ley N° 19.352; se crean tres cargos y se establecen los requisitos; se dispone que el Servicio deberá definir un plan institucional anual, el cual será informado a las Comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados y del Senado.
También, se contempla que se tendrá que informar acerca de su cumplimiento.
Se otorga un bono, por una sola vez, de 200 mil pesos para el personal de planta y a contrata en funciones a la entrada en vigencia de esta ley en proyecto.
La Comisión de Agricultura, al estudiar este proyecto de ley, escuchó a los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio, quienes manifestaron su total apoyo, y también asistieron representantes del SAG.
Este Servicio ya tiene 47 años, y siempre se ha destacado por su rol fiscalizador. Sin embargo, ello no se ha visto reflejado en las remuneraciones de sus trabajadores, cuya escala de sueldos es una de las más bajas de la Administración Pública.
Esta es, verdaderamente, una iniciativa justa, pues, sobre todo en los pasos fronterizos, el SAG no solo realiza una labor de fiscalización, sino también un acto de soberanía.
De tal forma, considerando que el proyecto de ley se traduce en un mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios de planta y a contrata, y en un reforzamiento del rol fiscalizador y de las capacidades del Servicio Agrícola y Ganadero, la Comisión de Agricultura lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Harboe, García, Quinteros y el que habla.
Así también, el órgano técnico tuvo especial preocupación por darle agilidad a la iniciativa.
Por tal razón, señora Presidenta, más allá de la unanimidad, por querer lograr una ley justa, votaré que sí.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Les propongo a Sus Señorías abrir la votación a fin de que vayan fundamentando su voto. Porque hay cinco señores Senadores inscritos y el proyecto está en la tabla de Fácil Despacho.
Creo razonable abrir la votación y ofrecerle la palabra a quienes están inscritos.
En votación la iniciativa.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, la función central del Servicio Agrícola y Ganadero, entre otras, es evitar pérdidas en la producción de alimentos debido a plagas y enfermedades; mantener un suministro de alimentos seguros debidamente certificados para el consumo humano. Estos dos elementos, considerados básicos y estratégicos para la seguridad alimentaria del país, hoy se hallan sujetos a relaciones laborales precarias y a la insatisfacción de los trabajadores encargados de ejecutarlos.
El aporte al PIB nacional de la actividad agropecuaria silvícola fue el año 2013 de 2,74 por ciento. Toda esta producción es controlada -como se ha dicho acá- por 2 mil 400 profesionales y trabajadores de planta y a contrata, de los cuales solo casi 400 son de planta. A estos hay que sumarles otros 1.400 a honorarios, llamados, curiosamente, "permanentes".
¿Es posible, señora Presidenta, que esta importante actividad sea fiscalizada y controlada por una gran mayoría de funcionarios cuyos contratos son de alta precariedad?
Nadie puede dudar de la idoneidad y honestidad de estos trabajadores. Sin embargo, es absolutamente injusta la calidad de su relación laboral. De ahí que el ejercicio de esta función pública exhiba un alto grado de fragilidad.
De otro lado, la organización sindical del SAG manifestó su malestar, que provenía de la Administración del ex Presidente Piñera, cuando la institución perdió su rol fiscalizador y se aumentó la autorregulación en los privados. Esta situación repercutió en el mercado exportador chileno, dado que inspectores de la Unión Europea se percataron de que la materia prima ya no cumplía con requisitos de control como antes. Debido a ello se cerraron las puertas de algunos mercados y se empezó a dudar del rol del SAG.
Además, el Gobierno pasado permitió que la acción fiscalizadora, históricamente ejecutada por funcionarios de planta y a contrata, fuera realizada por trabajadores a honorarios. A su vez, desde la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (AFSAG) se acusó que se disminuyó el presupuesto del organismo debilitando aún más el proceso de fiscalización.
Ahora bien, los acuerdos comerciales suscritos como país con cientos de naciones nos obligan a ejercer un control acabado y riguroso de lo que producimos para exportación; y, por tanto, a tener una institucionalidad acorde con sus exigencias. Entonces, es imperativo que el principal servicio público encargado de su ejecución sea eficiente y eficaz en el cumplimiento de su misión.
Cabe señalar que el Protocolo de Acuerdo suscrito con fecha 8 de septiembre del 2014 entre la Subdirección de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, la Dirección Nacional del SAG y la Asociación de Funcionarios del SAG, que recoge este proyecto de ley sobre asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y Ganadero, no hace otra cosa que reponer y mejorar la condición laboral de los profesionales y trabajadores de este Servicio, asegurándose así los dos elementos mencionados. Por un lado, se reivindica el valor del trabajo en sus aspectos monetarios, como también el de estabilidad y seguridad en el empleo de todos los trabajadores del SAG; y por otro, se garantiza a todos los chilenos que son sanos y seguros tanto los alimentos que consumimos como igualmente los productos que importamos, y nos permiten no solo continuar con este aporte a la economía nacional, sino además estar en condiciones de incrementarlo en los mercados hoy cubiertos y, a la vez, abrir otros.
Dicho lo anterior, no cabe más que apoyar el presente proyecto de ley en el entendido de que la fracción de funcionarios que quedan a honorarios está sujeta al compromiso asumido por la DIPRES, cual es que dentro del período de esta Administración pasarán a la contrata.
Voto a favor de esta iniciativa porque en ella se reconoce la función de los profesionales del SAG y, por último, para que de una vez por todas vayamos terminando con las contratas y los funcionarios públicos puedan ir pasando a la planta.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, ayer tuvimos oportunidad de analizar este proyecto en la Comisión de Agricultura, donde escuchamos a don Ángel Sartori, Director del SAG y ex Ministro, como también a representantes de los gremios, entre ellos don Santiago Silva.
Esta iniciativa, que se va a aprobar, hace justicia a los trabajadores y establece dos asignaciones: una de carácter fito y zoosanitario y otra de frontera para aquellos funcionarios que se desplazan a ciertos lugares. Además, introduce modificaciones a la planta del SAG y entrega un bono de 200 mil pesos.
Mis únicos comentarios apuntan a lo siguiente.
Pienso que la actividad que realiza el SAG a veces puede quedar un poco sin alumbrar. Pero es tremendamente importante para nuestra economía. O sea, Chile depende del comercio exterior, de lo que exportamos e importamos, y todo lo que dice relación con las exportaciones agrícolas y agropecuarias tiene el sello del SAG. Porque todo lo que hemos negociado, todo el acceso que tenemos al mercado serían letra muerta si no tuviéramos la capacidad de controlar lo que pasa en materia fito y zoosanitaria en nuestro país.
Contar con una institución que tenga respetabilidad afuera no es fácil para los países emergentes. Las naciones desarrolladas en general, los grandes mercados tienden a discriminar respecto a sus oferentes de productos. Y lo que hacen en numerosas oportunidades, de manera injusta, inadecuada, es ponerle nota en función de las instituciones. Por tanto, ganarse un espacio para que el SAG vaya al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o a la Unión Europea, o a Japón y que allá avalen lo que esa entidad hace en Chile tiene un tremendo valor.
No obstante, todo lo que señalo no se condice con la actual estructura con que cuenta el Servicio Agrícola y Ganadero.
¡Bienvenido sea este proyecto: se aprobará! Sin embargo, el Director del SAG dio a conocer ayer ciertas cifras, que fueron mencionadas por el Senador Moreira. Manifestó que los funcionarios de la institución son 4 mil 383 -redondeemos en 4 mil 300: los de planta no superan los 400 -es decir, no llegan al 10 por ciento- y los a contrata llegan a 2 mil 200. La diferencia son 1.782, que corresponden a trabajadores a honorarios. En definitiva, el 40 por ciento de los funcionarios del SAG están a honorarios, de los cuales 1.007, ¡1.007!, prestan servicios desde enero a diciembre en trabajos permanentes del Servicio.
Señalo lo anterior porque en menos de 24 horas abordamos esta iniciativa en el Senado.
Ayer, a propósito del proyecto sobre titularidad de los profesores, se vio el problema relacionado con que el Estado de Chile tiene más del 20 por ciento de profesores a contrata que permite la ley. Y hoy día, cuando analizamos la iniciativa referida al SAG, a cuyos funcionarios estamos beneficiando, nuevamente se repite el tema de los trabajadores a honorarios.
Eso es desde el punto de vista de la estructura del Servicio Agrícola y Ganadero. Pero desde el punto de vista de la bonificación que se otorga, se deja al 40 por ciento de los funcionarios del SAG sin ningún beneficio, porque lo que se pretende aprobar hoy día es para los 383 trabajadores de planta y los 2 mil 200 a contrata. El resto, los aproximadamente mil 700 funcionarios, que cumplen también labores importantes, no percibirá el beneficio.
Menciono aquello para llamar la atención sobre la urgencia de tratar estas materias.
En el proyecto de Ley de Presupuestos discutimos lo relativo a los trabajadores a honorarios y a contrata -reconozco que el Gobierno se comprometió a darnos una propuesta en ese sentido-, pero destaco eso ahora para reiterar la importancia del tema.
Ayer fueron los profesores, hoy día son los funcionarios del SAG. Y no me cabe duda de que de aquí a enero vamos a discutir otra iniciativa en que nuevamente tendremos que abordar el mismo punto.
Durante 25 años hemos logrado navegar en estas complejas aguas, en que se repite que el 80-20 no se cumple. Pero seguimos nadando tranquilos.
Y considero que eso ha llegado a un límite.
Además, hace algunos días hubo una manifestación en Santiago por los trabajadores a honorarios.
Por tanto, pienso que, como Estado y como autoridades, tendremos que abordar este tema de manera más directa.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, hago mías las palabras del Senador Lagos en relación con los contratos a honorarios.
Debemos encontrar una solución a ese respecto.
A mi juicio, no va a ser cómodo al interior del Servicio Agrícola y Ganadero que quienes están de planta o a contrata tengan derecho a estas asignaciones y que alrededor de 1.700 funcionarios, de un total de poco más de 4 mil, no puedan percibirlas, en circunstancias de que en muchos casos cumplen idénticas funciones.
Todos sabemos que eso genera roces, inconvenientes, alteraciones al interior de los órganos públicos. Y nosotros, como legisladores, debemos tratar de evitar que eso ocurra.
Desde hace muchos años los funcionarios del SAG han exigido el derecho a contar con remuneraciones acordes con un servicio fiscalizador.
A mi juicio, tal demanda es absolutamente justa, porque, entre otras razones, les debemos a ellos (a sus profesionales, a sus técnicos, a sus directivos) gran parte del patrimonio fitozoosanitario que ha logrado construir nuestro país durante mucho mucho tiempo. Tal vez no hemos sabido valorar en su justa dimensión lo que eso significa.
Si hoy salimos a conquistar el mundo con nuestros productos, es porque tenemos un Servicio Agrícola y Ganadero profesional, dedicado en cuerpo y alma a controlar internamente todo tipo de plagas u otras situaciones que pudieran afectar gravemente nuestro sistema de exportaciones y la salud de la población, y a evitar que ingresen a Chile productos con determinada plaga o en condiciones que arriesguen la salud de la gente.
El proyecto que nos ocupa, de alguna manera, compensa esa demanda, por cuanto reconoce que dichos funcionarios son fiscalizadores, pero no al extremo de admitir íntegramente que se trata de un servicio fiscalizador.
Se propone otorgar una "asignación de estímulo fito y zoosanitaria" y una "asignación de frontera", además de entregar un bono por 200 mil pesos por una sola vez, el cual se pagará este año.
Vamos a votar a favor de esta iniciativa porque constituye un avance, aunque no es la solución definitiva.
En mi opinión, debemos comprender mejor la labor que realiza el SAG y premiarlos por el gigantesco aporte que han efectuado desde hace tantos años al Estado chileno: cuidar nuestro patrimonio fitozoosanitario.
Reitero que hago mías las palabras del Senador Lagos en relación con los contratos a honorarios.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, yo también comparto lo expresado por quienes me han antecedido, los Senadores Quinteros, Lagos y García.
No voy a repetir lo relativo a la valoración de la institución.
Respecto de los contratos a honorarios, solo diré que la solución al asunto pasa por un acuerdo político.
Aquí no hay un problema de recursos. Estos se gastan. El punto es otro: si se terminan los funcionarios a honorarios, después nos dirán "¡Están sobrecontratando personal!". Porque ese fue el debate que se dio a propósito del Presupuesto.
Deberíamos tomar un acuerdo y sincerar la discusión.
No puede ser que haya 1.700 funcionarios a honorarios, mil de los cuales cumplen labores permanentes y el resto, ocasionales.
¡Esto no debe seguir! Es una cuestión de la dignidad de los trabajadores, como se ha sostenido acá.
Solo quiero agregar -lo haré cada vez que se discuta sobre el SAG o el Ministerio de Agricultura- que debe abordarse el problema de las termitas. Alguna vez esta Cartera debe enfrentarlo.
Esta plaga ha invadido buena parte de Santiago y varias otras ciudades. Y la autoridad simplemente hace abstracción de ella, como si no existiera.
Es muy importante que el Subsecretario de Agricultura, ahora como Ministro subrogante, tome nota. ¡No podemos seguir eludiendo el problema de las termitas! Asumirlo es responsabilidad del SAG, además del Ministerio de Vivienda.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, no reiteraré lo que ya todos han dicho respecto de la importancia del SAG para las políticas de comercio exterior de Chile y de cuidado de nuestro patrimonio fitosanitario.
Estábamos en deuda con este servicio, pues realiza funciones de fiscalización pero no recibe el mismo tratamiento que otros organismos fiscalizadores.
El proyecto da respuesta a ello en parte.
Quiero referirme a la gran cantidad de personal a honorarios.
En la Comisión planteé esta preocupación al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, señor Ángel Sartori, quien se comprometió, como primera medida, a no contratar más gente bajo esa modalidad para funciones permanentes. Asimismo, señaló que se seguiría una política estricta -así se había hecho hasta ahora- para disminuir la mayor cantidad de puestos a honorarios, dentro del marco de lo anunciado por el Gobierno y del compromiso que adquirió el Ministro de Hacienda aquí, con motivo de la discusión presupuestaria.
En el fondo, se están buscando mecanismos para avanzar en resolver esta situación, que es bastante más profunda de lo que uno cree.
Sin embargo, se presentan dos aspectos delicados.
Uno lo señaló el Senador García. Se refiere a la discriminación que se va a producir al interior del SAG en contra del personal a honorarios, que, por no estar a contrata o en planta, pese a prestar funciones permanentes, no recibirá la asignación propuesta (con un componente proporcional de 7,5 por ciento para 2015 y otro de 10 por ciento para 2016).
Ese hecho va a provocar una situación difícil. El servicio tendrá que ver cómo enfrentarlo.
El otro problema afecta a todos los funcionarios a honorarios.
La reforma previsional que se aprobó en su momento empezará a regir el próximo año en lo relativo a la cotización que deberán hacerse los trabajadores independientes.
Hasta ahora las personas a honorarios emiten boletas; se les retiene el 10 por ciento del impuesto, y reciben la devolución de ello en abril o mayo, luego de la declaración de impuesto a la renta. Estos profesionales ya tienen asimilado ese concepto a sus ingresos.
De acuerdo con las disposiciones legales que entrarán en vigencia en 2015 -le pedí al Ministro de Hacienda que postergue esto por lo menos un año, si no se da solución previa-, esa gente no va a recibir devolución de impuestos. Por tanto, verá mermada su renta y, además, deberá ocupar parte de su remuneración para hacer la cotización previsional.
Este asunto es delicado. Debemos analizarlo y adoptar las medidas del caso. Si no, llegará un momento en que la gente nos reclamará por la disminución de sus ingresos.
El hecho positivo es que se asegurará una cotización previsional. Pero siempre se estimó que esta sería cubierta por la propia deducción de impuestos.
Por esa razón, sugiero al Senado -a mi juicio, sería bueno- que se oficie al Ministro de Hacienda para que se preocupe de esta materia. Ojalá lo haga con oportunidad y no cuando los reclamos se pongan encima de la mesa.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, valoro tremendamente esta iniciativa, más aún siendo representante de una Región que aporta significativamente a la producción de alimentos en el ámbito agrícola, frutícola y pecuario. Por tanto, doy fe de la gran labor que realizan los funcionarios del SAG, en sus diferentes niveles.
Poner a este órgano al mismo plano que otras instituciones que ya reciben este tipo de bonificación, como el Servicio Nacional de Aduanas, es un tremendo esfuerzo del Estado, que vale la pena reconocer.
Esta es una lucha que han dado las asociaciones de trabajadores del SAG desde hace años. Las felicito por ello.
Pero, sin duda, existen varios temas pendientes.
Primero, quiero valorar la forma como este servicio enfrenta situaciones de coyuntura muy complejas, como sucedió a raíz de la presencia de la lobesia, que amenazó nuestras exportaciones. Se está haciendo un esfuerzo tremendo ahora, porque hubo un descuido o una política errónea en años recientes, cuando se minimizó el accionar del Servicio Agrícola y Ganadero en el control de ciertas plagas.
Debemos asumir que, si el SAG se descuida, podemos perder nuestro patrimonio fitozoosanitario. Estuvimos a punto de eso. El caso de la lobesia, sin duda, es el ejemplo más grave.
Del mismo modo, aplaudo la gran labor que se hizo en el control de la mosca de la fruta, entre otras plagas.
Por otra parte, se ha hablado en general de lo relativo a los 1.700 trabajadores a honorarios.
Quiero poner el dedo en la llaga al referirme a una situación más específica: a las condiciones precarias de los profesionales a honorarios que se desempeñan en los mataderos.
Ahí las empresas ayudan a financiar la función de fiscalización que debe realizar dicho empleado del SAG, a efectos de garantizar la calidad de las carnes para el consumo humano. Esa tarea implica controlar no lo concerniente al consumo, sino el estado de los animales que van a ser faenados.
Pues bien, las condiciones ahí son brutalmente precarias.
En realidad, dentro del mundo de los trabajadores a honorarios se observan situaciones dramáticas.
No hay ninguna razón para no avanzar hacia contratos de trabajo o de Código Laboral, a lo menos en esta etapa, a fin de darles estabilidad y garantías a aquellos; de que estén cubiertos ante accidentes del trabajo, y de que accedan a una serie de derechos que hoy no tienen.
Este aumento de ingresos para trabajadores, que pasará de 120 a 180 mil pesos (incluso más en algunos casos), es un tremendo reconocimiento.
Pero asumamos que, si el SAG, que cumple funciones tan importantes, dependiera del Ministerio de Hacienda -disculpen lo que diré-, probablemente no habría 1.700 funcionarios a honorarios. En el Servicio Nacional de Aduanas no se dan esas proporciones.
Hay que resolver ese asunto en un servicio que es fundamental para el Chile que quiere ser potencia agroalimentaria.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, ayer aprobamos un proyecto que permite a 32 mil profesores a contrata acceder a la titularidad. Y se dijo que ello no significaba un costo adicional.
Me pregunto: si ayer pudimos pasar a planta a 32 mil docentes a contrata, ¿por qué ahora no es posible que los 1.700 funcionarios a honorarios del SAG ingresen a la planta de este servicio?
Solicito al señor Ministro subrogante una explicación. No parece haber coherencia. ¿O es necesario que estos trabajadores realicen un paro durante un mes o salgan a la calle para lograr tal objetivo?
¿Cuál es el mecanismo, el resorte, para que este cambio se concrete?
Me parece que eso quedará en deuda, pues nos obligan a votar una iniciativa que no nos gusta en ese aspecto, por su evidente contradicción. Sin embargo, si no la aprobamos, tampoco habrá aumento para el resto del personal.
Votaremos que sí y dejaremos pendiente dicha materia.
Será ineludible debatir esa situación en el marco del proyecto de Ley de Presupuestos para 2016. Y los Senadores deberíamos asumir ese compromiso. Porque todos decimos "¡Qué importante es esto!", pero al final no pasa nada.
Me parece inevitable buscar un consenso entre Gobierno y Oposición durante el próximo año para resolver este problema. Tal vez se proponga una solución gradual, porque el fenómeno se produce en varios servicios públicos. Con todo, debemos actuar de manera decidida.
En segundo lugar, se plantea una asignación de 80 mil pesos durante 2015 y de 100 mil a contar de 2016, más un componente proporcional. Este es para los más altos grados, ¿cierto? Entiendo que habrá un incremento distinto de este bono en los ingresos más altos, que tampoco serían tan altos. Creo que no hay grandes salarios. Por lo menos, el informe no lo consigna.
Con toda claridad, hago presente que la proporcionalidad ha sido una lección importante. Basta recordar cuando discutimos el proyecto de ley sobre reajuste, en el que no hubo una fórmula proporcional. Pagamos un costo político enorme en esa oportunidad.
En este caso sí existe un aporte proporcional: 80 mil durante 2015 y 100 mil a contar de 2016.
Consulto: ¿las asignaciones van a ser imponibles?
Porque el bono de 200 mil pesos claramente no lo es.
He dicho que no estoy disponible para respaldar este tipo de beneficios porque generan pensiones paupérrimas, miserables. Toda asignación para trabajadores públicos debe ser imponible.
Entiendo que el componente fijo sí lo es, pero el bono de 200 luquitas no.
Como norma no debiéramos apoyar propuestas de bonificaciones que no sean imponibles. Con ello, solo perjudicamos a quienes están a punto de jubilar. Por el contrario, tenemos que procurar que estos mejoren un poco sus pensiones en este sistema de AFP ¡malo, pésimo, miserable!
Asimismo, se crean cargos: grado 4° en la planta de profesionales, grado 12° en la planta de administrativos y grado 18° en la planta de auxiliares.
Al respecto, tengo una duda: ¿esto se aplica a cada una de las plantas regionales o a la planta nacional? O sea, ¿son tres puestos? ¿Cuántas personas ingresan a la planta?
Imagino que, para llenar esos nuevos cupos de planta, tendrán prioridad los funcionarios a contrata, sobre todo quienes llevan muchos años en esa condición. Así, no saldrán a concursar afuera, pues se trata de gente especializada.
¿Son tres cargos a nivel nacional o tres por región? Porque el grado 4° debe ser un nivel abajo del Director Nacional, pero los otros grados son menores.
Si se tratara de tres nuevos puestos solamente, no sería una muy buena noticia. Se produciría una nueva contradicción, considerando todo lo que hemos estado hablando. Decimos que es necesario fortalecer este servicio, dado que de él depende la vida exportadora de nuestro país, pero aumentamos la dotación de planta ¡solo en tres cargos! Pareciera que ello no es suficiente.
Pienso que los Secretarios de Estado, cuando exponen en la Sala, no manifiestan todo lo que sienten, sino lo que les permite el Ministro de Hacienda. Debería entregar un informe distinto, pero, como no están autorizados por Hacienda, muestran lo que pueden no más.
El Ministro Eyzaguirre, quien encabezó esa Cartera, sabe muy bien que sus titulares no se caracterizan por ser "de manito muy abierta". En estos casos son extremadamente restrictivos.
Solicito que, independiente de que aprobemos esta iniciativa, nos informen cuántos cargos de planta requiere hoy el Servicio Agrícola y Ganadero y si los tres propuestos son suficientes.
Por último, señora Presidenta, deseo señalar que estos funcionarios merecen, más que la valoración del Senado, un buen trato de parte del SAG y del Ministerio. Es bueno explicitar la labor que realizan y reconocer su necesidad de remuneraciones dignas, materia que quedará pendiente para la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2016.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Dado que se siguen inscribiendo señores Senadores para intervenir, debo recordar que estamos en tabla de Fácil Despacho, cuya duración es de media hora solamente. Como quedan diez minutos todavía, hago presente que, una vez concluido ese plazo, cumpliré estrictamente el Reglamento y terminaré la votación.
Lo lamento por quienes queden inscritos.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, menos del 10 por ciento de la dotación del SAG corresponde a funcionarios de planta, ¡menos del 10 por ciento! O sea, de un total de casi 4.400 trabajadores, solo 383 son de planta.
Por otro lado, más de mil personas -exactamente 1.007- están a honorarios permanentes. Ellos, por tanto, carecen de salud y previsión, lo que afecta fuertemente la vida de sus familias.
¿Por qué debemos preocuparnos de ellos? Porque son quienes realizan los procesos que nuestro país requiere para asegurar buenas exportaciones e importaciones. Son los guardianes de la protección fito y zoosanitaria nacional.
Y le ha costado mucho al SAG ganar la confianza de que goza a nivel mundial. Porque es una institución respetada.
Por lo mismo, consideré una irresponsabilidad absoluta cuando se planteó en Presupuestos anteriores rebajar la asignación al combate de la lobesia, por cuanto ello puso en riesgo las exportaciones de productos hortofrutícolas.
Al respecto, valoro la información entregada ayer por el Director del SAG sobre las tareas que se están ejecutando en esta materia. Muchos funcionarios de ese servicio están trabajando fuertemente para combatir a la lobesia y a la mosca de la fruta.
Dicho organismo necesita un apoyo mayor del que ha recibido. Se trata de un servicio serio y ejemplar, que -bien lo dijo el Senador Lagos- a lo mejor es poco conocido por el chileno común.
Su responsabilidad es impedir el ingreso de plagas al país y garantizar que nuestros productos salgan sin plagas hacia el exterior, a fin de mantener la calidad de nuestras exportaciones hortofrutícolas.
Por ello, estimo que esta iniciativa va por el camino correcto.
Lo relativo a la gran cantidad de funcionarios a honorarios es algo que debemos abordar, tal como se planteó ayer a propósito del proyecto que permitirá a los profesores a contrata acceder a la titularidad del cargo con el fin de que tengan tranquilidad y estabilidad laboral.
En suma, señora Presidenta, la UDI votará a favor de la iniciativa, porque cree que es de toda justicia, y agradece al SAG el trabajo que ha realizado y seguirá realizando por el bien de Chile.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, en nuestro Reglamento hay dos artículos que se contraponen: por un lado, está la norma que indica que la tabla de Fácil Despacho solo dura media hora -y ese plazo ya se cumplió-, y, por otro, la disposición que señala que, una vez abierta la votación, se respeta la lista de inscritos para fundamentar el pronunciamiento.
Solo me queda apelar a las conciencias de Sus Señorías.
Había un acuerdo de Comités para que ojalá esta iniciativa se tramitara sin debate.
Yo les rogaría...
El señor COLOMA.- ¡Que los inscritos hablen dos minutos!
El señor PIZARRO.- De acuerdo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para proceder en ese sentido?
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, lo que pensaba exponer ya lo dijo -y con particular brillo- el Senador Zaldívar, a quien hay que escuchar más. Así que no voy a intervenir.
El señor NAVARRO.- ¡Por lo menos en esto...!
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, quiero señalarle al señor Subsecretario, quien hoy oficia de Ministro subrogante, que valoro la presentación de este proyecto. Pero, al mismo tiempo, deseo dejar sentado lo relativo al personal que queda fuera de estos beneficios.
El Servicio Agrícola y Ganadero es una institución que conocemos. Realiza una enorme labor en distintos frentes: funciones de responsabilidad, de fiscalización, es decir, una enorme cantidad de tareas.
Entonces, no podemos tener a un grupo de funcionarios a los que se les incrementan sus remuneraciones y mejoran sus condiciones laborales, y a otros, absolutamente desmejorados, no obstante las funciones permanentes que realizan.
Considero fundamental el acuerdo solicitado para enviar un oficio al Ministerio de Hacienda a los efectos de regular la situación que se planteó. A los funcionarios a honorarios les va a afectar tener que imponer.
Ahí debe existir un gran acuerdo con respecto a los funcionarios públicos, para avanzar en la solución de este problema.
Ayer lo hicimos con los profesores.
Creo que los funcionarios públicos a honorarios, no solo del SAG, sino también de los distintos servicios, merecen que se resuelva esta materia.
Señora Presidenta, quiero terminar con lo siguiente.
Se ha dado bastante información acá sobre la lobesia; se ha hablado del requerimiento relacionado con las termitas, lo cual me parece muy bien. Pero considero fundamental, además, la política del SAG en el combate de la plaga del visón en la zona sur.
El señor Subsecretario llevó a cabo una importante labor a los efectos de adicionar fondos para combatir la plaga que hoy tenemos en los campos del sur.
Creo que hay que insistir en ello, a fin de contar con una política de actualización de plagas y su combate permanente.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, el Servicio Agrícola y Ganadero es un organismo impecable. Todo el mundo sabe del indudable capital fitosanitario que tenemos en Chile.
Aquí muchas veces hablamos políticamente correcto y felicitamos a todos quienes se hallan en las graderías. Pero esto es con resultados.
Voy a votar a favor de esta iniciativa. Pero quiero retomar algo que manifestó el Senador Montes: la solución al problema de los funcionarios a honorarios pasa por un acuerdo político.
Llevamos muchos años hablando de esta materia, y la verdad es que no se ha enfrentado. Y ello, porque tiene una doble lectura: existe la realidad del ajuste.
Ayer, cuando discutimos el proyecto relativo a los docentes se dijo que no influía.
Eso no es efectivo. Influye, porque los profesores a contrata constituyen la forma de ajustar las horas de cada colegio.
Pero, señora Presidenta, ¿cómo andamos por casa? Porque desde que llegué al Senado he estado preguntándoles a los funcionarios.
En esta Sala se encuentra Rodrigo, quien lleva 23 años a contrata; Hernán entera 10 años; y el Supervisor jubila este año, después de estar 24 a contrata.
En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que presido, nos atiende Rafael Alzamora, quien lleva 20 años a contrata.
Es increíble: ¡gran parte de quienes trabajan con nosotros se encuentran a contrata!
No sé si Sus Señorías se habían dado cuenta de ello. Pero como soy intruso, me he ido interiorizando de esas cosas.
Para qué hablar de los municipios. Hay algunos con personas que llevan 12 a 15 años trabajando a honorarios, lo que es más grave todavía.
Entonces, aquí de una vez por todas hay que hacer lo que señaló el Senador Montes, y ojalá creáramos una Comisión especial para ello: un gran acuerdo político, en forma responsable, sin hablar para la galería, sino buscando el financiamiento en esta materia. Porque si se hace bien, puede buscarse una alternativa mixta.
¿Por qué siempre se oponen a ampliar las plantas? Porque las plantas quedan rígidas, y depende de si crecen o no.
Estamos hablando del SAG, que es una pequeña institución. Pero hay municipalidades y otros Ministerios...
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, primero quiero realizar un comentario general.
¿Por qué un proyecto en teoría de Fácil Despacho concita tanto interés ciudadano, o por lo menos de los parlamentarios? Porque, a diferencia de las zonas más urbanas, el Servicio Agrícola y Ganadero es como el pulmón de la zona agrícola.
Cada vez que el SAG funciona un poco mejor, la Región también funciona un poco mejor. O sea, este Servicio es de la máxima relevancia para el mundo agrícola.
Por eso se produce la coincidencia de valorar este mejoramiento económico, que no digamos que es extraordinario, pero constituye un paso significativo para exigir cierta lógica en materia de plantas para una institucionalidad.
Pero también quiero destacar una norma que no se ha mencionado acá, el artículo 8°, que dice relación con definir un plan institucional del que deberá darse cuenta a las Comisiones de Agricultura del Senado y de la Cámara de Diputados, para, en conjunto con el Gobierno, hacer un seguimiento.
Porque muchos de los planteamientos que surgen acá con respecto a cómo enfrentar determinadas plagas tienen que ver con planes. Y está bien que estos se desarrollen y controlen.
Por lo tanto, el rol de las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras, asociados positivamente al SAG, también es un paso significativo, que quizá pasa medio desapercibido.
Pero ¡ojo!: aquí estamos involucrándonos de mayor manera con el Servicio Agrícola y Ganadero para sacar las experiencias de cada sector al objeto de lograr una mejor política fitosanitaria.
Así lo entiendo, y creo que eso es muy relevante.
Señora Presidenta, quizás la gente del SAG no marcha, no grita, tiene menos exhibición pública. Pero este Servicio constituye el pulmón de las zonas agrícolas.
Por eso apoyamos con entusiasmo el mejoramiento propuesto.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y su discusión queda terminada en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Navarro.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de darle la palabra al señor Ministro, quiero consultarle a la Sala sobre el oficio que el Senador señor Zaldívar solicitó enviar al Ministerio de Hacienda para manifestarle la preocupación por la gran cantidad de funcionarios a honorarios y la situación a la que se verán enfrentados el próximo año con la entrada en vigencia de la reforma previsional en lo relativo a las cotizaciones.
¿Habría acuerdo para que el referido oficio se envíe en nombre del Senado?
El señor TERNICIER (Ministro de Agricultura subrogante).- Señora Presidenta, seré muy breve.
En primer lugar, quiero agradecer la excelente disposición de los Senadores; el trabajo de las Comisiones, que aprobaron por unanimidad este proyecto, y la votación también unánime registrada en esta Sala.
Nos alegramos porque, más allá de favorecer a los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, aquí claramente hay un beneficio hacia nuestro país, para fortalecer el sector exportador, que hoy está jugando y jugará un rol fundamental en las exportaciones agropecuarias.
Por eso, esta iniciativa viene a potenciar dicha acción y, además, a hacer justicia, para igualar la condición de los funcionarios del SAG a la de otros servicios que tienen esta función fiscalizadora tan relevante.
Sabemos que la labor fito y zoosanitaria es la llave clave para asegurar la permanencia en los mercados y, por cierto, crecer en ellos.
Con respecto a la inequidad que se produce por las diferentes condiciones contractuales de la gente que trabaja para el Servicio Agrícola y Ganadero en esa labor tan fundamental, debo señalarles una buena noticia.
La verdad es que para ese gran contingente de personal a honorarios la primera buena noticia -ya se señaló- es que, efectivamente, hay la decisión del Ministerio y del Director Nacional del SAG de congelar las contrataciones a honorarios a contar del próximo año.
Lo más relevante es que ya existe acuerdo -esta es una buena noticia para los Senadores que manifestaron su preocupación en esta materia- entre la DIPRES, la ANEF y el Servicio para iniciar en el 2015 el traspaso de funcionarios de honorarios a contrata. Tenemos aprobados en el presupuesto del próximo año los fondos para hacer el traspaso de 206 personas a honorarios que realizan funciones permanentes en nuestra cadena de exportación.
Por lo tanto, iniciamos el 2015 con esa buena noticia.
Esperamos cerrar al final de nuestra administración con el traspaso, ojalá, de los 1.700 funcionarios. Así cumpliremos nuestro objetivo de establecer plena equidad respecto de la situación que afecta a los funcionarios del SAG. Se trata, pues, de una muy buena noticia que quería relevar.
Y en cuanto a las inquietudes que manifestaron varios parlamentarios acerca del control de situaciones internas, debo señalar que estamos trabajando fuertemente el problema de las termitas mencionado por el Senador Montes, y haciéndonos cargo de la plaga de visones y castores a que se refirió el Senador De Urresti.
Creo que con la aprobación de esta iniciativa podremos ejercer en muchas mejores condiciones y aportar al mayor desarrollo de nuestro país.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero saludar a los trabajadores del SAG que nos acompañaron esta mañana.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto, en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Sesiones 35ª, en 5 de agosto de 2014 (se aprueba en general); 74ª, en 16 de diciembre de 2014 (queda pendiente su discusión particular).
La señora ALLENDE (Presidenta).- En primer término, intervendrá la Senadora señora Von Baer para explicar los términos del acuerdo unánime que se alcanzó respecto de una materia en la que haremos una muy pequeña corrección.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, efectivamente, ayer tuvimos una discusión relacionada con una parte de esta iniciativa. Luego lo conversamos con el Ministro de Educación y con la Ministra Secretaria General de la Presidencia. Y quedó absolutamente claro que el proyecto busca que la supervigilancia docente tanto de los jardines infantiles de la JUNJI cuanto de los privados, de los de Integra y de los VTF quede bajo la Subsecretaría; que la parte de la supervigilancia docente que produjo el debate ayer es de la JUNJI respecto a la JUNJI, y que la fiscalización queda en la Superintendencia y en la Intendencia.
Por lo tanto, para no enredar más el trámite de la ley en proyecto, acordamos efectuar una modificación bastante pequeña pero importante para subsanar la situación y que quede absolutamente claro lo que perseguimos.
La enmienda consiste en volver a la indicación planteada en la página 20 del boletín comparado al artículo 1º de la ley Nº 17.301, agregando la palabra "sus" antes de "jardines infantiles". Por lo tanto, la JUNJI tendrá a su cargo crear y planificar, coordinar, promover y estimular la organización y funcionamiento de sus jardines infantiles.
Con ello estaríamos subsanando la problemática a la que hacíamos alusión ayer.
Entonces -reitero-, el acuerdo al que llegamos es volver a la referida indicación agregando la palabra "sus" antes de "jardines infantiles". Le puedo hacer entrega del texto exacto a la Secretaría, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sin perjuicio de ello, si entendemos bien, la propuesta consiste en volver a la indicación planteada en la página 20 del boletín comparado al artículo 1º de la ley N° 17.301, y agregar la palabra "sus" donde dice "la organización y funcionamiento de jardines infantiles".
¿Habría acuerdo para efectuar el cambio mencionado?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En virtud de lo anterior, corresponde dirigirse a la página 28 del comparado. Quedó aplazada la votación por petición de la Senadora señora Von Baer. Allí la Comisión de Hacienda propone eliminar, en el número 3), la frase final "y desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a la Superintendencia de Educación".
El señor COLOMA.- Eso está listo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Entiendo que con la modificación acordada por unanimidad se aprobaría el texto de la Comisión de Hacienda.
Queda aprobada la proposición de la Comisión de Hacienda.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 29 del comparado, señores Senadores, hay dos modificaciones de la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, propone suprimir, en la primera oración del párrafo primero del número 4), la frase "y a la Superintendencia de Educación". Esta norma se encuentra tanto en el texto despachado por la Comisión de Educación como en el proyecto aprobado en general.
La Secretaría no tiene absoluta seguridad en cuanto a si se está refiriendo a la misma materia ya acordada.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que es la misma situación, porque se está hablando de traspaso.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Reitero: la Comisión de Hacienda propone suprimir, en la primera oración del párrafo primero del número 4), la frase "y a la Superintendencia de Educación".
La primera oración de la referida norma dice: "Determinar el número y precisar la calidad jurídica de funcionarios que se traspasarán por estamento a la Subsecretaría de Educación Parvularia y a la Superintendencia de Educación.".
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, tiene coincidencia. Efectivamente, ayer lo dijimos. Lo que pasa es que no se hará el traspaso de los 70 funcionarios a la Superintendencia, sino que van a quedar en la JUNJI.
Ese es el objeto de la norma.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, quedaría aprobada la modificación planteada por la Comisión de Hacienda, para que no haya ninguna confusión. No hay traspaso.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, es correcto lo que sostiene el Senador Zaldívar.
Al final del día, la cuestión no era el traspaso, sino que la supervigilancia quedaba en la JUNJI. Por lo tanto, como solucionamos el problema del artículo 1º, se resuelve todo. En consecuencia, no tenemos esa preocupación.
Ahora bien, me faltó señalar, y por eso pedí la palabra, que el acuerdo al que hice mención al comienzo no se refería solo a los jardines infantiles de la JUNJI. De modo que hay que agregar también la siguiente frase: "y de aquellos a que se refiere el artículo 32 bis de esta ley", que son los VTF.
Con eso quedaría completa la enmienda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, eso lo debemos incluir.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Existe unanimidad para agregar el texto mencionado?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, en la página 29 del boletín comparado, viene una modificación de carácter más bien formal. Porque la Comisión de Hacienda propone sustituir, en la tercera oración del párrafo primero del número 4), las palabras "de la transferencia" por "del traspaso". Con ello, vuelve al texto aprobado en general, a diferencia de lo que proponía la Comisión de Educación.
Esta enmienda fue acordada por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, la modificación es enteramente formal.
Ocurre que la expresión "transferencia" se usa más bien para los fondos. Los recursos se transfieren de un ítem a otro, de una partida a otra, en fin.
Aquí estamos hablando de funcionarios. En consecuencia, es más lógico el traspaso de funcionarios que la transferencia de funcionarios. Por eso se acordó unánimemente este cambio.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para acoger el planteamiento de la Comisión de Hacienda?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 30 del comparado figura el número 5), que pasó a formar parte del numeral 4) como párrafos segundo y tercero.
La Comisión de Hacienda propone suprimirlos.
Dichos párrafos fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Educación con una redacción un poco diferente de la del texto despachado en general por el Senado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Algún miembro de la Comisión de Hacienda puede dar una explicación?
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, lo que pasa es que hay un cambio de número: el numeral 6) pasa a ser 5). Pero entiendo que la redacción es prácticamente la misma. Y se trata de facultar al Ejecutivo a los fines de modificar las plantas para fijar las normas de encasillamiento del personal. Se establece que las diferencias de remuneraciones que genere el encasillamiento deben ser pagadas por planilla suplementaria. Hay referencia a los cambios de grados que se produzcan como efecto del encasillamiento, los cuales no serán considerados promoción o ascenso...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador, pero estamos abocados a la proposición de la Comisión de Hacienda contenida en la tercera columna del comparado, al inicio de la página 30. Eso es anterior a lo que está señalando Su Señoría.
Por dos votos a favor y una abstención, dicho órgano técnico propone suprimir los párrafos segundo y tercero que figuran en la tercera columna de la página 30.
El señor GARCÍA.- Según recuerdo, señora Presidenta, eso dice relación precisamente con el hecho de que no va a haber traspaso de funcionarios desde la JUNJI a la Superintendencia.
Por eso dichas normas están de más.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, ¿le parece a la Sala suprimir los párrafos individualizados?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Comisión de Hacienda, por dos votos a favor y una abstención -páginas 30 a 33 del comparado-, sugiere sustituir por otro el número 6), que pasa a ser 5).
Se trata de la regulación de la modificación de las plantas del personal de la Superintendencia de Educación.
El señor GARCÍA.- Tal como señalé, señora Presidenta, aquí lo central es que existe un cambio de número: el numeral 6), al haberse suprimido el anterior, pasó a ser 5). Pero el texto es exactamente el mismo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Nos quedamos con la explicación del Senador señor García.
¿Le parece a la Sala aprobar la sugerencia de la Comisión de Hacienda?
--Se aprueba la proposición de la Comisión de Hacienda consistente en sustituir por otro el numeral 5).
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Comisión de Hacienda remplaza el artículo cuarto transitorio por el que figura en las páginas 39 a 40.
Dice la norma sustitutiva: "A contar de la fecha de publicación de la presente ley, la Junta Nacional de Jardines continuará ejerciendo sus labores de supervigilancia establecidas en la ley N° 17.301, hasta la fecha en que la Superintendencia de Educación comience a ejercer las facultades de fiscalización", etcétera.
Esa es la norma que propone Hacienda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que es coherente con lo anterior.
¿Les parece a Sus Señorías aprobar la propuesta de remplazo?
--Se aprueba la proposición de la Comisión de Hacienda consistente en sustituir por otro el artículo cuarto transitorio.
El señor LABBÉ (Secretario General).- No queda pendiente nada más, señora Presidenta.
--El proyecto queda despachado en particular en este trámite.
Boletín N° 9366-04
El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de este proyecto, según los fundamentos del mensaje en que se origina, es avanzar en terminar con desigualdades estructurales del sistema educativo a fin de que el Estado de Chile garantice a toda su población el derecho a una educación de calidad.
Para ello, la iniciativa se sustenta en tres ejes, que consisten en el fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiamiento compartido, aspectos que apuntan a dar un marco sustentable que permita avanzar en asegurar el derecho a una enseñanza de calidad, reducir las desigualdades y garantizar de manera efectiva la libertad de los padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos, impidiendo la existencia de barreras económicas o de otro tipo para su aprendizaje.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Quintana, Rossi e Ignacio Walker y los votos en contra de los Senadores señora Von Baer y señor Allamand.
Cabe tener presente que los números 1, 2, 3, 4, 6 -en lo que dice relación con el inciso segundo que se agrega el artículo 12 de la Ley General de Educación, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación-, 7, 8 y 9 del artículo 1°; las letras a) y f) del número 5, y el número 6 -salvo el artículo 7° sexies que considera este numeral- del artículo 2°, el número 4 del artículo 3° y el artículo segundo transitorio del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 354 a 393 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, con relación a la calificación que se ha dado a distintas normas respecto a si son o no de rango orgánico constitucional, corresponde hacer presente...
El señor TUMA (Vicepresidente).- Entendí que pidió la palabra para hacer un punto de Reglamento, señor Senador.
El señor ALLAMAND.- Eso es, señor Presidente: la calificación de las normas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Lo escucho, Su Señoría.
El señor ALLAMAND.- Señalaba, señor Presidente, que la Secretaría hizo una relación del conjunto de las disposiciones que deben estimarse orgánicas constitucionales.
Al respecto, lo primero que quiero señalar es que con la inmensa mayoría de la calificación efectuada por la Secretaría de la Comisión y por la Secretaría del Senado existe unanimidad y, en consecuencia, no hay controversia. Es decir, la gran mayoría de las normas declaradas orgánicas constitucionales corresponden a una calificación que estimamos correcta y coherente con lo ocurrido tanto en la Cámara de Diputados cuanto en la Comisión y que ahora la Mesa ha hecho suyo.
Empero, existe un problema, señor Presidente. Y me voy a referir más a los contenidos que a la minucia de los artículos. Porque muchas veces los números se confunden, se repiten, y en consecuencia es más fácil, para los efectos de la apreciación de la Sala, proceder de esa forma.
Habiendo -vuelvo a decirlo- virtualmente unanimidad, existen dos o tres normas que, en nuestra opinión, deben también tener el carácter de orgánicas constitucionales.
El fundamento esencial de ese concepto -por así decirlo- es muy simple: cuando se enmienda una ley orgánica constitucional -artículo 66 de nuestra Carta Fundamental-, la norma modificatoria es también de ese rango.
Ese principio general se acogió en todas las indicaciones a artículos que se han declarado, sin controversias, orgánicos constitucionales. Pero hay tres casos en que, por razones que no alcanzamos a comprender, eso no ocurrió.
Y, como expresé, me voy a referir específicamente a los contenidos.
Por ejemplo, una norma de este proyecto establece para los sostenedores particulares subvencionados la obligación de ser propietarios de los inmuebles donde funcionan.
Esa disposición, con el mismo criterio de todas las anteriores que se declararon orgánicas constitucionales, también debió calificarse de igual rango, por una razón muy simple: el artículo 46 de la Ley General de Enseñanza, que establece las normas sobre reconocimiento y ha sido materia de control por el Tribunal Constitucional, se refiere hoy a la situación de los arriendos.
¿Qué dice ese precepto? En simple, que no es obligatorio ser propietario de los inmuebles y que los sostenedores que arriendan deben acreditar que tienen un arriendo inscrito en el Conservador de Bienes Raíces por no más de cinco años.
Entendí el punto de Reglamento. Y debo decirle que la Mesa asumió que las normas que la Comisión declaró propias de ley orgánica constitucional tienen ese carácter.
El señor TUMA (Vicepresidente).- El resto no tiene exigencia de ley orgánica constitucional.
Sobre ese punto...
El señor ALLAMAND.- Perdón, señor Presidente: eso es precisamente lo que estoy diciendo.
El señor ROSSI.- ¡Eso no es un punto de Reglamento, señor Presidente!
El señor TUMA (Vicepresidente).- Su Señoría está planteando un punto reglamentario y le dice a la Mesa "Queremos que a artículos...
El señor TUMA (Vicepresidente).- ... no contemplados como ley orgánica constitucional les atribuya ese carácter".
La Mesa -reitero- sigue el criterio de la Comisión.
El señor ALLAMAND.- Pero, señor Presidente, entiendo que tenemos derecho a formular...
El señor TUMA (Vicepresidente).- Eso ya no es punto de Reglamento: implica entrar a la discusión de fondo.
Ya entendí el punto de Reglamento.
El señor ALLAMAND.- ¡No, pues!
El señor QUINTANA.- ¡La Mesa ya zanjó ese aspecto!
El señor ROSSI.- ¡Esa intervención no es para hoy!
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente,...
El señor TUMA (Vicepresidente).- Yo estoy...
El señor ALLAMAND.- ... usted resuelve si es o no punto de Reglamento. Pero yo estoy señalando lo siguiente: ¿en qué minuto los Senadores podemos ejercitar nuestro derecho -y creo que al respecto la Sala va a estar de acuerdo- a plantear que a una norma no declarada orgánica constitucional se le dé este carácter? ¡Ahora, al darse cuenta del proyecto!
El señor TUMA (Vicepresidente).- Sobre el punto de Reglamento, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entiendo el planteamiento hecho por el Senador Allamand en el sentido de que a artículos no declarados orgánicos constitucionales se les dé este rango.
Nosotros vamos a votar en general este proyecto, para cuya aprobación se deben reunir los quórums constitucionales de las normas pertinentes, respecto de las cuales la Mesa asumió la definición efectuada por la Comisión.
Ahora bien, el Senador Allamand podrá hacer ver su posición cuando la iniciativa se discuta en particular, al llegarse a las disposiciones que le preocupan. En esa ocasión le será factible pedir una recalificación, y la Presidencia o la Sala resolverá si esas normas son o no orgánicas constitucionales.
Hoy se vota la idea de legislar; o sea, se acoge o no en general lo que determinó la Comisión.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Está claro.
En consecuencia, le ofreceré la palabra al Presidente de la Comisión de Educación, para iniciar el debate en general.
El señor ESPINA.- ¿Me permite, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de que informe el Honorable señor Rossi, se está pidiendo la palabra respecto de una materia que entendí zanjada por el señor Presidente en ejercicio.
Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, el Senador Allamand está señalando que hay normas con rango orgánico constitucional que no se calificaron como tales.
Cuando se emite pronunciamiento sobre la idea de legislar, las normas orgánicas constitucionales deben votarse con el quórum que fija la Carta Fundamental.
El colega Allamand, en ejercicio de su derecho como Senador, está advirtiendo que algunas disposiciones orgánicas constitucionales no se calificaron en esa forma. Frente a ello, la Mesa, contrariamente a lo que dice el distinguido colega Zaldívar, no puede señalar que el punto se solucionará en la votación particular.
Cuando se resuelve en general sobre un proyecto y hay normas orgánicas constitucionales, estas se votan con ese rango. Si no, se produce un vicio de constitucionalidad.
Ahora, como no queremos dejar de decir lo que pensamos y posteriormente tomar medidas sin que Sus Señorías se enteren, solo estamos expresando, en aras de la buena tramitación del proyecto, que hay coherencia absoluta en lo que dice el Senador Allamand: que preceptos de iguales características son considerados orgánicos constitucionales, y los referidos por Su Señoría, no.
Entonces, pido por favor que la Mesa -la señora Presidenta siempre lo ha hecho así- resuelva el punto, pues se trata de un vicio que anulará el pronunciamiento general sobre el proyecto en el evento de que existan normas orgánicas constitucionales y no se voten con el quórum que exige la Carta Fundamental.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Voy a ofrecerle la palabra al Senador señor Zaldívar, quien argumentó anteriormente, para que se explaye y veamos si existen coincidencias.
De lo contrario, llamaré a reunión de Comités, pues creo que debemos resolver el punto en esa instancia.
También está pidiendo la palabra la Ministra señora Rincón.
Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Debemos ser prácticos, señora Presidenta, y no hacer de esto una discusión teórica.
Como este proyecto ya contiene disposiciones orgánicas constitucionales, para su aprobación debe reunirse el quórum exigido por el Texto Fundamental. Entonces, no se va a producir el efecto que señala el Senador Espina.
La situación sería diferente si la iniciativa se votara con quórum de ley común, sin considerar la existencia de normas de quórum especial.
Ahora, la Comisión ya determinó qué preceptos son orgánicos constitucionales y la Mesa acogió el pronunciamiento de dicho órgano sobre el particular.
Por consiguiente, vamos a votar con el quórum exigido y no se producirá el efecto temido.
El señor ALLAMAND.- Pero no todo el proyecto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No: se vota en general. No debemos pronunciarnos artículo por artículo.
Aquí, en el Senado, se aplica la norma de que cuando un proyecto contiene disposiciones de quórum especial todo el texto se vota en general conforme a las exigencias de la Carta. No sucede así en la Cámara de Diputados, donde se separan las normas de aquella índole.
En consecuencia, cuando llegue el momento deberemos determinar el quórum correspondiente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, antes de la señora Ministra.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, si adoptamos el criterio que acaba de señalar el Senador Zaldívar, no hay problema. Es decir, todo el proyecto se vota en general con quórum de ley orgánica constitucional.
En todo caso, debo recordar que en situaciones anteriores se ha dividido la votación.
Pero aceptamos el criterio expuesto por el Senador Zaldívar en cuanto a que toda la iniciativa se vote en un solo acto con quórum orgánico constitucional. No hay problema.
Lo único que queda pendiente es que el planteamiento del Senador Allamand requerirá en su momento la definición sobre otras normas que consideramos orgánicas constitucionales y que no se incluyeron en el informe de la Comisión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si existiera acuerdo, no sería necesaria la reunión de Comités. De lo contrario, deberemos zanjar el punto en esa instancia, para evitar cualquier dificultad.
La señora RINCÓN (Ministra Secretaria General de la Presidencia).- Señora Presidenta, yo creo que en esta materia nos hallamos ante un problema mayor, pues el Ejecutivo no concuerda con la calificación que efectuó la Secretaría en materia de quórums.
Este punto se debatió ampliamente en la Cámara de Diputados. Y nosotros le hicimos presentes por escrito a la Secretaría las calificaciones realizadas por esa Corporación.
La Constitución enumera en forma clara, estricta las materias relativas a la libertad de enseñanza que deben regularse por una ley orgánica constitucional. Y hay fallos del Tribunal Constitucional que en el pasado ampliaron el ámbito pero a partir de 2007 lo restringieron.
Entonces, ya no se trata solo de la petición del Senador Allamand de ampliar la calificación a otras normas: para nosotros, como Ejecutivo, es clave que se resuelva en torno a materias que en la Cámara de Diputados se calificaron como propias de ley orgánica constitucional y no lo son.
Entonces, consideramos pertinente una reunión de Comités para clarificar el punto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Celebraremos una reunión de Comités para analizar con calma la situación.
Se suspende la sesión a tal efecto.
--Se suspendió a las 12:49.
--Se reanudó a las 12:57.
El señor ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
El señor Secretario informará acerca del acuerdo unánime de los Comités respecto del punto que nos ha ocupado. En cierta manera, se había logrado antes, pero era preferible que fuera ratificado en esa instancia para que no hubiese ninguna duda en cuanto al proceder del Senado de acuerdo con su Reglamento.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha concluido que el proyecto se discutirá en general y que la Sala se pronunciará en una sola votación, en la medida en que tiene que respetarse el quórum orgánico constitucional, porque muchas de las disposiciones revisten este rango. Se necesitan 22 votos a favor, sin perjuicio de lo que después se requiera en la discusión particular, tanto en la Comisión como en el Hemiciclo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi, Presidente de la Comisión de Educación.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, voy a dar un breve informe y después realizaré mi intervención, que va a ser bastante distinta, naturalmente.
El proyecto tiende a avanzar, según se señala en sus fundamentos, en el término de las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de que el Estado garantice a toda la población el derecho a una educación de calidad.
Para ello, la iniciativa se sustenta en tres ejes, consistentes en el fin del lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del régimen de financiamiento compartido. Tales aspectos apuntan a dar un marco sustentable que permita el avance en asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar de manera efectiva la libertad de padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos, sobre la base de impedirse la existencia de barreras económicas o de otro tipo para ello.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Excúseme una interrupción, Su Señoría.
Queda absolutamente prohibido un letrero de las características del que se ha desplegado en la tribuna. Así que sus portadores, o lo sacan, o se retiran. Sus términos son inaceptables, de acuerdo con el Reglamento del Senado.
El señor ROSSI.- Es una falta de respeto tremenda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡No vamos a entrar en una discusión con sus portadores!
El señor ROSSI.- Lo que presenciamos es un producto de la mala educación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Señores de la tribuna, les dirijo la última advertencia! ¡Si no, se van!
Pueden quedarse en completo silencio, en cumplimiento de nuestras normas. Si intervienen, voy a pedir que sean desalojados.
Les ruego a los señores Senadores no dirigirse a las tribunas, porque es un tipo de diálogo completamente vedado.
Continúa el Honorable señor Rossi con el uso de la palabra.
El señor ROSSI.- En definitiva -puntualiza el mensaje-, se "busca avanzar hacia el cambio en el paradigma de la educación, a fin de reconocerla como un derecho social fundamental, poseedora de un valor público y republicano innegable, y que por tanto debe ser garantizada por el Estado, asegurando su provisión gratuita en el contexto de un sistema mixto.".
Sistema de trabajo de la Comisión
En la primera sesión destinada al estudio del proyecto de ley, la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana, Ignacio Walker y quien habla, determinó que, con ocasión de la discusión general y antes de la votación de la idea de legislar, se recibiera en audiencia a los principales actores sociales relacionados con la temática a fin de conocer su opinión y planteamientos particulares en relación con el mensaje. En ese contexto, asimismo se acordó invitar a los ex Ministros de Educación desde el año 1990. Para ello, los miembros del órgano técnico informaron los nombres de las personas e instituciones que proponían.
Como consecuencia de dicho acuerdo, a la Comisión concurrieron representantes de cincuenta y seis instituciones de la más diversa índole: centros de estudio, sostenedores, federaciones de estudiantes, iglesias católica y evangélicas, universidades, académicos, profesores de Derecho Constitucional, organizaciones de padres y apoderados, colegios particulares pagados y agencias de asistencia técnica educacional.
Parte integrante del informe que se ha elaborado son los estudios, investigaciones y análisis que los invitados presentaron a la Comisión, antecedentes que fueron debidamente analizados por todos sus integrantes. Ello motivó un nutrido intercambio de ideas.
Finalmente, cabe hacer presente que todas las sesiones del órgano técnico destinadas a la discusión general del proyecto y a escuchar las exposiciones y planteamientos fueron transmitidas en vivo por el canal de televisión del Senado. Se celebraron diecisiete sesiones, con más de setenta horas de análisis y discusión.
Estructura del proyecto y principales contenidos
La iniciativa consta de cinco artículos permanentes y veintitrés disposiciones transitorias. Los primeros cuatro introducen diversas modificaciones a la Ley General de Educación, la Ley de Subvenciones, la Ley sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Ley de Subvención Escolar Preferencial. El último se refiere al financiamiento.
En lo referente a las enmiendas a la Ley de Subvenciones, cabe destacar el establecimiento del requisito de que los sostenedores estén constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro para ser beneficiarios de subvenciones educacionales. Para garantizar lo anterior, se regulan especialmente los fines y usos de los recursos que reciben los establecimientos.
Asimismo, se establece una nueva exigencia para todos aquellos establecimientos que opten por recibir aportes estatales, referente a la propiedad de los inmuebles y activos esenciales para impartir educación escolar. Dichos bienes deberán ser de propiedad del respectivo sostenedor o del Estado, independientemente de su administración.
Se crea un nuevo sistema de admisión a los establecimientos que reciben aportes estatales, a fin de impedir discriminaciones arbitrarias. De esa forma, y en aquellos casos en donde la demanda supere los cupos disponibles, se aplicará un mecanismo de postulación e ingreso transparente y no discriminador para asignarlos.
Además, se regulan mecanismos de admisión especiales para aquellos establecimientos cuyas modalidades artísticas o características históricas lo justifiquen.
Por otra parte, se deroga todo el régimen referente al financiamiento compartido -después me remitiré al artículo transitorio pertinente para que lo consideremos-, a fin de asegurar la gratuidad escolar para todos los niños y jóvenes.
El proyecto crea una nueva subvención de gratuidad para todos los establecimientos sin fines de lucro que no se sometan al régimen del financiamiento compartido o decidan abandonarlo, con el objeto de facilitar la transición hacia el nuevo sistema.
En cuanto a las disposiciones transitorias, ellas determinan distintas reglas para la entrada en vigencia de cada una de las enmiendas que se introducen a la legislación vigente. De esta manera, se establece un adecuado procedimiento de transitoriedad para los tres ejes de la iniciativa.
Régimen de transitoriedad para la derogación del financiamiento compartido
El copago irá disminuyendo progresivamente en la misma medida en que aumenten la subvención general y los incrementos de ciertas subvenciones. Se extinguirá cuando el monto sea similar o inferior al aporte de gratuidad.
Se contempla también como requisito para ser beneficiario de la subvención preferencial de alumnos preferentes -se trata de los que integren el 80 por ciento más vulnerable que no sean prioritarios- la prohibición de realizar cualquier tipo de cobro a los padres y apoderados.
Régimen de transitoriedad para los nuevos procesos de admisión escolar
Se fija un plazo de dos años para que los establecimientos educacionales puedan adecuarse al nuevo régimen de admisión, el cual se amplía a tres en el caso de aquellos que cumplan las condiciones para restringir el proceso de ingreso a quienes pertenezcan al veinte por ciento de los mejores alumnos de su establecimiento de procedencia, en la forma que indica la ley.
Régimen de transitoriedad para acabar con el lucro con recursos públicos
Se señala un plazo de dos años para que los sostenedores que no se encuentren constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro puedan cambiar su figura a fin de adecuarse al nuevo sistema.
Se determina un plazo de tres años más para que los sostenedores que opten por seguir impetrando la subvención o recibiendo aportes estatales cumplan con el requisito de ser propietarios del inmueble en el cual desarrollan su actividad educativa.
Por último, se consideran disposiciones especiales para aquellas personas jurídicas actualmente constituidas sin fines de lucro, como también para el traspaso de derechos y obligaciones generados en el antiguo régimen.
Eso es lo que puedo informar, de manera bastante sucinta, con relación a la iniciativa en debate.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, después de haber escuchado a cincuenta y seis personas e instituciones que han ido a entregar su aporte a la Comisión de Educación, he confirmado una convicción que imagino que abrigamos todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría y la inmensa cantidad de chilenos que votaron por un programa de gobierno en diciembre recién pasado, en cuanto a que los objetivos, fundamentos y justificación de este proyecto de ley sobre inclusión han quedado absolutamente acreditados -por esa razón, voy a votar a favor de la idea de legislar-, de lo cual no me cabe ninguna duda, a la luz de todos los antecedentes que hemos recibido.
Sin embargo, en materia de mecanismos, de instrumentos, de modalidades -es decir, lo que atañe a la discusión particular-, evidentemente que hay mucho "paño que cortar", por así decirlo, y trabajo por hacer. Nos asiste mucha confianza de que las indicaciones que el Ejecutivo tiene que presentar a más tardar el 31 de diciembre próximo van a recoger muchas de las sugerencias -su sentido es muy transversal, por lo demás, y no dicen relación solo con la Democracia Cristiana- que hemos formulado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Vamos a completar ocho meses de debate de la iniciativa en unas semanas más, en enero, y tenemos el compromiso de despacharla antes del 31 del mismo mes. Ello, entre otras cosas, porque las comunidades educativas, padres y apoderados, profesores, sostenedores, empiezan a decirnos, con razón, que quieren reglas del juego claras y estables y un horizonte despejado para poder empezar, ojalá desde marzo, un año escolar que permita una definición.
¿Cuáles son los dos grandes objetivos del proyecto, uno de ocho que conforman la reforma educacional?
Voy a decir a mi manera el que a mi juicio es el primer gran propósito que se persigue: que el nivel socioeconómico -para decirlo más claro: el bolsillo- no sea un impedimento para acceder a una educación de calidad, pero para todos.
Algunos han preguntado qué tiene que ver ello con la calidad. Tiene mucho que ver si consideramos que esta última debe ser para todos. La iniciativa se refiere al "para todos", es decir, a la calidad con equidad. Ese es el sentido del proyecto sobre inclusión, en cuanto a sus objetivos, fundamentos y justificación, más allá de que en los mecanismos, instrumentos, modalidades, hay diferencias, matices, puntos de vista, y eso vamos a verlo en enero. Entre el 5 y el 20 de enero, el Senado se abocará a la discusión particular.
Y el segundo gran objetivo -muy importante no solo para la Democracia Cristiana, desde luego- es que se permita conciliar el derecho a la educación, que es un derecho social, un bien público, con la libertad de enseñanza, entendida en su esencia.
Al final, ¿qué es la libertad de enseñanza? Es el respeto por la autonomía y la diversidad de los proyectos educativos. Incluye, de acuerdo con el artículo 19, número 11° de la Constitución Política, el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Y, por cierto, también queda comprendido el derecho de las familias, de los padres, a escoger el colegio de sus hijos. Pero seamos claros: tiene que ser una opción real, sin que medien barreras de entrada, selecciones arbitrarias, impedimentos que signifiquen, en la práctica, que el nivel socioeconómico es el que puede elegir la calidad. Queremos alejarnos de tales obstáculos.
Y todo lo anterior dice relación con un sistema de provisión mixta, pública y privada, lo que significa que el Estado tiene la obligación de garantizar que el derecho a elegir va a ser real en dos sentidos: no será un obstáculo el nivel socioeconómico y se ejercerá entre buena educación pública y buena educación privada. Porque la hay buena y mala en uno y otro caso. Y eso ha quedado absolutamente de manifiesto, empíricamente demostrado, en la Comisión. Por lo tanto, no es que la educación privada sea buena y la educación pública sea mala.
Señora Presidenta, quiero decirlo en una frase, despejando muchos mitos y fantasmas: un solo país en el planeta Tierra -no dos, ni tres, ni cuatro- cuenta con un sistema que combina el lucro con fondos públicos en educación, copago y selección: Chile. No hay otro.
Un solo país en el mundo exhibe un copago obligatorio: Chile. No hay otro.
Dos países en el mundo registran lucro con fondos públicos en educación: Chile y Suecia. Pero Suecia viene de vuelta.
Y un solo país en el planeta Tierra combina estas tres cosas.
En consecuencia, la presente reforma educacional, en lo que atañe al proyecto, con sus objetivos, fundamentos y justificación, no es un capricho del Gobierno de la Presidenta Bachelet o de la Nueva Mayoría.
¿Qué significa el fin del lucro con fondos públicos en la educación? Implica cuatro cosas:
1.- Que los sostenedores privados con fines de lucro van a pasar a ser sostenedores privados sin fines de lucro y se van a sumar al tercio de la actual educación particular subvencionada que ya es sin fines de lucro: fundaciones y corporaciones.
2.- Que todos los fondos públicos destinados a educación van a ir al proyecto educativo (artículo 3° de la ley).
3.- Que el sostenedor privado, por cierto, va a poder recuperar su inversión.
4.- Que, más aún, vamos a remunerar la gestión del sostenedor privado.
Eso es el fin al lucro, dicho en positivo, y tiene amplia justificación.
¿Qué significa el fin al copago?
Pongámoslo en positivo: aumento de la subvención (1.200 millones de dólares más el primer año); dos subvenciones nuevas (preferente o de clase media y asignación de gratuidad), que se sumarán a la general, y la educación particular o preferencial.
Hoy el Estado de Chile destina más de 6 mil millones de dólares, vía subvención, al 92 por ciento de la matrícula en Chile. Eso va a aumentar fuertemente en los próximos años.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un minuto más, para que redondee.
El señor WALKER (don Ignacio).- Gracias.
Entonces, es lógico que, en la medida que aumente la subvención, disminuya el copago.
¿Y qué significa el fin a la selección?
Primero: es la familia la que elige el colegio, no el colegio el que elige a la familia.
Segundo: fin a la selección como discriminación arbitraria.
Tercero: fin a la selección socioeconómica, porque ahí está el "descreme".
Cuarto: fin a la selección en básica.
Por lo tanto, hay una selección arbitraria que es repudiable, pero hay una selección que no es arbitraria. Los 2 mil 400 colegios de educación especial no seleccionan arbitrariamente. Está el tema de los colegios emblemáticos, artísticos. Nosotros añadimos el de los proyectos educativos, con sus particulares características.
Por todas estas razones, señora Presidenta, y sin perjuicio de lo que aleguemos en la discusión particular, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, Honorable Senado, hay veces en que una frase vale más que mil palabras.
Quizás algunos pensarán que me voy a referir a aquellas lamentables expresiones del señor Ministro de Educación, cuando, para justificar la iniciativa que hoy votamos, aludió a que había que "quitarles los patines" a algunos niños en vez de dárselos a todos. O aquella otra frase en que la autoridad señaló que los padres de familia eran "arribistas", que elegían colegios particulares subvencionados porque "el color de pelo promedio iba a ser un poquito más claro". O tal vez aquella otra en que afirmó que nuestro sistema educacional estaba "organizado sobre la ignorancia intelectual".
Todas estas son expresiones textuales del señor Ministro de Educación y han marcado a fuego este proyecto y el debate acerca de la reforma educacional.
Pero no lo voy a hacer. No voy a ahondar en estas frases, tan lamentables. Sin embargo, sí voy a hacer referencia a otras, particularmente contingentes a la votación de hoy día, como son aquellas que manifestaron algunos académicos que han impulsado este proyecto y que han instado a este Senado, al momento de esta votación, a optar.
¿A optar entre qué? Según ellos, entre la "opinión de los padres y el interés general". Es decir, una disyuntiva completamente falsa. Pero otros han dicho algo más. Han señalado que en este proyecto se trata de "ir contra la voluntad de muchos padres de clase media". Otros han ido más lejos aún y hablan de "derrotar la dictadura de los papás y las mamás".
Lo que hay detrás de estas expresiones, señora Presidenta, es el verdadero telón de fondo de este proyecto: que este es un proyecto prisionero de la ideología y de la arrogancia.
¡De la peor ideología! ¿Cuál es esta? La que hace presumir que lo que arrojan las pantallas de los computadores de algunos expertos iluminados es más importante que aquello que surge de la realidad.
¿Y cuál es la peor arrogancia? Suponer que "los padres no saben lo que les conviene a sus hijos", pero que sí lo saben los funcionarios de algún Gobierno en alguna época determinada.
Señora Presidenta, el Gobierno no entiende por qué mientras más explica este proyecto más aumenta el rechazo ciudadano.
Y yo lo quiero expresar ahora aquí. Ese rechazo ciudadano, hoy abrumador, tiene una justificación muy simple: este es un proyecto contrario a la lógica y al sentido común de la propia ciudadanía.
El Gobierno no entiende que los padres prefieren una educación de calidad, más allá de que el colegio sea una entidad de beneficencia, una iglesia o una sociedad educacional. Porque aspiran a la calidad.
No entiende que los padres prefieren elegir el colegio de sus hijos, y que para ello quieren que se conozcan, y no que se oculten, los resultados de los establecimientos educacionales.
No entiende que los padres consideran que el respeto y la disciplina deben guardarse en los colegios, y que, en consecuencia, los directores deben tener atribuciones para hacerlo.
No entiende que los padres creen que sus hijos deben acceder a liceos de excelencia -como el Instituto Nacional o los "Bicentenario"- en base a su esfuerzo y no en base al azar o a una tómbola.
No entiende que los padres creen que mientras la subvención del Estado sea tan baja es absurdo que se les impida aportar para que sus colegios sean mejores.
En definitiva, el Gobierno no entiende que los padres aprecian que la verdadera libertad de enseñanza es aquella que se expresa en la identidad y en la diversidad de los proyectos educativos, y que estos deben ser respetados y no torpedeados por el Estado.
Señora Presidenta, el Gobierno hoy, más que aprobar un proyecto, va a imponer un proyecto, a sabiendas de que este resulta enormemente impopular en la ciudadanía.
Pero no es solo eso. Además es un proyecto equivocado, es un proyecto irresponsable y es un proyecto inconstitucional.
¿Por qué es equivocado?
Ya se ha dicho en todos los tonos. Hasta la propia Presidenta lo señaló. Esta no es la prioridad correcta en la reforma educacional. Nunca debió serlo. Debimos partir por la educación pública.
Bajo el eslogan de fin al lucro, fin a la selección, fin al financiamiento compartido, no se expresa la verdadera realidad.
Tras el llamado "lucro" no hay simplemente abuso. Lo que hay es la legítima retribución a miles de sostenedores que han volcado sus vidas para que existan colegios, a lo largo de todo Chile, que impartan educación de calidad.
La verdadera cara del financiamiento compartido no es la segregación: es el compromiso de los padres, que están dispuestos a aportar para que los colegios sean mejores.
La verdadera cara de la selección no es la discriminación arbitraria: es, precisamente, el valor de la libertad de enseñanza y el mérito que debe subsistir siempre en todo nuestro sistema educacional.
¿Cuál es la señal que estamos dando en esta materia? ¿Qué le estamos diciendo a ese estudiante que se quema las pestañas y se esfuerza por tener mejores notas, para que le vaya bien?
¡Le estamos diciendo que no lo haga! Que, mucho más importante que su esfuerzo, es un sorteo, es una tómbola.
¿Y qué les estamos diciendo, con este proyecto, a los padres de esos estudiantes esforzados? ¿Les estamos dando una palabra de estímulo?
¿Y qué les estamos diciendo a todos esos profesores que se han transformado en sostenedores a lo largo de Chile? ¿Les estamos reconociendo el enorme esfuerzo que han hecho durante tantos años?
A todos ellos, el proyecto los descalifica. A todos ellos, el proyecto nada les reconoce. Hay una ola de descalificaciones hacia ellos y hay una marea de desconfianza.
¿Y por qué sostengo, señora Presidenta, que este proyecto es irresponsable?
Por una razón muy simple. Porque hasta ahora, después de un año, el Gobierno no ha sido capaz de determinar en forma clara cuál es el monto del lucro que supuestamente hay que eliminar del sistema. Y tampoco ha dicho cuánto cuesta suprimir ese lucro.
El Gobierno tampoco sabe cuál es el efecto que va a tener, en la forma en que está planteado, el fin del financiamiento compartido, el que, tal como algunos Honorables Senadores han advertido, lejos de ayudar, terminará perjudicando aún más a la educación pública.
Han sido los propios partidarios del Gobierno los que le han advertido, una y otra vez, que el proyecto, como está, generará consecuencias -cito textualmente- "imposibles de anticipar". Es decir, se le está diciendo, con todas sus letras, que este es un proyecto equivocado, cuyos efectos no se pueden anticipar.
Pero, frente a eso, sordera total. Desde la Antigüedad se sabe que los dioses ciegan a quienes quieren perder.
Y, por último, este es un proyecto inconstitucional, como lo demostraremos sobradamente, porque amenaza el corazón de la libertad de enseñanza; porque transforma en letra muerta la autonomía para organizar colegios, y porque establece requisitos para la subsistencia de los establecimientos particulares subvencionados que estos no se hallan en condiciones de cumplir, pues, entre otras cosas, dependen de la voluntad de terceras personas.
Señora Presidenta, quiero terminar señalando que este proyecto no ayuda en nada a la educación pública; solo afecta el corazón de la libertad de enseñanza; hace inviable la educación particular subvencionada; castiga gravemente los esfuerzos de la clase media, y perjudica al país en su conjunto.
Por todas esas razones, voy a votar que no.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero advertir a las tribunas que está prohibido hacer cualquier tipo de manifestación.
Ya lo dije una vez. Lo digo ahora, por segunda. Y no lo voy a repetir una tercera.
Por lo tanto, los presentes quedan advertidos. Se halla prohibido efectuar cualquier tipo manifestación, a favor o en contra.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, hoy votamos el proyecto que pone fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. No votamos el sueño que cada uno tiene respecto de lo que hay que hacer en educación en Chile. Hoy votamos un proyecto concreto, con efectos concretos.
Entonces, la pregunta que nos debemos formular es por qué votar a favor o en contra de esta iniciativa en particular.
¿Es necesaria una reforma educacional para mejorar la calidad de la educación chilena y para asegurar que el acceso a una educación de calidad no dependa de los ingresos de los padres?
¿Va a garantizar esta reforma la educación gratuita y de calidad que prometió la Presidenta Bachelet durante su campaña?
Después de escuchar a expertos, a distintos actores de la educación y a ex Ministros del ramo, puedo decir, con responsabilidad, que, claramente, no.
¿Es una reforma que cuente hoy con el apoyo mayoritario de la ciudadanía? No. ¿Y por qué, si al principio del Gobierno de la Presidenta Bachelet sí contaba con él? Porque va en contra del sentido común, por cuanto, según palabras de la propia Jefa de Estado, debiéramos haber empezado por mejorar la calidad de la educación pública y por aumentar los sueldos de los profesores, ligándolos al desempeño, y no por ahogar la educación particular subvencionada.
Entonces, si no mejora la calidad, no asegura la gratuidad, no se ocupa de la educación pública, ¿cuál es la inspiración de esta reforma? ¿Cuál es su lógica?
Se trata de una reforma ideológica, de ideología de izquierda, que iguala lo público con lo estatal. Y, por lo tanto, lo que busca es que predomine el Estado en la educación, no mejorando la que este entrega, como sería lo lógico, sino ahogando al sector particular subvencionado.
Como es una reforma ideológica, no tiene compasión. ¿Y qué es la compasión? Es ponerse en el lugar del otro. Y no tiene compasión con los efectos que pueda generar en la realidad de miles de familias chilenas de escasos recursos y de clase media que hoy educan a sus hijos en colegios particulares subvencionados.
Estamos frente a una reforma ideológica, hecha por teóricos de izquierda, desde un escritorio en Santiago. Y la ideología impide ver la realidad. Por lo tanto, esta reforma está llena de improvisaciones, sin ninguna claridad de los efectos prácticos que puede ocasionar; que no se hace cargo de las realidades que presentan los colegios a lo largo del país y que son extraordinariamente diversas.
Pero eso les da lo mismo a los ideólogos y teóricos que están sentados detrás de sus escritorios en Santiago, porque su mantra es: "Hay que sacar adelante la reforma cueste lo que cueste, afecte a quien le afecte".
Vamos a los puntos específicos.
Fin a la selección.
Este punto es de verdad extraño, porque hoy la ley prohíbe la selección hasta sexto básico. Entonces, ¿qué busca en realidad este proyecto?
Primero, terminar con los procesos de admisión ligados a los proyectos educativos. ¿Cuál son los efectos prácticos? Ya los podemos observar.
Fíjense que en Valdivia tenemos una escuela municipal de música. Ese establecimiento realiza cada año una prueba de admisión para saber cuáles son las habilidades musicales de los postulantes. La Superintendencia, después de haber aceptado ese proceso, lo objetó, luego del reclamo del padre de una niña que fue rechazada. Resultado: por la presión de dicho organismo, el colegio aplicó la tómbola. ¿Cuál fue el efecto práctico? Una de las niñas aceptadas por sus habilidades para la música quedó fuera de la escuela, con posterioridad a la aplicación de tal sistema.
Por lo tanto, ¿cuál es la compasión a la que yo los llamo hoy día?
La madre de esa niña, llorando, me dijo: "Senadora, yo no tengo plata para pagar el conservatorio. El talento musical de mi hija se va a perder".
Este es solo un ejemplo que muestra que esta reforma no tiene compasión; compasión con aquellas familias que se sacan la mugre para entregarles una educación de calidad a sus hijos y que no disponen de recursos para financiarla; compasión con aquellos padres y apoderados que desean elegir libremente el proyecto educativo para sus hijos.
Estamos de acuerdo en que el acceso a una educación de calidad no debe depender de los ingresos de la familia. Pero, ¿cuál es la verdad? Primero, el Ministro tuvo que reconocer que el copago termina recién el año 2034. Por lo tanto, la educación gratuita, prometida durante la campaña presidencial, no será una realidad.
Ya sé, me van a decir: "Pero, Senadora, más del 80 por ciento de los colegios serán gratuitos". ¿Gratuitos y de calidad? Lo dudo. Y quiero explicar por qué.
En primer término, porque, como muestran los estudios, el copago tiene un efecto sobre la calidad cuando es más alto. Y ello resulta bastante lógico, pues educar a un niño con calidad cuesta entre 150 mil y 200 mil pesos en Chile. ¿En cuánto está la subvención escolar general hoy día? ¡60 mil pesos! ¿Y en cuánto quedará después de este proyecto, con reforma tributaria y todo? Aumentará en solo 27 mil pesos. Por lo tanto, llegamos -fíjense, Sus Señorías- a casi 90 mil pesos.
¿Se puede educar a un niño con calidad con 90 mil pesos?
No, dicen los expertos.
Entonces, la educación va a ser gratis para la mayoría. Es verdad. Pero, ¿será de calidad? No. Y nadie quiere que la educación sea gratis si no es de calidad, como lo señaló la propia Presidenta Bachelet hace un par de semanas.
¿No creen que es injusto que los papás capaces de costear un colegio particular -como la mayoría de los que estamos sentados acá- puedan aportar para que sus hijos tengan una educación de calidad, y que los papás que no puedan hacerlo se hallen impedidos de asegurar una educación de calidad para sus niños mientras el Estado no pueda hacer el esfuerzo necesario?
¡Yo creo que es injusto! ¡Esta es una reforma injusta!
Primero, no hay evidencia -como decía el Senador Ignacio Walker- que demuestre que los colegios particulares subvencionados con fines de lucro sean mejores o peores que los que no lo son o los municipales.
La diversidad es inmensa.
¿Cuál es la lógica de esta medida, entonces?
Primero, una ideológica. Porque mira con desconfianza a los privados en la educación y prefiere la supremacía del Estado. Que el Estado eduque, que el Estado decida todo.
Segundo, plantea el argumento de que toda la subvención debe dedicarse íntegramente a la educación.
Podemos pensar que estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, en este contexto de verdad no se entiende que ahora, en la discusión en particular, se quiera permitir el arriendo a entidades sin fines de lucro. Porque ¿qué hacen esas entidades sin fines de lucro? Sacan parte de la subvención escolar para entregarla a un proyecto que no tiene que ver con educación. Puede estar relacionado con otros temas, como en el caso de la Iglesia católica; pero con temas educativos no tiene que ver. Entonces, ¿en qué quedamos?
También se ha dicho que ahora se va a aceptar el lucro en los colegios pequeños. Esto es para solucionar el problema gigantesco que genera este proyecto de ley y no cerrar colegios. Pero esto es realmente poco coherente, pues vamos a aceptar algo así como "el lucro chico".
¿En qué quedamos, entonces, con la coherencia de este proyecto de ley?
Sin embargo, lo más dramático es que acá, durante toda la tramitación, no nos quedó nunca claro cuántos colegios particulares subvencionados con y sin fines de lucro hay; cuáles retiran utilidades; cuántos arriendan, y por cuánto, qué cantidad de colegios pueden verse obligados a cerrar. No sabemos. La verdad es que no tenemos idea.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque el Ministerio no nos entregó las cifras durante toda la tramitación en la Comisión. No tenemos idea.
Avanzamos hacia un barranco, con una venda en los ojos.
¿Pero quién va a caer en el barranco?
Nuestros hijos no. No los hijos de los Ministros. No los hijos de la Presidenta. Los que se verán afectados son los hijos de miles de familias vulnerables y de clase media que han elegido educar a sus hijos en colegios particulares subvencionados.
Y acá se muestra nuevamente la falta de empatía de este proyecto. Porque pueden cerrarse o transformarse en particulares pagados -lo han anunciado- colegios de mejores resultados que los colegios particulares pagados, como el Camilo Henríquez, en Temuco, o el Domus Mater, en Valdivia.
Señora Presidenta, esta reforma es injusta y poco compasiva, que no nos va a afectar a nosotros, sino a los niños de miles de familias de clase media. Por lo tanto, no puedo ser cómplice de ella, ni responsable por sus efectos.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, ha sido una larga discusión, un extenso debate, como decía el Presidente de la Comisión en su informe: 56 invitados, 17 sesiones, más de 70 horas solo para la discusión en general.
No recuerdo que haya existido un proyecto tan discutido como este en la Comisión. Y a estas alturas, cada uno ya se habrá formado una opinión y convicción.
A mí me preocupa que de pronto se tergiversen las versiones y las declaraciones de nuestros invitados.
Quiero partir con la mala, inexacta cita, que hizo el Senador Allamand respecto de uno de los invitados, el último, el abogado Fernando Atria. Lo que este planteó es que los padres velan por el interés de sus hijos, de su familia. El interés general es responsabilidad del legislador. Este debe velar por esos hijos, que son preocupación de sus padres, pero también por todos los hijos.
Esa óptica debe tomar el legislador, según Fernando Atria. Y creo que cualquier mirada seria, que quiera tomar un poquito de distancia del populismo, debe hacerse cargo de eso.
Nuestra preocupación es mirar por el interés general, y de ahí que nuestro deber sea procesar todas las exposiciones.
Deseo recordarles a algunos Senadores de la Alianza que el propio Arturo Fontaine, ex director del CEP, dos años atrás, a propósito de un proyecto que iniciamos junto con la Senadora Lily Pérez, volvió al Senado e insistió en que el lucro solo le ha generado dificultades a la educación de Chile.
Fue el propio Instituto Libertad -aquí, al parecer, la Derecha hoy día no quiere escuchar- representado por su Director, Antonio Horvath Gutiérrez, el que señaló su coincidencia con los aspectos conceptuales de este proyecto. ¡Y para qué voy a citar más investigadores!
Entonces, tratar de interpretar o tergiversar las palabras, como se ha hecho en innumerables ocasiones con respecto a las expresiones del Ministro, francamente no hace bien. El debate público que hemos tenido no ha sido bueno, a diferencia del que tuvimos en estas 56 sesiones, donde efectivamente se ha logrado profundizar en los principales aspectos del proyecto.
Se ha dicho majaderamente que esta iniciativa no trae calidad. Pues bien, lo que hace es definir los fines educativos taxativamente. Y cuando se halla definido a dónde van los recursos para la educación, evidentemente que la posibilidad de distraerlos, de lucrar, desaparece.
Los Senadores de la Alianza planteaban recién: "Es que el Gobierno ha sido impreciso en entregar información respecto de cuánto es el lucro". La verdad es que la información de que se dispone, construida sobre la base de gastos reportados por el Servicio de Impuestos Internos, nos permite concluir que los retiros alcanzan a algo así como cuatrocientos millones de dólares al año. Estamos hablando de las utilidades de uno de los grandes grupos económicos del país.
Sin embargo, no es lo más preocupante, señora Presidenta. Lo más preocupante es que respecto de la subvención general, que representa en algunos casos -depende de otras subvenciones complementarias que tenga el establecimiento- el 40 o incluso el 50 por ciento de los ingresos públicos que le llegan a ese colegio, no se rinde cuenta.
Por la subvención general -probablemente quienes han estado siguiendo de una manera desapasionada e independiente este debate no saben lo que voy a afirmar ahora- no se rinde cuenta pues no es tributable. No es tributable.
Por lo tanto, lo que sucede acá no ocurre en ningún otro ámbito.
A un emprendedor de la educación, que hace un gran esfuerzo con otro empresario, el Estado le pone el capital de trabajo, y al mismo tiempo no le pide rendir cuentas. Porque la subvención general finalmente es un fondo de libre disposición.
Por eso el Senador Montes y otros Senadores han planteado la necesidad de que en este proyecto exista una contabilidad completa, tal como lo señaló la Senadora Lily Pérez, los Senadores Horvath y muchos otros también de la Alianza hace dos años, que escucharon no solo el ruido de la calle, sino el sentimiento profundo de un país que -tal como lo señalaba el Senador Ignacio Walker- no resiste más. Porque este modelo es único en el mundo.
Entonces, cuando la Senadora Von Baer dice que este proyecto es ideológico, elaborado por la Izquierda, ¡por favor! Si lo único ideológico es un modelo que lleva 33 años, que fue elaborado ¡ustedes saben por quién...!
Es el experimento de Friedman en Chile. Ahí surge este sistema educativo. Y siempre he creído que la Derecha es consecuente en esto -quiero reconocerlo-. Porque probablemente va a dejar caer el binominal, pero va a morir con las botas puestas en el tema del lucro en la educación.
Cuando en la fase previa a esta discusión, el Senador Allamand plantea legítimamente, y por supuesto con sólidos argumentos, aspectos reglamentarios de constitucionalidad, ¿se preocupa de los aspectos del derecho a la educación? No, solo del derecho de propiedad. ¡Solo del derecho de propiedad!
En consecuencia, el debate real se da entre quienes creen que la libertad de enseñanza, que esconde detrás, por cierto, la libertad del negocio -somos el único país en el mundo que ha hecho negocios con la educación-, y otros que creemos, a diferencia de lo que planteó el Presidente Piñera, que la educación debe dejar de ser un bien de mercado, de consumo, y pasar a ser un derecho social.
Por eso ha sido tan importante este debate en la Comisión, donde participaron distintos investigadores. Por ejemplo, Cristián Bellei, ¿qué nos dice frente al lucro?: "No existe evidencia de haber aportado diversidad y calidad en los proyectos educativos".
Aquí no estamos mirando colegio a colegio ni caso a caso, sino -repito, por si alguno no sabe-, el interés general del país. Y este recae en que tenemos la educación más segregada del mundo, más que el barrio, y eso ya es mucho decir.
Por lo tanto, lo que planteamos acá no es un tema ideológico, sino uno referido a si realmente queremos avanzar como nación en otorgar mayores oportunidades a niños y jóvenes.
Una de las miradas más conservadoras que hemos escuchado -lo digo pues es alguien de mi partido a quien le tengo gran aprecio- es la de José Joaquín Brunner, quien dice que al menos el 40 por ciento de los estudiantes hoy no tiene capacidad para alcanzar estándares mínimos de comprensión lectora. De esos jóvenes hemos de preocuparnos.
Asimismo, de los guetos en que se halla transformada la educación.
Yo no les puedo pedir a algunos sostenedores que entiendan la presente discusión, porque su mirada responde a un interés económico sobre reglas que el Estado de Chile fijó hace 33 años. Y ellos efectuaron una gran contribución -debo decirlo-: han cooperado en la gestión gubernamental en educación.
En algunos casos lideraron proyectos educativos con grandes resultados, que seguramente cuentan con infraestructura propia, y muy interesante. Cuando exista un proyecto educativo exitoso, no va a cerrar. ¿Quién puede entender que con más recursos provenientes de la subvención de gratuidad, que con más dineros que llegarán por la vía de la subvención de clase media alguien liquidará colegios? ¿Me van a asegurar que a una persona que cierra un establecimiento le importa la educación? ¡No! Le interesa solamente el financiamiento, el fondo de libre disposición en que se ha transformado en 25 años, con la complicidad de este Congreso, la subvención general.
Por eso, en buena hora que estemos dispuestos a dar este paso. Porque vamos a tener un país mucho más inclusivo, pues les vamos a entregar oportunidades a jóvenes que hoy día carecen de ellas.
Alejandra Mizala nos dice también que el financiamiento compartido restringe la oportunidad de escoger y es la mejor forma de seleccionar por la capacidad de pago. Esta misma investigadora nos señala que el 52 por ciento de los establecimientos, aunque no debiesen seleccionar antes de 6° año básico, lo siguen haciendo. Y vulneran la ley.
De ahí que la normativa en proyecto debe ser a prueba de cualquier subterfugio y extremadamente clara en relación con el fin del lucro, del copago y de la selección.
Respecto a la selección, un minuto.
Ninguno de los investigadores, de los expositores, de los representantes de las instituciones que recibimos nos ha señalado que exista aquí una selección virtuosa o una selección positiva.
Nuestros socios, con los cuales nos comparamos de verdad, los países de la OCDE, en cuyos estándares queremos situar a millones de jóvenes, no hacen selección antes de los 15 años. ¿Por qué? Porque eso significa simplemente dejar a niños en el camino. Y el sistema escolar, cuando es enteramente heterogéneo, diverso, no puede seleccionar.
Lo que hoy hacemos con la prueba de selección universitaria es una aberración. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Lo considero muy poco inclusivo. El sistema de selección universitaria mediante la PSU es lo más clasista que tenemos en Chile y debemos terminarlo de una vez por todas.
Y espero que el Gobierno lo asuma dentro de sus tareas.
Entonces, señora Presidenta, las evidencias que nos avalan para dar este paso son demasiado contundentes.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, lo primero que quiero señalar es que era absolutamente imprescindible hacer esta reforma educacional.
En primer lugar, porque tenemos un serio problema de calidad. Cuando el mundo habla de que la calidad es lo más importante, quiero decirles que Chile se sitúa en el último puesto en la prueba PISA de Matemáticas; nos estancamos en su versión de Lenguaje entre 2006 y el 2012. Nuestros mejores alumnos -repito: ¡nuestros mejores alumnos!- muestran un rendimiento similar al del 10 por ciento de los peores estudiantes de Japón.
Y para clarificar algunas cosas que se han dicho respecto de que las dificultades en calidad solo aquejan a aquellos establecimientos públicos dependientes de los municipios, basta mirar el SIMCE. A mí no me gusta ese parámetro, pero es lo que tenemos hoy.
Cuando en el SIMCE de 4° básico en lectura se compara a un niño de estrato socioeconómico bajo de colegio municipal versus uno de particular subvencionado, el primero saca más puntos que el segundo. Aquí se muestran los resultados: SIMCE 2009: 241 puntos, municipal; 236, particular subvencionado; SIMCE 2005: 236 puntos, municipal; 218, particular subvencionado; SIMCE 2002 -vamos más atrás-: 229, municipal; 216, subvencionado.
O sea, cuando se comparan peras con peras y no peras con manzanas, los resultados son prácticamente iguales, y muchas veces mejores en el ámbito de la educación pública, con toda la precariedad, con todos los inconvenientes que manifiesta.
Por tanto, el problema de la calidad es sistémico: abarca todas las modalidades y niveles en la educación.
Segundo lugar, cosa clave para la calidad: la equidad.
En Chile no hay equidad. Existe un determinismo social. El resultado, el rendimiento, el aprendizaje de un niño al final se halla determinado, no por su esfuerzo individual, no por sus talentos naturales, sino por la herencia social: el origen y la cuna definen su futuro. Y así lo demuestran el SIMCE y la PSU.
Cuando analicemos los resultados de la PSU nos daremos cuenta de lo mismo del año pasado: que cuando se confrontan los ingresos familiares de los jóvenes y sus resultados, se demuestra que en familias con ingresos sobre un millón y medio de pesos solo 3 por ciento saca menos de 450 puntos y en aquellas con ingresos de menos de 300 mil pesos, 45 por ciento obtiene menos de 450 puntos.
Entonces, no hablemos de selección por mérito académico, pues cuando evaluamos rendimiento académico discriminamos, finalmente, por razones socioeconómicas, por capital sociocultural.
Incluso, los liceos emblemáticos no sirven para la movilidad social de los niños de liceos públicos, porque la composición de los emblemáticos reproduce la conformación actual a nivel nacional respecto de escuelas particulares subvencionadas, públicas, particulares pagadas.
De hecho, y más grave aún, en el Instituto Nacional, ejemplo de liceo emblemático, el 80 por ciento de los jóvenes son del quintil más rico.
Por eso mismo -y voy a decirlo después-, la selección por mérito académico es discriminación por razones socioeconómicas.
Otro problema: falta de inclusión.
Resumo: no tenemos equidad, calidad y tampoco inclusión.
La inclusión es necesaria para la calidad y para la cohesión social, para la paz social.
Fíjense ustedes que los índices de inclusión en Chile son de los más bajos. El nivel de segregación medido con índice Duncan demuestra como indeseable tener sobre 0,4. Nosotros, en todos los deciles, mostramos sobre 0,5. Incluso, en los más ricos llegamos a 0,95.
Las escuelas son tremendamente homogéneas.
Aquí, cuando se argumenta que las escuelas particulares subvencionadas son heterogéneas, la verdad, primero hay que señalar que el Índice de Vulnerabilidad Escolar -IVE- demuestra que en los colegios públicos sobre 70 por ciento de los niños son vulnerables; en los colegios particulares subvencionados, bajo 50 por ciento.
En los colegios públicos, 10 por ciento de la matrícula está conformada por niños con necesidades educativas especiales; en los colegios particulares subvencionados, solo 4 por ciento. ¿Por qué? Porque los colegios se han especializado en la selección, en la segregación, en no dar valor agregado al proyecto educativo.
Y fíjense ustedes cuáles son los efectos que se reportan por la segregación y la falta de inclusión respecto de la calidad:
"Disminuye la calidad de resultados académicos de niños más pobres" (Valenzuela, Bellei y otro).
"Debilita la capacidad de la escuela de incorporar a las nuevas generaciones al ejercicio de la ciudadanía".
"Deteriora el proceso educativo en cuanto a la capacidad de aprendizaje y generación de valores como tolerancia y respeto a las minorías".
En verdad, todos esos efectos inciden primordialmente en la calidad de la educación.
Ahora, ¿por qué tenemos problemas de mala calidad, de falta de inclusión, de segregación y de falta de equidad? Básicamente, porque nuestro sistema es una anomalía en el ámbito educativo. Lo inventó un dictador hace cuarenta años. Hizo un experimento en Chile, que hoy algunos defienden porque es difícil cambiar la cultura después de cuarenta años, cuando nos acostumbramos a que lo relevante en la vida sea poseer el dinero suficiente para entregar educación a nuestros hijos.
La educación como un bien de consumo y no como un derecho social.
Fíjense que el gasto privado en educación en Chile es 2,7 por ciento del PIB, mientras que el gasto total en educación alcanza a 7,1 por ciento. En los países de la OCDE, con los cuales nos encanta compararnos, es 1,4 por ciento. Nosotros gastamos el doble: gasto de bolsillo. Por tanto, al final del día, los padres y los hijos reciben no la educación que necesitan, sino la que les alcanza con los recursos económicos de bolsillo.
Por otro lado, en cuanto a la oferta pública, los países que lo hacen bien ofrecen 90, 100 por ciento en esta área. Chile ni siquiera alcanza a 40 por ciento.
Otra anomalía: poca oferta pública; gran gasto privado, de los padres.
Por eso, debemos terminar con los problemas que generan estas situaciones respecto a la calidad, la equidad y la inclusión.
Primero, la selección. Claramente, lo que hay que señalar es que hoy, a pesar de que está prohibido de prekínder a 6° básico, se selecciona en la mitad de las escuelas. Según un estudio del profesor Carrasco, de 532 directores entrevistados, uno de cada dos reconoce hacer selección a través de pruebas de ingreso, de una sesión de juegos, de entrevista a los padres. Y se hace justamente buscando abaratar los costos que significa la educación de un niño. Porque un menor con necesidades educativas especiales requiere más recursos, demanda más apoyo.
El lema de nuestro sistema educativo debiese ser "que nadie se quede atrás". En la actualidad, muchos se quedan atrás, pues cuando se selecciona uno para arriba, se selecciona uno para abajo. Y así seguimos segregando.
Las pruebas de selección se han transformado en el principal mecanismo para descremar, para construir verdaderos guetos en la educación pública. Porque los chilenos y las chilenas no se están mezclando, pues no hay integración en el aula. No se expresa la rica diversidad de la sociedad en el aula.
¿Y qué ha hecho el copago? Al respecto, cito lo que en forma reiterada y de manera prácticamente unánime señalaron los expertos que entrevistamos en la Comisión: "El financiamiento compartido agrava la alta segregación social de la educación chilena, limita las posibilidades de elección de las familias". ¡Limita las posibilidades de elección de las familias!
¡Hoy no eligen los padres! ¡Hoy eligen las escuelas!
Faltan a la verdad quienes sostienen que este proyecto afecta la libertad de enseñanza y la libertad de los padres a elegir el colegio.
Cuando se pone una barrera de ingreso a los niños por un criterio de selección o discriminación, o por una consideración socioeconómica a través del financiamiento compartido y el copago, ¿qué se hace? Se atenta contra el derecho de los padres a escoger donde matricular a sus hijos.
Esta declaración sobre el financiamiento compartido la firman Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Cristián Cox; incluso algunos que han sido más críticos, como José Joaquín Brunner, Mario Waissbluth, Ernesto Treviño. Ningún experto manifiesta que dicha modalidad de financiamiento ha colaborado a mejorar la calidad de la educación en Chile.
De hecho, los colegios que funcionan con copago ni siquiera cumplen la Ley SEP, que dispone que en estos debe haber un 15 por ciento de alumnos vulnerables. A mayor copago, menos cumplimiento. ¿Por qué? Porque se produce más segregación y más se afecta la calidad.
En cuanto al lucro, el modelo chileno es único en el mundo: con recursos públicos se puede obtener utilidades.
¿Qué opera? Un sistema de mercado donde los establecimientos compiten por la subvención y las mediciones estandarizadas son usadas como herramientas de mercado para discriminar, para seleccionar. Por lo mismo, es imposible saber si una escuela es de buena calidad o si los resultados del aprendizaje de sus niños simplemente obedecen a la preselección que se hizo al ingreso.
Los colegios con fines de lucro realizan, en promedio, menor inversión en aspectos relevantes para la calidad, como la experiencia y el tipo de contrato de los profesores, como la Jornada Escolar Completa, como los talleres extraprogramáticos. Así ha quedado demostrado en estudios de Elacqua, Martínez y Santos, e incluso, en otro de Treviño, más reciente.
Además, se ha constatado que los colegios con fines de lucro gastan el doble en el ítem "inmueble" que aquellos sin fines de lucro. ¡Y no ha habido por esa razón una revolución en materia de calidad!
Como apuntó un colega que me antecedió en el uso de la palabra, ese tipo de establecimientos en Suecia va en retirada. Y en Estados Unidos, la cuna del capitalismo, se dieron cuenta de que en educación no funciona el mercado. Porque la educación no es un supermercado, no es una panadería, como dijo alguien.
Y el lucro no tiene que ver con las remuneraciones. Lucrar implica quedarse con los excedentes, los cuales, como bien sostuvo el Senador Ignacio Walker, debiesen ser reinvertidos en construir más salas de clases, en mejorar infraestructura deportiva, en implementar laboratorios de inglés o talleres artísticos.
Termino señalando, señora Presidenta, que la educación -y así la concebimos; de ahí la importancia de este proyecto- es un derecho social, que implica que cada niño y cada niña tengan la educación que necesitan, ¡nada más y nada menos!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hemos llegado a la hora de término. En la sesión de la tarde continuaremos el debate en el orden de la lista de inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que dio su aprobación al proyecto de ley que renueva la aplicación del mecanismo de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga y otorga el beneficio tributario que indica (boletín Nº 9.791-05), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le pareciera a la Sala, podríamos autorizar a dicho órgano para que funcione en paralelo con la Sala.

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