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Timestamp: 2019-12-06 00:15:44+00:00

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SENTENCIA T-579 DE 06 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:ALCANCE DE LA CAUSAL DE APLAZAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO POR LA INICIACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS. SE DETERMINA EL ALCANCE DE LA CAUSAL DE APLAZAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y SE HACE UNA INTERPRETACIÓN SISTÉMICA EN LA CUAL SE MANIFIESTA QUE EL JOVEN QUE ESTÉ MATRICULADO O ADMITIDO EN UN PROGRAMA DE PREGRADO EN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE APLAZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR PARA EL MOMENTO DE TERMINACIÓN DE SUS ESTUDIOS. ADEMÁS SE ACLARA QUE EL REQUISITO DE ESTAR MATRICULADO O ADMITIDO EN UN PROGRAMA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, NO SE CIRCUNSCRIBE ÚNICAMENTE A LAS CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS, SINO QUE TAMBIÉN SE EXTIENDE A LOS DISTINTOS CAMPOS DE FORMACIÓN COMO: TÉCNICO, CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, DE LAS HUMANIDADES, DEL ARTE O LA FILOSOFÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA EDUCACIÓN, PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SERVICIO MILITAR, ESTUDIANTE, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SERVICIO EN LAS FUERZAS MILITARES
Sentencia T-579 de agopsto 6 de 2014
Ref.: Expediente T-4.300.690
Acción de tutela instaurada por Ligia Villamizar en representación de su hijo David Reynel Rodríguez Villamizar contra el Batallón de Servicios 5 “Mercedes Ábrego” Distrito Militar 32 —Ejército Nacional—.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente, de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido en única instancia por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga el 6 de noviembre de 2013, que resolvió la acción de tutela interpuesta por la señora Ligia Villamizar en representación de su hijo David Reynel Rodríguez Villamizar contra el batallón de servicios 5 “Mercedes Ábrego” – Distrito Militar 32 del Ejército Nacional.
De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la accionante sustentó sus pretensiones en los siguientes
1.1. La señora Ligia Villamizar manifiesta que en octubre del año 2013, su hijo David Reynel Rodríguez Villamizar se presentó voluntariamente a la concentración para la incorporación de soldados bachilleres en el servicio militar obligatorio, en donde según explica “fue aplazado(1)” el servicio militar de su hijo, por razones de estudio.
1.2. Explica que la constancia de aplazamiento que le entregó el Ejército Nacional a su hijo, posteriormente no “fue validada para el Ejército(2)” y, por tal razón, fue incorporado al batallón de servicios 5 “Mercedes Ábrego” Distrito Militar 32 del Ejército Nacional.
1.3. Afirma que al momento del reclutamiento su hijo se encontraba matriculado y cursando el segundo semestre de la carrera técnica laboral en gastronomía gourmet y turismo en la Fundación para el Trabajo y Desarrollo Humano Columbia College de la ciudad de Bucaramanga.
1.4. También asevera que es madre cabeza de familia y que su hijo David Reynel Rodríguez Villamizar estaba realizando prácticas académicas y esporádicamente desempeñaba trabajos relacionados con su plan de estudios, que le permitían devengar ingresos ocasionales con los cuales contribuía al sostenimiento del hogar y al pago de su matrícula académica.
1.5. Mediante auto del 23 de octubre de 2013, el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga vinculó a la Quinta Brigada y a la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia, ordenando rendir informe respecto de las pretensiones expuestas por la accionante.
Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, la accionante Ligia Villamizar, actuando en representación de su hijo David Reynel Rodríguez Villamizar, presentó acción de tutela contra el Batallón de Servicios 5 “Mercedes Ábrego” – Distrito Militar 32 del Ejército Nacional, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su hijo a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la educación y al mínimo vital. La solicitud de amparo se dirige a que se ordene el desacuartelamiento de su hijo y, consecuentemente, sea entregada la libreta militar provisional de aplazamiento, hasta el momento de culminación de sus estudios.
3.1. Segunda División del Ejército Nacional de Colombia.
Mediante oficio del 30 de octubre de 2013, la Segunda División del Ejército Nacional informó al juzgado de conocimiento, que la tutela de la referencia fue remitida por competencia al comandante del batallón de apoyo y servicios para el combate 5 “Mercedes Ábrego” y al Comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento con sede en Bucaramanga.
3.2. Quinta Brigada del Ejército Nacional de Colombia.
Por medio de oficio radicado en la secretaría del Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga el 5 de noviembre de 2013, el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, manifestó que la tutela de la referencia fue remitida por competencia al Teniente Coronel, Comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento y al Teniente Coronel, Comandante del Batallón de ASPC Nº 5 “Mercedes Ábrego” con sede en Bucaramanga.
3.3. Quinta zona de reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia.
3.4. Por medio de escrito allegado al Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga el 19 de noviembre de 2013, el teniente coronel Leonardo Vargas Villegas, comandante de la quinta zona de reclutamiento, señala que al ciudadano David Reynel Rodríguez Villamizar, incorporado al servicio militar en el Batallón Mercedes Ábrego el 3 de octubre de 2013, no se le concede el desacuartelamiento por estar cursando una carrera técnica laboral en gastronomía gourmet y turismo, lo cual implica que dentro de los lineamientos legales establecidos por la Ley 30 de 1992, no se encuentra realizando estudios en una institución de educación superior reconocida por la ley.
Mediante fallo del 6 de noviembre de 2013, el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga denegó por improcedente la acción de tutela, fundamentándose en la falta de legitimación en la causa por activa, debido a que la señora Ligia Villamizar no aportó prueba que demostrara que su hijo David Reynel Rodríguez Villamizar se encuentra impedido para: “...presentar a nombre propio la demanda de tutela o que le sea imposible darle poder a su progenitora”(3).
a. Copia del diploma(4) de bachiller académico con profundización en ciencias naturales y educación ambiental del Colegio Nieves Cortés Picón conferido a David Reynel Rodríguez Villamizar el 28 de noviembre de 2012.
b. Copia del acta individual(5) de grado del título de bachiller académico con profundización en ciencias naturales y educación ambiental del Colegio Nieves Cortés Picón, otorgado a David Reynel Rodríguez Villamizar el 28 de noviembre de 2012.
c. Certificado de estudios expedido por la vicerrectora académica de la Fundación para el Trabajo y Desarrollo Humano Columbia College, de fecha 7 de octubre de 2013, en el que se acredita que David Reynel Rodríguez Villamizar se encontraba matriculado en la carrera técnica laboral en gastronomía gourmet y turismo con una intensidad de veinte (20) horas semanales.
d. Certificado(6) expedido por la vicerrectora administrativa de la Fundación para el Trabajo y Desarrollo Humano Columbia College, de fecha 11 de julio de 2013, mediante el cual se verifica que el estudiante David Reynel Rodríguez Villamizar cursó y aprobó el primer semestre de la carrera técnica laboral en gastronomía gourmet y turismo. Así mismo, se certifica que por concepto de la matrícula del segundo semestre canceló el valor correspondiente a un millón trescientos noventa mil pesos ($ 1.390.000).
e. Respuesta(7) a la acción de tutela, suscrita por el coronel Héctor Javier Alvarado Moreno, Jefe de Estado Mayor de la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia, recibida en la Secretaría del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Oral de Bucaramanga el 30 de octubre de 2013, por medio de la cual remite por competencia al comandante del batallón de apoyo y servicios para el combate 5 Mercedes Ábrego.
f. Respuesta(8) a la acción de tutela, suscrita por el teniente coronel Jaime Humberto Ponguta Silva, segundo comandante y Jefe de Estado Mayor de la Quinta Brigada del Ejército Nacional del 5 de noviembre de 2013, por medio de la cual remite por competencia al teniente coronel comandante de la quina zona de reclutamiento y al teniente coronel comandante del Batallón ASCP 5 “Mercedes Ábrego” con sede en Bucaramanga.
g. Respuesta(9) a la acción de tutela, suscrita por el teniente coronel Leonardo Vargas Villegas, comandante de la quinta zona de reclutamiento del Ejército Nacional, recibida en el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga el 19 de noviembre de 2013, en la cual manifestó lo siguiente: “...El ciudadano DAVI (sic) Reynel Rodriguez Villamizar identificado con cedula de ciudadanía 1095936536, incorporado en el Batallón ASPC 5 Mercedes Abrego del Contingente 7/2013, con fecha de incorporación el día 03/10/2013, no se concede el respectivo Desacuartelamiento (sic) por el hecho de estar cursando una carrera técnica laboral en gastronomía gourmet y turismo dentro de los lineamientos legales no se encuentra realizando estudios en una institución educativa reconocida por la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público a la educación superior”(10).
h. Oficio(11) suscrito por el teniente coronel Jair Arias Sánchez, recibido en la secretaría de la Corte Constitucional el 31 de julio de 2014, por medio del cual anexa reporte del sistema SIIR, en el que certifica que David Reynel Rodríguez Villamizar aún se encuentra incorporado prestando servicio militar obligatorio, con fecha de ingreso el 3 de octubre de 2013 en la quinta zona de reclutamiento del Ejército Nacional. Lo anterior, en respuesta al Auto(12) del 3 de julio de 2014, por medio del cual el despacho del magistrado sustanciador solicitó a la quinta zona de reclutamiento del Ejército Nacional, que en el término de tres (3) días contados a partir de la recepción de la providencia, informara si el ciudadano David Reynel Rodríguez Villamizar, actualmente se encuentra incorporado prestando el servicio militar obligatorio y, en tal caso, informara el período dentro del cual prestará dicho servicio.
Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
En atención a los hechos expuestos, esta Sala de Revisión debe determinar si la incorporación en el servicio militar obligatorio de un joven que en el momento del reclutamiento cursaba estudios de una carrera técnica, así como su permanencia en el Ejército Nacional, por la negativa para concederle el aplazamiento en la prestación de dicho servicio, son violatorias de los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación, al trabajo y al mínimo vital.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional sobre: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se actúa como agente oficioso de quien se encuentre prestando servicio militar obligatorio; (ii) el marco normativo y jurisprudencial del servicio militar obligatorio, con énfasis en el alcance de la causal de aplazamiento, por estar cursando estudios superiores; y para finalizar, (iii) se analizará el caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se actúa en nombre de quien está prestando el servicio militar obligatorio. Reiteración de jurisprudencia.
Como cuestión previa al estudio del problema jurídico planteado, la Sala se pronunciará en torno a la legitimación por activa de la accionante Ligia Villamizar, quien actuó en representación de su hijo David Reynel Rodríguez Villamizar.
Al respecto, cabe recordar, que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser instaurada en nombre propio o en representación de otros, en la medida que establece que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Esta disposición fue reglamentada por el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991:
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales(13), (Destacado fuera del texto).
De tal manera que, es posible agenciar derechos ajenos cuando el titular de estos no se encuentre en condiciones de promover su propia defensa, lo cual debe manifestarse en la solicitud respectiva. Sobre el alcance de esta disposición, la Corte por medio de la Sentencia T-248 de 2010, se refirió a los elementos esenciales de la agencia oficiosa en materia de la acción de tutela, en los siguientes términos:
“...los elementos de tal agencia en materia de tutela son: i) la necesidad de que el agente oficioso indique que está actuando como tal, y ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en condición de actuar por sí mismo”.
En la misma sentencia la Corte sostuvo que:
“...para que proceda la agencia oficiosa ha de expresarse que se actúa en tal gestión y que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, sea por circunstancias físicas, como una enfermedad incapacitante, o por razones síquicas, o ante un estado de indefensión. En todo caso, cuando tal circunstancia ocurra, deberá acreditarse en la respectiva solicitud”. (Destacado fuera del texto).
Corresponde al juez de tutela evaluar en cada caso las circunstancias particulares de imposibilidad, con el fin de determinar si realmente se está ante un evento que le impida al titular de los derechos hacer uso de la acción y con base en ello establecer la legitimidad de una persona para que actúe en agencia oficiosa. Tratándose de la legitimidad por activa en la acción de tutela cuando se actúa en nombre de quien se encuentra reclutado prestando el servicio militar obligatorio, la Corte en la Sentencia T-372 de 2010, se refirió a las restricciones físicas de internamiento que implica el acuartelamiento en los diversos cantones militares:
“Ahora bien, para avanzar en dicho análisis es necesario tomar en consideración que cuando un joven es incorporado a las fuerzas militares para prestar el servicio militar obligatorio es llevado a una concentración en la que le son impuestas estrictas normas, entre las cuales se encuentran las que limitan la libre disposición de su tiempo y su libre movilización por el territorio nacional, principalmente durante la instrucción militar básica. En este sentido el artículo 39 de la Ley 48 de 1993 señala que durante la prestación del servicio militar obligatorio el conscripto solo tiene derecho “a un permiso anual con una subvención de transporte equivalente al 100% de un salario mínimo mensual vigente y devolución proporcional de la partida de alimentación”. Esto significa que, en principio, podrá salir de la concentración solo una vez durante todo el período del servicio. Adicionalmente, dado que prima facie el soldado está obligado a obedecer a un superior jerárquico(14), es este último quien tiene la facultad de determinar el lugar en el que debe prestar el servicio militar, así como la forma de obtener el permiso legalmente reglamentado, y todos los demás que pudieran ser otorgados como estímulo por el mismo superior.
Ambas limitaciones responden de manera proporcional a los propósitos y principios de disciplina y orden propios de la vida militar, los cuales están obligados a adoptar temporalmente los nacionales en aplicación del artículo 216 de la Constitución. No obstante, ellos son de tal manera vinculantes e insoslayables para quienes prestan el servicio militar obligatorio, que es desproporcionado considerar que podrían llevar a cabo todas las diligencias propias de la instauración de la acción de tutela de manera personal. Esta actividad les implica, por lo menos, salir del cuartel en los horarios de atención de la rama judicial con el objeto de radicar la solicitud y, como hemos señalado, esta posibilidad se ve ampliamente limitada en la práctica tanto por el carácter de la conscripción como por la estricta sujeción a las órdenes del superior”.
Con base en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido dos eventos en los cuales es procedente la institución de la agencia oficiosa para actuar en nombre de quien se encuentre prestando el servicio militar obligatorio, a saber:
“(i) Los eventos en que la incorporación al servicio militar obligatorio reviste una amenaza a los derechos de los hijos por nacer, o nacidos menores de edad, a la vida digna, a la familia y al cuidado de sus padres. Frente a este tema se ha considerado que están legitimados para presentar la acción de tutela terceros tales como: los hijos y la esposa o la compañera permanente. Lo anterior, en razón a que la vinculación a las fuerzas militares no solo implica una posible lesión de los derechos fundamentales de quien está prestando el servicio, sino también la inminente afectación de los derechos de quien actúa como agente(15).
“(ii) Cuando quienes presentan la acción son los padres y madres de familia en nombre de sus hijos mayores de edad vinculados a las fuerzas militares, con el propósito de solicitar la desincorporación de las filas en aplicación de causales de exención o aplazamiento(16)”(17).
A propósito de lo anterior, en un caso similar al que en esta oportunidad es objeto de revisión, la Corte concluyó lo siguiente:
“(i) Es un asunto relativo a la protección de derechos agenciados respecto de un tercero que presta el servicio militar y cumple las condiciones que se han descrito, por lo cual la acción de tutela resulta procedente.
(ii) En cuanto a la imposibilidad del agenciado de acudir directamente a la defensa de sus derechos fundamentales, existen motivos para entender que el agenciado, quien se encuentra prestando en la actualidad servicio militar obligatorio, se le hace difícil materialmente presentar por sí mismo una acción tendiente a su desincorporación, configurándose el adecuado uso de la agencia oficiosa.
3.8. Frente a los presupuestos anteriormente expuestos, esta sala encuentra cumplidos los requisitos de la legitimación activa del accionante basándose en la relación paterno filial para derivar la agencia oficiosa, aunadas las demás circunstancias que auguran la excepcional dificultad de la protección directa de los derechos fundamentales de Brayan Mauricio Delgado Rojas”(18).
De esta manera, con base en la jurisprudencia constitucional referenciada, la Sala observa que en el caso concreto del joven David Reynel Rodríguez Villamizar, debido a las condiciones de internamiento que implica el servicio militar obligatorio, es dable inferir que en el momento de interposición de la acción este se encontraba imposibilitado para interponer en su propio nombre la acción de tutela y, por tanto, resulta procedente la agencia oficiosa de su madre. Lo anterior, pues deviene lógico que el servicio militar obligatorio supone restricciones propias de la actividad militar que le impiden a quien se encuentra acuartelado, la libre movilidad y disponibilidad de tiempo para instaurar acciones en defensa de sus derechos y, es precisamente por ello que, en este caso, ante la decisión de las autoridades militares de no atender la causal de aplazamiento solicitada, la madre acudió en protección de los derechos fundamentales de su hijo.
Por consiguiente, la Sala encuentra cumplidos los requisitos de la legitimación por activa de la madre de David Reynel Rodríguez Villamizar para interponer la acción de tutela con base en la relación filial y en las ya descritas circunstancias de acuartelamiento militar que conducen a la imposibilidad para desplegar las acciones tendientes a la protección de sus derechos fundamentales.
4. Marco normativo y jurisprudencial del servicio militar obligatorio con énfasis en el alcance de la causal de aplazamiento, por cursar estudios superiores.
El artículo 216 de la Constitución Política, le confiere facultades al legislador para definir las prerrogativas conforme a las cuales se cumple el servicio militar obligatorio, así como las condiciones que eximen del deber de prestar dicho servicio. En desarrollo de este precepto constitucional, el Congreso de la República expidió un conjunto de normas, conformado por las leyes 48 de 1993, 418 de 1997, 548 de 1999 y 642 de 2001, mediante las cuales se establecen las modalidades de prestación del servicio militar obligatorio, el tiempo de duración, los requisitos que debe cumplir quien lo presta, las causales para solicitar su aplazamiento o exoneración, entre otros aspectos.
Específicamente, el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 establece que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir del momento en que cumpla la mayoría de edad y hasta los cincuenta años, exceptuando a los estudiantes de bachillerato, quienes deben definir su situación militar cuando obtengan el respectivo título.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 2º de la Ley 548 de 1999, prescribe que una vez cumplida la mayoría de edad el joven que se encuentre matriculado o admitido en un programa de pregrado, tendrá la opción de prestar el servicio inmediatamente, caso en el cual la institución educativa deberá conservar el cupo en igualdad de condiciones o podrá aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando finalice sus estudios superiores. El texto de la disposición es el siguiente:
Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere aplazado su servicio militar estuviere matriculado o admitido en un programa de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el aplazamiento, el título correspondiente solo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el servicio militar que la ley ordena. La interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar.” (Destacado fuera del texto).
De otra parte, los artículos 7º y 8º de la Ley 30 de 1992 “por el cual se organiza el servicio público de la educación superior”, establecen los diversos campos y programas de la educación superior, de la siguiente manera:
“ART. 7º—Los campos de acción de la educación superior son: el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía”.
“ART. 8º—Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de Educación Superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de formación”. (Destacados fuera del texto).
Una interpretación sistemática de las disposiciones anteriormente transcritas conduce a que el nivel de educación superior a que se refiere la causal de aplazamiento del servicio militar obligatorio, no se circunscribe únicamente a las carreras profesionales universitarias, como erradamente lo infiere el Ejército Nacional, sino que, además, se extiende a los distintos campos de formación, estos son: técnico, científico, tecnológico, de las humanidades, del arte o la filosofía.
En el ámbito de los derechos fundamentales, no tiene sustento constitucional una diferenciación entre una carrera profesional y una carrera técnica para efectos de aplazar el servicio militar obligatorio, ya que lo que la norma de aplazamiento persigue es garantizar el derecho la educación de quien se encuentra cursando estudios y conforme lo ha sostenido la jurisprudencia consolidada de esta corporación, toda diferenciación de trato que implique restricción o limitación de derechos fundamentales, debe estar fundada en un principio de mayor entidad que aquel que se limita, cuestión que no ocurre en este caso; más aún, si se tiene en cuenta que el derecho fundamental a la educación ante todo comporta una función social.
La jurisprudencia constitucional en esta materia ha sido enfática en señalar que una interpretación contraria, sería restrictiva de los derechos de las personas que cursan otros niveles de formación y conduciría a una discriminación injustificada, según la cual, un estudiante que se encuentre cursando una carrera técnica o de otro campo de formación no podría hacer uso de derechos o prerrogativas contemplados en la ley, como por ejemplo, el aplazamiento del servicio militar obligatorio, por el simple hecho de no estar cursando una carrera profesional. En la Sentencia T-1037 de 2007, la Corte tuteló el derecho a la igualdad de un ciudadano, al que el Instituto del Seguro Social le negó el pago de la pensión sustitutiva de sobrevivientes, con el único argumento de no estar cursando un programa universitario, sino un curso de educación no formal en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA:
“Ha sido reiterativa la jurisprudencia constitucional al insistir que tanto la educación no formal como la formal son objeto de protección constitucional. Tanto la educación formal como la educación no formal merecen igual respeto y protección sin que sea factible diseñar prohibiciones tácitas o restricciones arbitrarias que impidan a quienes optaron por elegir la alternativa que ofrece la educación no formal, obtener los beneficios derivados de la seguridad social. Resulta inadmisible efectuar distinciones encaminadas a obstruir el acceso de quienes se encuentran realizando estudios no formales. Ello tanto más, por cuanto en la gran mayoría de los casos, negarles a estas personas tales beneficios supone a un mismo tiempo —como sucedió en el caso sub judice— despojarlas del sustento con que contaban en vida del pensionado fallecido e implica reducirlas a una desprotección evidente”.
Las normas y la jurisprudencia constitucional referenciadas, llevan a esta Sala a concluir que la prerrogativa del aplazamiento del servicio militar obligatorio tiene por finalidad garantizar el derecho fundamental a la educación previsto en el artículo 67 de la Constitución, el cual debe ser reconocido por las autoridades militares para efectos de la prestación de dicho servicio en todos los campos y niveles de formación contemplados en la ley de educación nacional.
Es así que, en un caso similar al que en esta oportunidad es objeto de revisión y cuyos hechos están relacionados con la incorporación para la prestación del servicio militar obligatorio de un joven que en el momento de su ingreso al Ejército Nacional se encontraba cursando estudios no formales complementarios del bachillerato en una escuela normal superior, la Corte por medio de la Sentencia T-774 de 2013, se pronunció en los siguientes términos:
“La garantía constitucional establecida por el artículo 67 respecto al adecuado cubrimiento del servicio y el derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo, permite concluir que la educación debe ser objeto de protección por parte del Estado, independientemente de su naturaleza a saber, formal, no formal o informal, la modalidad en que esta se desarrolle (técnica, tecnológica, complementaria o similar naturaleza), o la institución educativa en la que se realice. Por ende, está prohibido conforme la jurisprudencia previamente citada, que un programa de formación y capacitación en una determinada profesión u oficio pueda ser dejado de lado por no ser de carácter universitario o profesionalizante. Ello supondría, establecer diferencias entre tipos de educación sin tener puntos objetivos de comparación constitucionalmente admisibles. Se reitera, que la protección integral del derecho a la educación debe otorgarse sin discriminación alguna en tanto su garantía permite el reconocimiento de otros derechos constitucionales fundamentales”.
De conformidad con los hechos y las pruebas que obran en el expediente el caso que ocupa la atención de la Sala se sintetiza en que la señora Ligia Villamizar interpuso acción de tutela en contra del batallón de servicios 5 “Mercedes Ábrego”, adscrito al Distrito Militar 32 del Ejército Nacional, en procura de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la educación y al mínimo vital de su hijo David Reynel Rodríguez Villamizar, los cuales estima vulnerados con la negativa de aplazar la prestación del servicio militar obligatorio, habida cuenta de que fue reclutado mientras se encontraba cursando estudios de una carrera técnica en la ciudad de Bucaramanga.
Ante la solicitud de la accionante para aplazar el servicio militar obligatorio del joven David Reynel Rodríguez Villamizar, el Ejército Nacional, por intermedio del Comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento decidió no concederlo por estar cursando una carrera técnica(19).
Del acervo probatorio obrante en el expediente, se observa que la certificación expedida por la vicerrectora académica de la Fundación para el Trabajo y Desarrollo Humano Columbia College de Bucaramanga, acredita que el joven David Reynel Rodríguez Villamizar, en el momento en que fue reclutado se encontraba matriculado en la carrera técnica laboral en gastronomía gourmet y turismo y, según lo manifestado por su madre, colaboraba con el sostenimiento de su hogar, lo cual debe presumirse como un hecho cierto, de acuerdo con el principio de la buena fe.
Para la Sala la certificación de estudios configura los presupuestos fácticos contemplados en la causal prevista en el artículo 13 de la Ley 418 de 1997 y, por tanto, la negativa del Ejército Nacional para conceder el aplazamiento del servicio militar obligatorio con el fin de que el accionante pudiera continuar sus estudios técnicos y, a su vez, colaborar con el sostenimiento de su hogar, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y al mínimo vital.
En virtud de lo anterior, la Sala de Revisión estima procedente revocar la sentencia proferida el seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013), por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga, que denegó por improcedente la acción de tutela. En su lugar, se amparará el derecho al debido proceso, a la educación y al mínimo vital de David Reynel Rodríguez Villamizar.
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga el seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013), dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Ligia Villamizar contra el Batallón de Servicios 5 “Mercedes Ábrego” – Distrito Militar 32 –Ejército Nacional- y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y al mínimo vital de David Reynel Rodríguez Villamizar, conforme a lo expuesto en esta providencia.
2. ORDENAR al Batallón de Servicios 5 “Mercedes Ábrego” – Distrito Militar 32 —Ejército Nacional— que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, disponga la desincorporación en la prestación del servicio militar obligatorio de David Reynel Rodríguez Villamizar, con base en la causal contenida en artículo 2º de la Ley 548 de 1999.
3. ADVERTIR a David Reynel Rodríguez Villamizar que lo anterior no lo exime, una vez finalice sus estudios técnicos, de continuar con el deber de prestar el servicio militar obligatorio por el tiempo que le hiciere falta.
4. Por la Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Magistrados: Martha Victoria Sáchica Méndez—Luis Ernesto Vargas Silva, con salvamento de voto—Maria Victoria Calle Correa
(11) Folios 47-49.
(12) Folios 42, 43.
(13) Entre otras, ver la sentencia T-489 de 2011.
(14) Excepto en situaciones que involucren la comisión de los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, en los que la Corte ha entendido que la obediencia debida no es un eximente de responsabilidad. Ver al respecto, las Sentencia C-551/01, C-431/04, y T-351/98.
(15) Ver, entre otras, las sentencias T-342 de 2009, T-699 de 2009, T-451 de 1994, T-302 de 1994 y SU-491 de 1993.
(16) Aunque en un primer momento la jurisprudencia reconocía implícitamente la legitimidad de los accionantes, posteriormente se modificó tal posición y se determinó: “(i) que los lazos afectivos y/o de consanguinidad de los padres con el titular de los derechos no constituyen una razón suficiente para presentar en su nombre una acción de tutela. (ii) que es necesario que el accionante señale expresamente que actúa como agente oficioso. Y (iii) que el servicio militar obligatorio no constituye razón suficiente para demostrar la imposibilidad física, material o mental de una persona capaz y mayor de edad para presentar por sí misma la tutela”.
(17) Sentencia T-614 de 2012.
(18) Sentencia T-626 de 2013.

References: artículo 86
 artículo 10
 artículo 39
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 36