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Timestamp: 2019-08-18 03:12:53+00:00

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4-Tesis Derecho Penal | Criminal Procedure | Criminal Law
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Lic. Winston Franklin Asturias Miranda
Licda. Gladys Elizabeth Girón
3) Lic. Julio César Villalta Bustamante
Lic. Víctor Manuel Morán Ramírez
Lic. Miguel Angel Giordano Navarro
2) Licda. Helga Ruth Orellana Aceituno
3) Licda. Carmela Chamalé García
Lic. Eddy Giovanni Miranda Medina
1) Licenciado Javier Garcia 2) Licda. Velvet de Franco 3) Licda. Cándida Ramos 4) Lic. Luis Arturo Recinos Sosa
Nota: Únicamente el autor, es responsable de las doctrinas y criterios sustentados en el presente trabajo de tesis.
Introducción Capítulo 1 El Ministerio Público
1.2 Definición .
1.3 Naturaleza jurídica.
1.4 Principios que rigen al Ministerio Público.
1.5 Actividad del Ministerio Público durante la fase preparatoria
1.6 Organización del Ministerio Público
1.7 Nuevo enfoque del Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal
2.2 Clasificación de la Acción Penal
2.2.1 Acción Pública
2.3 Formas de iniciar las acción penal
3.2 Fundamento legal de las medidas desjudicializadoras
3.3 El Criterio de Oportunidad
3.3.2 Naturaleza jurídica del criterio de oportunidad
3.3.3 Finalidades del criterio de oportunidad
3.3.4 Presupuestos y requisitos para la aplicación del criterio de oportunidad
Efectos de la conversión
3.5 La Mediación.
Requisitos de la mediación
3.6 Suspensión condicional de la persecución penal
Presupuestos para su promoción
3.7 El procedimiento abreviado.
Efectos de la Aplicación del Procedimiento Abreviado
Las fiscalías de delitos patrimoniales y la conciliación
4.1 Delitos que conocen las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes
4.2 La Conciliación.
Aspectos que deben tomarse en cuenta en una Junta Conciliatoria
4.3 Trabajo de Campo:
25 Tér del Código
Presentación de tres casos.
Análisis jurídico-dogmático del trabajo de campo.
Guatemala, es uno de los países de América Latina, cuyo sistema de administración de justicia era inquisitivo; sin embargo, los organismos e instituciones que conforman el sector de administración de justicia y otros entes, tomaron el reto de su modernización, implementando el sistema acusatorio, que permite contravenir arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos de las personas.
En este contexto, surgen las reformas al Código Procesal Penal, con el objeto de distribuir las funciones de juzgar, investigar y perseguir penalmente y de esta forma, surge la creación del Ministerio Público como ente encargado de la acción y persecución penal en representación del Estado de Guatemala.
En ese sentido, el problema a investigar dentro del presente trabajo de tesis, es bastante concreto; es necesario recurrir al estudio de nuestra norma procesal penal y al análisis de determinadas situaciones que surgen y crean conflictos de naturaleza patrimonial entre las personas, para corroborar que existe un vacío legal en cuanto a determinar dentro de la norma, un procedimiento específico para la aplicación de medidas alternativas de solución de conflictos de esta naturaleza, que pueda dar una solución eficaz y ágil, que evite el desgaste innecesario del sistema de administración de justicia y coadyuve, a que las personas inmersas dentro de conflictos en donde se vean vulnerados intereses patrimoniales, se eviten gastos económicos innecesarios y tengan menor pérdida de tiempo.
Por tal razón, es importante plasmar en el presente trabajo, la necesidad de crear un asidero legal para las juntas conciliatorias que se realizan dentro de las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes del Ministerio Público, como medio alterno de solución a este tipo de procesos, ya que es urgente la implementación de políticas criminales que permitan al Estado de Guatemala, a través del órgano encargado del ejercicio de la acción y persecución penal, encontrar y aplicar soluciones para combatir el crimen y la inseguridad y poder hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones. Es acá en donde el Ministerio Público, se ha visto en la necesidad de implementar la aplicación de mecanismos simplificadores del proceso penal, con el objeto no sólo de optimizar la utilización de los recursos institucionales tan limitados que tiene, sino de priorizar la inversión de los mismos en
casos más concretos en donde se plantean conflictos de alto impacto. Es esta razón, el punto de partida de la realización del presente trabajo de tesis.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a continuación se hace una breve reseña del contenido de cada uno de los capítulos objeto de la presente investigación:
Capítulo uno, describe la institución del Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal; estudia sus antecedentes históricos y funcionales, cómo surge y las razones básicas para su creación, su definición, su naturaleza jurídica, los principios que rigen su actividad, las actividades propias que realiza en la fase preparatoria, su estructura organizacional y su visión de servicio y enfoque dentro de la realidad guatemalteca.
Capítulo dos, se refiere a la acción penal, cuyo ejercicio en representación del Estado de Guatemala,
le corresponde al Ministerio Público.
Contiene la definición de acción penal, el fundamento legal,
la clasificación de la misma en la ley, las formas de iniciar la acción o actos introductorios.
Capítulo tres, trata sobre las medidas desjudicializadoras; instituciones procesales establecidas en la ley, que facultan al Ministerio Público a abstenerse del ejercicio de la acción penal con autorización judicial; hace un breve relato de los antecedentes de estas instituciones, la definición, el fundamento legal y desarrolla de manera concreta el criterio de oportunidad, la conversión de la acción pública en acción privada, la mediación, la suspensión condicional de la persecución penal y el procedimiento abreviado.
Capítulo cuatro, específicamente se refiere a las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes del Ministerio Público y la conciliación; define las citadas fiscalías y hace un breve resumen de su creación, antecedentes y atribuciones. Describe los delitos que conocen las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes y trata expresamente sobre la conciliación, su definición, antecedentes históricos de dicha institución procesal, sus principios fácticos, los aspectos indispensables que deben tomarse en consideración para llevar a cabo una junta conciliatoria con éxito. Este capítulo también contiene el trabajo de campo realizado por el ponente de la presente tesis, consistente en el análisis comparativo del artículo 25 Tér. del Código Procesal Penal y las juntas conciliatorias efectuadas en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes del Ministerio Público, con sus
respectivos flujogramas; además, se realiza la presentación de tres casos concretos analizados e investigados por el ponente en una fiscalía de delitos patrimoniales y comunes de dicha institución y el análisis jurídico-dogmático del trabajo de campo. Contiene además, las conclusiones a que arriba el ponente de la presente tesis, que de manera resumida, se reflejan en cuatro ejes: a) En Guatemala, es necesario implementar una cultura de paz, de tal forma que determinados tipos de conflicto que no son de alto impacto, puedan solventarse a través de la implementación de procedimientos alternativos de resolución de conflictos como la negociación, la conciliación y la mediación; b) La pretensión de todo ciudadano que ha sido afectado en su patrimonio, es buscar una solución rápida y sencilla al problema que ha surgido con el sindicado y tener la posibilidad de realizar una negociación para solucionar el problema, que le ofrezca varias opciones al sindicado que ante juez competente, no tendría oportunidad de tener, por ejemplo: fijar una fecha específica para el pago posterior a la junta conciliatoria, fijar cierto plazo de uno, dos o tres meses para la realización del pago u ofrecer el pago de otra forma; c) La opción de realización de juntas conciliatorias previo a poner en conocimiento de juez competente determinado asunto patrimonial, fomenta los principios de celeridad y economía procesal y es uno de los medios alternativos de solución de conflictos más utilizados y con buenos resultados en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes; por lo tanto, debe estar reglamentada en ley, como un medio desjudicializador y; d) El problema del congestionamiento de trabajo de los tribunales de justicia, la lentitud con la cual se tramitan los procesos y un grado extremado de formalismos legales, hacen que la aplicación de justicia en Guatemala, no alcance su fin primordial de administrar justicia pronta y eficaz para quien la solicita. El presente trabajo de tesis contiene además, las recomendaciones efectuadas por el ponente de la tesis en relación al tema investigado.
De conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de la República, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común;
El artículo segundo del mismo cuerpo legal, establece que es deber del Estado, garantizarle a los habitantes de la república, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Dentro de ese contexto, cuando se refiere a los deberes del Estado, la Constitución Política de la República de Guatemala, le impone al Estado, la obligación de garantizar no sólo aquellos derechos inherentes a la persona humana, sino también otros valores como la justicia, para lo cual dicho ente debe crear las instituciones necesarias para lograr una administración de justicia pronta y efectiva y adoptar las políticas criminales y medidas que sean necesarias según lo demandan las necesidades de la sociedad guatemalteca.
Para efectos del desarrollo del presente trabajo de tesis, es importante estudiar brevemente, los antecedentes históricos, políticos y sociales de Guatemala; conocer que el país y la sociedad guatemalteca en sí, fueron víctimas de un conflicto armado interno que durante un poco más de treinta y seis años, provocó inestabilidad, temor, dolor y muerte entre la ciudadanía y que dejó como consecuencia, una cultura de violencia.
A partir de la finalización del Conflicto Armado Interno y, con la creación y suscripción de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Guatemala y los miembros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, las diferentes organizaciones sociales-civiles, entidades y otros entes inmersos dentro del sector justicia, han tratado de instituir una cultura de paz, de armonía y de resolución de conflictos pacífica.
A raíz de la firma de estos Acuerdos de Paz, surge de manera novedosa, la creación de la Unidad Alternativa de Resolución de Conflictos, coordinada por el Centro Piloto de Mediación y
Conciliación de la Corte Suprema de Justicia, con el único fin primordial de promover una cultura de paz y de descargar de trabajo innecesario a los diferentes órganos jurisdiccionales encargados de juzgar e impartir justicia.
En ese sentido, Guatemala inició en 1985, con la Constitución Política de la República emitida en esa época y, posteriormente en 1994, con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, un proceso de modernización y democratización de la justicia y concretamente de la justicia penal. A raíz de esta reforma, eminentemente democrática y tendiente al respeto de los derechos humanos de las personas, surge la división de las funciones de juzgar, investigar y perseguir penalmente.
Es dentro de esta realidad histórica, que sea crea el Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal en representación del Estado de Guatemala; sin embargo, fundamentándose en el principio de objetividad, en el de celeridad y economía procesal, la dirección de esta institución ha promovido de manera eficaz, la implementación de políticas criminales con el objeto de aplicar en determinados casos que permite la ley, medidas alternativas de solución de conflictos, es este el caso de las juntas conciliatorias que actualmente se realizan dentro de los procesos de investigación que se dirigen en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes del Ministerio Público.
Dentro de ese contexto de optimizar los recursos institucionales tanto económicos como personales del Ministerio Público, surge la idea del ponente de la presente tesis, de realizar una investigación para establecer la necesidad que existe de regular legalmente las juntas conciliatorias que se celebran en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes de la citada institución.
Cabe mencionar también como parte fundamental del presente trabajo de tesis, que el ponente al buscar y evaluar el tema a desarrollar, tomó en consideración el entorno propio de su trabajo, la necesidad de celeridad en la administración de justicia y la aplicación de procedimientos alternativos de solución de conflictos que tiene la sociedad guatemalteca, estableciendo para el desarrollo del presente trabajo, los siguientes objetivos: El objetivo general del presente trabajo es analizar el impacto y las consecuencias jurídicas de la falta de regulación legal de las Juntas Conciliatorias realizadas dentro de los Expedientes investigados por las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y
Comunes del Ministerio Público, los límites jurídicos y doctrinarios de la eficacia de estas juntas conciliatorias, con la intención de tener una base sólida que permita proponer una reforma legal que instituya el uso regulado de mecanismos alternativos de solución de conflictos por parte del Ministerio Público, de tal forma que pueda darle una salida a todos aquellos conflictos penales de menor impacto sin desgastarse ni desgastar a los operadores de justicia.
Y como objetivos particulares: precisar los alcances y consecuencias jurídicas de la realización de juntas conciliatorias en las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes; Estudiar y comprender los principios filosóficos que informan la realización de estas juntas conciliatorias, ya que ello permitirá confrontarlos con los principios establecidos en la ley; Estudiar y comprender cuál es el objeto por el cual víctimas y victimarios recurren a las juntas conciliatorias y determinar el impacto de los acuerdos alcanzados en las mismas, de conformidad con la resolución que el juez competente emita al respecto; Determinar en qué medida el criterio judicial de los jueces del orden penal, es objetivo en cuanto a autorizar o no al Ministerio Público a realizar actos conclusivos del proceso penal con base a los acuerdos o convenios suscritos mediante Juntas Conciliatorias realizadas en las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes; Investigar el fundamento legal y doctrinario que hay en relación a la existencia de mecanismos simplificadores del proceso penal, es decir mecanismos alternativos de solución de conflictos; Realizar una propuesta concreta relacionada con el tema de estudio; es decir una propuesta de reforma al Artículo 25 Tér, en cuanto a autorizar al Ministerio Público a realizar Juntas Conciliatorias y que sea avalada legalmente el acta de las mismas;
De igual manera, es importante hacer mención que los métodos empleados a lo largo de la realización de la presente tesis, fueron diversos, según cada fase de la investigación; es por lo mismo que el método deductivo se empleó en los primeros capítulos del trabajo, ya que debió hacerse un estudio amplio de la etapa preparatoria de todo proceso, en donde la investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público, sobre el ejercicio de la acción penal y los diferentes procedimientos alternativos de solución de conflictos; el método inductivo y el analítico, se emplearon al momento de verificar, ordenar y analizar la información recabada; el método de concordancia se utilizó para comparar varios casos de similares características que se han suscitado en las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes del Ministerio Público, que se han resuelto mediante Convenio o Acuerdo en Junta Conciliatoria y su aceptación por tribunales del orden penal, y confrontar las resoluciones dictadas al respecto y, el método sintético, se utilizó al momento de
emitir las conclusiones y recomendaciones de la tesis, estudiando la causa específica del congestionamiento de trabajo en los tribunales de justicia y llegando con ello al estudio de sus efectos, lo que permitió al ponente del presente trabajo de tesis, emitir conclusiones objetivas.
Capítulo 1 El Ministerio Público
El Ministerio Público, previo a las reformas constitucionales que regularon su funcionamiento como tal, se encontraba integrado a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo establecía el Decreto 512 del Congreso de la República; sin embargo, en el año de 1993, el Estado de Guatemala da un giro sustancial en la forma de organizar el sistema penal, en cuanto a la adopción de procedimientos eficientes para enfrentar la criminalidad: dividió las tareas de juzgar, investigar y perseguir penalmente en diferentes órganos, con el objeto de establecer el ya reconocido a nivel mundial, sistema acusatorio, que hasta esa fecha no se encontraba vigente en Guatemala y que permitiera de alguna forma contravenir las arbitrariedades y violaciones de los derechos de sus ciudadanos, derivadas del abuso de poder al cual daba cabida el sistema procesal penal vigente en Guatemala, ampliamente conocido como sistema inquisitivo.
Es así, como derivado de la reforma constitucional anteriormente aludida, el Ministerio Público, se constituye como un órgano autónomo, encargado de ejercer la persecución y la acción penal en representación del Estado.
En ese sentido, el código procesal penal que entró en vigencia también en el año 1993, trae dentro de sus preceptos una serie de funciones y responsabilidades propias para el Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal, las cuales de forma breve a criterio del ponente, pueden resumirse en dos: a) La dotación para los agentes del Ministerio Público que sean designados, de facultades específicas para realizar la investigación en la etapa preparatoria y; b) La facultad de acusar en el ejercicio de la persecución penal en representación del Estado de Guatemala.
Tomando en consideración las reformas tanto constitucionales como procesales anteriormente mencionadas, se concibe al Ministerio Público como un órgano autónomo, en virtud de lo cual se hizo necesario emitir el Decreto No. 40-94 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, el cual establece dentro de sus preceptos: los principios básicos de su funcionamiento, organización
funcional y administrativa, rol dentro del proceso penal, principio de jerarquía ante las fuerzas de seguridad, régimen financiero y administrativo, las disposiciones de disciplina en el servicio y la carrera fiscal.
Dentro de ese contexto, se perfila al Ministerio Público, como la institución encargada del ejercicio de la acción penal y de la persecución penal en representación del Estado y como tal, eje principal dentro de las instancias encargadas de la administración de justicia, con las cuales tiene obligación de mantener coordinación, para coadyuvar a la implementación de políticas criminales que permitan al Estado, encontrar y aplicar soluciones para combatir el incipiente negocio del crimen y la inseguridad; en ese sentido, y para hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones legalmente establecidas, el Ministerio Público se ha visto en la necesidad de implementar la aplicación de mecanismos simplificadores del procesal penal, con el objeto de optimizar la utilización de los recursos institucionales para la mejor solución de aquellos casos en donde se plantean conflictos de alto impacto. Es este el punto de partida de donde el ponente de la presente tesis tomará para la realización de su trabajo de investigación.
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 251, lo define:
El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la representación del Estado.
El ponente de la presente tesis, interpreta lo establecido en la Constitución Política de la República, en el sentido que entonces, el Ministerio Público es el ente, que por mandato constitucional y en representación del Estado de Guatemala, tiene como función primordial, el ejercicio de la acción pública y hacer cumplir las leyes del país.
La definición que aporta la propia Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 1, lo define:
El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.
Es importante resaltar que tanto en la Constitución Política de la República, como en la Ley Orgánica del Ministerio Público, sobresale que dicha institución, tiene funciones autónomas, es decir que en el ejercicio de la acción penal, tiene autonomía de criterio, pero además, también se refiere a que no está supeditado a ningún organismo del Estado.
Para Manuel Ossorio, el Ministerio Público
Es llamado asimismo ministerio fiscal, es la institución estatal encargada, por medio de sus funcionarios (fiscales) de defender los derechos de la sociedad y del Estado…(OC:651)
Por su parte Leopoldo de la Cruz Agüero, define al Ministerio Público como la
Institución u organismo de carácter administrativo, perteneciente al Poder Ejecutivo Federal o Estatal, en su caso, cuyas funciones, entre otras son las de representar a la Federación o al Estado y a la sociedad en sus intereses públicos; investigar la comisión de los delitos y perseguir a los delincuentes (OC:50)
En esta definición, es importante resaltar que se plasma a un Ministerio Público no independiente u autónomo, sino supeditado al Poder Ejecutivo o estatal, cuya función primordial es la Representación del Estado y de la sociedad, así como investigar la comisión de delitos; acá debe llamarnos la atención, que en el caso preciso de la República de Guatemala, como parte de la reforma constitucional de 1985 y como una proyección hacia la modernización del proceso penal, se desligaron las funciones de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público; la primera, de conformidad con las reformas de su ley, ahora es la encargada de representar los intereses del Estado; por su parte, el Ministerio Público es el encargado del ejercicio de la acción penal y de velar por el cumplimiento de las leyes.
El Ministerio Público posee la facultad de ejercer la acción penal pública y es titular de la pretensión punitiva del Estado, por ello, es un sujeto esencial de la relación procesal penal (2002:148)
Puede definirse al Ministerio Público como una institución constitucional auxiliar de la administración pública y de los tribunales con relación de coordinación con el primero y con relaciones de articulación con el segundo y que en el ejercicio de sus funciones goza de autonomía. (2008:456)
El ponente de la presente tesis, como parte del equipo del Ministerio Público, derivado de su quehacer diario, plasma que el Ministerio Público es la institución que por mandato constitucional, tiene la representación del Estado en el ejercicio de la acción punitiva que le corresponde y en el desempeño de sus funciones, es un ente autónomo, que establece sus propias políticas de persecución penal con el irrestricto respeto de las leyes del país, en la búsqueda de optimizar los recursos limitados con que cuenta.
De acuerdo a la definición legal ya relacionada, la naturaleza del Ministerio Público es la de ser una institución con funciones autónomas; aunque por otro lado, siendo que el Fiscal General es nombrado por el Presidente de la República, pareciera ser que su naturaleza es de tipo administrativo. De conformidad con la legislación guatemalteca, la naturaleza del Ministerio Público comprende los siguientes aspectos:
a) Promueve con exclusividad la acción penal, en nombre de la sociedad;
b) Auxiliar de la administración de justicia;
c) Vela por el estricto cumplimiento de la ley.
Sin embargo, para el ponente de la presente tesis, el criterio que prevalece en cuanto a la naturaleza jurídica del Ministerio Público, es que no es de tipo administrativo, en virtud que no está subordinado jerárquicamente al organismo ejecutivo ni a ningún otro organismo del Estado, además, anualmente tiene asignada una partida en el Presupuesto General de la Nación y sus recursos los administra de manera autónoma en función a sus propios requerimientos.
Tampoco puede decirse que sea del todo de naturaleza autónoma, ya que para ello, es necesario saber que un ente autónomo – en sentido estricto – debe reunir la capacidad de:
a) dictar sus propias normas;
b) elegir sus propias autoridades;
c) auto administración; y d) autofinanciamiento, sin embargo en el caso de Guatemala, salvo algunos municipios y posiblemente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no existen entes “autónomos” que puedan reunir todos esos elementos; algunos poseen autonomía funcional, pero no económica; otros dictan sus propias normas, pero no pueden elegir libremente a sus autoridades.
En el presente caso, se considera que en sentido lato, el Ministerio Público es de naturaleza autónoma, ya que si bien es cierto la autoridad superior es nombrada por el Organismo Ejecutivo a través del Presidente de la república, cierto es también que posee la facultad de auto administración y puede dictar las normas necesarias para su buen funcionamiento.
1.4 Principios que rigen la actividad del Ministerio Público.
Como estamos bien enterados, los principios, son la base ética, moral y filosófica sobre la cual determinado ente desarrolla su actividad y se reflejan externamente mediante la actuación de aquellos que lo integran; en ese sentido, los principios que regulan la actividad del Ministerio Público de conformidad con su propia ley orgánica, son los siguientes:
a) Unidad: El Doctor Ludwin Villalta en su libro Ministerio Público de Guatemala, indica: La Constitución Española, diseña un Ministerio Fiscal regido internamente bajo los principios de unidad y de dependencia jerárquica. (2008:486)
En ese mismo sentido, Guatemala, al consignar:
se fundamenta el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de
El Ministerio Público es único e indivisible para todo el Estado.
organiza jerárquicamente. íntegramente. (2009:4)
El Ministerio Público posee mucho recurso humano y de diferentes adscripciones y jerarquías; pero la intervención oficial de uno de sus funcionarios en el proceso penal, supone su integra concurrencia.
b) Vinculación: De conformidad con el artículo 319 del código procesal penal, el Ministerio
Público, a través de sus funcionarios, esta facultado para solicitar a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semi autónomas, los documentos o informes que le sean de utilidad y dichas entidades están obligadas a cumplir inexcusablemente con esos requerimientos.
c) Buena fe: Se dice que la misión del Ministerio Público es de buena fe, porque su interés no es
necesariamente el de la acusación o la condena, sino simplemente el interés de la sociedad: la justicia. La sociedad tiene el mismo interés en el castigo de los responsables de los delitos, como en el respeto de los derechos y de las garantías de los individuos, por tal motivo, no debe constituirse en una amenaza pública o de procesados.
d) Oficiosidad: Consiste en el deber de realización sus funciones cuando existen los requisitos de
ley, es decir hechos que revisten característica de delito, sin esperar el requerimiento de los ofendidos por el ilícito.
e) Legalidad: Se refiere a que el Ministerio Público al desempeñar sus funciones, no actúa de una
manera arbitraria, sino que está sujeto a las disposiciones legales vigentes.
f) Independencia: En sus funciones, el Ministerio Público es independiente de la jurisdicción a la
que está adscrito, si bien su actividad esta sujeta al control judicial, lo cierto es que este órgano no puede dictar lineamientos a los funcionarios del Ministerio Público, respecto a la forma de llevar adelante la persecución penal.
g) Jerarquía: El Ministerio Público está organizado jerárquicamente bajo la dirección y
responsabilidad del Fiscal General de la República. Las personas que lo integran no son más que una prolongación del titular, motivo por el cual reciben y acatan las órdenes de éste, por que la
acción y el mando en esta materia es competencia exclusiva del Fiscal General.
Este principio que rige las funciones del Ministerio Público, se encuentra
postulado en el artículo 108 del código procesal penal guatemalteco, el mismo establece que en el
ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público deberá adecuar sus actos a un criterio objetivo,
velando por la correcta aplicación de la ley penal. Manda que formule sus requerimientos y solicitudes conforme al criterio objetivo, aún a favor del imputado.
i) Celeridad: El Ministerio Público pone en práctica el principio de celeridad en cuanto a que debe realizar la investigación dentro de los plazos prescritos en la ley procesal penal; de conformidad con el artículo 324 Bis del código procesal penal, primer párrafo, estos plazos son de tres meses de dictado el auto de prisión preventiva y en el caso que se haya beneficiado al sindicado con una medida sustitutiva, el plazo máximo de la investigación será de seis meses a partir del auto de procesamiento, según lo establecido en artículo anteriormente referido, último párrafo.
1.5 Actividad del Ministerio Público durante la fase preparatoria.
El Artículo 8 del Código Procesal Penal señala que el Ministerio Público goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación. Así, se determinó que la acción penal compete en forma exclusiva al Estado, para lo cual se creó este órgano encargado de promoverla, que ejercita la función persecutoria, la cual comprende dos fases: la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal.
Todo lo establecido en lo párrafos que anteceden tienen su fundamento en el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala, este dispositivo establece que el gobernado no puede ser perseguido penalmente, sino por el Ministerio Público, y así, mediante esta garantía se elimina el proceder oficioso e inquisitivo del Juez, quien no puede actuar en el esclarecimiento de los ilícitos y en la determinación de la responsabilidad penal de sus autores, sin la previa acusación del representante social.
a) El denominado de averiguaciones o investigaciones previas del delito, que está integrado por diligencias de comprobación de los elementos consignados en el artículo 5 del Código Procesal Penal; y
El denominado acusatorio o de ejercicio de la acción penal, que es aquél en que el Ministerio
Público actúa como parte pena correspondiente.
en el proceso penal tendiente a la determinación o imposición de la
Tanto las diligencias de investigación y la facultad acusatoria, son facultad propia y exclusiva del Ministerio Público; para efectos del estudio y concretamente para desarrollar el presente tema, el ponente se fijará y expondrá en cuanto a la fase preparatoria propiamente dicha.
De conformidad con lo que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal, en la investigación de la verdad, que no es más que la fase preparatoria en sí, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aún cuando no se haya ejercido la acción civil. De acá, de forma resumida, puede indicarse que la actividad del Ministerio Público durante la fase preparatoria, gira sobre los siguientes ejes:
 Realización de todas las diligencias de investigación pertinentes que permitan establecer la veracidad de los hechos investigados.
 Establecimiento de las circunstancias de importancia para determinar si el hecho debe ser conocido en el ámbito penal.
 Establecer la autoría y grado de participación de los sindicados.
 Individualización de los sindicados
 Evaluación del daño causado a la víctima.
Así, la averiguación previa comprende desde la denuncia o querella hasta la determinación del ejercicio o no de la acción penal, con base en los resultados derivados de ejecución del desahogo de las diligencias necesarias para integrar el cuerpo del delito y acreditar la probable responsabilidad del inculpado, si fuera el caso.
El Ministerio Público, para cumplir con las funciones que le otorgan la Constitución Política de la República y demás leyes, se encuentra estructurado de conformidad con su Ley Orgánica; la estructura organizacional del ente encargado de la persecución penal, está conformada por cuatro áreas específicas:
Constituida por el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, como máxima autoridad de la institución y el Consejo del Ministerio Público; se encarga de velar por el buen funcionamiento de la misma, de ejercer la acción penal pública y todas aquellas atribuciones que la ley establece; su ejercicio es a nivel nacional, ya sea por si misma o por medio de los diversos órganos que la conforman. Determina la política institucional y los criterios para el ejercicio de la persecución penal; imparte instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como relativas a asuntos específicos.
1. Fiscalías Distritales y Municipales
2. Oficina de Atención Permanente
3. Oficina de Atención a la Víctima
4. Fiscalías de Sección, que se mencionan a continuación:
- Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal
- Fiscalía contra la Corrupción
- Fiscalía contra el Crimen Organizado
- Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos
- Fiscalía de Delitos Administrativos
- Fiscalía de Delitos contra el Ambiente
- Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación
- Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual
- Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de la Persona
- Fiscalía de Delitos Económicos
- Fiscalía de Delitos de Narcoactividad
- Fiscalía de Derechos Humanos
- Fiscalía de Ejecución
- Fiscalía de Menores o de la Niñez en conflicto con la ley Penal
- Fiscalía de la Mujer
- Unidad de Impugnaciones
- Unidad Especializada Contra Organizaciones Criminales dedicadas a la Narcoactividad y/o lavado de dinero u otros activos y delitos contra el orden tributario.
- Fiscalía Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –
CICIG-
Área de Investigaciones:
1. Dirección de Investigaciones Criminalísticas –DICRI-
2. Subdirección de Investigación Criminal Operativa
3. Subdirección de Investigaciones Criminalísticas
El área administrativa del Ministerio Público, está conformada por las dependencias que ejecutan
funciones de asesoría, así como de apoyo administrativo, financiero y logístico a las áreas de fiscalía y de investigaciones. Esta integrada por secretarías, departamentos y secciones. Actualmente funcionan las siguientes Secretarías:
Secretaría Específica
3. Secretaría Privada
5. Secretaría de Coordinación Técnica
6. Secretaría de Política Criminal
En ese nivel jerárquico, se ubica la Jefatura Administrativa.
Guatemala es uno de los países de América Latina, cuyas reformas al código procesal penal dio paso a la creación del Ministerio Público, como ente encargado de la persecución penal en representación del Estado. Hay que considerar que uno de los principales componentes de la reforma al sistema de enjuiciamiento criminal en Guatemala, es precisamente la creación del Ministerio Público, su configuración es de acuerdo al rol y funciones específicas requeridas por el nuevo modelo procesal penal. Sin embargo pese a los esfuerzos políticos, técnicos, legislativos y de soporte que significa la reconfiguración de dicha institución no ha sido acompañado de estudios serios, ni por una reflexión académica que permita fundamentar adecuadamente los cambios para que la institución realice sus funciones de manera eficiente y alcance sus objetivos de justicia. El Ministerio Público, actualmente es una institución acerca de la cual poco se sabe, sobre la que no se ha estudiado, que no tiene perfil político propio y que genera desconfianza en los ciudadanos, quienes critican seriamente los resultados de las actividades realizadas por éste.
Es previsible que la situación anteriormente descrita afecta la capacidad del Ministerio Público para el cumplimiento de los objetivos que justifican su reforma, lo que es negativo no sólo para las consecuencias que tienen para la reconfiguración de esta institución sino porque pone en riesgo el éxito del proceso de reforma de la justicia criminal en conjunto.
Realizando un análisis adecuado sobre le Ministerio Público en Guatemala, podemos observar que una de las preocupaciones centrales dentro de los sectores sociales y de todos aquellos inmersos en
la administración de justicia, es en relación a su reconfiguración, en el contexto de la reforma procesal penal y su ubicación a nivel institucional. Este planteamiento nos lleva a creer que la posición de la institución en el marco tradicional del Estado y, particularmente, la conveniencia de situar al Ministerio Público en una forma autónoma y no supeditada al poder ejecutivo como un órgano independiente, es decir, supuestamente autónomo. A pesar de la importancia y la utilidad que ha tenido la creación del Ministerio Público, y su configuración dentro del nuevo sistema procesal penal, en algunas oportunidades ha existido discusión extremadamente teórica en cuanto a su ubicación institucional, lo cual ha ido perdiendo conexión con los problemas prácticos como institución, que enfrenta para consolidar como modelo de la reforma.
La realidad en la cual se inició el debate acerca de la ubicación institucional del Ministerio Público, en las primeras etapas de su creación y su desarrollo por la reforma, fue naturalmente discutir los aspectos más estructurales de su diseño en la nueva institución del proceso penal, desde el punto de vista del diseño político, el tema principal fue el de la ubicación institucional.
En cuanto a la ubicación del Ministerio Público en Guatemala; el Jefe del Ministerio Público, es un funcionario que según la normativa legal es una persona que depende del Organismo Ejecutivo por las siguientes razones: Si bien es cierto que es propuesto por la comisión de postulación, es el Presidente de la República quien lo elige; esta propuesta fue seguramente con el objeto de evitar las influencias políticas por parte del ejecutivo, sin embargo siempre se da. Asimismo, según el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público, el Presidente de la República lo pude remover, por causa justa debidamente establecida; entendiéndose por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y por el mal desempeño de las obligaciones de su cargo. Será suspendido de sus funciones previa declaratoria que ha lugar en antejuicio en su contra, para que se proceda conforme la ley.
Uno de los objetivos de mayor enfoque de la reforma de la justicia criminal en Guatemala, es el reemplazo total del sistema inquisitivo por uno de corte acusatorio, ello en cuanto a garantizar a los ciudadanos los derechos inherentes a la persona y a un debido proceso, constitucionalmente establecidos; en ese sentido, la adopción por parte de Guatemala, de un sistema de frenos y
contrapesos en cuanto a la administración de justicia, busca la garantía del respeto de los derechos humanos de todas aquellas personas que se ven inmersas dentro del proceso penal.
El nuevo sistema opera en base a la idea de que una institución fuerte, estará a cargo de la conducción de la investigación, de formular los cargos en contra de los acusados y representar a la sociedad en los juicios orales; sin un Ministerio Público poderoso que esté capacitado para cumplir con estos importantes roles es impensable concebir el nuevo sistema procesal penal funcionando adecuadamente.
El Ministerio Público es una institución clave para mejorar las capacidades del sistema de justicia, en este aspecto es deficiente el modelo inquisitivo; ya que este sistema está diseñado para perseguir la criminalidad en una sociedad mucho más atrasada. El nuevo modelo por el contrario requiere tener mayor nivel de eficiencia investigativa que le permita al sistema conocer y sancionar a la criminalidad moderna y, ello depende en buena medida de la eficiencia con que el Ministerio Público sea capaz de dinamizar el proceso de investigación criminal, por la vía de su mayor flexibilidad, conocimientos especializados, capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, coordinar eficientemente el trabajo policía y capacidad de priorizar aquellos casos de alto impacto de los que pueden ser resueltos mediante la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que le permitan al Ministerio Público, no sólo optimizar los recursos con que cuenta, sino realizar de manera eficiente las atribuciones que le ha conferido la ley.
Dentro del contexto de optimizar los recursos con que cuenta el Ministerio Público, figura la propuesta del presente trabajo de tesis, en virtud que el ponente considera, que en la mayoría de casos que se conocen dentro de las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes, es posible aplicar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, específicamente la realización de juntas conciliatorias, que permitan dar salida rápida, fundamentada en los principios de economía procesal y celeridad a las denuncias planteadas, garantizando no solo los derechos de la parte agraviada sino soluciones positivas a sus pretensiones y lógicamente, optimizando el trabajo de tal forma que permita priorizar la utilización de mayores recursos no solo físicos sino humanos, en casos de alto impacto.
El Diccionario Jurídico Consultor Magno de Mabel Goldstein,
define de manera muy sencilla
como: Acción que se ejercita con el propósito de determinar la responsabilidad
criminal y, en algunos casos, también la civil, con respecto a un delito
o una falta cometidos.
(2,008:24)
Para Cafferata Nores, citado por el Licenciado Wilfredo Valenzuela, en El Nuevo Proceso Penal, la acción penal es: La hipótesis delictiva llevada ante los jueces requiriendo su investigación y juzgamiento, y el castigo del ilícito que resultara haberse cometido.(2000:132)
Alcalá, Zamora y Castillo, indica que la acción penal es:
El poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional a fin de que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de hechos que el titular de la acción reputa constitutivos de delito. (Enciclopedia Jurídica
Omeba:239)
Artículo 1: “El ministerio público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública;…”
Clasificación de la acción penal.
De conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 24 del Código Procesal Penal Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala, la acción penal se clasifica en:
1. Acción pública
2. Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal; y
3. Acción privada.
En el actual sistema procesal penal guatemalteco, derivado de las reformas y de conformidad con lo establecido en los artículos 251 de la Constitución Política de la República; 8, 24 Bis del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 y 1 del Decreto 40-94, Ley Orgánica del Ministerio Público, el Estado confiere al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública, a excepción de los delitos contra la seguridad de tránsito y, aquellos cuya sanción principal sea la de multa. Esta atribución del ejercicio de la acción penal, es de carácter obligatorio, a la cual el Ministerio Público no puede renunciar y para que pueda desempeñarla con objetividad, la misma ley le concede autonomía funcional, por lo que ninguna autoridad podrá dar instrucciones al Jefe del Ministerio Público o a sus subordinados con respecto a la investigación penal, salvo las facultades legales otorgadas a los tribunales de justicia.
Sin embargo el Ministerio Público, deberá actuar como auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia; teniendo dentro de sus atribuciones específicas, realizar la investigación dentro del proceso penal; asesorar a quien se constituye como querellante adhesivo y dirigir a la Policía Nacional Civil y a otros cuerpos de seguridad, dentro de la investigación en su rol de auxiliares del Ministerio Público, garantizando el respeto a los derechos humanos.
Para promover el ejercicio de la acción penal, la ley específica, determina las formas en que se puede iniciar; el fundamento legal que establece los actos mediante los cuales se promueve el ejercicio de la acción penal, esta establecido en los artículos: 297, 298, 302 y 304 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92, del Congreso de la República de Guatemala, encontramos que las formas de iniciar la persecución penal son tres: a) Denuncia; b) Prevención Policial y c) Querella.
a) Denuncia Este término se deriva del vocablo latino Denuntiare, que quiere decir noticiar, avisar.
características de delito, aunque no sea la agraviada, tenga o no, directa o indirectamente interés en el asunto.
Para Cabanellas, citado por Mario R. López M., denuncia es el acto por el cual se da conocimiento a la autoridad por escrito o verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su verificación y castigo. (1998:49)
La denuncia deberá presentarse ante la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o ante juez competente; es importante resaltar, que el denunciante no es parte dentro del procedimiento, por lo que no podrá intervenir en él, ni contraerá responsabilidad alguna, salvo en el caso de la presentación de una denuncia falsa. El código procesal penal en el artículo 116, establece cual es el mecanismo por medio del cual, aquella persona que presentada una denuncia, querella o prevención policial, puede pasar a formar parte dentro de un proceso, constituyéndose en el plazo procesal oportuno como querellante adhesivo.
b) Prevención Policial
Es un acto introductorio por medio del cual los funcionarios, agentes policiales y jueces de paz, (estos últimos siempre que en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la Policía Nacional Civil) que tengan conocimiento de la comisión de un hecho ilícito, informarán detalladamente al Ministerio Público y practicarán la investigación preliminar para reunir inmediatamente elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los supuestos responsables. La función de la prevención policial, se limita a informar los hechos y coadyuvar con la investigación preliminar que debe estar a cargo del Ministerio Público.
La prevención policial, observará en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos proporcionando información.
c) Querella
Proviene del latín Querella que significa expresión de un dolor físico o de un sentimiento doloroso. Para Manuel Ossorio, citado por Mario R. López en La Práctica Procesal Penal en el Procedimiento
Preparatorio, querella es la acción penal que ejercita, contra el supuesto autor de un delito, la persona que se considera ofendida o damnificada por el mismo, mostrándose parte acusadora en el
procedimiento.(1998:53)
Una definición doctrinaria que a mi criterio es muy acertada y reúne todos los presupuestos necesarios, es la proporcionada por el Licenciado Arturo Recinos Sosa, en ejercicio de la docencia, citada en el trabajo de tesis de la Licenciada Evelyn Chamalé:
es el acto introductorio del querellante, producido ante el órgano jurisdiccional de acuerdo con las
formalidades legales, por medio de la cual se formula una imputación, tendiente a iniciar un proceso penal.
(2,008:72)
Por su parte, Escriché, mencionado por Eduardo Pallarés, citado por Mario R. López en su libro La
Práctica Procesal Penal en el Procedimiento Preparatorio,
expone que querella
es la acusación o
queja que uno pone contra otro que le ha hecho un agravio o cometido algún delito, pidiendo se le castigue. (1998:53).
En sí, es el acto procesal ejercido voluntaria y directamente por la persona agraviada o su representante legal, ante el órgano jurisdiccional competente, con el propósito de dar a conocer una conducta que reviste características de delito y solicitar la iniciación del proceso penal, constituyéndose como parte acusadora adhesivamente, proponiendo que se realicen los actos correspondientes para lograr probar los daños o perjuicios morales o materiales ocasionados con la comisión de dicha conducta y dar a conocer sus pretensiones, en espera de la emisión de una sentencia condenatoria. Es importante resaltar que en los procesos de acción privada, la carga de la prueba corresponde al querellante exclusivo de conformidad con lo que establece el artículo 122 del Código Procesal Penal guatemalteco y sólo en determinadas circunstancias, se procederá a solicitar la intervención del Ministerio Público.
Dentro de este contexto, la República de Guatemala, siguiendo la teoría de la división de poderes de Montesqui, en relación a la creación del Estado republicano, crea tres grandes organismos encargados de las funciones principales del mismo, legislar, ejecutar y administrar justicia, creando el Poder Legislativo, representado en el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y el Poder Judicial, representado en la Corte Suprema de Justicia. Guatemala, seguidora de este principio, en el artículo 141 de la Constitución Política de la República, el cual preceptúa que “la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio, en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es
prohibida.”
En este sentido, para efectos del presente trabajo de tesis, únicamente tomaremos para
estudio lo relativo al Organismo Judicial, establecido en los artículos del 203 al 222 de nuestra Carta Magna.
De la lectura de los artículos anteriormente relacionados, puede inferirse que la jurisdicción, o sea la potestad de administrar justicia, es tarea exclusiva del Organismo Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales y juzgados competentes. Asimismo, inmerso, dentro de las instituciones del Estado, relacionadas con el sector justicia, se encuentra el Ministerio Público, cuyas funciones principales, se encuentran establecidas en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas…; he aquí, dos instituciones que por mandato constitucional, ejercen funciones distintas, pero íntimamente ligadas a la administración de justicia y que para el ponente de la presente tesis, su actuación es fundamental en la aplicación de medidas o procedimientos alternos de resolución de conflictos, pues si bien es cierto que el Ministerio Público promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública y además vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país, también lo es, que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado y dentro de este contexto, de ambas instituciones depende de manera directa la evaluación y clasificación de aquellos casos, que por ser de poco impacto social, puedan ser objeto de la aplicación de métodos o procedimientos alternativos de resolución de conflictos entre las partes, conocidos dentro de la ley penal como medidas desjudicializadoras, de las cuales podremos conocer más adelante, qué instituciones están establecidas en nuestro Código Procesal Penal, sus requisitos y procedimientos de aplicación.
Capítulo 3 Las Medidas Desjudicializadoras
La sociedad guatemalteca, sufrió un poco más de treinta y seis años las consecuencias de un conflicto armado interno, derivado de la inconformidad de ciertos sectores, que de alguna forma pretendían el respecto a los derechos inherentes a la persona humana establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, como el derecho a la vida, la integridad, seguridad, a la libertad e igualdad y al bienestar común, que debía prevalecer sobre el bienestar individual.
A raíz de los Acuerdos de Paz, suscritos entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, surge la creación de la Unidad Alternativa de Resolución de Conflictos, que coordina el Centro Piloto de Mediación y Conciliación del Organismo Judicial y demás centros de mediación y conciliación como parte del Programa de Modernización del Organismo Judicial y Fortalecimiento del Sector Justicia, como producto precisamente de los Acuerdos de Paz antes mencionados, los cuales incluyen la apertura y aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que están regulados en el Acuerdo número 21-98 y en su Reglamento, el Acuerdo 22-98, ambos de la Corte Suprema de Justicia, que regulan la integración, funcionamiento y procedimiento de los centros de mediación y conciliación, con el único fin de descargar de trabajo al sector justicia y a la vez que se alcance una justicia pronta y cumplida.
Sin embargo, es criterio del ponente del presente trabajo de tesis, que dichos acuerdos fueron bastante limitados, en virtud que no se tomó en cuenta para el estudio de la aplicación de dichos acuerdos, a varias instituciones que están inmersas dentro del sistema de la administración de justicia y que de alguna forma hubieran podido enriquecer la aplicación de dichos procedimientos y coadyuvar a agilizar y optimizar la administración de justicia; podemos tomar el ejemplo, que dichos acuerdos únicamente permiten la participación de Jueces de Paz, personal del Organismo Judicial y de los Centros de Mediación y Conciliación; sin embargo, queda excluido el Ministerio Público, institución que como ente encargado de la persecución penal por mandato constitucional, conoce muchas veces, previo a que las denuncias tengan control jurisdiccional, asuntos que de alguna forma pudieran ser debidamente resueltos a través de la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, evitando de esta forma saturar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, permitiéndoles que conozcan únicamente aquellos casos de alto impacto o que de
alguna manera no
desjudicializadoras como las juntas conciliatorias.
Para el desarrollo del presente capítulo, cabe bien mencionar la exposición de Mario Edgardo Rojas en la Revista Revolución Judicial en la Argentina, sobre la Mediación:
En el actual contexto de un mundo globalizado, característico por múltiples y contrapuestos intereses, por la escasez creciente de los recursos, por una distribución desigual de los mismos, por demandas de respuestas rápidas de las personas para satisfacer sus necesidades básicas, la resolución judicial de los conflictos se hace insuficiente, para satisfacer las diversas demandas planteadas por el ser humano. Ello en los gobiernos de corte democrático sobre todo, donde se legitima la libertad de expresión como un derecho. En este contexto cobra relevancia el concepto de mediación y de los métodos de resolución alternativa de conflictos en general. Los métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y conciliación, se fundamentan en un cambio de actitud de los hombres frente a un conflicto, es decir, del traspaso evolutivo desde una actitud de competencia a una actitud de colaboración o cooperación. (2,007:24)
Luego de esta breve reflexión, es conveniente pues, que conozcamos a profundidad, qué son los métodos alternativos de resolución de conflictos, bien llamados también, medidas desjudicializadoras o de descargo del trabajo judicial, cuyo objetivo principal, es encontrar una solución alterna a los conflictos que surgen entre las partes y con ello, resolverlos de una forma expedita y eficaz que coadyuve a descongestionar el ya suficientemente recargado sistema de administración de justicia.
El Licenciado César Barrientos Pellecer, define a la desjudicialización como:
Una institución procesal que flexibiliza el principio de oficialidad o legalidad, facultando al Ministerio Público para abstenerse, paralizar, transferir o graduar, previa autorización judicial, el ejercicio de la acción penal que por mandato constitucional corresponde al Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal. (Exposición de Motivos, Código Procesal Penal:47)
Para el ponente del presente trabajo de tesis, las medidas desjudicializadoras, aplicadas a su quehacer diario, no son más que
la aplicación al quehacer diario del investigador, de medidas simplificadoras del proceso penal común, que tienen como objetivo la utilización óptima y racional de sus recursos institucionales para encontrar una solución rápida, objetiva y satisfactoria para la solución de los conflictos criminales que surgen entre las partes dentro del proceso.
En los artículos del 25 al 31 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 51-92, encontramos las instituciones procesales que en Guatemala conocemos como Medidas de Desjudicialización, por medio de las cuales el Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal en representación del Estado, de acuerdo con las normas, puede disponer del ejercicio de la acción
penal pública, en los supuestos establecidos en la ley y bajo control judicial. Por su naturaleza, pueden ubicarse de conformidad con las siguientes instituciones procesales:
a) El Criterio de Oportunidad, artículos 25, 25 Bis, 25 Tér, 25 Quinquies, 286;
b) La conversión, artículo 26;
c) La mediación artículo 25 Quater;
d) La suspensión condicional de la persecución penal, artículo 27 y 287; y
e) El procedimiento abreviado, artículos 464 al 466;
En este espacio, de manera breve, el ponente se propone a indagar sobre el origen, definición, elementos y circunstancias en las que surge la figura del Criterio de Oportunidad, así mencionado en el Código Procesal Penal guatemalteco; trata de establecer, ¿qué significa criterio de oportunidad?, ¿cuál es su naturaleza?, ¿en dónde o qué lo origina?, ¿si su aplicación vulnera o no garantías constitucionales de las partes procesales?, ¿cuáles son las circunstancias que permiten su aplicación? ¿cuál es su duración? y ¿cuáles son sus consecuencias o efectos jurídicos?
Según el Folleto de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia “Mecanismos
alternativos de Resolución de Conflictos”,
Es la facultad que tiene el Ministerio Público, bajo el control del juez, de dejar de ejercer la acción penal por la escasa trascendencia social del hecho, la mínima afectación al bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales en la responsabilidad del sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito
culposo.(2002:21)
Para César Barrientos Pellecer, en su libro Desjudicialización, criterio de oportunidad es referido exclusivamente a la abstención del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público con el consentimiento del agraviado e imputado en delitos de insignificancia social.(2002:33)
Para Elías Neuman, en su libro Mediación y Conciliación Penal, el Criterio de Oportunidad es la síntesis de las medidas alternativas dentro y fuera del proceso penal…Es un paradigma frente al enfoque jurisdiccional drásticamente represivo…” (1977:96)
La publicación Rol de los Operadores de Justicia en los Mecanismos alternativos de resolución de Conflictos de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, indica:
El Criterio de Oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público, bajo el control del juez, de no ejercer la acción penal debido a su escasa trascendencia social o mínima afectación al bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales en la responsabilidad del sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo. (2002:21)
La naturaleza jurídica del Criterio de Oportunidad, es la esencia misma de esta institución procesal; es parte de la aplicación de Políticas Criminales del Estado, desjudicializadora, eminentemente conciliadora y forma parte del Derecho Público, toda vez que es una institución del Estado, en este caso el Ministerio Público, como ente encargado de la persecución penal, el que se abstiene de ejercitar la acción penal, teniendo como fin primordial el respeto irrestricto de los derechos humanos del detenido, evitándole una prisión innecesaria y que lo estigmatiza y buscando desde todos los puntos de vista su reinserción a la sociedad.
Su eje central es la reparación del daño
causado a la víctima del delito,
el resarcimiento a la
sociedad y el reconocimiento del hecho. Dentro de las características de esta institución encontramos:
a) Es una figura jurídica conciliadora;
b) Los particulares se convierten en protagonistas de la solución del conflicto que se ocasiona por la comisión de un delito que reviste características de delito y debidamente tipificado en nuestro ordenamiento penal sustantivo.
En Guatemala, el criterio de oportunidad, aparece con el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala. Dentro de las finalidades de la aplicación del criterio de oportunidad, en mi opinión, encontramos:
 La celeridad que se pueda dar en la solución de conflictos de poco impacto social.
 La economía procesal y económica que provoca al Estado.
 Hacer una selección de delitos en los que quedará suspendida la aplicación de la pena.
 Propugna por un modelo de derecho penal mínimo y garantista, congruente con un estado social y democrático de Derecho que garantice el irrestricto respeto a las garantías individuales de las personas.
 Busca los medios de minimizar la intervención del Estado a través del ente encargado de la persecución penal, en los conflictos sociales que conllevan la comisión de un hecho que reviste características de delito.
 En este contexto, el propósito político criminal del criterio de oportunidad, según Maier, citado por Alberto Bovino, mencionado por Graciela Almendarez y Antonio Alcántara en su libro Aplicación del criterio de oportunidad a casos de violencia contra la mujer, figura en:
dos…objetivos principales para los que la aplicación del criterio de oportunidad se pueda convertir en un auxilio eficaz: La descriminalización de hechos punibles, evitando la aplicación del poder penal allí donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación; la eficacia del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos hechos en los que resulta indispensable su actuación como método de control social, en procura del descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos, que no permite, precisamente el tratamiento preferencial de aquellos que deben ser solucionados indiscutiblemente por el sistema, y como intento válido de revertir la desigualdad que, por selección natural, provoca la afirmación rígida del principio de legalidad.(2002:67)
3.3.4 Presupuestos y requisitos para la aplicación del Criterio de Oportunidad 3.3.4.1 Presupuestos:
Al análisis del 25 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92,
realizado por el ponente del presente
trabajo de tesis, concluye que existen ciertos presupuestos indispensables, claramente establecidos en la ley, para solicitar la aplicación del Criterio de Oportunidad:
a) Que el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no
gravemente afectados o amenazados;
b) El consentimiento del agraviado o agraviada;
c) La autorización de juez competente de que el Ministerio Público se abstenga de ejercitar la
d) Que se trate de delitos no sancionados con pena de prisión;
e) Que se trate de delitos de acción pública dependientes de instancia particular;
f) Que se trate de delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco
g) Que la responsabilidad penal del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea
3.3.4.2 Requisitos
Los requisitos para la aplicación del criterio de oportunidad debidamente establecidos en la ley, se encuentran en el artículo 25 Bis del Código Procesal Penal que prescribe que para aplicar el criterio de oportunidad, en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado:
 Hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento en el que, incluso, pueda aplicarse el Derecho Consuetudinario consistente en los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos, los principios generales del Derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
 En caso de existir persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de un año.
 En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicio social a la comunidad en la actividad que el tribunal designe en períodos de diez a quince horas semanales, durante el lapso de un año, en el que deberá observar, además, las normas de conducta y abstenciones que el tribunal le señale.
 Si desobedeciere las reglas de conducta o abstenciones impuestas, cometerá desobediencia.
3.3.4.3 Efectos de la Aplicación del Criterio de Oportunidad
1. La aplicación del criterio de oportunidad, provoca el archivo del proceso por el término de un año, al vencimiento del cual, salvo que se pruebe en ese lapso fraude, error, dolo,
simulación o violencia para su otorgamiento, ocasionará el sobreseimiento, finalizando el proceso penal y en consecuencia que cesen las medidas de coerción a que está sujeto el sindicado.
2. Pasado un año desde que la aplicación del criterio de oportunidad quede firme, se producirá la extinción de la acción, por lo cual el Estado ya no podrá perseguir a esa persona por esos hechos.
3. El incumplimiento de las obligaciones civiles de reparación, no provoca la anulación del criterio de oportunidad, sino que será necesario demostrar que el impago se debe a fraude, dolo, simulación o violencia.
4. El artículo 286 del Código Procesal Penal, faculta al Ministerio Público a reiniciar la acción, cuando lo considere conveniente, siempre y cuando no haya caducado la acción.
5. El criterio de oportunidad no podrá otorgarse más de una vez al mismo imputado, por la lesión o amenaza mediante dolo del mismo bien jurídico tutelado.
Es importante resaltar en este apartado, que se dio mayor importancia al desarrollo de la institución del Criterio de Oportunidad, con base al principio de oportunidad y además porque dentro de esta institución, es el único lugar en donde la CONCILIACIÓN tiene cabida y es mencionada en esta ley específica, precisamente en el artículo 25 Tér, que prescribe:
Formulada la solicitud por parte del Ministerio Público o por el síndico municipal, o por el agraviado o el imputado o su defensor para la aplicación de un criterio de oportunidad, el juez de paz citará a las partes, bajo apercibimiento de ley, a una audiencia de conciliación….El juez debe obrar en forma imparcial, ayudando a las partes a encontrar una solución equitativa, justa y eficaz, para propiciar la solución del conflicto. Su función es la de ser un facilitador en la comunicación y el diálogo constructivo entre las partes….Si se llegare a un acuerdo, se levantará acta firmada por los comparecientes….La certificación del acta de conciliación tendrá la calidad de título ejecutivo para la acción civil.
Dentro de este contexto, cabe resaltar que existen diferentes connotadas entre la audiencia de
conciliación celebrada como requisito para la aplicación del criterio de oportunidad y las juntas conciliatorias que se celebran en las fiscalías de delitos patrimoniales, asimismo, el objetivo de cada una es completamente distinto, por lo que es conveniente realizar el siguiente análisis:
a) Audiencia de conciliación para la aplicación de un criterio de oportunidad:
 Puede ser solicitada por el Ministerio Público, el síndico municipal, el agraviado o el imputado o su defensor.
 Su objetivo principal es lograr la aplicación de un criterio de oportunidad a favor del sindicado.
 Juez actúa en calidad de facilitador propiciando la solución del conflicto surgido entre las partes.
 Si se llega a un acuerdo, se facciona el acta respectiva y la certificación de la misma, tiene calidad de título ejecutivo para la acción civil.
b) Audiencia de conciliación Ministerio Público:
realizada en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes del
 Únicamente puede ser solicitada por la parte agraviada o por el sindicado o su abogado defensor.
 Con la realización de estas juntas conciliatorias, se busca la aplicación de procedimientos alternativos de resolución de conflictos.
 Su objetivo principal es lograr un acuerdo o convenio que resuelva de manera favorable para ambas partes el conflicto surgido, evitando desgastar el sistema de administración de justicia, fundamentándose en los principios de economía procesal y celeridad.
 El Auxiliar Fiscal actúa en calidad de facilitador propiciando la solución del conflicto surgido entre las partes.
 Si se llega a un acuerdo, se facciona el acta respectiva, sin embargo la misma, no es vinculante.
 Al concretarse el acuerdo o convenio celebrado entre las partes, se concluye el expediente con la desestimación.
3.4 La Conversión de la Acción Pública en Acción Privada
Es la facultad que se confiere al Ministerio Público a pedido del agraviado, para transformar en privada una acción pública derivada de hechos delictivos que producen bajo impacto social, o en los que puede considerare que el pago de los daños y perjuicios es suficiente. El Propósito esencial es hacer del agraviado el protagonista real de la acción que se encamina a la restauración del orden social afectado. La transformación puede
producirse por la duda del agraviado con respecto a que la fiscalía asuma con el empeño deseado la persecución de un delito en el que el principal perjudicado es él. (2002:33)
De conformidad con lo que establece el artículo 26 del Código Procesal Penal, la conversión o transformación de la acción, únicamente podrá ser promovida, si se cumplen con los requisitos establecidos en la ley:
 Que el delito sea de los casos previstos para prescindir de la persecución penal, conforme el criterio de oportunidad establecido en el artículo 25 del Código Penal.
 Que el delito sea de los que requieren de denuncia o instancia particular a pedido del legitimado a instar cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente, como lo establece el artículo 24 Tér. Del Código Procesal Penal.
 Que sea de los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el artículo 24 Tér del Código Procesal Penal, excepto cuando se trate de delitos de hurto y robo agravados.
 En el caso de pluralidad de agraviados, según lo estipula el mismo artículo relacionado en el párrafo anterior, debe constar el consentimiento de todos ellos, aunque sólo uno hubiere asumido el ejercicio de la acción penal.
 Aunque no está expresamente estipulado dentro de la conversión, se aplica lo establecido en el artículo 25 último párrafo del Código Procesal Penal, en relación a que la Conversión, tampoco podrá aplicarse a hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de su cargo.
3.4.2 Efectos de la conversión
Al analizar en sí de qué trata la conversión, a criterio del ponente del presente trabajo de tesis, la misma tiene los siguientes efectos:
 Al asumir el agraviado de forma directa el ejercicio de la acción penal, se releva al Ministerio Público de la obligatoriedad de ejercer la acción penal y la persecución penal que establece la Constitución Política de la República como una de sus principales atribuciones.
 El agraviado al asumir de forma directa el ejercicio de la acción penal, deja sin efecto la continuidad del proceso penal común.
 Al asumir el agraviado el ejercicio de la acción penal, da cabida a la aplicación del procedimiento específico contenido en la ley, liberando de esta forma de la carga de trabajo a los tribunales de justicia penal común.
 Ya no participa el órgano acusador del Estado.
3.5 La Mediación
La Mediación es la facultad, otorgada a las partes, basada en el diálogo crítico y en la igualdad, en los casos que señala el artículo 25 Quáter del Código Procesal Penal de poder someter de común acuerdo, sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación, registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los Juzgados de Primera Instancia Penal, con la única condición que con el o los acuerdos a los que se llegue, no se viole la Constitución Política de la República o Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. Para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales, bastará una breve resolución judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio. La mediación debe contar con la aprobación del Ministerio Público o del Síndico Municipal. (2002:37)
Para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales
La Mediación es la participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. Apaciguamiento, real o intentado en controversias, conflicto o luchas. Facilitación de un contrato, presentando a las partes u opinando acerca de algún aspecto. (2,000:612)
Mabel Goldstein, en su Diccionario Jurídico, Consultor Magno, la define
La mediación, es el mecanismo extrajudicial de solución de conflictos, generalmente anterior a la instancia
Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a os interesados.
(2,008:371)
3.5.1 Requisitos de la Mediación
La mediación como institución desjudicializadora, busca intervenir en un proceso de tal forma que se establezca un mecanismo de comunicación entre las partes; solo podrá ser promovida, por una u otra parte dentro del proceso, si para el efecto se cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 25 Quáter del Código Procesal Penal y que son:
 Las partes deben estar de común acuerdo.
 Solo puede solicitarse la mediación en aquellos casos de delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada o en los que proceda la aplicación del criterio de
oportunidad. También en casos de delitos cuyo límite máximo de la pena no exceda de 5 años de prisión.
 Debe haber aprobación del Ministerio Público o del Síndico Municipal.
 Los conflictos penales, deben ser sometidos a conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia.
 Las actas o convenios suscritos, no deben violar la Constitución Política de la República o Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.
 Un breve decreto judicial bastará para darle valor de título ejecutivo al convenio para ejercitar la acción civil en caso de incumplimiento.
3.5.2 Efectos de la Mediación
 Facilita acuerdos entre las partes con ayuda del mediador
 Se proponen fórmulas ecuánimes de avenimiento.
 Actas y/o acuerdos o convenios, tienen carácter de título ejecutivo en caso de incumplimiento, siempre y cuando sean autorizados por el Ministerio Público y debidamente homologados por el juez competente.
 Se facilita el diálogo y se evitan trámites propios del proceso penal.
Esta institución desjudicializadora, tiene su fundamento legal en el artículo 27 del Código Procesal Penal, que analizado, faculta al Ministerio Público, a solicitud del interesado y previa comprobación de haber redimido los daños ocasionados, a abstenerse de la persecución penal.
La suspensión condicional de la persecución penal, es la facultad que tiene el Ministerio Público, a solicitud del interesado, de proponerle al juez de Primera Instancia, suspender por un tiempo no menor de dos años ni mayor de cinco años, el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando, si a su criterio el imputado no revela peligrosidad y si concurren los requisitos establecidos en el artículo 72 del Código Penal en lo que fuere aplicable. (2002:39)
En el Manual del Fiscal, se plasma la siguiente definición
La suspensión condicional de la persecución penal, es el mecanismo a través del cual se interrumpe la persecución penal, sometiendo al imputado a una serie de condiciones durante un tiempo determinado, que si se
cumplen, producen la extinción de la persecución penal. En caso contrario, se reanudará el procedimiento
penal.(2000:57)
El objetivo principal de esta figura es evitarle al imputado el desarrollo de todo un proceso en su contra, cuando la consecuencia del mismo posiblemente va a ser la suspensión de la ejecución de la condena (art 72 CP). Asimismo se evita la estigmatización que supone tener una condena y antecedentes penales.
Por otro lado supone también una reducción en el trabajo para el Ministerio Público. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en el criterio de oportunidad o en la conversión, este objetivo es secundario.
3.6.2 Presupuestos para su promoción
La suspensión condicional de la pena podrá aplicarse en aquellos delitos cuya pena máxima no exceda de los cinco años y en los delitos culposos. En el límite de los cinco años no se aplicarán los aumentos de límite del artículo 66 del Código Penal. Asimismo, deberán cumplirse, en lo aplicable los requisitos del artículo 72 del Código Penal. Los requisitos exigidos son:
 Que la pena a imponer no exceda de los tres años”: Obviamente este requisito no es aplicable.
 Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso: El certificado de antecedentes penales confirmará esta situación.
 Que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado buena conducta y hubiere sido un trabajador constante: Al respecto debemos hacer las consideraciones siguientes:
 Que la naturaleza del delito cometido, sus móviles o circunstancias no revele peligrosidad
3.6.3 Requisitos
Para que se pueda aplicar la suspensión condicional de la persecución penal a determinado sujeto procesal, no solo debe tomarse en consideración elementos como la reincidencia y habitualidad, sino además, es necesario:
Que el imputado manifieste conformidad con la aplicación de la medida.
2. Que el sindicado admita la veracidad de los hechos que se le imputan. Esta admisión no debe confundirse con la confesión. El imputado reconocerá los hechos a los únicos efectos de que se le conceda la suspensión de la persecución penal .
3. Que el imputado haya reparado el daño o se comprometa a hacerlo. Sin embargo, una vez que se haya aprobado la suspensión, esta no podrá revocarse por incumplir con el compromiso de reparación.
4. La aprobación del juez de primera instancia.
No es necesario el consentimiento de la víctima, aunque indirectamente esta deberá ser consultada para lograr la reparación del daño causado. En el caso de que la víctima no concurra a las citaciones o se negare a ser reparada, se entiende que renuncia a lograr la reparación por la vía penal, quedándole la reparación por la vía civil.
3.6.4 Efectos
Como su propio nombre lo indica, el efecto principal de esta figura es la suspensión del procedimiento por un tiempo fijado. Asimismo el imputado deberá someterse a un régimen en vías a mejorar su condición moral, educacional o técnica. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 29, si durante el plazo de prueba el suspendido comete otro delito la suspensión le será revocada. No obstante, en base al principio de presunción de inocencia, esta revocación solo podrá darse en el momento en que haya sentencia condenatoria firme por el segundo delito. Si el imputado se apartare considerablemente, en forma injustificada, de las condiciones impuestas el tribunal podrá tomar dos opciones:
a. Revocar la suspensión.
b. Ampliar el plazo de prueba hasta el límite de cinco años cuando hubiere fijado
originariamente uno inferior. Una vez que haya vencido el plazo de prueba, si no se ha revocado la suspensión, la persecución
penal se extingue (art 32 CPP). La suspensión de la persecución penal, a diferencia de la suspensión de la ejecución penal, no genera antecedentes penales, por no existir sentencia.
El Manual del Fiscal, define el Procedimiento Abreviado como
El procedimiento abreviado es un procedimiento especial en el cual el debate es sustituido por una audiencia ante el juez de primera instancia, en la cual deben regir los principios del debate. En aquellos supuestos en los cuales el imputado reconoce haber cometido los hechos y la pena a imponer sea baja el debate puede ser innecesario, ello no quiere decir que se condene al imputado tan sólo en base a su “confesión”. Sino que el reconocimiento de los hechos reduce la posibilidad de que estos sean probados en juicio oral, público y contradictorio. (2,000:254)
El Procedimiento Abreviado, es una institución procesal que, mediante la supresión de la fase del juicio oral y el previo cumplimiento de presupuestos previstos en la ley, permite el pronto juzgamiento del conflicto penal sometido a conocimiento del órgano jurisdiccional. (2002:41)
3.7.1 Presupuestos
De conformidad con lo previsto en el artículo 464 del Código Procesal Penal, los presupuestos para el procedimiento abreviado son:
 El procedimiento abreviado beneficia al fiscal, por cuanto le supone un trabajo mucho menor que el de llevar un juicio por el procedimiento común.
 Por su parte el imputado puede estar interesado en evitar la realización de un debate oral y público en su contra así como en agilizar la resolución de su caso.
 El procedimiento abreviado se puede aplicar para cualquier delito, siempre y cuando se cumplan los requisitos enumerados en el punto siguiente.
 No confundir el procedimiento abreviado con el criterio de oportunidad o la suspensión. El procedimiento abreviado conduce a una sentencia con todos sus efectos, por lo tanto, es irrelevante el impacto social o la calidad de funcionario público del imputado.
Para poder llevar un caso a procedimiento abreviado, será necesario:
 Que el Ministerio Público estime suficiente la imposición de una pena privativa de libertad no superior a cinco años o cualquier otra pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta. (art. 464).
 Que el imputado y su defensor: Admitan los hechos descritos en la acusación y su grado de participación.
 Acepten llevar el proceso por la vía del procedimiento abreviado.
 Que la pena solicitada por el fiscal para el delito imputado no exceda de cinco años de prisión o sea pena de multa, o en forma conjunta. Sin embargo, luego de escuchar al sindicado, el juez puede absolver o dictar una pena menor a la solicitada.
3.7.3 Efectos de la Aplicación del Procedimiento Abreviado
 La sentencia dictada en el procedimiento abreviado tiene los mismos efectos que una sentencia dictada en el procedimiento ordinario, sin embargo es emitida por el juez de primera instancia que ha tenido a su cargo el control jurisdiccional de la investigación, según lo establecido en los artículos 464 y 465 del código procesal penal.
3.7.4 Momento procesal
En el párrafo final del artículo 464 del Código Procesal Penal, se regula que el Ministerio Público concretará su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Es muy importante mencionar aquí, que el procedimiento abreviado, es la única medida desjudicializadora que únicamente tiene cabida luego de sustanciado el procedimiento preparatorio, es decir, se promoverá en la fase intermedia. Es importante acá, hacer una reflexión en cuanto a la novedad de estas medidas desjudicializadoras, pues son eminentemente de corte moderno y leales al respeto de los principios y derechos fundamentales inherentes a los seres humanos; sin embargo, no debemos olvidar que Guatemala heredó de España una administración de justicia fundamentada en el Modelo Inquisitivo, que se caracterizó por ser secreto, escrito, formal y burocrático, lo que obligó a diferentes sectores de la sociedad a una incesante búsqueda para reformar todas las instituciones encargadas de la administración de justicia y así terminar con la cultura judicial de la España colonial. En este sentido, procedieron todas las reformas a nuestro Código Procesal Penal, la independización de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público, estableciéndose funciones distintas y autónomas para cada una de estas instituciones y la modernización actual del proceso
penal; es acá en este marco conceptual, que el Ministerio Público adquiere un papel relevante, como único actor legalmente facultado, como ente encargado de la persecución penal en representación del Estado, para seleccionar, calificar, analizar y determinar, todos aquellos casos o procesos de mínimo impacto, en donde la ley lo faculta para abstenerse del ejercicio de la acción penal y de manera alternativa, resolverlos con la aplicación de medidas desjudicializadoras; sin embargo, cabe resaltar, que muchas veces, aunque explícitamente no está establecido en la ley, muchos de estos conflictos, son resueltos a través de juntas conciliatorias que se desarrollan ante el ente investigador. En tal virtud, es muy importante, conocer que la visión de esta institución, es ser eficiente , eficaz y transparente y actuar con apego al principio de legalidad que contribuya a la consolidación de un estado de derecho cada día más robustecido; dentro de los valores que se pretenden que deben regir la actuación de todos los funcionarios del Ministerio Público en el desarrollo de cada proceso, están la excelencia, la búsqueda del total cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, la aplicación de criterios objetivos e imparciales, la independencia de criterio, el respeto a los derechos humanos de los sujetos procesales y el compromiso de no colocarse bajo ninguna circunstancia que pueda influir en la toma de decisiones y el desempeño honesto de sus obligaciones; todas estas cualidades, están íntimamente ligadas a la actuación de los funcionarios del Ministerio Público y dentro de este contexto, coadyuvan a la realización eficiente de las actividades propias de la institución, dentro de las cuales, mencionamos de manera directa, por ser parte medular de la presente tesis, la recepción, análisis, investigación de las denuncias que se reciben y la búsqueda de solución de conflictos que surgen entre las partes en materia de derechos patrimoniales, los cuales son investigados por las diferentes fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes y los que en una buena parte, son resueltos a través de la realización de juntas conciliatorias a través de las cuales las partes en conflicto llegan a acuerdos o convenios que son debidamente asentados en las actas correspondientes.
Capítulo 4 Las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y la Conciliación
El Ministerio Público se rige por su Ley Orgánica, Decreto 40-94 del Congreso de la República y su reforma; su máxima autoridad, es el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, que está facultado para emitir acuerdos específicos relacionados con la estructura organizacional de las áreas administrativa, de investigación y de fiscalía, con el objeto de adecuarlas a las múltiples necesidades del servicio; Dentro de este contexto, el Fiscal General en funciones en el año 2,004, luego de múltiples estudios y consultas, tomó la determinación de realizar dentro del Área de Fiscalía, una REINGENIERÍA en el manejo de los casos, que permitiera de alguna manera facilitar el trabajo, priorizar sobre los casos de impacto y dar una solución eficiente, rápida y ecuánime a todos aquellos conflictos de menor impacto, con el objetivo de optimizar los recursos personales e institucionales a su alcance y con el fin primordial de descongestionar el sistema de administración de justicia con base al principio de economía procesal y el respeto de las garantías del imputado De esta forma, y derivado de la Reingeniería relacionada anteriormente, en septiembre del año 2,004, la sección de fiscalía, realiza una redistribución de casos, aplicable únicamente en la Fiscalía Distrital Metropolitana con sede en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, creando para el efecto las siguientes fiscalías específicas:
1. Fiscalías de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas
2. Fiscalías de Desjudicialización.
3. Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes.
Para efectos del estudio y realización de la presente tesis, tomaremos únicamente las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes. Paradójicamente a que las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes, son las más saturadas de denuncias, en virtud de la carta de delitos que conocen de forma específica, no se encuentran debidamente reglamentadas como las Fiscalías de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas y las Fiscalías de Desjudicialización, por lo tanto, tampoco existe una definición concreta que contenga sus elementos y que permita conocer el ámbito de sus actividades, por lo que el ponente, tratará de dar una definición basada en su experiencia y quehacer diario:
Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes, son aquellas fiscalías que dependen de la Fiscalía Distrital Metropolitana de Guatemala, encargadas de ejercer la persecución penal y la acción penal de los delitos que se
cometan en su ámbito legal y territorial que se les asigne, específicamente aquellos casos en que se vean perjudicados los derechos patrimoniales y comunes de los usuarios.
Hurto de fluidos
a 3 años y Mul
Casos Esp. De Estafa
destrucción de cosa propia
Estafa mediante lesión
267 CP
Defraudación en consumos
a Inconm y multa
Inutilización de defensas (incendio y estragos)
Fabricación y tenencia de materiales explosivos
Atentado contra seguridad de los transportes, mari
Desastre marítimo, fluvial ó aéreo
Atentado contra otros medios de transporte
293 CP
Desastres culposos
seguridad de servicios de
Pena o
Interrupción o entorpeci-
Delitos contra Seguridad
Apoderamiento e inutili-
Inutilización y entorpeci-
miento de defensas
mes a 1 año
Pública y Pat. Nacional
Delitos contra la Fe Pública y Pat. Nacional
Moneda Falsa Alterada
Emisiones Indebidas (Mo-nedas, billetes o títulos)
323 CP
324 CP
Supresión, ocultación o destrucción de Docs.
Delitos contra Orden
releccionaria
407 A CP
Fraude del Votante
Delitos contra el Orden Institucional
En su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio al respecto de la conciliación, nos dice
Acción y efecto de conciliar, de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Dentro del ámbito del derecho procesal, la audiencia previa a todo juicio civil, laboral o de injurias, en que la autoridad judicial trata de avenir a las partes para evitar el proceso. (2,000:204)
El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra conciliar: Conciliar es conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias. (1981:345)
Por su parte, Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, define la conciliación
Avenencia de las partes en un acto judicial, previo a la iniciación de un pleito y que procura la transigencia de las partes, con el objeto de evadir el pleito que una de ellas quiere establecer.(1981:534)
El autor mexicano Alberto Trueba Urbina, se refiere en cuanto a la conciliación
El procedimiento de conciliación tiene por objeto buscar un arreglo amistoso entre las partes, función que la doctrina llama de autocomposición frente a la heterocomposición, por cuanto son los mismos interesados quienes logran su propio avenimiento.(1978:19)
El Licenciado René Armando Lam España, en su tesis de graduación indica
La conciliación es aquel mecanismo mediante el cual las partes envueltas en el conflicto, previa la actuación de un tercero llamado conciliador, buscan una solución satisfactoria para ellas, que ponga fin a la
controversia.(1,999:22)
Por su parte, en el Manual de Conciliación del Licenciado Iván Ormachea Choque, encontramos que la
Conciliación es un proceso consensual y confidencial de toma de decisiones en el cual una o más personas imparciales (conciliador) asisten a personas, organizaciones y comunidades en conflicto a trabajar hacia el logro de una variedad de objetivos. (1,999:46)
El concepto personal del ponente de la presente tesis es que la conciliación, es el mecanismo alternativo de resolución de conflictos, por medio del cual dos partes contrapuestas en un litigio, someten su controversia ante un tercero imparcial, con el objeto de encontrar una solución rápida
que dirima las controversias surgidas y de una solución eficiente y satisfactoria a cada una de las partes sin violentar los derechos de éstas.
4.2.1 Antecedentes históricos
La Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, brevemente hace un relato sobre los antecedentes históricos de la institución de la conciliación
En Grecia, la conciliación estaba regulada por la ley teniendo los tesmotetes el encargo de examinar los hechos motivo del litigio y procurar convencer a las partes que debían transigir equitativamente sus diferencias. En Roma no estuvo la conciliación regulada por la ley, pero las doce tablas respetaban la avenencia a que llegaran las partes; Ciceron (106-43 a.C), aconsejaba la conciliación fundado en el aborrecimiento que debía tenerse a los pleitos, diciendo de ella que era un acto de liberalidad digno de elogio y provechoso para quien lo realizaba, siendo de notar que los romanos, en más de una ocasión y en momentos de entusiasmo se reunieron como lo hicieron en memoria de Julio César (101-44 a. C) para deponer sus diferencias y terminar amigablemente sus
litigios.(2,000:965)
El Cristianismo vino a dar a la conciliación un nuevo impulso, gracias al espíritu de caridad y paz que lo caracteriza; así vemos que en el versículo 25, capítulo V del Evangelio de San Mateo, se indica: Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al Juez.
Estos principios pacificadores, se tradujeron en las leyes españolas de la Edad Media que establecieron la conciliación, aunque no de un modo regular y permanente, la conciliación la encontramos en las Ordenanzas de Bilbao y las Ordenanzas de Carlos IV en las que aparecen vestigios de esta institución.
En Guatemala, los antecedentes de la conciliación, los encontramos desde la época colonial, en la Constitución de Bayona, en donde se instituyó en su artículo 101 a los Jueces Conciliadores. En la actualidad, a raíz de los Acuerdos de Paz, suscritos entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, surge la creación de la Unidad Alternativa de Resolución de Conflictos, que coordina el Centro Piloto de Mediación y Conciliación del Organismo Judicial y demás centros de mediación y conciliación como parte del Programa de Modernización del Organismo Judicial y Fortalecimiento del Sector Justicia, como producto precisamente de los Acuerdos de Paz antes mencionados, los cuales incluyen la apertura y aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que están regulados en el
Acuerdo número 21-998 y en su Reglamento, el Acuerdo 22-998, que regulan la integración, funcionamiento y procedimiento de los centros de mediación y conciliación, con el único fin de descargar de trabajo al sector justicia y a la vez que se alcance una justicia pronta y cumplida.
4.2.2 Principios de la Conciliación
El hecho de buscar formas alternativas de solución de conflictos, conlleva no sólo a dar cumplimiento a lo que establecen los Acuerdos de Paz y buscar la justicia, la paz y la armonía social, como parte de una de las funciones esenciales del funcionamiento judicial, sino también a brindar una administración de justicia, cumpliendo con los principios enunciados, como lo son administrar justicia de la manera más pronta, cumplida y eficiente. En la conciliación existen los principios que se enumeran a continuación, los cuales se refieren a su utilización, su propósito, los requisitos esenciales del conciliador, la forma y lugar en donde puede realizarse:
Equidad y Legalidad El objetivo de la conciliación es arribar, eventualmente a un acuerdo que sea percibido como justo, equitativo y duradero por las partes y que no afecte a terceros. La legalidad es una de las dimensiones del principio de equidad en virtud del cual, los acuerdos conciliatorios deben respetar el amplio orden jurídico existente.
Neutralidad Se refiere a la inexistencia de intereses o vínculo alguno entre el conciliador y una de las partes que solicita su intervención.
Imparcialidad A diferencia de la neutralidad, la imparcialidad es un estado mental que exige que el conciliador, durante el desarrollo de su gestión, mantenga una postura libre de prejuicios o favoritismo a través de acciones o palabras.
Buena fe y veracidad Debe entenderse como la obligación de las partes, representantes asesores y todos los que participen en una audiencia de conciliación, a conducirse de forma tal que no se utilice este mecanismo
alternativo de resolución de conflictos como un instrumento de beneficio personal para una de las partes.
Voluntariedad Implica que los conciliadores reconozcan en todo momento, que las partes son las únicas que tienen la potestad de tomar una decisión final a favor de alguna alternativa de solución, dice no a la imperatividad.
4.2.3 Aspectos que deben tomarse en cuenta en una Junta Conciliatoria
De la investigación y estudio realizados y de la experiencia de trabajo, el ponente de la presente tesis, considera que para llevar a cabo exitosamente una junta conciliatoria, deben considerarse, los siguientes aspectos:
 Es necesario que la persona que interviene como conciliador, conozca previamente los detalles concretos del asunto que será sometido a conciliación y estudie las posibles propuestas de solución al conflicto.
 La persona que concilia, debe ser una persona preparada, con experiencia en conciliar, paciente y tolerante.
 No debe existir ningún vínculo o interés entre el conciliador y las partes que tratan de avenirse, ya que ello afectaría la actuación imparcial.
 El conciliador siempre debe tratar que las partes establezcan comunicación, que no se agredan y que traten con ayuda del conciliador, de buscar formas o alternativas de resolver sus diferencias y satisfacer de forma ecuánime las necesidades de ambas partes.
4.3 Trabajo de Campo
4.3.1 Análisis comparativo del artículo 25 Tér del Código Procesal Penal en cuanto a
la audiencia de conciliación previo a otorgar el criterio de oportunidad y las juntas conciliatorias que se realizan en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes.
De conformidad con el novedoso principio de oportunidad, que no solo es concebido en función del irrestricto respeto a los derechos de los ciudadanos, sino en función de los principios de celeridad y economía procesal, el proceso penal guatemalteco, establece dentro del código procesal penal, una
variedad bastante limitada de medidas desjudicializadoras, cuyo objetivo principal, es descongestionar la carga de trabajo del ente encargado de la persecución penal y asimismo de los tribunales de justicia, con el objeto de priorizar aquellos casos de alto impacto de los que puedan resolverse a través de la aplicación de procedimientos alternativos de solución de conflictos, que eviten el desgaste del sistema de administración de justicia y a la vez, permitan obtener resultados justos y ecuánimes para las partes en controversia.
Dentro de estas medidas desjudicializadoras, el Código Procesal Penal guatemalteco, establece en el artículo 25 Tér.:
Conciliación. Formulada la solicitud por parte del Ministerio Público o por el síndico municipal, o por el agraviado o el imputado o su defensor para la aplicación de un criterio de oportunidad, el juez de paz citará a las partes, bajo apercibimiento e ley, a una audiencia conciliatoria.
Presentes las partes, el juez explicará el objeto de la audiencia procediendo a escuchar, en su orden, al fiscal o auxiliar del fiscal o síndico municipal, a la víctima o agraviado y al imputado. El juez debe obrar en forma imparcial, ayudando a las partes a encontrar una solución equitativa, justa y eficaz para propiciar la solución del conflicto. Su función es la de ser un facilitador en la comunicación y el diálogo constructivo entre las partes. Las partes podrán ser asistidas por sus abogados.
Si se llegaré a un acuerdo, se levantará acta firmada por los comparecientes. Si no hubiere acuerdo, se dejará constancia de ello y continuará la tramitación del mismo. En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas, entre las cuales se contemplará la reparación del daño y el pago de los perjuicios si hubiere lugar a ello, señalando, si así se hubiere acordado el plazo para su cumplimiento y la constitución de las garantías necesarias. La certificación del acta de conciliación tendrá la calidad de título ejecutivo para la acción civil. Si el Ministerio Público considera que es procedente el criterio de oportunidad y la víctima no aceptare ninguna de las fórmulas de conciliación propuestas, podrá otorgar la conversión de la acción a petición del agraviado.
Flujograma de la Audiencia de Conciliación, artículo 25 Tér. Código procesal penal
Requerimiento de Aplicación de
Criterio de Oportunidad, podrá ser soliticitado por:
Sindicado o
Juez de Paz citará a las partes a celebrar JUNTA CONCILIATORIA en la cual deberá adoptar una actitud:
De conciliador
Eficaz y ecuánime
JUNTA CONCILIATORIA,
que puede tener dos resultados,
dependiendo de la actitud de las
A NINGUN
Si las partes CONCILIAN y llegan
a un acuerdo:
Se facciona acta respectiva
Continúa trámite denuncia
Determinación de obligac.
Plazo y garantìas
Prosigue la denuncia
Puede solicitarse la conversión
si el MP considera procedente
 Certificación
conciliación, tiene calidad de
Para los efectos de utilidad dentro de la presente tesis, es conveniente entonces que el ponente de la misma, analice el contenido del artículo de ley, que establece la conciliación como una medida alternativa de resolución del conflicto penal, fundamento esencial del presente trabajo, ya que la conciliación, es una medida que también mediante autorización judicial del convenio, faculta al Ministerio Público a abstenerse del ejercicio de la acción penal y, en ese sentido, es importante hacer las siguientes reflexiones:
1. La Conciliación, como institución alternativa de resolución de conflictos, está considerada en el Código Procesal Penal guatemalteco, mas no como una institución autónoma que permita darle salida por si misma a un proceso; está íntimamente ligada y depende directamente de la institución del Criterio de Oportunidad, sin éste, no tendría ninguna cabida dentro del proceso.
2. Es importante resaltar, que la Conciliación, sólo se realiza con la participación de todas las partes y a solicitud de una de ellas.
3. La conciliación, estará a cargo del Juez de Paz, del Juez de Primera Instancia o de los Centros de Conciliación y Arbitraje debidamente inscritos y reconocidos por la Corte Suprema de Justicia.
4. El rol del Juez de Paz o de quien ejerza las funciones de conciliador es la de ser un FACILITADOR DEL DIÁLOGO entre las partes; deberá apegarse a los principios de objetividad, justicia, ecuanimidad, tolerancia y convivencia en armonía; el conciliador, deberá ser una persona preparada, con buenas relaciones humanas, tolerante y reflexivo, que actúe en el procedimiento de conciliación de manera objetiva, justa e imparcial, tratando de encontrar soluciones eficaces y que las mismas no vulneren los derechos de las partes en conflicto.
5. Si la Junta Conciliatoria se desarrolla con éxito, garantizará los derechos de la parte agraviada, sin contravenir los derechos de la parte sindicada y buscará desde cualquier punto de vista, la reparación de los daños, el pago de los perjuicios, el lugar, la forma y el tiempo en que se hará efectivo o se dará cumplimiento al convenio, el cual deberá constar en acta de conciliación que al ser certificada por el juez competente, tendrá calidad de título ejecutivo para ejercitar la acción civil.
6. Es interesante también, reflexionar sobre los resultados negativos de la Junta Conciliatoria, ya que en ningún momento se desampara al agraviado, en virtud que si el Ministerio Público
considera que procede la aplicación del criterio de oportunidad, pero la parte agraviada no acepta ninguna de las fórmulas de conciliación propuestas, se podrá otorgar la conversión de la acción, a petición el agraviado, con lo cual se garantiza su derecho de seguir accionando y lograr que se resuelva su pretensión con éxito.
Como se mencionó con anterioridad, derivado de la Reingeniería que se efectuó en el año 2,004, el Área de Fiscalía, en esa oportunidad y con la visión de ser una institución eficiente, eficaz y transparente, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio público, con apego a las facultades que le otorga la ley, creo las Fiscalías de Desjudicialización y las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes.
Sin embargo, al crear dichas fiscalías, tuvieron una visión bastante limitada en cuanto a reglamentar únicamente las actividades de las Fiscalías de Desjudicialización, otorgándoles la facultad de conocer todos aquellos casos susceptibles de la aplicación de una medida de solución alterna al procedimiento común, entre los cuales únicamente consideraron delitos contra la vida y la integridad de la persona, delitos contra la libertad y la seguridad de la persona, delitos contra el orden jurídico familiar, delitos contra el patrimonio (únicamente aquellos sancionados con prisión menor a cinco años), delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la fe pública y el patrimonio cultural, delitos de falsedad personal, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia y los contenidos en la Ley de Armas y Municiones.
Es de hacer notar que los delitos que se conocen en las fiscalías de desjudicialización, si bien son susceptibles de la aplicación de un procedimiento alternativo de solución de conflictos, por su propia naturaleza, también lo es, que no vulneran propiamente los derechos patrimoniales de las personas como en el caso de las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes, en donde en los casos concretos no sólo afectan bienes patrimoniales, sino económicos de los agraviados, quienes desde el inicio de la investigación, lo que pretenden es la realización de una junta conciliatoria que les permita de manera más inmediata y menos engorrosa obtener la satisfacción de su pretensión, sino en su totalidad, por lo menos en un porcentaje que tenga la mínima pérdida y que no afecte al sindicado. En este sentido, paradójicamente, la conciliación como procedimiento alternativo de resolución de conflictos, es más eficaz y tiene mejores resultados de los que se obtienen en las fiscalías de desjudicialización. En virtud de lo anterior, es necesario entonces, elaborar un flujograma del
Flujograma de las juntas conciliatorias realizadas en las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Comunes del Ministerio Público
Citación para recibir declaración
testimonial de agraviado(a)
testimonial de sindicado(a)
Requerimiento ya sea del agraviado
o del sindicado o de alguno de sus
respectivos abogados para realizar
una junta conciliatoria
Si la junta conciliatoria tiene
éxito, se facciona acta que contiene
acuerdo o convenio de pago y plazo
Convenio no es vinculante.
Conciliatoria en donde interviene el
Auxiliar Fiscal como facilitador y
Se desestima el expediente.
Si la junta conciliatoria no tiene
éxito, prosigue el trámite del
Se solicita primera declaración de
Prosigue acusación.
1. Fecha de recepción: 11 de enero de 2010.
2. Tipo de acto introductorio: denuncia verbal ante la OAP
4. Planteamiento del problema: La agraviada indica que personas desconocidas, aprovechando que su locker dentro de su lugar de trabajo estaba en mal estado, sustrajeron del mismo su mochila personal, llevándose sus documentos personales, dos tarjetas de crédito y debito, una memoria USB conteniendo información de utilidad para los cursos que imparte y que utilizaron su tarjeta de crédito realizándole varios consumos.
5. Diligenciamiento: Se recibe la declaración testimonial de la agraviada, quien expone los hechos que motivaron su denuncia e indica al Auxiliar Fiscal, que está debidamente enterada de quién fue la compañera de trabajo que hurtó su mochila e hizo cargos a su tarjeta de crédito, por un total de dos mil cuatrocientos quetzales, solicitando que sea citada al Ministerio Público. La sindicada luego de ser citada y debidamente notificada, comparece a prestar su declaración testimonial ante el Auxiliar Fiscal, quien le informa sobre los hechos que le están siendo imputados; la sindicada indica que no es ella la responsable, sin embargo, indica que aunque no se reconoce autora de los hechos que se le imputan, está dispuesta a hacer efectiva la cantidad de dos mil cuatrocientos quetzales a la agraviada. El mismo día que se recibe la declaración testimonial de la sindicada, comparece la parte agraviada e indica que aprovechando la presencia de ella, se celebre junta conciliatoria para llegar a un acuerdo.
La sindicada y la agraviada, luego del planteamiento de los hechos y sus consecuencias jurídicas por parte del Auxiliar Fiscal, indican que llegan a un acuerdo por medio del cual, la sindicada hace efectiva la cantidad de cuatro mil quetzales a la agraviada, que posterior al pago de dicha cantidad, se compromete a desistir de su denuncia a favor de la sindicada.
6. Acto conclusivo: En virtud del desistimiento directo de la agraviada, de inmediato se solicita la desestimación de la denuncia y se envía el expediente a juez contralor para su resolución. El juez contralor resuelve: I. Como lo solicita el Ministerio Público y por no poderse proceder en virtud de convenio celebrado entre las partes, se autoriza la desestimación de la presente denuncia y ordena el archivo del presente proceso. II. Notifíquese.
1. Fecha de recepción:
2. Tipo de acto introductorio: denuncia escrita.
4. Planteamiento del problema: El agraviado indica que fue estafado por una entidad dedicada a la venta de vehículos usados, la cual celebró con él una compraventa de un vehículo tipo microbús, del cual, luego de realizar el pago y haberle entregado el vehículo, no le entregaron la documentación que respalda la propiedad del mismo, en virtud que la misma tiene problemas y por lo tanto, no ha podido realizar los trámites de traspaso de la propiedad del vehículo a su nombre, indicando sentirse defraudado en su patrimonio por la cantidad de treinta y un mil quinientos quetzales (Q.31,500.00).
5. Diligenciamiento: Se recibe la declaración testimonial del agraviado, quien expone los hechos que motivaron su denuncia e indica al Auxiliar Fiscal, que la entidad sindicada, se ha negado a entregarle los documentos del vehículo y tampoco le han devuelto su dinero. La entidad sindicada, es citada en dos oportunidades y verbalmente vía telefónica, la Jefe del Departamento de Cobros de dicha entidad, solicita al Auxiliar Fiscal, se cite al agraviado a una junta conciliatoria, con el objeto de llegar a un acuerdo y resolver la denuncia que presentara. Con fecha doce de marzo del año dos mil diez, se celebra junta conciliatoria entre el agraviado y la parte sindicada, la cual ante el Auxiliar Fiscal, le hace entrega de un cheque de caja por la cantidad de treinta y un mil quinientos quetzales, dando por satisfecha su
pretensión el agraviado y presentando en ese momento, el desistimiento a su denuncia, solicitando hacer constar que previo a esta junta conciliatoria, entregó en la sede de la entidad que le había vendido, el vehículo que motivó su denuncia.
6. Acto conclusivo: En virtud que el agraviado adjunta al expediente un desistimiento expreso a favor de la parte sindicada, que cumple con los requisitos de ley, de inmediato se solicita la desestimación de la denuncia y se envía el expediente a juez contralor para su resolución. El juez contralor resuelve: I. Como lo solicita el Ministerio Público se desestima la denuncia presentada y en consecuencia se ordena el archivo de la misma. II. Notifíquese.
2. Tipo de acto introductorio:
denuncia escrita.
4. Planteamiento del problema: La agraviada indica que fue estafada por una entidad dedicada a la venta de bienes inmuebles, en virtud que luego de la cancelación de un bien inmueble que adquirió con dicha entidad, a través de escritura pública de compraventa de fecha cinco de mayo del año dos mil seis, a pesar de haberle efectuado varios requerimientos para que le entregara el primer testimonio de dicho instrumento público, para su debida inscripción al Registro General de la Propiedad, no le fue entregado y cuando se lo entregaron, varios años después, no fue operado en el mismo, por razones atribuibles a la entidad vendedora.
5. Diligenciamiento: Se recibe la declaración testimonial de la agraviada, quien expone los hechos que motivaron su denuncia e indica al Auxiliar Fiscal, que la entidad sindicada, se ha negado a entregarle el primer testimonio de la escritura pública de compraventa del inmueble de su propiedad, por lo que no ha sido posible operar la inscripción a su favor en el Registro General de la Propiedad. La entidad sindicada, luego de ser citada ante el Ministerio Público, manifiesta a la agraviada la disposición de llegar a un arreglo extrajudicial. En tal sentido, posterior a pláticas sostenida entre la parte sindicada y la agraviada, llegan a un consenso mediante el cual, la entidad sindicada en un plazo prudencial hace entrega del primer testimonio requerido por la agraviada, quien indica que con ello ya su terreno está debidamente inscrito
a su favor en el Registro General de la Propiedad, desistiendo de su denuncia y de ejercitar la acción penal y civil que en derecho le corresponde.
6. Acto conclusivo: De inmediato se solicita la desestimación de la denuncia y en envía el expediente a juez contralor para su resolución. El juez contralor a la petición del Ministerio Público resuelve: I. Con base en lo considerado y leyes citadas, autoriza la desestimación solicitada y en consecuencia, ordena el archivo del presente proceso. II. Notifíquese.
Análisis jurídico-dogmático del trabajo de campo
En la presentación de los tres casos anteriores, se puede analizar, que el bien jurídico tutelado y vulnerado por los sindicados, es de naturaleza patrimonial, lo que afecta al agraviado quien pretende que se resuelva de manera ágil el conflicto que lo está afectando directamente; en ese sentido, el agraviado regularmente propone al Auxiliar Fiscal, la celebración de una junta conciliatoria en la que de manera objetiva y eficaz, se trate de recuperar sino el todo, por lo menos una buena parte de su pretensión mediante un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que le permita obtener buenos resultados, otorgándole al sindicado una forma conveniente de resarcir el daño producido; en ese sentido, si bien es cierto, las juntas conciliatorias que se realizan en las fiscalías de delitos patrimoniales, no tienen concretamente un respaldo legal, en virtud que existe un vacío en el código procesal penal, que promueva la utilización de la -conciliación- como una institución propia y titular por si misma, independiente al criterio de oportunidad, como medida desjudicializadora, también lo es, que la conciliación es utilizada en estas fiscalías a petición de parte, para satisfacer de manera más ágil sus pretensiones y los resultados en la mayoría de casos son óptimos y rápidos.
Es importante resaltar, que en la mayoría de los casos, la parte agraviada prefiere utilizar la conciliación como método de resolución de conflictos, previo a desgastar el sistema de administración de justicia que conlleva, no sólo la inversión de mayores recursos económicos sino tiempo. En la experiencia laboral del ponente de la presente tesis, en un porcentaje del sesenta por ciento de los casos asignados a su buzón como Auxiliar Fiscal, se logra la resolución de un conflicto surgido entre las partes mediante la realización de juntas conciliatorias, en virtud de lo cual, considera necesario llenar esa laguna legal que existe un cuanto a considerar en la ley, la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos y que la misma incluya dentro de las partes intervinientes, en calidad de facilitador y negociador a los funcionarios del Ministerio Público, de tal forma que los convenios y acuerdos de pago que se logran mediante las juntas conciliatorias realizadas en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes, adquieran carácter de título ejecutivo y el incumplimiento de un acuerdo, pueda dar una salida diferente a los casos de delitos patrimoniales que se conocen mediante el procedimiento penal común y de esta forma cumplir con los principios de la desjudicialización, ya que estos expedientes no llegarían a los juzgados penales comunes con la solicitud de desestimación, sino que bastaría con la suscripción de
un acuerdo o convenio en las fiscalías para estar debidamente resueltos y poderse archivar, garantizando a las personas agraviadas, que si hay incumplimiento del convenio suscrito, podrán ejecutar el mismo pero a través de la vía procesal que corresponda, que en el presente caso, sería la civil, con lo cual se descongestionaría bastante la carga de trabajo de los juzgados penales, permitiéndoles invertir de mejor forma los recursos institucionales, personales y de tiempo en casos de alto impacto.
Se hace pues imprescindible, hacer una propuesta concreta, que permita realizar las reformas necesarias al Código Procesal Penal, con el objeto de instituir legalmente, el funcionamiento de la conciliación y la mediación como métodos alternativos de resolver conflictos, que puedan propiciar una solución de conflictos de intereses particulares que permita no solo dar una salida rápida a los procesos, sino encontrar una solución justa y ecuánime para las partes.
1. Guatemala es un país que luego de sufrir un Conflicto Armado Interno por más de treinta y seis años, está tratando, apegado a derecho de implementar una cultura de paz, de tal forma que determinados tipos de conflicto que no son de gran impacto, puedan solventarse a través de la implementación de procedimientos alternativos de resolución de conflictos como la negociación, la conciliación y la mediación; sin embargo en la mayoría de casos, los afectados desconocen en dónde y, que pueden utilizar los servicios de los Centros de Conciliación y Arbitraje creados a través de la Corte Suprema de Justicia; aunado a ello, el costo económico que podría derivarse de ello.
2. En el caso de las juntas conciliatorias que se realizan dentro de los expedientes en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes del Ministerio Público, es común apreciar, que la pretensión del agraviado, es buscar una solución rápida y sencilla al problema que ha surgido con el sindicado; por otra parte, dentro de la negociación para solucionar el problema, se presentan varias opciones al sindicado que ante juez competente, no tendría oportunidad de tener, por ejemplo: fijar una fecha específica para el pago posterior a la junta conciliatoria, fijar cierto plazo de uno, dos o tres meses para la realización del pago u ofrecer el pago de otra forma.
3. La opción de realización de juntas conciliatorias previo a poner en conocimiento de juez competente determinado asunto patrimonial, debiera estar considerada dentro del código procesal penal, en virtud que la conciliación a criterio del ponente del presente trabajo, es uno de los medios alternativos de solución de conflictos más utilizados y con buenos resultados en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes; por lo tanto, debe estar reglamentada en ley, como un medio desjudicializador, fundamentándose para el efecto en los principios de celeridad y economía procesal con que se deben resolver los procesos, lo cual descongestionaría la carga de trabajo para el sistema de administración de justicia en general y autorizaría al ente encargado de la persecución penal, a abstenerse de ejercitar la acción penal en aquellos casos de menor relevancia, coadyuvando a la priorización de la investigación de casos de mayor impacto
4. El problema fundamental del congestionamiento de trabajo de los tribunales de justicia, la lentitud con la cual se tramitan los procesos y un grado extremado de formalismos legales, hacen que la aplicación de justicia en Guatemala, no alcance su fin primordial de administrar justicia pronta y eficaz para quien la solicita, lo cual desgasta el sistema de administración de justicia, fomenta desconfianza entre la población y motiva a tomar acciones de hecho; en tal virtud, surge de manera novedosa, aunque empírica porque no está establecida en la ley, la aplicación de la conciliación en todos aquellos asuntos susceptibles de resolver a través de ésta. En este sentido, el ponente del trabajo, por experiencia laboral propia, puede afirmar que la conciliación en aquellos delitos de naturaleza patrimonial, está siendo utilizada de manera eficiente en las fiscalías de delitos patrimoniales, lo que ha permitido de alguna forma agilizar los procesos, darles una solución acorde a los intereses del agraviado(a) y facilitar el cumplimiento de las obligaciones del sindicado.
1. Es necesario crear las herramientas legales que permitan la implementación de la mediación, la conciliación y la negociación como medios alternativos de solución de conflicto, en todos aquellos procesos de naturaleza patrimonial establecidos en la ley, para así evitar la realización de una investigación y un juicio costoso económicamente, una pérdida de recurso tiempo y un desgaste innecesario del sistema de administración de justicia.
2. La falta de regulación legal en nuestro código procesal penal vigente, acerca de la realización de juntas conciliatorias en el Ministerio Público y específicamente en las fiscalías de delitos patrimoniales y comunes, deja al descubierto una deficiencia, ya que vulnera los principios de celeridad, economía procesal y debido proceso; por lo que se hace necesario realizar una reforma a la ley, o la creación de un reglamento interno dentro del Ministerio Público, que establezca como institución propia, la conciliación para darle solución a todos aquellos casos patrimoniales de menor impacto, de tal forma que permita priorizar la investigación sobre aquellos asuntos de mayor impacto.
3. En todo caso no pudiera reglamentarse sobre la utilización de la conciliación como medio alternativo de solución de conflictos en aquellos procesos de naturaleza patrimonial que la ley permita, la legislación procesal penal vigente, debe ser reformada de tal manera que establezca la obligación de utilizar la mediación, la conciliación y la negociación y que los acuerdos o convenios que se logren mediante la aplicación de estos procedimientos alternativos de solución de conflictos, sean vinculantes a efecto de que su cumplimiento sea causal de la extinción de la responsabilidad penal y su incumplimiento permita darle una salida diferente al procedimiento penal común.
4. Que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, a través de los medios legales correspondientes, impulsen la creación de instituciones que fortalezcan el uso de la conciliación, atendiendo a los fines primordiales del derecho, entre los que se encuentran la realización del bien común y una buena forma de lograrlo, es evitando que las personas se sometan innecesariamente a procesos judiciales desgastantes, pudiendo realizar convenios que no menoscaben sus derechos y obligaciones.
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recuperado 11/07/2008.
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 Artículo 8
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 artículo 309
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 artículo 72
 artículo 66
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 artículo 29
 artículo 464
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 artículo 101
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