Source: https://www.derechoynormas.com/2010/10/
Timestamp: 2019-09-16 04:36:14+00:00

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Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el revuelo que se ha armado con la misma, a pesar de decir lo contrario de lo que algunos quieren leer, y a pesar de que no dice nada que no sea
coherente con lo que dice la ley, parece que ahora se ha animado la gente a cuestionar el pago del canon por aquellos que no pueden hacer copias privadas.
El primer acercamiento parece indicar que estamos ante un tema de propiedad intelectual y que por ello debemos sujetarnos a las reglas que rige en la ley a ese respecto. Ello nos lleva a considerar que la competencias sería de los jueces de lo mercantil, artículo 86.ter.2:
Y por lo tanto, el tipo de procedimiento dependerá de la cuantía del mismo, al ser una cuestión meramente económica, tal y como señala el artículo 249.1.4 de la Ley de enjuiciamiento Civil:
Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta Ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.
Por lo tanto reclamaciones por encima de 6.000 €uros se decidirán en juicio ordinario y por debajo de esa cantidad en juicio verbal. Hay que tener en cuenta en este segundo caso que sólo es necesaria la intervención de abogado y procurador si la cantidad es superior a 900 €uros, por lo que se abre la puerta a que se pueda iniciar un movimiento de procedimientos libres como la demanda contra el canon de Javier de la Cueva. Bastaría aportar la factura con el concepto detallado y un sencillo escrito solicitando su devolución, sin más gastos ni requisitos.
Pero con independencia de la justificación dada en la factura, la ley es muy clara en el sentido de que el deudor del canon es la cadena de distribución hasta el minorista, artículo 25.4 LPI:
Por lo tanto, el cliente final no participa jurídicamente en la cadena de deudores, aunque le repercutan el precio logicamente, y queda fuera de la relación basada en la propiedad intelectual.
Es decir, la relación del comprador con el minorista es puramente civil y por lo tanto si entregó un dinero por un servicio no prestado este debe ser devuelto. La figura del Código Civil es el pago de lo indebido de acuerdo a lo previsto en el 1895 y siguientes del Código Civil:
"Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla."
Y es importante señalar también el artículo 1900 del Código Civil:
En resumen, y en mi opinión, sería una reclamación por la vía civil y por lo tanto el órgano competente serían los juzgados de 1ª Instancia del domicilio del demandado, la empresa proveedora, como regla general. (Hay otros domicilios posibles con ciertos requisitos).
Pregunta para la polémica: Podría irse incluso más allá, pero tal vez sea excesivo:
¿Había engaño suficiente? ¿Lo habría ahora a partir de este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? ¿Quienes cometerían, si lo hubiera, ese delito?
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Etiquetas: Canon, Consumidores, Derecho, LPI, Normas, Propiedad Intelectual
Publicado por David Maeztu a las 22:45 0 comentarios Vínculos
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Se ha conocido a través de la lista de Creative Commons España, y luego en Barrapunto, la inclusión de una cláusula específica, y que podríamos denominar "cláusula Creative Commons", en los contratos de adhesión de la entidad (pdf en catalán) de gestión VEGAP.
VEGAP es la principal entidad de gestión de los derechos de los artistas plásticos y la inclusión de esta cláusula supone un importante hito, en mi opinión, habida cuenta de la consideración previa que se tenía de las licencias.
"El análisis de las nuevas formas de contratación aparecidas en el mercado fue realizado por Javier Gutiérrez Vicén fundamentando las razones jurídicas que explican por qué las licencias creative commons no son licencias en sentido estricto al no tener en cuenta la regulación en materia de contratación, ni la Ley de Propiedad Intelectual, ni el Código Civil, por lo que no son útiles ni a los artistas, ni a quiénes les contratan. El problema, apuntó, es que estos contratos de adhesión generan una gran inseguridad jurídica a todas las partes contratantes."
Como se ve estamos ante un importante cambio, y más si tenemos en cuenta que esa opinión expresada en seminario organizado por la entidad en diciembre de 2008 ya debería considerar las versiones 3.0 que fueron lanzadas en noviembre de ese mismo año. Así que el incluir a Creative Commons dentro de sus contratos de adhesión supone un giro total sobre su consideración de las licencias.
Únicamente se gestionarán los derechos del artículo 90.2 y 90.3, de gestión colectiva obligatoria, sobre todas las obras mientras esté vigente el contrato.
La cláusula Creative Commons dice así, en mi "traducción":
"Segunda: Creative Commons y otras formas de cesión de derechos de sobre las obras.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes convienen que, en todo caso, el titular podrá excluir de la gestión de la entidad aquellas obras que designe, sobre las cuales previamente no haya conferido a favor de la entidad mandato o cesión de conformidad con lo dispuesto en la cláusula anterior, y esto con la finalidad de otorgar licencias especiales sobre las mismas, tales como las denominadas Creative Commons, o de permitir el uso de las indicadas obras sin someterlas a ninguna otra condición."
Pero si el contrato ya reconocía que las obras no notificadas por el autor no eran gestionadas por la entidad, ¿acaso no es evidente que el autor podrá hacer lo que quiera con sus obras?
No entro sobre las consideraciones sobre la tauromaquia como espectáculo, como hecho cultural o por su valor artístico, pero sí es necesario explicar que este cambio no obedece exactamente a las razones expuestas por los toreros reunidos en el Ministerio:
"Creemos que se va a apoyar más el mundo del toro y vamos a ganar en difusión. Cultura es el lugar que nos pertenece"
Toda la cuestión se reduce a un problema de atribución de competencias y por lo tanto de quién es la capacidad para regular el hecho concreto.
Por lo tanto el interés del sector taurino, defendido principalmente por los toreros, es dar los pasos para considerar a los toros como bien cultural y encuadrarlo en el ámbito del artículo 149 de la Constitución, que señala cuales serán las competencias exclusivas del Estado, y en concreto el apartado segundo del citado precepto:
De esta forma se trataría de preservar las regulaciones sobre espectáculos taurinos de la actuación de las Comunidades Autónomas y sus respectivos parlamentos, sometiendo la cuestión a debates en el Parlamento de la Nación o a la actividad de desarrollo del gobierno central.
Publicado por David Maeztu a las 22:55 0 comentarios Vínculos
Etiquetas: Constitución, Derecho, leyes

References: artículo 86
 artículo 249
 artículo 250
 artículo 25
 artículo 1900
 artículo 90
 artículo 149