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Timestamp: 2019-04-24 20:27:21+00:00

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Sentencia CSJ SC8453-2016, 24 de Junio de 2016. - Blog de Derecho de los Negocios
En el derecho internacional privado se ha aceptado que el respeto de los instrumentos suscritos por los países y de los compromisos adquiridos en virtud de éstos, constituye la base fundamental de las relaciones internacionales, que genera seguridad, confianza y paz en la comunidad internacional, debiendo primar los principios de pacta sunt servanda y de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados, reconocidos en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual es signataria Colombia, en el artículo 17 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, considerados plenamente constitucionales (C-400 de 1998).
RECONOCIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL–Solicitud de reconocimiento del parcial final proferido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Houston, Texas EEUU que dirime lo atinente a la jurisdicción de árbitros, para conocer del incumplimiento del contrato de “Agency Agreement” entre compañías norteamericana y colombiana. Aplicación de la Ley 1563 de 2012. (SC8453-2016; 24/06/2016)
Artículo 2º Ley 315 de 1996.
Artículo 197 decreto 1818 de 1998.
Artículo 111, 113 de la Ley 1513 de 2012.
Acuerdos de Ginebra de 1923 y 1927.
Convención de New York de 1958.
Artículo 17 de la Carta de la Organización de Estados Americanos.
LAUDO ARBITRAL PARCIAL FINAL–Que resuelve objeción jurisdiccional propuesta en el trámite de la controversia por incumplimiento de contrato de agencia comercial entre empresa norteamericana y colombiana, sometida a arbitramento, proferido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Houston, Texas EEUU. (SC8453-2016; 24/06/2016)
ARBITRAMENTO–Función jurisdiccional de los árbitros para dirimir asuntos susceptibles de transacción. Libertad contractual. Contrato de agencia mercantil con cláusula compromisoria, celebrado entre compañías norteamericana y colombiana. Reiteración de la sentencia de 19 de octubre de 2011. (SC8453-2016; 24/06/2016)
Artículo 1º decreto 2279 de 1989.
Artículo 96 Ley 23 de 1991.
Artículo 115 del decreto 1818 de 1998.
Artículo 3º Ley 270 de 1996.
Artículo 62 Ley 1563 de 2012.
Artículos 869, 1324 inciso 1º y 1328 del Código de Comercio.
Sentencia C-226 de 1993 Corte Constitucional.
Sentencia SU 174-07 Corte Constitucional.
Sentencia C-378-08 Corte Constitucional.
Sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 2001-00847-01.
CLÁUSULA COMPROMISORIA–Validez y exigibilidad, en contrato de agencia comercial internacional entre empresas norteamericana y colombiana; las partes se obligan a llevar sus diferencias a arbitraje siguiendo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional y acuerdan regirse por la ley del estado de Texas EEUU. Solicitud de reconocimiento de laudo arbitral parcial final proferido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Houston, Texas EEUU que rechaza objeciones de falta de jurisdicción y asume el conocimiento de la controversia. (SC8453-2016; 24/06/2016)
JURISDICCIÓN–De los árbitros de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Houston, Texas, EEUU para conocer de la controversia entre empresa norteamericana y colombiana por incumplimiento de contrato de agencia comercial. (SC8453-2016; 24/06/2016)
TRIBUNAL ARBITRAL–Facultad para decidir sobre su propia jurisdicción, objeciones y excepciones en laudo arbitral internacional comercial. Principio kompetenz-kompetenz Aplicación del artículo 79 de la Ley 1563 de 2012. (SC8453-2016; 24/06/2016)
Artículos 62, 69, 70 y 79 Ley 1563 de 2012.
Sentencia T-288-2013 de la Corte Constitucional.
ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL–Homologación de laudo arbitral parcial final que rechaza objeciones de falta de jurisdicción y asume el conocimiento de la controversia por incumplimiento de contrato de agencia comercial, proferido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Houston, Texas EEUU. Sustantivo y procesal. Diferencia con orden público interno. Estudio de derecho comparado y jurisprudencia de la Sala. Reiteración de las sentencias de 5 de noviembre de 1996, 30 de enero de 2004, 27 de julio de 2011 y 19 de julio de 1994. (SC8453-2016; 24/06/2016)
Artículo 112 Ley 1563 de 2012.
Literal b, numeral 2 artículo 5 Convención de New York.
Resolución 2 de 2002 de la Asociación de Derecho Internacional.
Sentencia de 5 de noviembre de 1996, expediente 6130.
Sentencia de 30 de enero de 2004, expediente 2002-00008-01.
Sentencia de 27 de julio de 2011, expediente 2007-01956-01.
Sentencia de 5 de abril de 1966.
Sentencia de 19 de julio de 1994, expediente 3894.
Gonzalo Quiroga, Marta. Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional. Universidad Complutense de Madrid. 2005.
Bartín, citado por Marco Gerardo MONROY CABRA, en “Liber Amicorum”, homenaje al profesor Carlos Holguín Holguín, Bogotá, 1ª ed., Ed. Rosaristas, 1996.
Werner GOLDSCHMIDT. Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado. 2ª ed., Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa América, 1952, pp. 441 y ss.
Sentencia de 5 de abril de 1966, citada por Luis Fernando ALVAREZ LONDOÑO y otros. Derecho Internacional Privado – Estudios de Derecho Internacional 4. Bogotá, Unijaveriana.
Oswaldo J. MARZORATI. Ejecución de Laudos Extranjeros en la República Argentina – Colisión de convenciones aplicables en el Cono Sur y la Convención de Nueva York. Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión.
Cymie Payme, International Arbitration, American Society of International Law Proceeding (1996).
Gonzales De Cossio Francisco. Orden Público y Arbitrabilidad: Dúo dinámico del arbitraje. México 2008, p. 15.
Gonzalo Quiroga, Marta. Orden Público y Arbitraje Internacional en el Marco de la Globalización Comercial. Madrid: Edit. Dykinson, S.L., 2003, ps. 63 y 65.
Informe Provisional Conferencia de Londres en junio de 2000, y LXX Conferencia Bienal celebrada en Nueva Delhi del 2 al 6 de abril de 2002, en: www.ila-hq.org.
Holguìn Holguín, Carlos. La noción de orden público en el campo internacional, en: Revista de la Academia Colombia­na de Jurisprudencia. Bogotá, núm. 290-29 (agosto de 1990 a febrero de 1991), p. 9 y ss.
VIGENCIA DE LA LEY–Ley 1563 de 2012 que regula los procesos de reconocimiento de laudos arbitrales internacionales. Insubsistencia de los artículos 694 y 695 del Código de Procedimiento Civil respecto al reconocimiento de laudos arbitrales. Aplicación del artículo 3º de la Ley 153 de 1887. (SC8453-2016; 24/06/2016)
Artículos 114 y 119 de la Ley 1563 de 2012.
Artículos 694 y 695 del Código de Procedimiento Civil.
Artículos 605 y 607 del Código General del Proceso.
Artículo 3º de la Ley 153 de 1887.
RECIPROCIDAD LEGISLATIVA–Colombia y Estados Unidos suscribieron la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras suscrita en New York en 1958 y de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. (SC8453-2016; 24/06/2016)
Ley 39 de 1990.
Ley 44 de 1986.
Sentencia C-400 de 1998 Corte Constitucional.
Sentencia C-276 de 1996.
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD–Liberta de los contratantes escoger las normas de derecho para dirimir los conflictos que surjan en desarrollo de un negocio jurídico, en solicitud de reconocimiento de laudo arbitral proferido en Houston, estado de Texas EEUU. (SC8453-2016; 24/06/2016)
Ley 315 de 1996.
Decreto 1818 de 1998.
APOSTILLAJE–Autenticidad del contrato de “Agency Agreement” y del laudo arbitral conforme al Pacto Internacional sobre la Abolición del Requisito de legalización para documentos públicos extranjeros suscrito en La Haya en 1961, debidamente traducido por un intérprete oficial. (SC8453-2016; 24/06/2016)
Ley 455 de 1998.
Se presentó solicitud de homologación de laudo arbitral parcial final, proferido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Houston, Texas EEUU que rechazó las objeciones jurisdiccionales para conocer del incumplimiento del contrato de agencia comercial entre compañías norteamericana y colombiana donde se estableció que el contrato se regiría por la ley del Estado de Texas EEUU y en caso de algún conflicto, éste sería resuelto a través de arbitraje, de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. La Corte concedió el reconocimiento solicitado en razón a que el mismo no es contrario al orden público internacional del Estado Colombiano.
Radicación n° 11001-02-03-000-2014-02243-00
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016)
La demandante, a través de apoderado judicial, solicita conceder reconocimiento a la decisión referenciada, mediante la cual se solucionó de manera definitiva la controversia que existió entre ella y Fomento de Catalizadores Foca S.A.S, en relación con: (i) la validez del pacto arbitral bajo la ley del Estado de Texas, Estados Unidos de América y bajo la ley colombiana; y (ii) la jurisdicción del tribunal arbitral constituido de conformidad con el reglamento de arbitraje «de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional». [Folio 93]
La sociedad norteamericana HMT LLC celebró el 1º de mayo de 2011 con Fomento de Catalizadores Foca S.A.S., compañía colombiana, un contrato comercial denominado «Agency Agreement», cuyo objeto consistía en que la empresa nacional actuaría como representante de ventas de la extranjera en Colombia, convenio que podría ser terminado por cualquiera de las dos con justa causa.
Las contratantes acordaron que el mismo se regiría por la ley del Estado de Texas, Estados Unidos de América y que cualquier disputa sobre la interpretación, derechos, obligaciones u otros asuntos relacionados con el negocio, sería resuelto a través de arbitraje de acuerdo con las «reglas, conciliación y arbitraje de la cámara de Comercio Internacional. El laudo del panel de arbitraje será definitivo y de obligatorio cumplimiento para las partes al presente y la sentencia sobre el laudo emitido puede ser presentada en cualquier corte con jurisdicción competente de este. El arbitraje será conducido en Houston, Texas, EE.UU». [Folio 96]
El 13 de julio de 2012, al encontrar varias irregularidades en la ejecución de los compromisos de su contraparte, la peticionaria decidió terminar por justa causa la relación contractual. [Folio 96]
En virtud de lo anterior, el 5 de abril de 2013 la demandante presentó una solicitud ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para que el asunto fuera dirimido mediante arbitramento, y se declarara que el contrato culminó por incumplimiento de Foca, y en consecuencia, debía indemnizarla y pagarle los costos de defensa. [Folio 97]
La convocada a ese trámite objetó la jurisdicción del Tribunal Arbitral para conocer de la controversia, con sustento en que de conformidad con lo estatuido por el artículo 1328 del Código Comercio colombiano, los contratos de agencia comercial ejecutados en el territorio de este país, se rigen por la ley nacional y cualquier estipulación en contrario debe tenerse por no escrita, de ahí que las estipulaciones del convenio atinentes a la aplicación de las normas del Estado de Texas al negocio jurídico, y la misma cláusula compromisoria contrariaban el orden público de la Nación, y por lo tanto no eran válidas. [Folio 43]
En laudo de 31 de marzo de 2014, se rechazaron las objeciones jurisdiccionales formuladas por el demandado y, en consecuencia, se declaró que el «Tribunal de Arbitramento tiene jurisdicción para escuchar y para decidir sobre las reclamaciones afirmadas en este arbitraje», luego de considerar que según la Ley Federal de Arbitraje de Estados Unidos y las normas de Colombia que regulan la misma materia (artículos 62, 69, 70 y 79 Ley 1563 de 12 de octubre de 2012) se podía extraer que: (i) la cláusula compromisoria de la sección 12 (c) del contrato, en donde las partes acordaron que la sede de arbitraje fuera Texas y el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional rigiera el procedimiento, es válida y exigible; y, (ii) que el Tribunal de Arbitramento tiene «jurisdicción para decidir acerca de su propia jurisdicción» aún si la existencia o validez del acuerdo es objetada (Lex arbitrii), sin interferencia de las cortes nacionales, «y sin la obligación de diferir a la decisión previa de las cortes nacionales las objeciones planteadas contra su jurisdicción». [Folios 52 a 54]
De otra parte, el artículo 1328 del Código de Comercio colombiano -sostuvo el fallador foráneo- sólo alude a «la aplicación de las leyes colombianas a los contratos de agencia comercial», sin considerar la jurisdicción de las cortes de dicho país, de manera que a este precepto sólo puede dársele el significado «concerniente a la ley propia de un contrato de agencia comercial pero no respecto de la jurisdicción de cortes nacionales», sin que el panel arbitral esté adelantando opinión alguna, no determinando «asuntos de la ley aplicable a los méritos». [Folio 54]
El 31 de octubre de 2014, se admitió la demanda y de ella se dio traslado a la demandada y al Procurador Delegado en lo Civil. [Folio 217, c.1]
La convocada solicitó que se negara el reconocimiento, para lo cual adujo que si bien fue pactada una cláusula compromisoria, la misma era ineficaz acorde con lo dispuesto en los artículos 869, 887 y 1328 del Código de Comercio, toda vez que en el contrato se dispuso que la ley aplicable a éste sería la del Estado de Texas, Estados Unidos de América, lo que contraría lo previsto en la última de esas normas, que es de orden público y conforme a la cual «…los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas», por lo que la diferencia suscitada entre las partes «no era susceptible de un arbitraje bajo las leyes del Estado de Texas». [186 a 195]
La funcionaria del ente de control se pronunció sobre los hechos aducidos en la petición, y manifestó que no se oponía a las pretensiones de la solicitante siempre que la providencia materia de homologación cumpla los requisitos de ley. [Folio 216 a 230]
En su artículo 2°, relativo a la normatividad aplicable estableció que el arbitraje internacional «se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la presente ley, en particular por las disposiciones de los Tratados, Convenciones, Protocolos y demás actos de Derecho Internacional suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil. En todo caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio. También podrán directamente o mediante referencia a un reglamento de arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral incluyendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del Tribunal, la cual podrá estar en Colombia o en un país extranjero» (subrayas fuera del texto original).
Tal situación no cambia con la aplicación del Código General del Proceso a las solicitudes de reconocimiento presentadas desde el 1° de enero del año en curso, porque el artículo 605 de dicha compilación normativa establece que la homologación de laudos arbitrales proferidos en el extranjero «se someterá a las normas que regulan la materia», es decir, remitió a la reglamentación especial contenida en la Ley 1563 de 2012, que según su artículo 119 «regula íntegramente la materia de arbitraje», y que excluye la aplicación de las disposiciones legales sobre exequátur que rigen para las sentencias proferidas por órganos judiciales de otras naciones, las cuales, en ese estatuto, corresponden a los artículos 605 a 607.
En la comunidad de naciones, se incentivó el uso formalizado del arbitraje internacional para asuntos mercantiles desde comienzos del siglo XX. En 1923, se adoptó el «Protocolo Relativo a las Cláusulas de Arbitraje en Materia Comercial»[1] y fue creada la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. En 1927, se elaboró la Convención para la Ejecución Sentencias Arbitrales Extranjeras.[2]
Ante las dificultades planteadas por la aplicación de los denominados «Acuerdos de Ginebra» tales como el «doble exequátur», la posibilidad de negar su reconocimiento por variadas causas y la carga de la prueba en contra del solicitante, y en aras de implementar un marco regulatorio uniforme que mejorara el régimen establecido en ellos, el 19 de junio de 1958 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional reunida en la ciudad de New York se abrió para la firma la «Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extrajeras».
Su propósito fue el de facilitar que las providencias arbitrales tuvieran eficacia jurídica y pudiera exigirse su cumplimiento forzado en países distintos de aquellos en que fueron dictadas, evitando que las providencias arbitrales «tanto extranjeras como no nacionales, sean objeto de discriminación, por lo que obliga a los Estados partes a velar por que dichas sentencias sean reconocidas en su jurisdicción y puedan ejecutarse en ella, en general, de la misma manera que las sentencias o laudos arbitrales nacionales».[3]
Los Estados vinculados a esta controversia, es decir, Estados Unidos de América y Colombia, se hicieron parte de dicho tratado internacional al adherir el 30 de septiembre de 1970 el primero, y el segundo incorporándolo al ordenamiento positivo mediante la Ley 39 de 1990.[4]
Por eso, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que «es lógico que en el plano internacional la expresión del acuerdo de voluntades entre los Estados prevalezca sobre el orden interno de uno de los que se han comprometido en particular», y que en virtud de lo estatuido por el artículo 9º de la Constitución Política, el cumplimiento de los tratados como principio de derecho internacional aceptado por Colombia, es una «medida de seguridad y estabilidad jurídica dentro del orden internacional» (C-276 de 1993).
En razón de lo anterior, es innegable que cada uno de los Estados que adhirieron a la Convención de New York, está obligado a reconocer la autoridad del laudo arbitral y a no imponer a dicho procedimiento condiciones más rigurosas que las aplicables a las sentencias arbitrales nacionales (artículo III), limitando las causas de denegación únicamente a las establecidas en ese instrumento (artículo V).
En Latinoamérica, diversas convenciones han abordado el arbitraje internacional: «Tratado sobre Derecho Procesal Internacional, Montevideo 1889», «Código Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado de 1928», «Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940» y «Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial internacional».
Aunque Colombia es parte de todos esos instrumentos con excepción del Tratado de Montevideo (1940), Estados Unidos de América solo es signatario de la «Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional» adoptada en la ciudad de Panamá el 30 de enero de 1975.[5]
A través de la Ley 1563 de 2012, por la cual se expidió el nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, se instituyó en nuestro ordenamiento jurídico un trámite simplificado de reconocimiento del laudo extranjero, el cual ha de adelantarse ante la «autoridad competente» conforme al artículo 113 de dicha normatividad, y de acuerdo a lo establecido en ella y en los tratados, protocolos, convenciones y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia (artículo 114), sin que -se reitera- puedan aplicarse las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a los motivos, requisitos y pasos para denegar la homologación, las cuales son aplicables únicamente a las sentencias proferidas en el exterior.
El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono solo si las partes lo hubieren autorizado. En todo caso, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y teniendo en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso (artículo 101; se subraya).
En este asunto resultan aplicables la «Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extrajeras» (New York, 1958), la «Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional» (ciudad de Panamá, 1975) y en cuanto al trámite de reconocimiento, como ya se indicó, la Ley 1563 de 2012, sin que haya lugar a reparar en la existencia de reciprocidad diplomática o legislativa, en razón de que el Estatuto del Arbitraje derogó el inciso 2° del artículo 693 de la codificación procesal.
Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular (artículo IV).
5.2.1. La providencia proferida por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en el caso de HMT Inc. contra Fomento de Catalizadores S.A.S. corresponde a un «Laudo Arbitral Parcial Final» según así lo dispuso el tribunal arbitral, carácter en virtud del cual es susceptible de reconocimiento en Colombia, dado que a pesar de que no dirime la controversia relacionada con el incumplimiento del contrato de agencia celebrado por las partes, si resuelve de manera definitiva lo atinente a la jurisdicción de los árbitros que fue cuestionada por la sociedad colombiana por vía de objeción, y esta característica, precisamente, la diferencia de los autos o proveídos que impulsan el proceso y no requieren de las formalidades establecidas en el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje para los laudos.
Además, dado que el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012 derogó el inciso 2° del artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, los laudos arbitrales proferidos en el exterior no se regulan por dicha norma, de ahí que ya no es posible asimilarlas a las sentencias para exigir que la providencia arbitral sea de esa naturaleza.
Tal situación es la que se presenta cuando la persona natural o jurídica convocada al trámite formula objeciones a la jurisdicción del tribunal arbitral, pues siendo este un aspecto de indiscutible importancia, dado que puede derivar en la terminación del procedimiento en caso de aceptarse, en muchos casos es resuelta a través de un laudo, tal como ocurrió en este caso, en el que el Tribunal de Arbitramento, según la traducción oficial de la decisión cuyo reconocimiento se pide, «en vista del acuerdo sustancial de las Partes sobre este punto, dispuso la bifurcación de estos procedimientos arbitrales para considerar y decidir, en una primera fase, sobre las objeciones jurisdiccionales introducidas por el Demandado».[6]
Esa primera fase concluyó con la emisión del «Laudo Arbitral Parcial Final» presentado a esta Corte, cuyas conclusiones están limitadas «exclusivamente a las cuestiones jurisdiccionales ante sí, y no presentan puntos de vista sobre la ley que rige las reclamaciones del Demandante ni sobre las defensas del Demandado sobre los méritos, y no prejuzgan cualquier asunto o cuestión relacionada con los méritos de esas reclamaciones o defensas».[7]
Ahora bien, según lo acordaron las partes en el contrato de «Agency Agreement», las disputas relacionadas con éste debían resolverse a través de arbitraje «de acuerdo con las reglas, conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional»[8], regulación que no consigna la existencia de recursos en contra del laudo parcial final proferido, e incluso, conforme a su artículo 34 (6) todo laudo «es obligatorio para las partes. Al someter su controversia a arbitraje según el Reglamento, las partes se obligan a cumplir sin demora cualquier laudo que se dicte y se considerará que han renunciado a cualesquiera vías de recurso a las que puedan renunciar válidamente» (subrayado propio).
5.2.3. Además, se allegó copia debidamente legalizada y traducida del contrato de «Agency Agreement» suscrito el 1º de mayo de 2011 que contiene la cláusula compromisoria o acuerdo mediante el cual las empresas HMT INC y Fomento de Catalizadores – FOCA Ltda., se obligaron a llevar a arbitraje todas las diferencias que surgieran en relación a dicho convenio o en virtud de la ejecución del mismo. [Folios 263 a 293]
Dichas causales son reproducidas por el artículo 5º (numerales 1 y 2) de la «Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional» (Panamá, 1975) y por el artículo 112 del «Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional» (Ley 1563 de 2012).
La sociedad Fomento de Catalizadores – FOCA S.A.S. no alegó ninguno de los motivos que el juzgador debe evaluar a instancia de parte relacionados con la constitución del tribunal arbitral y el procedimiento seguido, sino que invocó la prevista en el literal b) del artículo 112 de la Ley 1563 y en el numeral 2º (literal a) del artículo 5º de las Convenciones de New York y de Panamá, consistente en que según la ley colombiana, el objeto de la diferencia «no es susceptible de solución por vía de arbitraje».
El artículo 3º de la Ley 270 de 1996 (numeral 3), antes de la modificación introducida por la Ley 1285 de 2009, establecía que ejercen función jurisdiccional «Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley» (subrayado propio).
El arbitramento -explicó la Corte Constitucional- «tiene límites materiales, en el sentido de que no todos los asuntos se pueden someter a la decisión de los árbitros. En términos generales, únicamente se pueden sujetar a este tipo de procedimiento los asuntos de naturaleza transigible, que pueden ser objeto de libre disposición, negociación o renuncia por las partes en conflicto y, en consecuencia, se incluyen dentro de la órbita de su voluntad. En consecuencia, existen ciertas materias que, por su naturaleza no transigible ni sujeta a disposición, deben necesariamente ser resueltas por los jueces de la República» (SU174-07).
El Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012) amplió el concepto de arbitrabilidad objetiva al establecer que mediante ese instrumento las partes encomiendan a los árbitros «la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice», de modo que los conflictos que pueden resolverse por esa vía no son solamente los transigibles o de libre disposición, sino también aquellos en los que exista autorización del legislador.
5.5. La diferencia entre HTM LLC y Fomento de Catalizadores – FOCA S.A.S., según la solicitud de reconocimiento, surgió porque la primera consideró incumplidos los términos del contrato de «Agency Agreement» celebrado el 1° de mayo de 2011 y lo dio por concluido.
Incluso, el beneficio especial otorgado a los agentes nacionales por el inciso 1° del artículo 1324 del estatuto mercantil consistente en el pago de «una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor» a la terminación de la agencia, no es visto hoy, en la jurisprudencia de esta Corte, como un derecho indisponible o intransigible.
Ahora, los artículos 869 y 1328 del Código de Comercio invocado por la sociedad Fomento de Catalizadores – FOCA S.AS. como fundamento de su objeción al reconocimiento del laudo, no plantean un problema de arbitrabilidad objetiva de la controversia como lo estimó esa parte, dado que no establecen una prohibición expresa de resolución por vía del procedimiento arbitral, ni de su texto se infiere una restricción, limitación o prohibición frente a dicho instrumento.
5.6. Superado el tema de la arbitrabilidad objetiva, resta por establecer si el reconocimiento del laudo sería contrario al orden público, causal en virtud de la cual es posible denegar dicha solicitud (literal b, numeral 2, art. 5° Convención de New York), reproducida en la Convención de Panamá y en el artículo 112 de la Ley 1563 de 2012 que precisa:
«Solo se podrá denegar el reconocimiento de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, en los casos y por las causales que taxativamente se indican a continuación: (…) b) Cuando la autoridad judicial competente compruebe: (…) ii. Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público internacional de Colombia» (se destaca).
Si bien la Convención de New York hace alusión al «orden público», es claro que dicha noción corresponde a la de «orden público internacional» del país en que se pide el reconocimiento del laudo como acertadamente lo recogió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional en la norma precitada, adoptado también por la doctrina del derecho internacional privado.[9]
Posteriormente, en el fallo CSJ SC, 30 Ene. 2004, Rad. 2002-00008-01 reiteró que la excepción de «orden público» frente a la homologación de una providencia judicial extranjera puede acogerse únicamente en caso de contradicción con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Otorgarle mayor amplitud -sostuvo la Corte- implicaría aceptarla como «‘un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos’ que conducirían al ‘absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país’”».
La noción de “orden público” en el “Derecho Internacional Privado”, concuerda con el criterio de la doctrina, al señalar, que es diferente a la concebida en áreas como el “Constitucional” y el “Privado Interno”, pues en el ámbito de aquel, en el evento de llegar a contrariar principios fundamentales del ordenamiento jurídico, se erige como una excepción a la aplicación de la ley extranjera cuando se demanda el “reconocimiento y ejecución de un fallo foráneo”.
En procura de generar alguna ilustración al respecto, se tiene por ejemplo, que en Alemania el “orden público internacional”, también denominado “orden público absoluto”, o “cláusula de reserva”, se ha explicado esquemáticamente de la siguiente manera: “En una comunidad internacional existen principios básicos comunes, que reflejan el tipo de civilización o de formación jurídica a que pertenece ese grupo de países. Por ello no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica se basan en principios no sólo diferentes sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces de este Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios”[10].
Por su lado el Tribunal Supremo de España consideró que el “orden público internacional” es posible entenderlo como “(…) el conjunto de principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada”[11].
En suma, el concepto que acoge el “Derecho Internacional Privado” es el de “orden público internacional” que difiere de la noción de “orden público interno”, que en palabras de Werner GOLDSCHMIDT “constituye la barrera de la autonomía de las partes y abarca la totalidad del derecho civil coactivo”.[12]
La distinción a la que se ha hecho mención tiene profunda significación, pues de ello se desprende que en la jurisprudencia de muchos países una norma obligatoria de derecho interno no necesariamente prevalece en asuntos internacionales. MARZORATI, en un estudio sobre la ejecución de los “laudos extranjeros”, pone como ejemplo la decisión de la Corte Suprema Suiza en el caso “Rothenberger vs. GEFA” y al respecto señala: “Las disposiciones del artículo 493 del Código de Obligaciones, conforme a las cuales una garantía debe ser otorgada por escribano público, son de naturaleza obligatoria. Pero esto no significa que también deberían ser consideradas como de orden público.”[13]
Los estados pertenecientes al “Common Law” siguen la orientación proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica, según la cual el “orden público” se divide en “domestic and international public policy”; con ello, a menos que un “laudo” viole el “orden público internacional”, las Cortes deben ejecutarlo y reconocerlo. Por ejemplo, en “the Parsons & Whiltemore Overseas Co. Inc. v. Societe Generale de L’Industrie du Papier (RAKTA) 508 F2 d 696 (1974) case”, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos señaló, que la noción de “orden público” (“public policy”) en la Convención de Nueva York, debe ser entendida limitativamente, y aplicarse solo cuando el reconocimiento o ejecución del “laudo” contraríe “los conceptos más básicos de moralidad y justicia”[14] (se resalta).
En la doctrina del derecho internacional privado, el concepto de orden público internacional ha ocasionado variados debates, pero la mayoría se sitúa en una corriente restrictiva o minimalista al paso que en cuanto a la arbitrabilidad la tendencia es expansiva[15] e incluso algunos propugnan por una autonomía conceptual de la noción de orden público en el marco del arbitraje indicando que «el orden público como anulación o causa de la no homologación de una sentencia arbitral internacional se debe aplicar en atención a criterios todavía más reducidos que los utilizados para anular o denegar el reconocimiento y la ejecución a las sentencias jurídicas internacionales».[16]
Se ha sostenido en esa misma dirección que «en todo momento, el orden público debe ser entendido en un sentido muy restringido y limitado en el arbitraje internacional. La doctrina del orden público debería ser invocada únicamente en aquellos casos en los que claramente el perjuicio de lo “público” fuese incuestionable».[17]
Concluyó dicho organismo que la expresión «orden público internacional» estaba relacionada con «el conjunto de principios y reglas reconocidas por un determinado Estado, que por su naturaleza podrían impedir el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral dictado en el contexto del arbitraje comercial internacional, cuando el reconocimiento o la ejecución de dicho laudo pudiera implicar su violación, en razón ya fuese del procedimiento conforme al cual se dictó -orden público internacional procesal- o de su contenido -orden público internacional sustantivo-».
Dentro de la categoría de «orden público internacional sustantivo» se encontrarían los principios de «no abuso de los derechos», «buena fe», «fuerza obligatoria del contrato», «prohibición de discriminación y expropiación sin indemnización» y «prohibición de actividades contrarias a las buenas costumbres, como la proscripción de la piratería, el terrorismo, el genocidio, la esclavitud, el contrabando, el tráfico de drogas y la pedofilia».[18]
El pronunciamiento del panel arbitral, amén de respetar el principio de Kompetenz – Kompetenz reconocido en el ámbito del derecho internacional privado, se halla en consonancia con las normas que en Colombia regulan el trámite arbitral, pues sostuvo que «el Tribunal de arbitramento tiene entonces autoridad bajo la lex arbitrii para decidir sobre su propia jurisdicción sin interferencia de cortes nacionales, y sin la obligación de diferir a la decisión previa de las cortes nacionales las objeciones planteadas contra su jurisdicción».
En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que «de conformidad con el principio de Kompetenz-kompetenz, el tribunal arbitral es el único competente para establecer su competencia, excluyéndose cualquier injerencia judicial en la materia. De igual manera, se observa que la lista de excepciones de incompetencia de las que pueden conocer los árbitros no es taxativa, pues el texto normativo hace alusión, entre otras, a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del acuerdo de arbitraje. Asimismo, menciona las excepciones de prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir el trámite arbitral. Señala también que las excepciones de incompetencia se pueden resolver como cuestión previa o en el respectivo laudo, siendo facultativo de los árbitros». (T-288 de 2013).
En efecto, consideró que bajo el «Estatuto Colombiano de Arbitraje (Ley 1563 del 12 de octubre de 2012), también: a) los acuerdos de arbitraje son válidos si se hacen por escrito (Artículo 69); b) un arbitraje es internacional cuando involucra partes domiciliadas en diferentes países (Artículo 62); c) la cláusula compromisoria es autónoma del contrato subyacente (artículo 79); d) los árbitros tienen autoridad para decidir sobre su propia jurisdicción (artículo 79); y e) los tribunales de justicia tienen la obligación de suspender procesos judiciales iniciados haciendo caso omiso de la cláusula compromisoria (Artículo 70)» y luego de constatar la existencia de los anteriores requisitos, concluyó que «la cláusula compromisoria en la Sección 12(c) del contrato es válida y exigible bajo la FAA y bajo la ley de Texas y de Colombia y, por esa razón, que las objeciones jurisdiccionales del Demandado deben necesariamente fracasar».
5.8. Concerniente a la categoría de «orden público internacional sustantivo» del Estado Colombiano, la Sala no encuentra comprobado su quebranto por el laudo, pues tal pronunciamiento circunscrito a «Rechazar las objeciones jurisdiccionales formuladas por el Demandado y, en consecuencia, declarar que el Tribunal de Arbitramento tiene jurisdicción para escuchar y para decidir sobre las reclamaciones y defensas a las reclamaciones afirmadas en este arbitraje»[19] se produjo dentro de una relación patrimonial derivada de un negocio jurídico, cuestión en la que no se aprecia comprometido un interés que trascienda el particular de los contratantes, susceptible de protección bajo la cláusula de «orden público» a la que hacen referencia las Convenciones de New York (1958) y de Panamá (1975), y la propia Ley de Arbitraje Nacional e Internacional.
Ahora bien, es preciso aclarar que el concepto de «orden público internacional» de un país no puede ser confundido con el de «orden público interno» de ese Estado, noción que según se ha explicado en la doctrina nacional «se refiere a las le­yes imperativas en el derecho privado, las cua­les no pueden ser desconocidas o derogadas por convenciones entre particulares, como lo dice, impropiamente, el artículo 16 del Código Civil. Estas leyes imperativas o de orden públi­co tienen validez permanente y se oponen a las meramente supletivas o interpretativas de la voluntad de las partes que sólo rigen a falta de estipulaciones de los contratantes que mo­difican sus previsiones».[20]
En esa perspectiva deben entenderse las precisiones efectuadas por esta Corte en uno de los pronunciamientos antes citados, referentes a que «en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del “foro” del juez del exequátur, per se, no conlleva un ataque al mencionado instituto [orden público internacional], lo será, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior…», y a que en la jurisprudencia de diversos países se ha admitido que «una norma obligatoria de derecho interno no necesariamente prevalece en asuntos internacionales» (CSJ SC, 27 Jul. 2011, Rad. 2007-01956-01).
Aunque, ciertamente, restringe la aplicación de normas foráneas a los contratos de agencia ejecutados en territorio nacional, en tanto no corresponde a una disposición que involucre los intereses, principios y valores fundamentales del Estado colombiano no puede considerársele como parte del «orden público internacional» que puede aducirse como causal para denegar el reconocimiento del laudo cuya copia debidamente legalizada se aportó con la demanda, el cual, como también se exige de la ley o de una decisión judicial extranjera, no introduce «un elemento de intolerable desequilibrio en el seno del ordenamiento jurídico del foro» (CSJ SC, 19 Jul. 1994, Rad. 3894).
En suma, dado que se incorporaron los documentos requeridos para acceder a la solicitud elevada por HMT LLC; la diferencia suscitada entre las partes es susceptible de solución por vía de arbitraje, y su reconocimiento no es contrario al orden público internacional del Estado colombiano, procede reconocer efectos jurídicos a la providencia arbitral sometida al presente trámite.
PRIMERO. CONCEDER el reconocimiento del laudo arbitral proferido el 31 de marzo de 2014 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, sede Houston, Texas, Estados Unidos de América, en el cual se declaró que dicho «Tribunal de Arbitramento tiene jurisdicción para escuchar y para decidir sobre las reclamaciones afirmadas» dentro de la controversia planteada entre HMT LLC y Fomento de Catalizadores – Foca S.A.S.
(Con ausencia justificada)
[1] Ginebra, 24 de septiembre de 1923.
[2] Ginebra, 24 de septiembre de 1927.
[3] Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), publicada en: http://www.unicitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-S.pdf.
[4] Inicialmente, el tratado fue aprobado mediante la Ley 37 de 1979, pero esta fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Congreso de la República expidió la Ley 39 de 1990 que nuevamente le impartió aprobación.
[5] Estados Unidos depositó el instrumento de ratificación el 27 de septiembre de 1990 y Colombia el 29 de diciembre de 1986, luego de aprobar la convención mediante la Ley 44 de 1986.
[6] Folio 43.
[7] Folio 50.
[8] Folio 295.
[9] En ese sentido, en la doctrina española se ha dicho que no cabe duda de que «en la actualidad, el orden público que debe tener en cuenta el juez estatal cuando se enfrenta con el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral internacional debe ser un orden público internacional” (GONZALO QUIROGA, Marta. Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional. Universidad Complutense de Madrid, 2005).
[10] BARTIN, citado por Marco Gerardo MONROY CABRA, en “Liber Amicorum”, homenaje al profesor Carlos Holguín Holguín, Bogotá, 1ª ed., Ed. Rosaristas, 1996.
[11] Sentencia de 5 de abril de 1966, citada por Luis Fernando ALVAREZ LONDOÑO y otros. Derecho Internacional Privado – Estudios de Derecho Internacional 4. Bogotá, Unijaveriana.
[12] Werner GOLDSCHMIDT. Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado. 2ª ed., Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa América, 1952, pp. 441 y ss.
[13] Oswaldo J. MARZORATI. Ejecución de Laudos Extranjeros en la República Argentina – Colisión de convenciones aplicables en el Cono Sur y la Convención de Nueva York. Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión.
[14] Cymie Payme, International Arbitration, American Society of International Law Proceeding (1996).
[15] GONZALES DE COSSIO Francisco. Orden Público y Arbitrabilidad: Dúo dinámico del arbitraje. México 2008, p. 15.
[16] GONZALO QUIROGA, Marta. Orden Público y Arbitraje Internacional en el Marco de la Globalización Comercial. Madrid: Edit. Dykinson, S.L., 2003, p. 63.
[17] GONZALO QUIROGA, Marta, op. cit. p. 65.
[18] Informe Provisional Conferencia de Londres en junio de 2000, y LXX Conferencia Bienal celebrada en Nueva Delhi del 2 al 6 de abril de 2002, en: www.ila-hq.org.
[19] Folio 94.
[20] HOLGUÌN HOLGUÍN, Carlos. La noción de orden público en el campo internacional, en: Revista de la Academia Colombia­na de Jurisprudencia. Bogotá, núm. 290-29 (agosto de 1990 a febrero de 1991), p. 9 y ss.

References: artículo 17

Artículo 2

Artículo 197

Artículo 111

Artículo 17

Artículo 1

Artículo 96

Artículo 115

Artículo 3

Artículo 62
 artículo 79

Artículo 112
 artículo 5

Resolución 
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 1328
 artículo 1328
 artículo 2
 artículo 605
 artículo 119
 artículo 9
 artículo 113
 artículo 693
 artículo 118
 artículo 693
 artículo 34
 artículo 5
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 1324
 resolución 
 artículo 112
 artículo 493
 artículo 16