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Timestamp: 2018-11-20 08:00:24+00:00

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1. Introducción al sistema jurídico
1.1. Estructura del gobierno
1.3. Gobiernos subnacionales
1.6. Papel del poder ejecutivo en el proceso de elaboración de las leyes
1.7. Papel del Poder Judicial
1 Introducción al sistema jurídico
1.1 Estructura del gobierno
La estructura básica del gobierno de México se contempla en Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Mexicana), la cual establece que México es "una república representativa, democrática y federal".
El gobierno de México se basa en el sistema romano de derecho codificado llamado sistema de derecho civil. En el sistema civil, el poder legislativo juega un papel principal en la elaboración y promulgación de las leyes, a través de sus dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores. La Cámara de Diputados, tiene asignada la representación del pueblo, y la de Senadores tiene como fin representar a los 31 Estados y al Distrito Federal. La atribución fundamental de estas cámaras es la de elaborar y promulgar las leyes, así como para el caso de la Cámara de Senadores, adicionalmente ratificar los tratados y acuerdos internacionales suscritos por México.
Dentro de estas cámaras se forman Comisiones especializadas en distintas materias que emanan de la Constitución, lo que hace más técnico y específico el actuar de sus miembros.
El sistema civil de México reduce la necesidad de una interpretación judicial. En algunos pocos casos un juzgado debe interpretar la ley y crear una nueva norma a falta de una disposición específica en la ley. Adicionalmente, al proceso legislativo, el Ejecutivo crea leyes administrativas emitiendo reglamentos y normas oficiales que complementan las disposiciones legales existentes. El Ejecutivo ha dominado la creación de nuevas leyes mediante la presentación de iniciativas de ley en el Congreso.
Relaciones nacionales y subnacionales
La Constitución Mexicana establece las áreas de competencia federal y estatal. Sin embargo, en algunas áreas estas jurisdicciones se superponen. El artículo 124 constitucional claramente establece que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados"
La coordinación de las actividades federales y locales se logra mediante los lineamientos establecidos en la legislación federal, así como acuerdos entre las autoridades. De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia ambiental el gobierno federal puede suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los estados o el distrito federal para que estos asuman determinadas funciones. Las leyes federales son de observancia obligatoria en todo el territorio mexicano, en tanto que las leyes estatales tienen un cumplimiento exclusivo del estado que las promulgó. Las leyes municipales son obligatorias solamente en el municipio respectivo.
1.3 Gobiernos subnacionales
La República Mexicana comprende treinta y un estados, y un Distrito Federal (D.F.) que es la sede de los poderes de la Federación. Cada estado se subdivide en municipios, mientras el Distrito Federal se compone de delegaciones. La Constitución Mexicana establece las bases para la forma y estructura de los diferentes gobiernos de los estados. Cada estado cuenta con su propia constitución, así como con un gobernador que funge como la máxima autoridad ejecutiva local. El Distrito Federal no tiene constitución local, ni gobernador, sino Estatutos de Gobierno. Las autoridades locales de gobierno del Distrito Federal son: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Gobiernos autóctonos / comunidades indígenas
En algunos municipios de México la población es mayoritariamente indígena, la cual mantiene organizaciones, leyes, religiones, idiomas, tradiciones y costumbres específicas. Estos grupos indígenas reciben la protección especial de las leyes mexicanas como una minoría Los pueblos indígenas están sujetos a todas las leyes y disposiciones federales y estatales aplicables, pudiendo utilizar sus propias organizaciones únicamente en asuntos locales.
Es preciso señalar que en agosto del 2001, la Constitución sufrió una reforma, denominada " reforma indígena " en la que algunos artículos de la constitución fueron reformados para incluir disposiciones relativas a los grupos indígenas. Como una de las principales reformas podemos señalar aquella del artículo 2 en donde se reconoce la composición pluricultural de la nación. El mismo artículo reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, así como la autonomía para entre otros aspectos decidir las formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. (Artículo 2 Fracción I)
1.6 Papel del poder ejecutivo en el proceso de elaboración de las leyes
El Ejecutivo participa en el proceso de creación de una ley en tres formas. En primer lugar, el Presidente puede presentar una iniciativa de ley ante el Congreso. En segundo término, el Presidente debe aprobar y promulgar la legislación aprobada por el Congreso antes de que pueda surtir efectos como tal. Finalmente, el Presidente y las entidades administrativas auxiliares participan en la implantación de la ley promulgada expidiendo reglamentos y NOM. Los reglamentos los emite exclusivamente el Ejecutivo y los debe firmar el Secretario de Gobernación. Este proceso de creación de normas se conoce como referendo. Por lo regular, los reglamentos ejecutivos tratan sobre las leyes promulgadas por el Congreso.
En un esfuerzo por modernizar el proceso de creación de normas, el Congreso recientemente promulgó la Ley Federal de Metrología y Normalización (en lo sucesivo Ley de Normalización) el 1 de Julio de 1992, la cual modificó el carácter de obligatorio y les dio estatus de voluntario a la totalidad de las normas expedidas con anterioridad al 1 de julio de 1992. Casi todas las normas técnicas posteriormente se reautorizaron o consolidaron como Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de acuerdo con la Ley de Normalización. Esta Ley hace la distinción entre las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas como normas de aplicación voluntaria.En cuanto a la protección del medio ambiente, las NOM establecen normas en los siguientes campos: en materia de biodiversidad y recursos naturales, sobre el aprovechamiento de aguas y prevención y control de la contaminación al agua y ecosistemas acuáticos , en materia de exploración y explotación de los recursos no renovables, para prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera , en materia de manejo de materiales y residuos, en materia de riesgo ambiental y en materia de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación En el capítulo 6.1 se proporciona información sobre la participación ciudadana en el proceso de normalización.
Cabe señalar que en materia de normas oficiales mexicanas existe dentro de la Ley Federal de Metrología y Normalización, un apartado referente a la participación social en la elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas (Capítulo II). Cabe señalar que el 14 de enero de 1999, se publicó el Reglamento a la Ley sobre Metrología y Normalización, el cual contiene disposiciones relativas a las Normas Oficiales Mexicanas y los Comités Consultivos de Normalización.
1.7 Papel del Poder Judicial
Los Tribunales Federales tienen dos funciones básicas en el sistema juridico mexicano: la resolución de conflictos legales y la interpretación de la ley a través de la jurisprudencia. La función más importante es la resolución de conflictos legales. Esto implica generalmente la sola aplicación de la ley a un caso. Sin embargo, en algunos casos en los que un tribunal debe interpretar o aplicar una ley a una circunstancia especial no contemplada directamente por la ley, crea jurisprudencia al dictar una resolución al conflicto. La creación y los efectos de la jurisprudencia se establecen en la Ley de Amparo. Unicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Colegiado de Circuito pueden crear jurisprudencia, la cual es obligatoria para el resto de los juzgados y tribunales federales y estatales. La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte se crea sólo cuando existe una serie de cinco ejecutorias o sentencias no interrumpidas. Cualquier ejecutoria en contrario a dicha serie cancela el carácter de obligatoriedad. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisdicción de apelación definitiva sobre todos los tribunales federales, y de hecho sobre los tribunales estatales a través del juicio de amparo que se describe más adelante.
Juicio o demanda de amparo
México cuenta con un sistema de revisión judicial federal para proteger las garantías de los particulares, al amparo de Constitución Mexicana, que se denomina juicio de amparo. Puede iniciarse una demanda de amparo contra (1) cualquier ley o acto de la autoridad que sea violatorio de una garantía individual otorgada bajo la Constitución, (2) contra leyes o actos oficiales federales que violen o restrinjan la soberanía o las leyes estatales, o leyes o actos oficiales estatales que invadan la esfera de la autoridad federal. Solamente las partes agraviadas directamente por el acto o ley pueden iniciar un juicio de amparo. El sistema de amparo no otorga a los Tribunales Federales la facultad de hacer una declaración general en cuanto a que un acto del Congreso o del Presidente es inconstitucional, ya que tal declaración sólo se aplica a las partes en tal juicio.
Las particularidades del sistema de amparo se estipulan en la Ley de Amparo. Por ejemplo, una limitación es que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no está sujetas a apelaciones por la vía de amparo. Otra limitación es que deben agotarse los recursos judiciales y administrativos antes de iniciar un juicio de amparo.

References: Artículo 40
 artículo 124
 Artículo 11
 artículo 2
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