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Timestamp: 2018-09-26 11:20:53+00:00

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﻿ Sentencia 33431 de abril 10 de 2013
SENTENCIA 33431 DE 10 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE PARTE CIVIL. BAJO LOS MANDATOS DE LA LEY 600 DEL 2000, EL PERJUDICADO PUEDE HACER VALER SU DERECHO DENTRO DEL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE LA DEMANDA COMO ACTOR CIVIL. ANTE LA INADMISIÓN DE ESA DEMANDA SIN QUE MEDIARA UNA NEGATIVA FORMAL QUE PERMITIERA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS PODRÍA PENSARSE EN ANULAR TODO LO ACTUADO PARA PERMITIR QUE LA VÍCTIMA SE CONSTITUYA COMO PARTE CIVIL O RECONOCERLE ESA CONDICIÓN EN SEDE DE CASACIÓN. SIN EMBARGO, LA PRIMERA OPCIÓN FACILITARÍA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, MIENTRAS QUE EN LA SEGUNDA RESULTARÍA IMPOSIBLE ACOPIAR ELEMENTOS DE CONVICCIÓN TENDIENTES A DEMOSTRAR LOS PERJUICIOS. POR LO ANTERIOR, ANTE LAS CONSECUENCIAS QUE ARROJAN TALES VARIABLES, PARA MANTENER A SALVO EL INTERÉS ECONÓMICO QUE PRETENDE LA VÍCTIMA, NO DEBE ACCEDERSE AL RECONOCIMIENTO DE LA VÍCTIMA COMO PARTE CIVIL, SINO INSTARLA PARA QUE ACUDA A LA VÍA CIVIL PARA ELLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUDIENCIA PREPARATORIA, RECEPTACIÓN, RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS
Sentencia 33431 de abril 10 de 2013
La corporación analizará en primer lugar las situaciones que conllevarían la anulación procesal de la actuación planteadas por la defensora de Luis Humberto Guerrero García, toda vez que los vicios in procedendo conducen claramente a cuestionar la validez del proceso y generalmente impiden un fallo de sustitución, el cual en caso de prosperar haría inocuo el análisis de las restantes censuras.
Cumplido lo anterior se estudiarán los reparos por violación indirecta de la ley sustancial y acto seguido los presentados por el defensor de Ray Dumar Hernández Sánchez.
1. Cargo por nulidad.
La defensora estima que el haber enviado las comunicaciones a su asistido a una dirección errada, no enterarlo de la renuncia de su defensor de confianza y designarle representante judicial de oficio, afectó la defensa material pues se le privó de oportunidades procesales para demostrar su inocencia, como el pedir pruebas en la audiencia preparatoria o ser escuchado en la audiencia pública.
No cabe duda que ser escuchado, confrontar a los testigos de cargo, aportar pruebas y controvertir la imputación expresando su propia apreciación fáctica y probatoria con miras a inclinar el convencimiento del juzgador en torno a la tesis planteada por la fiscalía es un derecho del sujeto pasivo de la acción judicial penal que materializa no solo el debido proceso, sino el de defensa.
Es el ejercicio de esa oposición la que legitima la pretensión punitiva, de ahí que sea trascendental escucharlo directamente, lo cual se refuerza y enriquece con la asistencia letrada para encausar jurídicamente la estrategia defensiva ofreciendo así condiciones de igualdad para la discusión jurídica y probatoria, pues la preparación profesional del representante judicial permitirá con argumentaciones controvertir y hasta desquiciar la incriminación.
No obstante lo anterior, en este caso es notable la precariedad demostrativa del vicio de garantía que denuncia la recurrente, porque no especifica la limitación del ejercicio defensivo que tuvo que enfrentar su asistido.
Sobredimensiona un aspecto insular por el breve espacio en el que no contó con asistencia cualificada, porque revisada la actuación es evidente que el defensor de confianza que lo acompañó y representó activamente a la largo de la instrucción desde su vinculación mediante indagatoria —abogó por su libertad, impugnó la medida de aseguramiento impuesta, presentó alegatos precalificatorios y recurrió la resolución de acusación, entre otras actividades—, solo renunció al mandato conferido el día fijado para la celebración de la audiencia preparatoria (ago. 14/2008), arguyendo para ello las desavenencias con su representado al no haberle cancelado los honorarios profesionales.
Y si bien oficialmente no se le enteró al incriminado la determinación de su apoderado, rápidamente, el 4 de noviembre siguiente al cumplir con la audiencia preparatoria, se le designó un defensor de oficio que también hizo actos de gestión en pro de sus intereses al avalar la petición probatoria formulada por el abogado del otro procesado, Ray Dumar Hernández Sánchez.
De otro lado, el dislate al no haber enviado las citaciones a la dirección de residencia del procesado no se advierte de entidad si se tiene en cuenta que en manera alguna se le sorprendió con la actuación, al punto que sabía de su existencia, pues recuérdese que tras su captura fue escuchado en indagatoria momento en el cual se le enteraron los cargos que se le hacían para luego resolver su situación jurídica cuando se advirtió comprometida su responsabilidad al desguazar el vehículo hurtado junto con Homero Cruz Gras en la finca de Miguel Antonio Hernández, donde se encontraba el automotor, precisamente en un sitio apartado del perímetro urbano, y porque luego de desbaratar el carro y sacar sus partes importantes, contrató a una grúa para llevar lo que quedaba del mismo para venderlo como chatarra a Jesús Higuita.
Ese mismo conocimiento de Guerrero García del proceso que se proseguía en su contra le permitía obviamente estar al tanto del momento fijado para las audiencias preparatoria y pública a fin de participar en ellas. Por ello, al razonablemente inferir que estaba al tanto del trámite penal, es fácil deducir que de manera voluntaria optó por no concurrir a ellas a rendir nuevas explicaciones a las ya dadas en su indagatoria.
Bajo esta óptica, la Sala reitera que en virtud del principio de protección que rige la declaratoria de las nulidades, el sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulación no puede aducirlo en su beneficio, por ende, si el procesado decidió no comparecer en la etapa del juicio, fue él quien se privó de tal mecanismo de defensa como oportunidad propicia para aportar pruebas en su favor, sin que pueda ahora alegar tal circunstancia como factor invalidante del trámite.
En suma, como no se advierte alguna limitación a las facultades defensivas de Guerrero García, ni se avizora la cristalización de situaciones que de manera objetiva favorecieran su situación, resulta improcedente acceder al pedimento de nulidad invocado por la impugnante.
De manera previa se advierte contradicción en el planteamiento de la libelista, pues a la par que indica la inexistencia de dolo en el actuar de su representado (error de tipo), lo que ante la falta de conocimiento de elementos constitutivos del delito llevarían a la atipicidad subjetiva y consecuente exclusión de la responsabilidad dolosa, y también culposa al no estar prevista esta forma conductual para el ilícito achacado, añade lo concerniente a la ausencia de conocimiento de la ilicitud (propio del error de prohibición).
La representación equivocada de la realidad de su defendido la hace consistir en que su presencia en el lugar de los hechos obedeció a que fue contratado para simplemente bajar un motor de una volqueta, labor que se reducía a desatornillar unas tuercas, pero deja de lado circunstancias que denotaban su compromiso directo, ya que la labor de desbaratar el automotor que inusualmente estaba en una finca distante del casco urbano de la población, lugar en el que se dificultan tales labores a cambio de realizarlo en un taller o lugar propicio para esos menesteres, les llevó varios días, para lo cual debieron incluso utilizar mecanismos altamente calificados como el cortador de acetileno que refirió Miguel Antonio Jiménez en su injurada para poder deshacer el chasis.
Pero además, es patente la precariedad demostrativa de la casacionista cuando enuncia que a su defendido no le correspondía verificar la legalidad de los elementos que iba a desmontar de la volqueta, desdeñando la prueba circunstancial edificada a partir de las manifestaciones de Homero Cruz Grass quien también participó en desguazar el vehículo y de Miguel Antonio Jiménez propietario de la finca a la cual fue llevada previamente la volqueta, amén de las contradicciones del propio procesado cuando dijo que era agricultor y que no tiene relación alguna con la mecánica, pero pese a ello terminó no solo sacando el motor y la caja, sino deshaciéndola literalmente para incluso vender sus restos con la clara finalidad de desaparecerla físicamente como unidad.
Si indicio por su carácter de prueba indirecta es un proceso valorativo a través del cual se somete un hecho que se encuentra en otro medio probatorio a una regla de la experiencia para llegar a deducir un hecho desconocido, la demandante no ataca en debida forma la prueba circunstancial, porque el falso raciocinio que anuncia solo lo descansa en que su representado pese a ser agricultor con escasa preparación académica para la labor contratada de desatornillar unas tuercas no requería conocimientos de mecánica, sin explicar qué regla del sentido común fue pretermitida en la valoración judicial o cómo la decisión de condena obedece más al capricho del tribunal que a la valoración racional probatoria.
Es sabido que para atacar la inferencia judicial se debe partir por aceptar la validez de la prueba que le sirvió de sustento, no de otro modo se puede denotar que el proceso valorativo que impone el sistema de persuasión racional probatoria no acató los parámetros científicos, lógicos o de las reglas de la vida y que por esa vía se llegó a una decisión absurda.
Y aquí una revisión atenta del fallo evidencia en su plenitud que no partió el juzgador de hechos inciertos, ni forzó el curso de inferencias lógicas con conclusiones irracionales, como tampoco resultan inverosímiles los relatos que sustentaron las piezas estructurales, ni menos acomodaticios para arribar a la conclusión que el actuar de Guerrero se ajustaba a la descripción típica del delito de receptación, pues no solo contribuyó eficazmente a desbaratar el vehículo, sino que vendió algunas de sus partes convertidas ya en chatarra, una vez fueron sacados y comercializados los componentes principales.
De ahí que el conocimiento de la naturaleza ilícita del hecho por parte de Guerrero García la confirmó el fallador de su mala justificación, porque no consultaba la normalidad de las reglas de la vida su relato acerca de que fue engañado por Homero Cruz y que solo iba a sacar el motor y resultar a cambio desintegrando totalmente el vehículo.
Su presencia activa por varios días para desguazar la volqueta hurtada días antes denotaba racional y unívocamente la diligencia y cuidado necesarios para ocultar el origen de la misma, en clara afectación del bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia.
De esta manera, no se torna difusa la conclusión del fallador y se queda en simple conjetura la manifestación de la impugnante acerca de que la responsabilidad de su defendido fue extraída de su intención de transportar la chatarra presumiendo que conocía su origen ilícito, cuando la misma le había sido regalada.
Tampoco le asiste razón cuando denuncia que no fue tenida en cuenta la declaración de Jairo Arturo Cárdenas Herrera, porque efectivamente fue valorada para encontrar contradicciones con las manifestaciones de Miguel Antonio Jiménez y del propio Luis Humberto Guerrero acerca de quién había sacado chatarra del predio.
Así las cosas, ante la ausencia de razón de la impugnante, los cargos no tienen vocación de prosperidad.
Demanda en nombre de Ray Dumar Hernández Sánchez
El casacionista denuncia tanto errores de hecho como de derecho con la pretensión de mudar el fallo condenatorio para su defendido, sin embargo, no logra acreditar una situación fáctica que condicione dejar de aplicar las normas sustanciales que definen y sancionan el delito de receptación que sustentaron la decisión del tribunal.
Si bien pone de presente que tras superar los yerros que denuncia se desestimarían las afirmaciones de la propietaria del vehículo hurtado en el sentido de que las llantas y otros componentes hallados en la volqueta de placas XAA 468 de propiedad de Hernández Sánchez correspondían a los de su automotor de placas XKD 067, se equivoca al plantear el falso juicio de identidad respecto de la indagatoria de Miguel Antonio Jiménez, propietario de la finca a la cual fue llevada aquel bien cuando, según el defensor, solo refirió el transporte conjunto de las piezas correspondientes al vehículo hurtado, pero no indicó que el motor y la caja trasladados fueran las mismas que se hallaron en el automotor de Ray Dumar Hernández Sánchez, porque una tal afirmación no fue hecha por el juzgador, sino que a través de la prueba construida estableció la relación inferencial para predicar así que algunas de las piezas extraídas de la volqueta de Nelly Prada fueron adquiridas por el procesado.
Efectivamente, el tribunal detalló lo manifestado por Miguel Antonio Jiménez en su injurada acerca de que el 26 de marzo de 2006 (diez días después del hurto), llegó a su finca el señor Homero Cruz quien le pidió permiso para dejar una volqueta mostrándole unos documentos de la misma, al otro día llegó Homero con Luis Guerrero para bajar el motor, y ya por la tarde tenían el motor a un lado y la cabina al otro, luego el 28 siguiente llevaron un cortador de acetileno para trozar el chasis y a los dos días regresaron por la chatarra y el resto de cosas, utilizando para esas actividades una grúa.
Lo anterior fue contrastado judicialmente con las manifestaciones de Ray Dumar Hernández acerca de que el 17 de marzo le compró a Antonio Rodríguez un motor y que el 26 de marzo le fue llevado en una grúa para su instalación, destacando así el juzgador la concomitancia temporal en ambas acciones.
De ahí que se concluyera en el fallo que por el hecho de haber sido encontrados los elementos hurtados en poder de Ray Dumar Hernández constituía un indicio de responsabilidad, máxime que para la instalación del motor ilegalmente adquirido omitió el procedimiento administrativo legalmente establecido ante los organismos de tránsito, cuando precisamente se trataba de una persona conocedora de ello dada su actividad de transportador.
Pero además, se tuvo en cuenta el indico de mala justificación, porque si bien dijo que la volqueta la tenía varada desde hacía seis meses, “no se entiende cómo en el documento de compraventa que aporta se dice que es para instalarlo en la volqueta ITD 262 marca Chevrolet... además... no es creíble que una persona de las calidades y experiencia de Ray Dumar adquiera un motor y entregue nueve millones de pesos sin siquiera mirarlo y a un desconocido, máxime que en el contrato de venta supuestamente celebrado entre ellos se hace referencia expresa a un número de identificación del motor”.
Ahora, si bien evidentemente como lo denuncia el censor no fue considerado el álbum fotográfico que corresponde al troque delantero y las llantas de la volqueta de placas XAA 468, las cuales según Nelly Méndez pertenecían también a la volqueta hurtada de placas XKD 067, gráficas según las cuales no fue posible determinar su color original ante la diversidad de colores que presentaban, ni tenían sistemas de identificación para establecer su propiedad y procedencia, deviene sin transcendencia tal omisión si se tiene en cuenta que la sindicación hecha a Ray Dumar se concretó en “haber adquirido y poseer el motor y la caja que fueron encontrados en un vehículo que él dice haber comprado a nombre de su esposa”, aspecto fáctico que coincide plenamente con lo acotado en la resolución de acusación.
Por la misma razón anterior, no tendría incidencia la declaración de Bercely Barrera Rodríguez, que también añora el libelista, cuando afirmó que le vendió al incriminado unos troques que colocó en su volqueta.
De otro lado, el error de derecho por falso juicio de convicción lo hace consistir el censor en que el tribunal, a contra cara del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, que le niega todo valor probatorio a los informes de policía judicial, le asignó mérito suasorio a los informes de la Sijin que daban cuenta de la captura de los procesados y de la incautación de unos elementos, para concluir que el motor y la caja instalados en la volqueta de Ray Dumar eran los mismos del carro hurtado de placas XKD 067.
El precepto normativo mencionado por el impugnante ciertamente establece que las exposiciones escuchadas por funcionarios de policía judicial en las labores previas de verificación “no tendrán valor de testimonio ni de indicios y solo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”, tópico respecto del cual el Corte ha destacado la limitación de la eficacia probatoria en cuanto solo pueden ser tenidos como guía o referente para buscar nuevas pruebas o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal del procesado.
Y aunque el demandante elige el camino adecuado para denunciar yerros en la valoración probatoria cuando como en este caso se trata de la tarifa legal negativa al otorgarle el juzgador valor demostrativo a un elemento de convicción que la ley se lo niega, específicamente por la validez jurídica negada por el legislador a los informes de policía judicial, la razón les es por completo ajena toda vez que el tribunal tan solo tomó el informe de la Sijin como referente procesal.
Ciertamente, existían otros elementos de convicción que acreditaban la materialidad de la infracción y la responsabilidad directa de Ray Dumar Hernández en la misma, porque el ad quem partió del análisis de las indagatorias de este, de Miguel Antonio Jiménez y Luis Humberto Guerrero García para acotar en primer lugar que los elementos extraídos de la volqueta hurtada fueron manipulados únicamente por este y Homero Cruz, quienes los transportaron en una grúa y que coetáneamente también en una grúa fue llevado el motor para ser instalado en la volqueta de Hernández Sánchez.
A lo anterior se suma que la exculpación ofrecida por Hernández acerca de que tales bienes los compró a Antonio Rodríguez, no resultaba creíble, porque “aparte de que no hay tiempo para la aparición del señor Antonio Rodríguez, mucho menos lo hay para que el motor que adquirió Ray Dumar pudiera corresponder a otro que el quitado a la volqueta hurtada en Paz de Ariporo”. Además, el contrato de compraventa era para instalar un motor en la volqueta de placas ITD 262 marca Chevrolet, el cual tenía un número de identificación que obviamente no correspondía al hallado en la volqueta de placas XAA 468 porque el mismo le fue borrado.
En este orden, el juez plural encontró la corroboración de la información suministrada en el aludido informe con las posteriores pruebas allegadas, sin que haya tomado tal escrito como base para la condena.
Lo anterior hace inexistente el yerro denunciado.
Ahora, en cuanto al falso raciocinio al construir el indicio a partir de la indagatoria de Ray Dumar Hernández y determinar que tenía conocimiento de la procedencia ilícita del motor y la caja que adquirió e instaló en su volqueta, así como por haber encontrado en su poder los elementos, debe enfatizarse que es el análisis conjunto de las varias situaciones descritas las que le dan entidad y desvirtúan cualquier otra interpretación de los hechos como la articulada probatoriamente por el tribunal:
“Es importante tener en cuenta las fechas en que se producen los hechos. El 26 de marzo llega la volqueta completa y en buen estado a la finca o casa de Miguel Antonio Jiménez y al día siguiente ya se está instalando el motor en la volqueta de propiedad de la esposa de Ray Dumar, según puede verse en la declaración de Pedro Vergara, mecánico que hizo el trabajo. En esas condiciones resulta evidente que no hubo espacio ni tiempo para la aparición del famoso señor Antonio Rodríguez, supuesto vendedor del motor. Y ello concuerda también con el dicho de Jiménez”.
Vista así la realidad contenida en el fallo impugnado, se concluye que carecen de fundamento las pretensiones del censor y por consiguiente las censuras no están llamadas al éxito.
La Corte no puede pasar por alto la situación irregular que se presentó en relación con la apoderada de la propietaria de la volqueta como víctima del delito de hurto, cuando allegó su demanda de constitución de parte civil el 3 de julio de 2009, días antes de que el tribunal emitiera el fallo condenatorio al conocer del recurso de apelación, pese a lo cual la corporación no se pronunció al respecto.
De la misma forma, su petición posterior para que fuera adicionado el fallo a efectos de la admisión del libelo le fue negada por no estar contemplada esa posibilidad en las previsiones del artículo 412 del Código de Procedimiento Penal.
No se discute que la víctima o sus legitimados pueden ser reconocidos dentro del proceso penal como personas cuyos derechos han sido vulnerados, ora que busquen la reparación del derecho o su equivalente pecuniario en caso de no poder volver las cosas a su estado anterior, de ahí que deban gozar de todas las prerrogativas procesales inherentes al interior del trámite propias de la postulación, contradicción, aporte probatorio, impugnación y demás.
Si el perjudicado opta por hacer valer su derecho dentro del proceso penal, tal y como lo prevé el artículo 50 la Ley 600 de 2000, una vez admitida la demanda como actor civil queda facultado para solicitar pruebas encaminadas a demostrar la ocurrencia del hecho, la responsabilidad del sujeto pasivo de la acción judicial penal, así como la naturaleza y cuantía de los perjuicios para lo cual puede incluso denunciar bienes de aquel, pedir su embargo y secuestro.
Bajo esta visión, se advierte un desafuero procesal cuando el tribunal hizo caso omiso a la demanda de constitución de parte civil presentada previamente por la apoderada de la denunciante del hurto de la volqueta. No medió una negativa formal a la admisión de parte civil o de adición del fallo que le hubiera permitido mediante el ejercicio de la impugnación lograr tal propósito.
Ante esta realidad procesal surgirían dos interrogantes, si como respuesta a la afectación de las garantías de la víctima debe anularse la actuación a fin de permitirle que se constituya adecuadamente en parte civil o si tal reconocimiento es dable en este momento en sede casacional.
Para ello, acudiendo al argumento consecuencialista, con la mensurabilidad de las variables (teoría de la decisión) se deberán analizar aquellas dos proporciones condicionales(1) de cara a establecer las consecuencias tanto de declarar la nulidad, como de hacer ahora el reconocimiento de la parte civil.
La Corte ha insistido en que la función del operador judicial como garante y protector de los derechos y garantías fundamentales, no puede quedarse en la simple aplicación de la ley, la labor hermenéutica ha de nutrirse de muchas aristas, aquí específicamente la variable que representa la anulación procesal no se compadecería con los fines de proceso, porque contribuiría a la prescripción de la acción penal, pues recuérdese que la resolución de acusación de 16 de marzo de 2007 fue confirmada el 23 de abril de 2008 y dada la punibilidad del delito de receptación, prescribe en la fase del juicio en el término de cinco (5) años.
Tampoco las consecuencias que se derivan de la variable de reconocer en esta altura procesal la constitución de parte civil encuentra justificación racional, porque si bien dada la inexequibilidad parcial del artículo 47 del Código de Procedimiento Penal por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-228 del 3 de abril del 2002, tal reconocimiento puede intentarse en cualquier momento, criterios de razonabilidad deben comandar la admisión, porque por ejemplo no tendría sentido ahora proceder a ello cuando se va a emitir fallo de casación ya que resultará imposible acopiar elementos de convicción tendientes a demostrar los perjuicios, como los señalados en tal libelo relacionados con la verificación a través de prueba testimonial de las condiciones técnico-mecánicas y de funcionalidad de la volqueta que fuera hurtada, de la situación económica de Nelly Prada Méndez, así como algunas experticias, entre otras pruebas, evento que conspira con la obligación legal de tasarlos.
Es que aún para acudir a la facultad discrecional que autoriza el ordenamiento sustantivo penal cuando no existe certeza sobre un monto, se debe contar con elementos de juicio relacionados con la ocupación del ofendido, la merma de su capacidad productiva y los gastos ocasionados por razón del hecho punible, etc., para que con las reglas de la experiencia se logre establecer el justiprecio o proporción tanto del damnum emergens como del lucrum cessans.
Y no se olvide que al tiempo de admitir la demanda de constitución de parte civil se debe notificar en debida forma a quienes se quiere llamar a responder, aspecto que tampoco podía evacuarse en este momento.
Además, si se ha de asegurar que la víctima o sus representantes tengan pleno derecho a acceder a la administración de justicia, tal garantía en manera alguna puede quedar en lo meramente formal, pues implica ser escuchados y atendidos en sus peticiones con el claro ejercicio probatorio y de contradicción en plano de justicia como el prodigado al sindicado, en donde además, les asiste el derecho constitucional de participar en el proceso penal “que no debe limitarse a la declaratoria de responsabilidad penal, sino que, además, ha de extenderse a la obtención de la reparación del daño cuando este se encuentre probado”(2).
Aquí es evidente que la imposibilidad de citar a quienes podrían dar fe de la labor de la víctima y su relación con la volqueta hurtada impediría la cuantificación del daño, así mismo se haría nugatorio el correlato predicable de los procesados de enervar la pretensión del actor civil.
Ahora, recuérdese que el reconocimiento de parte civil no es igual o equivale indefectiblemente a tasación de perjuicios.
Por ello, ante las consecuencias que arrojan tale variables, para mantener a salvo el interés económico que pretende la víctima, no se accederá al reconocimiento de Nelly Prada Méndez como parte civil y se le instará para que acuda a la vía civil para ello.
En efecto, como la víctima no está facultada únicamente para perseguir el resarcimiento de los perjuicios, sino también para procurar el esclarecimiento de la verdad y la obtención de la justicia, estas últimas aristas estarían satisfechas, como lo señaló la apoderada de Nelly Prada en su alegato al destacar la laboriosidad del tribunal en el análisis probatorio, acotando que solo le interesa en este momento el aspecto económico, este interés se le preserva para que por los trámites civiles proceda a la liquidación de perjuicios, pues ya contaría con una sentencia condenatoria.
En este orden, no se accede en este momento al reconocimiento de parte civil, quedándole a salvo a la propietaria de la volqueta Nelly Prada Méndez acudir a la vía civil para abogar por la cuantificación de perjuicios.
1. NO CASAR el fallo por razón de los cargos formulados en la demandas presentadas por los defensores de Ray Dumar Hernández Sánchez y Luis Humberto Guerrero García.
2. NO RECONOCER a Nelly Prada Méndez como parte civil, quedándole a salvo la vía civil para obtener la estimación pecuniaria del daño.
(1) Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y lingüísticamente se representa “si x entonces y”.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-277 del 3 de junio de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 314
 artículo 412
 artículo 50
 resolución 
 artículo 47