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Timestamp: 2013-05-23 01:58:37+00:00

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¿Justicia transicional sin transición? - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Consideraciones sobre el proyecto de ley 202 (Senado) 149 (Cámara) ¿Justicia transicional sin transición?
Jueves 13 de enero de 2011, por Prensa - Colectivo El 9 de julio de 2009 fue promulgada la ley 1312 de 2009 que regulaba entre otros, la aplicación del principio de oportunidad para los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley que cumplieran determinados requisitos.
Víctimas de Crímenes de Estado | Por los beneficios que otorgaba , la mencionada regulación se constituía en una renuncia por parte del Estado, a su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los miembros de grupos paramilitares no postulados a la Ley 975 de 2005 (ley de Justicia y Paz) y que en cifras del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, ascendían a 19.000 paramilitares [1], provenientes del escenario de conflicto armado que vive Colombia, y por cuenta de quienes se han perpetrado las más graves violaciones de derechos humanos.
En respuesta del mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, el Congreso aprobó el proyecto de ley 202 senado, 149 cámara “[p]or [el] cual se dictan disposiciones de Justicia Transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
i)	Desconocimiento de los derechos de las víctimas por la implementación de mecanismos que favorecen la impunidad: La obligación de investigar es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la protección de los derechos fundamentales y está concebida para tener un efecto tutelar, aleccionador y disuasivo [2]. Esta obligación cobra especial relevancia en casos de graves violaciones a derechos humanos como lo son las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o la tortura. Algunos mecanismos pretenden establecerse mediante el proyecto de ley, constituyen un obstáculo para el desarrollo de una efectiva investigación, y por consiguiente, la sanción de responsables de violaciones a los derechos humanos que han formado parte de grupos armados al margen de la ley.
ii)	Vacíos legislativos y dificultades operativas relacionadas con el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica El proyecto de ley presenta vacíos en relación con la conformación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica. Entre otros, no describe concretamente los procedimientos mediante los cuales los desmovilizados darán a conocer los hechos relacionados con la conformación de los grupos armados al margen de la ley, el contexto general de su participación y aquellos de los que hayan tenido conocimiento en razón de su pertenencia al grupo armado. De igual modo, el proyecto no hace referencia a la participación de las víctimas en el proceso de contribución a la verdad, ni a la articulación del mencionado mecanismo con otros mecanismos que promueven la memoria histórica como el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
iii)	Medidas especiales respecto de la libertad y suspensión condicional de la ejecución de la pena
El proyecto de ley presenta los beneficios a los que podrían acceder los desmovilizados que cumplan ciertos requisitos. De acuerdo al artículo 6, a petición del Gobierno la autoridad judicial competente podrá decretar la suspensión de la orden de captura en contra de los beneficiarios de la ley. Así mismo la disposición establece la posibilidad de que a partir del cumplimiento de los mismos requisitos se solicite a la autoridad competente que se abstenga de proferir orden de captura [13]. Por su parte el artículo 7 establece la posibilidad de que a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, se decrete la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período equivalente a la mitad de la condena establecida en la sentencia [14].
iv)	Efectividad del sistema judicial frente a la demanda de procesos que se va presentar en el marco de aplicación del proyecto de ley
La implementación del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, supone el previo juzgamiento de los posibles beneficiarios de la ley. En este sentido habría que resaltar que de acuerdo a las cifras manejadas por el Congreso existen más de 30 mil desmovilizados, por lo cual es importante que se establezca un mecanismo judicial y penitenciario que realmente cumpla con las características necesarias para responder efectivamente y de acuerdo a los estándares en la materia a la demanda de procesos que se presentará. De acuerdo a lo anterior, más que la consagración formal de un procedimiento judicial, es necesaria la implementación de políticas públicas que garanticen que los procesos que se adelanten en el marco de la ley, van a asegurar los derechos de las víctimas y van a prevenir la impunidad de violaciones a los derechos humanos.
Notas[1] Congreso de la República, Gaceta N° 865 del 26 de noviembre de 2008; Gaceta N° 878 del 2 de diciembre de 2008 Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 342 de 2008 Cámara, 261 de 2008 Senado.
[2] Corte IDH. Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 156; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 130.
[3] Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 293.
[4] Proyecto de Ley Por el cual se dictan disposiciones de Justicia Transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones, parágrafo, artículo 4.
[5] Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 123; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 226; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 188; y Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177
[6] Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Arhuacos v. Colombia, párr. 8.8, 19 de agosto, 1997, CCPR/C/60/D/612/1995; y Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Bautista v. Colombia, párr. 8.6, 13 de noviembre, 1995, CCPR/C/55/D/563/1993
[7] Cfr. Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 157. Ver también Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153 párr. 128.
[8] Por ejemplo, en el caso La Cantuta vs. Perú, se determinó que “la prohibición de la desaparición forzada de personas y el correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus cogens”. Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 157
[9] Cfr. Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 115; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 110; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 145
[10] Cfr. Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 88
[11] Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 102; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 297; Caso Godínez Cruz, Fondo, Serie C No. 5 Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 175; Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, Serie C No. 4, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrs 166 y 176.
[12] Proyecto de Ley Por el cual se dictan disposiciones de Justicia Transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones, parágrafo transitorio, artículo 10.
[13] Proyecto de Ley Por el cual se dictan disposiciones de Justicia Transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones, artículo 6.
[14] Proyecto de Ley Por el cual se dictan disposiciones de Justicia Transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones, artículo 7.
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References: artículo 6
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 7