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Administrador – Página 16 – Alianza Ciudadana Pro Justicia
Publicado en 1 junio, 2008 13 agosto, 2014
Continuar leyendo “Propuesta de Seguridad de la Comisión de Estado por la Justicia (Jun 2008)”
Publicado en 1 abril, 2008 12 agosto, 2014
Por Una Nueva Justicia Comunitaria
Justicia deficiente: imparten las Corregidurías de
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, fundamentada en los principios de los derechos
humanos y por una Cultura de Paz, realizó durante los meses de marzo y abril
significativas acciones en el devenir de la cuestión social en Panamá. Entre ellas la
realización de visitas a centros penitenciarios de Panamá y la realización de
talleres de sensibilización ciudadana en el interior del País.
Los centro penitenciarios visitados fueron: Centro de Detención de Tinajitas, Centro
Femenino de Rehabilitación, Cárcel Pública de la Chorrera y la Cárcel Pública de
Penonomé para conocer la realidad de la población penitenciaria sujeta a pena de
arresto, sanción administrativa interpuesta por Corregidores y Jueces Nocturnos
del distrito de Panamá y San Miguelito.
Entre las principales situaciones detectadas:
 Había un total 247 personas cumpliendo pena de arresto, principalmente por
delitos como hurto, agresiones físicas, quebrantamiento de fianza, amenazas
cumpliendo penas hasta de 365 días de arresto (1 año preso).
 La ausencia del Alcalde en la confirmación o revisión de las sanciones de
arrestos, la cual la ley 112 del 30 de diciembre de 1974 señala que todas las
penas de arresto arriba de 60 días deben ser revisada por el Alcalde o la
Comisión de Apelaciones.
 La falta de conocimiento de los corregidores en cuanto a su competencia y
manejo de las leyes, ya que algunos corregidores y jueces nocturnos
imponen sanciones privativas de la libertad o pecuniarias en aquellos casos le
han faltado el respeto en el servicio de sus funciones, lo cual por ley 37 de 25
de junio de 1998 se les prohíbe estas medidas.
 El incumplimiento con el término de 24 horas que establece el Código
Administrativo (art. 885) para pagar la multa ya que obligan al ciudadano
acusado apagar la multa inmediatamente; si no se paga, hacen directamente
la remisión ante el centro penitenciario respectivo de la localidad.
 Ausencia de asistencia gratuita o defensor de oficio en este sistema de justicia
local, se infringe de derecho de ser oído debidamente y que se efectúe un
debido contradictorio entre las partes litigiosas sin importar quien sea uno u
 Las personas sujetas a penas de arrestos están a órdenes del Alcalde y no de
El mayor problema en esta esfera administrativa, es el sistema de justicia
inquisitivo y autoritario que imparten estas autoridades, toda vez que es un sistema
de inició monárquico y de rasgo militar, donde se aplican medidas de privación de
libertad, sin tomar otras medidas alternativas menos rigurosas que atiendan a la
realidad de la falta cometida y a la peligrosidad del infractor. Sanciones de arrestos
por delitos que no requieren, necesariamente, pena privativa de la libertad, como
lo son el hurto, lesiones personales leves (agresión física) son delitos menores que
pueden ser reemplazados por penas pecuniarias (días multas).
A estas deficiencias de fondo en la aplicabilidad de la justicia local panameña actual
se le añade las deficiencias de forma detectadas en los Talleres de
Sensibilización Ciudadana realizado en la provincia de Coclé, Darién y
Veraguas, entre ellas las:  Corregidurías como despachos públicos, no cuentan con una buena
estructura física, principalmente en el interior del País;
 Los Corregidores no tienen estabilidad laboral, no tienen igualdad salarial,
no tienen un mínimo de escolaridad lo que permite que existan
Corregidores que tienen problemas en saber leer y escribir;
 Existen provincias como Darién que en corregimientos como Santa Fé no
cuentan con Corregidurías ni Juzgados Nocturnos ni de turnos (para días
festivos), por lo que hay una justicia interrumpida;
 Existe un grado notable de quejas y desánimo del ciudadano, por el manejo
y las relaciones políticas de interés personal que afectan en las decisiones
de estas autoridades locales al resolver los conflictos que sus despachos se
Ante esa realidad administrativa de la justicia local en Panamá, se hace necesario e
imprescindible mejorar o edificar una plataforma de justicia local accesible para los
ciudadanos/as que ofrezca alternativas en la solución de conflictos comunitarios,
cumpliendo con la normativa internacional de protección a los derechos humanos y
promoviendo una cultura de convivencia y paz en nuestras comunidades. Es por
ello, que la Alianza Ciudadana Pro Justicia espera que se cumplan con los
compromisos planteados en el Pacto de Estado por la Justicia y en la Concertación
Nacional para el Desarrollo, a favor de una primera forma de justicia local: eficaz,
no politizada y en la que el objetivo fundamental sea la resolución pacífica de los
Esperamos que durante esta legislatura que culmina en septiembre del 2008 se
apruebe la nueva ley de acuerdo al consenso logrado en la mesa de trabajo
conformada por la Comisión de Estado por la Justicia.
Panamá, Abril 2008
Publicado en 16 febrero, 2008 12 agosto, 2014
Reglamentación de la Mediación Comunitaria
Gaceta Oficial No 25979, sábado 16 de febrero de 2008
DECRETO EJECUTIVO Nº 777
(De 21 de diciembre de 2007).
“Que dicta medidas sobre las Instituciones
de Arbitraje, Conciliación y Mediación; se Cualifica al
Mediador y al Conciliador y se regula la Conciliación
y Mediación a nivel comunal”
Que mediante Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999, se establece el régimen general de Arbitraje, de la
Conciliación y de la
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto Ley 5 de 1999, el Ministerio de
Gobierno y Justicia es el ente encargado de expedir el reconocimiento y la autorización a las
instituciones, centros, organizaciones o entidades privadas que brinden sus servicios de mediación.
Que el Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999, también dispone en su artículo 51, que el Gobierno
Nacional y los Municipios podrán crear centros comunales de conciliación, los cuales se desarrollarán
en proyectos de fortalecimiento de las organizaciones comunales.
Que el artículo 59 del Decreto Ley 5 de 1999 le atribuye al Ministerio de Gobierno y Justicia la
certificación de los mediadores y conciliadores.
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto Ley 5 de 1999 podrán someterse al trámite
de la mediación las materias susceptibles de transacción, desistimiento y negociación, y demás que
sean reglamentadas.
Que es urgente encontrar alternativas para la solución de conflictos que surgen en nuestra sociedad,
toda vez que el número de procesos que se ventilan ante el Órgano Judicial ha aumentado
significativamente en los últimos años.
Que el desarrollo de métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación y conciliación
comunitaria, constituye un instrumento fundamental para el mejoramiento del acceso a la justicia de los
ciudadanos y la promoción de una cultura de paz.
Que en virtud de lo anterior se hace necesario expedir algunas disposiciones que permitan cumplir con
los fines y objetivos del Decreto Ley 5 de 1999.
De la Conciliación, las Instituciones de Arbitraje, Mediación y Conciliación.
Artículo 1. La conciliación se regirá por los principios de autonomía de la voluntad, acceso, eficiencia,
eficacia, privacidad, equidad, neutralidad, imparcialidad y celeridad en la Justicia.
Artículo 2. Para ejercer la conciliación en instituciones estatales o ad-hoc se requiere:
1. Poseer título universitario.
2. No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad y estafa.
3. Ser nacional panameño.
4. Haber recibido la capacitación que lo certifique como conciliador por un centro especializado o
institución educativa debidamente reconocido.
5. Haber inscrito la certificación que lo acredita como conciliador en el Ministerio de Gobierno y
Artículo 3. Los conciliadores deben sujetarse a las normas y principios éticos que se desarrollan a
1. Autodeterminación de las partes: Deber de reconocer y respetar la autonomía de las partes, la
facultad de éstos de llegar a un acuerdo libre y voluntario o de abandonar la conciliación antes del
2. Competencia: El conciliador deberá analizar el conflicto y determinar si está capacitado para dirigir
3. Imparcialidad: El conciliador debe ser imparcial. Si en algún momento de la conciliación estuviere
incapacitado para conducir el proceso de manera imparcial, por
concurrir en él alguna causa que lo
inhabilite para conducir el proceso de manera imparcial, su deber es renunciar.
4. Confidencialidad: Todo lo dicho por las partes así como toda la información entregada por éstas
durante el proceso de conciliación son absolutamente confidenciales, por tanto queda vedado de revelar
la información obtenida durante el proceso de conciliación.
5. Conducción del proceso: Deber de informar a las partes sus características, reglas, ventajas,
desventajas y de la existencia de otros mecanismos de resolución de disputas.
Artículo 4. La mediación se orienta en los principios de autonomía de la voluntad, equidad,
neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, economía y eficacia.
Artículo 5. Las Instituciones de arbitraje, mediación y conciliación, centros, organizaciones o
entidades privadas que se dediquen al arbitraje, a la mediación y a la conciliación, requerirán del
reconocimiento como persona jurídica por el Ministerio de Gobierno y Justicia, para lo cual deberán
1. Poder y solicitud mediante abogado.
2. Acta de constitución o fundación refrendada por el Presidente y por el Secretario.
3. Acta de aprobación del estatuto firmado por el Presidente y Secretario.
4. Estatuto aprobado el cual debe contener los requisitos exigidos en el Decreto Ejecutivo 524 del 31 de
octubre del 2005, y los requisitos y formalidades del arbitraje, conciliación y mediación señalados en la
5. Lista de la Junta Directiva la cual no debe ser inferior a cinco miembros con certificación que los
acredite como mediadores conciliadores o árbitros, con señalamiento del cargo, número de cédula y
firma de cada uno de ellos, los miembros de la Junta Directiva deben ser panameños. Para efectos de
comprobar la nacionalidad panameña debe adjuntarse copia de la cédula de cada miembro.
6. Dos cartas de referencia que manifiesten que la asociación tiene la capacidad para organizar y
administrar actos de arbitraje, mediación y conciliación.
7. Lista de mediadores y/o conciliadores del Centro, indicando el nombre, cédula y demás generales,
incluyendo número y copia del registro en el Ministerio de Gobierno y Justicia.
8. Presentar un diseño de la infraestructura mínima para prestar el servicio de arbitraje, mediación y
9. Toda la documentación debe ser presentada en original y dos copias y debidamente refrendada por el
Parágrafo: Las instituciones, centros, organizaciones o entidades privadas antes descritas se regirán por
las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo Nº 524 del 31 de octubre de 2005.
Artículo 6. Créase en el Ministerio de Gobierno y Justicia el registro de mediadores y conciliadores.
Para registrarse como mediadores y conciliadores, se requiere presentar la siguiente documentación:
1. Poder y memorial dirigido al Ministro(a) de Gobierno y Justicia, solicitando el registro de Mediador
3. Certificación expedida por el centro o institución debidamente reconocida, donde conste que ha
recibido la
capacitación como conciliador o mediador y el número de horas de formación acreditadas.
4. Hoja de vida, que contenga dirección, teléfonos, estudios realizados, experiencia laboral y
5. Llenar el formulario interno del Ministerio de Gobierno y Justicia.
6. Declaración jurada de no violación al principio de la confidencialidad, de no haber sido condenado,
ni declarado
penalmente responsable por delitos de prevaricación, falsedad o estafa.
7. Dos fotos tamaño carné.
De los Centros Comunales de Conciliación
Artículo 7. El Gobierno Nacional o Municipal podrá crear Centros Comunales de Conciliación con el
fin de promover la solución pacífica de conflictos en las comunidades de la República de Panamá y
mejorar el acceso de los ciudadanos a otras formas alternativas de solución de controversias que
ayuden a prevenir la violencia en la comunidad.
Artículo 8. En los Centros Comunales de Conciliación se realizarán de forma gratuita procesos para la
solución alternativa de conflictos como la conciliación y mediación, siempre que estén a cargo de
conciliadores y mediadores certificados por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Para tal efecto, se crea
la categoría de conciliadores y mediadores comunitarios.
Artículo 9. La conciliación y/o mediación comunitaria también podrá(n) ser realizada(s) por
instituciones privadas constituidas de conformidad con los requisitos y autorizaciones establecidas en la
Ley, para brindar servicios de mediación y conciliación.
Artículo 10. Los centros de conciliación y mediación comunitaria
Publicado en 9 febrero, 2008 13 agosto, 2014
Análisis de la encuesta realizada por la Universidad de Vanderbilt, sobre la cultura política de la democracia en Panamá
Por: Magaly Castillo.
El presente análisis de la percepción ciudadana sobre la seguridad ciudadana en Panamá, se fundamenta en los resultados de la encuesta dirigida por el proyecto Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt. La encuesta realizada del 9 al 25 de febrero del 2008 y aplicada por la empresa Borge y Asociados, se refiere a la percepción de la sociedad panameña sobre los temas de democracia, cultura política e inseguridad ciudadana, pero en esta ocasión nos referiremos exclusivamente a lo relacionado con la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones.
La encuesta fue aplicada a 1,536 panameños y responde a una muestra probabilística donde se utilizaron cuotas por sexo, edad y regiones del país. La aplicación del muestreo se realizó en cuatro regiones geográficas: Metropolitana (Distrito de Panamá y San Miguelito); Oriental (Provincia de Panamá, con excepción del Distrito Capital y San Miguelito; Colón y Darién); Central (Provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas); Occidental (Provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngobe- Buglé).
En relación al nivel educativo de los encuestados, podemos señalar que el 19.4% culminó una educación universitaria y el resto tenía educación básica y solamente el 1.5% no tenía ningún nivel educativo.
Al analizar el resultado de esta encuesta nacional de hogares, conoceremos la dimensión subjetiva del problema de la inseguridad ciudadana en Panamá, que ayudará a comprender de manera integral el fenómeno, ya que no se trata solamente de conocer las cifras y el nivel de aumento de la criminalidad en un país, sino analizar la percepción ciudadana sobre la magnitud del problema y el nivel de impacto en sus vidas.
II. En referencia a los valores democráticos de los panameños.
Antes de iniciar el análisis de la percepción ciudadana sobre la seguridad, debemos revisar el sentir ciudadano en referencia a la situación del país. El 86.4 % de los panameños se encuentran satisfechos de sus vidas y aunque su situación económica se ha visto afectada por el aumento del costo de la vida y el deterioro de la capacidad adquisitiva, no ha cambiado significativamente su estilo de vida. Los resultados de la encuesta reflejan cierto nivel de tranquilidad ciudadana, no solo en el aspecto económico sino también en el de seguridad ciudadana; lo que no guarda relación con el temor y malestar por la inseguridad, de los que diariamente se hacen eco los medios de comunicación.
Según los resultados de la encuesta, existe una gran apatía frente a los problemas de la comunidad y el país. Los panameños manifiestan bajo nivel de participación en la solución de los problemas de su comunidad, ya que el 73.5% de los entrevistados no han participado en ninguna actividad vecinal o comunitaria y el 15.3% lo ha hecho una o dos veces al año.
Esta apatía ciudadana se refleja igualmente en otros aspectos de su vida social: el 71.9% acepta no haber participado en reuniones de la escuela o el colegio; el 98% nunca ha participado en una reunión de sindicatos; y el 85.4% dice no haber participado en ninguna reunión de partidos políticos o movimientos políticos, aun cuando, las estadísticas del Tribunal Electoral indican que más del 50 % de los panameños están
inscritos en partidos políticos. Además los datos de los tres últimos procesos electorales para Presidente de la República revelan un nivel de participación electoral de casi el 75% de los panameños y panameñas en edad de votar.
Panamá es uno de los tres países con más bajo nivel de participación en reuniones de organizaciones cívicas, gremiales o políticas en las Américas, sin embargo, es un país que ha tenido una aceptable estabilidad política en los últimos 18 años y un clima de respeto a las libertades ciudadanas.
Con respecto a la forma en que se puede incidir para cambiar la situación del país, solamente un 18.4% de los entrevistados consideran que es por la vía de la protesta y el activismo ciudadano; el 49.6% limita su participación al día de las elecciones; el 32.0% considera que no es posible cambiar las cosas o busca otras maneras para incidir.
Aunque los panameños no participan activamente en su democracia y manifiestan cierto nivel de apatía por los temas políticos, creen en la democracia y es por ello que el 85.9% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, como hemos advertido, parecen limitar su participación al sufragio electoral.
00.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático
En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser
¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Barras de error: 95% IC
Es un signo alentador que el 80.2% de los encuestados consideran que la democracia electoral es lo mejor y no acepta la idea de un líder fuerte que no sea elegido por el voto popular. Igualmente el 75% de los entrevistados no aceptan una ruptura con el orden constitucional, al rechazar la idea de que el Presidente pueda tener razón suficiente para disolver la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Nacional.
Por otra parte, con respecto a la calidad de su democracia, el 19% consideró que Panamá es un país muy democrático, el 48.3% considera que es un país algo democrático y casi el 31% consideró que es poco o nada democrático. Unido a que un 40.8% considera muy poco protegidos sus derechos básicos como ciudadanos.
El concepto de democracia del panameño queda un poco desdibujado luego de las grandes contradicciones e inconsistencias que se presentan en los resultados de esta encuesta. Por una parte creen en la democracia, pero por otra parte no participan activamente en ella.
La baja participación ciudadana en la solución de los problemas comunitarios, y la poca credibilidad en el trabajo que realizan los gobiernos municipales puede afectar los programas de prevención de la violencia que deben desarrollarse en los barrios con la participación de la comunidad y los municipios. El 96.5 % de los entrevistados dicen no haber participado en ninguna reunión del municipio y el 60.2 % dicen no apoyar la descentralización, precisamente por la poca confianza en el trabajo que realizan los gobiernos municipales.
Esta actitud de no participar a nivel de los municipios se debe a que por una parte los municipios no promueven esta participación y por la otra, la experiencia del centralismo gubernamental, que por años ha imperado en Panamá y ha dado como resultado que los ciudadanos piensen que el gobierno central debe resolver todos los problemas del país y de la comunidad.
Esta desconfianza y falta de mecanismos de participación da como resultado algún nivel de apatía frente a los asuntos municipales y vecinales, además de afectar cualquier programa de prevención de la violencia y la criminalidad a nivel municipal.
III. Nivel de confianza en las instituciones
La sociedad panameña refleja en todas las encuestas de opinión realizadas en los últimos diez años, un bajo nivel de confianza en sus instituciones públicas, debido a una percepción de mal desempeño institucional; pero si este análisis se realiza en el área de la seguridad pública, la situación es aún más preocupante. Los ciudadanos más que el problema de ser víctima directa de la violencia, sienten una gran desconfianza en el desempeño del gobierno y de los estamentos de investigación criminal, y fundamentan su percepción de inseguridad en esta desconfianza.
Las tres instituciones con menor nivel de confianza entre la población son los partidos políticos, la Asamblea de Diputados y el Órgano Judicial. En el caso del Órgano Judicial, el nivel de aceptación es de 40%, lo que muestra una disminución de sus niveles de confianza, con respecto a los resultados del 2006.
En este punto es importante resaltar que el 95 % de los ciudadanos no han tenido ningún trato con el sistema de justicia, por lo que se entiende que el bajo nivel de confianza es un asunto de percepción, basado en las denuncias que se manejan en los medios de comunicación en referencia a los casos de alto perfil o de la sensación de que la justicia es para los pobres, pero no para los delincuentes con influencias políticas.
El no haber tenido ningún tipo de relación con la administración de justicia no significa que los ciudadanos no tengan una opinión sobre la selectividad de la justicia penal panameña y no conozcan el perfil de los recluidos en los centros penitenciarios del país y la desprotección que enfrentan los sometidos al sistema de justicia penal, debido a la deficiente defensa pública que tiene el país. Los ciudadanos conocen los niveles de selectividad de la justicia panameña y pueden enumerar todos los casos que han quedado impunes en los últimos 10 años y que están relacionados con personalidades políticas.
Al momento de denunciar un delito, los ciudadanos manifiestan mayor confianza en la Policía, aumentando su aceptación en comparación con la evaluación del año 2006.
0.6% Iglesia
No denunciaría
Justicia (Fiscalía, Procuraduría, etc)
Si tuviera que denunciar un delito o hecho de violencia, ¿dónde lo denunciaría?
Barras de error: 95% IC
Los ciudadanos prefieren acudir a la policía antes que a los agentes del Ministerio Público, cuestión que puede reflejar un desconocimiento de los mecanismos de denuncia o simplemente esta relacionado con el factor de proximidad a la comunidad.
Adicionalmente, el 98% de los encuestados manifiestan no haber sido maltratados verbalmente, ni físicamente por un agente de la policía.
Policía protege
Policía involucrada con delincuencia
No protege, no involucrada con la delincuencia o protege e i
Algunas personas dicen que la policía protege a la gente frente a los delincuentes, mientras otros dicen que la policía la que está involucrada en la delincuencia
Existen ciertas diferencias en la opinión ciudadana sobre la policía: por una parte, es la Institución en la que más se confía al momento de denunciar la comisión de un delito, pero, al mismo tiempo, uno de cada tres panameños considera que la policía no protege porque se encuentra vinculada con la delincuencia.
En lo referente a la administración de Justicia, la sociedad manifiesta tener poca confianza, pero al mismo tiempo creen en que existe alguna posibilidad de que los juicios sean justos.
1Nada 2
6 7Mucho
¿Hasta qué punto cree que los tribunales de justicia de Panamá garantizan un juicio justo?
Aunque la mayoría de los ciudadanos consideran que existen muchas posibilidades de un juicio justo, el 55. 1% de los encuestados consideran que existe poca o ninguna posibilidad de que se castigue a los culpables y solo un 9.6 % confía en que la justicia castigará a los culpables.
Mucho Algo
Poco Nada
Si fuera víctima de un robo o asalto, ¿Cuánto confiaría en que el sistema judicial castigaría al culpable?
Esta percepción de impunidad y de ineficiencia de la administración de justicia en la persecución del crimen es la causa del deterioro de la imagen del sistema de justicia y que afecta igualmente la imagen del gobierno y del resto de las instituciones del sistema de seguridad.
No necesariamente esta percepción ciudadana obedece a una realidad. Las estadísticas indican que no existe tal nivel de impunidad en los delitos comunes y las cifras de sobrepoblación penitenciaria igualmente corroboran la dureza de la justicia penal panameña, que nos coloca en el primer lugar de los países con mayor número de detenidos por razón de habitantes, en la región centroamericana.
Adicionalmente, más del 60 % de los presos en los centros penitenciarios panameños están detenidos preventivamente y la mayoría de ellos deben esperar un año para ser
llamados a juicio, aún cuando la Constitución de la República establece que se presume su inocencia hasta que no se demuestre su culpabilidad en juicio público.
Existen deficiencias del sistema de justicia penal que los ciudadanos no conocen, como lo son la falta de capacitación de los agentes policiales y de las direcciones de investigación policial, que provocan pérdida de pruebas en la escena del crimen; la falta de tecnología y recurso humano para enfrentar de manera eficiente el crimen organizado. Es decir, que los problemas de la justicia no se mejorarán con el endurecimiento de penas o el aumento de los delitos inexcarcelables, sino con una mayor efectividad en la fase de investigación criminal, entre otras medidas.
El nivel de desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones de justicia y policiales va unido al nivel de desconfianza en los partidos políticos. El 83.5% de los encuestados confía poco o nada en que los partidos políticos, les preocupe mejorar la situación de la seguridad. Por otra parte, aproximadamente uno de cada tres panameños confía poco o nada en sus vecinos o en el grupo social que lo rodea, lo que afecta su interés de asociarse para la defensa del bienestar común.
Ahora hablando de la gente de aquí, ¿Diría que la gente de su comunidad es..? Barras de error: 95% IC
Algo confiable
Una situación peculiar es que, no obstante la falta de confianza en las autoridades municipales y nacionales, y de la sensación de inseguridad ciudadana que tienen los panameños, los mismos no han alterado su estilo de vida y manifiestan un pleno goce de sus libertades.
IV. Sensación de inseguridad.
Es un hecho que las estadísticas de incidencia delictiva, demuestran un aumento de los índices de criminalidad en el país y es un hecho que el problema del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el aumento de jóvenes en pandillas juveniles, son las más importantes amenazas a la seguridad ciudadana. Sin embargo, aún no se ha llegado a niveles incontrolables como lo están experimentando otros países de la región. Panamá, es uno de los países con menor número de homicidios por cada 100 mil habitantes en toda la región centroamericana, lo que le pudiese permitir enfocarse en las medidas preventivas, en el marco de una respuesta democrática al problema.
Aunque el país tiene menor índice de criminalidad en relación con el resto de los países de la región, las estadísticas muestran un aumento de dicho índice con respecto a las propias estadísticas del país en los últimos diez años.
Según el 51.3% de los entrevistados el principal problema que enfrenta el país está relacionado con la economía y el 40.6 % señala el problema de la delincuencia. El resto de los entrevistados mencionaron un listado variado de problemas con menor nivel de preocupación.
En su opinión ¿Cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?
La delincuencia es el segundo problema más angustiante para los panameños, sin embargo, al indagar sobre la sensación de inseguridad, resulta que el 73 % de los encuestados manifiestan sentirse muy seguros o algo seguros.
Algo inseguro
Hablando del lugar donde vive, cómo se siente respecto a la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo
Los ciudadanos no han alterado sus vidas en razón del aumento de la criminalidad o del aumento del temor de ser víctimas de la violencia y el 83% tampoco han limitado su visita a los lugares de compra, ni los lugares de recreación a causa de la delincuencia.
¿Ha sentido la necesidad de cambiarse de barrio, colonia o vecindariopor temor a la delincuencia?
Es llamativo el hecho de que el 90.8 % no ha sentido la necesidad de cambiar de barrio por razón de la violencia, contrario a lo que se dice diariamente en los medios, de que en los barrios la gente vive presa del crimen y de la violencia y que los delincuentes se han tomado las calles de la ciudad.
Por temor a la delincuencia,¿se ha organizado con los vecinos de la comunidad?
Las personas tampoco se organizan en sus comunidades para enfrentar la criminalidad, ni están dispuestos a invertir para proporcionarse seguridad privada. Los ciudadanos no se organizan porque no existe una gran preocupación de ser víctimas de la delincuencia, por falta de compromiso con su comunidad o porque no existe suficiente nivel de confianza en los vecinos del barrio.
Pobreza Falta de programas No hay inseguridad para los jóvenes en mi lugar de
¿Cuál es la principal causa de inseguridad en su lugar de residencia?
El resultado de la encuesta refleja que los ciudadanos comprenden que la falta de programas para los jóvenes y el problema de la pobreza son las principales causas del aumento de la violencia . Por otra parte, en otra sección de la encuesta el 53.2 % de los entrevistados señalan que el gobierno actual hace poco o nada por combatir la pobreza.
La corrupción como causa de inseguridad.
La comunidad percibe un alto nivel de corrupción; el 42% señala que esta algo generalizada, seguido de un 37.6 % que la encuentra muy generalizada. Es decir, más de las tres cuartas partes de la población piensa que la corrupción esta algo o muy generalizada.
Muy generalizada
Algo generalizada
Poco generalizada
Nada generalizada
Teniendo en cuenta su experiencia, ¿la corrupción de los funcionarios públicos esta
Lo anterior, percepción sobre la corrupción, se contradice con la respuesta en relación a si ha sido victima del soborno, donde el 97.7% de las personas señalan no haber sido victimas de un acto de soborno por parte de algún funcionario público. Es importante advertir que solo el 1.6 % de los encuestados manifestó ser dueño o socio de alguna empresa, por lo que debe tomarse en cuenta el hecho que las mayores víctimas de sobornos son los empresarios o las personas de más elevado nivel socio económico.
La percepción ciudadana parece guardar más relación con los escándalos de corrupción de alto perfil que ha vivido en los últimos 10 años la sociedad panameña que con la experiencia directa. Producto de fueros e inmunidades procesales, muchas demandas han quedado archivadas o declaradas nulas sin que se investigaran a fondo y se encontraran los responsables.
Nivel de victimización.
Aunque en Panamá el nivel de percepción de inseguridad llegó a un promedio de 35.5% en la escala de 100 puntos y por otra parte, el 41% de los entrevistados ubicaron a la delincuencia y la criminalidad como los principales problemas del país, el 91.6 % manifestó no haber sido víctima de algún acto de delincuencia en los últimos doce meses.
¿Ha sido víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses?
Lo más relevante es que solo el 37.5 % de los que dijeron haber sido víctimas de un acto de delincuencia, sufrieron violencia en la comisión del delito. Es decir, los delitos violentos tuvieron una cifra muy baja en el caso de Panamá.
Por otra parte, más del 95% de los entrevistados confiesa no haber sido víctimas de amenazas de muerte, ni de robo en la residencia o de vehículo. Por otra parte, 98.7 % dice no haber perdido ningún familiar o conocido a mano de la violencia; esto confirma que Panamá es uno de los países más seguros o menos violentos de Centroamérica.
Debe llamar igualmente la atención que aunque los niveles de victimización y violencia son muy bajos, casi el 90 % de los entrevistados consideran que la delincuencia es una amenaza para el bienestar de nuestro futuro.
Es peligroso y por miedo de represalias
No tenía pruebas
No sabe adónde denunciar
¿Por qué no denunció el acto delincuencial?
Preocupa que el 48.9% de las personas que fueron víctimas de un delito no lo denunciaran, debido a que no servia de nada, no fue grave, no tenía pruebas o por considerarlo peligroso y por temor a represalias; situación que se agrava con la falta de normas o procedimientos en el país para la protección de testigos y víctimas.
V. Las políticas de mano dura
Los últimos tres gobiernos han ensayado una serie de medidas y reformas legales tendientes a mejorar la percepción de los ciudadanos con respecto a la seguridad, la mayoría dirigidas a endurecer las penas, disminuir la edad de inimputabilidad, aumentar la lista de delitos inexcarcelables y darles mayores poderes a la policía en la fase de aprehensión e investigación criminal.
Todas estas medidas aisladas no han formado parte de una política de Estado, ni han logrado tener un impacto en las estadísticas criminales. Por otra parte, estas medidas no han involucrado a la comunidad, ni han significado un mejoramiento de la efectividad de las instituciones.
Los últimos gobiernos han seguido la corriente centroamericana de la mano dura, dando respuesta al supuesto clamor ciudadano. Sin embargo, las opiniones ciudadanas están divididas con respecto a la forma como enfrentar el problema: el 45.87% cree en la mano dura y un 54.13% cree que la solución de los problemas es con la participación de todos.
¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o que los problemas pueden resolverse con la participación de todos?
La respuesta de enfrentar el problema de la criminalidad con la participación de todos no guarda relación con el bajo nivel de participación ciudadana reflejado en la misma encuesta, pero denota una actitud democrática ante el tema, por parte un importante sector de la población.
Para los conocedores, mientras mayor es el temor a la criminalidad mayor será el respaldo a las políticas de mano dura y a las medidas que tienden a endurecer la acción policial y represiva del Estado. En el caso de Panamá aunque no se refleja un gran temor por la situación de criminalidad, si existe un significativo apoyo a las políticas de mano dura.
Desaprueba 2 firmemente 1
9 Aprueba firmemente
Firmeza con que aprueba que las personas hagan justicia por su propia mano cuando el Estado no castiga a los criminales
En referencia a tomarse la justicia por sus propias manos, más del 60 % de los ciudadanos lo desaprueba, pero existe un número considerable de panameños que aprueba esta salida frente a la poca efectividad del Estado.
Deben respetar las leyes siempre En ocasiones pueden actuar al margen
¿Cree usted que: las autoridades siempre deben respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley?
Aunque el 62.9% de los entrevistados se manifiesta respetuoso de las normas y considera que las autoridades deben respetar las leyes, es un dato preocupante el que 1 de cada 3 panameños considere que en ocasiones se puede actuar al margen de la ley, en la persecución del crimen. Es por ello, que los problemas de aumento de la criminalidad y la violencia amenazan los avances en las democracias latinoamericanas.
En el caso de Panamá, en los últimos meses se han realizado reformas legales que otorgan mayores poderes a los estamentos policiales sobre las libertades fundamentales
de los individuos, sin ningún control jurisdiccional, lo que se convierte en un retroceso en materia de derechos humanos y garantías fundamentales.
Los ciudadanos exigen mayor número de policías en las calles, más seguridad y mayor represión a los delincuentes y la respuesta más fácil para los sectores políticos y gubernamentales es la de “Mano dura”, pero no se crean los espacios participativos para discutir los problemas estructurales y de fondo. Mientras estos temas no se discutan con la participación de todos los sectores, el país seguirá experimentando un aumento preocupante de la criminalidad y el deterioro de los valores democráticos y del Estado de Derecho, con cierto nivel de apoyo ciudadano.
VI. A manera de conclusión:
Al hacer un balance general sobre la percepción u opiniones de los ciudadanos panameños podemos concluir lo siguiente:
• Panamá es una sociedad pacífica que cree en la democracia como forma de gobierno, pero que tiene un bajo nivel de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos o comunitarios. Los ciudadanos parecen limitar su participación a los procesos electorales.
• A pesar que los medios de comunicación y los sectores políticos aseguran que los ciudadanos viven atemorizados y presos del crimen y la violencia, lo cierto es que la encuesta señala que los ciudadanos tienen un bajo nivel de victimización, por lo que se sienten seguros y mantienen un adecuado disfrute de sus libertades.
• La encuesta ofrece una imagen de complejidad de la sociedad panameña con opiniones encontradas y muy diversas en torno a los principales problemas nacionales y con grandes contradicciones en cuanto a como enfrentar el problema de la criminalidad. Aunque la mayoría se inclina por rechazar la mano dura un
número preocupante de panameños manifiesta una actitud represiva y antidemocrática.
• Existe poca confianza en la efectividad de la actuación del gobierno y de los entes del sector justicia en la atención del problema de la criminalidad, lo que puede afectar a mediano plazo la gobernabilidad del país.
• En lo relacionado a los valores éticos y democráticos, existen grandes contradicciones que deben analizarse más detenidamente. Por un lado un sector de la población rechaza la corrupción y rechaza el autoritarismo como males de las democracias, mientras que otro sector de la población es permisivo ante estos males. Estas diferencias nos advierten que no es fácil alcanzar grandes consensos nacionales en medio de fracturas tan evidentes.
Publicado en 1 octubre, 2004 13 agosto, 2014
COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA CRIMINOLÓGICA
“PRIMERA PROPUESTA DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PRESENTADA A LA NACIÓN”
FUNDAMENTO: DECRETO EJECUTIVO N0. 66 DE 5 DE ABRIL DE 2002, MODIFICADO POR EL DECRETO EJECUTIVO N0. 128 DEL 29 DE MAYO DE 2003.
PANAMÁ, OCTUBRE DE 2004
INSTITUCIONES DESIGNADAS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA ASAMBLEA LEGISLATIVA
INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
COMISIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA CRIMINAL
ADA ROMERO. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas
AIDA SELLES de PALACIOS. Licda. en Trabajo Social – Criminóloga
ALEJANDRO PÉREZ. Lic. En Derecho y Ciencias Políticas
ALVIS SANTANA. Lic. En Derecho y Ciencias Políticas
ANA ISABEL SANJUR. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas ARACELLY de CASANOVA. Licda. en Administración de Empresas CARLOS SMITH. Médico Psiquiatra
CÉSAR DÍAZ. Lic. en Trabajo Social
CIRO JAÉN. Lic. en Economía
CONCEPCIÓN CORRO. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas FRANCISCO TROYA. Lic. en Tecnología y Ciencias Policiales,
Administración y Finanzas GABRIEL MEDINA. Oficial de Carrera
GABRIELA CASTILLO. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas GLORIANA LÓPEZ FUSCALDO. Especialista Legal HÉCTOR ANAYA. Lic. en Economía
JOHANA J. SOZA R. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas
JOSÉ ACEVEDO. Lic. en Derecho y Ciencias Políticas JOSÉ IVAN GUERRERO. Lic. en Psicología
MARÍA LUISA DE LANIADO. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas MARCELA MÁRQUEZ REYES. Licda. en Sociología – Criminóloga
MARIETA DE LOS A. KORSI. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas
MARITZA GRIFO. Licda. en Psicología – Criminóloga
MIGUEL CEDEÑO. Médico Psiquiatra
MILKA MENDIVIL de LAY. Licda. en Trabajo Social – Mediadora
NILKA SAENZ. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas
RODRIGO GARCÌA. Lic. en Derecho y Ciencias Políticas
Levantado de texto: Licda. Rodelinda Vides S.
Subcomisión sugerida por la Comisión de Estado por la Justicia para la revisión y elaboración final del Informe de Política Criminológica.
Coordinadora: Magistra Aida Selles de Palacios PARTICIPANTES
Dr. JOSÉ CALDERÓN
Licda. GABRIELA CASTILLO Lic. RODRIGO GARCÍA
Lic. CARLOS F. GONZÁLEZ
Licda. GEOMARA de JONES
Lic. DIOMEDES KAA
Licda. MARÍA LUISA de LANIADO Licda. MILKA MENDIVIL de LAY
Licda. ANA ISABEL SANJUR Lic. DANILO TORO
Ministerio de Gobierno y Justicia Ministerio de Gobierno y Justicia
Licda. CARMEN ANTONY Mgtr. ROBERTO CERRUD Licda. GLORIA CHENG Licda. JESSICA MATIAS
Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal. CONADEC
A. ACCIONES PREVIAS
B. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA C. OBJETIVOS
1. Principio Rector de Prevención
2. Principio Rector de Seguridad Ciudadana
3. Principio Rector de Respeto a los Derechos Humanos 4. Principio Rector de Justicia Social
5. Principio Rector de Desarrollo Humano Sostenible
6. Principio Rector de Participación Ciudadana
7. Principio Rector de Educación para una Cultura de Paz.
E. ESTRATEGIAS RECTORAS POR PRINCIPIOS. F. PLAN DE ACCIÓN
1. Acciones de prevención general a corto, mediano y largo plazo
a. Acciones de prevención general a corto plazo
b. Acciones de prevención general a mediano plazo
c. Acciones de prevención general a largo plazo
2. Acciones de prevención específicas a corto, mediano y largo a. Acciones de Prevención Específica a Corto Plazo
b. Acciones de Prevención Específica a Mediano Plazo
c. AccionesdePrevenciónEspecíficaaLargoPlazo
G. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES H. TALLERES DE DISCUSIÓN BIBLIOGRAFÍA
Se presenta a consideración de la sociedad panameña la Primera Propuesta de Política Criminológica preparada por un equipo de profesionales designados por la Comisión Intersectorial de Alto Nivel, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 66 de 5 de abril de 2002 y modificado por el Decreto Ejecutivo No. 128 de 29 de mayo de 2002.
La conformación de esta Comisión surgió del interés y preocupación ante el fenómeno de la criminalidad y seguridad ciudadana durante el desarrollo de la Primera Jornada Científica Nacional y Seguridad Ciudadana, realizada en Octubre de 2001, por la Universidad de Panamá, a través del Instituto de Criminología, con la participación de diferentes instituciones, grupos organizados y organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema.
La presente Propuesta de Política Criminológica es concebida en su concepto más amplio considerando sus componentes sociales lo cual es cónsono con las recomendaciones de las Naciones Unidas que al respecto ha señalado, que el sistema de justicia penal además de ser un instrumento de control y disuasión debe contribuir también al objetivo de mantener la paz y el orden y de reparar las desigualdades y proteger los derechos humanos con miras al logro de un desarrollo económico y social equitativo.
El esfuerzo plasmado en este documento tiene como propósito servir de base en las toma de decisiones con respecto al abordaje técnico del fenómeno relativo a la criminalidad y seguridad de las personas en nuestro país, con una óptica de modelo participativo basado en los procesos comunitarios, con la intervención activa de la sociedad civil e instituciones formales de control social; de manera que se facilite el espacio y los medios para hacerle frente a la criminalidad desde un contexto más amplio y democrático.
Para el diseño y contenido de la Propuesta de Política Criminológica se revisó la bibliografía más actualizada sobre el tema; así mismo se consultó con expertos internacionales como el Dr. José María Rico y María de la Luz de Lima, entre otros, y se sometió la Propuesta a la consideración de profesionales de diferentes especialidades de nuestro medio vinculados al tema, destacándose la participación de las expertas nacionales Marcela Márquez y Carmen Antony.
A efectos del diagnóstico necesario para la caracterización de la situación del fenómeno delictivo en nuestro país, el equipo de trabajo que participó en la elaboración de la presente Propuesta realizó un análisis situacional a través de las
siguientes subcomisiones: Criminalidad (adultos y menores), Prevención, Comisión Judicial, Seguridad Ciudadana y Subcomisión Socioeconómica
Al equipo que elaboró esta propuesta le anima el propósito de aportar a la solución de un problema que nos corresponde a todos(as) los ciudadanos(as) de este país; esfuerzo que debe ser reforzado y complementado con la participación de toda la sociedad civil al momento en que las diferentes acciones programadas se ejecuten y a través de los diferentes momentos de su evaluación.
Como producto de la solicitud formal hecha por la Comisión de Estado por la Justicia en junio de 2005 para revisar y elaborar finalmente este documento, fue creada la subcomisión para este propósito, coordinada por la Mgtra. Aida Selles de Palacios, directora del Instituto de Criminología y participantes del Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Órgano Judicial, Alianza Ciudadana e Instituto de Criminología.
La Criminalidad en Panamá con el consecuente sentimiento de inseguridad ciudadana ante el temor al delito, se ha convertido en uno de los problemas sociales de mayor preocupación, aún cuando no ha alcanzado despertar una alarma social y que desde el punto de vista cuantitativo en atención a la población total, no es significativo, si lo es desde el punto de vista cualitativo; es decir, dadas las características de violencia, agresividad e innovación tecnológica con que son ejecutados los hechos delictivos, denotan la transformación del delito al cual se han incorporado técnicas y métodos de otras latitudes, resultando insuficientes los esfuerzos para su control y prevención.
El incremento de hechos delictivos con participación de personas con minoría de edad, la reincidencia y habitualidad de personas adultas en la comisión de delitos, la disfunción familiar, la participación progresiva de la mujer implicada en hechos criminosos especialmente en delitos contra la salud pública, la mora judicial producto de una ineficiente administración de justicia y la falta de aplicación de medidas cautelares distintas a la detención preventiva; son algunas de las variables que contribuyen a que la inseguridad y el temor ante el delito aumente, lo que constituye un obstáculo para el logro de niveles óptimos en la calidad de vida de la ciudadanía, y por ende en el desarrollo de nuestro país.
Unido al tema de la variación cualitativa del hecho delictivo, está la situación del Sistema Penitenciario que ante la falta de políticas en esta materia, no ha cumplido con un efectivo rol de rehabilitación del detenido, lo que se traduce en un aumento de la reincidencia, y lo hace cada vez más refractario a todo intento de tratamiento lo cual anula toda posibilidad de reinserción social. Por otro lado, debemos considerar que la criminalidad es multicausal, en la cual convergen y se conjugan una variedad de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, etc., que en un momento determinado influyen en diferentes grados en el paso al acto delictivo. Ante este complejo problema, muchas veces se han seguido canales o vías poco adecuadas, como las que descansan prioritariamente en la represión y en algunas acciones de prevención que carecen de soporte científico y de la correcta planificación que el mismo exige.
La reacción social ante un hecho delictivo tradicionalmente descansa en instituciones tales como la Policía Nacional, Ministerio Público, Órgano Judicial, Sistema Penitenciario, entre otras, a pesar de la importancia y responsabilidad que las mismas tienen en relación al control y prevención de la criminalidad, no cuentan con parámetros definidos que permitan su actuación de manera integral, de modo que funcionen como una unidad orgánica, con miras a lograr la efectividad de sus acciones y programas.
En tal sentido, Elías Carranza (1992) ha dicho que “salvo intentos esporádicos que no descansan en la estructuración de una política integrada sostenida en el tiempo, la realidad general de los países, indica que los subsistemas policial, judicial, penitenciario, post-penitenciario, de menores y legislación penal, accionan 9
cada uno de ellos en forma muy autónoma e impulsados con frecuencia por criterios encontrados entre sí. Igualmente inexistentes han sido como era de suponer, las que hemos denominado políticas criminológicas en sentido amplio que deberían armonizar la actividad del Sistema de Justicia Penal con respecto a los restantes sectores del Estado y de la Sociedad”.
Con respecto a la prevención predelictiva o anterior a la comisión del delito o conducta antisocial, las acciones y programas han descansado de manera más acentuada en la Policía lo cual ha sido poco efectivo por lo que el incremento del delito, con el consiguiente sentimiento de inseguridad, ha llevado a aumentar el número de unidades policiales. En una Política Criminológica, en el sentido amplio como la hemos concebido, en esta propuesta debe incluirse el sistema de control social general, no sólo el Sistema de Justicia Penal, por ello, se considera como elemento fundamental su encuentro con otras áreas de la política de Estado con énfasis en el sector social (empleo, vivienda, salud, educación, recreación, etc.)
Por eso se enfatiza en la prevención primaria (antes de que se emita la conducta),
que es realmente donde radica la posibilidad de disminución del delito; pues, desde la óptica solamente de la represión secundaria (después del hecho delictivo) los recursos y esfuerzos resultan insuficientes, y no constituye una verdadera respuesta a la seguridad y bienestar de la sociedad; por ello, el Sistema de Justicia Penal, además de ser un instrumento de control y disuasión debe contribuir también al objetivo de mantener la paz y el orden y reparar las desigualdades y proteger los derechos humanos con miras al logro de un desarrollo económico y social equitativo.
La presente Propuesta de Política Criminológica plantea la necesidad de participación coordinada de todos y cada uno de estos sectores de la sociedad, pues su ejecución implica así mismo un conjunto armónico de acciones y programas del aparato estatal que conduzca al logro de la justicia social; por ello una Política Criminológica, no se concibe sin un enfoque social que debe contemplar todas las reformas necesarias es decir, desde la óptica penal reacción-control (administración de justicia penal) y por otro lado, todos los mecanismos de prevención primaria.
La eficacia de una Propuesta de Política Criminológica exige ser abordada desde un enfoque integral dado que aspira disminuir y controlar la conducta antisocial, y esto sólo es posible, si se atienden los factores que generan este comportamiento y que de no atenderse oportunamente profundizarán más el problema.
Por todo lo anterior, al elaborar esta Propuesta la concebimos como una política que a la luz de los planteamientos de ILANUD (1976) debe ser considerada en la planificación nacional del desarrollo, por constituir un tema importante de la política de Estado. De allí que ésta se sustente en los siguientes principios rectores: Prevención, Seguridad Ciudadana, Respeto a los Derechos Humanos, Justicia Social, Desarrollo Humano Sostenible, Participación Ciudadana, y Educación para una Cultura de Paz. Esto implica redoblar esfuerzos en materia de prevención, lo cual exige la participación de todos los órganos del Estado,
Instituciones, Ministerios, Organizaciones no Gubernamentales y la ciudadanía en general.
Las nuevas modalidades de la delincuencia urbana, la organización de la delincuencia económica, la variación cualitativa y cuantitativa del delito rural, exigen la investigación sobre sus causas, análisis de la justicia penal, perfeccionamiento y modernización de la investigación, lo cual se traduce en la necesidad de una política criminológica como parte de una política social integral.
Esta propuesta contiene las acciones previas necesarias para la ejecución de la misma haciendo especial énfasis en el Ente Rector responsable de liderar su implementación, se incluye la síntesis, producto del estudio diagnóstico que se realizó para conocer la realidad sobre la temática, se establecen los objetivos generales y específicos que se pretenden lograr, seguidamente se incluyen de manera explicativa los principios y estrategias que rigen la Política Criminológica propuesta, se presenta un plan de acción que incluye actividades de prevención general y específica. Por último el documento incluye una matriz de responsabilidades en donde se enumeran las acciones por principios, los plazos y corresponsabilidad institucional, gubernamental y no gubernamental, en que deben ser ejecutadas; así mismo el documento contiene todas las fuentes que sirvieron de apoyo para presentar este esfuerzo.
Por último debemos señalar que el propósito fundamental de la Política Criminológica en nuestro país es promover que impere la justicia social de manera que se garantice la seguridad ciudadana a través de la atención oportuna y científica del fenómeno delictivo en todas sus manifestaciones.
La Política Criminológica concebida como parte de las Políticas Públicas demanda para su implementación de la voluntad estatal, porque en ella se determinan las directrices que orientan la atención, prevención y tratamiento del fenómeno de la criminalidad en nuestro país, en su contexto social. Precisamente es la Política Criminológica el medio del cual se valdrá el Estado panameño para atender integralmente la demanda que en estos menesteres exige la sociedad.
Es por esta razón que la Propuesta de Política Criminológica considera necesaria para su implementación las siguientes acciones previas:
• Institucionalizar la Propuesta de Política Criminológica.
• Crear y reglamentar un organismo con independencia y autonomía presupuestaria, supeditado al Órgano Ejecutivo que liderice, planifique, coordine, supervise y evalúe la ejecución de la Política
• Motivar e integrar a todas las instituciones y entes involucrados en la
ejecución de la Política Criminológica a través de alianzas estratégicas.
Tal como lo indica la segunda acción previa, la creación de este organismo permite contar con la autoridad que planifica, organiza, coordina y evalúa la puesta en marcha de la Política Criminológica en nuestro país; con los insumos que proveerán las instituciones gubernamentales o no gubernamentales que tengan corresponsabilidad con la operatividad de los proyectos y acciones de control, prevención y tratamiento de la problemática; lo que permite la participación de diversos actores, sin que cada uno de ellos deje de cumplir sus funciones específicas que le corresponde realizar para este propósito, para este propósito el ente Rector debe ser independiente de los entes que deben materializar la propuesta.
Al respecto, especialistas en el área señalan que “la multiplicidad de instituciones estatales que intervienen, así como la diversidad de finalidades declaradas o no de las mismas, hace que sea muy difícil la formulación y ejecución de prácticas coherentes del Estado sin la concurrencia de instancias que las coordinen y corrijan, en especial en el tema de la justicia penal juvenil, que se convierte en un fenómeno que engrana una aglomeración de expectativas de diversos sectores sociales, con la pretendida finalidad de construir una mejor convivencia social.” (Propuesta de Política Criminal y Seguridad Ciudadana para el Salvador. 2005).
Las funciones de competencia para este organismo serían:
• Liderizar la puesta en marcha de objetivos, principios, estrategias y
acciones de la Política Criminológica.
• Formalizar los compromisos con las diversas instituciones
gubernamentales y no gubernamentales para que cumplan con sus
tareas en pro de la disminución de la criminalidad.
• Coordinar y orientar las pautas y directrices en las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales en materia de prevención y
atención del delito en sus diversas modalidades.
• Participar en sesiones y comisiones de alto nivel con el fin de
proponer programas y proyectos de prevención innovadores que
atiendan la problemática de la criminalidad y seguridad ciudadana.
• Planificar y promover actividades y tareas vinculadas a la unidad
• Presentar el presupuesto para el funcionamiento de la organización.
• Gestionar recursos y alianzas estratégicas a nivel nacional e
• Identificar y proponer acciones de capacitación necesarias en
materia de desarrollo de la Política Criminológica.
• Presentar informes anuales del trabajo que realiza, que destaque el
impacto cuantitativo y cualitativo de acciones que caracterizan la ejecución de la política (evaluación).
José María Rico, experto criminólogo sugiere que este organismo se denomine “Comisión coordinadora de Política Criminológica”.
Esta Comisión de acuerdo a nuestra Propuesta debe contar con un Director(a) Ejecutivo(a) que cumpla con el siguiente perfil:
FORMACIÓN EN: Licenciatura o estudios de Postgrado en Derecho y Ciencias Políticas, Criminología, Economía, Psicología, Trabajo Social, Sociología, Medicina y Ciencias afines.
• De las normas legales relacionadas con derechos humanos, niñez y adolescencia, familia, derecho penitenciario y penal.
• De las políticas públicas
• De asuntos generales y específicos en materia de criminología y Política
• En Administración pública, planificación estratégica y organización de actividades.
• De la dirección, supervisión de personal, trabajo en equipo y liderazgo. HABILIDADES:
• Para lograr consenso en la implementación de programas y proyectos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
• Gestionar y captar recursos.
• Analizar situaciones, plantear sugerencias y resolver problemas para
realizar análisis desde la perspectiva integral y global.
• Establecer alianzas estratégicas.
• Para operar programas de informática
• Hablar, escribir o leer otro idioma.
• Conducir reuniones, grupos y población
RASGOS PERSONALES DE:
• Con características de liderazgo democrático.
• Evidente práctica de valores y principios éticos
• En elaboración de proyectos
• Trabajo en tema relacionado con la problemática del delito y seguridad ciudadana.
El o la profesional designado(a) para asumir el rol de liderazgo en la Comisión coordinadora de Política Criminológica deberá tener como apoyo funcionarios administrativos.
B. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA
La Síntesis Diagnóstica constituye la base de exigencia del por qué debemos contar con una Política Criminológica en el país, ya que parte del estudio de la realidad del fenómeno de la criminalidad y de las instancias de administración de justicia penal, de la percepción de la seguridad ciudadana y de la realidad socioeconómica del país.
Este análisis se presenta con información precisa de los síntomas que se refieren a los hechos o situaciones que se observan al analizar el fenómeno; las consecuencias que son los hechos que se producen negativamente de acuerdo a los síntomas identificados, el pronóstico, que son las circunstancias que se mantendrán si los síntomas continúan produciéndose; y lo más pertinente para el control del pronóstico que son las medidas que se deben adoptar en términos de prevención y atención de la problemática a efectos de poder modificar el pronóstico encontrado.
El diagnóstico presenta los aspectos o indicadores más relevantes que sirven de soporte a este trabajo, producto de las significativas investigaciones realizadas por el Instituto de Criminología y otras instancias académicas, administrativas y de profesionales nacionales considerados a través del trabajo de las subcomisiones
– Reorientar el papel de los medios de comunicación hacia la formación de valores.
(1) Síntomas
(2) Consecuencias
(3) Pronóstico
Hechos o situaciones que se observan al analizar el objeto de investigación
Hechos o situaciones que se producen por la existencia de los síntomas identificados (1)
Situaciones que pueden darse si se siguen presentando los síntomas identificados en (1) y sus causas en (2)
Acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones identificadas en síntomas (1), causas (2) pronóstico (3)
1. Tendencia al aumento en la Criminalidad. 1.
Aumento de los niveles de inseguridad ciudadana.
1. Incertidumbre por los inversionistas. 2. Deterioro de la calidad de vida.
3. Disfunción familiar.
4. Modelos de paternidad negativos.
1. Profesionalización de los estamentos de seguridad pública.
2. Internacionalización del delito.
3. Diversificación de las conductas delictivas.
2. Incorporación de nuevos modelos delictivos.
2. Planificación de estrategias de Prevención de la criminalidad a corto, mediano y largo plazo que incluya los siguientes aspectos:
4. Disminución de la edad de las personas 3.
Desconfianza en las Instituciones de seguridad.
5. Mayor índice de Criminalidad en la población 4. masculina y tendencia al aumento en la
Afectación del turismo y de la inversión nacional y extranjera.
5. Bajo rendimiento académico y deserción escolar de los hijos.
6. Aumento de la violencia en los hechos delictivos.
5. Aumento de las erogaciones familiares para reforzar la seguridad personal y del hogar.
7. Afectación emocional de los miembros de la familia.
– Revisión y modificación de las normas legales establecidas.
7. Incremento de las organizaciones criminales 6. (Bandas).
Aumento de la cantidad y calidad de la legislación represiva.
8. Insensibilización de la sociedad ante los nuevos hechos delictivos.
– Control rígido de la migración extranjera.
8. Aumento de la posesión ilícita de armas de 7. fuego.
Incremento de la población masculina detenida.
9. Irrespeto a las normas establecidas 10. Estancamiento de la economía. 11. Fuga de capitales y divisas.
– Implementación de programas de rehabilitación que impliquen el uso de mano de obra de internos.
Análisis del Informe de la Subcomisión de Criminalidad (Adulta)
8. Sofisticación de los métodos delictivos.
– Incrementar, diversificar y promover facilidades para la educación de adultos.
6. Pocas posibilidades de reinserción social.
– Implementación de programas para el fortalecimiento de los valores familiares.
9. Bajo nivel académico del delincuente
9. Proliferación de las organizaciones criminales.
12. Corrupción
3. Fortalecer la cooperación entre Estados.
10. Influencia negativa de los medios de comunicación social.
10. Más efectividad en el hecho delictivo por desconocimiento de la población.
13. Incremento de la actividad delictiva como modus vivendi.
4. Correcta identificación de los factores causales.
11. Falta de liderazgo en la familia como Institución formadora de valores.
14. Excesiva carga laboral en los sistemas policial, judicial y penitenciario.
5. Aplicar el reglamento de tránsito.
12. Altos niveles de mortalidad por accidentes de tránsito y utilización de de armas de fuego.
11. Aumento de niveles de violencia en la comisión de hechos delictivos.
15. Incremento de muertes por accidente de tránsito y por el uso indiscriminado del arma de fuego.
6. Impulsar actividades de capacitación de educación vial
12. Aumento en la probabilidad de reincidencia.
7. Restringir los permisos indiscriminados para usar armas.
13. Aumento de muertes por accidentes de tránsito y uso de armas de fuego
1. Aumento progresivo de la reincidencia, más que la conducta infractora primaria en la población menor de edad.
1. Deserción escolar. 1. Adultos con poca probabilidad de 1. reinserción social.
Mejoramiento e implementación de nuevos programas de rehabilitación de menores y de prevención (salud mental y otros).
2. Falta de controles para el cumplimiento de las medidas aplicadas al adolescente.
2. Pobre manejo de la afectividad del
menor en el proceso de crecimiento y 2. Afectación del desarrollo económico. desarrollo.
3. Aumento de la severidad de las faltas cometidas por el y la adolescente.
4. Desconfianza en las Instituciones de 4. Enfrentamiento entre bandas juveniles. 3. seguridad.
Desarrollo de programas de prevención de la violencia.
4. Aumento en el porcentaje de faltas Contra la Salud, Posesión ilegal de Armas de fuego.
5. Adultos con trastornos psicológicos.
5. Incremento en la actitud de rebeldía del 4.
Ejercer mayor control y censura en los medios de comunicación.
5. Falta de Controles efectivos en el proceso de filiación.
6. Mayor efectividad en la comisión del 5. hecho delictivo. 7. Ingreso a la vida delictiva a edades más
Efectivizar los principios de “Los niños primero” y “El interés superior del niño”.
6. Facilidad de la consecución y tenencia de armas de fuego.
menor. 8. Aumento de la desintegración familiar. 6.
7. El arma de fuego es el medio más utilizado en la comisión de las faltas.
8. Implicación en múltiples problemas psicosociales debido al consumo y
7. Promoción de organizaciones juveniles orientadas al ejercicio de su espacio
Análisis del Informe de la Subcomisión de Criminalidad (Menores)
3. Desmejoramiento de la calidad de vida 2. 3. Inseguridad Ciudadana de la población.
Rescate y fortalecimiento de la familia como base de la sociedad.
menor 6. Disminución de la competitividad en el mercado laboral.
7. Ineficacia del sistema aplicado al
Escuela para padres y futuros padres.
8. Poca tolerancia de la sociedad ante el
comportamiento de los adolescentes. 9. Aumento de la criminalidad
8. Incentivos fiscales a los medios para la promoción de valores.
bio-psicosocial.
9. Falta de liderazgo de la familia en la formación de la personalidad de la niñez.
10. Sofisticación de los métodos y técnicas delictivas.
9. Sanciones o trabajo comunitario como método de padres que incumplen su responsabilidad.
10. La satisfacción de las necesidades personales como móvil de las faltas
10. Revisión del régimen jurídico de menores.
11. Incremento de la participación del menor en la vida delictiva.
11. Revisión del currículo para ajustarlo a las expectativas reales de la sociedad y de la comunidad educativa.
12. Ocurrencia de actos infractores mayormente de viernes a domingo de 7:00 p.m. a 12:00 p.m.
13. Falta de medios sanos para la recreación y esparcimiento de la juventud.
14. Diversificación del acto infractor.
15. Ineficacia de los programas educativos.
16. Niños y adolescentes con problemas
17. Aumento de consumo de drogas en la
18. Incremento en la participación de venta
y distribución de drogas.
19. Creciente participación a edades cada
vez más tempranas en pandillas. 20. Poca efectividad de Programas de
1. Creciente y preocupante aumento en el 1. Reincidencia en los delitos. 1. Aumento continuo de la población 1. número y modalidades delictivas. penal.
(corrupción, tráfico de drogas, 2. Hacinamiento en las cárceles.
secuestro, tráfico de armas. 2. Incremento de la legislación punitiva. 2.
Selección científica de los operadores de la administración de justicia.
3. Inseguridad jurídica.
2. Asignación de recursos no es cónsono 3. Aumento de la criminalidad oculta y de
Aplicación de otras modalidades de reacción social (despenalización, desjudicialización, desprisionalización y discriminilización).
con necesidades del sistema judicial. 4. Manipulación de la ley. la tendencia a tomarse la justicia por sus propias manos.
3. Deficiencia en la labor investigativa. 5. Inseguridad ciudadana. 3. 8. Frustración de la sociedad.
Respeto a la separación de los poderes para una efectiva independencia judicial.
4. Falta de independencia en la 6. Negación del principio de oportunidad.
administración de justicia. 4. Dilatación del proceso penal.
7. Acumulación de casos sin resolver. 4. 5. La no actualización del ordenamiento 5. Sostenimiento de la mora judicial.
Aplicación de las normas existentes favorables al procesado.
jurídico. 8. Parcialidad en la administración de
justicia. 6. Apatía y desgaste de recursos en la 5.
Aplicar las sanciones correspondientes a los operadores de justicia que incumplan las normas existentes.
6. La politización del poder judicial. administración de justicia. 9. Sistematización de la ley penal.
7. Extralimitación de funciones. 7. Inestabilidad laboral del
10. Burocratización en la administración de funcionamiento de la administración de 6.
Aumento presupuestario.
8. Falta de unificación en los criterios de justicia. justicia. aplicación de las penas y decisiones de
7. Hacer efectivo el principio de presunción de inocencia.
los conflictos. 9. Mora judicial.
11. Incorrecta selección de los miembros que conforman la administración de justicia.
8. Violación a los derechos humanos de los detenidos.
Análisis de la Subcomisión Judicial
8. Revisión integral de la legislación
10. Falta de credibilidad en la administración de justicia.
9. Desarrollo de programas de rehabilitación efectivos.
11. Deficiencia en la formación del personal judicial.
10. Modernización del Instituto de Medicina Legal.
12. Falta de aplicación de la carrera judicial a todos los niveles.
11. Crear equipos técnicos interdisciplinarios, como auxiliares de la administración de justicia.
13. Falta de aplicación de medidas cautelares personales, distintas a la detención preventiva.
12. Capacitación de los operadores de justicia.
14. Estructura judicial obsoleta.
13. Modernizar la estructura del sistema judicial.
12. Desconfianza en la administración de justicia.
14. Crear mecanismos de agilización de procesos judiciales.
15. Buscar mecanismos para garantizar la accesibilidad a la Justicia.
1. Ausencia de una Institución que canalice las acciones en materia de política criminal.
1. Multiplicidad de esfuerzos en una misma actividad de Prevención.
1. Aumento de la criminalidad. 1.
Creación de un organismo nacional autónomo, permanente, a-político y técnico, con participación ciudadana cuyo propósito es programar, ejecutar, coordinar, controlar, evaluar las acciones y políticas en materia de Prevención.
2. Carencia de una política de Prevención integral en materia de criminalidad.
2. Ineficiencia en la utilización de los recursos no pudiendo identificar las relaciones costo – impacto de los programas de Prevención que se implementan.
3. Pérdida de confianza en las Instituciones del Estado.
3. Inexistencia de mecanismos de medición de la efectividad de los programas de Prevención.
4. Reducción de la inversión.
4. Insuficiencia de recursos para el desarrollo de programas de Prevención.
5. Pérdida de posibilidad de
financiamiento y patrocinio por Instituciones Internacionales. 3.
Crear subcomisiones a nivel distrital de Prevención Social, delimitando sus actuaciones y alcance.
5. Crisis de valores.
6. Falta de cooperación de los medios de comunicación.
6. Neutralización de los efectos de la Prevención debido al incremento de
3. Poca efectividad de los programas de Prevención actuales.
2. Definir las estrategias en materia Preventiva.
4. Poca participación de la población por desconfianza en los entes encargados.
6. La percepción de la importancia de la Prevención disminuye.
5. Aumento de la delincuencia.
4. Integrar los medios de comunicación social en las acciones de Prevención de la Criminalidad.
Análisis del Informe de la Subcomisión de Prevención
2. Inseguridad Ciudadana.
1. Falta de autonomía administrativa y financiera.
1. Retraso en la gestión administrativa del Sistema Penitenciario.
1. Desfasamiento de los aspectos técnicos.
1. Aprobación e implementación de la ley penitenciaria.
2. Sistema de seguridad compartido, generador de conflicto.
2. Dificultad en el desarrollo de programas de autogestión.
2. Postergación de la adecuada atención de la ejecución penal.
2. Dotar de autonomía administrativa y financiera al Sistema Penitenciario.
3. Insuficiencia de infraestructura para alojar la población penitenciaria.
3. Conflicto en la gestión penitenciaria.
3. Incrementar el presupuesto del Sistema Penitenciario.
4. Falta de recursos humanos.
4. Hacinamiento y violación de los derechos humanos.
4. Crisis en el sistema penitenciario (administración y prestación de servicios).
4. Creación de la Escuela de Capacitación Penitenciaria.
5. Baja remuneración económica de los funcionarios penitenciarios.
5. Imposibilidad para la clasificación de los internos.
5. Reincidencia e inadaptación del interno al salir de prisión.
5. Incorporar programas científicos al
Se trabaja en base a la improvisación.
5. Implementación de acciones de Prevención basadas en diagnósticos previos.
Minimización de los efectos de la Prevención frente a la influencia de modelos que distorsionan la orientación y formación de valores.
6. Reforzamiento de los programas de Prevención secundaria y terciaria en áreas poblacionales críticas.
Análisis de la Subcomisión Penitenciaria
3. Incumplimiento de la normativa penal.
6. Insuficiente presupuesto.
6. Clasificación de los centros penales
6. Tensión entre la población penal.
7. Falta de capacitación y actualización del recurso humano.
7. Deficiencia en el desempeño de sus funciones.
7. Aumento en el índice de violencia en la comisión de hechos delictivos.
6. Sustitución progresiva de la policía por custodios civiles en la seguridad interna.
8. Numerosos centros penitenciarios en cuarteles policiales.
8. Imposibilidad de desarrollar los programas.
8. Ineficiencia en el desempeño de las funciones del funcionario penitenciario.
7. Mejorar la difusión de actividades y programas del Sistema Penitenciario.
9 Estigmatización del privado de libertad por parte de la sociedad.
10 Falta de aplicación de elementos técnicos-criminológicos en el tratamiento y atención de la población interna.
9. Riesgos sobre la integridad del privado de libertad y los funcionarios.
9. Salida de las cárceles de los cuarteles policiales.
10 Apatía de la sociedad ante la problemática penitenciaria.
– Clasificación de los centros penitenciarios
10. Ineficiencia en el uso de los recursos destinados a la solución de los problemas del Sistema Penitenciario.
10. Aumento del uso de la aplicación de medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
11 Ausencia de un marco jurídico que promueva la modernización del Sistema Penitenciario.
– Clasificación científica de la población.
11. Implementar el uso de métodos científicos en la selección de personal.
12 Falta de educación ciudadana acerca
– Evaluación, diagnóstico, establecimiento del pronóstico y tratamiento de la población en sus diversas modalidades.
12. Promover iniciativas con miras a la consecución de fondos internacionales.
9. Desmotivación, apatía y corrupción.
8. Clasificación, acondicionamiento o construcción de centros penales.
tratamiento de la población.
del tema penitenciario
11 Prestación de servicios insuficientes.
13 Desconocimiento de la labor penitenciaria por la ciudadanía.
12 Percepción negativa del Sistema Penitenciario.
14 Incompatibilidad de la labor policial en los centros penitenciarios frente a los objetivos del Sistema Penitenciario.
13 Incumplimiento de los objetivos del Sistema Penitenciario.
15 Sistema policial represivo
14 Reincidencia delictiva. 15 Inseguridad ciudadana.
16 Ausencia de un sistema de clasificación científico.
1. Desconfianza generalizada en las 1. Instituciones de seguridad y bienestar social. 2.
Aumento de la inseguridad ciudadana.
1. Incremento de la criminalidad.
1. Creación de incentivos que promuevan la inversión.
2. Pérdida de valores éticos y morales.
3. Injerencia negativa de los medios de
3. Falta de cooperación de la ciudadanía en los problemas de seguridad.
3. Modernizar y humanizar el sistema educativo.
Análisis de la Subcomisión de Seguridad Ciudadana
Ausencia de una cultura de seguridad ciudadana.
2. Aumento de la percepción de ineficacia en los mecanismos de control social, especialmente los formales (policía, ley penal y otros).
2. Definir estrategias preventivas.
comunicación en la sociedad.
3. Aumento de la inseguridad ciudadana.
4. Sentimientos de inseguridad en la sociedad.
4. Aumento de los niveles de pobreza, frustración ciudadana, estancamiento de los programas de desarrollo.
5. Fortalecer el núcleo familiar.
5. Aumento de la criminalidad.
6. Atención y respuesta a la ciudadanía en relación a la seguridad social.
6. Ausencia de una política de seguridad ciudadana y de prevención.
6. Falta de aplicación de la ley (Anarquía).
7. Integrar a los medios de comunicación social a las acciones de Prevención.
7. Inadecuados mecanismos de control social.
8. Pérdida del liderazgo del adulto.
7. Deserción escolar y evasión del hogar.
8. Optimizar los servicios de los organismos de seguridad y la legislación.
8. Política económica no ajustada a la realidad.
9. Mala distribución de las riquezas.
8. Desinformación general y deformación de valores.
9. Inseguridad jurídica.
10. Cambio en los patrones de comportamiento social.
9. Reforzamiento de los programas de prevención.
10. Inequidad social.
11. Alto índice de desempleo.
11. Falta de atención integral de la criminalidad en el país.
12. Desconfianza en los organismos de administración de justicia.
13. Falta de Planificación de la labor preventiva.
11. Crear comités de seguridad ciudadana como parte de los gobiernos locales.
14. Ausencia de un sistema estadístico confiable.
12. Profesionalizar a los funcionarios de la administración de justicia.
15. Falta de lugares de esparcimiento sano
13. Diseñar una propuesta de Política
4. Pérdida del rol social de los medios de comunicación.
4. Garantizar la seguridad jurídica.
5. Incremento de la delincuencia.
6. Confusión de roles de los miembros de la sociedad.
5. Pérdida de confianza en Instituciones.
7. Desmejoramiento de la calidad de vida.
9. Incremento de conducta desajustadas y problemas sociales.
10. Incorporar el tema de la seguridad ciudadana, a un organismo rector e incluirlo como materia en los planes de educación.
y convivencia familiar.
16. Falta de mecanismos de coordinación y planificación de la política criminológica.
17. Presión de la sociedad para que se establezcan medidas represivas.
1. Debilitamiento gradual de la economía. – Desaceleración de la economía
Aumento de la tasa de desempleo Aumento de problemas sociales.
1. Creación de incentivos que fomenten la inversión.
Deterioro de la calidad de vida. 28
Análisis del Informe de la Subcomisión Socioeconómica
– Presión de IFIS
– Baja en la Inversión
– Divorcios 2. – Suicidios 3. Aumento de la presión social y política.
– Deserción escolar
– Resentimiento social 4. Aumento de la delincuencia. 3. – Precarismo
Definir políticas para una mejor distribución de las riquezas.
2. Porcentaje significativo del Presupuesto General del Estado destinado al servicio de la deuda externa.
– Migración vertical y horizontal 5. Incremento de la mendicidad directa e – Etc. indirecta.
Incrementar modelos de desarrollo sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población.
3. Mala distribución de la riqueza.
3. Aumento de los cordones de pobreza. 4. Aumento de la economía informal.
5. Contracción de la Inversión.
6. Aumento del Índice de la delincuencia. 7. Deterioro de la seguridad social.
6. Inseguridad Ciudadana.
4. Revisar y actualizar el sistema educativo a todos los niveles.
4. Ineficiencia en el uso de los recursos del Estado
7. Corrupción en todos los niveles. 5.
Racionamiento del gasto público y optimización de los recursos.
5. Insuficiencia de recursos económicos en las políticas de prevención.
8. Incremento de la carga judicial y
laboral. 6.
Promoción de políticas de transparencia en la gestión pública.
6. Deterioro de la Seguridad Pública.
7. Desventaja Competitiva
8. Economía Subterránea
9. Estancamiento de los programas de desarrollo del país. 7.
Garantizar la seguridad jurídica con las reformas del derecho positivo correspondiente.
9. Incumplimiento del rol social que le corresponde a la educación.
10. Desempleo
8. Polarización de grupos de poder.
10. Incremento del resentimiento social.
9. Disminución de los fondos de inversión del Estado.
8. Retomar el rol social que le corresponde a la educación.
• Adoptar una Política Criminológica procurando el abordaje institucional desde un enfoque técnico, científico e integral del fenómeno de la criminalidad y seguridad ciudadana en nuestro país.
• Organizar un sistema oficial de gestión de políticas públicas orientadas a la prevención, criminológica y la violencia en todas sus dimensiones.
• Garantizar la calidad de vida de la población panameña sobre la base de valores y procesos democráticos.
• Procurar una sociedad basada en una cultura de paz y justicia social. 2. Objetivos Específicos.
• Ampliar las capacidades y oportunidades de los individuos, incluyéndolos como actores y diseñadores en este proceso para mejorar su calidad de vida.
• Asegurar la atención integral de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores víctimas de violencia y discriminación.
• Disminuir y controlar la criminalidad en el país desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.
• Fortalecer las instituciones y mecanismos de investigación y persecución del delito con la mayor eficiencia y celeridad que responda a la demanda ciudadana.
• Dar respuesta a la demanda de investigación y persecución de delitos convencionales y no convencionales para disminuir el alto costo social que implica su impunidad.
• Garantizar la seguridad ciudadana de la población panameña.
• Garantizar la administración de justicia sobre la base de la igualdad, equidad,
independencia, accesibilidad y democracia.
• Lograr la participación y organización ciudadana en el desarrollo integral de la
sociedad panameña con énfasis en la prevención del delito.
• Establecer un sistema de atención a través de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos con miras a la generación de paz individual y social.
• Fortalecer los estamentos de seguridad a efectos de disminuir los niveles de inseguridad mediante la efectivización de acciones comunitarias y participación
• Proveer los recursos técnicos financieros y humanos que permitan la
rehabilitación y reinserción social de las personas que incurran en delitos.
• Crear programas de atención integral a las víctimas de delitos.
• Velar por el respeto de los derechos humanos de todos los individuos sin
• Promover la educación en valores.
• Fortalecer la unidad familiar.
Los principios rectores que se consideran en esta propuesta parten de la base explicativa de que el fenómeno de la criminalidad se da en el contexto social evolutivo en tiempo y espacio, por tanto los principios que en ella se definen y sustentan deben ir más allá de lo jurídico y lo penal, lo que obliga necesariamente a tomar decisiones que incluyan medidas preventivas de carácter económico, social, político; tendientes a la prevención primaria del delito primordialmente.
Prevenir en materia criminológica, según Luís Rodríguez Manzanera (1979) es conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal, disponiendo de los medios necesarios para evitarlo1.
Las acciones de carácter preventivo aplicadas a los factores criminógenos contribuyen a evitar en el presente, más que a castigar en el futuro; lo que de manera eficaz y eficiente aplicado a la planeación, ejecución y evaluación de medias preventivas en estos factores tendrá repercusiones en los costos económicos y sociales.
Parafraseando a Philippe Robert, quien propone tres niveles de prevención a saber:
Nivel primario, cuando se actúa sobre los contextos sociales y situacionales para evitar que se favorezca la delincuencia y para procurar condiciones favorables a comportamientos legales atiende a las causas generales de este fenómeno.
Nivel Secundario, dirigido a evitar a que se cometan busca infracciones. Busca detectar individuos con alta predisposición al delito o conducta antisocial
para evitar el surgimiento o agravación de una patología; es decir, trabaja con sujetos predelincuentes y con sujetos primarios en el delito.
Nivel Terciario, este nivel de prevención destinado a los sujetos condenados para rehabilitarlos y lograr su reinserción social incluye la atención postinstitucional, cuando la prevención se centra a evitar la reincidencia.2
Destaca Philippe que cuando la prevención se dirige a los destinatarios se distinguen las acciones o programas preventivos de carácter general dirigidas hacia el contexto cultural, social y económico que favorecen la no comisión de delitos y la prevención de aquella población potencialmente con situaciones que lo favorecen para que se abstengan de cometer las infracciones lo que conlleva a hacer menos vulnerables a las probables víctimas.
Las operaciones o prevención específica, según el mismo autor se dirigen a disminuir la frecuencia de los delitos a través de la rehabilitación de los individuos implicados con
1 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luís. Criminología. Editorial Porrúa, México, 1999, pág. 106.
2 BARATA, Alessandro. Documento de Política Criminal. Entre la Policía de Seguridad y la Política Social, 1992.
programas y actividades ya definidos. Desde un criterio más didáctico se habla de prevención general y de prevención especial o específica.
En esta propuesta se contempla un Plan de Acción con actividades a corto, mediano y largo plazo, correspondiente a la prevención general y específica, estas últimas atienden directamente los factores y situaciones relacionadas con la conducta antisocial y áreas conflictivas.
2. Principio Rector de Seguridad Ciudadana.
El concepto de seguridad ciudadana, también conocido como seguridad humana, es un concepto integral, que en el ámbito internacional ha cambiado a fin de incluir dentro del mismo a toda la población indistintamente de su edad o cualquier condición.”3.
En las palabras de bienvenida que ofreció la Prof. Aida Selles de Palacios en la Primera Jornada Científica Nacional sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana: evaluación y propuesta, acerca del tema de seguridad afirma: “La seguridad entendida como una necesidad vital del ser humano, se concibe como un valor que implica la libertad del individuo de autorrealización plena y por ende la satisfacción integral de todas sus necesidades. No obstante, históricamente las diferentes sociedades registran variadas y periódicas expresiones de temores individuales y colectivos que obedecen a diversas situaciones: desastres naturales, enfermedades, conflictos armados, revoluciones políticas, profundas crisis económicas y el aumento de la delincuencia.
Ante este último hecho social es que tiene cabida este sentimiento o percepción de inseguridad ciudadana que generalmente se fundamenta con una real o aparente percepción del incremento de la criminalidad y de la falta de represión y prevención del delito o ineficiencia en los mecanismos.
El ser humano a través de la historia ha demostrado también la importancia y prioridad concedida a la necesidad de seguridad, la cual ha sido planteada, al decir del Dr. José Ma. Rico y Luis Salas “como uno de los principales resortes de la vida organizada”, de allí la urgencia que exige la dinámica social moderna de que la seguridad ciudadana se realice con mayor participación comunitaria.
En atención a la complejidad de las estructuras sociales, la prevención y represión de la conducta antisocial deben adaptarse a las nuevas circunstancias sobre las cuales continuamente ejercen influencias las tendencias mundiales y regionales tales, como: las modernas tecnologías, la acelerada urbanización, la variación de patrones sociales, la significativa influencia de los medios de comunicación masiva, la globalización y el cambio de los modelos o paradigmas sociales científicos y filosóficos, etc. Es decir el mayor esfuerzo de tránsito hacia un nuevo modelo y enfoque de seguridad ciudadana ante el delito, debe pasar irremediablemente a las acciones de prevención en donde se involucren todas las fuerzas vivas de la sociedad. Que al decir de Quirós Cuarón “las
3 VILLANUEVA, Miriam. La seguridad Humana: ¿una ampliación del concepto de seguridad global?. En Argentina. Global No.3 (octubre-noviembre) 2000, citado por Delgado Diamante, Daniel. Curso intensivo sobre nuevas formas de seguridad en Centro América, Panamá, 22 de octubre de 2002.
manecillas del reloj de la ciencia, marcan ya la hora de la prevención; donde aparece la prevención la represión se eclipsa”.4
3. Principio Rector de Respeto a los Derechos Humanos.
Como producto de los incipientes procesos democráticos que se dan en el país y definiendo el principio rector de respeto a los derechos humanos como: “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional5.
Es deber del Estado respetar promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos, ya sea, no interviniendo injustificada o ilegalmente en las libertades ciudadana o creando las condiciones económicas, sociales y culturales básicas para la satisfacción de las necesidades de la población.
Los derechos humanos se fundamentan en la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad como valores propios de la dignidad de todo ser humano; indispensables para la vida en sociedad, irrenunciables e inalienables.
4. Principio Rector de Justicia Social.
El Principio Rector de Justicia Social comprende las oportunidades y potencialidades que con equidad se ofrecen y promueven en cada individuo permitiéndole desarrollarse y proveerse de bienestar y seguridad; sobre fundamentos de derechos y deberes dentro del sistema social.
Al igual que la justicia social se reconocen como bienes de la ciudadanía, la libertad, democracia, solidaridad y participación.
La sociedad asegura la justicia social cuando se dan las condiciones que permiten a todos los asociados, principalmente, a aquellos sectores poblacionales cuya condición de desventaja los hace vulnerable (niñez y adolescencia) a cometer delitos o faltas; lo que demanda de parte del Estado acciones de protección y atención especial diferente a los adultos.
La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad; y solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre.
4 SELLES de PALACIOS, Aida. “Palabras de bienvenida”. MEMORIA. 1a Jornada Científica Nacional sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana: Evaluación y Propuesta. Imprenta Universitaria, Panamá, 2003, p.21.
5 PEREZ LUÑO, A.E.: Delimitación conceptual de los derechos humanos en la obra colectiva: Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema. Ediciones de la Universidad de Sevilla. 1979, p.p. 43.
5. Principio Rector de Desarrollo Humano Sostenible.
La Política Criminológica enmarcada en procesos democráticos busca en este principio aumentar las capacidades y oportunidades para elevar el potencial de la población en nuestro país, sin discriminación de ninguna naturaleza.
Para este propósito, la concepción del desarrollo humano sostenible no solamente genera crecimiento económico sino que distribuye sus beneficios equitativamente; que regenera el ambiente en lugar de destruirlo que potencia a las personas, en lugar de marginarlas. El desarrollo humano sostenible otorga prioridad a los pobres ampliando sus opciones y oportunidades y crea condiciones para su participación en las decisiones que los afectan. Es un desarrollo en pro del pobre, en pro de la naturaleza, en pro del trabajo, de las mujeres y los niños. (Informe Nacional de Desarrollo Humano. PNUD Panamá. 2002)
El desarrollo solo es posible y sostenible en la medida en que la sociedad o los grupos sociales sean los diseñadores o actores de ese proceso que garanticen una mejor calidad de vida a las presentes y futuras generaciones.
Atender el fenómeno social delictivo tiene que ver con el paso de un modelo represivo exclusivamente hacia otro u otros que impliquen las modernas tecnologías, entendida éstas como el ejercicio de las posibilidades que ofrecen las nuevas agrupaciones sociales, con miras a potenciar el desarrollo del ser humano en sus facetas físicas, emocionales, psíquicas, morales, sociales, y familiares, etc.
6. Principio Rector de Participación Ciudadana.
La participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos en actividades públicas tendentes a operar en la toma de decisiones, especialmente en lo relativo a situaciones que les afecta, que deben definirse en la agenda de Estado para su atención corresponsable.
Los aspectos en que se debe desarrollar la participación ciudadana implican la defensa de intereses individuales y colectivos, como la planeación, ejecución, control, evaluación y seguimiento de proyectos y actividades comunales y nacionales, en lo que respecta a la calidad de los servicios públicos, la defensa de los ciudadanos ante eventuales arbitrariedades y en el proceso de toma de decisiones, bien sea a escala local, municipal, provincial o nacional.
La participación ciudadana se constituye en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del Estado, a través de su inserción en cinco áreas a saber:
a. En relación a la democracia, buscando el reestablecimiento del estado de derecho, la modernización de la institucionalidad política y la consolidación de las libertades públicas, particularmente la libertad de expresión.
b. Como elemento de la descentralización, entendida como la transferencia a los ciudadanos de funciones, atribuciones, o capacidades de decisión en
diferentes materias, así como los recursos para hacer realidad dichas decisiones y responsabilidades.
Hace posible alcanzar una sociedad autorregulada y fortalecida en su capacidad de asumir su propia intervención.
c. A través del mejoramiento de las políticas sociales y la superación de la pobreza, focalizando los recursos destinados a la inversión social y a objetivos de carácter asistencial, induciendo al auto-desarrollo de las personas como procesos de aprendizaje.
d. Como factor de modernización de la gestión pública, permitiendo el acceso al Estado, patrimonio común de todos los ciudadanos y al control de su administración.
e. La Seguridad Ciudadana como elemento básico que disminuye e impide el desarrollo de sentimientos de angustias y temores.
La sociedad civil juega un papel proactivo y determinante en las medidas y acciones tendentes a disminuir y prevenir la delincuencia.
La Cultura de Paz es un estilo de vida caracterizado por manifestaciones pacíficas de convivencia que se sustentan en la práctica de valores que nos hacen más humanos y que humanizan nuestra existencia y en consecuencia, a nuestra sociedad.
Para alcanzar una sociedad de paz, los seres humanos contamos con inteligencia y capacidad de discernir que nos permita reflexionar, entender, comunicarnos y asociarnos, utilizando nuestra libertad para construir un mundo mejor.
La paz es una forma de interpretar las relaciones sociales y una forma de resolver los diversos e inevitables conflictos que se presentan en la sociedad. Debemos entender por conflicto, no solamente los hechos de violencia manifiesta, sino también la contraposición de intereses entre personas o grupos.
“La paz es un espacio de encuentro y un tiempo de relaciones humanas gozosas. No es solo ausencia de guerra, ni significa ausencia de conflictos. Convivir en tolerancia y armonía puede suponer un conflicto continuo, pero es positivo en el sentido que es una derrota continuada de la violencia. Las relaciones humanas son siempre conflictivas y la superación pacífica y positiva de estas situaciones es precisamente la forma de convivencia armónica de las distintas culturas, pueblos, religiones, sexos, razas y demás diferencias que puedan servir de excusa para la división, el antagonismo, el odio y la incomprensión.” (Manuel Méndez, Educar en Valores. 2002.)
La educación para una cultura de paz es un proceso continuo y permanente dentro de las tareas de la Política Criminológica que debe estar presente en el desarrollo de la personalidad de cada individuo de nuestra sociedad que aprende o reaprende a vivir en la no violencia. La educación para una cultura de paz confía en la creación de ámbitos de justicia de respeto, de tolerancia y felicidad gradualmente más amplios. Educativamente lo que se pretende es un proceso de enseñanza-aprendizaje de la cultura de la paz que implique una ética personal y social fundamentada en la convivencia en libertad y en igualdad, es decir, plenamente democrática.
E. ESTRATEGIAS RECTORAS POR PRINCIPIOS
•Fortalecerlosvaloresdelavidaylaunidadfamiliarcomobasedelasociedad.
•Rolsocialdelaescuela.Laeducacióncomopilarparalarealizacióndel
potencialhumano.
•Empleodelosmediosdecomunicacióncomoinstrumentosdeservicioy
elevacióndelacultura.
•Atenciónypromocióndelosserviciosgratuitosdelasaludmental.
2.SeguridadCiudadana
• Disminución de la espiral de violencia en las demandas de medidas de
• Desarrollo de acciones convincentes y duraderas en materia de seguridad
• Fortalecer los mecanismos de control social en la seguridad humana.
• Definición de la política del Estado en materia de seguridad humana.
• Mejoramiento del acceso a los servicios básicos de la ciudadanía.
3.RespetoalosDerechosHumanos
• Respetar el derecho a la vida como valor fundamental.
• Hacer efectivo el respeto a los Derechos Humanos.
• Fortalecer el compromiso y la voluntad de toda la sociedad, en la defensa de
• Sensibilizar a la comunidad respecto al impacto negativo de la promoción de la
4.JusticiaSocial
• Equidad en la distribución de la riqueza.
• Promoción del hombre y la mujer sin discriminación.
• Accesibilidad, independencia, imparcialidad y equidad en el sistema de
• Promoción de la solidaridad humana.
5. Desarrollo Humano Sostenible.
• Promover la inversión nacional o extranjera cónsona con los principios del
• Optimización y racionalización en el uso de los recursos del Estado.
• Disminución de la pobreza.
• Igualdad y equiparación de oportunidades para todo ciudadano.
• Participación ciudadana en los problemas que nos afectan.
• Concretizar el principio del Interés Superior de la Niñez.
6.ParticipaciónCiudadana
• Participación comunitaria en las estructuras políticas y sociales.
• Inclusión de la ciudadanía en las actividades de prevención del delito.
• Adopción de mecanismos alternativos de resolución de conflicto
(desjudicialización, despenalización, desprisionalización, mediación, arbitraje, entre otras).
7.EducaciónparaunaCulturadePaz.
• Rescate y fortalecimiento de la práctica de los valores humanos.
• Fortalecimiento de la convivencia pacífica de los asociados a través de
• Respeto a las normas de convivencia social.
• Promoción y fortalecimiento de la misión de las organizaciones responsables de
la salud mental de la población.
• Optimizar los mecanismos de control social con la finalidad de fortalecer una
F. PLAN DE ACCIÓN
En el Plan de Acción se presentan descritas las actividades en dos niveles a saber, las actividades dirigidas a la prevención general; estas como bien se explica en el Principio Rector de Prevención, se dirigen a la atención sobre los contextos sociales y situacionales, evitando que se favorezcan comportamientos delincuenciales; Además actúan sobre áreas o grupos poblacionales vulnerables por algunas condiciones que se identifican como factores criminógenos.
Las acciones de Prevención Específicas, son todas aquellas tareas que se encaminan al control, represión y actividades de readaptación y reinserción social. Estas buscan evitar la frecuencia de la reincidencia de los individuos que han cometido delitos y lograr su reincorporación a la sociedad de la cual son parte. Así como aquellas dirigidas a la prevención de delitos específicos.
Todas estas acciones aparecen especificadas a corto, mediano y largo plazo.
Al establecer algunas líneas prioritarias de atención se quiere resaltar la indudable importancia que tienen estos indicadores de ser abordados a corto plazo, los que constituyen acciones que deben ponerse en práctica de manera urgente.
– Fortalecimiento y modernización de los entes encargados de la investigación criminal.
– Atención especial de la Población de Niñez y Adolescencia y juventud en general procurando la efectiva readaptación, reinserción y resocialización.
– Eficacia y modernización del Sistema de Justicia
– Incorporación y Fortalecimiento de la Policía Nacional en la prevención
primaria del delito a través del trabajo comunitario y otros programas.
– Rescatar y fortalecer el rol de la familia, como grupo principal e
indispensable en la formación de la personalidad del individuo.
– Atender los problemas relacionados a la corrupción.
– Reconocer la dimensión y equidad en materia de género.
– Atender los sectores más vulnerables como lo son: indígenas, jóvenes,
discapacitados y en general los grupos más desfavorecidos para garantizar
su desarrollo e integración social.
– Hacer una reingeniería en el sistema penitenciario.
– Ejecución de las acciones en materia de familia contenidas en el Libro III
del Código de la Familia.
– Dirigir esfuerzos para que la escuela retome el rol social que está llamada
a jugar en la formación del individuo
• Crear, fortalecer y ejecutar incentivos para el desarrollo de la inversión.
• Garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas.
• Fortalecer las políticas de control y transparencia en la gestión pública.
• Promover la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado.
• Garantizar la aplicación de los mecanismos de control y fiscalización del
• Elaborar y ejecutar una reforma educativa integral más humanista tendente
a fortalecer los valores cívicos y morales, diversificando sus programas, a
fin de adecuarlos a las necesidades de los miembros de la sociedad.
• Eliminar las prebendas y privilegios en los cargos públicos.
• Eliminar toda forma de discriminación que afecte los derechos
fundamentales de las personas contemplados en nuestra legislación
• Identificar los instrumentos jurídicos que requieran reformas legales y
promover su aplicación ante las instancias correspondientes.
• Fortalecer los procesos y crear los instrumentos que permitan la accesibilidad a la administración pública, a fin de lograr mayor
• Promover en los ciudadanos una conciencia representativa, participativa y
protagónica frente a los temas de agenda nacional.
• Crear la Contraloría Ciudadana.
• Rescatar la solidaridad como un valor y eje fundamental de la participación
ciudadana en las medidas de previsión y seguridad compartida.
• Crear escuelas para padres y futuros padres.
• Fomentar la creación de módulos comunitarios de atención a la salud
mental individual, familiar y laboral.
• Hacer alianzas estratégicas con los países para poder enfrentar al crimen
• Promover los valores morales, cívicos y culturales a través de campañas
sociales y comunitarias, donde se involucren a los medios de comunicación, clubes cívicos, las iglesias, escuelas, instituciones públicas y grupos organizados de las comunidades.
• Exigir un rol más pro-activo a las instituciones encargadas de regular la difusión de anuncios en vallas, cuñas y programas radiales y televisivos que atenten contra la moral y buenas costumbres.
• Actualizar y ejecutar el Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud con énfasis en educación comunitaria y escolar.
• Establecer alternativas de atención al fracaso y a la deserción escolar.
• Establecer procesos de consulta permanente entre las autoridades
gubernamentales y los ciudadanos.
• Emprender campañas de sensibilización y concienciación hacia una
perspectiva de género en los sistemas familiares, educativos y comunales.
• Mejorar los canales de comunicación y coordinación entre las instituciones y
organismos promotores de los derechos humanos.
• Impulsar las acciones de las instituciones encargadas de protección de los
• Exigir la aplicación del principio “El interés superior del niño y la niña”.
• Involucrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones de necesidades y
• Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de la ejecución de
los programas y proyectos cumplan con este cometido.
• Diseñar, ejecutar y fortalecer campañas de promoción de valores a través de todos los medios de comunicación.
• Diseñar y ejecutar programas de capacitación para una cultura de paz (valores, actitudes y comportamiento), dirigido principalmente a docentes, estudiantes y padres de familia.
• Hacer de la cultura de paz un componente obligatorio de la educación en todos los niveles.
• Promover el liderazgo en las comunidades hacia una cultura de paz.
• Crear y generar fuentes de empleo digno, sustentable y de calidad, con ingresos acorde a la realidad económica.
• Crear mecanismos que sirvan de incentivo económico, como un estímulo para la creatividad y la invención.
• Incrementar modelos de desarrollo sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población.
• Crear conciencia de la importancia de la conservación del ecosistema.
• Fortalecer y capacitar a las Juntas Locales a fin que identifiquen, atiendan y refieran a las entidades u organismos correspondientes, la problemática general de sus comunidades, especialmente la relacionada con la niñez y
• Crear alternativas económicas para la atención de situaciones que afectan
a grupos familiares de pobreza crítica, a fin de consolidar la unidad familiar (subsidios familiares, microempresas familiares, becas laborales y educativas, exoneración de servicios básicos, entre otros).
• Descentralizar la gestión pública, a fin de aumentar su eficiencia y fundar modalidades o estilos de gestión de carácter participativo.
• Facilitar programas de previsión y seguridad en todos los niveles educativos para desarrollar una cultura de participación ciudadana.
• Promover el desarrollo integral del individuo con la finalidad de fortalecer su rol como miembro activo de una comunidad.
• Ejecutar programas socio-educativos dirigidos a las familias, con el fin de fortalecer patrones de crianza adecuados en la niñez y adolescencia.
• Apoyar e incentivar las organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas efectivos que fomenten los valores hacia la vida y la familia.
• Impulsar actividades de recaudación de fondos económicos destinados a desastres naturales.
• Facilitar el acceso y participación de la población general a los servicios de salud y nutrición, educación y capacitación para el trabajo.
• Reorientar el papel de los medios de comunicación con respecto al valor de la vida, rol educativo que están llamados a cumplir.
• Promover convenios interinstitucionales de asistencia mutua entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de derechos humanos.
• Promover y ejecutar campañas de concienciación en Derechos Humanos dirigidos a la comunidad en general.
• Crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos
• Crear y fortalecer oficinas o centros de recepción de quejas de los
• Aplicar las regulaciones legales existentes con el propósito de minimizar las
conductas contrarias a los valores morales.
• Retomar el rol social que le corresponde a la educación general como
formadora integral del individuo.
• Establecer mecanismos estrictos para el control de subsidios estatales y fondos asignados a las organizaciones no gubernamentales.
• Reformular el régimen impositivo en relación al poder adquisitivo de las personas y el ingreso familiar.
• Satisfacer las necesidades básicas del individuo procurando su desarrollo integral.
• Promover iniciativas con miras al aprovechamiento de los fondos internacionales y programas de cooperación que beneficien a la población desfavorecida.
• Desarrollar campañas a través del sistema educativo en general y de los medios de comunicación acerca de una real y verdadera participación ciudadana en beneficio de la colectividad.
• Incluir ejes temáticos en el sistema educativo orientado a la formación de líderes en todos los ámbitos del desempeño humano que organicen y den seguimiento a los procesos participativos de la comunidad.
• Promover una reforma curricular que haga obligatoria la enseñanza en todos los niveles de la educación, la asignatura de Derechos Humanos fundamentales (nivel privado / nivel público).
• Modernizar y fortalecer los contenidos programáticos de la asignatura de Educación Cívica y extenderla a todos los niveles de educación básica.
• Rescatar y fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en los niveles primarios, básico y medio (a nivel privado y público).
• Promover la creación a través del Ministerio de Desarrollo Social de programas con sede en las comunidades que brinde atención gratuita a las familias, a través de educación y orientación familiar.
• Incentivar la generación de empleos y estabilidad laboral con la participación de la empresa privada.
• Promover la distribución de riquezas del país con criterios equitativos.
• Ajustar la remuneración de los empleados públicos y privados de acuerdo
a los estándares de vida actual.
• Revisar periódicamente las políticas económicas para ajustarlas al
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.
• Concienciar a través de acciones educativas en la familia y la escuela el valor de la solidaridad como principio fundamental de la convivencia
• Establecer mecanismos de evaluación de las acciones de las instituciones y
organismos no gubernamentales promotores de los derechos humanos.
• Incorporar la asignatura Derechos Humanos en los planes de estudio de nivel básico, medio y universitario.
• Proponer la obligatoriedad de crear un espacio publicitario diario en las concesiones y renovaciones de frecuencias de radio y televisión, así como en las inscripciones de medios escritos, tendientes a promover los valores y el respeto a los derechos humanos.
• Crear y fortalecer los programas de bienestar social del empleado en organizaciones públicas y privadas.
• Exigir el cumplimiento estricto de las leyes de carácter social vigente.
• Procurar una legislación laboral que garantice la estabilidad de los y las
• Fortalecer la Carrera Judicial
• Promover y divulgar el estudio de la cátedra de cultura de paz.
• Promover programas de autogestión y microempresas a nivel de familias
2. Acciones de prevención específica a corto, mediano y largo plazo
a. Acciones de prevención específica a corto plazo
• Propiciar espacios y programas que permitan una mayor participación de los ciudadanos en la prevención de la criminalidad y toda forma de violencia.
• Integrar los programas de prevención de la criminalidad ya existentes en el sector público y privado, a fin de garantizar sus resultados.
• Promover e implementar los programas de enseñanza para la educación vial como parte de la educación básica dentro de las comunidades.
• Promover el estricto cumplimiento de las normas en materia de tránsito vehicular y aplicar las medidas de suspensión de la licencia de conducir que establecen las normas vigentes.
• Impulsar programas de autogestión en los centros penitenciarios.
• Desarrollar programas efectivos de rehabilitación de los privados de
• Implementar la ley penitenciaria. (Ley No 55 del 30 de julio de 2003, en
todos los aspectos).
• Desarrollar programas de prevención e intervención en desajustes
primarios en la personalidad de niños y adolescentes, en el ámbito de la
escuela, del hogar y la comunidad.
• Desarrollar programas de prevención de la violencia en todos los
• Rescatar y fortalecer los mecanismos de censura de programas en los
medios de comunicación para evitar la promoción de la violencia.
• Implementar y fortalecer las medidas tendentes al consumo, venta,
distribución y tráfico de drogas.
• Establecer Programas Integrales para la conducción y manejo de la
• Comprometer a los propietarios de agencias publicitarias y medios de
comunicación a colaborar y participar solidariamente en las campañas de publicidad de anuncios comerciales y programas destinados a incentivar los valores humanos y la prevención de conductas antisociales.
• Aplicar y fortalecer las medidas de protección a las víctimas.
• Acondicionar espacios de atención en los centros penitenciarios y en las
instancias que asisten a los privados de libertad para que respondan a
las exigencias de la población femenina.
• Divulgar a través de todos los medios existentes, información acerca de
los servicios que prestan las entidades que administran justicia, con la
finalidad de orientar a los ciudadanos.
• Evaluar y fortalecer los sistemas de apoyo y coordinación de trabajo
interinstitucional a fin de mejorar la administración de justicia.
• Educar y orientar a la población en acciones de prevención del delito.
• Aplicar medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
• Reformar la legislación procesal penal encaminada a establecer un sistema que contemple la reducción de los términos procedimentales, duración de la detención preventiva y los procedimientos judiciales en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otros tipos de delitos de cuello blanco.
• Orientar la función del Juez, fundamentando su labor de dictar resoluciones judiciales de manera efectiva.
• Crear servicios que permitan el aprovechamiento y mejor rendimiento de los recursos al brindar el servicio de administración de justicia.
• Respetar el principio de presunción de inocencia.
• Aplicar las normas existentes favorables al procesado.
• Desarrollar programas de prevención, en especial promoviendo la
participación de la familia y grupos organizados.
• Conformar equipos técnicos interdisciplinarios, como auxiliares de la
administración de justicia (Fiscalías y Juzgados)
• Fortalecer la profesionalización y modernización de los estamentos de
• Aplicar las sanciones correspondientes a los operadores de justicia que
incumplan las normas existentes.
• Implementar los mecanismos necesarios para vigilar y prevenir las
acciones ilícitas de las empresas transnacionales.
• Reformar la reglamentación de tenencia y venta de armas ligeras en el
país, con el fin de reducir al máximo la violencia generada por su uso
• Promover el empleo de mecanismos alternativos de resolución de
conflictos, mediante la creación de centros en la comunidad.
• Aumentar el número de defensores de oficio a nivel nacional
• Fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para la disminución de nuevos procesos judiciales.
• Implementar medidas que permitan la conmutación de las penas por labores comunitarias que contribuyan a la reinserción social. (Subrogados penales)
• Crear comités de seguridad ciudadana como parte de los gobiernos locales con la participación activa de la Policía Nacional.
• Idear modalidades de trabajo comunitario, dirigido a Padres negligentes que incumplan su responsabilidad.
• Sustituir progresivamente a la Policía por Custodios Civiles en la seguridad interna de los centros penitenciarios.
• Implementar el uso de métodos científicos en la selección de personal dentro del sistema penitenciario.
• Supervisar de manera estricta la migración extranjera a efecto de minimizar su participación en el delito en nuestro país.
• Realizar estudios diagnósticos periódicos de criminalidad.
• Establecer polos y retenes para atender el problema de la migración a
nivel interno.
• Desarrollar programas de prevención secundaria y atención en áreas de alta incidencia delictiva.
• Promover la creación de centros de mediación y arbitraje para facilitar la rápida solución de conflictos, con la finalidad de desjudicializar conflictos y minimizar la mora judicial.
• Apoyar y crear programas de ayuda post-institucional de atención, seguimiento y monitoreo de la población de jóvenes y adultos que han cumplido su período de privación de libertad, y en libertad condicional con participación activa de la sociedad civil. (Patronatos)
• Modernizar los servicios de los organismos de seguridad.
• Crear centros médicos especializados para la atención de detenidos con problemas de salud mental, centros médicos para el sistema penitenciario de adultos de ambos sexos y centros de cumplimiento de
• Efectivizar el acceso de la Justicia a los Grupos Indígenas.
• Hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos en la población
privada de libertad.
• Establecer centros penitenciarios acorde a las necesidades que sustenta
la Ley No 55.
• Desarrollar y fortalecer programas de protección a las víctimas de
• Involucrar a los medios de comunicación en programas de apoyo
comunitario en temas relativos a la prevención del delito.
• Profesionalizar y especializar periódicamente a los funcionarios que
administran justicia como garantía a la seguridad ciudadana.
• Modernizar el Instituto de Medicina Legal.
• Revisar y evaluar el régimen jurídico aplicable al adolescente en
conflicto con la ley penal.
• Revisar integralmente la legislación penal y procesal.
• Hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones relativas al Código
de Ética profesional de los funcionarios responsables de administrar
justicia con el fin de despenalizar conductas.
• Crear y fortalecer oficinas de centros o recepción de quejas de los
• Promover la aplicación de otras modalidades como forma de resolver
conflictos penales. (despenalización, desjudicialización, y
desprisionalización, descriminalización).
• Capacitar a los docentes del nivel primario y medio y a la ciudadanía en
contenidos de cultura de paz y manejo de reacciones violentas.
• Fortalecer los programas de rehabilitación en los centros destinados a
adolescentes en conflicto con la ley.
• Capacitar a los docentes sobre la mediación para el anejo de conflictos
c. Acciones de prevención específica a largo plazo
• Establecer y constituir mecanismos y programas comunitarios orientados a la atención de la niñez y la adolescencia con el fin de resistir a la presión ante la comisión de hechos delictivos y uso de drogas.
• Impulsar a través del Ministerio de Salud, campañas de prevención de uso y abuso de drogas.
• Crear en cada dependencia una oficina de responsabilidad profesional que asegure la administración objetiva de la queja del usuario y prevenga actos contrarios a la Ley y de manera especial, la corrupción.
• Reorientar los esfuerzos de los recursos del Ministerio Público hacia los delitos más graves que causan mayor daño social. (Criminalidad Violenta, Droga, Delitos relacionados al Narcotráfico y Delitos Económicos).
G. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
La Matriz de Responsabilidades para el cumplimiento de las acciones de prevención generales y específicas a corto, mediano y largo plazo se presentan a continuación en cada uno de los principios rectores de la Política Criminológica, con las responsabilidades que le competen de acuerdo a los Ministerios, Instituciones Gubernamentales y Organizaciones no gubernamentales.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA
Crear, fortalecer y ejecutar incentivos para el desarrollo de la inversión.
Garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas.
Fortalecer las políticas de control y transparencia en la gestión pública.
Promover la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado.
Garantizar la aplicación de los mecanismos de control y fiscalización del gasto público.
Elaborar y ejecutar una reforma educativa integral más humanista tendiente a fortalecer los valores cívicos y morales, diversificando sus programas, a fin de adecuarlos a las necesidades de los miembros de la sociedad.
Eliminar las prebendas y privilegios en los cargos públicos.
Eliminar toda forma de discriminación que afecte los derechos fundamentales de las personas contemplados en nuestra legislación nacional.
Identificar los instrumentos jurídicos que requieran reformas legales y promover su aplicación ante las instancias correspondientes.
Fortalecer los procesos y crear los instrumentos que permitan la accesibilidad a la administración pública, a fin de lograr mayor transparencia en la gestión.
Crear la contraloría ciudadana.
Promover en los ciudadanos una conciencia representativa, participativa y protagónica frente a los temas de agenda nacional.
Propiciar espacios y programas que permitan una mayor participación de los ciudadanos en la prevención de la criminalidad y toda forma de violencia. Integrar los programas de prevención de la criminalidad ya existentes en el sector público y privado, con el fin de garantizar sus resultados.
Rescatar la solidaridad como un valor y eje fundamental de la participación ciudadana en las medidas de previsión y seguridad compartida.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE POLITICA CRIMINOLÓGICA
Ministerio de Desarrollo Social MEDUC
MINREX MITRADEL
SISTEMA PENITENCIARIO DIRECCIÓN DE MIGRACION SINAPROC
CUERPO DE BOMBEROS INDE
INAC DEFENSORIA DEL PUEBLO ORGANO JUDICIAL MINISTERIO PUBLICO CONTRALORIA
ENTE REGULADOR CLICLAC
IFHARU
INAFORP UNIVERSIDADES ESTATALES LNB
MUNICIPIOS ASAMBLEA LEGISLATIVA IDAAN
ANPYME
EMPRESAS PRIVADAS CLUBES CÍVICOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OTRAS ORGANIZACIONES
Promover los valores morales, cívicos y culturales a través de campañas sociales y comunitarias, donde se involucren a los medios de comunicación, clubes cívicos, las iglesias, escuelas, instituciones públicas y grupos organizados de las comunidades. Comprometer a los propietarios de agencias publicitarias y medios de comunicación a colaborar y participar solidariamente en las campañas de publicidad de anuncios comerciales y programas destinados a incentivar los valores humanos y la prevención de conductas antisociales.
Exigir un rol más pro-activo a las instituciones encargadas de regular la difusión de anuncios en vallas, cuñas y programas radiales y televisivos que atenten contra la moral y buenas costumbres.
Actualizar y ejecutar el Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud con énfasis en educación comunitaria y escolar.
Establecer programas integrales para la conducción y manejo de la violencia intrafamiliar.
Desarrollar programas de prevención de la violencia.
Rescatar y fortalecer los mecanismos de censura de programas de los medios de comunicación para evitar la promoción de la violencia.
Implementar y fortalecer las medidas tendentes al consumo, venta, distribución y tráfico de drogas.
Crear escuelas para padres y futuros padres
Desarrollar programas de prevención e intervención en desajustes primarios de la personalidad de niños y adolescentes, en el ámbito de la escuela, hogar y la comunidad.
Promover el estricto cumplimiento de las normas en materia de tránsito vehicular y aplicar las medidas de suspens Ministeer4io de Desarrollo Social ión de la licencia de conducir que establecen las normas vigentes.
Ministeer4io de Desarrollo Social MEDUC
INAC DEFENSORIA DEL PUEBLO
INAFORP UNIVERSIDADES ESTATALES
LNB FIS
CSS MUNICIPIOS ASAMBLEA LEGISLATIVA IDAAN
IGLESIAS EMPRESAS PRIVADAS CLUBES CÍVICOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OTRAS ORGANIZACIONES
DEFENSORÍA DEL PUEGLO
Promover e implementar los programas de enseñanza para la educación vial como parte de la educación básica y dentro de las comunidades.
Establecer alternativas de atención al fracaso y deserción escolar.
Desarrollar programas efectivos de rehabilitación de los privados de libertad.
Fomentar la creación de módulos comunitarios de atención a la salud mental, individual, familiar y laboral.
Implementar la Ley Penitenciaria (Ley 55 del 30 de julio de 2003) en todos sus aspectos
Aplicar y fortalecer las medidas de protección a la victima.
Impulsar programas de autogestión en los centros penitenciarios
Acondicionar espacios de atención en los centros penitenciarios y en las instancias que asisten a los privados de libertad para que respondan a las exigencias de la población femenina.
Establecer procesos de consulta permanente entre las autoridades gubernamentales y los ciudadanos.
Emprender campañas de sensibilización y concienciación hacia una perspectiva de género en los sistemas familiares, educativos y comunales.
Divulgar a través de todos los medios existentes, información acerca de los servicios que prestan las entidades relacionadas con la administración de justicia, con la finalidad de orientar a los ciudadanos.
Evaluar y fortalecer los sistemas de apoyo y coordinación de trabajo interinstitucional a fin de mejorar la administración de justicia.
Educar y orientar a la población en acciones de prevención del delito.
Fomentar y aplicar las medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
Reformar la legislación procesal penal encaminada a establecer un sistema que contemple la reducción de los términos procedimentales, duración de la detención preventiva y los procedimientos judiciales en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otros tipos de delitos de cuello blanco. Orientar la función de juez fundamentalmente en la labor de dictar resoluciones judiciales de manera efectiva.
Crear servicios que permitan el aprovechamiento y mejor rendimiento de los recursos al brindar el servicio de administración de justicia.
Mejorar los canales de comunicación y coordinación entre las instituciones y organismos promotores de los derechos humanos Impulzar las acciones de las instituciones encargadas de protección de los derechos humanos
Exigir la aplicación del principio “El interés superior del niño y la niña”.
Aplicar las normas existentes favorables al procesado.
Respetar el principio de presunción de inocencia.
MINJUMFA MEDUC MINSA MINGO MINREX MITRADEL MINPRE
MIDA POLICÍA NACIONAL
PTJ SAN SMN SISTEMA
DIRECCIÓN DE MIGRACION
INAFORP
Desarrollar programas de prevención, en especial promoviendo la participación de la familia y grupos organizados.
Involucrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones de necesidades y conflictos.
Adoptar para que las autoridades encargadas de la ejecución de los programas y proyectos cumplan con este cometido.
Fortalecer la profesionalización y modernización de los estamentos de seguridad pública.
Conformar equipos técnicos interdisciplinarios, como auxiliares de la administración de justicia. (Fiscalías y juzgados) Implementar los mecanismos necesarios para vigilar y prevenir las acciones ilícitas de las empresas transnacionales
Reformar la reglamentación de tenencia y venta de armas ligeras en el país con el fin de reducir al máximo la violencia generada por su uso indiscriminado.
Diseñar, ejecutar y fortalecer campañas de promoción de valores a través de todos los medios de comunicación.
Promover el empleo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediante la creación de centros en la comunidad. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en cultura de paz (valores, actitudes y comportamiento), dirigido principalmente a docentes, estudiantes y padres de familia.
Promover el liderazgo en las comunidades hacia una cultura de paz.
Hacer de la cultura de paz un componente obligatorio de la educación en todos los niveles.
MINISTERIO DE DESARRO SOCIAL
MEDUC MINSA MINGO MINREX MITRADEL MINPRE MEF
Crear y generar fuentes de empleos dignos, sostenibles y de calidad, con ingresos acorde a la realidad económica.
Crear mecanismos que sirvan de incentivos como un estímulo para la creatividad y la invención.
Crear conciencia de la importancia de la conservación del ecosistema.
Crear alternativas económicas para la atención de situaciones que afectan a grupos familiares de pobreza crítica, a fin de consolidar la unidad familiar (subsidios familiares, microempresas familiares, becas laborales y educativas, exoneración de servicios básicos, entre otros).
Fortalecer y capacitar las Juntas Locales a fin que identifiquen, atiendan y refieran a las entidades u organismos correspondientes, la problemática general de sus comunidades, especialmente las relacionadas con la Niñez y Adolescencia.
Descentralizar la gestión pública, a fin de aumentar su eficiencia y fundar modalidades o estilos de gestión de carácter participativo. Fomentar programas de previsión y seguridad en todos los niveles educativos para desarrollar una cultura de participación ciudadana. Promover el desarrollo integral del individuo con la finalidad de fortalecer su rol como miembro activo de una comunidad. Fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para la disminución de nuevos procesos judiciales.
Implementar medidas que permitan la conmutación de las penas por labores comunitarias que contribuyan a la reinserción social. (Subrogados penales)
MIDA POLICÍA NACIONAL PTJ
IGLESIAS EMPRESA PRIVADA
MEDIOS DE COMUNICACIÓN OTRAS ORGANIZACIONES
Crear comités de seguridad ciudadana como parte de los gobiernos locales con la participación activa de la policía nacional.
Idear modalidades de trabajo comunitario, dirigido a padres negligentes que incumplan su responsabilidad.
Desarrollar programas de prevención en áreas de alta incidencia delictiva.
Ejecutar programas socio-educativos dirigidos a las familias, con el fin de fortalecer patrones de crianza adecuados en la niñez y adolescencia.
Sustituir progresivamente a la policía por custodios civiles en la seguridad interna de los centros penitenciarios.
Implementar el uso de métodos científicos en la selección de personal dentro del sistema penitenciario.
Supervisar de manera estricta la migración extranjera a efecto de minimizar la participación en el delito en nuestro país.
Realizar estudios diagnósticos periódicos de criminalidad.
Apoyar e incentivar las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas efectivos que fomenten los valores hacia la vida y la familia.
Impulsar actividades de recaudación de fondos económicos destinados a desastres naturales.
Establecer polos retenes para atender el problema de la migración a nivel interno.
Facilitar el acceso y participación de la población general a los servicios de salud y nutrición, educación y capacitación para el trabajo.
Promover la creación de centros de mediación y arbitraje para facilitar la rápida solución de conflictos, con la finalidad de desjudicializar conflictos y minimizar la mora judicial.
Modernizar los servicios de los organismos de seguridad.
Apoyar y crear programas de ayuda post-institucional de atención, seguimiento y monitoreo de la población de jóvenes y adultos que han cumplido su período de privación de libertad y en libertad condicional con participación activa de la sociedad civil (Patronatos).
Crear centros médicos especializados para la atención de detenidos psiquiátricos (Centros médicos para el sistema penitenciario para menores y adultos de ambos sexos.
Efectivizar el acceso a la justicia a los grupos indígenas.
MEDUC MINSA MINGO MITRADEL MINPRE MEF
MIDA POLICIA NACIONAL PTJ
DIRECCIÓPN DE MIGRACIÓN
INAFORD
FIS ANAM ATTT CSS MUNICIPIOS
Reorientar el papel de los medios de comunicación con respecto al valor de la vida, rol educativo que están llamados a cumplir. Desarrollar y fortalecer programas de protección a la victima de delitos.
Promover convenios interinstitucionales de asistencia mutua entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de derechos humanos.
Promover y ejecutar campañas de concienciación en Derechos Humanos dirigidos a la comunidad en general.
Establecer centros penitenciarios acordes a las necesidades que sustentan la Ley 55.
Crear la comisión nacional de derechos humanos.
Hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos en la población privada de libertad.
Involucrar a los medios de comunicación en programas de apoyo comunitario en temas relativos a la prevención del delito.. Profesionalizar y especializar periódicamente a los funcionarios que administran de Justicia como garantía a la seguridad ciudadana.
Revisar integralmente la legislación penal y procesal. Modernizar el Instituto de Medicina Legal.
Hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones relativas al Código de Ética profesional de los funcionarios responsables de administrar justicia con el fin de despenalizar conductas.
Crear y fortalecer oficinas de centros o recepción de quejas de los servidores públicos.
Revisar y evaluar el régimen jurídico aplicable al adolescente en conflicto con la ley penal.
Aplicar las regulaciones legales existentes con el propósito de minimizar conductas contrarias a los valores morales.
Capacitar a los docentes sobre la mediación para el manejo de conflictos entre estudiantes.
Capacitar a los docentes del nivel primario y medio y a la ciudadanía en contenidos de cultura de paz y manejo de reacciones violentas.
Retomar el rol social que le corresponde a la educación general como formador integral del individuo.
Promover la aplicación de otras modalidades como forma de resolver conflictos penales (despenalización, desjudicialización, desprisionalización y discriminalización).
EDUCACIÓN PARA UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA RESPETO A LOS DERECHOS PAZ HUMANOS
Establecer mecanismos más estrictos para el control de subsidios estatales y fondos asignados a las organizaciones no gubernamentales.
Reformular el régimen impositivo en relación al poder adquisitivo de las personas y el ingreso familiar.
Satisfacer las necesidades básicas del individuo procurando su desarrollo integral Promover iniciativas con miras al aprovechamiento de los fondos internacionales y programas de cooperación que beneficien a la población desfavorecida. Desarrollar campañas a través del sistema educativo en general y de los medios de comunicación acerca de una real y verdadera participación ciudadana en beneficio de la colectividad.
Incluir ejes temáticos en el sistema educativo orientado a la formación de líderes en todos los ámbitos del desempeño humano que organicen y den seguimiento a los procesos participativos de la comunidad.
Establecer y constituir mecanismos y programas comunitarios orientados a la atención de la niñez y la adolescencia con el fin de resistir a la presión ante la comisión de hechos delictivos y uso de drogas.
Promover la creación a través del Ministerio de Desarrollo Social de programas con sede en las comunidades que brinden atención gratuita a las familias, a través de educación y orientación familiar.
Impulsar a través del Ministerio de Salud, campañas de prevención del uso y abuso de drogas y enfermedades infectocontagiosas a nivel comunitario.
Crear en cada dependencia una oficina de responsabilidad profesional que asegure la administración objetiva de la queja del usuario y prevenga actos contrarios a la Ley y de manera especial a la corrupción.
Rescatar y fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en los niveles primarios, básicos y medios. (A nivel particular y público)
Promover una reforma curricular que haga obligatoria la enseñanza en todos los niveles de la educación de la asignatura de Derechos Humanos fundamentales (nivel privado / nivel público)
Modernizar y fortalecer los contenidos programáticos de la asignatura de Educación Cívica y extenderla a todos los niveles de educación básica.
Incentivar la generación de empleos y estabilidad laboral con la participación de la empresa privada
Promover la distribución de riquezas del país con criterios equitativos.
Ajustar la remuneración de los empleados públicos y privados de acuerdo a los estándares de vida actual.
Revisar periódicamente la política económica para ajustarlas al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.
Concienciar a través de acciones educativas en la familia y la escuela el valor de la solidaridad como principio fundamental de la convivencia armoniosa
Establecer mecanismos de evaluación en las acciones de las instituciones y organismos no gubernamentales promotores de los derechos humanos. Incorporar la asignatura “Derechos Humanos” en los planes de estudio de nivel
básico, medio y universitario.
Proponer la obligatoriedad de crear un espacio publicitario diario en las
conceciones y renovaciones de frecuencias de radio y televisión, así como en las inscripciones de medios escritos, tendentes a promover los valores y el respeto a los derechos humanos.
Reorientar los esfuerzos de los recursos del Ministerio Público hacia los delitos más graves que causan mayor daño social. (Criminalidad violenta, droga y económica).
Procurar una legislación laboral que garantice la estabilidad de los y las
G trabajadores (as). U
Exigir el cumplimiento estricto de las leyes de carácter social vigentes.
Crear y fortalecer los programas de bienestar social del empleado en organizaciones públicas y privadas.
D Fortalecer la carrera judicial. U
I Promover y divulgar el estudio de la cátedra de cultura de paz O
H. TALLERES DE DISCUSIÓN.
1. Jornada taller de consulta sobre la Primera Propuesta de Política Criminológica.
Fecha: 3 de febrero de 2004.
Lugar: Auditorio Ricardo J. Alfaro. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Panamá. Instituciones Participantes.
Ministerio Público – Fiscalías
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia- Instituto de Estudios Interdisciplinarios
Escuela de Trabajo Social. Universidad de Panamá
Policía Nacional. Grupo de apoyo y Secretaría General
Alianza Ciudadana Pro Justicia. Organización patrocinadora de la Jornada Taller. Instituto de Criminología
2. Foro sobre la Primera Propuesta de Política Criminológica presentada a la Nación, en el marco del Aniversario XXXVII del ICRUP.
Fecha: 2 de febrero de 2005. Lugar: Salón de Docencia. ICRUP
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado Instituto de la Mujer
Relaciones Públicas Asuntos Estudiantiles
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Ministerio de Educación
Colegio Nacional de Abogados Asociación Cívica de San Miguelito Fundación Howard
Universidad Tecnológica de Panamá Caja de Seguro Social
Ministerio de la Juventud la Mujer, la Niñez y la Familia Comisión para la Justicia y Paz
BARATTA, Alessandro. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Editores Siglo
XXI. Buenos Aires, 2002. 258 p.
BERISTAIN, Antonio. Criminología, victimología y cárceles. Tomo I y II. Fundación Cultural Javeriana. Santa Fe de Bogotá, 1996, 393 y 327 p.
BERISTAIN, Antonio. Criminología y dignidad humana. Ediciones Desalma. Buenos Aires, 1997, 178 p.
LARRAURI, Elena. La herencia de la criminología crítica. 3a. edición Editores Siglo XXI, 2000, 266 p.
MAGUIRE, Mike. Manual de Criminología. Oxford University. Press México S.A. México, 2004, 844 p.
MÉNDEZ, Manuel. Educar en Valores. 2002.
PEREZ LUÑO, A.E. Delimitación conceptual de los derechos humanos en la obra colectiva: Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema. Ediciones de la Universidad de Sevilla. 1979,
RICO, José María y Laura Chinchilla. Seguridad ciudadana en América Latina. Siglo XXI, Editores, S.A., México, 2002, 187 p.
RODRÍGUEZ MANZANERA, Luís. Criminología. Editorial Porrúa, México, 1999, 106 p. SAMPEDRO, Julio Andrés. La humanización del proceso penal. Legis Editores. Santa
Fe de Bogotá, 1998, 336 p.
TELLEZ, Abel. Los sistemas penitenciarios y sus prisiones. Derecho y realidad. Edisofer. Madrid, 1998. 161 p.
TORRES, Mauro. Origen histórico y evolutivo del crimen. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá, 1998. 376 p.
VILLANUEVA, Miriam. La Seguridad Humana: ¿una ampliación del concepto de seguridad global?. En Argentina. Global No3 (octubre-noviembre) 2000, citado por Delgado Diamante, Daniel. Curso intensivo sobre nuevas formas de seguridad en Centro América, Panamá, 22 de Octubre de 2002.
Audito ciudadano de la justicia penal en Panamá. Alianza Ciudadana Pro Justicia. Nov.
BARATA, Alessandro. Documento de Política Criminal. Entre la Policía de Seguridad y la Política Social. 1992.
ICRUP. Memoria de la Primera Jornada Científica Nacional sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana: Evaluación y propuesta. 2003.
Informe Nacional de Desarrollo Humano. PNUD. Panamá, 2001 y 2002.
MATUL, Daniel. Costa Rica y la Seguridad Democrática: Valores para un modelo de
seguridad, 2004.
Propuesta de Política Criminal y Seguridad Ciudadana para el Salvador. 2005. Propuesta de Política de la Juventud. MINJUMFA
Otras Fuentes Textos Legales
Código de la Familia. República de Panamá. Editorial Mizrachi y Puyol, S.A. Libro II de los Menores. Libro III de la participación del Estado en la Política familiar.
Ley No 55 del 30 de julio de 2003
Ley 40. Ley Penal Especial del Adolescente
Resolución de Gabinete No. 34 (de 21 de junio de 2000) “Por la cual se adoptan los fundamentos de la Política panameña de seguridad.
Publicado en 31 julio, 2000 12 agosto, 2014
Participación Ciudadana en la Reforma Judicial
PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL PANAMEÑA EN LA PROMOCIÓN
DE LA REFORMA JUDICIAL Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
En los últimos diez años la sociedad panameña ha sido testigo de varios diagnósticos y
reformas parciales al ordenamiento jurídico, pero muy poco ha sido el debate y la
participación ciudadana en estas reformas y muy poco ha cambiado la percepción
ciudadana con respecto a que la justicia es lenta, selectiva, poco eficiente y poco accesible.
Es por ello, por lo que en el año 2000 se crea la Alianza Ciudadana Pro Justicia con la
finalidad de unificar los esfuerzos de la sociedad civil en promover la reforma judicial en
Panamá, debatir sobre el tema de la independencia del poder judicial, la despolitización en
la escogencia de magistrados y mejorar la acción de la administración de justicia para
enfrentar el crimen y la impunidad.
Inicialmente la Alianza fue conformada por cinco organizaciones ciudadanas y tres años
después somos un total de catorce organizaciones unidas en la tarea de pedir cuentas al
Objetivos de la Alianza Ciudadana Pro Justicia:
1. Promover la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a los problemas
2. Promover la reforma de la justicia administrativa
3. Favorecer el acceso a la justicia mediante actividades de educación ciudadana y la
promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
4. Promover la reforma judicial que permita la eficiencia, independencia y
transparencia del sistema de justicia.
5. Convertirnos en un ente de monitoreo permanente sobre los avances de la
administración de justicia, especialmente en la lucha contra la impunidad.
Durante los años 2000 al 2002 la Alianza Ciudadana Pro Justicia se dedicó a organizar
espacios de debate sobre las deficiencias del sistema de justicia en especial el relacionado
con la escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tema de la mora
judicial y el excesivo número de presos sin condena, paralelamente a visibilizar las
deficiencias del sistema de justicia en la persecución de los delitos de corrupción. A partir
del año 2002 la Alianza Ciudadana Pro Justicia es reconocida por todos los sectores
nacionales y el tema de la reforma judicial pasa a ser uno de los temas prioritarios de los
Durante el año 2003 la Alianza realizó un “Audito Ciudadano de la Justicia Penal en
Panamá”, que se ha convertido en el punto de partida de un proceso de monitoreo
permanente de la sociedad civil panameña. La recomendación más importante de este
audito fue la creación de la Comisión de Estado por la Justicia, que definiera una agenda de
la reforma judicial en Panamá; propuesta que fue presentada a los tres candidatos
presidenciales en el año 2004, mediante una “Petición ciudadana por la Justicia” que fue
firmada por más de 25 organizaciones de sociedad civil.
En febrero del 2005 nuevamente la Alianza Ciudadana Pro Justicia realiza acciones
tendientes a lograr un compromiso del Estado por la reforma judicial y es así como se
realiza el Foro denominado “La Reforma procesal Penal en Panamá- Hacia un sistema
Garantista”, donde los tres Órganos del Estado se comprometieron con la pronta
definición de un acuerdo de Estado por la Justicia que tuviese como punto central la
reforma del sistema de enjuiciamiento penal hacia un sistema garantista.
En marzo del 2005 y luego de un escándalo de corrupción a lo interno de la Corte Suprema
de Justicia, denunciada por uno de los magistrados, la sociedad civil panameña pidió la
renuncia de todos los magistrados de la Corte Suprema y se provoca una manifestación en
las escalinatas de la Corte. Frente a este panorama el Presidente de la República anuncia la
firma de un Pacto de Estado por la Justicia y la creación de la una Comisión de Estado por
la Justicia en la que participó la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Participación de la Alianza en la Comisión de Estado por la Justicia.
La Alianza se incorporó a la Comisión de Estado por la Justicia convencida que era el
escenario apropiado para definir la agenda de la reforma judicial y para lograr un
compromiso de los tres Organos del Estado, pero sin dejar de lado las denuncias de
corrupción que pesan en contra de algunos magistrados.
La Alianza planteó desde el primer momento que la prioridad era la reforma penal,
tomando en cuenta que en varios países de América Latina, las reformas judiciales
generales se han iniciado a través de la reforma del Código Procesal Penal, debido a que
esa reforma tiene un carácter fuerte de cambio que facilita y provoca la modificación del
resto de las instituciones del sistema judicial. De esta manera se suele provocar cambios
inmediatos que son visibles , tanto por sectores jurídicos, como por los ciudadanos, a través
de la prensa y la opinión pública. La reforma del código penal puede servir en este sentido
y cambio. Las reformas subsecuentes están ligadas comúnmente a mejorar situación en las
cárceles, la defensa del oficio, la falta de transparencia y el fortalecimiento de la
La Comisión de Estado por la Justicia presentó en septiembre del 2005 una agenda de la
reforma judicial en Panamá y el compromiso de cada uno de los Órganos del Estado. Los
temas definidos como prioritarios por la Comisión de Estado por la Justicia son los mismos
temas estudiados y detectados como sensitivos en el Audito de la Justicia Penal en Panamá,
elaborado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, tales como: reformas a la defensa pública,
al sistema de enjuiciamiento penal, carrera judicial, procesos éticos y disciplinarios contra
magistrados, medidas para la agilización de la justicia y para disminuir el número de presos
Los compromisos más importantes que deben ser cumplidos en los primeros seis meses
– Aprobar la Política Criminológica de Estado y creación del ente rector.
– Convertir la subcomisión de reforma penal en Comisión codificadora de los nuevos
Código Penal y Procesal Penal.
– Lograr la aprobación por parte de la Asamblea de Diputados del Proyecto de agilización
de la justicia penal como proyecto de corto plazo.
– Lograr la reforma a la ley 59 sobre enriquecimiento injustificado que ya fue presentada a
la Asamblea de Diputados, para mejorar la actuación del sistema de justicia en la
persecución del enriquecimiento injustificado y la eliminación de la prueba sumaria en los
procesos contra servidores públicos.
– Aprobación de proyecto de ley que permitirá cambios en el Consejo Judicial, actualmente
integrada por el Presidente de la Corte, la Procuradora General de la Nación, el Procurador
de la Administración y el Colegio Nacional de Abogados, con el fin de que se integre otro
organismo de sociedad civil y que sea ésta instancia, la que se encargue de aprobar los
planes y programas de modernización de la justicia y del mejoramiento de la carrera
judicial, de tal forma que no queden adscritos a la voluntad de un Presidente de la Corte
– Designar una comisión nombrada por el Consejo Judicial en la que se involucre a la
Alianza Ciudadana Pro Justicia, para que coordine la validación y consulta de los
anteproyectos de reforma al Código Judicial en lo relativo a procesos éticos y disciplinarios
y a los nuevos reglamentos de carrera, sobre los cuales ya se tienen propuestas legislativo.
Publicado en 27 junio, 2000 13 agosto, 2014
Decreto De Fundamentos De Política De Seguridad
Publicado en 1 enero, 2000 12 agosto, 2014
¿Qué Es La Alianza Ciudadana Pro Justicia?
Alianza Ciudadana, once años de activismo ciudadano 2000-2011.
Publicado en 29 mayo, 1998 13 agosto, 2014
Ley De Protección A Las Víctimas

References: resolución 
 artículo 58
 artículo 51
 artículo 59
 artículo 55

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 resolución 

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

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Resolución