Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500559.html
Timestamp: 2019-03-21 11:50:31+00:00

Document:
se201500559
SENTENCIA: 559/2015.
EXPEDIENTE Nº: 326/2006.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 38 a 42 vta., en la que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales impugna la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0154/2006 pronunciada el 19 de junio, por la Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fojas 67 a 69 vta., réplica de fojas 84, dúplica de fs. 93 a 94 vta., Auto Nº 251/2013 emitido el 7 de agosto de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías, contestación de Gastón Jorge Zenteno Zambrana, en calidad de tercero interesado, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I: CONTENIDO DE LA DEMANDA
La entidad demandante señala que el 4 de julio de 2005, emitió la Vista de Cargo Nº 400/4004000005-029-2005 de 4 de julio de 2005, estableciendo un reparo a favor del Fisco por un monto de 30.414 UFV emergente de diferencias entre las ventas y compras declaradas a la Administración Tributaria y las registradas en el Libro de Compras y Ventas IVA, por lo que se consideró que el contribuyente contravino los arts. 2, 4, 5 y 7 de la Ley 843, “en lo referente a los ingresos no facturados”, la RA 05-0043-99 por compras que respaldan el crédito fiscal; la RA 05-0041-99 “en lo concerniente a la reducción sin el correspondiente respaldo legal”, de igual manera incumplió lo establecido en los arts. 36 y 47 de la Ley 843 por impuestos no declarados e inobservó asimismo, la RA 05-0041-99.
Agregó que la Resolución Determinativa Nº 294/2005 de 10 de octubre de 2005, fue emitida en plena observancia de los arts. 100 y 43 al 45 del Código Tributario (Ley 2492) y que la fiscalización se efectuó sobre base cierta y base presunta analizándose los ingresos, compras, respaldos y registros contables de los períodos fiscales junio a diciembre de 2003, procedimiento en el que se evidenció que el contribuyente declaró un importe de Bs. 43.655 cuando en realidad las compras del periodo ascienden simplemente a la suma de Bs. 9.906,50 por lo que existe una diferencia de Bs. 33.748.
Agregó que en cuanto al IUE, se tomó en cuenta que el contribuyente cumple dos actividades diferentes, una profesional como Contador y otra de transporte. Para el primer caso, el reparo fue establecido con base en las solvencias emitidas por el Colegio de Contadores que el sujeto pasivo preside y al arancel vigente. En el segundo caso, de sus Estados Financieros, estableciéndose que el sujeto pasivo, con la finalidad de evadir sus obligaciones tributarias, no titularizó su derecho propietario sobre el vehículo, que no figura como pasivo.
Señaló también que, se calificó la conducta tributaria como evasión por los periodos fiscales junio a septiembre de 2003 y como omisión de pago en el periodo fiscal diciembre de 2003, todo de conformidad con los arts. 114 de la Ley 1340 y 165 de la Ley 2492.
2.- Añade el SIN-Oruro, que la Resolución de Recurso Jerárquico STG- RJ/0195/2006 de 13 de julio de 2006, incurrió en varios errores de fondo en la aplicación e interpretación de la norma tributaria y los procedimientos, cuyo fallo se encuentra en franca contradicción de la verdad de los hechos, por lo que cita los puntos de agravio:
Señaló que la resolución del recurso jerárquico incurrió en errores de fondo en la aplicación e interpretación errónea de la normativa tributaria y los procedimientos a aplicarse en cada caso, por ello, es contraria a la verdad de los hechos. Precisó los siguientes agravios:
Se manifestó que existiría duplicidad en la obtención del reparo del IUE, afirmación con la que discrepa porque el reparo obtenido por los servicios profesionales prestado por el contribuyente, no corresponde a una presunción sino que se halla respaldado por las solvencias entregadas por el Colegio de Contadores.
Señaló que en la resolución de alzada se hizo referencia a las facturas 4702, 4703 y 4704 que fueron depuradas oportunamente y que para la determinación del reparo global, simplemente fueron consideradas las facturas 4702 y 4703, toda vez que la factura 4704 no fue declarada. Apuntó que no fue considerada la factura 49 otorgada a favor de Porfirio Vallejos porque no fue presentada oportunamente. Tampoco la factura 76 porque corresponde a otro servicio, que son razones por las que considera que no existió duplicidad en la conformación del reparo por esas notas fiscales.
Señaló que al haberse anulado la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ//RA 0083/2006 y la Resolución Determinativa Nº 294/2005 de 10 de octubre de 2006, se causó enorme perjuicio a la Administración Tributaria y al Estado porque para obtener los reparos tributarios fueron observadas todas y cada una de las disposiciones legales establecidas para determinar el hecho generador, imponer sanción, identificar a la persona natural o jurídica, individualizar el sujeto pasivo y establecer la competencia tributaria.
Acusó que la resolución emitida, aplicó indebidamente la norma y dejó sin efecto una obligación económica atribuida al sujeto pasivo, con el simple argumento de que hubiera duplicado importes a momento de obtener el reparo, sin considerar que el contribuyente no efectuó sus declaraciones juradas oportunamente, por ello los reparos obtenidos emergen precisamente de los importes no declarados porque cuenta con dos actividades, cada una con una alícuota de cálculo diferente.
Concluyó solicitando se declare probada la demanda y se revoque totalmente la resolución impugnada y por consiguiente firme y subsistente la la Resolución Determinativa 294/2005 de 10 de octubre de 2005, para su fiel cumplimiento.
El Superintendente Tributario General, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 7 de septiembre de 2007, que cursa de fojas 67 a 69 vta., manifestando que no obstante a que la resolución impugnada se encuentra plenamente respaldada con fundamentos técnico - jurídicos, considera necesario remarcar y precisar lo siguiente:
Que la Administración Tributaria efectuó la determinación del tributo omitido en el IVA e IT por ingresos profesionales no declarados para los períodos junio a octubre de 2003 y diciembre de 2003, y para el IUE de la gestión fiscal 2003, sobre base presunta de acuerdo con la información contenida en solvencias profesionales y el arancel profesional del Colegio de Contadores de Oruro porque el contribuyente Gastón Jorge Zenteno Zambrana no proporcionó respaldo de las facturas al débito fiscal por su actividad de servicios profesionales, dicha determinación no consideró, dentro la base de datos, los servicios profesionales efectivamente declarados en el IVA e IT, como se evidencia para el periodo agosto/2003, que la factura registrada y declarada Nº 86, emitida a Beatriz Limachi por un importe de Bs. 50, fue incluida en la Base de Cálculo con un importe de acuerdo con el Arancel Profesional de Bs. 400, por lo que realizaron una incorrecta liquidación de los impuestos mencionados.
Señaló que también se verificó que, para los periodos enero y abril de 2009, se consideró dentro de la Base de Cálculo, las facturas 49 y 76 correspondientes a Porfirio Vallejos y Ñuska Chavarría por Bs. 30 y Bs. 50 respectivamente; sin embargo, dichos cargos, que fueron duplicados, no afectan a la determinación del IVA y el IT porque el contribuyente se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional por adeudos en mora a junio de 2003.
Respecto al IUE, manifestó que los importes duplicados tienen incidencia en la determinación de la base imponible del impuesto, por cuanto la liquidación del mismo es por la gestión fiscal 2003 y que en la liquidación de éste impuesto, la Administración Tributaria no consolidó los ingresos por servicios profesionales y los ingresos por servicios de transporte y efectuó liquidaciones independientes en el IUE; es decir, que por un lado, liquidó el IUE como profesional independiente aplicando la alícuota del 12.5% sobre el total del ingreso no declarado de Bs. 106.200 y no sobre los ingresos netos no declarados, por otro lado, no consolidó los ingresos de las dos actividades para la determinación del IUE tal como establece el num. 2) de la RA 05-041-99, que señala que las personas naturales que sean dueñas de empresas unipersonales y además perciban ingresos por concepto de honorarios por el ejercicio de profesiones libres u oficios, para el caso de actividades relacionadas con la empresa, unipersonal, están obligadas a llevar registros contables y mediante los Estados Financieros, determinar utilidad o pérdida al cierre de la gestión fiscal; es decir, consolidar sus dos actividades y llevar los registros contables.
Por lo expuesto, señaló que la Administración Tributaria determinó incorrectamente el IVA, IT y IUE de manera que debe efectuarse un nuevo cálculo, teniendo en cuenta que existen registros de clientes declarados en el Libro de Ventas IVA, por ello, al haberse dispuesto la nulidad de la resolución de alzada con reposición de obrados de conformidad a lo establecido en el art. 252. I. c) de la Ley 3092, es correcto.
II.1. Petitorio. La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.
CONSIDERANDO III: Apersonamiento y contestación del tercero interesado.
Gastón Jorge Zenteno Zambrana, tercero interesado en el proceso, se apersonó con memorial de fs. 213 a 219 y respondió a la demanda planteada por la Administración Tributaria señalando:
Sobre la denuncia iniciada en su contra, que el caso se inició el 3 de marzo de 2004, cuando la Administración Tributaria solicitó información referida a su actividad profesional, negó entregarla porque no se le explicó el motivo para dicho requerimiento, habiéndosele comunicado en respuesta que se había iniciado una investigación a denuncia de Jorge Pérez O.; sin embargo, nunca se le entregó una copia de la misma, vulnerando el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Añadió que la denuncia, que cursa en obrados, señala que asesoré a mis clientes para evadir impuestos, no obstante jamás se los investigó y el proceso de fiscalización fue realizado solo en su contra; es decir, fuera del marco de lo denunciado y si lo afirmado por el denunciante era verdad.
Respecto a la determinación del IVA, IT e IUE por su actividad profesional, señaló que la Administración Tributaria considera que no habría facturado por servicios prestados a diversos clientes con base en las solvencias fiscales solicitadas al Colegio de Auditores; sin embargo, no evidencian de ninguna manera el cobro de dichos servicios, ni su fecha, de modo que se limitó a presumir los ingresos sin investigar el hecho imponible.
Agregó que a pesar de haber presentado todos los documentos requeridos de manera general, jamás le fue solicitada la presentación de facturas específicas y que la base presunta no tiene sentido, pues acreditó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, resultando distinto que el SIN considere o crea, sin ningún respaldo, que facturó a otros clientes, de modo que las solvencias del Colegio de Contadores no prueban el perfeccionamiento del hecho imponible.
En relación la doble base presunta, señaló que la Administración Tributaria, no solo presumió que no habría emitido nota fiscal alguna sin que duplicó la base presunta, pues en sus libros de compras se evidencia que muchos de los clientes de la lista elaborada por el SIN, se hallan registradas en el Libro de Venta, no obstante, se consideró que el monto por el cual emitió las notas fiscales no es el correcto y que las mismas debieron coincidir con el Arancel del Colegio de Contadores que no es de cumplimiento obligatorio.
En cuanto se refiere a su segunda actividad, se determinó un reparo absurdo respecto a la actividad de transporte, depurándose la depreciación del vehículo porque no se halla registrado a su nombre, lo cual es incoherente, porque en la actividad de transportes y los ingresos gravados sobre los que hace retenciones y el pago de impuestos, son precisamente, producto del funcionamiento del vehículo de modo que no corresponde su depuración porque según lo preceptuado por el DS 24051, es un gasto deducible aquel que cumpla con la condición de ser necesario para la obtención de la utilidad de la actividad gravada y en definitiva, apuntó que la Orden de Fiscalización, en concordancia con la propia denuncia que fue en realidad, el inicio de las acciones en mi contra, no abarca su segunda actividad, por lo tanto, fue llevada sin competencia legal y por lo tanto, vicia de nulidad la determinación.
Señaló que existen contradicciones insubsanables en la Resolución Determinativa porque, según la Administración Tributaria, la determinación fue realizada sobre base cierta, lo cual no coincide con la fiscalización, pues se basó la determinación en solo presunciones, por ello dicho acto, está viciado de nulidad, pues debe contener los datos exactos de la fiscalización.
Acusó el incumplimiento de lo determinado por los arts. 96 y 99 de la Ley 2492, porque entre los elementos fundamentales que debe contener la Vista de Cargo, está la base imponible sobre base cierta o presunta, según corresponda y además, la liquidación específica de la deuda tributaria por cada periodo y no imputar toda la deuda a un solo mes, de ese modo, se vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. Además, existe un error flagrante sobre el método de determinación utilizado para obtener el tributo omitido, porque se utilizó la base presunta aplicando la alícuota correspondiente y de ese modo obtuvo un supuesto tributo omitido, en el cual utilizó la presunción como método.
La Resolución Determinativa no contiene argumento alguno que permita conocer de qué forma o bajo qué método de determinación se obtuvo información sobre los presupuestos condicionantes del hecho generador del IVA, IT e IUE de la gestión 2003, contenidos en los arts. 36, 40 y 47 de la Ley 843. Tampoco refiere bajo cuál de las circunstancias establecidas en el art. 44 del Código Tributario, decidió presumir el monto adeudado y determinado. Agregó que no cursa en el procedimiento, el elemento material del conocimiento sobre la metodología sobre la que se presumen ventas, en claro desconocimiento del principio de verdad material.
En tal razón, en la resolución jerárquica, de manera clara fueron señalados los argumentos que justifican la nulidad del proceso por las facturas observadas (sobre todo las números 49 y 76), que tendrían incidencia en la determinación de la base imponible, además que no se habrían consolidado los ingresos por servicios profesionales y los ingresos por servicios de transporte.
Solicitó se rechace en todas sus partes la demanda contencioso-administrativa.
CONSIDERANDO IV: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.
A efecto de resolver, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa contenidos en la resolución jerárquica informan lo siguiente:
El 27 de noviembre de 2003, Jorge Pérez presentó una denuncia al Ministerio de Hacienda, sobre defraudación tributaria que hubiera cometido la Empresa de Asesoramiento Contable y Tributario ACCTEC, cuyos responsables son Carlos Vera Gonzales y Gastón Zenteno, por lo que la Administración Tributaria, con nota GDO/DF/0157/2004 dirigida a Gastón Zenteno Zambrana, solicitó información y documentación relacionada con la actividad de asesoramiento tributario, desarrollada durante las gestiones 2002 y 2003 así como copia del Arancel Profesional de la gestión 2003. A la solicitud de información formulada por el ahora demandante respecto a los motivos de dicha petición, se le hizo conocer que estaba amparada por el art. 70-8) del Código Tributario Boliviano (CTB) con base en la citada denuncia.
La Administración Tributaria también solicitó al Colegio de Contadores de Oruro el detalle de las solvencias profesionales en originales y fotocopias relacionadas con la actividad profesional del contribuyente, antecedentes con los cuales, se inició la Fiscalización del IVA, IT e IUE de los períodos fiscales enero/2003 a diciembre/2003.
También se notificó al contribuyente con el requerimiento de documentación de su segunda actividad de servicio de transporte, requiriéndose también, documentación de respaldo de la propiedad del vehículo marca Volvo con placa 415 NIT, modelo 1980, depreciado en la gestión 2003. El ahora demandante respondió señalando que la segunda actividad de transporte estaba paralizada, que había devuelto las notas fiscales de 19 julio de 2004 igual que el vehículo por el cierre del negocio y porque no pudo cubrir su costo, motivo por el cual no tenía documentación que acredite que derecho propietario. Aclaró también, que la pérdida contable correspondiente a la gestión 2003, fue neutralizada en virtud al acogimiento al Programa Transitorio y Voluntario establecido en la Ley 2492.
Posteriormente se emitió la Vista de Cargo 400/4004000005/029.2005, determinando sobre base cierta y presunta con base en las diferencias entre las ventas y compras declaradas a la Administración Tributaria y las registradas en los Libros de Compras y Ventas IVA, que existían ingresos no declarados por servicios prestados, así como diferencias resultantes del análisis de los Estados Financieros presentados por compras que no respaldan el crédito fiscal ni el gasto deducible por un total de 26.942 UFV por los períodos junio a octubre 2003 y diciembre 2003 con relación a los impuestos IVA, IT, IUE e IUE PROF, calificándose la conducta tributaria de acuerdo a lo establecido en la Ley 1340 y el CTB.
El 19 de octubre de 2005, la Administración Tributaria notificó a Gastón Jorge Zenteno Zambrana con la Resolución Determinativa 294/2005 que estableció reparos en el IVA, IT e IUE por ingresos no facturados de servicios profesionales sobre base presunta conforme al Arancel y solvencias proporcionada por el Colegio de Contadores de Oruro, por cuanto el contribuyente no presentó las facturas que demuestren que efectivamente cobró o percibió precios inferiores a los tomados por la Administración Tributaria y sobre base cierta en la determinación de diferencias en las compras y la determinación del gasto no deducible de la depreciación fiscal del vehículo que no fue respaldada con el documento de propiedad; en consecuencia, se estableció una deuda tributaria de 16.678 UFV por tributo omitido, monto que más intereses suma 18.214 UFV correspondiente al IVA, IT e IUE, sancionándose con multas de 1.343 UFV por evasión fiscal y 19.901 UFV por omisión de pago, acto administrativo tributario confirmado por la Superintendencia Tributaria Regional de La Paz con Resolución STR/LPZ-RA 0083/2006 de 3 de marzo de 2006.
Planteado recurso jerárquico, la Superintendencia Tributaria General, con la resolución impugnada en el presente proceso, determinó anular la resolución de alzada con reposición hasta el vicio más antiguo – Vista de Cargo 400/4004000005/029.2005 inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria determine correctamente los impuestos omitidos por IVA, IT e IUE, por haber considerado que no se había determinado correctamente el IVA, IT e IUE y que debía tenerse en cuenta que existían registros de clientes declarados en el Libro de Ventas IVA.
En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil y se pronunció la Sentencia 236/2012 de 1 de octubre de 2012, anulada con Auto 25/2013 de 7 de agosto emitido por el Tribunal de Garantías, por no haberse citado al tercero interesado.
Cumplida la notificación ordenada y con el apersonamiento del tercero interesado, se decretó autos para sentencia.
CONSIERANDO V: ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.
Que el objeto de la presente controversia se refiere a establecer si la determinación del tributo omitido por los impuestos IVA, IT e IUE correspondientes a los períodos fiscales junio a diciembre de 2003, emerge de una correcta fiscalización y valoración de los Estados Financieros del contribuyente Gastón Jorge Zenteno Zambrana y si la Administración Tributaria cumplió con la norma legal tributaria establecida para este tipo de procedimiento administrativo. Al respecto se concluye lo siguiente:
Con base en el Informe DF/FE Nº 024-2005 de 4 de julio de 2005, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo DF Nº 400-4004000005-029-2005 de 4 de julio de 2005, contra el contribuyente Gastón Jorge Zenteno Zambrana y como resultado de la Fiscalización Externa practicada y aplicando las disposiciones de los arts. 137 y 138 de la Ley 1340 y 43, 44 y 45 del CTB, determinó una deuda tributaria de 31.414 UFV calificando el hecho de conformidad a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 como Omisión de Pago, más la sanción del 100% al tributo omitido, concediéndosele al administrado el plazo de 30 días improrrogables para que formule sus descargos y presente prueba (fs. 497-499, del Anexo II), actuado con el que fue notificado el contribuyente personalmente el 11 de julio de 2005 (fs. 499 vta., del Anexo II).
Revisada y analizada la documentación y con base en el Informe de Calificación de Conducta Nº 011/2005 e Informe CITE: GDO/DJ/OTJ/Inf. Int. 321/2005, emitió la Resolución Determinativa (RD) Nº 294/2005 de 10 de octubre de 2005 (fs. 571-578, del Anexo II), que establece la obligación tributaria del contribuyente Gastón Jorge Zenteno Zambrana, en: 1) La suma de 18.214 UFV correspondiente al impuesto IVA, IT, IUE e intereses de ley; 2) La sanción del 50% del tributo omitido por Infracción Tributaria de Evasión Fiscal, con el monto de 1.343 UFV; y, 3) Sanción del 100% del tributo omitido por la contravención de Omisión de Pago, cuyo importe asciende al monto de 13.091 UFV, haciendo un total de 32.648 UFV, actuado con el que fue notificado el contribuyente personalmente el 19 de octubre de 2005 (fs. 578 vta., del Anexo II).
Notificado el contribuyente, éste planteó Recurso de Alzada y la Superintendencia Tributaria Regional (STR) pronunció la Resolución de Recurso de Alzada STR-LPZ/RA 0083/2006 de 3 de marzo de 2006, confirmando las RD Nº 294/2005 de 10 de octubre de 2005.
Que, el Administrado presentó Recurso Jerárquico que fue conocido y resuelto por la Superintendencia Tributaria General (STG), anulando la Resolución STR-LPZ/RA 0083/2006 de 3 de marzo de 2006, con reposición hasta el vicio más antiguo (hasta la emisión de la Vista de Cargo DF Nº 400-4004000005-029-2005 de 4 de julio de 2005).
En una primera fase es oportuno referirse a los Procedimientos Tributarios establecidos en el Capítulo II de la Ley 2492, que en su art. 74 al referirse a los Principios, Normas Principales y Supletorias, dice: "Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 1) Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código, solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa", de lo que se concluye que para los actos y actuaciones procesales ejercidas en sede administrativa se aplicará el Código Tributario en vigencia, por ello a efectos de resolver el objeto de la presente controversia y verificar si la determinación del tributo omitido por los impuestos IVA, IT e IUE emerge de una correcta fiscalización y valoración de los Estados Financieros del contribuyente, nos remitimos a lo establecido en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492, que en lo referente a las facultades de la Administración Tributaria de Control, Verificación, Fiscalización e Investigación y la obligación de ejercerlas, dice: "La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación.." num 1); "Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios".
Resulta conveniente citar algunas de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo establecidas en el art. 70 de la Ley 2492, vinculadas al presente caso; entre éstas: "1) Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria; 4) Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; 6) Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones".
Aplicando éstas facultades la Administración Tributaria en previsión de lo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 y en base a una denuncia, efectuó un proceso de fiscalización al contribuyente Gastón Jorge Zenteno Zambrana, para lo cual emitió la Orden de Fiscalización Nº 4004000005 (fs. 41, del Anexo II), estableciendo como impuestos a fiscalizar el IVA, IT e IUE correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre del 2003 y aplicó la modalidad fiscalización integral, por tanto al ser de amplio alcance la fiscalización fue aplicada tanto a la actividad de servicios profesionales y transporte respectivamente y cumplió con todo el procedimiento de fiscalización.
El contribuyente, no obstante haber sido notificado personalmente con el Requerimiento Nº 071225 de 7 de julio de 2004 (fs. 42, del Anexo II), a través del cual se le solicitó la presentación de documentación e información necesaria referente a la actividad "Servicios Profesionales" período fiscal gestión 2003, no presentó documentación alguna pese haberse ampliado su plazo por petición personal del contribuyente (fs. 27 y vta. del Anexo II), motivo por el que la Administración Tributaria aplicó lo establecido en los arts. 43, 44 y 45 de la Ley 2492.
Conforme a la normativa administrativa tributaria vigente y desarrollando lo establecido en el art. 43 de la Ley 2492, la determinación de la base imponible se establece bajo los siguientes métodos: 1) Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y 2) Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. En el caso de autos, la Administración Tributaria ante el incumplimiento de las obligaciones atribuidas al contribuyente y la carencia de elementos de verificación, estableció la determinación de la base imponible sobre base presunta, adecuando su accionar a lo establecido en el art. 44 de la Ley 2492 por existir circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta, es decir, la Administración Tributaria puede determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo.
De la compulsa y verificación de los antecedentes administrativos, se evidenció que ante la falta de información de clientes y costo de los servicios proporcionados por el contribuyente, la Administración Tributaria recurrió al Colegio de Contadores de Oruro y obtuvo los detalles y copias de solvencias profesionales emitidas en la gestión 2003, así como una fotocopia legalizada del Arancel Profesional del Colegio de Contadores de Oruro (Fs. 215-404 y 35, del Anexo II), documentación en base del cual determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Gastón Jorge Zenteno Zambrana, en lo relativo a su actividad servicios profesionales, quién en su descargo se limita simplemente a señalar que los precios establecidos en el Arancel Profesional son referenciales y no obligatorios para los asociados, sin negar los servicios que realizó y sin acreditar el precio que cobró, por el contrario infundadamente refiere que el SIN no reconoció las disposiciones del libre mercado y consideró que lo establecido en el Arancel Profesional no es lo efectivamente cobrado, negando la determinación sobre base presunta, cuando éste contribuyente no presentó la documentación que le fue requerida, como; extractos bancarios, comprobantes de ingresos y egreso, dictamen de auditorías 2003, códigos de cuentas contables, libros diario y mayor e inventarios, que eran necesarios para una determinación sobre base cierta.
El método de determinación sobre base presunta, puede ser utilizado excepcionalmente en los presupuestos del art 44 de la Ley 2492 y cuando el contribuyente no ha presentado o no cuenta con los elementos ciertos y necesarios para conocer con exactitud la obligación tributaria, en el presente caso de la compulsa de los antecedentes se evidenció que la determinación sobre base presunta fue necesaria, además debe entenderse que conforme a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 quien pretende hacer valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, o sea, la carga de la prueba está en el sujeto pasivo. Por lo tanto, queda establecido que el SIN efectuó una correcta aplicación de los medios demostrativos y justificantes para la determinación de las obligaciones impositivas IVA, IT e IUE, por servicios no facturados ni declarados por el contribuyente, correspondiente a su actividad servicios profesionales, conforme lo establecido en el art. 45 de la Ley 2492, generando lógicamente la aplicación de una obligación tributaria correspondiente al IVA, IT e IUE, sanción por evasión fiscal según lo establecido en el art. 116 de la Ley 1340 (Código Tributario abrogado) y multa por omisión de pago de conformidad a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492.
En lo referente al reparo del IUE establecido para la gestión 2003, por la actividad de transporte del contribuyente Gastón Jorge Zenteno Zambrana, éste considera que injustamente se le depuró del IUE gestión 2003 el monto de depreciación del vehículo utilizado para su actividad de transporte (instrumento de trabajo de su segunda actividad), por no estar registrado el vehículo a su nombre y cree incorrecto que la depreciación del vehículo no genere beneficio a su favor. La normativa administrativa tributaria aplicable en lo referente a la aplicación de las utilidades, establece en el art. 47 de la Ley 843, que se admitirá como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, dentro de los gastos deducibles se encuentra la depreciación física, entendida como la asignación sistemática del costo o valor de los activos fijos o los resultados del ejercicio, con ello no solo se reconoce el desgaste o el uso de dichos activos sino su contribución a la generación de ingresos durante el ejercicio de cada gestión fiscal.
En relación al costo de adquisición y depreciación del activo fijo, manifestamos que el art. 21 del DS 24051, establece que; la depreciación se calculará sobre el costo de adquisición o producción de los bienes, el mismo que incluye los gastos de compra, transporte, introducción al país, instalación, montaje y otros necesarios para su utilización, por su parte el art. 22 del mismo DS, establece que; la depreciación del activo fijo se computará sobre el costo depreciable, según el art. 21 de éste Reglamento y de acuerdo a su vida útil en los porcentajes detallados en el presente artículo, "1) Los bienes del activo fijo comenzarán a depreciarse impositivamente desde el momento en que se inicie su utilización y uso,...". La deducción de la depreciación del bien es un beneficio tributario que el Estado reconoce al contribuyente por la inversión que efectuó y que tiene derecho a recuperar, para ello es necesario que la inversión se haya producido; que la propiedad del bien esté registrada a nombre del sujeto pasivo o contribuyente de manera que su costo pueda ser depreciado, conforme a la interpretación de los preceptos legales citados, sino hay propiedad no puede existir costo de adquisición.
En el caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidenció que el contribuyente no demostró su derecho propietario sobre el vehículo que constituye el instrumento de trabajo para la actividad de transporte, simplemente demostró ser poseedor, situación que determinó la depuración del IUE el beneficio al monto de depreciación.
Con relación a la duplicidad de reparos en la determinación del IVA, IT e IUE, el contribuyente manifestó que la Administración Tributaria duplicó importes en el cálculo determinativo que influyeron en la base imponible del impuesto. De la revisión de los antecedentes se advierte y evidencia que el SIN efectuó la determinación del tributo omitido en el IVA, IT e IUE por ingresos profesionales (primera actividad "servicios profesionales") no declarados para los períodos junio a diciembre de 2003 y asimismo por servicios de transporte (segunda actividad "servicios de transporte"), bajo la modalidad Fiscalización Integral; es decir, aquella en que la comprobación se extiende a todos los tributos, actividades y períodos no prescritos, también se la denomina Inspecciones Generales o en Profundidad, por tanto, la Administración Tributaria tenía amplias facultades para la fiscalización de la totalidad de las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente.
Se evidenció que el SIN a efectos de la fiscalización del contribuyente efectuó una correcta valoración de la escasa prueba aportada por el contribuyente y aplicó apropiadamente las normas administrativas tributarias vigentes (Leyes 1340 y 2492) según el nacimiento del hecho generador y los períodos fiscales correspondientes, utilizó válidamente las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación y aplicó adecuadamente el procedimiento de fiscalización, por lo que se considera del control de legalidad efectuado a los antecedentes administrativos, que la Administración Tributaria realizó un correcto reparo de la deuda tributaria, determinando idóneamente el IVA, IT e IUE en contra del contribuyente Gastón Jorge Zenteno Zambrana.
Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0154/2006 de 19 de junio de 2006, no fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria conforme a la propia línea jurisprudencial de la Superintendencia Tributaria, que vulneran el principio a la seguridad jurídica, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde revocar la resolución impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 38 a 42, presentada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio Impuestos Nacionales y en su mérito se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 294/2005 de 10 de octubre de 2005 (fs. 1 a 8 del primer anexo) y se REVOCA la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0154/2006 de 19 de junio de 2006, dictada por la Superintendencia Tributaria General actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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