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Timestamp: 2017-06-24 21:05:18+00:00

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dictamenes lavadoUploaded by Asociación Civil por la Igualdad y la JusticiaRelated InterestsPunishmentsCriminal LawLegal PersonalityFelonyTrust LawRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN1
ORDEN DEL DÍA Nº 2011
COMISIONES DE LEGISLACIÓN PENAL Y DE FINANZAS Impreso el día 15 de abril de 2011 Término del artículo 113: 28 de abril de 2011
SUMARIO: Código Penal. Modificación del mismo en materia de lavado de activos. 1. (15-P.E.-2010). 2. Aguad, Alfonsín, Álvarez (E. M.), Gil Lavedra, Lanceta y Veaute (1.335-D.-2011). I. Dictamen de mayoría. II. Dictamen de minoría. III. Dictamen de minoría. I Dictamen de mayoría Honorable Cámara: Las Comisiones de Legislación Penal y Finanzas han considerado el mensaje 898 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional y el proyecto de ley del señor diputado Aguad y otros señores diputados, por el que se modifica el régimen penal en materia de lavado de activos y teniendo a la vista los proyectos de ley del señor diputado Piemonte y la señora diputada Carrió, y el del señor diputado Ferrari y otros señores diputados, y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente
Artículo 279:… 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente. 2. Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos a veinte mil pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. 3. Cuando el autor de los hechos descritos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial. 4. Las disposiciones de este capítulo regirán aún cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Art. 4º – Incorpórase el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse “Delitos contra el orden económico y financiero”. Art. 5º – Incorpórase al título XIII del Código Penal, los siguientes artículos: Artículo 303:…
El Senado y Cámara de Diputados,… Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo XIII, título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: “Capítulo XIII. Encubrimiento”. Art. 2º – Derógase el artículo 278 del Código Penal. Art. 3º – Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal por el siguiente texto:
O.D. Nº 2.011
1. Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de pesos doscientos mil, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2. La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. 3. El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis meses a tres años. 4. Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Artículo 304: Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona jurídica, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del delito. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez años.
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez años. 4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes. En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico. Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.
Art. 6º.– Sustitúyese la actual numeración de los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal, por 306, 307 y 308, respectivamente. Art. 7° – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), proveniente de la comisión de: a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737); b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal); f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del libro segundo del Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal; h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal); i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal); j) Delitos previstos en la ley 24.769; k) Trata de personas. 2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). Art. 8° – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 14: La Unidad de Información Financiera estará facultada para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por un sujeto obligado previsto en el inciso 15 del artículo 20 o en el marco de una colaboración judicial y con relación a la persona o personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada. En los restantes casos la Unidad de Información Financiera requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente en materia penal del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera (UIF), el que deberá expedirse en un plazo máximo de treinta días. 2. Recibir declaraciones voluntarias. 3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de la normativa procesal vigente. 4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley. 5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen. 7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A efectos de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información Financiera establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10. El sistema de contralor interno dependerá directamente del presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en forma actuada. En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia. 8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso. 9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad. 10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control. Los sujetos obligados en los incisos 6 y 15 del artículo 20 podrán dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera, no pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.
Art. 9º – Incorpórese como artículo 14 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 14 bis: La Unidad de Información Financiera podrá intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos enumerados en el artículo 5°. Art. 10. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 20: Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos. 5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto. 6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves. 7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. 8. Las empresas aseguradoras. 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra. 10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. 12. Los escribanos públicos. 13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315. 14. Los despachantes de Aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes números 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias. 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas. 18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. 19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados. 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes números 20.321 y 20.337 respectivamente. 21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos. 22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa
o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales. Art. 11. – Incorpórese como artículo 20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 20 bis: El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo. El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descrita precedentemente. La Unidad de Información Financiera determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20. En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, el que deberá ser integrante de dicho órgano, a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración. En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma. Para el caso que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en el inciso 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo.
Art. 12. – Incorpórese como artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 21 bis: A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICADOEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados. La información mínima a requerir a los clientes abarcará: a) Personas Físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etcétera, que constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera; b) Personas Jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada. Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y
licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera; c) Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente; d) Los sujetos obligados deberán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y la financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera. La información recabada deberá conservarse como mínimo durante cinco años, debiendo registrarse de manera suficiente para que se pueda reconstruir. El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos será de 30 días, a partir de la operación realizada o tentada. El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo será de 48 horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto. Art. 13. – Sustitúyase el artículo 23 de la ley 25.246 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 23:… 1. Será sancionado con multa de cinco a veinte veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del artículo 213 quáter del Código Penal. Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento al sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito. 2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de cincuenta mil pesos a quinientos mil pesos. Art. 14. – Sustitúyase el artículo 24 de la ley 25.246 y sus modificatorias por el siguiente: Artículo 24:… 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. 2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor. 3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos a cien mil pesos. 4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco años, del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de que quede firme el acto que así la disponga. 5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación.
Art. 15. – Incorpórese a continuación del artículo 29 de la ley 25.246 y sus modificatorias el siguiente enunciado: “Capítulo VI: medidas especiales de investigación”. Art. 16. – Sustitúyase el artículo 30 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 30: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá: a) Suspender la orden de detención de una o más personas; b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica; c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado; d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o probatorio. El magistrado interviniente podrá, además, suspender la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales del país de destino. La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el caso que la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el éxito de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida. Art. 17. – Incorpórese como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 31: Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos. En el caso del artículo 6º de la ley 25.241 la pena será de dos a diez años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos sean en perjuicio de un imputado. Art. 18. – Incorpórese como artículo 32 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 32: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare
necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias. Art. 19. – Incorpórese como artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 33: El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de pesos cincuenta mil, siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado. Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexies de la ley 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado público en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más severamente penado. Art. 20. – Incorpórese a continuación del artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente enunciado: “Capítulo VII: coordinación nacional”. Art. 21. – Incorpórese como artículo 34 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 34: La Unidad de Información Financiera (UIF), como autoridad de aplicación de la presente ley y en todo lo atinente a su objeto, actuará como ente coordinador, con facultades de dirección, de los organismos públicos mencionados en el artículo 12 y, en su caso, de los restantes que correspondan del orden nacional, provincial y municipal. Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de las comisiones, 14 de abril de 2011. Cristian R. Oliva. – Carlos S. Heller. – Rodolfo F. Yarade. – Oscar E. N. Albrieu. – Ermindo E. Llanos. – Blanca Blanco de Peralta. – María J. Acosta. – Raúl E. Barrandeguy. – Graciela M. Caselles. – Diana B. Conti. – María G. de la Rosa. – Carlos G. Donkin. – Graciela M. Giannettasio. – Ruperto E. Godoy. – Beatriz L. Korenfeld. – Carlos M. Kunkel. – Gustavo A. Marconato. – Dalmacio E. Mera. – Carlos J. Moreno. – Héctor D. Tomás. – Mariano F. West. – Alex R. Ziegler. INFORME Honorable Cámara: Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas al considerar el mensaje 898 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional y el proyecto de ley del señor diputado Aguad y otros señores diputados, por el que
se modifica el régimen penal en materia de lavado de activos, y habiendo tenido a la vista los proyectos de ley del señor diputado Piemonte y la señora diputada Carrió y el del señor diputado Ferrari y otros señores diputados, creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que los acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo expresan. Oscar E. N. Albrieu. II Dictamen de minoría Honorable Cámara: Las comisiones de Legislación Penal y Finanzas han considerado el mensaje 898 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional y el proyecto de ley del señor diputado Aguad y otros señores diputados, por el que se modifica el régimen penal en materia de lavado de activos y teniendo a la vista los proyectos de ley del señor diputado Piemonte y la señora diputada Carrió, y el del señor diputado Ferrari y otros señores diputados, y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente
El Senado y Cámara de Diputados,… LEY DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Régimen penal Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1º – Generalidades. Esta ley establece el régimen de prevención y sanción del lavado de activos de origen ilícito con el objeto de detectar y reportar para su investigación, las operaciones realizadas con recursos provenientes de actividades ilícitas, y sancionar las conductas delictivas e infracciones a los procedimientos de prevención y reporte previstos en resguardo de la circulación lícita de los bienes en el mercado. Las normas aquí previstas serán también aplicables a la prevención de la financiación de los actos de terrorismo previstos en el artículo 213 ter del Código Penal. Capítulo II Encubrimiento Art. 2º – Encubrimiento. Sustitúyese la rúbrica del capítulo XIII, título XI del Código Penal, el que pasará
a denominarse de la siguiente manera: “Capítulo XIII. Encubrimiento”. Art. 3º – Deróguese el artículo 278 del Código Penal. Art. 4º – Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal por el siguiente texto: Artículo 279:… 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en este capítulo, se aplicará la escala penal del delito precedente; 2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de cinco mil pesos ($ 5.000) a cien mil pesos ($ 100.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. 3. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, incisos 1 o 3, fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. 4. Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión. Capítulo III Lavado de activos Art. 5º – Lavado de activos. Incorpórese el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse “Delitos contra la licitud de los bienes que circulan en el mercado”. Art. 6º – Renumérense los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal como artículos 306, 307 y 308 respectivamente e incorpórese al título XIII del Código Penal, los siguientes artículos: Artículo 303:… 1. Será reprimido con prisión de 3 (tres) a 10 (diez) años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes de origen ilícito, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originales o subrogantes adquiera apariencia lícita, siempre que su valor supere el equivalente a dos-
cientos cincuenta (250) salarios mínimos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2. Las penas previstas en el inciso 1) serán aumentadas en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. Artículo 304: Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, y en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones, conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del delito. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los 10 años. 3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los 10 años. 4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. Sometimiento obligatorio a auditorías periódicas. 7. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal. Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, y la capacidad económica de la persona jurídica.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. Deberá imponerse obligatoriamente la sanción prevista por el inciso 6, que sólo podrá hacerse cesar una vez que hayan desaparecido las causas que la originaron y exista un dictamen favorable del organismo competente. Artículo 305: Las disposiciones de este título regirán aun cuando el hecho precedente hubiere sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, siempre que fuera ilícito en el lugar de su comisión. Art. 7º – Decomiso. Incorpórese a continuación del párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal los siguientes: Los bienes utilizados, procedentes o adquiridos mediante la comisión de algunos de los delitos previstos en los artículos 213 ter y quáter y en el título XIII del Libro Segundo de este Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.
nacional y por aquellos que le sean transferidos o adquiera por cualquier causa o título jurídico. Art. 10. – Competencia. La UIF es competente para el análisis, tratamiento y la transmisión de información procedente de personas físicas, jurídicas, públicas y privadas con el fin de prevenir y promover la investigación de operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo, que hayan sido reportadas o informadas de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Capítulo II Designación y remoción de las autoridades. Inhabilidades e incompatibilidades Art. 11. – Requisitos para su designación. Son requisitos para ser designado director y presidente de la UIF: a) Poseer título universitario en derecho, ciencia económica o áreas relacionadas a las funciones de la UIF; b) Poseer diez (10) años de experiencia en el ejercicio de su profesión; c) Acreditar idoneidad y antecedentes técnicos y profesionales en la materia. Art. 12. – Incompatibilidades. Prohibición. Los directores y el presidente de la UIF tienen dedicación exclusiva en sus funciones. No pueden ejercer otro empleo, cargo o función a título gratuito u oneroso en el sector público nacional, provincial o municipal, organismos nacionales o internacionales, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria con dedicación simple. Art. 13. – Inhabilidades. No pueden ser designadas directores de la UIF las personas que: a) Hayan sido condenadas por delitos dolosos o en perjuicio de la administración pública; b) Hayan ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, o tengan interés en ellas; c) Se encuentren incursos en alguna causal de impedimento para el ingreso a la función pública. Art. 14. – Concurso. Los directores y el presidente de la UIF deben ser seleccionados a través de un concurso público de antecedentes y oposición realizado por la secretaría de la función pública. El tribunal de evaluación estará integrado por: i. Dos (2) profesores de derecho que integren las listas de jurados elaboradas periódicamente por el Consejo de la Magistratura para la especialidad de juez federal, designados mediante un sorteo público;
Unidad de Información Financiera Capítulo I Disposiciones generales Art. 8º – Creación. Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), en jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. La UIF es un órgano autónomo y autárquico y se rige por las disposiciones de esta ley. Si las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizaran, a través de leyes locales o tratados regionales, sus propias Unidades de Información Financiera u organismos equivalentes para el logro de los objetivos y el ejercicio de las atribuciones de la presente ley en el ámbito de sus jurisdicciones respectivas, deberán coordinar su actividad con la desarrollada por la Unidad de Información Financiera Nacional y convenir el modo de compartir o intercambiar la información necesaria. Art. 9º – Domicilio. Patrimonio. La UIF tiene su domicilio legal en la Capital Federal y podrá establecer agencias regionales en el resto del país. Su patrimonio está compuesto por los bienes que le asigne el Estado
ii. Dos profesionales o académicos de las ciencias económicas designados a través de un procedimiento objetivo por el Consejo Profesional; iii. Dos (2) representantes de la Honorable Cámara de Diputados, que serán designados por los dos bloques con mayor representación, y iv. Un (1) un representante del Honorable Senado de la Nación, que será designado por el bloque opositor con mayor representación. Deberá elegir una terna de candidatos que será elevada a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que cumpla con el siguiente procedimiento con carácter previo a la designación: a) Publicar el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de los ternados en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días. b) Los ternados deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Ética de la Función Pública 25.188 y concordantes. Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigente, los estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron o pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses. c) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los ternados. d) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas en el artículo 18 de esta ley, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Art. 15. – Observaciones. Presentación. Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso a) del artículo precedente, presentar a la Jefatura de Gabinete de Ministros, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de
los ternados. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración. Art. 16. – Audiencia pública. Designación. En no más de quince (15) días, contados desde el vencimiento del plazo establecido se deberá celebrar la audiencia pública para la evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo de siete (7) días, el jefe de Gabinete de ministros de la Nación elevará las ternas seleccionadas por el tribunal de evaluación, para que el Poder Ejecutivo seleccione entre ellos a los Directores de la UIF y designe al presidente, pudiendo modificar de manera fundada el orden de mérito conforme los resultados de la audiencia. Art. 17. – Remoción. Causales. El Poder Ejecutivo podrá remover a los directores de la UIF de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación. Para ello deberá contar con el previo consejo de una comisión bicameral convocada a tal efecto, que será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de la Comisión de Economía Nacional e Inversión y de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y, por los presidentes de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Capítulo III Estructura de la UIF. Facultades de las autoridades Art. 18. – Consejo directivo. La Unidad de Información Financiera estará integrada por tres directores, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y deberá contar entre sus integrantes con al menos una mujer. Los tres (3) directores constituirán el consejo directivo que deberá sesionar con la totalidad de sus integrantes al menos dos veces al mes, y tendrá a su cargo: a) Aplicar las sanciones previstas en el título III de la presente ley; b) Elevar al jefe del Gabinete de Ministros y al Honorable Congreso de la Nación, a propuesta del presidente, un plan anual de actividades y dos informes semestrales sobre la gestión de la UIF; c) Disponer, a propuesta del presidente, el archivo de las investigaciones en curso y la radicación de denuncias ante la Justicia; d) Difundir toda la información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo que sea relevante para los sujetos obligados y la sociedad civil, a través del sitio web y todo otro medio que resulte adecuado; e) Diseñar los sistemas de contralor interno que deberán implementar los sujetos obligados, en
los casos y modalidades que la reglamentación determine; f) Dictar, a propuesta del presidente, las directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control; g) Organizar y administrar los archivos y antecedentes relativos a la actividad del organismo, así como los datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad; h) Garantizar la producción de estadísticas confiables, que entre otras cosas deberán incluir información sobre: (i) el número de reportes recibidos y resueltos, discriminados por sujeto obligado y especificando el tiempo que en promedio se demora en procesarlos, (ii) los casos donde existen bienes congelados, embargados y decomisados, (iii) los pedidos de asistencia mutua y de extradición realizados o recibidos, relacionados con el lavado de dinero, delitos subyacentes y el financiamiento del terrorismo incluyendo la naturaleza del pedido, si se le dio curso o fue rechazado, y el plazo en el que se le dio respuesta, (iv) la calidad, precisión y completitud de los ROS recibidos; (v) las solicitudes de información adicional a los sujetos obligados formuladas, y (vi) las tipologías y tendencias del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país. Art. 19. – Mandato. Los directores de la UIF tendrán un mandato de 6 (seis) años, sin posibilidad de reelección. En caso de ausencia o impedimento, el presidente será reemplazado por uno de los Directores por disposición del Poder Ejecutivo. Art. 20. – Facultades. El presidente de la UIF tendrá las siguientes facultades y obligaciones: a) Ejercer la administración general de la UIF y representar al organismo ante el grupo Eggmont y cualquier otra instancia; b) Dictar el reglamento interno del organismo, ejercer la superintendencia, impartir instrucciones, e imponer sanciones a los funcionarios y empleados de la UIF; c) Conformar y administrar el Registro Único de Información; d) Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil, en relación con una investigación administrativa para el análisis de los reportes
de operaciones inusuales o sospechosas o de las denuncias recibidas, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. Recibir y sistematizar denuncias, declaraciones y los reportes de operaciones sospechosas y demás informaciones previstas por esta ley; Reglamentar la forma, vía de comunicación y contenido de los reportes de operaciones inusuales o sospechosas. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación cuando éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que le sean solicitados; Recibir declaraciones y denuncias; Solicitar a las autoridades competentes la suspensión de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo. Sugerir a las autoridades competentes medidas de prueba, tales como: el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación.
Art. 21. – Oficiales de enlace. Para el desempeño de sus funciones la UIF contará con el apoyo de oficiales de enlace en los siguientes organismos: 1. Banco Central de la República Argentina (BCRA). 2. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 3. Comisión Nacional de Valores (CNV). 4. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). 5. Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). 6. Inspección General de Justicia (IGJ). 7. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 8. Registros Públicos de Comercio o similares en las jurisdicciones provinciales.
9. Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 10. Registros de la Propiedad Inmueble. 11. Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y sus similares de las provincias. 12. Fuerzas de seguridad nacionales. Los oficiales de enlace tendrán como función la consulta y coordinación institucional entre la UIF y los organismos a los que pertenecen. Deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los organismos que representan. El presidente de la UIF puede solicitar a otros titulares de otros organismos públicos o privados la designación de oficiales de enlace cuando lo crea de utilidad para el ejercicio de sus funciones. Capítulo IV Deber de informar Art. 22. – Deber de informar. Inoponibilidad de secreto. El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en este capítulo de poner en conocimiento de la UIF la existencia de una operación inusual, sin justificación económica o jurídica, o de complejidad inusitada o injustificada, con independencia de su monto, aislada o reiterada, o que fuera susceptible de configurar una operación sospechosa de financiamiento del terrorismo, y poner a su disposición la documentación recabada. En el marco de esta ley, dichos sujetos no podrán oponer los secretos bancario, bursátil, profesional o fiscal, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La UIF deberá determinar por vía reglamentaria el procedimiento y la oportunidad para que cada sujeto cumpla con el deber de informar en consideración de los riesgos implícitos en la actividad involucrada. En el caso de las personas jurídicas regularmente constituidas, el órgano de administración deberá designar un oficial de cumplimiento, disponiéndose la responsabilidad solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración ante el incumplimiento de esta obligación. En el caso de personas jurídicas de hecho, la obligación recaerá en cualquiera de los socios. Art. 23. – Operaciones inusuales. A los efectos de esta ley se consideran operaciones inusuales o sospechosas las transacciones que: a) De acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte, sin justificación económica o jurídica, o de complejidad inusitada o injustificada, ya sea que se realice en forma aislada o reiterada, y con independencia de su monto; b) Involucren activos que se presuman provenientes de una actividad ilícita;
c) Se presuman relacionadas al financiamiento del terrorismo; o d) Brinden un aporte económico y/o financiero a personas u organizaciones terroristas. El plazo máximo para reportar una operación inusual sospechada de lavado de activos es de sesenta (60) días hábiles a partir de su realización o intento. En el caso de operaciones que presuman relacionadas al financiamiento del terrorismo, el plazo será de cuarenta y ocho (48) horas desde su realización o intento. Art. 24. – Sujetos obligados. Los sujetos que se enumeran a continuación están obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo a la UIF: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias, y las entidades autorizadas para transferir fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la explotación de juegos de azar, la lotería nacional y las loterías provinciales y los organismos nacionales, provinciales y municipales encargados de autorizar y controlar el ejercicio del juego. 4. Los agentes y sociedades de bolsa. 5. Las personas físicas o jurídicas gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y los intermediarios en operaciones con valores negociables bajo la órbita de bolsas de comercio, con o sin mercados adheridos. 6. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuros y opciones. 7. Los mercados de valores, bolsas de comercio con mercados de valores adheridos, mercados de futuros y opciones, el mercado abierto electrónico y los entes de depósito colectivo de valores negociables (Caja de Valores S.A. - ley 20.643). 8. Las personas físicas y/o jurídicas dedicadas a la compraventa e intermediación de obras de arte, antigüedades y otros bienes suntuarios, de joyas, metales y piedras preciosas; a la inversión filatélica o numismática; a la explotación y extracción de metales y piedras preciosas; y a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. 9. Las empresas aseguradoras y reaseguradoras. 10. Las empresas emisoras, administradoras, operadoras y pagadoras de cheques de viajero o de tarjetas de crédito o de compra.
11. Las empresas dedicadas al transporte de caudales. 12. Las empresas de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de monedas o billetes. 13. Los escribanos públicos. 14. Las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de constitución de capitales u otra determinación similar que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros. 15. Las personas físicas o jurídicas inscriptas como despachantes de aduana. 16. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. 17. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros. 18. Los profesionales matriculados en los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 19. Los abogados, salvo en relación con aquella información a la que accedan con motivo de: a) Una labor de asesoramiento tendiente a determinar la posición jurídica de su cliente, entendida como la determinación acerca de la existencia y alcance de derechos, obligaciones y responsabilidades; b) El ejercicio de la defensa, representación o patrocinio de sus clientes en ocasión de cualquier clase de procedimiento legal, judicial, administrativo o arbitral presente o futuro. 20. Las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. 21. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario. 22. Las personas físicas y/o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motocicletas, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola o vial, naves, aeronaves y aerodinos.
23. Los administradores de fideicomisos financieros; las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios. 24. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por leyes 20.321 y 20.337, respectivamente. 25. Las personas físicas y jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales y las personas físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual a la cesión de derechos federativos de deportistas. 26. Las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro. 27. Los partidos políticos. 28. Los sindicatos reconocidos por la autoridad de aplicación y las obras sociales que administran. Art. 25. – Cuando les sea requerido en el marco de una investigación, los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos deberán garantizar el acceso de la UIF a sus bases de datos. Art. 26. – Exclusión de responsabilidad. El cumplimiento de buena fe del deber de informar no constituye violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual, legal, reglamentaria o administrativa y no implica para los sujetos obligados, sus directivos o empleados responsabilidad penal, civil o administrativa alguna. Art. 27. – Desobediencia. Sanciones. El incumplimiento injustificado del deber de informar ante un requerimiento de la UIF por aplicación de los convenios suscriptos o efectuado a través de los oficiales de enlace será constitutivo del delito de Desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal. Art. 28. – Registro Único de Información. La UIF debe organizar y administrar un Registro Único de Información, en el que deben constar los Reportes de Operaciones Inusuales o Sospechosas remitidos; la información recabada; el análisis efectuado y sus conclusiones. Los administradores del Registro Único de Información deben estar identificados para preservar la confidencialidad de la información, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de violación de secreto previsto en esta ley. Art. 29. – Deberes de confidencialidad de los miembros de la UIF. Los funcionarios y empleados de la UIF están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, de las tareas desarrolladas en su consecuencia y de la identidad de los sujetos informantes. La obligación subsistirá con posterioridad al cese de sus funciones.
La misma obligación rige para los sujetos obligados a suministrar datos a la unidad y para los agentes y/o funcionarios de todo otro organismo oficial o privado a los que se les hubiere requerido información o la hubieren aportado voluntariamente. Art. 30. – Violación de secreto. Sanciones. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos, el funcionario o empleado de la UIF y las personas que por sí o por otro revelen información secreta del Registro Único de Información o la que surja de las investigaciones en curso. La misma pena se impondrá al funcionario o agente de otro organismo público o privado al que le fuera requerida o haya aportado voluntariamente información, y no guardare secreto sobre la existencia de la investigación preliminar. El incumplimiento de dichas obligaciones por parte de los funcionarios o agentes de la UIF o de cualquier organismo público nacional constituirá además, causal de exoneración. Capítulo V De la investigación administrativa Art. 31. – Investigación administrativa (IA). Las investigaciones de la UIF se iniciarán a partir de reportes de operaciones inusuales o sospechosas, denuncias de los sujetos no obligados a informar y requerimientos de colaboración internacional formulados en el marco de los convenios vigentes. No se podrán iniciar investigaciones sobre la base de denuncias anónimas. Tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, que podrá ser prorrogado por igual término, previa información de las medidas practicadas y de aquellas pendientes de realización. Art. 32. – Objeto de la investigación administrativa (IA). La IA tiene por objeto verificar si existe mérito para realizar una denuncia penal. En caso contrario, y agotada la investigación, se procederá al archivo de las actuaciones por resolución fundada, sin perjuicio de la posibilidad de reiniciar la investigación a partir de la recepción de nuevos elementos de juicio. Capítulo VI Medidas de debida diligencia Art. 33. – Los sujetos obligados quedarán sometidos a las siguientes obligaciones: a) Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes: i. documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipulen, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Esta obligación sólo podrá obviarse cuando se
trate de clientes ocasionales, los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva y no existan sospechas de que se trata de una operación de lavado de activos; ii. información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial; iii. información sobre el beneficiario final, y en el caso de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, sobre la estructura de propiedad y control del cliente; iv. Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúen y del beneficiario real de la operación. Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca. b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma; c) La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad; d) Poner a disposición de la UIF la información recabada de sus clientes de acuerdo a lo establecido en el inciso a) cuando les sea solicitada por el organismo en relación con una investigación administrativa a los efectos de analizar una denuncia o reporte de operación inusual o sospechosa; e) Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto de la relación comercial, y medidas de debida diligencia ampliada o simplificada según el nivel de riesgo de los clientes y las relaciones comerciales; f) En los casos donde no se puedan aplicar medidas de debida diligencia al cliente o beneficiario final, deben abstenerse de abrir cuentas, realizar operaciones o establecer relaciones comerciales, finalizar las existentes y considerar hacer un reporte de operaciones sospechosas respecto del cliente; g) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley. Art. 34. – Personas expuestas políticamente. Se consideran personas políticamente expuestas a las personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado en los últimos dos años funciones públicas comprendidas en el artículo 5º de la Ley de Ética Pública 25.188 y a los
que se desempeñan en cargos equivalentes en otros estados u organismos internacionales o regionales, entes de cualquier naturaleza en que el Estado sea parte, obras sociales, a los candidatos a cargos electivos y a los representantes de los sindicatos reconocidos por la autoridad de aplicación. Esta condición se extiende a sus convivientes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. La reglamentación fijará las obligaciones de identificación de las personas expuestas políticamente y de seguimiento de sus operaciones. Art. 35. – Listado de terroristas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto deberá confeccionar, actualizar y publicar los listados de terroristas de observación obligatoria para el Estado argentino, que luego deberán ser unificados y difundidos por la UIF. Los sujetos obligados deberán aplicar medidas de debida diligencia para evitar realizar operaciones o mantener relaciones comerciales con personas o entidades incluidas en dichos listados. Capítulo VII Financiamiento Art. 36. – Recursos presupuestarios y aportes. El desarrollo de las actividades de la UIF debe financiarse con los siguientes recursos: a) Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional que no podrán ser inferiores al 0,5 % de los asignados a la Jefatura del Gabinete de Ministros; b) Los aportes que surjan por aplicación del artículo 40 de esta ley; c) Demás recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.
gan a los sujetos obligados derivados de la aplicación del artículo 18, inciso f), del artículo 11 será sancionado con multa de cinco mil pesos ($ 5.000) a cien mil pesos ($ 100.000). El Poder Ejecutivo nacional actualizará el monto de las sanciones una vez al año. Art. 38. – Prescripción de la acción. La prescripción de la acción sancionatoria opera a los cinco (5) años de detectado el incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computado a partir del día en que quedó firme el acto que la dispone. La prescripción se interrumpe por la notificación del acto que disponga la instrucción sumarial y por la notificación del acto administrativo que disponga la sanción. Art. 39. – Vía recursiva. La resoluciones de la UIF son apelables ante las cámaras nacionales de apelaciones con competencia en lo contencioso administrativo federal. El recurso debe interponerse y fundarse en sede judicial dentro de los quince días hábiles de notificada la resolución. La UIF debe remitir, a requerimiento del tribunal, todos los antecedentes administrativos de la medida recurrida. Son de aplicación en lo pertinente, las normas establecidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, y sus modificatorias, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Art. 40. – Destino de los fondos. El producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos de pago provenientes de los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 bis del Código Penal, y del porcentaje correspondiente de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. Los bienes secuestrados por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instruirá el Poder Ejecutivo nacional que tendrá a su cargo su administración y disposición.
Régimen administrativo sancionatorio Art. 37. – Incumplimiento del deber u obligación de informar y del deber de prevención e identificación. a) La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona física que incumpla de manera injustificada y deliberada alguna de las obligaciones de información ante la UIF será sancionada con multa de veinte mil pesos ($ 20.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000) siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en la que se desempeñe el sujeto infractor. b) El incumplimiento injustificado y deliberado del resto de las obligaciones que se le impon-
Código Procesal Penal de la Nación Capítulo I Medios de investigación y prueba Art. 41. – El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal puede de oficio o a pedido del fiscal que interviene: a) Diferir la decisión de ordenar la detención de personas, o del secuestro de instrumentos o efectos del delito, en caso de que la ejecución inmediata de tales medidas pudiere comprometer el éxito de la investigación;
b) Suspender la interceptación en territorio argentino de activos o cualquier bien vinculado con el delito investigado, permitiendo su salida del país cuando tuviere seguridad de que su vigilancia quedará bajo la supervisión de las autoridades judiciales del país de destino. Tales medidas se deben disponer por resolución fundada sólo en los casos en los que su ejecución inmediata pueda comprometer el éxito de la investigación. Art. 42. – Si durante el transcurso de una investigación resultare necesario preservar la seguridad de un testigo o un imputado, el magistrado a cargo de la investigación puede, por auto fundado, disponer la reserva de su identidad. En caso de que su declaración sea prestada en presencia de las partes, se deberá disponer de las medidas necesarias para mantener su identidad bajo reserva, sin que ello impida que éstas puedan participar del interrogatorio. Son de aplicación, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en el artículo 33 bis de la ley 23.737 y las medidas previstas por la ley 25.764. Art. 43. – El que indebidamente revelare la nueva identidad o el domicilio de un testigo o imputado protegido conforme a esta norma, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de cinco mil ($ 5.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos. Cuando el autor del hecho fuere funcionario o empleado público, la pena será de dos (2) a seis (6) años de prisión, multa de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000) e inhabilitación absoluta o perpetua. El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de mil ($ 1.000) a treinta mil ($ 30.000) pesos e inhabilitación especial de tres a diez años.
En disidencia parcial: Juan C. Vega. – Alicia M. Ciciliani. – Horacio A. Alcuaz. FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL DIPUTADO JUAN C. VEGA Señor presidente: 1) Enriquecimiento ilícito privado Debe figurar en el tipo penal del artículo 303 del Código Penal, artículo 6º del proyecto, la figura de enriquecimiento ilícito privado como figura típica de la operación de lavado de activos. Artículo 303: I) Será reprimido con prisión de 3 (tres) a 10 (diez) años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes de origen ilícito, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originales o subrogantes adquiera apariencia licita, o cuando no se pudiese justificar la procedencia lícita de los bienes que se posee, siempre que su valor supere el equivalente a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2) Los delitos determinantes Según la Convención de Palermo deben figurar de manera expresa los delitos determinantes en el texto de la ley, no se trata de delitos precedentes como el encubrimiento sino de las matrices causales ilícitas del delito de lavado. Esto es la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Esa trilogía criminal es la que subyace detrás de las operaciones de blanqueo de capitales, de modo tal que una ley de lavado de activos que quiera ser eficaz en su faz preventiva y represiva, debe contemplar, y expresarlo en el tipo legal penal. 3) Cláusula transitoria Dada la íntima vinculación y conexidad objetiva que existe entre los delitos de corrupción y el lavado de activos propongo una cláusula transitoria por la cual se fije un plazo máximo al Congreso de la Nación para modificar el Código Penal y tipificar con precisión lo delitos de corrupción en los términos de la ley 24.759 (Convención Interamericana contra la Corrupción) y modificar el CPPN en relación a la investigación de los delitos complejos. Esta cláusula transitoria como el resto de las observaciones que fundan esta disidencia parcial responde a un elemental “principio de realidad”. No queremos una norma formal que sólo sirva para evitar sanciones internacionales, pretendemos que la norma de lavado de activos que sancione el Congreso Argentino sea un eficaz instrumento para combatir el producto de los “delitos determinantes” que son los que subyacen en
Disposiciones finales Art. 44. – Derógase la ley 25.246, el decreto 2.226/08 y todo otro decreto o resolución que se oponga a la presente. Art. 45. – Las nuevas autoridades deben ser designadas en el término de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente. Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de las comisiones, 14 de abril de 2011. Alfonso de Prat Gay. – Mariana A. Veaute. – Gumersindo F. Alonso. – Ricardo Alfonsín. – Elsa M. Álvarez. – Lucio B. Aspiazu. – Patricia Bullrich. – Juan F. Casañas. – Jorge O. Chemes. – Omar B. De Marchi. – Ricardo R. Gil Lavedra. – Rubén O. Lanceta. – Federico Pinedo. – María F. Reyes. – Alberto J. Triaca.
el tipo legal de lavado. Y no podemos hablar de eficacia punitiva en contra de la corrupción y narcotráfico en un país que no tiene legalidad penal actualizada en relación a esos crímenes organizados. Los delitos contra la Administración Pública que comprende el Código Penal no son tipos legales eficaces en la medida en que no se actualicen a las nuevas directivas de las convenciones anticorrupción (UNDOC, CICC) y al principio de realidad que nos habla de la enorme sofisticación y complejidad que hoy tienen los delitos de poder. Por otro lado, en la Argentina el negocio del narcotráfico en todas sus etapas es absolutamente rentable y con nulo castigo legal a las capas más altas de las organizaciones criminales. Para hablar de la problemática de lavado de activos en serio, debemos hablar en serio de legislar en materia de anticorrupción y narcotráfico de modo que los operadores judiciales tengan las herramientas necesarias para perseguir y reprimir penalmente estos delitos. De allí la razón de la cláusula transitoria. Juan C. Vega. INFORME Honorable Cámara: Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas al considerar el mensaje 898 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional y el proyecto de ley del señor diputado Aguad y otros señores diputados, por el que se modifica el régimen penal en materia de lavado de activos, y habiendo tenido a la vista los proyectos de ley del señor diputado Piemonte y la señora diputada Carrió y el del señor diputado Ferrari y otros señores diputados; creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que los acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo expresan. Mariana A. Veaute. III Dictamen de minoría Honorable Cámara: Las comisiones de Legislación Penal y Finanzas han considerado el mensaje 898 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional y el proyecto de ley del señor diputado Aguad y otros señores diputados, por el que se modifica el régimen penal en materia de lavado de activos y tenido a la vista los proyectos de ley del señor diputado Piemonte y la señora diputada Carrió, y el del señor diputado Ferrari y otros señores diputados, y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente
El Senado y Cámara de Diputados,… Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo XIII, título XI del Código Penal el que pasará a denominarse de la siguiente manera: “Capítulo XIII. Encubrimiento”. Art. 2º – Derógase el artículo 278 del Código Penal. Art. 3º – Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal por el siguiente texto: Artículo 279:[…] 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente. 2. Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos a veinte mil pesos o la escala penal del delito precedente, si esta fuera menor. 3. Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requieran habilitación especial y que lo hubiere cometido en razón de sus funciones. Art. 4º – Incorpórase el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse “Delitos contra el orden económico y financiero”. Art. 5º – Incorpórase al título XIII del Código Penal, los siguientes artículos: Artículo 303:[…] 1. Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de pesos doscientos mil, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2. La pena prevista en el inciso 1) será aumentada en un tercio del máximo y en
la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial y que hubiere cometido el hecho en razón de sus funciones; c) Cuando los hechos previstos en la presente ley se hubieran ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieren intervenido en el hecho punible, incluso cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz. Artículo 304: Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona jurídica, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del delito. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez años. 3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez años. 4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. Art. 6º – Sustitúyese la actual numeración de los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal, por 306, 307 y 308, respectivamente. Art. 7° – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), proveniente de la comisión de: a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737); b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5°, del Código Penal); f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del libro segundo del Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal); i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal); j) Delitos previstos en la ley 24.769; k) Trata de personas; 2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). Art. 8° – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 14: La Unidad de Información Financiera estará facultada para: 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), deberá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por un sujeto obligado previsto en el inciso 15 del artículo 20 o en el marco de una colaboración judicial y con relación a la persona o personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada. En los restantes casos la Unidad de Información Financiera requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente en materia penal del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Informacion Financiera (UIF), el que deberá expedirse en un plazo máximo de treinta días. 2. Recibir declaraciones voluntarias. 3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de la normativa procesal vigente. 4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación de terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo. 6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen. 7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A efectos de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información Financiera establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10. El sistema de contralor interno dependerá directamente del presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en forma actuada. En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia. 8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso. 9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos
y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad. 10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control. Los sujetos obligados en los incisos 6 y 15 del artículo 20 podrán dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera, no pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones. Art. 9º – Incorpórese como artículo 14 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 14 bis: La Unidad de Información Financiera podrá intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos enumerados en el artículo 5°. Art. 10. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 20: Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos. 5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto. 6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble,
los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. Las empresas aseguradoras. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; Las empresas dedicadas al transporte de caudales. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. Los escribanos públicos. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes números 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier
tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes números 20.321 y 20.337 respectivamente. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración. En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma. Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en el inciso 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo. Art. 12. – Incorpórese como artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 21 bis: A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICADOEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados. La información mínima a requerir a los clientes abarcará: a) Personas físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etcétera, que constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera; b) Personas jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución;
Art. 11. – Incorpórese como artículo 20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 20 bis: El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo. El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente. La Unidad de Información Financiera determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20. En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, el que deberá ser integrante de dicho órgano, a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es
copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada. Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera; c) Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente; d) Los sujetos obligados deberán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y la financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera.
La información recabada deberá conservarse como mínimo durante 5 años, debiendo registrarse de manera suficiente para que se pueda reconstruir. El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos será de 30 días, a partir de la operación realizada o tentada. El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo será de 48 horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto. Art. 13. – Sustitúyase el artículo 23 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 23: 1. Será sancionado con multa de cinco a veinte veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del artículo 213 quáter del Código Penal. Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento al sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito. 2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de cincuenta mil pesos a quinientos mil pesos. Art. 15. – Sustitúyase el artículo 24 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 24: 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. 2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos a cien mil pesos. 4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco años del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computado a partir de que quede firme el acto que así la disponga. 5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación. Art. 16. – Incorpórese a continuación del artículo 29 de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente enunciado: CapItulo VI Medidas especiales de investigación Art. 17. – Sustitúyase el artículo 30 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 30: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá: a) Suspender la orden de detención de una o más personas; b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica; c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado; d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o probatorio. El magistrado interviniente podrá, además, suspender la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales del país de destino. La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el caso de que la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el éxito de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida. Art. 18. – Incorpórese como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
Artículo 31: Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos. En el caso del artículo 6º de la ley 25.241 la pena será de dos a diez años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos sean en perjuicio de un imputado. Art. 19. – Incorpórese como artículo 32 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 32: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias. Art. 20. – Incorpórese como artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 33: El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de pesos cincuenta mil, siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado. Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexies de la ley 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado público en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más severamente penado. Art. 21. – Incorpórese a continuación del artículo 33 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente enunciado: Capítulo VII Coordinación Nacional Art. 22. – Incorpórese como artículo 34 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 34: La Unidad de Información Financiera (UIF), como autoridad de aplicación de la presente ley y en todo lo atinente a su objeto, actuará como ente coordinador, con facultades de dirección, de los organismos públicos mencionados en el artículo 12 y, en su caso, de los restantes que correspondan del orden nacional, provincial y municipal. Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Liliana B. Parada.
INFORME Honorable Cámara: Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas al considerar el mensaje 898 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional y el proyecto de ley del señor diputado Aguad y otros señores diputados, por el que se modifica el régimen penal en materia de lavado de activos, y habiendo tenido a la vista los proyectos de ley del señor diputado Piemonte y la señora diputada Carrió y el del señor diputado Ferrari y otros señores diputados; creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que los acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo expresan. Liliana B. Parada. FUNDAMENTOS Señor presidente: El delito organizado es uno de los principales problemas de la Argentina. Sus efectos devastadores se hacen notar en todo el país. La lucha en su contra debe comprometer diversas actividades estatales, para prevenirlo, y para perseguirlo penalmente en todos los segmentos y manifestaciones en que se exterioriza. Pero todos estos esfuerzos serán vanos si no se enfrenta enérgicamente un aspecto: el lavado de las ganancias que genera dicha actividad ilícita. De poco le servirían a las organizaciones delictivas las abultadas ganancias que originan, si las tuvieran que guardar en una caja fuerte y mantenerlas allí inmovilizadas. Para que los delitos que cometen sean un buen “negocio”, necesitan incorporar los dineros que producen al circuito económico legal, en donde se transforme en fuente de emprendimientos aparentemente lícitos: esto es el lavado. Pareciera, entonces que no hay delito organizado que sea “rentable”, sin el “lavado” de las utilidades criminales que produce. A una mejor prevención, investigación y sanción de estos delitos responde el presente proyecto de ley. La legislación actual pone en cabeza del gobierno federal prácticamente todo lo relativo a la prevención del lavado de dinero. Profundizando el concepto se advierte que la prevención del lavado se encuentra a cargo de la Unidad de Información Financiera que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, en donde deben concentrarse todos los datos sobre operaciones que sean sospechosas de ser manifestaciones de lavado, cualquiera sea la provincia en donde se hayan manifestado. No se nos escapa que el delito organizado hoy presenta muchas veces un carácter transprovincial y transnacional, que legitima en principio la pretensión del Estado nacional de ocuparse de la prevención y sanción del lavado de las ilícitas ganancias que produce. De lo primero –como ya se adelantó– se ocupa la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende
del Ministerio de Justicia de la Nación, creada por la ley 25.246, que permite a este organismo, con sede en la Capital Federal, actuar en cualquier lugar de la República (artículo 14, inciso 4º, ley 25.246) y establecer agencias regionales en el resto del país (artículo 7º, ley 25.246). En ella deben concentrarse todos los datos sobre operaciones que sean sospechosas de ser manifestaciones de lavado, cualquiera sea la provincia en donde se hayan manifestado. Se advierte así que a las provincias –en cuyo ámbito ocurren las expresiones del delito organizado o su lavado (y por ende, sus dañinos efectos, de algún modo, se producen allí)– se les asigna un pasivo rol de suministrar a la UIF la información que ésta les requiera, sobre acciones sospechosas de lavado de dinero. Pero estas informaciones no siguen la vía institucional sino que son aportadas directamente a la UIF por los sujetos obligados a hacerlo, tanto instituciones oficiales (como registros públicos de comercio, organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, registros de la propiedad inmueble, artículo 20, inciso 6º, ley 25.246, como personas jurídicas o particulares, con actuación en el territorio provincial, artículo 14, inciso 1, ley 25.246). Y como mucho se permite, a pedido de la UIF, que titulares de organismos de la administración pública provincial, designen, directamente oficiales de enlace para la consulta y coordinación de actividades de esos organismos con la UIF nacional. Y en orden a las atribuciones de investigación penal y sanción, sólo si resultara que el delito de lavado de que se trata es de competencia de la justicia provincial o de la CABA, la UIF nacional les dará participación a éstas para que cumplan aquellos cometidos. Esta situación debe revertirse, porque la ausencia institucional del Estado provincial en el control del lavado de dinero producto del delito organizado, indudablemente constituye un elemento que favorece su existencia y expansión en su territorio. De allí que el proyecto reconozca expresamente la atribución de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de establecer por ley (o por tratados interprovinciales) sus propias unidades de información financiera para la prevención del lavado de dinero en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, lo que proporcionará un caudal informativo del que ahora carecen, imprescindible para la lucha contra el delito organizado. Debemos decir a esta altura, que nuestra propuesta se encuentra amparada en lo dispuesto por la legislación actualmente vigente. La ley 25.246 admite expresamente que el delito de lavado pueda ser de jurisdicción, tanto de la justicia provincial como de la federal, según las reglas comunes de distribución de competencia judicial. Así el artículo 28 dispone: “Cuando corresponda la competencia federal o nacional el fiscal general designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su
tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del ministerio fiscal que corresponda. Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público, o en su caso, el de la provincia respectiva”. Esta disposición sobre distribución de competencias judiciales debe mantenerse, pues no puede colocarse a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en condición de “convidados de piedra”, o como mucho, de meros colaboradores del Estado nacional en la prevención, investigación y sanción de delitos de lavado que se produzcan en el ámbito de sus respectivos territorios, si se admitiera –como otros proyectos proponen– que el lavado sea siempre de competencia federal. Es que no cualquier delito de lavado afectará el interés nacional, por lo que no siempre debe corresponder la intervención de la justicia federal, que es excepcionalmente prevista para tal supuesto. Pero cuando así se verifique, la tarea de la UIF provincial será de colaboración con la UIF nacional, por eso el proyecto establece la necesidad de coordinar el ejercicio concreto de las potestades acordadas por la ley 24.256 entre ambas y de convenir las vías y modos de intercambio de la información necesaria. Es posible que de esto pueda resultar la obligación de los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado a las unidades de información financiera nacional y a la provincial. Esto no ocasionará mayor esfuerzo para aquellos (que copiaran la misma información) y permitirá un doble control que favorecerá la transparencia del mercado financiero, obstaculizando así con mayor fuerza el lavado de dinero. Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley. Oscar R. Aguad. – Ricardo Alfonsín. – Elsa M. Álvarez. – Ricardo R. Gil Lavedra. – Rubén O. Lanceta. – Mariana A. Veaute. ANTECEDENTES 1 Mensaje del Poder Ejecutivo
Al Honorable Congreso de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley mediante el cual se propicia la reforma del tipo penal sobre lavado de activos previsto en el artículo 278, inciso 1 del Código Penal, en el título XI del libro
segundo denominado “Delitos contra la administración pública”, bajo el capítulo XIII “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”, proponiéndose asimismo diversas modificaciones a la ley 25.246, conforme a los fundamentos que se exponen a continuación. La tipificación del delito de lavado de activos fue incorporada al Código Penal en virtud de la reforma introducida por la ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000. El tipo penal reconoce como antecedente la figura prevista en el artículo 25 de la ley 23.737, referida al narcotráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, sancionada el 21 de septiembre de 1989. La ley 25.246 constituyó un avance legislativo significativo, debido a que el régimen de la ley 23.737 limitaba el delito de lavado de activos sólo a aquellos casos en que el dinero u otros bienes procedieran de los delitos reprimidos por la Ley de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, por lo que se suponía que su puesta en vigencia posibilitaría la represión oportuna del lavado de activos, con prescindencia del tipo de delito que precediera. En esta instancia, se propone la modificación de la tipificación del delito de lavado de activos, el cual posee su centro de interés en quien convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito, eliminando la previsión de que no hubiere participado del mismo. Asimismo, se considera necesario la actualización de la condición objetiva de punibilidad, elevándose el monto requerido a la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000). Este criterio responde a establecer un límite para evitar que ilícitos de menor cuantía puedan desvirtuar el sentido de la norma penal. Por otra parte, como es sabido, la República Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF) desde el año 2000, y en tal carácter mantiene una participación activa tanto en sus reuniones plenarias, como en los grupos de trabajo integrados por expertos que representan a los distintos países. En el seno del citado organismo se dictaron las cuarenta (40) recomendaciones sobre lavado de activos en el año 1990, a las que se añadieron en el año 2001 nueve (9) recomendaciones más, relacionadas con la prevención de la financiación del terrorismo. Varios instrumentos internacionales de carácter central en esta problemática componen nuestro derecho interno, dado que han sido ratificados oportunamente. Entre ellos cabe mencionar: la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988 y ratificada por la ley 24.072; la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Palermo, Italia, el 15 de noviembre de 2000 y ratificada por ley 25.632; el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo adoptado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 y ratificado por ley 26.024, y la
Convención Interamericana contra el Terrorismo del 3 de junio de 2002, promulgada por la ley 26.023. Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de país miembro de organismos internacionales. Si bien las citadas recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando en forma continua su sistema preventivo-represivo. Al respecto, cabe señalar que las cuarenta (40) recomendaciones fueron revisadas con el propósito de optimizarlas y adaptarlas a la dinámica propia de la evolución de la criminalidad desarrollada a través del lavado de activos, y han sido suscriptas por más de ciento treinta (130) países. La recomendación primera del GAFI-FATF se refiere al alcance del delito de lavado de activos, e indica que los países deberían tipificar al mismo como delito en consonancia con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). La recomendación establece que los países deberían aplicar “…el delito de lavado de activos a todos los delitos graves a los efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes. Los delitos subyacentes se pueden definir tomando como base todos los delitos […] o construyendo una lista de delitos subyacentes…”; “Cualquiera sea el criterio que se adopte, cada país debería incluir por lo menos una serie de delitos dentro de cada una de las categorías establecidas de delitos.”. Nuestra ley penal adopta un criterio amplio al momento de tipificar este delito en el artículo 278, inciso 1, del Código Penal en lo que respecta a los delitos subyacentes. No obstante, la ley 25.246 en su artículo 6º al definir la competencia de la Unidad de Información Financiera restringe la misma únicamente a aquellos delitos que el legislador consideró apropiados para la creación de la referida unidad. En esta instancia se considera necesario modificar el citado artículo 6o, agregando como delitos subyacentes la extorsión contemplada en el artículo 168 del Código Penal, y los delitos previstos en la ley 24.769. Dichas conductas antijurídicas guardan estrecha vinculación con los delitos que actualmente se enumeran en la norma, motivo por el que se propicia su inclusión. Por otra parte, las categorías establecidas de delitos por el GAFI-FATF, recomiendan la inclusión del delito de extorsión. En cuanto a la reforma del artículo 14 de la ley 25.246 que se propone, ha de tenerse presente que la recomendación 26 del GAFI-FATF sugiere que los países deberían crear una unidad de información financiera (UIF) que se desempeñe como organismo central nacional para la recepción, el análisis y la divulgación de reportes de operaciones sospechosas y otra infor-
mación relacionada con un posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La UIF debería “tener acceso, directa o indirectamente, y oportunamente, a la información financiera, administrativa y proveniente de las autoridades garantes del cumplimiento de la ley necesaria para el cumplimiento apropiado de sus funciones”. Por ello, la ley 26.087 sancionada el 29 de marzo de 2006, promulgada de hecho el 21 de abril de ese mismo año y publicada en Boletín Oficial Nº 30.891 el 24 de abril de 2006, dispuso que en el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 de la ley 25.246 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) los secretos bancarios, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. En esta instancia y con iguales fundamentos corresponde idéntica previsión legal respecto del secreto fiscal amparado por la ley 11.683 de procedimientos fiscales. En atención a ello, es menester realizar dos consideraciones. La primera se refiere a que la reforma prevé que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá revelar el secreto fiscal únicamente en los supuestos enumerados en el citado artículo 20 de la ley 25.246, es decir, sólo en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por un sujeto obligado previsto en el inciso 15) del referido artículo o en el marco de una colaboración judicial y con relación a la persona o personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada. En los restantes casos se dispone que la Unidad de Información Financiera (UIF) requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente en materia penal del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera (UIF), el que deberá expedirse en un plazo máximo de treinta (30) días. La segunda consideración se refiere al deber de confidencialidad que pesa sobre los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF), los cuales por expresa disposición legal están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia (artículo 22 de la ley 25.246). Con lo cual la no oposición del secreto fiscal en los casos previstos no se traduce en una divulgación de la información protegida por la ley 11.683 de procedimientos fiscales, sino que, a tenor de lo dispuesto por la ley 25.246, dicho secreto será resguardado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y utilizado única y exclusivamente para el cumplimiento de sus fines, en aquellos casos en que la ley lo autoriza. Con la reforma propuesta, se da cumplimiento a la recomendación 26 precedentemente transcripta. Continuando con la adecuación de la norma vigente con las “40+9 Recomendaciones del GAFI-FATF”, se torna imperioso por un lado ampliar la nómina de su-
jetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tal sentido, se propicia la incorporación de los siguientes sujetos atento la realización de su actividad específica: los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337, respectivamente; las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos; las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso y finalmente se incorpora a las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales (recomendación GAFI-FATF 12 y 16). Por otro lado, se han eliminado las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y se ha actualizado la remisión legislativa al Código Aduanero. Por otra parte, se incluye la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos enumerados en el artículo 6º de ley 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten, dándose recepción legislativa a lo dispuesto en el decreto 2.226 del 23 de diciembre de 2008. El capítulo IV de la ley 25.246 contempla el régimen penal administrativo en el cual se tipifica y sanciona el no cumplimiento del deber de información que pesa sobre los sujetos enumerados en el artículo 20 de la misma. La ley vigente omite prever el plazo de prescripción de la acción fiscal para aplicar y ejecutar la multa allí establecida, por ello se propugna la incorporación del inciso 4 al artículo 24 de la misma. Asimismo, en el inciso 5 se enumeran las causales de interrupción de la prescripción ahora regulada en esta ley especial. La recomendación 27 del GAFI-FATF alienta a los países a apoyar y desarrollar, en la mayor medida posible, técnicas de investigación especiales adecuadas para la investigación del lavado de activos, tales como entrega vigilada, operaciones encubiertas y otras técnicas relevantes. Esta pauta recoge los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que sirviera de antecedente a la ley 23.737; de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Asimismo, existen precedentes internacionales, entre los que podemos mencionar la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Reino de España (ley orgánica del 5 de enero de 1999); los artículos 241,
242 y 243 del Código Procesal Penal de la República de Colombia; la Ley contra la Delincuencia Organizada de la República de Guatemala (decreto 21/2006); la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada de la República Bolivariana de Venezuela; el Convenio de la Unión Europea sobre asistencia judicial en materia penal del año 2000; los antecedentes de la ley 23.737 modificatoria del Código Penal. De esta manera se introduce la figura de la entrega controlada, la del arrepentido y la reserva de identidad, herramientas que resultan de relevancia en la lucha contra el crimen organizado. Finalmente, se destaca que se espera que la modificación del tipo penal de lavado de activos se constituya en una herramienta eficaz de política criminal y que contribuya a la prevención y lucha contra este flagelo de características transnacionales, y profundamente vinculado con la criminalidad organizada, fenómeno delictivo que hoy afecta a la comunidad internacional en pleno. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Mensaje 898 CrIstIna Fernández de KIrChner. Aníbal D. Fernández. – Julio Alak.
El Senado y Cámara de Diputados,… Lavado de activos Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 278 del Código Penal, por el siguiente: Artículo 278: 1. a) Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí; b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277.
Unidad de información financiera Art. 2º – Sustituyese el artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 6°: La unidad de información financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos (artículo 278, inciso 1, del Código Penal), proveniente de la comisión de: a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737); b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal); f) Delitos contra la administración pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del libro segundo del Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 y 128 del Código Penal; h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal); i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal); j) Delitos previstos en la ley 24.769. 2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). Art. 3º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 14: La unidad de información financiera estará facultada para: 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacio-
nal, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la unidad de información financiera (UIF) los secretos bancarios, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por un sujeto obligado previsto en el inciso 15 del artículo 20 o en el marco de una colaboración judicial y con relación a la persona o personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada. En los restantes casos la Unidad de Información Financiera requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente en materia penal del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera (UIF), el que deberá expedirse en un plazo máximo de treinta (30) días. Recibir declaraciones voluntarias. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados,
la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20, en los casos y modalidades que la reglamentación determine. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia unidad de información financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 20: Están obligados a informar a la unidad de información financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su objeto. 6. Los Registros Públicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros de la Propiedad Automotor, los Registros Prendarios, los Registros de Embarcaciones de todo tipo y los Registros de Aeronaves. 7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. 8. Las empresas aseguradoras. 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra. 10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales. 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. 12. Los escribanos públicos. 13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315. 14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 15. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias. 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco (5) años del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de que quede firme el acto que así la disponga. 5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación. Art. 7º – Incorpórase a continuación del artículo 29 de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente enunciado: Capítulo VI Medidas especiales de investigación Art. 8º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 30: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 278, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá: a) Suspender la orden de detención de una o más personas; b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica; c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado; d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o probatorio; El magistrado interviniente podrá, además, suspender la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales del país de destino. La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el caso que la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el éxito de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida. Art. 9°– Incorpórase como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 31: Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 278 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 14 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 14 bis: La unidad de información financiera podrá intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos enumerados en el artículo 6º. Art. 6º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 24: 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. 2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor. 3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000).
En el caso del artículo 6º de la ley 25.241 la pena será de dos (2) a diez (10) años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos sean en perjuicio de un imputado. Art. 10. – Incorpórase como artículo 32 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 32: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 278 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias. Art. 11. – Incorpórase como artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 33: El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000), siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado. Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexíes de la ley 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado público en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más severamente penado.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. CrIstIna Fernández de KIrChner. Aníbal D. Fernández. – Julio Alak. 2
El Senado y Cámara de Diputados,… Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 25.246 por el siguiente: Artículo 7º: La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país. Si las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizaran, a través de leyes locales o tratados regionales, sus propias unidades de información financiera u organismos equivalentes para el logro de los objetivos de la presente ley en el ámbito de sus jurisdicciones respectivas, para el ejercicio de las atribuciones aquí previstas, deberán coordinar su actividad con la desarrollada por la Unidad de Información Financiera nacional y convenir el modo de compartir o intercambiar la información necesaria. Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Oscar R. Aguad. – Ricardo Alfonsín. – Elsa M. Álvarez. – Ricardo R. Gil Lavedra. – Rubén O. Lanceta. – Mariana A. Veaute.
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