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Timestamp: 2017-05-28 04:50:52+00:00

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LAS CLAUSULAS ABUSIVAS, EL SILENCIO, NULIDAD Y PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO DEL CONSUMO. . TENDENCIA JURISPRUDENCIAL QUE UNIFORMA CRITERIOS Y DISTINGUE APLICACIÓN NORMATIVA. ANÁLISIS DEL CASO “SERNAC CON CENCOSUD” | LexWeb
Alejandro Wladimir Velastegui Gómez, junio 20, 2016junio 20, 2016, Derecho Civil, abuso en contratos de adhesion, alejandro velastegui gómez, articulo 12 de la ley 19496, cencosud, clausulas abusivas, derecho de consumo, derecho del consumidor, infracción al articulo 26 de la ley 19496, infracción al articulo 3 de la ley 19.496, nulidad de clausulas abusivas, prescripcion en materia de derecho de consumo, Rol N° 12.355-2011, tarjetas jumbo mas, 0 Alejandro Wladimir Velastegui Gómez[1]
Debemos retroceder varios años para poder analizar ciertas instituciones juridicas de máxima importancia que de una u otra manera tendían a regirse –estrictamente- con lo que dispone el régimen aplicable a los consumidores, esto es, la Ley de Protección al consumidor que, por cierto, poco protegió en los hechos denunciados por el ente Administrativo SERNAC, salvo hasta la última instancia judicial en la cual se repararon varios derechos vulnerados de manera desprolija por parte del proveedor –CENCOSUD-. Pues, se trata de una decisión del Máximo Tribunal quien conociendo un recurso de casación en la forma y haciendo aplicable el articulo 468 n°4 del Código de Procedimiento Civil anula de manera correcta y protege a varios afectados –consumidores- que sufrieron la alteración unilateral de contratos de adhesión suscritos para mantener la Tarjeta Jumbo Más.
El análisis que permite sostener que la decisión de la Corte Suprema fue la correcta en base a la lectura y aplicación de las siguientes disposiciones:
El artículo 16 de la Ley 19.496, concretamente sus letras a) y g). El objeto de discusión y que tuvo que considerar el Máximo Tribunal es si , dos cláusulas específicas del Contrato de Tarjeta Jumbo MAS y su Reglamento, celebrado entre la sociedad demandada y sus tarjetahabientes vulneraban o no la disposición citada[2];
En cuanto a la letra a) lo que se prohíbe es la posibilidad de que la empresa/proveedor pueda modificar unilateralmente el contrato, hecho que por cierto es el centro del debate tras defenderse la denunciada en que no ha incurrido en infracción de la letra citada.
En cuanto a la vulneración de la letra g) se produjo en virtud que se manifestó un desequilibrio de derecho entre las partes al permitir al proveedor rellenar espacios en blanco, entre otros aspectos que se comentaran.
En la misma línea de la letra (i), se trae a colación el artículo 17 B, letra g, de la Ley 19.496, modificada por la Ley 20.555, que prohíbe los mandatos irrevocables o en blanco y las cláusulas que eximen del deber de rendir cuenta entre otras.
Artículo 26 de la Ley 19.496, para efectos de determinar si la acción que se intentó se encuentra prescrita o no.
Artículo 3° letra a) de la Ley 19.496, en cuanto al silencio, esto es, en que el silencio por sí solo no significa, de ningún modo, manifestación de voluntad alguna, ni siquiera tácita, de aceptación. Además, asegura la libre elección del bien o servicio, lo que ciertamente fue vulnerado.
artículo 17 de la Ley 19.496, la Suprema al respecto consideró está disposición para efectos de considerar una modificación al contrato inicialmente celebrado, no pudiendo de esta manera sostener –por parte de la demandada- la alteración unilateral de un contrato en la forma realizada.
Artículo 12 de la Ley 19.496, en el sentido de respetar los términos, modalidades y condiciones en que se le ofreció un determinado servicio, debiendo considerarse que al alterarse unilateralmente las condiciones de mantención del servicio –uso de tarjeta- infringen la disposición citada.
Artículo 50 de la Ley 19.496, considerada al hacerse o no aplicable en relación con las causas de aplicación que establece con estricta relación con el artículo 26 del mismo cuerpo legal: en el hecho de si la última solo rige para aquellos motivos y no por el intento de diversas acciones (entre ellas, civiles) que (tienden a establecer) establecen un objeto del juicio distinto.
En conjunto con los artículos 12 y 16 letra a), se puede sostener que de igual manera se vulnera el artículo 1545 del Código Civil el no conceder al consumidor la alternativa de mantener vigente el contrato en sus términos originales, supone en el hecho dejar al arbitrio del predisponente la modificación del acuerdo.
Artículo 1466 del Código Civil, cabe citarlo aunque la Corte no lo aplica de manera expresa, la declaración de nulidad que se analizará es por objeto ilícito cuya sanción es la absoluta y plazo de prescripción 10 años[3] debiendo en este último caso citar el artículo 1683 del Código Civil.
LOS ARGUMENTOS DE SERNAC CON CENCOSUD
EN SUMA, el Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, quien accionó en procedimiento especial para protección del interés colectivo, interponiéndola en contra de Cencosud Administradora de Tarjetas S.A., por estimar que los cobros realizados se apartan del marco legal que rige las relaciones contractuales entre proveedores y consumidores, al imponer en forma unilateral y a su solo arbitrio una modificación en los montos de su comisión mensual para mantención, sin requerir el consentimiento de los consumidores, en la forma que exige la disposición legal, perjudicando patrimonialmente a los consumidores, quienes desde la aplicación del alza han debido pagar el monto que excede a lo acordado en los contratos suscritos con la empresa.
El juicio iniciado en el año 2006 culminó en el tribunal a quo[4] mediante sentencia pronunciada en el mes de diciembre de 2010 acogiéndose la demanda civil impetrada por el Servicio Nacional del Consumidor y por ende condenando a la contraria a diversas sumas de dinero reparatorias[5]. Posteriormente se recurre de apelación ante el Tribunal de alzada (CA SANTIAGO), el cual revoca la sentencia y en su lugar desecha la demanda impetrada y acogida por el Tribunal inferior, considerando, en suma, que la acción para accionar se encontraba prescrita y por su parte no existieron antecedentes suficientes para declarar la nulidad de la cláusula que se denuncia como abusiva[6]. Por último, la Corte Suprema dicta sentencia de reemplazo[7] revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones y en su defecto declara como abusiva las clausulas denunciadas y en su lugar ordena reparaciones indemnizatorias, restitución de dineros y deja a cargo de la demandada la publicación, a nivel nacional, de las medidas que tienen por objeto la reparaciones de los derechos vulnerados.
EN CUANTO A LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE REEMPLAZO
“QUINTO: Que las disposiciones que los demandantes estiman abusivas son las contenidas en los numerales 9° y 16° del contrato y del reglamento. Respecto de la última cláusula, ella reza textualmente: “Cualquier cambio de las condiciones de uso y privilegios de la tarjeta deberá ser informado por escrito al usuario, entendiéndose que éste acepta si mantiene o utiliza la tarjeta después de 30 días de expedida la comunicación respectiva. Si el usuario decidiere no aceptar las variaciones podrá poner término de inmediato al contrato mediante el aviso a la empresa y haciéndole entrega material de las tarjetas que hubiere recibido”. El Sernac ha denunciado esta cláusula por estimar que vulnera lo dispuesto en la letra a) del artículo 16 de la Ley 19.496, referida a las cláusulas abusivas, al considerar como tales aquellas que: “Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo….”. Por su parte, Cencosud esgrimió que la referida estipulación no es abusiva, entre otros argumentos, porque la comunicación que se hizo en su momento a los clientes, basado precisamente en esta parte del Reglamento de las tarjetas, no suponía una modificación unilateral del contrato, por tratarse de una oferta o propuesta de aumento del monto de la comisión que el cliente no estaba obligado a aceptar y, que bien podía desechar, desahuciando el contrato, sin que estuviera obligado a ello. También sostuvo que las modificaciones fueron aceptadas por los clientes-consumidores, sin que pueda entenderse que se ha incurrido en una ilicitud, ni mucho menos que ha considerado como eficaz para manifestar el consentimiento, el silencio de los tarjetahabientes, pues, éstos han consentido tácitamente a la modificación. Empero, lo que por el artículo 16 letra a) se prohíbe es la posibilidad de que la empresa/proveedor pueda modificar unilateralmente el contrato. En efecto, para esta Corte constituye una alteración unilateral a los contratos, cualquier notificación que se haga a los clientes, si como consecuencia de ella se procede a modificar los términos del mismo, dejándoles la opción de aceptar la modificación o de poner término al contrato, desconociendo así el derecho que les asiste a mantener la convención en los términos inicialmente pactados, sin la modificación propuesta. Una cláusula que autoriza este procedimiento, supone darle legitimación a la empresa para modificar la convención unilateralmente, desde el momento que niega al consumidor su derecho a mantener la operación del contrato, tal cual se había inicialmente pactado. No puede ser suficiente para justificar la cláusula en análisis, el hecho que Cencosud no le impuso al cliente la modificación, pues, basta para vulnerar el artículo 16 letra a) que el cliente no pueda continuar con el contrato en los términos inicialmente pactados. Existe, por este sólo hecho, una contravención al artículo 16 letra a), y la cláusula debe considerarse abusiva.
OCTAVO: … “Conforme con lo expuesto, del tenor de la cláusula transcrita y su contraste con lo preceptuado en el artículo 16 letra g) de la Ley en cuestión, se puede apreciar que se trata de una cláusula que no ofrece un equilibrio de derechos entre las partes, si se tiene presente que autoriza llenar documentos en blanco, que los mandatos pueden otorgarse con carácter de irrevocables, que ellos eximen del deber de rendir cuenta al mandante, que autorizan a la suscripción de títulos letras, pagarés, sin que ello importen novación de los créditos, no obstante permitir que sean cedidos a tercero, lo que supone que podrán existir dos títulos independientes, en manos de dos acreedores distintos, para cobrar un mismo crédito. De hecho, tal cual está redactada la cláusula, ella no satisface ni aun hoy día, las exigencias contenidas en el artículo 17 B, letra g, de la Ley 19.496, modificada por la Ley 20.555, que introdujo el denominado “Sernac financiero”, norma que si bien es posterior a la presente litis, sirve para ilustrar el asunto en debate y que vino a prohibir, entre otras cosas, los mandatos irrevocables o en blanco y las cláusulas que eximen del deber de rendir cuenta”.
DÉCIMO: Que enseguida, la demandada argumentó que la mentada cláusula 9° tiene por finalidad asegurar el cobro y, con ello, mantener a nivel razonable el costo del crédito, destinado a beneficiar a los propios clientes, pero que de ninguna manera puede ser considerada abusiva, pues, la facultad de la mandataria para poder cobrar el crédito, siempre puede ser controlada por el cliente, quien mensualmente recibe una cuenta que puede objetar. A pesar de lo dicho, lo cierto es que las facultades que recibe el mandatario –Cencosud- exceden con mucho lo que parece razonable para rebajar el riesgo del no pago del crédito y de hecho contrarían, como se ha dicho, lo que hoy la ley exige en este tipo de contratos. No puede aceptarse que la mandataria reciba una autorización para poder llenar títulos ejecutivos a su propio nombre, sin novar el crédito, a partir de una liquidación que ella misma hace, que luego pueda ceder tales créditos, que el cliente no pueda revocar el mandato antes de haber pagado sus créditos, y que tampoco el mandatario esté obligado a rendir cuenta. Todas estas facultades exceden con mucho lo que prudentemente puede pedirse a un cliente, a quien se le concede un crédito, pues, ello da pábulo para serios abusos, tanto que algunas de ellas no son hoy admisibles legalmente, de manera expresa. De otro lado, el hecho de que sean corrientes en el mercado este tipo de estipulaciones no puede constituir un argumento válido y decisivo, porque ello simplemente indicaría una relajación del control administrativo de parte de las autoridades llamadas a ejercerlo, menos aún, cuando la última modificación de la Ley 19.495 ha hecho mucho más estricto este tipo de contratos. Por ello, y a la luz de lo dispuesto en la letra g) del artículo 16, no cabe sino concluir que la cláusula novena en examen, también debe considerarse como abusiva, y declararse su nulidad. UNDECIMO: “… Cencosud ha cobrado a los tarjetahabientes $530 más de lo que estaba autorizado por contrato, comportamiento que contraviene no sólo la convención, sino que también la Ley de Protección a los Consumidores, específicamente los artículos 3° letra a) y 12°. Por el primero, se asegura al cliente el derecho a la libre elección del bien o servicio y se dispone que el silencio no puede constituir aceptación en los actos de consumo. Ya se ha dicho que la manera en que Cencosud intentó modificar el valor del costo de mantención de la Tarjeta Jumbo Mas y la forma de entender que los clientes se allanaban a esta modificación, contraviene la norma citada. Por su parte, el artículo 12 citado, asegura al cliente que el proveedor de un determinado servicio, en este caso de un crédito, está obligado a respetar los términos, modalidades y condiciones en que se le ofreció un determinado servicio, y no puede haber duda que el costo de mantención de la tarjeta forma parte de esos términos, modalidades y condiciones y, por lo mismo, ellos no podían ser alterados, sino de la manera que la Ley 19.496 exige, lo que en la especie no se ha respetado, según lo latamente razonado…”.
DECIMO CUARTO: “Que concatenado con lo previamente referido, la segunda infracción que se acusa, se encuentra constituida por la notificación del aumento del costo de mantención de la tarjeta que Cencosud hizo a sus clientes en febrero de 2006 y, la tercera, por el cobro del costo de la mantención de la tarjeta en contra de lo estipulado en el contrato. Pese a que la demandada pretende que esta última contravención debería, en todo caso, considerarse prescrita, según lo ordena la norma del artículo 26, tal criterio resulta equívoco, desde que en el actuar de Cencosud se aprecian dos ilícitos distintos, que transgreden ambos de manera autónoma la Ley 19.496, en sus artículos 3° letra a) y 12. Por una parte, el hecho mismo de la notificación ilegal que se hizo, que efectivamente se ha considerado prescrita en los términos expresados por el tribunal de primera instancia y, en segundo lugar, el hecho de mantener el cobro y percibir el dinero, en contra de lo dispuesto en el contrato y de la ley, mes a mes. No hay razón ninguna para considerar que la ilicitud se encuentra referida sólo al inicio del cobro, esto es, cuando se notifica a los clientes la modificación y no desde que se exige y percibe el pago, mes a mes. No se trata de una infracción continuada, sino de infracciones autónomas a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que mes a mes se produjeron, pues tales cobros no tenían amparo en el contrato ni en la ley y, por lo tanto, no pudieron ser percibidos por Cencosud. Tampoco se puede aceptar que se trata de un solo ilícito, pues, el dinero se ha cobrado y percibido cada vez y a cada cliente. Con todo, y sin perjuicio de que no se comparte el fundamento de la sentencia de primera instancia que considera que ha concurrido una prescripción parcial a esta infracción, conforme con lo alegado por Cencosud, respecto de los dineros percibidos en forma previa al 12 de julio de 2006, dado que no ha sido objeto de la apelación, no se modificará lo resuelto”. Como se desprende de la sola lectura de los considerandos citados, es dable considerar y analizar profundamente los plazos de prescripción regulados en la Ley de Protección al Consumidor, los límites del silencio y la inserción y aplicación de las clausulas en los contratos de adhesión.
Diagremos los fundamentos que permiten replantear e interpretar de mejor manera las instituciones que de una u otra manera protegen y, por ende, hacen aplicable los principios que inspiran la normativa en análisis:
(A) LA CORTE ARGUYE Y CONCLUYE:
(a.1) En cuanto a la tensión entre el silencio y el valor jurídico de la aceptación tácita resolvió que la modificación unilateral, por sí sola ha generado la nulidad parcial del aumento de las comisiones. Entonces, si se configura el aumento leonino no sería necesario estudiar el consentimiento del consumidor, porque se entiende que no hay tal, ni expreso o tácito, sólo silencio prohibido[8].
(a.2) Las instituciones civiles reguladas en la ley que protege al consumidor deben ser tratadas de manera especial y diferente al objetivo propio de amparar bienes jurídicos estatales. En efecto no se puede asimilar el objetivo propio de la denuncia infraccional con el objetivo propio de las acciones civiles que tiene como fin reparar daños particulares.
(a.3) en cuanto al cómputo del plazo y el reducido plazo infraccional de seis meses[9], que no se contaría desde la celebración y/o modificación del acto como se había estimado, sino desde que cesa el daño.
(a.4) La Corte Suprema pone término a una tendencia jurisprudencial que ha entendido que el plazo de prescripción de seis meses contemplado en el artículo 26 de la Ley de Protección del Consumidor para la responsabilidad infraccional del proveedor, se extiende, también, a las demás acciones (especialmente civiles) que pueden nacer de la normativa en análisis[10].
Lo razonado por la Corte Suprema me parece correcto, pues, si bien el conflicto jurídico comienza con la denuncia por la modificación unilateral del contrato y el pacto de autocontratación y conlleva, tras la defensa de la demandada, extender la discusión en cuanto a la aplicación de la prescripción de las acciones intentadas, se realiza un minucioso y correcto análisis, interpretación y aplicación de La Ley de protección del consumidor, principios que inspiran la normativa en debate y se destaca, sobre todo, una frontera entre los regímenes jurídicos aplicables. Por ello, la decisión de la Suprema permite enfrentar de manera correcta lo que deviene para los intereses de los consumidores y a su vez recae en los proveedores ser más prudentes y cautelosos al aplicar, practicar e interpretar la normativa que los rige.
Como primer conflicto jurídico, a la luz de lo revocado y declarado por la Corte de Apelaciones, es si las acciones estaban o no prescritas en conformidad a los hechos expuestos y la correcta interpretación legal que alegaba cada parte. Se sabe que en segunda instancia se declaró la prescripción[11] por la inadecuada aplicación del artículo 26 de la Ley de Protección al Consumidor pero el Máximo Tribunal anula y dicta sentencia de reemplazo. Lo resuelto por la Excelentísima despeja y acaba con la tendencia jurisprudencial de hacer extensible el plazo de 6 meses, aplicable para la responsabilidad infraccional del proveedor, a la responsabilidades civiles que pueden nacer a raíz de la misma normativa, provocando de esta manera la visibilidad y campos separados en cuanto a los estatutos regulados: infraccional[12] y civil. Lo resolutivo sigue en la línea correcta y por ello no puede entenderse que se extiende el plazo de prescripción sino que simplemente no se considera como contravencional las acciones que tienen como presupuesto el incumplimiento del contrato mismo y que buscan la reparación, indemnización, nulidad o restitución.
Para efectos de considerar el plazo de prescripción tendríamos que anteponernos a la incógnita ¿frente a que nulidad nos encontramos? La Suprema no lo señalo, pero la doctrina tiende a inclinarse por la nulidad absoluta cuyo plazo seria de 10 años. En la misma materia y para efectos de anular la sentencia recurrida de casación es admirable lo resuelto: 1. Se distinguen hechos ilícitos diversos, para efectos de perseguir la responsabilidad infraccional, frente a lo cual el computo que se consideraba desde la celebración del contrato se descarta (celebración del contrato) y 2. se computa desde que cesa el daño, no cesando en esta ocasión en razón que mes a mes la denunciada percibía dineros de manera ilícita.
Ahora, despejamos la incógnita de qué régimen se aplica y por ende que plazos de prescripción rigen, pero conlleva a preguntarnos ¿Cuál es la nulidad declarada? Nada dijo la Corte al respecto. En doctrina, la cual parece inclinarse por la nulidad ab­soluta por objeto ilícito (art. 1466 del Código Civil). Si ello es así, el plazo de prescripción sería de diez años contados desde la celebración del contrato (art. 1683 del Código Civil). Por cierto, la restitución de las sumas pagadas en exceso y la indemniza­ción de perjuicios se sujetarán tam­bién al estatuto de responsabilidad civil común y no al contravencional establecido en la Ley de Protección al Consumidor.
Para ir despejando el camino analicemos reglas en torno al ámbito de aplicación de la prescripción extintiva. Encontramos posiciones en la doctrina y por cierto en la jurisprudencia:
La posición que predomino[13], y fue derribada con el fallo en comento, en la jurisprudencia de los Tribunales: la prescripción de la acción infraccional genera la caducidad de la acción civil e, incluso, algunos fallos resolvieron que ambas acciones prescriben conforme al artículo 26 de la Ley de Protección al Consumidor. Así, para Juan Ignacio Contardo, “la gran parte de la jurisprudencia determina que cualquier ilícito civil implica una sanción infraccional, por lo menos basada en el artículo 24”[14]. Se fundamenta esta postura en : a) que la responsabilidad civil autónoma no exis­te, de manera que siempre se requiere de una sanción administrativa; b) La acción infraccional acarrea la prescripción de la acción civil o se entiende que el plazo es el mismo para ambas acciones[15]; c) para Francisca Barrientos, en aquella oportunidad argüía: “El fundamento se encontraría en los artículos 23 y 24 que establecen la regla general de las infraccional de La Ley de Protección al Consumidor, entonces, todas las disposiciones de la ley que no contengan sanciones deberían ser penadas con infracciones traducidas en multas de hasta 50 UTM. Como sería el caso de plazo de prescripción de la acción de nulidad, que no encuentra con una norma determinada en la Ley de Protección al Consumidor. Asimismo, en virtud de los artículos 9 y 14 de la Ley n° 18.223, el juez de policía local naturalmente conoce denuncias infracciónales y aplica multa, con lo que ni podría conocer causas que contengan sólo aspectos civiles”[16] [17].
La posición dominante, y en análisis y que tiende a uniformar los criterios de aplicación, es la que arguye que la prescripción extintiva del artículo 26 sólo se aplica a la acción infraccional. De esta forma, “la responsabilidad contra­vencional” –a que hace referencia el inciso 1º de la norma precedente– se aplicaría exclusivamente al campo infraccional. La responsabilidad infraccional cumpliría sólo una función sancionadora o punitiva, en el Derecho de Consumo, y no una función resarcitoria, que es propia de la responsabilidad civil. Por ello, esta norma no regularía –a lo menos de forma directa– la prescripción de la acción civil, que tenga su origen en la responsabilidad contractual o extracontractual[18].
La nueva tendencia frente al caso sub-lite tiene sus fundamentos propios pero existen argumentos generales y de fondo que consolidan la postura optada, revisemos brevemente lo que dicen los grandes referentes doctrinarios[19]: a) por un aspecto histórico los juzgado de policía local tendían a conocer faltas en la comuna y el hecho de que tengan que conocer acciones civiles iba en contra de su rol histórico, pero su facultad fue ampliada en virtud de la Ley 19.555[20]; b) La concepción misma del Derecho de Daños, que se sustenta en el principio de la reparación integral del daño, nos conduce a se pueda demandar exclusivamente en sede civil no infraccional y conforme a la normativa del Derecho del Consumo. Las conclusión contraria transgrediría el artículo 3, letra e); c) La ley Nº 19.555 modificó la letra A, inciso 1º e inciso 2º del artículo 50 de la Ley de Protección al Consumidor, otorgando competencia a los juzgados de policía local y reconociendo una serie de remedios a favor del consumidor, en el inciso 2º, diferentes a la sanción infraccional[21]; d) La responsabilidad infraccional y civil, que proviene de la transgresión a la Ley de Protección al Consumidor, se diferencian en los sujetos y la cosa pedida. Lo que nos debe llevar necesariamente a separar las acciones y permitir que la acción civil se pueda entablar en un juicio civil, independiente o junto con la responsabilidad infraccional. Así, para José Luis Guerrero se trata de acciones diferentes e independientes, señalando: “el Estado debe perseguir su propia pretensión, sin imponer tal carga a un consumidor que habiendo sufrido el perjuicio sólo pretende el resarcimiento íntegro y oportuno del daño sufrido”[22].
Tras el breve análisis del primer conflicto jurídico son muchas las conclusiones que pueden comentarse pero sin duda se debe tener presente que la posición doctrinaria que lucho con fuertes argumentos se consolidó en los Tribunales y de esta manera permite concluir que la Ley de Protección al consumidor refleja varias insuficiencias, tantas como autores que invocan remedios que tienden a proteger o no al consumidor. Es esto último lo que no se debe olvidar, el espíritu propio de la normativa en análisis: proteger a la parte más débil, pero ¿realmente la protegió? Con la tendencia jurisprudencia que permaneció hasta a lo menos el primer trimestre del año 2013 se apreciaba que el consumidor era la parte más débil en el papel pero en la práctica –al reclamar sus derechos- debía cargar, además, con el hecho de denunciar infracciones, a beneficio Fiscal, y a su vez sujetarse a dicha regulación, sobre todo la brevedad del plazo para hacerlo, y, por consiguiente, se le traspasaban los costos de contratación a fin de proteger los intereses de los proveedores. Claro ejemplo de lo anterior es el caso en comento, en el cual CENCOSUD realizaba de manera unilateral la configuración del contrato con cláusulas abusivas –que ya se criticaran más adelante- con el solo propósito de proteger su actividad económica y provocar la rueda de que el consumidor mantenga, de manera ilícita, el sustento del comercio.
Como segundo conflicto jurídico es si las cláusulas novena y decimosexta del Contrato de Tarjeta Jumbo MAS y su Reglamento, celebrado entre la sociedad demandada y sus tarjetahabientes vulneran o no el artículo 16 de la ley Nº 19.496, letras a) y g) Y consecuencialmente, si el silencio constituye o no manifestación de voluntad. Nuevamente me adhiero a la posición de la Corte Suprema, no solo en base a los argumentos plausibles consideraron para fallar sino más bien por la equidad y principios que motivaron la Ley de Protección al Consumidor. Analicemos al respecto:
El contrato regido por la Ley de Protección de los Consumidores no puede ser modificado unilateralmente sin cumplir cada uno de los requisitos exigidos y cumplidos para la suscripción del contrato original, pues de lo contrario se vulnera la prohibición general presente en todo el Derecho de Consumo –nacional y comparado– que prohíbe la modificación o interpretación unilateral del contrato, lisa y llanamente. Sólo a modo de resumen, para una adecuada información del lector, la denunciada alegó que la referida estipulación – clausulas denunciadas- no era abusiva porque la comunicación que se hizo en su momento a los clientes, basado precisamente en esta parte del Reglamento de las tarjetas, no suponía una modificación unilateral del contrato, por tratarse de una oferta o propuesta de aumento del monto de la comisión que el cliente no estaba obligado a aceptar y, que bien podía desechar, desahuciando el contrato, sin que estuviera obligado a ello. También sostuvo que las modificaciones fueron aceptadas por los consumidores, sin que pueda entenderse que se ha incurrido en una ilicitud, ni mucho menos que ha considerado como eficaz para manifestar el consentimiento, el silencio de los tarjetahabientes, pues éstos han consentido tácitamente a la modificación.
Lo anterior nos lleva a analizar primeramente el silencio como manifestación de voluntad en el derecho del consumo y con posterioridad a si las clausulas son o no abusivas.
El silencio es una excepción a las formas de manifestación de la voluntad y, como tal, debe ser interpretada restrictivamente. En tal sentido Flume señala “En el tráfico jurídico negociar nadie puede imponer a otro que el silencio sea signo de declaración. Nadie puede, solamente porque él así lo decida, forzar a otro a que tenga que hacer una declaración, porque de no hacerlo su silencio valdría como declaración”[23]. Dicho de otra forma, el único modo de aceptar el silencio circunstanciado como válido en la modificación del contenido contractual es en aquellos contratos celebrados entre iguales y libremente discutidos. A resultado, se resuelve de manera correcta, desechándose lo alegado por la denunciada, debiendo distinguirse la atribución de sentido al silencio en la teoría clásica del contrato, y otra muy diferente a la atribución unilateral de sentido al silencio en los contratos predispuestos y más aún en el estatuto protector de defensa de los consumidores. A mi parecer, pese a que no fue debatido por la recurrente –y por ende no ha debido ser pronunciado por la Excelentísima-, existe un fraude procesal al manipular cuestiones de fondo, ya que en ciertas ocasiones la denunciada, a su beneficio, hace aplicable principios que inspiran el derecho común y en otras las aparta a fin de debilitar al consumidor.
Por tanto, mientras no se tenga la certeza de que el consumidor ha manifestado su voluntad de manera inequívoca, no se puede presumir que el silencio constituye manifestación de voluntad de aceptación, pues interpretar la manifestación de dicha manera es una clara vulneración clara al artículo 3, letra a de La ley del ramo.
Tras aclarar y desechar a su vez la defensa de la denunciada, nos queda por ultimo comentar si la cláusula denunciada es o no abusiva a la luz de la letra g) del artículo 16 de la Ley 19.596.[24] Previamente, es necesario revisar la finalidad de la norma citada. Este artículo establece una norma prohibitiva. Al caso el profesor Carvajal Ramírez señala que “este artículo establece una norma prohibitiva, respecto de las clausulas contrarias a la “buena fe” que provoquen el resultado de un “desequilibrio importante” en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato[25]”.
La norma se aparta de determinar cual fue la real intención de las partes, fijándose parámetros objetivos que corresponden a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen[26].
La Suprema, resuelve de manera correcta toda vez que a la luz de la lectura de la cláusula denunciada[27] no ofrece el equilibrio entre el consumidor y proveedor, al permitirse rellenar documentos en blanco, mandatos irrevocables que autorizan la suscripción de títulos de crédito –sin que importen novación-, entre otras situaciones ilícitas.
Se aprecia en la misma línea que en la redacción de la cláusula se confunden estatutos contractuales civiles, comerciales y de consumo, ya que si bien comparten características existen líneas que los hacen diferentes en razón de que se inspiran en principios diversos.
Brevemente, en el aspecto civil está inspirada en partes iguales; en el aspecto mercantil están pensadas para iguales: profesionales o comerciantes; pero en el aspecto del Derecho del consumidor está concebido para partes desiguales, en la cuales se pueden encontrar un profesional o empresa y por la otra vereda una persona común y corriente. Por ende, en el aspecto mercantil se aprecia la permisividad de la renuncia de los derechos, en cambio, en el aspecto del consumidor es todo lo contrario[28].
Para concluir, en el aspecto interpretativo, se debe considerar que frente a una clausula dudosa se debe estar a lo que más favorezca al consumidor. Nuestro ordenamiento no establece reglas de interpretación, salvo los parámetros objetivos aludidos por el artículo 16, letra g) de la Ley 19.496[29], pero se debe estar bajo la prisma de la regla de interpretación que consagra el principio pro consumidor[30]. Así las cosas, quien debe interpretar es el consumidor o el juez con el deber de interpretar el contrato –objeto de duda- en beneficio del (de los intereses) consumidor.
El fallo en comento sin duda ha marcado una línea entre la relación consumidores y proveedores, resultando un cambio –no sustancial- en las condiciones contractuales a que se someten a diario los consumidores. Puede ser cierto, que capaz frente al fallo no han reaccionado de manera adecuada los proveedores, pero si es seguro que los consumidores se han empoderado y cada vez son más exigentes en el cumplimiento de las condiciones de los bienes y servicios que adquieren.
Ante todo y sin tener en consideración el fallo en comento, es dable apreciar el momento en que se encuentra la comunidad, activamente inmersa en el comercio, es lo que promueve el día a día y que de una u otra manera en cada instante se celebra un acto de consumo, lo que conlleva que son los propios proveedores quienes deben proteger a los consumidores, adecuándose a sus exigencia y al respeto pleno de sus derechos.
[1] Abogado. Alumno Magister en Derecho LLM-UC. Correo electrónico: awvelastegui@uc.cl.
[2] “CUARTO: Que para resolver adecuadamente la controversia, esta Corte estima imprescindible, como cuestión primera, pronunciarse sobre el tema del presunto carácter abusivo de las cláusulas cuestionadas en autos y, en el evento de ser ello efectivo, declarar su nulidad. A este respecto conviene dejar asentado que ambas cláusulas están contenidas en un contrato de adhesión, que ha sido redactado y propuesto por la parte de Cencosud, hecho sobre lo que no hay discrepancia, por lo que debe analizarse la plausibilidad de las estipulaciones en ellos contenidas, a la luz de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 19.496”, Sentencia de reemplazo causa Rol N° 12.355-2011 .
[3] Véase Tapia y Valdivia (2002) p. 161 y ss.
[4] 10° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “SERNAC CON CENCOSUD”, causa Rol C-21910-2006
[5] “EN CUANTO A LA DEMANDA:
1° Que se acoge, la demanda de lo principal de fojas 21, en cuanto se declara abusiva la cláusula 16 del reglamento de uso de la Tarjeta Jumbo Mas, y se ordena la restitución de los dineros cobrados en exceso en la forma dispuesta en el considerando Trigésimo tercero.
2° Que se acoge la prescripción alegada, sólo respecto de los cobros realizados en forma previa al 12 de julio de 2006.
3° Que se condena a la demandada al pago de una indemnización de una Unidad Tributaria Mensual a cada uno de los consumidores perjudicados.
4° Que se condena a la demandada al pago de una multa a beneficio fiscal equivalente a 50 Unidades Tributarias Mensuales.
5° Que cada parte pagará sus costas.
6° Que deberá cumplirse con lo ordenado en el artículo 53 C letra e de la Ley 19.496.-“ [6] Sentencia pronunciada el día 3 de octubre de 2011, causa rol 976-2011 – civil- . algunos considerandos, entre otros:
“12.- Que, de este modo, como ha razonado esta Corte, aparece que a la fecha de la presentación de la demanda el plazo de seis meses, establecido en el artículo 26 de la Ley 19.496, Sobre Normas de Protección de Derechos de los Consumidores, -contado desde la fecha de comisión de los hechos que se le imputan a la demanda como constitutivos de infracción a dicha ley- se encontraba vencido en exceso, sin que haya existido de por medio ningún hecho o acto jurídico que lo haya suspendido o interrumpido. Así, es forzoso concluir que las acciones intentadas en autos por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y los actores coadyuvantes se encuentran prescritas a la fecha de la demanda, lo que debe ser declarado por este tribunal. Además, se debe tener presente que si la demandada hizo uso de la cláusula que se califica como abusiva en enero de 2006, comunicándolo a sus clientes en las boletas de pago de febrero de ese año, se debe necesariamente concluir que fue incorporada en los contratos o reglamentos respectivos con anterioridad a esas datas, lo que abona la conclusión de esta Corte en orden a que las acciones ejercidas se extinguieron por la prescripción.
13.- Que, en lo que concierne a la acción destinada a declarar la nulidad de la cláusula novena del contrato, corresponde que sea rechazada la prescripción alegada, porque ni en el escrito respectivo ni en el que contiene el recurso de apelación se proporcionan los datos necesarios para concluir si se verificaron los supuestos necesarios que autorizan para así declararlo, compartiendo esta Corte con lo concluido por el a quo en cuanto rechazó, en esa parte, la demanda por los razonamientos contenidos en el motivo trigésimo primero.
[7] Sentencia pronunciada el día 24 de abril de 2013, en causa rol N° 12.355-2011, por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Juan Araya E., Guillermo Silva G., Juan Fuentes B. y Abogado Integrante Sr. Jorge Baraona G.
[8] “…el uso de la tarjeta no nece­sariamente supone, de manera inequívoca, que se ha aceptado la modificación, pues, para ello es indispensable acreditar que cada cliente ha conocido de manera real la modificación propuesta unilateralmente por la empresa (y no sólo presunta al haber recibido la notificación) […] la circunstancia que hayan usado una tarjeta no es signo inequívoco o concluyente de aceptación a la modificación propuesta; por lo mismo, de­rivar de ello una aceptación, supone darle al silencio un sentido de manifestación de voluntad, que se encuentra expresamente prohibido” (én­fasis agregado, considerando 6º sentencia de reemplazo).
[9] Como fuerza reconocer que el plazo de prescripción de la acción infraccional es breve, los jueces de Policía Local y cortes de Apelaciones han ideado una serie de tendencias para ampliarlo. Se ha hablado del conocimiento del deudor” en las causas sobre publicidad engañosa de las carreras de perito forense; “de la fecha del contrato”; en “cada cuota devengada” que contiene un interés excesivo, entre otras, en Contardo González (2011) pp. 89-107.
[10] Un análisis crítico de esta tendencia en Contardo (2011). En contra, Barcia (2012), que concluye: “la doctrina que distingue estatutos regulatorios en la LPDC, aunque interesante, es artificial y demasiado compleja”, p. 158.
[11] Ver nota 6.
[12] La responsabilidad infraccional a pesar de traer aparejadas por general multas, puede generar otros efectos. Así, Francisco Fernández señala que serían faltas infracciónales las siguientes: fallas o deficiencias atribuibles a negligencia del proveedor; cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicitado; venta de sobrecupo o sobreventa; difusión de publicidad falsa o engañosa; suspensión, paralización o no prestación injustificada de servicios; omisión, falseamiento, ocultamiento o alteración de la rotulación; infracciones en el cobro de intereses por los créditos de consumo y las infracciones cometidas en la cobranza extrajudicial de créditos de consumo. Por otra parte, agrega el referido autor, el párrafo 5°, del título ii, denominado disposiciones generales, de la ley incluye diversas normas orientadas a sancionar algunas conductas que entrañan incumplimiento de las obligaciones de los proveedores respecto del consumidor. Entre tales conductas las hay de signo doloso o culposo (que son las que se castigan como genuinas contravenciones, con pena de multa), en tanto que otras no comportan negligencia ni mala fe por parte del proveedor, pero como quiera que dan lugar a una ruptura de la conmutatividad del contrato de consumo en perjuicio del consumidor, la ley les asigna a una sanción de índole civil que en cada caso determina y que, en general, consiste en el deber de resarcir al consumidor afectado. Fernández Fredes, Francisco, Manual de Derecho chileno de protección al consumidor, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2003, p. 23.
[13] El fallo de la Corte Suprema, de fecha 15 de julio del 2009, Ing. Nº 3774-09, desestimó un recurso de queja contra la sentencia de la CA de Santiago, de 2 de junio del 2009, Ing. Nº 5380-09. A su vez, la CA había confirmado la sentencia del JPL de Renca, de fecha 9 de diciembre de 2008, rol Nº 8029-1-06, pronunciado en los autos SERNAC con Lan Chile S.A. Pero, la Corte Suprema sin analizar el fondo del asunto declaró inadmisible la queja que presentara la recurrente. En el considerando segundo, de la sentencia de la Corte Suprema, se resuelve: “el recurrente pretende discutir en sede disciplinaria un asunto ya resuelto a través de las instancias respectivas, lo que importa que ya se ha hecho uso de otros recursos legales”. En cambio, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago había resuelto, en su considerando tercero: “…el mismo plazo de prescripción procede aplicar respecto de la acción civil que persigue la indemnización de los perjuicios derivados de la infracción, con la diferencia que el hecho que interrumpe el plazo de prescripción es la notificación de la demanda civil, por cuanto corresponde aplicar las normas generales sobre la materia, al no existir norma especial”. Véase: www.poderjudicial.cl/modulos/ BusqCausas/BCA_estados_causas.php. Consultada el 6 de julio de 2012. En contra de la sentencia precedente, el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 17 de mayo de 2010, Ing. Nº 187-2010, recaído en los autos SERNAC con Braun Medical S.A., confirmó la sentencia del JPL San Bernardo, de fecha 18 de enero de 2010, rol 3422-4-2008, resolviendo, en su considerando trigésimo quinto, que “…por lo demás, el artículo 26 de la Ley Nº 19.496, sólo se refiere a las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional que se sanciona por la Ley Nº 19.496 y a las sanciones impuestas en definitiva, pero no alude para nada a las acciones civiles, de que se trata el presente caso y cuya prescripción se gobierna por el derecho común. Lo contrario significaría aceptar que la Ley de Protección al Consumidor, fijó un plazo de prescripción especial para las acciones indemnizatorias de los consumidores de seis meses”.
[14] En este sentido, la aplicación general de la responsabilidad infraccional estaría dada por la norma precedente , articulo 50 de la Ley de Protección al Consumidor, que establece: “las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales, si no tuvieren señalada una sanción diferente”. Revista de Derecho Privado n° 19 pp 115 – 163 [diciembre 2012], Rodrigo Barcia Lehmann.
[15] Juan Ignacio Contardo González, “Prescripción de la acción indemnizatoria en la Ley de Protección al consumidor: tendencias jurisprudenciales”, en Cuadernos de Extensión
Jurídica, Nº 21, Santiago, Universidad de los Andes, 2011, pp. 93-94.
[16] Francisca Barrientos Camus, “Derecho del Consumo”, en Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 17, Santiago, diciembre 2011, p. 273.
[17] A este respecto Ruperto Pinochet nos aclara: “la gran mayoría de los Juzgados de Policía Local considera im­prescindible sancionar infraccionalmente a una empresa, aplicando multas correspondientes a beneficio fiscal, como requisito de proce­dencia para después condenarla a indemnizar perjuicios en virtud de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Así, de acuerdo a la lógica expuesta, si el demandado no es condenado infraccionalmente, el consumidor o usuario, que debiera encon­trarse protegido por las disposiciones de la Ley 19.496, pierde su derecho a ser indemnizado por los perjuicios sufridos por el acto doloso o culpable que los ha causado”.
[18] Uno de los primeros autores en abordar este tema fue Bruno Caprile. Para el referido autor nada impide, una vez que se agotan o prescriben las acciones a que da lugar la LPDC, recurrir al Derecho Común. Bruno Caprile analiza la prescripción, a la que se refiere el artículo 21 de la LPDC, y nos señala: “prescritas las acciones civiles que concede la LPC, el consumidor podrá ejercer las que le confiere el Derecho Común, Civil o Comercial” (lo destacado es del autor. Bruno Caprile Biermann, “Las acciones del comprador insatisfecho: el cúmulo actual (Ley de Protección al Consumidor, vicios redhibitorios, error sustancial, resolución por incumplimiento) y la tendencia al deber de conformidad en el Derecho comparado”, en Fabricio Mantilla Espinosa y Carlos Pizarro Wilson (coordinadores), Estudios de Derecho Privado en homenaje a Christián Larroumet, Santiago, Ediciones de la Fundación Fernando Fueyo Laneri, 2008, p. 571.
[19] Bruno Ca­prile, Ruperto Pinochet, Juan Ignacio Contardo y José Luis Guerrero.
[20] En este sentido Bruno Caprile señala: “la competencia del Juzgado de Policía Local fue notoriamente ampliada [se refiere a la ley Nº 19.955], en términos tales que [se] ya no cabe cuestionar su facultad de conocer de los ‘actos o conductas que afecten el ejercicio de cualquiera de los derechos de los consumidores’, comprendiéndose expresamente las acciones destinadas ‘a obtener la debida indemnización de perjuicios o la reparación que corresponda’…” (lo destacado y entre paréntesis es mío). Caprile (n. 18), p. 571.
[21] Para Juan I. Contardo esta modificación es de suma importancia porque distinguiría claramente entre acciones infracciónales y civiles al referirse a “todas las acciones”, otorgando competencia al juez de Policía Local respecto de todas ellas.
[22] José Luis Guerrero Becar, “La distinción entre contravención infraccional e incumplimiento contractual o contravención civil en materia de protección de derechos del consumidor”, en Alejandro Guzmán Brito (coord.), Colección de estudios de Derecho Civil en homenaje a la profesora Inés Pardo de Carvallo, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2008, p. 453.
[23] Flume, Werner, El Negocio Jurídico, Editorial Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, p. 94.
[24] “g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Se presumirá que dichas cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales”.
[25] Estudios de Derecho Civil VII, jornadas nacionales de Derecho civil, “tipicidad contractual y derecho de los consumidores Articulo 16, letra g) de la Ley 19.496”, pp. 443, autor Profesor Patricio Ignacio Carvajal Ramírez.
[26] El profesor Carvajal Ramírez, señala: “En consecuencia, la forma de interpretación en el derecho del consumidor, en Chile, es: objetiva, pero genética: no funcional. Objetiva, por efecto del artículo 16, letra g), de la ley n° 19.496; y, genética, por las disposiciones del Código Civil que no han sido tácitamente derogadas por la anterior norma”, Estudios de Derecho Civil VII, jornadas nacionales de Derecho civil, “tipicidad contractual y derecho de los consumidores Articulo 16, letra g) de la Ley 19.496”, pp. 446.
[27] Imprescindible es conocer la redacción de la cláusula cuestionada: “Por el presente instrumento, el cliente para los efectos de utilizar los beneficios derivados de este contrato y su reglamento declara: UNO: Que para los fines dispuesto en esta cláusula, otorga un mandato especial a Cencosud Administradora Tarjetas S.A., Rut N° 99.500.840-8, a fin de que en mi nombre y representación, acepte letras de cambio, suscriba pagarés y reconozca deudas a favor de Cencosud Administradora de Tarjetas S.A., por los montos de capital, intereses, impuestos, gastos u otros montos originados por los créditos cursados en virtud del uso de la línea de crédito referida en el contrato y reglamento, otorgándole expresamente la facultad de autocontratar. El mandatario hará uso de este mandato, teniendo a la vista una liquidación practicada por la empresa, que contendrá un detalle total de la deuda. El mandatario no estará obligado a rendir cuenta de su encargo conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley Nº 18.092. La suscripción o aceptación de los mencionados pagarés o letras de cambio, no constituirán novación de las obligaciones documentadas, pues
sólo tendrán por objeto documentar en títulos ejecutivos tales obligaciones y así facilitar su cobro. En caso de cobranza judicial, autorizo que se entreguen para su procedimiento judicial los documentos que se autorizan suscribir, siendo de mi cargo los gastos y cobranzas respectivas. Dos: El presente mandato tiene el carácter de irrevocable en los términos del artículo 241 del Código de Comercio, en tanto se mantenga vigente el contrato y reglamento que da cuenta este instrumento. Toda revocación del presente mandato tendrá efecto siempre y cuando no existan saldo adeudados por el cliente a los dos días hábiles siguientes a la revocación dada por escrito, en tal sentido, este aviso deberá ser notificado por un notario público, el gerente general de Cencosud Administradora de Tarjetas S.A., TRES: ‘El presente mandato no se extingue por la muerte del mandante’. El pagaré a que se refiere esta cláusula puede ser cedido por la empresa libremente a cualquier banco o institución financiera o empresa comercial, aceptando desde ya el cliente esta cesión en caso de que ésta ocurra, sin perjuicio de lo cual, la empresa deberá informar al cliente la o las cesiones que eventualmente se realicen de cada uno de los pagarés, dentro de los 30 días siguientes al perfeccionamiento de cada cesión. Esta información no será necesaria, en el evento que la cobranza de la cartera cedida la mantenga la empresa. Asimismo, que ésta expresamente facultada para ejecutar, sin previo aviso, protesto ni requerimiento, el pagaré o la letra de cambio que en representación del cliente suscriba o acepte Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. Asimismo, las partes convienen que la empresa podrá ceder a terceros el presente contrato y los derechos y obligaciones que de él emanan, quedando igualmente facultada para ceder todos y cada uno de los créditos que se originen por la utilización de la tarjeta, con todos su accesorios, vencidos o por vencer, por lo que en dicho evento el cliente se encontrará obligado a pagar las cuotas o saldos pendientes al cesionario. La cesión antes referida será informada mediante una comunicación incluida en el estado de cuenta mensual”.
[28] Es así como la teoría general clásica del contrato, contenida en los diversos Códigos Civiles de inspiración continental europea, ha sido intervenida en diversos aspectos por el Derecho de consumo. Martínez de Aguirre enuncia los siguientes: “la juridificación de la fase preliminar, con la imposición a la empresa de extensos deberes de información; el creciente formalismo; la imposición legal de obligaciones; la integración de publicidad en el contrato; la objetivación de la responsabilidad de la responsabilidad contractual; un cierto control de las condiciones generales; la exigencia de equilibrio en la relación; la admisión –como regla general– de la nulidad parcial; y, por último, la posibilidad, en ciertos casos, del desistimiento unilateral del consumidor”. Martínez de Aguirre, Carlos, Trascendencia del Principio de Protección a los Consumidores en el Derecho de obligaciones, Anuario de Derecho Civil, 1994, p. 7.
[29] Revisar Estudios de Derecho Civil VII, jornadas nacionales de Derecho civil, “tipicidad contractual y derecho de los consumidores Articulo 16, letra g) de la Ley 19.496”, pp. 441 a 448, autor Profesor Patricio Ignacio Carvajal Ramírez.
[30] En Europa se discute, más allá de nuestra pretensión, si el principio de protección de los consumidores es un principio general del ordenamiento jurídico. Lasarte Álvarez, Carlos, Manual sobre Protección de Consumidores y Usuarios, Ed. Dykinson, Madrid, 2003, pp. 31 y ss.
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