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Timestamp: 2019-11-18 21:49:56+00:00

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Diario Oficial L 103/2014
Reglamento (UE) no 331/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa Pericles 2020), y se derogan las Decisiones 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE y 2006/850/CE del Consejo
Reglamento (UE) no 332/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra
Reglamento (UE) no 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 443/2009 a fin de definir las modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos
Reglamento (UE) no 334/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en relación con determinadas condiciones de acceso al mercado ( 1 )
Reglamento (UE) no 335/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca, en lo que respecta a determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera
REGLAMENTO (UE) No 331/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020»), y se derogan las Decisiones 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE y 2006/850/CE del Consejo
La Unión y los Estados miembros se han fijado el objetivo de establecer las medidas necesarias para la utilización del euro como moneda única. Estas medidas incluyen la protección del euro contra la falsificación y los fraudes relacionados con la misma, contribuyendo con ello a la efectividad de la economía de la Unión y asegurándose la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo (3) dispone que se efectúen intercambios de información, cooperación y asistencia mutua, estableciendo así un marco armonizado para la protección del euro. Los efectos de este Reglamento se extendieron mediante el Reglamento (CE) no 1339/2001 del Consejo (4) a aquellos Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única, con el fin de dotar al euro de un nivel de protección equivalente en toda la Unión.
Las actuaciones cuyo objetivo es promover los intercambios de información y de personal, la asistencia técnica y científica y la formación especializada ayudan considerablemente a proteger la moneda única de la Unión contra la falsificación y los fraudes relacionados con la misma, y al mismo tiempo a alcanzar un nivel equivalente de protección en toda la Unión, al tiempo que demuestran la capacidad de la Unión para luchar contra la delincuencia organizada grave.
El programa para la protección del euro contra la falsificación (programa Pericles) contribuye a una mayor sensibilización de los ciudadanos de la Unión mejorando la protección del euro, especialmente a través de la divulgación ininterrumpida de los resultados de las medidas que apoya el programa.
El apoyo prestado en el pasado a dichas medidas, mediante las Decisiones 2001/923/CE (5) y 2001/924/CE (6) del Consejo, modificadas y ampliadas posteriormente por las Decisiones 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9) y 2006/850/CE (10) del Consejo, hizo posible mejorar las actuaciones de la Unión y de los Estados miembros en el campo de la protección del euro contra la falsificación. Los objetivos del programa Pericles para los períodos 2002-2006 y 2007-2013 se han alcanzado con éxito.
En la evaluación de impacto que realizó en 2011 y en la que evaluaba la conveniencia de proseguir o no con el programa Pericles, la Comisión llegó a la conclusión de que este debía renovarse, mejorando sus objetivos y metodología.
En la evaluación de impacto se aconsejaba proseguir y seguir desarrollando las actividades tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros para proteger el euro contra la falsificación, teniendo también en cuenta los nuevos retos en un contexto de austeridad presupuestaria. Con arreglo al nuevo programa, el programa Pericles 2020, las propuestas presentadas por los Estados miembros participantes podrán incluir la participación de terceros países, cuando sea importante a efectos de la protección del euro.
Debe garantizarse que el programa Pericles 2020 guarda coherencia con otros programas y actividades aplicables y los complementa. Por ello, la Comisión debe efectuar todas las consultas necesarias con respecto a las necesidades de evaluación para la protección del euro con las principales partes interesadas (en particular las autoridades nacionales competentes designadas por los Estados miembros, el Banco Central Europeo y Europol) en el comité a que se hace referencia en el Reglamento (CE) no 1338/2001, particularmente por lo que respecta a los intercambios, la asistencia y la formación, a efectos de aplicar el programa Pericles 2020.
El programa Pericles 2020 debe aplicarse de acuerdo con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). De conformidad con dicho Reglamento, una subvención no puede estar destinada exclusivamente a la adquisición de equipos. Se entiende que una subvención financiará «una acción destinada a promover la consecución de un objetivo de una política de la Unión».
La importancia que reviste el euro como moneda mundial requiere un nivel adecuado de protección a escala internacional, que se puede alcanzar poniendo a disposición fondos para la adquisición de equipos que utilizarán los servicios de terceros países que investiguen la falsificación de dicha moneda.
La evaluación del programa Pericles llevado a cabo con las partes interesadas demuestra el valor añadido de dicho programa, en términos del elevado nivel de cooperación entre los Estados miembros y con terceros países, así como su complementariedad con actuaciones realizadas a escala nacional, lo que produce un incremento de la eficacia. Se espera que la continuación del programa Pericles a nivel de la Unión contribuya considerablemente a mantener y mejorar el gran nivel de protección del euro, unido a la intensificación de la cooperación transfronteriza, el intercambio y la asistencia. Al mismo tiempo, se logrará un ahorro global gracias a las actividades y a la contratación organizadas de forma colectiva, en comparación con potenciales iniciativas nacionales individuales.
La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación intermedio e independiente sobre la ejecución del programa Pericles 2020, así como un informe de evaluación final sobre la realización de sus objetivos.
El presente Reglamento se ajusta a los principios de valor añadido y proporcionalidad. El programa Pericles 2020 debe facilitar la cooperación entre los Estados miembros y entre la Comisión y los Estados miembros para proteger el euro contra la falsificación, sin por ello afectar a las responsabilidades de los Estados miembros, y utilizando los recursos de manera más eficiente de lo que podría hacerse a nivel nacional. La actuación a nivel de la Unión es necesaria y está justificada, ya que ayuda claramente a los Estados miembros a proteger colectivamente el euro y alienta a utilizar estructuras comunes de la UE para incrementar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes.
El programa Pericles 2020 debe funcionar durante un período de siete años para adaptar su duración a la del Marco Financiero Plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (12).
A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del programa Pericles 2020, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. La Comisión debe adoptar los programas de trabajo anuales que establecen las prioridades, el desglose presupuestario y los criterios de evaluación para las subvenciones destinadas a acciones. La Comisión debe debatir con los Estados miembros la aplicación del presente Reglamento, en el marco del comité a que se hace referencia en el Reglamento (CE) no 1338/2001. Los casos excepcionales y debidamente justificados en que sea necesario un incremento de la cofinanciación para conceder a los Estados miembros una mayor flexibilidad económica que les permita realizar y completar proyectos para proteger y salvaguardar el euro de manera satisfactoria, deben estar incluidos en el programa de trabajo anual.
El presente Reglamento establece una dotación financiera para toda la duración del programa Pericles 2020, que ha de constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del punto 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (13).
A fin de prever un grado de flexibilidad en la asignación de fondos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la modificación de la asignación indicativa de dichos fondos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, sanciones administrativas y financieras.
Deben derogarse las Decisiones 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE y 2006/850/CE. Es preciso establecer medidas transitorias para completar las obligaciones financieras relativas a las actuaciones contempladas en dichas decisiones.
La transición del programa Pericles al programa Pericles 2020 debe ser fluida y sin interrupciones, por lo que procede ajustar la duración de este último al Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013. En consecuencia, el programa Pericles 2020 debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2014.
Se establece el programa de acción plurianual destinado a promover las acciones para la protección y salvaguarda del euro contra la falsificación y los fraudes relacionados con ella, «Pericles 2020» («el Programa»), en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
El objetivo general del Programa será prevenir y combatir la falsificación y los fraudes relacionados con la misma, mejorando así la competitividad de la economía de la Unión y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Organismos que pueden recibir financiación
Los organismos que podrán recibir financiación con arreglo al Programa serán las autoridades nacionales competentes tal como se definen en el artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1338/2001.
1. Los países participantes serán los Estados miembros que hayan adoptado el euro como moneda única.
2. Las propuestas presentadas por los Estados miembros a que se refiere el apartado 1 podrán incluir participantes de terceros países, en caso de que ello sea importante para la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos, respectivamente, en los artículos 3 y 4.
1. El Programa estará orientado a la participación de los siguientes grupos:
el personal de los organismos que intervienen en la detección y persecución de la falsificación de moneda (en particular las fuerzas de seguridad y las administraciones financieras, según sus distintas atribuciones en el ámbito nacional);
el personal de los servicios de información;
los representantes de los bancos centrales nacionales, de las fábricas de moneda nacionales, de los bancos comerciales y de los demás intermediarios financieros, especialmente en relación con las obligaciones de las entidades financieras;
los magistrados y los juristas y miembros de la judicatura especializados en este ámbito;
cualquier otro grupo de especialistas interesado, como cámaras de comercio e industria o estructuras equivalentes que puedan facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, los minoristas y las empresas de transporte de fondos.
los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo (BCE);
los Centros Nacionales de Análisis (CNA) y los Centros Nacionales de Análisis de Monedas (CNAM);
el Centro Técnico y Científico Europeo (CTCE) y las Fábricas de moneda;
las oficinas centrales nacionales de lucha contra la falsificación de moneda previstas en el artículo 12 del Convenio de represión de la falsificación de moneda, firmado en Ginebra el 20 de abril de 1929 (14), así como los demás servicios especializados en la prevención, la detección y la represión de la falsificación de moneda;
los organismos especializados en materia de técnica de reprografía y autenticación, los impresores y grabadores;
organismos distintos de los referidos en las letras a) a f), que cuenten con conocimientos técnicos específicos, incluidos, cuando proceda, los de terceros países, en particular los de Estados adherentes y países candidatos, y
las entidades privadas que hayan desarrollado y acreditado conocimientos técnicos y los equipos especializados en la detección de billetes y monedas falsificados.
1. El Programa tendrá en cuenta los aspectos transnacionales e interdisciplinares de la lucha contra la falsificación y promoverá las buenas prácticas adaptadas a las características nacionales de cada Estado miembro.
2. El Programa, con arreglo a las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales mencionados en el artículo 11, proporcionará apoyo financiero a las siguientes acciones:
el intercambio y la difusión de información, en particular mediante la organización de talleres, reuniones y seminarios, incluida la formación, contrataciones adaptadas e intercambios de personal de las autoridades nacionales competentes y otras acciones similares. El intercambio de información se referirá entre otras cosas a:
los métodos para supervisar y analizar la incidencia económica y financiera de la falsificación de moneda,
el funcionamiento de las bases de datos y los sistemas de alerta temprana,
la utilización de herramientas de detección, especialmente con ayuda de aplicaciones informáticas,
los métodos de instrucción e investigación,
la colaboración científica, en particular, bases de datos científicos y vigilancia tecnológica/seguimiento de la evolución de los acontecimientos,
la protección del euro fuera de la Unión,
las actividades de investigación,
la aportación de competencias operativas especializadas;
la asistencia técnica, científica y operativa, dado que parece necesaria como parte del Programa, estará dirigida, en particular a:
cualquier medida apropiada que permita desarrollar a nivel de la Unión instrumentos pedagógicos, como por ejemplo una guía de la legislación de la Unión, boletines informativos, manuales prácticos, glosarios y léxicos, bases de datos, especialmente en materia de asistencia científica o vigilancia tecnológica, o aplicaciones de apoyo informáticas como programas informáticos,
la realización de estudios que tengan un interés interdisciplinar y transnacional,
el desarrollo de instrumentos y métodos técnicos de apoyo a las acciones de detección en el plano de la Unión,
el suministro de apoyo financiero para la cooperación en operaciones que afecten como mínimo a dos Estados, cuando dicho apoyo no pueda obtenerse de otros programas de las instituciones y organismos europeos;
subvenciones para financiar la compra de equipo destinado a las autoridades de lucha contra la falsificación de moneda para proteger el euro contra la falsificación, de conformidad con el artículo 10, apartado 3.
1. La dotación financiera para la ejecución del Programa para el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 será de 7 344 000 EUR (en precios corrientes).
2. Dentro de los límites de la dotación financiera para el Programa, los fondos se asignarán a las acciones financiables enumeradas en el artículo 8, apartado 2, con arreglo a la asignación indicativa de fondos que figura en el anexo.
La Comisión no se desviará de dicha asignación indicativa de fondos en más del 10 %. En caso de que fuera preciso rebasar esos límites, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14 para modificar la asignación indicativa de los importes que figura en el anexo.
3. El Parlamento Europeo y el Consejo autorizarán las asignaciones anuales dentro de los límites del marco financiero plurianual.
Tipos de apoyo financiero y cofinanciación
2. El apoyo financiero del Programa para las acciones financiables contempladas en el artículo 8, apartado 2, adoptará la forma de:
subvenciones, o
3. La adquisición de equipo no constituirá el único componente del acuerdo de subvención.
4. El porcentaje de cofinanciación para las subvenciones concedidas en virtud del Programa no sobrepasará el 75 % de los gastos financiables. En casos excepcionales y debidamente justificados, definidos en los programas de trabajo anuales mencionados en el artículo 11, el porcentaje de cofinanciación no sobrepasará el 90 % de los gastos financiables.
5. Cuando las acciones financiables contempladas en el artículo 8, apartado 2, sean organizadas conjuntamente por la Comisión y el BCE, Eurojust, Europol o Interpol, los gastos correspondientes se dividirán entre ellos. Cada parte asumirá en cualquier caso los gastos de viaje y alojamiento de sus propios conferenciantes.
Con el fin de ejecutar el Programa, la Comisión adoptará programas de trabajo anuales.
Cada programa de trabajo anual pondrá en práctica los objetivos generales y específicos establecidos en los artículos 3 y 4 respectivamente, fijando lo siguiente:
las acciones que vayan a acometerse, de acuerdo con dichos objetivos generales y específicos, incluidos la asignación indicativa de los fondos y el método de ejecución;
en el caso de las subvenciones, los criterios esenciales de selección y el porcentaje máximo posible de cofinanciación.
Los fondos asignados a las acciones de comunicación con arreglo al Programa también contribuirán a financiar la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, siempre que estas guarden relación con los objetivos generales establecidos en el artículo 3.
1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales, mediante la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, mediante la imposición de sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias.
3. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, de conformidad con las disposiciones y los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), y el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo (16), con vistas a determinar la existencia de fraude, corrupción o cualesquiera otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato financiado por el Programa.
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DELEGACIÓN DE PODERES
1. El Programa será ejecutado por la Comisión en cooperación con los Estados miembros, mediante consultas periódicas en diferentes fases de la ejecución del Programa, en el comité mencionado en el Reglamento (CE) no 1338/2001, teniendo en cuenta las medidas pertinentes emprendidas por otras entidades competentes, en particular el BCE y Europol.
2. La Comisión procurará garantizar la coherencia y complementariedad entre el Programa y otros programas y acciones pertinentes a escala de la Unión.
3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre los resultados del Programa. En dicho informe se incluirá información sobre su coherencia y complementariedad con otros programas y acciones a nivel de la Unión. La Comisión divulgará constantemente los resultados de las acciones apoyadas con arreglo al Programa. Todos los países participantes y demás beneficiarios facilitarán a la Comisión todos los datos y la información necesarios para el seguimiento y la evaluación del Programa.
4. La Comisión llevará a cabo una evaluación del Programa. La Comisión presentará a más tardar el 31 de diciembre de 2017 un informe intermedio de evaluación independiente de la consecución de los objetivos de todas las medidas (en cuanto a resultados e incidencia), la eficiencia y la rentabilidad en la utilización de los recursos y su valor añadido para la Unión. El informe de evaluación se elaborará a efectos de adoptar una decisión informada sobre la renovación, modificación o suspensión de las medidas. La evaluación examinará además el margen de simplificación, la coherencia interna y externa, el mantenimiento de la pertinencia de todos los objetivos, así como la contribución de las medidas a las prioridades de la Unión en términos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Tendrá en cuenta los resultados de las evaluaciones de la incidencia a largo plazo de las medidas anteriores.
5. Las repercusiones a largo plazo y la sostenibilidad de los efectos del Programa serán evaluados asimismo con vistas a llegar a una decisión informada sobre la posible renovación, modificación o suspensión de cualquier programa posterior.
6. Por otra parte, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe final de evaluación sobre la realización de los objetivos del Programa.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 9 se otorgan a la Comisión del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020.
Quedan derogadas las Decisiones 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE y 2006/850/CE.
No obstante, las obligaciones financieras derivadas de las acciones que se lleven a cabo en virtud de las citadas decisiones seguirán rigiéndose por ellas hasta el cumplimiento de dichas obligaciones.
(1) DO C 137 de 12.5.2012, p. 7.
(3) Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (DO L 181 de 4.7.2001, p. 6).
(4) Reglamento (CE) no 1339/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, que amplía los efectos del Reglamento (CE) no 1338/2001 por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación a los Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única (DO L 181 de 4.7.2001, p. 11).
(5) Decisión 2001/923/CE del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO L 339 de 21.12.2001, p. 50).
(6) Decisión 2001/924/CE del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, que amplía los efectos de la Decisión por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») a los Estados miembros que no hayan adoptado el euro como moneda única (DO L 339 de 21.12.2001, p. 55).
(7) Decisión 2006/75/CE del Consejo, de 30 de enero de 2006, que modifica y prorroga la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa Pericles) (DO L 36 de 8.2.2006, p. 40).
(8) Decisión 2006/76/CE del Consejo, de 30 de enero de 2006, por la que se amplía a los Estados miembros no participantes la aplicación de la Decisión 2006/75/CE, que modifica y prorroga la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa Pericles) (DO L 36 de 8.2.2006, p. 42).
(9) Decisión 2006/849/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, que modifica y prorroga la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa Pericles) (DO L 330 de 28.11.2006, p. 28).
(10) Decisión 2006/850/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se amplía a los Estados miembros no participantes la aplicación de la Decisión 2006/849/CE, que modifica y prorroga la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa Pericles) (DO L 330 de 28.11.2006, p. 30).
(12) Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
(14) Sociedad de Naciones, Serie Tratados no 2623 (1931), p. 372.
Asignación indicativa de fondos para las acciones financiables enumeradas en el artículo 8, apartado 2
Dentro de los límites de la dotación financiera para el Programa establecidos en el artículo 9, al menos el 90 % del presupuesto se asignará a las siguientes acciones financiables enumeradas en el artículo 8, apartado 2:
intercambio y divulgación de información,
asistencia técnica, científica y operativa,
subvenciones para financiar la compra de equipos para organismos especializados en la lucha contra la falsificación de moneda.
REGLAMENTO (UE) No 332/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra
El 29 de abril de 2008 se firmó entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, el Acuerdo de Estabilización y Asociación («AEA»), que se celebró el 22 de julio de 2013 (2). El AEA entró en vigor el 1 de septiembre de 2013.
Es necesario establecer normas de aplicación de determinadas disposiciones del AEA, así como los procedimientos para la adopción de normas de aplicación detalladas.
A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del AEA, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Dado que los actos de ejecución forman parte de la política comercial común, en principio debe utilizarse el procedimiento de examen para su adopción. Cuando el AEA prevea la posibilidad, en circunstancias excepcionales y graves, de aplicar inmediatamente las medidas necesarias para hacer frente a la situación, la Comisión debe adoptar dichos actos de ejecución inmediatamente. Cuando lo requieran razones imperiosas de urgencia, la Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables en casos debidamente justificados que se refieran a medidas relativas a los productos agrícolas y pesqueros.
El AEA establece que determinados productos agrícolas y pesqueros originarios de Serbia pueden importarse en la Unión con derechos de aduana reducidos, dentro de los límites de los contingentes arancelarios. Es, pues, necesario establecer disposiciones que regulen la gestión y revisión de esos contingentes arancelarios para posibilitar una evaluación exhaustiva de los mismos.
Cuando sean necesarias medidas de defensa comercial, deben adoptarse de conformidad con el Reglamento (CE) no 260/2009 del Consejo (4), con el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo (5), o, en su caso, con el Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo (6).
Cuando un Estado miembro ofrezca información a la Comisión sobre un posible caso de fraude o ausencia de cooperación administrativa, debe aplicarse la legislación de la Unión pertinente, en particular el Reglamento (CE) no 515/97 del Consejo (7).
El presente Reglamento contiene medidas de aplicación del AEA, y por lo tanto debe aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor del AEA.
Con la entrada en vigor del AEA, este ha sustituido al Acuerdo Interino sobre Comercio y Asuntos Comerciales entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Serbia, por otra (8) (en lo sucesivo, «el Acuerdo Interino»), que entró en vigor el 1 de febrero de 2010 y que establecía la pronta entrada en vigor de las disposiciones comerciales y relacionadas con el comercio del AEA. Con el fin de velar por la aplicación y gestión efectivas de los contingentes concedidos en virtud del Acuerdo Interino y del AEA, y para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de trato en la percepción de los derechos, algunas disposiciones del presente Reglamento deben aplicarse desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo Interino.
Concesiones para el pescado y los productos de la pesca
1 % o menos en el caso de derechos ad valorem;
1 EUR o menos por importe individual en los derechos específicos.
Circunstancias excepcionales y graves
Cláusula de salvaguardia para productos agrícolas y pesqueros
en el plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de dicha solicitud, cuando no sea de aplicación el procedimiento de remisión previsto en el artículo 41 del AEA, o
en el plazo de tres días a partir del final del período de treinta días al que se refiere el artículo 41, apartado 5, letra a), del AEA, cuando sea de aplicación el procedimiento de remisión al que se refiere el artículo 41 del AEA.
A efectos de la aplicación del artículo 32, apartado 2, del AEA, la Unión establecerá la vigilancia de las importaciones de los productos enumerados en el anexo V del Protocolo 3 del AEA. Se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (9).
En caso de prácticas que puedan hacer que la Unión tome las medidas previstas en el artículo 40, apartado 2, del AEA, la introducción de medidas antidumping y/o compensatorias se determinará de acuerdo con lo dispuesto, respectivamente, en el Reglamento (CE) no 1225/2009 y en el Reglamento (CE) no 597/2009.
Las medidas previstas en el artículo 73, apartado 10, del AEA, se adoptarán en los casos de ayuda de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) no 597/2009.
Fraude o ausencia de cooperación administrativa
a informar al Parlamento Europeo y al Consejo, y
a notificar su conclusión, junto con la información objetiva en que se basa, al Comité de Estabilización y Asociación, e iniciará consultas con este.
1. A efectos de la aplicación de los artículos 2, 4 y 12, del presente Reglamento, la Comisión estará asistida por el Comité del Código Aduanero establecido en el artículo 184 del Reglamento (CE) no 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.
2. A efectos de la aplicación de los artículos 5 a 8 del presente Reglamento, la Comisión estará asistida por el comité establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 260/2009. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.
4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8, apartados 1 a 4, del Reglamento (UE) no 182/2011, en relación con su artículo 5.
Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2013. No obstante, los artículos 2, 3 y 4 serán aplicables a partir del 1 de febrero de 2010.
(1) Posición del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2012 (no publicada aún en el Diario Oficial) y posición del Consejo en primera lectura de 28 de enero de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial).
(2) Decisión 2013/490/UE, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 22 de julio de 2013, relativa a la celebración del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra (DO L 278 de 18.10.2013, p. 14). El Acuerdo se publicó junto con dicha Decisión en el DO L 278 de 18.10.2013, p. 16.
(4) Reglamento (CE) no 260/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre el régimen común aplicable a las importaciones (DO L 84 de 31.3.2009, p. 1).
(5) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343 de 22.12.2009, p. 51).
(6) Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 188 de 18.7.2009, p. 93).
(7) Reglamento (CE) no 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
(8) DO L 28 de 30.1.2010, p. 1.
(10) Reglamento (CE) no 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (DO L 145 de 4.6.2008, p. 1).
REGLAMENTO (UE) No 333/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 443/2009 a fin de definir las modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos
De acuerdo con el artículo 13, apartado 5, del Reglamento (CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Comisión debe revisar las modalidades para alcanzar el objetivo de 95 g de CO2/km para 2020 de forma rentable, incluidas las fórmulas establecidas en el anexo I de dicho Reglamento y las excepciones contempladas en el artículo 11 del mismo. Es conveniente que el presente Reglamento sea tan neutro como sea posible desde el punto de vista de la competencia, socialmente equitativo y sostenible.
Un mayor desarrollo del mercado mundial de tecnologías avanzadas destinadas a mejorar la eficiencia de los turismos está en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 21 de enero de 2011 titulada: «Una Europa que utilice eficazmente los recursos — Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020», que apoya el cambio a una economía hipocarbónica y que haga un uso eficiente de los recursos para lograr un crecimiento sostenible.
Procede aclarar que, a efectos de la verificación del cumplimiento del objetivo de 95 g de CO2/km, las emisiones de CO2 deben seguir midiéndose de conformidad con el Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), así como con sus medidas de ejecución y mediante tecnologías innovadoras.
Unos precios elevados de los combustibles fósiles tienen un impacto negativo en la recuperación económica, la seguridad energética y la asequibilidad de la energía en la Unión. Resulta por lo tanto prioritario aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, reduciendo así la dependencia de los hidrocarburos.
Reconociendo los altos costes de investigación y desarrollo, así como de los costes unitarios de producción de las generaciones anteriores de vehículos hipocarbónicos, procede agilizar y facilitar, con carácter provisional y hasta cierto límite, su proceso de introducción en el mercado de la Unión en sus fases iniciales de comercialización. Los agentes a diferentes niveles deben prestar la adecuada atención a determinar y difundir las mejores prácticas para estimular la demanda de vehículos hipocarbónicos.
La falta de una infraestructura para los combustibles alternativos y de especificaciones técnicas comunes para la interfaz entre los vehículos y la infraestructura correspondiente constituye un obstáculo para que el mercado adopte los vehículos hipocarbónicos. Garantizar la construcción de dicha infraestructura en la Unión podría facilitar el funcionamiento de las fuerzas del mercado y contribuir al crecimiento económico en Europa.
Reconociendo las repercusiones desproporcionadas en los fabricantes más pequeños derivadas del cumplimiento de objetivos de emisiones específicas definidos en función de la utilidad de los vehículos, la elevada carga administrativa del procedimiento de excepción y el beneficio marginal derivado, en términos de reducción de emisiones de CO2, de los vehículos vendidos por esos fabricantes, los fabricantes responsables de menos de 1 000 turismos nuevos matriculados anualmente en la Unión deben estar excluidos del ámbito de aplicación del objetivo de emisiones específicas y de la prima por exceso de emisiones. Para garantizar que desde el principio dichos fabricantes gocen de seguridad jurídica, es fundamental que esta excepción se aplique a partir del 1 de enero de 2012.
Debe mantenerse después de 2020 el procedimiento de concesión de excepciones a los fabricantes especializados. No obstante, con el fin de garantizar que el esfuerzo de reducción exigido a los fabricantes especializados sea coherente con el de los grandes fabricantes, se debe aplicar a partir de 2020 un objetivo de un 45 % menos que las emisiones medias específicas de los fabricantes especializados en 2007.
Para permitir a la industria del automóvil realizar inversiones a largo plazo e innovar, conviene indicar cómo debe modificarse el Reglamento (CE) no 443/2009 de cara al período posterior a 2020. Dichas indicaciones deben basarse en una evaluación del porcentaje de reducción necesario conforme a los objetivos climáticos a largo plazo de la Unión y de sus repercusiones en la creación de tecnología rentable de reducción de CO2 para los automóviles. La Comisión, a más tardar en 2015, debe revisar estos aspectos y presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo con sus conclusiones. En el informe deben incluirse, en su caso, propuestas de modificación del Reglamento (CE) no 443/2009 a fin de establecer objetivos en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos después de 2020, incluido el posible establecimiento de un objetivo realista y viable para 2025, basado en una evaluación general de impacto que tendrá en cuenta la continuidad de la competitividad de la industria del automóvil y sus industrias dependientes, a la vez que se mantiene una trayectoria clara de reducción de emisiones comparable a la lograda hasta 2020. A la hora de elaborar dichas propuestas, la Comisión debe asegurarse de que son lo más neutras posibles desde el punto de vista de la competencia, y que son socialmente equitativas y sostenibles.
En virtud del Reglamento (CE) no 443/2009, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto con el fin de revisar los procedimientos de ensayo para que reflejen debidamente el comportamiento real de los vehículos en materia de emisiones de CO2. Es preciso modificar el «Nuevo Ciclo de Conducción Europeo» (NEDC), utilizado en la actualidad, para garantizar que sea representativo de las condiciones reales de conducción y evitar infraestimaciones de las emisiones reales de CO2 y de consumo de combustible. Procede convenir en cuanto sea factible un procedimiento de ensayo nuevo, más realista y fiable. Los trabajos en este sentido se están efectuando mediante la elaboración de un procedimiento armonizado a nivel mundial de ensayo de vehículos ligeros (WLTP) en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, pero aún no han concluido. Dicho procedimiento debe aplicarse lo antes posible con el fin de garantizar que las emisiones específicas de CO2 para los turismos nuevos se adapten mejor a las emisiones realmente generadas en condiciones normales de uso. En ese contexto, el anexo I del Reglamento (CE) no 443/2009 establece límites de emisión para 2020 medidos con arreglo al Reglamento (CE) no 715/2007 y al anexo XII del Reglamento (CE) no 692/2008 de la Comisión (5). Cuando se modifiquen los procedimientos de ensayo, los límites establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) no 443/2009 deben adaptarse para garantizar una exigencia comparable para todos los fabricantes y clases de vehículos. En consecuencia, la Comisión debe realizar un estudio de correlación significativo entre el NEDC y los nuevos ciclos de ensayo WLTP con objeto de garantizar que son representativos de las condiciones reales de conducción.
A fin de garantizar que las emisiones reales se reflejen correctamente y que los valores de CO2 medidos sean estrictamente comparables, la Comisión debe garantizar que se definan estrictamente los elementos que influyan de forma considerable en las emisiones de CO2 durante el procedimiento de ensayo, con objeto de evitar que los fabricantes utilicen mecanismos de flexibilidad del ciclo de ensayos. Debe hacerse frente a las divergencias entre los valores de emisión de CO2 en la homologación de tipo y las emisiones procedentes de los vehículos puestos a la venta, también mediante el estudio de un procedimiento de ensayo de conformidad en funcionamiento que garantice un ensayo independiente de una muestra representativa de vehículos a la venta, así como la manera de abordar los casos de divergencia importante demostrada entre las emisiones del examen y las emisiones iniciales de CO2 en la homologación de tipo.
Debe modificarse la redacción del artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 443/2009 para garantizar que el concepto de empresas vinculadas se ajuste al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (6) y al artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) no 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).
El Reglamento (CE) no 443/2009 del Consejo confiere a la Comisión competencias para aplicar algunas de sus disposiciones de conformidad con los procedimientos establecidos en la Decisión 1999/468/CE del Consejo (8). Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, dichas competencias deben adaptarse a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del Reglamento (CE) no 443/2009, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).
Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE a fin de modificar el anexo II del Reglamento (CE) no 443/2009 por lo que respecta a los requisitos en materia de datos y parámetros de los datos; de complementar las normas relativas a la interpretación de los criterios para poder acogerse a una excepción de los objetivos específicos de misión, al contenido de las solicitudes de excepción y al contenido y evaluación de los programas de reducción de emisiones específicas de CO2; de ajustar la cifra de M0 a que se refiere el anexo I del Reglamento (CE) no 443/2009 a la masa media de los turismos nuevos en los tres años civiles anteriores, y de adaptar las fórmulas que figuran en el anexo I al Reglamento (CE) no 443/2009. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
Conviene mantener el planteamiento de fijar el objetivo basado en una relación lineal entre la utilidad de los automóviles y su objetivo de emisiones de CO2 expresada mediante las fórmulas establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) no 443/2009, ya que ello permite mantener la diversidad del mercado de los vehículos de turismo y la capacidad de los fabricantes de hacer frente a las distintas necesidades de los consumidores, evitando por lo tanto cualquier distorsión injustificada de la competencia.
En su evaluación de impacto, la Comisión ha estudiado la disponibilidad de datos relativos a la huella y al uso de esta como parámetro de utilidad en las fórmulas establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) no 443/2009. Sobre la base de evaluación, la Comisión ha concluido que el parámetro de utilidad usado en la fórmula para 2020 debe ser la masa. No obstante, las ventajas y el menor coste de la adopción de la huella como parámetro de utilidad deben estudiarse en una revisión futura.
Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el suministro energético y la fabricación y eliminación de vehículos constituyen actualmente componentes significativos de la huella de carbono del transporte por carretera en general y es probable que cobren mayor relevancia en el futuro. Por tanto, deben tomarse medidas políticas para orientar a los fabricantes hacia soluciones óptimas que tengan en cuenta, en particular, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de energía que se suministra a los vehículos, como la electricidad y los combustibles alternativos, así como para garantizar que dichas emisiones desde la fuente no minen los beneficios relacionados con la mejora del uso operativo de la energía de los vehículos, como pretende el Reglamento (CE) no 443/2009.
Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, definir las modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) no 443/2009 en consecuencia.
El Reglamento (CE) no 443/2009 queda modificado como sigue:
En el artículo 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«El presente Reglamento fija un objetivo, aplicable a partir de 2020, de 95 g de CO2/km de emisiones medias para el parque de turismos nuevos, medidas con arreglo al Reglamento (CE) no 715/2007 y al anexo XII del Reglamento (CE) no 692/2008 y sus medidas de ejecución, así como mediante tecnologías innovadoras.».
En el artículo 3, apartado 2, letra a), el primer guion se sustituye por el texto siguiente:
del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto, o».
100 % de 2015 a 2019,
100 % a más tardar al final de 2020 y en adelante.».
2 turismos en 2020,
1,67 turismos en 2021,
1,33 turismos en 2022,
1 turismo a partir de 2023,
En el artículo 8, el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente:
en el apartado 3 se suprime la última frase;
en el apartado 4, párrafo segundo, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
si la solicitud se refiere al punto 1, letras a) y b), del anexo I, un objetivo que suponga una reducción del 25 % respecto de las emisiones medias específicas de CO2 en 2007 o, cuando se presente una única solicitud respecto a una serie de empresas vinculadas, una reducción del 25 % respecto de las emisiones medias específicas de CO2 de dichas empresas en 2007;»;
en el apartado 4, párrafo segundo, se añade la letra siguiente:
si la solicitud se refiere al punto 1, letra c), del anexo I, un objetivo que suponga una reducción del 45 % respecto del promedio de emisiones específicas de CO2 en 2007 o, cuando se presente una única solicitud respecto a una serie de empresas vinculadas, una reducción del 45 % respecto de las emisiones medias específicas de CO2 de dichas empresas en 2007.»;
«1. Se tendrán en cuenta las reducciones de CO2 logradas mediante el uso de tecnologías innovadoras o de una combinación de estas (“paquete de tecnologías innovadoras”), previa solicitud de un proveedor o fabricante.
La contribución total de esas tecnologías a la reducción del objetivo de emisiones específicas de un fabricante podrá elevarse a 7 g de CO2/km.»;
en el apartado 3, se suprime el párrafo segundo;
«7. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los parámetros de correlación necesarios con objeto de reflejar cualquier cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario para medir emisiones específicas de CO2 a que se refieren el Reglamento (CE) no 715/2007 y el Reglamento (CE) no 692/2008. Dichos acto de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 14, apartado 2, del presente Reglamento.
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Cambio Climático establecido en virtud del artículo 9 de la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).
(10) Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto (DO L 49 de 19.2.2004, p. 1)."
(11) Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»."
a= 0,0333.».
en la parte A, punto 1, se añade la letra siguiente:
potencia máxima neta.»;
en el cuadro «Datos indicados en el punto 1 de la parte A», se añade la columna siguiente:
(2) Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2014.
(3) Reglamento (CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 5.6.2009, p. 1).
(6) Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).
(7) Reglamento (UE) no 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1).
REGLAMENTO (UE) No 334/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (UE) no 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en relación con determinadas condiciones de acceso al mercado
El artículo 2 del Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece el ámbito de aplicación de ese Reglamento y excluye del mismo, entre otros, los biocidas utilizados como auxiliares tecnológicos. El artículo 2, apartado 5, debe modificarse para aclarar sin que quepa lugar a duda que por «auxiliares tecnológicos» se entienden los definidos en los Reglamentos (CE) no 1831/2003 (4) y (CE) no 1333/2008 (5) del Parlamento Europeo y del Consejo.
El artículo 3, apartado 1, letra s), y el artículo 19, apartado 6, del Reglamento (UE) no 528/2012 deben modificarse para permitir que biocidas similares formen parte de una familia de biocidas si pueden evaluarse satisfactoriamente sobre la base de unos riesgos máximos y un nivel mínimo de eficacia identificables.
En el artículo 19, apartado 1, letra e), y en el artículo 19, apartado 7, del Reglamento (UE) no 528/2012, conviene aclarar que los límites que deben establecerse de conformidad con el Reglamento (CE) no 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) son límites específicos de migración o límites para el contenido residual de materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos.
A fin de garantizar la coherencia entre el Reglamento (UE) no 528/2012 y el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), debe modificarse el artículo 19, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) no 528/2012 para incluir como criterio de clasificación la toxicidad específica en determinados órganos por exposición única o repetida, categoría 1, y descartar así la autorización de comercialización, para su uso por el público en general, de un biocida que cumpla los criterios para esta clasificación. El artículo 19, apartado 4, letra c), del Reglamento (UE) no 528/2012 prohíbe la autorización de comercialización, para su uso por el público en general, de los biocidas que cumplen los criterios para ser considerados persistentes, bioacumulables y tóxicos («PBT») o muy persistentes y muy bioacumulables (mPmB), de conformidad con el anexo XIII del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). No obstante, aunque los biocidas a menudo son mezclas y a veces artículos, esos criterios se aplican únicamente a las sustancias. El artículo 19, apartado 4, letra c), del Reglamento (UE) no 528/2012 debe referirse, por tanto, a los biocidas que estén compuestos por, o generen, sustancias que cumplen esos criterios.
Dado que el anexo VI del Reglamento (UE) no 528/2012 no contempla la evaluación comparativa, debe suprimirse la referencia a dicho anexo en el artículo 23, apartado 3, del citado Reglamento.
Debe modificarse el artículo 34, apartado 4, del Reglamento (UE) no 528/2012 para corregir la referencia cruzada al artículo 30.
De acuerdo con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) no 528/2012, en caso de que todos los Estados miembros lleguen a un acuerdo con el Estado miembro de referencia sobre el reconocimiento mutuo, debe autorizarse el biocida de conformidad con su artículo 33, apartado 4, o su artículo 34, apartado 6. No obstante, las disposiciones relativas a las decisiones adoptadas por todos los Estados miembros de conceder autorizaciones mediante reconocimiento mutuo figuran en el artículo 33, apartado 3, y el artículo 34, apartado 6, del citado Reglamento. Por consiguiente, procede modificar el artículo 35, apartado 3.
El artículo 45, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) no 528/2012 exige que la solicitud de renovación de una autorización de la Unión vaya acompañada del pago de las tasas con arreglo al artículo 80, apartado 1, del citado Reglamento. No obstante, las tasas no pueden abonarse hasta que la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos («la Agencia») comunique su importe, de conformidad con el artículo 45, apartado 3, párrafo segundo, del citado Reglamento. Por tanto, y para garantizar la coherencia con el artículo 7, apartado 1, el artículo 13, apartado 1, y el artículo 43, apartado 1, del citado Reglamento, debe suprimirse el artículo 45, apartado 1, párrafo segundo.
El empleo de la palabra «eliminación» en los artículos 52, 89 y 95 del Reglamento (UE) no 528/2012 podría inducir a error y originar problemas de interpretación teniendo en cuenta las obligaciones impuestas por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Por consiguiente, debe suprimirse.
Deben introducirse algunas correcciones técnicas en el artículo 54 del Reglamento (UE) no 528/2012 a fin de evitar duplicidades entre los apartados 1 y 3 del artículo 54 en lo que se refiere al pago de la tasa que corresponda de conformidad con el artículo 80, apartado 1.
Los párrafos primero y segundo del artículo 60, apartado 3, del Reglamento (UE) no 528/2012 se refieren a las autorizaciones concedidas de conformidad con su artículo 30, apartado 4, su artículo 34, apartado 6, o su artículo 44, apartado 4. No obstante, las disposiciones relativas a las decisiones de conceder autorizaciones figuran en el artículo 30, apartado 1, el artículo 33, apartados 3 y 4, el artículo 34, apartados 6 y 7, el artículo 36, apartado 4, el artículo 37, apartados 2 y 3, y el artículo 44, apartado 5, de dicho Reglamento. Además, el párrafo segundo de su artículo 60, apartado 3, no indica ningún plazo de protección de los datos a que se refiere el artículo 20, apartado 1, letra b), presentados en una solicitud con arreglo a su artículo 26, apartado 1. Por tanto, el artículo 60, apartado 3, debe referirse también al artículo 26, apartado 3, el artículo 30, apartado 1, el artículo 33, apartados 3 y 4, el artículo 34, apartados 6 y 7, el artículo 36, apartado 4, el artículo 37, apartados 2 y 3, y el artículo 44, apartado 5, del citado Reglamento.
Debe modificarse el artículo 66, apartado 4, del Reglamento (UE) no 528/2012 para corregir la referencia cruzada al artículo 67.
Para facilitar una buena cooperación, coordinación e intercambio de información entre los Estados miembros, la Agencia y la Comisión en materia de ejecución, la Agencia también debe encargarse de prestar apoyo y asistencia a los Estados miembros en relación con las actividades de control y ejecución, haciendo uso de las estructuras existentes, si se considera apropiado.
A fin de permitir la preparación de las solicitudes de autorización de biocidas antes de la fecha de aprobación de una sustancia activa de conformidad con el artículo 89, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (UE) no 528/2012, el acceso público por medios electrónicos a la información sobre sustancias activas establecido en su artículo 67 ha de estar disponible a partir del día en que la Comisión adopte el Reglamento por el que se aprueba dicha sustancia activa.
El artículo 77, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 528/2012 prevé que las decisiones de la Agencia adoptadas en virtud del su artículo 26, apartado 2, puedan recurrirse. No obstante, dado que el artículo 26, apartado 2, no faculta a la Agencia para tomar decisiones, debe suprimirse la referencia a dicho artículo en el artículo 77, apartado 1.
El artículo 86 del Reglamento (UE) no 528/2012 se refiere a las sustancias activas incluidas en el anexo I de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Debe precisarse que ese artículo se aplica a todas las sustancias activas respecto a las cuales la Comisión haya adoptado una directiva que las incluya en dicho anexo, que las condiciones de tal inclusión se aplican a la aprobación y que la fecha de aprobación es la fecha de inclusión.
El artículo 89, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 528/2012 permite que los Estados miembros apliquen su sistema actual hasta dos años después de la fecha de aprobación de una sustancia activa. Su artículo 89, apartado 3, párrafo primero, exige a los Estados miembros que velen por que se concedan, modifiquen o cancelen las autorizaciones de biocidas en el plazo de dos años desde la aprobación de una sustancia activa. No obstante, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la ejecución de las diferentes etapas del proceso de autorización, en particular en caso de que persista un desacuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, lo que supone que debe remitirse a la Comisión a efectos de decisión, conviene ampliar esos plazos a tres años y reflejar esa ampliación en el artículo 37, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento.
El artículo 89, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 528/2012 autoriza a los Estados miembros a aplicar su sistema actual a las sustancias activas existentes. Un biocida podría contener una combinación de nuevas sustancias activas que han sido aprobadas y sustancias activas existentes que todavía no han sido aprobadas. Para recompensar la innovación mediante la concesión del acceso de tales biocidas al mercado, debe permitirse que los Estados miembros apliquen sus sistemas actuales a dichos biocidas hasta que se apruebe la sustancia activa existente, y dichos biocidas puedan acogerse por tanto a una autorización de conformidad con el Reglamento (UE) no 528/2012.
El artículo 89, apartado 4, y el artículo 93, apartado 2, del Reglamento (UE) no 528/2012 prevén plazos de supresión progresiva de los biocidas para los que no se haya concedido una autorización. Procede aplicar los mismos plazos para la supresión progresiva de un biocida ya presente en el mercado, en caso de que se conceda una autorización pero las condiciones de autorización obliguen a modificar el biocida.
El artículo 93 del Reglamento (UE) no 528/2012 debe precisar que la excepción en él prevista se aplica únicamente de acuerdo con las normas nacionales de los Estados miembros.
El artículo 94, apartado 1, del Reglamento (UE) no 528/2012 tiene por objeto permitir la comercialización de artículos tratados con biocidas que contengan sustancias activas que, aunque aún no estén aprobadas, se estén evaluando en el contexto del programa de trabajo contemplado en el artículo 89, apartado 1, de dicho Reglamento o sobre la base de una solicitud presentada conforme al artículo 94, apartado 1. No obstante, la referencia en el artículo 94, apartado 1, al artículo 58 del Reglamento (UE) no 528/2012 podría interpretarse como una excepción no intencionada a los requisitos de etiquetado e información previstos en el artículo 58, apartados 3 y 4, del citado Reglamento. El artículo 94, apartado 1, de ese Reglamento debe, por tanto, referirse únicamente al artículo 58, apartado 2.
Dado que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento (UE) no 528/2012 se aplica únicamente a los artículos tratados ya comercializados, se introdujo una prohibición no intencionada sobre la mayor parte de los artículos tratados nuevos, entre el 1 de septiembre de 2013 y la aprobación de la última sustancia activa contenida en dichos artículos tratados. Procede, por tanto, ampliar el ámbito de aplicación del artículo 94, apartado 1, para incluir los artículos tratados nuevos. Dicho artículo establece asimismo un plazo de supresión progresiva de los artículos tratados respecto a los cuales no se vaya a presentar ninguna solicitud de aprobación de la sustancia activa para el tipo de producto pertinente antes del 1 de septiembre de 2016. A fin de evitar posibles efectos adversos graves para los operadores económicos y respetando plenamente el principio de seguridad jurídica, debe preverse que dichas modificaciones se apliquen a partir del 1 de septiembre de 2013.
El artículo 95, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 528/2012 exige la presentación de un expediente completo de sustancia. Dicho expediente completo ha de poder incluir los datos a que se refieren los anexos IIIA o IVA de la Directiva 98/8/CE.
En virtud del artículo 95, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) no 528/2012, el derecho a hacer referencia a los datos previstos en su artículo 63, apartado 3, párrafo segundo, se hace extensivo a todos los estudios necesarios para la evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, a fin de permitir la inclusión de las personas pertinentes potenciales en la lista contemplada en su artículo 95, apartado 2. A falta de tal derecho, muchas personas pertinentes potenciales no podrían cumplir lo dispuesto en el artículo 95, apartado 1, de dicho Reglamento a tiempo para su inclusión en dicha lista a más tardar en la fecha a que se refiere el artículo 95, apartado 3. No obstante, en el artículo 95, apartado 1, párrafo tercero, no se incluyen los estudios sobre el destino y comportamiento ambientales. Además, dado que las personas pertinentes potenciales han de pagar por el derecho a hacer referencia a los datos mencionados de conformidad con el artículo 63, apartado 3, deben poder gozar plenamente de tal derecho y transmitirlo a los solicitantes de autorización de biocidas. Procede, por tanto, modificar el artículo 95 en consecuencia.
El artículo 95, apartado 1, párrafo quinto, del Reglamento (UE) no 528/2012 tiene por objeto limitar el plazo de protección de los datos que pueden compartirse a partir del 1 de septiembre de 2013 a efectos de cumplimiento del artículo 95, apartado 1, párrafo primero, pero que a esa fecha todavía no podían compartirse a efectos de justificación de solicitudes de autorización de biocidas. Ese es el caso de los datos relativos a combinaciones de sustancias activas/tipos de productos respecto de las cuales no se hubiera tomado una decisión de inclusión en el anexo I de la Directiva 98/8/CE antes del 1 de septiembre de 2013. Procede, por tanto, que el artículo 95, apartado 1, de dicho Reglamento haga referencia a esa fecha.
De conformidad con el artículo 95, apartado 2, del Reglamento (UE) no 528/2012, la lista publicada por la Agencia debe contener los nombres de los participantes en el programa de trabajo a que se refiere su artículo 89, apartado 1. El artículo 95, apartado 2, permite de esta manera a dichos participantes acogerse al mecanismo de compensación de los costes establecido en dicho Reglamento. La posibilidad de recurrir a un mecanismo de compensación de costes debe estar abierta a todas las personas que presentaron un expediente completo sobre una sustancia de conformidad con el Reglamento (UE) no 528/2012 o con la Directiva 98/8/CE, o una carta de acceso a dicho expediente. Debe estar abierta a aquellas personas que presentaron expedientes sobre cualquier sustancia que no sea por sí misma una sustancia activa, pero que genere sustancias activas.
El artículo 95, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 528/2012 prohíbe la comercialización de biocidas que contengan sustancias activas cuyo fabricante o importador («la persona pertinente») no figure en la lista mencionada en dicho artículo. En virtud del artículo 89, apartado 2, y del artículo 93, apartado 2, de dicho Reglamento, algunas sustancias activas estarían legalmente presentes en el mercado de los biocidas aunque no se haya presentado aún ningún expediente completo sobre una sustancia. La prohibición en virtud del artículo 95, apartado 3, no debe aplicarse a dichas sustancias. Además, en los casos en que no figure en la lista ningún fabricante o importador de una sustancia para la que se haya presentado un expediente completo, debe permitirse que otra persona pueda comercializar biocidas que contengan esa sustancia, previa presentación de un expediente o una carta de acceso a un expediente por dicha persona o por el fabricante o importador del biocida.
El artículo 95, apartado 4, del Reglamento (UE) no 528/2012 establece que el artículo 95 se aplica a las sustancias activas enumeradas en la categoría 6 del anexo I de dicho Reglamento. Esas sustancias se han incluido en dicho anexo basándose en la presentación de expedientes completos sobre las mismas, cuyos propietarios deben tener derecho a acogerse al mecanismo de compensación de costes establecido en virtud de dicho artículo. En el futuro, podrán incluirse otras sustancias en dicho anexo I basándose en la presentación de tales expedientes. La categoría 6 del citado anexo debe regular, por tanto, todas esas sustancias.
La descripción de los biocidas empleados en materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos contemplada en el anexo V del Reglamento (UE) no 528/2012 debe ser coherente con la terminología utilizada en el Reglamento (CE) no 1935/2004.
En el artículo 96, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 528/2012, debe precisarse que queda derogada la Directiva 98/8/CE sin perjuicio de todas las disposiciones del Reglamento (UE) no 528/2012 que se remitan a la Directiva 98/8/CE.
Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 528/2012 en consecuencia.
El Reglamento (UE) no 528/2012 se modifica como sigue:
los biocidas utilizados como auxiliares tecnológicos en el sentido del Reglamento (CE) no 1831/2003 y del Reglamento (CE) no 1333/2008.».
En el artículo 3, el apartado 1 se modifica como sigue:
la letra s) se sustituye por el texto siguiente:
con usos similares,
cuyas sustancias activas tengan las mismas especificaciones,
que presenten variaciones especificadas en su composición, y
con niveles de riesgo y eficacia similares;»;
se suprime la letra v).
las sustancias activas han sido incluidas en el anexo I o aprobadas para el tipo de producto de que se trate y se cumplen todas las condiciones especificadas para esas sustancias activas;»,
se han establecido, si ha lugar, límites máximos de residuos para los alimentos y los piensos respecto a las sustancias activas contenidas en el biocida de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 315/93 del Consejo (11), el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), el Reglamento (CE) no 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) o la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), o se han establecido límites específicos de migración o límites para el contenido residual de materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos respecto a tales sustancias activas de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (15).
(11) Reglamento (CEE) no 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios (DO L 37 de 13.2.1993, p. 1)."
(12) Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 de 16.3.2005, p. 1)."
(13) Reglamento (CE) no 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 152 de 16.6.2009, p. 11)."
(14) Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal (DO L 140 de 30.5.2002, p. 10)."
(15) Reglamento (CE) no 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).»;"
en el apartado 4, las letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:
cumple los criterios fijados en el Reglamento (CE) no 1272/2008 para ser clasificado en una de las categorías siguientes:
toxicidad oral aguda, categoría 1, 2 o 3,
toxicidad cutánea aguda, categoría 1, 2 o 3,
toxicidad aguda por inhalación (gases y polvos o nieblas), categoría 1, 2 o 3,
toxicidad aguda por inhalación (vapores), categoría 1 o 2,
toxicidad específica en determinados órganos por exposición única o repetida, categoría 1,
carcinógeno de categoría 1A o 1B,
mutágeno de categoría 1A o 1B, o
tóxico para la reproducción de categoría 1A o 1B;
está compuesto por una sustancia, o la genera, que cumple los criterios para ser considerada PBT o mPmB, de conformidad con lo establecido en el anexo XIII del Reglamento (CE) no 1907/2006;»;
los apartados 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente:
la solicitud identifica expresamente los riesgos máximos para la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, y el nivel mínimo de eficacia, en los que se basa la evaluación, así como las variaciones permitidas en la composición y usos mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra s), junto con sus respectivas clasificación, indicaciones de peligro y consejos de prudencia y toda medida oportuna de reducción de riesgos, y
puede establecerse, sobre la base de la evaluación contemplada en el párrafo primero del presente apartado, que todos los biocidas que la componen cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1.
7. Si ha lugar, el futuro titular de la autorización o su representante solicitarán que se establezcan límites máximos de residuos respecto a las sustancias activas contenidas en el biocida de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 315/93, el Reglamento (CE) no 396/2005, el Reglamento (CE) no 470/2009 o la Directiva 2002/32/CE, o límites específicos de migración o límites para el contenido residual de materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos respecto a dichas sustancias de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1935/2004.».
En el artículo 23, apartado 3, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
En el artículo 34, apartado 4, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
En el artículo 37, apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
En el artículo 45, apartado 1, se suprime el párrafo segundo.
En el artículo 53, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
En el artículo 56, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
En el artículo 58, apartado 3, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
En el artículo 60, apartado 3, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente:
En el artículo 66, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
En el artículo 76, apartado 1, se añade la siguiente letra:
prestar apoyo y asistencia a los Estados miembros en relación con las actividades de control y ejecución.».
En el artículo 77, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«1. Los recursos contra las decisiones de la Agencia adoptadas en virtud del artículo 7, apartado 2, el artículo 13, apartado 3, el artículo 43, apartado 2, el artículo 45, apartado 3, el artículo 54, apartados 3, 4 y 5, el artículo 63, apartado 3, y el artículo 64, apartado 1, se presentarán ante la Sala de Recurso establecida de conformidad con el Reglamento (CE) no 1907/2006.».
En el artículo 78, apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«Los ingresos de la Agencia a que se refiere el artículo 96, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1907/2006 no se utilizarán para efectuar las tareas objeto del presente Reglamento, salvo que sea para un propósito conjunto o para una transferencia temporal con vistas a asegurar el adecuado funcionamiento de la Agencia. Los ingresos de la Agencia a que se refiere el apartado 1 del presente artículo no se utilizarán para efectuar las tareas objeto del Reglamento (CE) no 1907/2006, salvo que sea para un propósito conjunto o para una transferencia temporal con vistas a asegurar el adecuado funcionamiento de la Agencia.».
Sustancias activas incluidas en el anexo I de la Directiva 98/8/CE
Se considerará que las sustancias activas respecto a las cuales la Comisión haya adoptado directivas que las incluyan en el anexo I de la Directiva 98/8/CE han sido aprobadas en el marco del presente Reglamento en la fecha de inclusión y se incluirán en la lista contemplada por el artículo 9, apartado 2. La aprobación estará sujeta a las condiciones establecidas en dichas directivas de la Comisión.».
sustancias activas existentes que:
hayan sido evaluadas de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión (16), pero aún no hayan sido aprobadas en relación con ese tipo de producto, o
estén siendo evaluadas, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1451/2007, pero aún no hayan sido aprobadas en relación con ese tipo de producto,
una combinación de sustancias activas a las que se hace referencia en la letra a) y de sustancias activas aprobadas de conformidad con el presente Reglamento.
(16) Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas (DO L 325 de 11.12.2007, p. 3).»;"
el biocida dejará de comercializarse a los 180 días de la fecha de aprobación de la sustancia o sustancias activas, y
la utilización de las existencias del biocida podrá continuar hasta que hayan transcurrido un máximo de 365 días a partir de la fecha de aprobación de la sustancia o sustancias activas.»;
un biocida que no haya sido autorizado o, en su caso, que no cumpla las condiciones de autorización, dejará de comercializarse a los 180 días de la fecha de la decisión de la autoridad, y
la utilización de las existencias del biocida podrá continuar hasta que hayan transcurrido un máximo de 365 días a partir de la fecha de la decisión de la autoridad.».
En el artículo 92, apartado 2, se añade la frase siguiente:
El artículo 93 se sustituye por el texto siguiente:
No obstante lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, un Estado miembro podrá seguir aplicando su sistema o práctica actual en relación con la comercialización y uso de un biocida que no esté incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 98/8/CE, pero que entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, y que esté compuesto por, o genere, solo sustancias activas comercializadas o utilizadas en biocidas a 1 de septiembre de 2013. Esta excepción se aplicará hasta una de las siguientes fechas:
si las solicitudes de aprobación de todas esas sustancias activas de que el biocida está compuesto, o que este genera, se presentan para el tipo de producto de que se trate a más tardar el 1 de septiembre de 2016, los plazos establecidos en el artículo 89, apartados 2, 3 y 4, o
si no se presenta ninguna solicitud de aprobación de una de las sustancias activas de conformidad con la letra a), hasta el 1 de septiembre de 2017.».
Los artículos 94 y 95 se sustituyen por el texto siguiente:
en caso de una decisión, adoptada con posterioridad al 1 de septiembre de 2016, de denegación de la solicitud de aprobación o de no aprobación de una de las sustancias activas para el uso correspondiente, la fecha correspondiente a 180 días después de esa decisión;
en otros casos, la fecha de aprobación, para el tipo de producto y uso correspondientes, de la última sustancia activa aprobada y contenida en el biocida.
1. A partir del 1 de septiembre de 2013, la Agencia hará pública y actualizará periódicamente una lista de todas las sustancias activas y de todas las sustancias que generen una sustancia activa para las que se haya presentado, y haya sido aceptado o validado por un Estado miembro, en un procedimiento previsto por el presente Reglamento o por la Directiva 98/8/CE (“sustancias pertinentes”), un expediente conforme al anexo II del presente Reglamento o a los anexos IIA o IVA de dicha Directiva y, en su caso, al anexo IIIA de la misma (“expediente completo de sustancia“). Respecto a cada sustancia pertinente, en la lista figurarán asimismo todas las personas que hayan presentado dicho expediente o que hayan presentado un expediente a la Agencia de conformidad con el párrafo segundo del presente apartado, y se indicarán su función tal como se especifica en dicho párrafo, el tipo o tipos de producto para los que se haya presentado un expediente y la fecha de inclusión de la sustancia en la lista.
Una persona establecida en la Unión que fabrique o importe una sustancia pertinente, por sí misma o integrada en biocidas (“el proveedor de la sustancia”) o que fabrique o comercialice un biocida que esté compuesto por, o genere, dicha sustancia pertinente (“el proveedor del biocida”) podrá presentar en cualquier momento a la Agencia un expediente completo correspondiente a esa sustancia, una carta de acceso a dicho expediente completo o una referencia a dicho expediente completo respecto al cual hayan expirado todos los plazos de protección de los datos. Tras la renovación de la aprobación de una sustancia activa, cualquier proveedor de la sustancia o proveedor del biocida podrá presentar a la Agencia una carta de acceso a todos los datos considerados pertinentes por la autoridad evaluadora competente a efectos de la renovación y para los que todavía no haya expirado el plazo de protección (“los datos pertinentes”).
3. A efectos de presentación de la información contemplada en el párrafo segundo del apartado 1 del presente artículo, el artículo 63, apartado 3, del presente Reglamento se aplicará a todos los estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y sobre el destino y comportamiento ambientales relacionados con las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1451/2007, incluidos los eventuales estudios que no impliquen ensayos con animales vertebrados.
5. No obstante lo dispuesto en el artículo 60, todos los plazos de protección de los datos para las combinaciones de sustancias/tipos de productos que se enumeran en el anexo II del Reglamento (CE) no 1451/2007, pero respecto de las cuales no se hubiera tomado una decisión de inclusión en el anexo I de la Directiva 98/8/CE antes del 1 de septiembre de 2013, finalizarán el 31 de diciembre de 2025.
En el artículo 96, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
En el anexo I, el título de la categoría 6 se sustituye por el texto siguiente:
En el anexo V, el párrafo segundo del epígrafe «Tipo de producto 4: Alimentos y piensos» se sustituye por el texto siguiente:
(4) Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (DO L 268 de 18.10.2003, p. 29).
(5) Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 16).
(7) Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
(8) Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
(10) Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (DO L 123 de 24.4.1998, p. 1).
REGLAMENTO (UE) No 335/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca, en lo que respecta a determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera
La crisis financiera global y la recesión económica sin precedentes han dañado gravemente el crecimiento económico y la estabilidad financiera, provocando un acentuado deterioro de las condiciones financieras y económicas en varios Estados miembros. En particular, una serie de Estados miembros están sufriendo graves dificultades, o corren el riesgo de sufrirlas. Se enfrentan, especialmente, a problemas en su crecimiento económico y su estabilidad financiera, así como a un deterioro de su déficit y su nivel de endeudamiento.
Se han adoptado importantes medidas en virtud de los artículos 122, apartado 2, 136 y 143 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la crisis. Sin embargo, se está incrementando la presión sobre los recursos financieros nacionales y resulta necesario tomar medidas adecuadas para aliviarla gracias a una utilización máxima y óptima de la financiación procedente del Fondo Europeo de Pesca establecido por el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo (3).
Para facilitar la gestión de los fondos de la Unión, contribuir a acelerar las inversiones en los Estados miembros y en las regiones, así como para mejorar la disponibilidad de fondos para la economía, el Reglamento (CE) no 1198/2006 fue modificado por el Reglamento (UE) no 387/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Dicha modificacion permitió el incremento de los pagos intermedios y finales del Fondo Europeo de Pesca en una cantidad equivalente a 10 puntos porcentuales por encima del porcentaje real de cofinanciación aplicable a cada eje prioritario para los Estados miembros que sufren graves dificultades en relación con su estabilidad financiera y solicitan beneficiarse de dicha medida.
El Reglamento (CE) no 1198/2006 permite aplicar dicho porcentaje de cofinanciación aumentado hasta el 31 de diciembre de 2013. No obstante, dado que algunos Estados miembros siguen sufriendo graves dificultades en relación con su estabilidad financiera, el porcentaje de cofinanciación aumentado debe seguir aplicándose después de 2013.
Los Estados miembros que reciben ayuda financiera deben beneficiarse asimismo del aumento del porcentaje de cofinanciación hasta el final del período de subvencionabilidad y deben tener la posibilidad de reclamarlo en sus solicitudes de pago del saldo final, aun cuando ya no se preste la ayuda financiera.
Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1198/2006 en consecuencia.
Dada la naturaleza sin precedentes de la crisis, es necesario adoptar rápidamente medidas de apoyo. Por lo tanto, procede que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El Reglamento (CE) no 1198/2006 queda modificado como sigue:
En el artículo 76, apartado 3, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«3. No obstante lo dispuesto en el artículo 53, apartado 3, los pagos intermedios se incrementarán, a petición de un Estado miembro, por un importe equivalente a 10 puntos porcentuales por encima del porcentaje de cofinanciación correspondiente a cada eje prioritario hasta el máximo del 100 %, que debe aplicarse al importe de los gastos públicos subvencionables recientemente consignados en cada declaración de gastos certificada presentada, siempre y cuando, a 31 de diciembre de 2013 o después de esa fecha, el Estado miembro cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:».
El artículo 77, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2. No obstante lo dispuesto en el artículo 53, apartado 3, los pagos del saldo final se incrementarán, a petición de un Estado miembro, por un importe equivalente a 10 puntos porcentuales por encima del porcentaje de cofinanciación correspondiente a cada eje prioritario hasta el máximo del 100 %, que debe aplicarse al importe de los gastos públicos subvencionables recientemente consignados en cada declaración de gastos certificada presentada, siempre y cuando, a 31 de diciembre de 2013 o después de esa fecha, el Estado miembro cumpla cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 76, apartado 3, letras a), b) y c).».
El artículo 77 bis se modifica como sigue:
La Comisión concederá la excepción a la que se hace referencia en el artículo 76, apartado 3, y en el artículo 77, apartado 2, previa solicitud escrita de un Estado miembro que cumpla una de las condiciones establecidas en el artículo 76, apartado 3, letras a), b) y c).»;
(1) DO C 341 de 21.11.2013, p. 75.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 11 de marzo de 2014
(4) Reglamento (UE) no 387/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Pesca, en lo que atañe a determinadas disposiciones de gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades con respecto a su estabilidad financiera (DO L 129 de 16.5.2012, p. 7).

References: artículo 290
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 32
 artículo 308
 artículo 40
 artículo 73
 artículo 184
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 290
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 23
 artículo 34
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 45
 artículo 80
 artículo 45
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 80
 artículo 60
 artículo 30
 artículo 34
 artículo 44
 artículo 30
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 44
 artículo 60
 artículo 20
 artículo 26
 artículo 60
 artículo 26
 artículo 30
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 44
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 89
 artículo 67
 artículo 77
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 77
 artículo 86
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 37
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 94
 artículo 89
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 94
 artículo 58
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 63
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 63
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 89
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 89
 artículo 93
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 34
 artículo 37
 artículo 45
 artículo 53
 artículo 56
 artículo 58
 artículo 60
 artículo 66
 artículo 76
 artículo 77
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 54
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 78
 artículo 96
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 17
 artículo 89
 artículo 63
 artículo 60
 artículo 96
 artículo 76
 artículo 53
 artículo 77
 artículo 53
 artículo 76
 artículo 77
 artículo 76
 artículo 77
 artículo 76