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Timestamp: 2019-04-22 10:10:45+00:00

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Periódico Zócalo | Lulú De Koster.
17 Abril 2019 03:35:00
‘Captura’ de instituciones
La corrupción es el principal problema del país y de la mayoría de los estados. Su persistencia merma la credibilidad de la sociedad en las instituciones y ha derivado en la falta de inversión, opacidad y discrecionalidad en el manejo presupuestal, asignación de puestos de toma de decisiones y en lo más grave, en la percepción de impunidad en los asuntos que mediáticamente han sido expuestos y de los que poco o nada se sabe sobre su resolución judicial.
Hace unos días, el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó el Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, un compendio que resume las deliberaciones sostenidas por investigadores, académicos, empresarios, sociedad civil, que fueron convocados en 12 foros realizados por la Comunidad PIRC, entre septiembre y octubre de 2018.
De esta consulta, y como lo dijo Mauricio Merino en la presentación del Libro Blanco, lo que se busca es la reivindicación con la honestidad del país, con eficacia y con resultados que la sociedad espera de las instituciones públicas nacionales, estatales o locales. “Este es un ejercicio político, la consulta y este compendio que entregamos es de gran relevancia. Pero nos preocupa una doble tendencia que se ha venido configurando en el escenario nacional, nos preocupa la presión para insistir en que el combate a la corrupción equivale a meter a la cárcel a los corruptos y que no funciona el combate a la corrupción en la cárcel, es como si se buscara al corrupto de la semana, con nombre y apellido y ahí no está el verdadero combate a la corrupción, esa no debe ser la tendencia”.
Y es que la prevención, control y sanción de la corrupción, va más allá de tener al “corrupto de la semana”. La corrupción es un problema relacionado con la captura de instituciones, recursos y la toma de decisiones del Estado con fines particulares.
De las consultas que dieron origen al Libro Blanco se derivan cinco vertientes de investigación del problema: 1.- La corrupción en puntos de contacto e intermediarios (trámites de ventanilla); 2.-Profesionalización de puestos (asignación de cargos a “compadres”, amigos de partido, etc.); 3.- Responsabilidad pública, control interno y áreas de riesgo (generar sistemas de alertas); 4.- Redes de corrupción (interacción planeada de un grupo de servidores públicos y/o particulares), y 5.- Participación ciudadana y derechos humanos (incorporar a ciudadanos en la toma de decisiones).
La rendición de cuentas de la Presidencia de la República, gobernadores y alcaldes, es el eje principal de una política anticorrupción real y efectiva, porque el problema de la corrupción se manifiesta en la toma de decisiones discrecionales y sin control, lo que incentiva la captura del Estado.
El problema es grave y hay muchas resistencias, algunas sutiles, para iniciar el cambio y el control de la corrupción. Pero no crea, los gobiernos locales tampoco saltan de gusto con la implementación del Sistema Anticorrupción. Hay quienes le apuestan a la debacle del Sistema Nacional y de los sistemas locales para seguir operando presupuestos y programas con fines partidistas, para seguir colocando a “compadres” en puestos clave o para mantener una vida llena de lujos a costa del erario.
10 Abril 2019 03:20:00
Ir contra el sistema
Parece que la Presidencia de la República tiene serias, muy serias intenciones, de cambiar la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende, el impacto de lo que para algunos expertos es inminente, alcanzaría a los sistemas locales que no terminan de configurarse.
Las declaraciones del coordinador de los senadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, sobre las designaciones de los magistrados especializados en materia anticorrupción, obligan a una profunda reflexión. Porque si bien es cierto, y a principios de esta misma semana lo declaraba el presidente del Comité de Participación Ciudadana nacional, José Octavio López Presa, es necesario y urgen las designaciones de los integrantes de sala especializada porque además, así se concibió el Sistema Anticorrupción. Pero se mediatizó la idea de que este grupo de magistrados serían designados a conveniencia del Presidente y esto le restaría credibilidad a la encomienda que llevarían quienes serían (porque además, sigue siendo propuesta) los nuevos integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa federal.
Entre sus declaraciones, el también abogado zacatecano, hizo hincapié en algo que me parece grave y que no es la primera ocasión que se escucha en voz de los afines a la Presidencia de la República. Son los calificativos que le dejan ir al Sistema Anticorrupción, que insisto, no termina de configurarse en el país.
“El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó. Es una iniciativa con mucha burocracia. Hubo una gran expectativa, lo cierto es que no funcionó”, así lo declaró a un medio de circulación nacional, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Me parece que de entrada, el modelo aporta un ingrediente que no se tenía ni en las propuestas iniciales de crear una súper secretaría, por ejemplo. Es la parte toral del SNA, es la participación de los ciudadanos que presiden el Sistema desde el nacional, hasta los estados de la República donde ya se tienen avances como en Coahuila, que es referente nacional por el alcance de proyectos como el que desde hace semanas se desarrolla en un esquema de coordinación entre los integrantes del Comité Coordinador, sociedad civil y organizaciones internacionales como Usaid y el Instituto de Resultados Rápidos, cuyos integrantes, por cierto, participarán esta misma semana en una reunión de evaluación “de medio término” del Reto de 100 Días.
Pero lo ideal es que si ambas cámaras del Congreso de la Unión quieren abonarle en serio a la erradicación o control de la corrupción en el país, pueden estudiar la oportunidad de dar mayores facultades al Comité de Participación Ciudadana, o involucrar a la ciudadanía en los procesos de asignación de contratos o licitaciones e integrar al SAT o a la Comisión Nacional Bancaria para que alcancen una posición en el Comité Coordinador, por ejemplo.
Hay mucho por hacer en un Sistema que va iniciando y que apenas está consolidándose, como para echar por tierra los avances que se ven en este rubro. Hay tantos intereses ocultos, políticos, económicos y algunos que no se alcanzan a percibir, que “meter reversa” a lo que ya se tiene es riesgoso frente al grave problema de corrupción que se vive a diario en el país, y en Coahuila.
03 Abril 2019 03:51:00
Entender qué es el sistema
La capacitación y la divulgación de lo que es, y de los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende, los sistemas locales, es una labor titánica y que llevará muchos años para conocer el detalle la ya de por sí es compleja configuración del nuevo ente público.
Por ello es importante difundir los espacios abiertos y gratuitos, las plataformas, asesorías, cursos o diplomados que expertos en el país tienen habilitados y que se tienen disponibles, para conocer sobre el Sistema Nacional y los sistemas locales Anticorrupción.
Una de las opciones de capacitación vía internet, a la que por cierto me inscribí hace unos días y que recomiendo ampliamente, es el curso gratuito “on line” sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que ofrece el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a través de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), con el apoyo del proyecto Promoviendo la Transparencia en México de USAID y que va dirigido a la ciudadanía, a periodistas, académicos, empresarios, investigadores, sociedad civil organizada, titulares de área, servidores públicos, etcétera.
La liga en internet es http://mooc.rendiciondecuentas.org.mx/, ahí se puede hacer el registro, que es fácil y que cuyos módulos no le implican –durante todo el curso– unas cinco horas máximo, incluyendo el repaso y las evaluaciones que aplican, para entregar la constancia avalada por la Red por la Rendición de Cuentas.
Por cierto que platicando hace unos días con la experta en el tema anticorrupción, Liliana Veloz Martínez, quien es directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, comentaba que Coahuila tiene varias oficinas inscritas y cuyos colaboradores, en su plantilla completa, accedieron a la plataforma y por lo tanto se hicieron acreedores a una certificación que respalda los conocimientos adquiridos en voz de los expositores de los módulos: Lourdes Morales Canales, Ana Elena Fiero Ferráez y José Roldán Xopa.
Los módulos permiten entender las implicaciones que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas en los estados, además de las nuevas responsabilidades de los servidores públicos, además se aprende a identificar los retos que deben enfrentarse para poder implementar el Sistema Anticorrupción de manera efectiva en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
La plataforma tiene contenidos audiovisuales y escritos para comprender el tema, de manera didáctica y asesorada. Es una herramienta digital y de educación totalmente gratuita y que no tiene fecha de cierre para que cualquier persona pueda acceder y entender un poco más sobre la integración del Sistema, los consejeros ciudadanos, el Comité Coordinador, las agendas y las metas del Sistema construido e impulsado por grupos de la sociedad civil en el país.
La idea es conocer el Sistema, lo que se espera y su operatividad, además de revertir los niveles de impunidad que son parte del trabajo que falta por hacer. Pero lo importante es que todos nos involucremos y conozcamos en voz de expertos, los conceptos básicos de la operación del Sistema Anticorrupción. Recuerde inscribirse al curso gratuito y de fácil acceso en el sitio http://mooc.rendiciondecuentas.org.mx/.
27 Marzo 2019 03:40:00
En la sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al que asistieron los siete integrantes y por primera vez desde la instalación del SNA, estuvo ocupada la silla de la Fiscalía Anticorrupción, se prorrogó la entrada en vigor del acuerdo para cambiar el formato de las declaraciones patrimoniales, que se aplazó por ocho meses más.
El 31 de diciembre, no sé si antes, el Sistema Nacional tendrá el nuevo mecanismo mediante el cual, más de 2 millones de servidoras y servidores públicos tendrán que ceñirse a la nueva disposición, y pasar de informar 216 datos, a llenar 781 campos con información que incluye desde bienes muebles e inmuebles, negocios, empresas, casas en el extranjero, pinturas, cuentas en banco, por citar algunos puntos que permitirán a las autoridades de la Función Pública en el país y en las entidades, monitorear de manera certera la evolución patrimonial de quienes están en la nómina de la Federación, los estados y municipios.
Algo que actualmente no ocurre con el formato que se tiene en la red, y que deben llenar quienes ingresan o terminan un puesto o encargo en el ámbito público.
El acuerdo al que llegó el Comité Coordinador formado por el Consejo de Participación Ciudadana; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Instituto Nacional de Transparencia; Auditoría Superior de la Federación; Consejo Federal de la Judicatura; Fiscalía Especializada y Secretaría de la Función Pública, fue aprobado por unanimidad el viernes pasado e incluye la modificación del segundo transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2018.
Así quedó: “se determina que los formatos aprobados en el presente acuerdo, serán obligatorios para los servidores públicos al momento de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, una vez que se encuentren debidamente integrados y correctamente segmentados y estén plenamente adecuados a las directrices establecidas en el marco jurídico aplicable y se garantice la interoperabilidad con los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma Digital Nacional a que hace referencia la fracción I del Artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, situación que será formalmente informada a los involucrados mediante el acuerdo correspondiente que, para tal efecto, emita el Comité Coordinador del SNA y publique en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación y observancia obligatoria, lo que no podrá exceder del 31 de diciembre del año 2019”.
En un tris se le dio marcha atrás a una propuesta importante para el Sistema, para avanzar en la regulación y detección de quienes hacen uso ilegal del recurso público de cualquiera de los tres niveles de la administración.
Era un buen inicio para generar incentivos que eviten que la corrupción sea el problema que más preocupa a los mexicanos, a los coahuilenses.
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval planteó la propuesta del Gobierno federal, por las condiciones en que la administración pasada planteó los formatos 3de3, que definió como “un regalo envenenado” y heredado.
13 Marzo 2019 03:17:00
Plan Nacional sin mujeres
Hace menos de una semana, los mensajes de inclusión de la mujer en la toma de decisiones en el país –por lo menos en el sector público y en los tres niveles de gobierno– eran “el top” en las manifestaciones de respaldo a la equidad, por el Día Internacional de la Mujer.
Ayer en Ciudad Universitaria, en Arteaga, Coahuila, ocurrió todo lo contrario durante el inicio de los Foros de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo, donde los nueve lugares del presídium fueron ocupados por hombres. Funcionarios públicos que en sus intervenciones y frente a un auditorio lleno de académicos y académicas, exrectores, integrantes del gabinete estatal, activistas, alcaldes y alcaldesas, empresarios y empresarias, miembros de la sociedad civil y órganos autónomos, hablaron de los derechos de equidad y de inclusión de la mujer, sin que esa postura permeara en la integración del grupo que encabezaría el arranque del intercambio de ideas y propuestas, para delinear lo que será el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
En varias ocasiones, el secretario de Agricultura federal, Víctor Villalobos Arámbula quien abrió las intervenciones, teniendo como sede un recinto de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se refirió al apoyo hacia las mujeres y el derecho a la inclusión que contempla en Plan Nacional, que guiará las políticas públicas de la Presidencia de la República en este sexenio. Qué lástima que en el acto inaugural a ni una mujer se le cedió la palabra. Ni una mujer habló de los ejes transversales y de igualdad, de la no discriminación e inclusión y perspectiva de género que adelanta la tan llevada y traída Cuarta Transformación.
Pero no basta con cuidar la logística en los eventos de este calado, que pretende recoger las inquietudes y las ideas de la población abierta, que además ha sido el tenor de la actual Administración federal. El tema es ir más allá de permitir a las mujeres ocupar, al menos, un lugar en el presídium, de mandar un mensaje de verdadera inclusión, justicia y participación de este segmento en la toma de decisiones de las autoridades.
Es ir más allá. Propiciar espacios de expresión abierta, en donde las mujeres y hombres puedan aportar su experiencia, su visión, sus problemas y soluciones, en los proyectos de gobierno, en las iniciativas de ley, en los cambios que le urgen a las legislaciones locales para dar respuesta real y concreta a las féminas coahuilenses.
Es un detalle que Alejandro Cubí, un gran activista y defensor de los derechos de las mujeres, impulsor de la iniciativa #NoSinMujeresMx –y quien por cierto estuvo en Saltillo hace algunos meses– habría censurado abiertamente.
Pero insisto no es solamente un detalle, un desliz en la organización de un evento, en la designación de un presídium sin una sola mujer, es más bien reflexionar sobre la urgencia de garantizar lugares a las mujeres, no solo en el ámbito público sino también en el sector privado. En el evento inicial faltó la voz de una mujer, la postura de una académica, de una empresaria, de una integrante del Gobierno estatal o de una activista que hubiera dado su punto de vista sobre lo que hace falta integrar al Plan Nacional de Desarrollo, que regirá las acciones de la Administración federal en los próximos seis años.
06 Marzo 2019 03:38:00
Redes de poder: amigos, grupos políticos
En una colaboración del doctor Vicente Humberto Monteverde, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Morón, en Argentina, señala que el fenómeno de las redes de corrupción tiene antecedentes históricos y de varios siglos atrás. En el caso de redes, dice, se trata de mundos pequeños de corrupción.
Una red de corrupción incluye, según Monteverde, nodos que relacionan a personas, organizaciones nacionales e internacionales, bancos y empresas privadas con enlaces que son parte de las operaciones financieras, llamadas, mensajes e intercambios de información privilegiada que regularmente viene de entidades de cualquiera de los tres niveles de gobierno, relaciones de amistad, afiliaciones partidistas, intereses de grupos políticos y personas con objetivos afines.
Científicamente, el estudio de una red de corrupción requiere de un análisis con datos certeros, resultados de investigaciones y explicaciones de quienes han llevado las indagatorias. Pero, ¿Cuál es el valor de una red? Su alcance y el número de integrantes que se ha beneficiado con la estrategia financiera o fiscal, para erosionar las finanzas públicas. Es por tanto, un sistema complejo de plantear, pero no imposible en un afán de socializar la forma de operar de estas redes que han alterado el curso del dinero que es de todos.
En la publicación del doctor Monteverde, en la Revista Internacional Transparencia e Integridad, menciona que en el tema de corrupción se pueden suponer teorías, pensar en delitos, advertir sobre el fenómeno, pero tener la posibilidad de formular una teoría, en base a elementos de la realidad, es tristemente un milagro. Y claro que así es. Llegar a desarticular una red de corrupción como en el caso de Coahuila, es todo un reto. Aquí, autoridades judiciales han señalado supuestos vínculos de servidores públicos, por aparentes irregularidades en asignación fraudulenta de créditos de Infonavit.
Sobornos, sobreprecios, costo de trámites, tráfico de influencias, abuso de poder, son los ingredientes que rodean esta red de corrupción que como ya lo decía Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, es un tema que las autoridades anticorrupción deben capitalizar, pero no para ir por nombres, grupos, etcétera, sino para explicar a la ciudadanía cómo operan las redes, cómo se van configurando o cuál es la forma de detectar la articulación de redes.
Pero el doctor Monteverde va más allá. Habla de quienes van entrelazándose para hacer de una red de corrupción, la principal fuente de ingreso de quienes ejercen una función pública o empresarial, al margen de la ley.
Está por ejemplo el apoderado de la empresa, el cobrador, el defraudador, el especialista, el familiar o amigo del político, el funcionario público, el integrante del Poder Judicial, el perito, la institución bancaria, el negociador, el empresario, el fedatario, el abogado y un contador. Básicamente así lo describe Monteverde en su investigación.
En Coahuila el caso Infonavit es parte de la agenda del Sistema Anticorrupción, que son prioritarios de resolver porque es una exigencia de la sociedad, de los beneficiarios y de quienes desean que la impunidad deje de ser el común, en cada investigación que inician las autoridades.
¿Redes de corrupción?
Un tema que va más allá de nombres de políticos, gobernantes, líderes sindicales, jefes de área, etcétera, que se ven inmersos en escándalos por supuestos hechos de corrupción, es la forma en la que operan las redes de protección a la ilegalidad en el servicio público que puede, o no, alcanzar a los dueños del capital privado.
Pero ¿cómo explicar el tejido, el entramado, la ruta, los enlaces, el silencio, las “ingenierías fiscales”…? Es un asunto primordial para detectar a quien o quienes están fuera de la ley, afectando al erario e involucrando a quienes no actúan en solitario.
Los compromisos de grupo, la secrecía, los “valores entendidos”, son parte del fortalecimiento de una red, como la que menciona Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en una muy reciente entrevista para un medio de circulación nacional.
Las redes de corrupción en México han sido bien explicadas por periodistas y medios de comunicación impresa en casos como el de la firma brasileña Odebrecht o la investigación ganadora del premio Ortega y Gasset, la Estafa Maestra, que de forma gráfica y de manera muy concreta advierten de la colaboración de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, profesionistas, fiscalistas, expertos en temas de administración y en algunos casos, a empresarios de renombre.
En el último resultado del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, dado a conocer por Transparencia Internacional, México volvió a ubicarse entre las naciones más corruptas en el mundo, al pasar del lugar 138 al 180.
Eduardo Bohórquez ha insistido en que para revertir esta tendencia en el país, es necesario lograr fallos, recuperar activos económicos y desmantelar redes de corrupción.
Bohórquez asegura que es labor de todos, ciudadanos y autoridades, detectar y denunciar actos ilegales en el uso del recurso público.
El impulsor de la declaración #3de3, dice que no es solamente tarea del Gobierno desmantelar las redes, pero es importante saber cuáles hechos enmarcan en la configuración de un entramado de este tipo, en una protección real y entre sí de un selecto grupo de servidores públicos, como de la que habla el director de Transparencia Mexicana e impulsor de las reformas a la ley que dieron paso al Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción.
Un ejemplo de red y su “modus operandi”, señalada por el propio Bohórquez en una plática que hace unos días sostuve con él, podría ser lo que ocurrió con el caso de Infonavit en Coahuila, que involucró supuestamente a servidores públicos en esta entidad, pero en el que insisto, habría que ver más allá de nombres, de los implicados o sancionados.
Es una oportunidad para explicar los cómos, la forma en la que se integran y se van afianzando las redes de corrupción de las que tanto se exige su desmantelamiento, y que son el más complejo problema en la erradicación o control de la corrupción en los estados y la Federación.
13 Febrero 2019 03:38:00
Los 4 ejes de José Octavio
Hace unos días, José Octavio López Presa llegó a la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Nacional, cargo en el que estará hasta febrero de 2020.
Es el tercero en ocupar la titularidad del Sistema Nacional Anticorrupción y es el primero que fija una postura sólida, que busca impedir que el Gobierno federal se apodere de las decisiones de la parte ciudadana, como lo han dejado entrever quienes llegaron el 1 de diciembre a la Presidencia de la República.
José Octavio López Presa, desde el viernes 8 de febrero es presidente del CPC y en su primer discurso trazó la ruta del órgano colegiado, que actualmente tiene tres de cinco integrantes, ante la renuncia de Luis Manuel Pérez de Acha y de lo entrampado que tiene un amparo, el procedimiento de designación del nuevo o la nueva integrante.
Junto a miembros del Comité Coordinador, consejeros de sistemas locales, representantes de la academia como Mauricio Merino, Eduardo Bohórquez, María Amparo Casar, María Elena Morera, por citar algunos de los liderazgos que ni accedieron hasta el recinto, porque estaba repleto de periodistas y uno que otro integrante de agrupaciones extranjeras y de la Secretaría Ejecutiva del SNA, que lo mismo escuchaban desde la puerta del reducido salón en la capital del país, el mensaje del excomisionado del INAI.
En uno de los cuatro ejes planteados por López Presa estima ir por la acreditación de los servidores públicos a través de esquemas como el Servicio Civil de Carrera, por lo que tendrá en la mira la medición del grado de independencia que tienen las Secretarias de Contraloría, las Fiscalías Anticorrupción, los Órganos Garantes de Transparencia, los Tribunales Administrativos, los Poderes Judiciales y las Auditorías Superiores, a nivel federal y estatal.
En un segundo eje, el nuevo presidente del CPC Nacional fue enfático, al señalar que el control de pares ha sido el mejor método para impulsar la ética entre los profesionistas, porque en los países que más avances han logrado en el combate a la corrupción, los abogados y los contadores han sido punta de lanza en este empeño.
tercer eje considera que para que las instituciones que conforman el SNA funcionen como un sistema sólido y bien coordinado, es indispensable trabajar en la revisión de los procesos internos de cada institución para simplificarlos.
Además, el uso de tecnologías de la información y las firmas electrónicas con validez legal para eliminar el papel y asegurar el registro, la trazabilidad y dejar huella electrónica de los actos de gobierno y de autoridad permitiendo que queden testados de forma inviolable.
Finalmente, José Octavio López Presa, quien por cierto ha pedido estar presente en alguna de las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila, igual que otras entidades del país, busca fomentar la competencia de empresas certificadas, que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y reglamentarias. Pero, “no bastan las buenas intenciones; es momento de darle a los ciudadanos los resultados que esperan en el combate de la corrupción…”, dijo.
06 Febrero 2019 03:40:00
Semana de relevo
La configuración del Sistema Nacional Anticorrupción establece cambios cada año en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana Nacional, que igual que en Coahuila y el resto de las entidades donde ya se designó al CPC, está integrado por cinco personas seleccionadas por medio de un proceso abierto, ciudadano y transparente.
Este viernes, en la Ciudad de México y luego del cierre de los trabajos de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana que iniciarán hoy, esta tarde, y que cierran con un informe de la presidenta saliente, la activista Mariclaire Acosta Urquidi, llegará a la presidencia del CPC Nacional, José Octavio López Presa.
José Octavio fue designado por la Comisión de Selección Nacional, para integrar el Comité de Participación Nacional, por tres años. Tiene maestría en Ciencias por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (1988) y la licenciatura en Actuaría, por la Universidad Anáhuac (1985).
En su activismo, López Presa, quien a partir de este viernes por la mañana se convierte en el tercer ciudadano en liderar los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción, sobresale su paso por la agrupación Causa en Común del año 2009 al 2017, además fue el primer Director de Transparencia Internacional Capítulo México de 1999 al 2002.
Es importante comentar que fue comisionado del IFAI de 2002 al año 2005, periodo en el que José Octavio López Presa impulsó el desarrollo del Sistema Infomex. Además, en su semblanza se menciona su aportación para la implementación de mecanismos de control de compras del Estado y de la vigilancia de la evolución patrimonial de los servidores públicos, con esquemas como CompraNet y DeclaraNet.
Será una jornada importante para el Sistema Nacional Anticorrupción y sin duda, para el avance y consolidación de los sistemas locales. Aquí vale la pena hacer una reflexión sobre el procedimiento de designación de la nueva o nuevo consejero nacional que actualmente sigue en pausa gracias a un amparo promovido por uno de los inscritos. Otro punto, es que luego de la renuncia de Luis Manuel Pérez de Acha, quien a mediados del mes de enero renunció al CPC, tras su registro como aspirante a fiscal general de la República, dejó acéfala la posición. Es decir, en este momento el Comité Nacional tiene tres, de cinco integrantes. Vaya crisis en el Comité de Participación y la Comisión de Selección.
Es el tercer año del Comité Nacional. Es la primera fase de una nueva administración federal, de un nuevo Congreso de la Unión desde donde, al menos la bancada del partido Morena, han propuesto ajustes importantes y que quizá sean necesarios para llegar a la meta: la erradicación –o como dicen algunos– al control de la corrupción en el país y en los estados de la República, pero no solamente atendiendo a intereses de grupos que piden y exigen a gritos “meter” a la cárcel a los corruptos.
Es más bien, para promover reales y aplicables políticas públicas, iniciativas, mecanismos de control, investigación, sanción y más facultades al CPC. Medidas que nos adviertan que las actividades ilícitas relacionadas al servicio público y las empresas, se quieren revertir.
30 Enero 2019 03:54:00
Integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción estuvieron en una jornada importante, cuando se busca coordinar acciones para impulsar políticas públicas que permitan prevenir, detectar y sancionar la corrupción en las oficinas estatales, empresas locales y municipios de Coahuila.
Esto, durante la agenda de trabajo con alcaldes y alcaldesas que estuvieron en Saltillo, a finales de la semana pasada.
Los y las munícipes visitaron esta capital y en un encuentro con quienes a partir del 1 de enero están a cargo de los 38 ayuntamientos, la Auditoría Superior del Estado (ASE), en una ponencia que ofreció Armando Plata Sandoval, titular de la ASE, dio a conocer detalles del Informe Anual de Resultados 2017, cuyo documento recientemente fue entregado al Congreso del Estado y en el que aparece una lista de observaciones hechas a servidores públicos y excolaboradores municipales, que estuvieron en funciones en 2017.
Plata explicó a las y los presidentes municipales, a tesoreros y tesoreras, temas torales que se enmarcan en la importancia de respetar la legislación en materia de fiscalización, puesto que cuando se incumple con la ley para adquirir bienes, contratar personal o establecer topes de sueldos para quienes son incluidos en la nómina, pueden generarse observaciones y sanciones para los responsables del ejercicio presupuestal.
En la reunión también estuvo la magistrada Sandra Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, quien igualmente habló de los alcances de la instancia autónoma a su cargo. La magistrada además dio a conocer datos de la estadística jurisdiccional del 2018, que involucró actos referidos contra autoridades municipales.
Una explicación muy completa sobre las tareas del Tribunal, incluyendo los procedimientos de Fiscalización y Administrativos, así como procedimientos de Responsabilidad Administrativa (2017-2018), ofreció Rodríguez Wong a los servidoras y servidores públicos municipales.
El Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción, Jesús Flores Mier, presentó información sobre las responsabilidades de alcaldesas y alcaldes, y sus colaboradores.
Habló además del Código Penal, las denuncias y las instancias que están colaborando en la integración de las carpetas de investigación. Ana Yuri Solís, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y Manuel Gil Navarro, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, hicieron una muy detallada presentación de las funciones del CPC y sus cinco integrantes ciudadanos, y de la propia Secretaría Ejecutiva.
Solís y Gil hablaron a los alcaldes de la conformación del Sistema Anticorrupción, las sesiones, lo que marca la ley y el trabajo coordinado con municipios que se estará desplegando tanto el CPC, como la Secretaría Ejecutiva en los próximos meses de este 2019.
23 Enero 2019 03:56:00
No a las compras directas
La adquisición de 500 pipas para la distribución de combustible en el país, como una estrategia para acabar o minimizar la crisis que en esta materia prevalece en México y que se agudiza frente al desabasto de gasolina que registraron ciudades de Coahuila, o incidentes como lo ocurrido en el estado de Hidalgo, que cobró varias decenas de víctimas, advierten un riesgo inminente de la actual administración federal: el caer en los mismos vicios que la pasada administración peñista, calderonista o foxista.
El peligro es comprar de manera directa, opaca y bajo el discurso de la emergencia, alejarse de la necesidad imperiosa de hacer visible a quién, cómo, a qué costo, forma de pago y dónde se hará el contrato de los auto-tanques para la distribución de carburantes y la justificación legal o científica para desdeñar el uso de ductos para garantizar el abasto.
Además, la pregunta obligada radica en la estrategia de combate a la corrupción en Pemex, que debe ir más allá de proteger los ductos y de comprar 500 pipas o contratar operadores a los que se les pagarán casi 30 mil pesos mensuales. ¿Cómo echar de la empresa a los directivos, operadores o sindicato enquistado en una red de poder y operación de miles de pesos, bajo ninguna forma de regulación?
Porque en uno de los discursos de la secretaria de la Función Pública e integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Irma Eréndira Sandoval, el pasado 7 de diciembre de 2018, al participar en la Reunión del Grupo de Trabajo de América Latina, organizado por Diálogo Interamericano que preside Michael Shifter, dijo que el relanzamiento de la secretaría a su cargo, estaría basado en acabar con los conflictos de interés, en estrechar el diálogo con la sociedad y en la promoción decidida de contratos y compras consolidadas, para lo cual se contemplan medidas para impedir conductas corruptas de los sectores fiscal y financiero.
Ahora, a menos de seis semanas el escenario cambió. Se aproxima una compra, la de las 500 pipas para atender una emergencia, pero de la que nadie o pocos saben el mecanismo de dicha adquisición.
Es obligación de los gobiernos estatales, como el de Coahuila –donde falta mucha voluntad política y jurídica para tener un eficiente esquema de compras con dinero estatal– como el federal y los municipios, que cada peso que se eroga para tener obra pública, rehabilitar escuelas, surtir medicamento en hospitales o rentar computadoras, se haga bajo parámetros de máxima transparencia para evitar el conflicto de interés o las empresas “fantasma”.
En el Artículo 134, de la Constitución Política de México, señala que “los recursos económicos de que dispongan el Gobierno federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez.
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”. Pero, ¿en verdad se cumplirá con lo que dice la ley?
16 Enero 2019 03:57:00
¿Dónde hay gasolina?
En la última semana la pregunta constante en los grupos de WhatsApp de la escuela, del trabajo, o de compañeros de maestría y de vecinos de la colonia, ha sido: ¿alguien sabe dónde hay gasolina?
Ayer un tráiler se quedó sin diésel cuando circulaba por la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en el municipio de Arteaga –que es parte de la Región Sureste de Coahuila–, y varado, ocupando los dos carriles de circulación, dificultando el tránsito de una ambulancia, un tráiler cargado con medicamentos e insumos para hospitales y decenas de vehículos particulares y de carga que se dirigían a diferentes destinos en esta zona del estado.
En tanto, madres de familia que compartimos información de la escuela y las actividades de nuestros hijos –vía WhatsApp– preguntábamos entre sí, ¿dónde hay gasolina?, mientras las autoridades anunciaban que el ducto que abastece a Saltillo era reabierto.
Y bueno, gracias al uso de la tecnología y con apoyo de usuarios en Coahuila y en el país, por medio de herramientas que ofrece Google Maps, se generaron guías de ubicación de sitios de abasto de combustible, pero está claro que no todos los propietarios de vehículos tienen acceso para este tipo de plataformas.
Si bien el Gobierno federal ha lanzado una campaña de “resistan” a la población –a través de un esquema mediático agresivo y constante– las quejas han sido mínimas entre los que hacen filas en las gasolineras, que incluso advierten estar dispuestos a esperar horas para surtir combustible con tal que Andrés Manuel López Obrador acabe con la corrupción en Pemex y el huachicoleo, a través del cierre de ductos y por medio de transporte terrestre de la gasolina.
Los afines a la medida y a la administración del tabasqueño celebran la orden dada por el Presidente. La oposición mejor ni asoman la cabeza, pues cualquier cosa que critiquen es motivo de censura y ataques en redes sociales o en cualquier medio que se atreva a sancionar la crisis en la distribución de gasolina que en Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe sigue agudizándose.
Ayer leía un análisis de la consultora británica Oxford Analytica –publicada en un periódico de circulación nacional– que señala que el combate al saqueo de combustible de los ductos de Pemex por medio del cierre de tuberías sería una estrategia insostenible.
Y lo que recomienda esta consultora de estudios geopolíticos –con oficinas en Nueva York, Oxford y París– es “buscar una solución a largo plazo que permita efectivamente revertir los efectos del robo de gasolina y diésel en México, por medio de una ruta que garantice la seguridad física de los ductos, medidas anticorrupción y esfuerzos para cambiar la percepción de la población hacia la compra y uso de combustible en el mercado negro”.
El objetivo es ir contra los corruptos. Con el diseño de políticas públicas que garanticen ir contra quienes por años o décadas, se hicieron de la “vista gorda” para no delatar a los que del huachicoleo hacían el negocio de sus vidas, a quienes encabezan grupos, políticos, empleados, sindicatos, etcétera, “metidos” en estas poderosas redes de corrupción que supuestamente están incrustadas en casi todos los niveles de Petróleos Mexicanos.
09 Enero 2019 03:55:00
Presidentas o presidentes del DIF
Desde hace años en los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los municipios, se acostumbra que la presidencia sea ocupada por un familiar del alcalde o la alcaldesa en turno, para representar al munícipe en el despliegue de apoyos a las familias o grupos vulnerables en cada municipio de Coahuila.
Aunque casi siempre es la esposa o esposo del o la alcaldesa quien lleva la agenda del DIF municipal. Y para que no represente un conflicto de interés –por el parentesco con el alcalde –la Ley de Asistencia Social vigente en el estado, establece que el puesto sea honorario, es decir sin recibir pago alguno por los servicios que se prestan al frente del DIF municipal.
La Ley señala que el Estado está obligado a proveer los servicios de asistencia social a través de un organismo denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza (DIF Coahuila), que tiene el carácter de organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Aunque según el último Informe de Resultados 2017, presentado en diciembre pasado por la Auditoría Superior del Estado al Congreso local –y que está publicado en la plataforma en internet de la ASE– surge la problemática de interpretación de la Ley, pues por la palabra “honorario” en términos generales se entiende como un cargo que no amerita una percepción económica.
Con base a los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado y dentro de sus facultades de fiscalización se ha detectado como una práctica común el que se otorgue un salario o remuneración a quien hace las veces de presidente o presidenta honorario (a) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que es contrario a la norma por lo que al otorgar una remuneración se ocasiona un daño a la Hacienda Pública Municipal. Así lo consigna la ASE en su Informe de
La Auditoría explica los alcances de este incumplimiento de los municipios con la disposición en esta materia. Es una práctica común el que se reciba un pago por ser presidenta o titular del DIF municipal, ¿pero para quién puede ser atractivo prestar su tiempo y esfuerzo por un trabajo que no tendrá paga? O ¿cómo cubrir los costos de traslados, alimentación o uso de telefonía, equipos o internet, para la gestión de apoyos a estos grupos de la sociedad?
No es que defienda el pago o remuneración a las presidentas o presidentes de los DIF municipales, pero debiera implementarse una política que permita garantizar la eficiencia en el desempeño de estas actividades, que favorecen a grupos que tienen necesidades específicas en la sociedad, principalmente para que “la tentación” del pago de honorarios a las esposas de los alcaldes no sea una actividad común y sancionada cada año por el órgano fiscalizador del Congreso del Estado.
26 Diciembre 2018 04:04:00
Capítulo 1000 y deuda pública
En el Informe Anual de Resultados 2017, que recientemente publicó en el sitio en internet la Auditoría Superior del Estado (Coahuila) incluye un apartado de “Estudios Especiales” con más de mil 400 páginas, en donde analiza un tema importante para las administraciones municipales. Se trata del Capítulo 1000 en los 38 municipios de esta entidad, que describe el impacto financiero registrado debido a la contratación de personal y al incremento de la burocracia en los ayuntamientos durante 2017, que es el período que abarca la documentación presentada por la ASE ante el Legislativo.
El Capítulo 1000, de Servicios Personales –como se le llama a este bloque– comprende “los recursos destinados a las remuneraciones del personal que está al servicio de los entes públicos. Son los sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, estos pueden ser de carácter permanente o transitorio” (ASE, Informe Anual 2017).
La austeridad en el gasto, principalmente en la contratación de personal y la apertura de nuevas plazas, con ingresos que se apeguen a la tabulación de sueldos, permitirá disminuir el gasto en este rubro para tener una mayor disposición de ingresos, y así financiar programas e incentivar la inversión pública, de la que adolecen la mayor parte de los ayuntamientos como se vio al menos en este 2018, año en el que los proyectos de infraestructura de alto impacto para la población, fueron prácticamente nulos en los 38 municipios.
En las recomendaciones que hace la Auditoría Superior del Estado en este Informe Anual de 2017, incluye la necesidad de mantener un monitoreo permanente sobre el gasto que hacen los ayuntamientos al personal en áreas administrativas y operativas, porque al reconocer que entre más se destine al pago de trabajadores, tácitamente se limita el uso de dinero para obra pública como pavimentación de calles, mejora en el servicio de recolección de basura, equipamiento de los cuerpos de seguridad, por citar algunos servicios que deberían dotar estas autoridades de primer contacto.
Aunque mucho de la baja inversión pública, y ni cómo negarlo, tiene su origen en la deuda pública estatal, de la que igualmente informa la ASE en este apartado de “Estudios Especiales”, donde advierte de la evolución mínima en el pago de la deuda pública estatal, los bancos con los que se tiene la contratación de créditos hasta 2017 (que abarca el Informe ASE 2017), el lugar que ocupa Coahuila en este rubro y los comparativos con otras entidades del país.
La Auditoría Superior del Estado, señala además que de acuerdo con indicadores de solvencia, las entidades que tienen mayor capacidad para hacer frente a sus obligaciones son: Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y San Luis Potosí. En tanto que aquellos estados con menor capacidad son Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo.
Y agrega que “para el caso de Coahuila, su deuda se vio disminuida en 0.62%, pasó de 36, 494.0 a 36, 270.2 millones de pesos (Informe Anual 2017). Además, mantuvo su posición de endeudamiento en observación en el Sistema de Alertas de la SHCP, así como su situación crediticia, manteniendo su nivel de estabilidad”.
12 Diciembre 2018 04:03:00
Hace unos días estuve en el Coloquio de Economía Regional en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en la Unidad Camporredondo en Saltillo, donde un grupo de aspirantes al grado doctoral presentaron avances de investigaciones principalmente vinculadas con temas económicos y de impacto en la Región Sureste del estado.
Uno de estos temas es especialmente interesante porque estudia la corrupción desde un enfoque económico y social, sobre los efectos en el índice presupuestal y los ciudadanos.
La tesis sobre el modelo de crecimiento del gasto público y las consecuencias de la corrupción en Coahuila, analiza desde un punto de vista científico y meramente académico, una problemática que el Inegi advierte como grave o como la principal preocupación de los mexicanos y de los coahuilenses, incluso sobre los índices de inseguridad o falta de inversión en infraestructura.
El catedrático David Franco Chichao ofreció una ponencia frente a sus asesores y coordinadores del CISE, entre ellos Gilberto Aboites Manrique y Gustavo Félix Verduzco. En su propuesta, Franco Chichao advierte una hipótesis que tiene relación con la corrupción y las pérdidas que esta práctica ocasiona al gasto público. Además, maneja las estadísticas de percepción de la corrupción que ha dado a conocer el Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig 2017).
Entre las frases de su exposición, debo resaltar algunas como esta que dejó ir Franco Chichao: “mientras la corrupción sea más alta en una ciudad o entidad, en el país, será mayor el impacto negativo en la economía y el gasto público, porque los efectos de la corrupción pueden ser medibles y atacables”.
Reconoció que la corrupción, por tratarse de una actividad ilícita, es difícil de medir con valores exactos, pero sí es posible detectar y revertir efectos en áreas de prevalencia de posibles actos ilegales, relacionados con la falta de honestidad, integridad y ética de los servidores públicos, ciudadanos, empresarios, etcétera.
Existe argumentación entre la percepción de corrupción en instituciones dependiendo también de la forma y la calidad del servicio público que se ofrece en el estado y los municipios, porque en trámites como la emisión de una licencia de conducir, un permiso para instalar un negocio, la atención médica en hospitales de Gobierno, en la dotación de servicios como el de seguridad pública o de recolección de basura, es común que la corrupción afecte los estándares de calidad que exigen quienes pagan sus impuestos.
Los asesores de David Franco Chichao, investigador del CISE, hablaron también del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, reconocen los esfuerzos para controlar e inhibir los actos de ilegalidad que merman las finanzas públicas.
Es importante reconocer el trabajo permanente de investigadores de la UAdeC, quienes aportan meses y años de análisis, hipótesis, textos con proyección a futuro, contenidos y propuestas sustentadas científicamente sobre uno de los problemas más graves para los mexicanos y coahuilenses: la corrupción.
Con el cambio en la Presidencia de la República vendrán también –al menos eso afirman los especialistas– ajustes en las legislaciones federales que sin duda, impactarán en los estados.
Uno de los asuntos que podría resentir los cambios, si es que así se decide desde la Presidencia de la República y que a partir del 1 de diciembre estará a cargo Andrés Manuel López Obrador, sería la reconfiguración del Sistema Nacional Anticorrupción, pues incluso en algunas intervenciones públicas, en eventos estatales o conferencias magistrales, Irma Eréndira Sandoval, quien ocuparía la titularidad de la Función Pública federal, ha dejado entrever que el SNA tendría que registrar algunos cambios. ¿Cuáles?, aún no se saben, al menos, no a detalle.
No obstante, en pláticas con consejeros y consejeras anticorrupción de entidades del país, durante el Foro Regional Ciudadano Anticorrupción que se levó a cabo hace unos días en el estado de Durango, la postura fue la misma: los cambios al Sistema Nacional podrían darse desde el primer período de la administración morenita, porque el combate o –como dicen algunos analistas– el control de la corrupción en el país, es parte de la agenda prioritaria que ha marcado Andrés Manuel López
Desde la reforma a la Constitución que dio paso al Sistema Nacional, hace poco más de dos años y en Coahuila hace poco más de un año, la percepción de avance, es mínima. Y eso se entiende cuando hay que tomar en cuenta lo complejo de la configuración del Sistema Nacional y los sistemas locales, porque en el caso de los estados y no en todos, por cierto, se puede hablar de una instalación completa o en funciones del propio sistema.
Además de los conflictos al interior de los consejos o comités de participación ciudadana en algunas entidades, de las limitantes presupuestales o de resistencias de las administraciones para apoyar los cambios que buscan impulsar ciudadanos y ciudadanas, y la sociedad civil organizada desde los CPC´s, los consejeros y las consejeras advierten que la nueva administración implementará esquemas que quizá puedan o no, dar mayores facultades o fortalezas a la figura ciudadana desde el SNA, o llegar a la reforma legal que permita u obligue a que entre los integrantes del Comité Coordinador (CC), se incluya –además del Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, INAI, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el CPC– a un representante de la Comisión Nacional Bancaria y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que le daría mayor certeza y agilidad en la implementación de los acuerdos del CC.
La expectativa es mucha. En el primer trimestre del año 2019, se estará implementando un nuevo esquema de declaración patrimonial para la totalidad de los servidores públicos en el país, además, los y las consejeras del país buscarán cambios en las atribuciones de los propios CPC´s, para que sus exhortos dejen de tener carácter de no vinculantes, como actualmente ocurre en Coahuila. Al menos así ha trascendido en las últimas reuniones.
14 Noviembre 2018 04:00:00
Para establecer los retos del combate o control –como le llaman algunos autores– de la corrupción en Coahuila y en las entidades del país, es necesaria la vinculación permanente con agrupaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, empresarios y activistas que han desarrollado estudios o metodologías para establecer los índices de prevalencia de posibles actos de corrupción, desplegar actividades de capacitación, elaboración de fichas e indicadores, por citar algunos rubros.
Esto, claro, con el trabajo permanente que desde el Consejo de Participación Ciudadana y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en coordinación de estrategias aprobadas por el Comité Coordinador (CC), del SEA, del que forman parte el Tribunal de Justicia Administrativa, a cargo de la magistrada Sandra Rodríguez Wong; la Auditoría Superior del Estado, cuyo titular es Armando Plata Sandoval; el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú; el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, que preside Luis González Briseño; la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, que está a cargo de Jesús Flores Mier y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en Coahuila, cuya titular es Teresa Guajardo Berlanga.
Dentro de los proyectos planteados en la agenda 2030 para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la ONU y a la que México está suscrito, contempla el establecimiento de tareas específicas para detectar, sancionar y prevenir hechos de corrupción en las ciudades del país. Coahuila, y los estados de la República, son parte de estas propuestas como las que se estarán desplegado en una agenda para esta misma semana, y que coordinarán en Saltillo integrantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International Development), conocida por sus siglas en inglés como USAID.
Es importante que estos esfuerzos que llevan un objetivo específico, integración, orden y una metodología de trabajo, sean parte de la agenda del CPC y de la propia Secretaría Ejecutiva, e incluso del CC. Porque además representa una propuesta exigente de resultados, en fechas y pautas muy claras, como el ejercicio que hace algunos meses impulsó USAID en el estado de Chihuahua, que tal como lo consignó el Observatorio Nacional Ciudadano en una nota periodística, tuvo como principal meta el llamado Reto de los 100 Días. Se desarrolló en un esquema completo y estructurado para el trabajo de grupos de especialistas, en una mecánica que facilita la medición del cumplimiento de metas establecidas, en poco más de tres meses.
La agenda está basada en tres preguntas básicas para iniciar este reto, el de los 100 días: ¿Qué debemos dejar de hacer?, ¿Qué debemos seguir probando? Y ¿Qué nos faltó por hacer?
De este primer análisis de grupo, en los equipos de trabajo surgirán sin duda temas estratégicos desde Saltillo, con las metas por cumplir en plazos ya marcados y en materia de generación de políticas para erradicar y sancionar la corrupción en la entidad.
07 Noviembre 2018 04:00:00
Reportar posibles actos de corrupción
La plataforma digital elaborada por el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila A.C. (CCIC) permite recibir reportes ciudadanos de posibles actos de corrupción e impunidad, además de fomentar la cultura de la denuncia y la clasificación de hechos que puedan representar actos ilegales en la administración pública, porque incluye un catálogo con la clasificación de hechos ilícitos o faltas administrativas contempladas en las legislaciones locales.
En la dirección en internet (anticorrupcion.ccic.org.mx) es posible conocer detalles de esta propuesta que desde hace algunas semanas impulsa tanto el Consejo Cívico de las Instituciones en la Región Sureste, como el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Fiscalía Anticorrupción y Auditoría Superior del Estado de Coahuila.
Se trata del Programa de Formación y Canalización de Reportes sobre Posibles Hechos de Corrupción donde además se promueve la participación ciudadana para la detección, sanción y combate de la corrupción y de la impunidad en la entidad. El uso de tecnologías como ésta, facilita el monitoreo y mapeo del lugar o municipio desde donde se están enviando el o los reportes ciudadanos de hechos que pueden o tener relación con posibles actos de corrupción.
De ahí la importancia de que en el sitio anticorrupcion.ccic.org.mx se incluya la definición de delitos como: ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, intimidación, cohecho, tráfico de influencias, peculado o enriquecimiento ilícito. Cada uno de estos conceptos incluye el significado y el artículo de la ley que sanciona cada uno de los ilícitos ya citados.
Además se puede tener a la mano una biblioteca con más de una veintena de legislaciones federales o locales que aplican contra posibles hechos de corrupción. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que pueden ubicar en este apartado de fácil y gratuito acceso.
Este tipo de ejercicios, propician espacios de recepción de quejas anónimas con garantía de protección a quien está señalando hechos que pueden constituir un delito o falta administrativa. El Programa de Formación y Canalización de Reportes sobre Posibles Hechos de Corrupción es sin duda un avance en la recepción, canalización, monitoreo y seguimiento de reportes ciudadanos. Es una ruta que incentive a los y las ciudadanas a señalar hechos ilegales.
Cada reporte es analizado por expertos y canalizado a la autoridad para que con base a lo que señala el o la ciudadana, a las pruebas aportadas e incluidas en el mismo link, y por supuesto a la voluntad de quien envía la queja, determinar si desea o no interponer una denuncia penal contra los o el servidor público o empresario que aparentemente está involucrado en los hechos señalados.
31 Octubre 2018 04:00:00
La semana pasada en el estado de Puebla, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, Karen Berlanga Valdés presentó el informe de trabajo del primer año de actividades del CPC de Puebla.
En esta jornada resaltó avances importantes en la integración de la agenda del Sistema Anticorrupción, donde ella misma resaltó que los políticos y quienes intentan cometer actos ilegales o de corrupción “no tienen llenadera (sic)” y por eso es importante delinear acciones que inhiban la problemática que afecta al país.
Berlanga es la primera en presidir el CPC de Puebla. De ahí la importancia de impulsar una agenda de género inicialmente desde una plataforma respaldada por las mujeres que integran los comités o consejos de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción en los estados.
Existe un absoluto y justificado interés de integrantes de los CPC’s, como el de Karen Berlanga, María del Carmen Leyva, Catalina Aguilar (Puebla), Damiana Herrera y Penélope Picazo (Morelos), Alma Delia Hernández (Veracruz), María Isabel Chagoya (Oaxaca), por citar algunas de las ciudadanas que actualmente participan en la generación de indicadores y políticas públicas en materia de anticorrupción.
Entre otros temas a promover desde los estados, incluyendo Coahuila, son las convocatorias con enfoque de género como ocurrió en la última y más reciente selección de consejera en esta entidad. El objetivo es replicar estas prácticas en las comisiones de selección en los estados, tal como pasó en Coahuila, donde efectivamente se garantiza la conformación de un consejo paritario.
Porque por ejemplo, Oaxaca actualmente tiene una sola integrante mujer en su CPC, lo mismo que en el CPC de Durango. Por eso es que en esta agenda de género que provoca Coahuila, hay temas interesantes como el planteado por magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa en Puebla, que advierten de la necesidad de contar con un protocolo de atención y de mantener un bloque sólido de mujeres que actualmente integran los CPC locales, con planes compartidos y una agenda común a favor del género.
En este sentido, Coahuila es referente en la conformación de una propuesta de este calado. Ayer leía un comunicado respaldado por una docena de grupos de la sociedad civil, en el que piden respetuosamente al Congreso local se respalden iniciativas como la integración de un gabinete paritario, acciones afirmativas de género, sanciones contra la discriminación laboral por cuestiones de género, uso de lenguaje paritario, así como la garantía de proporcionalidad en la integración de la Comisión de Selección del SEA.
Éste último, un asunto que por cierto, fue llevado a la Comisión de Igualdad en una propuesta desplegada por integrantes de la red Más Mujeres Coahuila.
Palabra clave: tolerancia cero
El informe Efectos de la Corrupción en los Contratos de Asociaciones Público-Privadas, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que fue presentado hace unos días, advierte de los riesgos de corrupción en las asignaciones de obra pública y de contratos a proveedores de entidades en México y Latinoamérica, pero a partir de escándalos como el de la firma Odebrecht, constructora que reconoció haber pagado una serie de sobornos a altos funcionarios de más de una docena de países en América Latina.
En especial, este reporte resalta la necesidad de desarrollar herramientas que sancionen la corrupción en este tipo de operaciones con dinero público, pero que al mismo tiempo llama a que los estados garanticen la continuidad de proyectos de infraestructura bajo condiciones de calidad y estándares de compra con altos niveles de transparencia y legalidad.
El Banco Interamericano de Desarrollo señala especialmente algunas medidas que podrían evitar la corrupción en las contrataciones o asignaciones de obra pública de los gobiernos federal y los estatales. Una de las recomendaciones más sobresalientes de este reporte es el establecer mecanismos de control y reformar –si así fuera el caso –la legislación o legislaciones locales para sancionar con mayor severidad actos ilegales, y de esta forma evitar la tan señalada impunidad en estas erogaciones millonarias que realizan las autoridades al momento de impulsar la obra pública.
Incluso, la propuesta va más allá. Advierte de la necesidad de imponer sanciones ejemplares a empresas que incurran en actos de corrupción, sobornos o tráfico de influencias. En estos casos, el BID en su reporte menciona que debe aplicarse la nulidad del contrato a estos empresarios de la construcción o proveedores.
En Coahuila, y lo leíamos hace unos cuantos años, las reformas a la Ley de Obra Pública y Adquisiciones citaban algunos ajustes precisamente para evitar actos ilegales o compras “a modo”, principalmente en materia de obra pública, como puede ser la pavimentación de calles, construcción de hospitales o estaciones de policía, el mantenimiento de caminos rurales o la edificación de nuevas oficinas gubernamentales. Aunque según agrupaciones y activistas, estas medidas han sido insuficientes, no solamente para asegurar el cumplimiento en tiempo y la calidad del proyecto para el que se contrató a una empresa, sino también para que la asignación se realice sin cuestionamientos o dudas sobre la propuesta ganadora de tal o cual licitación.
La georreferenciación de obra, el usuario “encubierto” y la instalación de observatorios ciudadanos fueron parte de esta estrategia. La vigilancia en las asignaciones y el padrón de proveedores en Coahuila son prioridad para los grupos de la sociedad civil y los especialistas en el tema, el sector empresarial y los académicos que frente a la exposición mediática de asuntos relacionados a contrataciones poco transparentes se muestran escépticos ante los avances y la regulación estricta que las autoridades locales le puedan aportar a este tema.
17 Octubre 2018 04:00:00
Foros y propuestas ciudadanas
En los foros regionales que están desplegando el Comité de Participación Ciudadana Nacional (CPC) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) los consejeros anticorrupción y los relatores recogerán temas y propuestas de especialistas, universitarios, académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y Gobierno, en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción en el país, para delinear lo que será la Política Nacional Anticorrupción.
Saltillo será sede de uno de estos ocho encuentros en los que, según el calendario que circuló la Secretaría Ejecutiva, estarán integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y, claro está, de Coahuila.
Para las mesas de trabajo, que serán cinco y con temas relacionados con el problema de corrupción que tiene prevalencia en las entidades de esta región del país estarán, además de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de los cuatro estados, los secretarios técnicos, así como los responsables de las unidades de riesgos y políticas públicas; la invitación también estará abierta para que las instancias que forman el Comité Coordinador de las entidades que participarán en Saltillo puedan aportar en este trabajo abierto, que buscará alinear esfuerzos para erradicar uno de los problemas más graves para los mexicanos, como lo es la corrupción.
Entre los ejes identificados como detonantes para la discusión y el aporte en las mesas de trabajo que se llevarán a cabo a finales de este mismo mes sobresalen el servicio profesional de carrera, quejas y denuncias, conflicto de interés, inteligencia y redes, detección de riesgos, difusión y promoción, integridad y corrupción política, así como compras públicas y licitaciones.
Los ejes transversales incluyen la participación de los ciudadanos, la transparencia y los derechos humanos, que sin duda le abonarán al compendio estadístico y de planeación que desarrolla el Comité Nacional Anticorrupción, cuyos integrantes estarán interactuando en las mesas de trabajo y conociendo el detalle de las propuestas que tienen no solamente los coahuilenses que han estudiado el tema, sino expertos de Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas que estarán en esta capital.
En esta agenda es fundamental el aporte de los ciudadanos. De las agrupaciones civiles que han venido señalando casos de corrupción y opacidad en la asignación de presupuestos, de los activistas que reclaman por actos de deshonestidad en la impartición de justicia o por la escasa e incorrecta asignación de recursos con enfoque de género o que señalan irregularidades para evitar la protección al medio ambiente. Es un conjunto de opiniones que tendrán un espacio para ser escuchadas desde el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.
10 Octubre 2018 04:05:00
Volver a los agravios
El lunes estuve en la presentación de un libro, aquí en Saltillo, donde uno de los ponentes hizo una reflexión que me dejó preocupada, pues desde mi óptica la protección a los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, etcétera, debería ser prioritaria en la política nacional, en los planes, presupuestos y proyectos de la administración federal que entrará en funciones el 1 de diciembre. Porque definitivamente esta administración federal que está por terminar, dejará una larga lista de pendientes en materia de garantías individuales de los mexicanos.
La reflexión se inició cuando se comenzó a hablar del derecho a la libre expresión, de la protección a los periodistas que sigue acotada por las decisiones del Estado, cuyos protocolos de seguridad y garantías son incipientes para quienes generan contenidos, reportean, fotografían, documentan o trabajan en los medios de comunicación.
Quienes han vivido situaciones de crisis, privación ilegal de la libertad, o agravios por el simple hecho de escribir, de reportear la nota diaria, saben que el apoyo llega a cuentagotas, o simplemente nunca llega la protección a los hogares donde se viven eventos dolorosos, porque uno de sus integrantes tuvo la idea de dedicarse al periodismo.
Este tema lo menciono porque ahí mismo, en la presentación de este libro, escuché lo que el martes fue nota de portada en algunos diarios bajo este encabezado: “CNDH demanda recursos para mecanismos en favor de periodistas”. Y es que en un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que solicitó medidas cautelares a favor de 727 personas beneficiadas y amparadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Algunos oficios fueron enviados a la Secretaría de Gobernación y de Hacienda, para impedir que el ajuste presupuestal, disminuya el recurso financiero destinado para garantizar la seguridad y las garantías de los defensores de derechos humanos y periodistas. La exigencia de la CNDH es que se asignen los 75 millones de pesos para mantener estos protocolos en el país.
La libre expresión es un derecho indispensable en una sociedad democrática y justa, donde todas las voces pueden y deben ser escuchadas. Donde los medios de comunicación, los periodistas independientes y la información que se produce en el día a día, permiten generar opinión pública, incidir en las políticas de Gobierno y en la educación de las personas.
Grave, muy grave que el Gobierno federal le apueste al recorte del recurso económico en una clara afrenta contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas. El fenómeno de la violencia no ha frenado nunca el ejercicio de la libre expresión, sin embargo, nadie puede escribir o hacer lo que más le apasiona, como la labor de informar, bajo condiciones como las que propone el Estado Mexicano. ¿Es justo?, ¡claro que no!
03 Octubre 2018 04:00:00
Retos que vienen
En mayo de 2015 se concretaron las reformas a la Constitución y con la aprobación del primer bloque de leyes federales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quedaron las bases de lo que se ha ido replicando en entidades, siendo Coahuila uno de los que mayor avance observa en esta materia.
Desde el impulso que el Sistema Anticorrupción de Coahuila le ha dado propuestas hechas ante el Congreso del Estado y en conjunto con agrupaciones de la sociedad civil para generar un mecanismo de designación de órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos y la Auditoría Superior del Estado, hasta la reciente firma de convenio para impulsar el Programa de Formación y Canalización de Reportes y Posibles Hechos de Corrupción en Coahuila y el acompañamiento con agrupaciones civiles para atender problemáticas relacionadas con la corrupción y los derechos humanos, han sido parte de la agenda del Consejo de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema en la entidad.
El esfuerzo y aporte de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial en Coahuila han sido constantes para buscar controlar –como lo dicen algunos autores– o inhibir los actos de corrupción principalmente en la esfera pública, donde el erario debiera gastarse en lo que la sociedad requiere y demanda, con total apego a la transparencia, pero sobre todo a la legalidad en el ejercicio de cada peso que llega a las arcas municipales, estatales o federales.
La normativa que rige al sistema local anticorrupción, incluye el enlace con integrantes del Comité Coordinador, desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana –que también encabeza el Sistema –para el diseño e implementación de políticas públicas en conjunto con la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.
Uno de los temas que especialistas han señalado como prioritarios es la captura de puestos públicos.
Y sin que esto sea una estridencia mediática, tal parece que hay mucho de cierto y que esta situación permea en Coahuila, donde se requieren mecanismos que garanticen: 1) esquemas transparentes y abiertos de selección de quienes desean integrarse al servicio público y 2) alinear el servicio civil de carrera, para erradicar el particularismo que luego da pie a la comisión de actos de corrupción o a la formación de redes de este tipo.
Sin duda, este asunto es toral para el Sistema Local Anticorrupción, cuyo CPC cumple un año. Esta semana rinde protesta una nueva consejera y cambia la presidencia que desde este 5 de octubre estará a cargo de la consejera Ana Yuri Solís Gaona, quien cuenta con una amplia experiencia en la materia, una economista profesional y dedicada, con toda la solvencia para el desempeño.
Segura estoy de que hará un excelente papel al frente del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila.
26 Septiembre 2018 04:00:00
Representantes de diferentes agrupaciones de la sociedad civil y en un comunicado conjunto de la Alianza Anticorrupción, hicieron planteamientos a la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción para impulsar un ejercicio abierto y transparente en la designación de la consejera que ocupará la vacante que el 5 de octubre dejará el presidente del CPC, Manuel Gil Navarro.
El activismo de la sociedad definitivamente permite que los procesos mejoren y se perfeccionen, como ha sido el caso de la Alianza Anticorrupción que reúne colectivos de las regiones en la entidad y quienes hicieron propuestas sobre el método de selección de quién formará parte del CPC durante los próximos cinco años.
Esto, para garantizar el principio de máxima publicidad en cada una de las mediciones para determinar quién pasa a la siguiente fase rumbo a la designación. La documentación y trayectoria fueron calificadas y el puntaje se dio a conocer desde la propia Comisión de Selección, claro está, en los casos en los que las participantes autorizaron hacer pública esta información.
En los acuerdos de septiembre de la Comisión de Selección y los integrantes de la Alianza Anticorrupción, sobresale la propuesta de que sea quien obtenga la calificación más alta, quien sea designada integrante del Consejo de Participación Ciudadana de SEA. Pero los activistas también pidieron conocer el criterio que aplicará la Comisión de Selección para determinar quién cumple con los principios de independencia, autonomía y objetividad.
La vigilancia por parte de las agrupaciones civiles y las acciones propositivas permiten la mejora del quehacer público, la correcta aplicación del recurso y el impulso de una mejor calidad de vida para los y las coahuilenses.
Depende de la tolerancia y la capacidad de escuchar de los actores políticos o de quienes deciden, para tomar en cuenta las iniciativas y la crítica que es parte del reclamo que hace la población, en medio de la decepción social que no ve reflejados sus intereses en quienes están al frente de la toma de decisiones.
En esta ocasión las peticiones de la Alianza Anticorrupción fueron tomadas en cuenta e impulsaron el perfeccionamiento del método para la designación de quien será la nueva consejera anticorrupción.
Las entrevistas de las 12 ciudadanas que calificaron para la siguiente etapa serán trasmitidas en vivo y comenzarán a partir de mañana jueves 27 de septiembre a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA y estarán abiertas al público previo registro. La máxima calificación posible es de 54 puntos.
Enhorabuena para las 12 ciudadanas que estarán en esta última etapa que definirá el nombre de la integrante del Consejo de Participación Ciudadana.
Una nueva consejera en el CPC
Celebro que la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila emitiera una convocatoria con enfoque de género para renovar la primera posición en el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), que el próximo 5 de octubre cambia su presidencia e integrará a la profesionista que resulte con la mejor puntuación en las evaluaciones que harán los siete notables que actualmente integran la Comisión de Selección.
La convocatoria se cerró el sábado 15 de septiembre y se inscribieron 22 ciudadanas. De acuerdo con el orden que dio a conocer la Comisión de Selección, enviaron su documentación: Karla Yolanda Chío Posada, licenciada en Administración de Empresas; Karla Ivonne Natividad González, licenciada en Comercio Internacional; María del Carmen Rocamontes Ramos, licenciada en Psicología; Norma Mercedes Herrera de Hoyos, contadora pública, así como Leonor Adriana Gómez Barreiro, licenciada en Comunicación y Periodismo.
También se registraron: Diana María Medina Álvarez, licenciada en Administración de Empresas; Karla Gabriela Ramírez Borjón, licenciada en Derecho; María Eugenia Villarreal Abusaíd, licenciada en Derecho; Lydia Pérez González, licenciada en Economía; Abdelali Soto Vázquez, licenciada en Economía; Jafia Pacheco Valtierra, licenciada en Derecho; Laura Karyna López de la Torre; licenciada en Derecho.
Igualmente: Ana Olga Rodríguez Betancourt, licenciada en Economía; Alejandra Wade Villanueva, contadora pública; Yvonne Corona Muñiz, médica cirujana/licenciada en Derecho; Cecilia Rendón Isunza, licenciada en Ciencias de la Comunicación, lo mismo que Leticia Bravo Ostos, licenciada en Derecho.
En esta lista y de entre quienes saldrá el nombre de quien suplirá al consejero Manuel Gil Navarro en el primer cambio del CPC están también María Verónica Garza Vara, licenciada en Derecho; Érika Paloma Muñoz Hernández, licenciada en Comercio Internacional/Educación Preescolar, así como María Inés Garza Orta, contadora pública; Cecilia del Carmen Cardiel Escamilla, licenciada en Diseño Gráfico, y Dulce Marcela de Jesús Mendoza Camero, licenciada en Derecho.
Aunque la entrega de documentación no implica que las 22 ciudadanas cumplieran con los requisitos, ya de entrada es un número importante de mujeres que decidieron inscribirse para la selección de la nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, y más aún, yo resaltaría el interés de ser parte de la consolidación de un sistema, de la generación de políticas públicas para el combate de la corrupción, de aportar sus conocimientos y de sumarse a los esfuerzos no solo de un cuerpo colegiado, sino del Sistema Anticorrupción en el estado.
Hace unos días leía un apunte de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, que decía que “una política anticorrupción efectiva debe incorporar la perspectiva de derechos humanos. La corrupción no debe ser freno del ejercicio de los derechos que la propia Constitución contempla: educación, salud, seguridad, entre otros”.
En esta misma ruta, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, quien es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de posgrado sobre Política y Gobierno, ha insistido en que las agendas de los sistemas locales impulsen políticas públicas relacionadas con la defensa de las garantías individuales.
Porque la corrupción hace que la vida sea más cara y merma la confianza del consumidor y la credibilidad de los inversionistas que deben pagar sumas de dinero para conseguir permisos de instalación en entidades de este país. Además, la corrupción agota los fondos públicos y destruye las expectativas de una sociedad justa.
La corrupción facilita otros delitos, incluyendo el tráfico ilegal de vida silvestre, el terrorismo, las desapariciones de personas o la falta de medicamentos en los hospitales evitando que quede plenamente garantizado el derecho a la salud.
De ahí que el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila iniciara una agenda en este sentido y junto a colectivos y grupos de la sociedad civil que han solicitado el acompañamiento ciudadano, buscar soluciones de fondo y no solamente sanciones a culpables, en un afán de lograr que el Estado implemente políticas públicas y mecanismos para revertir actos ilegales que eviten que los presupuestos lleguen a los hospitales públicos o que la inversión sea limitada en este sector, o bien incidir en la integración de los cuerpos policiacos estatales y municipales, en la designación de funcionarios del sistema judicial, o en una ruta que permita evitar que por intereses de particulares se afecte la flora y fauna en valles, ríos o zonas serranas del estado.
De este tema habla el Proyecto de Nación 2018-2024 que desplegará el nuevo gobierno federal a partir del 1 de diciembre y menciona que México tiene el mayor porcentaje en América Latina de personas que afirman que en el último año pagaron un soborno para acceder a servicios básicos y públicos de salud o seguridad, a un trámite oficial, para acceder a un programa de beneficio social o para la inscripción de un hijo en una escuela pública, porque de acuerdo con cifras de Transparencia Mexicana, 14 de cada 100 pesos del ingreso promedio anual de los hogares en el país se destina a pagos extraoficiales.
La corrupción y su afectación en rubros como los derechos humanos son altamente sensibles y es un tema delicado para la sociedad cuando se habla del abuso de autoridad en una corporación o de malas prácticas entre quienes deben garantizar la aplicación de la justicia en Coahuila.
Ética entre universitarios
Ser universitario no es solamente llenarse de orgullo por su alma mater, porque también implica ser un ciudadano honesto.
La honradez, la transparencia y el profesionalismo entre los estudiantes es un tema que interesa a los que dirigen las políticas internas en las escuelas de nivel superior y posgrado, ya sea instituciones públicas o privadas en Coahuila.
¿Cuántas veces ha escuchado que un alumno ofreció un obsequio a un maestro o maestra para alcanzar el puntaje y evitar un examen extraordinario? ¿O que directivos de universidades buscan concretar convenios o firmar fideicomisos de obra pública o ampliación de inmuebles en el plantel con intención de desviar recursos públicos?
La transparencia y, claro está, la designación por competencias en áreas como contralorías, las tesorerías, la oficina de compras, etcétera, en las universidades, evitarán de alguna manera que el dinero que recibe un plantel sea utilizado con fines ilegales o de franca corrupción, como en el más reciente escándalo en México conocido como “La Estafa Maestra”, que involucró dinero público que fue supuestamente desviado a través de 11 dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos, así como universidades que cumplieron un rol determinante en este, que fue señalado por los medios de comunicación como un evidente acto de deshonestidad que aparentemente sigue impune.
Los y las alumnas de nivel superior en Coahuila y en el país representan una gran oportunidad para erradicar o controlar la corrupción –como lo señalan algunos especialistas– y de fomentar las buenas prácticas en las escuelas, así como de la implementación de una contraloría social, ser alumnos “vigilantes”, promotores de la honestidad e incentivar el desarrollo de mecanismos para dejar de normalizar la corrupción desde las aulas en esta entidad.
Y ni qué decir de una crisis de ética que permiten maestros en universidades, como lo señala en su artículo Conductas no Éticas en el Ámbito Universitario su autora, la doctora Ana Hirsch Adler, investigadora de la UNAM, que advierte que en el caso de los profesores: “…no tratan con respeto a las personas que participan en sus investigaciones, alteran los datos, obligan a investigar algo sólo porque a ellos les servirá para aumentar su prestigio profesional, no dan el crédito correspondiente a los alumnos que participan en la investigación, se aprovechan de los alumnos para hacer sus investigaciones (sic)”.
No basta con que los titulares de área o directores y rectores hagan pública su declaración patrimonial, de no conflicto de interés o su declaración fiscal, sino que vayan más allá. Incidir con el claustro de maestros, alumnos y personal administrativo y/o sindicalizado para impulsar códigos de ética y honestidad, y aumentar el lenguaje en positivo que revierta actos de corrupción o abuso en las escuelas y campus universitarios.
29 Agosto 2018 04:07:00
La mitad de la población en Coahuila son mujeres. Académicas, amas de casa, operarias, directoras de área en el servicio público, maestras en escuelas, activistas, promotoras de la igualdad, madres de familia, líderes empresariales… desafortunadamente, los espacios son limitados para este segmento de la población que puede pasar inadvertido en la agenda pública, en eventos, actos protocolarios o reuniones de especialistas para definir el rumbo que seguirá la entidad en temas que nos atañen a todas y a todos.
Es difícil de entender. Pero basta con hacer un conteo de los lugares que ocupan mujeres, por ejemplo, en el Gabinete estatal, en administraciones municipales, en cúpulas empresariales en regiones de Coahuila, dirigencias sindicales o titulares de centros de investigación y docencia.
Más allá de las posturas por la defensa de espacios para las mujeres o de la cuota de género en temas electorales, es necesario visibilizar a las féminas en foros donde participan profesionistas o académicos y quienes se dedican al servicio público e inciden en la toma de decisiones. El objetivo: apoyar a las mujeres para hacerse notar y dar sus puntos de vista, su aporte y experiencia en cualquier rama de la ciencia.
Un tema en la agenda pública y que han venido impulsando desde el centro del país personajes como el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz, y el propio Alejandro Cubí Sánchez-Guijaldo, director de la editorial Tirant lo Blanch para México y el Caribe, es la iniciativa @NoSinMujeresMx que busca que académicos y profesionistas de diferentes áreas, principalmente en las ciencias sociales, asuman el compromiso de no participar como ponentes en ningún evento donde no haya al menos una mujer en calidad de experta y en el mismo presídium.
En México, la propuesta incluye algunos puntos más. La idea, dijo Cubí en una charla telefónica, es que cuando no se cuente con una mujer entre los ponentes, en un debate o conferencia, será importante ofrecer propuestas o una terna de mujeres con trayectoria y experiencia a quienes organizan estos eventos académicos o que tienen que ver con temas relacionados con las ciencias sociales, humanidades, investigación, políticas públicas, docencia, leyes, etcétera, para garantizar el espacio a las féminas.
Cubí Sánchez-Guijaldo dijo que Coahuila estaría en esta ruta para firmar un compromiso e impulsar la iniciativa que, además, sugiere a los hombres ceder espacios en donde no se tenga considerada al menos una mujer en el presídium.
El seguimiento de esta iniciativa, @NoSinMujeresMx lo hará cada ciudadano, cada mujer, los medios de comunicación y la sociedad. Pronto Cubí estará en Saltillo para firmar un acuerdo en Coahuila, que sería el primer estado en sumarse a esta causa.
22 Agosto 2018 04:08:00
Austeridad al máximo
La estrategia de austeridad planteada por el Gobierno federal entrante, exige un nivel de ahorro que obliga a redimensionar la política nacional en materia de generación de programas sociales, de inversión en infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, de telecomunicaciones, por citar algunos puntos prioritarios para la población.
En un par de semanas, en cuanto queden renovadas ambas cámaras del Congreso de la Unión, comenzarán la negoción del presupuesto para el ejercicio el 2019 y con ello la distribución del pago de servicios personales y gasto corriente, que de seguir con la inercia que ha mantenido el reparto de la bolsa en los últimos años, de cada peso 45 centavos se irán para este rubro; mientras que para el pago de la deuda y subsidio de los estados de la República destinarán 28 centavos y el resto para inversión pública.
Los equipos de transición sostuvieron una reunión importante y para algunos inédita, en la que por cierto estuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a partir de estos acuerdos comenzará el rediseño de las políticas públicas, la Administración federal, los cambios de nombre de programas sociales, los ahorros y la planeación de obra que será prioritaria para la Presidencia a partir del 1 de diciembre.
En Coahuila, los legisladores federales estarán en la negociación del presupuesto para el año entrante, que sin duda incluirá el desarrollo de obra hospitalaria y carretera, además de construcción de tramos de drenaje pluvial en ciudades como Saltillo y Torreón, donde las lluvias desquician el tráfico vehicular y ponen en riesgo a ciudadanos.
Una obra que fue promesa de campaña y que en mayo de 2012 se ofreció a los saltillenses, fue la construcción de un puente vehicular en la prolongación del bulevar Antonio Cárdenas (o Abasolo) y el Periférico Luis Echeverría, que nunca se concretó y que ahora es una sentida demanda para quienes viven o trabajan al sur de la ciudad, esto sin contar con la urgente ampliación de la carretera a Zacatecas en su tramo Saltillo-Derramadero.
Lo importante en el ejercicio presupuestal será la forma en la que se aplique y los mecanismos que sean utilizados para garantizar que cada peso destinado a la compra de medicinas para hospitales, a la construcción de un puente vehicular o al despliegue de programas sociales, lleguen realmente a la ciudadanía.
Erradicar las compras “a modo”, las licitaciones opacas, evitar las listas de beneficiarios que son afines a un grupo político, será el gran reto. La profesionalización de los servidores públicos y la transparencia valdrán más que la reducción de los sueldos o la desaparición de oficinas o dependencias públicas en el país.
15 Agosto 2018 04:08:00
En el Primer Informe Individual de Resultados 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE), en los Indicadores Básicos y de Gestión al Desempeño, documento que es público, analiza un punto importante en la administración de los recursos municipales en Coahuila. El equilibrio presupuestal es sin duda una parte fundamental en el ejercicio del gasto público que garantiza la regulación y el control del dinero municipal.
El equilibrio presupuestal es la igualdad entre el total de ingresos recaudados y el total de gastos.
La ASE menciona que es importante medir esta situación financiera, porque es una de las bases que garantiza tener finanzas sanas. Además, este indicador permite verificar y evitar incurrir en déficit, que ocurre cuando los egresos sobrepasan los ingresos.
Aunque esto no quiere decir que todo ingreso que llega a las arcas municipales deba ser gastado, porque es importante generar superávit, que puede ser destinado hacia una cuenta de efectivo y equivalentes para que el Municipio mantenga una disposición inmediata de efectivo, o bien, se utilicen para disminuir los pasivos circulantes que se tengan contratados.
El control del gasto municipal, la correcta regulación y supervisión de las finanzas evitarán endeudamiento a corto o mediano plazo. En total 17 ayuntamientos obtuvieron un superávit, cinco de ellos localizados en el parámetro alto. Saltillo y Torreón presentaron el mayor superávit en el ejercicio 2017, ambos municipios cambiaron de posición en comparación con el año anterior, en dicho ejercicio Torreón era el mejor evaluado.
Asimismo, dentro de este intervalo se encuentran los municipios de Monclova, Acuña y Frontera y dentro del rango superior al promedio se localiza Francisco I. Madero, el cual mejoró sus finanzas y por tanto, su liquidez.
Sin embargo, 21 municipios incurrieron en déficit, es decir, su gasto superó la cantidad de ingresos obtenidos, por lo que deben ajustar las finanzas para que el gasto disminuya y así contar con una liquidez para enfrentar sus obligaciones.
El control del gasto municipal, la regulación financiera en los 38 municipios, representa un nicho de oportunidad para revertir el endeudamiento en los ayuntamientos por falta de liquidez, principalmente hacia el cierre de las administraciones.
Es importante que los 38 alcaldes y alcaldesas conozcan a fondo la operación del presupuesto, con indicadores que incluyan el equilibrio presupuestal, la liquidez, autonomía y capacidad financiera, la inversión pública, por citar algunos rubros que seguramente serán tema en los eventos con autoridades municipales y estatales, que tendrán sede en Saltillo, este mismo fin de semana.
Escuchaba una entrevista con Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, en la que explicaba los objetivos del Sistema Nacional (SNA) y los sistemas locales Anticorrupción, y decía claramente que la urgencia es poner orden. Poner orden y establecer métodos de control en compras, asignaciones, gasto público, etcétera. Es decir, orden para revertir la problemática que ha dejado la corrupción no solamente en Coahuila, sino en el país.
Merino advierte que la articulación de estrategias entre las dependencias encargadas de fiscalizar y vigilar que los impuestos se gasten conforme a lo planeado y bajo un esquema de legalidad es lo esencial. Para Merino, el orden comienza en el trabajo conjunto entre los integrantes del Comité Coordinador que encabeza el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del que forman parte el Consejo de la Judicatura, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Recordemos que las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicadas en julio de 2016, han sido la de dar forma, a partir de lo planteado en la Constitución Mexicana, al SNA. Es un diseño normativo complejo, pues la coordinación entre instituciones está en el centro del propio sistema.
Entre las líneas de acción que incluso, resalta Mauricio Merino en su ensayo: Opacidad y Corrupción: las Huellas de la Captura, está la creación del SNA, como una instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Además, entre las líneas de acción del SNA y los sistemas locales, está la concentración de capacidad de investigar y sustanciar las faltas administrativas en las áreas de control interno, llevando a los tribunales de justicia administrativa la atribución de conocer y resolver casos de corrupción, así como aumentar las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado e incrementar la vigilancia sobre los servidores públicos en una ruta de incrementar sanciones por delitos de corrupción y la obligación de presentar declaración patrimonial en el formato que, por cierto, está por definir el SNA y que replicarán los estados.
La única vía para atajar la corrupción es llevar a las instancias públicas al ideal de la “caja de cristal”, bajo principios de máxima transparencia, rendición y control del gasto, en aspectos que incluyen desde la designación de funcionarios, hasta la sanción por sus acciones pasando por el examen minucioso en la toma de decisiones y el manejo del dinero público.
01 Agosto 2018 04:00:00
México, y Coahuila obviamente, requieren de una profunda regulación de inversión en obra pública, desde la planificación, la justificación, el promedio de gasto anual en esta materia, la medición de niveles de cumplimiento del programa de obra y esquemas de contratación que garanticen la transparencia y aplicación real del gasto en este rubro. Y habría que añadir la vigilancia en la asignación de contratos para erradicar las asignaciones “a modo”.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en México, los estados realizan obra pública con una planeación y seguimiento deficientes, lo que deriva en una discrepancia evidente entre lo presupuestado anualmente y lo ejercido en obra e infraestructura.
En un estudio realizado por el Imco, en el 2016 cinco entidades de la República excedieron su presupuesto en más del 100%, mientras que siete entidades recortaron su gasto en más del 50%, entre este último grupo está Coahuila.
El Índice Legal de Obra Pública que generó el Imco tiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios para regular el desarrollo de obra pública en los estados. Criterios como libre competencia y no hacer “trajes a la medida”; autorización de recursos para proyectos planeados y necesarios; compras sujetas a un procedimiento de auditoría; contemplar sanciones y aplicarlas contra quien o quienes incurran en actos ilegales durante el proceso, por ejemplo, de asignación de contrato, incluyendo a servidores públicos y particulares y claro está, procedimientos abiertos y bajo el esquema de máxima publicidad.
Uno de los estados evaluados fue Coahuila. Entre lo que el Imco llama “las malas prácticas” detectadas en la adquisición de obra, sobresale la falta del reglamento de la Ley de Obra estatal, lo que propicia una regulación poco eficiente en esta materia, evidenciando que tampoco se tiene un estudio del mercado previo al concurso de obra, ni se incorporan prácticas que generen competencia, por lo que sin leyes claras y completas, siempre habrá espacio para la discrecionalidad en la asignación de contratos en este tipo de inversiones que se hacen con dinero público.
Sin embargo, Coahuila tiene algunos avances, como el uso de medios electrónicos para desarrollar procedimientos, lo que favorece la transparencia, evita la interacción entre los que están concursando por la inversión y hace más sencillos los procesos de auditoría.
En resumen: urge mayor rigor en la planeación y asignación de contratos de obra pública en la entidad. Imco concluye la ficha técnica del análisis en Coahuila (2016), que prevalece la opacidad, la falta de documentos de soporte y el desfase entre lo presupuestado para infraestructura y la inversión asignada para este rubro.
El reclamo es generalizado
Para expertos e integrantes de la sociedad civil, el Sistema Nacional Anticorrupción debería tener ajustes importantes en su integración, como lo es la inclusión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Comisión Nacional Bancaria en el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del Sistema Nacional.
Es lo que llaman la Reforma 2.0, que serviría para modificar incluso los alcances de las decisiones que se toman en cada reunión del Comité Coordinador, del que forman parte, en el caso del nacional, la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y el Tribunal de Justicia Administrativa. Son siete entidades vinculadas para garantizar la prevención, detección y sanción de la corrupción en un esquema que se replica en los estados.
Esta Reforma 2.0 podría permitir que además del SAT y de la Comisión Nacional Bancaria, en el Comité Coordinador se incluyan actores que permitan la regulación y transparencia de operaciones en el Registro Público de la Propiedad, el Registro Mercantil y otras instancias que, al igual que en Coahuila, han sido señaladas por grupos de abogados como áreas susceptibles y de alta prevalencia de hechos de corrupción.
El mapa o atlas de riesgo está en proceso y es un trabajo del que también conoce Usaid, que ha estado trabajando en Coahuila con los integrantes del Comité Coordinador. El mapeo permitirá tener estos datos para focalizar las acciones y erradicar estos ilícitos en oficinas o entidades públicas donde las quejas están a la orden del día.
En Coahuila, el 5 de octubre de 2017, rindió protesta el Primer Consejo de Participación Ciudadana y, posterior a la designación de la secretaria técnica, iniciaron los trabajos de planeación y el trazo de la ruta del Sistema Estatal Anticorrupción, desde donde se han impulsado propuestas de políticas públicas para la designación de titulares de órganos internos de control en entidades descentralizadas, que permitirá dar certeza a los nombramientos de contralores.
La participación de agrupaciones de la sociedad civil es importante para la toma de decisiones en el propio sistema estatal. El trabajo y sus propuestas han llegado al Comité Coordinador, donde los integrantes han conocido los detalles de esta exigencia y las iniciativas de los grupos de la sociedad civil.
El reclamo es generalizado: la corrupción debe castigarse en Coahuila, la desarticulación de las redes de corrupción es uno de los temas torales para el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila.
18 Julio 2018 04:00:00
Ajustes en la política anticorrupción
La participación ciudadana es la pieza toral de los sistemas locales anticorrupción y para la implementación de estrategias que detecten, prevengan y sancionen los actos de deshonestidad no solamente entre servidores públicos, sino también en acciones que involucran al sector empresarial, como lo han considerado especialistas que impulsaron la creación del SNA.
El lunes 16 de julio de 2018, en un conversatorio organizado por Felipe de Jesús Coria Quiñones, presidente entrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Durango, uno de los temas en los que coincidimos integrantes de consejos ciudadanos de entidades como Puebla, Durango, Zacatecas y Coahuila es el cambio de planes anticorrupción desde el Sistema Nacional, que buscará quien podría ser la nueva secretaria de la Función Pública en el país, Irma Eréndira Sandoval, y quien tendría una posición en el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Esto porque al “ajustar” el esquema con el que ya opera poco más de una veintena de entidades que tienen consejos de Participación Ciudadana, se iniciará un cambio sustancial que nadie está seguro de cómo impactaría en la metodología, los planes, la generación del mapa de riesgo, de la política anticorrupción, las formas de selección de los CPC, entre otros puntos que son dignos de un profundo análisis.
Si bien hay estados donde no se tienen homologadas las leyes y tampoco se ha integrado el sistema anticorrupción, incluyendo la designación del fiscal especializado o magistrados en materia de justicia administrativa, en donde se tiene este avance hay marcada incertidumbre desde la visión de los CPC, sobre lo que pasará a partir del 1 de diciembre.
Otro de los asuntos planteados en el segundo conversatorio a iniciativa de integrantes de consejos de participación en el país, y este lunes luego de la toma de protesta de Felipe de Jesús Coria como presidente del CPC de Durango, es la vinculación entre las secretarías técnicas –en los estados donde ya opera el sistema completo– y los consejos o comités de participación ciudadana, frente a conflictos o fricciones internas que han trascendido en algunos estados y que limitan el avance coordinado en el desarrollo de políticas públicas, mecanismos de control o plataformas que ayuden al ciudadano a denunciar hechos que considera pueden ser actos de corrupción en cualquiera de los niveles del servicio público.
Estos encuentros vis a vis permiten a los consejeros ampliar su visión de lo que están haciendo en sus estados, y evidentemente facilitan el intercambio de experiencias y de preocupaciones, porque las discusiones así, cara a cara, son el mejor termómetro para saber si lo que se ha hecho hasta ahora en Coahuila está en la ruta correcta.
Fiscalía contra la impunidad
En las propuestas registradas ante la instancia electoral federal por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, abanderada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipa la terna de quienes podrían ocupar el cargo de fiscal Anticorrupción y cuyo nombramiento deberá ser avalado por las dos terceras partes del Senado de la República, pero sin involucrar a la sociedad civil, asunto que ha generado incertidumbre entre los grupos organizados e incluso, entre algunos integrantes del Comité de Participación Ciudadana nacional y en los estados.
En 81 páginas, el documento que fija el Proyecto de Nación, menciona que actualmente la Constitución faculta a la Fiscalía General de la República para nombrar a los titulares de las fiscalías especializadas para delitos electorales y de combate a la corrupción.
Sin embargo, López Obrador ha dado a conocer la terna para las fiscalías especializadas y para Fiscalía General, aunque aún están pendientes los cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que requiere definir temas como el centro, el modelo de investigación criminal, la profesionalización de sus servidores, así como la previsión de controles y contrapesos.
La terna con los perfiles que hasta ahora se manejan para ser sometidos al escrutinio de la Cámara alta y a propuesta del presidente electo, menciona a María de la Luz Mijangos, quien se ha desempeñado como integrante de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ha sido directora de la Unidad de Enlace en la Cámara de Diputados y fue subdirectora jurídica de la Lotería Nacional, así como asesora del Consejo General del INE. Por cierto, Mijangos estuvo en Saltillo hace unos días, en el Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia.
También se da a conocer el nombre de Diana Álvarez Maury, catedrática con más de 15 años de experiencia en la impartición de clases en universidades del país y consultora jurídica independiente.
Y Ricardo Peralta Saucedo, quien participó el año pasado en el proceso de selección y como aspirante a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, ha sido secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, fue agente del Ministerio Público y director de Operaciones Policía Ministerial del Estado de México.
La terna está configurada. Aquí lo importante, es que alguno de estos perfiles garantice imparcialidad, apartidismo, autonomía, profesionalismo y solvencia técnica, además de mostrar capacidades para adoptar esquemas locales e internacionales, que permitan transitar hacia a la erradicación de la impunidad en casos de corrupción, en cualquiera de los niveles de Gobierno, la sociedad e iniciativa privada.
Refundar los partidos
Los resultados electorales del 1 de julio dejaron en claro dos cosas: la muy amplia participación ciudadana y la necesidad de reflexionar sobre la configuración de los partidos políticos, en su aporte a la democracia del país.
En Coahuila, poco más de seis de cada 10 ciudadanos, acudieron a las urnas para ejercer este derecho constitucional. La movilización durante la jornada inició desde temprano y el conteo de votos transcurrió sin contratiempos en la entidad. Atrás quedó el fantasma de las confusas y abrumadoras actas de escrutinio y cómputo que debieron llenar los integrantes de las mesas receptoras de votos, en la elección de 2017.
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila dieron cuenta de los primeros resultados que advertían de la sobresaliente participación de los votantes y fueron difundiendo los resultados de una elección que reflejó lo que las mayorías quieren: un cambio.
La estructura de los partidos tradicionales, los que durante décadas llevaron mayoría de votos, los que habían gobernado esta entidad, no alcanzó los niveles esperados y la gente decidió por nuevas tendencias, nuevos perfiles. Quizá fue la inercia de la candidatura presidencial en la figura de Andrés Manuel López Obrador, quizá el desgaste de las propuestas que aparecieron en las boletas, o quizá los ideales partidistas que ya no cumplen con la expectativa del electorado.
En su Artículo 41, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los partidos políticos son entidades de interés público y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos...”
Agrega que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, es decir, garantiza el acceso al financiamiento público, a la entrega de prerrogativas.
La refundación de partidos será, sin duda, un tema de análisis de las agrupaciones políticas que mantienen registro nacional o local. La ciudadanía ya decidió por el cambio y eso amerita una reflexión profunda al interior de los partidos, de sus perfiles, de su forma de hacer política, de la necesidad de incluir nuevas propuestas, de atender a sectores que seguramente no han sido incluidos en las decisiones.
Los comicios del domingo pasado dejan importantes lecciones. No sólo del hartazgo del que tanto se habla por los malos manejos del recurso público, la impunidad, la pobreza, etcétera, porque la ciudadanía fue más allá, se organizó y participó para ser tomada en cuenta en la estrategia de gobierno que requiere este país.
27 Junio 2018 04:00:00
¿Controlar o erradicar la corrupción?
Durante el cierre del diplomado Ética Pública y Corrupción, que se desarrolló en Saltillo, Eduardo Bohórquez, desde 1999 director de Transparencia Mexicana capítulo México, habló de la manera en la que se puede medir qué tanto ha avanzado el sistema anticorrupción en el país y en los estados. Y la respuesta fue que la medición se hará con base en el desmantelamiento de las redes de corrupción en escándalos como Odebrecht, la “casa blanca” o “La Estafa Maestra”.
Bohórquez, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, dejó en claro que es necesario debilitar la red de protección para actuar contra quienes son parte de los nodos de poder que se encubren para seguir desviando recursos públicos o incurriendo en actos que dañan a los ciudadanos, porque finalmente, cuando se viene abajo un puente vial o un hospital no funciona como estaba planeado debido a la falta de recursos por el desfalco al erario, se afecta directamente a la comunidad.
La discusión de la reparación del daño causado al presupuesto o la recuperación de activos son temas para someterse a discusión en las legislaciones locales. Bohórquez dijo el viernes pasado que la multa o sanción administrativa contra quienes hacen mal uso del dinero público no evita que sigan incurriendo en actos de corrupción. Un sistema anticorrupción es aquel que es capaz de detectar y desmantelar redes de corrupción, como sería si realmente se procede, por ejemplo, contra quien o quienes estuvieron involucrados en asuntos que marcan la agenda nacional como Odebrecht. Es ahí donde se verá el avance.
Pero ¿cómo se eligen los casos a investigar en las entidades o el país? Eduardo Bohórquez fue enfático al decir que los casos de corrupción escogen a los propios sistemas. No se trata de investigar solamente los escándalos, a los exgobernadores, empresarios, servidores públicos o tener expedientes de grandes volúmenes e indagatorias, porque lo importante es detectar e inhibir los casos de corrupción a cualquier nivel. Los delitos financieros deberían ser prioritarios en las investigaciones relacionadas con daño al patrimonio público. Entender los delitos económicos y los alcances de la investigación penal es una de las agendas más importantes en anticorrupción.
Eduardo Bohórquez viajó exclusivamente para el cierre de este diplomado y reiteró que los actores involucrados en redes de corrupción son difíciles de detectar y de descubrir porque se protegen de cualquier sospecha. Siempre habrá un agente público y uno privado para consumar un acto ilegal que afecte al recurso público, no es un burócrata involucrado en este tipo de hechos, porque empresas, notarios, fiscalistas o administradores suelen estar entre las profesiones que facilitan los nodos de los que habló Bohórquez en Saltillo.
Uno de los temas que abordaron integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas en la presentación de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, que a principios de semana fue entregada al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sugiere abrir a debate cómo se enfrentará el problema de la corrupción en el país.
Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, hablaron de temas que son cruciales para prevenir, detectar y sancionar los hechos ilegales que involucran actos de deshonestidad de servidores públicos, profesionistas, particulares, ciudadanos y empresarios.
El documento proyecta acciones que deben ser vistas como una política de Estado, con capacidad de modificar comportamientos institucionales en el país desde los tres niveles de Gobierno, con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo. Además, debe incluir mecanismos de medición que permitan la corrección de acciones, en una estrategia coordinada y que ayude a la adecuada implementación de una política, en el ámbito nacional y para los sistemas locales.
Uno de los puntos de esta propuesta hecha por académicos y activistas es la profesionalización de quienes ocupan un cargo público en el país, en los estados y municipios, porque se trata de una ruta para la generación de capacidades de quienes acceden al servicio público y erradicar las relaciones o compadrazgos que dañan la figura del burócrata.
Otro de los ejes de la Política Nacional Anticorrupción que será parte del debate nacional, busca evitar la llamada corrupción de ventanilla, por medio de incentivos que desanimen la opacidad e impulsen la mejora de procesos.
Erradicar la impunidad y aquellos casos de corrupción que sean detectados sean efectivamente sancionados, es otro de los elementos que contiene la propuesta enviada por la Red por la Rendición de Cuentas al CPC Nacional.
Los académicos y activistas sugieren identificar y desarticular las redes de corrupción a través de las modificaciones normativas, además de propiciar el efectivo control de los procesos donde existe prevalencia de actos de corrupción en las actividades del servicio público y en su relación con el sector empresarial, con ciudadanos o profesionistas.
La propuesta tiene puntos sobresalientes, que, sin duda, marcarán la agenda del Sistema Nacional y de los sistemas locales, porque hay temas de coincidencia que lastiman no solo la calidad de vida de los habitantes, sino que afectan al erario. Llevará años, varios años, lograr avances tangibles y comenzar a revertir y erradicar las redes de corrupción.
Testigos y denunciantes
El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró el registro para ciudadanos que sin tener militancia partidista y bajo un esquema de total independencia, o perteneciendo a una cámara empresarial o agrupación de la sociedad civil, participarán como observadores electorales el próximo 1 de julio.
En la entidad, hasta este lunes se hablaba de más de 600 personas inscritas, incluyendo a representantes de grupos empresariales y sectores como la Alianza Cívica de Coahuila, que llenaron solicitudes, entregaron al INE copias fotostáticas de la credencial para votar y atendieron la capacitación en la que se aclaran las dudas de los interesados en ser parte de este ejercicio democrático.
En este intercambio de ideas y preguntas, se dice qué puede y qué no debe hacer un observador electoral porque, entre otras funciones, podrá seguir de cerca el desarrollo de la jornada comicial, tener acceso al conteo de votos y a las sesiones posteriores a la votación. Aunque entre las facultades del observador electoral, como ocurre para cualquier ciudadano, está la posibilidad de denunciar irregularidades durante la votación, en caso de que se presenten hechos de este tipo.
Arturo Cárdenas Román, vocal de Capacitación en la Junta Local del INE, es quien está al frente del despliegue que involucra horas de orientación para quienes, sin otro fin más que ser testigos de un proceso de elección, estarán siendo parte del grupo de observadores ciudadanos.
No hay ningún otro incentivo más que estar ahí en las casillas, en las juntas distritales o municipales. No hay uniformes, ni diplomas por participar, habrá solamente una acreditación que el observador deberá portar el domingo 1 de julio, cuando el país elija a quien gobernará la República Mexicana los próximos seis años.
Importantes lecciones dejó para las autoridades electorales lo ocurrido y los rezagos en el conteo de votos durante la elección local del 4 de junio de 2017, cuando la complejidad del acta de escrutinio y cómputo de votos, las combinaciones para el reparto de sufragios y otros elementos, trastocaron la función del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y evidenciaron la compleja carga de trabajo endosada a los integrantes de las mesas receptoras de votos.
En estos años de periodismo he participado en la cobertura informativa de elecciones. Esta será una ocasión en la que siga los comicios como observadora y como yo hay decenas de personas interesadas, en lo que ocurra en esta jornada, las incidencias, los votantes, la organización, el conteo, y principalmente en el nivel de participación que alcance un proceso plagado de incidentes graves, la muerte de candidatos, de declinaciones, denostaciones y escasas propuestas.
06 Junio 2018 04:00:00
Retos y definiciones
En la conferencia Retos de los Sistemas Locales Anticorrupción, en el Primer Encuentro de Sistemas Locales Anticorrupción, uno de los temas fue la urgente definición del Plan Nacional Anticorrupción, así como la protección a denunciantes en una estrategia que permitirá a los sistemas estatales la recepción de documentación o quejas de quienes alertan sobre posibles actos de corrupción en oficinas públicas o instancias gubernamentales.
Un asunto por demás sobresaliente en la ponencia que dictó el especialista en temas de anticorrupción y transparencia, además de fundador de Sonora Ciudadana, A.C., Guillermo Noriega Esparza, fue la definición de una estrategia para encaminar acciones que ayuden a erradicar las prácticas deshonestas en la sociedad, gobierno y empresas.
Noriega habló también de lo que seguramente será parte de la agenda en la Red Nacional de Consejeros Locales del Sistema Anticorrupción, de establecer una política de comunicación homogénea para informar con claridad sobre los alcances y metas en el combate a la corrupción, de la ley y las facultades de los integrantes del Comité Coordinador, del CPC y de la Comisión Ejecutiva. Cada uno con planes específicos y objetivos de trabajo que van en la misma ruta. Eso, insistió Noriega, es lo que se tiene que explicar, decir una y otra vez, acudir con grupos, porque finalmente la vinculación es una parte fundamental del Consejo de Participación Ciudadana, que a través de su presidencia, armoniza el trabajo de los y las integrantes del Comité Coordinador.
Es una estructura compleja, que comienza a implementarse en los estados. Coahuila, Puebla, Jalisco, Sonora, Estado de México, Durango, son de los más avanzados en la estructuración y el despliegue de lo que marca la ley, para la consolidación de los sistemas locales anticorrupción. Los resultados no se verán en uno, dos o tres meses. El propio Noriega en esta ponencia habló de eso. De los primeros logros, de estados que no han logrado instalar su Consejo de Participación, de entidades donde definitivamente hay intereses muy particulares que impiden que el Sistema Anticorrupción comience a desplegar acciones, mecanismos y una estructura que logre amalgamar esfuerzos de las instancias involucradas en la prevención, detección y sanción de hechos ilegales en el manejo de recursos públicos.
Guillermo Noriega cerró la charla con un punto clave en el trabajo y el avance de los sistemas locales, como la protección a los denunciantes, en lo que los especialistas llaman “whistleblower”, en un esquema que garantice a quienes señalen hechos de corrupción, total discrecionalidad y garantías para evitar que sean blanco de represalias o acciones en su contra, por decir la verdad.
30 Mayo 2018 04:00:00
31 de mayo, límite del plazo
Mañana vence el plazo para que servidores públicos presenten su declaración fiscal y de conflicto de intereses, en el formato que actualmente se tiene y cuyas características no permiten un monitoreo real de ingresos o riquezas de funcionarios estatales o municipales.
La exigencia ciudadana ha llevado a plantear un nuevo esquema de datos que aparezcan en las declaraciones y que a decir del propio Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, conviene que siga el formato de la #3de3, muy parecido a lo que exige el Imco para publicar en su plataforma.
Este año, no habrá cambios en el formato que se hace público en la página de la Secretaría de Fiscalización en Coahuila, en el sitio declaranet.coahuila, porque el Sistema Nacional Anticorrupción, que de acuerdo con la ley tiene a su cargo el diseño de los nuevos formatos, no ha logrado consensos para impulsar esta política y otras, que estarían en el Plan Nacional Anticorrupción. Por lo que la #3de3 en las declaraciones de los servidores públicos de Coahuila no será una realidad, al menos en este año.
Es importante que, como lo han dicho consejeros nacionales, como la propia Irene Levy, catedrática de la Universidad Iberoamericana e integrante del CPC Nacional, hay que preguntarse también hasta dónde es posible hacer públicos datos patrimoniales o que involucran información de propiedades, fincas, cuentas bancarias, autos, etcétera de los familiares más cercanos de cada uno de los servidores públicos en el país, ya no digamos sólo en Coahuila.
Pero en la entidad, en el Artículo Décimo del Decreto que reformó diversas leyes locales como la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y cuatro legislaciones más, señala que la Secretaría de Fiscalización seguirá facultada para realizar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los municipios de la entidad, hasta en tanto el Sistema Nacional Anticorrupción emita los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y se realicen las modificaciones a sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Los tiempos rebasaron al Sistema Nacional que no logró acuerdos con académicos, el INAI, las organizaciones, etcétera, para generar un formato único nacional que permita prevenir casos de enriquecimiento inexplicable, como los que han marcado la agenda previa a los comicios del 1 de julio. No hay que perder de vista que la presentación de la declaración anual es una obligación, y que desde ayer la página de la Secretaría de Fiscalización daba un reporte en tiempo real de funcionarios, principalmente del Congreso, Fiscalía y Tribunal, que seguían incumpliendo con esta obligación.
23 Mayo 2018 04:00:00
¿Quién con autoridad moral?
Algunas veces se ha preguntado: ¿quién tiene autoridad moral para señalar tal o cual acontecimiento en una sociedad?
Roberto Newell, economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), hablaba de un tema por demás interesante y relacionado a la ética, honestidad y la moral, si se toma en cuenta que hoy en día estos conceptos han marcado la agenda pública en las entidades del país, y decía que las empresas más grandes y poderosas, refiriéndose a México por supuesto, tienen la obligación de negarse a mantener relaciones económicas y políticas con cualquier Gobierno federal, estatal o local, que esté implicado en prácticas corruptas. Lo que de alguna forma comenzaría a permear en la restricción de compras directas o sin licitación, tan cuestionadas en cualquier nivel de autoridad del que se hable.
La solvencia moral tiene su origen en cuestiones de carácter religioso, de valores, creencias, de ideales e, incluso, en prácticas juramentadas que acostumbran algunos segmentos de la población.
La moral es el respaldo que –por su trayectoria, trabajo, aporte a la sociedad o a la familia, la congruencia, pues –tiene cualquier persona para cuestionar la función, ya sea quienes laboran para el Gobierno, la academia, los grupos sociales, las empresas, sindicatos, comercios, por citar algunos ejemplos.
En el Diplomado Ética Pública y Corrupción, impulsado desde el Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila y que este fin de semana completará su quinta sesión, uno de los temas fue Conflicto de Intereses en el Sector Público y el Privado, donde el análisis principal era precisamente la ética y el compromiso de quienes forman parte del servicio público, los ciudadanos, empresarios y quien forme parte de una sociedad, incluyendo claro, a las compañías que son parte de la lista de proveedores de los tres niveles de autoridad.
Una frase que resaltó en las ponencias y que resume bien este asunto de la solvencia moral para decir qué está bien y qué no, es que “no todos los conflictos de intereses son actos de corrupción, ni que detrás de todo acto de corrupción, hay un conflicto de intereses”.
En la discusión de esta postura, y dentro del mismo diplomado impartido en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), se concluyó que la mayoría, sino es que todas las personas, tienen intereses relacionados a la carga cultural, de valores, amistades, afiliación partidista, religiosa, laboral, familiar, etcétera, lo que finalmente determina la tendencia que se tiene en la toma de decisiones, en determinar qué es ético y qué no es moralmente correcto hacer en cualquier ámbito. De ahí la pregunta: ¿Quién con autoridad moral?
Contraloría independiente
En el Primer Debate Ciudadano 2018, con los seis candidatos a la Alcaldía de Saltillo, en un ejercicio desplegado por el Consejo Cívico de las Instituciones de la Región Sureste de Coahuila y empresarios de Coparmex, uno de los temas que abordaron los abanderados fue el combate a la corrupción y la designación de una contraloría municipal independiente.
Además del rubro de la inseguridad y del abasto de agua potable en la capital de Coahuila, la construcción de una estrategia incluyente y ciudadana para dar certidumbre en la designación del contralor o contralora municipal, o que algunos incluso llamaron contralor independiente, fue parte de la agenda en el debate, que por cierto, se enmarcó en una dinámica creativa y diferente para generar preguntas e interacción con expertos y saltillenses.
En esta capital, como en la mayoría de los municipios del estado, prevalece la designación directa de los titulares de áreas como la contraloría, dedicada a la fiscalización y control del gasto público, lo que a decir de los especialistas, puede cambiar si se incluyen esquemas de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, o en la selección de ternas de aspirantes, por ejemplo.
Sin duda, la transparencia es una exigencia social generalizada. Lo mismo que la planeación del gasto público, desde una visión incluyente, que priorice el destino de los recursos y las necesidades de un municipio como Saltillo.
Empresarios, líderes de opinión, estudiantes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil estuvieron ahí, en el Primer Debate Ciudadano. En un encuentro que permitió conocer la postura de los cinco hombres y una mujer que buscan ganar la elección del 1 de julio.
Afortunadamente el tema de la apertura en la toma de decisiones, la vigilancia del manejo financiero municipal, la inclusión de integrantes de la sociedad civil y la posibilidad de designar a un contralor independiente, están en la agenda de los candidatos en esta ciudad. Y es importante reconocerlo, porque finalmente es un avance para la erradicación de prácticas que afectan a las finanzas públicas, al destino de los impuestos.
La tendencia de una sociedad cada vez más informada y exigente, quizá en un segmento muy marcado, es ir rumbo a la inclusión de ideas y de participación a la hora de decidir qué se hará con el dinero público.
Claro está, que no a todos les interesa esta parte, hay a quienes evidentemente les preocupa más el solventar el gasto diario en sus familias, el sortear las fallas en los servicios o el pago de impuestos, y les da igual quien gane la elección.
02 Mayo 2018 04:00:00
Con las reformas recientes a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila, crecieron las obligaciones de las entidades públicas y organismos autónomos con responsabilidad de enviar al Congreso del Estado, los avances de gestión financiera cada tres meses para la revisión por parte del órgano de fiscalización del Legislativo.
Ayer mismo y en su correspondencia, el Congreso de Coahuila publicaba el número y los nombres de las oficinas que ejercen recursos públicos y que cumplieron en tiempo con esta entrega, que agiliza la revisión del gasto en las dependencias y organismos estatales así como municipales en Coahuila.
De acuerdo al Artículo 3 de esta ley, un “informe de avance de gestión financiera, es el documento trimestral que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades al Congreso sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría Superior fiscalice los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas”.
En este sentido, la presentación de los informes es un mecanismo crucial para que la Auditoría Superior del Estado pueda revisar el presupuesto ejercido en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso como lo menciona esta misma legislación que otorga facultades específicas al órgano de fiscalización del Congreso, donde más de un centenar de informes trimestrales llegaron en estos días previos al 30 de abril, fecha límite para este cumplimiento.
Las multas y amonestaciones por no entregar en el plazo marcado, el avance de gestión financiera pueden ir desde los 26 mil pesos, hasta los 88 mil 300 pesos, según lo señala la misma legislación, y los paga el representante o la representante del área que tiene o tenía la responsabilidad de entregar dicho documento al Legislativo.
Las multas por no entregar a tiempo este documento, o las amonestaciones a servidores públicos están a la vista y se han aplicado al menos a 13 servidores o excolaboradores del Gobierno, como se advierte en el Informe de Seguimiento de Resultados 2017, en sitio web https://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/IS_2017(2S).pdf
De los procesos de fiscalización, han derivado sanciones, algunas pendientes de aplicar, otras que están sin seguimiento por parte de las contralorías internas o que simplemente han quedado en apercibimientos públicos o privados.
El objetivo principal para la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila es la vigilancia del gasto público. Que el presupuesto proyectado para cada programa u obra pública, se aplique conforme a lo previsto en cada año fiscal, además de generar esquemas de prevención de actos ilegales que puedan representan un quebranto al erario.
25 Abril 2018 04:00:00
La #3de3 en el debate
En el postdebate, la rendición de cuentas y la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses fue marcando la pauta en los discursos de los presidenciables en las últimas horas.
La iniciativa ciudadana #3de3 en su sitio web 3de3.mx impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (que es un centro de investigaciones apartidista y sin fines de lucro que actúa con base en evidencia para resolver desafíos importantes de México), así como por la agrupación civil Transparencia Mexicana (dedicada al combate a la corrupción en el país), permitió darle certeza a los asuntos que abordaron los cinco candidatos a la Presidencia, durante el ejercicio democrático del domingo pasado.
El lunes por la tarde, escuchábamos como el tema de las propiedades de Andrés Manuel López Obrador se convertían en un punto toral del mensaje a los electores y en la tajada política del candidato Meade. Los departamentos no reportados supuestamente en la #3de3 del tabasqueño, le permitieron a los políticos seguir con la pugna en los efectos del primer debate organizado por el INE.
La rendición de cuentas es una obligación para cualquiera que accede o que aspira a un ingreso, dieta o sueldo que provenga del erario.
La iniciativa #3de3 en su escrupuloso formulario, demuestra que es un mecanismo confiable y que pone a la vista de todos, las pertenencias, empresas, automóviles, obras de arte, el estado que guarda el pago de impuestos fiscales o el conflicto de intereses en el que puede incurrir un servidor público, al poseer una empresa constructora, un corporativo, un despacho de asesores o ser proveedor del estado o la entidad pública a la que desea acceder.
De ahí la importancia de adoptar esquemas de declaración patrimonial como la impulsada por el IMCO y Transparencia Mexicana, plataformas a las que por cierto, han accedido cinco de los candidatos a una senaduría o diputación federal por Coahuila.
Jericó Abramo Masso, Guillermo Anaya Llamas, Verónica Martínez García, Ricardo Aguirre Gutiérrez y Fernando Purón son quienes hasta ayer habían puesto a la vista de los electores, sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.
La transparencia y la rendición de cuentas es un sentido reclamo de la sociedad. La opacidad en el gasto público solapó muchos de los actos de corrupción que actualmente están en la agenda pública de Coahuila y que desgraciadamente, siguen en la impunidad.
El formato para la nueva declaración patrimonial de servidores públicos está en los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyos alcances incluirán detalles de las propiedades y datos que funcionarios deberán publicar para medir o advertir si en el tiempo de su encargo, existe enriquecimiento ilícito.
Evasión al fisco y #PanamaPapers
Cuando cubre el gasto de la consulta del médico particular, ¿le acepta tarjeta de débito o crédito? Si su respuesta es no, considere que su doctor podría estar incurriendo en omisión de pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, el SAT.
Uno de los principales controles de la Secretaría de Hacienda y que incluso puede retribuir en un mayor porcentaje de devoluciones a quienes declaran impuestos anuales es el pago de servicios profesionales a través de transferencias electrónicas.
Es común que algunos médicos, principalmente dentistas, sicólogos, cardiólogos o nutriólogos, realicen operaciones sin emitir facturas a sus clientes, o para cubrir el requisito entregan comprobantes, pero a nombre del colega con el que comparten consultorio, precisamente para evadir al fisco.
Datos del SAT advierten que aproximadamente 290 mil médicos o profesionistas del área de la salud están dados de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero solamente la mitad cumple con la declaración anual que exigen las autoridades hacendarias y que para este segmento, por cierto, el plazo vence el último día de este mes.
Pese al desarrollo de esquemas como la generación del Certificado Fiscal Digital por Internet o la factura electrónica 3.3 que facilita al Servicio de Administración Tributaria para la detección de actividades ilícitas en tiempo real, la percepción es que no se actúa con la eficacia que quisieran los que cumplen con el pago de gravamen, contra empresas, negocios, comercios o brokers, que son los grandes evasores de impuestos en este país.
Los especialistas advierten que cualquier persona que utilice una cuenta bancaria, ya sea para el manejo de sus ahorros, un esquema de crédito o por medio de su nómina, será parte del sistema de fiscalización de Hacienda y por lo tanto, sometido a mecanismos de control por parte del SAT en este 2018.
Aunque ahora pretendan imponer rigor en el SAT, siempre quedará la duda de la razón por la cual no se concluyen acciones enérgicas en medio de escándalos como el #PanamaPapers, que involucró a exfuncionarios municipales y empresarios locales que invertían –para no pagar impuestos en México– en países llamados paraísos fiscales.
La prevención, la sanción y detección de actos de corrupción tiene plena relación con la actuación de la Secretaría de Hacienda y los bancos en el país, que al momento detectan operaciones millonarias que pueden o no estar vinculadas con lavado de dinero, hechos ilegales o evasión al fisco. Pero tal parece que esa información solamente se utiliza con fines políticos, comerciales o quizá para impulsar escándalos mediáticos en México.
11 Abril 2018 04:00:00
Proveedores en la mira…
El Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), revela que siete de cada 10 compras que hace el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto no están licitadas o al menos no pasan por un esquema de comparación de precios y revisión de la calidad de los productos o servicios que justifiquen la compra.
En su más reciente medición, el IMCO señala que las oficinas donde el gasto es menos transparente, y que por lo tanto tiene mayores factores de riesgo de corrupción, son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el alto volumen o la cantidad de recursos que son erogados para la contratación de servicios o el pago a proveedores en las tan cuestionadas compras directas.
En este rubro, el de las compras directas o adjudicaciones que se necesitan por la emergencia en la prestación de servicios de salud regulados por el Estado, contingencias ambientales o la dotación de bienes que garanticen la satisfacción inmediata de una necesidad específica en la población, se requiere una revisión especial.
Los mecanismos de compra y la publicación del padrón de proveedores permiten dar alguna certeza del gasto hecho por ejemplo, en la contratación de obra pública, como lo es la construcción de puentes o calles en una ciudad, pero también está el abasto de medicamentos e insumos en hospitales, donde por la premura del medicamento requerido por menores enfermos de cáncer o pacientes diabéticos, sería difícil llevar por la ruta de la licitación este tipo de compras. Y es ahí donde está la parte sensible, si es que en realidad se busca imprimir rigor al tema.
Ante este escenario, el IMCO ha propuesto una nueva Ley de Adquisiciones para evitar que una o dos empresas sean las que regularmente se lleven la mayor parte de la inversión en obra, compras de medicinas o contratación de servicios en una entidad pública.
Sería necesario articular el uso de las tecnologías para la ubicación de las empresas que son proveedoras o prestadoras de servicios en la llamada georreferenciación, que para algunos académicos, esta parte no le ha aportado mucho a la operación transparente de las compras, pero por algo se empieza.
Además, la reforma a la ley en Coahuila incluye la presentación de documentos con fotografía de proveedores y sus apoderados legales, pero ¿quién o quiénes están cumpliendo con esta reforma?, pero también se estableció como requisito la participación de observadores externos, algo así como testigos sociales, para evitar precisamente compras “a modo” y los cuestionamientos a la autoridad por el tema de los proveedores.
28 Marzo 2018 04:13:00
Estos días, Grupo Zócalo y Radio Zócalo dieron seguimiento a episodios de violencia registrados en carreteras y tramos federales, en el comienzo del período de vacaciones de Semana Santa.
La estrategia de vigilancia no es la ideal o la que los viajeros esperan, principalmente cuando se trata de la presencia y el apoyo permanente de la Policía Federal, en su división Caminos. Más bien, a los elementos se les ve con mayor frecuencia sancionando, y con justa razón, a quienes utilizan las rutas de peaje como pistas de carreras.
La prioridad es la vigilancia en zonas como Tamaulipas, Nuevo León y la parte norte de Coahuila, pues se trata de vías de comunicación terrestre, que permiten el intercambio comercial o turístico de coahuilenses que buscan llegar a ciudades del sur de Texas, en los Estados Unidos.
La inseguridad, el riesgo de un asalto, un secuestro, o las amenazas y agresiones, son parte de los temores que sobresalen en la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-2017), donde casi seis de cada 10 coahuilenses advierten que este problema, es su principal preocupación.
Los hechos más recientes y que además involucraron a funcionarios de Saltillo, ponen de manifiesto que en entidades vecinas se priorizaron asuntos políticos, antes que el blindaje de seguridad que exigen no solo neoloneses o tamaulipecos, sino también quienes utilizan las carreteras para llegar a los Estados Unidos.
Y otro tema que es importante considerar es que a unas horas de iniciar las campañas electorales rumbo al 1 de julio, es digno de análisis que rubros torales para la población se aborden con ideas políticas o de jurisdicciones y sin la coordinación necesaria para garantizar resultados.
Los medios de comunicación en Tamaulipas dieron cuenta de las declaraciones del gobernador de aquella entidad, quien respondió al mandatario interino de Nuevo León, sobre la alerta para evitar transitar por carreteras tamaulipecas. El litigio mediático no le abona a la consolidación de instituciones o a las acciones tendientes a revertir el índice de percepción de inseguridad que se tiene.
Valdría la pena reflexionar sobre la vigilancia en carreteras y la garantía de un viaje seguro, para no convertir un tema serio y preocupante, en un asunto de reflectores políticos. Ahí están los datos de la ENSIG-2017 y los estudios hechos por agrupaciones nacionales y activistas en observatorios de seguridad, que bien pueden abonarle a la solución de fondo del problema.
La academia y el trabajo en temas relacionados con la detección, erradicación y combate de la corrupción en Coahuila, representan un aporte crucial para la generación de estrategias que inhiban la problemática que afecta a los coahuilenses.
Dentro del Coloquio de Economía Regional, el viernes 16 de marzo en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (Cise) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Saltillo, uno de los temas de tesis de nivel doctorado que se presentó en el Cise, fue la titulada Efectos de la Corrupción en la Economía Mexicana, en la autoría del maestro investigador David Franco Chichao.
El también excolaborador de legisladores federales la Cámara de Diputados lleva meses evaluando cifras y analizando datos en repositorios del INEGI y otras instancias que le han permitido cuantificar los costos y efectos que produce la corrupción en el crecimiento del país, pero especialmente en Coahuila.
Antes del mediodía, Chichao realizó una compactada presentación de su tema de tesis para obtener su doctorado en la ceremonia en la que estuvieron sus asesores Gustavo Félix (Cise), Rogelio Rendón (UAdeVeracruz) y Alenka Guzmán (UAM) quienes incluso hicieron algunas observaciones al trabajo que ha estado desplegando el investigador de la Autónoma de Coahuila.
Varias hipótesis son las que plantea Franco Chichao en este proyecto de tesis. Una, la hipótesis de Sanders, que dice que la corrupción hace que el Gobierno y particulares caminen en direcciones opuestas, afectando el destino de recursos que deberían invertirse en áreas prioritarias.
Y en efecto. Según la propia versión del investigador del Cise, está focalizada la prevalencia en la entrega de sobornos o dádivas para agilizar la entrega de documentos en áreas del Registro Civil, Tenencia de la Tierra, Registro Público de la Propiedad, procedimientos en el Infonavit, programación de citas médicas en el IMSS, ISSSTE o clínicas de acceso público, pago de impuestos como el de control vehicular, la inscripción a programas sociales o becas de manutención, la reconexión del servicio de agua o de la CFE, por citar algunos.
Pero también está el pago sobornos para acelerar el trámite de instalación de una empresa o de un negocio, de un bar o para abrir las puertas de un nuevo centro comercial.
Igualmente aparecen en este análisis de Franco Chichao, las dádivas para acceder a información privilegiada, e incluso para mantener relación cercana con los núcleos de poder, con los que deciden pues, el curso de la política en la entidad. De ahí que la academia represente una pieza fundamental en la consolidación del Sistema Anticorrupción en Coahuila.
Gafi: blanqueo de activos
El blanqueo de activos es un tema preocupante no únicamente en la esfera nacional, ya que también es un asunto que involucra a los gobiernos locales, y Coahuila no es la excepción.
De acuerdo con el último informe del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (Gafi) y con una medición internacional, en la que está incluido México, han sido pocos los resultados de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la llamada ley “antilavado”, que fue publicada en octubre de 2012 y que tiene alcances en inversiones de particulares, evasión de impuestos, transferencias sin regulación y la creación de empresas “fachada”, pero que, en teoría, debería detectar la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT o de la PGR.
En 228 páginas y en un reporte conjunto, el Gafi y el Gobierno mexicano presentaron hace unos días los detalles de lo que este grupo intergubernamental encontró a partir de recomendaciones hechas a las autoridades federales y, claro está, a las entidades en este país. Incluso, el diputado federal Juan Romero Tenorio, la semana pasada retomó dicha incidencia durante una intervención desde la tribuna en San Lázaro.
Pero aquí es trascendente lo que dice el Gafi, que señala que con base en la cantidad de reportes de operaciones “inusuales” relacionados con el uso indebido de personas jurídicas, en 2013 el SAT detectó en el país a poco más de mil empresas “pantalla” o personas jurídicas que presentaron documentos falsos o inconsistentes, pero en el año 2016 los registros aumentaron a 12 mil 470 reportes de acciones aparentemente ilegales.
Esta cifra no aparece desglosada por estados, por eso sería difícil saber cuántos de estos reportes de actividades “inusuales” detectados por el SAT fueron ubicados en Coahuila. Lo que está a la vista de todos, y espero que no se vuelva un tema electoral o meramente político para acaparar reflectores, son las empresas fantasma, un asunto que está en la agenda de partidos de oposición y del propio partido en el poder, pero en donde lo importante será generar políticas de prevención, detección y sanción, como parte de los mecanismos de fondo que conduzcan a la erradicación de estas prácticas que propiciaron reportes extraordinarios del órgano de fiscalización del Legislativo, a finales del año pasado.
El sitio http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/comparecencia102016.pdf permite conocer las acciones iniciadas por la autoridad estatal para inhibir prácticas ilegales, como las reformas a la Ley de Adquisiciones en Coahuila, que endurecieron los requisitos para las compañías que aspiran a ser parte del padrón de proveedores. Creo que es un buen comienzo. Falta por hacer y es precisamente una parte que involucra directamente la participación y el activismo ciudadano.
07 Marzo 2018 04:00:00
Corrupción sin género
En la más reciente Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2015, las mujeres representan el segmento de la población que menos advierte, es víctima o participa en actos de corrupción, es decir, en entrega de dádivas, obsequios o de dinero a cambio de agilizar un trámite en una oficina de gobierno o para evadir sanciones y multas o para dar celeridad a la sentencia en un juicio familiar, por ejemplo.
De los mil 200 hogares coahuilenses donde se aplicó esta encuesta bianual y realizada por el Inegi, más de la mitad de los entrevistados fueron mujeres que dieron su punto de vista sobre la prevalencia de actos de corrupción y la mayoría de las participantes, minimizaron el problema, al considerar como prioritaria la atención gubernamental en otros rubros como el combate de la pobreza, servicios y empleo.
No obstante, entre más alto es el nivel académico o ingreso económico de las mujeres, es más común que ellas visibilicen y señalen prácticas irregulares en el servicio público, en juzgados, servicios educativos, entrega de becas, permisos para apertura de comercios o atención médica.
La Encig revela que casi tres de cada 10 hombres entrevistados que realizaron un trámite, pago, requirieron de un servicio o tuvieron contacto presencial con un servidor público, advirtieron una mala experiencia relacionada con temas de corrupción.
Pero la cifra es menor en el caso de las mujeres, donde menos de una de cada 10, argumentó haber sido víctima de actividades deshonestas en el sector público. Es decir, es baja la exposición de mujeres a temas relacionados con la corrupción, al menos no con la prevalencia que señalan los del sexo opuesto.
El año pasado, justamente por estas fechas, cerca del Día Internacional de la Mujer, la actual secretaria de la Función Pública federal, Arely Gómez González invitó a las mujeres del país a sumarse a una exigencia de cero tolerancia a la corrupción, para prevenir, señalar y sancionar actos que afectan a la población no sólo femenina, sino a las familias, a los niños, adultos y a la población en este país.
Sin excluir a los hombres, Arely Gómez propuso impulsar la ética como un compromiso no solamente en el servicio público, también entre la ciudadanía y llamó a los gobiernos a impulsar la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisiones en instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y en el sector empresarial.
Es un buen inicio, si se quiere hablar en serio de los daños que deja la corrupción y que definitivamente altera los apoyos, programas y aportes que deberían de ir en favor de las mujeres.
Hornos como la guerra de Hitler
La activista y defensora de derechos humanos, y quien desde febrero preside el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, en una charla este fin de semana y durante un encuentro con integrantes de los consejos estatales anticorrupción, dejó ir una frase lapidaria que vincula la inseguridad en los estados del país, con actos deshonestos de servidores públicos, principalmente que colaboran en áreas de seguridad.
Acosta Urquidi, ex integrante de Human Rights, dijo que lo que ocurrió en Coahuila, específicamente en el penal de Piedras Negras, es comparable a lo pasó en los hornos crematorios de la segunda guerra mundial, en la era de Hitler.
La también directora de la Oficina de México de Freedom House, estuvo en la Primera Reunión de integrantes de CPC, en Monterrey, Nuevo León, donde Mariclaire habló en corto de lo que ocurrió en Allende o en Piedras Negras hace algunos años. Ella mostró su preocupación por la cifra de personas desparecidas y las agresiones a periodistas, por la escasa protección a favor de defensores de las garantías de las personas en la entidad.
La actual presidenta del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, relacionó el tema a la corrupción y falta de vocación de servicio de las autoridades que infligen la ley, principalmente en casos como las personas desaparecidas o las agresiones contra quienes abanderan la búsqueda de desaparecidos.
Fue como un campo de exterminio… así lo definió. Sin más ni más Acosta Urquidi, quien se identifica plenamente con la ideología y el activismo del Obispo de Saltillo, Raúl Vera López. La también ex colaboradora de Amnistía Internacional, consideró que el reporte dado a conocer sobre los hechos en el centro penitenciario de Piedras Negras, serían considerados crímenes de lesa humanidad.
El tema de derechos humanos en los sistemas anticorrupción será parte de la agenda de la nueva presidencia del CPC Nacional.
La especialidad de la activista que estará en el cargo hasta febrero de 2019, es la defensa de las garantías individuales, ligadas a asuntos de corrupción en rubros como el de la salud, la seguridad, de justicia, la dotación de servicios básicos en las comunidades y ciudades. Es ahí donde está la corrupción que lastima a los que menos tienen, a las clases más desprotegidas y hasta donde debe permear la política anticorrupción en este país y en el estado.
POR: LULÚ DE KOSTER
@lulukoster
21 Febrero 2018 04:07:00
Las reformas a legislaciones que involucran la rendición de cuentas y transparencia en Coahuila colocan al estado en una posición de exigencia para garantizar que cada peso se gaste bajo parámetros establecidos, y para permitir al ciudadano conocer lo que se hace sin mecanismos de difícil acceso a portales habilitados para cumplir con esta demanda.
Hace días, un especialista comentaba que una forma de revertir el escepticismo en la sociedad puede ser el disponer de versiones públicas, abiertas y respetando las garantías de las personas –en el marco de la presunción de inocencia– de procedimientos administrativos iniciados y concluidos por la autoridad, como lo son los resultados de revisiones del gasto en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), que agrupa a profesores y trabajadores administrativos, activos y en retiro, de universidades y del magisterio estatal.
Desde el Informe de Resultados 2012, publicado por la Auditoría Superior, se advertía de la situación vulnerable del esquema de ahorro para el retiro de sindicalizados. Sin embargo, fue apenas en noviembre de 2016 cuando fue publicado en el Periódico Oficial el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones que delineó obligaciones de aportantes, patrón y representantes sindicales.
Pero el déficit financiero se ha venido agudizando en medio de la crisis en la prestación del servicio médico, la entrega de pensiones o procesos de jubilación a beneficiarios que exigen resultados e incluso sanciones, para quien o quienes llevaron a la Dipetre, creada por decreto en el año 1961, a la situación en la que ahora se encuentra.
Aunque vale la pena apuntar que la Junta de Administración de la Dipetre, en la que están representados la UAdeC, la UAAAN y el Gobierno estatal, adoptó mecanismos para revertir la situación y no seguir “pateando el bote”.
Durante años, las dirigencias en gremios magisteriales intentaron soluciones por medio de sorteos, ajustes a la ley o descuentos nominales, para abonarle a las finanzas y evitar la quiebra del sistema. La situación es caótica y parece inevitable que en estos momentos de algidez electoral la Dipetre se convierta, para algunos, en un insumo político nada despreciable.
Dos mil caracteres y punto
La tendencia en la sociedad es exigir resultados en cualquier tarea. Ya sea en el gobierno, la academia o las empresas, en cualquier ámbito en el que las personas se desarrollan. Y eso es válido en una sociedad cada vez más informada.
En Coahuila, la administración pública se ubica frente a un reclamo permanente, donde temas como la seguridad pública y la prevención, detección y sanción de prácticas deshonestas son o, al menos, deben ser una prioridad.
En el Proyecto del Plan Estatal de Desarrollo Coahuila 2017-2023, uno de los objetivos es la Integridad y el Buen Gobierno, un eje orientado mejorar la administración pública que se encuentra bajo el escrutinio generalizado y marcado por el activismo de grupos civiles durante los últimos años, en esta petición de la que comentaba al inicio de esta colaboración editorial.
“Una prioridad de la administración estatal es el combate a la corrupción desde una perspectiva integral que comprenda acciones preventivas y correctivas, aplicables a todas las partes involucradas en actos ilícitos. Se le dará debida atención a todos los actos de autoridad emanados del Sistema Estatal Anticorrupción”, agrega en unos de los párrafos del texto que se hizo público hace unos días.
Es interesante cuando se analiza a fondo, porque se habla incluso, de la revisión que se hará en la presentación de declaraciones patrimoniales o de conflicto de intereses de los servidores públicos, por ejemplo. Asunto que desde el Consejo Nacional, y como lo citaba alguno de los integrantes del Consejo Nacional del SNA, se viene impulsando en una demanda que incluye la plataforma nacional, con cambios específicos que sin duda, serán de largo alcance si se logran concretar los ajustes en el tenor que se ha comentado desde la escena nacional y local, o desde grupos organizados de la sociedad civil.
Otro punto interesante es la valoración de lo que llaman un “mapa de riesgo” en las administraciones públicas, para advertir y corregir áreas o trámites que faciliten o que propicien prácticas ilegales que es necesario hacer visibles, porque para expertos locales, estas acciones han normalizado entre la sociedad.
De ahí la importancia del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, que nace a partir de una iniciativa ciudadana nacional y desde el requerimiento social del control de los recursos públicos no solo en la entidad, sino en los 32 estados donde se viene desplegando un esquema similar al que ya opera en Coahuila.
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References: resolución 
 Artículo 49
 Artículo 134
 Artículo 41
 Artículo 3
in fine