Source: http://justiciaytransparencia.pe/sentencias/des_buscador.php?ULTIMA_SECCION=418&SECCION_ID=418&ELEMENT_ID=1416&BUSQUEDA=5168&ETIQUETAS=
Timestamp: 2018-01-19 21:25:43+00:00

Document:
Justicia y Transparencia - 05168-2011-PHD/TC
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/05168-2011-HD%20Resolucion.html
EXP. N.° 05168-2011-PHD/TC
LLOCLLA QUISPE
La resolución recaída en el Expediente N.° 05168-2011-PHD/TC es aquella conformada por los votos de los magistrados Calle Hayen, Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, que declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta. El voto del magistrado Beaumont Callirgos aparece firmado en hoja membretada aparte, pues no puede aparecer junto con las firmas de los demás magistrados debido a que, mediante Resolución Administrativa N.º 66-2013-P/TC, de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 6 de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado; asimismo, se deja constancia que la emisión de su voto –formulado con fecha anterior a la declaratoria de su vacancia– se puso en conocimiento de las partes en su oportunidad.
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Johans Willy Lloclla Quispe contra la resolución expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 222, su fecha 10 de octubre de 2011, que declaró infundada la demanda de autos; y,
1. Que, con fecha 23 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra los vocales señores Carlos Quispe Álvarez, Dafne Dana Barra Pineda y Carlos Fernández Echea y contra el Procurador Público en asuntos judiciales del Poder Judicial, a fin de que se le otorgue copias simples de las sentencias, autos, votos singulares, votos discordantes, fundamentos de voto y ponencias emitidas por los jueces Fernando Murillo Flores y Wilber Bustamante del Castillo, “recaídas en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento expedidos en el año 2007” (sic).
2. Que el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco, con fecha 13 de julio de 2011, declaró improcedente la demanda, por considerar que si necesita la información solicitada, el recurrente ha debido acreditar de modo concreto la existencia de tal información, así como individualizar los procesos y demostrar que ellos se encontraban concluidos.
3. Que, por su parte, la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que el demandante requirió la información en forma genénerica y abstracta; asimismo, porque considera factible obtener, en atención al sistema de consulta de expedientes judiciales vía internet, la información que solicita.
4. Que en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido los alcances del derecho de acceso a la información, que comprende proporcionar la información pública solicitada, sin otras exigencias que la de ser actual, completa, clara y cierta.
5. Que, sin embargo, se aprecia que el petitorio de la demanda no es concreto ni determinado, pues el actor se limita a solicitar “sentencias, autos, votos singulares, votos discordantes, fundamentos de voto y ponencias emitidas por los doctores Fernando Murillo Flores y Wilber Bustamante del Castillo recaídas en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento expedidos en el año 2007” (fojas 13); esto es, de manera vaga e imprecisa, pues no identifica con claridad los procesos en los cuales se han evacuado.
6. Que, en consecuencia, al no haberse identificado de manera completa, cierta y clara la información que se pretende, el Tribunal Constitucional considera que la demanda debe ser desestimada, máxime cuando de autos ni siquiera se desprende que el recurrente era parte de los procesos de los que requiere información y pretende obtener copias, ni tampoco ha precisado si estos ya concluyeron.
RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Calle Hayen y Beaumont Callirgos, el voto en discordia del magistrado Eto Cruz y el voto dirimente del magistrado Álvarez Miranda, que se agregan,
VOTO DE LOS MAGISTRADOS CALLE HAYEN Y BEAUMONT CALLIRGOS
Lima, 3 de abril de 2
1. Que, con fecha 23 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra los vocales, señores Carlos Quispe Álvarez, Dafne Dana Barra Pineda y Carlos Fernández Echea y contra el Procurador Público en asuntos judiciales del Poder Judicial, a fin de que se le otorgue copias simples de las sentencias, autos, votos singulares, votos discordantes, fundamentos de voto y ponencias emitidas por los jueces Fernando Murillo Flores y Wilber Bustamante del Castillo, “recaídas en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento expedidos en el año 2007” (sic).
Llamado por ley a dirimir la discordia surgida en autos, me adhiero al voto de los magistrados Calle Hayen y Beaumont Callirgos, pues, conforme lo justifican, también considero que la demanda de autos debe ser declarada IMPROCEDENTE.
Por las siguientes consideraciones disiento de la posición expresada en la ponencia; en consecuencia mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de hábeas data.
1. El recurrente acude al proceso de hábeas data con el objeto de que se le entregue “copia simple de las sentencias, autos, votos singulares, votos discordantes, fundamentos de voto y ponencias emitidas por los jueces Fernando Murillo Flores y Wilber Bustamante del Castillo, recaídos en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento expedidos en el año 1997” (sic); más el pago de costos.
2. El artículo 62 del Código Procesal Constitucional establece como requisito especial de la demanda que “el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de los derechos a que se refiere el artículo anterior, y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el artículo 2, inciso 5 de la Constitución (…)”.
3. En el presente caso, el recurrente procedió a efectuar su pedido de acceso a la información pública ante el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco con fecha 8 de julio de 2008 (fojas 3). Con fecha 8 de julio de 2008, el señor Cornejo Palomino, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco, contesta su solicitud requiriéndole al recurrente que “cumpla con acreditar conforme corresponda los fines académicos a los que se hace referencia”. Posteriormente, el demandante con fecha 17 de julio de 2008 presenta un escrito reiterando su solicitud y fundándola en su derecho de acceso a la información pública, el que –según refiere- no exige expresar la causa del pedido; sin embargo, afirma que la misma es para “i) expresar mi libertad de opinión y/o expresión, y ii) para que pueda formarme una opinión pública, libre e informada”. Mediante Oficio Nº 3786-2008-P-CSJCU-PJ, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco remite el pedido al señor Carlos Quispe Álvarez, Presidente de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco mediante resolución de fecha 24 de julio de 2008, suscrita por los jueces Quispe Álvarez, Barra Pineda y Fernández Echea declara improcedente la solicitud, por considerar que el recurrente no es parte en los procesos y que muchos de ellos se encuentran en trámite, por lo que es de aplicación el artículo 139 del Código Procesal Civil. El recurrente, por su parte, mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2008 insiste en su pedido ante la Segunda Sala Civil de Cusco, alegando que la información requerida no se encuentra sujeta a reserva ni afecta la intimidad personal o la seguridad nacional. Finalmente, los vocales demandados se reafirman en la denegatoria de acceso a la información mediante resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, mediante la cual declaran improcedente la solicitud presentada, afirmando que “si bien las resoluciones cuyas copias solicita el recurrente no compromete la intimidad personal del funcionario, también es cierto que su expedición está condicionada a que esté concluido (sic) conforme lo previsto por el tercer párrafo del artículo 139 del Código Procesal Civil, y es cierto que dichas resoluciones son públicas en virtud de la Cuarta Disposición Final del Código Procesal Constitucional, pero a partir de la publicación en el Diario Oficial El Peruano” (fojas 12).
4. Siendo entonces que los vocales demandados se han ratificado en la denegatoria de la información solicitada, procede el hábeas data, conforme a los términos del artículo 62 del C.P.Const.
Análisis del fondo de la controversia
El derecho de acceso a la información pública y el principio de publicidad y transparencia
5. El Tribunal Constitucional ha destacado en más de una oportunidad que el derecho de acceso a la información pública tiene además de una connotación meramente individual, en el sentido del acceso libre a la información que se requiera, una dimensión primordialmente colectiva o pública, en tanto permite a la persona el ejercicio cívico del control del poder, esencial para la vida en democracia. En este contexto, el acceso a la información pública, permite a la persona tener las herramientas necesarias para efectuar una crítica informada y libre de las decisiones y políticas adoptadas para la resolución de los problemas que nos interesan a todos, esto es, para el adecuado manejo de la cosa pública:
“El derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que (…) los individuos, aisladamente considerados, puedan trazar, de manera libre, su proyecto de vida, pero también el pleno ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales (…) como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, por mencionar alguna.
En segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática. Desde este punto de vista, la información sobre la manera como se maneja la res pública termina convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo, que ha de estar al alcance de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la plena eficacia de los principios de publicidad y transparencia de la Administración pública, en los que se funda el régimen republicano, sino también como un medio de control institucional sobre los representantes de la sociedad (…)” (STC 1797-2002-HD/TC, fundamentos 10-11).
6. Por otro lado, el derecho de acceso a la información pública no sólo se constituye en una herramienta para los ciudadanos y la crítica que éstos puedan efectuar al poder público, sino que además fomenta y permite que el propio poder público se maneje con apego al principio de transparencia y publicidad. Como ha sostenido el Tribunal:
“La puesta en práctica del principio de transparencia coadyuva a combatir los índices de corrupción en el Estado y, al mismo tiempo, constituye una herramienta efectiva contra la impunidad del poder permitiendo que el pueblo tenga acceso a la forma como se ejerce la delegación del poder. Una de las manifestaciones del principio de transparencia es, sin duda, el derecho de acceso a la información pública que este Colegiado tiene desarrollado en su jurisprudencia (véase, entre otras, la STC 1797-2002-HD/TC).
De este modo, las leyes de acceso a la información como ocurre con la Ley N.º 27806 constituyen un instrumento que debe permitir la concretización del principio de transparencia; no obstante, un acceso efectivo y oportuno requiere de acciones de parte de los poderes públicos que permitan el acceso a una información útil, manejable y sobre todo confiable y oportuna, lo que solo se logra con la transformación de las administraciones hacia un modelo transparente de actuación y gestión.
El principio de transparencia está también directamente vinculado con otro principio básico sobre el que se asienta el Estado Democrático Constitucional. Nos referimos ahora al principio de responsabilidad. Conforme se ha advertido, “si la información fuera perfecta y el ejercicio del poder transparente no habría necesidad de pedir cuentas a nadie. La demanda por la rendición de cuentas, la demanda por hacer transparentes hechos y razones, surge por la opacidad del poder” (Cfr. Schedler, Andreas: Qué es la rendición de cuentas, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, 2004 p. 26 y 27). De ahí que resulte meridiano que cuanto más transparente sea la gestión pública estaremos frente a administraciones más responsables y más comprometidas con los fines públicos, puesto que el secreto, por lo general, incentiva prácticas en defensa de intereses de grupos o individuales, pero no necesariamente hacia fines públicos” (STC 0565-2010-PHD/TC, fundamentos 5-6).
El principio de publicidad de los procesos judiciales
7. El principio de publicidad busca garantizar pues no solo el ejercicio libre de la crítica ciudadana, esencial para la vida democrática y el control del poder, sino la formación de una práctica gubernamental de rendición de cuentas, que permita la concreción de una administración responsable y preocupada por el interés general.
Uno de los ámbitos de actuación estatal donde se definen, de manera privilegiada, los derechos ciudadanos, es el proceso judicial. Tanto en el ámbito civil, penal, laboral, contencioso-administrativo o constitucional, el proceso judicial no sólo supone la definición concreta del derecho que corresponde a cada parte del proceso, sino que implica la configuración, de modo muchas veces general, del ámbito de vigencia de los derechos en cualquier materia, a través del proceso de interpretación jurídica. Este rol del juez en la definición del derecho objetivo se complementa con la incidencia que pueden tener las decisiones judiciales en asuntos de gran relevancia nacional y en la misma estructuración de las políticas públicas en materia de realización de derechos. En el caso del proceso constitucional, donde los derechos involucrados ostentan la máxima jerarquía normativa, su dimensión objetiva –como ha dicho el Tribunal en innumerables ocasiones (por todas, STC 0228-2009-PA/TC)– es altamente relevante. Es evidente, entonces, que los jueces tienen que ser sometidos también al escrutinio público de la ciudadanía.
Un juez que no siente la necesidad de responder por sus decisiones ante la ciudadanía –se ha afirmado continuamente en la doctrina- no tiene ningún incentivo para ejercer su cargo con responsabilidad y actuar con sensibilidad frente a los problemas que afronta la sociedad en el ejercicio de sus derechos. Como ha afirmado Roberto Gargarella:
“Lo cierto es que aunque contásemos con jueces elegidos por los mejores motivos, nada nos garantizaría –en absoluto- que la tarea de los magistrados, en sus cargos, respondiese a las razones que dieron fundamento a su elección. Piénsese que, en este caso, la situación es mucho más dramática que la que surge a causa de la elección de los funcionarios políticos, ya que respecto de los políticos, al menos, la ciudadanía conserva la posibilidad de reprochar la tarea de quienes fueron elegidos, no volviéndolos a elegir en las elecciones siguientes. En cambio, los jueces –salvo circunstancias muy excepcionales- no pueden ser reprochados debidamente ni por los ciudadanos ni por sus representantes” (La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial, Corte Constitucional de Ecuador, Quito, 2011, pp. 136-137).
La necesidad del escrutinio público de las decisiones judiciales no viene, sin embargo, determinada sólo por la posibilidad que tienen los jueces de incidir en la definición de los derechos, sino que, en nuestro país, dicha necesidad viene ineludiblemente ligada a la lucha que debe emprenderse por la recuperación de la confianza en el sistema de impartición de justicia, el cual refleja índices muy bajos de confianza ciudadana. La necesidad de que los jueces hagan lo más públicas posibles sus actuaciones viene impelida por la urgencia de detectar a tiempo posibles inconductas funcionales e incluso actos de corrupción que dañen a todo el sistema de justicia.
8. Es por esta razón que la propia Constitución no sólo ha reconocido el derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales (artículo 139, inciso 20), sino que ha establecido el principio de publicidad en los procesos judiciales (artículo 139, inciso 4). Por medio del primero, se pone en cabeza de toda persona la facultad de pronunciarse y/o cuestionar las decisiones que adopten los jueces, en todo tipo de proceso judicial. La crítica de las resoluciones judiciales resulta esencial en el afianzamiento del Estado Constitucional, pues su esencia no estriba sólo en el cuestionamiento de la resolución judicial que no favorece a alguna de las partes, sino que entendido, en clave de un ejercicio cívico ciudadano, constituye una auténtica responsabilidad y un deber con el progreso mismo de la ciencia jurídica y del entendimiento que la sociedad asuma respecto a sus derechos. Como ha dicho Luigi Ferrajoli “[e]l derecho mismo, no es una entidad natural, sino una construcción lingüística y simbólica, cuya consistencia conceptual y fuerza vinculante depende en gran parte del empeño cívico e intelectual de sus intérpretes, sean éstos jueces o juristas” (Prólogo a Los derechos sociales como derechos exigibles de Víctor Abramovich y Christian Courtis, Trotta, Madrid, 2002).
Como es evidente el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales se halla fuertemente vinculado al derecho de acceso a la información pública, dado que sin posibilidad de acceso fácil, adecuado y oportuno a las resoluciones emitidas por los jueces, el control, crítica o cuestionamiento de las resoluciones judiciales se vuelve difícil o puede llegar a ser simplemente inocua.
9. En cuanto al principio de publicidad en los procesos judiciales, éste puede derivar en dos exigencias: i) en primer lugar, que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional habiliten un sistema de acceso fácil, oportuno y adecuado de las actuaciones judiciales que se realizan al interior del proceso, así como de las resoluciones judiciales que se emiten; y ii) que se permita a los ciudadanos en general el acceso a los actuados y resoluciones judiciales emitidos en el curso de un proceso judicial.
10. Con relación a la primera exigencia, resulta importante el esfuerzo que han venido realizando el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional por brindar un mejor acceso a la información que obra en los expedientes judiciales y a las propias resoluciones judiciales. En lo que respecta al Poder Judicial, es destacable la implementación del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales, que obtuvo el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011 en la categoría de Transparencia y Acceso a la Información (http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2011/default.htm), sistema que permite realizar un seguimiento de las resoluciones que se van emitiendo y del estado actual del expediente, a través de la página web del Poder Judicial (www.pj.gob.pe). A su vez, este organismo del Estado, mediante Resolución Administrativa Nº 062-2007-P-PJ, ha aprobado la Directiva Nº 001-2007-PCS-PJ y la Directiva Nº 009-2008-CE-PJ, a través de las cuales se disponen los procedimientos necesarios para la publicación de las ejecutorias supremas y otras resoluciones judiciales de las cortes superiores de todo el país en la página web del Poder Judicial.
Por su parte, el Tribunal Constitucional no sólo mantiene un sistema de consulta de expedientes judiciales en línea y la publicación de todas sus resoluciones en su página web (www.tc.gob.pe), sino que continuamente realiza esfuerzos por ofrecer una sistematización de su jurisprudencia, con el objeto de que sea de fácil manejo por todos los ciudadanos. Fruto de ello, son los dos CDs de Sistematización de su Jurisprudencia, que recopilan y sistematizan sus sentencias desde el año 2002 hasta julio de 2011.
11. Sin embargo, hay un ámbito en el cual parece imperar aún la “cultura del secreto” y es el que tiene que ver con la segunda exigencia derivada del principio de publicidad en los procesos judiciales. En efecto, en el presente caso, los jueces demandados de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco han alegado que no pueden entregar copias de “las sentencias, autos, votos singulares, votos discordantes, fundamentos de voto y ponencias emitidas por los jueces Fernando Murillo Flores y Wilber Bustamante del Castillo, recaídos en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento expedidos en el año 1997”, dado que muchos de esos procesos no han concluido y de acuerdo con el artículo 139 del Código Procesal Civil sólo se pueden entregar copias de las resoluciones y actuados judiciales a quienes no son parte del proceso, cuando el proceso judicial en cuestión cuenta con resolución definitiva: los jueces demandados han concluido, en dicha línea, que el principio de publicidad sólo se aplica una vez terminado el proceso judicial (mejor dicho, cuando ya no hay proceso). En dicho sentido se pronuncia también, lamentablemente, el proyecto en mayoría en esta sede constitucional.
El demandante alega, por su parte, que la información solicitada no se encuentra incursa en ninguna de las causales de excepción establecidas en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (artículo 15), ni en las exclusiones constitucionales que tienen que ver con informaciones que afecten la intimidad personal o familiar y la seguridad nacional (artículo 2, inciso 5 de la Constitución).
12. Concordamos con el demandante en el sentido de que la información solicitada no afecta la intimidad personal o familiar, ni la seguridad nacional, y que tampoco se halla incursa en ninguno de los supuestos de excepción comprendidos en el artículo 15 de la Ley Nº 27806. Por lo demás, ésta es una interpretación que ha sido aceptada también por los jueces demandados en su resolución de fecha 17 de septiembre de 2008 (fojas 12). La discrepancia gira en torno a la prohibición de acceso contenida en el artículo 139 del Código Procesal Civil (C.P.C.):
“Los Secretarios de Sala y de Juzgado entregan copias simples de las actas de las actuaciones judiciales concluidas a los intervinientes en ellas que lo soliciten. En cualquier instancia, a pedido de parte y previo pago de la tasa respectiva, el Juez ordenará de plano la expedición de copias certificadas de los folios que se precisen.
Concluido el proceso, cualquier persona podrá solicitar copias certificadas de folios de un expediente. El Juez puede denegar el pedido en atención a la naturaleza personalísima de la materia controvertida”.
13. A pesar de que el Código Procesal Civil no es una Ley de Desarrollo Constitucional como la Ley de Acceso y Transparencia a la Información Pública, por lo que en principio una interpretación sistemática aconseja tener por restricciones válidas al acceso a la información pública sólo las contenidas en la Ley Nº 27806 (conforme lo establece el artículo 15-C: “Los casos establecidos en los artículos 15º, 15º-A y 15º-B son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental”), también es cierto que la propia Constitución establece en su artículo 2, inciso 5 que “se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.
14. En el presente caso, la restricción al acceso público a los actuados y resoluciones judiciales de procesos en trámite se encuentra en el Código Procesal Civil. Sin embargo, no cualquier restricción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo por el hecho de estar contenida en una ley puede reputarse como válida. Es obvio, en primer lugar, que dicha restricción debe ser acorde al propio Texto Constitucional y que, en todo caso, los motivos en los que se fundan las restricciones deben ser lícitos desde un punto de vista constitucional, idóneos para perseguir dichos fines, necesarios por no haber otras medidas menos lesivas al derecho de acceso a la información pública que sean al mismo tiempo igualmente idóneas para la protección de los fines pretendidos por la restricción, y proporcionales en el sentido de que su protección tenga igual o mayor peso que el derecho de acceso a la información pública en el caso concreto; esto es, dichas restricciones deben superar las exigencias derivadas del test de proporcionalidad. Este razonamiento ha sido esgrimido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile (Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, párrafos 88 a 91):
“El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones.
En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse “por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. Al respecto la Corte ha enfatizado que “En tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. El requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del "bien común" (art. 32.2), concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático” (Cfr. Opinión Consultiva. OC-6/86, supra nota 86, párrs. 26-29).
En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho”.
15. Además, en la interpretación del alcance de las restricciones establecidas en una ley, la Corte Interamericana ha establecido que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones” (Sentencia del caso Claude Reyes y otros vs. Chile, párrafo 92). El principio de máxima divulgación ha sido recogido en nuestro país –como ya se pudo apreciar- por el artículo 15-C de la Ley Nº 27806, el que dispone que: “Los casos establecidos en los artículos 15º, 15º-A y 15º-B son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental” y también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, STC 2838-2009-PHD/TC, fundamento 9).
16. En lo que respecta a la validez de la restricción contenida en el artículo 139 del Código Procesal Civil (C.P.C), que permite el acceso público a los actuados y resoluciones judiciales sólo cuando el proceso judicial ha concluido, es preciso destacar, en primer lugar, que esta restricción colisiona con el principio de publicidad de los procesos judiciales, tal como éste ha sido configurado en el artículo 139, inciso 4 de la Constitución de 1993:
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos”.
Esta colisión se aprecia de manera más clara cuando se observa que en realidad el Código Procesal Civil es una norma preconstitucional, anterior a la vigente Constitución de 1993 (31 de diciembre de 1993); esto es, el citado Código (publicado el 23 de abril de 1993) fue promulgado bajo la vigencia de la Constitución de 1979, y donde la restricción dispuesta por el artículo 139 del C.P.C. parece encontrar más bien pleno encaje constitucional. Así, el artículo 233, inciso 3 de la Constitución de 1979 establecía una regulación más restrictiva del principio de publicidad judicial que la que contiene la actual Carta Magna. Dicha disposición prescribía que:
“Son garantías de la administración de justicia: 3. La publicidad en los juicios penales. Los tribunales pueden deliberar en reserva con la presencia de todos sus miembros, pero las votaciones son públicas. Solo por razones de moralidad, orden público o seguridad nacional, o cuando están de por medio intereses de menores, o la vida privada de las partes, o cuando la publicidad menoscaba la recta administración de justicia, pueden los tribunales, por decisión unánime de sus miembros, disponer que el juicio o parte de él se sustancie en privado. Los juicios por responsabilidad de funcionarios públicos, delitos de prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución siempre son públicos”.
17. En efecto, de esta disposición constitucional se desprende que los procesos judiciales que son públicos son: i) los que se sustancian por responsabilidades de los funcionarios públicos, ii) los referidos a delitos de prensa, iii) los que versan sobre derechos fundamentales y iv) los juicios penales, con excepción de aquellos procesos penales en los que puede verse involucrado el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores, la vida privada de las partes, la moral o el propio funcionamiento adecuado del sistema de justicia. En los demás procesos judiciales (civiles, laborales, comerciales, etc.) cabía entenderse que regía entonces el principio de reserva. En dicho contexto, parecía lícita la disposición del Código Procesal Civil examinada, que restringe el acceso público en los procesos civiles a aquellos que se encuentren concluidos, y que los jueces demandados han extendido también a los procesos constitucionales.
18. La vigente Constitución de 1993 ha ampliado, sin embargo, el ámbito de vigencia del principio de publicidad judicial, al referir su aplicación no a los juicios penales, sino a los procesos judiciales en general, lo que no excluye obviamente los procesos civiles, ni menos los procesos constitucionales, los que, por regla, de acuerdo con el propio artículo 139, inciso 4, son “siempre públicos”. Con la Constitución de 1993, la publicidad de todo proceso judicial es la regla y la reserva, en algunos casos predeterminados por la ley, la excepción. En dicha perspectiva, el artículo 139 del Código Procesal Civil ha devenido en el tiempo en una norma inconstitucional, acusando lo que en la doctrina se conoce como una “inconstitucionalidad sobreviniente”, fenómeno presentado cuando una norma primigeniamente constitucional, deviene en inconstitucional porque no compatibiliza con la vigente norma constitucional (STC 6752-2006-PA/TC, FJ. 28).
19. En segundo lugar, la norma prohibitiva contenida en el artículo 139 del Código Procesal Civil no resiste una evaluación desde el principio de proporcionalidad, puesto que establece una intervención grave en el derecho de acceso a la información pública, sin una referencia a los bienes jurídicos que pretenden tutelarse con la reserva durante el trámite del proceso (como lo afirmaron los jueces demandados, quienes sustentaron su negativa sólo en la aplicación “estricta” de la ley).
20. Es evidente, sin embargo, que el principio de publicidad de los procesos judiciales puede estar sujeto a algunos límites. Ello lo establece la propia Constitución, cuando refiere que el principio de publicidad en los procesos judiciales es un principio de la función jurisdiccional, “salvo disposición contraria de la ley”. Las restricciones pueden fundarse, como lo estableció la Constitución de 1979 para el caso de los juicios penales, en motivos como el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores, la vida privada de las partes, la moral o el propio funcionamiento adecuado del sistema de justicia. En este sentido, resulta legítima, por ejemplo, la restricción contenida en el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales sobre el carácter reservado de la instrucción o el artículo o el artículo 324 del Código Procesal Penal sobre el carácter reservado de la fase de investigación, en función a razones de seguridad personal y adecuado desarrollo del proceso penal. Sin embargo, una vez finalizada esta etapa, las actuaciones son públicas, como lo establece el artículo 215 del Código de Procedimientos Penales (en el caso del juicio oral) y el artículo 138.3 del Código Procesal Penal (“Si el estado de la causa no lo impide, ni obstaculiza su normal prosecución, siempre que no afecte irrazonablemente derechos fundamentales de terceros, el Fiscal o el Juez podrán ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos mediante solicitud motivada por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos”). Igualmente, en fase de investigación, intermedia o de juzgamiento las actuaciones pueden ser reservadas, cuando el carácter del juicio así lo amerite, por ejemplo en los casos de violación sexual o de delitos contra menores de edad (artículo 193 del Código Procesal Penal).
21. Los demás procesos judiciales, sin embargo, en principio son públicos, siendo posible el acceso a los actuados y resoluciones contenidos en ellos, a personas distintas a las partes, desde su inicio y no sólo desde su archivo definitivo. La presencia de los motivos enunciados líneas arriba como justificación para la restricción al acceso a los actuados judiciales (seguridad personal, seguridad nacional, interés superior del niño, intimidad personal o familiar, orden público y correcta impartición de justicia), si bien pueden darse también en procesos civiles, laborales, contencioso administrativos, comerciales, etc., su ocurrencia parece más bien una excepción. Por tanto, al momento de evaluar la procedencia de la solicitud de acceso a la información pública es preciso examinar si algunos de estos motivos se encuentran presentes y, en todo caso, si los mismos son lo suficientemente fuertes como para prevalecer sobre la importancia que tiene el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales y el principio de transparencia judicial (conforme a lo expresado en los fundamentos 7 y 8). En suma, debe apreciarse suficientemente la aplicación de los principios de proporcionalidad y de máxima divulgación. En todo caso, contra la resolución del juez que deniega el acceso a la información procede el hábeas data para verificar la constitucionalidad o no de la restricción impuesta.
22. Por otro lado, es preciso destacar que la propia Constitución ha asumido en el caso de los procesos “que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución”, esto es, los procesos constitucionales por excelencia, que éstos deben ser siempre públicos (artículo 139.4); por lo que, en este caso, las referidas restricciones deben operar sólo de un modo muy marginal, requiriéndose en todo caso un control constitucional intenso para verificar la constitucionalidad o no de la denegatoria de acceso a la información.
En el presente caso, la información solicitada –como se ha visto- está referida justamente a los procesos constitucionales de amparo, hábeas data y cumplimiento. En consecuencia, además del principio de publicidad de los procesos judiciales en general, es esta disposición constitucional específica contenida en el segundo párrafo del artículo 139.4 de la Constitución, la que han obviado los jueces demandados al momento de denegar el acceso a la información solicitada por el demandante. El razonamiento efectuado por los jueces demandados ha sido pues infraconstitucional (desde el Código Procesal Civil) en un asunto que requería una lectura constitucional. La misma lectura, lamentablemente, es la que efectúa también el proyecto en mayoría.
23. Fue incorrecto también el argumento, para denegar el pedido de información, referido a la falta de certeza sobre los expedientes solicitados, pues si bien podía ser un poco difícil la individualización y ubicación de los expedientes donde estaban contenidas las resoluciones solicitadas, es preciso tener en cuenta: i) que la información estaba acotada a los expedientes resueltos por los jueces Fernando Murillo Flores y Wilber Bustamante del Castillo, recaídos en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento expedidos en el año 1997, y ii) que en caso de dificultad, de acuerdo con el artículo 11 b) de la Ley Nº 27806, las autoridades encargadas de brindar la información podían prorrogar el plazo para la entrega de la información solicitada. Además de ello, en caso de que el expediente se ubicase en poder de otro ente jurisdiccional (Tribunal Constitucional, por ejemplo), el mismo artículo 11 b) de la Ley Nº 27806 establece que “En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del solicitante”, con lo cual, en caso de no estar en posesión de los expedientes donde los referidos jueces hayan dictado sentencias de amparo, hábeas data y cumplimiento durante el año 1997, debía comunicarse al solicitante la dependencia pública que en todo lo caso los poseía.
24. El pedido efectuado por el demandante debe por tanto ser estimado y ordenarse a la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco que entregue copias simples de las sentencias, autos, votos singulares, votos discordantes, fundamentos de voto y ponencias emitidas por los jueces Fernando Murillo Flores y Wilber Bustamante del Castillo, recaídos en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento expedidos en el año 1997 o, en todo caso, informar donde se encuentran los expedientes a efectos de que el recurrente pueda dirigirse a solicitar dicha información al indicado ente; más los costos del proceso.
25. Estamos plenamente conscientes de que la información solicitada puede suponer un trabajo tedioso para los funcionarios jurisdiccionales o administrativos a cargo, y que en algunos casos puede dificultar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales que cuentan con pocos recursos humanos y logísticos, pero ese es un precio que consideramos que puede pagarse en aras de la realización de los principios de transparencia y publicidad, tan necesarios -como hemos argumentado- en el caso de los procesos judiciales. Somos igualmente conscientes de que el acceso público a los actuados y resoluciones judiciales de los procesos en trámite puede significar una mayor exposición y presión mediática y popular sobre los jueces, sin embargo, la presión sólo es una prueba a la que los jueces deben someter constantemente su sentido de responsabilidad y su profesionalismo; el acceso público al proceso judicial, en todo caso, puede convertirse en una oportunidad para que el juez busque hacer más transparentes, más plurales y más accesibles al ciudadano común sus decisiones.
Visitantes : 715578
Visitas hoy : 300

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 62
 artículo 2
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 139
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
 artículo 139
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 233
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 73
 artículo 324
 artículo 215
 artículo 138
 resolución 
 artículo 139
 artículo 11
 artículo 11