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Timestamp: 2019-03-27 02:34:50+00:00

Document:
as201311179
AUTO SUPREMO Nº. 179/2013
Sucre, 26 de junio de 2013
EXPEDIENTE: Cochabamba 96/2013
PARTES PROCESALES: Jesús Francisco Sillerico Linares contra Alfonso Ricardo Soto Medrano, Driana Jenny Villavicencio de Soto
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Alfonso Ricardo Soto Medrano y Drina Jenny Villavicencio de Soto (fs. 234 a 238), impugnando el Auto de Vista Nro. 42 emitido el 27 de noviembre de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 225 a 230), en el proceso penal seguido por Jesús Francisco Sillerico Linares (acusador particular) contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, previstos y sancionados por los artículos 345 y 346 del Código Penal.
Sustanciado el juicio oral y ordinario por el Juzgado de Sentencia Nro. 1 de la capital del departamento de Cochabamba, que conoció esa causa, pronunció Sentencia Nro. 8/2010 el 5 de mayo de 2010 (fs. 171 a 186), declarando a los imputados Ricardo Alfonso Soto Medrano y Drina Jenny Villavicencio de Soto absueltos de culpa y pena de la comisión de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, previstos y sancionados en los artículos 345 y 346 del Código Penal, porque no se demostró los extremos de la acusación y la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados, con costas en favor de los absueltos, conforme determina el artículo 363 incisos 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal, salvando los derechos del acusador a la vía que corresponda.
Contra la citada Sentencia el acusador particular formuló recurso de apelación restringida (fs. 194 a 203), resuelto por Auto de Vista Nro. 42 de 27 de noviembre de 2012 (fs. 225 a 230), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que lo declaró procedente y anuló totalmente la Sentencia impugnada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, previo sorteo computarizado. Con el Auto de Vista referido, Alfonso Ricardo Soto Medrano y Drina Jenny Villavicencio de Soto fueron notificados el 29 de abril de 2013 (fs. 231) formulando el recurso de casación, motivo de autos, el 3 de mayo de 2013 (fs. 234 a 238).
Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 134/2013 de 21 de mayo de 2013, a efecto de verificar la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y los Autos Supremos Nros. 304 de 25 de agosto de 2006, 57 del 27 de enero de 2006 y 436/2005 de 15 de octubre de 2005 y según el siguiente motivo:
1. Revalorización de la prueba valorada por el Juez de primera instancia por parte del Tribunal de Alzada y vulneración del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal. Que los Vocales efectuaron revalorización de la prueba desfilada en el juicio oral y que fuera valorada por el Juez de primera instancia, específicamente en cuanto a la declaración del testigo de descargo Álvaro William Tejerina Zeballos, signada en el inciso 2 numeral 2.1 de la Sentencia apelada, y en cuanto a la prueba A-8 referida en el inciso 1.9 de la Sentencia apelada, vulnerando el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, señalando la contradicción con los Autos Supremos Nros. 304 del 25 de agosto de 2006, 57 del 27 de enero de 2006 y 436/2005 del 15 de octubre de 2005.
Concluyen solicitando se dicte resolución que admita el recurso de casación y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo el pronunciamiento de nueva resolución conforme a la doctrina legal aplicable.
Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 134/2013 de 21 de mayo de 2013, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de la denuncia efectuada en la citada resolución, la que se encuentra relacionada con la aparente contradicción incurrida por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al momento de emitir el Auto de Vista Nro. 42 de 27 de noviembre de 2012, con los Autos Supremos Nros. 304 de 25 de agosto de 2006, 57 de 27 de enero de 2006 y 436/2005 de 15 de octubre de 2005, resoluciones admitidas en calidad de precedentes contradictorios.
Al respecto es preciso señalar que, el objetivo del recurso de casación es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro el plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica. Con lo previamente señalado, corresponde a este máximo Tribunal de Justicia expresar las conclusiones a las que arribó en el presente caso:
A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal aplicable, contenida en el Auto Supremo Nro. 436 de 15 de octubre de 2005, establece que: “Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para resguardar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguiente aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente” (sic).
En esa misma línea las doctrinas legales aplicables de los Autos Supremos Nros. 57 de 27 de enero de 2006 y 304 de 25 de agosto de 2006 determinan que: “No existe en la economía procesal penal actual, la posibilidad que el Tribunal de alzada revalorice la prueba por lo que debe circunscribirse a lo dispuesto por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Si la anulación es parcial, deberá indicarse el objeto concreto del nuevo juicio, y finalmente cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente, dictando una nueva. Consecuentemente, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal o dictar nueva resolución. La apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la substanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley” (sic) y “Que, de acuerdo a la nueva filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la sentencia, no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley, consiguientemente no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a anular total o parcialmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial se indicará el objeto concreto del nuevo juicio y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente. En el caso de Autos se establece que el Tribunal de alzada "revaloriza la prueba introducida a juicio" cambiando, indebidamente, la situación jurídica de la imputada, actuando en contra de la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal de Justicia” (sic).
Si bien de acuerdo a las doctrinas legales aplicables descritas precedentemente es irrefutable que la valoración de la prueba es de competencia del Juez o Tribunal de Sentencia y el Tribunal de Alzada no puede revalorizar la prueba ni revisar cuestiones de hecho, no es menos cierto que éste Tribunal Supremo tiene establecido también que ese Tribunal debe efectuar, en el marco del recurso de apelación restringida, el control de la fundamentación probatoria (descriptiva e intelectiva) a la que se refiere el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal.
Ese razonamiento está expresado en la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo Nro. 91 de 28 de marzo de 2006 que establece: “… la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico” (sic).
Línea jurisprudencial ratificada en el Auto Supremo Nro. 53/2012 de 22 de marzo de 2012 que al referirse al Tribunal de Alzada, señala: “… éste no está facultado para revisar la base fáctica de la Sentencia, sino analizar si ésta contradice el silogismo judicial, es decir, debe abocarse a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre…” (sic) y modulada en el Auto Supremo Nro. 167 de 4 de julio de 2012 que prevé: “Si bien de acuerdo a la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos: Nros. 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006 y otros posteriores entre los que se encuentra el Auto Supremo Nro. 53/2012 de 19 de marzo de 2012, es básico que la apelación restringida no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba puesto que en el sistema procesal vigente no existe la doble instancia y los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad, debe precisarse que esta limitación no significa que no sea procedente el control del iter lógico que ha seguido el juzgador o que el Tribunal de apelación, no obstante la denuncia expresa contenida en el recurso de apelación restringida, se encuentre impedido y/o carezca de competencia para examinar la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia y con ello la de la aplicación de la sana crítica y sus componentes, en la eventualidad de que en ese procedimiento el juzgador haya podido caer en errores de logicidad. En efecto, denunciada la violación de ley sustantiva, insuficiente fundamentación y defectuosa valoración de la prueba por vulneración de las reglas de la sana crítica; el Tribunal de Alzada, en aplicación de los arts. 407, 413, 414 y 398 del Código de Procedimiento Penal, tiene competencia, para pronunciarse no solo sobre la aplicación o no de la ley sustantiva, sino sobre el cumplimiento de los requisitos de validez contenidos en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, y, en ese marco, determinará si el Tribunal o Juez de Sentencia explicó por qué aplicó una norma o por qué no lo hizo y si rigió el acto procesal de la valoración armónica y conjunta de la prueba a sus reglas fundamentales: la lógica, la psicología y la experiencia, dentro del marco de razonabilidad y equidad previsibles para decidir de forma congruente, consignando por escrito, es decir fundamentando, las razones que lo condujeron a la decisión. En todo caso, el resultado de un razonamiento que quebrante cualquiera de esos principios tiene el efecto de falta de fundamentación exigida en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal” (sic).
En ese sentido, de la lectura del Auto de Vista recurrido y, en especial, del contenido de los párrafos ocho al veinte del Considerando II, se advierte que el Tribunal de Alzada no procedió de forma contraria a los precedentes contradictorios invocados, toda vez que no efectuó revalorización de prueba alguna, menos revisó o cambio los hechos probados, ya que habiendo el recurrente Francisco Sillerico Linares, en el recurso de apelación restringida de fojas 194 a 203, denunciado errónea valoración de pruebas y violación a las reglas de la sana crítica, en el marco del artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, en examen de la Sentencia Nro. 08/2010 de 5 de mayo de 2010, sobre la base de los hechos probados en juicio, con respecto a la valoración de la declaración del testigo de descargo Álvaro William Tejerina Zeballos, signada en inciso 2, numeral 2.1., en contrastación con la valoración de la prueba signada en el inciso 3.1., concluyó afirmaciones contrarias, y con relación a la valoración de la prueba signada en el inciso 1.9. concluyó como errónea la declaratoria de ilegalidad de las pruebas A-8 e I-4 por parte del Juez de Sentencia, limitándose, en ejercicio de sus facultades y competencia, conforme determina el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, a disponer la anulación total de la Sentencia al ser evidente la defectuosa valoración de prueba, prevista en el artículo 370 inciso 6) del citado adjetivo penal, decisión que no es contraria a las doctrinas legales invocadas, contrariamente, se encuentra en conformidad no solo con la vigente en la fecha de su emisión, sino, a la recientemente emitida por éste Tribunal Supremo, no siendo evidentes los motivos que se alegan en el recurso de casación en examen.
Por lo expuesto, los Autos Supremos invocados como precedentes no contradicen al caso sub lite, en los términos exigidos por el artículo 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley Nro. 1970, lo que permite colegir que los de Alzada efectuaron correcta aplicación de la normativa contenida en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal; ante esta situación, corresponde declarar infundado el recurso.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alfonso Ricardo Soto Medrano y Drina Jenny Villavicencio de Soto (fs. 234 a 238), impugnando el Auto de Vista Nro. 42 emitido el 27 de noviembre de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 225 a 230), en el proceso penal seguido por Jesús Francisco Sillerico Linares (acusador particular) contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, previstos y sancionados por los artículos 345 y 346 del Código Penal.

References: artículo 363
 artículo 413
 artículo 413
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 413
 resolución 
 artículo 124
 artículo 370
 artículo 413
 artículo 370
 artículo 416
 artículo 419
 artículo 42
 artículo 419