Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/23155
Timestamp: 2020-06-03 17:10:56+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 207/2012
SENTENCIA 207/2012, de 14 de noviembre
ECLI:ES:TC:2012:207
En el conflicto positivo de competencia núm. 1037-2000 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de febrero de 2000 la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que ostenta, promueve conflicto positivo de competencias frente al Gobierno de la Nación contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios.
2. Por providencia de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2000 se acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia en relación con los arts. 5.1; 6, apartados 1 y 2; 7; 8, apartados 1, 4, 5, 6 y 7; 10; 11; 12; 14, apartados 2 a 4; 15; 16 y disposición final primera del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno, por conducto de su Presidente, para que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 LOTC, aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Igualmente se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el referido real decreto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC, así como publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña”.
3. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en el proceso por escrito registrado el día 23 de marzo de 2000 solicitando una prórroga del plazo inicialmente concedido para la formulación de alegaciones, prorroga que le fue concedida por providencia de la Sección Segunda de 27 de marzo de 2000. El Abogado del Estado cumplimentó el trámite de alegaciones el día 18 de abril de 2000 instando la desestimación del conflicto conforme a los siguientes argumentos.
4. Por providencia de 13 de noviembre de 2012 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
1. La presente resolución ha de resolver el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios.
2. Expuestas las posiciones de las partes en el proceso respecto a la discrepancia puramente competencial que se plantea y antes de resolverla debemos despejar tres órdenes de cuestiones.
“[E]ste Tribunal sólo está llamado a pronunciarse sobre la titularidad de una competencia en la medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté todavía viva, pero debe inevitablemente resolver los términos de un conflicto mientras la esfera respectiva de competencias no resulte pacífica y aunque la disposición sobre la que se trabó el conflicto resulte luego derogada o modificada.
En efecto, la controversia constitucional no puede quedar automáticamente enervada por la simple modificación de las disposiciones cuya adopción dio origen al conflicto, cuando las partes demanden todavía una determinación jurisdiccional de sus competencias que constate si se verificó o no la extralimitación competencial denunciada. Por tanto, hay que huir de todo automatismo en los efectos que en los procesos conflictuales quepa conceder a las modificaciones sobrevenidas de las disposiciones discutidas, y estar sustancialmente a la persistencia o no de la controversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes (entre otras, STC 147/1998, de 2 de julio, FJ 3).”
3. Centrados así los términos del debate procesal hemos de considerar ahora la cuestión relativa al encuadramiento de los preceptos controvertidos en el sistema material de distribución de competencias. En dicha tarea tendremos presente que la caracterización a efectos competenciales de las disposiciones en conflicto se ha de realizar, según doctrina ya reiterada de este Tribunal, atendiendo, sobre todo, al sentido y finalidad propia con que los varios títulos de competencia se han recogido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, y teniendo presente, junto a ello, tanto el carácter de las disposiciones y actos traídos al conflicto (STC 87/1987, de 2 de junio, FJ 2) como el objetivo predominante de los mismos (STC 88/1986, de 1 de julio, FJ 4) a fin de determinar la categoría, de entre las referidas en la Constitución y en los Estatutos, a la que primordialmente se reconducen las competencias controvertidas. En tal operación partiremos del examen de la norma reglamentaria de la que forman parte los preceptos impugnados en el presente proceso. Así, el art. 1 del Real Decreto 1640/1999 señalaba que la superación de la prueba prevista en el mismo era requisito necesario para el acceso a los estudios universitarios de aquellos estudiantes que estuvieran en posesión del título de bachiller (art. 2), mientras que los preceptos traídos a este proceso constitucional establecen determinadas previsiones en materia de organización de la referida prueba de acceso (arts. 5, 10, 11, 12 15 y 16.2), regulan su estructura (6, 7, 8 y 14) y fijan el procedimiento para la resolución de las reclamaciones surgidas en el curso de las pruebas (art. 16).
4. Encuadrados los preceptos objeto de conflicto, y a efectos de completar su canon de enjuiciamiento desde su perspectiva material, debemos partir de la necesidad, ya señalada por nuestra doctrina (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 28 in fine), de que el sistema educativo esté homologado en cualquier parte del territorio nacional (art. 27.8 CE), homologación en la que se incluyen necesariamente los requisitos básicos del acceso de un nivel educativo a otro y del tránsito de un tipo de enseñanzas a otras. Resulta así que la educación superior que suponen las enseñanzas universitarias ha de prestarse en condiciones homologables en cualquier parte del territorio nacional lo que, sin duda, incluye la determinación de los requisitos para poder acceder a esa educación superior en el ámbito del sistema universitario nacional, requisitos entre los cuales ocupa un lugar destacado la prueba de acceso cuya estructura ahora se cuestiona. Establecida ya en nuestra doctrina la competencia estatal para regular la prueba de acceso en sus aspectos básicos, es inherente a ese sistema universitario nacional la existencia de un régimen uniforme sobre determinados aspectos de la estructura de la prueba dado que se trata de un proceso selectivo que surte efectos en cualquier parte del territorio nacional, lo que implica que su configuración haya de responder a unas pautas o criterios comunes en atención a las competencias básicas que en esta materia ostenta el Estado, aspectos sin los cuales no se produciría la homologación nacional requerida. Con ello se garantiza la mínima igualdad en el acceso a la enseñanza superior y se evita la producción de disparidades en las posibilidades de los estudiantes en cuanto a su acceso a dicho nivel de enseñanza. Resulta, por tanto, que la homologación del sistema educativo a que se refiere el art. 27.8 CE y la competencia que reserva al Estado el art. 149.1.30 CE son los medios constitucionalmente previstos para obtener la homogeneidad de tratamiento de la prueba de acceso a los estudios universitarios de suerte que quede garantizada la objetividad de trato en la medida en que sus efectos para el acceso a los estudios universitarios en todo el territorio nacional, ha de ser también conciliada, en los términos que antes hemos expuesto, con nuestro sistema de autonomías territoriales, que encomienda a las Comunidades Autónomas la gestión del sistema educativo en tanto que la educación en todos sus niveles es una materia en la que el Estado y las Comunidades Autónomas ostentan competencias así como con la autonomía universitaria que goza, asimismo, de reconocimiento constitucional y tiene plasmación en este concreto ámbito, como ha señalado nuestra doctrina [STC 26/1987, FJ 10 a)].
5. Señalado lo anterior cumple examinar en primer lugar los reproches que la Letrada de la Generalitat de Cataluña dirige a los preceptos que regulan la obligación de constituir, en los respectivos ámbitos de gestión de las administraciones educativas, la denominada comisión organizadora de la prueba, encargada de las funciones previstas en el impugnado art. 5.1, precepto en el que la recurrente centra las tachas de incompetencia que denuncia dado que los arts. 10, 11, 12, 15 y 16.2 se controvierten solamente en virtud de las menciones que los mismos contienen a la aludida comisión organizadora de la prueba de acceso.
“1. Las Administraciones educativas, sin perjuicio de las competencias propias derivadas de la autonomía universitaria, constituirán en sus respectivos ámbitos de gestión una comisión organizadora de la prueba de acceso a estudios universitarios, a la que, entre otras, se le atribuirán las siguientes funciones:
g) Resolución de reclamaciones.”
6. Procede ya examinar el segundo grupo de preceptos impugnados, arts. 6, 7 y 8 y, por remisión a los mismos art. 14, apartados 2, 3 y 4, relativos todos ellos a la regulación de los contenidos y estructura de la prueba de acceso a estudios universitarios.
“Artículo 6. Estructura general de la prueba de acceso
3. Para la realización de los ejercicios, los alumnos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en la que se halle el centro en el que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial propia de la Comunidad Autónoma e idioma extranjero deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.”
“Artículo 7. Primera parte de la prueba
6. La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora y media.”
“Artículo 8. Segunda parte de la prueba
7. Para la superación de la prueba, los estudiantes podrán presentarse por una o dos de las vías de acceso previstas. En este último caso deberán examinarse de las cuatro materias vinculadas a las vías de acceso elegidas y de una sola materia elegida libremente por el estudiante entre las propias de modalidad.”
7. Finalmente resta por examinar la controversia trabada en torno al art. 16 del Real Decreto 1640/1999, precepto que establece lo siguiente:
“Artículo 16. Reclamaciones: doble corrección
La resolución adoptada por la comisión organizadora pondrá fin a la vía administrativa.”
1º Estimar parcialmente el presente conflicto positivo de competencia y, en consecuencia, declarar que vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los siguientes artículos o partes de los mismos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios: 7.2, en los incisos “a partir del análisis de diferentes fuentes de información (textos, tablas, gráficos, imágenes y otras similares) incluidas en la propuesta de examen” y “La composición deberá integrar los conocimientos del alumno y la información facilitada”; 7.3 en el inciso “A partir del texto propuesto el estudiante realizará un comentario personal y responderá a cuestiones relacionadas con el texto, que serán planteadas y respondidas por escrito…”; 7.4 a), en el inciso “mediante la elaboración de un resumen y/o esquema del mismo”, y 8.5.
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 1037-2000
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios.
Competencias sobre educación: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña al regular, con excesivo grado de detalle, el desarrollo de la prueba de acceso a los estudios universitarios.
Se enjuicia la conformidad con el orden constitucional de distribución de competencias de varios preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, desarrollando pormenorizadamente ciertas cuestiones de este examen.
El Tribunal estima parcialmente el conflicto. Aunque el Estado goza de competencia para establecer la prueba de acceso de los estudiantes a los centros universitarios, esta competencia ha de entenderse circunscrita al contenido básico de la misma, dirigida hacia el objetivo de alcanzar un régimen uniforme en dichos aspectos ya que se trata de un proceso de homologación nacional, garantizando la mínima igualdad de los estudiantes en el acceso a la enseñanza universitaria. Por ello, son inconstitucionales por vulnerar las competencias autonómicas aquellos preceptos reglamentarios que regulan pormenorizadamente el contenido y estructura de la prueba, precisando modos de evaluación específicos (comentarios personales, cuestiones, resúmenes y esquemas a partir de un texto propuesto) y establecen diversas opciones para la confección de propuestas de examen a concretar por las administraciones educativas responsables de la organización de las pruebas.
Es inherente al sistema universitario nacional la existencia de un régimen uniforme sobre la prueba de acceso a la enseñanza superior, que ha de responder a unas pautas comunes en atención a las competencias básicas que ostenta el Estado ex art. 149.1.30 CE, lo que, en tanto que la educación es una materia en la que el Estado y las Comunidades Autónomas ostentan competencias así como con la autonomía universitaria, ha de ser conciliado con la gestión del sistema educativo encomendada a las Comunidades Autónomas (STC 26/1987) [FJ 4]. [FJ 4].
De la misma forma que las competencias estatales no pueden ejercerse vaciando de contenido las autonómicas que con ellas se relacionen, tampoco puede pretenderse que el previo ejercicio de una competencia autonómica en una materia como la educación, compartida entre el Estado y las Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, impida o limite al Estado el pleno ejercicio de sus competencias [FJ 5].
Son contrarios al orden competencial los incisos “a partir del análisis de diferentes fuentes de información (textos, tablas, gráficos, imágenes y otras similares) incluidas en la propuesta de examen” y “la composición deberá integrar los conocimientos del alumno y la información facilitada” pues, en ambos casos, se trata de previsiones excesivamente detalladas, incompatibles con su condición básica, sin que tampoco se advierta que se trate de una regulación imprescindible para garantizar la homogeneidad en el sistema de acceso a la educación superior [FJ 6].
Es contrario al orden competencial el inciso “a partir del texto propuesto el estudiante realizará un comentario personal y responderá a cuestiones relacionadas con el texto, que serán planteadas y respondidas por escrito”, ya que, por su carácter excesivamente pormenorizado respecto a la forma del examen, no puede ser calificado como básico [FJ 6].
Vulnera el orden constitucional de distribución de competencias el inciso “mediante la elaboración de un resumen y/o esquema del mismo”, pues la determinación o concreción del modo en que se evalúe la capacidad de análisis y síntesis del texto propuesto no requiere un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, de modo que ha de corresponder a las Administraciones educativas competentes [FJ 6].
Es contrario a las competencias autonómicas el precepto impugnado que, conforme a su tenor literal, prevé una serie de opciones para la elaboración de las propuestas de examen cuya concreción corresponde a las distintas administraciones educativas responsables de la organización de las pruebas, resultando, por tanto, una norma que carece de contenido prescriptivo, lo que la hace incompatible con su proclamada condición básica [FJ 3].
Han de tener naturaleza básica todos aquellos aspectos de la prueba de acceso a los estudios universitarios que bien se relacionen directamente con la evaluación de la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universitarias –objetivos que persigue la prueba de acceso vigente– bien persigan garantizar la imprescindible y necesaria homogeneidad de las pruebas [FJ 6]. [FJ 3].
El hecho de que existan disposiciones autonómicas anteriores a la aprobación de la norma estatal básica no puede impedir al Estado la modificación de las normas reguladoras de las condiciones que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho a acceder a estudios universitarios en función de los distintos criterios que lícitamente puede adoptar el Estado [FJ 7].
A partir del encuadramiento en la materia competencial relativa a la enseñanza superior o universitaria, no puede sino concluirse que el Estado ostenta competencia para establecer la prueba de acceso a este nivel educativo, pero dicha competencia ha de entenderse, conforme al marco constitucional y estatutario, circunscrita al contenido básico de la misma (STC 26/1987, 184/2012) [FJ 3].
Aplica la doctrina sobre la posibilidad de recurrir a normas reglamentarias para la regulación de cuestiones que, por su carácter, resulten impropias de una disposición legal y que constituyen un complemento necesario de las previsiones legislativas básicas, de la STC 131/1996 [FJ 3].
Doctrina sobre la pervivencia del objeto pese a la modificación de la norma en los conflictos competenciales en los que se mantenga viva la disputa sobre la competencia controvertida (SSTC 147/1998, 134/2012) [FJ 2].
Artículo 27.8, f. 4
Artículo 149.1.30, ff. 1, 3, 4
Artículo 26.2, ff. 1, 2
Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre. Estructura del bachillerato
Decreto de la Generalidad de Cataluña 334/1996, de 29 de octubre. Creación de la oficina de coordinación de la supervisión del COU y de organización de las pruebas de acceso a la Universidad de Cataluña
Artículo 5.1, ff. 2, 4, 5, 7
Artículo 6 apartados 1, 2, ff. 1, 6
Artículo 6.2 inciso 2, f. 6
Artículo 7, ff. 1, 3, 4, 6, 7
Artículo 7.6, f. 6
Artículo 8, ff. 3, 4, 6
Artículo 8 apartados 1, 4 a 7, ff. 1, 6
Artículo 11, ff. 1, 3 a 5
Artículo 12, ff. 1, 3 a 5
Artículo 14, ff. 3, 4, 6
Artículo 14 apartados 2 a 4, ff. 1, 6
Artículo 15, ff. 1, 3 a 5
Artículo 16, ff. 1, 3, 4, 7
Artículo 16.2, ff. 3 a 5
Real Decreto 990/2000, de 2 de junio. Modifica y completa el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios
Decreto de la Generalidad de Cataluña 107/2001, de 17 de abril. Creación y regulación de la Comisión Coordinadora de las Pruebas de Acceso a las Universidades de Cataluña
Artículo 42.3 (redactado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), f. 4
Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre. Normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial
Artículo 172.2 d), ff. 3, 5
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. Condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas
Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo. Modificación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas
Competencias en materia de universidadesCompetencias en materia de universidades, ff. 1 a 7
Pruebas de acceso a la universidadPruebas de acceso a la universidad, ff. 1 a 5
Sistema educativoSistema educativo, ff. 1 a 7

References: Real Decreto 
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in fine
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Artículo 149

Artículo 26

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Artículo 5

Artículo 6

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Artículo 8

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Artículo 12

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Artículo 15

Artículo 16

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Artículo 172

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