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Timestamp: 2018-05-21 05:07:15+00:00

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Las cuentas de Javi.: Constitución republicana.
Constitución republicana.
Hoy, día de la república, os dejo la constitución de 1931, fue escrita hace casi cien años, me gustaría que la leyerais y la compararais con la constitución borbonica del 78. http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
Como Presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente
que éstas, en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado
España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los
derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento
ni el uso de ninguna lengua regional.
El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional,
incorporándolas a su derecho positivo.
El estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará
integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se
Los territorios de soberanía del norte de África se organizarán en régimen autónomo en
relación directa con el Poder central.
Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su
competencia, y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto,
salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto.
Los Alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el
Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que
determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines
político administrativos.
En su término jurisdiccional entrarán los propios Municipios que actualmente las forman,
salvo las modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspondientes.
En las islas Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista de un
Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus intereses peculiares, con funciones y
facultades administrativas iguales a las que la ley asigne al de las provincias.
Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y
económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo
político administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a
lo establecido en el art. 12.
En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones
que se determinen en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el
segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo
procedimiento establecido en este Código fundamental.
Político administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos
Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región.
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos
terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere
negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.
Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al
presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la
Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles
al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y
3ª. Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior; declaración de guerra; Tratados de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase
8ª. Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulación de las
9ª. Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e iluminación de
11. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los
Poderes regionales.
13. Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables
submarinos y radiocomunicación.
14. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas cuando las aguas discurran
fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término.
Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones
autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes,
sobre las siguientes materias:
1ª. Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la legislación civil, la
forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las
obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y formal, para
coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de
España. La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la
República, para garantizar su estricto cumplimiento y el de los tratados internacionales
que afecten a la materia.
5ª. Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto
afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.
6ª. Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, quedando a
salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que
11. Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí
sus obras peculiares.
12. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la
legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.
11. Servicios y aviación civil y radiodifusión.
En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores, podrán corresponder a
la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa,
conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes.
En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato
Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región
autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado; pero éste podrá distribuir
o transmitir las facultades por medio de una ley.
El Estado podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse las
disposiciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exigiera la armonía
entre los intereses locales y el interés general de la República.
Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta
Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes
de los Diputados que integren las Cortes.
En las materias reguladas por una ley de Bases de la República las regiones podrán
estatuir lo pertinente, por ley o por ordenanza.
Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus
autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos
especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo establecido en
El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes,
aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales.
El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo
que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos.
Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá
renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central.
Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus
Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electorales inscritos
en el censo de la provincia.
2º. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, siempre que opten por la
nacionalidad española en la forma que las leyes determinen.
4º. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado
vecindad en cualquier pueblo de la República, en los términos y condiciones que
prescriban las leyes.
La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la
de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados
Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las
personas de origen español que residan en el Extranjero.
1º. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado
español, o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o
2º. Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero.
A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que
fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de
América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin
que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen.
En estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan el
derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase
social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni
auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del
presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además
de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima
del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del
3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que
los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus
fines privativos.
6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en
relación con los fines de la Asociación.
La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión
quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber
en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni
política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la
República y para ser Presidente del Consejo de
Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración.
Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales.
Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en
libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al
acto de la detención.
Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos
horas de haber sido entregado el detenido al juez competente.
La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del
Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este
artículo, y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su ilegalidad.
La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza
ni caución de ningún género.
El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga por
objeto la extradición de delincuentes político sociales.
Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su
residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de
sentencia ejecutoria.
El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que
Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del
El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable.
Nadie podrá entrar en él sino en virtud de mandamiento de juez competente. El registro
de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona
de su familia, y, en su defecto, de dos vecinos del mismo pueblo.
Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no ser
que se dicte auto judicial en contrario.
Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio,
salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general,
impongan las leyes.
Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de
cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.
En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de
mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún
periódico, sino por sentencia firme.
Todo español podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los
Poderes públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase
de fuerza armada.
Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos
derechos electorales conforme determinen las leyes.
El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o
militares, con arreglo a las leyes.
Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida
humana, conforme a las leyes del Estado.
Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público
correspondiente, con arreglo a la ley.
Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos
públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.
Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán
conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del
servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas
No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones
políticas, sociales o religiosas.
Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de
tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de
los daños y perjuicios consiguientes, conforme determine la ley.
Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen
injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. Las
Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas
Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad
que vulneren los derechos de los funcionarios.
Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser
suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por
decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e
inminente gravedad.
Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el
Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo
máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno
día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión
Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuanta a la Diputación
Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las
Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la
Diputación Permanente en su caso.
Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de
En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a
distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.
Familia, economía y cultura
La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la
igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a
petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado
velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes
que respecto de los nacidos en él.
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los
nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en
filiación alguna.
El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a
la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño.
Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la
economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la
La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa
de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa
una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.
Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser
nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.
El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas
cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía
Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro
cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su
exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas
para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica,
asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.
El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su
reconocido valor artístico o histórico.
El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de
La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia
digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro
forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y
especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y
familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el
Extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica de los factores
que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la
administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los
La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el
patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola,
indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas
de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación
agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación.
El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante
instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente
necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle
condicionado más que por la aptitud y la votación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se
inspirará en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus
respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al
Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los
casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las
regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para
cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes
pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los
Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de
acuerdo con las facultades que se concedan en los Estatutos. Es obligatorio el estudio de
la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos
los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado
podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma
El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores.
El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y
centros de estudio y enseñanza en el Extranjero y preferentemente en los países
La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las
Cortes o Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio
universal, igual, directo y secreto.
Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de
veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones
fijadas por la ley Electoral.
Los Diputados, una vez elegidos, representan a la Nación. La duración legal del mandato
será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las
elecciones generales. Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso.
Sesenta días, a lo sumo, después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes,
habrán de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso se reunirá a los treinta días,
como máximo, después de la elección. Los Diputados serán reelegibles indefinidamente.
La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados, así como su
Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su
Si algún juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un
Diputado, lo comunicará así al Congreso, exponiendo los fundamentos que considere
Transcurridos sesenta días, a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo
del oficio correspondiente, sin tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá
denegado el suplicatorio.
Toda detención o procesamiento de un Diputado quedará sin efecto cuando así lo
acuerde el Congreso, si está reunido, o la Diputación Permanente cuando las sesiones
estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta.
Tanto el Congreso como la Diputación Permanente, según los casos antes mencionados,
podrán acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato
parlamentario del Diputado objeto de la acción judicial.
Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el
Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones.
El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección
y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen
Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de
febrero y octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses en el
primer período y dos en el segundo.
Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como
Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido,
dentro de plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones.
El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que éste legisle por decreto, acordado en
Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del
Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los decretos dictados en virtud
de las mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para
cada materia concreta.
El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos así dictados, para enjuiciar
sobre su adaptación a las bases establecidas por él.
El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes, compuesta,
como máximo, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a
su fuerza numérica.
1º. De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el
2º. De los casos a que se refiere el artículo 80 de esta Constitución relativos a los
El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no sea
El Congreso podrá acordar un coto de censura contra el Gobierno o alguno de sus
Todo voto de censura deberá ser propuesto, en forma motivada y por escrito, con las
firmas de cincuenta Diputados en posesión del cargo.
Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni
votada hasta pasados cinco días de su presentación.
No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro, cuando el voto de censura
no fuese aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara.
Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que
indirectamente implique un voto de censura.
Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la
Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán
parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en
aquéllos se disponga.
Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del
Estado, el Gobierno presentará, en plazo breve, al Congreso de los
No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido
previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.
Cortes. Bastará, par a ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.
los Estatutos regionales, ni las leyes tributarias.
El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las
Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los
Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del “referéndum” y de la
La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el
período de su magistratura.
El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de
compromisarios igual al de Diputados.
Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto,
conforme al procedimiento que determine la ley. Al Tribunal de Garantías
Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los
Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles
mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y
a) Los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando
menos, en dicha situación.
c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere
el grado de parentesco que les una con el jefe de las mismas.
El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del
término de su anterior mandato.
El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas,
fidelidad a la República y a la Constitución.
La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la
expiración del mandato presidencial.
En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le
substituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será substituido en las suyas por el
Vicepresidente del Congreso. Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las
funciones de la Presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será
convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días,
conforme a lo establecido en el artículo 68, y se celebrará dentro de los treinta días
siguientes a la convocatoria.
El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del
Gobierno, y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en
el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza.
b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales, de acuerdo
con las leyes y los reglamentos.
c) Autorizar con su firma los decretos, refrendados por el Ministro correspondiente, previo
acuerdo del Gobierno, pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto se
sometan a las Cortes, si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes.
d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la
Nación, dando inmediata cuenta a las Cortes.
e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier
materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional.
Los Tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravamen para la
Hacienda pública o individualmente para los ciudadanos españoles y, en general, todos
aquellos que exijan para su ejecución medidas de orden legislativo, sólo obligarán a la
Nación si han sido aprobados por las Cortes.
Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos
a las Cortes en el plazo de un año y, en caso de circunstancias excepcionales, de
dieciocho meses, a partir de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados.
Una vez aprobados por el Parlamento, el Presidente de la República subscribirá la
ratificación, que será comunicada, para su registro, a la Sociedad de las Naciones.
Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados por España, también
deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones, con arreglo al artículo 18 del
Pacto de la Sociedad, a los efectos que en él se previenen.
El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las
condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y sólo una vez
agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos
judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los convenios internacionales de
Cuando la Nación estuviera ligada a otros países por Tratados particulares de
conciliación y arbitraje, se aplicarán éstos en todo lo que no contradigan los Convenios
Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar
autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra.
El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la
Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa
Sociedad, y mediante previa autorización de las Cortes, consignada en una ley especial,
votada por mayoría absoluta.
El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos,
reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.
Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo
unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación
Permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de
las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo
demande la defensa de la República.
Los decretos así dictados tendrán sólo carácter provisional, y su vigencia estará limitada
al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia.
El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario
siempre que lo estime oportuno.
Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un
mes en el primer período y por quince días en el segundo, siempre que no deje de
cumplirse lo preceptuado en el artículo 58.
El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su
mandato cuando lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones:
b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para
el plazo máximo de sesenta días.
En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y
resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de
la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.
La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los
miembros que compongan el Congreso, y desde este instante el Presidente no podrá
En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma
prevenida para la elección de Presidente. Los compromisarios reunidos con las
Cortes decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éstas.
Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso
contrario, esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente.
El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de
quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente
Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el
Congreso, el Presidente procederá a su inmediata promulgación.
Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al
Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser
aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes, el Presidente quedará obligado a
promulgarlas.
Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no
estén refrendados por un Ministro.
Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la
plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda
El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de
sus obligaciones constitucionales.
El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros,
decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías
Mantenida la acusación por el Congreso, el Tribunal resolverá si la admite o no. En caso
afirmativo, el Presidente quedará, desde luego, destituido, procediéndose a nueva
elección, y la causa seguirá sus trámites.
Si la acusación no fuese admitida, el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva
Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la
responsabilidad criminal del Presidente de la República.
El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del
Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el artículo 70 para el
A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos
asignados a los diferentes departamentos ministeriales.
El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo, podrá nombrar
uno o más Ministros sin cartera.
Mientras ejerzan sus funciones, no podrán desempeñar profesión alguna, ni intervenir
directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación
Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que
haya de someter al Parlamento; dictar decretos; ejercer la potestad reglamentaria, y
deliberar sobre todos los asuntos de interés público.
Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política del
Gobierno, e individualmente de su propia gestión ministerial.
El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente responsables, en
el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes.
En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de
Garantías Constitucionales en la forma que la ley determine.
Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de
ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las
Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en
asuntos de Gobierno y Administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento
serán regulados por dicha ley.
La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la
La Administración de Justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que serán
reguladas por las leyes.
La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de
armas y a la disciplina de todos los Institutos armados.
No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se
exceptúa el caso del estado de guerra, con arreglo a la ley de Orden público.
El presidente del Tribunal Supremo será designado por el Jefe del Estado, a propuesta de
una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.
El cargo de presidente del Tribunal Supremo sólo requerirá: ser español, mayor de
cuarenta años y licenciado en Derecho.
Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás
funcionarios judiciales.
El presidente del Tribunal Supremo tendrá además de sus facultades propias, las
a) Preparar y proponer al Ministro y a la Comisión Parlamentaria de Justicia, leyes de
reforma judicial y de los Códigos de procedimiento.
b) Proponer al Ministro, de acuerdo con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que
la ley designe, entre elementos que no ejerzan la Abogacía, los ascensos y traslados de
jueces, magistrados y funcionarios fiscales.
funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán
las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.
La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y
fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el
Tribunal Supremo con intervención de un Jurado especial, cuya designación, capacidad e
independencia regulará la ley. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los
jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.
Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la
Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de
La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones emanadas de
la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los actos
discrecionales de la misma, constitutivos de exceso o desviación de poder.
Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos
generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador,
del fiscal de la Junta de Prisiones o a petición de parte.
En los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el Presidente de la República, previo
informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.
El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado,
cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la
La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las
Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por
error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme
La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación a las
Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de
Octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio
económico siguiente.
Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará
por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan
exceder de cuatro.
Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni
capítulo del proyecto de Presupuesto, a no ser con la firma de la décima parte de sus
miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del
Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán
incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.
En caso de necesidad perentoria, a juicio de la mayoría absoluta del Congreso, podrá
autorizarse un Presupuesto extraordinario.
Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y, censuradas por el Tribunal de Cuentas
de la República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las
Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere
El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requerirá, para
su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado.
El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año
económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para tomar
caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo nominal
de interés, y, en su caso, de la amortización de la Deuda.
Las autorización es al Gobierno en este respecto si limitarán, cuando así lo estimen
oportuno las Cortes, a las condiciones y al tipo de negociación.
El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al
Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada, salvo caso de guerra.
Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas
asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por
excepción, cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno conceder, bajo
su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes
Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las
Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.
La exacción de contribuciones, impuestos y tasas y la realización de ventas y
operaciones de crédito, se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor, pero
no podrán exigirse ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del
No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas,
ordenadas en las leyes.
La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas
aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.
El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del
Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la
Nación. Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su
amortización ni al pago de intereses.
La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios para
satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado
de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten
estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión. De idénticas garantías disfrutará, en
2ª. Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. Ni los
recursos ni los capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado.
El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del
Ministro de Hacienda. Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la
República. Del resultado de esta censura conocerán las Cortes.
Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas
en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.
Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de
Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para conocer de:
b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la
reclamación ante otras autoridades.
c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las
Regiones autónomas y los de éstas entre sí.
d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las
Cortes eligen al Presidente de la República.
e) La responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los
f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal
Supremo y del Fiscal de la República.
Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que
Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la
Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento
entre todas las de España.
Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, establecerá las inmunidades y
prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que
se refiere el artículo 121.
En cualquiera de estos casos, la propuesta señalará concretamente el artículo o los
artículos que hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse; seguirá los trámites de una
ley y requerirá el voto, acorde con la reforma, de las dos terceras partes de los Diputados
en el ejercicio del cargo, durante los cuatro primeros años de vida constitucional, y la
mayoría absoluta en lo sucesivo.
Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, quedará automáticamente
disuelto el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta
Las actuales Cortes Constituyentes elegirán, en votación secreta, el primer Presidente de
la República. Para su proclamación deberá obtener la mayoría absoluta de votos de los
Diputados en el ejercicio del cargo.
Si ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta de votos, se procederá a
nueva votación y será proclamado el que reúna mayor número de sufragios.
La ley de 26 de Agosto próximo pasado, en la que se determina la competencia de la
Comisión de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que
concluya la misión que le fue encomendada; y la de 21 de Octubre conservará su
vigencia asimismo constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes,
si antes no la derogan éstas expresamente.
Por tanto, en representación de las Cortes Constituyentes, mando a todos los españoles,
autoridades y particulares, que guarden y hagan guardar la presente Constitución, como
norma fundamental de la República.
Palacio de las Cortes Constituyentes a nueve de Diciembre de mil novecientos treinta y
uno. —El Presidente, Julián Besteiro.
Publicado por javier Del Canto Mozas en 11:01
Gomendio.
Silva es malo, nosotros más.
Independencia catalana.
Breve y simple análisis.
Visión deformada a su conveniencia .
No es cosa de nadie.
Se ha desalojado la corrala.
Esperanza arrolla la moto de un empleado municipal...
Cosas del gobierno.

References: resolución 
 artículo 62
 artículo 80
 artículo 68
 artículo 18
 artículo 58
 artículo 70
 artículo 121