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Timestamp: 2020-06-03 10:11:30+00:00

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Haciendo memoria sobre la vigencia del artículo 43 de la Ley 222 de 1.995, relacionada con la ética del Contador.
Publicado: 19 agosto, 2005
Sentencia C-996/00 Referencia: expediente D-2787
Norma Acusada: Artículo 43 De La Ley 222 De 1995 .
Demandante: Isidoro Arévalo Buitrago
La Sala Plena de la Corte Constitucional , en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
II. NORMA DEMANDADA .
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concúrsales y se dictan otras disposiciones.
A juicio del actor, la norma acusada quebranta los artículos 6, 28 y 29 e inciso 1 del artículo 150 de la Constitución , por las razones que se exponen sintéticamente así:
Los segmentos normativos acusados tipifican en forma "vaga, imprecisa y discrecional" la conducta punitiva, como se desprende de la utilización de las expresiones "suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad; ordenen, toleren hagan o encubran falsedades ‘en los estados financieros o en sus notas’".
Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por violación de la Constitución y la ley (artículo 6), las restricciones a la libertad de ésta son admisibles por mandato de la ley (artículo 28), y nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa (artículo 29).
En relación con la expresión "autoridades", aquélla no establece ninguna distinción, lo cual conduce al intérprete a entender que son todas las autoridades, sean del orden nacional, departamental, municipal o distrital, "lo cual se torna caótico, exagerado, irrazonable, ambiguo, equívoco, e indeterminado, permitiendo al fiscal y al juez, del conocimiento complementarla con equívocas valoraciones en detrimento del derecho fundamental de la libertad de los ciudadanos".
El segmento "suministren datos", también refleja la misma problemática, en cuanto éstos pueden referirse a cualquier clase de datos, cifras, o informes, sea en materia jurídica, como económica, contable, financiera, tributaria, estadística, presupuestal, matemática, etc.
En relación con la expresión "o expidan constancias o certificaciones…" esta pueda ser dirigida a cualquier autoridad, a un particular o incluso sin destinatario, para quedar incurso en la sanción penal prevista en la norma demandada.
En relación con el segmento normativo "en los estados financieros o en sus notas", la vaguedad e imprecisión es mucho mayor, pues no existe ley que defina qué se entiende por estados financieros ni por notas a los estados financieros.
1. Ministerio de Desarrollo Económico .
La ciudadana Luz Mary Roa Vargas, en representación de ese organismo, intervino en este proceso para solicitar a la Corte , se declare la constitucionalidad de la norma acusada.
La Corte , en la sentencia C-434/96, expresó que la norma impugnada es una disposición especial de aplicación restrictiva para los administradores, el revisor fiscal, el contador público de una sociedad, porque excluye de plano su aplicación a cualquier otro particular.
En lo relativo con la alegada laxitud del vocablo "autoridades", el cargo no resulta válido, pues la norma debe interpretarse en el sentido de que dicha expresión hace relación a aquellas autoridades que tienen como función la vigilancia y control de las sociedades mercantiles, pues son éstas y no otras a la que la ley les atribuye la facultad para solicitar cualquier tipo de información, sea ésta, jurídica, contable, financiera, de sus administrados.
En cuanto a la afirmación, según la cual el numeral 1 del artículo acusado crea un hecho punible innominado y el numeral 2 concibe una nueva clase de falsedad en los estados financieros o en sus notas, distinta a la consagrada en el artículo 221 C .P., ello efectivamente es así, como lo admitió la Corte Constitucional en la Sentencia C-436 /96, sin que ello implique que la norma es inconstitucional.
Tampoco es cierto que el artículo acusado incorpore los conceptos de "estado financieros" y "notas a los mismos", sin definir éstas, ni aquellos.
El ciudadano Alfonso Gómez Méndez, en su condición de Fiscal General de la Nación , acudió a este proceso, para defender la constitucionalidad de la norma acusada y solicitó a la Corte declarar su exequibilidad, en razón de las siguientes consideraciones:
La estructuración del tipo comprende el señalamiento de los sujetos, la descripción de la conducta y la identificación del bien jurídico tutelado. El tipo penal descrito la norma acusada es de sujeto activo cualificado, es decir, que sólo puede ser agente la persona que detente la calidad jurídica de administrador o revisor fiscal de sociedades civiles o mercantiles.
La descripción de la conducta debe cumplirse de manera clara y precisa, para lo cual se exige la presencia de un verbo rector y, en algunos casos, de complementos directos, y/o indirectos y/o circunstanciales.
En cuanto a la expedición de constancias y certificaciones, advierte la Fiscalía , que al no distinguir la norma si están dirigidas sólo a las autoridades o a los particulares, debe entenderse que dichas acciones abarca a los dos.
En este orden, La frase del numeral 1º del artículo 43 tiene un complemento indirecto que es, "autoridades", que ataca el actor por no hacer distinción si se refiere a autoridades del orden nacional, departamental, municipal o descentralizado, etc,, confusión que no existe, pues según el artículo 122 de la Constitución , el concepto alude al servidor público que está revestido de cierta competencia y por eso se le denomina autoridad. Carecería de técnica legislativa señalar en el tipo cada una de las autoridades que está facultada para solicitar esta clase de información.
Si bien es cierto que cuando el legislador define un tipo penal debe hacerlo de manera que su descripción resulte clara, específica e inequívoca, ello no significa que solamente pueda describir una conducta de manera cerrada, porque también puede crear tipos abiertos, lo cual no infringe el principio de tipicidad derivado del de legalidad. Así, pues, mientras el tipo penal contenga los elementos que le son esenciales (sujetos, una conducta, un bien jurídico tutelado y una sanción) no se contraviene el principio general de legalidad.
Los conceptos que el actor califica de vagos pueden ser precisados por otras normas, entre ellas, por la resolución 4444 de 1995, mediante la cual el Contador General expidió el Plan General de Contabilidad Pública.
Las normas censuradas no violan los arts. 123 y 124 de la Constitución , porque no equipara la condición de servidor público con la de particular. Lo que hace la norma es exigir mayor responsabilidad a unas personas que como los revisores fiscales, contadores y administradores de las sociedades comerciales, cumplen una función especialísima dentro del desarrollo social.
El principio de legalidad, reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución , encierra el principio de tipicidad objetiva, que materializa el poder punitivo del Estado y sirve de marco funcional para la sociedad, en cuanto que lo que no se halle expresamente previsto en la ley como infracción penal no se considera prohibido a los particulares. En virtud del principio de tipicidad, las infracciones penales deben estar definidas en forma clara, precisa e inequívoca, de manera que quebrantan este principio las normas indeterminadas, esto es, aquéllas que consagran como hechos punibles comportamientos cuya descripción resulta inexacta, difusa o imprecisa, porque permiten diferentes interpretaciones y dan lugar a la arbitrariedad judicial.
El artículo acusado constituye un tipo en blanco, "por cuanto en su descripción se incluyen elementos normativos cuyo concepto se encuentra en otros ordenamientos", de manera que no resulta ser -como lo señala el actor- una norma indeterminada cuando sus elementos descriptivos están definidos previamente, con lo que se evita la interpretación discrecional del funcionario judicial.
Una interpretación sistemática del numeral 1 acusado permite afirmar que las "constancias y certificaciones" a que allí se alude, son las relacionadas con los estados financieros y las que le sirven de soporte, dado que este tipo penal busca garantizar su veracidad.
En relación con la parte demandada del numeral 2, no obstante contener los conceptos de "estados financieros o en sus notas", la norma no es indeterminada, pues la propia ley 222/95 define cuales son dichos estados y enuncia, en algunos eventos, los anexos que son necesarios para algunos de ellos (arts. 34 a 38).
En virtud del principio de demostrabilidad, no puede sancionarse una persona cuando no se han establecido los elementos estructurales del hecho punible que se le ha imputado, esto es, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; "conforme con ello, no puede pretenderse que en la descripción típica se incluyan aspectos como la necesidad de causar un perjuicio con la expedición del documento o informe contrario a la realidad, como lo pretende el actor".
Finalmente, para que la descripción típica de un comportamiento elevado a la categoría de infracción penal sea clara, precisa y que no de lugar a la arbitrariedad, por su indefinición o ambigüedad, la Constitución no exige na ritualidad lingüística o fórmula sacramental; de esta manera que la ausencia de titulación de un determinado tipo penal nunca impedirá que éste sea aplicable.
1.1. En la sentencia C-434/96 la Corte declaró exequible el artículo 43 de la ley 222/95, únicamente en cuanto no se desconocía el principio de la unidad de materia. Además, se condicionó la exequibilidad de dicha norma "… en el sentido de que los sujetos activos de las conductas allí previstas son única y exclusivamente los administradores, contadores y revisores fiscales de sociedades civiles o mercantiles".
1.2. Dado que el pronunciamiento de la Corte contenido en la sentencia antes mencionada tiene los efectos de cosa juzgada relativa, es procedente que de nuevo se ocupe de analizar la constitucionalidad del artículo 43 de la ley 222/95, en su totalidad, dada su unidad normativa.
Según los términos de la demanda, las intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación , le corresponde a la Corte establecer si la norma que se acusa viola la Constitución , por desconocer el principio de tipicidad.
3.1. Ante la necesidad de evitar la arbitrariedad judicial y de asegurar la libertad de los ciudadanos, los clásicos entendieron que el delito como ente jurídico no era otra cosa, que la violación de una ley general y abstracta, pues ningún acto del hombre puede ser reprochado a éste, si una ley no lo prohibe.
Le corresponde, por lo tanto, al legislador describir de manera clara, precisa e inequívoca, las conductas que han de considerarse como hechos delictivos. Por ello, aquellas normas ambiguas, extremadamente generales e indeterminadas, esto es, las que consagran como hechos punibles comportamientos cuya descripción resulta inexacta, difusa o imprecisa, desconocen el mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución , pues permiten diferentes interpretaciones y dan lugar a la arbitrariedad judicial
En diferentes oportunidades la Corte , se ha ocupado de examinar la naturaleza y alcance del principio de legalidad en materia penal, tanto desde el punto de vista de la ley sustantiva como de la procesal. Al respecto, en sentencia C 843/99 esta Corporación se pronunció de la siguiente manera:
"El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que les permite conocer previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP artículo 29).
"El principio de taxatavidad penal implica no sólo que las conductas punibles deben estar descritas inequívocamente sino que las sanciones a imponer deben estar también previamente predeterminadas, esto es, tiene que ser claro cuál es la pena aplicable, lo cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el castigo. En efecto, según la Carta , nadie puede ser juzgado sino "conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa" (CP artículo 29), lo cual significa, para lo relativo a la pena, que es el legislador, única y exclusivamente, el llamado a contemplar por vía general y abstracta la conducta delictiva y la sanción que le corresponde. Por su parte, el artículo 15-1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9º de la Convención Interamericana señalan que a nadie se le "puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito", lo cual significa que la pena tiene que estar determinada previamente en la ley pues sólo así puede conocerse con exactitud cuál es la pena más grave aplicable…"
Sobre el punto es ilustrativa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ha dicho la Corte :
3.3. Cuando el legislador describe cuáles comportamientos han de tenerse como delictivos, ello implica que el proceso de adecuación típica no permite una interpretación arbitraria de los tipos penales. Pero, a su vez, éste no conduce a un mero hacer mecánico del operador jurídico, pues el juicio de tipicidad que éste realiza le permite analizar en que condiciones cuando una conducta se adecua a uno u otro tipo delictivo y cuando no. En este sentido, resulta evidente que corresponde al investigador o al juzgador determinar qué tipo de imputación en relación con la persona vinculada al proceso penal, deriva en un hecho punible.
Con el fin de dar adecuado cumplimiento al mandato constitucional que señala la función social a la empresa, y en ejercicio de la competencia del legislador para delimitar el alcance de la libertad económica (arts. 150-21 y 334 C .P.) es indiscutible que el legislador pueda regular la materia relativa a los estados financieros en sus diferentes facetas, mas aún si se tienen en cuenta las necesidades sociales del tráfico mercantíl que exige que los datos e instrumentos contables reflejen de manera transparente la situación económica, administrativa y financiera de las sociedades.
En la sentencia C-434/96 la Corte justificó la expedición por el legislador de la norma censurada, en los siguientes términos:
"A juicio de la Corte , la naturaleza penal de disposiciones como la acusada no implica per se el quebrantamiento de la unidad normativa en un contexto legal destinado a establecer el régimen de las sociedades, pues éste no necesariamente incluye normas de puro contenido comercial, entre otras razones por la de que las prácticas propias de esa actividad pueden lesionar bienes jurídicos que el correspondiente régimen legal debe proteger, precisamente en guarda del comercio".
ARTÍCULO 157.- Los administradores, contadores y revisores fiscales que ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances, incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán solidariamente de los perjuicios causados".
Además, la Corte comparte la idea expuesta en algunos foros sobre la reforma del Código de Comercio, según la cual el deber de informar la situación jurídico contable de la sociedad y de proveer su cumplimiento, a través de la creación de mecanismos de control administrativos y penales, persigue finalidades sociales valiosas como son: la de asegurar la lealtad dentro de los competidores y la consiguiente protección de los consumidores, la de tener datos confiables para conocer la situación económica de las empresas, como elemento de lucha contra la corrupción, para la vigilancia ciudadana y el desarrollo de la política de la intervención y tributaria del Estado.
3.4.2. En cuanto a lo relativo a la supuesta violación al principio de legalidad y la inutilidad de la norma, porque las conductas en ella descritas se pueden sancionar a través de otros tipos penales, la Corte al estudiar la constitucionalidad de algunas disposiciones del libro segundo del Código Penal, razonó de la siguiente manera:
"Una y otra conducta están claramente tipificadas como delictivas, pero la segunda contiene elementos específicos que permiten distinguirla de la primera, sin que por ello quebrante el legislador el principio de legalidad del delito, consignado en el artículo 29 de la Constitución , puesto que la exigencia contenida en éste se satisface plenamente al estar ambos comportamientos (el genérico y el específico) descritos con claridad en las respectivas normas."
– En lo relativo al tipo de sujeto activo que ejecuta las conductas descritas en el numeral 1 del artículo 43 de la ley 222 de 1995, la Corte ya tuvo la oportunidad de referirse a este aspecto, cuando al declarar exequible en forma condicionada dicha norma, expreso:
"Se trata, en el sentir de la Corte , de una disposición especial, cuyos sujetos activos son única y exclusivamente los administradores, contadores y revisores fiscales de las sociedades mercantiles reguladas por el Libro II del Código de Comercio, cuyo régimen se ha extendido a las compañías civiles por norma que en la fecha ha recibido el respaldo constitucional de la Corte "
Adicionalmente se anota, que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, cuando un contador otorga fe publica en materia contable, adquiere una responsabilidad especial frente a la colectividad y al Estado, "si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones, porque no todo profesional puede, con su firma o su atestación establecer la presunción legal de que, salvo prueba en contrario, los actos que realiza se ajustan a los requisitos formales".
– Respecto de la expresión "autoridades", empleada en el inciso 1 del artículo 43 considera la Corte que ésta es suficientemente comprensiva de lo que se pretende por el legislador, como es la de asegurar que aquéllas cuenten con informaciones confiables para poder ejercer las competencias que le han sido asignadas. Además, el concepto de autoridad es lo suficientemente entendible por los destinatarios de la norma; no se requiere, por lo tanto, definir cuál es el universo de dichas autoridades.
– Los verbos rectores "suministrar", "expedir", "ordenar", "tolerar", "hacer", "encubrir", describen de manera inequívoca, clara y simple las conductas punibles, sin que se presten a confusión alguna; ello en razón de que se configura de manera objetiva el modo como las referidas conductas se dirigen a falsear o deformar la realidad económica, administrativa y financiera de la sociedad. Por consiguiente, la alteración ejecutada a través de estos comportamientos, afecta la transparencia en el suministro de información jurídico contable y la presunción de legalidad, que la ley le ha dado a las constancias, datos, estados financieros y sus notas, cuando éstos han sido suscritos por los sujetos cualificados ya anotados.
– En lo que atañe a las expresiones "datos" "constancias" "certificaciones" contenidas en el numeral 1, y "en los estados financieros o en sus notas", de que trata el numeral 2 del artículo 43, la Corte , como lo hizo en la sentencia C-530/2000, en relación con la constitucionalidad y de los apartes demandados de los arts. 6 y 25 de la ley 43/90, se remite a lo expresado en la sentencia C-597/96, en la cual se analizó el artículo 659 del Estatuto Tributario que alude a la posibilidad de imponer sanciones a los contadores y las sociedades de contadores, cuando "lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, providencia en la cual se dijo lo siguiente:
" La Corte no coincide con el actor pues considera que, como bien lo sostienen todos los intervinientes, esta expresión tiene un contenido técnico suficientemente preciso y determinado por la ley para calificar la conducta de estos profesionales. Así, el artículo 6º de la Ley 43 de 1990, que debe integrarse al análisis de la presente disposición, señala que los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia son "el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente, sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas." Además, como bien lo indican varios intervinientes, estos principios no son un criterio vago, que puede ser interpretado de cualquier manera por quien imponga la sanción, sino que tales principios tienen un contenido técnico universal que debe ser conocido por cualquiera de estos profesionales, pues es elemento integrante de sus conocimientos profesionales. Por ello la Corte considera que no estamos en frente de un tipo en blanco cuyo alcance es establecido de manera autónoma por un reglamento administrativo, caso en el cual su constitucionalidad sería discutible, sino de una descripción que recurre a un concepto técnico determinable por cualquiera que sea experto en tales disciplinas. Lo único que hace entonces el decreto reglamentario mencionado por el actor es aumentar la seguridad jurídica al codificar los alcances de ese concepto, lo cual en manera alguna genera la inconstitucionalidad de la norma acusada. Se trata pues de una "colaboración reglamentaria", según la expresión de la jurisprudencia comparada, que es válida en este campo sancionador, pues la ley no se remite al reglamento para que éste elabore una regulación independiente de la ley sino que el reglamento simplemente contribuye a la precisión de ciertos conceptos legales, que ya se encuentran de por sí suficientemente determinados por la ley".
– Finalmente, en lo que concierne con la expresión "contrarios a la realidad", la Corte no comparte los argumentos expuestos por el demandante, pues teniendo en cuenta la diversidad de conductas punibles que se describen en la norma demandada, resulta razonable que sean sancionadas, no sólo aquéllas que se refieren exclusivamente a la realidad contable, sino simplemente a la realidad que se predica de la actividad misma de la empresa.
VII. DECISION .
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional , administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución ,
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References: artículo 43
 Artículo 43
 artículo 150
 artículo 221
 artículo 43
 artículo 122
 resolución 
 artículo 29
e contrario
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 15
 artículo 9

ARTÍCULO 157
 artículo 29
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 659
 artículo 6
 artículo 43
 artículo 43