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Timestamp: 2017-07-21 08:51:10+00:00

Document:
El Blog del Coronel Bellorín: abril 2014
Señor Gobierno: ¿Me autoriza para manifestar en su contra? Un breve análisis de la sentencia número 276 de
fecha: 24 de Abril del 2014 donde la Sala Constitucional interpretó el Artículo
68 de la Constitución de la República.
25 de marzo de 2014, el ciudadano GERARDO SÁNCHEZ CHACÓN, titular de la cédula
de identidad número V- 15.362.895, actuando en su condición de Alcalde del
Municipio Guacara del Estado Carabobo, asistido por el abogado HERMANN ESCARRÁ
MALAVÉ, presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, un recurso de Interpretación de “Naturaleza
Constitucional y Legal sobre el artículo 68 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (…) y de los
artículos 41, 43, 44, 46 [y] 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones”
solicitud mixta o conjunta de interpretación simultanea tanto de un Artículo Constitucional, cuya
competencia corresponde sin duda a la Sala Constitucional según facultad otorgada
por la Ley Orgánica del TSJ en su Art 25, numeral 17, como de artículos de la
ley que lo desarrolla , que según la misma norma citada, en su artículo 26 numeral 21, corresponde exclusivamente a la Sala Política Administrativa, constituye
una situación que en anteriores oportunidades ha ocurrido en el TSJ y hasta
ahora habían sido declaradas inadmisibles . También ha ocurrido que cuando el
Artículo Constitucional remite su desarrollo a una Ley no elaborada, la Sala
Constitucional las ha declarado
inadmisible para no invadir la reserva legal prevista. Un ejemplo de ello lo observamos en un recurso de interpretación interpuesto por
mi persona y decidido según sentencia 762 del 06 de Abril 2006 con
“En tal sentido, esta misma Sala Constitucional en sentencia Nº 1857 del 5 de octubre de 2001, le indicó a este mismo solicitante, Coronel
Ángel Alberto Bellorín, con base en la solicitud de interpretación que
formulase sobre el mismo artículo –331 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela- lo siguiente: “que el recurso de interpretación
constitucional presentado, no se apega a los lineamientos establecidos por la
jurisprudencia antes transcrita, es más, considera la Sala que el artículo del
cual se solicita la interpretación es claro y preciso, y no posee ninguna
contradicción o ambigüedad, toda vez que establece que será la ley
respectiva la que regulará la obtención de los ascensos militares, por lo
tanto, no es susceptible de interpretación alguna, resultando de esta manera
inadmisible el recurso de interpretación constitucional ejercido”. (Subrayado nuestro)
notarse en la transcripción anterior que la ley respectiva, (Ley de Carrera militar) a que se refiere el Artículo
331, para fecha actual, año 2014, aún no ha sido desarrollada. Sin embargo en el
caso que nos compete analizar, el Artículo 68 Constitucional está desarrollado en Ley, y sobre el contenido de dicha
ley, solo se puede actuar en Sala Constitucional para solicitar su nulidad por
razones de inconstitucionalidad.
poderosamente la atención y podría ser
llevado como caso histórico las circunstancias que convergen en esta
decisión de la Sentencia 276. Puede observarse que las notas
jurisprudenciales utilizadas por la Sala como soporte motivacional de sus consideraciones,
provienen de la sentencia Nº 1309 del 19 de julio de 2001 (Caso: Hermann Escarrá), que decidió sobre una interpretación constitucional, de
los artículos 57 y 58, interpuesta por el mismo abogado que “casualmente”
asiste esta acción. Por esa razón, el Dr. Escarrá es mencionado de dos formas en la misma
sentencia, como actor asistente y como
referencia doctrinaria. También es una casualidad
que el Magistrado ponente de esta, Arcadio
de Jesús Delgado Rosales es hijo del ponente de aquella, José M
Delgado Oquendo. En razón a dichas casualidades, considero oportuno advertir que aquel recurso interpuesto por el
Dr. Escarrá en el 2001, fue declarado inadmisible por respeto a la Reserva legal,
con una impecable justificación doctrinaria del Magistrado padre, obviada por el
Magistrado hijo en las nuevas consideraciones para decidir. Aquella
justificación fue expresada en los
“Reserva legal significa, por tanto, que las normas
inmediatamente subconstitucionales, relativas a la organización del Estado y a
la regulación efectiva de los derechos fundamentales, debe provenir del
parlamento, es decir, de un órgano que desarrolle el programa de la Constitución, dentro de las bases que conforman la voluntad del poder constituyente.
División del poder no es, en consecuencia, un principio ideológico, propio de la democracia liberal, sino un
principio técnico del cual depende la vigencia de la seguridad jurídica como
valor fundante del derecho y como proyecto de regulación de la conducta social.
Por eso, y sólo por eso, la Asamblea Nacional, en el sistema de la
distribución de competencias, es el único poder a quien corresponde
reglamentar, de manera general y permanente, el ejercicio y protección de los
derechos fundamentales. (Sentencia Nº 1309 del 19 de julio de 2001,
Caso: Hermann Escarrá).(Subrayado nuestro)
bien, sujeto a los antecedentes y al contexto planteado en los párrafos
precedentes, .trataré de entrar en
materia generando interrogantes para desarollar el análisis: ¿Qué establece la Constitución de la República en su Artículo 68?
“Artículo 68.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a
manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que
establezca la ley. Se prohíbe el uso de las armas de fuego y
sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará
la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden
público…”. (Subrayado nuestro)
entender en mejor forma el espíritu, propósito y razón del Constituyente sobre
la interpretación y significado del Artículo 68 que orientó su
desarrollo legislativo, me permitiré apoyarme en la Exposición de Motivos de la
carta Magna, asi como en su Artículo 53 en el cual verificaremos que el derecho en cuestion posee además la condición adicional de derecho civil :
consagra como un derecho político consustancial con la vida democrática, el de
la manifestación pacífica y sin armas. Dadas las trágicas y dramáticas
experiencias vividas por los venezolanos en el ejercicio de este derecho a
expresar su descontento con el ejercicio de las funciones de gobierno, se
incluyen prohibiciones que persiguen limitar la acción represiva de los cuerpos
policiales y de seguridad. En este sentido, se consagra la prohibición del
uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para enfrentar manifestaciones
pacíficas.” (Subrayado nuestro)
Artículo 53. Toda persona tiene
el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines
lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley
Como elemento de consideración para el análisis de la ley
que debe regir este derecho y de la sentencia objeto de este ensayo, es necesario
resaltar para el lector acucioso este incuestionable
mandato Constitucional del Artículo 53:
"SIN PERMISO PREVIO"
¿Qué establece la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23 de Diciembre de 2010 en los Artículos
41, 43, 44, 46 y 50?
“Artículo 41. Todos los habitantes de la República tienen
el derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más
limitaciones que las que establezcan las leyes.”
“Artículo 43. Los organizadores de reuniones públicas o
manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación
cuando menos, por escritos duplicado, en horas hábiles, a la primera
autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario
escogido, día, hora y objeto general que se persiga. Las autoridades en el mismo acto del recibo de la
participación deberán estampar en el ejemplar que entregan a los
organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora.” (Subrayado nuestro)
“Artículo 44. Cuando hubieren razones fundadas para temer
que la celebración simultánea de reuniones públicas o manifestaciones en la
misma localidad pueda provocar trastornos del orden público, la autoridad ante
quien deba hacerse la participación que establece el artículo anterior podrá
disponer, de acuerdo con los organizadores, que aquellos actos se celebren
en sitios suficientemente distantes o en horas distantes. En este caso
tendrán preferencia para la elección del sitio y la hora quienes hayan
hecho la participación con anterioridad.” (Subrayado nuestro)
“Artículo 46. Los gobernadores o gobernadoras de estado,
alcaldes o alcaldesas de municipios, o de distritos metropolitanos y jefe o
jefa de gobierno de distrito, fijaran periódicamente mediante resoluciones
publicadas en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán realizarse
reuniones públicas o manifestaciones, oyendo previamente la opinión de los
A solicitud de las asociaciones políticas, la autoridad
civil podrá autorizar reuniones públicas o manifestaciones en aquellos
sitios prohibidos, cuando no afecten el orden público, el libre tránsito u
otros derechos ciudadanos. Parágrafo Único:
Durante los procesos electorales se aplicarán con preferencia las disposiciones
de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.” (Subrayado nuestro)
“Artículo 50. De cualquier determinación tomada por la
primera autoridad civil de la jurisdicción que fuere considerada como
injustificada por los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones,
podrá recurrirse por ante el Gobernador o Gobernadora del estado, Alcalde o
Alcaldesa de Municipio o Distrito Metropolitano, así como ante el Jefe o Jefa
de Gobierno de Distrito, el cual estará obligado a decidir durante las cuarenta
y ocho horas siguientes. De esta decisión se podrá apelar por ante el Tribunal
Supremo de Justicia, quien decidirá con preferencia.” (Subrayado nuestro)
¿Que fue lo que aportó al Derecho Patrio la Sala Constitucional?
sala Constitucional respondió con envidiable precisión, las seis interrogantes
que preocupaban al diligente Alcalde. Para fines de síntesis analizaré dos
párrafos esenciales del fallo:
1.- “El contenido de las disposiciones legales
transcritas supra denota el cumplimiento efectivo por parte del legislador del
postulado constitucional previsto en el artículo 68 de la Carta Magna,
regulando el ejercicio del derecho a la protesta pacífica de una manera
pormenorizada, precisando en tal
sentido: (i) el lapso del cual disponen los organizadores para solicitar
autorización para realizar la reunión pública o manifestación (veinticuatro
horas de anticipación a la actividad); (ii) la forma en que debe ser presentada
la solicitud (por escrito duplicado);
(iii) el contenido del escrito (indicación del lugar o itinerario escogido,
día, hora y objeto general que se persiga); (iv) la autoridad encargada de
recibir dicha solicitud (primera autoridad civil de la jurisdicción,
Gobernadores de Estados, Alcaldes de Municipios o de Distritos Metropolitanos y
el Jefe del Gobierno de Distrito) y (v) la obligación de las autoridades de
estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del
sitio o itinerario y hora.” (Subrayado nuestro)
la atención que a pesar de ser un recurso de interpretación del Artículo 68 del
texto Constitucional, (dicho sea, está clarito y desarrollado en su respectiva Ley), la Sala
Constitucional “siempre muy cuidadosa de
no usurpar con su interpretación competencias de otras Salas (por ejemplo, el
recurso de interpretación de textos legales)”; según ella, solo efectuó “algunas precisiones”,
claro sin interpretar la ley, ya que eso es competencia exclusiva de la Sala Político Administrativa. En este sentido, en el párrafo podemos
observar que al “precisar” la norma
legal, la Sala efectúa “sutilmente” una importante
modificación al contenido del Artículo 43 de la ley. En lo
relativo a la palabra “participar” que evidentemente significa “informar”, “comunicar”,
un mero trámite que solo debía respetar sencillas formalidades. El significado gramatical original, ahora
“precisado” es totalmente distinto, generando una importante modificación que
se efectúa en forma arbitraria.
Transformarlo en “solicitar autorización”,
deja en mano de la autoridad una competencia facultativa que no le otorgó
originalmente la ley, como lo ordena la Constitución. En el párrafo siguiente,
de una manera muy ingeniosa continuó precisando, “sin interpretar”
2.-“En este orden de ideas, también se advierte el
derecho a recurrir de los solicitantes ante cualquier decisión tomada por la
primera autoridad civil de la respectiva jurisdicción cuando la misma sea
catalogada como injustificada, bien porque niegue el permiso o porque
introduzca algún cambio en cuanto a la indicación del lugar o itinerario
escogido, día, hora y objeto general que se persiga, teniendo la posibilidad de
apelar por ante el Gobernador del Estado, Alcalde de Municipio o Distrito
Metropolitano, así como ante el Jefe de Gobierno de Distrito, quien estará
obligado a decidir durante las cuarenta y ocho horas siguientes. De esta
decisión el o los solicitantes podrán interponer recurso de nulidad ante la
Sala Político Administrativa de este alto Tribunal de acuerdo a lo establecido
en el artículo 26 cardinal 13 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien decidirá con preferencia.” (Subrayado nuestro)
Análisis del párrafo 2
explicar el párrafo precedente motivado por la honorable Sala Constitucional,
me permitiré en un ejercicio académico, ubicarme en la Sala Político
Administrativa e interpretar a mi humilde criterio los artículos legales
citados, por supuesto efectuando dicha interpretación en forma extensiva y progresiva tal como lo ordena la propia Carta Magna para
Artículo 41 en plena concordancia con el
Art. 68 Constitucional, establece en forma abierta, el derecho para todos
los habitantes de la República de reunirse y de manifestar. Sin embargo, a
pesar que la Constitución faculta al legislador solo a “establecer requisitos”,
este artículo le otorga “al Legislador”
(no al Magistrado) una “discutible facultad” para establecer limitaciones
que no autoriza la Constitución. Aquí es conveniente aclarar que “limitación” no es sinónimo de “requisitos” como lo intenta hacer ver el autor de la sentencia. Los requisitos
son formalidades que regulan el efectivo ejercicio del derecho. Al respecto, a
pesar de no existir limitación constitucional en el Artículo 68, una de las
normas internacionales más relevantes en este punto es la del Artículo 30 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece un requisito
básico que deben tener las limitaciones a los derechos:
"Artículo 30. Alcance de las Restricciones. Las
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas
sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas".
En función a lo anterior, el legislador en su Artículo 43, respetando el mandato constitucional, estableció un
simple “requisito” para regular el
derecho.” Los organizadores de reuniones
públicas o manifestaciones, deberán
participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por
escritos duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la
jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto
general que se persiga”. Esta regulación le permitirá a la autoridad coordinar las
actividades administrativas que se generarían a partir del ejercicio ciudadano
de dicho derecho. Es tan simple el
requisito, que la norma en su último párrafo, sin lapsos de tiempo ni
espera para consultas o estudios, ordena a las autoridades en el mismo acto del recibo de la
participación (No solicitud de autorización), “estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación
del sitio o itinerario y hora.”
caso de celebraciones simultaneas, el Artículo
44 prevé una excepción a la regla establecida en el Artículo 43, ya
interpretado. Se constituye en la única
posibilidad que le otorga la ley a la autoridad para intervenir en modificar lo planificado por los
ciudadanos en lo relativo a hora y lugar, y ello solo podrá ser posible “Cuando hubieren razones fundadas para temer
misma localidad pueda provocar trastornos del orden público”. La norma se
redactó con tanto respeto al derecho, que tales modificaciones, de ser necesarias por el cumplimiento inevitable del supuesto previsto como única excepción, solo podrán efectuarse” de acuerdo con los organizadores”,
otorgando preferencia de selección de
hora y lugar a quien solicitó primero.
El Artículo 46 si prevé una limitación legal. Consiste en que
existirán sitios previamente establecidos donde “no podrán realizarse reuniones públicas o manifestaciones”. La
norma ordena que la determinación de dichos sitios deberá efectuarse “oyendo previamente la opinión de los partidos” y que los mismos
deberán ser fijados periódicamente” mediante resoluciones publicadas en las
respectivas Gacetas”. Sin embargo, esta limitación no es absoluta, tiene una excepción que en
este supuesto si es facultativo de la autoridad su otorgamiento. En el caso que
se insista en manifestar en uno de los
sitios prohibidos, la norma le permite solo
a las asociaciones políticas, no a los
ciudadanos comunes, solicitar a la
autoridad permiso para ello: “A
solicitud de las asociaciones políticas, la autoridad civil podrá autorizar
reuniones públicas o manifestaciones en aquellos sitios prohibidos, cuando no
afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos ciudadanos”.
bien, según este artículo, el único permiso o solicitud de autorización que puede negar la autoridad es el que aquí
se establece para las asociaciones
políticas, por tal razón el párrafo analizado de la sentencia en cuestión, que pretende interpretar el
Artículo 50 de la Ley, solo trata de manipular la modificación que
hizo a los artículos precedentes donde transforma un requisito en una
limitación o restricción.
¿Qué conclusiones podemos apreciar?
el análisis anterior fue un humilde ejercicio de interpretación de varios artículos de una ley solo con fines académicos ya que como todos sabemos esa facultad es competencia exclusiva de la Sala Política
Administrativa y no de la Constitucional. Conviene recordar que toda interpretación
legal, (no Constitucional) deberá ajustarse a lo previsto en el Artículo 4 del Código Civil
“Artículo 4.- A la ley debe atribuírsele el sentido que
aparece evidente del significado propio de las palabras según la conexión de
ellas entre sí y la intención del legislador,..”
evidente el significado de la palabra participar,
diferente al significado de solicitar
autorización, y sabiendo que limitación
no es igual que requisito, La
Sala Constitucional determinó lo
“De acuerdo a las previsiones de la Ley de Partidos
Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la primera autoridad civil de
la jurisdicción -donde se desee realizar la concentración, manifestación o
reunión pública- no se encuentra limitada a los términos en que se efectúe
la solicitud, pudiendo no solo negar la autorización, sino también modificarla
en caso de acordarla o autorizarla en cuanto a la indicación del lugar y el
itinerario escogido (el día y hora). Dicho pronunciamiento, deberá ser
emitido mediante acto administrativo expreso, en el cual se haga alusión a las
razones o fundamentos de su decisión, aspectos estos que deberán ser tomados en
consideración por el o los solicitantes al momento de recurrir de la decisión
in commento.” (Subrayado nuestro)
esta sentencia también podemos apreciar que surge una nueva dimensión de
la palabra “prohibición” utilizada en el
Artículo 68 Constitucional: “Se prohíbe
el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas”. Al parecer, su interpretación no es tan estricta y según la Sala puede ser sinónimo de”
evitar” como nuevo significado, tal como se desprende de esta otra
precisión de sus consideraciones: “En este mismo orden de ideas, se aprecia que en la segunda
parte del artículo 68 de la Constitución, también se prevé un acatamiento
irrestricto a la ley por parte de los cuerpos policiales y de seguridad
encargados del control del orden público, quienes en su actuación no solo
estarán en la obligación garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a
manifestar pacíficamente, sino también a impedir que éstos, en el curso de la
protesta, incurran en excesos que se puedan traducir en lesiones o amenazas de
violación de derechos fundamentales del resto de la ciudadanía, como sería el
caso del derecho al libre tránsito o al
trabajo; sino también a los que estando en ellas no se excedan en dichas
concentraciones, velando siempre y en todo momento para que en el control de
ese tipo de situaciones exista un respeto absoluto de los derechos humanos, evitando
el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas” (Subrayado nuestro)
la lectura de la sentencia analizada y según la honorable Sala- “resuelta
la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y de los artículos 41, 43,
44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones,” solo me queda
afirmar que estando la Sala Política Administrativa como único órgano facultado
para interpretar la Ley, según lo ordena el Artículo 26, numeral 21 de la Ley Orgánica del TSJ, está supuesta
interpretación de un artículo 68 ya desarrollado en ley, fue la excusa para modificar
arbitrariamente el contenido de la mencionada Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
En tal sentido, al igual que en un ensayo anterior aquí publicado, me
permito recordar que recurso de
interpretación no deroga Ley y que “una
sentencia solo hace las veces de ley entre las partes”. En caso de las sentencias interpretativas del
texto constitucional, así sean magistralmente dirimidas, solo son válidas y
vinculantes dentro del Poder Judicial, no lo digo yo, lo ordena expresamente la Carta Magna:
Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará
la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será
el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme
interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala
Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios
constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de
Justicia y demás tribunales de la República. (Subrayado nuestro)
que el legislador negativo, es decir la Sala Constitucional, por obra y gracia
del partido de gobierno se convirtió en legislador positivo. ¿SERA QUE EL PODER LEGISLATIVO FUE CLAUSURADO Y NADIE NOS HA
“El Poder Judicial que propongo goza de una independencia
absoluta: en ninguna parte tiene tanta. El pueblo presenta los candidatos, y el
Legislativo escoge los individuos que han de componer los Tribunales. Si el
Poder Judicial no emana de este origen, es imposible que conserve en toda su
pureza, la salvaguardia de los derechos individuales”.
La máxima expresión referida a la democracia del pensamiento Bolivariano, fue citada
en la Constituyente de Bolivia el 25 de Mayo de 1826 por un Libertador más estadista, más
sereno. Toda esa esencia es recogida en nuestro texto constitucional de 1999 y prevista
la posibilidad, más aun, la obligación ciudadana de participar con más protagonismo en todos los asuntos públicos y en forma
especial, en la selección y elección de
sus autoridades. Esta premisa se reconoce en sus Artículos 5 y 6. “Artículo 5. La
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce
Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están
sometidos”. (Subrayado
“Artículo 6. El
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades
electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de
mandatos revocables” (Subrayado nuestro)
Para comprender en su justa dimensión el espíritu de
estas normas y en especial el mandato que "Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular",obviando en este ensayo los dos órganos del Estado que en en el ejercicio indirecto de la soberania,son elegidos mediante el sufragio, y centrando el análisis en los tres faltantes, permito apoyarme en la sentencia del TSJ, número 170 de fecha 22/12/2000 en Sala Electoral, donde se expresó lo siguiente:
“Es así que, los Artículos 5 y 6 de la Carta
Fundamental, consagran un nuevo modelo de democracia participativa, evolucionando
de la clásica concepción de la democracia representativa, limitada al ejercicio
de la soberanía popular únicamente por medio de la elección periódica de
representantes. Por el contrario, la novel Carta Magna establece que la soberanía
se ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en las
leyes, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el
Poder Público. En consonancia con tales principios, el texto constitucional
dedica una serie de normas a la consagración y regulación de las pautas
fundamentales de novedosos mecanismos en el ordenamiento jurídico venezolano
que permiten la participación política del soberano en los asuntos que le
conciernen, mecanismos que enumera el artículo 70 de la Constitución,
entre los cuales se encuentra el referendo, en sus distintas modalidades:
revocatorio, abrogatorio, consultivo y aprobatorio. De igual manera, se prevé
la participación soberana en el ejercicio de los mecanismos de enmienda y
reforma constitucional, así como en la iniciativa de convocatoria en la
Asamblea Nacional Constituyente”. (Subrayado nuestro)
La Sala Electoral “provisoria” entonces, al mencionar los
ejemplos de mecanismos de ejercicio directo de la soberania enumerados en el
Artículo 70, obvió un detalle, el
primero y más importante de ellos, ya que complementa expresamente el mandato ya citado del Art. 5 donde establece sin lugar a dudas que "Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular"; por supuesto, aqui se refiere al ejercicio directo de la soberanía, el relativo a los orgános cuyos cargos no son resultado del Sufragio. Por tal razón considero que esa circunstancia
debemos analizarla en función de su redacción original y de la lógica racional: “Artículo 70. Son
medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía,
en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la
consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa,
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos
y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en
lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la
las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación
previstos en este artículo”. (Subrayado nuestro)
Puede evidenciarse en las frases subrayadas, que el
hecho político previsto como primer mecanismo
en el ejercicio directo de la soberanía, es el protagonismo y participación
del pueblo en la elección de cargos
públicos, redactado sin ningún límite ni restricción. Siendo esto así y en
su condición de derecho humano, la
interpretación del Artículo 70 debió efectuarse en forma extensiva
y progresiva, concatenándolo con el citado Artículo 5 Constitucional, dando
como conclusión lógica que, cuando esos cargos públicos no son producto del sufragio,
se está en presencia de un ejercicio directo de la soberanía en los términos que expresa la frase citada del
libertador para la designación del Poder Judicial. Nótese que el sufragio está previsto en los artículo previos. (63 y 64) Este derecho político, solo requiere que la ley establezca las condiciones
para su efectivo ejercicio como mecanismo
de participación. Es por ello que la
Constitución lo complementó estableciendo en los Artículos 270,279 y 295, diferentes “Comité de Postulaciones” para la elección directa (sin sufragio) de los funcionarios a ocupar los
cargos públicos de los tres poderes nacionales que no son elegidos mediante el
sufragio popular. Esta es la única forma posible de acatar el mandato previsto en el último párrafo del citado artículo 5 :"Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están
sometidos” Estos comité de postulaciones,como su nombre lo indica,y en "ejercicio directo de la soberania popular",son los encargados de postular
dichos candidatos ante el poder constituido, en este caso la Asamblea Nacional (Poder público máximo representante del ejercicio indirecto de la sobrania popular).Siendo así, es este Poder quien debería finalmente, luego de un proceso transparente y público, seleccionar dentro de un limitado número de candidatos preseleccionados previamente por dichas Juntas, (que no deberia exceder de una terna por cargo) los funcionarios que conformarán los tres poderes restantes.
Exactamente aquí radica el problema del doble discurso sobre el famoso “protagonismo”;
para explicarlo es necesario un breve recuento de historia reciente que se
inicia el 22 de Diciembre de 1999 cuando las fuerzas políticas que conformaban
la Asamblea Nacional Constituyente, violaron grotescamente la recién aprobada Constitución ,utilizando para ello el llamado “Decreto sobre Régimen Transitorio del Poder Público” que permitió designar “Provisorios” altos funcionarios del Estado,
obviando los comité de postulaciones
previstos para tal fin en el texto constitucional.
La ratificación al
poco tiempo de “fichas Provisorias”,
y la designación de nuevas fichas por
Ley Especial del 14 de noviembre del
2000, fue el preludio necesario a los partidos políticos para tomar por asalto, mediante leyes acomodaticias y sentencias complacientes, el
control de la selección inicial de dichos poderes, contaminando todo un proceso
donde ellos solo tenían la competencia constitucional de nombrar entre los que
la sociedad ,en ejercicio directo de su soberania, pre-seleccionaba. Estas maniobras,
evitaron a los venezolanos ejercer su derecho constitucional de ser protagonistas en la elección de los poderes nacionales que
no requieren del voto popular o sufragio, y en tal hecho, hay muchas
responsabilidades compartidas por actores políticos de ambos bandos aun en el desmemoriado tapete público, que por
acción u omisión permitieron desviar y manipular
el verdadero sentido de los Comité de
Postulaciones previstos en la Carta
magna. En un excelente ensayo titulado “Comité de Postulaciones: Participación y control social en la preselección de candidatosa ocupar cargos de los poderes públicos nacionales Judicial, Ciudadano y Electoral”, elaborado por Raúl Pinto Peña. (Documento de Trabajo.
ILDIS (Ed.), Venezuela, Caracas 2003), el autor expresó lo siguiente:
“Tal como quedó
definitivamente en la constitución de 1999, la propuesta del comité de
postulaciones fue ampliamente tomada, no solo para el caso de los miembros del
Poder judicial, también se incluyó en la selección de los miembros del Poder Ciudadano
y del Poder Electoral”
Para Pinto Peña,
es evidente que el constituyente integró en la nueva Constitución las
aspiraciones de la sociedad civil e
incluso de sectores políticos mayoritarios que querían que la ciudadanía jugara
un papel protagónico en la postulación, preselección y control de los poderes
públicos, en detrimento de la facultades
que tenían en el pasado las cúpulas de los partidos políticos en el abolido
Congreso de la República. Sin embargo, luego de las muchas pugnas e
intereses originados en la Asamblea Constituyente, la redacción final quedo
270. El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder
Ciudadano para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o
magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los
colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la
jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará
integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de
conformidad con lo que establezca la ley.” (Subrayado nuestro)
“Artículo 279. El
Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones
del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos
sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se
obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a
la consideración de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de
las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de
Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular
En caso de no haber
sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la
Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la
designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano
Los o las integrantes
del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional, previo
pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido
en la ley” (Subrayado
“Artículo 295. El
Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes
del Consejo Nacional Electoral, estará integrado por representantes de los
diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la
ley”. (Subrayado
Sobre la redacción final de las normas, es evidente la
ambigüedad de su contenido, pues no quedó muy claro lo atinente a la
conformación del comité y la naturaleza
de sus integrantes, Pinto Peña lo
criticó así: “No se acogió la
propuesta de las ONG de fijarlo nominalmente, sino más bien se dejó de forma
general, de modo que el texto constitucional se refiere a los comité como
instancias integradas por representantes de los diferentes sectores de la
sociedad conformidad con lo que establezca la ley”.
Por supuesto, cualquier análisis superficial solo nos
permite inferir que “representantes de
diferentes sectores de la sociedad” es un término amplio y genérico que
pudiera incluir en su contenido varios sectores, por ejemplo un sector que se
denomina “sociedad civil”, y otro “facultades de las universidades” mencionados
en artículos como el 296 de la Constitución. Según esto, pudiera concluirse que
los integrantes de los poderes en sus ramas y órganos no forman parte de la “sociedad civil”, pero sí pudieran colarse
dentro de esa grieta que significa el término
En tal sentido, la Sala Constitucional en sentencia número 1395 de fecha 21/11/2000, con evidente sesgo restrictivo de dicha
participación y en espera de leyes acomodaticias que después llegaron, intentó regular provisionalmente este
complicado tema y son pertinentes para
este análisis, algunos criterios asumidos en ese momento de reacomodo
“1) Que la
sociedad civil es diferente al Estado y a los entes que lo componen
(Estados, Municipios, Institutos Autónomos, Fundaciones Públicas, Sociedades
con capital de los Poderes Públicos, etc). En consecuencia, el Estado no puede
formar parte, bajo ninguna forma directa o indirecta, de la sociedad civil. Fundaciones,
Asociaciones, Sociedades o grupos, totalmente financiados por el Estado, así
sean de carácter privado, no pueden
representarla, a menos que demuestren que en su dirección y actividades no tiene ninguna influencia el Estado.
2) Que estando el Estado conformado por
ciudadanos que pertenecen a fuerzas políticas, la sociedad civil tiene que ser
diferente a esas fuerzas, cuyos exponentes son los partidos o grupos políticos.
Consecuencia de ello, es que las organizaciones políticas no conforman la sociedad
civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la
Constitución y las leyes. Por lo tanto, todo tipo de participación partidista en personas jurídicas,
desnaturaliza su condición de organizaciones representativas de la sociedad
La sociedad civil la forman los organismos e
instituciones netamente privados, mientras que la sociedad política es el
dominio directo que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico, en el
cual contribuyen los partidos en un régimen democrático”. (Subrayado nuestro)
A pesar de estos criterios del TSJ que ubican a la Asamblea Nacional, como parte de la “Sociedad Política” fue la grieta
constitucional del genérico “sociedad,” el argumento utilizado por
los partidos políticos integrantes de dicho órgano, para
incluirse como miembros de los comité de
postulaciones, secuestrando de hecho y
de derecho, “al mejor estilo cuarto
republicano”, un mecanismo diseñado en su esencia para la participación protagónica de “la sociedad no partidista” en la
elección de los tres poderes públicos nacionales que no son elegidos por medio
del sufragio. Así lo justificó el Poder Legislativo en la Exposición de
Motivos de la Ley Orgánica del Poder
Electoral, publicado en Gaceta Oficial 38573 del día 19 de noviembre del 2002:
“La participación de
las diputadas o diputados en el comité de Postulaciones Electorales se
fundamente en el hecho de ser los representantes genuinos de la sociedad por
haber sido elegidos por el voto popular. Los diferentes sectores de la
sociedad al elegir a sus representantes los facultan para que ejerzan dicha
representación” (Subrayado nuestro)
En el Ensayo de Pinto
Peña, el autor afirma que el legislador en su "amplia interpretación”, no dejó ver que los
diputados son funcionarios públicos, que el haber sido elegidos por el voto
popular solo se les otorgó facultades para ser representantes del pueblo unicamente en el Poder
Legislativo Nacional, como parte de los poderes públicos nacionales que
constituyen el Estado. Esta afirmación es totalmente coherente con los
criterios sobre “sociedad política” del TSJ señalado en la citada sentencia 1395. Al respecto señala Pinto Peña:
“Los diputados son
parte de la sociedad política, precisamente por haber sido electores por el
voto popular. Sin embargo, eso no
impidió que la clase política representada en la Asamblea Nacional asaltara
cínicamente la conformación del Comité de Postulaciones Electorales con el
oscuro objeto de realizar las elecciones y designaciones de la nueva directiva
del Consejo Nacional Electoral a espalda de la sociedad civil, lejos de los
procedimientos transparentes y
participativos, en fin para el acuerdo “cogollérico” y el contubernio
partidista”. (Subrayado
Pocas voces, sin incendiar praderas de la mediática opinión pública, maniatada por los intereses
particulares de los poderes en juego, se atrevieron a opinar al respecto. Algunos muy pocos reconocidos juristas, al hacerlo,
cobraron con “creces políticas y jurídicas”
su afrenta; tal es el caso del ex Constituyente Brewer Carias quien, en un
interesante ensayo escribió lo siguiente:
comités se han concebido en la Constitución, como órganos intermedios, algunos
permanentes, que obligatoriamente deben estar integrados por representantes de
los diferentes sectores de la sociedad, es decir de organización no estatales.
Los comités de postulaciones, por tanto, son diferente a la asamblea nacional,
por lo que los representantes populares no podrán formar parte de los mismos ya
que los diputados por esencia no son parte de la sociedad civil” (Allan
Brewer Carias, La participación ciudadana de la designación de los titulares de
los órganos no electos de los poderes públicos en Venezuela.)
Hagamos una ejercicio mental básico para poder razonar ; surgiendo la
Asamblea Legislativa del ejercicio indirecto de la Soberanía
Popular, es decir del sufragio, ese ejercicio indirecto de la soberanía, que
reside “intransferiblemente” en el
pueblo, debe agotarse evidentemente en el
ámbito legislativo y en sus precisas competencias constitucionales. Sería inconstitucional transferirlo
y extenderlo a modus propio, para usurpar con el título de “representantes genuinos”, (¿en una “democracia participativa”?) un mecanismo de ejercicio directo de dicha soberanía, que como ya analizamos
corresponde al pueblo y es menos intransferible.(Recordar Art 139 "Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos) En este caso,para integrar dichos comite, debe referirse a ese
pueblo formado, educado, sin militancia partidista y con los conocimientos
necesarios para ocupar los poderes de contrapeso, lo que evidentemente requiere
preparación moral y académica, esa Moral
y esas Luces que pregonó Bolívar, al exigir para estos cargos, “Ciudadanos que se hayan distinguido en el
ejercicio de las virtudes públicas”,
Hoy, en pleno año 2014, el sueño de Bolívar de la
verdadera participación democrática
sigue sin cumplirse, y al momento de este escrito, la Asamblea Nacional nuevamente a “espaldas
del pueblo”, acaba de designar “nuevos
diputados” para constituir “nuevos comité de postulaciones” a
objeto de seleccionar Rectores del Consejo Nacional Electoral y Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia. Sobre este último caso, conviene recordar según criterio ya analizado, que para ejercer dicho secuestro la Asamblea Nacional excedió los límites de su competencia y
modificó el texto Constitucional, incurriendo en delito. Así lo denuncié ante
la Sala Constitucional y ante el Ministerio Público.
Comparto con Brewer, la opinión referente a un Comité de Postulaciones Judiciales concebido
de carácter permanente, tanto por la redacción del Artículo 270, como el hecho de estar ubicado en la Sección Tercera
del Capítulo III del Título V de la Carta Magna. Por ello, para hacer posible
su secuestro, el Poder Legislativo modificó violentamente el Texto
Constitucional, más allá de las interpretaciones acomodaticias que les permitió
la ubicación y redacción de los artículos relativos a los otros dos comités
que el Artículo 270 está ubicado en una sección que se denomina “Del gobierno y la Administración del Poder
Judicial”, sin embargo, aún tenemos vigente esta modificación arbitraria
que colocó dicho comité, mediante violencia
legislativa, bajo el inconstitucional gobierno del Poder Legislativo. Solo deben
comparar: ARTÍCULO 270
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
“El Comité de Postulaciones
Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de
los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo
de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para
la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité
de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los
diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca
la ley”. (Resaltado nuestro).
órgano asesor de la Asamblea Nacional para la selección de los
candidatos o candidatas a Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de
Justicia. Igualmente asesorará a los Colegios Electorales Judiciales para la
elección de los jueces o juezas de la competencia disciplinaria.
Su sede estará en la Asamblea Nacional y sus
gastos correrán a cargo de ese mismo órgano. El Comité de Postulaciones Judiciales dictará
su Reglamento Interno de organización y funcionamiento”. (Resaltado Nuestro)
Muchos eventos inexplicables han ocurrido para desviar la
atención pública sobre este “pequeño
detalle”; una por ejemplo es el hecho que varias ediciones de
Constituciones gratuitas han sido editadas con una curiosa modificación del
contenido del Artículo 270, donde asignan al Comité de Postulaciones Judiciales
como “órgano asesor del Poder Ciudadano”.
Es un caso digno de analizar ya que hasta una reconocida jurista como la Ex Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, en un escrito publicado en el semanario “Quinto Día”, al opinar sobre los Comités de Postulaciones Judiciales, incurrió en
ese “error”. En su momento le envié
un mensaje sobre el caso, y me respondió sobre su pronta revisión, sin que
hasta ahora escribiera nuevamente al respecto. ¡Dentro de la Constitución todo, fuera
de la Constitución nada!
“Elegid para Magistrados a los más virtuosos de nuestros

References: Artículo
68
 artículo 68
 artículo 26
 Artículo
331
 Artículo 68
 Artículo 68
 Artículo 68
 Artículo 53

Artículo 53
 Artículo 53
 artículo 68
 Artículo 68
 Artículo 43
 artículo 26

Artículo 41
 Artículo 68
 Artículo 30
 Artículo 43
 Artículo
44
 Artículo 43
 Artículo 46

Artículo 50
 Artículo 4

Artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 Artículo 26
 artículo 68

Artículo 335
 artículo 70

Artículo 70
 Artículo 70
 Artículo 5
 artículo 5
 Artículo 270
 Artículo 270
 ARTÍCULO 270
 Artículo 270