Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/305
Timestamp: 2020-05-26 09:01:24+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 52/1984
SENTENCIA 52/1984, de 2 de mayo
ECLI:ES:TC:1984:52
En el recurso de amparo núm. 473/1982, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Enrique Brualla de Piniés, en nombre y representación de don Juan Antonio Aguirre García, contra Sentencia de 26 de febrero de 1982 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en los autos núm. 21.621, y en el que han comparecido el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado y el Procurador de los Tribunales don José Luis Granizo y García-Cuenca, en nombre y representación de don Luis Alonso Fernández, siendo Ponente la Magistrada doña Gloria Begué Cantón, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante resolución de 5 de agosto de 1980, el Ministerio de Cultura, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, estima los recursos interpuestos por don Juan Antonio Aguirre García, en su nombre, y, por el Procurador don Enrique Brualla de Piniés, en nombre y representación del señor Aguirre, impugnando, respectivamente, la resolución de fecha 18 de enero de 1980, dictada por el Tribunal calificador de la oposición convocada por Orden ministerial de 28 de febrero de 1979 para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, y la Orden ministerial de 31 de marzo de 1980, por la que se aprobó el expediente de la indicada oposición nombrándose funcionarios a los opositores aprobados en la misma, entre los que se encontraba don Luis Alonso Fernández, pero no, en cambio, don Juan Antonio Aguirre, hoy recurrente en amparo. Dicha resolución anula la distinción entre turno libre y turno restringido establecido en la convocatoria de la oposición y, en consecuencia, incluye en la relación de aprobados propuesta por el Tribunal que juzgó las mencionadas oposiciones al señor Aguirre, eliminando a don Luis Alonso Fernández.
2. Por escrito que tiene entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el 4 de diciembre de 1982, el Procurador de los Tribunales don Enrique Brualla de Piniés, en nombre y representación de don Juan Antonio Aguirre García, interpone recurso de amparo contra la mencionada Sentencia de la Audiencia Nacional, por estimar que vulnera el art. 24.1 de la Constitución, dado que su representado no fue debidamente citado para comparecer en el procedimiento jurisdiccional aun cuando sus derechos resultaban directamente afectados, teniendo conocimiento de la Sentencia anulatoria de la resolución del Ministerio de Cultura que había estimado el recurso de reposición por él interpuesto, por el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1982 en el que se publicó la Orden de cumplimiento de la Sentencia.
En consecuencia solicita el otorgamiento del amparo, anulando la Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de febrero de 1982 y ordenando la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior a aquel en que don Luis Alonso Fernández interpuso el recurso contencioso-administrativo, a fin de que su representado pueda comparecer y defenderse.
9. Una vez personado don Luis Alonso Fernández, representado por el Procurador de los Tribunales don José Luis Granizo y García-Cuenca, la Sección acuerda, por providencia de 29 de febrero de 1984, darle vista de las actuaciones, exceptuando las alegaciones del recurrente, Abogado del Estado y Ministerio Fiscal, a fin de que, en el plazo de veinte días, formule las alegaciones que estime pertinentes.
10. El Procurador de los Tribunales don José Luis Granizo y García-Cuenca, en escrito presentado el 2 de abril de 1984, interesa de este Tribuna la denegación del amparo solicitado o subsidiariamente, en caso de que fuera concedido, se declare el derecho de su representado a ostentar la condición de funcionario público en tanto se dicte nueva Sentencia por la Audiencia Nacional.
1. La cuestión planteada en la demanda de amparo estriba en determinar si, en el presente caso, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la interposición, por don Luis Alonso Fernández, de un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Ministerio de Cultura de 5 de agosto de 1980 pudo servir de emplazamiento al hoy recurrente en amparo, de conformidad con lo establecido en los arts. 60 y 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o si dicha forma de emplazamiento ha vulnerado el art. 24.1 de la Constitución que garantiza el derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
3. Es preciso señalar que la cuestión debatida a lo largo del procedimiento que ha dado lugar a la Sentencia impugnada se reduce a determinar cuál de los dos opositores, don Luis Alonso Fernández o don Juan Antonio Aguirre, debía ser nombrado funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Por Orden ministerial de 31 de marzo de 1980 se nombró funcionario, de acuerdo con la propuesta realizada por el Tribunal que juzgó las oposiciones, a don Luis Alonso, quien fue posteriormente excluido y sustituido por don Juan Antonio Aguirre por resolución del Ministerio de Cultura de 5 de agosto de 1980, que decidió el recurso de reposición interpuesto por este último opositor. Notificada la mencionada resolución a los interesados, advirtiéndoles de la posibilidad de interponer contra la misma el pertinente recurso contencioso-administrativo, el opositor afectado por ella, don Luis Alonso, recurre ante la Audiencia Nacional, quien dicta Sentencia declarando ajustada a Derecho la propuesta del Tribunal de la oposición, Sentencia en la que expresamente se menciona a don Juan Antonio Aguirre en el «resultando» de hechos probados.
Es obvio que, dada la naturaleza de la cuestión suscitada, don Juan Antonio Aguirre resultaba perfectamente identificable -y así se refleja en los Autos remitidos por la Audiencia Nacional- en su condición de persona legitimada como parte demandada. Por otra parte, entre la prueba documental solicitada -admitida y declarada pertinente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional- figura el expediente administrativo remitido por el Ministerio de Cultura que incluye, en primer término, el escrito de don Juan Antonio Aguirre interponiendo recurso de reposición contra la resolución del Tribunal que juzgó la oposición, y en él figura expresamente su domicilio en Madrid.
No obstante lo anteriormente expuesto, se publica en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 257, correspondiente al día 25 de octubre de 1980, el anuncio de la interposición del recurso contencioso-administrativo por don Luis Alonso Fernández a efectos de emplazamiento, y a partir de este momento sólo aparece en los autos constancia de las notificaciones realizadas a la representación del señor Alonso y al Abogado del Estado.
4. Dada las circunstancias que concurren en el presente recurso de amparo, el emplazamiento mediante edicto de don Juan Antonio Aguirre no responde al mandato constitucional de promover en la medida de lo posible el derecho a la defensa a través de un juicio contradictorio, y entraña una vulneración del art. 24.1 de la Constitución, por cuanto ha producido indefensión al interesado al privarle de la oportunidad de hacer valer sus derechos e intereses legítimos en el correspondiente proceso contencioso-administrativo.
En consecuencia, procede el otorgamiento del amparo, declarando la nulidad de la Sentencia impugnada y retrotrayendo las actuaciones al momento en que se produjo la vulneración del derecho fundamental, haciendo compatible de esta forma el derecho a la tutela judicial efectiva, invocada por la representación de don Luis Alonso Fernández, con el derecho a la defensa del hoy recurrente en amparo que también ha de ser garantizado con independencia de la pretensión de fondo debatida y su fundamentación.
Otorgar el amparo solicitado por el Procurador de los Tribunales don Enrique Brualla de Piniés, en nombre y representación de don Juan Antonio Aguirre García, y en su virtud:
1º. Declarar la nulidad de la Sentencia de 26 de febrero de 1982 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
2º. Restablecer al recurrente en la integridad de su derecho, retrotrayendo las actuaciones en los autos núm. 21.621 de la mencionada Sala al momento inmediatamente posterior al de interposición del recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Cultura de 5 de agosto de 1980, con el fin de que don Juan Antonio Aguirre García sea emplazado personalmente a efectos de que pueda comparecer en el referido recurso en concepto de demandado.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 473-1982
El derecho a la defensa, reconocido en el art. 24.1 de la C.E., se traduce en la exigencia de un juicio contradictorio en el que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos, por lo que, según doctrina reiterada de este Tribunal, el emplazamiento personal, al asegurar que la parte demandada pueda comparecer en juicio y defender sus posiciones frente a la parte demandante, se convierte en un instrumento imprescindible para garantizar tal derecho, de modo que el emplazamiento por edicto sólo vendría justificado si así lo exigiera el derecho a la tutela del demandante, que también debe ser garantizado.
En consecuencia, el emplazamiento personal resulta ineludible en el proceso contencioso-administrativo cuando los demandados sean conocidos e identificables a partir de los datos que se deduzcan del escrito de interposición del recurso o incluso del expediente administrativo.

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