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Timestamp: 2017-08-19 12:58:11+00:00

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Por qué se demandó el artículo 72
¿POR QUÉ AFIDRO DEMANDÓ EL ARTÍCULO 72 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO?
En las próximas semanas, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada por AFIDRO contra el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015, que contiene el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos para el período 2014-2018. En la siguiente entrevista, el presidente ejecutivo de Afidro, Gustavo Morales, explica las razones de esta demanda.
¿De qué trata el artículo 72?
El artículo 72 establece una nueva regulación de la figura conocida como “registro sanitario”, que como bien se sabe, es el permiso oficial que expide un Estado para que ciertos productos de impacto en la salud, puedan ser comercializados en el respectivo territorio. Por eso, en otros países se le llama también “autorización para el mercadeo”, y, según las normas vigentes, lo que evalúa el Estado antes de expedir el permiso, es que el producto sea seguro y eficaz. Es una evaluación técnica sobre los méritos del producto en relación con las propiedades que su fabricante le atribuye, y sobre si sus posibles efectos negativos son de tal magnitud que hacen desaconsejable su comercialización. En Colombia, esa evaluación le corresponde a un instituto técnico denominado INVIMA.
¿Y, entonces, qué es eso tan polémico o malo del artículo?
El problema es que el artículo 72 le dice al INVIMA que, aunque el producto examinado sea seguro y eficaz, tendrá que abstenerse de expedir o renovar el registro, a menos que se cumplan unos requisitos que nada tienen que ver con su carácter seguro y eficaz.
¿Y qué requisitos son esos?
En primer lugar, otra entidad, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), debe realizar la denominada “evaluación tecnológica” del producto, tras lo cual el Ministerio debe determinar el precio del producto con base en la referida evaluación. En otras palabras, sólo después de que se hayan surtido estos dos pasos – evaluación tecnológica y determinación del precio – podrá el INVIMA, según el artículo 72, expedir el registro sanitario.
O sea, el registro se va a demorar más; puede ser un problema, pero no al punto de ser inconstitucional
Para entender la manifiesta inconstitucionalidad del artículo 72, es importante entender qué es la “evaluación tecnológica”: es un análisis técnico, con base en el cual el IETS recomienda al Ministerio si un determinado medicamento o tecnología de salud debe ser cubierta con recursos públicos. En este contexto, es necesario recordar que no toda tecnología de salud autorizada para ser comercializada en un país tiene por qué ser pagada por el Estado y lo correcto es que exista una rigurosa evaluación tecnológica, ojalá independiente y confiable. Sin embargo, una respuesta negativa a la pregunta “¿debe el estado pagar ese producto?”, no debería impedir una respuesta positiva a la pregunta “¿puede venderse ese producto en Colombia?”. Imagínense que el Gobierno decidiera que, como no quiere comprar carros de la más alta gama para las entidades oficiales, entonces no pudiese nadie, de su bolsillo, adquirir carros de esa marca, por haber el Estado prohibido su entrada. Pues bien, esto es justamente lo que hace el artículo 72 respecto de los medicamentos.
¿Y el prerrequisito del precio también es problemático?
Lo es, y más o menos por las mismas razones. El hecho de que en un caso dado el Estado no haya determinado el precio de un medicamento, no debería impedir que pacientes que lo necesiten y quieran pagar por él, siendo seguro y eficaz, lo puedan hacer, aun cuando no exista un precio definido por el Estado para su comercialización. En Colombia, existe un creciente mercado de seguros privados de salud y el Estado no debería cerrarles la posibilidad de ofrecer los mejores productos, aún si el Estado mismo no está dispuesto a pagar por ellos. Esto, para no hablar del turismo médico internacional, o de los que, afortunados ellos, quieren pagar de su propio bolsillo. El artículo 72 cerraría esa posibilidad, y vuelve al Estado el determinador final de quién y a cómo se puede pagar, en todos los casos, aun cuando el producto no se esté financiando con recursos públicos.
Suena como el mundo al revés, ¿pero, por qué es inconstitucional?
Porque tanto la Corte Constitucional como la reciente Ley Estatutaria definen que el acceso a tecnologías de salud de calidad es un componente del derecho fundamental a la salud. El artículo 72 impide a un segmento significativo de la población, que podría acceder a esas tecnologías con recursos completamente privados, hacerlo en la práctica, pues le cierra la puerta al ingreso de tecnologías por el sólo hecho de que el Estado (que es uno de los muchos pagadores de tecnologías de salud), no quiera o no pueda pagar por ellas. Creemos que la alteración del orden de las etapas es, en sí misma, una decisión inconstitucional. Lo lógico, y lo constitucional, es que primero se defina la seguridad y eficacia del producto (registro sanitario) por parte del INVIMA, y luego se abra la discusión sobre la viabilidad de que el producto sea pagado por el Estado, a través de la evaluación tecnológica y, para los casos pertinentes, la subsiguiente determinación del precio.
¿Entonces por qué Congreso y Gobierno aprobaron esa norma?
Seguramente el Congreso la aprobó en un acto de fe, y con toda probabilidad, sin mucho conocimiento de lo que estaba votando. Si la norma subsiste, no estará lejano el día en que un congresista, cubierto con un seguro privado de salud, encuentre que en virtud de una norma aprobada por él, le será imposible acceder a una tecnología de punta. El Gobierno, por su parte, ha defendido la norma diciendo que, si bien AFIDRO tiene toda la razón conceptual y teórica, en la práctica, por culpa del abuso de la acción de tutela, toda nueva tecnología termina siendo financiada con recursos públicos. Por lo tanto, dice el Gobierno, se hace necesario cerrar la primera puerta de entrada a cualquier producto, hasta que no estemos seguros que el Estado lo puede y lo debe pagar.
¿Qué se puede decir frente a ese contundente argumento gubernamental?
Que no es contundente. Que no es ni siquiera un argumento. En primer lugar, para solucionar problemas financieros o de liquidez, no se puede atentar contra un derecho fundamental, especialmente si el alcance de ese derecho está definido en una ley que el Presidente de la República presentó personalmente a consideración del Congreso con gran fanfarria.
Pero, aún más importante, con la Ley Estatutaria debería ponerse fin a las tutelas que ordenan desarticuladamente el pago de nuevas tecnologías. La ley definió el alcance del derecho fundamental, y ahora, los jueces tendrán claro cuáles elementos comprende ese derecho y cuáles no. Así pues, solo debería haber tutelas para aquellos casos en los que se niegue una tecnología no incluida en la llamada “lista de exclusiones”.
En todo caso, para lidiar con ese desafío, es desproporcionado, y por lo tanto inconstitucional, impedirles a los colombianos acceder a productos seguros y eficaces que no le van a costar un peso al Estado.
¿Qué va a hacer el Gobierno si se cae el artículo 72?
Pues hay que preguntarle al Gobierno, pero lo que es claro es que no es el fin del mundo. Simplemente, las cosas volverían a la normalidad constitucional: el INVIMA le daría luz verde a aquellos medicamentos que sean seguros y eficaces, el IETS a renglón seguido evaluaría y recomendaría cuáles de esos productos ameritan ser financiados con recursos públicos, y, con base en esa y otras consideraciones, el estado aplicaría con rigor una política de precios, vinculante para aquellos agentes, públicos o privados, que administran recursos públicos. Entretanto, los colombianos que quieran y puedan, con su propio bolsillo, o a través de sus aseguradores privados, accederían sin restricción a productos previamente autorizados por el INVIMA.
¿No es eso inequitativo?
En Colombia está permitido un mercado de salud completamente privado. Por eso existen las pólizas de salud y las empresas de medicina prepagada. Cada vez que usted compra un analgésico en la farmacia de su barrio, le da vida a ese mercado privado. Quienes participan en él no se sustraen en ningún caso del sistema público, lo que hace al sistema colombiano uno de los más equitativos del mundo. No tiene sentido extenderle a ese mercado las restricciones propias del sistema público de salud, y, además, nunca es sano crear equidad por la vía de restringir derechos y acceso.
Bueno, y ¿si la Corte no acepta los argumentos de la demanda?
Acataremos con respeto la decisión de la Corte, cualquiera que ella sea, y seguiremos trabajando con el Gobierno en la mejor forma de garantizar la sostenibilidad del sistema sin afectar el derecho de los colombianos a acceder a la mejor tecnología en salud. Sin embargo, si no se declara la inconstitucionalidad del artículo, supondría un cambio de la jurisprudencia de la Corte, pues querría decir que ya el acceso a las mejores tecnologías en salud no es un componente de derecho fundamental a la salud.
Crecen las voces de preocupación por Declaratoria de Interés Público (DIP) de un medicamento en Colombia
Una de las más recientes es la del experto mundial en patentes, Meir Perez Pugatch quien ha publicado en medios internacionales un artículo en el cual considera que las medidas en Colombia sobre licencias obligatorias socavarán la construcción de una bioeconomía.
Eliminación de los CTC: La primera prueba de fuego de la Ley Estatutaria
Se debe garantizar que los usuarios reciban los medicamentos o/ procedimientos que requieran, sin la excusa de los problemas técnicos o humanos; y, por otra, que efectivamente se cumpla con el mandato de la autonomía médica, tal y como lo ordenó la Ley Estatutaria en Salud.
¿Necesita el sistema de salud una ley marco?
La reciente expedición de la Ley 1797 de 2016 es la noticia más importante para el sistema de salud, desde el punto de vista legislativo, en lo que va corrido del año.

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 ARTÍCULO 72
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