Source: http://absta.info/corte-suprema-de-justicia-sala-de-casacin-penal-v2.html
Timestamp: 2017-10-23 18:54:14+00:00

Document:
Corte Suprema de Justicia IMPEDIMENTO TUTELA 34867
Aprobada acta número 004
Bogotá D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil ocho (2008).
Resuelve la Sala la manifestación de impedimento de los magistrados MARTHA LUCIA TAMAYO VÉLEZ, JORGE ENRIQUE TORRES ROMERO, JOSÉ JUAQUIN URBANO MARTÍNEZ, ÁLVARO VALDIVIESO REYES, JOSÉ IGNACIO SOTO CANO, JUAN MARTÍN SUÁREZ, JAIRO JOSÉ AGUDELO PARRA, JUAN IVÁN ALMANZA, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, JAVIER ARMANDO FLETSCHER, NANCY YANIRA MÚÑOZ, DAGOBERTO HERNÁNDEZ PEÑA Y ALBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ, dignatarios de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en la acción de tutela instaurada por el doctor FRANCISCO ARTURO PABON GÓMEZ, contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, EL MINISTERIO DE HACIENDA y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
1. Francisco Arturo Pabón Gómez, actualmente Juez 11 Penal Municipal de Bogotá, presentó demanda de tutela en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por considerar que al expedir el Decreto 610 de 1998 -“Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”-, vulneraron los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y al trabajo, así como los principios de equidad y justicia, incurriendo de paso en una violación a la Ley 4ª de 1992.
2. Afirma que el Decreto 610 de 1998 revisó únicamente el sistema de remuneración de algunos funcionarios y empleados de la Rama Judicial -los Magistrados, incluyendo magistrados auxiliares de altas Corporaciones-, sin tener en cuenta que, según el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la revisión del esquema salarial debía comprender a todos sus integrantes.
3. Sostiene que la norma reglamentaria constituye “…una clara discriminación, contraria al artículo 13 de la Constitución Política que tutela el derecho a la igualdad con la consecuencia de aumentar aún más la brecha existente entre los niveles salariales, especialmente entre magistrados y jueces.” En ese mismo sentido, también señala que tal disposición “…desconoce del(sic) contenido del parágrafo único del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, del derecho constitucional fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios actuales, y el de igualdad en las relaciones laborales establecido en el artículo 53 e igualmente constituye violación a los principios de igualdad y justicia, susceptibles de control constitucional mediante la acción de tutela.”
4. Solicita, por tanto, “…se ordene al Gobierno Nacional modificar, adicionar o corregir el decreto 610 de 1998, por medio del cual en cumplimiento de las normas generales de la Ley 4ª de 1992, revisó el sistema de remuneración de los Magistrados, para que en dicha revisión se incluyan mi cargo de Juez Penal Municipal con funciones de conocimiento, así como los cargos de los demás funcionarios de la Rama Judicial”.
La demanda fue presentada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y asignada el 15 de noviembre de 2007 al despacho de la Magistrada Martha Lucia Tamayo Vélez, quien mediante auto del día 20 de ese mismo mes y año, y en aplicación del numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, se declaró impedida, aduciendo ser beneficiaria del Decreto que el accionante pretende se modifique.
Por esa misma razón, el 21 de noviembre del año referenciado, se declaró impedido el magistrado Jorge Enrique Torres Romero -quien seguía en turno a la anterior magistrada-. Pasó el asunto al despacho del Magistrado José Joaquín Urbano Martínez, que también adujo el precitado motivo, adicionando el de ser su esposa actualmente juez laboral y, por ello, tener la posibilidad de resultar beneficiada, de concederse las pretensiones del demandante, -auto de 23 de noviembre de 2007-. Se trasladó el diligenciamiento al despacho del Magistrado Álvaro Valdivieso Reyes, quien adujo la misma razón -su cónyuge se desempeña como fiscal seccional- (auto de noviembre 27 de 2007).
Finalmente, la actuación fue asumida por el despacho del Magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, que por medio de auto de fecha 29 de noviembre de 2007 la avocó, solicitando a la autoridad accionada pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la demanda, lo que en efecto suscedió por intermedio del Ministerio de Hacienda -3 de diciembre-, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Interior y de Justicia -4 de diciembre- y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República -7 de diciembre-.
Posteriormente, el 5 de diciembre de 2007, el magistrado José Ignacio Soto Cano manifestó a su homólogo sustanciador, su impedimento para intervenir dentro del proceso de tutela, aduciendo la configuración de la causal descrita en el numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 -“ interés en la actuación procesal”-. El 12 de diciembre siguiente, el doctor Juan Martín Suárez Quevedo, se sumó a la expresión de impedimento.
Seguidamente el magistrado sustanciador, el 11 de diciembre de 2007, advirtiendo haber asumido conocimiento de la demanda, sin antes pronunciarse sobre los impedimentos expuestos, revocó el auto de 29 de noviembre mediante el cual la avocó. El 12 siguiente profirió auto con el fin de convocar a los magistrados que seguían en turno a fin de integrar la Sala que se pronunciaría sobre la demanda, y, para efectos de dar celeridad al diligenciamiento, remitió sendos oficios a todos los magistrados que aún no habían declarado su impedimento.
El 13 de diciembre del 2007 el magistrado Jairo José Agudelo Parra se pronunció sobre la convocatoria realizada por el magistrado sustanciador, considerándose impedido para intervenir en ella, aduciendo la causal del numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. En esa misma fecha y por idéntica razón, manifestaron su impedimento los magistrados Juan Iván Almanza Latorre, Fernando Alberto Castro Caballero, Javier Armando Fletscher, Nancy Yanira Muñoz, Dagoberto Hernández Peña y Alberto González Gómez
Ese mismo día los magistrados Jorge del Carmen Rodríguez Cárdenas y Fernando Adolfo Pareja Reinemer aceptaron conformar la Sala que resolvería la demanda interpuesta.
El 14 de diciembre de 2007 la Sala integrada por los magistrados Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, Max Alejandro Flórez Rodríguez y Sara Cepeda de Nope, determinaron aceptar el impedimento expresado por los magistrados José Joaquín Urbano Martínez y Álvaro Valdivieso Reyes, negando el que fuera expuesto por los demás dignatarios de esa Corporación, razón por la cual remitiero las diligencias a la Corte Suprema de Justicia, para que dirimiera el asunto.
En el ordenamiento jurídico vigente tiene especial importancia el instituto de los impedimentos en la medida en que se erige como una garantía que les brinda seguridad a los ciudadanos que acuden a los estrados judiciales acerca de la imparcialidad e independencia de los funcionarios que conocen de los asuntos en los cuales se encuentran involucrados. Correlativa con esa garantía, la ley ha establecido el deber de los funcionarios judiciales de manifestar la concurrencia de algunos de los supuestos de hecho que el legislador ha consagrado taxativamente como motivos de impedimento para que un juez pueda intervenir en un específico asunto. En efecto tal y como ha entendido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la doctrina nacional, la figura del impedimento permite que un juez que conoce de un proceso, abandone la dirección de ese caso si considera que existen límites legales que le imposibilitan actuar con imparcialidad e independencia.
En el contexto propio de la acción de tutela, el legislador extraordinario determinó que las causales de impedimento serían las mismas del Código de Procedimiento Penal -artículo 39 del Decreto 2591 de 1991-. Por ello, es posible observar que, en orden a lo anterior, en el sub júdice los magistrados que se declararon impedidos para conocer la presente demanda de tutela, adujeron al unísono la causal prevista en numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004:
“Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la ACTUACIÓN PROCESAL.” Negrillas y mayúsculas fuera de la original.
Según ellos, el hecho de beneficiarse con los efectos del Decreto 610 de 1998, o tener familiares que pueden, de concederse las pretensiones del demandante, resultar favorecidos con tal decisión, les impide obrar con imparcialidad en el proceso de tutela, dado el interés que necesariamente surgiría.
Sin embargo, como se puede observar en la causal que ha sido invocada, la misma sólo se configura cuando está de por medio una “actuación procesal”, y, para que ello exista, es necesario que la acción que se interponga pueda nacer a la vida jurídica, es decir, sea procedente, ejercitable, en todo caso merecedora de atención por el juez encargado de su conocimiento, en este caso, el de tutela. En tal sentido, si la actuación procesal no tiene la idoneidad de nacer como tal, tampoco podría surgir un interés de los jueces encargados de su trámite, pues por una razón de lógica simple, aquello que no nace tampoco puede desarrollarse.
Es por ello que no cabe en el sub lite un pronunciamiento de fondo sobre los impedimentos expresados por los magistrados que han rehusado conocer la acción de tutela interpuesta por Francisco Arturo Pabón Gómez, pues indiscutible se muestra que la misma se dirige a cuestionar los efectos de un acto administrativo de carácter general y abstracto, como lo es el Decreto 610 de 1998 “Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”. No de otra forma se puede entender la pretensión que persigue el actor:
“…se ordene al Gobierno Nacional modificar, adicionar o corregir el decreto 610 de 1998, por medio del cual en cumplimiento de las normas generales de la Ley 4ª de 1992, revisó el sistema de remuneración de los Magistrados, para que en dicha revisión se incluyan mi cargo de Juez Penal Municipal con funciones de conocimiento, así como los cargos de los demás funcionarios de la Rama Judicial”.
Es claro que el demandante no sólo invoca la protección de sus derechos, sino que abarca en su acción la representación de todos los “…demás funcionarios de la Rama Judicial”, a quienes considera afectados por el Decreto 610 de 1998, expedido por el Gobierno Nacional, cuestión que se explica dada la naturaleza del acto administrativo que cuestiona: general y abstracto.
Siendo así, está claro que se configura una causal que impide el ejercicio de la acción de tutela y, por ende, su conocimiento por parte de la judicatura. Ello es así, pues según el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991:
“5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.” -Negrillas y mayúscula-.
Según la redacción expresa de la norma, si la demanda se centra en atacar un acto de carácter general, impersonal y abstracto, tal como sucede en el sub júdice, simplemente la acción no procede, y ello, en otras palabras, significa que no puede nacer a la vida jurídica o generar una actuación procesal.
De tal manera que la posibilidad de acudir al Estado y más específicamente a la Administración de Justicia, no puede ejercerse si se configuran los eventos contemplados por el legislador extraordinario en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. La limitación expuesta recae, no sobre la pretensión, sino en la sustracción de la posibilidad de accionar o poner en movimiento el órgano judicial, cuestiones muy distintas como de antaño lo ha dilucidado la doctrina. En ese sentido, según el profesor Hernando Morales M.,
"De esta manera consideramos la acción como un derecho abstracto, en el sentido de que prescinde y se distingue perfectamente del derecho material concreto, pues puede accionar procesalmente provocando la intervención de los órganos de jurisdicción, aun quien no posee derecho material que hacer valer. Y desde luego, como un derecho cívico o público por cuanto tiene por objeto lograr la prestación positiva del Estado.”1
Siendo la acción, entonces, un "derecho" o "poder" jurídico que se ejerce frente al Estado -en sus órganos jurisdiccionales- para reclamar la actividad jurisdiccional, cuando expresamente el legislador restringe su ejercicio, como sucede en el evento contemplado en el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no es factible que la litis se componga, y, por lo tanto, tampoco puede emerger algún tipo de interés de los jueces en un asunto que simplemente y por obvias razones, tampoco se puede tramitar.
Por lo anterior, resulta inoficioso pronunciarse sobre los impedimentos expuestos por los magistrados que han rehusado intervenir en la actuación procesal generada con ocasión a la demanda presentada por Francisco Arturo Pabón Gómez, en tanto la misma, por su contenido, no tiene la capacidad de poner en moviendo el aparato judicial. En ese sentido, el Magistrado a quien correspondió por reparto deberá realizar el pronunciamiento respectivo, sin que ello implique, como se ha expuesto en extenso, el surgimiento de una actuación procesal y, con ello, la posibilidad de que se configure un interés en la misma.
ABSTENERSE de emitir pronunciamiento sobre los impedimentos formulados por los doctores MARTHA LUCIA TAMAYO VÉLEZ, JORGE ENRIQUE TORRES ROMERO, JOSÉ JUAQUIN URBANO MARTÍNEZ, ÁLVARO VALDIVIESO REYES, JOSÉ IGNACIO SOTO CANO, JUAN MARTÍN SUÁREZ, JAIRO JOSÉ AGUDELO PARRA, JUAN IVÁN ALMANZA, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, JAVIER ARMANDO FLETSCHER, NANCY YANIRA MUÑOZ, DAGOBERTO HERNÁNDEZ PEÑA Y ALBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior Bogotá.
Reintégrese el diligenciamiento al despacho a quien le fue inicialmente asignado por reparto, de conformidad con la parte considerativa de la presente decisión.
Notificar esta decisión, de conformidad con lo señalado por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
Contra la presente decisión, no procede ningún recurso.
1 Morales M, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, cuarta edición, Bogotá, Ediciones Lerner, 1960, p. 151.

References: artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 53
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 16