Source: https://3ta.cl/demandas-de-reparacion-por-dano-ambiental/
Timestamp: 2018-02-26 01:17:06+00:00

Document:
1 D-5-2015
Expediente electrónico Jaque Blu, Juan Carlos y Otro con Inmobiliaria Quilamapu Ltda. y Otro.
Síntesis D-5-2015
Tribunal rechazó la demanda de reparación de daño ambiental, fundamentalmente porque al analizar y ponderar la prueba rendida en el juicio, conforme a las reglas de la sana crítica, llego a la convicción de que el daño alegado por la demandante no tiene el carácter de ambiental, no reuniendo las características que al respecto establece la letra e), del artículo 2° de la Ley N° 19.300.
A mayor abundamiento, este Tribunal determinó que las alegaciones formuladas por la demandante, relativas a los riesgos inminentes a la salud y a la calidad de vida, no fueron probadas; y que de haber sido probadas, solo se refieren a los que se derivan de la supuesta afectación al derecho de dominio sobre el inmueble de la demandante, y no del medio ambiente dañado.
Sentencia D-5-2015.
30 de mayo de 2015 Michael Hantke Domas
2 D-3-2014
Expediente electrónico I.Municipalidad de Río Negro con Seimura Carrasco Valdeavellano
Síntesis D-3-2014
Tribunal acogió la demanda de reparación por daño ambiental, interpuesta por la Ilustre Municipalidad de Río Negro en contra de doña Seimura Carrasco Valdeavellano.
Como alegación principal de la Municipalidad, ésta señaló que en junio del año 2014, el sector de Chifín Bajo (comuna de Río Negro, Región de Los Lagos) se inundó por el desvío del río Chifín, producto de la destrucción de la ribera del inmueble de la demandada. A juicio de la demandante, esta situación se habría originado a raíz de la extracción de áridos realizada desde el inmueble de la demandada, actividad que habría generado la inundación de las viviendas aledañas, así como la destrucción de sus cimientos y enseres.
En cuanto a la responsabilidad en la generación del daño ambiental alegado, el Tribunal determinó que la demandada actúo negligentemente al desarrollar la actividad de extracción de áridos, ya que no gestionó ni controló adecuadamente las faenas extractivas, ocasionando la pérdida de capacidad del área ribereña del inmueble para contener el río Chifín, transformándose en un pretil. A mayor abundamiento, dicho actuar negligente de la demandada ocasionó la ruptura de la ribera del inmueble de su propiedad durante junio del año 2014, permitiendo el desvío del cauce del río Chifín del sector Chifín Bajo.
Desde otro punto de vista, el Tribunal estableció que la conducta negligente de la demandada –descrita precedentemente- ocasionó una afectación al ecosistema (ribera izquierda del río Chifín), específicamente un daño al sistema fluvial, al haber este perdido, en dos partes, y en la bocatoma del canal, la estructura y función de la ribera, en el inmueble de la demandada. A mayor abundamiento, dicha situación ocasionó un menoscabo al ecosistema señalado, tanto para proveer servicios ecosistémicos, como para asegurar la permanencia y capacidad de regeneración de esos componentes.
En la parte resolutiva de la sentencia comentada, se ordenó la paralización de las faenas extractivas, hasta que dicha actividad sea evaluada favorablemente por el Sistema de Evaluación Ambiental. Además, el Tribunal ordenó a la demandada a realizar un conjunto de acciones que tienen por objeto reponer el medio ambiente a una calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado; la principal acción recae en restituir las condiciones de la ribera izquierda del río Chifín en zona colindante con inmueble de su propiedad, con material de iguales características que la ribera remanente.
Sentencia D-3-2014.
Audiencia de alegatos. 21 de Junio de 2016 Michael Hantke Domas
3 D-13-2015
Expediente electrónico Justo Miranda Vera y otro con Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
Síntesis D-13-2015
Tribunal resolvió acoger la demanda de reparación por daño ambiental, presentada por los señores Justo Miranda Vera y Juan Andrés Miranda Millachine en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales.
En términos generales, los demandantes sostuvieron que adyacente al inmueble de su propiedad, se ubica el predio de la Municipalidad de Puerto Natales, el que es utilizado desde el año 1996 como Vertedero Municipal, no cumpliendo con las normas legales y reglamentarias que regulan dicha actividad. Producto de lo anterior –argumentaron los demandantes-, su propiedad ha sufrido un daño ambiental considerando la voladura de bolsas plásticas, malos olores, plagas y animales, provenientes desde el Vertedero Municipal.
En relación al Decreto Supremo N° 189, de 05 de enero de 2008, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios, el Tribunal tuvo por acreditado que la operación y ejecución del Vertedero Municipal no dio cumplimiento a dicho Reglamento, considerando –fundamentalmente- que la propia Municipalidad reconoció el incumplimiento al Decreto Supremo N° 189 al informar el Recurso de Protección presentado en su contra, de fecha 19 de septiembre de 2014. Además, durante la audiencia de alegatos, el propio abogado de la Municipalidad reconoció que el Vertedero Municipal estaba funcionando al margen de lo establecido en el Decreto referido.
Respecto al daño ambiental, y considerando –fundamentalmente- la prueba documental (imágenes) acompañada en autos, se determinó –por el Tribunal- que los desechos domiciliarios depositados en el Vertedero no se cubrieron con la regularidad adecuada, ocasionando dicha situación, sumado a la existencia de vientos en dicho lugar, que los desechos descubiertos se trasladarán hasta la propiedad de los demandantes, ocasionándose un daño ambiental, ya que las bolsas plásticas y restos de desechos domiciliarios se incrustaron en la vegetación.
El Tribunal ordenó a la demandada la realización de determinadas acciones tendientes a reponer el medio ambiente a una calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado, destacando entre dichas acciones la relativa a efectuar labores de limpieza, extracción y retiro de desechos provenientes del Vertedero Municipal, que se encuentren tanto en el suelo como en las especies arbóreas del inmueble de los demandantes, debiendo la Municipalidad informar de dichas labores a la Autoridad Sanitaria.
Sentencia D-13-2015.
Rol Corte Suprema: 47890-2016
Audiencia de alegatos. 08 de julio de 2016 Michael Hantke Domas
4 D-16-2016
Expediente electrónico Tito Aburto Mora y otros con Hera Ecobio S.A y otro
Síntesis D-16-2016
A modo de contexto, cabe señalar que un conjunto de habitantes de la comuna de Chillán Viejo (VIII Región) interpusieron una demanda de reparación de daño ambiental en contra de la empresa Biodiversa S.A, a raíz del funcionamiento y operación del relleno sanitario “Centro Integral de Tratamiento Ambiental Fundo Las Cruces: Cita Ecobio S.A”, ubicado en la comuna recientemente aludida. Para un mejor entendimiento del caso, cabe destacar que en principio la demanda fue presentada en contra de Biodiversa S.A y también en contra de la empresa Hera Ecobio S.A, sin embargo, con posterioridad la demanda fue rectificada, deduciéndose solo en contra de Biodiversa S.A.
En síntesis, los Demandantes sostuvieron que desde el año 2010 el relleno sanitario ha recibido desechos tóxicos desde fundiciones mineras, los que contienen arsénico, para su disposición final, sin contar con ningún tipo de autorización o permiso ambiental que habilite a que el proyecto reciba y opere con ese tipo de sustancia. En este orden de ideas, alegaron que el funcionamiento del relleno sanitario vulnera el D.S N° 148/2003 del Ministerio de Salud, que establece Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, el D.S N° 189 del mismo Ministerio, que establece el Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios, además de la RCA N° 245/2003 de la Comisión Regional del Medio Ambiente (VIII Región), ya que –a grandes rasgos- el relleno sanitario no posee las condiciones ni los requisitos legales ni técnicos para recibir y realizar la disposición final de sustancias peligrosas como es el caso del arsénico. A su juicio, el relleno sanitario ha ocasionado graves afectaciones y efectos nocivos en el medio ambiente, principalmente en los componentes ambientales agua y suelo, que se han manifestado –por ejemplo- en el derrame de líquidos percolados.
En definitiva, el Tribunal decidió (dos votos contra uno) rechazar la acción deducida, fundamentando su resolución en un aspecto de forma, ya desestimó la demanda al acoger la excepción perentoria de falta de legitimación pasiva –alegada por la Demandada-, teniendo presente que Biodiversa S.A no es titular del proyecto que ejecuta el relleno sanitario, ya que las RCA respectivas figuran a nombre de Ecobio S.A. En ese sentido, tuvo en consideración que Biodiversa S.A no es dueña ni poseedora del terreno donde funciona el relleno sanitario, además, han existido procedimientos administrativos y litigios ocasionados a raíz de la operación del proyecto, los que se han seguido (todos) en contra de Ecobio S.A. El Tribunal otorgó especial relevancia a que los Demandantes no solicitaron expresamente el levantamiento del velo corporativo en relación al grupo de sociedades vinculadas con Ecobio S.A, en consecuencia, consideró que los Demandantes no justificaron porqué Ecobio S.A sería una “sociedad de papel”, creada supuestamente por Biodiversa S.A para eludir responsabilidades, concluyendo –el Tribunal- que se encuentra impedido de emitir pronunciamiento respecto a la responsabilidad de Biodiversa S.A, ya que dé así hacerlo incurriría en un vicio de ultra petita.
Respecto al voto de minoría del Ministro Sr. Michael Hantke, cabe destacar que si bien decidió rechazar la demanda en todas sus partes, no fue de la opinión de acoger la excepción perentoria de falta de legitimación pasiva, señalando –a grosso modo- que en materia ambiental no es procedente discutir la legitimación pasiva antes de determinar previamente el daño demandado. Complementando lo anterior, sostuvo que el no ser dueño o poseedor del inmueble donde se ejecuta un proyecto determinado, o no ser titular de una Resolución de Calificación Ambiental, no son circunstancias que permitan descartar a priori la legitimación pasiva del supuesto responsable de daño ambiental, teniendo presente que el artículo 51 de la Ley N° 19.300 no establece limitaciones en cuanto al sujeto pasivo de la acción reparatoria ambiental, al establecer que “Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo……”.
Es más, el Ministro Hantke estimó que Biodiversa S.A tenía el control de las operaciones del relleno sanitario, por lo menos entre los años 2014 a 2016, fundándose en los diversos recortes y copias de medios de comunicación de la zona (Diario “La Crónica” de Chillán, fundamentalmente), que fueron acompañados por los Demandantes, los que dan cuenta de múltiples declaraciones de gerentes y ejecutivos de Biodiversa S.A, manifestando su compromiso y disposición en orden a efectuar mejoras en el relleno sanitario, debido a problemas que este generó durante los años señalados, y que repercutieron en el medio ambiente. Además, consideró que fue Biodiversa S.A quién encargó los estudios e informes físico-químicos que se acompañaron en autos por la Demandada.
Sin perjuicio de lo anterior, determinó que los Demandantes no acreditaron la existencia de daño ambiental imputable a Biodiversa S.A, generado a raíz de la recepción y disposición final de desechos tóxicos con contenido arsenical. En este sentido, se basó en diversos informes acompañados por la Demandada, los que dan cuenta de niveles de arsénico (en el sitio y periferia del relleno sanitario) dentro de rangos normales, es decir, dentro de los parámetros establecidos tanto en normas nacionales como internacionales.
Sentencia D-16-2016.
Rol Corte Suprema: 37140-2017
Audiencia de alegatos. 11 de julio de 2017 Roberto Pastén Carrasco
5 D-24-2017
Expediente electrónico Comité de Defensa Patrimonial de Los Ángeles con I.Municipalidad de Los Ángeles
Síntesis D-24-2017
En este caso, el Comité de Defensa Patrimonial de Los Ángeles interpuso ante el Tribunal demanda de reparación por daño ambiental en contra de la I.Municipalidad de los Ángeles, fundando su acción en que el ente municipal ocasionó un daño ambiental al ser responsable de la demolición del interior y parte de la fachada del inmueble “Edificio Ohiggins”, ubicado en la ciudad de los Ángeles, y de propiedad de la Municipalidad referida.
A grandes rasgos, el Comité argumentó que la Municipalidad incumplió el Plan regulador vigente –entre otras normas-, ya que ordenó modificar un inmueble de especiales características (“conservación histórica parcial”) en términos que vulneran dicha normativa, la que permite efectuar solo reparaciones menores, en cambio, la Municipalidad ordenó la demolición de la estructura interna del edificio y de parte de la facha. Por otra parte, sostuvo que las obras efectuadas en el edificio debieron someterse a evaluación ambiental, ya que el inmueble es de carácter patrimonial.
Respecto a los pronunciamientos de fondo emitidos por el Tribunal, destaca el que otorgó la calidad de patrimonio cultural al “Edificio Ohiggins”, producto de que la propia Municipalidad al dictar la Ordenanza que aprobó el Plan regulador otorgó a dicho edificio el carácter de “inmueble de conservación histórica parcial”, conforme lo autorizado por el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Atendida la definición amplia de medio ambiente establecida en la letra ll) del artículo 2° de la Ley N° 19.300, el Tribunal determinó que dentro de dicha definición queda comprendido el patrimonio cultural, tal como fue establecido en el Dictamen N° 4.000 de la Contraloría General de la República, determinando –en definitiva- que la protección ambiental debe comprender los recursos de valor natural como de valor patrimonial o de naturaleza sociocultural. En este orden, y considerando que el “Edificio Ohiggins” fue reconocido en el Plan Regulador como un recurso de valor patrimonial, estimó que es un elemento o componente del medio ambiente, por ende, existe la posibilidad que sobre este se produzca un daño ambiental, lo que sí ocurrió en el presente caso, ya que conforme a la prueba rendida en juicio, consta que el “Edificio Ohiggins” se destruyó en gran parte de su interior y en parte de su fachada, afectando su valor arquitectónico, acarreando la vulneración del Plan Regulador comunal, y del Estudio de inmuebles y zonas de conservación histórica complementario. Complementando lo anterior, el Tribunal estimó que los daños ocurridos en el edificio afectaron sus elementos estilísticos, de representatividad, singularidad y morfología, reuniendo dichos daños –ambientales-, en consecuencia, el carácter de significativo exigido en la letra e) del artículo 2° de la Ley N° 19.300.
Considerando todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal acogió la acción deducida por el Comité, y condenó a la Demandada a reparar materialmente el daño ambiental causado; en síntesis, ordenó que la Municipalidad modificará el proyecto “Reposición y reparación mayor dependencias municipales de Los Ángeles”, con el objeto que este cumpla las disposiciones del Plan Regulador, y del Estudio de inmuebles y zonas de conservación histórica; además, ordenó ejecutar obras de reparación y restauración del “Edificio Ohiggins”, y restituir la parte del inmueble destruida, con el objeto que este recupere las calidades arquitectónicas que le dan valor como “inmueble de conservación histórica parcial”.
Sentencia D-24-2017.
Audiencia de alegatos. 30 de noviembre de 2017 Sibel Villalobos Volpi
6 D-17-2016
Expediente electrónico Ilustre Municipalidad de Ancud con Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y otros
Síntesis D-17-2017
A modo de contexto, cabe señalar que la Ilustre Municipalidad de Ancud presentó demanda de reparación por daño ambiental en contra de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Grosso modo, la demandante argumentó que tanto Directemar como Sernapesca autorizaron de manera ilegal el vertimiento de hasta 9.000 toneladas de salmones en estado de descomposición a un conjunto de empresas acuícolas, en la jurisdicción marítima de Puerto Montt; sostuvo que dichas autorizaciones vulneraron las disposiciones establecidas en el Protocolo de Londres del año 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias de 1972, y que además, las autorizaciones se fundaron en informes técnicos elaborados por Sernapesca, los que adolecen –a su juicio- de graves deficiencias metodológicas y científicas. En síntesis, alegó que el vertimiento generó contaminación en las aguas marinas y muerte de diversas especies marinas, adicionalmente, los efectos se evidenciaron en el ámbito económico-social, ya que –a su juicio- la contaminación impidió la extracción de productos marinos durante varios meses.
Respecto a aspectos de forma, el Tribunal rechazó tanto la excepción de falta de legitimación activa de la demandante, como la excepción de falta de legitimación pasiva de Sernapesca; en cuanto a la primera, el Tribunal estimó que si bien las Municipalidades cuentan con titularidad para ejercer la acción por daño ambiental respecto de “…los hechos acaecidos en sus respectivas comunas…” (Art. 54 LBGMA), no necesariamente el hecho que genera el daño ambiental debe originarse dentro de los límites territoriales de la comuna, ya que lo relevante es que los efectos ambientales pueden expandirse tanto dentro como fuera de dichos límites, por lo que la hipótesis del Art. 54 otorga a las Municipalidades el derecho para deducir la acción judicial respecto de hechos que tienen su origen fuera de los límites de sus comunas, pero cuyos efectos ambientales puedan generarse dentro de sus límites, concluyendo –el Tribunal- que la demandante si posee legitimación activa para deducir la acción en sede judicial; respecto a la segunda excepción, el Tribunal consideró que Sernapesca intervino en el procedimiento de autorización de vertimiento mediante la realización de 2 informes técnicos que sirvieron de sustento para la decisión de Directemar, cuestión que no fue negada ni controvertida por Sernapesca, entendiendo –el Tribunal- que dicho órgano puede ser calificado como legítimo contradictor, ya que éste tuvo participación directa en los hechos que sustentan la base de la demanda, por lo que la alegación de falta de legitimación pasiva –respecto a Sernapesca- fue desestimada.
Respecto al fondo de la controversia, el Tribunal estimó que el peso de prueba recae en la demandante, es decir, la Municipalidad de Ancud debió acreditar en la oportunidad procesal respectiva los hechos que sustentan su demanda, conforme a lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil. Considerando las presentaciones realizadas durante el transcurso del procedimiento, y las alegaciones formuladas durante la audiencia de estilo, el Tribunal determinó que la parte Demandante solo presentó pruebas destinadas a acreditar el punto de prueba N° 3, relativo a la época o período desde el cual se produjo la manifestación evidente del daño ambiental alegado, pero no presentó prueba documental, testimonial o de otro tipo a los puntos de prueba (N° 1 y 2) que versan sobre la afectación a los componentes ambientales de las aguas marinas, y a los servicios ecosistemicos que provee la costa adyacente de la comuna de Ancud.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal examinó la prueba acompañada por la Demandante al punto de prueba N° 3, concluyendo que ésta versa sobre artículos periodísticos, fotografías, artículos científicos, entre otros; documentos que carecen del sustento científico necesario para que el Tribunal pueda tener por acreditado el daño ambiental alegado.
Por otra parte, el Tribunal estimó que solo puede declarar la existencia y ordenar la reparación del daño ambiental que tenga el carácter de significativo, conforme a lo establecido en la letra e) del artículo 2° LBGMA, y que la parte demandante debe acreditar los elementos que permitan dar por acreditado el daño ambiental, relativos a la identificación de los componentes del medio ambiente afectado, la precisión del ecosistema al que el componente afectado pertenece, nexo de causalidad entre la acción u omisión y el daño ambiental, y por último, la significancia de dicho daño, elementos que no fueron acreditados en este caso –a juicio del Tribunal-. Complementando lo anterior, señaló –el Tribunal- que el daño ambiental alegado no puede ser considerado como un hecho público y notorio, y que por tanto, deba relevarse de prueba –como lo pretende la Demandante-, ya que dicho daño debe ser objeto de evidencia suficiente, conforme a lo ya señalado.A mayor abundamiento, el Tribunal estimó que si bien es un hecho público y notorio la ocurrencia de episodios de florecimiento de algas nocivas o “marea roja” en las regiones de Los Lagos y Aysén, a partir de febrero del año 2016, estos hechos por sí solo no permiten dar por acreditado el daño ambiental alegado, considerando además la inactividad probatoria de la Demandante en cuanto a acreditar los elementos constitutivos del daño ambiental.
Conforme a lo expuesto, el Tribunal rechazó en todas sus partes la demanda deducida.
Sentencia D-17-2016.
Audiencia de alegatos. 28 de diciembre de 2017 Michael Hantke Domas

References: artículo 2
 resolución 
 Resolución 
 artículo 51
 artículo 60
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1698
 artículo 2