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Timestamp: 2020-07-07 22:16:42+00:00

Document:
Memòria Repressió Franquista.: 05/10/08 - 12/10/08
El vicepresidente canario muestra su "sorpresa" por la investigación abierta por cohecho.
EFE - Madrid - 08/10/2008 11:00
Ordinas tirará de la manta
La ex alto cargo del Gobierno Matas promete colaboración total con la Justicia
PÚBLICO - Palma - 07/10/2008 22:47
Antonia Ordinas, ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), tirará de la manata. Es el mensaje que subyace bajo su promesa de “colaboración total” con la justicia en la investigación sobre la trama de corrupción organizada durante el último gobierno del conservador Jaume Matas y en la que, de momento, aparece como la principal imputada por cohecho y malversación.
Ordinas hizo su anuncio de cooperación absoluta tras declarar nuevamente ante la juez instructora del caso y antes de volver a prisión, donde permanece desde el jueves junto con su esposa, Isabel Rosselló, y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene.
Fue precisamente la anterior declaración de Ordinas, vertida el pasado sábado, la que dio un giro drástico al caso. La ex gerente del Consorcio, en cuya casa halló la Policía 240.000 euros enterrados en el jardín, implicó al ex conseller de Industria y Comercio, Josep Joan Cardona. Ordinas contó a la juez que Viaene exigía la mitad de las comisiones ilegales porque una parte iba al bolsillo de Cardona.
La esposa de Ordinas, Isabel Rosselló, también declaró este martes. Según algunas fuentes, del contenido de su declaración podría depender que la Fiscalía actuase contra Cardona, quien se mantiene en su cargo de diputado autonómico y en el de presidente del PP en Ibiza y Formentera.
El PP balear desplegaba sus lamentos por las consecuencias políticas del caso. En Baleares, la diputada y ex consellera de Obras Públicas Mabel Cabrer acusó a los socialistas de intentar “sacar provecho político” de la corrupción. Los conservadores, dijo, se sienten “avergonzados”. En el polo opuesto, el portavoz del PSOE en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, ponía el dedo en la llaga.
“Cardona tenía que controlar”
Frente a la versión de Cardona, quien el lunes negó de modo tajante que hubiera llegado a su conocimiento ninguna irregularidad relacionada con facturas, Diéguez aseguró que “sí las conocía”. Las conocía, argumentó el dirigente socialista, dado que era el “encargado de revisar este tipo de documentación”, aunque “otra cosa es que llevara un control diario de las mismas”.
Diéguez recordó que, en la pasada legislatura, pidió a Cardona facturas de la Conselleria y el ex conseller se las aportó. “Cuando uno ve que hay un movimiento económico y un déficit de tanta importancia –sostiene Diéguez–, lo normal es que se interese de dónde viene porque era cuantioso, si no a priori, sí por lo menos a posteriori, para ver lo que ha pasado con el dinero”.
02 de octubre de 2008 - PÚBLICO - Madrid
02 de octubre de 2008 - PÚBLICO - Palma
Ordinas y su esposa llegan a los juzgados de Palma para prestar declaración
07 de octubre de 2008 - EFE - Palma - EFE
01 de octubre de 2008 - EFE - Palma - EFE
Ordinas, su esposa, Viaene, y otros 3 detenidos pasan a disposición judicial
02 de octubre de 2008 - EFE - Palma - EFE
30 de septiembre de 2008 - EFE - Palma - EFE
Antònia Ordinas fue gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) durante la legislatura del PP.
29 de septiembre de 2008 - AGENCIAS - Palma
Vives pide responsabilidades políticas a Estarás y Cardona por el caso Ordinas
29 de septiembre de 2008 - EFE - Palma - EFE
06 de octubre de 2008 - EFE - Palma - EFE
El PP dice que el Govern no está legitimado para pedir responsabilidades por corrupción
05 de octubre de 2008 - EFE - Palma - España
04 de octubre de 2008 - EFE - Palma - EFE
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Publicat per Jordi Grau a 9:43 Cap comentari:
El fiscal indaga si la última trama balear financió al PPLa Fiscalía Anticorrupción seguirá el rastro de los desvíos ilegales de fondos y de cobro de comisiones ilegales detectados en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para verificar la versión de la ex gerente Antonia Ordinas, que aseguró que tramitó y percibió comisiones para financiar al PP. En una cuenta bancaria consta un abono a un proveedor electoral.
Ordinas y su esposa, Isabel Rosselló -ambas en prisión por malversación de caudales y cohecho- guardaron en terrados en el jardín de su casa 240.000 euros de ingresos irregulares. El desvío de fondos alcanzó cerca de dos millones entre 2003 y 2007. Ante el juez, Antonia Ordinas implicó en los cobros al que fue director general de Industria Kurt Josep Viaene, que está también encarcelado.Ayer por la tarde, el líder del PP de Ibiza, Juan José Cardona -que fue consejero de Industria con el presidente Jaume Matas y responsable del Consorcio-, negó haber recibido comisiones de la trama, en contra de lo afirmado por Ordinas.Una de las líneas de investigación de la Fiscalía se refiere al posible pago de una cena electoral desde partidas procedentes de fondos públicos, según se consignó en una anotación en las cuentas bancarias de la empresa pantalla de la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló, que manejó grandes partidas procedentes de posibles sobornos.Una empresa de publicidad propiedad de Joan Rosselló, que recibió millonarios contratos del CDEIB (hasta 5,5 millones en cuatro años), realizó en 2007 lujosos folletos publicitarios para el PP, titulados Mira al progreso, con ediciones para cada municipio de Ibiza.Investigación en IbizaPor otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ordenó ayer a la Guardia Civil una serie de registros en el Ayuntamiento de Sant Josep de Ibiza y en tres despachos y sedes de empresas relacionados con el núcleo familiar y de negocios del ex arquitecto municipal Antonio Huerta Briz. Este está acusado de haber participado de manera irregular en la tramitación de más de 160 permisos y proyectos privados de construcción en el término de Sant Josep, en el que era incompatible. Fueron detenidos su hijo Antonio Huerta Chamarro y su nuera Pilar Fernández Pérez, ambos arquitectos, por su relación con la trama.
http://www.elpais.es/ 07.10.08
La presidenta del PP, Rosa Estarás, aseguró hoy que "no pondría la mano en el fuego por ninguno de los míos", ni de ningún partido político, debido a que, según señaló, "después de 20 años de experiencia política", sólo pondría la mano en el fuego por su hijo, su marido y sus padres.Tras reunirse con la vicesecretaria general de Organización y Electoral del PP nacional, Ana Mato, Estarás remarcó que el PP ha sido "implacable, serio y transparente" ante los diferentes casos de corrupción que han afectado a este partido, suspendiendo de militancia a aquellas personas "cuando ha habido indicios claros de que han conculcado la Ley".Así, criticó que otras formaciones políticas "no han actuado de la misma manera en los casos de Ibiza Centre, Can Domenge o Son Oms' y, por otro lado, subrayó que "está claro que los controles en las empresas públicas fallaron" en la pasada legislatura, aunque dijo que "también fallan ahora".Por este motivo, aseveró que apoyará al presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, en "aumentar los controles y encontrar a todos aquellos que han transgredido la Ley y han cometido algún delito".Preguntada sobre las declaraciones del presidente del Comité de ética del PP, el catedrático de Historia del Derecho Román Piña Homs, quien afirmó esta mañana que el ex presidente del Ejecutivo autonómico Jaume Matas debería comparecer ante este órgano para ofrecer explicaciones sobre los sendos casos de corrupción que están saliendo a la luz pública, Estarás aseguró que lo que ha querido decir es que Matas es el "primer interesado en poder dar todas las explicaciones", aunque afirmó que desconoce si está dispuesto a acudir al Comité de Ética.Por su parte, Mato remarcó que el PP de Baleares es un "ejemplo claro" de la "tolerancia cero" ante la corrupción dentro de sus filas, debido a que, según destacó, en este partido "no cabe ninguna persona que incumpla la Ley y haya utilizado su cargo para lucrarse personalmente"."Se ha actuado con absoluta claridad y transparencia y ya me gustaría que el PSOE actuara igual y no con opacidad y oscurantismo, porque me sonroja que haya una cantidad de casos que no tienen que ver con el PP que están pendientes de investigar y que, sin embargo, por las razones que sean, la Fiscalía los tiene paralizados", sentenció.
(http://www.lavanguardia.es/, 07/10/08)
EL COMITÉ DE ÉTICA DEL PP INSTA A MATAS A DAR LA CARA
El presidente del comité de ética del PP, el catedrático de Historia del Derecho Román Piña Homs, afirmó ayer que el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, debería comparecer ante este órgano para ofrecer explicaciones sobre los casos de corrupción que están saliendo a la luz pública, al entender que él, igual que los máximos responsables de las conselleries implicadas, debe responder por quienes están directamente involucrados en dichos casos.Preguntado en IB3 Ràdio sobre si Matas está limpio, Piña respondió: "¿Y quien lo está?". A su vez, la sucesora del expresidente en el PP balear, Rosa Estaràs, con contundencia muy significativa, dijo: "No pongo la mano en el fuego por nadie", pese a que fue la número dos de Matas.Estaràs se refería a la trama de corrupción descubierta en el Consorci de Desenvolupament Econòmic de Balears (CDEIB) cuando lo gestionaba Antònia Ordinas --que reconoció el sábado ante el juez haber cobrado comisiones ilegales a empresas y la policía halló más de 200.000 euros enterrados en su jardín-- y era conseller de Industria Josep Joan Cardona, que Piña también quiere ver ante el comité de ética del partido. Precisamente, Cardona negó ayer su participación en la trama del CDEIB y haber tenido conocimiento de ella.El goteo de presuntos casos de corrupción que acechan al PP de Baleares no se acaba en los que afectan directamente al Govern de Matas. Ayer, la Guardia Civil detuvo a dos personas en la operación Pitiusa, en relación con una trama de corrupción que se desarrolló entre 1998 y 2007 en el Ayuntamiento de Sant Josep (Eivissa), hasta el año pasado en manos del PP, y reveló que habrá nuevos arrestos.Los detenidos son Antonio Julián H. C., hijo del exarquitecto municipal, y su pareja, también arquitecta, María del Pilar F. P. Los hechos investigados hacen referencia a un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí y fueron denunciados en agosto del 2005 por el Grup d'Estudis de la Natura d'Eivissa.En el 2006, la fiscalía abrió diligencias porque el proyecto aprobado era de la nuera del arquitecto municipal, Pilar Fernández. No fue hasta diciembre de ese año que el alcalde de Sant Josep, José Serra (PP), aceptó la renuncia del arquitecto, imputado entonces por quebrantamiento del código deontológico del Col.legi d'Arquitectes de Balears.(http://www.elperiodico.com/, 07/10/08)
UN EX 'CONSELLER' DICE QUE FUE MATAS QUIEN PUSO EN EL 'GOVERN' A UNA DETENIDA POR EL 'CASO SCALA'
El presidente del PP de Ibiza y ex conseller balear de Industria y Comercio, Josep Juan Cardona, aseguró ayer, en declaraciones a este periódico, que fue el ex presidente autonómico Jaume Matas quien le sugirió la contratación de Antònia Ordinas como gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB).Ordinas se encuentra en prisión desde hace cuatro días como responsable de una supuesta trama de financiación ilegal del PP balear, consistente en el cobro de comisiones ilegales a empresarios mallorquines a cambio de adjudicaciones de contratos. También ha sido detenida su esposa, la soprano Isabel Rosselló, a la que Ordinas contrataba de forma habitual para la realización de actos de promoción nacionales e internacionales de productos del archipiélago balear.Asegurando que Ordinas era una mujer de la órbita del ex presidente Matas y que éste «siempre la defendía», Cardona respondió a las acusaciones que la ex responsable del CDEIB formuló en su contra ante la juez que instruye en Mallorca el caso Scala, Piedad Marín, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach; acusaciones según las cuales Ordinas organizó una trama de cobro de comisiones ilegales de la que la mitad del dinero iba a parar a manos del ex director general de la Consejería de Industria y Comercio Kurt Viaene (también en prisión), y de las de éste a las de Cardona. Ordinas señaló que era Viaene quien le reclamaba el dinero, aunque también señaló en su declaración que nunca vio que Cardona lo recibiera.En rueda de prensa, Cardona negó las acusaciones de Ordinas y recordó que el caso «se encuentra bajo secreto de sumario». «Sólo se conocen detalles», añadió, aunque también indicó que, a través de su abogado, se ha puesto «a disposición del Ministerio Fiscal».Posible comparecenciaCardona explicó también que el pasado sábado ofreció al secretario general del PP balear comparecer ante el Comité de Etica del partido, si éste lo consideraba necesario. Algo que, de momento, no ha hecho. «Hay que dejar trabajar a la Justicia», dijo, «el PP ya ha solicitado personarse en el caso como acusación popular. Y el Govern balear se ha sumado a nuestra iniciativa».El ex responsable autonómico de Industria y Comercio negó, por otro lado, haber visto nunca facturas correspondientes al CDEIB porque, dijo, «los controles los hacían funcionarios especializados». Recordó que, además, el Govern balear contrataba cada año, mediante concurso, a una empresa consultora para que auditara las cuentas «de todas las empresas públicas». Análisis de cuyos resultados sí tuvo constancia y en los que, según él, «nunca se detectó que esto estuviera sucediendo». «Está claro que los controles no funcionaron», lamentó.El ex conseller, que tiene previsto reunirse con los dirigentes del PP ibicenco para darles a conocer la situación, negó su intención de dimitir como presidente del partido en Ibiza, a no ser que la formación así se lo requiera. Algo que, sin embargo, no hará si el que se lo exige es el PP balear porque, recordó, «han sido los miembros del PP de Ibiza, y no los de Mallorca, los que me han dado este cargo».Horas antes de la comparecencia de Cardona ante los medios, la presidenta del partido en Baleares, Rosa Estaràs, afirmó que «no pondría la mano en el fuego por ninguno» de los suyos ni de otras formaciones después de 20 años de experiencia política. «Sólo lo haría», añadió, «por mi hijo, mi marido y mis padres».Cardona respondió a estas declaraciones comentando: «Ella sabrá por qué lo dice». «Lo que yo tengo claro es que tampoco pondría la mano en el fuego ahora por nadie», aseguró el ex conseller.Por su parte, la presidenta popular también insistió, una vez más, en la «contundencia» con la que está actuando el PP de Baleares a la hora de expulsar del partido a los inculpados en casos de corrupción cuando «hay indicios claros de criminalidad». Así lo ha hecho con Ordinas y también con los otros populares que se han visto inculpados en las últimas semanas. En cambio, cuando no hay indicios claros el partido está «al lado» de sus militantes y cargos, señaló. Y dio a entender que Cardona se encuentra en este último grupo.
(http://www.elmundo.es/, 07/10/08)
La jefa de la trama de Baleares enterró una fortuna en su jardín
El botín estaba oculto en el jardín de su casa. Una de las pruebas de la corrupción de la última trama destapada en Baleares fue hallada ayer por la tarde bajo tierra en una bolsa de basura, con 240.000 euros. Es una parte del fruto de los cohechos de la malla de malversación que urdió Antònia Ordinas, ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB) del Gobierno balear del PP de Jaume Matas (2003-2007), junto con su esposa, la soprano Isabel Rosselló.Ordinas dejó un 'agujero' de 3,5 millones en una empresa públicaLa caja fuerte era un cajón de madera en cuyo interior había una bolsa de plástico de residuos donde la pareja guardaba una parte del más de millón y medio que pudieron lograr manipulando las cuentas del consorcio público. Ordinas, ex librera y escritora, dejó en el consorcio un agujero de impagados de 3,5 millones y un déficit de ocho millones sobre un presupuesto de 13.Además, la ex gerente del CDEIB dejó el rastro manuscrito del origen de las supuestas comisiones, con detalles de las mordidas y su destino. En cuentas bancarias se han localizado movimientos sospechosos por más de un millón de euros.Hasta cinco militantes del PP relacionados con el escándalo han sido expedientados, entre ellos un ex director general balear de Industria, Kurt Joseph Viaene, que anoche declaraba por segunda vez ante el juez. También han sido detenidas 15 personas, que están imputadas en la red adjudicaciones. El mayor gasto en el CDEIB figuraba en supuestos estudios, análisis de mercado (120 informes) y numerosos trabajos en ferias y publicidad. Ordinas creó una malla de socios y amistades que monopolizó los contratos.Un solo empresario, el publicitario Joan Rosselló, amigo y editor de tres libros de la mujer, logró 5,5 millones en adjudicaciones directas en cuatro años. Dijo al juez que pagaba comisiones a Ordinas y que ésta le aseguraba que una parte de lo recaudado eran fondos para el PP. Media docena de consultores y agentes asociados a ella en la firma Active Statregies cobraron cada uno entre 500.000 euros y 2,3 millones por contratos oficiales. Un comerciante confesó que actuaba con su compañía como un simple hombre de paja de la gerente, que así se contrataba a sí misma.Las dos mujeres que lideraban el operativo asumieron ayer de hecho la carga central de la acusación, confesaron su actividad delincuente y desvelaron dónde guardaban algunos frutos de sus operaciones económicas ilegales. La estrategia de la defensa intenta explotar su disposición a devolver parte de lo sustraído.
PRISIÓN PARA DOS ACUSADAS DE FRAUDE EN EL PP BALEAR
El juez dictó ayer prisión incondicional para las principales imputadas en la supuesta trama de corrupción en el Consorci de Desenvolupament Econòmic de Balears durante la época de gobierno de Jaume Matas (PP), la exgerente Antònia Ordinas y su esposa, la soprano Isabel Rosselló. Según el abogado de ambas, Eduardo Valdivia, se trata de una postura "cautelosa", ya que, de momento, las investigaciones son secretas.Ordinas y Rosselló fueron detenidas el pasado lunes por orden de la Fiscalía Anticorrupción acusadas de malversación, falsedad documental y defraudación a la administración, en la que es la séptima trama corrupta relacionada con el PP que se destapa en Baleares. La investigación que desembocó en la llamada operación Scala se inició en abril, cuando la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia detectó una presunta malversación de fondos del Consorci. Este organismo presenta una deuda de ocho millones de euros que se acumuló durante la anterior legislatura autonómica.Las pesquisas apuntaron como responsables de la malversación a Ordinas y al exdirector general de Promoció Industrial del Ejecutivo de Matas, Kurt Viaene. Este se encuentra ahora mismo en situación de detención judicial, lo que implica que ingresará en la cárcel por un tiempo máximo de 72 horas, período en el que deberá volver a comparecer ante el juez de guardia, pero no está en situación de prisión.Según la investigación, Ordinas podría haber cometido los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por valor de cinco millones de euros, al haber beneficiado con dinero público y sin concurso previo a personas y empresas allegadas que trabajaron para el Consorci, entre la que se encontraría su propia mujer, a quien contrató en diversas ocasiones para que ofreciera conciertos en el extranjero.Asimismo, el magistrado dejó en libertad con cargos a otros tres imputados: el empresario publicista Joan Rosselló, el empresario Jaime Julio Fernández Abad, y la esposa de este, Daniela B. N. No obstante, el juez les retiró el pasaporte y les ha prohibido abandonar el país.
(http://www.elperiodico.com/, 03/10/08)
JOAN ROSSELLÓ DICE QUE ORDINAS PEDÍA COMISIONES PARA ELLA Y PARA EL PP
El diseñador, publicista y empresario Joan Rosselló cambió ayer su estrategia defensiva en el juzgado de guardia y acabó reconociendo que pagaba comisiones por sus numerosos trabajos contratados por el Consorci per el Desenvolupament Ecómic de Balears (CDEIB) a Antònia Ordinas, la gerente en la etapa del anterior Govern. Rosselló, que quedó en libertad con cargos, aseguró al juez Enrique Morell que Ordinas le pedía comisiones para ella y para el Partido Popular (PP) y apuntó a otros ex altos cargos del Govern como posibles conocedores o implicados en la supuesta trama de corrupción investigada en el caso Scala.Rosselló, defendido por Llorenç Salvà, había mantenido en su primera declaración ante el Grupo de Delitos Económicos que nunca había pagado sobornos a Ordinas, ni a otras personas del CDEIB.El imputado también sostuvo que podía justificar al cien por cien todos los trabajos realizados para este consorcio público dependiente de la conselleria de Comercio.El empresario, junto a su esposa Crescencia M.C., era uno de los mayores proveedores del CDEIB, para el que llegó a facturar entre 2004 y 2007, y a través de Fires Geremí y Estudi Joan Rosselló, 5,3 millones de euros.Según manifestó ayer el encausado, sí que pagó muchas comisiones a instancias de Ordinas.Rosselló prácticamente vino a decir que estaba a las órdenes de la principal encausada y que ésta le marcaba muy de cerca todas las pautas. Sobre el destino del dinero pagado, el imputado aseguró desconocerlo, pero apuntó que Ordinas siempre le decía que parte era para el PP y parte para ella. Rosselló habría incriminado en la supuesta trama a otros ex altos cargos del PP, entre ellos el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, con quien compartió ayer calabozo.(http://www.diariodemallorca.es/, 03/10/08)
EL EX DIRECTOR GENERAL DETENIDO SE GASTÓ 90.000 EUROS DE UNA CAJA DEL CONSORCIO
Kurt Joseph Viaene se sirvió de su cargo en el anterior Govern de Jaume Matas para hacer dispendios por partida doble a lo largo de la pasada legislatura. Según ha confirmado este diario de fuentes de la conselleria de Comercio e Industria, Viaene disponía por un lado de una partida para dietas en la dirección general de Promoción industrial, de la que era su titular, y por el otro, utilizaba una caja en el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), con la misma finalidad.De esta última, Viaene se gastó 89.543 euros a lo largo de la pasada legislatura, hasta que tuvo que dejar el cargo tras las elecciones del 27 de mayo, con la llegada del Pacto de Progreso al Ejecutivo autonómico.Las fuentes señaladas añaden que Viaene -que desde ayer permanece recluído en la cárcel a la espera de prestar utilizaba estos fondos para viajes, comidas en declaración ante un juez- restaurantes y tiques de gasolina, entre otros recibos. Sin embargo, dejó sin justificar la cantidad de 18.383 euros, que le fueron reclamados por los actuales responsables del consorcio cuando detectaron el desfase.Viaene hizo inicialmente caso omiso de una petición por escrito desde el CDEIB para que retornara la cantidad sin justificar. No saldó la deuda hasta que la consellera de Comercio e Industria, Xisca Vives, dio cuenta de la situación a su antecesor con el PP, José Juan Cardona. Éste telefoneó de inmediato a Viaene, y le indicó que debía justificar o pagar los 18.383 euros.Curiosamente, según informan las citadas fuentes, Viaene no se interesó siquiera por saber qué gastos en concreto se le reclamaban desde el CDEIB, y el 24 de abril de este año ingresó en una cuenta bancaria de dicho ente público algo más de 19.000 euros. Por este motivo, desde el consorcio le devolvieron los cerca de mil euros que había pagado en exceso.Por el contrario, su entonces subordinada Antònia Ordinas se negó a devolver o presentar -la principal encausada por la Operación Scala- justificantes por valor de 17.605 euros, de los 321.956 que se gastó de 2004 a 2007 también en concepto de gastos de representación con cargo al consorcio.Viaene y Ordinas mantenían una buena relación, tanto es así que el ex director general aparece vinculado profesionalmente en una empresa de la también detenida, llamada Active Strategies, y dedicada a asesorar a empresas locales para su internacionalización y apertura a los mercados extranjeros. En la web de la firma, Viaene aparece como el contacto de Active Strategies para todo lo relacio-nado en Nanjing (China) y Madrid.Además, la empresa trabaja en red con otros seis empresarios en varias capitales del mundo a los que Ordinas benefició con casi 5 millones de euros públicos mediante contratos del CDEIB, adjudicados en su mayoría ´a dedo´.En otro orden, este diario ha sabido que dos empresas de reconocido prestigio en Inca intentaron tras la marcha de Viaene del Govern que fuera el gerente de la asociación de Fabricantes y Auxiliares del Calzado de Mallorca (AFACA), con sede en dicha ciudad.Pese a las presiones de los propietarios de estas dos importantes marcas zapateras, la mayoría de los asociados no vieron con buenos ojos el nombramiento del ex director general, y éste no fructificó. Hoy éstos se felicitan por haber opuesto resistencia, por los perjuicios para su imagen que les habría supuesto verse ahora involucrados indirectamente en la trama, según indican fuentes inqueres.
(http://www.diariodemallorca.es/, 03/10/08)
DETENIDO UN EX DIRECTOR GENERAL DEL GOVERN MATAS POR CORRUPCIÓN
El ex director general de Promoción Industrial del Govern Matas, Kurt Joseph Viaene, fue ayer detenido por la Policía acusado de malversación. Viaene, jefe directo de la ex gerente del CDEIB Antònia Ordinas, fue citada ayer por la mañana por los inspectores del Grupo de Delincuencia Económica, en relación al escándalo económico que salpica directamente a esta empresa pública. Debido a la gravedad de los delitos que se investigan el ex director general quedó finalmente detenido a la espera de ser presentado ante el juez.Viaene fue relacionado con el caso de corrupción política que afecta al consorcio que dependía de la conselleria de Comercio que dirigía Josep Juan Cardona. Ya hace meses que se sabía que ex altos cargos de la institución autonómica en la anterior etapa de gobierno habían dejado sin justificar importantes cargos por gastos de representación.El ex director general fue requerido para que justificase, o en su caso reintegrase, 19.000 euros por una serie de gastos realizados en viajes al extranjero. El ex alto cargo del Govern Matas reaccionó con rapidez y devolvió al Govern dicha suma. Sin embargo, esta devolución sólo impidió que fuera detenido en la primera fase de esta investigación.Durante estos últimos días el Grupo de Delincuencia Económica y la fiscalía Anticorrupción han ido recabando información de testigos e imputados, que apuntan directamente hacia este ex alto cargo del Govern. En concreto algunas personas habrían dicho que estaba al corriente de los negocios oscuros que realizaba Antònia Ordinas, y que posiblemente algunos de estos beneficios habrían llenado sus bolsillos. Varios de los imputados han declarado que Ordinas les exigía una comisión a cambio de ser directamente contratados para realizar proyectos y trabajos para el Govern balear.Al parecer, Viaene se desmarcó ayer de los negocios de su subordinada, si bien estas palabras no convencieron en absoluto a los investigadores, que consideran que disponen de pruebas sólidas para implicarle directamente con este escándalo de malversación.A diferencia de su jefe directo, Antònia Ordinas, que ayer superó su tercer día de detención en los calabozos de Jefatura, se negó a devolver los gastos no justificados que le exigía el actual ejecutivo autonómico. Se excusó diciendo que se trató de gastos de viajes a China, pero allí era imposible conseguir tiques.Kurt Viaene apareció el pasado verano vinculado a la empresa que Antònia Ordinas impulsó tras su salida de la Administración. La ex gerente del CDEIB dirige un equipo de expertos en comercio internacional, márketing y organización de eventos.(http://www.diariodemallorca.es/, 02/10/08)
PRISIÓN SIN FIANZA PARA DOS IMPLICADAS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE MATAS
El juez ha decretado prisión sin fianza para la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, y su esposa, la soprano Isabel Rosselló, las dos principales imputadas en la última trama de supuesta corrupción del antiguo Gobierno balear de Jaume Matas (PP). Además, el juez ha ordenado detención judicial para el ex director general de Promoción Industrial, Kart Joseph Viane, que había quedado detenido ayer a petición de la Fiscalía Anticorrupción por su posible relación con la red de cobro de comisiones y malversación de caudales (hasta 1,5 millones de euros) en el CDEIB.La detención judicial para Viaene implica que ingresará en la cárcel por un tiempo máximo de 72 horas, período en el que deberá volver a comparecer ante el juez de guardia, pero no está en situación de prisión, según han informado fuentes judiciales.El juez de guardia Enrique Morell ha adoptado esta decisión respecto a Viaene, que fue detenido, para que permanezca retenido por motivos de la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 y que no se han desvelado, ya que el proceso se encuentra bajo secreto sumarial.Las otras tres personas imputadas que han prestado hoy declaración ante el juez han sido puestas en libertad con cargos. Se trata del administrador de la firma Sayju 2005 S.L. y Franco Galaica de Inversiones S.L., Jaime J. Fernández Abad; su esposa, Daniela Beamont Napiera; y el administrador del Estudi Joan Rosselló S.L. y Fires Geremi S.L., Joan Rosselló. Los tres, al igual que Antònia Ordinas, Isabel Rosselló y Viane, están imputados por delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de documento y defraudación a la hacienda pública.Ordinas y Rosselló, detenidas el pasado lunes por orden de la Fiscalía Anticorrupción, se han negado a declarar ante el juez por consejo de su abogado, Eduardo Valdivia, porque la causa está bajo secreto sumarial y se desconocen las diligencias llevadas a cabo. Ambas imputadas han comparecido por separado ante el juez, en presencia de su abogado y del fiscal anticorrupción Pedro Horrac.En la llamada Operación Scala, han sido detenidas desde el lunes hasta el momento un total de 12 personas, de las que seis permanecían hasta hoy en la Jefatura Superior de Policía de Palma y han sido las que han declarado ante el juez. La investigación del caso se inició el pasado abril, cuando los servicios jurídicos de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía detectaron una presunta malversación de fondos del Consorcio por parte de Ordinas, y del ex director general de Promoción Industrial del ejecutivo de Jaume Matas, Kurt Viaene.
(http://www.elpais.com/, 02/10/08)
UNA DETENIDA CONFIESA QUE PAGÓ A ORDINAS EL 25 POR CIENTO DE COMISIÓN
Antònia Ordinas, la ex gerente del consorcio para el Desarrollo Económico de les Illes Balears (CDEIB) cobraba a los empresarios una comisión del 25 por ciento a cambio de contratarles para realizar trabajos para esta entidad pública. Así, al menos, lo ha confesado una de las empresarias que el pasado lunes fue detenida en la primera fase de la denominada Operación Scala, y que después quedó libre al confirmar lo que ya sabía la Policía, es decir, que esta empresa del Govern ha sido utilizada como plataforma para la malversación de dinero público.En la cúspide de esta trama económica, desenredada por la fiscalía Anticorrupción, se sitúa Antònia Ordinas, cuyo patrimonio personal se ha visto aumentado en los últimos años de una forma espectacular. Esta fortuna, a juicio de los investigadores, se habría conseguido a través de las comisiones que exigía a los empresarios y a través de otras fuentes de ingresos que saldrían de fondos de la conselleria de Comerç del Govern de Jaume Matas.Aunque la investigación por esta nueva trama, que salpica de nuevo al Partido Popular, está en sus inicios, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía ya dispone de declaraciones que incriminarían directamente a Ordinas y a su esposa Isabel Rosselló. Una de las empresarias detenidas confesó que la ex gerente de esta empresa pública le exigió una comisión si quería trabajar para el Govern. Ello explica que se hubieran engordado de una forma espectacular los costes por la organización y celebración de determinados eventos de promoción de los productos que se fabrican en Balears.Pero no sólo pedía una comisión a cambio de estos trabajos, sino que las exigencias de Ordinas iban mucho más lejos. Obligaba a los empresarios a contratar a su esposa, la soprano Rosselló, para que realizara determinados estudios que después se incluían en el proyecto que se presentaba para justificar la adjudicación directa de actos que organizaba el CDEIB. Eran estudios a título personal firmados por Rosselló, que no sólo ha podido demostrar sus conocimientos sobre la situación de los mercados internacionales y la posibilidad de introducir productos baleares en ellos, sino que además también se ha visto beneficiada por ingresos muy elevados a través de la empresa que ella gestiona, denominada Gabinete Alays S.L.La exigencia de esta comisión a cambio de estas adjudicaciones públicas también fue reconocida por otros de los detenidos que fueron interrogados ayer por la Policía, aunque añadieron algunas matizaciones. De las diez personas detenidas en la primera fase de esta nueva operación contra la corrupción política, cuatro de ellas quedaron en libertad. Ayer se produjo una nueva detención. Se trata de la esposa de Jaime Fernández Abad, administrador de dos empresas investigadas en esta trama, ex presidente del Partido Reformista y que había sido propuesto como defensor del ciudadano de Calvià.(http://www.diariodemallorca.es/, 01/10/08)
UNO DE LOS IMPUTADOS ADMITE QUE ACTUÓ DE TESTAFERRO DE LA GERENTE
Uno de los imputados en la Operación Scala, Jaime Fernández Abad, un empresario de Calvià, detenido el pasado lunes, habría admitido en Comisaría que fue durante años un simple hombre de paja o testaferro de Antònia Ordinas, la anterior gerente del Consorcio del Govern para el Desarrollo Económico de las Balears (CDEIB).La confesión de Fernández Abad, permite a los investigadores afianzar las sospechas existentes contra la cúpula de la supuesta trama de corrupción, encabezada por Ordinas y sus colaboradores de confianza. Fernández Abad, representado por el bufete de Miguel Borrás, tiene 76 años y a través de dos de sus sociedades, Sayju 2005 S.L. y Franco Galaica de Inversiones, facturó 677.000 euros al consorcio público.Curiosamente el Registro Mercantil revela que el encausado amplió en 2006 el objeto social de Sayju, que se dedicaba hasta entonces exclusivamente a temas de alimentación, a una amplia gama de servicios y prestaciones que venían como un anillo al dedo al consorcio. Así Sayju pasó a ofrecer: "La organización de eventos; cátering; edición de libros; producción audiovisual; asesoramientos; estudios de mercado; importación-exportación; representaciones; etc.La esposa de Fernández Abad, que el lunes durante el registro de sus empresas trató de desmarcarse de las operaciones con el CDEIB, fue arrestada ayer por la Policía y por la tarde estaba pendiente de ser interrogada por los investigadores. La Policía y la fiscalía sospechan que otros de los sospechosos también eran simples hombres de paja para que Ordinas se autocontratarse por sumas millonarias. El lunes por la noche otro arrestado reveló a la Policía que habían falsificado facturas y presupuestos para el consorcio plagiando el anagrama de su empresa de artes gráficas.(http://www.diariodemallorca.es/, 01/10/08)
La Fiscalía Anticorrupción actuará contra una nueva trama de supuesta corrupción del anterior Gobierno balear, presidido por Jaume Matas (PP). La gerente del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB), Antonia Ordinas, contrató a su propia esposa, la historiadora y soprano Isabel Rosselló, y adjudicó sin concurso suministros de servicios millonarios a las dos empresas de su amigo Joan Rosselló (que editó los libros de la pareja). También benefició con proyectos a las firmas de tres de sus socios en la consultoría privada (Global Bussines Intelligence/ Active Strategies), Paul Vella, Sergio Pereletegui y Francisco García.La cantante Rosselló facturó por estudios y trabajos 146.000 euros en cuatro años al consorcio que controlaba su pareja. El empresario Rosselló logró cinco millones en contratos, mientras que colegas de asesoría de la gerente Ordinas obtuvieron suministros y estudios por cientos de miles de euros. En la etapa de gestión del Gobierno Matas (2003-2007), el CDEIB generó un agujero de ocho millones y duplicó el gasto coincidiendo con la época electoral autonómica de 2007.Las primeras sospechas de la posible nueva trama de malversación de caudales públicos en el CDEIB surgieron tras la reiterada negativa de Ordinas a devolver 17.605 euros de gastos sin justificar. Tras realizar auditorías y revisiones de cuentas se constató que en cuatro años el consorcio había gastado más de 411.000 euros en esta partida. Otro ex cargo público del PP sí devolvió el dinero que se le reclamó. Fue el ex director general de Industria Kurt J. Vianne, que figura como socio consultor con Ordinas en la firma Global Bussines/Active Strategies.El fiscal Pedro Horrach lleva semanas rastreando la documentación inicial, declaraciones de Hacienda, cuentas bancarias y movimientos mercantiles de la trama tras la denuncia del actual Gobierno del PSOE. Ordinas, a través de su abogado, envió a la Fiscalía un pliego de descargo en el que defiende la legalidad de su gestión y se siente víctima de una persecución por parte de los actuales gestores.La Fiscalía Anticorrupción acusó y detuvo meses atrás a otros gestores del Gobierno Matas. Primero, a Damián Vidal, ex gerente de la empresa pública Bitel, por malversar 700.000 euros; le siguió Rodrigo de Santos, ex concejal de Urbanismo de Palma y de la empresa de Infraestructuras, acusado de malversar 50.800 euros. Luego, el jefe del Consorcio Turismo Joven, Juan Francisco Gosálbez, por malversar más de 200.000 euros.
(http://www.elpais.com/ 29/09/08)
ANTÒNIA ORDINAS Y SU ESPOSA DETENIDAS POR PRESUNTA MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS EN EL CASO CDEIB
Desde la mañana de hoy lunes, se está desarrollando una amplia operación policial dirigida por la Fiscalía Anticorrupción contra presuntos implicados en el CDEIB (Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares), dependiente de la conselleria de Comerç, Indústria i Energia y que se dedica a la promoción de la industria de las islas en el extranjero. Las investigaciones de este caso se remontan al mes de abril, cuando se inició una investigación por supuesto mal uso de fondos públicos por parte de su ex-gerente durante la pasada legislatura, Antònia Ordinas. Cuando cesó en su cargo dejó sin justificar unos 18.000 euros, que supuestamente se utilizaron para gastos personales. Esta ex alto cargo y persona de máxima confianza del ex president Jaume Matasse gastó 332.000 euros de los fondos públicos en dietas de representación (7.850 euros mensuales), entre 2004 y mediados de 2007. De esta cantidad Ordinas no ha justificado 17.605 euros al consorcio. Por otro lado, Antònia Ordinas supuestamente también adjudicó 'a dedo' trabajos e informes por valor de 86.000 euros a su esposa, la soprano vinculada al PP Isabel Maria Rosselló. En estos momentos, tanto Antònia Ordinas como su esposa Isabel Maria Rosselló se encuentran bajo arresto en dependencias policiales al tiempo que se están llevando a cabo diversos registros en propiedades de Mallorca. Según fuentes próximas a la investigación, a estas horas podrían haberse producido entre siete y nueve detenciones, además de diversos registros, entre ellos, el que está teniendo lugar en este momento en el domicilio de Ordinas y Rosselló, y en una oficina que es propiedad de ambas, situada en el término de Binissalem.(http://www.diariodemallorca.es/ 29/09/08)
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TEXTO INTEGRO DE LA DENUNCIA EN PDF
La Fiscalía Anticorrupción ha acordado investigar una denuncia contra el vicepresidente canario y presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, por prevaricación y cohecho en relación con los regalos que obtuvo en 2005 del promotor noruego Bjorn Lyng -fallecido en 2006-, dueño de Anfi Tauro. El Cabildo grancanario, que entonces presidía Soria, apoyó un proyecto hotelero de Lyng para que pudiera ser autorizado a edificar 3.600 plazas como una excepción de la moratoria que pesaba en toda la comunidad para frenar la saturación costera de este tipo de establecimientos.
El recién reelegido presidente del PP canario nunca negó los viajes
Tal paso de Anticorrupción, aparte de su resonancia política y mediática, garantiza una profunda investigación hasta esclarecer la culpabilidad o inocencia de Soria. El fiscal encargado del caso, Luis del Río, ya ha informado que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es la competente para instruirlo -ya ha sido designada una magistrada para ello, Margarita Varona- y de que "hay indicios suficientes" para abrir una investigación penal. Y el máximo responsable de Anticorrupción, Antonio Salinas, ha dado el visto bueno para que su institución asuma las pesquisas. Los hechos han sido denunciados por un periodista canario, Carlos Sosa, que ironiza que ha querido pasar al contraataque jurídico tras verse en los tribunales acusado por el PP.
Los presuntos cohechos -para serlo no precisan que se consume la devolución del favor por parte del cargo o político, sino su recepción- que se atribuyen a Soria se remontan a 2005. Según la denuncia, "el matrimonio compuesto por José Manuel Soria y Carmen Benítez López decide tomar sus merecidas vacaciones anuales eligiendo para ello justamente el complejo denominado Anfi del Mar, sito en la playa del Barranco de la Verga, término municipal de Mogán de Gran Canaria". El denunciante exige que se investigue si tal alojamiento fue gratuito por invitación de Lyng, dueño de Anfi Tauro -grupo ya investigado por presuntos favores del PP en Mogán en el caso Góndola-, o lo costeó Soria.
A continuación la denuncia se centra en otro presunto regalo o cohecho del promotor Anfi Tauro. "Lo que sí es absolutamente cierto, puesto que está expresamente reconocido por Soria en sesión plenaria del Cabildo de Gran Canaria de 29 de septiembre, es que entre los días 22 y 28 de agosto de tal año, el referido empresario noruego, Bjorn Lyng, que disfrutaba en régimen de renting de un jet privado, invitó a Soria y a su esposa a viajar a la ciudad austriaca de Salzburgo para presenciar uno de los conciertos del prestigioso festival de música que cada verano tiene lugar en esa ciudad. Los señores Soria aceptaron la invitación de buen grado. Posteriormente, los dos matrimonios partieron hacia Noruega para participar en una de las aficiones favoritas del empresario, la pesca del salmón. Los deportistas estuvieron practicando esta actividad en el río Namsen, una de las reservas salmoneras más famosas del país, al norte de Trondheim".
"Allí, en Noruega", sigue el escrito, "estuvieron todos los expedicionarios hasta el sábado 27 de agosto de 2005, día en el que el matrimonio Soria regresó a Gran Canaria por vía aérea, pero utilizando un vuelo comercial dado que el jet privado del señor Lyng tuvo que quedarse en el Reino Unido al parecer por una revisión rutinaria".
La prensa noruega tituló tal viaje en estos términos: "Los compañeros de pesca lo arreglan". Y luego, añadía: "Primero el presidente Soria prepara una fabulosa ayuda para el emporio Bjorn Lyng de las islas Canarias. Luego Lyng lleva consigo a Soria a unas vacaciones de lujo en Noruega". Soria interpelado parlamentariamente por tal viaje en el jet de su amigo, no negó el hecho. Pero enfatizó que nunca intervino en su favor, a pesar de su "gran amistad".
Sin embargo, la denuncia describe una inusitada actividad del Cabildo tras tales supuestos regalos: emite tres informes en ocho días hábiles, hasta que el 20 de octubre de 2005 proclama el proyecto de Anfi Tauro "de interés general".
Tal declaración era preceptiva para que posteriormente el Gobierno y el Parlamento regional pudiesen dar el visto bueno al proyecto a pesar del bloqueo existente a nuevas plazas hoteleras. La moratoria sólo permitía aprobar 3.600 plazas por provincia y año. Lo llamativo del caso de Anfi Tauro fue que el Cabildo le dio luz verde para un plan que suponía crear precisamente 3.600 nuevas plazas hoteleras. Es decir, Anfi Tauro tenía la bendición del Cabildo que presidía Soria para ser el único promotor exento de moratoria en toda la provincia y quedarse con todo el cupo de plazas excepcionales.
Finalmente, sus plazas se redujeron, lo que ocasionó acaloradas protestas y presiones de los dueños de Anfi Tauro, como Santiago Santana Cazorla, hacia miembros del Gobierno canario que fueron grabadas cuando se investigaban los presuntos favores urbanísticos recibidos del alcalde de Mogán, el popular José Francisco González González. En este municipio, dos ex ediles populares denunciaron que Anfi Tauro nunca pagó las tres parcelas valoradas en 12 millones que debía al Ayuntamiento por un convenio. Anfi Tauro ha tenido estos años como asesor al diputado autonómico y hoy número dos del PP canario, Manuel Fernández, que evita votar sobre sus asuntos inmobiliarios.
Promotor y amigo
Antes de que el vicepresidente canario se subiera en 2005 al jet privado del promotor Bjorn Lyng para ir a la ópera, a Austria, y a la pesca de salmón, a Noruega, José Manuel Soria ya veraneaba en el paraíso hotelero de Anfi Tauro, propiedad del emprendedor noruego. Soria ha recordado en más de una ocasión que aquellas estancias se las pagaba de su bolsillo a pesar de la amistad declarada con el dueño. Bjorn Lyng falleció en 2006 a los 81 años en la isla que lo acogió como un hijo adoptivo desde los años 70. Lyng fundó una empresa de ingeniería industrial y a ese rentable negocio se dedicaba hasta que conoció la costa sureste de la isla de Gran Canaria. Donde sólo había roca volcánica, el empresario noruego levantó cuatro de los más lujosos complejos de toda la industria canaria, con marina deportiva, playa y todos los servicios más exclusivos. El quinto, en realidad una ampliación de uno anterior, llegó en 2005 en plena moratoria urbanística gracias al apoyo que le dio el Cabildo insular. Su presidente era Soria.
No ha pasado desapercibida la mejora inmobiliaria de José Manuel Soria en los últimos años. Desde que fuera elegido alcalde, por primera vez, de Las Palmas de Gran Canaria en el año 1995, el dirigente conservador ha pasado de residir en una amplia vivienda de clase media en la calle Goya, en Tafira Alta, a un superchalet prácticamente en la misma zona, una de las más valoradas de toda la isla, conocida como Los Lagares.
Entre medias, otra gran casa, ésta en régimen de alquiler y en Santa Brígida, por la que el líder popular tendrá que responder judicialmente, toda vez que en las cuentas oficiales de su casero, Javier Esquível, no aparece pago alguno de los Soria, tras 19 meses habitando la vivienda en cuestión.
Una de las empresas de los hermanos Esquível, Promotora de Recursos Eólicos, fue defendida por Soria en un consejo de la Autoridad Portuaria, circunstancia que éste negó ante una comisión parlamentaria, por lo que también ha sido denunciado.
Soria, de 50 años, y su mujer, María del Carmen Benítez, a nombre de quien está el impresionante chalet, adquirieron su actual residencia en el año 2005, siendo Soria ya presidente del Cabildo de Gran Canaria, cargo al que accedió en 2003.
La mansión posee una cimentación de estructura metálica realizada por Cimentaciones Archipiélago, que al mismo tiempo realizaba la ampliación del Cabildo. Con una apariencia absolutamente cuidada y de extrema calidad, dos plantas se levantan desde un trabajado césped.
El piso bajo encierra, siempre de acuerdo con el proyecto de obra presentado inicialmente, con 182,45 metros útiles, sobre los 201,50 construidos. Esa primera planta cuenta, además, con una terraza de 76 metros.
Fuera, en la enorme parcela al aire libre puede disfrutarse de una gran piscina. Un comedor y una sala de estar de 25 metros cada uno, una cocina y office también de 15 metros cada uno, un hall de 12 metros, un despacho de 20 y un salón de 55 metros completan la parte baja de la residencia.
La planta alta es algo menor en extensión, con 130,15 metros útiles sobre 148,30 construidos. Parte de un hall de 9 metros, tres dormitorios (18, 15 y 13 metros) con sus respectivos baños (9,6 y 7 metros) componen esa segunda altura. La terminan otra terraza de 25 metros y la joya en cuanto a distribución: un vestidor de 35 metros.
En total, la finca se expande hasta alcanzar los 1.200 metros cuadrados, con una piscina de diseño que apenas cubre la gran parcela exterior, recubierta del cuidadísimo césped que separa al edificio de una larga y alta valla blanca que, a modo de muralla, impide las distracciones y molestias exteriores.
Una finca que José Manuel Soria compró con la edificación en ruinas y que tuvo que derruir para luego construir su actual domicilio. El precio que se pedía por su venta en 2005 era de 120 millones de pesetas. Soria, dentro de la cantidad a pagar, incluyó como permuta su anterior residencia, cuya valoración de entonces podría estar en torno a los 60 millones de pesetas. Derribar la vieja casa y levantar la nueva pudo salirle a la pareja Soria-Benítez por unos 110 millones de pesetas.
Con estas cifras, y restando la vivienda entregada, el matrimonio Soria debe hacer frente a una letra mensual cercana a los 5.100 euros, es decir, casi 850.000 pesetas cada 30 días, en el cálculo de una hipoteca a amortizar en 30 años. Cantidades a satisfacer para vivir y disfrutar de una de las zonas más caras y nobles de Gran Canaria, y en un chalet que se levanta imponente, llamativo y marcial. Un auténtico palacio.
Cabildo, Parlamento, consejos, dietas...
José Manuel Soria recibe, aproximadamente, 5.000 euros mensuales como presidente del Cabildo de Gran Canaria, más unos 2.600 cada mes del Parlamento de Canarias, atendiendo a dietas por asistencia a sesiones plenarias, comisiones de investigación y unos 1.800 euros que, cada mes, recibe de su grupo, el PP, dinero éste que desembolsa la Cámara a cada formación. También cobra dietas por asistencia a los consejos de administración de la Autoridad Portuaria, unos 8.000 anuales, y del Polígono de Arinaga, que le reporta unos 800 durante los doce meses. Así, el presidente de los populares canarios se coloca en torno a los 110.000 euros anuales brutos, al menos, que dejan un sueldo al mes de 9.166 euros.
Publicado en http://www.canariasahora.es/ 14.05.07
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La Agencia de Protección de Datos estudia recurrir el caso de la apostasía
Apostasia (web)
Apostasia (articles)
Jo és que tinc ganes que m'esborrin de La Secta, que el meu nom no aparegui en cap document que em pugui relacionar ni de lluny amb aquesta banda ultra, maligna i perniciosa per al sentit comú, la cultura, la intel.ligència, el respecte, la convivència i el progrés.
J. P. - Valencia - 07/10/2008
A Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no le convence la sentencia que impide a los apóstatas que se les dé de baja de la Iglesia mediante una nota marginal en los libros de bautismo. Por ello, este organbismo está estudiando las "posibilidades de impugnación, tanto en el trámite de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, como subsidiariamente con posterioridad, ante el Tribunal Constitucional", según aseguró ayer el director de esta entidad, Artemi Rallo, para hacer valer su postura.
El Supremo eximió en una semana hecha pública la semana pasada al Arzobispado de Valencia de anotar las apostasías en los libros al no considerarlos ficheros, en contra de lo dictado primero por la propia AEPD y, luego, por la Audiencia Nacional. En estos momentos, recordó Rallo, el Supremo tiene pendientes de resolver "numerosos recursos" contra decisiones de la Audiencia Nacional a favor de mantener la inscripción en los libros bautismales (171). Además, la propia AEPD tiene otras 550 solicitudes, en las que deberá aplicar la resolución del TS. Rallo destacó que esta decisión "tiene un efecto directo en esa resolución de la AEPD, que la anula, y por lo tanto, niega a este ciudadano la posibilidad de cancelar sus datos" en los registros bautismales.
El director de la AEPD realizó estas declaraciones a los periodistas en Valencia antes de pronunciar la conferencia inaugural La protección de datos: decisión estratégica para la empresa, dentro de las jornadas sobre protección de datos que se celebran desde hoy lunes hasta el próximo miércoles 8 de octubre en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Artemi Rallo consideró que "en paralelo" existen otros sujetos "legitimados" para interponer el recurso de amparo ante el TC, que son "el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal y la persona directamente afectada, que está legitimada ante el TC para interponer su recurso de amparo", recoge Europa Press.
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http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/un-paso-correcto-un-desarrollo-insuficiente/
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en España: ( 2-10-08)
Con motivo del inicio del segundo año de implantación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (el primero en algunas Comunidades Autónomas), Amnistía Internacional insiste en recordar que esta asignatura es un paso correcto para lograr una educación en derechos humanos en sintonía con el resto de Europa.
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en esta materia: “el Gobierno aún no ha creado hasta la fecha los mecanismos adecuados que aseguren la sostenibilidad de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en los centros educativos españoles”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Alcanzar las metas y objetivos establecidos por el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos es una responsabilidad del Estado español que debe ser atendida tanto por el Gobierno central como por las Comunidades Autónomas. La organización ha constatado que las normas autonómicas que desarrollan la Ley Orgánica de Educación (LOE) no han servido para subsanar las carencias que ésta presenta en relación a educación en derechos humanos. “La manifiesta oposición a la asignatura que han expresado los gobiernos de algunas Comunidades Autónomas representa un obstáculo añadido a la construcción de una cultura de derechos humanos en un camino que se ha empezado por recorrer en España. Por su parte, los gobiernos que no se han opuesto, han mostrado una débil incorporación de las recomendaciones internacionales sobre esta materia”, continúa Beltrán.
La implantación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (ECD) se produce sin atender a las indicaciones del Programa Mundial de Naciones Unidas de Educación en Derechos Humanos en cuanto la formación del profesorado; el seguimiento de la aplicación de los contenidos de la asignatura; y la falta de una evaluación adecuada a las características de esta asignatura. De hecho, en ninguna de las órdenes y decretos autonómicos se hace mención al Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos. Asimismo, es fundamental incluir la formación inicial y permanente del personal docente, mediante la incorporación de una asignatura obligatoria de Educación en Derechos Humanos en todas las titulaciones de Ciencias de la Educación y en el Master de Formación para Profesorado de Secundaria.
Para alcanzar los objetivos del Programa Mundial de Naciones Unidas, el Gobierno debería prever la revisión de los materiales educativos por parte de personas expertas en educación en derechos humanos. La organización también recomienda incrementar progresivamente el número de horas lectivas destinadas a la asignatura en Secundaria para igualar la media europea. “El Gobierno debe acabar con estas carencias para demostrar un verdadero compromiso con los derechos humanos en materia de educación”, concluye Beltrán. En el apartado de avances, destaca la existencia de dos Comunidades Autónomas que cuentan con marco legal autonómico adicional a la LOE relativo a derechos humanos: Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos y Plan de Acción de Educación en Derechos Humanos de Castilla la Mancha. Una polémica que obstaculiza su implantación Desde su creación, esta asignatura ha provocado un encendido debate político y social sobre el derecho a no cursarla, que se ha trasladado a los tribunales. El asunto está ahora en el Tribunal Supremo, que aunará criterio en los próximos meses.
Para Amnistía Internacional, la actual situación de confrontación sobre la asignatura puede impedir una correcta adecuación de los contenidos de la materia, de acuerdo a lo que señalan el Plan de Acción del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas y las recomendaciones dictadas por el Consejo de Europa sobre educación para la ciudadanía. Al mismo tiempo, cuatro normas autonómicas de educación (La Rioja, Madrid, Castilla y León, y Murcia) han sido recurridas por el Ministerio de Educación que considera que en ellas se ha suprimido del currículo de la asignatura algunos de los contenidos marcados por la LOE.
A Amnistía Internacional le preocupa que la supresión de contenidos previstos en la asignatura pueda suponer un incumplimiento de los principios rectores de la educación en derechos humanos de acuerdo a lo establecido por el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. España, en la senda europea Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se imparte en la mayoría de países europeos.
Desde 2005 más de 20 países –entre ellos Francia, Portugal, Italia o Polonia – tienen esta asignatura como parte obligatoria de sus planes de estudio en enseñanza secundaria obligatoria. Como aspecto positivo, cabe señalar que la carga lectiva prevista en la LOE para esta asignatura en Primaria ya constituye un avance respecto a la media europea, considerando que algunos países vecinos, como Francia, Irlanda, Portugal, Polonia u Holanda, entre otros muchos, no la han implantado en este nivel. Sin embargo, con relación a la carga lectiva asignada a Secundaria, las Comunidades Autónomas siguen manteniéndose por debajo del promedio europeo, a pesar de que diez de ellas (Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria Castilla la Mancha, Galicia, País Vasco y Valencia) y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) han incrementado en dos horas la carga lectiva correspondiente a la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, con relación al mínimo marcado por la LOE.
EpC en inglés, a debate municipal en Alicante
El grupo socialista insta también a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), a que interceda ante el Consell para que "rectifique".
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante presentará en el pleno del próximo día 16 una moción en la que rechaza que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) se imparta en inglés, al entender que genera "un rotundo rechazo de la comunidad educativa y mal educa a los alumnos".
Así lo han anunciado hoy el portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, y el concejal del PSPV-PSOE Manuel de Barros, quienes han justificado su iniciativa en la "grave situación que atraviesan el personal docente, los alumnos y lo padres" por la resolución de la Generalitat de impartirse esa asignatura en inglés.
"Estamos ante una resolución que es una aberración, una falta de responsabilidad y un ataque profesional a los docentes", según Moreno, quien ha opinado que es "una ley que boicotea a una superior de rango estatal y que, encima ,cuesta de 8 a 12 millones de euros".
El grupo municipal socialista insta también a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), a que interceda ante el Consell para que "rectifique".
Por su parte, De Barros ha afirmado que la moción del grupo socialista es "pionera" y se presentará en "más ayuntamientos de la Comunitat"."Cuando el Gobierno aprobó en 2006, con el apoyo de todos los grupos políticos, menos del PP, la Ley Orgánica de Educación (LOE), la Generalitat ya dejó entrever que no la aceptaba y ahora la usa como arma arrojadiza", ha indicado.
De Barros ha argumentado que el profesor de inglés, a pesar de tener grandes conocimientos pedagógicos, "no es un traductor, porque, para eso, existen otros profesionales", y ha considerado que la resolución "atenta contra la libertad de Cátedra y es un caos organizativo".
Ante ese panorama, el edil de la oposición ha asegurado que "los docentes se han rebelado y los equipos directivos temen la represión de la Generalitat, que ya ha abierto algunos expedientes"."Mientras que los niños de 4 o 5 años carecen de clases en inglés, porque la Generalitat aduce que no hay dinero, se gasta de 8 a 12 millones de euros en esta quijotada", ha señalado.
Los directores y los padres convocan concentraciones contra Ciudadanía en inglés
Según ha explicado a EFE un portavoz de la asamblea, el principal objetivo de la concentración es protestar contra un principio de curso "caótico" motivado "por la falta de respeto en toda la normativa de principio de curso, que ha salido tarde y mal". En este sentido, desde la asamblea han apuntado que algunos de los decretos reguladores del inicio del curso escolar han sido publicados por la Conselleria de Educación a mediados de agosto, "y eso es algo que no había ocurrido nunca hasta ahora". Asimismo, los directores de Secundaria han manifestado su descontento ante "el malestar creado en los centros por la Conselleria" en relación a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Por último, los miembros de la Asamblea han denunciado la "falta de respeto" a la gestión de los equipos directivos de Secundaria que se manifiesta, según indican, en el impago de la retribución económica con carácter retroactivo acordada el pasado mes mayo con los sindicatos. Al respecto, fuentes de la Asamblea han remarcado que la Conselleria "está incumpliendo sus propias normas en cuanto a la remuneración de los equipos directivos" y esto provoca, en su opinión, que los valencianos sean los equipos "peor considerados de todo el país". La concentración, convocada bajo el lema "Equips directius: treball en condicions", tendrá lugar en la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, a las seis de la tarde, justo una hora antes de la manifestación convocada por los sindicatos educativos y el profesorado y a la que también se unirán los equipos directivos.
LOS PADRES, TAMBIÉN
La Confederación Gonzalo Anaya, integrada por las FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres) de Castellón Penyagolosa, València y Enric Valor de Alacant, ha convocado a las AMPA de la Comunitat Valenciana a participar en las concentraciones. Éstas se han programado para las 19.00 horas los próximos 16, 20 y 27 de octubre en las tres capitales de provincia, para exigir que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (Epc) se imparta en valenciano o en castellano y reclamar junto con los sindicatos 'Dignidad para la enseñanza pública'.
Según informó la entidad en un comunicado, desde la Confederación Gonzalo Anaya "se denunciará una vez más las graves carencias del sistema educativo valenciano como son los 1.300 barracones; la masificación de las aulas con las ratios desbordadas; la falta de maestros especialistas de inglés en infantil y primaria o el incumplimiento de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià con la insuficiente oferta de líneas en valenciano en infantil, primaria y secundaria.
Asimismo, criticará "la preocupante tasa de fracaso escolar y la insuficiencia de los programas autonómicos; la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales; el bajo gasto público en la enseñanza obligatoria o la precariedad de recursos informáticos (un ordenador por 15 alumnos)".
Por otra parte, la Confederación Gonzalo Anaya indicó que ya emitió un escrito al Consejo Escolar Valenciano para que se incluyera en la orden del día del primer pleno la reprobación al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y lamentó que "no se ha obtenido ninguna respuesta desde la administración educativa" al respecto "como tampoco se ha convocado el Consejo Escolar Valenciano desde el inicio de curso".
Para los representantes de la Confederación Gonzalo Anaya, "la ausencia de convocatoria al máximo órgano de participación es una muestra más de la falta de respecto hacia la comunidad educativa".
Cortina: "La objeción a Ciudadanía es un atentado al sentido común"
La ministra Cabrera ve legítimo dar la clase en inglés "siempre que haya profesores"
"La objeción de los gobiernos del PP a la asignatura de Ciudadanía es un atentado contra el sentido común que no se había visto nunca ni en la Transición española", resumió ayer la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, Adela Cortina, tras calificar como una "tontería" y una "estupidez" la decisión de la Generalitat Valenciana de seguir adelante con su idea original de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. Cortina se mostró "muy sorprendida" por el enfrentamiento político y social -que "no pedagógico"- que han tomado "determinados sectores de la Conferencia Espiscopal" hacia una asignatura sobre "ética ciudadana" que se imparte en Europa desde los años 90. Y recordó que la Comisión Europea recomendó en 2002 "impulsar la ética ciudadana" cuando entendió que el rendimiento de los alumnos evaluados en el Informe PISA "no iba paralelo a su formación en habilidades y competencias para hacer ser ciudadanos más responsables y gente justa". Ello explica la "preocupación europea", subrayó Cortina, por evitar que "alumnos buenos en Matemáticas, acaben cogiendo un rifle y matando a compañeros".
"Porque, de eso se trata educar en la ética ciudadana. ¿A quién puede molestar que una modesta asignatura de una hora semanal se aprendan una serie de valores plurales compartidos?", se preguntó Cortina, uno de los referentes de la investigación ética en España, durante la mesa redonda organizada en Valenciua por la Real Sociedad Económica de Amigos del País para "reflexionar" específicamente sobre el caso valenciano, en la que participaron las directoras del instituto Ballester Gozalvo, que se ha declarado en rebeldía y ha recurrido la orden valenciana, Margarita González y Carmina Cañellas; la presidenta de la Federación de Padres (FAPA-Valencia), Gemma Piqué, y el sudelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez. Este último explicó que el Gobierno formalizó un re curso hace dos días, entre otras razones, por considerar que la Generalitat vulnera dos leyes autonómicas y una estatal que fijan "los contenidos mínimos de inglés que debe saber un alumno al término de la Secundaria obligatoria". Sin embargo, la ministra Mercedes Cabrera, en unas declaraciones a Efe, trató ayer de quitar hierro a las "escaramuzas iniciales" de oposición a la materia y se limitó a decir que es "perfectamente lícito" dar clases en inglés "siempre que haya los profesionales necesarios".
150 objetores reclaman al Consell
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano 150 recursos de objeción de conciencia contra la asignatura de Ciudadanía. Se trata de familias que "entregaron su solicitud de objeción y no han recibido respuesta de la Generalitat". Es decir, que están molestas porque la Consejería de Educación acatara la suspensión cautelar parcial dictada por el TSJ en julio, que obliga a retirar la "opción B" para objetores que reducía la materia a un trabajo seleccionado por los padres.
En el frente contrario, 1.122 recursos, procedentes de 30 institutos públicos, han sido presentados "a título personal" por los padres y madres para "exigir expresamente que Ciudadanía se dé en las dos lenguas oficiales".
Ayer el subdelegado de Gobierno, Luis Felipe Martínez, recordó que "la objeción está regulada en la Constitución sólo a fecteos militares y médicos, en ningún otro caso".
La Confederació Gonzalo Anaya, integrada per FAPA Castelló Penyagolosa, FAPA-València i FAPA Enric Valor d’Alacant, convoca les AMPA de la Comunitat Valenciana, a participar en les concentracions programades, a les 19 hores, els propers 16, 20 i 27 d’octubre a les capitals de província (Castelló, a la Casa dels Caragols, València, plaça de Manises, davant el Palau de la Generalitat, i Alacant, a la Casa de les Bruixes).
Representants de mares i pares d’alumnes de l’escola pública es reuniran davant les seus de la Generalitat Valenciana per exigir que Educació per a la Ciutadania s’impartisca en valencià o en castellà i reclamar, junt als sindicats “Dignitat per a l’ensenyament públic”. Des de la Confederació Gonzalo Anaya no es deixarà de banda les carències del sistema educatiu valencià com són els 1.300 barracons, la massificació de les aules amb els ratis desbordats; la falta de mestres especialistes d’anglés en infantil i primària, l’incompliment de la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià amb la insuficient oferta de places d’ensenyament en valencià en infantil, primària i secundària; la preocupant taxa de fracàs escolar i la insuficiència dels programes autonòmics; la manca de recursos per a atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials; la baixa despesa pública en l’ensenyament obligatori, la precarietat de recursos informàtics (un ordinador per 15 alumnes);.
Reprovació del Conseller
Cal recordar que des de la Confederació Gonzalo Anaya ja es va emetre un escrit al Consell Escolar Valencià perquè s’ incloguera en l’ordre del dia del primer ple la reprovació al Conseller d’ Educació. Sobre l’ esmentat escrit no s’ha obtingut cap resposta des de l’administració educativa com tampoc s’ha convocat cap Consell Escolar Valencià en el que portem de curs. Per als representants de la Confederació Gonzalo Anaya l’absència de convocatòria al màxim òrgan de participació és una mostra més de la falta de respecte a la comunitat educativa.
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
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e contrario