Source: http://reformaprocesal.blogspot.com/2008/04/
Timestamp: 2018-01-19 11:00:47+00:00

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EL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO - SISTEMA ACUSATORIO: 1/04/08 - 1/05/08
La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Huaura
El consorcio Justicia Viva, ha presentado una importante investigación sobre la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huaura, donde se da a conocer los avances en la implementación del nuevo proceso y las deficiencias detectadas; esperamos que con dicho documentos, las autoridades encargadas de la implementación corrijan las deficiencias de cara a su implementacion en otros disritos judiciales y se fortalescan los avances positivos.
Puede bajar el documento aqui.
BALANCE. AUTORIDADES DE LA JUDICATURA EXPONEN HOY LOGROS DE LA APLICACIÓN DEL NCPP EN ESTA CORTE
Avanza reforma penal en Huaura
Los magistrados demuestran buena calidad en desempeño.
Plazos establecidos, oralidad y separación de funciones son cumplidos.
Los resultados de la aplicación del primer año de vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Huaura no sólo son positivos, sino también confirman que el país marcha por el camino seguro hacia la anhelada reforma y modernización de nuestra justicia penal. Esto se desprende del balance que presentan hoy las principales autoridades de la judicatura en dicha corte, al haber transcurrido más de 365 días desde la puesta en vigencia por primera vez de este cuerpo legal en el Perú.
Según dicha evaluación, en el primer año de aplicación de este código, los jueces y fiscales, junto a la Policía Nacional y los defensores de oficio, se adaptaron a las exigencias del nuevo modelo.
Además, el documento releva que los plazos establecidos, la oralidad y la separación de funciones se están cumpliendo en gran medida.
Este balance titulado La aplicación del Nuevo Código procesal penal en Huaura. Una experiencia positiva, elaborado por el Consorcio de Justicia Viva, será expuesto en presencia de la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y otras importantes autoridades de la magistratura peruana. Los comentarios estarán a cargo del presidente de la Corte de Justicia de Huaura, Moisés Solórzano; el ex procurador Iván Meini y el director de Justicia Viva, Ernesto de la Jara.
Dicho documento ha sido elaborado con información oficial proporcionada por las principales instituciones del sistema de justicia de esta corte judicial.
Su resultado será de mucha utilidad tanto para Huaura, que a lo largo de los siguientes años deberá seguir consolidando la transformación del modelo procesal penal, como para el resto de distritos judiciales que, progresivamente, han iniciado el mismo proceso. Es el caso del distrito judicial de La Libertad, segunda experiencia piloto que se inició el 1 de julio de 2007, y las cortes de Tacna y Moquegua, en los cuales acaba de comenzar la aplicación del nuevo modelo penal, a partir del 1 de abril.
Si bien la experiencia de Huaura es positiva, aún persisten inconvenientes que justifican la aplicación de medidas, útiles también para el resto de distritos judiciales, expresa el experto de Justicia Viva, Fernando del Mastro.
Entre ellas, dotar de equipos adecuados para la investigación a la Policía y al Ministerio Público, modificar la estructura de la Policía de acuerdo con las exigencias del NCPP, capacitar a fiscales y abogados de oficio en técnicas de litigación oral, mecanismos de investigación y aplicación de procedimientos especiales, etcétera.
Fijar los mecanismos de coordinación entre la PNP y el MP, a fin de que existan criterios comunes para el archivo de denuncias, entre otros.
Poder Judicial. Se crearon 14 juzgados: de investigación preparatoria, unipersonales, colegiado y una sala penal permanente y otra sala penal especial.
Ministerio Público. Cuenta con 67 fiscales. Se crearon fiscalías superiores de carácter penal, provincial-penal corporativa y dos mixtas. Se aumentó también el personal del Instituto de Medicina Legal, que actualmente tiene 23 profesionales.
Producción. Los juzgados tuvieron un ingreso de 4,496 expedientes: 1,453 nuevos y 3,000 adecuados. Un promedio de 374 expedientes al mes.
Si a esta cifra se le suman otros requerimientos provenientes de las fiscalías, se llega a 6,087 ingresos para 14 juzgados y 20 magistrados. En el primer año de aplicación del NCPP se resolvieron 1,454 procesos principales, de ellos 1,127 fueron adecuados y 327 nuevos. Esto supone que por lo menos 327 procesos penales han durado menos de un año.
Celeridad. Los expedientes nuevos resueltos por los juzgados a cargo de aplicar el NCPP en este primer año fueron 327, lo que quiere decir que estos procesos duraron menos de un año. Esto refleja una situación muy distinta a la generada con el código anterior, en que lo habitual es que los procesos duren muchos años.
PNP / MP. Ambos actuaron eficazmente como filtros de los casos que ingresan y se procesan. Esto es positivo si se quiere evitar que todas las denuncias -o la mayoría de éstas- sean procesadas por el PJ, a fin de prevenir la sobrecarga y permitir la celeridad.
Actuación de los magistrados
Los magistrados en la Corte de Huaura, en términos generales, han mostrado una buena calidad en su actuación en el marco del nuevo modelo procesal penal.
Según el informe presentado por Justicia Viva, el 68.2% de las actuaciones en las audiencias ha sido calificado como buenas; y, ninguno de los rubros evaluados -respeto por las garantías, calidad en la dirección del debate y calidad de las preguntas realizadas- ha recibido una calificación negativa.
En cuanto a los fiscales, su actuación resulta, sin duda, más efectiva y meritoria que con el anterior modelo. De esta manera, el 70% de las actuaciones, el desempeño de los fiscales en las audiencias resultó bueno o regular, lo que sin duda es significativo. Sin embargo, es necesario apuntar que todavía se deben mejorar algunos aspectos, como el nivel de exposición y de pruebas presentadas.
En el caso de los defensores de oficio, se puede anotar que la situación es similar a la de los fiscales; es decir, que su actuación resulta adecuada y, sin duda, mejor que la del resto de los defensores a escala nacional.
EL PERUANO 10-04-08
PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Jorge W. Chávez Cotrina.
La revisión y posterior aprobación por el Congreso de la República de la Ley de Pérdida de Dominio con las modificaciones establecidas en ella, es un mensaje del compromiso que tienen todos los estamentos del Estado en la lucha frontal contra la criminalidad organizada. Los operadores de justicia (fiscales, jueces, policía) requerimos de normas que nos faciliten nuestra lucha diaria contra el crimen, y la aprobación de esta ley se convierte en una herramienta eficaz, si es que la sabemos utilizar en su total dimensión y ello resulta responsabilidad de nosotros.
Las modificaciones incorporadas por el Congreso de la República salvan los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, no obstante que con todo derecho algunos congresistas han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad; ello es saludable, pues permitirá que el máximo órgano de control constitucional se pronuncie al respecto y con ello despejar cualquier cuestionamiento a la norma. El decreto supremo Nº 010-2007-JUS, (norma que reglamenta la ley), en su artículo 7 inciso "h" segundo párrafo, establece: "La información que el fiscal requiera a las instituciones públicas o privadas deberá ser proporcionada por éstas en un plazo de 72 horas, bajo responsabilidad", y este es uno de los grandes escollos que enfrenta el Ministerio Público en el procedimiento especial, pues en los pocos casos que se vienen investigando en la fiscalía, estos entes no responden a los requerimientos en los plazos que establece el reglamento de la ley, ello resulta más grave cuando se trata de entes públicos.
El reglamento precisa que el cumplimiento del requerimiento en el plazo establecido es bajo responsabilidad; sin embargo, no se ha establecido qué tipo de responsabilidad, por ello es indispensable que la norma señale que esta responsabilidad es de carácter penal, indicando claramente la sanción aplicable, tal como lo precisa la ley de lavado de activos, para los oficiales de cumplimiento que no acaten sus obligaciones. Lamentablemente, nuestra burocracia es insensible a los grandes problemas de nuestra sociedad, y ello ya ha sido claramente reclamado por el Ministro de Defensa en múltiples oportunidades.
Saludamos la tenaz e inteligente defensa de la ministra de Justicia para la aprobación de la Ley de Pérdida de Dominio, por ello llamamos su atención en la necesidad de que su ministerio decida la creación de la procuraduría que se encargue de la defensa del Estado en las investigaciones y procesos en lavado de activos y pérdida de dominio, ello porque la falta de una procuraduría en estos temas origina dificultades en la investigación y futuros procesos; en la actualidad, cuando iniciamos investigaciones por lavado de activos, los fiscales notificamos al procurador encargado de defender los intereses del Estado relacionado con el delito precedente, así por ejemplo, si la investigación por lavado de activos tiene como delito precedente el tráfico de drogas, se le notifica al procurador de la materia, lo mismo ocurre cuando el delito precedente es de corrupción de funcionarios; sin embargo, existen delitos en los cuales el Estado no es agraviado, como la extorsión, el secuestro, entre otros, donde el agraviado es una persona natural; sin embargo, estos ilícitos pueden generar una investigación por lavado de activos y pérdida de dominio, en estos casos no existe una procuraduría que defienda los intereses del Estado, aunando a ello que tanto la investigación por el lavado de activos como la pérdida de dominio requieren de personal especializado en el tema y a dedicación exclusiva, independientemente del delito previo. No podemos perder la visión. Una de las formas de derrotar a estas organizaciones criminales es atacando la razón de su existencia, y ésta no es otra que privarles de los bienes que adquieren con sus ilícitas ganancias.
(*) Fiscal provincial Antidrogas de la 1ª Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (1ª Fecor)
EL PERUANO 04-04-08
UN ARMA PARA LUCHAR CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Los alcances de la modificada ley de pérdida de dominio
Por Jorge Avendaño V. Jurista
Aprobó el Congreso, luego de largo y ardoroso debate, la mo- dificación de la ley de pérdida de dominio. Buena parte de la discusión se centró en si la ley debía derogarse o solo modificarse. En verdad, este punto no era el más trascendente por cuanto una ley de pérdida de la propiedad es necesaria como un arma eficaz de lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Daba prácticamente lo mismo modificarla o sustituirla, pero había que hacerlo sin objeciones constitucionales y legales.
Lo cierto es que se la ha modificado y que se han superado varias de las objeciones que se hicieron al texto original. El tema principal sigue siendo el del artículo 70 de la Constitución, que dice que la propiedad es inviolable y que el Estado la garantiza. Agrega que a nadie se puede privar de su derecho sino, exclusivamente, mediante expropiación. En este caso, es obvio que no hay expropiación. He destacado la palabra "exclusivamente" porque sus sinónimos son "solamente" y "únicamente". Lo que quiere decir que el único modo de perder la propiedad es a través de la expropiación. No hay otro.
¿Puede el Poder Judicial, a pesar de lo dicho, declarar extinguida o perdida la propiedad? Creo que sí, pero a través de un proceso de conocimiento, con términos amplios y generosos. Precisamente así se tramita el juicio reivindicatorio, que es el juicio de propiedad por excelencia. Y así también se tramita, por decisión reiterada de nuestra Corte Suprema, el llamado juicio de mejor derecho de propiedad.
En este caso, se ha creado un procedimiento especial, al margen de nuestro Código Procesal Civil. ¿Es admisible esto desde el punto de vista jurídico? Creo que sí, siempre que se respeten las garantías procesales. En este caso, se ha impuesto la carga de la prueba al demandante (el Ministerio Público), lo cual corrige la ley anterior que imponía esa prueba al demandado.
No se entiende por qué este proceso se tramita ante un juez en lo penal. El tema que se discute en el juicio propuesto es si se ha perdido la propiedad sobre un determinado bien. Esta cuestión, es cierto, se vincula con la comisión de un delito, pero su naturaleza es eminentemente civil.
Antes de tratar la situación de los terceros (eventuales adquirientes del bien en cuestión) es bueno señalar que la ley aprobada confunde la noción del justo título y sus efectos. Este es un acto jurídico capaz de transmitir la propiedad, por ejemplo, una compraventa. La nueva ley dice que en estos casos de los bienes adquiridos ilícitamente, no hay justo título. Si esto es así, el comprador nada ha adquirido, lo cual quiere decir que el vendedor sigue siendo el propietario. ¿Cómo, entonces, resulta adquiriendo el bien el Estado? Resultaría el absurdo de que el proceso judicial se sigue contra quien no es el propietario.
Volviendo a los terceros, lo que puede haber ocurrido es que el titular del derecho (antes de la pérdida de dominio) lo haya transferido a un tercero. ¿Tiene este protección legal o también perderá lo que compró?
La ley alude muy de paso a los terceros de buena fe y los protege. Pero no explica qué debemos entender por buena fe. ¿Es la de carácter registral? Al parecer, es así porque a favor de los titulares con derecho inscrito se establece una presunción de licitud. ¿Pero, y en el caso de los bienes muebles no inscritos, cuándo y cómo podrá alegar el tercero que ha tenido buena fe?
En conclusión, esta ley evidentemente mejora la anterior, pero aún son necesarios algunos retoques para que nadie la objete y cumpla verdaderamente su finalidad.
EL COMERCIO 03-04-2006
BALANCE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA RESPECTO ALPRIMER AÑO DE APLICACIÓN DEL NCPP
El 14 de marzo último, el Ministerio de Justicia publicó en su página web su Informe Anual sobre la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el Distrito Judicial de Huaura (ver: Informe).
Desde nuestro punto de vista, este Informe es un interesante documento que da cuenta de un importante y meritorio esfuerzo realizado por el Ministerio de Justicia, toda vez que presenta datos y plantea una serie de recomendaciones que deberán tenerse en cuenta por parte de las instituciones que vienen aplicando el NCPP. Sin perjuicio de lo mencionado, y como se advierte en el mismo Informe, el Ministerio de Justicia se centra en los primeros resultados obtenidos y principalmente en algunos aspectos cuantitativos. De allí que el Informe presente también algunas carencias que es preciso mencionar.
En lo relativo a los datos más importantes podemos mencionar, entre otros:
• Avances en cambios organizacionales y mejoras en infraestructura. En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, se crearon 14 nuevos órganos jurisdiccionales.
• Mayores garantías para las víctimas y testigos fundamentalmente a través de la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos, que durante el primer año, entre otras actividades, atendió 464 consultas.
• Una baja cantidad de casos que llegan a juicio oral. En los casos nuevos, por ejemplo, de un total de 7979 denuncias solo 120 transcurrieron todas las etapas del proceso.
En cuanto a las recomendaciones, tenemos como algunas de las principales:
• Dotar de equipos adecuados tanto a la Policía como al Ministerio Público, como es el caso, por ejemplo, de los laboratorios de criminalística.
• Modificar el régimen del personal policial a fin de que esté de acuerdo a las exigencias del NCPP.
• Es necesario que se haga una evaluación presupuestal y se dote de los recursos adecuados tanto a Huaura como a los otros distritos judiciales, a fin de que la implementación del NCPP sea idónea.
Sin perjuicio de que muchos de los datos y recomendaciones del Informe del Ministerio de Justicia son interesantes y dan cuenta de parte de lo que viene ocurriendo en Huaura, consideramos que un balance detallado exige abordar otros aspectos (aspectos que, a su vez, exigirían consultar y analizar una cantidad de fuentes importantes, tales como: fichado de expedientes y audiencias, realización de entrevistas, análisis de decisiones, entre otros). Veamos algunos de las acciones que un balance más detallado exigiría realizar.
• Efectuar una evaluación desagregada de lo ocurrido en las diversas instancias del Poder Judicial e indagar cuáles son los diversos problemas que tienen lugar en las diferentes fases del proceso. Así, por mencionar un ejemplo, se debe verificar qué problemas que pueden estar demorando los procesos en sus diversas etapas.
• Realizar una evaluación cualitativa de la actuación de los funcionarios en el ejercicio de sus diferentes funciones, así como de las decisiones adoptadas. Esto es central ya que una aproximación netamente cuantitativa no refleja realmente los problemas que pueden estar dándose en la aplicación del NCPP.
• Se deriva de lo anterior que las propuestas realizadas no se deben limitar a aspectos de infraestructura y difusión general: se deben proponer diversos mecanismos de capacitaciones en orden de mejorar el sistema; capacitaciones sobre diversas materias, tales como utilización de procedimientos especiales, técnicas de investigación, dirección de audiencias, técnicas de litigación, entre otras.
No obstante lo dicho, consideramos que el Informe del Ministerio de Justicia es un valioso aporte al debate entorno aplicación del NCPP; debate que buscaremos enriquecer próximamente con la publicación de nuestro Balance, titulado "La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Huaura. Una experiencia positiva".(Fernando Del Mastro Puccio)
Arresto ciudadano: sí, pero...
Abogado *
El pasado 28 de febrero, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para poner en vigencia a escala nacional el artículo 260 del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que regula el llamado "arresto ciudadano". Dicha disposición autoriza al ciudadano a detener a una persona que se encuentre en flagrante delito, y exige ponerla a disposición de la Policía en la comisaría más cercana.
Debemos comenzar por señalar que cualquier debate debe partir por reconocer que el tema de seguridad ciudadana y orden interno es competencia de la Policía. En consecuencia, cualquier propuesta que se haga para reconocer esta facultad a los ciudadanos, debe hacerse de manera excepcional y subsidiaria. Asimismo, hay que tener presente que no se trata de un proyecto de ley, sino de una norma que ya ha sido aprobada por el Congreso y que se halla vigente en las cortes de Justicia de Huaura y La Libertad, en el marco de un plan de implementación progresivo del CPP. Y por último, ser conscientes de que estamos ante una figura vigente en otros países con estados de derecho consolidados y con pleno respeto de los derechos humanos, como es el caso de España.
Tres son los cuestionamientos que se pueden hacer a esta propuesta: 1) la falta de cobertura constitucional "explícita" de esta institución; 2) la reserva al Estado y no a los particulares -justicia por mano propia- del uso legítimo de la fuerza y del ius punendi; 3) el hecho que un particular, al momento de detener a una persona sorprendida en flagrancia, no se encuentra en las mismas condiciones que la Policía, pues carece del entrenamiento y de la preparación que esta última tiene.
Por nuestra parte, desde el Consorcio Justicia Viva, estimamos que esta propuesta sí tiene sustento constitucional en la medida en que busca proteger dos bienes jurídicos constitucionales de primera importancia: la seguridad ciudadana y la realización de la justicia. Su cobertura constitucional se encontraría en el artículo 2, 24, b de la Constitución, que recoge la figura de la "restricción" a la libertad individual.
No obstante debemos ser conscientes de que este tipo de instituciones puede dar pie a abusos y atropellos. La manera de asegurar un correcto uso de esta figura es estableciendo restricciones, algunas de las cuales están implícitas en el artículo 260. En primer lugar, estamos ante una facultad y no una obligación jurídica; no se trata de hacer que el ciudadano haga una labor para la que no está preparado y menos exponerlo al peligro y las violaciones a sus derechos. De igual manera, ésta sólo debe ser utilizada en caso de flagrancia, en ninguna circunstancia puede recurrirse al arresto ciudadano ante amenazas de cometerse un delito o ante la simple sospecha de que esté fuera a realizarse.
Finalmente, debemos ser conscientes de que, si bien esta figura puede contribuir con la seguridad ciudadana, esta medida en sí misma aislada no va a solucionar el grave problema de inseguridad ciudadana en nuestro país. Se requiere la elaboración de verdaderas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, que potencien los escasos recursos disponibles de la Policía, y de forma articulada con las otras instituciones que componen el sistema de justicia.
EL PERUANO 19-03-08
HACIA UNA JUSTICIA EFICAZ Y PRONTA
En las acciones contencioso-administrativas
Pedro Cartolín Pastor.
La acción contencioso-administrativa implica una contienda entre un particular y la administración pública, la cual es resuelta por el Poder Judicial. Mediante esta acción, se cuestiona una decisión de la administración, desde el punto de vista jurídico, y -a su vez- se pretende proteger la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.
Dado que la mayor parte de las sedes principales de las entidades públicas se encuentra en Lima, los demandantes de esta acción recurren a los juzgados contencioso-administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima; sin embargo, estos órganos jurisdiccionales vienen siendo cuestionados por su eficacia en resolver oportunamente las controversias. Tal situación obedece esencialmente a que los juzgados contencioso-administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, en un número de quince, tienen una carga promedio de cinco mil a seis mil expedientes por juzgado, de los cuales el sesenta por ciento aproximadamente lo constituye los procesos de carácter previsional o llamados comúnmente procesos pensionarios, según lo refiere el último inventario físico de expedientes realizado por el Poder Judicial.
El origen de esta carga procesal se remonta a la decisión, equivocada en nuestro concepto, del Tribunal Constitucional, tomada en el expediente N° 1417-2005-AA/TC -Caso Anicama Hernández-, en ella se dispone que toda demanda de amparo que sea presentada o que se encuentre en trámite y cuya pretensión no verse sobre el contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión, debe ser declarada improcedente y remitirse a los juzgados contencioso-administrativos, en el estado en que se hallen. Consideramos que el Tribunal Constitucional no debió ordenar que el criterio de carácter vinculante, que en buena cuenta modificaba la competencia de los jueces, tenga efectos retroactivos, ya que ello significó que todos los procesos constitucionales que estaban en trámite y muchos de ellos para dictar sentencia se reanudarán con la calificación de la demanda bajo las reglas del proceso contencioso-administrativo; en el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima se remitieron todos los procesos a los jueces especializados en lo contencioso-administrativo.
Esta decisión perjudicaba esencialmente a los pensionistas, además del rechazo al sistema de justicia focalizado en el Poder Judicial. Al respecto, el magistrado Héctor Lama More en el artículo publicado en la revista Diálogo con la Jurisprudencia N° 83 cuestionó tal decisión, señalando que los efectos de dicha sentencia "...será el inmediato y masivo desplazamiento de causas de los juzgados y salas civiles de Lima -y del TC- a los juzgados contencioso-administrativos.... Producirá además una imprevista e inmediata sobresaturación de los procesos en los mencionados juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima, los que -para "variar"- desde su creación enfrentan graves dificultades como efecto de la sobrecarga procesal".
La respuesta dada por el órgano de gobierno del Poder Judicial a la carga procesal excesiva de los juzgados contencioso-administrativos es la reciente creación -30 de enero de 2008- de diez juzgados y una Sala Especializada en lo contencioso-administrativo con carácter transitorio, por un período de seis meses, y con la única finalidad de realizar una descarga procesal. Tal esfuerzo de destinar recursos económicos para la creación de juzgados transitorios como solución de carácter coyuntural, requiere de otras medidas adicionales que se sostengan en el tiempo, de tal forma que los justiciables que recurren a dichos órganos jurisdiccionales puedan tener una justicia pronta.
En ese sentido, debemos recordar que en julio de 2003 se promulgó la Ley N° 28040, mediante la cual se creó el Tribunal Administrativo Provisional, siendo su competencia conocer en segunda y última instancia administrativa las reclamaciones que versen sobre derechos pensionarios; por lo que, si tenemos presente que la mayor parte de la carga procesal de los juzgados contencioso-administrativos se encuentra en los temas pensionarios y que respecto de éstos ya existen criterios señalados por el Tribunal Constitucional que harían predecible las decisiones de los entes administrativos, corresponde exigir la pronta implementación de los Tribunales Administrativos Provisionales, más aún cuando el plazo para su implementación de seis meses, que determinó la referida ley, ha expirado en forma excesiva. Asimismo, con la finalidad de efectuar un reordenamiento de la carga procesal el Tribunal Constitucional, como lo hizo anteriormente, podría determinar en algún proceso de naturaleza pensionario que conozca sean revisados por el Tribunal Previsional Administrativo, para los efectos de dar por agotada la vía administrativa.
El funcionamiento de dicho Tribunal Administrativo Previsional reduciría en gran medida la carga procesal de los juzgados contencioso-administrativos y redundaría en el administrado -pensionista- quien tendría una respuesta predecible y rápida. Todo ello permitiría además que los justiciables que recurren a los juzgados contencioso-administrativos por otros temas tengan un verdadero acceso a la justicia y, por ende, ésta sea más expedita.
SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA
Cumbre Iberoamericana aprueba reglas de Brasilia
Javier La Rosa Calle.
Uno de los acuerdos más importantes aprobado en la reciente 14a Cumbre Judicial Iberoamericana llevada a cabo en Brasilia, del 4 al 6 de marzo, han sido las denominadas Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Esta edición de la Cumbre Judicial reunió a las presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de la mayoría de países iberoamericanos, quienes continuando una tradición iniciada hace varios años se reunieron para evaluar los diversos compromisos de concertación, diálogo e intercambio de experiencias que contribuyesen a modernizar los poderes judiciales en sus respectivos lugares de origen.
En esta orientación, se aprobaron diversas declaraciones particulares, siendo la primera de ellas la de Acceso a la Justicia, en la cual de manera enfática se señala que por este concepto no sólo debe entenderse el acceso a los tribunales, sino también el acceso al goce pleno de los derechos, especialmente de los fundamentales, y las diversas alternativas para la resolución pacífica de los conflictos.
Llama la atención positivamente que sean las máximas autoridades judiciales de los países de la región quienes opten por una definición amplia e inclusiva del derecho al acceso a la justicia, superando aquellas posiciones que sólo la equiparan como tutela judicial. La posición aprobada establece un giro radical en lo que se ha venido asumiendo desde los poderes públicos, lo cual se reflejaba al momento de aprobar las políticas respectivas que siempre resultaban insuficientes.
De este modo, la aprobación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad es un hito relevante a nivel de los documentos internacionales, donde antes este tema no había sido comprendido de manera expresa, sino sólo como parte de otros derechos fundamentales. Con la declaración señalada, a pesar de no ser vinculante, se establece una guía de orientación, a la que se comprometen las autoridades judiciales, para promover dentro de la modernización de los servicios judiciales una concepción distinta y abiertamente democratizadora.
Esperamos que la declaración y los compromisos de las Reglas de Brasilia influyan en el desempeño de nuestras autoridades, permitiendo redefinir lo que hasta ahora ha venido entendiéndose por este concepto, de manera que se adopten medidas coherentes, sostenibles y con una orientación programática: una política pública en acceso a la justicia.
EL PERUANO 01-04-08
Nuevo Código Procesal Penal vigente en Moquegua y Tacna
Reforma procesal de la justicia penal avanza hasta la zona sur del país.
Principales autoridades de la judicatura confían en el éxito del cambio.
A casi un año de la implementación destacable del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en los distritos judiciales de Huaura y La Libertad, desde hoy este moderno cuerpo legal destinado a impulsar el verdadero cambio de la justicia penal empezará a regir en el sur del país, concretamente, en las cortes superiores de Moquegua y Tacna.
Precisamente, para dar inicio de manera simbólica a la puesta en vigencia del NCPP, el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara; la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz; los titulares de Justicia y del Interior, Rosario Fernández y Luis Alva Castro, respectivamente, entre otras personalidades, se trasladaron ayer hasta la ciudad de Moquegua para anunciar oficialmente el inicio del nuevo proceso penal. Similar ceremonia se realiza hoy en la ciudad Tacna.
De acuerdo al protocolo, en ambas actividades se da lectura a la Ley Nº 28671, referida a la aplicación del nuevo proceso penal, y a los informes de los distritos judiciales de Huaura y La Libertad, donde se detallan sus principales experiencias, logros y conclusiones del primer año de vigencia de este texto legal en Huaura, así como la precisión de las tareas y retos que aún quedan pendientes.
En términos generales, para la secretaria técnica de la comisión especial de implementación del NCPP, el primer año de vigencia de este cuerpo legal arroja un resultado favorable y positivo. Incluso, añade, se ha demostrado que a pesar de no haber contado con la totalidad de los recursos para la implementación, el esfuerzo de las instituciones ha podido lograr un importante avance en la aplicación del nuevo código hacia su pronta consolidación, especialmente, en el distrito de Huaura.
"No se trata sólo de sustituir un código por otro, sino, por el contrario, de una verdadera reforma en la administración de justicia penal, por lo que exige un gran trabajo para su debida implementación. Esto conlleva al planeamiento, ejecución y seguimiento de diversas tareas y actividades en varias áreas de trabajo, como el diseño del sistema, monitoreo y evaluación, presupuesto y gestión de recursos, capacitación y difusión, así como adecuación normativa, entre otros", explica la citada comisión.
El 1 de julio de 2006 entró en vigencia en el Distrito Judicial de Huaura el Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, lo que dio inicio a la aplicación de un nuevo modelo procesal penal de orientación acusatorio-adversarial, en lo que constituye el más importante cambio en el sistema de justicia penal en el país.
La aplicación del NCPP en la zona sur del país demanda una inversión global de 24 millones de nuevos soles, informó recientemente la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. De ello, 14 millones fueron distribuidos para Tacna y los otros 10 millones a Moquegua.
El NCPP ya se encuentra vigente en los distritos judiciales de Huaura (2006) y La Libertad (2007).
1) Se disminuye drásticamente la posibilidad de actos de corrupción, pues los juicios orales son públicos con acceso de la población a las audiencias.
2) Permite la aplicación de salidas alternativas para culminar el proceso en menor tiempo como: principio de oportunidad, acuerdos reparatorios, terminación anticipada, etc.
3) Con el nuevo modelo, el fiscal dirige la investigación con participación de la PNP.
4) Garantiza el respeto irrestricto a la igualdad entre las partes en la defensa de sus derechos, el debido proceso y la presunción de inocencia.

References: artículo 7
 artículo 70
 artículo 260
 artículo 2
 artículo 260
 resolución