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Timestamp: 2017-01-16 18:11:38+00:00

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173DPR870
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García Reyes v. Cruz Auto Corp.
Ivette García Reyes, Peticionaria v. Cruz Auto Corp. Y Scotiabank de Puerto Rico, Recurridos Página: 870 Número: CC-2006-515 Resuelto: 12 de mayo de 2008
1. CONTRATOS—EN GENERAL—REQUISITOS Y VALIDEZ—NATURALEZA Y REQUISITOS—EN GENERAL. El Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3391, dispone que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. 2. ÍD.—ÍD.—ÍD.—PARTES, PROPOSICIONES U OFERTAS Y ACEPTACIÓN— CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES. En nuestro ordenamiento jurídico, el consentimiento de las partes es uno de los elementos esenciales que deben concurrir para la existencia de todo contrato. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. Dicho consentimiento supone la concurrencia de ciertos presupuestos necesarios para su validez y eficacia, entre ellos, la declaración de la voluntad libre de vicios. Según el Art. 1217 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3404, dicho consentimiento será nulo si fuese prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
3. ÍD.—ÍD.—ÍD.—VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO—CONSENTIMIENTO PRESTADO U OBTENIDO POR DOLO. Existe dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas por parte de uno de los contratantes, el otro es inducido a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. Además, constituye dolo callar sobre una circunstancia importante relacionada con el objeto del contrato. Sin embargo, no todo tipo de dolo produce la nulidad de un contrato. A tales efectos, el Art. 1222 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3409, dispone que, para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. De tal modo que afecta el consentimiento que inspira y persuade al contratante. Este dolo grave se ha denominado como el dolo causante. 4. ÍD.—ÍD.—ÍD.—ÍD.—ÍD. Existe una especie de dolo, denominado por el Art. 1222 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3409, como dolo incidental, cuya existencia no produce la nulidad del contrato. Este tipo de dolo no tiene una influencia decisiva en la esencia de la obligación, sino que facilita la celebración del contrato. En el dolo incidental, contrario al dolo causante, existe la voluntad de contratar del perjudicado, pero hay engaño en el
modo como se celebra el contrato. Sin éste, el contrato de todas formas se hubiera celebrado, pero no según las mismas condiciones. Cualquier engaño con respecto a dichas condiciones no arranca por sí sólo el consentimiento en la totalidad de la Página: 871 obligación, sino en algún extremo o particularidad de ella. El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar por daños y perjuicios. 5. ÍD.—ÍD.—ÍD.—ÍD.—ÍD. En la determinación de si existe dolo que anula el consentimiento, se debe considerar, entre otras cosas, la preparación académica del perjudicado, así como su condición social y económica, y las relaciones y el tipo de negocios en que se ocupa. Puede ser que en un caso el dolo no surja de un simple hecho, sino del conjunto y la evolución de las circunstancias y los manejos engañosos. Finalmente, el dolo, al igual que el fraude, no se presume; sin embargo, ello no significa necesariamente que tenga que probarse directamente. Puede establecerse mediante inferencia o por evidencia circunstancial. 6. ÍD.—ÍD.—ÍD.—REQUISITOS FORMALES—NULIDAD—EN GENERAL. Una vez decretada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses. 7. COMPRAVENTA—MUEBLES—INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO—LEY APLICABLE. En virtud de la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, el Departamento de Asuntos del Consumidor aprobó el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor. El objetivo de este reglamento es proteger adecuadamente a los consumidores en Puerto Rico en la adquisición de vehículos de motor, asegurarles que estos vehículos sirvan el propósito para el cual fueron adquiridos y que reúnan las condiciones necesarias para garantizar al comprador la protección de la vida y propiedad. Por ende, éste se debe interpretar liberalmente a favor del consumidor. Dicho reglamento aplica a toda persona natural o jurídica que se dedique por sí misma, o por mediación de su representante o agente, o como agente o representante del fabricante, o como intermediario de otra persona, a la venta de vehículos de motor nuevos o usados en Puerto Rico.
8. ÍD.—ÍD.—ÍD.—ÍD. El Art. 22.1 Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor dispone que todo vendedor de un vehículo nuevo de motor notificará al comprador, por escrito, si previo a la venta de dicho vehículo, éste ha sido objeto de alguna reparación cosmética sustantiva o mecánica estructural. También, su Art. 34 advierte que nada de lo dispuesto en el Reglamento limitará en forma alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le reconozcan las leyes generales o especiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como las acciones de saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos y la acción redhibitoria que reconoce el Código Civil de Puerto Rico. Se deduce, por lo tanto, que las determinaciones del Departamento de Asuntos del Consumidor relacionadas con
A. (2) el defecto debe ser grave o suficientemente importante para hacer la cosa impropia para el uso a que se le destina o que disminuya de tal modo este uso que. 3841. o podrá rebajar una cantidad proporcional del precio ("acción quanta minoris").—ÍD—ÍD.P. de haberlo conocido el comprador.—ÍD. como cuando se trata de defectos intrínsecos de la cosa vendida.—ÍD.—ÍD.—ÍD. Para que proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos. Estos vicios pueden ser de índole jurídico. se ve privado de la cosa o imposibilitado de aplicarla a los usos que le son propios. entre las obligaciones que le impone el Código Civil de Puerto Rico a un vendedor se encuentra la responsabilidad de éste ante los vicios o defectos ocultos que tuviere la cosa vendida. han de coincidir los requisitos siguientes: (1) no deben ser conocidos por el adquirente. En torno a la acción redhibitoria por vicios ocultos en la cosa vendida.—ÍD.R.R. el Art. no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella. Este propósito dejaría de realizarse si. dispone que el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tenga la cosa vendida si la hacen impropia para el uso al que se la destina o si disminuyen de tal modo este uso que.—ÍD.—ÍD.—ÍD. ÍD. dispone que el vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida aunque los ignore. de haberlos conocido el comprador. no la habría comprado o habría dado menos precio por ella. el comprador podrá optar entre desistir del contrato. 10. una vez entregada la cosa.estos asuntos deben ser cónsonas con los artículos del Código Civil sobre las acciones de saneamiento en la compraventa. Además. El vendedor no será responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista ni de los que no lo estén si el comprador es un perito que. ÍD.P. El propósito o la causa de la venta para un comprador es adquirir la cosa y servirse de ella. en cuyo caso consistirían en una limitación al derecho transmitido o pueden ser de hecho. por razón de su oficio o profesión. 1373 del Código Civil de Puerto Rico.—MODIFICACIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO—RESCISIÓN POR EL COMPRADOR—ACCIONES SOBRE RESCISIÓN DEL CONTRATO—ACCIÓN REDHIBITORIA. sec. En lo que respecta a la acción de saneamiento por vicios ocultos. (3) que sea preexistente a la
. 1374 del Código Civil. abonándosele los gastos que pagó ("acción redhibitoria").—CONDICIONES Y REQUISITOS PREVIOS.—ÍD. ÍD. ya que pueden deshacer la venta. ÍD. 12. El Art. debía fácilmente reconocerlos. Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contrario y el vendedor ignore los vicios o defectos ocultos de lo vendido. 11. Ante una situación de vicios ocultos. Esta obligación se denomina saneamiento por vicios o defectos ocultos. 3842.—ÍD. se le indemnizará por los daños y perjuicios. si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador. si opta por la rescisión. 31 L.—ÍD. Página: 872 9. A los vicios ocultos se les denomina "redhibitorios".A. 31 L. sec.
.—ÍD.—ÍD.—ÍD. siempre que mermen notablemente su valor. la intervención de los tribunales con la discreción del juzgador sólo en aquellos casos que acusen ausencia de prueba adecuada o la comisión de un error manifiesto en su apreciación. el tribunal está obligado a tener en cuenta la especialización y experiencia de la agencia sobre las cuestiones que tuviera ante sí. 16. de manera que no es necesario que dichos defectos imposibiliten el uso de la cosa vendida.venta.R.—ÍD. seguido. el tribunal debe determinar si ésta actuó de forma arbitraria.—ÍD. La apreciación de la importancia del defecto. que es el de seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida. Debido a que las decisiones administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad y corrección. Esta labor revisora exige distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria.—ÍD. El criterio rector será la razonabilidad de la agencia recurrida. y (4) que se ejercite la acción en el plazo legal. para resolver la procedencia de una acción redhibitoria. Cuando una agencia interpreta el estatuto que está llamada a poner en vigor. ÍD. justificándose.—ÍD.P.—ALCANCE DE LA REVISIÓN—ACTUACIONES ARBITRARIAS. Para establecer qué son vicios redhibitorios.—ÍD. IRRAZONABLES O CAPRICHOSAS DE LAS AGENCIAS—EN GENERAL.—ÍD. Página: 873 13. ilegal o irrazonable.—ÍD. al realizar su función revisora. Así. de forma tal que
17.—ÍD. Al evaluar la decisión de una agencia. La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de las agencias y asegurarse de que éstas desempeñen sus funciones conforme a la ley. se ha adoptado el criterio de aquellos defectos que exceden de las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un producto determinado.—ÍD.—ACCIONES SOBRE RESCISIÓN DEL CONTRATO— ACCIÓN REDHIBITORIA. Por esta razón. 106 D. constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción. 15.—ÍD. ÍD. por lo tanto. pues. 232.
14. es esencialmente una cuestión de hecho. Benet.) la el la v. reiteradamente se ha sostenido que las conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos especializados merecen gran consideración y respeto. jurisprudencia ha establecido que solamente compete al comprador probar que automóvil que compró no funcionaba en forma normal y que el vendedor tuvo oportunidad de corregir los defectos y no pudo o no los corrigió. ÍD. los tribunales deben ser bien cautelosos al intervenir con dichas determinaciones. (Ford Motor Co. en la que los tribunales son especialistas. y cuestiones propias para la discreción o pericia administrativa. DERECHO ADMINISTRATIVO—REVISIÓN JUDICIAL DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS—EN GENERAL—DEFERENCIA A INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA. Para llevar a cabo una acción redhibitoria por vicios ocultos en autos defectuosos.
se ha reiterado constantemente. ÍD. porque las decisiones de las agencias administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección.—ÍD. que dispone que el tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el peticionario tiene derecho a un remedio. la cual debe ser respetada por los tribunales mientras la parte que la impugna no produzca suficiente evidencia como para derrotarla. 19. a los que se ha facultado para adjudicar querellas. sustituyendo el criterio de ésta por el propio. El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la revisión judicial ulterior. 20. que de ordinario. La revisión de las determinaciones de hechos está limitada por lo establecido en la Sec. 2175.—ÍD. la revisión judicial debe ser especialmente rigurosa para servir de contrapeso a la amplitud de la discreción administrativa. los tribunales no deben sustituirlas por su propio criterio. es necesario que la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el expediente que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. que al ejercer su función revisora el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia. Cuando se trata de organismos administrativos. ÍD. 21. Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia sustancial en el expediente administrativo no es sustancial.produzca resultados contrarios al propósito de esa ley.—REVISIÓN DE DETERMINADAS CUESTIONES—CUESTIONES DE HECHO Y CONCLUSIONES DE DERECHO—CONCLUSIÓN SOSTENIDA POR LA EVIDENCIA ANTE LA AGENCIA O JUNTA ADMINISTRATIVA. (2) la revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. Página: 874 18.—ÍD.—ÍD.—EN GENERAL. sec. antes y después de la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 L. 4.—ÍD.A. como el Departamento de Asuntos del Consumidor.—ÍD. El proceso de revisión judicial de una determinación administrativa comprende tres áreas: (1) la concesión del remedio.—ÍD. ÍD. Esto no significa.P. ÍD. Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal si se fundamentan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Página: 875
.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto es así. Al contrario.R.—ÍD.—EN GENERAL—NATURALEZA Y FORMA.—PESO Y SUFICIENCIA DE LA EVIDENCIA ANTE LA AGENCIA. Las conclusiones de derecho son revisables en todos sus aspectos. los tribunales deben deferencia a las interpretaciones y conclusiones de los organismos administrativos. sin embargo. Si de la totalidad del expediente administrativo se sostienen las determinaciones adoptadas por el foro administrativo. dicha interpretación no prevalecerá.
24. ÍD. o magnitud del defecto oculto. sino que lo sea para el comprador. En la misma Página: 876
. Esto significa que no será responsable el vendedor por los vicios ocultos. Abogado de la Parte Recurrida EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ EMITIÓ LA OPINIÓN DEL TRIBUNAL Por medio del presente recurso se nos solicita la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.—ALCANCE DE LA REVISIÓN—EN GENERAL. ÍD. es axioma judicial que ante la prueba pericial y documental. en la cual el foro administrativo está en mejor posición que el foro apelativo. está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. La reparación sustantiva.—ACCIONES SOBRE RESCISIÓN DEL CONTRATO— ACCIÓN REDHIBITORIA. Vargas Ferrer.22. El foro judicial podrá sustituir el criterio de una agencia por el propio sólo en aquellas ocasiones que no encuentre una base racional que fundamente la actuación administrativa.—ÍD.—ÍD. No obstante. que a su vez está sostenida en el Art. COMPRAVENTA—MUEBLES—MODIFICACIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO— RESCISIÓN POR EL COMPRADOR—DERECHO DEL COMPRADOR A RESCINDIR—VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LA COSA VENDIDA. atendiendo sus características individuales.—ÍD. Js. ya que no se trata de que el defecto quede oculto en sentido literal. cuando el comprador sea un perito que debiera fácilmente conocer los defectos por razón de su ocupación u oficio. Una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor de ordenar la resolución de un contrato de compraventa. está dentro de sus prerrogativas administrativas. la apreciación de la importancia de los defectos es una cuestión de hechos. por lo tanto. Elí Galarza Rivera. del Tribunal de Apelaciones. es una cualidad relativa. a la persona afectada le asiste una acción redhibitoria al amparo del Código Civil de Puerto Rico. Al quedar evidenciada la existencia de vicios ocultos. el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y. Para resolver la procedencia de una acción redhibitoria. 35 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor. Carlos López Feliciano y Emmalind García García. 23. que confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia y determinó que Carlos J. Abogado de la Parte Peticionaria.—ÍD. PETICION DE CERTIORARI para revisar una SENTENCIA de Dolores Rodríguez de Oronoz.
García Reyes y/o compradora. que el frente del vehículo se había pintado porque estaba rayado. le informó a la Sra. surgieron problemas con los frenos y la necesidad de alineamiento.000 a través del Banco Scotiabank de Puerto Rico. El primer día. realizó un pago en Página: 877 efectivo de $200 por concepto de la tablilla del vehículo. mientras la Sra. notó que. II El 28 de septiembre de 2002. señor Iván Casiano.4 (4) Más adelante. modelo Nativa del año 2001. en adelante. Luego de reiteradas gestiones para que aceptaran el vehículo. la aquí peticionaria. cuando ésta solicitó el correspondiente recibo de pago. se aceptó el vehículo y se inició la reparación. Scotiabank. pues el taller alegaba estar lleno. este vibraba y se desviaba hacia el lado izquierdo. Se le explicó además. García Reyes conducía su vehículo se le apagó y un técnico de Cruz Auto tuvo que recogerlo. éste comenzó a confrontar problemas mecánicos. señora Ivette García Reyes. vendedor de Cruz Auto. dio un pronto de $ 4. García Reyes. Para atender esa situación. García Reyes como la del vendedor de Cruz Auto. la Sra. En cuanto al pronto pago y balance financiado existen versiones encontradas. De esta manera. en adelante Cruz Auto o la vendedora. que al momento de la compraventa. Por otro lado. El precio de venta fue de $22. Además. antes de la venta.5 (5) Página: 878
. 3 (3) Una vez la compradora tomó posesión del vehículo. el cual se materializó mediante la firma del documento titulado “Descripción de Venta” y del “Contrato de venta al por menor a plazos y pagaré”.1 (1) Según la versión ofrecida por la compradora.000. que al vehículo se le había reemplazado el guardalodo y el parachoques (“bumper”) delantero. marca Mitsubishi. se comunicó telefónicamente con Cruz Auto en donde le indicaron que llevara el vehículo al taller de servicios de Cruz Auto ubicado en Humacao. mientras conducía el vehículo.se revocó un dictamen del Departamento de Asuntos del Consumidor que decretó la resolución del contrato de compraventa de un vehículo de motor. Es la contención de la Sra. adquirió mediante compraventa con Cruz Auto Corporation. en adelante Sra. García Reyes. al determinar la existencia de dolo en el consentimiento. 2 (2) En adición. el 16 de enero de 2003. surge del expediente que el señor Iván Casiano. el foco izquierdo y el parachoques (“bumper”) delantero de la unidad. García Reyes. Cruz Auto le indicó que no era necesario pues dicha información constaba en el “Contrato de venta al por menor a plazos y pagaré”. descubrió la existencia de un descuadre en la parrilla. Esta información consta por escrito en el documento de “Descripción de venta” el cual contiene tanto la firma de la Sra.000 en efectivo y que financió los restantes $18. un vehículo de motor nuevo. del cual Cruz Auto expidió un recibo.
razón por la cual interesaba cancelar el contrato y la devolución de las prestaciones. la compradora enmendó la querella para incluir en su reclamación que algunas piezas de su automóvil. Gracias. no fueron registradas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas.7 (7) El 5 de marzo de 2003. Mitsubishi Motor Sales of Caribbean y Scotiabank. institución bancaria que financió el vehículo. por ésta razón. en las facilidades Mitsubishi Motor Sales. de haber conocido este dato. el trabajo es más fuerte de lo esperado. solicitó la cancelación del contrato y la devolución de su dinero. específicamente el hecho de que éste había recibido un fuerte impacto en la parte delantera cuando se bajaba de la grúa.900 al precio total del vehículo. una querella en contra de Cruz Auto. 8 (8)
. atendió sus reclamaciones y le indicó que no tenía problema alguno en cambiarle la unidad por otra del mismo modelo. No obstante. García Reyes. Cruz Auto contestó la querella negando todas las alegaciones de la compradora y aclaró que. se le entregó una nota que contenía el mensaje siguiente: Ivette García: Nativa blanca no está lista. no hubiese hecho la compra del vehículo. Ante esta situación. Posteriormente. García Reyes y.000 que se le había rebajado como crédito en la unidad adquirida. Insatisfecha. al momento de la compraventa. Además expresó que nunca le informaron que el vehículo tenía problemas con el compacto6. Lista viernes.El 27 de enero de 2003. hay que centralizar el compacto. le hizo saber que en ese caso tenía que pagar el pronto real de $ 4. que el vehículo adolecía de vicios ocultos y ello no se le había notificado al momento de la venta. se le otorgó un crédito de $3. ésta únicamente ofreció la cantidad de $ 200 para cubrir el costo de la tablilla. Explicó además que. Página: 879 Así las cosas. Indicó además. la compradora se personó a las facilidades de Cruz Auto en Humacao a los fines de obtener información sobre su vehículo y/o recoger el mismo. para informarle los problemas que estaba confrontando con la unidad y las gestiones habidas con Cruz Auto.(6) El Sr. el bonete y el guardalodo. envió una misiva a Scotiabank. la Sra. En dicha reunión reclamó la cancelación del negocio efectuado y el cambio de la unidad. García se molestó y exigió una conversación con personal gerencial de Cruz Auto. todas las reparaciones efectuadas al vehículo fueron informadas antes de la venta a la Sra. Sostuvo que. García Reyes presentó ante DACO. Oficina Regional de Caguas. Mientras esperaba en el taller alguien le comentó que el vehículo había sido chocado. Por tal motivo. En la misma alegó que al momento de la compraventa no se le notificaron todos los daños que adolecía el vehículo . en adelante DTOP. la Sra. Iván Casiano. el 5 de febrero de 2004. la Sra.
El 22 de octubre de 2003. petición que fue concedida. Por esta razón. la Sra. se llevó a cabo la segunda inspección realizada por el señor Luis H. En su informe expresó que. indicó que el bonete estaba descuadrado y le faltaban los sujetadores del guardafangos. La primera inspección fue realizada por el señor Luis E.A. perito contratado por la compradora. además. La tercera inspección estuvo a cargo del señor José Terrón. se podía apreciar el fuerte impacto que había recibido el compacto del vehículo.Durante el proceso administrativo se realizaron tres Página: 880 inspecciones técnicas al vehículo: el 26 de febrero de 2003. García Reyes. se ordenó el cierre y archivo de la querella en cuanto a éste último. a diferencia del bonete el cual aparentaba haber sido reemplazado. a juicio del perito de la Sra.C. En la misma. Cruz Auto compró el vehículo por el precio de $14.A.A. solicitó a el D.500 a Mitsubishi Motors Sale of Caribbean.O. se confirmó que. no realizaron Página: 881 prueba de carretera al vehículo11. las reparaciones realizadas al vehículo fueron unas superficiales. testificó que el examen del vehículo reflejó serios descuadres productos de un fuerte impacto.
. el 2 de abril de 2003 y el 5 de marzo de 2004. técnico de el D.O.10 (10) La Sra. Su informe reflejó que.C. habían sido reemplazados.A. entre otras cosas. Solá Giralt. objetó las tres evaluaciones realizadas por los técnicos de el D.O.O. el guardalodo y el parachoques (“bumper”) de la unidad. A base de ésta información. En esa misma fecha Scotiabank presentó una moción de desestimación. El inspector hizo constar en la hoja de observaciones que las piezas reemplazadas al vehículo fueron las originales.9 (9) El 2 de abril de 2003.C. las partes acordaron relevar a Mitsubishi Motors de la reclamación. Posteriormente.O. García Reyes.O. que las observaciones realizadas por el señor Carlos J. técnico automotriz enviado por la Oficina Regional de Caguas. la Sra. Inc. Scotiabank anunció su representante legal y el 16 de octubre de 2003. Sostuvo que éstos. Mitsubishi Motor Sales of Caribean. a la división de San Juan. Cabe señalar que el perito de la Sra. García Reyes solicitó el traslado de su caso de la Oficina Regional de Caguas de D. Rivera Arzuaga.(11) único modo que.A. García Reyes. El 30 de septiembre de 2003. García Reyes. a su vehículo. Señaló que. En su informe confirmó las observaciones de las inspecciones anteriores e indicó que las piezas reemplazadas tenían el número de serie asignado por el Departamento de Transportación y Obras Publicas. técnico de el D. que ordenara a Mitsubishi Motors someter toda la información que evidenciara el modo en que Cruz Auto había adquirido el vehículo. el bonete.A.12 (12) El 2 de septiembre de 2004 se llevó a cabo la reunión entre abogados. Alegó. debido a que la magnitud del daño no era uno que precisara de mayores intervenciones. Abrahante. no coincidían con las observaciones realizadas por los técnicos de el D. contestó su querella. el cubre faltas del lado izquierdo se apreciaba nuevo.C.C.C.
señor Ramón González Gómez. El perito de Cruz Auto no estuvo de acuerdo en que el vehículo había sufrido un fuerte impacto. Al ocultarle información a la Sra. en adelante. alegó que. se desprendía que la compradora aceptó una reducción al precio de venta. Con estos hechos. (2) que no fue informada del reemplazo del bonete y que a consecuencia del golpe recibido. el vehículo había recibido un fuerte impacto en el frente. señor Iván Casiano.O. García Reyes el pronto y las
. incurrió en dolo grave que daba lugar a la resolución del contrato entre las partes. Durante esta vista. Esto también fue confirmado por el testigo. incumplió con lo dispuesto en el artículo 22. empleado y representante de Mitsubishi en Cruz Auto. en consideración a las reparaciones efectuadas al vehículo. Reglamento Núm. el perito de la compradora. El 30 de noviembre de 2004 se celebró la vista administrativa en la cual testificaron la Sra.A. emitió su resolución. Por tal razón. si ha sido objeto de alguna reparación cosmética significativa o mecánica estructural. hojalatero que instaló el bonete nuevo y tapalodos. pero admitió que en efecto el vehículo fue impactado.C. de manera intencional. testificó que no le informó a la vendedora que el vehículo había sido impactado. las partes presentaron de manera separada su informe con antelación al juicio. el hojalatero a cargo de la reinstalaciones de la unidad y la reparación del vehículo. sobre el impacto recibido por la unidad. el perito de la compradora. Cruz Auto. Dicho artículo impone a todo vendedor de un vehículo de motor nuevo. denominado “Reglamento de garantías de vehículos de motor”. no le notificó que la unidad había sido adquirida mediante subasta pública de Mitsubishi Motor Sales. y el señor Julio Cruz.1 del Reglamento Núm. Por último adujo en su querella la existencia de dolo grave. Cruz Auto negó que el vehículo tuviera un defecto en el compacto y alegó que. Por su parte. el vendedor de Cruz Auto. (1) al momento de la compra.13 (13) Alegó que ésta no cuestionó nada al respecto. señor Héctor Rodríguez. el perito de Cruz Auto. (3) que de habérsele informado debidamente estos daños no hubiese comprado la unidad. el D.El 22 de noviembre de 2004. García Reyes. La Página: 882 Sra. señor Héctor Rodríguez. según los documentos firmados por las partes al momento de la compraventa. señor Carlos J. 4797. otras piezas habían sufrido daños considerables. el 28 de enero de 2005. Rivera Arzuaga. concluyó que Cruz Auto. la obligación de informar por escrito al comprador. y que sólo le explicó que se había reemplazado el guardalodos y el parachoques (“bumper”) delantero por causa de Página: 883 unos rayazos. García Reyes. y que. En la misma. El vendedor. declaró que de acuerdo a su experiencia el vehículo había recibido un fuerte impacto por la parte delantera. señor Iván Casiano Resto. decretó la nulidad del contrato y ordenó a Cruz Auto y Scotiabank reembolsarle solidariamente a la Sra. previo a la venta.4797. García Reyes.
Asimismo sostuvo que. 9/28/02”. alegaron que no era procedente la resolución del contrato ni la restitución de los $4.330 de 2 de septiembre de 2000.C. Scotiabank no recurrió ante el Tribunal de Apelaciones ni se unió al recurso presentado por Cruz Auto.O. Si no lo hace o no puede corregirlos.C. el D. ya que éste documento no refleja necesariamente las negociaciones extrínsecas al documento entre el vendedor y el comprador. se podía constatar que los $3. según expresó el D.. Asimismo expresó que. Inconforme.mensualidades pagadas.O. puesto que la compradora tenía conocimiento de los desperfectos de la unidad y los defectos presentes fueron corregidos. Cruz Auto y Scotiabank. el Tribunal de Apelaciones. declaró no ha lugar la solicitud. Cruz Auto acudió mediante recurso de revisión ante el foro intermedio apelativo.C.A.000 alegadamente dados como pronto por la Sra.C. Fundamentó su determinación en que el testimonio de la Sra. García Reyes.3 del Reglamento Núm.. el vendedor o su representante tiene una oportunidad razonable para reparar los defectos presentes. García Reyes le mereció entera credibilidad. En síntesis.C. El 15 de febrero de 2005.900 que la Sra. Por Página: 885 estos fundamentos.O. decisión emitida por el D.O. revocó la resolución emitida por DACO.A. oportunamente solicitaron reconsideración. al no aplicar la Ley Núm. entonces procede la resolución del contrato de compraventa o reducir proporcionalmente su precio de venta.A. El D. El foro intermedio apelativo acogió el recurso y concluyó que del documento titulado “Descripción de venta” presentado en evidencia ante el D. luego de lo cual la compradora tendría que devolver el vehículo a la vendedora.A. En lo que respecta a la resolución del contrato.O. García Reyes alegó haber ofrecido como pronto pago.(14) y al considerar como vicios ocultos unos daños que sufrió el vehículo dentro del taller de servicios. supra.4797.A. el “Contrato de ventas al por menor a plazos y pagaré” no podía considerarse una evidencia de un pronto pago. fueron en realidad un descuento o crédito otorgado por Cruz Auto a la compradora. Dicho foro expresó en su sentencia que. el documento de “Descripción de venta” contenía la firma de la compradora y en el mismo aparecía la anotación del vendedor siguiente: “Cliente tiene conocimiento que a la unidad se le reemplazó el guardalodo y bumper delantero y luego se pintó al frente. el foro intermedio apelativo determinó que no procedía la resolución del contrato. conforme al artículo 21. erró en la aplicación de la doctrina de saneamiento Página: 884 y resolución del contrato.
. en su resolución. Expresó que. Adujo que la prueba desfilada ante el foro administrativo no fue suficiente para decretar la resolución del contrato de compraventa celebrado por las partes. Ley complementaria de garantías de vehículos de motor 14.
intimidación o dolo.”
[2] Sabido es.15 (15) Veamos.A.De esta determinación. y ordenar la restitución de las prestaciones. constituye dolo el callar sobre
Página: 886 2) 3) objeto cierto que sea materia del contrato y. el peticionario plantea ante nos que. causa de la obligación que se establezca. En vista de ello. la Sra. Erró el Tribunal de Apelaciones al sustituir el criterio del Departamento de Asuntos del Consumidor aún cuando existe suficiente evidencia sustancial en el expediente administrativo para sostener las determinaciones de hechos y de derecho formuladas en su resolución. 19 (19) Además. la declaración de la voluntad libre de vicios. García Reyes y Cruz Auto. sin ellas.18 (18) Existe dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes. que en nuestro ordenamiento jurídico el consentimiento de las partes es uno de los elementos esenciales que debe concurrir para la existencia de todo contrato. examinaremos si la prueba desfilada ante el D. dicho consentimiento supone la concurrencia de ciertos presupuestos necesarios para su validez y eficacia. Ahora bien. constituyó evidencia sustancial para decretar la resolución del contrato de compraventa efectuado entre la Sra. violencia. [3] De acuerdo con el Artículo 1217 del Código Civil17.(17) dicho consentimiento será nulo si éste fuere prestado por error.O. el Tribunal de Apelaciones.C. García Reyes y plantea la comisión de los siguientes errores: Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la prueba desfilada ante el Departamento de Asuntos del Consumidor no era suficiente para decretar la resolución del contrato. sustituyendo arbitrariamente la apreciación de la prueba por dicho organismo por sus apreciaciones particulares. no hubiera hecho. A [1] El Artículo 1213 de nuestro Código Civil16 (16). es inducido el otro a celebrar un contrato que. recurre ante nos. Erró el Tribunal de Apelaciones al intervenir con la determinación administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor y al no prestarle la debida deferencia. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. entre ellos. abusó de su discreción al intervenir con las determinaciones de hecho del foro administrativo especializado. III En síntesis. dispone que: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1) consentimiento de los contratantes.
25 (25) El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar en daños y perjuicios. sino en algún extremo o particularidad de ella.29
[6] Una vez decretada la nulidad de una obligación. sino que facilita la celebración del contrato. Sin éste. con sus frutos y el precio con sus intereses. como dolo incidental. supra. pero no bajo las mismas condiciones. así como su condición social y económica. pero hay engaño en el modo en que se celebra el contrato. el contrato de todas formas se hubiera celebrado. el dolo no surja de un simple hecho. denominado por el Art. A tales efectos.26 (26) [5] En ocasiones pasadas hemos expresado que en la determinación de si existe dolo que anula el consentimiento. Este tipo de dolo no tiene una influencia decisiva en la esencia de la obligación. 1222 del Código Civil. cuya existencia no produce la nulidad del contrato. asegurarles que estos vehículos sirvan el propósito para el cual fueron adquiridos.30 (30) B [7] En virtud de la Ley de Garantías de vehículos de Motor 31. Cualquier engaño con respecto a dichas condiciones no arranca por sí sólo el consentimiento en la totalidad de la obligación. dispone que [p]ara que el dolo produzca la nulidad de los contratos.24 (24) En el dolo incidental. y que
. Reglamento Núm. conocido como Reglamento de Garantías de vehículos de motor.22 como el dolo causante. 4797. la preparación académica del perjudicado. 1222 del Código Civil.4797 de 30 de septiembre de 1992. Puede establecerse mediante inferencia o por evidencia circunstancial. supra.23 (23)
Este dolo grave se ha denominado
[4] Existe otra especie de dolo. al igual que el fraude.una circunstancia importante relacionada con el objeto del contrato. aprobó el Reglamento Núm. pero ello no significa necesariamente que tenga que Página: 888 probarse directamente.20 (20) Sin embargo. deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes . se debe considerar.C. no se presume. existe la voluntad de contratar del perjudicado. contrario a el dolo causante. en adelante. no todo tipo de dolo produce la nulidad de un contrato. los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato. entre otras cosas. el Art. y las relaciones y el tipo de negocios en que se ocupa.(31) el D. sino del conjunto y la evolución de circunstancias y manejos engañosos.A.27 (27) Puede ser que en un caso.O. el dolo.28 (28) Finalmente. El objetivo de este reglamento es proteger adecuadamente a los consumidores en Puerto Rico en la adquisición de vehículos de motor.21 (21) De tal modo que afecta el conPágina: 887 sentimiento que inspira y persuade al contratante .
33 (33) Dicho reglamento es aplicable a toda persona natural o jurídica que se dedique por sí misma.35 (35) [9] En lo que respecta a la acción de saneamiento por vicios ocultos. advierte que: “Nada de lo dispuesto en este Reglamento limitará en forma alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le reconozcan las leyes generales o especiales del E. entre las obligaciones que le impone nuestro Código Civil. Esta obligación se denomina saneamiento por vicios o defectos ocultos. a un vendedor.” (Énfasis nuestro).O. si previo a la venta de dicho vehículo. Página: 889 También.A. en cuyo caso consistirían en una limitación al derecho transmitido o pueden ser de hecho. ni tampoco de los que no lo estén.” (Énfasis nuestro) Se desprende por tanto que. el mismo se debe interpretar liberalmente a favor del consumidor. dispone en su Artículo 22. ya que pueden deshacer la venta. a la venta de vehículos de motor nuevos o usados en Puerto Rico. éste ha sido objeto de alguna reparación cosmética sustantiva o mecánica estructural.34 (34) [8] El Reglamento Núm. por razón de su oficio o profesión debía fácilmente reconocerlos. dispone lo siguiente: “ El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida.36 (36) Estos vicios pueden ser de índole jurídico.reúnan las condiciones necesarias para garantizar al comprador la protección de la vida y propiedad. supra. de haberlos conocido el comprador.
.(39) supra.32 (32) Por ende. el Artículo 1373 del Código Civil39. las determinaciones de el D. o como.L. pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista.C. así como las acciones de saneamiento por evicción.supra. relacionadas a estos asuntos deben ser cónsonas con los artículos del Código Civil sobre las acciones de saneamiento en la compraventa. o por mediación de su representante o agente. dicho reglamento.38 (38) [10] En torno a la acción redhibitoria por vicios ocultos en la cosa vendida. en su Artículo 34. si el comprador es un perito que.4797. agente o representante del fabricante o como intermediario de otra persona. saneamiento por vicios ocultos y la acción redhibitoria que reconoce el Código Civil de Puerto Rico. como cuando se trata de defectos intrínsecos de la cosa vendida. o si disminuyen de tal modo este uso que.1 lo siguiente: “Todo vendedor de un vehículo de motor nuevo notificará al comprador por escrito..A. si la hacen impropia para el uso a que se la destina. no la habría adquirido Página: 890 o habría dado menos precio por ella .” (Énfasis nuestro). 37 (37) A los vicios ocultos se les denomina redhibitorios. se encuentra la responsabilidad de éste ante los vicios o defectos ocultos que tuviere la cosa vendida.
si optare por la rescisión. si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador. hemos adoptado el criterio de “aquellos defectos que exceden de las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un producto determinado. es esencialmente una cuestión de hecho. supra. [13] Cónsono con lo anterior. Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contrario. no siendo necesario que dichos defectos imposibiliten el uso de la cosa vendida. sólo en aquellos casos que acusen ausencia de prueba adecuada o comisión de error manifiesto en su apreciación. dicho propósito dejaría de realizarse si una vez entregada la cosa. Benet.(43) En adición.” [14] Para establecer qué son vicios redhibitorios. siempre que mermen notablemente su valor”. en Ford Motor Co.40 (40) dispone lo siguiente: “El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida aunque los ignorase. (2) el defecto debe ser grave o suficientemente importante para hacer la cosa Página: 891 impropia para el uso a que se le destina o que disminuya de tal modo este uso que. denominándose tal acción como quanta minoris43. la apreciación de la importancia del defecto. abonándosele los gastos que pagó.47 (47) C
. y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido”. el comprador podrá optar entre desistir del contrato. el servirse de ella. la jurisprudencia ha establecido que solamente compete al comprador probar que el automóvil que compró no funcionaba en forma normal y que el vendedor tuvo oportunidad de corregir los defectos y no pudo o no los corrigió. nuestra intervención con la discreción del juzgador. conforme a las disposiciones de nuestro Código Civil. justificándose. denominándose tal acción como redhibitoria42 (42) o podrá rebajar una cantidad proporcional del precio. no la habría comprado o habría dado menos precio por ella. Siendo el propósito o causa de la venta para el comprador adquirir la cosa.El Artículo 1374 del Código Civil.46 (46) [15] Sobre este particular. que es el de seis(6) meses contados desde la entrega de la cosa vendida. supra.41 (41) [11] Por tanto. por lo tanto. v.se le indemnizará de los daños y perjuicios. se ve privado de la cosa o imposibilitado de aplicarla a los usos que le son propios. a los fines de resolver la procedencia de la acción redhibitoria.(3) que sea preexistente a la venta y (4) que se ejercite la acción en el plazo legal.44 (44) [12] Para que proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos han de coincidir los siguientes requisitos: (1) no deben ser conocidos por el adquirente. de haberlo conocido el comprador.45 (45) sostuvimos lo siguiente: “Para llevar a cabo la acción redhibitoria por vicios ocultos en autos defectuosos. reiteramos el criterio generalmente aceptado por la doctrina de que.
los tribunales no intervendrán en las determinaciones de hechos de las agencias.51 (51) [17] Al evaluar la decisión de una agencia. dicha interpretación no prevalece. porque las decisiones de las agencias administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección.48 (48) Debido a que las decisiones administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad y corrección. L.58 (58) De ordinario. 59 (59) La norma de evidencia sustancial.A.. Así pues. que viene llamado a poner en vigor de forma tal que produce resultados contrarios al propósito de esa ley.49 (49) reiteradamente hemos sostenido que las conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos especializados merecen gran consideración y respeto. en adelante. 52 (52) El criterio rector será la razonabilidad de la agencia recurrida. Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal.53 (53) Esta labor revisoria exige distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria. persigue evitar la sustitución del criterio del tribunal revisor. las determinaciones de hechos formuladas por la agencia serán sostenidas. que dispone lo siguiente56:(56) 2175.P. al realizar su función revisora el tribunal está obligado a tener en cuenta la especialización y experiencia de la agencia sobre las cuestiones que tuviera ante sí.” Siempre y cuando estén sustentadas por evidencia sustancial que obre en el record administrativo.U. 55
[18] La revisión de las determinaciones de hechos está limitada por lo establecido en la sección 4.50 (50) Por esta razón. aplicable a las determinaciones de hecho. y cuestiones propias para la discreción o pericia administrativa. si existe evidencia sustancial en apoyo de las mismas. la cual debe ser respetada por los tribunales mientras la parte que la impugna no produzca suficiente evidencia como para derrotarla.54 (54) Cuando una agencia interpreta el estatuto. Alcance “El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el peticionario tiene derecho a un remedio. en la que los tribunales son especialistas. ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción.5 de la Ley de Página: 893 Procedimientos Administrativos Uniforme. si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. debemos ser bien cautelosos al intervenir con dichas determinaciones. 57 (57) Esto es así. el tribunal debe determinar si ésta actuó arbitraria.[16] La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de las agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus Página: 892 funciones conformes a la ley.60 (60)
67 (67) Página: 895 [22] Finalmente.O. 63 (63) Esto no significa.O.(62) sostuvimos lo siguiente: “Cuando se trata.C. (2) la revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial.C. de ordinario.65 (65) [21] El proceso de revisión judicial comprende tres (3) áreas: (1) la concesión del remedio. 66 (66) El récord administrativo constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la revisión judicial ulterior. es necesario que la parte afectada demuestre Página: 894 que existe otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. a los que se ha facultado para adjudicar querellas. debemos resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación del D. Conforme a la decisión emitida por el D. es axioma judicial que ante la prueba pericial y documental.A. En su sentencia el foro apelativo expresó que no procedía la resolución del contrato. la prueba desfilada demostró que el consentimiento de la compradora estuvo viciado por la actuación dolosa de Cruz Auto al ocultar que el vehículo había recibido un fuerte impacto por su parte delantera previo a la venta. como D. sustituyendo el criterio de ésta por el propio.[19] Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia sustancial en el expediente administrativo no es sustancial. García Reyes tenía conocimiento de los desperfectos y éstos fueron reparados. ya que la Sra.” [20] No obstante.61 (61) En Bermúdez Cintrón v. está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. El
..P. Al contrario hemos reiterado consistentemente antes y después de la vigencia de la L. que al ejercer su función revisora el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.A. y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. los tribunales no deben sustituirlas por su propio criterio. ordenando la resolución del contrato de compraventa.C.A.68 (68) No obstante.69 (69) IV Teniendo en cuenta los principios reseñados.64 (64) Si de la totalidad del récord administrativo se sostienen las determinaciones adoptadas por el foro administrativo. los tribunales deben deferencia a las interpretaciones y conclusiones de los organismos administrativos. la revisión judicial debe ser especialmente rigurosa para servir de contrapeso a la amplitud de la discreción administrativa. el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y por tanto. por último de organismos administrativo. Registrador62. el foro judicial podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo en aquellas ocasiones que no encuentre una base racional que fundamente la actuación administrativa. sobre éste tema. las conclusiones de derecho son revisables en todos sus aspectos. sin embargo.A.O.U que.
1 del Reglamento Núm. García Reyes demostró con su testimonio que actuó conforme a la creencia de que las reparaciones fueron por causa de unos rayazos y no producto de unos golpes significativos. que el vehículo fue impactado.C. Como bien expresó el D. García Reyes. se venden aquellas unidades que aunque nuevas.O. El D. le impone a todo vendedor la obligación de notificar por escrito al comprador. si al momento de la compraventa. Por ende. que las reparaciones efectuadas al vehículo se debían a que la unidad que deseaba adquirir había recibido un impacto en su parte delantera.C. es razonable concluir que Cruz Auto conocía que el frente del vehículo había recibido un fuerte impacto al caerse del “car carrier”. Fue un hecho probado que Cruz Auto adquirió el vehículo a un precio menor. la Sra. El lenguaje utilizado por Cruz Auto no fue uno claro.A. Cruz Auto tuvo que reemplazarle al vehículo el guardalodo. hubiese tenido la información correcta con respecto al vehículo no lo hubiese adquirido. el Artículo 22. En adición. Dicha anotación sólo alude a unos rayazos.C. si el vehículo ha sido objeto de alguna reparación cosmética significativa o mecánica estructural. La Sra. en la cual las partes desfilaron prueba. en su Resolución. Diferimos. ni el cambio del bonete. previo a la venta. mediante compra a Mitsubishi Motors Sale. conforme a dicha reglamentación. impidió que tuviese un conocimiento completo de todos los elementos relacionados con la unidad que adquiría y.A. En la misma. han sufrido ciertos desperfectos. Si un vendedor incumple la disposición reglamentaria antes citada.O.A. celebró vista evidenciaria. Debido a éste accidente.
. ni especifica por escrito. García Reyes. García Reyes. formuló sus determinaciones de hechos y conclusiones de derecho las Página: 896 cuales fueron específicas y basadas en la evidencia que surge del expediente. 4797. En sus conclusiones de derecho el D.C. el vendedor admitió en su declaración que no le informó a la compradora que el vehículo había sido impactado. El no ofrecerle la información correcta a la Sra. Tampoco Página: 897 Cruz Auto evidenció que informó verbalmente a la compradora de las referidas circunstancias. Cruz Auto estaba obligado a informarle a la Sra. supra.O. De la “Hoja de descripción de venta” se desprende que tal circunstancia fue omitida. En su Resolución. el bonete y los bujes de la barra estabilizadora. de este modo le privó de emitir un consentimiento informado.fundamento de ésta conclusión fue únicamente que la “Hoja de descripción de venta” contenía la anotación siguiente: “Cliente tiene conocimiento que la unidad se le reemplazó guardalodo y bumper delantero y luego se pintó el frente por unos rayasos”. determinó correctamente que.O.A. el consentimiento otorgado en un contrato de compraventa sería nulo. el parachoques delantero (“bumper”). determinó que. El D.
El daño recibido en su parte delantera y los problemas presentados en el compacto mermaron notablemente el valor de la unidad. y fueron ocultados. Por otro lado. puesto que el compacto del vehículo estaba afectado como consecuencia del fuerte impacto recibido. a los fines de resolver la procedencia de una acción redhibitoria. García Reyes nunca tuvo conocimiento de éste daño. En ocasiones anteriores hemos tenido oportunidad de expresarnos en torno a los vicios ocultos cuando el objeto de compraventa es un vehículo de motor. Ciertamente.El accidente del vehículo era un elemento esencial que ésta hubiese tomado en consideración al momento de contratar. el bonete y el parachoques estaban descuadrados.O. Cruz Auto no aportó evidencia ante el Tribunal de Apelaciones
. es una cualidad relativa. es una cuestión de hechos en la cual el foro administrativo. ya que no se trata de que el defecto quede oculto en sentido literal. quedó demostrado que. de forma tal que de haberlos conocido la compradora no lo hubiese adquirido. Al quedar evidenciada la existencia de vicios ocultos. 4797. la parte vendedora actuó de manera dolosa al ocultar esta información y vició el consentimiento de la compradora. Cruz Auto no llevó a cabo una reparación adecuada del vehículo previo a la venta. [23] Finalmente. de haberlo conocido. 70 (70) Esto significa que no será responsable el vendedor por vicios ocultos. La Sra.C. Por tal razón. sino que lo sea para el comPágina: 898 prador atendiendo sus características individuales. cuando el comprador sea un perito que debiera fácilmente conocer los defectos por razón de su ocupación u oficio. en este caso. Desde el primer momento. El vehículo en cuestión tenía unos vicios ocultos que hicieron el objeto de la venta impropio para su uso.A. éste comenzó a presentar una serie de desperfectos. al ordenar la resolución del contrato de compraventa fue una dentro de sus prerrogativas administrativas. según consta por la nota que se le entregó en el taller. a la Sra. la reparación que el vehículo requería era una mayor a la realizada. [24] Como hemos expresado anteriormente. García Reyes le asiste una acción redhibitoria al amparo del Código Civil. Conforme a las reparaciones mecánicas que obran en el expediente.O. presentaba una vibración irregular y problemas de alineamiento. le faltaban los sujetadores del guardafangos. entendemos que la credibilidad otorgada a los testigos merece nuestra deferencia y que el remedio concedido por la agencia fue uno adecuado. Sabemos que la reparación sustantiva o magnitud del defecto oculto.C. y las determinaciones de hechos formuladas por el D.71 (71) Tras analizar los informes del personal especializado y la evidencia que consta en el expediente. verificada la entrega.. el vehículo se le apagó en ocasiones y presentó además problemas en los frenos. la apreciación de la importancia de los defectos. supra. Cruz Auto no cumplió con su deber de garantizar la plena posesión de la cosa vendida. y que a su vez está sostenida en el Artículo 35 del Reglamento Núm. está en mejor posición que el foro apelativo. una vez la Sra. En adición. supra.A. La determinación del D. García Reyes adquirió el vehículo.
. Erró el foro apelativo intermedio al intervenir con la determinación administrativa.A. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión escrita. La Jueza Asociada señora Fiol Matta no intervino.O.Página: 899 que derrotara la presunción de corrección que caracteriza la decisión del foro administrativo.C. V Por los fundamentos antes expuestos procede la revocación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones y la reinstalación de la resolución de D.
pero si yo voy a comprarle un carro a usted y usted me dice que le reemplazaron x piezas y yo le pregunto qué fue lo que le pasó. vendedor de Cruz Auto. Cruz Auto sostuvo que la Sra. P.616. Porque usted a preguntas de ambos compañeros especificó que le informó que había sido rallada bajándola del “car carrier” en la Mitsubishi. el 30 de noviembre de 2004. pág. pág. ¿Y por qué no lo escribió aquí en este documento?
. Ríos. ¿Y ella le preguntó por qué le reemplazaron esas piezas? R. Trascripción del 30 de noviembre de 2004. pág. Apéndice del Recurso de Certiorari.) Por otra parte. Yo le expliqué que fue que la unidad tuvo un leve accidente bajándola de uno de los “car carriers” y Mitsubishi nos dio un descuento a nosotros y el descuento se da para adelante. el golpe ha de ser uno de gran magnitud. Apéndice del Recurso de Certiorari. (Apéndice del Recurso de Certiorari. Exacto. Sin embargo. pág. ¿Qué palabras usted dijo?. 84-86. que la Sra.
Apéndice del Recurso de Certiorari. En el “Contrato de compraventa al por menor a plazos” dicha cantidad aparece en el espacio correspondiente a pronto en efectivo.000 dólares en efectivo. le remitiera dos cartas certificando que la unidad estaba reparada y en perfectas condiciones. García Reyes. En la hoja de “Descripción de venta” dicha cantidad aparece en el espacio correspondiente a crédito otorgado. pág. 5 (5) Surge de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. el Sr.
No surge claramente del expediente el motivo por el cual el vehículo se apagó.
Testimonio vertido por el señor Ivan Casiano durante el contrainterrogatorio realizado en la vista administrativa: P. García Reyes declaró durante su testimonio que no recordaba la causa del éste desperfecto. García Reyes no pagó dicha cantidad y que se le otorgó un crédito de $ 3. P. (Apéndice del recurso de Certiorari. líneas 10-14. Iván Casiano. 633.1
Por una parte la Sra. 628. Según la versión ofrecida por el perito de la compradora. Véase además. luego de que DACO emitiera su Resolución en el caso. (Transcripción del 30 de noviembre de 2004. 633. Ello a pesar de que el señor Félix D. págs.)
Testimonio vertido por la Sra. declaró que creía recordar que se debió a problemas relacionados con la batería o el alternador.) El compacto es una pieza ubicada al frente del vehículo la cual está cubierta por el tapalodo y el parachoques (“bumper”). para que se afecte el compacto.900 por razón de las reparaciones efectuadas a la unidad. ¿Eso fue lo que se le informó? R. sostuvo que efectúo un pago de $4. García Reyes no recogió su vehículo del taller en el cual se estaba reparando hasta el 3 de febrero de 2005. García Reyes durante la vista celebrada en DACO. 3 (3) Apéndice del Recurso de Certiorari. Ambos concurrieron en que el vehículo fue reparado en dos días. La Sra. 616. Okay. gerente del lote de Humacao.
Véase.R.P. 3408. seis (6) meses después de efectuada la venta. en que viene a resumirse el estado de ánimo de aquél que no sólo ha querido el acto.P.. Colón v. Mena Eró. v. supra.
. 234 ( 2002). 109 D.R.P. contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena. 14 (14) 10 L.A. 27 (27) Citibank v. Apéndice del recurso de Certiorari.R. 26 (26) 31 L. sec. págs. 150-151).P. Transcripción oral. Betancourt.P. Sobre este particular cabe señalar que Cruz Auto vendió la unidad sin haber obtenido el correspondiente número de identificación del Departamento de Transportación y Obras Publicas requerido cuando se reemplazan piezas a los vehículos. (Apéndice del recurso de Certiorari. Inc. 156 D. 3409. 659 (1997). Promo Motor Imports.A.R. Bosques Soto v. Posteriormente.supra.P. varias unidades al año que tienen unos desperfectos como por ejemplo. no es una subasta pública como se ha hablado aquí. Promo Motor Imports.P.A. Sucn.
31 L. 28 (28) Acosta & Rodas.P. 616 (1982).R. rayazos. 162 D.R.. Díaz Luzunaris. empleado y representante de la línea Mitsubishi y Hyundai en Cruz Auto.R.. sec. 519 (1988). 70 D. Inc. 2066 et seq. sec.R. 23 (23) Rivera v. Promo Motor Imports. PRAICO. un bonete.
Apéndice del Recurso de Certiorari. Eso es una subasta que se le da solamente a los concesionarios de Mitsubishi. 112 D.A.3391. 354. 3409. 24 (24) Colón v.P. 503. 181. allí no puede ir el que vende Ford.P. Se evidenció un aumento en el millaje del vehículo luego de las evaluaciones realizadas por los peritos de el D.R. 25 (25) Colón v. declaró que lo siguiente:
“Mitsubishi Motors tiene unas unidades.659 (1997). Cruz Auto realizó las gestiones requeridas y obtuvo el mismo.Véase. O sea.O.A.
Art. pág.P.sec. 29 (29) Miranda Soto v.R. Inc. Bueno. que hay que ponerles un tapalodo. sino que además ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas de él provenientes. 3404.P. págs. Mayagüez Corp. Inc. 478 (1980). líneas 12-14 de la transcripción del 24 de enero de 2005. 31 L. Echevarría Vargas.R.R. 185 (1949).A.. Promo Motors Imports. 21 (21) 31 L. 22 (22) Colón v. 144 D. yo lo escribo. 121 D.R. generalmente para beneficio propio. solamente es de nosotros”. Dependable Ins.
Esta alegación fue confrontada durante la vista administrativa.C.R. Co.618-621. Al respecto el señor Julio Cruz. a los “dealers” de Mitsubishi para vendérnoslas a nosotros. 31 L. v. 583. si el cliente me lo exige.R. yo hice la anotación y el cliente me la firmó bajo su conocimiento en todo momento.P. 18 (18) Se entiende por dolo como todo un complejo de malas artes.sec.830(2004). Inc. 15 (15) Evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. un “bumper” y cogen esas unidades y las llevan a más gente. 144 D. sec. 473.P. el que vende Mazda.. 1221 del Código Civil. (Énfasis nuestro).A. Inc.
E. Rivera Concepción v.P.P. A. Miranda v.. (1995). 141 D. Fuertes y otros v.4797. Junta Ingenieros. 131 D. secs.. Depto. Reyes Salcedo v.P.E.R.P. según enmendada.R.R.
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 775. Código Civil.P.Inc.A. 191.R. 200.A..P. 120 D.P. Ley Núm.P. 279-280 (1999). 232. 255 (1971). A.P.
Íd. Torres v.4797.A.G. 55 (55) Mun. 38 (38) Íd. C. Estancias. 409.P.P.C. 210 (1987).R.R.P. de San Juan v.A.S. 703.699 (1975).A. M.C. sec. Ciudad Chevrolet Inc. 84 (1976).R. 110 D. Reglamento Núm. 105 D. 100 D. sec 3514. A. v. supra. 194. J.R.
Pacheco v.80. 95 (1997). Murphy Bernabé v. Caguas Expressway Motors. 57 (57) Torres v.O.P.170 del 12 de agosto de 1988.R.P. 10 L. Hernández. 195 (1990). Rebollo v.R... Henríquez v. Junta de Ingenieros. supra. 35 (35) Domínguez v. 39 (39) 31 L.
Metropolitan S. 387(1999).2101 et seq.P. 158.P. 213.7 de 24 de septiembre de 1979.4797.A. 3 L. Reglamento Núm.E. 696 (2004).E.238 (1977). General Motors Corp. 40 (40) 31 L. 161 D. Junta de Ingenieros. Viajes Gallardo v. 692.P.R.R. 159 D. 37 (37) Ferrer v. de San Juan v. 85. 138 D.P. D. supra.P. General Motors Corp. Consejo de Educación Superior. 126 D. 152 D. supra.R. a consecuencia del defecto
31 L. 36 (36) Artículo 1363.R.& B.E. Yiyi Motors. 246. Mun. 33 (33) Artículo 4. 31 L..P. 54 (54) Adorno Quiles v.R.R..C.. 947 (1993). 161 D.R. 275 (1992). sec.P. supra. 46 (46) García Viera v. Franco v.R.R. sec. 116. 134 D. 3801.A. Ley Núm. 3843. v. Rebollo v.R. Depto.P.263. 149 D. 319 (1987).E. ya que coloca las partes en la misma condición en la que se hallaban antes de la compraventa.P. sec. Marcelino Mercury.E.
Torres v. Rodríguez. De Agricultura. 148 D. 32 (32) Artículo 2. Inc.3841.. Yiyi Motors.31 L. 432-433 (2003).
La acción quanti minoris. 103 D..P. Policía de P.R.R. 160 D. 148 D.R. Reglamento Núm.A. Clavell.2051 et seq.R.P. v.R.R. supra. O. de Educación.688 (2000). 69 (2004). 41 (41) Ferrer v. 34 (34) Artículo 3. 143 D.R. 98 (2003). supra. J.R.R. v..A.R.R. 673. 106 D.P.P.R. 152 D. Tribunal Superior. 3842. conlleva la restitución del precio percibido en proporción a la pérdida de valor de la cosa. 710(1988).P.
. 42 (42) La acción redhibitoria representa la restitución “in integrum”. 118 D.P.A.162 (1980).R.P.P. 121.P.786 (1996).. sec.
M.et al 133 D.R.. supra. J. Manresa y Navarro.R. Mun. 67 (67) Mun. Co. Mun. A. de Caguas. P. Dye Tex P. Rodríguez.A. 71 (71) Íd. 66 (66) Torres v.
J. 150 D.1.E.A. 65 (65) Íd.C. supra.C.R.R.
. 712-713 (1981). supra. 68 (68) Rebollo v. supra. Tomo 10. 69 (69) Íd. Reus S. v. véase además.R. supra. Junta de Ingenieros.E. de San Juan v. Comentarios al Código Civil español. 708. de San Juan v. 1969. O.P.A.G.P.. 64 (64) Rebollo v. supra. 111 D.P. Royal Ins. 694 (1993). Madrid. supra.E.R.P. 159 D.Metropolitana S. Yiyi Motors. Inc.R. 63 (63) Torres v. Vol. 658 (2000). 98 (2003). Junta de Ingenieros. pág. v.. J. 338.P. Rodríguez Roldán v. Yiyi Motors. v.
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