Source: http://www.elzaburu.es/blog/tag/jurisprudencia
Timestamp: 2017-11-20 21:12:23+00:00

Document:
Jurisprudencia archivos - ELZABURU
El pasado 14 de septiembre tuvo lugar la esperada sentencia del TJUE en el caso PORT CHARLOTTE (C-56/16 P), que contribuye a esclarecer una de las sombras importantes de la regulación de las Indicaciones Geográficas en la Unión Europea, en la que la dispersión normativa, la existencia de algunas diferencias terminológicas y de redacción entre los reglamentos de la Unión Europea en algunos de los aspectos regulados por ellos han alimentado especulaciones y diversas interpretaciones en relación con cuestiones esenciales de su regulación como es la de su carácter exhaustivo.
Ya con anterioridad a ella, de acuerdo con la interpretación dominante, el régimen de la UE de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados revestía carácter exhaustivo y sustituye a la protección nacional de esos productos, que debía considerarse suprimida por los reglamentos de la UE actualmente vigentes en la materia.
La cuestión resultaba clara en el esquema de los productos agrícolas y agroalimenticios, dado que, tanto el Reglamento (CE) n° 510/2006 (predecesor del actual nº 1151/2012) como la STJUE 8.9 2009 (C-478/07 Bud, § 95-129) en su interpretación del mismo, mantenían que el régimen jurídico de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios era uniforme y exclusivo y reemplazaba a las legislaciones nacionales en relación con esos productos.
La STGUE (Sala Cuarta), de 18 de noviembre de 2015 (T-659/14, § 44), con base en el reglamento (CE) de vinos 1234/2007, que ya no está en vigor, afirmó que no resultaba de las disposiciones de ese reglamento que la protección que confería fuese exhaustiva y que, por el contrario, sí derivaba que la protección de las indicaciones geográficas con base en el reglamento de vinos podía ser completada por Derecho nacional que confiriese una protección adicional.
Finalmente, la sentencia PORT CHARLOTTE, en línea con el espíritu e incluso tenor literal que dejan traslucir los textos de los más recientes reglamentos de la Unión Europea en el campo de las indicaciones geográficas, anula en lo que se refiere a ese aspecto la sentencia del TGUE recurrida.
El resultado es que, habiendo sido confirmada por lo que respecta a los reglamentos UE relativos a las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios y de vinos la exhaustividad de la regulación de la UE, parece que la cuestión queda resuelta y que lo mismo deberá interpretarse respecto de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados.
Diferente asunto es el de las indicaciones geográficas de productos no agrícolas, que, al no contar con un régimen común en la UE, son objeto de legislación a nivel nacional por algunos Estados miembros. La UE está actualmente trabajando en la posible creación de una regulación comunitaria para este sector de productos.
En resumen, parece que podemos decir con fundamentos sólidos que, a diferencia de lo que ocurre con el campo de las marcas, donde existe posibilidad de registro de marcas nacionales y de la Unión Europea con regulaciones distintas y efectos territorialmente distintos, en el campo de las indicaciones geográficas, para los productos para los que actualmente existe una regulación sobre indicaciones geográficas de la Unión Europea, no es posible registrar indicaciones geográficas nacionales (algo que choca con la situación en algún estado miembro como Bulgaria) ni tampoco dictar normas que establezcan una protección adicional para éstas a nivel nacional (algo que en el caso tratado tenía su origen en Portugal, pero sin duda no es el único país en el que ocurre, y en España lo sabemos bien).
En cuanto a la colisión entre la denominación de origen y la marca confrontadas, la sentencia no entra a realizar una nueva valoración por considerarla una cuestión fáctica que corresponde al TGUE.
Una cuestión que sigue abierta, y más tras esta nueva sentencia, es la de la validez y aplicabilidad de alguna normativa española existente.
lunes, 18 septiembre 2017 13:48
La controvertida cuestión de la legitimación activa de las compañías extranjeras sin actividad directa en España para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal ha sido abordada por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 474/2017, de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2017:3025).
La legitimación activa venía regulada inicialmente en el art. 19 de la Ley y, tras la reforma de 2009, en el actual art. 33, en los mismos términos que el anterior. Se establecen al respecto dos requisitos cumulativos: la participación en el mercado y el perjuicio o amenaza directos a los intereses económicos de la persona física o jurídica que pretenda emprender las acciones. Ahora bien, nuestros tribunales habían interpretado el primero de estos requisitos añadiéndole la exigencia de que se tratase de una participación en el mercado español, considerando incluso insuficiente la actividad directa en otros países de la Unión Europea.
Esta es la postura que había adoptado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 873/2009, de 20 de enero de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:158). En ese caso, una compañía danesa, cuyo distintivo de marca y nombre comercial había sido registrado en España por un tercero, vio rechazada su legitimación activa para ejercitar acciones de competencia desleal contra este último, a pesar de que su pretensión iba dirigida a recuperar dicho distintivo para poder operar bajo el mismo en nuestro país.
Pues bien, la excepción de falta de legitimación activa de la demandante había sido igualmente planteada en el caso ahora resuelto por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio pasado. En este caso se trataba de una compañía norteamericana que había concedido a una empresa española una licencia exclusiva sobre un sistema novedoso de limpieza de tuberías para su distribución en España. Tras la resolución del contrato de distribución, la compañía norteamericana ejercitó acciones de competencia desleal contra algunos de los antiguos socios y trabajadores de ese distribuidor, por considerar que estaban incurriendo en actos desleales de violación de secretos en relación con la explotación del know-how que se les había facilitado con carácter confidencial durante la vigencia del contrato.
La excepción de falta de legitimación activa de la compañía norteamericana, basada en la ausencia de intervención directa en el mercado español, había sido desestimada en primera instancia y apelación, y fue planteada de nuevo por la demandada en sede de casación. El Tribunal Supremo desestima el recurso, rechazando una interpretación literalista del requisito de la participación en el mercado y propugnando en contra un análisis del mismo en función de la conducta desleal concreta, para evitar llegar “al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales“.
En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que la compañía actora había participado en el mercado español de forma indirecta precisamente a través del acuerdo de distribución celebrado con una empresa española y, tras la resolución del contrato, a través de una sociedad filial constituida en España para la distribución de su sistema. Por tanto, la sentencia concluye que el hecho de suministrar a un distribuidor español su know-how para la reparación de tuberías mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado. La violación del secreto industrial constituido por ese know-how perjudicó directamente, a juicio del Tribunal, los intereses económicos de la actora.
La matización que introduce esta sentencia sobre la interpretación tradicional del requisito de la participación en el mercado español merece, desde nuestro punto de vista, una valoración positiva. Los conflictos post-contractuales entre fabricantes y distribuidores no son infrecuentes en la práctica. Negar la legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a las empresas extranjeras que hubieran optado por introducirse en nuestro país a través de distribuidores nacionales supondría excluir la aplicación de esta norma a conductas que pueden entrar de lleno en su ámbito objetivo y que de otra forma quedarían exentas de sanción legal.
miércoles, 06 septiembre 2017 11:26
A los triunfos cosechados por el F.C. Barcelona en el campo de fútbol hay que añadir en este caso otro que ha tenido lugar en un campo diferente aunque no menos complicado: el de la propiedad industrial.
Como si de un partido de fútbol de tres tiempos se tratara, el triunfo del Barça ha ocurrido en la última fase del partido, tras dos intentos infructuosos ante la OEPM.
En efecto, tras una oposición presentada en nombre del F.C. Barcelona contra los diseños industriales españoles nº 0515626-01, 02 y 04, el 28 de octubre de 2013 la OEPM emitió una resolución desestimando dicha oposición. El F.C. Barcelona reaccionó presentando un recurso de alzada contra dicha resolución ante la Unidad de Recursos de la OEPM, que también fue desestimado mediante una nueva resolución emitida el 7 de marzo de 2014.
El club catalán interpuso entonces un recurso jurisdiccional contra la resolución del recurso de alzada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La resolución del Tribunal, fechada el 17 de febrero de 2017, esta vez sí resultó favorable para los intereses del F.C. Barcelona, al revocar la resolución anterior con denegación de los diseños impugnados.
Los diseños industriales impugnados consistían en portadas y hojas de calendario con varias fotografías correspondientes a lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona, y con la denominación BAR-CEL-ONA impresa en grandes letras sobre ellas. En concreto, los productos indicados por el solicitante fueron “artículos de papelería, oficina, folletos, catálogos, productos de imprenta, calendarios”, en la clase de Locarno 32-00.
D0515626-01 D0515626-02 D0515626-04
Entre dichas imágenes destacaba una fotografía del interior del estadio del F.C. Barcelona (Camp Nou), con una grada en la que se alternaban los colores del F.C. Barcelona (azul y granate) y donde se distinguía la palabra “BARÇA” en color amarillo y grandes caracteres.
Las marcas registradas en las que se basaba el club catalán eran la correspondiente a la imagen del estadio Camp Nou y las denominativas “FC BARCELONA” y “BARÇA”, concedidas para artículos de papelería y calendarios, entre otros productos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima el primer motivo del recurso al establecer que los diseños impugnados cumplen con los requisitos de novedad y carácter singular, al tratarse de una composición con una distribución concreta de imágenes que puede considerarse novedosa en su conjunto, y al considerar que la selección de las imágenes y la composición del conjunto aportarían singularidad.
Sin embargo, la sentencia sí estima el segundo motivo del recurso, basado en el artículo 13.f) de la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial (que tiene su correspondencia con el Artículo 25.1(e) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios). Dicho artículo 13.f) de la ley española establece como motivo de denegación o de cancelación de un diseño español el hecho de que “el diseño incorpore una marca u otro signo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el díselo registrado”.
A pesar de que la sentencia reconoce que la fotografía del estadio incorporada al diseño objeto de recurso “no es la que aparece registrada como marca, ni se le parece”, el Tribunal destaca “que no es necesario que la coincidencia sea exacta con el diseño o marca anterior, sino que es suficiente con una coincidencia que suponga un riesgo de confusión en los consumidores o usuarios”. Asimismo indica que el juicio del riesgo de confusión puede ser más exigente cuanto mayor sea la notoriedad de la marca o signo prioritario, y que también hay que considerar la posibilidad de que el registro pueda dar lugar a un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.
El Tribunal justifica su decisión con varios razonamientos:
El carácter renombrado del F.C. Barcelona así como de sus marcas y símbolos de identidad.
El hecho de que la fotografía del Camp Nou adquiera relevancia en el conjunto del diseño al estar ubicada en la parte central, relativamente libre de la denominación BAR-CEL-ONA.
El hecho de que no se cuestione que la fotografía fuera tomada de la propia página web del F.C. Barcelona, y de que en la misma aparezca claramente la denominación “BARÇA” (marca registrada) en una posición dominante.
Asimismo, el Tribunal destacó que, de estar en vigor el diseño impugnado, podría darse la paradoja de que el titular del mismo pudiera cuestionar la utilización por parte del F.C. Barcelona de su propia fotografía del estadio.
No obstante, el Tribunal no se pronunció sobre si la reproducción de la fotografía del estadio (tomada de la página web del F.C. Barcelona) suponía una causa de cancelación del registro basada en el Artículo 13.g) de la Ley 20/2003 (correspondiente al Artículo 25.1(f) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo), es decir, basada en que “el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual”.
Lo más destacable de esta sentencia es la interpretación amplia que realiza el Tribunal del artículo 13.f) de la Ley 20/2003 (correspondiente al Artículo 25.1(e) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo), estableciendo que no es necesaria la coincidencia exacta del elemento incorporado en el diseño con una marca u otro signo anteriormente protegido en España para determinar la cancelación del diseño, y destacando la importancia de la notoriedad de la marca o signo anterior, como un factor adicional a tener en cuenta al valorar el riesgo de confusión en los consumidores o usuarios.
También es interesante destacar que esta sentencia puede resultar un precedente para otros casos de diseños industriales españoles que pretenden proteger productos (normalmente souvenirs, artículos de papelería u ornamentaciones), con elementos o imágenes emblemáticas que puedan entrar en conflicto con marcas o signos anteriores.
Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily, 3 de agosto 2017.
lunes, 07 agosto 2017 13:02
El pasado 13 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) dictó una interesante sentencia (asunto C-433/16) que aclara la relación existente entre el Reglamento CE 44/2001 (actualmente R. 1215/2012) y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.
La sentencia del TJUE trae causa de una acción de jactancia interpuesta por la compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) para llantas de aleación para ruedas de automóviles por razón de la fabricación y comercialización por Acacia de réplicas de este producto bajo la marca WSP ITALY. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia. Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los dos Reglamentos Comunitarios antes citados.
Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.
El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001 que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.
Mediante las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado Miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).
El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.
Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJUE si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra d) del Reglamento 6/2002.
La respuesta del TJUE es negativa. El TJUE recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª antes reseñadas.
Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales 5ª y 6ª, el Tribunal italiano pregunta al TJUE si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia delictual.
También en esta ocasión la respuesta del TJUE es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas, presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.
La sentencia dictada por el TJUE nos merece una opinión positiva. En esencia, el TJUE nos recuerda que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad tienen carácter de lex specialis en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 Artículo 25
 artículo 13
 Artículo 13
 Artículo 25
 artículo 13
 Artículo 25