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Timestamp: 2019-02-20 20:20:09+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Domingo 27 Octubre 2013
Enrique Zubiaga Periodista Digital 24 Octubre 2013
No hace tanto tiempo que salí a la calle detrás de una pancarta que denunciaba el llamado "proceso de paz¨ y sus excrecencias: la excarcelación -según Alfredo Pérez por motivos humanitarios- de José Ignacio De Juana Chaos; cuando Otegui era según José Luis Rodríguez un ¨hombre de paz¨; cuando la infinidad de acosos, extorsiones, amenazas, agresiones y episodios de violencia callejera eran invisibles para el Ministerio del Interior; cuando al bombazo que demolió medio aparcamiento de la T4 de Barajas, con dos personas dentro, le llamó Rodríguez "un accidente"; cuando un zulo lleno de armas era según Pérez "un agujero para guardar algunas cosas". Y todo en ese plan, porque las negociaciónes con una ETA que había dejado Aznar en la UVI no existían y fueron negadas por activa y por pasiva, y más aún después del accidente de Barajas. Pero existir existían, vaya que sí existían, y Rodríguez y su tropa se rasgaron las vestiduras cuando Mariano Rajoy lo denunció alto y claro en la tribuna del Congreso:
"Usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda". Lean, lean lo que decía Mariano, porque no tiene desperdicio.
Pues bien, este domingo saldré a la calle otra vez. Esta vez para denunciar que donde Mariano dijo digo, ahora dice Diego, y que quien espetó a Rodríguez: "Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento", resulta que no sólo no ha movido un dedo para cambiar de rumbo sino que ha aceptado esa infumable herencia tal cual y se limita a poner cara de pena ante episodios como el de Inés del Río y a decir que le parece fatal lo que ha ocurrido y que él está con las víctimas. Exáctamente igual que hacía Rodríguez.
Pero los hechos no sustentan esa afirmación. Por ejemplo la excarcelación, también "por motivos humanitarios¨, de un Josu Uribetxeberria Bolinaga que se estaba muriendo. Un día después Josu se paseaba por Mondragón y un año después quien no tuvo problema alguno en mantener dentro de un infecto cuchitril a José Antonio Ortega Lara durante 532 días, ni en dejarle morir de hambre si no le llega a encontrar la Guardia Civil, se dedica a tomar potes por los bares de Mondragon y se niega a ser reconocido por un forense que nos explique el milagro.
Me resulta también inexplicable que De Juana Chaos o Josu Ternera estén en libertad como si la policía no supiera donde están, si se han cambiado de calzoncillos y lo que han desayunado.
Ni entiendo tampoco que se haya dado carpetazo al caso Faisán y sus máximos responsables se hayan ido de rositas cuando después del chivatazo y de que le llegaran a ETA los cincuenta mil euros de la extorsión a ciudadanos españoles se cometieron otros ocho asesinatos.
No entiendo las prisas que se han dado los jueces para excarcelar a Inés del Río y la lentitud de esos mismos jueces para ilegalizar a las últimas reencarnaciones de ETA-Batasuna. No será porque no han hecho méritos. Tampoco entiendo que esos cómplices del terror de ETA, auténticos nazis, se sienten en el Congreso, en la Diputación de Guipuzcoa, en el Ayuntamiento de San Sebastian y en muchos otros del País Vasco y manejen el dinero de nuestros impuestos. Y no me digan que eso ocurre porque la gente les ha votado, porque a Adolf Hitler también le votaron y en Alemania los nazis están ilegalizados. No se si me explico.
Por eso, Don Mariano, porque quiero ser coherente y denunciar ahora también que es todo una enorme mentira, porque utilizó usted a las víctimas -y nos utilizó a millones de ciudadanos que les apoyamos- para llegar a la Moncloa y porque nos ha engañado usted, igual que lo hizo Rodríguez, saldré a la calle el domingo. Y creo que hace usted bien en no asomarse por allí, porque no le iba a gustar oir lo que muchos ciudadanos pensamos de este engaño.
IGNACIO CAMACHO ABC 24 Octubre 2013
La justicia no es una abstracción. Es una razón que ordena la convivencia y cuando fracasa produce una honda quiebra moral
JON JUARISTI ABC 24 Octubre 2013
La nación es un producto de la historia, pero también de la rebelión contra el determinismo histórico
LO fascinante del libro que probablemente constituya el acontecimiento editorial de la temporada, Historia de la nación y del nacionalismo español (Galaxia Gutenberg) es su carácter sinfónico. Casi medio centenar de especialistas ?historiadores, geógrafos, filólogos, musicólogos?, coordinados por los profesores Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi y Andrés de Blas, abordan a lo largo de 1.500 páginas la formación histórica de la nación española y los distintos discursos sobre España desde la Edad Media hasta nuestros días. La mayor virtud de esta compilación reside en su pluralismo. Prácticamente están representados en él todas las tendencias y enfoques presentes en el ámbito académico durante el último medio siglo. Al contrario que en la mayor parte de las obras de autoría colectiva, no se ha buscado una homogeneidad ideológica, de modo que el lector se ve obligado a asentir y discrepar, a oscilar entre la aprobación y la indignación, según sus gustos y convicciones. Porque esto es lo que hay más allá del acuerdo básico sobre la existencia de una nación común: diferencias de intereses en los ciudadanos y divergencias en las interpretaciones y valoraciones de los hechos a través de los cuales se ha ido construyendo aquélla.
Como afirman sus autores, este libro es el resultado de una investigación múltiple que comenzó antes de que el nacionalismo catalán plantease su actual desafío independentista, pero es innegable que responde a una crisis de la idea de la nación española que arranca de muy atrás, y que a lo largo del pasado siglo se manifestó en sucesivas controversias: las que Ortega mantuvo con los nacionalismos populistas del fin de siglo, la de Menéndez Pidal con Bosch Gimpera, la de Américo Castro con Claudio Sánchez-Albornoz, etcétera. Aunque acaso sus raíces lejanas se hallen en el XIX, y en la primera polémica interna de la generación de 1898, la que mantuvieron en el verano de ese año Unamuno y Ganivet.
La nación como comunidad política es un producto de la historia, pero también de una rebelión contra los determinismos históricos. Menéndez Pidal advirtió, con áspera lucidez, que no hay nación sin tradición, pero tampoco sin insurgencia contra la tradición. Lo que hay que procurar es que ambas, tradición y revolución, sean razonables, algo verdaderamente difícil cuando el sentimiento de españolidad solamente parece aflorar, como se indica en este libro, «en momentos aparentemente banales» (aunque la banalidad, al contrario de lo que pensaba Unamuno, sea preferible en todo caso a la guerra civil). El mayor problema que arrastra esta vieja nación que llamamos España desde su origen mismo en la Edad Media es su incapacidad para integrar las diferencias, su resistencia al reconocimiento del Otro como conciudadano. Es cierto que, en determinados momentos de su historia, los españoles han mostrado una voluntad mayoritaria de entenderse, pero pasa el tiempo y aparecen nuevas generaciones que no conocieron a Moisés.
Por eso, a mi juicio, es importante esta Historia de la nación y del nacionalismo español (quizás el título habría debido precisar que se trata de la nación española): porque ofrece una exégesis plural y pluralista del hecho nacional y del nacionalismo realizada por gentes que tienen en común su pertenencia a una de las contadas generaciones españolas que creyó que la nación debe perpetuarse sobre el diálogo entre las alteridades y no sobre la exclusión de los discrepantes. En una época de devaluación del saber histórico, constituye una excelente contribución desde los medios académicos al conocimiento de nuestros demonios familiares.
Condorcet, Escocia y nosotros
J. M. RUIZ SOROA, EL CORREO 24 Octubre 2013
· Un referéndum sobre la secesión debe adoptar un formato binario con una pregunta única, la de la independencia o no.
Nicolas de Caritat, barón de Condorcet, pasa por haber sido el primero que, hace ya dos siglos, analizó el problema de conseguir una elección congruente de un candidato entre varios en liza. En efecto, la elección entre todos ellos por mayoría simple de votos (gana el que más votos obtenga) posibilita que el vencedor sea en realidad un ‘perdedor’, en aquellos casos en que la mayoría de los votantes de otros candidatos no le quisieran en ningún caso como ganador (resultado incongruente).
Por ejemplo, si en una elección simple entre A (42%), B (30%) y C (28%) damos por ganador por mayoría a A, sin tener en cuenta que los votantes de By C hubieran preferido en todo caso a Cy B como segunda opción (es decir, lo que no querían era A en ningún caso), estaremos dando como ganador a un candidato no querido por los votantes, puesto que el 58% no lo deseaban. Esta no es una posibilidad teórica, sino que se ha producido en el pasado, con resultados destructivos. Por ejemplo, Salvador Allende era un ‘perdedor Condorcet’ cuando accedió a la presidencia de Chile, y no haberlo tenido en cuenta fue sin duda una de las causas del desastre que siguió. Posteriormente se han adoptado en Sudamérica métodos de elección presidencial con segunda vuelta que eliminan en parte esa posibilidad.
Para evitar la ‘paradoja Condorcet’ existen varios métodos, y el más factible es el de permitir a los votantes que expresen sus preferencias sobre cada candidato, ordenando esas preferencias en una escala valorativa: de esa forma podremos averiguar cuál de los candidatos es el que el tiene mayor número de preferencias, o menos vetos a su elección. Otra forma, más complicada, sería efectuar sucesivas votaciones entre los candidatos emparejados de dos en dos.
Si traemos esta famosa paradoja a cuento es porque parece de directa aplicación a un caso como el de determinar por votación la voluntad de un conjunto territorializado de ciudadanos acerca de su permanencia o secesión del país en que habitan. En efecto, si la opción a votar se plantea en términos binarios (’A-secesión’, ‘B-no secesión’), podría suceder que el resultado mayoritario de A (54%) ocultase que en realidad la opción preferida por el conjunto hubiera sido una tercera vía tal que C (un estatus político nuevo y distinto del existente) al que hubieran votado parte de los votantes de A (20%) y parte de los votantes de B (30%), siendo así en la realidad la ganadora Condorcet. Esta simple constatación aconsejaría, a primera vista, que cualquier consulta de la voluntad de esos electores se plantease de manera plural (‘multiple choice’), con tres opciones por lo menos, y con la posibilidad de cada elector de ordenar sus preferencias respectivas. Por ejemplo, ‘Asecesión’, ‘B-confederación/soberanía compartida’, ‘C-federación/autonomía’. No es de extrañar que, tanto en Escocia como en Cataluña, se hayan alzado muchas voces a favor de esta elección múltiple. Sobre todo la de los nacionalistas que, probablemente, consideran que con este método se garantizan en cualquier caso un resultado favorable, es decir, un resultado cualitativamente superior al existente (el llamado ‘devo-max’ en Escocia).
Pues bien, pese a Condorcet y a los deseos nacionalistas, creo que un referéndum popular sobre la secesión debe adoptar un formato binario con una pregunta única, la de la independencia o no. En primer lugar, porque esa y no otra es la cuestión sobre la cual debe manifestar su voluntad la ciudadanía, la de si desea o no abandonar el marco estatal. Introducir respuestas condicionales a supuestos hipotéticos («¿se quedaría usted si existiera un estatus confederal?») es cualquier cosa menos practicar la claridad, puesto que no existe una definición nítida de ese supuesto estatus. Y si algo hay que exigir a un referéndum de este tipo es la claridad, que sólo existe cuando el votante puede visualizar con toda nitidez de antemano las consecuencias que se seguirán de su voto: salir o permanecer en el conjunto es una opción visible y nítida, quedarse «si somos cosoberanos» lo es borrosa y sujeta a precisiones posteriores; incluso a renegociación o rechazo.
Por otro lado, plantear como opción elegible un estatus que no existe constitucionalmente es tanto como dar por supuesta la decisión al respecto de toda la ciudadanía del Estado afectado. En efecto, admitir la posibilidad de que los escoceses pudieran por su sola voluntad decidir un estatus de confederación o soberanía fiscal con el Reino Unido sería tanto como dar por supuesto que el resto de los británicos lo aceptan sin más si los escoceses lo quieren, cuando muy bien pudiera suceder que prefirieran una Escocia independiente que una Escocia cosoberana o privilegiada. Por ello, una ‘tercera papeleta’ para el referéndum exigiría probablemente en España un referéndum previo entre todos los ciudadanos del Estado para saber si éstos aceptan la permanencia del territorio en cuestión en tales singulares condiciones. Entre otras cosas, porque supondría modificar la Constitución vigente.
Late en este punto un equívoco considerable, derivado del uso persistente de unos términos borrosos (un pseudoconcepto) como son los del ‘derecho a decidir’. Borroso porque amalgama dos cuestiones profundamente diversas, la de salir-quedarse y la de cómo quedarse. Los catalanes pueden teóricamente manifestar su voluntad sobre el par ‘salir-permanecer’, pero si prefieren permanecer deben ser todos los españoles los que decidan ‘cómo permanecen’, no sólo ellos. Es aquello de que no es igual divorciarse (unilateralidad) que establecer el régimen de participación en el matrimonio (bilateralidad).
El Acuerdo de Edimburgo de 2012 entre los gobiernos escocés y británico muestra el camino a seguir para conseguir un ‘fair test’ y una ‘decisive expression’ de la voluntad de los ciudadanos: una sola pregunta binaria que plantee nítidamente la resultante ‘independencia’ como consecuencia del voto afirmativo, con exclusión de terceras posibilidades o de preguntas sin respuestas concluyentes y fácilmente perceptibles por cualquier elector. Preguntar por la soberanía, por la capacidad de decisión, por un estatus nuevo, y demás zarandajas hipotéticas que puedan ocurrírseles a nuestros tácticos de turno no es de recibo si lo que se pretende, de verdad, es dar un cauce a la democracia para abordar las cuestiones difíciles.
El honor del juez Mahoney
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO, EL MUNDO 27 Octubre 2013
· El rechazo del recurso de España contra la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del 10 de junio de 2012 contra la doctrina Parot, y sus consecuencias inmediatas, la liberación de Inés del Río y la próxima excarcelación de casi un centenar de etarras, ha provocado la lógica indignación de las víctimas del terrorismo y la estupefacción de la mayoría de los ciudadanos.
Es como si la Gran Sala hubiera hecho una enmienda a la totalidad a la política antiterrorista –en el marco de ella se encuadra la doctrina Parot– llevada a cabo en los últimos años y que ha llevado a poner de rodillas a ETA.
Hay que acatar la decisión del Tribunal de Estrasburgo porque España firmó un convenio que le obliga a ello. Pero lo que ha dictaminado dicho tribunal es, en esencia, una gran injusticia y tiene que ver con una concepción política, según la cual los miembros de ETA condenados por asesinato no son simplemente asesinos, sino que sus delitos están justificados de alguna manera por un fin superior de carácter político.
Lo expresó de forma meridiana el miembro español del citado tribunal, Luis López Guerra, cuando, en el año 2000 y siendo vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, afirmó: «El problema vasco no es penal, creo que todos estamos de acuerdo; es un problema político muy complicado».
López Guerra fue nombrado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero miembro del TEDH, en el contexto de una negociación abierta con ETA. Por tanto, no es de extrañar que este magistrado se haya constituido en el gran agitador ideológico contra la doctrina Parot, para escarnio del Gobierno, que ordenó a la Abogacía del Estado recurrir el fallo de junio de 2012.
Sorprende la postración intelectual que han mostrado analistas, políticos e incluso juristas respecto a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Como aceptando una superioridad moral o técnica más que dudosa.
Afortunadamente, entre los 17 miembros del TEDH, no todos aceptaron la interpretación de que a Inés del Río se le había alargado la pena de cárcel aplicándole retroactivamente una regulación posterior a su condena. Recomiendo a los partidarios de callar y mirar para otro lado que se lean el voto particular del juez Paul Mahoney, quien, en su escrito, al igual que hizo el Tribunal Supremo, avaló el Constitucional y sostuvo en su recurso el abogado del Estado, distingue perfectamente entre la pena y la ejecución de la condena.
Lo sorprendente es que, según Mahoney, el TEDH haya actuado contra su jurisprudencia, establecida en tres casos: Hogben contra el Reino Unido (marzo de 1986); Uttely contra el Reino Unido (29 de noviembre de 2005) y Kafkaris contra Chipre (2008). Al igual que en esos procesos, Mahoney establece que la doctrina Parot no ha roto la línea que separa la condena (en el caso de Inés del Río, 30 años) y la regulación de su aplicación. Porque el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya violación argumenta la sentencia, sólo puede ser invocado si se produce una efectiva modificación de la pena.
Como bien dice Mahoney, esa concepción, «en lenguaje ordinario, les llevaría a tomar la pena impuesta en la sentencia y las posibles modalidades de remisión o libertad condicional como un paquete». Es decir, siguiendo la lógica del criterio establecido por el TEDH, la pena impuesta a Del Río no serían 30 años, sino el resultado de restarle a dicha cantidad las remisiones a las que podría tener derecho, que, por cierto, le fueron aplicadas de forma bastante generosa.
Evidentemente, lo esencial de este caso no es que Del Río permanezca en prisión cuatro años más (en otros supuestos, la aplicación de la sentencia de Estrasburgo significará tan sólo adelantar la excarcelación unos meses o unos días, como en el caso de Juan Manuel Piriz). No. Lo relevante es la forma en la que algunos jueces afrontan e interpretan los crímenes de ETA.
La doctrina que ha servido de base a la sentencia del TEDH bebe de la discrepancia mostrada en los votos particulares del Supremo (Perfecto Andrés, José Antonio Martín Pallín y Joaquín Giménez) ante la doctrina Parot y también de los argumentos esgrimidos por los miembros del Constitucional que se opusieron a la misma (Elisa Pérez Vega, Luis Ortega y Adela Asúa). No es una casualidad que todos ellos compartan un determinado perfil ideológico próximo a la izquierda. Es decir, insisto, no estamos ante una discusión técnica, sino política.
En 1963, Hannah Arendt publicó su polémico y brillante Eichmann en Jerusalén. En el ensayo, la escritora y filósofa analizaba el juicio llevado a cabo en Jerusalén en 1961 contra el teniente coronel de las SS Adolf Eichmann, secuestrado por los servicios secretos israelíes en Argentina y trasladado ilegalmente a Jerusalén para ser juzgado y, posteriormente, condenado a morir en la horca.
También entonces hubo un debate sobre la retroactividad. En resumen, a Eichmann se le juzgó con arreglo a una ley de 1950, cuando sus delitos se cometieron entre finales de los años 30 y principios de los años 40. Es más, cuando el oficial nazi organizó los traslados de judíos a los campos de exterminio, esa actividad no era ilegal en Alemania y él la llevó a cabo siguiendo «órdenes superiores».
«La cuestión de la culpa o la inocencia individual, el acto de hacer justicia tanto al acusado como a la víctima es la única finalidad de un tribunal de lo criminal», concluye Arendt.
Esa es la cuestión fundamental: ¿ha hecho justicia la sentencia del TEDH? ¿Ha tenido en cuenta que estamos ante una banda terrorista que ha cometido casi 1.000 asesinatos y que aún sigue activa? ¿Ha valorado la falta de arrepentimiento de la condenada? No. Eso parece obvio y eso es lo que enfurece a las víctimas y a la sociedad. Algunos jueces consideran que la finalidad política, la pertenencia a ETA, no es sino un atenuante de la conducta criminal.
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 27 Octubre 2013
Las víctimas necesitaban un cálido abrazo y se han topado con un corazón seco.
La política se hace con la cabeza y con las entrañas y a la gente se la convence con una mezcla adecuada de razón y pasión. El discurso del gobernante ha de combinar argumentos y emociones, capacidad lógica y afloramiento de sentimientos. Tan peligrosa es la apelación permanente a los instintos primarios mediante palabras retumbantes como decepcionante la frialdad opaca de la exposición encadenada de silogismos. Y también, por supuesto, cabe el recurso al silencio porque hay momentos en que cualquier cosa que se diga resulta insuficiente. Por utilizar una analogía musical, la comunicación política debe incorporar en las dosis adecuadas El arte de la fuga de Bach, el dúo de amor de Tristán e Isolda y los cuatro minutos treinta y tres segundos de instrumentos inaudibles de John Cage.
Lo que un representante público no se puede permitir es equivocarse en el recurso a una u otra herramienta retórica. Si se pone apocalíptico y lacrimoso en la inauguración de una autoescuela, gélido y parco en el entierro de los fallecidos en un incendio y se calla cuando la nación en vilo espera su mensaje reconfortante tras una grave derrota en una guerra o en medio de la devastación causada por una catástrofe natural de enormes dimensiones, más vale que se dedique a otra cosa.
Cada profesión requiere unas cualidades, sin las cuales el fracaso está garantizado. Un militar cobarde, un cirujano indeciso, un atleta anémico o un profesor de lengua analfabeto tienen poco recorrido en su actividad. De la misma manera, un político escasamente dotado para la empatía con sus votantes acabará arrastrando a su partido a la irrelevancia. Aquellos que ostentan altas responsabilidades que exigen continua interacción con los ciudadanos, además de mostrar competencia en su cometido específico, han de colocarse detrás de un atril, aparecer en televisión o asomarse a la radio sabiendo lo que han de decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Este es un hecho tan evidente que a veces cuesta creer que a determinados personajes se les hayan encomendado magistraturas expuestas al permanente juicio de la opinión, dada su obvia torpeza ante la cámara, el micrófono o la sala de conferencias.
La sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha herido en lo más profundo el ansia de justicia de la sociedad española, harta ya de que criminales de la peor especie cumplan penas ofensivamente ridículas comparadas con el daño que han causado. Por eso sus ojos y sus oídos se han vuelto hacia el que tiene la misión de protegerles, conducirles y consolarles y se han encontrado con una absurda referencia a la meteorología. Necesitaban un cálido abrazo y se han topado con un corazón seco.
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 27 Octubre 2013
El príncipe de Asturias dijo el viernes, en la entrega de los prestigios premios que llevan ese nombre, que «España es una gran nación», lo que me anima a reflexionar con ustedes sobre la certeza o falsedad de tal aserto: ¿es, en verdad, España una nación? Ya sé que vista desde fuera tal pregunta puede parecer tan peregrina como la dedicada a dilucidar si la Tierra es redonda o frío el hielo, pero, como es sabido, este es un país bastante peregrino, y no solo porque por el discurra el Camino de Santiago.
Ocurre, y esta es la cuestión, que hay en España (el Estado español, según una cierta corrección política) cientos de miles de personas -algunas incluso leídas y viajadas- que sostienen con una pasmosa naturalidad que Cataluña, Galicia o el País Vasco son naciones (a las que, ya puestos, se suman en ocasiones otras más) por las mismas razones que les sirven para negar con rotundidad que lo sea España.
Para ir al caso, todos los territorios citados serían en realidad, según estos prodigios de sentido común e inteligencia, una nación por tener hoy, o haber tenido en el pasado, una lengua autóctona y una historia y una cultura propias, cosas estas dos últimas que, por definición, tiene todo el mundo: no solo las naciones, sino las personas, las localidades, las comarcas, las provincias y, por supuesto, las diferentes regiones españolas, incluso aquellas respecto de las cuales nadie reivindica su carácter nacional.
Lo verdaderamente extraño es que muchos de quienes sostienen con un convencimiento berroqueño que sus territorios regionales (hoy comunidades autónomas) son en realidad una nación, le nieguen tal carácter a una de las naciones más antiguas del planeta. El castellano no es solo la lengua común de muchas generaciones de españoles, sino la que nuestro país llevó a América, donde se habla desde Tierra de Fuego al río Grande y aún, al norte, más allá. La historia española es tan trascendental que sin tenerla en cuenta es imposible entender la evolución de una gran parte del planeta. En cuanto a la cultura española, de la que forma parte también y muy fundamental la que se expresa en gallego y catalán, es difícil encontrar una que haya tenido en el pasado y tenga en el presente una presencia tan densa y tan extensa.
España es desde luego una nación. Pero lo es por entero, toda ella, pues a cualquiera que conozca su lengua común, su historia y su cultura le sería imposible entenderla sin Galicia, Cataluña o el País Vasco, que son tres territorios del país profundamente españoles (siendo tan profundamente gallegos, vascos y catalanes) como Madrid, Extremadura o Aragón. No hay más que recorrer España para verlo. Salvo, claro, que los ojos no se utilicen para ver sino solo para identificar a los adversarios que uno previamente se ha inventado.
La motivación política, en el origen del nombramiento de los magistrados europeos
A. Rojo. Madrid. La Razón 27 Octubre 2013
El procedimiento de elección de los magistrados del TEDH provoca que motivaciones de índole política primen sobre criterios de naturaleza estrictamente jurídica. Aunque los estatutos de esta institución obligan a que los candidatos a magistrado sean de «alto carácter moral» y tengan una cualificación suficiente para desempeñar altas respondabilidades judiciales, en la práctica los criterios de oportunidad política pesan tanto o más que la profesionalidad, la experiencia o la excelencia académica de los aspirantes a ocupar uno de los 47 sillones del Tribunal de Estrasburgo.
Los gobiernos de los 47 estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos proponen un candidato que después debe recabar el consentimiento de la Asamblea Parlamentaria, junto al Comité de Ministro, que es la principal institución del Consejo de Europa. Debido a la gran influencia política que tienen las resoluciones del Tribunal, el perfil ideológico del candidato y su propensión a tener en consideración los contextos políticos en los que se toman las decisiones judiciales se miran con lupa a la hora de presentar a un juez en concreto a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
El juez que ocupa el sillón reservado a España en el Tribunal de Estrasburgo es Luis López Guerra, quien escaló posiciones en las instituciones judiciales a la sombra de los gobiernos socialistas. Primero en el Consejo General del Poder Judicial, donde fue vicepresidente entre los años 1996 y 2001 y, anteriormente, magistrado del Tribunal Constitucional –donde ocupó la vicepresidencia desde 1992 a 1995. Además, fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2008, poco después de ser diputado autonómico en la Asamblea de Madrid por el PSOE. Con un currículum de estas características no sorprendió a nadie que, cuando tuvo que proponer a un magistrado español para el TEDH, el Gobierno socialista de Zapatero propusiera el nombre de López Guerra. El juez español fue elegido por un periodo de 9 años y no podrá ser reelegido.
¿Criticar el independentismo crea independentistas?
José Rosiñol Lorenzo Periodista Digital 27 Octubre 2013
… ¿cuándo tendremos un Salvados que trate el control mediático y la imposición identitaria en Cataluña?… ¿acaso Jordi Évole no se da cuenta de que el apagón informativo, o mejor dicho, la uniformización editorial va en detrimento de la calidad democrática y es el eje sobre el que pivota la espiral de silencio? …
Jordi Évole en la tertulia “La Sexta Noche” ha recriminado sarcásticamente al director de La Razón y al periodista de El Mundo Eduardo Inda que gracias a unas portadas –y a su línea editorial- muy críticas con el independentismo provocan la conversión espontánea al soberanismo de muchos catalanes.
Resulta llamativo cómo una de las soflamas inventadas y más repetidas por el nacionalismo, esa que dice “las críticas al independentismo crean independentistas”, haya sido asimilada e interiorizada por gran parte de la población, incluido, al parecer, por el Sr. Évole.
Esta máxima –repetida en forma de mantra- podríamos analizarla desde, al menos, dos perspectivas, la primera es la espiral de silencio sobre la que se impone un discurso único e impone un pensamiento único a la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación rendidos a la “construcción nacional” y, segundo, la asfixia informativa en Cataluña.
La red tejida por el nacionalismo no tolera la crítica externa, aquella que proviene del resto de España, y aborrece la disensión interna, por ello trata de silenciar o deslegitimar cualquier atisbo de cuestionamiento al dogma oficial.
Cuando no pueden imponer esa espiral de silencio, ya que no controlan –ni pueden coaccionar- a los diarios nacionales como los mencionados más arriba, la crítica argumentativa de la intelectualidad y el periodismo orgánico siempre trata de vehicularla hacia el esquema dentro/fuera, propio/extraño, defensa/ataque.
Pero si efectivamente la crítica al independentismo proveniente de más allá del Ebro engendra más independentistas, esto no ocurre por generación espontánea o por una especie de fatalismo ontológico, sino por el enfoque de se le da desde los medios catalanes, por la unanimidad interpretativa al respecto.
Esto se da porque las críticas al relato nacionalista se explican como una agresión a lo nuestro, como una intromisión inaceptable, como un agresión a lo simbólico, intromisión que es aprovechada para azuzar entre la ciudadanía la sensación de vulnerabilidad frente al otro deformado, sentimiento de vulnerabilidad, de pertenencia y el miedo a lo desconocido (o deformado) son la auténtica cantera de la que se nutren las filas independentistas.
Finalmente me gustaría recordar a Jordi Évole, periodista catalán escorado políticamente hacia un tipo de izquierda cuyo foco informativo vela y tapa la realidad cercana –aquella que afecta a la Generalitat- y se centra en la batalla entre el PP y el PSOE, que si no fuera por esos medios de comunicación nacionales ¿quién ofrecería una versión distinta de lo que ocurre en Cataluña?
¿Qué medios catalanes se comportan realmente como un cuarto poder y cuántos son parte del poder?, ¿quién sino podría ofrecer argumentos distintos a los oficiales que enriquecieran el debate político?, ¿acaso Jordi Évole no se da cuenta de que el apagón informativo, o mejor dicho, la uniformización editorial va en detrimento de la calidad democrática y es el eje sobre el que pivota la espiral de silencio?, ¿cuándo tendremos un Salvados que trate el control mediático y la imposición identitaria en Cataluña?.
Pablo Sebastián www.republica.com 27 Octubre 2013
Hoy, todos con las víctimas del terrorismo
Editorial www.gaceta.es 27 Octubre 2013
Las víctimas del terrorismo son el eslabón más débil de la cadena en el proceso de negociación iniciado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista de ultraizquierda ETA. También son los que más sacrificios han hecho y quienes han esperado, pese a las adversidades, que la Justicia y la sociedad les ampare en sus más que justas reivindicaciones. Ahora, a tan sólo un par de semanas de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobase en el Consejo de Ministros el Reglamento más humillante posible -hasta el punto de que sustituye el concepto víctima por el de beneficiario de ayudas públicas- para regular la figura jurídica de las víctimas, se enfrentan al desamparo del Ejecutivo tras conocerse que el Tribunal de Estrasburgo deroga la doctrina Parot, el único asidero legal que mantenía a los criminales en el lugar que les corresponde: la cárcel.
Se consuma así una abominable traición histórica del Partido Popular a las víctimas, y otra más a sus electores. El programa electoral con el que obtuvieron su mayoría absoluta era claro en materia antiterrorista: las franquicias políticas del ETA estarían fuera de las instituciones y los presos dentro de las prisiones. Y no sólo era eso ¿recuerdan ustedes aquello de la prisión permanente revisable? Pues de todo eso, dos años después no queda nada de nada. Los presos salen en hordas de las cárceles y los políticos proetarras copan ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y, lo que es peor, siguen en el Congreso de los Diputados.
De nada les sirve a las víctimas que Rajoy califique de injusto el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si eso no lleva aparejada una actuación contundente para minimizar sus daños. De nada sirve que su Ejecutivo insista y machaque diciendo que las revisiones de pena se realizarán una a una y siempre a petición de parte, cuando vemos que Ricart, el brutal secuestrador, violador y asesino de las tres jóvenes de Alcàsser, quedará en libertad en unos días por una actuación de oficio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sin que la Fiscalía haga nada para parar el desaguisado. De nada sirven las manifestaciones de contundencia cuando vemos como otros países defienden los intereses de sus ciudadanos y no acatan sentencias del Tribunal de Estrasburgo, sin que esto tenga consecuencias negativas. Muy al contrario, esos Gobiernos reciben el apoyo masivo de sus ciudadanos.
Por eso, porque los débiles siguen pagando en España lo que ya tributaron con su sangre y la de los suyos, hoy, a la una en punto del mediodía, todos estaremos en la plaza de Colón con las víctimas
El triunfo de los criminales
Javier Algarra www.gaceta.es 27 Octubre 2013
Es razonable que los Estados combatan a los criminales. Para conseguirlo, hoy estaremos en Colón.
Henri Parot, miembro del comando Argala de ETA, fue condenado en veintiséis sentencias que sumaban casi 4.800 años de prisión. Su grupo perpetró veintidós atentados en los que murieron treinta y ocho personas. Entre ellos, fue responsable de la voladura de la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, en la que murieron cinco niños y dos mujeres.
Ya que el Código Penal establece un día de redención por cada dos de trabajo, su condena se podría ver reducida a la mitad, es decir, a 2.400 años. Pero, como el máximo legal de permanencia en la cárcel es de 20, 30 o 40 años, si el beneficio penitenciario se aplica sobre esta cantidad, podría quedar en libertad tras quince años de prisión.
Eso es lo que impidió el Tribunal Supremo el 28 de febrero de 2006, que saliera en libertad, ya que, en aplicación de lo que se dio en llamar doctrina Parot, la rebaja de condena se le aplicó sobre el total de sus penas, y no sobre el máximo legal, en su caso de treinta años. Sin embargo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al analizar una situación similar sobre la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel por atentados como el de la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron doce guardias civiles, consideró que eso vulneraba los derechos humanos. El Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España a poner en libertad a la etarra y a indemnizarla con 30.000 euros.
El fin de la doctrina Parot puede suponer la excarcelación de casi 130 terroristas, como los sanguinarios Antonio Troitiño, Antonio López Ruiz, alias Kubati, o Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros; así como del propio Henri Parot. Y también podrían quedar en libertad peligrosos delincuentes comunes, como Miquel Ricart, condenado por el asesinato de las niñas de Alcásser; o Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor.
os batasunos han celebrado con entusiasmo la decisión de Estrasburgo de tumbar la doctrina Parot. Pero las víctimas del terrorismo se han mostrado desoladas.
A partir de ahora, valdrá lo mismo asesinar a dos personas que a treinta y tres. Teniendo en cuenta que hay un máximo de estancia en prisión, y que cada dos días de trabajo suponen uno de redención, cualquier criminal sabe que su permanencia entre rejas, sea cual sea el delito, puede reducirse a unos quince años.
Es un triunfo para los criminales. Ya era un ultraje que los terroristas pudieran colocar sus peones políticos en las Administraciones, que gestionen fondos públicos o que patrocinen homenajes a asesinos y engalanen sus municipios con retratos de etarras.
Seguro que en Estados Unidos no permiten que los militantes de Al Qaeda se presenten como concejales ni en Francia legalizan partidos que fomenten la violación o la pederastia. Parece razonable que los Estados combatan a los criminales. Para conseguirlo, hoy estaremos en la plaza de Colón con la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Mucha ley pero poca justicia
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 27 Octubre 2013
La semana cierra pero no se sosiega la conmoción ciudadana creada por la obligada puesta en libertad de la asesina etarra Inés del Río a la que se sumarán mas que previsiblemente una larga lista de criminales, terroristas y violadores homicidas como máximos beneficiarios de la sentencia del tribunal de Estrasburgo. Es hora de estar con las victimas. También de reflexionar y que de una vez por todas se ponga la base jurídica firme de impedir que asesinos múltiples, ufanos de sus crímenes y dispuestos a repetirlos mañana puedan quedar en libertad. La cadena perpetua revisable es no solo democrática, sino un elemento más que legitimo y del puro sentido común para defensa de la sociedad y del común de las gentes ante quienes tan terriblemente los masacran.
Es también momento de explicar que este “beneficio” al que ahora se acogen es producto en buena medida de haberlo dejado vigente el Código Penal de 1973 (Franco)durante 16 años tras el establecimiento de la democracia, llevados por un “buenismo” legislativo de nefastas consecuencias y de no haberlo reformado en este aspecto hasta 1995 (Belloch-PSOE) y posteriormente en 2003 (Aznar-PP). Los delitos cometidos tras esa primera fecha penaran un máximo efectivo de 30 años e incluso de 40 tras la segunda. Es oportuno también señalar que los argumentos de Estrasburgo sobre retroactividad bien podían haberse interpretado de muy distinta forma como hicieron nuestros tribunales, Supremo y Constitucional, pues no se refería a la pena en si sino a la redención por trabajo que se establecía no para los 30 años de máximo cumplimiento sino a descontar de los que les fueron impuestos. El papel del magistrado allí elevado por Zapatero , López Guerra, ha sido más que significativo y prueba de su postura lo da el hecho de que siete de los jueces votaran en contra, al menos de la indemnización de 30.000 euros, que finalmente no se pagarán, y que el ni siquiera esto hiciera. Los ecos de su actitud traen resonancias de aquella infame sentencia política de nuestro Tribunal Constitucional, usurpando funciones y violentando la decisión del Tribunal supremo, de legalizar a los voceros de ETA, bajo la careta de Bildu y de Sortu luego.
Son momentos de dolor para todos y lo son también de estar al lado de quienes han sufrido esa injusticia, por muy legal que sea: las victimas. “Mucha ley, pero poca justicia”, me escribía y resumía con mucho tino un lector. Es importante que al menos aquí sientan nuestro apoyo y que sufrimos con ellos, porque en el fondo de todo, victimas de ETA en mayor o menor grado hemos sido todos. Y aunque le falto un punto de reflejo inmediato ha hecho bien el presidente en estar con ellas y el partido del Gobierno en acompañarlas en su convocatoria. Aunque allí escuchen más de un grito y hasta alguna acusación nada agradable. La posición del PSOE como en tantas cosas no se muy bien cual es, pero no van.
El otro gran asunto de la semana es el económico, con dos elementos trascendentes. La salida de la recesión con ese crecimiento del PIB en un +0,1 que rompe al fin una larguísima ristras de trimestres a la baja. Poco, pero positivo y en un nuevo y claro síntoma de inflexión. La exportación y el turismo han sido nuestro motores. El otro dato ha sido una segunda EPA con bajada del paro, a los 225.000 parados menos de la anterior se han sumado otros 72.000 en esta. Dos consecutivas es una buena noticia. No se producía tal hito desde 2007. Luego le ponemos los peros y, como algunos hacen, hasta lo reducimos a escombros y lo convertimos en malo. Pero no. Hay cerca de 40.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social que incrementa la cifra de personal ocupado hasta mas de 16,8 millones y una cifra que quizás sea la más pequeña pero la que mas esperanza me ha dado: en más de 13.000 familias donde no trabajaba nadie ya hay alguien que lo hace. Luego lo dicho, me ponen todos los peros y lo amargan. Pero esto malo no es, aunque tampoco hay que ponerse toro ni Montoro, aunque siga sin ser bueno. Y resulta ciertamente esclarecedor de algunos comportamientos y vendajes políticos que quienes anteayer negaban enfebrecidamente la crisis sean hoy quienes niegan y hasta reniegan de la recuperación. Oír al señor Rubalcaba, vicepresidente entonces y a Valeriano Gómez, ex ministro de trabajo, decir que esto va a ir a peor: “Lo peor está todavía por venir” dijo textualmente el líder socialista. Con su permiso, el de IU y el de los sindicatos, algunos, aunque muy prudentemente, nos alegramos de que en vez de bajar, crezcamos y en vez de seguir sumando parados se vaya rebajando alguno. Déjennos, al menos, albergar alguna esperanza. ¿O es que las suyas son otras?.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
josé antonio portero molina La Opinon 27 Octubre 2013
La sentencia del TEDH ordenando la puesta en libertad de la etarra Inés del Río ha causado indignación pero es obligado intentar poner las cosas en su sitio. El TEDH, cuya jurisprudencia a favor de los derechos humanos a lo largo de sesenta años es innegable, no ha derribado la doctrina Parot sentada por el Tribunal Supremo en 2006 porque no se ha pronunciado sobre ella, sino sobre su aplicación retroactiva a un supuesto concreto juzgado con el Código Penal de 1973. Que no se aplique retroactivamente una norma pero sí la interpretación jurisprudencial del TS que la desvirtúa por completo, no salva la prohibición constitucional de la retroactividad de las disposiciones que restringen el derecho fundamental de libertad. Nuestro Tribunal Constitucional ya lo declaró en su sentencia 113/2012 al anular la providencia de la Audiencia Nacional que, en aplicación de la doctrina Parot a un caso análogo, prolongaba la condena. Inaplicable hacia el pasado, su futuro no parece muy halagüeño porque la doctrina Parot vacía de efectividad la redención de penas por trabajo y altera por completo la jurisprudencia anterior del propio TS sobre cumplimiento de penas. El razonamiento según el cual veinte asesinatos no pueden recibir el mismo castigo efectivo que uno choca con el límite máximo de treinta o cuarenta años. Aquí no es aplicable la regla de tres. Por todo eso es previsible que su pervivencia sea efímera.
Hubiera sido más lógico que, en lugar de lanzar sobre el TEDH y en particular sobre el juez español los improperios más injustificados y bárbaros, la indignación se hubiera proyectado sobre el hecho de que desde la aprobación de la Constitución de 1978 el Código de 1973 no se hubiera modificado para tratar a los delitos de terrorismo de modo mucho más severo.
En otras ocasiones ya he manifestado que la lucha antiterrorista ha sido lenta, dubitativa por falta del imprescindible apoyo político general que la tarea necesitaba. Conviene recordar que hasta 2002, fecha de la ley de partidos que permitió la ilegalización de Batasuna, no se empezó seriamente a demoler todo el edificio terrorista y que mientras tanto hemos tenido que soportar obscenidades políticas y morales como la de ver a Ternera como parlamentario y a cientos de colaboradores de ETA actuando libremente al amparo de nuestro ordenamiento jurídico. Mejor hubiera sido anticipar tres décadas la innovación de los cuarenta años de pena máxima o la prisión perpetua revisable pero no se hizo. Responsabilidad máxima del PNV, sin duda. Y de la izquierda porque ha incurrido en errores de ingenuos, de acomplejados o de intelectuales erráticos que experimentan con las cosas más serias. Tampoco la derecha, implacable y desnortada perseguidora de prácticas represoras indeseables pero explicables en los años de plomo, frecuente demandante de lo imposible y malintencionada ahora cuando sigue engolfada con un faisán que nunca debió iniciar su vuelo, puede eludir las suyas. El TEDH nos ha echado un cable para pasar cuanto antes el mal trago de la salida masiva de etarras por cumplimiento de condenas, un mal trago que, con el máximo respeto al dolor de las víctimas, antes o después había que afrontar pero no sabíamos cómo. Gracias, Europa.
TEDH, no innegable, si infumable
Nota del Editor 27 Octubre 2013
El TEDH mantiene que en España, la inmersión lingüística, ese procedimiento nazi que despoja de su lengua materna española a cientos de miles de niños sometidos además a la indoctrinación nazionalista, no constituye violación alguna de los artículos del convenio y protocolos que tienen el deber de defender, entre los que figura, la no discriminación por lengua, es este caso, la lengua oficial de España.
Así que decir que, es innegable que este tribunal ha hecho jurisprudencia en favor de los derechos humanos, a lo largo de sesenta años, es realmente infumable porque la inmersión lingüística se está aplicando en España a los niños español hablantes, y la discrimanción lingüística se está aplicando a los españoles desde hace más de veinte años.
El enigma de una sentencia esperada (I, II, III)
Rafael de Mendizábal Allende La Razón. 27 Octubre 2013
La sentencia que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso «Inés del Río vs. Reino de España» el lunes 21 de octubre ha recibido un reproche generalizado por la opinión pública. Precisamente por su carácter global y a veces visceral, desde las dos perspectivas opuestas, hostil o favorable, merece un análisis ponderado y objetivo de su contenido y alcance en sus múltiples aspectos no sólo jurídicos sino también políticos. Es lo que voy a intentar aquí y ahora, en una primera lectura, sin perjuicio de ampliarlo más adelante, si a ello hubiere lugar. Pues bien, la primera premisa de esta sentencia, implícita pero evidente, es que la sentencia condenatoria de esa ciudadana por salvajes actos de terrorismo sigue en pie e intocada. Las penas impuestas y la responsabilidad civil frente a las víctimas declarada en su día por la Audiencia Nacional, que ratificaron luego el Tribunal Supremo y el Constitucional, ahí quedan. Inés del Río sigue siendo y lo será para siempre una asesina múltiple, desalmada y cruel.
Por otra parte, la interpretación jurisprudencial del art. 70 del Código Penal de 1973 que elaboró la Sala Segunda del Tribunal Supremo en pleno en su Sentencia 197/2006 (15 magistrados con el voto discrepante de 3) en un recurso de casación interpuesto por otro asesino múltiple cuyo apellido ha bautizado la «doctrina Parot», permanece también y no ha sido afectada o «derogada» por la decisión final de la Gran Sala, como algunos entusiastas se apresuran a decir. Conviene al respecto recordar que en virtud de tal doctrina el límite máximo de cumplimiento (veinticinco, treinta o cuarenta años, según las distintas versiones legales) no constituye una pena distinta de las impuestas a cada uno de los delitos sobre los cuales haya recaído condena y, en consecuencia, los beneficios penitenciarios obtenidos por un convicto, preso, habrán de aplicarse a cada una de las penas individualizadas que vaya cumpliendo hasta alcanzar el indicado tope máximo. Este razonable criterio que, como escribí en mi libro «La guerra de los jueces», publicado por Dykinson a principios de 2012, respeta el principio de proporcionalidad del castigo, exigido por la jurisprudencia constitucional, fue una bocanada de aire fresco en un ambiente enrarecido, dando satisfacción a la necesidad social de ver cómo se da a cada uno lo suyo, «suum cuique tribuere», que en eso consiste la justicia.
La sentencia del TEDH no pone en tela de juicio ni la condena de la demandante ni su condición de terrorista, ni el acierto o desacierto de la interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo, sino que su fundamento inmediato y directo, «su ratio decidendi» se encuadra en el principio de legalidad, eje del Derecho Penal y la proscripción o rechazo de la irretroactividad de las normas penales posteriores que fueren perjudiciales para el acusado o condenado. Los jueces de Estrasburgo lo consideran, pues, sin así decirlo, uno de los «derechos del hombre y del ciudadano», que en la terminología de nuestra Constitución se denominan fundamentales, como quien esto escribe propuso en el voto particular a la STC 177/1994 de 10 de junio, de la cual también fui ponente.
En opinión de la Gran Sala ha sido determinante el hecho de que la terrorista condenada, y bien condenada, tuviera señalada una fecha de excarcelación en una resolución judicial firme, circunstancia que se convierte en un derecho adquirido. Es notable, y debe ser notado que este Tribunal, al cual tuve el honor de pertenecer fugazmente como juez ad hoc en 1972, se haya inmiscuido por primera vez en el procedimiento de ejecución de las sentencias penales de los Estados miembros, a quienes venía reconociendo un amplio margen de actuación en la configuración de la política penitenciaria.
Y es aún más sorprendente, para mí de momento inexplicable, que el ponente en la primera instancia, Luis López Guerra (tiempo y ocasión habrá de ocuparse de él) no supiera o no quisiera explicar a sus colegas la Sentencia 343/2011, de 3 de mayo donde la Sala Segunda del Tribunal Supremo, había recordado que las resoluciones aprobatorias de las liquidaciones de condena efectuadas al penado tienen por su propia naturaleza carácter provisional, pues pueden verse modificadas por las incidencias del cumplimiento... En consecuencia, la jurisprudencia no les ha reconocido los efectos propios de la cosa juzgada. Es el auto de licenciamiento definitivo el que, tras verificar el tiempo cumplido y pendiente de cumplir, y la forma en que se ha cumplido, fija el momento final de la condena y mientras tanto, «el expediente histórico-penal del recluso ha de considerarse vivo». Bien es verdad que otra muy reciente, dictada el l8 por la misma Sala, contradice la tesis anterior. Convendría, por razones de seguridad jurídica, que tan excelentes magistrados se pusieran de acuerdo con ellos mismos.
El enigma de una sentencia esperada (II)
El preocupado pero no desocupado lector que me haya seguido hasta aquí, a quien presumo lego en Derecho, no tiene por qué saber que la Corte de Estrasburgo no es una tercera instancia ni un juez de casación de los tribunales internos de los estados miembros del Consejo de Europa. Sus sentencias no revocan, rescinden, anulan o dejan sin efecto directamente las resoluciones impugnadas. Tan sólo contienen un pronunciamiento declarativo consistente en constatar si se han quebrantado, o no, los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que sirven de funcionamiento a cada recurso.
Pues bien, el lunes 21 de octubre tuvo lugar en la sede judicial la publicación de la sentencia que daba respuesta a la demanda formulada por el Gobierno español contra la dictada el año anterior por la Sala de instancia, a veces llamada «pequeña», bajo la ponencia del juez español Luis López Guerra que, a su vez, formaba parte de la Grande. El presidente de ésta leyó el texto en audiencia pública a la hora del mediodía estando presentes, entre otros, el embajador de España, a quien inmediatamente después le fueron entregadas unas copias en inglés y en francés, que pasó al Abogado del Estado, encargado a su vez de remitirla al Ministerio de Justicia en Madrid.
Fue tanta la celeridad y eficacia que «en horas veinticuatro» como ha glosado Ignacio Camacho, pero sin estar por allí Lope de Vega, la decisión de Estrasburgo obtuvo un fulminante cumplimiento. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la cual había nacido la llamada luego «doctrina Parot» al asumirla el Tribunal Supremo, fue convocada por su presidente, Fernando Grande-Marlaska, y con un texto de la sentencia no traducido a nuestro idioma, sin esperar tampoco a que el Tribunal Supremo marcase un criterio al respecto, excarceló a Inés del Río, autora de 24 asesinatos y condenada a 3.826 años de prisión, de los cuales tan sólo había cumplido 25. La indemnización de 30.000 euros será descontada de la que debe a sus víctimas por mandato de la sentencia que la condenó. Esta insólita «liberación exprés» con un procedimiento heterodoxo por demás, merecerá a buen seguro figurar en el «Libro de los Guinnes». Mucho me agradaría que de tal velocidad y de la misma agilidad se contagiaran el sistema judicial entero y la propia Audiencia, donde otros casos se han demorado años. En fin, coherente con ese planteamiento, la misma Sala decidió excarcelar ayer a otro etarra.
El enigma de una sentencia esperada (III)
Ahora bien, la excarcelación de esta terrorista ha sido la consecuencia de una desafortunada decisión del TEDH. Cualquiera que pueda ser nuestra opinión acerca de ella, hemos de acatarla y cumplirla. Lo impone la configuración constitucional de España como Estado de Derecho. Ahora bien, la «doctrina Parot» en sí misma no ha sido rectificada –insisto- y más bien podría afirmarse que ha sido ratificada si se repara en que se censura tan sólo su aplicación retroactiva. Por otra parte, no tiene efectos expansivos. El Gobierno comunicó al Tribunal que su decisión afectaría a 93 presos, entre terroristas y otros delincuentes. Aquellos son 60, más 10 en libertad provisional, todos etarras, a quienes se añaden 6 del GRAPO y uno del «Exército Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe». Los comunes son 14.
Cuando escribo estas líneas se han presentado al parecer 36 reclamaciones, que habrán de ser estudiadas caso por caso, teniendo en cuenta todos los factores en juego, incluso la validez de los beneficios penitenciarios alegados. Aquí no funciona ya la presunción de inocencia, pulverizada por la condena tras un juicio público con todas las garantías por ser «malhechores» como los califica la judicatura francesa. Se puede dar la circunstancia paradójica de que Henri Parot no resulte beneficiario de la doctrina que lleva su nombre. La Sala de lo Penal será la competente para los convictos de terrorismo y las Audiencias Provinciales para los demás, con participación del Ministerio Fiscal a quien corresponde por su misión constitucional un papel relevante y también de las Asociaciones de Víctimas, a las cuales el Estatuto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes concede legitimación para personarse en estos procedimientos.
Como reflexión provisional en este momento parece natural la sensación de náusea frente a la sentencia de Estrasburgo que la gente de bien ha padecido, haciendo del Tribunal Europeo un monigote con el cual jugar al «pim-pam-pun» para desahogarse. Tal reacción sería estéril si no volviéramos la mirada al interior de nuestra propia sociedad que sigue siendo «invertebrada» como la calificó hace un siglo Ortega y Gasset, con dos partidos políticos nacionales y mayoritarios ocupan en 325 escaños de los 350 del Congreso- aun cuando incapaces de ponerse de acuerdo en las cuestiones trascendentales. Pero ésa es otra historia que algún día será necesario abordar.
*De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Dos jueces de Estrasburgo critican que el fallo se apartó de su jurisprudencia
Sostienen que la «Parot» no agravó la pena que se impuso a la etarra Del Río
F. Velasco La Razón 27 Octubre 2013
MADRID.- «No creemos que la "pena" de la recurrente se haya agravado en virtud de la decisión impugnada -aplicación de la "doctrina Parot" , a pesar del impacto muy significativo de tal decisión en el tiempo que debe permanecer en prisión antes de que expire la pena de 30 años de prisión que se le impuso...Nuestra preocupación es que la mayoría parece haber estirado el concepto de "pena" más allá de su significado natural y legítimo, para plantear un supuesto caso de trato injusto a los presos condenados», dentro del ámbito del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se establece que no se puede imponer a nadie una pena superior a la fijada en el momento de la comisión del delito. Éste es uno de los argumentos principales del voto particular de los jueces Mahoney y Vehabovic, británico y serbio, respectivamente, contra la decisión de la mayoría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de entender que la aplicación a la etarra Inés del Río Prada de la «Parot» vulneró el precepto citado del Convenio. Estos dos magistrados no tienen dudas de que la pena definitivamente impuesta a la etarra tras aplicarle la doctrina mencionada, «sigue siendo la misma, a saber, 30 años de prisión», aunque ello hubiese supuesto un cambio, «para su detrimento», a la hora de optar a su puesta en libertad. En esta línea, apuntan al «caso Kafkiaris» contra Chipre, donde un sicario fue condenado por asesinato a cadena perpetua, pese a que cuando fue juzgado la pena máxima establecida era de 20 años de cárcel.
Además, los dos magistrados discrepantes afirman que la línea de jurisprudencia seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido la de establecer la libertad de los estados a la hora de fijar la doctrina de cumplimento de condenas: «La jurisprudencia reiterada del Tribunal es, no obstante, muy clara en el sentido de que los Estados Contratantes, tras la comisión de un delito o incluso tras dictarse condena, pueden modificar el régimen de prisión en lo que concierne a la forma de cumplir la condena e introducir cambios que pueden incidir negativamente en la excarcelación anticipada y, por tanto, en el tiempo que debe permanecer en prisión, sin por ello entrar en el ámbito de protección específico otorgado por el artículo 7 del Convenio». En esta línea, añaden que esos cambios pueden incluir la modificación de la legislación para suprimir completamente respecto de cierta categoría de reclusos cualquier «derecho» a que se le aplique remisión de la pena, «como ha ocurrido en la práctica en relación con la recurrente como consecuencia de la aplicación a la misma de la "doctrina Parot"». Por estos motivos, los jueces Mahoney y Vehabovic discrepan radicalmente de que el factor «decisivo» para concluir, por parte de la mayoría de los magistrados del TEDH, de que España vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al aplicarle esa doctrina fuese el «mero hecho de prolongara, por medio de cambios en el sistema de remisión de penas o libertad condicional, el tiempo que el convicto espera pasar en prisión en el momento de empezar el cumplimento de la pena impuesta».
Este criterio, a juicio de los magistrados discrepantes, significaría que cualquier cambio interpretativo en el sistema de remisión o libertad condicional, sería contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos «por el hecho de ampliar el tiempo previsto de permanencia en prisión»
Hay que recordar que la sentencia Estrasburgo concluía que la etarra Inés del Río no podía esperar el «giro efectuado por el Tribunal Supremo, ni, en consecuencia, que la Audiencia Nacional computara las redenciones de pena concedidas, no sobre la pena máxima de 30 años, sino sucesivamente sobre cada una de las penas dictadas».
Vicente A. C. M. Periodista Digital 27 Octubre 2013
Los presos a la calle, aministía para todos. Hace años que ese eslogan se viene gritando en todas las manifestaciones de los etarras en El País Vasco y Navarra. Pero hoy, parece que ya están estratégicamente callados. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el Gobierno de España está cumpliendo las actas de los acuerdos y va a acatar y ejecutar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con la suelta de más de sesenta presos etarras. Ya ha empezado con el goteo incesante de excarcelaciones, así que ¿para qué reclamar lo que se ya se ha obtenido? Y este es el momento de la vergüenza de ver cómo la soberanía de España queda en entredicho por la opinión de unos magistrados, que no jueces, que ni conocen ni entienden del problema real del terrorismo de ETA en España.
Lejos quedan las mentiras de los diferentes Gobiernos de España en cuanto a que ETA sería derrotada por el Estado de Derecho y que sería perseguida hasta su total desaparición. Estamos en el 2013 y lo único que se ha conseguido es tener a ETA en las Instituciones públicas como si fuese otra formación democrática. Tener a etarras liberados por causas tan variopintas como una huelga de hambre, como el caso de de Juana Chaos, o por enfermedad terminal como el caso de Bolinaga. Y ahora, para mayor vergüenza y desesperación de las víctimas de ETA, la suelta masiva de los presos etarras por la derogacion de la llamada "doctrina Parot" por un Tribunal politizado y mediatizado por un magistrado sin escrúpulos ni conciencia puesto a dedo por el PSOE.
Y todo a cambio de un supuesto "alto el fuego indefinido" que no rendición, ni entrega de las armas,ni arrepentimiento de ningún tipo, ni perdón por el daño causado a la sociedad española. Esa rendición de la sociedad española que el Gobierno quiere vender como la derrota de ETA. Aquí la única derrota ha sido la del Estado de Derecho, la de la memoria de las víctimas y la del sacrificio esteril de la sociedad española. Una frustración que se extiende a todos los CCyFFSE esforzados en cumplir con su deber y traicionados por la actitud cobarde y colaboradora de esos Gobiernos, incluso con casos tan despreciables como el del chivatazo a ETA del bar Faisán.
Dentro de unas horas se va a producir la enésima manifestación o concentración en Madrid de las víctimas del terrorismo, en un desesperado intento de hacer cambiar la actitud sumisa y continuista en la vergüenza de la cesión ante ETA del Gobierno de Rajoy. En esta concentración no va a estar este Gobierno al que ya nadie cree, aunque sí que estará el PP, pero igualmente carente de credibilidad al entenderse que solo asiste para evitar la focalización de las protestas en el Gobierno y en el propio partido. No extraña la ausencia de los partidos de izquierda PSOE e IU partidarios declarados del proceso de paz y la derogación de la doctrina Parot. Tampoco extraña la falta de apoyo explícito de otras formaciones como la del PNV, PSE,CiU que han aducido diversas excusas estrafalarias. Esto solo pone a cada uno en su sitio y les desnuda ante la opinión pública que siempre ha estado y estará al lado de las víctimas compartiendo su dolor y apoyándolas en sus reclamaciones.
Lo único que deseo es que el Gobierno de Rajoy tenga el valor suficiente para anteponer la soberanía nacional y el criterio de sus más altos Tribunales, el Supremo y el Constitucional,sobre un organismo ajeno y mediatizado al que debemos escuchar pero no necesariamente secundar en sus exigencias. No a la suelta masiva de etarras. Ilegalización del brazo político de ETA ya.
No es por señalar
JAVIER ZARZALEJOS, EL CORREO 27 Octubre 2013
· Congreso de los Diputados. 12 de noviembre de 1991. Toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PP para que terroristas y narcotraficantes cumplan íntegramente las penas.
No es por señalar. Pero en estos tiempos de memoria confusa y descalificación generalizada conviene hacer un mínimo esfuerzo de recuerdo para distinguir, desde nuestra común condición de seres falibles, los errores de unos y otros, que esos no son necesariamente compartidos. Viene esto a cuento de la polémica en torno a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha anulado la aplicación de la ‘doctrina Parot’ a la etarra Inés del Río.
El episodio tiene lugar el 12 de noviembre de 1991. Pleno en el Congreso de los Diputados. En el orden del día, la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el Partido Popular sobre modificación de los artículos 98, 98 bis, 99 y 100 del Código Penal y concordantes de la Ley General Penitenciaria. Diario de sesiones.
Portavoz del Grupo Popular, Sr. De Rato Figaredo: «Sr. Presidente, señorías, por cuarta vez el Grupo Parlamentario Popular plantea una iniciativa ante esta Cámara para conseguir que los terroristas y los narcotraficantes cumplan íntegramente las penas a las que son condenados (…) El Grupo Popular planteó esta iniciativa, por primera vez, en septiembre de 1986, recién finalizadas las elecciones generales de junio de este mismo año, y la incluyó en su programa electoral de 1986 y 1989 (…) Nuestra proposición de ley orgánica que hoy presentamos aquí –y que espero que consiga el respaldo de la Cámara en su toma de consideración– pretende excluir a los condenados por delitos de terrorismo y tráfico de drogas de los beneficios de reducción de condena y de los permisos de salida contemplados en la legislación vigente. En concreto, asegurando el cumplimiento íntegro de las condenas, mediante la supresión, en ambos casos de la libertad condicional y la redención de penas por el trabajo, anteriormente mencionados por mí de un informe del Fiscal General del Estado e impidiendo el posible quebrantamiento de condena mediante la supresión del permiso de salida temporal».
Sr. Olabarría Muñoz: «Sr. De Rato, es la cuarta vez que su Grupo Parlamentario presenta una proposición de estas características, y va a ser la cuarta vez que mi Grupo Parlamentario va a votar que no a su toma en consideración(…) En este momento entendemos que unas previsiones como las que se contienen en esta proposición de ley no es pertinente debatirlas(…) Entendemos que esas medidas son de dudosa constitucionalidad(…) Entendemos que de forma apriorística no se puede condenar a un colectivo entero, sino ‘a posteriori’ de forma individualizada».
Sr. Sartorius Álvarez de las Asturias Bohorques (IU-Iniciativa per Catalunya): «Hay que ser implacables en la lucha contra el terrorismo y el gran narcotráfico y no hay nada más contrario a este principio de la implacabilidad que el criterio de la emotividad(…) Lo menos implacable en la lucha contra el terrorismo y contra el gran narcotráfico es dividir a esta Cámara en este tema: eso es lo menos implacable(…) La opinión del Partido Nacionalista Vasco me parece relevante en materia de terrorismo, así como la del Gobierno vasco, que ya se han pronunciado diciendo que no consideran esto oportuno».
Sr. Rodríguez Zapatero por el Grupo Socialista: «La proposición, desde nuestra perspectiva, tiene una técnica legislativa muy deficiente(…) Ese debate sobre los beneficios penitenciarios que se pueden determinar, las restricciones que se pueden establecer, los supuestos concretos desde el punto de vista de política criminal, sería una política francamente reaccionaria establecer cláusulas generales, sin tener en cuenta las condiciones subjetivas e individuales(…) Esto no supone en ningún caso un instrumento absolutamente perentorio y urgente para la lucha contra el terrorismo(…) Nos parece esencial para que la posición del Grupo Socialista no sea favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica la evidente dispersión de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios que, en un tema sin duda importante como este, debería hacer recapitular a los grupos que han mantenido esta posición».
Sr. De Rato Figaredo, en turno de réplica a Rodríguez Zapatero: «Lo que digo a su grupo y le digo al Gobierno –en ausencia– es que está incumpliendo un compromiso político, que ese compromiso político tiene un coste y que ese coste se llama que los delincuentes, narcotraficantes y terroristas del año 1991 saben que se van a poder acoger a medidas de gracia que reducen su condena al 50% como dice, por otra parte, el Fiscal General del Estado, no nosotros. Esa es toda la discusión (…) A lo mejor lo que nosotros proponemos no es la solución definitiva; pero, desde luego, la única manera que esta Cámara tiene –y perdónenme la expresión– de que los narcotraficantes y los terroristas sepan que vamos en serio, es que hagamos leyes, no que hagamos declaraciones».
Convergencia y Unió expresó su apoyo a la toma en consideración de la proposición con una medida intervención de su portavoz, el diputado Trías de Bes. En una argumentación nada evasiva reiteraba la crítica al Gobierno por no presentar el proyecto de Código Penal al que aquel sistemáticamente se remitía para eludir el debate de las medidas que el PP había propuesto. Hubo que esperar a 1995 para acabar con la remisión de penas por trabajo en el llamado ‘Código Penal de la democracia’ que entró en vigor en mayo de 1996, 79 asesinatos después de este debate parlamentario. Sólo en 2003 se pudo introducir el principio de cumplimiento efectivo de las penas para los delitos más graves.
Vicente Torres Periodista Digital 27 Octubre 2013
Contra la amnistía encubierta
EDITORIAL Libertad Digital 27 Octubre 2013
Las víctimas del terrorismo saldrán hoy nuevamente a la calle a protestar por las concesiones de los gobernantes a la banda terrorista ETA. Desde que Zapatero iniciara su proceso de rendición del Estado de Derecho, la estrategia del ejecutivo español en materia antiterrorista ha estado basada en la concesión de ventajas políticas a sus formaciones electorales, por más evidentes que fueran sus conexiones con el grupo terrorista, y beneficios penitenciarios a sus miembros por más sanguinaria que fuera su trayectoria. El gobierno de Rajoy no sólo no ha hecho nada para revertir esta situación sino que, a la luz de los últimos acontecimientos, ha asumido el principio vergonzoso de que cualquier actuación es válida con tal de que ETA deje de asesinar de manera indefinida.
La manifestación estará encabezada por una pancarta con el lema "Justicia para un final con vencedores y vencidos", mensaje de cuya oportunidad no cabe dudar visto el cariz que han tomado los acontecimientos desde que se hiciera público esta semana el penoso fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tal y como relatamos en Libertad Digital, cincuenta y cinco etarras van a ir saliendo progresivamente de la cárcel sin más justificación que esa decisión del tribunal europeo cuyas sentencias no son, ni mucho menos, de obligado cumplimiento por España. El gobierno podría haber evitado la puesta en libertad de la sanguinaria asesina Inés del Río o, al menos, dilatado indefinidamente la decisión hasta hacerla coincidir con la extinción de su condena, pero en lugar de eso ha preferido dar luz verde para su excarcelación tan sólo unas horas después de conocerse el malhadado fallo europeo. No hay razón para pensar que vaya a hacer algo distinto con el resto de sus secuaces encarcelados por los más terribles delitos.
Hoy habrá representación del Partido Popular en la concentración ciudadana convocada en repulsa de las últimas decisiones del ejecutivo, pero de nada sirve acompañar a las víctimas en su dolor cuando se está siendo parte activa de ese sufrimiento. Los ciudadanos de bien, que siempre han estado a favor de las familias destrozadas por la violencia asesina de ETA, les mostrarán nuevamente su apoyo y pedirán al gobierno que paralice esta amnistía encubierta a la que parece ya más que abocado. Todavía hay tiempo para dar marcha atrás en este proceso que está llenando de dolor a las víctimas del terrorismo y de vergüenza a todos los españoles. Por desgracia, salvo voces aisladas y en consecuencia doblemente valerosas, no parece que el PP esté dispuesto a cortar de raíz esta política iniciada por los socialistas y, como siempre, seguida a pies juntillas por los populares cuando les toca detentar el poder.
Libertad Digital 27 Octubre 2013
José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com 27 Octubre 2013
El Código Penal de 1973 –heredado del franquismo- se había mostrado insuficiente para hacer frente a la amenaza terrorista y la práctica de fijar en 30 años el límite máximo de las condenas permitieron a los asesinos etarras penar sus crímenes con estancias reducidas en prisión. Mas el Código no fue modificado hasta 1995 y el régimen de reducción de penas hasta 2006, cuando el Tribuna Supremo (TS) acuñó la “doctrina Parot” -confirmada en 2009 por el Tribunal Constitucional (TC)-, por la que se aplicaba la reducción de condena a la totalidad de las penas impuestas, en vez de a los 30 años a los que veía limitada su condena el delincuente. Del Río fue condenada en 1989 a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, pero –de conformidad con la práctica penitenciaria a la sazón seguida-, la AN acordó su liberación en 2008. La modificación interpretativa introducida por el TS suponía prolongar su estancia en prisión hasta 2017. Del Río demandó a España ante el TEDH por violación del CDH y, en 2012, la Sala 3ª del Tribunal la condenó por unanimidad –incluido el voto del juez español, el socialista Luis López Guerra, ex-Secretario de Estado de Justicia- por violación de los artículos 7 y 5 del Convenio, relativos a la irretroactividad de la ley penal y al derecho a la libertad de las personas.
El Gobierno español recurrió en apelación ante la Gran Sala del TEDH, que, en su sentencia, por 15 votos a favor y 2 en contra, confirmó el fallo de su sección 3ª y conminó al Gobierno español a poner en libertad a Inés del Río “en el plazo más breve posible”. Reunida con urgencia digna de mejor causa, la AN ha decidido por unanimidad la liberación de la etarra. El TEDH no ha desautorizado ninguna ley española, ni cuestionado la validez de la “doctrina Parot”, y se ha limitado a criticar su aplicación a del Río con carácter retroactivo. Como ha declarado el Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce, la sentencia sólo se refiere a esta etarra y –aunque haya sentado jurisprudencia- su aplicación a otros reclusos en condiciones similares se tendrá que examinar caso por caso, y el hecho de que la Fiscalía hubiera apoyado la liberación de del Río no significaba que fuera a hacer lo mismo en los demás supuestos.
Siendo un Estado de Derecho, España tenía que acatar un fallo de obligado cumplimiento, en cuanto que era parte en el CDH. En virtud de sus disposiciones, los Estados miembros se comprometen a conformarse a las decisiones de los Tribunales en los litigios en los que sean parte. Cabría, sin embargo, hacer como algunos antiguos Virreyes de la América Hispana que, cuando recibían de la metrópoli una ley u orden que consideraban inapropiada, afirmaban:”Se acata, pero no se cumple”. Así han hecho diversos Estados, especialmente Gran Bretaña, que ha sido condenada en más de una ocasión por su conducta en la represión del terrorismo del IRA. España podía difícilmente eludir el cumplimiento de la sentencia sobre del Río, pero sí puede negarse a su extensión a otros presos, especialmente en el caso de los violadores y asesinos no reinsertados, por que su liberación afecta adversamente al orden público y moral de la nación. El TEDH es un tribunal internacional, pero no supranacional, y no está respaldado por una institución con poderes para imponer la ejecución de las sentencias. Tampoco es un órgano jurisdiccional superior al que estén subordinados el TS o el TC, y sus fallos tienen mero valor declarativo y su ejecución queda en manos de los Estados.
La sentencia del TEDH es jurídicamente cuestionable. Según el artículo 7-1 del CDH, no se puede imponer a nadie una pena superior a la que le fuera aplicable en el momento de la comisión del delito.
No ha habido tal en el presente caso, pues el tope de 30 años de cárcel que se pretendía imponer a del Río era el previsto en el Código Penal de 1973. Nadie niega el principio de irretroactividad consagrado en el CDH y en la Constitución, pero no se ha violado este principio. Lo hubiera sido si los Tribunales españoles hubieran ampliado el tope a 40 años, como establece el Código Penal de 1995 para los delitos de terrorismo. Las modalidades de la ejecución de las penas han de ser fijadas por los Estados y el TS sólo cambió la interpretación de la práctica seguida hasta 2006 de aplicar las reducciones de condena a una pena única de 30 años y la extendió a la totalidad de las penas impuestas.
En su opinión discrepante, los jueces Paul Mahoney y Faris Vehabovic, se opusieron a la decisión de la mayoría basándose en la jurisprudencia del Tribunal, que, en el Asunto Kafkaris, afirmó lo siguiente:”Aunque los cambios en la normativa penitenciaria y las condiciones para la liberación puedan haber hecho más duro el encarcelamiento efectivo del demandante, no cabe considerar que tales cambios impliquen una pena mayor a la impuesta por el tribunal sentenciador...Las cuestiones relativas a la política de liberaciones, la forma de llevarlas a cabo y los argumentos que la fundamentan entran dentro de las competencias de los Estados miembros para establecer su propia política penal”.
No se ha producido, por tanto, irretroactividad en la imposición de la pena, sino en las modalidades de su cumplimiento. Hay además otros principios en la praxis judicial como el de la “proporcionalidad de las penas”. Como señaló el TS en 2006, no puede tener los mismos efectos la comisión de un asesinato que la de 200. En caso contrario, la prosecución de un juicio contra un asesino múltiple no tendría sentido tras dictarse las primeras condenas, pues las que se dictaran con posterioridad carecerían de efectos prácticos. Del Río fue condenada a 3.929 años de cárcel y ha pasado en prisión menos de 30, gracias a que el TEDH le ha reconocido unos supuestos derechos adquiridos a un cumplimiento inferior incluso al tope máximo.
Decisiones como ésta suponen una caricatura de la justicia y justifican la pobre opinión de los ciudadanos sobre la seriedad de su administración. El Tribunal consideró asimismo que España violó el artículo 5-1 del CDH, que establece el derecho de cualquier persona a no ser privada de libertad, “salvo si es detenido legalmente tras la condena por un tribunal competente”, lo que fue el caso de del Río. Según el TDH, la vinculación causal entre el pelito y la pena se ha roto porque la decisión de no liberar no es conforme con los objetivos del tribunal sentenciador y la detención legal se ha convertido en arbitraria. Sin embargo, sí se ha mantenido dicha vinculación entre los 24 asesinatos cometidos por la etarra y el tiempo de condena cumplido. No ha habido, pues, denegación de su derecho a la libertad. Para mayor escarnio, el TEDH condenó al Estado español a abonar una indemnización de €30.000 por “daño moral” a la etarra, que nunca se arrepintió de sus crímenes..
Ignacio Martín www.cronicaglobal.com 27 Octubre 2013
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 27 Octubre 2013
Lexuri Olabarriaga Díaz latribunadelpaisvasco.com 27 Octubre 2013
"Mi familia pertenece a esa gran masa de la sociedad vasca que no estando de acuerdo con la violencia, jamás alzaron la voz por si acaso les pasaba algo, por miedo, por vergüenza, por comodidad. Ese silencio cómplice que daba alas a los terroristas para creerse dueños y señores de una tierra que es de todos, no suya."
Ser nacionalista en territorios donde se ha constituido en ideología ambientalmente dominante tiene indudables ventajas. Permite sentirte asimilado e integrado, apaciguar la inseguridad ancestral de la persona solitaria, que encuentra alivio cuando por fin se siente acogido en la tribu. El nacionalismo, además, como cierto tipo de plantas, no permite que crezcan sentimientos identitarios diferentes a su alrededor. Todo ha de ser asimilado y normalizado, y lo que sobreviva ha de hacerlo de forma subterránea, en la clandestinidad. La integración en la tribu nacionalista tiene además ventajas adicionales. Los pecados del nacionalista lo son menos ante sus conmilitones. Una buena bandera permite tapar muchas vergüenzas, como vemos en el caso de CiU y Artur Más.
Con tantos incentivos se puede comprender la dificultad de apartarse de esa corriente tan avasalladora. Especialmente, para las personas que han crecido en ese ambiente como los jóvenes en Cataluña y País Vasco. Sin embargo es posible. Yo soy la prueba.
Para empezar debo explicar que nací en los últimos años de la década de los ochenta. Cuando ETA perpetraba sus más sangrientos asesinatos y la mayoría de la sociedad vasca seguía anestesiada y miraba hacia otro lado. Todavía tenían que pasar muchos años hasta que el asesinato de Miguel Ángel Blanco despertara a la sociedad de su cruel y aletargado silencio. Recuerdo que desde pequeña me invadía una curiosidad casi enfermiza que me hacía preguntarlo todo, también sobre ETA y recuerdo que mis padres trataban siempre de cambiar de tema, no darle importancia; quizás no fuera fácil explicarle a una niña pequeña que en su propia tierra, entre sus vecinos, se encontraban terroristas sanguinarios que asesinaban indiscriminadamente a todo aquel que no pensara como dictaba su doctrina, que en parte se compartía. Pero es esa curiosidad, ese afán de comprender, lo que me hizo libre y, por tanto, me desvió.
Siendo ya más mayor y siendo consciente de qué clase de individuos eran aquellos que se hacían llamar "gudaris" (soldados vascos) y que afirmaban luchar por la libertad de la patria vasca, sentí un asco y una decepción terribles. Pero peor fue saber que tanta y tanta gente los apoyaba con su silencio cómplice. Mi familia nunca estuvo de acuerdo con la violencia para conseguir la independencia; la mayoría de ellos son de derechas, del PNV, lo que los abertzales llaman despectivamente "el nacionalismo burgués"; otra parte de mi familia, en cambio, es "abertzale", de izquierdas. Mi familia pertenece a esa gran masa de la sociedad vasca que no estando de acuerdo con la violencia, jamás alzaron la voz por si acaso les pasaba algo, por miedo, por vergüenza, por comodidad. Ese silencio cómplice que daba alas a los terroristas para creerse dueños y señores de una tierra que es de todos, no suya.
En el colegio, la situación era parecida. Un colegio católico, nacionalista vasco, donde nos enseñaban a amar al País Vasco, perdón, Euskal Herria, y a mirar con ojos recelosos hacia España, ese país cercano y lejano al mismo tiempo, que un buen día, con todo su poderío militar, ocupó nuestra tierra y aquí seguimos después de los siglos. Eso nos venían a contar en resumidas cuentas. Todavía recuerdo las clases de Geografía. Esos mapas del País Vasco, el mapa político, el de los montes, el litográfico, todos ellos con sus siete provincias, no tres. Hasta que llegué a la adolescencia estaba convencida de que el País Vasco estaba formado por las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, y las tres provincias del sur de Francia. Así me habían enseñado en el colegio y así me lo habían confirmado en casa.
En el instituto, las cosas no eran diferentes. La Guerra Civil española era explicada en las clases de Historia desde una perspectiva tan deformada que nos daba la sensación de que fue una guerra entre españoles y vascos; realmente, parecía que más allá de las fronteras vascas no hubo bombas, ni fusilamientos, ni nada. Todo se lo llevó nuestra pobre Euskal Herria.
Cuando un niño se cría en ese ambiente, termina por amar con un tipo de amor patológico su tierra y a aborrecer lo demás, especialmente si "lo demás", como le han contado, ha intentado destruir aquélla patria.
Nota: Artículo publicado inicialmente en el blog “¿Hay derecho?”
Reclamación de Justicia
Las víctimas de ETA vuelven a la calle este domingo
La concentración, convocada por la AVT y apoyada por la mayoría de asociaciones de víctimas, será crítica contra "políticos y jueces"
Europa Press www.lavozlibre.com 27 Octubre 2013
Madrid.- Dos años y medio después de su última gran movilización, las víctimas del terrorismo volverán a la calle este domingo apoyadas por el Partido Popular para pedir Justicia tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contraria a la 'doctrina Parot' y exigir un final de ETA con culpables.
'Justicia para un final con vencedores y vencidos' será el lema que presidirá la protesta, que está convocada a las 13.00 horas en los Jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón y finalizará con la lectura de un manifiesto a cargo de la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza. La última vez que la AVT convocó una gran movilización fue en abril de 2011 para pedir al Gobierno, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que no dejara que ETA entrara en las instituciones en los comicios locales de dos semanas después. Sin embargo, finalmente Bildu sí participó en esas elecciones logrando hacerse un hueco en ayuntamientos del País Vasco y Navarra.
En la Plaza de Colón coincidirán con la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su consejero de Presidencia, Salvador Victoria. El PP vasco contará también con una representación del más alto nivel, encabezada por su presidenta, Aratza Quiroga, y el secretario general de la formación, Iñaki Oyarzábal. Además, estarán presentes en la convocatoria de Colón varios diputados vascos. Fuentes de la dirección nacional del PP han reconocido que con esta amplia presencia en la concentración quieren, además de mostrar su "cercanía" con las víctimas del terrorismo, transmitir un "mensaje de confianza" en el Gobierno de Rajoy, en la democracia y en el Estado de Derecho, dejando claro que no se ha perdido la batalla contra ETA.
Sin embargo, este apoyo al Gobierno no lo comparten todas las asociaciones y colectivos de víctimas que han decidido adherirse a la protesta, muchos de ellos muy críticos con la política antiterrorista del Ejecutivo de Mariano Rajoy y convencidos de que se podía haber hecho más para evitar la condena a España. Aunque el lema oficial de la convocatoria no hace ninguna referencia política, la presidenta de la AVT explicó esta semana tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, que la protesta es contra "jueces, políticos y todos los responsables de que no haya habido Justicia".
En la concentración participarán representantes de la mayoría de asociaciones de víctimas, como la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, Voces contra el Terrorismo, Foro de Ermua, Denaes o la asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, ya ha adelantado que su plataforma acude a la convocatoria en censura de la política del Ejecutivo del PP y su política antiterrorista, que consideran "heredera" de la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha calificado de "vergonzosa" la "instrumentalización" que a su juicio está haciendo el PP de esta convocatoria, ya que ella también incluye la protesta contra el Gobierno como uno de sus objetivos centrales.
La AVT espera la asistencia de miles de ciudadanos a la convocatoria, ya que las muestras de respaldo y solidaridad recibidas por la asociación desde la sentencia del TEDH ha sido masiva y desbordado todas sus expectativas. A Madrid llegarán autobuses procedentes desde diversos puntos de la geografía española. Algunos de los puntos de salida confirmados son Valencia, Granada, Murcia, Zaragoza, Ciudad Real, Barcelona, Jerez de la Frontera (Cádiz), Logroño, A Coruña, Badajoz, Mérida o Albacete. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también ha anunciado que secundará la concentración porque considera es el momento de estar junto a las víctimas del terrorismo. Su representación correrá a cargo del diputado Toni Cantó, los diputados en la Asamblea de Madrid Luis de Velasco y Ramón Marcos y los delegaciones en el Ayuntamiento de la capital David Ortega y Jaime de Berenguer.
«Cada día es como si hubiera pasado ayer»
Las víctimas del «comando Madrid» relatan a LA RAZÓN su encuentro con el horror
«Aquí nunca ha habido una guerra ni dos bandos, eran simples asesinos»
Gonzalo Núñez. Madrid. La Razón 27 Octubre 2013
Todo iba como la seda, sí señor. Inés del Río había pasado todo el fin de semana preparando con denuedo la carga mortífera: unos 10 kilos de explosivo aderezados con dos más de tornillería. Iñaki exultaba: Madrid estaba a sus pies; allí, a punta de gatillo... Aunque, bien visto, esto ya era otra cosa, eran palabras mayores: ¡un coche bomba! El primer coche bomba de ETA en la capital. Un puñetazo en la mesa. Con pasmosa sangre fría, Iñaki de Juana Chaos manejaba aquel ataud andante. Detrás le seguía Soares Gamboa en un taxi.
En la confluencia de Carbonero y Sol, Vitruvio y la plaza de República Argentina abandonaron aquel soberbio cómplice de chatarra, un Peugeot 505 robado en San Sebastián que había pasado la noche en un parking de Callao. En cinco minutos esos «hijos de puta» volarían hacia el cielo de los españolitos.
Alfonso Sánchez no era más que «un pepinillo» aquella mañana del 11 de septiembre de 1985 en que asistió a su propia ejecución. Tan sólo 19 añitos, recién salido de la academia, toda la vida por delante. Venía de pasar el fin de semana con los amiguetes y hacerles madrugar de aquel modo era un engorro. Junto con otros 15 compañeros, se dirigía en un microbús al consulado de Rusia para realizar el primer relevo de la jornada. Acababan de poner las calles, como quien dice. Sólo resaltaban dos puntos en el vacío: un tipo en trazas deportivas aguardando junto al semáforo en rojo y un coche mal aparcado en el paso de cebra.
Y entonces... ¡bum! El convoy se alzó un metro sobre el suelo, aterrizó junto a un árbol en la acera de enfrente y echó a arder en medio de una lluvia de metralla. De Juana Chaos y Gamboa huían a tiro limpio entre la humareda.
Los 16 guardias civiles salieron vivos de aquella encerrona. Pero varado en la acera, a 50 metros del semáforo junto al que esperaba, Eugene Kenneth Brown, ciudadano americano, yacía muerto. «Hacía footing en el lugar equivocado en el momento equivocado», resaltaba un periodista estadounidense. Pasaba por ahí.
A Alfonso Sánchez no le había llegado su hora, pero «hay golpes en la vida, tan fuertes...yo no sé» (César Vallejo). Han pasado 30 años y la herida supura: «Se me ha quedado todo grabado, segundo a segundo, como en una peli a cámara lenta, de por vida; esto te cambia para siempre: maduras de golpe, tomas conciencia de lo puta que es la vida, que hay buenos y malos y que la vida y la muerte se mueven en el filo de la navaja». Alfonso fue destinado a Eibar, a la boca del lobo. Ya para entonces era otro: «Más huraño, introvertido, más paranoico, en lo personal y lo profesional; incluso ahora sigo siéndolo, tantos años después».
Diez meses más tarde, De Juana se quitó la espinita del fracaso. Y a lo grande: doce «picoletos» para su cuenta particular en la plaza de República Dominicana. Era 1986. Llovía plomo sobre Madrid.
No era moco de pavo ser guardia civil entonces. «Dejad toda esperanza vosotros que entráis». Estaban los GRAPO, agonizantes pero estaban; y ahora, de repente y en toda su crudeza, el «comando Madrid», sembrando el terror en el mismísimo corazón de España y ante las narices del primer Gobierno socialista de nuestra historia. La Movida triunfaba entre cascotes, jeringuillas y esquirlas. «No mires a los ojos de la gente», recomendaba Golpes Bajos. «Muchos pensaban cuando mataban a guardias civiles: algo habrán hecho...», rememora Manuela Lancharro, hermana de Antonio, víctima de aquella carnicería de República Dominicana. Pero Antonio sentía verdadera pasión por la Benemérita y postulaba a la unidad de motoristas. En su entierro, el padre sólo podía repetir: «No podía quitarle su sueño, ¡qué podía hacer!».
Manuela sólo tenía 17 años cuando Idoia, Soares Gamboa, Troitiño y De Juana perpetraron una de las más sonadas barbaries etarras de la época. «¿Quién va a venir a matarnos a nosotros?», solía tranquilizarla Antonio. Aquel 14 de julio del 86, Manuela y su madre s encontraban en Sevilla. Tronó su nombre en la megafonía de El Corte Inglés, las buscaban. A 500 kilómetros, Antonio agonizaba. «Él lo era todo para mí: mi hermano, mi amigo, mi confidente; me robaron mi vida, como si me arrancaran el alma».
Aún hoy se emociona, la infamia está candente: «Cada día es como si hubiese pasado ayer; siempre está presente, siempre». Manuela enloqueció literalmente. No comía, no salía. Ideó un peregrino mecanismo de autodefensa: llegó a convencerse de que su hermano, como en las películas, sólo estaba en una misión ultrasecreta que requería darlo «por muerto» para la sociedad y sus familiares. Un año después despertó y estallaron las preguntas: «¿Qué hago ahora?, te dices. Lo he necesitado muchas veces, sus consejos, su confianza. Me vi sola, pedía ayuda pero mis padres estaban también destrozados».
La vida, el mayor derecho
La sentencia de Estrasburgo y la salida de los pistoleros cae a plomo sobre sus recuerdos. «No entiendo cómo pueden acogerse a los derechos humanos cuando ellos han pisoteado el mayor de los derechos que existe: el dereceho a la vida».
La vida... Por dos veces la salvó Jesús Faucha, y a la edad en que vivir se da por descontado. La primera vez se libró del atentado de República Argentina por pura casualidad. Debía conducir aquel convoy por la calle Vitruvio. A última hora le cambió el turno a un compañero. Pero «parecía que estaba sentenciado», así que pocos meses después le vio la cara de refilón a San Pedro. En Juan Bravo con Príncipe de Vergara, cerca de la embajada italiana, lo esperaban los matarifes habituales, los «gudari» del «comando Madrid». «Sentí un estruendo, vi un fogonazo y todo quedó en silencio, un silencio como nunca antes había oído en mi vida», relata. A sus piés quedó muerto un compañero; otros cuatro expiraban en la parte trasera del convoy.
Jesús perdió totalmente la visión en el ojo derecho y, parcialmente, la audición y la movilidad en el oído y la mano correspondientes. Pero era un tipo duro. «No necesité mucha ayuda y no quería comentar mucho mis heridas y malestar; me hice un lobo solitario». Sin embargo, en ocasiones el horror actúa por desgaste: «A los 26 tienes ilusiones y de la noche a la mañana... ¿Qué hago yo ahora toda la vida?, me preguntaba. Te cortan las ilusiones tan joven, día a día, año a año...».
Faucha no odia a sus verdugos, sencillamente no les hace aprecio, los «desprecia». La salida de Inés del Río, la libertad de De Juana, la derogación de la «Parot», todo eso, más que indignarle por la parte que le toca, le «cabrea», un cabreo general contra los políticos y los intereses que permiten que no prevalezca la razón, la decencia, la Justicia, en suma.
No hay víctima que no observe con recelo la palabra «reconciliación». «Aquí nunca ha habido una guerra, nunca ha habido dos bandos, sólo eran unos asesinos que mataron inocentes», coinciden Alfonso y Jesús, los dos guardias civiles que salieron vivos de aquellos «años de plomo». Por eso, ellos y muchos otros tiemblan ante la desmemoria, el olvido generacional y general, el borrón y cuenta nueva. Pues «cuando todo está perdonado, todo está cínicamente permitido». Lo dijo Kundera. Y se diría que lo dijo por y para ellos.
Alfonso Sánchez. República Argentina
Un ciudadano americano que hacía footing falleció a consecuencia del coche-bomba que De Juana, Inés del Río y Gamboa prepararon contra un autobús de la Guardia Civil, el 9 de septiembre de 1985. Alfonso salvó la vida como el resto de compañeros por la mala visibilidad de los terroristas al explotar el vehículo y la pericia del conductor en el cruce entre Vitruvio y República Argentina.
Manuela Lancharro. República Dominicana
El atentado de la plaza de República Argentina fue uno de los más masivos de la banda terrorista. Doce jovenes guardias civiles resultaron muertos, entre ellos el hermano de Manuela. Se produjo el 14 de julio de 1986, el año más sangriento de ETA. El PSOE acababa de ganar las elecciones.
Jesús Faucha. Juan Bravo / Príncipe de Vergara
Cinco compañeros de Jesús dejaron su vida en la calle de Juan Bravo, el día 25 de abril de 1986, tras un relevo de la guardia en la embajada de Italia. El «comando Madrid» campaba a sus anchas por la capital, y los cuerpos de seguridad del Estado eran su objetivo prioritario.
Los «daños morales»
F. Velasco. La Razón 27 Octubre 2013
Además de ordenar la inmediata puesta en libertad de la sanguinaria Inés del Río Prada, diez ilustres magistrados que integraron la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre ellos el insigne español Luis López Guerra, ni cortos ni perezosos condenaron también a España a indemnizar con 30.000 euros a la macabra etarra por los «daños morales» sufridos. Por suerte, quien sesgó la vida de forma inmisericorde de 24 víctimas, no verá un sólo euro. Espero y confío en que ello no frustre a sus señorías de Estrasburgo.
Pero si discutible, o más, es el fallo de la sentencia, y no digamos de las consecuencias que puede tener, lo que repugna a cualquier conciencia de bien es que encima se aluda al «daño moral» de la terrorista. ¿No se les ocurrió pensar a los señores togados en el «daño moral» sufrido por esas 24 familias? Al parecer, no.
En cambio, otros siete magistrados rechazaron tal indemnización con un argumento más que diáfano: «Así pues, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en relación con el texto del presente caso –no olvidemos, ¡24 muertes inocentes!, ¡24 familias destrozadas de por vida!–, no consideramos apropiado conceder una indemnización por daños no pecuniarios o morales. En nuestra opinión, la conclusión de violación emitida por el tribunal constituye suficiente resarcimiento».
¿Es posible que los otros diez señores de negro –lo digo por esos de las togas– se negaran a mantener esa tesis? ¿No les pareció suficiente ordenar la inmediata puesta en libertad de esa etarra, que también querían que se llevase una más que respetable cantidad para sus primeros gastos ? Pues, no, a esos juristas envueltos en papel de relevantes magistrados, designado por los gobiernos, les pareció minuta barata sólo zumbar a España y permitir que ya dos etarras y un violador múltiple campen a sus anchas, y disfuten de esa sentencia como cualquier boxeador que gana por K.O a su contrincante. Y me temo que las puertas de las celdas de personajes de tal calaña no han comenzada nada más que abrirse.
Habría que preguntarse si alguno de esos diez jueces que decidieron «compensar» con 30.000 euros a quien sesgó 24 vidas mantedría tal criterio si algunas de esas víctimas fuesen familiares o simplemente conocidos suyos. El daño moral lo han sufrido, lo sufren y lo sufrirán de por vida los padres, novios o novias, mujeres o maridos, hermanos y quienes convivían con cualquiera que murió porque así lo decidió la liberada Del Río y su banda terrorista. Sólo por eso.
Pero, claro, esos padres, novios, hermanos o amigos no tienen reparación alguna. Esos diez jueces no se han parado a pensar en ellos, no han merecido que realicen una interpretación de la ley que evitase tal sufrimiento añadido. Y ¿saben lo más triste de todo? Que tenían las herramientas para ello. Sólo con mirar las fotos de los atentados de la República Dominicana o República Argentina, por ejemplo, hubiese sido suficiente para comprobar dónde estaba el «daño moral».
agencias Libertad Digital 27 Octubre 2013
Regina Otaola: "ETA está consiguiendo aquello que quería cuando asesinaba"
La exalcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, ha deseado en esRadio que "los que vaticinaron que llovía mucho" cambien su perspectiva.
esRadio 27 Octubre 2013
Apenas dos horas antes de que arranque la concentración de las víctimas del terrorismo en la madrileña plaza de Colón, la exalcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, ha atendido la llamada de esRadio donde ha recordado las palabras de Rajoy cuando rechazó enviar un mensaje a las Víctimas del Terrorismo después de la fallo del Tribunal de Estrasburgo: "A ver si aquellos que vaticinaron que llovía mucho cambian ahora su perspectiva", decía Regina.
La exalcaldesa de Lizarza, que acudirá este domingo a la concentración en Colón, ha confesado decir que "siento una gran tristeza" porque "sabíamos que podía salir esta sentencia tan pirata y tan injusta, pero cuando ya es una realidad te duele más y también duele más por la prontitud de la Audiencia Nacional para cumplirla". Finalmente, ha dicho que lo de Estrasburgo ha sido una sentencia que "da carta de naturaleza a una negociación que no sabemos si sigue produciéndose".
Para Regina es triste que "todo el mundo que hemos trabajado por la democracia y por la libertad jugándonos muchísimo y más aún las víctimas que han dejado familiares en el camino, ahora veamos a los asesinos salir a la calle. Eso es lo que a mi me causa una tristeza terrible", lamentaba Regina. Para la exalcaldesa de Lizarza "en una España democrática, la libertad es el valor que hay que defender a capa y espada."
Finalmente, sobre las palabras de Fernández Díaz defendiendo la sonrisa de Inés del Río como la prueba de que ETA ha sido derrotada, Regina ha señalado que "decir que ETA se le ha vencido es mucho decir, porque ETA está consiguiendo aquello que quería cuando asesinaba".
Lo que nos cuesta el euskera
Redaccion Tribuna. Bilbao. http://latribunadelpaisvasco.com 23
Desde el año 2000, con los 2.444 millones de euros destinados a potenciar el aprendizaje y la utilización del euskera entre una población que tiene mayoritariamente el español como su lengua materna, se hubieran podido crear 61.000 puestos de trabajo, 488.000 plazas de educación infantil o 50 hospitales oncológicos.
Desde el año 2000, las administraciones públicas vascas (Gobierno autónomo, diputaciones forales y municipios de más de 5.000 habitantes), se han gastado 2.444 millones, alrededor de 188 millones de euros anuales, en impulsar artificiosamente el aprendizaje y la expansión del euskera, un idioma que solamente es utilizado habitualmente por el 13% de la población vasca. Esta ingente cantidad de recursos públicos que año tras año ha salido, en su mayor parte, del presupuesto de euskera del Gobierno vasco (70%), de las inversiones realizadas por los municipios de más de 5.000 habitantes (20%) y de los presupuestos de las diputaciones forales (10,6%), puede entenderse mejor realizando algunas comparaciones. Así, con los 2.444 millones de euros (casi medio billón de las antiguas pesetas) destinados a potenciar el aprendizaje y la utilización del euskera entre una población que tiene mayoritariamente el español como su lengua materna se hubieran podido crear 61.000 puestos de trabajo (a 40.000 euros de inversión cada uno) o 488.000 plazas de educación infantil (5.000 euros cada una). También se hubieran podido construir, por ejemplo, 50 hospitales oncológicos (50 millones de inversión cada uno).
Los datos de esta inversión descomunal destinada a financiar y poner en marcha una inmersión lingüística gigantesca y a todas luces antinatura están extraídos del informe "Indicadores de situación y evolución del euskera" elaborado por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y revelan también que el uso del euskera varía notablemente de un territorio a otro. El porcentaje de personas que se expresan en euskera tanto o más que en castellano es del 3,3 % en Álava, del 12,5 % en Vizcaya y del 35,6 % en Guipúzcoa. Otro estudio, en esta ocasión realizado por el Cluster de Sociolingüística de Euskadi y titulado “Medición del uso de las lenguas en la calle”, pone el acento en lo llamativo que resulta que a pesar de la descomunal inversión de dinero público realizada, el empleo del vascuence en las calles de la región apenas haya variado en las últimas décadas. De hecho, en veintidós años, prácticamente desde que comenzara a realizarse esta medición, el uso del vascuence ha aumentado 2,5 pírricos puntos.
Para obtener el dibujo completo del gasto de recursos económicos que supone para el País Vasco la imposición política del euskera habría que añadir a los datos anteriores las inversiones en la promoción del vascuence realizadas por empresas y entidades públicas y los municipios de menos de 5.000 habitantes, así como el gasto que supone para la administración pública la obligación legal de trabajar en dos lenguas oficiales. Como aproximación, la industria de la lengua en el País Vasco, formada fundamentalmente por empresas dedicadas a la traducción profesional y dedicada mayoritariamente a trasladar al euskera documentación oficial, facturó 700 millones de euros solamente en 2012.
En el fondo, lo que revelan todos estos datos es que el euskera es un idioma de reducida utilidad práctica que no tendría ningún recorrido si no fuera por el persistente impulso político, generosamente regado con recursos públicos, que se le otorga desde hace casi cuatro décadas. El informe “Euskera: uso, actitudes, políticas”, realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco hace unos meses, ya apuntaba en esta dirección y ponía claramente de manifiesto hasta qué punto el vascuence es un idioma artificialmente mantenido y sustentado sobre tres efectivas estrategias impositivas implantadas durante más de treinta años de control casi exclusivamente nacionalista de las instituciones: la obligatoriedad, en la mayor parte de los casos sin alternativa, de que los niños vascos desarrollen sus estudios íntegramente en euskera; la exigencia del conocimiento del vascuence para optar a cualquier puesto público de trabajo, y la conversión de este idioma en el gran filtro que da acceso a los principales ámbitos de poder de la comunidad autónoma. De hecho, así lo entendía en el trabajo citado la población vasca que, en su mayor parte, un 85%, se mostraba consciente de que, hoy en día, en Euskadi, saber euskera da más oportunidades de progreso y desarrollo, aunque menos de la mitad de los ciudadanos consideraba que conocer este idioma proporciona “un mayor prestigio social”.
La educación es, ciertamente, el principal ámbito de imposición idiomática, hasta el punto de que, actualmente, cualquier niño de Euskadi puede desarrollar sus estudios en la escuela pública vasca íntegramente en euskera. Por el contrario, hoy es imposible que los niños vascos estudien íntegramente en español, sin tener que estudiar euskera en su actividad diaria. Todo ello, a pesar de que el 80% de los niños de esta comunidad tiene el español como su lengua materna.
Sobre esta cuestión, el Parlamento Europeo ha sido muy explícito y ha señalado recientemente que “es esencial salvaguardar la posibilidad de que los padres y responsables de la educación elijan la lengua oficial en que han de educarse sus hijos en los países en que coexistan una o más lenguas oficiales”. Y añade, además, que “ningún escolar (de la Unión Europea) podrá ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado.”
En la misma dirección, y tal y como recuerda Ernesto Ladrón de Guevara en el brillante artículo que acompaña a este reportaje, la UNESCO, en su boletín de 2003, afirmaba que “años de investigación han demostrado que los niños que inician su educación en la lengua materna tienen un mejor comienzo y exhiben un mejor desempeño que aquellos que son expuestos a un idioma nuevo al ingresar a la escuela”, recomendando a todas las naciones que respeten la lengua materna de los escolares como vehículo de aprendizaje principal.
Ladrón de Guevara recuerda también que lo mismo afirma el informe PILRS, análisis PISA de la OCDE: “Debido a que el aprendizaje de la lectura depende en gran medida de la experiencia temprana de los niños con el lenguaje, la lengua o lenguas habladas en casa y la manera de utilizarlas son factores importantes en el desarrollo de la competencia lectora. Los niños cuyo conocimiento de la lengua empleada en la enseñanza formal de la lectura se sitúa sustancialmente por debajo de lo que es de esperar en los niños de esa edad, con mucha probabilidad se encontrarán en desventaja desde un primer momento. Además, el empleo de lenguas o dialectos diferentes en casa y en la escuela puede causar problemas a los alumnos a la hora de aprender a leer.”
La imposición política que obliga a educar a los niños en un idioma que nada tiene que ver con su lengua materna, tiene sus consecuencias, en ocasiones dramáticas. El Consejo Escolar de Euskadi (CEE), un órgano consultivo en el que están representados todos los sectores de la enseñanza vasca, reconoce en uno de sus más recientes estudios ("Informe sobre la Educación en Euskadi 2008-2010") algo que, desde hace décadas, resulta evidente para una buena parte de la sociedad vasca: que la exigencia de estudiar en euskera en los colegios vascos influye negativamente en el proceso de aprendizaje de la mayoría de los niños de esta comunidad.
Concretamente, el Consejo Escolar de Euskadi constata en su trabajo, que reproducimos íntegramente aquí, "el bajo nivel competencial en euskera de un porcentaje importante del alumnado de los modelos B y D que cursan en esa lengua diversas materias o el currículo casi en su totalidad". El CEE añade que "el aumento de horas lectivas (en esta lengua) resta tiempo a las demás materias" y que, por otra parte, "el nivel de competencia que tiene el alumno en euskera influye en el aprendizaje de las materias impartidas en esa lengua. Para bien o para mal, según sea el nivel de competencia en cuestión.". Lo que el informe no explica es que, actualmente, en los tres territorios vascos es prácticamente imposible encontrar centros educativos públicos en los que las clases de impartan en base al Modelo A (en español, con el euskera como asignatura).
Los últimos Informes PISA, dedicados a la evaluación internacional de alumnos de varias decenas de países, descubren nítidamente esta falla e indican que los escolares vascos se defienden relativamente bien en matemáticas y en lectura, pero que, por ejemplo, fracasan en el aprendizaje de las ciencias.
Isabel Celaá, que fue consejera de Educación en el Ejecutivo de Patxi López (2009-2012), ya fue consciente de algunas de estas graves carencias existentes entre los estudiantes vascos y explicó las razones por las que los alumnos de esta comunidad ven mermadas sus competencias en biología, física o geología. En opinión de Celaá, "el sistema educativo bilingüe resta tiempo a la enseñanza de las ciencias y, por ello, en otras comunidades autónomas o en otros países no ocurre esto". De hecho, la ex consejera explicó en su momento que la reflexión sobre la posibilidad de añadir tiempo escolar para potenciar las ciencias, sin quitar nada del calendario ya existente, "está sobre la mesa, pero es una decisión de calado". En este sentido, el menor tiempo que los chicos y chicas del País Vasco dedican al estudio de las ciencias, como consecuencia de la presión ejercida por la imposición de una educación bilingüe, se está tratando de compensar, según se apunta desde diversos ámbitos educativos, con actividades extraescolares o con nuevas metodologías para el profesorado.
Luis F. Quintero Libertad Digital 27 Octubre 2013

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 resolución 
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 artículo 5