Source: http://www.libertadidioma.com/20170203.htm
Timestamp: 2019-02-21 03:37:08+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 3 Febrero 2017
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 3 Febrero 2017
Judicializan la política quienes la llevan fuera de la ley
EDITORIAL Libertad Digital 3 Febrero 2017
Los separatistas tienen la desfachatez de acusar al Gobierno de "judicializar la política", cuando quienes la judicializan son ellos, al empeñarse en llevar la política al terreno de la ilegalidad.
George Orwell decía que en ocasiones es preciso defender lo obvio; y eso es, ni más ni menos, lo que un grupo de catedráticos, jueces y abogados catalanes han hecho en un manifiesto que, con el título El Derecho, al servicio de las libertades, proclama: "No hay democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley".
Aunque dicho manifiesto no haga mención expresa al proceso separatista que viene perpetrándose en Cataluña, ni nombre a político alguno, su reivindicación del "pacto constitucional" y del "ordenamiento jurídico de la Unión Europea y de sus Estados miembros" es una implícita y clara deslegitimación de un proceso abiertamente rupturista con el ordenamiento jurídico vigente como el que están llevando a cabo los mandatarios regionales de Cataluña. Especialmente oportuna es la exigencia de que el debate público se desarrolle "en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales", habida cuenta del cúmulo de ilegalidades que conlleva el procés y de la campaña de hostigamiento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde el lunes se inicia el juicio contra Mas, Ortega y Rigau.
Los separatistas tienen la desfachatez de acusar al Gobierno de "judicializar la política", cuando quienes la judicializan son ellos, al empeñarse en llevar la política al terreno de la ilegalidad. ¿Qué pretenden, que los delitos queden impunes por el hecho de tener motivaciones políticas?
La política, como toda acción humana, debe estar sometida al imperio de la ley, y si algún pero se le puede poner a la administración de justicia en este asunto es el tiempo que ha tardado en juzgar la desobediencia y prevaricación que conllevó el ilegal "proceso participativo", o como lo quieran llamar, de 2014; o que se haya retirado de dicha causa la acusación de malversación; o que esta sea hasta la fecha la única ilegalidad del procés que se ha llevado ante los tribunales, a pesar de las no menos ilegales estructuras de Estado y de las otras desobediencias, no menos graves, que los mandatarios de la Generalidad vienen llevando a cabo impunemente desde 2012.
Se puede convenir en que, en una democracia, toda resolución o sentencia judicial puede ser objeto de elogio o de crítica pública; pero todas deben ser obedecidas, y desde luego nada justifica que una multitud rodee una sede judicial para impedir o tratar de torcer el funcionamiento del Estado de Derecho, tal y como pretenden hacer el lunes las cuatro grandes organizaciones, supu
Dicen que Rajoy está tranquilo
José Luis González Quirós vozpopuli.es 3 Febrero 2017
Kant dejó dicho que poseemos la capacidad de hacernos preguntas que no estamos en condiciones de contestar, pero me temo que se dejó llevar por alguna especie de optimismo de época, porque, en verdad, el hábito de hacerse preguntas no suele abundar en momentos como el presente en el que las respuestas y los eslóganes más diversos ocupan completamente las pantallas. Los excesos de información procuran más indiferencia que inquietud y acaban por hacer que nos olvidemos de lo que realmente importa.
Un panorama que no estimula el optimismo
Vayamos ahora al ejemplo que nos ofrece la política española, para ilustrar el caso. Con un mundo desvencijado y roto, con un horizonte internacional escasamente claro, con una amenaza realmente grave al orden constitucional, al Estado de derecho, con unas cuentas públicas tirando a pavorosas, los partidos que nos representan se dedican a lo suyo. El PP decidirá valientemente si Cospedal celebra más de dos oficios o si se ha de conformar con uno, y se dispone a arrebatar a quienquiera las causas sociales más variopintas, no vaya nadie a creerse que el partido carece de ideas fuerza; el PSOE está a la espera de definirse entre el socialismo de Susana, el de López o la cosa de Sánchez, y cabe esperar que una vez que triunfe alguno de ellos nos expliquen las diferencias; Podemos está que ya no puede disimular más y no sabe cómo contarnos lo unidos que están y lo cerca que tienen sus beneficiosos objetivos para todos y todas. No hablo de Ciudadanos porque también está entre papeles a la espera de definir si es de carne o de pescado al tiempo que nos da la buena nueva de que entrará en el Gobierno a la primera que salte.
Puede que alguien le explicase mal al Rajoy estudioso la alternativa entre cañones y mantequilla, y que esa decisión económica le haya acabado pareciendo una magnífica doctrina política, vista la aplicación que está haciendo al caso de los secesionistas catalanes. Parece que piensa ir más allá del negacionismo que aplicó al referéndum pasado, es que no se iba a celebrar y que, aunque se celebró, resulta que no se ha celebrado, como lo prueba el que ahora quieran hacer otro. Pero Rajoy ya ha amenazado con aplicar un tratamiento más severo que su previa terapia semántica, ahora toca mantequilla: que toman una medida ilegal, les aplico una cataplasma que la anule, se ve que le gustaría que el juego durase eternamente, porque si de algo podemos presumir los españoles es de la enormidad de triquiñuelas jurídicas previstas en el ordenamiento.
Lo malo es que los separatistas catalanes, que tampoco las tienen todas consigo, ya han anunciado que no se van a conformar con decir que van a hacer, sino que harán de manera efectiva, y digan lo que digan las leyes españolas, que no les afectan porque dicen que prefieren tener las propias. Por si le faltase algo a esta insurrección organizada desde los despachos oficiales, ya han advertido que la cosa va a ser movidita, que no habrá una transición pacífica, dando a entender no el temor a lo que pueda hacer Rajoy, sino el cabreo de los otros catalanes a los que van a pisotear alegremente. Dicen que Rajoy está tranquilo, y eso es una buena señal, pero si permanece por más tiempo inactivo puede que sus deseos infinitos de concordia se vean ásperamente desmentidos por quienes creen que ya ha quedado demostrado que el Estado es un tigre de papel.
En un libro muy reciente, José Luis Pardo, ha diseccionado con gran lucidez el factor común a todos aquellos que pretenden poseer un conocimiento privilegiado de la realidad que supuestamente se oculta tras lo que consideran el falso e interesado edificio del estado de Derecho. El secesionismo catalán es un ejemplo especialmente grave de esa manera sediciosa de entender el papel y las funciones del Estado de Derecho, desgraciadamente no es el único, ni, tal vez el más importante, o el más seductor, pero es el que más nos va a afectar a muy corto plazo, y puede encontrar apoyos insensatos en otros defensores de las políticas de la autenticidad. Para empezar, el secesionismo catalán empieza poniendo en duda el imperio de la ley, que la ley afecte a lo que ellos puedan decidir, y se inventan ese absurdo derecho a decidir que pretenden imponer por la fuerza de los hechos ante la inaudita parsimonia de un Gobierno que se dedica a mirar para otro lado. Pretenden que la igualdad fundamental entre todos los ciudadanos no existe ni puede existir porque hay una diferencia previa y más auténtica, la de ser o no ser lo que ellos definen y pretenden imponer como catalán.
Pardo muestra con claridad que el esquema de ideas que ha hecho posible el Estado de derecho, lo que permite la existencia de la política, la discusión civilizada y el acuerdo, es puramente racional y no puede ser substituido con ventaja por ninguna supuesta condición previa a su existencia, por ninguna alternativa que pretenda revelar un estado original más auténtico y respetable. De esta manera es obvio que la esencia del derecho y de la política es la limitación, nunca la fuerza, como sostienen todos los pretendidos “realistas” de la política.
Las ideas que nos permiten resistir con éxito y dignidad a cuantos pretendan suplantar el orden constitucional por cualquier alternativa más auténtica, realista o verídica, están perfectamente claras, pero si no hay responsabilidad en los poderes que las representan, si el miedo les impide defender con claridad la legitimidad común, puede acabar sucediendo cualquier cosa. Las rebeliones contra la legitimidad pueden triunfar, pero sólo traen consigo, lo que la palabra que las nombra: “bellum”, guerra, violencia civil, ardor racial, injusticia y desastre. Hay que esperar que la democracia española sepa defenderse de un asalto que amenaza con pasar en breve de las performances más o menos cómicas a la pura y simple sedición.
Prudencia, pero valor cívico
Vivimos tiempos propicios a la fanfarronería, y no creo que haya que ir muy lejos para encontrar ejemplos notorios. Se puede soportar a los fanfarrones, porque, al fin y al cabo, el miles gloriosus siempre ha sido una figura cómica. Pero, ojo, que si el fanfarrón empieza a propinar mamporros no bastará con exhibir el ánimo impertérrito que se atribuye a Rajoy. La Constitución prevé, prudentemente, su reforma, cuando fuere necesario, pero también establece lo necesario para su defensa, para preservar la paz y el orden ciudadano al que tenemos derecho y en que queremos vivir. Frente a amenazas que ya no se quedan en exabruptos, que establecen un plan y confiesan propósitos incompatibles con el ordenamiento constitucional y el imperio, sin excepciones, de la ley común, no bastará la serenidad, que nunca está de más, será necesario mostrar con la mayor claridad y contundencia que esos propósitos serán impedidos con determinación, con efectividad, con todos los medios necesarios al caso, sin ambigüedades y sin tardanza.
Juan Francisco Martín SecoRepublica 3 Febrero 2017
Reescribir la Historia se ha convertido en un vicio de los políticos. Por supuesto, los nacionalistas catalanes han llegado a alcanzar grados difícilmente imitables de estulticia y ridiculez en esta tarea, pero también hay otros muchos hombres públicos que pretenden trastocar los hechos pasados para presentarlos de forma interesada, de manera que el juicio sobre sus políticas y actuaciones sea mucho más favorable. Felipe González lo ha hecho a menudo arrogándose éxitos que no le correspondían o escondiendo los efectos negativos de muchas de sus acciones de gobierno. Zapatero ha publicado un libro titulado “El dilema” en el que pretende, mediante un relato infantil de los hechos, justificar su desastrosa gestión de la crisis económica y en especial el entreguismo frente a Merkel y las autoridades europeas adoptado por su Gobierno en 2010.
Aznar apareció hace algunos días en la fundación Valores y Sociedad, que dirige Mayor Oreja, con parecido objetivo. Hay que ver cómo proliferan últimamente las fundaciones con la manifiesta finalidad de constituirse en centros de emisión de ideología política, incluso sin aparente vinculación directa con los partidos. Valores y Sociedad, Villacisneros, FAES, Alternativas… Cabría preguntarse cuál es su fuente de financiación. Las fundaciones de las formaciones políticas se nutren principalmente de los presupuestos del Estado, método discutible, sin duda, pero al menos relativamente claro y transparente ya que los fondos se distribuyen según una cierta lógica, de acuerdo con los resultados electorales y, mal o bien, deben responder ante el Tribunal de Cuentas. Pero ¿qué ocurre con aquellas que se jactan de ser independientes de los partidos políticos?, ¿cómo se financian? Porque resulta evidente que quien asuma sus gastos marcará su ideología. De ahí la ostensible unanimidad con que se manifiestan.
Pues bien, Aznar en una de esas fundaciones (Valores y Sociedad) y siendo portavoz de otra, FAES, ha pretendido reescribir la Historia, su pequeña historia. En su discurso titulado “El necesario fortalecimiento de España” mantuvo una interpretación de los hechos pasados y presentes muy particular. Se situó a sí mismo entre los que ahora considera prohombres políticos y que le precedieron (Suárez y Felipe González), mientras que censuró a sus sucesores (Zapatero y Rajoy). Manifestó que en la actualidad tenemos un país que se está desmembrando social, territorial y políticamente. En esto último no digo yo que le faltase razón, al igual que cuando afirmó que la brecha social aumenta al entrar en contacto con la grieta territorial; un proceso de centrifugación institucional, ya que la relación entre el Estado y las Comunidades es hoy un pulso permanente de suma cero o negativa, como si se tratara de poblaciones distintas.
El juicio a emitir sobre la intervención del presidente de FAES debe cambiar radicalmente en lo que se refiere a la génesis de estos problemas. Porque la causa de todos esos males proviene de antiguo; resulta por tanto muy ingenuo trazar una línea divisoria en el año 2004. Aznar hace una loa de la Transición y del sistema político nacido en 1978. Lo cual no deja de ser curioso cuando a menudo se le han recordado ciertos artículos redactados en su juventud mostrando una valoración bastante negativa de la Carta Magna. Pero, al margen de los cambios de criterio que haya podido mostrar el ex presidente del Gobierno (todos tenemos derecho a mudar de opinión), lo cierto es que los problemas que hoy presenta el Estado de las Autonomías tienen su origen en buena parte en el diseño constitucional, y desde luego aún en mayor medida en los pactos que los dos partidos mayoritarios establecieron de forma reiterada con los partidos nacionalistas para asegurar sus gobiernos. Sin duda, la primera legislatura del PP de Aznar destaca en las concesiones a los independentistas, y los Pactos del Majestic han tenido mucho que ver en el desorden actual.
El presidente de FAES en su conferencia situó el año 1999 entre los grandes hitos que, según él, han jalonado el mejor periodo de nuestra historia, ya que el 1 de enero de ese año entró en vigor el euro y España se convirtió en motor de Europa como socio fundador de la moneda común. Por el contrario, calificó el año 2009 como inicio de una etapa de oscuridad y a partir del cual se agotó el impulso modernizador, ambicioso y profundo que permitió obrar una enorme transformación económica, social y política. A partir de ahí se arroja sobre el futuro de los jóvenes una nueva y pesada carga en forma de déficit y de deuda. Una curiosa visión de los hechos, porque si bien es verdad que desde 2008 se cernió sobre la sociedad española una de las mayores crisis económicas y sociales que ha padecido, no es menos cierto que el origen se encuentra en la introducción del euro y en las políticas instrumentadas en los años siguientes y que coincidieron con los Gobiernos de Aznar y los cuatro primeros años de Zapatero.
Aznar olvida que tras su famosa frase de que España va bien se encontraba tan solo el espejismo creado por la moneda única, la burbuja inmobiliaria y un crecimiento a crédito que habría que pagar posteriormente, como así ha ocurrido. La herencia económica recibida por Zapatero fue un regalo envenenado, todo un conjunto de desequilibrios que no podían perdurar. Así lo manifesté en un artículo que escribí en el diario El Mundo el 23 de abril de 2004, en el que de forma figurada advertía al nuevo Gobierno de que la crisis económica se produciría antes o después. La realidad es que continuaron aplicando una política similar durante los siguientes cuatro años, incrementando el déficit y el endeudamiento exterior. Esa pesada carga -que, según Aznar, planea sobre las nuevas generaciones- se originó en sus años de gobierno y en los cuatro primeros de Zapatero; entonces en forma de endeudamiento privado, pero que, al ser exterior y al pertenecer España a Unión Monetaria, estaba llamado a convertirse en público.
No deja de resultar irónico escuchar al ex presidente del Gobierno popular afirmar que es absurdo pensar que el único Estado legítimo sea un Estado residual. No es así, añade, con un Estado débil y fragmentado perdemos todos. Solo un Estado sólido y bien dimensionado puede garantizar la cohesión y la igualdad. Es irónico porque los Gobiernos de Aznar emprendieron una ingente operación de adelgazamiento del Estado al malvender y liquidar la casi totalidad del sector público empresarial, a lo que hay que añadir las reformas fiscales acometidas durante esos años, causa del desmoronamiento de la recaudación en la crisis y la cuasi quiebra del Estado. Y si hablamos de la fuerza centrífuga que ha troceado territorialmente, hasta debilitarlo, al sector público, el Pacto del Majestic jugó un importante papel al transferir la sanidad pública y la capacidad normativa sobre múltiples impuestos a las Comunidades Autónomas.
ww.martinseco.es
Amando de MiguelLibertad Digital 3 Febrero 2017
Aunque no se pueda rechazar el principio de solidaridad en el que se inspira, el fallo está en que ya no se puede costear.
Juristas catalanes presentan un manifiesto contra el proceso secesionista
La Gaceta 3 Febrero 2017
Este jueves, en el Colegio de Periodistas de Barcelona, un grupo de juristas catalanes, entre los que se encuentran Pere Lluís Huguet y Eloy Moreno, han dado lectura y han presentado en sociedad un manifiesto bajo el título “El derecho, al servicio de las libertades”. El documento ''defiende que el marco jurídico establecido en los Estados de Derecho evoluciona y tiene que evolucionar pacíficamente, dentro del ámbito previsto, todo cambiante y adecuando su ordenamiento en función de los signos de los tiempos y de las necesidades básicas de los ciudadanos, en los cuales reside con carácter exclusivo la soberanía del Estado, como se acontece a todas las democracias de nuestro entorno''.
El manifiesto, que cuenta con el apoyo de reconocidos y reconocidas juristas quiere defender, a partir de la prestigiosa tradición jurídica catalana, que fuera del Estado de Derecho no puede haber una verdadera democracia.
Así mismo, haciendo una clara referencia al proceso político en que está inmersa hoy Cataluña, los firmantes expresan que resulta preocupante constatar como últimamente, especialmente desde algunos sectores y medios de comunicación, se están utilizando, en el debate público, termas y conceptos jurídicos sin el mínimo rigor exigible.
En el mismo sentido, Huguet, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, ha expresado que “la plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, en el marco de la Unión Europea, únicamente es posible desde el respecto al ordenamiento jurídico de la Unión y de sus Estados miembros. En el marco de la construcción europea no caben posturas unilaterales ni maximalistas; ni tampoco cabe postular o intentar legitimar la transgresión del marco jurídico vigente”.
En este sentido, Moreno ha exigido que e''l debate público recupere, en primer lugar, el rigor jurídico perdido; y, en segundo lugar, que se desarrolle en el marco del necesario respecto a las leyes y a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir, garantes de nuestra convivencia pacífica y de los derechos y libertades de todos”.
Teruel, dos meses de terror durante la dominación roja
Juan E. Pflüger gaceta.es 3 Febrero 2017
Teruel es la única capital de provincia que el ejército republicano logró conquistar durante toda la Guerra Civil. No les duró mucho la alegría en aquel invierno de 1937-38, porque el contragolpe de las tropas nacionales logró recuperar la ciudad dos meses después de haberla perdido.
Es una constante en la historiografía defensora de la Memoria Histórica señalar que cada vez que el ejército nacional tomaba una ciudad, se cometía una salvaje represión. Pero entre sus escritos jamás se hace mención a los dos meses largos de terror al que sometieron a los habitantes de la ciudad aragonesa.
No solamente a los habitantes de la capital, también ocurrió lo mismo en los pueblos próximos que cayeron en manos del Frente Popular tras la toma de Teruel. Los datos de represión en la capital y los municipios de su entorno han sido estudiados y arrojan un dato escalofriante: más de 800 muertes en esos dos meses, que sumados al resto de la represión republicana en la provincia arrojan un total de 1.702 asesinatos, en la que era entonces la segunda provincia menos poblada de España.
Centrándonos en la capital provincial durante los dos meses de ocupación -del 22 de diciembre de 1937 al 22 de febrero de 1938- los muertos fueron 129 a manos de los milicianos, principalmente comunistas y anarquistas, que tomaron la ciudad. Además, son constantes las ejecuciones en grupo que empezaron en la misma madrugada del 23 de diciembre, solamente un día después de la entrada de las tropas del general Hernández Saravia, antiguo ministro de la Guerra que mandaba el Ejército de Levante formado por 80.000 soldados, en la ciudad que defendía el coronel Rey d’Harcourt con apenas 4.000 hombres entre soldados, voluntarios y guardias civiles.
La represión fue brutal en los primeros momentos, cuando se asesinaba a grupos de entre ocho y doce personas. Los lugares elegidos para los crímenes eran: el huerto de Rodríguez, la caretera de Alcañiz o la trasera del cementerio.
Las profesiones de las víctimas eran muy variadas: desde empleados a industriales, pasando por labradores, sastres, mecánicos, oficiales de imprenta y, por supuesto, militares de diversas graduaciones y religiosos.
Los crímenes no se concentraron solamente en los primeros días. Los frentepopulistas conservaron con vida a varias autoridades que solamente fueron asesinadas tres días antes de la entrada de las tropas nacionales al mando del general Dávila en la ciudad. Entre ellos se encuentran un grupo de nueve industriales a los que los milicianos mantenían prisioneros mientras negociaban un rescate con sus familias. Un rescate que fue pagado, pero que no salvó de ser asesinados a los empresarios. Además, su muerte se produjo por ahogamiento.
La mayoría de las víctimas de la represión en Teruel estaban adscritas ideológicamente a Acción Popular, a la Falange y al carlismo.
Emilio Campmany Libertad Digital 3 Febrero 2017
El sistema de nombramiento de jueces para altos tribunales no es lo mejor que tienen en EEUU, pero que el equívoco no quede entre nosotros: el nuestro es peor.
JORGE BUSTOS El Mundo 3 Febrero 2017
EDITORIAL El Mundo 3 Febrero 2017
La sombra del 3% es muy alargada. Aunque la Justicia española es lenta, los procesos siguen su marcha. Ayer, la Guardia Civil detuvo, por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), a 18 personas vinculadas a Convergència y a empresas públicas dentro de la Operación Pika por el cobro de comisiones en licitaciones. Esta operación es una derivada del caso Petrum, en el que se está investigando la financiación irregular de CiU, que nació en 2014 tras una denuncia contra el alcalde de Torredembarra (Tarragona), Daniel Massagué, por un delito contra la administración pública y por el que terminó encarcelado.
En esta ocasión, la investigación se centra en diversas operaciones del Ayuntamiento de Barcelona cuando estaba dirigido por Xavier Trias, como el concejal de Urbanismo Antoni Vives y afecta también directamente a políticos muy cercanos a Artur Mas. Entre estos, fueron arrestados Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona y amigo personal del ex president, y el ex secretario general de CDC, Francesc Sánchez -elegido por Mas para dirigir la transición de CDC al nuevo Partido Demócrata Europeo Catalán- y el ex tesorero de la formación, Andreu Viloca.
Junto a ellos fueron retenidos varios directivos de empresas como Pasquina, Grupo Soler, Rogasa y Oproler, acusados de haber pagado comisiones para beneficiarse de las adjudicaciones de diversos contratos públicos.
El Fiscalía detalló cómo los acusados amañaban los concursos para lograr las licitaciones "bajo la apariencia de legalidad" y acusa directamente a Viloca, tesorero también de la Fundación CatDem que recibía el dinero de las adjudicatarias, de controlar "de forma sistemática" los pagos que hacían los empresarios, que "serían sobornos bajo la apariencia de donativos". Los afectados por esta nueva redada contra la corrupción de CiU están acusados de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Esta nueva operación es otra muestra palmaria del sistema corrupto que había instaurado Convergència allí donde tuvo algún poder en Cataluña. Y que ese sistema estaba enraizado en la cúpula del partido y de sus fundaciones. No hay más que ver la lista de acusados, colaboradores directos de los líderes del partido y altos cargos de la Administración catalana. Por eso y aunque las investigaciones judiciales no han llegado todavía a Artur Mas -o a Xavier Trias-, no es demasiado aventurado pensar que estuvieran al tanto de las irregularidades. Y, en el caso más favorable para ellos, tienen que asumir las responsabilidades políticas que se derivan de no haberse enterado de estar trabajando durante años con presuntos ladrones de guante blanco, que montaron a su alrededor una trama organizada que sirvió para financiar a CDC, por una parte, y a crear una red clientelar de empresas que sólo podrían trabajar con el sector público Catalán si aceptaban el chantaje.
Por acción o por omisión, Artur Mas, presidente de la Generalitat y líder de CDC durante los hechos que se investigan, es responsable y, como mínimo, debe dar explicaciones cuanto antes a los catalanes. Pero la propaganda independentista se escudó ayer de nuevo en el victimismo y presentó la redada como un nuevo ataque del Estado al proceso soberanista.
Mas no quiere asumir responsabilidades ni va a dar la cara ante los ciudadanos para explicar estos hechos bochornosos de Convergència. Sin embargo, ha organizado una campaña propagandística en torno a su figura con motivo de su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona la próxima semana por desobediencia al organizar la consulta del 9-N de 2014.
Es un ejemplo más de cómo la deriva secesionista intenta tergiversar la realidad en Cataluña. En la búsqueda de una utopía imposible, el independentismo deja de lado la cuestión trascendental que ha marcado la vida política catalana en los últimos decenios: la creación de una inmensa red de corrupción que sirvió para el enriquecimiento personal de algunos -como la familia Pujol- o para asegurar la permanencia en el poder de un auténtico régimen político basado en la extorsón. Ahora, la escalada independentista crece pareja a las investigaciones sobre la corrupción de CiU.
‘El 6-F ens jutgen a tots’
Antonio RoblesLibertad Digital 3 Febrero 2017
¿Se pueden imaginar a Bárcenas acogiéndose a sagrado en nombre del pueblo español? ¿Verdad que suena a chiste?
¿Qué cuerpo se le quedaría si Bárcenas y sus amigotes de corrupción llamaran a la sublevación contra el juez que debía juzgarlos amparándose en que su proceso es un ataque a la nación española? ¿Ridículo, verdad?
Pues bien, Artur Mas lo está haciendo sin pudor alguno mediante la campaña El 6-F ens jutgen a tots ("El 6-F nos juzgan a todos"). Efectivamente, el próximo 6 de febrero tendrá que presentarse ante los tribunales por convocar el referéndum ilegal del 9-N. Pero lo juzgan a él, no al pueblo de Cataluña ni a Cataluña. Las entidades que organizan el atentado contra la separación de poderes (L’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM) pretenden rodear el Palacio de Justicia para impedir que se le juzgue. Incluso llamando desde el Gobierno de la Generalidad a faltar al trabajo para sumarse al linchamiento de la ley.
¿Se pueden imaginar a Bárcenas acogiéndose a sagrado en nombre del pueblo español? ¿Verdad que suena a chiste? Pues entonces, ¿por qué estos indepes del 3% y sus medios jalean al ciudadano corriente, y buena parte de ellos cae en el delirio, indignada contra las reglas del Estado de Derecho?
Mucho mal ha hecho el adoctrinamiento catalanista desde que Pujol tomó el Gobierno de la Generalidad en 1980. No es un problema surgido en 2012, como suelen repetir ciudadanos recién llegados a la refriega independentista. Se engendró el día mismo que entró Jordi Pujol en la Generalidad y puso en marcha su delirante construcción nacional mediante una sucia y taimada ingeniería social. Una hoja de ruta que incluía torcer el derecho hasta convertirlo en un guiñol y llamar democracia a lo que la niega.
El esperpento jurídico ha llegado tan lejos que ayer, 1 de febrero de 2017, y hoy, 2 de febrero, sendos manifiestos surgidos de los profesionales del Derecho se rebelan ante la mofa diaria que nuestros nacionalistas hacen de él. El primero: Manifiesto de abogados catalanes con la Constitución, celebra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado 1/12/2016 que condena al Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña (Cicac) por vulnerar los derechos fundamentales de sus colegiados, entre ellos el de libertad ideológica, por haberse adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir sin respetar el parecer de sus miembros.
El manifiesto, encabezado por Ramón de Veciana, muestra su preocupación porque los órganos de gobierno de nuestros Colegios profesionales, en nombre de todo el colectivo profesional, den respaldo a instituciones, entidades o grupos que menosprecian la Constitución, desautorizan constantemente las decisiones del Tribunal Constitucional, incitan a la desobediencia de las decisiones judiciales y defienden la vía de hecho como un método admisible para hacer realidad sus proyectos políticos, al margen de los procedimientos previstos por el propio ordenamiento jurídico para su eventual reforma. Se empieza por el desprestigio de los Tribunales, se sigue con la desobediencia a sus decisiones, y se acaban violando los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
El otro manifiesto, El Derecho, al servicio de las libertades, quiere dejar sentado que "no hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley". Quieren dejar sentado que no hay democracia fuera de la ley y que comienza a ser bochornoso que políticos y medios prostituyan el lenguaje del Derecho para obligarles a decir lo que no dice.
Sus impulsores han sido Eloy Moreno, Pere Lluís Huguet y Manuel Piñol, y entre sus firmas figuran abogados tan prestigiosos como Eugeni Gay Montalvo.
Hoy, más que nunca en Cataluña, viene a cuento citar las esperanzadoras palabras de Abraham Lincoln: "Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo… Se puede engañar a algunos todo el tiempo… Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".
Editorial La Razon 3 Febrero 2017
La oleada de detenciones y registros llevados a cabo ayer en Cataluña por la Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, ha tocado de lleno al círculo más próximo del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas. La operación policial se enmarca en la investigación de la financiación irregular de la antigua Convergència, el conocido «caso del 3 por ciento», y también salpica notablemente la gestión del Ayuntamiento de Barcelona llevada a cabo durante el mandato del alcalde Xavier Trías.
Como era de esperar, los portavoces convergentes se han apresurado a vincular la actuación de la Fiscalía con la creciente tensión separatista, ignorando deliberadamente que el procedimiento judicial es previo al proceso de ruptura impulsado desde la propia Generalitat. Es tal la evidencia, que una de las concejales de la CUP en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, María José Lecha, descartaba ayer la fábula de la represalia por el proceso independentista, insistiendo en que la investigación viene dada por «denuncias del pasado», entre las que se cuentan las de la propia CUP.
Contrasta esta postura con el desairado papel del vicepresidente del Gobierno de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha tratado de nadar entre el conocimiento general de una corrupción que también su propio partido había denunciado y las obligaciones y pactos que le atan con la antigua Convergència. Mal puede casar el apoyo público de ERC a Artur Mas –que el próximo lunes se sienta en el banquillo del TSJC para responder por su actuación en el referéndum ilegal de 2014– con el hecho de que entre las personas que han sido detenidas o interrogadas por la Guardia Civil se encuentran algunos primeros espadas del equipo del ex presidente. Por ejemplo, Francesc Sánchez, a quien Mas le encargó que dirigiera la transición entre la vieja organización de CDC y la nueva de PDEcat. También destaca por su vinculación personal con Mas el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, que fue senador de la minoría catalana entre 1993 y 2004. O el ex gerente del consistorio barcelonés, Constantì Serrallonga, actualmente al frente de la FIRA, una de las instituciones más prestigiosas del Principado.
Pero mientras la investigación judicial sigue su curso –con los tiempos a los que nos tiene acostumbrados la Justicia española– y se va desvelando la compleja trama de financiación ilegal de Convergència, que cada vez se intuye más extensa, parece llegado el momento de que el Gobierno de la Generalitat, que preside el convergente Carles Puigdemont, cumpla con uno de sus deberes básicos para con los ciudadanos de Cataluña como es el de dar explicaciones y cuentas de unas prácticas corruptas de larga data que han perjudicado gravemente la gestión de los fondos públicos, con sobrecostes y desvíos por valor de cientos de millones de euros.
También debería explicar las consecuencias de una política clientelar que primaba injustamente a unas empresas sobre otras. En definitiva, los catalanes, y el resto de los españoles, tienen derecho a saber de la propia Generalitat cuál es el alcance de las acusaciones judiciales de financiación ilegal, blanqueo de capitales, cohecho y malversación que atañen a respetables instituciones de Cataluña y qué medidas piensa tomar. Tarde o temprano, la realidad de las cosas acabará por dispersar la cortina de humo del proceso separatista y pondrá a los actuales gobernantes de Cataluña ante las responsabilidades propias de una gestión nefasta para el interés común. Entonces ya no valdrá parapetarse detrás de las banderas del victimismo.
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 3 Febrero 2017
Las leyes viven una inaudita situación en Cataluña: de una parte están los ciudadanos, obligados a acatarlas y objeto, si no lo hacen, de la sanción correspondiente; de otro, los poderes autonómicos que, además de pisotear las leyes con insufrible chulería, acusan a quienes tratan legalmente de impedírselo de ¡atacar a Cataluña! Para entendernos: mientras los administrados pagan las multas de tráfico o las sanciones urbanísticas que les impone el Gobierno de la Generalitat aplicando la legislación del Parlamento catalán, uno y otro se consideran con pleno derecho a violar impunemente la Constitución y las leyes estatales.
Es esa estrafalaria convicción la que explica que las instituciones autonómicas lleven meses preparando un referendo ilegal y delictivo sobre la secesión de Cataluña con la misma tranquilidad con que actuarían si administrasen sus propias competencias. Tal espectáculo, concebible en una república bananera, resulta tan escandaloso en un moderno Estado de derecho que la falta de una efectiva respuesta estatal al desafío secesionista constituye ya, sin duda, un fuerte incentivo para la acción conspirativa a través de la que los independentistas planean, desde el poder autonómico, una sublevación en toda regla contra la unidad del Estado y la soberanía nacional.
Tanto el Gobierno como la gran mayoría parlamentaria que representan el PP, el PSOE y Ciudadanos parecen actuar convencidos de que la mejor política es la del laissez faire, laissez passer, con la esperanza de que, antes o después, los sublevados se achantarán ante la descomunal evidencia de la monstruosa ilegalidad de sus acciones. A medida que pasan las semanas, el creciente matonismo político de los independentistas demuestra, sin embargo, de un modo incontestable, que tal esperanza es no solo ingenua sino absolutamente irresponsable, pues no hace otra que posponer, en menoscabo de quienes defienden la Constitución, un choque que parece ya trágicamente inevitable.
Por eso ya no es suficiente con que la Vicepresidenta repita una y otra vez la evidencia de que el referendo es ilegal y que el presidente insista en aquello de lo que nadie tiene duda: que no permitirá la violación de la soberanía nacional. El paso de gigante al que avanza la sublevación secesionista exige que el Gobierno, su presidente y la amplísima mayoría constitucionalista de las Cortes (PP, PSOE y C’s) anuncien, con tanta firmeza como cerrada solidaridad, que el Estado democrático suspenderá, sobre la base de lo previsto en el artículo 155 de la Constitución, las competencias de todos los órganos autonómicos que participen en la preparación y convocatoria de un nuevo referendo, que venga a repetir el escándalo legal y la vergüenza democrática del que se celebró en 2014.
Hemos llegado a un punto en que las cosas se presentan en forma de una fatídica ecuación: cuanto más tarde en parársele los pies a los secesionistas mayor será el precio que hacerlo supondrá para nuestra convivencia en paz y en libertad.
¿Qué más debe pasar para aplicar el artículo 155?
Gonzalo Bareño La Voz 3 Febrero 2017
«Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Lo que antecede es el artículo 155 de la Constitución, aprobada por una mayoría del 88,54 %, aunque en Cataluña esa proporción se elevó al 90,46 % de síes. Solo un 4,61 % de los catalanes rechazó la Constitución, el porcentaje más bajo de todas las autonomías después del de Canarias. De los siete padres de la Constitución, dos de ellos (un 28,5 %) eran catalanes.
Aunque ese artículo 155 fue puesto ahí por algo, durante 35 años la posibilidad de que el Gobierno de España interviniera para obligar al Ejecutivo de una comunidad a cumplir sus obligaciones constitucionales se antojaba completamente fuera de lugar. No faltaron tensiones, algunas muy graves, entre el Estado central y comunidades como Navarra, País Vasco o Cataluña. Pero nadie puso en duda la lealtad de los gobiernos de esas autonomías ni estos dieron motivos para ello, por lo que aplicar el 155 habría sido algo desproporcionado y gravísimo que a nadie, con razón, se le pasó por la cabeza.
En los últimos años, sin embargo, esas circunstancias han cambiado radicalmente. La Generalitat de Cataluña ha incumplido reiteradamente las obligaciones que la Constitución le impone; ha atentado gravemente contra el interés general de los españoles, muy especialmente de los catalanes, y ha dado sobradas muestras de deslealtad. Sucintamente, el Gobierno catalán ha convocado una consulta prohibida expresamente por la Constitución y anulada previamente por el Tribunal Constitucional. Ha desobedecido con reiteración las resoluciones del alto tribunal. Ha utilizado ilegalmente fondos públicos para promocionar la secesión -cuando no la sedición- y ha creado estructuras administrativas propias sin amparo constitucional. El Parlamento catalán ha aprobado, en contra de la prohibición del Constitucional, una resolución independentista. Según el juez Santiago Vidal, la Generalitat obtiene ilegalmente los datos fiscales de todos los catalanes y oculta una partida de 400 millones de euros en sus Presupuestos para financiar otra consulta inconstitucional. Y, presuntamente, utiliza a los Mossos d’Esquadra para espiar ilegalmente a españoles fuera de Cataluña.
¿Qué más tiene que suceder para que el Gobierno se plantee al menos la aplicación de un artículo 155 de la Constitución que -recuérdese- no implica en ningún caso la suspensión de la autonomía, sino simplemente garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa del interés general? Si no piensa hacerlo en ningún caso, debería incluir su derogación en la reforma de la Constitución.
Luis Ventoso ABC 3 Febrero 2017
EN TRES PALABRAS: CALIDAD, CONFIANZA EUSKERA
El Gobierno abertzale de Navarra fomenta la inmersión en euskera
El actual ejecutivo regional, integrado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IU, está empeñado en la inmersión lingüística en su territorio y ha elaborado el Plan Estratégico Euskera 2016-2019 y para el ejercicio 2017 ha presupuestado 3,1 millones de euros.
En el año 2015 el Gobierno abertzale de Navarra que preside Uxue Barkos, de Geroa Bai, reformó la “Ley Foral del Vascuence” mediante trámite parlamentario. En esa reforma se ampliaba a la zona no vascófona de Navarra la extensión del Modelo D, en el que un tercio de la educación se imparte en la lengua regional del País Vasco.
Ahora, el Gobierno que preside Barkos ha decidido invertir 50.000 euros en una campaña para realizar la inmersión lingüistica para el próximo curso escolar. Con el lema: “Su educación en tres palabras: calidad, confianza, euskera. Su futuro en tres lenguas; euskera, castellano, inglés”, se da comienzo a la promoción en prensa, revistas, digitales, impresos y marquesinas de autobús para extender el Modelo D en toda la comunidad de Navarra.
Además, ya se han celebrado 13 reuniones informativas en centros de enseñanza públicos, entre los que se encuentran tres ikastolas, y están programadas otras cinco convocatorias de este tipo.
El vascuence es lengua cooficial en Navarra, pero su uso es muy limitado porque, tradicionalmente, solamente se empleaba en la zona del noroeste próxima a Guipúzcoa. En el resto del territorio no ha tenido nunca una presencia significativa porque los navarros nunca lo emplearon de manera habitual.
Los datos son más que llamativos: la población bilingüe no alcanza el 14%. Además, en las oposiciones convocadas por el Gobierno de Navarra, los que eligen la vía de examen en vascuence no superan el 3% de los aspirntes.
Pero el actual ejecutivo regional está empeñado en la inmersión lingüística en su territorio y ha elaborado el Plan Estratégico Euskera 2016-2019 para el que no piensa escatimar recursos y solamente para el ejercicio 2017 ha presupuestado 3,1 millones de euros.
Este plan no está dirigido solamente a la inmersión en los centros escolares, pretende hacer labores de captación de vascoparlantes en otros ámbitos de la sociedad. Así, el Ejecutivo navarro en el que están presentes Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IU, se ha planteado fomentar el uso de la lengua vasca dentro de las familias, a las que considera como la vía principal para ganar nuevos hablantes.
El euskera y el catalán se hacen fuertes en el Cervantes pese a tener sus propios institutos
Borja Jiménez okdiario 3 Febrero 2017
El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español. Sin embargo, las lenguas regionales se están haciendo muy fuertes, pese a que el vasco tiene el Instituto Etxepare, el gallego el Instituto Da Lingua Galega y el catalán el Ramon Llull, que también son públicos y tienen la finalidad de expandir su idioma en el extranjero.
Asociaciones defensoras del castellano, como el Círculo de castellanohablantes de la Comunidad Valenciana, han puesto el grito en el cielo, hartos del menosprecio que el castellano está sufriendo en el Instituto Cervantes, que oferta de igual modo cursos de castellano como de euskera, gallego o catalán..
Estas asociaciones se preguntan por qué el Instituto Cervantes tiene que ofertar cursos de lenguas regionales, cuando la finalidad de esta institución es “promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español”, tal y como ellos mismos recogen en su página web.
El Instituto Vasco Etxepare tiene como misión “difundir la lengua y la cultura vasca por todo el mundo”, como el Instituto da Lingua Galega o el Instituto Ramon Llull, que “es un organismo público creado con el objetivo de promover en el exterior los estudios de lengua catalana en el ámbito académico, la traducción de literatura y pensamiento escritos en catalán, y la producción cultural catalana en otros ámbitos como el teatro, el cine, el circo, la danza, la música, las artes visuales, el diseño o la arquitectura”, tal y como ellos mismos se autodescriben en su página web.
El Círculo de castellanohablantes de la Comunidad Valenciana recuerda que “Francia tiene el Institut Français; Portugal, el Camoens; Alemania, el Goethe Institut; Gran Bretaña, el British Council y España tiene (o tenía) el Instituto Cervantes para promoción del español, con un prestigio impresionante e imparable. De este prestigio se vienen beneficiando las lenguas regionales de España que, no contentas con sus cursos súper-subvencionados (…) quieren echarlo (al español) de su casa o, sibilinamente, dejarlo en el cuarto oscuro donde nadie lo vea”.
En este sentido, no son los únicos que advierten de que “el castellano lleva camino de convertirse en la única lengua de España que no tendrá un Instituto propio para la promoción y difusión de su lengua”.
Un informe secreto de la Generalitat destapa la gran mentira de la independencia
ESdiario 3 Febrero 2017
Una cosa es lo que dicen los independentistas de puertas para fuera y otra bien distinta la cruda realidad. Ha salido a la luz los documentos internos de los que no quieren ni oír hablar.
Una cosa es lo que dicen los dirigentes catalanes públicamente y otra bien distinta lo que saben. De hecho, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, maneja documentos internos que dejan bien claro lo contrario de lo que dice cada vez que alguien le quiere escuchar. A saber: aplicar la independencia resultaría extremadamente complicado incluso en el caso de que fue el resultado de un referéndum pactado con el Estado español.
Según publica este jueves La Vanguardia, esta es la principal conclusión de un informe sobre una eventual consulta de autodeterminación acordada entre la Generalitat y el Gobierno central (Un referèndum acordat sobre la independència de Catalunya: algunes claus jurídiques per a una hipotètica negociació política) que ha elaborado el Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA), dependiente del departamento de Presidencia.
El propio Puigdemont le encargó el estudio en marzo al director del IEA, Carles Viver Pi-Sunyer, y en él se señala que la aplicación jurídica del resultado de un referéndum pactado que fuese favorable a la independencia requeriría una reforma de la Constitución que, llevada a cabo de acuerdo con los mecanismos previstos de los artículos 167 o 168, sería “extremadamente compleja de negociar y de aprobar tanto por los grandes partidos políticos españoles como por la ciudadanía española en conjunto”.
Y es que una reforma de la Constitución para reconocer la independencia conllevaría una consulta a todo el pueblo español para ratificarla, que salvo un cambio radical del contexto político difícilmente saldría adelante, ante lo que el informe concluye que “intentar aplicar los resultados del referéndum a través de la reforma explícita de la Constitución podría llevar a un callejón sin salida”.
Con este panorama sobre la mesa, el IEA plantea como alternativa “negociar con el Estado una vía de reconocimiento informal”, que podría concretarse en “una declaración del presidente del Gobierno español por televisión” o en “un acuerdo político entre partidos sin formalización jurídica”, a partir del que “podría iniciarse la estrategia del reconocimiento internacional por parte del resto de Estados y organizaciones internacionales”, de manera que “una vez Cataluña se convierta en nuevo sujeto de derecho internacional ya no sería una cuestión objeto de regulación constitucional española”. En otras palabras, que el estudio deja a criterio del acuerdo político la aplicación del resultado del referéndum pactado, al considerar que, en la práctica, es la única vía factible.

References: resolución 
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 resolución 
 artículo 155