Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15893
Timestamp: 2018-04-23 05:27:43+00:00

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Sentencia C-037 de 2000 Corte Constitucional
En abierta contradicción con lo anterior –dice-, la excepción de ilegalidad que contiene la norma demandada, al igual que el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, otorga a los servidores públicos encargados de aplicar las normas, la facultad de hacer inoperantes en ocasiones los actos administrativos, cuando ellos resulten contrarios a una ley de mayor jerarquía, aunque no hayan sido demandados formalmente ni exista una declaración en ese sentido por parte del juez competente.
"En consecuencia, resulta obligado concluir que, en tanto que los actos administrativos no se encuentren anulados o suspendidos, dichos actos deben ser aplicados, vale decir, obedecidos tanto por los particulares como por la administración."1 (Negrillas fuera del original)
2. Un sector de la doctrina, comparte la posición según la cual el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 se encuentra tácitamente derogado. En sustento de dicha interpretación aduce igualmente que la norma se justificaba en la época en la cual fue expedida, para cuando no existía un control judicial de legalidad sobre los actos administrativos.2
3. No obstante lo anterior, la Corte encuentra que otro sector de la doctrina3 y el mismo Consejo de Estado, han sostenido la posición contraria. En oportunidades posteriores a la entrada en vigencia del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), lo cual sucedió en el año de 1984, el h. Consejo de Estado ha dado aplicación al artículo 12 de la Ley 153 de 1887, lo cual parece indicar que en esas ocasiones no consideró que tal disposición estuviere derogada. Así por ejemplo, en Sentencia del 5 de diciembre de 19904, la Sección Tercera de esa Corporación Judicial se expresó de la siguiente manera:
Tenemos entonces que, de manera general, la normatividad jurídica emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal. Existen, sin embargo, dentro del marco de la Constitución, otras disposiciones no emanadas del Congreso a las cuales se les da un rango especial. Tal sería el caso de los reglamentos autónomos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 355 superior, el de aquellas facultades del contralor general de la República otorgadas por el artículo 268 inciso 1° ibídem, aquellas otras de las autoridades de los pueblos indígenas contempladas en el artículo 246, las de las altas corporaciones judiciales consignadas en los artículos 235 numeral 6°, 237 numeral 6° y 241 numeral 11, o, en general, la fuerza vinculante que se reconoce a la doctrina constitucional integradora, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación.5 Así, en casos como los anteriores, el legislador tiene que respetar la autonomía de estas entidades en sus respectivas competencias.
"Una ley ordinaria tiene entonces que respetar los mandatos de la legislación orgánica; no puede entonces una ley ordinaria derogar una ley orgánica, ni tampoco invadir su órbita de competencia." 6
"No todas las normas jurídicas de un ordenamiento tienen la misma jerarquía. Existe entre ellas una estratificación, de suerte que las normas descendentes deben sujetarse en su fondo y en su forma a las normas superiores. La no conformidad de una norma con sus superiores jerárquicas la convierten en derecho positivo susceptible de ser retirado del ordenamiento, que tiene la virtud incluso de hacer desaparecer del mundo jurídico la norma así imperfectamente expedida mediante los controles pertinentes. La Constitución es la primera de las normas. Es por ello que cualquiera otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más modesto de la República, debe sujetarse en primer lugar a la Constitución." 7
"Es igualmente importante que este nuevo organismo determine el alcance de los derechos y libertades públicas, creando una interpretación estable y coherente sobre su ejercicio..." (Negrillas por fuera del texto original).
"... De lo dicho se deriva la idea de que el juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y sus normas- con la ley y con los hechos hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho 8 ."9
"...sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella."10
"Por ejemplo una autoridad municipal de policía al momento de dirimir un asunto no debe consultar primero las orientaciones del alcalde ni las previsiones de los acuerdos municipales ni las disposiciones departamentales ni las reglas de los códigos nacionales. En primer lugar dicho funcionario debe consultar la Constitución -que es norma normarum. Después -y sólo después-, se debe ciertamente consultar el resto del ordenamiento."11
21. En primer lugar, porque tratándose de una excepción al principio de aplicabilidad y obligatoriedad de normas jurídicas, la misma debe ser de interpretación restringida. En efecto, la aplicación analógica debe desecharse cuando la disposición que se pretende extender contiene una excepción a la norma general, pues en este caso es la norma general y no la excepción lo que debe ser aplicado. En el caso presente, la norma general –de rango constitucional- es el principio de obligatoriedad del ordenamiento jurídico, el cual es consubstancial a la noción misma de Estado de Derecho, pues justamente lo que distingue las normas jurídicas de los demás sistemas normativos, es esta característica de ser de imperativa observación por parte de sus destinatarios. A esta realidad se refirió la Corte cuando afirmó:
"El principio que rige la operatividad del Estado de Derecho y que hace posible el funcionamiento de las instituciones es el de la obligatoriedad y ejecutabilidad de las normas que, dentro del esquema de la organización política, profieren los organismos y las autoridades competentes, según la Constitución. En general, la norma jurídica, independientemente de su jerarquía, obliga a sus destinatarios y es deber de las autoridades públicas, en el ámbito de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, hacerla efectiva."12
La independencia de los jueces no tiene el significado de privilegio ni de abierta exoneración de responsabilidad. Esa independencia, lejos de ser una invitación a la arbitrariedad, es el medio que resguarda su autonomía e imparcialidad para poder proferir sentencias justas y conforme a derecho."13
"En el artículo 243 de la Carta se consagra la denominada ‘cosa juzgada constitucional’, en virtud de la cual las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional presentan las siguientes características:
"- Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional".14
‘Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos ...’ (Subraya de la Sala)15" 16
Coincido con el concepto emitido por el Procurador General, en el sentido de que el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, fue derogado por los artículos 66 del C.C.A y 238 de la C.P. Creo, además, que la expedición de la Constitución comportó la derogación de todas las normas examinadas. La ordenación de las fuentes que se plasma en esas normas gira en torno del papel central de la ley y se establece con base en el principio de jerarquía, connatural a un Estado unitario y monolítico en el cual la importancia, peso y gradación de los actos en los que se exterioriza el derecho dependen de la posición que ocupe el órgano respectivo en la estructura del Estado. El sistema de fuentes ha sufrido un giro copernicano que escapa forzosamente a estas normas decimonónicas. En primer término, la Constitución se autopostula como norma normarum. En segundo término, la Constitución introduce un cambio estructural y cualitativo notable al consagrar principios y valores, llamados a reflejarse en todo el ordenamiento. En tercer lugar, la apertura del poder tanto al pueblo como a distintos colectivos – en virtud del principio democrático y participativo; del reconocimiento del pluralismo étnico, cultural y político; del principio de autonomía territorial -, que se traduce en nuevas formas y categorías jurídicas y en el desplazamiento dentro de ciertas esferas y contextos de acción de las precedentes, modifica el mapa de las fuentes y alienta dentro de ciertos márgenes el pluralismo normativo. En cuarto lugar, el Estado social de derecho, implica que los ámbitos de lo estatal y lo jurídico se transforman en espacios en los que a través de las formas jurídicas se proyecta de manera penetrante la comunidad como productora de derecho. En quinto lugar, junto al Congreso, otros órganos del Estado – los jueces -, determinan las fuentes más como resultado histórico de su función de reconocimiento de los procedimientos, hechos y actores que generan el derecho que como traductores pasivos de una simple lista taxativa y ordenada de categorías suministrada por la ley. En la sentencia de la Corte es loable pero vano su esfuerzo de encajar la dinámica de un cambio de poder – por tanto de fuentes -, operado por la Constitución, en el estrecho marco de una caduca legislación que servía de brújula sí pero para moverse dentro de otro sistema muy distinto del actual, que sustancialmente cambió las coordenadas jurídicas anteriores.
1 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de Junio 13 de 1997. Exp. 7985. M.P. Germán Ayala Mantilla.
2 Cf. Vidal Perdomo, Jaime. DERECHO ADMINISTRATIVO. Biblioteca Banco Popular. Cali 1978
3 Cf. Rodríguez R. Libardo. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y COLOMBIANO . Ed. Temis. Bogotá 1998.
4 M.P. doctor Libardo Rodríguez Rodríguez.
5 Cf. Sentencia C-083 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6 Sentencia C-600A de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero
7 Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero
8 Capelletti, Le pouvoir des juges, Press Universitaire d'aix-Marseille, 1990, p. 35
9 Sentencia T- 406 de 1992. M. P. Ciro Angarita Barón.
10 Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
11 Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero
13 Sentencia C-486 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-131 del 1o de abril de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
15 Sentencia C-083 de 1995. M. P. Carlos Gaviria Díaz
16 Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

References: artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 355
 artículo 268
 artículo 246
 artículo 243
 artículo 12