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Timestamp: 2020-06-04 21:39:33+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 31, de 30/03/2016
cve: DSCD-11-CO-31
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 31
- Por la que se insta al Gobierno a que exija a la dirección del grupo Tragsa la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000064) ... (Página2)
- Sobre el restablecimiento del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000072) ... (Página7)
- Relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de un plan de empleo para la comarca de Puertollano. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000143) ... (Página13)
- Relativa a la despenalización del derecho de huelga. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000149) ... (Página19)
- Sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación laboral española de la Carta Social Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000165) ... (Página24)
Debate y votación de la solicitud de creación de la subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 158/000003) ... (Página29)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EXIJA A LA DIRECCIÓN DEL GRUPO TRAGSA LA APERTURA INMEDIATA DE UNA MESA DE DIÁLOGO CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES QUE PERMITA PLANTEAR UN NUEVO PLAN EMPRESARIAL DIRIGIDO A INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO DEL GRUPO PÚBLICO EMPRESARIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000064).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de esta segunda reunión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social en la que, en primer lugar, vamos a debatir las cinco proposiciones no de ley acordadas en la última reunión de Mesa y portavoces. La hora de votación de las distintas proposiciones no de ley y de la propuesta de creación de una subcomisión en materia de mejores prácticas para el empleo juvenil -por ser breve con el título- no tendrá lugar antes de las dieciocho horas.
Empezamos por tanto con la primera proposición no de ley, que insta al Gobierno a que exija a la dirección del grupo Tragsa la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permita plantear un nuevo plan empresarial, dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con número de expediente 161/000064, y la defiende la representante del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene, según los nuevos tiempos de intervención acordados, un tiempo no superior a cinco minutos para presentarla.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenas tardes. Gracias, presidente.
En primer lugar, quisiera saludar a los trabajadores del Grupo Tragsa que hoy nos están siguiendo a través de Internet, impacientes pero con esperanza; unos trabajadores que han demostrado capacidad de lucha y compromiso en defensa de sus empleos y de la dignidad en el trabajo; trabajadores y trabajadoras que desde el minuto uno han contado con el apoyo firme del Partido Socialista, acompañándoles en sus encierros, en sus concentraciones, y también presentando iniciativas en los parlamentos autonómicos hasta llegar hoy aquí.
El Grupo Tragsa, conformado por Tragsa, Tragsatec, Cytasa y Tragsa Brasil, lleva treinta y siete años de servicio público en nuestro país atendiendo emergencias, catástrofes, accidentes, dando respuesta efectiva e inmediata; también presta servicios en sectores como el agrícola, el ganadero, el forestal, la consultoría, la salud pública y el desarrollo rural entre otros. El Grupo Tragsa pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, un grupo cien por cien publico que cuenta con delegaciones en todas las provincias del país, un grupo este, Tragsa, que trabaja en exclusiva para la Administración y que no ha sido ajeno a la crisis económica. En septiembre de 2013 la dirección de Tragsa y Tragsatec comienzan a negociar un procedimiento de despido colectivo alegando causas económicas. La reforma laboral del Partido Popular justificaría ese despido al encadenarse más de tres trimestres consecutivos con caída interanual de los ingresos. El proceso acabó sin pacto y la empresa unilateralmente determinó que 1.336 desempleados se irían a la calle con veinte días por año y el tope de una anualidad. Reforma laboral del Partido Popular en estado puro. En abril de 2014 la Audiencia Nacional anula este ERE, entre otros motivos por la falta de criterio en la selección de los afectados, los 726 de Tragsa y los 610 de Tragsatec, reingresando los que habían sido despedidos. La empresa recurre y en noviembre de este año pasado el Tribunal Supremo publica una sentencia por la que el Grupo Tragsa podría ejecutar el procedimiento inicial.
En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que continuar con este procedimiento es injusto, es un sinsentido, y sobre todo es una decisión equivocada. Continuar con este procedimiento afecta directamente a la economía del país, a los trabajadores, pero también a los ciudadanos como destinatarios del servicio que ofrecen estas empresas, y lo es porque pasados dos años desde el inicio del procedimiento los datos económicos y productivos del grupo demuestran que la situación ha cambiado, las causas alegadas ya no existen; de hecho lo que sí hay es un aumento en la carga de trabajo y se está contratando a personal eventual. Por cierto, no puedo olvidar que ante una situación difícil se pidió un esfuerzo a la plantilla, que no se exigió a la sobredimensionada estructura directiva, sino que se le siguieron ingresando
importantes bonus; trabajadores estos, más de un centenar, que cobran por encima del salario del presidente del Gobierno de este país.
Es lamentable lo que se ha hecho a los trabajadores con nocturnidad y alevosía, con falta de transparencia, pero sobre todo de ética. Son decenas los trabajadores que se enteraron de sus despidos en plena Navidad, porque en su cuenta corriente había un dinero que no sabían de dónde había salido, porque se encontraron la indemnización por despido antes de que la empresa les comunicara la extinción del contrato. A día de hoy la lucha y la presión de los trabajadores y sus representantes han paralizado el expediente, pero se ha despedido a 555 trabajadores del grupo, 555 trabajadores y trabajadoras de entre 48 y 60 años en su mayoría que tenían contratos estables. Y, repito, los números económicos actuales no justifican la resolución de estos contratos. Aquí radica el fondo de toda esta operación: una clara y dirigida precarización del empleo, la apuesta por la destrucción del empleo estable. En mi comunidad autónoma, Castilla y León, una de las comunidades con más afectados, hemos visto cómo minutos después de comunicarse los despidos se publicaron ofertas de empleo con los mismos perfiles y para el mismo trabajo, eso sí, con peores condiciones laborales y ganando menos salario. Esta es la política laboral del Partido Popular, esa reforma que decían que iba a crear empleo, pues buen ejemplo el que traemos hoy a esta Comisión. Por cierto, una sinrazón, como decía, calculada al milímetro para que esto sucediera después del 20 de diciembre, después de las elecciones generales. Solo espero que el próximo Gobierno de España tenga más sensibilidad que la que ha mostrado este Gobierno de Rajoy.
Los socialistas por tanto creemos que una empresa pública como Tragsa debe ser ejemplar en la buena gestión, en el trato a sus trabajadores y en la protección del empleo, la empresa debe volver al punto cero en la negociación y readmitir a los 555 despedidos. Los trabajadores han demostrado voluntad negociadora y disposición para alcanzar un acuerdo justo; eso sí, hemos echado de menos alguna declaración de la ministra Tejerina o del presidente de SEPI, hemos echado de menos también congruencia en el Partido Popular, porque en unos parlamentos autonómicos a iniciativa del PSOE ha apoyado a los trabajadores y en otros no; no sé qué harán hoy.
Por todo ello, pero sobre todo por todos ellos y por todas ellas, es de justicia que esta Comisión se pronuncie hoy positivamente en torno a los acuerdos demandados por los trabajadores y sus representantes, que no son otros que los presentados en la proposición del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Gracias también por ajustarse al tiempo.
Tienen ahora la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, su intervención será por un tiempo no superior a tres minutos cada uno. En primer lugar, para defender las enmiendas 1 y 2 presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el diputado Alberto Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros evidentemente vamos a votar a favor, vamos a apoyar esta PNL como continuación del apoyo que le hemos dado a la plantilla, un apoyo cercano en todas las movilizaciones, en todas las concentraciones que han hecho, y en diversas reuniones que hemos tenido con la práctica totalidad de la representación sindical. Para nosotros y para nosotras el caso de Tragsa es paradigmático, es un ejemplo práctico de los Gobiernos y sus políticas del sufrimiento y de sus políticas de austeridad que nos han traído hasta aquí. Por un lado, tenemos una aplicación feroz de la reforma laboral, como ya la compañera comentaba, ya que muchos de los trabajadores y de las trabajadoras se enteraron de su despido en plena Navidad vía sms, porque les llegaba un mensajito del banco con el que les avisaban de que habían cobrado una cantidad de dinero; no sabían de qué venía y descubrieron que era la indemnización por despido. Así se está actuando, así está actuando el Gobierno del Partido Popular en una empresa pública. Además se da la circunstancia de que con esta destrucción de empleo que está habiendo, los 555 compañeros y compañeras despedidos están siendo sustituidos por empleo temporal, y se está parcializando el empleo realmente. De un puesto de trabajo digno se están sacando tres en precario, y como ejemplo de ello, mientras se negociaba el ERE y durante los treinta días del periodo de consulta, fueron contratados más de 400 trabajadores de manera temporal mientras se negociaba para despedir a más de 500 con empleos estables y fijos.
También es otro ejemplo clarísimo del funcionamiento de las dinámicas de puertas giratorias, de corrupción y de enchufismo que han caracterizado a los Gobiernos en los últimos años, con una estructura directiva totalmente sobredimensionada que no encuentra parangón alguno en empresas del ámbito privado -podría hacer incluso la comparación con la empresa en la que trabajaba, con mucho más empleados, y
que tiene una estructura directiva mucho más pequeña-, y aparte esa estructura directiva, todos esos puestos fuera de convenio cobraron el plus de dirección por objetivos y cobraron incentivos cuando se estaba despidiendo a la plantilla por abajo, y cuando se les estaba negando incluso el cobro de determinadas pagas. Por ello -y ya no nos extendemos más- nosotros y nosotras, que siempre hemos sido claros y claras en esto, solicitamos la readmisión inmediata de las 555 personas despedidas, con el drama humano y social que tienen detrás, y solicitamos también, como bien pone en la PNL y en las enmiendas, el impulso de un plan empresarial que tiene que ser consensuado con la plantilla y con la representación legal de los trabajadores, no solo para evitar la destrucción de empleo estable y de calidad, sino al contrario, porque creemos que es un sector y una empresa que ha demostrado sobradamente que hace su trabajo de manera digna y fiel a lo que está marcado en sus objetivos. Por tanto creemos que no solo se puede parar de destruir de empleo, sino por el contrario que se puede empezar a generar empleo público de calidad.
A continuación tiene la palabra para defender su enmienda el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don José Cano Fuster, también por un tiempo no superior a tres minutos.
Señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta una enmienda de supresión de los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, manteniendo el texto íntegro del punto 3. Es objetivo prioritario del Grupo Parlamentario Ciudadanos evitar la destrucción de puestos de trabajo y la apuesta por medidas de fomento e impulso del empleo. Llegados a este punto creemos que la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista es extemporánea, dado que el despido de los más de 500 trabajadores afectados ya está consumado, y la misma empresa da por finalizado el procedimiento de despido colectivo, sin necesidad de llevarlo a la totalidad de lo que autoriza el Tribunal Supremo por las nuevas circunstancias económicas. Además el verdadero problema de los trabajadores de Tragsa y sus filiales no se encuentra en el ERE en sí mismo, sino en la inseguridad jurídica que estos tienen y sus empresas. No puede obviarse sin embargo el carácter vinculante de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2015, y el deber constitucional de respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales, por lo que no puede ser respaldada una proposición no de ley en la parte que insta a que se impida la ejecución de una resolución judicial firme. Por tanto, atendiendo al carácter vinculante de las resoluciones judiciales, se formula enmienda de supresión de los apartados 1 y 2 de la proposición no de ley que formula el Grupo Parlamentario Socialista.
Tragsa y Tragsatec son empresas de capital social cien por cien público, con una trayectoria al servicio de las distintas administraciones de más de treinta y cinco años, cuyas tareas son muy dispares y con una alta especialización. En primer lugar, no podemos obviar el trabajo que desempeñan para la Administración, ya que esta por sí misma no podría desarrollarlos por su alto nivel de especialización, cualificado y en ocasiones esporádico. En segundo lugar, debemos hacer hincapié en que los servicios que prestan a las administraciones tienen una alta repercusión en distintos sectores productivos, como es el caso de la necesidad de veterinarios en la Comunidad Autónoma de Asturias para el tratamiento de distintas enfermedades y el control de las mismas, ya que la ausencia de estos acarrearía pérdidas importantes en el sector de la ganadería. En definitiva para las administraciones el trabajo que desempeñan estas empresas es importante por su inmediatez, por lo esporádico en ocasiones de sus encomiendas y por su especialización.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos considera prioritario explorar alternativas de viabilidad de la empresa por sí mismas, en las que todos sus trabajadores estén implicados, por lo que respaldamos decididamente la constitución de la mesa de diálogo que se propone.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Cano.
Tienen ahora la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a dos minutos cada uno, en el siguiente orden: en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra doña Ana María Oramas.
Mi grupo, Coalición Canarias, va a apoyar esta PNL, pues él mismo lo llevó al Parlamento de Canarias, donde por unanimidad se aprobó una resolución de apoyo a los trabajadores, instando a la negociación y
al diálogo para elaborar un plan de viabilidad y la suspensión de los despidos. Desde luego el escenario económico donde se generó el ERE ha cambiado totalmente. La empresa ha aumentado las encomiendas por las distintas administraciones, en este momento no sobran trabajadores de Tragsa, y desde luego en las islas Canarias es una empresa fundamental. Cerca de 500 trabajadores, de los cuales 252 son fijos, 46 fijos discontinuos y 202 eventuales. Lo que está pasando -recalcando lo que han dicho algunos diputados que han intervenido antes que yo, don Alberto Rodríguez y la portavoz del Grupo Socialista- es que se está sustituyendo trabajo fijo y en condiciones dignas por trabajo precario, discontinuo, por temporadas, y con qué sueldos, a la vez que se está despidiendo y solicitando el mismo personal en Internet y en contrataciones. Al final estamos yendo a una privatización encubierta con un trabajo precario, trabajando además -que es lo grave- para las administraciones públicas, y en muchos casos -todos lo sabemos- jugándose la vida, porque en el caso de Canarias tenemos una gran masa forestal, parques nacionales, y la gente tiene que tener una cualificación por el espacio en el que trabaja y el trabajo que realiza. Desde luego nosotros no estamos de acuerdo con esta privatización encubierta. Esto a lo mejor es reprobable en una empresa privada, pero inadmisible en una empresa pública: que se haya ido a una salvaje interpretación de la reforma laboral, que hayan cambiado las condiciones económicas donde se produjo el ERE, y que en este momento se siga sustituyendo trabajo cuando hay encomiendas y las administraciones han hecho un esfuerzo para aumentar la contratación. Por eso vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, porque no estamos dispuestos a apoyar este tipo de prácticas.
Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, don Iñigo Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Intervengo solo para señalar que nos vamos a abstener en este punto.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), don Carles Campuzano.
Mi grupo mantuvo hace unas cuantas semanas una reunión con los representantes de los trabajadores de estas empresas y con los sindicatos. De la cuestión de fondo conocemos fundamentalmente la visión que nos trasladaron los trabajadores, que también es la visión que han expresado los portavoces que han intervenido hasta ahora, sobre todo del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Coalición Canaria. Escuchados los trabajadores y escuchados los argumentos de los diputados, mi grupo debe apoyar esta iniciativa. No conocemos cuál es la versión que puede tener la empresa, y escucharemos con mucha atención la argumentación que nos puedan dar los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, pero cuando un conflicto laboral en una empresa pública se traslada en forma de iniciativa parlamentaria a la Comisión de Empleo es evidente que las cosas no se han hecho bien. Si el proceso de ajuste en esta empresa hubiese sido acordado con los trabajadores no estaríamos con esta discusión. Si este proceso de ajuste no hubiese tenido repercusión en algunos territorios concretos, como es el caso de Canarias, no estaríamos con esta discusión. El solo hecho de que esta cuestión llegue a esta Comisión justifica de entrada el apoyo de Democràcia i Llibertat.
Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos que existe una sentencia del Tribunal Supremo que sienta una determinada decisión, y apelaba a la prudencia de la Comisión a la hora de manifestarnos en relación con esa sentencia. No nos parece una reflexión menor y mi grupo sugiere que entre el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo que muestre el rechazo de la Cámara a la decisión que ha tomado la empresa, que exprese el respeto a la legalidad -no podemos hacer otra cosa-, y que reclame el diálogo con los trabajadores para garantizar los puestos de trabajo y la viabilidad del empresa. Sería un texto que daría máximo rigor al trabajo de la Comisión. En cualquier caso si finalmente ese acuerdo no es posible, Democràcia i Llibertat votaría a favor del texto del Grupo Parlamentario Socialista en los términos en que lo ha formulado.
Ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, don Jordi Salvador. (Denegación.)
Finalmente tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Buenas tardes. Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero manifestar el fuerte compromiso del Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular con el impulso al desarrollo rural, a la conservación medioambiental, a ofrecer respuestas inmediatas a las emergencias, a la asistencia técnica de calidad, y por supuesto nuestro apoyo firme a los trabajadores de Tragsa y a evitar la destrucción de los puestos de trabajo.
La proposición no de ley que hoy trae el Grupo Parlamentario Socialista a esta Comisión solicita tres cosas. La primera, que el Partido Popular asuma la responsabilidad de un problema creado por el Partido Socialista, lo cual fue un clásico durante la pasada legislatura y parece que lamentablemente continúa ahora para desgastar al Gobierno en funciones. La segunda, que el Gobierno impida a Tragsa que cumpla una sentencia del Tribunal Supremo, y la tercera plantea una solución que en estos momentos entendemos que es ineficaz. Respecto a la primera de las cuestiones planteadas tenemos que decir que fue el Partido Socialista el que redujo las encomiendas de gestión de Tragsa entre 2009 y 2011 en un 60 %, al tiempo que multiplicó por tres la plantilla del Grupo Tragsa. ¿Por qué hizo esto a la vez que firmaba en 2010 un convenio colectivo ilusorio? Porque se equivocó de estrategia. En 2009 Tragsa tuvo una facturación por encima de lo habitual debido a los planesE y a otros planes de incentivación económica. ¿Cómo reaccionó la dirección del Grupo Tragsa, apoyada por el Partido Socialista? Creando un convenio colectivo y ofreciendo soluciones estructurales para una cuestión meramente coyuntural, con lo cual firmó prácticamente el certificado de defunción del grupo. Es decir, lo de siempre: el PSOE recibe en 2004 una empresa saneada, con una facturación de 665 millones y 30 millones de beneficios, y la deja en 2011 al borde de la quiebra y con 5.000 empleados de más.
Nosotros encontramos una situación que era de susto o de muerte. Podríamos haber dejado pasar la situación, complacer, pasar esta legislatura y, con suerte, que fuera otro Gobierno el que se enfrentara a ella, pero asumimos con seriedad, rigor y responsabilidad el futuro de 10.000 familias. Por ello asumimos un coste, siempre indeseable, de unos despidos avalados por el Tribunal Supremo. Se ha dicho aquí que se hizo en diciembre de 2015 porque eran las elecciones. Vamos a ver, un poco de rigor, la sentencia del Tribunal Supremo fue notificada al Grupo Tragsa con fecha 26 de noviembre de 2015. El despido de los 555 trabajadores -por supuesto, contrario a nuestra voluntad más firme- es el 41 % de lo estimado inicialmente, y conforme a derecho, según la sentencia del Supremo. Pero estos despidos no han sido el plan de viabilidad que ofrecía la empresa, no; la empresa ofrecía un plan de transformación global que se puso en marcha en el año 2013 y que, en contra de lo que se ha dicho aquí, sí supuso una importante reducción del peso de la estructura, tan importante que los puestos directivos del Grupo Tragsa pasaron...
El señor PRESIDENTE: Señora Asian, debo darle el susto de que debería ir terminando.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Bueno, ¿permite que me exprese?
El señor PRESIDENTE: Son dos minutos los que tiene usted para expresarse.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: ¿Cuánto me queda?
El señor PRESIDENTE: Hace treinta segundos que pasó usted el minuto y medio de exceso.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Para terminar, se ha reducido de manera muy importante la estructura directiva. Se ha reducido en un 40 % los pluses que recibe la estructura directiva, pluses que también reciben 1.170 trabajadores de Tragsa. Pero no quiero terminar mi intervención...
El señor PRESIDENTE: Es que lleva usted cuatro minutos, el doble de tiempo que tiene asignado.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Perdone un momento, señor presidente, le suplico que me deje decir algo que es muy importante en apoyo a los trabajadores de Tragsa y de respeto a los mismos.
El señor PRESIDENTE: Y yo le ruego que la próxima vez que tenga algo muy importante que decir lo haga al principio.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Por eso, por favor, le ruego que me permita decirlo. Lo que nunca ha hecho el Partido Popular ha sido firmar un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos que prácticamente supone la defunción definitiva, la quiebra de Tragsa. En la página 51 de este acuerdo se recoge exactamente: restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y la utilización de procedimientos. Esto significa...
El señor PRESIDENTE: Señora Asian, debo retirarle la palabra.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Por favor, señor presidente, yo creo que los trabajadores...
El señor PRESIDENTE: Ha duplicado usted el tiempo que tiene asignado. Si tanto le preocupaban los trabajadores, haber ajustado su tiempo al que tiene asignado, como han hecho el resto de los grupos.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Disculpe mi ineficacia al no haberme ajustado al tiempo para hablar de la trascendencia que para estos trabajadores tiene el conocimiento de que el Partido Socialista y Ciudadanos han firmado un acuerdo en el que prohíben la supervivencia de Tragsa.
El señor PRESIDENTE: Que me parece muy bien, pero hace mucho que ha terminado su tiempo, señora Asian. Yo entiendo la sensibilidad que usted muestra hacia los trabajadores, pero se trata de una cuestión de tiempo. Llevamos cinco minutos, que es el tiempo que ha tenido el grupo proponente de la PNL para defenderla.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Si usted considera ajustado lo que está haciendo, no tengo más remedio... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Hombre, ajustado lo consideramos yo y el resto de los miembros de la Comisión, que decidimos los tiempos de intervención. No es un capricho mío. Lo repito por si no ha quedado claro: tiene cinco minutos quien propone, tres quien enmienda y dos quien fija posición. Lo repito, dos minutos, señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Acepto totalmente lo que usted me dice, pero yo le quiero recordar que a veces en este Parlamento se ha tenido cierta flexibilidad en determinados momentos. Por eso me he atrevido a continuar mi exposición.
El señor PRESIDENTE: Para la próxima vez le diré que la flexibilidad no puede llegar al extremo de que quien fija posición tenga el mismo tiempo que quien presenta la proposición no de ley. Creo que usted me entenderá a mí.
Tiene ahora la palabra la portavoz Esther Peña, por si desea manifestarse acerca de las enmiendas, aunque si lo desea, también puede hacerlo al final; como prefiera.
La señora PEÑA CAMARERO: No, lo hago ahora mismo.
Respecto a las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Podemos las aceptamos, coinciden plenamente con el espíritu de nuestra posición, y no solamente hoy, sino en todos los debates que se han sucedido en los dos últimos meses en los parlamentos autonómicos.
En cuanto a la enmienda de Ciudadanos, en primer lugar, lamentamos que no compartan que este proceso de despido colectivo sea perjudicial para el empleo y sea perjudicial para la capacidad de satisfacer los encargos de obras y servicios que necesita a día de hoy la administración. Lamentamos que no consideren importante impedir la ejecución de este injusto proceso. Quiero recordarles que lo que pide la proposición es que se paralice el proceso de despido colectivo iniciado en 2013, que hoy no tiene fundamento.
Por tanto, no podemos aceptar esta enmienda, entre otros motivos porque contradice la demanda de los trabajadores, que no es otra cosa que el documento que traemos hoy aquí a votación. En consecuencia, aceptamos las dos enmiendas del Grupo Podemos y rechazamos la de Ciudadanos.
- SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO PARA MAYORES DE 52 AÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000072).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la segunda proposición no de ley sobre el restablecimiento del subsidio por desempleo para personas mayores de cincuenta y dos años, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que defiende la diputada doña Luz Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Buenas tardes, presidente, señorías.
Cuando se escuchan discursos complacientes del Partido Popular sobre la recuperación de nuestra economía parece que el Partido Popular olvida o quiere hacer olvidar a los ciudadanos que todavía existen cifras bien dramáticas de desempleo en nuestro país. Frente a los discursos complacientes, la
realidad es tozuda. Hoy seguimos teniendo más de 4,7 millones de personas en situación de desempleo, de los que 2 millones llevan ya más de dos años en esa situación y camino de convertirse en desempleados crónicos. No voy a hablar de todos ellos, sino que hoy quiero traer aquí la voz y los problemas de los más de 1,1 millones de parados mayores de cincuenta años, que son invisibles en el debate público y las grandes víctimas de la caída del anterior modelo económico. Tienen la capacidad productiva suficiente para seguir una vida activa y, sin embargo, están olvidados porque apenas acceden a las políticas activas de empleo, por los recortes que ha habido en ellas, y porque muchos de esos hombres y mujeres de nuestro país integran esa vergonzosa cifra de los más de 3 millones de personas que hoy están en situación de desempleo y que no tienen protección por desempleo. Quiero recordar un dato. Desde que gobierna el Partido Popular en nuestro país, la tasa de protección por desempleo ha caído más de 14 puntos, y ha afectado a muchos colectivos, pero especialmente al colectivo de trabajadores mayores de cincuenta años. Esto no es por casualidad, sino el resultado de la política de recortes sistemática sobre las políticas de empleo que ha llevado a cabo el Partido Popular. Si comparamos lo que se invertía en el año 2011 en materia de política activa de empleo y lo que se invierte en el presupuesto del año 2016, las políticas activas de empleo han caído en más de 2.300 millones de euros. Esto significa que, teniendo menos ocupados que entonces y, como decía antes, más de 4,7 millones de parados en este momento, las inversiones en políticas activas de empleo han caído en nuestro país más del 30 %.
En materia de protección por desempleo pasa algo similar, o peor. Si comparamos los presupuestos del año 2011 con los que hoy tenemos en vigor del año 2016, el presupuesto en política pasiva, en política de protección por desempleo, ha caído más de 12.900 millones de euros, es decir, un 40 %. Tenemos una cifra de parados -y lo quiero subrayar- un poco más baja que la que había en el año 2011, pero los socialistas destinábamos más de 32.800 millones de euros a proteger a las personas en situación de desempleo de nuestro país y el Partido Popular destina poco más de 19.800 millones de euros a proteger más o menos a las mismas personas. Subrayo el más o menos porque la caída de las inversiones en protección por desempleo no se debe a una caída significativa del número de personas en situación de desempleo, sino a los recortes en materia de política de protección por desempleo.
Los que más han sufrido estos recortes han sido, como decía antes, ese más de 1,1 millones de trabajadores mayores de cincuenta años en situación de desempleo. Empezó por el Real Decreto-ley 5/2013, donde el Partido Popular limitó la jubilación anticipada, la jubilación parcial, el contrato de relevo y, como premio, redujo la cantidad que debían pagar las grandes empresas de nuestro país que tienen beneficios por despedir a trabajadores mayores de cincuenta años, haciendo más atractivo el despido de estos trabajadores. En ese mismo decreto-ley, en su disposición adicional octava, el Partido Popular decía cuál era la política activa de empleo que iba a hacer para los mayores de cincuenta y cinco años, que consistía en que, cuando perdieran toda fórmula de protección por desempleo, los consideraría colectivo prioritario para participar en acciones en política activa de empleo. Dramático ¿verdad?, para las personas que no tienen nada y que tienen más de cincuenta y cinco años. Pero el golpe más efectivo fue el Real Decreto-ley 20/2012, donde se redujo la prestación por desempleo contributiva del 60 al 50 % a partir del séptimo mes, donde se eliminó el subsidio especial por desempleo para mayores de cuarenta y cinco años, donde se demoraba a los cincuenta y cinco años la entrada al subsidio por desempleo, que hasta entonces era a los cincuenta y dos -por cierto, decía el Partido Popular, para incentivar el alargamiento de la vida activa- y donde se computaban todas las rentas familiares en lugar de la renta personal para acceder al subsidio por desempleo. Esto ha hecho que millones de desempleados de nuestro país hoy no tengan cobertura por desempleo y que más de medio millón de trabajadores mayores de cincuenta años hoy no tengan cobertura por desempleo.
Es de justicia, es de equidad, es de eficiencia que mientras no tengan trabajo todos ellos tengan una renta con la que vivir. Y eso es lo que pide hoy aquí -y ya termino, señorías, señor presidente- el Partido Socialista, que devolvamos la dignidad a los trabajadores mayores de cincuenta años de nuestro país, que mientras no encuentren trabajo tengan una renta con la que seguir viviendo y por cierto una cotización que les permita tener también una pensión digna en el futuro. Ese es el objeto de esta solicitud a la que esperamos y llamamos a que se sumen todos los grupos parlamentarios.
Señor presidente, gracias por su generosidad.
Se me pasó antes señalar que el debate sobre esta proposición no de ley, tal y como ha sido remitido a esta Comisión por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, en caso de aprobarse, se entiende dirigida al Gobierno que se constituya, próximamente esperemos.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no superior a tres minutos cada uno. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas 1 y 2 a esta proposición no de ley tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, la diputada Isabel Franco.
Desde el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea creemos que es pertinente esta proposición no de ley y por eso la celebramos. Creemos que es necesario que revirtamos los recortes del Partido Popular, ese atropello a los derechos sociales del Partido Popular, en concreto a las personas mayores de cincuenta y dos años, pero lo consideramos a su vez insuficiente, fundamentalmente por los motivos por los que presentamos estas dos enmiendas. Por un lado, porque creemos que para garantizar el derecho de las personas mayores de cincuenta y dos años a una prestación cuando se quedan sin empleo es necesario también modificar los subsidios para aquellas personas que no han cumplido todavía esa edad. Con esto nos referimos a la renta activa de inserción y al subsidio para las personas mayores de cuarenta y cinco años. Por otro lado, porque creemos que, si se unifican estos tres subsidios y se toma el subsidio de los mayores de cincuenta y dos años como algo genérico para las personas a partir de cuarenta y cinco años, estaremos gestionando mejor el presupuesto y daremos una mejor asistencia a esas personas mayores de cuarenta y cinco años que se quedan sin empleo, teniendo en cuenta, además, que en el último mes ha bajado el número de personas con acceso a prestación por desempleo un 9 %, y un 10,1 % las personas que acceden a la renta activa de inserción.
El presupuesto para los subsidios y para las prestaciones por desempleo ha bajado de una forma alarmante en los últimos meses y en los últimos años, en los años de Gobierno del Partido Popular. De hecho, en el último año nos hemos encontrado con que ha bajado un 10,7 % el presupuesto en prestaciones, lo cual significa que los subsidios individuales se han bajado en 11 euros por persona al año. Por otro lado, porque tenemos que tener en cuenta, además, que el 46 % de las personas desempleadas de larga duración son mayores de cuarenta y cinco años, de entre cuarenta y cinco y cuarenta y nueve años -por tanto, también hay que tenerlas en cuenta-; y también porque para que los mayores de cincuenta y dos años accedan a la prestación han tenido que perder durante esa edad el empleo o bien haber cobrado algún subsidio, y muchos de ellos llegan a la edad de los cincuenta y cinco años sin haberlo cobrado.
En último lugar, defendemos la segunda enmienda porque, si bien el Partido Popular aumentó la edad de la prestación de cincuenta y dos a cincuenta y cinco años, el Partido Socialista aumentó la edad de jubilación de sesenta y cinco a sesenta y siete años. No tiene sentido que se pida rebajar la edad para cobrar el subsidio alegando defender los derechos sociales, las prestaciones y la jubilación de las personas mayores de cincuenta y dos años y que, sin embargo, no se acepte pedir al Gobierno que derogue la reforma de la edad de jubilación.
El señor PRESIDENTE: ¿Va terminando, por favor?
La señora FRANCO CARMONA: Con ello además se baja la cuantía -termino con esto- de la pensión, por no decir que serían tres años más el tiempo que las personas estarían cobrando un subsidio de 426 euros, lo cual es totalmente insuficiente.
Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado también enmienda, la señora Sánchez-Camacho por un tiempo de unos tres minutos.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ajustarme a los tiempos.
Señorías, señora Rodríguez, tanto en la presentación de esta proposición no de ley que ha expuesto a nuestras señorías como en su argumentación habla de un discurso complaciente del Gobierno del Partido Popular, de cifras dramáticas. Le recordaré las cifras dramáticas. Las cifras dramáticas, que usted conoce muy bien, puesto que estaba en ese Gobierno con los ministros que mayor tasa de desempleo y
de indignidad para los españoles han creado en la historia contemporánea, se refieren al incumplimiento del precepto del artículo 35 y a dejar a casi 5 millones de desempleados en España. Esa es una cifra dramática, lo que refleja la complacencia y la hipocresía del Partido Socialista en la argumentación y presentación de esta proposición no de ley.
Pero les diré algo más, señorías. Ustedes hablan de recortes, y les voy a recordar cuál ha sido el Gobierno que más ha recortado en prestaciones por desempleo. Algunos hablan de memoria histórica, pero olvidan la suya propia, especialmente en su gestión. El mayor recortazo en las prestaciones por desempleo de este país fue entre los años 1992 y 1993, con Gobiernos socialistas (La señora Rodríguez Fernández: En la prehistoria), durante los cuales usted recordará muy bien la ampliación de la carencia para el acceso a la prestación por desempleo y además la reducción de los porcentajes progresivos, que ha sido el mayor recortazo de la historia en prestaciones por desempleo. Que nos vengan a dar lecciones ahora de política económica, de política en gestión de estabilidad presupuestaria y financiera es sorprendente.
Las medidas que nosotros hemos tenido que tomar han sido en función de las políticas de consolidación fiscal para reducir el déficit que el Gobierno socialista había dejado en el 9 % y que nosotros, el Gobierno del Partido Popular, hemos dejado en el 4,9. Y lo hemos hecho porque la economía estaba en recesión y porque además ustedes dejaron una deuda y un déficit de casi el cien por cien del PIB. Le quiero recordar en esa hipocresía que ustedes, cuando tomaron esas medidas en los años 1992 y 1993, justificaron los recortes diciendo que la economía estaba en recesión, que había un crecimiento moderado y que además el endeudamiento de nuestro país suponía el 20 % del PIB. Ahora estamos con la economía en recesión y con el endeudamiento en el cien por ciento del PIB. Son mucho más justificados nuestros ajustes moderados que sus recortes, sus recortazos, sin olvidar el del señor Zapatero del 12 de mayo.
Señorías, para nosotros, para el Partido Popular, son una prioridad las políticas de empleo: el acceso, el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema de prestación por desempleo, especialmente para los mayores; por eso, está la Estrategia de activación para el empleo 2014-2017 y también los planes anuales de empleo que usted conoce bien y que en conferencia sectorial se acuerdan con las diferentes comunidades autónomas. Entre nuestras prioridades están los parados de larga duración, los parados más vulnerables y especialmente los mayores de cincuenta y dos años.
Usted, después de la crítica que ha realizado a las políticas del Partido Popular, totalmente incongruente y que no se corresponde con la realidad, además de demostrar la hipocresía del Gobierno Socialista y del Partido Socialista, ha olvidado explicar esta proposición no de ley. Yo sí la voy a explicar, y le voy a decir que la enmienda presentada por nosotros va en la línea de facilitar y seguir manteniendo la activación del mercado de trabajo y el mantenimiento de los puestos de trabajo, de la vida activa y también la sostenibilidad del sistema de la prestación por desempleo. Respecto a la renta de unidad familiar, que ustedes han planteado que no puede realizarse o determinarse a un único beneficiario, le diré que es una prestación asistencial y que sabe usted muy bien que se ha hecho para homogeneizar con el resto de prestaciones sociales.
En cuanto a la edad de cincuenta y cinco años -se lo ha recordado la diputada de Podemos-, es absolutamente hipócrita plantear que revierta la prestación a los cincuenta y dos años cuando fueron ustedes los que establecieron la edad legal ordinaria de sesenta y cinco a sesenta y siete años para la jubilación de los españoles. Además le voy a decir que la base de cotización del 125 % es absolutamente discriminatoria con el resto de trabajadores que están cobrando salario mínimo interprofesional, que cotizan por el cien por cien de la base -usted lo debería conocer bien; voy acabando, señor presidente-, y supondría, como usted sabe muy bien, que la prestación de mayores de cincuenta y dos años sería menor que el salario mínimo interprofesional, y no se puede estar cotizando de manera discriminada con el 125 %.
Por tanto, señorías, vuelvo a repetir, el Partido Popular (La señora Rodríguez Fernández: Pasa de los tres minutos) presenta esta enmienda para que se pueda seguir evaluando la cobertura asistencial de los desempleados, para seguir manteniendo y facilitando la inserción laboral de los desempleados y sobre todo para seguir haciendo políticas económicas y de crecimiento de empleo que han supuesto en este último año un millón de puestos de trabajo, a diferencia de ustedes, que dejan millones de desempleados en este país. El Partido Popular deja economía en crecimiento, puestos de trabajo y reformas estructurales para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-La señora Rodríguez Fernández: Ha consumido más tiempo que los proponentes.)
El señor PRESIDENTE: Estaba tratando de ser flexible con los tiempos de las intervenciones, pero veo que hay cierta tensión y a partir de ahora voy a ser más inflexible. Tengan en cuenta, por tanto, que avisaré quince segundos antes de que acabe su tiempo para que vayan terminando su intervención, a pesar de que no es mi talante habitual.
Tienen la palabra los portavoces de los demás grupos parlamentarios que no han presentado enmienda. Se inicia con la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente. Yo siempre cumplo.
Sin duda, si ha habido grandes damnificados en esta crisis, aparte de los jóvenes, han sido las personas mayores de cincuenta años. Dentro de este grupo están, por un lado, aquellos hombres y mujeres que, expulsados de sus trabajos, no han tenido posibilidad de reciclarse, lo cual les cierra la puerta a buscar cualquier otro empleo, pero por otro lado está el drama de los hombres y mujeres cualificados, de artistas, profesionales liberales, trabajadores por cuenta propia y ajena que, acumulando una enorme experiencia y conocimientos, han sido víctimas de una sociedad que no les permite trabajar ni les ofrece la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. Ni tienen la edad suficiente para cobrar el subsidio para mayores de cincuenta y cinco ni por supuesto para prejubilarse o jubilarse. Además, como hemos visto, se ha puesto todo tipo de trabas a este colectivo flexibilizando su despido, al tiempo que se endurecía el acceso a las prestaciones.
Ante esta realidad, es necesario luchar para que se restituya este subsidio. Apoyamos esta proposición no de ley porque, por más que se aprecie una mejora en los datos macroeconómicos, esa mejora no se ha trasladado a la economía de las familias y no se pueden seguir recortando derechos. Pero creo que debemos tener amplitud de miras y en este punto adquirir también un compromiso social y promover una campaña de concienciación para que la sociedad, que en nuestro país hace de la juventud un valor en sí mismo, entienda que estos trabajadores no solo son útiles, sino que además son insustituibles y un valor para esta sociedad. Por tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley.
El señor BARANDIARAN BENITO: Para empezar, he de comentar que compartimos el planteamiento de la PNL, que nos parece correcto y que por tanto vamos a apoyarlo. Además de esto, quiero decir que, si bien de forma extemporánea, mi grupo ha registrado una enmienda parcial de modificación, de manera que cuando se dice: Insta al Gobierno a que de forma urgente adopte las medidas que permitan establecer el subsidio, se diga: Insta al Gobierno a que de forma urgente adopte como ayuda del sistema de Seguridad Social las medidas que permitan establecer el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años. Esta precisión se justifica por el temor a que se produzca o se reproduzca una situación que ya es anómala y que está teniendo una incidencia negativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco; situación que ha motivado dos recursos de inconstitucionalidad con relación a sendos decretos del Gobierno, ahora en funciones, relativos al Plan Prepara y al Plan de activación para el empleo.
Como sabrán, las políticas activas de empleo constituyen una competencia ya transferida a la Comunidad Autónoma del País Vasco y es esta la que financia y ejecuta a través de sus presupuestos dicha política. Por su parte, el subsidio por desempleo es un subsidio directo que forma parte de las prestaciones propias del sistema de Seguridad Social con cargo a sus presupuestos, a diferencia de la subvención o ayuda similar del Plan Prepara o del Plan de activación para el empleo, que se concreta mediante ayudas o subvenciones que concede el Servicio Público de Empleo Estatal.
Estos, al haber sido creados con posterioridad al traspaso de las competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco, han supuesto un conflicto con la comunidad autónoma al entender, primero, que son competencias que podía mantener el Estado a pesar de la transferencia de las políticas activas de empleo, pero sobre todo entendiendo que, además de financiar sus propias políticas de empleo, la Comunidad Autónoma del País Vasco también tenía que financiar las relativas a los dos planes citados, que son posteriores.
Pues bien, materialmente esto supone una tremenda incongruencia y una contradicción, y es que las personas que están en situación de precariedad, con independencia de su edad, pueden recibir en Euskadi la RGI, renta de garantía de ingresos, que es un método de inclusión social y laboral...
El señor BARANDIARÁN BENITO: ... o las relativas a los planes del Gobierno. En esta situación, ello ha supuesto un coste anual superior a 65 millones de euros para la Comunidad Autónoma del País Vasco, motivo por el que se pretende acabar con esta dualidad y con la posibilidad de que la ampliación de este decreto pueda volver a poner en riesgo la situación financiera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Campuzano.
La cuestión que nos plantea el Grupo Socialista ya fue objeto de intensos debates en la pasada legislatura. El conjunto de los grupos de la oposición ya nos mostramos entonces contrarios a la política del Gobierno con relación a los desempleados de mayor edad. Además, denunciábamos no solo el recorte del subsidio para los desempleados mayores de cincuenta y dos años, sino la desaparición de la estrategia para los trabajadores de más edad, e incluso la desaparición de los incentivos para el mantenimiento de los empleos de los trabajadores más maduros.
Efectivamente, en la pasada legislatura uno de los colectivos que vivió con más crudeza la crisis fue el formado por estos trabajadores con mayor experiencia laboral, muchos de los cuales habían perdido su empleo en el sector de la construcción, con niveles de formación seguramente no adaptados a los cambios que se han producido y que se van a producir en nuestra economía y además con cargas familiares que hacen que esa dureza de la consecuencia del desempleo necesite un apoyo público que no se ha producido. Por tanto, en la cuestión de fondo que nos plantea el Grupo Socialista, que es restablecer el subsidio, plena coincidencia, y plena coincidencia también en la cuestión de la crítica a la gestión del Ejecutivo, hoy en funciones.
No obstante, mi grupo quiere hacer una reflexión que rondaba en el ambiente de otras intervenciones, y es que la crisis ha puesto de manifiesto que nuestro sistema de protección al desempleo no está en condiciones de hacer frente al desempleo de larga duración, con independencia incluso de la edad de los trabajadores. Asimismo, el conjunto de programas que se han puesto en marcha en los últimos años para hacer frente al problema del desempleo son claramente insuficientes. El último ejemplo es el Plan de activación del empleo, respecto del que leíamos en la prensa esta semana que tan solo cubre a un 25 % de los posibles beneficiarios y que de lo presupuestado tan solo se ha podido gastar alrededor de un 15 %. Quiere decir que incluso en aquellas previsiones presupuestarias y legales que introducimos no damos respuesta al problema del desempleo y de la regulación.
Termino, señor presidente. Necesitamos una reforma a fondo de nuestra protección al desempleo de larga duración. Es un debate relevante y fundamental para abordar en esta legislatura en el caso de que en la misma pueda producirse.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Lo primero de todo es felicitar a la compañera Mari Luz Rodríguez por la excelente exposición. Estamos absolutamente de acuerdo con todo lo que dice. Como sindicalista que he visto pasar a muchos trabajadores que han perdido su trabajo a los cincuenta y cinco años, hay que ser especialmente sensibles, porque no solo los condenamos a la pobreza del presente sino incluso a la miseria del futuro. Aceptamos esta proposición no de ley, incluso en posteriores proposiciones no de ley ampliaremos algunas iniciativas más. Pero, repito, no podemos condenar a este grupo a la pobreza del presente y a la miseria del futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Las modificaciones normativas que ha llevado a cabo en la última legislatura el Gobierno del Partido Popular, modificando los requisitos de acceso al subsidio para mayores de cincuenta y dos años, incrementando la edad de los beneficiarios a los cincuenta y cinco años y endureciendo, además, el requisito para la acreditación del nivel de renta, no solo de las personas beneficiadas del mismo, sino también de toda la unidad familiar, ha conllevado irremediablemente una mayor desprotección de una parte importante de la población desempleada. Precisamente, estas medidas además han dificultado el acceso a ayudas públicas a estos desempleados de mayor duración y que más dificultades tienen al acceso del mercado laboral. Por otro lado, desde Ciudadanos queremos dejar muy
claro que uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de bienestar son las pensiones. En este sentido, la ultra cotización de este subsidio garantizaba, en el caso de no poder integrarse de nuevo al mercado laboral, una prestación por jubilación a futuro digna, sobre todo para este sector de la población. Esta proposición no de ley viene a restablecer y recuperar, en nuestra opinión, los derechos de un colectivo, el de los ciudadanos mayores de cincuenta años, que volvemos a incidir, es de los conjuntos de población con mayores dificultades a la hora de acceder de nuevo a ofertas de trabajo, a pesar de contar incluso con una sólida experiencia y una amplia formación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyará la proposición no de ley y manifiesta su conformidad total en aras de incrementar la protección social de los desempleados, que habiendo agotado las prestaciones por desempleo que les correspondan y careciendo de ingresos, tengan dificultad a la hora de reincorporarse al mercado laboral.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para manifestarse sobre las enmiendas presentadas.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Muy brevemente. No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos, no porque no podamos estar más o menos de acuerdo con ella, sino porque el debate sobre la edad de jubilación debe llevarse al foro de la Comisión del Pacto de Toledo. Quiero recordar que las edades de jubilación que son sesenta y uno, sesenta y tres, sesenta y cinco y sesenta y siete, marcadas por nuestra legislación vigente, fueron acordadas con las organizaciones sindicales y con las organizaciones empresariales, y es en esos foros donde corresponde ese debate.
Tampoco vamos a aceptar la alusión a los mayores de cuarenta y cinco años por una razón muy sencilla. Como decían los portavoces anteriores, sobre todo el portavoz de Democràcia i Llibertad, desde el Grupo Parlamentario Socialista también creemos que las costuras del sistema de protección por desempleo han reventado desde hace tiempo, sistema que estaba pensado para ciclos cortos y llevamos ya un ciclo largo. Pensamos que debe ser objeto de una discusión y un debate más profundo y no de una simple enmienda en un debate parlamentario sobre los mayores de cincuenta y dos años.
Igualmente, tampoco vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular que dice que hay que continuar facilitando la inserción laboral de los desempleados en el mercado de trabajo porque creemos que falta a la verdad. Primero, porque no se han reinsertado los jóvenes; la garantía juvenil ha sido un fiasco. Segundo, porque no se han reinsertado los parados de larga duración; el programa excepcional de ayuda a los desempleados ha sido un fiasco. Y, tercero, porque la mayor cota de desempleo de este país se alcanzó justamente gobernando el Partido Popular. (La señora Sánchez-Camacho Pérez: ¡Eso es muy bueno!
El señor PRESIDENTE: Muy bien, gracias.
- RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA ELCOGAS Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EMPLEO PARA LA COMARCA DE PUERTOLLANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000143).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la tercera proposición no de ley de la tarde relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de un plan de empleo para la comarca de Puertollano. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, con número de expediente 161/000143, y, nuevamente, como en el caso de la proposición no de ley anterior, hago saber a sus señorías que en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se remite a esta Comisión esta proposición no de ley se hacía constar que, en caso de que esta fuera aprobada, se entendería dirigida al Gobierno que se constituya.
Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y por un tiempo no superior a cinco minutos, la diputada doña Ana Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera saludar también a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de Elcogas que nos están siguiendo en una sala contigua.
La mayor crisis económica de la historia de nuestro país ha sido provocada por un modelo económico basado en la especulación y en la burbuja inmobiliaria y ha tenido como resultado el aumento salvaje de las tasas de paro y un proceso de desertificación industrial brutal. La reactivación económica de nuestro país tiene en el cambio de modelo productivo uno de los principales retos. Necesitamos un nuevo modelo productivo basado en la investigación, el desarrollo y la innovación, la transición energética y la reducción drástica de las emisiones de CO2. El proyecto industrial de la central de Elcogas nació de la iniciativa de diversas empresas energéticas y ha contado desde sus inicios con importante apoyo público. Es un proyecto industrial situado en la ciudad industrial más importante de Castilla-La Mancha, Puertollano, que ha sido una referencia internacional en la investigación, desarrollo e innovación en materia de reducciones de CO2, situándose como una de las experiencias punteras a nivel mundial y única en toda Europa. A la inexistente estrategia de soberanía energética de los diferentes Gobiernos que se han sucedido durante los últimos años, tenemos que sumar la ausencia de compromiso en materia de responsabilidad social corporativa por parte de las empresas energéticas, que hace que parte de este proyecto industrial pueda irse al traste por la falta de visión política de nuestros gobernantes y por la mezquindad de las corporaciones energéticas de este país.
Hemos de recordar que la principal accionista de la central de Elcogas es Endesa, empresa privatizada que ha acabado en manos de ENEL, empresa pública italiana. Debemos destacar, por tanto, la importancia de la cooperación de los Gobiernos europeos en la reducción de las emisiones de CO2 para el cumplimiento de los compromisos acordados en la Cumbre de París y para la reducción de las emisiones y contra el cambio climático, manifestando con toda claridad que la central de Elcogas es una empresa estratégica no solo para España sino para toda Europa. Su cierre supone un duro varapalo para la estrategia de la reducción de las emisiones de CO2 y para el desarrollo de una estrategia basada en la investigación, el desarrollo y una política de desarrollo industrial de alto valor agregado como la mejor forma de hacer frente a la desindustrialización que vive Europa y España concretamente.
El cierre de Elcogas golpea con dureza una comarca, la de Puertollano, y a toda Castilla-La Mancha, azotada por el paro y la precariedad, con índices muy superiores a la media española y a la media europea. Elcogas es una de las grandes aportaciones en la utilización del carbón autóctono combinándolo con la utilización de materiales de desecho de la refinería con resultados espectaculares en cuanto a las reducciones de CO2 y la recuperación de azufre. Elcogas no es solo un modelo de central para otros países; es un laboratorio de nuevas tecnologías, es un centro de cooperación y de colaboración con los centros tecnológicos y universidades y un referente mundial en la quema de carbón y otros materiales de forma limpia y es también un centro de estudio permanente para incorporar y resolver problemas como son los residuos sólidos urbanos, la biomasa y los neumáticos. Sin embargo, en España, nuestro Gobierno en funciones no apoya este modelo ni apoya nuestra industria, ni nuestra investigación, ni nuestro desarrollo, ni apoya a nuestras comarcas ni apuesta por nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. En definitiva, no apuesta por la soberanía energética, por el empleo de calidad, por la industria nacional y por la transición energética que tanto necesita nuestro país.
Frente a esta postura del Gobierno, es admirable el ejemplo de resistencia y de lucha que han mantenido los trabajadores y las trabajadoras de Elcogas, que no solo se han opuesto al cierre de su central, sino que han sido obligados a organizarse y a encerrarse durante más de cincuenta y dos días en la misma no solo para defender su puesto de trabajo, sino para solicitar al ministro de Industria, Energía y Turismo que reconsidere su postura y dé luz verde al plan de viabilidad que ya se presentó el 22 de diciembre de 2015, en el que se mostraba la posibilidad de hibridar la central incorporando un 30% de biomasa como materia prima y de establecer un marco retributivo específico. Espero que el señor ministro de Industria comparezca ante la Comisión de Industria, como le vamos a solicitar. Pese a ello, el Gobierno en funciones, el 11 de enero, decide iniciar la desconexión de la central y dar inicio al expediente de regulación de empleo extintivo que afecta a la totalidad de la plantilla, 133 trabajadores, ofreciéndoles veintiséis días por año trabajado, lo que nos parece un insulto no solo a nuestro juicio sino también al de los trabajadores y trabajadoras de Elcogas, y no comprendemos en qué lugar queda la responsabilidad social de los accionistas de Elcogas, que debemos recordar aquí que son Endesa, ENEL, Iberdrola, EDF, Hidrocarburos y EDP, quienes tienen la responsabilidad social de mantener la central de Elcogas en funcionamiento o, en el peor de los casos, incorporar en su plantilla de trabajadores a los despedidos de Elcogas en un porcentaje similar al de la participación de las empresas eléctricas y en la capital social de Elcogas.
Señorías, con la presentación de esta proposición no de ley Podemos quiere instar al Gobierno a tres aspectos: uno, a que se tomen las medidas oportunas para la reconexión de la central de Elcogas; dos, garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo directos e indirectos de la central de Elcogas y, tres y no menos importante, impulsar un plan específico de reindustrialización para garantizar el empleo estable y la viabilidad económica y social de Puertollano y toda su comarca.
Para finalizar nosotros apostamos por un modelo de reindustrialización de nuestro país de alto valor agregado sustentado en el I+D+i, por un modelo de empleo de calidad, por un proceso de transición energética basado en la reducción de las emisiones de gases contaminantes, por una estrategia decidida por nuestra soberanía energética...
La señora MARCELLO SANTOS: ...y que nos permita disminuir nuestra dependencia del exterior y de los dictados de intereses privados, porque un país que no controla su energía es un país que no controla ni su destino ni su futuro.
Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda, doña María Jesús Bonilla. Tiene tres minutos.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para marcar el posicionamiento de mi grupo y defender asimismo la enmienda presentada a la PNL relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de un plan de empleo para la comarca de Puertollano, presentada por el Grupo Podemos. Por supuesto, mis primeras palabras en nombre de mi grupo tienen que ser para mostrar una vez más y como siempre el apoyo abierto, rotundo e incondicional, así como nuestra solidaridad a todos los que han sido trabajadores de la empresa Elcogas, a sus familiares, así como a la referida empresa, y por supuesto nuestro compromiso -como lo fue desde el minuto uno- por trabajar para dar una solución a la situación generada. Trabajamos en su día, así trabajaron el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por la señora Cospedal y el Gobierno de España presidido por el señor Rajoy, por que no se cerrara esta empresa y desde luego hoy trabajamos por garantizar y apoyar todo lo que sea beneficioso y vaya en defensa de los trabajadores, que, repito, fueron en su día trabajadores de la empresa Elcogas, y, desde luego, por un plan de empleo para la zona.
Señorías, además entiendo que todos compartimos que hoy es una prioridad, como, repito, lo ha sido siempre para el Grupo Popular, velar y trabajar por la situación de los trabajadores, que me alegro si nos están escuchando, para que no les quepa la menor duda del apoyo abierto del Partido Popular. Señorías, tenemos la responsabilidad de ser capaces de llegar a acuerdos, el mejor para los trabajadores y para la zona de Puertollano. Por ello y sin olvidar la historia de Puertollano, de Castilla-La Mancha y de Elcogas, debemos hacer un análisis de la situación en la que nos encontramos y quiero decir aquí también que es muy importante saber, a lo largo de esta historia, quién ha estado y quién no ha estado al lado del empleo y también de la empresa Elcogas.
En primer lugar, quiero decir a la portavoz señora Marcello que la central ya está cerrada, está cerrada y desconectada de la red eléctrica desde el 31 de enero de 2016. Quiero dejar claro también que la solicitud de autorización de ese cierre presentada por el titular de Elcogas inició en 2014 un procedimiento administrativo reglado, en el que el Ministerio de Industria y Energía se atuvo a lo establecido en la normativa vigente. En cumplimiento de dicha normativa, la solicitud fue sometida a los informes preceptivos, por un lado, de Red Eléctrica de España y, por otro, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que informaron favorablemente a este cierre. Posteriormente, con fecha 31 de julio de 2015, se emitió la correspondiente resolución autorizando el cierre de Elcogas en un plazo máximo de tres meses, que fue prorrogado hasta el 31 de enero de 2016. Una vez cumplido dicho plazo sin que la empresa decidiera revertir este cierre, efectivamente el jefe de dependencias de industria y energía de la Subdelegación de Ciudad Real certificó el cierre de la instalación.
Quiero dejar muy claro a sus señorías y de manera muy especial a todos los trabajadores y a todos los habitantes de Puertollano y de su comarca, que en todo este camino tanto la presidenta Cospedal como el Gobierno de España de Mariano Rajoy han peleado por evitar el cierre. Allí estuvo luchando la
presidenta del Gobierno entonces para que se concediera esa prórroga al ministerio y para ver qué salidas había para la viabilidad de la empresa, como también lo estuvo el ministerio a la hora de ofertar e incluso poner encima de la mesa 27 millones anuales durante cinco años para luchar por esa viabilidad.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: No podemos decir lo mismo, señorías, del Gobierno de Castilla-La Mancha actual, del señor Page. Quiero recordar que el Partido Socialista ha sido el que ha gobernado en Castilla-La Mancha a lo largo de muchos años, menos en los cuatro últimos, y algo tiene que ver con la historia también cuando hablan de desempleo en la zona. Pero hoy no estamos aquí para eso.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Un minuto, presidente.
El señor PRESIDENTE: No, no, un minuto no. (Risas.)
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Lo único que quiero decir al final es que quede muy claro, en cuanto a la enmienda que nosotros presentamos, que lo importante hoy es saber que la prioridad son los trabajadores y el empleo en la zona de Puertollano. Nuestra enmienda, señorías, lo único que pide y cambia respecto a su PNL -por eso le pido que la admitan- es que, en vez de que el Congreso insta al Gobierno, decimos que el Congreso insta a que se adopten las medidas por la autoridad competente. Es decir, a nosotros nos da igual...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: La competencia hoy en materia de empleo la tiene la comunidad autónoma. Por tanto, con independencia de quién tenga o quién crean...
El señor PRESIDENTE: Señora Bonilla...
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Sí, sí, un minuto.
El señor PRESIDENTE: ¿Pero cómo que un minuto?
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Un segundo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Usted lleva el mismo tiempo que quien ha propuesto la iniciativa. Hoy se nos está yendo de las manos. (Risas.)
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Simplemente le digo a la portavoz que la admitan (Rumores.-El señor Echániz Salgado: ¡Esto no funciona!), porque lo importante, señoría, es que adoptemos lo adecuado para los trabajadores, no quién adopte la decisión.
El señor PRESIDENTE: Señora Bonilla, por favor.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente, y disculpe. Ya está.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Si se ajustan unos tiempos para que podamos intervenir, se supone que ustedes eran conscientes y conocedores (El señor Echániz Salgado pide la palabra) -un segundo, señor Echániz- de esos tiempos y que, por tanto, ajustan su intervención a los mismos. No dejen lo importante para el último minuto para condicionar a la Presidencia a que les dé más tiempo en el uso de la palabra.
Es precisamente sobre sus últimas palabras. Quisiera expresar, al hilo de cómo se está desarrollando la sesión de esta tarde, mi preocupación y también mi rechazo y el de mi grupo a este modo trabajo parlamentario. En dos o tres minutos, señoría, es absolutamente imposible profundizar en las ideas y en los argumentos para dar contenido a la labor parlamentaria, es decir, dialogar, debatir, argumentar o
escuchar. En dos minutos, señoría, solo se puede dejar un titular encima de la mesa y eso está muy bien para las redes sociales en 140 caracteres, pero en un Parlamento es indispensable poder argumentar y con serenidad poder expresar los planteamientos de cada grupo parlamentario en términos políticos. Lo demás es un grave error, es una desnaturalización de la función parlamentaria y un golpe a la eficacia del Poder Legislativo. Creo que estamos cometiendo un grave error y yo les pediría al presidente, a la Mesa y al resto de los grupos parlamentarios que es mejor tener menos iniciativas por sesión y más tiempo o más comisiones o cualquier otra forma de trabajar, pero, desde luego, esta ametralladora verborreica en que se están convirtiendo las comisiones de Empleo y Seguridad Social, con intervenciones a la carrera, no son nada positivas para el Parlamento de este país. Por tanto, yo quiero apelar a la sensibilidad y a la reflexión del presidente de la Mesa y a las del resto de los grupos de que cambiemos esta metodología de trabajo porque así no vamos a ningún lado.
El señor PRESIDENTE: Tomo nota de su consideración. Me siento apelado en mi sensibilidad y, si les parece, trasladamos esta discusión al ámbito de la Mesa y portavoces, que es donde tenemos que hacerlo. Hoy nos atenemos a la metodología que hemos acordado y a partir de la próxima reunión de Mesa y portavoces, si es necesario y si al resto de los grupos parlamentarios les parece oportuno, revisamos esa metodología. ¿Les parece bien? (Asentimiento.)
Sobre la base de la propuesta acordada en la anterior Mesa y de los tiempos que nos dimos en la misma, tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, que no ha presentado enmienda y que, por tanto, simplemente fija posición por un tiempo de dos minutos. Doña Sol Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señor presidente. Yo, como vivo en el Grupo Mixto, en dos minutos seguro que me da tiempo.
Con respecto a la PNL que se ha presentado sobre Elcogas, en primer lugar, saludamos a los miembros de esta empresa que nos están siguiendo, a la que Izquierda Unida-Unidad Popular ha apoyado desde el principio. En segundo lugar, nos gustaría llamar la atención sobre un par de cuestiones. La primera es que este caso conjuga el sostenimiento del empleo estable con, algo que no suele ser habitual, propiciar cambios de modelo tanto productivo como energético. En relación con aquellos que apoyan la creación de empleo, cuyas modificaciones legislativas están enfocadas a sostener el empleo de calidad, cuando esta empresa -que evidentemente sí está desconectada- presentó su plan de viabilidad -la señora Bonilla ha hecho un recorrido por varias efemérides, pero se ha saltado esto-, apoyado por la ciudadanía, por el propio comité de empresa, por los representantes sindicales y por los trabajadores y avalado por el discurso oficial, que busca ese cambio de modelo productivo y esa industria de alto valor añadido, curiosamente este plan de viabilidad fue rechazado por un defecto de forma tan absurdo como el cambio de una palabra en el tipo de informe. Quería resaltar esto para que tuviésemos la información completa. ¿Ya han pasado los dos minutos?
El señor PRESIDENTE: Casi, casi.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Reitero nuestro apoyo para que se ponga en marcha esta industria, que debería ser el modelo a seguir y que aúna muchas cuestiones de valor que no pueden quedar fuera del caso en cuestión.
Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Barandiaran (Denegación), que la cede graciosamente. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) (Denegación), que tampoco hace uso de ella. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador (Denegación), que tampoco hace uso de ella. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña Elena Faba.
La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Señor presidente, señorías, como se ha expuesto, Elcogas se encuentra en grave riesgo de desaparecer, ya que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Minetur, autorizó el cierre solicitado por la empresa el 1 de junio de 2014, aunque tras la movilización social y sindical la empresa Elcogas solicitó una prórroga para poder presentar un plan de viabilidad el pasado 30 de octubre de 2015, en el que mostrar la modificación de la configuración de la central, incorporando una
nueva planta que utilice un 30 % de biomasa como materia prima. La empresa solicitó un aplazamiento de la desconexión física de la planta con el fin de elaborar dicho plan. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió un aplazamiento extraordinario, como bien se ha comentado ya, y por única vez, de tres meses -resolución de 30 de octubre de 2015-, plazo que finalizó, como se ha mencionado también, el 31 de enero de 2016. El plan de viabilidad se presentó el 22 de diciembre de 2015.
Este planteamiento de reestructuración de la planta de Elcogas es de fundamental importancia para el mantenimiento de la entidad. Esta cuestión ha sido objeto de planteamiento en una proposición no de ley específica, formulada con el consenso del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al que represento, para su toma en consideración en Pleno. Por tanto, es necesario tener en cuenta lo formulado en relación con la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el mantenimiento de la entidad Elcogas. Estando planteada debidamente esa iniciativa, este Grupo Parlamentario Ciudadanos se abstendrá respecto a la que ahora se debate.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Faba.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Luz Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras de Elcogas que nos están escuchando. Hoy les recuerdo a ellos, pero también a los trabajadores de Silicio, a los trabajadores de Solaria, a los trabajadores de aquello que fue uno de los ámbitos industriales más importantes de Castilla-La Mancha, que hoy, después de las políticas del Partido Popular, parece un erial, porque el Partido Popular es el único responsable de lo que está sucediendo en Elcogas, pues la señora Cospedal no movió un dedo político para superar la situación de los trabajadores de dicha empresa. En segundo lugar, quiero decir a los trabajadores y trabajadoras de Elcogas, aunque me consta que lo saben, que el Partido Socialista ha estado desde el minuto cero con ellos. Tanto es así que Pedro Sánchez estuvo trabajando con ellos e intentando con ellos que Cospedal, que entonces era la presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, pudiera hacer algo para que esta empresa no se cerrara. En tercer lugar, quiero decir a los trabajadores de Elcogas que, como entonces apoyamos, hoy apoyaremos la iniciativa presentada por el Grupo Podemos. A dicho grupo, que ha presentado esta iniciativa, quiero decirle ya en este último segundo de intervención que nos alegramos mucho de que esta vez sí estén con los trabajadores de Elcogas, porque desafortunadamente votaron en contra de una iniciativa presentada en el Parlamento de Castilla-La Mancha, pero a partir de hoy tenemos la oportunidad de cambiar la situación de los trabajadores de Elcogas no solamente con esta iniciativa sino con un cambio de Gobierno, porque, si el Partido Popular sigue en el Gobierno, la suerte de los trabajadores de Elcogas está echada.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea para manifestarse sobre la enmienda aportada.
Me dirijo a la compañera Bonilla, a la que quería corregir, porque ha dicho que la central está cerrada. Siento comunicarle que 24 trabajadores seguirán trabajando hasta 2018 y en octubre se empezará el desmantelamiento. No lo digo yo, lo dicen los compañeros que ahora mismo están, son los trabajadores. Una cosa es que esté desconectada y otra que esté cerrada la fábrica como tal; o sea, que hay opciones de poder abrirla.
La segunda cuestión que le quería plantear es que instamos al Gobierno -no solo nosotros, sino también los trabajadores- en el sentido de que para que esta fábrica, esta central pueda seguir tiene que haber una viabilidad. (Rumores.) Se tiene que hacer una modificación del real decreto que ya se presentó...
El señor PRESIDENTE: Señora Marcello, es para pronunciarse sobre la enmienda, no para argumentar sobre las manifestaciones de la señora Bonilla.
La señora MARCELLO SANTOS: Solo quería corregirla, porque ha dicho algo que no es cierto. Ella pregunta por qué instamos al Gobierno. Lo hacemos porque, con vistas a la viabilidad de la central,
tendría que dar su aprobación a la modificación del real decreto que se presentó en enero y a la que dijeron que no. (El señor Echániz Salgado: No es ese el punto de la intervención.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Sí o no a la enmienda, señora Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: Por eso no vamos a admitir esa enmienda, porque creemos es un brindis al sol directamente, no es una enmienda como tal.
- RELATIVA A LA DESPENALIZACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000149).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la despenalización del derecho de huelga, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, con número de expediente 161/000149. Nuevamente, como en los casos anteriores, les hago saber a sus señorías que, según el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se remite a esta Comisión esta proposición no de ley, se hacía constar que, en caso de ser aprobada, se entendería que está dirigida al Gobierno que se constituya en un próximo futuro. Corresponde la defensa de la proposición no de ley al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por un tiempo no superior a cinco minutos -se lo ruego- y, en su nombre, a su portavoz, el señor diputado don Salvador i Duch.
El motivo de la presente proposición no de ley es la despenalización del derecho a la huelga y, concretamente, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, un artículo pensado exclusivamente para ir contra los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones políticas y sindicales. Como todos tienen la proposición no de ley escrita, permítanme que dedique el tiempo del debate al ámbito más bien político y sindical que al legal. (Rumores.) Me desconcentra la gente que habla.
El señor PRESIDENTE: Les rogaría silencio, por favor.
El señor SALVADOR I DUCH: Queda claramente expuesto el tema legal en el documento, luego pasaré a este comentario más bien político y sindical.
Soy sindicalista y he vivido de cerca la perversa utilización del artículo 315.3 aplicada a compañeros míos, buenas personas, a las que se criminaliza aplicando una ley enormemente ambigua contra el derecho a la huelga. La ley dice -les recuerdo-: "Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga..." Con esto podría entrar todo el mundo en la cárcel, porque es muy fácil caer en este detalle. Como decía antes, me siento uno más de los 300 imputados por ejercer de piquetes. He hecho de piquete y me siento muy orgulloso de haber hecho de piquete, tanto que puedo mirar a los ojos de mi hija de nueve años con mucho orgullo. Pues bien, por ejercer este derecho se piden penas de cárcel a más de 300 trabajadores y trabajadoras, por presionar -dicen- a ejercer la huelga. Paradójicamente, a ningún empresario se le ha aplicado el mismo artículo penal -repito, penal- por coaccionar en contra del derecho a la huelga, a ninguno.
Exigir la derogación del artículo 315.3 del Código Penal no es más que una exigencia democrática, cualquier demócrata debe exigirla. Es una deuda que tenemos con la democracia. No hay democracia sin derecho a la huelga y este artículo la impide. Este artículo además ha permanecido agazapado en nuestro ordenamiento jurídico sobreviviendo a la denominada Transición y su Constitución y a las distintas reformas del Código Penal. Ha estado ahí en la sombra, escondido por si hacía falta, un artículo rémora de la época del dictador y que desde el año 2010 ha venido siendo utilizada por el Gobierno para reprimir a los trabajadores, sus dirigentes y sus representantes. Así ha sido durante los últimos seis años, cuando se ha exigido su interpretación y su aplicación por parte de fiscales a jueces, precisamente cuando más separados estaban entre sí los intereses de los trabajadores y los del capital financiero, bien defendidos por el Partido Popular. Ha sido en la defensa de los planes de la troika y de sus reformas cuando ha sido necesario esgrimir de nuevo el artículo 315.3, convirtiendo el derecho democrático a la huelga en un delito, a sus seguidores en criminales e imputando y amenazando con condenas de prisión a centenares de sindicalistas; trabajadores cuya única acción ha consistido en resistirse a las reformas que han empujado a la miseria y al paro a millones de trabajadores; reformas impuestas por un Gobierno que hoy
se ve solo y arrinconado, como podemos ver cada vez que hay alguna comisión. Sin duda, el ejemplo más claro ha sido la causa de los ocho de Airbus, donde se les pedía por parte de la fiscalía ocho años de prisión y donde el juez, a pesar de los informes realizados para imponer la condena, no ha podido sino decretar la absolución. Pero aún quedan más de 300 compañeros y compañeras en distintas fases judiciales, algunos esperando vista y otros sentencia.
No, no somos criminales ni nos van a amedrentar. Se derogue o no se derogue, vamos a continuar; se derogue o no se derogue ley mordaza, que también pedimos, seguiremos en el camino, seguiremos defendiendo donde sea necesario el derecho al trabajo, a un salario digno y a no perder nuestras conquistas sociales y laborales -por cierto, realizadas gracias a miles de movilizaciones de huelguistas que ahora se quieren criminalizar-. Nunca nos han regalado nada. Hace poco hemos asistido a los actos en memoria de los trabajadores asesinados en Vitoria y, entre otros compañeros, en memoria del trabajador de Tarragona Juan Gabriel Rodrigo, cuya muerte aún no ha sido esclarecida. Cuarenta años hace ya y no nos merecemos que continuemos siendo perseguidos por los tribunales, ni ser condenados a entrar en prisión huelguistas de ninguna parte del mundo. Por ello, Esquerra Republicana presenta esta proposición. En ella no se pide ni el indulto ni el perdón, porque no son delincuentes. Sí pedimos la derogación del artículo 315.3, porque exigimos el derecho a la huelga y su defensa, y sí exigimos la nulidad total de las actuaciones en torno a ella realizadas y que el Estado repare los daños ocasionados a sus personas y bienes. Estamos convencidos de que tal exigencia básica es la norma principal de la democracia y de que obtendrá la unanimidad de los votos favorables de los miembros de esta Comisión, porque es democracia pura.
Para terminar, me gustaría hacer un recordatorio especial al compañero del SAT y de Podemos, Andrés Bódalo, que también es víctima, no de este artículo pero sí de la represión por la lucha de los trabajadores y trabajadoras. (Aplausos.) Nos hacen falta muchos Andrés Bódalo para poder continuar y poder tener el Estado del bienestar que algunos quieren quitarnos.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Antonio Rodríguez, que presenta enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos manifiesta su conformidad con la proposición no de ley formulada en relación con la supresión del apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1985, de 23 de noviembre, del Código Penal. Sin embargo, entendemos que procede la supresión del apartado 2 de la proposición no de ley tal y como está formulado, dado que, en aplicación del principio de retroactividad penal favorable, ya se vienen revisando -ya se está haciendo- las condenas, si se dan las circunstancias, no teniendo esta proposición una eficacia real. En todo caso, es cuando menos dudosa y cuestionable la previsión de la indemnización que se propone para el caso de anulación de sentencias, dado que no se puede equiparar lo que es un error judicial o la condena injusta con la revocación de condena por derogación de delito.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Rodríguez.
Tienen ahora la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que no presentan enmienda. Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Sánchez.
Desde Izquierda Unida-Unidad Popular hemos apoyado la derogación del 315.3 y todos los actos que ha hecho la plataforma por esta derogación. La huelga es un derecho y, para quien no lo entienda, es el último recurso que tienen los trabajadores y las trabajadoras cuando el resto de las vías han sido eliminadas. El hecho de que se esté represaliando a los sindicalistas y a los trabajadores en general que han ejercido un derecho constitucional es algo verdaderamente grave. En ese sentido, lo único que podemos hacer es reiterar la necesidad de que este artículo se derogue cuanto antes y, además, mostrar nuestra disconformidad con la enmienda propuesta por el Grupo Ciudadanos, porque lo que no se puede decir es que algo es injusto y, sin embargo, dejar a las víctimas aparcadas. Cuando se corrige un derecho además se han de compensar los efectos que esa injusticia ha causado en la vida de muchos y muchas
y, por supuesto, en las más de 300 personas que en este momento o están encausadas o están esperando por ese artículo.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, vamos a apoyar esta propuesta, pero fundamentalmente porque, como en su momento ya dijera mi grupo, entendemos que esta modificación del Código Penal era absolutamente innecesaria y, además, también injusta. Las coacciones, que son una restricción a la libertad de actuación del individuo, están suficientemente recogidas en el Código Penal. No había necesidad de hacer este tipo de acogimiento específico, como si se tratara de un derecho penal de autor. ¿Hacia quién? Hacia un colectivo, fundamentalmente el de los representantes de los trabajadores, que son quienes suelen actuar de determinada forma en piquetes que siempre han sido cuestionados pero que, sin embargo, son representativos de la actividad sindical como tal. En ese sentido, también quisiera señalar que, aun cuando se caracteriza como un ataque al derecho de huelga, creo que se trata de un ataque a la actividad sindical, a la acción sindical como tal. Por tanto, es esa la libertad que se pretende constreñir con el 315.3 del Código Penal. Otra cuestión que también subyace en este tema es que hay un desdibujamiento de la igualdad de trato entre la parte más desfavorecida de una relación y quienes están en situación de superioridad, para quienes no se contempla un castigo de la misma intensidad o con quienes no se actúa de la misma manera.
Por tanto, entendemos que es procedente esta PNL y vamos a apoyarla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barendiarain.
El señor BARANDIARAN BENITO: Disculpe, señor presidente. Es que me está pasando en muchas ocasiones. Les ruego que por una vez se aprendan mi apellido. Es Barandiaran. No cuesta mucho aprenderlo. Creo que, como los demás, merezco que se me llame por mi propio nombre.
El señor PRESIDENTE: Ha sido un error en la lectura. Discúlpeme.
El señor BARANDIARAN BENITO: Es que es un error reiterado. Sabiendo de su bondad, apelo a ella.
El señor PRESIDENTE: Hoy soy flexible, sensible y bondadoso. (Risas.) A continuación, el señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario de Democràcia i Llibertat.
Nuestro grupo apoyará esta iniciativa del señor Salvador. Coincidimos en la cuestión de fondo. Es evidente que el artículo 315.3 ha provocado gran alarma social en el mundo sindical. Es evidente que el derecho de huelga es un derecho fundamental. Es evidente que en una situación de conflicto social y laboral el derecho de huelga permite canalizar ese conflicto y da un espacio para la protesta ciudadana. Y es evidente que los problemas que se puedan producir en el ejercicio de ese derecho fundamental no pueden encontrar respuesta en el Código Penal. Es más -lo decía el portavoz del Grupo Vasco y mi grupo coincide-, existen otros instrumentos en el marco del Código Penal que pueden dar respuesta a incidentes que se puedan producir en el ejercicio de ese derecho de huelga sin necesidad de que exista un tipo específico. Por tanto, en esa coincidencia de fondo, votaremos a favor de esta iniciativa.
Ahora bien, en la propia exposición de motivos de esta iniciativa se nos recuerda una cuestión y es que el desarrollo de ese precepto contemplado en la Constitución continúa estando regulado en una norma preconstitucional, aprobada antes de la aprobación de la Constitución. Es cierto que en cada ocasión en que existe una huelga -especialmente una huelga vinculada a servicios públicos esenciales- aparece el debate sobre la regulación de la huelga y este debate desaparece cuando los efectos de la huelga dejan de estar presentes en la opinión pública. Mi grupo aprovecha esta intervención para reclamar, no de los grupos políticos presentes en la Cámara sino de los interlocutores sociales, que sean capaces de acordar un desarrollo legislativo de ese derecho fundamental contemplado en la Constitución que nos evite esos debates, debates que trasladan a la opinión pública una incapacidad de este Parlamento de regular ese derecho fundamental, el único que no ha sido regulado por ley después de la aprobación de
la Constitución. Ojalá en esta legislatura, si funciona, los interlocutores sociales sean capaces de trasladarnos una propuesta de desarrollo del derecho de huelga.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita.
Nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, va a votar que sí a esta proposición no de ley, pero para fijar nuestra posición queremos ahondar en dos razonamientos. Primero, que desde hace años distintos operadores jurídicos -asociaciones de magistrados, de jueces y de letrados- llevan gritando a quien quiera oírlo la contradicción que supone en un Estado de derecho que un derecho fundamental, y por tanto de obligado amparo por parte de los poderes públicos, tuviera en el Código Penal una figura delictiva, que además, para más inri, tiene su origen en el ordenamiento penal franquista. La verdad es que da un poquito de bochorno y de vergüenza. Estos operadores jurídicos abogan categóricamente por la supresión de esa figura delictiva. Pero donde queríamos incidir es en resaltar que este no es un derecho otorgado, es un derecho conquistado con sangre, sudor y lágrimas por la clase trabajadora. Además, en su ejercicio, se han conseguido logros colectivos históricos, como las jornadas de ocho horas por los mártires de Chicago, que dan origen al Primero de Mayo. Que nadie piense que ir a la huelga es un elemento festivo o divertido, como a veces pomposamente se quiere trasladar. Cuando se va a la huelga es cuando no quedan más recursos, como decía ahora la compañera de Izquierda Unida. Quiero recordar que los trabajadores pagamos con nuestro salario el día de huelga, el ejercer este derecho fundamental. Diría que es cuando menos gracioso, si no fuera tan serio, comprobar que la gran patronal y sus voceros solo defienden el derecho al trabajo cuando estamos de huelga y lo defienden para proteger precisamente a los esquiroles. Es, cuando menos, paradójico. En una democracia avanzada la protección del derecho al trabajo debe tener recursos y elementos necesarios que puedan evitarnos, por ejemplo, el derecho a la huelga, o sea que el Estado y los poderes públicos trabajen por el derecho al trabajo. Pero no ocurre así en nuestro país. La realidad en nuestro país en eso que llaman mercado laboral es aterradora porque efectivamente sus mercaderes, amparados por las dos reformas laborales -las dos, señorías, las dos, primero la del PSOE y luego la del PP-, han convertido el derecho al trabajo en una quimera. Amparados por estas leyes asistimos diariamente a la lapidación del derecho laboral, se está desconstitucionalizando el derecho al trabajo en este país, y hay que decirlo. ¿Datos? Los que quieran, miles. Ya se me han pasado los dos minutos.
Permítame, presidente, que cierre nada más con una frase que cita un magistrado especialista en derecho social.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Pita.
La señora PITA CÁRDENES: Termino. Son dos líneas, presidente.
Ante este escenario -y se refiere al contexto de la crisis y la reforma-, es un síntoma de degradación democrática que la respuesta del Estado sea la represión penal de forma que 300 sindicalistas estén siendo objeto de procedimientos sancionadores, administrativos y penales y que se estén por ello imponiendo penas de prisión a personas que carecen de antecedentes penales, lo que a todas luces resulta, cuando menos, claramente desproporcionado.
Gracias por la generosidad, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada María del Rocío de Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Tardaré veinte segundos en decir que desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyamos firmemente y como no podía ser de otro modo la proposición no de ley de Esquerra, porque nosotros, el Partido Socialista, hemos luchado y reivindicado de forma sistemática en distintos foros nacionales e internacionales la derogación de este precepto, así que decimos sí a esta proposición no de ley.
A partir de aquí, voy a aprovechar mi intervención para hacer una pequeña reflexión sobre la gravedad de lo que ha pasado con este artículo, sobre cómo ha habido en estos años de Gobierno del Partido Popular una especie de actuación conjunta de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que deben
proteger a los ciudadanos, para cercenar este derecho de huelga. En los últimos años se ha producido un ataque sin precedentes al sindicalismo y a los trabajadores no solo con la degradación de la negociación colectiva sino sobre todo con esta manifestación y grave utilización del Código Penal contra los sindicalistas y los trabajadores por participar en huelgas y manifestaciones cuando ya no tenían cauces ordinarios dentro del ámbito de las relaciones laborales para defender sus derechos.
Desde que gobierna el Partido Popular se ha producido algo tremendo: primero, una acción concertada desde el Ministerio del Interior con la Ley Mordaza y la policía, que a través de los atestados utiliza expresiones sobre la acción de los piquetes informativos que prejuzgan un presunto carácter ilícito o, al menos, una actuación sospechosa de los trabajadores. Y, segundo, desde el ministerio fiscal, que impulsa estos procedimientos, cuyo objetivo conjunto es intimidar a los trabajadores para que no ejerciten su derecho de huelga. Desde hace cuatro años la fiscalía ha dado un giro importante a la interpretación del artículo 315.3 del Código Penal y, como bien ha dicho el compañero de Esquerra, nunca ha aplicado, que yo sepa, los artículos 315.1 y 315.2 para incriminar a ningún empresario. La fiscalía ha venido utilizando este precepto, que hacía años que no se aplicaba...
La señora DE FRUTOS MADRAZO: ...para procesar a trabajadores por ejercer sus derechos. Desde el Partido Socialista pensamos que el ejercicio del derecho de huelga es un derecho fundamental y una manifestación de libertad y, por tanto, apoyamos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el diputado don José Ignacio Echániz.
Señorías, a diferencia de lo que parece sugerirse en el preámbulo de esta iniciativa, el Código Penal vigente en ningún caso se refiere a la actividad de los piquetes que realmente están destinados a informar a los trabajadores durante una huelga. Lo que el artículo 315.3 del Código Penal tipifica como un delito claro, franco, son las conductas coactivas, esto es, las conductas en las que se emplea la fuerza o la violencia para obligar a otros a iniciar o a continuar una huelga y, además, solo cuando se actúa en grupo. Así lo pone de manifiesto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, denominando coacción como fuerza o violencia que se hace para obligar a alguien a que ejecute algo, aunque sea contra su libre decisión, es decir, contra su voluntad. Estamos, por tanto, señorías, ante actos que nada tienen que ver con la misión de informar a los trabajadores sobre la huelga, que sería la propia de los piquetes verdaderamente informativos, pero que tampoco se pueden reconducir sin más al delito genérico de coacciones, como también se sugiere en el preámbulo de esta iniciativa, al haber en este caso una dimensión de carácter colectivo, además de otros bienes jurídicamente protegidos, sobre todo de la libertad de opinión y de acción. Por lo tanto, señorías, con la Ley Orgánica 1/2015 se produce una modificación que nada tiene que ver con las funciones del piquete informativo, sino con quien emplea conductas coactivas.
En segundo lugar, desde el punto de visto jurídico tampoco parece ni razonable ni oportuno la propuesta de derogación del apartado 3 de este artículo, que tiene por objeto algo muy importante, que es la protección del derecho a decidir libremente ejercer el derecho a la huelga, pero a la vez también poder ejercer el derecho de seguir desarrollando con normalidad actividades productivas. El derecho a la huelga, señorías, también tiene una vertiente negativa, cuya manifestación es precisamente el derecho a no ejercitar el derecho, que debe ser protegida cuando su vulneración es coactiva. Tanto el derecho de huelga, señorías, como su vertiente negativa, no querer ir a la huelga, son derechos constitucionales y, por tanto, de máxima protección. Por tanto, en quien no ha pensado el proponente ni a quien ha defendido es al que no quiere hacer la huelga, y por eso tergiversa en el preámbulo la realidad y no dice que informar no es coaccionar ni promover el matonismo, como se ha puesto de manifiesto con algún reciente ejemplo en nuestro país. En consecuencia, el derecho constitucional a no seguir la huelga es otro derecho a proteger en nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, la Ley Orgánica 1/2015 vino a modificar una situación que el Partido Socialista dejó en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Hasta ese momento, hasta la promulgación de esa ley orgánica, las condenas ascendían a una pena mínima de tres años de prisión, hasta cuatro años y medio, y a una
pena de multa. Esa era la legislación con Zapatero. Lo que ha hecho este real decreto ha sido modificar esta pena, mitigarla a menos de la mitad y que, por tanto, los jueces y tribunales puedan optar entre una alternativa de multa o de prisión.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Por tanto, esta regulación -y con esto termino- no solo es respetuosa con los derechos y con las libertades constitucionales, sino que garantiza su libre ejercicio en un espacio en el que no se utilice la violencia y sí el diálogo, que es lo que tiene que existir en un Estado social y democrático de derecho.
Están abusando de mi generosidad, bondad y flexibilidad. (Risas.)
Finalmente, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para manifestarse sobre la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor SALVADOR I DUCH: Lógicamente no vamos a aceptar esta enmienda de ninguna manera. Estamos hablando de una proposición no de ley. Creemos que detrás de este artículo hay una finalidad política, y la prueba está en que hasta 2010 este artículo no había sido utilizado por la fiscalía; en cambio, después, sí. Es decir, nosotros queremos que se adopten las soluciones pertinentes para su derogación y, si acaso, restituir o indemnizar a los que han pasado por este mal trago que algunos llaman matonismo. Me refiero, por ejemplo, a las ocho personas que durante tres años han estado...
El señor PRESIDENTE: Señor Salvador...
El señor SALVADOR I DUCH: Perdón, pero esto es muy importante. Yo nunca me he pasado del tiempo y el Grupo Popular se ha pasado cuatro veces.
El señor PRESIDENTE: Ya se ha manifestado al respecto.
El señor SALVADOR I DUCH: El Grupo de Esquerra no se ha pasado ni una vez.
El señor PRESIDENTE: Esto no es un mercadeo persa sobre los tiempos. Usted debe pronunciarse sobre la enmienda.
El señor SALVADOR I DUCH: Ya lo sé, pero ahora resulta que va a ser más inflexible conmigo que con los otros.
El señor PRESIDENTE: ¡No, no, no!
El señor SALVADOR I DUCH: Ha sido más flexible con el Grupo Popular. Así ha sido. Simplemente le digo que se pongan en la piel de los ocho trabajadores de Airbus, que han sido absueltos por ejercer el derecho a huelga (El señor Echániz Salgado: Este no es un turno para hacer valoraciones políticas), y eso, como mínimo, supone restituir su honorabilidad por hacer una cosa tan digna como formar parte de un piquete. (Aplausos.)
- SOBRE EL ALCANCE DE LOS INCUMPLIMIENTOS POR LA LEGISLACIÓN LABORAL ESPAÑOLA DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000165).
El señor PRESIDENTE: Entramos en la discusión del debate de la última proposición no de ley, sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación española de la Carta Social Europea, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Como en los casos anteriores, y antes de entrar al debate, se hace constar a sus señorías que, según el acuerdo por el que se remite esta proposición no de ley desde la Mesa del Congreso a esta Comisión, en caso de ser aprobada se entiende que está dirigida al Gobierno que se constituya.
La defensa de esta proposición no de ley corresponde a la diputada señora Vidal.
La señora VIDAL SÁEZ: La Carta Social Europea es la norma más importante nacida del Consejo Europeo. Tiene que ver con un modelo europeo determinado, con un modelo inclusivo de derechos económicos, sociales y civiles, donde las libertades individuales y colectivas juegan un papel clave, central, y donde además la Unión Europea es garante de las mismas. Estamos hablando, por supuesto, del modelo de la Europa social.
La Carta Social Europea constituye una pieza angular de esta Europa social. Se trata de una carta que no es nueva, que de hecho se aprobó en 1961 y que, como tantas otras cosas, el franquismo retrasó. Fue durante la democracia -que llegó, por cierto, gracias a la lucha incansable de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas- cuando se firmaba este tratado internacional, en 1978, y dos años más tarde -con diecisiete años de retraso- se ratificaba. 1961 queda lejos, señorías, así que el Consejo Europeo acordó en 1996 la aprobación de una carta social revisada y de un protocolo adicional, que da paso a aspectos tan importantes como las reclamaciones colectivas de los agentes sociales; protocolo por el que -supongo- algunos de ustedes deben estar profundamente preocupados. Desgraciadamente, esta carta social revisada, que España sí firmó en el año 2000, no ha sido jamás ratificada. Los Gobiernos de Aznar, de Zapatero o de Rajoy parece que no encontraron nunca cinco minutillos para la ratificación de este importante tratado. Y aunque algunos se entesten en paralizar el avance, el mundo sigue girando y avanza, y el propio Comité Europeo de Derechos Sociales emitió un informe muy crítico con relación al cumplimiento en España de los derechos laborales, de la negociación colectiva y de la libertad sindical recogidos en la Carta Social Europea.
La resolución menciona siete incumplimientos graves de las obligaciones de España establecidas en dicha norma internacional, porque además parece que el Gobierno no ha facilitado suficiente información para poder pronunciarse respecto a otros, pero en algunos casos avanzan que estos incumplimientos podrían superar estos siete mencionados.
El primero de estos incumplimientos -no es ninguna sorpresa- tiene que ver con el salario mínimo, pues afirman que el salario mínimo interprofesional no asegura -cito el informe- un nivel de vida digno. Recuerda que la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo y toma nota de que, después de las contribuciones a la Seguridad Social y el impuesto sobre la renta, el salario mínimo interprofesional está por debajo del umbral mínimo y, por tanto, son condiciones manifiestamente abusivas. Pide además que en el próximo informe se incluya información sobre la tasa de cobertura de los convenios colectivos, así como los salarios mínimos acordados.
En segundo lugar, el comité constata la falta de un preaviso adecuado ante el despido de contratos temporales, y en especial con el contrato de apoyo de los emprendedores introducido en la última reforma laboral. Se llega a la conclusión -¡sorpresa!- de que España no garantiza el derecho de tener un plazo de preaviso razonable en la extinción del empleo. El más grave, claro está, lo encontramos en el periodo de prueba del contrato de apoyo a los emprendedores, donde no se prevé ningún tipo de plazo de preaviso. Ya ven cómo nos pintan los inventos del Partido Popular. Lo mismo sucede con otros supuestos en los que se ha suprimido el preaviso para que la empresa pueda imponer a sus anchas el despido de forma inmediata, como pasa en los contratos temporales de menos de un año. El comité constata el incumplimiento por el Gobierno del derecho de libertad sindical al no respetar el procedimiento de consulta con las organizaciones sindicales antes de aprobar la reforma laboral. Esta forma de actuar es a la que el PP casi nos tiene acostumbrados con el uso y abuso de los decretos-leyes para ahorrarse lo que parece ser que a ustedes les molesta de tener que dialogar con más gente, más allá de consigo mismos.
Con relación a la primacía del convenio en empresas señala que eso no puede significar que se supriman derechos de los trabajadores que estén establecidos en un convenio de ámbito superior, por lo que pide información sobre cómo se aplica en la práctica la reforma laboral en este punto. Además concluye que la reforma laboral no es conforme a la Carta Social Europea, pues permite a los empleadores, de manera unilateral, no aplicar condiciones pactadas en los convenios colectivos.
También se posiciona muy críticamente ante la restricción del derecho de huelga y la criminalización de la actividad sindical. El comité toma nota de las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales sobre la criminalización de la actividad de los piquetes informativos, un hecho del que ahora mismo estábamos discutiendo relacionado con el artículo 315.3.
En quinto lugar, critica nuestra regulación de la jornada flexible y que se utilicen periodos de referencia de un año y pide la información para contrastar si en la práctica los trabajadores en las modalidades de trabajo flexible, de tiempo con largos periodos de referencia, no terminan en la práctica, como les decía, trabajando horas irrazonables o un excesivo número de semanas de trabajo prolongado. El comité
considera, pues, que España incumple la obligación de asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras expuestos a riesgos para la salud y la seguridad tienen derecho a medidas compensatorias.
El señor PRESIDENTE: ¿Va concluyendo?
La señora VIDAL SÁEZ: Sí.
Me salto, pues, el último. Siete incumplimientos graves, y resalto, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el Comité Europeo de Derechos Sociales. Por ello presentamos esta proposición no de ley y pedimos que se pongan en marcha las reformas necesarias inmediatas con tal de dar cumplimiento a la Carta de Derechos Sociales y por supuesto actualizar y mejorar ya el salario mínimo interprofesional y proceder a la ratificación por fin de la Carta Social Europea.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmienda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada doña Tamara Raya.
El Partido Socialista tiene claro que España precisa realizar un giro de 180 grados respecto a la política social y de empleo que ha impuesto el Partido Popular en estos últimos años. Para llevar a cabo un cambio real los socialistas entendemos como obligatoria la necesidad de recuperar el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con una clara finalidad: la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que constituya una verdadera carta de derechos y que además dé cumplimiento a las exigencias del Comité Europeo de Derechos Sociales. Conforme a lo establecido en la Carta Social Europea, España debe reiniciar una etapa que suponga un punto y final a los diversos requerimientos que se le formulan a nuestro país para que se cumplan los preceptos contemplados en dicho documento. En otras palabras, con una actuación firme y decidida debemos cerrar esta etapa en la que España de manera sistemática viene siendo amonestada por Europa.
Señorías, el tema que abordamos, por su condición de materia capital, requiere de sensibilidad política extrema, que vaya más allá de actuaciones simples o de la inercia de copiar de manera sistemática ideas e iniciativas recogidas en documentos por todos conocidos. Conforme a lo anteriormente manifestado, el Grupo Parlamentario Socialista propone la plena ratificación de lo establecido en la Carta Social Europea revisada y además que se ponga en práctica de manera fehaciente el protocolo adicional que establece un procedimiento de reclamación colectiva que permite a sindicatos, entidades sociales y organizaciones empresariales demandar ante el Comité de Derechos Sociales al Gobierno cuyas leyes o políticas sean contrarias a la Carta Social Europea. Ante la evidencia de los incumplimientos cometidos por España y la ausencia de mecanismos garantes de las vías de reclamación de los distintos agentes que actúan en el ámbito laboral, procede adoptar las medidas pertinentes que velen por el cumplimiento de lo establecido en la Carta Social Europea y que de manera manifiesta han sido vulnerados. Es más, en el último informe publicado se ha presentado un nuevo incumplimiento en el artículo 7.5 que detalla la obligación de los firmantes de reconocer el derecho de los jóvenes trabajadores a un salario justo. Las amonestaciones manifestadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales al Gobierno de España refrendan los profundos retrocesos que en materia laboral ha sufrido nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias por ceñirse al tiempo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos queremos manifestar nuestra conformidad con la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Por un lado, manifestamos nuestra conformidad en relación con la necesaria adecuación de la legislación laboral, las determinaciones contenidas en la Carta Social Europea del año 1961, así como a su protocolo adicional de 1988, en concreto, en referencia a las siete conclusiones en que el Comité Europeo de Derechos Sociales considera no ajustadas a derecho. Por otro lado, manifestamos igualmente nuestra conformidad en relación con la necesaria ratificación de la Carta Social Europea en su versión revisada en 1996 y el protocolo del año 1995. No obstante el apoyo, sí queríamos destacar que en el caso de el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea acepte la enmienda de modificación efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista, nos sumaremos a la misma,
entendiendo que se trata de una enmienda similar en cuanto al fondo del asunto, aunque mejora técnicamente la proposición no de ley. Finalmente, tras el estudio con detenimiento de las conclusiones efectuadas en el año 2014 por el citado Comité Europeo de Derechos Sociales, se observa que, presentado por parte del Gobierno el informe correspondiente, se realizó una petición de datos adicional sobre el cumplimiento de determinados artículos de la Carta Social Europea, la cual fue cumplida posteriormente por el Gobierno. No obstante, una vez analizada dicha información, considera el comité en sus conclusiones que respecto al cumplimiento de la situación efectuada en el artículo 4.5 de la Carta Social Europea, en este caso en referencia a la limitación de la retención sobre los salarios, sigue sin tener los datos suficientes para llegar a conclusiones, considerando la ausencia de los mismos un incumplimiento de la obligación de información, en concreto el séptimo incumplimiento al que hacíamos referencia anteriormente. Igualmente, en referencia a la ausencia de información suficiente, a lo largo de todo el informe de conclusiones nos encontramos con diferentes situaciones en las que el comité solicita información complementaria, sin perjuicio de que en estos casos concluya que la situación de España se ajuste a la Carta Social Europea, mientras espera los datos requeridos. Citamos a dichos efectos ejemplos concretos como la situación en el aplazamiento del disfrute de las vacaciones en determinadas situaciones, el pago del canon de negociación o en relación con la solución de los conflictos colectivos. Por ello, presentamos la siguiente enmienda de adición en relación con el incremento de la transparencia y la claridad en la información contenida en los informes efectuados por el Gobierno. El punto que se añade es el siguiente: Aportar la información completa en los términos que han sido requeridos por el Comité Europeo de Derechos Sociales y su remisión al mismo, a los efectos de que el referido Comité pueda evaluarla y emitir sus conclusiones sobre la adecuación de la legislación española a la Carta Social Europea de 1961.
El señor PRESIDENTE: A continuación tienen la palabra los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, por un tiempo no superior a dos minutos -se lo ruego-, y con el siguiente orden: por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas.
No pensaba intervenir, pero voy a aprovechar para referirme al tema del tiempo. Soy del Grupo Mixto y en los plenos de este Congreso los miembros de mi grupo, tanto con criterios del Partido Popular como del Partido Socialista, hemos tenido dos minutos para hablar de temas importantes, y hoy aquí...
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas, ese tema lo tratamos en la reunión de Mesa y portavoces.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: No, no, solo quería decir una cosa: hoy hay diputados que hemos preparado la intervención, que nos hemos adaptado al tiempo, y hay otros que han protestado y han tenido un cien por cien más de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Le insisto, señora Oramas, en que esa discusión la podemos tener relajadamente entre todos los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Deben acostumbrarse a defender los temas en los tiempos en los que lo hacemos desde el Grupo Mixto. Gracias, señor presidente. Usted ha estado perfecto. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Podemos tener una reunión sobre este tema, como antes le señalé al señor Echániz, en Mesa y portavoces. ¿Les parece? (Pausa.)
El señor BARANDIARAN BENITO: Muy brevemente. Simplemente quiero señalar, en primer lugar, que mostramos la conformidad con la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. En segundo lugar, el punto central para nosotros es la ratificación de la carta como tal, y debemos señalar en ese aspecto que esta misma Comisión en la anterior legislatura ya se pronunció expresamente también sobre esa rectificación, que sigue sin producirse. Y en tercer lugar, es cierto que hace determinadas recomendaciones la PNL, pero nos hubiera gustado más que hubieran sido ya propuestas concretas sobre cada una de las cuestiones que aborda el informe del comité europeo. En todo caso nos parece una aportación favorable que vamos a apoyar.
El portavoz del Grupo Parlamentario Democràcia i Llibertat, señor Campuzano.
Efectivamente Democràcia i Llibertat apoyará este texto en la medida en que nos consta, por lo que la señora Vidal nos ha contado, que van a aceptar las enmiendas que les han formulado el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, porque singularmente las del Grupo Socialista se ajustan a nuestro entender a lo que deberíamos hacer, una vez conocido el informe del Comité de los Derechos Sociales del Consejo de Europa. He de hacer dos consideraciones: una, que es bueno que ubiquemos la carta social en el marco del Consejo de Europa, para situarnos en la discusión de fondo, donde en general la capacidad que tenemos de incorporar a nuestra legislación las obligaciones legales que se derivan del Consejo de Europa en la práctica no es de la misma intensidad que en relación con la legislación que se despliega en el marco de la Unión Europea, sea vía reglamentos o vía directivas; incluso en nuestro propio trabajo parlamentario las recomendaciones del Consejo de Europa tienen un impacto relativo. Tengo poco recuerdo de que haya habido muchos debates en esta Cámara en relación con aquello a lo que nos obliga el Consejo de Europa. Por otro lado, el comité en sus consideraciones se manifiesta críticamente en relación con siete cuestiones de nuestra legislación laboral, pero como no puede ser de otra manera el comité no da respuesta a cuál debería ser la regulación que debería incorporarse. Y eso nos permite entrar en la cuestión de fondo, que es el debate que ha suscitado la señora Vidal, y que formula en la defensa que ha hecho del texto y en el propio texto de la iniciativa; se trata de la reforma laboral, y en definitiva del marco de relaciones laborales que debemos otorgarnos, y ahí el debate va más allá seguramente de lo que nos plantea el Consejo de Europa; tiene que ver también con el mensaje que nos llega de la Unión Europea, que es el mensaje de saber combinar la seguridad que los trabajadores necesitan con la flexibilidad que las empresas necesitan para competir en mercados globales e integrales. Pero ese es un debate que hoy no podemos resolver, aunque ciertamente el informe obliga a reabrir la discusión de nuestro marco de relaciones laborales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra, señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Vamos a votar afirmativamente a esta proposición no de ley, como no puede ser de otra manera, y esperamos que se ratifique, haciendo la reflexión de que es triste que aún tengamos que ir a una Carta Social Europea de la década de los sesenta. En cualquier caso, felicidades a la compañera Aina.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Candón.
Intentaré ajustarme también el tiempo que me corresponde.
El señor PRESIDENTE: Intentémoslo.
El señor CANDÓN ADÁN: Quiero señalar que la mayoría de las disconformidades que se han expuesto coinciden con las señaladas ya en informes previos relativos al empleo, como los de los años 2003, 2007 y 2010, y evidentemente nada tienen que ver con la reforma laboral del año 2012, como expondré viendo la descripción que se ha hecho en la exposición de motivos de la proposición no de ley.
En cuanto al salario mínimo interprofesional dicha disconformidad tampoco es consecuencia de la reforma laboral, porque como ustedes bien saben no es que estemos en contra de un incremento del salario mínimo interprofesional evidentemente, sino que hay que recordar que el salario mínimo interprofesional, el SMI, está regulado en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, y se fija con la consulta de los interlocutores sociales teniendo en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica. Voy a destacar lo que yo creo que es lo más importante.
El tema de la regulación española del derecho a huelga creo que mi portavoz lo ha dejado bastante claro, y si bien no es conforme a la Carta Social de 1961, esta regulación proviene del Real Decreto-ley 11/1977 tras su depuración por el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 11/1981, luego tampoco tiene nada que ver con la reforma laboral.
Por lo que se refiere a la distribución flexible del tiempo de trabajo tampoco es consecuencia de la reforma laboral, y precisamente el comité reitera su constatación de no conformidad, porque ya concluyó lo mismo en el año 2010. Es más, esta posibilidad existe desde la Ley 11/1994 y se hizo bajo un Gobierno
socialista. El informe del año 2010 concluye también que la normativa española no hace referencia a riesgos inherentes a la ocupaciones peligrosas, insalubres o a medidas que no se ajustan a la carta. Sin embargo la redacción del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la que cuestiona el comité, no ha variado desde su aprobación en 1995, también bajo un Gobierno socialista. Y lo mismo ocurre con el tiempo de las horas extraordinarias, con lo cual, en definitiva -y concluyo- las no conformidades alegadas por el comité en materia de empleo son reiterativas en el tiempo, ya que se presentan en los diversos informes emitidos en 2003, 2007 y 2010, y por tanto no han sido ocasionadas por la reforma laboral ni por el Gobierno del Partido Popular, que ha trabajado y seguirá trabajando por y para la creación de empleo estable y de calidad.
El señor CANDÓN ADÁN: En nuestro grupo no nos oponemos, como ya hemos manifestado en diferentes ocasiones, a estudiar, a trabajar juntos para la ratificación de la Carta Social Europea, así como para buscar soluciones a los diferentes problemas de interpretación de estos derechos que pudieran existir con el comité europeo, y me imagino que esta proposición no de ley, bueno no imagino, como todos ustedes conocen, supone iniciar un nuevo proceso de reforma legislativa, y no resulta posible en este momento porque tenemos que formar un Gobierno y hay un Gobierno en funciones que no la puede aprobar.
Finalmente, para tomar posición sobre las distintas enmiendas, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, la diputada Vidal.
La señora VIDAL SÁEZ: Yo les diría a los compañeros y compañeras del Partido Popular que vinieran a la luz, que escucharan y que tuvieran la capacidad y la inteligencia de rectificar cuando...
El señor PRESIDENTE: Señoría, se trata de discutir sobre las enmiendas y no sobre las posiciones de los otros grupos parlamentarios, por favor.
La señora VIDAL SÁEZ: En cualquier caso, vamos a aceptar las enmiendas, tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, puesto que entendemos que mejoran, amplían y van totalmente en la línea del texto presentado.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS, EL SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA EL EMPLEO JUVENIL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 158/000003).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el proceloso debate de las proposiciones no de ley, tenemos a continuación en el orden del día el debate y la votación de la creación de la subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil, representada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), con número de expediente 158/000003. Intervendrá en primer lugar el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), el señor Campuzano, por un tiempo no superior a diez minutos para presentar la iniciativa. A continuación los distintos grupos parlamentarios que deseen tomar la palabra, si alguno quiere tomarla, podrán intervenir en función del orden decreciente de representación, y finalmente pasaremos a un receso para determinar el sentido de las votaciones antes de proceder a las mismas. Señor Campuzano.
Efectivamente el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) defiende hoy en esta Comisión la creación de una subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. Lo hacemos pretendiendo dar continuidad a los trabajos intensos que en la pasada legislatura se produjeron en una subcomisión parecida a la que proponemos hoy, y que por razones distintas no pudo finalizar sus trabajos. En la pasada legislatura, y creo recordar que fue a
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y del antiguo Grupo de Convergència i d'Unió, se creó en el seno de la Comisión de Empleo está subcomisión. En la subcomisión comparecieron un número amplio de expertos y de representantes del mundo económico y social, que aportaron sus visiones, sus propuestas y sus iniciativas para combatir el desempleo juvenil, y finalmente la subcomisión fue incapaz en los últimos meses de la pasada legislatura de elaborar el informe con las correspondientes recomendaciones. A mi grupo aquello le supo mal porque el material acumulado era interesante, las propuestas eran relevantes, y especialmente por la materia que habíamos estado tratando, que es el drama del desempleo juvenil.
Como todas sus señorías conocen el Estado español es líder en el contexto europeo en materia de desempleo juvenil, más de un 46 % de jóvenes menores de veinticuatro años están en desempleo. Estamos hablando de cerca de 700.000 personas. Junto con el colectivo de los mayores de cincuenta y cinco años, el colectivo más damnificado de esta crisis ha sido el colectivo de los jóvenes. Todo ello se produce en un contexto de una alta destrucción de empleo y de un elevado número de parados. Como sus señorías conocen en la mayoría de los países el desempleo juvenil más o menos representa casi siempre el doble del desempleo general. En una economía como la española, con tasas de desempleo elevadas, el desempleo juvenil es también extremadamente elevado, pero también es cierto que existen problemas específicos que explican por qué en el caso de España el desempleo juvenil es tan elevado: aspectos vinculados al sistema educativo, aspectos vinculados a la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, y aspectos vinculados al conjunto de las políticas públicas que acompañan a los desempleados, que en el caso español son extremadamente débiles. Todo ello ha tenido las consecuencias que ha tenido, que es una alta tasa de emigración de jóvenes especialmente cualificados, una alta precariedad entre el colectivo de los jóvenes, problemas de sobrecualificación de muchos jóvenes, etcétera. Un conjunto de situaciones que en aquella subcomisión fueron objeto, insisto, de análisis y de propuesta, y que al inicio de esta legislatura a nuestro entender merecerían de nuevo una revisión de aquellos trabajos, una ampliación, si los grupos lo consideran necesario, de los comparecientes -visto también que además la Cámara hoy tiene una composición política distinta- que nos permitiese de una manera relativamente rápida, durante los primeros meses de esta legislatura, si la misma se pudiese poner en marcha, elaborar un paquete de recomendaciones específicas para combatir el desempleo juvenil.
Esta es la pretensión del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) al presentar esta iniciativa. Además lo hacemos en un contexto, sus señorías lo compartirán con nosotros, en el que debe preocuparnos, por ejemplo, que lo que ha sido el programa estrella de la Unión Europea para combatir el desempleo de los jóvenes, como es la denominada garantía juvenil, por los informes que el propio Ministerio de Empleo ha hecho públicos esta semana, está siendo en parte un fiasco, que no es menor, porque tan solo un 15% del gasto comprometido entre los años 2014 y 2015 efectivamente se ha ejecutado o planificado. Europa moviliza recursos específicos para que los Estados con mayor desempleo juvenil desarrollen políticas para combatirlo, y en el Estado español estamos siendo incapaces de gastar e invertir esos recursos. Existe el riesgo, señorías, de que finalmente España deba retornar estos recursos por su incapacidad de gastar, y la opinión pública, los jóvenes y sus familias no entenderían que fuésemos incapaces de invertir esos recursos que la Unión Europea nos ha trasladado para combatir esa lacra.
Señorías, todos coincidimos en que el problema del desempleo juvenil no está solo relacionado con la precariedad y la pobreza que genera entre los jóvenes, sino que es un problema con consecuencias a medio y largo plazo para ellos. Algunos estudios apuntan a que un desempleo de larga duración para los jóvenes tendrá consecuencias en su empleo cuando entren en la cuarentena de aproximadamente un 15 % o un 20 % de sueldo inferior al que hubiesen tenido si no hubiesen padecido tal desempleo. Estamos hablando por tanto de enormes consecuencias a largo y medio plazo para nuestra sociedad que deberían ser prioritarias en esta legislatura. Estoy seguro de que todos van a compartir estos criterios y que hoy daremos luz verde a la creación de esta subcomisión, y si esta legislatura definitivamente se pone en marcha seremos capaces de priorizar esa demanda de tantos jóvenes que reclaman un futuro, un puesto de trabajo con un sueldo digno que les permita construir un proyecto vital, familiar, que en definitiva les permita ejercer como ciudadanos libres en nuestra sociedad.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto por si tiene que hacer alguna consideración al respecto, y si puede ser breve.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Desde luego la apoyamos, como hicimos en el año 2012 en la Comisión de Empleo anterior. Yo traje el Plan de garantía juvenil y varios diputados plantearon la necesidad de analizar la gravedad de la situación. Si en la península están horrorizados porque tienen un 46% de paro juvenil, en Canarias tenemos un 62 %. Que habiendo fondos europeos -a España le correspondió más que a otros países en proporción al paro juvenil que tenía- tengamos que devolver esas cantidades por el empeño del Gobierno del Partido Popular de gestionarlo centralizadamente, con un sistema de acceso de los jóvenes que no están preparados porque era un disparate -al final 40.000 jóvenes en el caso de Canarias se han quedado fuera- no tiene explicación, por no hablar del ridículo que vamos a hacer en Europa, cuando hemos reclamado los fondos. Esta es una cuestión urgente. Hay trabajos avanzados de la legislatura anterior, pero hay que valorar el Plan de garantía juvenil, su implicación y sobre todo la exclusión de las comunidades autónomas en una gestión que es importantísima, porque además las políticas juveniles se tienen que adaptar al territorio. Es distinto en el País Vasco, donde hay un peso industrial y una formación profesional dual que funciona muy bien, que en Canarias, donde hay un perfil de jóvenes que fueron desplazados en un momento dado del puesto de trabajo sin tener formación. No solo hay que ir a la recualificación, sino también a la experiencia y adaptarse a las peculiaridades de cada comunidad autónoma. En este sentido apoyamos esta propuesta.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco.
El señor BARANDIARAN BENITO: Indiscutiblemente sí.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana.
El señor SALVADOR I DUCH: Indiscutiblemente sí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Ciudadanos.
La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Sí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora VIDAL SÁEZ: En primer lugar, quiero agradecer la iniciativa y anuncio que votaremos favorablemente la misma, aunque sí quiero compartir con ustedes una reflexión que nos ha motivado a proponer una transacción, que el ponente nos ha dicho que va a aceptar. El uso de las palabras nunca es neutro. A menudo las palabras conforman significados que no siempre son positivos; de hecho a veces son criminalizadores. Esto nos ha motivado a hacer una propuesta de cambio de nombre de esta subcomisión, en la que básicamente nos oponemos a hablar de empleo juvenil, por dos motivos principalmente. Primero, porque el trabajo ni es joven ni adulto; el trabajo es trabajo. Los jóvenes no están especialmente programados para ejecutar un determinado tipo de trabajo; no tenemos unas manos especialmente mejores para hacer hamburguesas o para desempeñar trabajos que algunos consideran que son preferibles para las personas menores de treinta años. Y segundo, porque precisamente por ese uso a veces negativo del lenguaje estamos aceptando determinadas condiciones, y entendemos que nunca debería ser así. Creemos que tenemos que combatir la idea de que joven es igual a precario, y por eso proponíamos cambiar el término empleo juvenil por empleo dirigido al colectivo de menores de treinta años. Por último, quiero simplemente compartir el rechazo y la frustración que nos produce el mal funcionamiento de la garantía juvenil.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Presidente, señorías, intervendré también muy brevemente. Compartimos plenamente la puesta en marcha de esta subcomisión. Antes se hablaba de los desempleados mayores de cincuenta años, pero el problema existe también en los desempleados jóvenes. Quiero hacer una única reflexión sobre esta subcomisión. Con los cambios de Gobierno que se produjeron en el mes de mayo del año anterior, muchos de los consejeros que llegaron a los Gobiernos donde antes había
estado gobernando el Partido Popular se encontraron con los fondos de la garantía juvenil sin ejecutar. Hoy sabemos que la Unión Europea ha dicho que únicamente el 12 % de los fondos destinados a España para la garantía juvenil han sido ejecutados, y que si no somos eficientes con la garantía juvenil muy probablemente tengamos que devolver una buena parte del dinero europeo que estaba destinado a los jóvenes en situación de desempleo de nuestro país. Por tanto, además de sumarnos a la iniciativa de la subcomisión, queremos que dentro de esa subcomisión podamos pedirle agilidad al Gobierno y a los Gobiernos autonómicos para que los fondos europeos de la garantía juvenil lleguen finalmente a su destino, y nuestros jóvenes encuentren presente y futuro en su propio país.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Echániz.
Tras las elecciones generales del año 2011 el Gobierno del Partido Popular tomó la decisión de corregir las vulnerabilidades que existían entonces en nuestro país en crisis, por las políticas de empleo del Partido Socialista, que nos llevaron a caer en un abismo interminable de destrucción del empleo (Rumores), situación que ha habido que revertir a lo largo de los últimos años hasta este momento, en que se está creando empleo. Gracias al Gobierno del Partido Popular en España la lucha contra el desempleo juvenil se ha convertido en una auténtica prioridad en Europa. Hemos conseguido que la prefinanciación de la iniciativa de empleo juvenil haya pasado del 1,5 % al 30 % en 2015, y hoy lideramos la creación de empleo en toda la zona euro y creamos más empleo indefinido que la propia República Federal de Alemania. (Rumores.) Pese a que hay 215.289 jóvenes adheridos ya al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que desde su puesta en marcha la estrategia de emprendimiento y empleo joven ha dado oportunidades a más de 1.063.482 jóvenes, y que el empleo juvenil está creciendo nada más y nada menos que a un ritmo del 8 % -más del doble de la media nacional-, entendemos que es necesario continuar trabajando para reducir la tasa de paro de nuestros jóvenes, y que todo lo que hagamos será insuficiente para cambiar esta situación.
Es cierto que en el mes de diciembre del año 2013 se constituyó, a propuesta de todos los grupos políticos, una subcomisión para el estudio de estas materias que fue aprobada en la Comisión de Empleo -en esta Comisión- y después en el Pleno, como consecuencia de los datos de desempleo juvenil, pero también de elementos que configuran el envejecimiento de la población y la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones o del propio Estado del bienestar, y por eso se efectuó un trabajo a través de comparecencias y de debates hasta el final de la legislatura, que no pudo tener un paquete de conclusiones que pudieran ser el final de un trabajo parlamentario serio y riguroso. Por tanto creemos que es necesario aprovechar ese trabajo y el conocimiento que se generó en esa subcomisión, y nos parece razonable que podamos seguir trabajando en esta materia para dar continuidad a esos trabajos, tener conclusiones en seis meses, y poder aprovechar esas circunstancias para seguir mejorando el empleo de los jóvenes de nuestro país. En consecuencia el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la creación de esta subcomisión en esta legislatura también.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)
No estaba previsto, señoría, pero adelante, tiene usted la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La señora Vidal ha planteado una enmienda in voce que ha trasladado a la Mesa. Mi grupo no tiene ningún inconveniente en incorporar el texto. Algunos portavoces me han manifestado sus dudas sobre si limitarnos o establecer ese tope de edad cuando hablamos de desempleo juvenil podría o no limitar los trabajos de la subcomisión. Por nuestra parte la referencia a los treinta años se sitúa en los estándares de lo que tendremos de desempleo juvenil, y no vemos problema en incorporarlo. En cualquier caso mi grupo estaría abierto a cualquier consideración que efectuasen los portavoces, a los cuales obviamente todos agradecemos el apoyo que van a dar a nuestra iniciativa.
Si les parece suspendemos la sesión durante unos tres minutos antes de la votación. Ruego a los portavoces de los ocho grupos parlamentarios que se acerquen un momento a la Mesa. (Pausa.)
Procedemos a la votación de las distintas proposiciones no de ley. La primera proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a que exija a la dirección del grupo Tragsa la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial, está presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Entiendo que se somete a votación, aceptadas las dos enmiendas aportadas por el Grupo Podemos. (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, 6.
Procedemos a votar la proposición no de ley sobre el restablecimiento del subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que se somete a votación en sus propios términos.
La tercera proposición no de ley relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de un Plan de empleo para la comarca de Puertollano, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, 7.
En cuarto lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa a la despenalización del derecho de huelga, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y que se somete a votación en sus propios términos.
En último lugar, la proposición no de ley sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación española de la Carta Social Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y que se somete a votación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Finalmente se somete a votación la propuesta de creación de la subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo entre el colectivo de menores de treinta años, tal y como ha sido aceptado por el proponente del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). La subcomisión estaría integrada por cuatro representantes del Grupo Parlamentario Popular, tres del Grupo Parlamentario Socialista, dos del Grupo Parlamentario Podemos, dos del Grupo Parlamentario Ciudadanos y uno por los restantes grupos parlamentarios, y el voto en la subcomisión sería voto ponderado con arreglo a la distribución del voto en el Pleno. Procedemos a la votación para la creación o no de la subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad se aprueba la creación de la subcomisión.
El presidente declara levantada la sesión.
Eran las siete menos cuarto de la tarde.

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 artículo 35
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 real decreto 
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 artículo 315
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 artículo 315
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 25