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Timestamp: 2019-12-15 05:10:01+00:00

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C-371 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020023318CC-SENTENCIAC371200214/05/2002CC-SENTENCIA_C_371__2002_14/05/2002200233182002Sentencia C-371/02 BUENA CONDUCTA -Alcance del concepto en el ordenamiento jurídico BUENA CONDUCTA O BUEN COMPORTAMIENTO -Ambitos de aplicación y utilización por legislador CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO -Significado CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO -Precisión en el momento de aplicación CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO -Afectación de derechos fundamentales y determinación BUENA CONDUCTA -Indeterminación /BUENA CONDUCTA -Concepto jurídico por estar contenido en la ley El concepto de "buena conducta", no obstante su indeterminación, cuando está contenido en una ley, es un concepto jurídico, y que por consiguiente su aplicación no refiere al operador a ámbitos meta-jurídicos como el de la moral, o extra-jurídicos como el propio de ordenamientos religiosos o privados, cualquiera que sea su naturaleza, sino que debe hacerse a la luz de los valores, los principios y las reglas de derecho contenidas en el ordenamiento y que sirven de fundamento a la institución jurídica en cuya regulación está incorporado el concepto jurídico indeterminado. BUENA CONDUCTA -Contenido axiológico de elementos normativos MORAL SOCIAL -Alcance IDONEIDAD MORAL -Entendimiento de concepto BUENA CONDUCTA -Observancia se traduce en deberes jurídicos /BUENA CONDUCTA -Acreditación de infracciones a deberes jurídicos La obligación de observar buena conducta se traduce en deberes jurídicos cuyo incumplimiento acarrea las sanciones que en cada caso hayan sido previstas por el ordenamiento. No se trata, pues, de una decisión subjetiva del operador jurídico, a partir de su propia apreciación sobre lo que debe entenderse por buena conducta, sino que en cada caso, es necesario acreditar las infracciones a los deberes jurídicos que puedan considerarse como manifestaciones de mala conducta, situación que impone una valoración objetiva, a partir del propio ordenamiento. BUENA CONDUCTA -Deber genérico de observancia /BUENA CONDUCTA -Manifestaciones particulares en distintos campos del ordenamiento BUENA CONDUCTA EN DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD -No puede reputarse per se contrario al derecho BUENA CONDUCTA -Concepto jurídico exige que ordenamiento suministre parámetros para determinación BUENA CONDUCTA -Parámetros para la determinación del concepto BUENA CONDUCTA EN LIBERTAD PERSONAL -Incumplimiento del deber de observancia que se traduce en revocatoria de beneficio BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -Obligación de observancia DILIGENCIA DE COMPROMISO -Condicionamiento de libertad personal DILIGENCIA DE COMPROMISO -Forma de completar contenido normativo DILIGENCIA DE COMPROMISO -Suscripción DETENCION PREVENTIVA -Decreto DETENCION PREVENTIVA -Requerimientos para proferirla DETENCION PREVENTIVA -Evaluación por el juez de necesidad LIBERTAD PROVISIONAL -Procedencia /DETENCION PREVENTIVA -Revocación por ausencia de necesidad de la medida DETENCION PREVENTIVA -Cambio en circunstancias que llevaron al juez a decretarla DETENCION PREVENTIVA -No sujeción de decisión a condicionamiento alguno que afecte conducta posterior del sindicado DETENCION PREVENTIVA -Evaluación a priori sobre comportamiento del sindicado por no resultar necesaria LIBERTAD PROVISIONAL -Procedencia DILIGENCIA DE COMPROMISO -Límites a obligaciones /DETENCION PREVENTIVA -Fines constitucionalmente admisibles Las obligaciones que se imponen en la diligencia de compromiso no pueden ir más allá de aquello que sea necesario para asegurar los fines constitucionalmente admisibles de la detención preventiva. Así, tales obligaciones deben guardar directa relación con la necesidad de asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, y al eventual cumplimiento de la pena, la protección de la actividad probatoria frente a cualquier acto de ocultamiento, destrucción, deformación o entorpecimiento, la protección de las víctimas y los testigos, y la protección de la comunidad del peligro derivado de la eventual continuidad de sindicado en la actividad delictiva. A esos fines se proveía con la medida cautelar, a través de la privación de la libertad del sindicado. Cuando ello ya no sea posible, pese a la subsistencia de las razones objetivas que lo harían necesario, la privación de la libertad se sustituye por los específicos compromisos que adquiere el sindicado. DETENCION PREVENTIVA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO -Alcance La detención preventiva implica per se, que el sindicado queda sustraído de la posibilidad de obrar directamente en desmedro de cualquiera de las finalidades protectoras enunciadas. La diligencia de compromiso, por el contrario, ya no tiene ese alcance, y como su nombre lo indica, depende de un compromiso que adquiere quien se beneficia con la libertad provisional. DILIGENCIA DE COMPROMISO -Evaluación sobre cumplimiento de obligaciones que adquiere el sindicado /LIBERTAD PROVISIONAL -Revocación LIBERTAD PROVISIONAL -No dependencia de compromiso genérico BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -Condicionamiento genérico /BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -No vinculación a una consecuencia privativa de la libertad DILIGENCIA DE COMPROMISO -No valoración general sobre conducta del sindicado en los campos individual, familiar y social LIBERTAD PROVISIONAL -No imposición a sindicado de obligaciones genéricas e indeterminadas DETENCION PREVENTIVA -Obedece a fines constitucionalmente valiosos /LIBERTAD PROVISIONAL EN DETENCION PREVENTIVA -No desaparición necesaria de consideraciones llevaron a su decreto y mantenimiento de medida privativa La Corte ha encontrado que la detención preventiva obedece a fines constitucionalmente valiosos, al punto en que para hacerlos efectivos, es posible, dadas ciertas condiciones, imponer una medida de privación temporal de la libertad personal al sindicado que se presume inocente. Cuando en los eventos de detención preventiva procede la libertad provisional, no necesariamente las razones objetivas que conducen a ella, suponen que han desaparecido las consideraciones que para la protección de esos fines constitucionalmente valiosos llevaron a que se decretase y se mantuviese la medida privativa de libertad. Como se ha dicho, lo que ocurre es que en ese evento la ponderación tanto de los bienes jurídicos en juego como de las circunstancias del caso, tiene como resultado la prevalencia de la libertad y la presunción de inocencia. LIBERTAD PROVISIONAL EN DETENCION PREVENTIVA -Prevalencia de la libertad y presunción de inocencia BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -Generalidad BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -Desproporcionalidad BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -Imposición vulnera derechos constitucionales BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -Incursión en ámbito de la autonomía personal /BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -Constreñimiento de conducta por asunción de condicionamiento BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -No establecimiento de responsabilidad ni condena BUENA CONDUCTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO -Imposición bajo la gravedad del juramento y a riesgo de perder la libertad ORDENAMIENTO PENAL -Plazos para surtir etapas procesales BUENA CONDUCTA EN EJECUCION CONDICIONAL DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL BUENA CONDUCTA EN SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL -Previsión directa por legislador /BUENA CONDUCTA EN SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL -Valoración judicial por ministerio de la ley LIBERTAD PERSONAL -Privación por infracción de ley penal PRIVACION DE LA LIBERTAD -Suspensión dados ciertos supuestos BUENA CONDUCTA EN SUBROGADO DE LIBERTAD CONDICIONAL -Exigibilidad BUENA CONDUCTA EN SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCIÓN DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL -No alcance indiscriminado BUENA CONDUCTA EN SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL -Precisión de concepto para la aplicación No se está ante una decisión discrecional del funcionario judicial, sino frente a un concepto indeterminado, que puede y debe ser precisado para su aplicación, lo que implica, primero, acreditar que ha habido una infracción del deber de buena conducta, segundo, mostrar la manera y la medida en que dicha infracción resulta relevante para el derecho penal y, finalmente, como consecuencia de lo anterior, mostrar por qué esa infracción hace que el juez cambie su percepción en torno a la necesidad de la pena en el caso concreto. BUENA CONDUCTA EN SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL -Autonomía en determinación de conducta y conciencia de no extinción de la pena SUBROGADO DE EJECUCION CONDICIONAL DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL EN MATERIA DE BUENA CONDUCTA-Revocatoria poniendo de presente manera como infracción incide en valoración acerca de necesidad de la pena BUENA CONDUCTA EN SUBROGADO DE EJECUCION CONDICIONAL DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL -Interpretación con criterio restringido No resulta contraria a la Constitución la obligación de observar buena conducta prevista en el artículo 65 del Código Penal, siempre y cuando que en su aplicación en el caso concreto, la misma se interprete con criterio restringido, en función de la ponderación, por un lado, del gravamen que de tal interpretación puede derivarse para la libertad personal, frente, por otro, a la necesidad de la ejecución de la pena en cada caso. Ello exige un claro fundamento para la decisión que limite o restrinja el derecho a la libertad personal en función de los fines constitucionalmente admisibles del derecho penal. Referencia: expediente D- 3752
RODRIGO ESCOBAR GILD 3752CONSTITUCIONALIDADMARCELA PATRICIA JIMÉNEZ ARANGODemanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 368 de la Ley 600 de 2000 y el numeral 2º del artículo 65 de la Ley 599 de 2000.Identificadores20020023319true38933Versión original20023319Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 368 de la Ley 600 de 2000 y el numeral 2º del artículo 65 de la Ley 599 de 2000.
1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite (y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos)[1]. No se pueden imponer presentaciones periódicas.
2.4. Por último, "...como de tal violación se siguen algunas consecuencias legales para la persona (detención o revocación de la libertad provisional o la efectividad de la condena) no está claro qué se entiende por 'buena conducta' o por 'buena conducta individual, familiar y social' pues tales conceptos encierran apreciaciones morales y éticas de difícil adecuación y, por lo mismo, desproporcionadas para el cometido de una efectiva justicia (preámbulo de la C.P)...".
1. William Orlando Zambrano Rojas, en nombre y representación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "Inpec", presenta escrito mediante el cual sustenta las razones por las que -a su juicio- la Corte debe declarar la constitucionalidad de los apartes normativos acusados.
2. Gustavo Morales Marín, en su condición de Fiscal General de la Nación (E), presenta escrito mediante el cual sustenta las razones por las que -a su juicio- la Corte debe declarar la constitucionalidad de los apartes normativos acusados.
Anota que el ordenamiento penal ha previsto la posibilidad de liberaciones anticipadas, para cuyo efecto el condenado queda sujeto a ciertas obligaciones cuyo incumplimiento le acarreará que sea nuevamente privado de la libertad. Manifiesta que ello es así,"por cuanto la administración de justicia debe garantizar el efectivo cumplimiento de la condena, asegurando de esa manera no sólo la función de prevención especial asignada a la pena, sino la de prevención general, que se traduce en la garantía que tiene la comunidad de observar que quienes han transgredido el ordenamiento jurídico serán efectivamente sancionados y sometidos al poder punitivo del Estado, con todas las consecuencias que ello implica."
Señala que la norma acusada no impone una obligación irracional o desproporcionada, ni resulta contraria a la dignidad de la persona humana o contraria al derecho de libre desarrollo de la personalidad, derecho este último que"... está limitado al respeto por los derechos de los demás y por el ordenamiento jurídico, lo cual justifica el compromiso que adquiere el procesado para con el estado y la comunidad...".
1. De acuerdo con el Procurador General, el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto ya que puede ser limitado para garantizar los derechos de los demás y el orden jurídico. Previsión normativa reconocida igualmente por el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al señalar que: " 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática".
2. Para el Ministerio Público, en las normas acusadas, el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración para regular el sistema penal, estableció una exigencia que pretende garantizar el orden jurídico y la seguridad de la sociedad frente a quien se encuentra sub judice o ha sido sancionado por haber cometido una conducta criminal.
3. Expresa el Procurador que en la exigencia de observar buena conducta prevista en las normas acusadas no existe limitación desproporcionada o irrazonable del derecho al libre desarrollo de la personalidad, por cuanto lo que éstas contemplan es la sujeción de los agentes a unas normas que garantizan el derecho de los demás a la seguridad y a la convivencia pacífica, como presupuesto para la conservación del orden jurídico justo y equitativo.
4. No se trata, sostiene, de la imposición de un modelo de comportamiento específico, sino del compromiso de quien está siendo investigado o fue condenado de comportarse dentro de unos estándares mínimos, que han sido determinados por el ordenamiento jurídico,
5. Por otra lado, el Procurador sostiene que se desconoce por completo la estructura del Estado Social de Derecho, al pretender que al individuo no se le pueden señalar ciertas reglas de comportamiento, pues en la organización estatal, la fijación de tales límites a la actividad de los sujetos, resulta imprescindible para garantizar la convivencia pacífica, finalidad esencial reconocida por el artículo 2º de la Carta Política. El deber de observar buena conducta se ha previsto en este caso como un mecanismo para garantizar que quien se encuentra procesado por un delito de tal gravedad que permite la privación de la libertad, no transgrederá el orden jurídico mientras disfrute el beneficio concedido.
6. Por lo tanto, en criterio del Ministerio Público, "..la demandante parte de una interpretación errada de la norma acusada, dado que la obligación allí consagrada no es un deber jurídico para consigo mismo, sino que tal imposición va dirigida a garantizar a la sociedad que el procesado o condenado que se va a reincorporar a ella está compelido a respetar las normas de conductas generales impuestas mediante el ordenamiento nacional y no va a incurrir en conductas ilegales que atenten contra el orden social y el núcleo familiar, so pena de revocarle el beneficio y apartarlo nuevamente de la comunidad..."
7. La imposición de la obligación de observar buena conducta al condenado es, por otra parte, "... coherente con la finalidad de los subrogados penales -servir de estímulo a la readaptación voluntaria y de la protección familiar- ...".
8. Para el Ministerio Público, la expresión demandada no adolece de ambigüedad, pues es claro que cuando el texto legal alude a buena conducta individual, familiar y social, hace referencia a la observancia de normas jurídicas que regulan las relaciones del individuo con los demás y con el Estado, "...más no resulta atinado considerar que tal expresión puede comprender la observancia de reglas extrajurídicas de contenido religioso o moral, cuando de acuerdo al artículo 6º de la Carta, es claro que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos, lo son también por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones..."
Frente a las normas jurídicas,"el carácter de bueno o malo de la conducta ha de determinarse y sólo puede ser entendido, en términos de la adecuación o no de esa conducta a las normas vinculantes dictadas por los órganos competentes. Y, en caso de infracción, existe una sanción externa para el sujeto que las infringe, prevista en la normatividad represiva del Estado, cuya valoración está a cargo de un juez. Es por esta razón, que en teoría del derecho, se sostiene a que a éste le es consustancial una coacción externa y no solo interna como en el caso de la moral."
3. Análisis de la Corte
Los conceptos de buena conducta o de buen comportamiento tienen distintos ámbitos de aplicación y han sido ampliamente utilizados por el legislador. Así, por ejemplo, los mismos constituyen la base del buen nombre, tienen aplicación en el campo disciplinario, en materia crediticia, en asuntos laborales, en los establecimientos educativos, en los centros penitenciarios, en relación con obligaciones tales como las alimentarias, etc. Cuando son empleados por el legislador tienen, por lo general, el carácter de lo que la doctrina conoce como conceptos jurídicos indeterminados, esto es, aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes y por virtud de los cuales éstas refieren "... una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado."[2]
Lo propio de este tipo de conceptos es que, no obstante su indeterminación, los mismos deben ser precisados en el momento de su aplicación. Y tal concreción no responde a una apreciación discrecional del operador jurídico, sino que se encuadra dentro de los parámetros de valor o de experiencia que han sido incorporados al ordenamiento jurídico y de los cuales el operador jurídico no puede apartarse. En particular, cuando los conceptos jurídicos indeterminados afectan derechos fundamentales, la Corte ha puntualizado que su determinación debe hacerse siempre a la luz de las normas constitucionales y legales que resulten aplicables a tales derechos, y que de la indeterminación legislativa del concepto no puede derivarse la posibilidad de imponer restricciones injustificadas a los derechos fundamentales, entendiendo por tales restricciones, aquellas que trasciendan los límites que a cada derecho trazan las respectivas normas constitucionales y legales. [3] Agregó la Corte que en estos casos un "...mínimo de justicia material se concreta en el derecho a una decisión suficientemente fundamentada que justifique el sacrificio o la restricción a un derecho fundamental."[4]
Así, la Corporación ha hecho ver que la Constitución no excluye la adopción legal de criterios provenientes de la moral social o moral pública a efectos de considerarlos como referentes a los cuales debe acudir el operador jurídico: En la SentenciaC-224 de 1994[5], la Corte puso de presente que, "la Constitución se refiere a la moral social en su artículo 34, y consagra la moralidad como uno de los principios fundamentales de la función administrativa, en el 209" . Sostuvo, además, que no era posible "negar la relación entre la moral y el derecho" y menos "desconocer que las normas jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente, para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico."[6]
Más adelante la Corte expresó que la exigencia de idoneidad moral prevista en el ordenamiento jurídico en un caso en particular, "... no desconoce la Constitución, bajo el entendido de que dicha exigencia debe entenderse como referida a la noción de moral social o moral pública, en los términos anteriormente comentados, y no a la imposición de sistemas particulares normativos de la conducta en el terreno ético, a los que el juez pudiera estar en libertad de acudir según sus personales convicciones, para definir la suficiencia moral del solicitante."[7]
Con todo, podría argumentarse que, tal como se desprende de la demanda, la muy amplia indeterminación del concepto, dado el efecto inmediato que del mismo puede derivarse para la libertad personal, llevaría a la conclusión acerca de la inconstitucionalidad de la norma, en la medida en que ella comportaría desconocer una dimensión del individuo que, como ha sido puesto de presente por la Corte, es merecedor de protección, "... en tanto ser racional y autónomo, capaz de adoptar las decisiones necesarias para dar sentido a su existencia y desarrollar plenamente su personalidad y, de conformidad con ello, determinar sus acciones sin coacciones ajenas de ninguna índole."[8] Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la norma acusada se aplica a un sujeto que ha recibido una condena penal, pero de quien se ha llegado a la conclusión de que no es necesaria en su caso la ejecución, o la continuidad de la ejecución, de la pena. En ese supuesto, el individuo que se ha beneficiado de la suspensión en la ejecución de la pena, es autónomo en la determinación de su conducta, pero al mismo tiempo debe ser consciente de que, en cuanto que la pena no se ha extinguido, sus opciones en esa materia pueden provocar una revisión por el juez sobre su juicio en torno a la necesidad de la pena. Se repite que tal carga de comportamiento resulta sustancialmente menor que la que se deriva de la privación de la libertad y por consiguiente no es en si misma contraria a la Constitución.
Exequible parcialmente (numeral 2 ) Artículo 65 LEY_599_2000_24/07/2000
Inexequible parcialmente (numeral 2 ) Artículo 368 LEY_600_2000_24/07/2000
*Aparte entre paréntesis declarado inexequible mediante Sentencia C-776 de julio de 2001
[2]Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. Ed. Civitas S.A., Madrid, 1986, Tomo I, p. 433.
[3]Sentencia T-706 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta Sentencia, la Corte encontró que se vulneraban los derechos constitucionales de los reclusos cuando al amparo de la indeterminación de ciertos conceptos jurídicos de carácter reglamentario se les impedía la difusión dentro del penal de informaciones legítimas dentro de un orden democrático.
[5]M.P Jorge Arango Mejía.
[6]Sentencia C-814-01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[8]Sentencia T-706 de 1996

References: e contrario
 artículo 65
 artículo 368
 artículo 65
 artículo 368
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 34
 Artículo 65
 Artículo 368