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Timestamp: 2018-12-15 07:20:46+00:00

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Para estafar y construir en forma ilegal, los Quiroz clonaban licencias de construcción - luciotorres.co
Por Lucio Torres 19 de junio de 2017
En la Fiscalía seccional Bolívar reposa otra denuncia contra Wilfran Quiroz por el Portal Blas de Lezo I por estafa y en la que estarían involucrados los bancos que avalaron los créditos de construcciones ilegales.
Cuando Wilfran Wicho Quiroz y su pareja Maricela Cabarcas comenzaron a vender el Portal Blas de Lezo I, les prometieron a sus clientes que les harían realidad sus sueños de tener apartamento nuevo cerca de las avenidas, centro comercial, Biblioteca Distrital de Cartagena y, lo que es más importante, ¡a un precio espectacular! Pero lo que no sabían los clientes es que la pareja Quiroz—Cabarcas era vendedora de humo, el cual se podría convertir en una tragedia como Blas de Lezo II, ya que no reunía las condiciones técnicas exigidas en estos tipos de construcción, puesto que “clonan” las licencias.
Tenían publicidad, promociones por internet y por Facebook, y participaban en ferias inmobiliarias de Camacol. ¡Parecía una gran oportunidad para tener vivienda propia!
Es una historia de angustia y desesperación que viven 13 propietarios de apartamentos del Portal Blas de Lezo I, y que de acuerdo con la denuncia que tengo en mi poder, las víctimas de esta presunta estafa, viven hoy un drama. Primero, una sensación de inseguridad por las condiciones de la construcción, cuyos estudios preliminares indican que no fue realizada con los parámetros técnicos. Segundo, como los propietarios debieron adquirir créditos hipotecarios o de leasing, sus respectivos bancos los están acosando.
Los únicos que no prestaron plata al banco fueron Alfredo Maturana Escorcia y María Elvira Torres González, quienes eran los dueños del predio heredados de Antonio Torres que se lo dejó a su viuda y ésta se lo entregó en vida a su hija María Elvira Torres. Hablé con la viuda que vive detrás del Portal Blas de Lezo I. Quiroz se los compró. A diferencia de los Paut —quienes prefirieron la plata por delante— dueños del predio donde se construyó el Portal Blas de Lezo II, los Maturana Torres aceptaron dos apartamentos del proyecto de construcción como forma de pago.
Maricela y Wilfran en los buenos tiempos antes del desastre de Blas de Lezo.
Los compradores del Portal Blas de Lezo I denunciaron penalmente al constructor Wilfran Quiroz y demás cómplices, ya que se vieron estafados por el producto recibido que no correspondía a la publicidad y a lo prometido en la escritura de compra-venta. La denuncia recibida por la Fiscalía Seccional, en uno de sus apartes dice:
“En el año 2016 y comienzos del año 2017, los abajos firmantes, firmamos promesa de compraventa y escritura pública con el señor Wilfran Enrique Quiroz Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía No 9.302033, propietario y constructor del edificio Portal Blas de Lezo, para la adquisición de los apartamentos.”
Las victimas relataron en el escrito de la denuncia que los apartamentos presentaron detalles, grietas, y otros síntomas que requerían una intervención inmediata. Un dato para tener en cuenta. Estos terrenos tienen un suelo “apoyado sobre un estrato de arcilla parda oscura de alta plasticidad de consistencia media a firme, bastante húmeda y su comportamiento es regular para pobre”.
De hecho, para construcciones como las del Portal I y II, necesitaban realizar excavaciones superiores a 2 mts debajo del nivel del suelo original, de acuerdo a un estudio de suelo que realizó el prestigioso ingeniero geotecnista, Modesto Barrios Fontalvo, quien no sabe o no sabía que le habían falseado su estudio.
¿Por qué reconstruí esta historia? Porque nos permite observar cómo opera todo el sistema para estafar a gente honesta que se gana muy duro el dinero para hacer realidad de tener una vivienda propia y, especialmente, para entender por qué se produjo la tragedia del Portal Blas de Lezo II donde perecieron 21 obreros y otro tanto resultó con lesiones graves. Algunos de los propietarios de apartamentos recibieron crédito hipotecario con el BBVA, entidad que desembolsó los valores de los apartamentos a Wilfran Quiroz. El documento tiene la firma de su gerente Robert Alejandro Ruiz. El constructor entregó los inmuebles entre noviembre de 2016 y enero de 2017 con muchas averías, malos acabados, puertas de mala calidad, sin parqueadero y mucho menos con puertas corredizas, sin zona social, en fin, una chambonería arquitectónica que en nada se parecía a la publicidad que habían difundido los constructores.
Los Quiroz gemeleaban las licencias
Esta historia que les cuento hoy, la tejí de varios documentos que reposan en el expediente No 01191 del 2017 de la policía judicial adscrita a la Fiscalía, documentos particulares, escrituras públicas, certificados de tradición, 10 entrevistas personales y una detenida observación de los hechos y de las pruebas. Como periodista profesional que soy, reservo muchas fuentes. Es un estudio de caso, guardando las proporciones de la investigación social.
¿Por qué los bancos aprobaban sin problemas los créditos hipotecarios y leasing; las empresas públicas instalaban los servicios públicos y el gobierno les concedía el subsidio de primera vivienda a los que compraban los apartamentos de los Quiroz y demás constructores piratas de Cartagena? Surtigas fue la primera que hizo contrato. Aguas de Cartagena no le suspendió los servicios de agua a las tres pólizas de Wilfran Quiroz, muy a pesar de la millonaria deuda que tiene, y ahora pretende que los usuarios actuales la paguen. Esa era la pregunta que rondaba en la cabeza del periodista sin poder responder.
Pero había otra más aguda: ¿Por qué razón ninguno de los estamentos bancarios, empresas públicas, y el Estado denunciaron a los Quiroz y demás constructores piratas —que de acuerdo a un conocedor del negocio— son más de 40 empresarios con proyectos urbanísticos ilegales en solo Cartagena? ¿Por qué podían estafar y engañar impunemente y en forma rápida a cualquier ciudadano honesto que quería hacer realidad su sueño de ser propietario?
¡Eureka! Encontré el eslabón perdido de la investigación periodística. Los Quiroz, como los demás constructores ilegales, clonaban las licencias de construcción legalmente expedidas para una construcción determinada, la cual utilizaban y adaptaban a sus proyectos piratas. Wilfran Quiroz, con sus edificaciones Portal Blas de Lezo —seguramente con la complicidad de funcionarios de las curadurías urbanas— utilizaba licencias de construcción recientes para cometer la estafa. Es el caso de la licencia concedida por la Curaduría Urbana 2 para Portal Blas de Lezo I. ¿Cómo funcionó? Quiroz usó la resolución 0081 del 4 de abril de 2016 para iniciar su proyecto urbanístico pirata. Para comprobar este hallazgo, lo único que hice fue digitar el número de la resolución de la licencia en la página de las curadurías y de inmediato me salió la licencia real. Esta licencia fue expedida a nombre de Zoila Salinas de Olivo, debidamente identificada, quien le dio poder a Henry de Jesús Olivo Sánchez, para realizar el proyecto de construcción bifamiliar ubicado en el barrio Olaya en la transversal 61B No 61-221, de acuerdo a lo estipulado en la escritura No 2373 del 30 de diciembre de 1977.
¿Qué hizo Wilfran Quiroz? Cambió el nombre de él por el de la titular, referencias catastrales y escriturales, dimensión del predio y estudios previos que se exigen para conceder la licencia de construcción. Lo curioso es que uno de los ingenieros geotecnista y profesor de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cartagena (UdeC), Modesto Barrios Fontalvo, fue contratado para verificar si el proyecto de los Quiroz había hecho el estudio de suelo con el fin de construir las zapatas de acuerdo a las “condiciones geotécnicas”. Se dio cuenta que quien “hizo” el estudio de los Quiroz era él mismo, puesto que la resolución No 0081 (la falsa que tengo en mis archivos con sellos y firmas del Curador No 2 y firmada por Guillermo Mendoza Jiménez,) dice:
“Aprobar los planos arquitectónicos (…) elaborados por el arquitecto Daniel José Escobar Coa con matrícula No A13542006-11165218 de Bolívar, y aprobado los cuatro planos estructurales contentivos del diseño estructural identificados en su rótulo por las anotaciones y contenidos (…) firmados por el ingeniero civil Modesto Barrios Fontalvo con matrícula profesional No 131202-25021 de Bolívar, correspondiente a la obra, cuya ejecución se autoriza, las cuales se integran a esta resolución para que formen parte de ella.”
Al ingeniero Modesto Barrios Fontalvo, coordinador de estudios geotécnicos de la facultad de ingeniería del Alma Máter, lo he llamado ocho veces, pero no me ha contestado su celular. Al arquitecto Daniel José Escobar Coa, no lo he llamado para verificar si realizó el diseño arquitectónico, ya que su número de teléfono no lo he podido conseguir. Tampoco he podido contactar al curador no 2, Guillermo Mendoza Jiménez. Se presume, sin embargo, que sus firmas fueron falsificadas. ¿Concierto para delinquir? Como se puede apreciar en esta investigación, Wilfran Quiroz Ruiz, no podría ser señalado como el único responsable de la falsedad y el urbanismo ilegal. ¿Qué papel tienen los bancos, las empresas prestadoras de servicios públicos, las notarías, las curadurías y las entidades que deben controlar y no lo hacen? Indudablemente aquí existe un concierto para delinquir. Veamos la definición que hace la Corte Constitucional a través de la sentencia C-241, de mayo 20 de 1997 firmada por Fabio Morón Díaz:
“El concierto para delinquir en términos generales se define como la celebración, por parte de dos o más personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito, se trata de la organización de dichas personas en una societas sceleris, con el objeto de asumir con proyección hacia el futuro la actividad delictiva como su negocio, como su empresa, la cual, valga aclararlo, dado su objeto ilícito se aparta de los postulados del artículo 333 de la Carta Política que la reivindica y protege; lo anterior significa que no existe acuerdo previo entre sus miembros sobre los delitos específicos que cometerán, como tampoco sobre el momento, el lugar o las personas o bienes que se afectarán, si sobre lo que será su actividad principal: delinquir” .
No entiendo por qué razón la Fiscalía no ha contemplado, dentro de las audiencias, el delito de concierto para delinquir. Si lo hiciere, deberían caer no solo los servidores públicos implicados (Olimpo Vergara Vergara y el inspector 12, Alfonso Ramos), sino también altos funcionarios del Distrito, la Curaduría, las empresas de servicios públicos y del sistema bancario local. ¿No ven que es una organización, una societas sceleris, que tiene la actividad criminal como su negocio? ¿Cuánto dinero mueven los bancos anualmente por concepto de la construcción ilegal? ¿Cuánto deja de percibir el Distrito porque no pagan los impuestos y éstos pasan a manos de entes privados? Es una sociedad mafiosa creada para defraudar al Estado y a estafar personas comunes y honestas que tienen el sueño de formalizar sus hogares con vivienda propia. Solo los Quiroz tienen más de 35 proyectos que podrían percibir una entrada de más de $80 mil millones en su actividad económica, ¿y cuánto tienen los más de 40 constructores piratas que tiene la ciudad? Solo en el mismo barrio Blas de Lezo existen decenas de proyectos ilegales, y no son solamente de los Quiroz.
Hay un proyecto que los testigos dicen que es de un alcalde local, y nadie ha dicho nada. (Próximamente publicaré esta investigación). En el barrio Los Alpes hay una urbanización con edificios de más de 4 pisos conocido como el Barrio Paisa, y probablemente todas son construcciones ilegales, ya que un ingeniero —quien pidió reserva— hizo un muestreo cuando fue a realizar una asesoría por daños sufridos de una construcción ilegal. O el caso que la misma senadora Daira Galvis se refirió sobre una construcción en Bocagrande, cuyo penthouse no estaba contemplado en la licencia de construcción adquirida, y cuando su propietario fue a venderlo legalmente no existía. Pareciera un chiste, pero es la purita verdad.
Wilfran Quiroz Ruiz tiene una educación primaria y no podría ser el único cerebro de la organización de estafadores. Debe estar rodeado de personas profesionales y de alta influencia para que sus proyectos sean sujetos de créditos bancarios. Aunque los Quiroz no necesitan préstamos para la construcción de sus edificios, pues la plata la tienen en rama, la ley exige que realicen créditos bancarios, ya que le da seguridad al sistema, a la banca, a los constructores y a los mismos beneficiarios del bien. ¿Cómo Quiroz puede sobornar a un gerente de banco o a un jefe de oficina de control urbano, Curaduría, notaría, gerente de empresa de servicios sin la ayuda de “personas prestantes”? Solo no lo podría hacer.
El Wicho Quiroz —como lo conocen en el submundo de la construcción pirata— es una persona muy informal, bonachón, mamador de gallo, tosco, viste zapatos y bluyines baratos, es muy primario en su carácter y de una alta inestabilidad afectiva. Pero tiene plata, como su hermana María de las Nieves. Los dos son duros (tacaños) hasta consigo mismo. Permanentemente buscan “ahorrarse” unos pesos. Le pagan mal a los profesionales que contratan para un servicio determinado, igualmente a sus maestros de obra, como a sus trabajadores. Siempre pagan en efectivo. Así lo describen sus trabajadores y personas que lo han tratado de cerca.
¿Será que Quiroz sea el jefe de esta empresa criminal? Lo dudo, aunque en la historia de la infamia de Colombia suele suceder que los jefes no cursaron sino hasta la primaria o el bachillerato. Es el caso de Enilce López, quien escasamente terminó la primaria en Magangué, y se convirtió en la Reina del lavado de activos de Salvatore Mancuso y jefa de una poderosa organización que eligió ediles, concejales, diputados, representantes, senadores, alcaldes y gobernadores, y hasta coadyuvó a elegir presidentes, como César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez. ¿Es temeraria esta afirmación? En absoluto. En mi libro El lado oscuro del Príncipe —próximo a publicar— lo demuestro. ¿O el propio Pablo Escobar no tuvo presidente post morten? Pero ellos sin la participación de personas inteligentes, preparadas y de excelentes relaciones sociales, no podrían hacer mucho daño a la sociedad, aunque crean que la están beneficiando.
Esos personajes existen porque personas comunes —como tú y como yo— creen que se van a beneficiar con su “prosperidad económica”, y si la mitad de Colombia es alcahueta con estos “héroes de los pobres”, y la otra mitad se pliegan a los pies de los criminales del corte de Odebrecht y Reficar, verdaderamente estamos en problema. ¿Cuál será el futuro de nuestros hijos y nietos? Fíjense el destino de Jorge Luis Alfonso (hijo de la Gata), Gianlüigi Mancuso (hijo de Salvatore), de Pablo Marroquin (hijo de Escobar), y del propio Luis David Quiroz (hijo de Wilfran). Nuestros hijos siguen el ejemplo que somos. Definitivamente, el mal ejemplo no paga por mucho dinero que ofrezca el modelo a seguir. ¿El camino ilegal será el único camino posible para ser rico? ¡Lo dudo! Sin embargo, el mundo legal está lleno de muchos requisitos para la gente honesta. Si tu vas a sacar un crédito bancario para publicar un libro (¿Adiós a la Guerra?) que ya fue un éxito en su primera edición —como me sucedió a mí con Bancolombia— primero te ponen miles de obstáculos, y luego que los hayas vencido, te dicen que tu crédito no fue aprobado. ¿Qué harías tú? Emprender, y eso es lo que hago. Emprender legalmente.
Pero los Quiroz —como casi los 40 constructores piratas que tiene Cartagena— emprenden ilegalmente, ya que tenemos una Curaduría que tarda demasiado para expedir una resolución de licencia de construcción, un Epa o Cardique que demoran demasiado para entregar licencias ambientales y un aparato estatal paquidérmico. Esto facilita la picúa (cohecho), la ilegalidad y la piratería y, por ende, desgracias como el Portal Blas de Lezo II. Entre 40 y 50 días puede durar el proceso para la expedición de una resolución, si se tiene suerte haber superado con gracia los 14 pasos sin que te falte un sello o una firma.
Los bancos de la ciudad deben ser investigados por la Fiscalía, ya que hacen parte de este concierto para delinquir.
Cualquier banco serio BVVA, Bancolombia, Davivienda, etc) tiene peritos en su lista de auxiliares. Si van a dar créditos bancarios, avalúan las propiedades con el fin de calcular el monto del crédito hipotecario. Por ejemplo, el banco BVVA mandó su perito avaluador para establecer la realidad de las construcciones de Quiroz en el proyecto del Portal Blas de Lezo I, y no encontró ninguna pizca de ilegalidad. Luego su gerente, Robert Alexander Ruiz Bohoquez, lo aprobó de inmediato, previo estudios adelantado por su subalterna Viviana de Jesús Pérez de la Ossa, Gestora de Particulares del banco. Está bien que la buena fe prima. ¿Por qué funciona para el dueño de la construcción (Quiroz) que la vende y no para el que va adquirir la propiedad? ¿Participaron los bancos de este concierto? En realidad los bancos, ni las empresas prestadores de servicios no pueden salirse de este chicharrón, tienen tanta responsabilidad como los Quiroz. Un ciudadano honesto cree en el banco, el cual lleva a sus peritos al inmueble objeto de la compra para que le hagan el avalúo correspondiente. Éste tiene dos aspectos —según el ingeniero Gretson Martínez—: el jurídico y el técnico. Sin embargo, el BVVA dijo:
“Es oportuno resaltar que BBVA Colombia, como entidad financiera no participa de manera directa en el proceso de selección del activo y determinación de las condiciones de pago, ya que únicamente procede a otorgar el crédito hipotecario”.
Las víctimas del Portal Blas de Lezo I le exigieron a los bancos para que rescindieran el negocio jurídico, ya que lo que se produjo fue una estafa en la cual participa la misma entidad bancaria en este concierto de ilegalidad. El departamento de jurídica del BVVA, le respondió a una de las víctimas:
“Es necesario indicar que la firma evaluadora (Sic) adelanta la respectiva estimación económica del inmueble, por lo que el alcance del peritaje no efectúa estudios estructurales, los cuales deben ser realizados por profesionales especializados con herramientas específicas propias de su labor.”
Si tu vas adquirir una vivienda, vía préstamo, te indagan hasta lo más mínimo; te exigen cualquier clase de garantías, y si hay alguna duda, te dicen que no lo aprobaron, sin ninguna explicación. La mayoría de compradores de los apartamentos del edificio Portal Blas de Lezo I debieron pasar por los filtros de los bancos. Las víctimas ahora tienen el acoso de los bancos para que paguen la cuotas bancarias que son variadas, de acuerdo a las condiciones y monto de los mismos. Una vez adquirido el crédito hipotecario y vencidas sus cuotas, los bancos están acosando a las víctimas de esta presunta estafa para que les pague la cuota de más $800 mil por el préstamo hipotecario que adquirieron. ¿Cómo pagarle al banco si ellos mismos los indujeron al error, ya que su perito dijo que todo estaba bien? ¿Cómo sucede esta situación con un sistema bancario que tiene todo el aparato para introducir los filtros y detectar cualquier duda? Una pareja de ingenieros cogieron sus motetes y se fueron. Dejaron su apartamento del primer piso que lo iban a dedicar como su oficina de asesoría de ingeniería. Había dos problemas: (1) un edificio inseguro y (2) con la caída del Portal II se había formado una mala fama. Otros propietarios no saben qué hacer. La Oficina de Riesgo del Distrito, de Laura Mendoza, visitó el edificio, se sacudieron el trasero y se fueron, y hasta el sol de hoy no han dicho esta boca es mía. Olimpo Vergara, quien tiene casa por cárcel, llegó con su equipo el 3 de mayo de 2017, hizo un acta que firmaron, y hasta ahora su sucesor, Héctor Anaya, ni una migaja ha hecho para cambiarle la suerte al Portal Blas Lezo I. Los que habitan y los que desocuparon el Portal Blas de Lezo I temen que esta edificación tenga el mismo destino del Portal II. Y no les sobra razones, ya que un estudio preliminar señala que el edificio tiene altos riesgos (¡y sí que los tiene!). (Tengo las pruebas para indicar que hay riesgos extraordinarios, si un movimiento sísmico se presentare). No es ser alarmista, en el próximo escrito presentaré las pruebas. Sin embargo, es necesario otras pruebas adicionales para verificar los riesgos totales.
Esta historia —contada desde mi papel de periodista de investigación independiente y autónomo— tiene una misión de control social, y solo busca que haya justicia, se conozca la verdad y se reparen a las víctimas. Como periodista, no me pagan para escribir, yo pago mis gastos. Tampoco tengo alguna inquina contra los Quiroz, a quienes no conozco personalmente, salvo el día de la audiencia donde le impusieron medida carcelaria por la tragedia de Blas de Lezo II. No persigo a nadie. No estoy a favor ni en contra de Manolo Duque o de algunos de sus secretarios, estoy a favor de una ciudad, cuya gente se merece una mejor suerte. Quiero escribir historias positivas, pero éstas dependen de lo que hace la gente.
¿Lo positivo? Aprender bien la lección para que no se repita la historia del Portal Blas de Lezo II. Soy el eco del dolor de 21 familias que en la mañana húmeda del 27 de abril de 2017, sus familiares que les proveían su sustento diario, nunca regresaron vivos porque fueron aplastados por el peso de un edificio que jamás debió construirse. Es el aporte de este periodista a la sociedad. ¿QUIÉN ME APOYA?
#Tragediablasdelezo Bancolombia BVVA Construcciones Quiroz Davivienda Tragedia Blas de Lezo

References: resolución 
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 artículo 333
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