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Timestamp: 2018-12-17 01:16:09+00:00

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﻿ Sentencia SU-695 de 2015
SENTENCIA SU-695 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTOS INTERLOCUTORIOS. EN MATERIA DE DECISIONES ADOPTADAS EN AUTOS, SE HA SEÑALADO QUE ESTAS, POR REGLA GENERAL, DEBEN SER DISCUTIDAS POR MEDIO DE LOS RECURSOS ORDINARIOS QUE EL LEGISLADOR HA DISPUESTO PARA EL EFECTO. EN ESTE ORDEN, LA ACCIÓN DE TUTELA PROCEDERÁ SOLAMENTEI) CUANDO SE EVIDENCIE UNA VULNERACIÓN O AMENAZA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PARTES QUE NO PUEDE SER REPROCHADA MEDIANTE OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALII) CUANDO A PESAR DE QUE EXISTEN OTROS MEDIOS, ESTOS NO RESULTAN IDÓNEOS PARA PROTEGER LOS DERECHOS AFECTADOS O AMENAZADOSO III) CUANDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ES URGENTE PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE. EN EL PRIMER EVENTO, SE RECUERDA QUE PARA LA PROCEDENCIA DE LA TUTELA, SE DEBEN REUNIR LOS REQUISITOS GENERALES Y ALGUNA UNA DE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES YA FIJADOS. SIN EMBARGO, SE REITERA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTOS INTERLOCUTORIOS CUANDO NO SE HA HECHO USO DE TODOS LOS MECANISMOS ORDINARIOS, O NO SE HA EMITIDO UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, POR ENDE SE ENCUENTRAN PENDIENTES LOS RECURSOS PROCEDENTES, SIN QUE ADEMÁS SE LOGRE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, AUTO INTERLOCUTORIO, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, REQUISITOS DE PROCEDENCIA
Sentencia SU-695 de 2015
Ref.: Expediente T-3.951.601
Acción de tutela instaurada por Á... A... V... S... contra la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, María Victoria Calle Correa —quien la preside—, Myriam Ávila Roldán, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el dos (2) de mayo de dos mil trece (2013), por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cuanto declaró la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Á... A... V... S... contra la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Aceptado el impedimento por la Sala Plena, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del reglamento interno de la Corte Constitucional, el expediente fue remitido para ser sustanciado al suscrito magistrado por la Secretaría General de esta corporación mediante oficio del veintinueve (29) de agostó de dos mil catorce (2014), profiriéndose por parte del magistrado sustanciador auto de pruebas el veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015), con el fin de contar con mayores elementos fácticos que permitieran adoptar una decisión.
El accionante Á... A... V... S..., a través de apoderado judicial, solicita al juez de tutela proteger sus derechos fundamentales a la igualdad en el acceso y en el trato de la administración de justicia y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir el auto del veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010), mediante el cual se dispuso seleccionar para revisión la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), dentro de la acción popular interpuesta por él en contra del Departamento de Arauca, los municipios de Arauca y Arauquita y la Empresa Occidental de Colombia Inc.
1.1.1.2. En segunda instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, mediante Sentencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), resolvió proteger los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, por lo que ordenó a la Sociedad Comercial Occidental de Colombia Inc. cancelar a favor de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Departamento de Arauca y de los municipios de Arau.ca y Arauquita, la suma correspondiente a la contribución económica señalada en el numeral 4º del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, desde el año 1997 y hasta cuando se mantengan los elementos y las bases gravables de la contribución.
1.1.1.9. E1 Tribunal Administrativo de Arauca, a través de providencia del catorce (14) de agosto de dos mil nueve (2009), resolvió enviar al Consejo de Estado la solicitud de revisión de la mencionada sentencia, propuesta por Occidental de Colombia inc.
1.1.1.10. Luego de surtidos algunos trámites internos, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante providencia del veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010), decidió admitir y seleccionar para revisión la sentencia proferida el nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008) por el Tribunal Administrativo, de Arauca, dentro de la acción popular instaurada por el señor Á... S... V... contra el Departamento de Arauca, los municipios de Arauca y Arauquita y la Empresa Occidental de Colombia Inc.
Mediante Auto del trece (13) de diciembre de dos mil once (2011), la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la autoridad judicial accionada para que rindiera informe sobre los hechos objetos de la acción los municipios de Arauca y Arauquita y las empresas Occidental de Colombia Inc., Occidental Andina LLC. y Ecopetrol S.A.
La Empresa Occidental de Colombia Inc., a través de apoderado judicial, respondió la acción de la referencia, y solicitó negar las pretensiones elevadas por el accionante, con fundamento en los siguientes argumentos:
Al respecto; indicó que Ecopetrol interpuso una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Arauca, en la que el Consejo de Estado resolvió, mediante providencia del diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2009), amparar los derechos fundamentales de la empresa y suspender la acción popular en cuestión, hasta que la sección correspondiente del Consejo de Estado tramitara la eventual revisión y “de ser seleccionada mientras se decide definitivamente la revisión”. Dicha decisión fue confirmada el nueve (09) de diciembre de dos mil diez (2010) por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
1.2.3.1. Aseveró que la acción de tutela interpuesta por el señor Álvaro V... se enmarca en una controversia que ya ha sido dirimida por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, circunstancia que deviene en su improcedencia, aunado al hecho de que en la actualidad está en curso un trámite en el Consejo de Estado, el cual resolverá con carácter definitivo los debates surgidos con ocasión de la sentencia de acción popular proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.
En este orden de ideas, advirtió que la tutela interpuesta por el señor V... se encuentra dirigida a controvertir decisiones en firme de los altos tribunales del país, lo cual es a todas luces improcedente, pues por un lado, pretende afectar la cosa juzgada constitucional, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en su momento decidió no seleccionar la acción de tutela que amparó los derechos fundamentales de Ecopetrol, y en ese orden, se dejó en firme la decisión de suspender los efectos de la sentencia de acción popular precitada, y por otro lado, pretende a través de la presente acción de amparo modificar una decisión que ya fue adoptada en sede de tutela.
De esta manera, destacó que de conformidad con el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicta el ponente y contra los interlocutorios dictados por las Salas del Consejo de Estado, por los tribunales o por los jueces, cuando no sean susceptibles de apelación.
Por lo anterior, al interponer acción de tutela contra dicha decisión, el Consejo de Estado concedió el amparo a su derecho fundamental al debido proceso y, en ese orden, ordenó suspender los efectos de la sentencia popular mientras se tramita la revisión de la misma por parte de dicha Corporación. En consecuencia, afirmó que son los efectos suspendidos los que se buscan revivir con la presente acción-constitucional.
1.2.5. Municipio de Arauca.
1.2.6. Departamento de Arauca.
Resaltó que Occidental Andina LCC(sic), propuso un incidente de nulidad, el cual fue negado mediante auto del dieciocho (18) de julio de dos mil ocho (2008). A su vez, Occidental de Colombia Inc. presentó otro incidente de nulidad el treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), siendo rechazado mediante auto del tres (03) de marzo de dos mil nueve (2009), el cual fue posteriormente revocado mediante providencia del veintitrés (23) de julio de dos mil nueve (2009).
En hilo de lo reseñado, aseguró que de conformidad con el numeral 4º del artículo 137 y 142 del Código de Procedimiento Civil, el incidente de nulidad interpuesto con posterioridad a la sentencia, tal como ocurre en el presente asunto, no interrumpe los efectos de su ejecutoria, motivo por el cual al momento de solicitar la revisión de la sentencia ya se había vencido el término legal para hacerlo.
1.2.7. Municipio de Arauquita.
De esta manera, afirmó que se incurrió en un defecto procedimental absoluto, pues no se respetó el procedimiento señalado para estos casos, consagrado en el artículo 174 del Código Contencioso Administrativo según el cual las sentencias ejecutoriadas son de obligatorio cumplimiento, entre otros mandatos legales referentes al principio de la doble instancia y a la cosa juzgada.
1.3.1. Copia de la Sentencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca dentro de la acción popular interpuesta por el señor Á... A... V... S... contra el Departamento de Arauca, los municipios de Arauca y Arauquita y la Empresa Occidental de Colombia Inc.
1.3.3. Copia del escrito presentado por el señor Á... A... V... S... ante la Sala Plena del Consejo de Estado, de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010), mediante el cual solicita no seleccionar para una eventual revisión la Sentencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008) del Tribunal Administrativo de Arauca.
1.3.4. Copia del Auto del veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010), proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual se resuelve seleccionar para revisión la Sentencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca dentro de la acción popular promovida por Á... A... V... S....
1.3.5. Copia de la sentencia de tutela del diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2009), proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción presentada por ECOPETROL S.A. contra el Tribunal Administrativo de Arauca, en la que se resolvió amparar transitoriamente el derecho de acceso a la administración de justicia del actor y, en consecuencia, se ordenó suspender los 'efectos de la Sentencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca “mientras la Sección tercera del Consejo de Estado resuelve sobre la eventual revisión del a misma y de ser seleccionada mientras se decide definitivamente la revisión”.
2.1. Decisión de primera instancia. Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Finalmente, determinó que el actor no está enfrentando un perjuicio irremediable, por cuanto el hecho de que no se adopte una decisión inmediata, no conlleva que se lesione o amenace con lesionar de manera intensa sus derechos fundamentales. En este punto, afirmó que se debe tener en cuenta que el perjuicio debe ser actual o potencial Sr su existencia no se puede deducir de meras conjeturas o deducciones especulativas.
2.2.2. Aseveró que el argumento utilizado por ECOPETROL, referente a no haber podido intervenir dentro de la acción popular, no es válido teniendo en cuenta que dicha empresa no fue, condena en la acción y, por el contrario, el Tribunal Administrativo de Arauca siempre consideró que no hacía parte del proceso, y por tanto no era responsable de la violación del derecho colectivo.
2.3. Decisión de segunda instancia. Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.1. Intervención de la Procuraduría General de la Nación.
A su vez, estimó que el asunto no reviste relevancia constitucional, en la medida en que el problema jurídico giraría en torno a determinar cuál es la decisión o providencia con la que efectivamente se pone fui al proceso, y contra la cual recae el recurso de revisión, asunto que considera debe ser dirimido por el Consejo de Estado como Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no por el juez de tutela.
3.2. Pruebas solicitadas.
“PRIMERO. ORDENAR que por secretaría general de la Corte Constitucional se oficie a la Sección Segunda del Consejo de Estado para que, en el término de cinco (0) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto informe:
1) Cuál es el estado actual del recurso de revisión presentado por la Empresa Occidental de Colombia Inc., contra la sentencia del 9 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, mediante la cual se resolvió la acción popular interpuesta por el señor Á... A... V... S... contra el Departamento de Arauca, los municipios de Arauca y Arauquita y la Empresa Occidental inc.
2) En caso de ya haberse proferido sentencia al respecto, remitir a esta corporación en el término de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, copia del respectivo fallo”.
3.2.2. Mediante escrito remitido al despacho el veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015), por la secretaría general de esta corporación, el secretario general de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado informó que dentro del recurso de revisión eventual Nº 07001-23-31-000-200300008-02, demandante: Á... A... V... S..., “se registró proyecto de fallo el 5 de agosto de 2013, el cual está en el turno 20 para ser debatido en sala plena contenciosa”.
4.2. Cuestión previa: Decisión sobré la medida provisional solicitada.
El accionante ha solicitado en diversas oportunidades(1) que se dicte medida provisional referente a la suspensión del auto proferido el veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010) por la Sección Segunda del Consejo de Estado y contra el cual se dirige la acción de tutela, con el fin de proteger sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y al debido proceso.
En este orden de ideas, la Sala Plena de esta corporación debe recordar que el Decreto 2591 de 1991 establece que el juez constitucional, cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. En efecto, el artículo 7º de esta normatividad señala:
Así, las medidas provisionales buscan evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida”.(2)
Esta corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”(3). Igualmente, se ha considerado que “el juez de tutela puede ordenar todo lo que considere procedente para proteger los derechos fundamentales y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante”(4).
En hilo de lo expuesto, encuentra la Sala que los fundamentos en los cuales el accionante sustenta su solicitud no son suficientes para considerar que es necesario y urgente, a efectos de proteger el derecho al debido proceso en su manifestación de acceso a la administración de justicia, suspender el auto proferido el veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010) por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual se admitió el recurso de revisión eventual de la sentencia de acción de grupo del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008).
“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida”(5).
En el asunto de la referencia, corresponde a la Sala Plena de esta corporación determinar si la Sección Segunda del Consejo de Estado ha vulnerado los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y al debido proceso del señor Á... A... V... S..., al proferir el Auto del veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010), mediante el cual dispuso seleccionar para revisión la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), dentro de la acción popular interpuesta en contra del Departamento de Arauca, los municipios de Arauca y Arauquita, y la Empresa Occidental de Colombia Inc.
Con el fin de solucionar el problema jurídico, esta Sala estudiará: primero, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; segundo, los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; tercero, la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios; cuarto, la revisión eventual de las sentencias que ponen fin a las acciones populares y de grupo por parte del Consejo de Estado; quinto, la subsidiaridad como requisito genérico de procedencia' de la acción de tutela contra providencias judiciales; sexto, los requisitos para la configuración de un perjuicio irremediable; y séptimo, el caso concreto.
4.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
4.3.1.3. A partir de este precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre el tema, y determinó progresivamente los defectos que configuraban una vía de hecho. Por ejemplo, en la Sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si este comportamiento —abultadamente deformado respecto del postulado en la norma— se traduce en la” utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”(6). En casos posteriores, esta corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.
4.3.1.5. Con el fin de orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros uniformes que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005(7) y SU-913 de 2009(8), sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Actualmente no “(...) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”(9).
De esta forma, la Corte ha distinguido, en primer lugar, unos requisitos de orden procesal de carácter general(10) orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela —requisitos de procedencia— y, en segundo lugar, unos de carácter específico(11), centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas considerada que desconocen derechos fundamentales —causales de procedibilidad—.
4.3.2. Requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(17). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.(18)
f.(sic) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. .
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.(20)
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.(21)
4.3.3. La procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios.
4.3.3.1. E1 concepto de providencia judicial en el marco de la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.
Lo anterior encuentra justificación, ya que el ordenamiento legislativo colombiano ha clasificado las providencias judiciales en autos y sentencias. De esta manera, el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil señala que son sentencias “las que deciden sobre pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión”. Y a su vez, identifica como autos “todas las demás providencias de trámite o interlocutorias”.
4.3.3.2. Ahora bien, en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. En este orden, la acción de tutela procederá solamente: (i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial; (ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.(22) En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta corporación.
En este sentido, la primera oportunidad en la que la Corte admitió una tutela contra un auto fue en la Sentencia T-224 de 1992(23). En esta providencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un auto interlocutorio pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En estos casos, advirtió la corporación que los afectados deben acudir en primera instancia a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento contra la respectiva providencia; sin embargo, si la lesión de los derechos persiste, indicó que es posible acudir a la acción de tutela.
4.3.3.4. Posteriormente, en las sentencias T-025 de 1997(24), T-1047 de 2003(25) y T-489 de 2006(26), aunque la Corte no concedió la tutela en sede de revisión, admitió la procedencia de la tutela contra autos interlocutorios; en el primer caso, contra un auto del Consejo de Estado que denegó una solicitud de nulidad del tutelante en un proceso de reparación directa; en el segundo caso, contra un auto que negó la libertad provisional solicitada por un recluso; y en el tercer caso, contra un auto que en sede de apelación revocó otro auto que había decretado la nulidad de todo lo actuado por indebida notificación dentro de un proceso ejecutivo.
4.3.3.5. No obstante lo anterior, en un pronunciamiento más reciente, esta corporación mediante Sentencia T-343 de 2012(27), reiteró la improcedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios cuando el accionante no ha hecho uso de todos los mecanismos ordinarios de defensa a su alcance, en la medida en que no se ha emitido un pronunciamiento de fondo y, por ende, se encuentran pendientes los recursos procedentes contra la decisión definitiva, sin que además se logre demostrar la existencia de un perjuicio irremediable.
4.3.4. La revisión eventual de las sentencias que ponen fin a las acciones populares y de grupo por parte del Consejo de Estado.
4.3.4.2. Tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado el objeto de la revisión eventual de las providencias que ponen fin a un proceso de acción popular es la unificación de la jurisprudencia con miras a garantizar los principios de igualdad, seguridad, estabilidad jurídica, confianza legítima, buena fe, unidad del derecho y publicidad de la actividad judicial para lograr una adecuada administración de justicia y la vigencia de un orden justo(28). De tal manera que pueda aplicarse en igualdad de condiciones en casos cuyos supuestos fácticos y jurídicos sean los mismos.
4.3.4.3. En la primera oportunidad en la que el Consejo de Estado conoció sobre la solicitud de revisión de una sentencia que decidió una acción de grupo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante Auto del catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009)(29), realizó un estudio de los requisitos para la procedencia de la revisión de las providencias de las acciones populares.
4.3.4.4. En relación con la no suspensión de los efectos de la providencia objeto de revisión, debe señalarse que la Corte Constituciona1(30), con ocasión del control previo y automático propio de las leyes estatutarias, declaró inexequible el inciso 2º del artículo 11 del proyecto, así como la expresión del inciso 3º que indicaban que “durante la presentación y trámite de la insistencia también continuarán suspendidos los efectos de la respectiva providencia”.
4.3.4.5. En esta misma sentencia, la Corte(31) precisó que en ningún caso se impide interponer la acción de tutela contra la sentencia objeto de revisión, la decisión de no selección o la decisión que resuelva definitivamente la revisión, cuando de manera excepcional se configuren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para tal fin.
4.3.5. La subsidiaridad como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.3.5.1. Tal como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta corporación(32), la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual, subsidiario y cautelar, encaminado a la protección inmediata de los derechos, fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política que consagra la acción de tutela cómo un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales que “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”.(33) De lo anterior se colige, que no es la finalidad de esta acción ser un mecanismo alternativo a los otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que pueda utilizarse uno u otro sin ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias.
4.3.5.2. Sin embargo, la existencia de otro medio judicial no hace de por sí improcedente la intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta dos circunstancias especiales a saber: primero, que los medios alternos con que cuenta el interesado deben ser idóneos, esto es, aptos para obtener la protección requerida, con la urgencia que sea del caso(34) y; segundo, que a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, será procedente la acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Así, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos.(35)
4.3.5.3. Esta corporación ha señalado frente al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales, que el mismo se debe estudiar en dos escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii) cuando el proceso se encuentra en curso. Al respecto, la Sentencia T-113 de 2013(36) estableció:
“En efecto, al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden presentar dos escenarios: i) que el proceso haya concluido; o ii) que el proceso judicial se encuentre en curso. Lo anterior constituye un factor para diferenciar el papel del juez constitucional en cada caso, de una parte, si se enfrenta a la revisión de la actuación judicial de un proceso concluido deberá asegurarse que la acción de amparo no se está utilizando para revivir oportunidades procesales vencidas, que se agotaron todos los recursos previstos por el proceso judicial para cuestionar las decisiones impugnadas y que no se emplea la 'acción de amparo como una instancia adicional. De otra parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
En este sentido, la Corte ha sido enfática al señalar que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de conflictos, por lo que no es dable la intromisión del juez constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo(37).
4.3.5.4. En atención a lo expuesto, la Corte Constitucional ha declarado la improcedencia de la acción de tutela cuando el asunto aún se encontraba en trámite ante la jurisdicción respectiva. Así, en la Sentencia T-886 de 2001(38), estando en curso el recurso extraordinario de casación, el actor interpuso la solicitud de tutela ya que se había adelantado una indebida valoración probatoria. Sobre la improcedencia esta corporación advirtió:
“En el presente caso se observa que está en trámite el recurso de casación interpuesto por el demandante en contra de la sentencia del Tribunal Nacional. Es reiterada la jurisprudencia de esta corporación en el sentido de que la tutela únicamente procede contra actuaciones judiciales cuando el afectado ha agotado todos los medios de defensa judicial a su alcance”.
Por su parte en la Sentencia T-212 de 2006(39), le correspondió a la Corte estudiar un caso en el que los accionantes fueron condenados en segunda instancia por su participación en una organización destinada al tráfico de drogas ilícitas. Estando en trámite el proceso en sede de casación se interpuso la acción de tutela, por supuestos defectos fácticos y sustantivos. La Corte observó que al haber sido admitido el recurso extraordinario de casación, se estaría desconociendo la naturaleza subsidiaria de la tutela. Al respecto, se puntualizó:
“La Sala reitera que a pesar de la actual privación de la libertad personal, de estar en curso un recurso ordinario de protección que se estima idóneo para la protección de los derechos fundamentales, tal como lo es la casación penal, no procede la tutela. Lo anterior siguiendo los razonamientos de las sentencias T-466/2002 y T-1107/2003”.
A su vez, en la Sentencia T-113 de 2013(40), el actor estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso la administración de justicia, en la medida que en la Fiscalía no se tramitó de forma separada el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de acusación proferida en su contra y la solicitud de nulidad elevada, la Corte consideró que este asunto debía ser ventilado al interior del proceso penal, pues aún contaba con la posibilidad de alegar la nulidad dentro de la oportunidad señalada en el artículo400 de la Ley 600 de 2000.
4.3.6. Requisitos para la configuración de un perjuicio irremediable.
La Sentencia T-1316 de 2001(41), explicó estos criterios en los siguientes términos:
“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.(42)
4.3.6.2. E1 perjuicio ha de ser inminente: que amenaza o está por suceder prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la inminencia. Lo anterior, se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.
El señor Á... A... V... S... interpuso acción de tutela contra el auto proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual admitió para revisión la Sentencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008) del Tribunal Administrativo de Arauca, la cual decidió la acción popular por él presentada en contra del Departamento de Arauca, los municipios de Arauca y Arauquita, y la Empresa Occidental de Colombia Inc.
En sede de tutela, el juez de primera instancia negó por improcedente la acción, al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad del amparo constitucional, puesto que la acción de revisión no ha culminado, encontrándose en trámite el medio de defensa judicial idóneo para la protección de los derechos que considera conculcados el accionante. Aunado a lo anterior, advirtió la ausencia de la configuración de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez de tutela.
Con fundamento en este recuento fáctico, corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar si al admitir para revisión la sentencia que puso fin a la acción popular interpuesta por el accionante, el Consejo de Estado desconoció su derecho fundamental al debido proceso.
Considera la Sala que el problema jurídico puesto a consideración es de relevancia constitucional, puesto que la controversia versa sobre la protección del derecho fundamental al debido proceso del señor Á... A... V... S....
Sobre este punto, es pertinente recordar que esta corporación ha establecido como requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales el principio de inmediatez, el cual se traduce en el deber de solicitar el amparo constitucional tan pronto como sea posible, atendiendo las particularidades del hecho que genera la violación.(43) Es por ello que, como bien lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia constitucional, no existe un plazo objetivo para la interposición de la acción de tutela(44).
Atendiendo lo anterior, la Sala considera que el tierno transcurrido entre la fecha de la decisión del Consejo de Estado y el momento de presentación de la solicitud de amparo, es un término razonable y oportuno que no pugna con el principio de inmediatez.
5.2.4. La acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad.
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se busca prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario(45), que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el legislador(46), y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos(47), pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial(48).
b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción(49).
c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá intervenir de manera provisional”.(50)
El accionante considera que la solicitud de revisión fue, presentada de manera extemporánea, pues la sentencia de segunda instancia dentro de la acción popular por él promovida fue proferida el nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), y la solicitud de revisión fue presentada el doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009).
Contrario a lo afirmado por el peticionario, las empresas vinculadas al trámite de tutela consideran que la solicitud de revisión fue impetrada en término, puesto que al momento de hacerlo se encontraba en trámite una solicitud de nulidad contra la sentencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), motivo por el cual aún no se había puesto fin al proceso popular.
Sobre este punto, es importante destacar que el Consejo de Estado ha sido claro en establecer que la providencia cuya revisión se pretende debe ser: “de aquellas que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso: Del anterior presupuesto se derivan dos consecuencias: la primera dice relación con la necesidad de que la solicitud de revisión verse únicamente sobre providencias definitivas o finales, es decir sobre pronunciamientos del Juez acerca de los temas que se debaten en el juicio (...) La segunda consecuencia que se deriva del presupuesto en mención se refiere a la improcedencia de pedir la revisión respecto de providencias por medio de las cuales no se dé por finalizado o no se determine el archivo del respectivo proceso”.(51)
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha indicado respecto a las nulidades procesales que las mismas “son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador —y excepcionalmente el constituyente— les ha atribuido la consecuencia —sanción— de invalidar las actuaciones surtidas”.(52)
En este sentido, el auto mediante el cual se decide una nulidad se considera que tiene el rango de sentencia, pues con éste se pone fin a un proceso. Así, lo señaló la Sentencia T-519 de 2005, al aclarar que hay “autos interlocutorios que tienen fuerza de sentencia cuando terminan el proceso, como el que admite el desistimiento o la transacción, o el que decreta la perención o le pone fin al proceso ejecutivo por pago, o el que declara la nulidad de todo lo actuado; proferirlos es como dictar sentencia”(53) (Subrayado fuera de texto)
Teniendo en cuenta lo anterior, en criterio de la Sala la solicitud de revisión fue presentada dentro del término legalmente establecido, puesto que el proceso popular aún no había terminado, encontrándose en trámite una solicitud de nulidad presentada en contra de la providencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), la cual tenía la potencialidad de retrotraer todas las actuaciones del proceso. Ello es así, por cuanto la Empresa Occidental de Colombia Inc. presentó un incidente de nulidad el treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), siendo rechazado mediante auto del tres (03) de marzo de dos mil nueve (2009), el cual fue posteriormente revocado mediante providencia del veintitrés (23) de julio de dos mil nueve (2009), así pues encontrándose en trámite el incidente de nulidad propuesto por Occidental de Colombia Inc., el doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009) se solicitó la eventual revisión de la sentencia del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008).
Sobre el particular, tal como se precisó precedentemente, esta corporación(54), en el estudio de constitucionalidad del proyecto de la Ley 1285 de 2009, determinó que era inexequible suspender los efectos de la sentencia popular hasta tanto el Consejo de Estado decida sobre la selección o se pronuncie en virtud de la revisión eventual. En este sentido, advirtió el Alto Tribunal Constitucional que esta previsión no era acorde con los postulados constitucionales, pues no resulta razonable supeditar el amparo de los derechos colectivos a una decisión apenas eventual y excepcional, que “por tardía podría hacer nugatorio el disfrute legítimo de un derecho cuya titularidad radica en cabeza de una colectividad”.
Aunado a lo anterior, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado “el mecanismo de revisión eventual de las acciones' populares no fue instituido por el legislador como una tercera instancia donde pueda insistirse en los argumentos que, previamente, han sido estudiados y desestimados por los jueces de conocimiento dentro de la oportunidad procesal adecuada y con sustento en el material probatorio obrante en el expediente; por consiguiente, no es esta la instancia procesal idónea para cuestionar las decisiones adoptadas por los Tribunales cuando quiera que éstas no sean compartidas por quienes intervienen dentro del proceso”.(55)
De esta manera se estableció en la Sentencia C-590 de 2005(56), donde se explicó que una vez agotados de manera diligente los medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, si el actor considera que la autoridad judicial ha fallado al no garantizar sus derechos fundamentales, la acción de tutela resulta procedente al encontrarse en estado de indefensión. En este sentido, sostuvo: “este mecanismo sólo puede operar cuando todos los mecanismos anteriores han fallado y siempre que la persona hubiere acudido a ellos de manera diligente (...) Se trata, simplemente, de una revisión extraordinaria y excepcional de la constitucionalidad de las decisiones judiciales cuando la, persona presuntamente afectada ha agotado todos los recursos a su alcance y se encuentra, por lo tanto, en condiciones de indefensión”.
En efecto, no se aprecia una amenaza inminente sobre los derechos fundamentales del accionante, puesto que tal como se dijo, se encuentra en desarrollo el proceso de revisión ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el cual no se ha tomado ninguna decisión de fondo de la que se derive una conculcación de los derechos del señor Álvaro Alberto V.... En este orden, de emitirse un pronunciamiento por parte del juez constitucional se haría con fundamento en una mera conjetura hipotética sobre la posible decisión que llegue adoptar el Consejo de Estado en el trámite de la acción de revisión de la sentencia popular.
En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la-Sentencia de tutela proferida el dos (02) de mayo de dos mil trece (2013) por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido que declaró la improcedencia de la acción de tutela, por lo expuesto en esta providencia, esto es, por no haberse satisfecho el requisito de subsidiaridad.
1. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida el dos (02) de mayo de dos mil trece (2013) por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Á... A... V... S... en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, presidente (E)—Myriam Ávila Roldán (E)—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, ausente con excusa—Gloria Stella Ortiz Delgado, impedimento aceptado—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva.
1 El 15 y 18 de octubre de 2013 ante el despacho del doctor Nilson Pinilla Pinilla; el 18 de julio de 2014 ante el despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado; y el 26 de noviembre de 2014 y 12 de junio de 2015 al despacho del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
2 Auto 040A/2001.
3 Auto 039/95.
5 Sentencia T-371/97, M.P. Vladimiro Naranjo Meza.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Sentencia del 11 de diciembre de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
9 Sentencia T-774/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10 Sentencia SU-813/2007: Los criterios generales de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución”.
11 Sentencia T-1240/2008: Los criterios específicos o defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los derechos fundamentales del reclamante.
12 Sentencia 173/93.
13 Sentencia T-504/2000.
14 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/2005.
15 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.
16 Sentencia T-658/98.
17 Sentencias T-088/99 y SU-1219/2001.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Sentencia T-522/2001.
20 Cfr. Sentencias T-462/2003; SU-1184/2001; T-1625/2000 y T-1031/2001.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Ver al respecto la Sentencia T-489/2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
23 En la Sentencia T-224 del 17 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón, la Corte revisó una acción de tutela promovida por un ciudadano colombiano residente en los Estados Unidos, quien alegaba que un auto interlocutorio dictado en el marco de un proceso de alimentos que le impedía abandonar el país, vulneraba su derecho fundamental al debido proceso. El tutelante alegaba que el auto era arbitrario, pues había puesto a disposición del juzgado demandado un automóvil y un inmueble para respaldar sus obligaciones. Además, alegaba que su trabajo en los Estados Unidos era su fuente de ingresos y el que le permitía pagar las cuotas de alimentos de las que era responsable. La Corte concedió la tutela, ya que consideró que los hechos ponían de presente una manifiesta y palmaria violación de los derechos fundamentales del peticionario. En consecuencia, ordenó a la juez demandada celebrar una audiencia especial con el objeto de examinar la situación planteada y tomar la decisión que de conformidad con la Constitución y la ley, asegurara el respeto a los derechos fundamentales de las partes.
24 M.P. Jorge Arango Mejía.
27 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta oportunidad la Sala Séptima de Revisión de Tutelas conoció sobre la acción de tutela interpuesta contra el auto que negó la suspensión provisional de unos boletines emitidos por el Banco de la República, solicitada como medida cautelar dentro de un proceso de nulidad tramitado ante el Consejo de Estado. La Corte determinó la improcedencia de la solicitud de amparo deprecada, toda vez que el accionante no había agotado todos los mecanismos de defensa a su alcance, sumado al hecho de no haber presentado la acción dentro de un término pertinente y prudencial, lo que permitió concluir que los derechos fundamentales del peticionario no se encontraban en un grave riesgo.
28 Auto de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010), Rad. 73001-33-31-004-2008-00006-01(AP) REV, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
29 Exp. 2007-00244, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
30 Sentencia C-713/2008, M.P. Clara Inés Vargas.
32 Sentencias T-335/2007; T-764/2007; T-266/2008 y T-655/2009, entre otras.
33 En este sentido se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-600 del 1 de agosto de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1198 del 15 de noviembre de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1157 del 1 de noviembre de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-321 del 21 de marzo de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
34 Sentencia T-384 del 30 de julio de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
35 Sentencia T-301/2009.
37 Sobre el particular pueden verse las sentencias T-083/2007; T-1103 y 076 de 2003; T-1316/2001; T-482/2001; T-977/2001; T-690/2001; T-256/2001; T-189/2001; T-163/2001; T-1116/2000; T-886/2000; T-612/2000; T-618/99; T-325/99; T-214/99; T-718/98; T-116/98; T-009/98; T-637/97; T-456/94 y T-426/92, entre otras.
41 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
42 Estos criterios fueron fijados desde la Sentencia T-225/93 y han sido reiterados en las sentencias C-531/93; T-403/94; T-485/94; T-015/95; T-050/96; T-576/98; T-468/99; SU-879/2000; T-383/2001; T-743/2002; T-514/2003; T-719/2003; T-132/2006; T-634/2006; T-629/2008; T-191/2010, entre muchas otras.
43 Sentencias T-680/2010; T-607/2008; T-825/2007; T-1009/2006; T-403/2005 y T-1089/2004, entre muchas otras.
44 Sentencia T-1112/2008.
45 Cfr. Sentencia T-001/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
46 Cfr. Sentencia SU-622/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
47 Sentencia T-116/2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
48 Cfr. Sentencias C-543/92; T-329/96; T-567/98, T-511/2001; SU-622/2001; T-108/2003.
49 Cfr. Sentencia T-440/2003, M.P. Manuel José Cepeda. La Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial había desconocido los derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar la remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados confiados a una corporación bancaria. Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados.” En sentido similar pueden consultarse las Sentencias T-329/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-567/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-654/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-289/2003, M.P. Manuel José Cepeda.
50 Sentencia T-598 del 23 de julio de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
51 Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 14 de julio de 2009. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 20001-23-31-000-2007290244-01(IJ) AG.
52 Sentencia T-125/2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
53 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
54 Sentencia C-713/2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
55 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 14 de julio de 2009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 20001-23-31-000-2007-00244-01(IJ)AG.
56 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

References: artículo 34
 artículo 89
 artículo 180
 artículo 57
 artículo 137
 artículo 174
 artículo 7
 artículo 302
 artículo 11
 artículo 86
 artículo 86
 resolución 
 resolución 
 artículo400