Source: http://meritxellbatet.blogspot.com/2009/02/
Timestamp: 2018-02-23 20:34:09+00:00

Document:
Justícia i Bellesa: de febrer 2009
Intervención en la comisión de Administraciones Públicas, donde comparecía la Ministra de AAPP para informar sobre el Fondo de Inversión Municpal
“Bienvenida, señora ministra de Administraciones Públicas, aunque a tenor de algunas de las intervenciones podría llamarla ministra de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Servicios Sociales, etcétera, porque han ido saliendo todos los temas a pesar de que no todos ellos son los que nos ocupan esta mañana. Quiero empezar agradeciéndole su comparecencia, agradeciéndole la información exhaustiva sobre el fondo y también que haya aprovechado esta intervención para avanzar las líneas generales de la futura ley de gobierno local, aunque parece que para el portavoz del Grupo Popular esto no toca o es una materia insustancial y, por tanto, no ha hecho referencia a ella. Una vez más, en la sesión de hoy este Gobierno -también este grupo parlamentario- ha dejado buena muestra de su apuesta por el municipalismo. Con la revitalización de un nuevo nexo de cooperación y de complicidad entre el Estado y las corporaciones locales esta apuesta ha quedado fehaciente. Algunos para hacer referencia al fondo hablan de un regalo o utilizan expresiones similares a esta en un tono más o menos despectivo, cuando lo que ha representado este Fondo Estatal de Inversión Local ha sido una muestra de confianza absoluta de este Gobierno en la labor y la capacidad de gestión de los ayuntamientos de nuestro país. Porque pensamos que la Administración local es una administración eficaz, además de ser la más cercana a los ciudadanos, ha sido por lo que hemos apostado por impulsar una medida como esta en una situación extrema de necesidad, de crisis económica como la que atraviesa nuestro país, conjuntamente con el resto de países de nuestro entorno.Precisamente este año en el que tenemos la celebración de los treinta años de ayuntamientos democráticos -treinta años, por tanto, de crecimiento y consolidación de las corporaciones locales-, celebramos que la ministra haya anunciado una vez más el compromiso del Gobierno de traer a esta Cámara dos proyectos legislativos que están pendientes y que son tan necesarios para las corporaciones locales. Evidentemente, me refiero al estatuto del gobierno local, por un lado, y a la nueva ley de financiación local, por otro. Es cierto que en el Grupo Socialista pensamos que el consenso en ambos proyectos de ley con todas las formaciones políticas es imprescindible. Por nosotros no va a quedar; vamos a poner empeño en ello, porque sabemos que el éxito de esta futura legislación depende en gran medida del grado de consenso que podamos alcanzar sobre ella.
Señorías, me gustaría hacer referencia a algunos de los comentarios que ha hecho el portavoz del Grupo Popular cuando, por ejemplo, ha hablado de la improvisación. La verdad es que escuchando sus intervenciones todas las personas que estamos en esta Comisión podemos constatar que la improvisación es la suya; improvisa constantemente sus intervenciones.
Pues bien, me gustaría decirle que si una cosa nos exigen los ciudadanos siempre, pero más especialmente en situaciones complicadas como en la que estamos, es que seamos rigurosos y trabajemos a fondo los temas y que no utilicemos un lenguaje demagógico o frases vacías de contenido; y lo que también nos piden los ciudadanos, sobre todo, es un respeto a nuestras instituciones. Quiero recordarle que los ministros no hacen tournées por el Estado sino que los ministros lo que hacen son viajes oficiales, acercamiento a los territorios y conocimiento de todo el país. Por tanto, les pido respeto a las instituciones y un poquito más de prudencia a la hora de hacer algunos comentarios.
Una de las medidas importantes que ha llevado a cabo este Gobierno -y sobre ella me centraré porque creo que es lo que ha ocupado más en la intervención de los otros portavoces- es precisamente la aprobación del Fondo Estatal de Inversión Local. No ha sido la única medida de impulso para intentar reactivar la economía del país pero sí que ha sido una de las más significativas y sin duda la que nos ocupa esta mañana. Quiero empezar, en este sentido, felicitando a todos los ayuntamientos de España y a las diputaciones provinciales también, que han cumplido una de sus funciones importantes, como es ayudar a los ayuntamientos más pequeños, por todo el trabajo hecho hasta ahora y sobre todo por el que van a realizar a lo largo de este año. Es una pena que el Grupo Popular no se haya podido sumar a esta felicitación, estoy segura de que sus alcaldes, los alcaldes del Partido Popular, lo hubiesen agradecido. Quiero felicitar a todos los alcaldes y a todos los concejales en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su compromiso con sus ciudadanos y por la capacidad de acción que han demostrado y sobre la que nosotros no hemos dudado en ningún momento. Han respondido masivamente a la medida y se han manifestado además muy positivamente a favor de ella, también lo ha hecho así la Federación Española de Municipios y Provincias.
Celebramos especialmente que los municipios gobernados por el Partido Popular no hayan sido coherentes con la posición de su partido político y no se hayan abstenido de presentar proyectos, a pesar de la abstención de su grupo parlamentario en la votación del decreto-ley. Asimismo, quiero destacar también que este Fondo de Inversión Local supone un refuerzo, a pesar de algunos comentarios que han hecho otros portavoces, precisamente de la autonomía local reconocida en la Constitución. Siendo la Administración más cercana a los ciudadanos era sin duda la que mejor podía actuar y reaccionar frente a las necesidades reales en un momento de dificultad como este. Han sido ellos, por tanto, los que han priorizado lo que debían hacer o no en cada uno de sus territorios, y así pensamos que debe ser. El señor Olabarría proponía un poco más de control o de algunas restricciones pero, en todo caso, nuestra apuesta ha sido la de la autonomía local, y eso evidentemente no causa ningún tipo de conflicto con la autonomía autonómica. El señor Canet hablaba sobre el miedo que le podía producir reforzar la autonomía local. Yo creo que no es un juego de suma cero, donde lo que uno gana lo pierde el otro. No, se puede reforzar la autonomía local y ser escrupulosamente respetuosos con las competencias autonómicas y con el papel que las comunidades autónomas desarrollan y tienen que desarrollar en nuestro país.
Quiero felicitar, en segundo lugar, también al Ministerio de Administraciones Públicas, a todo el Gobierno y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, por el lanzamiento de la idea y sobre todo por la articulación y la gestión de este fondo. Creo que este ministerio, como gran sala de máquinas del Gobierno, ha estado a la altura de las circunstancias. Hay que tener en cuenta que la medida de creación de este fondo era algo novedoso -como la misma crisis económica- y el ministerio ha dado una muestra de capacidad de gestión de algo novedoso, que sin duda hay que reconocer.
Quería destacar también otro elemento que nuestro grupo considera importante -así lo ha señalado también la ministra-, como es el salto hacia la Administración electrónica. La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 11/2007, fijaba el 31 de diciembre de 2009 como la fecha en la cual las administraciones públicas debían poder ofrecer a los ciudadanos los procedimientos administrativos por vía telemática. Este fondo ha posibilitado, de entrada, que todos los municipios de España -todos excepto los cinco que no han pedido el fondo- tengan el certificado digital, como usted destacaba, paso fundamental desde nuestro punto de vista para culminar el siguiente reto. El hecho de que se haya podido resolver todo en pocas semanas y sin presentar un solo papel es una prueba de que cuando queremos, podemos. Tampoco aquí los pronósticos agoreros del Partido Popular se han demostrado verdaderos.Hablaban ustedes de dificultades insuperables. Ya ven que ningún municipio por pequeño que sea ha tenido ningún problema con el acceso electrónico; en el fondo lo que pasa es que ustedes, señorías del Grupo Popular, no conocen los ayuntamientos y no creen en los ayuntamientos.Algo parecido les pasa con el país: no conocen el país y tampoco creen en él. Sin duda, los principales objetivos de la creación del fondo, como ya se ha dicho, eran la activación o el estímulo de la economía y la generación de empleo, pero también es verdad que estas inversiones han implicado y van a implicar también otras cosas no menos importantes y, desde luego, desde nuestro punto de vista muy positivas: el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora del paisaje urbano y la posibilidad de que muchos ayuntamientos tiren adelante proyectos que de otra manera no hubiesen podido.
Aquí quiero detenerme también, como han hecho otros portavoces, en el tema de la financiación local. Evidentemente, nadie ha dicho que la creación de este fondo estatal de inversión local suponga dejar de lado la negociación de la financiación local, todo lo contrario. Yo quiero reiterar hoy aquí el compromiso total de los socialistas de mejorar un sistema de financiación local que somos los primeros en denunciar que es un mal modelo de financiación local -recuerdo que fue un modelo pactado precisamente por gobiernos del Partido Popular-, y por eso pensamos que la previsión de este fondo y el éxito del mismo no debe frenar en absoluto -como no lo ha hecho- el debate de fondo sobre el modelo de financiación. Sin embargo, este no es el debate de hoy porque estamos hablando precisamente de esta medida excepcional en un momento excepcional.
Quiero tratar ahora algunos de los temas que han ido saliendo a lo largo del debate, la ministra ya ha contestado a la mayoría de ellos, pero desde el Grupo Socialista no quiero dejar de hacer referencia a alguno de ellos. Quiero empezar refiriéndome a la distribución de los 8.000 millones que el portavoz del Grupo Popular nos presentaba en un gráfico circular, la distribución típica de quesitos de estos 8.000 millones. Me parece que este gráfico ha sido llegar al paroxismo de la ridiculez. No voy a ponerme a discutir la distribución que hacen de las cuantías, lo ha hecho la ministra ampliamente con mayor conocimiento y mayor criterio que el que yo pueda utilizar, me quedo simplemente con las partidas que las señorías del Grupo Popular destacaban en su gráfico. Ellos utilizaban el término de recursos de mano de obra como la única partida que les parecía justificada de toda la inversión que se hace y, por el contrario, los materiales, el margen empresarial, los medios auxiliares, el IVA, les parecía algo que sobraba. A mí me gustaría saber qué concepción tienen de inversión en obra si no van a utilizar materiales, porque, claro, hacer una obra sin materiales me parece ciertamente un poco dificultoso. O sin margen empresarial, ¿qué concepción tienen de la activación de la actividad económica? ¿Qué pretenden, que las empresas pierdan dinero? No sé, es otro de los conceptos que no me quedaba claro. O cuando hablan del IVA, quizá se están proponiendo no responder a las obligaciones tributarias. En fin, creo que no hace falta añadir gran cosa más.
Respecto al número de trabajadores, también se ha hablado ampliamente y la ministra ha señalado que la cifra de 278.000 es el número dado precisamente por los alcaldes de los ayuntamientos de España, por cada uno de los alcaldes de los ayuntamientos de España, gobernados por todas las fuerzas políticas. Por tanto, el número que está manejando, que está utilizando el Gobierno es el número objetivo que le vienen a ofrecer las corporaciones locales. A mí me gustaría saber de dónde sacan ellos su número o en razón de qué hacen los cálculos que hacen. Sobre esta cuestión tampoco quiero detenerme excesivamente, me gustaría simplemente utilizar una frase que me gustó, buena porque fue pronunciada por un buen político, eso es verdad, el alcalde de Madrid, que dijo: Detrás de cada obra, hay un puesto de trabajo. Me parece un buen resumen de lo que puede significar este fondo, de cuál era el objetivo de este fondo y de cuál va a ser por tanto el cumplimiento del objetivo de este fondo.
Respecto al tema de ANV, el señor Olabarría ha dado una explicación excelente sobre la materia y tampoco voy a ahondar excesivamente, pero sí quería poner encima de la mesa una reflexión que no ha salido en el debate de hoy, y es que tanto los Presupuestos Generales del Estado como toda la financiación proveniente de las administraciones autonómicas del País Vasco y de Navarra se distribuyen entre todos los ayuntamientos de este territorio, entre todos. No he oído en ningún momento ninguna voz que cuestione el dinero que viene de los Presupuestos Generales del Estado, para también esos ayuntamientos gobernados por personas que formaban parte de la lista de ANV, ni que cuestione los fondos económicos que vienen de las administraciones autonómicas. Supongo, señor Salvador, que el Gobierno de Navarra también hace un seguimiento y vigila cómo gastan el dinero esos ayuntamientos, doy por descontado que cumple con sus obligaciones y que no hace dejación de ellas. Este Fondo Estatal de Inversión Local no podía excluir los ayuntamientos gobernados por personas que habían pertenecido a listas de ANV simplemente porque hacer esto sería ilegal, y no solo sería ilegal, sino que además iría en contra de todos los ciudadanos de esos municipios. Lo que hay que hacer -y este Gobierno y este grupo parlamentario ya han asumido ese compromiso- es ser vigilantes y controlar que los fondos económicos que reciben esos ayuntamientos -todos, no solo los del Fondo de Inversión Local, sino todos los fondos económicos que reciben- van a tener una aplicación adecuada a la legislación actual.
Oyendo las declaraciones del concejal socialista de Mondragón, Francisco García, diciendo que van a estar vigilantes -porque también los concejales de esos ayuntamientos lo pueden hacer- y harán por tanto que se cumpla la ley respecto a los carteles -él hacía referencia a los del Gobierno de España por parte de ANV-, echo de menos la voz de los concejales del Partido Popular diciendo: me vas a tener al lado para poder vigilar mejor. En esto es en lo que se requiere la unidad. Yo recomendaría a las señorías del Grupo Popular que, en vez del modo amenazante que utilizan en sus intervenciones, estuvieran en este tema al lado del Gobierno para trabajar juntos por lo que es una causa común.Sería muy positivo que de una vez por todas supieran quiénes estamos en el mismo barco y quiénes están enfrente.
Con respecto a los carteles, no voy a extenderme excesivamente, pero sí me gustaría destacar una cuestión que curiosamente ha pasado desapercibida y por la que quiero felicitar al Ministerio de Administraciones Públicas, como es el caso de que los carteles se prevén en todas las lenguas de España. Es verdad que los grupos nacionalistas siempre sacan a relucir estas cuestiones en sentido negativo, y yo quería sacarlo hoy en sentido positivo, porque el compromiso del Gobierno y de este ministerio con el respeto de todas las lenguas españolas ha sido fehaciente también al contemplar que los carteles van a estar en todas las lenguas de España.Simplemente un reconocimiento explícito a esta cuestión. En cuanto a la idoneidad de la colocación de estos carteles, la verdad es que la cantidad de despropósitos que se han oído con relación a esta materia es digna de catálogo. Quizás en algún momento, más adelante, podríamos listar todos estos despropósitos y hacer un estudio sobre comunicación política y demagogia. De entrada es interesante que las señorías del Grupo Popular coincidan con Aralar en querer ridiculizar algo que por otro lado se da siempre -ya lo ha recordado la ministra-: la publicidad de una obra pública es obligatoria siempre, en cualquier nivel de Administración, sea Administración local, sea Administración autonómica, sea Administración estatal o sea Administración europea la que actúe. En ese sentido quiero simplemente citar algunas normas jurídicas para poner un poco de orden y de rigor en esta discusión. Lo que no voy a hacer es caer en los millones de ejemplos que podemos tener en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular donde el tamaño de los carteles, más que carteles, parecen pantallas de cine. Por tanto, lo que voy a hacer es citar dos reglamentos europeos el 1159/2000 y el 621/2004, donde la Comisión establece que las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión tienen que estar publicitadas con vallas informativas en todas las zonas de intervención.Asimismo, en nuestra legislación interna -estos reglamentos también son legislación interna, por supuesto- tenemos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones, que establece la obligatoriedad en su artículo 18.4 de la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención en los términos reglamentarios establecidos. También prevé esta misma ley en el artículo 37 como causa de reintegro el incumplimiento de esta obligación. Por tanto, el decreto-ley lo que hace es adaptar perfectamente esta ley de subvenciones y reproducir de alguna manera esta regulación.
Para terminar quería decir que, de acuerdo con los argumentos utilizados por el portavoz del Grupo Popular, los grandes problemas de este Fondo Estatal de Inversión Local son los carteles del Gobierno de España. Esa es la conclusión. Por tanto, mi conclusión es que el Fondo Estatal de Inversión Local tiene pocos problemas, porque si ese es el único que ha sabido detectar y enfatizar el portavoz de la oposición, parece que no hay problemas. Alguno de los portavoces preguntaba qué criterios podemos utilizar para confirmar y para destacar que este fondo ha sido un éxito.Pues bien, los criterios que podemos utilizar son objetivos: La acogida, la recepción de los proyectos, la gestión hasta el momento de estos proyectos nos muestran que el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por este Gobierno ha sido un éxito. Por tanto, en esos criterios objetivos es en lo que nos basamos para valorar desde el Grupo Socialista que este fondo era necesario, que este fondo lo que ha hecho es apoyar a la Administración local, creer en el municipalismo español porque sabemos que es la Administración más cercana y la que mejor podía reaccionar, como decía al inicio de mi intervención, a los problemas y a las necesidades de los ciudadanos, y en esa línea vamos a seguir trabajando.
Quiero, de nuevo, felicitar al Ministerio de Administraciones Públicas y muy especialmente a su titular por esta iniciativa y por la gestión, y esperamos que dentro de unos meses podamos volverla a escuchar explicando ya, no conjeturando, qué ha supuesto este fondo para nuestras ciudades y nuestros pueblos".
Publicat per Meritxell Batet a les 1:58 p. m. Cap comentari:
Intervención en la Comisión de Justicia,sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede
“ Efectivamente hemos debatido esta misma proposición no de ley la legislatura pasada en términos idénticos, y la verdad es que es una lástima que el grupo proponente no haya aprovechado este gap en el tiempo para mejorar alguno de los planteamientos o incorporar algunas de las imperfecciones que, desde nuestro punto de vista, había y que señalamos en la anterior intervención. En cualquier caso el debate es pertinente. No creo que la crisis económica sea un pretexto para no debatir esto, y por la misma razón tampoco tendría sentido hablar sobre la proposición no de ley relativa a la creación de un laboratorio móvil para la isla de Ibiza, por ejemplo, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, o con el mismo argumento tendríamos que cerrar todas las comisiones de este Parlamento y dejar simplemente abierta la Comisión de Economía. Este no es un argumento razonable ni sería bueno para nuestra democracia ni para el debate público ni para los intereses de los españoles.
Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, como ustedes saben, constituyen un tratado internacional cuyo texto ha sido aprobado además por las Cortes Generales, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en varias sentencias, cito la 187/1991. Este tratado internacional, estos acuerdos suponen, nada más y nada menos, que el desarrollo del mandato constitucional recogido en el artículo 16.3 de la Constitución española, en donde se dispone precisamente que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica -y la cita explícitamente- y las demás confesiones. Sobre la base de este artículo, pues, nuestro texto constitucional y por ende los acuerdos no suponen, desde nuestro punto de vista, una situación de privilegio con la religión católica, sino que se limitan a desarrollar este texto constitucional, y además responden a una realidad social. Es verdad que la realidad social es cambiante, pero desde nuestro punto de vista no es sustancialmente cambiante. Es decir, la realidad del 78, cuando se aprobó la Constitución, y la realidad del 2009 se siguen traduciendo en que mayoritariamente la sociedad española se declara católica. Los datos del CIS así nos lo indican, tengo los datos de abril de 2008, en que el 76,7 por ciento de la población se declara católica, por ejemplo; el 20 por ciento se declara no creyente, el 1,6 creyente de otra religión, y el 1,7 no contesta. Por tanto, estamos hablando de porcentajes en cualquier caso elevados: 76,7 por ciento.
Me gustaría señalar también algo que no podemos olvidar, que también señala el artículo 16.3 de la Constitución, que es la necesaria cooperación que el Estado tiene que establecer con todas las confesiones, haciendo mención especial, como ya he dicho, a la religión católica. Esto viene amparado también por varias sentencias del Tribunal Constitucional, y me gustaría citar, por todas ellas, la sentencia 48/2001. Así, por tanto, el acuerdo constituido mediante este tratado internacional con la Santa Sede se desprende directamente de este artículo 16.3, y lo mismo pasa con los otros acuerdos firmados por el Estado con otras confesiones religiosas: la evangélica, la judía y la islámica.
Respecto a la cuestión educativa, al sistema educativo, señor Llamazares, creo que no hay una situación de privilegio en ningún caso de la Iglesia católica en el sistema educativo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece el carácter voluntario para los alumnos de tomar clases de religión católica o no tomarlas, y así lo prevé también el Real Decreto 1630/2006, que desarrolla esta ley, en el que se reitera el carácter voluntario de la enseñanza religiosa, tanto la católica como el resto de religiones con las que el Estado español ha llegado a acuerdos de cooperación.
Con relación al segundo punto de la proposición no de ley se pide la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980, aduciendo un supuesto trato diferencial a la jerarquía católica en la misma. Efectivamente este Gobierno, por boca de su vicepresidenta, doña María Teresa Fernández de la Vega, ya ha anunciado la voluntad durante esta legislatura de modificar esta Ley Orgánica de Libertad Religiosa, por tanto ese será el trámite pertinente para presentar aquellas enmiendas que su grupo parlamentario considere oportunas para mejorar, desde su punto de vista, lo que contemple esta ley orgánica. Señor Nasarre, no se trata de reconocer nuevos derechos en la modificación de la ley orgánica, se trata de adaptar una ley aprobada en el año 80; han pasado muchos años y por tanto nos parece adecuado profundizar, por ejemplo, en la confesionalidad del Estado o en regular cosas que no constan en esta ley, por ejemplo la libertad de conciencia de aquellos que no son creyentes.Son lagunas evidentes que existen en la legislación actual que nos llevan a pensar que sería bueno perfeccionarla. En cualquier caso, no he encontrado en el articulado actual de la ley ningún precepto en el que se vislumbre un trato diferencial a la Iglesia católica. Es más, en su artículo 1.3 se dispone que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y en su artículo 7 se recoge la posibilidad de la firma de acuerdos entre el Estado español y las distintas confesiones religiosas que hayan alcanzado un arraigo notorio en la sociedad española. Por tanto, no sé a qué se refiere el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando habla de privilegios de esta ley.
El tercer punto pide la reforma de la Ley de Asociaciones, con el fin de que en su ámbito de aplicación la Iglesia católica no reciba, de nuevo, ningún privilegio respecto a otras confesiones religiosas. Aquí quiero señalar otra vez exactamente lo mismo. Leyendo el articulado de esta ley, no veo ninguna mención especial a la Iglesia católica y por tanto tampoco veo ningún privilegio explícito. En conclusión, creo que no hay privilegios objetivos en la legislación vigente; la regulación actual simplemente responde a una realidad social y a un reconocimiento constitucional expreso. En todo caso, no hay desatención de las otras confesiones religiosas, cosa que también me parece importante destacar en este momento. Además, a lo largo de estos años los acuerdos con la Santa Sede se han ido modulando, se han ido revisando, que es un poco lo que usted pide, y por tanto no han sido en absoluto estáticos. Saben que el Grupo Socialista no está ni ha estado cerrado a pensar cómo mejorar su regulación para que esta se adapte con más precisión a la realidad cambiante de nuestro país. En este sentido se han hecho avances significativos precisamente en la dirección que ustedes apuntan.Simplemente pensamos que hay que acertar en la oportunidad del cómo y del cuándo, y en eso parece que es en lo que a veces no coincidimos.
Ha hablado en su intervención, señor Llamazares -y con esto acabo-, de la ética civil. Creo que ningún Gobierno ha hecho más que este Gobierno socialista por la construcción de una ética pública. Este ha sido sin duda uno de los horizontes que ha marcado las iniciativas legislativas en la anterior legislatura, y que va a continuar marcando las de esta IX Legislatura. De forma paradigmática quiero destacar precisamente otro tema que ha salido en el debate, que es la previsión de la asignatura de educación para la ciudadanía. Eso es construcción de ética pública en positivo, y este Gobierno va a seguir trabajando en esa dirección”.
Publicat per Meritxell Batet a les 2:19 p. m. Cap comentari:
Intervención en la comisión de Administraciones Pú...
Intervención en la Comisión de Justicia,sobre la r...

References: artículo 18
 artículo 37
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 7