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Timestamp: 2020-01-23 21:25:22+00:00

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En Sesión de la Diputación Permanente, el diputado Lorenzo Parga Amado, presentó iniciativa para reformar el Código Municipal del Estado, a fin de que los centros de población adquieran categoría de ciudad, poblado, comunidad o ranchería. H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 64 fracción segunda, 68 fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167 fracción primera y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; acudimos ante esta H. Representación Popular a presentar iniciativa de Decreto para reformar el artículo 13 bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, sobre la determinación de las categorías de los centros de población municipal. Lo anterior al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El municipio es la unidad básica de gobierno y representa un componente fundamental del grado de gobernabilidad del país, en nuestro sistema político, el municipio tiene tal importancia que es considerado como el primer orden de gobierno, es aquel que permite y propicia el contacto primario con la ciudadanía y el principal encargado de proporcionar los servicios básicos para el desarrollo de la comunidad. Es por lo anterior que es importante que el marco normativo que lo rige este en constante actualización y perfeccionamiento, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y cumplimiento de sus fines como ente de gobierno. El ordenamiento jurídico que establece las bases sobre la integración, operación y funcionamiento del municipio, es nuestra Carta Magna, en su artículo 115; el cual, ha tenido una serie de modificaciones que permiten que al día de hoy, se cuente con mayor regulación respecto de sus actividades; lo que necesariamente implica que sea perfectible, pues la evolución de la institución no se detiene y cada vez se hace más necesario un marco regulatorio completo y que contemple las necesidades actuales de la administración municipal. En cuanto al ámbito estatal, las leyes emitidas por los Congresos Locales en materia municipal, independientemente de su denominación, sientan las bases de las normas jurídicas municipales desarrollando el contenido del artículo 115 constitucional, así como el título relativo a los municipios, de la Constitución Local respectiva. De tal modo que en las leyes en materia municipal de cada estado se establecen los pormenores que cada estado imprime a su organización municipal. Por ejemplo, se señalan los municipios que pertenecen al estado, así como sus cabeceras municipales, atribuciones de los miembros del Ayuntamiento, la prestación de servicios públicos municipales, entre otros rubros. Lo anterior no violenta en ningún momento la autonomía municipal, establecida en el artículo 115 Constitucional, sino que establece y desarrolla las bases de su organización, tal como lo faculta la Constitución Federal. Es importante tomar en cuenta que la competencia reglamentaria del municipio le garantiza una facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su desarrollo, la autonomía municipal, les permite emitir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, las circulares y las disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. No obstante lo anterior, los citados instrumentos normativos que componen la facultad de reglamentación de los Ayuntamientos, deberán ser acodes con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados. En consecuencia, es responsabilidad de la Legislatura Estatal, estar al pendiente de la actualización y perfeccionamiento del marco jurídico estatal que regula a los municipios, siendo en nuestro Estado el Código Municipal, el cual contiene las normas a que se sujetará la organización interior del ayuntamiento y el funcionamiento de la administración pública municipal en el Estado de Chihuahua, reglamentando las disposiciones relativas a los Municipios, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado. Como Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, estoy en constante contacto con los temas y asuntos que son presentados tanto por miembros de este Cuerpo Colegiado, como de los mismos Ayuntamientos, referentes a temas de interés municipal, como es el caso de las categorías de las cabeceras municipales y centros de población, establecidos en el artículo 13 bis del citado Código, mismos que han sido desahogados de acorde a lo establecido en dicho artículo, sin embargo nos hemos percatado de que el procedimiento para ostentar y hacer la declaración oficial del cambio de categoría no se encuentra establecido de manera clara, siendo este el motivo que nos ocupa en la presente iniciativa. En el artículo 11 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se enumeran los 67 ayuntamientos que conforman el Estado, así como las cabeceras y secciones municipales que los integran, estableciendo exclusivamente a las cabeceras la categoría del tipo de centro de población. En cuanto a las categorías de los centros de población, se encuentran establecidas en el artículo 13 bis del Código antes mencionado, las cuales pueden ser: a)	Ciudad. b)	Poblado c)	Comunidad d)	Ranchería. Dichas categorías aplican tanto para las cabeceras como para las secciones municipales, sin embargo, el procedimiento para ostentar y declararlas es diferente según sea la cabecera o un poblado diverso, puesto que las cabeceras municipales, al encontrarse establecidas en el Código Municipal, debe de emitirse un decreto por parte del H. Congreso del Estado, a fin de modificar el artículo 11, y cambiarse la denominación de la cabecera, no siendo el mismo caso para las secciones municipales, ya que estas no requieren modificar el Código Municipal, sin embargo si la autorización del H. Congreso del Estado para poder ostentar el cambio de categoría, procedimiento que no está establecido de manera clara actualmente, siendo necesario establecer las bases para determinar el procedimiento para declarar clasificados los centros de población de los municipios en las anteriores categorías político administrativas, a efecto de que puedan ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Es por lo anterior que la presente iniciativa pretende reformar el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, a efecto de clarificar el procedimiento sobre el cambio de categorías de los centros de población municipales, lo cual brinda de mayor certeza jurídica al H. Congreso del Estado, al analizar, discutir y dictaminar asuntos en la materia, ya que en lo que va de esta Legislatura ya se han turnado dos asuntos, uno en donde se cambió de categoría a la cabecera municipal de Guachochí, obteniendo la denominación de ciudad. El trabajo conjunto entre los poderes de gobierno, mantienen un equilibrio en el desarrollo de sus competencias, por lo cual la intervención del Poder Legislativo del Estado, para dar certeza a ciertos actos y situaciones del ámbito municipal, con irrestricto respeto a lo preceptuado en el artículo 115 Constitucional, nos permite reforzar el papel del municipio, y establecer los elementos y mecanismos que le permitan un mejor funcionamiento al gobierno municipal. En mérito de lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos señalados en el proemio del presente, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado, el siguiente proyecto de: DECRETO ÚNICO. Se reforman las fracciones V y VI del artículo 13 Bis; se adicionan 6 incisos a la fracción V del artículo 13 Bis; y se derogan las fracciones VI, VII, VIII y IX del citado artículo, todos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, a efecto de quedar en los siguientes términos: ARTÍCULO 13 Bis. Los centros de población, podrán tener las categorías de ciudad, poblado, comunidad y ranchería, según el grado de concentración demográfica y los servicios públicos de los mismos. Los Ayuntamientos determinarán la categoría correspondiente, según satisfagan las características, condiciones y requisitos que deberán reunir los centros de población atendiendo a las siguientes: BASES: I a IV… V. Los centros de población de las cabeceras municipales que hayan cumplido con los requisitos señalados para cada categoría política, podrán ostentar oficialmente la que les corresponda, previo decreto que emita el H. Congreso del Estado para actualizar la categoría correspondiente en el artículo 11 de este Código, para lo cual deberá seguirse el siguiente procedimiento: a)	El Ayuntamiento deberá someter la solicitud efectuada en sesión de Cabildo, en la cual se emita acta de cabildo, que autorice el cambio de categoría, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo para la categoría que pretende ostentar. b)	La población podrá expresar el deseo de elevar su categoría política al Ayuntamiento a que pertenezca, debiendo contar con la aprobación de por lo menos, el diez por ciento del electorado residente en la misma, acreditará además que cuenta con los requisitos para su determinación a la categoría solicitada. De ser así el Ayuntamiento deberá proceder con la emisión del acta correspondiente, a fin de continuar con el procedimiento ante el H. Congreso del Estado. c)	Enviar el acta antes mencionada, con la solicitud para reformar el artículo 11 del presente Código, a fin de cambiar la denominación de la categoría de la cabecera municipal al H. Congreso del Estado. d)	El H. Congreso del Estado una vez recibida la documentación correspondiente turnará la solicitud del municipio a la comisión que corresponda, la cual deberá dictaminar en un plazo no mayor a 30 días naturales, presentando el dictamen para su aprobación al pleno del H. Congreso del Estado. e)	Una vez aprobado el decreto, se enviara para su publicación al Periódico Oficial del Estado. f)	En el caso de los centros de población del municipio, que no sean la cabecera municipal, no es necesario acreditar su categoría en el presente Código, para lo cual los ayuntamientos deberán solicitar la declaratoria correspondiente al Congreso del Estado, cumpliendo con el procedimiento establecido en el presente artículo, el cual al analizar los documentos que acrediten que cumple con los requisitos de la categoría solicitada, mandará publicar la declaratoria en el Periódico Oficial del Estado. VI. DEROGADO VII. DEROGADO VIII. DEROGADO IX. DEROGADO TRANSITORIOS. ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. ECONÓMICO. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de Decreto y Acuerdo en los términos correspondientes. Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 20 días del mes de enero de 2020. ATENTAMENTE. DIP. LORENZO ARTURO PARGA AMADO. DIP. ROCÍO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO.
Los diputados Luis Aguilar y Jesús Valenciano, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en reunión de la Diputación Permanente, solicitaron reformar el Código Penal del Estado, con la finalidad de tipificar el delito de robo de nuez. H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E.- El suscrito, en mi carácter de Diputado de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 64; y fracción I del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como de la fracción I del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a esta Soberanía a presentar Iniciativa con carácter de Decreto que adiciona el capítulo II Bis al Título Décimo Cuarto, del Código Penal del Estado de Chihuahua, a fin de tipificar el robo de nuez. Lo anterior, con sustento en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La nuez pecanera es el fruto del nogal pecanero (carya illinoiensis), de forma redondeada u ovoide, con una cascara dura que protege la parte comestible que se encuentra en su interior, en el mercado se pueden encontrar nueces enteras, troceadas o molidas a modo de harina más o menos fina. Es un alimento muy nutritivo, con un alto valor calórico y entre las vitaminas presentes en las nueces, las más importantes son las del grupo B, entre las que destaca el ácido fólico, además de ser uno de los frutos secos más apreciados por su agradable sabor, es uno de los más ricos en aceite por lo que se usan para su obtención. Existen en el mundo diferentes tipos de nueces, mismas que se diferencian entre sí por su forma, tipo de cascara, sabor, usos, además de por las regiones en las que se producen, la nuez pecanera también conocida como nuez cáscara de papel, cuenta con una gran demanda a nivel internacional, sobre todo en el mercado asiático, dicha demanda ha impulsado un crecimiento exponencial de la producción de la misma en México, se estima que la producción se ha triplicado en los últimos 30 años, contando actualmente con más de 135 mil hectáreas destinadas para el cultivo de este tipo de nuez, mismas que se encuentran distribuidas a lo largo de la República Mexicana, donde se producen 159 mil toneladas de este fruto anualmente. Los estados con mayor producción en el país se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Estado	Porcentaje de producción 1.- Chihuahua	66.8% 2.- Sonora	11.6% 3.- Coahuila	10% 4.- Durango	4.6% 5.-Nuevo León	2% Es importante hacer mención que los estados arriba enlistados producen el 95% de la producción total a nivel nacional y el porcentaje restante se divide entre estados como: Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, sólo por mencionar algunos. Debido a esto, México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial como productor de nuez pecanera una de las especies más cultivadas con un 97% de la demanda, lo cual permite que el país participe en el mercado internacional con más del 40% de la producción. Asimismo México exporta nuez a 19 destinos internacionales, el mayor consumidor es Estados Unidos quien consume el 89 por ciento del total, seguido de Canadá, China, Rusia, Japón, Hong Kong, Vietnam, Colombia, España, Panamá e Italia, sólo por mencionar algunos. Hay que señalar que gracias a esta actividad el país obtiene ingresos anuales en el orden de los $677 millones de dólares al año. Es necesario hacer especial mención, que el estado de Chihuahua en los últimos años ha logrado posicionarse como el principal productor de nuez pecanera en el país, y en diferentes regiones del estado se pueden encontrar miles de hectáreas de nogales, lo que genera para estas regiones una importante fuente de empleos directos, indirectos y de temporada, lo que a su vez se traduce en una importante derrama económica para todo el Estado, que al cierre del año dos mil diecinueve espera tener una producción de más de 95,000 toneladas (noventaicinco mil toneladas). Pero como cualquier actividad que poco a poco va cobrando relevancia y notoriedad, se convierte en un blanco fácil para los robos, desde los conocidos como hormiga, en los cuales se sustraen desde una pieza de nuez, encontramos en los últimos años un incremento en los robos con violencia en los cuales se llegan a substraer toneladas de producto e incluso con todo y los vehículos que transportan de un lugar a otro las cosechas, así mismo han proliferado los centros de compra, acopiadores y comercializadores, que a falta de una adecuada legislación y de normatividad sanitaria en la movilización del producto ha generado un gran comercio de nuez robada. Se estima que el robo de nuez en el Estado de Chihuahua es de tres mil toneladas al año, lo cual genera una perdida directa para los productores de $210,000,000.00 (doscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.), cifra aproximada, ya que a la cantidad antes mencionada se le debe sumar los daños que se ocasionan, a los árboles, a la infraestructura de las huertas, bodegas, vehículos y demás al momento de cometerse el delito. Cabe mencionar que la comercialización también se ve seriamente afectada con el robo de la nuez, ya que debido a la especulación el precio de venta baja más de un 4% (cuatro por ciento) del valor de mercado, y si la derrama por la venta es superior a los $7,000,000,000.00 (siete mil millones de pesos 00/100 M.N.) la afectación ocasionada asciende a por lo menos $280,000,000.00 (doscientos ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), por año. Es el caso que debido la inseguridad arriba mencionada, los productores se ven forzados a destinar un gasto extraordinario que se estima en $1,000.00 (mil pesos 00/100M.N.) por hectárea para la instalación de medidas de prevención y seguridad, arrojando un total aproximado de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.) al año. En resumen, las afectaciones totales que el robo de nuez causa a los productores en el Estado ascienden a más de $590,000,000.00 (quinientos noventa millones de pesos 00/100M.N.) anualmente, por lo cual es inaplazable la tipificación del robo de nuez dentro del Código Penal del Estado de Chihuahua, para de esta manera salvaguardar esta actividad productiva en el Estado, para de esta forma brindar mayor certidumbre a los productores que ven en esta actividad económica, el sustento de sus familias, además de crear importantes fuentes de empleo fijos y por temporada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a consideración de esta representación popular el siguiente Proyecto de: DECRETO ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Capitulo II Bis denominado Robo de Nuez, al Título Décimo Cuarto, del Código Penal del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera: CAPITULO II Bis Robo de Nuez Artículo 219 Bis. Comete el delito de robo de nuez quien se apodera desde una pieza de nuez, ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de la misma. Artículo 219 Ter. El robo de nuez según su cuantía se sancionara con base a las siguientes reglas: I. Si fuera una sola pieza hasta diez kilogramos de nuez, se aplicara prisión de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización. II. Si excede de diez kilogramos pero no de quince kilogramos de nuez, se aplicara prisión de tres años a diez años de prisión y multa de cien a doscientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización. III. De quince kilogramos de nuez en adelante, se aplicara prisión de doce años a quince años de prisión y multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización. Artículo 219 Cuarter. A quien a sabiendas y que de forma ilícita comercie con nuez obtenida del robo se le impondrán de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días multa, tratándose de trescientos kilogramos o más se impondrá hasta quince años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días multa. Artículo 219 Quinquies. Se impondrán de tres años a seis años y multa de multa de cien a doscientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, a quien deteriore, destruya, inutilice o incendie los arboles de nogal. Artículo 219 Sexies. Las mismas penas a las que se refiere el artículo anterior, se aplicaran a quien transporte más de cien kilogramos de nuez, sin contar con la documentación que acredite su propiedad y la documentación en materia de sanidad vegetal que la normatividad y legislación establecen. Artículo 219 Septies. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de uno a tres años, cuando el robo: I.	Se cometa con violencia en las personas o en las cosas, o bien, se ejerza ésta para propiciar la fuga o defender lo robado. II. Se cometa en dependencias de un lugar habitado o destinado para habitación. III. Se cometa aprovechando el desorden o confusión que se produzca por catástrofe, desorden público o cualquier siniestro, incluyéndose en éste los ocasionados con motivo del tránsito de vehículos. IV. Se cometa con la intervención de dos o más personas. V. Se cometa por trabajadores o personal de confianza. VI. Se cometa en lugar cerrado, al que no se haya tenido libre acceso. VII. Cuando se cometa por un servidor público que actúe en ejercicio y con motivo de sus funciones. VIII. Recaiga sobre semillas, frutos cosechados o por cosechar, o cualesquiera otros artículos destinados al aprovechamiento agrícola, forestal o frutícola, cometido en la huerta, parcela, heredad, sembradío, invernadero o en cualquier otro lugar, dentro del inmueble en que se realice la actividad agrícola, forestal o frutícola. TRANSITORIOS ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. DADO en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua., a los 17 días de mes de enero del año dos mil veinte. ATENTAMENTE Diputado Jesús Alberto Valenciano García
-	Respecto de la reunión acordada con alcaldes, productores agrícolas y diputados en la sede del Poder Legislativo a la cual no acudió. En la Sesión de la Diputación Permanente, se emitió un extrañamiento dirigido al director de CONAGUA, Antonio Baldemar Méndez, por el desaire realizado y no atender la reunión informativa a desarrollarse este 20 de enero del presente año, con el fin de analizar la política federal de extracción de agua en las presas del Estado. Fue el diputado Omar Bazán del Grupo Parlamentario del Partido del Revolucionario Institucional, quien presentó el punto de Acuerdo de urgente resolución. El Legislador expuso que el llamado a la autoridad, se realiza con la finalidad de que se dé una respuesta a productores del campo que se han visto afectados por la administración del agua por la Comisión Nacional del Agua, recurso hídrico que tiene su origen y nacimiento en el estado de Chihuahua. Agregó que, el Poder Legislativo en varias ocasiones ha emitido posicionamientos y exhortos para que se tomen acciones inmediatas a fin de replantear los acuerdos por el Consejo de la Cuenta del Río Bravo, para el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944, y se suspenda la intención de desfogar las presas “La Boquilla” y “Francisco I. Madero”, con el propósito de llevarse el agua al Estado de Tamaulipas. Además, para que se garantice el completo uso y goce de los derechos que deriven de las concesiones otorgadas para uso del agua en el Estado de Chihuahua con destino agrícola, piscícola, pecuario y minero, y se realice un estudio de la administración y manejo del agua a nivel interno en el País, para una mejor administración. “Es innegable la atribución que le corresponde al Titular del Ejecutivo Federal en cuanto al manejo y administración del agua, a través de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo que dispone el artículo 4, de la Ley de Aguas Nacionales, incluso el Presidente de la República la puede ejercer de forma directa, como también lo que se debe tener una coordinación con los Estados para que la posición no sea de desventaja para el Estado de Chihuahua en cuanto a los recursos hídricos para cumplir con el tratado del agua de 1944”, recalcó el diputado Bazán.
-	La finalidad es que los elementos conozcan el contenido de las reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado. El Congreso de Chihuahua, exhortó a la Policía Vial Estatal y a las autoridades de vialidad de los municipios de la Entidad, para que den cumplimiento a las reformas realizadas a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado. El exhorto fue presentado por el diputado del PAN, Miguel La Torre Sáenz, quien dentro del documento mencionó que las autoridades están obligadas a respetar y aplicar la norma vigente, y hace unos días la normativa en mención, tuvo una serie de adecuaciones, por lo que surge la necesidad de que se emplee de manera adecuada. Si bien es cierto que solo existen delegaciones estatales de vialidad en Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga, es un hecho que para el resto de los municipios es de observancia obligatoria la Ley de Vialidad y Tránsito de esta Entidad, sin embargo, en algunos municipios las autoridades viales competentes para su aplicación se niegan a hacerlo, bajo el argumento de que se trata de una ley estatal y por lo tanto no obliga a los municipios; lo cual es totalmente falso, señaló el Legislador. Es por lo anterior, que se hace el llamado para que la autoridad competente, realice las acciones necesarias para capacitar y enterar a toda persona operadora vial, sobre las reformar realizadas a la norma referida, a fin de evitar caer en una serie de responsabilidades por la falta de aplicación de una disposición legal vigente. Para finalizar, La Torre Sáenz señaló que las recientes reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito, son producto de la preocupación generalizada con que se percibieron algunas problemáticas en la materia, mismas que fueron impulsadas por todas y todos quienes integramos esta Soberanía, a través de diversas iniciativas que, tras el debido proceso legislativo, son ahora una norma positiva y vigente que garantiza los derechos humanos de la ciudadanía, por lo que ha tenido una excelente aceptación por parte de la sociedad, quien reclama su cumplimiento.
En Sesión de la Diputación Permanente, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, respaldaron el exhorto presentado por el diputado Jesús Velázquez Rodríguez, mediante el cual se solicitó a las autoridades estatales, crear el Instituto Estatal de Atención a las Personas con Discapacidad, como órgano descentralizado de gobierno. La solicitud va dirigida al Secretario General de Gobierno, Lic. Luis Fernando Mesta Soulé; al Secretario de Desarrollo Social, Lic. Víctor Quintana Silveyra; al Secretario de Salud, Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera; al Secretario de Educación y Deporte, Dr. Carlos González Herrera y a la Presidenta del Sistema Estatal DIF, Lic. Cinthia Aideé Chavira Gamboa, para que de manera coordinada se realicen las acciones necesarias para el instituto antes mencionado. El Legislador señaló que, es de suma importancia de contar con este tipo de lugares para que exista una instancia estatal que encabece la política de atención a personas con algún tipo de discapacidad. De acuerdo a los datos brindados por el diputado Velázquez, del total de las personas que padecen alguna discapacidad en el Estado, y según el tipo de discapacidad, 45 por ciento presentan problemas para caminar o moverse; 26 por ciento presentan discapacidades visuales. El Legislador detalló que en la Entidad existe la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y reconoció los avances del Ejecutivo Estatal para generar condiciones que permiten a las personas con discapacidad, una mayor integración a su entorno; responsabilidades que se distribuyen en distintas secretarías y organismos estatales, pero no existe claramente un órgano en el que recaiga la dirección y manejo de las estrategias en materia. Para concluir, enfatizó que, dentro de la Ley se contemplan diversas disposiciones respecto las competencias de los entes de gobierno estatal, municipales, así como la participación de los particulares, e incluso se establece la conformación del Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, pero no detalla una instancia específica para que las personas acudan y se dé seguimiento a la atención solicitada.
Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, citaron a sesión para el próximo miércoles 22 de enero del 2020 a las 8:30 horas en la Sala Morelos, con la finalidad de dar a conocer los avances que se tienen en materia de las solicitudes de juicio político. El diputado René Frías Bencomo, presidente del Congreso Estatal, señaló que dichos procedimientos son analizados dentro de la Comisión Jurisdiccional del Poder Legislativo, y habrán de resolverse por la Primera Diputación Permanente del Segundo Año Constitucional, en la sesión antes señalada. Por lo anterior, se entregó la documentación relativa a la solicitud de juicio político, la resolucion de la Comisión Jurisdiccional y el recurso, a quienes integran la Mesa Directiva. Frías Bencomo enfatizó que los documentos entregados tienen el carácter de reservado de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se debe dar el tratamiento adecuado. Por último, cabe mencionar que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia señala en su artículo 35, que: Las declaraciones y resoluciones definitivas del Pleno del Congreso, las que emitan la Presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente, la Junta de Coordinación Política y la Comisión Jurisdiccional será recurribles, con efecto devolutivo, ante el Pleno del Congreso, dentro de los siguientes cinco días a que sean notificadas a la parte interesada, siempre y cuando pongan fin al procedimiento. El recurso será presentado ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, quien lo turnará, al día siguiente de recibirlo, a la Presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda. Esta, a su vez, convocará a sesión al Pleno del Congreso, mismo que deberá reunirse dentro de los tres días siguientes para resolver sobre el mismo. Deberá citarse a esta sesión plenaria a la persona recurrente y su contraparte.
Presenta diputada Anna Chávez iniciativa para reformar Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
La diputada del PRI, Anna Elizabeth Chávez Mata, presentó iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, a fin de establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, y evitar el uso de juguetes y videos que induzcan a la violencia. H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTE.- La suscrita Anna Elizabeth Chávez Mata, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 64 fracción I y II, 68 fracción I ambos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167 fracción I y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento Interior y prácticas parlamentarias del Poder Legislativo; acudo ante esta H. Representación Popular a presentar iniciativa con carácter de Decreto a fin de adicionar una fracción XII al artículo 108, así como una fracción XXVI al artículo 123 ambos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua; en base a la siguiente; Lo anterior al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS: En el estado Mexicano, el marco jurídico que regula las relaciones de los individuos en la sociedad es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales aprobados y ratificados por el país y las leyes federales y locales. Derivado de lo anterior se han ratificado cuantiosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, a consecuencia de lo anterior se ha ido adecuando sus sistemas jurídicos nacionales y locales a los estándares mínimos reconocidos por estas convenciones y a realizar reformas legislativas al marco jurídico constitucional y en los niveles federal y local. En materia de derechos de la infancia y la adolescencia, en 1990 México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella. El Estado mexicano también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna, entre las que destaca la reforma al artículo 4°, que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. A su vez en el caso particular del Estado dicha reforma Constitucional dio lugar a la creación de la Nueva Ley de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua la cual entro en vigor el 01 de enero de 2016, acorde dicho documento con todas las disposiciones contempladas en nuestra Carta Magna, Tratados Internacionales y Leyes Federales referentes a derechos humanos, así como derechos de la infancia y adolescencia. Cuyo objeto era garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico habrá de proteger y garantizar tales derechos, además de que con ello se atiende la adecuación recomendada por el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas. La citada convención en su artículo 34 señala que los estados partes reconocerán el derecho del niño al descanso, esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. Si bien es cierto para uno de los objetivos principales para que un niño pueda realizar sus actividades recreativas son los juguetes; derivado de lo anterior hoy en día hay estudios que señalan que un juguete tiene por objeto la recreación, pero inmerso en ello se encuentra la formación, el aprendizaje, el desarrollo o estimulación de los aspectos intelectual, psicológico, sensorio-motriz y de convivencia social entre otros. Como consecuencia de lo anterior se desprende que un juguete o videojuego no solo es utilizado para la recreación de un menor sino que este también tiene la función de intervenir como parte fundamental del desarrollo y crecimiento de los menores como individuos en sociedad. Es por ello que creo preocupante la indiferencia de la sociedad con respecto de la importancia de los juguetes y videojuegos que hoy el comercio prolifera únicamente con fines lucrativos, sin importar el contenido educativo que los mismos deberían contener, siendo el caso inverso la expedición de juguetes tales como armas que generan en los niños un ambiente de agresividad siendo en su futuro la base de sus relaciones, así como videojuegos con contenido negativo, que promueven matar a personas o animales; el uso y abuso de drogas y alcohol, de mafias o pandillas, falta de respeto a autoridades, etc. Por lo que es importante señalar que existen estudios que advierten que el uso de videojuegos con contenidos violento, provocan en los menores que los utilizan por tiempo prolongado reacciones de discusiones con figuras de autoridad en su entorno escolar o familiar, así como a volverlos más propensos a peleas tanto físicas como verbales con sus compañeros de escuela, o aun una situación más lamentable como ha sido eventos recientes donde menores de edad han utilizado armas de fuego, y han protagonizado masacres inconcebibles en su entorno. Es por lo que se considera conveniente legislar de forma particular en este tema para crear conciencia tanto en los padres de familia como en las autoridades de la importancia de la prevención y reducción del uso de juguetes y videojuegos de contenido violento, con la finalidad de lograr que todos los niños crezcan en un ambiente de paz y armonía. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de: DECRETO: UNICO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 108, y se adiciona una fracción XXVI al artículo 123, ambos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para quedar como sigue: ARTÍCULO 108.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, las siguientes: I-XI…. XII.- Evitar el uso de juguetes y video juegos que induzcan a la violencia. ARTÍCULO 123.- Corresponden a las autoridades estatales y municipales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: I-XXV…. XXVI.- Realizar campañas permanentes de concientización, con el fin de prevenir el uso de juguetes y video juegos que induzcan a la violencia. TRANSITORIOS: ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de Decreto en los términos en que deba de publicarse. D A D O en el Salón del Pleno del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua a los 20 días del mes de Enero del año 2020. ATENTAMENTE, DIP. ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

References: artículo 13
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 115
 artículo 13
 artículo 13
 ARTÍCULO 13
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 64
 artículo 68
 artículo 167
 Artículo 219
 Artículo 219
 Artículo 219
 Artículo 219
 Artículo 219
 Artículo 219
 artículo 4
 artículo 35
 Artículo 64
 artículo 108
 artículo 123
 artículo 4
 artículo 34
 artículo 108
 artículo 123
 ARTÍCULO 108
 ARTÍCULO 123