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Mercedes Alvarado Robles
1 EL CONCESIONARIO OFICIAL NO ESTÁ OBLIGADO A FACILITAR AL PROPIETARIO DE UN VEHÍCULO DE SEGUNDA MANO EL HISTORIAL DE LAS REVISIONES TÉCNICAS REALIZADAS SOBRE EL VEHÍCULO El vendedor del vehículo está obligado a facilitar información sobre el estado del vehículo y a entregar el libro de mantenimiento del vehículo como documentación accesoria, especialmente si el vehículo está todavía en período de garantía, pero no existe un derecho del propietario adquirente del vehículo de segunda mano a exigir a cualquier concesionario oficial el historial de revisiones pasadas por el vehículo. Ana I. Mendoza Losana Centro de Estudios de Consumo Universidad de Castilla-La Mancha Fecha de publicación: 15 de enero de MOTIVO DE LA CONSULTA Se presenta ante el Centro de Estudios de Consumo (CESCO) de la Universidad de Castilla-La Mancha la siguiente consulta: Un consumidor adquiere un vehículo de segunda mano de la marca Citroën y se dirige a un concesionario Citroën, que no tuvo ninguna relación con el vehículo, para solicitar información técnica sobre las revisiones pasadas por el vehículo del que es propietario (kilómetros, tipo de inspecciones pasadas, etc.). El concesionario se niega a facilitar esta información alegando que el vehículo nunca estuvo en sus instalaciones y que carece de esta información además de que según las normas internas y por protección de datos, salvo expresa autorización del titular original del vehículo, no se facilitarían estos datos. El reclamante argumenta que los concesionarios tienen acceso a la base de datos de Citroën facilitando el número de matrícula y el número de identificación del vehículo y pregunta si están los concesionarios obligados a facilitar la información requerida y si la negativa a facilitar esta información constituye una infracción de los derechos de los consumidores o si por el contrario, la puesta a disposición de esta información podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos personales. 1
2 2. RESPUESTA A LA CONSULTA Para responder adecuadamente a la consulta planteada, vamos a formular una serie de consideraciones que nos permitirán emitir una conclusión final. 1ª. El derecho genérico de los consumidores a la información reconocido en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (arts. 17 y 18 TRLGDCU) o en las correspondientes leyes autonómicas no atribuye al propietario de un vehículo de segunda mano un derecho de tal naturaleza que le legitime para exigir a cualquier concesionario o taller oficial de marca el historial de revisiones de su propio vehículo. Esta información forma parte del denominado libro de mantenimiento del vehículo, cuya entrega deberá ser exigida al vendedor. 2ª. El comprador podrá exigir la información técnica a la que se refiere la consulta (kilómetros, historial de revisiones ) en el marco de la relación contractual contraída con el vendedor del coche de segunda mano, que puede ser un profesional o un particular. Si el vendedor es un profesional, el derecho a la información del comprador es el regulado en el TRLGDCU (arts. 20, 60.1 y 2,a y 97 TRLGDCU) y en el Código Civil. En el marco del contrato de compraventa, el comprador, sea o no consumidor, tiene derecho a toda la información que conforme a las exigencias de la buena fe resulte relevante para tomar la decisión de contratar o no (arts. 7.1 y 1486 CC), así como a la entrega de libro de mantenimiento en cuanto accesorio al vehículo (art CC). Naturalmente, es el vendedor el sujeto obligado a facilitar la información técnica hasta el punto de que la ocultación o falseamiento de información relevante justifica la resolución del contrato por vicios o defectos ocultos con la correspondiente indemnización de daños (art CC) o en su caso, la impugnación del contrato por error o por falta de consentimiento (arts. 1265, 1266 y 1300 CC). 3ª. La normativa sectorial reguladora de la actividad industrial y de la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos imponen obligaciones específicas a los denominados talleres oficiales de marca. Sin perjuicio de las normas autonómicas, el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes. En Castilla-La Mancha, el Decreto 96/2002, de 25 de junio, regula la protección de los consumidores en la prestación de 2
3 servicios por talleres de reparación de vehículos automóviles. Entre las especiales obligaciones informativas que estas normas imponen a los talleres oficiales de marca no figura la de ofrecer información sobre el historial de revisiones pasadas por el vehículo (cfr. arts RD 1457/1986 y 10.2 Decreto 96/2002 que establecen las obligaciones informativas de los talleres en términos muy similares 1 ). 4ª. En principio y en contra de lo argumentado por el concesionario, no cabe invocar la normativa sobre protección de datos personales para negar el acceso a la información técnica. El ámbito de aplicación de esta normativa se extiende a los datos de carácter personal, esto es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables (arts. 2 y 3,a Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal). Los datos solicitados son de carácter técnico y por sí solos nada dicen acerca de la identidad de los sucesivos titulares del vehículo ni tampoco afectan al derecho de los propietarios a preservar su vida privada, objetivo prioritario de la normativa de protección de datos (por todas, STJUE de 11 de diciembre de 2014, asunto C-212/13, Frantiṧek Rynes y Úrad pro ochranu osobních údaju). 5ª. Los datos de la identidad de los sucesivos titulares quedan registrados en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico que, a través de sus jefaturas provinciales facilita información sobre la identidad del titular actual y las condiciones técnicas y jurídicas del vehículo (art. 2 Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Vehículos) conforme a la normativa de protección de datos (LO 15/1999) y de acceso a los registros administrativos (Ley 30/1992) (anexo I del Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998). Pero no ésta la información objeto de la consulta. 1 Se reproduce literalmente el artículo 10, Información al usuario de la norma autonómica (Decreto 96/2002, de 25 de junio, de Protección de los consumidores en la prestación de servicios por talleres de reparación de vehículos automóviles en Castilla-La Mancha) 2. Los talleres oficiales de marca tendrán, además, a disposición del público en todo momento los catálogos y tarifas, actualizados, de las piezas que utilicen en sus reparaciones; también tendrán a disposición del público las tablas de tiempos de trabajo y su sistema de valoración en euros, para aquellas operaciones susceptibles de determinación previa, que serán facilitadas a estos talleres por el fabricante nacional o el representante legal del fabricante extranjero. 3
4 6ª. Respecto al concesionario oficial, no cabe invocar un presunto derecho del propietario al acceso a los archivos públicos (arts. 105,b de la Constitución Española; 35,h y 37 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). Los archivos objeto de la consulta son de titularidad privada y contienen información sobre el vehículo (historial de revisiones) que puede ser objeto de tratamiento interno y los terceros sólo tendrán acceso a los mismos en la medida en la que pudieran contener datos personales relativos al interesado. Más allá de la información contenida en la documentación técnica del vehículo y de la acreditación de las características técnicas necesarias para obtener y renovar el permiso de circulación del vehículo (arts. 61 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, arts y 26 3 del Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2 Artículo 10. Inspecciones técnicas de vehículos 1. Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que se recoge en el anexo I. La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las condiciones del vehículo relativas a seguridad vial, protección del medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías peligrosas y perecederas. 2. En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la reglamentación que se recoge en el anexo I. 3 Artículo 26. Documentación de los vehículos 1. El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: a) El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, que surtirá los mismos efectos. 4
5 2822/1998, de 23 de diciembre y el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos), y que debe ser entregada junto con éste en caso de cambio de titularidad (art. 32 RD 2822/ ), el nuevo propietario del vehículo no tiene un b) La tarjeta de inspección técnica o el certificado de características técnicas en el supuesto de ciclomotores. c) En los conjuntos de vehículos formados por automóviles que arrastran remolques o semirremolques cuya masa máxima autorizada sea inferior o igual a 750 kilogramos, la tarjeta de inspección técnica del remolque o semirremolque y en el reverso de la tarjeta de inspección técnica del automóvil figurará que lleva instalado un sistema de acoplamiento compatible con el del remolque, de acuerdo con la legislación vigente. 2. Los documentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán originales, pudiendo ser sustituidos por fotocopias si están debidamente cotejadas. 4 Artículo 32. Tramitación 1. Toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y que lo transmita a otra, aun cuando lo haga con reserva de dominio o de cualquier otro derecho sobre el vehículo, deberá notificarlo a la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tenga su domicilio legal o a aquella en que fue matriculado el vehículo, en el plazo de diez días desde la transmisión, por medio de una declaración en la que se haga constar la identificación y domicilio del transmitente y adquirente, así como la fecha y título de la transmisión. Junto a la notificación de la transmisión se acompañará el permiso o licencia de circulación, que quedará archivado en la Jefatura, así como el documento acreditativo de la transmisión, el del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y demás documentación que se indica en el anexo XIV. Si el transmitente incumpliera la obligación de notificación señalada anteriormente, sin perjuicio de que se instruya el correspondiente procedimiento sancionador, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en tanto no se inscriba el mismo a nombre de otra persona a solicitud de ésta, acompañando documento probatorio de la adquisición y demás documentación que se indica en el apartado 3. [ ] 2. La Jefatura de Tráfico a la que se dirija la notificación de transmisión con los documentos que se mencionan en el apartado anterior anotará en el Registro de Vehículos al adquirente como nuevo titular, a no ser que el vehículo esté afectado por alguno de los impedimentos que se recogen en el apartado 7 de este artículo, extremo que comunicará al transmitente y al adquirente, en cuyo caso, una vez cancelado o solventado el impedimento, se anotará la nueva titularidad, notificándola a los Ayuntamientos de los domicilios legales de aquéllos. 5
6 derecho de acceso al historial de revisiones pasadas por el vehículo en el tiempo en el que ha pertenecido a otros propietarios. No cabe invocar el derecho de acceso a los datos del artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, pues éste es un derecho que corresponde al interesado respecto a sus datos de carácter personal 3. El adquirente deberá solicitar de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que se matriculó el vehículo, dentro del plazo de treinta días desde la adquisición, la renovación del permiso o licencia de circulación, haciendo constar su identidad y domicilio, así como los del transmitente y el título de dicha transmisión. El vehículo no podrá circular salvo que disponga del nuevo permiso o licencia de circulación. Junto a la solicitud deberá acompañar los documentos acreditativos del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias, en su caso, el justificativo de que el vehículo cumple los requisitos para obtener o que cuenta con el correspondiente título habilitante para la realización de alguna actividad de transporte o de arrendamiento sin conductor, y cuantos se determinan en el anexo XIV. Transcurrido el plazo de treinta días indicado sin que el adquirente haya solicitado la renovación del permiso o licencia de circulación, se ordenará la inmovilización del vehículo y se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondan como titular del vehículo. 4. La Jefatura de Tráfico a la que se haya dirigido la solicitud del adquirente, junto a la documentación exigida en el anexo XIV, efectuará el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos si antes no se hubiera realizado a instancia del vendedor, y expedirá un nuevo permiso o licencia de circulación a su nombre, comunicándolo a los Ayuntamientos de los domicilios legales del transmitente y del adquirente en el supuesto de que no se haya podido efectuar esta notificación con anterioridad. 5. En el caso de que el vendedor y el comprador dirijan sus solicitudes de forma conjunta a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal de cualquiera de ellos o de aquella en que se matriculó el vehículo, acompañada de la documentación preceptiva indicada en los apartados anteriores, dicha Jefatura procederá, simultáneamente, a efectuar el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos y a expedir un nuevo permiso o licencia de circulación a nombre del adquirente, comunicándolo a los Ayuntamientos de los domicilios legales del vendedor y del comprador. [ ] 7. [ ] En el caso de que el vehículo no esté al corriente de las inspecciones técnicas periódicas, la Jefatura de Tráfico anotará el cambio de titularidad del vehículo en el Registro, pero no renovará el permiso o licencia de circulación hasta tanto se acredite la revisión favorable. 6
7 sometidos a tratamiento. En este caso, los datos sometidos a eventual tratamiento son los datos sobre las inspecciones técnicas pasadas por el vehículo y por tanto no son datos personales que afecten a la intimidad del interesado (a pesar de haber adquirido el vehículo de segunda mano). 7ª. Sólo hay un supuesto en el que podría admitirse que el nuevo propietario tiene derecho a conocer cierta información sobre las revisiones pasadas por el vehículo en los talleres oficiales de la marca. Es el caso en el que el vehículo estuviera aún en periodo de garantía comercial. En este caso, es habitual que la garantía comercial quede condicionada a que todas las revisiones se hayan realizado en talleres oficiales. Frecuentemen, la información sobre las revisiones (ej. cambios de aceite, de filtros ) se incorpore a una base de datos que puede ser consultada por cualquier taller o concesionario incluido en la red oficial de la marca. Si se hubiera planteado un problema de garantías (ej. el propietario acude a un taller oficial por una avería acaecida en el período de garantía comercial de un vehículo adquirido en un concesionario oficial), el taller podría consultar la base de datos para comprobar si las revisiones han sido o no pasadas en talleres oficiales y si observara que alguna de las revisiones periódicas no se ha pasado podría negarse a reparar el vehículo en el ámbito de la garantía y en su caso, lo debería comunicar de forma motivada al propietario. Sin embargo, una cosa es la comprobación interna y la correspondiente respuesta sobre el cumplimiento de las condiciones de la garantía comercial y otra distinta que el propietario pretenda que este concesionario oficial con el que no tiene ningún vínculo contractual le facilite el historial de revisiones técnicas pasadas por un vehículo del que ahora es propietario pero que en el pasado perteneció a otra persona. 8ª. A mayor abundamiento y más allá de las normas de organización interna de la red de concesionarios de cada una de las marcas de vehículos y de la exigencia de sellado del libro de mantenimiento del vehículo en cada una de las revisiones realizadas para hacer efectiva la garantía comercial, es cuestionable que los concesionarios tengan la obligación de crear y mantener archivos sobre las revisiones técnicas de los vehículos. Y en cualquier caso, no existe un derecho de acceso universal del propietario a estos archivos ejercitable ante cualquier concesionario o taller oficial de la marca. 3. CONCLUSIÓN 7
8 Ni el Código Civil, ni el TRLGDCU, ni la normativa sectorial que regula la transmisión de vehículos o la actividad industrial de reparación de éstos otorgan a los propietarios de los vehículos de segunda mano un derecho genérico y universal a exigir a cualquier concesionario de la marca información sobre las condiciones técnicas del vehículo conforme a las revisiones pasadas en los talleres oficiales de ésta marca. Esta información sólo podrá ser exigida al vendedor en el marco de la relación contractual pero no a terceros. 8

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 10
 Artículo 26
 Real Decreto 
 Artículo 32
 artículo 15