Source: http://www.scribd.com/doc/46107412/Asamblea-Gral-NU-2010-Los-derechos-humanos-en-la-administracion-de-justicia
Timestamp: 2015-05-03 19:09:18+00:00

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Asamblea Gral NU 2010 Los derechos humanos en la administración de justicia
P. 1Asamblea Gral NU 2010 Los derechos humanos en la administración de justiciaAsamblea Gral NU 2010 Los derechos humanos en la administración de justiciaRatings: (0)|Views: 519|Likes: 0Published by Francisco EstradaMore info:Categories:Types, Research, LawPublished by: Francisco Estrada on Dec 31, 2010Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/46107412/Asamblea-Gral-NU-2010-Los-derechos-humanos-en-la-administracion-de-justicia12/31/2010pdftextoriginal Asamblea General – 65° período de sesiones - 2010Los derechos humanos en la administración de justicia
Teniendo presentes
los principios consagrados en los artículos 3, 5, 8, 9 y 10 dela Declaración Universal de Derechos Humanos
y las disposiciones pertinentes delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos
, enparticular los artículos 6 y 10 del Pacto, así como todos los demás tratadosinternacionales pertinentes,
todas sus resoluciones en relación con el tema de los derechoshumanos en la administración de justicia, incluidas las resoluciones 60/159, de 16 dediciembre de 2005, y 62/158, de 18 de diciembre de 2007, así como las resolucionespertinentes del Consejo de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanosy del Consejo Económico y Social, incluidas la resolución 10/2 del Consejo deDerechos Humanos, de 25 de marzo de 2009, y la resolución 2009/26 del ConsejoEconómico y Social, de 30 de julio de 2009,
las numerosas normas internacionales existentes en materia deadministración de justicia,
Acogiendo con beneplácito
las Reglas de las Naciones Unidas para eltratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeresdelincuentes (las Reglas de Bangkok), recomendadas recientemente a la consideraciónde la Asamblea
Acogiendo con beneplácito también
la Declaración de Salvador sobre estrategiasamplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penaly su desarrollo en un mundo en evolución, aprobada en el 12º Congreso de las NacionesUnidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
los esfuerzos realizados por el Secretario General para mejorar lacoordinación de las actividades de las Naciones Unidas en materia de administraciónde justicia, estado de derecho y justicia de menores,
Observando con reconocimiento
la importante labor de la Oficina de lasNaciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas parala Infancia en el ámbito de la administración de justicia,
Observando con satisfacción
la labor del Grupo Interinstitucional sobre JusticiaJuvenil y de sus miembros, en particular su coordinación en la prestación deasesoramiento y asistencia técnica en materia de justicia de menores, así como laparticipación activa de la sociedad civil en sus tareas respectivas,
de que la independencia e imparcialidad del poder judicial y laintegridad del sistema judicial y la independencia de la profesión letrada son requisitosesenciales para proteger los derechos humanos, el estado de derecho, la buenagobernanza y la democracia, así como para evitar toda discriminación en laadministración de justicia, por lo que deberían respetarse en todas las circunstancias,
que cada Estado debe prever un marco de recursos eficaces parareparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos,
Poniendo de relieve
que el derecho de acceso a la justicia para todos constituyeuna importante base para consolidar el estado de derecho por conducto de laadministración de justicia,
Véase la resolución 217 A (III).
Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo, y la resolución 44/128, anexo.
Véase la resolución 2010/16 del Consejo Económico y Social.
A/CONF.213/18, cap. I, resolución 1.
la importancia de hacer respetar el estado de derecho y losderechos humanos en la administración de justicia como contribución fundamentalpara consolidar la paz y la justicia y poner fin a la impunidad;
de la necesidad de ejercer una vigilancia especial con respecto a lasituación específica de los niños, los menores y las mujeres en la administración de justicia, en particular en situaciones de privación de libertad, y su vulnerabilidad adiversas formas de violencia, maltrato, injusticia y humillación,
que el interés superior del niño ha de ser una consideraciónprimordial en todas las decisiones que afecten al niño en la administración de justicia,incluidas las medidas adoptadas antes del juicio, y una consideración importante entodos los asuntos que afecten al niño en relación con la imposición de penas a lospadres o, en su caso, al tutor legítimo o principal cuidador,1.
Toma nota con reconocimiento
del último informe del Secretario Generalpresentado al Consejo de Derechos Humanos en relación con los derechos humanos enla administración de justicia, incluida la justicia de menores, en el que se pone derelieve, entre otras cosas, que la administración de justicia va más allá del sistema de justicia penal y abarca otros medios de administrar justicia
la importancia de que en la administración de justicia seapliquen plena y eficazmente todas las normas de las Naciones Unidas en materia dederechos humanos;3.
Reitera su llamamiento
a todos los Estados Miembros para que noescatimen esfuerzos en lo que respecta a establecer mecanismos y procedimientoseficaces, legislativos y de otra índole, además de proporcionar los recursos necesarios,para lograr la plena aplicación de esas normas;4.
a los Estados a que aprovechen la asistencia técnica que ofrecenlos programas pertinentes de las Naciones Unidas a fin de fortalecer su capacidad y suinfraestructura nacionales en materia de administración de justicia;5.
Hace un llamamiento
a los gobiernos para que incluyan la administraciónde justicia en sus planes nacionales de desarrollo como parte integrante del proceso dedesarrollo y asignen los recursos necesarios a la prestación de servicios de asistencia jurídica con miras a la promoción y protección de los derechos humanos, e invita a lacomunidad internacional a que responda favorablemente a las solicitudes de asistenciafinanciera y técnica para mejorar y fortalecer la administración de justicia;6.
la necesidad especial de fomentar la capacidad nacional en elcampo de la administración de justicia, en particular mediante la reforma del poder judicial, la policía y el sistema penitenciario, así como la reforma de la justicia demenores, para establecer y mantener sociedades estables y el estado de derecho en lassituaciones posteriores a conflictos y, en ese contexto, acoge con beneplácito el papelde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos en la prestación de apoyo al establecimiento y funcionamiento demecanismos de justicia de transición en situaciones posteriores a un conflicto;7.
que los Estados deben asegurar que cualesquiera medidas que seadopten para combatir el terrorismo, incluso en la administración de justicia, seancompatibles con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular lasnormas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario;8.
de establecer un grupointergubernamental de expertos de composición abierta para el intercambio deinformación sobre las mejores prácticas, la legislación nacional y el derechointernacional en vigor, y sobre la revisión de las Reglas mínimas de las NacionesUnidas para el tratamiento de los reclusos, a fin de que reflejen los avances recientes
A/HRC/14/34.
Véase A/C.3/65/L.6.
de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas, con miras a formularrecomendaciones a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobreposibles medidas posteriores, y, en este sentido, invita al grupo de expertos a queaproveche los conocimientos técnicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra laDroga y el Delito, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos y otras instancias pertinentes;9.
a los Estados a que traten de reducir, cuando proceda, la prisiónpreventiva, concretamente adoptando medidas y políticas legislativas y administrativassobre las condiciones que deben darse para decretar la prisión preventiva y sobre suslimitaciones y su duración, así como tomando medidas dirigidas a la aplicación de lalegislación vigente y garantizando el acceso a la justicia y a servicios de asesoramientoy asistencia jurídica;10.
a los Estados a prestar la debida atención a las Reglas de lasNaciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de lalibertad para las mujeres delincuentes (las Reglas de Bangkok)
a la hora de elaborar yaplicar legislación, procedimientos, políticas y planes de acción pertinentes, e invita alos titulares de los procedimientos especiales competentes, la Oficina del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de lasNaciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras organizaciones pertinentes a tomaren consideración dichas reglas en sus actividades;11.
la importancia de prestar mayor atención a los efectos que elencarcelamiento de los padres tiene sobre sus hijos, al tiempo que señala con interés eldía de debate general sobre el tema “La situación de los hijos de reclusos” queorganizará el Comité de los Derechos del Niño en 2011;12.
a todos los Estados a que determinen y promuevan buenasprácticas en relación con las necesidades y el desarrollo físico, emocional, social ypsicológico de los bebés y los niños afectados por la detención y el encarcelamiento desus padres, y pone de relieve que, a la hora de dictar sentencias o decidir medidasprevias al juicio respecto de una mujer embarazada o de una persona que sea el único oprincipal cuidador de un niño, debería darse una prioridad adecuada a las medidas noprivativas de libertad, teniendo presente la gravedad del delito, y no sin antes habertenido en cuenta el interés superior del niño;13.
que todo niño y todo menor en conflicto con la ley debe sertratado de manera acorde con sus derechos, su dignidad y sus necesidades, deconformidad con lo dispuesto en el derecho internacional, teniendo presentes lasnormas internacionales pertinentes sobre los derechos humanos en la administración de justicia, y exhorta a los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño
a que respeten estrictamente los principios y disposiciones de la Convención;14.
a los Estados que aún no lo hayan hecho, a que integren laproblemática de los niños en su labor general de desarrollo del estado de derecho y aque elaboren y apliquen una política integral de justicia de menores para prevenir ycombatir la delincuencia juvenil, con miras a promover, entre otras cosas, el uso demedidas alternativas, como la remisión de casos y la justicia restitutiva, y observar elprincipio de que solo se debe privar de libertad a los niños como último recurso ydurante el período más breve posible, y a que eviten, siempre que sea posible, laprisión preventiva de niños;15.
la importancia de incluir en las políticas de justicia de menoresestrategias de rehabilitación y reinserción para menores que hayan delinquido, enparticular mediante programas de educación, con miras a que estos asuman unafunción constructiva en la sociedad;
, vol. 1577, núm. 27531.
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