Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552007000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2020-07-14 12:29:14+00:00

Document:
El Tribunal Supremo de Justicia en España en el Tránsito hacia la Conformación Liberal
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552007000100010
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXIX, 2007, pp. 375 - 390
The Supreme Court of Justice of Spain in the Transition to the Liberal Formation
Universidad Miguel Hernández, Alicante, España.
Las ansias de organizar un Estado liberal en España, en el que se reconocen los derechos del pueblo como originarios y no derivados del Monarca, contrastan con la perenne voluntad absolutista de un sistema que considera la soberanía del Rey como un sistema de poder que poco o nada tiene que ver con el principio de la división de poder. En los comienzos del siglo XIX se proclama la Constitución de Cádiz, la cual poco después se deshace, a los años se vuelve a proclamar su vigencia, el Rey vuelve y la abroga, una y otra vez. Si este conflicto es políticamente confuso, aun más lo es en la administración de la justicia que concretiza cotidianamente el ordenamiento jurídico dado que un Estado o es liberal o es absolutista. El análisis del Tribunal Supremo de Justicia en España demuestra que la existencia de un Estado mixto, o más bien en transición, proporciona ayuda en el momento de comprender cuáles han sido los desafíos al que ha tenido que enfrentarse y de las razones de su configuración actual.
Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia de España — Transición en la época liberal — Estado absoluto.
The longing for organising a liberal State in Spain, where the rights of the people are recognised as arising from them and not derived from the Monarch, contrasts with the perennial absolutist will of a system that considers the sovereignty of the King as a system of power that has little or nothing to do with the principle of division of power. In the beginning of XIX century the Constitution of Cadiz is proclaimed, which shortly after is abolished. After a few years it is proclaimed again, the King comes back and revokes it, over and over again. If this is a politically confusing conflict even more is the administration of justice that everyday concretises the legal system given that a state is liberal or absolutist. The analysis from the Supreme Court of Justice in Spain shows the existence of a mixed State, or rather a State in transition, provides help at the moment of understanding which have been the challenges it has faced and the reasons for its current configuration.
Keywords: Supreme Court of Justice of Spain — Transition in the liberal age — Absolute State.
En los comienzos del siglo XIX, en toda Europa se asiste a una modificación total de las relaciones entre Estado y ciudadano. Las ideas de la ilustración y el reflejo de éstas en la revolución francesa conllevan a un periodo de renacimiento cultural, social e institucional. Esta euforia ideológica y la exaltación de la racionalidad problemática hacen hincapié en la modificación de la estructura estatal: la crisis del Estado absoluto y el nacimiento del Estado liberal o neo-moderno. La historia encuentra en este periodo su momento de revolución copernicana. La comprensión de este periodo, significa relacionar en causa y efecto la situación histórica actual. En Francia, país considerado portavoz de la estructuración del Estado liberal, después de la revolución francesa, que se puede considerar un paréntesis emblemático y sin embargo desordenado de aplicación práctica de los principios liberales y de la ilustración, hay un periodo de gloria con Napoleón que conquista u ocupa diversos Estados1. El consiguiente periodo de crisis representa, nada más que la natural contracción del Estado que acompaña a momentos de expansión territorial, y que refleja la "síntesis del principio de Soberanía nacional, el traspaso del poder del rey, que llega a ser un representante del poder y la nación, que es la que otorga el poder al rey"2. En España, igual que los países europeos, sufrió un intento bastante largo de conquista, inicialmente diplomática y en segunda instancia con una verdadera invasión por parte Napoleón, que se reflejó en la Guerra de Independencia entre 1810-1814. El intento de Napoleón contribuyó aun más a la crisis del Viejo Régimen y el traspaso al nuevo Estado liberal.
Los reformadores ilustrados, llamados realistas, a cuya cabeza se sitúa Jovellanos, eran herederos de la doctrina política elaborada en el siglo XVIII, en plena Monarquía absoluta, que se entendía limitada por las Leyes Fundamentales del Reino que debían rescatarse y compilarse para su conocimiento y aplicación. Esta idea pactista, que introduce la contradicción de imponer límites al soberano, se reelabora ahora, para sustituir los conceptos de Leyes fundamentales por constitución histórica y Monarquía mixta, moderada o suavizada por la Monarquía Constitucional. El sistema político absolutista se reformaría así para acoger a otro basado en la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, cabeza y cuerpo representativo del Reino respectivamente. Dichas Cortes también renovarían su composición, pues, admitida la representación tradicional (ciudades con derecho de voto) podría recuperarse la estamental (a través del establecimiento de una segunda cámara), y añadirse otra territorial (Juntas provinciales) y también la popular (elección de diputados en las provincias). Un sistema que se pretende continuador de la tradición jurídica española, pero que, indudablemente, busca referentes en el modelo clásico del Constitucionalismo inglés, el más proclive a la reforma en vez de la revolución, para pasar de la Monarquía absoluta a la Constitucional.
En España, el cambio viejo-nuevo, se manifiesta legislativamente con el primer decreto emanado por las Cortes Constituyentes el 24 de septiembre de 1810 en el que se insertaron en el discurso jurídico las ideas rectoras del Estado liberal el principio de soberanía nacional, de legalidad, y de divisiones de poderes; y sucesivamente y con mayor énfasis con la promulgación de la Constitución liberal en el 18123. Sin embargo, este momento liberal tiene una vigencia únicamente de cuatro años desde el 1810 hasta el 1814, porque en esta fecha tuvo lugar un golpe de Estado por parte de Fernando VII que restaura el ordenamiento jurídico-político del antiguo régimen. En este momento el dialéctico desarrollo histórico determina la complejidad en la interpretación de este periodo porque la monarquía restaurada por Fernando VII, la cual restaura las instituciones jurídicas como ex ante, no logra durar en el tiempo. En el 1820 el Rey, bajo presión, jura la Constitución del 1812 y se abre un segundo periodo liberal en el que se da vigencia a las leyes promulgadas durante el 1810-1814. En ella, pese a la poco disimulada oposición del Monarca, se continuó la obra reformista iniciada en 1810: abolición de los privilegios de clase, supresión de los señoríos, abolición de los mayorazgos, supresión de la Inquisición, preparación del Código Penal y recuperación de la vigencia de la Constitución de 1812. Tampoco esta segunda fase logra durar mucho porque en el 1822, toda esta política reformista tuvo su respuesta en una contrarrevolución surgida en la Corte, la denominada Regencia de Urgell, con el apoyo de elementos campesinos y, en el exterior, con el de la Santa Alianza, que desde el corazón de Europa defendía los derechos de los monarcas absolutos. El Congreso de Verona (octubre-noviembre de 1822) decidió reclamar al gobierno de Madrid el restablecimiento de la plena autoridad del rey. En caso contrario, quedaba abierta la puerta a la intervención militar. El 7 de abril de 1823 entraron en España las tropas francesas a las que se sumaron tropas realistas españolas. Sin apenas oposición, el absolutismo fue restaurado4. Desde el 1823 hasta la muerte de Fernando VII se volvió a una política absolutista. Se suprimió nuevamente la Constitución y se restablecieron todas las instituciones existentes en enero de 1820, salvo la Inquisición. Tras la muerte de Fernando VII se asiste a una nueva tensión reformista que conducirá a la Constitución del 1837. Este nuevo texto suponía aceptar la tesis del liberalismo doctrinario. Se mantenía la idea de soberanía nacional, división de poderes, ausencia de confesionalidad católica, pero se introducía una segunda cámara (el Senado) que concedía mayores poderes a la Corona. Tras este necesario enfoque histórico se detallará a continuación la relación de las diferentes fases con la administración de la justicia y en particular de la organización y función del Tribunal Supremo.
II. LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA TENSIÓN REFORMADORA
La estructuración de un Estado hacia una u otra teleología determina, como bien se sabe, nuevas o diferentes concepciones entre poder y libertad, entre monarca o parlamento y pueblo, y al mismo tiempo, entre poder y control, entre monarca o parlamento y justicia. En el absolutismo el poder supremo es solutus a legibus, o sea que no está sometido a derecho positivo alguno. En el Estado moderno la idea de la división de poder es algo natural o inmanente en la misma ideas del Estado liberal. Se asiste a una modificación extrema también en las ideas de derecho de las personas y del pueblo: a las libertades fuera del poder estatal se aceptan también las libertades en el Estado5. La organización político-estatal se separa de la organización jurídica según la ideas de Tocqueville "la necesidad de construir un anti-poder que pueda controlar, y cuando sea necesario limitar la expansión del poder estatal fuera de su estructura, y precisamente en el campo jurídico o jurídico-administrativo que no siempre le pertenece"6.
En particular, la jurisdicción afines del antiguo régimen se dividía en jurisdicción real y eclesiástica. La primera era una faceta del poder del Soberano que era dotado de Imperium. La jurisdicción real era ejercida a través de órganos judiciales nombrados por el Monarca. Estos órganos generalmente era un Tribunal establecido por los casos ordinarios y en este caso la delegación era de manera permanente, o bien era delegada en un Tribunal establecido por casos excepcionales: los primeros eran Tribunales comunes o de fuero común, los segundos eran Tribunales especiales o de fuero especial. Esta forma de jurisdicción es denominada Real ordinaria. Junto a esta, había una jurisdicción Real cedida, o sea traspasada a un tercero, a un Señor que adquiría las facultades propias de la regalía jurisdiccional del monarca, por ejemplo el nombramiento de los jueces, la administración de la justicia, y poder de solucionar las causas penales y las causas civiles. Poco a poco conforme el poder del Monarca se iba fortaleciendo, progresivamente disminuye esta forma de jurisdicción que en todo caso era considerada de primera instancia pudiendo el ciudadano apelar ante las Audiencias las sentencias dictadas por los jueces señoriales.
En la última década del siglo empieza, sin embargo, a nacer un rechazo hacia la justicia absolutista devorada por "el absentismo judicial, la lentitud del aparato administrativo, las corruptelas, la ausencia de responsabilidad judicial, se sabía que "el mejor medio de enderezar un pleito era contentar al escribano"7. Y es en esta forma de intolerancia como se difunden las ideas de la ilustración con el relativo clima reformador. Sin embargo, como ya se ha señalado algunas líneas atrás, el desarrollo histórico con sus guerras y contradicciones dialécticas no empujó hacia ese cambio. Otro factor de fricción fue representado, como bien ha señalado Lalinde Abadía, por la conciencia y cultura y forma mentis de los funcionarios de la administración de la justicia que observaban o consideraban cada forma de pretensión de instaurar prácticas novedosas, con recelos y animadversión8.
Como antes se ha señalado, las ideas modernas del Estado liberal fueron aplicada alternativamente en las fases de 1810-1814, de 1820-1822, y de 1833 hasta 1844 hasta la nueva Constitución del 1845 que emplea casi todas las fórmulas y principios del pensamiento ilustrador y más bien el principio de división de poderes teorizado de Montesquieu y Rousseau. Ya en la primera Constitución de Cádiz se puede observar una plasmación de este principio en el artículo 242: "La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Tribunales", y este concepto es reforzado por el artículo 243 que prohibe a las Cortes y al Rey el ejercicio de las funciones judiciales, de avocar causas pendientes o abrir juicios fenecidos9. Este es el momento en el que el poder judicial y poder legislativo se quedan separados. Esta consecuencia determina una nueva organización del órgano judicial ya sea en términos de personas (jueces y funcionarios) que en términos de estructuras (nuevos Tribunales).
Las modificaciones de la administración de la justicia en estos periodos no son solamente horizontales o sea en relación con los otros poderes, sino también verticales en relación a propias funciones o sea con sus estructura organizativas y burocráticas. A través de la aplicación del principio de legalidad y del principio de igualdad de viene formando la idea de la necesidad de constituir tres grados de juicios: la primera delante el juez de partido, la segunda y la tercera ante la audiencia correspondiente en el territorio, y todos estaban funcionalmente sometidos al Tribunal Supremo de Justicia. Elemento fundamental para realizar este logro fue la progresiva reestructuración del territorio que no solamente tenían que ser divididos en provincias sino además en partidos judiciales proporcionalmente iguales instalando en cada cabeza de partido un juez de letras con un juzgado como prescribía el artículo 273 de la Constitución de Cádiz10, y que fue legislativamente actuado con el reglamento de las Audiencias y Juzgados de primera instancia de 9 de octubre de 1812. Contra los fallos de los jueces de primera instancia se podía apelar a las Audiencias que eran Tribunales de Justicia de carácter colegiado los cuales constituían el segundo grado orgánico de la escala jurisdiccional. Las funciones de las Audiencias se dividían en civil y criminal y eran organizadas en diferentes salas11. El número mínimo de jueces según el régimen provisional del reglamento fue establecido en siete hasta las Ordenanzas para todas las Audiencias del 19 de diciembre de 1835 que diferenciaron a los tribunales colegiales por su composición particular.
En la cúspide del edificio jurisdiccional se dispone un centro de autoridad capaz de centralizar la aplicación concreta del derecho o más bien de vigilar la observancia escrupulosa de las leyes de la administración de justicia que toma el nombre de Tribunal Supremo de Justicia. A continuación detallaré más nítidamente su manifestación en la genealogía institucional.
III. EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y SU CONFIGURACIÓN EN LA PRIMERA FASE DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL
En el desarrollo del artículo 260 del texto constitucional de Cádiz se forma el debate que conducirá a la abolición de los antiguos Consejos y al establecimiento de sus competencias al Supremo Tribunal de Justicia. La aprobación e instalación del Tribunal es bastante rápida: la creación del órgano con su aire novedosa constituía la base para la entera separación del territorio y el establecimiento de los partidos judiciales y de las audiencias12.
El primer nombramiento de los jueces fue de competencia, únicamente por esta vez, de la Regencia13, que nombró a dieciséis miembros que en efecto eran ya magistrados activos que desarrollaban su papel en los diferentes Consejos o Audiencias14. Ya desde su primer establecimiento en el que fue emitido un Decreto que ponía fin al ejercicio de funciones que de hecho venían desarrollando los Tribunales suprimidos, el Tribunal Supremo empezó a dar soluciones a todos los asuntos pendientes.
El reglamento del Tribunal Supremo fue aprobado por Decreto el 13 de marzo de 1814 dos meses antes del golpe de Estado, que abolió todas las reformas innovadoras efectuadas. Sin embargo, este reglamento se puede considerar el embrión del que nacerá en el 1835. El reglamento plantea una organización inspirada y conforme a la racionalidad de la Constitución de 1812, que podemos sintetizar en los siguientes puntos:
i) Lo que destaca es ante de todo la composición de 16 miembros, inicialmente distribuidos en tres salas, dos de cinco y una de seis magistrados respectivamente. La reunión del Tribunal era diaria y podía funcionar en pleno o en salas diferenciadas no especializadas15.
ii) El presidente tiene poder de control, administración de los trabajos del Tribunal y de representación del mismo en sus relaciones con el gobierno.
iii) Por lo que afecta a los fiscales estos eran en número de dos y debían ocuparse tanto de las cuestiones civiles como de los asuntos criminales. En situaciones de insuficiencias de magistrados los fiscales tenían el deber de realizar funciones de juez. Su función era preceptiva y obligatoria en las causas criminales, mientras en las causas civiles, únicamente cuando este interese a la causa pública o a la defensa de la jurisdicción ordinaria16.
iv) Los subalternos del Tribunal, como relatores, escribanos, registrados y tasador tenían que desarrollar sus funciones según el capítulo 5o del citado Decreto. Los relatores tenían la función de "extractar los pleitos que le fueran entregados e instruir verbahnente de la marcha de los negocios al Tribunal"17. Los escribanos poseían cargos de administración y rubricación, mientras que el escribano más antiguo tenía la función de publicar en el pleno los Decretos y Reales Ordenes que se le comunicasen. El registrador tenía que registrar la correspondencia y responder de la custodia del registro. El tasador tasaba los pleitos y repartía los turnos de los negocios que eran de competencia del Tribunal y además las repartía entre las cuatros escribanías18.
Como ya se ha señalado, este decreto no tuvo larga vida sino al contrario, con el golpe de Fernando VII fue abolido como todas las reformas liberales efectuadas. Fernando Vil había aceptado el manifiesto de los persas, firmado por sesenta y nueve diputados de la fracción absolutista, que pedían la limitación del poder de la magistratura en el ejercicio de la administración de la justicia. Y como bien afirma Moreno, "la restauración del antiguo régimen comenzó con la liquidación de las bases institucionales del régimen Constitucional"19. Con un Decreto de 27 de mayo de 1814 se venía a restablecer el Consejo Real en la planta que tenía en 1808, y esto determinó la supresión en derecho del Supremo Tribunal de Justicia y la transferencia de hecho de los negocios contenciosos que obraban en el Tribunal supremo para su sustanciación por el Consejo de Castilla. Esta situación determinará la ruptura del proceso de modernización del Estado español hasta la segunda fase representada por la insurrección del Teniente Coronel Rafael del Riego en defensa de la Constitución gaditana el 1 de enero de 1820.
IV. EL TRIENIO LIBERAL Y LA RESTAURACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN GADITANA
Entre las concesiones del Monarca Fernando VII que restauraron en cierto sentido la situación ex ante a 1814, o mejor dicho, las normas legislativamente adoptadas durante la revolución liberal, es digno de relevancia el dictamen que restablecía el Tribunal Supremo de Justicia, Audiencias territoriales, y Tribunales de primera instancia, todo en calidad provisional20. El restablecimiento del Tribunal se realizó prácticamente de inmediato y al día siguiente al Decreto de 13 de marzo de 1820 fueron suprimidos los Consejos Reales. En particular, el dictamen dispuso que la instalación del Tribunal tuviese que respetar el dictamen del 17 de abril de 1812, así como el precedentemente analizado. Este renacimiento ultraactivo de la normativa anterior sin ninguna normativa transitoria, además dispuso otorgar validez al nombramiento de los ministros del Tribunal que efectuó la Consulta de Estado el 14 de mayo de 1812. En suma, como se podrá observar a continuación, todo "volvió a la situación del 1814 hasta en los mínimos detalles"21. Esta precisión fue también una connotación de la ideología liberal, por eso se especificó el carácter interino del nombramiento, que era directo para evitar que las personas que habían sido ministros no hubiesen, durante el sexenio, desarrollado cargos tales que reflejaran el significado de una adhesión al régimen absoluto. De esta forma fueron nombrados únicamente aquellos que lograron obtener un resultado positivo del análisis minucioso del informe. Naturalmente este juego normativo reflejaba un propósito de Fernando VIL A través del análisis del informe de los jueces, sucedió que diez ministros habían colaborado de alguna forma con el régimen absolutista y Fernando VII empujaba para complementar el número de los jueces y para que se pronunciase directamente sobre la composición definitiva del Tribunal antes que el Congreso que había sido convocado pudiera pronunciarse, de forma que se asentara una base favorable al Soberano antes de que se realizaran eventuales conflictos de poderes. Y así ocurrió. En efecto, según el artículo 237 de la Constitución el Rey tenía reservada la facultad de nombrar a todas las plazas de la judicatura, entre las ternas que le presentase el Consejo de Estado, para cada puesto a cubrir. El Tribunal Supremo, con estas correcciones, se instaló jurídicamente el 26 de marzo de 1820, día en el que los fiscales y ministros prestaron juramentos en manos del decano, y ésta se puede considerar la segunda modificación de la originaria sistematización del Tribunal dado que los miembros en aquel entonces prestaron juramento ante las Cortes.
El propósito de Fernando VII, que antes hemos comentado, era síntoma y anunciador de la realidad que se iba a presentar. A pesar del restablecimiento de la Constitución y de todas las normas liberales, se podía claramente observar que la burocracia institucional y con eso también los poderes gubernamentales y reales no estaban preparados, voluntariamente o por la provisionalidad de las concesiones, para poder correctamente separar los distintos poderes del Estado. Nos encontramos delante de un Estado normativamente liberal con una estructura y formación absoluta. El Rey intentaba siempre respetar la más estricta legalidad, sin embargo empezaron a erguirse recelos entre los diferentes poderes y por esto según la reconstrucción de Moreno, el vicepresidente de la Junta Provisional, don Francisco Ballesteros, presentó ante el Tribunal una moción que se concentraba en criticar la actuación del Rey, aunque con respeto formal de la legalidad constitucional, en el asunto de la complementación de los miembros del Tribunal. Precisamente se pone en relieve "los inconvenientes de nombrarse diez magistrados que no podían de acuerdo con la Constitución ser separados de sus destinos sin previa acusación pública, juicio público y sentencia ejecutora, así como de la ligereza de haberlos nombrado sin que antes se hayan reunidos todos los expedientes de provisiones desde mayo de 1814 hasta marzo de 1820 y se vea su debida probidad"22. Lo que Ballesteros pedía era el carácter provisional e interinidad de los jueces de forma de poder "depurar en profundidad la judicatura durante el periodo del trienio"23. Prácticamente se iba a formar una distinción entre los jueces nombrados por los Consejos de Estados que adquirían un carácter de propietarios y estables, y no sujetos a valoraciones, y los que estaban en el año 1814 que eran interinos y por tanto provisionales. El decreto de las Cortes optó por esta situación que de hecho era la deseada por la Junta Provisional y por el Rey.
Los datos acerca el funcionamiento del Tribunal son bastante insuficientes como para dar una panorámica completa, además parece que entonces el Supremo Tribunal no usaba el libro de acta y a esto se añade el incendio de 1915 que quemó la documentación sobre el Supremo. A través de fuentes indirectas, se puede sin embargo observar una actividad continuada del Tribunal. La organización era, como se ha comentado arriba, la misma del 1814, con tres salas, dos de cinco ministros y una de seis. El personal subalterno fue nombrado el 12 de agosto, sin embargo, parece, en medida inferior a la necesaria para poder extinguir el trabajo que se había acumulado24, y que solamente se añadió en mayo de 1821 con los nombramientos de cuatro empleados más.
Otro suceso particularmente significante y que se liga a lo dicho arriba es el Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1822, que autorizaba al Tribunal Supremo para que pudiese proceder a la formación de causas contra los magistrados y jueces que apareciesen como infractores de las leyes. De este modo empezó la depuración de magistrados que se llevó a cabo según un doble filtro: primero, el Consejo de Estado, para cumplir la propuesta en ternas de la cual se elegían los jueces para cubrir las plazas vacantes, empezó a tener en cuenta como principal mérito la adhesión a la Constitución de 1812; segundo, los que ya residían en el Tribunal supremo podían ser juzgados como infractores de las leyes y esto era orientado teleológicamente por el sistema político de pertenencia.
Este trienio se puede considerar una prueba táctica de la actividad del Tribunal. Fue un período de tiempo demasiado breve para poder elaborar una praxis que pudiera corregir errores y quedarse establecida en el sistema de las instituciones, sin embargo este providencial período de rodaje permitirá la consolidación del Tribunal en los años 1834-1838.
Las garantías Constitucionales del 1812 en este período de re-vigencias, se derrumban ex abrupto, por efecto de la invasión de las tropas de Luis XVIII. La Regencia que actuaba en nombre de Fernando VII restableció el sistema judicial del antiguo régimen y en particular lo referente a mayo de 1814 como sin ningún intervalo hubiera ocurrido.
V. LA CONSOLIDACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA TERCERA FASE DEL PRIMER CONSTITUCIONALISMO
En los años 1834-1838 el proceso liberal vuelve a funcionar. Naturalmente habían transcurrido diez años y casi once desde el trienio liberal, pero la depuración política empezaba entonces y el apoyo de la población animada por la Constitución del 1812, determinó un cierto humus liberal que encontró en aquellos años la posibilidad histórica de desplegar25. A la muerte de Fernando VII se tomaron algunos mecanismos institucionales para garantizar con la continuidad de la monarquía, y el traspaso del viejo régimen al nuevo pareció casi normal, ocultando no pocas tensiones. A la gestación del Estatuto Real se dispuso la abolición de los Consejos de Castilla y de Indias y se creó el Tribunal Supremo de España e India, todo esto ligado a la suspensión del Consej o de Estado durante la minoría de edad de la sucesora, Isabel II26. Dos motivos fundamentales determinaron la creación reiterada de este órgano: el primero, porque no era justificada la existencia de un Consejo de India, dada la situación de independencia de la mayor parte de los territorios americanos; el segundo porque desmontando el sistema policéntrico del antiguo régimen, se producía la indefectible necesidad de poner manos a las reformas gubernamentales, judiciales y legislativas27.
La creación del Tribunal Supremo es un punto crucial para la historia de las administración de la Justicia porque éste, favoreció y sentó la bases para la constitución de un poder judicial independiente. Según el Real Decreto el Tribunal Supremo poseía ocho competencias bases, a las cuales se adjuntaban las competencias derivadas por éstas:
i) Conocer los recursos de nulidad de los procedimientos de los Tribunales superiores en los casos y la forma que establezcan las leyes.
ii) Conocer de los recursos de injusticia notoria.
iii) Conocer de los recursos llamados de las Mil y Quinientas.
iv) Conocer de los juicios sobre tanteo, incorporación y reversión a la corona.
v) Juzgar a los magistrados de los Tribunales superiores y a los empleados de elevada jerarquía, con arreglo a la ley de responsabilidad que se estableciere.
vi) Conocer de los negocios contenciosos del Real Padronado.
vii) Conocer de los recursos de fuerza de la Nunciatura Apostólica.
viii) Conocer de los negocios judiciales en que actualmente entiende la Cámara como Tribunal Especial28.
Por lo que afecta a la composición del Tribunal, se dispuso un presidente y quince ministros distribuidos en tres salas; dos para los negocios peninsulares y una para los territorios de Ultramar. Como ya se puede observar en esta disposición, se edificó un Tribunal Supremo diferente del de la Constitución gaditana: este último era un órgano más autónomo del poder Real, con estrictas vinculaciones en los nombramientos de los jueces, y además la separación de poderes era rígida, con autonomía del poder judicial en la función jurisdiccional; mientras este nuevo órgano se instalaba en un modelo real o monárquico puro, el soberano el cual solutus a legibus, y el poder real no podía aceptar otros poderes limitadores. Este sistema híbrido emerge con preponderancia en la forma de organización de dicho Tribunal y de la nueva planta reservada al Secretario de Gracia y Justicia. Aquí la separación de poderes no se transmitió totalmente desde el plano orgánico al funcional.
El proceso de instalación del Tribunal se desarrolla con bastante rapidez, ya que a la semana siguiente después de su nacimiento, cuatro Decretos procedieron al nombramiento de los ministros del Tribunal y a la fij ación provisional de algunas atribuciones. Una nota particular merece la consideración que la mayor parte de los designados procedían de los Consejos de Castilla e India, o sea hombres con larga carrera política y administrativa y moderadamente reformistas29.
Durante los años 1834-1836 se poseen pocos datos directos acerca de los trabajos del Tribunal, pero hay una discreta actividad reglamentaria que intenta poner orden, estableciendo algunas reglas acerca de las funciones concretas y organizaciones reales de dicho órgano. Es el decreto de 26 de mayo de 1834 que fundamentalmente tiene la función de constituir una serie de normas transitorias "en tanto que se organizaba el sistema judicial en toda la Monarquía"30. Ejemplos de esta intervención reglamentaria son: la obligación del presidente de designar una sala para dirimir la discordia que hubieran quedado pendientes, y además en esta sala tendrían que participar los ministros de los Consejos extinguidos que asistieron a la vista y discordaron; el poder del Tribunal de conocer sobre retención de bulas, breves o rescriptos apostólicos; el poder de conocer de las demandas de retención de gracia concedidas a consulta de las extinguidas Cámaras de Castilla e India; conocer de los recursos de protección del Concilio de Trento; conocer en grado de apelación de las causas de Real Hacienda de Indias, etc. Como se puede evidenciar hay muchas atribuciones de competencias que alejan a este órgano del moderno Tribunal Supremo así como desarrollado en el sistema francés, con meras funciones de casaciones y de corrección de vicios in procedendo. Y por esto es necesario destacar su importancia. Posee una serie de competencias que le dan un carácter fundamental en la fenomenología liberal. Según Tomás y Valiente, esto se debe especialmente a la obra de Mendizábal que dio un carácter vitalizador y racionalizador a la actuación de la administración de la justicia31 y en la formulación del Reglamento del Tribunal Supremo de España e India y del Reglamento para la administración de la Justicia en la jurisdicción ordinaria, de 26 de septiembre de 1835, y las Ordenanzas para todas las Audiencias de la Península e Islas adyacentes.
El reglamento del Tribunal de 17 de octubre de 1835 representa la continuación del reglamento de 1814, en el cual se va creando "un nuevo marco normativo que sustituyera definitivamente al del antiguo régimen y comenzara a poner obstáculos a la conductas arbitrarias de los jueces particularmente en materia criminal y procesal"32. El funcionamiento del Tribunal se inserta, como ya se ha referido, en un marco político que tendía a operar en concreto, no solo nominalmente, en el cambio del viejo régimen al nuevo. El plan se completa el 13 de agosto de 1836, año en el que se restablece la Constitución de Cádiz. Es en este contexto, en el que el Tribunal Supremo adopta a su antiguo nombre, Supremo Tribunal de Justicia. Se puede afirmar, siguiendo las palabras de Moreno, que la restauración de la Constitución fue únicamente nominal y formal porque en concreto numerosas normas anteriores ya habían sido recogida entre los años 1834-1836, sin embargo esta mutación refleja la voluntad de terminar definitivamente con el Estado absoluto y con el incompatible poder Real respecto a los nuevos tiempos33. Y por eso que la vuelta a la Constitución de Cádiz mantuvo la continuidad orgánica y funcional del Tribunal Supremo.
En el año 1837, se promulgó una nueva Constitución hecha por María Cristina el 18 de junio, que modernizó en algunos aspectos la Constitución gaditana, y tampoco en este cambio de Ley fundamental se alteró en modo alguno el funcionamiento de la institución examinada, además ni tan siquiera mencionaba su existencia. Por otra parte, proclamaba la independencia de los magistrados y de los jueces, disponiendo que "no podrán ser dispuestos en su destino, temporal o perpetuo, sino por sentencia ejecutoriada; ni suspendidos sino por auto judicial o en virtud de poder del Rey cuando con motivos fundados, le mande juzgar por el Tribunal competente"34. Seguramente se puede considerar digno de atención para comprender el desarrollo del Tribunal de Justicia, el Real Decreto de 25 de diciembre de 1837, que nombró una comisión para elaborar un proyecto sobre elección, nombramiento y exceso dentro de la carrera judicial. El objetivo apuntaba a ordenar la responsabilidad e inamovilidad de los magistrados, o sea para independizar la Magistratura de las presiones políticas. Esta comisión elaboró al año siguiente un proyecto que constaba de cinco partes: i) Condiciones de ingreso en la carrera judicial y categorías de ésta; ii) Régimen de traslados, proclamando, en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, la inamovilidad de los funcionarios judiciales; iii) Responsabilidad del poder judicial; iv) Cohecho y otros delitos y faltas cometidas en el ejercicio de la función judicial; y v) Organización del ministerio fiscal.
Sobre este proyecto tomó forma y sustanciad Real Decreto de 24 de diciembre de 1838. En este mismo año ocurrió un segundo hecho de capital importancia en la historia del Tribunal Supremo de Justicia. El 4 de noviembre de 1938 fueron emitidos dos decretos: el primero establecía reglas del Reglamento Provisional para la Administración de la Justicia, de 26 de diciembre de 1935, en aspectos muy concretos; el segundo, sobre recursos de aplicación e injusticia notoria. Este último Decreto es una piedra miliar que convirtió al Tribunal Supremo en el órgano competente en el control de las sentencias de los Tribunales inferiores, permitiéndole así uniformar el modo de interpretación del derecho y garantizar la aplicación de la ley. El mecanismo que se introdujo fue el recurso de nulidad o incipiente de casación, cuando había una infracción a la ley clara y determinante, según el artículo 3 del Decreto, y el motivo del recurso estaba fundado en la infracción de la doctrina legal, artículo 7. Con la noción de doctrina legal se entendió también los vicios y errores in iudicando. Esto implantó las bases de la casación civil como aparecerán en la Ley de enjuiciamiento de 1855.
Esto así examinado se puede considerar la dialéctica del Supremo Tribunal de Justicia en un particular período histórico español, en el cual se intenta crear límites al poder político o Real a través del desarrollo de la autonomía jurídica de la magistratura. Si bien en la primera fase observamos una injerencia del poder político especialmente en la forma de depuración de los jueces "molestos", en esta tercera fase abundan garantías de acceso y de estabilidad de los jueces. Esta consideración está también ligada a la estructura y composición del Tribunal Supremo que a continuación nos detendremos más específicamente.
VI. ALGUNAS ESPECIFICACIONES ACERCA DE LA ESTRUCTURA Y COMPETENCIA
Cabe destacar, naturalmente en la estructura del Tribunal Supremo los funcionarios principales, como el presidente, los ministros y el fiscal. La obra del presidente se orientaba fundamentalmente en: reunir las salas, vigilar y cuidar del orden y observancia de las obligaciones de magistrados y subalternos, dar traslado de juicios; representar al Tribunal35 en su relaciones con el Gobierno; ejercer la suprema inspección a través de la firma de los despachos y provisiones expedidos por el Tribunal a través de cualquiera de sus salas. Estas funciones fueron reglamentadas en 1814 y fueron recogidas en su mayor parte en el Reglamento del Tribunal Supremo de España e Indias de 1835. No se poseen noticias acerca de la duración de la función, si era vitalicia o limitada.
Los ministros eran elegidos entre los letrados, que gozaban de un buen concepto entre el público que acreditaban por su ciencia ser adictos a la Constitución de la monarquía, y que habían dado pruebas en las circunstancias actuales de estar a favor de la independencia y libertad de la Nación, y según la Constitución de Cádiz, artículo 251, que habían nacido en el territorio español y que tenían más de 25 años. En el 1835 con el Decreto de 6 octubre se pidió además un ejercicio de abogacía en juzgados por un tiempo mínimo de ocho años, o que en el espacio de tres años hubieran sido jueces letrados de primera instancia o promotores fiscales de juzgados de ella, o catedráticos de derecho civil o canónico de alguna universidad del Reino. La composición no fue la misma a lo largo del período. En la primera fase fueron 16, en la segunda fase se añadieron otros cuatro magistrados, y en la tercera fase el número se disminuyó a quince. El nombramiento pertenecía al Rey o a la Regencia en su caso, a propuesta o del Consejo de Estado en la primera fase y en la segunda, mientras que en la tercera al Consejo de Gobierno. Tras el nombramiento había la obligación de prestar juramento ante las Cortes en la primera fase, ante el Tribunal pleno, en la segunda fase, y en la tercera ante el Tribunal pleno y jurar fidelidad ante la Reina y su Regenta. La duración del cargo es un problema que ya comentamos ligado a la naturaleza de la interinidad o propiedad del mismo, hasta el debate acerca de la inamovilidad.
Por lo que afecta a los Fiscales, esta institución siguió en los primeros años de vida un recorrido paralelo al de los magistrados. Ellos no tuvieron nunca el deber de asistencia diario al Tribunal, salvo en determinadas circunstancias: i) ser parte en causa donde se celebrase vista, y debieran informar de palabra en estrados: ii) actuar en funciones judiciales cuando hubiera insuficiencia de magistrados; y iii) por decisión del presidente o del Tribunal, en algún negocio concreto36. Éste tenía una participación preceptiva en las causas criminales, en tanto que en las civiles actuaba solo en defensa del interés público o en defensa de la jurisdicción
ordinaria. Su función puede resumirse con la fórmula de "defensor de la causa pública y de la real jurisdicción ordinaria y encargados de promover la persecución y el castigo de los delitos que perjudican a la sociedad"37.
Particularmente, digna de nota es la competencia del Tribunal Supremo que a lo largo de su existencia ha sufrido una ampliación sin límite, esto también por efecto especialmente de la situación desordenada que ocurrió a la muerte de Fernando VIL El artículo 261 del texto constitucional había determinado la competencia fundamental del mismo en:
i) Dirimir todas las competencias de las Audiencias entre sí y en todo el territorio español, y las de las Audiencias con los Tribunales especiales que existían en la península e islas adyacentes.
ii) Juzgar a los secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes decretaren tener lugar para la formación de la causa.
iii) Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los Magistrados de las audiencias.
iv) Conocer de las causas criminales de los secretarios de Estados y del Despacho de los Consejeros de Estado y de los Magistrados de la Audiencias.
v) Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real Patronato.
vi) Conocer de los Recursos de Fuerza de todos los Tribunales Eclesiásticos Superiores de la Corte.
vii) Oír las dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de alguna Ley, y consultar sobre ella al Rey.
viii) Examinar las lista de las causas civiles y criminales que deben remitirle las Audiencias para promover la pronta Administración de justicia.
En el segundo período el Tribunal recibió además el encargo de elaborar informes sobre el comportamiento de los jueces y magistrados para averiguar el carácter ideológico de estos últimos y, eventualmente, proceder a su depuración. Es en el tercer periodo en el que se adjuntan las competencias ya comentadas en el párrafo precedente y también funciones de la más pura tradición del antiguo régimen, como los recursos de "Mil y Quinientas", y de injusticia notoria, y además conocer de los juicios sobre tanteo, incorporación y reversión a la Corona, también conocer de los juicios de expolio de prelados eclesiásticos y de igual forma, conocer de los recursos de fuerza de la Nunciatura apostólica. Solamente por citar algunas de las tantas. Estas competencias originadas por decretos encontraron una provisional racionalización en el Reglamento de septiembre de 1835.
La creación del Tribunal Supremo de España, como ya se ha subrayado, encuentra en los años que hemos comentado un período de nacimiento y consolidación, en el marco de un proceso general de transformaciones de las estructuras político-administrativas. Su particular formación dialéctica determina la posibilidad de comprobar prácticamente el funcionamiento y así emergen problemáticas, como el exceso de funciones, que serán resueltas en los años siguientes. Las temporadas de baja, se me consienta el término, en lugar de conllevar una regresión, determina un empuje en el proceso de liberalización o de construcción del Estado moderno, en el que crece la voluntad de regir un sistema que sea un connotado del principio de separación de poderes, y esto se puede especialmente observar en la obra de Mendizábal. Aparte de esto la edificación del Tribunal se desarrolla a través de un proceso de intentos, y cuando uno de estos es negativo o perjudica las demás funciones viene depurado. El período que hemos examinado no es solamente un período caótico, como por una lectura rápida podría aparecer, sino es especialmente un período de renacimiento en el cual nacen nuevas ideas y el Tribunal Supremo es una de éstas.
1 En particular cfr. el libro de MOUSNIER, Roland, La Costituzione nello Stato assoluto: diritto, societhy istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002), [ Links ] pp. 427, pp. 17 ss., para más ideas acerca del Estado liberal. Por ejemplo en un país como Italia que existían diferentes estructuras absolutas, se acepta la dominación napoleónica que al mismo tiempo representa una forma de modernización de las estructuras existentes. Sin embargo la caída del conquistador francés anima hacía una forma de nacionalismo propia de Gioberti y Mazzini. Cfr. FIORAVANTI, Maurizio, Appunti di storia delle costituzioni moderne (Torino, Giappichelli, 1995), p. 179.
2 Véase RICHET, Denis, Lo spirito delle istituzioni: esperienze costituzionali nella Francia moderna (Roma-Bari, Laterza, 1998), pp. 217.
3 SAINZ GUERRA, José Luis, Administración de Justicia en España (1810-1870) (Madrid, Eudema, 1992), pp. 415; pp. 71 ss., y pp. 79-80.
4 Cfr. ARTOLA, Miguel., La guerra de la independencia y los orígenes del Constitucionalismo, en Historia de España, Menéndez Pidal (Madrid, Espasa-Calpe, 1999), XXXII, 1, pp. 23 ss.
5 Esta consideración entre autonomía de las personas u organismo fuera del Estado, y necesidad de intervención del Estado, representa uno de los conceptos dominantes bien explicítados en JELLINEK en su obra fundamental System der subiektiven offentlichen Rechte (Tubingen, 1905), que elaborando los distintos conceptos de Status (personae, civitatis, liber-tatis) construye la teoría del derecho subjetivo público, o sea la pretensión del ciudadano a la intervención del Estado.
6 Véase DE TOCQUEVILLE, Alexis, Scritti politicly II: La democrazia in America (Torino, utet., 1965), pp. 885, p. 15.
7 SAINZ GUERRA, cit. (n. 3), p. 5 8 y su cita de DESDEVISES DU DEZERT Georges, La España del Antiguo Régimen: las instituciones de España (Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989), pp. 966, p. 177.
8 Cfr. LALINDE ABADÍA, José, Los medios personales de gestión del poder público en la historia española (Madrid, Publicaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública, 1971), pp. 221, pp. 150-158 citado por Sainz Guerra, cit. (n. 3), p. 60.
9 Cfr. Sobre esto http://www.cervantesvirtual.com/portal/1812/ el portal de la biblioteca virtual Cervantes que condene numerosas obras de doctrina, reflexiones, documentos acerca el desarrollo de la Constitución de Cádiz 1812; y también en SAINZ GUERRA, cit. (n. 3), p. 96; acerca del principio de división de poderes en la comisión de Constitución con la que se fundamenta los orígenes del Tribunal Supremo, véase MORENO PASTOR, Luis, Los orígenes del Tribunal Supremo. 1812-1838 (Madrid, Ministerio de Justicia, 1989), pp. 317, p. 38 ss. y pp. 42 ss.
10 Cfr. SAINZ GUERRA, cit. (n. 3), p. 174.
11 Las Audiencias que se instauraron fueron de tres tipos: una Audiencia de cuatro salas, dos civiles y dos crimínales, que tenía su residencia en Madrid; una Audiencia de tres salas en los restantes territorios y provincias, tenían una sala para lo criminal y dos para lo civil excepto Canarias, Mallorca y Asturias, que tenían dos salas respectivamente para civil y penal cfr. SAINZ GUERRA, cit. (n. 3), p. 188; y SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José (con la colaboración de Emma Montanos Ferrín), Historia de las Instituciones político-administrativas contemporáneas (1808-1975), Madrid: Dykinson (1994), pp. 572, p. 56 ss., acerca de la relación de ésta con el parlamento que se estaba creando.
12 Cfr. MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 63
13 MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 60
14 Cinco de estos pertenecían al Consejo de Indias, cuatro al Consejo y Cámara de Castilla y uno del Consejo de Hacienda, otros seis desempeñaban diversos cargos en las Audiencias. Moreno Pastor, cit. (n. 9), p. 65.
15 Cfr. MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p.85.
16 Cfr. MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p 86; cfr. la obra de Aparicio Pérez, Miguel, El Status del Poder judicial en el Constitucionalismo español (1808-1936) (Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995), pp. 180.
17 Véase MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 87.
18 Cfr. MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 88.
19 Véase MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 9, cfr. p. SAINZ GUERRA, cit. (n. 3), p 207, además por un análisis profundo de la Constitución histórica española y su relación con el poder real o más bien absolutista del soberano cfr. la obra de CORONAS GONZÁLEZ, Santos M., Las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen (Notas sobre la Constitución histórica española), en AHDE. 65 (1995), pp. 121-218.
20 Sobre esto y las razones que en concreto empujaron al Soberano a efectuar estas concesiones ARTOLA, cit. pp. 671-672, cit. por MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 96.
21 MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 101.
22 MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 118; cfr. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, cit. (n. 11) pp. 29 ss.; en particular este último considera la situación ocurrida como una natural prosecución del desarrollo del Estado liberal y de los principios que este suponía. Las instituciones no estaban preparadas para este cambio instintivo, y además que las instituciones, las personas que todavía se confundían con el órgano que representaban. No estaba la monarquía y la junta y los órganos, sino Fernando, Ballesteros y los jueces.
23 Véase la reconstrucción de RUBIO Y ESTEBAN, J. M, El consejo de Estado: su organización y política en el segundo periodo Constitucional, en Revue d'Histoire du Droit (1925), p. 93, cit. por MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 119 nota 265.
24 Sobre esto: MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 138, que invoca la petición del 25 de julio de 1820 por el Tribunal y dirigida a la Secretaría de Gracia y Justicia y que se encuentra en el Archivo de las Cortes Españolas leg. 33, exp. 11.
25 Cfr. TOMAS Y VALIENTE, Francisco, Manual de historia del derecho español (Madrid, Tecnos, 1997), pp. 630, p. 400 ss. y SAINZ GUERRA, cit. (n. 3), pp. 60-70.
26 Cfr. MORENO PASTOR, cit. (n. 9), pp. 157-159.
27 Sobre esto se puede confrontar con la exposición de los motivos del Decreto de 24 de marzo de 1834. en AHN., "Estado", leg. 881.
28 Véase el segundo Real Decreto de 24 de marzo de 1834; y en particular, MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 176.
29 MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 187.
30 Véase la completa exposición de MORENO PASTOR, cit. (n. 9), p. 200, y el Real Decreto de 26 de mayo de 1834 en Colección de Decretos (1834), XIX, pp. 289-291.
31 Véase TOMAS Y VALIENTE, Francisco, cit. (n. 25), pp. 430 ss.
32 Véase SAINZ GUERRA, cit. (n. 3), p. 84 .
33 MORENO PASTOR, cit. (n. 9), pp. 234-235.
34 Véase el artículo 66 de la Constitución.
35 Cfr. el Decreto del 17 de abril de 1812, en Colección de Decretos (1812), II, pp. 192-193.
36 Véase Reglamento de 1814, cap. 4o, artículo 1; Reglamento para la Administración de Justicia, cap. 6o, artículo 100, y Reglamento del Tribunal Supremo de España e Indias, cap. 4o, artículos 36 y 37; y cfr. Moreno PASTOR, cit. (n. 9), pp. 299-300.
37 Reglamento de 1845, cap. 4o, artículo 101.
Recibido el 26 de enero de 2006. Aceptado el 28 de marzo de 2006.
Colaborador honorífico, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández. Dirección postal: Edificio Torrevaíllo, Derecho Penal, Avda. Ferrocarril s/n 03202, Elche, Alicante. Correo electrónico: gavara@lycos.es

References: artículo 242
 artículo 243
 artículo 273
 artículo 260
 artículo 237
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 66
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 251
 artículo 261
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 66
 artículo 1
 artículo 100
 artículo 101