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Timestamp: 2019-12-08 10:06:30+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 436, de 12/03/2007
Comisiones. Núm. 436
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DÑA. ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ
celebrada el lunes, 12 de marzo de 2007
-- Dictaminar el Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (621/000083).
Se abre la sesión a las dieciséis horas y trienta y cinco minutos.
Vamos a dar comienzo a esta sesión de la comisión, cuyo motivo es dictaminar el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Se ha presentado un veto que, como es habitual, trataremos en primer lugar, para lo que corresponderá un turno por tiempo de quince minutos para cada grupo político.
Para un turno a favor del veto, tiene la palabra el senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señora presienta.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un veto a la reforma de la Ley Orgánica de Universidades en primer lugar porque, en contra de lo que dice el Gobierno y la ministra de Educación, la Universidad está siendo la gran ausente de esta reforma. Esta futura ley se ha hecho sin el consenso que todos hubiésemos deseado, sobre todo con la comunidad universitaria y el principal partido de la oposición, que representa a diez millones de votantes españoles. Y lo decimos desde el ánimo de haber llegado a conseguir entre todos una ley que perdurase en el tiempo, no tuviese bandera política y fuese de todos los españoles y para todos los españoles.
Pero no solamente no hemos visto cumplido ese gran objetivo del consenso, sino que tampoco ha existido diálogo. Lo ha habido con alguna parte, pero no con el conjunto global del mundo universitario. Lo pone de relieve con nitidez el dictamen del Consejo de Estado cuando afirma que resulta criticable que no se haya dado audiencia a las comunidades autónomas y a determinadas instituciones, organizaciones y asociaciones del mundo universitario, cuyos intereses se podrían ver afectados por esta reforma, lo que creo es verdaderamente preocupante, y los comparecientes que recientemente han asistido a la comisión de Educación manifestaron que efectivamente así ha ocurrido.
Por tanto, en primer lugar, creo que hubiese sido bueno, porque así nos lo demandaba la sociedad española, que hubiésemos llegado a un entendimiento, a un consenso en algo tan importante como es la sociedad del conocimiento del futuro y nuestros universitarios. Sin embargo, no ha sido posible y este es el primer motivo de decepción.
Voy a referirme a continuación a los temas centrales de nuestras discrepancias de fondo, en los que se basa el veto presentado.
El primero de ellos, como muchas de sus señorías ya saben, es el modelo de selección del profesorado de los cuerpos docentes, tanto de titulares como de catedráticos de universidad. En primer lugar, hasta ahora, nunca se había podido acceder a ningún ámbito de la función pública docente sin unas pruebas públicas competitivas, reguladas por ley y mediante las que se garantizase el mérito y la capacidad, como exigen los artículos 23.2 y 149 de la Constitución. Asimismo, en una segunda fase, las universidades cuentan con un cheque en blanco para establecer la composición de las comisiones juzgadoras, así como para determinar el procedimiento de los concursos de selección.
El modelo actual de habilitación, en la primera fase, podrá ser criticado, pero es un intento serio de seleccionar a los mejores, introducir rigor y competencia y cuenta con un amplio respaldo de buenos profesores. Por el contrario, el modelo Cabrera presenta el riesgo de seleccionar a los profesores locales, en detrimento de elegir a los mejores, lo que implica una universidad más cerrada en sí misma y con límites de endogamia insuperables por cualquier otra democracia. Efectivamente, cabe el riesgo de que incrementemos aún más la endogamia en nuestras universidades, que es una de nuestras debilidades, porque justamente caminamos en dirección contraria a los países desarrollados, como puede ser Francia, Alemania, Suecia o Estados Unidos y baste como ejemplo que en Alemania la endogamia no llega al 1 por ciento.
El segundo tema que nos preocupa y de modo creciente es el de las titulaciones. El proyecto de ley establece una nueva regulación de los títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional y de otros títulos propios de cada universidad que, por la ambigüedad y la deficiencia técnica del proyecto, va a provocar incertidumbres y confusiones enormemente perturbadoras para el futuro de los profesionales y de los estudios universitarios. Dejemos a favor del Gobierno el tema de la duda, pero ¿por qué si tiene esta competencia no lo ha hecho? La propuesta es sustituir el actual catálogo por un registro. Cada universidad elaborará sus títulos y el ministro se limitará a registrarlos. Ello puede conducir a una clasificación de las titulaciones en diversas categorías, ya que unas titulaciones tendrán directrices propias para cada título con una validez en todo el territorio nacional y otras no las tendrán ni sabemos cuál será su validez.
Yo, señorías, creo que los estudiantes y la sociedad tienen derecho a saber lo que estudian y para qué sirve lo que estudian. Y habría que preguntar a la señora ministra por qué a fecha de hoy no ha presentado un catálogo de titulaciones, de acuerdo con la moción aprobada en esta Cámara, de cara al proceso de Bolonia, que lo tendría que haber hecho en el año 2006. Lo único que sabemos es que con la ministra anterior, la señora Sansegundo, iba a haber una poda de 140 a 70 titulaciones y ahora con la señora ministra actual, la señora Cabrera, habrá un mar o un océano de titulaciones. Pero conviene clarificar este punto, porque los expertos en Derecho Administrativo -hemos tenido la suerte de contar con ellos en la Comisión- han dejado muy claro que esto es una competencia del Estado. Y a la pregunta de este senador de si realmente esto estaba en la Constitución y si podía haber dejación de funciones, nos contestaron que podíamos estar en ese límite, que había que esperar, pero que realmente se desaprovechaba una oportunidad para que una norma de rango orgánico, como es esta ley, contemplase ese catálogo de titulaciones porque los estudiantes tienen derecho a saber si su titulación actual queda en el catálogo o queda en el registro porque huimos hacia delante y no sabemos hacia dónde vamos.
En tercer lugar, el proyecto elimina el Consejo de Coordinación Universitaria, amputa de modo importante las competencias del Consejo Social y reduce la participación de la sociedad. En sustitución del Consejo de Coordinación Universitaria, que es una institución de encuentro de los principales agentes del sistema universitario, se crean dos consejos de cargos públicos, el Consejo Universitario, constituido por los rectores y el Gobierno, y la Conferencia General de Política Universitaria, constituida por los consejeros de las comunidades autónomas y también por el Gobierno; son dos consejos en los que, a mi manera de ver las cosas, está claro que está el Gobierno, están las universidades con sus rectores y están sus máximos representantes, pero falta algo tan importante como es la sociedad. Además pueden ser compartimentos estancos, donde desaparecen, como he dicho hace un momento, esos catorce miembros elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado entre personalidades de gran relevancia de la comunidad universitaria. Y cuando uno oye y lee en prensa durante muchos días que ésta es una ley abierta a la sociedad, a la participación de la sociedad, si en sus máximos órganos de representación no existe nadie de la sociedad, ¿cómo va a controlar la universidad o cómo va a participar en la universidad la sociedad? Estamos diciendo justamente lo contrario que lo que se contempla en la ley.
En cuarto lugar, la reforma no aborda el sistema de financiación de las universidades. El Ministerio de Educación y Ciencia se comprometió al principio de la legislatura a proponer y cofinanciar un modelo de financiación para nuestras universidades. Han pasado tres años. Este modelo lo desconocemos así como la memoria económica en la parte que financiará el Gobierno y en la parte que van a financiar las comunidades autónomas y, por lo tanto, no
sólo no se ha presentado este modelo, sino que la futura ley omite cualquier referencia a esta cuestión.
Ello es preocupante cuando la aplicación del proceso de Bolonia, con la articulación de los estudios universitarios en tres ciclos, está modificando sustancialmente los parámetros financieros de nuestras universidades. Si algo han dejado claro todos los rectores en sus intervenciones ha sido que era el momento adecuado para llegar no solamente al modelo, sino a la forma de cofinanciar ese modelo porque en estos momentos el gasto nacional en universidades es el 0,9 por ciento del producto interior bruto; la media de la OCDE, la media de la Unión Europea se sitúa en el 1,5 por ciento. Por eso el Partido Popular ha propuesto que en cinco años se podría financiar el sistema con una cantidad de dinero que estaría en torno a los 5.000, 6.000 millones de euros para acortar esas seis décimas de diferencia existentes.
En quinto lugar, no se aborda con profundidad la adaptación del sistema universitario español a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y, según señala acertadamente el Consejo de Estado, debiera tener el reflejo que por su trascendencia merece en una norma con rango de ley orgánica, como ésta. Se limita a decir que las titulaciones tendrán 240 créditos todas ellas, pero realmente nosotros tampoco estamos de acuerdo en por qué ha de ser uniforme la duración de todas las titulaciones. Habrá titulaciones que por su necesidad de cualificación profesional y sus competencias necesiten una duración y otras precisen otra duración bien diferente.
Tampoco entendemos por qué se produce, o el Gobierno lo pretende, esa fusión de licenciaturas y diplomaturas, dejando todos los estudios reducidos a cuatro años. Yo creo que las ingenierías y las arquitecturas técnicas, y por ende muchas otras diplomaturas, han desarrollado una labor muy importante dentro del ámbito empresarial y dentro del ámbito de la sociedad española. Creo que las empresas y la industria española serían muy diferentes sin estas escuelas de ingeniería técnica que tienen una enorme razón de ser, pues tienen un enfoque más práctico, dirigido a una inmersión en el mundo del trabajo más rápido, es decir, a los tres años, y por lo tanto, muy diferente a las licenciaturas que tienen que cubrir un campo importante como es el campo de la investigación. Esa es otra preocupación. Desde la Unesco se preguntan si el nuestro va a ser, dentro de los países desarrollados, el único que no va a tener carreras de tres años de duración lo que se llaman titulaciones de grado 5B, puesto que las de 5A serían las licenciaturas.
En sexto lugar, algunas de las enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados previsiblemente perjudicarán la movilidad de los estudiantes, la libre elección de universidad por parte de éstos, así como la igualdad de oportunidades que no debe depender del lugar geográfico de residencia.
Creo que resultan llamativas las enmiendas al artículo 6 o al artículo 45 referente al tema de las lenguas, y la verdad, en los muchos años que llevo en política y en el mundo educativo, nunca había visto una ley que entrase a regular el uso de las lenguas en el ámbito universitario. Me parece un tremendo error que, tal y como reza en la ley del Gobierno, enmendada y apoyada en su primera fase de tramitación en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista y los que con él votaron a favor, sobre todo grupos de izquierda, los poderes públicos y las universidades a través de sus estatutos establezcan mecanismos para que en los procesos de acogida de los diferentes miembros de la comunidad universitaria se favorezca el conocimiento de las lenguas cooficiales.
Nosotros creemos y entendemos que las lenguas de las universidades son y han de ser las lenguas de sus profesores y sus alumnos y las propias de la comunidad científica. Aquí no debe haber ninguna regulación, porque se corre el riesgo de propiciar el establecimiento de barreras lingüísticas, lo cual no sólo va contra los tiempos de la globalización y del papel que a España le corresponde jugar en el mundo sino que supone un empobrecimiento para las universidades.
Y lo más sorprendente , como ya he dicho anteriormente, es que estas propuestas vengan de la izquierda y hayan sido bendecidas por el Gobierno del señor Zapatero y su grupo parlamentario. Creo que es necesario meditar ciertos aspectos. No estoy en contra de que un estatuto contemple que la lengua vehicular sea la lengua cooficial, pero estoy rotundamente a favor de que la lengua vehicular deba ser el castellano, porque vamos en contra de todo.
He observado los decretos que el ministerio está desarrollando y -no sé si intencionadamente o no, pues no entro a juzgar intenciones a estas alturas de la política y con los años que llevo en el Parlamento- lo primero que dice Europa es que se tenga en cuenta la competencia de la lengua materna que adquieran los alumnos; por tanto, que me diga el Gobierno por qué la ha eliminado, si el Consejo de Europa y la Comisión Europea, en los años 2005 y 2006, han dicho que la primera competencia que deben adquirir nuestros alumnos es la competencia en la lengua materna; luego no es de extrañar que aquellos alumnos que no tengan esa posibilidad presenten un fracaso escolar de un 40 por ciento, y eso sí es para escandalizar.
Señora presidenta, voy terminando. Otra cuestión que el ministerio tiene pendiente y que me preocupa enormemente son las becas. Nosotros siempre hemos defendido, y vamos a seguir defendiendo, un único modelo solidario para que todos los españoles, nazcan donde nazcan, residan donde residan, tengan los mismos derechos a la hora de obtener una beca. Para nosotros es inadmisible que haya distintos baremos en distintas comunidades autónomas y que las cuantías de las becas puedan ser diferentes en los distintos territorios del Estado español.
Por tanto, no estamos de acuerdo con el Congreso de los Diputados sobre ese paso, sobre esa posibilidad, y ya veremos cómo queda reflejado en los próximos reales decretos lo aprobado en esta ley en cuanto a que el umbral de la renta para la concesión de una beca pueda ser diferente en una comunidad u otra, es decir, en mi tierra, en Madrid, o Barcelona; además, ¿por qué no en barrios diferentes?, ¿por qué un barrio rico no va a tener un umbral diferente a un barrio pobre? Como tiene un mayor nivel de renta habrá que establecer un umbral de renta más alto.
Una reflexión muy sencilla es la siguiente: aquellos que hayan nacido en una comunidad autónoma donde el nivel de renta de sus ciudadanos sea igual o superior al de la media de la Unión Europea tendrán suerte y aquellos que hayan nacido en otras comunidades cuyo nivel de renta
per cápita sea del 60 ó 70 por ciento no tendrán tanta; por tanto, es algo que debe ser una preocupación de todos. Desde luego, para obtener una beca se debe tener igualdad de oportunidades, igualdad de distribución de las rentas que recauda el Estado a los ciudadanos y no nos parece acertada esta enmienda aprobada en el Congreso de los Diputados.
Señora presidenta, termino ya. En mi opinión, se ha perdido una gran oportunidad para elaborar una ley que debiera ser para todos y que, de ser así, habría nacido con algo muy importante, que todos deseamos, y que es permanecer en el tiempo y no depender de los Gobiernos de turno.
Todos deberíamos atender lo que la sociedad nos reclama: calidad en la formación y, sobre todo, algo que la ley no toca y que me preocupa de manera importante, y es que ese 42 por ciento de abandono de nuestras universidades debiera hacer reflexionar en esta Cámara a todas sus señorías y a este senador que les está hablando, porque es lo primero a lo que una ley debe responder; debemos exigir al sistema universitario español excelencia, calidad y eficacia y, por tanto, considerar preocupante que uno de cada dos universitarios españoles abandone la universidad.
El número de titulaciones ha de ser acorde con lo que somos en economía en el mundo, esa octava potencia, y no veo la posibilidad de incrementar el número de titulados universitarios ni de disminuir el amplio abandono escolar. Y finalmente la ley tampoco apuesta, como he dicho anteriormente, por la calidad en la formación, por la movilidad de los estudiantes.
Sé que cuando intervengan sus señorías podrán argumentar los contrario, pero ahí esta la neutralidad en el debate. Cuando digan que , efectivamente, nuestros alumnos van a tener más dificultades que nunca para moverse entre las universidades, no podremos afirmar rotundamente que esta es la ley de la movilidad. Si nuestros profesores no van a poder moverse prácticamente de donde están, ¿cómo podemos decir que esta ley favorece la movilidad? Si nuestras universidades tienden al localismo, ¿cómo podemos decir que tendemos a una red de universidades conectada al mundo, a la globalización, a Europa, a los países más desarrollados?
En fin, señorías, son reflexiones. Nosotros aceptamos democráticamente, como no podía ser de otra manera, lo que está ocurriendo en el debate pero en absoluto nos sentimos satisfechos. En este grupo parlamentario, que nunca ha manifestado su voluntad de no negociar; este portavoz ha estado lejos de alcanzar un entendimiento y puedo decirles que sistemáticamente se nos margina, se nos aísla y en democracia eso no es nada bueno, señorías. Nadie del ministerio se ha puesto de acuerdo conmigo para negociar absolutamente nada. Cuando se tiene un respaldo de casi el 50 por ciento de los votos, estamos hablando de 10 millones de personas, y nos referimos a algo que no es partidista, que es de todos los españoles, como la educación, se debería reflexionar; no debemos comenzar reformas que después no sabemos cerrar y debemos hacerlo con el mayor consenso posible, porque de esta manera ganaría alguien: ganaría toda la sociedad, que es el único objetivo del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Abejón.
Turno en contra. Tiene la palabra el senador Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señorías, durante toda la tramitación de esta ley, tanto en el Congreso como actualmente en el Senado, los socialistas hemos intentando conseguir una universidad de calidad, adaptada a los tiempos en los que vivimos, en los que el modelo desarrollado e impulsado bajo el modelo de la sociedad industrial está siendo sustituido rápidamente por un modelo de sociedad digital, de sociedad del conocimiento, donde la innovación, la educación y la investigación son clave.
La universidad debe adaptarse al nuevo modelo de sociedad, al nuevo modelo de civilización. Para ello, tiene que dar respuesta a las nuevas demandas que se están produciendo en todos los ámbitos. De ahí que, en la búsqueda de esa universidad de calidad, intentemos en esta tramitación que la universidad abandere la innovación en las actividades empresariales y que contribuya claramente al desarrollo sostenible; pretendemos por todos los medios que nuestra universidad española esté comprometida con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y que sea pionera en la consecución de la Estrategia de Lisboa para hacer de Europa un territorio puntero en el mundo de la sociedad del conocimiento y, por tanto, en todos los temas ligados a la investigación, al desarrollo y a la innovación.
Ese camino que hay que recorrer es el mismo que deben recorrer los países de nuestro entorno y las universidades de la Unión Europea. De ahí que la búsqueda del Espacio Europeo de Educación Superior, que no es meramente un catálogo de títulos, un registro de títulos o de cuántos créditos tienen, sino que es también un cambio en la forma de enseñar, un cambio en la forma de concebir la universidad, sea un objetivo claramente diseñado dentro del articulado de esta ley.
El camino de nuestro entorno, al igual que el que nosotros estamos haciendo aquí, pasa en primer lugar por potenciar la autonomía universitaria; autonomía universitaria que tiene que estar ligada a una evaluación eficiente y a una rendición de cuentas ante la sociedad. Es evidente que la autonomía no puede ser indiscriminada, sino que tiene que tener contrapesos porque es dinero público y, por lo tanto, la sociedad tiene que evaluar la eficiencia de esa universidad y esa universidad, repito, tiene que rendir cuentas. Pero esa autonomía universitaria va a permitir impulsar la diversidad de las universidades, la transversalidad y la flexibilidad de los estudios universitarios, y todos los expertos del mundo dicen que eso es clave en una sociedad como la nuestra, en la que no cabe un modelo-patrón igual para todos, sin importar el territorio, el tipo de sociedad, etcétera.
Queremos una universidad de calidad y competitiva, con una gestión más transparente y eficaz, mostrando los resultados y estrechando los lazos con la sociedad. Y cuando hemos puesto estos elementos en la modificación de la LOU, hemos recibido el respaldo de numerosos colectivos que han apoyado y que apoyan públicamente la tramitación de esta ley tal como ha pasado por el Congreso de los
Diputados -ya veremos en su tramitación en el Senado-. Han sido los rectores, a través del presidente de la CRUE; han sido los consejos sociales a través de su presidente; han sido manifestaciones de los sindicatos de colectivos diversos tanto en comparecencias en el Congreso como en el Senado o en cientos de reuniones, los que han considerado que esta ley supone un avance importante que modifica los puntos oscuros de la anterior ley de 2001.
Pero no es solo dentro de nuestro país donde se están produciendo los apoyos. El último informe de la OCDE -que he citado en esta Cámara repetidamente, a veces porque da varapalos a la economía de nuestro país o a determinados extremos educativos- señala clarísimamente con respecto a la tramitación de la LOU que esta propuesta se encuentra en trámite parlamentario y que esas llamadas aperturas a la autonomía universitaria son encomiables. La OCDE cree que hemos dado de lleno en la diana. Por tanto, hay que seguir ahondando en el camino iniciado. Creemos que es buena la autonomía de la universidad y no nos vale la desconfianza, que es uno de los lastres que tiene este país: nadie es perfecto más que uno mismo y pensar que todos los demás lo van a hacer mal. Por ejemplo, señorías, se cita la endogamia; esta ley no ha entrado en vigor y todo el mundo dice que la endogamia en la universidad es enorme. Será culpable la anterior legislación, porque esta no está en vigor.
Vi con estupor cómo un afamado profesor de la Universidad de Granada, el profesor Pedraza, que vino de la mano del Partido Popular, tanto en comparecencias en el Congreso como en el Senado, decía que en 27 años en la Facultad de Medicina de Granada no había entrado nadie de fuera.
Alguna responsabilidad tendrá él porque seguro que ha estado en muchísimos tribunales. Alguna responsabilidad tendrá el modelo de habilitación anterior, porque el de acreditación que estamos discutiendo está por ver y, como ustedes saben, el presidente de la CRUE, señor Vázquez García, ha señalado cómo han sido los propios rectores, unánimemente, los que han pedido que el modelo de habilitación fuera sustituido por el costo económico que señalaba, porque no conseguía los objetivos y porque la selección del profesorado había dejado a miles de profesores ligados durante meses a un sistema de selección que no cumplía los objetivos.
Por tanto, queremos una gran autonomía de la universidad, creemos en la gente que dirige la universidad y no creemos en mesianismos. Se descalifica a los consejeros de cargos públicos -la Conferencia General de Política Universitaria, donde se van a sentar todos los consejeros de las comunidades autónomas, o el Consejo de Universidades, donde se van a sentar todos los rectores o rectoras de universidades públicas o privadas- cuando se dice aquí que no están ligados a la sociedad, como si se ser rector fuera levantarse por la mañana y que te elija un colectivo como el que puede representar cualquier universidad de nuestro país. Es despectivo señalar mesiánicamente que la razón la pueden tener, por ejemplo, solo aquellos que individualmente han sido propuestos por cada partido político para ser elegidos o señalados desde el Senado y el Congreso de los Diputados y significa minusvalorar el sistema y descapitalizar las universidades del papel de los consejeros, consejeras y rectores, lo que a mí no me parece de recibo.
La autonomía de la universidad hay que hacerla con todas las condiciones.
Ese es el modelo que impera en el mundo, no un modelo ceñido duramente desde el ministerio o desde cualquier sector que esté por encima de las universidades. Creo que esa autonomía de la universidad, esa rendición de cuentas, esa Agencia Nacional de Evaluación, esa consolidación del sistema de profesorado o de investigadores buscando vías novedosas, por ejemplo, para la transferencia de resultados de investigación, son líneas que dan solvencia a una ley que en el anteproyecto podía tener algunos claroscuros, pero que a su paso por el Congreso de los Diputados ha cogido fuerza y ha obtenido el consenso de las fuerzas políticas y de colectivos diversos.
Por tanto, quiero decir claramente, presidenta, que creo que este veto no ha lugar porque el consenso se ha producido en toda la tramitación parlamentaria. Citar al Consejo de Estado -su informe se produce cuando se estaba haciendo el anteproyecto de ley- es olvidar ahora mismo que la ley, a su paso por el Congreso o por el Senado, ha recibido aportaciones de cientos de colectivos diversos que la han enriquecido.
En algunos casos no ha sido posible llegar a acuerdos, como en el caso del Partido Popular, y lamento que desde el ministerio no lo hayan llamado, pero en la vida parlamentaria quienes llaman son los portavoces de los grupos parlamentarios, y usted sabe que yo le ofrecí, delante de la ministra de Educación, la posibilidad de llegar a algún acuerdo en el Senado, y usted me dijo que no parecía posible dado la derrota que tenía la ley desde su punto de vista. Es verdad que yo no soy del ministerio -soy un humilde senador-, pero soy el portavoz y, por tanto, el responsable en la tramitación parlamentaria, y si hay interlocución tiene que ser a través de mí, lógicamente.
Usted descalifica el modelo de acreditación, cuando el que está descalificado es el modelo de habilitación que la ley de 2001 llevaba adelante. En todo el mundo universitario piensan -es por unanimidad- que el modelo actual sencillamente no es viable, que es una catástrofe.
Ustedes lo descalifican diciendo que la acreditación va a ser una entrega de papeles, y los papeles es el currículum de toda la vida de un profesor que se ha dedicado a enseñar o a investigar, que tiene sexenios -los que tenga-, que tiene publicaciones de alto impacto o de menos impacto.
Papeles es la vida de una persona reflejada en un currículum. A mí me parece que es despreciar pensar que sólo un examen puede ser el culmen de la objetividad. Si fuera así usted lee la ley que tiene ante sí y en el concurso de cada universidad se prevén pruebas que fijen la actitud científica y docente. Viene en la ley. Por tanto, lo que se pone son dos escalones. Es bifásico. Es una acreditación nacional que tiene una ventaja esencial y que no está limitada a unas plazas concretas. Todo aquel que reúna las condiciones va a poder pasar esas condiciones. Si es un buen investigador, ¿por qué hay que suspender y dejar fuera a buenos investigadores, buenos docentes, porque no había plazas suficientes? Ese sistema de trinca, muy televisivo, en el que tiene que ganar uno solo la plaza, se verá después en cada universidad, que contratará mediante concurso con pruebas a aquel que estime que reúne más condiciones. Y yo confío en los rectores y en la buena cabeza del profesorado que formará parte de
esos tribunales, en los que la actitud científica y docente va a estar contrastada.
Usted también descalifica el registro y prefiere, al parecer, un catálogo cerrado. Señoría, en la sociedad en que vivimos los catálogos cerrados están abocados al fracaso. ¿Catálogo cerrado en formación profesional, cuando cada día sale un nuevo oficio que hay que llevar adelante porque cada día la tecnología abre un nuevo mundo: en la aeronáutica, en biomedicina, en la química aplicada o en la química analítica? Hoy en día ya nadie hace catálogos cerrados. ¡Claro que van a estar todas las grandes titulaciones! -que son las clásicas-, ¡claro que van a estar!, pero también se abre, sin duda, la posibilidad de que cada universidad, mirando el ámbito territorial en el que se desarrolla su trabajo, pueda registrar títulos con unos condicionantes perfectamente señalados.
Le he dicho también por qué me opongo a su veto cuando descalifica la desaparición de Consejo de Coordinación Universitaria. Yo he sido miembro cuatro años de ese Consejo de Coordinación Universitaria, que estaba formado por personal del ministerio, los consejeros y consejeras de comunidades autónomas, los rectores de las universidades públicas y privadas y unas personas designadas por el Congreso y el Senado. Le puedo decir que esa mezcla era explosiva, porque cada cual, ¿en nombre de quién hablaba? ¿Es lo mismo el que aporta los fondos económicos y representa a una comunidad autónoma que el que representa solo el apoyo que tiene de una Cámara e individualmente a propuesta de un partido político? No. Se ha ido a la fórmula que tiene nuestro Estado, que es la constitucional.
Yo creo que es más lógico que haya una conferencia general de política universitaria, que es la equivalente a la política sectorial, que es la que tienen todos los ministerios, donde se sienta el ministro o la ministra con los consejeros y consejeras de las comunidades, y allí acuerdan, allí consensúan; y por otro lado los rectores, evidentemente, de la pública y de la privada, para todos los temas de carácter académico. No es devaluar nada, es volver al sitio que corresponde al modelo de Estado de las autonomías que estamos construyendo.
Finalmente, haré algunos comentarios sobre la competencia en la lengua materna. En las universidades cada vez más tenemos que hablar de lenguas francas. En sus comparecencias, los profesores Pérez Díaz, Vázquez García y otros hablaban de que el inglés tiene que ser la lengua común en muchos casos de nuestras universidades, pero no creo que sea negativo que un alumno sea bilingüe porque conozca las dos lenguas maternas de su territorio; que sea trilingüe o que sea cuatrilingüe. Enriquece y no es un descrédito, sino todo lo contrario, que en Cataluña alguien sepa perfectamente el castellano y el catalán o que en Euskadi sepan el castellano y el euskera perfectamente; eso les va a dar riqueza. Y a mí me gustaría también que supieran inglés, que superan alemán, que supieran otros idiomas para desarrollarse en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Acabo, señora presidenta. El veto responde a una posición conocida del Grupo Popular: el Gobierno de Zapatero lo hace todo mal y ahora toca la Universidad; como tocó antes la LOE, como tocaba el terrorismo, como tocaba la política territorial, toca ahora el desgaste del Gobierno y no hay posibilidades de consenso sencillamente porque desde que empezó esta legislatura ustedes se han colocado pensando que les habían quitado algo que les correspondía y que era suyo de pleno derecho. Y eso es lo que hace que no podamos consensuar prácticamente nada y que piensen siempre que cuando todas las demás fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo los que llevamos el pie cambiado somos los demás y ustedes son los que desfilan al pie más lógico de la verdad de España y de los grandes valores.
Señor Abejón, que creo humildemente -le pido disculpas por decirlo- que están equivocados, que la verdad nunca es en totalidad de nadie, que es compartida y que algunas de las críticas que ustedes hacen pueden ser comunes y podemos estar de acuerdo. Si ustedes se hubieran sentado, esta ley sin duda hubiera sido mejor. El veto lo único que hace es romper algo que estamos construyendo y que necesitan las universidades. Lo siento, mi grupo va a votar en contra de su veto.
El señor URRUTIA ELORZA: Arratsalde on danori. Buenas tardes a todos, señorías.
Se nos plantea un nuevo texto legislativo por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el soporte que anima a este proyecto que se nos plantea es el calendario de actuaciones a desarrollar en relación a la adaptación a los espacios europeos de educación superior y de investigación. Para Eusko Alkartasuna y para este senador esos aspectos deberían haber sido la columna vertebral en la regulación, pero solo se mencionan como elemento complementario, aunque también debo decir que en las enmiendas técnicas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista se da un empujón especial al tema.
Yo no sé si con este proyecto de ley -y es el planteamiento que tengo que hacer como senador- vamos a solventar la pobreza de los rendimientos de la educación superior. La productividad académica de los univesitarios españoles en estos momentos, según datos de 2004 y 2005 -son los últimos de los que dispongo-, indican que cerca de millón y medio de estudiantes de las 73 universidades españolas aprobaron únicamente la mitad de los contenidos en los que se matricularon; que la pobreza de resultados es tal que 27 de cada 100 alumnos que ingresaron por primera vez en la universidad abandonaron la carrera en los tres cursos siguientes, y que en las carreras técnicas el 35 por ciento de los inscritos abandonan las carreras. ¿Este proyecto de ley que se nos plantea solventará esta pobreza de datos?
La verdad es que solo me voy a centrar en dos aspectos respecto al proyecto de ley, y uno es que el proyecto de ley no mejora para nada la relación con las comunidades autónomas. En este proyecto debería haberse dado el máximo de competencias a las universidades por medio de sus estatutos, respetando siempre las competencias desde las
comunidades autónomas. Luego, una vez que las comunidades autónomas -y primero la universidad y luego las comunidades autónomas- hubieran marcado su pauta, su camino, su recorrido, el Estado debería haber hecho la ordenación, la coordinación, siguiendo los principios de la carta magna de las universidades europeas, según los cuales la universidad es una institución autónoma que de manera crítica produce y transmite la cultura por medio de la investigación y la educación en el seno de las sociedades organizadas, de forma diversa, por las diferentes condiciones geográficas e históricas. Este proyecto de ley que se nos plantea no es así, este no asume la realidad competencial. Para nosotros hubiera sido fundamental que lo asumiera, sobre todo si tenemos en cuenta las responsabilidades autonómicas y, en el caso concreto del País Vasco y de Navarra, con la financiación a cargo de las universidades.
Pero todo no van a ser dificultades con respecto a este proyecto de ley.
Hay un aspecto positivo y lo tengo que decir: que por fin -y aquí discrepo un tanto del señor Abejón, del Grupo Parlamentario Popular- se ha empezado a tener en cuenta la realidad lingüística del Estado español, respetando al menos las lenguas oficiales. ¿Para qué? Para dar validez al enriquecimiento profesional, científico y universitario de las personas que habitan en cada uno de los territorios de este país, que tienen no la línea curricular y lingüística de una sola lengua, sino de las lenguas oficiales. Benditas sean no sólo las dos, sino también las tres y las cuatro lenguas y, como decía el señor Abejón, no sólo la materna, sino que también puede ser una lengua paterna, puesto que los padres también tenemos derecho a esgrimirla. Desconozco lo que ha señalado el señor Pezzi con respecto a la lengua franca, que no sé lo que significa, por lo que no me voy a referir a ella.
Señora presidenta -y termino-, considero que la reforma de la LOU es una oportunidad perdida, pero debemos garantizar el mayor éxito, la mayor eficacia y la mayor responsabilidad de todos los estamentos, buscando sobre todo el beneficio de los universitarios, actuales y futuros, que es nuestro objetivo y nuestro mayor aliciente en el desarrollo y aprobación de este proyecto de ley; proyecto de ley que no es perfecto, ni muchísimo menos, pero que al menos corrige aquellos rasgos preocupantes que tenía el proyecto de ley del PP.
Por ello, este senador de Eusko Alkartasuna no va a apoyar el veto, y espero el Grupo Parlamentario Socialista se acerque un poco a las cuarenta y tantas enmiendas que ha presentado este humilde senador, que intentan a mejorar este proyecto -que no es ni mucho menos el mejor- y entre todos podamos avanzar en beneficio de la formación humana, social, científica e investigadora.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Urrutia.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.
Mi grupo parlamentario, como es habitual, no va a dar su apoyo al veto, presentado en este caso por el Grupo Parlamentario Popular. Tenemos delante un proyecto de ley que modifica parcialmente la ley actualmente vigente del año 2001, cuyas modificaciones van encaminadas, por un lado, a corregir algunas deficiencias que tiene la ley y, por otro, a adaptarse a la nueva situación del Espacio Europeo de la Educación Superior.
Consideramos que este proyecto de ley puede ser mejorado y esperamos que el grupo que apoya al Gobierno mantenga la puerta abierta para llegar a un mayor acuerdo entre todos los grupos para lograr algunas mejoras que, desde mi punto de vista, necesita. Eso sí, tengo que decir que es una lástima que no se alcance un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, lo que traerá consigo que esta ley, como sucedió también con la LOE, no sea una ley de larga duración y se modifique nuevamente cuando se produzca la alternancia en el poder.
Nosotros hemos presentado pocas enmiendas, de las que hablaré posteriormente, y esperamos poder lograr un consenso con la mayoría de los grupos para mejorar este proyecto de ley.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Señora presidenta, no vamos a intervenir en este turno y nos reservamos para la defensa de las enmiendas, si no prospera el veto.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señora presidenta.
Arratsalde on danori. Buenas tardes a todos y a todas.
Muy brevemente, intervengo para manifestar la posición de nuestro grupo en relación con el veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Anuncio desde ahora que no vamos a apoyar el veto y explicaré el porqué.
Nuestro grupo considera que, al igual que en otras leyes, hay que intentar alcanzar acuerdos y sobre todo conseguir un amplio consenso, máxime en una materia que afecta a todos, como es la educación. Queremos defender nuestras enmiendas -y así esperamos hacerlo esta tarde, si efectivamente no prospera el veto-, porque entendemos que la calidad de la enseñanza de los universitarios está por encima de las diferentes luchas -en este caso políticas- que se puedan plantear.
Consideramos que el veto no tiene ninguna razón del ser. A nuestro modo de ver, un país, como es el Estado español, únicamente puede desarrollarse si la formación es adecuada. Alcanzamos recientemente un amplio consenso en la LOE y, ahora, en la LOU esperamos también llegar a este consenso entre los diferentes grupos; desde luego, por nuestra parte, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no va a quedar. Queremos mejorar en investigación; queremos que el profesorado tenga estabilidad -como señalaremos en nuestras
enmiendas-, y defendemos la movilidad del profesorado, así como todo lo que tiene que ver con los derechos del personal no docente.
Qué duda cabe que el proyecto de ley será mejorado con las enmiendas presentadas por los diferentes grupos -que si sigue adelante podremos demostrar-, pero debo decir que, de entrada, a nuestro grupo no le gustaba la ley actual que en su día aprobó el Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Maqueda.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros también vamos a anunciar que vamos a votar en contra del veto, por cuanto que cuando el Partido Popular presentó y aprobó en su momento la Ley Orgánica de Universidades no estuvimos de acuerdo; en aquel momento no estuvimos de acuerdo porque no hubo un consenso -en la situación actual esto se ha mejorado-, y porque era una ley que no se adecuaba a la España de las autonomías. Por el contrario, buscando subterfugios, se primaba la centralización de la universidad, cuando la propia Constitución reconoce la autonomía y un marco autonómico en las comunidades autónomas.
Considero que la propuesta de modificación de este proyecto de ley que hoy vamos a debatir, y por lo que hemos visto en su tramitación en el Congreso de los Diputados, está mucho más acorde con la realidad de la España de las comunidades autónomas, y se ha dialogado con todas aquellas que han querido participar en el diálogo que les ofreció el ministerio.
Por ello, nosotros vamos a votar en contra del veto, pues consideramos que ya en el Congreso de los Diputados se ha hecho un trabajo de aportaciones de los tres grupos que formamos la coalición de Entesa Catalana de Progrés. Esto no significa que no hayamos presentado enmiendas aquí para llenar algún vacío y mejorar algunos aspectos que no han obtenido respuesta desde el Congreso.
Asimismo, vamos a votar en contra del veto porque no entendemos que la universidad pública no pueda ser una universidad de calidad que da respuesta a esta sociedad tecnológica y global que se vislumbra en el futuro. Nosotros creemos en esta universidad y vamos a dotarla de todos los recursos posibles para que sea la universidad pública la que realmente pueda cumplir el reto que se nos presenta para el futuro.
Por otra parte, nos sorprende que tratándose de la modificación de una ley que en su momento había elaborado el Partido Popular, a la que este Gobierno plantea una modificación -y a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera elaborado una ley en su totalidad-, se presente un veto.
Los resultados de este proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Universidades en el Congreso de los Diputados nos parecen óptimos y es bien cierto y seguro que va a ser mejorado en su trámite en el Senado.
Por ello, no vamos a dar nuestro apoyo a este veto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Baig.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, debo reiterar que la apuesta que hace este proyecto de ley es una apuesta clara y rotunda a favor de la autonomía universitaria.
Confiamos en las universidades, confiamos en su profesorado, en sus dirigentes, en sus líderes; creemos que hay mucha excelencia, mucha calidad, y tendrán que romper inercias que en nuestro país son muy profundas. Por lo tanto, cuando hablamos de endogamia no estamos hablando de universidad, estamos hablando de endogamia como una inercia institucional y cultural que tiene este país desde siempre, no solo en las universidades, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, y también en la vida política. Y eso lo estamos viviendo a diario, donde la endogamia significa que cuando alguien te ha elegido te ves obligado a hacer lo que ese grupo o partido político te indica en cada momento, a pesar de que puedas estar en un ámbito tan lejano de la vida política porque es otro poder, el Judicial.
Creemos en la autonomía en un marco determinado. La creemos en el marco del Espacio Europeo de Educación superior -ése va a ser nuestro gran reto- y la creemos en el marco de la Constitución Española. La Constitución Española vigente es un Estado de las autonomías, y esta ley pone las cosas en su sitio, le da las competencias a quien las tiene, porque está en el bloque de constitucionalidad, que es la Constitución, pero también en los Estatutos de Autonomía, pues las competencias educativas y universitarias en un grado muy grande, como las de investigación, señor Urrutia, están en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, autonomía significa flexibilidad, significa apertura, significa que puedan seleccionar a su propio profesorado, claro que sí, en la vía del funcionario y del profesorado laboral.
Creemos también que esa autonomía va a permitir que la transferencia de resultados de investigación se haga mejor a través de empresas de base tecnológica haciendo que el profesorado que investigue tenga patentes y pueda dedicarse a esas empresas. Es un buen camino el que hemos iniciado.
Evaluemos lo que vamos a hacer ahora dentro de pocos años. Hagamos cada dos años una evaluación de las cosas nuevas que hemos puesto encima de la mesa para rectificar si fuera necesario.
Los rectores en su momento dijeron que había que cambiar la ley porque no funcionaban bien las universidades, que había que cambiar la habilitación porque era un modelo que nos conducía a la nada, que es un esfuerzo sobrehumano que tiene a la mayoría del profesorado más cualificado dedicado a puntuar currículum durante tiempos inverosímiles. Hemos hecho caso a los rectores, hemos hecho caso a los consejos sociales y a otros colectivos. Dejémosle tiempo para analizar si hemos cumplido suficientemente. Esa es la labor que nos corresponde y reitero mi posición contraria, la de mi grupo, al veto que se ha planteado.
Finalmente, le aclaro que lengua franca era la expresión para el latín. El latín era la lengua franca en las distintas etapas de la vida de Roma en la que saber latín era la
garantía de poder acceder a los libros más cualificados, a los elementos del saber más sofisticado. Hoy felizmente eso ya no es necesario, pero todavía saber inglés supone un plus para nuestros jóvenes y el ideal sería que ningún joven saliera de las universidades españolas sin saber las dos lenguas de su territorio, si las tiene, y también una tercera o una cuarta lengua que le va a abrir grandes horizontes. El inglés, sin duda, es una de esas patas indispensable en la competitividad y en la innovación de nuestras empresas y de nuestros recursos humanos que son los jóvenes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pezzi.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo no soy aquí, como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el portavoz de toda la universidad española. Yo soy el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
He escuchado a muchos sectores de la comunidad universitaria que no coinciden con el señor Pezzi, pero parece ser que todos coinciden con el proyecto del Gobierno y con las tesis del señor Pezzi, -lo ha dicho aquí reiteradamente-. Parece que todo el mundo está encantado con este proyecto de ley. Parece que se dice: aislemos al Partido Popular para que no tenga voz, para que no se le deje hablar en los órganos que hay que escuchar y así está todo resuelto.
Ahí tiene 82 enmiendas. Dígnese, señor Pezzi, a admitir alguna. Dígnese a solucionar el problema de los profesores titulares universitarios que están gritando a todos los parlamentarios. Háganles titulares de universidad porque han hecho la misma oposición que un titular universitario y tienen el grado de doctor. Háganlo. No hagan demagogia.
¿A ésos también les han escuchado? ¿A ésos también los van a tener en cuenta? A ésos, ¿cómo les van a tapar la boca?
Yo aquí he venido con la mejor voluntad de entendimiento y usted jamás me ha dicho: Adolfo, de esas 82 enmiendas, estaríamos dispuestos a aprobar estas cuatro. El Gobierno tampoco le ha dicho al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que de esas 82 enmiendas hay algunas razonables que van a aceptar. Por supuesto, en política, en democracia, en el Parlamento están las enmiendas que presentamos cada uno. La pelota está en el tejado del Gobierno y, en consecuencia, el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de grupos tienen que decir si ven bien o no las enmiendas. No se puede decir si estamos dispuestos o no. Ahí están las enmiendas. ¡Acéptenlas! Ya le he dicho una. ¡Fíjese, casi me quedo satisfecho con que hoy me apruebe aquí dos enmiendas. Sólo le pido dos.
¡Fíjese qué cosas le pido! Una, que resuelva el problema de los TEU y, otra, que resolvamos el problema de la financiación. Fíjese que gravedad lo que pide el Partido Popular! ¡Hay que ver lo que pide! Nosotros no salimos a la calle cuando la LOU. Ustedes salieron a la calle. Los estudiantes salieron a la calle. Se armó una auténtica trompetería en la calle porque la ley no tenía financiación. Pero los mismos que estuvieron en la calle, democráticamente por supuesto -nadie lo discute ni nadie lo duda, era su razón de ser que estuviesen en la calle-, ¿hoy dónde están? ¿Dónde están todos los estudiantes progresistas que protestaban porque la LOU no tenía financiación? ¿O es que esta ley tiene financiación? ¿Dónde están los grupos que aquí están representados que ponían el grito en el cielo porque no había financiación y ahora están de acuerdo con la ley sin financiación? Habría que leer las hemerotecas y ver qué es lo que ofrece cada uno en su momento y qué es lo que dice cada uno en su momento.
Aquí hay un tema importante: la excelencia del profesorado, la selección de los mejores. Usted dice que estamos en permanente desconfianza con los rectores, con la universidad. No, no. Yo soy partidario de la autonomía y de otros temas quizá más que usted. Lo que le digo es que en la ley no aparece ningún contrapeso de control a los que usted se refiere y que no se puede decir -como dice el portavoz socialista- que ustedes lo dejan en la buena fe del quehacer de los órganos. No, señor. Ustedes gobiernan y tienen la responsabilidad de responder a los españoles y tienen la responsabilidad de hacer el catálogo de títulos nacional y tienen la responsabilidad de hacer un catálogo abierto, flexible, que se vaya modificando con el tiempo. No haga demagogia. Yo no he dicho que sea un catálogo cerrado. Yo he dicho que sea un catálogo flexible. Los ciudadanos tienen derecho a saber si lo que estudian en el futuro sirve para algo o no sirve para nada. No pueden estar pensando en que el Gobierno está operando bien. Tiene importancia que su titulación sea del registro, señor Pezzi, porque si hay ahora 140 titulaciones y 70 aparecen como catálogo de titulaciones oficiales y las otras 70 aparecen en el registro, ¿me puede decir que las 70 del registro tienen la misma validez en todo el territorio nacional y en Europa que el resto de titulaciones? Tenemos derecho a saberlo. Tenemos derecho a saberlo con un control del Gobierno, porque así lo dice el artículo 149 de la Constitución. Ese poder se le da al Gobierno y ustedes lo tienen que ejercitar que para eso gobiernan. Tienen que hacer ese control de las titulaciones, esas directrices propias de las titulaciones, esas directrices generales y no ese folleto o ese catálogo o ese libro o esas instrucciones que han mandado a las universidades diciendo que hagan el título y que digan cuánto vale y cuántos créditos va a tener el título. Eso es responsabilidad del Gobierno. No pasen ustedes la responsabilidad a otro, porque eso lo tiene que decidir el Gobierno.
Quizá no me he expresado bien cuando he hablado de las lenguas. He dicho que me parece estupendo que se haga una defensa de las lenguas cooficiales, pero el que esa defensa de las lenguas cooficiales sea exclusiva no es lo mejor para un sistema globalizado internacionalmente, como es el caso del sistema democrático español.
Me parece estupendo que en los procesos de acogida se potencie la lengua cooficial, pero no estoy de acuerdo con que sólo se hable de la lengua cooficial y que sólo se señale en los estatutos que estamos aprobando que la lengua vehicular de una universidad es sólo la lengua cooficial.
Insisto en que me parece estupendo que la lengua vehicular sea la lengua cooficial, pero también hay otra lengua que hablan un porcentaje muy elevado de comuni-
dades autónomas, en algunas entre el 90 y el 100 por ciento de la población, que es la lengua de todos los españoles y que debemos preservar y cuidar también en el ámbito universitario. No he dicho más que eso.
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han señalado que la primera capacidad en la educación es la capacidad en lengua materna y, la segunda, la capacidad en lenguas extranjeras. No es que lo diga Adolfo Abejón, es que lo dicen la Comisión y el Parlamento Europeo, tanto en el año 2005 como en el año 2006. Y ahí están representantes del ministerio y la prensa para corroborarlo. Por tanto, tiene que existir un control.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, usted habrá leído, igual que yo, el libro El político y el científico, de Max Weber -muy relacionado con los que hemos estudiado ingeniería-, sobre la ética y la responsabilidad del político, que citando a Fitche decía: El político no tiene derecho a suponer que el hombre es bueno y perfecto y no se siente en situación de poder descargar sobre otros las consecuencias de su acción. Aplíqueselo usted, y que se lo aplique la señora ministra.
¡Claro que los rectores tienen sus funciones! ¡Por supuesto que la universidad tiene sus funciones! Sin embargo, el Gobierno también las tiene y no puede hacer dejación de sus funciones.
Termino ya, señora presidenta. Mi grupo parlamentario está abierto; mi grupo parlamentario no se coloca frontalmente en contra y no creo que tampoco lo haga el portavoz que les habla. Como ya les he dicho, me considero satisfecho con que esta tarde se acepten dos enmiendas de mi grupo parlamentario; sólo dos, ¡fíjense lo que estoy pidiendo! Nosotros no hemos firmado pactos en democracia para dejar aislado a un partido, pero ustedes sí lo han hecho: el pacto del Tinell. (La señora Baig i Torras: ¡Ya ha pasado a la historia!) Pero lo han hecho. Nosotros no establecemos cordones sanitarios para aislar a ningún partido ni hacemos revisionismo permanente, como tampoco paramos las leyes orgánicas con reales decretos.
Por lo tanto, aplíquense lo que les corresponda, porque creo que ustedes en el Gobierno y, nosotros, en la oposición, a todos nos piden que nos entendamos y, desde luego, la línea que ustedes establecen, de hacer oposición de la oposición, no es la mejor.
Una vez terminado el debate del veto, vamos a proceder a su votación.
A continuación, vamos a iniciar el debate de las enmiendas.
Como siempre, lo haremos de menor a mayor y globalmente, de manera que el Grupo Parlamentario Mixto defenderá las enmiendas números 1 a 31 y 33 a 41, presentadas por el senador Urrutia Elorza; las enmiendas números 42 a 101, presentadas por el senador Cuenca Cañizares; y, por último, las enmiendas números 102 a 110, presentadas por el senador Jorquera Caselas.
Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidenta Andrea.
Si me lo permite, señora presidenta, no voy a seguir el mismo orden que me ha indicado. Voy a dar por defendidas las enmiendas del señor Cuenca Cañizares y del señor Jorquera Caselas.
Las enmiendas de Eusko Alkartasuna números 13 y 32 han sido retiradas.
Voy a hacer una rápida defensa de las demás, señora presidenta, porque estoy seguro de que sus señorías me lo van a agradecer. Las enmiendas que he presentado abarcan nueve áreas o espacios del proyecto, que voy a empezar a explicar en función de la importancia que les concede este humilde senador. Así, el primer bloque agrupa a las enmiendas competenciales; como siempre, he mantenido un intercambio de opiniones con el senador Pezzi, pero no nos hemos puesto de acuerdo porque, desde mi punto de vista, el proyecto de ley no respeta ni muestra ningún cariño especial para la competencia exclusiva que se establece en nuestro Estatuto de Autonomía y en el de otras comunidades. Por eso, he presentado nueve enmiendas en defensa de nuestras competencias.
La señora PRESIDENTA: Senador Urrutia, un momento, por favor.
Señorías, les ruego que guarden un poco de silencio porque prácticamente no se puede oír al senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias.
Voy a intentar ser rápido, porque cuando las personas arman mucho ruido es que no están atendiendo y que no tienen ningún interés.
Los otros ocho aspectos están relacionados con las siguientes materias: el segundo, con las becas y las ayudas al estudio, que son fundamentales para el universitario y para potenciar su futuro; el tercero, con la contratación de personal docente, sobre todo en lo que se refiere a profesores ayudantes, profesores contratados y profesores externos de características y de rango internacional; el cuarto, con la acreditación, porque aunque como procedimiento nos parece correcto, nos inquieta la composición de las comisiones de acreditación; el quinto bloque se centra en que el proyecto de ley no debe incorporar la parte relativa al deporte y a la extensión universitaria, dado que son competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por eso, considero necesaria su supresión; el sexto se refiere a la universidad a distancia porque, desde mi punto de vista, debe incorporarse una visión mucho más autonómica; el séptimo, a los aspectos relacionados con la elección de rector, así como con ciertas particularidades que hay que dejar en manos de los estatutos de cada universidad; y, por último, el relativo al Consejo Social. Éstos bloques comprenden las 39 enmiendas de
Eusko Alkartasuna, que doy por defendidas y que defenderé de forma más extensa en el Pleno.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, el señor Ayala, para la defensa de las enmiendas números 111 a 115, ambas incluidas.
El señor AYALA FONTE: Gracias, presidenta.
Tenemos, efectivamente, cinco enmiendas. La primera de ellas, la número 111, está encaminada a clarificar las competencias de las comunidades autónomas en la autorización de nuevas enseñanzas y pretendía suprimir una parte del nuevo artículo 35 bis, llegado del Congreso. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdone que le interrumpa, senador Ayala.
Comprendo que sus señorías tienen que hacer algunas consultas. Sin embargo, les ruego que las hagan fuera de la sala, para que podamos oír bien al senador que interviene.
Estaba diciendo que esta enmienda pretendía suprimir una parte del artículo 35 bis, pero hemos visto que hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que pretende suprimir todo el artículo 35 bis.
De modo que retiraríamos esta enmienda si se aprobara la del Grupo Parlamentario Socialista que tiene la misma finalidad.
La enmienda número 112 propone modificar el artículo 45 -que pretende, a su vez, modificar el sistema de becas-, añadiendo un apartado 4 nuevo. El artículo 45 habla solamente de becas competitivas, y nosotros queremos incluir también becas no competitivas. Las becas competitivas van ligadas a la excelencia de los beneficiarios y, en consecuencia, van unidas a un gran rendimiento académico. Creemos que se deben tener en cuenta también ayudas más genéricas, que faciliten el acceso a la universidad de estudiantes que viven en lugares especiales; becas que tengan en cuenta las circunstancias especiales de ciertas comunidades, como el transporte entre islas en el caso de Canarias.
La enmienda 113 trata de arreglar la situación de los profesores titulares de escuelas universitarias. Estamos trabajando con los demás grupos para llegar a un acuerdo transaccional, que esperamos alcanzar.
La número 114 propone la creación de una disposición adicional y es parecida a las que han presentado otros grupos. Plantea la necesidad de planes de renovación del personal docente, para lograr una mayor estabilidad, y sobre todo, para rejuvenecer este grupo de profesores.
Por último, la 115 propone igualmente la creación de una disposición adicional nueva, pero quizá debería haber sido una enmienda de modificación de la disposición adicional octava de la ley vigente, la de 2001. Nuestra enmienda trata de mejorar el sistema de financiación y la disposición adicional octava de la Ley de 2001 habla del Consejo de Coordinación Universitaria, que se suprime en el proyecto de ley que debatimos. Sería conveniente, por tanto, enmendar la disposición adicional octava.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Ayala.
A continuación y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Aleixandre, para defender las enmiendas 303 a 311 y 314 a 337, puesto que la 312 y la 313 han sido retiradas.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Hoy debatimos la ley orgánica de modificación de otra ley orgánica: la de Universidades, de 2001. Como reza el preámbulo, la motivación es enmendar errores que se habían detectado en la aplicación de esta, así como adaptarla al entorno derivado sobre todo de la armonización con los sistemas educativos superiores de la Unión Europea, basados, como ustedes saben, en el grado, el master y el doctorado. La idea inicial es potenciar la autonomía universitaria, así como el rendimiento de cuentas y el aumento de la calidad contrastada de estas y de los estudios impartidos. De aquí la importancia de organismos como la ANECA.
Uno de los graves problemas a los que se enfrenta la universidad española es que ha estado siempre, y continúa estando, de espaldas a la sociedad.
Con esta ley tenemos la oportunidad, si no de solucionar el problema definitivamente, al menos de poner las bases para una solución posible.
La universidad debe estar al servicio de las demandas de la sociedad y del sistema productivo, no lo olvidemos, puesto que de aquella saldrán los futuros profesionales que pongan en marcha los proyectos de este.
Precisamente en este ámbito hemos presentado un grupo numeroso de enmiendas que creemos clave para el futuro de la investigación y, por tanto, para el futuro de la misma universidad y para su encaje en la sociedad.
La movilidad, tanto de alumnos como de profesorado, está presente también en buena parte de las enmiendas. Hubiésemos deseado que esta ley, que es mucho menos ideológica que la LOE, formase parte de un gran pacto para la Educación, del que este país está huérfano. Un pacto necesario y que sentimos profundamente que no haya sido posible. En realidad, ha ocurrido lo contrario: hemos ampliado la brecha existente entre los dos grandes partidos y, como en otros ámbitos -la sanidad, la justicia o el terrorismo-, esto no es bueno para el país. Señorías, en la apuesta por un futuro competitivo, como el que esperan las nuevas generaciones, todo retraso -y el consenso se retrasa- es un mal pronóstico. La falta de unidad en su defensa solo retrasa la puesta en marcha de la universidad que debe formar a las nuevas generaciones para que se enfrenten al futuro con las garantías adecuadas.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó inicialmente 38 enmiendas, de la 303 a la 337, y ha retirado, como bien ha dicho la presidenta, la 312 y la 313. No defenderemos cada una de ellas, sino que haremos hincapié en algunas, dando por defendidas el resto y dejando para el Pleno las que se mantengan vivas, si antes no hemos conseguido transaccionarlas con los demás grupos políticos.
Un grupo de nuestras enmiendas está redactado para impulsar la calidad de los centros y de su profesorado -la 305, la 323 y la 324- exigiendo el doctorado en una serie de lugares. Entendemos que haya profesores universitarios que no tengan el doctorado; o, mejor dicho, lo comprendemos. Lo que no entendemos es que estos profesores que no han logrado todavía el doctorado ocupen puestos de toma de decisión. Por eso exigimos que sea necesario el doctorado para quienes ocupen puestos de toma de decisión o puestos de responsabilidad.
La 337 pide la evaluación del impacto generado por la modificación de la ley vigente. Esto es básico. Estamos produciendo un montón de leyes y nadie se ha preocupado nunca por su impacto real, por cómo han incidido en la sociedad o por sus resultados. Por esos pedimos en la enmienda 337 la evaluación del impacto de las modificaciones de esta ley.
Hablaré ahora de las enmiendas 306, 308 y 309. Esta última, señorías, habla de la historia interminable: las becas; un asunto que se repite y se repite, sin que consigamos aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional.
La enmienda 329 también es de carácter autonómico y defiende nuestra lengua. No voy a entrar en polémica, porque ya ha habido suficiente esta tarde y no quiero desviar la atención de sus señorías.
La 310 y la 321 apoyan a las personas con dependencia o con discapacidad, para que sean exactamente iguales que los demás en la universidad.
Tenemos también enmiendas sobre el funcionamiento de los institutos universitarios. Les recordamos que son privados por obligación. Un instituto universitario suele ser privado y un instituto de investigación suele ser privado. Ambos dependen de fundaciones, y estas son privadas por obligación. Nos referimos a la relación de aquellos con las universidades públicas, que son mayoría en este país.
En las enmiendas 325 y 326 mantenemos la creación del Consejo Asesor de Universidades con la participación de representantes del Congreso y del Senado. En la 315 garantizamos la correspondiente competencia de los miembros de las comisiones de selección de plazas, y en la 311 el Consejo de Estudiantes como órgano consultivo en representación de las distintas asociaciones de consejos de estudiantes o de asociaciones de estudiantes de las comunidades autónomas. Defendemos las universidades no clásicas, las universidades a distancia: la UNED, en la enmienda 330, o la privada UOC -Universidad Ouverta de Catalunya- en la 331.
Proponemos una reforma fiscal para promover las donaciones. Este país olvida que las donaciones son importantes para la universidad y para la investigación. Por eso proponemos en la enmienda 333 la creación de una disposición adicional nueva, con el fin de que las universidades puedan nutrirse con donaciones de fondos privados para la investigación. También intentamos que se elimine el IBI de algunas universidades y escuelas universitarias. Sabemos que, con las nuevas universidades, muchos municipios han eliminado el IBI por su cuenta, aunque la ley no se lo permite. Proponemos que puedan eliminar, si quieren, el IBI de estos centros universitarios, para atraerlos a su municipio. Cuando hay dos municipios que están en disputa de una zona universitaria, el que puedan eliminar el IBI quizá sea un factor importante para ellos.
En la 335 hablamos de jubilaciones voluntarias anticipadas como forma de implantación rápida de estas reformas tan necesarias.
Tenemos un grupo de enmiendas que pretenden la potenciación de la investigación en nuestras universidades: la 316 y 317 sobre la excedencia del profesorado; la 319 y 322 sobre la movilidad del mismo. Señorías, no entendemos que un profesor universitario no pueda, si no tiene dedicación a tiempo completo, dar clase en otros centros en su tiempo libre. Igual que puede jugar al golf o dedicarse a la cocina no entendemos por qué no puede dar clases en otro centro.
La 332 se refiere a la concatenación de los contratos de becarios.
Señorías, si obligamos a las universidades a que un becario que haya estado seis meses, se quede como fijo, lo único que lograremos es que después de seis meses lo mandemos a la calle, incluso voluntariamente por su parte, y podamos al cabo de tres meses volver a cogerle seis meses más. Porque lo que no es posible es coger un becario seis meses y quedártelo para toda la vida. Los que hemos estado en el mundo de la investigación sabemos que hay becarios que sirven y los hay que no sirven, y hay a quienes les gusta y hay quienes al cabo de un tiempo deciden que eso no es lo suyo. El becario suele ser un joven investigador, recién salido de la facultad y no siempre está dotado para la investigación o incluso no le gusta. El atarlo directamente a la universidad no nos parece lógico y creemos que esto debe cambiarse.
La 320 refuerza y amplia los supuestos de desarrollo de actividades del investigador fuera de la universidad, exactamente en el mismo sentido que la última, en la que quiero hacer hincapié porque voy a terminar rápidamente.
La 328, se refiere a los desarrollos de las actividades investigadoras y su relación con las empresas de base tecnológica creadas a partir de sus investigaciones como instrumento para impulsar la transferencia de conocimiento desde la universidad a la actividad productiva, siempre previamente pactado con la propia universidad, de forma que esta participe en sus beneficios. Señorías, es ridículo que en estas empresas de base tecnológica creadas a partir de las propias investigaciones y del propio esfuerzo de estos profesores universitarios, ellos solamente puedan participar en un 10 por ciento y sin ninguna posibilidad de pertenecer al consejo de administración, porque es así el estímulo para crear estas empresas es totalmente nulo, y lo que conseguimos es que este profesor universitario o se vaya a otra parte a investigar o sencillamente se limite a investigar cómo es la hoja verde que salta del árbol el día 7 de diciembre. Esta no es la opinión de esta humilde senadora, que tiene por suerte o por desgracia un pequeño conocimiento sobre el tema, sino que viene rubricado por expertos universitarios responsables de políticas de investigación en nuestro país, que la tuvieron en otros, o que la siguen teniendo en la Unión Europea; estoy hablando de profesores como el doctor Mas Cullel, el doctor Nombella o el doctor Muñoz, que han explicado en esta misma sede en forma de jornadas o comparecencias su opinión sobre el tema. Creemos que este puede ser el paso más importante que
puede dar esta ley en el Senado. Espero que todos los grupos apoyen esta enmienda o una transaccional a partir de ella.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda para defender globalmente 24 enmiendas que van de la 116 a la 139.
En cualquier caso, si hay algún grupo parlamentario que ha cambiado su portavoz habitual, me gustaría que lo comunicase a la Mesa a los efectos de llamarle por su nombre.
Senador Maqueda, puede empezar cuando quiera.
Voy a ser también breve. Voy a anunciar, en primer lugar, que nuestro grupo va a retirar dos enmiendas, las números 131 y 137. Respecto la primera se ha llegado a unos acuerdos con otros grupos y respecto la segunda, pensamos que en este momento en el Senado no tendría razón de ser por razones técnicas. Por lo tanto, voy a defender de una manera global, como usted bien dice, el contenido de las 22 enmiendas que nuestro grupo mantiene vivas.
En la enmienda 116, en cuanto a la figura del rector, entendemos que debe flexibilizarse la elección y los poderes de este órgano, de manera que pueda establecerse un modelo que sea universal para cada una de las universidades del Estado.
En la enmienda número 117, en coherencia con la enmienda anterior, entendemos que debe regularse específicamente el papel de las comunidades autónomas en la materia objeto de dicha enmienda.
En la enmienda 118 hemos añadido un apartado tres a la misma en lo que se refiere a las funciones de evaluación y garantía de la calidad del profesorado en la universidad.
Es importante para nosotros también la enmienda número 119, en la que pretendemos ajustar el régimen constitucional del reparto competencial existente en el inciso 149.1.30, según el cual al Estado le corresponde la regulación de las condiciones de obtención, homologación y expedición de títulos, pero -y por eso la enmienda- a las comunidades autónomas les corresponden la aplicación ejecutiva de estas normas estatales. No debe ser el Estado, por tanto, el que se quede con todo ello.
En las enmiendas 120 y 121 lo que tratamos es de ajustar precisamente este artículo 149 a las condiciones de obtención, homologación, expedición de títulos, de las propias comunidades autónomas y a la aplicación ejecutiva de las normas estatales en esta materia.
La número 124 es una enmienda técnica, y en ella proponemos sustituir la expresión «fuera de la universidad» por la de «fuera del ámbito académico universitario», pues pensamos que es una redacción mejor.
También es importante para el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos la enmienda número 126, que hace referencia a las comunidades autónomas en las que coexistan idiomas cooficiales, para poder disponer en ese sentido de un instrumento retributivo y lograr así la normalización lingüística, que debe preocupar, por lo menos a las comunidades que tienen idiomas cooficiales.
La enmienda 127 tiene un objetivo doble, por un lado, tratamos de sustituir el término acreditación nacional por uno que a nuestro modo de entender se ajusta más a la realidad plurinacional del Estado español y que no es otro que el de «acreditación estatal». Repito, sustituiríamos la «acreditación nacional» por la «acreditación estatal».
Voy terminando. Otra enmienda importante para nosotros es la 133 en lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El Gobierno del Estado deberá desarrollar, como no puede ser de otra manera, un proceso de transformación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que comprenderá la transferencia de funciones y servicios del personal y de los medios correspondientes a aquellas comunidades autónomas con competencias educativas que así lo soliciten y que determinen por ley el régimen aplicable dentro del ámbito territorial de la enseñanza superior universitaria. Eso es lo que estamos demandando en esta enmienda 133.
Termino, señora presidenta, con la defensa de la enmienda 134, en la que tratamos de dejar constancia clara de la mecánica y procedimiento de gestión descentralizadora que se debe llevar en los registros de títulos, a tenor de la reiterada jurisprudencia constitucional que a este respecto se ha venido dictando.
La última enmienda es la 136. Ya se ha hablado esta tarde bastante de los titulares de escuelas universitarias, y tan sólo diré que nosotros tratamos de evitar la discriminación en el acceso a los cuerpos de titulares de universidad.
Sí quiero anticipar que nuestro grupo ha llegado en principio a un consenso con el resto de los grupos parlamentarios -no hemos tenido la ocasión de contrastarlo con el Grupo Parlamentario Popular- y pensamos que en este sentido podríamos alcanzar una transaccional que podría dar satisfacción a este colectivo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Maqueda.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.
Nosotros hemos presentado 69 enmiendas, pero ya avanzo que al finalizar entregaré a la Mesa las que vamos a retirar que, por cierto, son bastantes.
En la número 234 solicitamos que se añada lo que para nosotros sería la disposición adicional decimonovena. Lo remarco porque no he podido encontrar nuestra enmienda clasificada al final de la publicación.
Nuestro deseo es encontrar un redactado para proteger adecuadamente en el espacio Internet las denominaciones propias del ámbito universitario.
Retiramos la número 235.
En la enmienda número 236 proponemos una modificación en el apartado 7 del artículo único del proyecto de ley orgánica. Nos parece que el redactado es limitativo y por ello queremos que también se puedan comprender los centros de investigación de carácter privado sin ánimo de lucro promovidos o participados por una administración pública, que es el modelo adoptado en buena parte de los
centros de investigación promovidos en los últimos años por la Generalitat de Cataluña y algunos de ellos participados también por la Administración General del Estado, por ejemplo, el Centro de Medicina Regenerativa o el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer.
Retiramos la número 237.
En cuanto a la número 238, nosotros la vinculamos con la número 255.
Defenderé, por tanto, las dos a la vez. En la primera de ellas hacemos una modificación del título del artículo 11 para que se denominen «centros de educación superior adscritos a universidades.» Hacemos este cambio para que se pueda dar entrada a las convalidaciones -es ya la enmienda número 255- entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior, a las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica de Educación. Nos parece importante poder dar una concepción más amplia a los centros adscritos a universidades para que sean de educación superior y poder vincular la formación profesional a la universidad por medio de convalidaciones, para potenciar que accedan a carreras universitarias mayor cantidad de alumnos que terminan sus estudios en la formación profesional superior.
Retiramos las enmiendas números 239, 240 y 241.
Doy por defendida la número 242 sin incidir en ella porque aún dudamos si retirar una parte.
Retiramos las enmiendas números 243 a 254.
La enmienda número 255 ya la he explicado hace un momento.
La enmienda número 256 al punto treinta y seis del artículo único es de adición. En ella pedimos que la universidad apoye y promueva la dedicación a la investigación de la totalidad del personal docente investigador permanente. Queremos dejar claro ese principio.
La número 257 queda retirada.
La enmienda número 258 está también dentro del ámbito de las que calificamos como competenciales. En su justificación decimos que, de acuerdo con la doctrina constitucional, las comunidades autónomas tienen competencias de desarrollo en relación con los procedimientos de acceso a la universidad. Por eso a nosotros nos parece que las normativas básicas deberían tener un informe previo de la Conferencia General de Política Universitaria. En esta enmienda estamos abiertos a que haya una enmienda transaccional.
Retiramos la número 259.
La enmienda número 260, referida al artículo único, apartado cuarenta y tres relativo a las becas. Nosotros valoramos muy positivamente y consideramos muy importante cómo ha quedado este apartado en el Congreso de los Diputados. Le damos su valor como tal, pero para terminar de explicitar literalmente la Sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional deberíamos añadir al final del punto 2 del segundo párrafo lo siguiente: «...que permitan alcanzar criterios objetivos para distribuir los fondos correspondientes». No estamos hablando de cambios de rentas, sino de que, dentro de lo que le corresponda a cada comunidad autónoma, sean ellas las que puedan hacer territorialmente la distribución de los fondos que les correspondan. Nos parecería que eso ayudaría a concretar el buen acuerdo conseguido en el Congreso de los Diputados.
Retiramos las enmiendas números 261 a 273.
La número 274 se refiere a la lengua. Nosotros la vinculamos al artículo 35.2 del Estatuto de Cataluña, donde se establece que el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria. Pues bien, como estamos tratando de la enseñanza universitaria, pensamos que se debería dar un reconocimiento a esas lenguas y el conocimiento de la lengua correspondiente a cada comunidad autónoma debería ser un requisito en el momento de presentarse a los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
La número 275 es también de carácter competencial. Nos parece que debería ser la comunidad autónoma la que regulase las condiciones y el procedimiento para la concesión de excedencias. Ya que las comunidades autónomas tienen competencias en cuestiones de personal, debería establecerse también para la concesión de las excedencias.
De la número 276 a la número 282 quedan retiradas.
La número 283 se refiere a un apartado nuevo para suprimir la disposición adicional cuarta de la Ley. Nos parece que se deberían seguir los mismos criterios que establece la ley para todas las universidades, las públicas y las privadas.
Retiramos las enmiendas números 284 a 287.
La enmienda 288 se formula al artículo 1 y pretende añadir un punto nuevo para que el Gobierno y las comunidades autónomas puedan establecer programas de incentivos ligados a méritos individuales vinculados a su contribución en la mejora de la docencia, la investigación y la gestión.
Retiramos las números 289 y 290.
Respecto a la enmienda 291, correspondiente a la disposición adicional segunda, presentamos una redacción con el fin de encontrar una posible vía para adecuar a los profesores titulares de escuela universitaria al futuro Espacio Europeo de Educación Superior. Estamos abiertos a una posible transacción que ya se nos ha dado a conocer y nos parece óptimo que entre todos podamos conseguir el consenso más amplio posible. Desde luego, nosotros estamos dispuestos a alcanzarlo.
Retiramos la enmienda 292.
La enmienda número 293 corresponde a la disposición adicional sexta y pretende que se pueda elaborar un estatuto del personal docente investigador a través de un proyecto de ley para dar una solución óptima y quedar dentro de lo que, a nuestro juicio, es el marco de nuestro estatuto de autonomía. Según me han comentado, no es que no haya normativa; está vigente un real decreto sobre la materia y, si es así, nosotros estamos abiertos a hablar de ello para llegar a una posible transaccional.
Retiramos las números 294 y 295.
Presentamos la enmienda número 296 para modificar una disposición adicional decimoctava de la ley y añadir en ella una posible salida para los profesores estables o permanentes de los centros de titularidad pública de enseñanza superior, es decir INEF, creados con anterioridad a la incorporación a la universidad de los estudios conducentes al título oficial en ciencias de la actividad física y del deporte. Nosotros éramos conocedores de la realidad en Cataluña pero parece que existen otros casos en el resto del Estado, por lo que estamos abiertos a sumarnos a otros
grupos y llegar a una transaccional que no dé salida únicamente a los profesores de Cataluña sino a todos los que se encuentran en esta misma circunstancia.
Retiramos la enmienda 297.
Con la enmienda 298 creamos una disposición adicional nueva para desarrollar dentro del marco de la universidad y de forma conjunta entre el Gobierno y las comunidades autónomas la posibilidad de jubilaciones voluntarias para promover el rejuvenecimiento dentro de la universidad.
La enmienda 299 pretende hallar una solución para aquellos profesores con contrato administrativo de la LRU para que puedan permanecer en una situación regular dentro de la universidad en este momento.
Retiramos las enmiendas 300, 301 y 302.
Hasta aquí la presentación de nuestras enmiendas. No obstante, entregaré a la Mesa todas las enmiendas que vamos a retirar.
La señora PRESIDENTA: La presidenta también le agradece su intervención.
A continuación, procede defender las doce enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que van de la 140 a la 152. Tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ABAIGAR: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, voy a defender las doce enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista pero, además, voy a expresar aquellos acuerdos a los que hemos llegado con otros grupos parlamentarios, así como las enmiendas en proceso de transacción.
De manera introductoria quiero manifestar que hemos aceptado muchas enmiendas y que otras muchas están en proceso de transacción, y quiero explicar por qué esta buena disposición y porosidad hacia las enmiendas que han planteado otros grupos parlamentarios. De entrada he de decir que esta ley se construye sobre lo bueno de una ley anterior, y siento que no esté aquí el señor Abejón, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No es una ley ex novo sino de reforma de una anterior, ya que, tras su puesta en marcha a lo largo de cinco años, se han detectado elementos de corrección que se están procediendo a reconducir. Por tanto, insisto en que es una ley de reforma que pretende tocar aspectos que en estos cinco años se han visto que no han funcionado en la universidad.
Por eso, como he dicho al principio, este espíritu de reforma nos ha llevado a aceptar gran cantidad de enmiendas de otros grupos, incluido el Grupo Parlamentario Popular. Hemos aceptado todas aquellas enmiendas que potenciaran los ejes axiales de la ley, los elementos fundamentales como la autonomía; es decir, todo aquello que fuese a potenciar la autonomía en la universidad y la confianza en esta institución tan importante para nuestro país; en definitiva, autonomía y su correlato: la responsabilidad. Incorporamos todas aquellas enmiendas tendentes a abrir la universidad a la sociedad, es decir a las relaciones que debe tener la universidad con el mundo empresarial y con la sociedad civil; todo lo que tienda a facilitar los mecanismos que pongan en situación de efectividad la transferencia de conocimiento a la sociedad; todo aquello que tienda a mejorar la calidad de los profesores a través de los sistemas de acreditación; todo aquello que tienda a reforzar el valor de la evaluación, concretamente creemos que hay que potenciar la ANECA, un buen logro de la anterior ley; todo aquello que tienda a flexibilizar la estructura administrativa de la universidad y a hacer una institución que se adapte con mayor efectividad a las demandas de la sociedad; y todo aquello que introduzca elementos nuevos que han aparecido en estos cinco años en la sociedad española, en concreto la incorporación de los estudiantes al sistema de participación y de gobierno de la universidad y un elemento tan importante en la educación superior como es el deporte y, por supuesto, la igualdad de género. Estos son los ejes axiales o elementos fundamentales que plantea esta reforma y todas aquellas enmiendas que pretenden mejorar el texto en este sentido han sido aceptadas.
En principio, voy a expresar cuáles han sido las presentadas por el Grupo Socialista y, luego, me referiré a las que hemos admitido de otros grupos parlamentarios.
El Grupo Socialista ha presentado un total de doce enmiendas; siete de ellas son básicamente de carácter técnico y dos afectan a elementos más sustanciales.
Entre las enmiendas de carácter técnico cabe citar la número 141, que pretende mejorar la redacción del preámbulo en el sentido de introducir un elemento tan importante como es la formación en la universidad a lo largo de toda la vida. Entendemos que hay que abrir a cualquier edad y a todas aquellas personas que deseen acceder a una oferta cultural educativa la formación que plantea la universidad.
La enmienda 142 tiene que ver, sencillamente, con una mejor redacción gramatical que dote de mayor seguridad y claridad al texto.
La número 143 es una enmienda de supresión del enunciado del artículo 35 bis y, junto con la enmienda 144, persigue la supresión del artículo 35 bis, puesto que recoge lo mismo que ya se contempla en el 35.
En la enmienda número 145 se propone una nueva redacción y, por tanto, mayor claridad para expresar lo que dice el artículo 46, apartado 2, letra k), pues se entiende que la atención recibida por el estudiante no solo debe ser académica -lo que decía su anterior redacción-, sino también en otros aspectos que puedan ser relevantes en la formación universitaria del estudiante.
En la enmienda número 146 se propone una redacción en positivo respecto de una condición exigida a los ayudantes, pues no parece justificable incorporar requisitos negativos que puedan conculcar el principio de igualdad, en este caso en relación con los ayudantes a la hora de su contratación. La enmienda 147 es también una enmienda técnica que, sencillamente, añade dos comas, de tal manera que, con esta puntuación, la redacción aprobada por el Pleno del Congreso -que considerábamos incorrecta- ya es legible.
Finalmente, existen dos enmiendas más sustanciales, las números 149 y 151.
La enmienda número 149 tiene que ver con la introducción del sentido y el contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, que creemos debe ser tenida en cuenta a la hora de trabajar con los datos en la universidad. Es decir, se pretenden incorporar las previsiones de la regulación general de protección de datos de carácter personal a la
legislación universitaria, adecuando su normativa a las necesidades y características del servicio universitario. Este sería un elemento novísimo que ha aparecido en estos cinco años, que creemos relevante tener en cuenta.
La enmienda número 151 está abierta a posibles transacciones planteadas por otros grupos. En ella, y retocando la Ley 13/1986, se hace referencia a dos aspectos. En primer lugar, uno de obligado cumplimiento en relación con los científicos, que hace referencia a la interrupción del cómputo del contrato durante las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento durante el período de duración del contrato.
Pero lo más importante es la segunda parte de esta enmienda, que hace referencia a la contratación de los científicos. Este nuevo apartado persigue facilitar la incorporación estable del personal investigador de manera análoga a la regulación prevista en la LOU para el profesorado, así como desarrollar las posibilidades previstas en la Ley de Agencias.
Es decir, se trata de facilitar que los buenos investigadores obtengan la posibilidad de una regulación acorde a la del profesorado. Esto facilitará que los programas iniciados por el Gobierno anterior -concretamente, el programa Ramón y Cajal- encuentren una salida, así como cualquier otro programa que trate de desarrollar la investigación científica en nuestro país.
Retiramos la enmienda número 140, pues creemos que no tiene sentido tal y como está redactada, ya que el contenido de la misma está incorporado en el texto. También retiramos la enmienda número 150, pues creemos que la enmienda número 299 presentada por Entesa recoge de manera mucho más clara lo que aquí se trata de decir, esto es, la referencia a la situación de los profesores asociados, los de la LRU, y la posibilidad de darles una salida en este momento de transición. Lo mismo ocurre con la enmienda número 148, donde apoyamos lo expuesto en la enmienda número 331 presentada por CiU, pues consideramos más lograda la redacción presentada por este grupo parlamentario, que hace referencia al régimen de adaptación de los estatutos de las universidades privadas a la nueva situación.
Finalmente, hemos presentado una enmienda transaccional a la enmienda número 291 presentada por la Entesa, relativa a los titulares de escuelas universitarias, los TEU, que ha sido presentada a todos los grupos para que puedan asumirla; creemos que se trata de una redacción muy lograda y que dará una salida cabal a la situación de estos profesores. Tal y como la planteaba Entesa, la redacción quedaba un poco más reducida, por lo que hemos tratado de perfeccionarla. Con ello, y manteniendo el modelo de los objetivos que plantea la ley, se deja una salida mucho más positiva para este tipo de profesores, asegurándoles su posición y permitiéndoles también progresar. Esperemos que esta transaccional sea apoyada por todos los grupos parlamentarios.
Dicho esto, pasaré a continuación a decir cuáles son las enmiendas que apoyaremos de cada uno de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, apoyaremos las enmiendas números 3 y 14 presentadas por EA. De Izquierda Unida apoyaremos las enmiendas números 56, 64, 69, 86, 96 y la 99. Del Bloque Nacionalista Galego apoyaremos las números 110 y 109. Como he dicho, todas ellas tienden a mejorar aquellos aspectos fundamentales que la ley plantea. Con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria hemos llegado a una transaccional que luego comentaré. En cuanto al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, apoyaremos sus enmiendas números 124 y 125. Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, apoyaremos las números 234, 238, 256, 288, 298 y 299. De Convergència i Unió apoyaremos las enmiendas números 305, 308, 310, 315, 323, 324 y 337. A su vez, estamos tratando de cerrar varias transaccionales, concretamente, con EA, del Grupo Parlamentario Mixto, las números 4, 8, 26, 27, 29 y 35; con Izquierda Unida las números 62, 68, 93 y 97; del Bloque Nacionalista Galego las números 110 y 109; del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria la número 113; del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, las números 128 y 136 y del Grupo Popular las números 207 y la 219. El señor Abejón pedía que se transaccionara alguna, y ya tiene dos. De Entesa Catalana, las números 236, 255, 258, 291, 293 y 296 y de Convergència i Unió la 303, 314, 321, 328, 330, 331, 333, 334 y 336.
Quiero terminar mi intervención volviendo sobre el principio, insistiendo en el hecho de que esta es una ley de reforma de una ley previa, ley de la que durante estos cinco años se han comprobado aquellos aspectos que no han funcionado. Por lo tanto, no se trata en absoluto de una ley que haga tierra quemada. Así pues, éste proyecto de ley constituye un eslabón en la cadena de mejora de nuestro sistema universitario, que persigue que las universidades que quieran avanzar, que quieran mejorar su calidad, que quieran integrarse más en la sociedad, puedan hacerlo. Se trata de un proyecto de ley que, retocando aspectos que entendemos sensibles, permite que nuestro sistema funcione mejor.
No creemos que ésta sea la ley que vaya a cambiar la Universidad, pero sí la que la empujará, primero, hacia un mayor grado de competitividad y a la mejora del sistema interno universitario español, y segundo -y esto es muy importante-, para que pueda competir, para que pueda abrirse y alcanzar las mejores cotas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Urrutia.
A continuación corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular, en el que van a intervenir dos portavoces.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un total de 82 enmiendas.
Para defender el primer grupo, que va de la 152 en adelante, tiene la palabra la senadora Angulo.
Tal y como exponía nuestro portavoz en la defensa del veto del Grupo Parlamentario Popular, este proyecto de ley, que viene a modificar tras poco más de cinco años la Ley 6/2001, de Universidades, dista mucho de dar una respuesta a las nuevas cuestiones que van surgiendo, y más en un momento especialmente importante, como el actual, en plena incorporación de nuestro sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior.
Observamos en él, por tanto, importantes deficiencias, y en ese sentido podemos decir que representa una oportunidad perdida. Pero, además, introduce elementos preocupantes que suponen avanzar en la dirección contraria al punto al que, en nuestra opinión, debería dirigirse nuestro sistema de enseñanza superior, produciéndose sobre todo un debilitamiento de las garantías necesarias.
Y en esta triple orientación se enmarcan nuestras 82 enmiendas, en las que tratamos de incluir aspectos que la ley sencillamente olvida, de corregir la dirección a nuestro juicio equivocada de otros muchos aspectos que detallaremos, y de aportar las debidas garantías de calidad, de apertura y participación, y de una auténtica igualdad de oportunidades.
Trataré, pues, de argumentar a lo largo de mi intervención algunas de ellas, y concretamente las que se refieren a la primera parte del texto, y será mi compañero, el senador Laguna, quien haga lo propio con el resto.
En este primer grupo de enmiendas voy a intentar seguir más o menos el mismo orden argumental que hemos utilizado en la defensa del veto. El Grupo Parlamentario Popular ha manifestado reiteradamente, y en todos los ámbitos, nuestra preocupación por todas aquellas medidas que puedan conducir a un deterioro de la calidad de la enseñanza. Estamos convencidos de la calidad extendida a todos los ámbitos, es decir, con un carácter integral a enseñanzas y planes de estudios, a profesores, a docencia, e incluso a buenas prácticas de gestión. Entendemos que con la aprobación de la ley orgánica de educación, la calidad en el sistema universitario se verá sin duda dañada por un sistema educativo que en niveles previos representa justo todo lo contario de la calidad, y se hace si cabe más necesario asegurar al máximo otros parámetros que intervienen decisivamente en la calidad de la enseñanza universitaria, como son, por ejemplo, la selección del mejor profesorado y el mejor diseño de la estructura de titulaciones y planes de estudio.
Nadie duda de la alta correlación existente entre estos dos parámetros -profesorado y planes de estudio- con una máxima calidad de las enseñanzas. Pues bien, en materia de selección del profesorado, el Grupo Parlamentario Popular apuesta por un modelo completamente distinto al que propone la ley. En las enmiendas comprendidas entre la 193 y 197, ambas incluidas, apostamos por un modelo basado en pruebas públicas y competitivas que a nuestro juicio sí son capaces de garantizar la objetividad. Entendemos que la eliminación de esas pruebas públicas constituye el fin de un procedimiento homologado y homogéneo, y abogamos por el sistema de habilitación nacional que supone, sobre todo, la existencia de unas reglas del juego claras, objetivas y transparentes, y sobre todo, iguales para todos; algo que, como decía, no tiene nada que ver con lo que hoy se nos presenta en el proyecto de ley.
Hay voces muy calificadas que han planteado la posible inconstitucionalidad de lo que es una excepcionalidad en el acceso a la función pública y han advertido de las consecuencias absolutamente nefastas que podría tener para todo el sistema. Y pensando en la necesidad de esas garantías planteamos también en nuestras enmiendas cuestiones importantes relativas a la composición de las comisiones, como es, por ejemplo, la de fijar el sorteo como procedimiento para seleccionar a los miembros de las mismas. Eso sí ofrecería verdaderas garantías de imparcialidad, principio éste que se propugna en la ley. O como la de exigir que los miembros de las comisiones pertenezcan al área a la que pertenece el aspirante o afines, lo que entendemos ofrecería mayores garantías de profesionalidad, otro de los principios a los que dicen aspirar.
Las siguientes enmiendas de supresión, hasta la número 201, van en coherencia con estas motivaciones que acabo de señalar. En definitiva, y eso es lo que más nos preocupa, la nueva regulación va marcando de alguna forma una tendencia, y es una relajación en las condiciones y requisitos, así como una merma importante en las garantías. Ya no se exigen tres años de antigüedad como profesor titular de universidad para poder acreditarse como catedrático ni se exigen períodos mínimos de actividad investigadora en otros momentos. Tampoco se exige ya -y ahí va dirigida nuestra enmienda número 189- tres años de actividad docente e investigadora post doctoral a los contratados doctores, e incluso se deja que la composición de las comisiones de reclamaciones se determine vía reglamentaria; ya no se exige que sean catedráticos de universidad, y eso sí, se establece el silencio negativo una vez transcurridos los tres meses sin que haya habido un pronunciamiento sobre la reclamación.
Así pues, tal y como ya he dicho, nosotros entendemos que una verdadera apuesta por la profesionalidad, por la imparcialidad, por la objetividad, y desde luego, por la transparencia requiere de garantías en los procedimientos y en la composición de las comisiones que esta ley no puede omitir, y en ese sentido van nuestras enmiendas.
El segundo gran tema que nos preocupa en esta ley referido a la posible merma en las garantías de calidad es el mapa de titulaciones, en el que se ha venido trabajando desde la anterior legislatura y también en lo que llevamos de la presente. Se trata de un mapa en el que estaba trabajado el Gobierno actual -o al menos eso nos dijeron- hasta este mismo verano, pero ahora mismo el mapa de titulaciones prácticamente ha desaparecido de la enseñanza universitaria. En todo caso la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior -y así se indica en el decreto de títulos de grado- tiene como objetivo la adopción de un sistema de titulaciones flexible, comprensible y comparable que promueva oportunidades y promueva también -eso no lo dice el texto, pero es fácil deducirlo- la movilidad de estudiantes y trabajadores.
Lo que hacemos, pues, en nuestras enmiendas números 173 y 174 no es otra cosa que apelar a la responsabilidad del Gobierno para que cumpla con su obligación de proceder a la regulación de los títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional. Entendemos -y lo explicaba también el senador Abejón en la defensa del veto- que esta desregulación que se produce no es, en primer lugar, completa; es decir, que va a haber catálogo para aquellas profesiones reguladas y no lo va a haber para el resto. Y se nos decía en las comparecencias que lo que no puede ser es que haya catálogos por un lado y que no los haya por otro, porque eso es absolutamente nocivo y deja un campo sembrado de incertidumbres. Nos hablan de otros títulos en el artículo 34.1 que no se vuelven a mencionar; no sabemos qué títulos son esos. No se dice nada sobre las
condiciones para su inscripción, nada sobre su validez, nada sobre su oficialidad y nada sobre si tienen algún nivel, aunque sea mínimo, de troncalidad. Es incongruente, como también se ha dicho ya, con el sistema de cualificaciones de formación profesional y deja otra vez en evidencia, como decía, la absoluta indefinición y la falta de criterio que hay en el ministerio sobre el tema.
Recuerdo también que el 23 de mayo se aprobaba una moción en esta Cámara con el apoyo de tres grupos parlamentarios en la que se instaba al Gobierno a que presentara la relación completa de títulos oficiales con sus fichas técnicas en el año 2006. En ese momento esa moción era consecuencia de una interpelación a la actual ministra de Educación, señora Cabrera, y en ningún momento se nos dijo que no hubiera intención de presentar el catálogo de títulos o que hubiera intención de dar un giro de 180 grados y pasar del catálogo al registro algo que no tiene nada que ver. Por lo tanto, ha habido un cambio total de criterio que no entendemos a no ser que lo que realmente ocurra, que es lo más preocupante, es que haya una ausencia total del mismo y se esté pensando en cambiar otra vez dentro de unos meses.
Todo este tema del registro representa -como decimos- una dejación de funciones que el artículo 149.1. 30 de la Constitución atribuye al Estado. Se están, de alguna manera, cediendo competencias por la vía de los hechos y se está -como digo- desregulando el tema. No se tienen para nada en cuenta los dos parámetros que ofrecen garantías de calidad, como son los referentes internacionales y las competencias profesionales. El Partido Socialista nos dice que se ha escuchado a los rectores, pero los presidentes de las subcomisiones que han trabajado intensamente en la estructura de títulos nos dicen con toda contundencia que es muy importante fijar las competencias profesionales. En eso no les han escuchado.
El tema del registro no ofrece tampoco ninguna garantía de que los títulos sean comparables ni de unos conocimientos científicos mínimos ni ofrece ninguna garantía de que el plan de estudios proporcione las competencias necesarias que demanda el sector productivo. No hay tampoco garantías sobre los criterios que determinarían la suspensión o la revocación de un título en el caso de que se incumplieran las directrices. Si hay títulos en los que no hay ni siquiera directrices, ¿qué directrices se van a incumplir? A esto alude nuestra enmienda relativa al artículo 35.7 o al artículo 35 bis.
¿Qué garantías de calidad ofrece, por tanto, la reforma en este aspecto? A nuestro juicio, absolutamente ninguna. Por eso, en las enmiendas 173 y 174 defendemos lo que hemos defendido siempre, que es necesario definir unas reglas del juego claras y transparentes que permitan a los estudiantes saber con claridad si están cursando o no un título oficial, qué validez tiene y cuál es el nivel de troncalidad, que les permita tener la certeza de que es comparable y que les dé unas posibilidades reales de movilidad o que les permita tener la certeza de que están adquiriendo las competencias profesionales necesarias para incorporarse al mercado de trabajo con las debidas garantías.
Hay, además, en estas enmiendas otros dos aspectos que me gustaría destacar. En la enmienda 176 está la posibilidad de que sean las necesidades formativas las que determinen la duración de los grados y no una decisión política estableciendo 240 créditos para todos.
En la enmienda número 173 planteamos incluir el desarrollo de enseñanzas que proporcionen una formación a lo largo de la vida y un tema que cada vez es más importante y necesario: las enseñanzas para mayores.
Al principio de mi intervención me referí a un segundo grupo de garantías, a las garantías de presencia de la universidad en la sociedad y viceversa. A lo largo de esta comisión se ha hablado repetidas veces de la necesaria rendición de cuentas o la necesaria asunción de responsabilidad que implica el principio de autonomía. A nuestro juicio, si algo se observa en esta ley es que tanto la vinculación recíproca de la universidad con la sociedad como los mecanismos de rendición de cuentas se debilitan, muy al contrario de lo que se propugna.
Voy a destacar hasta cinco aspectos en los que consideramos que se produce este debilitamiento a los que hemos presentado enmiendas para corregir lo que consideramos una dirección equivocada. En primer lugar, ya se ha dicho que no tiene ningún sentido la desaparición del Consejo de Coordinación Universitaria y por eso, en las enmiendas comprendidas entre la 168 y la 171 abogamos por el mantenimiento de lo que entendemos que es un punto de encuentro fundamental de todos los agentes intervinientes en el sistema universitario. Hay tres razones muy claras. Una, el Consejo ha demostrado su eficacia como punto de encuentro. Dos, que es necesario mantener la estabilidad de las instituciones. Y tres, que hay que decir qué sentido tiene separar el Consejo de Coordinación Universitaria en un órgano estrictamente político y otro estrictamente académico si antes de aprobar la ley se está reconociendo la necesidad de un órgano que coordine esos dos órganos o subórganos.
En una enmienda de Convergència i Unió se planteaba ya la necesidad de crear un Consejo asesor y se está haciendo en la propia ley porque en el artículo 28, apartados c y d respectivamente, se encomienda al Consejo de Universidades asesorar a las comunidades autónomas en materia universitaria o formular propuestas. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la racionalidad porque, además, el Consejo de Coordinación Universitaria permitía ya en la LOU -y así lo planteamos en nuestras enmiendas- la creación de dos comisiones en su seno: una general de política universitaria y otra académica. A esto se refiere la enmienda número 170 e, incluso, se deja la posibilidad de crear otras en el caso de que fuera necesaria mayor coordinación. Junto con la desaparición del Consejo de Coordinación Universitaria desaparecen -y nos preocupa también- las personalidades de la vida académica, científica, cultural, profesional, económica y social designadas por Congreso y Senado. Es una presencia a la que no debemos renunciar. En este sentido la enmienda 169 incluye nuevamente esa presencia de miembros designados para las Cámaras legislativas.
Hay otras enmiendas relacionadas con el Consejo de Coordinación Universitaria que se limitan a modificar la referencia a alguno de los dos órganos por una referencia al propio Consejo, como es el caso de la 172, 154, 156, 175, 179, 180, y 186.
Otra merma que se produce es el papel de los consejos sociales. Hay un retroceso en las atribuciones quedando en
varios casos el Consejo social relegado a ser oído en lugar de adoptar decisiones y el número de miembros del Consejo social presentes en el Consejo de gobierno pasa de ser de tres por disposición legal a un máximo de tres y cuando lo determinen los estatutos, es decir, que podría llegar a ser ninguno. Es incomprensible que esa presencia en el Consejo de gobierno pueda sencillamente desaparecer máxime cuando en el Consejo social hay hasta seis miembros del Consejo de gobierno.
Si hablamos del artículo 15 de la LOU, concretamente del apartado tres, he de referirme a la enmienda número 216 que trata sobre la necesidad de contar con la audiencia del decano o del director antes de adoptar una resolución sobre un centro. No entendemos tampoco que sentido tiene poner a las universidades a revisar el modelo de elección del rector ni que problema tiene el sistema de elección actual, el sufragio universal con voto ponderado. Es un procedimiento que cuenta con la aceptación y respaldo de la comunidad universitaria. Eso es lo que planteamos en las enmiendas comprendidas entre la 161 y la 164.
En un cuarto apartado dentro de esta merma de garantía de participación vemos como esta ley fomenta tendencias al localismo. Buen ejemplo de esto es el artículo 41.2, apartado g, donde se añade el inciso: Prestando especial atención a la vinculación con el sistema productivo de su entorno, inciso que ya hemos señalado que no compartimos en absoluto y que en la enmienda número 177 proponemos sencillamente eliminar.
Un último ejemplo del empobrecimiento de nuestra universidad lo encontramos en la desaparición de la figura del profesor colaborador.
Nosotros abogamos por mantener esta figura y de ahí las enmiendas 185 y 188.
En un tercer bloque me referiré a un tercer tipo de garantías que, a nuestro juicio, esta ley no ofrece y son las garantías de igualdad de oportunidades. Existen en esta modificación varias referencias a la presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Nosotros consideramos -y así lo hacemos constar en nuestras enmiendas- más apropiado indicar que sean los estatutos las normas aplicables y que en cada caso se garantice el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución.
Es -como digo- la propia Constitución la que garantiza el principio de igualdad por razón de sexo y no se requiere, desde luego, de nuevas estructuras burocráticas, como son esas unidades de igualdad que proponen en la disposición adicional décimo segunda, cuya creación plantean y que, desde luego, no consideramos necesarias. Por eso, formulamos nuestra enmienda 226 de supresión.
Si creemos en la igualdad, apostemos por ella. Si de verdad creemos que es necesario eliminar todas aquellas barreras, como decían, que dificultan el acceso al sistema universitario o que impiden que haya una efectiva igualdad de oportunidades, no entendemos por qué en otros momentos de la ley se levantan otras barreras de tipo territorial o lingüístico. ¿O no es introducir barreras la enmienda introducida en el artículo 6.2 sobre el conocimiento suficiente de las lenguas cooficiales? Nosotros sí aportamos por eliminar barreras y de ahí la enmienda número 152. ¿O no es poner barreras lo que hacen con el sistema de becas en el artículo 45? ¿Qué sentido tiene poner unas barreras de tipo territorial o la atención a las peculiaridades territoriales cuando, a nuestro juicio, el único criterio debe ser la renta de las personas? Si de verdad apostamos por la igualdad de oportunidades, entendemos que debemos eliminar las barreras, pero de todo tipo. De ahí las enmiendas 181 y 182.
También solicitamos su apoyo para la enmienda 183, en la que proponemos la exención total del pago de precios públicos por la prestación de servicios universitarios y también por la expedición de títulos a todos los miembros de familias numerosas no solo a las denominadas de categoría especial, sino también a todas las personas con discapacidad. Eso, señores portavoces, entendemos que sí es una eliminación de barreras y es una verdadera apuesta por la igualdad de oportunidades.
Termino ya. Hablando de eliminación de barreras y de igualdad de oportunidades para necesidades concretas de quienes tratan de compatibilizar su actividad académica y laboral o de quienes residen en lugares donde no existe un gran número de titulaciones y tienen dificultades para desplazarse a otros sitios a estudiar, entendemos que también es importante en esa eliminación de barreras, en este caso físicas, las enseñanzas no presenciales y a distancia. Es una realidad que esta ley no puede omitir y debe contemplarse -y así lo señalamos- en la enmienda 153, al hablar de centros y estructuras, o en la 158 o en la 215, donde se plantea la posibilidad de centros propios o adscritos.
Tenemos que hablar de la UNED, y termino, señora presidenta. En la enmienda 218 planteamos una enmienda de adición, que pretende determinar los principios de organización y funcionamiento. Es importante el reconocimiento de la existencia de centros propios y centros asociados, que se pueden establecer vía convenios, y es importante también la posibilidad de establecer centros asociados fuera del territorio nacional, y se refiere además a la colaboración con el Instituto Cervantes.
Termino. El portavoz del Partido Socialista decía que nos apoyaban dos enmiendas. Apelo a esa -creo que lo ha llamado así- porosidad, a esa buena disposición y le pediría el apoyo para algunas más. Estamos hablando de cuestiones importantes, de cuestiones para colectivos como son los discapacitados, como son las familias numerosas; estamos hablando de aspectos muy importantes en lo que es la mejora, como usted decía también, y el avance en la enseñanza universitaria, en nuestro sistema universitario y entendemos que hay muchas otras enmiendas que tienen muchos aspectos positivos y si su posición es negativa, deberían reconsiderarla.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Angulo.
A continuación, tiene la palabra el segundo portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Jesús Laguna.
El señor LAGUNA PEÑA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores senadores, arratsalde on denori. En primer lugar, tengo que decir que leo al señor Pezzi con mucho interés porque sus intervenciones a veces me sirven como preámbulo de algunas de las palabras que tenía pensado decir. Me reservo un poco el preámbulo porque
me lo suele dar el señor Pezzi. Él ha hablado de que la verdad es compartida, que la verdad no está nunca en un lado, que no es patrimonio de nadie. Esperemos y esperamos que así sea. Estamos ante una ley que es un avance de la ley de 2001, que ya tiene cinco años.
Al señor Urrutia le agradezco este reconocimiento que ha hecho de que se trata de una ley de reforma, no de una ley ex novo y que era una pena que no estuviera el señor Abejón. También digo que es una pena que no estuviera el señór Pezzi, porque muchas veces parece que todo lo anterior es barrible y desechable.
También tengo que decir que a veces la innovación por sí sola no vale.
Innovamos porque hay que innovar, no vale que nos pase como con el estudio que acaba de publicar la Fundación Santa María, dirigido por don Álvaro Marchesi, donde se nos revela que un 67 por ciento del profesorado volvería a la Ley General de Educación de Villar Palasí. No hay que pensar que ese 67 por ciento del profesorado sea franquista, sino que ven que se ha renovado el sistema educativo, pero que quizá se ha caído en unas carencias que estaban puestas y que quizás por ese afán de renovación se han ido perdiendo estos datos.
Voy a empezar, aunque sea ir hacia atrás, por el Título III, del gobierno y representación de las universidades, porque, como voy a hablar algo de las universidades privadas, en su capítulo II se habla de este tema. Aquí sí que quiero empezar con algo que ha manifestado el señor Pezzi, y con lo que estoy de acuerdo, y es que en la autonomía universitaria no nos vale la desconfianza -ha dicho textualmente-, que es uno de los lastres de este país.
Pues bien, nos encontramos en el proyecto con que a la universidad privada se le priva de algo tan elemental como es la libertad, que es un valor jurídico superior que está contemplado en la Constitución, es decir, la libertad de enseñanza comprende el derecho de creación de centros, el derecho de dirección, el derecho de organización y todo esto dentro de los principios constitucionales, dentro de un ordenamiento jurídico y sin más cortapisas que las que conculquen los valores y los principios constitucionales. Incluso se llega a poner en el proyecto cómo en dichos órganos se asegurará una participación adecuada, en nuestra enmienda se habla de ello, pero ¿cuál es la participación adecuada?, ¿quién marca esa participación adecuada? ¿A quién se la marcan y siempre que haya una paridad masculina y femenina?
Lo mismo ocurre en lo que se refiere a la determinación o a la toma de decisiones de naturaleza estrictamente académica. También se dice cómo tendrá que ser esta toma de decisiones cuando sea algo académico. En cuanto a esta decisión, que corresponde a los que son de la universidad, lo que se puede es -y así lo ponemos nosotros- oír al órgano consultivo en el que estén representados los docentes y no quiere decir que en una universidad privada, si lo desea, no sea solo oído el órgano consultivo, sino que además sea una consulta vinculante. Nosotros no somos quienes tengamos que decir a una universidad privada, dentro de la libertad que le ampara dentro de la Constitución, cómo tiene que ejercer esto.
Es verdad que estamos ante unas universidades competitivas y hay que confiar, dentro de la autonomía de la universidad, que una universidad por privada que sea, salvo que partamos de la desconfianza previa, lo que quiere es funcionar y lo que quiere es funcionar muy bien, ser competitiva y tener alumnos, en una época en la que no andamos sobrados de alumnos. Por lo tanto, esta desconfianza a priori para ver cómo hace usted las cosas es un atentado a lo que sería esta libertad de enseñanza.
Por eso, nosotros hemos presentado esta enmienda al Título III, dejando a la universidad privada esta libertad.
Al Capítulo II tenemos una parte destinada a las universidades privadas.
Se trata del profesorado y aquí también aparece en el artículo único 72 la obligatoriedad de que el 50 por ciento de los profesores de las universidades privadas tengan que ser forzosamente doctores y que un 60 por ciento de estos profesores tengan que tener la habilitación. Aunque es verdad que han pasado cinco años, todavía no se puede decir que haya datos constatables de que esta haya sido una medida empobrecedora de las universidades privadas, pensamos que sería conveniente dejar como estaba la antigua redacción de un 25 por ciento de profesores.
También presentamos la enmienda 205, donde se añade un apartado tres y donde en el proyecto no se admite la compatibilidad entre los profesores funcionarios de universidades públicas y profesores en universidades privadas. Nosotros pensamos que esto empobrece a la universidad, es decir, que si una universidad privada puede beneficiarse también, no la universidad en sí sino los alumnos que van a esa universidad privada, de las excelencias que puede tener un profesor que está dispuesto a impartir su docencia y su investigación en esa universidad privada, nos parece que es una cortapisa que no tiene sentido, ya que tenemos que buscar la excelencia en todas nuestras universidades, en las públicas y en las privadas.
Por lo tanto, debería desaparecer esta incompatibilidad entre los profesores. En este sentido, Convergència i Unió ha presentado una enmienda en la que admite la compatibilidad a tiempo parcial de los profesores funcionarios en una universidad pública y de los profesores de las universidades privadas.
Dentro del capítulo dedicado a las universidades públicas y, por lo que se refiere al profesorado, hemos presentado dos enmiendas. Así, el proyecto de ley señala que el Gobierno, además de las dotaciones de sueldo normales, puede establecer gratificaciones especiales por determinadas actuaciones o servicios y, desde nuestro punto de vista, esta actuación del Gobierno debe quedar reflejada en los Presupuestos Generales del Estado. Nos parece que puede ser muy justo que el Gobierno compense determinadas actuaciones y servicios de investigación, etcétera, pero es importante que estos incrementos se plasmen en los Presupuestos Generales del Estado.
En la enmienda número 203 proponemos que aquellos funcionarios de los cuerpos docentes que estén en situación de supernumerario, de excedencia voluntaria o en situaciones a extinguir, puedan también someter a evaluación toda su labor investigadora aunque, naturalmente, todos los efectos económicos de esta actuación sólo se reflejen cuando se incorporen al servicio activo en las universidades. Asimismo, y con los mismos efectos, que aquellos que no sean funcionarios pero hayan obtenido la acreditación para catedráticos de universidad, etcétera, y
aunque estén en situación de excedencia, puedan también pasar esta evaluación de los servicios de investigación, aunque los efectos económicos no se aprecien hasta el momento de su reingreso.
Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, el Título XI es muy importante. En este sentido, quiero retomar las palabras del senador Pezzi, cuando decía que Europa es un territorio puntero y que España tiene que ser un país puntero dentro de ese territorio. Todos estamos de acuerdo con esta opinión del senador Pezzi y todos creemos que debe ser así, que también todos tenemos que luchar para que realmente se alcance esa meta; no es suficiente con decirlo porque, de esa manera, puede quedar en nada. De alguna manera, me ha recordado a un boxeador de mis tiempos, José Legrá, que cuando salía al cuadrilátero siempre decía que era el mejor; yo también puedo decir que soy el mejor, pero tengo que demostrarlo. Por ello, el hecho de decir que estamos en una Europa puntera y que vamos a ser un país puntero dentro de esa Europa no es suficiente. Como tampoco lo es que se dedique poco más de seis líneas a un capítulo tan importante como el del régimen económico y financiero de las universidades. Desde mi punto de vista, es importantísimo que tengamos en cuenta este apartado porque, desde luego, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades tiene que asumir el impacto económico de los costes derivados de la incorporación de nuestro sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior. Se nos llena la boca cuando hablamos de que estamos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y, dentro de cuatro años, con la totalidad de derechos y obligaciones, pero quizá no nos interesa tener en cuenta que esto conlleva unos costos.
Por ello, a pesar de que nuestras universidades estén preparadas, que tengan voluntad de seguir adelante, que quieran competir y que estén convencidas de que, además, no les asusta la competencia, naturalmente, tienen que jugar dentro de sus posibilidades con los recursos suficientes para no convertirse en las universidades pobres. Sólo con voluntarismo no seremos capaces de ponernos a la altura de los demás países europeos dentro de este espacio. Por eso, mi grupo parlamentario propone que, en el año 2012, se sitúe el gasto universitario de España en la media de los países de la OCDE. Creemos que tenemos que establecer metas, con el fin de que podamos decir que las universidades públicas tienen autonomía económica pero, además, deberán disponer de recursos y el Gobierno, en el presente año, deberá aprobar con el mayor acuerdo posible de las comunidades autónomas un modelo de financiación de las universidades públicas.
Nos parece que ésta es una propuesta importantísima y que no es un detalle que pueda pasar desapercibido porque todos sabemos que si no nos tomamos en serio la financiación, podremos decir que sí estamos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, pero nos va a ser muy difícil competir dentro de este Espacio Europeo de Educación Superior.
Por lo que respecta al artículo único setenta y siete, sobre la colaboración con otras entidades o personas físicas, coincidimos prácticamente con Eusko Alkartasuna y Convergència i Unió. El PSOE ha señalado que es una de las dos enmiendas que va a admitir y, por ello, dado que nos va a admitir dos enmiendas, estamos muy contentos y podremos tirar cohetes en cuanto termine esta sesión. Sin embargo, he de decir al senador Urrutia que su intervención me ha dejado una sensación agridulce.
(El señor Urrutia Elorza: ¿Cuál de ellos?) Me refería al señor Urrutia Abaigar. Insisto en que me ha dejado una sensación agridulce porque, por un lado, ha admitido dos enmiendas, y si lo hubiese hecho después de mi intervención hubiera pensado que le había convencido o que tenía cierto poder de seducción, pero como lo ha dicho antes, realmente me he dado cuenta de que me podía haber ahorrado todo lo que estoy diciendo ahora.
Por ello, no me puedo atribuir ningún poder de convencimiento al senador Urrutia. En cualquier caso, el portavoz de mi grupo parlamentario decía que se sentiría muy satisfecho si se aceptaban dos enmiendas y, por ello, me alegro, aunque no haya sido porque yo le haya podido convencer.
Por lo que se refiere a la enmienda número 208, que propone la adición de un nuevo artículo 90, relativo al deporte y la extensión universitaria, no entendemos por qué han desaparecido los Campeonatos de España Universitarios. No sabemos si es que existe cierto miedo a hablar de Campeonatos de España, pero lo cierto es que se trata de algo que ha venido funcionando desde hace mucho tiempo, que funcionaba bien y en lo que las universidades tenían ilusión. Es posible que en otros niveles de la educación, como en el caso de la Primaria o la Secundaria, no se considere positiva esa competitividad, pero en el ambiente universitario se vivía con pasión, con ilusión y no sólo por el deporte sino por el intercambio de experiencias y de pareceres que casi lo convertían en una universidad abierta, que ha desaparecido. Por ello, solicitamos que se mantengan los Campeonatos de España Universitarios.
Estoy de acuerdo con casi todas las opiniones del señor Pezzi, pero también existen algunas discrepancias, como cuando ha dicho que la mezcla del Consejo de Coordinación era explosiva. En este sentido, tengo que decir que he participado durante cuatro años como consejero de Educación y Cultura de una comunidad autónoma y, desde mi punto de vista, era enriquecedor. Como consejero tenía oportunidad de conocer la opinión de los rectores de las universidades de Navarra, de la pública y de la privada, pero aún así, este Consejo me permitía asimismo conocer las posturas de otros rectores, que podían ser distintas y contrastarlas con la visión política, la visión autonómica y la visión parlamentaria. He de decir que mi experiencia en el Consejo de Coordinación ha sido altamente positiva y que, además, me ha servido para constatar que los problemas no se centraban exclusivamente en la autonomía a la que representaba, sino que el enfoque era mucho más ancho y que no piensa igual un rector que un político de Madrid o que el político responsable de la autonomía. En este sentido, discrepo totalmente de lo que ha dicho el senador Pezzi, porque, por esa regla de tres y por lo de la mezcla explosiva, a lo mejor tendría que desaparecer incluso hasta este Senado y pertenecer todos a un partido único. Así nos llevaríamos todos de maravilla y no habría espectáculos como el del pasado miércoles. Pues eso.
Quizás también enriquece a todos para saber cuáles son nuestras posiciones y qué piensa el otro que no piensa como yo -si no, seríamos todos el mismo-. Por eso,
quiero puntualizar que, personalmente, el Consejo de Coordinación me valió de mucho en mi visión de los problemas, las soluciones y los enfoques que había que dar a las universidades.
Otro tema muy relevante, como ya ha sido señalado, es el relativo al artículo único, ochenta y cuatro a la disposición adicional vigésima: el registro de universidades, centros y títulos. Nosotros somos partidos, como expresamos en nuestra enmienda, de inscribir tanto los títulos oficiales como los propios. El senador Pezzi dice que todo es cambiante.
En mi opinión, si lo que es cambiante no lo podemos regular, tal como vamos en esta sociedad, vamos a tener que regular muy poco o quizás nada.
Por ejemplo, si resulta que las señales de circulación empiezan a cambiar porque una autonomía así lo decide, abandonamos el Código de la Circulación. ¿Y quién pondría orden en aquel batiburrillo? Por ejemplo, los responsables de educación hemos estado luchando para poder sacar a la luz a las academias que prometen lo que no dan, para que pueda verse que lo que en ocasiones están haciendo es timar a la población. Estamos en una sociedad garantista tanto por lo que se refiere a alimentación, como a servicios. Sin embargo,decidimos dejar sin arbitrio a la universidad: la que funciona bien, continuará así; la que consiga prestigio, lo mantendrá; y a quien le han engañado, que no se deje engañar una segunda vez.
Creo que no se puede dejar al albur de ver cómo sale y de la responsabilidad de cada cual algo tan importante como una homologación de títulos, y para ello se requiere la inscripción de títulos oficiales y propios. Si voy a mandar a un hijo a la universidad, me interesa saber dónde se mete, qué quiere hacer, cómo esta catalogado eso, y, si se cambia, qué ocurre con ese título. Podría resultar que fuera un título de la universidad próxima a mi domicilio pero que no puedo encontrar en el resto de España o Europa, porque se trataba de colocar a tres personas que se habían quedado con un bajo horario y así se las compensaba de alguna manera.
Me parece que no se trata de un tema político de menor importancia, ni de que el Partido Popular pretende su consecución porque quiere tener amarrado todo, hasta el último extremo, sino que, si estamos siendo garantistas hasta para comernos un yogur hoy día, en este caso no podemos partir de la buena fe, de confiar en que se proyecte bien, de que se enfoque bien y de que valdrá para mucho. Me parece que no estaría de más que se reflexionara sobre la importancia que puede tener la inscripción de los títulos oficiales y propios en un registro oficial.
Respecto de la enmienda número 211, no voy a argumentar su defensa, porque coincide exactamente con otra del Grupo de Convergència i Unió. No obstante, quiero subrayar la importancia de la integración en la universidad del alumnado con discapacidad, que debería tener un tratamiento específico. Se nos llena la boca al hablar de los discapacitados y de las ayudas sociales que hay que prestarles, pero, cuando llega la hora de la verdad y hay que determinar esas ayudas en una ley universitaria. Aparte de saber que hay que procurar quitarles las escaleras, no regulamos nada. Pero eso sí, hay que regular el tratamiento que hay que dar al rector; ¡eso sí, por Dios, no vaya a ser que se nos olvide que es magnífico rector!.
A pesar de ello, no estamos en contra de la redacción que figura en el proyecto, puesto que la contemplamos en el punto tercero de la enmienda: las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria dispongan de los medios necesarios que aseguren la igualdad. Pero creemos que no es suficiente. Si de verdad queremos que esta cuestión tan importante, de tanto calado social se regule en una ley de ordenación de las universidades, no será suficiente con la consideración de «promoverán». Por eso, nosotros decimos «Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de los estudiantes.» Los estudiantes y los demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad no podrán ser discriminados por razón de su discapacidad, teniendo en cuenta para ello que se adecuen los edificios, las instalaciones, incluso los espacios virtuales y los entornos universitarios, además de tener derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario. Es decir, perseguimos el establecimiento de medidas reales, no solo buenas voluntades. Se promoverán acciones. ¿Qué acciones? ¿Qué queremos hacer con los discapacitados? ¿Cómo les reconocemos ese mérito extra que hacen para integrarse en la sociedad, incluso a los más altos niveles? Es una enmienda, igual que otra del Grupo de Convergència i Unió que va a salir adelante. Y siento que el Grupo Parlamentario Socialista, sabiendo que saldrá adelante, no la haya apoyado, porque se trata de una cuestión de gran sensibilidad y alto valor social. (El señor Urrutia Abaigar hace signos afirmativos). Sí la han aceptado, aunque tampoco ha sido por mi poder de convicción.
En la disposición adicional vigesimosexta se habla de la participación del personal de las distintas escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las comisiones de evaluación. No sabemos por qué se han eliminado en el proyecto, es decir, a los profesores y al personal de las escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas no se les permite pertenecer a unas comisiones de evaluación. En nuestra opinión, tienen méritos suficientes para poder asistir, en las condiciones que se establezcan, a estas comisiones.
En cuanto a los actuales profesores ayudantes doctores, solicitamos que continúen con los actuales contratos, aunque modificándose su duración, es decir, acomodándolos a lo que figura en el proyecto de ley, con un plazo no inferior a un año ni superior a cinco años.
La disposición adicional décima, sobre los habilitados, nos parece importantísima porque, si se adopta el modelo de acreditación, parece de justicia, parece razonable, parece necesario, parece inevitable que quienes resultaran habilitados, conforme a la Ley de 2001, de 21 de diciembre, se integraran en los cuerpos docentes para las especialidades que fueron habilitados en situación de expectativa de destino, sin retribución, hasta la obtención de la plaza. Nos parece que no se les puede dejar tirados, como si no hubieran hecho absolutamente nada, cuando en el momento oportuno, con la legislación vigente, consiguieron la habilitación. No parece razonable que sean paganos de una situación y un cambio, que no tiene por qué afectarlos.
Presentamos también una enmienda respecto a la disposición adicional decimotercera, sobre la acreditación de
los investigadores del Programa Ramón y Cajal, a fin de que sea tenida en cuenta la evaluación positiva de su trabajo de investigación.
Asimismo, presentamos para su aprobación una disposición adicional decimotercera, solicitando un plan de formación para la adecuación al espacio europeo de los PAS. Al fin y al cabo, un profesor pensará que conoce bien su asignatura y, a poco que sea inquieto, investigará en cantidad de foros y diversas formas para adecuarse, pero, naturalmente, los PAS también habrán de participar en esa adecuación, que va a ser verdaderamente complicada, para lo que pedimos un plan de formación, con el objetivo de que este personal no se quede totalmente fuera de juego, si queremos ir al unísono en esta marcha.
Finalmente, respecto a la disposición transitoria segunda y la referencia a la contratación de profesores colaboradores de forma excepcional, entendemos que debe tratarse de un lapsus. No estamos de acuerdo en que se hable de contratación excepcional, porque la contratación es o no es, pero tampoco que se hable solo de diplomados y arquitectos técnicos. Tan excepcional debiera ser si se tratase de un diplomado o un arquitecto técnico como de un licenciado, etcétera. Por tanto, no sabemos si ha sido un error, pero, de cualquier manera, no nos gusta que sea excepcional. Y en todo caso, queremos que conste que, si puede ser un diplomado, también un licenciado y, por tanto, un ingeniero técnico, un doctor ingeniero o un arquitecto.
Antes de pasar al turno de portavoces, para ver las enmiendas que se aceptan y las que no se aceptan, daremos 10 minutos de descanso. Si se traen las enmiendas consensuadas antes, iniciaremos el debate antes; si no, 10 minutos. (El señor Abajón Ortega pide la palabra.)
Señor Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: No sé lo que han hecho con los demás grupos, señora presidenta, pero a nosotros nos han pasado lo que han transaccionado todos los grupos y no creemos que tengan necesidad de seguir hablando.
La señora PRESIDENTA: Aún no han terminado.
El señor ABEJÓN ORTEGA: ¡Ah! ¿Aún no han terminado? Entonces, que sigan negociando. Con nuestro grupo no han negociado, solo nos han dado lo que han negociado con los demás grupos. Por supuesto, si tienen que seguir negociando con los demás grupos, les damos tiempo para que sigan negociando.
La señora PRESIDENTA: Invitamos a que la negociación sea lo más amplia posible.
Si les parece, dejamos 10 minutos de descanso; un tiempo prudente.
Señorías, ¿han entregado ya todas las enmiendas a la Mesa? (Pausa.)
Después de estos largos diez minutos de pausa, en los cuales los grupos han podido llegar a acuerdos con sus enmiendas, pasamos al turno de portavoces.
En primer lugar, senador Urrutia, ¿quiere hacer uso del turno?
El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, a estas horas todo está dicho.
Según don Baltasar Gracián, que tenía mucha facilidad de palabra y todo lo que decía estaba bien, decía que lo breve si bueno, dos veces bueno.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
Intervengo sólo para indicar que retiramos la enmienda 304.
De las enmiendas que mantenemos vivas, pido votación separada de la 124 y de la 125. Por otra parte, hemos llegado a un acuerdo de transacción en la 128 y 136, que ya hemos entregado.
Retiro la enmiendo 242.
Senador Maqueda, ¿la transaccional implica la retirada de sus enmiendas que soportaban la misma?
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Yo había anunciado antes que habíamos retirado la 131 y la 137. En la medida en que las transaccionadas, la 128 y la 136, se han presentado en el escrito, no sé cuál es el procedimiento.
La señora PRESIDENTA: Se retiran.
El señor LETRADO: Se puede mantener si es una transacción parcial y se intenta llegar a más.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: No se intenta llegar a más. Es una transacción total y estamos de acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Se dan por retiradas.
Senadora Baig, ¿quiere añadir algo más? (Asentimiento.)
La señora BAIG I TORRAS: Nosotros retiraríamos las enmiendas recogidas en la transaccional, pero ya las veremos en su momento.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ABAIGAR: Gracias, señora presidenta.
En principio, retiraríamos las que ya hemos anunciado que íbamos a retirar, las números 140, 150 y 148 y todas las que tienen que decaer porque soportan transaccionales.
Quisiera agradecer a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo que han realizado para llegar a los mayores acuerdos posibles, que creo que han sido bastantes. Habiéndose planteado con esta ley un espíritu reformista, creo que esta comisión ha sido consecuente con él y siento que el Grupo Parlamentario Popular no se haya sumado a las transaccionales que les hemos presentado. En todo caso, me quedo con el sabor agridulce de que vamos a coincidir en algunas cosas que ustedes hicieron bien, y yo se lo he reconocido, y siento que no sean reconocidas aquellas cuestiones que son perfectibles en toda ley, que es lo que hemos intentado.
Ya he fundamentado mis razones en la anterior intervención, y, como lo bueno, si breve, dos veces bueno-como ya se ha dicho-, concluyo.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Yo llego con tres cuestiones a este turno de portavoces: una felicitación, una tristeza y una frustración.
Una felicitación a todos los grupos parlamentarios minoritarios que han negociado con el Gobierno y que están encantados de haber llegado a un texto transaccional de la ley. Una tristeza muy grande con el Gobierno y con la ministra, que no quiere seguir contando con el partido de la oposición. Y una frustración. Yo he dicho antes que me conformaba solo con que dos de las enmiendas que planteaba mi grupo saliesen adelante.
Bien poco pedía, ninguna de las dos sale, y lo que es más lamentable, una de ellas lleva la inquietud a 11.225 profesores titulares de escuelas universitarias, que piden sus justas reivindicaciones. En primer lugar, que se garanticen sus derechos adquiridos hasta la fecha y, en segundo lugar, que se produzca su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidades y en sus propias plazas, porque entendemos que aquellos profesores titulares de estas escuelas que posean o adquieran el grado de doctor están en su derecho. Además, el único requisito que les diferencia en el acceso a ambos cuerpos es la exigencia del grado de doctor, y si lo tienen, ¿por qué no se integran? ¿Qué razones tiene el Gobierno para condenar a estos profesores? Nosotros estamos orgullosos de su trabajo, estamos orgullosos de lo que han hecho en las escuelas universitarias, y hoy pedimos que se haga justicia y seguiremos combatiendo en el Pleno para que todos los grupos puedan llevar la justicia a estos profesores.
Dado que la norma establece también la plena capacidad docente e investigadora para estos profesores titulares y que muchos de ellos ejercen sus funciones en el segundo y tercer ciclo de las facultades, yo les animo a que acudan a los tribunales inmediatamente, porque en justicia, ¿cómo va a entender un ciudadano de la calle que un profesor de una escuela universitaria o de una facultad de primer ciclo cobre menos y esté en condiciones económicas diferentes a otro profesor que imparte el mismo curso o el mismo ciclo? Eso es imposible, no es de sentido común.
Desgraciadamente, hoy el 25 por ciento de profesores titulares de las universidades va a dormir con una pesadilla, la de la ministra Cabrera.
Yo he dicho antes que nada me alegraría más -y se lo dije el día que estuvimos comiendo- que llegáramos a un entendimiento en cuestiones puntuales; solo pedía dos y ninguna de las dos se nos ha atendido. Eso sí, la ministra Cabrera ha tenido la habilidad de dejar solo al Grupo Parlamentario Popular respecto de aquellos grupos que tenían una enmienda muy parecida. Hoy mis compañeros van a firmar una transaccional, no tengo nada contra ellos. Desde mi punto de vista es la transaccional de la nada en los tres primeros puntos, porque establece lo mismo que el texto: deben tener una acreditación de acuerdo con el artículo 57. Antes decía: 57 y 59, y ¿qué más da una acreditación? Los tres puntos son exactamente iguales, no han cambiado nada. Eso sí, han agregado otro cuarto punto que para alguien puede resolver algún problema.
Creo que la universidad estaba esperando mucho de nosotros en este debate y considero que les hemos defraudado, y no se puede argumentar que es porque el Partido Popular lo llevaba porque lo llevaban también otros grupos políticos, y parecía que íbamos a llegar a un buen acuerdo. Ha trabajado la ministra Cabrera pero ha fracasado, a hecho naufragar a estas enmiendas y no han llegado a buen puerto. Bueno, seguiremos preguntando a la señora ministra en comisión y en Pleno qué razones tiene el Gobierno para que estas personas no encuentren su justa reivindicación; que nos lo digan, porque los demás no lo entendemos.
Señora presidenta, antes le comentaba a ver si entre todos éramos capaces de encontrar una financiación adecuada a nuestras universidades, y resulta que tampoco, resulta que para el resto de los grupos nuestras universidades están financiadas adecuadamente y que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tampoco tiene sentido. No tiene sentido una enmienda que solo pide que en el año 2012, esté el Gobierno que esté, y ese es el error mayúsculo que aquí se plantea, porque no creo yo que en la siguiente legislatura y en las que le siguen todo sea igual, cambiarán ministros, posiblemente cambiarán presidentes de Gobierno y es un error mayúsculo pensar que los gobiernos son eternos. Afortunadamente, la democracia también los cambia, y me imagino que todos los profesores tienen sus derechos, como es lógico en democracia, y saben leer lo que hacemos los grupos políticos.
Esa es la enorme frustración. Con esta ley que no hemos resuelto prácticamente casi nada. Al Grupo Parlamentario Popular le han colocado un conjunto de enmiendas por las que no voy a perder la razón ni el equilibrio. Apoyaremos las que entendamos que merecen la pena porque mejoran la universidad, yo no soy sectario ni
tengo nada contra nadie. Aquí han venido con unas enmiendas y dicen que eso es lo que ofrece el Gobierno y si queremos nos apuntamos y si no nada. Creo que ese no es un sistema de negociación.
Se han aprobado dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y hay que felicitar al Gobierno porque ha sido inteligente, ya que eran iguales, con puntos y comas, a las que había presentado Convergència i Unió.
Estaría bueno que hubiesen dicho sí a las de Convergència y no a las del Grupo Parlamentario Popular. Eso es lo que hay. Nosotros vamos a apoyar las transaccionales que sean buenas para la universidad porque por encima de la política y de los grupos parlamentarios está nuestra universidad, están nuestros estudiantes y están nuestros profesores, y en lo que sea bueno para ellos les apoyaré.
Como digo, es un suspenso para el Gobierno, que con esta táctica puede entender que ha sido una gran victoria, pero en ese caso yo tengo que decir que la gran derrotada es la universidad española.
A continuación vamos a proceder a votar las enmiendas.
En primer lugar, vamos a proceder a votar las transaccionales. Como todos nosotros disponemos de fotocopias de las enmiendas que han sido transaccionadas y que se han presentado a esta Mesa y al letrado de esta comisión, no es necesario que las lea una por una.
En cualquier caso, si hay alguna duda o sugieren ustedes que deba hacer una lectura del encabezado de las enmiendas transaccionales, por mi parte y por la Mesa no hay ningún problema. Pero, si no hay ningún inconveniente, como todos disponemos de las enmiendas transaccionales, no vamos a proceder a su lectura sino que pasamos directamente a votarlas.
Además, el Letrado me dice que para que haya mayor certidumbre sobre lo que hacemos, las personas que están tomando taquigráficamente la sesión de esta comisión disponen de copias de las enmiendas transaccionales, igual que cada uno de nosotros.
¿Alguna otra duda? (La señora Aleixandre i Cerarols pide la palabra.)
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: ¿Se van a votar las enmiendas una a una?
La señora PRESIDENTA: Señoría, pensábamos votarlas en bloque, ya que nadie me ha dicho que votáramos separadamente. En cualquier caso, es una propuesta que les hago, puesto que están apoyadas mayoritariamente y el Grupo Parlamentario Popular también ha apostado por apoyarlas; por tanto, repito, como disponemos del texto, creo que podremos votarlas en bloque.
(El señor Abejón Ortega pide la palabra.)
El señor ABEJÓN ORTEGA: Señora presidenta, lo que yo he dicho es que apoyaré algunas. Lo que ocurre es que la primera remesa que me han pasado tiene un orden y la siguiente tiene otro, y quizá tarde un tiempo en buscarlas, por lo que considero necesario su lectura.
La señora PRESIDENTA: Señorías, si hay esa confusión, las voy a ir leyendo en el mismo orden en que a mí me lo han pasado, y lo haré despacio para que les dé tiempo a localizarlas.
Pues bien, comenzamos por la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 336, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. ¿La tienen localizada?
El señor ABEJÓN ORTEGA: Me la acaban de dar y no la he leído.
La señora PRESIDENTA: Señorías, como el senador Abejón no la ha leído, vamos a dejarla para el final para que pueda hacerlo.
Pasamos pues a la siguiente enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 151, del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a la votación de la siguiente enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 330, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y de la enmienda número 293, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
A continuación, votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 62, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos ahora la enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas números 35, del Grupo Mixto EA; la número 91, también del Grupo Mixto/IV; y la 109, del mismo grupo, del BNG, así como la enmienda número 113 de Coalición Canaria y las números 136 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 291 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La siguiente enmienda transaccional es sobre la base de la número 331, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de la enmienda número 148, del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a la siguiente enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 321, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de la enmienda número 211, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
A continuación, votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 59, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se repite la votación.
Les recuerdo que, tal como indica la normativa por la cual nos regimos, que me confirma el letrado de esta comisión, cuando se produce un empate hay que volver a repetir la votación y, en caso de mantenerse dicho empate, la enmienda debe ser retirada. Les digo esto a sus señorías para que lo tengan en cuenta en todas las votaciones.
Por tanto, repetimos la votación.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada por haberse mantenido el empate.
Votamos a continuación la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Mixto. Había un error pero se ha corregido.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12 .
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Mixto, de la enmienda número 320 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de la enmienda número 207 del Grupo Parlamentario Popular.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Mixto y de la enmienda número 255 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora PRESIDENTA: Tenemos que repetir la votación porque ha habido empate.
La señora PRESIDENTA: Queda, pues, rechazada por haber producido empate por segunda vez.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la número 333 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
A continuación votamos la enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas números 26 y 27 del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 314 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de la número 128 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 236 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès y de la número 303 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Votamos a continuación la enmienda número 336 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (El señor Abejón Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Señora presidenta, es que no hemos podido leerla en profundidad.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Mixto, de la número 296, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y de la enmienda número 334, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
¿Todas sus señorías tienen localizada la enmienda? (Pausa.)
Tiene la palabra, senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Sí, señora presidenta, la tenemos localizada pero no leída. Yo no quisiera tomar decisiones sin conocer bien las enmiendas dado lo delicados que son estos temas. Esta en concreto es bastante
importante y además afecta a varias comunidades autónomas. Le ruego dejarla para el Pleno para tener un tiempo prudencial y así poderla estudiar.
En todo caso quiero que conste que nos vamos a abstener en esta votación por no conocer a fondo el contenido de la transaccional. Es decir, así hacemos nuestro voto particular.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación de la enmienda transaccional antedicha.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Constarán las manifestaciones del senador Abejón.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 336 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Quiero hacer la misma observación, señora presidenta. Queremos salvar el voto con nuestra abstención.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Se tendrá en cuenta la observación del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas restantes, que son las que han quedado vivas de los distintos grupos parlamentarios y que no han sido soportadas, como es lógico, por las enmiendas transaccionales. Si hay algún error en su lectura, dicho error es subsanable puesto que puede tratarse de enmiendas soportadas por las transaccionales. ¿Están sus señorías de acuerdo? (Asentimiento.)
Me dice el señor letrado que para hacer esta votación más ligera, el correspondiente senador deberá leer tan solo la aportación que haya hecho. Repito que quedarán vivas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que no hayan sido soportadas por enmiendas transaccionales o bien las enmiendas que no hayan sido retiradas. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
Empezaremos votando las enmiendas del senador Urrutia Elorza con las salvedades que acabo de comentar. ¿Está de acuerdo, senador Urrutia? (Asentimiento.) (El señor Pezzi Cereto pide la palabra.)
El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, pedimos que se voten separadamente las enmiendas números 3 y 14.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar las dos enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado que desglosemos. En consecuencia, votamos en primer lugar las enmiendas números 3 y 14, presentadas por el senador Urrutia Elorza.
La señora PRESIDENTA: Repetimos la votación porque se ha producido un empate.
Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por el senador Urrutia con los condicionantes que antes hemos aclarado.
Procedemos a votar las enmiendas presentadas por el senador Cuenca Cañizares.
El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, pedimos votación separada de las enmiendas números 56, 64, 69, 86, 96 y 99, en un solo bloque.
El señor URRUTIA ELORZA: Presidenta, también me gustaría que se votara separadamente y en un solo bloque las enmiendas números 47, 61, 62, 70, 76, 84, 90 y 97.
La señora PRESIDENTA: Votamos separadamente el primer bloque, solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista, que incluye las enmiendas números 56, 64, 69, 86, 96 y 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 12; abstenciones, dos.
A continuación procedemos a votar el segundo bloque de enmiendas, solicitado por el senador Urrutia, que incluye las números 47, 61, 62, 70, 76, 84, 90 y 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, cuatro.
Votamos ahora el resto de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, veinte; abstenciones, cuatro.
Seguidamente pasamos a votar las enmiendas presentadas por el senador Jorquera, con las mismas características que antes hemos enunciado.
El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, hay una enmienda transaccionada y otra aprobada. Salvo estas dos, solicito votar el resto de una sola vez.
La señora PRESIDENTA: Así es como lo venimos haciendo. Las transaccionadas ya las hemos votado, por lo que solamente votamos las que permanecen vivas. En consecuencia, pasamos a votar este bloque de enmiendas presentadas por el senador Jorquera.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, concretamente las presentadas por el senador Ayala.
Votamos ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Queremos votación separada de las enmiendas números 305, 308, 310, 315, 323, 324 y 337, en un solo bloque.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Pido votación separada de las enmiendas números 306, 325 y 326.
La señora PRESIDENTA: Entonces hay tres bloques. Voy a leer las enmiendas que han solicitado votar separadamente. En el primer bloque votaremos las enmiendas números 305, 308, 310, 315, 323, 324 y 337.
La señora PRESIDENTA: Se repite la votación puesto que hay empate.
La señora PRESIDENTA: Se rechaza este bloque porque ha habido empate consecutivamente.
Procedemos a votar, ahora, el segundo bloque de enmiendas que ha solicitado el senador Maqueda, que son las 306, 325 y 326.
Ahora, votamos el resto de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, tres.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. ¿Solicita votación separada el senador Maqueda?
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Sí. Como ya le he dicho, señora presidenta, pido votación separada de la 124 y de la 125.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún senador solicita votación separada de alguna enmienda más? (Pausa.)
Entonces, votamos las enmiendas 124 y 125.
Ahora, pasamos a votar el resto de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, una.
Ahora, pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés que han quedado vivas porque no soportan ninguna transaccional y no han sido retiradas.
¿Alguna petición de votación separada?
La señora BAIG I TORRAS: Sí. Pido votación separada de las números 234, 238, 255, 256, 258, 298 y 299.
La señora PRESIDENTA: Señorías, procedemos a votar, en primer lugar, el bloque que incluye las siguientes enmiendas: 234, 238, 255, 256, 258, 298 y 299.
El señor PEZZI CERETO: Perdón, señora presidenta.
Del conjunto que ha propuesto Entesa, pido votación separada de la número 255.
La señora PRESIDENTA: Entonces, señorías, procedemos a votar la enmienda que ha sido desglosada de ese bloque.
Votamos, por tanto, la enmienda 255.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, dos.
Ahora, procedemos a votar el resto de las enmiendas, las números 234, 238, 256, 258, 298 y 299.
El señor PEZZI CERETO: ¿No es la número 288?
La señora PRESIDENTA: No, es la 298.
El señor PEZZI CERETO: ¿Puede repetirlas otra vez?
La señora PRESIDENTA: Repito las enmiendas. 234, 238, 256, 258...
El señor PEZZI CERETO: No, es la 288.
La señora PRESIDENTA: La señora senadora ha manifestado esos números de enmiendas. Senadora, ¿qué enmiendas propone usted que se incluyan en este bloque?
La señora BAIG I TORRAS: Perdón, me he equivocado. Es la 288.
Entonces, repito por última vez las enmiendas que vamos a votar. Son la 234, 238, 256, 288, 298 y 299.
La señora PRESIDENTA: Tenemos que repetir la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, doce; en contra, doce; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado este bloque de enmiendas al haberse producido empate por segunda vez.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas.
Ahora, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Alguien solicita votación separada de alguna enmienda? (Pausa.)
Entonces, exceptuando las que soportan transaccionales y las que han sido retiradas, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Por último, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Alguien desea votación separada de algunas enmiendas? (Pausa.)
Entonces, votamos el bloque de enmiendas que permanecen vivas y que han sido presentadas por este grupo político.
Señorías, votamos el resto del texto que no ha sido afectado por las distintas enmiendas.
Queda por designar la persona que ha de presentar el proyecto en el Pleno del Senado (Varias señoras y señores senadores: ¡La presidenta, la presidenta!)
Se agradece la propuesta y se hará con el máximo rigor.
Eran las veinte horas y cincuenta y cinco minutos.

References: artículo 6
 artículo 45
 artículo 149
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 149
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 35
 artículo 1
 real decreto 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 46
 artículo 34
 artículo 149
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 28
 artículo 15
 resolución 
 artículo 41
 artículo 6
 artículo 45
 artículo 90
 artículo 57