Source: http://www.cels.org.ar/especiales/examenonu/
Timestamp: 2017-11-20 22:41:53+00:00

Document:
Examen Periódico Universal de la ONU -
0. ¿qué es el EPU y por qué es importante?
2. derecho a la protesta
3. memoria, verdad y justicia
5. desaparición de Santiago Maldonado
6. detención arbitraria de Milagro Sala
7. acceso al aborto y otros derechos de las mujeres
9. vivienda adecuada
10. pueblos indígenas
11. personas con discapacidad
12. ejecución de decisiones internacionales
13. derecho a la comunicación
¿qué es el EPU y por qué es importante?
acceso al aborto y otros derechos de las mujeres
ejecución de decisiones internacionales
Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana durante los últimos años se caracterizaron por el crecimiento exponencial en el número de funcionarios policiales en actividad, la multiplicación de controles azarosos a personas y vehículos, y las intervenciones policiales masivas en barriadas pobres destinadas a “pacificar” o a “recuperar” el territorio teóricamente en poder de bandas o grupos criminales. Esta línea de abordaje implica un trabajo policial ineficiente y da lugar a situaciones violatorias de derechos.
En distintas jurisdicciones de la Argentina como la provincia Córdoba, la provincia de Santa Fé, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se han documentado situaciones abusivas de hostigamiento policial a jóvenes pobres, tales como detenciones reiteradas y arbitrarias, amenazas, insultos, maltrato físico, robo o rotura de pertenencias. Algunos casos involucran formas más graves de abuso físico como torturas y lesiones graves -en ciertas ocasiones provocadas por armas de fuego- y de arbitrariedad policial, como el armado de causas penales. Eventualmente pueden dar lugar a casos extremos de violencia policial, como ejecuciones o desapariciones forzadas .
Las desapariciones forzadas recientes muestran patrones de violaciones de derechos humanos como consecuencia de prácticas sistemáticas de abuso policial y formas de negligencia, indiferencia, inacción y/o complicidad judicial y política en diferentes jurisdicciones del país. Las prácticas son posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, por la ausencia de gobiernos políticos que controlen efectivamente su actuación y de un sistema de justicia que investigue y sancione adecuadamente.
La magnitud de estos fenómenos no puede ser estimada de manera clara y rigurosa debido a que las autoridades políticas a nivel federal y en las distintas provincias no producen sistemáticamente y/o no dan a publicidad datos estadísticos sobre detenciones policiales ni sobre hechos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad.
Recomendaciones sugeridas al Estado:
1. Adecúe las normas contravencionales y de organización de las fuerzas de seguridad que habilitan a las policías a detener personas sin orden judicial y sin mediar flagrancia.
2. Reforme las leyes orgánicas que desde la época de la dictadura militar rigen a las fuerzas policiales del país y sancione normas que establezcan un nuevo marco para la actuación de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
3. Produzca de manera sistemática información pública que incluya estadísticas detalladas sobre los hechos de violencia protagonizados por efectivos de las fuerzas de seguridad, en servicio y fuera de servicio.
4. Produzca información pública sistemática sobre las detenciones policiales desagregadas por motivo, género y edad.
5. Adopte las medidas administrativas pertinentes con el fin de apartar de sus cargos a los integrantes de las fuerzas de seguridad implicados en hecho de violencia policial.
6. Proteja de los abusos policiales a los grupos más vulnerables; en particular, a los jóvenes de los barrios pobres.
El informe completo fue elaborado con la Cátedra de Criminología y Control Social – Universidad Nacional de Rosario y el Equipo de Investigación en Políticas de Seguridad y Derechos Humanos – Universidad Nacional de Córdoba.
En los últimos dos años, han aumentado notablemente la frecuencia y la intensidad de los casos de represión y de criminalización de la protesta social. Las máximas autoridades expresan posiciones muy negativas sobre la protesta social y avanzan con protocolos que habilitan y agravan este escenario. Esta posición restrictiva de la protesta social tiene lugar en un contexto de aumento de la conflictividad social y de diversificación de los colectivos que salen a la calle a protestar.
Especialmente durante 2017, hubo hechos serios de represión. En diferentes operativos en manifestaciones públicas hubo policías que portaron armas de fuego, un grave retroceso respecto de normativas y prácticas de regulación del uso de la fuerza que se habían alcanzado en el país. En la ciudad de Buenos Aires se han reiterado episodios represivos con acciones policiales ilegales: presencia de efectivos sin identificación, razzias y detenciones, y agresiones a periodistas o a las personas que pretender registrar el accionar policial.
La respuesta estatal a la masiva movilización social por la aparición con vida de Santiago Maldonado, realizada el 1 de septiembre de 2017, incluyó un conjunto de hechos graves. Más de treinta personas fueron detenidas con violencia, estuvieron privadas de su libertad e incomunicadas por más de 36 horas y ahora están imputadas por el delito federal de “intimidación pública”. Si esta imputación prospera enfrentarán un proceso penal que puede durar años. Un proceder similar tuvo lugar el 8 de marzo de este año, durante la masiva marcha con la que finalizó el paro internacional de mujeres: veinte personas fueron arbitrariamente detenidas e imputadas penalmente por participar de una protesta.
La represión tiene un correlato en la persecución penal de manifestantes y referentes sociales en diferentes zonas del país. Esto muestra una afinidad de criterios y acciones entre autoridades políticas y sectores judiciales para limitar la acción colectiva en las calles. Además, el encuadramiento penal no sólo persigue la protesta, sino que resulta instrumental a una persecución más amplia de la organización social, política y sindical. Numerosos referentes con amplia representación y legitimidad están acusados de una variedad de figuras penales, algunas que prevén penas altas, como la figura de intimidación pública.
A la vez, el gobierno federal difunde la idea de que existe un clima de “violencia política” fomentado por grupos desestabilizadores por lo que habría endurecido la actuación policial. Ha relacionado este supuesto clima con las manifestaciones públicas, en particular aquellas protagonizadas por grupos caracterizados por el gobierno como amenazas a la integridad territorial argentina o directamente como “terroristas”, como es el caso de comunidades indígenas mapuches en el sur de la Argentina.
1. Sancione una ley nacional que incorpore los principios de actuación policial en el contexto de manifestaciones públicas, como aquellos que regulan el uso de la fuerza letal y no letal, el procedimiento para eventuales detenciones, la obligatoriedad de uso de identificación por parte de los agentes.
2. Garantice que los policías intervinientes en operativos vinculados a protestas sociales porten la debida identificación.
3. Garantice que en el contexto de manifestaciones públicas, las fuerzas d seguridad no realizarán detenciones indiscriminadas y/o colectivas.
4. Adopte las medidas necesarias para implementar diferentes mecanismos políticos, administrativos y judiciales de control civil y externos a la institución policial.
5. Garantice que no se aplicarán extensivamente figuras penales a conductas enmarcadas en reclamos de derechos y manifestaciones públicas.
6. Garantice que no se utilizarán figuras penales agravadas a efectos de amedrentar o disuadir la protesta, como por ejemplo la figura de la intimidación publica que implica la intervención de la justicia federal o el agravante de la ley antiterrorista.
7. Garantice que no se disponga la incomunicación de los imputados en hechos vinculados a protesta social.
Para más información se puede leer El derecho a la protesta social en la Argentina.
El 24 de marzo de 2017 se cumplió el 41° aniversario del golpe cívico-militar perpetrado en la Argentina. La dictadura se prolongó por siete años y dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, miles de asesinados, exiliados y presos políticos, cerca de 500 niños y niñas apropiadas y niveles de pobreza y endeudamiento externo nunca antes vistos.
Apenas finalizada la dictadura, en 1983 se inició el proceso de Memoria, Verdad y Justicia (MVJ). Sin dudas, en la última década se ha consolidado fuertemente, transformándose en política de Estado. En la actualidad nos enfrentamos al desafío de seguir profundizando este proceso en un contexto en el que se desarrollan aspectos regresivos en distintos ámbitos y avances insuficientes en otros.
Por un lado, por parte de ciertos funcionarios públicos hay una deliberada política de negacionismo, a la par que se busca estigmatizar a las víctimas. Por ejemplo, han reaparecido en el discurso oficial manifestaciones en torno a los conceptos de “guerra” y “reconciliación”. Por otro, se produjo también un marcado debilitamiento de distintas políticas públicas y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que tenían por función contribuir con las investigaciones judiciales en curso. Por ejemplo, a fines de marzo de 2016, se disolvió el órgano estatal que contaba con el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” (GERD) que tenía a su cargo el acervo documental de las fuerzas de seguridad federales. A la vez, el día 2 de enero del año 2017, se publicó la resolución 44/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, que establece que los expedientes en soporte papel, podrán ser digitalizados, lo que, previa firma digital de la imagen obtenida, habilita su destrucción física. En este marco normativo no hay un procedimiento explícito de evaluación documental y el establecimiento de alto rango de quienes tomarán estas decisiones.
En lo referido al Poder Judicial, se dictaron fallos alarmantes incluso del máximo tribunal federal. Es muy preocupante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 3 de mayo de 2017 que declaró aplicable a estos procesos la llamada “ley del 2 x 1” (ley 24.390). Esta ley establecía un régimen de conmutación de penas y estuvo vigente hasta junio de 2001. Sin embargo, 16 años después, la Corte Suprema resolvió aplicarla al caso del condenado Luis Muiña, utilizando una argumentación que desdibuja las consecuencias legales de la calificación de estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, la aplicación de este criterio podría implicar una situación de impunidad de hecho, sin fundamento válido. La enorme movilización popular y el extendido repudio social forzó la rápida respuesta del Congreso Nacional a través del dictado de la Ley 27.362 y el apartamiento de los tribunales inferiores de la doctrina instaurada por la Corte, demostrando el enorme consenso social sobre el sostenimiento del proceso de MVJ y la necesidad de repeler cualquier decisión en sentido contrario a estos pilares.
En noviembre de 2015, el Congreso de la Nación dispuso mediante ley 27.217 la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas con la dictadura cívico-militar. Lamentablemente, al día de hoy, la Comisión no ha sido conformada y su implementación concreta está aún por verse.
Por fin, debe destacarse una notoria dilación en la resolución de casos sometidos a la jurisdicción de la Corte, que solo se ha expedido sobre el 23% de los casos sometidos a su jurisdicción. Esta lentitud en el avance de las causas también se refleja en las instancias anteriores. Dada la avanzada edad de los imputados y de las víctimas, la necesidad de una mayor celeridad en la tramitación de los procesos por delitos de lesa humanidad se torna primordial y urgente.
1. Garantice los recursos necesarios para la plena continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Reincorpore al personal especializado que fue desplazado de las oficinas estatales dedicadas al apoyo del proceso de justicia por delitos de lesa humanidad y se reasuman las tareas que se realizaban.
2. El Poder judicial cumpla con las obligaciones internacionales de imponer sanciones apropiadas y proporcionales a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
3. Avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios, directivos y/o personal jerárquico de empresas involucrados en delitos de lesa humanidad.
4. Ponga en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar.
El informe completo fue elaborado con Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Agrupación H.I.J.O.S Regional – Capital Federal; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Asociación Buena Memoria; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – APDH; APDH – La Matanza; Comisión por la Memoria de Zona Norte; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – MEDH.
Las principales jurisdicciones de la Argentina enfrentan escenarios de sobrepoblación, íntimamente ligados al aumento sostenido del encarcelamiento y al uso excesivo de la prisión preventiva: la mitad de las personas alojadas en cárceles se encuentran detenidas preventivamente . La política criminal de persecución penal tuvo un efecto significativo en el aumento de la población privada de la libertad.
En la Provincia de Buenos Aires la mayoría de las reformas y medidas adoptadas buscan restringir las salidas anticipadas y consagrar a la prisión preventiva como la regla durante el proceso sin que se instauren medidas alternativas. El Estado Argentino aún no ha creado un organismo ocupado de definir la capacidad del sistema penal de encierro según condiciones de habitabilidad dignas. La capacidad es modificada de forma irregular en función de la cantidad de colchones.
Esta situación repercute gravemente sobre la vida e integridad física y psíquica de los detenidos, que viven en condiciones inhumanas, caracterizadas por la falta de mantenimiento de la infraestructura, carencia de luz, ventilación y acceso al agua caliente. La provisión de comida es insuficiente y de mala calidad.
Frente a esta situación de sobrepoblación generalizada, en la provincia de Buenos Aires muchos detenidos son alojados de forma prolongada en dependencias policiales (comisarías), espacios no preparados para tal fin, según establecen los estándares internacionales y la Corte Suprema argentina . Para marzo de 2017 se registraba un incremento del 68% de personas detenidas en comisarías respecto al año anterior. Al 1 de septiembre de 2017, hay 3035 personas privadas de la libertad en comisarías de la provincia de Buenos Aires.
El 2 de marzo de 2017, siete detenidos alojados en la comisaría 1° de Pergamino en la Provincia de Buenos Aires murieron atrapados a causa de un incendio. Además del escenario de sobrepoblación crítica, las muertes de detenidos a causa de incendios ponen en evidencia profundas negligencias del Estado.
Aunque los registros oficiales son deficientes, la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes son prácticas extendidas en los ámbitos penitenciarios de todo el país. Recientemente, el Congreso Nacional avanzó con la designación de los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que representan a la sociedad civil, pero aún resta que se nombre a sus demás integrantes para concluir su conformación y avanzar en su demorada puesta en marcha.
1. Garantice que no se usarán las dependencias policiales para alojar personas de manera permanente.
2. Prohíba por ley que los lugares de detención alojen a más personas que las plazas con las que cuentan. Establezca también por ley, mecanismos para solucionar de inmediato el hacinamiento. La solución al hacinamiento no debe consistir en la construcción de nuevas cárceles.
3. Diseñe e implemente políticas legislativas y judiciales tendientes a eliminar la aplicación abusiva, irrestricta y más allá del plazo razonable de la prisión preventiva.
4. Adopte con urgencia un plan integral de lucha contra incendios en todos los centros de detención del país y genere mecanismos institucionales eficaces para monitorear su cumplimiento.
5. Lleve a cabo, a la brevedad, los procedimientos necesarios para la designación de todos los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Garantice su urgente puesta en marcha y la provisión de los recursos necesarios al efecto.
El informe completo fue elaborado con Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek).
Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017, mientras intentaba escapar de un operativo de la Gendarmería Nacional en el territorio reclamado por la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen en la provincia de Chubut. Santiago había arribado a la comunidad el día anterior para acompañar los reclamos territoriales de la comunidad.
Desde el primer día, su familia y distintos organismos de derechos humanos pedimos que se lo busque y que se investigue si Gendarmería Nacional tuvo algo que ver con su desaparición. Sin embargo, desde las autoridades estatales hubo resistencias para investigar de manera exhaustiva esta hipótesis. Las medidas que deben ser tomadas con urgencia en los primeros momentos, para confirmar o descartar la responsabilidad de agentes estatales en la violación de derechos humanos, se hicieron con demora. Además, transcurrieron varias semanas para que comenzaran a realizarse medidas de búsqueda de magnitud.
A las dilaciones que impidieron encarar una investigación inmediata acorde a la gravedad del caso, se sumó durante buena parte del tiempo transcurrido desde el 1 de agosto, la estrategia del gobierno nacional de centrarse en instalar hipótesis inconsistentes, negar la participación de la Gendarmería en los hechos y maltratar a la familia de Santiago. Durante semanas, el Ministerio de Seguridad de la Nación ocultó información relevante para comprender qué pasó durante el operativo de la Gendarmería Nacional. En la medida en que todas las hipótesis que ponía en circulación se demostraron fallidas, el Ministerio comenzó a aportar de manera desordenada y siempre incompleta información que tenía tempranamente. Así, más de un mes después, quedó claro que, como se había denunciado desde un inicio, el operativo de la Gendarmería fue violento y repleto de irregularidades.
El 7 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas requirió al Estado argentino tomar medidas urgentes para localizarlo. Este requerimiento fue incumplido.
Luego de 78 días de búsqueda, el 17 de octubre de 2017, la familia de Santiago Maldonado supo que un cuerpo fue encontrado en el río Chubut. Ello, en el marco de un rastrillaje dispuesto por el nuevo juez de la causa. Tras conocer la noticia, la familia solicitó esperar a que se realice la correspondiente identificación. El 20 de octubre, tras la conclusión del procedimiento de identificación y la autopsia, la familia informó que el cuerpo hallado es el de Santiago Maldonado. El informe final sobre el resultado de aquellos procedimientos que contaron con la presencia de peritos de parte de la familia y del CELS, entre otros, se conocerá en los próximos días. El juez adelantó algunas conclusiones preliminares en declaraciones públicas por las que ratificó que pudo verificarse la identidad y que se pudo determinar que “no hubo lesiones en el cuerpo”.
Tras el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, es imprescindible que todos los poderes del Estado cumplan con su obligación, sin especulaciones, de garantizar una investigación seria, imparcial y efectiva que conduzca a la averiguación de la verdad y a la justicia.
1. Adopte de manera urgente las medidas necesarias para investigar la posible responsabilidad estatal y específicamente de la Gendarmería Nacional en la desaparición de Santiago Maldonado.
2. Cese el hostigamiento a los familiares de Santiago Maldonado y garantice su plena participación en las investigaciones judiciales y administrativas pertinentes para la averiguación de la verdad y la justicia.
Para más información se pueden leer nuestro Informe para el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y la resolución posterior del Comité, además de nuestros comunicados más recientes.
Milagro Sala es referente de la Organización Barrial Tupac Amaru, una agrupación de bases populares e indigenistas fundada a fines de la década de los noventa en Jujuy. En octubre de 2015 se impuso en las elecciones a gobernador el entonces senador Gerardo Morales que ya estaba enfrentado políticamente con la organización y particularmente con Milagro Sala. Con la asunción de Morales se anunció un plan de reempadronamiento de las cooperativas. Ante esta medida, la Red de organizaciones Sociales, de la que la Tupac es parte, solicitó varias veces una reunión para establecer un diálogo sobre la implementación de este Plan. Ante el silencio de la Gobernación, el 14 de diciembre de 2015 se organizó una movilización frente a la casa de gobierno provincial, exigiendo la apertura de una mesa de diálogo. Al no tener respuesta se instaló un acampe de protesta en la plaza principal.
Con exclusivo fundamento en la protesta, el Fiscal de Estado Mariano Miranda (dependiente del poder ejecutivo provincial) denunció penalmente a Milagro Sala y otros actores sociales presentes en el acampe. Por esta causa, Milagro Sala fue detenida arbitrariamente el 16 de enero de 2016. Desde entonces, la justicia jujeña le ha sumado sistemáticamente otras causas que o bien se le reabrieron ilegalmente y con graves irregularidades o se iniciaron activamente en estos últimos meses. En ninguna de ellas puede justificarse su privación de libertad durante el proceso penal.
La detención arbitraria de Milagro Sala tiene lugar en un contexto de criminalización generalizada de la protesta social en la provincia de Jujuy. En 2016, entró en vigencia y se aplicó un nuevo código contravencional que sanciona las protestas con multas, inhabilitaciones, clausuras y hasta arresto de locales sociales. Además de serios episodios de represión policial de protestas, se ha procurado debilitar organizaciones sociales e instituciones sindicales a partir de la persecución judicial de sus referentes.
La situación de Milagro Sala fue denunciada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. En octubre de 2016 el Grupo exhortó al Estado a liberarla de inmediato. El Estado argentino incumplió esta manda. Por su parte, la CIDH otorgó medidas cautelares por las que dispuso que la Sra. Sala de ningún modo podía permanecer en la cárcel. Los jueces provinciales ordenaron, entonces, su traslado a un domicilio de su propiedad. Sin embargo, las modalidades utilizadas para habilitar ese traslado reafirmaron el escenario de hostigamiento y persecución y agravaron el régimen de vigilancia extrema en su contra.
La situación se agravó aún más el 29 de septiembre cuando la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy decidió incumplir la medida cautelar de la CIDH y disponer que Milagro Sala volviera a la cárcel.
1. Deje sin efecto normas que vulneran el derecho a la protesta social y, en consecuencia, a la libertad de expresión, reunión y asociación, en particular los artículos 71, 112 y 113 del nuevo código contravencional de la provincia de Jujuy y el delito de sedición, previsto en el artículo 230, inciso 2 del Código Penal de la Nación.
2. Libere de manera inmediata a Milagro Sala, tal como lo requirió el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
El informe completo fue elaborado con ANDHES.
Existen numerosas razones que justifican la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto temprano en Argentina. La norma penal no disuade a las mujeres de practicarse abortos y las induce a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y su salud. En la actualidad, Argentina tiene una alta tasa de mortalidad materna y el aborto continúa siendo una de sus principales causas.
Desde 1921, el artículo 86 del Código Penal de la Nación establece excepciones a la punibilidad del aborto. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia histórica en el marco del caso “F., A.L. s/ medida autosatisfactiva” en la que estableció el alcance de los permisos legales y reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos cuando su vida o su salud están en peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación sexual. La Corte convocó a los poderes judiciales de abstenerse de judicializar el acceso a los abortos legales, y exhortó a autoridades a implementar protocolos hospitalarios para remover los límites de acceso a los servicios. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional ha elaborado un Protocolo que carece de estatus de resolución ministerial y no ha habido una estrategia activa que promueva su difusión y aplicación.
En la Argentina no existen medicamentos abortivos reconocidos formalmente por la autoridad sanitaria. El acceso a las tecnologías médicas está gravemente limitado: no está autorizada la comercialización de mifepristona y de misoprostol (ambos definidos como “medicamentos esenciales” por la Organización Mundial de la Salud – OMS). En el caso específico del misoprostol, está aprobado exclusivamente para usos gástricos y el laboratorio monopólico que lo produce abusa de su posición dominante.
Pese a su marco legal, la realidad en Argentina se acerca mucho a la de los contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido. Algunos de los obstáculos son el uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud y la excesiva judicialización de una práctica sanitaria para obstaculizar los abortos, que muchas veces resultan en la persecución criminal de las mujeres.
Respecto de otros temas de género, la Ley 26.485 de protección integral contra todas las formas de violencia hacia la mujer incorporó el reconocimiento de las diversas modalidades de violencia que sufren las mujeres. Sin embargo, la producción de información sobre violencia contra las mujeres continúa siendo fraccionada, diversa y esporádica, dificultando la elaboración de un diagnóstico. Además, aunque existen programas en distintas áreas que atienden los casos de violencia hacia las mujeres, están desarticulados o superpuestos.
Por otro lado si bien la Educación Sexual Integral es ley (26.150) desde 2006, su aplicación es insuficiente e inexistente en algunas provincias. Los embarazos no planificados en la adolescencia siguen siendo un grave problema y, en general, se producen por la falta de educación sexual e información sobre métodos anticonceptivos.
Por último, la política criminal se ha concentrado en la persecución de los sectores más vulnerables de la cadena de narcotráfico, lo que ha contribuido a la criminalización de las mujeres y al aumento de las tasas de encarcelamiento. En los últimos 15 años aumentó un 32% la cantidad de mujeres presas en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, entre 2002 y 2016, un 90%.
Recomendaciones sugeridas al Estado sobre el acceso al aborto:
1. Desarrolle políticas para reducir los elevados índices de mortalidad materna que son consecuencia de abortos inseguros; entre ellas adopte medidas para asegurar la amplia accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos abortivos disponibles.
2. Adopte las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de los medicamentos recomendados por la OMS para abortos e seguros y efectivos, en los casos permitidos por la ley.
3. Garantice el acceso a los abortos legales en todas las jurisdicciones del país, apoyado por campañas de difusión pública sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo en los casos previstos por la ley y por la capacitación de los efectores del sistema de salud.
4. Apruebe el protocolo de atención de la interrupción legal del embarazo por resolución ministerial, estableciendo obligaciones mínimas para las jurisdicciones locales.
Recomendaciones sugeridas al Estado sobre otros derechos de las mujeres:
1. Cree un sistema de registro unificado de violencia contra las mujeres compartido por los distintos fueros del poder judicial y con las áreas ejecutivas.
2. Garantice la aplicación y financiamiento del Programa de Educación Sexual Integral en todas las jurisdicciones del país y garantice el acceso a métodos anticonceptivos especialmente a las/os adolescentes y a los grupos excluidos por las dinámicas del mercado.
3. Promueva el uso de alternativas a la prisionización en casos de delitos de drogas de baja envergadura cometidos por mujeres cabezas de familia.
El informe completo sobre el acceso al aborto fue elaborado con ANDHES, Asociación Católicas por el Derecho a Decidir – Argentina (CDD), Asociación Lola Mora, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de la Mujer (CEDEM), Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur Córdoba (CICSA), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-Argentina), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto, Mujeres por Mujeres, Mujeres Autoconvocadas de Trelew, y Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
El informe completo sobre otros derechos de las mujeres fue elaborado con ANDHES, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), CDD, Asociación Lola Mora, CEDES, Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur (CICSA – AFM), CAREF, CLADEM-Argentina, ELA, Feministas en Acción, Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), FEIM, Fundación Siglo 21, INSGENAR y OVG.
Desde 2004 estuvo vigente en el país una normativa migratoria reconocida a nivel internacional por regular a las migraciones desde una lógica de garantía de los derechos humanos de las personas migrantes. La ley de Migraciones 25.871 y su Decreto Reglamentario 616/2010, establecieron la regularización migratoria como una obligación del Estado, el acceso a la justicia y el debido proceso en todo trámite de expulsión o detención por razones migratorias y la eliminación de las distinciones en el acceso a derechos entre argentinos y extranjeros.
En detrimento de esta política, el Poder Ejecutivo Nacional, el 30 de enero de 2017, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2017), derogó parte sustancial de la Ley de Migraciones e introdujo un marco normativo que retrocede en la garantía de los derechos de la población migrante. Las modificaciones introducidas son regresivas y concretamente el DNU: (a.) Viola el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia de las personas migrantes al crear un procedimiento de expulsión sumarísimo para determinadas categorías de migrantes; (b.) Viola el carácter excepcional de la detención por razones migratorias al ampliar los supuestos para el dictado de detenciones preventivas y al ampliar los plazos y condiciones para la detención; (c) Viola el derecho a la unidad familiar al restringir el concepto y limitar su análisis por el poder judicial, y (d.) Criminaliza a las personas migrantes al vincular migración al delito. Frente a este escenario, el Comité contra la Tortura de ONU, en sus observaciones finales de mayo de 2017, solicitó al Estado argentino que derogue el DNU 70/2017.
Además, en el marco de la vigencia del DNU se comenzaron a evidenciar situaciones de criminalización y estigmatización de las personas migrantes. El uso del perfil racial y las prácticas de persecución por parte de la policía contra los migrantes afrodescendientes y latinoamericanos, son cada vez más comunes. A la vez, en agosto de 2016 el Gobierno anunció que construiría y habilitaría un centro para la detención de migrantes, como herramienta para “combatir la irregularidad migratoria”. El inmueble para la instalación de este centro estaría sufriendo las reformas necesarias para su inauguración en los próximos meses.
1. Derogue el DNU 70/2017 que instituye un procedimiento migratorio sumarísimo para la expulsión de migrantes, amplía las facultades de detención del Estado y obstaculiza el ejercicio del derecho a la unidad familiar.
2. Asegure que los operativos de control migratorio no tengan por objeto perseguir y estigmatizar a las y los migrantes sino facilitar la regularización.
3. Garantice que bajo ninguna circunstancia se prive a las personas migrantes de su libertad por razones de irregularidad migratoria.
4. No abra el anunciado centro de detención para migrantes y establezca medidas alternativas a la privación de la libertad.
5. Adopte las medidas necesarias para garantizar que las fuerzas de seguridad, en el marco de otras funciones de prevención del delito, no desarrollen funciones administrativas relacionadas con los procedimientos migratorios, como las relacionadas al control de la regularidad de la permanencia.
El informe completo fue elaborado con Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Colectivo para La Diversidad (COPADI), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y Global Detention Project.
La situación habitacional continúa siendo uno de los principales déficits sociales de la Argentina. Además de los déficits de infraestructura, el 13,5% de los hogares viven bajo un régimen de tenencia informal de su vivienda. Los datos estadísticos oficiales del tercer trimestre de 2016 muestran que en la Argentina casi el 30% de los hogares no cuenta con cloacas y casi el 29% no accede a la red de gas . Finalmente, un relevamiento realizado por el Estado nacional revela que existen 810.000 familias viviendo en 4100 villas y asentamientos. Esto supone vivir expuestos a posibles desalojos efectuados con altos niveles de violencia, sin aviso previo, y sin una solución habitacional alternativa para los hogares afectados .
La Argentina ha vivido en los últimos años un período de fuerte dinamismo del mercado inmobiliario y un impulso de la obra pública. Esto significó una valorización de los suelos urbanos y la transferencia de significativas rentas a los propietarios particulares del suelo. Este proceso generó la concentración del mercado en los sectores de mayores ingresos y el aumento de la informalidad a través de las ocupaciones de tierra como único refugio de los pobres en su búsqueda de un lugar donde vivir. En el ámbito rural, el aumento de los precios de las commodities supuso un proceso de corrimiento de la frontera agrícola, presionando sobre territorios históricamente habitados por comunidades campesinas e indígenas.
Las políticas habitacionales del Estado nacional, sin embargo, han abordado la problemática mediante soluciones remediales, sin intervenir en las dinámicas que reproducen el problema, es decir, en las dinámicas especulativas del mercado de tierra urbano y rural que trazan la línea entre quienes pueden y quienes no pueden acceder al derecho a una vivienda adecuada.
1. Incorpore el principio de Función Social de la Propiedad en el marco normativo nacional.
2. Garantice la plena integración socio urbana de villas y asentamientos, revirtiendo toda situación de segregación, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
3. Promueva una ley nacional para fortalecer los procesos de regularización dominial, a través de financiamiento y asistencia técnica a las provincias.
4. Garantice la plena implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires.
5. Apruebe un protocolo de desalojos para la actuación de las fuerzas de seguridad de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
El informe completo fue elaborado con Habitar Argentina.
Los pueblos indígenas de Argentina se encuentran en una acuciante situación. A pesar del importante reconocimiento normativo de sus derechos, no se observan niveles adecuados de goce y ejercicio. En efecto, las comunidades indígenas no disfrutan de sus derechos territoriales, los que se encuentran en permanente tensión y disputa. El Estado no ha puesto a disposición de las comunidades indígenas procedimientos, simples y sencillos, mediante los cuales se puedan tramitar sus pretensiones de protección y goce de sus derechos territoriales. La ley nacional 26.160 disponía la realización de un relevamiento de los territorios indígenas y la suspensión de desalojos por el plazo de tres años (prorrogado por leyes posteriores). Esta suspensión vencerá en el mes de noviembre de 2017 sin que se haya realizado el relevamiento territorial de todos los pueblos indígenas de Argentina. En el ínterin, se han sucedido desmontes sistemáticos sobre los recursos naturales existentes en territorios tradicionales indígenas. Además, el Estado no ha generado las condiciones para que sea ineludible la consulta y participación a los pueblos indígenas afectados por acciones y/o proyectos de desarrollo, inversión y/o infraestructura a fin de que expresen, o no, su consentimiento libre, previo e informado.
A la vez, son sumamente preocupantes los hechos de violencia hacia las comunidades ejercida directamente por agentes gubernamentales o con su aquiescencia. En la mayoría de los casos se trata de acciones producidas en el marco de procesos judiciales de desalojos. L a persecución judicial de Félix Díaz y la detención arbitraria de Agustín Santillán en la provincia de Formosa son emblemáticos de la recurrente criminalización a referentes indígenas por un aparato estatal represivo y discriminatorio.
1. Adopte medidas para evitar el desalojo de comunidades indígenas y garantizar el cumplimiento de la ley nacional 26.160; entre ellas, que se complete el relevamiento territorial prescripto por la ley.
2. Establezca legalmente procedimientos de demarcación y titulación de tierras indígenas, acorde con los estándares internacionales vigentes.
3. Arbitre los medios a su alcance para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas que hoy sufren amenazas, persecuciones, violencia y desalojos y para prevenir actos violentos contra los miembros de comunidades indígenas tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares.
4. Adopte medidas efectivas para garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre todo proyecto o iniciativa que los afecte.
El informe completo fue elaborado con el Parlamento de Naciones Originarias, el Observatorio en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI), la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), la Asociación de Abogados en Derecho Indígena (AADI), Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA), la Asociación Civil por los derechos de los Pueblos Indígenas (ADEPI-Formosa), la Junta Unida de Misiones (JUM-Chaco), APDH, el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA), OCLADE (Obra Claretiana para el Desarrollo), la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta y la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina (CJIRA).
La política pública de salud mental en la Argentina está regida por la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM, Ley 26.657), sancionada en 2010 y reglamentada por el decreto 603/2013. La Ley incorpora estándares de derechos humanos y de salud que reafirman la obligación del Estado de sustituir la institucionalización psiquiátrica indefinida por dispositivos de abordaje centrado en la comunidad y tendientes a la inclusión social. Sin embargo, la institucionalización psiquiátrica sigue siendo la principal política de salud mental en Argentina.
A la vez, los hospitales psiquiátricos se encuentran entre aquellos en situación más crítica, y en ese contexto prevalecen prácticas de negligencia, abandono y maltrato, además del sometimiento a condiciones precarias de vida. La insuficiencia de servicios adecuados para la internación en hospitales generales deja a las personas que lo necesitan sin otra alternativa que ingresar al circuito de deterioro propio del manicomio.
El Poder Ejecutivo nacional ha aprobado resoluciones administrativas sobre la regulación de los lugares de internaciones psiquiátrica que posibilitan la aplicación de tratamientos prohibidos científicamente y riesgosos para la integridad física (como la terapia electroconvulsiva y los shocks de insulina).
A nivel federal y provincial, se evidencia la falta de redistribución presupuestaria hacia el tipo de sistema de atención en salud mental que demanda la ley. No existe una fuente oficial de información centralizada sobre la cantidad y situación de personas internadas en Argentina por motivos de discapacidad. Por fin, la gestión actual también ha desactivado de forma infundada y arbitraria los mecanismos de articulación interministerial y de consulta con la sociedad civil y usuarios del sistema de salud mental.
1. Implemente en la totalidad de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26.657/2010 y su decreto reglamentario 603/2013.
2. Promueva canales y mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de la política pública de salud mental.
3. Realice un censo nacional amplio y exhaustivo de la cantidad de personas internadas en hospitales psiquiátricos en todo el país y de sus condiciones de vida.
4. Constituya la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones (CONISMA) con los representantes institucionales originales que están definidos por el decreto reglamentario 603/2013.
5. Cree y operativice los mecanismos de control y de protección de derechos en salud mental en las provincias donde aún no existan, particularmente los órganos de revisión locales de salud mental y las defensorías técnicas públicas especializadas en salud mental.
El informe completo fue elaborado con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Estado argentino fue responsable de la violación del derecho a la libertad de expresión de dos periodistas por hechos que habían ocurrido en 1995 cuando el ex presidente Carlos Menem los denunció por haber hecho pública información sobre su hijo. En 2001, la Corte Suprema de ese entonces dejó firme la condena contra los periodistas quienes, agotadas las instancias del poder judicial local, recurrieron al sistema interamericano porque la decisión de la máxima instancia argentina era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Luego de un largo proceso internacional la Corte IDH dictaminó que, efectivamente, el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión y que, entre otras medidas, la sentencia debía ser dejada sin efecto. En su decisión del 14 de febrero de 2017, la Corte Suprema decidió que no lo hará.
Según el derecho internacional, y conforme al artículo 68 de la Convención Americana, las decisiones de la Corte IDH son obligatorias. Pero la CSJN argumentó que son solo obligatorias “en principio” y que en este caso dejar sin efecto la condena violaría la Constitución Nacional. Según este enfoque, sería la misma Corte Suprema la que definiría cuándo y cómo cumpliría las sentencias de la Corte IDH, en base a criterios muy poco claros. En ese sentido el fallo desconoce las obligaciones internacionales asumidas al suscribir la Convención Americana.
Recomendación sugerida al Estado:
1. El Poder Judicial argentino debe implementar cabalmente las decisiones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Para más información se puede leer Las consecuencias del fallo Fontevecchia de la CSJN para la vigencia de los DD.HH.
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue aprobada en el año 2009, luego de un largo proceso de participación ciudadana y debate parlamentario. La LSCA fue pionera en la región latinoamericana y destacada por los relatores especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Reconoce el ejercicio igualitario de la libertad de expresión y el acceso a la información plural en sentido individual y colectivo. Además, establece una serie de políticas redistributivas para ciertos sectores desaventajados de la comunicación, como medios de pueblos indígenas y los comunitarios.
Sin embargo, en diciembre de 2015 el gobierno dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/15 mediante el cual introdujo sustanciales reformas a la LSCA y la Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Con el DNU 267 se reemplazaron los organismos representativos y plurales que preveía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA y COFECA – por un organismo a completa disposición del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, esta norma amplió los límites para la titularidad de licencias, extendió por 15 años las licencias concedidas, suprimió las limitaciones a las prórrogas y la obligación de presentarse a concurso, derogó la limitación para la transferencia de licencias, descartó la prohibición de delegar en terceros la explotación de licencias y excluyó a los prestadores de servicio de televisión por cable del cumplimiento de la LSCA.
Todos los cambios introducidos por el decreto atentan contra un espectro de comunicación audiovisual diverso y plural y favorecen la concentración de licencias, la creación de posiciones dominantes, la toma de decisiones discrecional y la opacidad de la propiedad de los medios de comunicación.
En una audiencia pública ante la CIDH en abril de 2016, el Estado argentino manifestó que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional eran de carácter “provisional” y que se encontraba en proceso de elaboración un nuevo proyecto de ley. Vencidos todos los plazos anunciados por el gobierno, a la fecha no existe siquiera un borrador público de este proyecto. De hecho, el escenario de concentración se ha profundizado en el último año. Por medio de diversas decisiones administrativas, el Poder Ejecutivo Nacional ha generado un marco normativo que permiten que el mercado se concentre cada vez más, en el sentido contrario de lo establecido en la LSCA.
El Comité de Derechos Humanos, durante la evaluación del Estado Argentino en agosto de 2016, expresó preocupación por las reformas ocurridas y solicitó que el Estado las revise para no menoscabar la diversidad de fuentes e opiniones.
Por último, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la única institución sobreviviente destinada a la defensa de los derechos de las audiencias, se encuentra acéfalo desde noviembre de 2016. Esta grave omisión en la designación por parte del Congreso Nacional significa un debilitamiento del sistema de garantías legales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, durante la evaluación del Estado Argentino en diciembre de 2016, ha urgido a la Argentina a adoptar todas las medidas necesarias para nombrar al representante de la Defensoría del Público.
1. Adopte las medidas necesarias para evitar la concentración del mercado de comunicación y garantizar la plena vigencia de los principios de pluralismo y diversidad cultural, con especial preocupación con los medios comunitarios y sin fines de lucro.
2. Adopte las medidas necesarias para garantizar la independencia de la autoridad de aplicación del sistema de servicios de comunicación audiovisual.
3. Garantice un debate amplio y plural para la aprobación de una nueva normativa que respete el principio de no regresividad.
4. Implemente un proceso participativo para la pronta designación del titular de la Defensoría del Público.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 230
 artículo 86
 resolución 
 resolución 
 artículo 68
in fine