Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2014/147/5/
Timestamp: 2019-11-18 22:11:38+00:00

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Diario de Sesiones 147/2014, de fecha 26/11/2014 - Punto 5 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 147/2014, de fecha 26/11/2014 - Punto 5
8L/C-1739 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE EL DECRETO QUE ESTABLECE EL COPAGO EN DEPENDENCIA.
El señor PRESIDENTE: Siguiente comparecencia, de la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre el decreto que establece el copago de dependencia.
Doña Milagros Bethencourt tiene la palabra.
La señora BETHENCOURT AGUILAR: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Señora consejera, el pasado 19 de septiembre el Consejo de Gobierno en su sesión aprobaba el Decreto 93/2014, decreto de copago para dependientes y personas con discapacidad. Ese mismo día, en simultáneo, usted, señora consejera, ordena que se registre una iniciativa, una comparecencia, donde el Gobierno informaría en esta Cámara, a petición propia, de ese asunto, señora consejera, pero su agilidad en registrar esa iniciativa no estaba impregnada del deseo de informar, sino que era una clara estrategia, a nuestro modo de entender, para ganar tiempo. Y la prueba está en que han pasado dos meses y usted ni siquiera ha venido a esta Cámara a informar sobre esa nueva norma, ese decreto de copago.
Un decreto de copago que afecta de manera directa a las personas dependientes, a sus familias y a sus frágiles economías; también afecta a las personas con discapacidad, a sus familias y a sus frágiles economías; también afecta a los cabildos insulares, a los ayuntamientos canarios, a las asociaciones, federaciones y organizaciones no gubernamentales que gestionan los servicios y prestaciones de la dependencia. Son muchos, como ve, las personas, los colectivos, las instituciones a los que afecta esta nueva norma, señora consejera. No compareciendo después de haber registrado una iniciativa, señora Rojas, es como poco falta de respeto. Pero hoy está aquí, hoy está aquí para dar explicaciones a petición del Grupo Parlamentario Popular.
Señora consejera, todos sabemos que el copago ya venía expresamente recogido en el artículo 33 de la Ley, texto original, de la Ley 39/2006, del Gobierno socialista. Lo que no entendemos es cómo el Gobierno nacionalista-socialista canario elabora, aprueba y publica un decreto de ese calado a espalda de todos. A espalda sobre todo de los cabildos, de las asociaciones, federaciones y organizaciones no gubernamentales, que gestionan las plazas de dependencia.
Señora consejera, apenas unos días antes de la aprobación y publicación de este decreto, la Federación Regional Canaria de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual se reunía con mi grupo parlamentario para hacernos llegar su gran preocupación por las repercusiones de este decreto. Denunciaban de manera concreta que el Gobierno canario hacía una interpretación muy restrictiva del apartado 10 del acuerdo del consejo territorial del año 2012. La interpretación canaria condena a las personas con discapacidad a cobrar 126 euros frente a los 234 euros que supondría interpretar el verdadero espíritu del apartado 10 de ese acuerdo, señora consejera, y además la grave repercusión que eso va a tener en la propia gestión de los centros de estas organizaciones. Aclare esta cuestión, señora consejera: ¿modificará este decreto para corregir esta injusticia? También tiene usted que aclarar hoy, señora consejera, la verdad sobre la suspensión del decreto de copago anunciada en prensa y que señala que está suspendido hasta el 1 de enero del año 2016. Nosotros, personalmente, mi grupo parlamentario, no hemos visto nada publicado en el BOC, que creemos es el sitio donde tiene que salir esa suspensión de un decreto. Lo que no se puede tener es un decreto por un lado en vigor, porque está en vigor desde el 3 de octubre, y ya en teoría afecta a las personas que se hayan incorporado al sistema a partir de ese día, señora consejera, y, por otro lado, un anuncio en prensa de que ese decreto está suspendido. Hay gente que se ha dirigido a mí con toda tranquilidad y me ha dicho, "no, no, ese decreto está suspendido"; y no, no, ese decreto no está suspendido, señora consejera, ese decreto, si tuviera vida, andaría por los pasillos de su consejería diciendo "estoy aquí, qué hago". Las palabras se las lleva el viento, señora consejera, y a este Gobierno de Canarias también se lo puede llevar su propia inestabilidad. Por lo tanto, arroje luz sobre el asunto de la suspensión.
También nos consta, señora consejera, que los siete cabildos insulares han pedido la suspensión total del decreto, que le han elevado un escrito, señora consejera. También los ayuntamientos están desconcertados con este decreto de copago, porque, como usted sabe, ellos dispensan la ayuda a domicilio, la teleasistencia, en muchos casos con recursos propios porque no reciben financiación por la ley de la dependencia, y ahora se preguntan "qué hacemos ahora", "tenemos que aplicar el copago, ¿cómo lo hacemos?".
La ha liado usted buena, señora consejera. Esas son las cuestiones básicas que le planteo en esta primera intervención.
Señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, doña Inés Rojas.
Señorías, comparece el Gobierno a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre el conocido como "decreto de copago".
Primero, antes de pasar a hacer un pequeño repaso cronológico de por qué la necesidad y obligatoriedad de hacer este decreto, sí alguna puntualización.
Primero, efectivamente, pido la comparecencia para informar sobre el decreto de copago, que ha sido pasada, a propuesta incluso nuestra, que se pasara a comisión, para una extensión muchísima mayor, y, bueno, no sé si está prevista para la próxima comisión, pero bienvenida sea también su solicitud.
Y luego lo de "a espaldas de nadie", tampoco. Eso no solo no es cierto sino que ha sido aprobado en el Consejo General de Servicios Sociales con una matización y que, por lo tanto, sacamos adelante con esa condición.
Segundo, el decreto no solo no está suspendido, es decir, el decreto no está en vigor, señoría, el decreto está publicado y su entrada en vigor es a partir de enero del 2015. Esa es la publicación del decreto. Por lo tanto, el decreto no está en vigor. Por eso estas cosas hay que decirlas siempre con el rigor que corresponde, porque, si no, eso se puede prestar a muchísima confusión. En estos momentos tendríamos que estar, todas las instituciones, especialmente los cabildos, cita también los ayuntamientos, y las entidades, aplicando el decreto. No se está haciendo porque el decreto todavía no es de aplicación, el decreto tiene su entrada en vigor a partir de enero del 2015. Y lo que sí hemos hecho, acordado, y ahora lo verán a lo largo de esta comparecencia, lo que sí hemos hecho, acordado, cabildos y entidades, es ver si la ejecución y la puesta en marcha de ese decreto, ya sabemos, y aquí tenemos una consejera de cabildos, ya sabemos con seguridad que va a ser muy difícil que pueda empezar a ejecutarse a partir de enero, porque es una situación más compleja de lo que nos podríamos pensar y, por lo tanto, hemos acordado entre todos que prorrogaremos la aplicación o la entrada en vigor de ese decreto. Por lo tanto, esa matización.
Y otra que me parece quizás la más importante de todas. No hay aquí nadie preocupado por que entre un copago, aunque sea obligatorio a través de la ley de dependencia. Señorías, es verdad, la ley de dependencia te obliga a tener el decreto de copago y ya viene estipulado con unos criterios y con unos mínimos. Señorías, en Canarias hay copago hoy, hoy hay copago por todos estos servicios: por una ayuda a domicilio, por un centro de día, por una residencia, por una teleasistencia. Hay copago. Lo que ha venido a hacer el Gobierno de Canarias con este decreto es, primero, adaptarnos a la ley de dependencia, que nos lo obliga, pero, segundo, el decreto nos ha servido para homogeneizar la situación en Canarias. Porque, señorías, hay copago en Canarias, pero en cada isla es distinto. No en cada isla: dentro de cada isla, cada entidad, cada asociación, cada empresa tiene unos criterios diferentes, de tal manera que lo que hemos hecho ahora podríamos llamarlo incluso de justicia social. Hemos declarado, de alguna forma, con este decreto, principios de no discriminación, porque ahora es discriminatorio; personas que ganan igual, que tienen los mismos ingresos, pagan distinto por el mismo servicio, según el lugar en el que estén, distinta isla o distinta entidad que les pueda estar atendiendo, con distintos criterios. Y, por lo tanto, estamos hablando también de un criterio de igualdad. Esto es lo que ha venido a regular el decreto.
Hay una cuestión importante, que es la que más nos ha destacado... No en el caso de los cabildos, en el caso de los cabildos, y que sus intervenciones además ya les obligaban a que, oye, tenemos que tener acordado cuál es la aportación del usuario, y eso siempre ha sido una cuestión importante y que ahora la tendríamos clara. Se establecen unos precios de referencia para cada uno de los servicios.
Y, además, una de las cosas importantes y en las que han discrepado las asociaciones, las de discapacidad, y que estamos... Yo, personalmente, como consejera, estoy de acuerdo con las asociaciones, porque sucede lo siguiente, señorías. El real decreto propone que para la persona dependiente que esté recibiendo un servicio residencial... Todo el mundo podrá entender que una persona, sobre todo mayor, cuando las residencias solo son para los grandes dependientes, que tienen todos sus gastos cubiertos en la residencia y que, por lo tanto, la inmensísima mayoría de la gente está aportando el cien por cien de sus ingresos para ese servicio que recibe. En Canarias ya teníamos estipulado también algo así, de tal manera que entre el 70 y el 90% era lo que se le cobra a la persona o a las familias por ese servicio. El decreto establece que debe dejarse un 19%, el real decreto, un 19% a estas personas para lo que se llama su gasto personal, yo creo que incluso para su propia dignidad como persona; es decir, que, aunque tengan todos sus gastos cubiertos en la inmensísima mayoría, sobre todo en los dependientes por ser mayores, en un servicio residencial, se le deje ese 19% a la persona. Y eso mismo hemos mantenido en nuestro decreto canario para las personas con discapacidad. Pero, señorías, el real decreto estipula que para las personas con discapacidad debe ser un 25%. Nosotros, desde luego, hemos reconocido que efectivamente eso aparece en el real decreto y, por lo tanto, no solo habrá que prorrogar, prolongar la entrada en vigor de ese decreto sino que además lo modificaremos para que no sea igualitario para las personas mayores o dependientes por ser mayores que dependientes por tener discapacidad. Porque la discapacidad, señorías, no solo está en residencias, también está en pisos tutelados, y hay en muchas oportunidades, afortunadamente, que la gente tiene su propio gasto personal. Aunque no debiéramos hacer publicidad del tabaco, pero es que ha habido personas que incluso me han dicho, "oye, yo es que fumo y además necesito tener ese mínimo"; pues que ese mínimo sea del 25.
Hemos hecho un recorrido por las comunidades que ya han aprobado este decreto, que no son todas todavía, y no tienen un 25, incluso alguna llega a más, a un 30, o a un treinta y algo. Creo que es a criterio de la comunidad. Y nosotros estamos valorando si llegar a ese 25 o también establecer una media de ese 30%. Ahí estamos. Por lo tanto, ese es el matiz importante.
¿Y qué otra cuestión importante tienen las entidades, especialmente -no tanto los cabildos, los cabildos no, la entidades trabajan concertadas por los cabildos-? Pues que hasta ahora, el decreto ahora lo que establece es... El decreto establece dos cosas importantes, señorías: la primera, cómo calcular el patrimonio económico de la persona usuaria de esos servicios y, segundo, qué aportación deben hacer las personas usuarias de los servicios en función de su capacidad económica. Esas dos cosas hace el decreto. Por lo tanto, ¿qué hace el decreto?: que la persona, en función de lo que ingresa, aporte al servicio. Ahora, señorías, eso no se está teniendo en cuenta. Las personas están aportando un copago al servicio, pero da igual lo que ganen o no ganen o lo que ingresen o no ingresen, porque está más a criterio de las entidades que les estén atendiendo y del precio que hayan estipulado.
Por ejemplo, el servicio de centro de día, que se ha estipulado en un precio de referencia de 670 euros -650, creo recordar-, 650 euros, establece el decreto que las personas que tengan ingresos menores a 550 euros no han de copagar por un servicio de centro de día, pero ahora eso sí está sucediendo. Las personas que ganan ese dinero y menos están aportando a un centro de día, en general, en unos sitios sí y en otros no; por lo tanto, no hay igualdad. Eso está generando, ha generado una confusión en la propia gestión de las entidades importantísima, señorías, porque hasta ahora tenían unos ingresos que les aportaba la familia y ahora, según este decreto, en muchos casos la familia no tendría que aportar. Por lo tanto, eso genera unos problemas de gestión importantes. Es por lo que nos estamos dando más tiempo de aplicación de ese decreto, porque el decreto en realidad viene a beneficiar, a homogeneizar, a clarificar y a tener de forma bastante igualitaria la aportación que hace el usuario en Canarias, pero eso genera problemas de gestión en este momento a las entidades que están prestando ahora mismo los servicios.
Hay que trabajarlo. Por eso en octubre, a finales de octubre, nos hemos reunido, hemos cerrado las reuniones con los siete cabildos, acordado ya con ellos, y ahora tenemos una mesa o una comisión de trabajo para poder desarrollar a partir de la gestión de este decreto también el futuro, de alguna manera, de la organización de toda la dependencia en Canarias.
Por lo tanto, señorías, es una tranquilidad, o sea, lo que ha venido a hacer el decreto es a regular, a establecer principios de igualdad, regula y protege a la familia, es decir, a la persona usuaria de los servicios, que van a aportar en función de lo que ingresen y en función de lo que cueste el servicio, no en función de lo que estábamos haciendo hasta ahora de forma tan diferente...
El señor PRESIDENTE: Un minuto, doña Inés.
La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León): ... que viva en El Hierro o en Lanzarote o en Fuerteventura va a tener por el mismo servicio la misma aportación, porque la aportación ya no tendrá que ver tanto con el servicio que recibe sino con los ingresos que tiene para poder aportar. Eso, señorías -les vuelvo a repetir-, tenemos alrededor de 8, 12, 13, unas 14.000 personas que están residiendo en centros de día y en residencias y otras casi 14.000 en ayuda a domicilio. Estamos hablando de un volumen muy importante de gestión que... Lo que nos da la tranquilidad ya de tener el marco, era obligatorio por ley, de tener el marco del decreto de aportación económica, llamado de copago, pero a la vez ya nos permite ahora organizar bien la gestión en Canarias, con tiempo suficiente, que nos han pedido que hasta enero no es tiempo suficiente y por eso nos hemos dado el que sea necesario. A partir de esa comisión de trabajo, estipularemos si lo llevamos hasta el final del año, porque, como hay en medio un final de legislatura, para que no nos encontremos con un gobierno nuevo que viene y... (Corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo.) siguiente legislatura.
Los grupos no solicitantes de la comparecencia.
El señor JUSTO BRITO (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Consejera.
Yo creo que primero que nada sería bueno clarificar el tema de la entrada en vigor del decreto, porque lo que pone en la prensa es que en principio se había llegado a un acuerdo de que era el primero de enero del 2016, pero simplemente, aunque usted lo que ha comentado es que se iban a iniciar unos trabajos y que más o menos cuando se terminaran, se pondría en funcionamiento el decreto, sería bueno clarificarlo, porque yo creo que viene bien, tanto a las personas como a las instituciones.
Luego, este decreto hace referencia a uno de los elementos del Estado del bienestar, muy necesario y muy machacado, y yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos: por un lado, con respecto a los usuarios, es muy importante lo que usted ha dicho, que todos los usuarios tengan por los mismos servicios y en las mismas condiciones socioeconómicas unos precios similares; y, por otro lado, que se intente aplicar el decreto de una manera progresiva en el sentido de que los usuarios, que sabemos que suelen ser personas que están, por decirlo así, socialmente, vamos, que la sociedad tiende a marginarlos, por decirlo de alguna forma, que puedan ganar en autoestima y en dignidad, entre otras cosas teniendo los medios que se puedan tener, porque, viendo la información, dejarles 100 euros a una persona en las actuales circunstancias es bastante poco y no sé si se podrían subir. Me refiero a las cantidades que, en cualquier caso, no habría que pagar para que estuviesen a disposición de los usuarios. Yo creo que habría que intentar que, bueno, que pudieran tener el mayor posible, dentro de lo que se intenta también, que es que el equilibrio del sistema no se estropee.
Y, por otro lado, la progresividad, en el sentido de que se tengan en cuenta todos los ingresos y que no paguen lo mismo los que no ingresan lo mismo.
Y luego, por otro lado, también tener en consideración que hay otras instituciones, que son los ayuntamientos y los cabildos, que están implicadas en el tema que cubren parte del servicio, y que hay que tener cuidado con no disparar con pólvora ajena y que los acuerdos a que se llegue se intente que sean por consenso, de manera que no se deriven hacia cabildos y ayuntamientos unos costes adicionales que a lo mejor podrían tener problemas en asumir. Los cabildos y los ayuntamientos -yo lo digo porque tengo la experiencia de los cabildos- llevan bastante tiempo gestionando este tipo de servicios y tienen muy buena preparación y muy desarrolladas las cuestiones, y sería muy interesante tener en consideración lo que planteen porque lo han hecho bastante bien hasta ahora.
La señora JEREZ PADILLA (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora consejera.
Señorías, yo creo que esta es una comparecencia en la que en solo tres minutos es imposible hablar los grupos parlamentarios de lo que realmente pensamos y de lo que nos hacen trasladar las distintas instituciones y personas que están haciéndose cargo del tema de la dependencia.
Yo, señora consejera, comenzaré hablando de lo último que dijo, que es la ampliación del plazo para su entrada en vigor, y sobre todo de la creación de esas comisiones de trabajo, que creo que era lo fundamental; es decir, lo principal que tenía que haber hecho la consejería es sentarse con las administraciones y con las asociaciones para poder elaborar ese decreto. Porque, desde mi punto de vista, señora consejera, es una manera de que este decreto saliera con el beneplácito de todos, de todos, y que no hubiese ningún problema a la hora de ponerlo en marcha. Porque tanto las administraciones -creo- como las asociaciones, etcétera, no dicen no al decreto, al copago, pero hay que llevarlo, señora consejera, de una forma racional, de una forma consensuada. Incluso muchas asociaciones como FEAP o Feape me han dejado un informe donde dicen que, bueno, que el decreto tiene un fin recaudatorio, y lo entienden como que ha de ir siempre a mejorar los servicios que reciben las personas y no a generar ahorro a las administraciones. Y por eso digo que hay que sentarse con ellos, con todos, para tener un acuerdo general y, digamos, que estemos todos en sintonía. Incluso otras hablan del copago, dicen, cuando los costes-plaza estén equiparados a la media, incluido el transporte. Porque hasta el momento dicen que los dependientes, los discapacitados, están pagando transporte, fisioterapia, logopedia, etcétera. Y por eso es bueno que para llevar a cabo este tipo de decretos todos se sienten y trabajen con un objetivo final, que es favorecer el día a día de la discapacidad. Eso lo dicen ellos, no lo digo yo, pero yo estoy con ellos también. Por eso, señora consejera, creo que el problema fue no haber escuchado de una forma generalizada a quienes realmente son los que están, como decía, en el día a día con los discapacitados.
Y para finalizar, una de las preguntas que me han hecho ellos, y yo se la traslado a usted, es cuándo se les piensa comunicar la anulación o la prórroga del copago, de la dependencia. Porque ahora mismo ellos están en el aire, no saben exactamente cuándo, si esto va a continuar...
El señor PRESIDENTE: Sí, muchísimas gracias, doña Rosa.
Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Flora Marrero Ramos.
Señora consejera, como usted misma acaba de decir -con independencia de que veamos este tema en comisión parlamentaria, que el presidente de la comisión me ha informado de que va en el orden del día de la comisión del 1 de diciembre y lo podremos ver de manera más amplia-, este decreto es consecuencia, además, directa de la resolución del Ministerio de Sanidad del 13 de julio, y es verdad que ha tenido problemas en diferentes comunidades autónomas, como la de Valencia, donde consideraban este copago, y se ha llegado a denominar inclusive "repago", como una situación de inseguridad jurídica, con un riesgo de desigualdad, que es lo que más a mí me preocupa, y sobre todo porque en Valencia se ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.
Está claro que la desigualdad ya es un hecho con las medidas de austeridad que se han tomado y el control del déficit, que ha perjudicado a las personas con mayor discapacidad, pero yo quiero hacerle una pregunta, que es el margen que usted ha tenido a la hora de elaborar este decreto -usted acaba de dar una información-, el margen que ha tenido de los criterios, de la aplicación automática, me refiero; si usted ha tenido que hacer una aplicación automática o si ha tenido un margen de discrecionalidad, sobre todo porque nos ha informado de esas reuniones que ha tenido con los colectivos y con los cabildos.
Usted ha hablado de la ampliación del plazo para la entrada en vigor, acaba de dar la fecha del 1 de enero, pero también ha abierto la posibilidad, aunque lo veremos en comisión parlamentaria, de inclusive prorrogar ese plazo. Sí que me gustaría, si ya hay una decisión tomada o no.
A mí me parece que este es uno de los asuntos que tienen que tratarse de manera prioritaria, porque, desde luego, lo vimos en su momento en la estrategia frente a la pobreza, la importancia de que la prestación del servicio o el recibimiento de lo que es la prestación económica se haga en el tiempo que marca la ley, sobre todo saber, las personas, si tienen derecho o no. Hay un incremento en el presupuesto para la ley de dependencia de un 7,6%. Espero que esto contribuya a mejorar la gestión. A nosotros nos parece que es importante, porque además, como usted misma ha dicho en más de una ocasión, un porcentaje importante de personas ni siquiera tiene derecho, cuando solicitan no tienen derecho, pero a nosotros lo que nos parece prioritario es que se sepa esa respuesta en el tiempo más breve posible, sobre todo por lo menos dentro de los márgenes de la ley.
Y hay que, viendo los datos, últimos datos del CIS, y esto es un tema que no se trata, pero no tenemos que olvidar que el 1% de las preocupaciones también de la ciudadanía son los problemas de índole social y están relacionados con la ley...
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña Flora Marrero.
El tiempo es inexorable a veces.
El grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Parlamentario Popular. Doña Milagros Bethencourt.
Señora Rojas, me ha pedido usted rigor. Yo también le voy a pedir rigor. Le voy a leer la disposición final segunda del Decreto 93/2014: "Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias", es decir, ha entrado en vigor el 3 de octubre del año 2014. No obstante, dice el apartado 2, no obstante, las personas que ya estuvieran en el sistema tendrán tres meses para adaptarse. Las que estén en el sistema, tres meses para adaptarse, pero las que se incorporen en el sistema a partir del 3 de octubre ya tendrían que aplicarse el copago, señora consejera. Bien. (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).
La aprobación y publicación -aclarado este asunto-, la aprobación y publicación de este decreto, señora consejera, a espaldas de todos es un ejemplo más, señora consejera, del poco interés que tiene el Gobierno de Canarias en la gestión de la dependencia. Es que le da igual, son meros trámites, sin importarle una verdadera y buena gestión de la dependencia. Máxime, señora Rojas, cuando en Canarias -y usted lo ha dicho, efectivamente- ya existía el copago en dependencia para las personas mayores, pero se ha incorporado un nuevo copago para las personas con discapacidad. Pero usted, ni por esas, orejeras y para adelante.
¿Y qué ha sido la ley de dependencia en España y en Canarias hasta hoy? Algunas pinceladas. La ley fue aprobada en el año 2006 sin ficha financiera. Año 2012, el Gobierno popular llega al Gobierno de España: una deuda de 1.034 millones, 305.000 dependientes en lista de espera, 17 sistemas de la dependencia, 17 comunidades autónomas, 25.000 expedientes irregulares... En definitiva, un sistema desigual -y usted también lo ha reconocido-, desigual por comunidades autónomas, agonizando, caótico, endeudado e insostenible. Tres años después del Gobierno del Partido Popular, ¿qué encontramos hoy, señoría?: 262.000 altas nuevas en el sistema, 176.000 personas en lista de espera, una deuda abonada, un sistema saneado, saludable y sostenible, señora consejera. Y he hecho este esbozo, señora consejera, señorías, porque el acuerdo del consejo territorial de julio del año 2012 pretendió unificar los sistemas, acabar con las desigualdades de las comunidades autónomas que se venían generando y que puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas del reino. Señorías, una ley que se aprueba con base en el artículo 149.1 de la Constitución española, regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y que se había desvirtuado: 17 comunidades autónomas, 17 sistemas autonómicos; 7 islas canarias, 7 sistemas de la dependencia.
Y, señora Rojas, el acuerdo de julio del año 2012 -y aquí también se lo aclaro a la portavoz nacionalista- adoptó los criterios mínimos y comunes para todo el territorio nacional, que garantizaran ese principio constitucional de igualdad, por sentido común, dejando autonomía, autonomía, a las comunidades autónomas para que pudieran incorporar sus propias peculiaridades. Señora Rojas, julio del año 2012 y usted, dos años después, la lía, la lía, aprobando un decreto sin consenso cuando ha tenido dos años para sentarse en una mesa de trabajo con todas las organizaciones y sacar adelante un decreto sin traumas. Y además haciendo una interpretación restrictiva del apartado 10, insisto, que era el 19%, y ese acuerdo ahora señala que se debe incrementar el 25 y que usted simplemente ahora pone el 25 cuando es incrementarlo. Usted aplica el 25 del 19 y es sumatorio, no aplicar el 25 del 19, señora consejera.
¿Y qué decir de los cabildos? Usted ha cometido un error monumental sacando este decreto a espaldas de los cabildos. Y usted tampoco se ha reunido con el Consejo General de los Servicios Sociales, señora consejera; los cabildos se enteraron del decreto por la prensa. Mire, algo que es muy socorrido y que da juego político, esto es una verdad como un templo: los cabildos insulares se enteraron del decreto del copago leyendo los periódicos. No sé si algún cabildo tuvo la información por deferencia, pero de los que yo conozco todos se enteraron por la prensa, señora consejera. Los cabildos insulares, que son los gestores de la dependencia en Canarias, se enteraron por la prensa del decreto del copago, un decreto de copago que afecta de pleno a la gestión de los servicios. Y yo le pregunto: ¿a usted le parece normal esta situación, señora consejera? Porque si a usted le parece normal es que usted ya cabalga sola, ha decidido cabalgar sola y dejar atrás a las organizaciones. Sigue usted empecinada en no creer en los cabildos insulares para la gestión de la dependencia y son claves. Mire, yo me atrevería a decir que si los cabildos tuvieran autonomía para la gestión de la dependencia, otro gallo nos cantaría. La situación de miles de dependientes canarios hoy no sería la misma a la que usted los ha sometido durante estos siete años de vigencia, donde, lamentablemente, en Canarias las listas de espera bajan porque los dependientes fallecen: 8.097 en los últimos tres años, señora consejera. Canarias ha sido la región que peor ha gestionado la dependencia: 57.000 solicitudes, apenas 12.000 usuarios en estos siete años.
Señora Rojas, en el mismo escrito que los cabildos piden la suspensión total del decreto de copago, fechado el 16 de octubre de 2014, también denuncian su malestar porque el Gobierno de Canarias, a fecha de 16 de octubre, apenas ha ingresado el 25% del montante total de la cuantía para los convenios de dependencia. Y usted ayer se atrevió a criticar aquí al Gobierno del Estado porque en septiembre solo le había ingresado el 75% de la cuantía para la dotación de la pobreza, señora consejera. El Estado en septiembre había ingresado el 75%, pero es que usted en octubre apenas había ingresado el 25% a los cabildos para la dependencia, señora consejera. ¡Está usted para dar ejemplo!
Mire, difícilmente así se puede trabajar. Un colapso en la aplicación de la ley, una congelación en los presupuestos del año 2015. Porque usted el otro día en comisión, señora consejera, mintió, mintió, porque, mire, los moderados, los dependientes moderados, el calendario es en julio del 2015 y usted aseveró en la Comisión de Presupuestos que el Estado había retrasado ese calendario, y no lo ha retrasado. El calendario para los moderados, y lo digo aquí claramente a los ciudadanos dependientes moderados, que a partir del 1 de julio del año 2015 pueden pasar por la consejería, porque ya tendrán derecho a su dependencia moderada. El Gobierno de Canarias ha dispuesto cero euros para la incorporación de los moderados en el año 2015. Tengo que decir que el Gobierno del Estado tiene ya dispuesta una dotación económica ampliable para todos los moderados que incorporen las distintas comunidades autónomas, señora consejera.
Y, para finalizar, quisiera lanzar una reflexión. Es una desgracia ser dependiente y vivir en Canarias. Los dependientes canarios son huérfanos, señora consejera. Recuerden que el área de dependencia nadie la quería y apareció de repente en la Dirección General de Infancia y Familia, y apareció allí porque nadie quería hacerse responsable de esa magna responsabilidad. Pues todavía hay más, señora consejera: la Dirección General de Infancia, el área de Dependencia, por no tener no tiene ni jefe de servicio, tiene un jefe de servicio en otra dirección general ocupando la plaza de jefe de servicio. Si no lo sabe, se lo digo yo para que lo indague, para consolidar al jefe de servicio. Que probablemente sea legal esa fórmula, siempre se utiliza, pero, Dios mío, la dependencia tiene que tener un capitán para empezar a dirigir esa situación caótica que tiene el área en su consejería, señora consejera. No solo los dependientes y familiares se quejan de la gestión, también los funcionarios, que ven como van remando sin capitán, señora consejera. Si el Gobierno de Canarias no pone interés en sacar esto adelante, difícilmente podremos salir adelante.
Y finalizo, señora consejera: es una desgracia ser dependiente y vivir en Canarias.
Para concluir la comparecencia, la señora consejera, doña Inés Rojas, tiene la palabra.
Señorías, podemos dar titulares y aseveraciones, seguramente. Tristemente, a veces sucede así o casi siempre. A ver si queda claro de una vez: este decreto, el decreto de aportación económica y de determinar la capacidad económica de la persona usuaria para la atención a la dependencia ha sido aprobado en el Consejo General de Servicios Sociales con un único matiz, dándole la capacidad a esta consejera para que, en negociación con la Consejería de Economía y Hacienda, permitiéramos ir nosotros un poquito más allá de lo que iba el real decreto. Y es que el real decreto decía que estuvieran exentas de aportar aquellas personas que ganaran menos del 1% del Iprem y nosotros pedíamos en Canarias que fuera el 1,5 del Iprem. Jurídicamente eso no fue posible pero a lo largo de ese tiempo el Estado, el Consejo General de la Dependencia, modifica a su vez el decreto del 2012, en el que mejora, desde luego, esta situación y sacamos adelante el decreto con ese acuerdo.
El decreto, señorías, lo que hace es favorecer a las personas usuarias de los servicios de la dependencia. ¡El decreto! Ni las asociaciones ni los cabildos ni los ayuntamientos están en contra de este decreto. Saben que este decreto es obligatorio por ley. Por lo tanto, no es que no nos reuniéramos antes, es que esto ha estado trabajado antes. Esta es la culminación del trabajo previo que se venía haciendo.
¿Qué es lo que ha sucedido con el decreto, señorías? Su aplicación en Canarias, que es lo que nos trasladan... Bueno, lo primero que nos trasladan las asociaciones es lo que les había comentado de la parte que se deja para la persona usuaria del servicio de residencia, señorías. A ver si también lo tenemos claro. Las personas que tienen un determinado ingreso, en función de su ingreso y en función del servicio que reciban, aportan una cantidad que ya viene estipulada y reglamentada en el decreto, y que lo dice el propio real decreto, y en eso nadie tiene ningún tipo de problema. El único problema es que Canarias ha puesto unos precios de referencia que, efectivamente, son en gran medida a veces diferentes. Por ejemplo, en el de residencia decimos: entre 1.000 y 1.600 euros costará una residencia en Canarias. Pues a lo mejor en Península una residencia de repente cuesta 1.200 o 1.300; en Canarias, 1.600. Pero en Canarias a lo mejor tenemos residencias de 1.800, a lo mejor están cobrándole a la gente ahora a partir de una residencia de 1.800. Nosotros estamos estableciendo un precio de referencia para que se tenga precisamente eso, una referencia en función del ingreso para pagar.
La diferencia que hemos asumido de este decreto es, como les decía, solo en las personas que están en una residencia. Decía el diputado del Grupo Mixto que, hombre, 100 euros para una persona, dejarle solo 100 euros... Vamos a ver, dicho así, parece que qué malos somos, que le quitamos todo el dinero a la gente y le dejamos solo 100 euros para vivir. Señorías, estamos hablando del servicio residencial, la persona vive allí, en la residencia, y tiene todos sus gastos cubiertos, pero, tal como les decía, yo creo que hasta por dignidad siempre es bueno que la gente tenga un mínimo. Esos 100 euros, pues, no sé si esos 100 euros... Lo que estipula el real decreto es el 19% de su ingreso, el 19% de su ingreso, y eso lo ha respetado, como es obvio, Canarias.
¿Qué pasa, por qué hay problemas ahora de gestión y debemos darnos más tiempo? Pues porque a lo mejor, en la inmensa mayoría de los casos, no se está respetando, porque no existía así, ese 19%, o se está respetando un 30, que era más o menos lo que teníamos estipulado en lo sociosanitario nuestro, en el Plan Sociosanitario, o se está cobrando el 100% del ingreso de la persona, o se está cobrando el 100% del ingreso de la persona y además se le pide más también a las familias. Todas esas situaciones distintas se están dando en Canarias, señorías. El decreto regula y homogeneíza esta situación. Por lo tanto, hace una situación más igualitaria para todos. Esto tiene problemas de gestión y, por lo tanto, acordamos que, efectivamente, vamos a darle más plazo para la entrada en vigor de este decreto y vamos también a corregir la diferencia entre ser dependiente por ser mayor y ser dependiente por tener una discapacidad.
Y ya les decía yo lo del 19 y el 25. Alguien interpreta que es sumativo el 19 más el 25. No debe ser sumativo, señorías, cuando en general ninguna comunidad tiene el 49%, salvo creo que Cantabria, 44, salvo Cantabria. Casi todas están en el 25, 30, 35; por lo tanto, esa media cogeremos también en Canarias. Es lo que hemos acordado.
Y al respecto tengo que decirles una cosa, también para ser rigurosos, tenemos razón a medias las dos, porque yo me despisté en una cosa que es muy importante, que usted decía. El decreto tiene aplicación a partir de tres meses después de su publicación, efectivamente, para las personas que tenemos en el sistema, y sería de forma inmediata para las personas nuevas que entren en esos servicios. Por lo tanto, yo, en aras de no ser rigurosa... -ha sido un despiste por mi parte, en su caso no lo sé-, pero lo que sí hemos acordado con las asociaciones y los cabildos es que, desde luego, nos vamos a dar el plazo suficiente. Usted me decía: "enero del 2015 o enero del 2016". Lo que está publicado es enero del 2015, si lo pusiéramos en vigor tal como está en este momento. De lo que estamos hablando es de prorrogar ese plazo y que no sea enero del 2015 sino que lo llevemos mucho más allá. En esta comisión de trabajo en un primer momento hemos dicho: podemos tomarnos todo el año 2015 para regularizar toda esa situación, porque, como les digo, es muy complicada para la gente. Para la gente usuaria, no, para la gente usuaria, no; para la gente usuaria está claro lo siguiente: va a copagar en función de lo que gana y aquella persona que no tiene recursos no va a dejar de recibir el servicio; todo lo contrario, lo tiene garantizado. Pero sí es un problema de gestión para las entidades, ese sí es el problema, no de la gente. El decreto beneficia a la gente: paga más el que más ingresa. Eso es así. En estos momentos eso no está siendo así. Pero eso genera problemas de gestión, como les decía.
Por lo tanto, espero haberles ido aclarando... Así se hizo, me decía la diputada del Grupo Socialista, que se hizo un decreto sin hablar con nadie. Eso no se nos ocurre a nadie, creo que se lo he podido dejar claro.
Y, claro, aquí viene la cuestión de la gestión de la gente, porque hay personas que están exentas, con el decreto nuevo están exentas de pagar, y en estos momentos están pagando. ¿Cómo se gestiona esto? Esto no tiene afán recaudatorio, señorías. Si tuviera afán recaudatorio, no habría ni personas exentas. ¡No!, esto al revés. Las personas que están copagando ahora con este decreto no lo tendrían que hacer, en la inmensa mayoría, si hablamos de servicio de día, con 550 euros solo de ingresos.
Por lo tanto, el problema de esta... bueno, no hay ningún problema, es decir, la gente conoce el decreto, sabe que había que hacerlo y lo que tenemos es ese acuerdo para prorrogar su aplicación para ponernos de acuerdo en cuánto tiempo nos damos para que esto lleve el tiempo que lleva.
Y si hablamos de la dependencia en general, como me comentaba usted, yo en estos momentos tengo que decirle, señoría, que hasta septiembre de este año el Gobierno de Canarias ha incorporado alrededor de 2.500 personas nuevas en distintos servicios de atención a la dependencia. Yo tengo que decirles, señorías, que el Gobierno de España, si me sumo y me ajusto a los presupuestos, no ha incrementado dinero para nuevas personas, con lo cual es imposible que podamos incorporar nuevas personas con ese presupuesto, pero, sin embargo, sí se están incorporando nuevas personas -como bien decía la diputada del Partido Popular- al sistema, que se incorporan en función de las que dejan el servicio. Por las circunstancias que sean y que todos podemos imaginarnos cuál es la mayor de las circunstancias.
Y, luego, los cabildos, primero, no trabajan solos, primero el Gobierno no trabaja solo, alguien decía los cabildos lo han hecho muy bien, no ellos solos, y el Gobierno tampoco está trabajando solo. Esto lo tenemos distribuido de esta forma y creo que, efectivamente, con una experiencia y unas buenas prácticas, los cabildos la gestión de los centros de día y las residencias, los ayuntamientos la ayuda a domicilio y la teleasistencia y el Gobierno el pago de las prestaciones económicas... Que tengo que decirle, señoría, dos cosas. Primero, en estos momentos -ya se lo anuncié desde hace tiempo- no hay ninguna persona con discapacidad de menos de 21 años que esté en lista de espera; segundo, en estos momentos la lista de espera que nos queda, es una parte importante, estamos hablando de 12 o 13.000 personas, de las que la mitad son dependientes moderados, que ya veremos si entran en el 2015 o en el 2016, no se lo voy a discutir, y la parte que queda de prestaciones económicas, que no se van a poder dar, porque, como usted sabe, el Estado las ha modificado y las estamos derivando a ayuda a domicilio, y estamos firmando acuerdos con todos los ayuntamientos para que precisamente esta financiación vaya por dependencia y no por el plan... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de control del tiempo y la Presidencia le indica que prosiga) consejos de Gobierno los acuerdos con los distintos ayuntamientos de Canarias para ello.
Por lo tanto, señorías, con esos 8 millones de euros que sí incrementa el Gobierno para los presupuestos del 2015, nosotros creemos -y creo firmemente también- que podemos prácticamente acabar con la lista de espera, que, como les digo, en este momento prácticamente es para la ayuda a domicilio.
Por lo tanto, señorías, el decreto de copago no es un nuevo copago, garantiza que quien no tiene medios reciba el servicio y asegura y garantiza que se pague o se copague o se aporte en función del ingreso que se tiene. Por lo tanto, es de justicia social llevar a cabo este decreto, como también de justicia es que nos demos el plazo suficiente para que todos podamos hacerlo efectivo.
Con esta intervención se termina esta comparecencia y pasamos a la siguiente.
8L/C-1739 Sobre -Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda-, sobre el Decreto que establece el copago en dependencia.

References: artículo 33
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 resolución 
 artículo 149
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