Source: https://tsevanrabtan.wordpress.com/category/ley-e-injusticia/
Timestamp: 2019-06-25 22:33:18+00:00

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Ley e injusticia – Las cuatro esquinas del mundo
Categoría: Ley e injusticia
Calla, bobo
24 mayo, 2019 24 mayo, 2019 Tsevan Rabtan
Lo escribí porque creo que mis razonamientos jurídicos son correctos. Puedo estar equivocado, por supuesto. Puede, incluso, que más que equivocado, esta sea una cuestión discutible que admite soluciones diversas y que la que se adopte exija un proceso de interpretación del sentido y la ratio del ordenamiento jurídico en esta materia. Vamos, como se hace tan a menudo por tantos operadores jurídicos. Esto no sería estar equivocado, sino tener razón, obviamente.
Después de escribirlo, leí algunos artículos, hilos de tuiter, opiniones diversas. Las hay muy burdas —algunas hasta ofensivas—, así que no perderé el tiempo con ellas. Otras, aunque me parezcan forzadas, resultan de una aplicación de esos instrumentos interpretativos que utilizamos los que nos dedicamos a esto de las leyes y, por tanto, han de rebatirse usando esos mismos criterios. Pero no quiero hablar de esto.
Quiero hablar de los que consideran que esto está clarísimo. Un querido amigo, incluso atribuye mi análisis a ese defecto que tengo: la búsqueda de la objetividad. Como el defecto es auténtico, me reexamino constantemente (o, al menos, lo intento). ¿Y qué mejor manera de reexaminarme que analizar las objeciones a los argumentos que expongo? Sobre todo, objeciones de personas que aprecio y que utilizan argumentos.
El problema es que no existen.
No existen. Miro a amigos y conocidos. A juristas. Y veo que todos dicen: «está clarísimo, joder». Veo afirmaciones que eluden las cuestiones que planteo.
Comprendo que nadie quiera perder el tiempo rebatiendo mis argumentos. No puedo exigir un trabajo así a nadie, cuando yo mismo no lo hago a menudo. Normalmente, por pereza. Si tengo algo claro, y lo que leo me parece una bobada, ¿para qué cojones perder el tiempo?
Puede que este sea el caso. A lo mejor lo que he escrito es una gilipollez. A lo mejor está clarísimo que Batet está al borde de la prevaricación y la desobediencia. Yo no veo orden ninguna de ningún tribunal que esté desobedeciendo, ni creo imprudente pedir un informe jurídico, sino todo lo contrario, antes de decidir. Pero, otros dicen que sí.
A lo mejor lo que dice este editorial de El Mundo es acertadísimo —me refiero a la cuestión legal, no a la política, en la que no entro—, aunque yo siga sin ver, en absoluto, esa prístina claridad.
Intento, ya ven, reexaminar mis argumentos, pero es imposible por falta de contraste.
Ah, por cierto: que yo crea que una suspensión basada en los reglamentos exija una votación de las cámaras es perfectamente compatible con la obviedad de que las mayorías a favor de esos acuerdos deberían ser estrepitosas. Por dignidad, sobre todo de aquellos que llevan años hablando de los privilegios de los políticos.
De momento, seguiré opinando como un individuo. Con estos antecedentes, con tanta bandería agostándonos, me da que cada vez va a ser más difícil tener un criterio personal. Pero la ventaja de no ser nadie, es que puedo permitirme la soberbia de continuar equivocándome evidentemente.
Vaya. Han hablado los letrados del Congreso. Y tienen exactamente la misma opinión que expuse en mi entrada anterior. Y, además, por razones sustancialmente similares.
Imagino que habrá algunas personas que dirán que los letrados son gilipollas y no saben ver algo que es clarísimo.
In claris no existe, como sabemos todos
23 mayo, 2019 23 mayo, 2019 Tsevan Rabtan
Escuchaba esta mañana a Carlos Alsina sobre el asunto de la suspensión de los diputados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y la solicitud hoy inadmitida de un informe por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. También comentaba la parida de Pablo Iglesias: que a los diputados los ha elegido la gente para que sean diputados. Sobre esto último, nada que decir: lo de Iglesias es infumable, aunque coherente en un populista de izquierdas. Ya sabemos que, para ellos, la ley nos obliga mientras no se oponga a lo que dice la gente, es decir, a lo que dice el líder.
Sin embargo, me ha llamado la atención la insistencia de Alsina en que el asunto de la suspensión, por aplicación del Reglamento del Congreso, es clarísimo.
Voy a explicar cómo lo veo para que se entienda por qué no estoy de acuerdo.
En primer lugar, los diputados y el senador procesados por rebelión una vez adquiridos la condición de tales por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley, están suspendidos automáticamente por ministerio de la ley. Hablo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice:
Que la suspensión es automática resulta del dictado de la ley y coincide con la interpretación efectuada por el magistrado Llarena tras el procesamiento y en relación con los cargos que entonces ostentaban los procesados.
Eso sí, que la suspensión sea automática no excluye que un juez competente, siquiera por razones de seguridad jurídica, declare que estamos en el supuesto de la norma. Es lo que hizo Llarena y es lo que, en mi opinión, debería hacer la sala que está enjuciando. En consecuencia, creo que lo correcto es lo que han hecho los fiscales del Tribunal Supremo, que han pedido esta suspensión por aplicación de esa norma procesal.
Dicho esto, ¿procede además la suspensión por aplicación de los Reglamentos de las Cámaras?
Aunque es discutible, en mi opinión, no, salvo votación de la propia cámara con mayorías idénticas a las que permiten la concesión del suplicatorio. ¿Por qué digo esto?:
Vean lo que dice el Reglamento del Congreso:
Como vemos, esta norma no coincide con el artículo 384 bis, ya que esta se refiere a delitos concretos, mientras que el Reglamento se refiere a todo tipo de delitos. Además, la suspensión exige un presupuesto habilitante: que se haya concedido la autorización para proceder contra el diputado por medio de suplicatorio.
El suplicatorio es un acto político derivado de un privilegio: la cámara lo concede o no. Es decir, la cámara se pronuncia políticamente.
En el presente caso, esto no ha sucedido. Se puede argüir que no es necesario, como se ha cuidado el Tribunal Supremo de declarar en su auto de 14/05/2019, resolución totalmente ajustada a derecho en mi opinión, pero esto no implica que su innecesariedad para la continuación del juicio lo haga innecesario para provocar la suspensión. La razón es la ya enunciada: el suplicatorio encierra una manifestación de voluntad política de la cámara.
Esto, además, se refuerza considerando el caso del Senado. El artículo 22 del Reglamento del Senado se parece al del Reglamento del Congreso, pero con dos diferencias:
a) La primera es que hace falta mayoría absoluta para acordar la suspensión en una votación diferente de la del suplicatorio.
b) La segunda es que se hace referencia a que esta medida se acordará dependiendo de la «naturaleza de los hechos imputados».
La segunda diferencia es irrelevante, ya que el Senado es soberano. Ahora, la primera supone que, para la suspensión, el Senado deba realizar dos manifestaciones políticas adoptadas por mayoría (además, absoluta, en el segundo caso).
Las consecuencias que extraigo son: la suspensión de la condición de diputado o senador afecta a derechos fundamentales de indudable trascendencia. Al igual que la inmunidad, como privilegio, ha de interpretarse taxativa e incluso restrictivamente, la suspensión de un derecho fundamental ha de producirse solo cuando la ley lo prevea y concurran todos los presupuestos habilitantes.
En consecuencia, para que las cámaras puedan suspender por aplicación del Reglamento respectivo es preciso que, en el caso del Congreso, haya suplicatorio (o votación con cumplimiento de requisitos formales similares) y, en el caso del Senado, votación por mayoría absoluta (podría ser solo una, puesto que con ello las exigencias materiales se cubren).
De esta forma, concurriría, en ambos caso, la voluntad política que exigen ambos reglamentos (recuérdese que las cámaras son soberanas a la hora de articular sus normas de funcionamiento).
Solo queda una cosa por plantear: ¿podrían las cámaras olvidarse de sus reglamentos y simplemente suspender por la concurrencia de lo que establece el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?: en principio, podrían. Ahora bien, esa norma procesal, conforme a su aplicación natural, aunque es imperativa, tiene como principal destinatario a los jueces y tribunales. Por tanto, no sería ilógico que las cámaras simplemente declinasen en el tribunal la dación de cuenta de que la suspensión automática se ha producido porque en ese tribunal concreto se sigue una causa por los delitos que implican dicha suspensión automática.
Por tanto, no tiene razón Batet en pedir informe de ningún tipo. Esto es un disparate. Pero no resultaría absurdo que las cámaras esperen a una resolución expresa del tribunal que deje constancia de la aplicabilidad de esa norma.
Dos últimos incisos para que quede claro hasta qué punto el asunto es discutible: en cierto sentido ya hay una resolución que dice que los diputados y el senador tienen sus cargos suspendidos. La que dictó Llarena. El segundo inciso: se ha dicho que el auto de 14/05/2019 (antes enlazado) ya contiene la postura del tribunal. Pues yo no sé dónde. Lo que dice el auto es:
Basta su lectura para darnos cuenta de que la mención del reglamento es obiter dicta como argumento añadido a otros que se refieren a la condición posible de preso preventivo y diputado o senador conforme a derecho.
Y el auto no dice que la situación de preso preventivo, por sí sola, implique que el diputado sea suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios.
Espero, en consecuencia, que el Tribunal Supremo dicte una resolución que simplemente declare que los presos diputados y senador están suspendidos por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que así se lo comuniquen a las cámaras para su cumplimiento. O que, si las cámaras hacen esto, lo hagan por aplicación exclusivamente de esta norma.
Y que, si se pretende que la suspensión tenga lugar por aplicación de los Reglamentos, haya una votación al efecto en el pleno del Congreso y otra en el del Senado.
5 abril, 2019 5 abril, 2019 Tsevan Rabtan
2 abril, 2019 Tsevan Rabtan

References: artículo 384
 artículo 384
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución