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Timestamp: 2020-08-06 07:55:03+00:00

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EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO EN EL TEMA DE LA COMPENSACIÓN UNIVERSAL – Padilla Villaruel
Por: Jesús Enrique Herrejón
En el presente artículo se procede a hacer un análisis sobre los efectos jurídicos en el supuesto de que se busque amparar en contra de la eliminación de la compensación universal, y en dicho juicio se conceda la suspensión.
En atención a lo referido en la fracción VI del artículo 25º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se considera que, aun y cuando si es viable jurídicamente, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
La Ley de Ingresos tiene una vigencia anual, lo que implica que el juicio de amparo que se llegue a promover solo tendrá efectos sobre el ejercicio fiscal 2019.
Si bien es cierto que existen varios argumentos que se pueden plantear como “violaciones constitucionales” derivadas de impedir al contribuyente “compensar universalmente” un saldo a favor, lo cierto es que la opción de solicitarlo vía devolución sigue estando vigente, de ahí que se pueda concluir que no se está negando el derecho a los contribuyentes a “recuperar” un impuesto pagado en exceso.
El 30 de enero de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2018 y sus Anexos 1-A y 23, dentro de la cual se establecen diversos criterios que minimizan el impedimento de “compensar universalmente” los saldos generados hasta el 31 de diciembre de 2018.
Si bien es cierto, un tema medular en la presentación de este tipo de juicios de amparo es la obtención de la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva, misma que se traduciría en no tener que aplicar el precepto impugnado durante el tiempo que se demore en resolverse de manera definitiva el amparo, y de tal manera, seguir compensando conforme al artículo 23º del Código Fiscal de la Federación y al artículo 6º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no puede pasar por desapercibido el hecho de que en el supuesto de que dicha suspensión se obtenga y este tipo de juicios de amparo resultaran desfavorables para los contribuyentes, cesarían por consiguiente los efectos de la suspensión, por lo cual, se tendría que dar “cumplimiento retroactivo” al precepto impugnado en el multicitado juicio, lo cual implicaría el pago de actualizaciones y recargos en saldos que se compensaron durante la vigencia de la suspensión; motivo por lo que se recomienda se analice y se pondere el impacto financiero que dicho escenario podría tener, en caso de optar por promover el juicio de amparo.
Lo señalado en líneas anteriores, tiene fundamento en que la suspensión no tiene efectos constitutivos, es decir, por regla general no puede crear derechos de los que carecía el quejoso antes de producirse el acto reclamado o de promover el juicio de amparo.
Resultando oportuno señalar la tesis de jurisprudencia 2ª./J.145/2013 (10ª), la cual al interpretarla a “contrario sensu”, en caso de una resolución desfavorable para el quejoso, señala los alcances de la sentencia que concede la aplicación de una norma estimada inconstitucional, desprendiéndose de su texto que al concederse el amparo se deben restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la emisión de la sentencia, resolución o laudos reclamados, obligando a la autoridad responsable a dejar insubsistente ese acto y, en su lugar, a emitir uno nuevo en el que no se aplique la norma general relativa, solo en el caso en concreto.
Por último, es de suma importancia señalar que hay un limite de tiempo para promover el juicio de amparo, límite que varía si se considera que el precepto impugnado genera una afectación por la simple entrada en vigor del mismo (autoaplicativo) o si se considera que la afectación se da con el primer acto de aplicación (heteroaplicativo); contándose, en el primer supuesto con 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor, y en el segundo caso con 15 días hábiles a partir del primer acto de aplicación.
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References: artículo 25
 Resolución 
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 artículo 23
 artículo 6
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