Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A259-05.htm
Timestamp: 2017-11-22 14:52:04+00:00

Document:
A259-05
Auto 259/05
Referencia: expediente ICC - 938
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Sub-sección “B” y el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá D.C. en la acción de tutela promovida por la ciudadana Orfilia Medina contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.
Provee la Corte en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Sub-sección “B” y el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá D.C. en la acción de tutela promovida por la ciudadana Orfilia Medina contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.
1 La señora Orfilia Medina interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, para que se le ampararan los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social de las personas de la tercera edad, al trabajo, al pago oportuno y a la dignidad humana en conexidad con el mínimo vital, móvil y digno, presuntamente conculcados por las entidades accionadas por no reconocerle las mesadas pensionales adeudadas desde el mes de mayo de 2005.
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Sub-sección “B” en providencia del 22 de agosto del año en curso, declara su incompetencia para conocer del asunto, pues aduce que de acuerdo con la sentencia dictada el 8 de marzo de 2005, por el Consejo de Estado que declaró la nulidad de los Decretos 290 de 1979, 1374 de 1979 y 371 de 1998 se dijo que la Fundación San Juan de Dios es una institución de salud del orden Departamental y en tal medida como “del análisis de la acción de tutela incoada, se desprende que lo que procura la actora es el pago de las mesadas pensionales que se le han dejado de pagar desde el mes de mayo del corriente año, en virtud de la pensión reconocida por la Fundación San Juan de Dios que conforme a la sentencia antes citada es una entidad del orden departamental, en cabeza de la Gobernación de Cundinamarca y las obligaciones por ella contraídas le corresponde cumplirlas a dicha entidad territorial.”
Por tanto concluyó “que la entidad accionada en el sub judice debe ser el Departamento de Cundinamarca - Beneficencia de Cundinamarca", por lo que dispuso el envío de las actuaciones a los juzgados Civiles del Circuito de Bogotá (reparto) de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 1º del Decreto 1382 de 2000".
3. Sometido el asunto a reparto entró a conocer del mismo, el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, quien mediante providencia proferida el 2 de septiembre de 2005, señaló que como en este caso también se demanda al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad del orden nacional, el competente en su criterio es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por tanto, declaró su incompetencia ordenando a la vez remitir el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a fin de que sea éste el que dirima el conflicto planteado.
4. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en decisión adoptada el 14 de septiembre del año en curso, expresó que a pesar de que en este caso se presenta un conflicto de competencias suscitado entre distintas jurisdicciones y que al tenor de lo establecido en el numeral 2° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 correspondería, en principio, definirlo a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que al revisar la constitucionalidad de la norma en comento, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de la misma a que en los casos de conflictos de competencia constitucional entre jueces de distintas jurisdicciones, la autoridad para dirimirlos es la Corte Constitucional.[1]
Por tanto, en acatamiento de la decisión adoptada por dicha Corporación y conforme con lo dispuesto por el artículo 243 de la Carta Política, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resuelve inhibirse de dirimir el conflicto en cuestión y ordenar en su lugar, la remisión inmediata de la tutela de la referencia a la Corte Constitucional, para que de acuerdo con su competencia, se pronuncie sobre el conflicto aquí trabado.
3. Transcurrido el término de un año a que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, éste de nuevo entró en vigor, razón por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.
5. En acatamiento del fallo anterior, esta Corporación cuando le ha correspondido definir la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de determinada acción de tutela, ha venido aplicando las reglas fijadas por el Decreto 1382 de 2000.
7. Tomando en consideración que en el presente asunto la acción de tutela de la referencia, se promueve contra autoridades de diferente nivel (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca) y al observar que entre ellas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la autoridad pública del orden Nacional integrante del Sector Central de la Administración, parece claro que para el caso se debió dar aplicación a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, que establece que “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura”, lo que está a su vez en armonía con lo señalado en el inciso quinto del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, que señala que “Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.”
En armonía con lo indicado, entonces se dispondrá que la acción de tutela de la referencia sea tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Sub-sección “B”, por haber sido el escogido por la accionante.[2]
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana Orfilia Medina contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-sección “B”, para que la trámite y decida en forma inmediata.
Salvamento de voto al Auto 259/05
Referencia: expediente ICC-938
Peticionario: ORFILIA MEDINA
[1] Sentencia C-O37 de 1996. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] En auto A-199 del 26 de septiembre de 2005, M.P., Alfredo Beltrán Sierra al resolver un asunto similar al planeado en esta ocasión, la Corte dijo:
“5. Así las cosas, se encuentra por la Corte que el actor formuló esta acción de tutela el 24 de agosto de 2005 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la dirigió contra el Departamento de Cundinamarca, representado por el Gobernador, la Beneficencia de ese Departamento, representada por su Gerente y la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, representada en este caso por el señor Ministro de ese ramo.
Ello significa, entonces, que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000 en su artículo 1º, numeral 1º, la competencia para conocer de esta tutela corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues esa norma dispone que las acciones de tutelas interpuestas contra autoridades públicas del orden nacional, serán conocidas por “los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura” y que, cuando fueren promovidas “contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía”, lo que indica, claramente, que no puede asignarse el conocimiento de esta acción de tutela a los jueces del circuito o con categoría de tales, a quienes corresponde tramitarlas cuando se dirigen contra autoridades públicas del orden departamental.
Adicionalmente se observa por la Corte que el actor, en ejercicio del derecho consagrado por el artículo 86 de la Constitución Política y en armonía con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, de manera expresa la dirigió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, circunstancia que en este caso en él radicó la competencia para su tramitación.”

References: artículo 112
 artículo 243
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 37