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Timestamp: 2019-08-24 04:31:39+00:00

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Necesidad de audiencia a la contraparte en el exequátur de sentencia de mutuo acuerdo dictada en el extranjero - El Derecho
Foro 01-07-2013 Coordinador: Prieto Fernández-Layos
El art. 956 LEC de 1881 (EDL 1881/1), vigente en virtud de lo dispuesto en la excepción 3ª de la Disp. Derogatoria Única número 1 de la LEC de 2000 (EDL 2000/77463), establece que "previa la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oír, por término de nueve días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria".
Esta disposición, que resulta indiscutida en la práctica forense en lo que se refiere a la audiencias aludidas cuando se trata del reconocimiento en España de sentencias contenciosas dictadas por los Tribunales extranjeros, tiene su contrapunto en la interpretación que se hace de la misma por los profesionales del derecho de familia cuando lo que se pretende es conseguir el exequátur de sentencias matrimoniales de mutuo acuerdo.
Y así, mientras un determinado sector de operadores jurídicos aboga por considerar siempre necesaria la audiencia de la contraparte para otorgar fuerza en España a las sentencias dictadas en el extranjero, ya sean contenciosas o de mutuo acuerdo, otro sector entiende que no se precisa oír a la parte contra quien se dirija la ejecutoria en este último caso, reservando la audiencia sólo para los supuestos contenciosos. Aquéllos fundamentan su criterio en el derecho de defensa y éstos en los principios de actos propios y economía procesal.
¿Resulta necesario oír a la parte contra quien se dirija la ejecutoria en los supuestos del reconocimiento en España de sentencias de mutuo acuerdo dictadas por las Tribunales extranjeros?
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de Familia", el 1 de julio de 2013.
Se nos plantea la cuestión de si es o no necesario oír en el exequátur a l...
Se nos plantea la cuestión de si es o no necesario oír en el exequátur a la parte contra quien se dirija la ejecutoria en los supuestos del reconocimiento en España de sentencias de mutuo acuerdo dictadas por los Tribunales extranjeros. Quienes apoyan su necesidad se fundamentan en el derecho de defensa y quienes no en los principios de actos propios y economía procesal.
Debe partirse del hecho de que única y exclusivamente se acudirá a este procedimiento, regulado en los arts. 951 y ss de la antigua LEC (EDL 1881/1) cuando no exista tratado con el país en el que haya sido dictada la resolución cuyo reconocimiento se solicita, ni norma internacional en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias que resulte aplicable, tal y como expresamente recoge, por citar alguno de ellos, el auto del TS de fecha 15 de julio de 2003 (EDJ 2003/92680). Estos preceptos de la LEC de 1881 continúan vigentes tras la entrada en vigor de la LEC 1/2000 (EDL 2000/77463), según ordena su Disposición Derogatoria Única, apartado primero, excepción 3ª, y ello hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil.
En esta cuestión pueden adoptarse dos posturas diferenciadas, y ambas con importantes argumentos en su apoyo. La no necesidad de la audiencia de la contraparte en el exequátur podría fundamentarse en el hecho de que la regulación de los arts. 951 y ss esté más pensada para las sentencias contenciosas que para las de mutuo acuerdo, además de entender que es una normativa desfasada que está esperando su derogación desde hace más de diez años (así se espera desde la citada Disp. Derogatoria Única). Entendiendo que al tratarse del reconocimiento de una sentencia o resolución de mutuo acuerdo, o de una sentencia contenciosa en la que el solicitante de exequátur fue demandado en el juicio de origen, no se puede producir indefensión alguna a la parte frente a la que se interpone la ejecutoria, pues tiene conocimiento cierto de la resolución, la audiencia no sería necesaria, encontrándose cumplidamente satisfechas las garantías que imponen el derecho de defensa y la proscripción de la indefensión (según la terminología utilizada entre otros por el Auto del TS de fecha 24 de marzo de 1998, que a su vez cita el Auto del TS de fecha 26 de marzo de 1996). Razones de celeridad y economía procesal llevan también a apoyar esta postura. El perjuicio que pudiera derivarse de la no audiencia de la parte frente a la que se dirige la ejecutoria podría eliminarse con la interposición del correspondiente recurso de apelación contra la resolución que otorgue el exequátur, posibilidad de recurso introducida en el art. 956 de la ley procesal tras la reforma operada en el mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial (EDL 2009/238889).
El argumento en favor de la necesidad de la audiencia de la contraparte estaría en el tenor literal del art. 956 LEC de 1881. Este precepto establece que "previa la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oír, por término de nueve días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria". El precepto no hace distinción alguna entre reconocimiento de sentencias o resoluciones contenciosas o de mutuo acuerdo, exigiendo la audiencia de la contraparte y del Ministerio Fiscal.
Pese a lo que señalan algunos autores, el TS no se ha pronunciado en cuanto a la no necesidad de audiencia de la parte contraria en los procedimientos de exequátur. Los autos del TS últimamente citados, de 1998 y 1996, en los que al ser el solicitante del exequátur demandado en el procedimiento de origen consideran satisfechas las garantías que imponen el derecho de defensa y la proscripción de la indefensión, como muchos otros que recogen esta doctrina, no liberan de la necesidad de la audiencia previa al reconocimiento de la resolución. Al examinar los requisitos necesarios para el exequátur, en concreto el relativo a que la resolución no haya sido dictada en rebeldía como exige el número segundo del art. 954, sí que entienden que, al haber sido demandado en el juicio de origen el solicitante, se tienen satisfechas todas las garantías de audiencia, pero en ningún caso entran a pronunciarse sobre la necesidad o no de la audiencia en el exequátur de la parte frente a la que se dirige, audiencia que sí impone claramente el art. 956 LEC de 1881. El precepto es claro, exige oír a la otra parte, y ninguna modificación ni excepción a ello se ha introducido pese a haber sido modificado el párrafo segundo del precepto por la Ley 13/2009. Si el legislador entendía que no era necesaria la audiencia de la contraparte bien pudo aprovechar la ocasión de la reforma para eliminarla.
El que se produzca la audiencia, siempre que sea posible pues cosa distinta es que los medios de localización no hayan funcionado, si bien puede llevar un retraso en la tramitación puede evitar otros perjuicios, como por ejemplo que se reconozcan resoluciones contradictorias o reiterativas de las previamente dictadas en el país en el que se solicita el reconocimiento o en otro, y desconocidas por la parte que planteó el exequátur y no por aquella frente a la que se pide. Me inclino por tanto por entender necesaria y obligatoria la audiencia de la parte contraria en la ejecutoria pese a que la sentencia cuyo reconocimiento se pretende fuera de mutuo acuerdo.
Las sentencias matrimoniales dictada por los Estados integrados en la Unión ...
Las sentencias matrimoniales dictada por los Estados integrados en la Unión Europea, quedaban reguladas por el Reglamento 1347/2000 del Consejo (EDL 2000/86873), vigente desde el 1 de enero de 2001, sustituido por el Reglamento 2201/2003 (EDL 2003/163324), vigente desde marzo de 2005, lo que significa, de entrada, que todas aquellas sentencias de la indicada naturaleza matrimonial de fecha anterior al 1 de enero de 2001 y aquellas otras de países que no forman parte de la UE, precisan para su homologación y ejecución en España seguir previamente el procedimiento de exequátur y, para ello, ha de acudirse a la normativa contenida en los Convenios bilaterales suscritos por España con terceros países o, en su caso, a la disposición del art. 951 LEC 1881 (EDL 1881/1), de conformidad con la Disp. Transitoria Única, apartado 1.3ª, de la vigente LEC 2000 (EDL 2000/77463).
Así las cosas, dentro del marco normativo actualmente vigente hasta que se lleve a cabo la aprobación de la Ley sobre Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, en principio, queda meridianamente claro que, de seguirse el procedimiento del exequátur presentada la oportuna demanda (solicitud), junto con la documentación necesaria y traducción jurada, ante el Juzgado de Primera Instancia donde el reconocimiento deba desplegar sus efectos, se impone como "preceptivo" el dar traslado de la solicitud al ex cónyuge contrario, y Ministerio Fiscal, por plazo de nueve días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga acerca de si debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria.
Ello en la práctica plantea la duda de si debe o no darse dicho traslado al ex cónyuge no solicitante cuando el procedimiento de divorcio anterior seguido en país extranjero lo ha sido de muto acuerdo, consensuado entre los dos cónyuges, sobre todo por darse casos con relativa frecuencia de no ser localizados en el domicilio designado al efecto, por lo que algunos tribunales prescinden de dicho trámite, por razones de economía procesal, entendiendo que dicha parte tiene perfecto y cabal conocimiento de la sentencia que pretende ser homologada, situación que podría pensarse va en contra del principio de seguridad jurídica, pero que debemos considerar superada a partir del momento en el que la Sala 1ª del TS llega a aceptar la tesis comentada de prescindir del trámite del traslado a la parte contraria al solicitante del exequátur, encontrando su fundamento en el hecho de que si quien insta el procedimiento de exequátur ocupaba la situación de demandado en el procedimiento de origen, presume que está conforme con la resolución, quedando así perfectamente cubiertas todas las garantías que impone el derecho de defensa y la proscripción de la indefensión.
Por ello, en conclusión, si bien no cabe desconocer que el prescindir del trámite legal de dar traslado a uno de los ex cónyuges es determinante de una interpretación "contra legem", siguiendo la interpretación extensiva operada por la propia jurisprudencia de la Sala 1ª del TS hasta que dejó de tener competencia para conocer de los procedimientos de exequátur, la propia naturaleza del procedimiento matrimonial de divorcio instado por ambos cónyuges o, en su caso, por uno de ellos con el consentimiento del otro, ya de por sí fundamenta la escasa o nula eficacia y/o operatividad del traslado para la homologación de la resolución extrajera, lo que ofrece cobertura y viabilidad a prescindir de dicho trámite.
No puedo por menos que estar de acuerdo con el criterio, conocido por mí, ma...
No puedo por menos que estar de acuerdo con el criterio, conocido por mí, mantenido por nuestro compañero José María Prieto Fernández-Layo, titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Madrid, en la afirmación que sostiene al respecto de la falta de la necesidad de la audiencia a la contraparte en el exequátur de sentencia de mutuo acuerdo dictada en el extranjero, no obstante lo dispuesto en el art. 956 LEC (EDL 1881/1), vigente en virtud de lo dispuesto en la excepción tercera de la disposición derogatoria única número 1 de la LEC de 2000 (EDL 2000/77463). Entendiendo que tal disposición es de obligado cumplimiento en aquellos supuestos en los que se trata de reconocer en España sentencias dictadas en procesos contenciosos por tribunales extranjeros.
Antes bien, no se entiende la necesidad de la audiencia de la contraparte cuando se trata de reconocer la sentencia dictada por un tribunal extranjero, que recoge los acuerdos de todas las partes intervinientes en el procedimiento, puesto que se debe partir de la base de la propia postura procesal y sustantiva mantenida por dicha contraparte en el proceso original, de tal manera que no se observan motivos que pudiera argumentar dicha parte para la oposición al exequátur de la sentencia dictada de mutuo acuerdo en el extranjero, se admitiéramos la necesidad del trámite de audiencia.
Por ello, en principio, el mutuo acuerdo asumido en el procedimiento tramitado en el extranjero constituye un acto propio que justifica la falta de audiencia de dicha contraparte, siendo de reseñar el beneficio que se obtiene de la aplicación del principio de economía procesal que supone la posibilidad de obviar comisiones rogatorias, cuyo cumplimiento exige siempre el transcurso de largos periodos de tiempo, lo que es contraproducente en orden a preservar los intereses urgentes a proteger en materia de familia, lo que afectaría a la tutela judicial efectiva proclamada en el art. 24 CE (EDL 1978/3879).
Se podría citar, en consonancia con esta postura, entre otras, la resolución del TS, a la sazón, auto de 15 de julio de 2003 (EDJ 2003/92680), en un supuesto relativo a un procedimiento de divorcio promovido de común acuerdo por los cónyuges que intervinieron en el proceso.
Por cuanto antecede, entiendo que no es necesario oír a la parte contra quien se dirija la ejecutoria en los supuestos del reconocimiento en España de sentencias de mutuo acuerdo dictadas por los tribunales extranjeros.
El procedimiento de exequátur se encuentra regulado en el Título VIII (u0022De...
El procedimiento de exequátur se encuentra regulado en el Título VIII ("De la ejecución de las Sentencias"), Sección II ("De las Sentencias dictadas por Tribunales Extranjeros") de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 (EDL 1881/1), cuyos artículos 951 a 958, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, aún se encuentran vigentes en virtud de lo establecido en la Disposición Derogatoria Única.1.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero (EDL 2000/77463). Dicha Sección fija tres regímenes, por orden de preferencia, para reconocer eficacia en España a las sentencias firmes pronunciadas por tribunales extranjeros. Ordena la ley, en primer lugar, que se les reconozca en España la fuerza que establezcan los tratados internacionales (art. 951), estableciendo así como preferente el llamado régimen convencional. En segundo lugar dispone que, a falta de tratados especiales con la nación de que provenga la ejecutoria, se apliquen los principios de reciprocidad positiva (art. 951: la misma fuerza que en dicha nación se diere a las ejecutorias dictadas en España) o negativa (art. 952: se les negará eficacia si provinieren de una nación en que por jurisprudencia no se diere cumplimiento a las sentencias dictadas por los tribunales españoles), o régimen de reciprocidad positiva y negativa, que en la práctica es residual al exigirse únicamente que no conste la reciprocidad negativa. Y, en tercer lugar, que, en caso de no darse ninguno de los dos supuestos anteriores, se reconozca eficacia en España a las ejecutorias extranjeras que reúnan las circunstancias señaladas en el artículo 954, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 956 y 957, es decir, el llamado régimen de condiciones o exequátur.
Ahora bien, el régimen convencional nos remite a los Convenios o Tratados bilaterales o multilaterales de reconocimiento suscritos por España con el país de que provenga la ejecutoria por lo que, en el ámbito de la Unión Europea, cuando se trate de reconocer y ejecutar una sentencia dictada por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea, se aplicará el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (EDL 2000/90488), y el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 (conocido como Reglamento de Bruselas II bis) relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) 1347/2000 (EDL 2003/163324).
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la competencia judicial internacional en materia de separación, divorcio, nulidad y responsabilidad parental se contiene en el Reglamento (CE) 2201/2003 y en el artículo 22 de la LOPJ (EDL 1985/8754), prevaleciendo los fueros establecidos en el Reglamento de Bruselas II Bis sobre los fijados en el artículo 22 de la LOPJ.
A los solos efectos de enmarcar debidamente la respuesta a la pregunta que se nos formula en el presente foro abierto conviene precisar que el artículo 954 de la LEC de 1881 establece como requisitos para dar validez a las ejecutorias extranjeras las circunstancias siguientes:
1º. Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal.
3º. Que la obligación para cuyo cumplimiento e haya procedido sea lícita en España, y
4º. Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España.
Por su parte, el Reglamento (CE) 2201/2003 establece, en materia de reconocimiento y ejecución, en el artículo 22, lo siguiente:
d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre y cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido."
E idénticos motivos de denegación establece el art. 23 para el reconocimiento de resoluciones en materia de responsabilidad parental.
En lo concerniente al requisito exigido por el artículo 954-2º (que la ejecutoria no haya sido dictada en rebeldía) existe una consolidada doctrina jurisprudencial, dirigida a evitar la producción de efectos de sentencias recaídas en procedimientos en los que la parte demandada no ha comparecido y, por lo tanto, no ha podido hacer valer en él su derecho de defensa con la debida extensión, que diferencia dos posibles tipos de rebeldía en función de las diferentes causas a que obedece la incomparecencia, y así, ha distinguido los casos en los que aquélla, debidamente citada y emplazada -es decir, regularmente, conforme a la ley rectora del procedimiento, y en tiempo útil para defenderse-, no comparece voluntariamente, ya sea porque no reconoce la competencia del Juez de origen, ya sea porque no le conviene o, simplemente, porque deja transcurrir los plazos para la personación, de aquellos otros en los que la falta de presencia de la demandada se debe al desconocimiento de la existencia del proceso, tipo de rebeldía éste que, por lo que representa para el adecuado respeto de los derechos de defensa, se erige en un obstáculo para el reconocimiento de la sentencia extranjera (AATS 23-12-97, EDJ 1997/21534; 17-2-98, EDJ 1998/40990; 7-4-98, EDJ 1998/40995; 2-2-99, EDJ 1999/19202; 16-5-2000, EDJ 2000/28146; 23-1-2001 EDJ 2001/3472; 27-3-2001, EDJ 2001/3538; 10-4-2001, EDJ 2001/10587; 24-4-2001, EDJ 2001/10600; 18-9-2001, EDJ 2001/38436; 18-6-2002, EDJ 2002/52465 y 17-9-2002, EDJ 2002/52492, entre otros). Esa jurisprudencia ha sido considerada conforme a la Constitución por la STC 43/1986, de 15 de abril (EDJ 1986/43).
La distinción entre rebeldía voluntaria e involuntaria ha sido expresamente consagrada también en los reglamentos comunitarios que son directamente aplicables por los jueces nacionales y tienen supremacía sobre las normas del ordenamiento interno de cada Estado miembro de la UE. No solo eso, los principios recogidos en los reglamentos comunitarios deben servir de criterio hermenéutico para interpretar las normas del derecho interno. En este sentido, el art. 954-2º de la LEC de 1881 debe integrarse con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre, que establece que no se reconocerán las resoluciones dictadas en un Estado miembro en los demás Estados miembros "cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiera recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo" (art. 44.2), y con lo establecido en el art. 22.b) del Reglamento 2201/2003, aplicable, entre otras, a las materias civiles relativas al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, que establece que tales resoluciones no se reconocerán "si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución".
Todo lo anterior se trae a colación porque, en mi opinión, el trámite de la audiencia al demandado por nueve días, exigido por el art. 956 de la LEC dentro del procedimiento de exequátur, se conecta directamente con el fundamento del requisito del art. 954-2º, pues en definitiva lo que el referido trámite de audiencia quiere garantizar a la parte contra quien se dirige la ejecutoria es la posibilidad de alegar que no pudo ejercitar adecuadamente su derecho de defensa en el juicio en que se dictó la sentencia cuyo reconocimiento se pretende.
Por este motivo, cuando el procedimiento de divorcio seguido en el país de origen de la ejecutoria fue promovido de mutuo acuerdo por ambos cónyuges no parece preciso oír a la parte demandada contra quien se dirige la ejecutoria, porque está excluida la posibilidad de que se vieran comprometidos los derechos y garantías procesales del demandado en el pleito de origen (ATS de 8 marzo de 2005, Secc. 1ª, RJ 2005/2684, EDJ 2005/31387). Existe una línea jurisprudencial reiterada y constante que estima acreditado el requisito del art. 954-2º cuando se promovió de común acuerdo por ambos cónyuges el proceso de divorcio en que se dictó la ejecutoria (AATS, Secc. 1ª, de 13-4-1999, resoluc. 423/1999, rec. 1446/1998, ponente Sr. Gullón Ballesteros; de 28-3-2000, resoluc. 610/2000, rec. 472/2000, ponente Sr. Marín Castán; de 3-5-2000, resoluc. 67/2000, rec. 1019/2000, ponente Sr. Villagómez Rodil; de 4-7-2000, resoluc. 630/2000, rec. 1509/2000, ponente Sr. De asis Garrote; de 4-7-2000, resoluc.487/2000, rec. 1737/2000, ponente Sr. Corbal Fernández, y de 4-7-2000, resoluc.1807/2000, rec. 4845/1999, ponente Sr. Martínez-Calcerrada Gómez, entre otros muchos).
Igualmente, la jurisprudencia del TS considera cumplido el requisito del art. 954-2º en los casos en que el solicitante del exequátur fue demandado en el proceso de origen de que trae causa la ejecutoria porque, en este caso "se han de tener por satisfechas todas las garantías que imponen el derecho de defensa y la proscripción de la indefensión (por todos, ATS de 24-3-98, 31-3-98 y 7-4-98, entre otros)" (AATS, Secc. 1ª, de 3-5-2000, resol. 1165/2000, rec. 4730/1999, ponente Sr. González Poveda y de 4-7-2000, resoluc. 641/2000, rec. 1221/2000, ponente Sr. García Varela, entre otros muchos).
E igual cabría decir del supuesto en que la parte demandada en el procedimiento de exequátur se hubiere allanado en el proceso de origen, cuando así resulte de la ejecutoria.
La jurisprudencia del TS también ha estimado cumplido ese requisito en los casos de divorcio otorgado por los cónyuges en escritura pública ante notario, cuando las leyes del país de origen de la ejecutoria permiten esa forma de divorcio. El TS admite el exequátur de la escritura notarial que declara el divorcio, aunque no lo pronuncie un órgano jurisdiccional, sino que lo conceda una autoridad o funcionario no judicial que tenga atribuida competencia para ello en el ordenamiento de origen (AATS de 2 de julio y 19 de noviembre de 1996, y 4 de febrero de 1997, entre otros, y, en igual sentido, la Dirección General de los Registros y del Notariado en resolución de 4 de junio de 2007)
En todos estos casos no cabe sostener que ha de concederse a la persona contra quien se dirige la ejecutoria el traslado por nueve días previsto en el art. 956 de la LEC para garantizar su derecho de defensa en relación con la pretensión de reconocimiento, ya que mediante su presencia en el pleito de origen de la ejecutoria como demandante, o como demandado y reconviniente, o como demandado personado en las actuaciones, se satisficieron holgadamente sus garantías procesales y se respetó plenamente su derecho de defensa.
Ha de recordarse que en el procedimiento de exequátur está vedado el examen del fondo de la resolución cuya eficacia se pretende y que en él no se trata de revisar el ajuste de la resolución al derecho del país de origen o al del país del foro sino de verificar el cumplimiento de las condiciones de que depende la concesión del exequátur que no son sino comprobar la autenticidad y carácter público de la resolución, que no es contraria al orden público interno y que en el proceso seguido en el país de origen no se ha prescindido de las normas procesales que garantizan el ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado, de modo que, desprendiéndose del contenido de la propia ejecutoria que este último requisito se ha cumplido inequívocamente, carece de sentido el trámite de audiencia al demandado previsto en el art. 956.
Ha de tenerse en cuenta que el procedimiento de exequátur no es en realidad un proceso contencioso sino un procedimiento de homologación y que por tanto la posición en él de la persona contra quien se dirige la ejecutoria no es la equivalente a la de un demandado sino la de quien coadyuva, con el Ministerio Fiscal a la comprobación de las condiciones exigidas para conceder el exequátur reconduciéndose su colaboración a las alegaciones que pueda realizar en orden a su posible indefensión en el proceso de origen. En ese sentido, garantizado que no se ha producido tal indefensión, dar audiencia al demandado en el proceso de exequátur es un trámite inútil que sólo conduce a alargar innecesariamente el procedimiento. Piénsese que, en la mayor parte de los casos, el demandado se encuentra en el extranjero y que la tramitación de la comisión rogatoria necesaria para darle audiencia puede prolongar, a veces años, la duración del exequátur, y, sobre resultar esa demora en ocasiones poco respetuosa con el derecho del actor a un proceso sin dilaciones indebidas, tal actuación deviene especialmente inútil y superflua, pues no resulta admisible, en cuanto contrario a la doctrina de los propios actos, que se oponga al exequátur de una sentencia de separación o divorcio de mutuo acuerdo quien promovió el proceso en que se adoptó, al margen del dispendio de gastos que las actuaciones procesales necesarias para la audiencia comportan.
Hay que recordar que el artículo 22.b) del Reglamento (CE) 2201/2003 excluye la posibilidad de denegación del reconocimiento en los supuestos en que, pese a haberse dictado la ejecutoria en rebeldía, "conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución".
La LEC de 2000 (EDL 2000/77463), declara vigente el art. 956 LEC de 1881 (EDL...
La LEC de 2000 (EDL 2000/77463), declara vigente el art. 956 LEC de 1881 (EDL 1881/1), en virtud de lo dispuesto en la excepción 3ª de la Disposición Derogatoria única número 1.
El art. 956 LEC de 1881 establece que, previa la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oír, por término de nueve días, a la parte contra quien se dirija y el Fiscal, el Tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria.
La necesidad de la audiencia de la parte contra quien se dirija la ejecutoria para otorgar fuerza en España a las sentencias dictadas en el extranjero, es extendible tanto a los procesos contenciosos como de mutuo acuerdo, pues el legislador y la voluntas legis no especifica la exclusión de tal presupuesto o exigencia en las sentencias de procesos consensuados, por lo que tampoco el intérprete de la norma ha de efectuar, en su labor interpretativa, tal distinción.
En nuestro derecho procesal el principio de audiencia tiene carácter fundamental entre las partes del proceso, y en este sentido se ha constitucionalizado en el art. 24.1 de la Constitución (EDL 1978/3879), y en concreto cuando prohíbe la indefensión, y en el párrafo 2 de modo genérico (derecho a un proceso con todas las garantías) y en modo específico (cuando constitucionaliza aspectos concretos del mismo).
Como conclusión a lo explicitado, entiendo necesaria la audiencia a la parte contra quien se dirija la ejecutoria de sentencia dictada en el extranjero, para su reconocimiento en España, tanto en los casos de haber recaído en procesos contenciosos como en los de carácter consensuado.
En principio, los que abogan por la no necesidad de la audiencia a la parte c...
En principio, los que abogan por la no necesidad de la audiencia a la parte contra quien se dirige la ejecutoria lo basan en la teoría de la lógica impuesta por la circunstancia de que al tratarse de un convenio de mutuo acuerdo adoptado en el extranjero y que ha conllevado una resolución judicial que ahora se postula ejecutar en España no deberían tener derecho a expresar su opinión al respecto sobre el reconocimiento en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Y la razón en principio se entiende porque en cualquier caso se ha consentido ese convenio en sus estrictos términos, se ha firmado y reconocido ante un juez extranjero, y supondría una dilación indebida, o actuación procesal superflua interesar el consentimiento para la ejecución de lo resuelto, cuando este contenido ha sido aceptado y firmado por la parte sobre la que ahora se puede postular si se debe dar audiencia para que ahora se pueda aplicar el reconocimiento de la sentencia en España a los efectos de la ejecución.
Pero, desde mi punto de vista, la audiencia a la parte debería concederse al objeto de, al menos, valorar la ejecutoriedad en España de las medidas acordadas y convenidas en el país extranjero por si la parte tuviere alguna alegación que hacer, no solo de lo que firmó, obviamente, pero sí de su reconocimiento y ejecutoriedad en país distinto a aquél donde se firmó el convenio.
El TS recuerda en la sentencia de fecha 14 de marzo de 2007 (EDJ 2007/15767) que:
"En este examen constituye un importante elemento de referencia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario, interpretativa del Convenio de Bruselas de 27 se septiembre de 1968, sobre Competencia Judicial y Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, a cuya doctrina cabe estar para resolver las dudas hermenéuticas planteadas en la interpretación y aplicación del Convenio de Lugano, como se desprende del Protocolo y de las Declaraciones anejas a éste, en donde se establecen ciertas garantías institucionales tendentes a asegurar una interpretación uniforme de uno y otro instrumentos internacionales (...).
Este referente interpretativo conduce a considerar incluido en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas, y por extensión, del Convenio de Lugano, los pronunciamientos relativos a las obligaciones de alimentos, e, incluso, los relativos a pensiones compensatorias acordadas en sentencias de separación o de divorcio, pues así se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario -Sentencia de 6 de marzo de 1980, De Cavel c. De Cavel-, que tuvo en consideración el hecho de que se haya previsto un foro especial de competencia para las acciones relativas a obligaciones alimenticias (artículo 5.2), así como el carácter alimenticio de las pensiones compensatorias, y que consideró irrelevante el carácter accesorio de los pronunciamientos sobre alimentos o pensiones compensatorias respecto del principal referido a la separación o el divorcio."
Bajo este prisma, al menos, se debería conceder a la parte la posibilidad de alegar sobre la aplicación de los convenios internacionales al caso sobre el que se pactó el convenio, y, por ello, para su ejecutoriedad y reconocimiento en España, por lo que la teoría del acto propio tiene una consideración especial cuando se trata del reconocimiento y ejecución de lo acordado en país distinto a aquel donde se firmó el convenio.
Es criterio consolidado tanto por normas procesales (por ejemplo el art. 777....
Es criterio consolidado tanto por normas procesales (por ejemplo el art. 777.8 de la LEC, EDL 2000/77463) como por la jurisprudencia (por todas la SAP Asturias, Sec. 4ª, de 5 de julio de 2010, EDJ 2010/152087) que no se admite el recurso de apelación cuando la sentencia estima en su integridad lo pedido por las partes.
Hacemos esta pequeña introducción para contestar a la cuestión que se plantea en el foro, ya que en ella está el fundamento de la posición que mantendremos en favor de la tesis de que no hace falta la audiencia del demandado para otorgar el exequátur de una sentencia de separación o divorcio de mutuo acuerdo dictada por un tribunal extranjero, pues si la parte que no lo solicita no puede interponer recurso de apelación contra ella tampoco tendrá la posibilidad de oponerse al reconocimiento.
Por tanto, consideramos que cuando el procedimiento seguido en el extranjero se ha tramitado de forma consensual, no será necesario dar traslado al otro cónyuge para obtener el exequátur, pues la persona contra la que se dirige el exequátur tiene perfecto conocimiento de la sentencia dictada y debe asumir sus consecuencias tanto en el país donde se ha dictado como en cualquier otro país donde deba causar sus efectos.
Cuando la competencia para conocer del exequátur la tenía el Tribunal Supremo, este era su criterio, que además se ampliaba también a los casos en los que, aún siendo contencioso el procedimiento, era el demandado quien insta el exequátur, dado que se presume que está conforme con la resolución, quedando de esta forma perfectamente cubiertas todas las garantías que imponen el derecho de defensa y la proscripción de la indefensión.
Entre los innumerables autos que se han dictado por nuestro alto tribunal podemos citar los siguientes: AATS de 24 de marzo de 1998, 31 de marzo de 1998, 7 de abril de 1998, 26 de enero de 1999, 13 de abril de 1999, 28 de marzo de 2000, 4 de julio de 2000, 14 de noviembre de 2000, 30 de enero de 2001, 20 de febrero de 2001, 13 de marzo de 2001, 30 de noviembre de 2001, 6 de noviembre de 2001, 28 de diciembre de 2001, 22 de enero de 2002, 16 de julio de 2002, 15 de noviembre de 2002, 26 de noviembre de 2002, 29 de abril de 2003, 15 de julio de 2003, EDJ 2003/92680; y 23 de septiembre de 2003.
No obstante, debemos recordar que la circunstancia de que la sentencia cuyo reconocimiento se solicita se haya dictado de mutuo acuerdo, solo va a tener la consecuencia de que se prescinda del trámite de audiencia de cónyuge que no solicitante, pero se mantendrá la preceptiva audiencia del Ministerio Fiscal, y además, el juzgado deberá comprobar que se cumplen el resto de los requisitos necesarios que se prevén en el art. 954 de la LEC de 1881 (EDL 1881/1), es decir: Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal; que no haya sido dictada en rebeldía; que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España; que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las Leyes españolas requieren para que haga fe en España.
Ciertamente, la Disposición Derogatoria Única, en su apartado 1.3ª LEC de ...
Ciertamente, la Disposición Derogatoria Única, en su apartado 1.3ª LEC de 2000 (EDL 2000/77463), que establece la última excepción a la regla general de derogación del texto de 1881 (EDL 1881/1), deja vigentes los arts. 951 a 958 de la misma "sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros", hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil, y puesto que ésta aún no ha sido redactada (tan solo hay noticia de una propuesta que se publicó en el Boletín del Ministerio de Justicia, nº 2143, de junio del año 2012), es evidente que dichos preceptos siguen hoy en vigor.
El art. 956, dentro de la Sección Segunda, del Título VIII, Libro II, dedicada a sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, en el marco de la ejecución, establece que "previa la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oír por término de nueve días a la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria".
Naturalmente, los comentarios a este precepto (MANRESA entre ellos), señalan que deberá citarse "al condenado por la ejecutoria para que comparezca", prescindiendo de supuestos de allanamiento (en los que en cualquier caso también habrá un condenado por la resolución aunque haya dado conformidad a las pretensiones de la parte actora), sino los que en estos momentos interesa, es decir supuestos en los que se ha tramitado de plena conformidad un asunto que termina en separación o divorcio, en el que no existe en sentido estricto un "condenado".
Partiendo de que los principios para defender el estricto cumplimiento de lo que dispone el precepto, o su inaplicación dadas las concretas circunstancias presentes, que como en la cuestión que se plantea se dibujan a través del derecho de defensa y a los principios de economía procesal y actos propios, la verdad es que no soy capaz de dar preeminencia a una o a otra postura, entendiendo en cualquier caso que no existirá perjuicio alguno si no se da cumplimiento a la norma y se prescinde de la audiencia, ni se producirá un retraso significativo si se decide cumplirlo, pues se trata de nueve días.
Una última nota podría ser aconsejar que la presentación de la ejecutoria fuera de los dos afectados, o de uno con el consentimiento del otro, lo que podría determinar que se considere producida ya la audiencia del otro, evitando de este modo dicha audiencia.
Nos mostramos una vez más favorables a la solución que ampara con mayores g...
Nos mostramos una vez más favorables a la solución que ampara con mayores garantías el derecho de defensa. Eliminar la posibilidad de una parte de ser oída pone en serias dudas la bondad de la respuesta de la Justicia. Son repetidas las cuestiones que pueda alegar la parte que no solicita la ejecución y que quizá puedan determinar la improcedencia de la ejecución de la sentencia extranjera, desde la nulidad del título o de la copia presentada o su falsedad, pasando por su firmeza o revocación por el órgano competente del país de origen. Por otra parte, exigiendo los arts. 951 y ss LEC 1881 (EDL 1881/1) el cumplimiento de ciertos trámites y condiciones, la observancia de ellos, requiere que se oiga o se permita oír a las dos partes en el litigio, aunque éste en origen haya sido de mutuo acuerdo.
Cabe, por ejemplo, que sea de aplicación el art. 953 LEC 1881 para denegar la ejecución, extremo éste que puede ser invocado la parte que no solicite la ejecutoria.
Por último, no debe olvidarse que los arts. 956 y 957, que regulan la audiencia de esa otra parte no contienen excepción alguna, por lo que no debe distinguirse donde la ley no distingue. Incluso de dar una contestación diferente, podría plantearse si en los mutuos acuerdos tampoco es necesaria la audiencia del Ministerio Fiscal, que se encuentra en el mismo plano que la de la otra parte.
Rechazado por MAYORÍA DE 5 VOTOS
Resultando muy ajustado el debate, finalmente la mayoría de nuestros colaboradores entiende que no es necesario oír a la parte contra quien se dirija la ejecutoria en los supuestos del reconocimiento en España de sentencias de mutuo acuerdo dictadas por las Tribunales extranjeros ya que, pese a sí serlo en las resoluciones dictadas en procesos contenciosos, se estima que, entre otros motivos, el mutuo acuerdo asumido en el procedimiento tramitado en el extranjero constituye un acto propio que justifica la falta de audiencia de la contraparte, siendo de reseñar el beneficio que se obtiene de la aplicación del principio de economía procesal que supone la posibilidad de obviar comisiones rogatorias, cuyo cumplimiento exige siempre el transcurso de largos periodos de tiempo, lo que es contraproducente en orden a preservar los intereses urgentes a proteger en materia de familia, lo que afectaría a la tutela judicial efectiva proclamada en el art. 24 CE (EDL 1978/3879).
Así, se indica por esta corriente que, garantizado que no se ha producido indefensión, dar audiencia al demandado en el proceso de exequátur es un trámite inútil que sólo conduce a alargar innecesariamente el procedimiento. Y se añade que en la mayor parte de los casos el demandado se encuentra en el extranjero y que la tramitación de la comisión rogatoria necesaria para darle audiencia puede prolongar, a veces años, la duración del exequátur, y, sobre resultar esa demora en ocasiones poco respetuosa con el derecho del actor a un proceso sin dilaciones indebidas, tal actuación deviene especialmente inútil y superflua.
La posición contraria, integrada por Dña. Gema Espinosa, Don Juan M. Jiménez de Parga, Don Vicente Magro y Don Luis Zarraluqui, entiende sin embargo, en síntesis y además de otras consideraciones, que la vigencia del art. 956 LEC de 1881 (EDL 1881/1) establece tal exigencia y que ésta es extendible tanto a los procesos contenciosos como de mutuo acuerdo, pues el legislador y la voluntas legis no especifica la exclusión de tal presupuesto o exigencia en las sentencias de procesos consensuados, por lo que tampoco el intérprete de la norma ha de efectuar, en su labor interpretativa, tal distinción.

References: resolución 
 resolución 
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e contrario
 resolución 
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 artículo 954
 artículo 22
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 artículo 22
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