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Timestamp: 2017-01-19 16:38:03+00:00

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Anexos PDHDF by derechos humanos - issuu
a. Siglas y acrónimos
Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento de la
Centros de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal
Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría
Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones de la Procuraduría
Centros de Transferencia Modal de la Secretaría de Transportes y Vialidad
Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo de la
Consejería Jurídica y Servicios Legales del Distrito Federal
Consejo Nacional sobre las Adicciones
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra de la Secretaría
de Desarrollo Social del Distrito Federal
Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal
Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la
Fondo de Desarrollo Social para la Ciudad de México
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal
Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C.
Injuve-df
Servicio Público de Localización Telefónica de la Secretaría de Desarrollo
Ministerio Público en el Distrito Federal
pdtdf
Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal
Producción Social de la Vivienda del Consejo Nacional de Vivienda
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.
Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal
Sistema de Información del Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo
Sistema Informático de Evaluación y Seguimiento
srytvdf
Sistema de Radio y Televisión del Distrito Federal
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal
Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal
Estatuto General del Distrito Federal
ldodf
ldpamdf
ldudf
lpadf
lpetpasesci
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
cedaw (sigla en
contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la Organización de las
ciptmf
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de la Organización
crc (sigla en inglés)
dpfjvdap
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
de Delitos y del Abuso del Poder de las Naciones Unidas
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de la Organización de las
Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersex
Programa Universitario de Estudios de la Ciudad
Unidades de Atención a Violencia Intrafamiliar
Unidades Delegacionales del Servicio del Empleo
b. Proyecto de Ley de Derechos Humanos para el Distrito Federal
El presente proyecto de Ley de Derechos Humanos para el Distrito Federal representa la concreción
de algunas recomendaciones del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, en particular de
la Recomendación 16. En dicho documento se establece la necesidad de proponer y, en su momento,
adoptar una Ley de Derechos Humanos para el Distrito Federal “basada en los estándares internacionales de la materia”.
En los acuerdos tomados por el Comité Coordinador del Diagnostico y Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal, posteriores a la elaboración del Diagnóstico, se determinó cuál debía
ser el contenido del Proyecto de Ley de Derechos Humanos, así como los objetivos buscados por el
mismo. Se estableció entonces que dicho proyecto debía estar dirigido a llenar los vacíos legales existentes en el Distrito Federal en el ámbito de los derechos humanos. Para ello, siguiendo las recomendaciones del Diagnóstico, se consideró prioritario armonizar la legislación local con las normas jurídicas
internacionales de derechos humanos, pues el Diagnóstico había dejado en evidencia la dificultad para
hacer cumplir, en el Distrito Federal, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Este proyecto tiene contenidos que exceden las competencias de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal. Pese a ello, se presenta por ser un compendio de los derechos que deberían estar reconocidos en la Ciudad de México, ya sea a través de la competencia del órgano legislativo local o de la del
El Comité Coordinador seguirá profundizando en la discusión de este proyecto a fin de que, dentro
del marco de las atribuciones de las instancias públicas del Distrito Federal y con las modificaciones
que ello implique, pueda ser presentado como Iniciativa de Ley en la Asamblea Legislativa del Distrito
Proyecto de Ley de Derechos Humanos
En el Título Primero de este proyecto de ley, se establecen los principios que determinan con claridad
cómo deben ser interpretadas las normas de derechos humanos. Asimismo, se señala cuál sería el universo de personas protegido por la norma, así como los sujetos obligados a cumplir las disposiciones
En el Título Segundo de este proyecto se encuentra un catálogo de derechos Humanos que reúne
los derechos mínimos de los que deben gozar los habitantes del Distrito Federal. Sin duda, el reconocimiento de estos derechos, así como su efectivo cumplimiento, beneficiara a todas las personas, grupos
y colectivos sociales que se encuentran en el Distrito Federal.
Para la redacción de éste se revisó el Catálogo de Voces de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal. En general, el Catálogo se nutre de los instrumentos internacionales de derechos
humanos vigentes en nuestro país, así como de doctrina relacionada con el tema. En el mismo, se
intenta cubrir –no de forma exhaustiva– todos aquellos que han sido recogidos en los ordenamientos
contemporáneos en la materia. Sin ingresar en un tema de clasificaciones, que en ocasiones han sido
empleadas para disminuir el rango de protección de determinados derechos, especialmente los de tipo
social, se ha elaborado una relación de los principales derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales, así como los que de forma específica, gozan aquellas personas que el Diagnóstico del
Distrito Federal ha identificado como en situación de vulnerabilidad, y que requieren de un reconocimiento especial por parte de la Ley, a efecto de alcanzar el ejercicio de sus propios derechos en
El eje de los derechos de tipo individual, parte de un reconocimiento explícito del derecho a la vida
y a la integridad personal, incorporando al mismo tiempo aquellos derechos necesarios para asegurar el
desarrollo de la propia personalidad, como la identidad personal, el ejercicio de los derechos sexuales,
de los derechos reproductivos, especialmente en relación con la maternidad libre y voluntaria. De igual
forma, se asegura el derecho al respeto a la integridad física, psicológica, sexual y moral, y consecuentemente se prohíben expresamente aquellas conductas que constituyen graves violaciones a este derecho,
que en algunos supuestos constituyen verdaderos crímenes de lesa humanidad. De ahí se ingresa a un
amplio conjunto de libertades, algunas de índole constitucional, pero que han encontrado en esta Ley
un desarrollo protector mayor, un despliegue más garantista, como corresponde a los catálogos sobre
derechos humanos, y de acuerdo con el desarrollo normativo del Distrito Federal.
La propuesta de derechos económicos, sociales y culturales, así como los de la población en situación de vulnerabilidad, parte del supuesto de la necesidad de aplicar políticas públicas concretas destinadas a su efectiva garantía, pero también a una dimensión de justiciabilidad en sede de la judicatura,
y a través de recursos efectivos, como es el Juicio para la Protección de Derechos Humanos, previsto
En definitiva, un proyecto de ley de este tipo estaría incompleto si no existieran los mecanismos
adecuados que garantizaran el debido cumplimiento de sus normas. Por ello, en primera instancia,
es importante asegurar que las políticas públicas tengan como fundamento principal a los derechos
humanos, y con base en los principios que las guían, deberán diseñarse contando con la participación de quienes se interesen y puedan contribuir con su diseño, ejecución y evaluación; por lo que es
necesaria la acción coordinada entre los distintos actores institucionales y sociales, a fin de fortalecer la
ciudadanía, la institucionalidad, la Democracia y el Estado de Derecho.
Es así que en el Título Tercero de este proyecto se consagran los principios generales que guiarán
el diseño, ejecución y evaluación de dichas políticas. También se establece la creación de un órgano
que, en el ámbito de sus competencias, se encargará de coordinar el cumplimiento de las disposiciones
Una de las recomendaciones plasmadas en el Diagnóstico fue la creación de presupuestos con perspectiva de derechos humanos. Es por ello que el Título Cuarto de este proyecto sienta las bases que
guiarían la formulación del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Asimismo, se establece la creación de un Fondo de Reparación del Daño para Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos
(Fondo de Reparación). Es evidente que este Fondo de Reparación sería una herramienta eficaz para
lograr que las víctimas de las violaciones de derechos humanos fueran compensadas y, de esta forma,
lograr enmendar en uno de los rubros, la injusticia cometida en contra de éstas.
Para que los derechos humanos puedan ser exigibles en el Distrito Federal, este proyecto, en sus
Capítulo I del Título Quinto, propone la creación de un mecanismo jurisdiccional especial: “Juicio de
Protección de Derechos Humanos” (Juicio de Protección). Dicho juicio, pretende ser una vía efectiva
de protección de derechos humanos, libre de los formalismos que imperan en el Juicio de Amparo
que, a nivel federal, sigue siendo la principal herramienta jurisdiccional de tutela de los derechos constitucionales en México. En el Capítulo II se establece el carácter vinculante de las resoluciones de los
mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, y, en el Capítulo III, se establece
lo referente a la reparación integral del daño como consecuencia de las violaciones de los derechos
humanos. Tanto el juicio de protección como la reparación integral del daño, deberán ceñirse a leyes
especiales que deberán crearse a la brevedad, para cumplir de forma armónica con la presente ley.
Como ya se señaló, una de las prioridades de este proyecto consiste en la armonización de las normas vigentes en el Distrito Federal con el derecho internacional de derechos humanos. Es por ello,
que es pertinente enfatizar a continuación sobre la importancia y el significado de los “principios
generales” contenidos en este proyecto de ley, pues aquí se encuentran las claves para la interpretación
Los principios generales de la ley
Este proyecto aporta las claves para la aplicación de los derechos humanos y su debida interpretación,
situándose así en consonancia con los desarrollos legislativos más acabados en la materia. Ante el vacío
de la Constitución General de la República, pero aún asumiendo su propia perspectiva de tutela de
los derechos, este proyecto de ley arropa un conjunto de disposiciones a semejanza de constituciones
estatales como las de Veracruz o Sinaloa, que permiten un despliegue al máximo de los mismos.
Un primer aspecto general atiende a que la construcción normativa parte de la idea de que los
catálogos jurídicos sobre derechos humanos constituyen mínimos susceptibles de ampliación y
complementación por otros cuerpos legislativos. De esta manera, se integra el conjunto de derechos
reconocidos por este proyecto de Ley, desde luego por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por los tratados internacionales de los que México es parte, y los contenidos en otras normas en el ámbito de competencias del Distrito Federal.
Especial relevancia cobran los tratados internacionales por la obligación que ha contraído el Estado
para su debido cumplimiento, y además porque en nuestro caso, se han incorporado como una norma
de derecho interno. De esta manera, este proyecto de Ley recoge los principales postulados sobre la
incorporación internacional que se establecen en las legislaciones domésticas, a fin de acompasar su
despliegue más eficaz, y teniendo en consideración que una buena parte de las previsiones de los instrumentos internacionales se integran como normas autoaplicativas.
Para este efecto, fundamentalmente, se han incorporado tres principios:
1.	Una cláusula de interpretación conforme con los tratados internacionales, asumiendo que no
sólo se debe acompasar el precepto con el correspondiente derecho sustantivo, sino con los
estándares interpretativos que han sido fijados por los organismos de supervisión y control a
cuyo cargo se encuentra la debida interpretación de los instrumentos. Especial relevancia reviste
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo jurisdiccional, cuya competencia
contenciosa ha sido expresamente aceptada por el Estado mexicano. No es menor señalar la
importancia que reviste este Tribunal en la edificación de una jurisprudencia que vincula a
todos los Estados Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyendo
una especie de tribunal constitucional de tipo regional en materia de derechos, aludiendo a la
expresión utilizada en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.1
2.	La incorporación de un criterio de aplicación preferente que sirve de parámetro a la interpretación conforme, en el sentido de optar por la norma más favorable, lo que atiende a un estándar
de interpretación pro persona, como es propio de las normas sobre derechos humanos.
3.	El reconocimiento implícito de que las normas sobre derechos constituyen catálogos mínimos,
mediante la previsión de una cláusula de derechos no enumerados, es decir, la Ley no es excluyente de otros derechos que no se encuentren previstos en su propio desarrollo normativo
El segundo aspecto de carácter primordial es el reconocimiento a la igualdad. Esta constituye el basamento y la estructura del orden jurídico, especialmente en el desarrollo sobre derechos humanos. La
universalidad de los derechos – los derechos humanos como patrimonio de todos y todas – se constituye mediante previsiones que garanticen la igualdad entre los sujetos de aplicación de este proyecto
En este sentido, un primer postulado contundente es el reconocimiento y la garantía del derecho
a la diferencia. Se parte de la idea de que la igualdad sólo se instituye a partir del reconocimiento de
la diversidad, y en el marco de este proyecto de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha
querido enfatizar específicamente esta connotación: un espacio donde las personas y los grupos puedan determinarse y definir su propio estilo de vida, un espacio abierto a la tolerancia, y al respeto a la
diversidad, como es propio de las ciudades con esta vocación de pluralidad.
El reconocimiento de diferencias se identifica en la actualidad como el modelo más acabado para
garantizar la igualdad en el ámbito de los estados democráticos de Derecho, al atender circunstancias
específicas que determinan la vida de las personas. Estas expresiones se han incorporado en las normas
sobre derechos humanos a través de cláusulas de prohibición de discriminar o de igualdad formal. De
esta manera, la Ley asume una cláusula de esta naturaleza, asumiendo los distintos factores personales
sobre los cuales se prohíbe la discriminación, pero ampliándolos y adaptándolos. De igual forma, se
ha previsto una cláusula de igualdad material.
De esta manera, se ha propuesto el reconocimiento de la eficacia de los derechos que son oponibles
frente a cualquier persona. Especialmente frente a cualquier instancia de poder público, rescatando
el respeto al contenido esencial de los derechos conformado por un núcleo básico que no puede ser
incidido por el legislador y que se encuentra propiciado desde la Constitución
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Distrito
Federal. Los beneficios que se deriven de esta Ley serán aplicables a todas las personas, grupos y colectivos sociales que se encuentren en el Distrito Federal.
1	Cfr. Häberle, Peter, “La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado constitucional”, Teoría y Realidad
Constitucional, Madrid, UNED, número 14, 2004, pp. 158 – 159.
Pública centralizada y descentralizada del Distrito Federal, así como al Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los órganos autónomos por ley.
Acciones afirmativas: Son las medidas o programas especiales, de carácter público o privado, con
un objetivo correctivo, compensatorio, de redistribución o de promoción, encaminadas a acelerar la
igualdad sustantiva entre personas o grupos de personas, aplicables durante el tiempo que subsista la
desigualdad de oportunidades y de trato.
Comité. El Comité Coordinador de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Consejería: Es el apoyo profesional emocional, legal, psicológico y administrativo, a las personas que
desean acceder a una prueba de detección de anticuerpos contra el vih previa y posterior, a quienes viven con vih y/o sida, así como a familiares, covivientes y personas allegadas que proporciona
información actualizada, científica y oportuna sobre el estado fisiológico de personas afectadas por el
vih y sida, así como la orientación en cuanto a los procedimientos y acciones para su detección, control
Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diagnóstico.- El Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Enfermedades oportunistas: Son aquellas enfermedades infecciosas o no, que afectan a las personas con vih o que han desarrollado el sida y que se manifiestan, cuando el sistema inmunológico se
encuentra debilitado;
Ente Público.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal; El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; El Tribunal Electoral del
Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos
y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y los Órganos Autónomos por Ley.
Fondo de Reparación. Fondo de Reparación del Daño para Víctimas de Violaciones de los Derechos
Infecciones oportunistas: Infecciones provocadas por organismos que normalmente no resultan patogénicos en personas con un sistema inmunitario intacto.
Identidad de género. Constituye la condición humana de pertenecer al género masculino o femenino,
es inmodificable y no siempre concuerda con el sexo.
Juicio de Protección. El Juicio de Protección de los Derechos Humanos.
Ley. Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Niño y niña. Todo ser humano desde su nacimiento y menor de dieciocho años de edad.
Jóvenes. Todo ser humano entre los 14 y 29 años de edad.
Adultos mayores. Todo ser humano mayor de 60 años.
Perspectiva de género. Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones
entre los géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas entre mujeres y
hombres y establece acciones gubernamental para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres
Programa. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Rol de género. Conjunto de manifestaciones relacionadas con la vestimenta, expresión corporal y/o
verbal, y el comportamiento, con independencia de que se considere o no propio del género masculino
sida: Es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; El sida es un conjunto de síntomas (un síndrome) que sobreviene cuando la infección por el vih ha minado gravemente el sistema inmunitario
Tribunal. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Es el Virus causante de la Inmunodeficiencia Humana, cuyas siglas son vih.
Artículo 3.- Toda persona o grupo de personas que se encuentre en el Distrito Federal es titular de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en el Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, así como en la presente Ley. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los
Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculante. Los entes públicos, deberán respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos. Los derechos humanos a los que hace alusión esta Ley se
interpretarán de acuerdo con los siguientes principios:
I. Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales y atendiendo a
los estándares y criterios de los organismos y tribunales internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, especialmente de la Corte Interamericana
II. Para la interpretación y aplicación de las normas de derechos humanos los entes públicos
deberán acudir a la norma más favorable para su protección, o a la interpretación más extensiva,
e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer
III. Ninguna interpretación podrá excluir otros derechos inherentes al ser humano o en otras
disposiciones normativas, que no estén previstos en la presente Ley.
IV. En el Distrito Federal se reconoce y garantiza el derecho a la diferencia, quedando prohibida
toda discriminación basada en el origen étnico, racial, nacional, el sexo, el género, la edad, la
discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, la condición de embarazo,
la religión, las opiniones, la preferencia u orientación sexual, la identidad y la expresión de género, la apariencia, el estado civil, la lengua, la posición política o ideológica, la cultura, el estatus
migratorio o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto o produzca
el efecto de impedir, anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos.
V. En el Distrito Federal se garantiza la igualdad de todas las personas frente a la ley. Los entes
públicos promoverán las condiciones para que la igualdad sustantiva en derechos y oportunidades de todas las personas y grupos de personas sea real y efectiva. Deberá remover los obstáculos
de orden económico, social, cultural o de cualquier otra índole que impidan el pleno ejercicio de
los derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato. Asimismo, deberá adoptar y
promover acciones afirmativas, a través de actos legislativos, reglamentarios o de políticas públicas, a favor de aquellas personas o grupos de personas que, debido a la situación de discriminación, exclusión o violencia en la que se encuentran, no puedan ejercer sus derechos en igualdad
de condiciones que el resto de la población.
Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho a la vida.
Artículo 5.- Toda persona tiene derecho a la autonomía reproductiva y a decidir de manera libre e
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.
Artículo 6.- Todas las mujeres tienen derecho al ejercicio de una maternidad libre y voluntaria así como
a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico en la materia.
Los entes públicos del Distrito Federal a través de las instancias correspondientes garantizarán la
asistencia, atención médica gratuita y protección integral a la maternidad, durante el embarazo, el
parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en evidencia médica y los criterios científicos.
Artículo 7.- Toda persona tiene el derecho a que se respete su integridad física, psicológica, sexual y
Artículo 8.- Toda persona tiene el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como privado. La autoridad deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar cualquier forma de violencia; en particular aquella que se ejerza contra las
mujeres, los niños, las niñas, jóvenes, personas adultas mayores y contra todas aquellas personas, grupos o colectivos sociales, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, situación de discriminación
y/o en riesgo de violencia. Con base en estos derechos, se prohíben las siguientes conductas:
I.	La pena de muerte;
II.	Las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales;
III.	La desaparición forzada;
IV.	La tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes;
V.	La trata de personas, y
VI.	La violencia sexual y reproductiva.
Artículo 9.- Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 10.- Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad e identidad sin
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás. Se reconoce el derecho a la propia
identidad sexual, génerica y sexo genérica.
Artículo 11.- Toda persona tiene el derecho a ejercer su sexualidad de manera libre y en condiciones de
igualdad. En el Distrito Federal se garantizará el derecho a la información, a la educación y el acceso a
los medios científicos, técnicos y legales que permitan ejercer los derechos sexuales y reproductivos.
Artículo 12.- Toda persona es libre de ejercer su orientación o preferencia sexual sin más límite que el
respeto por la autonomía, la dignidad y los derechos de terceros.
Artículo 13.- Toda persona tiene derecho al honor, a la vida privada y sobre su propia imagen.
Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida familiar, domicilio, datos personales,
correspondencia y en sus comunicaciones privadas de cualquier tipo. En el caso de los niños y las niñas
prevalecerá su interés superior.
Artículo 14.- Toda persona tiene derecho a la vida familiar, y a la protección de las leyes ante el establecimiento de vínculos afectivos que impliquen un hogar común, con voluntad de permanencia y
Artículo 15.- Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, que implica la libertad
de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin injerencia de los entes públicos, respetando la
libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.
Artículo 16.- Toda persona tiene derecho al acceso a la información pública, el ejercicio del derecho a
la información comprende difundir, investigar y recabar información pública.
Artículo 17.- Todas las personas tienen derecho a acceder a la información personal que de ellas detente
cualquier ente público y a que les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por
medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello represente procesamiento de la misma. La información se
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los entes públicos.
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, salvo aquella
que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades de acuerdo al
Las solicitudes de información pública, así como las contempladas en este artículo se ajustarán al
procedimiento establecido por la ley respectiva.
Ninguna persona podrá ser molestada por razón de sus convicciones o creencias, obligada a revelar
éstas, o impelida a actuar contra su conciencia.
Toda persona tiene derecho a la objeción de conciencia en los términos que fijen las leyes correspondientes. El ejercicio de la objeción de conciencia de los servidores públicos no eximirá a los entes
públicos del deber de cumplir sus obligaciones y de prestar los servicios públicos.
Artículo 19.- Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y residencia en el territorio del
Artículo 20.- Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos,
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole lícita.
Artículo 21.- Toda persona es libre de reunirse de forma pacífica con fines lícitos.
Artículo 22.- Toda persona es libre de ejercer el derecho a la manifestación de forma pública y pacífica.
Artículo 23.- Todas las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones en los asuntos
Artículo 24.- Toda persona es libre de escoger profesión, oficio, ocupación o actividad. Las profesiones
legalmente reconocidas podrán organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de
éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos
Artículo 25.- Toda persona debe ser informada eficazmente del motivo de su detención en el acto,
de los derechos que le asisten y puesta a disposición ante un juez o ante la autoridad competente de
Artículo 26.- Toda persona tiene derecho desde el momento de su detención y durante todo el proceso legal, a un intérprete en su lengua materna y/o lenguaje de comunicación. En el caso de personas
extranjeras, las autoridades tienen la obligación de notificar a su representación consular.
Artículo 27.- Se prohíben las declaraciones de personas detenidas ante la autoridad policial. Artículo 28.- Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de manera inmediata con quien
considere necesario. Artículo 29.- Toda persona, en el desarrollo del proceso penal, desde el momento de la detención hasta
el pronunciamiento de sentencia, tiene derecho a que los jueces no estimen los estudios de personalidad o peligrosidad, salvo la capacidad mental, como consideraciones para determinar la pena.
Artículo 30.- Toda persona sentenciada en virtud de error judicial tiene derecho a ser indemnizada
conforme a la ley. Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 31.-Toda persona inculpada se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido declarada por un juez.
Artículo 32.- Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que
haya sido cometida, no constituya un delito.
Las penas no deberán ser desproporcionadas en relación con el delito.
Artículo 33.- Queda prohibido el arraigo en relación con los delitos del fuero común que se cometan
en territorio del Distrito Federal.
Artículo 35.- Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidos los físicos
o psicológicos, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos
humanos como consecuencia de la comisión de algún delito o del abuso del poder tendrá los siguientes
I.	A que se le proporcione, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia
de manera gratuita;
II.	A que se persigan los delitos y se sancione a los culpables;
III.	A participar en los procesos derivados de la fracción anterior.
IV.	A que se le dé protección eficaz si se justifica que existe peligro en su integridad física o psíquica
V.	A recibir el apoyo económico del Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito, y
VI.	A la reparación integral del daño, de conformidad con el Fondo de Reparación Integral del
Daño para Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos.	Artículo 36.- En materia penal, las víctimas y/o sus familiares tienen los siguientes derechos:
I.	A que lo asesore gratuitamente un abogado/a victimal hasta la total conclusión del proceso
II.	A que se les repare el daño de manera integral;
III.	Al reconocimiento pùblico de los hechos, la aceptación de responsabilidades de los titulares de
las entidades públicas correspondientes y la discupa pùblica.
Artículo 37.- Toda víctima de violación de derechos humanos tendrá derecho a que se le repare el daño
a través del Fondo de Reparación Integral del Daño para Víctimas de Violaciones de los Derechos
Artículo 38.- En el Distrito Federal las personas que lo soliciten tienen derecho a recibir de forma
gratuita servicios de asistencia jurídica consistentes en la defensa, patrocinio y asesoría, en los asuntos
del fuero común señalados en la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal. La Defensoría de
Oficio garantizará la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población.
Artículo 39.- Toda persona tiene derecho a acceder a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante cualquier autoridad competente que la proteja contra actos que violen sus derechos humanos.
Artículo 40.- Las normas garantizarán la libertad, la capacidad y probidad de las abogadas y los abogados.
Artículo 41.- Nadie puede ser privado de su libertad por deudas.
Artículo 42.- Toda persona tiene derecho a que se protega su trabajo, oficio, ocupación o actividad
y el empleo en todas sus formas. Los entes pùblicos se obligan a respetar, proteger y a garantizar los
derechos humanos laborales de todas las personas.
Artículo 43.- Toda persona tiene derecho a la educación. Toda educación pública en el Distrito Federal
será gratuita, laica y multicultural. La educación preescolar y la educación básica serán obligatorias. La
educación técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
En el Distrito Federal la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el
fortalecimiento del respeto de los derechos humanos; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la vida
libre de violencia entre todas las personas.
Artículo 44.- Los padres, madres o las personas que ejerzan la tutela tendrán derecho a escoger el tipo
de educación, sin violencia, que habrá de darse a sus hijos e hijas, garantizando el interés superior de
Artículo 45.- Se garantiza el derecho a la formación profesional y permanente, la libertad de cátedra y
Artículo 46.- Los entes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, garantizarán el
derecho a un nivel de vida adecuado de todas las personas y a una mejora continua de sus capacidades
y oportunidades de desarrollo para la realización y ejercicio de todos los derechos humanos.
Artículo 47.- Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Se considerará vivienda
digna y adecuada la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables relativas a:
a)	b)	c)	d)	d)	f )	Protección contra el desahucio ilegal o arbitrario;
Disponibilidad de infraestructura y equipamientos básicos;
Disponibilidad de servicios sociales y de espacios públicos y recreativos.
Nadie podrá ser desalojado de su vivienda de manera arbitraria, ilegal, y sin una resolución judicial.
Todo desalojo deberà realizarse con apego a los derechos humanos.
Artículo 48.- Toda persona o colectividad tiene derecho a acceder y disponer de agua potable, suficiente, de calidad y asequible para su uso personal y doméstico.
Artículo 49.- Toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente, adecuada, saludable, inocua,
nutritiva, asequible, que le permita gozar del más alto nivel de desarrollo y que eviten la desnutrición,
la obesidad y los trastornos alimenticios. En el ejercicio de este derecho se garantizará una adecuada
disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos.
Toda persona o colectividad tiene derecho a que se perfeccionen los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución equitativa de alimentos.
Artículo 50.- Toda persona o colectividad tiene derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y adecuado para su desarrollo.
Artículo 51.- Toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud física, sexual, reproductiva, mental
y social, en condiciones de calidad, disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad. Para garantizar el
ejercicio de este derecho, se establecerán y mantendrán las condiciones para el bienestar y un sistema
público universal y gratuito de atención a la salud. En caso de padecimientos terminales, la persona
tendrá derecho a la asistencia legal y tanatológica.
Artículo 52.- Los servicios médicos que otorgan las autoridades sanitarias del Distrito Federal son universales y gratuitos, por lo que deberá administrarse independientemente de la condición económica,
cultural, identidad étnica y género de la persona. Los entes públicos fomentarán la educación para la
Artículo 53.- Toda persona o colectividad tiene derecho a participar y disfrutar de un desarrollo social,
económico, cultural, político y sustentable.
Artículo 54.- Es obligacion de los entes públicos promover la práctica del deporte y las actividades
físicas, crear instalaciones deportivas adecuadas y fomentar la igualdad de oportunidades de todas las
personas en el acceso a las mismas.
Es obligación de los entes públicos el rescate y mantenimiento de parques, camellones y centros
deportivos públicos, en beneficio de las y los habitantes del Distrito Federal. Los entes públicos correspondientes se encargarán de garantizar el acceso de forma gratuita a las instalaciones, así como de
facilitar la participación de las y los deportistas, sin discriminación alguna, en competencias nacionales
Artículo 55.- Toda persona o colectividad tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida
cultural, a acceder a los bienes, servicios, manifestaciones y expresiones culturales, históricas, arqueológicas y artísticas, tangibles e intangibles; gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; así como beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autores o autoras. Los entes
públicos promoverán y respetarán el pluralismo cultural.
Artículo 56.- El derecho a la cultura incluye los siguientes derechos específicos:
I.	A desarrollar y difundir la cultura y el arte de la comunidad;
II.	A participar en las actividades culturales y artísticas;
III.	A disfrutar del patrimonio cultural y artístico, y
IV.	A gozar de los avances científicos y tecnológicos.
Artículo 57.- Se reconoce el Derecho a la Ciudad de todas las personas que habitan y desarrollan actividades en el Distrito Federal. Definido como el usufructo equitativo de la Ciudad de México dentro
de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, el ejercicio de este derecho
de carácter colectivo se orienta a garantizar:
I.	El ejercicio pleno de los Derechos Humanos en la Ciudad, mediante la generación de condiciones para el desarrollo de una vida digna y de calidad para todas las personas, tanto en lo
II.	La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad, al reconocer el derecho de todas
las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad mediante la generación de instrumentos para el abatimiento y control participativo de la especulación, la segregación urbana,
la exclusión y los desalojos y desplazamientos forzados.
III.	La gestión democrática de la ciudad, fortaleciendo la democracia mediante la creación de
espacios y mecanismos de decisión y gestión democrática directa y el desarrollo de programas
participativos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión pública urbana.
IV.	La producción democrática de la ciudad y en la ciudad, al viabilizar el derecho de todas las
personas a participar en la producción del hábitat y garantizar la inserción productiva de todas
las personas en la economía urbana.
V.	El manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la
ciudad y su entorno, al garantizar mejores condiciones ambientales y que el desarrollo urbano
no se realice a costa de las áreas rurales, de áreas de reserva ecológica y captación de acuíferos,
de otras ciudades y de las futuras generaciones.
VI.	El disfrute democrático y equitativo de la ciudad, mediante el rescate y fortalecimiento de la
función cultural, lúdica y recreativa del espacio público y el respeto de la diversidad cultural
Artículo 58.- Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Artículo 59.- El sistema penitenciario tendrá como finalidad esencial la reinserción de las personas
sentenciadas a la sociedad, a través de actividades laborales, educativas, de capacitación para el trabajo, deportivas, culturales y recreativas, cuyo objetivo es proporcionar a la persona privada de libertad
opciones, conocimientos y herramientas para mejorar sus condiciones de vida en internamiento.
Artículo 60.- Las personas sentenciadas, en los casos y condiciones que establezcan las leyes especiales,
tendrán derecho a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio.
Artículo 61.- Toda persona inculpada de delito o de incumplimiento con el régimen penitenciario
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Conforme a lo anterior, las personas indiciadas y procesadas que se encuentren en prisión preventiva
deberán permanecer separadas de las personas sentenciadas en establecimientos diferentes y por lo
tanto no podrán ser trasladadas a los centros de ejecución de sentencias penales.
Artículo 62.- Ninguna persona puede ser privada de su libertad, salvo por resolución judicial. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por una
autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustan-
ciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. De manera general, se deberán
garantizar los derechos de debido proceso.
Artículo 63.- Todas las personas privadas de la libertad, entre otros tienen los siguientes derechos:
I.	A ser ubicados en estancias dignas;
II.	A gozar de la posibilidad de contar con trabajo remunerado de forma justa y con las prestaciones de ley, a la capacitación para el trabajo y al derecho a la educación;
III.	A conservar, fortalecer o establecer relaciones familiares o de amistad, por lo que no les podrá
ser negada la visita familiar y las visitas íntimas, incluyendo aquellas del mismo sexo;
IV.	A que toda sanción o amonestación en su contra se les notifique por escrito, y que se encuentren debidamente fundamentados y motivados;
V.	Las personas adultas mayores podrán compurgar las penas en su domicilio;
VI.	A la salud integral, a la alimentación adecuada y al agua potable.
VII.	A la asistencia legal gratuita, de calidad y accesible, desde su centro de reclusión.
Artículo 64.- El sistema penitenciario no impondrá más medidas disciplinarias ni más restricciones que
las necesarias para proteger la integridad de las y los internos, del personal penitenciario y de las personas visitantes, así como el funcionamiento interno de los centros de reclusión, de tal manera que esto
facilite la reinserción social. El internamiento por cualquier razón estará basado en la premisa de que
la persona interna regresará eventualmente a la vida en libertad, por lo que se reducirán en la medida
de lo posible los efectos negativos del internamiento y se favorecerán los vínculos con el exterior.
Artículo 65.- Las personas transgenéricas y transexuales privadas de la libertad serán asignadas a los
lugares que correspondan a su identidad de género y no a su sexo de nacimiento. Estas personas
tendrán derecho a recibir tratamiento médico y psicoterapéutico y los medicamentos necesarios para
continuar su proceso de reasignación.
Artículo 66.- Las personas privadas de la libertad, a quienes se les haya identificado problemas de salud
mental, tienen los siguientes derechos:
I.	A que se establezca un diagnóstico certero por especialista y se les brinde el tratamiento integral
adecuado que en su caso, si se requiere, incluya terapias de rehabilitación, y
II.	A gozar de los beneficios de preliberación.
Artículo 67.- Todo niño y niña tiene derecho a la supervivencia y al desarrollo; los entes públicos
deberán garantizarlos; favoreciendo su autonomía progresiva.
Las leyes, instituciones y políticas relacionadas con la infancia tendrán como principios rectores el
interés superior del niño y de la niña, y el principio de prioridad.
Artículo 68.-Todo niño y niña tiene derecho a expresar libremente su opinión, participar y a intervenir
en la toma de decisiones en los asuntos que le conciernan. En particular, se dará al niño y a la niña el
derecho de ser escuchado/a en todo procedimiento judicial o administrativo que le concierne.
Artículo 69.- Las entidades públicas y la sociedad tienen la obligación de proteger a los niños y a las
niñas contra:
I.	Cualquier tipo de discriminación, maltrato, negligencia, crueldad, abandono, violencia
física o psicológica, secuestro, abuso sexual, castigos corporales, uso ilícito de sustancias
estupefacientes, secuestro, trata, explotación sexual comercial, y cualquier otra forma de
II.	La venta de niños o niñas, la prostitución infantil y la utilización de niños o niñas en la pornografía.
III.	Trabajos que impliquen algún peligro.
IV.	Conflictos armados, desastres naturales, situación de refugio o desplazamiento y acciones de
reclutamiento para que participen en conflictos armados.
Artículo 70.- Los niños y las niñas tienen derecho a no ser separados/as de sus padres y madres o de las
personas que ejerzan la tutela contra su voluntad, excepto cuando, a reserva de resolución judicial, las
autoridades competentes lo determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables.
I.	El niño o la niña que esté separado/a de uno o de ambos progenitores tienen derecho a
mantener relaciones personales y contacto directo con éstos de modo regular, salvo si ello
es contrario al interés superior del niño o la niña, y
II.	Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por los entes públicos, el niño
o la niña tienen derecho a obtener información básica acerca del paradero del familiar o
familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para su bienestar,
III.	El niño y la niña, temporal o permanentemente privado/as, de su medio familiar, tendrá derecho a recibir la protección de los entes públicos que se encargaran de brindarle los cuidados
adecuados que requiere.
Artículo 71.- El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal garantizará los derechos humanos de las personas cuya edad sea de 12 a 18 años, a los que se les atribuya la realización de
una conducta tipificada como delito, en las leyes penales del Distrito Federal.
Artículo 72.- Las normas del Distrito Federal garantizarán que las instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para mayores de 12 y menores de 18
años aplicarán las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo
a la protección integral y el interés superior del niño y de la niña.
Artículo 73.- Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como
delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
Artículo 74.- Cuando niños, niñas y jóvenes menores de edad sean sujetos a proceso, deberán ser
separados de las personas adultas y llevados/as ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible para su tratamiento.
Artículo 75.- En todos los procedimientos seguidos a niños y niñas mayores de 12 años se observarán
las reglas del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la
remisión y las que impongan las medidas disciplinarias. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta
realizada y tendrán como fin la reinserción social y familiar del niño y de la niña, así como el pleno
desarrollo de su persona y capacidades. En todo momento el tratamiento a los niños y niñas deberá ser
compatible con los derechos humanos.
El internamiento de niños, niñas y jóvenes menores de edad, por la comisión de conductas tipificadas como delitos graves, se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda.
La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de
que sean puestos/as en libertad antes de ese tiempo.
Artículo 76.- Las personas menores de edad, en el cumplimiento de una medida reeducativa o de
internamiento, tienen derecho a:
I.	Conocer el régimen al cual está sujetos;
II.	Recibir asesoría jurídica eficaz;
III.	Continuar el desarrollo educativo o profesional;
IV.	Realizar actividades recreativas;
V.	Estar en un ambiente físico adecuado e higiénico;
VI.	Contar con atención médica;
VII.	Recibir visitas de sus familiares;
VIII.	Recibir visitas íntimas del cónyuge, y
IX.	Mantener contacto con la comunidad local y ser reintegrados gradualmente a la sociedad.
Artículo 77.- Las y los jóvenes tienen derecho a que se les trate en todos los espacios como sujetos
plenos de derecho y que las decisiones que se tomen en torno a ellas y ellos sean desde una perspectiva
juvenil, atendiendo además los siguientes derechos:
I.	A la educación y a la formación profesional;
II.	A la salud integral
III.	A la libertad de expresión y a la participación;
IV.	A la cultura y el arte;
V.	Al disfrute pleno de su sexualidad y a la educación sexual;
VI.	A la vivienda;
VII.	Al trabajo y al empleo, justamente remunerados, sin que la edad o la experiencia sean motivos
de desigualdad salarial o motivo de abuso.
Artículo 78.- En el Distrito Federal se implementarán un conjunto de acciones tendientes a modificar
y mejorar las circunstancias de carácter educativo, social, económico que impidan el bienestar y el
desarrollo integral de las personas adultas mayores.
Artículo 79.- Las personas adultas mayores que viven condiciones de discriminación o desventaja
social, física, o mental tienen derecho a la protección física, mental, social y económica.
Artículo 80.- Las personas con discapacidad gozarán además de los siguientes derechos:
I.	II.	A la accesibilidad al entorno físico, transporte, comunicaciones, tecnologías, información o
cualquier otro ámbito de la sociedad, sin discriminación alguna;
A contar con la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en
igualdad de condiciones con las demás personas;
III.	A que los entes públicos promuevan campañas de información y sensibilización de la sociedad con el objeto de:
a.	Fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con alguna discapacidad;
b.	Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas y excluyentes en su
contra, y
c.	Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas
IV.	A que los entes públicos les brinden las condiciones que les permita contar con una forma de
vida digna e independiente y a ser incluidas en la comunidad;
V.	Al acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta, y
VI.	A que las instalaciones y los servicios públicos se encuentren a su disposición, en las mismas
condiciones que para la población en general tomando en cuenta sus necesidades específicas.
Artículo 81.- Las personas, comunidades y pueblos indígenas tienen los siguientes derechos:
I.	A conservar los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias;
II.	A la diversidad e identidad culturales;
III.	A no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura;
IV.	A la conservación de su cosmovisión, tradiciones, usos y costumbres en el marco de los derechos
V.	A la protección de la expresión artística y cultural;
VI.	El acceso a servicios públicos en su lengua.
VII.	Al acceso universal a la cultura, y
VIII.	A vivir en libertad, paz y seguridad.
Artículo 82.- Todas las personas tienen derecho a la información accesible, clara, objetiva, exacta y
científicamente fundada acerca del vih, sida e its, sin ningún tipo de restricción.
Artículo 83.-Las pruebas de detección de vih e its deberán realizarse asegurando consejería previa y
posterior, y consentimiento. Deberán ser usadas exclusivamente para fines diagnósticos, para el control
de transfusiones y trasplantes, para estudios epidemiológicos. Estas pruebas no se podrán utilizar para
realizar ningún tipo de control de personas o grupos de personas, ni para cualquier otro fin que se
traduzca en violación de los derechos humanos.
Todas aquellas personas que se practiquen voluntariamente las pruebas de detección o confirmación
del vih deberán ser informadas, previamente, por personal especializado, sobre el procedimiento a
Artículo 84.- Toda persona que vive con vih goza de los siguientes derechos:
a) A la asistencia médica y psicológica, medicamentos, pruebas auxiliares para el diagnóstico
y al tratamiento más actualizado de manera gratuita, oportuna y sin ninguna restricción.
b) A no ser sometida a ninguna forma de aislamiento, o suspensión de tratamiento médico.
c)	A contar con un trabajo o empleo, y a permanecer y desarrollarse en el mismo sin que
ninguna persona pueda condicionar el derecho al trabajo a la realización de la prueba de
detección del vih;
d)	A unirse a otra persona, contraer matrimonio o establecer una sociedad de convivencia,
sin que para ello se exija la prueba de detección del vih;
e)	A participar activamente en todos los aspectos de la vida social, profesional y pública;
f )	En el caso de las mujeres embarazadas, a recibir orientación sobre los riesgos y las opciones
de tratamiento para evitar la transmisión del vih al producto;
g)	A comunicar su estado de salud o el resultado de sus análisis sólo a las personas que ella
desee hacerlo;
h)	A la información sobre su condición de salud y al consentimiento informado sobre el
tratamiento a recibir, y
i)	Al tratamiento para enfermedades oportunistas.
Artículo 85.- Las personas transgenéricas y transexuales tienen derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de su identidad de género. El ejercicio de este derecho obliga a los entes públicos
competentes a la actualización, rectificación o modificación de los documentos de identidad, comenzando con la expedición de una nueva acta de nacimiento por reasignación, para lograr la concordancia
sexogenérica. Las copias certificadas no deberán contener nota marginal de dicha reasignación.
Artículo 86.- Las personas transgenéricas y transexuales tienen derecho al acceso a los servicios públicos
Artículo 87.- Artículo.- En el Distrito Federal queda prohibido obligar a las personas que ejercen el
sexo servicio a lo siguiente:
a)	b)	c)	d)	Inscribirse en un registro especial;
Poseer un documento específico;
Cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia, y
Someterse a pruebas médicas sin su libre consentimiento.
Artículo 88.- El sexo servicio no podrá ser tipificado como delito, ni sancionado por las normas administrativas.
Artículo 89.- Los entes públicos del Distrito Federal protegerán los derechos humanos de las personas
que ejercen el sexo servicio, fortaleciendo la prevención de las enfermedades de transmisión sexual,
incluyendo el vih/sida y el combate a la explotación sexual, la trata de personas y la pornografía
Artículo 90.- Las personas que se dedican al trabajo doméstico gozan de todos los derechos humanos
laborales, que deben ser garantizados por su empleador/a.
Los entes públicos promoverán el pleno cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores
y las trabajadoras del hogar, buscando incluir dentro de la protección de la ley aquellas particularidades
relacionadas con el ejercicio de este trabajo.
Artículo 91.- Toda persona tiene derecho a promover y defender nuevos derechos, así como los consagrados en esta la Ley, y demás normas que consagren derechos. El ejercicio de este derecho no podrá
ser motivo de criminalización.
Artículo 92.- Los derechos humanos son el fundamento para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el Distrito Federal así como para la planeación, programación y
presupuestación de los recursos públicos destinados a su cumplimiento; por lo tanto, los programas,
acciones y prácticas de los entes públicos asegurarán el reconocimiento, la promoción, concreción,
protección y defensa de los mismos, de conformidad con la presente Ley.
Artículo 92.- En el Distrito Federal, los entes públicos desarrollarán políticas públicas que eliminen
las inequidades y desigualdades y que promuevan la realización de los derechos humanos de grupos de
población en situación de vulnerabilidad, mediante programas integrales que aseguren no sólo transferencias económicas universales para grupos específicos, sino el acceso pleno de éstos al ejercicio integral
de los derechos humanos, entre otros el derecho a la protección social, al trabajo, la accesibilidad, la
educación, la protección legal, la personalidad y capacidad jurídica, la igualdad y la no discriminación,
el acceso a la justicia, la salud, vivienda, alimentación y agua.
Artículo 93.- Las políticas públicas en materia de derechos humanos se sujetarán a los siguientes principios:
I.	Integralidad:
II.	Intersectorialidad:
III.	Participación social:
IV.	Universalidad:
V.	Intergubernamentalidad:
VI.	Coordinación:
VII.	Transparencia:
VIII.	Rendición de cuentas:
IX.	Igualdad:
X.	Equidad social:
XI.	Equidad de género:
XII.	Justicia Distributiva:
XIII.	Diversidad:
XIV.	Efectividad:
XV.	Territorialidad:
XVI.	Exigibilidad:
XVII.	No discriminación
XVIII.	Sustentabilidad
XIX.	Pluralidad
XX.	Progresividad
XXI.	Máximo uso de recursos disponibles
Artículo 94.- Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación, el
derecho internacional de los derechos humanos y en términos de información estadística, la generada
por las instancias locales y federales responsables, el Comité de derechos humanos, el Diagnóstico y el
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia
El Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal se realizarán con criterios
de progresividad en la materia, y se actualizarán cada tres años.
Artículo 95.- Las entidades dedicadas a la generación de estadística e información en el Distrito
Federal, con respeto a los derechos humanos, deberán considerar lo siguiente:
b) Información estadística descriptiva sobre la población atendida por los programas de
derechos humanos que llevan adelante;
III.	Centralización de la información estadística sobre el número y tipo de violaciones a los derechos humanos en el DF que generen las distintas dependencias;
Artículo 96.- Para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos
humanos y la coordinación de los programas y acciones que lleven a cabo los entes públicos competentes, se crea el Comité Coordinador de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Artículo 97.- El Comité estará integrado por 13 representantes, correspondientes a:
I. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que fungirá como Secretaría Técnica;
II. El Gobierno del Distrito Federal, representado por la Secretaría de Gobierno;
III. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, representada por la Comisión de Gobierno;
IV. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, representado por la Dirección de Derechos
Humanos y Atención Ciudadana;
V. La academia, representada por tres instituciones académicas;
VI. La sociedad civil, representada por tres organizaciones titulares y tres suplentes, y;
VII. Los movimientos sociales, representados por tres integrantes.
Podrá participar como observador permanente la Oficina en México de la Alta Comisionada de las
Cada representante tendrá voz y voto para la toma de decisiones.
I. Coordinar la actualización del Diagnóstico, su publicación cada tres años y su difusión
hacia la sociedad y los entes públicos;
II. Proponer programas, acciones y medidas de toda indole a los entes públicos dirigidos a
garantizar el reconocimiento, la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, en el marco del Programa.
III. Informar periódicamente sobre los avances en el cumplimiento del Programa de derechos
humanos así como impulsar y coordinar evaluaciones externas;
III. Orientar a los entes públicos para que las acciones de reconocimiento, promoción, protección y defensa de los derechos humanos que realicen, sean congruentes con la presente Ley;
IV. Solicitar a los entes públicos, en el marco de los trabajos del Comité, que proporcionen
información que permita conocer las acciones relacionadas con el reconocimiento, la
promoción, protección y defensa de los derechos humanos;
VI. Proponer mecanismos de coordinación para que los entes públicos, cumplan de manera
oportuna y completa con lo previsto en el Programa;
XI. Proponer mecanismos de medición y evaluación de cumplimiento de los objetivos y
acciones contempladas en el Programa, de manera periódica, con indicadores específicos
de resultados e impacto, con base en la información proporcionada por las entidades responsables en la materia, los informes elaborados por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, los informes elaborados por las organizaciones de la sociedad civil,
nacionales e internacionales, los informes académicos y los informes de los organismos
internacionales de promoción y protección de los derechos humanos;
XII. Asesorar en materia de presupuesto con perspectiva de derechos humanos y género a los
XIII. Impulsar las investigaciones, estudios, análisis o diagnósticos especiales sobre los temas
en derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, y
en especial, para la adecuada actualización del Diagnóstico y Programa, a través de un
programa de apoyo económico;
XIV. Asesorar en el diseño de programas de capacitación permanentes en materia de derechos
humanos dirigidos a los entes públicos;
XIX. Todas las demás dirigidas a garantizar el reconocimiento, promoción, protección y defensa de los derechos humanos con relación a las políticas públicas en el ámbito de competencia del Distrito Federal.
Artículo 99.- El Comité sesionará ordinariamente una vez al mes. Podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando los asuntos de su competencia así lo requieran, o bien, cuando así lo solicite la coordinación o cualquiera de sus integrantes.
Todas las acciones que lleve a cabo el Comité, sus actas, informes y las acciones, serán de carácter
Artículo 100.-	La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 98.-	Programa de derechos humanos del Distrito Federal
II. Elaborar el orden del día de la sesión, el cual será turnado ocho días antes de la misma a los
III. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité;
VI. Informar de las actividades, cumplimiento, ejecución y resultados de los acuerdos emitidos
por el Comité, en sus sesiones ordinarias;
V. Integrar los documentos relacionados con las acciones, investigaciones, estudios, análisis o
diagnósticos necesarios para apoyar las funciones del Comité;
VI. Coordinar las investigaciones, estudios, análisis o diagnósticos que le encomiende el Comité,
para el debido cumplimiento de sus atribuciones, y
VII. Las demás que le sean asignadas por el Comité.
Artículo 101.- El Comité podrá crear grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como temporal
para cumplir con sus atribuciones. Los acuerdos tomados deberán enviarse al Comité para su análisis
y en su caso, aprobación.
Artículo 102.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité contará con el presupuesto suficiente, de conformidad con el Título IV de la presente Ley.
Artículo 103.- Los programas, fondos y recursos destinados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos son prioritarios y de interés público.
Artículo 104.- A propuesta del Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal destinará,
a través del Presupuesto Anual de Egresos, los recursos económicos necesarios para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.
Artículo 105.- El presupuesto del Distrito Federal vinculado al respeto, protección, promoción y
garantía de los derechos humanos no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior.
Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica, , y en congruencia con
la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice la Asamblea Legislativa.
Artículo 106.- La distribución de los fondos relativos a las políticas públicas, programas y acciones
vinculadas con el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos , se hará con
criterios de equidad, transparencia y progresividad, conforme a la normatividad aplicable y la presente
Artículo 107.- Los recursos presupuestales asignados al respeto, protección, promoción y garantía de
los derechos humanos, podrán ser complementados con recursos provenientes del Gobierno Federal y
de las delegaciones políticas, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores
Artículo 108.- El presupuesto destinado al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos
humanos incluirá un Fondo de Reparación Integral del Daño para Víctimas de Violaciones de los
Derechos Humanos, para los casos en que se determine la responsabilidad en la violación de los derechos humanos por parte de uno o algunos de los entes públicos.
La falta de recursos no exime a los entes públicos de su obligación de reparar el daño en caso de una
Artículo 109.- El Jefe de Gobierno establecerá y administrará un Fondo de Contingencia en Materia
de Derechos Humanos, como respuesta a situaciones excepcionales y presupuestales imprevistas. En
el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal se determinará el monto y las reglas a las que quedará
sujeta su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los
recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal correspondiente.
Artículo 110.- El Gobierno del Distrito Federal deberá elaborar y publicar en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, las reglas de operación del presupuesto vinculado al respeto, protección, promoción
y garantía de los derechos humanos, así como la metodología, normatividad, calendarización y las
asignaciones correspondientes a los distintos entes públicos. Por su parte, éstos harán pública la distribución de los recursos.
Capítulo Primero. Del Juicio de Protección de los Derechos Humanos
Artículo 111.- El Juicio de Protección procederá ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal contra cualquier acto, hecho u omisión de los entes públicos, que viole los derechos humanos, de conformidad con la presente Ley y la Ley del Juicio de Protección de los Derechos Humanos
del Distrito Federal. Su promoción, no excluye otros medios de defensa y reparación de los derechos
humanos previstos en el orden jurídico mexicano, ni se considera de previo agotamiento.
Capítulo Segundo. De las resoluciones internacionales en materia de derechos
Artículo 112.- Quien se considere lesionado en los derechos humanos reconocidos, de conformidad
con esta ley, podrá acudir a los órganos y tribunales internacionales constituidos con base en los instrumentos internacionales y seguir los procedimientos establecidos en ellos para su defensa.
Artículo 113.- Las resoluciones y sentencias emitidas por órganos y tribunales internacionales de
derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, gozarán de fuerza
obligatoria en el Distrito Federal. Los entes públicos las cumplirán dentro de sus respectivas competencias.
Capítulo Tercero. De la reparación integral del daño
Artículo 114.- Los términos de la reparación del daño por violaciones de los derechos humanos establecidas por el Tribunal o por los órganos y tribunales internacionales, de conformidad con la presente
Ley, y la activación del Fondo de Reparación Integral del Daño, se determinarán conforme a la Ley de
Reparación del Daño para Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en el Distrito Federal.
Competencias en materia de derechos humanos
Artículo 115.-	Corresponde al Gobierno del Distrito Federal:
II. Presentar en el Presupuesto Anual de Egresos, los recursos suficientes para el respeto, protección,
promoción y garantía de los derechos humanos.
Artículo 116.-	Corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
I. Adecuar la legislación vigente a los principios y disposiciones de esta Ley;
II. Seguir los principios generales establecidos en el Título I de la presente Ley, en la elaboración
de la legislación que contenga normas sobre derechos humanos;
III. Destinar en el Presupuesto Anual de Egresos, los recursos económicos necesarios para el respeto,
protección, promoción y garantía de los derechos humanos, debiendo justificar debidamente
cualquier reducción a los mismos.
Artículo 117.-	Corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal:
I. Seguir los principios generales establecidos en el Título I de la presente Ley, en el marco de las
resoluciones que se emitan cuando afecten los derechos humanos, de manera especial el criterio
de interpretación conforme con los estándares internacionales;
II. Garantizar el acceso al Juicio de Protección de los Derechos Humanos;
III. Establecer con claridad criterios de reparación del daño en sus resoluciones.
Art. 118.- Corresponde a los organismos autónomos coadyuvar con los demás entes públicos a la
Primero.- Túrnese al Jefe de Gobierno para su promulgación y correspondiente publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor divulgación.
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
Cuarto.- En un plazo perentorio a la expedición de la presente Ley, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal deberá elaborar la Ley del Juicio de Protección de los Derechos Humanos del Distrito Federal,
en consulta con el Comité de Derechos Humanos.
Quinto.- En un plazo perentorio a la expedición de la presente Ley, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal deberá crear la Ley de Reparación del Daño para Víctimas de Violaciones de los Derechos
Humanos en el Distrito Federal, en consulta con el Comité de Derechos Humanos.
Sexto.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá destinar los recursos suficientes, a partir del
ejercicio presupuestal dos mil diez, para el cumplimiento de la presente ley.
Séptimo.- El Comité Coordinador para el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal será quien realice la primera convocatoria para conformar a Comité de Derechos Humanos en
un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
c. Relación de reuniones, seminarios y eventos en el marco de la
elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal 2007/2008/2009
Al igual que el proceso de elaboración del Diagnóstico, la elaboración de este Programa ha sido con base
en un intenso trabajo de investigación, de recopilación de información y de una permanente interlocución del Comité Coordinador con diversos actores civiles, académicos, con organismos internacionales
y de todas las instancias públicas de la Ciudad de México.
Durante todo el proceso se buscó que los ejes transversales que se proponen para las políticas
públicas, fueran también los ejes de elaboración del Programa. Ello implicó una gran cantidad de
reuniones del Comité Coordinador durante los últimos dos años, y se organizaron foros, seminarios,
talleres y mesas de trabajo intersectoriales para profundizar y aclarar cuestiones relacionadas con los
temas y derechos contenidos en el Programa, a partir de la metodología desarrollada por el Comité
Coordinador y su Secretaría Técnica.
Todo ello con el fin de que el diálogo y la perspectiva desde distintos ámbitos fueran elementos
centrales para contar ahora con un instrumento consensuado que constituye una guía para la acción de
las instancias públicas de la Ciudad de México, para que el cumplimento de las obligaciones del Estado
en materia de derechos humanos redunde a favor de quienes habitan y transitan dicha entidad.
Cuadro 1. Sesiones del Comité Coordinador.
Del 7 de mayo de 2007 al 12 de
Entre el 29 de noviembre de 2007
y al 19 de agosto de 2009
53 sesiones del CC
Cuadro 2. Grupos de trabajo del Comité Coordinador.
Del 3 de julio de 2008 al 19 de
Grupo de Presupuesto con Perspectiva de
Del 15 de julio de 2008 al 3 de
Grupo para la elaboración del proyecto de
iniciativa de Ley de Derechos Humanos
Del 18 de julio de 2008 al 5 de
Grupo de análisis para el Instituto de
Información y Planeación del D. F.
Del 8 de agosto al 9 de septiembre de 2008
Grupo sobre investigación de las instituciones
académicas en materia de derechos humanos
Del 23 de enero del 2007 al 12
Grupo de trabajo sobre difusión y medios de
Del 28 de septiembre de 2007 al
Grupo de trabajo sobre metodología para el
Programa de Derechos Humanos del D. F.
Cuadro 3. Foros, seminarios y eventos
Entre el 17 de agosto de 2007 al
Entre el 24 de agosto de 2007 y
Los días 17 de enero de 2007 y
Foros con las Organizaciones de la Sociedad
Seminarios de trabajo para el Diagnóstico y
Talleres con servidores(as) públicos(as)
El 7 de mayo del 2008
Presentación del Diagnóstico de Derechos
Presentación pública del Diagnóstico de Derechos
Presentación del Diagnóstico ante Organizaciones de
la Sociedad Civil en Baja California Norte
Presentación del Diagnóstico ante Academia
Presentación del Diagnóstico ante jueces y magistrados de la tsjdf
Presentación del Diagnóstico ante representantes de
los partidos políticos del D. F.
Presentación del Diagnóstico ante Diputados y
Reunión con el Consejo de Evaluación de la Política
Social del D. F.
Presentación del Diagnóstico ante las agencias de
Presentación del Diagnóstico ante la paot
Presentación del Diagnóstico ante jefes delegacionales del D. F.
Presentación del Diagnóstico ante la uacm
Presentación del Proceso de elaboración del
Diagnóstico y Programa. (A petición de la oacnudh)
Presentación del Diagnóstico Secretaría de Cultura
Presentación de la matriz de vivienda en el Foro de
Presentación del Diagnóstico en el seminario de
migración sederec
Presentación del Diagnóstico ante el tsjdf
Presentación del Capítulo de Jóvenes en el Seminario
de Actoría Social y Juventud de la cdhdf (área de
Cuadro 4. Presentaciones del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Presentación del proceso del dypdhdf ante Alberto
Presentación de dypdhdf en el Seminario
Internacional sobre Reforma del Estado de la uacm
Presentación del dypdhdf en el Foro sobre Migración
convocado por oim y Conapred
Presentación del Diagnóstico en Bogotá Colombia
Seminario Internacional sobre desca
Presentación del Diagnóstico: Derecho al Agua en el
Foro de la Fundación Boell
Encuentro de promotores de la cdhdf
Presentación del Diagnóstico y Avances del Programa
ante el Consejo de Derechos Humanos de las
ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Washington, D. C.)
Cuadro 5. Mesas de trabajo Intersectoriales
para el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Derecho de las personas víctimas de trata y explotación
Derecho a la salud, 2ª sesión
Derecho de las y los jóvenes
Derecho a la vivienda, 2ª sesión
Derechos de la población lgbttt
Derecho de las poblaciones callejeras
Derechos de los pueblos indígenas, 2ª sesión
Derechos de las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, 2ª sesión
Derechos de las personas con discapacidad, 2ª sesión
Cuadro 6. Otras reuniones de trabajo.
Reunión de trabajo entre la cdhdf y Organizaciones de
Reunión del Consejo (Propuesta de Diagnóstico sobre
la Situación de los Derechos Humanos del Distrito
Reunión cdhdf-oacnudh en el marco del Diagnóstico
Acuerdos de la reunión para la discusión operativa de
la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos
Humanos de Distrito Federal
Sesión Informativa con las y los Titulares de Áreas de la
Reunión con los organismos públicos del Comité
Reunión para presentar el Diagnóstico y Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal ante las áreas de
Defensa de la cdhdf
Reunión Preparativa para la firma de la Carta
Reunión del Equipo Directivo de la cdhdf
Del 15 de mayo de 2007
al 19 de junio de 2007
Reuniones de enlaces de la cdhdf para la elaboración
del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del
12 de agosto y 8 de septiembre de 2008
Reuniones de trabajo con el tsjdf
Reunión sobre el sistema acusatorio penal
Del 4 de septiembre de
2008 al 22 de octubre
Reuniones con la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Salud y la
Junta de Aguas para la Programación y Presupuestación
Anexos PDHDF

References: Artículo 1

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 35
	Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47
 resolución 

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62
 resolución 

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 resolución 

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 98

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117