Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=1242-D-2019
Timestamp: 2020-07-11 02:54:55+00:00

Document:
Expediente 1242-D-2019
Sumario: PROTECCION DE DATOS PERSONALES - LEY 25326 - MODIFICACIONES, SOBRE RECUPERACION DEL CREDITO MEDIANTE LA ELIMINACION DE DATOS CREDITICIOS ADVERSOS.
"Artículo 26: (Prestación de servicios de información crediticia).
Inciso 4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados por información adversa durante los últimos cinco (5) años, aunque la obligación sea exigible. Deberá eliminarse el registro de morosidad que produzca afectación del crédito cuando el deudor regularice su mora, cancele o de otro modo extinga la obligación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la presente Ley".
"Artículo 31- (Sanciones administrativas).
Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente Ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de pesos diez mil ($ 10.000.-) a cinco millones de pesos ($ 5.000.000.-), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del debido proceso".
"Articulo 47.- (Información de deudas canceladas o regularizadas).
Aquellas entidades informantes que suministren datos que debieran haberse omitido en virtud de las prescripciones del presente artículo serán pasibles de las sanciones previstas por el artículo 31 de la presente Ley".
"Articulo 48.- (Prohibición de calificar e informar estado de morosidad)
"El Banco Central de la República Argentina no podrá calificar en categorías 2, 3, 4, 5 y los usuarios de bases de datos informar deudas en estado de morosidad cuyo monto total de capital, denunciado sea igual o inferior a dos (2) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constitución en mora. En el caso que el titular de los datos haya sido informado en estado por morosidad por diferentes acreedores, sólo podrá calificarse en categorías 2, 3, 4 y 5 cuando la sumatoria de las deudas supere en dos (2) veces el salario mínimo vital y móvil."
"Artículo 49.- (Notificación al deudor)
Banco Central de la República Argentina, a un archivo, registro o banco de datos crediticio, el acreedor deberá informarlo al deudor, con indicación del nombre de la base de datos o registro informado, mediante notificación fehaciente en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el artículo 31 de la presente Ley".
"Articulo 50.- (Disposiciones transitorias)
Los archivos, registros, bases o bancos de datos destinados a proporcionar informes comerciales, existentes al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán eliminar, por única vez, el asiento de todo dato y registro referido a obligaciones y calificaciones asociadas a personas físicas cuya deuda en capital fuera igual o inferior a pesos veinte mil ($ 20.000.-). En el caso que el titular de los datos haya sido informado en estado de morosidad por diferentes acreedores será de aplicación la presente prescripción cuando la sumatoria de deudas de capital sea igual o inferior a pesos veinte mil ($20.000).
Los archivos, registros, bases o bancos de datos que suministren información que debiera haberse omitido en virtud de las prescripciones del presente artículo serán pasibles de las sanciones dispuestas en el artículo 31 de la presente Ley".
Art. 7°- Deróguese toda disposición que se oponga a la presente Ley.
El presente proyecto reproduce el expediente 0466-D-2012 del diputado nacional MC Rubén Yazbeck.
Motiva esta nueva presentación del proyecto, dado que a la fecha siguen los reclamos de los ciudadanos de todo el país que se encuentran afectados por la información comercial, crediticia o financiera distribuida por diversos bancos de datos, conocidos como "VERAZ" de Equifax, "Activa", "Nosis", "Fidelitas", entre otros.
Más precisamente, fundamenta esta modificación a la ley de Habeas Data, que se propone, los abusos en los que se ha incurrido, poniendoen situaciones crediticias que, por razones muchas veces no imputables al supuesto deudor, lo han colocado en calidad de inhabilitado para realizar operaciones que la vida moderna impone, afectando su firma, honor y buen nombre, sin que opere automáticamente la corrección, incluso en casos de error rectificado, comprobado o información cedida equivocada o que se ha mantenido en el tiempo más de lo legalmente permitido.
Como consecuencia de ello, los afectados, ante la circunstancia de encontrarse informado en categorías "desacreditantes", algunos por deudas irrisorias, como la cuota mínima de una licuadora, una camisa, o un atraso en el pago de una boleta de un servicio público o de telefonía celular, son informados inmediatamente como morosos a la Base de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina, que automáticamente califica su situación, provocando un antecedente adverso, aunque la deuda sea regularizada, repactada o cancelada. Dicho "histórico", es tenido en cuenta por los usuarios de bases de datos durante mucho tiempo y obliga a los afectados a salir a buscar crédito fuera del sistema financiero, en casas de préstamos o financieras de dudosa procedencia.
Estos prestamistas han invadido todo nuestro territorio, instalados en los mejores lugares comerciales de las ciudades, con promotores ofreciendo "préstamos en el acto, con solo DNI, sin VERAZ", incluso con "entrega a domicilio". A simple vista, podemos observar cómo han brotado "financieras" alrededores de nuestras plazas principales, un paisaje lamentable que avergüenza, donde se expone escandalosamente la trampa y el lucro ante la necesidad de muchos, pero especialmente de aquellos que se encuentran presos de una tacha de infamia, que les ha provocado la muerte civil y comercial, y de la que estos "resucitadores" del crédito se aprovechan.
Sin disimulo, se hace una invitación a la usura de la que todos somos testigos, porque los costos de un préstamo para los que están informados con antecedentes en las categorías 2, 3, 4, 5 y 6 son muchos más altos que los brindados por entidades bancarias. Esto configura una situación por demás injusta, como decimos, si se tiene en cuenta que en muchos casos, el titular de los datos ha extinguido la obligación por la cual se informó su morosidad y continúa siendo afectado. Más arbitrario es aún, en los casos que se informan deudas nunca contraídas por las personas objeto de esta ley.
¿Cómo es posible que se mantengan registradas con calificaciones impeditivas, deudas regularizadas, en curso de plan de pago, o peor aún, que se mantengan en esa condición registradas deudas que han sido canceladas?
¿Con qué derecho se castiga discriminando y negando el reingreso al circuito regular comercial o crediticio por años a los ciudadanos que pueden haber tenido algún problema financiero, que fue superado?
¿Son culpables jubilados y empleados que quedan atrapados en un sistema leonino en el que aún siguen increíblemente "nominados", porque no han tenido la posibilidad de recurrir a un abogado para que intente eliminar esa situación indebida en la que quedaron presos?
¿Cómo puede permitirse que un acreedor de supuesta deuda pendiente, amenace a su cliente con la inclusión en un registro y fije las condiciones unilateral y arbitrariamente para evitarlo?
¿Cómo puede ser posible que se tolere la cesión de información equivocada, y peor aún, que se mantenga sin que nadie la rectifique inmediatamente a pesar de los reclamos administrativos y judiciales?
Es tal la impotencia, el perjuicio y los costos que genera tratar de salir de estos registros y bases de datos, que es necesario establecer un criterio para no generar tamaña desproporcionalidad entre estas organizaciones y comerciantes dominantes y los afectados.
Con esta propuesta se intenta normalizar las condiciones en las que acreedores o pretendidos acreedores, mantienen información inexacta, y por ello los ciudadanos quedan impedidos de acceder a créditos a tasas razonables que ofrecen las instituciones bancarias del país, en sus distintas líneas, a pesar de haber desaparecido la causa que dio origen a esa "sanción".
El abuso e indiferencia ante los reclamos en la que han incurrido los responsables de estos daños lleva a que repensemos hasta que punto están siendo de utilidad para el flujo comercial y crediticio los asientos que en este proyecto pretende eliminar.
Es tanta la gente que se encuentra afectada en categorías 2, 3, 4, y 5, debida o indebidamente por estos registros, que el propio sistema no lo está soportando, y entonces se otorgan créditos igualmente y a pesar de ello, pero con tasas altísimas que llevan a algunos a asumir el pago de hasta cuatro veces lo solicitado, solo porque "está afectado en Veraz".
En ese sentido también, muchos pequeños y medianos comerciantes, cuando ven un informe negativo deben decir que no a una operación, por más falso que el dato sea, y con ello no poder realizar una venta.
Entonces, ya es momento de hacer un "borrón y cuenta nueva", y equilibrar los extremos, algo similar a la que se planteo para los casos de perjudicados por la crisis del 2001, mediante la ley 26.343, modificatoria del artículo 47 de la ley 25.326.
También en consonancia con los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Catania, Américo Marcial c/BCRA - (Base Datos) y otros s/ hábeas data" y "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Nápoli, Carlos Alberto c/ Citibank S.A." respecto al "Derecho al Olvido" consagrado en el artículo 26, punto 4 de la ley en cuestión, que no es otra cosa que el derecho que tiene toda persona a que sean eliminados de los bancos de datos las informaciones, que aunque habiendo sido ciertas, han caducado por el transcurso del tiempo. A lo que debe sumarse en los casos planteados, la interpretación de la Corte Suprema, en los fallos mencionados respecto que la supresión de la información adversa deberá realizarse, aún si la obligación continua siendo exigible.
Por lo que proponemos, la eliminación total de los registros de deudas en estado de morosidad que hubieran sido regularizadas o canceladas, en forma administrativa o judicial, a la fecha entrada en vigencia de esta norma, considerando regularizado también a quien esté incurso en un plan de pagos, a fin de la supresión del antecedente de morosidad, y con el objetivo de impedir que el individuo quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado, y realmente los datos que se lean sean actuales, exactos y veraces.
En este sentido es importante recordar que la Ley 25.326 de Habeas Data sancionada por del Congreso el 4 de octubre del año 2000, considero ésta prescripción y el texto original del artículo 47 era el siguiente: "Los bancos de datos prestadores de servicios de información crediticia deberán suprimir, o en su caso, omitir asentar, todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obligación, si ésta hubiere sido cancelada al momento de la entrada en vigencia de la presente ley". El mismo fue observado por el Poder Ejecutivo, a cargo del Presidente de la Rua, mediante el Decreto 995/2000, sin otro fundamento que el de no vetar esta norma, "podría producir un encarecimiento de las operaciones de crédito bancario originado por el mayor riesgo provocado por la incertidumbre".
Es increíble la paradoja, que años después, demuestra que lo que se quiso impedir es lo que se consiguió: la incertidumbre de las personas, el costo altísimo de los créditos para los afectados, la desigualdad, la afectación de la libertad, y la configuración de una situación injusta y desequilibrada.
En este sentido, también proponemos evitar las situaciones de que se someta por tiempo indeterminado a las personas por deudas irrisorias, y para ello se establece un piso para informar moras comerciales o calificar obligaciones en categorías que produzcan negación del crédito en entidades bancarias y comerciales. Dicho piso corresponderá a dos salarios mínimo vital y móvil vigente a la fecha de entrada en mora. Con ello, queda vedada la posibilidad de informar o registrar deudas que en forma individual sean inferiores a ese monto, por todo concepto. Se aclara, que en caso de que el titular de los datos haya sido informado en estado de morosidad por varios acreedores, por sumas inferiores al límite propuesto, podrá calificado en categorías 2, 3, 4 y 5, cuando la sumatoria total de cada una de ellas supere el monto de dos salario mínimo vital y móvil vigente, también a momento de la mora. Con ambas prescripciones se pretende poner un límite a la pérdida del crédito por deudas mínimas, que pueden encontrarse morosas por diversas causas, muchas de ellas no imputables al deudor.
Asimismo, y para impedir la sorpresa, con la que se encuentran desprevenidos muchas personas al momento de pretender realizar una operación comercial, se establece que el acreedor que suministre información a la Base de Datos de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina y/ o bancos de datos, deberá notificar fehacientemente a su cliente, supuesto deudor, que ha procedido a comunicar esa información a dicho banco de datos, identificando cual es. Eso ayudará a evitar que se mande masivamente informes de personas a los que no se ha verificado si la situación que se aduce es real. La persona notificada estará en mejores condiciones de defenderse, conforme garantiza nuestra Constitución Nacional, y tener acceso a la información que de ellas mismas se comercia, tal vez mancillando su derecho al honor, tal como reza el artículo primero de ésta ley de Habeas Data.
También, por única vez, se establece una cláusula de "amnistía" u "olvido", para aquellos deudores que se ven afectados por informes comerciales que registren deudas hasta $20.000, canceladas, regularizadas o no, debidas o indebidas, correctas o incorrectas, es decir más allá que la deuda de capital haya existido o no, implicará un "perdón" para los primeros y un "blanqueo" para todos los casos. Esto tiene como fin "resetear", por decirlo de esta forma, el sistema que se ha desbordado de arbitrariedades, y aprovechadores.
Finalmente, para garantizar el cumplimiento efectivo de lo que aquí se dispone, se actualizan las sanciones, con montos análogos en su máximo a los impuestos por la ley 24.240 de Defensa al Consumidor.
Es importante liberar del agobio y marginación del sistema financiero público o privado, que han propiciado estas organizaciones corporativas super poderosas que están impidiendo el acceso al préstamo a tasas prudentes y sumiendo en el abuso y la condición de moroso a miles de argentinos y que los mismos puedan decir que han recuperado la dignidad, el honor y el crédito.
Por lo expuesto, y en la seguridad de que mis pares compartirán los criterios sustentados, les solicito acompañen la sanción del presente proyecto de ley.

References: artículo 47
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 47
 artículo 26
 artículo 47