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Timestamp: 2019-10-18 14:11:20+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00214 de noviembre 29 de 2012
SENTENCIA 2008-00214 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:CLASES DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES DEL ESTADO. EN NUESTRA LEGISLACIÓN EXISTE TRES CLASES DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES DEL ESTADO: 1. POR MEDIO DE UNA RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA (EMPLEADOS PÚBLICOS)2. POR MEDIO DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL LABORAL (TRABAJADORES OFICIALES) Y 3. POR MEDIO DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL ESTATAL (CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO
Sentencia 2008-00214 de noviembre 29 de 2012
Expediente: 25000-23-25-000-2008-00214-01
Ref. 1941-2011
Actor: Anadid Cancino Díaz
En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes, debe la Sala precisar en primer lugar, si entre la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, y la demandante Anadid Cancino Díaz existió un vínculo laboral y como consecuencia de ello, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de ese vínculo.
En segundo lugar, debe la Sala analizar si la demandante era beneficiaria de las prerrogativas prestacionales establecidas por la Convención Colectiva de Trabajadores del ISS, aprobada para la vigencia 2001-2004.
Sea lo primero advertir, que la Sala ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto constitucional del artículo 53 de la Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.
— El contrato de prestación de servicios y la teoría de la relación laboral.
“ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º) (...)”.
“Es verdad que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo, frente a la cual la jurisprudencia reiterada de esta corporación ha sido del criterio de que quien la alegue en su favor tiene que demostrar la prestación personal del servicio para entenderse cobijada por ella, mientras que al beneficiario de dicha prestación es a quien le corresponde desvirtuar que en la misma no existe el elemento de la subordinación (destacados de la Sala).
— Del contrato de prestación de servicios
La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y más recientemente por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:
—Limitaciones legales a la utilización del contrato de prestación de servicios.
“ART. 19—El empleo público.
— Solución judicial a la utilización fraudulenta del contrato de prestación de servicios.
Adicionalmente, el artículo 25 constitucional, establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza “...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.”. De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.
“Para que una persona natural desempeñe un empleo público, en calidad de empleado público (relación legal y reglamentaria) que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y prestar el servicio correspondiente”.
Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la posición que ha venido sosteniendo la sección segunda al ordenar a titulo de reparación del daño, el pago de las prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente los perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones parecidas presentándose una situación subjetiva de la Administración para definir esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”(7).
Lo constituye el Oficio LCGS-LIQ 1100-2007 de 19 de octubre de 2007, proferido por la apoderada especial del liquidador de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, por medio del cual negó la existencia de una relación laboral con la actora y el pago de salarios y prestaciones sociales derivados de la prestación de servicios mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios, a partir del 01 de julio de 2003 al 3 de septiembre de 2007.
La actora fue vinculada a la entidad demandada mediante contratos de prestación de servicios sucesivos desde el 1º de julio de 2003 hasta el 3 de septiembre de 2007, para prestar los servicios personales como trabajadora social. Algunos de los contratos de prestación de servicios continuos e ininterrumpidos celebrados fueron los siguientes:
Nº Identificación del contrato Fecha Plazo Folios
1. 015050 14 de junio de 2003 5 meses adicionado en 2 meses y 15 días 172 y s.s.
2. 9067 1 de julio de 2004 4 meses 187
3. 0925-04 16 de febrero de 2004 1 mes hasta el 15 de marzo de 2004 193
4. 4459 16 de marzo de 2004 1 mes y 15 días hasta el 30 de abril de 2004 195
5. 6683-04 1 de mayo de 2004 2 meses, hasta el 30 de junio de 2004 197
6. 10524-04 29 de octubre de 2004 2 meses y 15 días 199
7. 0637-05 2 de enero de 2005 4 meses 209
8. 04857-05 1 de junio de 2005 3 meses 216
9. 05882-05 1 septiembre de 2005 1 mes y 10 días 224
10. 08312-05 11 de octubre de 2005 3 meses y 20 días hasta el 31 de enero de 2006 229
11. 10787-06 01 de febrero de 2006 3 meses hasta el 31 de mayo de 2006, adicionado en 30 días 238
12. 13624-06 01 de junio de 2006 3 meses hasta el 10 de octubre de 2006 268
13. 15714-06 11 de octubre de 2006 1 mes y 20 días hasta el 30 de noviembre de 2006 283
14. 18639-06 01 de diciembre de 2006 1 mes y 4 días hasta el 4 de enero de 2007 292
15. 01498-07 05 de enero de 2007 4 meses hasta el 04 de julio de 2007 299
16. 04147 5 de julio de 2007 2 meses y 26 días hasta el 30 de septiembre de 2007 341
— Mediante Resolución 0120 de 3 de septiembre de 2007, proferida por la apoderada especial de la Sociedad Fiduagraria S.A., en calidad de liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, se procedió a dar por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios Nº 4174-07 celebrado con la demandante, como consecuencia inmediata de la supresión y liquidación de la entidad (fls. 352 a 354).
— El 11 de octubre de 2007, la actora presentó reclamación de acreencias laborales con fundamento en la Convención colectiva de trabajo, por su vinculación con la entidad, en forma continua e ininterrumpida desde el 17 de diciembre de 1999 primero con el ISS y luego, por sustitución patronal, con la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, a partir del 1º de julio de 2003, hasta el 3 de septiembre de 2007 (fl. 3).
— Mediante Oficio LCGS-LIQ de 19 de octubre de 2007, la apoderada especial del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, negó el reconocimiento de las acreencias laborales reclamadas por la demandante por la inexistencia de una relación laboral entre las partes (fls. 4 a 7).
— En el cuaderno anexo de pruebas 2 obran los contratos de prestación de servicios como trabajadora social, celebrados entre la parte actora y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, a partir del 1º de julio de 2003 y hasta el 03 de septiembre de 2007.
— Al folio 1 del cuaderno anexo No. 3, obra certificación expedida por el subgerente administrativo y financiero de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, en la que hace constar que entre la ESE y la actora, se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios: 15050, 0925-04, 4459-04, 6683-04, 9067-04, 10514-04, 0637-05, 4857-05, 5882-05, 8312-05, 10787-06, 13624-06, 15714-06, 18639-06, 01498-07, entre el 1º de julio de 2003 y el 04 de septiembre de 2007, para prestar los servicios profesionales como trabajadora social.
— Del folio 53 al 100 del cuaderno anexo de pruebas 3, obran las planillas de los turnos de labor desarrollados por la demandante, durante los años 2003 a 2007.
— A folios 124 al 166 del cuaderno anexo de pruebas Nº 3, obra la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato nacional de trabajadores de la seguridad social – Sintraseguridad Social.
— Obra a folios 296 y 297 del expediente el informe de actividades desarrolladas por la demandante del 25 de noviembre al 25 de diciembre de 2006, presentado al director de la Clínica San Pedro Claver.
— Se adjuntó la hoja de vida de la demandante, de la cual es posible establecer que ostenta el título de trabajadora social del Colegio Mayor de Cundinamarca (fl. 321).
— La declaración testimonial de Celina de Jesús Báez Torres, en calidad de compañera de trabajo de la demandante para época de los hechos, visible a folios 111 a 114 del expediente, da cuenta que la actora laboraba en pediatría, maternidad, urgencias y en pisos, durante 206 horas al mes, cumpliendo funciones similares a las de las trabajadoras sociales de planta de la entidad, en turnos de 7 am a 1 pm y de 1 pm a 7 pm, de lunes a viernes y los sábados y domingos en turnos de 7 am a 7 pm, es decir de 12 horas, en forma permanente, bajo el control de una coordinadora de grupo; sostuvo que la actora no podía dejar de asistir al lugar de trabajo sin previo permiso, aseguró que no se encontraba afiliada a la convención colectiva pero las trabajadoras sociales de planta sí, y que no le fueron canceladas prestaciones sociales en igualdad de condiciones de las demás trabajadoras de planta, pese a que desarrollaban las mismas funciones.
— Por su parte, la señora Diana Elvia Cuellar en calidad de compañera de trabajo de la actora, declaró que la demandante laboró como contratista de la entidad demandada prestando servicios como trabajadora social, en igualdad de condiciones que las demás trabajadoras sociales de planta de la entidad, con una intensidad de 206 horas mensuales, de lunes a viernes, incluyendo sábados y domingos, sin poder ausentarse sin previo permiso y descuento económico, sujeta a un horario y unos turnos previamente establecidos por la entidad, su trabajo era supervisado por el coordinador de la oficina, la subgerente de salud y recursos humanos, manifestó que la actora no era beneficiaria de la convención colectiva, que los equipos y herramientas de trabajo eran proporcionados por la entidad, que en el desarrollo de sus actividades se regía por la agenda programada y no podía faltar sin autorización previa. (fls. 158 a 161).
En el presente caso, se tiene que la señora Anadid Cancino Díaz, solicitó a la entidad demandada, el 11 de octubre de 2007, el pago de las acreencias laborales conforme a la convención colectiva de trabajadores suscrita por el ISS con sus trabajadores, vigente para los años 2001-2004, con ocasión de la vinculación laboral con el ISS desde el 17 de diciembre de 1999, pasando por sustitución patronal a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, a partir del 1º de julio de 2003 hasta el 03 de septiembre de 2007.
El liquidador de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, mediante Oficio LCGS-LIQ de 19 de octubre de 2007, negó la existencia de la relación laboral y el pago de las acreencias laborales reclamadas en consideración a la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, el cual no implicaba una relación laboral, ni daba lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales (fls. 4 a 7).
Del acervo probatorio recaudado se infiere que la actora desarrolló funciones como trabajadora social en la Clínica san Pedro Claver de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, durante el lapso comprendido entre el 1º de julio de 2003 al 30 de septiembre de 2007, es decir, por espacio de cuatro (4) años y dos (2) meses, mediante contratos de prestación de servicios sucesivos para atender la labor en forma permanente, lo que sin lugar a dudas, evidencia el ánimo de emplear de modo permanente y continuo sus servicios profesionales.
Las labores que desempeñó la señora Anadid Cancino Díaz en consulta social individual, orientación y atención al usuario, revista hospitalaria, trámites de planes de manejo servicio de urgencias, remisión de pacientes de psiquiatría a instituciones de salud mental, orientación a maternas, contestación de interconsultas del servicio de ginecoobstétricia, con una intensidad de 206 horas mensuales, en jornadas de lunes a viernes, previa programación y turnos agendados, bajo la continua supervisión y control por parte de la entidad, en criterio de la Sala comportan una “subordinación” de la actora a la demandada, pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes directas de sus superiores, es claro que se desdibuja la figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia con la que se presta el servicio. Estas funciones son propias de la entidad de salud y se realizaron hasta el día 3 de septiembre de 2007, fecha en la que se ordenó la terminación unilateral del último contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, por lo tanto, no se trató de una relación o vínculo de tipo ocasional o esporádico, desdibujándose así la temporalidad y transitoriedad que caracteriza a los contratos de prestación de servicios.
De suerte que el material probatorio permite vislumbrar los siguientes elementos que caracterizan la relación laboral, así: (i) la prestación personal continua y permanente de los servicios por parte de la actora mediante contratos de prestación de servicios, (ii) la existencia de superiores jerárquicos que supervisaban e impartían órdenes en el desarrollo de las funciones, (iii) el cumplimiento de un horario de trabajo, de unos turnos y jornadas de hasta 206 horas mensuales, (iv), el cumplimiento de las mismas funciones que los empleados de planta, (v) el pago de una remuneración por los servicios prestados, (vi) la existencia de una subordinación de la actora a la entidad en el cumplimiento de sus funciones.
En consideración a lo anterior, para la Sala, en la prestación de los servicios profesionales desarrollados por la actora a favor de la entidad demandada, existió el elemento de subordinación y dependencia, lo cual se desprende de la prueba documental allegada al proceso, de la que se destacan las planillas de turnos para la prestación del servicio como trabajadora social en la Clínica San Pedro Claver, correspondiente a los años 2003- 2007 que permite evidenciar, de forma detallada, el lugar, la hora y el día de cumplimiento de los turnos de la actora (cdno. 3), igualmente, los informes presentados en donde se detallan las actividades ejecutadas.
Aunado a ello, la prueba testimonial da cuenta de la subordinación de la actora a una jornada de trabajo de 206 horas, es decir, con una intensidad superior a la de las trabajadoras sociales de planta, así como el cumplimiento de turnos previamente asignados y órdenes y directrices impartidas por la entidad, así como la ausencia de autonomía e independencia de la actora para ausentarse del sitio de labor sin previa autorización del coordinador.
Así, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios, y probados los elementos de la relación laboral en el sub examine, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que la administración utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, en tanto la demandante prestó el servicio público de salud en la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento de manera subordinada en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades al interior de la Entidad(8).
Tampoco resulta de recibo el argumento según el cual no existía suficiente personal, pues dicha situación no justifica tener que recurrir indebidamente a la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios y que los contratistas deban cumplir idénticas funciones y estén sujetos a los mismos deberes que los servidores públicos. La excepción prevista en el artículo 32 ibídem se refiere a que dentro de la planta de personal no esté incluido el cargo para el cual se requieren los servicios del contratista, mas no para que las entidades del Estado pretendan burlar el pago de las prestaciones sociales y demás obligaciones de carácter laboral que la Constitución y la ley han consagrado a cargo de los empleadores.
Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada en lo concerniente a la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre la demandante y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, con las consecuencias prestacionales que corresponden a la labor desarrollada, como quiera que el Estado infractor no puede verse beneficiado de su conducta irregular y pretender trasladar la responsabilidad de su actuación a quien ha sido de esa manera contratado, pues el verdadero sentido del principio de la realidad sobre la formalidad implica que se reconozca con certeza y efectividad todo derecho que deviene del despliegue real de una actividad laboral.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada en razón a que aparecen debidamente probados los elementos integrantes de la relación laboral, lo que da lugar al pago, a título de reparación del daño, de los valores pactados dentro de los diferentes contratos de prestación de servicios y por el tiempo de duración de los mismos, esto es del 1º de julio de 2003 al 03 de septiembre de 2007.
En conclusión y de acuerdo con todo lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia recurrida en lo concerniente a la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre la demandante y la demandada en las fechas en que se probó que existió un vínculo laboral, es decir a partir del 1º de julio de 2003 al 03 de septiembre de 2007, toda vez que no fueron allegados los contratos celebrados con anterioridad y tampoco la demandante agotó la respectiva reclamación ante el instituto de seguros sociales con quien los suscribió.
Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordenará el pago de la indemnización correspondiente a las prestaciones sociales que corresponden por la labor desarrollada y el pago de los aportes por dicho período a las entidades de seguridad social en la debida proporción, es decir, con base en la fracción mensual del valor pactado por concepto de honorarios.
Es pertinente precisar que la entidad demandada, ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, se encontraba en el proceso liquidatorio que culminó el 6 de noviembre de 2009, fecha en que se suscribió el acta final en la se consignó que los activos de la ESE se transfieren al patrimonio autónomo administrado por la Fiduprevisora S.A. el cual tiene a cargo las acreencias de la entidad demandada.
De otro lado, se precisa que no hay lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y beneficios extralegales conforme a la convención colectiva de trabajo suscrita por el ISS con sus trabajadores, vigente para los años 2001 a 2004, toda vez que dada la naturaleza de las funciones desarrolladas por la demandante, como trabajadora social, las cuales son inherentes al objeto social de la entidad demandada, no podía predicarse la condición de trabajadora oficial, al tenor de lo previsto en el artículo 16 del Decreto-Ley 1750 de 2003, cuyo texto señala.
“ART. 16.—Carácter de los servidores. Para todos los efectos legales, los servidores de las empresas sociales del Estado creadas en el presente decreto serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes serán trabajadores oficiales”.
Tampoco hay lugar al pago de la indemnización por supresión del cargo solicitada por la demandante, dada la precaria vinculación que sostuvo con la entidad, la cual no le otorgaba las prerrogativas propias de los empleados públicos inscritos en la carrera administrativa, previstas en la Ley 909 de 2004.
Reitera la Sala, que la existencia de los contratos de prestación de servicios en virtud de los cuales la actora desempeñó el cargo de trabajadora oficial, no le dan el derecho de adquirir la calidad de empleada público, pues para que ello ocurra se requiere como quedo visto en el acápite “marco normativo y jurisprudencial” la existencia jurídica del cargo, las funciones ejercidas irregularmente, y que el cargo se haya ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada regularmente, situación que, en el presente caso no se cumple.
Prescripción: La exigibilidad del derecho surge a partir de la sentencia ejecutoriada.
1. MODIFICASE el numeral tercero de la sentencia de 03 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto negó el reconocimiento y pago de los aportes patronales a la seguridad social.
CONDÉNASE a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento liquidada o a quien tenga a cargo sus acreencias, a título de reparación del daño, a reconocer y pagar a favor de la actora Anadid Cancino Díaz las prestaciones sociales, tomando como base los honorarios contractuales, correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, a partir del 1º de julio de 2003 al 03 de septiembre de 2007, así como el pago de los aportes por dicho período a las entidades de Seguridad Social en su debida proporción, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2. CONFIRMASE los numerales primero, segundo, cuarto y quinto de la sentencia de 03 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la señora Anadid Cancino Díaz contra la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.
(1) Corte Constitucional. Sentencia del 19 de marzo de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
(5) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, radicación Nro. 68001-23-15-000-1998-01445-01, referencia 02990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
(7) Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(8) En igual sentido se pronuncio el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la sentencia de 18 de mayo de 2011, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación número: 25000-23-25-000-2006-08488-02(0056-10). Actor: Maritza Mercedes Herrera Herrera demandado: ESE Luis Carlos Galán Sarmiento
(9) Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente No. 1654-2000, Magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
(10) Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia 6 de marzo de 2008, Radicación: 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06).

References: artículo 53
 artículo 24
 artículo 32
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 16