Source: https://jurisprudencia.cladem.org/bolivia/Comite_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o_y_la_Ni%C3%B1a_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-04-25 04:12:48+00:00

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1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en abril de 1994.1
El Comité examinó el informe inicial de Chile (CRC/C/3/Add.18) en sus 146ª a 148ª sesiones (CRC/C/SR.146 a 148), celebradas los días 14 y 15 de abril de 1994, y aprobó2 las siguientes observaciones.
El Informe no contiene observaciones con contenido de género.
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 1 de febrero de 2002.3
El Comité examinó el segundo informe periódico de Chile (CRC/C/65/Add.13), presentado el 10 de octubre de 1999, en sus sesiones 763ª y 764ª (CRC/C/SR.763 y 764), celebradas el 23 de enero de 2002, y en su 777ª sesión (CRC/C/SR.777), celebrada el 1º de febrero de 2002, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.
El Comité expresa su preocupación ante la poca edad mínima para contraer matrimonio (12 años para las niñas y 14 para los niños con el consentimiento de los padres), si bien esta disposición es anticuada y no se aplica en la práctica. El Comité toma nota además de que no se ha aplicado su recomendación anterior sobre la cuestión de la edad mínima a efectos de la responsabilidad penal (ibíd., párr. 17).
El Comité recomienda que el Estado Parte revise su legislación con vistas a que la edad mínima de las niñas para contraer matrimonio sea la misma que la de los niños y a que se ajuste plenamente a las disposiciones y principios de la Convención, y a establecer una edad mínima a efectos de la responsabilidad penal.5
Al Comité le preocupa que el sistema de asistencia a los padres y a los tutores legales en el desempeño de sus funciones de crianza de los niños aún sea insuficiente, en particular respecto de las familias mono parentales, y que un número importante de niños esté internado en instituciones debido a la mala situación económica de la familia.
En vista de lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte que siga mejorando la asistencia social a las familias para prestarles apoyo en sus funciones de crianza de los hijos, entre otras cosas mediante asesoramiento y programas comunitarios, a fin de reducir el número de niños internados en instituciones.
Aunque toma nota de la disminución de las tasas de mortalidad infantil y de lactantes y del proceso de reforma que está en curso desde los primeros años noventa, el Comité observa con preocupación las grandes disparidades que existen en estas tasas, en particular en lo que respecta a los niños indígenas, a los que viven en zonas rurales, a los de extracción socioeconómica más baja y a aquellos cuyas madres tienen un bajo nivel de instrucción. También observa que las tasas de mortalidad materna pueden no reflejar las defunciones efectivas relacionadas con complicaciones de abortos ilegales, en particular de adolescentes embarazadas.
Consigne recursos suficientes y elabore políticas y programas amplios para mejorar la situación sanitaria de todos los niños, sin discriminación, en particular haciendo más hincapié en la atención primaria de salud y la descentralización del sistema de atención de salud;
Para prevenir la mortalidad y morbilidad infantiles y reducir la tasa de mortalidad materna, preste servicios adecuados de atención prenatal y puerperal y organice campañas para proporcionar a los padres información básica sobre la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental, la planificación de la familia y la salud reproductiva, especialmente en las zonas rurales.
Aunque toma nota de la elaboración de una política nacional de salud del adolescente en 1999, el Comité está preocupado por la escasa disponibilidad de programas y servicios en el sector de la salud del adolescente, incluida la salud mental, especialmente en las zonas rurales, y por la escasez de programas de prevención e información en las escuelas. Además, expresa su inquietud por las altas tasas de embarazos precoces y la falta de información, asesoramiento y programas preventivos sobre salud reproductiva, incluida la falta de un acceso adecuado a los anticonceptivos, en particular en las zonas rurales. También toma nota del aumento del número de niños y jóvenes que utilizan drogas, y del creciente número de casos de VIH/SIDA entre los jóvenes.
Aplique eficazmente la política nacional de salud del adolescente, especialmente en las zonas rurales, e intensifique sus esfuerzos para promover la salud del adolescente, incluida la salud mental, aplicar sus políticas, en particular respecto de la salud reproductiva y el abuso de sustancias, y fortalecer el programa de educación sanitaria en las escuelas;
Realice un estudio multidisciplinario amplio para evaluar el alcance y la naturaleza de los problemas de salud de los adolescentes, entre ellos los efectos negativos de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH/SIDA, y siga elaborando políticas y programas adecuados;
Adopte nuevas medidas, incluida la asignación de suficientes recursos humanos y financieros, para evaluar la eficacia de los programas de capacitación en educación sanitaria, especialmente sobre salud reproductiva, y cree servicios confidenciales de orientación, atención y rehabilitación que tengan en cuenta las necesidades especiales de los jóvenes y no requieran el consentimiento de los padres cuando ello corresponda al interés superior del niño; y d. Solicite cooperación técnica, entre otros, del FNUAP, el UNICEF, la OMS y el ONUSIDA.
El Comité toma nota del aumento de las tasas de asistencia escolar, pero expresa su preocupación por el difícil acceso a la educación, las altas tasas de deserción escolar y repetición de cursos que afectan en particular a los niños indígenas, a los pobres y a los que viven en zonas rurales, la baja tasa de matriculación en la enseñanza preescolar, la baja tasa de niños que llegan a la enseñanza secundaria y el trato que reciben los niños con problemas de comportamiento. También toma nota con inquietud del importante número de muchachas embarazadas que quedan excluidas de la escuela, y de que las medidas del Gobierno para evitar esta situación no se aplican, especialmente en las escuelas privadas.
En atención a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte que:
Vele por que los alumnos asistan regularmente a la escuela y porque disminuyan las tasas de deserción escolar, especialmente en relación con los niños indígenas;
Elabore medidas apropiadas para tratar a los niños con problemas de comportamiento sin recurrir a la expulsión de la escuela;
Vele por la aplicación eficaz de las medidas encaminadas a que las muchachas embarazadas sigan asistiendo a la escuela durante el embarazo y después de éste;
Mejore la calidad de la educación a fin de alcanzar las metas mencionadas en el párrafo 1 del artículo 29, de conformidad con la Observación general Nº 1 del Comité sobre los propósitos de la educación.
3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas el 2 de febrero de 2007.6
El Comité examinó el segundo informe periódico de Chile (CRC/C/CHL/3) en sus sesiones 1218a y 1219a (véase CRC/C/SR.1218 y CRC/C/SR.1219), celebradas el 26 de enero de 2007, y en su 1228a sesión, celebrada el 2 de febrero de 2007, aprobó las siguientes observaciones finales.
Medidas generales de aplicación (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44 de la Convención)
El Comité observa con satisfacción que se han atendido varias de las preocupaciones y recomendaciones que manifestó (véase el documento CRC/C/15/Add.173, del 3 de abril de 2002) al examinar el segundo informe periódico del Estado Parte (CRC/C/65/Add.13). Sin embargo, lamenta que otras preocupaciones y recomendaciones se hayan abordado de manera insuficiente o sólo parcial, en particular las relacionadas con la legislación, la coordinación, la supervisión independiente, la no discriminación, el maltrato físico y sexual de los niños dentro y fuera de la familia, las disparidades entre regiones en materia de acceso a la salud, la salud reproductiva, los niños refugiados, la explotación sexual y la trata de niños y la justicia de menores.
El Comité acoge complacido el aumento de las asignaciones destinadas a gastos sociales, en particular en las esferas de la educación y la salud, pero sigue preocupado por las consecuencias negativas que la distribución desigual de los fondos del Estado sigue teniendo para el bienestar de la infancia, consecuencias que afectan particularmente a los niños de los sectores más vulnerables de la sociedad, como las comunidades indígenas y los hogares en que la mujer es cabeza de familia.
**El Comité recomienda encarecidamente al Estado Parte que, de conformidad con el artículo 4 de la Convención, aumente sus asignaciones presupuestarias destinadas a la realización de los derechos consagrados en la Convención, a fin de garantizar una distribución más equilibrada de los recursos en todo el país. El Comité insta a que se dé prioridad a los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, en particular los niños marginados, y a que se prevean asignaciones presupuestarias adecuadas con el fin de reducir las disparidades. El Comité alienta al Estado Parte a que siga la evolución del presupuesto en relación con los derechos del niño con el fin de supervisar las asignaciones presupuestarias destinadas a la infancia, y a que solicite asistencia técnica para ello, en particular del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
La reunión de datos
El Comité celebra los progresos realizados en la recopilación de datos e informaciones estadísticas, en particular mediante el Índice de infancia, pero sigue preocupado por la falta de datos desglosados, en particular sobre los grupos vulnerables y las disparidades entre las zonas rurales y urbanas.
El Comité recomienda al Estado Parte que mantenga e intensifique sus esfuerzos para elaborar un sistema integral de recopilación de datos sobre la aplicación de la Convención. Esos datos deberían englobar a todos los niños y jóvenes menores de 18 años y estar desglosados por sexos y a los grupos de niños necesitados de protección especial. El Comité alienta al Estado Parte a que intensifique su cooperación con el UNICEF a este respecto.
El Comité celebra que se haya aumentado a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio, sin distinción entre niños y niñas.
El Comité recomienda que el Estado Parte examine nuevamente su legislación con miras a establecer la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años de edad, aplicable por igual a hombres y mujeres.
El Comité reconoce las medidas de política adoptadas para contribuir a la aplicación del principio de la no discriminación, en particular en los servicios de salud, pero sigue preocupado porque algunos grupos vulnerables, incluidos los niños indígenas, los niños migrantes y refugiados, los niños con discapacidades, así como los niños de estratos socioeconómicos desfavorecidos y los que viven en zonas rurales siguen siendo víctimas de la discriminación, especialmente por su limitado acceso a la educación. El Comité toma nota asimismo de la amplitud de la discriminación basada en el género y de que el embarazo sigue siendo un motivo para excluir a las niñas de los establecimientos educativos pese a que existe la prohibición explícita de la discriminación por ese motivo. Además, preocupa al Comité que las relaciones homosexuales, inclusive entre personas menores de 18 años de edad, se sigan penalizando, lo que supone una discriminación sobre la base de la preferencia sexual.
El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos para examinar, supervisar y hacer cumplir la legislación que garantice el principio de no discriminación y el pleno cumplimiento del artículo 2 de la Convención, y que adopte una estrategia proactiva e integral para eliminar la discriminación por motivos de género, étnicos, religiosos o por cualquier otro motivo, y contra todos los grupos vulnerables en todo el país.
El Comité pide asimismo que en su próximo informe periódico el Estado Parte incluya información específica sobre las medidas y los programas pertinentes a la Convención sobre los Derechos del Niño que haya aplicado el Estado Parte para ofrecer una protección especial a los grupos vulnerables, y para poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001, teniendo también en cuenta la Observación general Nº 1 sobre el párrafo 1 del artículo 29 de la Convención (propósitos de la educación).
El Comité acoge complacido las enmiendas introducidas para mejorar la disposición legislativa sobre la adopción, la ratificación del Convenio de La Haya Nº 33 sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, y la designación del SENAME como autoridad central. Sin embargo, preocupa al Comité que la edad del consentimiento para la adopción no sea la misma para los niños y las niñas y que la adopción sea un derecho reservado a las parejas casadas.
El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas y administrativas para garantizar que las adopciones nacionales e internacionales cumplan lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención y las disposiciones del Convenio de La Haya Nº 33 sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, en particular, estableciendo una edad de consentimiento para la adopción que sea igual para los niños y las niñas. Teniendo en cuenta el interés superior del niño y considerando el elevado número de niños colocados en instituciones, el Comité recomienda que el Estado Parte fomente la posibilidad de la adopción nacional, por ejemplo, contemplando disposiciones que permitan adoptar niños a las parejas de hecho.
6. Salud básica y bienestar. La salud de los adolescentes.
Aunque observa que se ha avanzado en el plano de la educación sexual en las escuelas, al Comité le inquietan la alta tasa de embarazo en la adolescencia, la penalización de la interrupción del embarazo en toda circunstancia y la falta de servicios adecuados y accesibles de educación sexual y de salud reproductiva. Estos factores contribuyen a la elevada incidencia de la mortalidad materna entre las adolescentes.
El Comité recomienda al Estado Parte que promueva y garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para todos los adolescentes, en particular la educación sexual y de salud reproductiva en las escuelas, así como unos servicios de orientación y apoyo psicológico y de atención de la salud que sean confidenciales y sensibles a los problemas de los jóvenes, teniendo en cuenta la Observación general Nº 4 del Comité sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención (CRC/GC/2003/4). El Comité exhorta al Estado Parte a revisar su postura de penalización de la interrupción del embarazo en toda circunstancia, incluso en los casos de violación, incesto y situaciones en que corre peligro la vida de la madre. Además, el Comité recomienda que como parte de una estrategia apropiada se destinen suficientes recursos a actividades de sensibilización, servicios de orientación y apoyo psicológico y otras medidas que contribuyan a la prevención del suicidio entre los adolescentes.
El Comité celebra que haya aumentado la matrícula en todos los niveles del sistema educativo, que se hayan asignado considerables recursos presupuestarios a la educación, y que desde 2003 esté consagrada como derecho constitucional la educación gratuita durante los 12 años escolares. El Comité también acoge con satisfacción que se dé un alto grado de prioridad a la enseñanza preescolar. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para mejorar la calidad de la educación con el fin de preparar a los niños para desempeñar el papel que les corresponde en una sociedad productiva y democrática y de la acción afirmativa realizada para garantizar la igualdad de acceso a la educación. No obstante, le preocupa que siga siendo insuficiente el acceso a la educación de los niños pertenecientes a grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, los refugiados y los que viven en la pobreza y en las zonas rurales.
Siga aumentando las asignaciones presupuestarias para el sector de la educación;
Centre su atención en la mejora global de la calidad de la educación impartida, en particular en las zonas rurales;
Vele por la expansión del programa intercultural bilingüe para los pueblos indígenas y mantenga consultas con las comunidades indígenas a fin de evaluar ese programa;
Recopile datos estadísticos desglosados por zonas urbanas/rurales, grupos étnicos y sexo con el fin de determinar el impacto de las medidas contra la discriminación;
Invierta nuevos recursos con el fin de incorporar la enseñanza de los derechos humanos en los planes de estudio escolares.
El Comité acoge con gran interés las enmiendas legislativas introducidas en 2004 que penalizan la utilización de niños en la pornografía, pero lamenta que el Estado Parte no haya modificado aún su Código Penal a fin de armonizarlo con las disposiciones de la Convención y el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. El Comité considera positiva la asignación de recursos a los programas de reinserción de los niños víctimas de la explotación sexual y la venta de niños, pero lamenta la insuficiencia de las medidas de prevención, el problema del turismo sexual y la ineficacia en la labor de hacer cumplir la ley.
Armonice plenamente la legislación con las obligaciones internacionales que le imponen la Convención y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;
Realice nuevos estudios exhaustivos de la explotación sexual de niños y el turismo sexual a fin de determinar su alcance y sus causas originarias y hacer posible una vigilancia eficaz y la adopción de medidas para prevenir, combatir y erradicar el problema;
Ponga en marcha un plan de acción nacional coordinado contra la explotación sexual y el tráfico de niños, teniendo en cuenta la Declaración y el Programa de Acción y el Compromiso Mundial aprobados en los Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños de 1996 y 2001;
Destine nuevos recursos a la labor de prevención y sensibilización;
Siga brindando asistencia y programas de reinserción a los niños víctimas de la explotación sexual o del tráfico;
Imparta formación a los agentes del orden, los asistentes sociales y los fiscales para que puedan recibir, vigilar e investigar los casos y llevar adelante las acciones judiciales de un modo adaptado a la infancia que respete la intimidad de la víctima;
Se asegure del cumplimiento de la ley para evitar la impunidad;
Pida más asistencia técnica al UNICEF y la OIT/IPEC, entre otras entidades.
El Comité invita al Estado Parte a presentar sus informes cuarto y quinto en un documento único a más tardar el 12 de septiembre de 2012 (fecha en que debería presentarse el quinto informe.. El informe no deberá tener más de 120 páginas (véase CRC/C/118). El Comité espera que en lo sucesivo el Estado Parte le presente sus informes cada cinco años, según lo previsto en la Convención.
El Comité también invita al Estado Parte a presentarle un documento básico actualizado de conformidad con los requisitos indicados en las directrices armonizadas sobre la preparación de informes, aprobadas en junio de 2006 en la quinta Reunión de los comités que son órganos de tratados de derechos humanos (HRI/MC/2006/3).
3º Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile.8
El Comité examinó los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile (CRC/C/CHL/4-5) en sus sesiones 2039ª y 2040ª (véanse CRC/C/SR.2039 y CRC/C/SR.2040), celebradas el 24 de septiembre de 2015, y aprobó, en su 2052ª sesión (véase CRC/C/SR.2052), celebrada el 2 de octubre de 2015, las observaciones finales que figuran a continuación.
III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones9
El Comité valora la creación del sistema de información estadística sobre la infancia y la adolescencia por parte del Observatorio Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social, pero expresa preocupación por el retraso en su aplicación y por la falta de indicadores para supervisar y evaluar el respeto de los derechos del niño.
A la luz de su observación general núm. 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención, el Comité insta al Estado parte a que:
Acelere la aplicación de un sistema nacional, integrado y global de datos. Dichos datos deben abarcar todas las esferas de la Convención y estar desglosados, entre otras cosas, por edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico, nacionalidad y situación socioeconómica, para facilitar el análisis de la situación de todos los niños, en particular los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Comparta los datos y los indicadores entre los ministerios competentes encargados de la formulación, vigilancia y evaluación de las políticas, los programas y los proyectos para la aplicación efectiva de la Convención.
En este contexto, el Comité también recomienda al Estado parte que intensifique la cooperación técnica con entidades como el UNICEF y con los mecanismos regionales.
El Comité valora las medidas legislativas y normativas adoptadas por el Estado parte para combatir la discriminación. Sin embargo, expresa preocupación por el hecho de que las niñas sigan siendo víctimas de discriminación por motivos de género, como consecuencia de la persistencia de actitudes y normas adversas y tradicionales. El Comité también expresa preocupación por la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias con respecto a los niños indígenas, los niños con discapacidad y los niños inmigrantes, y de actitudes negativas y discriminación con respecto a los niños homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexo.
Refuerce las políticas y los programas destinados a combatir las múltiples formas de discriminación de que son víctimas las niñas, los niños indígenas de ambos sexos y los niños con discapacidad de ambos sexos, centrándose en los estereotipos en que se sustentan dichas actitudes discriminatorias;
Redoble los esfuerzos destinados a combatir las actitudes negativas y eliminar la discriminación de que son víctimas los niños como consecuencia de su orientación sexual, su identidad de género o características sexuales, reales o supuestas.
El Comité comparte la preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer tras examinar los informes periódicos quinto y sexto combinados de Chile (CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr.
de que la excepción al principio del jus soli en relación con los extranjeros en tránsito se aplique sistemáticamente a las mujeres migrantes en situación irregular, independientemente de la duración de su estancia en el Estado parte, y de que, como consecuencia de ello, sus hijos no puedan adquirir la nacionalidad chilena por nacimiento y únicamente puedan optar a ella durante el año siguiente al día en que cumplan los 21 años.
Revise y enmiende su legislación para que todos los niños nacidos en su territorio, que de otra manera serían apátridas, puedan adquirir la nacionalidad chilena en el momento de su nacimiento, independientemente de la condición de inmigrantes de sus padres, como recomendó el Comité sobre los Trabajadores Migratorios (CMW/C/CHL/CO/1, párr. 33);
Ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961).
El Comité celebra la creación, en 2010, del Observatorio Nacional de Explotación Sexual Comercial Infantil, pero expresa preocupación por el elevado número de casos de explotación y abusos sexuales, sobre todo de niñas. También preocupa al Comité que no se enjuicie a los autores de delitos sexuales, en particular cuando pertenecen al clero católico, y que no existan programas y políticas suficientes y adecuados para prevenir estas prácticas y ofrecer medidas de recuperación y reintegración social a los niños y las niñas víctimas.
Promulgue legislación que penalice los delitos sexuales, entre ellos la explotación sexual, cometidos contra niños, y que especifique que esos delitos no prescriben;
Asegure la investigación y el procesamiento efectivos de los casos de abusos sexuales cometidos contra niños, también cuando los autores sean miembros del clero católico;
Elabore y aplique un plan nacional de capacitación de los distintos interesados que participan en el proceso de reparación jurídica de los niños víctimas de explotación y abusos sexuales, como el personal de los juzgados o los agentes de policía, sobre los criterios y normas para atender a los niños víctimas y sobre el manejo de esos casos, a fin de lograr que todos los niños que hayan sufrido alguna forma de explotación sexual sean tratados como víctimas y no reciban sanciones penales, y que los responsables sean debidamente procesados y castigados;
Adopte todas las medidas necesarias para poner fin de manera efectiva a la explotación y los abusos sexuales de niños y niñas, refuerce los programas de prevención y detección temprana de los casos de abuso s sexual es en las guarderías y las escuelas primarias y secundarias y fortalezca los mecanismos, procedimientos y directrices para asegurar la denuncia obligatoria de los casos de explotación y abusos sexuales de niños y niñas;
Garantice un acceso rápido y oportuno a programas y políticas coordinados de prevención, recuperación y reintegración social de los niños y niñas víctimas, a nivel nacional, regional y local;
Lleve a cabo actividades de sensibilización para combatir la estigmatización de las víctimas de explotación y abusos sexuales, en particular el incesto; garantice vías accesibles, confidenciales, eficaces y adaptadas a las necesidades de los niños para denunciar esos hechos; y adopte todas las medidas necesarias para poner fin a es t os hechos de inmediato.
El Comité señala como positivas las iniciativas destinadas a fomentar la educación en materia de salud sexual y reproductiva en los planes de estudios de las escuelas y a aumentar la disponibilidad de métodos anticonceptivos, así como el proyecto de ley para despenalizar el aborto en determinadas situaciones. Sin embargo, expresa preocupación por la elevada tasa de embarazos de adolescentes, la escasa calidad de los programas de educación sexual y la falta de adhesión a los protocolos por parte de los profesionales de la salud, factores todos ellos que limitan el acceso efectivo de los adolescentes a la información y los anticonceptivos. Aunque el Comité toma nota del establecimiento del Programa Nacional de Prevención del Suicidio (2013), sigue preocupado por la elevada tasa de suicidios entre los adolescentes.
A la luz de su observación general núm. 4 (2003) sobre la salud de los adolescentes, el Comité recomienda al Estado parte que:
Adopte una política general de salud sexual y reproductiva para los adolescentes que respete la confidencialidad y la privacidad, prestando especial atención a la prevención de los embarazos de niñas, y aumente la concienciación y el fomento de las conductas sexuales y la paternidad/maternidad responsables, prestando igual atención a niños y hombres;
Mejore la calidad de los programas de educación sexual para los niños y las niñas y la formación profesional de los profesionales de la salud;
Despenalice el aborto, revise sus leyes para garantizar el interés superior de las adolescentes embarazadas y asegure, en la ley y en la práctica, el acceso de las niñas a abortos en condiciones de seguridad y a servicios de atención después del aborto, y que las opiniones de las niñas se escuchen y se tengan siempre en cuenta en las decisiones relativas a los abortos;
Adopte todas las medidas necesarias para prevenir, determinar y combatir las causas profundas de los suicidios entre los niños y las niñas, y no solo entre la población en general; establezca servicios de atención telefónica para personas con tendencias suicidas que funcionen 24 horas al día y que estén atendidos por personal cualificado, especialmente para atender a jóvenes y adolescentes; y lleve a cabo programas adecuados de sensibilización acerca del suicidio.
El Comité toma nota de la Ley núm. 20845 de Inclusión Escolar que Regula la Admisión de los y las Estudiantes, Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos Educacionales que Reciben Aportes del Estado. Sin embargo, expresa preocupación por:
El elevado grado de segregación en el sistema escolar; las diferencias en la calidad de la educación; la cobertura, aún limitada, en las zonas rurales; y el deterioro de las condiciones materiales en los centros de enseñanza pública;
La discriminación en el acceso a la educación a que se enfrentan las niñas embarazadas y las madres adolescentes, y los niveles de abandono escolar;
El hecho de que los niños recurran a la violencia para hacer frente a opiniones políticas divergentes;
La inexistencia de un marco para regular y supervisar los centros de enseñanza privada.
Se apresure a adoptar medidas para reducir la segregación y promover un sistema educativo igualitario e incluyente, y prohíba a todas las escuelas, independientemente de su fuente de financiación, ya sean públicas o privadas, seleccionar a sus alumnos mediante criterios arbitrarios o en función de su situación socioeconómica;
Haga hincapié en la calidad de la educación y acelere la asignación de más recursos específicos a la educación, y en particular a las escuelas públicas gratuitas;
Imparta formación de calidad a los maestros y dedique recursos a mejorar las infraestructuras para hacerlas adecuadas y accesibles;
Intensifique los esfuerzos destinados a mejorar las condiciones en las escuelas de zonas remotas y rurales y elimine las diferencias en el acceso a una educación de calidad entre las zonas rurales y urbanas;
Procure que las embarazadas adolescentes y los padres y las madres adolescentes reciban ayuda y asistencia para continuar sus estudios en el sistema escolar ordinario;
Desarrolle y promueva una formación profesional de calidad para mejorar las capacidades de los niños y los jóvenes, sobre todo de los que abandonan la escuela;
Promueva, para los niños en las escuelas, el desarrollo de competencias, ejemplos y procedimientos para resolver de manera pacífica los conflictos, en particular los de naturaleza política;
Cree y aplique un marco para regular y supervisar los centros de enseñanza privada que garantice el respeto del principio de no discriminación y promueva la inclusión y el respeto de la diversidad;
Solicite, para todo ello, la asistencia técnica del UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
CRC/C/15/Add.22, 22 de abril de 1994↩
En la 156ª sesión, celebrada el 22 de abril de 1994↩
CRC/C/15/Add.173, 3 de abril de 2002↩
La Ley Nº 19.947, sobre Matrimonio Civil, de 17 de mayo de 2.004, elevó la edad mínima para contraer matrimonio a 16 años.↩
CRC/C/CHL/CO/3, 2 de febrero de 2007↩
CRC/C/CHL/CO/4-5, 30 de octubre de 2015↩

References: artículo 18
 artículo 29
 artículo 44
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 21