Source: http://valcap.es/html/monografias/enero/MONOGRAFIA.htm
Timestamp: 2017-10-18 07:42:25+00:00

Document:
Id Cendoj: 28079140011986100719
DOCTRINA: El recurso de revisión no tiene por objeto ni ofrecer a las partes la posibilidad de utilizar argumentos o pruebas ya utilizadas o que pudieron utilizar en el juicio, ni tampoco el ofrecer a los tribunales la posibilidad de enmendar los posibles errores o infracciones de los preceptos procesales sustantivos en que haya podido incurrirse.
Id Cendoj: 28079140011986102176
DOCTRINA: Corresponde al presidente de la comunidad de propietarios la facultad de sancionar y representar a la comunidad.
Id Cendoj: 28079140011987101272
DOCTRINA: La presunción de inocencia es «iuris tantum» y puede ser destruida con prueba en contrario suficiente.
La prueba de confesión judicial, respecto a una Comunidad de propietarios, corresponde a su Presidente, como representante legal de la misma, pero no a los copropietarios que pueden declarar como testigos.
Id Cendoj: 28079140012000101365
Resumen: RCUD. COMPETENCIA DE JURISDICCION. RELACION LABORAL ADMINISTRADOR (EN REALIDAD CONTABLE) DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. FALTA DE CONTRADICCION.
Id Cendoj: 28079140012005100745
DESPIDO OBJETIVO. NULIDAD POR NO PONER A DISPOSICION DEL TRABAJADOR LA INDEMNIZACION. INEFICACIA DE LA CONSIGNACION POSTERIOR EN EL JUZGADO. INSUFICIENCIA DE LO CONSIGNADO.
IId Cendoj: 28079140011986100719
Núm. 766.- Sentencia de 20 de mayo de 1986
MATERIA: Recurso de revisión.
DOCTRINA: El recurso de revisión no tiene por objeto ni ofrecer a las partes la posibilidad de utilizar argumentos o pruebas ya utilizadas o que pudieron utilizar en el juicio, ni tampoco el ofrecer a los tribunales la posibilidad de enmendar los posibles errores o infracciones de los preceptos procesales o sustantivos en que haya podido incurrirse.
En Madrid, a veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud de recurso extraordinario de revisión, interpuesto por doña Flor , representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut y defendida por Letrado, contra la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo número 2 de Baleares, el día 31 de mayo de 1984 , en los autos número 439/84, que conoció de demanda formulada por dicha recurrente contra la DIRECCION000 » y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, compareciendo ante esta Sala en concepto de recurrida dicha Comunidad demandada, representada por el Procurador don Pederico José Olivares Santiago y defendida por la Letrada doña María Dolores López Serrano.
Primero: Por la representación de doña Flor se presentó escrito ante esta Sala el 12 de abril de 1985, interponiendo recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 31 de mayo de 1984, dictada por la Magistratura de Trabajo número 2 de Baleares , en el que, tras exponer los hechos que estimó procedentes, enumeró los siguientes fundamentos de derecho: «1.° Artículo 1251.2.° del Código Civil , contra la presunción de cosa juzgada sólo será eficaz la Sentencia ganada en juicio de Revisión.
2.° Artículo 12.1.° de la Ley de Propiedad Horizontal . Los propietarios elegirán de entre ellos un presidente, que representará en juicio y fuera de él a la Comunidad en los asuntos que le afecten.
3.° Artículo 16.2.° de la Ley de Propiedad Horizontal , respecto del «quorum» preciso para constituir las Juntas de Propietarios.
4.° Artículo 6.3 y 6.4 del Código Civil , en cuanto que los actos contrarios a las normas imperativas, naturaleza propia de las contenidas en la Ley de Propiedad Horizontal , y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. No producen efectos jurídicos los actos nulos de pleno derecho
. 5.° Artículo 6.1.° del Código Civil respecto de que la ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento.
6.° Artículo 1796.4.° de la L. E. C , acerca de la causa invocada sobre la que se fundamenta la revisión que se insta.
7.° Artículos 1801 y siguientes de la L. E. C . respecto del procedimiento a seguir.
8.° Artículo 524 de la L. E. C , en cuanto a los requisitos que debe contener la
9.° Artículo 1809 de la L. E. C, en relación al principio de gratuidad establecido en la L. P. L ., acerca de las costas.
10.° Demás disposiciones legales concordantes y de general aplicación».
Y terminó por suplicar se dictara sentencia «rescindiendo en todo la sentencia impugnada, expidiendo certificación del fallo y devolviendo los autos a la Magistratura de Trabajo de procedencia, para que las partes usen de su derecho, según les convenga, en el juicio correspondiente»; solicitando el recibimiento a prueba en el momento procesal oportuno.
Segundo: Emplazadas que fueron todas las partes litigantes en los autos 439/84 de la Magistratura de Trabajo número 2 de Baleares, se personó ante esta Sala la DIRECCION000 », dándosele traslado para que impugnara el recurso interpuesto, presentando escrito el 24 de septiembre de 1985, en el que, tras exponer los hechos que estimó procedentes, alegó los siguientes fundamentos de derecho: «Único: Estamos conformes con los fundamentos de derecho aducidos por la recurrente, puesto que se refieren a normas objetivas de nuestro ordenamiento procesal, pero discrepamos en cuanto a su aplicación en este procedimiento, ya que al no haberse probado la existencia de tales maquinaciones fraudulentas, sobre las que tampoco pese denuncia alguna, y, sobre todo, al no haberse probado la transcendencia de esas supuestas maquinaciones en el resultando del fallo recurrido, no cabe plantear el recurso extraordinario de revisión, según reiterada jurisprudencia y en concreto las sentencias de 27 de diciembre de 1962 y la de 25 de noviembre de 1964, puesto que la reapertura del proceso daría lugar a un nuevo fallo similar al hoy recurrido». Terminando por suplicar se dictara sentencia por la que «absuelva a mi representado de las peticiones del suplico de la demanda, declarando no haber lugar a la revocación de la sentencia impugnada, y por el contrario declarando la plena validez de la misma y su firmeza definitiva a los efectos legales oportunos»; solicitando el recibimiento a prueba.
Tercero: Abierto el período de prueba se propone por la recurrente: «1.° Documental: A fin de que se den por reproducidos los documentos testimoniados acompañados en la sustanciación del Recurso, consistente en Sentencia dictada por el Juzgado de Distrito número 4 de los de Palma de Mallorca, de fecha 31-7-84, en los autos Juicio Cognición número 231/84 y Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, de 11 de diciembre de 1984 , en rollo de apelación número 64/84. 2.° Otra documental:
Consistente en testimonio de la Sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Calviá, de 15 de julio de 1984 , en juicio de faltas número 8/84, seguidos a virtud de denuncia interpuesta por don Octavio contra mi principal por insultos, que se aporte junto con el escrito de proposición»; y por la recurrida: «A) Documental, consistente en que se tengan por reproducidos los siguientes documentos que obran en el expediente:
1) La Sentencia dictada por el Juzgado de Distrito número 4 de Palma de Mallorca y la Sentencia de apelación de la anterior, destacando que la nulidad a que se refiere se limita exclusivamente a la construcción de una caseta para los cubos de basura.
2) La propia Sentencia recurrida, en especial los puntos tercero y sexto de
los hechos declarados probados cuando manifiesta que «ha quedado probada la circunstancia de haber llamado la actora al presidente citado, hallándose los dos solos en la portería, los dos epítetos primeramente citados... se interpuso denuncia por supuestos insultos a don Octavio »; y practicada ésta con le resultado que consta en autos.
Cuarto: Pasadas las actuaciones al Ministerio Fiscal a los fines prevenidos en el artículo 1802 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , emitió dictamen estimando la inadmisión del recurso, celebrándose la Vista el día 13 de mayo de 1986, con asistencia del Letrado don José Luis Valdés Alias, por la parte recurrente doña
Flor , quien informó en apoyo de sus pretensiones.
Primero: Son antecedentes que interesa destacar:
La existencia de relación laboral entre la hoy demandante de revisión y la Comunidad de Propietarios del edificio en que aquélla prestaba sus servicios como portera, así como la terminación de la relación por despido basado en la imputación de haber dirigido al entonces Presidente de la Comunidad determinados insultos, reteniéndole al propio tiempo en su domicilio particular.
En la conciliación ante el IMAC, celebrada sin avenencia el 2 de abril de 1984, la Comunidad fue representada por el mismo presidente que lo era en el momento de los hechos y del des pido, e interpuesta demanda ante Magistratura de Trabajo se celebró el acto de juicio el 22 de mayo, compareciendo como representante de la parte demandada el presidente don Imanol , que había sido recientemente elegido, en cuyo acto depuso como único testigo don Octavio , que era el anterior presidente objeto de los referidos insultos. La sentencia de la Magistratura de Trabajo declaró procedente el despido y recurrida fue confirmada por el Tribunal Central de Trabajo.
Por sentencia del Juzgado de Distrito número 4 de Palma de Mallorca de 31 de julio de 1984 se declaró la nulidad de determinado acuerdo, que no afecta al caso, adoptado en la Junta de Propietarios celebrada el 13 de abril de 1984, en la que también se adoptó, de acuerdo con la convocatoria, el nombramiento del nuevo presidente. La causa de la anulación fue el haberse celebrado la Junta y tomado los acuerdos sin que concurriese el necesario «quorum»; esta sentencia fue confirmada por la de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 11 de diciembre de 1984 , existiendo conformidad de las partes sobre que este litigio, al que fue ajena la demandante, no fue conocido por ella hasta después de notificársele la sentencia del Tribunal Central de Trabajo en 21 de enero de 1985 .
El presidente de la Comunidad que compareció en el acto de juicio ante Magistratura es actualmente presidente de la misma, como consta en el poder incorporado a estos autos de revisión, al personarse en ellos en representación de la parte de mandada.
5. También ha quedado acreditado que los hechos motivadores del despido fueron denunciados por el anterior presidente de la. Comunidad a la Guardia Civil, celebrándose el correspondiente juicio de faltas, que terminó por sentencia absolutoria del Juzgado de Paz competente, fundada en que no se había presentado prueba alguna que diese luz al esclarecimiento de los hechos denunciados.
Segundo: La demanda de revisión se funda en el número 4 del artículo 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por entender que existió maquinación fraudulenta en haber comparecido al acto de juicio ante la Magistratura de Trabajo como presidente de la Comunidad demandada, persona que no podía representarla, dado que la Junta ele propietarios que hizo el nombramiento no podía entenderse válidamente constituida por falta de «quorum», actuando como testigo quien debía representar a la Comunidad en tanto no fuese válidamente removido.
Tercero: Han planteado las partes ante el Tribunal Central de Trabajo, en motivo de suplicación deducido al amparo del artículo 152.3 de la Ley de Procedimiento Laboral , la circunstancia de haber presentado la parte demandada y de haber admitido el Magistrado de instancia como testigo a persona con interés directo en el asunto, como lo es el anterior presidente de la Comunidad, que aunque no lo fuera ya en el momento del juicio, era quien había sido víctima de los denunciados insultos y quien había suscrito la carta de despido, por lo que se invocó en tal trámite la posible infracción del artículo 1247 del Código Civil, y del 82 de la Ley de Procedimiento Laboral ; no pueden por ello dichas cuestiones volver a plantearse en el recurso de revisión, que no es una segunda o ulterior instancia, sino un remedio extraordinario para lograr la rescisión de una sentencia firme cuando quede demostrado que la misma se ganó torticeramente por alguna de las causas específicas establecidas por Ley.
Cuarto: La demanda de revisión, como ya se ha indicado, entiende producida la maquinación fraudulenta en la irregularidad del nombramiento del nuevo presidente de la comunidad y en la comparecencia del mismo al acto de juicio. Tal irregularidad no constituye, sin embargo, maquinación que haya podido influir en el resultado del pleito, ni fue dirigida a tal fin. No puede discutirse el derecho de la Comunidad a renovar el cargo de presidente y si la falta de «quorum» pudo dar lugar a la nulidad del nombramiento, nada impide que el mismo se confirme en Junta posterior, convalidando asimismo la eficacia de su actuación, lo que ha de entenderse acaecido en el supuesto de autos, pues en la actualidad es esa misma persona el Presidente, cuyo poder de representación en este trámite no se cuestiona, oponiéndose a la revisión para mantener la firmeza de la sentencia que declaró procedente el despido. No se alteraría de prosperar el recurso y de rescindirse la sentencia la situación que se ofreció para dictar las sentencias de la Magistratura de Trabajo y del Tribunal Central de Trabajo, pues el recurso de revisión, insistiendo en lo ya razonado, no tiene por objeto ni ofrecer a las partes la posibilidad de utilizar argumentos o pruebas ya utilizadas o que pudieron utilizar en el juicio, ni tampoco el ofrecer a los Tribunales la posibilidad de enmendar, en su caso, los errores o infracciones de los preceptos procesales o sustitutivos en que hayan podido incurrir, por todo lo que, de acuerdo con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, el recurso ha de ser desestimado, sin condena en costas al recurrente, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Laboral .
Desestimamos el recurso extraordinario de revisión, interpuesto por doña Flor , contra la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo número 2 de Baleares, el día 31 de mayo de 1984 , en los Autos número 439/84 seguidos a instancia de dicha recurrente contra la DIRECCION000 » y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, sin condena en costas al recurrente, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Devuélvanse los autos a la Magistratura de procedencia, con certificación de esta sentencia y cartaorden.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Enrique Ruiz Vadillo.- Juan Muñoz Campos.- Juan Antonio del Riego Fernández.- José Moreno y Moreno.- Aurelio Desdentado Bonete.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio del Riego Fernández, celebrando audiencia pública en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.- Emilio Parrilla.- Rubricado.
Núm. 1.690.- Sentencia de 7 de octubre de 1986
MATERIA: Sentencia: requisitos. Propiedad horizontal. Extinción del contrato de trabajo. Despido disciplinario: falta de buena fe o abuso de confianza. Despido procedente.
En la villa de Madrid, a siete de octubre de mil novecientos ochenta y seis.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación por infracción de Ley, interpuso a nombre de don José , representado por la Procuradora doña Ana Ruiz de Velasco del Valle, y defendido por el Letrado don José María Payan, contra la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo de Toledo, conociendo de la demanda interpuesta ante la misma por dicho recurrente, contra la « DIRECCION000 » y contra el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Félix de las Cuevas González.
Primero: El actor interpuso demanda ante la Magistratura de Trabajo, contra los expresados demandados, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia de conformidad con el suplico de la misma.
Segundo: Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio en el que la parte actora se afirmó y ratificó en la misma, oponiéndose la demandada, según es de ver en acta. Y recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.
Tercero: Con fecha de 26 de noviembre de 1984, se dictó sentencia en la que consta el siguiente fallo: «Fallamos: Que desestimando la demanda interpuesta por José contra DIRECCION000 y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la procedencia del despido del actor, acordado por la empresademandada, sin derecho a percibir cantidad alguna en concepto de salarios de tramitación o indemnización, declarando resuelto el contrato de trabajo y absolviendo de la demanda a la empresa demandada».
Cuarto: En la anterior sentencia se declara probado:
«1.° Que el actor José , con domicilio en Toledo, ha venido prestando sus servicios para la empresa demandada DIRECCION000 , de Toledo, con antigüedad de 15 de diciembre de 1976 y categoría profesional de Portero, con salario de 89.133 ptas. mensuales.
2.° Con fecha 18 de septiembre de 1984 la empresa le entrega carta en la que se le comunicaba su despido a partir del día siguiente a tenor del literal siguiente: "Por medio de la presente le comunicamos que a partir de mañana día 19 dejará de prestar sus servicios en esta Comunidad por los hechos que se detallan: La desobediencia e indisciplina continua a las órdenes dadas por la Comisión, tanto verbalmente como por los escritos de fechas 10 de abril, 25 de mayo y 16 de julio, todos del presente año que usted recibió y firmó, en los que se le pedía que realizara la limpieza de los bloques 1, 2, 7 y 8 de esta Urbanización. El abandono notorio de la vigilancia de la Urbanización, al no permanecer en la "Caseta de Control", a la entrada de la misma, vigilando las entradas y salidas, desde el mes de febrero en que se le ordenó, por escrito, hasta la fecha, como hubiera sido su obligación. Los hechos citados, constituyen incumplimientos contractuales tipificados en el art. 54 núm. 2-b del Estatuto de los Trabajadores, y art. 46 núm. 3-a y b de la Ordenanza Laboral para Empleados de Fincas Urbanas . Deberá abandonar la- vivienda que ocupa en esta Comunidad en el plazo de treinta días naturales a partir del siguiente a la recepción de la presente. Por ello, y muy a pesar nuestro, nos vemos en la necesidad de prescindir de sus servicios".
3.° Que el día 5 de octubre de 1984 se celebró en el IMAC acto de conciliación con resultado de intentado sin efecto.
4.° La empresa ocupa menos de 25 trabajadores.
5.° Que el actor fue contratado como portero con dedicación plena.
6.° Que han quedado acreditados los hechos imputados en la carta de despido».
Quinto: Contra expresada resolución, se interpuso recurso de casación por infracción de Ley, a nombre don José , y recibidos y admitidos los autos en esta Sala por su Procuradora señora Ruiz de Velasco, en escrito de fecha 31 de marzo de 1986, se formalizó el correspondiente recurso, autorizándolo y basándose en los siguientes motivos:
Primero. Al amparo de lo dispuesto en el art. 167.5 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , por entender que el Magistrado incurrido en error de hecho al no valorar determinadas pruebas obrantes en autos. Segundo. Al amparo de lo dispuesto en el art. 167.1 del Texto Refundido de la L.P.L ., por entender que la sentencia de instancia se ha infringido por violación al no aplicar el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores .
Tercero: En base al art. 167.1 del Texto Refundido de la L.P.L . por entender que la sentencia de instancia se ha infringido por violación al no aplicar el art. 55.1 del Estatuto de los Trabajadores .
Cuarto: Al amparo de lo establecido en el art. 167.1 del Texto Refundido de la L.P.L ., por entender que la sentencia ha infringido el art. 372.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Quinto: Al amparo de lo establecido en el art. 167.1 de la L.P.L . por entender que la sentencia ha infringido el art. 89 de la L.P.L . Terminaba suplicando se dicte sentencia que case y anule la recurrida.
Sexto: No habiéndose evacuado el traslado de impugnación el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos señalándose para votación y fallo el día 1 de octubre actual, el que tuvo lugar.
Primero: El único motivo relativo a la declaración de hechos probados que figura en la sentencia recurrida, amparado en el artículo 167 número 5 de la Ley Procesal Laboral , no puede prosperar, porque lo que pretende, que son manifestaciones que el demandante hace en el escrito inicial, aparte de carecer del carácter de idóneo para los efectos perseguidos, está expresamente contradicha tal manifestación, por el contenido del contrato de trabajo firmado por dicha persona.
Segundo: La violación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que señala el recurrente al amparo del artículo 167.1 de la Ley Procesal ya citada, no ha tenido lugar, porque el mismo precepto mencionado se cuida de indicar cuáles sean las modificaciones sustanciales a las que se refiere, y entre ellas no figura el cumplimiento de las obligaciones propias de la categoría profesional, conforme le informó al demandante la Inspección de Trabajo, puesto que el número 2-e) de aquel precepto, se refiere a sistemas de trabajo y rendimiento, pero no al que ordinariamente y por obligación reglamentaria tiene que hacer el operario: así, en el artículo 14 modificado por Orden de 29 de diciembre de 1978 , se especifica como obligación la de «Limpieza, conservación, y cuidado del portal, portería, escaleras...» elemento éste que ha de ser atendido por el portero, conforme se desprende de dicho precepto y del aumento retributivo que por cada escalera a partir de la segunda percibe aquél, según el apartado f) del artículo 35 modificado por la disposición citada, sin que en el contrato de trabajo firmado por el actor, según ya quedó dicho, ninguna exclusión se hace sobre el cumplimiento de tal obligación, hasta el punto que en la cláusula octava se hace mención expresa al cumplimiento de las obligaciones que impone la mencionada Ordenanza de Trabajo.
Tercero: La imputación que se hace respecto a la no aplicación del artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores , alegación hecha con igual amparo que el motivo anterior, tampoco puede alcanzar la finalidad perseguida, puesto que en la carta de despido, según el mismo recurrente transcribe reducidamente en su escrito, es manifiestamente clara porque se refiere al abandono del servicio en la caseta de entrada a la urbanización, que ha tenido lugar desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre en que el despido tiene lugar; y hemos dicho que la transcripción que hace dicha parte es reducida, porque en realidad lo que dice la carta respecto de dicho punto, según se refleja en el correspondiente hecho probado, es «El abandono notorio de la vigilancia de la Urbanización al no permanecer en la Caseta de Control, a la entrada de la misma, vigilando las entradas y salidas, desde el mes de febrero en que se le ordenó por escrito, hasta la fecha, como hubiere sido obligación»; con cuyo términos se hace una imputación clara y precisa en cuanto al tiempo que comprende, lapso que suponen varios meses y que se refleja como exigencia en los folios 43 y 44 de los autos, por lo que no pueden entenderse insuficientes para llegar a la conclusión que el recurrente pretende. En este punto, el recurrente, sin haber instado su incorporación a los hechos probados como en su caso pudo hacerlo, hace una relación de las funciones encomendadas a dicha parte, extrayéndolas unas, de una nota manuscrita sin fecha ni firma y otra fechada en 1979, el 3 de febrero, pero omite la última que aparece en los folios anteriormente indicados 43 y 44, extendida el 30 de enero de 1984 refiriéndose a una reunión de la Junta Directiva de 23 del mismo mes, y para regir desde el 1 de febrero siguiente, que es el incumplimiento que se atribuye en la carta de despido y que el Magistrado afirma ha tenido lugar en la extensión que en aquélla se describe.
Cuarto: Siempre el demandante y recurrente, hace relación de una circunstancia ni acreditada ni que puede extraerse del contrato firmado, y es la que fue contratado con exclusión de la limpieza de las escaleras, lo que como se ha indicado no es así, porque el contrato figura en los autos, reconocido por dicho trabajador y en él, por el contrario se le imponen las obligaciones reglamentarias entre las que se encuentran la realización de las citadas faenas, como ya anteriormente se ha indicado; pero además argulle con igual amparo que los precedentes, violación del artículo 372.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por encontrar defectos en la sentencia recurrida ya que en el considerando correspondiente no se ha mencionado los puntos de derecho fijados por las partes y s; bien la regulación de la sentencia tiene una específica en el artículo 89 y siguientes de la Ley Procesal Laboral , tampoco es defecto que implique nulidad de la recurrida, pues aparte de que tales apreciaciones se han de hacer cuando sea insalvable el defecto, es que en el caso debatido, aun cuando no se haya hecho referencia al artículo 41 del Estatuto de manera expresa y a las facultades del Presidencia de la Comunidad, como fácilmente se advierte que al dar el visto bueno, asume, como le corresponde por lo dispuesto en el artículo 43 de la Ordenanza la imposición de la sanción acordada y al que además, conforme al artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal es quien lleva la representación de la Comunidad, siendo cuestiones distintas que afectan al orden interno de ellas, las discrepancias (si es que las ha habido en número crecido lo que no aparece) entre miembros, de las externas, en que como se ha dicho la facultad de sancionar y representar corresponde al Presidente; y como el Magistrado ha razonado y citado las disposiciones que estimó aplicables -aun cuando haya sido escuetamente-, pero sí con la suficiente precisión para que el recurso haya sido formulado con la indicación, como así se ha hecho, de los preceptos que estimó el recurrente que se habían conculcado; por ello no se ha producido la indefensión a la que se refiere y no procede la medida excepcional que propone y sobre la que insiste en el último y quinto motivo acusando la infracción del artículo 89 de la Ley Procesal ya mencionada, al estimar insuficientes los hechos declarados probados, pues la afirmación que en el correspondiente apartado del resultando no puede ser más terminante al aceptar la certidumbre de los hechos imputados en la carta de despido; y como la obligación de la limpieza no estaba excluida en el contrato contra lo que sostiene el recurrente (cosa distinta es que no lo hubiere hecho con anterioridad a la exigencia de 1984) y como la carta de despido la firma el Presidente que es quien como se ha repetido tiene la facultad de sancionar y de representar a la Comunidad, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, se desestima el recurso.
Desestimamos el recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto a nombre de don José , contra la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo de Toledo, de fecha 26 de noviembre de 1984 , en autos seguidos a instancia de dicho recurrente, contra DIRECCION000 , y el Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido. Devuélvanse las actuaciones de instancia a su procedencia con certificación de esta sentencia y comunicación.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Félix de las Cuevas González.- José Moreno Moreno.- Luis Santos Jiménez Asenjo.- Rubricados.
Publicación: En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Félix de las Cuevas González, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma certifico.- Alberto Hernández.- Rubricado.
Y para que conste remitir a la Magistratura de procedencia expido la presente, que firmo en Madrid, a siete de octubre de mil novecientos ochenta y seis.
Núm. 410.- Sentencia de 27 de febrero de 1987
PONENTE: Don Luis Santos Jiménez Asenjo.
MATERIA: Presunción de inocencia. Comunidad de propietarios de viviendas.
NORMAS APLICADAS: Artículo 24.2 de la Constitución. Articulo 12.1 de la Ley de Propiedad Horizontal
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia de 17 de julio de 1984.
En Madrid, a veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y siete.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Carlos José , representado por el Procurador don José María Abad Tundidor y defendido por el Abogado don Juan M. Fernández Otero, contra sentencia de la Magistratura de Trabajo de Pontevedra de fecha 22 de febrero de 1986 , dictada en autos seguidos por demanda de dicho recurrente contra DIRECCION000 » sobre despido. Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrida dicha demandada, representada y defendida por el Abogado don Ramón Chaves González.
Es Ponente el Magistrado excelentísimo señor don Luis Santos Jiménez Asenjo.
Primero: El actor, don Carlos José , formuló demanda ante la Magistratura de Trabajo de Pontevedra contra la DIRECCION000 », en la que tras exponer los hechos y consideraciones que estimó oportunos suplicaba se dictara sentencia declarando la improcedencia del despido, condenando a la demandada a su inmediata readmisión al mismo puesto y condiciones de trabajo.
Segundo: Admitida a trámite la demanda, tuvo lugar el acto del juicio, en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada. Y recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.
Tercero: Con fecha 22 de febrero de 1986 se dictó sentencia por dicha Magistratura, cuya parte dispositiva dice: «Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por don Carlos José , debo declarar y declaro procedente el despido contra él acordado por la demandada DIRECCION000 " el pasado 29 de noviembre de 1985 y extinguido en dicha fecha el contrato que les vinculaba sin derecho a indemnización, absolviendo a dicha demandada de la pretensión que le formuló.»
Cuarto: En la anterior sentencia se declara probado: «1.° El actor, don Carlos José ha venido prestando sus servicios para la demandada " DIRECCION000 " de esta ciudad, en calidad de portero, desde el 22 de noviembre de 1978, percibiendo últimamente un salario bruto mensual de 54.027 pesetas, mes que con inclusión de extras asciende a 61.550 pesetas, disfrutando además de vivienda, agua y luz, elevándose la retribución total con inclusión de este salario en especie de 59.596 pesetas, ó 67.126 pesetas con gratificaciones extras. 2.° El actor fue despedido el 29 de noviembre de 1985 mediante notificación escrita, fechada el mismo día, que dice así: "La Junta de Gobierno de la DIRECCION000 , ante las innumerables y constantes quejas de los propietarios del mismo, ha decidido despedirle a usted con carácter definitivo por las siguientes causas:
1.ª Por hallarse habitualmente embriagado en horas de trabajo, lo que repercute negativamente en el mismo. En repetidas ocasiones se le llamó a usted la atención en dicho sentido tanto por el Presidente de la Comunidad, como por otros miembros de la misma, pese a lo cual continúa en su actitud. No tratándose de una conducta aislada u ocasional, sino diaria, sobre todo a partir de las primeras horas de la tarde. Es esta una costumbre reiterada desde hace tiempo, encontrándosele en un estado lamentable de embriaguez concretamente los días 11 y 21 de octubre; 5, 7 y 25 de noviembre próximo pasado.
2.ª Por ausentarse repetidamente del trabajo, en horario laboral, encontrándose en los bares próximos al edificio.
3.ª Por la continuada y persistente falta de aseo en su persona y en las dependencias a su cargo.
4.ª Por su indisciplina y negligencia en su trabajo. Concretamente el día 17 de octubre se negó arepartir a los propietarios las guías de la telefónica, manifestando a la Presidenta de la Comunidad que las iba a quemar. Al día siguiente tiró a la basura una serie de correspondencia y tarjetas del censo. Llamada la atención por la Presidenta exigiéndole que las distribuyera en los buzones correspondientes, de nuevo las tiró a la basura manifestando que no servían para nada. El despido tiene efectos a partir del día de hoy, 29 de noviembre de 1985." 3.° La prueba practicada pone de relieve que, en efecto, el actor no se encuentra presente en su puesto de trabajo en numerosas ocasiones, teniendo que ser hallado y avisado normalmente en los bares cercanos; que desde hace tiempo, pero sobre todo desde el verano de 1985, y especialmente a partir del mediodía, el actor se encontraba con muestras inequívocas de estar embriagado casi todos los días, permaneciendo sucio y desarreglado, dando malas contestaciones si se le preguntaba o pedía alguna cosa, sin que surtiesen efecto las repetidas advertencias que en tal sentido se le hicieron; que, asimismo, se negó a repartir las guías amarillas de teléfonos entregadas con destino a los ocupantes de los pisos, hecho ocurrido el 17 de octubre pasado, y al día siguiente tiró a la basura, también sin repartir, las tarjetas enviadas por el Servicio de Estadística del Censo Electoral para verificación de los datos correspondientes.»
Quinto: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por infracción de ley por la parte demandante, y admitido que fue y recibidas las actuaciones en esta Sala, su Abogado lo formalizó basándolo en el siguiente motivo de casación: Al amparo del punto 1 del artículo 167 de la LPL por violación de los artículos 24.2 de la Constitución , en relación con el artículo 1.214 del Código y violación de los artículos 579 a 594 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 637 y siguientes del mismo Cuerpo legal en relación con la Ley 49/1960, de 21 de julio , y doctrina del Tribunal Constitucional.
Sexto: Evacuado el traslado de impugnación por la parte recurrida, y emitido dictamen por el Ministerio Fiscal en el sentido de estimar no procede el recurso de casación y sí el de suplicación, se señaló para votación y fallo el día 23 de febrero de 1987, en cuya fecha tuvo lugar.
Primero: Con amparo en el número 1 del artículo 167 de la Ley Procesal Laboral se formula el motivo único de casación, con denuncia de haber infringido la sentencia recurrida, por violación del artículo 24.2 de la Constitución Española , en relación con el artículo 1.214 del Código Civil y violación de los artículos 579 a 594 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 637 y siguientes del mismo cuerpo legal , en relación con la Ley 49/1960, de 21 de julio , y doctrina del Tribunal Constitucional, por entender que el Magistrado «a quo» ha destruido la presunción de inocencia que sanciona el punto segundo del artículo 24 de la Constitución , por haber creído a los empresarios y no al trabajador acusado, cuando la declaración de los primeros era la única prueba que en defensa de las imputaciones de la carta se practicó en el acto del juicio, frente a 1e negación del actor y a la prueba aportada por él, ya que un estudio de los artículos 392 a 406 del Código Civil y de la Ley 40/1960, de 21 de julio , pone de manifiesto que no haya personalidad jurídica distinta o propia entre la Comunidad de Propietarios y los copropietarios individualmente, y por ello si todos los copropietarios son realmente empresarios y su declaración fue el único motivo que tuvo en cuenta el juzgador para declarar la procedencia del despido del actor, parece que la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución sólo será válida en el proceso laboral sí hay un empresario, pero no si éstos son varios, habiéndose creado una prueba por la torticera vía de utilizar a los copropietarios como testigos, pues éstos que debían confesar por imperativo de los artículos 579 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil han declarado como testigos, por lo que se violarán los artículos 637 y siguientes de la misma ley ; motivo que no puede prosperar por las siguientes razones:
a) porque según doctrina del Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia es «iuris tantum», por lo que cuando en la instancia se produce actividad probatoria, cuyo resultado se aprecia por el juzgador en uso de su libertad de apreciaciones como expresivo de la culpabilidad del antes presunto inocente, no puede entenderse vulnerado tal derecho al quedar destruida la presunción por prueba en contrario; el que no coincida la valoración realizada por el juzgador con la del recurrente no significa desconocimiento de la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española - sentencias 36/1983, de 11 de mayo, y la 55/1982, de 26 de julio - y además porque, como declara la sentencia de la Sala de 17 de julio de 1984, «cuando la parte "acusada" usa o está en condiciones de usar todos los medios que el ordenamiento jurídico pone en cada caso a su alcance para defenderse y la condena nace de la convicción del juzgador del conjunto de pruebas practicadas, no es posible hablar del quebrantamiento del principio de presunción de inocencia, teniendo en cuenta que el concepto opuesto a la inocencia que es la culpabilidad, habrá surgido legítimamente de las pruebas apreciadas y valoradas por el Magistrado de Trabajo; por otro lado, la sentencia de la Sala de 18 de noviembre de 1982. señaló que no se desconoce la presunción del artículo 24.2 de la Constitución cuando el desarrollo del proceso fue correcto no se combaten los hechos probados, como en el supuesto de autos, y la conclusión es adecuada a ellos, y en el proceso existen pruebas suficientes en contra del recurrente en orden a los hechos que le fueron imputados en la carta de despido;
b) porque conforme establece el artículo 1.214 del Código Civil en orden al reparto de la carga de la prueba, al demandante le correspondía probar en contra de lo que se la ha imputado en la carta de despido y a la demandada la certeza de esas imputaciones, como lo efectuó, y por otra parte, si el actor hoy recurrente entendiese que sí ha logrado esa prueba, el cauce para lograrlo en casación, no es la vía erróneamente elegida sino el número 5 del artículo 167 sobre error de hecho;
c) en cuanto a lo que se alega «por la torticera vía de utilizar a los copropietarios como testigos», esa condición no impide que actúen en el acto del juicio como tales correspondiendo solamente la prueba de confesión a la representante legal de la Comunidad de propietarios que lo ostenta la Presidenta de la misma, de acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley de Propiedad Horizontal , sin que sea preciso traer para la práctica de la prueba de confesión, como se pretende, a los copropietarios, al igual que sucede en las Sociedades Anónimas en las que a quien corresponde practicar esa prueba es a su legal representante, pero no a todos los componentes del Consejo de Administración, ni a todos los socios; por cuyas razones procede la desestimación total del recurso.
Desestimamos el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Carlos José , contra la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo de Pontevedra con fecha 22 de febrero de 1986 , en autos seguidos por demanda de dicho recurrente contra la DIRECCION000 », sobre despido.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Francisco Tuero Bertrand.- José Moreno y Moreno.- Luis Santos Jiménez Asenjo.-
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente excelentísimo señor don Luis Santos Jiménez Asenjo, celebrando audiencia pública en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el día de la fecha, de lo que como Secretario certifico.- Madrid a veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y siete.- Emilio Parrilla.- Rubricado.
Nº de Recurso: 1538/1999
Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en nombre y representación de la Comunidad de propietarios de la URBANIZACIÓN000 contra sentencia de 2 de marzo de 1999 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por la que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos Jesús contra la sentencia de 17 de octubre de 1997 dictada por el Juzgado de lo Social de Valencia nº 15 en autos seguidos por D. Carlos Jesús frente a la Comunidad de Propietarios de la URBANIZACIÓN000 sobre Despido.
PRIMERO.- Con fecha 17 de octubre de 1997 el Juzgado de lo Social de Valencia nº 15 dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que acogiendo la excepción de incompetencia de este orden Jurisdiccional social alegada por la demandada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN000 frente a la demanda formulada por Carlos Jesús , sobre despido, debo abstenerme y me abstengo de conocer del fondo del asunto, remitiendo a las partes al orden civil de la Jurisdicción".
SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: "PRIMERO.- el demandante Carlos Jesús , con DNI nº NUM000 ha venido ejerciendo como Administrador de la Comunidad de Copropietarios tramitación URBANIZACIÓN000 desde el 15-5-82, percibiendo doce pagas al año por importe cada una de 420.000 Pts.
SEGUNDO.- El actor veía realizando sus funciones de Administrador de la Comunidad, sin sujeción a horario, los sábados y domingos, bien en su domicilio o bien utilizando la caseta de información.
TERCERO.- Que el actor es empleado del Banco de Valencia desde el año 1967, con un horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes; que asimismo está de alta en la empresa Global S.L. desde el 30-6-97, con un horario de 5 a 6 de la tarde.
CUARTO.- En fecha 4-4-97 la Comunidad de Propietarios demandada requirió notarialmente al actor para que cursase su alta en el Impuesto de Actividades Económicas y que en el caso de no verificarlo en el plazo de 7 días, darían por rescindido el contrato de arrendamiento de servicios.
QUINTO.- En fecha 29-4-97 la Comunidad notificó una carta al actor haciéndole saber que con efectos de 1-5-97 consideraban rescindido el contrato de arrendamiento de servicios.
SEXTO. - El actor llevaba la contabilidad, el pago de salarios, el correo y la gestión de cobranza de los recibos a los comuneros, entregándole, a veces, los recibos al Guarda de la Comunidad para su cobro.
Abonaba los salarios a los guardas de la Comunidad en su domicilio particular.
SEPTIMO.- Que el actor redactaba sus propios recibos.
OCTAVO.- En fecha 21-5-97 el actor presentó papeleta de conciliación, celebrándose el acto el 5-6-97, con el resultado de sin avenencia, presentando la demanda el mismo.
NOVENO Alegada la excepción de incompetencia de éste orden Jurisdiccional, consta en autos el informe del Ministerio Fiscal".
TERCERO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Carlos Jesús ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia la cual dictó sentencia en fecha 2 de marzo de 1999 en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de C. Carlos Jesús , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de Valencia de fecha 17 de Octubre de 1.997, por despido contra la empresa Comunidad de Propietarios URBANIZACIÓN000 y, con revocación de la misma, debemos declarara y declaramos la nulidad de dicha sentencia por defectuosa estimación de la excepción de incompetencia de este orden jurisdiccional para el conocimiento de la cuestión debatida. Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia para que con retroacción de actuaciones al momento de dictar sentencia, por el Juzgador de instancia se dicte otra resolviendo sobre el resto de cuestiones planteadas, con completa libertad de criterio y practicando las diligencias, en su caso, que para su mejor proveer tenga por conveniente".
CUARTO.- Por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios de la URBANIZACIÓN000 se preparó recurso de casación para unificación de doctrina. En su formalización se invocó como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de julio de 1992.
QUINTO.- Por providencia de fecha 20 de octubre de 1999 se procedió a admitir a trámite el citado recurso y, tras ser impugnado el recurso, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido de considerarlo improcedente, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 9 de febrero de 2000, en el que tuvo lugar.
PRIMERO: El actor de este proceso interpuso demanda por despido frente a la "Comunidad de Propietarios URBANIZACIÓN000 ". La sentencia del Juzgado de lo Social nº 15 de Valencia, acogió la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia alegada por la demandada y se abstuvo de conocer del fondo del asunto remitiendo a las partes al Orden Civil de la Jurisdicción. Recurrida en suplicación por el demandante, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su sentencia de 2 de Marzo de 1.999, declaro la competencia de este Orden Social para conocer del asunto y anulo la sentencia de instancia, con devolución de los autos al Juzgado de lo Social de origen, para que procediera a dictar una nueva con completa libertad de criterio.
El pronunciamiento de la Sala de lo Social es recurrido en casación para la unificación de doctrina por la "Comunidad de Propietarios URBANIZACIÓN000 ", invocando como referencial la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 9 de julio de 1.992, dictada igualmente en proceso por despido, que estimo el recurso de la comunidad demandada y declaro la incompetencia del Orden Social de la Jurisdicción, remitiendo a las partes al Orden Civil.
SEGUNDO: El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". (sentencias de 27 y 28 de enero de 1.992, 18 de julio, 14 de octubre y 17 de diciembre de 1.997 y 23 de septiembre de 1.998).
Como esta Sala ha tenido también ocasión de recordar, la exigencia legal de igualdad sustancial en los hechos restringe acusadamente la viabilidad del recurso de unificación de doctrina en aquellos tipos de controversias, despidos (sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1.992, 15 y 29 de enero de 1.997), extinciones de contrato (sentencia de 13 de julio de 1.998), determinación del grado de invalidez ( sentencia de 27 de octubre de 1.997), apreciación sobre la existencia de fraude ( sentencias de 11 de octubre y 5 de diciembre de 1.991, 8 de febrero de 1.993 y 27 de octubre de 1.998), etc, en que la decisión judicial se sustenta sobre una valoración individualizada de circunstancias de hecho, dada la dificultad que supone encontrar términos homogéneos de comparación. Dificultad que es igualmente ostensible cuando se trata de determinar si la relación existente entre las partes tiene o no carácter laboral. Porque, como señalo la sentencia de 27-5-92, "Es imposible desconocer que la línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros de naturaleza análoga, como el de ejecución de obra, el de arrendamiento de servicios, el de comisión, etc., regulados por la legislación civil, o mercantil en su caso, no aparece nítida, ni en la doctrina científica y jurisprudencial, ni en la legislación, ni siquiera en la realidad social. Y también que el casuismo de la materia, obliga a atender a las específicas circunstancias de cada caso concreto".
TERCERO: Resulta pues evidente que en el presente caso, en que se cuestiona la competencia del orden social por razón de la materia, el juicio de contradicción deberá centrarse en la comparación de las circunstancias fácticas de la prestación de servicios, que constituyen elemento concluyente para determinar si aquella tiene o no carácter laboral; pues sólo si son sustancialmente iguales podrá la Sala entrar a conocer del fondo del asunto para unificar doctrina.
La sentencia recurrida acogió íntegramente el relato de probanzas - solo rectifico un error mecanografíco - de la sentencia de instancia en el que, en la parte que aquí interesa, consta que el actor:
1º) venia realizando desde el 15 de mayo de 1.982, funciones de Administrador de la Comunidad sin sujeción a horario, los sábados y los domingos, bien en su domicilio o bien utilizando la caseta de información de la comunidad.
2º) llevaba la contabilidad, el pago de los salarios, el correo, la gestión de cobranza de los recibos a los comuneros, entregándole, a veces, los recibos al guarda de la Comunidad para su cobro; y abonaba los salarios a los guardas de la comunidad en su domicilio particular.
3º) percibía doce pagas al año por importe, cada una, de 35.000 pesetas mensuales.
4º) al mismo tiempo era empleado del Banco de Valencia desde el año 1.967 con un horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes; así mismo estaba dado de alta con la empresa Global S.L. desde el 30 de junio de 1.997 con un horario de 5 a 6 de la tarde. Y además, la Sala de suplicación añadió a dicho relato, con pleno valor de hecho probado, que el actor: no aportaba otros medios que no fuera su propio trabajo, no utilizaba medios ajenos a la empresa, no disponía de ninguna otra facultad decisoria, y no asumía riesgo alguno por su actividad que estaba siempre sujeta a la organización empresarial.
La sentencia de 9 de julio de 1.992, citada como referencial, acepto también en su totalidad la narración histórica de la sentencia de instancia recurrida, "por ser el fiel reflejo de la realidad constatada en autos". En ella se declaraba probado que el actor :
a) desempeñaba desde el 1-4-91 las funciones deAdministrador-Gerente de la comunidad de copropietarios "Conservación Parquelagos" percibiendo una retribución mensual de 250.000 pesetas, mediante un cheque que firmaba el propio actor, hasta que fue despedido el día 9-9-91.
Y b), realizaba las siguientes funciones:
1. informes de todas las áreas de trabajo de la entidad.
2. Informes sobre el rendimiento de todo el personal y su dirección.
3. Tratamiento y relación con los copropietarios.
4. Gestión con los organismos oficiales y otros.
5. Seguimiento a morosos.
6.Supervisión de todo tipo de gastos, con su conformidad.
7. Dedicación completa a la entidad en todo momento que estime la Junta de Gobierno.
8. Cumplimiento de todas las normas o directrices que pudiera determinar la Junta de Gobierno.
9. Mantenimiento de reuniones periódicas con el personal de todas las áreas de trabajo, para canalizar o corregir en su caso posibles desviaciones en la ejecución de estos.
10.Aplicar la política de personal.
La Sala añadió a tales hechos, con igual valor de probados, que "el actor, que no ostentaba la condición de administrador de fincas colegiado....... llevaba también la administración de otras fincas o entidades".
CUARTO: El contraste de los relatos de hechos probados que acabamos de transcribir permite afirmar, sin ningún genero de dudas, que no existe la contradicción alegada. Aun no siendo determinante el "nomen iuris" elegido por las partes, puesto que lo realmente relevante es el contenido y las condiciones de la prestación de trabajo, es lo cierto que es distinta la denominación de los puestos: administrador-gerente en el caso la sentencia de contraste, administrador en el de la recurrida. Y son también significativamente diferentes las funciones que desempeñaban los actores de uno y otro proceso como vamos a ver.
En la sentencia referencial el administrador-gerente tenia facultades de disposición económica, pues era él mismo quien firmaba los cheques con los que se hacia pago de sus elevados honorarios y el que daba la conformidad a todos los gastos a realizar para el mantenimiento de la comunidad; disfrutaba también de facultades de representación de la comunidad, puesto que gestionaba sus asuntos ante los "organismos oficiales y otros", al tiempo que realizaba "el seguimiento de los morosos"; era él quien mantenía relaciones directas con los copropietarios; y todo el personal al servicio de la comunidad estaba sometido a su autoridad; por ultimo, llevaba también la administración de otras fincas y entidades. En definitiva, y como señala la propia sentencia de contaste, todas y cada una de las funciones que corresponden al administrador en el art. 20 de la Ley de Propiedad Horizontal .
En el caso recurrido en casación unificadora el demandante, pese a su denominación como administrador, no realizaba ninguna de las funciones que la citada ley atribuye a este. Su trabajo quedaba limitado a llevar la contabilidad de la empresa y a una gestión muy reducida de cobro de los recibos de la comunidad y de pago de los salarios de los guardas que esta empleaba. No tenía capacidad de disposición económica, ni de representación de la comunidad. No aportaba otros medios que no fuera su propio trabajo, ni utilizaba medios ajenos a la empresa. No disponía de ninguna otra facultad decisoria - no dirigía por tanto al resto del personal - y no asumía riesgo alguno por su actividad que estaba siempre sujeta a la organización empresarial. Tenia una jornada de trabajo reducida, pero fijada en días concretos. Y, finalmente, no llevaba la administración de ninguna otra finca o comunidad.
QUINTO: La sentencia de contraste afirmo que la relación existente entre las partes no podía configurarse como la de carácter laboral ordinario que se recoge en el art. 1º ET; y que constituía una relación típica de arrendamiento de servicios de naturaleza civil, al corresponder las funciones realizadas por el demandante a la figura jurídica del administrador contemplada en los artículos 13 y 20 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de junio de 1.960. Por su parte, la sentencia recurrida, tras razonar que sobre las limitadas facultades del actor, llego a la conclusión de que debía entenderse prestado en relación de dependencia, como "una relación laboral de trabajo a tarea". Y cabe afirmar, sin que ello suponga respaldar las calificaciones jurídicas realizadas puesto que la Sala no puede pronunciarse sobre ello en esta fase del recurso, que la gran diversidad de circunstancias que existe entre los casos resueltos por las sentencias confrontadas, permitían llegar a soluciones distintas, sin que por ello los fallos emitidos puedan considerarse contradictorios. Y así lo destaca el Ministerio Fiscal en su informe.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 223 LPL, la ausencia del requisito o presupuesto de recurribilidad que exige el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, constituye una causa de inadmisión del recurso casación para la unificación de doctrina interpuesto que en este momento procesal conduce a su desestimación. Con condena de la empresa al pago de las costas del recurso, que consisten en los honorarios del Letrado de la parte impugnante que de ser necesario fijara prudencialmente la Sala, y a la perdida del deposito efectuado para recurrir (arts. 226.1 y 233.1 LPL).
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en nombre y representación de la Comunidad de propietarios de la URBANIZACIÓN000 contra sentencia de 2 de marzo de 1999 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que confirmamos, por la que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 17 de octubre de 1997 dictada por el Juzgado de lo Social de Valencia nº 15. Con imposición de costas.
Sr. Magistrado D. Joaquín Samper Juan hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
Nº de Recurso: 760/2004
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Jose Augusto , representado y defendido por el Letrado D. José Fernández Poyo, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, sede de Valladolid, de fecha 27 de enero 2004 , que resolvió el recurso de suplicación interpuesto por la DIRECCION000 , de Zamora, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Zamora, de 5 de noviembre de 2003 , en virtud de demanda promovida por el recurrente contra dicha comunidad.
Se han personado ante esta Sala, en concepto de recurridos, DIRECCION000 , de Zamora, representada por el letrado D. Santiago Rubio Rubio y D. Jose Francisco , Dª María Antonieta , Dª María Purificación , D. Humberto y D. Jesus Miguel , representados por la Letrada Dª María Jesús Alonso Cerezal
PRIMERO.- Con fecha 5 de noviembre de 2003, dictó sentencia el Juzgado de lo Social de Zamora , declarando como probados los siguientes hechos: "PRIMERO.- Con fecha 12/12/01, cesó en la prestación de servicios que, como portero, venía ejecutando, desde 1976, por cuenta y bajo la dependencia de la DIRECCION000 de ZAMORA D. Diego , al acceder a la situación de jubilación.-
SEGUNDO.- Ante la proximidad de tal jubilación, en 27/9/01 se celebró una Junta General extraordinaria, a la que asistieron un total de 20 propietarios -por si o representante-, y el Administrador, para tratar, entre otros temas, sobre la contratación de un nuevo portero, o la supresión del servicio de portería, siendo rechazada esta última, al no contar con una apoyo de las 3/5 partes de la propiedad; Se creó, entonces, una Comisión, compuesta por el entonces Presidente de la Comunidad, D. Jesus Miguel , el Vicepresidente, y uno de los Administradores, D. Juan Miguel , que, tras entrevistar a los candidatos remitidos a su instancia por el INEM, seleccionaron para el puesto de portero al hoy actor, D. Jose Augusto , al que, en 3/12/01 el referido Presidente, en representación de la Comunidad demandada extendió contrato indefinido para desempleados mayores de 45 años, con reconocimiento de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, de un 50% el primer año y de un 45% el resto de la duración del contrato.- En contraprestación a sus servicios, se abonaba al trabajador el SMI, poniéndose a su disposición una vivienda y plaza de garaje, con sufragio de los gastos de suministro de agua y electricidad por parte de la Comunidad, por cuyo concepto, se abonó durante 2001 la suma de 248,21 €uros.-
TERCERO.- En 2/12/01, un grupo de 12 propietarios, reticentes al mantenimiento del servicio de Portería, interesan la convocatoria de Junta extraordinaria, que habría de llevarse a cabo el 13/12/01, con el siguiente orden del día: Estudio sobre la contratación de un empleado de finca urbana (portero o conserje); determinación de funciones, condiciones laborales, retribución. ..etc.-, al que el entonces presidente Presidente añade: 'Informe sobre condiciones laborales del empleado contratado, D. Jose Augusto , y nombramiento de Administrador, habiéndose celebrado la sesión ante notario; para entonces, eran ya tensas las relaciones entre los vecinos proclives a continuar con el servicio de portería y los que deseaban su supresión, quienes manifiestan su descontento con la contratación, proponiendo una votación sobre tal particular que no se lleva a cabo; Nuevamente, en 21/12/01, se interesa por 16 de los copropietarios, a través de letrado, la convocatoria de Junta General Extraordinaria, para la renovación de cargos, y tratar sobre la supresión de la portería y la contratación de una empresa de servicios y un conserje, con definición de las funciones a asignar a éste, cuya proposición fue recibida en 10/1/02 por el Presidente, quien la convoca para el 30/1/02, con el siguiente orden del día:
Aprobación de cuentas y renovación de la Junta de Gobierno, y en cuyo desarrollo, se contesta a preguntas sobre la contratación del portero, que se le ha extendido contrato para mayores de 45 años, para aprovechas las' subvenciones del INEM; asistieron a esta Junta 26 propietarios; Se renueva la presidencia en Junta de 12/2/02, resultado designado D. Jose Antonio , por renuncia del a quien le correspondía el turno, que, convoca, a petición de un grupo de titulares, nueva Junta, para tratar sobre la supresión del servicio de portería y la contratación de conserje o empresa de servicios; Así, en Junta de 14/3/02, a la que asistieron 27 propietarios, se decide la supresión de! servicio de Portería, -con el voto favorable de 17 de ellos, 1 en contra, 1 abstención y 8 salvando su voto-, que se ampara en una inminente subida de costes laborales, por la próxima extensión del Convenio para empleados de fincas Urbanas de la Comunidad de Madrid, gastos inferiores de contratarse una empresa de servicios, y posibilidad de obtener beneficios alquilando la vivienda y plaza de garaje puestas a disposición del portero, recibiéndose, con posterioridad escrito del ausente, manifestando su rechazo a dicha supresión.-
CUARTO.- En ejecución de tal acuerdo, con fecha 30/3/02, se hace entrega al actor de una carta, datada en 27 anterior, por la que se le comunica la extinción de su contrato, con efectos del 31/3/3/02, por causas económicas, organizativas y de la producción, en la que, literalmente, se le indica que lilas motivos de tan desagradable decisión son sobradamente conocidos por Ud. y que se concretan en lo siguiente: En la pasada Junta General Extraordinaria de Propietarios se acordó, entre otros asuntos, conforme a lo dispuesto en el art. 17.1 y concordantes de la Ley de Propiedad Horizontal , por la mayoría requerida de 3/5, la supresión del servicio de Portería, debido al importante coste económico que ello supone para la comunidad, sin que el servicio se considere necesario para el funcionamiento de la misma"; se le refería, seguidamente, se le abonaría una indemnización de 515,90 €uros, por los 30 días de preaviso, y que le correspondía una indemnización por cese de 121,61 €uros, significando que 11 de dicha indemnización corresponderá abonar a la empresa el 60%, en cuantía de 72,37 €mos, siendo el 40% restante con cargo al FOGASA, en aplicación del art., 33 del E.TT ." Aun cuando en el ejemplar de la carta aportado por la empresa consta manuscrita una diligencia, en la que se refiere que a las 13:10 horas se pretende la entrega de la carta, que el actor no firma, así como abonarle "el importe del finiquito, en importe de 121,61 €uros, así como otros 515,90 €uros correspondiente a los 30 días de preaviso, que tampoco admite", no está debidamente acreditado que la indemnización por cese se pusiera a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la carta.-
QUINTO.- El pretensor instó conciliación ante la OTT, en 10/4/02, a la que asistieron, además de la representación de la Comunidad, que reconoce la improcedencia del despido, ofreciendo una indemnización de 379,50 €uros, a razón de 45 días de salario por año de servicio, cuantificando aquél en la suma mensual de 607,06 €uros (desglosable en 516 €uros en metálico y 91,06 €uros en especie), más otros 52629 euros, en concepto de salarios de trámite, un grupo de propietarios, representados por Da. Filomena , que aduce la nulidad del despido; e, intentada sin avenencia, en 25/4/02, formuló, al día siguiente, la demanda rectora de estas actuaciones.- El mismo día en que celebra la conciliación, la Comunidad ingresó a disposición del actor las sumas ofrecidas en la cuenta de consignaciones de este juzgado.-
SEXTO.- El acuerdo por el que se decide la supresión de la portería fue impugnado por Dª. María Purificación , D. Jesus Miguel , Dª Melisa Dª. María Antonieta , D. Jose Francisco ; Dª Silvia , y D. Jose Luis ante la Jurisdicción Civil, dando origen a los Autos n° 185/02, en los que, a petición de los ahí demandantes¡ con fecha 6/6/02 se dictó Auto en el que, de forma cautela¡ se suspendía la ejecutividad del acuerdo; En 31/7/02, previa petición al respecto de los demandantes y en oposición de los demandados, se concreta por nuevo Auto en reintegro del portero a su puesto de trabajo, hasta en tanto recaiga Sentencia firme; notificado en 2/9/02, se procede a su cumplimiento en 4/9/02.- Se dictó Sentencia en 9/1/03 , desestimando las pretensiones incorporadas en demanda, en los términos que obran en actuaciones y se dan por reproducidos, la cual sería confirmada por la pronunciada por la Audiencia Provincial en 10/4/03.- Previamente y mediante Auto de 11/2/03 , notificado en 17 del mismo mes¡ y ratificado por proveído de 31/3/03, se alzaba la suspensión del acuerdo impugnado¡ quedando sin efecto las medidas cautelares adoptadas; Al día siguiente, 18/2/03, se requirió de cese al portero, con entrega de tal resolución.-
SÉPTIMO.- Además de las cuotas de los propietarios, fijadas en una suma mensual de 75,13 €uros, componen los ingresos de la Comunidad las rentas derivadas del arrendamiento de dos locales de negocio¡ en cuantía mensual de 1.202,03 €uros, y 1.352,28 €uros, así como del alquiler a particulares de diferentes dependencias en importe global anual de 1238,06 €uros; Durante los años 2000, 2001 y 2002, la Comunidad arrojó resultados económicos positivos¡ que experimentaron un descenso de 22.034 €uros, en 2001 a 10.607 €uros, en 2002, debido a un gasto extraordinario de 18.300,80 €uros, en la sustitución de ascensores, que se desconoce a qué altura del año se realizó, y a la inexistencia, en ese año, de las derramas de anualidades anteriores.-
OCTAVO.- Tras prescindirse del portero, se ha contratado a una empresa de mantenimiento, que efectúa tres veces por semana la limpieza ordinaria de las instalaciones comunes, y cuando se le indica por la Comunidad una limpieza extraordinaria¡ y a otra para el cuidado de los jardines¡ que factura en primavera; el año anterior¡ dichos servicios supusieron para la empresa un costo de 1.369,90 €uros y 541,66 €uros, respectivamente.-
NOVENO.- La extensión del Convenio Colectivo para empleados de Fincas Urbanas de la CA de Madrid a la de Castilla y León se produjo por Resolución de 29/1/02, publicada en el BOCyL de 26/8/02".
SEGUNDO.- El fallo de dicha sentencia es del siguiente tenor literal: "FALLO Que estimando íntegramente la demanda formulada por D. Jose Augusto contra la empresa DIRECCION000 DE ZAMORA, y sus integrantes Dª Edurne y D. Ricardo , Dª Lorenza Y D. Gaspar , Dª Teresa y D. Alfonso , Dª Andrea y D. Carlos Miguel , Dª Elvira y D. Luis , Dª Margarita , Dª Virginia Y D. Ernesto , Dª Carina y D. Jesus Miguel , Dª . Lucía , Dª Marí Juana y D. Carlos Francisco , Dª Constanza y D. Matías , Dª María Purificación y D. Esteban , Dª Melisa y D. Romeo , Dª María Antonieta Y D. Jose Francisco , Dª Rosa Y D. Luis Enrique , Dª Blanca , Dª María Inés y D. Jose Francisco , Dª Rosa y D. Luis Enrique , Dª Blanca , Dª María Inés y D. Pedro Antonio , Dª Filomena Y D. Humberto , . Inés , Dª Silvia y D. Jose Luis , Dª Flor , Dª Julieta Y D. Juan Ramón , Dª Alicia y D. Jose Manuel , Dª Mónica Y D. Miguel , Dª Catalina Y D. Gustavo , Dª María Angeles , D . Jose Antonio , Dª. Isabel y, Dª Ángeles , declaro que el cese del actor, acaecido en 31/3/02, es constitutivo de DESPIDO NULO, condenando a la empresa, SOLIDARIAMENTE con los copropietarios, a que proceda a su inmediata readmisión, con abono de los salarios devengados desde que el despido se produjo, hasta que tenga lugar la reincorporación de la trabajadora, que a los solos efectos de recurso se cuantifican en la suma de 8.403,1 Euros".
TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la DIRECCION000 , de Zamora, y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, dictó sentencia con fecha 26 de enero de 2004 , con el siguiente fallo: "Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por la DIRECCION000 DE ZAMORA representada por su Presidente D. Jose Antonio . contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Zamora de fecha 5 de noviembre de 2003 , en demanda promovida por DON Jose Augusto contra la Comunidad demandada y recurrente y contra los propietarios Da Edurne y DON Ricardo , Da Lorenza y D. Gaspar ; Da Teresa y D. Alfonso ; Dª Andrea y D. Carlos Miguel ; Da Elvira y D. Luis ; Dª Margarita ; Dª Virginia y D. Ernesto ; Dª Carina y D. Jesus Miguel ; Dª Lucía ; Dª Marí Juana y D. Carlos Francisco ; Dª Constanza y D. Matías ; Dª María Purificación y D. Jesus Miguel ; Dª Melisa y D. Romeo ; Dª María Antonieta y D. Jose Francisco ; Dª Rosa y D. Luis Enrique ; Dª Blanca ; Dª María Inés lA y D. Jose Francisco ; Dª Rosa y D. Luis Enrique ; DªBlanca ; Dª María Inés y D. Pedro Antonio ; Dª Filomena y D. Humberto ; Dª Inés ; Dª Silvia y D. Jose Luis ; Dª Flor ; D. Julieta y D. Juan Ramón ; Dª Alicia y D. Jose Manuel ; Dª Mónica y D. Miguel ; Dª Catalina y D. Gustavo ; Dª María Angeles ; D. Jose Antonio ; Dª Isabel ; y Dª Ángeles y Dª Inés sobre EXTINCION DE CONTRATO Y DESPIDO. Y con revocación de mencionada sentencia y con desestimación de la demanda iniciadora del proceso, declaramos la procedencia del despido objetivo del actor llevado a cabo en fecha 31 de marzo de 2002, condenando a la Comunidad demandada a que le abone en concepto de indemnización la suma de 134,44 euros, así como el importe del salario metálico del mes de preaviso en cuantía de 516 Euros".
CUARTO.- Por el Letrado D. José Fernández Poyo, en nombre y representación de D. Jose Augusto , preparó recurso de casación para la unificación de doctrina contra la meritada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid y emplazadas las partes se formuló en tiempo escrito de interposición del presente recurso aportando como contradictorias la sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, de 16 de junio de 1998, de 14 de julio de 1995 y de 22 de marzo de 2001, de Castilla La Mancha de 30 de septiembre de 1996 y de este Tribunal Supremo de 17 de julio de 1998 .
QUINTO.- Evacuado el trámite de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió el perceptivo informe, en el sentido de considerar el recurso procedente. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 19 de julio de 2005, en el que tuvo lugar.
PRIMERO.- Invocando el artículo 52, c) del Estatuto de los Trabajadores , el demandante solicitó la declaración de nulidad del acto extintivo de la relación laboral que mantenía con la parte demandada . El Juzgado de lo Social declaró la nulidad de tal medida, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración, considerando que la empresa había incumplido las exigencias formales previstas en el artículo 53, a) y b) de dicha ley estatutaria . El recurso de suplicación que interpuso la demandada fue estimado por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid y, con revocación del fallo de instancia, declaró la procedencia del despido objetivo del actor, condenando a la entidad demandada a abonar al trabajador la suma de 134,44 euros, como importe del salario en metálico del mes de preaviso. Contra dicha sentencia recurre en casación unificadora el demandante, señalando para el contraste una sentencia para cada uno de los motivos de que consta el recurso.
SEGUNDO.- Como es obligado, debemos comenzar contrastando las sentencias de referencia con la recurrida, para comprobar si concurre en cada motivo del recurso el requisito de la contradicción.
TERCERO.- Para llevar acabo ese juicio de contraste, es necesario partir de los hechos mas relevantes, que se constatan como probados en la resolución combatida, y que resumidamente se concretan en los siguientes:
1º. El demandante fue contratado por la comunidad de propietarios demandada el 3 de diciembre de 2001, en relación de duración indefinida en funciones de portero de la finca urbana, fijando la prestación económica en el importe del salario mínimo interprofesional y poniendo a su disposición una vivienda y plaza de garaje, sufragando la comunidad los gastos del suministro de agua y electricidad, por cuyo concepto se abonó en el año 2001 la cantidad de 248,21 euros.
2º. El 30 de marzo de 2002 se hizo entrega al trabajador de una carta, datada el 27 de dicho mes, por la que se le comunicaba la extinción de su contrato, con efectos de 31 de marzo de 2002, por causas económicas, organizativas y de producción, debido a que por la mayoría de los copropietarios de inmueble, en atención al importe económico que suponía el mantenimiento del portero, acordó la supresión del servicio de portería, por considerarlo innecesario, y que se abonaría al actor una indemnización de 515,90 euros, por los veinte días de preaviso correspondiéndole una indemnización por cese de 121,61 euros.
Consta en el cuarto de los hechos probados que "no está debidamente acreditado que la indemnización por cese se pusiera a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la carta".
3º. Presentada papeleta de conciliación, el 25 de abril de 2002 se celebró dicho acto en el que el representante de la comunidad reconoció la improcedencia del despido, ofreciendo una indemnización de 379,50 euros, a razón de 45 días de salario por año de servicio, que se cuantificó en un total de 607,06 euros mensuales, integrado por 516 euros en metálico y 91,06 en especie, más otros 526,29 euros en concepto de salarios de trámite. El mismo día en que se intentó la conciliación, la comunidad ingresó, a disposición del actor, las sumas ofrecidas, en la cuenta de consignaciones del Juzgado de lo Social.
CUARTO.- Para justificar la contradicción en cuanto al tema suscitado en el primer motivo del recurso, relacionado con los requisitos de la comunicación escrita al trabajador y su contenido, invoca la sentencia de 16 de junio de 1992 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en un supuesto similar al presente, declaró la nulidad de la extinción acordada por la empresa, debido a la insuficiencia de datos en la carta, pero la contradicción en este punto no es apreciable porque, en este supuesto se transcribe en los hechos probados lo que en tal comunicación escrita se decía, en tanto que la sentencia referente hace constar tan solo que la empresa "comunicó al actor su despido. La carta de despido consta en autos y se tiene aquí por reproducida", así es que se ignora su contenido, elemento necesario para el juicio de la comparación. Por eso fracasa el motivo.
En los motivos segundo y tercero del recurso de casación para la unificación de doctrina se dice que la empresa incumplió las obligaciones que le impone el artículo 53.1, b) del Estatuto de los Trabajadores , y para acreditar la contradicción acude a la sentencia de esta Sala de 17 de julio de 1998 (recurso 151/1998 ) y, en efecto, la contradicción existe en los elementos esenciales comparados. Como hemos dicho ya, en los hechos probados de la sentencia recurrida se dice que "no está debidamente acreditado que la indemnización por cese se pusiera a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la carta", y no obstante se declaró la procedencia del despido; la sentencia referente contempla un supuesto de extinción de la relación laboral por causas objetivas (económicas) "poniendo a su disposición las cantidades correspondientes, sin que hasta el momento de la interposición de la demanda se haya hecho efectivas dichas cantidades", y sobre la base de ese incumplimiento legal, consistente en la falta de puesta a disposición de los trabajadores las correspondientes sumas, aun en el momento de interponerse la demanda, pese a solicitase su entrega en la reclamación previa, y sin constancia de que lo hubiera hechos en momento anterior, se declaró la nulidad del despido analizado, de manera que a supuestos de sustancial identidad se dieron respuestas judiciales de signo contrario, quedando así acreditada la contradicción y abierto el cauce para el análisis y resolución del recurso de casación unificadora.
También concurre el mismo requisito procesal respecto de la cuestión relacionada con la insuficiencia de la cantidad ofertada y entregada al día siguiente de intentada la conciliación preprocesal; se ha seleccionado para este punto del debate la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de julio de 1995 , que abordó un supuesto en el que en la cantidad ofertada no se incluyó el importe del uso gratuito de la vivienda, como ocurrió en este caso, por lo que ambas sentencias comparadas, la recurrida y la referente, son contradictorias al resolver debates sustancialmente iguales de manera diferente, declarando la primera la procedencia del despido y la segunda su nulidad
Siendo suficientes las contradicciones apuntadas para resolver el recurso conforme a lo propuesto por el demandante, como seguidamente se razonará, lo que hace innecesario el análisis de la contradicción que se propone en los restantes motivos del recurso.
QUINTO.- De cuanto venimos diciendo se deduce que las causas alegada para declarar la nulidad de la extinción contractual acordada por la parte demandada son dos: la insuficiencia de la indemnización y la falta de puesta a disposición del trabajador de la indemnización correspondiente, a su debido tiempo.
Por lo que respecta al primer asunto, la resolución impugnada ha entendido que la comunidad demandada hizo ofrecimiento de entrega de la indemnización adecuada, pese a no haber incluido en su importe la estimación dineraria del uso de la vivienda, plaza de garaje y suministros de agua y energía, alegando al respecto que "al no estar concretado por acuerdo de los contratantes tal estimación, no podía exigirse su cuantificación unilateral por parte de la empleadora", y porque la diferencia entre lo ofertado y lo realmente debido no era relevante económicamente, acogiendo favorablemente las alegaciones de la empresa, pero los hechos probados conducen a otra conclusión. La Comunidad no puede aducir, en defensa de su postura, el desconocimiento del valor del salario en especie, pues en el momento del despido ofreció 515,90 euros por los 30 días de preaviso y 121,61 euros como indemnización, sin embargo, en el acto de conciliación, después de reconocer la improcedencia del despido, ofreció al demandante una indemnización de 607,06 euros, comprensiva del cómputo del salario en metálico y en especie, más los salarios de tramitación, de donde claramente se deduce que la omisión en que incurrió la demandada al comunicar su decisión extintiva, fue salvada en un ofrecimiento posterior a dicho momento, irrelevante a lo que ahora interesa, señal evidente de que conocía su importe.
No se ha puesto en duda que los servicios sufragados por la comunidad en favor del trabajador (uso de vivienda y garaje, suministro de agua y energía) integran el salario en especie, a tenor de cuanto dispone el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores . Constando en este caso que esa partida del salario no se tuvo en cuenta para calcular la indemnización, resulta incumplida la exigencia legal prevista en el artículo 53,1, b) de la propia ley estatutaria , con las consecuencias previstas en el número 4 del propio precepto.
SEXTO.- Con los argumentos del anterior fundamento de derecho bastaría para la estimación del presente recurso, pero aún se aprecia otro motivo que conduce a la misma conclusión: la falta de puesta a disposición del trabajador de la indemnización en el mismo acto en que se le comunica la decisión extintiva de la relación laboral.
Lo probado es que, a falta de constancia de tal ofrecimiento en el momento oportuno, en el acto de conciliación (día 10 de abril de 2002), la empresa reconoció la improcedencia del despido y ofreció al actor la indemnización, y ese mismo día la ingresó en la cuenta de consignaciones del Juzgado, a disposición del actor, es decir, la puesta efectiva de la indemnización a disposición del actor se materializó 13 días después de la entrega de la comunicación escrita. El incumplimiento de las exigencias formales previstas en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores es bien evidente, y ante tal situación esta Sala ha declarado en sus sentencias de 11 de junio y 20 de noviembre de 1982, 2 de octubre de 1986, 29 de abril de 1988 y en la señalada para el contraste, "que el mandato legal sólo puede entenderse cumplido si, en el mismo acto en que el trabajador se sabe despedido y sin solución de continuidad, sin precisión de otro trámite ni cualquier quehacer complementario, él dispone efectivamente del importe dinerario a que asciende la indemnización que la ley le confiere". Puesto que el empresario no dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores , la decisión extintiva será nula (número 4 del propio precepto).
El defecto apuntado de falta de puesta a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, no resultó subsanado por la posterior actuación de la demandada, consistente en reconocer en el acto de conciliación la improcedencia del despido, ofreciendo en tal acto la indemnización correspondiente a un despido disciplinario e ingresando en la cuenta del Juzgado su importe el mismo día.
La anomalía analizada no es susceptible de subsanación posterior al acto del despido, y no consiente otras excepciones que la prevista en el artículo 53. 1, b), párrafo segundo, del Estatuto de los Trabajadores para el caso, que no consta sea el presente, de que como consecuencia de su situación económica no puede poner a disposición del trabajador la indemnización legal, haciéndolo constar en la comunicación escrita, dato también desconocido ahora.
SÉPTIMO.- Las anteriores razones demuestran que la doctrina correcta es la que aplican las sentencias referentes, y puesto que la sentencia de instancia declaró la nulidad del despido objetivo, por incumplimiento de las exigencias formales, procede, de conformidad con el razonado dictamen del Ministerio Fiscal, estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, para casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate en trámite de suplicación, desestimar el recurso de tal clase interpuesto por la comunidad de propietarios demandada, sin especial pronunciamiento sobre costas.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Jose Augusto , contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, sede de Valladolid, de fecha 27 de enero 2004 . Casamos y anulamos dicha sentencia y, resolviendo el debate en trámite de suplicación, desestimamos el recurso de tal clase interpuesto por la comunidad de propietario demandada, sin pronunciamiento sobre las costas.

References: Artículo 1251
 Artículo 12
 Artículo 16
 Artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 1796
 Artículo 524
 Artículo 1809
 artículo 1802
 artículo 1796
 artículo 152
 artículo 1247
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 167
 artículo 41
 artículo 167
 artículo 14
 artículo 35
 artículo 55
 artículo 372
 artículo 89
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 12
 artículo 89
 Artículo 24
 artículo 167
 artículo 1
 artículo 167
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 167
 artículo 12
 artículo 217
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 53
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53