Source: http://archivodeinalbis.blogspot.com/2017/07/
Timestamp: 2018-06-24 18:55:05+00:00

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Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía: julio 2017
El Tribunal Constitucional español sólo se ha pronunciado a cerca del arte de lidiar toros, que diría la RAE, en una única resolución: la sentencia 177/2016, de 20 de octubre; cuando tuvo que resolver el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular y declaró inconstitucional y nulo –por incurrir en un exceso en el ejercicio de las competencias autonómicas que invade o menoscaba las que el Art. 149.2 de la Constitución Española (CE) otorga al Estado– el Art. 1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, que modificó el Art. 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales (Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril) para prohibir, en el ámbito de esta comunidad autónoma, las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros. Sólo quedaban excluidos de esa prohibición las fiestas con toros sin muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran.
Para nuestro órgano de garantías –de acuerdo con el fundamento jurídico sexto de la STC 177/2016– la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país (…). Las corridas de toros son una actividad con múltiples facetas o aspectos que explican la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en su regulación, lo que no es sino consecuencia de su complejo carácter como fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial, ya que participa de todos estos matices o aspectos. No obstante, en lo que ahora importa, para resolver la primera queja planteada por los recurrentes, lo que debemos examinar es si la norma autonómica, al prohibir las corridas de toros y otros espectáculos taurinos similares, constituye un adecuado ejercicio de las competencias autonómicas sobre espectáculos públicos o, por el contrario, se extralimita de modo contrario al orden constitucional de distribución de competencias, vulnerando por menoscabo las competencias estatales en materia de cultura con las que se relaciona necesariamente atendiendo a la específica naturaleza del espectáculo del que se trata. (…) Con posterioridad a la promulgación de la Ley autonómica impugnada, se aprobó por el Estado la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural “digno de protección en todo el territorio nacional” que establece un deber de protección y conservación de la tauromaquia; diversas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración general del Estado y el principio de participación y colaboración entre las Administraciones públicas.
La [mencionada] Ley 18/2013 define la tauromaquia como “el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español” —y, por extensión, toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma— (Art. 1) que, como tal, “forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia” (Art. 2). La preservación de la tauromaquia como patrimonio cultural pasa por la imposición del deber a los poderes públicos de garantizar la conservación y promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el Art. 46 CE (Art. 3), a través de las medidas específicas que contemplan tanto la Ley 18/2013 como la Ley 10/2015 [de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial]. De lo anterior se deduce que el Estado, en el ejercicio, entre otras, de sus competencias derivadas del Art. 149.2 CE, ha adoptado un conjunto de normas, no controvertidas competencialmente ante este Tribunal, de las que se infiere que el Estado ha declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural.
Así las cosas –señala el fundamento séptimo–, la consideración de la tauromaquia, y, por tanto, de las corridas de toros, como patrimonio cultural inmaterial español que operan las leyes estatales antes citadas podría discutirse desde el punto de vista de la opción tomada por el legislador pero, en la perspectiva que nos es propia, no puede considerarse un ejercicio excesivo de las competencias que corresponden al Estado en materia de cultura (Art. 149.2 CE), sin que tampoco tales decisiones hayan sido discutidas antes este Tribunal. No altera la anterior conclusión, la existencia de rechazo, desafección o desinterés de parte de la población respecto a este espectáculo. En este momento, el hecho que la aceptación de ese carácter no sea pacífico, no priva a las corridas de toros, en la decisión del legislador estatal, de su carácter cultural pues, existiendo en la realidad social española, el Estado contribuye así a su conservación mediante una acción de salvaguarda de una manifestación subyacente que entiende digna de protección en tanto que integrada en el genérico concepto constitucional de cultura, cuya salvaguarda incumbe a todos los poderes públicos en el ejercicio de sus respectivas competencias.
(…) la norma autonómica, al incluir una medida prohibitiva de las corridas de toros y otros espectáculos similares adoptada en el ejercicio de la competencia en materia de espectáculos, menoscaba las competencias estatales en materia de cultura, en cuanto que afecta a una manifestación común e impide en Cataluña el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural, ya que, directamente, hace imposible dicha preservación, cuando ha sido considerada digna de protección por el legislador estatal en los términos que ya han quedado expuestos.
En cuanto al Tribunal Supremo, de forma más tangencial, la sentencia 63/2017, de 18 de enero [ECLI:ES:TS:2017:63] –teniendo en cuenta aquella resolución del Tribunal Constitucional– ha resuelto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, reiterando que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. Y añade: El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada –por algunos– con una finalidad de reivindicación de lo español.
Cuadros: superior: Hubertine Heijermans | Pepín Liria en el ruedo (s. XX); inferior: Pablo Picasso | La corrida (1934).
En el siglo XIX aparecieron las primeras organizaciones internacionales como respuesta a la necesidad de cooperar en la gestión de ciertos espacios naturales y en ámbitos científicos técnicos abiertos a la actividad humana por la segunda revolución industrial [1]. En el primer caso podemos citar a la pionera Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR), que se constituyó el 24 de marzo de 1815, como apéndice 16 B del documento que se firmó en el Congreso de Viena (Austria); y a la Comisión Europea del Danubio creada por el Tratado de Paz de París (Francia), de 1856. En cuanto al segundo ámbito, las primeras organizaciones de carácter científico-técnico fueron la Unión Telegráfica Internacional, fundada en la capital francesa el 17 de mayo de 1865; la Unión Postal Universal, establecida en Berna (Suiza), el 9 de octubre de 1874; y la Oficina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril (OCTI), creada también en la capital helvética el 14 de octubre de 1890. Pero –como afirma el profesor Pons Rafols [2]– estas entidades (…) no disponían de funcionarios internacionales. Las personas que llevaban a cabo las funciones de las citadas agencias eran o bien funcionarios del país anfitrión o bien funcionarios destacados por los gobiernos de los Estados. Entonces, ¿cuándo surgió la denominada función pública internacional? Para el catedrático de la Universidad de Barcelona no será hasta la creación de la Sociedad de las Naciones que se irá configurando la existencia de un colectivo de personas al servicio de la administración internacional que serán funcionarios internacionales.
En su novela Identidad desconocida [Barcelona: RBA, 2008, p. 36], la escritora floridana Patricia Cornwell recrea la siguiente conversación por el radiotransmisor de un coche patrulla: Diez-cinco Rene Anderson -dijo Marino-. No sé su número de unidad. Dígale que, si no le molesta, nos haría mucha ilusión que los chicos de la unidad de traslado se pasaran por aquí (...) Radio -añadió luego- si Anderson es un diez-dos, diez-diez, diez-siete o digamos un diez-veintidós, vuelva a llamarme. Un montón de policías conectaron sus micrófonos; era su manera de darle ánimos. Diez-cuatro, Unidad 9 -dijo la operadora.
Por si quedaba alguna duda sobre su carácter, el Art. 6 de la Convención establece que: Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación. A día de hoy, ha sido ratificada por 82 Estados [**].
Palabras sueltas (XXI): mostrenco, cunero y pucherazo
En la entrada que le dedicamos al robo del Tesoro del Delfin ya tuvimos ocasión de comentar que esta pinacoteca madrileña se inauguró en 1819, diez años después de que José I Bonaparte la creara mediante el decreto de 20 de diciembre de 1809. Desde entonces –como recuerda, con detalle, la exposición de motivos de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado– A lo largo de su historia, y con el fin de cumplir con su alta misión [se refiere a conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las colecciones y obras de arte que, estrechamente vinculadas a la historia de España, constituyen una de las más elevadas manifestaciones de expresión artística de reconocido valor universal], el Museo Nacional del Prado se ha dotado de un conjunto de sucesivas disposiciones estatutarias, de elevado rigor técnico para su época, que han otorgado a esta institución una tradición y una identidad propias en su régimen de gobierno, administración y funcionamiento. Entre ellas merecen especial mención el Real Decreto de 7 de junio de 1912, que creo el Patronato del entonces llamado «Museo Nacional de Pintura y Escultura»; el Real Decreto de 4 de mayo de 1920, por el que pasó a denominarse «Museo Nacional del Prado», y aprobó el Reglamento de régimen y funcionamiento del Museo vigente hasta 1985, y el Real Decreto Ley de 4 de abril de 1927, que le otorgó personalidad jurídica propia y autonomía funcional, naturaleza que conservó hasta que, por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de agosto de 1968, pasó a integrarse en el Patronato Nacional de Museos. Finalmente, de acuerdo con el reconocimiento de esta singularidad propia de la primera pinacoteca, el artículo 87.2 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, determinó la constitución del Museo como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. Bajo esta figura jurídica y administrativa se ha desarrollado en las últimas dos décadas el primer impulso modernizador del Museo, favoreciendo la profesionalización y mejora de sus unidades y servicios (…).
La mencionada Ley 46/2003, de 25 de noviembre, perfiló, de manera sumaria, las líneas generales del nuevo marco jurídico del Museo Nacional del Prado. Este nuevo régimen planteó básicamente el siguiente modelo jurídico-organizativo: a) Un régimen jurídico de derecho público, con posibilidad de actuación en el marco del derecho privado, sometiéndose, en todo caso, a las disposiciones de la Ley General Presupuestaria y demás normas aplicables. b) Un régimen de personal basado en el derecho laboral, que se inspirará en los principios de mérito y capacidad. c) Un régimen de contratación sometido a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con la posibilidad, prevista en el artículo 1.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de contratación para las actividades comerciales del Museo, sometiéndose a los principios de publicidad y concurrencia. d) Un régimen presupuestario específico, cuya estructura será determinada por el Ministerio de Hacienda, para facilitar la gestión presupuestaria y permitir la aplicación de los recursos financieros propios a las actividades del Museo.
Para desarrollar esta normativa, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado: el museo mantiene su carácter inequívocamente público, sus fondos son de dominio público y se somete a todos los controles típicos que ejerce la Administración General del Estado sobre sus organismos públicos vinculados o dependientes, sean éstos de tipo financiero, presupuestario, de personal o de los bienes administrados. Este reglamento contiene la determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, sus funciones y competencias, el régimen relativo a los recursos humanos, el patrimonio y la contratación, así como su régimen presupuestario, de control financiero y de contabilidad. Su actual redacción se modificó por el Real Decreto 1713/2011, de 18 de noviembre.
Antes del siglo XVIII, algunos grandes juristas como Francisco de Vitoria, Alberico Gentili, Hugo Grocio, Samuel Pufendorf o Jean Barbeyrac habían asesorado a los gobiernos de diversos países europeos en asuntos vinculados con el Derecho Internacional, pero fue a partir de entonces cuando los Estados del Viejo Continente comenzaron a contar con asesoramiento de naturaleza jurídica para dar soporte adecuado a su actividad diplomática, como ha señalado Martín y Pérez de Nanclares [1]. Según el catedrático de la Universidad de Salamanca, probablemente sea en Francia donde por primera vez se creo la figura del jurisconsulto en asuntos extranjeros (1722). No obstante, en realidad, es durante el siglo XIX cuando, a partir del Congreso de Viena (1814-1815) y la creación de las primeras cátedras universitarias de Derecho Internacional en sentido propio (separado definitivamente del Derecho natural), las asesorías jurídicas comenzaron a conformar sus perfiles propios, especialmente en Francia, donde Louis Renault fue nombrado asesor jurídico del Ministro de Asuntos Exteriores en 1890, y, sobre todo, en el mundo anglosajón. Así, Estados Unidos creó en 1848 la figura del Claims Clerk encargada de prestar asesoramiento jurídico al Departamento de Estado (...) y el Reino Unido lo hizo en 1886. Posteriormente, otros Estados europeos fueron creando puestos de asesor jurídico internacional durante la primera mitad del siglo XX, como fue el caso de Canadá (1913), Países Bajos (1919), Suecia (1920) y así sucesivamente. Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XX cuando, además de la reorganización de asesorías relevantes como la alemana, la labor de asesoramiento jurídico de los gobiernos occidentales en materia de Derecho Internacional protagonizó su impulso definitivo en los términos que hoy conocemos (...).
En España, el origen de esta asesoría se remonta a la II República, cuando la Gaceta de Madrid nº 104, de 13 de abril de 1932, convocó un concurso para cubrir en este Ministerio [de Estado] la plaza de Asesor en cuestiones jurídicas internacionales, retribuida con el sueldo de 12.000 pesetas anuales, según se determina en la vigente ley de Presupuestos. Con ese precedente, en plena Guerra Civil, el Art. 2 del Decreto de 16 de febrero de 1938 creó la actual Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Hoy en día, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) define su Asesoría Jurídica Internacional (AJI) como el órgano asesor de la Administración General del Estado en materia de Derecho Internacional. Fue creada en 1938 como órgano adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y está integrada por diplomáticos y profesores que desarrollan su labor asesora sobre todos los sectores y núcleos de problemas del Derecho Internacional, destacando los relacionados con el Derecho de los tratados, el Derecho del mar, el arreglo jurisdiccional de controversias, el Derecho internacional privado y el Derecho diplomático y consular [*].
En 2014, con ocasión del LXXV aniversario de la AJI, el que fuera Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, resumió así su labor: Durante sus 75 años de existencia, la AJI ha emitido más de 18.000 informes en los que ha tenido oportunidad de tomar posición en temas que afectan a casi todas las ramas del Derecho Internacional, por su naturaleza, en permanente evolución (...). La AJI hace, sin embargo, mucho más de lo que la normativa en vigor le atribuye como función. Quienes tenemos contacto directo con ella de manera frecuente podemos confirmar que el ámbito material en el que opera hoy una Asesoría Jurídica Internacional supera con creces las fronteras clásicas del asesoramiento en Derecho Internacional. Con todo, la AJI se hace imprescindible en el MAEC no sólo por el valor que aporta con su asesoramiento técnico jurídico en respuesta a los posibles problemas jurídicos que una realidad internacional cada vez más global y compleja plantea. La capacidad de influir de la AJI está también en su habilidad para adelantarse a los problemas y, especialmente, en su capacidad para armonizar su condición de «conciencia jurídica» del MAEC, con la de hábil mullidor de la solución que, en el marco de lo admisible jurídicamente, mejor se adecúe a la defensa de los intereses de España. Como bien indica el Profesor Martín y Pérez de Nanclares (...), se trata “de hacer factible lo jurídicamente posible y fijar con claridad los límites de lo jurídicamente inaceptable”.
Cita: [1] MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. “La labor de asesoramiento jurídico internacional al gobierno: el papel de la AJI”. En: AA.VV. España y la práctica del derecho internacional. LXXV Aniversario de la Asesoría Jurídica Internacional del MAEC [**]. Madrid: MAEC, 2014, pp. 11 y 12. [2] Ob. cit. pp. 7 a 9.

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 87
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto