Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2012/02/
Timestamp: 2018-01-18 13:59:05+00:00

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POLITICA Y DERECHO: febrero 2012
EL "ACARREO" DIGITAL
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 7:02 No hay comentarios:
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:48 No hay comentarios:
SOBRE CONSTITUCIONALIZACIÓN
I. De acuerdo con Riccardo Guastini, por “constitucionalización del ordenamiento jurídico” podemos entender un proceso de transformación de éste, al término del cual “resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales”, porque la ley fundamental resulta “extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales”.
La diferencia entre un ordenamiento “constitucionalizado” y otro que no lo está consiste en que en el último la Constitución, si tuviera algún carácter normativo, está limitada a ser un mero catálogo de restricciones a la actuación estatal, funge como un “orden marco” que sólo es operativo al transgredirse claramente los límites prohibitivos que descriptivamente establece; y en el primero, en cambio, resulta ser un “orden fundamental” que impone realizar determinadas acciones y ya no sólo abstenciones al Estado y aun a las personas privadas. Así, la “constitucionalización” no puede explicarse por la sola supremacía jurídica de la ley fundamental, sino también procede de otros factores.
La rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son, nuevamente siguiendo a Guastini, los primeros elementos que contribuyen a este fenómeno. Para que su contenido pueda permear al resto del ordenamiento, es preciso que la Constitución no pueda alterarse por medios ordinarios; y para asegurar la objetividad de su significado y su aplicación, se requieren los elementos institucionales y procedimentales que caracterizan al diseño y el ejercicio del poder judicial, de los que carecen los órganos netamente políticos.
También hay elementos menos obvios que anota el citado profesor italiano, aunque otros autores usan diferentes términos:
1) Fuerza vinculante de la Constitución . El proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la carta fundamental. Desde luego, su fuerza normativa dependerá en mucho de la forma en que estén redactadas, de los alcances interpretativos que les haya dado la jurisdicción constitucional y de los ejercicios analíticos que hagan los teóricos; pero de lo que no debe quedar duda es que las normas constitucionales son, ante todo y sobre todo, normas jurídicas aplicables y vinculantes. Esto es particularmente relevante para las llamadas “disposiciones programáticas” —como las que expresan los derechos sociales— que tradicionalmente se vieron como simples programas de acción política o catálogos de recomendaciones a los poderes públicos, a las que hoy se les reconoce un “contenido mínimo” como ha expresado el Tribunal Constitucional español (STC 15/1981, F.J. 8).
2) “Sobreinterpretación” constitucional. Esta modalidad hermenéutica consiste en otorgar a un texto unsignificado ulterior al que originalmente previera su autor, y por eso supera la lectura meramente literal y adopta una calidad extensiva. A través de este tipo de interpretación se pueden extraer del texto constitucional innumerables normas implícitas, idóneas para regular casi cualquier aspecto de la vida social y política, y por ende también para condicionar de forma muy incisiva el contenido de una parte del ordenamiento jurídico. Apunta Guastini que cuando la Constitución es sobreinterpretada no quedan espacios vacíos o indiferentes al derecho constitucional: toda decisión jurídica está prerregulada (quizás aún, minuciosamente regulada) por una u otra norma constitucional.
3) Aplicación directa de las normas constitucionales. Esta condición para la constitucionalización del ordenamiento jurídico tiene que ver con dos cuestiones: a) el entendimiento de que la Constitución rige también a las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido solamente a las autoridades u órganos públicos; y b) que todos los jueces pueden aplicar la Constitución, incluso sus normas programáticas o de principio. Estos dos aspectos no se encontraban en el constitucionalismo clásico, pero se han ido conquistando de forma paulatina en los años recientes tanto por la doctrina como por la jurisprudencia constitucionales.
4) Interpretación conforme de las leyes. Guastini apunta que esta condición no tiene que ver con la interpretación de la Constitución, sino con la interpretación de la ley. La interpretación conforme se da cuando, al tener la posibilidad un juez de aplicar a un caso concreto la interpretación X1 de una ley o la interpretación X2, opta por la que sea más favorable para cumplir de mejor forma (de manera más completa) con algún mandato constitucional. Desde luego, la “interpretación conforme” también significa que, ante una interpretación de la ley que vulnera el texto constitucional u otra interpretación de la misma ley que no lo vulnera, el juez debe preferir ésta.
5) Influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. La última de las condiciones de constitucionalización del ordenamiento a las que se refiere Guastini consiste en una pluralidad de elementos entre los que se pueden mencionar los siguientes: a) que la Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado (incluso entre órganos de los diversos niveles de gobierno en los Estados que sean federales o regionales), que permita a un órgano jurisdiccional resolverlos aplicando normas constitucionales; b) que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asuman actitudes de self-restraint frente a lo que en alguna época se ha llamado las “ political questions”, sino que todos los espacios del quehacer público del Estado sean conducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional; y c) que las normas constitucionales sean utilizadas por los principales actores políticos para argumentar y defender sus opciones políticas o de gobierno.
La exposición anterior corrobora que esta “penetración” del derecho constitucional en el ordinario y en el proceso político no sólo implica la simple supremacía constitucional sino también, como afirman Schuppert y Bumke, “se relaciona con el desarrollo de las funciones constitucionales y con la concepción constitucional de los actores participantes”. Y así la constitucionalización adquiere una dimensión ideológica y no sólo una metodológica: la plena eficacia normativa de la ley fundamental requiere que tienda a ella la actuación de los poderes públicos —en especial los jurisdiccionales— y aun también de la de los particulares en tanto la Constitución busca regir la totalidad de la vida social y no sólo la actividad estatal; según la atinada fórmula de Konrad Hesse, ella necesita de una “voluntad por la Constitución ( Wille zur Verfassung)”, un impulso cultural de buscar el máximo grado su cumplimiento y la satisfacción de sus objetivos, por su reconocimiento como “factor de legitimidad política e integración social”.
II. BIBLIOGRAFÍA: Barroso, Luís Roberto, El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del derecho, México, UNAM, 2008; Carbonell, Miguel (editor), Neoconstitucionalismo(s), 4ª edición, Madrid, Trotta-UNAM, 2009; Carbonell, Miguel (editor), Teoría del neoconstitucionalismo, Madrid, Trotta, 2007; Ferrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, 2ª edición, Madrid, Trotta, 2010; Guastini, Riccardo, “La ‘constitucionalización’ del ordenamiento jurídico: el caso italiano” (trad. de José Ma. Lujambio) en Carbonell, Miguel (editor), Neoconstitucionalismo(s), 4ª edición, Madrid, Trotta-UNAM, 2009; Guastini, Riccardo, Estudios de teoría constitucional, 3ª edición, México, Fontamara-UNAM, 2007; Sánchez Gil, Rubén, Constitucionalización: influencia de las normas fundamentales sobre contenido y validez del derecho ordinario, México, Porrúa, 2006.
LA DISCRECIÓN PRESIDENCIAL
El pasado jueves el presidente Calderón presentó los resultados de una encuesta de preferencias electorales ante los consejeros de Banamex. Horas después hubo una intentona de desmentido por parte de la oficina de Los Pinos y, más tarde, el PAN confirmó la existencia de la encuesta de marras. Más allá de la calidad del control de daños, el hecho es que se sembró la sensación de que existió una conducta indebida por parte del titular del Ejecutivo.
Por supuesto que ahora tocará a las autoridades determinar si en efecto estamos ante un acto merecedor de sanción o simplemente ante una imprudencia. El IFE, y en su caso el TEPJF, dibujarán los contornos de la eventual violación a la ley y, si es el caso, su posible sanción.
Pero más allá de esas valoraciones y de cómo se hayan enderezado las quejas, me parece que estamos frente a un hecho que tiene poco de incidental, y acaso bajo esa óptica habría que analizarlo. Reitero, más allá de las posibles sanciones hubo la intención de dar a conocer los resultados de una encuesta que generara la percepción de que los próximos comicios presidenciales serán muy competidos. Aunque dicha encuesta se distancie mucho de lo que las otras mediciones reporten, que sea el titular del Ejecutivo quien dé a conocer esas cifras le confiere a esa encuesta otro valor, otro significado. Esa fue la intención.
A partir de que los resortes litigiosos se han activado en todos los partidos de oposición, ha habido voces que reclaman el derecho del Presidente de opinar. Me parece bien dar ese debate —cuáles debieran ser los contornos de actuación de las autoridades en el marco de la contienda electoral—, pero estoy cierto de que estamos a destiempo.
La reforma electoral de 2007-2008 estableció, desde la Constitución, ciertas restricciones al accionar de los servidores públicos. Infortunadamente, el legislador no dotó a esa reforma de una ley reglamentaria y ha sido por la vía de los hechos como las autoridades han ido avanzando para darle precisión a la norma genérica. En todo caso, fue el fantasma de la indebida participación del presidente Fox en los comicios de 2006 uno de los motivos centrales para enderezar el nuevo texto constitucional. Ese marco, por más difuso que parezca el principio de no intromisión en los procesos electorales, debiera ser la nueva guía de acción. Después podemos revisitar la norma, pero ahora simplemente hay que aplicarla y acatarla.
Es en ese sentido que me llama la atención el acto de Calderón del jueves. Hay dos precedentes que, me parece, le podrían ser útiles. En 2000, lo que tuvimos fue un Ejecutivo discreto y un IFE en el esplendor de su prestigio; el resultado fue espectacular en términos de una consolidación institucional que pudo soportar la alternancia política sin sobresaltos. En 2006 se extrañó la discreción del Ejecutivo, y el IFE no vivía su momento de gloria; los resultados hoy los seguimos padeciendo. Ojalá que en este proceso de 2012 el presidente Calderón valore la discreción y el momento que viven las reglas e instituciones electorales. A todos conviene.
PARA ENTENDER EL COFIPE
Antes de la reforma electoral 2007-2008, el Cofipe determinaba plazos diferentes para el registro de candidatos: presidente de la República, del 1o. al 15 de enero; senadores de mayoría, del 15 al 30 de marzo; diputados de mayoría, del 1o. al 15 de abril; senadores plurinominales, del 1o. al 15 de abril, y para diputados plurinominales, del 15 al 30 de abril.
El anterior Cofipe establecía que las campañas electorales iniciarían "a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva".
El efecto de esas normas era que la campaña presidencial daba inicio el 19 de enero; la de senadores de mayoría el 3 de abril; la de senadores plurinominales y diputados de mayoría el 19 de abril, y la de diputados plurinominales el 4 de mayo.
En 2006, cuando los candidatos a senadores de mayoría iniciaron campaña, los candidatos presidenciales ya habían consumido 74 días del periodo total de su propia campaña; en tanto que los candidatos a diputados plurinominales tuvieron que esperar 106 días para aparecer y participar en actos con su respectivo candidato presidencial.
La diferencia de plazos y fechas límite provocó que cada partido decidiera cuándo designar a sus candidatos a diputados y senadores, procurando agotar los plazos para frenar el transfuguismo; lo que en la práctica tenía pocos resultados. La comprobación y fiscalización de los ingresos y gastos de campaña se complicaba en extremo, ya que la diferencia de periodos de campaña daba lugar a maniobras de encubrimiento o falsificación. Por ejemplo, gastos realizados para los candidatos presidenciales eran registrados como si hubiesen correspondido a los candidatos a diputados y senadores.
El problema más fuerte empezó cuando la SCJN determinó que la "precampaña electoral forma parte del sistema constitucional electoral" (2004) y por tanto el IFE y el TEPJF empezaron a resolver quejas y juicios por actos anticipados de campaña, casi siempre en contra de precandidatos o candidatos a diputados y senadores que, antes de tiempo, aparecían en actos de campaña de sus respectivos candidatos presidenciales. El Cofipe entonces vigente no consideraba esos actos anticipados como falta, ni tenía sanciones al respecto. Fue con base en la jurisprudencia de la Corte y las sentencias del TEPJF que el IFE empezó a sancionar tales conductas.
Fueron esos hechos los que motivaron al Congreso de la Unión a poner orden en el calendario electoral. Lo primero fue establecer plazos comunes para las precampañas y campañas (60 días para las primeras y 90 para las segundas); lo segundo fue dictar normas y plazos para la realización de los procesos de selección de candidatos y precampañas; lo tercero, fijar un plazo único de registro de candidatos ante el IFE, y por tanto una fecha común para el inicio de campaña de todos los candidatos.
Sujetar a la ley a los aspirantes y precandidatos tuvo como corolario darles vías y plazos para presentar sus quejas y obtener justicia ante la violación de sus derechos, y para eso se requiere que ellos, los partidos y el TEPJF, cuenten con tiempo. Por ello, entre el fin de la selección de candidatos y el inicio de registro de los mismos media un plazo de 14 días.
Lo más importante, sin embargo, es considerar que si la decisión fue que las campañas tengan un plazo único, común para todos los candidatos, antes de su inicio no debe haber actos de campaña; tolerar lo contrario sería retroceder, no a lo que teníamos hasta 2006 en el Cofipe, sino a la ley de la selva, de forma tal que cada candidato haga lo que quiera, como quiera y en donde quiera.
En todos los sistemas electorales existen plazos para hacer campaña, y hasta Perogrullo entiende que antes no se vale hacerlas; la singularidad mexicana es que las precampañas, y en general la selección de candidatos, están sujetas a control jurisdiccional y que por esa condición debe mediar un plazo para resolver litigios de esa etapa.
Si alguien propone que las campañas den inicio al día siguiente de que los candidatos sean confirmados por sus partidos, tendrá que hacerse cargo que eso implica negar a los precandidatos perdedores el acceso a la justicia, así como abrir la puerta al desorden en el inicio de las campañas.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:39 No hay comentarios:
Cada año, al concluir la primera quincena de febrero, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio antepasado (ahora se trata de la del 2010) se desatan las denuncias de los partidos de oposición y los escándalos mediáticos por el gran número de irregularidades detectadas.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:23 No hay comentarios:
ENCUESTAS: CUANDO FRACASA LA AUTORREGULACIÓN
Nadie, ninguno de los partidos nacionales, pero tampoco nadie en el gremio de opinión pública, se ha sentido con la obligación de explicar lo que ocurrió aquella noche fatídica, el 13 de noviembre, en Michoacán.
La idea deliberada era generar ruido, confusión, cuánta mas y mejor. Los tres candidatos a la gubernatura (del PAN, del PRD y del PRI) en el lapso de 35 minutos, después de cerradas las casillas, en la noche neurótica de la elección, salieron a la palestra con su encuesta bajo el brazo, cada una respaldando su muy particular y respectivo triunfo.
Es imperdonable que partidos de esa importancia, peso y financiamiento público se presten a estrategias tan groseras y desfachatadamente falsas; pero también es sorprendente que desde el gremio de la demoscopia, no hayamos tenido una reconstrucción de lo que pasó, una mínima explicación, un deslinde de responsabilidades para que los profesionales serios, marquen la frontera que los separa de los charlatanes.
¿Quiénes y porqué se equivocaron tan flagrantemente? ¿Cómo es posible que tuviéramos resultados validados o permitidos por empresas, favorables para cada cliente? ¿Nos conformamos con la burda razón de mercado –todo se vale si el cliente lo paga- o es necesario que desde los propios profesionales se imponga una vara más alta a la eficacia de la acción gremial? ¿Habremos llegado al punto de quiebre, al límite y fracaso del modelo de la autorregulación?
Michoacán es un episodio extremo, pero no es el único. Desde el año 2010, en el curso de las elecciones locales, hemos visto crecer varias patologías que no anuncian nada bueno para el proceso electoral de este año: publicación masiva, una cuarta parte de los “estudios demoscópicos” de entonces, presentados al respetable, sin firma, metodología ni responsable; “encuestas” que han errado hasta por un diferencial récord de 24 por ciento y, lo más preocupante, la práctica creciente que hace pasar por encuesta, propaganda disfrazada, los ahora conspicuos, push-polls.
Son varios pasos hacia atrás en relación al contexto político y profesional que se había construido desde 1994. Poco a poco, las encuestas se habían convertido en instrumento de certidumbre y de confianza colectiva, emancipándose, precisamente, de las prácticas de mercachifles, de la ausencia de reglas públicas, códigos profesionales y falta de ética gremial.
Todos –autoridades, partidos, candidatos, empresas de opinión pública, medios de comunicación- parecían haber comprendido que el río revuelto de las jugarretas y la confusión, a la larga, erosiona no solo el juego electoral, sino que acaba minando el prestigio mismo del negocio demoscópico.
Y es que la importancia de las encuestas no ha hecho más que crecer en los últimos años. En dos décadas se construyó un vigoroso mercado abierto bien acreditado del que depende una opinión pública alerta y necesitada de información, permanentemente. Tanto es así, que las encuestas son ya una palanca recurrida casi siempre para la toma de decisiones, incluso dentro de los propios partidos.
Si a la mitad de los años ochenta, las encuestas electorales eran vistas con desdén y aún con profunda incredulidad, en los últimos diez años, ya no queda actor político significativo que no reconozca el carácter irremplazable de la información contenida en ellas. Es todo un síntoma de maduración: no quedan dudas acerca de la eficacia de los sondeos de opinión como instrumentos para el conocimiento de los humores públicos.
Todo esto había permitido que las leyes electorales federales se volvieran cada vez más livianas, menos onerosas, más flexibles, precisamente porque se creía y se apostaba al propio mercado y a los profesionales del ramo, a que sus fuerzas podrían conducir el desarrollo de sus trabajos, acotando y poniendo en su lugar a la información no científica, no válida, no acreditada, por puro interés propio.
Pues bien: desde 2010, al menos, esto ha ocurrido a medias y Michoacán confirmó y amplificó el problema a niveles pocas veces visto.
Porque las encuestas y sus empresas no son convidados de piedra en el proceso electoral, mucho menos en un contexto dominado por los medios masivos de comunicación, listo para propagarlas.
El sociólogo Robert K. Merton lo sabía muy bien: “...la difusión del cuadro de preferencias de ‘los demás’ contribuye tendencialmente a modificarlas. Una parte de los electores, condiciona su voto en función del conocimiento que tiene de las preferencias de los demás”. O para decirlo con un clásico de la encuestología, Herbert Hyman: “A medida que los ciudadanos aprenden a usar su voto....aprenden a no sólo en función de si mismos sino en función del voto de los otros”.
Si no les gusta el Código Electoral mexicano, pueden voltear a ver democracias más desarrolladas, como la francesa, que ha llegado a esta conclusión: “Las encuestas constituyen un elemento de innegable eficacia persuasiva, tienen impacto en las intenciones del voto de franjas importantes....su papel ya no es meramente auxiliar o medial”. (Declaración del Consejo Constitucional francés, 25 de mayo de 1974).
En mayor o en menor medida, las encuestas inciden en el cuerpo electoral, y es natural que lo hagan. En cambio, lo que resulta reprobable es que nuestras encuestas no sirvan para crear el piso mínimo de confianza, los elementos que posibiliten a electores y partidos no asistir a la elección, a sus resultados, a ciegas.
Como cualquier otro artículo de mercado, la gente debe saber su estándar de calidad; el consumidor debe conocer que encuestas cumplen con las normas mínimas de fiabilidad y cuales no. En México, ninguna de las encuestas cuenta con póliza de garantía, por que no hay quien las emita.
Espero que el evento de mañana, organizado por la AMAI, sirva para reforzar la conciencia de responsabilidad pública del gremio. Una vez que sus productos, que sus encuestas, son difundidas, alcanzan un estatuto superior, más allá del negocio particular y se convierten en un asunto público, que afecta o impacta a miles y al prestigio y seriedad del gremio. La calidad de las encuestas publicadas se vuelve así, un asunto de interés general.
En una competencia dura, cerrada, en una que sube de tono, la discordia suscitada por arrojar al público una encuesta mal hecha, contribuye a envenenar el ambiente y erosionar la confianza, justamente cuando más se necesita.
Para muchas otras cosas, la AMAI y su gremio ha demostrado ser una institución técnicamente madura y éticamente solvente, como para poder afrontar un reto de esas características, un reto que, por lo demás, desarrollan otros gremios como los médicos y los abogados: la tarea común es atajar a charlatanes, esos que vienen confundir al electorado, a invadir y a distorsionar el ejercicio de la disciplina.
Urge poner en marcha lo que Hyman pedía machaconamente: la sanción por desprestigio. Y esa, debe porvenir sustancialmente del gremio, a menos que el modelo necesario ya sea otro: el de la regulación estricta de la autoridad electoral federal.
El desenlace depende de lo que los profesionales decidan dejar hacer ó dejar pasar.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 6:17 No hay comentarios:
El día de ayer inicié en la ciudad de Chihuahua, una gira por los municipios del Estado para celebrar asambleas informativas sobre lo que realmente aconteció el pasado 19 de febrero en el proceso de selección de candidatos al Senado de la República que llevó a cabo Acción Nacional. Aunque para esta fecha ya es profusa la información que circula en medios y redes sociales sobre esta desaseada como penosa elección, tengo el deber moral de explicar a detalle y con todos los elementos probatorios con que contamos, las acciones fraudulentas llevadas a cabo por quienes se adjudican un triunfo, a todas luces ilegal como ilegítimo.
Busco resarcir el agravio sobre miles de chihuahuenses que de buena fe y de manera libre participaron en el proceso, y a los que quisieron hacerlo pero se los impidió o los desalentó el insultante acarreo de votantes que, en competencia cínica de traslado de personas en autobuses urbanos, llevaron a cabo Cruz Pérez Cuellar y Carlos Borruel Baquera. Busco reivindicar con nuestra acción decidida y firme, la historia, el prestigio y la imagen de Acción Nacional, vilmente lastimada por los fríos cálculos de dos ambiciones desmedidas. Me propongo explicar en estas asambleas el contenido de nuestro recurso de impugnación que he presentado ante la Comisión Nacional de Elecciones, la instancia que en el partido nos hemos dado para desahogar, desde el ámbito jurídico, las tensiones electorales y la violación a nuestros principios, estatutos y normas que rigen nuestros procesos eleccionarios. Hoy domingo celebraré en Ciudad Juárez, nuestra segunda asamblea de información.
Aún con las limitaciones del plazo establecido —sólo tuvimos 48 horas para presentar el escrito en el que demandamos la nulidad de todo el proceso— hemos elaborado bajo la expertis del licenciado Luis Villegas Montes, quien también nos elaboró hace tres años nuestro recurso de inconformidad en el llamado "Batopilazo", un documento muy robusto. Se trata de una demanda de 186 hojas, integrada por 95 anexos que contienen más de 150 pruebas testimoniales, documentales y técnicas, entre las que se encuentran decenas de fotografías y videos sobre el acarreo masivo, compra y coacción del voto, operación ratón loco, y otras graves irregularidades que afectan más del 40 por ciento de las casillas que se instalaron. Confío plenamente en que los órganos del Partido actuarán con todo valor y decisión para anular este proceso y sancionar a los responsables de este vergonzoso episodio. Un supuesto contrario, sería auto-destructivo para el Partido.
Centralmente hemos demostrado en nuestra demanda de nulidad la manera tan cínica y descarada como se vulneraron diversos principios y normas de la convocatoria expedida el 18 de noviembre de 2011 para regular la contienda, que en su artículo 22, textualmente prohíbe: La entrega de recursos en efectivo, bienes de consumo o de servicio a los electores -inciso a)-, el pago de cuotas o transporte para actos del Partido o de la precampaña —inciso b)—, los actos de condicionamiento de un servicio a cambio de la obtención del voto —inciso c)—, ejercer cualquier acción indebida que tenga por objeto inducir a los electores —inciso d)— y las demás prohibiciones establecidas en la normatividad electoral aplicable —inciso f)—.
Cito lo anterior porque bajo el argumento de que fui yo quien impulsó una elección abierta, los autoproclamados vencedores pretenden justificar que entonces se valía de todo. Y efectivamente, como un método que nos comprometiera más con los ciudadanos y obligara a explicitar compromisos y propuestas legislativas, impulsé la elección abierta, pero nunca puerca.
Ahora que hemos desvelado el desaseo y cada día surgen nuevos testimonios de sus acciones fraudulentas, pretenden que nos sentemos a esperar, calladitos, la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones, para que puedan operar con toda ventaja las presiones de los poderes fácticos y de algunos de mis enemigos internos sobre los órganos del partido.
Ahora resulta que los que no se tocaron el corazón para manchar nuestro proceso del pasado 19 de febrero y cometieron todo tipo de tropelías, piden cordura; los victimarios están profundamente ofendidos porque las víctimas están denunciando el agravio, y vuelven con el argumento de los cínicos: "... que la ropa sucia se lava en casa...". ¿Cuál casa? ¿Dónde están los que debieran comportarse como padres, y no hacen sino estar de lado de quienes traficaron inmisericordemente con la pobreza? Claro que hay excepciones extraordinarias en varios municipios entre nuestros dirigentes municipales.
Pero debo ser claro, para que mis adversarios le midan el agua a los camotes. Aunque he vivido una experiencia muy dolorosa, traumática y decepcionante, no estoy afectado en lo personal. Como escribió hace 25 años Pancho Barrio, en medio del mayor fraude electoral que registra la historia de Chihuahua, "mi mente y mi espíritu son libres". No me puede por mí, veo como nunca el horizonte abierto para seguir siendo el que siempre he sido, sin arriar ninguna de mis banderas, ni regresarme un milímetro de mis posiciones. Me puede la gente y la lucha que hemos dado en el PAN durante tres décadas.
No tengo ninguna obsesión personal por ser senador; hace como tres o cuatro meses cuando voté en el CEN en contra de las designaciones, en los hechos estaba tomando la decisión de dejar mi aspiración de ser candidato, incluso yo mismo le propuse a Pancho Barrio que si se la proponían a él, que le entrara; estoy desprovisto de ambición personal. Eso me alivia y me permite luchar con toda fuerza. Pero entre los nuestros, he dicho en mi portal de Facebook que no me pidan que me calle frente a un cochinero de esta dimensión; porque no tengo otro camino para refrendar mi compromiso y lealtad hacia la gente que lo denuncia con todo valor; lo único que no puedo sumar a esto, es mi silencio.
Pienso en muchas cosas cuando decido dar la batalla hasta las últimas consecuencias, pero esencialmente pienso en muchas caras, todas ellas muy jóvenes y con enormes sueños. Pienso en todos los jóvenes que asumieron tareas y responsabilidades en condiciones tan adversas, y los veía a veces tan abrumados frente al dispendio de recursos de nuestros competidores, que lo único que nunca podría hacer es cometerles un doble fraude. Pienso en ellos, en Erik Jurado y en la carta que me mandó por correo electrónico, con su "alma lastimada" que si se las transcribiera aquí, terminarían quizá llorando como me pasó a mí. Pienso en Carlos Ortiz Villegas y la manera en que asumió nuestra precampaña, navegando ahora con las presiones de auténticos mafiosos que están en la Presidencia Municipal de Delicias. Pienso en Raúl Aguilar jr, mi coordinador en Camargo, nervioso ante las cámaras de Tv porque lo impulsé a que se aventara en vivo y en directo. Tengo en mi mente a Luis Álvaro Ocaña siguiéndonos en su carrito para ver en que nos podía ayudar.
Pienso mucho en Bernardo Cerdeira, en Santa Bárbara, el joven secretario particular del Alcalde, que se enfrentó a todo el establishment local y decidió optar por mí, en contra de la preferencia de su propio jefe y del gabinete municipal. Pienso en él, porque así era yo a esa edad. Pienso en muchos jóvenes más, en Alejandra Chavira, en Laura Martínez, en Erika Gutiérrez, en Saúl Mireles, en Ilse Villegas y en todos los mensajitos que me manda recordándome que lo más importante es que "nosotros somos libres".
Pienso en ellos y en muchos más, en la solidaridad de Meny Escobedo, de Samir Zapot, de Pepe Rincón, de Jaime Hernández, de Julio Aragón, de Karla de la Rosa, de Gustavo Ríos, de Vanesa Peña, Ireily Iracheta, en Isaí Valles de Conchos que dio un testimonio fabuloso de integridad cuando le propusieron cambiarse a una acera donde sí había recursos. Pienso en Roberto Ramos Molina, de intransitable honestidad, recogiendo los testimonios de los intelectuales que llamaron a votar por mí el pasado 19 de febrero. Y pienso también, en nuestro joven fotógrafo, Iván Chávez, que capturó todas las imágenes de nuestro recorrido por el estado, y me sobrecoge pensar en la imagen final con que se queda de nosotros. La foto que hoy trae en su cabeza.
¡Que la ropa sucia se lava en casa! La ropa ya no sólo está sucia, está hecha garras, y ni un retazo nos va a quedar de Partido, si seguimos cuidando una imagen que ya no existe como tal, porque nunca como ahora está brutalmente desdibujada. Lo que tenemos que acreditar ante la ciudadanía es que hay un panismo que no se va a prestar jamás, a ser cómplice de estas prácticas de manufactura priísta. Hay que demostrarles a todos estos jóvenes que no es cierto que somos lo mismo que el PRI, que aquí hay mucha gente de bien, que no va a permitir que por la ambición desbordada de unos cuantos, se atropelle la dignidad. Porque es nuestra dignidad de personas lo que está en medio, y al final de cualquier empeño, de cualquier tarea, del paso mismo por la vida, es lo único que nos llevaremos de este mundo.
Primero: utilizar las cámaras de televisión para generar la percepción colectiva de que la policía ha atrapado a un "peligroso delincuente" y que, por tanto, el juicio penal es irrelevante. Como sucedió en el caso Cassez, todos estamos acostumbrados a ver imágenes en la televisión de un grupo de detenidos, algunos confesando sus culpas ante las cámaras, junto con policías o soldados con pasamontañas y bien armados. Todo ello acompañado de una narrativa, por parte de las autoridades, de que todas esas personas detenidas son prácticamente la encarnación del mal, se trata de seres perversos, inhumanos y crueles.
Después de esas imágenes y ese tipo de discurso, poco importa si el MP logra armar la acusación con pruebas y argumentos o si el juez es un árbitro imparcial o no. Su culpabilidad ya está definida desde su detención. Lo que cuenta no es que se les aplique la ley a través de un juicio justo, sino demostrar, ante los medios de comunicación, que el Estado mexicano está determinado a utilizar todo su poder coactivo en contra de esos seres "perversos e inhumanos".
Florence Cassez es una detenida más cuya responsabilidad ante la colectividad se pretendió fincar a través de las cámaras de televisión. Luego nos enteramos, además, de que ni siquiera eran imágenes en vivo, sino que había sido un montaje. Sin embargo, la pregunta relevante para la Corte es si esta práctica, bastante generalizada, de mostrar imágenes en televisión de detenidos y afirmar ante las cámaras su "indudable culpabilidad", viola o no el derecho a la presunción de inocencia de los acusados. La Corte Interamericana ha dicho que al exhibir a los detenidos en la televisión sí se viola ese derecho, pues el juez, después de la exposición mediática, no puede formar su juicio imparcialmente y sólo a partir de la evidencia que le aportan las partes. El caso Cassez le da a la Suprema Corte una oportunidad inigualable para establecer que la exhibición mediática de los detenidos tiene como consecuencia que ya no se les pueda llevar a juicio. Una decisión en este sentido permitiría mover la discusión colectiva y jurídica sobre la culpabilidad o la inocencia de los acusados de la sede mediática a la jurisdiccional. Cuánto mejoraría la calidad de la justicia mexicana con el solo hecho de que la discusión pública sobre la culpabilidad y la inocencia de los detenidos se basara en la evidencia aportada en juicio, y no en las opiniones subjetivas que nos merezcan los acusados.
El segundo aspecto paradigmático del caso Cassez tiene que ver con la incomunicación del detenido por parte de la policía. La Constitución establece que la policía, cuando detiene a una persona, la tiene que poner "sin demora" a disposición del MP. ¿Qué consecuencias debe tener en el juicio una detención prolongada por parte de la policía? En el caso de Florence, la policía tardó 24 horas en llevarla a la SIEDO; permaneció incomunicada por 20 horas, después fue llevada al rancho Las Chinitas en donde ocurrió el montaje mediático. Ese largo lapso de incomunicación, por sí solo, debería ser razón suficiente para que el juez de primera instancia se hubiese negado a iniciar el juicio contra Cassez. Sin embargo, hasta ahora, todos los jueces han pasado por alto el contenido mínimo del derecho constitucional a no ser retenida por la policía por más tiempo del razonable.
La eficacia de los derechos de debido proceso durante la fase de detención no es un mero formalismo legal. Tiene que ver con algo que nos interesa a todos: contar con policías profesionales, confiables y honestos. Ello no va a suceder si éstos pueden violar la Constitución y las leyes sin que el juez imponga consecuencias dentro del proceso. Una policía profesional y disciplinada tiene límites constitucionales y legales que definen los jueces. Esperemos que la Corte, a propósito del caso
Cassez, ayude a que ello comience a ser así en México.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 8:41 1 comentario:
RECLUSORIOS: LA BOMBA QUE EXPLOTA
El sistema de reclusión en México está en seria crisis. La bomba de tiempo empezó ya a explotar. El peligroso conjunto de factores como la sobrepoblación, la corrupción, la impunidad, la negligencia legislativa junto con el populismo punitivo, el abandono presupuestal y el atraso en infraestructura, sumado a los prejuicios discriminadores de autoridades y sociedad están reaccionando en cadena y dan lugar a hechos como los de Apodaca, Nuevo León, estos días.
Empiezan a surgir versiones de que lo que sucedió en Apodaca no fue una riña, sino un sistemático exterminio de adversarios. Según esos reportes, muchas de las personas que murieron estaban encerradas individualmente en su celda, hasta donde llegaron grupos de internos a asesinarlos. Algunos cuerpos tienen señas de tortura y tratos crueles e inhumanos o degradantes. Por el nivel de violencia con el que se les mató, tres cuerpos no habían podido ser reconocidos, incluso varios cadáveres no tenían ojos. De ser ciertas estas versiones, queda claro que tales atrocidades no pudieron pasar sin la complicidad y/o incapacidad de la autoridad en el reclusorio. Como ha pedido la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se requiere una investigación exhaustiva e imparcial que dé cuenta de lo sucedido y sancione a los responsables tanto de las muertes como de las fugas.
Estos trágicos hechos son señales de alarma y deben obligarnos a reflexionar seriamente, pues lamentablemente no son aislados y se suman a una cada vez más larga lista de miserias en los reclusorios del país.
Una de las causas de la sobrepoblación penitenciaria se explica porque en los últimos 15 años México ha experimentado un peligroso populismo punitivo, que, fundado en la búsqueda del mensaje sensacional de combate al delito con dureza, ha aumentado de manera irracional y desproporcionada la pena a delitos menores. El uso perverso —esencialmente de corte electorero— del legítimo reclamo de la gente por una mayor seguridad, combate a la impunidad y debido funcionamiento del aparato de justicia, llevó a un incremento absurdo en las penas. Los reclusorios están abarrotados de jóvenes pobres, muchos de ellos primodelincuentes, que están encerrados por delitos menores y que saldrán mucho peor que como entraron. Les dimos y damos una “beca en la universidad del crimen”.
El problema se reproduce y crece, pues mientras la corrupción siga siendo funcional y los espacios de autogobierno existan como norma, muchos de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y de justicia por combatir y detener a peligrosos delincuentes se verán reducidos a cero, o por las fugas o por el modelo.
Otra de las explicaciones de lo que sucede en el sistema penitenciario la podemos encontrar en el retraso y rebase federal y estatal. Desde el inicio de la guerra contra el narco y la delincuencia, rebautizado años después como lucha por la seguridad, no se desarrolló una perspectiva integral. No se contó con una estrategia holística que se hiciera cargo de los diferentes desafíos desde la prevención del delito, pasando por la procuración, impartición y administración de justicia. Una de sus más palpables y alarmantes demostraciones es el desastre del sistema de reclusión.
Al rebase-desastre a nivel local contribuyó también la deficiente infraestructura federal. La manera más “optimista” de describir lo que sucede es que el gobierno federal y algunos estatales son “víctimas de su éxito”, pues el número de detenidos, procesados y condenados rebasó por mucho la capacidad instalada en los reclusorios, lo que ocasiona un muy serio problema de gobernabilidad en ellos, pues no se tenían ni tienen las condiciones para recibir tal cantidad de personas y tampoco, en la mayoría de los casos, para recibir a personas de alto nivel de peligrosidad.
Este retraso en la infraestructura de reclusorios federales se quiere reducir, lo que es muy positivo, sin embargo, existe el gran riesgo de que se cometan errores muy graves y se acabe con que el “remedio es tan malo como la enfermedad”. Por ejemplo, lo que pasa ahora en las Islas Marías: de ser un centro de reclusión modelo en algunas cosas, se está pasando a una instalación con una condición estructural de abuso y violación sistemática a los derechos humanos.
Las crisis de los reclusorios de Nuevo León deben ayudarnos a ver las causas, no sólo atender las consecuencias. Entre otras, aceleremos la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia, dejemos los reclusorios para sancionar delitos de alto impacto, sancionemos los delitos menores con penas alternativas y rechacemos el uso perverso, electorero, como el del Partido ¿Verde?, de incrementar penas como la vía idónea para enfrentar la crisis de seguridad.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:51 No hay comentarios:
50 MILLONES DE TRABAJADORES
La bruma que empaña nuestra discusión pública permitió que pasara desapercibido uno de los datos económicos y sociales más relevantes de la realidad mexicana actual: México superó los 50 millones de trabajadores en activo al cerrar 2011, tal como informó INEGI a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Que contemos con 50 millones de trabajadores es, por un lado, una noticia magnífica para la economía mexicana. Como el trabajo es un factor productivo, nuestro potencial de crecimiento económico se encuentra en un máximo histórico: tenemos en abundancia capacidad humana para generar riqueza. Si acaso, una decena de países más en el mundo pueden tener la ventaja de disponer de tal cantidad de población en edad y disposición de trabajar. Además, en términos históricos, nuestros trabajadores están mejor capacitados, preparados y son más sanos que en toda etapa previa: la escolaridad promedio ha crecido, también el número de profesionistas y avanzan los indicadores básicos de salud. Por supuesto, hay problemas graves en la calidad del sistema educativo, pero al día de hoy hay más trabajadores preparados en diferentes campos y capacitados para hacer las más diversas tareas productivas que en cualquier otro momento.
50 millones son más que el volumen total de la población que tenía el país en 1970, y más de cuatro veces el tamaño de la oferta laboral de entonces.
De los 50.2 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa del país, 47.8 millones están ocupadas y 2.4 millones en el desempleo.
En la industria se emplea uno de cada cuatro mexicanos (23%); en las actividades primarias labora el 14 por ciento de la población (lo que refleja la ínfima productividad del campo, que concentrando tal porcentaje de trabajadores aporta apenas un 5% del PIB), mientras que en el sector servicios se ubican seis de cada diez trabajadores (62%).
En lo que toca a la posición en la ocupación, 65% (33 millones) son trabajadores subordinados, por lo que la enorme mayoría del empleo se sigue estructurando alrededor de relaciones laborales tradicionales entre patrón y empleado. Poco más de una quinta parte de los trabajadores es por cuenta propia (22%), y sólo el 4.7% son empleadores.
Acompañando la gran cifra de los 50 millones de mexicanos deseosos de contribuir productivamente a la economía, hay datos que revelan lo mal que se aprovecha tal oportunidad, pues la calidad del empleo es sumamente precaria. Del total de trabajadores, apenas un 30% está adscrito al Seguro Social. El 45% gana hasta tres salarios mínimos (menos de 180 pesos diarios). Uno de cada diez trabajadores (9%) no tiene ingresos y el 13% percibe menos de un salario mínimo. El 16% gana entre tres y cinco salarios mínimos. En el extremo superior, que puede considerarse de un ingreso adecuado, apenas se localiza al 8% que gana más de 5 salarios mínimos. Así, sólo uno de cada 12 trabajadores tiene una remuneración que supera los ocho mil setecientos pesos al mes.
Otro dato relevante es que el 27% de los trabajadores mexicanos labora más de 48 horas a la semana, lo que indica que más de una cuarta parte ha de extender la jornada hasta niveles que se consideran de sobretrabajo, extenuantes, porque el ingreso es muy bajo. Con esta calidad del empleo trabajar no implica, siquiera, escapar de la pobreza.
Si se aplica la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, se podrá ver que la informalidad laboral no es de 14 millones, sino de 28.5 millones de trabajadores.
La fuerza de trabajo en México es multitudinaria, principalmente joven aún, más sana y educada que en el pasado. Esos 50 millones son las caras del llamado “bono demográfico”. Sin embargo, los bajos niveles de inversión productiva y el conjunto de políticas que favorecen el magro crecimiento económico están dando lugar a que esa disposición única de capital humano esté siendo dilapidada. Puro desperdicio de la mayor riqueza humana que hayamos conseguido tener.
APODACA EN UN SÍNTOMA
La muerte de 44 reos y la fuga de otros 30 del penal de Apodaca, Nuevo León, es apenas un síntoma del proceso de putrefacción y abandono que viven las cárceles de nuestro país.
Gobiernos van y gobiernos vienen, pero la situación de las cárceles parece no mejorar. Desde estas páginas hemos llamado la atención en varias ocasiones sobre el problema, pero se sigue dejando de lado y ni siquiera la opinión pública lo tiene entre sus prioridades, salvo cuando sucede una tragedia como la del pasado domingo. Incluso en las entidades federativas que han logrado mayores avances en materia de derechos humanos, las cárceles muestran un rezago endémico y estructural. Es el caso del Distrito Federal, cuyo índice de sobrepoblación carcelaria rebasa al de las demás entidades federativas.
Puede parecer que el tema de las cárceles es algo marginal para el conjunto de la sociedad. No dudo que habrá quien piense que los reclusos se merecen la miserable vida que llevan al interior de los muros carcelarios y que nada de lo que suceda en esos espacios cerrados tiene que ver con las personas que estamos afuera. Lamentablemente no es así. Lo que sucede en las cárceles impacta a buena parte de la sociedad.
En las casi 430 cárceles que hay en México, sobreviven (esa es la palabra mejor para describir su situación) unos 240 mil presos. Si calculamos que su núcleo familiar inmediato está compuesto de cinco personas (lo cual es un cálculo muy conservador), tenemos que la cárcel incide de forma directa en casi un millón de personas en nuestro país: uno de cada 114 mexicanos se las tendrá que ver con ese universo cerrado, corrupto y completamente ajeno a la más mínima regla del Estado de derecho.
Hay que recordar que las cárceles mexicanas, en promedio, tienen una sobrepoblación del casi 130% y 42% de sus internos se encuentra en régimen de prisión preventiva, es decir, que no han recibido una sentencia que diga que son culpables de haber cometido un delito.
Entre 1995 y 2010 la población penitenciaria creció en 238% en México, sin que por ello podamos decir que estamos el doble de seguros. Más bien parece todo lo contrario. La cárcel, por tanto, no está resultando una respuesta eficaz frente al fenómeno delictivo. Puede ser incluso al revés: el número de delitos se incrementa y los actos ilícitos se vuelven más graves debido a las pésimas condiciones de las cárceles, las cuales llegan a funcionar como “universidades del crimen”.
Lo peor de todo es que no hay ningún elemento que permita advertir que la terrible situación de nuestros penales vaya a mejorar en el corto o mediano plazo. El tema no ha figurado ni es probable que vaya a figurar en el discurso de los aspirantes a presidente, senadores, diputados o gobernadores.
Esta ausencia en el discurso político puede deberse a muchas causas: una de ellas es que los reos no votan, por lo cual los políticos no pueden beneficiarse personalmente de ese grupo de población. Otra causa responde a intereses de carácter más bien económico: los penales son una fuente inagotable de recursos provenientes de la corrupción, algunos de los cuales seguramente llegan hasta mandos medios y superiores de todos los niveles de la administración pública.
Un ex director de reclusorios del DF estimaba hace unos años que solamente de los 10 penales capitalinos se reunían 5 millones de pesos al día con motivo de los actos de corrupción. Eso significa que las cárceles generan más ingresos que muchas de las empresas medianas y grandes que existen en México.
En la cárcel se cobra por todo: por comer, por dormir en un colchón, por utilizar el baño, por tener derecho a la visita íntima y hasta por pasar lista (cinco pesos es la cuota que paga cada uno de los 40 mil presos del Distrito Federal por el pase de lista que se realiza tres veces al día, según los testimonios de algunos de sus familiares).
O nos decidimos a arreglar de una vez por todas el sistema carcelario nacional, o lo que tendremos serán 10, 20 o 100 eventos como los de Apodaca: los internos más peligrosos se seguirán fugando y muchos otros perecerán por la ausencia de la más indispensable vigilancia. Apodaca es simplemente una llamada de atención. Es probable que lo peor apenas esté por venir.
En la temporada electoral los partidos y los candidatos asumen un papel central. No puede ser de otra manera. Al conocerse el elenco toman el lugar de las estrellas. Tras ellos, como en el cine, aparecen los actores secundarios, de reparto y hasta los extras, pero nadie les puede ni debe hacer sombra. Las estructuras, las redes de relaciones, la organización de los partidos son el basamento sobre el cual se realizan las campañas. Y los candidatos son algo más que el rostro reconocible de las diferentes opciones, se convierten en la encarnación de los diagnósticos y programas de sus organizaciones, y representan las esperanzas y fobias del "respetable". Entre ambos -partidos y candidatos- escriben buena parte del argumento, los giros de la historia e incluso los momentos chuscos del melodrama. De tal suerte que decir que de ellos depende, en primer lugar, la calidad de la contienda, es un descubrimiento como el del agua tibia.
Pero las campañas no transcurren en el vacío. El escenario es lo suficientemente grande como para que los partidos y los candidatos se encuentren solos en él. Hay muchos otros actores con intereses, proyectos, aversiones, delirios, que quieren ser parte de la trama. Y que se mueven de manera pública o soterrada para hacer avanzar sus ambiciones. Así es y así debe ser. De tal manera que las campañas son modeladas por los competidores, pero resulta importante observar qué tanto éstos tienen que responder a las exigencias y anhelos de la sociedad en la que hacen política y a la que quieren representar.
Mucho hemos idealizado a la llamada sociedad civil, que si mal no entiendo no es otra cosa que la sociedad organizada. Un término que corrió con éxito luego del temblor que literalmente cimbró a la capital en 1985, pero que cuando uno realmente se acerca a ella lo que observa es un déficit enorme, precisamente, de organización. La inmensa mayoría de las personas no participa en asociación alguna y las agrupaciones existentes son escasas. Contamos con una sociedad civil epidérmica, desigual e incluso polarizada en cuanto a poder. Contra los cánticos recurrentes para elogiarla e incluso sacralizarla, en México la participación ciudadana en los asuntos de todos es precaria e intermitente.
Cierto, hubo una vigorosa ola asociacionista en los últimos lustros. Junto a las organizaciones tradicionales -obreras, agrarias, empresariales-, aparecieron importantes formaciones en defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y los recursos naturales, el voto y la transparencia, feministas, gays, de colonos y vecinos, y súmele usted, que presagiaban un robustecimiento de la sociedad organizada. Pero los adjetivos colocados en el párrafo anterior no creo que sean caprichosos: sigue siendo epidérmica, porque solo una minoría de los ciudadanos participa de manera sistemática en la "cosa pública" o siquiera se interesa por algún tema de la misma; más bien, la inmensa mayoría se recluye en sus asuntos, construye fortalezas para su vida privada, y deja a otros participar en los temas que supuestamente son de todos. Es desigual, porque mientras algunos "sectores" se encuentran muy bien organizados, otros carecen por completo de voz. Lo que la hace también polarizada, ya que los intereses de unos gravitan con mucho más fuerza que los que ni siquiera aparecen en el radar.
Pues bien, la calidad de las campañas también depende de ello. Si existe una sociedad civil fuerte, demandante, capaz de colocar sobre la mesa sus iniciativas y preocupaciones, la contienda transcurrirá en un contexto de exigencia superior; los políticos y los partidos no solo no le podrán dar la espalda sino que se verán obligados a tender puentes de comunicación con ella. Si por el contrario eso que llamamos sociedad civil resulta débil, floja, pequeña; si sus intereses y propuestas no ven la luz del día, si no encarna en asociaciones robustas y activas; los partidos y los candidatos podrán actuar con mucho mayores grados de libertad. De tal suerte que la calidad de la lucha electoral depende también de la fortaleza y el grado de sofisticación de eso que a falta de mejor nombre seguimos llamando sociedad civil.
Entonces, en efecto, hay de campañas a campañas. Mientras en algunas los diagnósticos y las propuestas, los intentos por dotar de sentido al ahora y al futuro inmediato, llenan (o casi) el espacio público; en otras, puede darse un vaciamiento de contenidos, que tienda a convertirlas en una feria de ocurrencias, jingles, sonrisas, discursos huecos. Cierto, las estrellas son las primeras responsables de la calidad del espectáculo, pero el resto, la sociedad que observa, da la espalda o participa, se organiza o no, vota o se abstiene, algo explica de la peculiaridad de la función. O como escribió Fernando Escalante comprimiendo a Migdal: "el Estado es parte de la sociedad, y no una entidad separada, distinta, con lógica propia". Una idea elemental, pero fundamental. (Joel S. Migdal. Estados débiles, Estados fuertes. FCE).
COMO TELEVISA NO HAY DOS
No deja de sorprender la coincidencia con la que cada vez que se contrarían los intereses del poderoso grupo, los responsables pasan a ser protagonistas de un linchamiento mediático que, en el mejor de los casos, conduce a su renuncia del cargo -si se trata de un funcionario público, y en el peor, terminan en prisión.
Isaac Saba, Santiago Creel, Simón Charaf, Alejandro Junco, el ISSSTE, el Instituto Federal Electoral, entre otros casos menos notorios, comparten algo en común. Cada uno de ellos protagonizó algún escándalo incendiado directa o indirectamente por la televisora, justo cuando se atrevieron a contravenir los deseos del todopoderoso grupo. Y aunque son demasiados los ejemplos para creer en coincidencias, tarde o temprano, alguien les pisará un callo y pasará a ser la siguiente víctima de otro linchamiento mediático.
La comprobación científica de una teoría resulta de la obtención del mismo resultado ante la aplicación de la misma fórmula. Así, fuera de los "sospechosismos" que tanto disgustan a las autoridades, es posible comprobar que cualquiera que ataque o contraríe a Televisa será protagonista de algún escándalo, aunque se lo tengan que inventar.
Si los casos citados no son evidencia suficiente, hay dos recientes que comprueban la tesis:
Hace unas semanas, justo antes de que la Comisión Federal de Competencia decidiera negar su aprobación a la compra del 50 por ciento de Iusacell por Televisa, su presidente, Eduardo Pérez Motta, pasó a ser el "villano" de la comedia noticiosa. Pérez Motta inclusive llegó a denunciar públicamente ser objeto de presiones por las televisoras para forzar su voto.
Otro caso es el del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, que, en cumplimiento de la responsabilidad a su cargo, desde el año pasado impulsó acciones tendientes a la licitación de hasta dos cadenas de televisión abierta para competir con Televisa y TV Azteca, que juntas detentan el 95 por ciento de las señales de televisión abierta en México.
Como resultado de esos esfuerzos, en noviembre del año pasado la Cofetel lanzó una consulta pública para allegarse de opiniones en relación con la necesidad de licitar nuevas cadenas de televisión. Este ejercicio propició la acción ciudadana, que masivamente se avocó a manifestar su opinión apoyando la posibilidad de que aparezca competencia frente al duopolio televisivo.
Pero días antes de que De Swaan diera a conocer los resultados de la consulta, la agencia noticiosa Reuters publicó una nota en contra del funcionario, acusándolo de aprobar contratos irregulares y tráfico de influencias. Es de destacar que en dicha nota del 16 de diciembre pasado, los mismos autores escriben que "no hay evidencia de que de Swaan recibió beneficio financiero por los contratos...". "Pero generan cuestionamientos acerca de su juicio".
Con esas pruebas, es decir, con las aportadas por la nota de Reuters -en la que se especifica que "no hay evidencia"-, un quijote gris se envolvió en la bandera de la honorabilidad, y el mismo día en que Mony de Swaan presentaba ante el Pleno de la Cofetel el programa de licitaciones para la tercera cadena de televisión, el diputado César Augusto Santiago demandó un punto de acuerdo en la Comisión de Función Pública de la Cámara de Diputados para exigir la comparecencia del funcionario para explicar las contrataciones irregulares y exigir su renuncia. Todo un linchamiento mediático al que De Swaan tendría que someterse por atentar contra los intereses de las televisoras, que claman por competencia pero en el monopolio ajeno.
Pero el linchamiento no fue ya tan necesario. En lamentables condiciones de falta de trasparencia en la votación, con cuatro a favor y uno en contra -el de De Swaan-, el Pleno de Cofetel decidió aplazar indefinidamente la votación del programa de licitaciones y la transición a la televisión digital. También la comparecencia de De Swaan, fijada para ayer, se vio frustrada. Ya con la presencia del funcionario, los diputados la cancelaron ahí.
Sin embargo, la amenaza está latente. Suena en las plumas que invariablemente defienden o atacan a discreción, a cualquiera que ose atentar contra los intereses de las televisoras; suena en las tribunas públicas, en voz de los incautos que por contubernio o ingenuidad se prestan a ser victimarios de aquellos que tienen por única culpa hacer su trabajo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:51 1 comentario:
LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LOS CONTROLES DE CONFIANZA COMO REQUISITO DE ELEGIBILIDAD
La delicada situación que enfrenta nuestro país en materia de seguridad pública y por el embate al crimen organizado, ha propiciado una serie de acciones de los diversos niveles de gobierno y de los partidos políticos que, si bien son plausibles, no necesariamente se apegan a la Constitución y a los derechos fundamentales que ésta protege.
Y justamente por ello en el Tribunal Constitucional nos hemos visto en la obligación de declarar inconstitucionales algunas de tales intenciones una vez convertidas en ley -como sucedió en la sesión del Pleno de este pasado lunes con el párrafo tercero del artículo 7 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
Desde su origen y hasta nuestros días la Ley Fundamental vigente se ha hecho cargo de la incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo representativo y la actividad criminal, y por ello establece en su artículo 34 que para ejercer un derecho típico del ciudadano, como puede ser aspirar a ser candidato a un cargo de elección popular, el ciudadano debe acreditar "tener un modo honesto de vivir".
El artículo 38 por su parte va más allá y señala supuestos concretos por los cuales se pueden suspender los derechos de los ciudadanos, y entre ellos notoriamente distingue los asociados con la comisión de delitos.
Para algunos legisladores, sin embargo, tales requisitos no parecen ser suficientes en nuestros días para evitar la intención de colonización del Estado por parte del crimen organizado. Es en este entendido que los representantes populares del Congreso de Chiapas establecieron un nuevo requisito de elegibilidad, que ya no pasa por todo un procedimiento del Poder Judicial, ni siquiera incluso por una acusación formal por parte del ministerio público.
El artículo 7º del Código Electoral, disponía: "...los ciudadanos que pretendan ser candidatos de manera previa al registro de su candidatura ante las autoridades competentes podrán someterse a aprobar, en su caso, los controles o pruebas de confianza que resulten idóneos para los cargos de elección popular de que se trate; dichos controles o pruebas de confianza serán pruebas psicológicas, toxicológicas y poligráficas, las cuales serán susceptibles de medir con certeza las condiciones físicas y mentales en que se encuentra un ciudadano que pretenda registrarse como candidato. Las pruebas a que se hace referencia en este párrafo deberán ser aplicadas por el Centro de Control de Confianza Certificada".
Dicho precepto fue exitosamente impugnado por la PGR. Los Ministros por abrumadora mayoría sostuvimos que la disposición del Código electoral chiapaneco resultaba ser inconstitucional; sin embargo, las razones por las cuales llegamos a esa conclusión fueron muy variadas. Yo argumenté que la imposición de tales controles es inconstitucional por contravenir dos derechos fundamentales.
Para ilustrar el punto de mi argumentación inquirí sobre cuál sería el estado físico y mental que debe tener un ciudadano para ser candidato. En una sociedad democrática y de respeto a los derechos humanos y con prohibiciones expresas de discriminación por determinadas categorías, tales como las condiciones de salud y las discapacidades ¿tendría cabida que el legislador pretenda que ese aspecto se verifique en aras de un supuesto interés superior? En mi opinión, la respuesta es negativa.
El pretender que el estado físico y mental de ciudadanos que aspiren a ser candidatos aunque sea de manera voluntaria sea objeto de calificación previa, violenta en sí mismo el ejercicio del derecho al voto y a la no discriminación ya que no puede considerarse un requisito adicional, objetivo y razonable a partir del cual pudiera excluirse a una persona de contender en las elecciones.
Concluyo mi reflexión de esta semana señalando que los Ministros compartimos la inquietud de la sociedad y de sus representantes populares de proveer al Estado de herramientas eficaces para combatir el cáncer que es el crimen organizado. Pero las cuestiones constitucionales las definimos por lo que dice la Constitución, y en función de ello declaramos la invalidez de una norma. No es la intención del legislador lo que se valora, sino el texto; la intención puede ser muy buena, pero el remedio ser contrario a la letra de la Constitución y a los fines que la norma suprema indica.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 5:49 No hay comentarios:
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