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Timestamp: 2019-02-17 22:41:02+00:00

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Dipucordoba > Boletines > Normativa para la publicación de anuncios > LEY 5/2002(4 de abril)
CAPÍTULO I. EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Esta regulación de los Boletines Oficiales de la Provincia ha dado lugar, desde hace largo tiempo, a diversos problemas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuación de esta normativa a la nueva configuración territorial del Estado, lo que ha llevado a la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de una reforma legal que clarifique definitivamente esta cuestión nuclear y, con ello, el régimen de gestión de este servicio. La disposición adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, dio una nueva redacción al artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, añadiéndose un nuevo párrafo a dicho artículo, donde se establece que Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares. Con este precepto se resolvió el problema económico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestación de este servicio, si bien seguía sin existir una regulación específica del régimen jurídico de estos boletines. Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el 13 de diciembre de 2000 una Proposición no de Ley, en la que insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia. Entre otros aspectos, esta nueva normativa preverá la posibilidad de que aquellas Comunidades Autónomas, en que así lo acuerden sus respectivos Parlamentos, puedan unificar en una sola publicación oficial los Boletines Oficiales de las Provincias de su territorio con el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el respectivo Gobierno autonómico y los entes locales de su ámbito territorial.
Por último, la Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.18 de la Constitución, por tratarse de una base del régimen jurídico administrativo que garantiza un tratamiento común a todos los ciudadanos, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución (principio de publicidad de las normas), a lo que hay que añadir, en el presente caso, la relación existente con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en el artículo 120.1 de la Constitución.
En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8 de la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, señala, por un lado, que la publicación de los actos jurídicos emanados de las Corporaciones Locales en los Boletines Oficiales de las Provincias ha de considerarse una decisión básica incardinable en la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18 de la Constitución, pues exige un tratamiento común y uniforme en todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal, y, por otro lado, que la publicación de anuncios y acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensión constitucional que a ésta atribuye el artículo 141 de la Constitución, en su doble condición de agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este último.
CAPÍTULO I.EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Artículo 1. Contenido
El Boletín Oficial de la Provincia es el periódico oficial en el que se publicarán las disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, cuando así esté previsto en disposición legal o reglamentaria. Los textos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia tienen la consideración de oficiales y auténticos.
El Boletín Oficial de la Provincia es un servicio público de carácter provincial, competencia propia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión. Cada Diputación Provincial regulará el modo y forma de gestión del Boletín, su edición, distribución y venta. A tal efecto, deberá aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares.
Artículo 3. Suscripción
Las Diputaciones Provinciales están obligadas a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las distintas Administraciones públicas y de la Administración de Justicia deban ser insertados en el mismo en virtud de disposición legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios que aquéllas les remitan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.
Los anuncios particulares podrán, asimismo, ser insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos que se regulen en la correspondiente ordenanza provincial.
Los originales serán transcritos en la misma forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que por ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos una vez éstos hayan tenido entrada en el Boletín Oficial, salvo que el órgano remitente lo autorice de forma fehaciente.
La publicación de los originales se realizará por orden cronológico de presentación, que sólo podrá ser alterado cuando la publicación sea declarada urgente por el órgano remitente en la orden de inserción, o cuando el volumen del texto a publicar así lo exija, respetándose en todo caso el plazo máximo establecido en el apartado siguiente.
La publicación deberá ser realizada en el plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si éste procediera, o, en su defecto, de la recepción de la orden de inserción. En caso de publicación urgente, dicho plazo se reducirá a 6 días hábiles.
Los originales que se envíen al Boletín Oficial de la Provincia tendrán carácter reservado. No podrá facilitarse información alguna acerca de los mismos, salvo autorización expresa del órgano remitente.
La publicación de los textos en el Boletín Oficial de la Provincia estará sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputación Provincial.
La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria
Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.
Se exceptúan de la exención a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:
Los anuncios publicados a instancia de particulares.
Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico. No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.
Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria. La respectiva ordenanza reguladora de la tasa podrá declarar la exención de todos o alguno de los supuestos exceptuados.
Las ordenanzas reguladoras de las tasas podrán prever la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, en cuyo caso no será de aplicación lo previsto en el artículo anterior. Con la misma finalidad, podrán suscribirse convenios para el pago de las tasas correspondientes a la publicación de anuncios particulares, en los términos que fijen las correspondientes ordenanzas.
Integración de los Boletines Oficiales de las Provincias.
Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas podrán, a propuesta del Gobierno autonómico, y previa aceptación de la Diputación Provincial, acordar la integración del Boletín Oficial de la Provincia en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva, en cuyo caso se regulará por la normativa autonómica, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en los artículos 1; 4; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley. Asimismo, la referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
En los casos en que se acuerde esta integración, el Boletín Oficial de cada una de las Provincias contará con una sección independiente identificada con su nombre o bien deberá señalarse claramente en el encabezamiento del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva que éste incluye los correspondientes Boletines Oficiales de las Provincias, a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.
El acuerdo de integración tendrá una vigencia de diez años, transcurridos los cuales se entenderá automáticamente prorrogado cada diez años si no hay denuncia expresa del acuerdo por el Gobierno autonómico o la Diputación Provincial.
Comunidades Autónomas uniprovinciales.
Adecuación de ordenanzas.
Entrada en vigor del artículo 5.
La presente Ley constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

References: artículo 122
 artículo 149
 artículo 9
 artículo 120
 artículo 149
 artículo 141

Artículo 1

Artículo 3
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 149