Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-2004-1997-36630898
Timestamp: 2020-07-05 06:42:06+00:00

Document:
STC 30/2008, 25 de Febrero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 36630898
Número de Recurso: 6452-2002
Recurso de amparo 6452-2002 y 3049-2004 (acumulados). Promovidos por don J.M. frente a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que inadmitieron y desestimaron sus recursos contra el Ministerio de Administraciones Públicas sobre concurso unitario para funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional de 1997. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, en la aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva: puntuación de la permanencia en el puesto de trabajo; sentencia posterior que satisface el acceso a la justicia y no es contradictoria con otras anteriores.
Sentencia citada en: 156 sentencias, 3 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
STC 30/2008, de 25 de febrero de 2008
Los recursos de amparo núms. 6452-2002 y 3049-2004, promovidos por don J.M., representado por el Procurador de los Tribunales don José María Abad Tundidor y asistido por el Letrado don Luis María Díez-Picazo Giménez, se plantean en el ámbito de un concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservado a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional convocado por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas; el primero de ellos interpuesto frente a la Resolución de 28 de octubre de 1997, por la que se daba publicidad a los méritos generales de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21 de junio de 2002 que inadmitió el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la citada resolución; el segundo se plantea frente a la Resolución de 2 de febrero de 1998 por la que se resolvió el concurso y contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 26 de marzo de 2004 que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución señalada. Han comparecido el Abogado del Estado y doña Ana María Echeandía Mota, en el recurso de amparo núm. 6452-2002 representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Lourdes Fernández-Luna Tamayo y asistida por el Letrado don Gregorio Azcona Martínez y en el recurso de amparo núm. 3049-2004 representada por el Procurador de los Tribunales don Esteban Pérez Alemán y asistida por el Letrado don José María Fernández Pastrano. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 15 de noviembre de 2002, don J.M. interpuso recurso de amparo núm. 6452-2002, en el ámbito de un concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservado a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional convocado por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, frente a Resolución de 28 de octubre de 1997, por la que se daba publicidad a los méritos generales de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21 de junio de 2002 que inadmitió el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la citada resolución.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de mayo de 2004, don J.M. interpuso recurso de amparo núm. 3049-2004, frente a la Resolución de 2 de febrero de 1998, por la que se resolvía el concurso antes citado y contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 26 de marzo de 2004 que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra esta resolución.
Los hechos en los que se fundamenta la demanda núm. 6452-2002 son, sucintamente expuestos, los siguientes:
La Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas adoptó el 28 de octubre de 1997 resolución por la que convocaba concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional; con la misma fecha se dictó por la misma Dirección General la resolución por la que se daba publicidad a los méritos de los participantes en el mencionado concurso. Ambas resoluciones, que fueron objeto de una corrección de errores, se publicaron en el “BOE” de 19 de noviembre de 1997 y, posteriormente en el “Boletín Oficial de Canarias” el 9 de enero de 1998.
Entre tanto se dictó Resolución de 2 de febrero de 1998 por la que se resolvió el concurso, otorgando la plaza a la que optaba el recurrente a doña Ana María Echeandía Mota. El 18 de febrero de 1998 el recurrente interpuso frente a la citada Resolución, de 2 de febrero de 1998, recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, recurso que, si bien fue estimado inicialmente, tras el incidente de nulidad planteado por doña Ana María Echeandía Mota y su nueva tramitación finalizó mediante Sentencia de 17 de septiembre de 1999 desestimatoria. Consideraba esta Sentencia que, si bien la tesis defendida no era infundada, no podía entrar a analizar el fondo de la misma puesto que frente a la inadmisión del recurso que interpuso en vía administrativa no acudió a la vía judicial para combatirla, por lo que el acto quedo firme y consentido; debe destacarse que la Sentencia, reprocha a la Administración que inadmitiera el recurso ordinario cuando la resolución recurrida no contenía pie de recurso pero, en definitiva, la no interposición de recurso contencioso-administrativo frente a la inadmisión del recurso ordinario provocó el fallo desestimatorio de la Sentencia. Contra esta resolución interpuso recurso de amparo que fue inadmitido por este Tribunal.
El mismo día 18 de febrero de 1998 interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución 28 de octubre de 1997 por la que de daba publicidad a los méritos de los participantes en el mencionado concurso. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante la Sentencia de 21 de junio de 2002 ahora recurrida en amparo, sin tener en cuenta su Sentencia dictada en procedimiento especial de protección de derechos fundamentales antes citada de 17 de septiembre de 1999, declaró la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad, puesto que habiéndose publicado la resolución que se pretendía impugnar en el “BOE” el 19 de noviembre de 1997, el plazo de dos meses finalizaba el 20 de enero de 1998 y por tanto el recurso era claramente extemporáneo.
Los hechos de la demanda núm. 3049-2004, son, en síntesis, los siguientes:
Considera el recurrente en la demanda de amparo núm. 6452-2002 que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, en su vertiente de acceso a la justicia, al habérsele impedido obtener una respuesta sobre el fondo. Argumenta que la Resolución administrativa de 28 de octubre de 1997 por la que de daba publicidad a los méritos de los participantes en el mencionado concurso, no contenía pie de recurso; por ello, al ser equiparable a una notificación defectuosa, no puede calificarse de extemporáneo el recurso contencioso-administrativo que interpuso frente a la misma. Añade que, además de la publicación en el “Boletín Oficial de Canarias”, dicha resolución fue objeto de una corrección de errores en el “BOE”, corrección que tampoco incluyó pie de recurso.
En el recurso de amparo núm. 3049-2004, aclara el recurrente que la única razón para interponer esta demanda de amparo es evitar que pueda decirse que con posterioridad a la interposición del recurso de amparo núm. 6452-2002, se ha consentido una resolución judicial, que versando sobre el mismo asunto de fondo, ahonda en la vulneración de derechos fundamentales pendientes de resolución en dicha demanda.
Mediante diligencia de ordenación de 26 de noviembre de 2002 se acordó la admisión a trámite de la demanda núm. 6452-2002, así como requerir al órgano judicial y a la Administración para que remitieran testimonio de las actuaciones judiciales y administrativas y se emplazara por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a los que hubieran sido parte en el procedimiento. El Abogado del Estado se personó mediante escrito de 15 de marzo de 2004; doña Ana María Echeandía Mota se personó el 1 de junio de 2004; por diligencia de ordenación de 4 de junio de 2004 se tuvieron por recibidos los testimonios solicitados y se acordó, en virtud del art. 52 LOTC, conceder un plazo de veinte días para que las partes pudieran realizar las correspondientes alegaciones.
El recurrente mediante escrito presentado el 28 de junio de 2004, además de reiterar los argumentos de su demanda de amparo, manifestó haber interpuesto el recurso de amparo núm. 3049-2004, el día 13 de mayo de 2004, que guarda íntima relación con el recurso de amparo núm. 6452-2002, que su objeto es la resolución administrativa que resolvió el concurso de provisión de plazas, así como la Sentencia judicial dictada también por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimando el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto frente a la citada resolución del concurso; solicitaba la acumulación de ambos recursos de amparo.
El Abogado del Estado en su escrito de alegaciones respecto del recurso núm. 6452-2002 solicitó la desestimación de la demanda; después de realizar diversos y acertados reproches formales del suplico de la misma, argumentó, en primer lugar, que la queja sobre la supuesta vulneración del principio de igualdad en aplicación de la ley, art. 14 CE, no puede ser admitida, puesto que, además de no existir, a su juicio, contradicción alguna entre la resoluciones judiciales que se pretende comparar, no concurre uno de los requisitos para poder apreciar dicha vulneración, como es el de la alteridad, puesto que demandante trata de compararse consigo mismo.
Doña Ana María Echeandía Mota, final adjudicataria de una plaza y codemandada en los procedimientos judiciales de los que traen causa los presentes recursos de amparo, mediante escrito de 3 de julio de 2004 presentó sus alegaciones al recurso núm. 6452-2002. Argumentó en primer lugar que la propia resolución mediante la cual se convocaba el concurso, expresaba en la Base 13 que los actos administrativos que se dictaran en el mismo podrían ser impugnados conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, por lo que, de inició, la ausencia de pie de recurso en la resolución impugnada por el demandante de amparo carecería de relevancia, al constar una instrucción de recursos genérica para todos los actos del procedimiento en cuestión; asimismo, consideraba que la valoración de los méritos se realizó conforme al Real Decreto de 29 de julio de 1994, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, que dicha valoración se realizó de forma automática y que el mérito general de permanencia continuada en el puesto reservado desde el que se concursa, viene regulado y valorado en el artículo 15. 1. del referido Real Decreto; explica que dicho mérito de permanencia continuada se valoró a todos los concursantes que reunían las condiciones reglamentarias, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa y que al ahora recurrente no se le valoró porque no cumplía los requisitos para ello. Recuerda que la resolución por la que se valoraban los méritos, fue impugnada en vía administrativa por el ahora demandante y que dicho recurso fue inadmitido por extemporáneo y porque la resolución impugnada agotada la vía administrativa, pero que, no obstante, dicha resolución entraba en el fondo del asunto dando la razón a la concursante. Puso de manifiesto que el ahora demandante de amparo frente a esta resolución de inadmisión no interpuso recurso contencioso-administrativo consintiendo por consiguiente dicha resolución.
El Ministerio Fiscal, en el recurso de amparo núm. 6452-2002 formuló sus alegaciones mediante escrito de 8 de julio de 2004. En ellas consideraba, por lo que se refiere a la supuesta lesión de la tutela judicial efectiva por la inadmisión por extemporáneo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente, que deben realizarse ciertas matizaciones; en primer lugar, que el acto recurrido en el cual se determinaba los méritos es un acto colectivo y no individual, y en segundo término que la indicación de recursos no forma parte de la resolución, sino que tiene un carácter meramente informativo para los interesados, siendo relevante, a juicio del Ministerio Fiscal, la formación jurídica del interesado. Considera por tanto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo otorgó una respuesta razonada y fundada en derecho respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del recurrente.
Por providencia de 21 de febrero de 2008 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
Los presentes recursos de amparo, núms. 6452-2002 y 3049-2004, se plantean dentro del ámbito de un concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservado a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional convocado por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas; el primero de ellos interpuesto frente a la Resolución de 28 de octubre de 1997, por la que se daba publicidad a los méritos generales de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional y contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21 de junio de 2002 que inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la citada resolución; el segundo se plantea frente a la Resolución de 2 de febrero de 1998 por la que se resuelve el concurso y contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 26 de marzo de 2004 que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución señalada.
Como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes de hecho, considera el recurrente en la demanda de amparo núm. 6452-2002 que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso a la justicia, al habérsele impedido obtener una respuesta sobre el fondo, al haber sido inadmitido por extemporáneo el recurso contencioso-administrativo que interpuso frente a la resolución por la que se daba publicidad a los méritos de los concursantes, cuando éste carecía de pie de recurso. En segundo término, se queja de la vulneración del art. 14 CE ya que estima que la Sentencia ahora recurrida de 21 de junio de 2002 y la que finalmente desestimó el recurso de protección de los derechos fundamentales (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 17 de septiembre de 1999), dictadas ambas por el mismo órgano judicial, contienen criterios contrarios respecto de un mismo hecho; en tercer lugar, estima vulnerado su derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, art. 23.2 CE; considera que a doña Ana María Echeandía Mota, adjudicataria de la plaza a la que él optaba se le ha valorado, a efectos de resolver el concurso de traslado en la categoría superior, una puntuación por permanencia en el puesto de trabajo que ya había sido tomada en cuenta a efectos de que obtuviera un ascenso de categoría (desde la categoría de entrada a la superior), por ello afirma que se valoró dos veces una misma circunstancia, doble valoración que, a su juicio, vulnera la igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos reconocido en el art. 23.2CE.
Sin perjuicio de lo accidentado que ha sido la vía judicial previa de los presentes recursos de amparo, se pueden extraer las siguientes conclusiones, que servirán para analizar con mayor claridad las presentes demandas: de los dos recursos acumulados se pueden deducir tres quejas diferentes: las dos primeras, al amparo del art. 44 LOTC, se imputan a las resoluciones judiciales recurridas en las presentes demandas de amparo y se refieren a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, en su vertiente de acceso a la justicia, por no haber obtenido una respuesta de fondo a su pretensión, y a la presunta desigualdad sufrida en aplicación de la ley, art. 14 CE; la tercera queja, se plantea a través del art. 43 LOTC y se refiere a la presunta lesión del derecho reconocido en el art. 23.2 CE, que se imputa a la Administración.
Respecto a la queja relativa a la supuesta lesión del art. 23.2 CE, que se imputa a la actuación de la Administración, se concreta en que a la concursante, finalmente adjudicataria de una plaza y comparecida en este proceso, se le puntuaron, a juicio del recurrente, dos veces los mismos servicios prestados; considera que se le otorgó una puntuación por permanencia en el puesto de trabajo que ya había sido tenida en cuenta a efectos de que tuviera un ascenso de categoría y al tomarse en cuenta esa puntuación a efectos de resolver el concurso de traslado en la categoría superior se valoró dos veces la misma circunstancia, perjudicándose con ello al demandante.
Como punto de partida debemos recordar que en la STC 138/2000, de 29 de mayo, este Tribunal afirmó que para analizar una queja relativa a un derecho fundamental de carácter sustantivo como el citado, se debe realizar una indagación que no se cumple con la simple constatación de la razonable interpretación que pueda exhibir la resolución judicial impugnada; de otro modo, toda interpretación de la normativa reguladora del acceso a las funciones públicas que se estime lesiva de cualquier otro derecho fundamental de carácter sustantivo sería reconducible al marco del derecho a la tutela judicial efectiva que, al mismo tiempo que se convertiría en un confuso cajón de sastre, perdería los perfiles propios que le caracterizan, tal como ha sido construido a través de la jurisprudencia de este Tribunal. Si esa interpretación de la legalidad contiene razonamientos y pronunciamientos lesivos de un derecho fundamental de carácter sustantivo podrá ser anulada en esta sede constitucional, pero por vulneración de este derecho y no del derecho a la tutela judicial efectiva.
El concreto contenido de este derecho fundamental, conforme a nuestra jurisprudencia, puede sintetizarse en los siguientes puntos:
En primer lugar, nos encontramos ante un derecho a la predeterminación normativa del procedimiento de acceso a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes; como hemos declarado, por todas en las SSTC 73/1998, de 31 de marzo, y 138/2000, de 29 de mayo, la Constitución reserva a la ley, y, en todo caso, al principio de legalidad, la regulación de las condiciones ejercicio del derecho, lo que entraña una garantía de orden material que se traduce en la imperativa exigencia de predeterminar cuáles hayan de ser las condiciones para acceder a la función pública, de conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que sólo pueden preservarse y establecerse mediante la intervención positiva del legislador. Una verdadera predeterminación que ha de asegurar que la Administración encargada de valorar los candidatos no pueda actuar con un indiscriminado arbitrio, sino con el prudente y razonable que requiere el artículo 23. 2 CE, lo cual, por otra parte es lo que hace posible, en su caso, el ulterior control jurisdiccional, puesto que el juez que lo es de la legalidad, tendrá así un criterio con el que contrastar si la actuación administrativa se ha ajustado uno a las condiciones de igualdad mérito y capacidad previamente establecidas.
En segundo lugar, pero en inescindible conexión con lo anterior, hemos destacado que nos hallamos ante un derecho de acceso a las funciones públicas “en condiciones de igualdad”, lo que supone que las normas reguladoras del proceso selectivo han de asegurar a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones públicas, con la inmediata interdicción de requisitos de acceso que tengan carácter discriminatorio (SSTC 193/1987, de 9 de diciembre, 47/1990, de 20 de marzo, o 353/1993, de 29 de noviembre), o de referencias individualizadas (STC 67/1989, de 18 de abril). Entre las específicas garantías que la jurisprudencia de este Tribunal ha ido situando en el contenido de este derecho fundamental, se encuentra la del derecho a la igualdad en la aplicación misma de la ley: “el derecho proclamado en el art. 23.2 CE incorpora también el derecho a la igualdad en la aplicación misma de la ley, de tal modo que, una vez garantizada la vinculación de la propia Administración a lo dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento selectivo, ha de quedar también excluida toda diferencia de trato en el desarrollo del referido procedimiento. En todos los momentos del proceso selectivo la Administración está objetivamente obligada a dispensar a todos un trato igual. Las 'condiciones de igualdad' a las que se refiere el art. 23.2 CE se proyectan, por tanto, no sólo en relación con las propias 'leyes', sino también con su aplicación e interpretación [por todas, SSTC 10/1998, de 13 de enero, FJ 5, y 73/1998, de 31 de marzo, FJ 3 c)]” (STC 107/2003, de 2 de junio, FJ 4). En definitiva el art. 23.2 CE, garantiza un trato igualitario a todos los participantes en un proceso selectivo.
En cuanto al alcance del análisis del Tribunal, debe tenerse presente que, como la STC 353/1993, de 29 de noviembre, declaró, “lo que no cabe pedir en la vía del recurso de amparo es que este Tribunal entre a examinar y, en su caso, a revisar o a rectificar la estimación que de los méritos y capacidades de los aspirantes a determinados puestos se lleve a cabo por los órganos calificadores de los concursos y oposiciones, pretensión esta que confundiría lo resuelto en un procedimiento necesariamente selectivo con la afectación del derecho ex art. 23.2 de la C.E. y que entrañaría, por lo mismo, pedir a este Tribunal Constitucional algo que no entra en su jurisdicción (ATC 1239/1987)” (FJ 6).
Por último hemos afirmado, por todas STC 221/2004, de 29 de noviembre, que el art. 23.2 CE “no consagra un pretendido derecho fundamental al estricto cumplimiento de la legalidad en el acceso a los cargos públicos, por lo que sólo cuando la infracción de las normas o bases del proceso selectivo implique, a su vez, una vulneración de la igualdad entre los participantes, cabe entender que se ha vulnerado esta dimensión interna y más específica del derecho fundamental que reconoce el art. 23.2 CE, lo que de suyo exige la existencia de un término de comparación sobre el que articular un eventual juicio de igualdad [SSTC 115/1996, de 25 de junio, FJ 4; 73/1998, de 31 de marzo, FJ 3 c); y 138/2000, de 29 de mayo, FJ 6 c)]” (STC 107/2003, de 2 de junio, FJ 4).
La aplicación de lo anteriormente expuesto al presente caso, conduce a desestimar la alegada vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE).
Una vez rechazada la queja relativa al art. 23.2 CE imputada a la Administración, procede, no obstante, realizar el análisis de las alegaciones vertidas sobre la actuación judicial, a la que se imputa la vulneración del art. 24.1 CE. Debe señalarse que la esencia de las quejas del recurso de amparo núm. 6452-2002, consistía en que un órgano judicial se pronunciara sobre la adecuación a Derecho de la valoración del mérito relativo a la “permanencia en el puesto de trabajo” y la posible vulneración del art. 23.2 CE.
La queja relativa a la supuesta vulneración del principio de igualdad en aplicación de la ley, art. 14 CE, debe ser igualmente rechazada. Conforme a la jurisprudencia consolidada de este Tribunal, por todas STC 201/2007, de 24 de septiembre, para que pueda apreciarse la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley se requieren, en primer lugar, la acreditación de un término de comparación, ya que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes decisiones del mismo órgano judicial que, en casos sustancialmente iguales, hayan resuelto de forma contradictoria; en segundo lugar, la existencia de alteridad en los supuestos contrastados, es decir, la “referencia a otro”, lo que excluye la comparación consigo mismo; en tercer lugar, la identidad de órgano judicial, entendiendo por tal, no sólo la identidad de Sala, sino también la de Sección, al considerarse éstas como órganos jurisdiccionales con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación judicial de la ley y, finalmente, la ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio, bien para separarse de una línea doctrinal previa y consolidada, bien con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició.
Denegar los amparos de don J.M. acumulados en este proceso.
STC 138/2008, 27 de Octubre de 2008
STC 136/2008, 27 de Octubre de 2008
STC 133/2008, 27 de Octubre de 2008
SAP Vizcaya 807/2005, 30 de Diciembre de 2005
STSJ Cataluña 1030, 23 de Enero de 2006
STS 444/2011, 4 de Mayo de 2011

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 Real Decreto 
 artículo 15
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 artículo 23