Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2007-21492.htm
Timestamp: 2018-07-23 00:07:03+00:00

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Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulaciÃ³n del rÃ©gimen de las empresas de inserciÃ³n.
Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en el mandato de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola que, en el apartado 2 de su artÃ­culo 9, ordena a los poderes pÃºblicos facilitar la participaciÃ³n de todos los ciudadanos en la vida polÃ­tica, econÃ³mica, cultural y social de nuestro paÃ­s, lo que motiva al legislador para que contemple la necesidad de establecer cauces adecuados que faciliten tal participaciÃ³n, especialmente la de aquellas personas que por circunstancias diversas se encuentren en situaciones de dificultad y exclusiÃ³n social.
Por otra parte, estas personas particularmente desfavorecidas, en situaciones de marginaciÃ³n o de exclusiÃ³n, encuentran especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus carencias sociales, econÃ³micas, educativas y de cualificaciÃ³n laboral, con lo que el ejercicio de un trabajo, derecho y deber de todo ciudadano consagrado en el artÃ­culo 35 de la ConstituciÃ³n, presenta para ellas numerosos problemas debido a la desmotivaciÃ³n personal, al desconocimiento o abandono de los hÃ¡bitos sociales y laborales bÃ¡sicos, asÃ­ como a la carencia de niveles educativos mÃ­nimos y la falta de adaptaciÃ³n profesional.
Las transformaciones que estÃ¡n experimentando la economÃ­a, la sociedad, los continuos avances tecnolÃ³gicos y los cambios en los hÃ¡bitos laborales y en los sistemas de organizaciÃ³n de trabajo, acompaÃ±ado de la pÃ©rdida de lazos sociales y familiares, configuran algunas de las mÃºltiples causas de la exclusiÃ³n social.
La relaciÃ³n con el mundo del empleo es referente obligado a la hora de abordar los procesos de integraciÃ³n social. La poblaciÃ³n en edad laboral encuentra en el empleo no sÃ³lo una fuente de ingresos, sino tambiÃ©n el origen de toda una red de relaciones sociales que facilitan la integraciÃ³n.
Un rasgo comÃºn a casi todas las situaciones de exclusiÃ³n social es la dificultad para participar en los mecanismos habituales de formaciÃ³n e inserciÃ³n laboral. Por ello es esencial involucrar en la lucha contra la exclusiÃ³n social a las diferentes Administraciones PÃºblicas, dentro de sus Ã¡mbitos de competencias y medios, a travÃ©s de acciones de integraciÃ³n encaminadas a potenciar la plena participaciÃ³n de los colectivos afectados por esta situaciÃ³n.
La eficacia de las polÃ­ticas de los poderes pÃºblicos destinadas a promover el empleo y lucha contra la exclusiÃ³n social dependerÃ¡ de la capacidad que Ã©stos tengan para dar respuesta a dichas situaciones y para implicarse en las correspondientes soluciones. Este modelo de polÃ­tica social se basa fundamentalmente en la incorporaciÃ³n de nuevas formas de organizaciÃ³n.
En el Ã¡mbito comunitario cabe resaltar que uno de los tres objetivos globales de la estrategia europea de empleo (EEE) es consolidar la inclusiÃ³n social, prevenir la exclusiÃ³n del mercado laboral y apoyar la integraciÃ³n en el empleo de las personas desfavorecidas. Las directrices integradas establecidas bajo las tres prioridades de la EEE (oferta de mano de obra; adaptabilidad; capital humano) prestan una considerable atenciÃ³n a la promociÃ³n de un mercado laboral inclusivo.
En este sentido, la ComunicaciÃ³n de la ComisiÃ³n Europea de 2005 sobre la Agenda Social en la UniÃ³n Europea anunciÃ³ la proposiciÃ³n por parte de la ComisiÃ³n Europea de un AÃ±o Europeo (2010) de la lucha contra la pobreza y la exclusiÃ³n social. Ese aÃ±o servirÃ¡ para medir los progresos logrados durante la dÃ©cada para poner de manifiesto la especial vulnerabilidad de los grupos de poblaciÃ³n con mayores dificultades.
Como nuevos modelos de actuaciÃ³n en esta materia se encuentran las empresas de inserciÃ³n, que constituyen una tipologÃ­a especial dentro de las empresas de carÃ¡cter social y confirman que el empleo es y serÃ¡ para los mÃ¡s desfavorecidos y excluidos uno de los principales vectores de inserciÃ³n social y una forma de participaciÃ³n en la actividad de la sociedad.
Las iniciativas desarrolladas por las empresas de inserciÃ³n en este campo en el Estado han sido numerosas en los Ãºltimos aÃ±os, y han supuesto el apoyo continuo a las personas mÃ¡s desfavorecidas en la sociedad que participan en las mismas, y estÃ¡n ligadas al territorio y a las necesidades de trabajo en la zona, buscando espacios en el mundo laboral y creando puestos de trabajo.
Son iniciativas que, mediante la actividad empresarial, acompaÃ±adas de actuaciones sociales y de inserciÃ³n social, hacen posible la inclusiÃ³n sociolaboral de personas excluidas para su posterior colocaciÃ³n en empresas convencionales o en proyectos de autoempleo.
Las metodologÃ­as que se desarrollan durante un itinerario de inserciÃ³n, dentro del cuÃ¡l se lleva a cabo la actividad laboral en la empresa de inserciÃ³n, tienen como objetivo potenciar las capacidades de las personas a travÃ©s de los conocimientos tÃ©cnicos, habituaciÃ³n sociolaboral y determinaciÃ³n de prioridades adecuadas a sus posibilidades y a las del mercado laboral.
Se trata de regular las empresas de inserciÃ³n con el objetivo de servir como un instrumento mÃ¡s a la inserciÃ³n de los sectores excluidos de la sociedad, articulÃ¡ndose en este caso tal inserciÃ³n a travÃ©s de una prestaciÃ³n laboral en la empresa de inserciÃ³n que permita la transiciÃ³n de la persona en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social al empleo ordinario.
Por todo ello, se considera necesario establecer a nivel nacional un marco legal para las empresas de inserciÃ³n tal y como se determina en el Programa Nacional de Reformas del Reino de EspaÃ±a y en el IV Plan Nacional de AcciÃ³n para la InclusiÃ³n Social 2006-2008, que propicie y promueva el empleo de personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n para su incorporaciÃ³n al mercado de trabajo.
En este sentido, la disposiciÃ³n final quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, incorpora el mandato de aprobar una norma con rango de ley, en el plazo de seis meses desde la aprobaciÃ³n de la misma, y previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales mÃ¡s representativas, incluyendo a las del sector afectado, con el fin de regular el rÃ©gimen de las empresas de inserciÃ³n.
En la discusiÃ³n de los distintos borradores elaborados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se han considerado, las aportaciones llevadas a cabo por los agentes sociales, UGT, CCOO, CEOE y CEPYME en proceso de consulta, asÃ­ como las opiniones versadas por el propio sector de las empresas de inserciÃ³n representadas por FEDEI-CEPES. Asimismo, las distintas Comunidades AutÃ³nomas han sido tenidas en cuenta, tanto en la fase de borrador como en la fase de anteproyecto por medio del intercambio de criterios efectuado en la Conferencia Sectorial celebrada para tratar especÃ­ficamente la informaciÃ³n sobre el texto presentado en el Consejo de Ministros.
El Consejo EconÃ³mico y Social ha emitido dictamen con fecha de 27 de junio de 2007, habiÃ©ndose incorporado distintas observaciones realizadas al referido texto.
La presente norma se inscribe dentro de la competencia exclusiva que el artÃ­culo 149.1. 7.Âª de la ConstituciÃ³n atribuye al Estado en materia de legislaciÃ³n laboral, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla en materia de Asistencia Social.
La Ley se estructura en seis CapÃ­tulos, con dieciocho artÃ­culos, cinco Disposiciones adicionales, tres Disposiciones transitorias, una DisposiciÃ³n derogatoria y seis Disposiciones finales.
En el CapÃ­tulo I se establecen el objeto y los fines de la Ley, pasÃ¡ndose a definir los trabajadores contratados por las empresas de inserciÃ³n destinatarios de los procesos y medidas para la inserciÃ³n sociolaboral: personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social, con especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y pertenecientes a colectivos socialmente desfavorecidos.
Los colectivos en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social se determinan de conformidad con la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, aÃ±adiendo a los colectivos procedentes de centros de alojamiento alternativo y los procedentes de servicios de prevenciÃ³n e inserciÃ³n social autorizados por las Comunidades AutÃ³nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
La calificaciÃ³n de la situaciÃ³n de exclusiÃ³n social se confiere a los Servicios Sociales PÃºblicos competentes. A tales efectos se consideran competentes los correspondientes de las Comunidades AutÃ³nomas de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 148.1.20 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola y lo establecido en las distintas Leyes OrgÃ¡nicas de Estatutos de AutonomÃ­a, asÃ­ como, en el Ã¡mbito local, los determinados por los municipios de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del RÃ©gimen Local, con arreglo a lo que establece la legislaciÃ³n estatal o autonÃ³mica.
Se definen los itinerarios de inserciÃ³n sociolaboral, que seguirÃ¡n estas personas, dentro de los cuÃ¡les desarrollarÃ¡n su actividad laboral de trÃ¡nsito como un medio mÃ¡s para facilitar su integraciÃ³n en la sociedad.
El CapÃ­tulo II establece el rÃ©gimen jurÃ­dico de las empresas de inserciÃ³n. La empresa de inserciÃ³n que define la norma es aquella sociedad mercantil, incluidas por tanto las sociedades laborales, o sociedad cooperativa que, debidamente calificada, realice cualquier actividad econÃ³mica de producciÃ³n de bienes o prestaciÃ³n de servicios, teniendo como fin primordial de su objeto social la integraciÃ³n y formaciÃ³n sociolaboral de personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social.
Por otra parte, dado que las empresas de inserciÃ³n responden a la finalidad de la inserciÃ³n social de personas especialmente desfavorecidas, junto al hecho de una necesaria tutela por parte de las Administraciones PÃºblicas, tienen que reinvertir la mayor parte de sus posibles beneficios econÃ³micos en la ampliaciÃ³n o mejora de sus estructuras productivas o de inserciÃ³n.
Asimismo, se regula el porcentaje de trabajadores en proceso de inserciÃ³n que estas empresas deben tener respecto al total de los trabajadores de la plantilla.
AdemÃ¡s, el fin de inserciÃ³n social de este tipo de empresas, hace necesario recoger el requisito indispensable de estar Ã©stas promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras, definiÃ©ndolas y estableciÃ©ndose el porcentaje de la participaciÃ³n en aquÃ©llas.
Finalmente, se recoge la creaciÃ³n de un Registro Administrativo de las Empresas de InserciÃ³n en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a efectos informativos, sin perjuicio de las competencias ejercidas en esta materia por las Comunidades AutÃ³nomas.
Se definen en la norma los actos registrales, de calificaciÃ³n y descalificaciÃ³n asÃ­ como la documentaciÃ³n sujeta a constancia registral.
En el CapÃ­tulo III se define la actuaciÃ³n de la AdministraciÃ³n PÃºblica responsable, en cada caso, de los Servicios Sociales PÃºblicos competentes y de los Servicios PÃºblicos de Empleo en relaciÃ³n con los procesos de inserciÃ³n, contemplÃ¡ndose acciones previas a la incorporaciÃ³n de los trabajadores a las empresas de inserciÃ³n, asÃ­ como de seguimiento y apoyo a Ã©stos una vez finalizada su estancia en dichas empresas.
En el CapÃ­tulo IV se desarrolla la relaciÃ³n laboral a concertarse entre un trabajador calificado en situaciÃ³n de exclusiÃ³n y una empresa de inserciÃ³n, teniendo por objeto la prestaciÃ³n de un trabajo retribuido acompaÃ±ado de un itinerario de inserciÃ³n personalizado previamente definido.
En su regulaciÃ³n se han tenido en cuenta las caracterÃ­sticas de los trabajadores en proceso de inserciÃ³n, asÃ­ como las peculiaridades de la empresa de inserciÃ³n, situando la relaciÃ³n laboral dentro del marco comÃºn que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, contemplÃ¡ndose en el texto determinadas particularidades inherentes a las relaciones y condiciones de trabajo existentes en estas empresas.
Como principal caracterÃ­stica, se adapta el contrato de trabajo temporal de fomento del empleo como modalidad contractual vinculada a la ejecuciÃ³n de un itinerario de inserciÃ³n, pudiendo concertarse, como regla general, por un periodo mÃ­nimo de doce meses y mÃ¡ximo de tres aÃ±os.
Dentro de las medidas de promociÃ³n de las empresas de inserciÃ³n se contemplan, en el CapÃ­tulo V, diversas ayudas encaminadas a la contrataciÃ³n de personas calificadas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social, asÃ­ como una serie de subvenciones que pudieran compensar los sobrecostes laborales por la menor productividad de estas personas en la actividad empresarial, y las ayudas correspondientes al seguimiento del itinerario de inserciÃ³n social.
Asimismo, se reconocen otras ayudas para la creaciÃ³n y desarrollo de empresas de inserciÃ³n.
El CapÃ­tulo VI estÃ¡ dedicado al establecimiento del RÃ©gimen de infracciones y sanciones, que se desarrolla mediante la DisposiciÃ³n final primera.
Entre las disposiciones adicionales, se recoge, como consecuencia de las demandas de distintas Comunidades AutÃ³nomas en la Conferencia Sectorial celebrada para el informe de la presente Ley, la designaciÃ³n del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, asÃ­ como la competencia de los Servicios Sociales y los Servicios PÃºblicos de Empleo de las Comunidades AutÃ³nomas, a los efectos de llevar a cabo la evaluaciÃ³n y seguimiento del cumplimiento de los fines previstos en esta norma. De igual forma, se introduce la exceptuaciÃ³n del cÃ³mputo de trabajadores en procesos de inserciÃ³n para trabajadores no socios en Cooperativas de trabajo asociado y Sociedades laborales para evitar la modificaciÃ³n normativa de estas sociedades. Asimismo, se contemplan como condiciones especiales de ejecuciÃ³n de los contratos la inclusiÃ³n de consideraciones relativas a la situaciÃ³n de la exclusiÃ³n social de los trabajadores vinculados a la realizaciÃ³n del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislaciÃ³n de contratos del sector pÃºblico. AdemÃ¡s, se prevÃ© en la DisposiciÃ³n adicional cuarta, el establecimiento de medidas de apoyo especÃ­ficas para trabajadores procedentes de empresas de inserciÃ³n asÃ­ como para las empresas que los contraten de forma indefinida. Finalmente, la DisposiciÃ³n final tercera modifica la DisposiciÃ³n adicional segunda de la LeyÂ 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en relaciÃ³n a la exclusiÃ³n social y fomento del empleo, debiendo considerarse el artÃ­culo 2 de la Ley para la regulaciÃ³n del rÃ©gimen de las empresas de inserciÃ³n.
A raÃ­z de las peticiones de varias Comunidades AutÃ³nomas en la Conferencia Sectorial celebrada para el informe de la presente Ley, la DisposiciÃ³n transitoria primera establece un periodo de adaptaciÃ³n de las empresas de inserciÃ³n ya existentes a las previsiones contenidas en la Ley, asÃ­ como para la adaptaciÃ³n de la normativa autonÃ³mica y en especial la transitoriedad de los contratos de trabajo existentes antes de la entrada en vigor de la Ley.
La DisposiciÃ³n transitoria segunda determina que las Fundaciones y Asociaciones que, a la fecha de entrada en vigor de la Ley, mantengan actividades de inserciÃ³n sociolaboral en los tÃ©rminos definidos para las Empresas de InserciÃ³n, disfrutarÃ¡n de un perÃ­odo en el que, manteniendo estas actividades, puedan adoptar la forma jurÃ­dica que les permita ser calificadas como empresas de inserciÃ³n. La DisposiciÃ³n transitoria tercera recoge el supuesto de ejercicio de las funciones registrales y de calificaciÃ³n por parte del Registro a crear por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de carÃ¡cter informativo en el caso de que las competencias de las Comunidades AutÃ³nomas sobre este particular no hayan sido ejercidas.
En cuanto a las disposiciones finales, debe seÃ±alarse que la DisposiciÃ³n final primera desarrolla el artÃ­culo 18 de la Ley, introduciendo las modificaciones pertinentes en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Por Ãºltimo, la Ley, en su DisposiciÃ³n final segunda recoge la posibilidad del Gobierno de modificar los colectivos que se consideran en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social del artÃ­culo 2.1, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales mÃ¡s representativas, incluidas las del sector afectado, y previo informe emitido por las Comunidades AutÃ³nomas.
ArtÃ­culo 1. Objeto y fines.
1. La presente Ley tiene por objeto regular el rÃ©gimen jurÃ­dico de las empresas de inserciÃ³n y establecer un marco que promueva la inserciÃ³n laboral de personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social a travÃ©s de este tipo de empresas.
a) Establecer una regulaciÃ³n propia para las empresas de inserciÃ³n, que posibilite su desarrollo y consolidaciÃ³n.
b) Determinar para las empresas de inserciÃ³n los requisitos necesarios y el procedimiento a seguir, a travÃ©s de los itinerarios de inserciÃ³n, para la incorporaciÃ³n al mercado ordinario de las personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social.
c) Establecer un conjunto de medidas para la promociÃ³n de la inserciÃ³n sociolaboral a travÃ©s de las empresas de inserciÃ³n y delimitar las situaciones que, en su caso, puedan determinar la adopciÃ³n de tales medidas.
2. El objetivo del trabajo de estas personas en las empresas de inserciÃ³n es lograr su integraciÃ³n en el mercado de trabajo ordinario, para lo cual, la empresa de inserciÃ³n contratante facilitarÃ¡ a sus trabajadores el acceso a la formaciÃ³n y a la orientaciÃ³n a travÃ©s de las acciones y medidas que se establecen en esta Ley.
ArtÃ­culo 2. Trabajadores de las empresas de inserciÃ³n.
1. Las empresas de inserciÃ³n podrÃ¡n contratar como trabajadores, a efectos de lo previsto en esta Ley, a las personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social desempleadas e inscritas en los Servicios PÃºblicos de Empleo, con especiales dificultades para su integraciÃ³n en el mercado de trabajo, que estÃ©n incluidos en alguno de estos colectivos:
a) Perceptores de Rentas MÃ­nimas de InserciÃ³n, o cualquier otra prestaciÃ³n de igual o similar naturaleza, segÃºn la denominaciÃ³n adoptada en cada Comunidad AutÃ³noma, asÃ­ como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.
1.Âº Falta del perÃ­odo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constituciÃ³n de la Unidad Perceptora.
2.Âº Haber agotado el perÃ­odo mÃ¡ximo de percepciÃ³n legalmente establecido.
d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitaciÃ³n o reinserciÃ³n social.
e) Internos de centros penitenciarios cuya situaciÃ³n penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relaciÃ³n laboral no estÃ© incluida en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral especial regulada en el artÃ­culo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, asÃ­ como liberados condicionales y ex reclusos.
f) Menores internos incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la Ley OrgÃ¡nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situaciÃ³n les permita acceder a un empleo y cuya relaciÃ³n laboral no estÃ© incluida en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral especial a que se refiere el artÃ­culo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, asÃ­ como los que se encuentran en situaciÃ³n de libertad vigilada y los ex internos.
g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades AutÃ³nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
h) Personas procedentes de servicios de prevenciÃ³n e inserciÃ³n social autorizados por las Comunidades AutÃ³nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. La situaciÃ³n de exclusiÃ³n de las personas pertenecientes a los colectivos a los que se hace referencia en el apartado 1, deberÃ¡ ser acreditada por los Servicios Sociales PÃºblicos competentes.
Se entiende por Servicios Sociales competentes los correspondientes de las Comunidades AutÃ³nomas, de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 148.1.20 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola y lo establecido en las distintas Leyes OrgÃ¡nicas de Estatutos de AutonomÃ­a, asÃ­ como los determinados por las Corporaciones Locales, de acuerdo a los artÃ­culos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del RÃ©gimen Local, con arreglo a lo que establece la legislaciÃ³n estatal o autonÃ³mica.
ArtÃ­culo 3. Itinerario de inserciÃ³n sociolaboral y de servicios de intervenciÃ³n y de acompaÃ±amiento por medio de empresas de inserciÃ³n.
1. Las empresas de inserciÃ³n aplicarÃ¡n itinerarios de inserciÃ³n sociolaboral en funciÃ³n de los criterios que establezcan los Servicios Sociales PÃºblicos competentes y los Servicios PÃºblicos de Empleo, de acuerdo con las propias empresas de inserciÃ³n, teniendo que ser aceptados dichos itinerarios por la persona en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social contratada, con el objetivo de promover su integraciÃ³n en el mercado laboral ordinario, definiendo las medidas de intervenciÃ³n y acompaÃ±amiento que sean necesarias.
2. Las medidas de intervenciÃ³n y acompaÃ±amiento consistirÃ¡n en el conjunto de servicios, prestaciones, acciones de orientaciÃ³n, tutorÃ­a y procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formaciÃ³n en el puesto de trabajo, habituaciÃ³n laboral y social encaminados a satisfacer o resolver problemÃ¡ticas especÃ­ficas derivadas de la situaciÃ³n de exclusiÃ³n que dificultan a la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserciÃ³n.
Las empresas de inserciÃ³n
ArtÃ­culo 4. Concepto de empresa de inserciÃ³n.
TendrÃ¡ la consideraciÃ³n de empresa de inserciÃ³n aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonÃ³micos competentes en la materia, realice cualquier actividad econÃ³mica de producciÃ³n de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integraciÃ³n y formaciÃ³n sociolaboral de personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social como trÃ¡nsito al empleo ordinario.
A estos efectos deberÃ¡n proporcionar a los trabajadores procedentes de situaciones contempladas en el artÃ­culo 2, como parte de sus itinerarios de inserciÃ³n, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formaciÃ³n en el puesto de trabajo, habituaciÃ³n laboral y social. Asimismo, estas empresas deberÃ¡n tener servicios de intervenciÃ³n o acompaÃ±amiento para la inserciÃ³n sociolaboral que faciliten su posterior incorporaciÃ³n al mercado de trabajo ordinario.
ArtÃ­culo 5. Requisitos.
Las empresas de inserciÃ³n a efectos de esta Ley, ademÃ¡s de cumplir con lo establecido en el artÃ­culo anterior, deberÃ¡n reunir, como mÃ­nimo, los siguientes requisitos:
a) Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras a que se refiere el artÃ­culo siguiente. Esta participaciÃ³n serÃ¡ al menos de un cincuenta y uno por ciento del capital social para las sociedades mercantiles. En el caso de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales, dicha participaciÃ³n deberÃ¡ situarse en los lÃ­mites mÃ¡ximos recogidos en las diferentes legislaciones que les sea de aplicaciÃ³n a los socios colaboradores o asociados.
b) Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurÃ­dica, asÃ­ como en el Registro Administrativo de Empresas de InserciÃ³n de la Comunidad AutÃ³noma.
c) Mantener en cÃ³mputo anual, desde su calificaciÃ³n, un porcentaje de trabajadores en proceso de inserciÃ³n, cualquiera que sea la modalidad de contrataciÃ³n, de al menos el treinta por ciento durante los primeros tres aÃ±os de actividad y de al menos el cincuenta por ciento del total de la plantilla a partir del cuarto aÃ±o, no pudiendo ser el nÃºmero de aquellos inferior a dos.
d) No realizar actividades econÃ³micas distintas a las de su objeto social.
e) Aplicar, al menos, el ochenta por ciento de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliaciÃ³n de sus estructuras productivas y de inserciÃ³n.
f) Presentar anualmente un Balance Social de la actividad de la empresa que incluya la memoria econÃ³mica y social, el grado de inserciÃ³n en el mercado laboral ordinario y la composiciÃ³n de la plantilla, la informaciÃ³n sobre las tareas de inserciÃ³n realizadas y las previsiones para el prÃ³ximo ejercicio.
g) Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los itinerarios de inserciÃ³n sociolaboral.
ArtÃ­culo 6. Entidades promotoras.
TendrÃ¡n tal consideraciÃ³n las entidades sin Ã¡nimo de lucro, incluidas las de derecho pÃºblico, las Asociaciones sin fines lucrativos y las Fundaciones, cuyo objeto social contemple la inserciÃ³n social de personas especialmente desfavorecidas, que promuevan la constituciÃ³n de empresas de inserciÃ³n, en las que participarÃ¡n en los tÃ©rminos recogidos en la letra a) del artÃ­culo anterior.
ArtÃ­culo 7. CalificaciÃ³n.
1. La calificaciÃ³n de una empresa como empresa de inserciÃ³n corresponderÃ¡ al Ãrgano Administrativo competente de la Comunidad AutÃ³noma en donde se encuentre su centro de trabajo.
2. Para solicitar la calificaciÃ³n como empresa de inserciÃ³n y la inscripciÃ³n en el Registro Administrativo, la sociedad mercantil o cooperativa, deberÃ¡ encontrarse previamente inscrita como tal en el Registro Mercantil o en el Registro de Sociedades Cooperativas, debiendo acreditar los requisitos legalmente requeridos para tal calificaciÃ³n en la forma y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen.
Las empresas de inserciÃ³n vendrÃ¡n obligadas a acreditar su calificaciÃ³n, asÃ­ como el cumplimiento exigido en el artÃ­culo 5 de esta Ley, ante las respectivas Comunidades AutÃ³nomas donde tengan centros de trabajo.
Con objeto de acreditar los requisitos de calificaciÃ³n establecidos en las letras c), e) y f) del artÃ­culo 5, se otorgarÃ¡ por el Ãrgano Administrativo competente la calificaciÃ³n provisional como empresa de inserciÃ³n si se cumplen los requisitos de calificaciÃ³n establecidos en las letras a), b), d) y g) del citado artÃ­culo.
La calificaciÃ³n definitiva de la empresa de inserciÃ³n se certificarÃ¡ por el Registro administrativo competente cuando puedan acreditarse ante el mismo los requisitos de las letras c), e) y f) del mencionado artÃ­culo en el plazo no superior al aÃ±o desde la calificaciÃ³n provisional.
3. Las empresas de inserciÃ³n podrÃ¡n incluir en su denominaciÃ³n los tÃ©rminos Â«empresa de inserciÃ³nÂ» o su abreviatura Â«e.iÂ».
4. La obtenciÃ³n de la calificaciÃ³n de empresa de inserciÃ³n, por una de las sociedades susceptibles de ser calificadas como tal, no se considerarÃ¡ transformaciÃ³n societaria.
ArtÃ­culo 8. PÃ©rdida de la calificaciÃ³n de empresa de inserciÃ³n.
1. SerÃ¡n causas legales de descalificaciÃ³n como empresa de inserciÃ³n:
a) Incumplir el fin definido en el artÃ­culo 4 de esta Ley.
b) Dejar de reunir los requisitos que determinaron su calificaciÃ³n.
2. La descalificaciÃ³n como empresa de inserciÃ³n serÃ¡ acordada por el Ã³rgano competente de la calificaciÃ³n, previo informe preceptivo de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social.
3. La descalificaciÃ³n, una vez firme en vÃ­a administrativa, surtirÃ¡ de oficio efectos de baja registral y no implicarÃ¡ necesariamente la disoluciÃ³n de la sociedad.
ArtÃ­culo 9. Registros e informaciÃ³n sujeta a constancia registral.
1. Las empresas de inserciÃ³n deberÃ¡n inscribirse en el Registro competente de la Comunidad AutÃ³noma donde se encuentre su centro de trabajo.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se crearÃ¡ en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un Registro Administrativo de Empresas de InserciÃ³n a los Ãºnicos efectos de coordinaciÃ³n e intercambio de informaciÃ³n.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mantendrÃ¡ actualizado dicho Registro y proporcionarÃ¡ semestralmente informaciÃ³n estadÃ­stica sobre el nÃºmero de empresas de inserciÃ³n, sector de actividad econÃ³mica, nÃºmero de trabajadores en proceso de inserciÃ³n y de trabajadores de plantilla y tipos de contratos respectivos.
3. Las empresas de inserciÃ³n, una vez inscritas, vendrÃ¡n obligadas a presentar en el Registro Administrativo competente de la Comunidad AutÃ³noma dentro de los plazos que se determinen, la siguiente documentaciÃ³n, sin perjuicio de aquella otra que se pueda establecer por parte de las Comunidades AutÃ³nomas:
a) La documentaciÃ³n acreditativa de las modificaciones estatutarias que afecten su calificaciÃ³n, una vez inscritas en los Registros competentes a su forma jurÃ­dica.
b) El plan de actividades y el presupuesto de cada aÃ±o con anterioridad al inicio del mismo.
c) Las cuentas anuales, el informe de gestiÃ³n y el balance social correspondiente al cierre de cada ejercicio econÃ³mico, sin perjuicio de las obligaciones de depositar las cuentas y el informe de gestiÃ³n en los Registros que correspondan a su forma jurÃ­dica.
Empresas de inserciÃ³n y Administraciones PÃºblicas
ArtÃ­culo 10. Actuaciones de las Administraciones PÃºblicas.
1. Las empresas de inserciÃ³n, para poder llevar a cabo las actuaciones de inserciÃ³n de los trabajadores excluidos sociales contratados por las mismas, podrÃ¡n disponer de los servicios de intervenciÃ³n y acompaÃ±amiento social que realicen los Servicios Sociales PÃºblicos competentes y aplicar, asimismo, los itinerarios y procesos de inserciÃ³n de los trabajadores proporcionados por los Servicios PÃºblicos de Empleo.
2. Las empresas de inserciÃ³n se relacionarÃ¡n con los Servicios Sociales PÃºblicos competentes a efectos de:
a) Acreditar las situaciones de exclusiÃ³n social a las que se refiere el apartado 1 del artÃ­culo 2.
b) Poder acceder a los servicios de intervenciÃ³n y acompaÃ±amiento social que proporcionan los indicados servicios, descritos en el artÃ­culo 3 de esta Ley, a los trabajadores durante su proceso de inserciÃ³n dentro de la empresa.
c) Facilitar el seguimiento que corresponde hacer a los indicados servicios de los itinerarios y procesos de inserciÃ³n sociolaboral de los trabajadores y prestar apoyo a aquÃ©llos que se incorporen a un puesto de trabajo en el mercado de trabajo ordinario, una vez finalizado su proceso de inserciÃ³n.
d) Cualquier otra funciÃ³n que determinen las respectivas normativas autonÃ³micas.
3. Las empresas de inserciÃ³n se relacionarÃ¡n con los Servicios PÃºblicos de Empleo a efectos de:
a) Efectuar el seguimiento de los itinerarios y procesos de inserciÃ³n de los trabajadores y proporcionar, en su caso, formaciÃ³n, que corresponde a los indicados servicios, tanto durante el tiempo que permanezcan contratados en la empresa de inserciÃ³n como con posterioridad al mismo.
b) Certificar, antes de la celebraciÃ³n del contrato, si el trabajador, en los dos aÃ±os previos a la contrataciÃ³n que se pretende realizar, ha prestado servicios en la misma o distinta empresa, teniendo en cuenta la salvedad establecida en el apartado 3 del artÃ­culo 15 de esta Ley.
c) Certificar la formaciÃ³n adquirida en el marco del itinerario de inserciÃ³n y, en su caso, la correspondencia entre la experiencia adquirida y las competencias descritas en los certificados de profesionalidad del Sistema Nacional de Cualificaciones.
Relaciones laborales de los trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social en las empresas de inserciÃ³n
Las relaciones laborales vinculadas a procesos de inserciÃ³n que se concierten entre las empresas de inserciÃ³n y los trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social se regirÃ¡n por lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el resto de la legislaciÃ³n laboral, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley.
ArtÃ­culo 12. Contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo entre las empresas de inserciÃ³n y los trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social podrÃ¡ celebrarse por duraciÃ³n determinada, ajustÃ¡ndose a las modalidades de contrataciÃ³n previstas en la legislaciÃ³n laboral, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demÃ¡s normas aplicables, sin perjuicio de la duraciÃ³n temporal que necesariamente tenga el itinerario de inserciÃ³n sociolaboral.
Asimismo, con independencia de la causa de contrataciÃ³n, podrÃ¡ concertarse el contrato de trabajo que se regula en el artÃ­culo 15 de esta Ley.
2. El contrato de trabajo, sus prÃ³rrogas y variaciones se formalizarÃ¡n siempre por escrito, en el modelo establecido por el Servicio PÃºblico de Empleo Estatal y se comunicarÃ¡ a la oficina pÃºblica de empleo.
Una copia de estos documentos se remitirÃ¡ a los Servicios Sociales PÃºblicos competentes para el seguimiento del itinerario personalizado de inserciÃ³n.
El contrato necesariamente incorporarÃ¡ en el correspondiente anexo la expresiÃ³n de las obligaciones que las partes asumen en el desarrollo del itinerario personal de inserciÃ³n y las medidas concretas a poner en prÃ¡ctica.
ArtÃ­culo 13. Condiciones de trabajo.
Las relaciones laborales de los trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social en las empresas de inserciÃ³n tendrÃ¡n las siguientes peculiaridades:
1. El contrato podrÃ¡ concertarse a tiempo completo o parcial, debiendo ser, en este caso, la jornada diaria o semanal superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto de modificaciÃ³n de la jornada inicialmente pactada, la empresa de inserciÃ³n comunicarÃ¡ dicha modificaciÃ³n realizada a los Servicios Sociales PÃºblicos competentes.
2. El trabajador, previo aviso y justificaciÃ³n, tendrÃ¡ derecho a ausentarse del trabajo, sin pÃ©rdida de remuneraciÃ³n, para asistir a tratamientos de rehabilitaciÃ³n, participar en sesiones de formaciÃ³n y readaptaciÃ³n profesional o realizar cualquier otra medida de acompaÃ±amiento prevista en su itinerario personalizado de inserciÃ³n con las pautas que en el mismo se establezcan.
Asimismo, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situaciÃ³n fÃ­sica o psicolÃ³gica derivada de la situaciÃ³n de exclusiÃ³n social del trabajador se considerarÃ¡n justificadas cuando los Servicios Sociales PÃºblicos competentes asÃ­ lo determinen, y sin perjuicio de que sean comunicadas por el trabajador a la empresa.
3. Si al tÃ©rmino de un contrato ligado a un proceso de inserciÃ³n, el trabajador continuase en la empresa, no podrÃ¡ concertarse un nuevo perÃ­odo de prueba y se computarÃ¡ el tiempo de servicios prestados a efectos de antigÃŒedad.
4. A la finalizaciÃ³n del contrato, el trabajador tendrÃ¡ derecho a que el empresario le entregue un certificado en el que conste la duraciÃ³n de los servicios prestados, puestos de trabajo desempeÃ±ados, principales tareas de cada uno de ellos asÃ­ como adaptaciÃ³n a los mismos.
ArtÃ­culo 14. ExtinciÃ³n y suspensiÃ³n del contrato.
1. Los contratos de trabajo se extinguirÃ¡n segÃºn lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores con las particularidades establecidas en este artÃ­culo.
2. No serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social la causa de extinciÃ³n del contrato por causas objetivas establecida en el artÃ­culo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, las faltas de asistencia de los trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social no se computarÃ¡n para el cÃ¡lculo del Ã­ndice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo, ni tampoco dichos trabajadores computarÃ¡n para el cÃ¡lculo de la plantilla del centro de trabajo a efectos del citado artÃ­culo 52 d).
3. No serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los trabajadores a que se refiere el artÃ­culo 2.1 d) de esta Ley la causa de despido disciplinario establecida en el artÃ­culo 54.2 f) del Estatuto de los Trabajadores. En los supuestos en que, durante la vigencia del contrato, la empresa de inserciÃ³n tuviera conocimiento de que el trabajador incurre en la causa mencionada en el pÃ¡rrafo anterior, lo pondrÃ¡ en conocimiento de los Servicios Sociales PÃºblicos competentes, a fin de que por los mismos se proponga al trabajador afectado iniciar un proceso de deshabituaciÃ³n o desintoxicaciÃ³n. En este caso, el contrato de trabajo podrÃ¡ suspenderse cuando, a juicio de los citados Servicios Sociales, fuera necesario para el Ã©xito de dicho proceso. Si el trabajador no iniciara dicho proceso de deshabituaciÃ³n o desintoxicaciÃ³n, o lo abandonara sin causa justificada, se considerarÃ¡ un incumplimiento de las obligaciones asumidas en el itinerario de inserciÃ³n, siendo entonces de aplicaciÃ³n lo establecido en el artÃ­culo 54.2.f) del Estatuto de los Trabajadores.
4. Los Servicios Sociales PÃºblicos competentes emitirÃ¡n informe con carÃ¡cter previo a la extinciÃ³n del contrato de trabajo, cualquiera que sea su causa.
Asimismo, el empresario comunicarÃ¡ a los citados Servicios y a los Servicios PÃºblicos de Empleo la extinciÃ³n del contrato de trabajo de los trabajadores contratados, cualquiera que sea tambiÃ©n la causa de extinciÃ³n del contrato.
ArtÃ­culo 15. Contrato temporal de fomento del empleo.
1. Las empresas de inserciÃ³n y los trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artÃ­culo 2 de esta Ley podrÃ¡n celebrar el contrato regulado en la DisposiciÃ³n adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, con las peculiaridades establecidas en este artÃ­culo.
2. El contrato tiene por objeto la prestaciÃ³n voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserciÃ³n como parte esencial de un itinerario de inserciÃ³n personalizado.
3. No podrÃ¡n ser contratados los trabajadores que en los dos aÃ±os inmediatamente anteriores hubieran prestado servicios, en la misma o distinta empresa, mediante un contrato de trabajo, incluido el regulado en este artÃ­culo, salvo que, en el supuesto de fracaso en un proceso previo de inserciÃ³n o en el de recaÃ­da en situaciones de exclusiÃ³n, se considere lo contrario por el Servicio Social PÃºblico competente a la vista de las circunstancias personales del trabajador.
4. El contrato podrÃ¡ concertarse por un perÃ­odo mÃ­nimo de doce meses y mÃ¡ximo de tres aÃ±os. No obstante, podrÃ¡ celebrarse por una duraciÃ³n menor si, dentro del itinerario de inserciÃ³n previamente pactado, asÃ­ se aconseja por los Servicios Sociales PÃºblicos competentes para el seguimiento del proceso de inserciÃ³n, sin que en ningÃºn caso dicha duraciÃ³n pueda ser inferior a seis meses.
Si se concierta por una duraciÃ³n inferior a la mÃ¡xima prevista en el pÃ¡rrafo anterior, podrÃ¡ prorrogarse hasta alcanzar la referida duraciÃ³n mÃ¡xima, siendo la duraciÃ³n mÃ­nima de cada prÃ³rroga al menos igual a la duraciÃ³n inicial del contrato. Los Servicios Sociales PÃºblicos competentes deberÃ¡n informar sobre la adecuaciÃ³n de la prÃ³rroga.
5. A la terminaciÃ³n del contrato el trabajador tendrÃ¡ derecho a percibir una compensaciÃ³n econÃ³mica equivalente a doce dÃ­as de salario por aÃ±o de servicio.
6. No serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en los apartados 1, 2, 5 y 6 de la DisposiciÃ³n adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
7. La contrataciÃ³n de trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social por las empresas de inserciÃ³n mediante el contrato regulado en este artÃ­culo darÃ¡ derecho a la bonificaciÃ³n aplicable a la contrataciÃ³n temporal prevista en el artÃ­culo 16.3.
De las Medidas de PromociÃ³n
ArtÃ­culo 16. PromociÃ³n de las empresas de inserciÃ³n.
1. Los poderes pÃºblicos, en el Ã¡mbito de sus respectivas competencias y en el marco de los compromisos asumidos en la UniÃ³n Europea, actuarÃ¡n en orden a la promociÃ³n de las empresas de inserciÃ³n, mediante el apoyo a la creaciÃ³n y mantenimiento de las mismas, en atenciÃ³n a que puedan cumplir su funciÃ³n social de facilitar la inserciÃ³n de las personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n en el mercado de trabajo ordinario.
2. Las empresas de inserciÃ³n podrÃ¡n ser beneficiarias de ayudas financieras para su adaptaciÃ³n a las previsiones de esta Ley, para su constituciÃ³n, puesta en marcha y desarrollo de su actividad, asÃ­ como en concepto de asistencia tÃ©cnica, formaciÃ³n y contrataciÃ³n de tÃ©cnicos para su gestiÃ³n, y en concepto de actuaciones de I+D+i.
3. Las empresas de inserciÃ³n podrÃ¡n beneficiarse de las siguientes clases de ayudas:
a) Bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, en los contratos de trabajo de las personas referidas en el artÃ­culo 2, de 70,83 euros/mes (850 euros/aÃ±o) durante toda la vigencia del contrato, o durante tres aÃ±os en caso de contrataciÃ³n indefinida.
Se aplicarÃ¡ lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en cuanto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicaciÃ³n de las bonificaciones, cuantÃ­a mÃ¡xima, incompatibilidades o reintegro de beneficios.
b) Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo para la inserciÃ³n sociolaboral, en concepto de compensaciÃ³n econÃ³mica a los sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserciÃ³n.
c) Ayudas a la inversiÃ³n fija afecta a la realizaciÃ³n de su objeto social.
4. Las empresas de inserciÃ³n promovidas por las administraciones o entidades pÃºblicas podrÃ¡n ser beneficiarias de las ayudas a que se refiere el apartado anterior.
5. Las empresas de inserciÃ³n o las entidades promotoras que realicen servicios de acompaÃ±amiento para la inserciÃ³n sociolaboral a los que se refiere el artÃ­culo 3 de esta Ley podrÃ¡n recibir ayudas de la administraciÃ³n correspondiente para la ejecuciÃ³n de los mismos.
6. Para defender los intereses de las empresas de inserciÃ³n, asÃ­ como para organizar servicios de asesoramiento, formaciÃ³n, asistencia jurÃ­dica o tÃ©cnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus socios, las empresas de inserciÃ³n, dentro del respeto a las normas de defensa de la competencia, podrÃ¡n organizarse en asociaciones o agrupaciones especÃ­ficas, tanto a nivel autonÃ³mico como estatal. Estas estructuras asociativas representativas de las empresas de inserciÃ³n podrÃ¡n recibir ayudas econÃ³micas por parte de las Administraciones PÃºblicas, para sufragar gastos de promociÃ³n y funcionamiento.
ArtÃ­culo 17. RÃ©gimen jurÃ­dico de ayudas o subvenciones.
A las ayudas y subvenciones reguladas en la presente Ley les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
ArtÃ­culo 18. Infracciones y sujetos responsables.
1. Las acciones u omisiones de los empresarios titulares de una empresa de inserciÃ³n que incumplan las obligaciones que se establecen y tipifican en esta Ley, constituirÃ¡n infracciÃ³n administrativa en el orden social y serÃ¡n objeto de sanciÃ³n conforme a lo establecido en las disposiciones generales y comunes del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
DisposiciÃ³n adicional primera. AplicaciÃ³n de la normativa de la Ley de Contratos del Sector PÃºblico.
Las condiciones especiales de ejecuciÃ³n de los contratos podrÃ¡n incluir consideraciones relativas a la situaciÃ³n de la exclusiÃ³n social de los trabajadores vinculados a la realizaciÃ³n del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislaciÃ³n de contratos del sector pÃºblico.
DisposiciÃ³n adicional segunda. CÃ³mputo de trabajadores en proceso de inserciÃ³n.
Los trabajadores con contrato temporal de fomento del empleo no se computarÃ¡n a efectos del establecimiento del porcentaje mÃ¡ximo autorizado de participaciÃ³n de trabajadores no socios en las Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales.
DisposiciÃ³n adicional tercera. EvaluaciÃ³n y seguimiento del cumplimiento de la norma.
Los Servicios PÃºblicos de Servicios Sociales y los Servicios PÃºblicos de Empleo de las Comunidades AutÃ³nomas ejercerÃ¡n la competencia de evaluar, coordinar y velar por el cumplimiento de los fines previstos en esta norma respecto a las empresas de inserciÃ³n en su Ã¡mbito territorial y competencial.
El Consejo para el Fomento de la EconomÃ­a Social, creado por Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas y regulado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, adoptarÃ¡, entre sus competencias, las de coordinar y velar por el cumplimento de los fines previstos en esta norma.
Asimismo, corresponderÃ¡ al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado por Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio, la coordinaciÃ³n y evaluaciÃ³n del cumplimiento de esta norma en el Ã¡mbito de sus competencias y funciones.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Medidas de apoyo para trabajadores provenientes de empresas de inserciÃ³n y para las empresas que los contraten.
1. Se establecerÃ¡n medidas especÃ­ficas de apoyo a los trabajadores provenientes de empresas de inserciÃ³n, para su establecimiento como trabajadores autÃ³nomos o en fÃ³rmulas de economÃ­a social.
2. A los trabajadores provenientes de empresas de inserciÃ³n que hubieran sido contratados de acuerdo con lo establecido en el CapÃ­tulo IV de esta Ley no les serÃ¡ de aplicaciÃ³n la exclusiÃ³n prevista en la letra d) del artÃ­culo 6.1 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, cuando sean contratados indefinidamente por empresas ordinarias.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Informes de los Servicios Sociales PÃºblicos.
Los informes que se soliciten a los Servicios Sociales PÃºblicos competentes en virtud de lo previsto en el CapÃ­tulo IV de esta Ley deberÃ¡n emitirse en un plazo mÃ¡ximo de diez dÃ­as hÃ¡biles a contar desde la recepciÃ³n de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo, la empresa de inserciÃ³n podrÃ¡ adoptar la decisiÃ³n que en cada caso corresponda, respetando lo establecido en la legislaciÃ³n laboral.
DisposiciÃ³n transitoria primera. AdaptaciÃ³n de las empresas de inserciÃ³n y de las normas autonÃ³micas a las previsiones de la Ley.
1. Las empresas de inserciÃ³n ya existentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley, para acogerse a lo regulado en la misma, deberÃ¡n adaptarse a sus previsiones en un plazo de un aÃ±o a partir de dicha entrada en vigor.
2. Las previsiones contenidas en los artÃ­culos 7 y 9 a efectos de calificaciÃ³n y registro de las empresas de inserciÃ³n, serÃ¡n objeto de adaptaciÃ³n por parte de las Comunidades AutÃ³nomas en un plazo no superior a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
3 . Los contratos de trabajo celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley continuarÃ¡n rigiÃ©ndose por la normativa legal o convencional a cuyo amparo se celebraron.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. AdaptaciÃ³n de determinadas Entidades a las previsiones de la Ley.
1. Las Fundaciones y Asociaciones que mantengan actividades de inserciÃ³n sociolaboral a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, dentro del aÃ±o siguiente a dicha fecha, como tales entidades y para el referido Ã¡mbito funcional, podrÃ¡n solicitar su inscripciÃ³n en el Registro Administrativo de Empresas de InserciÃ³n, y ser calificadas provisionalmente como tales, siempre que sus actividades se correspondan con las definidas para estas empresas y cumplan los demÃ¡s requisitos que para su constituciÃ³n establece la presente norma.
2. La calificaciÃ³n provisional serÃ¡ por un periodo transitorio de dos aÃ±os, durante el cual, para adquirir la calificaciÃ³n definitiva como empresas de inserciÃ³n, deberÃ¡n adoptar la forma jurÃ­dica de sociedad mercantil o sociedad cooperativa.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. Competencias en materia registral.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrÃ¡ ejercer las funciones a que se hace referencia en el apartado 1 del artÃ­culo 7 y en el apartado 1 del artÃ­culo 9 de esta Ley hasta que las Comunidades AutÃ³nomas estÃ©n en disposiciÃ³n de ejercerlas.
Queda derogada la disposiciÃ³n adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad asÃ­ como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley.
DisposiciÃ³n final primera. ModificaciÃ³n del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Los artÃ­culos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que se relacionan a continuaciÃ³n quedan modificados en los tÃ©rminos siguientes:
Uno. Se introduce un apartado 13 en el artÃ­culo 2, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«13. Las empresas de inserciÃ³n, respecto de las obligaciones que se establecen en su legislaciÃ³n especÃ­fica, sin perjuicio de lo establecido en otros nÃºmeros de este artÃ­culo.Â»
Dos. Se modifica el artÃ­culo 5.1, que queda redactado como sigue:
Â«1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y clÃ¡usulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocaciÃ³n, empleo, formaciÃ³n profesional ocupacional, de trabajo temporal y de inserciÃ³n sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley. Asimismo, tendrÃ¡n dicha consideraciÃ³n las demÃ¡s acciones u omisiones de los sujetos responsables y en las materias que se regulan en el presente CapÃ­tulo.Â»
Tres. Se aÃ±ade un nueva SecciÃ³n 5.Âª en el CapÃ­tulo II, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«SecciÃ³n 5.Âª Infracciones en materia de empresas de inserciÃ³n
[ignorar]ArtÃ­culo 19 bis. Infracciones de las empresas de inserciÃ³n.
Infracciones de las empresas de inserciÃ³n.
a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos para la creaciÃ³n de las empresas de inserciÃ³n en la normativa aplicable.
b) Ocultar o falsear la documentaciÃ³n acreditativa de las modificaciones estatutarias que afectan a la calificaciÃ³n como empresa de inserciÃ³n.
c) No facilitar el plan de actividades y el presupuesto de cada aÃ±o, asÃ­ como las cuentas anuales, el informe de gestiÃ³n y el balance social correspondientes al cierre de cada ejercicio econÃ³mico.
d) No facilitar a los Servicios Sociales PÃºblicos competentes y a los Servicios PÃºblicos de Empleo la informaciÃ³n a que se refieren los artÃ­culos 12, 13, 14 y 15 de la Ley para la regulaciÃ³n del rÃ©gimen de las empresas de inserciÃ³n.
e) Incumplir las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo en relaciÃ³n con el proceso personal de inserciÃ³n de cada trabajador o no poner en prÃ¡ctica las medidas concretas previstas en dicho proceso.
a) Desarrollar las actividades sin cumplir el fin primordial de las empresas de inserciÃ³n de integraciÃ³n sociolaboral de las personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social.
b) Obtener o disfrutar indebidamente subvenciones o ayudas establecidas en los programas de apoyo a la inserciÃ³n sociolaboral, financiadas o garantizadas en todo o en parte por el Estado o por las Comunidades AutÃ³nomas en el marco de la ejecuciÃ³n de la legislaciÃ³n laboral ajenas al rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.Â»
DisposiciÃ³n final segunda. Normas de aplicaciÃ³n y desarrollo de la Ley.
1. En lo no previsto en la presente norma, y en cuanto fuera de aplicaciÃ³n, se estarÃ¡ a lo dispuesto en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y de Procedimiento Administrativo ComÃºn.
2. El Gobierno, por medio de Real Decreto, podrÃ¡ modificar los colectivos que se consideran en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social de acuerdo con el artÃ­culo 2.1, previo informe emitido por las Comunidades AutÃ³nomas y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales mÃ¡s representativas, incluidas las del sector afectado.
3. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas otras disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaciÃ³n de esta Ley. Asimismo, las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaciÃ³n de la presente Ley en el marco de sus competencias.
DisposiciÃ³n final tercera. ModificaciÃ³n de la disposiciÃ³n adicional segunda (exclusiÃ³n social y fomento del empleo) de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
Se da nueva redacciÃ³n a la disposiciÃ³n adicional segunda (exclusiÃ³n social y fomento del empleo) de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, quedando redactada como sigue:
Â«A efectos del Programa de Fomento del empleo regulado en la SecciÃ³n 1.Âª del capÃ­tulo I de esta Ley, la situaciÃ³n de exclusiÃ³n social se acreditarÃ¡ por la pertenencia a alguno de los colectivos relacionados en el apartado 1 del artÃ­culo 2 de la Ley para la regulaciÃ³n del rÃ©gimen de las empresas de inserciÃ³n.Â»
DisposiciÃ³n final cuarta. Registro Administrativo de Empresas de InserciÃ³n.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, procederÃ¡ a aprobar en un plazo no superior a seis meses a partir de la publicaciÃ³n de esta norma en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», el reglamento de funcionamiento del Registro Administrativo de Empresas de InserciÃ³n, que incluirÃ¡ las normas de coordinaciÃ³n e intercambio de informaciÃ³n registral y estadÃ­stica con los Registros competentes de las Comunidades AutÃ³nomas.
DisposiciÃ³n final quinta. Fundamento constitucional.
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado, atribuida por el artÃ­culo 149.1. 7.Âª de la ConstituciÃ³n, en materias de legislaciÃ³n laboral, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla en materia de Asistencia Social.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
in fine
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto