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Timestamp: 2017-06-23 05:05:18+00:00

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Diez & Romeo Media: septiembre 2013
El Tribunal Supremo anula la tasa por uso del espectro municipal de La Coruña
Al derecho de la Unión Europea se remite el Tribunal Supremo en una sentencia del mes de mayo en la que anula parte de la ordenanza municipal que regula la tasa que deben pagar al Ayuntamiento las operadoras de telefonía móvil por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, tanto el suelo como el espacio subterráneo o aéreo.
La resolución, que responde a un recurso de Vodafone España, invalida la norma coruñesa en varios puntos de dos de sus artículos: el 2.1, que incluye dentro del hecho imponible de la tasa la utilización de antenas, instalaciones o redes que ocupen espacio municipal por empresas explotadoras de servicios de telefonías que no sean propietarias de las redes a través de las cuales se efectúan los suministros (aunque sean titulares del derecho de uso) y el artículo 4.1, en cuanto atribuye a esas empresas que no son titulares de las redes que usan para prestar su servicio la condición de “sujeto pasivo de la tasa regulada”. Además de modificar la ordenanza fiscal en estas cuestiones, el Ayuntamiento deberá volver a redactar un tercer artículo, el que determinaba la base imponible (en función de los ingresos medios de la empresa a nivel estatal) y tipo impositivo del servicio de telefonía móvil (un 1,5%), que ya había sido declarado nulo en 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), una decisión que ahora confirma el Supremo. Consecuencia inmediata
El alto tribunal establece este criterio respecto de las compañías de telefonía móvil como “consecuencia inmediata” de una sentencia europea de julio de 2012 que, indican los magistrados, “obligará a los tribunales españoles a corregir su doctrina, e incluso al legislador a modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para excluir expresamente a los operadores de telefonía móvil”, tanto en el régimen de cuantificación de la tasa como en la obligación de pagar un impuesto cuando usen redes de las que no son titulares. De hecho, la sentencia que afecta al Ayuntamiento coruñés esgrime los mismos argumentos que sirvieron al Supremo para echar abajo la ordenanza fiscal de Santa Amalia, en Badajoz en octubre de 2012, en una resolución que ha sentado jurisprudencia y cuyos preceptos se están aplicando en otros municipios de España.
La solución que se da a las compañías telefónicas demandantes es, en esencia, la misma: que las operadoras de telefonía móvil no tendrán que abonar tasas municipales si se limitan a utilizar instalaciones (antenas de terceros), tanto para el uso como el acceso o interconexión de las redes. Tal conclusión contraviene el criterio del TSJG, que en su sentencia de 2010 –impugnada por Vodafone, y cuyo recurso da lugar a esta última sentencia del Supremo– sí reconocía el derecho del gobierno local a redactar una ordenanza para imponer tributos a las operadoras de telecomunicaciones, aun cuando no usen redes propias.
A este respecto, el Supremo alude al criterio que fijó en su análisis de la ordenanza fiscal de Santa Amalia para destacar que, acatando la resolución de la Unión Europea, las ordenanzas municipales deberán ajustarse a los parámetros de las directivas establecidas por el Parlamento Europeo para el sector en 2002, en tanto que “la normativa sectorial debe prevalecer sobre la ley de haciendas locales”.
El Ejido sacará a concurso su licencia de TDTL
El Ayuntamiento de El Ejido baraja sacar a licitación la explotación de la televisión municipal. Pretende hacerlo para que se mantenga como un servicio público sin coste adicional para las arcas municipales, que arrastran una deuda heredada del anterior equipo de Gobierno del PAL de unos 350 millones de euros.
El concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, ha precisado este miércoles que «el planteamiento municipal es el de sacar rentabilidad, creando un servicio público, a un gasto fijo e irrenunciable» que tiene el Consistorio en concepto de pago por la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) tal y como se recoge en el convenio que la anterior corporación firmó con la empresa encargada de distribuir dicha señal.
En este sentido, el edil ha comentado que, como ha ocurrido con otros proveedores, el Ayuntamiento se ha puesto al día con la deuda que mantenía con la citada compañía y ha logrado una rebaja de la tarifa, a tenor de que el «convenio recoge una cláusula de irrenunciabilidad».
Rivera ha hecho hincapié en «será un servicio público con coste cero para el Ayuntamiento y que, a su vez, nos permitirá rentabilizar un gasto fijo que ya tenemos».
La publicidad encubierta le cuesta a Telecinco medio millón de euros
El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de Telecinco contra la sanción de 530.331 euros que le impuso el Ministerio de Industria por la
emisión en 2007 de publicidad encubierta en el programa 'Escenas de matrimonio'. En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Espín, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en la que desestimó el recurso que interpuso
la cadena de Mediaset contra el expediente sancionador que le aplicó la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
En su resolución, la Secretaría de Estado declaró a Telecinco responsable de la comisión de seis
infracciones administrativas graves, dos por publicidad indirecta de bebidas con graduación alcohólica superior a veinte grados centesimales y cuatro por la presentación de productos y servicios de terceros con propósito publicitario en dos capítulos de la serie 'Escenas de matrimonio', producida por Alba Adriática (de José Luis Moreno), emitidos los días 2 y 17 de octubre de 2007. Le impuso seis multas por un importe total de 530.331 euros.
Telecinco, con cargo a José Luis Moreno, ya pagó la cuantía de estas seis multas, aunque posteriormente recurrió el dictamen. Pero el medio millón de euros ya está pagado, explican fuentes de Mediaset España.
El Supremo ha ratificado las tesis de Industria y de la Audiencia Nacional, y ha desatendido la alegación de Telecinco de que no tuvo constancia de esa publicidad encubierta
previamente a la emisión y que, en cualquier caso, no hubo voluntad de obtener una remuneración por ello. Según el Supremo, "una operadora de televisión es responsable de todas sus emisiones y tiene, en consecuencia, la obligación de controlar que las mismas no infringen los
límites y prohibiciones legales de cualquier tipo, obligación incumplida en el supuesto enjuiciado".
"En el caso de autos, la recurrente debió comprobar la existencia de la publicidad encubierta e indirecta que contenían los programas y, en consecuencia, no emitirla", señala la sentencia, "con independencia de que dicho responsable reciba o no remuneración o cualquier otra contraprestación o posea cualquier tipo de
interés en su emisión".
Anulado un expediente sancionador que pedía 500.000 € a una televisión en Canarias En estos últimos meses se están dando a conocer acontecimientos como la nulidad de repartos de licencias audiovisuales, renuncias de concesiones, así como el endurecimiento de las acciones contra los medios de comunicación por las autoridades.
La apertura de expedientes sancionadores a diversas televisiones por emitir sin licencia se ha incrementado considerablemente. No obstante, cada vez más las emisoras acuden a letrados especializados en Derecho Audiovisual para abordar las sanciones e intentos de cierre que las autoridades pretenden.
El último asesoramiento de Diez & Romeo ha conseguido anular un expediente sancionador a una televisión de Tenerife que pedía 500.000 € de multa y cierre de las instalaciones.
Canal 9 Tenerife, que emitía pacíficamente en la zona sur de Tenerife, sufrió una apertura de expediente sancionador por carecer de licencia. El Gobierno de Canarias acusó a la television de ser ilegal, lo que resulta contrario a su actuación, ya que no sanciona a todas las emisoras cuyas licencias el Tribunal Supremo declaró ilegales en más de 15 Sentencias firmes.
Además, en las primeras alegaciones se fundamentó que los equipos que detectaron los emisores no habían pasado las revisiones requeridas por la ley. Obviamente a la administración no le quedó más remedio que reconocer la irregularidad, y anular la tramitación del expediente.
Con esta intervención, los letrados de Diez & Romeo han evitado una multa de 500.000 € que hubiera hecho desaparecer a la television local.
De este modo, se sienta un precedente que podría afectar a la mayoría de las actuaciones de los inspectores que se nutran de equipamiento técnico defectuoso para afirmar la existencia de emisiones.
NBR TV y Vaughan TV son los titulares de las nuevas licencias de TDT en Navarra
El Gobierno de Navarra ha concedido licencias para dos nuevos canales de TDT autonómica, uno de contenidos generalistas y otro temático para el aprendizaje de inglés, y cuatro locales (tres en Pamplona y uno en Tafalla). Los titulares de las seis nuevas licencias disponen de tres meses para tramitar su proyecto ante el ministerio de Industria, Energía y Turismo, y poder así comenzar sus emisiones televisivas.
Las licencias autonómicas son para los proyectos NBR TV (de Abian Komunikazioa S.L.) y Vaughan TV (del grupo con el mismo nombre). La primera desarrollará contenidos generalistas, con una cuarta parte de su programación en vascuence, y la segunda, temáticos, según informa el Gobierno foral que precisa que se trata de los dos canales a los que en 2012 renunció Canal 4 Navarra Digital S.A.
Con la resolución de ambos concursos, según el Ejecutivo navarro, se atienden todas las solicitudes de emisión presentadas, se amplía el panorama televisivo foral, con mayor pluralidad de contenidos, y se fomenta la difusión del vascuence, al tiempo que se crea el primer canal temático en Navarra para el aprendizaje del inglés.
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El delito de daños informáticos
La pericial encargada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los dos ordenadores que el imputado Luis Bárcenas tenía en la sede del PP en la calle de Génova ha revelado la destrucción de los datos contenidos en los mismos sin dejar rastro ni copias de seguridad.
El artículo 264 del Código Penal establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años para el que «por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave».
Es lo que se conoce como delito de daños informáticos, presente en nuestra legislación desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995, recientemente modificado por la Ley Orgánica 5/2010, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010, al objeto de incluir no sólo la destrucción efectiva de datos informáticos, sino también cuando se hagan los mismos inaccesibles.
Pese a su relativa novedad, es un delito que ha llegado ya en múltiples ocasiones a nuestros tribunales, y que se acostumbra a imputar a distribuidores de virus, empleados desleales que destruyen información de la empresa, o competidores empresariales que actúan mediante técnicas de hacking malicioso.
En lo relativo a los ordenadores utilizados por Bárcenas, y a la espera de lo que determine la investigación judicial, cabe interrogarse si se dan las circunstancias exigidas por el Código Penal para apreciar delito. Los datos destruidos o inaccesibles, según el artículo 264, deben ser ajenos, y su manipulación no autorizada.
Es decir, no comete delito aquel que destruye datos propios, o destruye los ajenos con la debida autorización, como es el caso de las empresas de reciclaje informático.
El problema que se plantea es hasta qué punto los datos, programas informáticos o documentos electrónicos contenidos en los ordenadores utilizados por Luis Bárcenas son propiedad del PP o de su antiguo trabajador. En lo que se refiere a los programas, serán de aquel que los compró, pero los datos generados pueden generar conflictos, si no hay pacto expreso en el contrato de trabajo, siendo abundantes los pleitos por este motivo. Y en lo relativo a la información confidencial, y muy especialmente los mensajes íntimos de Luis Bárcenas que pudiesen hallarse en su PC, el tema es harto discutible.
Cuestión independiente del delito de daños informáticos es la intencionalidad con la que se ha producido la destrucción de los datos, por si los mismos fuesen relevantes a los efectos de una investigación criminal, y en tal supuesto podríamos encontrarnos con otras tipificaciones penales independientes. Desde encubrimiento, complicidad, obstrucción a la justicia o desobediencia a la autoridad judicial, es amplio el abanico de posibles imputaciones incluso en el supuesto de que los datos fuesen propiedad del PP.
Lo que en cualquier caso sorprende a este letrado, y a cualquier experto en derecho tecnológico, es que no exista una copia de seguridad de datos tan críticos y relevantes, desde el punto de vista político y criminal.
Carlos Sánchez Almeida es abogado especializado en delitos informáticos.
Los móviles desvancan a la television
La llamada segunda pantalla está inundando nuestros salones. La proliferación de los dispositivos móviles está acelerando este cambio, haciendo cada vez más del acto de ver televisión algo secundario. Una empresa de análisis de mercado llamada d.core ha analizado esta tendencia llegando a la conclusión de que los usuarios de segunda pantalla prestan más atención a sus dispositivos móviles que a los contenidos televisivos. Pero el grado de atención depende del aparato que se esté empleando como segunda pantalla: los que hacen uso del smartphone dividen su atención de manera más equitativa: 55% al smartphone y un 45% a la pantalla del televisor. En cambio, los que utilizan el ordenador portátil mientras ven la televisión prefieren en un 58% lo que ven en internet. Desde la televisión se intenta integrar la segunda pantalla ofreciendo promociones, herramientas interactivas, participación en redes sociales, contenidos exclusivos, etc. La televisión ha seguido el lema “si no puedes con el enemigo, únete a él”, pero parece que los espectadores no están respondiendo como cabría esperar: tan sólo un 3% de media reaccionan ante las peticiones de interactividad televisión/segunda pantalla. Todos estos datos están llevando a los anunciantes a trasvasar sus inversiones publicitarias al nuevo medio digital y móvil, reduciendo sus presupuestos destinados para la ya no tan efectiva publicidad tradicional. También existen grandes esfuerzos de integrar el mundo digital con el mundo de la televisión con iniciativas como la creación de smart tv o televisiones sociales, aunque parece que no terminan de despegar. Está claro que el mundo se está tornando virtual y los espectadores están cada vez más acostumbrados a la libertad de elección que ofrece la red frente a la televisión tradicional que debe encontrar nuevas vías para mantenerse con vida en este mundo tan cambiante.
El Tribunal Supremo anula la tasa por uso del espe...
La publicidad encubierta le cuesta a Telecinco med...
Anulado un expediente sancionador que pedía 500.00...
NBR TV y Vaughan TV son los titulares de las nueva...

References: artículo 4
 resolución 
 resolución 
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Real Decreto 
 artículo 22
 artículo 264
 artículo 264