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Timestamp: 2016-10-24 14:43:18+00:00

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La prueba - HubslideToggle navigationBUSINESSEDUCATIONTECHNOLOGYTRAVELMORE TOPICSSign upSign in HomeSantiago AragonLa prueba of 85La prueba Santiago AragonPublished on: Mar 4, 2016 Transcripts - La prueba
MANUAL DEL DERECHO PROBATORIO YDE LA VALORIZACION DE LAS PRUEBASEN EL PROCESO PENAL COMÚNPablo Talavera ElgueraL PA RUEBAEn el Nuevo Proceso PenalCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal2 3
CONTENIDOLA PRUEBA - En el Nuevo Proceso PenalDerechos Reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier medio, sinpermiso expreso por escrito de los editores.Los autores son responsables de la selección y presentación de los hechos contenidos en este Manual,así como de las opiniones expresadas en él y no necesariamente reflejan los puntos de vista delProyecto RPP F2.Pablo Talavera ElgueraAnnie de OrdóñezNº 2009-04244©Cooperación Alemana al Desarrollo GTZpor encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo - BMZPrograma “Gobernabilidad e Inclusión”Proyecto “Apoyo a la Consolidación de la Reforma Procesal Penal y de la Administración de laJusticia en el Perú” - RPP F2Pasaje Bernardo Alcedo No. 150 - Piso 5 - El Olivar - San Isidro - Lima 0027Teléfono : + 51 (1) 421-1333 Fax : + 51 (1) 421-4540Web : www.gtz-gobernabilidad.org.peElaboración de contenidos :Corrección y Estilo :Tiraje :Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú :ISBN :Impreso por :Edición y revisión de contenidos :3,000 ejemplares - Primera Edición - Marzo 2009Henry Alexander Figueroa Mandaré - Jirón Tiahuanaco No. 1555Urb. Zárate - San Juan de Lurigancho - Lima 036Teléfono : 459-9429 - Celular : 9 8017-8936 / 9 9735-6152Academia de la Magistratura – AMAGJirón Camaná No. 669 – Lima 001Teléfono : + 51 (1) 428-0300978-9972-854-53-8COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso PenalPRESENTACIÓNINTRODUCCIÓNAPITULOBASES CONSTITUCIONALES DE LA PRUEBA PENALAPITULOLOS HECHOS EN EL PROCESO PENALC IC II1.- CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL2.- EL DERECHO A LA PRUEBA2.1.- Noción2.2.- Alcance1) El derecho a ofrecer medios de prueba2) El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos3) El derecho a que se actúen adecuadamente los medios de pruebasadmitidos4) El derecho a que se asegure la producción o conservación de laprueba5) El derecho a una valoración racional de las pruebas actuadas6) La obligación de motivar el razonamiento probatorio2.3.- Límites3.- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y ACTIVIDAD PROBATORIA3.1.- Noción3.2.- Alcance3.3.- Límites4.- LA LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA4.1.- Noción4.2.- Prohibiciones de prueba4.3.- Prueba prohibida o prueba ilícita1.- LOS HECHOS2.- LOS HECHOS Y LAS NORMAS JURÍDICAS3.- CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS4.- DISTINCIÓN ENTRE HECHO EXTERNO, HECHO PERCIBIDO Y HECHOINTERPRETADO5.- EL TEMA DE PRUEBA Y LA TEORÍA DEL CASO4 59131719213336394142434444
COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal6.- LOS HECHOS NO CONTROVERTIDOS Y LOS HECHOS ADMITIDOS7.- LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LOS HECHOS1.- EL PRINCIPIO DE APORTACIÓN DE PARTE. LA PRUEBA DE OFICIO2.- LA OPORTUNIDAD EN QUE DEBE SER OFRECIDA LA PRUEBA3.- LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN LA APORTACIÓN Y LA ADMISIÓN DELA PRUEBA3.1.- Principio de libertad de prueba3.2.- Principio de pertinencia3.3.- Principio de conducencia3.4.- Principio de utilidad3.5.- Principio de licitud3.6.- Principio de necesidad. Las convenciones probatorias1.- LA PRUEBA ANTICIPADA1.1.- Supuestos de la prueba anticipadaa) La prueba testimonialb) El examen de peritoc) El careo entre personas que han declaradod) Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones1.2.- Oportunidad y sujetos legitimados1.3.- Procedimiento1.4.- Recurso2.- LA PRUEBA PRECONSTITUIDA2.1.- Utilización en el juicio de las fuentes de prueba halladas en lainvestigación2.2.- Concepto y características de la prueba preconstituida2.3.- Semejanzas y diferencias entre la prueba anticipada y la pruebapreconstituida3.- LA CADENA DE CUSTODIA1.- LA PRUEBA SE ACTÚA EN EL JUICIO2.- LOS PRINCIPIOS DE LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA2.1.- El principio de publicidad2.2.- El principio de contradicciónC IIIC IVC VAPITULOLOS ACTOS DE APORTACIÓN Y ADMISIÓN DE LA PRUEBAAPITULOEL ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN O CONSERVACIÓNDE LA PRUEBAAPITULOLA ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA2.3.- El principio de inmediación2.4.- El principio de oralidad2.5.- El principio de comunidad o de adquisición3.- EL ORDEN DE ACTUACIÓN PROBATORIA4.- LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESALPENAL4.1.- Examen del acusado4.2.- El examen o interrogatorio directo de testigosa) El testigo en el nuevo Código Procesal Penalb) La práctica del examen o interrogatorio directo4.3.- El contra examen contrainterrogatorio de testigos4.4.- Nuevo interrogatorio de testigos4.5.- Examen especial de testigos4.6.- Las objeciones4.7.- Examen de peritos4.8.- Actuación de la prueba material4.9.- La actuación de otros medios de prueba4.10.-La presentación y lectura de la prueba documental4.11.-La prueba sobre la prueba1.- NOCIÓN2.- SISTEMAS DE VALORACIÓN2.1.- Sistema de prueba legal o tasada2.2.- Sistema de libre convicción3.- LAS REGLAS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL SOBRE LAVALORACIÓN4.- LAS REGLAS SE LA SANA CRÍTICA4.1.- Los principios o reglas de la lógica4.2.- Las reglas o máximas de la experiencia4.3.- Las reglas de la ciencia o los conocimientos científicos5.- EL EXAMEN INDIVIDUAL DE LAS PRUEBASa) El juicio de fiabilidad probatoriab) Interpretación del medio de pruebac) El juicio de verosimilitudd) La comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados6.- EL EXAMEN DE CONJUNTO O GLOBAL DE LAS PRUEBAS7.- LA EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LOS CRITERIOSADOPTADOS1.- CONSIDERACIONES GENERALES2.- LA CONFESIÓN DEL ACUSADOC VIC VIIAPITULOLA VALORACIÓN DE LA PRUEBAAPITULOREGLAS O PAUTAS ESPECÍFICAS DE VALORACIÓN6 7464749515354636570737779798587103105105109110115120121123125126
COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal3.- LA DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO3.1.- Consideraciones sobre su fuerza probatoria y admisibilidad3.2.- Pautas o criterios para la valoración de la declaración del coimputadoa) Ausencia de incredibilidad subjetivab) Verosimilitud de la incriminación: concurrencia decorroboraciones periféricas objetivasc) Persistencia en la incriminación: ausencia de ambigüedades y decontradicciones4.- EL TESTIMONIO ÚNICO5.- EL TESTIGO DE REFERENCIA6.- LOS ARREPENTIDOS O COLABORADORES7.- LA PRUEBA POR INDICIOS7.1.- Concepto7.2.- Características de la prueba indiciaria7.3.- Estructura de la prueba indiciariaa) El indiciob) La inferenciac) El hecho indicado7.4.- Clasificación de los indiciosa) De acuerdo con la incidencia que tenga en el hecho indicado:puede ser necesario o contingenteb) Según su relación en el tiempo con el hecho indicador: pueden serantecedentes, concomitantes o subsiguientes7.5.- Requisitos para la eficacia probatoria de los indicios contingentes7.6.- La prueba por indicios en la jurisprudencia nacional1.- LOS LÍMITES AL DERECHO A LA PRUEBA2.- LA NOCIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA3.- POSTURAS SOBRE LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA4.- LOS EFECTOS REFLEJOS DE LA PRUEBA ILÍCITA5.- EVOLUCIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA EN LA JURISPRUDENCIANORTEAMERICANA6.- LAS EXCEPCIONES A LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA— Fuente independiente— Descubrimiento inevitable— Los testimonios dotados de voluntad autónoma— Buena fe— Seguridad jurídica— La ponderación de intereses7.- CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA ILICITUD DE LA PRUEBA8.- MECANISMOS DE CONTROL DE LA PRUEBA ILÍCITA9.- LA PRUEBA ILÍCITA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENALC VIIIAPITULOLA PRUEBA ILÍCITA8 9PRESENTACIÓN127131133134137145147149151153154155159161162La Academia de la Magistratura cumple un rol fundamental en la capacitación dejueces, fiscales y personal auxiliar jurisdiccional y fiscal, en el conocimiento y manejodel nuevo modelo procesal diseñado por el Código Procesal Penal de 2004, tanto desdeuna perspectiva teórica como práctica, única forma de implementar una nuevacultura procesal penal. Ya lo hemos señalado, el acceso a una justicia penal oportunay transparente como parte del servicio de impartición de justicia es quizás uno de lospuntos más sensibles y de mayor dedicación de cara al ciudadano.Nuestra capacitación comprende no sólo el dictado de cursos sino también laelaboración de materiales de estudio y especialmente la edición y difusión demanuales que desarrollan las novísimas instituciones del Código Procesal Penal, queconstituyen herramientas académicas tanto para los cursos impartidos por laAcademia de la Magistratura como de necesaria consulta por los jueces y fiscales en suquehacer jurisdiccional y fiscal, pues insistiremos en el fortalecimiento de losconocimientos de nuestros discentes a fin de que puedan enfrentar el reto de cambiocon los mejores instrumentos a su alcance.En ese contexto, nos toca presentar la obra escrita por el profesor, magistrado y actualmiembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura Pablo TalaveraElguera “Manual de la Prueba en el Nuevo Proceso Penal”, quien con el esfuerzorealizado y el talento que lo caracteriza, se ve concretada esta importante obra, quecombina y realzan sus ya reconocidas calidades profesionales, académicas y lapráctica jurídica a través del ejercicio de la función jurisdiccional, constituyendo deforma ideal la manera más correcta de conocer el derecho de un país, con mayorrazón si se trata del derecho procesal penal.La presente obra, ha sido elaborada como parte del Proyecto Reforma Procesal Penalque lleva a cabo la Cooperación Alemana al Desarrollo – GTZ, institución con la que la
COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal10 11Academia conjuga esfuerzos de capacitación en el marco del proceso deimplementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal.La obra constituye un aporte esencial a la difusión y comprensión de las reglas sobrederecho probatorio contenidas en el nuevo Código Procesal Penal. Destaca en lamisma la claridad y sencillez expositiva de las diversas instituciones sobre la prueba,pero con respaldo riguroso de la doctrina procesal contemporánea y el permanenteempleo de la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Constitucional y la CorteSuprema de Justicia de la República, lo que la convierte en un valioso material deconsulta.El autor no sólo describe las diversas instituciones del derecho probatorio, sino queasume posiciones sobre problemas probatorios tan relevantes y álgidos como lainiciativa probatoria del juez penal, afirmando su empleo pero con los matices que enla obra se indican, sin que ello signifique sustituir a las partes. En ese sentido suspropuestas guardan fidelidad con las normas del nuevo Código y se alejan de modelosideales o foráneos.El manual, tiene como destinatarios a los operadores del sistema de justicia, cuyosroles están claramente definidos en el nuevo Código Procesal Penal: jueces, fiscales,abogados y policías. Y es precisamente en el tema probatorio que cada uno de elloscumple un papel primordial, el policía en el aseguramiento y búsqueda de fuentes deprueba, el fiscal en el aporte del material probatorio de cargo y su sustentación en eljuicio, el abogado como sujeto que aporta prueba y controla el ingreso del materialprobatorio de cargo, mientras que al juez le corresponde controlar la actividadprobatoria, y formar convicción sobre los hechos y la responsabilidad penal, y tomarla decisión que corresponda.La Academia de la Magistratura se complace por la encomiable labor académica deuno de los miembros de su Consejo Directivo y estamos seguros que la presentepublicación fortalecerá la formación de jueces y fiscales, factor esencial para el logrode una eficiente y eficaz impartición de la justicia penal, a la altura de las necesidadesde nuestra población.Al presentar esta obra a la comunidad jurídica, hay que saludar gratamente esteambicioso aporte intelectual, el mismo que ha sido fruto de la labor paciente,meditada e inteligente del profesor Talavera Elguera.Lima, enero de 2009.Fiscal SupremoPresidente de la Academia de la MagistraturaPablo Wilfredo Sánchez Velarde
COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal12 13INTRODUCCIÓNLuego de promulgado el nuevo Código Procesal Peruano se produjo una difusión masivadel modelo acusatorio, de los principios del nuevo proceso penal y de las técnicas delitigación, en esa línea se inscribió nuestro trabajo anterior como un estudio preliminardel código del 2004. Sin embargo, cuatro años después, su puesta en vigencia en losDistritos Judiciales de Huaura, La Libertad, Tacna, Moquegua y Arequipa, y la carenciade estudios jurídicos sobre las diversas instituciones de la novísima legislación procesal,hacen necesaria la publicación de manuales, monografías y artículos en los que seanalicen y sistematicen las diversas disposiciones del nuevo código. Bajo esaperspectiva es que presentamos esta publicación acerca de la prueba en el nuevoproceso penal.Esa necesidad de contar con estudios jurídicos orientados a la aplicación práctica elCódigo Procesal Penal por los operadores de justicia, fue el impulso inicial que tuvoHorst Schoenbohm, asesor principal del Proyecto de Reforma Procesal Penal de laCooperación Alemana para el Desarrollo–GTZ para requerir nuestra participación enun proyecto dirigido a elaborar un manual de derecho probatorio que contribuyera a unmejor conocimiento y aplicación de las reglas de Derecho probatorio del nuevo código.El presente trabajo constituye una exposición sencilla, pero rigurosa, de las reglas deDerecho probatorio del nuevo Código Procesal Penal. La sencillez de la exposición no escontraria a las exigencias de claridad y consistencia conceptual; antes bien, se hatratado de presentar cada institución probatoria con un lenguaje claro, perofundamentado en la doctrina más relevante, en la jurisprudencia del TribunalConstitucional, así como en las sentencias vinculantes y Acuerdos Plenarios de las SalasPenales de la Corte Suprema de Justicia de la República.La obra está dirigida, principalmente, a los operadores del sistema de justicia, jueces,fiscales, abogados y policías. Por la temática desarrollada, se espera que sirva paraidentificar y utilizar los principios que informan la actividad probatoria, conocer losalcances y límites de las instituciones del Derecho probatorio, así como contribuir a lasolución de problemas relativos a la aplicación de las normas del nuevo código.Desde la perspectiva teórica, este trabajo se inscribe en una concepción racionalistaacerca de la prueba, cuyas tesis centrales expuestas por JORDI FERRER consisten en:a) la averiguación de la verdad como objetivo institucional de la actividad probatoria; b)la aceptación del concepto de verdad como correspondencia; c) el recurso ametodologías y análisis propios de la epistemología general para la valoración de laprueba; sin desconocer la concurrencia de algunas normas jurídicas como criteriosracionales para la valoración dentro de un sistema de libre apreciación.
COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal14 15Se ha dividido el trabajo en ocho capítulos, que si bien no abarcan todas las institucionesdel Derecho probatorio, sí tratan puntualmente todas las fases de la actividad probatoriay los principales problemas de admisión, práctica y valoración de la prueba en elproceso penal.En el primer capítulo se desarrollan las bases constitucionales de la prueba penal. Elderecho a la prueba y la presunción de inocencia a la vez que los derechosfundamentales, se constituyen en elementos configuradores de las normas sobre laactividad probatoria. Se abordan, pues, la noción, los alcances y límites de talesderechos, tanto desde una perspectiva constitucional como procesal, a partir de lasdisposiciones del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal que los recoge; asícomo los problemas de interpretación que se derivan del tratamiento de dichosderechos.El segundo capítulo está referido al tratamiento de los hechos, base esencial para eldesarrollo de la actividad probatoria. De poco serviría conocer los principios y reglassobre la prueba, si no se distingue la forma en que se producen los hechos, fase en la cualse evidencian problemas de percepción e interpretación. Como afirmaba antes KARLLARENZ y ahora MICHELE TARUFFO, los hechos no están aislados de las normas.Los actos de aportación y admisión de la prueba son tratados en el tercer capítulo. Sedestaca la postura del nuevo código acerca de la prueba de oficio como excepción alprincipio de aportación de parte, la misma que no es incompatible con el modeloacusatorio ni pone en duda la imparcialidad del juzgador. Se desarrollan los principiosque regulan la aportación y admisión de la prueba, así como lo relativo a lasconvenciones probatorias.En el cuarto capítulo se reflexiona sobre la manera de asegurar la producción oconservación de la prueba, que ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional comocontenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba. La prueba anticipaday la prueba preconstituida se erigen en las formas esenciales de aseguramiento yconservación de fuentes de prueba; su tratamiento, además de novedoso, es de suyoimportante por cuanto el nuevo código las asimila a los actos de prueba. En esta parte setrata también la cadena de custodia en tanto elemento de aseguramiento y conservaciónde fuentes de prueba.La actuación o práctica de los medios de prueba es tratada en el quinto capítulo. Tanto elfiscal como el abogado, de acuerdo a su teoría del caso, deben elaborar las estrategiasadecuadas y eficaces para sostener su teoría y debilitar la del contrario; para tal efectono tienen más oportunidad que la fase de práctica de las pruebas, pues una vez actuadauna prueba, su valoración solo queda en manos del juzgador. Es indispensable que losoperadores conozcan, conforme a las reglas del nuevo código, los principios que seutilizan para la formación de la prueba (publicidad, contradicción, inmediación yoralidad), así como la forma en que deben utilizar las técnicas para el convencimientodel juez o tribunal. Con frecuencia los jueces confunden el principio de inmediación,utilizándolo como un instrumento para la formación del convencimiento, cuando enrealidad solo sirve para la formación de la prueba como instrumento de la publicidad ycontradicción. Estos temas son abordados de manera clara y puntual en este capítulo.El sexto capítulo está referido a la valoración de la prueba, que se considera la fasemedular de toda la actividad probatoria. Por lo general, los manuales de Derechoprocesal solo se limitan a señalar las reglas conforme a las cuales se valora la prueba, sinestablecer el contenido de las mismas ni cómo se desarrolla el proceso de valoración. Enel presente trabajo, además de tratar sobre el contenido de las reglas de la lógica, laciencia y las máximas de la experiencia, se presenta el examen individual de las pruebas,el examen de conjunto o global de las pruebas, así como la exposición de los resultadosobtenidos y los criterios adoptados.Sin duda, el tema estelar o de actualidad no es otro que las reglas o pautas específicas devaloración, que son tratadas en el capítulo séptimo. Dichas reglas constituyen unaexcepción dentro del sistema de libre valoración. Se trata de una prueba legal, pero decarácter negativo; esto es, que en ningún caso su aplicación conllevaría el riesgo de unfalso positivo. Antes bien, están destinadas a dotar de mayor racionalidad la valoraciónde las declaraciones de los coimputados, colaboradores, testigos de referencia, testigoúnico, víctima o la aplicación de la prueba por indicios.En el último capítulo se trata la prueba ilícita, tema de moda en nuestro país, y no solodesde una perspectiva de doctrina y jurisprudencia comparadas. También abordamostemas muy poco tratados como es el caso de las consecuencias jurídicas de la ilicitud enla obtención de la fuente de prueba, los mecanismos de control de la prueba ilícita y elanálisis de las normas relativas a la prueba ilícita en el nuevo Código Procesal Penal.Por cierto, la variedad de temas de Derecho probatorio tratados no solo no abarcantodas las normas que sobre prueba nos trae el nuevo Código Procesal Penal, sino queademás cada tema bien podría dar lugar a una monografía. Por tal razón, losargumentos y posturas expuestas en este trabajo no son sino elementos para la discusiónjurídica, pautas para la práctica legal, antes que posiciones acabadas o un“solucionario” a los inacabables problemas probatorios.La presente obra no hubiese podido llegar a su término sin el invalorable apoyo de laCooperación Alemana para el Desarrollo – GTZ y los agudos comentarios y sugerenciasde Horst Schoenbohm a cada capítulo de esta obra. Aún cuando por razones de tiempono se ha sometido al comentario de otros colegas, es oportuno rendir un homenaje a tresjuristas peruanos, impulsores de la reforma procesal penal en nuestro país y mejoresamigos, que de una u otra manera han colaborado en la afirmación de mi inquietudacadémica y docente por el Derecho procesal penal, César San Martín Castro, brillantemagistrado de la Corte Suprema, autor principal del nuevo Código Procesal Penal yreconocido tratadista de talla internacional; Florencio Mixán Mass, ilustre profesor yautor de magníficas obras en la materia probatoria; y Arsenio Oré Guardia, destacadomaestro, impulsor de las ideas renovadoras de nuestro proceso penal y desinteresadoartífice de las futuras generaciones de procesalistas penales.
C IAPÍTULOBASES CONSTITUCIONALESDE LA PRUEBA PENALCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal16 17
1. CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENALEs deber primordial del Estado garantizar, de un lado, la plena vigencia de losderechos humanos y, de otro, proteger a la población de las amenazas contra suseguridad; así reza el artículo 44° de la Constitución. Tal disposición no hace sinoreflejar la permanente tensión que existe en el Estado entre los intereses de laseguridad colectiva y los derechos fundamentales y libertades individuales, que adecir de ASENCIO MELLADO se presenta con mayor intensidad en el procesopenal .La razón estriba en que el proceso penal persigue la realización de la pretensiónpunitiva mediante el descubrimiento de los actos delictivos y de sus autores, paralo cual limita en la práctica derechos fundamentales de los ciudadanos, siendonecesario que despliegue tal actividad respetando el contenido esencial de losderechos, garantías y principios constitucionales. De ahí que la estrecha relaciónentre Constitución y proceso penal ha llevado a señalar a SCHMIDT que laordenanza procesal penal no es otra cosa que una ley de ejecución de la leyfundamental de Bonn (Derecho Constitucional aplicado); a GOLDSCHMIDT ,que la estructura del proceso penal de una nación no es otra cosa que eltermómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución; y aROXIN a considerar al proceso penal como el sismógrafo de la Constituciónestatal, de modo tal que cada cambio esencial en la estructura política tambiénconduce a transformaciones del procedimiento penal.La Constitución se convierte así en el referente por antonomasia, no solo dellegislador procesal penal sino de toda actuación de los encargados de lapersecución penal, y de las personas que de una u otra manera se ven vinculadas aun caso penal. Esta afirmación implica un deber de protección de los derechosfundamentales durante todo el proceso penal; lo que no significa la omisión detutelar otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente valiosos, en la medidaque tales derechos son relativos y no absolutos. Por ello el Tribunal Constitucional123 45!#ASENCIO MELLADO, José María. “El proceso penal con todas las garantías”. En: RevistaN° 33. Lima, diciembre de 2006.SCHMIDT, Eberhard. .Editora Lerner. Córdoba 2006, pág. 192.Solo si se tiene en cuenta esto, la interpretación y la aplicación de la ordenanza procesal penalpodrá realizarse con sentido constitucional, es decir, con sentido político jurídico (SCHMIDT,Eberhard. , pág. 192).GOLDSCHMIDT, James. Problemas jurídicos y políticos del proceso penal . En:, Volumen I. Editorial Jurídica Universitaria. México 2003, pág. 106.ROXIN, Claus. . Editores del Puerto. Buenos Aires 2000, pág.10.Iuset VeritasLos fundamentos teóricos y constitucionales del Derecho procesal penalOp. cit.“ ” Principiosgenerales del procesoDerecho Procesal PenalCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal18 19
ha sostenido que el respeto de los derechos fundamentales de los procesados no esincompatible con el deber de los jueces de determinar, dentro de un proceso penaldebido, la responsabilidad penal del imputado [STC 9081-2006-PHC/TC].Los derechos fundamentales, y no solo los reconocidos expresamente como talesen el Capítulo I del Título I de la Constitución sino también los no enumerados oimplícitos —lo que da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechosfundamentales sean a su vez constitucionales—, en opinión de PECES-BARBA,expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica. Como apuntanuestro Tribunal Constitucional, si bien el reconocimiento positivo de losderechos fundamentales (frecuentemente, en la Norma Fundamental de unordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar delEstado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética yaxiológica, en tanto manifiesta concreciones positivas del principio-derecho dedignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como finsupremo de la sociedad y del Estado [STC 1417-2005-AA/TC].Como se ha dicho, todo derecho fundamental ha de reputarse un derechoconstitucional y como tal es exigible por cualquier persona —incluso por unapersona jurídica, de acuerdo a los alcances de cada derecho—. Sin embargo,respecto a su eficacia, se deben distinguir aquellos derechos fundamentales cuyaconfiguración requiera de la asistencia de la ley, lo que no significa que carezcande un contenido inmediatamente exigible a los poderes públicos, ya que unainterpretación en dicho sentido sería contraria al principio de fuerza normativa dela Constitución. Lo único que este hecho implica es que, en tales supuestos, la leyse convierte en un requisito para la culminación de la delimitaciónconcreta del contenido directamente atribuible al derecho fundamental [STC1417-2005-AA/TC].Otra distinción capital que es menester efectuar es la que se produce entre lasgarantías y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales engendranderechos subjetivos, mientras que las garantías no; de ahí que puedan serlimitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadasinstituciones jurídicas [STC 9955-2006-PHC/TC].El deber de proteger los derechos fundamentales exige de los jueces —enespecial— y de los demás operadores jurídicos, observar los precedentes y lajurisprudencia vinculantes del Tribunal Constitucional. El máximo intérprete dela Constitución viene sosteniendo a lo largo de los últimos dos años que sussentencias normativas y sus precedentes con efectos normativos se estatuyencomo fuente de Derecho y vinculan a todos los poderes del Estado y a losparticulares [STC 3741-2004-AA/TC, caso Salazar Yarlenque]. En tanto que sujurisprudencia —en la medida que constituya interpretación de la Constitución ysus principios— es vinculante para los jueces al momento de interpretar y aplicarla normatividad vigente en sus fallos, conforme lo establece el artículo VI delCódigo Procesal Constitucional. En la aludida sentencia, el TribunalConstitucional señala, además, que si bien tanto la jurisprudencia como elprecedente constitucional tienen en común la característica de su efectovinculante —en el sentido de que ninguna autoridad, funcionario o particularpuede resistirse a su cumplimiento obligatorio—, el Tribunal, mediante elper sesine qua nonprecedente constitucional, ejerce un poder normativo general, dando lugar a unanorma a partir de un caso concreto.Pero, como es lógico, tan relevantes y amplias atribuciones, en ocasiones—particularmente cuando se trata de resoluciones jurisdiccionales—, corren elriesgo de llegar a un punto en el cual sus competencias puedan afectar lasatribuciones de la jurisdicción ordinaria. Por ello, el propio TribunalConstitucional ha recogido —al igual que en su día lo hizo el TribunalConstitucional Federal alemán— la célebre “fórmula Heck”:“La estructuración del proceso, la determinación y valoración de loselementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación alos casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para talefecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte delTribunal Constitucional Federal; solo en caso de la violación de un derechoconstitucional específico por parte de un tribunal, puede el TribunalConstitucional Federal entrar a conocer el asunto (...). [L]os procesos desubsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídosal examen posterior del Tribunal Constitucional Federal, siempre y cuandono se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmentecon una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental,especialmente en lo que respecta la extensión de su ámbito de protección, ycuando su significado material también sea de alguna importancia para elcaso legal concreto.” ( 18, 85 —sentencia del 10 de junio de 1964—)[STC 9746-2005-PHC/TC].Todo ello no hace sino poner en evidencia la íntima relación que existe entre laConstitución y el proceso penal, así como resaltar la importancia de conocer yaplicar adecuadamente las sentencias normativas, los precedentes vinculantes yla jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Sin embargo, estoúltimo no significa, en modo alguno, asumir de manera acrítica los razonamientosdel máximo intérprete de la Constitución, pues será en el ámbito académico dondedebe darse la batalla para ir perfilando de la mejor manera los precedentesconstitucionales y evitar de ese modo su fosilización.La función principal del proceso judicial radica en determinar la ocurrenciade determinados hechos a los que el Derecho vincula determinadasconsecuencias jurídicas, y la imposición de esas consecuencias a los sujetosprevistos por el propio Derecho. Por ello se ha de concluir que la función delproceso es la aplicación del Derecho . En esa línea, la idea fundamental esque el ciudadano tiene derecho a demostrar la verdad de los hechos en que sefunda su pretensión procesal. Es decir, el ciudadano tiene derecho a probarBverfGE2. EL DERECHO A LA PRUEBA2.1. Noción6$FERRER BELTRÁN, Jordi. .En: Revista . N° 47. Madrid 2003, págs. 27-34.“Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”Jueces para la democraciaCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal20 21
que se han producido, o no, los hechos a los que el Derecho vinculaconsecuencias jurídicas . Por ello, SÁNCHEZ VELARDE se encarga deresaltar que la prueba constituye uno de los temas de mayor apasionamientoen el proceso judicial y sobre manera en el proceso penal, pues toda ladoctrina procesalista se aboca a su estudio con distintas intensidades .Desde la sentencia recaída en el expediente N° 010-2002-AI/TC, el TribunalConstitucional sostuvo que el derecho a la prueba goza de protecciónconstitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debidoproceso, reconocido en el artículo 139°, inciso 3) de la Constitución. En lasentencia N° 6712-2005-HC/TC se señaló que existe un derechoconstitucional a probar, orientado por los fines propios de la observancia otutela del derecho al debido proceso. Posteriormente, se dijo que el derecho aprobar es un componente elemental del derecho al debido proceso, quefaculta a los justiciables a postular los medios probatorios que justifiquen susafirmaciones en un proceso o procedimiento, dentro de los límites y alcancesque la Constitución y la ley establecen [STC 5068-2006-PHC/TC].Finalmente, se ha puesto de relieve que una de las garantías que asisten a laspartes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios paraposibilitar la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de susargumentos [STC 1014-2007-PHC/TC].Siendo un derecho fundamental, el derecho a la prueba tiene una dobledimensión o carácter. En su dimensión subjetiva, las partes o un tercerolegitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir laprueba necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que configuran supretensión o defensa. En su dimensión objetiva, comporta también el deberdel juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico quecorresponda a los medios de prueba en la sentencia [STC 1014-2007-PHC/TC].Como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujetoa restricciones o limitaciones derivadas, tanto de la necesidad de que seanarmonizados con otros derechos o bienes constitucionales ——, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión— — [STC 4831-2005-PHC/TC].El derecho a la prueba es reconocido explícitamente como norma rectorapor el nuevo Código Procesal Penal, cuando en su artículo IX del TítuloPreliminar señala que toda persona tiene derecho a intervenir en la actividadprobatoria y a utilizar los medios de prueba pertinentes. Si bien el nuevocódigo solo hace alusión en su título preliminar al derecho de las partes aintervenir en la actividad probatoria y a utilizar los medios de pruebapertinentes, ello en modo alguno puede ser interpretado de manerarestrictiva, sino por el contrario ampliamente, en la medida en que elconcepto de actividad probatoria comprende no solo la aportación de78límitesextrínsecoslímites intrínsecosmedios de prueba, sino también la admisión, recepción y valoración de laprueba. Por lo demás, el Tribunal Constitucional se ha encargado dedelimitar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a laprueba.El contenido esencial o contenido constitucionalmente protegido delderecho fundamental a la prueba no fue primigeniamente desarrollado porla jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino por la doctrina nacional yla doctrina y jurisprudencia extranjeras. No obstante, se debe puntualizarque la delimitación o alcance del derecho fundamental a la prueba se ha idoperfilando en nuestro país a través de la jurisprudencia de nuestro máximointérprete de la Constitución, y particularmente por las reglas probatoriasdel nuevo Código Procesal Penal.BUSTAMANTE ALARCÓN afirma que se trata de un derecho complejo, envista de que su contenido se encuentra integrado por los siguientes derechos:1) el derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar laexistencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2)el derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; 3) elderecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos ylos que han sido incorporados de oficio por el juzgador; 4) el derecho a que seasegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuaciónanticipada y adecuada de los medios probatorios; y, 5) el derecho a que sevaloren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sidoactuados y que han ingresado al proceso o procedimiento.Por su parte, FERRER BELTRÁN considera que los elementos definitoriosdel derecho a la prueba son los siguientes: 1) el derecho a utilizar todas laspruebas de que se dispone para demostrar la verdad de los hechos quefundan la pretensión; 2) el derecho a que las pruebas sean practicadas en elproceso; 3) el derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas;y, 4) la obligación de motivar las decisiones judiciales.Con el fin de definir cuáles son las manifestaciones, elementos o derechosque integran el derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional ha recogidoampliamente todas las que la doctrina ha puntualizado hasta el momento,sin duda con la finalidad de dotar al referido derecho fundamental de unaelevada protección constitucional, tanto más si la configuración de estederecho es esencialmente legal. Así, ha sostenido que se trata de un derechocomplejo cuyo contenido está determinado por el derecho a ofrecer mediosprobatorios que se consideren necesarios, a que éstos sean admitidos yadecuadamente actuados, a que se asegure su producción o conservación dela prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y a2.2. Alcances910%TARUFFO, Michele. Editorial Trotta. Madrid 2002, pág. 21.SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Idemsa. Lima,2004, pág. 637.La prueba de los hechos.BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo.Ara Editores. Lima 2001, págs. 102-103.FERRER BELTRÁN, Jordi. Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales .En: Revista . N° 47. Madrid 2003, págs. 27-34.El derecho a probar como elemento esencial de un procesojusto.“ ”Jueces para la democraciaCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal22 23
que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida,con el fin de darles el mérito probatorio que tengan en la sentencia [STC1014-2007-PHC y STC 6712-2005-HC/TC].El Tribunal Constitucional afirma que una de las garantías que asiste alas partes del proceso (en general) es la de presentar los mediosprobatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en eljuzgador de que sus enunciados fácticos son los correctos. De estamanera, si no se autoriza la presentación oportuna de pruebas a losjusticiables, no se podrá considerar amparada la tutela procesalefectiva. El derecho a la prueba implica la posibilidad de postular,dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los mediosprobatorios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime asu favor [STC 6712-2005-HC/TC].Una de las manifestaciones de este elemento del derecho a probar seencuentra en la posibilidad de ofrecer testigos. Tal como claramente loha expresado el artículo 14°, inciso 3, acápite e) del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8° de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, la persona acusada tendráderecho, en plena igualdad, y durante todo el proceso: a interrogar ohacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia delos testigos de descargo, y a que éstos sean interrogados en las mismascondiciones que los testigos de cargo.Conforme a este derecho, por regla general se puede ofrecer cualquiermedio de prueba para probar cualquier hecho objeto de prueba,siempre que no esté expresamente prohibido o no permitido por la ley.Subyace aquí el principio de libertad de prueba. Pueden aportarsemedios de prueba típicos —los previstos expresamente en la ley— oatípicos —aquellos que no están regulados en la ley—, en cuyo caso laforma de su incorporación se adecuará al medio de prueba másanálogo, de los previstos en lo posible [art. 157°.1 del NCPP].El nuevo Código Procesal Penal regula el derecho a ofrecer mediosprobatorios estableciendo como regla esencial el principio deaportación de parte en el artículo 155°.2, y fijando los momentos en quese pueden aportar los medios de prueba en los artículos 350°.1.f),373°.1, 373°.2 y 385°.2, en los términos que seguidamente se reseñan.Se instituye como regla el principio de aportación de parte: las pruebasse admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetosprocesales. Sin embargo, se estipula que la ley establecerá, porexcepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. Así, elartículo 385° inciso 2) señala que el juez penal, excepcionalmente, unavez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer —de oficioo a pedido de parte— la actuación de nuevos medios probatorios si en elcurso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útilesA) El derecho a ofrecer medios de pruebapara esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar poreste medio la actuación propia de las partes.El fiscal debe ofrecer los medios de prueba en su acusación, para locual presentará la lista de testigos y peritos —con indicación de sunombre y domicilio—, y de los puntos sobre los que habrán de recaersus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de losdemás medios de prueba que ofrezca.Los demás sujetos procesales podrán, en el plazo de 10 días denotificados con la acusación, ofrecer pruebas para el juicio,adjuntando la lista de los testigos y peritos que deben ser convocados aldebate —con indicación de nombre, profesión y domicilio—,precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en elcurso del debate. Además, presentar los documentos que no fueronincorporados anteriormente, o señalar el lugar donde se hallan los quedeban ser requeridos.Este elemento consiste en el derecho que tiene su titular a que seadmitan los medios probatorios ofrecidos, con el propósito deacreditar la existencia o inexistencia de los hechos que constituyen elobjeto concreto de prueba.A juicio de TARUFFO deberán ser admitidas todas aquellas pruebasque hipotéticamente puedan ser idóneas para aportar, directa oindirectamente, elementos de juicio acerca de los hechos que deben serprobados.El derecho a que se admitan los medios probatorios, como elementodel derecho a la prueba, no implica la obligación del órganojurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieransido ofrecidos. En principio, las pruebas ofrecidas por las partes sepueden denegar cuando importen pedidos de medios probatorios queno sean pertinentes, conducentes, oportunos, legítimos o útiles, asícomo manifiestamente excesivos [STC 6712-2005-HC/TC].Constituye un serio e importante avance para proteger el derechofundamental a la prueba, la regulación sobre la admisión de laspruebas que ha efectuado el nuevo Código Procesal Penal. Entre lasreglas generales para el juicio de admisión, se tiene: a) la admisión deun medio de prueba requiere de un auto especialmente motivado (art.155°.2); b) se pueden excluir los medios de prueba que no seanpertinentes y los prohibidos por la ley (art. 155°.2); c) se pueden limitarlos medios de prueba cuando resulten manifiestamentesobreabundantes o de imposible consecución; d) es posible reexaminarla admisión de un medio de prueba (art. 155°.4); e) no pueden serutilizados métodos o técnicas idóneos para influir sobre la libertad deautodeterminación de una persona o para alterar su capacidad deB) El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidosCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal24 25
recordar o valorar los hechos (art. 157°.3); f) no se pueden utilizar,directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidosmediante la vulneración del contenido esencial de los derechosfundamentales de la persona (art. 159°).Se entiende por actuación o práctica de la prueba, los actos procesalesnecesarios para que los diversos medios concretos aducidos,solicitados o decretados de oficio se incorporen o ejecuten en elproceso.Esta fase de la actividad probatoria tiene igualmente sus requisitos:ante todo el que consiste en que haya sido admitida, y también los deformalidad, oportunidad y competencia del funcionario. El Código deProcedimientos Penales, por ejemplo, señala un orden para la prácticade las pruebas en el juicio oral, mientras que el nuevo Código Procesallo deja a criterio del juez, escuchando a las partes.A través de los medios de prueba, las fuentes de prueba ingresan alproceso. El momento en que deben ser adecuadamente incorporadaslas fuentes de prueba es el juicio, porque es en dicha fase del procesopenal que rigen plenamente los principios de publicidad,contradicción, oralidad e inmediación, esenciales para la formación delas pruebas. La doctrina denomina a los medios de prueba practicadosen el juicio actos de prueba, distinguiéndolos de los actos deinvestigación que son propios de la investigación probatoria y que solosirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de laetapa intermedia [art. 325° del NCPP]. Por esta razón es que el artículo393° del nuevo Código Procesal Penal señala que no se pueden utilizarpara la deliberación pruebas diferentes a aquéllas legítimamenteincorporadas en el juicio.Sin duda, de acuerdo al contenido esencial del derecho a la prueba, noes del caso conformarse con cualquier forma de práctica de la pruebaen el proceso. Por ello, y con razón, TARUFFO sostiene que deberámaximizarse la participación de las partes a través del principio decontradicción, dando en todo momento a cada parte la oportunidad decontra-probar lo alegado por la parte contraria.La actuación adecuada de los medios probatorios como elemento delderecho a la prueba a que se refiere la STC 6712-2005-HC/TC exige,entre otros la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigosde cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y aque éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigosde cargo.Para que la actuación probatoria sea adecuada, deben regir lossiguientes principios:C) El derecho a que se actúen adecuadamente los medios de pruebaadmitidosLegalidad de la actividad probatoria:Publicidad:Contradicción:Inmediación:Comunidad de la prueba:D) El derecho a que se asegure la producción o conservación de la pruebaimplica que tanto la obtención, larecepción, así como la valoración de la prueba deben desarrollarse enorden a lo establecido por la ley, sin que eso signifique adoptar elsistema de prueba legal. La legalidad se invoca de manera muyespecial, cuando en la actividad probatoria se producen transgresionesdel orden jurídico o violaciones de los derechos de las personas.La legalidad del medio de prueba significa que la actividad procesalque es preciso desarrollar para incorporar la fuente al proceso, deberealizarse de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Así, será preciso que:a) Solamente se admitan los medios legalmente previstos; significaque si para un proceso concreto existe una limitación probatoria,ésta debe respetarse.b) Y, además, que esos medios solo se propongan y practiquen en laforma establecida en la ley, y no de cualquier otra.en su verdadero sentido, este principio establece que lapublicidad requiere que no solo las partes, sino el público, tenganoportunidad —real y efectiva— de presenciar la recepción de la pruebaque los alemanes denominan “publicidad inmediata”. En los procesossumarios solo es posible una publicidad mediata.implica que, para ser válida o por lo menos eficaz, laprueba debió haber sido producida con audiencia o intervención de laparte contraria, de modo que ésta pudiese haber fiscalizado suordenada asunción, y haber contado con la posibilidad de ofrecerprueba en descargo.exige que el juzgador y las partes se encuentren encontacto personal e inmediato con las personas, hechos y cosas quesirven o servirán como fuente o medio de prueba, según sea el caso, demodo tal que pueda alcanzarse una real coincidencia entre el hechopercibido y el hecho objeto de prueba.es la ventaja o provecho que los sujetosprocesales pueden sacar de un medio de prueba introducido en elproceso, independientemente de quien lo haya planteado.El Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que el derecho ala prueba comprende o está determinado —entre otros elementos—por el derecho a que se asegure la producción o conservación de laprueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios[STC 1014-2007-PHC/TC].De poco serviría tener derecho a ofrecer medios probatorios o que losmismos sean admitidos para su actuación en el juicio, si éstos noestuvieran disponibles para su actuación en el momento oportuno delCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal26 27
debate. Debido a la duración de los procesos en nuestro país, concierta frecuencia ocurre que por enfermedad o viaje los testigos operitos no van a estar disponibles para su presentación en el juicio o laaudiencia de actuación probatoria, o que el testigo no podráreconocer al autor o partícipe de un hecho punible o el objeto materialde un delito —denominado prueba o evidencia material— porque noestará en las mismas condiciones en las que fue hallado o incautado.De ahí que resulte indispensable que las partes cuenten con laposibilidad de asegurar la producción y conservación de sus fuentesde prueba.Nuestro máximo intérprete de la Constitución estima que la actuaciónanticipada de los medios probatorios es el instrumento idóneo paraasegurar la producción y conservación de los mismos [STC 1014-2005-HC/TC]. La prueba anticipada es aquella practicada antes del juicio—con intervención del juez— en condiciones que permitan lacontradicción, cuando fuere de temer que no podrá practicarse en eljuicio oral o que algo pudiera motivar su suspensión.El nuevo Código Procesal Penal regula ampliamente la pruebaanticipada, estableciendo los supuestos en que el juez de laInvestigación Preparatoria debe decidir su actuación a solicitud de lossujetos del proceso (art. 242°). Concretamente, la prueba anticipadaprocede en los casos siguientes: a) testimonial y examen del perito,cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de unmotivo fundado para considerar que esto no podrá hacerse en el juiciooral por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sidoexpuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otrautilidad para que no declaren o lo hagan falsamente; b) careo entre laspersonas que han declarado, por los mismos motivos del literalanterior; y c) reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, quepor su naturaleza y características deben ser considerados actosdefinitivos e irreproducibles, y no sea posible postergar su realizaciónhasta la celebración del juicio.Como ha señalado TARUFFO, el reconocimiento del derecho de laspartes a que sean admitidas y practicadas las pruebas relevantes parademostrar los hechos que fundamentan su pretensión, es una garantíailusoria y meramente ritualista si no se asegura el efecto de la actividadprobatoria, es decir la valoración de las pruebas por parte del juez en ladecisión.Uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a laprueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadasdentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con lamotivación debida. De este hecho se deriva una doble exigencia para eljuez: en primer lugar, la exigencia de no omitir la valoración deaquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso en elE) El derecho a una valoración racional de las pruebas actuadasmarco del respeto de los derechos fundamentales y de lo establecido enlas leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichaspruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos yrazonables. Por ello, la omisión injustificada de la valoración de unaprueba aportada por las partes, respetando los derechosfundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración delderecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso [STC1014-2007-PHC/TC].Conforme se señala en la STC 1934-2003-HC/TC, en nuestroordenamiento la prueba se rige por el sistema de libre valoraciónrazonada (sana crítica). En virtud de ello, el juzgador tiene libertadpara evaluar los medios probatorios sin que éstos tengan asignado unvalor predeterminado (tarifa legal). El Tribunal Constitucional precisaque no le compete valorar las pruebas o revocar las sentencias emitidasen sede penal, o determinar la responsabilidad penal de los imputados,pero sí analizar si en su valoración existe una manifiestairrazonabilidad.Esta exigencia de valoración de las pruebas puede descomponerse endos aspectos distintos: por un lado, se exige que las pruebas admitidas ypracticadas sean tomadas en consideración a los efectos de justificar ladecisión que se adopte. Por otro lado, se exige que la valoración que sehaga de las pruebas sea racional. La primera de las exigencias es amenudo incumplida mediante el recurso a la denominada “valoraciónconjunta de las pruebas”. Debe advertirse que, si bien una decisiónsobre los hechos no pueda realizarse sin esa valoración conjunta, estaúltima no puede ser utilizada para evitar la valoración concreta decada una de las pruebas aportadas. Es más, solo después de valoradasindividualmente las pruebas podrá hacerse con rigor una valoraciónconjunta de las mismas. Por ello, deberían ser consideradas comoviolaciones al derecho a la prueba los supuestos en que algunas de laspruebas admitidas y practicadas no hayan sido tomadas enconsideración en el momento de la decisión.Es necesario también que la valoración de las pruebas, individual yconjunta, se adecue a las reglas de la racionalidad. Solo así podráentenderse que se respeta el derecho de las partes a probar, esto es aproducir un determinado resultado probatorio que sirva defundamento a sus pretensiones. Es más, solo si se garantiza que loshechos probados a los que se aplicará el Derecho han sido obtenidosracionalmente a partir de los elementos de juicio aportados al proceso,puede certificarse también un nivel mínimamente aceptable deseguridad jurídica.En sus disposiciones, el nuevo Código Procesal Penal configura unavaloración racional de la prueba al señalar, de un lado, que en lavaloración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica,la ciencia y las máximas de la experiencia, estando obligado a exponerlos resultados obtenidos y los criterios adoptados (art. 158°). En eseCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal28 29
sentido, la racionalidad radicaría en la necesaria corrección delrazonamiento probatorio en la medida que hay obligación deexplicitarlo. De otro lado, el artículo 393°.2 estatuye que, para laapreciación de las pruebas, el juez penal procederá primero aexaminarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás.En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es elacercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada yobjetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia. El derechoa la prueba comprende no solo el derecho a que los medios de pruebapracticados sean valorados de manera adecuada, sino también a lamotivación debida. La valoración de la prueba debe estar motivadapor escrito, con el fin de que el justiciable pueda comprobar si dichomérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado [STC 1014-2007-PHC/TC].El Tribunal Constitucional ha sostenido que la libre valoraciónrazonada en modo alguno significa que la actividad probatoria sesustraiga del control de la jurisdicción constitucional. Aquélla debeser realizada de acuerdo con los principios que la informan. Entredichos principios, un lugar especial ocupa la necesidad de la debidamotivación, que deberá quedar plasmada en la sentencia de manerasuficiente. Evidentemente, al juez constitucional no le competevalorar las pruebas, pero sí analizar si en su valoración (razonamientoprobatorio) existe una manifiesta irrazonabilidad [STC 1934-2003-HC/TC]. Empero, debe entenderse que para que un juez constitucionalse pronuncie sobre la motivación de la apreciación de la prueba,resulta indispensable que previamente los tribunales ordinarioshayan revisado tal motivación conforme a los recursos legalmenteprevistos.La obligación de motivar expresamente las decisiones judiciales seencuentra recogida en el artículo 139°.5 de la Constitución. Laexigencia de motivación no supone una exhaustiva y pormenorizadadescripción del proceso intelectual que ha llevado al juez o al tribunal aresolver en un determinado sentido. Desarrollando tal preceptoconstitucional, el nuevo Código Procesal Penal establece la obligaciónde motivar especialmente el auto de admisión de las pruebas ofrecidas[art. 155º.2], la exigencia de explicitar los resultados obtenidos y loscriterios adoptados en el proceso de valoración [art. 158º.1], y lanecesidad de justificar el razonamiento probatorio [art. 394°],motivación que deberá cumplir con los presupuestos de claridad,logicidad y completitud.Es preciso distinguir entre la estructura de la motivación y lavaloración. La estructura de la motivación es la secuencia constituidapor una máxima de experiencia (premisa mayor), un dato probatorio(premisa menor) y un hecho probado (conclusión). En cambio, laF) La obligación de motivar el razonamiento probatoriovaloración concierne al fundamento de la máxima de experienciaadoptada .Por último, en cuanto a esta exigencia del derecho a la prueba, lamotivación también debe cumplir con los requisitos de racionalidad,coherencia y razonabilidad. Sobre la racionalidad de la motivación, esdel caso precisar sus dos alcances: de un lado, será racional todamotivación capaz de hacer aparecer justificada la decisión, de modoque consienta el necesario control externo (de un tercero) sobre elfundamento racional. En el otro aspecto, será racional toda motivacióncuyos argumentos sean válidos; se busca la coherencia de los mismos,así como la completitud de la justificación con relación a la decisiónadoptada.Desde la STC 010-2002-AI/TC se sostuvo que, al igual que todo derechoconstitucional, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a restricciones olimitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados enejercicio con otros derechos o bienes constitucionales —, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión— . El derecho a la prueba se encuentra sujeto a losprincipios de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Estos principiosinforman la actividad probatoria y, al mismo tiempo, establecen límitesinmanentes a su ejercicio, esto es derivados de la propia naturaleza delderecho. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no pueda establecerseotra clase de límites, derivados esta vez de la necesidad de armonizar suejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, siempre que con ellosno se afecte su contenido esencial o, en su caso, los principios derazonabilidad y proporcionalidad. En cualquier caso, la posibilidad dejustificar válidamente estos otros límites debe basarse en la necesidad deproteger otros derechos y bienes de la misma clase que aquel que se limita.El Tribunal Constitucional ha desarrollado conceptualmente los límites delderecho a la prueba en la STC 6712-2005-HC/TC:: exige que el medio probatorio tenga una relación directa oindirecta con el hecho que es objeto de proceso. Los medios probatoriospertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto delproceso.: el legislador puede establecer la necesidad de quedeterminados hechos sean probados a través de determinados mediosprobatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que seencuentre prohibido en determinada vía procedimental o vedado paraverificar un determinado hecho.112.3. Límiteslímitesextrínsecos—límites intrínsecos—PertinenciaConducencia o idoneidadIGÁRTUA SALAVERRÍA, Juan.. Editorial Thomson – Civitas. Madrid 2004, pág. 122.El Comité de Derechos Humanos, la casación penal española y elcontrol del razonamiento probatorioCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal3130
UtilidadLicitudPreclusión o eventualidadprueba ilícita fruto del árbol: se presenta cuando contribuye a conocer lo que es objeto deprueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Solopueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algúnservicio en el proceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacersecuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechoscontrarios a una presunción de derecho absoluta; cuando se ofrecen mediosprobatorios para acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, ode pública evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto dejuzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorioofrecido no es el adecuado para verificar por su intermedio los hechos quepretenden ser probados por la parte; y cuando se ofrecen medios probatoriossuperfluos, bien porque se han propuesto dos medios probatorios igualescon el mismo fin (dos pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho)o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes.: No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravencióndel ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de pruebaprohibida. En la STC 1014-2007-PHC/TC, se exige la constitucionalidad de laactividad probatoria, lo cual implica la proscripción de actos que violen elcontenido esencial de los derechos fundamentales o las transgresiones alorden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba.: En todo proceso existe una oportunidad parasolicitar la admisión de medios probatorios; pasado dicho plazo, no tendrálugar la solicitud probatoria.Sobre la pertinencia, el nuevo Código Procesal Penal confiere a la defensa lafacultad de utilizar medios de prueba, siempre que sean pertinentes (art. IXT. P.). La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere que el aporteprobatorio sea pertinente (art. 352º.5.b); en caso contrario, el juez losexcluye mediante auto motivado (art. 155º.2).El principio de conducencia o idoneidad, que se encuentra expresamentereconocido como requisito para la admisibilidad probatoria en el artículo352º.5.b del CPP, parte de dos premisas fundamentales. En primer lugar, queel legislador tiene la capacidad de determinar en algunos casos, qué medios oinstrumentos pueden ser utilizados como medios probatorios y cuáles no(ejemplo: los diplomáticos testifican mediante informe escrito [art. 168º]). Ensegundo lugar, que el legislador puede prohibir la utilización de determinadosmedios probatorios para un caso concreto (Ejemplo: no procede el careoentre el imputado y la víctima menor de catorce años. [art. 182º.3]).La utilidad puede ser definida como aquella cualidad del medio de pruebaque hace que éste sea adecuado para probar un hecho. Se encuentra previstaen los artículos 155°.2 y 352°.5.b del nuevo Código Procesal Penal.Respecto a la exigencia de licitud, el nuevo Código Procesal Penal estipulaque un medio de prueba podrá ser valorado solamente si ha sido obtenido eincorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo(art. VIIIº.1 del Título Preliminar). Por lo tanto, carecen de efecto legal laspruebas obtenidas, directa ( ) o indirectamente (envenenadopresunción de inocenciapro homineiuris tantum), con violación del contenido esencial de los derechosfundamentales de la persona (art. VIIIº.2 del Título Preliminar).En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, elderecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo11º.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido deque “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma suinocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juiciopúblico en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias parasu defensa”. De igual modo, el citado derecho es contemplado en el artículo14º.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo8º.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Enconcordancia con estos instrumentos internacionales de protección de losderechos humanos, el artículo 2º, inciso 24, de la Constitución establece que“Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declaradojudicialmente su responsabilidad”. De esta manera, el constituyente hareconocido la como un derecho fundamental. Elfundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en elprincipio-derecho de dignidad humana, como en el principio[STC10107-2005-PHC/TC].Como bien señala SÁNCHEZ VELARDE, la inocencia del imputado esconsiderada como un principio rector del proceso penal de ineludibleobservancia principalmente por la autoridad judicial, y por aquellas otrasautoridades encargadas de la persecución del delito .El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto quepresunción , implica que“(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe suculpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario.Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de undelito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante todala tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”[STC 0618-2005-PHC/TC].De igual forma, se ha dicho que la presunción de inocencia se mantiene“viva” en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que,como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantíasinherentes al debido proceso, logre desvirtuarla [STC 2915-2004-PHC/TC].Como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocenciatiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo,3. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y ACTIVIDAD PROBATORIA3.1 Noción12SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. . Editorial Idemsa. Lima,2004, pág. 299.Manual de Derecho Procesal PenalCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal3332
sino también una institución objetiva dado que comporta determinadosvalores inherentes al ordenamiento constitucional.CORDÓN MORENO señala que la garantía de la presunción de inocenciase asienta en ideas fundamentales, cuales son: el principio de librevaloración de la prueba en el proceso penal, que corresponde actuar a losjueces y tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente enauténticos hechos de prueba; y que la actividad probatoria sea suficientepara generar en el tribunal la evidencia de la existencia no solo del hechopunible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado, yde este modo desvirtuar la presunción.Por su parte, ASENCIO MELLADO concibe la presunción de inocencia comoun derecho fundamental de desarrollo jurisprudencial, que asiste a todoacusado por un delito a no ser condenado sin pruebas y a que éstas reúnantodas las garantías suficientes para cumplir la función del proceso deaveriguación de la verdad. Para dicho autor, de ser un derecho de configuraciónformal, equiparado al simple principio , ha pasado a erigirse enderecho fundamental, rector de la actividad probatoria penal, limitador delpoder absoluto de los jueces, corrector de la actividad policial ilícita yfavorecedor, en suma, del derecho a un proceso con todas las garantías.A juicio de IGARTUA SALAVERRÍA, la presunción de inocencia cumple dosfunciones (garantías): para asignar la carga de la prueba (al acusadorcorresponde probar la culpabilidad del acusado) y para fijar el de laprueba (la culpabilidad ha de quedar probada más allá de toda dudarazonable) .La presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a llevar a cabouna actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia delque goza todo imputado [STC 1934-2003-HC/TC]. La sentenciacondenatoria debe fundamentarse en auténticos hechos de prueba y en quela actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal laevidencia de la existencia, no solo del hecho punible sino también de laresponsabilidad penal del acusado [STC 10107-2005-PHC/TC].La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 18 deagosto de 2000 caso: Cantoral Benavides vs. Perú —apartado 120— haestablecido que:“El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprendedel artículo 8º.2 de la Convención, exige que una persona no pueda sercondenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad131415in dubio pro reoquantum3.2 Alcancespenal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no esprocedente condenarla, sino absolverla.”La presunción de inocencia como principio cardinal del Derecho Procesalcontemporáneo presenta un triple contenido: como regla de tratamiento delimputado, como regla del juicio penal y como regla probatoria (Art. IIº.1Título Preliminar del NCPP). Como regla de tratamiento, la presunción deinocencia obliga a que el acusado sea tratado durante el desarrollo delproceso penal como inocente mientras no se declare su culpabilidad en unasentencia condenatoria. Como regla de juicio penal, la presunción deinocencia opera imponiendo la absolución del acusado tanto en lossupuestos de ausencia total de prueba como en los supuestos de insuficienciaprobatoria o duda razonable. Como regla probatoria, la presunción deinocencia exige que la carga de la prueba sea del que acusa; la existencia depruebas y que éstas tengan la condición de pruebas de cargo, que seansuficientes y que hayan sido obtenidas y actuadas con las debidas garantíasprocesales (ver: art. IIº.1 del Título Preliminar del NCPP).la prueba de cargo debe ser proporcionada por laacusación, no teniendo el acusado deber alguno de probar su inocencia, demodo que su actividad o falta de ella jamás puede ser valorada en su contra.para condenar a una persona es exigible que sepractique en el proceso una actividad probatoria precisa, no bastando laconvicción judicial para llegar a una conclusión, puesto que, para tenervalidez, el convencimiento judicial solo puede formarse sobre la base depruebas en sentido objetivo e incriminador . Los elementos que sirvan debase para la condena, han de consistir en auténticos medios de prueba. Enprincipio, solamente los medios practicados en el juicio oral pueden servirde base para la condena. Así lo estipula el artículo 393°.1 del nuevo CódigoProcesal Penal.La prueba practicada ha de referirse en todo caso al delitopor el que se condena, no siendo válida una prueba genérica sin referenciaobjetiva alguna al hecho que se afirma acreditado. La prueba ha de tener unsentido incriminador objetivo o, lo que es lo mismo, no puede llegarse a unaconclusión que, con base en la manifestación externa de la prueba, deberíaser exactamente contraria.La suficiencia de las pruebas se predica en orden a fundamentaruna declaración de culpabilidad del acusado. En el caso Cantoral Benavidesvs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que siobra contra el acusado prueba incompleta o , no es procedentecondenarlo, sino absolverlo. A este criterio de suficiencia se refiere el art. IIºdel Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal, cuando establece quela presunción de inocencia requiere, para ser desvirtuada, de una suficienteactividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantíasprocesales.La carga de la prueba:La concurrencia de prueba:Prueba de cargo:Suficiencia:insuficiente16!#CORDÓN MORENO, Faustino. EditorialAranzadi, Navarra 1999, pág. 155.ASENCIO MELLADO, José María. El proceso penal con todas las garantías . En: RevistaN° 33. Lima, diciembre de 2006.IGARTUA SALAVERRÍA, Juan.Editorial Trotta. Madrid 1999, pág. 17.Las garantías constitucionales del proceso penal.“ ” Iuset VeritasEl caso Marey. Presunción de inocencia y votos particulares. $ASENCIO MELLADO, José María. “El proceso penal con todas las garantías”. En: RevistaN° 33. Lima, diciembre de 2006.Iuset VeritasCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal3534
Legitimidadiuris tantum: La presunción de inocencia exige que las pruebas se practiquencon todas las garantías y se obtengan de forma lícita. La licitud de la pruebano es una cuestión de apreciación o valoración, sino un presupuestoineludible de dicha apreciación. La libre valoración de la prueba solo puedepredicarse de aquellas pruebas obtenidas de forma lícita y con todas lasgarantías, y ella misma no puede fundar su licitud. Las exigencias delegitimidad de la prueba se hallan contempladas en el artículo VIIIº delTítulo Preliminar del nuevo Código Procesal Penal.El derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derechoabsoluto sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitandeterminadas medidas cautelares personales —como la prisiónpreventiva—, sin que ello signifique su afectación,“(...) porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hechoreprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo unprocedimiento penal orientado por principios propios de un Estado dederecho; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajocriterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividaddel derecho a la presunción de inocencia se vincula también con quedicho derecho incorpora una presunción y no unapresunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, quela presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida medianteuna mínima actividad probatoria” [STC 10107-2005-PHC/TC].Como ya se ha afirmado, la presunción de inocencia exige que las pruebas sepractiquen con todas las garantías y se obtengan de forma lícita. Para DEVISECHANDÍA , el principio de legitimidad de la prueba exige que se utilicenmedios de prueba moralmente lícitos. SILVA MELERO apunta que lalegitimidad consiste en que debe obtenerse la prueba “por los modoslegítimos y las vías derechas”, excluyendo las calificadas de “fuentes impurasde prueba”. El citado principio comprende tanto el concepto de legitimidadcomo el de licitud de la prueba.El principio de legitimidad de la prueba ha sido recogido por el artículoVIIIº.1 del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal, el mismo queestablece que todo medio de prueba solo podrá ser valorado si ha sidoobtenido e incorporado al proceso por un procedimientoconstitucionalmente legítimo.3.3 Límites4.1 Noción4. LA LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA1718Al desarrollar los alcances del derecho a la prueba, el TribunalConstitucional peruano, en su sentencia 1014-2007-PHC/TC, considera queconforme a tal derecho se exige la constitucionalidad de la actividadprobatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenidoesencial de los derechos fundamentales o las transgresiones al orden jurídicoen la obtención, recepción y valoración de la prueba.Desde luego, la legitimidad de la prueba se refiere esencialmente a lasllamadas prohibiciones de prueba y la llamada prueba ilícita o pruebaprohibida, mas no así a la prueba irregular o defectuosa.Las prohibiciones de prueba o —como la denomina el nuevo CódigoProcesal Penal— prueba prohibida por la ley (art. 155º.2) comprenden loscasos de prohibiciones de temas probatorios, prohibición de mediosprobatorios y prohibición de métodos probatorios.Los hechos que guarda por razón del secreto profesional un ministro de cultoreligioso, no pueden ser tema de prueba en un proceso penal, aun cuandodicho ministro sea liberado por el interesado del deber de guardar el secreto(art. 165°.2.a).Conforme a la prohibición de medios probatorios, determinados medios deprueba no pueden ser objeto de actividad probatoria en un caso concreto.Así, el artículo 182°.3 estatuye que no procede el careo entre el imputado y lavíctima menor de catorce años de edad.De acuerdo con las prohibiciones de métodos probatorios, determinadosmétodos de prueba no pueden ser empleados. Específicamente el artículo157°.3 prescribe que no pueden ser utilizados —aun con el consentimiento delinteresado— métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad deautodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos.A diferencia de muchas constituciones, incluso la Constitución de losEstados Unidos y sus Enmiendas, la Constitución del Perú de 1993 reconocela llamada regla de exclusión (prueba prohibida o prueba ilícita) en formaexpresa en dos disposiciones: en el artículo 2°.24.h, cuando señala quecarecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia –moral,psíquica o física—, y que quien las emplea incurre en responsabilidad; y, en elartículo 2°.10, al prescribir que los documentos privados obtenidos conviolación del precepto constitucional –primer párrafo de la citadadisposición constitucional— no tienen efecto legal.En forma expresa, nuestra Constitución adopta el criterio de la ineficaciaprobatoria o regla de exclusión de aquella fuente de prueba obtenidamediante la infracción de preceptos constitucionales.El que no haya sido expresamente previsto como consecuencia jurídica parael caso de vulneración de otros derechos fundamentales, en modo alguno4.2 Prohibiciones de prueba4.3 Prueba prohibida o prueba ilícita%DEVIS ECHANDÍA, Hernando. . Tomo I. Editorial Temis.Bogotá 2002, pág. 117-118.SILVA MELERO, Valentín. . Tomo I. Editorial Revista de Derecho Privado.Madrid 1963, pág. 29-30.Teoría general de la prueba judicialLa prueba procesalCOOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ37LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal36
C IIAPÍTULOLOS HECHOSEN EL PROCESO PENALpuede llevar a considerar que la regla de exclusión opera solo en lossupuestos expresamente contemplados.Dos son las razones que pueden esgrimirse: la primera, que la Constituciónno es el texto idóneo para establecer las consecuencias jurídicas de lainfracción de cada precepto constitucional, pues ello le corresponde a lalegislación; y la segunda, que entre la protección constitucional de losdocumentos privados y la integridad personal hay un conjunto de derechosconstitucionales cuya infracción sin duda debe generar consecuenciasjurídicas. El énfasis con el que el constituyente haya redactado algunospreceptos constitucionales no puede considerarse como una taxatividad o, sino como formas de observancia de nuestra LeyFundamental, que deben ser aplicadas también para otras disposicionesconstitucionales de similar naturaleza.En su sentencia del 18 de agosto de 2004, expediente N° 1058-2004-AA/TC,caso: Rafael Francisco García Mendoza, [Fundamento 22] el TribunalConstitucional sostuvo que se debe garantizar que los medios de pruebailícitamente obtenidos no permitan desnaturalizar los derechos de laspersonas ni, mucho menos y como es evidente, generar efectos en superjuicio. En la sentencia del 12 de agosto de 2004, expediente N° 2333-2004-HC/TC, caso: Natalia Foronda Crespo y otras [fundamento 2.5] seafirmó que, a la luz de la doctrina de los derechos fundamentales… se hacenecesario establecer la inadmisibilidad judicial de la prueba obtenidailícitamente (v.g., mediante la violencia psíquica, física o moral). Es en laSTC del 15 de setiembre de 2003, expediente N° 2053-2003-HC/TC, caso:Edmi Lastra Quiñónez, que el Tribunal Constitucional define la pruebailícita como aquella en cuya obtención o actuación se lesionan derechosfundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la mismadeviene procesalmente inefectiva e inutilizable.El nuevo Código Procesal Penal peruano, promulgado mediante DecretoLegislativo 957, y en vigencia parcial en los Distritos Judiciales de Huaura yLa Libertad, se refiere expresamente a la prueba ilícita en el artículo VIIIºdel Título Preliminar y en el artículo 159°.La prueba ilícita no ha sido definida por el nuevo Código Procesal Penal, nitenía por qué serlo; pero de su descripción legal se puede concluir porque seasume un criterio restringido de la noción de prueba ilícita. En efecto, ellegislador ha considerado que solo se está frente a prueba ilícita cuando laspruebas obtenidas, directa o indirectamente, violan o vulneran el contenidoesencial de los derechos fundamentales de la persona (art. 159°).numerus clausus19Para autores como SILVA MELERO, que asumen el criterio amplio sobre la noción de pruebailícita, es aquella que atenta contra la dignidad humana. Según VÉSCOVI, prueba ilícita es lacontraria a una norma de Derecho; es decir, la obtenida o practicada con infracción de normasdel ordenamiento jurídico, con independencia de la categoría o naturaleza de estas últimas.Entre los que sostienen un criterio restrictivo de la noción de prueba ilícita, PICO JUNOY yGONZALES MONTES limitan el concepto de prueba ilícita a aquélla adquirida o realizada coninfracción de derechos fundamentales.COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal38 39
1. LOS HECHOSEl nuevo Código Procesal Penal se refiere en forma expresa a los hechos que sonobjeto de prueba en el artículo 156°.1, a los hechos objeto de prueba que puedenser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley en el artículo157°.1, así como en el artículo 393°.3.c) al establecer que la deliberación y votacióncomprende las cuestiones relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias.Si bien los hechos son de capital importancia en la actividad probatoria y seencuentran recogidos en las reglas sobre la prueba del nuevo Código ProcesalPenal, en la doctrina se discute sobre su conceptualización. Así, GONZÁLEZLAGIER ha sostenido que “hecho” es un término sumamente ambiguo. Algunosautores llaman “hechos” a todo aquello que existe en el mundo espacio-temporal,distinguiendo como dos tipos de “hechos” a los eventos y a los objetos. Parece, sinembargo, que el sentido con el cual emplean los juristas la palabra “hecho” (almenos en la teoría de la prueba) es más restringido y viene a coincidir con la ideade “evento”. Una noción de “hecho” en tanto “evento” es la que asume, porejemplo, BERTRAND RUSSELL, al definir los “hechos” como aquello que tornaverdaderas o falsas nuestras proposiciones o creencias.La prueba sirve para establecer la verdad de uno o más hechos relevantes para ladecisión. Según el nuevo Código Procesal Penal, el hecho que es objeto de pruebase presenta como afirmación de una de las partes. De tal manera que el objeto no esel hecho sino la afirmación misma, en el sentido de que es lo que “es probado” en elproceso.Es evidente que no se hace referencia al hecho en cuanto ocurrencia de la realidadempírica, sino a enunciados —de distinta naturaleza—, que se refieren aocurrencias que se supone suceden en el mundo de la realidad empírica. Loshechos del mundo real existen (cuando existen) según modalidades empíricasabsolutamente independientes de la esfera de las determinaciones conceptuales,valorativas o normativas: no son los eventos del mundo real los que se“construyen”, “definen” o “identifican”, porque éstos, por decirlo así, “suceden” deforma absolutamente independiente de las categorías, de los conceptos y de lasvaloraciones que a ellos se refieren. Lo que se construye o se define en función deconceptos, valores o normas son enunciados relativos a hechos del mundo real o,en el caso de hechos particularmente complejos, versiones de segmentos deexperiencia o de sectores de la realidad que tienen alguna relevancia en el juicio.20COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso PenalGONZÁLEZ LAGIER, Daniel.Palestra Editores. Lima 2005, pág. 20.Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción.40 41
En consecuencia, como afirma TARUFFO , en el proceso “el hecho” es en realidadlo que se dice acerca de un hecho: es la enunciación de un hecho, y no el objetoempírico que es enunciado.Todo enunciado fáctico es siempre uno entre muchos enunciados posibles acercadel mismo hecho, que es seleccionado y “preferido” respecto a los demásenunciados posibles en función de elementos del contexto en que es empleado:esto es, depende del sujeto que realiza la enunciación (definición, hipótesis,descripción, etc.), de los criterios que emplea para individualizar el hecho (gradode precisión, presencia o ausencia de valoración o de calificación jurídicas) y dellenguaje que usa (común o jurídico, vago o preciso, etc.).En cuanto enunciado, el hecho se refiere, en primer lugar, a sucesos o situacionesreales; nos dice cuándo, dónde y de qué modo ha ocurrido esto o aquello. Losenunciados sobre hechos se basan, por regla general, en percepciones .Los hechos materiales existen o no existen, pero no tiene sentido decir de ellos queson verdaderos o falsos; solo los enunciados fácticos pueden ser verdaderos, si serefieren a hechos materiales sucedidos, o falsos, si afirman hechos materiales nosucedidos. En consecuencia, la “verdad del hecho” es únicamente una fórmulaelíptica para referirse a la verdad del enunciado que tiene por objeto un hecho.Las normas jurídicas deben ser aplicadas a sucesos fácticos, a un hecho acaecido.Como ya hemos visto, esto solo es posible en cuanto el hecho acaecido esenunciado. Lo que en el supuesto de hecho de un juicio aparece como “hecho”, esel hecho en cuanto enunciado. El hecho, en cuanto enunciado, efectúa siempreuna selección de la inabarcable profusión, del constante fluir del acontecerfáctico; el que enjuicia encuentra ya esta selección de acuerdo a la posiblerelevancia jurídica de los hechos particulares. El hecho en cuanto enunciado noestá, por lo tanto, “dado” de antemano al que enjuicia, sino que tiene que serprimero formado por él; por un lado, atendiendo a los hechos que ha llegado aconocer, y por el otro, atendiendo a su posible significación jurídica .En cualquier caso, la norma delimita el hecho cuya existencia importa constatar.Al juez no le interesa la historia completa sino solamente una parte de ella: larelevante jurídicamente. Y, por ello mismo, se trata de hechos buscados,previamente seleccionados, dejando a un lado los demás .No se puede hablar del “hecho” separándolo completamente del “derecho” uolvidando sus implicaciones jurídicas. En el proceso, los hechos de los que hay que212223242. LOS HECHOS Y LAS NORMAS JURÍDICASestablecer la verdad son identificados sobre la base de criterios jurídicos,representados esencialmente por las normas que se consideran aplicables paradecidir la controversia específica. Para usar una fórmula sintética: es el Derecho elque define y determina lo que en el proceso constituye “el hecho”. El “hecho”, porlo tanto, no está dado por sí mismo y autónomamente antes de asumir relevanciajurídica. En el proceso es “hecho” lo que se define como tal en función de la normaaplicable para decidir la controversia.Esto no implica ni permite confusiones entre hecho y Derecho, ni mucho menosautoriza a quitarle autonomía al hecho para diluirlo y anularlo en la genéricadimensión jurídica de la controversia.GONZÁLEZ LAGIER nos ofrece un esquema de carácter indicativo, pero muydidáctico, sobre la clasificación de los hechos en el Derecho, que sirve parahacerse una idea bastante clara de la diversidad de tipos de hechos que se englobabajo la expresión “hechos en el Derecho”:1. Independientes de la voluntadEstados de cosas (“La puerta estaba abierta”).Sucesos (“La puerta se cerró”).Acciones involuntarias: actos reflejos (“Dio un manotazo dormido”).Omisiones involuntarias (“Se quedó dormido y no me despertó”).2. Dependientes de la voluntadAcciones intencionales (“Se compró un coche deportivo”).Acciones no intencionales (“Atropelló a un peatón por conducirexcesivamente rápido”).Omisiones intencionales (“Juan decidió no bajarse del árbol y nuncamás lo hizo”).Omisiones no intencionales (“Olvidó cerrar el grifo de la bañeramientras cocinaba”).1. Estados mentales:Voliciones: deseos (“deseaba ser rico”) e intenciones (“tengo laintención de matarlo para heredar su fortuna”).Creencias (“creía que podría envenenarlo con pequeñas dosis decianuro”).Emociones (“sentía una gran animadversión hacia su vecino”).2. Acciones mentales (“calculó mentalmente las consecuencias”, “decidióhacerlo”).3. CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS25A) Hechos físicos:Acciones positivas:Omisiones:B) Hechos psicológicos:COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal!TARUFFO, Michele. . Editorial Trotta. Madrid 2002, pág. 114.LARENZ, Karl. . Editorial Ariel. Barcelona, 1980, pág.278.LARENZ, Karl. . Editorial Ariel. Barcelona 1980, pág.272.NIETO, Alejandro. . Editorial Ariel. Barcelona 2000, pág. 85.La prueba de los hechosMetodología de la ciencia del derechoMetodología de la ciencia del DerechoEl arbitrio judicial#GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. .Editorial Palestra. Lima 2005, pág. 23.Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción42 43
C) Relaciones de causalidadthema probandumthema probandumthemadecidendus(“la ingestión de aceite de colza fue la causa delsíndrome tóxico”).Hecho externo es el hecho en tanto acaecimiento empírico, realmente ocurrido,desnudo de subjetividades e interpretaciones. Hecho percibido es el conjunto dedatos o impresiones que el hecho externo causa en nuestros sentidos. Hechointerpretado es la descripción o interpretación que hacemos de tales datossensoriales, clasificándolos como un caso de alguna clase genérica de hechos. Así,no es lo mismo el hecho real por medio del cual Juan agita su brazo, y lapercepción que un observador tiene de ese movimiento; esto es, los datossensoriales que tal hecho externo causa en su mente, así como la interpretaciónque hace de esos movimientos, como un saludo, una amenaza, un aviso de algúnpeligro, etc. Pues bien: entre el hecho externo y el hecho percibido pueden surgirproblemas de percepción; y entre el hecho percibido y el hecho interpretado,problemas de interpretación .Surge un problema de percepción cuando tenemos dudas acerca de si lapercepción que tenemos de un hecho refleja fielmente las propiedades (o algunaspropiedades) de dicho hecho; esto es, cuando nos preguntamos si nuestraspercepciones son fiables (posibilidades de ilusiones o alucinaciones, influencia denuestros factores socioculturales). Respecto a los problemas de interpretación, unjuez no solo debe asegurarse de que las percepciones de los testigos sean correctas,sino que también debe controlar sus interpretaciones, o bien elaborar su propiainterpretación a partir de la información de los testigos, si quiere conocer lo querealmente ocurrió, si quiere comprender la situación .El tema de prueba o se denomina a lo que en la práctica resultanecesariamente objeto de la actividad probatoria en cada proceso penal enconcreto. De modo que el tiene como contenido hechosconcretos.Son tema de prueba los actos, omisiones, fenómenos, relaciones, cantidades,volúmenes, cualidades, causas, móviles, efectos reales o de peligro, cualidades eidentidad personal (el hombre como realidad biopsíquica) o también comosujeto concreto en interacción con la sociedad, etc.; todos ellos en cuantoconstituyan el contenido de una imputación y sean materia de la consiguienteactividad probatoria que, a su turno, se convierta en el contenido fáctico de laacusación y del consiguiente debate, para finalmente transformarse en el.4. DISTINCIÓN ENTRE HECHO EXTERNO, HECHO PERCIBIDO Y HECHOINTERPRETADO5. EL TEMA DE PRUEBA Y LA TEORÍA DEL CASO2627En toda acción u omisión consciente existe diferencia entre objeto y finalidad;pero, a la vez, una íntima relación entre sí. Más aún, en muchos casos unafinalidad proyectada o concretada puede pasar a constituir también objeto deprueba, siempre que sea necesaria una averiguación y verificación al respecto.Asimismo, existe diferencia entre necesidad de prueba y tema de prueba; pues laprimera tiene categoría de principio, mientras que el segundo no; la primera esincluyente y el segundo incluido.Los perfiles y particularidades del tema de prueba serán identificados ydelimitados según la tipicidad efectuada que haya determinado la apertura delprocedimiento y la consiguiente necesidad de la actividad probatoria en cada casoconcreto.Existe consenso en denominar teoría del caso al conjunto de explicacionesjurídicas (teoría jurídica) e hipótesis descriptivas y explicativas de hechos (teoríafáctica) que las acompañan. Se dice incluso que es una especie de cuento orecreación de los hechos pasados, los cuales tienen una implicación jurídica.BERGMAN sostiene que se trata de la formulación de proposiciones fácticas yjurídicas.La teoría del caso, al igual que el tema de prueba, está referida a hechos enconcreto, más propiamente a proposiciones fácticas (versiones de las partesacerca de los hechos), pero se distinguen en que el tema de prueba está referidosolamente al hecho punible, mientras que la teoría del caso involucra el elementofáctico, el jurídico y el probatorio, siendo mucho más completa y compleja.La teoría del caso tiene tres componentes:está constituido por las afirmaciones o refutaciones sobre loshechos relevantes del caso. Su construcción se realiza teniendo en cuenta eltema de prueba (concreción en función de los elementos constitutivos deldelito y los supuestos de afirmaciones defensivas).: constituido por la teoría legal sobre los hechos y eventualmentesobre aspectos procesales que constituyan un beneficio para la parte que,convenientemente, lo postula.es un elemento esencial que incide sobre los hechos, no solo encuanto fuente de conocimiento, sino también en tanto esta fuente esté o no adisposición de la parte que formula su correspondiente teoría del caso.La teoría del caso es la expectativa de una ventaja procesal, sobre lo quecorresponde decidir al juez tanto para la aplicación de la ley penal cuanto para laadopción de una fórmula de simplificación o de oportunidad procesal. A talexpectativa cabe agregar la carga que dentro del proceso penal tiene cada parte.28···Fáctico:JurídicoProbatorio:COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO - GTZ LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal$%GONZÁLEZ LAGIER, Daniel.pág.19.., pág. 20.Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción,IbídBERGMAN, Paul. Editorial Abeledo – Perrot.Buenos Aires 1995, pág. 21.La defensa en juicio. La defensa penal y a oralidad.44 45Related DocumentsKeep on trucking`
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References: artículo 44
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 artículo 2
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 artículo157
 artículo 393