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Timestamp: 2020-02-26 08:14:32+00:00

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Especialización en Mediación | Blog - todojuristas.com
1 INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN
2 ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
2.1 Características de la mediación
2.2 Ventajas de la mediación
2.3 Ámbito material de la mediación
2.4 Desarrollo del procedimiento de mediación
3 ¿QUIÉN PUEDE SER MEDIADOR?
4 ¿DÓNDE SE REGULA LA MEDIACIÓN?
5 FUNCIONES DE UN MEDIADOR
Artículo elaborado por María González Merchán. Abogada y Mediadora. Fundadora del proyecto El Hilo Jurídico, que puedes consultar en Instagram, Facebook y Youtube.
INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN
Las relaciones personales pueden clasificarse en diferentes categorías: relaciones familiares, relaciones sentimentales, relaciones de amistad, relaciones laborales y profesionales, relaciones comerciales… Inevitablemente, de los distintos tipos de relaciones inherentes a la persona derivan discrepancias, desavenencias, malentendidos o conflictos.
Una vez ha surgido un desencuentro entre dos o más personas, debe buscarse un modo de solucionarlo. En España, el método más frecuente de resolución de conflictos es la vía judicial, seguida del arbitraje; sin embargo, existen otros mecanismos, de carácter extrajudicial, para encontrar soluciones a dichos conflictos –denominados ADR u ODR (Alternative Dispute Resolution o, si es de manera virtual, Online Dispute Resolution), como pueden ser la conciliación o la mediación.
En el presente artículo, vamos a centrarnos en esta última –la mediación–. Quizá, para muchos sea aún una gran desconocida, puesto que, por un lado, apenas se facilita información sobre ella y, por otro lado, no es frecuente la formación en mediación en los centros educativos (desde los propios centros de Educación Secundaria y Bachillerato hasta la Universidad).
A través de mediación, se intenta alcanzar un acuerdo –aunque éste no es siempre su principal objetivo– tratando de conservar, o al menos de no dañar, las relaciones personales entre los sujetos que deciden someterse a este método de resolución de conflictos. En las siguientes líneas, puedes encontrar unas nociones básicas sobre la materia.
Por mediación se entiende aquel mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos en virtud del cual las personas que se encuentran en conflicto (en adelante, los mediados) tratan de alcanzar un acuerdo a través del diálogo, determinando cuáles son sus posiciones y sus intereses; todo ello bajo la supervisión del mediador, el cual nunca interviene en el posible acuerdo al que lleguen los mediados.
Una vez se han concretado las posiciones y los intereses, los mediados realizan determinadas concesiones a la(s) otra(s) parte(s), de tal manera que la solución adoptada satisfaga a todos los mediados. Y ello en caso de que se alcance una solución en sede de mediación, ya que, en ocasiones, esta vía sirve para allanar el terreno y rebajar tensiones pero sin llegar a un acuerdo, consiguiendo de este modo el mantenimiento de los lazos personales existentes entre los mediados.
Las características que definen a la mediación son, fundamentalmente, las siguientes:
Es un procedimiento heterocompositivo, lo que significa que el mediador no adopta ni sugiere la solución a los mediados; simplemente se limita a encauzar el desarrollo de cada una de las sesiones que se van a celebrar, calmando los ánimos de los mediados cuando sea necesario, mostrándoles cuáles son los puntos en común para fomentar el avance en la resolución del conflicto y poniendo fin al procedimiento cuando estime que las posturas de los mediados son estáticas e imposibilitan el progreso o cuando aprecie que entre los mediados no existe igualdad.
Confidencialidad. Es uno de los rasgos más importantes de la mediación e implica que toda la información y documentación que pueda facilitarse y aportarse en el procedimiento es confidencial, únicamente al alcance del mediador y de los mediados. No obstante, es necesario matizar esta cuestión, en el sentido de que si la mediación termina con un acuerdo, es evidente que el contenido del mismo hace referencia al conflicto existente, a la solución adoptada y a los derechos y obligaciones que para los mediados derivan de la misma. Por ello, si con posterioridad se quisiera hacer valer el acuerdo ante los Juzgados y Tribunales, por ejemplo, el hecho de que alguna de las partes aportara el acuerdo no iría en contra de este principio de confidencialidad.
Es un procedimiento voluntario, es decir, los mediados deben acudir siempre libre y voluntariamente a mediación; de lo contrario, no se podría iniciar o continuar con el procedimiento. No obstante, en algunos casos podría entenderse que el recurso a mediación deviene obligatorio por haberlo establecido así las partes en un contrato previo, aunque incluso en ese caso la obligación de acudir a mediación también derivaría de la voluntad de las partes.
Debe existir igualdad y equilibrio entre los mediados. Para que la mediación sea posible, ninguno de los mediados debe encontrarse en una posición de dominio o superioridad frente al otro(s) mediado(s), pues solamente este principio permite que la posible solución al conflicto sea consensuada entre los mediados y no venga impuesta por uno de ellos.
Ligado a las dos características anteriores, se encuentra el carácter personalísimo. Los mediados, y solo los mediados, son los que tienen que estar presentes a lo largo de todo el procedimiento de mediación, sin que puedan acudir en su representación otras personas, como podrían ser sus Abogados, sin perjuicio de que, en ocasiones, se permita la presencia de estos profesionales en alguna de las sesiones.
Ha de haber contradicción, esto es, que los mediados tengan las mismas oportunidades para exponer sus puntos de vista, expresar sus emociones, proponer ideas o soluciones…
Rige el principio de inmediación. Quiere decir que todas y cada una de las sesiones deben celebrarse en presencia del mediador, y en este sentido no es necesario entender el término “presencia” como la obligación de que el mediador y los mediados estén físicamente en el mismo lugar, sino que cabe la posibilidad de que la mediación se desarrolle de manera virtual (por ejemplo, a través de Skype).
Es necesario que el posible acuerdo alcanzado sea conforme a Derecho, sin transgredir aquellas normas de nuestro ordenamiento jurídico que son de obligado cumplimiento y sin vulnerar los derechos de los mediados o de terceros a quienes afecte el acuerdo (por ejemplo, si en un procedimiento de mediación se acuerdan los términos de un convenio regulador atribuyendo la custodia de los hijos menores a uno de los progenitores, no sería válido establecer que al otro progenitor no se le reconoce un régimen de visitas cuando no existan motivos para ello).
Se trata de un método flexible e informal, en el sentido de que no existen fases o actos concretos que deban seguirse (exceptuando la sesión informativa, la sesión constitutiva y el acta final) o un determinado número mínimo o máximo de sesiones, sino que en cada caso será el procedimiento el que se adapte a las partes y no a la inversa. Del mismo modo, el procedimiento transcurre de manera informal en cuanto al lenguaje utilizado; dicho de otro modo, no existen tecnicismos ni expresiones que deban utilizarse, pues se trata de que los mediados acerquen posturas y se entiendan entre sí.
Nos encontramos ante un mecanismo de resolución de conflictos alternativo y complementario. Esto significa que el hecho de acudir a mediación no excluye la posibilidad de acudir posteriormente –en caso de que la mediación falle o de que no se cumpla el acuerdo, en su caso– a otros métodos, como podrían ser la vía judicial o el arbitraje; del mismo modo, puede suceder que esté iniciado un procedimiento judicial y que, en el transcurso del mismo, las partes decidan acudir a mediación, en cuyo caso el procedimiento judicial queda suspendido en tanto finaliza la mediación y, dependiendo del resultado de la misma, el procedimiento judicial continuará su curso o se dará por terminado, o también puede ocurrir que se combinen los diferentes mecanismos de resolución de conflictos extrajudiciales (por ejemplo, Arb-Med o Med-Arb, referentes a la mediación y al arbitraje).
Imparcialidad y neutralidad del mediador. El mediador no puede adoptar una postura favorable a ninguno de los mediados porque esto supondría un desarrollo anormal del procedimiento; tampoco puede fijar la solución al conflicto, ni siquiera sugerirla.
Comparando la mediación con la vía judicial –por ser ésta la alternativa más habitual para la resolución de conflictos–, pueden extraerse las siguientes ventajas de la primera frente a la segunda:
La mediación es un procedimiento que únicamente se inicia y continúa si ambas partes desean hacerlo. En cambio, un procedimiento judicial puede comenzar a instancia de una sola de las partes, pudiendo proseguir incluso aunque la otra parte no comparezca en el mismo, salvo que la parte que desee poner fin al procedimiento sea la que lo inició.
En mediación, prevalece el principio de conservación de las relaciones personales existentes entre los mediados, tratando de que éstas resulten lo menos dañadas posible. Para ello, se hace hincapié en aquellos aspectos en los que los mediados están de acuerdo, incentivando con ello el diálogo, la rebaja de tensiones y la consecución de un futuro acuerdo con el que todos los mediados sientan que han ganado. De otro lado, en un procedimiento judicial las relaciones personales quedan en un segundo plano, puesto que los propios interesados ni siquiera intervienen directamente en el procedimiento –excepto cuando se solicita su interrogatorio–, por lo que no pueden expresar sus sentimientos y emociones de manera expresa, personal y directa ante la persona que va a decidir la solución al conflicto.
El procedimiento de mediación supone un ahorro de tiempo y de coste, ya que la duración del mismo es muy inferior a la de un procedimiento judicial debido al colapso de nuestros Juzgados y Tribunales; y, por otro lado, los honorarios del mediador son bastante inferiores a los honorarios de un Abogado. Respecto al pago de dichos honorarios, con carácter general cada uno de los mediados abona la mitad, aunque en algunos casos se prevén porcentajes o incluso, y esto es mucho menos frecuente, que asuma el coste uno solo de los mediados.
Dado que en mediación son los mediados quienes van a adoptar, en caso de conseguirlo, una solución, ésta puede ser muy flexible y completamente diferente a la que se fijaría en un procedimiento judicial. Por ello, los mediados quedan mucho más satisfechos que las partes de un procedimiento judicial, ya que sienten que el acuerdo alcanzado es justo.
Como consecuencia del punto anterior, los acuerdos alcanzados en mediación rara vez se incumplen, mientras que las decisiones judiciales a menudo son incumplidas por alguna de las partes (generalmente, aquella que ha sido vencida en el procedimiento judicial).
Ámbito material de la mediación
Frente a lo que comúnmente se cree, la mediación no solo cabe en conflictos de carácter civil, mercantil y familiar, sino que puede acudirse a ella ante controversias relacionadas con muchísimos otros ámbitos.
En este sentido, cabe acudir a mediación penal, laboral, administrativa, escolar, sanitaria, penitenciaria…, sin que lleve a confusión lo dispuesto por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles en cuanto a que la misma no se aplica a la mediación penal, con las Administraciones Públicas ni laboral, pues para éstas últimas encontramos referencias en otras normas del ordenamiento jurídico.
La posibilidad de someterse a mediación en todos los ámbitos mencionados existe siempre que se cumplan los principios básicos de este método de resolución de conflictos. De ello deriva que existan ciertos conflictos que no sean susceptibles de resolverse a través de mediación, por ejemplo por no existir equilibrio entre las partes; pensemos, por ejemplo, en los casos de violencia de género, de agresiones sexuales, de mobbing o acoso laboral…
Desarrollo del procedimiento de mediación
El procedimiento de mediación puede comenzar, bien de mutuo acuerdo entre los mediados, bien a petición de una de las partes y posterior comunicación y aceptación de la otra parte.
En cualquier caso, la mediación se inicia con la denominada sesión informativa, en la que el mediador expondrá a los mediados, ya sea de manera individual o conjunta, las características del procedimiento y el motivo por el que han decidido acudir a mediación y posteriormente les entregará una copia del acta de la sesión constitutiva (sesión que puede celebrarse el mismo día que la sesión informativa o en otro día distinto), donde se harán constar los datos que identifiquen al mediador y a los mediados, el motivo que les ha llevado hasta allí, toda la información necesaria acerca de la protección de los datos personales de los mediados, los honorarios del mediador y otros gastos –sin perjuicio de que luego éstos se puedan modificar–, el lugar de celebración y la lengua del procedimiento, así como la duración máxima prevista.
Asimismo, se podrá realizar una estimación del número de sesiones que será necesario celebrar –pudiéndose concretar ya, si lo desean todas las partes, el calendario para las futuras sesiones– o se podrá fijar un plazo máximo para el desarrollo del procedimiento, transcurrido el cual se podrá dar por finalizado. En caso de que no se establezca un calendario, en cada una de las sucesivas sesiones se irá concretando la fecha para la celebración de las siguientes.
Durante el desarrollo de la mediación, el mediador puede ir anotando todas aquellas cuestiones que considere relevantes, a efectos de poder recordárselas a los mediados cuando lo estime oportuno y necesario; incluso, si los mediados lo autorizan, el mediador puede grabar las sesiones.
Una vez se llegue al final del procedimiento, se levantará el acta final, donde se recogerá el resultado de la mediación. El procedimiento puede finalizar por haber llegado los mediados a un acuerdo, en cuyo caso se recogerán los términos del mismo; por no ser posible un acuerdo; por renuncia del mediador; a petición de cualquiera de los mediados.
De acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, el mediador puede ser tanto una persona física como una persona jurídica (que se denominará institución de mediación).
Siendo éste el punto de partida, ¿qué requisitos se exigen?
Mediador persona física pueden ser todas aquellas personas naturales que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles, salvo que se lo impida la legislación que les sea aplicable por razón de su profesión. En este sentido, no pueden ser mediadores los Jueces y Magistrados ni tampoco los Fiscales, atendiendo al régimen de incompatibilidades contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Por otro lado, y aunque no se trata de una incompatibilidad propiamente dicha, quien haya intervenido como árbitro en un procedimiento de arbitraje, quien haya sido abogado de alguno de los mediados y quien sea representante legal de alguno de los mediados, no pueden actuar como mediadores, ya que, de lo contrario, no cumplirían los principios de imparcialidad y neutralidad, salvo que los mediados otorgaran su consentimiento para la intervención de tales profesionales en calidad de mediadores y éstos demostraran de manera objetiva su imparcialidad y neutralidad.
Estar en posesión de título universitario o de formación profesional superior.
Contar con formación específica para ejercer la mediación, adquirida mediante cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas.
Suscribir un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.
Cumplido los requisitos anteriores, el mediador podrá ejercer como tal en todo el territorio nacional. Los perfiles más frecuentes entre los mediadores son los de trabajadores sociales, juristas, psicólogos, educadores y pedagogos.
Adicionalmente, los mediadores –tanto personas físicas como instituciones de mediación– pueden inscribirse en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia, es decir, la inscripción no tiene carácter obligatorio. No obstante, resulta recomendable no solo a efectos publicitarios, sino también a efectos de conceder seguridad a los mediados, pues de esta forma pueden comprobar que la persona escogida para dirigir la mediación cumple los requisitos legalmente establecidos.
La excepción a la inscripción voluntaria se establece respecto de los mediadores concursales, pues para ellos la inscripción es preceptiva.
Más allá de la inscripción en el Registro dependiente del Ministerio de Justicia, se podría solicitar la inscripción en la correspondiente Comunidad Autónoma, pues, de hecho, en algunas de ellas es requisito necesario para poder ejercer determinados tipos de mediación.
¿DÓNDE SE REGULA LA MEDIACIÓN?
A nivel estatal, no existe ningún texto legislativo que regule la mediación en todos sus ámbitos, sino solamente desde el punto de vista civil y mercantil. No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos distintos preceptos que aluden a la mediación como alternativa para la resolución de conflictos. Por tanto, la normativa que regula la mediación es la siguiente:
Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que se desarrollan los artículos 14 y 21 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, y se crea el fichero de mediadores e instituciones de mediación.
En cuanto a la mediación penal:
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo, relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal.
Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
Artículo 84.1 del Código Penal.
En cuanto a la mediación laboral:
Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales.
Artículos 63 y 156 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
En cuanto a la mediación administrativa:
Regulación autonómica o provincial (Barcelona, Las Palmas, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia o Valencia).
En cuanto a la mediación escolar:
Regulación autonómica (Andalucía, Castilla y León, Islas Canarias…)
En cuanto a la mediación sanitaria:
Regulación autonómica (Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Región de Murcia…).
En cuanto a la mediación penitenciaria:
Fundamentalmente, la Instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 15/2011, de Programa de Normalización de Conductas, de 20 de octubre de 2011.
Las funciones que desempeña un mediador son las siguientes:
Informar a los mediados. Es una de las principales labores del mediador, por cuanto de esta información depende que quienes deciden acudir a mediación conozcan realmente en qué consiste este método de resolución de conflictos, pues a menudo existe gran confusión por creer que será el mediador, y no los mediados, el que determina la solución al conflicto. Entre la información que el mediador debe proporcionar a los mediados al hilo del eventual acuerdo que pudieran alcanzar es la eficacia del mismo. El acuerdo de mediación opera como si de un contrato entre las partes se tratara, de manera que ambas deben cumplirlo. Para garantizar su cumplimiento, disponen de dos opciones: elevar el acuerdo a escritura pública o considerar el acuerdo como un mero contrato privado sin elevarlo a público. En el primer caso, la parte que lo cumpla puede solicitar directamente su cumplimiento mediante una demanda de ejecución, pues, al constar en escritura pública, se considera un título ejecutivo; en el segundo caso, sería necesario, para solicitar su cumplimiento, iniciar un procedimiento declarativo. Por tanto, aunque la primera opción pueda suponer un coste mayor que la segunda, resulta más ventajosa a la hora de hacer cumplir el acuerdo.
Escuchar activamente en aras de su neutralidad e imparcialidad. El mediador, reitero, no dictamina cómo se resuelve la discrepancia que ha conducido a los mediados hasta allí; tampoco propone ideas de cómo podría resolverse. Su misión consiste en escuchar activamente y en intervenir cuando sea necesario para encauzar el diálogo y la cooperación, tratando de destacar los puntos de acuerdo y los aspectos positivos a lo largo de todas las sesiones que se celebren.
Tratar de mejorar, conservar e incluso recuperar la relación entre los mediados. Es fundamental tener presente que la mediación no tiene como único objetivo llegar a un acuerdo, ya que puede ocurrir que un procedimiento de mediación finalice sin acuerdo y que, en cambio, la relación entre los mediados haya mejorado desde que se celebró la primera sesión. En este caso, y siempre desde mi punto de vista, no estaríamos ante un fracaso en mediación, pues incluso esa mejora de la relación personal, por pequeña que sea, puede allanar en gran medida el terreno de cara a un futuro procedimiento judicial o arbitral, donde, ya sí, la decisión final va a depender de un tercero ajeno a las partes.
Garantizar los principios inherentes a la mediación. En consecuencia, cuando estime que uno o varios principios quiebran, ha de poner fin al procedimiento, pues, de lo contrario, dejaría de ser útil para el objetivo con el que se inició. Por ejemplo, si el mediador siente que su imparcialidad y su neutralidad están en peligro, no debe continuar como mediador, sin perjuicio de que el procedimiento pueda continuar con el nombramiento de otro mediador; o si aprecia que ha dejado de existir igualdad entre las partes, debe dar por terminada la mediación, ya que, de lo contrario, el posible acuerdo que pudiera alcanzarse iría en detrimento de la parte débil sobre la parte fuerte.
Redactar el acta de la sesión constitutiva, el acta final y, en su caso, los términos del acuerdo al que lleguen los mediados. En cualquier caso, debe, por un lado, asegurar que los datos y la información que plasma por escrito dicen lo que realmente han querido expresar los mediados y, por otro lado, recordarles el compromiso de confidencialidad respecto de la información y los documentos aportados durante la mediación.

References: resolución 
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 Real Decreto 

Artículo 84

Resolución 
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