Source: https://www.elderecho.com/foro_legal/laboral/Prestaciones-Seguridad-Social-intereses-moratorios_12_1250685001.html
Timestamp: 2018-08-19 14:55:27+00:00

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El foro plantea la posibilidad de que los beneficiarios puedan reclamar el abono de intereses moratorios
La obligación de restituir una cantidad indebidamente cobrada lleva aparejada la obligación de abonar el interés legal si el que aceptó el pago indebido obró de mala fe, así se desprende de lo establecido en el art.1896 -EDL 1889/1- en relación con el art.1985 CC. En este sentido se pronuncia la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla La Mancha 22-2-17, rec 339/16 -EDJ 2017/32852-, que deniega el abono de los intereses materiales reclamados por la parte actora al Servicio Público de Empleo Estatal por no apreciar una mora culpable al obedecer la actuación del Organismo demandado al complejo solapamiento de prestaciones por desempleo y salarios de tramitación en el período concurrente.
Cuando sea la Mutua colaboradora la que incurre en mora en el pago de una cantidad determinada correspondiente a una prestación reconocida por la Entidad Gestora, como sucede en el caso de la prestación de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, entrará en juego lo establecido en el art.1108 CC-EDL 1889/1- y, por tanto procederá el abono del interés legal del dinero y como el art.1100 de dicho texto legal establece que no es necesaria la intimación del acreedor para que el deudor incurra en mora, cuando la obligación o la Ley lo declaren expresamente, la fecha de devengo del interés legal se producirá desde que se dicta la resolución administrativa reconociendo la prestación, habida cuenta de la ejecutividad de dicha resolución (Véase en este sentido la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ Cataluña 16-4-99, rec 7677/98 -EDJ 1999/15540-).
Por el contrario en el caso de abono de una prestación vitalicia por parte de la Mutua Colaboradora, al ser precisa la intervención de la Tesorería General de la Seguridad Social, para el cálculo de su correspondiente capitalización, se habrá de estar a lo dispuesto en el art.260 LGSS-EDL 2015/188234-, en el art.63.1 RD 1993/1995, de 7 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social -EDL 1995/16574- y en el RD 1637/1995, de 6 octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social -EDL 1995/15829-, que otorga competencias a la TGSS para la fijación y recaudación de los capitales coste.
Por último, si es la Entidad Gestora la obligada al abono de una prestación reconocida ya sea una cantidad determinada o periódica, vitalicia o no, resulta de aplicación lo establecido en el art.24 L 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria -EDL 2003/127843- y procederá el abono del interés legal del dinero si en el plazo de tres meses desde que se dictó la resolución no ha procedido a su pago, aunque el devengo de intereses se producirá desde la fecha en que se dictó la resolución que reconocía la prestación.
Y el concepto de «Haciendas Públicas» que utiliza la Ley, como hace notar la STS 4ª, 11-12-07, rec 1513/07 -EDJ 2007/260428-, no debe entenderse en sentido restrictivo, sino que la regla debe ser igualmente aplicada a todas las Administraciones Públicas y, sin duda, el sistema de Seguridad Social participa de esa naturaleza, por lo que, como señalaron las SSTS, 4ª, 9-12-92 (rec 982/92) -EDJ 1992/12122- y 16-6-93 (rec 535/92) -EDJ 1993/5873- resultan de aplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social las especialidades que respecto de los intereses moratorios establece la Ley General Presupuestaria (en adelante LGP), especialidades que, sin embargo, no devienen predicables de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, por no tener éstas la condición de gestoras, sino de meras colaboradoras en la gestión (TS, 4ª, 6-6-07, rec 1579/06 -EDJ 2007/70563-), pues se trata de asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos legalmente (art.80.1 RD Leg 8/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social-EDL 2015/188234-).
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 69/1996, de 18 de abril, examinando el artículo 45 de la LGP de 1988-EDL 1888/12913-, de similar redacción a la del 24 de la actual LGP-EDL 2003/127843-, entendió que no había lugar a declarar su inconstitucionalidad desde la perspectiva de los art.14 y 21 Const-EDL 1978/3879- siempre que se interprete, y esto es importante subrayarlo, la resolución judicial desde la que comienzan a correr los intereses de demora sea la dictada en la primera instancia (doctrina reiterada en las SSTCo 110/1996, de 24 junio, FJ 3 -EDJ 1996/4388-; 113/1996, de 25 junio, FJ 3 -EDJ 1996/4391-; 81/2003, de 30 abril, FJ 5 -EDJ 2003/8881-; y 157/2005, de 20 junio, FJ 3 -EDJ 2005/118928-).
Debe entenderse en una recta interpretación del art.24 LGP 2003-EDL 2003/127843- (antiguo art.45 LGP de 1988-EDL 1888/12913-) que los intereses se devengan desde la primera sentencia que declara la responsabilidad de la entidad gestora, salvo que esta abone el principal en el plazo de tres meses desde la fecha de notificación de la sentencia. En caso de no haber procedido a abonar la cantidad objeto de condena en el plazo fijado, los intereses se devengan desde el primer día siguiente al nacimiento de la obligación, esto es, desde el día siguiente a la notificación de la primera sentencia que declaró la responsabilidad de la Administración. El precepto, y como expone la STS 4ª, 11-12-07, rec 1513/07 -EDJ 2007/260428-, instrumenta un plazo de tres meses para que las Entidades Gestoras puedan considerarse incursas en la mora, una vez producida la cual sus efectos se retrotraen al instante en que efectivamente se produjo el incumplimiento. Dicho plazo de tres meses concedido a la Administración no significa que ese tiempo haya de ser excluido del cómputo de intereses, sino que tiene como finalidad facilitar a la Administración el control del gasto y conceder la autorización pertinente para el abono de la deuda, pero nada más.
Por otra parte, que el art.287.1 LRJS-EDL 2011/222121- en relación a la ejecución de las sentencias frente a entes públicos conceda un plazo de dos meses desde la firmeza de la sentencia para su cumplimiento voluntario, no significa que el día inicial para el cómputo de los intereses moratorios no sea el de la fecha de notificación de la primera sentencia, pues si la Administración Pública no cumple voluntariamente la sentencia en el plazo de gracia de tres meses que tiene establecido ese plazo no puede ser excluido del cómputo de intereses (TSJ Valencia 13-1-15, rec 2732/14 -EDJ 2015/31018-).
Como panorama inicial, debemos indicar que los efectos del paso del tiempo en la satisfacción de la obligación de indemnizar debe tener determinadas consecuencias en el Ordenamiento laboral que justifican plenamente que en el ámbito de esta jurisdicción social, la interpretación de los art.1101 y 1108 CC-EDL 1889/1- atienda -incluso- a un mayor automatismo que el orden civil, de manera que la regla general en la materia ha de ser -supuestos exorbitantes aparte- la de que las deudas en favor del trabajador generan intereses a favor de éstos desde la interpelación judicial, TS 4ª, 2-2-15, rec 395/14 -EDJ 2015/69688-.
Tal interés por mora, TS 4ª, 10-11-10, rec 3693/09 -EDJ 2010/259142-, no es el previsto en el art.29 ET -EDL 1995/13475-, siendo así que la previsión contenida en tal precepto -el diez por ciento de interés anual- va exclusivamente referido a las deudas salariales y -sabido es- que las mejoras voluntarias de Seguridad no son salario, sino en su caso -tratándose del complemento del subsidio por IT- rentas sustitutivas del salario, y que en tanto que deuda de cantidad -sin preceptivo aseguramiento- es posible objeto de actualización a través de los intereses sustantivos comunes (art.1110, 1101 y 1108 CC -EDL 1889/1-) y los genéricos procesales (art.576.2 LEC-EDL 2000/77463-) (TS 31-10-02 -rcud 3902/00-; y 8-6-09 -rcud 2873/08-, dictadas para indemnizaciones fijadas en Convenio Colectivo para supuestos de IP), porque «si se pretende conceder al acreedor a quien se debe una cantidad una protección judicial completa de sus derechos, no basta con entregar aquello que, en su día, se le adeudaba, sino también lo que, en el momento en que se le entrega, debe representar la suma (...), porque si las cosas, incluso fungibles y dinerarias, son susceptibles de producir frutos -léase frutos civiles o intereses- no parece justo que los produzcan en favor de quien debió entregarlas ya con anterioridad a su verdadero dueño, es decir, al acreedor» (así, la TS -Sala 1ª- 9-2-07 -rec 4820/99-, en línea con diversos precedentes como las resoluciones de 3-6-05 -rec 4719/98- y 5-4-5 -rec 4206/98-, que rechazan todo automatismo en la aplicación del brocardo in illiquidis non fit mora).
En palabras de la misma Sala Primera, esta interpretación atenuada de la máxima de que tratamos - in illiquidis no fit mora - entronca con la conclusión de que la sentencia no opera la creación de un derecho con carácter constitutivo, sino que lo tiene meramente declarativo, pues a través de la misma lo que se hace es declarar un derecho a la obtención de una cosa o cantidad que, con anterioridad a la resolución judicial, ya pertenecía y debía haberle sido atribuida al acreedor, y así, la completa satisfacción de los derechos del acreedor exige que se le abonen los intereses de tal suma, aún cuando fuese menor de la por él reclamada, desde el momento en que se procedió a su exigencia judicial (TS 19-2-04 -rec 941/98, -EDJ 2004/6324-, con cita de las SSTCo 206/1993, de 22 junio -EDJ 1993/14925-; y 114/1992, de 14 septiembre -EDJ 1992/8757-).
Respecto a la deuda de seguridad del empresario, TS Sala 4ª, 12-3-13, rec 1531/12 -EDJ 2013/127614-, 30-3-15, rec 3204/13 -EDJ 2015/5858- y núm. 371, 4-5-16, rec 2401/14 -EDJ 2016/78274-, su existencia nos sitúa «en el marco de la responsabilidad contractual y del art.1101 CC-EDL 1889/1-, que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que «en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas». Y nuestra conclusión sobre la obligación de indemnizar es la de que a la cifra indemnizatoria finalmente obtenida ha de aplicársele, desde su devengo, no solo desde la interpelación judicial, sino en la fecha de la consolidación de las secuelas y hasta la sentencia que fija el importe de la indemnización, el interés legal moratorio; y desde la fecha de esta sentencia, los oportunos intereses procesales (art. 576 LEC -EDL 2000/77463-)», lo que comporta «añadir el reconocimiento del derecho del demandante al abono de los intereses por mora devengados desde la fecha de consolidación de sus secuelas; fecha que debe coincidir con la de efectos de la declaración de la incapacidad permanente absoluta».
«Y con mayor aproximación al problema (apoyándose asimismo en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia número 69 del Pleno, de fecha 18 de abril de 1996 -EDJ 1996/1560-) se han pronunciado nuestras Sentencias de 4 de noviembre de 1997 (Recurso 1698/97) -EDJ 1997/7531- y 13 de diciembre de 2002 (Recurso 1609/02) -EDJ 2002/61285-, razonando ésta última (F.J. 2º), con cita de la anterior, que "La materia controvertida ha sido objeto de la sentencia de 18 de abril de 1996 del Tribunal Constitucional que declaró que dicho artículo -se refiere al art. 45 de la LGP-EDL 1888/12913- no es inconstitucional siempre que se interprete que la resolución"(...) desde la cual han de correr los intereses, es la dictada en la primera instancia (...)". Razona la sentencia citada que la Hacienda Pública en su obligación de pagar el interés de demora en su función indemnizatoria que responden a una exigencia material de la justicia, principio rector de nuestro Estado de Derecho, ha de ser tratada en igualdad con el ciudadano, por lo que no hay razón constitucionalmente relevante para un trato distinto en elemento temporal previsto en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-EDL 1881/1-"(...), "Así pues, distinguiendo entre firmeza y ejecutoriedad de la sentencia se concluye que la resolución judicial a que se refiere el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria no es otra que la de instancia, y por ello los intereses se devengaran en las mismas condiciones temporales que las previstas en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para después señalar que: "Conforme a la doctrina expuesta, aparece claro que la fecha inicial del devengo de los intereses de referencia, cuando la deudora de ellos sea una Administración pública, habrá de computarse en relación con la fecha de la sentencia de primer grado de la que tales intereses se deriven, sean cuales fueren las vicisitudes (las más frecuentes los recursos que contra la aludida resolución se hubieran podido entablar) que el proceso haya seguido ulteriormente, y el tiempo transcurrido desde que la primera resolución se pronunciara hasta la fecha en que su ejecución se lleve a efecto, pues como razona la citada Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de abril de 1996 (F.J. 5º), con referencia también a la anterior, número 206 del año 1993,"siendo tales intereses una exigencia material de la justicia, principio rector de nuestro Estado de Derecho, ha de ser rechazada de plano la posibilidad de que el ciudadano, cuando trate con las Administraciones públicas y sea su acreedor, resulte peor tratado por no conseguir la íntegra compensación de un derecho de crédito reconocido judicialmente" (...) “El artículo 576.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil-EDL 2000/77463- (antes artículo 921 LEC), al referirse a los intereses de la mora procesal, establece que "desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará a favor del acreedor, el devengo de un interés (...)", y ello conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del propio precepto, será de aplicación a todo tipo de resoluciones jurisdiccionales, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas, es decir, excepto lo establecido en el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria (anterior artículo 45 LGP), conforme al cual, "si la Administración no pagare al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado”.
Estos deberán ser reclamados, art.1100 y 1108 CC-EDL 1889/1- y art. 24, Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria-EDL 2003/127843-.
Después de promulgarse la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, hoy vigente, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se pronunció en sentido favorable a continuar aplicando a la Seguridad Social el régimen privilegiado de interés de demora de la Hacienda Pública, ya que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se hacía referencia a «haciendas públicas» en plural, en lugar de «hacienda pública» en singular, como ocurría en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil-EDL 1881/1- (Sentencia de la Sala 4ª, 24-9-03).
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo viene aplicando, además, sin matización alguna, la norma especial de la Ley General Presupuestaria después de la entrada en vigor de la L 47/2003-EDL 2003/127843- (así en sentencia 31-3-10, RCUD 1817/2009 -EDJ 2010/84362-).
El art.287.4 e) LRJS-EDL 2011/222121- remite a esta normativa: «Cuando la Administración Pública fuera condenada al pago de cantidad líquida, el devengo de intereses procederá conforme a lo dispuesto en la legislación presupuestaria, si bien en el supuesto de que hubiera sido necesario el ulterior requerimiento establecido en este apartado, la autoridad judicial, apreciando falta de diligencia en el incumplimiento, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar».
Cuestión distinta es, que partiendo de lo que ha declarado la jurisprudencia de la Sala Tercera (STS 27-5-2002, rec 5347/97 -EDJ 2002/19641-, que cita las de 10-6-94 -EDJ 1994/11142- y 14-7-95 -EDJ 1995/4177- y SSTCo núm 23/1997 -EDJ 1997/1889- y 69/1993 -EDJ 1993/2000-), y obviando dicha norma presupuestaria, pues en dicho precepto se contemplan, como decíamos, estrictos intereses moratorios en ambos casos, se pudieran postular (lo que sería muy controvertido) los llamados intereses “compensatorios”. Son distintos a los dos tipos referidos, ya que tienen la función de restablecer el desequilibrio producido en el patrimonio del deudor consecuencia de no poder disponer de una suma de dinero en el tiempo en que la misma se encuentra indebidamente en poder del acreedor
En materia de intereses procesales la cuestión debemos entenderla definitivamente resuelta con la abundante doctrina jurisprudencial que ha venido a sentar el criterio de estimar aplicable a las entidades gestoras de seguridad social el mismo principio previsto en el art.575.3 LEC -EDL 2000/77463- para las Haciendas Públicas en general, a tener del cual el devengo de intereses se rige por las reglas que resultan de aplicación en cada caso, y con carácter general, conforme a lo dispuesto en el art.24 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003 de 26 de noviembre) -EDL 2003/127843-, en lo que se refiere a la reclamación de intereses al INSS y a la TGSS por retraso en el pago de prestaciones de Seguridad Social reconocidas.
La regla del art. 24 de la Ley General Presupuestaria -EDL 2003/127843- lo que nos dice es que «Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley -EDL 2003/127843-, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación», y la interpretación que de esta norma ha hecho el Tribunal Constitucional en la STC 26-11-2009, nº 209/2009 -EDJ 2009/275694-, y en las que en ella se citan, es coincidente con la que ya hemos expuesto de la Sala IV del TS y está referida a los intereses procesales que no a los moratorios propiamente dichos, por lo que en nuestra opinión tampoco resuelve definitivamente la cuestión.
Con independencia de la mayor o menor dificultad que pudiere suponer la extrapolación a las entidades gestoras de la seguridad social de los mismos criterios aplicados al FOGASA, lo cierto es que todas estas sentencias parten del presupuesto de entender que ya se ha dictado una resolución que reconoce el derecho a la prestación – siquiera sea de manera presunta por silencio positivo-, en lo que vienen a coincidir con lo dispuesto en el art.24 LGP -EDL 2003/127843- en el que literalmente se dice que los intereses se generan a los «tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación», en lo que supone admitir la existencia de dos distintos títulos habilitantes, uno es la resolución judicial, pero el otro es el «reconocimiento de la obligación», que bien pudiere ser mediante una resolución administrativa que ha evitado la pendencia de un proceso judicial y que ha servido por sí sola para generar la mora que da lugar al pago de los intereses.
No parece que tratándose de prestaciones de seguridad social pueda aplicarse la misma doctrina acuñada por el Tribunal Supremo en aplicación del interés por mora del art.29.3 ET -EDL 2015/182832- referente a las deudas salariales, tal y como así se dice en la STS 10-11-10, rcud 3693/09 -EDJ 2010/259142-, en un supuesto en el que se trata de deudas de la empresa por impago de una mejora de IT.
Aboga dicha sentencia por aplicar en el ámbito de la rama social del derecho los mismos principios del derecho civil, aún con más razón si cabe, en atención al carácter social y tuitivo de esta parte del ordenamiento jurídico, lo que justifica una interpretación de los art.1100 y 1108 CC -EDL 1889/1- que atienda -incluso- a un mayor automatismo.
Este último extremo es el que ciertamente nos genera más dudas por tratarse de prestaciones de seguridad social, pues si bien es cierto que el reconocimiento judicial del derecho evidencia que esa debería de haber sido la decisión de la entidad gestora a la solicitud del trabajador, la especial naturaleza de esta clase de deuda nos resulta difícilmente compatible con la objetividad y automatismo por el que se rige el devengo de intereses de mora frente al empleador (TS 21-1-15, rcud 304/13 -EDJ 2015/26940-; 17-6-14, rcud 1315/13 -EDJ 2014/106575-), lo que nos lleva a considerar que en el caso de las prestaciones de seguridad social debería de estarse a la doctrina tradicional que limita los intereses de mora a las situaciones en las que se demuestre que el deudor ha incurrido en una falta de diligencia que determine el incumplimiento de la obligación- en este caso legal- y consecuente indemnización de daños y perjuicios al acreedor.
Y en lo que hace al momento desde el que deben computarse, creemos que en el caso en el que sea factible por concurrir circunstancias que lo justifiquen, la respuesta no puede ser otra que la de estar a la regla general de la interpelación judicial o extrajudicial (TS 30-1-08 –rcud 414/07 -EDJ 2008/56645-; 8-6-09 –rcud 2873/08-, EDJ 2009/205390, 10-11-10- rcud 3693/09) -EDJ 2010/259142-, que en la práctica vendría coincidir con la reclamación previa.
Hemos de añadir, además, que el carácter netamente sancionador de la obligación impuesta en el art.20 LCS -EDL 1980/4219- no excluye un aspecto también compensatorio de las consecuencias perjudiciales que el retardo en el percibo de la indemnización comporta para el accidentado. Al respecto, debemos indicar que las STS/4ª de 17 julio 2007 (rcud. 4367/2005) -EDJ 2007/184444-, 12 marzo 2013 (rcud. 1531/2012) -EDJ 2013/127614- y 16 mayo 2014 (rcud. 2670/2013) -EDJ 2014/106566-, que la parte recurrente cita, no pueden servir para apoyar el recurso, pues, aun cuando razonan sobre el art. 20 LCS, se refieren a otros aspectos distintos a los que aquí nos ocupan y no contienen argumento alguno relativo a la cuestión de la liquidez de la indemnización.
TERCERO.- 1. En consecuencia, la sentencia recurrida acierta cuando fija la obligación de la aseguradora de abonar el interés del art. 20 LCS -EDL 1980/4219- desde la fecha del siniestro».
"(...) la norma del art. 576 LECiv -EDL 2000/77463- -antes art. 921, EDL 1881/1- actúa «ope legis» en todo tipo de resoluciones judiciales (SSTS 13/10/89 y 20/01/92 -rcud 38/91 -EDJ 1992/396-), de forma que -STS 10/04/92 rcud 722/91 -EDJ 1992/3550-, con cita de las de 09/07/84 y 02/12/88- 'cuando en la sentencia se condena al pago de una cantidad líquida, aunque en ella nada se haya dispuesto sobre los intereses a que se refiere el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-EDL 1881/1-, siendo éstos fruto de una obligación legal, puede decidirse sobre ellos en ejecución de sentencia sin incidir en exceso alguno'. De ahí que se haya estimado que se contraviene implícitamente lo ejecutoriado cuando los intereses se deniegan por no estar expresamente recogidos en el fallo que se ejecuta (SSTS 01/03/90 y 06/11/93, rcud 398/92 y STS 07/02/94 -rec. 1398/93 -EDJ 1994/958-)".

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 45
 resolución 
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 artículo 921
 resolución 
 artículo 45
 artículo 921
 resolución 
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 artículo 576
 artículo 921
 resolución 
 artículo 24
 artículo 45
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
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 artículo 921