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Timestamp: 2017-10-17 07:29:29+00:00

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Comentario jurisprudencial: Penosidad y Ruido. José Luis Galván de Granda – ACESSLA
Comentario jurisprudencial: Penosidad y Ruido. José Luis Galván de Granda
Fecha de la sentencia: 25 de septiembre de 2009
Organo que la dicta: Tribunal Supremo (sala cuarta)
Número del recurso: Casación, 558/2009
Tema tratado: Plus de penosidad y el Ruido.
El alto tribunal establece los criterios en virtud de los cuales se tendría derecho a percibir un complemento económico (plus por excepcional penosidad) cuando un trabajador está sometido a un nivel de ruido determinado.
El caso concreto que analiza la sentencia reside en una reclamación de cantidad efectuada al considerarse que un trabajador tiene derecho al plus de penosidad, establecido en convenio, por el hecho de efectuar su trabajo en ambiente ruidoso. El trabajador efectuaba tareas en diferentes puestos de trabajo y el estudio higiénico, realizado por el servicio de prevención, había dado como resultado de las mediciones efectuadas que varios puestos de trabajo sobrepasaban los 80 dB(A)[1], sin embargo, cuando se utilizaban los protectores auditivos, en estos mismos puestos de trabajo, el nivel sonoro que percibía el trabajador en ningún caso sobrepasaba los 68 dB(A).
En la sentencia se realiza un análisis de algunos artículos de la directiva 2003/10/CE[2] y del R.D. 286/2006 y se deduce de este análisis que la finalidad de ambas es proteger al trabajador de la exposición al ruido para evitar la sordera, para lo cual se deberán realizar la mediciones correspondientes y una vez determinado el nivel de ruido del puesto de trabajo, siempre que este supere determinados límites, se deberá reducir mediante cascos protectores.
En base a las argumentaciones anteriores, el ponente de la sentencia, considera que el trabajador tendría derecho a percibir el complemento por excepcional penosidad del trabajo que efectúa siempre y cuando el nivel de ruido que llega a su oído sea superior a 80 dB(A) a pesar de que el trabajador utilice los medios de protección personal.
Como en el caso concreto de los hechos que examina la sentencia, resultaba que en ningún puesto de trabajo, usando los protectores auditivos, el nivel de ruido percibido por el trabajador era superior a los 68 dB(A) desestima la petición de la parte actora.
Lo primero que llama la atención es la no utilización ni por el magistrado ponente, ni por el que redacta el voto particular, de la escala de diferentes decibelios que son objeto de medición (escalas (A),(B),(C),etc.
Sorprende llamativamente la frase contenida en el fundamento de derecho tercero en el que se expresa que en el procedimiento solo se discute si existe penosidad por ruido en relación con los efectos que dicho agente físico puede producir sobre la capacidad auditiva de los trabajadores, sin que los restantes efectos nocivos que el ruido pueda ocasionar en el organismo humano, sean objeto de discusión. El magistrado ponente justifica esta toma de posición porque la parte actora no lo solicita y además no se desprende de la normativa que se ha analizado.
Es posible que la resolución del tribunal tenga que ajustarse a lo solicitado por las partes. Ahora bien, es de difícil entendimiento que, cuando se está analizando la posible existencia de un plus de penosidad, se pueda separar los distintos efectos nocivos que produce el ruido en el organismo humano que son muchos y de variada índole y si bien, parece que no fue solicitado por la parte actora, sin embargo, no ocurre lo mismo con las normas jurídicas analizadas. En efecto, aunque el ponente considera que objeto de la Directiva (artículo 1) reside en proteger a los trabajadores de los riesgos que pueda originar el ruido para evitar la posible sordera, no nos parece que esa sea la lectura más correcta del mencionado artículo[3], cuando en él se habla de protección “contra todos los riesgos originados o que puedan originarse por la exposición al ruido”, terminando el artículo con una expresa mención al riesgo, que en ningún caso debe considerarse excluyente, para el oído.
Por otro lado se echa de menos en la sentencia algún tipo de reflexión sobre la filosofía de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque el R.D. 286/2006, siendo una transposición a nuestro ordenamiento de una directiva comunitaria, no deja de ser también un desarrollo del art.6 de nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales y así está recogido en la exposición de motivos del Real Decreto. Relacionado lo dispuesto en los artículos 2.1, 4.1 y los principios de acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 se deduce con claridad meridiana que una de los cuestiones que pretende evitar la mencionada ley es la antigua costumbre de la legislación española de perder la salud a cambio de dinero (los anticuados pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad).
No es exagerado el calificativo que hemos utilizados de anticuados. En el propio texto de la sentencia se hace mención a que el artículo 13 del Convenio de Sidero de la Provincia de Granada se remite a la vieja Ordenanza Laboral Siderometalúrgica. Pues bien, digamos que dicha ordenanza, aprobada por una Orden de 1970, se encuentra derogada desde el año 1988, salvo en la remisión que Convenios Colectivos pueden hacer a determinados artículos. Es necesario conocer que los denominados pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad se introdujeron en la legislación del antiguo régimen con la finalidad de aumentar los bajos salarios establecidos, y la salud de las personas que trabajaban no se encontraba tan protegida por la legislación, como en los momentos actuales. Precisamente desde esta concepción de protección de la salud de las personas, reconocida en nuestra Constitución y en la legislación ordinaria, es desde donde se echa menos una reflexión de nuestro Tribunal Supremo en el sentido de restringir al máximo la concesión de este tipo de pluses, mientras no se tenga una conciencia clara de que se han adoptado todas las medidas preventivas para evitar el daño que pueda ocasionar, en este caso, el ruido.
Por último debemos remarcar que el tribunal también se olvida del contenido del principio de acción preventiva contenida en el apartado 1,h del art. 15 de la ley 31/1995[4] y expresamente desarrollado por el art. 17.2 párrafo dos[5] de la misma disposición, en la que se da primacía a la protección colectiva respecto de la individual. De la lectura de los fundamentos jurídicos de la sentencia parece deducirse que las medidas de protección que el empresario debe adoptar contra el ruido deben ser las de protección individual. No es esa la intención del legislador según lo establecido en los artículos de la Ley citados con anterioridad, pero es que además este principio se encuentra recogido y desarrollado en extensión en el artículo 7 del propio R.D. 286/2006, hasta el punto que el apartado 3 del mencionado artículo obliga al empresario a justificar documentalmente las razones en virtud de las cuales se propone utilizar la protección individual, cuando el ruido no puede ser evitado con otras medidas de protección.
Para finalizar y respecto al voto particular emitido contra el parecer mayoritario, que pretende ser más favorable a las personas que trabajan, porque entiende que debe concederse el plus desde el momento en que el nivel sonoro sea de tal calibre que obligue a la utilización de “orejeras u otro medio adecuado de protección”, creemos que incurre en los mismos errores comentados y además desconoce una realidad existente desde hace tiempo en el campo de la protección contra el ruido, que consiste en la existencia de unos protectores auditivos ergonómicos, diseñados conforme al oído de la persona que los va a utilizar, es decir, que restringen la molestia de su utilización a límites mínimos y además eliminan, en un porcentaje importante, el nivel sonoro molesto al oído, sin embargo permiten escuchar una conversación humana.
– Autor: José Luis Galván de Granda
[1] Valor limite en virtud del cual se considera que se deben adoptar medidas preventivas (art. 5 del R.D. 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
[2] Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido
[3] Artículo 1 Directiva:” La presente Directiva, que es la decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE, establece las disposiciones mínimas en materia de protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud originados o que puedan originarse por la exposición al ruido, en particular los riesgos para el oído”.
[4] El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior con arreglo a los siguientes principios generales:… h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
[5] Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Resolución Consulta de 10/10/2011: Responsabilidad del TSPRL y uso de normas técnicas y su carácter…
Accidentes ferroviarios-Alvia: “PSOE y En Marea pactan la comisión de investigación del accidente del Alvia” (eldiario.es/politica).

References: resolución 
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 7
 Artículo 1
 artículo 16

Resolución