Source: http://espanito.com/informe-no-138111.html
Timestamp: 2019-07-16 14:55:31+00:00

Document:
Informe no. 138/111
CASO 12.288
El 10 de mayo de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Comisión Interamericana”, "Comisión" o “CIDH”) recibió una denuncia presentada por Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (en adelante, “peticionarios”)2. En la denuncia se alega la responsabilidad internacional del Estado de México (en adelante, “Estado mexicano”, “México” o “Estado”) por la presunta detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas a 3 años y 30 años de prisión, como consecuencia de dos juicios penales en los que supuestamente no se habrían observado las garantías del debido proceso, en particular por la utilización de sus confesiones obtenidas bajo tortura y por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados.
Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención Americana” o “Convención”): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); y protección judicial (artículo 25); todo ello en violación del deber general de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1), en perjuicio de las presuntas víctimas. Alegan igualmente la presunta vulneración de los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante CIPST).
Por su parte, el Estado mexicano sostiene que no se configuran violaciones de la Convención Americana, dado que los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fueron juzgados y sancionados de conformidad en observancia a las garantías judiciales del debido proceso.
El 22 de octubre de 2003 la Comisión aprobó el Informe No. 80/033, mediante el cual se declaró competente para conocer el caso y declaró que el mismo era admisible de conformidad con lo establecido por los artículos 46 y 47 de la Convención, y que continuaría con el análisis respecto a las presuntas violaciones de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del instrumento internacional mencionado; y de los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho expuestas en el presente informe, la Comisión Interamericana concluye que el Estado es responsable de violaciones a los derechos contenidos en los artículos 5, 7, 8, y 25 de la Convención Americana, en conjunción con lo establecido en el artículos 1.1 del mismo instrumento internacional, así como las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y a la obligación contenida en el artículo 1 de dicho tratado internacional. Asimismo, con base en el principio iura novit curia, la CIDH considera que el Estado es responsable por la violación del artículo 2 de la Convención Americana, en relación con lo establecido en el artículo 1.1 de la misma. En virtud de ello, la CIDH presenta sus recomendaciones al Estado mexicano.
El 10 de mayo de 2000 se recibió la denuncia inicial. El trámite hasta la decisión sobre admisibilidad se encuentra explicado en detalle en el informe de admisibilidad4 emitido el 22 de octubre de 2003.
El 22 de octubre de 2003, la CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad No. 80/03, con el que declaró la admisibilidad de la petición y se dio apertura al caso 12.288. La decisión fue comunicada a las partes el 29 de octubre de 2003, otorgándoles a los peticionarios un plazo de dos meses para que presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo, de conformidad con el Reglamento de la CIDH vigente en aquel entonces. En la misma oportunidad, la CIDH se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, conforme al artículo 48.1.f de la Convención Americana.
El 26 de diciembre de 2003 y el 9 de febrero de 2004, los peticionarios presentaron solicitudes de prórroga para presentar sus alegatos sobre el fondo del asunto, las cuáles fueron concedidas por la CIDH mediante comunicaciones de fecha 8 de enero y 11 de febrero de 2004. El 9 de julio de 2007 los peticionarios presentaron sus observaciones adicionales sobre el fondo del asunto. El escrito de los peticionarios fue trasladado al Estado el 19 de julio de 2007, otorgándole el plazo de un mes para que presentara sus observaciones. El 24 de agosto de 2007, el Estado solicitó una prórroga para presentar sus observaciones, la cual fue concedida el 30 de agosto de 2007.
Mediante comunicaciones de fecha 18 de septiembre de 2007; de 5 de junio y 29 de septiembre de 2008, el Estado alegó que el trámite del presente caso ante la CIDH adolecía de irregularidades, en particular con respecto al plazo en que fueron presentadas las observaciones sobre el fondo por parte de los peticionarios. Al respecto, el Estado solicitó a la CIDH que considere le posibilidad de declarar la improcedencia del caso y que diera por concluido el mismo. El 19 de mayo de 2008, la CIDH concedió al Estado un plazo de 45 días para la presentación de observaciones.
Por su parte, mediante notas de 20 y 27 de agosto de 2007, 15 de diciembre de 2008, 6 de mayo de 2009, 7 de enero de 2010 y 12 de julio de 2010, 14 de febrero, 21 de marzo y 6 de junio de 2011, la CIDH acusó recibo de la información adicional aportada por los peticionarios respecto del presente caso y trasmitió al Estado dicha información adicional.
El 22 de marzo de 2010, la CIDH celebró una audiencia sobre el fondo del caso a solicitud de los peticionarios. En la oportunidad ambas partes presentaron sus alegatos sobre el fondo del caso5. En la misma fecha, el Estado presentó prueba documental con respecto al fondo del caso, la cual fue debidamente trasladada a los peticionarios. El 10 de agosto de 2010 los peticionarios presentaron sus observaciones, las cuales fueron debidamente trasladadas al Estado.
Los peticionarios alegan que en la madrugada del 6 de junio de 1997, Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron detenidos ilegal y arbitrariamente en su domicilio. Que durante su detención y en las horas que siguieron fueron sometidos a actos de tortura para obligarlos a autoinculparse de delitos que no cometieron y que las autoridades judiciales no iniciaron las investigaciones pertinentes. Asimismo, indican que con base en las declaraciones obtenidas bajo tortura fueron juzgados y condenados, primero, a tres años de prisión por el delito de portación de arma de fuego para uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; y luego, a 40 años de prisión por los delitos de homicidio, lesiones, robo calificado, delincuencia organizada y daño a los bienes. Indican que en la actualidad los señores García Cruz y Sánchez Silvestre se encuentran privados de su libertad purgando su condena.
Concretamente, los peticionarios indican que aproximadamente a las 3 AM del 6 de junio de 1997, agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, irrumpieron con violencia en el domicilio que habitaban las presuntas víctimas, sin contar con una orden de cateo o de aprehensión y sin informar a las presuntas víctimas de los hechos que se le imputaban. Alegan que los agentes golpearon fuertemente a ambos, y que posteriormente los trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante “PGJDF”), lugar en habrían continuado golpeándolos y amenazándolos de muerte, si no declaraban su culpabilidad y no firmaban las hojas en blanco que les habrían sido presentadas6.
Indican que ese mismo día, el 6 de junio de 1997 en horas de la tarde, los policías judiciales pusieron a disposición del Ministerio Público del Distrito Federal a los señores García Cruz y Sánchez Silvestre, informando que eran miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que habían sido aprehendidos “a la altura de la Estación del metro Santa Martha Acatitla por estar repartiendo propaganda a los usuarios del metro”7. Los peticionarios alegan que dicha versión fue negada el mismo 6 de junio de 1997. Señalan que posteriormente, las presuntas víctimas habrían confesado su participación en la repartición de folletos en el Metro Santa Martha Acatitla y en un enfrentamiento con policías en las cercanías de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón (ENEP Aragón). Sin embargo, hacen notar que el documento de la confesión de Juan García Cruz consta de cinco páginas pero en las primeras cuatro, no consta la firma del señor García Cruz y su firma únicamente se encuentra consignada en la quinta hoja, en la cual constan firmas pero no texto.
En cuanto al proceso por los delitos de portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; los peticionarios señalan que el 7 de junio de 1997, el Ministerio Público del fuero común remitió las actuaciones a la Procuraduría General de la República (en adelante “PGR”), dado que por la naturaleza de los delitos en investigación, eran asunto de su competencia. Señalan que el 8 de junio de 1997, el Ministerio Público Federal ejercitó la acción penal y presentó la averiguación previa en perjuicio de las presuntas víctimas ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal (en adelante “Juez Séptimo”), por la comisión de los referidos delitos. Ese mismo día, el 8 de junio de 1997, indican los peticionarios, Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre rindieron declaración preparatoria ante el referido juzgado y se les asignó a ambos la misma licenciada como defensora pública. El 11 de junio de 1997, se decretó la orden de prisión en su perjuicio8 y se abrió el procedimiento sumario para que las partes aporten prueba – con el otorgamiento de un plazo de 10 días al efecto-. Los peticionarios remarcan que desde el día de su captura, el 6 de junio de 1997, hasta el 11 de junio de 1997, las presuntas víctimas permanecieron detenidas por las autoridades sin mediar una orden judicial que fundamentara su privación de libertad.
Indican que el 13 de junio de 1997, la defensora de oficio presentó escrito de ofrecimiento de pruebas solamente a favor de Santiago Sánchez Silvestre. Señalan que el juez de la causa resolvió el 20 de junio de 1997, asignar a cada una de las presuntas víctimas una defensora pública individual dado que la Unidad de la Defensoría del Fuero Federal informó de la oposición de intereses en la defensa. No obstante, indican que el 24 de julio de 1997, Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre decidieron nombrar como abogados particulares a la Licenciada Pilar Noriega y a los licenciados José Lamberto González Ruiz y Leonel Rivero como sus defensores. En la misma fecha solicitaron el careo con los testigos de su detención.
Señalan que el 1 de agosto de 1997, la abogada Pilar Noriega presentó un escrito de aclaración de las personas con las cuáles se requirió la diligencia de careo; solicitando además pruebas adicionales9. Los peticionarios alegan que el 4 de agosto de 1997, el Juez de la causa desechó la solicitud, aduciendo que el escrito de presentación de pruebas era extemporáneo, decisión que fue impugnada, y posteriormente rechazada.
Alegan que el 5 de noviembre de 1997, la abogada Noriega solicitó al Juez de la causa, de conformidad con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se diera vista al Ministerio Público de los alegatos de tortura denunciados por los señores García Cruz y Sánchez Silvestre. Indican que el Ministerio Público indicó “que en su criterio no se encontraban corroborados los elementos que integran el delito de tortura”. Además, señalan que se justificaron las lesiones de las presuntas víctimas, indicándose que “los procesados expresaron en su declaración ministerial que estaban sometidos a entrenamiento físico de deportes” y “que es de esta manera que posiblemente se causaron las lesiones”. Los peticionarios refieren que ante dicha respuesta, el Juez de la causa no se pronunció.
Informan que el 28 de agosto de 1998, el juzgado emitió la sentencia de primera instancia en contra de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre estableciendo su culpabilidad como responsables del delito de portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, condenándolos a tres años de prisión y a una multa equivalente a 428.40 pesos (moneda nacional mexicana). Los peticionarios indican que contra dicha sentencia, tanto los defensores particulares como el Ministerio Público, presentaron recursos de apelación, los cuales se tramitaron en el toca penal No 370/98 ante el Primer Tribunal Unitario de Circuito. Dicho Tribunal dictó sentencia el 21 de enero de 1999, en la que desechó los argumentos de la defensa. Los peticionarios indican que contra dicha sentencia se interpuso un recurso de amparo ante el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, el cual se resolvió el 18 de octubre de 1999. Los peticionarios señalan que las presuntas víctimas obtuvieron como resultado una reducción de la multa impuesta.
Al finalizar la condena impuesta, indican que a Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre se les inició un nuevo proceso penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, robo calificado, delincuencia organizada y daño en los bienes; relacionados con las declaraciones que habían rendido ante el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Federal y en el proceso seguido por portación de armas. Con respecto a los hechos relacionados con este nuevo proceso, los peticionarios relatan que el 9 de diciembre de 1996 tuvo lugar un enfrentamiento entre la policía y un grupo armado en las cercanías de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, en el cual resultaron lesionados algunos policías y uno de ellos fue asesinado. Indican que se denunció además que el grupo armado robó los vehículos de dos particulares y que ocasionó daños al patrimonio del Estado por los disparos a los vehículos de los policías.
Los peticionarios informan de una serie de diligencias probatorias que se realizaron en el proceso por el delito de homicidio y otros;10 y señalan que el 6 de septiembre de 2001, el Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Nezahualcoyotl emitió sentencia de primera instancia, por la cual se condenó a Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre a 40 años de prisión como responsables de los delitos imputados. Sostienen que el Tribunal otorgó especial importancia a las declaraciones realizadas por Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre a los policías que los detuvieron y ante el Ministerio Publico11. Indican que el 9 de octubre de 2001, se interpuso el recurso de apelación por la defensa de las presuntas víctimas bajo el fundamento de que la confesión en la cual se basó la condena fue obtenida bajo tortura y sin que se respetase el derecho de defensa de los procesados por no contar en ese momento con la asistencia de un defensor. Indican que el 12 de febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México resolvió el recurso de apelación confirmando la condena impuesta y desestimando las alegaciones respecto de la irregularidad en la detención y de las torturas a las que se habría sometido a las presuntas víctimas12.
Indican que posteriormente el patrocinio letrado de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, interpuso un recurso de amparo en contra de la sentencia de apelación emitida por Tribunal Superior de Justicia del Estado de México el 12 de febrero de 2002, alegando la violación del derecho a la defensa y el principio de inocencia; y que se le había otorgado plena validez a confesiones obtenidas mediante tortura13.
Los peticionarios consideran que estos hechos constituyeron violaciones de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 1, 6, 8 y 10 de la CIPST.
En cuanto al derecho a la libertad personal, los peticionarios alegan que la detención de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fue ilegal y arbitraria, dado que los agentes responsables de su arresto no contaban con orden judicial que respaldara su actuación, y no les informaron de los hechos que se les imputaban. Indican además que la versión policial en cuanto a que habrían sido detenidos en flagrancia -mientras repartían propaganda subversiva, visiblemente armados- no se logró demostrar fehacientemente en ninguno de los dos procesos. Sostienen que los únicos testimonios en ese sentido son de los policías que participaron en la detención y dos supuestos testigos, quienes no habrían presenciado la detención y tampoco habrían identificado a Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, como los sujetos que repartían propaganda subversiva. Precisan que dichos testigos sólo declararon una vez y que el Juez no había autorizó un careo con ellos, como lo solicitaron. Agregan que en la época en que ocurrieron los hechos, la práctica de tortura por parte de las autoridades policiales constituía una práctica sistemática, lo cual indican ha sido ampliamente reconocido y analizado en numerosos informes de la comunidad internacional. Alegan que dicha práctica se “ve aumentada por la fuerza jurídica que el sistema jurídico mexicano otorga a la primera declaración del presunto inculpado”. Indican que la Corte Suprema de Justicia mexicana incluso ha establecido que ante dos declaraciones de un inculpado en diverso sentido, debía prevalecer la declaración inicial. Precisan además que las presuntas víctimas fueron detenidas aproximadamente a las 3:00 AM del 6 de junio de 1997 y que fueron puestos a disposición de un juez el 8 de junio de 1997 a las 5.30 PM, es decir más de 14 horas después de las 48 horas que exige la Constitución Política Mexicana para que un detenido sea puesto bajo control judicial. Añaden que la detención de las presuntas víctimas también fue arbitraria.
En cuanto al derecho a la integridad personal, señalan que el Estado no respetó la obligación negativa de abstenerse de someter a tortura a las personas; y que además no realizó una investigación exhaustiva de dichos hechos. Sostienen que las presuntas víctimas durante su detención y en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fueron torturadas, como lo demostrarían los certificados médicos, sin que el Estado, según los peticionarios, haya logrado desvirtuar la acusación por tortura.
Con respecto a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial, en particular los peticionarios alegan que:
El Estado de México no realizó una investigación seria y exhaustiva de las denuncias de tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre. Sostienen que Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre denunciaron ante el Ministerio Público y ante la autoridad judicial, que habían sido víctimas de tortura, no obstante, no se habría ordenado la realización de una investigación con respecto a las lesiones que presentaban. Indican que si bien el Estado alega que en marzo de 2002, el Ministerio Público Federal dio apertura a la averiguación previa No 773/DDF/2002 "por el posible delito de lesiones", la misma no habría sido iniciada de oficio14. Alegan que de conformidad a sus obligaciones internacionales, el Estado no puede alegar que a las presuntas víctimas les corresponde proceder en la interposición de la denuncia de tortura, como lo manifestó en el trámite ante la CIDH.
Se vulneró su derecho a no ser obligado a declarar en su contra.
No se garantizó una defensa adecuada a las presuntas víctimas, dado que durante sus interrogatorios iniciales no contaron con la presencia de un abogado que representara sus intereses. Al respecto, alegan que ni en el informe de la policía judicial de fecha 6 de junio de 1997, ni en la ampliación de la declaración de los policías judiciales, de fecha 24 de junio de 1997, se indica que en el interrogatorio de los inculpados estuviera presente un defensor de oficio o particular. Además sostienen que en un inicio se les proporcionó una misma defensora de oficio, a pesar de que en sus declaraciones se inculpaban uno a otro. Sostienen que aunque dicha situación fue eventualmente corregida, las defensoras públicas asignadas a cada uno de ellos, incurrieron en una serie de omisiones con respecto a las diligencias probatorias que imposibilitaron una defensa adecuada. En otros, alegan que las defensoras públicas no presentaron pruebas de descargo, que no se buscó demostrar lo sostenido por los señores García Cruz y Sánchez Silvestre en cuanto al lugar de detención, que se ignoraron sus declaraciones en cuanto a que habían sido objeto de lesiones y torturas, y que no se reunieron para establecer una estrategia de defensa. Agregan además el juez de la causa no permitió a la defensa particular enmendar las referidas omisiones de la defensa de oficio, cuando fue solicitado por la defensa particular. En efecto, indican que el juez de la causa en el proceso penal 66-97 rechazó la posibilidad de un careo entre los imputados y los dos testigos de los hechos de la detención, y no aceptó la prueba ofrecida con respecto a la actuación del Ministerio Público.
No se garantizó la presunción de inocencia, dado que se condenó a las presuntas víctimas en base a declaraciones auto-inculpatorias obtenidas bajo tortura. Sostienen que ello además vulnera el artículo 195 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente al momento del segundo proceso penal (Código de Procedimientos Penales para el estado de México de 3 de Septiembre de 1999), el cual establece que "la confesión de la persona inculpada no dispensará al Ministerio Público ni a la autoridad judicial de practicar diligencias necesarias para la comprobación del cuerpo del delito”. Con relación a la condena a 40 años de prisión, alegan que el juez sólo consideró la declaración autoinculpatoria, dado que ninguno de los elementos probatorios en los que se basa la sentencia tiene relación con la participación de las presuntas víctimas en los hechos juzgados. Concluyen que en atención a las probanzas disponibles, las declaraciones de Juan garcía Cruz y Santiago Sánchez Silvestre resultaron determinantes para su condena.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 195