Source: https://www.scribd.com/doc/208149451/prudencia-e-ideologia-del-juez
Timestamp: 2019-01-19 19:31:07+00:00

Document:
prudencia e ideología del juez
Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2, 2012, pp.
243 - 294 ISSN 0717 - 2877 Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Prudencia versus Ideología: “De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” Andrés de la Oliva Santos
PrudEncia VERSUS IdEoLoGÍa: DE nuEVo soBrE EL papEL dEL juEZ En EL procEso ciViL*
ANDRÉS DE La OLIVa SaNToS**
I. CoNSIDERacIÓN PRELIMINaR
Cumplidos holgadamente cuarenta años desde mi primera publicación sobre asuntos procesales, me he ocupado en muchas ocasiones de lo que, a mi entender, le corresponde al juez en los procesos civiles en que se ventilan derechos e intereses legítimos de sujetos jurídicos particulares sin presencia de un interés público prevalente. Estas páginas, como sus predecesoras de 20101, pertenecen al género del ensayo. Y el ensayo, como dijo ORTEGa y GaSSET, es “la ciencia sin la prueba explícita”2. Sé que sobre el ensayo se han emitido, con sarcasmo, juicios peyorativos e incluso ácidos3. Pero ORTEGa no lo deﬁnía con los términos transcritos
Colaboración recibida el 30 de septiembre y aprobada el 22 de octubre de 2012.
Catedrático de Derecho Procesal Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: andresoliva@infonegocio.com.
Predecesoras son las páginas tituladas “El papel y los poderes del Juez en el Proceso Civil”, publicadas en Teoría & Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico, Valencia, junio 7/2010, pp. 36-66. Redacté ese texto a petición del Prof. MoNTERo ARoca, que planeaba un número monográﬁco de la citada revista con exposiciones contrapuestas del tema. Es decir: unos textos en defensa de un juez civil con grandes poderes y otros, en cambio, preconizadores de un juez civil neutral (o “pasivo”) y notablemente circunscrito por los planteamientos de las partes, tanto respecto del objeto del proceso y de una estricta congruencia de la sentencia, como en lo relativo a la formación del juicio sobre los hechos relevantes de cada litigio civil (admisión de hechos, prueba, etc.). Cuando mi querido amigo el Prof. Dr. Diego I. PaLoMo VÉLEZ, me pide permiso para reproducir en Ius et Praxis, que tan acertadamente dirige, lo publicado en Teoría y Derecho, le propongo revisar, reescribir y ampliar ese texto, por parecerme más conforme al gran prestigio alcanzado por la publicación chilena, a mi condición de miembro de su Comité editorial y a mi deseo de procurar un texto con la máxima “frescura”, aunque sin hurtar al lector nada de lo que escribí en 2010. Aceptada de inmediato mi propuesta, el resultado es este trabajo, al que, con buenas razones, he puesto un título nuevo, en el que aparecen dos ingredientes: el de la ideología, por el que, muy a mi pesar, se mantiene viva la ya injustiﬁcadamente prolongada vexata quaestio de los poderes del juez civil, y el de la prudencia, con el que pienso que el habitual planteamiento ideologizado debiera superarse.
En Meditaciones del Quijote, 1914, ed. Aguilar (reimp.) Madrid, 1975, p. 36.
Por ejemplo, el de que un ensayo es un conjunto de ocurrencias sin notas a pie de página. Error, pues con esta nota, por ejemplo, no desaparece el carácter ensayístico de este papel. Me permito advertir Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2 2012, pp. 243 - 294
para descaliﬁcarlo sino, muy al contrario, por considerarlo legítimo y para que esa legitimidad quedara establecida. Pues bien: aplicado el criterio orteguiano a un trabajo sobre asunto jurídico, signiﬁca, entre otras cosas, que la extensión puede y suele ser moderada; que el autor está liberado de sujeciones formales; que es de esperar, mucho más que la exposición sistemática completa y erudita, la reﬂexión y la posición personal y, ﬁnalmente, que el discurso se impregna de una especial intensidad retórica o persuasiva. Esto último conviene mucho a la realidad de una cuestión controvertida y también a la intención de alimentar polémica con que inicialmente se me pidió que tratara la cuestión. Otra cosa, como se verá, es que lo que diga a partir de ahora responda a las expectativas de quienes esperen o incluso deseen encontrarse en estas páginas la defensa cerrada de una de las posiciones de la controversia, en el habitual marco de una discusión con un claro trasfondo ideológico-político. Eso no lo encontrarán aquí. Me opondré, es verdad, a la idea de un papel que al Juez le debería corresponder en el proceso civil, pero esta oposición a un papel pretendidamente obligado del juez no será sino la oposición a cualquier dogmatismo sobre el “rol” del juez y, por supuesto, a la pretensión de imponer universalmente tal dogmatismo. En 2010 aventuré que el ingrediente picante de la polémica dependería de lo que otros aﬁrmasen más que de lo que yo dijera. Y también deseé que, por la inteligencia de los demás polemizadores, el resultado fuesen muchas más convergencias de las habituales hace años. Los resultados, en efecto, fueron positivos. Pero deseo que el progreso sea mayor y lamento algún concreto retroceso, alguna renovada insistencia en tratar nuestro tema con el acostumbrado arsenal del axioma ideológico-político4.
II. EL PaPEL DEL JUEZ EN EL PRocESo cIVIL Y LoS PRINcIPIoS DEL PRocESo
Por la intensidad y la duración de la polémica sobre el papel del juez, cabría pensar que están en juego “cuestiones de principios”, es decir, grandes valores
que aquí las notas a pie de página (a excepción de las relativas a citas) no tienen menos interés que el texto principal, sino que, por el contrario, resultan de recomendable lectura para entenderlo. Me estoy reﬁriendo a TaRUFFo y a sus aﬁrmaciones en una reciente entrevista realizada y publicada en España: Diario La Ley, Nº 7887, Sección “En Primera Persona”, 25.06.2012, Año XXXII. Dejo aquí el enlace para que los lectores puedan acceder a la entrevista entera, con diversos contenidos de los que me ocuparé después: http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO 29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee+ +999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LMXpzv07O7e33n48Bde5nVTVMv P9nZ293bu39vFB8X59dNq+uZ6lX92npVN/guL5ni1qqvLfCbtPt17sHtvd+//AZmgGw9NAAAAWKE. Sé que la amistad no impide a TaRUFFo la discrepancia, lo que me parece perfecto, porque soy del mismo criterio. Deseo y espero que mi desacuerdo en estas páginas no altere nuestra muy buena relación personal y profesional, que ha tenido tantas fructíferas manifestaciones.
Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2 2012, pp. 243 - 294
“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil”
humanos con dimensiones de justicia y orden o, lo que es igual, grandes valores jurídicos (lo que, en España, desde la Constitución de 1978, se designa con la expresión “valores superiores” del ordenamiento jurídico). Como se verá, no me parece que sea así tratándose de la generalidad de los procesos civiles, pero no está de más exponer algunas ideas sobre los principios del proceso, sentado que lo concibo como un instrumento ineludible de la Jurisdicción, cuya ﬁnalidad esencial no es resolver controversias o conﬂictos, sino decir el Derecho ante casos concretos, pequeños trozos de historia humana. Como ya he escrito en otros lugares, considero principios del proceso o principios procesales las ideas y reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el muy preciso sentido de poseer una virtualidad originaria (de ahí que el término “principio” resulte apropiado), determinando que los procesos sean sustancialmente como son. No merecen, por tanto, el nombre de principios del proceso cualesquiera criterios inspiradores de la respuesta a las muy diversas cuestiones que se suscitan a la hora de establecer ciertas series o sucesiones de actos o su forma externa, sino sólo las ideas-fuerza o criterios determinantes de las principales opciones conﬁguradoras de la sustancia interna de los procesos. Desde varios puntos de vista, es erróneo y perturbador denominar “principios” a todos los criterios generales en virtud de los cuales se opta por regular de un modo o de otro el proceso o ciertos aspectos o actuaciones de éste. Para la mayoría de esos criterios resulta preferible utilizar los conceptos y términos de “reglas” o “máximas”. Como he repetido en muchas ocasiones, cuando todo son principios, nada es principio. Y lo mismo sucede –y con impaciencia lo repito también una y otra vez– cuando a cualquier posibilidad de actuación humana se le denomina “derecho”: cuando todo son “derechos”, nada es derecho. Semejante amplitud conceptual no conduce a nada positivo5.
Muy al contrario. Sin embargo, se ha convertido en una auténtica moda, de sesgo vulgar y retardatario, la de producir etiquetas y banderas máximamente genéricas y proceder, con tan menguado amparo, a eliminar distinciones de suma relevancia. La moda y sus efectos encuentran su origen en la ignorancia y la incultura y rinden homenaje a la pereza. Veamos un ejemplo. Lo que antes eran estudios de Periodismo (concepto que, por supuesto, no es incompatible con las innovaciones técnicas de los dos últimos siglos), ahora es “Ciencia de Comunicación”, de modo tal que el foniatra y hasta el otorrinolaringólogo se hermanarían con quien explica Lengua española y con el experto en el manejo y coordinación de cámaras televisivas. Además –lo digo con el máximo respeto a las personas–, se funda un “Derecho a la información”, que, con tamaña amplitud, englobaría por igual el de los televidentes que el de los accionistas de una sociedad mercantil o el de los ciudadanos respecto del contenido de los archivos y documentos oﬁciales o el de la parte pasiva de un proceso penal sobre la marcha de la instrucción. Empecé a reparar en este fenómeno hace muchos años, cuando leía como gran mérito de las teorías abstractas de la acción la aplicabilidad de ese concepto lo mismo al proceso civil que al penal. A nadie serio, defensor de las tesis abstractas, se le había ocurrido semejante simpleza. Pero, claro es, eso permitía no preguntarse por qué y sobre qué polemizaron WINDScHEID y MUTHER (y ni siquiera quiénes eran).
Pero mi preocupación por los conceptos de “principio” y de “derecho” (subjetivo) no es sólo un cierto celo por la precisión o exactitud, de modo que los términos y conceptos se ajusten máximamente a la riqueza de la realidad. El deseo de que perduren y se aprovechen las conquistas de la ciencia y de la técnica –también, por tanto, de la ciencia y de la técnica jurídicas– sin retornar a nociones vulgares después de muchos razonables esfuerzos de precisión, obedece al propósito de no provocar equiparaciones que degradan los genuinos principios y los auténticos derechos. Principio es lo que constituye un origen y determina las diferencias esenciales. Si denominamos “principio” a todo criterio general, se pondrán a la par lo principal y lo accesorio. Y no parece razonable, por ejemplo, equiparar el principio de audiencia o el de igualdad con el denominado “principio” de economía procesal. Los genuinos principios (los del proceso como los relativos a otras realidades) presentan, en sentido etimológico, un carácter radical (del latín radex-icis: raíz) por su relación íntima con dos necesidades primarias. En primer lugar, la de superar de verdad una situación de autotutela o “justicia privada”, para lo que ha de darse satisfacción a unos pocos criterios que concretan aspiraciones de justicia universalmente sentidas. En segundo lugar, la de ajustar máximamente el instrumento procesal a la ﬁnalidad de tutelar eﬁcazmente los diversos tipos de derechos subjetivos y las muy diferentes parcelas del Derecho objetivo. En virtud de la primera necesidad, el proceso se ha de conﬁgurar de modo que siempre sean efectivos unos determinados postulados elementales de justicia: éstos son los principios procesales que he llamado “jurídico-naturales”, siguiendo a mi maestro, CaRRERaS LLaNSaNa. A causa de la segunda necesidad, en cambio, los procesos se construyen conforme a criterios contingentes: los que se consideran más adecuados según la diversa realidad jurídica de la que han de ser instrumentales. Se trata, por tanto, de principios procesales que no conﬁguran siempre toda clase de procesos, sino que inspiran, unos, ciertas construcciones procesales, y otros, otras. Son los que algunos hemos dado en llamar “principios jurídico-técnicos”. En cuanto al primer tipo de principios procesales, los necesarios o “jurídiconaturales”, he venido reduciéndolos a dos: el principio de audiencia (muy
Esto de la bondad generalizadora, como se me ocurre denominar al fenómeno, es, si bien se mira, algo peregrino (adjetivo que, no sé por qué, usamos en España para referirnos a lo absurdo). Por supuesto, el concepto de “asiento” es más comprensivo que el de “sillón”, pero éste último deﬁne mejor que el de “asiento” un concreto instrumento para sentarse (el “sillón” tiene respaldo y brazos, elementos de que carece un “taburete”, que, sin embargo, es, como el sillón, un “asiento”). A estos generalizadores, a los que también les resulta cómodo, por ejemplo, atribuir eﬁcacia de cosa juzgada a todo y a sólo lo juzgado en resolución ﬁrme, me entran ganas de llamarles “entes”. No lo hago, pero lo tendrían merecido conforme a sus tesis. ¿Se enterarán alguna vez de que conocer es distinguir, incluso para el conocimiento sensorial de un pez?
resumidamente: nemo debetur inaudito damnari; audiatur et altera pars) y el principio de igualdad de las partes6. No son los principios de esta clase, insoslayables en todos los procesos (con aparentes excepciones), los que más inﬂuyen en el papel del juez en el proceso civil. Lo que al juez corresponde, o no, se relaciona estrechamente con el entendimiento de los principios denominados “jurídico-técnicos”, que, a mi entender, no son sino el denominado “principio dispositivo” y, en contraposición, el “principio de oﬁcialidad”. Tan corto número de genuinos principios procesales, así como su denominación –que, aunque no original, puede suscitar alguna extrañeza–, obedece, ante todo, a una opción expositiva o didáctica, que se sustenta en la argumentación que enseguida se verá exenta de pretensiones excluyentes de otros puntos de vista. También podrá advertirse, espero, que no hay una base ideológica concreta en mi modo de ver y exponer algunas claves del proceso civil. Pero, además, reservar el concepto de “principios del proceso” para unos pocos criterios, responde a una distinción, tempranamente aprendida de CaRRERaS LLaNSaNa, entre principios y formas del proceso, distinción en virtud de la cual una serie de importantes y muy visibles rasgos externos del proceso dependen, no tanto de criterios con virtualidad originaria y determinante de las principales características esenciales del proceso, como son los principios, sino de la opción por modelos de conﬁguración externa del proceso, que serían las formas: inquisitiva o contradictoria. Desde hace años y hasta ahora, sigo en este punto (como en otros) las enseñanzas de mi maestro sobre los principios y las formas del proceso, respectivamente7. Un fundamento elemental pero sólido para la distinción entre principios y formas reside en la inexistencia de completa correlación entre unos y otras, puesto que la forma o estructura contradictoria puede coexistir con la inﬂuencia del principio dispositivo lo mismo que con la del principio de oﬁcialidad. Son, empero, genuinos principios procesales, “jurídico-técnicos”, las ideas o criterios determinantes de la posición y del papel del tribunal y de las partes
6 V. al respecto mi Derecho Procesal. Introducción, con Díez-Picazo Giménez, I. y Vegas Torres, J., Madrid, 2004, § 3, núms. 5-18. 7
Esas enseñanzas de CaRRERaS LLaNSaNa son, en España, propias de él únicamente, aunque podían encontrarse, con una formulación distinta, en GÓMEZ ORBaNEJa, Derecho Procesal Civil (con Herce Quemada), Vol. I, Madrid, 1969, pp. 190 y ss. Sin duda, GÓMEZ ORBaNEJa había recibido a CHIoVENDa, pero expresamente menciona como inspiración directa la clásica obra de MILLaR, R. W., The Formative Principles of Civil Procedure, Northwestern University Press, 1923, 78 pp. (existe trad. esp. por Grossmann, Buenos Aires, 1945, con el título “Los principios formativos del procedimiento civil”). Hay autores de mucha relevancia, en la doctrina alemana, que, en cierto modo, apuntan en la misma dirección cuando separan la Verhandlungsmaxime –concepto en sí mismo oscurísimo– del Dispositionsprinzip y del Ofﬁcialprinzip. En cuanto a las formas procesales y su relación con los principios, v. mi Derecho Procesal. Introducción, cit. § 4, passim. Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2 2012, pp. 243 - 294
habrá de hacerse valer. de modo que el proceso. III. desde el nacimiento del llamado “Derecho Procesal moderno”. los actos procesales y la sentencia dependan de la promoción. Recomiendo al lector que no se ﬁje en las denominaciones (discutibles. de hacer valer el interés público general (en España y en otros muchos países suele ser el Ministerio Fiscal o Ministerio Público). con un protagonismo decisivo de órganos oﬁciales y del mismo órgano jurisdiccional. Tan pronto como un asunto que implique ese tan repetido interés (también conocido clásicamente como bonus communis. legalmente encargado. en virtud del cual la Justicia se debe ocupar de los asuntos en que esté presente aquel interés. deberes y cargas–. Y comenzaré por el principio de oﬁcialidad. Se comprende que una primera manifestación del principio de oﬁcialidad es la necesidad de que el proceso comience siempre que aparezca el interés público de cuya satisfacción es instrumento el proceso. facultades. El inicio de éste no puede depender de la voluntad libre de un sujeto jurídico particular (no se inicia “a instancia de parte”). Nº 2 2012. sino que se encomienda a la decisión reglada del mismo órgano jurisdiccional (comienza el proceso ex ofﬁcio) o se impone la realización de actos de iniciativa a un órgano público. Pero voy a permitirme un breve recordatorio de conceptos conocidos. sin que las partes procesales gocen.294 . defensa y tutela de ese interés público. que considero imprescindible para que el lector pueda entender cabalmente mi posición. como se acaba de decir. incluso en resumen. derivado del intenso interés público predominante en ciertas materias. pp. 243 . el “bien común”) sea conocido. en su objeto. como ya he dicho. su objeto. así como de las bases estructurales y de desarrollo y desenlace de los procesos. 248 Revista Ius et Praxis. sino en la sustancia de lo que considero principios procesales. pero sobre las que siempre cabría encontrar equivalencias suﬁcientes). A) Principio de oﬁcialidad (y “principio de investigación de oﬁcio”) Entiendo por principio de oﬁcialidad el criterio. las innumerables discrepancias que entre los autores existen. PRINcIPIo DE oFIcIaLIDaD (Y DE “INVESTIGacIÓN DE oFIcIo”) Y PRINcIPIo DISPoSITIVo (Y “DE aPoRTacIÓN DE PaRTE”) Dejo a un lado intencionadamente exponer.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos –con sus correspondientes funciones. en su desenvolvimiento y en su terminación. siguiendo un orden inverso al más frecuente. Año 18. ni extraprocesal ni procesalmente. derechos. de un poder de disposición como el que cabe predicar respecto de los derechos e intereses legítimos de los que son titulares los sujetos jurídicos particulares. en torno a las denominaciones más apropiadas de los principios jurídico-técnicos que conﬁguran los procesos. Son principios de ese tipo los que inspiran la capacidad de decisión y de inﬂuencia del órgano jurisdiccional y de las partes en el nacimiento del proceso.
al menos. que ha dado origen y sentido al proceso. que pueda (o más bien deba) acordar de oﬁcio actuaciones probatorias. Ni que decir tiene que un proceso regido por el principio de oﬁcialidad comporta la atribución al juez de numerosos e importantes poderes en los ámbitos ya apuntados8. que no enlaza con un poder de disposición particular que. con sus fundamentos fácticos y jurídicos.294 249 . pero su relevancia guardará relación con la necesidad de preservar los principios de audiencia e igualdad. por incongruencias gigantescas. 243 . ni cabe que la parte activa renuncie o que la pasiva se allane. en coherencia con una estructura procesal dual y de controversia. el órgano jurisdiccional no se encuentra vinculado a tal iniciativa. Año 18. con los efectos propios de tales actos de disposición. las pretensiones de las partes. 8 He escrito este subepígrafe en esos concretos términos perfectamente a sabiendas de que. El principio de oﬁcialidad y el de investigación de oﬁcio inspiran la inmensa mayoría de los procesos penales. una porción de realidad con dimensiones jurídicas. puesto que. como por una pequeña historia. dada la raíz del principio de oﬁcialidad. que. no entrañarán. en un proceso regido por el principio de oﬁcialidad. Las pretensiones (noción aquí utilizada literalmente. más precisamente. dentro de la forma contradictoria del proceso. proteger un interés público. pp. Nº 2 2012. como acción y efecto de pretender) no serán del todo irrelevantes. no tanto por las pretensiones de las partes (y. muy propias de los tiempos de incoherencia sincretista que vivimos. de los que resultan paradigmáticos los procesos de incapacitación y de reintegración de la capacidad. aunque pueda conﬁarse en la iniciativa de los sujetos procesales en cuanto a la aportación de los hechos y a la proposición de las pruebas. sino que resulta razonable establecer que sea él quien la tome (investigación de oﬁcio) o. por los fundamentos fácticos y jurídicos de dichas pretensiones). ni las partes son dueñas de establecer el objeto del proceso ni pueden disponer de éste libremente mediante el desistimiento (como máximo podrán algunas partes dejar de ser tales). insistimos. Tampoco hay vinculación del órgano jurisdiccional respecto del planteamiento jurídico que las partes puedan hacer. pues.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” En los procesos regidos por el principio de oﬁcialidad. o no existe siquiera. la tutela del interés público no se debe subordinar a aquel planteamiento. Así. o no merece ser absolutamente respetado. limitaciones del tribunal fundadas en el respeto a unos inexistentes (o subordinados) derechos e intereses legítimos de sujetos jurídicos particulares: habrán de tomarse en consideración sólo en la medida en que la satisfacción del interés público se ha de conseguir respetando el papel procesal atribuido a las partes. desde luego. por la naturaleza de las cosas. o que ambas transijan. Por otro lado. el proceso Revista Ius et Praxis. que es. la actividad procesal y la resolución que ponga término al proceso estarán delimitadas. aunque también algunos procesos civiles. esto es. Finalmente. es razonable conﬁgurar de modo que no se alce nunca como obstáculo para la satisfacción del ﬁn del proceso.
contra numerosos preceptos legales vigentes.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos B) Principio dispositivo (y “principio de aportación de parte”) A mi entender. La congruencia de la sentencia penal con la acusación habría de ser tan absoluta o más que en un proceso civil sobre asuntos desprovistos de interés público. porque ese proceso ha sido pragmatizado hasta extremos difícilmente justiﬁcables si nos importa –y a mí me importan mucho– la verdad y la justicia y. Lamento que. en primer lugar. los procesos penales sigan demasiadas veces los derroteros a los que acabo de referirme. Año 18. pero no por ello debo modiﬁcar lo que. desde el principio de su implicación. en virtud del cual el proceso se construye asignando o reconociendo a las partes un papel de gran relieve. Curioso es que. la manifestación primera del principio dispositivo es que el proceso no comience por iniciativa del propio órgano jurisdiccional (ne procedat iudex ex ofﬁcio: “que el juez no proceda de oﬁcio”). en nombre del “principio acusatorio” pretendidamente constitucional. el “principio acusatorio”. pero sin indefensión de nadie. los resultados del proceso dependen en gran medida del ejercicio por las partes de las oportunidades de actuación procesal (alegaciones y prueba) abstractamente previstas en la norma jurídica. se ha dogmatizado según pretendidos “principios” jurídicos vaporosos. Todo esto. entiendo que es el principio de oﬁcialidad. 243 . Este “principio” no consiste en que no se pueda condenar penalmente sin acusación ni en que todo encartado como parte pasiva de una causa criminal (llámesele sospechoso. Nemo iudex sine actore. reza penal resulta ser un proceso con un juez decisorio (sobre la fase de instrucción están las espadas en alto) pasivo y sin poderes. a ser informado de los hechos que motivan cualquier resolución que limite sus derechos y. recogidas en nuestra Constitución. No se trata de estas elementalidades. que al menos uno de ellos ha de pretender y. 250 Revista Ius et Praxis. imputado o acusado) tenga derecho. se hace depender la existencia real del proceso y su objeto concreto del libre poder de disposición de los sujetos jurídicos implicados en la tutela jurisdiccional. a la vez. en síntesis. Nº 2 2012. en segundo lugar. pp. ardientes defensores de este juez penal impasible. de modo que. tenga derecho a saber de qué se le acusa (y quién) desde que haya acusación. con frecuencia. en buena medida. Diríase que para éstos reviste mayor interés social el cumplimiento de lo pactado en un contrato bancario de préstamo que la sentencia justa en un caso de asesinato o violación. el tribunal penal no puede acordar pruebas de oﬁcio ni promover debate entre las partes sobre cuestiones jurídicas a ﬁn de dictar sentencia aplicando las normas penales con la soberanía que es coherente con el interés público en la represión jurídica de la delincuencia. con un recreado e hiperampliado “principio acusatorio”. sino sólo por la de un sujeto jurídico que pretende obtener una tutela jurisdiccional concreta mediante la correspondiente resolución judicial. que no estaba deﬁnido por la doctrina ni por la jurisprudencia (ni con amplio consenso ni sin él) y que no es mencionado de ninguna forma en la Constitución española. En España. en España. derivado de la naturaleza eminentemente particular de los derechos e intereses en juego. a fortiori. La neutralidad del juzgador penal sería la plena pasividad de un mero espectador. en que el juez penal está atado de pies y manos por la acusación. no sólo (como es razonable y equitativo) en cuanto a los hechos una vez que el objeto del proceso ha sido ﬁjado. cabe deﬁnir el principio dispositivo como el criterio.294 . sino también en cuanto al Derecho. Según este “principio”. se ha hecho consistir. como sucede. junto con otros muchos autores. Desde todo punto de vista. los que piden aumento de poderes para el juez civil sean. en España.
alguien que insta el proceso. lo que es igual. hace pasar el proceso de la potencia al acto. alguien que. 125-141. me corresponde disponer de los hechos y de las normas en que podría fundamentar mi derecho y mi acción9. el libre poder de disposición del sujeto jurídico sobre lo que puede ser materia de aquél. Además. pueden hacer terminar aquél sin resolución sobre el objeto (desistimiento). La persona ante la Administración de Justicia: derechos básicos. Universitaria Ramón Areces. es también titular soberano de esos derechos. Revista Ius et Praxis. derechos procesales. no actuará o. Con la máxima brevedad. con DÍEZ-PIcaZo GIMÉNEZ (I) y VEGaS ToRRES. (J). hasta cierto momento procesal. en mi última obra general. el proceso no se iniciará. pienso. passim. pp. Madrid. 9 Para mi posición sobre la acción. no se discute que el poder de disposición de ese actor le permite renunciar a obtener lo que ha pedido (salvo que la renuncia. Curso de Derecho Procesal Civil. Así. Nº 2 2012. es decir. v. el demandado. que pide tutela jurisdiccional. ante todo.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” el aforismo. se conceda al actor lo que ha pedido. Parte General. En los dos casos.. La parte pasiva. porque mi acción es mía. frente a ella. Precisamente porque mi derecho es mío. con una actuación concreta.294 251 . por su disposición sobre el proceso. esté excluida). por un lado y. Año 18. in extenso. 243 . Barcelona. Edit. del mismo modo que la parte pasiva puede allanarse. I. por lo que el actor decida pedir. 2012. en cuanto tal. por otro. ambas partes o sólo el actor. El derecho a la tutela jurisdiccional. Acabará de perﬁlarse el objeto procesal según lo que la parte pasiva quiera hacer valer. si no hay un actor. el mismo principio procesal (el dispositivo) fundamenta también. Algunos sitúan en lo que acabo de escribir el límite del alcance máximo del principio dispositivo. respectivamente. como regla. 1980. de petición al órgano jurisdiccional. Iniciado el proceso por el actor. que. el tribunal. insisto– en el proceso únicamente estén en juego derechos e intereses legítimos de unos concretos sujetos jurídicos. excepcionalmente. sólo tiene. pero precisamente en relación con los fundamentos de hecho y jurídicos que quiera alegar. pp. la decisión vincula al juez. siempre que –de ese supuesto partimos. el mismo poder de disposición sobre el derecho del que alguien es titular implica y se extiende a disponer de los fundamentos fácticos y jurídicos de ese derecho. usando también de su poder de disposición. que el objeto del proceso venga concretamente determinado. en el sentido de que el juez. mostrarse conforme con que. que deberá absolver o condenar. Esta primera consecuencia del principio dispositivo es resultado natural de dos factores: la total instrumentalidad del proceso respecto de derechos e intereses predominantemente privados o individuales. lección sexta. Bosch Casa Editorial. Pero. a mi parecer. Sólo se iniciará un proceso relativo a la protección de un bien jurídico mío si yo quiero verlo tutelado jurisdiccionalmente.
DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos tanto sobre sus derechos sustantivos y materiales como sobre los procesales10. denominado de “aportación de parte” el que determina que corresponda principalmente a las partes alegar y probar lo que fundamente sus pretensiones y explicaría que el juez deba dictar sentencia conforme a los hechos alegados y las pruebas aportadas por los litigantes. las reglas de la denominada carga de la prueba material: a cuál de los litigantes perjudica la falta de prueba sobre un hecho relevante.294 . y el allanamiento del demandado. Nº 2 2012. esto es. Como después diré en el texto principal. atribuir a las partes la carga de aportar las pruebas de los hechos en que apoyan sus pretensiones. Para aquellos que. será otro principio procesal distinto. la libre conﬁguración de una pretensión de tutela jurisdiccional y la permanencia de un poder de disposición que permite la renuncia del actor. sino. aunque –lo reconozco de buen grado– no enlace con el núcleo de dicho principio de modo tan directo. claro e insoslayable como la iniciativa del nacimiento del proceso y la posibilidad de renunciar a obtener la tutela jurisdiccional solicitada. a su vez. que el proceso tenga por objeto. pero. 243 . su pretensión (en el caso del demandante) y su contrapretensión (en el caso del demandado que no ejercita reconvención). no sólo las pretensiones formuladas (lo que se pide). ese aligeramiento del trabajo del juez me parece muy conveniente. a los efectos que aquí interesan. cabe entender. Y si se grava a las partes con la carga de alegar los hechos y los fundamentos de derecho de su posición. en caso de falta de certeza. Poco importa. dirán que el proceso responde al principio o máxima “iudex iudicet secundum allegata et probata partium”. con efectos condenatorios. estableciendo. como ha puesto de relieve Es claro que gravar a las partes con la tarea de precisar. sujetando al juez en la sentencia a esos límites. entienden que la virtualidad del principio dispositivo supone sólo la necesaria iniciación del proceso civil a instancia de parte. Que la sucesión de actos del proceso verse sobre aquello que las partes quieren hacer valer disponiendo de todos sus derechos en la forma que se acaba de decir. pp. con criterio distinto del que acabo de exponer. la carga de precisar los fundamentos de las pretensiones sólo se puede arrojar razonablemente sobre las partes cuando el proceso es lo que más adelante denominaré un “proceso civil de abogados”. las pretensiones con sus respectivos fundamentos fácticos y jurídicos (la causa de pedir). 10 252 Revista Ius et Praxis. es tradicional en España hablar de principio de “justicia rogada” o de “rogación”. más precisamente. que es un método procesal razonable y coherente con el núcleo del principio dispositivo. con efectos absolutorios. Por distintas razones y motivos. adicionalmente. lo considero asimismo una consecuencia del principio dispositivo. supone aligerar muy considerablemente el trabajo del juez siempre que se disponga que su sentencia ha de ser plenamente congruente con las pretensiones de las partes. Año 18. en cuanto a fundamentos fácticos y jurídicos. que ese brocardo latino no constituya una regla que imponga atribuir a las partes las cargas de alegación y prueba. Para referirse a estos aspectos del principio dispositivo. para la sentencia.
de 5 de marzo 2007. porque responden a postulados elementales de justicia o fair play.. 1972. pp. 13 La comparatística procesal no es seria y no merece ser tomada en consideración cuando no se asienta sobre estas exigentes bases. Estudio de la errónea recepción del brocardo iudex iudicare debet secundum allegata et probata. No me produce el menor disgusto intelectual que se preﬁera por numerosos autores la noción más restringida del principio dispositivo. Nunca he invocado esas palabras latinas como si encerrasen un irresistible imperativo. Año 18. pp. de un concreto país13. Pero otros principios no se pueden hallar. Madrid.. sobre la experiencia y la tradición legal de una determinada sociedad.. p. ni entre aquellos postulados ni en el cielo de los conceptos o en la caverna platónica de las ideas. esas frases sólo me sirven expresivamente de lo que considero una opción estructural y de reparto de funciones. 43. que pretendo justiﬁcar racionalmente aquí.) serían corolarios. esto 11 En El juez y la prueba. desde la Ley Nº 2007-291. Los principios procesales jurídico-técnicos no son guías pormenorizadas y rígidas sobre estructuración legal y realización de los procesos civiles. como los que he denominado “jurídico-naturales”. que capta como imperativos cualquier ser humano que no sea lo que en España llamamos un desalmado. Nº 2 2012. ni fácil ni difícilmente. Por lo demás. Y una legislación saludable. de Enjuiciamiento Civil. 207. además. Me cabe desear. 12 Concretamente. nunca inventado como axioma (aunque sí utilizado como tal) y desprovisto racionalmente de la fuerza que habitualmente se le atribuía. Entonces encontré que el repetidísimo brocardo “continentia causae dividi non debet” no era sino una absoluta petición de principio.294 253 .iuxta allegata et probata. que se nutre. Ya se hizo en España algo semejante con el art. 74-76 de La conexión. de la reﬂexión. TaRUFFo se adhiere a este descubrimiento en Simplemente la verdad. 2010. desde que comencé el trabajo que me llevó a publicar La conexión en el proceso penal. que no les disguste mi preferencia y mi adhesión a la idea más amplia de dicho principio. Lo importante es que uno puede encontrar con bastante facilidad. EUNSA.). Son el fruto de una elaboración intelectual.. Pamplona.. igualmente crítica. por encima de su cabeza. Lo mismo me ha ocurrido con el adagio francés “le criminel tient le civil en état”. eso sí. 4º del CPP francés dispone exactamente lo contrario. del que el de “aportación de parte” o el de exigencia de congruencia de la sentencia con las pretensiones de las partes (. del esfuerzo personal y ajeno de análisis y crítica respecto de las normas jurídicas y. Barcelona.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” PIcÓ I JUNoY11. non secundum conscientiam y su repercusión actual. ciertos principios. los principios) no tienen existencia real más que en la medida en que se derivan del derecho vigente. como casi siempre. 40 de la Ley Nº 1/2000. por así decirlo. Lo diré con muy directas y expresivas palabras ajenas: “las llamadas máximas (AOS: para nuestros efectos. Revista Ius et Praxis. aunque con raíces históricas importantes y extensas (v. el art. El juez y la construcción de los hechos. Desconﬁado como soy desde hace muchos años12 sobre cualquier pretendida conjunción de palabras latinas (o en otro idioma) aducida como axioma o como insuperable argumento de autoridad. 243 ..
desde 1973 hasta ahora mismo. parándose con frecuencia a pensar lo que quiere decir. un libro excepcional. Me contó que. una vez que se ha leído. Tuve un buen día. V. para determinar la especíﬁca aportación del perito y su diferencia con la del testigo. en la primera lectura. de De la Oliva Santos. Lo que TaRUFFo descaliﬁca no es lo que STEIN descubrió.”. según que esas metas prácticas reclamen una cosa u otra. sin un esfuerzo intelectual considerable. premisas mayores fácticas distintas de las premisas menores fácticas (los hechos históricos concretos).” Quizá por su diﬁcultad y probablemente aún más por considerarlo apriorísticamente “antiguo” y no digno de lectura reposada. Permítaseme una digresión. aquí o allá. la noción de “máxima de la experiencia” (Erfahrungsatz) inventada por STEIN. Pues bien. p. Una característica que añade más valor a la obra de STEIN es que. excelente) en la segunda edición. La prueba de los hechos. por ejemplo. como STEIN. enseña y forma más que muchos libros normales. Y. paradójicamente. casi todas interrogativas. a causa de las determinaciones de ADN. para el papel del tribunal de apelación y casación. al margen de párrafos de muchas páginas. 2002. sino que tenga la mira puesta en un ﬁn práctico. tras una segunda lectura. por dos motivos: primero. Es un libro que no puede leerse siquiera (ni en español ni en alemán: lo he comprobado con universitarios de lengua alemana) sin estudiarlo a fondo. Madrid. Nº 2 2012. mi F. Fue una decisión muy afortunada. pp. tan pronto las hará realidad como establecerá excepciones. porque para el maestro alemán. una legislación que no codiﬁque teorías. Madrid. casi en conﬁdencia personal. De ahí su subtítulo: “Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse. la ocurrencia de empeñarme en traducirla.. sobre esta obra del maestro alemán. escuché personalmente al maestro romanista Álvaro D’oRS decir que resulta más formativo aprender una cosa difícil que cien fáciles. Pues bien. iba eliminando esas observaciones con una goma de borrar.294 . no cesaba. a cargo de “Editorial Centro Estudios Ramón Areces”. En parejo sentido. Así se expresaba (aunque la cursiva es mía) mi muy admirado Friedrich STEIN14 en 1893. 1973. porque esto último se conﬁrmó más allá de lo que podía haber imaginado. Cierto es que el Proyecto Genoma Humano se pone en marcha en 1990 y sólo 14 254 Revista Ius et Praxis. las llamadas “máximas de la experiencia”. aunque cierto número de autores latinoamericanos habían traducido otras monografías importantes de grandes autores alemanes (e italianos también). M. para el concepto de notoriedad. De ahí que le encomendase una introducción extensa (a mi parecer. resulta deslumbrantemente formativo e inteligente. TaRUFFo. ya muy lejano. por ejemplo. 126. pero sin que existiera una versión en español. es decir.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos es. el libro de STEIN sigue siendo tan citado como en realidad desconocido. pp. etc. muy arduo (así lo reconocía PRIETo-CaSTRo en una pequeña nota introductoria a la primera edición de mi traducción). resultó un hilo conductor para que alguien de extraordinario talento.. papel de esas Erfahrungssätze para la subsunción (¡nada menos!). no puedo reconocer en la descripción de las “máximas de la experiencia” expuesta por TaRUFFo. Sin exageración alguna: me ocurre que cada día. JIMÉNEZ CoNDE. El conocimiento privado del juez. 1990. La cuestión de hasta qué punto puede utilizar el juez sus propios conocimientos. Aunque en esta última página menciona expresamente a STEIN. 243 . desacostumbradamente. segundo. STEIN. El Prof. porque veía que se citaba muy frecuentemente. trad. también muy claro. expresamente. estudiado y entendido. Pero. porque me parecía que trataba de un tema que no pasaría de moda y siempre sería interesante. no adquiridos mediante el proceso. el libro original de STEIN era y es –que lo compruebe el que lo dude– de difícil lectura. 219 y 270. Por lo demás. EUNSA. de escribir a lápiz observaciones. escribiese páginas no superadas nada menos que sobre los siguientes asuntos: diferencia entre quaestiones facti y quaestiones iuris. me beneﬁcio de las muchas horas que la traducción me exigió. Se ha dicho por personajes de mucha autoridad que un buen libro. uno de los primeros procesalistas españoles que leyó con gran atención esta obra maestra de STEIN. tan “máxima de la experiencia” es la que se inserta en el “repertorio de conocimientos que el sentido común ofrece al juez” (TaRUFFo dixit) como las reglas empíricas procedentes de la más rigurosa y avanzada investigación cientíﬁca. Año 18. estudie los asuntos en el doble ámbito civil y penal. hayamos descubierto recientemente la importancia de la prueba cientíﬁca. Pamplona. a diferencia de TaRUFFo no pienso que.
dentro de cierto marco general. 243 . Mi oposición a esta reforma. ante tal “pensamiento” –rechazado por buen número de jueces. Como ya he dicho. es bien conocida. el Derecho comparado y la experiencia mundial. en International Journal of Procedural Law. Año 18. Le corresponde al juez admitir la demanda. como la de las “providencias para mejor proveer” previstas en la LEC de 1881 (art. al que aquí dejaremos de lado). del que existe plena constancia escrita. la NOJ ha resultado en un fracaso clamoroso. ¿Hace falta decir que. OPcIoNES aBIERTaS PaRa DISEÑaR EL PaPEL Y LoS PoDERES DEL JUEZ cIVIL: La IDEoLoGÍa coMo ELEMENTo INSPIRaDoR coNTINGENTE Salvo un reciente legislador español (de crasa ignorancia sobre la ciencia jurídica procesal. 2011. claro es. que quiere arrinconar al juez15. 340) y a las que luego me referiré. pero aceptado por la mayoría– carece de todo sentido la cuestión de los mayores o menores poderes del juez y el debate mundial sobre esa cuestión? Por lo demás. dirigir el proceso. Deber judicial de investigación de oﬁcio y papel subordinado de las partes signiﬁcan. “Sobre la calidad de la Justicia en España”. el principio de aportación de parte) es una construcción intelectual que se maniﬁesta perﬁlada en la ley y que lo mismo puede excluir toda iniciativa judicial de acordar pruebas que ser compatible con cierta iniciativa judicial subordinada. está elaborada y perﬁlada sobre la base de la legislación procesal civil española.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” idea del principio dispositivo. en cambio. siempre que se haga recaer principal o primordialmente sobre los litigantes la carga de probar los hechos relevantes y no se imponga al juez el deber (y la responsabilidad: ya veremos este punto esencial) de investigar y alcanzar la certeza a consecuencia de su iniciativa estaremos aún en el ámbito del principio dispositivo o de aportación de parte. si se preﬁere. con la gran mayoría de los procesalistas españoles. es que los jueces están (sólo) para dictar sentencia. como veremos– las que perﬁlan los principios jurídico-técnicos y no éstos los que determinan esas opciones. gracias a la doctrina procesal (española y no española). aunque adquirida. Adicionalmente. por no hablar de al menos un siglo. pero las pruebas periciales cientíﬁcas (o cientíﬁco-experimentales) se remontan a muchas décadas atrás. el pensamiento (¡!) subyacente a esta reforma. pp. son las opciones sobre algunos puntos –opciones adoptadas prudencialmente. Así. cinco años antes se había descrito la primera técnica de determinación comparativa de ADN (RFLP: restriction fragment length polymorphisms). de 3 de noviembre. Al respecto. decidir sobre los medios de prueba. IV. I. hoy superada. sobre todo. Intersentia Publishing. ed. pp. de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oﬁcina Judicial (NOJ: así han dado en llamarla). desde al menos 1855 y. sobre la base del conocimiento de la realidad judicial y de la tradición jurídica de nuestro proceso civil. 38-42. Aludo al “legislador” que alumbró la Ley Nº 13/2009. Nº 2 2012. nadie discute ciertos cometidos como propios del juez en los procesos civiles. pues. puede consultarse mi trabajo. 15 Revista Ius et Praxis. que el proceso responde al principio de oﬁcialidad.294 255 . Pero –es importante entender lo que viene a continuación– el principio dispositivo en sentido amplio (o. Vol.
podría no exigirse al demandante que concretase el contenido de su pretensión de tutela. que. o la concesión de la tutela que concretamente se ha pretendido. Y ese aspecto se puede expresar aﬁrmando que las posibles opciones que acabo de enunciar no 256 Revista Ius et Praxis. Nº 2 2012. que personalmente preﬁero como inspirador para la generalidad de los procesos civiles.294 . estimo defendibles y respetables. Un juicio inmediato o sumarísimo es lo que en español llamamos juicio temerario. En todas esas opciones. me apresuro a añadir que. En cuanto a la dirección del proceso. el papel del juez sería de mayor importancia y sus poderes serían también mucho mayores. pero sin necesidad de expresar con mínima claridad a qué título jurídico (o títulos) se acoge y cómo enlazan con ese título ciertos hechos alegados. no resulta dudoso que. sino también el procesal. en sí mismos. en tanto en cuanto éste regule lo que es necesario. en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que sólo a él se conﬁere o. en conjunto. puesto que es axiomático que el Derecho se diga en los diversos casos mediante un insoslayable método. 243 . limitándose a exponer su caso y a solicitar la tutela que fuese “procedente en Derecho” o fórmula similar. Y en nuestra lengua se utiliza mucho la expresión (que tengo por nativa del foro judicial) “hablar sin conocimiento de causa” para referirse al que lanza aﬁrmaciones contundentes sin datos y ciencia que las respalden. Asimismo. en otros términos. es propio (y exclusivo del juez). cabalmente. pues. Año 18. entendido como ha quedado apuntado. También podría requerirse del demandante sólo una sencilla y muy elemental fundamentación de su pretensión. En teoría. caben otros planteamientos distintos. como método razonable y justo. además del principio dispositivo. el proceso. pp. en el cumplimiento de la función jurisdiccional. Dicho lo anterior. procesales y jurídico-materiales. decir el Derecho (ius dicere) y no sólo el material o sustantivo. en teoría cabría dejar al órgano jurisdiccional la labor de descubrir si hay o no hechos ciertos y normas jurídicas que fundamenten la concesión de tutela jurisdiccional. los roles más concretos de las partes y del juez podrían ﬁjarse de diferente manera sin afectar al más primario poder de disposición de los sujetos jurídicos. Tras la necesaria iniciación del proceso por quien requiere una tutela jurisdiccional para un bien jurídico suyo (o que. tiene título para proteger). Se trata de un verdadero axioma porque resulta patente y no precisa demostración que no cabe una justicia humana instantánea o sumarísima que se pueda llamar justicia sin incurrir en falsedad. Así. incumbe al juez. aun no siendo suyo. en general. que es. Llego así al punto o momento clave para establecer un aspecto importante de mi personal posición sobre el papel del juez y sus poderes.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos presenciar la práctica de la prueba y dictar sentencia o las resoluciones que ponen ﬁn al proceso con declaración de derechos o efectos similares. para garantía del acierto de la sentencia o resolución similar.
sin mi voluntad o contra ella. sin participación o con una participación únicamente nominal por parte del sujeto jurídico que aﬁrma necesitar tutela en razón de sus propios derechos e intereses legítimos. ajenos a los distintos planteamientos posibles acerca de la sociedad y del Estado. A mi parecer. y quiero que sigan siendo. a mi entender. fuese dispensada ex ofﬁcio por el aparato del Estado a su arbitrio. que nada es ajeno a una ideología o incluso –es una posición de antiguo conocida por mí– que “todo es política”. Es decir. no independientes. siempre que se reconozcan y respeten la titularidad de los derechos subjetivos de particulares y el poder de disposición de los sujetos jurídicos sobre sus derechos e intereses legítimos. una errónea exageración extrema de una posible inﬂuencia (a no ser que la biología o la anatomía y el amor y la emoción estética. Cayo o Sempronio. han existido y pueden seguir existiendo concepciones de la vida humana y de la sociedad negadoras de los derechos subjetivos individuales y. En cuanto a que todo sea política o todo sea ideología. Sería ciertamente totalitario que. a la libertad y a los derechos de la persona. protegerme de un deudor mío (probablemente. se consideren parte de la política o de la ideología). No me sentiría libre con un Estado que decidiese. así como la libertad de una razonable actuación procesal de las partes respecto de esos derechos e intereses suyos16. amplios aspectos de la vida humana son. obviamente. en cierto modo. unas tales concepciones del hombre y de la sociedad y del Estado exceden del pluralismo al que yo hago referencia al hablar de posiciones ideológicas diversas. Sigamos imaginando que cada uno de esos pequeños Estados tuviese su propia Justicia y su propio sistema procesal. ideológica. En este trabajo –y en mi vida. que admito que mi posición es. pero en un contexto histórico obsoleto en Occidente. que entrañan una concreta opción ideológica. Y ni que decir tiene que también consideraría totalitario atribuir a autoridades administrativas. pp. Imagínese que Austria estuviese dividida en 18 Estados y no en 9. por ejemplo. sin implicación de un verdadero interés social. la tutela jurisdiccional civil de bienes jurídicos de sujetos determinados. por ejemplo. Pero. Nº 2 2012. 16 Revista Ius et Praxis.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” obedecen necesariamente a postulados políticos o ideológicos. Se me ocurre una hipótesis como ejemplo. porque. no veo que exigir menos a las partes y gravar más al juez derive necesariamente de una posición ideológica que desdeñe la importancia de los sujetos individuales o desprecie la libertad personal en favor de un extraordinario predominio del Estado o de una concepción de la vida social eminentemente estatalista. A la posible primera objeción respondo diciendo que. como apreciación de la realidad. con personal y medios materiales dignos y suﬁcientes. desde hace mucho tiempo– no tomo ya en consideración las ideologías marginales a esa noción de la vida democrática que está indisolublemente vinculada a la dignidad. por tanto. siempre me ha parecido. fuera de estos u otros similares supuestos. al hilo de las frases que acabo de escribir.294 257 . la última palabra en la tutela jurídica de los derechos e interés legítimos de Ticio. lo rechazo cabalmente como totalitario. Y cabe que otros opongan contra la totalidad de mi tesis. se trataría de un Estado en que mi titularidad sobre un derecho de crédito dinerario no estaría clara). Y si la aﬁrmación se presenta como postulado imperativo. A mí no me parecería en modo alguno contrario a un exquisito respeto a la dignidad y a la libertad perSe puede decir. 243 . negadoras del poder de disposición que comporta la concreta titularidad de esos derechos. Año 18.
esto es. Nº 2 2012. relacionado con ese caso. además de lo dicho. aunque algunos puedan fundar y. no signiﬁca negar que desde un punto de partida estrictamente ideológico o político sea posible desplegar. Año 18. 243 . pp. el papel más o menos activo del juez civil y sus mayores o menores poderes–. con coherencia interna. por lo demás. Bien podría ese modelo fundarse en una extendida y arraigada conﬁanza popular en un juez sabio y diligente. incluso si se fundase en un hecho. de hecho. en primera instancia. esto es: que. cuyo conocimiento cierto resultase ser fruto exclusivo de la investigación fáctica judicial. de entre los mejores y más ilustrados ciudadanos. funden sus posturas acerca del papel del juez y de sus poderes en el proceso civil en imperativos o presupuestos ideológicos. es igualmente posible y absolutamente legítimo (y preferible. Mis escasos conocimientos en esos dos asuntos no me permiten adoptar una posición rotunda en esas polémicas. No consideraría derivación de una ideología totalitaria que.294 . con poca población. temporal o vitaliciamente. 258 Revista Ius et Praxis. lo que. sin perjuicio de las pruebas que el demandante quisiese aportar. me parece innecesario para la defensa de lo que pienso desde hace muchos años. de modo que la sentencia no fuera reprochable por incongruencia siempre que constituyese una respuesta coherente con la genérica pretensión del demandante y con el caso por él expuesto. existiese un sistema procesal civil en el que. Conozco sólo a grandes rasgos la polémica sobre el pretendido sustrato ideológico-político del Codice di Procedura Civile (CPC) italiano. la tarea de llevar a cabo las averiguaciones pertinentes sobre los hechos narrados que considerase relevantes.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos sonales que en uno o en varios de esos Estados. lo adelanto ya) que la propia opinión sobre el tema que nos ocupa obedezca a razones y motivos ajenos a las ideologías. No me resulta inconcebible ni deplorable imaginar que un pueblo de hombres libres bien conscientes de ello construyese un modelo de proceso civil como el que acabo de esbozar. así como las apreciaciones sobre la inspiración ideológica de la ZPO austríaca bajo la inﬂuencia del pensamiento y la obra de Franz KLEIN. No aﬁrmo que no pueda haber o no haya habido modelos legales de inspiración ideológica. en cambio. ¿Por qué ese modelo procesal habría de ser necesariamente contrario a la libertad y producto de un pensamiento y un designio autoritario o totalitario? Esta posibilidad de desconexión de la conﬁguración interna del proceso con postulados ideológicos –desconexión que deﬁendo singularmente en lo que aquí nos interesa. la búsqueda y selección de posibles normas aplicables al caso fuese asimismo una exclusiva responsabilidad del juez. que una especie de senado designase. al demandante sólo se le pidiese narrar los hechos y formular genéricamente su pretensión sin necesidad de fundamentarla jurídicamente y al juez le correspondiese. una consecuencia o serie de consecuencias en el plano de las construcciones legales y de las realidades procesales.
por ejemplo. se puede defender y se puede lograr establecer normas especiales de carga de la prueba que. no ya sin suscribir los planteamientos de la “ideología de género”. cuando. Iré terminando este aspecto de nuestro tema con un ejemplo que conozco bien. No es que. neocon o decimonónico a quien opte por un papel judicial poco activo en la determinación de los hechos y menos aún admito que se le vitupere ideológica o políticamente con desagradables etiquetas. puesto que traían a colación la relatividad del concepto de acción. supongan prácticamente una inversión de dicha carga a favor de las mujeres. en realidad. Lo que aﬁrmo es que las opciones de los cultivadores del Derecho Procesal sobre el papel del juez y sus poderes en el proceso civil no están determinadas necesariamente por su ideología o su posición política. su después muy famoso trabajo. Insisto: establecer criterios y normas procesales sobre la base de posiciones ideológicas es perfectamente posible. para quitar importancia al tema. cabe observar que. más citado que leído o. como otros. quiera yo creer que todos los procesalistas son personas ideológica o políticamente asépticas o neutrales o simplemente centristas. Durante un tiempo tuve serias sospechas de que ese trabajo era también. Sin remontarnos al pasado. 243 . Sin embargo. como si ésa fuese la tesis del maestro de Florencia: tomaban lo relativo en equivalencia a lo escasamente importante. que estimo de gran importancia. Año 18. Del mismo modo que no acepto que se tache necesariamente de enemigos de la libertad o de totalitarios (e incluso de autoritarios) a quienes postulen para el juez civil mayores poderes de los que personalmente considero prudente conferirles (en determinado país y en un momento histórico determinado). Complementariamente. hay y habrá procesalistas adscritos o adscribibles a muy diversas posiciones del arco ideológico-político. a partir de la denominada “ideología de género”. En 1939. en efecto. sostengo que las opciones por mayores o menores poderes del juez civil no constituyen señas de identidad ideológica o política. lo relativo signiﬁcaba y sigue signiﬁcando lo Revista Ius et Praxis. Seguramente ha habido. a todas luces poco equitativa) en asuntos de violencia contra la mujer.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” Un corolario lógico de lo anterior.294 259 . I. leído con mínima atención. al menos. sostenida por CaLaMaNDREI. pp. poseído más o menos súbitamente de un inmenso afán conciliador. no faltaban los que citaban e incluso invocaban este ensayo de CaLaMaNDREI sin haberlo leído en absoluto. es el rechazo más ﬁrme a toda taxonomía ideológica o política que se fundamente en la opción relativa al papel del juez y a sus mayores o menores poderes en el proceso civil. no acepto tampoco que se tache necesariamente de neoliberal. sino incluso rechazándolos. Vol. Nº 2 2012. supe con certeza total que. Piero CaLaMaNDREI publica en la Rivista di Diritto Processuale Civile. también es posible defender ciertas particularidades sobre la carga de la prueba (sin llegar a la inversión total. La relatività del concetto di azione. Después.
el concepto de acción era para CaLaMaNDREI de extrema importancia. Porque el nuevo proceso se basa en el principio de veracidad –descubrir la Verdad es la tarea primordial de la actividad judicial– y por ello exige la supresión de trámites procesales que obedecían a otras consideraciones. como garantizar el derecho del acusado o el predominio de las pretensiones de las partes. pp. ed.. la Falange. de modo que una taxonomía ideológico-política de los autores en razón de su opción respecto de la acción arroja resultados erróneos y. El papel del abogado también se transforma radicalmente: ‘su misión no debe ser ganar el pleito sino defenderlo. Una milicia de la justicia. Ni quien deﬁende la acción como derecho abstracto era o es necesariamente comunista o socialista ni quien entiende la acción como un derecho subjetivo público de contenido concreto era o es necesariamente liberal. liberal).. como equivalente del fascismo mussoliniano. DE La OLIVa SaNToS. pp. precisamente por la relatividad de ese concepto respecto de posiciones ideológicas neta y duramente opuestas en aquellos tiempos. no conseguir la sentencia favorable. accesible en internet: http://ebookbrowse. Año 18.294 .. 22]. Y sabemos que. 28 a 36 y ss. Centro de Estudios Constitucionales. Hoy puedo reaﬁrmarme de nuevo. en La revolución judicial Salamanca: Imprenta Núñez. En el relativo a la Justicia civil. Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. Se diseña. risibles. LaNERo TÁBoaS. pues. En España. muy sintéticamente. fue radical y contundentemente partidaria de un juez civil dotado de los máximos poderes. en 1939. la armonía de la acción como derecho concreto con una ideología antiautoritaria y. en ciertos casos. 260 Revista Ius et Praxis. 1996. pero no sin motivos. M. La política judicial del franquismo (1936-1945). Mónica LaNERo TÁBoaS18 el conocimiento de los Anteproyectos que se elaboraron por la Falange en 1937 para el futuro de la Justicia española. en ese sentido.com/monica-lanerotexto-pdf-d66078317. movimiento político estrechamente ligado al franquismo y habitualmente considerado.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos que dice o guarda relación. Madrid. 78-81.. cualquiera de las dos opuestas teorías sobre la acción puede asimismo fundarse en argumentos no ideológicos y de estricta técnica jurídica. se propugnaba la completa desaparición del principio dispositivo o “de rogación” para los procesos civiles. en los Antepro17 18 Cfr. en lo que defendí públicamente en 1974 y publiqué seis años después17. sino colaborar lealmente en la construcción de la sentencia justa’ [dice LUNa.. al contrario. 1938. Debemos a una historiadora. p. a saber: que si bien era y es inteligible y certero el núcleo de la observado por CaLaMaNDREI (la coherencia de concebir la acción como derecho abstracto con una posición general autoritaria y estatalista y. Nº 2 2012. con alguna imprecisión. La cita concreta aquí incluida es de un trabajo más breve de la misma autora. “siendo el juez quien sustituye a los particulares en la dirección de la litis. pp. 243 . mientras que en el proceso penal se encomienda la instrucción al Ministerio Público. cit.
294 261 . se alza como un obstáculo imponente para el análisis racional de la cuestión que aquí tratamos y para la formulación de propuestas viables y positivas de distribución de funciones entre el juez y las partes en el proceso civil19. Nº 2 2012. que el propósito de mejorar efectivamente la Administración de Justicia diseñando sistemas procesales viables y mejores que los anteriores (o proponiendo reformas parciales in melius) les resulta a demasiadas personas más arduo que permanecer invariablemente en un análisis de la Justicia mirándola siempre in abstracto y desde fuera (cuando no desde fuera y desde arriba. desde el personal Olimpo). sólo desearían personas intelectualmente discapacitadas. Con otros términos: postular un papel judicial sumamente activo y ser partidarios de atribuir al juez civil grandes poderes no supone necesariamente totalitarismo. Con todo esto. en el que. En cuanto a nuestro asunto. lo que es igual. preferir un modelo de actividad judicial menos activo y. obedecer a posiciones ideológicas. a mi entender. para los demagogos de izquierda. algunas personas se negarán 19 Revista Ius et Praxis. por lo demás. son un elemento sólo contingente (y. a la inversa. por tanto. En ese sentido. fascismo. como. Año 18. Me temo muy mucho. como otras con las que se exorciza al discrepante: inmovilista. es mucho más fácil mantener la polémica artiﬁcial y absolutamente abstracta. correlativamente. progresismo. sobre todo. todo fue malísimo) que. 243 . atribuirle más poderes a causa de un prejuicio o punto de partida ideológico. en la que algunos procurarán imponer sus prejuicios ideológicos y descaliﬁcar a quienes no les secunden como párvulos díscolos que no se verían deslumbrados ante una indiscutible sabiduría e infalibilidad del maestro. de marcado carácter inquisitivo tanto en el proceso penal como en el civil. sí. Con toda razón. y con escasas garantías”. por lo visto. entender que un imperativo ideológico-político liberal obliga a reducir al máximo los poderes del juez. diﬁculta extraordinariamente la mera comprensión de las posturas distintas de la propia sobre nuestro tema (y el consiguiente debate). pero cabe asimismo que nada tenga que ver con tales posiciones y no es acertado. pero no son la única inspiración posible de los modelos procesales civiles. retrógrado o cavernícola) y. Hay un muy interesante corolario de este criterio: optar por atribuir al juez civil más protagonismo o. Podría detenerme más en esta porción de historia. ni deducir posturas ideológico-políticas de lo que se deﬁenda sobre nuestro asunto ni sostener que la opción sobre los papeles de juez y partes es consecuencia necesaria de posiciones ideológicas. pero lo considero innecesario. sin embargo. gravar con más cargas a las partes no es una consecuencia necesaria de convicciones liberales o neocon o de retornos al pasado (en concreto al siglo XIX. no el deseable) en la conﬁguración del modelo de proceso civil. pp. por el contrario. pero. palabra mágica de virtualidad santiﬁcadora. Las ideologías pueden inspirar. comunismo o socialismo (más. además de constituir un error in principio.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” yectos falangistas un procedimiento abreviado. me parece ya sentado un criterio personal muy ﬁrme sobre la cuestión polémica de que aquí se trata: la posición sobre el papel del juez y sus poderes en el proceso civil puede.
deﬁende que se llegue a un punto de equilibrio: ni demasiada iniciativa judicial. 573-590. sin ninguna razón (sólo con motivos que preﬁero no analizar). propagandístico”. que lesionaría garantías de las partes. lo que ocurrió en todos los sistemas procesales. Se hizo.294 . Mi planteamiento en 2010 y en estas páginas no tiene nada que ver con el que examina PIcÓ I JUNoY: pretendo que esa cuestión nuclear deje de responderse. participe en él y lo alimente con fuertes dosis de lenguaje ideológico. porque. que son el único fundamento de un contundente veredicto sobre el sistema procesal civil español. la iniciativa probatoria de oﬁcio en el proceso civil? Y responde así: “En mi opinión. que es si el juez puede y debe. esto es. en España. sino la retórica bien amada por los soﬁstas? Le preguntan a TaRUFFo (loc. no se discute sobre cualquier iniciativa judicial en material probatoria: es iniciativa judicial y muy importante formular preguntas a testigos y partes cuando sus declaraciones se han admitido como prueba y se observan oscuridades o contradicciones. con la LEC de 1881 y con la LEC de 2000 (v. tras negar que el debate tenga sentido y tras considerarlo “puramente ideológico. Sería como decir que soy fascista porque nací en 1943. infra en esta misma nota) o por la semejanza de lo que deﬁenden con los postulados de la Falange franquista. Lo que ocurre es que el debate sobre el tema de este trabajo. He descubierto recientemente –y lo lamento. este debate no tenía razón de empezar. al menos a partir de la segunda posguerra. como TaRUFFo. también fuera del contexto italiano. TaRUFFo entre en él. pp. porque no llega a la búsqueda de la verdad. ese debate sigue siendo. cit. algunas personas no tendrán el más mínimo empacho en etiquetar ideológica o políticamente. Pero. A mi parecer. 243 . sobre los denominados “poderes de instrucción del juez” (del juez civil. pero me inclino a pensar. la “ley del embudo” (la parte más ancha para mí. ni una nula iniciativa. simplemente porque el proceso civil puramente dispositivo como demuestran la experiencia histórica y la compartida no es eﬁciente. Pero cabría hablar también de ideologización-politización a beneﬁcio de inventario: desideologizo o ideologizo según lo que me interese retóricamente en cada momento. en gran medida ideológico. que el debate era ideológico y propagandístico en Italia. es admitir muchos de los poderes probatorios del juez. Nº 2 2012. no sólo por ideología o corrección doctrinal. por así decirlo. este autor formula la polémica en términos demasiado amplios. pues no pude tomarlo en consideración en mi trabajo de 2010– un interesante trabajo de PIcÓ I JUNoY. acordar prueba de oﬁcio. Por eso creo que el debate nunca debería haber empezado. para ti). a quienes no compartan sus opciones procesales. Aunque está claro que PIcÓ I JUNoY es partidario. titulado La iniciativa probatoria del juez civil: un debate mal planteado.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos a ser clasiﬁcadas como fascistas a causa de la relación entre la fecha del Codice di Procedura Civile italiano y la fecha del propio nacimiento (así TaRUFFo. en realidad. un debate italiano. Se puede lamentar que así sea. en nota 4. ¿Tengo que decir que ésa no sería la retórica de Aristóteles y ni siquiera la de Cicerón. Por lo demás. De hecho. cit. loc. no porque fueran sistemas fascistas o comunistas. a la correcta aplicación del derecho en la decisión ﬁnal. nota 4): ¿Cree usted ya superado el debate jurídico sobre los poderes de instrucción del juez. se plantee como se plantee. respecto de la inspiración del CPC y el pensamiento jurídico-ideológico de sus autores. Porque se habla del principio inquisitorio sin tener en cuenta que jamás existió un proceso civil inquisitorio. Son argumentos que no tienen ningún sentido. como lo correcto y progresivo. propagandístico”. sino también a base de deducciones de los principios pro- 262 Revista Ius et Praxis. signiﬁca no conocer nada ni de politología ni de historia. (la cursiva es mía). 2007. es decir. infra. hay que añadir) y el papel de las partes no es. que redundaría –le parafraseo– en menor eﬁcacia o eﬁciencia del proceso civil como instrumento del Estado al servicio de la justicia. A eso se le denomina popularmente. de la iniciativa judicial en el proceso civil. No es un buen método procesal. una almendra o nuez. Es un debate que tiene sentido. pero v. nota 33). No tengo conocimientos suﬁcientes para estar seguro. Existía un proceso penal inquisitorio. Por otra parte. aunque uno no considere serio y útil el planteamiento ideológico-político. o no. Pero lo que resulta llamativo es que. pp. argumentar que el código italiano de derecho procesal civil es fascista porque es del 1940 es una estupidez. pero no civil. en cuanto a la prueba. Es un debate puramente ideológico. Nuestro debate tiene. una cuestión clave. porque el término inquisitorio tiene una connotación negativa. en Revista Uruguaya de Derecho Procesal. sino internacional: era muy anterior a la última polémica italiana y subsiste al margen de esa polémica. ya señalada antes en el texto principal. axiomáticamente. la estrecha.. Me parece que esta respuesta requiere matizaciones. pero no negarlo. Nº 3. Se juega con el uso retórico de las palabras. de modo peyorativo. Año 18.
sino de analizar y resolver la cuestión como es propio de una genuina perspectiva jurídica. con sus abstractos valores. que el debate debía afrontarse a base del conocimiento y ponderación de muchos datos. Un debate sin proyección práctica no es un debate jurídico-procesal o. Si me importa sobremanera la viabilidad del modelo procesal civil resultante de la opción relativa a los poderes del juez es porque descarto que tenga interés jugar a polemizar sobre modelos abstractos. buscando un resultado posible. pero ponderando todos los aspectos de la realidad histórica en cada país. a saber: con practicidad. se produce en el tiempo (en un tiempo determinado con sus realidades determinadas) y para nosotros. procesalistas. no sólo del que ahora mismo podría producirse (o re-producirse) en España. Tiene un fundamento de miles de años (desde Sócrates. conducente a una decisión prudencial. La FUNcIÓN PRIMoRDIaL DE La PRUDENcIa PaRa aBoRDaR Y RESoLVER La cUESTIÓN DEL PaPEL Y DE LoS PoDERES DEL JUEZ cIVIL Acabo de hablar de propuestas viables. con una fundada previsión de la factibilidad y de la eﬁcacia de lo que se puede decidir y hacer en razón del cesales jurídico-técnicos y. que. sino de construir y de analizar críticamente unos artefactos o artiﬁcios. En el juicio y en la decisión prudencial es esencial el conocimiento y la valoración de la realidad. es el puente entre lo intelectual y lo agible. concretamente. la prudencia es un hábito esencial para orientar la conducta o comportamiento. rectiﬁca o prohíbe. no tengo inconveniente en declararme de antemano perdedor de cualquier debate (si se me obliga a participar). encauza. El debate jurídico es histórico. sino que son inventados para servir. en Italia o en toda Latinoamérica. a la vez. Platón y Aristóteles) la idea de que la prudencia. un debate jurídico. de la ciencia. que el segundo de los citados considera auriga virtutum. la prudencia habría de ser siempre la clave para decidir. resulta decisivo que esos artefactos o artiﬁcios. pero ya en 2010 estaba meridianamente claro. pues. del principio de aportación de parte. la viabilidad de las conclusiones es tanto más importante cuanto que no nos ocupamos de situaciones y relaciones humanas y de la regulación que las reconoce. se hubiese celebrado hace un siglo o cuatro siglos. a partir del conocimiento.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” V. Así. Año 18. 243 . que no responden a realidad extralegal alguna. simplemente. Revista Ius et Praxis. a la hora de las decisiones (la hora de optar). al que PIcÓ I JUNoY atribuye decisiva importancia en la polémica. hipotéticamente. En nuestro caso. pp. que son los procesos.294 263 . sino del que. a mi parecer. es decir. Pero parto de la base de que no se trata de deliberar en el vacío. sea razonable y justo. utópica y ucrónicamente. Aquí he procurado describir esos principios procesales con mayor precisión aún que en 2010. Me parece innecesario entretenerme en explicar que. qué papel atribuir a las partes y qué otro al juez. Nº 2 2012. funcionen y sirvan. entre las ideas y la acción. En ese plano. en Inglaterra o en un cantón suizo. de pura discusión teórica.
pues esa realidad no puede ser modiﬁcada fácil y rápidamente (con un incremento sustancial del número de jueces o con una reducción asimismo sustancial del número de litigios) y sin efectos negativos (como los de una improvisación de jueces livianamente formados o una importante reducción de las vías jurídicas que una sociedad determinada considera razonables. reservados para muy pocos asuntos: no importa la causa. No me atrevo a enumerarlos con pretensiones de aproximarme siquiera a la exhaustividad. en su inmensa mayoría legos en Derecho. pero es frecuente que sea el coste total de la Justicia con abogados). ¿acostumbra a recurrir a los abogados sólo para muy pocos asuntos o es habitual que los abogados intervengan en las relaciones intersubjetivas de índole jurídica? Si viviéramos en una sociedad sin abogados (o con muy pocos. Y comenzaré por una faceta de la realidad que quizá otros no abordarían en primer lugar. Pero unos cuantos factores reales sí resultan fácilmente identiﬁcables. en un tiempo no excesivo. pp. Año 18. pero también de abogados) han de ser traídos a colación y considerados muy atenta y seriamente para decidir qué papel y qué poderes se asigna a los jueces en los procesos civiles en que no esté presente un intenso interés público. serían incapaces de levantar. me parece de suma importancia. por ejemplo. Nº 2 2012. ya se adivina que la población. A) Factores que se han de ponderar prudencialmente Sentados esos presupuestos. en un país de abogados (es el caso de España). por el contrario. la litigiosidad (cantidad y calidad) y el elemento humano de la Justicia (cantidad y calidad de Jueces. a mi parecer. resultaría casi imperativo atribuir al juez civil un papel muy predominante de actuación procesal y unos amplios poderes.294 . tanto para acordar pruebas ex ofﬁcio como para establecer el planteamiento jurídico de los litigios civiles. ¿en qué sociedad nos encontramos? ¿Nos encontramos en una sociedad con abogados o sin ellos? Más concreta y precisamente: esa sociedad. garantice al máximo sentencias bien fundadas.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos ﬁn que se persigue. Aquí. como. de ordinario. Cuando afrontamos qué papel y qué poderes atribuir al juez civil. Esos tres elementos han de relacionarse entre sí. conformes a la realidad de los hechos de cada caso y a una acertada aplicación del Derecho. A mí. es decir. de muchos factores. de modo que dispongamos de un cuadro de la realidad de la Justicia dotado de notable estabilidad. Porque a los litigantes. la respuesta a la cuestión del papel del juez (en relación con el de las partes) depende. sin atreverme a situarla en lo alto del “ranking” de factores relevantes. 264 Revista Ius et Praxis. Supuesto que estemos. doy por supuesto que se quiere un proceso civil que. 243 . no sería razonable imponerles cargas de alegación y prueba que. una eliminación amplia de la doble instancia).
cotidianos. que perfeccionan la visión panorámica de la realidad sobre la que se ha de operar. pp. en cada país. B) Los jueces: cantidad. del débil. el único factor: puede concurrir. En esos países. incluso con una actitud reverencial o conformista del no poderoso. son mucho más proclives a plantearse acudir a los tribunales que los habitantes de otros países. de la posibilidad de una justicia igual para todos.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” A esos factores han de añadirse otros complementarios. donde los costes de la justicia resultan más disuasorios. como en tantos otros. más concretamente. por ejemplo. aunque teóricamente sea igualitaria. Las naciones y los pueblos no son iguales en cultura jurídica y. ni mucho menos. la mayor o menor utilidad social. como en España (torpemente. por ejemplo. apenas hay resignación (o cálculo y “realismo”) ante la injusticia que se cree sufrida. asimismo. Todos sabemos que hay naciones en que la población está más imbuida que en otras de la necesidad acuciante y. Importa. prácticamente el mismo tipo de juez se ocupa de grandes y de pequeños litigios. las cosas pueden estar cambiando a gran velocidad. el arbitraje de consumo y la mediación). Nº 2 2012. en que el poderoso está boniﬁcado socialmente. Si esas alternativas (encajen o no en el concepto estadounidense de ADR) son eﬁcaces. en España es aún muy fuerte la creencia de que las injusticias deben y pueden remediarse en los tribunales. en cultura judicial. están atribuidos a muchos jueces en tribunales diferentes y de menor categoría. por ejemplo. incluso aunque la realidad diste mucho de ese ideal y de ese cálculo de posibilidad. como los medios para resolver reclamaciones de consumidores y usuarios. Es revelador que en España. se debe prestar una preferente atención al factor humano principal de la Justicia civil. Aunque en este punto. En cuanto al número de juzgadores. sobre todo. por mal considerados que estén coyunturalmente según ciertas encuestas. 243 . los jueces. por así decirlo. la ratio juez/número de habitantes revestirá menor importancia que allí donde aquéllas quizá son muy publicitadas pero de escasísima efectividad (en España. Año 18. Revista Ius et Praxis. pero otros muchos litigios. que allí donde existe una neta diferenciación entre tipos de tribunales. Esa misma clásica ratio juez/número de habitantes tampoco tiene el mismo signiﬁcado en los países en que. no lo es a la hora del litigio. aunque no sea ése. cuando se quiere aﬁrmar que un comportamiento resulta inaceptable. con el hecho de que las infracciones jurídicas y las vulneración de derechos ajenos sean más o menos infrecuentes o con una cultura que. del arbitraje y de los mecanismos alternativos al proceso judicial para cuestiones litigiosas menores. desde 1985). de modo que los litigios de importancia se sustancian ante unos pocos tribunales. sea muy frecuente utilizar la expresión “eso es de juzgado de guardia”.294 265 . Los españoles. calidad y mentalidad Dicho lo anterior.
sino a la bondad o calidad de su trabajo judicial. en los países del Civil Law. en la que. sea infrecuente que afronten en sus decisiones otro riesgo que el de aplicar normas que establecen con aceptable claridad y concreción (de ordinario) los supuestos de hecho y las consecuencias jurídicas. con los de hace treinta años… ni con los alemanes de 1893 (v. seriamente garantizada. tanto a ﬁnales del siglo XIX como en el pasado siglo XX. de retroceso. no está aún consolidada la de juez como profesión estable (con sus ventajas e inconvenientes) o. lo que es mucho más importante. por ejemplo. sí es algo que se da en los jueces. cit. p. Por otra parte. de modo que no son comparables los jueces españoles de hoy. pp. Pero no es el número lo único que importa y ni siquiera lo más importante. como inﬂuyente para deliberar y decidir sobre el papel y los poderes del juez civil. 266 Revista Ius et Praxis. Y también tengo en mucho.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos pienso que será suﬁciente mencionarlo. No da lo mismo que los jueces de un país estén acostumbrados a encontrarse con relativa frecuencia en el trance de resolver con un amplio margen de discrecionalidad (que no mero arbitrio o capricho) o que. op. que eso depende de las leyes (más numerosas y prolijas. op. desde luego. con un criterio rector legal). de ordinario. De nuevo recurro a palabras de STEIN: “toda legislación ha de medir el grado de coerción y libertad del tribunal. Y añado esta observación: que la evolución histórica en punto a formación judicial no siempre es de avance. porque. adecuándolo al valor y la calidad que tiene el personal judicial correspondiente. por el contrario. Me explico de inmediato. ante normas que atribuyen a los jueces españoles facultades de actuación (muy diversas: desde la actuación que requiere explicaciones a un testigo hasta la que sanciona la mala fe procesal. sino también. Nº 2 2012. en muchos países que se pueden considerar democráticos. no sin motivo y razón. es distinto del que resulta posible admitir en nuestros días”20. 135. en nota 15 e infra. que se me ocurre denominar “mentalidad decisoria”. si se me permite por una vez seguir los tópicos divisorios de esos sistemas). es decir. nota 38). no se puede aﬁrmar que la independencia judicial esté. inﬂuirá la tradición judicial y legislativa del país. menores en número y menos minuciosas en el sistema de Common Law. desdichadamente. cit. Podría pensarse. STEIN. pues su inﬂuencia en la opción principal sobre el papel y los poderes del juez es obvia. Quizá aún de más relevancia es la formación judicial que podríamos llamar “promedio”. un elemento concreto de su formación. pues en todas partes coexisten (y son disfrutados o padecidos) buenos y malos jueces qua tales. Año 18. 243 . no mirando a su bondad personal. cuando ni los estudios ni ningún examen aseguraban su capacidad cientíﬁca ni inspección alguna su moralidad.. El que podía concedérsele en tiempo de la compra de cargos.294 . como en estos años del siglo XXI. supra. incluso en el plano meramente legal. pero resulta que la mentalidad favorable o desfavorable a la utilización de facultades o poderes discrecionales (por supuesto. pasando por la que ordenaba imponer condena en costas según se juzgase o no temerario el comportamiento procesal 20 F.
si las partes. por imperativo legal o por costumbre. puesto que la ley o la costumbre (no jurídica) (o ambas) determinan su actuación como asesores de las partes. O lo que es igual. Año 18. por el contrario. se inician y desarrollan con intervención de abogados? ¿Es acaso esa intervención muy limitada o. Si los jueces preﬁeren normas con supuestos de hecho y consecuencias jurídicas taxativamente establecidas. Revista Ius et Praxis. la asistencia de abogado es preceptiva como regla. de hecho. mucho o poco o casi nada. que estarían plenamente justiﬁcadas si litigasen directamente. ¿estamos también ante una Justicia civil “de abogados”. sobre asuntos de extraordinaria importancia o sobre cuestiones litigiosas cotidianas. al menos cuando se trata de un contrato de importancia o atípico. Así sucede en España. junto a Italia y Grecia. un país con un alto número de abogados a los que. en un país en que. no será razonable atribuir a las partes unas cargas de alegación y prueba mínimas. la consecuencia es que apenas se usan esos poderes y facultades. Pues bien. Pero. hemos de volver de nuevo la mirada hacia los abogados. Suponemos.294 267 . esa realidad se debe valorar adecuadamente y no debe ser ignorada o despreciada. por ejemplo. si ha existido y persiste una renuencia judicial a aplicar normas que les atribuyen poderes y facultades que exigen adoptar decisiones “arriesgadas” y si. que estamos en un “país de abogados”. si el proceso civil es un proceso de abogados. o bien habitualmente. que no exigen intervención de abogado y se estructuran suponiendo que esa intervención no se da.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” de demandante o demandado). complejos o simples. más o menos frecuentemente. donde (salvo para la solicitud inicial del procedimiento monitorio). a las partes se las puede gravar con cargas que legitiman el papel del abogado y suponen un gran alivio de la carga de trabajo del juez. En cambio. se acude a la hora de contratar. los procesos civiles. Nº 2 2012. lo mismo que en el proceso o procedimiento monitorio. no será razonable diseñar el papel del juez prescindiendo de esa realidad de la ordinaria “asistencia letrada” de los litigantes. muy amplia e intensa? Si la situación supone una respuesta aﬁrmativa a las últimas hipótesis. como hemos dicho antes. 243 . pp. son los países de la UE en que se prevé con mayor amplitud la preceptiva intervención de abogado. estaremos también ante una Justicia civil con una larga y arraigada tradición de protagonismo de los abogados. a aplicar o hacer uso de esas normas. es decir. 21 A propósito de los denominados “procesos europeos de escasa cuantía”. C) Los abogados: Su inﬂuencia y su papel histórico en los procesos civiles Puesto que nos estamos ocupando del “factor humano” de la Justicia civil. ha quedado claro que España. cuentan de ordinario con un abogado que les asesora desde el comienzo del proceso. cabe comprobar si esos jueces se atrevían y se atreven. con escasas excepciones21.
de ordinario. A veces. en una línea de disminución paulatina de la intervención de abogados). me parece. se les exige una seria formación jurídica básica. the butcher). simultáneamente con una cuasi-omnipresencia del abogado en la Justicia civil. Es muy deﬁciente. Ninguna revolución ha llegado a hacer efectiva esa propuesta radical. Nº 2 2012. Y propuestas bastante razonables (y desde luego no tan sanguinarias como las de Dick. supondrían la supresión de la abogacía: no lo han puesto por escrito. No se superará. en muchos países. cabe que. sin duda. pero aún no conocemos (yo no logro ni siquiera imaginar) una situación en que sería realista y prudente proponerse. puedo aﬁrmar categóricamente que suprimir o menoscabar esa profesión histórica me parece irresponsable. Se puede o más bien se debe suponer (dejando ahora aparte las reformas convenientes o necesarias para ejercer la abogacía y para controlar la calidad de los servicios) que los demandantes en potencia están en buenas condiciones para ser demandantes en 268 Revista Ius et Praxis. sino sólo verbalmente. por muchos y poderosos motivos que hubiera para que triunfasen. Esto sentado. let’s kill all the lawyers!” (“La primera cosa que haremos será matar a todos los abogados”). El realismo y la prudencia pueden. en parecida medida. Ahora que llevo ya años sin ejercer la Abogacía.294 . por los denominados “Colegios profesionales”. no ya cambios (se van a dar. omitir lo que conduzca a que los abogados ofrezcan unos servicios de calidad y se comporten conforme a elevados criterios éticos. propulsar y orientar cambios relativos a los abogados. por ejemplo. la exigencia de ética a los abogados por parte de sus corporaciones (en España. 243 . sino la pura y simple supresión de los abogados en el proceso civil. procede. en buena lógica. lo único razonable es atribuirles una importante función y procurar que la cumplan lo mejor posible. he escuchado a algunas personas. por ahora.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos Ciertamente. el sentimiento de varios personajes de Enrique VI. Si no se suprime la preceptiva “asistencia letrada” de las partes en el proceso civil (o si no se reduce a unos pocos casos). en todo caso. incluso a colegas universitarios. exista un cuasi-global malestar social (incluidos ámbitos jurídicos y judiciales) hacia los abogados. ser coherentes con el hecho de que. aunque también lo sea. sugerir propuestas que. sin embargo. pero hay una gran distancia entre la demasía actual de una constante exigencia de responsabilidad sanitaria por presunta infracción de la lex artis y la menos que escasa exigencia de responsabilidad civil a los abogados). al que William Shakespeare hace decir programáticamente: “The ﬁrst thing we do. Año 18. Corporaciones de Derecho Público) y aún es muy raro que se exija a un abogado responsabilidad civil por negligencia o mala praxis (no sugiero que se produzca un fenómeno de hostilidad procesal civil contra los abogados como el que en muchos países sufren los médicos. los litigantes se convierten en tales e inician los procesos civiles conforme a los consejos de graduados en Derecho a los que. como ya apunté. como el secuaz del rebelde Jack Cade. pp. Dick el carnicero. han fracasado.
aunque no sea fuente del Derecho objetivo (ni solo ni junto con otras sobre casos semejantes). Dejo dicho. En este último territorio. El acierto de las construcciones conceptuales. por referirnos ahora sólo a lo que resulta más decisivo en la primera instancia. pp. a las decisiones.294 269 . asimismo. Todo esto. considerados los hechos. más bien. El juez hace jurisprudencia porque la prudencia guía su trabajo de decidir y le exige una atenta y esforzada consideración de los diversos materiales. la mera boca que pronuncia las palabras de la ley. sin genuina interpretación. la sentencia. no radica ni en su originalidad ni en la exhaustividad de los estudios previos ni en la exhibición de erudición (más o menos genuina y relevante) ni en la habilidad Revista Ius et Praxis. que lo que cabe esperar de las partes del proceso civil en razón de sus abogados me parece de singularísima relevancia a la hora de responder a la cuestión del papel y de los poderes del juez civil. de cada caso. no necesariamente portentoso) no es –y nunca lo ha sido. 243 . Un juez (normal. que ambas partes actuarán con pleno conocimiento de las reglas sobre carga de la prueba y sobre el valor de los elementos de prueba de que puedan disponer. más bien. fácticos y jurídicos. como la experiencia) a la decisión sobre un caso concreto. Y se puede o. se debe suponer. del jurista que hace Jurisprudenz. por respetuosa que con la ley sea esa sentencia. Porque ese papel y los poderes correspondientes han de ser armónicos con las cargas y deberes de los litigantes. Como la prudencia es el especíﬁco hábito por el que se salta de los principios y criterios abstractos a las opciones prácticas.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” acto interponiendo demandas con un contenido que implique un alto grado de precisión en lo que se pide y en la fundamentación de la tutela judicial pedida. Año 18. La naturaleza ineludible de su quehacer le lleva a una creación jurídica. de las distinciones y de las relaciones. a la jurisprudencia de los tribunales. El respeto al Derecho que sólo condiciona al juez independiente no es la pereza de quedarse en la letra de la ley. porque resulta innegable que todo juez. se debería descubrir) en el quehacer del jurista académico. con lo anterior. es una creación jurídica. Y algo semejante se descubre (o. como enseguida veremos con más detalle. de Ciencia del Derecho. al dictar sentencia salta de las normas positivas y de los principios jurídicos más los criterios hermenéuticos (por no hablar de otros ingredientes generales. al trabajo jurisdiccional. ni cuando lo empleamos. D) El papel de la prudencia He hablado de la prudencia al encabezar este epígrafe. como en España. Nº 2 2012. para referirnos a las sentencias. sin discurrir sobre la ﬁnalidad de la norma en su contexto y sin la debida atención a los detalles de cada caso y a su posible relevancia. ni en los momentos de la máxima efervescencia revolucionaria francesa– un autómata aplicativo. distinta de la ley. es casi evidente que cada sentencia. no hablamos a la ligera de jurisprudencia ni cuando utilizamos el término en el sentido germano de Jurisprudenz.
294 . Nº 2 2012. sino incluso. El reto no es. algo previo. el motor decisivo para las opciones legislativas y. Pues bien. supuesta su adecuación a criterios elementales de justicia (“principios procesales” de audiencia y de igualdad de armas de las partes). VI. pero que debe procurarse Por más clara que sea y por indiscutible que resulte la relación entre poder y responsabilidad. de los que paso a ocuparme seguidamente. conocer y resolver litigios civiles con suﬁcientes garantías de acierto en las sentencias. a ﬁn de cuentas. asimismo. resolución que exige. Todos los factores que hemos expuesto han de ser ponderados prudentemente para lograr un modelo procesal justo y viable. dada su ﬁrmeza. siempre limitados en número y calidad. la construcción o sistema procesal. Ganz kurz: cuando nos planteamos atribuir 270 Revista Ius et Praxis. pp. que quizá sean equivocadas. el proceso. sino práctico: acertar en el diseño de un artefacto legal que. un análisis certero de esos problemas. por tanto. razonable) resolución de problemas reales.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos dialéctica de las discusiones con otros. expresando mis convicciones al respecto. muy dolorosamente. en un tiempo razonable y con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. sino una realidad que crear. primordialmente teórico. Y de ahí que no pueda dejar de referirme a la responsabilidad y a su relevancia con el mayor énfasis de que soy capaz. A) Poderes y responsabilidad: Un equilibrio en crisis. en estos momentos de crisis global. La calidad y el acierto radican en el servicio que el trabajo cientíﬁco-jurídico rinde para una adecuada (equitativa. antes de afrontar el desenlace de este ensayo con la exposición de la personal postura en la cuestión del papel y de los poderes del juez. exponer y valorar. pero que. la prudencia ha de ser. son dos fundamentos muy importantes de esa postura. que estén verdaderamente disponibles. la hay como medio) una realidad que conocer. donde resulta patente. permita. en una sociedad determinada. Año 18. está siendo pertinaz desconocerla o despreciarla en nuestro mundo a todas horas y. justa. Porque la cuestión que nos ocupa no trata primordialmente de lo verdadero y lo falso: no hay (como ﬁn. hasta el punto de constituir puntos de partida. a saber: la extrema diﬁcultad de identiﬁcar a los poderosos protagonistas de tantas acciones. la cuestión del papel y de los poderes del juez en el proceso civil es una cuestión central a la que se ha de responder a ﬁn de diseñar el modelo apropiado de proceso para una determinada sociedad. DoS coNVIccIoNES FUNDaMENTaLES DE MI PoSIcIÓN: La RELacIÓN ENTRE PoDER Y RESPoNSaBILIDaD Y La CUESTIÓN DE LA VERDAD EN EL PRocESo cIVIL Tras todo lo dicho hasta ahora. me parece necesario ocuparme de dos asuntos. antes. no sólo un brutal desequilibrio entre lo que se puede hacer y se hace y la rendición de cuentas. 243 .
casi nunca está presente esta consideración al tratar de los poderes del juez. Según mi experiencia. prescindir de ella es insensato. Salvo que se acepte algo tan inaceptable como la irresponsabilidad de cualquier poderoso por el uso de su poder. se echa encima de los jueces.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” al juez unos poderes (como cuando se trata de atribuírselos al presidente de una asociación. me parece. Si no se considera razonable y equitativo exigir esa responsabilidad al juez civil.294 271 . ¿será factible y equitativo exigirles responsabilidad? Porque se ha de procurar. sino. al consejero-delegado de una sociedad o al Jefe de un Estado o de un Gobierno). todos o la inmensa mayoría de ellos –porque no se diseña o se legisla para uno o unos pocos–. dejar de tener en cuenta la carga (en sentido vulgar. en un trabajo con las características del presente. siempre que haya de cumplirse esa ﬁnalidad? Y cuando utilicen mal o no utilicen indebidamente esos poderes. la inmensa mayoría de los jueces usen sus poderes y facultades conforme a las previsiones legales de modo habitual u ordinario y es indeseable que sólo unos pocos jueces los usen de vez en cuando. 243 . debe hacer pensar que una cuestión tan capital como la verdad sólo será aquí tratada con estricta limitación al tema que nos ocupa: reparto de Revista Ius et Praxis. ante cualquier diseño de modelo procesal civil. en cuanto a los jueces. en condiciones de asumir la responsabilidad que entrañan las atribuciones previstas en el proyecto o modelo? ¿Podrán hacer uso de los poderes que se piensa otorgarles con una determinada ﬁnalidad. que. B) La cuestión de la verdad en el proceso civil 1) Verdad y reparto de “roles” en el proceso civil: La necesidad de una cierta “modestia epistemológica” El simple enunciado de este subepígrafe. su papel y sus poderes. debemos siempre considerar que los poderes entrañan responsabilidades. Año 18. si los usasen siempre que fuese legalmente procedente. al juez civil a quien se gravase con el deber de agotar el esfuerzo probatorio habrían de exigírsele responsabilidades jurídicas si hubiese causado daño con su juicio sobre los hechos por insuﬁciencia de la prueba. sin embargo. Nº 2 2012. sin heroicidades. nunca hemos de olvidar. teniendo en cuenta todos los factores pertinentes. con los poderes que se les atribuyan. Pero. ante cada proyecto. se verían impedidos de resolver en tiempo razonable los casos que les han correspondido. Y. sin que éstos tengan la fundada excusa de que. resulta obligado afrontar con objetividad este interrogante: ¿están los jueces reales. no jurídico-procesal) que. No es sensato. Visto y dicho de otro modo: hay que pensar en que se pueda reprochar con razón a los jueces no haber hecho uso de sus poderes y facultades. Nunca es razonable y prudente cargar a nadie por encima de sus posibilidades. Pero no resulta jurídicamente admisible quedarse en un reproche social inexcusable. tampoco será razonable ni equitativo atribuirle aquel deber. por el contrario. pp. en efecto.
Además de haberme ocupado en 1972 –van ya cuarenta años– de traducir una de las obras más importantes de la literatura jurídica sobre la prueba. un punto fuerte. El objeto del proceso civil. Un gran protagonismo judicial y unos amplios poderes en cuanto a la prueba no se corresponderían. de palabra y de obra. incluso si se admitiese que. 272 Revista Ius et Praxis. de las posturas favorables a atribuir amplios poderes al juez y a conferirle un papel de protagonismo muy superior al que derivaría de lo que. que atañe principalísimamente a la prueba22.294 . la prueba civil se convierte en una serie de actuaciones rituales. ya aﬁrmaba lo siguiente: “No debería ser necesario encarecer la relevancia de la prueba. Pero no puedo ni quiero en modo alguno eludir la cuestión de la verdad. Primero. que permite y aun exige o comporta inevitablemente una valoración igualmente seria de la prueba. III. como la confesión o el interrogatorio de testigos. esas pruebas acordadas y practicadas ex ofﬁcio hubiesen de circunscribirse a hechos previamente alegados por las partes. 1983.. Si no es el juez quien admite los diversos medios de prueba. en exceso encorsetadas y excesivamente aleatorias en su resultado. o la duda sobre los hechos.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos funciones o papeles entre el juez y las partes y correlativos poderes del juez. por tanto. por los sujetos jurídicos. en el tercer volumen de mi primer libro de texto. del principio dispositivo o. vinculado por el ámbito de los hechos que los litigantes hubiesen querido alegar en virtud de su poder de disposición. a falta de una actividad probatoria seria. Los recursos ordinarios. no se incurra en estricta prevaricación)”. Nº 2 2012. cuando menos. y aquéllas de las que dispone o puede disponer la parte contraria…Tercero: por los jueces: además de acomodarse a los imperativos de la inmediación. 243 . si no aclara los aspectos oscuros de las declaraciones de las partes y de los testigos. Lecciones de Derecho Procesal. suele decirse. etc.. el juez. Y. positiva o negativa. Año 18. Los actos del proceso y sus efectos. tendría que poder acordar pruebas de oﬁcio. se adopte según impresiones precipitadas y subjetivísimas y.. por prejuicios. deben acertar en la admisión y en la inadmisión de los medios de prueba… Además. PPU. se opondrían al denominado “principio de aportación de parte”.. ni quien decide si son procedentes o improcedentes determinadas preguntas. si no el más inﬂuyente. en la importancia de la prueba. por algún maniqueísmo o voluntarismo (se tiende a tener por cierta la versión de la parte a la que se quiere favorecer. con no poca frecuencia. 214 pp. pp. Pero la realidad cotidiana –tanto de nuestros tribunales como de nuestras Facultades de Derecho– aconseja no apresurarse a considerar evidente casi nada. en todo caso. aparece como un postulado ideológico liberal y antiautoritario de una supuestamente necesaria inﬂuencia en el modelo procesal civil. aunque esta voluntad no sea reﬂexiva y. antes expuesto. Barcelona. Segundo. al relacionarse entre sí: han de pensar en la posible necesidad ulterior de lograr que un órgano jurisdiccional tenga unos hechos como ciertos o verdaderos (cuidar la forma de los contratos. con razón. es fácil que la determinación relativa a la certeza. la llamada prueba preconstituida). ni quien presencia su práctica. el aquí tan citado libro de STEIN. 22 Llevo mucho tiempo insistiendo. Es frecuente que la necesidad de establecer la verdad del caso real que es objeto de un proceso civil sea considerada. es de suma importancia que hagan uso –y uso adecuado– de sus facultades de intervención en diversos medios de prueba. Por mor de una seria pesquisa sobre la verdad de las cosas o de la necesidad de conocer la verdad. por los abogados: las alegaciones fácticas han de formularse teniendo en cuenta las pruebas de las que se dispone. erróneamente –según espero haber demostrado–. con el entendimiento amplio.
Y. Callejón sin salida. con el añadido de lo que en ellas no aparezca y también sea relevante para la cuestión de la verdad. Ahora bien. exponer dos precisiones al respecto. juicio sobre los hechos). 243 . afrontar y resolver el problema procesal del denominado juicio de hecho (o. en el ámbito del proceso civil. unos sucedáneos o Ersätze de la verdad. Con la seguridad que me proporciona conocer el talante liberal del colega y amigo. porque en el plano ﬁlosóﬁco existen posiciones irreductibles (al menos desde Guillermo de Ockam) sobre la realidad y sobre nuestro conocimiento y porque. esto implica un esfuerzo meta y pre- 23 Me parece que ilustraré adecuadamente lo que quiero transmitir si digo que. analizar críticamente las consideraciones y opiniones de TaRUFFo en sus obras. No me es posible tal labor. pp. De modo que la cuestión de la verdad carece de una respuesta unánime o generalmente aceptada que pueda servir de presupuesto a la opción sobre el reparto de “roles” entre juez y litigantes y. Me parece muy conveniente. Lo que no comparto es que sus objeciones a los sucedáneos de la verdad y cuanto contienen sus citadas obras conduzcan a descaliﬁcar cualquier sistema procesal civil que no atribuya amplios poderes de iniciativa probatoria al juez. ¿Por qué hablo de un riesgo de parálisis del jurista procesalista por carencia de instrumentos? Sencillamente. Año 18. de autoexigirse un tratamiento del problema o cuestión de la verdad con carácter general como tarea previa a la cuestión de los “roles” de juez y partes. por poner un ejemplo real. unas cuantas Revista Ius et Praxis.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” Ésta es la repercusión sobre nuestro tema que habitualmente presenta la cuestión de la verdad. constrúyanse esos sucedáneos de un modo u otro. me atrevo a echar en falta. cualquier procesalista no podría ni siquiera abordar el tema de estas páginas sin llevar a cabo una labor como la que supone. antes de seguir adelante. La prueba de los hechos y Simplemente la verdad. Señalaré. en esas tan interesantes obras de TaRUFFo. en el plano cientíﬁco-experimental. sobre esa base. La primera consiste en señalar algo tan sabido como que esa cuestión es uno de los más importantes tópicos de la reﬂexión y de la ciencia humanas. dado que nuestro tema es objeto de controversia.. que resultaría imposible una explicación suﬁcientemente justiﬁcada de la propia posición sobre los poderes del juez y de las partes en el proceso civil si la cuestión de la verdad hubiese de ser tratada con la mínima extensión que merece ese interrogante. mejor. comenzando por la ﬁlosofía. sobreabundantes en conocimientos epistemológicos y en certeros análisis críticos. se diría que no cabe tratarlo prescindiendo del contexto archipolémico sobre la búsqueda y adquisición de la verdad23. como segunda precisión. implica correr el riesgo de no disponer nunca de instrumentos para resolver el problema procesal.294 273 . en sí mismo considerado. Puedo decir. El juez y la construcción de los hechos. con la ﬁnalidad de. dead end. la incertidumbre y la provisionalidad del conocimiento planean sobre cualesquiera métodos de investigación y sus resultados. que comparto por completo la preocupación y el empeño de TaRUFFo por no admitir. cits. Esto signiﬁca –a poco conocimiento que se tenga del pensamiento humano desde el comienzo de la escritura– que sentar una base sólida acerca del interrogante sobre “la verdad de las cosas” y nuestras posibilidades de conocerla. supra. eso sí. más en concreto. Nº 2 2012. al papel de uno y otros respecto de la prueba. cul de sac.
no ya ﬁlosóﬁca o psicológicamente.294 . como si. pp. prueba de oﬁcio. nos deberíamos mover más en el ámbito de la gnoseología clásica que en el de la epistemología moderna. como veremos. sino también poseedor (en ocasiones) de interés y de utilidad. Pese a sus imposibles fronteras absolutas. a semejante distinción. sino también en el plano valoraciones prudenciales que. se hace ineludible. Nº 2 2012. gnosis) frente al del conocimiento más reﬂexivo y riguroso (la έπιστήμη. Porque. etc. no ya en un ensayo breve. La prueba procesal es asunto que considero legítimo tratar a base de epistemología moderna y contemporánea. de la epistemología. de no permitirle acordar de oﬁcio la práctica de pruebas. pero sí tratarla con notable modestia epistemológica. 243 . sin embargo. sino ni siquiera en un grueso volumen. en concreto.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos procesal extraordinario en el amplísimo campo de la metafísica. Si se me permite una cierta caricatura a efectos expresivos. desde luego. en deﬁnitiva. Año 18. inmediatamente. un espacio de papel o un número de bytes de los que no es imaginable disponer. una búsqueda de la verdad que. y. la prudencia– de no atribuir al juez grandes poderes en materia de prueba y. de modo que la búsqueda de la verdad es limitada y medio para un ﬁn y no ﬁn en sí misma. guste o no. antecedido por otros) y como. 2) La búsqueda de la verdad en el proceso y el juicio jurisdiccional sobre los hechos No voy a defender ahora. sino decir el Derecho en casos concretos. como es el caso. según testimonios ﬁables. cabría esperar de quien mantiene la identidad profesional de procesalista. el ensayo no es sólo posible. episteme). Nunca he recurrido. de la teoría del conocimiento. por respeto a mi propia (aunque nada original) idea de verdad. que considero errónea. Mas. deberíamos apoyarnos más en Sócrates. el maestro de Pavía tiene perfecta libertad para tratar los temas con el enfoque que quiera y. more scolastico. como enseguida se dirá en el texto principal. como quiera que el ensayo breve sobre nuestro tema es posible de facto (aquí está éste. además. si bien se mira. no soslayar la cuestión de la verdad. Pero también es legítimo sostener que. no pretendo aleccionarle en modo alguno. Sin duda. con la antigua y muy manida distinción entre una verdad material y una verdad formal. la racionalidad y legitimidad –y. sí o no) nada tienen que ver. 274 Revista Ius et Praxis. bien mirada. Lo que en este momento me importa más dejar establecido es que una y otra opción (muchos o pocos poderes. no tiene como ﬁnalidad esencial determinar verdades. recuperásemos la noción de gnoseología y abrazásemos decididamente un tratamiento de la cuestión del juicio procesal sobre los hechos en el plano del conocimiento común (de la γνωσις. la prueba procesal es una pieza del proceso y éste. es irremediablemente instrumental y limitada. Platón y Aristóteles que en Wittgenstein y Popper. tanto informativamente como a modo de estimulante del pensamiento libre y crítico del procesalista. la sencillez de los antiguos cuadra mejor con la prueba civil.
Sé que ha sido frecuente. algo maloliente. de la verdadera verdad. Pero la búsqueda de la verdad en los procesos no puede ser y no es igual a la del historiador o a la del ﬁlósofo o a la del investigador experimental. Lo único que considero acertado sostener es que todo proceso debe entrañar una real y verdadera preocupación por la verdad. Unos y otros buscadores no judiciales de la verdad pueden considerar que avanzan aun cuando su búsqueda conduzca. el cientíﬁco experimental) mediante la falsación. Nº 2 2012. Año 18. que me gusta traducir como “aroma de buen derecho”. propios de su quehacer (en especial. por patente que sea. con sus correspondientes cargas. ese planteamiento implica un desacierto multifacético. A mi entender. sino por la correlación de esos dos conceptos de verdad con los dos tipos de proceso. mantener para los segundos la importancia decisiva de la verdad. en cambio. pp.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” procesal. es decir. Pero. también a la persistencia de dudas e incluso a suscitar dudas nuevas. es.294 275 . lo contrario es. que resultaría aceptable en la inmensa mayoría de los procesos civiles. pero sin coherencia. Esto se reconoce de palabra y genéricamente con toda facilidad. de ser instrumento de la administración de la justicia. so pena de perder su médula ética y dejar. junto a algunas certezas. así. sino la verdad verdadera. no sólo por la sospechosa y maloliente24 distinción de “verdades”. en cambio. referirse a la verdad formal como aquel sucedáneo de la verdad. no el sucedáneo. aunque su uso. Revista Ius et Praxis. perfectamente apropiado. nada tiene que ver ni con entender inaccesible la verdad ni con negar la “verdad de las cosas” ni con desinteresarse de la verdad en los procesos del primer tipo y. sin gravar al juez y que. no aroma. no la vemos suﬁcientemente reconocida o valorada. llame la atención. de algún modo. pero sin llegar a establecer lo verdadero. mientras que en algunos procesos civiles y. Me reﬁero a que historiador. en el proceso penal importaría. por infrecuente. Hay una muy patente diferencia entre la tarea del juez y la del historiador o la del químico. 243 . pienso. Si hablamos en Derecho Procesal del fumus boni iuris. sobre todo. Los resultados de sus trabajos son socialmente útiles (por eso es razonable que los publiquen) en cuanto supongan algún avance en el conocimiento 24 Se me ha ocurrido utilizar este adjetivo porque. sino hedor. ﬁlósofo o químico pueden prolongar sus esfuerzos en pos de la verdad cuanto su vida les permita (e incluso continuarlos. cuando comprueban y determinan lo falso o erróneo. Que en los procesos en que sólo están en juego los derechos e intereses legítimos de unos sujetos jurídicos particulares los poderes probatorios se atribuyan a las partes. caliﬁcada como material. en el esfuerzo de sus discípulos) y a que esos estudiosos consiguen también resultados útiles. entre los tópicos utilizados acríticamente. se prevea la iniciativa probatoria del juez en los procesos (penales o también civiles) en que está presente un interés público de notable intensidad. sino más bien ignorada.
15 Auﬂ. sino por la débil y menesterosa condición del hombre que juzga. Año 18. 434. o negativa. Zivilprozessrecht. en el civil. p.25 Es una probabilidad altísima frente a lo tenido inicialmente por sólo posible o meramente probable. la complejidad de muchas realidades y la falibilidad humana conducen a “verdades provisionales”. No por labilidad de la verdad. sean positivas o negativas. porque la sentencia ha de dictarse. 149. tras el Neuarbeit de JaUERNIG. no consideró necesario estudiar a fondo el teorema de Bayes y la inmensa literatura que lo desarrollaba y analizaba y tampoco la probabilística holista o de otra especie. cuando alcanzan certezas parciales. por ejemplo. decisión que debe producirse dentro de un margen temporal no muy extenso e incluso.294 . en un plazo determinado. 243 . sino que es esencialmente instrumental de una decisión sobre un pequeño trozo de historia humana. Los términos exactos son éstos: “eine so hohe Wahrscheinlichkeit. No debería hacer falta añadir que.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos de la realidad. es decir.. porque no constituye un ﬁn en sí misma. München. en todos los ámbitos. que más adelante se revelan como falsedades o errores. Son útiles también cuando permiten formular conjeturas fundadas. que nos resulta suﬁciente el juicio de “una tan alta probabilidad que excluya la aceptación de lo contrario”. aunque quizá no con precisión. en el plazo de 20 días después de la celebración del juicio (art.1 LEC). la necesaria búsqueda de la verdad no puede ser prolongada mucho tiempo (y menos aún indeﬁnidamente). es decir. La certeza no es. Me parece que LENT. “no se han dado estos hechos”) no tiene por qué consistir en poseer una plena y absoluta seguridad sobre la realidad (o verdad) de unos hechos. dass die Annahme des Gegenteils ausgeschlossen ist”. probabilidades cualiﬁcadas. pp. No suscribo la deﬁnición de LENT sobre la verdad sino LENT-JaUERNIG. no podemos aﬁrmar con rotundidad haberla alcanzado y sólo logramos un estado interior que oscila entre la absoluta duda y la ﬁrme certeza. en los procesos civiles como en los penales. y lo leemos en LENT-JaUERNIG. la ﬁjación de los hechos como ciertos (así me gusta traducir el concepto alemán) no va razonablemente. he defendido y de nuevo deﬁendo ahora que el juicio de certeza (positiva: “se han dado estos hechos”. Muchas veces. al expresarse así. Nº 2 2012. 1970. sino en una seguridad razonable que excluya la duda. pasando por distintos grados de posibilidad y de probabilidad. por muy seria y esforzadamente que hayamos buscado la verdad. muy infrecuente. El juicio de certeza es el resultado de la serena convicción de haber hallado la verdad. pues. más allá de una convicción racional del juez que fundamenta su juicio de certeza de los hechos. En cualquier proceso se trata insoslayablemente de lograr un juicio sobre los hechos relevantes para dictar sentencia sobre el objeto procesal. en el proceso y. Se ha dicho expresivamente. En cambio. en algunos ordenamientos jurídicos. en concreto. 25 276 Revista Ius et Praxis. La Tatsachenfeststellung. una categoría ajena e inferior a la verdad.
hijos del siglo XXI”. en nuestra Administración de Justicia y en materia civil (por lo menos). Con otras palabras me he expresado hace tiempo. Y el núcleo de su respuesta es. sino. pp. n. todas ellas. aunque STEIN no profesaba la crédula beatería cientíﬁca que ahora reina). susceptible de errar. ni porque se niegue la posibilidad de conocer una y otras. como apenas acabo de decir. simplemente. hijos del siglo XIX. cit. hemos vivido en todos los terrenos cientíﬁcos tal número de revoluciones y con tal violencia. Nadie vea en las citas precedentes y en mis observaciones un escepticismo negador de la verdad ni un ápice de cinismo conducente a desinteresarse por ella. que nos hacen sonreír al pensar que se publicaron hace 129 años (y que el “nosotros. la misma plenitud deductiva”. con sabiduría. 26 27 F. porque su conocimiento es arduo y porque. op. El proceso de declaración. ése es un elemento ineludible: el juicio sobre hechos debe existir dentro de un tiempo limitado y sólo puede conducir a certeza o a duda. Incluso las verdades matemáticas se han mostrado sometidas al cambio. En la misma línea. “Πάντα ρει. 3: “El uso del término verdad debe imponer un saludable respeto. STEIN. después de estas frases. 41 y 42. pp. no se exige la adquisición de Revista Ius et Praxis. También el conocimiento de la vida y de la ciencia se encuentra en ese río.. La geometría euclidiana se demostró como falsa tan pronto como se aplicó a superﬁcies no planas.294 277 . 2004. Y no porque no exista la verdad ni existan verdades. STEIN.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” que la reproduzco porque es un modo muy fácil de entender que la seguridad absoluta y total es inexigible. se aparta del probabilismo de LENT. Y. y no un Dios omnisciente”26. con Díez-Picazo Giménez. el convencimiento judicial. si nada está quieto y todo se halla en movimiento? La respuesta que nos da el Derecho vigente es la misma para todas las cuestiones similares de la prueba: ninguna prueba puede lograr algo más que convencer a un hombre inteligente que se halle en la cumbre de la formación y cultura de su época… La fuente de errores consiste en que el receptor de la prueba es un hombre mortal. Sólo hay reconocimiento de la limitada capacidad cognitiva humana27. hijos del siglo XIX” puede hoy sustituirse tranquilamente por “nosotros. en mi Derecho Procesal Civil. certeramente. porque. § 38. que forzosamente hemos terminado por aprender a ser modestos. Nº 2 2012. Madrid. y tuvo que soportar el verse degradada del papel de geometría κατ’ εξοχήν (primaria) al mucho más modesto de una entre las diversas geometrías que existen según los diversos tipos de superﬁcies y que ofrecen entre sí. 243 . con aceptación de sustitutivos funcionales. reproduzco de nuevo a STEIN: “Nosotros. Año 18. tenemos que estar dispuestos a que nuestros conocimientos sean igualmente echados abajo por las generaciones futuras”. el maestro de Leipzig entra de lleno en nuestro tema: “¿Cómo lograremos conseguir en el proceso la base ﬁrme que necesitamos para poder dictar una sentencia justa? ¿Cómo encontraremos esa base.
pero su ratio resulta impecable.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos Y añado algo de gran importancia: la referencia al convencimiento del hombre inteligente. Y que. tanto civiles como penales. sobre todo. dejando paso a la certeza. como el del veredicto del jurado estadounidense) se ha abandonado ya hace mucho tiempo la idea de que el tribunal puede ﬁjar hechos como ciertos según una libre o “íntima” convicción o según su “conciencia”. pero. el “hombre inteligente” y culto al que se reﬁere STEIN no es ni el que se fía de impresiones propias especialmente intensas (con las que llega a una convicción interior inamovible) ni el que ﬁja la certeza arbitrariamente y se esconde tras su conciencia. Este precepto puede no resultar enteramente convincente en sus propios términos. que la certeza positiva o negativa de unos hechos se ﬁje después de una apreciación de las pruebas conforme a las “reglas de la sana crítica”. de que habla STEIN. el resultado del esfuerzo por alcanzar la verdad. ‘más allá de toda duda razonable’.2 LEC28) e incluso podría motivar por qué ha quedado en duda. que signiﬁca rechazar el subjetivismo y la arbitrariedad y que. no signiﬁca en absoluto que sea yo partidario –nunca lo he sido– de permanecer en el ámbito de la “libre convicción” como meta deseable de la prueba o de la valoración o apreciación “en conciencia” de las pruebas como modo de extraer de ellas juicios de certeza. pp. ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. enlaza con la necesaria motivación del juicio sobre los hechos. Pese a las expresiones literales de varios preceptos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (el moderno art. 218. en general. expresiva formulación angloamericana que la literatura y el cine han popularizado”. Como la duda es. 282 bis. no pocas veces. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito. pese a atribuir al juez poderes de iniciativa probatoria. la duda no se disipe. 1 y. El juez con poderes probatorios puede encontrarse quizá con más tranquila conciencia respecto de su esfuerzo. 741). Nº 2 2012. y es exigencia racional y justa. Ahora se exige. necesaria para el autocontrol y para el control social y jurídico del quehacer judicial. en el ámbito del proceso penal español (no en otros modelos al parecer ejemplares. la capacidad de un saludable discernimiento y. por supuesto. considerados individualmente y en conjunto. no se cumplen. porque es perfectamente posible e incluso probable que. 243 . así como a la aplicación e interpretación del derecho. 28 278 Revista Ius et Praxis. se una certeza o de un convencimiento de la verdad de unos hechos beyond any reasonable doubt.294 . por supuesto. sobre todo. Que dice lo siguiente: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas. Año 18. como tantas otras singularidades estadounidenses. Ese “hombre inteligente” es el que posee una sana crítica. el art. expresión consagrada en distintos preceptos de la LEC 2000. es decir. es también capaz de ofrecer una razonable motivación de su juicio sobre los hechos (el art. en los procesos. Son normas imprescindibles en todo caso. se necesitan normas para resolver en caso de duda sobre hechos relevantes: las normas de carga de la prueba en sentido material y la regla in dubio pro reo. Por lo demás.
lo que una sincera búsqueda de la verdad exige en todo proceso y. es un método serio para que el juez esté en las mejores condiciones de juzgar sobre la certeza de los hechos relevantes. en orden a dictar sentencia. primero. en principio. los hechos relevantes del caso. con ocasión de la declaración de las partes como instrumento de prueba). no faltan autoinculpaciones basadas en muy diferentes motivos. pp. cualquiera que sea el ámbito vital sobre el que ese quehacer se proyecte. a efectos procesales. La experiencia no dice lo mismo cuando se trata de crímenes. en asuntos en que están en juego bienes jurídicos particulares. de alcanzar la verdad dentro de las limitaciones ya señaladas. los mismos o muy semejantes. Y por “método serio” se debe entender un conjunto de reglas y mecanismos que racionalmente permitan tener como ciertos. pfo. Personalmente. ha dejado de tener el más mínimo sentido la comparación entre la pretendida “verdad formal” de los procesos civiles y la “verdad material” de los procesos penales. si el demandado. una parte del método para establecer la certeza procesal de los hechos es el mecanismo de su admisión como ciertos por todas las partes. admite como cierto un hecho personal que. se ﬁjan como ciertos y quedan exentos de prueba. en los procesos civiles sobre bienes jurídicos de ciertos sujetos. sin relación con la verdad. más en concreto. el hecho es cierto. tener por ciertos los hechos que no se discuten no es sólo algo que resulta práctico y justiﬁcado. es porque. 406. Dejando de lado discusiones acerca de la naturaleza jurídica de la conformidad de las partes sobre los hechos (se produzca a la vista de las alegaciones o incluso. le resulta perjudicial. empíricamente sólido. en el mismo estado de limitación subjetiva en que se encuentra el juez ante los resultados de las pruebas practicadas únicamente a instancia de las partes. de ilícitos penales: conforme a la experiencia. A mi entender. Nº 2 2012. la diﬁcultad de uno y otro juez para formar su juicio sobre los hechos es muchas veces igual o pareja y los riesgos de errar. con resultados que hoy son verdaderamente paradójicos Revista Ius et Praxis. Porque. inherentes al quehacer jurisdiccional. Los hechos admitidos. 243 . en efecto. En los procesos civiles en que están en juego sólo bienes jurídicos de los litigantes. en su art. no veo en este modo de ﬁjar la certeza de unos hechos a efectos procesales la aceptación de un sustitutivo o Ersatz de la verdad. O. por ejemplo. hoy en día y desde hace muchos años.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” hallará. Año 18. La comparación entre unos y otros procesos. sino un efecto que responde a una máxima de la experiencia según la cual. por decirlo quizá más exacta y expresivamente. a la hora de decidir sobre los hechos relevantes de un caso. sino un método razonable. disponga que “la confesión del procesado [léase sospechoso o imputado] no dispensará al Juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias a ﬁn de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito”. De ahí que la Ley de Enjuiciamiento Criminal. incluso tácitamente. como ya he dicho.294 279 . con ciertos matices legales.
67-74. en todas partes. tal presunción sólo se destruye si existe prueba de cargo regularmente practicada. sino también porque depende de coordenadas precisas ligadas al espacio y al tiempo. tiempos y circunstancias diferentes de los de mi país.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos y merecedores de más reﬂexión crítica. prueba de cargo y sentencia de conformidad”. En este breve texto. no pretende justiﬁcar cualquier modo de alcanzar un juicio sobre los hechos en los procesos civiles. Del interés por la verdad en el desenlace de innumerables casos civiles tampoco puedo ocuparme aquí. por un lado. Mi posición sólo puede fundar o alimentar una polémica real con quienes. He propuesto una “salida” a la situación presente. Valencia. por otro lado. Castellón de la Plana.294 . que es el de una ponencia presentada y discutida el 25 de octubre de 2006 en el “Congreso Internacional sobre problemas modernos y complejos de la prueba en el proceso penal”. mientras. en reiteradísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Año 18. “Presunción de inocencia. patria de numerosos trabajos iusﬁlosóﬁco-procesales. prescindiendo de la prueba o sin que llegue a practicarse prueba alguna. diﬁeran sustancialmente de lo que enseguida defenderé. de hecho. 243 . por cierto– relativas a la verdad en el proceso penal (incluso prescindiendo de ella en innumerables casos) ya me he ocupado en otros lugares29. planteo la colosal incoherencia (al menos en España) de sostener. pero me parece que la predicación incesante de las ADR con que desde los USA se ha bombardeado propagandísticamente al mundo jurídico europeo y latinoamericano merecería una seria reﬂexión desde el punto de vista de la verdad y la Justicia. innumerables sentencias penales condenatorias basadas imperativamente en la conformidad del imputado con la acusación. Nº 2 2012. puedo exponer mi personal posición sobre el papel y los poderes del juez civil. Añadiré. 701-708. Y. Publicado también en Revista de Derecho Procesal. los hechos notorios. pp. en cambio. en especial. como si en ellos ya pudiésemos prescindir de la verdad porque de ella se prescinde en el proceso penal. Tras cuanto ya ha quedado dicho. por presupuestos ideológicos indiscutibles. están legalmente previstas y se dictan. organizado por la Universidad Jaume I. Es una posición histórica no sólo en el obvio sentido de que se da en el tiempo. que una sentencia penal condenatoria supone haber destruido la presunción de inocencia y que. resulta de tamaño galáctico en los Estados Unidos de América.. a su vez. en Prueba y proceso penal. se me ha de considerar también beligerante –amable pero ﬁrmemente beligerante– frente a los que entiendan que. De incoherencias –y no leves. que si la incoherencia es grande en España. pero donde no observo una reacción crítica proporcionada al masivo abandono de cualquier exigencia de verdad como fundamento de más del 90% de las sentencias penales condenatorias. Lo que aquí pretendo defender es que el método procesal civil de ﬁjar los hechos admitidos como ciertos y exentos de prueba es razonable per se. para España. por decirlo una vez más. Y lo mismo cabe decir de la regla de tener como ciertos. sin necesidad de prueba. pp. 280 Revista Ius et Praxis. 29 V. No pienso que esa posición deba ser compartida si las coordenadas son distintas y seguramente haría mías o adoptaría posiciones distintas en lugares. pero no es éste el lugar de extenderse en el asunto. pp. sólo es admisible y acertada. 2007. 2008. una única postura sobre nuestro asunto: la de atribuir a los jueces una responsabilidad principal sobre la prueba como modo de procurar juicios acertados sobre la verdad de los hechos procesalmente relevantes.
de planteamientos fundados en la productividad y en la rentabilidad de los “productos” de la Justicia30. pp. El modelo procesal ha de establecerse económicamente y. por el mínimo ideológico expuesto supra en la nota 15). DEFENSa RaZoNaDa DEL MoDELo PRocESaL DE La VIGENTE LEY DE ENJUIcIaMIENTo CIVIL ESPaÑoLa EN cUaNTo aL PaPEL DEL JUEZ cIVIL Y SUS PoDERES EN UNa DETERMINaDa SocIEDaD A) Exposición general Puesto que es notoria mi intervención en una ley procesal civil relativamente reciente y dado que. pero no acepto la imposición por presupuestos ideológicos y también rechazo. No pretendo la exportación. la primera propuesta de una retribución de los jueces en función Revista Ius et Praxis. es decir.294 281 . por lo que acabo de decir. se puede identiﬁcar con la justiﬁcación del papel del juez en la Ley de Enjuiciamiento Civil Nº 1/2000. más en concreto. porque estamos hablando de asuntos jurídicos. sobre la base de aplicar recursos limitados para resultados a escala masiva. condujesen a un Estado policial: aunque fuese practicable. procederé esquemáticamente para no alargar más estas páginas. lo rechazaría igualmente. los modelos utópicos maniﬁestamente impracticables (además. 243 . aunque no con exhaustividad. sino de la ponderación de diversos factores (que se han expuesto. está pensando en un solo proceso para un solo juez (e incluso para un solo abogado). a) El número y tipo de jueces y el número y la índole de los litigios que afrontan no permite en absoluto diseñar un tipo de proceso civil con el enfoque (mucho más frecuente de lo que pueda parecer y de lo que quepa considerar sensato y prudente) de quien. Que deﬁenda esa concreta opción del reparto de “roles” no signiﬁca que desee exportarla (lo que se sabe muy bien en Chile). respecto de la determinación de los hechos. aunque sea inconscientemente. macroeconómicamente. de modelos que. Año 18. Pero la realidad de cientos de miles de asuntos 30 Pocos procesalistas habrán tenido la oportunidad de vivir. Nº 2 2012. siendo miembro del Consejo General del Poder Judicial. No se me haga sospechoso. justiﬁcar mi postura sobre el papel del juez civil y sus poderes en la sociedad pertinente (España y las sociedades con características similares). que entró en vigor en enero de 2001.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” VII. claro está. prácticos. sino sólo los más importantes y en la medida suﬁciente para mi argumento) de una sociedad concreta. como yo lo viví. Sentado lo anterior. el papel y los poderes del juez (armónicos con los de las partes) no es asunto que deba resultar de la aplicación de axiomas o reglas dictadas por posiciones ideológicas. Sé cuánto importa la calidad del trabajo judicial y lo distancio sideralmente de la producción de tornillos. como vengo defendiendo y practicando.
permitiendo. reacios al uso de facultades o poderes que la ley les atribuía con ﬁnalidades importantes (a las que antes se ha hecho referencia). con unos procesos civiles en que. a la vez. al menos. garantizando la posible contradicción y facilitando la intervención del juzgador en el interrogatorio de testigos. exigiendo un “plus” de dedicación al abogado pero. aunque sin renunciar a que lleven a cabo en verdad el trabajo pendiente. desde hace siglos. partes y peritos. sí. una mayor oportunidad de legitimar su trabajo profesional y de ver con más claridad la relación entre ese trabajo y los resultados del proceso. que ha supuesto. Año 18. En otras pocas palabras: el abogado debía verse compelido por la estructura del proceso y sus disposiciones legales a tomarse más en serio la Abogacía y a tomarse más en serio el proceso mismo. sin duda. de modo que. formular sólo la pretensión de tutela jurisdiccional. Para la LEC 2000 se tuvo en cuenta. la intervención de abogados es preceptiva como regla con pocas excepciones. 282 Revista Ius et Praxis.294 . a la vez. Por eso. el juez de su productividad. la hipótesis teórica de desgravar a los litigantes de una buena parte de su tradicional carga de alegación.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos civiles que esperan ser resueltos no puede eludirse. era prudente tomar en consideración esa realidad y hubiese sido muy imprudente. por el contrario. Con esa ﬁnalidad. una mayor intervención del juez. la práctica de pruebas como las declaraciones de testigos y de partes. c) En un “país de abogados”. un juez que ya no es espectador pasivo. pp. que. el diseño del modelo procesal civil ha de tomar en consideración la carga de asuntos para el conjunto de los jueces. aunque fuesen maniﬁestamente inútiles e impertinentes) y presenciar e intervenir de verdad en la práctica de pruebas. b) No podía ignorarse que los jueces españoles eran y siguen siendo. diseñar un proceso civil de espaldas a los abogados. Me enorgullezco de haberme opuesto tan fuertemente a ese planteamiento que no se volvió sobre él mientras ocupé aquel cargo. por enorme corruptela. de modo que no se arroje sobre ellos un trabajo excesivo. lograda plenamente. La prudencia aconsejaba un inexcusable aumento de la implicación del juez en cada proceso. tras una exposición de los hechos del caso. con una fundamentación meramente orientativa. 243 . sin una precisa fundamentación jurídica o. pero centrándose en lo que resultaba absolutamente necesario: resolver con conocimiento de causa sobre la admisibilidad de las pruebas propuestas por las partes (llevábamos al menos un siglo en que los jueces admitían todas. con frecuencia no gozaban ni siquiera de la presencia judicial. Lo que cabía procurar es que esa intervención fuese más real y efectiva en cada proceso. Muchos de esos jueces omitían incluso actuaciones en que la ley disponía tajantemente su presencia y actuación. Así. se diseñó el nuevo proceso civil de la Ley Nº 1/2000. Nº 2 2012. por mentalidad de lejanas y profundas raíces.
su demanda y su defensa (o eventualmente. sino que su práctica no respondía a criterios 31 Que no es la de la LEC 2000. sin indicios de parcialidad que deban conducir a la abstención o a la recusación– no tiene nada que ver con los mayores o menores poderes del juez. Pero esa hipótesis carecía de suﬁciente peso real en la determinación del papel de las partes y del juez. según cierta interpretación radical del iura novit curia31 o del brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius. 243 . resolverá conforme a las normas aplicables al caso. dispone que “el tribunal. Revista Ius et Praxis. aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”. sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer. previstas en la anterior LEC. inmediatamente antes de dictar sentencia. Una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo. con error que ahora rectiﬁco. ya expuestos. e incluso del Tribunal Constitucional (en razón del respeto al derecho de defensa). iura novit curia no signiﬁca ya absoluta libertad del juez para resolver. la escasa inclinación –invariable durante siglos– de los mismos jueces civiles a hacer uso de poderes y facultades que se les atribuyan para un uso discrecional (que no arbitrario) y me parece necesario añadir la muy mala experiencia respecto de las llamadas “diligencias para mejor proveer”. sino capacidad del juez para enmendar errores de cita. sino un estado o posición objetiva. Pero considero conveniente reiterar. Es decir. 218. también respecto de la prueba. que no es una actitud subjetiva. pues realmente quería referirme a la necesidad de respetar la igualdad de las partes. Las “diligencias para mejor proveer” no sólo eran frecuentemente utilizadas con el único ﬁn de ampliar de facto ese plazo (en la jerga forense se les llamaba “diligencias para mejor dilatar”). como actuaciones probatorias que los jueces podían acordar. obviamente. pp.294 283 . al margen del planteamiento jurídico de las partes. objetivando numerosa jurisprudencia anterior. siempre que se respete lo que se entiende que la parte ha querido decir. He mencionado una sola vez la imparcialidad. Ni la Judicatura ni la Abogacía demandaban una ruptura con ese planteamiento. que. d) La opción por hacer protagonistas absolutos de la iniciativa probatoria a las partes (salvo en los procesos civiles en que esté presente un intenso interés público) deriva de la valoración prudencial de diversos factores. 32 Nunca he recurrido a la necesaria imparcialidad del juez como fundamento de negarle iniciativa probatoria en los procesos civiles. primero. facilitaba el trabajo decisorio del juez y al que los protagonistas del proceso estaban acostumbrados. en su aspecto jurídico. pero he pensado y pienso que la imparcialidad –la que puede ser relevante. Su art. pfo. Año 18. una reconvención).“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” tuviese el poder de resolver conforme a las normas que estimase pertinentes. de expresión o de argumentación.1. tras dos siglos seguidos de normas procesales según las cuales correspondía a los litigantes fundamentar de modo concreto y preciso. con suspensión del plazo para dictarla32. de 1881. Nº 2 2012. de entre ellos. avalaba el papel de las partes asesoradas por sus abogados y respaldaba la necesaria congruencia de la sentencia con el elemento jurídico de la causa de pedir.
con que TaRUFFo enjuicia el conjunto del proceso civil español. se mostrase a mediados del siglo XX entusiasmado por este medio de superar las que él consideraba limitaciones del principio dispositivo o del de “aportación de parte” en obsequio de la verdad y aunque recientemente TaRUFFo se haya mostrado rotundamente contrario a su supresión33. que. más un factor de pura aleatoriedad. 243 . pero como observador desde fuera. en caso de admitirlas. porque sólo pueden determinar la renovación de las pruebas y no la práctica de pruebas nuevas. sobre todo porque las diligencias eran posibles después de la presentación de todas las pruebas de las partes. por tanto. Pero eso es lo de menos. se pierde una parte importante de Europa. no se dan términos de comparación”. se miró al pasado. eminente pero exclusivamente teórico. no son diligencias para mejor proveer. me sorprende y me apena. porque no tiene en cuenta las diligencias para mejor proveer y porque mira al pasado.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos objetivos (ni siquiera al de llevar a cabo las pruebas propuestas y admitidas pero que no se habían practicado en el plazo legal). Nº 2 2012. 3ª) El juez prescindía en innumerables ocasiones del imperativo legal de presenciar la práctica de las pruebas: era sustituido por un funcionario y. Se comprenderá que me haya sentido algo incómodo y bastante sorprendido al leer esta frase de TaRUFFo. 4ª) Por haber sobrepasado el plazo legal (período de prueba). su resolución era legalmente irrecurrible. 284 Revista Ius et Praxis. por tanto. 2ª) Las distintas pruebas se practicaban (las que se practicaban) separadamente: en días distintos. “estaba mejor resuelto” conducía a las siguientes realidades: 1ª) El juez resolvía sobre la admisión o inadmisión de pruebas sin conocer mínimamente el caso y. a los sistemas europeos del siglo XIX…”) (“…a pesar de tratarse de un código liberal clásico…”). Así. porque parece haber olvidado la información sobre la realidad española de que ha dispuesto sobreabundantemente. Así. como conservador y decimonónico. Y lo mismo ocurre con América Latina y la China” (la cursiva es mía). Pero si uno no se ocupa o se olvida de lo que ocurría y ocurre en España también falla en su valoración. la ideología del proceso civil es de tipo conservador. es decir. bastante caprichosa. era perfectamente inteligente y racional”. a decir. Creo que el sistema de la anterior ley de enjuiciamiento civil estaba mejor resuelto. pero para superarlo. Pues sí. Mi querido colega y amigo se contradice a sí mismo porque en la misma entrevista se leen estas atinadas elementalidades: “No se puede llegar a comprender y valorar un sistema procesal sin tener en cuenta el desarrollo histórico de este sistema porque. pp. aunque versasen sobre el mismo hecho. aun irregularmente. en la realidad esas pruebas acordadas ex ofﬁcio por 33 En la entrevista citada supra. utilizando incluso tópicos vulgares (“de tipo conservador”) (“mira al pasado. supra. A lo que inmediatamente añade: “Si uno no se ocupa de lo que ocurre en Inglaterra. La renovada visión primordialmente ideológica. No lo digo ahora. a mi entender. “mira al pasado”. que. No me encuentro cómodo con una caracterización. nota 22) y. Si uno desconoce lo que ocurre en Estados Unidos. Esas cuatro penosas realidades han sido eliminadas por la LEC 2000. Las diligencias ﬁnales que están en la ley. por tanto. TaRUFFo se encuentra con la siguiente pregunta: “¿Qué valoración le merece que la Ley de Enjuiciamiento Civil española del año 2000 haya reducido los poderes de oﬁcio del juez y haya eliminado las diligencias para mejor proveer?”. de la prueba documental. aunque sea indirecta. Es difícil valorar otros sistemas. in tempore non suspecto. Ese “sistema de la anterior ley de enjuiciamiento civil”. aunque algún procesalista español. a los sistemas europeos de la mitad del siglo XIX en los que predominaba la ﬁgura del juez pasivo y la lucha libre de las partes. no pocas pruebas. a pesar de tratarse de un código liberal clásico. el Juez no intervenía en las pruebas. por la valoración. de facto. el resultado era admitir todas las pruebas que se le proponían. El resultado era un juicio sobre los hechos presidido. en España.294 . se dejaban de practicar. siempre según TaRUFFo. se pierde una parte importante del mundo. sin la historia. sino que lo dejé escrito hace tres décadas (v. de TaRUFFo. Mucho más importantes son los motivos para la sorpresa. Año 18. sin disponer de parámetro alguno para decidir si las pruebas propuestas eran pertinentes y útiles. puesto que. El juez tenía la situación perfecta para establecer si necesitaba algo más para las pruebas de los hechos. El sistema anterior. A lo que responde así: “Merece una valoración negativa.
con sus raíces históricas o culturales hondas y también con episodios convulsivos de efectos importantes. 212-214) tengo la convicción de que para el procesalista es vital y primario ocuparse de la Justicia posible (dicho de otra forma: intentar. Año 18. publicado después: “Sobre conceptos básicos del Derecho Procesal”. de facto) le convenía dilatar el plazo para dictar sentencia y. ha de ser objeto de pesquisa y de muy atenta valoración. 1976. pp. Aquí he venido sosteniendo que el sistema procesal debía diseñarse a base de juicios prudenciales para lograr un resultado viable y mejor.294 285 . Excepcionalmente. el debate parlamentario que en España condujo a aprobar la LEC 2000 se orientó con sentido práctico y prudencial. como el Partido Popular e Izquierda Unida. Desde hace mucho tiempo (más precisamente desde 1974. e) Por otra parte. muy probablemente. al menos. como las teorías y doctrinas. suprimir lo que en modo alguno cumplía su papel teórico y sí resultaba profundamente perturbador. para la generalidad de los jueces españoles. propicio a vulneraciones del principio de igualdad de las partes. aunque no le dejen.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” el juez civil no cumplían en absoluto la alta misión de procurar la verdad. lo que explica que la LEC fuese aprobada con los votos favorables de posiciones políticas muy opuestas. I. Para esa tarea. siempre en interés de la verdad. Por tanto. tanto. La prudencia aconsejaba imperiosamente. que no sólo permiten la renovación de pruebas (con una clara ﬁnalidad de efectividad en el hallazgo de la verdad. en el segundo ejercicio de mi concurso público de acceso a Cátedra. Por el contrario. la realidad del factor humano. se imparte mediante procesos). que TaRUFFo silencia). sino cuando al juez (o a quien por él decidiese. la respara dejarlo atrás. mejorar la Justicia que. Revista Ius et Praxis. que “estaba mejor resuelto”. Segundo. La LEC 2000 se preocupa eﬁcazmente de la prueba y propicia la intervención del juez en la prueba. se procuró de otros modos (que a menudo son silenciados) implicar mucho más al juez en la labor de buscar la verdad34. Primero. dice literalmente la Exposición de Motivos). en todo caso. casi milagrosamente. Éstas son sustituidas por unas diligencias distintas (“con presupuestos distintos de los de aquellas”. sólo en casos “mediáticamente” importantes. 34 Nadie ha pretendido que las “diligencias ﬁnales” sean las “diligencias para mejor proveer”. No eran acordadas siempre que podía resultar necesario en razón de la búsqueda de la verdad (más exacto sería decir que casi nunca eran acordadas con esa ﬁnalidad). aquí y allá. verdades. lo que no se lograba casi nunca con las “diligencias para mejor proveer” ni con el conjunto del sistema de la LEC 1881. que. la razonable seguridad de que sólo los jueces con inclinación al protagonismo personal (los que en España denominamos “jueces estrella”) harían uso con relativa frecuencia de unos eventuales poderes de iniciativa probatoria y. las más de las veces de forma errática. Porque lo que he expuesto son hechos. sino la de embarullar in extremis el thema decidendi y desequilibrar caprichosamente la contienda procesal. en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. no eran acordadas tampoco ni siquiera en los muy frecuentes casos límite en que no se habían practicado dentro del período de prueba (hoy desaparecido) todas las pruebas propuestas y admitidas. núm. que TaRUFFo no debería negar ni silenciar o despreciar. pp. 243 . Nº 2 2012. incomparablemente más que la LEC de 1881. sino la realización de pruebas admitidas y no practicadas. el esfuerzo justiﬁcativo de la LEC 2000 se ha centrado en todo lo contrario: en que no se viesen las “diligencias ﬁnales” como unas renovadas “diligencias para mejor proveer”. dos factores más fueron prudencialmente considerados de modo especial. a mi parecer.
Tal vez algunos encuentren apasionante como ejercicio intelectual (e incluso moral) imaginar un proceso civil con las características teóricamente ideales y. exponen al tribunal lo que consideran que es un comportamiento ilícito. pp. en consecuencia. resultaría imposible) que sea principalmente el Estado. para el proceso civil.294 286 . hay que entender que. en sociedades como la española y otras similares. pensando en un juez que. a la hora de proyectar modelos procesales. Pero históricamente. también de aquéllas que no afectan al interés general. quisieran un juez como el que. debía ocuparse de los ilícitos más graves. para aplicar el Derecho en todos los casos. afrontar los más graves y reprochables “ilícitos” –los constitutivos de delitos perseguibles de oﬁcio–. dotado de amplios poderes. Si bien se mira. Nº 2 2012. empeñado en la verdad y en la justicia y siempre atento a cada uno de sus asuntos. con Díez-Picazo Giménez. 2. De hecho. diseñar el papel del juez del mismo modo. Sin embargo. no ya de comprobar lo que los ciudadanos y los sujetos jurídicos adujesen como actos ilícitos de toda clase. Podemos describir con bellas palabras el ideal de que la máquina estatal de la Justicia no escatime esfuerzos respecto de cualquier situación.. también las civiles y mercantiles. a través de los tribunales. entre los cuales los probatorios. quisieran atribuir a órganos públicos –a la postre. sino de investigar todo género de ilicitudes. dicho de otra forma.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos ponsabilidad aneja al poder de decretar pruebas de oﬁcio resultaría una carga imposible de llevar. Año 18. quien haya de ocuparse –con la correlativa responsabilidad de los servidores públicos– de comprobar la certeza de los hechos –rectius: de las aﬁrmaciones de hechos– que conﬁguran la inmensa mayoría de los casos llevados ante los órganos jurisdiccionales civiles.. en que un ciudadano necesite tutela porque puede estar padeciendo lesión de sus derechos o. V. sobre todo. Idealmente. cit. sin advertirlo. núm. 243 . interviene a cada paso en que considera que su actuación servirá a esos nobilísimos ﬁnes. promotores de los procesos civiles. para personas experimentadas– sería la visión de un aparato estatal o público encargado. ya lo sabemos y lo hemos apuntado). Revista Ius et Praxis. todos los demandantes. con los auxilios de los demás poderes del Estado. probablemente con buena intención. integrados por personas de igual condición que las demás– todos los aspectos de lo que se denomina ‘hacer justicia’”. podría pensarse en la perfección. los penales.. Pero si. puede ser víctima de un comportamiento ilícito. constituiría un empeño estrictamente utópico gravar a los tribunales con la responsabilidad primordial en la comprobación de los hechos de todas las pretendidas conductas ilícitas. sino sólo a los derechos e intereses de determinadas personas o sujetos jurídicos35. por común que sea. en todo el mundo. no son pocos quienes. un juez máximamente protector y. Quizá estas utopías debieran hacer meditar a quienes. vienen a propugnar. la Administración de Justicia a duras penas puede. § 37. 35 “Enteramente utópica –y estremecedora. no es ni razonable ni asequible (más bien. antaño (no ahora. mi Derecho Procesal Civil.
¿por qué tiene el tribunal que cuidarse de remediar su descuido? Si lo hace.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” Lo que hoy –y por mucho tiempo– resulta prácticamente imposible. de ordinario. Nº 2 2012. Porque. en cambio. esa potestad encierra el peligro de que el juez. Quizá. Una muy amplia y prolongada experiencia casi universal (aún más clara en los “países de abogados”. de ordinario. valor por valor. en un “proceso de abogados”. Pero no veo el sentido y la pertinencia de una comparación entre valores cuando hablamos del modelo o sistema procesal. pese a lo anterior. le estará favoreciendo. quizá cuidadoso y diligente. perjudicará indefectiblemente al demandado. se insista en dotar al juez civil de un poder de acordar pruebas de oﬁcio excepcionalmente. un resultado de certeza sobre los hechos relevantes para la decisión judicial que procesalmente se requiera en cada caso. en cambio. además de que resulta difícil establecer los casos excepcionales. conforme a reglas racionales. lesione el principio de igualdad de las partes. pp. 243 . Pero.294 287 . ya se debe haber elegido aquél que prudencialmente pueda perseguir –no en teoría. al usarla. muy poco razonable. Esta proposición me parece cierta en sí misma. Si se desconfía de las partes y de los abogados profundamente y. en mejores condiciones que nadie para aportar las pruebas y lograr. esos sujetos se encuentran. resulta preferible disponer que sean las partes de cada proceso los principales protagonistas de la iniciativa y del esfuerzo conducentes a aquella certeza. Y si remedia la insuﬁciencia de la actividad probatoria del demandante. los litigantes y sus asesores jurídicos no merezcan Revista Ius et Praxis. Año 18. A todo eso cabe oponer que “el interés de la verdad” está por encima de cualquier otro valor. el modelo de proceso bien podría prescindir de la estructura contradictoria con iguales oportunidades de las partes. de los negocios y situaciones de las que se derivan derechos e intereses legítimos se suele dejar constancia por los sujetos interesados. un modelo procesal civil prudente y razonable no se basa en la investigación ex ofﬁcio de los hechos que se aﬁrman relevantes y no atribuye a los tribunales la responsabilidad –a todas luces excesiva– de procurar establecer la certeza positiva o negativa. Por todo ello. en perjuicio del demandante. sino incluso a los ﬁnes de la protección y satisfacción de esos derechos e intereses y del cumplimiento espontáneo o inducido de deberes jurídicos. no sólo a los efectos de posibles procesos. Si alguien me muestra una sociedad en que verdaderamente los jueces merezcan la máxima conﬁanza y. yo pongo personalmente la verdad por delante incluso de la justicia. Si el demandado es descuidado. a que antes nos referimos) enseña que. sino en la realidad y de modo de ordinario satisfactorio– los distintos valores que importan. sobre una base lógica y conforme a la experiencia. y aun admitiendo que. se confía en los jueces al máximo. además. en el tráﬁco jurídico. Y sabemos que la verdad no es el único. sino que. a propósito del modelo o sistema. porque. Por tanto. corresponda a las partes un papel predominante en la prueba. sería.
objetivamente. asuman plenamente la carga de hacer todo lo que les conviene. porque ni siquiera en un proceso penal. en todos los aspectos que ya se expusieron. resulta razonable que el tribunal indique a la acusación o a la defensa lo que podrían proponer como pruebas conducentes. me parece imprudente echar sobre las espaldas de los jueces civiles la carga y la responsabilidad de enmendar lo que las partes no hagan o hagan mal. ¿acaso no se entiende que. Si se conﬁgura el proceso penal como el civil. son de ordinario los derechos de Ticio. Y también porque el uso por los jueces de potestades de iniciativa probatoria tampoco eliminaría necesariamente posibles errores e injusticias. dado que el juez es tan humano como el abogado36. me apenaría una sociedad en la que existiese una notable desigualdad entre los profesionales del Derecho: los jueces serían trabajadores y sabios. la opción preferible. en ocasiones. por el contrario. insistimos. Ahora bien. “el interés de la verdad” e incluso el de la justicia no serán bien servidos e incluso serán a veces defraudados. Lo que resulta razonable en el proceso penal es que el tribunal pueda ordenar la práctica de pruebas pertinentes y así lo disponía la LECrim. se arroja sobre los jueces la responsabilidad de rectiﬁcar los errores de los litigantes.294 . no se olvide. en el proceso civil como en el penal. Cayo y Sempronio los que se ventilan. Cayo y Sempronio. peor es el peligro de arrojar sobre los jueces responsabilidades excesivas y el riesgo de que. en el que se ventila un claro interés público. Ésta es. con resultados negativos para un litigante. responsabilidades– ¿para qué 288 Revista Ius et Praxis. eso sí. porque no es “doctrinario” el principio dispositivo. Éste es un punto crucial: o. si se atribuye a los tribunales esas facultades –que también son. ha de darse por sentado. lo que no me parece coherente con un modelo procesal civil contradictorio e igualitario. obligatoriamente asesorados y representados por profesionales expertos. la práctica de pruebas. por el contrario. Un lamentable entendimiento del denominado “principio acusatorio” ha conducido a sostener que el tribunal del proceso penal no puede decretar. estaríamos hablando de un tipo de proceso inquisitivo o casi y. con normalidad. 243 . lesionen la igualdad entre las partes. cuando se ha optado por un proceso con estructura dialógica y partes (asesoradas por abogados) con iguales oportunidades de defender cada una su posición (y ésta me parece que es la opción generalmente preferida en los países que son considerados civilizados: la opción no tiene nada de typical spanish). no formularía yo ninguna objeción a un diseño de proceso civil que atribuyese grandes poderes y responsabilidades al juez. ni su corolario. aun con abogados preceptivos. sin instancia de parte. aunque la construcción misma implica riesgos para las partes (y sus abogados) que no extremen su diligencia y cometan errores. que. los abogados. perezosos e ignorantes. el interés de una parte por el “esclarecimiento de los hechos controvertidos” es opuesto al interés de la parte contraria y que el tribunal no tiene por qué favorecer un interés sobre otro? Pero en el proceso civil. el de aportación de parte–: lo que deﬁendo es el debate entre las partes. insisto. o. pp. Año 18. porque.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos apenas conﬁanza. porque. Pero. 36 Me permito reiterar que no deﬁendo la pretendida pureza de un principio doctrinario –para empezar. Si se rechaza que Ticio. Nº 2 2012. las paredes maestras de esa construcción no pueden ser alteradas. ¿por qué no facultar al tribunal para aleccionar a las partes sobre la suﬁciencia o insuﬁciencia de los fundamentos jurídicos? Pero. personalmente. a mi entender.
porque ese sujeto jurídico conocerá. de ordinario. en abstracto. en beneﬁcio de todos”. si se asumen por los tribunales esos “roles”. “De ordinario. alegar y probar 37 Revista Ius et Praxis. sino en que las cargas procesales atribuidas a estos sujetos y su lógica diligencia para obtener la tutela judicial que piden. del que se extraen todas sus razonables consecuencias. no sólo en que. desde luego. a su juicio. en España. unos hechos que los tribunales casi siempre desconocerán.294 289 . Aunque no considere intrínsecamente perverso.“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” f) En conclusión: salvo que el proceso civil tenga por objeto casos en que esté implicado un interés general o público. Tampoco se grava al tribu­ nal con el deber y la responsabilidad de decidir qué tutela. pueden y deben conﬁgurar razonablemente el trabajo del órgano jurisdiccional. los siguientes párrafos de la Exposición de Motivos de la LEC: “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspirándose en el principio de justicia rogada o principio dispositivo. como ya dije. Es a quien cree necesitar tutela a quien se atribuyen las cargas de pe­ dirla. es prudente y razonable que sean los sujetos jurídicos interesados los protagonistas del esfuerzo de alegaciones y prueba. en consecuencia. el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial en función de sus de­ rechos e intereses legítimos. porque. quien pide para sí una tutela jurídica a los órganos jurisdiccionales exponga lo que. Considero más lógico y conforme a la naturaleza de las cosas que. los abogados? Y. Según el principio procesal citado. no pueden cumplirlos: no han podido ni querido cumplirlos cuando eran menores que en la actualidad y ahora no hay nada que sostenga una tendencia opuesta. como regla. de­ terminarla con suﬁciente precisión. respecto de todos los sujetos jurídicos? Mi respuesta es que. Nº 2 2012. supuestos los abogados. un modelo procesal civil en que se atribuya al juez un papel superprotagonista. también entra en la esfera del poder de disposición de los sujetos jurídicos hacer o no uso de cuanto sustenta y apoya fáctica y jurídicamente los derechos que esos sujetos aﬁrman tener y en virtud de los cuales formulan sus pretensiones de tutela jurídica (no de terminación de una controversia). a los que corresponde la iniciativa procesal y la conﬁguración del objeto del proceso. 243 . de entre to­ das las posibles. en tercer lugar. Año 18. que incluya ocuparse de los fundamentos jurídicos y de los hechos. puesto que son bienes jurídicos suyos los que están en tela de juicio y puesto que resulta utópico y poco prudente –por no decir insensato– gravar a los tribunales de justicia con una carga superior a la de dirigir bien el proceso. porque cabe suponer racionalmente que la máxima diligencia en alegar hechos y argumentos y en aportar pruebas será desplegada por quienes pretenden una sentencia favorable para ellos37. como ya se explicó antes. en segundo lugar. los procesos civiles persiguen la tutela de derechos e intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos. ¿podrán cumplirlos. no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba in­ vestigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como conﬁguradores de un caso que pretendidamente requiere una res­ puesta de tutela conforme a Derecho. pp. Puedo hacer míos. fundamenta –tanto fáctica como jurídicamente– la petición formulada. Ante todo. con la vista puesta. es fácil estar en condiciones de comprender que eso supone echar sobre los hombros del juez una tarea ímproba y de la que no puede hacérsele responsable. puede ser la que corresponde al caso. presenciar y valorar las pruebas y dictar sentencia bien motivada y justa.
Según ese precepto. como era deseable. sino señalar las que consideraría convenientes. Y si advertimos que esa indicación de pruebas ha de hacerla el tribunal “ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos”. podrían verse afectados por la insuﬁciencia probatoria. Se trata. sigo pensando –y lo piensan muchos otros– que este bienintencionado mecanismo es de utilización nada fácil y que. ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos. éste se encuentre en condiciones de señalar pruebas pertinentes. un conocimiento mayor del caso por el tribunal. o no. Y prosigue: “al efectuar esta manifestación. He de reconocer que he suavizado mi inicial criterio sobre este precepto. el tribunal. en la audiencia previa. lo pondrá de maniﬁesto a las partes indicando el hecho o hechos que podrían verse afectados por la insuﬁciencia probatoria”. si el tribunal considera que las pruebas propuestas por las partes pueden “resultar insuﬁcientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. por el contrario. puede resultar inconveniente. es indiscutible (aunque unos pocos pero queridos colegas han llegado a discutirlo y aﬁrmar lo contrario) que no le corresponde al tribunal acordar u ordenar la práctica de pruebas. 243 . indicando el hecho o hechos que. 290 Revista Ius et Praxis. “las partes podrán completar o modiﬁcar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal”. podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente”. Año 18. completando o modiﬁcando. 429. Justamente para afrontar esas car­ gas sin inde­ fensión y con las debidas garantías. sus anteriores propuestas. aún resulta menos fácil la los he­ chos y aducir los fundamentos jurídicos correspondientes a las pretensio­ nes de aquella tutela. en tal caso.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos B) A modo de “test” sobre eﬁcacia y responsabilidad: Una norma de la LEC española que aumenta el protagonismo del juez El art. en su caso. párrafo segundo LEC establece una posible iniciativa del tribunal. Con todo. estar asistidas de Abogado”. que no aparecía en el Proyecto de LEC (aunque conocí la enmienda transaccional y no la consideré inaceptable). además. de dispo­ siciones armónicas con el papel que se confía a las partes.294 .1. por mucho que la nueva estructura del juicio ordinario comporte. a las que resulta exigible asumir con seriedad las cargas y responsabilidades inherentes al proceso. en concreto. un obstáculo para que (…) el tribunal aplique el Derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir. excepto en casos de singular simplicidad. en absoluto. respecto de la proposición de prueba en el juicio ordinario y. Como quiera que el último párrafo del art. 429.1 LEC prevé que. Y me­ nos aún constituye el repetido principio ningún inconve­ niente para que la Ley refuerce notablemente las facultades coer­ citivas de los tribunales respecto del cumplimiento de sus resolu­ ciones o para sancionar comportamientos procesales maniﬁesta­ mente contrarios al logro de una tutela efectiva. a su juicio. “Esta inspiración fundamental del proceso –excepto en los casos en que predomina un interés público que exige satisfac­ ción– no constituye. A las partes incumbe proponerlas. se impone a las partes. sin perjudicar a los de­ más sujetos de éste y al funcionamiento de la Administración de Justicia”. Nº 2 2012. No es fácil que. pp.
en efecto. pp. sino que constará en ellos– no pueden ser otros que los elementos escritos (documentos. por ejemplo. el contexto y el sentido y ﬁnalidad de un precepto legal no irracional para conseguir el resultado acorde con la personal preferencia. en cambio. los elementos probatorios –cuya “existencia” no resultará de los autos. en caso de no cumplir tal deber. en tal momento. dictámenes. de 28 de mayo de 2002. la segunda. 38 Me parece prudente y bien razonado. tal omisión puede constituir fundamento para la nulidad de actuaciones. Pero lo que aquí interesa no es un estudio detenido del precepto38. si ﬁnalmente la sentencia desestima la pretensión o resistencia por esa falta Revista Ius et Praxis. Sobre la base de esta diferencia literaria. el trabajo de FERNÁNDEZ LÓPEZ. los resultados de la prueba anticipada. Tercero.1.294 291 .“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” utilización de la facultad legal. Y pronunciarse. aunque sea provisionalmente. el incumplimiento del deber originaría la nulidad de las actuaciones39. decía así: “si el Juez. Él mismo reconoce que su propuesta va más allá de la interpretación jurídica de la norma. II LEC”. “Las facultades probatorias del juez civil previstas en el art. 39 Así lo defendió inicialmente la Sentencia de la Audiencia Provincial (AP) de Ciudad Real. Año 18. En su Fdto. excepcionalmente. 429. constatado el supuesto de hecho del artículo comentado. 243 . No parece razonable que el tribunal. noviembre 2005. no revela la insuﬁciencia de prueba. Para la segunda. si se acordó en su momento.1. por más que se apoye en los más elevados principios. no puedo aceptar la “interpretación” del art. II propuesta por PIcÓ I JUNoY en loc. 429. sino la experiencia de su existencia y aplicación. Para la primera conducta. 429. a mi juicio escasamente relevante. núm. sobre insuﬁciencia probatoria. si se dictaba una sentencia fundada en la falta de prueba (en el sentido de no haberse propuesto). En cambio. exige un prejuicio. la norma usa términos de apariencia no imperativa: “podrá señalar” (la prueba o pruebas). a la vista de la doctrina y de la denominada “jurisprudencia menor” (la que constituyen las sentencias no emanadas del Tribunal Supremo). indicar a las partes la posible insuﬁciencia de las pruebas propuestas con indicación de los hechos a los que dicha insuﬁciencia afectaría. informes) o instrumentos similares y. publicado en la revista jurídica Práctica de Tribunales. cit. resulta claro que la norma ha suscitado interrogantes problemáticos que seguramente no estaban previstos. 21. Al respecto puedo aﬁrmar que los jueces vienen haciendo muy poco uso de los poderes que les atribuye esa norma. Porque en ese momento procesal (la audiencia previa al juicio).1 LEC prevé dos posibles conductas del juez: la primera. de modo que. Pero. ni siquiera provisional. Mercedes. que el art. que no se entiende cómo puede formarse. Ocurre. supra. Jdco. sugerir a las partes pruebas que les podría convenir proponer. Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Estoy tan ﬁrmemente convencido de la excelente intención de PIcÓ (acomodarse al “Estado Social y Democrático de Derecho”) como del error que entraña desbordar el texto. se sostuvo inicialmente que el juez civil tenía el deber de vigilar la presumible suﬁciencia de las pruebas propuestas por las partes. Nº 2 2012. la ley utiliza una expresión literalmente imperativa: “lo pondrá de maniﬁesto (AOS: la insuﬁciencia probatoria)”. nota 19 in ﬁne. haya de realizar una valoración de esos elementos.
en último término. Esta tesis. El art. 1 LEC. el primer problema que ha suscitado dicho precepto innovador. SAP de Navarra de 16 de abril de 2002. 225 LEC: “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento. por el contrario. que se trata de una facultad judicial condicionada a la subjetiva constatación sobre la insuﬁciencia de las pruebas ya propuestas para acreditar los hechos controvertidos. No puedo aceptar de prueba. que el Juez considere convenientes. no se halla supeditada al uso de la facultad del artículo 429”. SAP de Pontevedra de 17 de junio de 2002. ni existe una garantía absoluta de que. A mi parecer. de modo que. de 28 de diciembre de 2007. ya abandonada. Más dudoso es si la no mención de los medios probatorios. que. o no. SAP de Lugo de 29 de mayo de 2002. señalando la citada doctrina jurisprudencial que se trata de una apreciación subjetiva que difícilmente podrá ser objeto de control externo y a posteriori por otro órgano judicial para imponer su propio criterio. también en contra de la tesis inicial expresada por la ya citada SAP de Ciudad Real. En su Fdto. Año 18. 429. no podría cometerse infracción del art. los procesos civiles se verían masivamente afectados por posibles nulidades.DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos Pero lo que ha triunfado. puede constituir vicio anulatorio”. SAP de Burgos de 23 de julio de 2002. en el aptdo. 429. puesto que al aplicar el art. ligada a la actuación que la Ley exige al Juez. el juez debería controlar de oﬁcio la idoneidad de los medios probatorios propuestos. el 292 Revista Ius et Praxis. nunca me pareció sólida: en primer lugar. Jdco. con la ﬁnalidad última de convencer al órgano jurisdiccional de la bondad de la pretensión actuada. sino una facultad de ejercicio discrecional. la consecuencia de la nulidad sería absolutamente contraria a lo que se quiere: una sentencia sobre el fondo. porque no es fácil encajar la inactividad judicial que nos ocupa en uno de los supuestos de hecho de la nulidad y. conforme a dicho precepto. sin que pueda servir de fundamento para subsanar la inexistencia de prueba o las propuestas por las partes inadecuadamente. por esa causa. En segundo lugar. las nuevas pruebas acrediten los hechos controvertidos. así como que las actuaciones no se puede retrotraer hasta la proposición de prueba para dar posibilidad a las partes para proponer la necesaria para acreditar su derecho”. la nueva norma introduce un mecanismo para facilitar la convicción judicial sobre los hechos controvertidos mediante la facultad de integración probatoria. A título de ejemplo. dejando a un lado la posición favorable a la nulidad radical de actuaciones. SAP de Córdoba de 6 de febrero de 2003. 429.1 LEC no me parece una “norma esencial del procedimiento”. La SAP de Baleares. es que no existe deber judicial en ninguno de los dos casos.1 LEC un juez no ejercita una iniciativa de aportación de prueba y las partes son libres de seguir. 429. pp. véase lo que aﬁrma la SAP de la Rioja. las indicaciones del juez.294 . entre otras–. haya podido producirse indefensión”. lo que violaría el principio de aportación de parte. pero no impone al juez un deber de controlar la suﬁciencia probatoria en la inicial fase de la audiencia previa. 243 . de una mera facultad del órgano judicial. SAP de Alicante de 30 de octubre de 2002. consiste en si se trata de un deber o. todo ello sin olvidar que la normativa de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC . que opera al tiempo de dictar sentencia. Tercero puede leerse lo siguiente: “Pues bien.1 LEC entraña un deber del juez no convierte la idoneidad de los medios probatorios en presupuesto procesal (no se trataría de un elemento del que dependiese la regularidad del proceso mismo) y no se opone al principio de aportación de parte. es la posterior SAP de Madrid (Sección 11ª). aun con indicación de insuﬁciencia probatoria. 3 del art. lo que resultaría catastróﬁco para la Justicia civil en su conjunto. si bien es cierto que.1 LEC40. inclinándose la doctrina cientíﬁca más autorizada y la denominada jurisprudencia menor –SAP de Murcia de 15 de febrero de 2002. de 9 de febrero de 2006. como si se tratara de presupuestos procesales. en concreto. resultantes de los autos. 40 En un sentido opuesto a la precitada SAP de Ciudad Real. pues se priva a las partes de una oportunidad procesal. siempre que. de 19 de mayo de 2012: “En cuanto a la referencia que se hace en el recurso de apelación en relación con el artículo 429. Lo que se acaba de exponer puede considerarse actualizado. SAP de Badajoz de 3 de mayo de 2002. sostiene. entender que el art. “En deﬁnitiva. a la vista de su interpretación conjunta. de interpretarse que el artículo 429 impone un deber. como consecuencia de su ambigua dicción. sistemática y ﬁnalista. Nº 2 2012. En tercer lugar.
“Prudencia versus Ideología: De nuevo sobre el papel del juez en el proceso civil” esta conclusión. 1974 y. sino la falta de diligencia probatoria de la parte demandante que no aporta prueba suﬁciente para justiﬁcar los hechos base de su pretensión. La consecuencia es. a mi entender.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. que cita las SS. en deﬁnitiva. sobre el mismo supuesto.. en mi Derecho Procesal. pp. si el resultado es después perjudicial para la parte asistida por ese abogado. lo contrario sería entender que el juzgador tiene la obligación de la carga de la prueba. II. DE La OLIVa. de hecho. no debe encontrar una seria excusa en un “podrá”. en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. de 26 de abril de 2012. ya que la actora es la que realmente tenía que acreditar los hechos de su pretensión y no pretender que sea el juzgador quien justiﬁque los mismos Por tanto. Año 18.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o. lo que conﬁrma la resistencia de los jueces españoles a asumir poderes o facultades de actuación ex ofﬁcio. que niega la existencia de un deber judicial. núms. de 6 de febrero de 2012. de Tarragona. pues lo que pone de maniﬁesto el juzgador no son dudas o la falta de prueba sobre hechos relevantes para la resolución del litigio. Nº 2 2012. no corresponde al juez suplir la inactividad probatoria de la parte demandada asumiendo su papel para acreditar su pretensión”. indicando incluso la clase de medios de prueba a practicar. condensadamente. Revista Ius et Praxis. 41 V. indicando el hecho o hechos que. a su juicio. la SAP de A Coruña. Esas normas pueden ser infringidas y. § 6. se exprese imperativamente y diga que el juez pedirá aclaraciones. de Alicante. sin que sea indiferente que el juez haga o no haga lo que la ley prevé cuando se encuentra ante un caso como el previsto. Si la ﬁnalidad ha de ser perseguida y el juez no lo hace. Tribunal cuando considere que las pruebas propuestas por las partes pudieron resultar insuﬁcientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de maniﬁesto en las mismas. pues.. 30 a 34. podrían verse afectados por la insuﬁciencia probatoria. Ha quedado desactivada también la cuestión de la posible responsabilidad por no indicar la insuﬁciencia probatoria o no señalar medios de prueba o por no hacer caso (los abogados) de las indicaciones del juez. que corresponde a las partes de modo que se rechaza esa referencia a este precepto. de Castellón. 243 . porque los términos no imperativos (además de a ligereza e imprecisión legislativa) pueden obedecer (aunque no estén plenamente justiﬁcados) a que la ley deja al juez la apreciación de los casos en que se podría encontrar en el trance de usar la facultad. En el mismo sentido. Introducción. las normas que facultan al juez. en primer lugar. de 11 de noviembre de 2010. tiene en realidad idéntico contenido a la que. se infringen. en su caso.PP. y ante todo.AA. pues la facultad se concede para cumplir una ﬁnalidad legal. De antiguo tengo escrito41 que el tenor literal de las normas en preceptos como ésta resulta poco ﬁable. Pero mi criterio no ha sido seguido por la jurisprudencia menor. Porque. que una ley que diga al juez que puede dirigir él mismo preguntas al testigo cuando sus declaraciones no le parezcan claras. etc. En segundo lugar. no tienen el sentido de permitirle hacer algo según su libre arbitrio.294 293 . el artículo 372. cit. de 18 de abril de 2011 y de Asturias. de 20 de octubre de 2009. tal posibilidad no es preceptiva sino meramente facultativa para el juzgador en dicho precepto. “Algunas peculiaridades de las normas procesales”. no puede reprocharse al Juez que no hiciera uso de las facultades que le atribuye el artículo 429.
desplegarla (eso es. como rectora de nuestras decisiones en innumerables aspectos de la vida personal y de la convivencia humana. pues cada vez es más raro que surjan innovaciones verdaderas.294 . en buena medida. en cambio. no veo que las ideologías merezcan una enmienda a la totalidad. Pero. del modo más completo posible. frente a quienes proclamaron su ocaso o decretaron su ﬁn. por la auriga virtutum de Platón y de Aristóteles. Con un auriga prudente. que no engullan los innumerables espacios de la libertad individual y social y que no pretendan. contra la evidencia histórica. por así decirlo. desde hace miles de años. intacta e indiscutida. Nº 2 2012. aquí o allá. Año 18. La prudencia. etimológicamente. los no civiles) deberían adoptarse. pp. EPÍLoGo Las ideologías pasan. 294 Revista Ius et Praxis. es decir. está ahí. sino la realidad histórica. El terreno que la Justicia ha de recorrer mediante los procesos no es un espacio de teorías encontradas. 243 .DocUMENToS	Andrés de la Oliva Santos VIII. siempre que no se constituyan en absolutos. una palestra retórica de abstracciones y utopías. poniéndola a prueba y sometiéndola de nuevo al público escrutinio. cambian y se disfrazan una y otra vez. explicar: ex-plicare). la Justicia puede avanzar más y mejor. para beneﬁcio general. merecedoras de respeto intelectual. Las decisiones sobre el diseño de los procesos jurisdiccionales civiles (y también. eliminar cualquier interrogante abierto o responder con perfección a todas las preguntas que la realidad y el buen sentido suscitan. Ésa es mi tesis y aquí he querido explicarla. con sus múltiples y muy diversos elementos.
Documents Similar To Ius Et Praxis
Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.pdf
Garantismo y Crisis de La Justicia (2)
01.El Derecho de Acceso a La Justicia y Los Ppios. Rectores Del Proceso Civil.
Preparatorio Proceal-procesal General
16 Ponencia A
More From javier_rios_95
LA PRUEBA EN EL CPC
libro2007-8

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
in dubio
e contrario
 resolución 
e contrario
 artículo 429
 artículo 217
 artículo 429
 artículo 429
 resolución 
 artículo 372
 artículo 429