Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/3988
Timestamp: 2020-07-08 14:34:38+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 4/2000
SENTENCIA 4/2000, de 17 de enero
ECLI:ES:TC:2000:4
En el recurso de amparo núm. 1447/96, interpuesto por don Antonio Muñoz Navarro, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega, y con asistencia del Abogado don Óscar Quintana Navarro, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 14 de julio de 1995, desestimatoria del recurso de suplicación interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Albacete en 16 de marzo de 1995, en autos sobre despido. Han sido partes además del Ministerio Fiscal, Repsol Butano, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Villasante García y con asistencia del Abogado don Alberto Vázquez Leal. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el 6 de abril 1996 y registrado en el Tribunal el 9 de abril de 1996, don Antonio Muñoz Navarro, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega, interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 14 de julio de 1995, desestimatoria del recurso de suplicación interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Albacete en 16 de marzo de 1995, en autos sobre despido.
a) Desde el 1 de junio de 1980 el ahora recurrente transportaba en un camión de su propiedad botellas de gas butano o propano, o mezcla de ambos, por cuenta de la empresa Repsol Butano, S.A. (antes Butano, S.A.), a diversos agentes distribuidores. Asumía los gastos de mantenimiento del vehículo, que llevaba pintado el anagrama de la empresa. Ésta fijaba las rutas de transporte y el horario de trabajo, y la retribución se satisfacía en función de los transportes realizados. La relación se mantuvo hasta el 28 de diciembre de 1994 en que se le notificó el cese en la prestación de servicios.
b) Formulada demanda de despido, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Albacete en Sentencia de 16 de marzo de 1995 acogió la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta por la demandada, porque al amparo de la actual legislación la relación que vinculaba a las partes no puede ser calificada de laboral.
c) El posterior recurso de casación para la unificación de doctrina fue desestimado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de marzo de 1996, porque las Sentencias aportadas como contradictorias no eran firmes al estar recurridas precisamente en casación para la unificación de doctrina.
3. La fundamentación jurídica de la demanda de amparo es la siguiente:
a) En primer lugar la infracción de los arts. 14 y 24.1 CE, por el "distinto trato que dispensó la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto de otros litigantes que se encontraban en la misma situación que el ahora demandante de amparo, lo que sería determinante de la existencia de resoluciones judiciales contradictorias dictadas por el mismo órgano en supuestos idénticos, sin que el Tribunal justificara su cambio de criterio". Tras la cita y transcripción parcial de las SSTC 192/1996 y 282/1994, el demandante se refiere a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 5 de julio de 1995, poniéndola en contraste con ésta. Para el recurrente "la cuestión jurídica que ambas decisiones tratan de resolver es ... idéntica, a saber, el alcance de la exclusión de laboralidad efectuada por la Disposición Final Séptima Ley 11/1994, de 19 de Mayo, de reforma laboral, respecto de las relaciones jurídicas iniciadas antes de su entrada en vigor, en relación con las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizando, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostentan, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador". Mientras que la Sentencia recurrida "se limita a establecer -Fundamento Jurídico segundo- que 'puesto que la cesación en el servicio de transporte se produce el 28-12-94, esto es, tras la vigencia de la Ley 11/1994 ... no cabe duda de la aplicabilidad al caso examinado de la letra g) del apartado 3º del art. 1º del E.T., adicionado por dicha Ley' lo que lleva a confirmar el pronunciamiento de instancia que había declarado la incompetencia de jurisdicción", la Sentencia del mismo Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha invocada como de contraste en el planteamiento de la misma cuestión "llega a la conclusión de la imposibilidad de aplicar dicha exclusión de laboralidad introducida por al repetida Ley 11/1994, de 19 de mayo a las relaciones iniciadas con anterioridad y que, sustancialmente fueran encuadrables en el ámbito de la laboralidad definida por el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores". Tras referir la fundamentación jurídica de esa Sentencia de contraste, el recurrente afirma que la misma "lleva a cabo un claro posicionamiento de la Sala de lo Social respecto de una cuestión que se valora como controvertida, y la decisión que adopta es, clara y explícitamente, el parecer de la Sala en tanto la cuestión no sea resuelta por el Tribunal Supremo en unificación de doctrina. Se trata así, [sic] una doctrina fijada con criterio de generalidad, y que por otra parte resulta ya reiterada en la misma Sala pues como la propia Sentencia da cuenta, ya antes se había llegado a la misma conclusión", refiriéndose al respecto a la Sentencia de 17 de marzo de 1995. Frente a esas Sentencias, en criterio de la parte, la aquí recurrida, cuya fecha de votación y fallo es precisamente el mismo día de la firma de la de contraste, y coincidiendo entre los integrantes de la Sala que las dictó dos Magistrados, contiene un pronunciamiento absolutamente dispar, lo que revela el decisionismo de la Sala a la hora de dictar el fallo aquí combatido, por lo que le es aplicable la tacha de arbitrariedad y trato desigual injustificado, razonado en la STC 192/1994.
b) En segundo lugar, bajo la invocación del art. 24.1 CE se aduce que las Sentencias recurridas han llevado a cabo una interpretación y aplicación del art. 1.3 g) ET que resulta vedada por el art. 9.3 CE, en cuanto garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.
c) Por último, la demanda "denuncia infracción de lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución Española, que ampara el derecho a la igualdad ante la Ley, incurriéndose también por esta vía en violación del derecho a la tutela judicial efectiva, que establece el art. 24.1 de la misma Norma Constitucional". Para el recurrente "el término de comparación que evidencia el trato desigual ... y que genera la vulneración del derecho constitucional se produce respecto de quienes se encuentran en los siguientes supuestos: a) En primer lugar, considera esta parte que, de sustentarse la tesis mantenida por las decisiones recurridas, se ocasionaría un trato desigual a quienes prestan servicios con vehículo propio en virtud de una autorización administrativa respecto de otros trabajadores en los que concurren las mismas notas de laboralidad que las definidas en el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y, no obstante lo cual, reciben un tratamiento legal sustancialmente distinto, al negarse a aquéllos que la relación que media entre las partes sea constitutiva de una relación laboral; b) del mismo modo, respecto de quienes prestan sus servicios en las mismas condiciones que el demandante de amparo, y sin embargo, han obtenido un previo pronunciamiento judicial en el que se reconoce el carácter laboral de la relación antes de la entrada en vigor de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, o simplemente, han obtenido un reconocimiento empresarial del carácter laboral de la misma; c) y finalmente, también se produciría dicho trato desigual contrario a la Constitución respecto de quienes prestando sus servicios en las mismas condiciones que el demandante y han extinguido su contrato antes de la entrada en vigor de la Ley 11/1994, de 19 de mayo".
Desarrolla a continuación el demandante su argumentación crítica respecto de los dos primeros supuestos comparativos enunciados. En cuanto al primero, se afirma que "si conceptualmente se excluye que en todo caso, y con independencia de las circunstancias en que se presten los servicios, quienes se dediquen a la actividad del transporte al amparo de una autorización administrativa, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder de disposición ostenten, nunca van a ser susceptibles de constituir una relación laboral, supone asignar una diferencia de tratamiento a un colectivo a pesar de que, a priori se pueda afirmar que las notas en los que prestan los servicios son susceptibles de enmarcarse en el ámbito del art. 1.1 del E.T., como reiteradamente ha venido a admitir consolidada jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo". Según el actor, "el art. 1.3.g segundo del Estatuto de los Trabajadores no contiene la configuración de una relación que sea incompatible con las notas que originan el carácter laboral de la relación". A su juicio, "lo irrazonable y arbitrario del tratamiento dispensado a dicho colectivo también se pone en evidencia si se repara que, en definitiva, va a ser el tonelaje del vehículo lo que determine la existencia o no de una relación laboral, toda vez que conforme al art. 41.2 c) del Reglamento General para la aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de Septiembre, el título administrativo habilitante viene exigido a partir de 2.000 Kilos de peso máximo autorizado, de modo que hasta dos mil Kilos la relación sería laboral y a partir de ese número, la exclusión de la laboralidad sería absoluta". Para el actor, "encomendar a las normas reglamentarias la definición de qué se entiende por trabajador por cuenta ajena supone una deslegalización de una materia que está vedada por la propia Constitución en su artículo 35.2. A la misma conclusión se llega por el rango constitucional, de derechos fundamentales que tiene las específicas manifestaciones de determinados derechos fundamentales reconocidos a los trabajadores, como son el derecho a la libertad sindical y a la huelga, según el art. 28 de la Constitución, ya que por esta vía se permite que la titularidad de dichos derechos se concrete, respecto de un determinado colectivo, por una norma del poder ejecutivo". Para el recurrente, si la única interpretación posible del precepto fuera la indicada, la única vía posible para eliminar la discriminación sería el planeamiento de cuestión de inconstitucionalidad, refiriéndose al respecto a la planteada por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 14 de noviembre de 1995; pero, a su juicio, la discriminación no se produce "si se considera que dicho artículo tan solo viene a establecer una presunción iuris tantum, de que los servicios prestados por quienes aparecen inmersos en una relación en la que concurren las notas referidas en el art. 1.3.g segundo del E.T. resultan excluidos del ámbito del contrato de trabajo, pero que admitiría una valoración por el Juzgador en el sentido de que a pesar de dichas circunstancias, si concurren las notas típicas del contrato de trabajo, la relación entre las partes se habrá de calificar como laboral". Según el actor, esta interpretación como presunción iuris tantum de no laboralidad, susceptible de destrucción por la prueba en contrario de la laboralidad, es "la única que resulta congruente con el conjunto del artículo 1 de [sic] Estatuto de los Trabajadores, del que el inciso que venimos comentando no es sino un apartado". Para el demandante, "el apartado 3 contiene una enumeración de supuestos que se excluyen del ámbito regulado por dicha Ley, y ... dicha enumeración no es sino concreción del precepto contenido en el inciso 1º, destinado a dar seguridad jurídica acerca del concreto alcance del mismo respecto de determinados supuestos en los que podía ser problemático [sic] la calificación como laboral de la relación existente entre las partes, pero no lleva a cabo, y este [sic] es transcendental, una restricción del concepto que formula el número 1º del artículo. Es decir nos encontramos ante una enumeración simplemente ejemplificativa y que sin duda alguna no es taxativa, como con total claridad establece el inciso g) del apartado 3º del artículo, pero que del mismo modo no es limitativa del precepto contenido en el ordinal primero del artículo". "Cuando el inciso g) del art. 1.3 reitera de nuevo que resulta excluido del ámbito laboral, en general todo trabajo que se efectúe en desarrollo de una relación distinta de la que define el apartado 1 de este artículo, ciertamente no hace sino contener una reiteración, pero también sirve para precisar el exacto alcance de todo el apartado 3), a saber, la ejemplificación de supuestos en los que no concurrirían las notas contenidas en el repetido número 1º del art. 1 del Estatuto". "Por ello [continúa la parte], cuando el inciso segundo del mismo apartado g) contiene la precisión de que 'A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral...' los servicios de los transportistas con vehículo propio, no cabe considerar que está desvirtuando todo el significado del precepto, sino que simplemente de nuevo está precisando otro supuesto en los que se considera que no concurren las notas tipificadoras del contrato de trabajo, pero ello no significa que si se llegara a apreciar que concurren dichas notas, la relación habría de considerarse como laboral. La más elemental interpretación sistemática del art. 1.3 g) impone el considerar que el inciso segundo no es sino una aclaración del concepto general que recoge el apartado 1º del mismo artículo, por lo que si en un supuesto concreto se acreditara que [sic] la concurrencia de los caracteres propios del apartado 1º, habría que sostener el carácter laboral de la relación".
4. Mediante providencia de 16 de septiembre de 1996 la Sección Tercera de este Tribunal acordó, conforme determina el art. 50.5 LOTC, conceder al recurrente un plazo de diez días para que acredite fehacientemente la fecha de notificación a la representación procesal del recurrente de la resolución que puso fin a la vía judicial, previniéndole que de no verificarlo se procederá al archivo de las actuaciones.
5. Mediante providencia de 7 de noviembre de 1996 la Sección Tercera acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y a tenor de los dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm. 3 de Albacete, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio de los autos núm. 49/95, del recurso de suplicación núm. 633/94, del recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3071/95, y para la práctica de los emplazamientos pertinentes.
6. En el escrito registrado el 2 de diciembre de 1996, don José Manuel Villasante García, Procurador de los Tribunales, se persona en las actuaciones en nombre de Repsol Butano, SA.
7. La representación de Repsol Butano, SA., formuló alegaciones por escrito registrado el 27 de diciembre de 1996, interesando la desestimación de la demanda de amparo.
Por lo que hace a la falta de agotamiento de los recursos, se dice que "es criterio sentado por este Alto Tribunal -así el Auto 114/83 (F.J. 2) y Sents. 44/89, de 20 de Febrero (F.J. 1); 162/91, de 18 de Julio (F.J. 1); 9/92, de 16 de Enero (F.J. 5); auto 433/86, de 21 de Mayo (F.J. 2)- el de que no podrán considerarse agotados los recursos utilizables cuando hayan sido interpuestos sin observar los requisitos procesales debidos". Arguye la parte que la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina se fundó en la falta de firmeza de las dos Sentencias aportadas como contradictorias, y afirma que "una mínima diligencia hubiera permitido conocer desde un primer momento la situación procesal de tales resoluciones, siendo así que, por lo que concierne a la sentencia del T.S.J. de Cantabria de 13-3-95, el recurso de casación para unificación de doctrina frente a la misma fue preparado con fecha 31-3-95, mientras que la aquí demandante de amparo preparó el concerniente a la Sentencia de suplicación el 27-7-95, habiendo dispuesto de un período de tiempo harto suficiente para verificar la situación procesal de la referida sentencia de contraste. Otro tanto cabe afirmar respecto de la segunda sentencia de contraste aportada, la dictada en 17-3-95 por el T.S.J. de Castilla- La Mancha en recurso de suplicación 107/95". Para la parte, en la fecha en que se notificó a la recurrente la Sentencia de suplicación, el 19 de julio de 1995, "era ya doctrina jurisprudencial consolidada la exigencia de firmeza de las sentencias invocables como de contraste para permitir la admisibilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina. Así lo afirmaron, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 18-1-94..., 15-2-94..., 15-3-94...., 30-5-94... y 31-9-94"; por lo que, según la parte "solo un deliberado propósito de dilatar artificiosamente el plazo de interposición del recurso de amparo puede explicar la previa presentación del de casación para la unificación de doctrina en la deficiente forma en que éste fue plantado; irremisiblemente conducida a su fracaso".
Por lo que hace a la vulneración del derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la Ley, alegada en la demanda, sostiene la parte demandada, que "no constituye materia susceptible de esta vía de amparo la supuesta discrepancia de las sentencias recurridas con la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo". Para la demandada Repsol, "la única cuestión planteada por la presente demanda susceptible en apariencia de ser objeto del presente recurso... sería la denunciada lesión del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley... referida 'al distinto trato que dispensó la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto de otros litigantes en la misma situación que el ahora demandante de amparo, lo que sería determinante de la existencia de resoluciones judiciales contradictorias dictadas por el mismo órgano en supuestos idénticos, sin que el Tribunal justificase su cambio de criterio'".
En cuanto a la Sentencia de contraste de 17 de marzo de 1995 destaca la parte la diversidad del supuesto de hecho respecto a la recurrida, y en cuanto a la de 5 de julio de 1995, dice la parte que "aun supuesta la igualdad esencial de situaciones ... aquella anterior sentencia en forma alguna cabe considerarla como representativa de una línea doctrinal estable y consolidada del órgano jurisdiccional, cuando éste inicia su enjuiciamiento de la cuestión debatida (FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO) manifestando paladinamente que 'la cuestión que se plantea es, en la fecha, indudablemente controvertida, y aun carente de doctrina unificada'"", aludiendo además al tono dubitativo de su argumentación. Pero es que además, según la parte, "tampoco es apreciable en la resolución recurrida elemento alguno de 'arbitrariedad', 'voluntarismo selectivo', 'finalidad discriminatoria', o 'inaplicabilidad del criterio decisorio a casos semejantes' que constituyen asimismo exigencia adicionales impuestas por la citada doctrina constitucional para configurar una efectiva lesión del derecho a la igualdad con la aplicación de la Ley supuestamente producida a la demandante de amparo. Buena prueba de ello la constituye el hecho de que la ulterior doctrina sentada en casación para la unificación de doctrina antes invocada -y, muy particularmente, la sentencia de 18-7-96, que revoca la utilizada en este recurso de amparo como término de comparación- viene en definitiva a establecer la aplicabilidad de lo dispuesto en el discutido art. 3.1.g) del E.T. a los contratos de transporte concertados con anterioridad a la entrada en vigor de dichos preceptos, criterio coincidente con el sostenido por la sentencia aquí impugnada".
8. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en el escrito de 5 de febrero de 1997, manifiesta el error cometido al solicitar el rollo de suplicación 633/94 en vez del correspondiente a estas actuaciones, que es el 633/95, interesando con suspensión del plazo para formular alegaciones se solicite a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el mencionado recurso de suplicación 633/95. Accediendo a lo interesado se dicta providencia por la Sección Tercera, el 10 de febrero de 1997, y por providencia de 10 de marzo de 1997, la Sección acuerda acusar recibo de las actuaciones interesadas en el anterior proveído, y dar vista de las mismas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por un nuevo plazo común de veinte días, para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
9. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de 9 de abril de 1996, solicitando la denegación del amparo.
Plantea en primer lugar el Fiscal la cuestión atinente al agotamiento de los recursos utilizables por una utilización incorrecta del recurso de casación para la unificación de doctrina, afirmando que "en la jurisprudencia del TC se encuentran supuestos en los que se han equiparado los conceptos de no agotamiento con el de agotamiento defectuoso produciendo idénticos efectos, es decir, la inviabilidad del recurso por inconcurrencia del requisito antedicho", remitiéndose al respecto, con reproducción de su texto, a una providencia de 20 de diciembre de 1993 de inadmisión de recurso de amparo, referida a un caso de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina por incumplimiento del requisito de recoger y expresar la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Según el Fiscal "la casuística hallada en las resoluciones del TC, nos dice que tal defecto insubsanable, ha sido tenido en cuenta en casos de incumplimiento de plazos para recurrir o de, como en el ejemplo puesto, de inexpresión, en la formalización de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción exigida por el art. 222 de la L.P.L. No hay [continúa] en principio razón alguna para que no se entienda comprendido el supuesto precedente. Efectivamente en el mismo, se emprendió el RCUD, en la constancia de que las sentencias de contradicción carecían de firmeza, lo que fue, a la postre, lo que determinó su inadmisión". Se añade que "la diligencia exigible, por otro lado, hay que ponerla en relación con la asistencia de letrado y el conocimiento mismo de las resoluciones que debía haberle llevado a indagar no solo su contenido contradictorio con la recurrida sino la cualidad atinente a su firmeza y a su aptitud global para la comparación pretendida. Desde esta perspectiva, el agotamiento defectuoso por negligencia de la parte debía llevar a la inadmisión del recurso de amparo en la sentencia que se dicte, solución que no es extraña en la nueva jurisprudencia de este TC que la permite no solo en autos sino también en sentencias (STC 318/94)". Mas, pese a lo anterior, el Fiscal afirma que "se podía pensar en que el requisito del agotamiento ha sido cumplido habida cuenta de que no otra cosa se podía exigir a la parte cuando se le invitaba a recurrir en casación desde le propio fallo de la sentencia del TSJ y la posibilidad de que el propio TC hubiera rechazado la demanda de amparo por el mismo defecto, es decir la falta de agotamiento con la consiguiente perplejidad de la parte, que tanto si emprende el recurso de casación como si no lo hace puede ver solapada [sic] su pretensión de fondo. Creemos, en definitiva que la no existencia de una jurisprudencia consolidada sobre el agotamiento defectuoso y los casos que este concepto abarca obliga, en aras del principio 'pro actione', a entender cumplido el requisito y entrar en la lesión de derechos fundamentales 'ad cautelam' para no sustraer a la Sala los argumentos del Fiscal atinentes a esa materia".
10. La representación actora no formuló alegaciones.
11. Por providencia de fecha 13 de enero de 2000, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 de enero siguiente.
1. Tal y como ha quedado detallado en los antecedentes, el objeto del presente recurso de amparo es la impugnación de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 14 de julio de 1995, desestimatoria del recurso de suplicación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Albacete, de 16 de marzo de 1995, en la que se estimó la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la parte demandada frente a la demanda de despido, con la consecuente abstención de la resolución de fondo.
2. Alegada por la empresa Repsol Butano, S.A., la inadmisibilidad del recurso, por la doble razón global indicada, en orden subsidiario, en el antecedente 7, se impone el análisis de los alegados óbices procesales con carácter previo.
3. Rechazados los óbices globales de admisibilidad opuestos por Repsol Butano, S.A., todavía antes de abordar el enjuiciamiento de fondo, deben concretarse sus límites, teniendo en cuenta las objeciones de carácter procesal que esa misma empresa opone a determinados contenidos de la demanda de amparo, y más en concreto la impugnación alusiva a la vulneración del art. 24 CE por falta de invocación de la misma en el proceso de que este amparo trae causa [art. 44.1 c) LOTC].
4. Por lo que hace a la contradicción entre las Sentencias del mismo Tribunal, que dictó la recurrida en amparo, y aun dando por sentada, por su evidencia incontestable, la existencia de la contradicción en la interpretación del art. 1.3 g) LET y en su aplicación a los respectivos casos, no puede aceptarse que en el actual esa contradicción incurra en la vulneración alegada. Debe advertirse que la cuestión sobre la que de modo contradictorio se pronunciaron las dos Sentencias comparadas no era una cuestión pacífica sobre la que el Tribunal sentenciador hubiera adoptado un criterio definitivo. Así lo evidencia la propia observación contenida en la primera de sus Sentencias en el inicio de su fundamento de derecho 2 sobre ese carácter controvertido de la cuestión, y la ausencia de una doctrina unificada. En esas condiciones dicha Sentencia, argüida como término de comparación, solo era exponente de una forma de entender la solución del problema general planteada, susceptible de rectificación ulterior por el propio Tribunal, como se hizo en la Sentencia recurrida.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1447/96.
1. Pese a que como Ponente he expresado el parecer de la Sala, reflejado en la Sentencia, en la medida en que mi personal criterio difería del de la mayoría, haciendo uso de la facultad establecida en el art. 90.2 LOTC, considero oportuno formular mi voto particular, manifestando, sin perjuicio de él, mi respeto hacia los Magistrados que con el suyo han dado lugar a aquélla.
2. Si el voto particular tiene siempre un mero valor testimonial, carente de utilidad práctica, en un caso como el actual, en el que existe una consolidada jurisprudencia que abona la solución del caso, ese significado se acrecienta. Pero, ello no obstante, como mi discrepancia se refiere precisamente a esa jurisprudencia, considero adecuada la oportunidad para razonar críticamente mi discrepancia, con la esperanza escéptica de que mi voto pueda servir de acicate para la revisión de dicha doctrina.
3. Comenzando por lo que he calificado de enfática proclamación del carácter subsidiario del recurso de amparo, nuestra doctrina hace constante apelación a ese carácter, como clave finalística de la explicación de la vía previa, convirtiéndolo en realidad en un prius lógico del requisito procesal del agotamiento de los recursos utilizables dentro de la vía judicial, cuando esa caracterización más que tal prius lógico es una consecuencia del citado requisito. Con tal modo de razonar se invierte en realidad el orden lógico de los elementos en juego, convirtiendo lo que debiera ser un sencillo problema de constatación de un cumplimiento de un requisito legal preciso, en algo mucho más evanescente e impreciso, como es el análisis de si se ha respetado, o no, el carácter subsidiario del recurso de amparo, introduciendo además para esta última ponderación elementos subjetivos de cómputo, que acaban difuminando la claridad de líneas del requisito, e incluso su mismo sentido y funcionalidad.
4. Me refería más atrás a la existencia de una marcada incoherencia entre la proclamada subsidiariedad del recurso de amparo y la laxitud en el control del agotamiento de la vía previa.
5. Mi discrepancia con la doctrina aplicada en la Sentencia respecto de la flexibilidad en el control del cumplimiento de los requisitos procesales sobre el agotamiento de la vía previa, y sobre la tempestividad del recurso tiene como objeto especial de crítica la utilización de criterios subjetivistas donde, a mi juicio, debiéramos atenernos al estricto objetivismo de la norma procesal. No creo que ese objetivismo responda a un vacuo ritualismo o formalismo enervante, contrarios a la tutela judicial efectiva, sino que es modo de respeto estricto de la legalidad, vehículo de certeza de su observancia, y garantía, en suma, de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE); ello sin olvidar que desde el prisma conceptual de la tutela judicial efectiva todo lo que sea flexibilidad en la exigencia de los requisitos que gravan la posición de una parte opera en perjuicio de la otra parte del proceso a quo, cuyo derecho a la estabilidad de los resultados procesales obtenidos en él tiene la misma conexión con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva que el derecho a los recursos de la parte contraria.
6. La conclusión de las reservas críticas expresadas respecto de la doctrina jurisprudencial que en su aplicación al caso constituye la fundamentación de la Sentencia de la que disiento, no es otra que la adelantada desde el principio, de entender que debía haber prosperado la impugnación global de Repsol Butano S.A. respecto de la admisibilidad del recurso. En tal sentido, el planteamiento de dicha empresa lo considero de impecable rigor procesal. Si se parte de la idoneidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, como vía judicial previa al amparo, el hecho de que las Sentencias de contraste aducidas en él no fuesen firmes, suponía el incumplimiento de un requisito procesal de consolidada consagración jurisprudencial en el momento de su interposición, imponiéndose la aceptación por nuestra parte de la interpretación contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo acerca de ese requisito, si respetamos el papel constitucionalmente atribuido a dicho Tribunal en el art. 123.1 CE, y el valor de su jurisprudencia como complemento del ordenamiento jurídico, establecido en el art. 1.6 CC, como, por lo demás, hemos hecho ya en relación con la exigencia de ese requisito en la STC 132/1995. Para el hipotético caso de que esa jurisprudencia y su aplicación al de autos pudiera considerarse contraria al derecho de tutela judicial efectiva, rechazable de partida por la simple alusión a la Sentencia que acabamos de citar, el mínimo inexcusable era que la Sentencia de dicho Tribunal Supremo hubiera sido recurrida en amparo, lo que no se ha hecho; de ahí que sea contrario a la lógica procesal que simultáneamente se consienta la Sentencia que considera que el recurso no cumplió con los requisitos procesales exigibles, y que, sin embargo, se parta en la nuestra del adecuado agotamiento de la vía previa.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 1447-1996
Promovido por don Antonio Muñoz Navarro frente al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Juzgado de lo Social núm. 3 de Albacete que declararon la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de la acción de despido.
-La cuestión sobre la que de modo contradictorio se pronunciaron las dos Sentencias comparadas no era una cuestión pacífica sobre la que el Tribunal sentenciador hubiera adoptado un criterio definitivo. Ello sentado, no cabe afirmar que la Sentencia recurrida, con la expresión innegable de un razonamiento para la fundamentación, incurriese en arbitrariedad, o en un voluntarismo selectivo o solución de caso único, ajena a la doctrina general y consolidada de la Sala, que es cuando nuestra jurisprudencia entiende que se produce la vulneración del principio de igualdad (SSTC 98/1987) [FJ 4].
-Jurisprudencia sobre objeciones procesales a las demandas de amparo, vinculadas a la interposición defectuosa del recurso de casación para la unificación de doctrina (STC 126/1994) o a su falta de interposición (STC 337/1993) [FJ 2].
Al enjuiciar el carácter manifiestamente improcedente de un recurso desde la perspectiva del art. 44.1 a) LOTC, las exigencias del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) han de armonizarse con el respeto al pleno contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Lo que conduce a una aplicación restrictiva del recurso improcedente a los efectos del art. 44.1 a) LOTC, circunscribiéndola a los casos en los que tal improcedencia derive de manera terminante, clara e inequívoca del propio texto legal, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad (SSTC 224/1992, 122/1996) [FJ 2].
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), f. 2, VP
Artículo 44.2, VP
Artículo 1.3 g) (redactado por la Ley 11/1994, de 19 de mayo), ff. 1, 4, VP
Relaciones laborales preexistentesRelaciones laborales preexistentes, f. 4
TransportistasTransportistas, f. 4

References: Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 9

Artículo 44

Artículo 1