Source: https://es.scribd.com/document/378467715/Codigo-de-Notariado
Timestamp: 2020-08-10 19:52:09+00:00

Document:
Decreto Numero 314: El Congreso De La Republica De Guatemala, Considerando | Voluntad y testamento | Justicia
Decreto Numero 314: El Congreso De La Republica De Guatemala, Considerando
guardarGuardar Código de Notariado para más tarde
Aprueban_Reglamento Testam y Suc Intest (Rectific de Nombre)
001846 Cp 5 2008 Ce Mpmn Bases Integradas
Articulo Abogada Lexis Bien Morir
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INFILE - DECRETO DEL CONGRESO 314
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Que se hace necesaria la reforma de la actual Ley de Notariado, toda vez que contiene disposiciones que son
rémora para la libre y pronta contratación;
Que es imperativo modernizar los preceptos de la referida ley, y unificar en un solo cuerpo claro y congruente todas
las disposiciones que se refieren a la actividad notarial;
El Notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por
disposición de la ley o a requerimiento de parte.
1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar, y domiciliado en la República, salvo lo
dispuesto en el inciso 2o. del artículo 6o.
3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, y la firma y
sello que usará con el nombre y apellidos usuales.
https://leyes.infile.com/visualizador2/index.php?id=21268#0
Tienen impedimento para ejercer el notariado:
1. Los civilmente incapaces;
2. Los toxicómanos y ebrios habituales;
3. Los ciegos, sordos o mudos, y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les
impida el correcto desempeño de su cometido; y
4. Los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa,
quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos
de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código
ARTICULO 4.*
No pueden ejercer el notariado:
1. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4o. del
2. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción;
3. Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y Judicial y de las municipalidades que
devenguen sueldos del Estado o del municipio y el Presidente del Congreso de la República;
4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil, o más, con las obligaciones que
impone el artículo 37 de este Código. Los Notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los
testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este Código, a efecto de subsanar
* Adicionado el inciso 4., por el Artículo 1, del Decreto Ley Número (index.php?id=21273#2)35-84
(https://leyes.infile.com/visualizador2/index.php?id=21273) el 01-05-1984
Pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2º y 3º del articulo anterior:
1. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado;
2. Los abogados consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones
técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo;
Los miembros del Tribunal de Conflictos de jurisdicción;
Los miembros de las Corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto
Los miembros de las Juntas de Conciliación de los Tribunales de Arbitraje y de las Comisiones
Paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las Juntas Electorales y de los
Jurados de Imprenta.
* Reformado el inciso 2., por el Artículo 1, del Decreto Ley Número 172 el 08-02-1964 (index.php?
id=21265#1)
* Suprimido el inciso 5., por el Artículo 2, del Decreto Ley Número 172 el 08-02-1964 (index.php?
id=21265#2)
Pueden también ejercer el notariado:
Los jueces de Primera Instancia, en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil,
que habiéndolo estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán
constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la
inexactitud del motivo de su actuación como notario, no anula el documento, pero sí obliga al Juez al
pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La
multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales;
2. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior, que
sean notarios hábiles conforme esta ley; y
3. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que
no podrán ejercer con carácter particular.
Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate.
El Protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley.
Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en
papel sellado especial para protocolos.
Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio, el papel para protocolo, en
lotes de veinticinco pliegos, por lo menos, guardando en éstos el orden correlativo. Dichas oficinas
anotarán la venta en un libro de registro, en el que se consignarán la serie y los números del papel, y el
nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí, o por encargo de otro notario.
El protocolo del Escribano del Gobierno, los agentes diplomáticos y consulares, y los testimonios e
índices respectivos, se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal
ARTICULO 11.*
Los Notarios pagarán en la Tesorería del Organismo Judicial cincuenta quetzales (Q 50.00), cada año,
por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto, se destinarán a
la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los Notarios al Archivo General y a la
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso Número 131-96 el 21-12-1996 (index.php?
id=21263#2)
El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre, o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha; el número de documentos públicos autorizados; razones de legalización de firmas y actas de protocolación; número de folios de que se compone; observaciones, si las hubiere; y la firma del notario.
En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes:
1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera
legible y sin abreviaturas;
2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal, y se escribirán uno a continuación de otro, por
riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento, solo el espacio necesario para las
3. El protocolo llevará foliación cardinal, escrita en cifras;
4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades, se expresarán con letras. En caso
de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras;
5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban, se copiarán
6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para a intercalación de
documentos que se protocolen; o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie; y
7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea
firmado el instrumento.
Serán nulas las adiciones, entrerrenglonaduras y testados, si no se salvan al final del documento y
antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas.
El índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él, y contendrá
en columnas separadas:
1. El número de orden del Instrumento;
2. El lugar y la fecha de su otorgamiento;
3. Los nombres, de los otorgantes;
4. El objeto del instrumento; y
5. El folio en que principia.
En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas.
El índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes.
El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo, los atestados referentes a los
instrumentos que autorice, si no hubieren sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el
El notario mandará a empastar el protocolo dentro de los treinta días siguientes a su cierre.
El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación.
El protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por esta ley.
Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, sólo el Inspector de Protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial.
Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues sólo a ellos corresponde ese derecho.
Si el notario se negare a exhibir la escritura, el Juez de Primera Instancia de su jurisdicción, previa audiencia por veinticuatro horas, que dará al notario, dictará la resolución que corresponda.
Los albaceas, herederos o parientes, o cualquiera otra persona que tuviere en su poder el protocolo de
un notario fallecido, lo depositará dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento, en el Archivo
General de Protocolos, si se encontrare en la capital, o dentro del mismo plazo en el Juez de Primera
Instancia o alcalde municipal, si estuviere en una cabecera departamental o municipio,
respectivamente. En estos casos el Juez de Primera Instancia o el Alcalde municipal, lo remitirá dentro
de los ocho días siguientes a su depósito al referido archivo.
El registrador civil al asentar la partida de defunción de un notario, si ésta ocurriere en la capital, dará
inmediatamente aviso al Director del Archivo General de Protocolos, y si ocurriere en un departamento,
al Juez de Primera Instancia jurisdiccional, a efecto de que puedan, según el caso, exigir el
cumplimiento del artículo anterior.
En caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el
Juez de Primera Instancia jurisdiccional a requerimiento del Director del Archivo General, o de oficio,
hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega.
El notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para cartular, deberá entregar su protocolo al
Archivo General en la capital y al Juez de Primera Instancia en los departamentos, quien lo remitirá
dentro de los ocho días siguientes al referido archivo. También podrá el notario hacer entrega de su
protocolo al Archivo General si así lo deseare.
ARTICULO 27. *
El Notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año, deberá entregar su Protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y, en los departamentos, al Juez de Primera Instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del Notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro Notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos Notarios al Director del Archivo General de Protocolos en la capital, o a un Juez de Primera Instancia del domicilio del
Notario, cuando no lo tenga en el Departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos, dentro del término de ocho días. El aviso indicará el nombre y dirección del Notario en que quede depositado el Protocolo.
El Notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite, los informes que le sean requeridos, en relación al protocolo depositado.
La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos, o el Juez de Primera
Instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al Notario, salir del país.
La Dirección General de Migración tendrá una nómina de Notarios en ejercicio, que le Proporcionará y
mantendrá al día el Director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente.
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso Número 62-86 el 07-11-1986 (index.php?
id=21270#2)
Los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante, al
cesar la causa del depósito.
Los instrumentos públicos contendrán:
1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento;
2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de
los otorgantes;
3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, y dé que los
comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles;
4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio de la cédula de
vecindad o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente;
5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal
de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y Funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio, para el acto o contrato;
6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual de ser
posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él, un testigo;
La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato;
8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda, según la naturaleza del
acto o contrato;
9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario, sean pertinentes,
cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o preceda de diligencias
10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación;
11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar
el testimonio a los registros respectivos; y
12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida
de las palabras "Ante mí". Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de
su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificará el notario firmando por él un testigo, y si
fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo, por cada parte o
grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante pondrá antes de
firmar, la expresión: "Por mí y ante mí".
En todo acto o contrato el otorgante que se obligue hará constar, de manera expresa, si sobre los
bienes que motivan el acto o contrato, existen o no gravámenes o limitaciones, cuando éstos puedan
afectar los derechos del otro otorgante; y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran
si así no lo hicieren.
Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos:
1. El lugar y fecha del otorgamiento;
2. El nombre y apellido o apellidos de los otorgantes;
3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de
quien comparezca en nombre de otro;
4. La intervención de intérprete, cuando el otorgante ignore el español;
5. La relación del acto o contrato con sus modalidades; y
6. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato, o la impresión digital en su caso;
La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos, da acción a la parte interesada
para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de cuatro años, contados desde
la fecha de su otorgamiento.
La omisión de las formalidades no esenciales, hace que incurra el notario en una multa de cinco a
cincuenta quetzales según el caso.
No es preciso que el notario exprese que da fe, en cada cláusula escrituraria, de la estipulación que
contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere; es
suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público, que da fe de todo lo
Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del
instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la
causa de nulidad.
El notario pondrá al margen de la escritura matriz, razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda; y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación, en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado.
ARTICULO 37. *
El notario y los jueces de 1ª. Instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones:
a) Remitir al Director del Archivo General de Protocolos, dentro de los veinticinco días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala, el Notario podrá entregar dichos testimonios al Juez de 1ª. Instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el Notario, expresando en la misma, el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido;
b) Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, y ante la misma dependencia de la Corte
Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos
públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel
sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado;
c) Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos, o a los Jueces de Primera Instancia, en su caso,
dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel
sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o
cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda.
Al finalizar el término a que se refiere la literal c) de este artículo, el Director del Archivo General de
Protocolos publicará dentro de los diez días hábiles siguientes a dicho vencimiento, en el Diario Oficial
y en otro de los de mayor circulación en el país, la lista de los Notarios que no hayan enviado la
totalidad de los testimonios especiales, y los avisos a que se refieren las literales b) y c) del presente
artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente las listas de los Notarios que permanezcan o
incurran en esa situación.
Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este Código, no se venderá papel de
protocolo ni especies fiscales al Notario que haya dejado de enviar, durante un trimestre del año civil, la
totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos, al Archivo General de
Protocolos, o a los Jueces de Primera Instancia, en su caso. Para tal efecto, el Director de dicha
dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas, con copia a sus delegaciones
departamentales, una lista de los Notarios que hayan incurrido en tal omisión, una vez vencido el
término previsto en el inciso c) de este artículo. El Notario a quien se le hubiere incluido en la lista
referida quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión,
establecido en el inciso 4o. del artículo 4o. del Código de Notariado, tal y como aparece modificado por
la presente ley; empero una vez subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al Director
del Archivo General de Protocolos que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso,
hará la comunicación a las dependencias respectivas.
Los empleados de la Dirección General de Rentas Internas o de sus delegaciones departamentales, que vendan papel de protocolo y especies fiscales a los Notarios comprendidos en la lista a que se refiere el párrafo anterior, incurrirán en las sanciones que se prevé para el caso de que se venda especies fiscales a personas no patentadas.
El Colegio de Abogados de Guatemala podrá designar a su costa el personal que se considere necesario, para que verifique en el Archivo General de Protocolos, el correcto y exacto pago del timbre notarial en los testimonios especiales y colabore, bajo las órdenes del Director de dicha dependencia, en cualquier labor que tienda al cumplimiento de esta ley y de cualquier otra norma legal o reglamentaria, relativo al Plan de Prestaciones del Colegio de Abogados.
El Director del Archivo General de Protocolos microfotografiará los testimonios especiales a que se refiere este artículo con excepción de los entregados en plica.
Las microfotografías referidas tendrán los mismos efectos legales que los testimonios especiales reproducidos.
La Corte Suprema de Justicia reglamentará la forma y requisitos que deben llenar las microfotografías
los demás aspectos de aplicación del sistema microfotográfico por el Archivo General de Protocolos.
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso Número 15-72 [v] el 26-06-1972 (index.php?
id=21264#7)
* Reformado por el Artículo 6, del Decreto Del Congreso Número 38-74 [v] el 13-06-1974 (index.php?
id=24019#7)
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso Número 29-75 [v] el 10-06-1975 (index.php?
id=24018#3)
(index.php?id=21273#3)35-84
ARTICULO 38. *
Con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago
del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles (Alcabala), los notarios al intervenir en las
escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto deberán, dentro del
término de 15 días de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de
Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y las Municipalidades respectivas y además, cumplir con las
a) En los contratos de enajenación:
Llenar y presentar el formulario correspondiente, el cual servirá de aviso de la enajenación. Dicho
formulario indicará:
1) Nombre de los contribuyentes;
2) Números de cédulas de vecindad de los mismos;
3) Domicilio fiscal de los otorgantes;
4) Números de identificación tributaria, si lo tuvieren;
5) Inmueble objeto del contrato;
6) Número de inscripción en el Registro de la Propiedad, si lo tuviere;
7) Número de la matrícula fiscal;
8) Ubicación y superficie del inmueble, indicada en unidades del sistema métrico decimal; y,
9) Valor de la enajenación.
b) En los actos de donación de bienes inmuebles:
1) Nombres del donante y donatario;
2) Números de las cédulas de vecindad;
4) Números de identificación tributaria (NIT);
5) Relación de parentesco que tuvieren entre sí, los otorgantes;
6) Valor de la donación.
c) En los actos o contratos de unificación de inmuebles y de cualesquiera otros que no estén
afectos al pago del impuesto:
1) Fecha del acto o contrato;
2) Nombres de los otorgantes;
3) Números de sus cédulas de vecindad;
4) Domicilio fiscal;
5) Números de identificación tributaria (NIT);
6) Descripción de los inmuebles unificados, con indicación de ubicación;
7) Superficie, en unidades del sistema métrico decimal;
8) Número de matrícula fiscal;
9) Datos que identifican la finca unificada;
10) Número de inscripción de la finca unificada en el Registro de la Propiedad.
d) En los casos de desmembración de inmuebles:
En los casos que se formen fincas por división de otros inmuebles, deberán informar a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) los datos indicados en los incisos precedentes que fueren pertinentes y que correspondan a las nuevas fincas, dentro del término de 15 días en que se inscriba la desmembración en el Registro de la Propiedad, aportando los planos de distribución del terreno y en su caso, de la distribución del inmueble, terreno y construcción.
Los notarios que dejaren de remitir los formularios y avisos que se mencionan en este artículo, serán sancionados con multa pecuniaria administrativa, además de las establecidas en este Código
* Reformado por el Artículo 47, del Decreto Del Congreso Número 62-87[derogado] el 08-10-1987
(index.php?id=21458#59)
ARTICULO 39. *
* Derogado por el Artículo 48, del Decreto Del Congreso Número 62-87[derogado] el 08-10-1987
(index.php?id=21458#60)
La Oficina de la Matrícula Fiscal, al recibir aviso del notario de la enajenación de un inmueble que no
estuviere declarado, procederá a abrir la matrícula correspondiente, llenando los requisitos legales,
dentro de un plazo que no excederá de quince días. En este caso el plazo para pagar la alcabala
empieza a contarse a partir de la fecha en que la matrícula quede abierta.
Los expedientes y libros de la matrícula son públicos y no se cobrará por su consulta.
FORMALIDADES ESPECIALES PARA TESTAMENTOS Y OTRAS
La escritura pública de testamento además de las formalidades generales, contendrá las especiales
1. La hora y sitio en que se otorga el testamento;
2. La nacionalidad del testador;
3. La presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige esta ley;
4. Fe de la capacidad mental del testador, a juicio del notario;
5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad;
6. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija; y se averigüe
al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad;
7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan dos intérpretes elegidos por él mismo
para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas;
Que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario, firmen el testamento en el mismo
9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo
más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales.
Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el
En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las
consignadas en el artículo 31, las siguientes:
1. La hora en que se otorgan;
2. La presencia de dos testigos;
3. La expresión por el testador, de su última voluntad;
4. La lectura del testamento o de la donación en su caso; y
5. Las firmas del otorgante o su impresión digital, en su caso; de los testigos y del notario, y de los
intérpretes, si los hubiere.
El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al Registrador de la Propiedad Inmueble, por escrito, en papel sellado del menor valor, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1143 del Código Civil bajo pena de veinticinco quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles.
La multa será impuesta por el Juez de Primera Instancia bajo cuya jurisdicción se hallare el Registro y se aplicará a los fondos judiciales.
La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrá los siguientes:
1. Clase y objeto de la sociedad, expresando las negociaciones sobre las cuales versará su giro;
2. Razón Social;
3. Nombre de la sociedad, si lo tuviere;
4. Domicilio de la misma;
5. Capital social y la parte que aporta cada socio sea en dinero, en cualquiera otra clase de bienes o en
industria personal; el valor que se le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio, en caso que
no se les hubiere asignado valor alguno;
6. Según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la administrarán y
7. Parte de beneficios o pérdidas que se le asignen a cada socio, fecha y forma de su distribución;
8. Duración de la sociedad;
9. Casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento;
10. Las épocas fijas en que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones
sociales y proyecto de distribución de utilidades;
11. Bases sobre las cuales debe hacerse la liquidación y división del haber social;
12. Cómo se formará la mayoría en los casos en que los socios tengan derecho a votar;
13. Cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales, según la
naturaleza de la sociedad;
14. Si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de árbitros
y, en su caso, la forma en que se hará el nombramiento; y
15. Los demás pactos que convengan los socios.
La escritura pública de constitución de sociedad anónima, además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberá contener los siguientes:
1. Los nombres, generales y domicilios de los socios fundadores;
2. La enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio de que toma su denominación;
3. El capital de la compañía, el número, valores y clases de las acciones en que se divide, las
preferencias en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones, si las hubiere; las primas que se estipularen en caso de redención y la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja social;
4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la parte que esté
efectivamente pagada;
5. La forma de la administración, las facultades de los administradores; la manera de nombrarlos y las
atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas;
6. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la junta general de accionistas;
7. La época fija en que debe formarse el inventario, el balance de inventario o cuadro del estado
financiero y acordarse los dividendos;
8. La parte de las utilidades que se destinan para formar el fondo de reserva; y
9. El tanto por ciento de pérdida del capital social que debe causar la disolución de la sociedad antes
del vencimiento de su plazo.
La escritura de sociedad en comandita debe contener, además de los requisitos generales de la
escritura de sociedad, los siguientes:
1. La comparecencia, como otorgantes, de los socios gestores y de los comanditarios fundadores;
2. El capital social y la parte que aporte cada socio; y si fuere por acciones, el número, serie y valor de
cada acción;
3. La parte de capital efectivamente pagada y la forma y plazo en que los comanditarios deberán
enterar el resto en las cajas de la sociedad; y
La escritura en que se constituye hipoteca de cédulas deberá contener los siguientes requisitos:
1. El valor total del crédito que garantiza la hipoteca y el monto de cada serie, si se emitieren varias;
2. El valor y numeración que correspondan a las cédulas de cada serie;
3. El tipo dé interés, el tiempo y lugar del pago;
4. La moneda en que se hace la emisión y la especie en que las cédulas serán redimidas;
5. El plazo para redención del capital adeudado o los plazos sucesivos en el caso de hacerse
amortización gradual;
6. Designación de la finca hipotecada, su ubicación municipal y naturaleza de sus productos y frutos;
7. El valor del inmueble consignado en la matrícula de bienes afectos a la contribución del tres por
8. La designación del fideicomisario, en caso de que fuere necesario tal nombramiento;
9. El nombre de la persona natural o jurídica encargada de hacer el servicio de la deuda; pago de
intereses, comisiones y amortizaciones;
10. El nombre de la persona o personas a cuyo favor se hace la emisión, en caso de que no lo fuere al
portador o a favor del propio otorgante;
11. La especificación de las emisiones anteriores, si las hubiere; y
12. El orden de preferencia para su pago, si la emisión se dividiere en series.
ARTICULO 50.*
*Derogado por el numeral b) del Artículo 27, del Decreto Del Congreso Número (index.php?
id=77365#29)4-2018 (https://leyes.infile.com/visualizador2/index.php?id=77365) el 07-04-2018
(https://leyes.infile.com/visualizador2/index.php?id=77365)
El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley.
Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales.
5. Los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego, cuando no sepan hacerlo y
no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte.
ARTICULO 54. *
Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo,
podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos
análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el
caso, en presencia del Notario autorizante.
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso Número 28-87 el 10-06-1987 (index.php?
id=21262#2)
ARTICULO 55.*
El Acta de Legalización contendrá:
a) Cuando sea de firmas: El lugar y la fecha; los nombres de los signatarios; su identificación por
medios establecidos en el inciso 4o. del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el Notario; fe de que las firmas son auténticas; firmas de los signatarios; y las firmas de los testigos, si las hubiere;
b) Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos
análogos: El lugar y la fecha; fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el Notario.
En ambos casos el acta deberá llevar la firma y el sello de Notario procedidas, en el primer caso de las palabras: "ante mí" y en el segundo caso de las palabras: "por mí y ante mí".
* Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso Número 28-87 el 10-06-1987 (index.php?
id=21262#3)
Si la firma hubiere sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiere firmar,
ambas comparecerán al acto; para el caso de reconocimiento, será suficiente la concurrencia del
obligado, lo que hará constar el notario. La persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su
impresión digital al pie del acta.
La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento ni de la capacidad ni personería de los
signatarios o firmantes.
El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la en que se encuentre suscrita el acta de
auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia.
Si el acta de auténtica se escribiere en hoja independiente del documento, se hará relación de ésta en
De cada acta de legalización el Notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que
no excederá de ocho días, haciendo constar:
Nombre y apellidos de los signatarios;
Descripción breve y substancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se
legalizan, con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén
escritos, tanto el documento, como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén
Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas
únicamente por el notario.
El notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte,
levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le
El notario hará constar en el acta notarial: el lugar, fecha y hora de la diligencia; el nombre de la
persona que lo ha requerido; los nombres de las personas que además intervengan en el acto; la
relación circunstanciada de la diligencia; y el valor y número de orden del papel sellado en que estén
extendidas las hojas anteriores a la última.
En los protestos, inventarios y diligencias Judiciales, observará las disposiciones especiales
determinadas por la ley, para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos.
El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial.
Podrán protocolarse:
1. Los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente;
2. Los documentos privados cuyas firmas hubieren sido previamente legalizadas; y
3. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas.
En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí; en los casos del inciso 2 bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento y en los casos del inciso 3 es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento.
El acta de protocolación contendrá:
2. El lugar y la fecha;
3. Los nombres de los solicitantes, o transcripción en su caso, del mandato judicial;
4. Mención del documento o diligencia, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa
en el protocolo, según la foliación, y los números que correspondan a la primera y última hojas; y
5. La firma de los solicitantes, en su caso, y la del Notario.
Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias
relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos
anteriores y hará las veces de acta.
Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, o del acta de
protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente, y sellada y firmada por el notario
autorizante o por el que deba substituirlo, de conformidad con la presente ley.
Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante; por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo.
Los testimonios también podrán extenderse:
a) Mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita; y
b) Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado, en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos.
El Director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos
contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo, a solicitud verbal de cualquier persona, a
excepción de los actos de última voluntad de acuerdo con el artículo 75; y si éste no pudiere por
cualquier causa, lo hará el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, o el Notario que el Presidente
del Organismo Judicial designe para el caso.
Para que las escrituras de enajenación de bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes sobre los
mismos, puedan ser inscritas en el Registro de la Propiedad inmueble, es requisito indispensable que
en el testimonio respectivo se inserten las constancias de solvencia del impuesto territorial del tres Por
millar y de los impuestos municipales, o los recibos que acrediten el pago por el último trimestre, y las
constancias del pago de alcabala o del impuesto hereditario o de donación, en su caso, o que se
acompañen al testimonio dichos atestados originales.
Con el testimonio de la escritura deberá presentarse al Registro de la Propiedad Inmueble un duplicado
en papel sellado del menor valor, claramente legible, y que podrá extenderse a papel carbón.
Las hojas del Testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento
se indicará el número de hojas de que compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha
en que se compulse.
Los documentos o diligencias protocoladas se considerarán como parte de las escrituras respectivas, y en consecuencia, se insertarán en el testimonio. Si el documento protocolado contuviere un plano, el testimonio se acompañará, además de una copia del mismo, certificada, con una razón sellada y firmada por el notario, en que se hará constar su identidad.
Si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare, y si lo extendiere un Notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia.
El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos
o cesionarios, o a cualquier persona que lo solicite.
Si el Notario se negare a extender testimonio, el Juez de Primera instancia, previa audiencia que le
dará por Veinticuatro horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la
resolución que proceda; y si ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el Notario no
la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al Notario que ha
Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá
extenderse testimonio o copia del instrumento.
No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos y
honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio,
conforme arancel.
Al notario le es prohibido:
1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma: 'Por mí y ante mí', los instrumentos siguientes:
a) Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos;
b) Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones;
c) La substitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos, cuando estuviere autorizado
d) Los actos en que le resulten sólo obligaciones y no derecho alguno; y
e) Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único, enmendar errores u
omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo
2. Si fuere Juez de Primera Instancia facultado para cartular, Secretario de los Tribunales de Justicia o
Procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo;
3. Extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio,
solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente;
4. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquéllos hubieren
sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren; y
5. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia.
ARTICULO 78.*
Al Archivo General de Protocolos dependencia de la presidencia del Organismo Judicial, le
corresponde registrar los mandatos judiciales, recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de
jurisdicción voluntaria, los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los
Notarios del país y los protocolos que en él se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del
Notario respectivo.
Será dirigido por un Notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de la profesión y que haya
ejercido la misma por un período no menor de cinco años. Llevará el título de Director del Archivo
General de Protocolos, y será nombrado por el Presidente del Organismo Judicial.
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso Número 68-97 el 25-10-1997 (index.php?
id=21271#1)
El Director del Archivo, al tomar posesión de su cargo, recibirá por inventario los protocolos, libros y demás documentos del archivo y levantará un acta en la que se hará constar todo lo relativo a la entrega y recepción del cargo, que será suscrita por el Director saliente y el entrante, y de la que se remitirá copia a la Corte Suprema de Justicia.
Los inventarios del Archivo contendrán la relación de todos los documentos que obren en el mismo, y
respecto a los protocolos, la indicación del número de éstos, folios de cada volumen, años que
comprendan y el nombre del notario autorizante.
El Director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes:
1. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal
2. Practicar la inspección de los protocolos de los notarios que residan en la capital y en los municipios
del departamento de Guatemala;
3. Exigir la entrega de los protocolos de conformidad y en los casos establecidos por esta ley;
4. Guardar y conservar bajo su responsabilidad los protocolos, libros de actas y de inventarios, los
avisos notariales y demás documentos del archivo;
5. Rendir a los tribunales los informes que le pidieren relativos a los documentos del Archivo;
6. Cuidar de que los índices, testimonios especiales y avisos notariales sean empastados, con la
separación debida;
7. Extender recibo de todos los documentos y avisos que reciba de los notarios, en la misma fecha de
su recepción;
8. Registrar los poderes y toda modificación o revocatoria de los mismos, en riguroso orden cronológico, para lo cual llevará un libro especial;
9. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo, las modificaciones que sufran y de las
cuales tenga conocimiento por aviso del notario y autorizante.
Tal anotación deberá incluirse en los testimonios que se extiendan con posterioridad
10. No permitir que sean extraídos, aún con orden de autoridad judicial, los protocolos, testimonios y documentos del archivo. Si la autoridad, cualquiera que fuere, tuviere que practicar alguna diligencia, la verificará en el propio archivo, a presencia del Director, el cual firmará el acta que se levantare;
11. Dar parte a la Corte Suprema de Justicia de cada infracción al artículo 37, así como de las demás faltas en que incurrieren los notarios por la inobservancia de esta ley, y de las irregularidades que encontrare en los protocolos que inspeccionare y revisare;
12. Poner la razón de cierre y elaborar el índice respectivo en aquellos protocolos que fueren entregados al archivo, y en los cuales el Notario no haya podido satisfacer ese requisito, por causa justificada;
El Archivo es público. El Director permitirá sin cobro alguno, a cualquier persona que lo solicite, la
consulta de cualquier escritura o documento, dentro de la misma oficina así como que tome los datos y
notas que desee. Si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, de personas no
fallecidas, sólo podrán ser exhibidos a los otorgantes, comprobando su identidad, y el notario
Para el cobro de gastos y honorarios se ajustará el director al arancel de notarios. Los honorarios se
enterarán en la Tesorería de Fondos de Justicia con destino al pago mensual del sueldo del Director y
empleados del Archivo y de los gastos de oficina.
INSPECCION DE PROTOCOLOS
ARTICULO 84.*
En la capital, el Director del Archivo General de Protocolos, y en los departamentos los Jueces de
Primera Instancia, tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. En los departamentos
en que hubiere varios Jueces de Primera Instancia, la inspección y revisión corresponderá a todos
conforme distribución que hará la Corte Suprema de Justicia.
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Organismo Judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el departamento de Guatemala, como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios así nombrados, con el Organismo Judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.
* Adicionado el último párrafo por el Artículo 1, del Decreto Ley Número 113-83 el 28-09-1983
(index.php?id=21272#2)
La inspección y revisión tiene por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en esta ley.
ARTICULO 86. *
La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte
Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus
comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia.
Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el
funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión, lo hará del conocimiento
del Juez de Primera Instancia correspondiente, quien previa audiencia que dará al notario por
veinticuatro horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa, dictará, dentro de
las veinticuatro horas siguientes, la resolución que proceda; y si ella fuere en el sentido de que el
notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará, bajo apercibimiento de la ocupación
y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto
podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la inspección y revisión en
presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y
remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere.
Si en el departamento solamente hubiere un Juez de Primera Instancia y fuere éste el encargado de la
inspección y revisión, acudirá al Juez de Primera Instancia más accesible para los efectos de las
diligencias a que se refiere el párrafo que antecede.
Cualquier retardo de un Juez de Primera Instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen
según los párrafos anteriores, deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia.
El notario que, por su incumplimiento o negativa, diere lugar a que se decreten la ocupación o
extracción del protocolo como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales,
tanto por su desobediencia, como por su condición de depositario del protocolo, sin perjuicio de
cualesquiera otras que fueren pertinentes, de conformidad con la ley. Para la deducción de tales
responsabilidades, el Juez de Primera Instancia correspondiente, o, en su caso, la Corte Suprema de
Justicia, deberán, sin demora, certificar lo conducente al tribunal penal que corresponda.
* Adicionados los últimos 4 por el Artículo 2, del Decreto Ley Número 113-83 el 28-09-1983 (index.php?
id=21272#3)
El funcionario que practicare la inspección y revisión, levantará un acta en el libro respectivo, en la que hará constar si se llenaron o no en el protocolo los requisitos formales, las observaciones e indicaciones que hubiere hecho el Notario y las explicaciones que al respecto diere éste.
Si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario, resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dictare la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad.
Las resoluciones que se dicten con motivo de la inspección y revisión de protocolos, no prejuzgan
sobre la validez de los instrumentos públicos.
REPOSICION DE PROTOCOLOS
El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al Juez de
Primera Instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Las personas que, según el Código
de Procedimientos Penales, pueden denunciar un delito público, tienen también derecho de poner en
conocimiento del Juez, el hecho que haga necesaria la reposición del protocolo.
El Juez instruirá la averiguación que corresponde, terminada la cual resolverá declarando procedente
la reposición, y en caso de delito, mandará que se abra procedimiento criminal contra los presuntos
Declarada procedente la reposición, el Juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia, copias de los testimonios enviados por el notario, correspondientes al protocolo que deba reponerse, las cuales servirán para la reposición. En caso que dichos testimonios no existieren en el Archivo de Protocolos por cualquier motivo, se pedirán las copias que hubieren en el Registro de la Propiedad Inmueble y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. La citación se hará por avisos que se publicarán tres veces durante un mes en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en la localidad. Si existiere el testimonio del índice del protocolo, que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes.
Si no fuere posible la presentación de testimonios o copias legalizadas y las escrituras hubieren sido registradas, el Juez pedirá certificación de las partidas del Registro de la Propiedad Inmueble o de los duplicados que en él existan.
Si aún faltaren por reponer algunas escrituras, el Juez citará de nuevo a los interesados, para
consignar, en acta, los puntos que tales escrituras contenían.
En caso de desacuerdo de los otorgantes, o si no fuere posible su comparecencia, los interesados
harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria.
Con las copias de los testimonios y copias legalizadas presentadas con las certificaciones de los
registros o con la debida constancia de los puntos en que se hallen de acuerdo los otorgantes, quedará
repuesto el protocolo perdido o inutilizado.
Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma: alterar la numeración cardinal
de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie; dejar una página en blanco o inutilización
de una hoja o pliegos del protocolo, el notario acudirá a un Juez de Primera Instancia del orden civil, el
cual al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda,
levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del
Los gastos que ocasione la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez, podrá reclamar el valor de dichos gastos de la persona que resultare culpable.
Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular, tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, los impedimentos del notario para ejercer su profesión.
El Tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado; y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario.
Contra la resolución que se dicte cabrá el recurso de reposición ante la misma corte.
Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere, conocimiento de que un notario ha
incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a
uno de los fiscales de las salas, para que proceda a formalizar la denuncia.
ARTICULO 100. *
Los Notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37, o de dar los
avisos a que se contrae el artículo 38 de esta Ley, dentro de los términos fijados para el efecto,
incurrirán en una multa, por infracción, que impondrá el Director General de Protocolos y se pagará en
la Tesorería del Organismo Judicial, como fondos privativos de dicho Organismo.
Todas las sanciones fijadas por el Director General de Protocolos se impondrán, previa audiencia por el
término de quince días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con
aviso de recepción, a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de
Protocolos. Contra lo resuelto por el Director General de Protocolos cabrá recurso de reconsideración,
el que deberá interponerse dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de recepción
de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio Director, quien
elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá
aplicando el procedimiento de incidente previsto en la Ley del Organismo Judicial. Contra la resolución
de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso. Siempre que se declare sin lugar el
recurso interpuesto, se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este articulo,
aumentándole quinientos Quetzales.
* Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso Número 15-72 [v] el 26-06-1972 (index.php?
id=21264#8)
Reformado por el Artículo 7, del Decreto Del Congreso Número 38-74 [v] el 13-06-1974 (index.php?
id=24019#8)
(index.php?id=63554#77)55-2010
(https://leyes.infile.com/visualizador2/index.php?id=63554) el 29-06-2011 *Se Declaran inconstitucionales las frases: "equivalente al cien por ciento (100%) de los honorarios
fijados conforme al arancel previsto en el Título XV de la presente Ley", "entre", "y tres mil" y "según sea el monto de la resolución recurrida", por el Expediente Número (index.php?id=66579#2)2729-2011 (https://leyes.infile.com/visualizador2/index.php?id=66579) el 11-08-2012
Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito, o por el Tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestara o censurar al notario infractor, o imponerle multa que no excederá de veinticinco quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de cien quetzales, o suspensión de un mes hasta un año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos.
La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones
que sancionen las infracciones en que incurran los notarios, o copia de las que dictaren otros
Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto
comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren contra el
Los notarios que hubieren sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4o. del artículo
3o. de esta ley, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurrieren
1. Que hubieren transcurrido dos años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia.
2. Que durante el tiempo de la condena y los dos años más a que se refiere el inciso anterior, hubieren
3. Que no hubiere reincidencia; y
4. Que emitiere dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos.
El expediente de rehabilitación se tramitará, ante la Corte Suprema de Justicia, y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad.
Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar
sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a
este Arancel, en moneda nacional.
ARTICULO 107.*
Si el notario pidiese liquidación de honorarios el Juez ordenará a la Secretaría para que le informe si se
ajusta al Arancel; seguidamente dará vista por dos días a los interesados y, si la liquidación se
encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar
firme, dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la Vía de
Apremio o en cuerda separada, mediante certificación del auto.
* Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso Número 29-75 [v] el 10-06-1975 (index.php?
id=24018#4)
ARTICULO 108. *
Los Notarios que prestaren sus servicios fuera de su oficina, pero dentro del radio de la población en
que residen, además de los honorarios que les correspondan conforme a este arancel, cobrarán
cincuenta quetzales (Q. 50.00) por cada hora de trabajo, pero si el servicio tiene lugar fuera de la
población, el Notario cobrará también seis quetzales (Q. 6.00) por cada kilómetro o fracción, sumados
de ida y regreso.
* Reformado por el Artículo 3, del Decreto Del Congreso Número 29-75 [v] el 10-06-1975 (index.php?
id=24018#5)
* Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso Número 131-96 el 21-12-1996 (index.php?
id=21263#3)
ARTICULO 109.*
Los notarios cobrarán en concepto de honorarios:
1.Por autorización de escrituras de valor indeterminado, de doscientos a cinco mil quetzales (Q. 200.00 a Q. 5,000.00), según su importancia.
2.Por escrituras de valor determinado, de conformidad con las bases y porcentajes siguientes, según corresponda:
a) Cuando el valor no exceda de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00), trescientos (Q. 300.00) de base
más el diez por ciento sobre el valor del contrato.
b) De cinco mil quetzales un centavo (Q. 5,000.01) a veinticinco mil quetzales (Q.25,000.00), cuatrocientos quetzales (Q. 400.00) de base, más el ocho por ciento sobre el valor del contrato.
c) De veinticinco mil quetzales un centavo (Q. 25,000.01), a cincuenta mil quetzales (Q. 50,000.00),
cuatrocientos cincuenta quetzales (Q. 450.00) de base más el seis por ciento sobre el valor del
d) De cincuenta mil quetzales un centavo (Q. 50,000.01) a cien mil quetzales (Q. 100,000.00),
quinientos quetzales (Q. 500.00) de base, más el cuatro por ciento sobre el valor del contrato.
e) De cien mil quetzales un centavo (Q. 100,000.01) a un millón de quetzales, (Q.1,000,000.00),
quinientos quetzales (Q. 500.00) de base, más el tres por ciento sobre el valor del contrato.
f) De un millón de quetzales un centavo (Q. 1.000.000.01) en adelante, quinientos quetzales (Q.
500.00) de base, más el dos por ciento sobre el valor del contrato.
3. Por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían
si se hubieren autorizado. El pago estará obligado a hacerlo el o los otorgantes que representen un
mismo interés y hubieren dado lugar a la cancelación.
4.Por autorización de escrituras de sociedad, el notario cobrará de conformidad con laimportancia del
contrato social o sobre el monto del capital autorizado, según le resulte más favorable.
5. Por autorización de un testamento o donación por causa de muerte, cobrará conforme a los incisos
1o. y 2o. del presente artículo, según corresponda.
6. Por autorización de un testimonio, cincuenta quetzales (Q. 50.00), cuando fuere del protocolo del
mismo año en que se solicita y setenta y cinco quetzales (Q. 75.00) por los de los años anteriores. Por
los testimonios que extienda el Director de Archivo General de Protocolos, setenta y cinco quetzales
(Q. 75.00)
7.Por acta notarial de cien quetzales (Q.100.00) a dos mil quetzales (Q. 2,000.00),según su
8. Por protocolización de documentos, de acuerdo con lo que corresponda según su valor sea o no
9. Por los inventarios, se cobrará conforme a la base y porcentajes siguientes:
a) Cuando no exceda de cinco mil quetzales un centavo (Q. 5,000.01), cien quetzales de base (Q.
100.00) más el diez por ciento sobre el activo inventariado.
b) De cinco mil quetzales un centavo (Q. 5,001.01) a veinticinco mil quetzales (Q. 25,000.00) cien
quetzales de base (Q. 100.00) más el ocho por ciento sobre el activo inventariado.
c) De veinticinco mil quetzales un centavo (025,000.01) a cincuenta mil quetzales, (Q. 50,000.00) cien
quetzales de base (Q. 100.00) más el seis por ciento sobre el activo inventariado.
d) De cincuenta mil quetzales un centavo (Q. 50,000.01) a cien mil quetzales (Q. 100,000.00) cien
quetzales de base (Q. 100.00) más el cuatro por ciento sobre el activo inventariado.
quetzales de base (Q. 100.00) más el tres por ciento sobre el activo inventariado.
De cien mil quetzales un centavo (Q. 100,000.01) a un millón de quetzales (Q. 1,000,000.00) cien
f) De un millón de quetzales un centavo (Q. 1,000,000.01) en adelante, cien quetzales de base (Q.
100.00) más el dos por ciento sobre activo inventariado.
10. Por auténticas, de cincuenta quetzales (Q. 50.00) a doscientos quetzales (Q. 200.00), según su
11. Por el examen de libros en toda clase de registro público, cincuenta quetzales (Q. 50.00), el primer
libro y veinticinco quetzales (Q. 25.00) por cada uno de los subsiguientes.
12.Por verificar las operaciones de traspaso en las oficinas fiscales, municipales o de registro,
cincuenta quetzales (Q. 50.00) por cada verificación.
13. Por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la
mitad de los honorarios que les corresponderían de conformidad con los incisos 1º y 2º de este
artículo, pero si la minuta fuera vertida a instrumento público por el propio notario, cobrará solamente
los honorarios fijados en dichos incisos, según corresponda.
14. Por los proyectos de partición, trescientos quetzales (Q. 300.00) de base más el seis por ciento
(6%) sobre el valor divisible hasta veinte mil quetzales (Q. 20,000.00) más el tres por ciento (3 %)
15. Por las consultas relacionadas con actos o contratos que se les hicieren, los notarios cobrarán de
cien a mil quetzales (Q. 100.00 a 1,000), según la importancia del negocio, su cuantía y extensión o
dificultad de la consulta.
16. Además de los honorarios especificados anteriormente, el Notario cobrará lo escrito a razón de
cinco quetzales (Q. 5.00) por cada hoja o fracción. Los impuestos, timbres fiscales y honorarios que
cobraren los registros respectivos serán por, cuenta del interesado.
* Reformado por el Artículo 4, del Decreto Del Congreso Número 29-75 [v] el 10-06-1975 (index.php?
id=24018#6)
* Reformados los numerales 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 por el Artículo 3, del Decreto Del
Congreso Número 131-96 el 21-12-1996 (index.php?id=21263#4)
Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley, deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto, queda prohibido la creación, supresión o
modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos.
Quedan derogadas todas las disposiciones legales, acuerdos y circulares que se opongan a la
presente ley, y especialmente, las siguientes: Ley de Notariado, contenida en el Decreto Legislativo
número 2154; el Decreto Gubernativo número 2374, que reformó el anterior; y el Decreto Legislativo
número 2556, que aprobó y modificó el anterior; artículos 159 a 170 inclusive, 182, 184 y 185 del
Decreto Gubernativo número 1568; artículos 1o. al 4o. inclusive, 8,9 y 10 del Decreto Gubernativo
número 2303; artículo 10; Decreto Legislativo número 1735; Decreto Legislativo número 2468; artículo
13 y 29 del Decreto Gubernativo número 1543; artículos 28, 29,32, 36 y 76 del Decreto Gubernativo
número 1988; Decretos Gubernativos números: 1750, 1822, 2131, 2233, 2273 y 2342, Acuerdos
Gubernativos de 19 de mayo de 1934; de 17 de abril y 9 de diciembre de 1935; de 18 de octubre de
1939; de 9 de agosto de 1940; artículos 720, 722, 772, 849, 850, 874, 1144 y 1145 del Decreto
Legislativo número 1932; y 281, 385 y 420 del Código de Comercio.
La presente ley entrará en vigor el día Primero de enero de mil novecientos cuarenta y siete.
DADO EN EL PALACIO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA: EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TREINTA
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS, AÑO TERCERO DE LA
R. E. ALVARADO
2o. VICE-PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
R. ASTURIAS VALENZUELA
J.G. PREM SECRETARIO
PALACIO NACIONAL: GUATEMALA, DIEZ DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS.
EL MINISTRO DE GOBERNACION FRANCISCO VALDES CALDERON
Que se hace necesaria la reforma de la actual Ley de Notariado, toda vez que contiene disposiciones que son rémora
para la libre y pronta contratación;
Que es imperativo modernizar los preceptos de la referida ley, y unificar en un solo cuerpo claro y congruente todas las
disposiciones que se refieren a la actividad notarial;
El Notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la
ley o a requerimiento de parte.
1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar, y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto
en el inciso 2o. del artículo 6o.
3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, y la firma y sello que
usará con el nombre y apellidos usuales.
3. Los ciegos, sordos o mudos, y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el
correcto desempeño de su cometido; y
4. Los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o
insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y
malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal.
1. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4o. del artículo
3. Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y Judicial y de las municipalidades que devenguen
sueldos del Estado o del municipio y el Presidente del Congreso de la República;
4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil, o más, con las obligaciones que impone el
artículo 37 de este Código. Los Notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios
especiales atrasados con los requisitos que establece este Código, a efecto de subsanar dicho impedimento.
1. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4o.
2. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción; y
3. Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y Judicial y de las municipalidades
que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el Presidente del Congreso de la República.
enseñanza del Estado;
Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de
2. Los abogados consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas,
consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones
oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo;
3. Los miembros del Tribunal de Conflictos de jurisdicción;
4. Los miembros de las Corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde;
5. Suprimido
6. Los miembros de las Juntas de Conciliación de los Tribunales de Arbitraje y de las Comisiones Paritarias que
establece el Código de Trabajo, y los miembros de las Juntas Electorales y de los Jurados de Imprenta.
1. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los
establecimientos de enseñanza del Estado.
2. Los abogados, consultores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas
o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las
3. Los miembros del Tribunal de Conflictos de jurisdicción.
4. Los miembros de las Corporaciones municipales, que desempeñen sus cargos ad honorem,
excepto el alcalde.
5. Los procuradores y defensores oficiales, y secretarios de los Tribunales de Justicia y de lo
Contencioso  Administrativo; y.
6. Los miembros de las Juntas de Conciliación de los Tribunales de Arbitraje y de las Comisiones
Paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las Juntas Electorales y de los Jurados de Imprenta.
habiéndolo estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario, no anula el documento, pero sí obliga al Juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales;
Los jueces de Primera Instancia, en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil, o que
2. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior, que sean
notarios hábiles conforme esta ley; y
3. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán
ejercer con carácter particular.
Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o
tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate.
El Protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de
legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley.
Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel
sellado especial para protocolos.
Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio, el papel para protocolo, en lotes de veinticinco pliegos, por lo menos, guardando en éstos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro, en el que se consignarán la serie y los números del papel, y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí, o por encargo de otro notario.
El protocolo del Escribano del Gobierno, los agentes diplomáticos y consulares, y los testimonios e índices respectivos, se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente.
Los Notarios pagarán en la Tesorería del Organismo Judicial cincuenta quetzales (Q 50.00), cada año, por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto, se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los Notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos.
Los Notarios están obligados a pagar en la Tesorería de Fondos de Justicia, dos quetzales, cada
año, por derecho de apertura del protocolo. Los fondos provenientes de esta obligación se
destinarán a la encuadernación y conservación de los protocolos depositados en el Archivo
El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del
pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre, o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre
contendrá la fecha; el número de documentos públicos autorizados; razones de legalización de firmas y actas de
protocolación; número de folios de que se compone; observaciones, si las hubiere; y la firma del notario.
1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y
sin abreviaturas;
2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal, y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden
de fechas y dejando de instrumento a instrumento, solo el espacio necesario para las firmas;
4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades, se expresarán con letras. En caso de
discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras;
5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban, se copiarán textualmente;
6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para a intercalación de documentos que
se protocolen; o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie; y
7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el
Serán nulas las adiciones, entrerrenglonaduras y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas.
El índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él, y contendrá en
columnas separadas:
El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo, los atestados referentes a los instrumentos que
autorice, si no hubieren sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley.
Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario,
exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues sólo a
ellos corresponde ese derecho.
Si el notario se negare a exhibir la escritura, el Juez de Primera Instancia de su jurisdicción, previa audiencia por
veinticuatro horas, que dará al notario, dictará la resolución que corresponda.
Los albaceas, herederos o parientes, o cualquiera otra persona que tuviere en su poder el protocolo de un notario
fallecido, lo depositará dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento, en el Archivo General de Protocolos, si
se encontrare en la capital, o dentro del mismo plazo en el Juez de Primera Instancia o alcalde municipal, si
estuviere en una cabecera departamental o municipio, respectivamente. En estos casos el Juez de Primera
Instancia o el Alcalde municipal, lo remitirá dentro de los ocho días siguientes a su depósito al referido archivo.
inmediatamente aviso al Director del Archivo General de Protocolos, y si ocurriere en un departamento, al Juez de
Primera Instancia jurisdiccional, a efecto de que puedan, según el caso, exigir el cumplimiento del artículo anterior.
En caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el Juez de
Primera Instancia jurisdiccional a requerimiento del Director del Archivo General, o de oficio, hará uso de los
apremios legales hasta obtener la entrega.
El notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para cartular, deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y al Juez de Primera Instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los ocho días siguientes al referido archivo. También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si así lo deseare.
El Notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año, deberá entregar su Protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y, en los departamentos, al Juez de Primera Instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del Notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro Notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos Notarios al Director del Archivo General de
Protocolos en la capital, o a un Juez de Primera Instancia del domicilio del Notario, cuando no lo tenga en el Departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos, dentro del término de ocho días. El aviso indicará el nombre y dirección del Notario en que quede depositado el Protocolo.
La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos, o el Juez de Primera Instancia en
su caso, será documento suficiente para permitir al Notario, salir del país.
La Dirección General de Migración tendrá una nómina de Notarios en ejercicio, que le Proporcionará y mantendrá
al día el Director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente.
El Notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año, deberá
entregar su Protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y, en los departamentos, al
Juez de Primera Instancia, quien lo remitirá al referido Archivo. Si la ausencia fuere por un término
menor, lo depositará en otro Notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos
Notarios a la Corte Suprema de Justicia.
El Notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que
le sean requeridos, en relación al protocolo depositado.
Sin la constancia de haber efectuado tal depósito, no se le permitirá al Notario salir del país.
Para tal efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá una nómina de Notarios en ejercicio,
que le proporcionará y mantendrá al día, el director del Archivo de Protocolos.
Los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante, al cesar la causa
2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes;
3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, y dé que los comparecientes
aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles;
pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente;
La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio de la cédula de vecindad o el
5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los
comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y Funcionario o notario que los
autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio, para el acto o
6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual de ser posible,
deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él, un testigo;
7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato;
8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda, según la naturaleza del acto o
9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario, sean pertinentes, cuando el
acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o preceda de diligencias judiciales o
11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el
testimonio a los registros respectivos; y
12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las
palabras "Ante mí". Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar
derecho y en su defecto, otro que especificará el notario firmando por él un testigo, y si fueren varios los
otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo, por cada parte o grupo que represente un
mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante pondrá antes de firmar, la expresión: "Por mí y ante
En todo acto o contrato el otorgante que se obligue hará constar, de manera expresa, si sobre los bienes que
motivan el acto o contrato, existen o no gravámenes o limitaciones, cuando éstos puedan afectar los derechos del
otro otorgante; y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren.
3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien
comparezca en nombre de otro;
La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos, da acción a la parte interesada para
demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de cuatro años, contados desde la fecha de su
La omisión de las formalidades no esenciales, hace que incurra el notario en una multa de cinco a cincuenta
quetzales según el caso.
No es preciso que el notario exprese que da fe, en cada cláusula escrituraria, de la estipulación que contenga, ni
de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere; es suficiente con que el
notario consigne una vez en cada instrumento público, que da fe de todo lo contenido en el mismo.
Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es
necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad.
a) Remitir al Director del Archivo General de Protocolos, dentro de los veinticinco días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo al de
Guatemala, el Notario podrá entregar dichos testimonios al Juez de 1ª. Instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el Notario, expresando en la misma, el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido;
b) Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema
de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de
los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá
el número y la fecha del instrumento cancelado;
c) Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos, o a los Jueces de Primera Instancia, en su caso, dentro de
los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor
valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no
autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda.
Al finalizar el término a que se refiere la literal c) de este artículo, el Director del Archivo General de Protocolos
publicará dentro de los diez días hábiles siguientes a dicho vencimiento, en el Diario Oficial y en otro de los de
mayor circulación en el país, la lista de los Notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios
especiales, y los avisos a que se refieren las literales b) y c) del presente artículo. Con posterioridad publicará
trimestralmente las listas de los Notarios que permanezcan o incurran en esa situación.
Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este Código, no se venderá papel de protocolo ni
especies fiscales al Notario que haya dejado de enviar, durante un trimestre del año civil, la totalidad de sus
testimonios especiales con los timbres notariales respectivos, al Archivo General de Protocolos, o a los Jueces de
Primera Instancia, en su caso. Para tal efecto, el Director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de
Rentas Internas, con copia a sus delegaciones departamentales, una lista de los Notarios que hayan incurrido en
tal omisión, una vez vencido el término previsto en el inciso c) de este artículo. El Notario a quien se le hubiere
incluido en la lista referida quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su
profesión, establecido en el inciso 4o. del artículo 4o. del Código de Notariado, tal y como aparece modificado por
la presente ley; empero una vez subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al Director del Archivo
General de Protocolos que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso, hará la comunicación a
las dependencias respectivas.
Los empleados de la Dirección General de Rentas Internas o de sus delegaciones departamentales, que vendan
papel de protocolo y especies fiscales a los Notarios comprendidos en la lista a que se refiere el párrafo anterior,
incurrirán en las sanciones que se prevé para el caso de que se venda especies fiscales a personas no
La Corte Suprema de Justicia reglamentará la forma y requisitos que deben llenar las microfotografías y los demás aspectos de aplicación del sistema microfotográfico por el Archivo General de Protocolos.
El Notario remitirá al director del Archivo de Protocolos en la capital, o a los jueces de Primera Instancia en los departamentos, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento, un testimonio especial en papel sellado del menor valor, de los actos o contratos que autorice, de las actas de protocolación y de las razones de legalización; al término indicado se agregará el de la distancia a razón de cuarenta kilómetros por día.
De las escrituras canceladas, de las cuales no se podrá extender copia ni testimonio, el Notario se
limitará a dar aviso, en papel sellado del menor valor, indicando el número del instrumento, al
director del Archivo de Protocolos.
Si se tratare de testamentos, donaciones por causa de muerte y sus modificaciones y
revocaciones, el testimonio se entregará en plica cerrada, firmada, sellada, en la que el Notario
expresará el número de orden, lugar y fecha y objeto del instrumento el nombre del otorgante y el
número y registro de papel de protocolos en que fue extendida y la hora en su caso.
Los jueces de Primera Instancia remitirán el testimonio especial del testamento así como el de los
instrumentos públicos y legalizaciones que autoricen, cuando cartulen, a la Secretaría de la Corte
Suprema de Justicia y esta oficina los remitirá al Archivo General de Protocolos. El director del
Archivo de Protocolos y el juez de Primera Instancia en su caso, extenderán al Notario el recibo
correspondiente. Los jueces enviarán al Archivo de Protocolos periódicamente, los testimonios
especiales remitidos por los Notarios.
Con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del
impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles (Alcabala), los notarios al intervenir en las escrituras por
actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto deberán, dentro del término de 15 días de la
fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y
las Municipalidades respectivas y además, cumplir con las normas siguientes:
Llenar y presentar el formulario correspondiente, el cual servirá de aviso de la enajenación. Dicho formulario indicará:
c) En los actos o contratos de unificación de inmuebles y de cualesquiera otros que no estén afectos al
Los notarios que dejaren de remitir los formularios y avisos que se mencionan en este artículo, serán sancionados
con multa pecuniaria administrativa, además de las establecidas en este Código
En papel sellado del menor valor, el Notario dará aviso a las oficinas de control fiscal y municipal
respectivas, dentro de los quince días siguientes a la compulsación del primer testimonio:
1º. De las escrituras de donación entre vivos, de bienes inmuebles con la indicación del lugar y la
fecha; nombres del donante y donatario; grado de parentesco entre éstos; bienes donados y su
valor; y número del Registro de la Propiedad Inmueble y de la matrícula fiscal;
2º. De los contratos de enajenación de inmuebles, que contendrá: fecha del contrato; fecha de la
compulsación del primer testimonio; nombres de los otorgantes; situación y extensión del inmueble
en medida métrica, si apareciere del contrato; precio; números del Registro de la Propiedad
Inmueble y de la matrícula fiscal. Si se tratare de operaciones que den origen a la formación de
una nueva finca, por fusión, desmembración o partición de otras, el aviso contendrá: fecha del acto
o contrato; fecha de compulsación del primer testimonio; nombres de los otorgantes; nombres de
los inmuebles afectados por la operación, indicando extensión y número de la matrícula fiscal; e
iguales datos respecto a la nueva o nuevas fincas resultantes de la operación. El encargado de la
matrícula operará con los datos que proporcione el Notario, y respecto al número del registro de la
nueva finca, los consignará tomándolos del testimonio y a registrado que le presente el interesado.
Las oficinas fiscales para percibir el pago del impuesto de alcabala, en los contratos de enajenación de inmuebles, recibirán del Notario un aviso en papel sellado del menor valor, que contendrá: el nombre de los contratantes, el inmueble objeto del contrato, el precio de la enajenación; el número de la inscripción del Registro, si lo tuviere, y el número de la matrícula. Si este aviso no se diere antes de autorizarse el contrato, deberá darse dentro de los quince días siguientes, para los efectos del pago indicado, expresando en tal caso, la fecha de su otorgamiento.
La Oficina de la Matrícula Fiscal, al recibir aviso del notario de la enajenación de un inmueble que no estuviere declarado, procederá a abrir la matrícula correspondiente, llenando los requisitos legales, dentro de un plazo que no excederá de quince días. En este caso el plazo para pagar la alcabala empieza a contarse a partir de la fecha en que la matrícula quede abierta.
La escritura pública de testamento además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes:
6. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija; y se averigüe al fin de
cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad;
7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan dos intérpretes elegidos por él mismo para que
traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas;
8. Que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario, firmen el testamento en el mismo acto; y
9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que
deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales.
Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento.
En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes:
5. Las firmas del otorgante o su impresión digital, en su caso; de los testigos y del notario, y de los intérpretes, si
El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al Registrador de la Propiedad Inmueble, por
escrito, en papel sellado del menor valor, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se autorizó el
testamento, los datos expresados en el artículo 1143 del Código Civil bajo pena de veinticinco quetzales de multa,
sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles.
La multa será impuesta por el Juez de Primera Instancia bajo cuya jurisdicción se hallare el Registro y se aplicará
a los fondos judiciales.
La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las
estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrá los siguientes:
5. Capital social y la parte que aporta cada socio sea en dinero, en cualquiera otra clase de bienes o en industria
personal; el valor que se le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio, en caso que no se les hubiere asignado valor alguno;
6. Según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la administrarán y sus facultades;
10. Las épocas fijas en que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones sociales y
13. Cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales, según la naturaleza de la
14. Si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de árbitros y, en su
caso, la forma en que se hará el nombramiento; y
La escritura pública de constitución de sociedad anónima, además de los requisitos determinados en el artículo
anterior, deberá contener los siguientes:
3. El capital de la compañía, el número, valores y clases de las acciones en que se divide, las preferencias en el
pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones, si las hubiere; las primas que se
estipularen en caso de redención y la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja
4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la parte que esté efectivamente
7. La época fija en que debe formarse el inventario, el balance de inventario o cuadro del estado financiero y
acordarse los dividendos;
9. El tanto por ciento de pérdida del capital social que debe causar la disolución de la sociedad antes del
vencimiento de su plazo.
La escritura de sociedad en comandita debe contener, además de los requisitos generales de la escritura de sociedad, los siguientes:
2. El capital social y la parte que aporte cada socio; y si fuere por acciones, el número, serie y valor de cada
3. La parte de capital efectivamente pagada y la forma y plazo en que los comanditarios deberán enterar el resto
en las cajas de la sociedad; y
Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General.
5. El plazo para redención del capital adeudado o los plazos sucesivos en el caso de hacerse amortización
7. El valor del inmueble consignado en la matrícula de bienes afectos a la contribución del tres por millar;
9. El nombre de la persona natural o jurídica encargada de hacer el servicio de la deuda; pago de intereses,
comisiones y amortizaciones;
El nombre de la persona o personas a cuyo favor se hace la emisión, en caso de que no lo fuere al portador o
a favor del propio otorgante;
La especificación de las emisiones anteriores, si las hubiere; y
El orden de preferencia para su pago, si la emisión se dividiere en series.
La escritura de prenda agraria, ganadera o industrial, deberá contener lo siguiente:
El importe del préstamo o de los préstamos ya hechos con anterioridad y con garantía de las
mismas cosas que se afectan;
2. El tipo de interés convenido;
3. La especie, cantidad y situación de los objetos dados en prenda;
4. La circunstancia de hallarse los objetos libres de gravamen o si no lo estuvieren, los gravámenes que reconozcan en la fecha del contrato;
5. Si existe seguro, la clase de éste, importe de la suma asegurada, nombre y domicilio del
asegurador;
6. Si el deudor debe o no arrendamiento y en caso afirmativo, si es en dinero o en especie; y
7. Tratándose de ganados o productos de la ganadería, la clase, número, edad, sexo, marca o
señal de los animales y el estado de los campos en donde los ganados se hallaren.
El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Pero si se tratare de
testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley.
Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con
anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales.
Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán
legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las
mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del Notario
Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas a su presencia.
a) Cuando sea de firmas: El lugar y la fecha; los nombres de los signatarios; su identificación por medios
establecidos en el inciso 4o. del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el Notario; fe de que las firmas
son auténticas; firmas de los signatarios; y las firmas de los testigos, si las hubiere;
b) Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos: El
lugar y la fecha; fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las
hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente
sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y
selladas por el Notario.
En ambos casos el acta deberá llevar la firma y el sello de Notario procedidas, en el primer caso de las palabras:
"ante mí" y en el segundo caso de las palabras: "por mí y ante mí".
El acta de legalización contendrá: el lugar y la fecha; los nombres de los signatarios; su identificación por los medios establecidos en el inciso 4º del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el Notario; fe de que las firmas son auténticas; firmas de los signatarios; firmas de los testigos, si los hubiere; y la firma y el sello del Notario, precedidos de las palabras; "Ante mi".
Si la firma hubiere sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiere firmar, ambas comparecerán al acto; para el caso de reconocimiento, será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario. La persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su impresión digital al pie del acta.
La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento ni de la capacidad ni personería de los signatarios o
El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la en que se encuentre suscrita el acta de auténtica,
haciendo constar en la misma esta circunstancia.
Si el acta de auténtica se escribiere en hoja independiente del documento, se hará relación de ésta en el acta.
De cada acta de legalización el Notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no
excederá de ocho días, haciendo constar:
2. Nombre y apellidos de los signatarios;
3. Descripción breve y substancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan,
con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos, tanto el
documento, como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos.
Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el
El notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten.
El notario hará constar en el acta notarial: el lugar, fecha y hora de la diligencia; el nombre de la persona que lo ha requerido; los nombres de las personas que además intervengan en el acto; la relación circunstanciada de la diligencia; y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última.
En los protestos, inventarios y diligencias Judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley, para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos.
En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí; en los casos del inciso 2
bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento y en los casos del inciso 3 es
indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento.
4. Mención del documento o diligencia, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el
protocolo, según la foliación, y los números que correspondan a la primera y última hojas; y
La firma de los solicitantes, en su caso, y la del Notario.
Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta.
Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, o del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente, y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba substituirlo, de conformidad con la presente ley.
Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante; por el funcionario que tenga el protocolo en su
poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado
por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo.
b) Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se
completarán con una hoja de papel sellado, en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres
El Director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos
en los protocolos existentes en dicho archivo, a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de
última voluntad de acuerdo con el artículo 75; y si éste no pudiere por cualquier causa, lo hará el Secretario de la
Corte Suprema de Justicia, o el Notario que el Presidente del Organismo Judicial designe para el caso.
Para que las escrituras de enajenación de bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes sobre los mismos,
puedan ser inscritas en el Registro de la Propiedad inmueble, es requisito indispensable que en el testimonio
respectivo se inserten las constancias de solvencia del impuesto territorial del tres Por millar y de los impuestos
municipales, o los recibos que acrediten el pago por el último trimestre, y las constancias del pago de alcabala o
del impuesto hereditario o de donación, en su caso, o que se acompañen al testimonio dichos atestados
Con el testimonio de la escritura deberá presentarse al Registro de la Propiedad Inmueble un duplicado en papel
sellado del menor valor, claramente legible, y que podrá extenderse a papel carbón.
Las hojas del Testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse.
Si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare, y si lo extendiere
un Notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia.
El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o
cesionarios, o a cualquier persona que lo solicite.
Si el Notario se negare a extender testimonio, el Juez de Primera instancia, previa audiencia que le dará por
Veinticuatro horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que proceda; y si
ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el Notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del
tomo respectivo del protocolo y designará al Notario que ha de extenderlo.
Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse
testimonio o copia del instrumento.
No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios de
autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio, conforme arancel.
1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma:
'Por mí y ante mí', los instrumentos siguientes:
c) La substitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos, cuando estuviere autorizado para ello;
e) Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único, enmendar errores u omisiones de forma
en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96;
2. Si fuere Juez de Primera Instancia facultado para cartular, Secretario de los Tribunales de Justicia o Procurador,
autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo;
3. Extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de
parte o requerimiento de autoridad competente;
4. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquéllos hubieren sido firmados
por los otorgantes y demás personas que intervinieren; y
Al Archivo General de Protocolos dependencia de la presidencia del Organismo Judicial, le corresponde registrar
los mandatos judiciales, recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria, los
testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los Notarios del país y los protocolos que en él
se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del Notario respectivo.
Será dirigido por un Notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de la profesión y que haya ejercido la
misma por un período no menor de cinco años. Llevará el título de Director del Archivo General de Protocolos, y
será nombrado por el Presidente del Organismo Judicial.
La Corte Suprema de Justicia podrá acordar, bajo su estricta responsabilidad, el traslado a cualquier otro lugar los
testimonios especiales y Protocolos de Notarios que hayan sido microfilmados o reproducidos por otro
procedimiento en el Archivo, pero únicamente podrá incinerar o destruir los testimonios especiales cuando hayan
transcurrido diez (10) años contados a partir de la fecha de recepción.
El Archivo General de Protocolos depende de la Corte Suprema de Justicia. Estará a cargo de un Notario hábil, que haya ejercido por un período no menor de cinco años.
Llevará el título de director del Archivo General de Protocolos, y será nombrado por la Corte Suprema de Justicia.
Los inventarios del Archivo contendrán la relación de todos los documentos que obren en el mismo, y respecto a
los protocolos, la indicación del número de éstos, folios de cada volumen, años que comprendan y el nombre del
1. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte
2. Practicar la inspección de los protocolos de los notarios que residan en la capital y en los municipios del
4. Guardar y conservar bajo su responsabilidad los protocolos, libros de actas y de inventarios, los avisos
notariales y demás documentos del archivo;
6. Cuidar de que los índices, testimonios especiales y avisos notariales sean empastados, con la separación
7. Extender recibo de todos los documentos y avisos que reciba de los notarios, en la misma fecha de su
8. Registrar los poderes y toda modificación o revocatoria de los mismos, en riguroso orden cronológico, para lo
cual llevará un libro especial;
9. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo, las modificaciones que sufran y de las cuales
tenga conocimiento por aviso del notario y autorizante.
11. Dar parte a la Corte Suprema de Justicia de cada infracción al artículo 37, así como de las demás faltas en
que incurrieren los notarios por la inobservancia de esta ley, y de las irregularidades que encontrare en los protocolos que inspeccionare y revisare;
Poner la razón de cierre y elaborar el índice respectivo en aquellos protocolos que fueren entregados al
archivo, y en los cuales el Notario no haya podido satisfacer ese requisito, por causa justificada;
El Archivo es público. El Director permitirá sin cobro alguno, a cualquier persona que lo solicite, la consulta de
cualquier escritura o documento, dentro de la misma oficina así como que tome los datos y notas que desee. Si se
tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, de personas no fallecidas, sólo podrán ser exhibidos a
los otorgantes, comprobando su identidad, y el notario autorizante.
Para el cobro de gastos y honorarios se ajustará el director al arancel de notarios. Los honorarios se enterarán en
la Tesorería de Fondos de Justicia con destino al pago mensual del sueldo del Director y empleados del Archivo y
de los gastos de oficina.
En la capital, el Director del Archivo General de Protocolos, y en los departamentos los Jueces de Primera
Instancia, tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. En los departamentos en que hubiere varios
Jueces de Primera Instancia, la inspección y revisión corresponderá a todos conforme distribución que hará la
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Organismo Judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios
colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el
departamento de Guatemala, como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios
así nombrados, con el Organismo Judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de
En la capital, el Director del Archivo General de Protocolos, y en los departamentos los Jueces de Primera Instancia, tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. En los departamentos en que hubiere varios Jueces de Primera Instancia, la inspección y revisión corresponderá a todos conforme distribución que hará la Corte Suprema de Justicia.
La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de
Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar
la inspección y revisión en su presencia.
Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o
inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión, lo hará del conocimiento del Juez de Primera
Instancia correspondiente, quien previa audiencia que dará al notario por veinticuatro horas para que exponga las
razones de su incumplimiento o negativa, dictará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la resolución que
proceda; y si ella fuere en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará,
bajo apercibimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario
renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la
inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder
del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere.
Si en el departamento solamente hubiere un Juez de Primera Instancia y fuere éste el encargado de la inspección
y revisión, acudirá al Juez de Primera Instancia más accesible para los efectos de las diligencias a que se refiere
el párrafo que antecede.
Cualquier retardo de un Juez de Primera Instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen según los
párrafos anteriores, deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia.
El notario que, por su incumplimiento o negativa, diere lugar a que se decreten la ocupación o extracción del
protocolo como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales, tanto por su desobediencia,
como por su condición de depositario del protocolo, sin perjuicio de cualesquiera otras que fueren pertinentes, de
conformidad con la ley. Para la deducción de tales responsabilidades, el Juez de Primera Instancia
correspondiente, o, en su caso, la Corte Suprema de Justicia, deberán, sin demora, certificar lo conducente al
tribunal penal que corresponda.
Las resoluciones que se dicten con motivo de la inspección y revisión de protocolos, no prejuzgan sobre la validez
El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al Juez de Primera
Instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Las personas que, según el Código de Procedimientos
Penales, pueden denunciar un delito público, tienen también derecho de poner en conocimiento del Juez, el hecho
que haga necesaria la reposición del protocolo.
El Juez instruirá la averiguación que corresponde, terminada la cual resolverá declarando procedente la
reposición, y en caso de delito, mandará que se abra procedimiento criminal contra los presuntos culpables.
Declarada procedente la reposición, el Juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia, copias de los testimonios
enviados por el notario, correspondientes al protocolo que deba reponerse, las cuales servirán para la reposición.
En caso que dichos testimonios no existieren en el Archivo de Protocolos por cualquier motivo, se pedirán las
copias que hubieren en el Registro de la Propiedad Inmueble y se citará a los otorgantes y a los interesados,
previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. La citación se hará por avisos
que se publicarán tres veces durante un mes en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en la
localidad. Si existiere el testimonio del índice del protocolo, que trata de reponerse, los avisos contendrán la
nómina de los otorgantes.
Si aún faltaren por reponer algunas escrituras, el Juez citará de nuevo a los interesados, para consignar, en acta, los puntos que tales escrituras contenían.
En caso de desacuerdo de los otorgantes, o si no fuere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria.
Con las copias de los testimonios y copias legalizadas presentadas con las certificaciones de los registros o con la
debida constancia de los puntos en que se hallen de acuerdo los otorgantes, quedará repuesto el protocolo
perdido o inutilizado.
Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma: alterar la numeración cardinal de los
instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie; dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o
pliegos del protocolo, el notario acudirá a un Juez de Primera Instancia del orden civil, el cual al constatar el error
y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto un acta,
certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo.
Los gastos que ocasione la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez, podrá reclamar
el valor de dichos gastos de la persona que resultare culpable.
Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular, tiene derecho de denunciar ante
la Corte Suprema de Justicia, los impedimentos del notario para ejercer su profesión.
El Tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con
citación del notario impugnado; y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que
proponga el notario.
Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere, conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de las salas, para que proceda a formalizar la denuncia.
Los Notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37, o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta Ley, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa, por infracción, que impondrá el Director General de Protocolos y se pagará en la Tesorería del Organismo Judicial, como fondos privativos de dicho Organismo.
Todas las sanciones fijadas por el Director General de Protocolos se impondrán, previa audiencia por el término
de quince días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción, a
la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el
Director General de Protocolos cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término
de tres días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se
interpondrá ante el propio Director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que
resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la Ley del Organismo
Judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso. Siempre que se
declare sin lugar el recurso interpuesto, se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este
articulo, aumentándole quinientos Quetzales.
Los Notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37, o de dar
los avisos a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley, dentro de los términos fijados al
efecto, incurrirán en una multa de dos quetzales por infracción, que impondrán las autoridades
respectivas, y se pagarán en las cajas de las mismas.
Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre
que no constituyan delito, o por el Tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestara o censurar al notario
infractor, o imponerle multa que no excederá de veinticinco quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán
ser hasta de cien quetzales, o suspensión de un mes hasta un año. La sanción se hará en auto acordado con
justificación de motivos.
La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen las infracciones en que incurran los notarios, o copia de las que dictaren otros tribunales.
Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren contra el notario.
Los notarios que hubieren sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4o. del artículo 3o. de esta ley, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurrieren las circunstancias siguientes:
Que hubieren transcurrido dos años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia.
2. Que durante el tiempo de la condena y los dos años más a que se refiere el inciso anterior, hubieren observado
El expediente de rehabilitación se tramitará, ante la Corte Suprema de Justicia, y contra la resolución que ésta
dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad.
Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre
honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este Arancel, en
Si el notario pidiese liquidación de honorarios el Juez ordenará a la Secretaría para que le informe si se ajusta al
Arancel; seguidamente dará vista por dos días a los interesados y, si la liquidación se encuentra ajustada a la ley,
la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme, dará origen al título ejecutivo
que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la Vía de Apremio o en cuerda separada, mediante
certificación del auto.
Si el notario pidiese liquidación de honorarios, el Juez ordenará a la Secretaría que la formule o informe si la que presenta el Notario está ajustada al Arancel; dará vista por dos días comunes a los interesados, y si la liquidación se encuentra arreglada a la ley, le dará su aprobación. El auto en que se apruebe será apelable y al estar firme la resolución, constituirá título ejecutivo.
Los Notarios que prestaren sus servicios fuera de su oficina, pero dentro del radio de la población en que residen, además de los honorarios que les correspondan conforme a este arancel, cobrarán cincuenta quetzales (Q. 50.00) por cada hora de trabajo, pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el Notario cobrará también seis quetzales (Q. 6.00) por cada kilómetro o fracción, sumados de ida y regreso.
Los Notarios que prestaren sus servicios fuera de su oficina, pero dentro del radio de la población
en que residan, además de los honorarios que les correspondan conforme a este arancel,
cobrarán de tres a cinco a cinco quetzales por cada hora de trabajo. Si el servicio tiene lugar fuera
de la población, se cobrará un quetzal por cada cinco kilómetros o fracción de distancia, sumadas
1.Por autorización de escrituras de valor indeterminado, de doscientos a cinco mil quetzales (Q. 200.00 a Q.
5,000.00), según su importancia.
a) Cuando el valor no exceda de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00), trescientos (Q. 300.00) de base más el diez
por ciento sobre el valor del contrato.
b) De cinco mil quetzales un centavo (Q. 5,000.01) a veinticinco mil quetzales (Q.25,000.00), cuatrocientos
quetzales (Q. 400.00) de base, más el ocho por ciento sobre el valor del contrato.
c) De veinticinco mil quetzales un centavo (Q. 25,000.01), a cincuenta mil quetzales (Q. 50,000.00), cuatrocientos
cincuenta quetzales (Q. 450.00) de base más el seis por ciento sobre el valor del contrato.
d) De cincuenta mil quetzales un centavo (Q. 50,000.01) a cien mil quetzales (Q. 100,000.00), quinientos
quetzales (Q. 500.00) de base, más el cuatro por ciento sobre el valor del contrato.
e) De cien mil quetzales un centavo (Q. 100,000.01) a un millón de quetzales, (Q.1,000,000.00), quinientos
quetzales (Q. 500.00) de base, más el tres por ciento sobre el valor del contrato.
f) De un millón de quetzales un centavo (Q. 1.000.000.01) en adelante, quinientos quetzales (Q. 500.00) de base, más el dos por ciento sobre el valor del contrato.
3. Por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían si se hubieren autorizado. El pago estará obligado a hacerlo el o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieren dado lugar a la cancelación.
4.Por autorización de escrituras de sociedad, el notario cobrará de conformidad con laimportancia del contrato social o sobre el monto del capital autorizado, según le resulte más favorable.
5. Por autorización de un testamento o donación por causa de muerte, cobrará conforme a los incisos 1o. y 2o. del
presente artículo, según corresponda.
que se solicita y setenta y cinco quetzales (Q. 75.00) por los de los años anteriores. Por los testimonios que extienda el Director de Archivo General de Protocolos, setenta y cinco quetzales (Q. 75.00)
Por autorización de un testimonio, cincuenta quetzales (Q. 50.00), cuando fuere del protocolo del mismo año en

References: artículo 6
 artículo 37
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 1
 resolución 
 Artículo 1
 artículo 100
 artículo 4
 Artículo 1
 Artículo 6
 Artículo 1
 Artículo 47
 Artículo 48
 artículo 31
 artículo 1143
 resolución 
 Artículo 27
 Artículo 1
 artículo 29
 Artículo 2
 artículo 75

resolución 
 artículo
2
 Artículo 1
 artículo 37
 Artículo 1
 resolución 
 Artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 38
 resolución

 Artículo 2
 Artículo 7
 resolución 
 artículo
3
 resolución 
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 3
 artículo 10
 artículo
13
 artículo 6
 artículo
3

artículo 37
 artículo 11
 resolución 
 artículo 100
 artículo 4
 artículo 31
 artículo 1143
 resolución 
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 75
 resolución 
 artículo 96
 artículo 37
 resolución 
 artículo 37
 artículo 38
 resolución 
 artículo 37
 artículo 3
 resolución