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Timestamp: 2019-06-18 09:37:53+00:00

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...desde fuera de Palacio | Blog de Eduardo Melero Alonso
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La Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, dicta unos criterios interpretativos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC) sobre: los registros corporales externos (artículo 20 LOPSC); la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes (artículo 36.6 LOPSC); el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23 LOPSC); y las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4 LOPSC).
Leyendo entre líneas la instrucción, considero que se pone de manifiesto que la policía está aplicando la LOPSC de una forma que no está garantizando los derechos de los ciudadanos en la aplicación de la norma. El artículo 4.2 LOPSC establece expresamente que «las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga». En la práctica parece que hay una tendencia clara a interpretar la LOPSC de aquella manera que resulta menos favorable a los derechos de las personas (este vendría a ser el auténtico «canon policial de interpretación»).
En este sentido, se señala en la instrucción primera que la finalidad es «reforzar las garantías que deben acompañar a las actuaciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la protección de la seguridad ciudadana». Para ello se establece que «todos los documentos que ordenen los servicios, tales como minutas o papeletas de servicio, deberán contener tanto su fundamentación legal, con expresión del precepto de la LOPSC u otra norma que se avale, como la referencia expresa a las circunstancias operativas que motiven las actuaciones correspondientes». No cabe duda de que este es un elemento positivo.
Registros corporales (art. 20 LOPSC)
En relación con los registros corporales, se establece que «se dejará en todo caso constancia escrita de su motivación, de la identidad del agente que la adoptó y de las incidencias acaecidas, en las minutas o papeletas de servicio que entregarán a sus superiores a la finalización de los correspondientes servicios». Esta afirmación podría considerarse un indicio de que se están realizando registros corporales sin motivación o con una motivación inadecuada.
Desobediencia o resistencia a la autoridad (artículo 36.6 LOPSC)
Sobre esta cuestión, la instrucción recoge la definición jurisprudencial de la desobediencia o resistencia a la autoridad cuando no constituye delito: «una acción u omisión que constituya una negativa implícita o expresa a cumplir una orden legítima, usando oposición corporal o fuerza física ante el desarrollo de las competencias de la autoridad o sus agentes». Este es un elemento positivo, ante la ausencia de definición legal de la desobediencia y la resistencia a la autoridad en el artículo 36.6 LOPSC.
La instrucción continúa afirmando que «debe entenderse que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes no pueden constituir una infracción del artículo 36.6, si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por los agentes actuantes o les impida el desarrollo de sus funciones». De esta manera se reconoce implícitamente que se están sancionando desobediencias leves o primeras negativas al cumplimiento de órdenes.
Hay que tener en cuenta que entre 2015 y 2017 se han impuesto 29.438 sanciones por la infracción definida en el artículo 36.6 LOPSC. Este precepto no sólo se refiere a la desobediencia o resistencia a la autoridad, cuando no sean constitutivas de delito; sino que también incluye «la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Sería interesante conocer cuántas de estas sanciones consistieron en una leve o primera negativa al cumplimiento de una orden.
Uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23 LOPSC)
Sobre el uso de imágenes, según la instrucción «No constituye infracción la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes si ello no representa un riesgo o peligro para ellos, sus familias, las instalaciones o las operaciones policiales». Porque la infracción definida en el artículo 36.23 LOPSC se refiere al uso no autorizado de imágenes o datos. Como señala la instrucción: «Para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las imágenes o los datos personales o profesionales de los agentes, las instalaciones que protegen o las operaciones policiales, y que ese uso ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o del éxito de la operación».
Por tanto, parece desprenderse que se están imponiendo sanciones por el mero hecho de tomar imágenes de los agentes de la policía. Sobre esta infracción no se han impuesto demasiadas sanciones: 85 entre 2015 y 2017.
La instrucción reconoce «la posibilidad de identificar a la persona que haya tomado las imágenes, al objeto de proceder, en su caso, al ejercicio de las actuaciones oportunas para salvaguardar los derechos de los actuantes, o a su sanción administrativa o penal si se hiciese un ulterior uso irregular de los datos o imágenes en el sentido expuesto».
Esta posibilidad de identificación preventiva parece ir más allá de la regulación establecida en el artículo 16.1 LOPSC. Según este artículo, la identificación policial de personas sólo puede llevarse a cabo en dos supuestos: a) «Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción» y b) «Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito». Si tomar imágenes no supone una infracción administrativa, difícilmente va a estar justificada la identificación por la hipotética comisión de una infracción en el futuro por el uso de las imágenes tomadas.
Faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4 LOPSC)
Según la instrucción, únicamente serían sancionables «aquellas conductas o expresiones dirigidas a los agentes que trasgredan o atenten públicamente contra el derecho de todas las personas a recibir un trato respetuoso, digno y adecuado por parte de los demás, constituyendo actos humillantes, despectivos u ofensivos, no sólo para su persona sino para la institución que representan».
Aunque no es tan clara en este aspecto la instrucción, creo que también se pone de manifiesto que se está aplicando esta infracción desproporcionadamente. Entre 2015 y 2017 se impusieron 43.749 sanciones por faltas de respeto y consideración a la policía.
En cualquier caso, se ha perdido la oportunidad de adecuar la aplicación de la ley a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. Para el TEDH son legítimos los insultos a la policía que se formulan en el contexto de una crítica sobre asuntos de interés público, cuando las ofensas no se dirijan contra policías concretos sino frente a la institución en general; señalando expresamente que la policía debe mantener un alto grado de tolerancia a los discursos ofensivos (véase la Sentencia del 28 de agosto de 2018 -asunto Savva Terentyev v. Rusia).
La ausencia de menciones sobre las identificaciones policiales
Resulta sorprendente que la instrucción no considere necesario regular ningún aspecto de las identificaciones policiales. En especial sobre las identificaciones policiales con perfil racial o étnico.
Sobre las identificaciones policiales parece haber una política de opacidad. Prueba de ello es el hecho de que desde 2016 las Memorias Anuales del Ministerio del Interior han dejado de recoger los datos estadísticos de las identificaciones policiales. Y eso que es una actuación muy generalizada: se venían realizando unos 8 millones de identificaciones al año.
Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad
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Me ha gustado mucho esta película de Ken Loach. He tardado en verla. Por suerte está disponible para préstamo en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que es una película muy recomendable para los estudiantes de derecho.
Como trasfondo, la película pone de manifiesto las enormes trabas burocráticas a las que tiene que hacer frente Daniel Blake, quien no puede trabajar porque ha sufrido un infarto. Como le han denegado la ayuda por incapacidad para trabajar, tiene que solicitar la prestación por desempleo. Lo que le obliga a buscar trabajo de forma activa, bajo amenaza de ser sancionado y perder el derecho a recibir ayudas. Y ello a pesar de que tiene que rechazar las ofertas de trabajo que recibe, porque según su médico, no se encuentra en condiciones de trabajar.
Me ha recordado alguna de las ideas que plantea Loïc Wacquant en su libro Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social (editorial Gedisa). Wacquant plantea que la reducción del Estado social (del Estado caritativo americano que él estudia) se lleva a cabo a través de la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de ayuda social y, también, eliminando los programas de ayudas. Pero también se consigue a través de decisiones administrativas: multiplicando «los obstáculos burocráticos y los requisitos impuestos a los solicitantes con el objetivo de desalentarlos o eliminarlos de las listas de beneficiarios (aunque sólo sea de forma temporal)».
La tesis de fondo que mantiene Loïc Wacquant es que hay una vinculación funcional entre la reducción del sector asistencial social del Estado y el aumento paralelo del aparato penal y policial. Ambos sectores de la actuación estatal responden a la misma función, el control de los sectores más precarizados de la población.
De manera que los servicios sociales se han convertido en un instrumento de vigilancia y control de determinados sectores de la sociedad. A partir de la Family Suport Act (Ley de apoyo a las familias), se produjo una ola de reformas entre los años 1988 y 1995. No sólo se restringió la ayuda pública, sino que se condicionó al cumplimiento de determinadas normas de conducta, de carácter económico, sexual, familiar, educativa,… El requisito más común es que el beneficiario debe aceptar cualquier empleo o actividad similar que se le ofrezca (sin tener en cuenta el salario o las condiciones laborales), bajo la pena de perder el derecho a la asistencia. Wacquant considera que se ha producido la «conversión del derecho a la asistencia (welfare) en la obligación “trabajar a cambio de recibir asistencia” (workfare) destinada a dramatizar y valorizar la ética del trabajo en el nivel más bajo del escalafón laboral».
En cuanto al aparato penal, Loïc Wacquant considera que es un elemento estructural del neoliberalismo: es un «órgano central del Estado», que forma parte de «su mera arquitectura». Y critica las concepciones economicistas del neoliberalismo que no tienen en cuenta este aspecto (defecto en que incurre, a su juicio, David Harvey en su libro Breve historia del neoliberalismo).
En nuestro país también podemos encontrar ejemplos de trabas administrativas en ayudas sociales. Así, en la Comunidad de Madrid, durante el año 2017 se acordaron 1.305 suspensiones de la prestación de la renta mínima de inserción (RMI) durante la fase de seguimiento (lo que supone el 18% de las causas de suspensión, según el Balance anual de gestión de la renta mínima de inserción 2017, elaborado por la Comunidad de Madrid, pág. 22).
Por cierto, la dimensión de control social también está presente en la regulación legal de la RMI en la Comunidad de Madrid. Los beneficiarios de esta prestación están obligados, entre otras cuestiones, a «Acudir personalmente a las entrevistas concertadas por los profesionales de los servicios sociales, con la periodicidad y en las condiciones señaladas en el programa individual de inserción», así como a «Suscribir el preceptivo programa individual de inserción al que se comprometió al solicitar la prestación, y participar activamente en las medidas contenidas en el mismo» [según los apartados e) y f) del artículo 12 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid]. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la suspensión de la prestación, e incluso a su extinción, con base en los artículos 13 y 15 de la Ley 15/2001. El artículo 52.1 del Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, define el programa individual de inserción como «una previsión de acciones cuya finalidad es evitar procesos de exclusión y favorecer la incorporación laboral e integración social para promover la inclusión de quienes carezcan de los recursos suficientes para desarrollar una vida autónoma y participativa, estableciendo un proceso o itinerario individualizado basado en las necesidades globales de la persona así como en sus potencialidades. Se configura como un instrumento dirigido a garantizar el acceso de la ciudadanía a los apoyos personalizados para la inserción social y, en su caso, laboral a los que se refiere el artículo anterior».
Esta realidad administrativa, la imposición de trabas burocráticas, podría analizarse utilizando las categorías de burorrepresión y de legalarbitrariedad.
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References: artículo 4
 artículo 36
 artículo 36
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 artículo 36
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 52