Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9686
Timestamp: 2019-07-23 11:27:06+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 24007 DE 2014
CE SIII E 24007 DE 2014
GUSTAVO CASTAÑEDA RAMÍREZ Y OTROS VS DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ
Los hechos que a continuación se presentan son los comunes de 4 procesos que fueron acumulados por el a quo. El día 28 de noviembre de 1995, fue expedido por el Gobierno distrital de Santafé de Bogotá, el Decreto No. 755, cuyo artículo 5 es del siguiente tenor: “Se autoriza la venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales el día 7 de diciembre, el 15 de diciembre, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre de 1995 y los días 5 y 6 de enero de 1996, desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.”. Indicando el referido decreto, que la Secretaría de Gobierno determinaría el lugar en donde se autorizaría el expendio de artículos pirotécnicos. El 10 de diciembre de 1995, el Alcalde Mayor de Bogotá, expidió el Decreto No. 791 a través del cual se prohíbe la venta, almacenamiento, manipulación y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos en el Distrito Capital, salvo si cuenta con permiso de la autoridad competente para producirlos. El día 23 de febrero de 1996, se reglamentó el Decreto No. 791 de 1995, con el Decreto No. 120, el cual dispuso en el artículo 1º “Serán beneficiarios de la compensación económica señala en el Decreto 791 de 1995, aquellas personas que dieron cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del precitado decreto, es decir, quienes denunciaron y posteriormente entregaron los fuegos artificiales y artículos pirotécnicos que se encontraron en su poder, entre el 13 y 15 de diciembre de 1995”. Por otra parte, el Decreto 120 del 23 de febrero de 1996, estableció el procedimiento para el pago de compensaciones, indicando que sería a través de transacciones celebradas ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Allí también se autorizó a quienes entregaron la mercancía hasta el 31 de diciembre de 1995, a recibir la compensación económica, pero en una proporción menor, respecto de quienes la entregaron en las fechas fijadas en el Decreto 791 de 1995. Se realizó la transacción entre las partes, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y allí se les reconoció a cada uno de los demandantes el 25% del valor de la mercancía, suma que fue cancelada el 17 de febrero de 1997, tal como constan en los documentos relacionados en el acápite de pruebas. Los Decretos 755 y 791 de 1995 y 120 de 1996, fueron demandados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró su nulidad total. Dicha providencia fue revocada por el Consejo de Estado, quien declaró nulos algunos apartes de los Decretos 755 y 791 de 1995, relacionados con las sanciones de retención por 24 horas y en relación con los artículos pirotécnicos que contenían fósforo blanco y globos no alimentados con fuego; de este modo quedaron vigentes las disposiciones del Decreto 120 y también lo relacionado con el pago de compensaciones a quienes hubieran hecho entrega de pólvora.
¿Debe una entidad pública pagar los valores que en razón a un contrato de transacción se obligó con particulares aun cuando los decretos distritales que sirvieron de fundamento para su celebración fueron declarados nulos por el Consejo de Estado?
« (…) Así las cosas, de lo anterior se infiere con claridad que el contrato de transacción suscrito por las partes no se encuentra viciado de nulidad por cuanto el contenido de la sentencia proferida por esta Corporación y por la Sección Primera del Consejo de Estado, se establece que los apartes que fueron declarados nulos, no inciden en la transacción que se celebró, pues la nulidad parcial declarada por el Consejo de Estado, hace alusión especialmente a la medida de retención transitoria para los expendedores de pólvora, a la venta de globos y artículos pirotécnicos que contengan fósforo blanco y globos para cuya elevación no se utilicen dispositivos alimentados por fuego (Decreto 791 de 1995); y en cuanto al procedimiento dispuesto en el decreto 120 de 1996, que fue el fundamento del contrato firmado entre la demandante y el Distrito Capital, el Consejo de Estado encontró que esta disposición era armónica con el ordenamiento jurídico y se encontraba ajustada a derecho.
Lo anterior, permite concluir a esta Sala que los actos administrativos que sirvieron de base a la transacción entre las partes, no han perdido su obligatoriedad y legalidad, tal como lo señala el artículo 66 del C.C.A., por lo tanto, no se puede afirmar que se configura la causal de nulidad absoluta establecida en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
Es verdad que los decretos demandados se anularon en algunos apartes, que tienen que ver con la posibilidad de sancionar con retención de hasta 24 horas, a quienes violaran la prohibición de venta, producción y distribución de pólvora y con lo atinente a artículos pirotécnicos en cuya elaboración se utilice fósforo blanco y globos alimentados con fuego; sin embargo el decreto 120 de 1996 que disponía que los arreglos se harían mediante el mecanismo de la transacción, quedó totalmente vigente, por lo que la nulidad planteada no estaba llamada a prosperar tal como lo entendió el a quo y por tanto el fallo impugnado será confirmado. (…)»
Una entidad pública debe pagar los valores que en razón a un contrato de transacción se obligó con particulares, aun cuando apartes de los decretos distritales que sirvieron de fundamento para su celebración fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, porque:
Los contratos de transacción suscritos por las partes no se encuentran viciados de nulidad por cuanto el contenido de la sentencia proferida por el Consejo de Estado establece que los apartes que fueron declarados nulos, no inciden en la transacción que se celebró, pues la nulidad parcial declarada hace alusión especialmente a la medida.
En cuanto al procedimiento dispuesto en el decreto 120 de 1996, que fue el fundamento del contrato firmado entre los particulares y la entidad pública, se encontró que esta disposición era armónica con el ordenamiento jurídico y se encontraba ajustada a derecho.
PRIMERO.- CONFÍRMASE la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dos (2002).
Ley 80 de 1993. Artículo 44 l Código Civil. Artículo 2469
Contrato de transacción « (…) Se tiene establecido por la doctrina especializada que la transacción es uno de los mecanismos alternos de solución de conflictos que carece de regulación en el estatuto contractual, por lo cual es necesario acudir a lo contemplado en el artículo 2469 del Código Civil. Esta figura jurídica está autorizada para los contratos estatales en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 13 del Decreto Reglamentario 173 del mismo año. (…)»
Ficha: Una entidad pública debe pagar los valores que en razón a un contrato de transacción se obligó..
Una entidad pública debe pagar los valores que en razón a un contrato de transacción se obligó..

References: artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 66
 artículo 44
 Artículo 44
 Artículo 2469
 artículo 2469
 artículo 68
 artículo 13