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Timestamp: 2019-05-21 03:04:29+00:00

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marzo 2013 – Hay Derecho
Lecturas recomendadas: cartas desde un remoto pasado. El ejemplo de Séneca
29 marzo, 2013 /5 Comentarios/en Crisis de valores /por Rodrigo Tena Arregui
A lo largo de la historia no ha sido infrecuente, cuando la situación política se tuerce y empieza a ofrecer pocas alegrías y escasas oportunidades, que la gente tienda a mirar a su interior. Precisamente, “retirarse al jardín interior”, ha sido un motto popular en tiempos difíciles, desde los estoicos a Karl Schmidt o Ernst Jünger, por no citar épocas y lugares más próximos (como el País Vasco hasta hace dos días, por ejemplo). Sin embargo, estas retiradas pueden ser de muy diversos tipos. A veces con ellas se busca ocultar de la forma más cómoda posible responsabilidades o complicidades, y resultan cualquier cosa menos edificantes. En otros casos, por el contrario, responden a actitudes filosóficas y personales extraordinariamente valientes, y aún cuando haya transcurrido un par de milenios nos son más próximas (o al menos así nos gustaría pensarlo) y nos enseñan más cosas que las de nuestros contemporáneos. Quizá por eso los llamamos clásicos, porque son modelos imperecederos de los que nunca dejamos de aprender.
Un ejemplo paradigmático fue el de Séneca. Preceptor de Nerón, después su hombre de confianza y durante algunos años gobernante de facto del imperio, pronto se dio cuenta -cuando el pupilo decidió tomar las riendas del gobierno- de que no iba a ser nada fácil conciliar los honores y la honestidad. Optar por los primeros implicaba necesariamente el sacrificio de la segunda, para él algo absolutamente inaceptable. Optar por esta última, implicaba el sacrificio de la propia vida.
Retirarse a su jardín interior era casi esto porque, al fin y al cabo, y como Nerón no dejó de recordárselo, esa renuncia conllevaba una censura implícita, especialmente en el caso de un hombre que había sido amigo del emperador. Durante esos años comenzó a escribir a su amigo Lucilio una serie de cartas en las que, bajo la forma de consejos o enseñanzas, nos resume su filosofía (estoica) de la vida, con una viveza y una profundidad insuperables. Hay que tener en cuenta, además, que estas epístolas, a diferencia de las cartas ciceronianas, estaban destinadas a ser publicadas a medida en que su autor las escribía (un poco como los post actuales) por lo que la policía de Nerón estaba perfectamente al tanto de lo que nuestro autor opinaba. Por eso, no cabe poner en duda su fortaleza (ni del resto de sus virtudes cardinales, por cierto), pues en ese momento aspirar a tener una voz propia, y encima a ser oída, era sinónimo de insubordinación.
Por otra parte no hay que olvidar los temas sobre los que le gustaba disertar. El estoicismo es una filosofía verdaderamente extraña, pero de un atractivo, al menos teórico, indiscutible. Si tuviéramos que resumirla en una sola frase quizás podíamos escoger esta: si piensas correctamente querrás correctamente; es más, llegado al extremo, no querrás otra cosa que la propia virtud (que como consecuencia practicarás) lo que constituye, en definitiva, la única vía de acceso a la felicidad. Es algo imposible, sin duda, pero el estoico siempre está “progresando” hacia ese fin, hacia ello vuelca completamente su “animus”.
Por eso el estoico no es complaciente con el poder. La simulación le resulta intolerable. Ningún interés material justifica la mentira, porque el precio que se paga es la infelicidad que provoca necesariamente la falta de honestidad. “En esta morada expuesta a los golpes habita un alma libre” -afirma Séneca- “jamás esta envoltura carnal me forzará al miedo, jamás a la simulación indigna de un hombre de bien; jamás mentiré por consideración a este corpezuelo.” (76, 21 y 22). De hecho, el pueblo tenía a los sabios por gente sin miedo a nada ni a nadie, siempre dispuestos a cantarle las cuarenta a reyes y emperadores. Quizás porque al estoico le gustaba probarse a sí mismo la fuerza de su carácter.
Es cierto que el estoicismo tiene un componente providencialista que le permite volcarse en la felicidad personal y desentenderse del mundo, cuya salvación estaría garantizada si todos abrazásemos la sabiduría. No es de extrañar, por tanto, el consejo que Séneca da a Lucilio acerca de la conveniencia de abandonar sus cargos públicos y centrarse en el estudio de la filosofía. Sin embargo, pese a todas las reticencias que tal consejo hoy nos suscita, hay que reconocer que no pretende con ello incentivar ningún tipo de escapismo. La retirada es cualquier cosa menos hipócrita. Volcarse en la vida privada no significa preocuparse por los intereses personales de tipo material, porque eso implica siempre complicidad y colaboracionismo con la deshonestidad. Significa simplemente aprender a ejecutar en todo momento la acción correcta, con todos los riesgos y sacrificios que ello conlleva (al menos para la generalidad de la gente, porque ya se sabe que el estoico no da importancia a esas cosas). Por eso, como consecuencia de su visión providencialista, los estoicos entienden que en la medida en que se ocupan de su vida interior se ocupan también de los asuntos de todo el género humano.
La honestidad, evidentemente, es también el principio máximo que debe regir la actuación de un buen gobernante. Es más, es que el título que supuestamente le legítima para ejercerlo no es nada ni importa nada, a menos que sus administrados se sientan llevados gracias a él a la añorada edad de oro, en donde la honestidad proveía beneficios por añadidura. A esa edad en la que -según nos explica Séneca- gobernar era un servicio, no un dominio, y el rey no podía formular una amenaza mayor a los desobedientes que la de abandonar su reinado…. (90,5).
A la vuelta de dos mil años todo esto parece muy lejano. En realidad, también se lo parecía a sus compatriotas. Para muchos, el que no se enriquecía a costa de la debilidad del poder (o de su proximidad) no demostraba ser un sabio sino un necio, y no faltaron los que acusaron al propio Séneca de ser menos “sabio” de lo que presumía. Puede que en parte tuvieran razón, pero si se enriqueció gracias a Nerón no fue a través de comportamientos deshonestos o manifiestas ilegalidades como acusar falsamente en los tribunales a sus deudores para meterlos en la cárcel (hay que recordar que uno de los muchos negocios de Séneca era prestar con interés y en eso destacó como uno de los más importantes banqueros de Roma). En la actualidad un comportamiento como el indicado no mancha ninguna reputación ni escandaliza a nadie, ni siquiera a las máximas instituciones del Estado, que lo contemplan con total normalidad.
Hoy en día, decir la verdad, manifestar la propia opinión honestamente, se considera una actitud inoportuna, en casi todos las acepciones de la palabra. Inoportuna por arriesgada, desde luego, aunque lo que esté en juego no sea la arena del circo o el suicidio forzoso, sino algo infinitamente menos incómodo. Pero también inoportuna por discordante, casi por maleducada. Hoy un estoico no duraría cinco minutos en cualquier reunión profesional o política en nuestro país. Sería considerado como un cínico (en el sentido filosófico del término) absolutamente insoportable, merecedor de ser introducido en un tonel y arrojado de una patada a la calle, que es por donde debería deambular. Realmente, el que haya tantos “estoicos” en los bares y tan pocos en los despachos es un dato que dice mucho de nuestra época, y no para bien.
No es de extrañar, por tanto, que lo que nos sorprenda en la política sea precisamente el comportamiento honesto, y eso si llegamos a verlo. No esperamos que Ana Mato nos amenace públicamente con privarnos de su servicio para nuestra orfandad y desamparo -y con razón, porque no se trata de forzarle a hacer el ridículo-, pero tampoco esperamos que simplemente dimita en silencio. Menos aún que lo haga su Presidente, pese a haber tenido a su servicio a un reconocido delincuente durante tantos años. Tales muestras de honestidad nos parecerían asombrosas, y casi irresponsables, por lo que no es de extrañar que a ellos también se lo parezca.
Y, sin embargo, cuando uno lee esas cartas, escritas hace tanto tiempo, se da cuenta que sin algo de esa honestidad no hay efectivamente sabiduría práctica ni solución posible. Puede que no sea necesario llegar hasta el extremo, como exigían los estoicos, pero tampoco nos podemos quedar tan cortos. Que las normas son necesarias nadie lo duda, pero que las normas sin “animus” no nos llevan a nada, estamos empezando a comprenderlo. Quizá porqué, cómo el propio Séneca intuía, “el camino es largo a través de los preceptos, pero breve y eficaz a través de los ejemplos” (6,5).
Séneca, Epístolas Morales a Lucilio, editorial Gredos (tres tomos), existe una selección de las cartas en la misma editorial (Cartas filosóficas) prologada por Antonio Fontán.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Rodrigo Tena Arregui https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Rodrigo Tena Arregui2013-03-29 00:15:202013-03-28 21:59:21Lecturas recomendadas: cartas desde un remoto pasado. El ejemplo de Séneca
Lecturas recomendadas: “Una protesta contra las tasas judiciales”, de Jeremy Bentham
28 marzo, 2013 /13 Comentarios/en Administración de Justicia /por Fernando Gomá Lanzón
El título completo de la obra es revelador de la tesis que contiene: Una protesta contra las tasas judiciales en la que se demuestra la peculiar malignidad que entrañan todos estos impuestos como coste añadido al de acudir a la Justicia. La cuidada edición y las abundantes notas corren a cargo del prestigioso catedrático de Derecho Procesal y autor jurídico Andrés de la Oliva, así como la imprescindible introducción.
Hay una curiosa circunstancia en este libro: aun siendo su autor, Jeremy Bentham, una personalidad de renombre mundial por muchos motivos, esta obra es probablemente desconocida fuera del mundo anglosajón, porque ésta es la primera edición de la obra en una lengua diferente a la inglesa, desde su publicación en 1793. El mismo Andrés de la Oliva comienza su introducción confesando que ignoró su existencia hasta los meses finales del año 2012.
Jeremy Bentham es, por supuesto, el padre de la teoría filosófico moral conocida como utilitarismo, pero también es muchas otras cosas que nos son expuestas en la introducción hasta siluetear una personalidad muy interesante y hasta ejemplar en ciertos aspectos. De la Oliva dice de él que ante todo y siempre, es un hombre de Derecho. Muy sensible a las desigualdades y la pobreza, las combate con un espíritu libre y racional. Su extensa obra, aun no clasificada del todo, trata de asuntos constitucionales, penales, económicos, de educación, religión, pena de muerte, libertad de prensa, etc. Y no solamente es un hombre de pensamiento –aunque a veces se ha querido caracterizarlo de esta manera, en el sentido de alejado de la realidad práctica-, sino de acción, como lo puede atestiguar su relación con personajes influyentes de la política en Francia, España, Rusia o América y sus variadas propuestas de planes y modelos de constituciones para estos países.
A él se debe la invención del llamado panóptico, que inicialmente es una propuesta de diseño de un centro penitenciario, pero que es capaz de explicar muchas más cosas. Como se expresa en este post, Michel Foucault, el gran filósofo moderno del poder, decía que Jeremy Bentham era mucho más importante para nuestras sociedades que Kant o Hegel, pues fue él quien programó, definió y describió de manera precisa la forma del poder bajo la que vivimos, presentándola en un maravilloso modelo que es el famoso panóptico.
El libro que recomendamos surge como una reacción ante una proposición de ley para del parlamento irlandés presentada en febrero de 1793 que pretendía introducir allí las tasas judiciales. No obstante, nos advierte el editor, Bentham no escribe un texto circunstancial, sino que vierte en él a propósito de este hecho concreto toda una reflexión sobre un tema que para él es básico: el de procurar de manera efectiva la “justicia para todos”. No es éste el momento de desarrollar aquí de manera amplia el argumentario que emplea Bentham, pero sí de dejar constancia de la plena vigencia de muchas de sus ideas, muy bien acompañadas, como se ha dicho, por unas notas del editor que, bien nos trasladan a la época en la que la obra fue escrita para explicar aspectos sociales o del pensamiento del propio autor, bien nos relacionan lo que expone Bentham con la situación actual en España tras la ley 10/2012, de Tasas Judiciales.
No es que Bentham sea contrario a cualquier tasa, sino a aquéllas que sean relevantes para el acceso a la justicia, en el sentido de dificultarla o llegar a impedirla. Para estas últimas reserva su rechazo más absoluto. Las denomina “tasas sobre la aflicción”, porque cuando una persona considera que está sufriendo un daño material o moral y precisa de acudir a la justicia, entonces, dice, es el momento elegido para reclamarle una contribución extraordinaria. Para el que no pueda pagarlas, hay una verdadera denegación de la Justicia. Y quienes no pueden son los menos favorecidos económicamente. No se trata solamente de no obtener Justicia, sino de que no se puede ni siquiera tener la oportunidad de pedirla.
Con sorprendente modernidad, se ocupa del no disimulado afán recaudatorio que las tasas pueden tener: “para una imaginación libre de prejuicios, la alianza entre Justicia y Hacienda… compone una estampa demasiado pegada a la verdad para considerarla una fábula”. Andrés de la Oliva glosa este hecho añadiendo que en la ley 10/2012 esta alianza tiene un efecto secundario poco mencionado: el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva comporta la remisión a la administración tributaria de datos fiscalmente relevantes sobre el contribuyente que paga la tasa.
En otro pasaje de la obra, con sarcasmo y lucidez, da en el clavo de por qué la justicia no importa a los políticos: porque los justiciables somos todos y ninguno, o, como diríamos en la actualidad, porque la Justicia no da votos: Los individuos que aspiran a la justicia no tienen una causa en común y rara vez un nombre en común, son todo el mundo y no son nadie y, al ser su problema el de todo el mundo, no es el de nadie. ¿Quiénes son estos aspirantes a la Justicia, los justiciables?¿Dónde están? ¿Qué le importan al Ministro de Hacienda?”.
Se decía entonces –y se sigue repitiendo ahora- que las tasas son un freno a la litigiosidad. Bentham replica con toda lógica, en mi opinión, que quizá frenen litigios, pero que lo hacen tanto respecto de los que son infundados, como de los que tienen todo el fundamento y lógica que se interpongan, puesto que no se distingue en absoluto entre unos y otros. Andrés de la Oliva comenta que Bentham aplica aquí el clásico principio de Ulpiano de que es preferible que un crimen quede impune a que un inocente sea condenado, y dice: “resulta asombroso que este elemental principio jurídico haya sido completamente ignorado al establecer [en España] tasas judiciales elevadas con el propósito de frenar la litigiosidad. ¿No operan esas tasas como un súper castigo que, si recae sobre un litigante temerario o frívolo, puede a la vez afectar al menos a otro que no incurriría ni en temeridad ni en frivolidad al demandar o recurrir?”.
Frente a ello, y haciendo honor a su espíritu racional, el autor inglés propone que se discrimine y penalice la mala conducta ante los tribunales (la litigiosidad temeraria, como anota Andrés de la Oliva), y que esa penalización se produzca cuando se confirme la culpa. Y mientras, que se retrase el pago no imprescindible de todos los costes hasta la última fase del proceso.
La conclusión de la Protesta es contundente: una tasa judicial que impida de manera efectiva el acceso a la Justicia es la peor de todas las tasas posibles.
Libro, en definitiva, recomendable, porque de la lectura -sosegada, a poder ser- de las ideas de una persona inteligente y con sinceros criterios éticos nada más que beneficios podemos esperar. Su cuidada edición, la facilidad que proporciona el tamaño y tipo de letra empleado, y el agradable tacto de sus páginas y cubierta –en este aspecto soy absolutamente analógico y no digital- contribuyen a ello.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Fernando Gomá Lanzón https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Fernando Gomá Lanzón2013-03-28 00:18:072013-03-29 17:27:33Lecturas recomendadas: “Una protesta contra las tasas judiciales”, de Jeremy Bentham
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Francisco García Gómez de Mercado https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Francisco García Gómez de Mercado2013-03-24 18:03:242013-03-24 15:58:28El control de los actos políticos del Gobierno (y III). El control sobre la potestad de gracia
El control de los actos políticos del Gobierno (II)
En principio, tras la Constitución, el Tribunal Supremo mantuvo la exclusión del artículo 2 LJCA con los requisitos anteriormente señalados por la jurisprudencia anterior: que se trate realmente de un acto político por su naturaleza, carácter y finalidad (entendiendo que la función política se ha de circunscribir a los actos de relación internacional y los actos constitucionales entre los poderes públicos), y que derive del Gobierno en su unidad conjunta y no de otro órgano individual o colectivo (Cfr. STS 26 abril 1980 [RJ 1980, 2658], y 3 marzo 1986 [RJ 1986, 2305]). El Tribunal Supremo, mediante auto, inadmitió un recurso contra el envío de tropas al Golfo Pérsico, ante la invasión de Kuwait por Irak, aunque el acto había sido adoptado por una Comisión Delegada del Gobierno, por entender que se trataba de un acto dictado por delegación, que se entiende dictado por el delegante (como establece el actual art. 13.4 LRJ-PAC), pero, a pesar de su nombre, no parece que las Comisiones Delegadas se limiten a ejercer facultades delegadas sino que tienen sus propias competencias, como resulta de los Reales Decretos que las crean y regulan yla vigente Leydel Gobierno.
Algunos autores, como GARCÍA DE ENTERRÍA, habían entendido que la exclusión de los actos políticos por la LJCA/1956 había quedado derogada por los artículos 24 y 106 CE, pero, en virtud del artículo 1 de la misma, admitían la exclusión de los actos constitucionales, dictados por el Gobierno con sujeción no al Derecho administrativo sino al constitucional; criterio que ha sido acogido progresivamente en algunas Sentencias del Tribunal Supremo (Cfr. STS 9 junio 1987 [RJ 1987, 4018] y 2 octubre 1987 [RJ 1987, 6688]). Así, las Sentencias de 4 de abril de 1997 (RJ 1997, 4513, 4514 y 4515) recuerdan que «ha sido la influencia de este precepto constitucional [el art. 24] la que explica que la jurisprudencia… haya abandonado la citada del artículo 2 b) de la Ley de la Jurisdicción [de 1956], como si en él permaneciese latente el sentido elusivo de la Administración frente al control jurisdiccional de determinadas actuaciones».
Sobre esta cuestión, es decisiva la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1994 (RJ 1994, 5050), que estimó la impugnación del nombramiento del Fiscal General del Estado Eligio Hernández. Parte la sentencia del reconocimiento de que «estamos más próximos a una resolución gubernativa en la que se actúa una opción política que ante un acto de naturaleza exclusivamente administrativa.
La jurisprudencia ha admitido pacíficamente la existencia de actuaciones políticas del Gobierno no sometidas a control jurisdiccional. Cabe citar, a título de ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 junio 1987 (RJ 1987, 4018) y 2 octubre 1987 (RJ 1987, 6688), ambas destacables tanto por sí mismas como porque sobre las tesis en ellas mantenidas ha elaborado el Tribunal Constitucional su doctrina general acerca de este particular, que ha permaneciendo prácticamente inalterable desde la Sentencia de 15 marzo 1990 (RTC 1990, 45) hasta la de 26 noviembre 1992 (RTC 1992, 204).
El Tribunal Constitucional, en la de 15 marzo 1990, dice que “no toda actuación del Gobierno, cuyas funciones se enuncian en el artículo 97 del Texto Constitucional, está sujeta a Derecho administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como son los actos que regula el título V de la Constitución o la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de ley u otros semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado artículo 97 de la Constitución…”.
La clara posición jurisprudencial. es preciso aplicarla a cada caso concreto, porque entonces entran en juego principios y normas constitucionales de ineludible acatamiento, que presionan en favor de su restricción. Entre estos principios y normas nos encontramos, en primer lugar,… el artículo 24.1 (de la Constitución)… Ha sido la influencia de este precepto constitucional la que explica que la jurisprudencia que hemos reseñado haya abandonado la cita del artículo 2 b) de la Ley de la Jurisdicción… y que por eso el Tribunal Constitucional, en la citada Sentenciade 15 marzo 1990, haya destacado que… el artículo 2 b) LJCA… en ningún momento se menciona en la Sentencia (del Supremo), sino (que inadmite el recurso) por entender que se dirigía contra una actuación (u omisión) no sujeta al Derecho administrativo y, por ende, no susceptible de control en esa vía judicial, conforme al artículo 106.1 CE y el artículo 1 LJCA.
Reconocido, sin embargo, que nuestro sistema normativo admite la existencia objetiva de unos actos de dirección política del Gobierno en principio inmunes al control jurisdiccional de legalidad. esto no excluye que la vigencia de los artículos 9 y 24.1 de la Constitución nos obligue a asumir aquel control cuando el legislador haya definido mediante conceptos judicialmente asequibles los límites o requisitos precisos a los que deben sujetarse dichos actos de dirección política, en cuyo supuesto los tribunales debemos aceptar el examen de las eventuales extralimitaciones o incumplimiento de los requisitos previos en que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión».
Las Sentencias de 4 de abril de 1997 (RJ 1997, 4513, 4514 y 4515)), en relación con la solicitud de clasificación de documentos secretos, reiteran el control judicial «cuando el legislador haya definido mediante conceptos jurídicamente asequibles los límites o requisitos precisos a los que deben sujetarse» los actos políticos. Esta línea es corroborada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1997 (RJ 1997, 5640), que revoca el auto de inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía, por cuanto pueden ser controlados ciertos criterios normativos que otorgan al acto recurrido una naturaleza reglada, susceptible de control jurisdiccional por la Sala de instancia, cuya legalidad ha de examinar.
La Ley del Gobierno de 27 de noviembre de 1997, se limita a declarar, en su artículo 26.3, que «los actos del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados enla presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora», con lo que no ayuda a resolverla cuestión. En principio, el tenor del meritado precepto parece favorable al control de cualesquiera actos del Gobierno por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pero, evidentemente, será necesario que se respeten los límites de dicho orden jurisdiccional, puesto que, por ejemplo, es claro que sus actos sujetos al Derecho civil, mercantil o laboral no serán fiscalizables a través del recurso contencioso-administrativo. Además, la remisión a la LJCA, que al tiempo de la entrada en vigor de la Ley del Gobierno, era la anterior, de 1956, termina por confirmar la inutilidad del referido precepto.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Francisco García Gómez de Mercado https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Francisco García Gómez de Mercado2013-03-24 15:00:542013-03-16 18:00:12El control de los actos políticos del Gobierno (II)
El control de los actos políticos del Gobierno (I)
24 marzo, 2013 /en Administraciones Públicas, Gobierno /por Francisco García Gómez de Mercado
El artículo 2 b) de la Ley dela Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, recogiendo la doctrina del Consejo de Estado francés, excluyó del conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones que se suscitasen en relación con los actos políticos del Gobierno, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueran procedentes, cuya determinación sí correspondería a este orden jurisdiccional. Señalaba así su exposición de motivos que los actos políticos «no constituyen una especie del género de los actos discrecionales, caracterizada por un grado máximo de discrecionalidad, sino actos esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, confiada únicamente a los supremos órganos estatales».
Ante las numerosas críticas que este precepto había recibido, en la preparación dela vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, se barajaron diversas posibles opciones, desde el silencio de la ley sobre los actos políticos hasta la definición de éstos. La opción finalmente elegida es incomprensible si no se conocen los antecedentes del precepto. La LJCA/1998, en su artículo 2 a), confiere al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con «la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos».
En principio, los actos políticos del Gobierno son los que este puede dictar no como órgano administrativo sino como órgano constitucional al que, según el artículo 97 CE, le corresponde la dirección política del Estado, en contraposición a la función ejecutiva y la potestad reglamentaria que le corresponden como órgano superior de la Administración del Estado, toda vez que cuando el Gobierno actúa como órgano político o constitucional no forma parte dela Administración. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1991 (RJ 1991, 7553), se refiere a «la función política que, por imperativo constitucional, reflejado en el artículo 97 de la Constitución, compete a ese órgano estatal en su dimensión de órgano constitucional, y ajena por tanto a su posible actuación como supremo órgano de la Administración».
Según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de marzo de 1990 (RTC 1990, 45), cuyo ponente fue el Excmo. Sr. LEGUINA VILLA, «no toda actuación del gobierno, cuyas funciones se enuncian en el artículo 97 del Texto Constitucional, está sujeta al Derecho administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de ley u otros semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado artículo 97 CE. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan prioridad a una u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes».
La jurisprudencia se ha centrado, fundamentalmente, en los supuestos de relaciones entre los poderes del Estado, como la denegación de la solicitud de ejercicio de la iniciativa legislativa o el ejercicio de ésta (STS 13 marzo 1990 [RJ 1990, 1938]; 25 octubre 1990 [RJ 1990, 7972]; y 10 diciembre 1991 [RJ 1991, 9254]) o la designación del Fiscal General del Estado (STS 28 junio 1994 [RJ 1994, 5050]). Sin embargo, el Tribunal Supremo ha apreciado la existencia de actos políticos en otros casos, tales como la resolución sobre la solicitud de actualización de rentas prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (STS 6 noviembre 1984 [RJ 1984, 5758]) matizada por las posteriores de 11 mayo 2000 [RJ 2000, 7081] y 29 mayo 2000 [RJ 2000, 6551]), la denegación de la convocatoria de plazas en la función pública (STS 2 octubre 1987 [RJ 1987, 6688]), la determinación del salario mínimo interprofesional (STS 24 julio 1991 [RJ 1991, 7553]) o el ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno (STS 26 febrero 1993 [RJ 1993, 1431]). Pero ha rechazado como actos excluidos de control jurisdiccional diversos supuestos contemplados porla preconstitucional LJCA/1956 en su artículo 2 b) (STS 3 enero 1979 [RJ 1979, 7]; 28 noviembre 1980 [RJ 1980, 4841]; 3 marzo 1986 [RJ 1986, 2305]; 25 junio 1986 [RJ 1986, 3778]; y 6 julio 1987 [RJ 1987, 3228]).
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Francisco García Gómez de Mercado https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Francisco García Gómez de Mercado2013-03-24 00:49:032013-03-24 15:58:59El control de los actos políticos del Gobierno (I)
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 José María Pérez Gómez https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png José María Pérez Gómez2013-03-23 00:06:162013-03-21 10:00:59De nuevo sobre la relación laboral especial del servicio del hogar familiar

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 resolución 
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 106
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 97
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 artículo 97
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 artículo 2