Source: http://blog.pucp.edu.pe/blog/aleajactaes/author/valencia-fa/
Timestamp: 2020-02-23 20:04:54+00:00

Document:
Fabricio Alfredo Valencia Gibaja | Patrimonio Cultural
Archivo del Autor: Fabricio Alfredo Valencia Gibaja
Acerca de Fabricio Alfredo Valencia Gibaja
I ESTUDIOS Pontificia Universidad Católica del Perú Título profesional de Abogado Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible. Organizado por la Cátedra UNESCO y la Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina. Universidad Ricardo Palma Estudio de Maestria en Museologia y Gestión Cultural II EXPERIENCIA LABORAL Hereditas Consultores.- Jefe del Area de Patrimonio Cultural (Desde abril de 2012, hasta la fecha) Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco (Mninisterio de Cultura).- Jefe de la Oficina de Asesoría Legal. (Desde el 04 mayo de 2010 al 24 de abril de 2012) Instituto Nacional de Cultura (Sede Nacional-Lima).- Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico (Desde octubre de 2004, hasta abril de 2010). Elaboración y Presentación de la “Lista Roja Perú”, con la participación del Instituto Nacional de Cultura y del ICOM (International Council of Museums). Miembro de la Comisión que elaboro el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296). Participación en representación del Estado Peruano ante el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en la II Reunión del Sello Cultural MERCOSUR. En las oficinas del Ministerio de Cultura de Brasil (Rio de Janeiro). El 2 de diciembre de 2008. Secretario Técnico de la Comisión encargada de Proponer Sanciones Administrativas por Infracciones en contra del Patrimonio Cultural de la Nación. (Designado mediante Resolución Directoral Nacional Nº 206/INC del 14 de febrero de 2007 y la Resolución Directora Nacional Nº 1476/INC del 8 de noviembre de 2007). Miembro alterno de la Comisión de Alto Nivel de Repatriación de los Objetos Arqueológicos que forman parte de la Colección Machu Picchu de la Universidad de Yale. Designado mediante Resolución Ministerial Nº 0618-2006-ED del 22 de setiembre de 2006. Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).- Organización no gubernamental que defiende los derechos de la mujer. Voluntario en el área legal, (Desde agosto de 2004, hasta julio 2005). III EXPERIENCIA DOCENTE Universidad Antonio Ruiz de Montoya.- Profesor del Curso Patrimonio Arqueológico, Leyes e Institución Pública, en el Diplomado en Gestión del Patrimonio Arqueológico. Desde el año 2012, hasta la fecha. Universidad de Piura.- Expositor en el Diplomado Investigación, Documentación y Gestión del Patrimonio Cultural. Organizado por la Universidad de Piura y la Universidad de Sevilla. (2009) IV PUBLICACIONES FÍSICAS Título del Artículo: Registro de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de La Nación. En la Revista del ICOMOS-Perú 2009. Título del Artículo Donaciones para conservar, restaurar y valorizar Bienes Culturales y los Beneficios Tributarios Generados. En la Revista del ICOMOS-Perú 2008. Título del Artículo Marco Legal peruano contra el tráfico de patrimonio. En la Gaceta Cultural del Instituto Nacional de Cultura Nº 25. Enero 2007 VIRTUALES Análisis del proyecto de ley que regula y promueve el mecenazgo cultural. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/119207/analisis-del-proyecto-de-ley-que-regula-y-promueve-el-mecenazgo-cultural La lista Roja de Antigüedades peruanas en peligro. En http://blog.pucp.edu.pe/item/113123/la-lista-roja-de-antiguedades-peruanas-en-peligro Título del Artículo: Propuesta de modificatoria de los artículos del Código Penal referidos al Patrimonio Cultural de la Nación. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/102702/propuesta-de-modificatoria-de-los-articulos-del-codigo-penal-referidos-al-patrimonio-cultural-de-la-nacion Título del Artículo: El tráfico ilícito de bienes culturales en el Perú. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/24634/el-trafico-ilicito-de-bienes-culturales-en-el-peru Título del Artículo: Modifican la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación- ley Nº 28296. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/24636/modifican-la-ley-general-del-patrimonio-cultural-de-la-nacion-ley-n-28296 Título del Artículo: Los bienes paleontológicos y el Patrimonio Cultural en el Perú. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/34515/los-bienes-paleontologicos-y-el-patrimonio-cultural-en-el-peru V PARTICIPACION EN CAPACITACIONES Como expositor: Participación como expositor en el Taller de Defensa del Patrimonio Cultural del Distrito de Barranco. Organizado por la Junta de Vecinos de la Av. Grau de Barranco cuadras 0 a la 13 – Barranco. El 12, 13 y 14 de octubre de 2009. Participación como expositor en el Taller de Participación y Conciencia Ciudadana Respecto al Patrimonio Cultural de la Nación. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura y por el Ministerio de Educación (Dirección Regional de Educación Tumbes). En Tumbes. Del 19 al 24 de febrero de 2007. Participación como expositor en el II Taller De Defensa Preventiva del Patrimonio Cultural. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En Lima. El 17 de noviembre de 2006. Participación como expositor en la Jornada De Sensibilización sobre Patrimonio Cultural del Distrito de Lunahuaná. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En Lunahuaná. El 11 de abril de 2006. Participación como expositor en la Jornada Informativa sobre la Labor Del Instituto Nacional De Cultura para personal de IPERU/PROMPERU. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En Lima (Auditorio de PROMPERU). El 19 y 20 de octubre de 2005. Participación como expositor en la Jornada de Sensibilización para alcaldes y regidores escolares de Villa El Salvador. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En Lima. El 04 de octubre de 2005. Participación como expositor en el Taller de Defensa del Patrimonio Cultural. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En Lima. Del 27 de Setiembre al 01 de octubre de 2005. Participación como expositor en el Taller de Capacitación Docente para la Defensa Del Patrimonio Cultural En El Distrito De San Miguel. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En Lima. El 02 De Setiembre de 2005. Participación como expositor en los Talleres de formación de promotores del programa defensores del Patrimonio Cultural. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En Lima. Del 10 de mayo al 9 de junio de 2005. Participación como expositor en el Taller de capacitación docente para la Defensa del Patrimonio Cultural. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En el Auditorio del Centro Cultural del Parque de la Amistad de la Municipalidad Distrital de Santiago De Surco. El 28 de junio de 2005. Participación como expositor en el Taller de capacitación docente para la Defensa del Patrimonio Cultural. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En el Auditorio de la Municipalidad Distrital de la Molina. El 23 de mayo de 2005. Participación como expositor en el Seminario de Defensa del Patrimonio Cultural de la Provincia de Oyón. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En el Auditorio de la Asamblea Comunal de Oyon. El 18 de marzo de 2005. Participación como expositor en el Seminario de Defensa del Patrimonio de la Provincia de Huaral. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura. En el Salón Túpac Amaru de la Municipalidad Provincial de Haural. El 15 de marzo de 2005. Participación como expositor en el Taller Participativo de Defensa del Patrimonio Cultural. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura y por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En Chivay, Arequipa. El 30 de noviembre de 2004. Participación como expositor en el Taller Participativo de Defensa del Patrimonio Cultural. Organizado por el Instituto Nacional de Cultura y por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En Cajamarca. El 25 de noviembre de 2004. VI AFILIACIONES Miembro del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, es una organización de profesionales no gubernamental, dedicada a la conservación de los sitios y monumentos históricos del mundo. La organización es el ente consultor de la UNESCO para el tema del Patrimonio Cultural). Miembro del ICLAFI.- ICOMOS-ICLAFI es el Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros del ICOMOS, una asociación internacional de profesionales del patrimonio y asesor clave de la UNESCO en temas de Patrimonio Mundial. Los miembros de ICOMOS-ICLAFI son expertos en los aspectos legales de la conservación del patrimonio. Miembro del Colegio de Abogados de Lima
En el Perú los bienes culturales de propiedad de la Iglesia Católica en virtud del Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica del Perú, tienen un tratamiento jurídico especial, tal cual lo exponemos a continuación.
Sobre el Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica del Perú
El 25 de julio de 1980 se emitió el Decreto Ley N 23211, mediante el cual se aprobó el Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica del Perú, según el cual se normo en entre otras disposiciones lo siguiente:
Articulo 1.-La Iglesia Católica en el Perú́ goza de plena independencia y autonomía (…)
Artículo 2.-La Iglesia Católica en el Perú continua gozando de la personería jurídica de carácter público, con plena capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes, así́ como para recibir ayudas del exterior.
Artículo 10.-La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes.
Sobre la personería jurídica de carácter publico referida en el articulo 2, precisamos que:
Los Estados soberanos del mundo son con moderna terminología (…), calificados como personas de derecho público. [1]
Sobre la Resolución Directoral Nacional N° 958/ INC
Mediante la referida resolución, el 20 de junio de 2006 el Instituto Nacional de Cultura (Ahora Ministerio de Cultura) declaró Patrimonio Cultural de la Nación a diversos tipos de bienes de la Iglesia Católica del Perú de las épocas colonial y republicana.
Sobre la Resolución Directoral Nacional N° 1232/ INC
El 25 de setiembre de 2007, mediante la resolución antes referida el Instituto Nacional de Cultura (Ahora Ministerio de Cultura) dispuso lo siguiente:
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral Nacional N° 958/INC del 20 de junio de 2006(…)
Artículo 2°.- Señala que, los bienes de propiedad de la Iglesia Católica que reúnan las condiciones señaladas en el artículo II de la Ley No 28296 se encuentran bajo el amparo de la misma en concordancia con su régimen canónico y lo dispuesto en el Acuerdo Internacional suscrito entre la Santa Sede y la República del Perú.
Considerando lo dispuesto en el articulo 2 del Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica del Perú, en el sentido que la Iglesia Católica en el Perú tiene la condición de Sujeto de Derecho Internacional Publico, colegimos que se genera una ficción jurídica, según la cual, la Iglesia Católica en el Perú, es un Estado (Iglesia Católica) dentro de otro Estado (Perú).
Lo antes expuesto, es ratificado por lo dispuesto en el articulo 2 de la Resolución Directoral Nacional N° 1232/ INC, en el cual se señala que los bienes de propiedad de la Iglesia Católica que reúnan las condiciones señaladas en el artículo II de la Ley No 28296, se encuentran bajo el amparo de la misma en concordancia con su régimen canónico y lo dispuesto en el Acuerdo Internacional suscrito entre la Santa Sede y la República del Perú.
Considerando lo antes expuesto estaríamos antes un supuesto de falta de competencia del Estado Peruano, para otorgar la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación peruana a los bienes culturales de propiedad de la Iglesia Católica dentro del Territorio peruano.
[1]https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/iniure/article/viewFile/209/203
Juridical Treatment of the Cultural Heritage, property of the Catholic Church in Peru
In Peru the cultural goods, property of the Catholic Church by virtue of the Agreement between the Holy See and the Republic of Peru, have a specia juridical treatment, as we expose it below:
On the Agreement between the Holy See and the Republic of Peru
On July 25, 1980 wasissuedDecreeLawN23211, which approved the Agreement between the Holy See and the Republic of Peru, and norm in between other dispositions, the following thing:
Articule 1.- The Catholic Church in Peru, enjoy of full independence and autonomy (…)
Article 2.- The Catholic Church in Peru continue enjoying the legal status of public character, with full capacity and freedom for the acquisition and disposition of goods, as for receiving help from outside.
Article 10.- The Catholic Church and the jurisdictions and religious communities that integrate it will continue enjoying the exonerations and tributary benefits and exemptions that grant them the laws and legal regulations.
On the juridical legal status of public character recounted in the article 2, we need that:
The sovereign States of the world are with modern terminology (…), qualified as persons of public law. [1]
About National Directoral ResolutionN° 958/ INC
By the mentioned resolution on June 20, 2006 the National Institute of Culture (Now Minister of Culture) declared Cultural Heritage of the Nation to diverse types of goods of the Catholic Church of Perú, from de republican and colonial epochs.
About National Directoral ResolutionN° 1232/ INC
On 25 of September of 2007, by the resolution before recounted the National Institute of Culture (Now Minister of Culture) arranged the following thing:
Article 1°.-Leaves without effect the National Directoral ResolutionN° 958/INC del 20 de junio de 2006(…)
Artícle 2°.- Indicates that, the goods property of the Catholic Church thatassemble the conditionsindicated in the Article II of the Law N° 28296, are under the protection of the same one in accordance with their jcanonical regime, dispose in the International Agreement signed between the Holy See and the Republic of Peru.
Like Colophon
Considering the prevition of the Artícle 2° of the Agreement between the Holy See and the Republic of Peru, in the sense that the Catholic Church in Peru has the condition of Subject of Public International Law, we collect that there is generated a juridical fiction, according to which, the Catholic Church in Peru is a State (Catholic Church) inside another State (Peru).
The above, is ratified by the provisionsin the Article 2° of theNational Directoral Resolution N° 1232/INC, which indicates that the goods of property of the Catholic Church that should assemble the conditions indicatedin the Article II of the Law N° 28296, meet under the protection of the same one, in conformity with his canonical regime and arranged in the International Agreement signed between the Holy See and the Republic of Peru.
Considering the expose before, we would be before a supposition of alleged lack of jurisdiction of the Peruvian Government, to grant the condition of integral goods of the Cultural Heritage of the Peruvian Nation to the cultural goods of property of the Catholic Church inside the Peruvian Territory.
Esta entrada fue publicada en General el 5 diciembre, 2018 por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.
[Visto: 9008 veces]
En el Perú la norma que regula de forma especifica el tema del Patrimonio Cultural de la Nación, es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Ley Nº 28296, la misma que es complementada por Reglamento- Anexo al Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
El 12 de julio de 2014, se publico la Ley 30230- Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, la misma que en su artículo 60° dispone la modificación de los numerales 22.1 y 22.2 del artículo 22° de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
En el presente artículo, analizaremos las modificaciones introducidas por la Ley N° 30230 a la Ley N° 28296.
2. Regulación de las autorizaciones para ejecutar obras en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación antes de la Ley N° 30230
De acuerdo a lo prescrito en su versión original, por el numeral 1° del artículo 22° de la ley Nº 28296, toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requería para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura (Actualmente Ministerio de Cultura).
Complementaba lo referido anteladamente el artículo 37º del Reglamento de la Ley Nº 28296, en el sentido que estaba prohibido conceder autorización de ejecución de obra vinculada a bienes culturales inmuebles, en vía de regularización, que haya sido ejecutada sin autorización previa del Instituto Nacional de Cultura (en adelante INC).
Asimismo prescribía, el artículo 38° del referido Reglamento , que sin perjuicio de las responsabilidades que acarrea la ejecución de obras vinculadas a bienes culturales inmuebles sin autorización previa del INC, el responsable estaba en la obligación de reponer el bien al estado anterior a la intervención, ciñéndose a las especificaciones técnicas que ordene el INC.
Asimismo, de acuerdo a lo prescrito en su versión original, por el numeral 2 del artículo 22°de la Ley Nº 28296, era nula la licencia municipal que carezca de la autorización del INC, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
3. Regulación de las autorizaciones para ejecutar obras en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación a la luz de la Ley N° 30230
Identificamos tres modificaciones incorporadas por el artículo 60° de la Ley N° 30230, en la Ley N° 28296, en el siguiente sentido:
La primera modificatoria consiste en que, las obras a ejecutarse en bienes culturales inmuebles requieren únicamente de la autorización del Ministerio de Cultura. Es decir se eliminó el adjetivo “previo”, respecto a la autorización del Ministerio Cultura para intervenir en bienes culturales inmuebles.
La segunda modificatoria consiste en que, el Ministerio de Cultura designará los delegados ad hoc que estime necesarios de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29090-Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
La tercera modificatoria consiste en que se eliminó la disposición que establecía que era nula la licencia municipal que carezca de la autorización del INC (Ahora Ministerio de Cultura), sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
A modo de resumen glosamos el siguiente cuadro comparativo entre ambas normas:
Protección del Patrimonio Cultural de la Nación
Disposiciones para facilitar la inversión privada en el sector inmobiliario
(…) Artículo 60. Modificación de los numerales 22.1 y 22.2 del artículo 22 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
Articulo 22°.- Protección de bienes inmuebles
22.2 Es nula la licencia municipal que carezca de dicha autorización, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.”
Artículo 22°.- Protección de bienes inmuebles:
22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización del Ministerio de Cultura.
22.2 Para dichos efectos, el Ministerio de Cultura designará los delegados ad hoc que estime necesarios de conformidad con lo establecido en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.”
Sobre la Resolución Ministerial Nº 364-2014-MC
El 10 de octubre de 2014 el Misterio de Cultura emitió la Resolución Ministerial Nº 364-2014-MC, mediante la cual elimino del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Instituto Nacional de Cultura (actualmente Ministerio de Cultura), el procedimiento N° 06 denominado “Revisión de anteproyecto o proyecto de intervención en Bienes Culturales Inmuebles” de la Dirección del Patrimonio Histórico, Colonial y Republicano (actualmente Dirección General de Patrimonio Cultural).
Es importante precisar que en el Séptimo Considerando de la referida Resolución Ministerial, se señaló lo siguiente:
“Que, al respecto, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Memorando Nº 803-2014-OGAJ-SG/MC de fecha 25 de setiembre de 2014, señala que con la modificación del numeral 22.1 del artículo 22 de la Ley Nº 28296, se ha eliminado la precisión que establecía que la autorización del Ministerio de Cultura debe ser emitida de forma previa a la ejecución de la obra de edificación que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación; asimismo, con la modificación del numeral 22.2, se ha eliminado la exigencia de la autorización previa del Ministerio de Cultura para la validez de la licencia municipal, entendiéndose que dicha autorización debe darse a través de la intervención de los delegados Ad Hoc en los procedimientos para el otorgamiento de licencias de obra de edificación (…)”
A modo de resumen precisamos que el Ministerio de Cultura en el Séptimo Considerando antes citado, expreso categóricamente lo siguiente:
Se ha eliminado la precisión que establecía que la autorización del Ministerio de Cultura debe ser emitida de forma previa a la ejecución de la obra de edificación que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
Se ha eliminado la exigencia de la autorización previa del Ministerio de Cultura para la validez de la licencia municipal, entendiéndose que dicha autorización debe darse a través de la intervención de los delegados Ad Hoc en los procedimientos para el otorgamiento de licencias de obra de edificación.
5.1 Antecedentes normativos sobre la figura jurídica de la “autorización previa” para ejecutar obras en un bien cultural inmueble
En los últimos años, al analizar los proyectos de leyes o las normas referidas al Patrimonio Cultural de la Nación, evidenciamos un serio desconocimiento de los antecedentes históricos jurídicos sobre la materia, lo que trae como consecuencia atentar contra toda una evolución de las normas tuitivas del Patrimonio Cultural de la Nación, como es el caso de la Ley N° 30230.
Considerando lo antes expuesto es que nos planteamos la siguiente interrogante:
¿La obligación de contar con una autorización del Estado, para ejecutar obras en un bien cultural inmueble, es una exigencia reciente en nuestro Sistema Jurídico?
Ante la pregunta planteada, corresponde una respuesta negativa, la cual argumentaremos a continuación:
Decreto Supremo N° 89 del 2 de abril de 1822.- Es la norma peruana más antigua referida al Patrimonio Cultural, la misma que versa sobre la conservación de antigüedades y monumentos prehispánicos. En su artículo 1° dispone lo siguiente:
Se prohíbe absolutamente la extracción de piedras y minerales, obras antiguas de alfarería, tejidos y demás objetos que se encuentren en las huacas, sin expresa y especial licencia del gobierno, dada con alguna mira de utilidad pública
Como podemos evidenciar, la citada norma señalaba la obligación de contar con una licencia del gobierno a fin de realizar labores extractivas en las huacas.
Decreto Supremo del 27 de abril de 1893.- Esta norma disponía en su artículo I , lo siguiente:
Se prohíbe hacer exploraciones para buscar objetos arqueológicos, en huacas antiguas, fortalezas, templos u otros pasajes situados en terrenos públicos o de ninguno, sin una licencia especial en la forma descrita en el presente decreto.
En esta norma también se pondera la existencia de una licencia a fin de realizar labores de exploración y búsqueda en huacas entre otros.
Decreto Supremo del 11 de junio de 1921.- Mediante este Decreto se dispuso lo siguiente:
Artículo 1°.- Desde la fecha quedan prohibidos, en lo absoluto, la extracción, destrucción y exportación de los monumentos arqueológicos a que se lleva hecha referencia.
Artículo 2°.- El Gobierno podrá conceder autorización para extraer o exportar objetos de esta naturaleza, únicamente a instituciones científicas del país o del extranjero, siempre que los trabajos se encuentren bajo la dirección inmediata de arqueólogos profesionales o de científicos de reputación internacional notoria y bajo la vigilancia del personal que el Gobierno designe.
Este Decreto siendo consecuente con las normas que lo antecedieron, también dispuso que se requería de la autorización del gobierno para realizar labores extractivas en los monumentos arqueológicos.
Ley N° 6634 del 13 de junio de 1929.- Esta norma constituye un hito importantísimo en la historia legislativa peruana, dado que se intentó regular diversos temas referidos al Patrimonio Cultural de forma integral y las figuras jurídicas que propuso en su momento, fueron tomadas por las normas que la sucedieron. En ese sentido, el artículo 6° de la citada norma dispuso lo siguiente:
Prohíbase bajo la multa de diez a cien libras peruanas, aparte de la responsabilidad penal que haya lugar todo acto de exploración o excavación en los yacimientos arqueológicos que no sea ex profesamente autorizada por el Gobierno.
A su turno el artículo 21° señalo lo siguiente:
La persona o entidad que desee derribar un edificio arqueológico en que se hubiere operado accesión industrial, con fábricas o construcciones modernas, solicitará el oportuno permiso del Gobierno bajo pena de multa.
Esta ley, siendo consecuente con las que la antecedieron, ratifica la obligación de contar con la autorización pertinente a fin de explorar o excavar yacimientos arqueológicos.
Decreto Ley N° 7212, del 2 de julio de 1931.- En esta norma se hace referencia a la Ley N° 6523, mediante la cual se confiere al Patronato del Cusco el cuidado de los Monumentos del Virreinato. Asimismo, mediante este decreto se amplía el ámbito de protección de la Ley N° 6634, al contemplar la protección de los monumentos virreinales a nivel nacional. En ese sentido refiere:
Artículo 1°.- El Patronato Arqueológico Nacional ejercerá supervigilancia y control sobre los monumentos virreinales existentes en el territorio de la República.
Resolución Suprema N° 78 del 3 de febrero de 1932.-Mediante esta norma se reglamenta el Decreto Ley N° 7212, disponiendo lo siguiente:
Artículo 3°.- La declaración de monumento nacional importa la intangibilidad del edificio y el deber del Estado de procurar su conservación. El Estado puede en cualquier tiempo expropiar los inmuebles monumentales en todo y en parte y se le reconoce el derecho de retracto.
Artículo 4°.- El propietario del inmueble no podrá introducir mejoras ni intentar restauraciones por sí mismo. Las obras de mera conservación serán autorizadas por el Patronato. Solamente el Estado, previo los estudios correspondientes, realizará trabajos de restauración o de reforma del edificio.
Lo dispuesto por esta norma es sumamente importante dado que prescribe, que cuando un inmueble es declarado Monumento Nacional, es intangible; asimismo señala que, en dicho caso el propietario del bien no podrá realizar obras de mejoras ni de restauración, salvo obras de conservación autorizadas. Finalmente señala que solamente el Estado, previo los estudios correspondientes realizará labores de restauración.
Como resulta evidente, para el año de 1932, el legislador, comenzó de forma imperfecta e imprecisa a normar que la autorización debía ser previa, tanto es así que refirió que era necesario contar con los estudios correspondientes antes de realizar trabajos de restauración.
Decreto Ley N° 19033, del 16 de noviembre de 1971.- Mediante este Decreto se estipulo lo siguiente:
Artículo 1°.- Los bienes inmuebles del Patrimonio Monumental de la Nación corresponden a las épocas Pre-incaica e incaica, Colonial y Republicana de la Nación.
Artículo 9°.- La reconstrucción o restauración de Monumentos, inmuebles de las épocas Colonial y Republicana de propiedad del Estado y de particulares, se efectuará previo dictamen del Instituto Nacional de Cultura y autorización expedida por Resolución Ministerial del Ramo de Educación. El Instituto Nacional de Cultura supervigilará los trabajos pertinentes.
Artículo 14°.-Los Concejos Municipales, Provinciales y Distritales no otorgarán licencia para obras de exploración, reconstrucción, restauración, reparación, modificación y/o ampliación de inmuebles de propiedad del Estado o de propiedad privada declarados Monumentos, si no tienen la autorización del Instituto Nacional de Cultura.
Esta norma constituye otro hito importante dado que señala expresamente que los bienes inmuebles del Patrimonio Monumental pueden ser de las épocas Pre-incaica e incaica, Colonial y Republicana.
Asimismo señala que los trabajos de reconstrucción o restauración de Monumentos, inmuebles de las épocas Colonial y Republicana, se efectuará previo dictamen del Instituto Nacional de Cultura. Bajo lo expuesto, desde hace 43 años, de forma clara, se consagra la obligación de contar con una autorización previa del Sector Cultura antes de intervenir los bienes inmuebles en mención.
Finalmente, la referida norma, disponía que las municipalidades no podían otorgar licencia para obras en inmuebles declarados Monumentos, si no contaban con la autorización del Instituto Nacional de Cultura.
Ley 24047- Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, publicada el 5 de enero de 1985.- Esta norma, sobre el tema bajo análisis prescribe lo siguiente:
Articulo 12.- Los planes de desarrollo urbano y rural, los de obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que de un modo o de otro se relacionen con un bien cultural inmueble, serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura.
Las Licencias que carezcan de tal autorización son nulas, sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan a los funcionarios y particulares respectivos. Las obras no autorizadas serán suspendidas de inmediato por la autoridad de la circunscripción.
A la luz de esta norma las obras relacionadas con un bien cultural inmueble, debían contar con la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura, estableciendo la nulidad de las licencias que carecían de la referida autorización.
5.2 Ámbito de aplicación de la Ley N° 30230
La parte medular de la modificatoria planteada por la Ley N° 30230, radica en que a partir del 13 de julio del 2014, la autorización del Ministerio de Cultura para ejecutar obras en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, ya no requieren ser previa a la ejecución de obras. Esto no significa que se eliminó la autorización del Ministerio de Cultura, sino que la autorización del referido ministerio, no tienen que ser emitida necesariamente de forma previa a la ejecución de las obras.
La interrogante que nos planteamos es: ¿Sobre qué tipo de bienes culturales inmuebles ya no se requiere de la autorización previa del Ministerio de Cultura, para ejecutar obras en ellos?
La respuesta es: respecto a todos los bienes culturales inmuebles (prehispánicos, coloniales y republicanos). Sustentamos lo señalado de la siguiente manera:
El artículo 22° de la Ley N° 28296, forma parte del Capítulo I: Medidas Generales de protección y del Título II: Protección del Patrimonio Cultural de la Nación de la referida Ley. Es decir considerando la interpretación jurídica Sistemática por Ubicación colegimos que lo dispuesto en el Artículo 22° de la Ley N° 28296, no se refiere específicamente a un tipo de bien cultural inmueble, sino a todos los bienes culturales inmuebles en general.
Asimismo el artículo 22°, tanto en su versión original como en la modificada se refiere de forma expresa a los bienes culturales inmuebles. Ahora bien nos preguntarnos ¿Cuáles son los bienes culturales inmuebles?
Sobre el particular el numeral 1° del Artículo 1° de la Ley N° 28296, dispone:
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, se clasifican en: Bienes Materiales:
Inmuebles: Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso.
De acuerdo a lo señalado precedentemente colegimos que el ámbito de aplicación del artículo 22° de la Ley N° 28296, tanto en su versión original como en su versión modificada, comprende a todos los bienes culturales inmuebles en general, como los prehispánicos (sitios arqueológicos), coloniales y republicanos.
Lo antes expuesto significa que, a la luz de la modificatoria incorporada por la Ley N° 30230, la autorización del Ministerio de Cultura, para intervenir un sitio arqueológico, una casona colonial o republicana o en general cualquier bien cultural inmueble, ya no requiere ser necesariamente previa.
Quizás para algunas personas, esto no genera ningún inconveniente respecto a los inmuebles prehispánicos, dado que los sitios arqueológicos a la luz del numeral 1° del artículo 6° de la Ley N° 28296, son de exclusiva propiedad del Estado. Sin embargo debemos precisar que si bien la norma señala expresamente lo antes referido, existen casos en los cuales personas (naturales o jurídicas) tienen inscrito su derecho de propiedad en Registros Públicos, respecto a inmuebles prehispánicos (sitios arqueológicos).
Por otro lado, en algunos medios de comunicación se refirió, que si bien a nivel normativo, se eliminó la referencia, a que la autorización del Ministerio de Cultura es PREVIA a la ejecución de obras, continúa la obligatoriedad de la referida autorización, entendiéndose que toda autorización siempre es previa.
Discrepamos con la referida afirmación, dado que nuestro Sistema Jurídico, contempla en diversos casos la posibilidad de emitir autorizaciones en vía de regularización, es decir, la autorización se otorga posteriormente a la ejecución de obras.
Adicionalmente a lo antes expuesto, consideramos que la redacción original del numeral 1° del artículo 22° de la ley Nº 28296, al referir que la autorización del Ministerio de Cultura era PREVIA, no permitía una interpretación distinta a la literal, valga decir que la autorización obligatoriamente tenía que ser previa a la ejecución de obras, sin embargo la redacción actual ya no es clara y permite interpretar lo que el Ministerio de Cultura refiere, en el séptimo considerando de la Resolución Ministerial Nº 364-2014-MC
“Se ha eliminado la precisión que establecía que la autorización del Ministerio de Cultura debe ser emitida de forma previa a la ejecución de la obra”
Considerando lo antes expuesto nos preguntamos: Si supuestamente las autorizaciones para ejecutar obras en bienes culturales inmuebles continuaran siendo emitidas de forma previa a la ejecución de obras, ¿Cuál fue la finalidad de eliminar la mención expresa que prescribía que las autorizaciones sean otorgadas previamente a las obras?
5.3 Sobre la intangibilidad del Patrimonio Cultural
La intangibilidad del Patrimonio Cultural, siempre fue un tema que los operadores del derecho, (sobre todo los jueces y fiscales), cuestionan, puesto que, éstos, consideran erróneamente que lo intangible implicaba la imposibilidad de ejecutar cualquier tipo de obra en los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Al parecer los operadores del derecho estarían considerando la definición coloquial del término intangible, dado que la Real Academia de la Lengua Española, define que lo intangible, es aquello que no debe o no puede tocarse.
Desde la perspectiva jurídica tuitiva del Patrimonio Cultural, se entiende por intangible, al hecho que únicamente se podía ejecutar obras en un bien integrante del Patrimonio Cultural, si estas obras eran autorizadas previamente por el organismo competente (Ministerio de Cultura).La base legal que sostenía dicha afirmación era:
El numeral 1° del Artículo 6° de la Ley N° 28296, señala que todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico, tiene la condición de intangible, cabe precisar que en este numeral no se menciona a los bienes coloniales y republicanos.
El numeral 1° del artículo 22° de la Ley N° 28296 (antes de ser modificado por la Ley N° 30230), que señalaba que toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura.
A la luz de las normas antes glosadas, se podía esgrimir, que si bien en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley N° 28296, se menciona de manera genérica la intangibilidad de los inmuebles prehispánicos, esta intangibilidad era desarrollada en el numeral 1° del artículo 22° de la Ley N° 28296, en el sentido de que, toda obra referida a un bien cultural inmueble requería de la autorización previa del ente rector en cultura.
En consecuencia la Ley N° 30230 al modificar lo antes señalado está debilitando sustancialmente el argumento expuesto, en la medida que actualmente, la autorización para intervenir un bien cultual inmueble, ya no requiere ser necesariamente previa.
5.4 Sobre las medidas de protección que se debe aplicar el Instituto Nacional de Cultura para la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles a la luz de la Ley N° 27580
La referida norma establece que:
Artículo 1°.- Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, ampliación, modificación, reparación, refacción, acondicionamiento, puesta en valor, cercado, demolición o cualquier otra que se relacione con todo bien cultural inmueble previamente declarado, requiere para su inicio la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura, con la intervención de un representante de las municipalidades.
Las licencias municipales que se otorguen sin verificar el cumplimiento de este requisito son nulas (…)
“Artículo 2º.- No procede regularización
Las obras vinculadas a inmuebles del patrimonio cultural deben ejecutarse con arreglo a las especificaciones técnicas consignadas en la autorización que otorgue el Instituto Nacional de Cultura. La autorización en referencia siempre es anterior al inicio de la obra. Está prohibido sin excepción alguna, conceder autorizaciones en vía de regularización, bajo responsabilidad penal de quien la autoriza.
En los casos en que se compruebe agresión, modificación, o destrucción de un inmueble sometido al régimen que prevé esta Ley, el instituto Nacional de Cultura dará cuenta al Ministerio Público, para que inicie la acción penal correspondiente bajo responsabilidad.
Artículo 3º.- Otorga facultades al Instituto Nacional de Cultura
Facúltese al Instituto Nacional de Cultura para que, a través de sus Direcciones Departamentales de cultura, pueda disponer la paralización y/o demolición de obras públicas o privadas ejecutadas en inmuebles vinculados con el patrimonio cultural, en los siguientes casos:
Cuando se realizan sin contar con la autorización a que se refiere la presente ley.
Cuando, contando la obra con la autorización respectiva, se comprueba que ésta se ejecuta contraviniendo, cambiando o desconociendo las especificaciones técnicas aprobadas por el Instituto Nacional de Cultura o sus recomendaciones, o modificando o alterando las estructuras originales, produciendo la agresión o destrucción del Patrimonio Cultural.”
Resulta evidente que la Ley N° 27580, ratifica el principio que las obras a ejecutarse en un bien cultural inmueble, requieren de la autorización previa del Misterio de Cultura.
Asimismo, cabe precisar que la Ley N° 27580, no fue derogada ni modificada expresamente por la Ley N° 30230, lo cual confirma la mala costumbre de nuestros legisladores de permitir que coexistan normas en nuestro Sistema Jurídico, que regulan un mismo tema de forma incongruente. Seguramente algunos sostendrán que, en aplicación del Artículo I del Título preliminar del Código Civil, la Ley N° 27580, fue abrogada por la Ley N° 30230, sin embargo desde un punto de vista formal tenemos dos leyes (N° 27530 y N° 30230) que regulan un mismo tema de forma distinta.
5.5 Sobre los delegados Ad- Hoc en las habilitaciones urbanas y edificaciones
5.5.1 Base Legal
Ley N° 29090 – Ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones (en adelante la Ley), publicada el 26 de setiembre del 2007.
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA – Aprueban Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Fecha de Publicación 03 de mayo de 2013.
5.5.2 Puesta en valor de un inmueble histórico monumental
El inciso f) del numeral 2 del artículo 3° de la Ley N° 29090, señala que se trata de una obra que comprende trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de una edificación.
5.5.3 De la Comisión Técnica
La Comisión Técnica es el órgano colegiado cuya función es emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o denegatoria de una licencia de habilitación urbana y/o de edificación.
El presidente de dicha Comisión Técnica deberá requerir a las instituciones con funciones específicas para que designen a sus delegados. Asimismo, deberá convocar obligatoriamente a dichos delegados Ad hoc cuando su intervención sea necesaria.
En ese sentido, los delegados Ad Hoc son representantes acreditados por las instituciones con funciones específicas, quienes emitirán opinión cuando corresponda.
5.5.4 De los Delegados Ad – Hoc
La Ley N° 29090, considera la participación de entidades públicas, las mismas que intervienen en los procesos de habilitación urbana y edificación, por medio de los delegados Ad – Hoc.
Es así que en el numeral 7° del artículo 4° de la Ley en mención, se refiere que son representantes Ad Hoc los acreditados por instituciones, con funciones específicas para la calificación de proyectos de habilitación urbana y de edificación ante la Comisión técnica o ante los revisores urbanos o ante la entidad municipal correspondiente.
Entre las instituciones para acreditar representantes Ad Hoc se encuentra el INC (actualmente Ministerio de Cultura) para proyectos de habilitación urbana y/o edificación en los inmuebles o predios comprendidos en el listado de bienes considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico mencionado en el numeral 2°, inciso f) del artículo 3° de la Ley, correspondiendo que acrediten a sus delegados.
Cabe mencionar que también se encuentran comprendidas entre dichas instituciones que se encuentran acreditadas para nombrar delegados Ad Hoc; el INDECI e INRENA. Posteriormente, mediante Ley N° 29476 se incorporó al CGBVP.
Por su parte, el numeral 11.3 del artículo 11° del reglamento señala que los pronunciamientos de los Delegados Ad Hoc constituyen la opinión de la entidad a la que representan, debiendo ser incorporados en los dictámenes de las comisiones técnicas.
Dichos dictámenes, tanto para habilitación urbana como para una edificación se emitirá por mayoría simple de los delegados asistentes, en algunos de los siguientes términos: Conforme o no conforme.
Asimismo, se dejará expresa constancia en el Libro de Actas de la asistencia a la respectiva sesión, tanto de sus miembros natos como de los delegados Ad Hoc, si fuese necesaria su participación para la verificación del proyecto.
Finalmente, el artículo 12° del reglamento ha precisado que los delegados Ad Hoc deberán tener experiencia mayor a 10 años en la ejecución o supervisión de proyectos de Habilitación Urbana o Edificación; asimismo, no podrá ejercer el cargo por más de 2 años consecutivos en la misma jurisdicción.
Dichas instituciones con funciones específicas presentarán ante las municipalidades respectivas una relación de profesionales acreditados como delegados Ad Hoc. Estos se pronunciaran exclusivamente sobre la materia que compete a la institución que representan y son responsables individualmente por los dictámenes que emitan.
5.6 Las Municipalidades y el Patrimonio Cultural
En el Perú, los entes rectores competentes en Patrimonio Cultural son: El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación.
Las municipalidades cuentan con algunas competencias referidas al Patrimonio Cultural, dentro de lo normado por la Ley N° 27792- Ley Orgánica de Municipalidades. Al respecto el artículo 73º de la Ley N° 27792, señala que:
“Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico”
Artículo 82º de la Ley N° 27792.- Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:(…)
15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes.
Artículo 91° de la Ley N° 27792.-.- Las municipalidades provinciales, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura o a su solicitud, pueden establecer limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos históricos o artísticos, de conformidad con las leyes sobre la materia y con las ordenanzas sobre protección urbana y del patrimonio cultural.
Artículo.- 157º, inciso 12: Los planes y programas metropolitanos relacionados con inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación deberán contar con opinión favorable previa del Instituto Nacional de Cultura
Artículo 161°, inciso 4.5: Colaborar con los organismos competentes, en la identificación y conservación del patrimonio histórico- monumental y urbanístico.
De lo antes expuesto colegimos que las municipalidades en lo que al Patrimonio Cultural respecta, tienen entre otras, las siguientes funciones:
Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción,
Promover la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
Colaborar con el Ministerio de Cultura, en la identificación y conservación del patrimonio histórico- monumental y urbanístico.
Resulta claro que las competencias municipales en lo que respecta al Patrimonio Cultural, señalada en la Ley N° 27792- Ley Orgánica de Municipalidades, no son incongruentes con la función rectora del Ministerio de Cultura.
En esa línea el Tribunal Constitucional en la Sentencia sobre el Expediente N° 07-2002-AI/TC, señalo lo siguiente:
Entre las competencias constitucionalmente establecidas a los gobiernos locales se encuentran, por un lado, las de planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, lo que incluye el urbanismo (artículo 195° inciso 6) y por otro, las de desarrollar y regular actividades y/o servicios, entre otros, en materia de conservación de monumentos arqueológicos e históricos (inciso 8 del artículo 195).
Esta disposición constitucional no solo debe interpretarse como un deber fundamental o una tarea del Estado, que impone obligaciones de fomento, conservación y protección; sino, además, como la afirmación de que dicho patrimonio cultural constituye un elemento del consenso nacional, del reconocimiento de nuestras tradiciones y de nuestra herencia cultural, o, en definitiva, de nuestra autorepresentación cultural como pueblo. En ese sentido, se trata de un interés cuyo alcance excede a los propios de los gobiernos locales, por lo que éstos no pueden reclamar para sí tareas exclusivas o excluyentes.
El tribunal tampoco comparte tan criterio. Como antes se expresó, la autonomía no garantiza un desenvolvimiento autárquico de las competencias constitucionalmente previstas a favor de los gobiernos locales. Estas deben efectuarse dentro de los límites que la Constitución establece. De manera que si los bienes culturales inmuebles forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación, y su protección corresponde al Estado, entonces el ejercicio de la competencia de planificar el desarrollo urbano y, en concreto, la que tiene que ver con el urbanismo, tratándose de bienes culturales inmuebles, debe realizarse con arreglo con las condiciones y limites que sobre el particular haya establecido el legislador nacional.
Para todo bien considerado como Patrimonio Cultural de la Nación, su protección es un asunto que transciende la circunscripción territorial dentro de la cual las municipalidades ejercen sus competencias.
6 A modo de Colofón
Como refería el Dr. Carlos Fernández Sessarego en sus clases de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “El Derecho siempre está un paso atrás de la realidad”, valga decir, al ser la conducta humana dinámica, las normas que la regulan, siempre deberán ser modificadas a fin de adaptarse al cambio.
Como se señaló en el punto 5.1 del presente análisis, las normas que regulan el Patrimonio Cultural tienen antecedentes tan antiguos como la existencia de la República peruana y en el caso en cuestión evidenciamos la siguiente evolución legislativa.
Desde el 2 de abril de 1822 (Decreto Supremo N° 89), hasta el 15 de noviembre de 1971 (antes de la vigencia del Decreto Ley N° 19033), es decir durante 149 años, el legislador peruano dispuso que, en un primer momento los inmuebles prehispánicos y luego los inmuebles virreinales requerían de la autorización del Estado para ser intervenidos.
Posteriormente desde, el 16 de noviembre de 1971 (Decreto Ley N° 19033), hasta el 12 de julio de 2014 (Ley N° 30230), es decir durante 43 años se dispuso que las obras a ejecutarse en un bien cultural inmueble (prehispánico, colonial o republicano) requerían la autorización PREVIA del Instituto Nacional de Cultura (Hoy Ministerio de Cultura).
Es decir en nuestra historia legislativa, durante los primeros 149 años se normo que las obras a ejecutarse en bienes culturales inmuebles debían contar con la autorización del Estado y durante los siguientes 43 años, se mejoró la protección al Patrimonio Cultural, señalando de forma expresa que las obras a ejecutarse en los bienes culturales inmuebles requerían de la autorización PREVIA del Instituto Nacional de Cultura (Hoy Ministerio de Cultura).
La modificación planteada por la Ley N° 30230 en lo que al Patrimonio Cultural respecta, rompe con 192 años de evolución legislativa, por lo que nos preguntamos sobre los fundamentos de orden técnico que sustentan tal quiebre.
No cabe duda que las normas que regulan el Patrimonio Cultural son insuficientes, incongruentes y perfectibles, sin embargo, al modificarlas, resulta necesario tomar en consideración lo señalado en el año de 1975, en las Resoluciones de Brujas sobre la Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas. ICOMOS, Bélgica.
(…) 4.- En los países en desarrollo, la rápida expansión de la población y la acelerada afluencia de la gente hacia las ciudades amenazan con destruir la estructura de establecimientos existentes.
La identidad nacional y cultural de estos países será empobrecida irremediablemente si se permite que se atrofien los vínculos supervivientes con su pasado.
Ninguno de estos vínculos es tan importante como el entorno arquitectónico autóctono que ha evolucionado a través de los siglos en respuesta a las condiciones locales físicas y climáticas, en términos de estructura de asentamientos, formas de las viviendas, técnicas constructivas y utilización de materiales locales.
Los Gobiernos deben estar conscientes de la necesidad tanto de intensificar sus esfuerzos para mantener las cualidades positivas de los entornos originales urbano y rural, como de promover a las autoridades a cargo de la planificación con la responsabilidad y la autoridad necesaria para proteger sus ciudades históricas contra la excesiva expansión y de la industrialización.
Finalmente consideramos que las modificaciones incorporadas por la Ley N° 30230 a la Ley N° 28296 son perniciosas respecto al Patrimonio Cultural, por lo que esperamos sean derogadas.
Esta entrada fue publicada en General el 27 noviembre, 2014 por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.
La Municipalidad Metropolitana de Lima está organizando diversas ponencias sobre la Red Metropolitana de Cultura, los días 24 y 25 de abril de 2014, adjunto va el programa.
20140422-tabla_final.pdf
Esta entrada fue publicada en General el 22 abril, 2014 por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.
[Visto: 1174 veces]
En muchas oportunidades las personas naturales o jurídicas sin querer infringen las normas referidas al Patrimonio Cultural, por falta de conocimiento o por falta de asesoría especializada. Es por esta razón que ponemos a su disposición el siguiente link, donde podrán encontrar una empresa que ofrece asesoría integral en Patrimonio Cultural (CIRAS, Procedimientos Administrativos Sancionadores, etc.) y en Gestión Cultural.
Esta entrada fue publicada en General el 24 enero, 2014 por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.
[Visto: 10067 veces]
Cuando realizamos un análisis histórico de la legislación peruana vinculada al Patrimonio Cultural de la Nación, nos remontamos obligatoriamente al 2 de abril de 1822, momento el cual se emitió la primera norma peruana referida a lo que ahora conocemos como Patrimonio Cultural de la Nación. Mediante el Decreto Supremo N° 89 se dispuso que los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú eran de propiedad de la Nación.
Desde 1822 hasta hoy en día, pasaron 191 años, lapso en el cual el legislador peruano emitió diversas normas referidas al Patrimonio Cultural, lo que resultaría lógico esperar, es que, con el paso del tiempo la legislación mejore, empero esto no siempre es así.
En el presente trabajo se analiza los aspectos formales del tratamiento jurídico del Silencio Administrativo y del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
2. Qué es el Silencio Administrativo
Esta norma constituye el primer antecedente legislativo en el cual se consagra la aplicación del Silencio Administrativo Positivo.
4. Regulación del Silencio Administrativo referido al Patrimonio Cultural, a la luz del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM
El 16 de mayo de 2013, fue publicado el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, el mismo que tiene como objeto aprobar las disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional.
En ese mismo sentido se precisa en el numeral 2.1 del artículo 2° del mencionado Decreto Supremo que, para los proyectos de inversión materia de la referida norma, (…) Presentada la solicitud, el CIRA deberá ser emitido por la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura en un plazo que no deberá exceder los veinte (20) días hábiles siguientes, sujeto a silencio administrativo positivo.
A su turno en el numeral 2.2 del artículo 2°, se establece que una vez emitido el CIRA, el titular del proyecto de inversión correspondiente deberá presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico elaborado por el profesional inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, caso contrario se dará por aprobado el Plan de Monitoreo presentado.
En el numeral 2.3 del artículo 2° se establece que tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no será necesaria la tramitación del CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico ante la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura para su aprobación en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, caso contrario se tendrá por aprobado dicho plan.
Como podemos apreciar, a la luz de lo regulado en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, en tres supuestos referidos al Patrimonio Cultural, opera el Silencio Administrativo Positivo.
5. Regulación del Silencio Administrativo referido al Patrimonio Cultural, a la luz del Decreto Supremo N° 060-2013-PCM (Publicado el 25 de mayo de 2013)
Mediante esta norma se amplía el universo de aplicación del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, de los proyectos de inversión a nivel nacional del Estado, al desarrollo de proyectos de inversión públicos y privados en general.
6. Regulación General del Silencio Administrativo
De acuerdo al Numeral 1.1 del Artículo 34 de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General (Publicada el 11 de abril de 2001), los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación.
A su turno la Ley N° 29060-Ley del Silencio Administrativo (vigente desde julio de 2008), señala en su Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final, que excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación.
Como puede apreciarse, desde el año 2001 (entra en vigencia la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General), en el Ordenamiento Jurídico peruano, está consagrado a nivel legal, el Silencio Administrativo Negativo en temas referidos al Patrimonio Cultural de la Nación.
Jerarquía Normativa de los Decretos Supremos
Una interrogante que nos planteamos es, si los Decretos Supremos Nrs 009-2009-ED, 054-2013-PCM y 060-2013-PCM, pueden modificar válidamente la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley 29060-Ley del Silencio Administrativo.
A fin de absolver la interrogante antes planteada, desarrollaremos los siguientes puntos:
La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 51°, señala que, la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (…), como señala Marcial Rubio Correa; “Este articulo dicta las normas esenciales del ordenamiento del sistema jurídico estableciendo las líneas generales de su jerarquía y el principio de la publicidad como requisito indispensable para la vigencia de las normas de Derecho”
Dentro del Segundo Nivel Jerárquico, tenemos a las leyes, decretos legislativos, tratados y decretos de urgencia.
En el Tercer Nivel Jerárquico, tenemos a los Decretos Supremos y las Resoluciones, los mismos que no pueden trasgredir ni desnaturalizar la ley.
Esta entrada fue publicada en General el 31 mayo, 2013 por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.
[Visto: 3228 veces]
A continuación colocamos las principales normas peruanas referidas al Patrimonio Cultural, así como algunas normas internacionales sobre el mismo tema.
Constitucion_politica_del_peru_-art_21–_doc.pdf
Ley_n-_28296_-ley_general_del_patrimonio_cultural_de_la_nacion.pdf
Reglamento_de_la_ley_n-_28296.pdf
Reglamento_general_de_aplicacion_de_sanciones_administrativas_por_infracciones_en_contra_del_patrimonio_cultural_de_la_nacion.pdfReglamento_general_de_aplicacion_de_sanciones_administrativas_por_infracciones_en_contra_del_patrimonio_cultural_de_la_nacion.pdfnull96.pdf
Reglamento_de_investigaciones_arqueologicas.pdf
Ley_n-_27580-ley_que_dispone_medidas_de_proteccion_que_debe_aplicar_el_inc_para_la_ejecucion_de_obras_en_bienes_inmuebles.pdf
Ley_de_municipalidades_-articulos_pertinentes-.pdf
Resolucion_ministerial_012.pdf
Codigo_penal_-titulo_viii-.pdf
Cartas y Decalraciones
Carta_de_burra.pdf
Carta_de_venecia.pdf
Carta_de_washington.pdf
Carta_del_restauro.pdf
Carta_internacional_para_la_gestion_del_patrimonio_arqueologico.pdf
Carta_internacional_sobre_la_proteccion_y_gestion_del_patrimonio_cultural_subacuatico.pdf
Carta_internacional_sobre_turismo_cultural.pdf
Declaracion_de_xi_an.pdf
Patrimionio Cultural Inmaterial
Convencion_para_la_salvaguardia_del_patrimonio_cultural_inmaterial.pdf
Convencion_de_la_haya.pdf
Convencion_de_unesco_1970.pdf
Convencion_sobre_la_proteccion_del_patrimonio_mundial-_cultural_y_natural.pdf
Primer_protocolo_de_la_convencion_de_la_haya.pdf
Segundo_protocolo_de_la_convencion_de_la_haya.pdf
Esta entrada fue publicada en General el 4 mayo, 2013 por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.
La Dirección de Actividades Culturales (DACU) y el Programa Arqueológico San José de Moro (PASJM), se complace en invitar al público interesado a la Conferencia
[Visto: 1378 veces]
“TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS BIENES CULTURALES PREHISPÁNICOS”
Expositor: Dr. Fabricio Valencia Gibaja
El Dr. Fabricio Valencia es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en el tratamiento jurídico del patrimonio cultural. Cuenta con un Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible en la Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina y Miembro del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de ICOMOS.
Cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública, habiéndose desempeñado como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 007: Marcahumacahuco del Ministerio de Cultura y especialista legal en la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del ex Instituto Nacional de Cultura, donde participó como miembro alterno de la Comisión de Alto Nivel de
Repatriación de los Objetos Arqueológicos de la Colección Machu Picchu de la Universidad de Yale, miembro de la comisión que elaboró el el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, entre otras acciones destinadas a la protección del Patrimonio Cultural.
Lugar: Sala de Grados de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP
Los esperamos! Sigue leyendo →
Esta entrada fue publicada en General el 12 junio, 2012 por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.
•	Resolución del 31 de octubre de 1912 (publicada en el diario oficial “el peruano” el 4 de noviembre de 1912).
•	Resolución del 27 de enero de 1916 (publicada en el diario oficial “el peruano” el 17 de febrero de 1916).
•	Decreto Supremo del 7 de abril de 1893
•	Decreto Supremo N° 2612 del 19 de agosto de 1911
I	ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
1.1	Decreto Supremo del 7 de abril de 1893.-
1.2	Decreto Supremo N° 2612 del 19 de agosto de 1911.-
II	PRIMERA EXPEDICIÓN DE HIRAM BINGHAM
III	SEGUNDA EXPEDICIÓN DE HIRAM BINGHAM
IV	RESOLUCIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 1912 (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1912)
•	Se autoriza a Hiram Bingham a continuar explorando y excavando en el Cusco, hasta el 1 de diciembre de 1912, prohibiéndose toda exploración y excavación después de la finalización del permiso.
•	Las exploraciones y excavaciones tenían que ser supervisadas por una autoridad peruana.
•	Se faculta a exportar por la Aduana de Mollendo todos los objetos extraídos en virtud de esta autorización y los anteriores a esa fecha.
•	El Gobierno del Perú se reservo el derecho de exigir a la Universidad de Yale y a la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, la devolución de los objetos únicos y de los duplicados que se extraigan y hayan extraído. De igual modo, se reservó el derecho de exigir copia de todos los estudios e informes relativos a las expediciones que se hayan practicado en el territorio nacional.
V	ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 1912
VI	TERCERA EXPEDICIÓN
VII	RESOLUCIÓN DEL 27 DE ENERO DE 1916 (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” EL 17 DE FEBRERO DE 1916)
VIII	ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL 27 DE ENERO DE 1916
IX	ALGUNAS ACTUACIONES POSTERIORES
X	A MANERA DE COLOFÓN
•	Hiram Bingham.- Machu Picchu, a Citadel of the Incas. New Haven 1930
•	Resolución del 31 de octubre de 1912
•	Resolución del 27 de enero de 1916
Esta entrada fue publicada en General el 10 marzo, 2012 por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.
EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES EN EL PERÚ [ 27558 vistas ]

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 2

Artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

Artículo 1
 Resolución 

Artículo 2
 Resolución 
 artículo 60
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 22
 artículo 60
 Artículo 60
 artículo 22

Artículo 22
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 6
 artículo 21

Artículo 1

Resolución 

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 1

Artículo 9
 Resolución 

Artículo 14
 artículo 22
 Artículo 22
 artículo 22
 Artículo 1
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 22
 Resolución 
 Artículo 6
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 22

Artículo 1

Artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 73

Artículo 82

Artículo 91

Artículo 161
 artículo 195
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Artículo 34
 artículo 51
	Resolución 
	Resolución 
	RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
	Resolución 
	Resolución