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BOE.es - Documento BOE-A-2015-282
Documento BOE-A-2015-282
Sala Segunda. Sentencia 195/2014, de 1 de diciembre de 2014. Recurso de amparo 4970-2013. Promovido por don Allal Zougaghi y don Mohamed Zougaghi respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca denegando la incoación de procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 35/2008).
«BOE» núm. 11, de 13 de enero de 2015, páginas 16 a 23 (8 págs.)
BOE-A-2015-282
b) Alrededor de las 22:00 horas, y tras ser informado de que hasta las 9:00 horas del día siguiente no se procedería por agentes de la policía a tomar declaración a los detenidos, el Letrado don Jaime Campaner Muñoz, designado por aquéllos para su defensa, presentó ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Palma de Mallorca —que resultó ser el mismo Juzgado núm. 11 que tramitaba las diligencias previas 1008-2013 antes referenciadas— solicitud de habeas corpus basándose en la innecesariedad y desproporción de la medida. Alegaba en esencia que teniendo sus clientes domicilio conocido y habiendo sido voluntaria su personación, según el Letrado, «parecía más razonable» que fuesen puestos en libertad y citados para acudir al día siguiente a declarar por los hechos que se les imputaban. Concluía el citado escrito calificando la detención de «ilegal y arbitraria» e interesando «que no se incurriese en la frecuente práctica (vedada por nuestro Tribunal de Garantías) de inadmitir a limine la solicitud».
d) En esta misma línea de razonamiento, el Juzgado dictó Auto de 11 de julio de 2013 en el que acordó «denegar la incoación del procedimiento de habeas corpus en favor de Allal Zougaghi y de Mohamed Zougaghi», fundamentando esta decisión en los siguientes términos: «[e]l artículo 1 de la Ley Orgánica 6/84, reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus, establece los supuestos en los que se considera que una persona ha sido ilegalmente detenida; examinada la solicitud formulada y el informe del Ministerio Fiscal, resulta que el presente caso no puede encuadrarse en ninguno de los apartados del citado artículo 1, y por ello, conforme establece el art. 6 de la referida Ley, debe considerarse improcedente la petición efectuada toda vez que las detenciones se han producido en fase de investigación policial en virtud de atestado… con plena observancia de las formalidades y requisitos exigidos por la Ley, habiéndose informado por la fuerza actuante a los detenidos de su derecho a solicitar Habeas Corpus así como el significado de dicha solicitud manifestando que no era su deseo solicitar dicho derecho».
e) Por nuevo escrito presentado a las 13:00 horas del día 22 de julio de 2013 en el Juzgado Decano de Palma de Mallorca, el mismo Letrado, actuando en nombre y representación de los dos detenidos, instó al amparo de los arts. 238.3 y 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la nulidad del Auto anterior alegando que la inadmisión a limine de la solicitud de habeas corpus ocasionaba indefensión a sus clientes y afectaba a sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad de los arts. 24.1 y 17 CE. Básicamente, argumentaba que esa decisión de inadmisión basada en la legalidad de la detención suponía «hacer supuesto de la cuestión planteada» y que de acuerdo con la doctrina de este Tribunal Constitucional, si hay alguna duda sobre la legalidad de la detención no procede la inadmisión del procedimiento de habeas corpus, sino su admisión y resolución.
f) De la solicitud de nulidad de actuaciones se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó su desestimación, resolviendo el Juzgado por Auto de 2 de agosto siguiente en el que, aparte de otras consideraciones que no son de interés para este recurso constitucional, razonó que la decisión de inadmitir la solicitud de habeas corpus se había tomado «teniendo… en consideración el testimonio de las diligencias policiales entregadas en mano a este Juzgado», que era además el que según las normas de reparto conocía ya de las diligencias previas 1008-2013 en el curso de las cuales se produjo la detención, «de modo que… tenía perfecto conocimiento de los hechos objeto de imputación. Por este motivo, y por estar la detención ajustada a la legalidad, no había pues razón alguna para traer a los detenidos a presencia judicial, ni tampoco para desplazarse a las dependencias policiales». Insistiendo más adelante en este mismo argumento al explicar que «la detención era absolutamente legal, pues se imputaba a los señores Zougaghi nada menos que un delito de falsedad documental, otro delito contra los derechos de los trabajadores, y otro mucho más grave contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, hechos por los que actualmente se encuentran ingresados en prisión preventiva, entre otras razones porque existe un elevado riesgo de que traten de influir mediante amenazas y coacciones en las declaraciones de los testigos-víctimas de los delitos imputados». Conduciendo todo ello al Juez a desestimar el incidente de nulidad planteado.
6. Mediante Auto de 7 de abril de 2014, la Sala Segunda de este Tribunal estimó el recurso de súplica interpuesto por el Fiscal, acordando dejar sin efecto la providencia recurrida y reponer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la resolución anulada. Según se explicaba en el citado Auto, era verdad que la demanda justificaba suficientemente tanto el carácter pacífico de la doctrina constitucional que los recurrentes consideraban infringida como la actitud resistente de los órganos jurisdiccionales del partido a hacer aplicación de ella, pues esa jurisprudencia había sido invocada ya en la solicitud de habeas corpus. Por otra parte, la —en aquel momento— reciente admisión de los recursos de amparo 2569-2013 y 2570-2013, interpuestos por el Fiscal contra dos resoluciones judiciales similares a las que ahora se recurren, pero adoptadas por los Juzgados de Puerto del Rosario, evidenciaba igualmente la existencia de un incumplimiento generalizado de la doctrina constitucional sobre la que también habían alegado tanto los demandantes de amparo como el Fiscal en su recurso. Y todo ello justificaba la especial trascendencia constitucional del recurso de conformidad con la STC 155/2009 antes citada, supuestos e) y f), y obligaba en consecuencia a admitir a trámite el recurso de amparo y a dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de los recurrentes para que pudieran presentar alegaciones en aplicación de lo previsto en el art. 52 LOTC.
7. Evacuando el referido trámite, la representación procesal de los recurrentes presentó por escrito registrado el 20 de mayo de 2014 sus alegaciones sobre el fondo, limitándose a solicitar que se tuvieran por reproducida la fundamentación y petición efectuadas en la demanda y a señalar que los dos recursos de amparo antes mencionados 2569-2013 y 2570-2013, interpuestos por el Fiscal habían sido estimados por las SSTC 21/2014, de 10 de febrero, y 12/2014, de 27 de enero, respectivamente.
1. Por medio de este recurso de amparo los demandantes discuten la conformidad con los arts. 24.1 y 17 CE de la decisión del Juzgado competente de no admitir a trámite la solicitud de habeas corpus que había presentado su Abogado a las pocas horas de su detención. Se alegaba en esa solicitud inicial que la detención era innecesaria por tener los detenidos domicilio conocido y haberse personado voluntariamente en comisaría para declarar, por lo que no se consideraba justificado que los afectados tuviesen que pasar la noche en comisaría hasta el día siguiente que sería cuando —según mantiene la parte y no se contradice en el procedimiento ante el Juzgado de Instrucción— se les tomaría declaración. Acordando el Juzgado sin embargo denegar la incoación del referido procedimiento por haberse efectuado la detención «con plena observancia de las formalidades y requisitos exigidos por la Ley» (Auto de 11 de julio de 2013), o en otras palabras, por ser la detención «absolutamente legal», como sostiene el Auto de 2 de agosto de 2013 por el que se desestima la nulidad de actuaciones promovida frente al anterior. Todo ello con el amparo expreso del art. 6 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus (LOHC).
3. En este tarea, comenzando por la perspectiva del derecho a la libertad, que es el prioritariamente afectado por la decisión judicial recurrida, el art. 17.1 CE establece que «[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley». Por su parte, el art. 17.4 CE dispone: «[l]a ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente». Mandato que ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, cuyo artículo 1 establece que mediante este procedimiento podrá obtenerse la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente, entendiendo por tal quien lo fuera sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y los requisitos exigidos por las leyes; las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes; y a aquellas personas a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.
Se ha expuesto en los antecedentes que en su primera resolución el Juez refuerza la decisión de inadmitir el recurso por la renuncia que habrían efectuado los detenidos a la tramitación del procedimiento solicitada por su letrado. En la valoración de esta circunstancia, debemos partir de que la jurisprudencia de este Tribunal ya ha declarado que la legitimación para solicitar el habeas corpus se extiende también al Abogado de la persona detenida, que debe entenderse «tácitamente apoderado al efecto» (STC 37/2008, FJ 2, con cita de otras), por lo que ninguna trascendencia podría tener este hecho por sí solo. Y la renuncia del cliente, titular del derecho no permite modificar esta conclusión. Dejando ahora de lado que en este caso, como advierte el Fiscal, esa renuncia solo consta en el oficio remitido al Juzgado por el inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (folios 12 y 13 del procedimiento), pero no en la información de derechos a los detenidos (folios 52 y 53) ni en ningún otro documento firmado por ellos, lo verdaderamente determinante para proclamar su ineficacia es que, aunque constase de modo fehaciente, debería considerarse en todo caso revocable, pues de lo contrario quedaría desnaturalizada la garantía que el habeas corpus representa y frustrada la finalidad misma de este capital procedimiento, que se instituye para tutelar no solo un derecho fundamental de la persona (art. 17 CE) sino también un valor superior de nuestro ordenamiento (art. 1.1 CE).
La segunda de las circunstancias antes aludidas se menciona en el segundo Auto del Juzgado, que desestima la nulidad de actuaciones promovida frente al anterior. Se justifica en ese Auto la solución adoptada no solo por la legalidad de la detención, sino también, adicionalmente, en el conocimiento por parte del Juzgado de los hechos y circunstancias de la detención en su doble condición de Juzgado competente para conocer este procedimiento de acuerdo con el art. 2 LOHC (consta que la policía le entregó, tras requerimiento al efecto, copia del atestado que estaba instruyendo con motivo de la detención de los dos recurrentes) y de Juzgado también competente, de acuerdo con las normas de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) y los correspondientes criterios de reparto entre los Juzgados del partido, para instruir las diligencias previas 1008-2013 incoadas en ese mismo Juzgado en el mes de mayo, y que tenían por objeto los hechos que luego motivaron la detención de los dos recurrentes en julio de ese mismo año. Siendo ese conocimiento previo el que condujo al Juez a declarar en el Auto que «no había… razón alguna para traer a los detenidos a presencia judicial», según se ha expuesto ya en el antecedente 2 f) de esta resolución.
Pero tampoco ese conocimiento previo o ajeno al procedimiento de habeas corpus puede autorizar al Juez para denegar la incoación del procedimiento. Principalmente porque no fue él quien en el seno de esas diligencias previas ordenó la detención (supuesto previsto en los arts. 494 y 497.2 LECrim), sino que fue la policía la que lo hizo (art. 497.1), aun cuando hubiese puesto ya en conocimiento del Juzgado que estaba llevando a cabo una investigación de aquellos hechos. Y por tanto no puede dudarse de la naturaleza gubernativa y no judicial de la detención, y con ello del consiguiente sometimiento de esa privación de libertad acordada por la Administración al control judicial a través del procedimiento de habeas corpus. Como recuerdan las SSTC 31/1985, de 5 de marzo, FJ 2; y 21/1997, de 10 de febrero, FJ 6, este instituto opera, potencialmente, en «todos los supuestos en los que se produce una privación de libertad no acordada por el Juez». La simple información que el Juez pueda tener de los hechos y de la detención antes o con independencia de la solicitud de habeas corpus no puede justificar la inadmisión de la solicitud, resolución con la que se priva al detenido de su derecho a ser oído por el Juez y a proponer prueba sobre la legalidad de su privación de libertad (art. 7 LOHC). Si así fuera, quedaría desnaturalizado este procedimiento, perdería su efectividad y genuino sentido, y ello impide acoger esta interpretación. De manera que solo cuando el detenido es «puesto a disposición de la autoridad judicial» (art. 17.2 CE) asume ésta el «dominio del hecho» de la privación de libertad (STC 82/2003, de 5 de mayo, FJ 5), o la «suerte final del detenido», en palabras de la STC 115/1987, de 7 de julio, FJ 1. En definitiva, la responsabilidad sobre la situación personal de éste. Fuera de ese caso, el art. 17.4 CE le reconoce el derecho a ser oído por un Juez y a que éste controle la legalidad de su privación de libertad. Como ya dijimos en la STC 12/2014, de 27 de enero, FJ 1: «lo que si constituye el objeto propio del procedimiento antes indicado, en el contexto de la cognición limitada a que anteriormente hemos hecho referencia, es el enjuiciamiento de la legalidad de la detención practicada —en el presente caso, por agentes policiales— para lo cual resulta imprescindible, una vez constatada la concurrencia de los requisitos formales, tramitar el procedimiento conforme a lo establecido en el art. 6 y siguientes de la citada Ley Orgánica, so riesgo, en caso contrario, de desnaturalizar la finalidad propia del referido procedimiento».
5. Alcanzada la anterior conclusión, no hay necesidad de que este Tribunal se pronuncie sobre la indefensión que la resolución judicial habría ocasionado a los demandantes por privarles de sus derechos a ser oídos y proponer prueba ante el Juez reconocidos en el art. 7 LOHC, denuncia que bajo la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) también se hace en la demanda. Como hemos declarado en la STC 288/2000, de 27 de noviembre, FJ 1, en esta clase de recursos «la perspectiva de examen que debemos adoptar es única y exclusivamente la de la libertad, puesto que, estando en juego este derecho fundamental, la eventual ausencia de una motivación suficiente y razonable de la decisión no supondrá sólo un problema de falta de tutela judicial, propio del ámbito del art. 24.1 CE, sino prioritariamente una cuestión que afecta al derecho a la libertad personal, en cuanto que la suficiencia o razonabilidad de una resolución judicial relativa a la garantía constitucional del procedimiento de hábeas corpus, prevista en el art. 17.4 CE, forma parte de la propia garantía». Y en el mismo sentido, STC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 6.
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandados a la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE).
2.º Declarar la nulidad, sin retroacción de las actuaciones, de los Autos de fechas 11 de julio y 2 de agosto del 2013, dictados en el procedimiento de habeas corpus número 2-2013 del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Palma de Mallorca.
Dada en Madrid, a uno de diciembre de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

References: artículo 1
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