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Timestamp: 2014-03-07 23:12:33+00:00

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Sinopsis art�culo 43 - Constituci�n Espa�ola
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Índice sistemático Sinopsis artículo 43
Lo m�s cercano a un precedente en materia de protecci�n de la salud en el constitucionalismo espa�ol se encuentra en el art�culo 46.2 de la Constituci�n de 1931, seg�n el cual "la legislaci�n social (de la Rep�blica ) regular� las casos de seguro de enfermedad...", sin que existan referencias a la pr�ctica deportiva o a la utilizaci�n del ocio.
Elaboraci�n del precepto
El art�culo 43 no tuvo un proceso de elaboraci�n accidentada. Por el contrario, apenas si sufri� cambios desde la primera redacci�n del Anteproyecto Constitucional hasta la versi�n que aprob� la Comisi�n Constitucional del Senado, que ya ser�a la definitiva.
El art�culo 32 de la Constituci�n italiana de 1947 establece que "La rep�blica tutela la salud como derecho fundamental de individuo y garantiza el tratamiento m�dico gratuito a los indigentes. No puede obligarse a nadie a un determinado tratamiento sanitario sino por disposici�n de la ley, la cual en ning�n caso podr� violar los l�mites impuestos por el respeto de la persona humana".
La Constituci�n Espa�ola de 1978, en su art�culo 43, reconoce el derecho a la protecci�n de la salud, encomendando a los poderes p�blicos ( " concepto gen�rico que incluye a todos aquellos entes ( y sus �rganos ) que ejercen un poder de imperio, derivado de la soberan�a del Estado y procedente, en consecuencia, a trav�s de una mediaci�n m�s o menos larga, del propio pueblo" STC 35/1983, de 11 de mayo ) organizar y tutelar la salud p�blica a trav�s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. En su art�culo 41, de indudable conexi�n tem�tica con el art�culo comentado, la Constituci�n establece que los poderes p�blicos mantendr�n un r�gimen p�blico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. A su vez, el art�culo 38.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social incluye dentro de la acci�n protectora del �mbito de la Seguridad Social "la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad com�n o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo". En fin, el t�tulo VIII del texto constitucional dise�a una nueva organizaci�n territorial del Estado que posibilita la asunci�n por las Comunidades Aut�nomas de competencias en materia de sanidad, reservando para aqu�l la sanidad exterior, la regulaci�n de las bases y la coordinaci�n general de la sanidad y la legislaci�n sobre productos farmac�uticos. Al amparo de las previsiones constitucionales y de los respectivos Estatutos de Autonom�a, todas las Comunidades Aut�nomas han asumido paulatinamente competencias en materia de sanidad. Este proceso se ha completado con un modelo estable de financiaci�n, a trav�s de la aprobaci�n de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, aunque a estos efectos tambi�n hay que considerar las modificaciones introducidas en dicho sistema de financiaci�n por las leyes 22 y 23 de 2009 y la org�nica complementaria 3/2009.
En el plano comunitario, el art. 4. 2 f) del Tratado de Funcionamiento de la Uni�n Europea define como competencia compartida entre la UE y los Estados miembros la materia de salud p�blica, y en su art. 6 a) se�ala como competencia de la UE de apoyar, coordinar o complementar la acci�n de los Estados miembros, la materia de la protecci�n y mejora de la salud humana. En su art. 9 se establece que en la definici�n y ejecuci�n de sus pol�ticas y acciones, la Uni�n tendr� en cuenta las exigencias relacionadas con la protecci�n de la salud humana. Su art. 36 permite asimismo las prohibiciones o restricciones a la importaci�n, exportaci�n o tr�nsito justificadas por razones de orden p�blico, moralidad y seguridad p�blicas, protecci�n de la salud y vida de las personas y animales, y los arts. 45 y 51 permiten tambi�n restricciones a la libre circulaci�n y establecimiento por raz�n de salud p�blica. El art. 114 aboga por un aproximaci�n de las legislaciones en materia de salud. Pero en lo esenical, el derecho de la Uni�n en lo concerniente a la protecci�n de la salud se contiene en el t�tulo XIV del TFUE, que lleva por r�brica "salud p�blica", (art. 168). Se trata de una competencia transversal, puesto que se proclama el compromiso de que al definirse y ejecutarse todas las pol�ticas y acciones de la Uni�n se garantice un alto nivel de protecci�n de la salud humana, y se promueva la cooperaci�n y la coordinaci�n entre los Estados miembros en este �mbito Aun trat�ndose de una competencia de complemento, se establece el procedimiento legislativo ordinario (Codecisi�n) para que la Uni�n pueda dictar normativa que haga frente en este �mbito a los problemas comunes de seguridad, en relaci�n con: a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los �rganos y sustancias de origen humano, as� como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedir�n a ning�n Estado miembro mantener o introducir medidas de protecci�n m�s estrictas; b) medidas en los �mbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la protecci�n de la salud p�blica; c) medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos y productos sanitarios. El Parlamento Europeo y el Consejo, tambi�n con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comit� Econ�mico y Social y al Comit� de las Regiones, podr�n adoptar tambi�n medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias transfronterizas, medidas relativas a la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, a la alerta en caso de tales amenazas y a la lucha contra las mismas, as� como medidas que tengan directamente como objetivo la protecci�n de la salud p�blica en lo que se refiere al tabaco y al consumo excesivo de alcohol, con exclusi�n de toda armonizaci�n de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. El Consejo, a propuesta de la Comisi�n, podr� tambi�n adoptar recomendaciones para cumplir con estos fines.
1.La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tiene como objetivo primordial establecer la estructura y el funcionamiento del sistema sanitario p�blico en el nuevo modelo pol�tico y territorial que deriva de la Constituci�n de 1978. Seg�n su art�culo 1, su objeto consiste en la regulaci�n general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protecci�n de la salud reconocido en el art�culo 43 y concordantes de la Constituci�n. La ley tiene la condici�n de norma b�sica, en el sentido del art�culo 149.1.16 de la Constituci�n, y es de aplicaci�n en todo el territorio nacional.
2. Titulares de los derechos a la protecci�n de la salud y a la atenci�n sanitaria son:
a) todos los espa�oles y los extranjeros en el territorio nacional, en los t�rminos previstos en el art�culo 12 de la Ley Org�nica 4/2000.b) los nacionales de los Estados miembros de la Uni�n Europea que tienen los derechos que resulten del derecho comunitario europeo y de los tratados y convenios que se suscriban por el Estado espa�ol y les sean de aplicaci�n, yc) los nacionales de Estados no pertenecientes a la Uni�n Europea que tienen los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos. tal como resulta de la modificaci�n introducida en la Ley General de Sanidad, que conten�a un �mbito subjetivo algo menos extenso, por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud.
3. A todos se les reconocen, con respecto a las distintas administraciones p�blicas sanitarias, una serie de derechos ( art. 10 ), como el respeto a la personalidad, dignidad e intimidad, a la no discriminaci�n, a la informaci�n, a la confidencialidad, a la asignaci�n de m�dico, a participar en las actividades sanitarias, o a utilizar v�as de reclamaci�n y propuestas de sugerencias, entre otros y se establecen, as� mismo, una serie de obligaciones ( art. 11 ) , como cumplir con las prescripciones generales de naturaleza sanitaria, comunes a toda la poblaci�n, o responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario. En este punto hay que mencionar la importante Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ley b�sica reguladora de la autonom�a del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci�n y documentaci�n cl�nica que completa las previsiones que la Ley General de Sanidad enuncia como principios generales. Esta ley refuerza y da un trato especial al derecho de la autonom�a del paciente, y concede una especial atenci�n a las instrucciones previas, que contemplan los deseos del paciente expresados con anterioridad dentro del �mbito del consentimiento informado. En cuanto al derecho a la informaci�n, como derecho del ciudadano cuando demanda la atenci�n sanitaria, �ste ha sido objeto en los �ltimos a�os de diversas matizaciones y ampliaciones por leyes y disposiciones de distinto tipo y rango. As�, la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, califica a los datos relativos a la salud de los ciudadanos como datos especialmente protegidos, estableciendo un r�gimen especialmente riguroso para su obtenci�n, custodia y eventual cesi�n.
4. Seg�n la Ley General de Sanidad, los poderes p�blicos orientar�n sus pol�ticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios p�blicos en todo el territorio espa�ol, seg�n lo dispuesto en los art�culos 9.2 y 158.1 de la Constituci�n. ( art.12 ). Las normas de utilizaci�n de los servicios sanitarios ser�n iguales para todos, independientemente de la condici�n en la que se acceda a los mismos. ( art.16 )
5. Son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales ( art. 38 ). Las Comunidades Aut�nomas ejercer�n las competencias asumidas en los Estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue ( art. 41 ). Las decisiones y actuaciones p�blicas previstas en esta Ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entender�n atribuidas a las Comunidades Aut�nomas ( art. 41.2 ) 6. Todas las estructuras y servicios p�blicos al servicio de la salud se integrar�n en el Sistema Nacional de Salud, conjunto de servicios de salud de la Administraci�n del Estado y de los servicios de salud de las Comunidades Aut�nomas en los t�rminos establecidos en la Ley ( art. 44 ), que tiene como caracter�sticas fundamentales:
a) la extensi�n de sus servicios a toda la poblaci�nb) la organizaci�n adecuada para prestar una atenci�n integral a la saludc) la coordinaci�n y, en su caso, la integraci�n de todos los recursos sanitarios p�blicos en un dispositivo �nico.d) la financiaci�n mediante recursos de las Administraciones P�blicas, cotizaciones y tasas por la prestaci�n de determinados servicios.e) la prestaci�n de una atenci�n integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. ( art. 46 )
7. En cada Comunidad Aut�noma se constituir� un servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones y Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estar� gestionado bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Aut�noma. ( art. 50 )
8. Las Comunidades Aut�nomas delimitar�n y constituir�n en su territorio demarcaciones denominadas �reas de salud, que son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gesti�n unitaria de los centros y establecimientos del servicio de salud de la Comunidad Aut�noma en su demarcaci�n territorial y de las prestaciones y programas sanitarios a desarrollar por ellos ( art. 56 )
9. El Estado y las Comunidades Aut�nomas aprobar�n planes de salud en el �mbito de sus respectivas competencias y podr�n establecer planes de salud conjuntos ( arts. 70 y 71 )
10. La financiaci�n de la asistencia sanitaria prestada se realizar� con cargo a:
a) cotizaciones socialesb) transferencias del Estadoc) tasas por la prestaci�n de determinados serviciosd) aportaciones de las Comunidades Aut�nomas y de las Corporaciones Localese) tributos estatales cedidos ( Ley 21/2001 )
11. Se reconoce el derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias, de acuerdo con lo establecido en los art�culos 35 y 36 de la Constituci�n ( art. 88 ). En este punto hay que citar la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci�n de las profesiones sanitarias, que tiene por objeto la regulaci�n de los aspectos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formaci�n de los profesionales, al desarrollo profesional de �stos y a su participaci�n en la planificaci�n y ordenaci�n de las profesiones sanitarias. Las disposiciones de la ley son aplicables tanto si la profesi�n se ejerce en los servicios sanitarios p�blicos como en el �mbito de la sanidad privada. Tambi�n ha de tenerse en cuenta la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relaci�n funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, a trav�s del Estatuto Marco de dicho personal. En fin, y de igual modo, en la Ley General de Sanidad se reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario, conforme al art�culo 38 de la Constituci�n ( art. 89 ) y la posibilidad para las Administraciones p�blicas sanitarias, en el �mbito de sus respectivas competencias, de establecer conciertos para la prestaci�n de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas ( art. 90 )
12. Corresponde, seg�n la ley, a la Administraci�n sanitaria del Estado, valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos y dem�s productos y art�culos sanitarios ( art. 90 ). En relaci�n con lo dispuesto en este precepto, la Ley 25/1990, de 20 de diciembre del Medicamento, trataba de contribuir a la existencia de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, correctamente identificados y con informaci�n apropiada. Actualmente rige en esta materia la ley 29/2006 de 26 de julio de Garant�as y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Desde comienzos del a�o 2002, todas las Comunidades Aut�nomas han asumido las funciones que ven�a desempe�ando y los servicios que ven�a prestando el Instituto Nacional de Salud, lo que supone una descentralizaci�n completa de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, incluida la de la prestaci�n farmac�utica. El desaf�o actual es asegurar la calidad de la prestaci�n en todo el Sistema Nacional de Salud en un marco descentralizado capaz de impulsar el uso racional de los medicamentos y en el que el objetivo central sea que todos los ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, cuando y donde lo necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad. Durante estos a�os, la modificaci�n de la configuraci�n jur�dica y la composici�n de las estructuras de la Uni�n Europea, obligada por los nuevos retos y necesidades emergentes, ha afectado a la regulaci�n, entre otros, del sector farmac�utico, obligando a nuestro pa�s a revisar la normativa interna vigente, y por ello esta ley supone la trasposici�n de dos directivas (27 y 28 de 2007) y la armonizaci�n de nuestro ordenamiento con el Reglamento 726/2004, el que se establecen los procedimientos comunitarios para la autorizaci�n y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. La experiencia derivada de la aplicaci�n de la Ley 25/1990 ha puesto en evidencia la necesidad de intensificar la orientaci�n de la reforma en torno a dos ideas-fuerza: la ampliaci�n y reforzamiento de un sistema de garant�as que gire en relaci�n a la autorizaci�n del medicamento y la promoci�n del uso racional del mismo. Es de se�alar que la citada Ley se refer�a ya a la primera de ellas al establecer la exigencia de garant�a de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Sin embargo, el desarrollo tecnol�gico, la globalizaci�n y el acceso a la informaci�n as� como la pluralidad de agentes que progresivamente intervienen en el �mbito de la producci�n, distribuci�n, dispensaci�n y administraci�n de medicamentos aconsejan, adem�s de intensificar dichas garant�as, ampliarlas a la transparencia y objetividad de las decisiones adoptadas as� como al control de sus resultados. Adem�s, el Plan Estrat�gico de Pol�tica Farmac�utica para el Sistema Nacional de Salud establece diversas estrategias que se incorporan en esta Ley para intensificar el uso racional de los medicamentos, entre las que se pueden se�alar las orientadas a ofrecer una informaci�n de calidad, peri�dica e independiente a los profesionales, a garantizar una formaci�n sobre uso racional de los medicamentos a los profesionales sanitarios, al refuerzo de la exigencia de la receta m�dica como documento imprescindible para la seguridad del paciente o las referidas a la modificaci�n de los prospectos de los medicamentos para hacerlos inteligibles a los ciudadanos, ayudando a la consecuci�n de la necesaria adherencia al tratamiento para que pueda alcanzarse el �xito terap�utico previsto por el m�dico con la imprescindible cooperaci�n del farmac�utico. El crecimiento sostenido de las necesidades en materia de prestaci�n farmac�utica tendr�, por tanto, que enmarcarse necesariamente en estrategias de uso racional de los medicamentos y de control del gasto farmac�utico, que permitan seguir asegurando una prestaci�n universal de calidad contribuyendo a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.En este sentido, la Ley considera necesario que la financiaci�n selectiva y no indiscriminada de medicamentos se realice en funci�n de la utilidad terap�utica de los mismos y de su necesidad para mejorar la salud de los ciudadanos. Se modifica tambi�n en esta Ley el sistema de precios de referencia para posibilitar los necesarios ahorros al Sistema Nacional de Salud y asegurar la previsibilidad, la estabilidad y la gradualidad en el impacto para la industria farmac�utica, afectando a todos los medicamentos en fase de madurez en el mercado. La aparici�n en estos a�os de los medicamentos gen�ricos, productos de eficacia cl�nica demostrada y m�s econ�micos al haber expirado el per�odo de exclusividad de datos del medicamento original, asegura id�nticas condiciones de calidad, seguridad y eficacia a menor precio. Por ello, en este objetivo de sostenibilidad, las medidas incorporadas en esta Ley pretenden eliminar los obst�culos que dificultan una mayor presencia de estos medicamentos en el mercado, equiparando la situaci�n espa�ola con la de otros pa�ses de nuestro entorno.
Por otra parte, el actual contexto de crisis econ�mica ha obligado a la modificaci�n de la ley citada anteriormente por Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo de racionalizaci�n del gasto farmac�utico con cargo al Sistema Nacional de Salud.
13. En cuanto a las oficinas de farmacia, consideradas como establecimientos sanitarios (STC 109/2003 de 5 de junio), la Ley General de Sanidad prev� que estar�n sujetas a la planificaci�n sanitaria en los t�rminos que establezca la legislaci�n especial de medicamentos y farmacia ( art. 103 ). En cumplimiento de esta previsi�n, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulaci�n de servicios de las oficinas de farmacia, que tiene su origen en el Real Decreto-ley 11/1996, se propone adecuar la normativa reguladora del sector ( vigente desde 1978 ) a las nuevas necesidades y mejorar la atenci�n farmac�utica a la poblaci�n, mediante una serie de medidas como:a) la regulaci�n de la definici�n ( establecimientos sanitarios privados de inter�s p�blico, sujetos a la planificaci�n sanitaria que establezcan las Comunidades Aut�nomas, en las que el farmac�utico titular-propietario de las mismas, asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, deber� prestar una serie de servicios b�sicos - relativos a adquisici�n de medicamentos, vigilancia y control de recetas, garant�a de atenci�n farmac�utica, entre otras muchas - a la poblaci�n ) y las funciones de las oficinas de farmaciab) la fijaci�n de los criterios b�sicos para la ordenaci�n farmac�utica que deber�n abordar las Comunidades Aut�nomas tomando como referencia a las unidades b�sicas de atenci�n primariac) la simplificaci�n y ordenaci�n de los expedientes de autorizaci�n de aperturad) la regulaci�n de la transmisi�n de las oficinas de farmaciae) la exigencia de la presencia constante de un farmac�utico en la actividad de dispensaci�nf) la flexibilizaci�n del r�gimen de jornada y horario de apertura de estos establecimiento, otorgando el car�cter de m�nimos a los horarios oficiales que, en garant�a de los usuarios, puedan fijar las Comunidades Aut�nomas. 14. Algo m�s de diez a�os despu�s de la aprobaci�n de la Ley General de Sanidad, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesi�n del d�a 18 de diciembre de 1997, aprob�, sin modificaciones, el texto del acuerdo de la Comisi�n de Sanidad y Consumo, relativo al Informe de la Subcomisi�n creada en el seno de dicha Comisi�n para avanzar en la consolidaci�n del Sistema Nacional de Salud mediante el estudio de las medidas necesarias para garantizar un marco financiero estable y modernizar el sistema sanitario manteniendo los principios de universalidad y equidad en el acceso. Las propuestas de la Subcomisi�n, fruto de las numerosas comparecencias que se sucedieron ante la misma y del debate y reflexi�n de sus miembros, se articularon en torno a cuatro grandes cap�tulos y consistieron: En cuanto a aseguramiento y prestaciones, (i)consolidar el aseguramiento sanitario universal, (ii) garantizar las prestaciones sanitarias, (iii) instrumentar alternativas para la asistencia socio sanitaria, y (iv) desarrollar nuevas f�rmulas para la racionalizaci�n de la prestaci�n farmac�utica
En cuanto a la financiaci�n sanitaria, (i) asegurar un marco financiero estable, y (ii) garantizar la suficiencia financiera y la equidad territorial, En cuanto a organizaci�n y gesti�n, (i) orientar el sistema sanitario a las necesidades de salud, (ii) impulsar la autonom�a de gesti�n, (iii) atender las preferencias de los usuarios y(iv) potenciar el protagonismo de los profesionales
En cuanto a coordinaci�n territorial, (i) completar la descentralizaci�n territorial, (ii) promover la cooperaci�n y la coordinaci�n territorial y (iii) reforzar el Consejo Interterritorial
Alguna de las preocupaciones que motivaron el inicio de los trabajos de la Subcomisi�n, as� como alguna de sus conclusiones aprobadas se han plasmado en las dos leyes que se refieren a continuaci�n:
15. La Ley 15/1997, de 25 de abril, desarrollada por el Real Decreto 29/2000 de 14 de enero, establece que la gesti�n de los centros y servicios sanitarios y socio sanitarios puede llevarse a cabo de forma directa ( la tradicional en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social ) o indirectamente, a trav�s de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad p�blicas admitidas en Derecho ( empresas p�blicas, consorcios, fundaciones u otras entidades de naturaleza o titularidad p�blica ). Se habilita al gobierno y a los �rganos de gobierno de las Comunidades Aut�nomas - en los �mbitos de sus respectivas competencias - para determinar las formas jur�dicas, �rganos de direcci�n y control, r�gimen de garant�as de la prestaci�n, financiaci�n y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gesti�n de los centros y servicios mencionados. La prestaci�n y gesti�n de los servicios sanitarios y socio sanitarios podr� llevarse a cabo, adem�s de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades p�blicas o privadas, en los t�rminos previstos en la Ley General de Sanidad.Con el fin de acomodar la LOFAGE ( Ley 6/1997, de 14 de abril ) a las peculiaridades del �mbito sanitario y preservar el car�cter estatutario del r�gimen jur�dico de su personal , se incluy� en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas, la regulaci�n de las fundaciones p�blicas sanitarias.
16. Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud establece, a la luz de la experiencia habida desde la aprobaci�n de la Ley General de Sanidad, acciones de coordinaci�n y cooperaci�n de las Administraciones p�blicas sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protecci�n de la salud, con el objetivo com�n de garantizar la equidad, la calidad y la participaci�n social en el Sistema Nacional de Salud. Sin perjuicio de este objetivo general, la ley contiene tambi�n normas aplicables a todo el sistema sanitario espa�ol, no s�lo a la sanidad p�blica, en la medida en que, por imperativo del art�culo 43.2 de la Constituci�n, incumbe tambi�n a los poderes p�blicos ejercer un control sobre la sanidad privada, en relaci�n con las actividades de informaci�n, salud p�blica, formaci�n e investigaci�n y en materia de garant�as de seguridad y de calidad.
17. La ley regula la ordenaci�n de las prestaciones y define el cat�logo de prestaciones como el conjunto de servicios preventivos, diagn�sticos, terap�uticos, rehabilitadores y de promoci�n de la salud dirigidos a los ciudadanos, que comprende las prestaciones de salud p�blica, atenci�n primaria y especializada, socio sanitaria, urgencias, farmacia, ortopr�tesis, productos diet�ticos y transporte sanitario ( art. 7 ), al que se incorporan, adem�s, las prestaciones contempladas por el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de Ordenaci�n de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud
18. En cuanto a la garant�a de las prestaciones conviene destacar (i) la previsi�n de la existencia de servicios de referencia para la atenci�n de aquellas patolog�as que precisen de alta especializaci�n profesional o elevada complejidad tecnol�gica, o cuando el n�mero de casos a tratar no sea elevado y pueda resultar aconsejable, en consecuencia, la concentraci�n de los recursos diagn�sticos y terap�uticos, y (ii) la necesaria extensi�n de las garant�as de seguridad y calidad de las prestaciones, m�s all� del �mbito estricto del Sistema Nacional de Salud, a la totalidad del sistema sanitario, incluidos, por tanto, los centros y servicios privados.
19. El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de atenci�n sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitar� a trav�s de la Tarjeta Sanitaria Individual, como documento administrativo que acredita determinados datos de su titular ( art. 57 ).
20. La ley aborda una reordenaci�n del ejercicio de las competencias que con car�cter exclusivo corresponden al Estado en materia de evaluaci�n, registro, autorizaci�n, vigilancia y control de los medicamentos y de los productos sanitarios 21. La ley contiene, tambi�n, principios referidos a la planificaci�n y formaci�n de los profesionales de la sanidad, as� como al desarrollo y a la carrera profesional y a la movilidad dentro del Sistema Nacional de Salud. 22. Las normas que sobre investigaci�n contiene la ley van dirigidas a ordenar, en el �mbito sanitario, la actividad investigadora de los �rganos competentes de la Administraci�n General del Estado. En cuanto al Instituto de Salud Carlos III, creado por la Ley General de Sanidad, se precisan en la ley sus cometidos en materia de fomento de la investigaci�n en salud.
23. La ley encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo el establecimiento de un sistema de informaci�n sanitaria que garantice la disponibilidad de la informaci�n y la comunicaci�n rec�procas entre la Administraci�n sanitaria del Estado y la de las Comunidades Aut�nomas ( art. 53 ). 24. La ley aborda las actuaciones coordinadas del Estado y de las Comunidades Aut�nomas en materia de salud p�blica y de seguridad alimentaria ( art. 65 ). 25. La participaci�n de los ciudadanos y de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud, se articula principalmente a trav�s del Consejo de Participaci�n Social del Sistema Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo ( art. 67 ). 26. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, creado por la Ley General de Sanidad, se regula en el cap�tulo X de la ley, con lo que se deroga el art�culo 47 de la mencionada Ley. El Consejo, �rgano permanente de coordinaci�n, cooperaci�n, comunicaci�n e informaci�n de los servicios de salud, entre ellos y con la Administraci�n del Estado, tiene como finalidad promover la cohesi�n del Sistema Nacional de Salud a trav�s de la garant�a efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del estado ( art. 69 ).
27. Por lo que respecta a la Alta Inspecci�n, esta se regula en t�rminos an�logos a los contenidos en el art�culo 43 de la Ley General de Sanidad, que se deroga, si bien se incorporan entre sus funciones algunas inequ�vocamente propias de la inspecci�n que corresponde al Estado y que no se recog�an en aquella Ley.
28. En el �mbito de la protecci�n de la salud p�blica destacan la Ley 28/2005, de 26 de diciembre de Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, y la Ley 42/2010, de 30 de diciembre que la modifica. La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, supuso un hito importante en la pol�tica de nuestro pa�s en la lucha contra el tabaquismo, tanto en lo que se refiere a la prohibici�n de fumar en lugares p�blicos como a las medidas encaminadas a potenciar la deshabituaci�n del tabaco y a tratar de erradicar a medio y largo plazo el h�bito de fumar.
La modificaci�n de la Ley evidencia la necesidad de avanzar en la protecci�n de la salud de los ciudadanos ampliando la prohibici�n de fumar en espacios p�blicos cerrados y colectivos, lo que, por otro lado, satisface las demandas de los ciudadanos, como corroboran encuestas oficiales recientemente realizadas. Dos son los colectivos especialmente beneficiados de esta medida. Por un lado, el de menores, grupo especialmente sensible de poblaci�n que est� expuesto al humo del tabaco en los lugares p�blicos cerrados. Por otro lado, el de trabajadores del sector de la hosteler�a que se encuentra claramente desprotegido con respecto al resto de los trabajadores, al estar expuestos al humo de tabaco ajeno.
"De la interpretaci�n sistem�tica de todos esos preceptos se infiere la exigencia constitucional de que exista un sistema normativo de la sanidad nacional, puesto que los derechos que en tal sentido reconoce la Constituci�n en los art�culos 43 y 51 o, complementariamente, en otros como el 45.1, que reconoce el derecho que todos tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, pertenecen a todos los espa�oles y a todos se les garantiza por el Estado la igualdad en las condiciones b�sicas para el ejercicio de los mismos". ( STC 32/1983, de 28 de abril )"Son numeros�simas las normas de nuestro Derecho que disciplinan, regulan y limitan el ejercicio de profesiones y oficios, imponiendo para ello multitud de requisitos diversos, entre los cuales se cuenta, por ejemplo, para determinadas profesiones, y entre ellas la de farmac�utico, la posesi�n de un determinado t�tulo acad�mico y/o la afiliaci�n a un Colegio profesional. Nada hay, por tanto, en la Constituci�n que excluya la posibilidad de regular y limitar el establecimiento de oficinas de farmacia, como tampoco nada que impida prohibir que se lleve a cabo fuera de estas oficinas la dispensaci�n al p�blico de especialidades farmac�uticas, pues el Legislador puede leg�timamente considerar necesaria esta prohibici�n o aquella regulaci�n para servir otras finalidades que estima deseables." ( STC 83/1984, de 24 de julio )"Es claro que la regulaci�n de estas profesiones ( profesiones tituladas a las que se refiere el art�culo 36 de la CE ), en virtud de ese mandato legal, est� expresamente reservada a la ley. Tambi�n es claro, sin embargo, que dada la naturaleza del precepto, esta reserva espec�fica es bien distinta de la general que respecto de los derechos y libertades se contiene en el art�culo 53.1 de la CE y que, en consecuencia, no puede oponerse aqu� al legislador la necesidad de preservar ning�n contenido esencial de derechos y libertades que en ese precepto no se proclaman, y que la regulaci�n del ejercicio profesional, en cuanto no choque con otros preceptos constitucionales, puede ser hecha por el legislador en los t�rminos que tenga por conveniente." ( STC 83/1984, de 24 de julio )"Hay que recordar que la propia Constituci�n contiene un mandato a los poderes p�blicos para que fomenten la educaci�n f�sica y el deporte ( art. 43.3 CE ) y que ambas actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas con la salud - a la que se refiere el apartado 1 del mismo art. 43 CE. De suerte que no s�lo son un medio para su mantenimiento, sino que permite evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas actividades f�sicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no peque�o." ( STC 194/1998 de 1 de octubre)
El tercer apartado del art�culo 43 de la Constituci�n establece como principio rector de la pol�tica social y econ�mica el fomento, que corresponde a los poderes p�blicos, de la educaci�n, sanitaria, la educaci�n f�sica y el deporte, as� como la obligaci�n de facilitar la adecuada utilizaci�n del ocio. Muchas han sido las cr�ticas sobre la sistem�tica de este precepto ( escinde la educaci�n f�sica de la educaci�n, separa la educaci�n de la protecci�n de la salud, parece reducir o asimilar el ocio a la educaci�n f�sica y al deporte ) y tambi�n las discusiones acerca de si la acci�n de fomento, en estos �mbitos, ha de entenderse en un sentido t�cnico-jur�dico o de forma flexible, teleol�gica, como mandato gen�rico de acci�n p�blica de difusi�n del deporte y de la pr�ctica deportiva.En cualquier caso, la Constituci�n, en l�nea con otros textos constitucionales modernos, como el portugu�s, se hace eco de la importancia del fen�meno deportivo y de la conexi�n del mismo conexi�n con la salud de los ciudadanos.As� mismo, y conforme al esquema competencial de la Constituci�n, las Comunidades Aut�nomas han respondido al mandato constitucional de fomento del deporte, lo que se pone de manifiesto al comprobar que la mayor�a de la Comunidades Aut�nomas cuenta ya con una norma de rango legal reguladora del deporte
1. La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que tiene por objeto la ordenaci�n del deporte, de acuerdo con las competencias que le corresponden a la Administraci�n del Estado, establece al respecto los siguientes principios generales:(i) La pr�ctica del deporte es libre y voluntaria.(ii) El deporte, como factor fundamental de la formaci�n y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestaci�n cultural que ser� tutelada y fomentada por los poderes p�blicos del Estado ( art. 1 )(iii) La Administraci�n del Estado coordinar� con las Comunidades Aut�nomas y, en su caso, con las Corporaciones Locales, aquellas competencias que puedan afectar, directa y manifiestamente a los intereses generales del deporte en el �mbito nacional ( art. 2 )(iv) La programaci�n general de la ense�anza incluir� la educaci�n f�sica y la pr�ctica del deporte ( art. 3 ) (v) La educaci�n f�sica se impartir� como materia obligatoria en todos los niveles y grados educativos previos al de la ense�anza de car�cter universitario ( art. 3 )(vi) Todos los centros docentes, p�blicos o privados, deber�n disponer de instalaciones deportivas para atender la educaci�n f�sica y la pr�ctica del deporte, en las condiciones que se determinen reglamentariamente ( art. 3 )(vii) El deporte de alto nivel se considera de inter�s para el Estado, en tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el est�mulo que supone para el fomento del deporte base, en virtud de las exigencias t�cnicas y cient�ficas de su preparaci�n, y por su funci�n representativa de Espa�a en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de car�cter internacional ( art. 6 ). En conexi�n con esta norma, hay que recordar que la Ley 21/1997 de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, considera de "inter�s general", a efectos de su retransmisi�n en abierto para todo el Estado, una serie de acontecimientos deportivos que se caracterizan, entre otras cosas, por su relevancia y trascendencia social.2. La actuaci�n de la administraci�n del Estado en el �mbito del deporte corresponde y se ejerce directamente por el Consejo Superior de Deportes, que es un organismo aut�nomo de car�cter administrativo, adscrito al Ministerio de Educaci�n ( art. 7 )3. Las asociaciones deportivas m�s importantes son clubes, ligas y federaciones:(i) Las ligas son asociaciones de clubes que se constituir�n, exclusiva y obligatoriamente, cuando existan competiciones oficiales de car�cter profesional y �mbito estatal ( art. 12 ). Tendr�n personalidad jur�dica y gozar�n de autonom�a para su organizaci�n interna y funcionamiento ( art. 41 )(ii) Los clubes son asociaciones privadas, integradas por personas f�sicas o jur�dicas que tengan por objeto la promoci�n de una o varias modalidades deportivas, la pr�ctica de las mismas por sus asociados, as� como la participaci�n en actividades y competiciones deportivas. Los clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de car�cter profesional y �mbito estatal, adoptar�n la forma de Sociedad An�nima Deportiva, regulada por Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, modificado por Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre. (iii) Las federaciones deportivas son entidades privadas, con personalidad jur�dica propia cuyo �mbito de actuaci�n se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias. Ejercen, por delegaci�n, funciones p�blicas de car�cter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administraci�n p�blica ( art. 30 )4. Es obligaci�n de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participaci�n en competiciones de car�cter internacional, o para la preparaci�n de las mismas ( art. 47 )5. El Comit� Ol�mpico Espa�ol es una asociaci�n sin fines de lucro, dotada de personalidad jur�dica cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento ol�mpico y la difusi�n de los ideales ol�mpicos ( art. 48 )6. La ley se ocupa del deporte de alto nivel, que es el que permita una confrontaci�n deportiva con la garant�a de un m�ximo rendimiento y competitividad en el �mbito internacional ( art. 50 )7. La Ley crea una Comisi�n Nacional Anti-Dopaje ( art. 57 ) y una Comisi�n Nacional contra la violencia en los espect�culos deportivos ( art. 60 ) y regula temas como instalaciones deportivas, disciplina deportiva y conciliaci�n extrajudicial en el deporte, entre otros.
Regulaci�n importante en esta materia es la que ofrece la Ley Org�nica 7/2006, de 21 de noviembre de Protecci�n de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. La aprobaci�n de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuyo t�tulo VIII regula el control de las sustancias y m�todos prohibidos en el deporte y la seguridad de la pr�ctica deportiva, supuso un punto de partida en el establecimiento de un marco de represi�n del dopaje en el deporte, que estuvo acompa�ado de una pol�tica activa en la provisi�n de medios materiales y humanos, recursos presupuestarios, infraestructuras, procedimientos y normas de las que hasta entonces hab�a carecido nuestro sistema deportivo. La aplicaci�n y desarrollo de la Ley supuso, tambi�n, la entrada en funcionamiento de la Comisi�n Nacional Antidopaje, que ha desempe�ado desde entonces un papel central en elaborar y aplicar iniciativas en este �mbito, as� como en velar por la correcta aplicaci�n de la normativa vigente. En el t�tulo primero, las novedades que introduce la Ley pueden sistematizarse en las que se indican a continuaci�n: un primer bloque de reformas afecta a la organizaci�n administrativa al servicio del control del dopaje en el deporte, conservando un modelo semejante al actual, basado en que el ejercicio de la potestad disciplinaria derivada del dopaje en el �mbito del deporte de competencia estatal se atribuye a las federaciones deportivas espa�olas, bajo la tutela efectiva de la Administraci�n General del Estado, a trav�s del CSD.
En relaci�n con la citada organizaci�n administrativa y en el marco de la norma reguladora de las Agencias Estatales, la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), una vez culminado el proceso de su creaci�n con la aprobaci�n de su Estatuto, ser� el organismo que asuma un importante protagonismo en el desempe�o de diversos aspectos relacionados con una acci�n integral de los poderes p�blicos y de las organizaciones deportivas a favor de un deporte sin dopaje. La Ley consolida el establecimiento de reconocimientos m�dicos de aptitud para la pr�ctica deportiva federada e introduce la realizaci�n de controles de salud a los deportistas que participan en competiciones oficiales. El otro gran bloque de reformas, incluido en el t�tulo primero, implica una nueva configuraci�n de la potestad sancionadora en la materia. Las novedades contempladas son muy diversas. En primer t�rmino, se garantiza el cumplimiento del principio de reserva de ley, en tanto en cuanto todas las infracciones y sanciones, as� como las causas modificativas de la responsabilidad se contemplan en la norma eludiendo la remisi�n reglamentaria, en una materia como la sancionadora, que puede ser ciertamente compleja en t�rminos constitucionales. Asimismo, se desarrolla en este apartado una necesaria armonizaci�n de nuestras disposiciones legales con lo establecido al respecto por el C�digo Mundial Antidopaje y la Convenci�n Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Esta medida se completa con el incremento y la redefinici�n de los tipos infractores y sancionadores, adem�s de ofrecer una definici�n m�s exacta del conjunto de obligaciones y derechos de los deportistas, pero tambi�n del conjunto de profesionales que intervienen desde su entorno m�s cercano.
Una de las novedades m�s importantes de la Ley es la configuraci�n de la potestad disciplinaria en materia de dopaje como una competencia concurrente sucesiva, de forma que la competencia inicial que corresponde a las federaciones deportivas espa�olas se transfiera, por incumplimiento del plazo legalmente previsto, a la propia Comisi�n de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, que act�a as� como �rgano disciplinario. La Ley instaura asimismo un sistema de revisi�n administrativa especial que, con la f�rmula arbitral, sustituye al recurso administrativo cl�sico. Esta f�rmula arbitral descansa, en el plano org�nico, en una secci�n espec�fica del Comit� Espa�ol de Disciplina Deportiva, �rgano que por su independencia funcional cumple los requisitos establecidos en la Ley procedimental com�n.
El t�tulo segundo de la Ley se refiere a aspectos gen�ricos de control del dopaje en el deporte, ya sea �ste el de competici�n o el de mera recreaci�n. Para intentar asegurar el cumplimiento de las medidas indicadas se arbitra, en el t�tulo tercero de esta Ley, un �mbito de tutela penal de la salud p�blica en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte. Se introduce un nuevo art�culo 361 bis en el C�digo Penal, cuya finalidad es castigar al entorno del deportista y preservar la salud p�blica, gravemente amenazada por la comercializaci�n y dispensaci�n sin control de productos carentes de garant�a alguna y da�inos para la salud. En �ltimo t�rmino, con el objetivo de hacer efectiva la capacidad de investigaci�n cient�fica en este �mbito y de preservar la salud en el deporte, la Ley prev�, en su t�tulo cuarto, la puesta en marcha de un sistema de informaci�n administrativa. Este tiene por objeto poner a disposici�n de las Comunidades Aut�nomas la informaci�n disponible m�s relevante y contrastada. En este aspecto, la Ley tambi�n contempla la creaci�n de una tarjeta de salud del Deportista, que permitir� acumular, de forma exhaustiva, confidencial y segura, de acuerdo con la normativa vigente sobre protecci�n de datos de car�cter personal, un conjunto de informaciones relevantes sobre el deportista, a efectos de realizar un seguimiento preventivo de la evoluci�n de su salud y de sus par�metros vitales m�s importantes, m�xime tras una dedicaci�n tan exigente como la impuesta por la alta competici�n a la elite deportiva profesional.
En otro orden de consideraciones, debe destacarse la Ley 19/2007, de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. en Espa�a, una Comisi�n de Estudio en el Senado, realiz� a partir de 1988 una meritoria labor de documentaci�n y diagn�stico del problema de la violencia en los espect�culos deportivos. Sus trabajos se plasmaron en una serie de recomendaciones, aprobadas con un amplio consenso de las fuerzas pol�ticas del arco parlamentario y que marcar�an la pauta de los desarrollos legislativos y actuaciones llevadas a cabo en la d�cada siguiente. La aprobaci�n de la Ley 10/1990, de 15 de octubre , del Deporte supuso para el sistema deportivo de nuestro pa�s un punto de referencia inexcusable, tambi�n en lo referente a la lucha contra la violencia en el deporte. En efecto, sus T�tulos IX y XI regulan, respectivamente, la prevenci�n de la violencia en los espect�culos deportivos y la disciplina deportiva, sentando as� las bases de un posterior desarrollo. Entre otros desarrollos, merece destacarse Merece destacarse la labor desarrollada en este �mbito por la Comisi�n Nacional contra la Violencia en los Espect�culos Deportivos, puesta en marcha mediante Real Decreto 75/1992, de 31 de enero. En el t�tulo primero, los seis cap�tulos en que est� estructurado regulan la prevenci�n de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en competiciones y espect�culos deportivos. En concreto, se detallan responsabilidades y obligaciones tanto de los organizadores como del p�blico asistente a las competiciones y espect�culos deportivos, adem�s de establecer una serie de preceptos sobre dispositivos de seguridad, medidas provisionales para el mantenimiento de la seguridad y el orden p�blico en este tipo de acontecimientos, medidas de apoyo a la convivencia y a la integraci�n interracial en el deporte, as� como las funciones de distinto orden a realizar por la nueva Comisi�n Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que sustituir� a la Comisi�n Nacional para la Prevenci�n de la Violencia en los Espect�culos Deportivos hasta ahora existente.En el t�tulo segundo de la Ley se establece el r�gimen sancionador previsto para las conductas violentas, racistas, xen�fobas e intolerantes en el deporte. Los cuatro cap�tulos de este T�tulo afrontan la regulaci�n de infracciones, de sanciones, de la responsabilidad derivada de determinadas conductas y sus criterios modificativos, adem�s de cuestiones competenciales y de procedimiento.El t�tulo tercero regula el r�gimen disciplinario deportivo establecido contra estas conductas, detallando en sus tres cap�tulos el �mbito de aplicaci�n, las infracciones y sanciones o el r�gimen jur�dico adicional para el ejercicio de la potestad sancionadora.Por su parte, el t�tulo cuarto regula, de forma com�n a los T�tulos II y III y asumiendo como presupuesto el reconocimiento expreso del principio "non bis in idem", aspectos relativos a la articulaci�n de los reg�menes sancionador y disciplinario, as� como las soluciones aplicables a la posible concurrencia de sendos reg�menes.
"La circunstancia de que la disposici�n que establece el deber de fomento del deporte es un apartado del precepto donde se reconoce el derecho de todo ciudadano a la protecci�n de la salud (...) la protecci�n de la salud (...) s�lo se puede lograr mediante el deporte activo y cuanto m�s extendido mejor, es decir, mediante el deporte popular". STS, de 23 de marzo de 1988"La Constituci�n Espa�ola de 1978 no consagra ciertamente un derecho al deporte sino que establece �nicamente su fomento p�blico" STS, de 23 de marzo de 1988.
Otras Sentencias dignas de menci�n en materia de Deporte son: la Stc 259/2000 de 30 de octubre, sobre el derecho disciplinario en este �mbito; STC 81/2009 de 23 de marzo, sobre infracciones y sanciones, y la 148/2000 de 1 de junio, sobre la violencia en el deporte.
Puede consultarse bibliograf�a adjunta. Sinopsis elaborada por:Pedro Pe�a. Letrado de las Cortes Generales. Marzo, 2004.
Actualizada por Sara Sieira. Letrada de las Cortes Genrales. 2011.

References: artículo 43
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