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Timestamp: 2019-04-20 20:12:50+00:00

Document:
UNIDAD 1 Previsión Social
La Exigencia de La Culpabilidad en El Derecho Administrativo Sancionador
Responsavilidad Civil SO
La Función Del Juez en La Historia
Pontificia Universidad Católica del Perú - Instituto Riva-Agüero - La argumentación jurídica y la
JURISDICCIONAL.Carlos Botassi
(Publicado en VV. AA., Responsabilidad del Estado, Edit. Cs. de la Administración,
Buenos Aires, 2000, pág. 95).
“Se de un químico que cuando en su laboratorio destilaba veneno se despertaba sobresaltado por las noches
recordando con terror que un miligramo de aquella sustancia era suficiente para matar a un hombre.
¿Cómo puede dormir tranquilo el juez, que sabe que en su laboratorio secreto existe un tóxico sutil que se
llama injusticia, del cual una pequeña fuga por error puede ser suficiente para causar el efecto más terrible:
dar a toda una vida un sabor amargo que ninguna dulzura posterior podrá consolar?”. Piero Calamandrei,
Elogio dei giudici scritto da un avvocato, (aparecido en 1935 reimpreso y reeditado con modificaciones en
innumerables oportunidades), Ponte Alle Grazie, Milán, reimpresión de la 4ta. edición, 1999, pág. 339.
I – INTRODUCCION:
Los jueces detentan una cuota del poder del Estado, y, en términos teóricos, al
tener a su cargo el control de la constitucionalidad de las leyes, aparecen colocados en
una posición de supremacía respecto de otros funcionarios. Al igual que los miembros
de los otros Poderes los integrantes del Poder Judicial actúan un “derecho-deber”
irrenunciable que no pueden ejercer más que en la forma debida. Como a cualquier otro
agente estatal el mal desempeño de la función los responsabiliza personalmente frente a
la víctima de su conducta dañosa y, por tratarse de órganos públicos, hace nacer la
responsabilidad directa del Estado. Y a mayor poder mayor responsabilidad 1. Esta es la
razón por la cual el desempeño de los jueces penales y laborales que se desenvuelven
dentro de un proceso de carácter instructorio debe ser observado más severamente que
el de sus colegas que actúan dentro de un proceso dispositivo civil o comercial.
En la medida en que se reconozcan mayores derechos e intereses tutelados a los
ciudadanos se verá ensanchada la competencia del Poder Judicial, y, por añadidura,
existirán más y mayores ocasiones de dañar al justiciable. Es de toda evidencia que la
proliferación de litigios, debido fundamentalmente a la ruptura del pacto social que
aumenta desenfrenadamente los delitos contra la propiedad y el incumplimiento doloso
de las obligaciones comerciales, exige una mayor intervención de los órganos
jurisdiccionales. El mismo fenómeno se puso en evidencia cuando el aumento de la
intervención administrativa y legislativa, con su natural secuela de eventos dañosos en
perjuicio de los ciudadanos, impulsó el abandono del dogma de la irresponsabilidad
Conviene insistir en resaltar que, al desarrollar su trascendental función, los
magistrados judiciales no solo ejercen una prerrogativa (juris dictio, decir el derecho)
sino que también cumplen con un deber encomendado en forma inseparable: actuar
dentro de la legalidad, respetando los principios de razonabilidad y prohibición de dañar
al prójimo que abarca a todos los ámbitos de la actividad estatal. En ese marco la
aceptación de la responsabilidad de los jueces, y del Estado que integran como parte de
El Secretario General del Instituto de Altos Estudios sobre la Justicia de Francia, Antoine Garapon, advirtió que “la
inestabilidad creciente de los vínculos familiares, la movilidad profesional y la diversidad cultural han modificado la
demanda de justicia, convirtiéndose el Derecho en la última moral común en una sociedad que ya no la tiene” , esto ha
hecho que los poderes asignados a los jueces se hayan ensanchado al igual que las esperanzas que la comunidad deposita en
ellos (Juez y democracia. Una reflexión muy actual, Flor del Viento Edic., 1997, Capítulo II El poder inédito de los jueces
y pág. 142 donde se explica con agudeza que “la historia de la justicia es la de la profanación progresiva de toda
autoridad tradicional”).
sus órganos esenciales, lleva a una petición de principios: que el Poder Judicial acepte
una importante autolimitación ya que para que aquella responsabilidad exista es
imprescindible que los jueces controlen, limiten y sancionen los vicios de su propia
actividad; es necesario que los magistrados se examinen y penalicen a sí mismos.
Este trabajo está referido a la responsabilidad del Estado por los daños
ocasionados por los miembros del Poder Judicial, incluyendo jueces y demás agentes de
todas las categorías. Partimos de la base de que esa responsabilidad es directa (y no
refleja, indirecta o motivada por su rol de empleador) ya que proviene de órganos
estatales que representan la persona jurídica pública que integran 2. Este enfoque, que
llega de la mano de una interpretación dinámica del artículo 1112 del Código Civil, ha
sido recientemente ratificado por la Corte Nacional al reiterar que la responsabilidad
pública no es indirecta, “dado que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes
del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que
dependen, ha de ser considerada propia de este, el que debe responder de modo
principal y directo por sus consecuencias dañosas”3. La Suprema Corte de Justicia de
Buenos Aires también ha considerado que los daños ocasionados por los agentes
públicos comprometían en forma directa al Estado provincial debido a su condición de
órganos del mismo4. Por su parte la Sala IV de la Cámara Nacional Federal Contencioso
Administrativa, con el voto fundante del Dr. Eduardo Uslenghi, ha establecido que “la
norma del art. 1112 del Cód. Civil es aplicable al supuesto en el cual se debate la
responsabilidad del Poder Judicial de la nación, pues el Estado es responsable,
principal y directo, de las consecuencias dañosas producidas por la actividad de sus
órganos o funcionarios”5.
II –EL DOGMA DE LA INMUNIDAD JUDICIAL Y SU REPLICA:
La responsabilidad estatal por su actividad administrativa en el ámbito de sus
negocios bilaterales (responsabilidad contractual) fue admitida a poco que se reconoció
su demandabilidad6. La responsabilidad por la conducta de los administradores fuera de
todo marco convencional (responsabilidad extracontractual del Estado) debió esperar
algunas décadas7, y fue necesaria una mayor maduración de las ideas garantistas de
protección del individuo para arribar a la responsabilidad del Estado por su actividad
legislativa8. En esa evolución la responsabilidad de los jueces y del Estado en cuyo
Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, FDA, 4º edic. 1997, t. 1, pág. XII-2. El caracter directo de la
responsabilidad del Estado fue postulado por Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, t.
IV p. 755 y Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, 1998, t. I p. 285. La evolución de la
jurisprudencia de la Corte Nacional hacia la adopción de ese criterio, abandonando la tesis civilista de la responsabilidad
refleja del empleador, puede verse en Juan Carlos Cassagne, La responsabilidad extracontractual del Estado en la
jurisprudencia de la Corte, E.D. 114-215 y Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del
Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, Rev. La Ley del 17.8.00, pág. 1, donde se destaca la trascendencia del
caso Vadell, 18.12.84, publicado en La Ley 1985-B-3, en Fallos 306:2030 y en “Cuaderno de Fallos de la Universidad
Austral”, Edit. La Ley, 1997, pág. 463. Ver también Pedro J. J. Coviello, La responsabilidad del Estado por su actividad
lícita, E.D. Supl. Adm. del 29.8.00, p. 1 y la abundante bibliografía nacional y extranjera allí citada.
In re Zacarías, 28.4.98, considerando 6º, La Ley 1998-C-317, con nota de Jorge Bustamante Alsina.
Ac. 68318, Martínez Baldi, 22.12.99, DJJBA 158-25.
Amiano, 7.10.99, La Ley 1999-F-497.
CSJN, Bates Stokes y Cia. (1864), Fallos 1:259.
CSJN, Tomás Devoto y Cia, (1933), Fallos 169:111.
Alberto Bianchi recuerda que la responsabilidad del Estado por actos legislativos –al igual que por actos judiciales- fue
una de las últimas en aparecer, y considera esa circunstancia como una comprensible derivación de la teoría de la
nombre “dicen el derecho” fue paulatinamente incorporada por la jurisprudencia y se
encuentra en plena evolución9.
Las razones de la resistencia inicial apenas perduran y son de índole funcional y
jurídicas. En el primer sentido se teme que la amenaza de un reclamo indemnizatorio
afecte la independencia intelectual de los magistrados y conduzca al dictado de
sentencias cuidadosas de no avanzar sobre el patrimonio del litigante. En el segundo
ámbito se invoca la contradicción que implica atribuir responsabilidad al Estado por la
manera en que ha decidido un entuerto un órgano jurisdiccional que posee la atribución
de decidir “con fuerza de cosa juzgada”10. Se señala, en este último sentido, que la
sentencia errada podrá ser corregida mediante los recursos del proceso, pero agotadas
todas las revisiones posibles, cuando la resolución judicial queda firme, ha generado su
propio derecho y no puede ser tachada de irregular ni originar derecho a
compensaciones. El fallo que ya no admite recursos en su contra ha gestado su propio
valor y no puede ser fuente de reparación de ningún perjuicio pues aún cuando este
exista, proviene de ese derecho judicial y, por definición, es “jurídico” y debe ser
soportado por la parte involucrada. Explicables razones de seguridad jurídica exigen
que en algún momento el pleito tenga finiquito. Acertada o errada -se dice- la sentencia
que procesalmente ya no admite apelaciones terminó el debate y no es posible
convertirla en causa de nuevas disputas11.
En ese andarivel de razonamiento ni aun la sentencia que viola una ley puede ser
fuente de responsabilidad. Aparece, de esta manera, un obstáculo en apariencia
insalvable para el funcionamiento de un sistema de responsabilidad pensado para
decisiones estatales (acto administrativo y la propia ley formal) que no poseen la calidad
de inmutables que adorna a la sentencia firme.
El dogma de la irresponsabilidad en
materia de actividad judicial, aunque en retirada, presenta todavía batalla como lo
demuestra el tratamiento privilegiado que se otorga a los casos de negligencia judicial
en el Proyecto de Código Civil de 1998, al que nos referiremos en el capítulo III
numeral 4 de este trabajo.
2.- Una primera brecha:
inmunidad soberana a la vez que una paradoja, ya que la responsabilidad por la actividad legislativa del Estado tiene en
nuestro país fundamento constitucional al proscribirse el denominado “sacrificio especial” (Responsabilidad del Estado
por su actividad legislativa. Estudio sobre los efectos jurídico-patrimoniales de los actos normativos lícitos, Edit. Abaco,
1999, págs. 38 y 39). El mismo autor refiere el carácter ecuménico del fenómeno (Panorama actual de la responsabilidad
del Estado en el derecho comparado, La Ley 1996-A-922), que en Chile es señalado por Eduardo Soto Kloss, La
responsabilidad pública, en Revista de Derecho Público, Univ. de Chile, n° 27 pág. 134.
En 1920 Rodolfo Bullrich explicaba que la responsabilidad del Estado por error judicial era desconocida en absoluto en
nuestro derecho aunque confiaba en la evolución que sobrevendría (La responsabilidad del Estado, J. Menéndez Editor,
1920, págs. 254 y 261). Un ponderado análisis del desarrollo de la responsabilidad del Estado en general puede verse en
David A. Halperín, Estudios de Derecho Público del Seguro,, Depalma, 2000, págs. 37 y sigs.
Analizando el tema en Europa, Mauro Cappelletti explica que el reconocimiento del derecho de la víctima frente al
Estado debió esperar a la consolidación del principio de responsabilidad de los funcionarios públicos en general producido
como derivación de las Constituciones italiana de 1948, alemana (Bonn) de 1949 y española de 1978 ( La responsabilidad
de los jueces, JUS, 1988, págs. 31/32). Esta última dispuso que “los daños causados por error judicial, así como los que
sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a
cargo del Estado conforme a la Ley” (art. 121). La rémora en admitir la responsabilidad estatal por actividad judicial
también existe en el Brasil como lo explica Flavia Felicio Mathias da Silva, Atos jurisdicionais ensejadores da
responsabilidade estatal, en la obra colectiva Estudos de Direito Administrativo en homenagem ao professor Celso Antonio
Bandeira de Mello, Max Limonad, 1996, págs. 187 y sigs.
En esa dirección, hace más de 50 años, la Corte Nacional ha dicho que no es posible emplear la vía de un juicio de daños
y perjuicios para discutir el grado de acierto o error de los procedimientos judiciales o de la conducta de un juez en un
litigio, pues ello “importaría revisar las decisiones judiciales y destruir lisa y llanamente la autoridad de la Justicia”
(27.12.47, La Ley 49-765).
Edit. 3.El enfoque axiológico: Debe partirse de la base de que los jueces. finalmente. Si la jurisprudencia es fuente del Derecho “no lo es por ser jurisprudencia sino por delegación de una norma general” 14. que son ejecutadas para. 339. En esos supuestos no puede oponerse a la víctima el efecto de “cosa juzgada” alguna. Edit. Ver el comentario realizado por M. seres humanos al fin. 14. sino por auxiliares del sistema procesal. responsabilizó al Estado por el mal desempeño de un martillero interviniente en una subasta judicial (Nahoum. especialmente págs. es prueba elocuente de ello. 125. También constituyen supuestos ajenos a la cuestión de la irrevisibilidad de la sentencia firme los atinentes a daños ocasionados por el dictado de medidas cautelares. pérdida de expedientes y de documentos u objetos depositados en los juzgados. que recordaremos brevemente en el capítulo VI. 179 y sigs. Cont. Sala IV. 14 Julio E. Al igual que los supuestos de resoluciones interlocutorias y de mero trámite. vías de hecho. desde un punto de vista subjetivo. Si bien su consideración exhaustiva excedería los límites de este trabajo.4 La tesis recién expuesta no alcanza para justificar la irresponsabilidad estatal en asuntos en los cuales el perjuicio no se ocasiona con es el dictado de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Adm. pág. ya que en esa materia la intangibilidad de lo decidido no resulta invocable ya que ninguna cautelar tiene aptitud para prolongarse en forma definitiva. . 13 En forma categórica Jorge J. Además el orden jurídico posee una gradación y la jurisprudencia (cualquiera sea el valor que se otorgue al “precedente” en nuestro sistema continental europeo) siempre será una fuente “sublegal” del Derecho ya que crea una norma individual (la sentencia) sometida a una norma general que la abastece (la ley). A mayor abundamiento puede agregarse que el carácter inmutable de la cosa juzgada no es absoluto y la posibilidad de revisión de sentencias firmes es una regla antigua y constante no solo en nuestro proceso judicial sino en todo el orbe15. Revisión de la cosa juzgada. Platense. ¿Qué es el Derecho?. Supl. Llambias afirma que la función de la jurisprudencia “no es crear el Derecho sino acatarlo” (Tratado de Derecho Civil.00. Claudia Caputi. resultar revocadas por el superior cuando el daño es irreversible. L. Podrá discutirse si existe o no deber de indemnizar pero si se opta por este último criterio el argumento no podrá ser el de la intangibilidad de la decisión dañosa. existen daños ocasionados por el mal funcionamiento de la Justicia que ni siquiera aparecen protagonizados por jueces. La Ley 1987-A-225). Adm. pág.4. pero con el recurso concedido “con efecto devolutivo”.86. gr. T. como síndicos.. López Lastra. peritos y martilleros 12. Los códigos procesales privan de efectos ejecutorios a las sentencias defectuosas y prevén la existencia de sentencias “aparentes” 12 La CNFed. Tendencias actuales en materia de responsabilidad del Estado por funcionamiento irregular de los órganos judiciales (el caso Amiano). Der. conviene recordar que la idea-fuerza de que el juez “crea” el Derecho con su sentencia no es pacífica en la doctrina y no cabe admitirla sin más como una verdad revelada 13. Obligaciones. Platense. vicios en el libramiento de cheques judiciales) que nada tienen que ver con el dictado de sentencias definitivas. 8. pueden equivocarse y aun actuar dolosamente. 1977. 15 Ver Juan Carlos Hitters. El caso Amiano. 1972. de manera que aún admitiendo que el juez “crea” Derecho lo hace dentro de un orden de jerarquía graficado con la pirámide kelseniana que le impide ignorar la Constitución y la ley. demoras irrazonables y toda una gama de errores de variada índole (v. 57 y sigs. con el voto fundante de Tomás Hutchinson. Por fin. del 3. en L. IV-B pág.7. quien cita y transcribe a Legaz y Lacambra. como acontece en materia de decisiones de primera instancia apeladas.
preferentemente. lo cual contrasta no solo con el sentido común sino. pero en todos los casos el juez (si decidió con negligencia profesional) y el Estado (cuyo sistema judicial prestó un mal servicio al justiciable). ¿cual es la razón para que se presuma jure et de jure el acierto de la sentencia y se prohiba su examen crítico? En definitiva la propia existencia de los recursos de revisión en los códigos procesales relativiza el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada y demuestra que el propio legislador asume como posible el error judicial. según los sistemas en boga.C. es susceptible de arrastrar las falencias propias de su autor. el propio Consejo de la Magistratura o los tribunales de enjuiciamiento. Debido a lo recién expresado.937. Orgánica del Consejo de la Magistratura Nacional. segundo párrafo). de tiempo y lugar y la conducta del agente será juzgada con mayor severidad cuanto mayor sea su deber de obrar con idoneidad y prudencia (arts. B) en alusión al criterio de interpretación de los hechos y a la hermenéutica jurídica que la informa pero sin que dicha independencia se convierta en una patente de corso para avanzar sin derecho sobre la vida y el patrimonio de las personas. Nadie está exento del elemental deber de actuar conforme a las circunstancias personales. De tal suerte que el producto de la actividad profesional de los jueces. 515 inc. en la búsqueda del inasible horizonte de la justicia absoluta. las consecuencias del vicio que arrastra. Pensamos que el argumento de la intangibilidad de la cosa juzgada por razones de seguridad jurídica carece de peso. En un sistema jurídico como el nuestro. La Ley 1999-F-33). 512 y 902 del Código Civil). con la realidad. El eventual reclamo de indemnización de los perjuicios ocasionados por una sentencia errada en los hechos que tuvo por ciertos y/o en el derecho que aplicó no significa reabrir la discusión sobre lo puntualmente juzgado sino resolver. Propiciar a rajatabla la presunción de perfección de la decisión judicial es prohijar la infalibilidad del juez. la grieta definitiva que afecta la sacralidad de la cosa juzgada se abre cuando la cuestión se enfoca desde el ángulo de los valores en juego. que permite acusar la “ilegalidad” de la ley inconstitucional y habilita para decretar la invalidez de un aspecto de la propia reforma de la Carta Magna16. si fue desapoderado de un objeto no le será restituido. Y es aquella la razón por la cual los miembros del Poder Judicial responden políticamente con sus cargos ante el Poder Legislativo. Debido a ello la misma ley organiza un sistema de responsabilidad disciplinaria de los magistrados.99. Si el perdidoso fue desalojado no retornará al inmueble que ocupaba. . art.8.) y el artículo 269 del Código Penal describe el delito de “prevaricato” como el cometido por el juez que decide contra la ley o funda su sentencia en hechos falsos. contemplando la posible comisión de ilícitos y hasta “la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho aplicable” (art. En este sentido la Ley 24. La cosa juzgada se mantiene incólume. inc. dispone claramente que “queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias” (art. incluyendo a la propia sentencia definitiva. En este enfoque la cosa 16 Nos referimos a la decisión de la Corte Nacional en el caso Fayt declarando la inconstitucionalidad de la cláusula de 1994 que introdujo un límite de edad a los ministros del propio Tribunal (19. 15.5 que no reúnen los requisitos necesarios para ser consideradas como tales (por ej. 5° del C. La inamovibilidad e independencia de los jueces no implica una licencia para apartarse de la legalidad y del deber de no dañar. deberán pagar los daños y perjuicios irrogados.P. 14.C.
el pago de un anticipo por parte de los profesionales que intervengan en juicios y el control del pago de aportes antes de aprobar transacciones. al ocasionar daños a los litigantes o a terceros. 1. 19 La Ley 6716 (t. 15 o al art. en todo caso. considerando que todos los valores no poseen igual entidad. ejecutados en el ejercicio de sus funciones. acarrea la obligación de indemnizar. 167. Se trata del sustento axiológico de la relación jurídica entre víctima y victimario que hace que aquel tenga derecho a una compensación restauradora del demérito patrimonial y moral sufrido. La prueba está en que la propia Constitución. 21 según corresponda”. pues no hay resquebrajamiento del valor de marras. . levantar medidas cautelares y devolver rogatorias (arts. Nunca lo formal (sentencia firme ilegal) puede colocarse por encima de lo sustancial (verdad ignorada. para evitar el despropósito de dejar sin compensación las consecuencias de la sentencia injusta.6 juzgada no se altera ya que lo resuelto no reconoce retroceso pero. cit. Tawil. Por lo demás. ya que a través del proceso de revisión sólo se retractan derechos mal adquiridos” (Revisión de la osa juzgada. 1996) de Régimen legal de la Caja de Previsión Social para abogados de la Provincia de Buenos Aires impone una serie de obligaciones relacionadas con la discriminación del porcentual de aportes en los giros judiciales. disposiciones legales que hacen responsable al juez en forma personal cuando ha actuado negligentemente19 y el tema mereció una indebida consideración exculpatoria. Como dijimos antes los magistrados no son inmunes al humano desvío de conducta ética (dolo) o de procedimiento (culpa). en el derecho de daños se denominan “factores de atribución” a las razones que explican y justifican la obligación de resarcir los perjuicios. resulta obvio que aún admitiendo la existencia de contradicción. Depalma. Ya en el año 1933 la III° Conferencia Nacional de Abogados reunida en Mendoza. derecho vulnerado). el valor “justicia” debe imponerse al valor “seguridad”. limitando la responsabilidad de los jueces a los casos en que se pueda demostrar que procedieron con dolo o culpa grave. 1989. III. estableciendo que “los jueces y secretarios judiciales responderán personalmente de los anticipos. 17 y 21).FACTORES DE ATRIBUCION: Como se sabe. luego de consagrar la inamovilidad de los jueces también permite su remoción por “mal desempeño” 17 Hitters ha señalado que los términos “seguridad” y “justicia” no son antitéticos sino complementarios y. reclamando el dictado de una legislación todavía ausente. acepta con amplitud la responsabilidad del Estado por su actividad judicial. Actualmente no se duda que deben indemnizarse los perjuicios ocasionados por el proceder irregular (dolo o culpa) de los jueces. ninguna duda cabe sobre la procedencia de la responsabilidad subjetiva de los funcionarios del Poder Judicial.o. siguiendo el rumbo propiciado por la doctrina18. pág. la víctima de la irregularidad judicial es compensada17. Finalmente conviene señalar que a esta altura se registra una nutrida jurisprudencia que. Existen. En estos casos la conducta dolosa o negligente del funcionario judicial. aportes y contribuciones dispuestos por esta ley que se hubiesen evadido por omisión o error en los libramientos judiciales o por incumplimiento a lo dispuesto por el art. La responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la administración de justicia. por parte del Proyecto de Código Civil de 1998. El deber de reparar puede ser una derivación de la conducta positiva dañosa del órgano judicial o provenir de su actitud omisiva. 18 Guido S. 15. declaró que “debe establecerse la responsabilidad del Estado por los actos ilícitos de los funcionarios públicos. incluso. que el rango axiológico de aquella es inferior al de ésta.Dolo o culpa: Como dijimos al inicio. y que correspondan al servicio”. “no es por ello exacto que posibilitando la impugnación de las sentencias se resienta a la seguridad..
Por la delicada misión que sus conciudadanos le encomiendan los requisitos de honestidad e idoneidad de los magistrados debe examinarse minuciosamente. en la obra colectiva El Derecho Administrativo Argentino Hoy. Belluscio. o funciona mal o lo hace con una lentitud exasperante. que podríamos considerar clásicos: a) conducta dolosa o culpable del titular de un órgano público dotado de facultades jurisdiccionales desarrollada en ocasión de sus funciones21. Perrino.98. Administrativo del 28.4. Responsabilidad por falta de servicio. 227). 1112 del Código Civil en tanto apoya el deber de indemnizar en el irregular cumplimiento de los deberes de los funcionarios estatales. en materia de responsabilidad estatal por el ilegal proceder de los funcionarios judiciales. la víctima -por eso solo.. En consecuencia. o. 1996. que considere la dedicación a la materia y los antecedentes científicos del postulante20. Sala V.7 (artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional) y la recordada Ley 24. 28. Fayt. voto del Dr.. 15).D.99. 3 sum. voto del Dr. En estos casos se compromete la responsabilidad directa de la persona pública prescindiendo de la voluntad dolosa o negligente del funcionario22. Adm. En este mismo sentido María Graciela Reiriz ha señalado con razón que la ilegitimidad puede aparecer ante el desconocimiento de las leyes orgánicas que disponen la estructura administrativa del Poder Judicial (Responsabilidad del Estado. voto de los Dres. . La Ley del 5.5. b) existencia de un daño cierto y c) nexo de causalidad entre una y otro. deja de funcionar. Ampliar en Pablo E. La cuestión reviste suma trascendencia porque permite atribuir a la persona jurídica pública “Estado” las consecuencias dañosas del accionar de sus funcionarios judiciales sin que sea necesario endilgarles a estos en forma personal una actuación mal intencionada o negligente. En definitiva.937 del Consejo e la Magistratura prevé la aplicación de sanciones disciplinarias ante la comisión de ilícitos o el desconocimiento del Derecho (art. Boggiano. ya que la naturaleza del cargo impone un riguroso proceso de selección.debe ser indemnizada. Zacarías. 2. 22 El fundamento jurídico de este factor de atribución es el art. Cont. “Quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para el cumplimiento del fin para el cual ha sido establecido. 21 En nuestro caso debe tratarse de una actividad dañosa judicial.177).99. E. entendida como la falencia del compromiso de las autoridades de atender el bien común sin dañar a terceros. es decir proveniente de la decisión o actuación de un órgano del Poder Judicial no bastando que el hecho defectuoso acontezca en un proceso ya que aquel puede deberse a una falencia administrativa.00.Falta de servicio: La evolución de la doctrina primero y de la jurisprudencia después hizo que el factor de atribución de la responsabilidad del Estado haya dejado de ser solamente la culpa o negligencia del agente sumándose la noción de falta de servicio. La Ley 24. Petracchi y Bossert. considerando 11º. Supl.937 20 Fallos 314:22. Fallos 321:6. Fallos 318:6. si un servicio público.12. La Ley 1998-C-317. En este carril. La responsabilidad de la administración por su actividad ilícita. es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o la ejecución irregular” 23. con nota de Jorge Bustamante Alsina. pág. al igual que en todo sistema subjetivo de responsabilidad deben reunirse una serie de requisitos. La propia Corte Nacional ha expresado que los cargos en el Poder Judicial deben cubrirse previo concurso conducido por el Consejo de la Magistratura. Ferrocon SRL. Se trata de casos donde falla el sistema judicial debido a sus vicios y falencias internas sin que quepa reproche alguno a la calidad del proceder de sus miembros considerados individualmente. 23 CSJN.12. 100. Es el caso de la indebida citación de una sociedad a un juicio de quiebra producto del erróneo informe de la Inspección General de Justicia que la confundió con otra de igual denominación (CNFed. con mayor razón una función esencial del Estado. Petracchi. 6. Rev. pág. Ciencias de la Administración.
cabe recordar la relevancia de la juris dictio en la sociedad moderna. 28 Se considera que no es posible demandar a los jueces por los desaciertos cometidos mientras no haya sido desaforado mediante juicio político o no haya finalizado sus funciones. Sosa. Morello. Heliasta. Obligaciones. 381. pág. de la vida o de la hacienda de un ciudadano. Códigos Procesales Comentados. mientras ello no ocurra su eventual responsabilidad civil no es materia de ventilación judicial (Jorge J. en el derecho español.El juez pronuncia la pena correspondiente al delito. Berizonce.85. donde se cita la opinión de otro autores y numerosos fallos en ese sentido).. ha dicho que el previo desafuero es imprescindible para incoar una demanda de indemnización de los daños y perjuicios cometidos en el ejercicio de la judicatura porque si la respuesta del jurado de enjuiciamiento fuera negativa “estaría faltando esa anterior e indispensable decisión que define la referida causa fuente legal del reclamo.6. DJJBA del 29.5. por el contrario son muchas las facultades que se le han otorgado y es cada vez mayor la expectativa que la comunidad vuelca en el éxito de su gestión. Rogati. T. Sus delicadas labores exceden la idea del servicio público y encajan en la noción de función esencial del Estado.105. configurándose un supuesto de falta en la correcta prestación del servicio (o función) de Justicia. No se le pueden buscar interpretaciones cuando se trata del honor. La Ley 1986-B-108. el Tribunal Supremo ha ordenado la reparación de los daños ocasionados en el ejercicio de la función judicial cuando: a) los hechos que han servido de base a la sentencia han sido equivocados. se genera una situación antijurídica. Desde luego que la posibilidad de un actuar doloso o culpable estará siempre latente en la función judicial27. Y Com. 26 La Empresa deudora depositó bonos externos para que sea admisible su recurso extraordinario de conformidad a la ley procesal laboral y erradamente el tribunal los hizo convertir a pesos en una época de alta inflación (CSJN. Civ. Llambías. salud y propiedad de las personas) y se le concede el monopolio de la coacción como manera de proscribir la justicia por propia mano. A). 1984. se confía a los miembros del Poder Judicial el resguardo de intereses esenciales públicos y privados (paz social. de Derecho Civil. 27 En esa dirección. con tener ojos le basta” (Montesquieu. para alguna doctrina y jurisprudencia28 que no compartimos. in solidum con el Estado y. En el terreno de la responsabilidad por falta de servicio. 116. Sala II. encuentra suficiente apoyo en la falta de servicio. removida la necesidad de probar el dolo o culpa del agente. pero no existe razón ontológica para limitar la responsabilidad estatal por su actividad judicial a tales supuestos. en cambio. La pretensión compensatoria enderezada exclusivamente contra el Estado. esto es el mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones” (Causa n° 211. cuando su accionar provocó daños que el justiciable no estaba obligado a soportar. 25 La Ley 1985-B-3. El espíritu de las leyes. I° de Apel. Platense. la consecuencia práctica de imponer su previo desafuero para demandarlo por daños y perjuicios. En el piso de marcha sentado por la Corte Nacional en los casos “Vadell” 25 y “Hotelera Río de La Plata” 26 no advertimos diferencia sustancial en la responsabilidad por falta de servicio derivada de la mala prestación de la tarea administrativa del Registro Inmobiliario y los daños causados injustamente por faltas en la prestación del servicio de justicia . 24 “En los Estados republicanos es de rigor ajustarse a la letra de la ley.98). 117). con desatención de datos indiscutibles por parte del juzgador y b) el derecho considerado ha producido la aplicación de normas inexistentes o entendidas palmariamente fuera de su sentido y alcance o con incuria o arbitrariedad.8 expresamente alude a las faltas disciplinarias de los magistrados “por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia” (art. T. IV pág. Establecer el dolo o culpa del funcionario judicial tendrá relevancia para atribuirle responsabilidad personal. Haya existido o no negligencia del magistrado. 14 inc. generalizada la división de funciones en el sistema republicano. defensa de la vida.I pág. con nota de Roberto García Martínez). Actualmente estamos muy lejos del juez limitado a ser solamente “boca de la ley” imaginado por Montesquieu 24. Abandonada la figura del monarca-juez.. Edit. . para esto. según la ley. Trat. 4. de La Plata. La Cám.
Larocca c/ Prov. a la que se otorga una amplitud mayor que la asignada a los particulares como resultado de las mayores obligaciones que pesan sobre aquellos. donde se expone una interpretación dinámica del art. 1074 del C. 7. Tratado de Derecho Administrativo. reapareciendo cada tanto el elemental interrogante ¿puede responabilizarse a los jueces (y al Estado que representan) por no haber actuado encontrándose obligados a hacerlo? Pensamos que la respuesta es afirmativa. 30 . 2000. es decir. pues sólo cabe considerar como error judicial a aquel que ha sido provocado de modo irreparable.00.00.C. salvo excepciones donde la mala praxis potencia la mora institucional. 4. Más allá de algunos supuestos de prolongación excesiva de detenciones preventivas (donde el juez penal omite ordenar la libertad del procesado) se registran muy pocas condenas a indemnizar los perjuicios provocados por conductas omisivas31..95 (La Ley 1996-D-79. 29 C. Respecto de los funcionarios públicos. Rev. Ver por todos Agustín Gordillo. Amiano. donde se dispuso que el Estado Nacional debía indemnizar los perjuicios sufridos por el adquirente del un inmueble del fallido frente a la omisión del síndico en anotar su inhibición general de bienes. se trata de causas en las cuales los magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial han actuado positivamente. 11. al no resultarles estrictamente aplicable el art. 3. el citado autor considera que “aunque las normas no dispongan la comisión del hecho. 31 Los casos paradigmáticos son CSJN. Sala IV. La doctrina ha explicado con profundidad esta última posibilidad30.J. con nota de Mario Rejtman Farah). Los males que aquejan con conocida frecuencia a los litigantes son admitidos (incluso oficialmente) como “producto de la debacle del sistema judicial en la Argentina”. Cont.99 (La Ley 1999-F-497).4.. hay responsabilidad”. El ejemplo típico es la demora excesiva en la resolución de los pleitos.9 Por lo demás es evidente que existen situaciones dañosas donde no puede reprocharse al juez el deficitario resultado de su gestión. consecuencia del colapso generalizado del sistema judicial que nos muestra a diario oficinas literalmente abarrotadas de expedientes y litigantes y letrados que no alcanzan a ver la finalización de sus pleitos. pág. donde se condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar el daño moral sufrido por una abogada demorada en la frontera por la omisión judicial de notificar el levantamiento de la orden de secuestro de un automotor. No encontramos razón para limitar la responsabilidad por mal desempeño de los miembros del Poder Judicial a los supuestos de conducta positiva. sin embargo.N. Los repertorios de jurisprudencia acreditan numerosos supuestos de mala praxis judicial dolosa y culposa y también derivada de la falta de servicio.. Desde luego que “la mera revocación o anulación de resoluciones judiciales no otorga el derecho a solicitar indemnización. XIX-11. Es evidente.10.10.. y CNFed. aunque no existe razón alguna para dotar a nuestro tema de un tratamiento diferente. 2 pág. de Buenos Aires.Responsabilidad por omisión: Los funcionarios públicos (por añadidura el Estado que representan) pueden dañar a terceros al actuar o al dejar de hacerlo estando obligado a ello. FDA. La Ley del 20.. cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efecto de los medios procesales ordinariamente previstos a ese fin en el ordenamiento”29. si la omisión supone un irregular ejercicio. que en estos casos ninguna culpa pueda enrostrarse al funcionario judicial y falla el servicio en sí mismo.S. 1112 del Código Civil como andamiaje no solo de la responsabilidad directa (teoría del órgano) del Estado por los hechos de sus agentes sino también el anclaje de la responsabilidad estatal por omisión. 4. la casi totalidad de los casos publicados son consecuencia de una conducta activa.5. Adm. 4° edic. por el contrario. De Gandia. No siempre estaremos frente a magistrados indolentes que atienden su despacho con poco empeño y son numerosos los casos donde. los jueces se desviven por cumplir rápido y bien su augusta misión.
El Proyecto de Código Civil de 1998: La inexistencia de una legislación específica. su desafuero” (art.. que aborde el esencial tema de la responsabilidad del Estado. en los siguientes casos solo hay responsabilidad si se obra por dolo o culpa grave: . Injustificadamente el Proyecto al aludir a la responsabilidad personal de los jueces consagra un tratamiento desigual. y por ello. en su caso. En el paragrafo 3º se alude a la problemática personal de los agentes públicos disponiéndose que los mismos “tienen responsabilidad directa por los daños producidos mediante acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de sus cargos. En esa realidad. al igual que en materia de daños causados por la actuación positiva. b) Si el daño es causado por errores de jueces o de árbitros en el ejercicio de sus funciones.. cuando una disposición expresa así lo imponía o si la necesidad de asegurar el buen funcionamiento del servicio de Justicia hacía evidente la necesidad de actuar. el magistrado incurrirá en omisión si desatiende las razonables y legítimas (por no prohibidas) peticiones de las partes o deja de hacer lo indicado para asegurar la buena marcha de un proceso instructorio. Su artículo 1686 establece: “Sin perjuicio de disposiciones especiales. Así por ejemplo. el daño probado deberá ser consecuencia de la inaplicabilidad del Derecho por parte del juez o funcionario (incluyendo en esta idea el deber de prestación adecuada del servicio y no la mera desobediencia de la norma) y ello acontece tanto por acción como por omisión.. aunque la conducta debida no le sea impuesta directamente por la norma (ya que es imposible que los reglamentos de organización del Poder Judicial y los códigos procesales contemplen toda la infinita gama de situaciones que pueden presentarse).”. En el fondo. 1677). Para requerírsela no son necesarios ni la determinación previa de su responsabilidad administrativa. inconstitucional. hace que la cuestión continúe siendo analizada en los congresos de Derecho Civil y reglada ad futurum con criterios propios del Derecho Privado. Paragrafos 1º “De las personas Jurídicas”. 4. si con la inacción se daña al justiciable o a terceros. La imaginable dificultad por la que se transita en este punto no es diferente a la que informa la totalidad de los supuestos de responsabilidad del Estado por omisión de los otros Poderes. existiendo una evidente verosimilitud del derecho del actor y un claro peligro en la demora. contiene una serie de importantes normas relacionadas con la responsabilidad del Estado en general. Al menos la ley no distingue y es sabido que ello impide .. la norma parece abarcar tanto la responsabilidad personal del magistrado como la responsabilidad del Estado que representa. Al referir que “solo hay responsabilidad”. Igualmente. ni. el juez estará obligado a evitar que el juicio culmine con el dictado de una sentencia abstracta en perjuicio del actor.. como por ejemplo ordenar las medidas de prueba ofrecidas y conducentes en un pleito dispositivo o aconsejada por las circunstancias en un juicio inquisitivo. Desde luego que. el verdadero quid de la cuestión consiste en establecer con categórica precisión que el funcionario judicial no hizo lo debido en un marco de indudable obligación de actuar. frente a la elemental necesidad de contar con un criterio de imputación. para que surja la obligación de resarcir. en forma genérica. “Supuestos especiales de responsabilidad”. nace la responsabilidad del Estado por omisión.10 Cuando sea de toda evidencia que un juez estaba obligado a adoptar una decisión y no lo hizo. y 2º “Del Estado”. en su Sección 12da. de Derecho Público claro está. el Proyecto de Código Civil de 1998.. solicitándose el dictado de una medida cautelar.
como señaláramos al final del numeral anterior. 43 del Cód. En cuanto respecta a la responsabilidad del Estado por omisión de sus funcionarios judiciales el Proyecto. Estando en juego uno de los derechos humanos básicos como es la libertad ambulatoria y habiéndose convertido las cárceles en verdaderos centros de tormento. consolida la responsabilidad del Estado por la omisión culpable en que incurren los funcionarios administrativos. 1975. Los jueces.. Pareciera.De donde un secretario de juzgado es tratado con una severidad mayor que el propio juez.Pero además de ello. Las Constituciones de la Argentina (1810-1972). 112.11 distinguir al intérprete. Civil (responsabilidad de las personas jurídicas por los hechos de quienes las dirigen) en su artículo.D. al sancionarse el Estatuto Provisional de mayo de 1815.el constituyente y el legislador hayan tomado cartas en el asunto mientras nada se ha legislado sobre la responsabilidad por mal funcionamiento del servicio de justicia en general. cualquiera sea la culpa que se les atribuya y otros solo responden de la culpa grave asimilada al dolo.. del 24. mediante acciones u omisiones. probos y réprobos. pág. con ese alcance. “el Estado responde de los daños causados por el ejercicio irregular de la actividad de sus funcionarios o empleados. 3 de la Sección Tercera) 33. y. mandando a los jueces que corrijan tales 32 33 Jorge Mosset Iturraspe. este segmento del problema adquiere particular relevancia. Responsables privilegiados. hijos y entenados. 1. Aunque no haya merecido la misma consideración doctrinaria que la responsabilidad estatal por actividad legislativa y administrativa la responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional penal registra antecedentes remotos en el plano constitucional.. al primero se le pide cuentas de todas las culpas. 1675). 1674. y al segundo solo de las graves.00. Esta es una norma acertada. E. como política legislativa. IV – EL SUPUESTO ESPECIAL DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL: Al encarar el tratamiento de la responsabilidad estatal derivada de su gestión jurisdiccional resulta insoslayable diferenciar la cuestión en sede penal de los restantes ámbitos en que aquella se desenvuelve.. sin que sea necesario identificar al autor” (art. violación y muerte.2. la responsabilidad por daños reconozca preferidos y preteridos. Por lo demás parece absurdo limitar la responsabilidad personal del funcionario a los casos de dolo y culpa grave y ampliarla respecto de la persona jurídica pública que integra a los casos de culpa o negligencia simple. que los jueces no respondan de sus errores”32. En 1811 el Reglamento de la Junta Conservadora estableció que “El Poder Judicial será responsable del menor atentado que cometa en la sustancia o en el modo contra la libertad y seguridad de los súbditos” (art. luego de ratificar el principio del actual art. y cuatro años después. y explica que –como veremos. dispone que. entonces. pág. . Unos responden de todos los daños que causen. Adherimos categóricamente a la fundada crítica que efectuara Mosset Iturraspe al señalar: “no nos parece bien que en una república. Va de suyo que la disposición resultará aplicable al tema que nos convoca ya que no existe razón para otorgar un tratamiento diferente a la conducta omisiva de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. se prohibió la mortificación de los reos. EUDEBA. no es bueno. que la intención de los autores del Proyecto es acotar la responsabilidad de los jueces y del Estado a los supuestos de culpa grave. democrática e igualitaria.
no debe olvidarse que esa desmedida pretensión de excelencia es la razón por la cual la sociedad les reconoce fueros y prestigios. la 34 Las Constituciones de la Argentina (1810-1972). pág. 36 En la Provincia de Buenos Aires los jueces municipales de faltas pueden sancionar a los infractores con penas de arresto hasta 30 días (arts. Atos jurisdicionais ensejadores da responsabilidade estatal. EUDEBA. 1975. también incorporado a la Constitución Nacional. Si bien es exacto que el abarrotamiento de los tribunales. 1996. debido a la evolución de las ideas sobre la existencia y necesidad de defensa de los derechos humanos fundamentales. 630 Cód. XXV y XXVI). Y.12 situaciones. Responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por condena errónea.. El antecedente de esta disposición no es otro que el artículo 9 apartado 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York 1966). Claro que es mucho lo que se espera de los jueces penales: el ciudadano que preserve sus vidas y sus bienes encarcelando a los delincuentes. quienes delinquen exigiendo ser juzgados con imparcialidad y tratados con consideración 35. sin que sea posible que se le impongan penas crueles. si un juez administrativo36 o judicial ordena la detención preventiva o condena a prisión o reclusión indebidamente la responsabilidad del Estado deberá hacerse efectiva sin demasiadas especulaciones debido a la específica normativa vigente. 1948) dispuso que ninguna persona podía ser privada de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Términos semejantes se reiteran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica. en la obra colectiva Estudos de Direito Administrativo en homenagem ao professor Celso Antonio Bandeira de Mello. Max Limonad./Dic. 1986) . También se registra un añejo origen en el Brasil. La protección del procesado y la tutela del recluso no constituyen facultades de uso potestativo sino un concreto y exigible deber de la magistratura. XVII del Capítulo I de la Sección Séptima)34. según relata Flávia Felicio Mathias da Silva. 227. 1.o. hasta llegar a su consagración constitucional (art. Ley 8751/77. explicitando que cuando quede demostrada “la comisión de un error judicial. cuando esto ocurra.Tratados internacionales: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá. Este autor comenta los proyectos de leyes existentes en la materia y los antecedentes jurisprudenciales más remotos. 1975). 4 y 7 del Dec. 5. el detenido tiene también derecho a un tratamiento humano mientras dure la privación de su libertad. en cuyo artículo 10 expresamente queda establecido que “toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”. infamantes o inusitadas (arts. otorgándoles enormes poderes entre los que resalta el de disponer de la libertad de las personas. no es menos cierto que la sensibilidad de los jueces constituye la esperanza más firme para honrar los compromisos internacionales y el propio mandato del constituyente incumplido desde hace un siglo y medio. 1984). Revista Argentina de Derecho Administrativo nº 10 (oct. 195. t. tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”. En la actualidad. LXXV) y legal (art. donde se sienta el principio general de que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa. pág. Una exhaustiva reseña histórica puede verse en Armando E. 35 Resulta paradigmático en este último sentido la recurrente exigencia de entregarse solo al juez enarbolada por delincuentes que toman rehenes o que se atrincheran en lugares cerrados y cercados por la policía. Grau. Penal). pág. la fatiga provocada por la desazón y otros ingredientes propios de un sistema judicial colapsado atentan contra esa aspiración y parecen condenarla al terreno de las utopías. Proc. la carencia de medios y recursos. indemnizando a los agraviados de los males que hayan sufrido por el abuso” (art. 35 y sigs. pero –cabe reiterar.
forman parte de su ordenamiento interno y constituyen fuente de derechos para los ciudadanos39. Fallos 317:1282.no puede hablarse en estos casos de responsabilidad por actividad judicial no es menos cierto que podría existir una vinculación entre los hechos dañosos y la inacción del juez que ordenó la detención preventiva o impuso la pena de prisión. Córdoba: Su Ley Suprema de 1987 dispone categóricamente que “el Estado es responsable por los daños que causan los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes” (art. 38 “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles. 37 El Pacto de Nueva York también dispuso que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.13 persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia. Constitucional del 27.”.11.99. para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. págs. El otro conjunto acota la cuestión al tema específico de la responsabilidad del Estado por mal funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal. Der. En el primer segmento pueden incluirse las siguientes constituciones: Buenos Aires: la Carta de 1994 luego de disponer que “las causas deberán decidirse en tiempo razonable” (art. 15). Parece innecesario resaltar que los citados acuerdos internacionales son de obligatorio acatamiento para nuestro país. oportunamente ratificada por Ley 23. Todo rigor innecesario hace responsable a las autoridades que lo ejerzan (art. inhumanos y degradantes”40. reimpresión 1997. la Carta Magna proscribió “toda especie de tormento”.12. FDA. Adeliana Loiano y Alejandro Rossi.. aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10. Agustín Gordillo. y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija. RAP 215-154. aclara que “las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos. 30). hará responsable al juez que la autorice”. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica” (art. La obligatoria aplicación interna de los fallos y opiniones consultivas supranacionales. En aplicación de estos pactos internacionales la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú a indemnizar “el daño material y moral padecido por quien fue víctima de violaciones a los derechos humanos mientras se encontraba detenida en un instituto carcelario.A. intimidación física y moral o padecimientos a detenidos38. Guillermo Gordo. manifestando como una verdadera esperanza irredenta que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias.14 apartado 6)37. . voto del Dr. inhumanos o degradantes”. María. 2. 39 Agustín Gordillo. En definitiva. sumando. Boggiano en “Café La Virginia S. La primera congrega las cartas que consagran la responsabilidad del Estado en general. 58. 2º edic.Constituciones provinciales: A los fines del presente estudio. La Ley Supl. pág.338. 14). consistentes en tratos crueles.. desentendiéndose absolutamente de las condiciones en que aquellas se llevan a cabo dentro de la administración penitenciaria.84. desde 1853. 10 ap. II-5 y sigs. Derechos Humanos. fallo del 27. y si bien –como anticipáramos supra.. un análisis comparativo de las Constituciones provinciales permite agruparlas en dos categorías. 3). una especial referencia a las cuestiones vinculadas con las condiciones de detención de los procesados y condenados penalmente.12. Corresponde resaltar que nuestro país se ha comprometido a adoptar “medidas legislativas administrativas y judiciales” para evitar actos de tortura. 40 Asunto Loayza Tamayo.98. en algunos casos. deberá ser indemnizada conforme a la ley”(art. ahora incorporada a nuestra Constitución nacional.
La Rioja: La Carta de 1998 dispone que “nadie podrá ser sometido a torturas. 7). 24). aplican. . 27 inc. En la categoría de Constituciones que responsabilizan al Estado en el ámbito del proceso penal y penitenciario. con relación al sistema penitenciario. y en su caso. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que lo ordene. Especialmente indemniza los daños ocasionados por la indebida privación de la 41 La amplitud de esta fórmula excede naturalmente el restringido marco de la responsabilidad derivada de la mala actuación del fuero penal y abarca cualquier perjuicio irrogado en el ejercicio de la magistratura. Santa Fe: La Carta provincial de 1962 dispone que “en el campo del derecho público la Provincia responde hacia terceros de los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que les competen. Chubut: La Carta de 1994 establece que “el Estado garantiza la plena reparación de los daños causados por error judicial. Salta: La Carta Provincial de 1998 establece que “el Estado. sin perjuicio de la obligación de reembolso de estos”. Río Negro: La Constitución sancionada en 1988. puntualizando que “los jueces que expidieren órdenes de allanamiento o de pesquisa y los funcionarios que las ejecutaren. San Luis: Su Carta de 1987 prohibe los tormentos y los tratos crueles.19). sus funcionarios y empleados son responsables por los daños que ocasionen. instigue o encubra y el Estado reparará el daño que el hecho provoque”. (art. Chaco: Su Constitución de 1994 expresamente dispone que “si de la revisión de una causa resultare la inocencia del condenado. señala que “todo rigor innecesario hace responsables a quienes lo autorizan. consienta. 14). responsabilizando a las autoridades que los realicen o toleren y culmina garantizando que “el Estado repara los daños provocados” (art. por razón de la función o del servicio prestado. 10). consienten o no lo denuncien” (art. tratos crueles. se anotan las siguientes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Carta Constitutiva de 1996 expresa que “toda persona condenada por sentencia firme en virtud de error judicial tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley” (art. sin otro requisito que su demostración 41. 11). 43). 13 inc. Santiago del Estero: Su Constitución de 1997 asegura que “la Provincia y los municipios como personas de derecho carecen de todo privilegio especial” y “pueden ser demandados ante los tribunales ordinarios” (art. luego de consagrar la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos. 80). 5). ejecute. la Provincia tomará a su cargo el pago de la indemnización de los daños causados” (art. 23). aclara que el principio opera “sin perjuicio de la responsabilidad del Estado” (art. Esta responsabilidad se extiende a los errores judiciales” (art. San Juan: La Constitución sanjuanina de 1986. sin efectuar igual prevención en forma global. Misiones: Su Constitución de 1958 establece que “la Provincia y sus agentes son responsables del daño que estos causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” (art.14 Jujuy: La Constitución de 1986 establece que “el Estado responde por el daño civil ocasionado por sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos. 10º). sin perjuicio de la obligación de reintegro por parte del causante” (art. degradantes o inhumanos. serán responsables de cualquier abuso” (art.
Sin embargo la situación reviste interés porque revela en el legislador la intención de reconocer una compensación (tasada) a quienes sufrieron detenciones injustas44. donde se comenta la aplicación de la Ley 24.15 libertad. . su indebido agravamiento o por incumplimiento de los preceptos referidos al tratamiento de detenidos y presos” (art. Der. 1969. respectivamente. Alfredo H. en La Ley Supl..A. En nuestro derecho interno. Neuquén: Su Constitución sancionada en el año 1957 señala que “la Provincia indemnizará los perjuicios que ocasionen las privaciones de la libertad por error o con notoria violación de las disposiciones constitucionales” (art. dispone que “la acción civil por daños y perjuicios que autoriza el art. 3.Condena errónea: Cuando se advierte que una persona que ha purgado pena privativa de la libertad era inocente del delito que se le imputaba un elemental sentido de lo justo indica que debe ser resarcida.043 de responsabilidad del Estado por detenciones ilegítimas en los casos “Bufano” y “Gauna”. 29).7. El derecho a indemnización por error judicial en la Constitución Nacional. La Pampa: La Constitución de 1994 dispone que “Las víctimas de errores judiciales en materia penal tendrán derecho a reclamar indemnización del Estado. aunque referidas a detenciones ilícitas efectivizadas por funcionarios de facto usurpadores del poder. 60). debe deducirse ante los jueces ordinarios” independientemente del juicio de desafuero que esa normativa organiza. Desde luego que no se trata de supuestos de “error judicial” ya que en tales casos no hubo juicio alguno ni posibilidad de ejercicio del derecho a la defensa. Colautti. EUDEBA. 119. 11. “Godinez Cruz”. 43 Corte Interamericana de Derechos Humanos. pág.B. en los supuestos de sentencias condenatorias a penas privativas de libertad posteriormente declaradas erróneas se reconoció el deber oficial de reparar los perjuicios ocasionados.11. citado por Carlos E. sentenciados por las Salas I y II de la CNFed. La Ley reglamentará los casos y el procedimiento correspondiente” (art. Si bien se excluyeron los casos de privación ilegal de la libertad y de prisión preventiva. por Ley 11. 1995. en la obra colectiva Estudios sobre la reforma constitucional de 1994. La Ley 1995-B-1080). Como vimos en los párrafos precedentes la indemnización del condenado injustamente ha sido una antigua preocupación de los organismos internacionales receptada en los tratados sobre derechos humanos. 74. Constitucional del 29. Hoy día. Reparación por las restricciones ilegítimas a la libertad durante el período 1976-1983.967 de Enjuiciamiento de Magistrados. ref. Adm. en la Provincia de Buenos Aires. 57 de la Constitución. Tierra del Fuego: La Constitución sancionada en el año 1991 dispone que “el Estado provincial indemnizará los perjuicios que ocasionen las privaciones de libertad por error o con notoria violación de las disposiciones constitucionales” (art. Rizzo Romano refiere disposiciones relativas a la responsabilidad personal de los jueces en el Digesto y en las Leyes de Partidas (Responsabilidad civil de los jueces y funcionarios judiciales. Correlativamente. pág. 12). Cont. 21.99. 57 de la Constitución local en tanto autoriza a cualquier ciudadano a reclamar indemnización contra todo empleado o funcionario que lo haya privado del ejercicio de sus derechos. 40). la Ley 8055. Responsabilidad del Estado. en febrero de 1998 y abril de 1999. incluido el daño moral43. Santa Cruz: La Carta de 1994 introduce una previsión única en el derecho comparado interno al prever la compensación del procesado no condenado. 42 Según relata María Graciela Reiriz. pág.89. El punto de vista de un juez. “Una ley establecerá indemnización para quienes habiendo estado detenidos por más de sesenta días fueran absueltos o sobreseídos definitivamente” (art. Depalma – U. la responsabilidad personal de los jueces está prevista en el art.. Y así ha sido desde hace más de un siglo: en Francia se dictó una ley compensatoria de esta situación en 1895 y en Alemania en 189842. existen leyes que disponen el pago de indemnizaciones a víctimas (y sus causahabientes) de detenciones sufridas durante las dictaduras militares. 40). 44 Ver Germán Bidart Campos.
O. Ya dijimos que el funcionamiento del régimen carcelario no constituye propiamente función judicial sino un aspecto de la actividad administrativa oficial. una vez resuelta a su favor la acción de revisión.73) resultó incorporada al nuevo Código Procesal Penal.90. 2000. inducir de cualquier forma a error a la Justicia.89. Ley 11. Esta escandalosa situación viola no solo el principio de presunción de inocencia sino que desconoce palmariamente uno de sus corolarios básicos: la prevención del artículo 5. 4. 4° edic. 1º de la Ley 8132 (B.Detención preventiva. Esta situación suele ser expresamente contemplada por la legislación local. sin embargo no es posible que los jueces se desentiendan absolutamente de la suerte de las 45 Agustín Gordillo. calculado sobre la base del salario mínimo vital y móvil que hubiera regido durante ese período. El caso de exceso temporal: El mal funcionamiento crónico del servicio de Justicia Penal puede conducir a la exculpación de los jueces que no pueden escapar a la perversión del sistema pero en manera alguna relevar al Estado de su responsabilidad. proporcionada a la privación de su libertad y a los daños morales y materiales experimentados. 46 . a una reparación económica por el Estado provincial. 477)46. de Derecho Administrativo. RAP 131-48) y la Ley 1263 de La Pampa (20. RAP 148-70). En términos semejantes se pronuncian la Ley 4387 de Jujuy (22.1. obstruir dolosamente la investigación). Según datos oficiales. t. FDA. apartado 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que indica que “los procesados deben estar separados de los condenados salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”..97): “Toda persona condenada por error a una pena privativa de la libertad tiene derecho. 23. El monto de la indemnización nunca será menor al que hubiera percibido el condenado durante todo el tiempo de la detención. en la provincia de Buenos Aires solo el 10% de los internos purgan condena. el 90% restante lo componen procesados que soportan un inhumano hacinamiento producto de una población carcelaria que excede en casi un 40% la capacidad prevista para los institutos de detención.11. Trat. Por aplicación del principio volenti non fit injuria el condenado erróneamente no tendrá derecho a indemnización si se inculpó a sí mismo o si pudiendo demostrar su inocencia se abstuvo de hacerlo oportunamente (declararse falsamente autor del delito.16 De todos modos el supuesto que nos interesa recordar en este apartado es el de la denominada “condena penal errónea”.O. dolosa o culposa la decisión de condena que origina la responsabilidad estatal ya que aquella pudo ser el resultado de una conducta irreprochable del juez45. La procedencia del recurso constituye un presupuesto procesal del reclamo indemnizatorio pero no significa declarar ilícita. Cabe insistir en que estas directivas poseen rango constitucional luego de la Reforma de 1994 (art. referido a casos en los cuales personas que han sido condenadas y se encuentran privadas de su libertad. Así en la Provincia de Buenos Aires la clásica disposición del art. obtienen resultado favorable al promover sendos recursos de revisión contra sentencias firmes previstos en los códigos de procedimiento penal.10. Otro tanto cabe decir de la prohibición de detener menores junto con adultos y el olvido de la finalidad esencial de readaptación social de los condenados (apartados 5 y 6 del artículo citado). XX-28.922 (B.3. 75 inc. 30. salvo que el interesado demostrare de modo fehaciente que hubiere obtenido un salario o ingreso mayor” (art. 22 de la Carta Magna). 2 pág.
N. Tamaño problema no se satisface en forma tan sencilla como ilegal y resulta imprescindible adoptar medidas económicas. que no debe constituir la regla general. en violación del principio de inocencia”48. La Ley 1984-D-983 . colocó a la prisión preventiva en su certera condición de medida cautelar.10.. a veces durante años. Erika E. no se obtiene invirtiendo la regla constitucional y presumiendo la culpa. Sagarna. otros consideran que existe derecho a resarcimiento (Bidart Campos. la medida no debe adoptarse ya que. Si tales prevenciones son dispuestas por el juez e ignoradas por el servicio penitenciario la responsabilidad recaerá sobre los administradores. Fallos 272:188. y otros. se ha mantenido reacia a reconocer derecho a compensación de los padecimientos del procesado detenido preventivamente luego absuelto. pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. el inculpado es sobreseído o declarado inocente? Las opiniones aparecen divididas.17 personas condenadas y en determinadas circunstancias el daño físico o moral sufrido por los detenidos podría comprometer su responsabilidad como funcionario47. 50 C. durante la substanciación de un proceso penal el juez puede ordenar la detención preventiva del imputado cuando entienda que existe semiplena prueba de su autoría en relación al ilícito investigado. Sobre todo en tiempos de grave inseguridad donde la sociedad y sobre todo la prensa exige a los jueces que cierre “la puerta giratoria” de los tribunales. La Ley 1999-B-660. 48 Nápoli. vaya precedido de prolijo y meditado análisis. La Corte Nacional.96.N. ¿Qué sucede cuando luego de soportar esa detención.J.. Kemelmajer de Carlucci) y no falta quien condicione el derecho a recibir una compensación a la excesiva duración de la detención preventiva (Cassagne)49. sociales y culturales entre las que sobresalen aquellas que promuevan una mayor moralidad en todos los niveles de la comunidad y un ensanche de la intervención 47 Es el caso de internos que han declarado como testigos cuando se investigan motines o delitos intracarcelarios y son luego víctimas de represalias por haberse omitido ordenar medidas de protección. Algunos autores niegan todo derecho a indemnización (Altamira Gigena. por el contrario. establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante sentencia firme. Este autor se pronuncia por la afirmativa por entender que es la única forma de conciliar una facultad legítima del Estado con el derecho a la libertad y a la reparación del particular. Si los indicios con que cuenta el juez penal no son precisos y. 1. Diez. La seguridad. En cualquier caso parece necesario que el dictado de prisión preventiva. la presunción de inocencia solo cae con la sentencia final 51. Marienhoff). Ahora bien. La responsabilidad del Estado por daños por la detención preventiva de personas.. entendida como sistema eficiente de prevención del delito.S. no punitiva. pág.La prisión preventiva es una medida cautelar. dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo. un enfoque objetivo conduce a la existencia de duda. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene decidido que “cuando el art. por los graves daños materiales y morales que irroga. Maiorano. reteniendo a los sospechosos como una manera de aventar riesgos de nuevos ilícitos. La cuestión no es sencilla. 49 Todas las citas están tomadas de Fernando A. 18 de la C. que como acabamos de ver. Responsabilidad del Estado por los errores judiciales: otra forma de proteger los derechos humanos. en definitiva. entendiendo que el derecho de gozar de libertad cede frente a la necesidad de sufrir detención preventiva para facilitar la investigación y asegurar la función punitiva del Estado50. 302:1022 51 En contra Jorge Maiorano. Escola. La Ley del 30.
8. De esta forma el poder del Estado para detener a una persona en cualquier momento del proceso constituye el fundamento principal de su obligación de sustanciar tales casos dentro de un plazo razonable”53.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos) requiere que la duración de la prisión preventiva tenga un plazo razonable. respaldados por estadísticas categóricas. La alzada consideró que la responsabilidad por error judicial impone considerar contraria a derecho la decisión causante del daño. de manera que tal prisión no adquiera el carácter de una pena anticipada. Quedó probado que su defensa solicitó.18 estatal en materia de asistencia social.D. 11. . en ese mismo año. El reclamante promovió entonces demanda por indemnización de los daños sufridos por el dictado de su prisión preventiva y por su prolongación durante un plazo que estimó irrazonable y violatorio de expresas disposiciones del Cód. En cuanto a la demora en resolver la causa la Cámara entendió que era consecuencia de la complejidad de los hechos a investigar. Federal. Nac. del 24. existe empero un fallo reciente de la Corte Nacional que en sus votos mayoritarios y minoritarios resume la cuestión y que merece una detenida consideración55. y Europa la delincuencia aumenta en forma directamente proporcional al desempleo y al abandono de la asistencia social por parte del Estado52. con fatal ironía. en lo C. Estudios serios. existen situaciones en las cuales la indemnización procede no como directa y automática derivación de la absolución del procesado detenido preventivamente sino por haberse excedido plazos legalmente impuestos o razonables pautas temporales. 2000. además. su excarcelación en seis oportunidades hasta que la obtuvo en enero de 1991 y. Al igual que en numerosos precedentes que culminaron con sendos rechazos de semejante pretensión.UU. incluyendo la generación de empleos. sin éxito. Por lo demás. de Apel. 54 Se impone. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Argentina. el actor reclamó el pago de la indemnización del daño material y moral que había soportado como consecuencia de la orden de procesamiento dictada en su contra al haber permanecido cuatro años detenido preventivamente. Sostuvo que su padecimiento había sido consecuencia de la irregular actuación del agente fiscal pues en virtud de los términos de su acusación no pudo obtener la excarcelación. demuestran que en los EE. pág. Informe 2/97.00. Adm.. c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”.3.. Procesal Penal.Toda persona acusada que se encuentra privada de la libertad tiene derecho a que su caso sea analizado con prioridad. 1. 15. un autor estima que estamos a la vera de una transición histórica: del “Estado providencia” al “Estado penitencia” (Loïc Wacquant. fue absuelto en aplicación del beneficio de la duda del art. apoyando su pretensión en el artículo 1112 del Cód.99. pág. C.97. Relató que había sido procesado como autor prima facie responsable de un doble homicidio agravado por alevosía y que se dispuso su detención preventiva en enero de 1987. pág. y C. La Justicia lenta ¿es Justicia?. P. y que se imprima una diligencia especial en su tramitación. 53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 8. Las cárceles de la miseria.390.11. 52 En esa línea de pensamiento.. 2. criterio que sostendría luego la minoría en el fallo que comentamos. Cabe recordar que “el derecho de presunción de inocencia (art. Edic. de Der. dividir el análisis en dos épocas: antes y después de la sanción de la Ley 24. 13 del C. del 16.5. 55 “R. y como veremos seguidamente. con nota de María F. 46.98. La Ley Supl. E. para luego resultar absuelto en la sentencia definitiva. Manantial. Pérez Solla. Una reseña (aún breve) de la evolución jurisprudencial de esta problemática 54 excede el espacio del que disponemos. Washington. A. Civil y en la doctrina de la falta de servicio. El reclamo fue acogido en primera instancia estimándose que se trataba de un caso de responsabilidad del Estado por su accionar legítimo pero resultó revocado por la Sala III de la Cám. P.
toda vez que no se advierte que los magistrados penales intervinientes hayan incurrido en un manifiesto y palmario quebrantamiento de la ley aplicable” (considerando 14). a partir del pedido de excarcelación efectuado en julio de 1989. hizo lugar a la demanda ( voto de los Dres. 58 Expuesto. 57 Cabe resaltar que expresamente los Dres. en tales condiciones.10. 7 inc. “se ha configurado un supuesto de deficiente prestación del servicio de justicia” ya que la detención se prolongó sin que los magistrados penales intervinientes hubieran demostrado la necesidad imperiosa de su mantenimiento. 314:85 y otros: “para denegar la libertad provisional a un procesado aún no condenado. porque aún no había sido promulgada al momento de los hechos que dieron lugar a la causa penal. y art. En ese marco “el juez penal no tuvo en cuenta que aun cuando el tiempo de duración del proceso pudiese considerarse razonable en virtud de su complejidad y de la naturaleza del delito imputado. en consecuencia el Superior Tribunal rechazó el reclamo del procesado finalmente absuelto al interpretar que su detención preventiva obedeció a un “serio estado de sospecha”. De esta manera. Moliné O’Connor. 129-521) la Corte había señalado que “antes del dictado del fallo por el cual se dejó sin efecto el acto jurisdiccional que origina el daño. Petracchi y Bossert consideraron inaplicable al caso las prevenciones de la Ley 24. del 19. señalando que el magistrado penal había dictado el auto de procesamiento en base a una “apreciación razonada –relativa. obviamente. El voto de la minoría (Dres. dada la etapa el proceso en que la medida cautelar se dictó. (considerando 23)57. La Ley del 25. Fayt. ello no justificaba de por sí el mantenimiento de una medida de tal gravedad”56.6. no bastan las fórmulas genéricas ni la sola referencia a la imposibilidad de gozar de una eventual condenación condicional.P. Boggiano y López) mantuvo el criterio tradicional de la Corte58.19 La Corte Suprema. con las concretas circunstancias de la causa” (considerando 19).de los elementos del juicio existentes hasta ese momento”. 6º y 380 del C. por mayoría. Por añadidura la mayoría de la Corte entendió que. D. sólo asistía al demandante un derecho eventual a la indemnización por error judicial.P. recordando que “el 56 En este punto la Corte reiteró su doctrina de Fallos 311:652. invocado como consecuencia de haberse dispuesto el procesamiento y detención del reclamante. es necesario que los jueces penales precisen las diversas circunstancias del caso que permitirían hacer esas calificaciones”. en el caso “Balda”. Respecto del primer fundamento el Alto Tribunal consideró que no había existido acabada demostración del defecto de juzgamiento por parte de la Cámara preopinante. sino que a fin de que la prolongación de la detención sea razonable. dio razón al accionante al interpretar (por mayoría) que “el mantenimiento de esa medida cautelar por los dos primeros años de detención constituyó el producto del ejercicio regular del servicio de justicia. y 2º) la prolongación irrazonable de su detención preventiva. Petracchi. aunque admitida la legitimidad de la detención preventiva fue considerada irregular su prolongación más allá de la fecha señalada. Bossert y Vázquez). a la gravedad del delito imputado o a las características personales del procesado. Pero abocada la Corte a la consideración del segundo fundamento de la demanda.4. entendiendo que la pretensión actora respondía a un doble basamento de los cuales solo uno tenía sustento: 1º) error judicial. es decir la ilegitima e irrazonable prolongación de la detención preventiva. Belluscio. sent.95 (Rev. Este concepto posee especial relevancia respecto del arranque del curso de la prescripción. del 14. 379 inc.88 (E. En el caso “Vignoni”. en la etapa en que se encontraba el proceso. que si faltase obsta a la procedencia del reclamo”. entre otros. es decir que la sentencia revisora importa un elemento esencial constitutivo del derecho a ser indemnizado. sin embargo. sent. de conformidad con la normativa aplicable al caso (arts. la prolongación de la prisión preventiva “se fundó en meras afirmaciones genéricas y dogmáticas que se contradecían. ya . con cita de Fallos 311:1007. que vino a modificar el citado plexo normativo. 5º del Pacto de San José de Costa Rica).96): “El Estado solo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto”.390.
Rev. que la misma Corte Nacional ha considerado que la ilegitimidad de la conducta judicial surge con el dictado de la sentencia que deja sin efecto una decisión firme anterior. con el alcance de principio general. “antes de esa resolución la presunción de que el procedimiento dañoso se ajusta a derecho impide que quede expedita la acción indemnizatoria” (CSJN.8. mantienen la idea-fuerza de que la actividad jurisdiccional lícita no genera obligación de reparar los daños ocasionados.20 Estado solo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto”. “tampoco podría responsabilizarse al Estado por su actividad lícita. La Ley del 11. pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia” (Considerando 10º del voto de la minoría). en relación a la duración de la detención preventiva. la posición minoritaria resultó coincidente con lo opinado por la mayoría del Superior Tribunal. 13 del C. o.. Cont. p.10. C. La minoría entiende que. 5 sum. el mantenimiento de esa situación devino irregular. 3).4. La Ley del 23. En aquella primera etapa de la detención la medida fue legítima y se repele la pretensión indemnizatoria. y C..99. la mayoría de la Corte avaló la decisión de detener preventivamente al reclamante por entender que. se puso de resalto que. concluyendo que en el caso la sentencia absolutoria. ya que no se trata de actividades políticas para el cumplimiento de fines comunitarios.00. Más tarde. ponderándose que el procesado. 10).136. Consideró empero que dos años más tarde. considerandos 9 y 10. nace el derecho a la compensación de los daños sufridos.. Fuera de tales supuestos esos daños “deben ser soportados por los particulares. quienes deberán examinar y valorar las circunstancias concretas de los casos que se les presenten”. En esa inteligencia se ha dicho que “el mero hecho de que un procesado sea detenido y luego absuelto no determina.4. pág. En definitiva las posturas de la mayoría y minoría de la Corte Nacional se ajustan a la doctrina clásica que exige la ilicitud del proceder judicial para generar responsabilidad.99. cuando se ingresa en la ilicitud. 59 CN Fed. Arturo y otro”. Adm. . La solución descripta fue seguida por la Sala I de la CNFed. Además. pues solo puede responsabilizárselo en la medida en que se lo declare ilegítimo y sea dejado sin efecto”59.00. colectadas nuevas probanzas.P. sino de actos que resuelven un conflicto en particular”.00( Rev. En efecto. respecto de la legitimidad de la detención preventiva que agraviaba al actor. “Canzano”. 22. en Reymundo Furtado. existía semiplena prueba del ilícito y de su autoría. 100. Mallmann. la responsabilidad del Estado por sus actos legítimos. Sala I. pronunciada con apoyo en el beneficio de la duda del art. p. 26. aunque con mayores (aunque no mejores) fundamentos.3. Hasta aquí. en ese momento liminar de la causa. La discrepancia aparece en relación a la duración de la prisión cautelar que debió soportar el reclamante. “la determinación del plazo razonable en el derecho interno argentino queda librada al criterio de los jueces. por sí. en otras palabras.8. del 31. La Ley del 25. frente a los continuos rechazos de sus pedidos de excarcelación no había deducido el recurso extraordinario de la Ley 48. pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento” y se concluyó que “en la medida en que no importen un error inexcusable o dolo en la prestación del servicio de justicia. “no importó descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado sobre la base de una semiplena prueba e indicios suficientes para creerlo responsable del hecho”. sent.P. no pueden generar responsabilidad alguna.00. frente a la normativa procesal vigente.
reconocida en los artículos 7 n° 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 n° 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos”63. enfocó la cuestión desde la óptica de la víctima. ocasionadas por los defectos de leyes antiguas. “resulta equiparable a la condena por error a una pena privativa de libertad. Colautti. Sala Primera. Ciudad Argentina. 61 63 CCrim.93.12. 1920. Sala II de Mar del Plata. 60 Causa B-73. será premio suficiente y hasta en algún caso constituirá un excesivo beneficio. J. Menéndez Editor.entendiéndose que la prisión preventiva por más de tres años y medio. La prisión preventiva y el plazo razonable. quien entiende que el fallo del Tribunal marplatense recepta la doctrina establecida por la Corte Nacional en el caso Giroldi (La Ley 1995-D-462). 1992. Un inventario de las razones que hoy día mantienen la histórica demora en finalizar los procesos judiciales incluye necesariamente la ausencia de infraestructura y la cultura burocrática. como lo señala Roberto Dromi. sin sentencia. La Ley Supl. El derecho a indemnización por error judicial en la Constitución Nacional. En ambos existe obligación de indemnizar con fundamento en la mala prestación del servicio de Justicia62. Depalma. como lo señalara Colautti. pág. 197 y sigs. Civil y Com.. constituye una violación de la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable.21 En cambio la Cámara de Apel. 18. Segunda. los retardos inútiles que se producen en el trámite de los expedientes” (La responsabilidad del Estado. por la naturaleza del carácter argentino y por el error que comporta el designar para las funciones de la magistratura a personas que no han tenido oportunidad de conocer la práctica de la profesión y que ignoran en consecuencia las angustias y ansiedades que significan para el litigante o para la persona que lo patrocina. grande. Lo que no es posible. Por nuestra parte pensamos que en un terreno tan resbaladizo no es posible sentar premisas tan generales ni en uno ni en otro sentido. Cada caso tendrá su impronta y elementos tales como la sensatez de la sospecha sobre el detenido cautelarmente y las razones de la posterior absolución (no es lo mismo excarcelar al imputado por el beneficio de la duda que proclamar su absoluta inocencia. interpretando que el sólo resultado favorable de un recurso de revisión interpuesto en favor de un procesado. En ese caso nos pronunciamos por el reconocimiento del derecho a compensación.786. que torna procedente la pretensión contra el Estado Provincial sobre indemnización de daños y perjuicios”60. Cuestión diferente es la atinente a la duración irrazonable de la medida. Fasciutto.9. . pág. es decir del detenido luego absuelto. es pregonar que siempre y en todos los casos la detención preventiva dejará indemne al juez que la ordene y al Estado que la implementa. 18.3. ordenándose su inmediata libertad. Tampoco es nueva: hace ochenta años Rodolfo Bullrich explicaba que el Poder Judicial tenía “una falla. pág. lo mismo puede predicarse de la condena definitiva destinada a mantener el orden y el respeto a la Justicia. 1995.97.. en la obra colectiva Estudios sobre la reforma constitucional de 1994. o al menos no debe hacerse. 62 Carlos E. en otros. págs. 60. Los jueces ¿Es la Justicia un tercio del Poder?.U. con nota de Susana Albanese.. Si la condena errónea impone resarcir los daños es obvio que también existe perjuicio indemnizable frente a una prisión preventiva injusta y esta siempre lo será cuando exceda de razonables pautas temporales61. 262). RSD 68/93. “Bettinelli c/ Prov. 121. como no será igual esta última declaración que un sobreseimiento provisorio). Desde luego que la mora judicial no resulta exclusiva del ámbito penal y se padece en todos los fueros. si bien la prisión cautelar puede catalogarse como un mal necesario para mantener la paz pública. En determinados supuestos la libertad será seguida de una indemnización y. y resulta acertado considerar que “la duración razonable del proceso está incluida dentro de la garantía constitucional de la defensa en juicio. En definitiva. que es la demora de los procedimientos. No hay razón para negar en este caso aquello que se concede en el otro.97.. de La Plata.A. de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”. de Derecho Constitucional del 5. enorme para los litigantes. y Correc.B. DJJBA 144-163.
aunque manteniéndose dentro de los carriles de la legalidad. se trata de un supuesto de responsabilidad directa y objetiva. influyendo decididamente en la 64 Guido S. legales. Fue así que los autores clásicos. Pero de llevarse sin más ese razonamiento al plano de la responsabilidad estatal derivada de su actividad judicial se presentaría el insoluble contrasentido de reconocer derecho a indemnización al perdidoso en un juicio civil o al culpable condenado penalmente en sendos procesos conducidos “con todas las de la ley” (regular. Desde luego que aquella hipótesis es absurda y encuentra solución en la circunstancia que. aunque “especial”. . ajustado a los hechos y al derecho. Resulta fácil imaginar que en materia de responsabilidad por actividad judicial legítima la cuestión resulte todavía más engorrosa. jurisprudenciales y doctrinarios que llevan a la admisión irrefutable de la obligación estatal de reparar los perjuicios ocasionados por el deficitario cumplimiento del servicio de Justicia. el daño sufrido no resulta “injusto” ni “antijurídico” ya que en el caso descripto la supuesta víctima de la actividad judicial tiene indudablemente el deber jurídico de soportarlo. Inicialmente debemos advertir que en esta materia no pueden extrapolarse sin aditamentos los conceptos de responsabilidad estatal por actividad lícita de la Administración ya que estando ésta abocada a la búsqueda del bien común (sobre todo mediante la prestación de los servicios públicos) es natural que todos los perjuicios específicos (sacrificio especial) que irrogue para obtenerlo sean compensados aún cuando no se haya violentado el orden jurídico.22 Como bien lo ha señalado Tawil. “justo” en definitiva). pág. provoca daños que deben compensarse. Seguidamente veremos. demostrativo en sí mismo no solo del mal funcionamiento del servicio de Justicia sino de su propia inexistencia (la excesiva demora es equivalente a la ausencia absoluta) en el cual resulta irrelevante la existencia de dolo o culpa de funcionario alguno64. que la realidad de la práctica forense demuestra que se presentan numerosos casos donde la actividad judicial in iudicando (la sentencia en sí misma) e in procedendo (el desarrollo del trámite judicial). V – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR SU ACTIVIDAD JUDICIAL LICITA: Hemos repasado los argumentos constitucionales. Tawil. No se trata de los supuestos que hemos catalogado como la mala praxis del sistema jurisdiccional (por dolo o culpa del funcionario y por mal funcionamiento del servicio en sí mismo) sino de perjuicios que se irrogan a los justiciables o a terceros dentro de un funcionamiento inobjetable de la magistratura. 1989. Depalma. 1.Posición negatoria: La propia responsabilidad del Estado derivada de su actividad administrativa lícita tuvo una evolución lenta y compleja. 74.. Corresponde ahora interrogarnos sobre la posibilidad de requerir una compensación de los daños sufridos como consecuencia de un accionar judicial legítimo. luego de recordar la tesis negatoria. La responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. En tales supuestos el reclamante se encontraría en la situación de haber sufrido un daño particularizado y especial como consecuencia de una acto (judicial) legítimo del Estado.
Rev. no previsto ni admitido por la ley”65. pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme. La Ley del 20. pág. despegada incluso de la noción de falta de servicio (que presupone un 65 V. 4... de manera objetiva (ajena a la idea de antijuridicidad subjetiva basada en el dolo o la culpa).Nuestra opinión: Si bien este no es el momento de repasar toda la dogmática existente alrededor de la idea-fuerza de la responsabilidad estatal por el desempeño legítimo de sus agentes. Como lo recordamos en párrafos precedentes. En aparente correlato con este criterio. 67 Larocca c/ Prov. 16 y 17 de la C. O.4. pág. Cont. Dic’s Internacional S.10. si se prefiere.A. 68 En el caso citado en la nota precedente se sostuvo que la Justicia Provincial y Federal habían suspendido equivocadamente una subasta impulsada por el actor. 14. E. 66 . juzgar que hay error.88. indicando que “sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto.). Federal.D.99. año 1999 n° 3. y en consecuencia del Estado. pero a nuestro criterio no cabe olvidar que será el actor quien invocará mala praxis judicial (en cuyo caso deberá lograr que prospere el recurso de revisión o que un tribunal declare el error de la decisión precedente) o apoyará su pretensión en un supuesto de responsabilidad por actividad judicial lícita68 2. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica. CNFed. de Buenos Aires. Para que quede expedita la acción reparadora civil el damnificado debe haber utilizado todos los recursos legales provistos por el ordenamiento jurídico”66. “vicios” o “medidas arbitrarias” del juez.6.XXI. estimándose que “el consentimiento por el litigante de una resolución judicial al no interponer los recursos por ante el Superior. la Corte Nacional negó hace tiempo la obligación fiscal de reparar los perjuicios provenientes del accionar legítimo del Poder Judicial. deja sin sustento la responsabilidad del juez que la dictó. ficha n° 10852. 11. ya que el desacierto judicial habría carecido de eficiencia causal sobre un daño originado en la negligencia del propio damnificado que no interpuso los remedios procesales contra el supuesto yerro.10.23 jurisprudencia. en tanto se mantenga. se ha agregado el cumplimiento de una carga de tipo formal: el cuestionamiento en todas las instancias judiciales posibles de la decisión que afectó el patrimonio material o moral de la víctima.00. cabe recordar que ella se apoya en la protección constitucional de la propiedad y en la garantía de igualdad frente a las cargas públicas (arts.N. imponiéndosele un sacrificio especial en su patrimonio y en sus afecciones espirituales. se ha sumado un requisito a las condiciones habituales de procedencia de la responsabilidad estatal.209. Adm. 12. Cuando alguien ha sido víctima de un perjuicio que no tiene obligación jurídica de soportar. Vignoni. pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide. Adm.00. Sala III. aludieron exclusivamente a la necesidad de reparar los daños ocasionados por los “errores”. Los partidarios de la posición negatoria alegarán que ese temperamento parece haber sido ratificado en el caso Larocca donde la Corte sostiene que “la existencia del error judicial debe ser declarada por un nuevo pronunciamiento judicial recaído en los casos en que resulta posible intentar válidamente la revisión de sentencia y mediante el cual se determinen la naturaleza y gravedad del yerro”67. atribuyendo negligencia a los magistrados intervinientes. Boletín de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont.. 176.
pero -tampoco cabe duda. Astrea. En un sentido semejante. Rubinzal-Culzoni. es considerada un requisito definitorio de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita por Javier I. La postura que confina la responsabilidad del Estado por su actividad judicial al terreno de la ilicitud o de la falta de servicio resulta contradicha por la realidad y los más elementales sentimientos de justicia y equidad. María Graciela Reiriz en la causa Motor Once S. pág. Sostenemos en apoyo de esta tesis el enunciado amplio de la propia Corte Nacional al afirmar reiteradamente que “el fundamento de la obligación del Estado de resarcir ciertos daños que guarden relación de causalidad con el ejercicio regular de sus poderes propios se halla. en opinión que compartimos.. que al dañar a las partes de un proceso o a terceros. Fallos 312:659.24 cumplimiento irregular o insuficiente de un deber estatal independientemente de la diligencia del agente) nace la obligación de resarcir. lícito ( ampliar en Matilde M. 1997). en clara aplicación de la denominada “teoría del órgano” y sin distinguir entre actividad 69 Aida Kemelmajer de Carlucci y Carlos A. Nótese que en estos ejemplos se hace patente la existencia de los presupuestos de procedencia de la responsabilidad por actividad lícita: las medidas ordenadas por el juez no pueden resistirse ya que se trata del ejercicio de un poder legal. 100). abastecida por el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas. Barraza. 72 Causa A. La existencia de un sacrificio especial. 16 de la Constitución Nacional”72. especial70 en el patrimonio del interesado71. en la obra colectiva Responsabilidad de los jueces y del Estado por la actividad judicial. acarrean el deber de indemnizar con base en el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas y en defensa de la garantía de la propiedad (C.98. 71 Realizando un parangón con instituciones del Derecho Privado se presenta en nuestro ejemplo una colisión de intereses opuestos (el de la comunidad en reprimir el delito y el del propietario de la cosa dañada).5.XXXII. pág. el carácter necesario (lícito) del daño no releva de la obligación de repararlo. n° 24/26. por tanto. págs. Responsabilidad por el daño necesario. “Azzetti”. Frente a la imposibilidad de satisfacción simultánea de ambos aparece.89. 10.228. en Revista de Derecho Administrativo (Depalma. 1986.legítimas. 16 y 17).sino que debe redistribuirse en toda la comunidad a fin de restablecer la garantía consagrada en el art. En nuestra materia. en última instancia. Así por ejemplo si en el curso de una investigación penal se ordena la destrucción de una puerta para permitir el ingreso a un inmueble o el desguace íntegro de un automotor en busca del corpus delictus. D. con ello.provocan un perjuicio individualizado. pág.10. 19. el propietario tendrá derecho a ser indemnizado aunque tales medidas fueran las indicadas para el esclarecimiento del ilícito. E. 57. la salvaguarda del interés más importante. Análisis de los requisitos que deben concurrir a fin de que resulte procedente la responsabilidad extracontractual del Estado en el ejercicio de sus actividades. Síntesis de Jurisprudencia de la CSJN del 20. generándose un daño necesario y. En suma se entiende perfectamente aplicable los razonamientos de la doctrina y jurisprudencia que la acepta cuando se impone un sacrificio especial y. son –naturalmente. Zavala de González. Al igual que lo que acontece en otras áreas del Poder.99.A. No hay razón para no asumir que este supuesto participa de las mismas características de la responsabilidad derivada de la conducta lícita de administradores y legisladores. en el beneficio que toda la comunidad recibe de las acciones que el Estado promueve por el interés general y cuyas consecuencias eventualmente dañosas no es justo que sean soportadas exclusivamente por un individuo o grupo limitado –más allá de un límite razonable. N. 1985. la responsabilidad del Estado-juez no depende de la antijuridicidad de los hechos dañosos. como imposición axiológica. Reflexiones sobre la responsabilidad del Estado por daños derivados de la función judicial. se distribuyen desigualmente las cargas públicas69. 70 El carácter especial del daño aparece claramente explicado en el dictamen de la Dra. . 9.12. 83 y sigs. 39 Sum. Parellada. A diario se conocen medidas judiciales legítimas (ajustadas al derecho positivo sustancial y ritual y a los principios jurídicos de la materia involucrada). arts.
legislativa y jurisdiccional.D. La responsabilidad del Estado por su actividad lícita. condujo al error de juzgamiento. 13. En el ejemplo de la puerta que se destruye debido a la búsqueda de pruebas esenciales. En tal caso parece de toda lógica y juridicidad que el costo de reposición del bien destruido por razones de interés general que impone al Estado la prevención y represión de los delitos.. ya que “la responsabilidad extracontractual del Estado es la obligación que le incumbe de reparar económicamente los daños lesivos a la esfera jurídica garantida de otro y que le sean imputables en ocurrencia de comportamientos unilaterales. La sentencia a prisión del imputado inocente pudo ser dictada a pesar de la inobjetable diligencia del magistrado. Santa Fe. la medida dispuesta por el magistrado podrá ser inobjetable. 47. materiales o jurídicos”74. comisivos u omisivos. 5. . no cabe duda que en el dilatado entorno del proceso se pueden presentar situaciones que encajan dentro del elemental concepto descripto. y como vimos en el capítulo IV. autos “Rodriguez c/ Mun.00. ha sido considerado por cierta doctrina como un supuesto de responsabilidad estatal por actividad judicial lícita75. ha de ser considerada propia de estas. de Merlo”. sea abonado por el Fisco más allá de la incontestable legitimidad de la medida judicial dañosa. En definitiva. Causa 208. 74 Voto del Dr. En definitiva no existe razón para apartar ese razonamiento de los supuestos de daños causados por la actividad jurisdiccional lícita. testigos insinceros) y a pesar de ello. Ira. septiembre de 1999. pág. se ha enunciado que “la actividad de los órganos o funcionarios del Estado. de prosperar el recurso de revisión. Adm. 75 Pedro J.25 administrativa.6. nace la obligación legal de indemnizar. 1.7. interesada en aclarar y reprimir el delito. E. En las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. y otros c/ Prov. Civ. El único supuesto en que el inocente condenado pierde el derecho a la reparación es si él mismo. lícitas o ilícitas. Sala 1º de La Plata. pero no es menos cierto que repugna a un mínimo criterio de justicia que el tercero deba absorber el daño ocasionado en beneficio de la comunidad. RSD 101/91. 73 Cám. J.96. las que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas”73. con su accionar intencionado.. del 29. administrativa o judicial del área del Poder involucrada.706. al establecer que “el Estado responde por sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares en beneficio del interés general.524. registra el Proyecto de Código Civil de 1998. de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”.91.8. El mismísimo caso del detenido preventivamente para finalmente ser absuelto.” (art. Trasladando esos conceptos basales a nuestro tema. M. que no distingue en razón de la categoría legislativa. en el fértil terreno de la reparación de los daños causados por una condena penal errónea el deber de indemnizar surge con independencia del eventual dolo o negligencia del juez. lícitos o ilícitos. de sus tres poderes y por el riesgo o vicio de las cosas de las que sea propietario o guardián. consecuencia de la recordada prohibición de sacar provecho de la injuria autoinfringida. Igual sentido globalizador. DJBA 151-151. y Com. inducida por la falsa evidencia colectada (documentos fraguados. quedó declarado que el Estado responde por los daños derivados de las actividades. realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen. Pisano (en minoría). de Apel. Supl. justificada en la necesidad de investigar.. 1676). “Bagnardi. tratado in extenso en el capítulo IV numeral 4 precedente. Ac. Coviello.
Un rápido agrupamiento de las falencias que podemos considerar “clásicas”. por no decir permanente. La doctrina alemana la denomina “indemnización de derecho público” para diferenciarla de la responsabilidad referida a los casos de antijuridicidad76 y.. y si hubiere lugar. 78 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la dilación injustificada en la solución de un litigio constituye una efectiva privación de justicia y un menoscabo a la garantía constitucional de defensa en juicio (Sosa. 4° edic.26 En el derecho comparado se admite la responsabilidad del Estado por su actividad judicial legítima. en un obiter dicta. 2º edic.L. la Corte concede a la parte el carácter de damnificada.00. t. Constitucional del 18. FDA.9. como es lógico. a una compensación equitativa”. entre nosotros. segunda 76 Agustín Gordillo. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas. Luis c/ Ministerio de Justicia. La Ley del 23. Un largo trayecto procesal que la Corte equipara a privación de justicia). 24. Constitucional del 23. 2). L. 31. La reforma constitucional en la Provincia de Buenos Aires dispuso que “las causas deberán decidirse en tiempo razonable. VI – JURISPRUDENCIA RELEVANTE: La dirección del juicio. Derechos Humanos. constituyen falta grave” (art. como su posterior análisis y valoración para arribar –finalmente.00. presenta una variada gama de situaciones dañosas que. VII-41 y sigs. 15. reconoció que en materia de responsabilidad extracontractual del Estado por el cumplimiento de su función jurisdiccional se pueden presentar supuestos de responsabilidad por actividad lícita77. 11. la admisibilidad de los medios de prueba ofrecidos por las partes. de Der. FDA. con nota de Germán Bidart Campos.3..8.5. El art. La Constitución Española de 1978 expresamente establece que “todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas” (art. en el servicio de Justicia es la excesiva demora en la decisión de los pleitos 78. como dijimos. incluyendo la compensación del “daño moral”79. p. Guillermo Gordo. Trat. 77 . 1º) y la Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado a los países miembros a indemnizar a los ciudadanos que han soportado demoras excesivas en el servicio de justicia.00.Excesiva demora en sentenciar: Una falta frecuente. En la mayoría de los casos esta circunstancia provoca perjuicios fácilmente comprobables. no puede considerarse exhaustiva. con el voto fundante del Dr. pág.58.a la sentencia. 2000.616/97.4. A saber: 1. considerando IV. Supl.6.00. Coscia L. 41 de la citada Convención dispone: “Si la Corte declara que hubo violación de la Convención o de sus protocolos.83) en págs.4. 2 pág. La Ley Supl. 10. Sin embargo. alejada de toda idea de culpa. Adelina Loiano y Alejandro Rossi. Ampliar en Agustín Gordillo. VII-19 y la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Zimmermann y Steiner (13. c/ Italia. configuran una actividad personalísima del juez. y si el derecho interno de la Honorable Parte firmante sólo puede borrar de manera imperfecta las consecuencias de tal violación. 6 inc. No se trata de un problema exclusivo de nuestras latitudes a tal punto que la Convención de Protección a los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea ha consagrado el principio de “demora razonable” (art.00. por añejas y reiteradas. la sustanciación de medidas para mejor proveer. Así la Sala I de la Cámara Nacional Federal Contenciosoadministrativa. de Der. Coviello. Adm. p. sent. de Der.00.7. ese parece ser el camino a seguir por la jurisprudencia que. reimpresión 1997. XX-28 y nota 11.. existe una jurisprudencia cada vez más nutrida que ha puesto en marcha la responsabilidad del Estado como consecuencia de la labor de sus órganos judiciales. 36. pág. 79 Expediente nº 35. Reymundo Furtado. hoy por hoy solamente admite la reparación de los años ocasionados por la actividad jurisdiccional ilícita de los órganos estatales pero permite avizorar futuros cambios. del 11. conforme el desarrollo precedente. Rev.
2185 y 2220 relativos al contrato de depósito). pág. 11. CNFed.5. E. 27. 3. con apoyo en la legislación que establecía expresamente esa responsabilidad respecto de los depósitos y operaciones bancarias. pág. págs.8. Sin embargo el Alto Tribunal ha entendido que la presunción de legitimidad de aquellas (en el sentido de que han sido dictadas conforme a derecho). 2. 9. más allá del criterio que se adopte respecto de su calidad de situación lícita o ilícita80. oficiales y empleados de todo nivel. incluidos los magistrados judiciales. Considerando 14 del voto del Dr. 45. del 2.27 parte). El secretario de un juzgado civil dispuso indebidamente de parte de los fondos depositados en la cuenta bancaria de un sucesorio.99.. 81 .00. 79 y sigs.5.99. los perjuicios así ocasionados deben indemnizarse. Cont. Los funcionarios de cualquier naturaleza. Sala II.Indebida disposición de fondos y valores: En este rubro se inscribe un conocido precedente del año 1937: Rivero Haedo. J.99. lo que se dará únicamente cuando se revele como incuestionablemente infundada o arbitraria. 1995-IV-152.. Cont.00 pág. 16. y C. El principio de razonabilidad y eficiencia no es exclusivo de los legisladores y administradores sino que se extiende a todos los poderes del Estado.. La Corte Nacional consideró que la obligación del Estado de restituir la suma sustraída era de fuente contractual (arts. pues es claro que ninguna responsabilidad estatal puede existir cuando elementos objetivos hubiesen llevado a los jueces al convencimiento de la necesidad de su dictado”81. Y cuando bajo apariencia de sometimiento al orden jurídico se desconoce el principio general que emana del art. J. 4. deben actuar no sólo en acatamiento al derecho positivo sino también en respeto de la razonabilidad y la eficiencia en sus labores. 1969.82 María Graciela Reiriz. Judicial 80 CSJN.Dictado irregular de medidas cautelares: En el ya recordado caso Mallmann la Corte Nacional ha reconocido que la responsabilidad por error judicial puede tener cabida a propósito del dictado de medidas cautelares. Vázquez. La referencia al “plazo razonable” y a un “recurso sencillo y rápido” aparece en los fundamentales artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y no hace más que convalidar normativamente el muy conocido aforismo (lamentablemente nunca corregido) “justicia lenta no es justicia”. Adm. C.11. 4 del Depto.. 83 CNFed. Lusquiños. Lo irrazonable y/o ineficiente es ilegal.D.2. comentado en la clásica obra de Reiriz 82. hace que “la posibilidad resarcitoria solo quede abierta cuando se demuestre la ilegitimidad de la medida cautelar de que se trata.. Sala IV. 2.A.. 1. C.6. Consideramos que cabe incluir en este item el caso de exceso temporal en la detención preventiva comentado en el capítulo IV numeral 4 precedente.2. Adm.. Bodegas y Viñedos Giol. R. secretarios. Responsabilidad del Estado. EUDEBA.94. La Ley 1999F-691. A. publicado en Fallos 177:171.Indebida subasta de bienes: Además del ya recordado caso “Nahoum” (capítulo II numeral 2 precedente) cabe incluir en este apartado el fallo del Juzgado Civil y Comercial nro. También cabe responsabilizar al Estado cuando un cheque judicial es entregado a una persona diferente de la debida o resulta extraviado 83 y cuando desaparecen una cantidad de títulos de la deuda pública depositados en un juzgado84.00. sin que para hacerla efectiva se requiera la remoción de cosa juzgada alguna ya que tales decisiones preventivas no adquieren firmeza. 5. La Ley del 11. Rev. 28 de la Carta Nacional y del deber genérico de atender el bien común.. 84 CNFed. Sala I.A.
AADI CAPIF. Ac. Tendencias actuales en materia de responsabilidad del Estado por funcionamiento irregular de los órganos judiciales (El caso Amiano).4.93 y Ac. o si la hay resulta insignificante si la comparamos con otros ámbitos de nutrida casuística como los relativos al defectuoso ejercicio del control administrativo y sus paradigmáticos casos de desaparición de bancos y compañías aseguradoras y su tendal de damnificados 88. La anulación de la venta por la Cámara de Apelaciones condujo a su desalojo para restituir el inmueble a su legítimo propietario y dio lugar a un pleito de daños y perjuicios donde se reclamó la compensación de todas las sumas erogadas y del daño moral85. asegurados y siniestrados víctimas de estafas impunes demuestra claramente el fracaso del poder de policía ejercido por el B.A. Patricio. Responsabilidad del Estado. 88 La existencia de miles de ahorristas. Sala IV. En esa circunstancia “no cabe sino poner en cabeza de éste las consecuencias que se deriven del negocio jurídico así celebrado”.99. Amiano. 89 La reticencia a aceptar en plenitud la responsabilidad del Estado-juez fue agudamente señalada como una arista del clásico dilema político “¿cómo custodiar a los custodios?” por María Graciela Reiriz. Cont.12. 1969. p. Der. 86 .7. EUDEBA. sentencia del 10. VII .10.. Al acoger la demanda el magistrado sentenciante recordó que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha considerado que la enajenación por subasta pública constituye una venta forzosa realizada por el juez en ejercicio de su jurisdicción. con fundamento en la norma del art. ocupó con su familia el bien durante un largo tiempo.C.R. y por la Superintendencia de Seguros de la Nación.28 de La Plata condenando al Estado Provincial a indemnizar a una persona que compró un inmueble en un remate judicial luego anulado por la Alzada debido a que el bien había salido con anterioridad del patrimonio del fallido.00. 5. 12. no existe una demanda social hacia la consolidación de la responsabilidad del Estado por los vicios de su actividad judicial.10. Es justo reconocer que se presenta una suerte de paradoja cuando a la vez que se reclama un intenso activismo judicial. toda vez que el procedimiento de anotación de inhibiciones fue regulado por éste y se cumple con el nombramiento de un auxiliar de la Justicia inscripto en un registro que lleva el Estado”87. Adm. Civil. del 3. La Ley Supl.332. pág. 1112 del Cód. 7.. Claudia Caputi. exigiendo a los magistrados una mayor intervención en defensa de los derechos de la colectividad (en especial la protección de 85 Campos c/ Prov. Adm. 57.96. 48028.3. Se suma a ello que la responsabilidad del Estado por los daños derivados de su actividad judicial presenta aristas complejas. 73. abonó el precio en el remate.97. 28.Omisión en la anotación de medidas cautelares: “El daño causado al adquirente de un inmueble del fallido. pagó impuestos y realizó importantes mejoras sobre el mismo. 87 CNFed. la que lo ha investido de ese poder de disposición de bienes ajenos86. de Buenos Aires. resulta imputable al Estado. límites difusos y una práctica restringida si se la compara con la responsabilidad por actividad administrativa o legislativa. con nota de M. También es cierto que el dogma de la irresponsabilidad estatal por la mala praxis de los jueces es todavía un bastión irredento89. por la omisión del síndico de inscribir en el registro de la propiedad la inhibición general de bienes que pesaba sobre aquel. debido a lo poco frecuente de su aparición. El actor. situación denunciada en la causa y desoída por el juez del concurso que empecinadamente ordenó su venta.COLOFON: Parece obvio que.
Como advirtió con su habitual agudeza Alejandro Nieto “la filosofía del instituto de la responsabilidad consiste cabalmente en la eliminación de las desigualdades y los riesgos. de tal manera que la masa social de contribuyentes cubra los perjuicios que un servicio público determinado cause a un ciudadano concreto. imponen el deber de indemnizar. Sin embargo esta situación posee un alto grado de razonabilidad ya que. conforme sus particularidades. que los magistrados penales se vean influenciados en dirección a la condena para eliminar el riesgo de un reclamo posterior. que despegue normativamente a nuestra materia de los principios del Derecho Privado (como ya lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia) y que regule. salvo que despreciemos altaneramente la realidad. como dijimos al principio.. Ob. 29). . ya que hay suficientes fundamentos constitucionales (ratificados con la incorporación de pactos internacionales). mientras se busca la solución de sus causas fundantes y se aguarda el dictado de la soñada legislación. deslindando la responsabilidad personal del funcionario y de la persona jurídica pública que integra. 262. sobre todo si se tiene en cuenta que el liberado ya habrá perdido su trabajo y demorará seguramente mucho tiempo en insertarse en un mercado laboral restringido. injustamente lesionado.192090. De esta manera se eliminaría el doble peligro de que los jueces vacilen a la hora de decretar prisiones preventivas por temor a verse personalmente responsabilizados y. El camino a desandar comienza por el dictado de una Ley de responsabilidad extracontractual del Estado. que provea de seguridad jurídica al definir con la mayor precisión posible los presupuestos de funcionamiento de la responsabilidad estatal en todas sus formas. con sus variantes de conducta lícita e ilícita. En el tema concreto de la responsabilidad del Estado por su actividad judicial Bullrich propiciaba la necesidad de legislarla “sin demora” en. y solo un tanto por ciento casi 90 Rodolfo Bullrich. Existen situaciones de constante agravio a los derechos humanos que. Sirve como ejemplo en este punto el ya citado caso de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz de 1994. debería crearse un fondo especial dentro del presupuesto del Poder Judicial destinado a compensar la privación indebida de la libertad. sino que constituye una imposición de la realidad que espera del legislador la consagración de un sistema prolijo. activa y omisiva. a mayor poder mayor responsabilidad. La necesidad de esa legislación no es consecuencia de una imposibilidad de reconocer derecho a indemnización sin ley. hay que reconocer que la situación es muy distinta. legislativa y judicial.29 los usuarios de servicios públicos y de los consumidores de todo tipo de bienes). que sale al cruce de esa indeseable realidad que constituye la crónica demora judicial y ordena al legislador establecer una “indemnización para quienes habiendo estado detenidos por más de sesenta días fueran absueltos o sobreseídos definitivamente” (art... se postula un afinamiento de los criterios para analizar su propia eficiencia. los ámbitos subjetivos en que puede presentarse: actividad administrativa. Pero. cit. legales y de principios generales. pág. a la inversa. No se trata de exigir un servicio de Justicia perfecto y promover el pago de indemnizaciones ante la menor falencia sino de evitar mantener en el desamparo a quien ha sido víctima personalizada (sacrificio especial) del subdesarrollo de una función esencial del Estado. En ese supuesto especialmente sensible de los procesados detenidos preventivamente luego absueltos.
en el instituto de la responsabilidad y la indicada autosatisfacción es engañosa de necesidad. Civitas. Avelino Blasco Esteve. La responsabilidad de la Administración por actos administrativos. en consecuencia. 1985. en el prologo a la obra de A.. pág. Algo debe funcionar mal.30 inapreciable de los ciudadanos ve indemnizado su perjuicio. puesto que la justicia social no se satisface con media docena de sentencias ejemplares”91. . 2° edic. 18. 91 Alejandro Nieto.
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 artículo 269
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 artículo 1686
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 artículo 10
 artículo 5
 artículo 1112
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