Source: https://1library.co/document/eqoj53jz-del-sistema-internacional-de-proteccion-de-los-derechos-humanos.html
Timestamp: 2020-07-15 01:29:47+00:00

Document:
(1)El Sistema de los derechos Guía práctica. DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Catalina Botero Marino Diana Esther Guzmán Rodríguez. Primera edición DeJuSticia.
(2) Siglas Español Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Comisión Interamericana de Mujeres. CIM. Comité contra la Tortura. CCT. Inglés. CAT. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales CDESC. CESCR. Comité de Derechos Humanos. CDH. HRC. Comité de Libertad Sindical. CLS. CFA. Comité de los Derechos del Niño. CDN. CRC. Comité Internacional de la Cruz Roja. CICR. ICRC. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. CEDM. CEDAW. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. CEDR. CERD. Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. CMW. Consejo Económico y Social. ECOSOC. Convención Americana sobre Derechos Humanos. CADH. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. CCT. CAT. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. CEDR. ICERD, CERD. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. CTM. MWC. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. CEDM. CEDAW. Convención sobre los Derechos del Niño. CDN. CRC. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Convenio I. Convention I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. Convenio II. Convention II.
(3) Español. Inglés. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Convenio IV. Convention IV. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Convenio III. Convention III. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH. Corte Internacional de Justicia. CIJ. ICJ. Corte Penal Internacional. CPI. ICC. Derecho internacional de los derechos humanos. DIDH. Derecho internacional humanitario. DIH. Derecho penal internacional. DPI. Derechos económicos, sociales y culturales. DESC. ESCR. Derechos humanos. DDHH. HR. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. OACNUDH o OACDH. OHCHR. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR. UNHCR. Organización de Estados Americanos. OEA. OAS. Organización de las Naciones Unidas. ONU. UN. Organización Internacional del Trabajo. OIT. ILO. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. PIDCP. ICCPR, CCPR. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. PIDESC. ICESCR CESCR. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Protocolo II. Protocol II. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales. Protocolo I. Protocol I. IHL.
(5) Contenido. Agradecimientos, 9 Presentación, 11 Introducción, 21 Capítulo I Descripción de los tratados internacionales de derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional relevantes para Colombia, 25. 1 Tratados de derecho internacional de derechos humanos aprobados en el marco del Sistema Universal de Protección, 28 2 Tratados de derecho internacional humanitario, 42 3 Tratados de derecho penal internacional, 51 4 Tratados del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 52 Capítulo II Órganos internacionales de protección de los derechos humanos, 63. 1 Sistema Universal de Protección de los Drechos Humanos Descripción de los órganos principales de la ONU, 67 Organismos especializados para la protección de los derechos humanos: la Organización Internacional del Trabajo, 77 Órganos encargados de verificar el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en el Sistema de Naciones Unidas, 80 La Corte Penal Internacional: órgano especializado de protección del derecho penal internacional, 105 Órganos de vigilancia del cumplimiento del derecho internacional humanitario, 112. 2 Órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, 114.
(6) Capítulo III Glosario, 125 Capítulo IV Fuentes, 139. Índice analítico, 143.
(7) Agradecimientos. Esta Guía fue posible gracias a todas las personas que hicieron realidad el curso Programa de Formación para Periodistas en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Especialmente queremos agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que desde el principio creyó en este proyecto y lo financió en su integridad, y a José Antonio de Ory, de quien surgió la idea de realizar un curso sobre el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, dirigido a periodistas, e impulsó el proyecto en sus primeras etapas. Agradecemos también a todas las personas de DeJuSticia que participaron en la organización y desarrollo de todo el proyecto. A Lina Martínez y a Yaneth Vargas, quienes participaron en su coordinación y logística. A Laura García, coordinadora de comunicaciones de DeJuSticia, quien acompañó de cerca a los periodistas a lo largo del curso, y estuvo atenta a sus expectativas y observaciones. A Adriana Fuentes, quien participó activamente en la preparación de los casos que se utilizarían en las sesiones del curso. A Luis Manuel Castro, quien recopiló toda la información que contiene el CD que acompaña la Guía y colaboró con sus valiosas observaciones y sugerencias. Merecen también nuestro especial reconocimiento los profesores que nos apoyaron en cada una de las sesiones. Carlos Villán Durán, que viajó desde España para conducir la sesión sobre el Sistema Universal de los Derechos Humanos; Paula Gaviria Betancur y Carlos Cortés Castillo, quienes dirigieron el Taller de Noticias; y Helena Alviar García, socia fundadora de DeJuSticia, que guió la sesión dedicada al derecho internacional humanitario. Finalmente, queremos agradecer muy especialmente a los periodistas que nos acompañaron en este proceso. Su compromiso con el curso, sus ganas de aprender y sus inquietudes enriquecieron todo el proyecto. Ellos y ellas saben que mucho de lo que hay en esta Guía se debe a sus comentarios y sugerencias. Queremos agradecerles, además, porque su amor por el oficio y su compromiso con la verdad y la libertad fueron un ejemplo para todos nosotros. Catalina Botero Marino Rodrigo Uprimny Yepes. Diana Guzmán Flor Elba Castro. 9.
(9) Presentación. Un periodista de verdad defiende los valores universales de la humanidad, sobre todo la paz, la democracia, los derechos humanos, el progreso social (…). Pertenece a la ética de la profesión que los periodistas conozcan las disposiciones relevantes contenidas en convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales. Código Internacional de Ética Periodística1. El 10 de diciembre de 1948, los Estados del mundo reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron y proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una vez aprobado el texto, la Asamblea pidió a todos los países miembros que divulgaran lo más ampliamente posible la Declaración. Para la Asamblea, la ignorancia y el menosprecio por los derechos humanos eran el origen de los actos de barbarie que el mundo había conocido y que, de acuerdo con la Declaración, ultrajaban la conciencia ética de la humanidad. A partir de entonces, la comunidad internacional le ha dado una enorme importancia al papel de los medios de comunicación en la tarea de construir sociedades cohesionadas en torno a los derechos humanos, que se resisten a la arbitrariedad y a la injusticia. En efecto, una de las claves para la formación de sociedades democráticas, prósperas e incluyentes es la constante información sobre los avances en materia de derechos y sobre las dramáticas consecuencias que apareja, o puede aparejar, desconocerlos. Adicionalmente, la discusión pública de los temas relacionados con tales derechos permite poner de presente las poderosas razones que existen para defenderlos frente a la debilidad de los argumentos que suelen utilizarse para justificar su violación. Sin embargo, no es posible pensar en una adecuada información y discusión pública de los temas relacio1 Acordado, bajo los auspicios de la UNESCO, por la Organización Internacional de Periodistas (IOJ), la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), la Unión Católica Internacional de la Prensa (UCIP), la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), la Federación Latinoamericana de los Trabajadores de la Prensa (Felatrap), la Federación de Periodistas Árabes (FAJ), la Unión de Periodistas Africanos (UJA) y la Confederación de Periodistas de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (CAJ), en representación de un total de 400.000 periodistas de todo el mundo.. 11.
(10) nados con los derechos humanos, sin el compromiso constante de los medios de comunicación en esta materia. Por un lado, en las sociedades contemporáneas, las personas no tienen el tiempo ni los mecanismos (los medios) para consultar directamente todas las fuentes directas de información en materia de derechos humanos. Por el otro, los medios tienen mayores y mejores garantías institucionales para acceder a las fuentes, seleccionar la información relevante y difundirla. Finalmente, no es inusual que las personas del común perdamos de vista la perspectiva de los derechos para evaluar situaciones o decisiones de relevancia pública. Muchas veces, olvidamos las razones por las cuales siempre resulta mejor apoyar las decisiones que promuevan los derechos que aquellas que en nombre de otros valores o principios tienden a sacrificarlos. En este sentido, resulta claro que los medios pueden incluir en la agenda pública el debate en materia de derechos humanos y poner de presente todos los argumentos que se aportan para restringirlos o defenderlos. Por las razones mencionadas, y por otras muchas, es posible sostener que los medios juegan un papel fundamental en la construcción de una sociedad democrática genuinamente fundada en la defensa de los derechos de todas las personas. Sólo a través de los medios es posible informar adecuadamente sobre el alcance de sus derechos, la importancia de protegerlos y los mecanismos de garantía. Sólo a través de los medios es posible conocer los abusos cometidos y las disfunciones en el ejercicio del poder. Sólo a través de los medios es posible que la opinión pública en un foro nacional abierto y plural discuta sobre las distintas alternativas de solución a situaciones que amenazan o vulneran los derechos de la gente y ejerza el control político esencial para la salud democrática de la sociedad. Sin embargo, es cierto que los periodistas, reporteros, editores y columnistas encuentran algunas dificultades a la hora de “cubrir” e informar sobre estos temas. Ello ha dado lugar, como se menciona brevemente más adelante, a cubrimientos inexactos, insuficientes o incluso a omisiones periodísticas que no favorecen la formación de una opinión pública adecuadamente informada en materia de derechos humanos. De una parte, es usual encontrar “noticias” presentadas de manera inexacta, lo que puede generar confusión en la opinión pública. En materia de derechos humanos, por ejemplo, suelen producirse noticias que se refieren genéricamente a los pronunciamientos de los órganos que conforman la Organización de las Naciones Unidas, en las cuales se omite el origen concreto de tales pronunciamientos. En este sentido, es posible encontrar notas periodísticas que indican “la ONU dijo”, como si todos los conceptos, las decisiones,. 12 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(11) recomendaciones y resoluciones emitidas por algún órgano de la Organización de las Naciones Unidas tuvieran los mismos efectos y debieran ser asumidos por los Estados de la misma forma. Este tipo de cubrimiento, aunque no lo parezca, puede tener consecuencias jurídicas y políticas profundas, pues los efectos, para el Estado y sus ciudadanos, de un pronunciamiento del Consejo de Seguridad son diferentes a los de un Grupo de Trabajo o un Relator. Otros hechos han pasado desapercibidos por los medios, pese a su importancia para la opinión pública nacional. Así, por ejemplo, entre el 1o. y el 10 de octubre de 2003, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Katarina Tomasevski, visitó Colombia para establecer cuál es el estado de ese derecho en nuestro país. En el informe que presentó al Consejo Económico y Social en febrero de 2004, la Relatora Tomasevski aseguró que Colombia llevaba 36 años sin lograr una educación gratuita y universalizada, con lo cual estaba incumpliendo con las obligaciones adquiridas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Teniendo en cuenta la precaria situación constatada en su investigación, la Relatora recomendó al Estado incrementar la “asignación presupuestaria para la educación de 30%, del 4% al 6% del PIB” (Tomasevski, p. 2). A pesar de las alarmantes conclusiones a las que llegó la Relatora, los medios de comunicación no mencionaron este informe. Se podría citar otro ejemplo. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió Sentencia en el caso Barrios Altos vs. Perú. En dicha sentencia se estudiaba la responsabilidad del Estado peruano por haber promulgado las leyes No. 26479 y No. 26492, concediendo la amnistía a integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que habían cometido violaciones a los derechos humanos en 1991. En aquella ocasión, la Corte Interamericana consideró que las leyes de amnistía promulgadas y aplicadas por el Estado peruano eran contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por tanto, lo declaró responsable de haber violado los artículos 8 y 25 de la Convención, le ordenó anular la ley de amnistía y juzgar a los responsables de los crímenes. Este hecho no fue informado por los medios de comunicación colombianos, pese a que la sentencia fijaba estándares que nuestro Estado debe tener en cuenta en las negociaciones con los grupos ilegales, para cumplir con sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos y para evitar una decisión similar en el caso de Colombia. Las anteriores no serían más que inexactitudes u omisiones menores, de no ser por la gran importancia que, como se mencionó al inicio de esta presentación, tiene para el Estado y la sociedad colombiana que los periodistas informen adecuada y oportunamente sobre los temas relacionados con la defensa de los derechos humanos. En efecto, aparte de las razones genéricas ya men-. Presentación 13.
(12) cionadas a favor de una prensa comprometida con una información responsable en esta materia, existen algunas razones específicas que ayudan a explicar la importancia de una información suficiente, imparcial y adecuada, específicamente, sobre los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En primer lugar, vale la pena recordar que el Estado colombiano se encuentra vinculado por el derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, ha limitado su soberanía, al adoptar normas jurídicas internacionales en virtud de las cuales ha adquirido una serie de obligaciones concretas de garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. Adicionalmente, el Estado ha aceptado que en caso de incumplir sus obligaciones internacionales, puede ser declarado responsable y sancionado por los órganos competentes, lo cual ya ha ocurrido en repetidas oportunidades2. En este sentido, no sobra recordar que el Estado colombiano se ha comprometido a acatar y cumplir las sanciones que le sean impuestas por los órganos internacionales de protección de derechos humanos, así como a seguir las observaciones que éstos le formulen. No obstante, en muchos casos, la efectividad de las recomendaciones e incluso de las decisiones de órganos internacionales ha dependido (y depende en gran medida) de la presión de la opinión pública nacional o, en otras palabras, de que las fuerzas sociales impulsen su cumplimiento. Esto hace que la función del comunicador sea particularmente importante, pues por su intermedio la opinión pública puede conocer la opinión y decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos y ejercer el control político necesario para que el Estado colombiano adecue su conducta a los estándares internacionales. Si se deja de informar adecuada y oportunamente sobre las sanciones de las cuales es objeto nuestro país, resulta mucho más difícil que las fuerzas sociales ejerzan presión para que el Estado cumpla con los estándares internacionales cuya satisfacción beneficia a toda la sociedad. En el mismo sentido, informar sobre las sanciones impuestas a otros Estados también es importante, principalmente porque tales decisiones marcan una pauta para los restantes Estados, entre ellos, el Estado colombiano. En efecto, las decisiones tomadas por los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados y convenios suscritos por Colombia, aunque no se refieran directamente a nuestro país, establecen estándares que deberían ser tenidos en cuenta para evitar eventuales sanciones futuras.. 2 Véanse Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia; Corte IDH, Caso las Palmeras vs. Colombia; Corte IDH, Caso 19 comerciantes vs. Colombia; Corte IDH, Caso Masacre de Pueblo Bello; Corte IDH, Caso Masacre de La Rochela, y Corte IDH, Caso Masacres de Ituango contra Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=9 (2007, 20 de mayo).. 14 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(13) Por ejemplo, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió sentencia en el Caso de La Cantuta contra Perú3. Este hecho, a pesar de involucrar la responsabilidad internacional de otro Estado, es relevante para el país, porque la decisión puede tener implicaciones profundas en los distintos procesos de paz. Si no se tienen en cuenta los estándares internacionales establecidos en sentencias como la citada, nuestro país puede ser sancionado en el futuro cercano. Las sanciones pueden incluir desde el pago de millonarias indemnizaciones hasta el nuevo juzgamiento de personas beneficiadas con eximente o reducción de la pena. En otras palabras, la mejor manera de asegurar la solidez y sostenibilidad de un proceso de paz es cumpliendo con las obligaciones internacionales. Para ello, es esencial que los medios de comunicación efectúen un adecuado cubrimiento de las decisiones de los órganos del sistema regional o universal de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De esta forma, la opinión pública podrá saber cuáles podrían ser las consecuencias de las decisiones políticas que desconozcan estos estándares y evaluar, de manera informada, la bondad de las medidas que los desconozcan. En este sentido, el adecuado cubrimiento de los pronunciamientos de los órganos de protección de los derechos humanos tiene un enorme impacto político. En efecto, conocer estas decisiones permite a la opinión tener elementos de juicio para evaluar las decisiones políticas o judiciales que se adopten en nuestro país y conocer el riesgo jurídico y político que corremos si no respetamos los estándares internacionales. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó la detención y entrega de cuatro personas que habían sido beneficiadas por un proceso de paz en su país, Uganda. Este hecho no ha sido informado adecuadamente, no obstante las profundas implicaciones que puede tener para el caso colombiano, pues significa que la CIP puede investigar y juzgar delitos de su competencia, aunque haya de por medio un proceso de paz. Desde esta perspectiva, a pesar de que este hecho debería prender las alarmas sobre cómo debe orientarse un proceso de paz para que resulte sólido y sostenible internacionalmente, hasta ahora no ha tenido la difusión ni la discusión interna que debería. De otra parte, los medios de comunicación son catalizadores de información y, como tales, ayudan a definir la agenda de lo que es relevante para el país e informan a los ciudadanos para que éstos puedan ejercer adecuadamente el control político que le corresponde a la opinión pública en un Estado democrático. Un ciudadano informado sobre los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente aquellos que establecen directrices 3 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=259 (2007, 23 de abril).. Presentación 15.
(14) o restricciones para las políticas de derechos humanos, las prácticas de guerra e incluso las propuestas de transición, es un ciudadano que puede participar activamente y de manera informada en la adopción de decisiones y el control político de los funcionarios vinculados. Finalmente, desde el punto de vista de los periodistas, hay dos razones complementarias para informar adecuadamente sobre las decisiones de los órganos del sistema regional o universal de protección de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De un lado, una razón profesional. Los periodistas en un Estado de derecho democrático tienen ciertos deberes en relación con la efectividad de los derechos humanos y la consolidación de una cultura de respeto por los mismos. Si la eficacia de los derechos humanos y de las decisiones que los protegen depende de su divulgación, los periodistas tienen el deber profesional y personal de divulgarlas. En ese sentido, los medios tienen asignada una tarea de pedagogía social esencial. De ellos depende que los ciudadanos conozcan los mecanismos internacionales por medio de los cuales se pueden garantizar los derechos humanos en nuestro país. Adicionalmente, tienen una función esencial en el proceso de formación de una opinión pública informada capaz de generar una cultura de respeto de los derechos humanos, de incidir en la adopción de decisiones respetuosas de estos derechos y de ejercer el control político de los funcionarios que se apartan de los mismos. Esa responsabilidad de los periodistas en la divulgación de las decisiones de las instancias de protección de derechos humanos puede ser ilustrada con la reflexión de un gran literato, quien tuvo la particularidad de haber sido también periodista y un luchador por la libertad: Albert Camus. Como se sabe, asumiendo grandes riesgos, este escritor francés fue editor de Combat, revista de la Resistencia durante la ocupación nazi de Francia. En su hermoso discurso de aceptación del premio Nobel de literatura, el 10 de diciembre de 1958, Camus planteó que en el mundo contemporáneo los escritores no pueden ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino de quienes la padecen. Camus sintetizó las responsabilidades del escritor, que nosotros creemos que en gran medida son las mismas del periodista, en una doble exigencia: estar al servicio de la verdad y al servicio de la libertad. Esto implica, en sus propias palabras, “dos compromisos difíciles de mantener: negarse a mentir sobre lo que uno sabe y resistir a la opresión”. En esas condiciones, si es responsabilidad del periodista –tomando prestadas las palabras de Camus– ponerse al servicio de la verdad y de la libertad, negándose a mentir sobre lo que sabe y resistiendo a la opresión, una de las mejores formas de hacerlo es divulgando las decisiones de las instancias de protección de derechos humanos. Dichas decisiones revelan en muchas ocasiones las verdades sobre atrocidades que han querido ser ocultadas por poderes opresivos. Al divulgarlas, los periodistas se ponen al servicio de la verdad y combaten la opresión.. 16 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(15) De otro lado, hay una razón de orden pragmático que permite entender la importancia de que los periodistas conozcan e informen adecuadamente sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos: estos sistemas son una fuente inagotable de noticias importantes. Esto es así porque Colombia dejó de ser un país aislado para convertirse en uno de los más observados por los organismos internacionales. Son numerosos los informes y recomendaciones que se han producido con respecto a Colombia en los últimos años, y muy valiosos los hechos y las pruebas en las cuales se fundan. Por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana que condenan a Colombia por la violación de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluyen una serie de testimonios cuya veracidad ha sido establecida por la Corte, luego de un largo proceso probatorio. Sin embargo, hasta ahora han pasado desapercibidas para los medios, con lo cual se ha perdido una valiosa oportunidad para informar a la opinión pública sobre hechos judicialmente demostrados que ponen en evidencia la dimensión y complejidad del conflicto en Colombia. Las razones y ejemplos mencionados permiten entender por qué es importante que los medios informen oportuna y adecuadamente sobre los hechos relacionados con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta labor encuentra limitaciones evidentes. Una de ellas es la enorme dificultad que representa conocer y aprender a consultar de forma ágil y oportuna el Sistema de Protección, pues sus instituciones, órganos y decisiones son numerosos y relativamente complejos para una persona que no es experta en la materia. Por esta razón y con el fin de evitar, por ejemplo, eventuales confusiones e inexactitudes, es necesario que la labor periodística en este campo sea especialmente fortalecida, y que, en esa medida, se realice un esfuerzo particularmente encaminado a aumentar el conocimiento en la materia y a facilitar el acceso a las fuentes de información relevantes. Estos son los objetivos de esta Guía y del proceso de formación del cual hace parte. Con los propósitos mencionados, la Guía práctica se divide en una introducción al tema y cuatro capítulos. En la Introducción se explican brevemente cada uno de los ordenamientos a los que se refiere la Guía: el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), el derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho penal internacional (DPI). Dicha presentación se complementa con el Mapa 1, en el cual se muestran esquemáticamente las relaciones, complementariedades y diferencias existentes entre los órdenes normativos mencionados. En el primer capítulo de la Guía se exponen de manera esquemática los más importantes tratados del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, del Sistema Regional de Protección de los Derechos. Presentación 17.
(16) Humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional, vinculantes para el Estado colombiano. El contenido de cada tratado se presenta de manera sintética; se indican las fechas de aprobación y entrada en vigor del respectivo tratado, el número de Estados que lo han ratificado, la institución (órgano) encargada de vigilar su cumplimiento, un breve resumen de su contenido y el lugar en el que se puede consultar su texto. Este capítulo se encuentra precedido por un mapa, en el cual se exponen, esquemáticamente, los componentes del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y los distintos sistemas regionales de protección. En el segundo capítulo se explican de manera muy esquemática los distintos órganos que en cada uno de los sistemas de protección tienen la misión de vigilar el cumplimiento de los tratados de derecho internacional de los derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional. Los órganos se encuentran clasificados según el sistema al cual pertenezcan. Para facilitar la consulta, la información se ha organizado de manera que se pueda encontrar con facilidad: i) el nombre del órgano; ii) la página oficial del organismo descrito; iii) la ubicación de la sede oficial del organismo; iv) el instrumento mediante el cual fue creado; v) la conformación y estructura básica de funcionamiento; vi) qué tipo de reuniones realiza; vii) las principales funciones que se le han encomendado y que tienen relación, al menos potencial, con la garantía de los derechos humanos; y viii) el tipo de decisiones que profiere. En este capítulo se explican, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. En el tercer capítulo se comentan brevemente los términos técnicos más utilizados en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario. Se trata de un glosario que contiene 36 términos expuestos en orden alfabético. En el cuarto y último capítulo se pone a disposición de los periodistas un listado de las direcciones electrónicas de las fuentes a través de las cuales se puede acceder con facilidad a las principales decisiones proferidas por los órganos que conforman los sistemas de protección de que trata la Guía. Adicionalmente, la Guía cuenta con un CD que complementa los temas tratados en ella. Éste contiene el texto completo de los tratados que se presentan en la Guía, el instrumento internacional por medio del cual se creó cada uno de los órganos que se describen, así como otros instrumentos relevantes, y algunas decisiones que se han proferido contra Colombia. El CD ha sido elaborado e incluido con la finalidad de facilitar a los periodistas la realización de consultas ágiles en temas relacionados con el Sistema Universal. 18 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(17) de Protección de los Derechos Humanos, particularmente en aquellos aspectos especialmente importantes para nuestro país. Esperamos con lo anterior haber podido contribuir a la noble y difícil tarea de los medios de comunicación, y de los periodistas en particular, de informar de manera adecuada, oportuna y suficiente sobre uno de los temas neurálgicos de toda sociedad genuinamente democrática: el avance o retroceso en la protección de los derechos de la persona humana. Rodrigo Uprimny Yepes Catalina Botero Marino. Presentación 19.
(19) Introducción. Introducción a los sistemas universal y regional de protección de los Derechos Humanos En la segunda parte del siglo XX, el derecho internacional de protección de la persona humana ha sido objeto de un vertiginoso avance. En efecto, en los últimos 50 años se originaron sistemas universales y regionales de protección de los derechos frente a los Estados nacionales. Adicionalmente, se establecieron directrices claras que limitan el uso de la fuerza de los Estados o de ejércitos irregulares, en tiempos de conflictos internos o internacionales. Finalmente, se creó un sistema penal internacional que de manera subsidiaria tiene competencia para juzgar a las personas que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones del derecho internacional humanitario. En este sentido, puede sin duda indicarse que, con el paso del tiempo, los Estados encuentran en el derecho internacional cada vez mejores directrices y mayores restricciones para la adopción de sus políticas en materia de derechos humanos, el diseño de sus estrategias de guerra y la implementación de sus modelos de transición. Las ramas o cuerpos del derecho internacional público, cada vez más interrelacionadas, a partir de las cuales se originan las directrices y restricciones mencionadas son: (1) el derecho internacional de los derechos humanos (que puede ser universal o regional), (2) el derecho internacional humanitario y (3) el derecho penal internacional. El derecho internacional de los derechos humanos, en sentido estricto, está conformado por los tratados de derechos humanos firmados por los Estados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (sistema universal) o de sistemas regionales como la Organización de Estados Americanos. Los tratados de derechos humanos obligan a todos los Estados que los han ratificado a respetar, proteger y garantizar estos derechos. Cada tratado indica cuál es el órgano encargado de verificar su cumplimiento. Cuando el Estado parte incumple tales obligaciones, la persona afectada o algún otro Estado parte puede acudir al respectivo órgano para exigir un pronunciamiento y, si es del caso, una condena contra el infractor. Sin embargo, como se verá en esta Guía, no todos los órganos tienen la misma naturaleza o facultades. Por ahora, baste recordar que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos surge en el marco de la Organización de las Naciones. 21.
(20) Unidas (ONU). Los tratados y órganos más importantes de dicho sistema se explican en los apartes que siguen de la Guía. A su turno, los sistemas regionales de protección de derechos humanos son básicamente tres: i) el Sistema Interamericano, ii) el Sistema Europeo, y iii) el Sistema Africano. Para Colombia, el más importante es el Sistema Interamericano, también llamado en esta Guía sistema regional. El sistema regional o interamericano se ha desarrollado en el marco de la Organización de Estados Americanos, a partir de la adopción de tratados internacionales sobre derechos humanos. Este sistema cuenta con un esquema relativamente sencillo de organismos encargados de proteger los derechos reconocidos en dichos tratados. Los organismos principales del Sistema Interamericano son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los elementos comunes a los sistemas universal y regional son principalmente los siguientes: i) evalúan la responsabilidad de los Estados –no de los individuos– en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados en los cuales el Estado es parte y ii) persiguen prevenir o reparar los daños ocasionados con las violaciones de los derechos consagrados en los mencionados tratados. La segunda rama del derecho internacional de protección de la persona humana es el derecho penal internacional. El derecho penal internacional prohíbe la comisión de algunas conductas que se denominan “crímenes internacionales” y que por su gravedad o barbarie deben ser juzgadas por la Corte Penal Internacional cuando el Estado que debe juzgar a los presuntos criminales no puede o no quiere hacerlo. A diferencia del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional se aplica a las personas –y no a los Estados– que han cometido crímenes internacionales. Los crímenes internacionales son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la agresión. Cada uno de estos crímenes y el órgano internacional creado para evitar su impunidad (la Corte Penal Internacional) serán explicados en la presente Guía. La tercera rama, el derecho internacional humanitario, solamente opera cuando existe un conflicto armado interno o internacional. Los sujetos obligados por las normas de DIH son todos los actores armados; esto incluye, por supuesto, a las fuerzas armadas del Estado, pero también a las otras partes del conflicto. La finalidad de esta rama del derecho es proteger a la población no combatiente y limitar el uso desproporcionado de la fuerza. Las violaciones de las normas de esta rama del derecho internacional se denominan infracciones al derecho internacional humanitario. Aunque. 22 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(21) los principales instrumentos del DIH no establecen un organismo encargado de garantizar su cumplimiento, las más graves infracciones al DIH han sido consideradas en el derecho internacional como crímenes de guerra y, de acuerdo con el Estatuto de Roma, pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Los anteriores elementos permiten entender que existen diferencias importantes en cada uno de los sistemas de protección, que vale la pena aclarar con el fin de lograr un cubrimiento periodístico adecuado y riguroso. El Mapa 11 presenta de manera muy esquemática las relaciones, complementariedades y diferencias existentes entre los órdenes normativos que confluyen en la protección de los derechos humanos a nivel internacional, explicados en este capítulo. M A PA. 1. MARCOS NORMATIVOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Derecho Internacional Humanitario (DIH). Derecho Penal Internacional (DPI). Ámbito de aplicación. En todo momento. Durante los conflictos armados. Cuando se comete un crimen internacional. Sujetos de obligaciones. Estado parte del tratado. Partes en conflicto armado internacional o interno. Personas que presuntamente han cometido un crimen. Sujetos activos. Agentes del estado o particulares (con la tolerancia, apoyo o anuencia del Estado). Personas que participan directamente en las hostilidades. Cualquier persona. Denominación de los atentados. Violaciones de derechos humanos. Infracciones al derecho internacional humanitario. Crímenes de lesa humanidad, de guerra, de agresión y genocidio. Organismos encargados de su investigación y sanción. Justicia Nacional y, en su defecto, sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos. Investigación y juzgamiento de la justicia nacional. Si es un crimen de guerra, el organismo encargado de juzgarlo es la la Corte Penal Internacional. Investigación y juzgamiento de la justicia nacional. En su defecto, la Corte Penal Internacional. Órdenes institucionales de protección internacional. Sistema Universal de la ONU y Sistemas Regionales, como el Interamericano. Sistema Universal de la ONU, a través de Tribunales Internacionales y CPI (sólo si se considera crimen de guerra). Sistema Universal de la ONU, a través de Tribunales Internacionales y CPI. 1 La versión original del Mapa 1 fue tomada de Uprimny et al. (2006). Sin embargo, la versión que contiene esta Guía cuenta con algunas modificaciones, introducidas con el fin de facilitar su lectura por parte del público no especializado.. Introducción 23.
(23) CAPÍTULO I.
(24) C A P Í T U L O. I. Descripción de los tratados internacionales de derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional relevantes para Colombia Nota: Con ánimo pedagógico, las siglas relacionadas con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos aparecen en mayúsculas; los términos en cursiva serán explicados más detalladamente en un aparte posterior de esta Guía.. En este capítulo se presenta la descripción esquemática de los tratados más importantes en materia de derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario, ratificados por Colombia y vinculantes para el Estado. Para facilitar la búsqueda es necesario hacer dos precisiones metodológicas. En primer lugar, los tratados han sido clasificados según el marco institucional en el cual fueron adoptados. De esta forma, primero se presentan los tratados del Sistema Universal y, luego, los tratados adoptados en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los tratados clasificados dentro del marco del Sistema Universal son, a su turno, tratados de derechos humanos, tratados de derecho internacional humanitario y tratados de derecho penal internacional. Los tratados del sistema regional o interamericano son tratados de derechos humanos. En segundo lugar, la información relevante de cada tratado incluye el nombre oficial y la sigla correspondiente, la temática y algunos elementos importantes, la ley mediante la cual fue aprobado en Colombia, la fecha en que fue ratificado por el Estado colombiano y la fecha en la que el tratado entró en vigor. En los casos en que el Estado colombiano haya ratificado los tratados después de que éstos entraran en vigor, se especifica tanto la fecha de entrada en vigor general como la de entrada en vigor para Colombia. Igualmente se indica el número de Estados parte en el tratado, el órgano que vigila su cumplimiento y el tipo de decisiones que puede adoptar dicho órgano. Por último, se señala la dirección electrónica donde se puede encontrar el texto oficial del tratado..
(25) El Mapa 2 ilustra la estructura básica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Dicho mapa permite entender la forma en que se clasifican los tratados en esta Guía, de acuerdo con su pertenencia al Sistema Universal o Regional. M A PA. 2. SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. UNIVERSAL. REGIONALES. Sistema ONU. Sistema Interamericano. Sistema Europeo. Sistema Africano. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) (Ver Mapa 6). En el marco del Consejo de Europa. En el marco de la Organización de la Unidad Africana. Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). Derecho penal Derecho internacional internacional (DPI) humanitario (ver Mapa 4) (DIH). (ver Mapa 3). Tribunales internacionales y CPI (ver Mapa 5).
(26) 1 Tratados de derecho internacional de derechos humanos aprobados en el marco del Sistema Universal de Protección. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos opera en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Está conformado por un conjunto de tratados e instrumentos internacionales, y organismos que pretenden garantizar la protección de los derechos consagrados en dichos instrumentos. Los instrumentos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos que se explican en este capítulo han sido seleccionados por su marcada importancia para el caso colombiano, pero no agotan el universo de instrumentos ratificados por los distintos Estados para la defensa y protección de la persona humana..
(27) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP o CCPR por sus siglas en inglés) (Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966). TEMÁTICA El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante PIDCP, reconoce una serie de derechos que en general coinciden con los plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, a diferencia de ésta, fue elaborado para ser vinculante para los Estados, por lo cual define más precisamente el contenido, límites y alcances, de dichos derechos (O’Donell, 2004, p. 56). Los derechos reconocidos en el PIDCP son los denominados civiles y políticos. Entre ellos pueden mencionarse: el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos (artículo 1); la igualdad (artículos 3 y 26); el derecho a la vida (artículo 6); el derecho a la dignidad humana, que se traduce en la prohibición de: i) ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ii) ser sometido a experimentos médicos y científicos (artículo 7); la libertad individual, que se expresa en: i) la prohibición de ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso (artículo 8), ii) la prohibición de ser sometido a detención o prisión arbitrarias (artículo 9) y iii) la prohibición de prisión por deudas (artículo 11); las garantías básicas de las personas privadas de la libertad (artículo 10); la libertad de circulación (artículo 12); el derecho a gozar de garantías en el desarrollo de los procesos judiciales o el derecho al debido proceso (artículos 14 y 15); el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 16); la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 18); la libertad de expresión (artículo 19); la libertad de asociación (artículo 22) y el derecho de reunión pacífica (artículo 21); los derechos de los niños (artículo 24); los derechos políticos, como el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a votar y ser elegidos (artículo 25). Los Estados parte del PIDCP se han obligado a respetar y garantizar los derechos reconocidos en él (artículo 2). En cumplimiento de estas obligaciones y con el fin de hacer efectivos estos derechos, los Estados deben tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias. Adicionalmente, si a pesar de la existencia de tales medidas, los derechos y libertades de alguna persona que esté bajo su jurisdicción son violados, los Estados están comprometidos a garantizar el acceso a un recurso judicial efectivo. Este recurso debe ser decidido por una autoridad independiente, imparcial y preestablecida en el sistema legal para tal fin.. DISPONIBLE EN. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm. Capítulo 1: Descripción de los tratados internacionales 29. APROBACIÓN. Por Colombia, mediante la Ley 74 de 1968 RATIFICACIÓN. 29 de octubre de 1969 ENTRADA EN VIGOR. 23 de marzo de 1976, transcurridos tres meses a partir de la fecha en que fue depositado el 35 instrumento de ratificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 49 del PIDCP. NÚMERO DE ESTADOS PARTE. 160 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007a) ÓRGANO QUE VIGILA SU CUMPLIMIENTO . Comité de Derechos Humanos. TIPO DE DECISIONES   . Observaciones generales Observaciones finales Dictámenes (frente a quejas individuales).
(28) Existen situaciones ante las cuales el PIDCP le otorga al Estado la posibilidad de suspender las obligaciones contraídas. Tal posibilidad surge ante circunstancias excepcionales, “que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente” (artículo 4). Sin embargo, existen unos derechos que son intangibles para el Estado, es decir que no se pueden suspender ni siquiera en estados excepcionales. Las garantías que no se pueden suspender en ningún momento son: el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y servidumbre forzada, la prohibición de prisión por deudas, el principio de legalidad y favorabilidad, el reconocimiento de personalidad jurídica y la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 4)1. Para vigilar que los Estados cumplan con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en el PIDCP, se previó la creación del Comité de Derechos Humanos y se establecieron los lineamientos básicos para su composición y funcionamiento. El Comité se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto y de sus dos protocolos facultativos. El primero de ellos, denominado Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, adoptado el 16 de diciembre de 1966, fue ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. En él se precisan las funciones y atribuciones del Comité, y se le reconoce competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte3, fue adoptado el 15 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991. Fue ratificado por Colombia el 5 de agosto de 1997 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007b). De acuerdo con el PIDCP, Colombia, como Estado parte, debe rendir informes cada cinco años sobre las medidas adoptadas en desarrollo del Pacto y sobre el progreso en la realización y garantía de los derechos reconocidos en él (artículo 40).. 1 Para mayor información sobre este aspecto específico véase: Comité de Derechos Humanos (2002). Observación General No. 5. En: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Interpretación de las normas internacionales sobre derechos humanos. 2 El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos puede ser consultado en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/ a_opt_sp.htm (2007, 29 de julio). 3 El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte puede ser consultado en: http:// www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_opt2_sp.htm (2007, 29 de julio).. 30 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(29) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC o CESCR por sus siglas en inglés) (Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966). TEMÁTICA El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante PIDESC, consagra el deber de los Estados parte de garantizar, promover y proteger los llamados “derechos sociales”. Para tal efecto se compromete a adoptar medidas para garantizar la efectividad de tales derechos hasta el máximo de los recursos de los que disponga (artículo 2). Algunos de los derechos que reconoce el PIDESC son: el derecho al trabajo (artículo 6); el derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, especialmente frente a la remuneración, seguridad e higiene (artículo 7); el derecho de asociación, el cual incluye el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones y el derecho de huelga (artículo 8); el derecho a la seguridad social (artículo 9); los derechos de la familia y las garantías de protección a las madres antes y después del parto (artículo 10); el derecho de toda persona a tener un nivel de vida adecuado y a ser protegida contra el hambre (artículo 11); el derecho al disfrute de la salud física y mental (artículo 12); el derecho a la educación y a su gratuidad (artículos 13 y 14); y los derechos culturales (artículo 15). Según el Pacto, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales es necesaria para alcanzar el “ideal de ser humano libre, liberado del temor y de la miseria” (Preámbulo). Sin embargo, dicha realización encuentra restricciones que se derivan de los recursos limitados con los que cuentan los Estados. Por tanto, aunque el PIDESC compromete a los Estados en la adopción de medidas para lograr la plena efectividad de los derechos que se reconocen en él, solamente exige el cumplimiento de dicha obligación hasta el máximo de los recursos de que disponga. En todo caso, si un Estado ya ha alcanzado cierto nivel de protección, no puede disminuirlo (principio de no regresividad). Si bien la efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto es de carácter progresivo (principio de progresividad), el Comité que se encarga de vigilar su cumplimiento ha precisado que al menos dos de las obligaciones que se derivan del PIDESC son de efecto inmediato. La primera consiste en garantizar los derechos consagrados en él sin discriminación, mientras que la segunda consiste en adoptar medidas tendientes a hacer efectivos los derechos, aunque la realización plena solamente. DISPONIBLE EN. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm. Capítulo 1: Descripción de los tratados internacionales 31. APROBACIÓN. Por Colombia, mediante la Ley 74 de 1968 RATIFICACIÓN. 29 de octubre de 1969 ENTRADA EN VIGOR. 3 de enero de 1976, transcurridos tres meses a partir de la fecha en que fue depositado el 35 instrumento de ratificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 27 del PIDESC. NÚMERO DE ESTADOS PARTE. 156 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007c) ÓRGANO QUE VIGILA SU CUMPLIMIENTO . Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. DECISIONES  . Observaciones generales Observaciones finales.
(30) pueda lograrse paulatinamente y a pesar de que los recursos disponibles sean insuficientes (Comité PIDESC, Observación general No. 3). El PIDESC obliga a los Estados a presentar informes sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en cuanto a la garantía y el respeto de los derechos reconocidos en él (artículo 16). El órgano inicialmente establecido para examinar dichos informes era el Consejo Económico y Social; sin embargo, mediante la Resolución 1985/17 del 28 de mayo de 1985, el Consejo creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual adquirió la competencia para vigilar el cumplimiento del PIDESC, interpretarlo y examinar los informes.. 32 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(31) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Adoptada y abierta a la ratificación por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948). TEMÁTICA La Convención tipifica genocidio, en tiempo de paz o en tiempo de guerra, como un delito de derecho internacional (artículo I) y define el genocidio como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembro del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. (artículo II). Adicionalmente, prohíbe equiparar el genocidio con el delito político para efectos penales y de extradición (artículo VII). Así mismo, obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para sancionar penalmente de manera eficaz y castigar a los culpables de genocidio (artículo V).. APROBACIÓN. Por Colombia, mediante la Ley 28 de 1959 RATIFICACIÓN. 27 de octubre de 1959 ENTRADA EN VIGOR. General: 12 de enero de 1951, nonagésimo día después de la fecha en que fue depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, de acuerdo con el artículo XII de la Convención. Para Colombia: 27 de enero de 1960. NÚMERO DE ESTADOS QUE HAN RATIFICADO. 140 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007d) ÓRGANO DE APLICACIÓN. En caso de controversia sobre la interpretación de la Convención, las parte pueden recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Si se trata de juzgar la responsabilidad de un Estado, conoce la Corte Internacional de Justicia. Si se trata de juzgar la responsabilidad de un individuo, la competencia es de la Corte Penal Internacional. En todo caso, el delito de genocidio está sometido al principio de jurisdicción universal, por lo cual cualquier Estado puede juzgar a una persona que haya cometido genocidio en cualquier parte del mundo. TIPO DE DECISIONES QUE EMITE EL ÓRGANO . DISPONIBLE EN. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/p_genoci_sp.htm. Capítulo 1: Descripción de los tratados internacionales 33. La Corte Penal Internacional profiere sentencias.
(32) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR o CERD por sus siglas en inglés) (Adoptada y abierta a la ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965). APROBACIÓN. Por Colombia, mediante la Ley 22 de 1981 RATIFICACIÓN. 2 de septiembre de 1981 ENTRADA EN VIGOR. General: 4 de enero de 1969, de acuerdo con el artículo 19 de la CEDR. Para Colombia: 2 de octubre de 1981. NÚMERO DE ESTADOS QUE HAN RATIFICADO. 173 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007e) ÓRGANO QUE VIGILA SU CUMPLIMIENTO . Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. TIPO DE DECISIONES   . Recomendaciones generales Observaciones finales Dictámenes. TEMÁTICA La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en adelante CEDR, se adoptó con la finalidad de hacer realidad los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En este sentido, los Estados parte de la CEDR condenan toda forma de discriminación racial y especialmente la segregación racial y el apartheid (artículo 3). Como consecuencia de dichas condenas, se obligan a adoptar una serie de medidas encaminadas a “eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre las razas” (artículo 2); a eliminar toda incitación a la discriminación y toda propaganda que promueva el odio racial (artículo 4); a garantizar la igualdad en el goce de los derechos (artículo 5); a asegurar protección y recursos efectivos contra todo acto de discriminación (artículo 6); y a tomar medidas, primordialmente en esferas educativas y culturales, para combatir los perjuicios raciales, y promover la comprensión y tolerancia entre los diversos grupos raciales o étnicos (artículo 7). Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de la CEDR, se creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (artículo 8). Colombia, en su condición de Estado parte de la CEDR, debe rendir dos tipos de informes al Comité: informes completos, cada cuatro años, e informes de mantenimiento, cada dos años (artículo 9), sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole, adoptadas para cumplir con las obligaciones adquiridas.. DISPONIBLE EN. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/d_icerd_sp.htm. 34 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(33) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDCM o CEDAW por su sigla en inglés) (Adoptada y abierta a la ratificación por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979). TEMÁTICA La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en adelante CEDCM o CEDAW, se adoptó con el fin de promover la igualdad de derechos entre los sexos y la dignidad de la mujer, frente a la discriminación de la que es víctima alrededor del mundo, en diversas esferas de la vida económica, política, social y cultural (Preámbulo). En virtud de la CEDAW, los Estados parte se obligan a: adoptar “una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer” (artículo 2); asegurar el pleno desarrollo de la mujer para que pueda gozar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones con el hombre (artículo 3); adoptar medidas temporales, incluidas normas de igualdad positiva para asegurar la igualdad de facto (artículo 4); tomar medidas para eliminar los prejuicios y prácticas de diversa índole que se basan en la inferioridad o superioridad de los sexos, y garantizar una educación familiar adecuada en ese sentido (artículo 5); tomar todas las medidas apropiadas para suprimir la trata y la explotación de mujeres (artículo 6); garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos (artículo 7); garantizar derechos relacionados con la nacionalidad (artículo 8); asegurar la igualdad en la esfera educativa (artículo 10); adoptar medidas para eliminar la discriminación en la esfera laboral (artículo 11) y en la atención médica (artículo 12); garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida económica y social (artículo 13); así como a tomar las medidas necesarias para que las disposiciones de la Convención se apliquen también con respecto a las mujeres de las zonas rurales (artículo 14). Los Estados parte también se obligan a reconocer la igualdad en el ámbito jurídico y judicial entre hombre y mujer (artículo 15). Colombia, en su condición de Estado parte debe rendir informes, por lo menos cada cuatro años, sobre las medidas que haya adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención y sobre los progresos realizados (artículo 18). Para examinar estos informes y vigilar el cumplimiento de la CEDAW, se creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. La CEDAW cuenta con un Protocolo Facultativo denominado Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea. DISPONIBLE EN. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm. Capítulo 1: Descripción de los tratados internacionales 35. APROBACIÓN. Por Colombia, mediante la Ley 51 de 1981 RATIFICACIÓN. 19 de enero de 1982 ENTRADA EN VIGOR. General: 3 de septiembre de 1981, de acuerdo con el artículo 27 (1) de la CEDAW. Para Colombia: 19 de febrero de 1982. NÚMERO DE ESTADOS QUE HAN RATIFICADO. 185 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007f) ÓRGANO QUE VIGILA SU CUMPLIMIENTO . Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. TIPO DE DECISIONES   . Observaciones finales Observaciones generales Dictámenes.
(34) General de la ONU el 6 de octubre de 1999. El Protocolo entró en vigor el 22 de diciembre de 2000 y fue ratificado posteriormente por Colombia, el 23 de enero de 2007. Como consecuencia de esta ratificación, el Estado colombiano reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para conocer quejas individuales por la violación de los derechos reconocidos en la CEDAW.. 36 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(35) Convención sobre los Derechos del Niño (CDN o CRC por sus siglas en inglés) (Adoptada y abierta a la ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989). TEMÁTICA La Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CDN, fue adoptada en virtud del reconocimiento de la especial consideración que merecen los niños. Su objetivo es hacer vinculantes una serie de derechos enunciados en diversos instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración sobre los Derechos del Niño de Ginebra de 1924, así como garantizar una protección especial a derechos reconocidos en otros instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En virtud de la CDN, los Estados parte se obligan a respetar y garantizar una serie de derechos de todo ser humano menor de dieciocho años de edad (artículo 1), asegurando una protección y cuidado especial, así como la prevalencia de su interés (artículo 3), mediante la adopción de todas las medidas necesarias para lograr su efectividad (artículo 4). Dentro de las obligaciones específicas asumidas por los Estados se encuentran: adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al exterior o su retención ilícita (artículo 11); garantizar el acceso a la información (artículo 17); implementar medidas para proteger al niño de toda forma de abuso físico o mental, descuido o trato negligente, etc. (artículo 19); garantizar la existencia de un sistema de adopción en el que el interés del niño sea la consideración primordial (artículo 21); facilitar la participación e integración del niño física o mentalmente impedido (artículo 23) y proteger al niño de toda forma de explotación sexual (artículo 34). Algunos de los derechos del niño reconocidos en esta Convención son: el derecho a la vida y al desarrollo en la máxima medida posible (artículo 6); derecho a la nacionalidad y derecho a tener padres (artículo 7), así como el derecho a no ser separado de éstos, salvo cuando el niño sea objeto de maltrato o descuido (artículo 9); derecho a ser escuchado y tenido en cuenta en toda actuación que se adelante con relación a él (artículo 12); libertad de expresión (artículo 13); libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 14); libertad de asociación y de reunión (artículo 16); derecho a beneficiarse de la seguridad social (artículo 26); derecho a la educación (artículo 27); y derecho al descanso, al esparcimiento y al juego (artículo 31).. DISPONIBLE EN. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm. Capítulo 1: Descripción de los tratados internacionales 37. APROBACIÓN. Por Colombia, mediante la Ley 12 de 1991 RATIFICACIÓN. 28 de enero de 1991 ENTRADA EN VIGOR. General: 2 de septiembre de 1990, el trigésimo día siguiente a la fecha en que se depositó el 20 instrumento de ratificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 49 de la CDN. Para Colombia: 27 de febrero de 1991. NÚMERO DE ESTADOS QUE HAN RATIFICADO. 193 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007g) ÓRGANO QUE VIGILA SU CUMPLIMIENTO . Comité de los Derechos del Niño. TIPO DE DECISIONES QUE EMITE EL ÓRGANO  . Observaciones finales Observaciones generales.
(36) Para vigilar su cumplimiento, la CDN creó el Comité de los Derechos del Niño, el cual tiene dentro de sus funciones formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en los informes quinquenales que deben rendir los Estados parte sobre las medidas adoptadas y el progreso en la realización de los derechos reconocidos. Existen dos protocolos facultativos a la CDN. El primero, relativo a la participación de los niños en el conflicto armado, entró en vigor el 12 de febrero de 2001 y fue ratificado posteriormente por Colombia el 25 de mayo de 20054. El segundo, relativo a la prostitución y a la pornografía, entró en vigor el 18 de junio de 2002 y fue ratificado posteriormente por Colombia el 11 de noviembre de 20035.. 4 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados puede ser consultado en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/protocolchild_sp.htm (2007, 20 de julio). 5 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía puede ser consultado en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/ dopchild_sp.htm (2007, 20 de julio).. 38 El sistema de los derechos. Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
(37) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT o CAT por sus siglas en inglés) (Adoptada y abierta a la ratificación por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984). TEMÁTICA La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en adelante CCT o CAT, desarrolla el derecho reconocido en el artículo 7 del PIDCP y le confiere fuerza vinculante a lo establecido en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975. En ese sentido, establece una definición de tortura en los siguientes términos: “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (artículo 1). A partir de esta definición es posible entender en la práctica cuándo se está ante una violación al derecho. Así mismo, la Convención establece una serie de límites concretos a las actuaciones del Estado, como la prohibición de invocar circunstancias excepcionales y la prohibición de invocar orden de funcionario superior para justificar la tortura o dejar de sancionar al responsable. Por otra parte, la CCT especifica una serie de obligaciones en cabeza de los Estados parte, entre las que se destacan las siguientes: adoptar todas las medidas eficaces para impedir actos de tortura en el territorio del Estado (artículo 2); velar para que se tipifique la tortura como un delito en el ordenamiento interno (artículo 4); llevar a cabo el procesamiento penal y la extradición, cuando haya lugar a ella, por la comisión de actos descritos en los artículos 1 y 4 de la CCT (artículo 6); formar a todas las personas que puedan participar en la custodia, interrogatorio o tratamiento de cualquier persona sometida a prisión, detención o arresto en la prohibición de la tortura (artículo 10); mantener un examen sistemático de las normas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, custodia, arresto, etc., para evitar cualquier forma de tortura (artículo 11); llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales cuando haya motivos razonables para pensar que se tortu-. DISPONIBLE EN. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_cat39_sp.htm. Capítulo 1: Descripción de los tratados internacionales 39. APROBACIÓN. Por Colombia, mediante la Ley 70 de 1986 RATIFICACIÓN. 8 de diciembre de 1987 ENTRADA EN VIGOR. General: 26 de junio de 1987, el trigésimo día siguiente a la fecha en que se depositó el instrumento número 20 de ratificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 27 de la CCT. Para Colombia: 8 de enero de 1988. NÚMERO DE ESTADOS QUE HAN RATIFICADO. 144 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007h) ÓRGANO QUE VIGILA SU CUMPLIMIENTO . Comité contra la Tortura. TIPO DE DECISIONES   . Observaciones finales Observaciones generales Dictámenes.
2.1.1 Marco normativo internacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos Dentro de la Declaración de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, se establece en el Artículo 2 lo
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 artículo 7
 artículo 27
 Artículo 2