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Timestamp: 2019-09-17 21:11:47+00:00

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﻿ SENTENCIA 26174 DE MARZO 2 DE 2006
SENTENCIA 26174 DE 02 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:ERROR DE HECHO. PARA QUE SE CONFIGURE ES INDISPENSABLE QUE VENGA ACOMPAÑADO DE LAS RAZONES QUE LO DEMUESTRAN Y QUE SU EXISTENCIA APAREZCA NOTORIA, PROTUBERANTE Y MANIFIESTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE REINTEGRO LABORAL, PAGO DEL SALARIO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Sentencia 26174 de marzo 2 de 2006
Rad.: 26174
Bogotá D.C., dos de marzo de dos mil seis.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 15 de octubre de 2004, en el proceso adelantado por Fernando Murillo Cruz contra Bavaria S.A..
El actor en mención demandó en proceso laboral a la Sociedad Bavaria S.A., procurando el reintegro al cargo que desempeñaba al momento de producirse el despido, y la condena por el pago de salarios dejados de percibir durante el tiempo que esté cesante, junto con los aumentos legales y/o convencionales, y las costas.
Subsidiariamente pretende la indemnización convencional por despido injusto, la sanción moratoria o brazos caídos, la pensión extralegal de que trata la cláusula 52 de la convención colectiva de trabajo y las costas.
Como fundamento de sus pretensiones aseveró en resumen que laboró para la demandada desde el 5 de febrero de 1979; que el último cargo desempeñado fue el de molinero enfriador de la planta o cervecería de la ciudad de Girardot - Cundinamarca; que pertenecía al grupo 5º de la escala salarial de la convención colectiva de trabajo, de la cual era beneficiario, y devengaba la suma de $ 468.423,82; que el 14 de mayo de 1999, el jefe de personal puso en conocimiento de la gerencia, supuestas irregularidades en la utilización del servicio médico que por mandato convencional brindaba la accionada, a través de médicos adscritos en los diferentes municipios; que se le adelantó una investigación disciplinaria por el uso de dicho servicio médico, sin la observancia del trámite convencional, dado que los cargos se concibieron por hechos ocurridos tres años atrás, la investigación se inició por fuera del término previsto para ello, y la responsabilidad de lo sucedido era del médico de esa ciudad doctor Gustavo Bernal Ibarra, quien admitió que cometió errores en la formulación y suministro de medicamentos a los beneficiarios del servicio; que con la comunicación del 28 de mayo de 1999, fue despedido en forma ilegal invocándosele una justa causa en la que no incurrió, pues siempre actuó de buena fe, por virtud de que al no poseer conocimientos científicos y de orden médico, no le era posible saber la clase de droga que el doctor le recetó a sus hijos menores, a más que tal profesional nunca le formuló droga para ser entregada a su progenitora Elvira Cruz de Murillo, máxime que se trataba de medicamentos suministrados para el consumo o dosificación infantil y no para adulto; que en estas condiciones, no se presentó ninguna irregularidad al hacer uso sus beneficiarios del servicio médico, esto es, sus hijos Lady Melissa y Edson Fernando Murillo Gómez, Alix Yonara Murillo Rodríguez y su compañera María Esneda Gómez Fuentes; que la liquidación final de prestaciones sociales arrojó la suma de $ 7.131.467, pero que efectuados algunos descuentos finalmente se le canceló el valor de $ 3.665.252,44, monto con el que no estuvo conforme y se reservó el derecho a reclamar; y que interrumpió la prescripción.
La convocada al proceso a dar contestación a la demanda, se opuso a la prosperidad de todos y cada uno de los pedimentos impetrados. En cuanto a los supuestos fácticos, aceptó la relación laboral; los extremos temporales; el cargo desempeñado; el lugar de prestación de servicios; la condición de beneficiario de la convención colectiva de trabajo; el suministro del servicio médico convencional por parte de la entidad a través de médicos adscritos, como lo era el doctor Gustavo Bernal Ibarra, que atendía en la ciudad de Girardot y trató a los hijos del actor y les autorizó droga en innumerables ocasiones; existencia del informe del jefe de personal a la gerencia de la sociedad, relativo a anomalías en el uso del servicio médico por parte de los beneficiarios del demandante; que los hechos invocados en la carta de despido se venían produciendo desde hace tres (3) años; y que la decisión de poner fin al vínculo provino de la demandada. En lo atinente a los demás hechos, manifestó no constarle uno, que dos no son tales y que los restantes no son ciertos.
Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago, prescripción y toda otra que resulte demostrada en el transcurso del proceso.
Como razones de defensa, argumentó en síntesis, que de acuerdo a la investigación previa seguida al actor, se constató que entre el 12 de diciembre de 1996 al 12 de abril de 1999, aquel estuvo engañando a la empresa, con el uso y destinación de las drogas que se formulaban o se hacía formular para sus menores hijos, lo que afectó los intereses de la sociedad en cuantía superior a $ 6.000.000; que el empleador amparado en la facultad legal que le asiste despidió al accionante, para lo cual se cumplieron las disposiciones de la convención colectiva de trabajo, y en la carta de despido se le manifestó en forma clara e inequívoca, los motivos o causales que se tuvieron para prescindir de sus servicios; que la acción de reintegro se encuentra prescrita, por haber transcurrido más de tres meses desde la época de la cancelación del contrato de trabajo, sin que haya interrupción alguna; que dadas las circunstancias que rodearon la ruptura de la relación laboral, desapareció la confianza que se le tenía al demandante y por ende no resulta conveniente el restablecimiento del nexo contractual.
Al celebrarse la primera audiencia de trámite, la parte actora reformó la demanda introductoria, con el objeto de adicionar las pretensiones principales, en el sentido de que se condene a la accionada a readmitir al actor en las mismas condiciones que tenía para el momento del despido y pagarle los salarios dejados de percibir, con fundamento en el protocolo de San Salvador suscrito el 17 de noviembre de 1988 y aprobado por el Gobierno colombiano mediante la Ley 319 del 20 de septiembre de 1996. Así mismo, adicionó como hechos nuevos, que el accionante interrumpió la prescripción, con la comunicación recibida por la empresa el 11 de agosto de 1999, en la que reclamó su readmisión al empleo conforme al Protocolo de San Salvador, habiéndose presentado la demanda el 28 de ese mes y año; y de otro lado peticionó más pruebas. La demandada al dar contestación a dicha reforma, no aceptó ni negó lo afirmado, ateniéndose a lo que resulte probado, además se remitió a la respuesta inicial (fls. 34 a 38).
El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., en sentencia del 13 de agosto de 2004, absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, se abstuvo de pronunciarse sobre las excepciones por las resueltas del proceso, y condenó en costas al demandante.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Laboral, conoció del proceso en apelación de la parte actora y mediante sentencia calendada 15 de octubre de 2004, confirmó la decisión de primer grado, y le impuso las costas en esa instancia al impugnante.
El ad quem encontró demostrado el hecho del despido con la carta de terminación del contrato de trabajo, y respecto a su oportunidad estimó que si bien las circunstancias allí descritas se venían presentando de tiempo atrás, el empleador se enteró de ello tan solo hasta el 12 de mayo de 1999, siendo por tanto razonable el lapso tomado para dar ruptura al vínculo. De igual manera halló acreditado, que la señora madre del demandante, para quien supuestamente iban los medicamentos, no era beneficiaria del servicio médico convencional, pues como lo aceptó el trabajador en la diligencia de descargos, su progenitora fue retirada o desvinculada de tal servicio desde el año 1990; así como que el demandante recibió para sus hijos menores de edad, los medicamentos referidos en la misiva de despido, drogas que no son de uso pediátrico sino para adultos en general. Del mismo modo, consideró que si bien el médico tratante doctor Gustavo Bernal, adscrito a la accionada, fue la persona que expidió las fórmulas medicas, incurriendo en faltas que escapan a este litigio, lo cierto es que, ello involucra al actor, porque este amparado en un beneficio convencional establecido para su servicio, engañó a la empresa con el concurso del médico, al proceder a reclamar droga para sus menores hijos en cuantías exageradas, dándole un uso distinto con destino hacia un familiar que como se dijo no era beneficiario, donde no se demostró el padecimiento de los citados menores acorde con los medicamentos recetados, con lo cual asalto la buena fe de la demandada y surge un comportamiento inmoral o desleal que incluso puede traer consigo conductas delictuosas, aspecto que repudia el actuar del trabajador y vulnera su honradez al aprovecharse indebidamente de una prebenda extralegal en perjuicio de los intereses de su empleador, con lo cual se le perdió la confianza. Y por todo lo anterior, concluyó que al ser justo el despido no podían prosperar las súplicas tanto principales como subsidiarias.
En lo que interesa al recurso extraordinario el juez de alzada textualmente dijo:
“(...) de esta manera se analizará inicialmente, en el fondo, si en realidad, el despido, amerita ser calificado como injusto, tal como lo hizo el a quo, sin adentrarnos en el trámite previo adelantado por Bavaria, pues tal situación no le mereció reparo al impugnante.
En esa perspectiva anhela don Fernando Murillo Cruz, el reintegro, o readmisión, esto último apoyado en el Protocolo de San Salvador, lo que de todas maneras impone, tal como se anotó en líneas precedentes, calificar el hecho del despido fls. 220 a 222; al tema, sabido es que el trabajador corre con la carga de demostrarlo, una vez acreditado, se desplaza la carga al empleador quien debe dirigir su actividad probatoria, al demostrar los motivos que en el momento oportuno le invocó y comunicó al actor para romper el contrato, a fin de que el fallador de turno, previa valoración pueda ubicarlos o no en una de las causas abstractas y taxativas que señala la ley para tener como justo el despido.
Revisada la historia procesal, conviene anotar que el conocimiento de los hechos por el empleador resulta oportuno, en relación con la fecha de terminación contractual, pues aun cuando las circunstancias descritas en la carta de despido, venían ocurriendo de tiempo atrás, lo cierto es que apenas hubo noticiamiento al empleador el 12 de mayo de 1999, fl. 282, a través de comunicación suscrita por el médico de la empresa doctor Gustavo Bernal, siendo apenas razonable el lapso tomado por el empleador para el rompimiento contractual; de otra parte el escrito presentado por el médico resulta hábil para valorarse en juicio al tenor de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998, artículo 10, numeral 2º, así como el parágrafo del artículo 24 de la Ley 712 de 2001 y artículo 27, numeral 2º, Ley 794 de 2003, igualmente caben estas precisiones para la documental obrante a folio 301-304, suscritas por el mismo médico tratante, anexadas en inspección judicial, fl. 378, sin que en su momento nada se alegara, de donde se infieren las conductas en que incurrió el actor, coincidentes con los hechos consignados en la carta de despido.
Encuentra la Sala, que la señora madre, para quien supuestamente iban los medicamentos no resulta beneficiaria del servicio médico convencional, pues fue reiterada desde 1990, según lo expone el propio actor en diligencia de descargos, fl. 73, a donde fue citado el señor Murillo Cruz, en orden a que respondiera de las acusaciones, admitiendo a folio 74-76, haber recibido los medicamentos referidos en la carta de despido fl. 22, para sus hijos menores de edad, drogas que según lo anota el médico Bernal, no son de uso pediátrico, sino para adultos en general, sin que el actor, en su ampliación de descargos nada aclarara fls. 309-321, respecto al uso que se le dio a la prebenda convencional 38 fl. 193 se limita a responder a los interrogantes fl. 311, “en relación a su pregunta no la respondo, no valido ni subsano el error en que incurren, por las razones que expuso la organización sindical anteriormente”, por otra parte el acuerdo colectivo en donde reposa la norma en cuestión es la vigente desde el 1º de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2000, depositada en tiempo como consta en el folio 219 vuelto, siendo beneficiario el actor, acorde a las aplicaciones que de ellas obran en autos, como lo fue el seguimiento del trámite convencional, ídem folio 118, confesión del representante legal de la demandada, fl. 243, constancia de la organización sindical.
De otro lado, si bien es cierto el médico tratante doctor Bernal, adscrito a Bavaria, fue quien expidió las fórmulas médicas, acogiéndose a lo dispuesto en la cláusula convencional, incurre en faltas, cuyas consecuencias escapan a este ordinario, pero que definitivamente involucran al actor, pues con ese comportamiento, amparándose en un beneficio convencional, establecido para su servicio, se ha engañado al empleador, por sobre todo el señor Murillo Cruz, quien, se reitera, escudándose en su condición de trabajador con prebenda convencional, reclamó droga para sus hijos menores de edad, cuando ellas no eran para uso pediátrico según lo anota el médico Bernal, y no podían ser para la madre del actor, toda vez que ella no era beneficiaria, asaltando en su buena fe al empleador, al sugerir medicamentos no aptos para los menores hijos del actor, desde luego que con el concurso del médico Bernal, en cuantías exageradas, no demostrándose el padecimiento de los citados menores, hechos corroborados con las testimoniales del señor Latorre Montoya fl. 124, 125 jefe de personal de Bavaria (...). Igual, lo anotado por el señor Luis Enrique Rodríguez, fl. 126, 151 exponiendo también como se detectaron las anomalías en el caso del demandante (...) “... porque fui enterado de todo el proceso como gerente de la planta”. Margarita Samper de Forero, fl. 158-164, no tiene un convencimiento preciso sobre el tema, refiere por comentarios de terceros.
En suma, la actitud del actor, ciertamente constituye justa causa parta despedirlo, pues engañó al empleador, conducta que no se aviene a los postulados de la buena fe, que debe reinar en la ejecución del contrato de trabajo, comportamiento inmoral que incluso puede involucrar conductas delictuosas, aspecto que repudia la conducta de su trabajador restándole a su capacidad laboral confianza, pues vulneró la honradez, al aprovecharse indebidamente del beneficio convencional, en perjuicios de los intereses del empleador, pecando en la probidad debida en la relación interpartes, lo que desde luego constituye un comportamiento que para nada se acomoda a los lineamientos de la buena fe - lealtad que se deben las partes entre si.
Lo expuesto impide la prosperidad de las súplicas principales, como subsidiarias de la demanda, así como aquella adicionada en la primera audiencia de trámite, al estimarse como justo el despido”.
Pretende la parte actora con el recurso extraordinario se CASE TOTALMENTE la sentencia del tribunal por ser violatoria a la ley sustancial, anulándola en su integridad, y en sede de instancia, la Corte revoque la de primer grado para imponer las condenas que aparecen como peticiones principales en el libelo inicial, y para tal efecto formuló un único cargo que mereció réplica.
La censura acusó la sentencia impugnada por violación indirecta, en las modalidades de falta de aplicación de los artículos “8º Decreto 2351 de 1965, numeral 5º que fuera subrogado por el artículo 6º, Ley 50 de 1990 en su parágrafo transitorio, artículo 3º, numeral 7º de la Ley 48 de 1968” y aplicación indebida de los artículos “55, 56, 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo subrogados por el Decreto 2351 de 1965, artículo 7º, literal A), numeral 1º al igual que su parágrafo, artículos 104, 114, en relación con los artículos 1602, 1603, 1605, 1618, 1519, 1621, 1624, 1502, 1517, 1604 del Código Civil Colombiano, artículos 467, 468, 469 del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 37, 38, 39 del Decreto 2351 de 1965, artículo 1º, 22, 23, 24 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 2º Ley 50 de 1990, artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral y artículo 177 del Código de Procedimiento Civil”.
Como error de hecho le atribuye al tribunal, que “Dio por demostrado sin estarlo, que las conductas endilgadas por Bavaria S.A. al actor en la carta de despido obrante a folios 50 a 52 habían tenido ocurrencia y le merecían convicción plena”.
Adujo el recurrente que este error de hecho, provino de “la apreciación equivocada que hizo el ad quem de la confesión y documentos aportados por las partes al juicio, contentivos de las comunicaciones enviadas por el médico adscrito a Bavaria S.A., la convención colectiva de trabajo vigente para el despido del actor en su cláusula 38, diligencia de descargos e inspección judicial solicitada por las partes”.
Sustentó la acusación, con el siguiente planteamiento:
“(...) El sentenciador de segundo grado, prohijó la justeza del despido en virtud de la valoración que hizo de la confesión de la demandada y documentos aportados por las partes al igual que la inspección judicial por ella solicitada.
Dio por demostrado sin estarlo, que las conductas endilgadas por Bavaria S.A. al actor en la carta de despido obrante a folios 50 a 52 habían tenido ocurrencia y le merecían convicción plena a consecuencia de la valoración equivocada que hiciera de la confesión de la demandada pues a folio 437 del informativo su ejercicio de valoración es simplista, se limitó a afirmar “ídem fl. 118 confesión del representante legal de la demandada” de esta manera, sesgó su contenido y no dedujo efecto alguno de la prueba que decía valorar; si la hubiese valorado en su integridad hubiese deducido que el absolvente al responder las preguntas 5ª a folio 118 daba “por cierto que para efectos de la prestación de servicios médicos a los hijos del demandante, la empresa disponía de médicos adscritos en todos los municipios donde funcionaban las dependencias de la demandada” y al solicitarle explicación al absolvente en la pregunta 9ª a folios 118 y 119 en el sentido de precisar por qué el médico pediatra adscrito a los servicios de Bavaria S.A. en comunicación de fecha 12 de mayo de 1999, obrante a folio 57 y 282 a 283 en manuscrito, había dicho: “yo presento mis excusas porque sé que he cometido un error” habiendo explicado el absolvente de manera exhaustiva “Que el médico Bernal Ibarra indica que accedió ingenuamente a transcribir la formulación solicitada por el señor Fernando Murillo, dado que él tenía una situación similar con su mamá quien, era adscrita también al servicio médico”. Indica el pediatra que el creyó de buena fe que el señor Murillo tenía afiliada a su mamá al servicio médico de la compañía, cosa que evidentemente no era así, según se infiere de lo confesado a folio 119 demostrativo de que si el ad quem hubiese valorado correctamente el parágrafo de la cláusula convencional en su artículo 38 parágrafo a folio 194 hubiese tenido que necesariamente colegir “que para los efectos de la prestación de los servicios a que se refiere la presente cláusula, la empresa dispondrá de médicos y odontólogos adscritos en todos los municipios donde funcionen dependencias de la compañía”, de tal manera, que la aplicación y puesta en marcha de la cláusula convencional que valoraba el sentenciador de segundo grado, estaba atribuida al médico y era de su competencia prescribir las medicaciones por la elemental razón de que la cláusula convencional a folio 193 incluía en el universo amplio de los beneficiarios a la señora madre del demandante, por eso, el yerro resulta evidente, el ad quem buscó por el sendero convencional provecho indebido del actor sin estar probado, pues si se hubiese tomado la molestia de valorar en su integridad la cláusula convencional, tendría que haber llegado a la conclusión indubitable que la misma cláusula consagraba en su inciso primero que la “empresa continuaría prestando el servicio médico, ... farmacéutico a los padres” y que las reglamentaciones existentes de conformidad a la confesión de la demandada al responder las preguntas doce a folio 119 era demostrativa y daba fe de que Bavaria S.A. “tenía un reglamento en la prestación de los servicios médicos a los familiares del trabajador” luego era incuestionable la titularidad y calidad de beneficiaria de la madre del actor y no podía predicar la sentencia del ad quem, que la diligencia de descargos a folio 73 comprometía la buena fe en la ejecución del contrato individual de trabajo y la honradez del trabajador, todo lo contrario, si hubiese valorado correctamente esa prueba hubiese colegido todo lo contrario, honradez, lealtad y buena fe del demandante ya que si bien es cierto aceptaba que su señora madre no estaba inscrita en el servicio médico desde el año 1990, el ad quem soslayaba los efectos provenientes de la confesión de la demandada que decía valorar contentivos de las preguntas trece a folios 119 a 120 pues habiendo aceptado que había un reglamento en la prestación de los servicios médicos, este cuerpo interno y reglamentario que tenía Bavaria S.A., había sido materia de elaboración unilateral dado que no había participado el actor en su elaboración precisamente porque al responder la pregunta catorce del interrogatorio a folio 120 el absolvente “no pudo precisar la fecha desde cuándo existía dicho reglamento que suministraba servicio médico a los familiares de los trabajadores y las condiciones que debía cumplir para tener derecho al servicio”, de tal forma, que la titularidad del beneficio estaba también en cabeza de la madre del actor independientemente de su inscripción o no, y que al responder la pregunta 16ª a folio 120 daba por cierto haber recibido la documental visible a folio 57 manuscrita por el médico a folios 282 y 283, sin embargo, el ad quem valoró estas probanzas pero no les dio la inteligencia que de su texto se desprenden ya que de haberlo hecho, hubiese deducido error o culpa del médico adscrito a la compañía y que era su deber velar por el cumplimiento de los reglamentos dado que Bavaria S.A. no aportó prueba alguna en ese sentido, se limitó a afirmar en el interrogatorio que existían reglamentos que daban titularidad a los familiares del demandante pero jamás los aportó siendo su deber hacerlo para cumplir así con el principio de la carga de la prueba respecto de la validez y legalidad del despido incoado.
Más aún, si el ad quem hubiese realizado un juicioso análisis valorativo de la prueba que invocaba valorar y en la que encontró soporte la confirmación del fallo de primer grado, hubiese tenido que llegar a la conclusión inequívoca de que en la confesión de la demandada a folios 119 le era imperativo deducir efectos de un hecho que favorece al demandante y perjudica a la demandada, consistente en la explicación que del error hacía el médico adscrito a los servicios médicos de Bavaria S.A., y es que se procedía a medicar con droga no pediátrica por el mismo médico quien de manera explícita afirmaba que “tenía una situación similar con su mamá”, se conjugaban así situaciones análogas vistas a luz de la ética y la solidaridad porque la condición profesional del médico quien se encontraba en una situación similar a la del demandante, lo llevaba a medicar a la madre del trabajador por la información que de buena fe este le presentaba y es que no se trataba de un funcionario cualquiera, ya el médico había ingresado en esa condición desde el 12 de agosto de 1986 y solo fue desafiliado el 23 de febrero del año 2000 es decir, conocedora Bavaria S.A. de la especial confianza que le prodigaba el médico adscrito a su servicio lo mantuvo en esa calidad por más de diez (10) años y siete (7) meses después de haber despedido al demandante, lo que indica de manera clara y meridiana que el yerro acusado a la sentencia de segundo grado, es garrafal y de bulto, ya que aduciendo valorar el interrogatorio de parte de la demandada no dedujo efecto alguno de la confesión hecha a las preguntas 14ª y 15ª formuladas a folios 120, suspendidas y respondidas a folio 123 indicativas de los extremos de vinculación del médico adscrito al servicio médico de la compañía demostrativas de la buena fe y la lealtad con que obró el trabajador luego endilgarle inmoralidad en su comportamiento, falta de honradez y lealtad para con la empresa que lo vinculó por más de veinte (20) años raya en el absurdo máxime cuando la inspección judicial que decía valorar el ad quem a folio 436 a 437 de la sentencia de segundo grado, remitía al temario propuesto por la demandada a folio 378 acorde con el escrito de libelo a folio 32 y sin que Bavaria S.A., hubiese probado los hechos constitutivos del despido ya que solo probó la existencia del reglamento interno de trabajo y los pagos hechos al trabajador, en ningún momento demostró la demandada los hechos constitutivos de justa causa que invocaba en la carta de despido y el yerro atribuible al juzgador de segundo grado, adquiere entonces la majestad reclamada por la jurisprudencia esto es, que el error sea de bulto y de manifiesto, ya que si bien es cierto que se ordenó incorporar en esa diligencia los informes, estos, no llevaban la impronta de la convicción íntima para el fallador ya que los folios 301 a 304 constitutivos del informe rendido por el médico de marras, dan fe de su elaboración posterior a la desvinculación del médico a Bavaria S.A., obsérvese como a folio 301 parte superior del documento valorado aparece el lugar de expedición en mayo 21 de 1999 es decir, posterior al despido mismo, sin que pudiese alegarse hechos y razones distintas y que no fuesen acomitantes al despido mismo, pero en gracia de discusión, supongamos que ese informe está plenamente habilitado para que el juzgador de segundo grado lo hubiese valorado, tenemos entonces que de su contenido lo que se desprende es la medicación de drogas no pediátricas, pero esto no implica mala fe alguna del trabajador ya que como se ha demostrado la titularidad de la madre a los servicios farmacéuticos por mandato convencional y que este, —cláusula 38— los garantiza y no se le excluye por no existir en esa cláusula mención expresa a prohibirle a la madre del trabajador el suministro de medicamentos hospitalarios dado que la convención colectiva del trabajo con un criterio finalista le da el carácter de beneficiaria de esos servicios médicos y farmacéuticos; no se menciona, —se insiste— en el largo contenido convencional de la cláusula 38 valorada por el ad quem, que la madre no pudiera ser beneficiaria de tales medicamentos de uso hospitalario, lo que prueba el documento valorado es la prudencia, mesura y buena fe con que actuó el trabajador, si lo hubiese animado designio perverso y fraudulento para lesionar a su empleador y cubrirlo con el manto del dolosest consilium alteri noncendi lo elemental hubiese sido, a la luz de la razón y la lógica, que el demandante hubiese eludido aceptar la responsabilidad del hecho, no lo hizo así, en la diligencia de descargos aceptó recibir la totalidad de los medicamentos y que su señora madre no estaba inscrita en el servicio médico y probó a lo largo de la contienda judicial que el médico adscrito al servicio médico y de conformidad con el documento valorado por el ad quem a folio 303 que la situación humanitaria y de dolor frente a la precariedad y similitud de cuadros clínicos que tenían las madres tanto del trabajador como del médico ameritaban esa medicación hospitalaria.
Pero además, el yerro garrafal del sentenciador de segundo grado, surge primafacie si se tiene en cuenta que en la inspección judicial valorada y del temario del demandante a folio 379 consistente en haber enrutado ese punto por el sendero de saber el uso de los servicios médicos, atención de pacientes, forma de atención de los mismos, fórmulas dadas a la familia, el a quo lo consideró inconducente, toda vez que las pretensiones ninguna de ellas tiene relación al referido hecho luego no podía dar por probado los hechos constitutivos de la carta de despido si en la misma inspección judicial el juzgador del primer grado, había negado la evacuación de la prueba en ese sentido; si el ad quem hubiese apreciado en su integridad la inspección judicial decretada a favor de las partes hubiese colegido entonces que no estaba probado ninguno de los hechos constitutivos de la supuesta justa causa que endilgaba Bavaria S.A. al trabajador ya que de la probanza que decía valorar no se infería prueba contundente que ameritase la justeza del despido que el empleador aducía”.
Por su parte la réplica sostuvo que la argumentación del censor es más un alegato de instancia que la sustentación de un recurso extraordinario, que el abstruso análisis de las pruebas en aras a acreditar el error de hecho enrostrado, no se desarrolla en forma lógica, ordenada y consistente, brillando por su ausencia la indispensable demostración de la presunta apreciación errada de los medios de convicción denunciados.
De otro lado, adujo que el cargo no puede prosperar, porque resulta evidente al tenor de la cláusula 38 de la convención colectiva de trabajo, que para que los padres del trabajador puedan tener acceso a los servicios médicos y farmacéuticos que brinda la empresa, es indispensable que estén registrados ante esta, y además que parezca probada la dependencia económica, requisitos que no se demostraron en el sub lite para el caso específico de la progenitora del actor, y concretamente entre los años 1996 a 1999.
Además, expresó que la conducta inmoral en que incurrió el demandante, se extrae especialmente de la confesión contenida en la diligencia de descargos que este rindió y de las comunicaciones suscritas por el galeno Gustavo Bernal Ibarra, adscrito al servicio médico de la sociedad demandada.
Añadió que la conducta “inmoral, repulsiva y rayada en lo delictivo” del accionante, se encaja perfectamente dentro de las causales de despido descritas en el artículo 7º, aparte A, numerales 1º, 5º y 6º del Decreto 2351 de 1965, en armonía con la cláusula 13 convencional, y que para proceder la demandada a poner fin al vínculo contractual, no estaba obligada a seguir el procedimiento señalado en la convención colectiva del trabajo, por motivo de que aquel está consagrado es para la imposición de sanciones disciplinarias y no para despidos.
Y finalmente dijo que el tribunal apreció correctamente las pruebas que obran el proceso, siendo a todas luces evidente que lo pretendido por la censura, es abiertamente contrario a la realidad procesal, a lo que se suma que la acción de reintegro que se persigue carece de todo sustento legal o convencional.
Se comienza por recordar que de acuerdo con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.
Del farragoso escrito de sustentación del recurso extraordinario, se extrae que la censura atribuyó a la sentencia acusada, un error de hecho, que apunta a demostrar que el actor no incurrió en las conductas endilgadas por la empleadora en la carta de despido, el cual está estructurado en la errónea apreciación de algunos medios de convicción.
Es de advertir que no es materia de discusión en sede de casación, lo relativo a la oportunidad del despido del accionante como tampoco lo atinente al trámite previo adelantado por la sociedad demandada con la observancia o no de algún procedimiento previsto en la convención colectiva de trabajo, pues el censor guardó silencio sobre estos puntuales aspectos, girando el ataque exclusivamente en torno a la justicia del despido, a lo cual la Sala limitará su estudio.
Del texto de la parte motiva de la sentencia impugnada, se desprende que el tribunal para confirmar el fallo absolutorio del a quo, estimó en relación con el punto objeto de controversia, que en el plenario se acreditó que el demandante con el concurso del médico tratante de sus hijos, engañó al empleador amparándose en un beneficio convencional, del cual se aprovechó indebidamente, al reclamar medicamentos en cuantías exageradas no aptas para menores y sí para adultos, con el propósito de ser destinadas a su progenitora, quien no aparecía como beneficiaria del servicio médico convencional al estar retirada desde el año 1990, comportamiento inmoral que en sentir del juzgador no se aviene a los postulados de la buena fe y lealtad que rigen en la ejecución de un contrato de trabajo.
Para arribar a estos razonamientos el fallador de alzada se fundó principalmente en lo informado por el médico pediatra adscrito a la sociedad demandada doctor Gustavo Bernal Ibarra en las comunicaciones visibles a folios 282-283 y 301 a 304, que fueron incorporadas al evacuar la inspección judicial (fl. 378 vto.); en los descargos rendidos por el actor (fls. 58 a 70 y 72 a 78 que se repiten a folios 287 a 300 y 309 a 321); en lo dispuesto en la cláusula 38 de la convención colectiva de trabajo vigente entre el 1º de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2000 (fl. 193); y en testimonios de Carlos Jairo Latorre Montoya (fls. 124 y 125) y Luis Enrique Rodríguez Esparza (fls. 126 a 131).
El recurrente con el objeto de probar el yerro fáctico enrostrado, denunció o hizo mención en el desarrollo del cargo, a los anteriores elementos de convicción, excepto a los testimonios reseñados, los cuales dejó libre de ataque; y adicionalmente acusó la confesión del representante legal de la demandada vertida en la diligencia de interrogatorio de parte visible a folios 116 a 121 y 123.
Teniendo la censura la carga de criticar la totalidad de los medios probatorios que le sirvieron al sentenciador para formar su convencimiento, era del caso acusar de igual manera la prueba testifical con la que el ad quem corroboró el engaño al empleador por parte del demandante, por la circunstancia de usar indebidamente el servicio médico convencional del cual se beneficiaba junto con su núcleo familiar, así dicha probanza no esté incluida entre las autorizadas por la ley para estructurar el error fáctico en casación laboral, por virtud de la restricción establecida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, en la medida que de probarse el error de valoración con alguna de las tres pruebas calificadas al efecto en dicha norma, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial e inspección ocular, la Corte tendría que entrar a examinarla.
Así las cosas, como lo ha sostenido esta Sala en múltiples ocasiones, resultan exiguas las acusaciones parciales, así se tenga razón en la crítica, porque los raciocinios en que se edifica la decisión impugnada se conservan en pie con las pruebas inatacadas, para el caso la testimonial.
Aunque la anterior omisión del censor conduce necesariamente a desestimar el cargo, si la corporación se adentrara en el estudio de las pruebas denunciadas como equivocadamente valoradas, encontraría que las mismas no demuestran la existencia de un yerro fáctico, habida cuenta que de su análisis objetivo se obtiene lo siguiente:
1. Respecto de la convención colectiva de trabajo - cláusula 38 (fl. 193), el tribunal no le dio un errado entendimiento, toda vez que con esta prueba lo que estableció fue la existencia de la prebenda o beneficio convencional del servicio médico para familiares, y en ningún momento infirió de su tenor literal que la “madre” del trabajador no podía ser beneficiaria de los medicamentos o drogas que suministre la empresa, sino que lo deducido fue, que para el caso a juzgar, la progenitora del actor no era beneficiaria por no encontrarse inscrita y haber sido retirada de ese servicio desde el año 1990, lo cual difiere de lo que creyó el censor se concluyó en la sentencia acusada.
La verdad es, que el ad quem parte de la premisa que los padres sí son beneficiarios pero que requieren estar inscritos ante la sociedad demandada, lo cual no distorsiona el contenido de esta probanza, puesto que esto es lo que consagra el texto convencional, que en lo pertinente reza: “La empresa continuará prestando el servicio médico, quirúrgico, hospitalario, odontológico, oftalmológico, farmacéutico, radiográfico, análisis clínico de laboratorio, litotricia y prótesis vasculares, a los padres, al cónyuge, compañero o compañero permanente y a los hijos solteros, del trabajador y prestará el servicio médico prenatal y natal a la esposa o compañera permanente del trabajador, siempre que estén registrados en la empresa” (resalta la Sala).
2. En cuanto a los descargos rendidos por el demandante conforme a la diligencia del 19 de mayo de 1999 (fls. 72 a 78 y 287 a 300), ampliada el 24 de ese mismo mes y año (fls. 58 a 70 y 309 a 321), no fueron mal apreciados, porque de tales documentos lo que concluyó el tribunal fue lo que su tenor literal muestra; vale decir, que el actor admitió que su progenitora no resultaba beneficiaria del servicio médico convencional al haber sido retirada desde el año 1990 y que este recibió los medicamentos de uso para adulto enunciados en la carta de despido, como si se tratara de drogas recetadas para sus hijos menores de edad.
Ciertamente el accionante en sus descargos afirmó “El nombre de madre es Elvira Cruz de Murillo. En este momento no está inscrita a los servicios médicos de Bavaria S.A., desde el año 1990 que fue reiterada por la salida de mi padre como pensionado de Bavaria” (fls. 73 a 288) y manifestó “Sí, si es mi firma y sí recibí los medicamentos” cuando se le preguntó si en distintas fechas le fueron formulados a sus hijos y entregados diversos medicamentos que son los que se mencionan en la carta de despido obrante a folios 220 a 222, por las siguientes cantidades: $ 270.550, $ 352.200, $ 406.100, $ 474.750, $ 377.900, $ 394.920, $ 465.810, $ 388.600, $ 473.280, $ 681.080, $ 595.200, $ 608.600, $ 640.350, y $ 714.800 (fls. 74 a 76 y 289 a 291).
En estas condiciones resulta razonado lo colegido por la colegiatura al examinar los citados medios de convicción, en el sentido de que la actitud del actor de reclamar medicamentos a nombre de sus hijos menores, que no tenían uso pediátrico sino para adulto, con el propósito de ser suministrados a su progenitora, quien se repite no estaba registrada por el trabajador ante la empresa como beneficiaria del servicio médico de marras, comprometía la buena fe y la lealtad “que debe reinar en la ejecución del contrato de trabajo”.
3. En lo que atañe a la confesión del representante legal de la accionada al absolver el interrogatorio de parte (fls. 116 a 121 y 123), tampoco fue equivocadamente apreciada, dado que el tribunal con este elemento probatorio, en momento alguno dio por sentado que el despido fue justo, y por tanto no efectuó como lo asevera el recurrente una valoración “simplista” con ese específico fin, pues solamente consideró esta prueba para efectos de establecer que el accionante era beneficiario del convenio colectivo de trabajo, según lo contestado por el absolvente a la pregunta sexta, en la que admitió tal hecho (fl. 118).
Frente a las manifestaciones del absolvente contenidas en las respuestas de las preguntas del interrogatorio formulado, número 5º, 9º, 12, 13, 14, 15 y 16, que en sentir del censor contienen un hecho susceptible de confesión y que de haberse apreciado correctamente otra hubiera sido la decisión del ad quem, revisadas las mismas, contrariamente a lo expresado por el recurrente, la aceptación en la 5ª de que los servicios médicos se prestaban en los distintos municipios a través de médicos adscritos a la empresa; en la 9ª que explica que el médico tratante de los hijos del actor doctor Bernal Ibarra, transcribió la formulación solicitada porque creyó de buena fe que el trabajador tenía afiliada a su mamá al servicio médico de la compañía, lo que no era así; en la 12, 13 y 14 donde puso de presente la existencia de un reglamento en la prestación del servicio médico a los familiares de los trabajadores, en cuya elaboración no participó el accionante, sin recordar la fecha en que se implantó; en la 15 que aseveró que el citado médico fue desafiliado del servicio médico de la compañía el 23 de febrero de 2000; y en la 16 que dijo ser cierto que previamente al despido se le citó al demandante a rendir descargos; para nada hace variar la decisión adoptada por el juez de apelaciones.
Lo anterior se acota, porque la sociedad demandada no ha negado en ningún instante que el servicio médico se presta a través de terceras personas, valga decir, médicos adscritos a la empresa, como tampoco que el galeno doctor Bernal Ibarra que salió del servicio médico de Bavaria en Girardot después de la desvinculación laboral del actor, había admitido que cometió un error en la formulación de medicamentos pero aclarando que lo fue inducido por el demandante, y que al trabajador se le citó a descargos; pues en realidad el fallador de alzada tuvo en cuenta todos estos aspectos para dirimir la litis, cuando analiza las diligencias de descargos, al inferir que a los hijos del accionante los atendió el referido médico, y concluir que “si bien es cierto el médico tratante doctor Bernal, adscrito a Bavaria, fue quien expidió las fórmulas médicas, acogiéndose a lo dispuesto en la cláusula convencional, incurre en faltas, cuyas consecuencias escapan a este ordinario, pero que definitivamente involucran al actor, pues con ese comportamiento, amparándose en un beneficio convencional, establecido para su servicio, se ha engañado al empleador, por sobre todo el señor Murillo Cruz, quien, se reitera, escudándose en su condición de trabajador con prebenda convencional, reclamó droga para sus hijos menores de edad, cuando ellas no eran para uso pediátrico según lo anota el médico Bernal, y no podían ser para la madre del actor, toda vez que ella no era beneficiaria”.
Además, la circunstancia de que el representante legal de la accionada, acepte la existencia de un reglamento de prestación de servicios médicos elaborado por el empleador y no recuerde la fecha en que comenzó a regir, no conduce a que se tenga con ello por probado lo que quiere hacer ver a la Corte el recurrente, de que “la titularidad del beneficio estaba también en cabeza de la madre del actor independientemente de su inscripción o no”, habida consideración que como atrás se apuntó, la propia norma convencional exige que los beneficiarios “estén registrados en la empresa” para poder recibir el beneficio extralegal (fl. 193), y como puede observarse el interrogado no confiesa lo contrario.
4. En lo atinente a la prueba de inspección judicial (fl. 378 y vto.), no pudo ser erróneamente estimada, en la medida en que esta diligencia, el juez de conocimiento se limitó a incorporar los informes del médico tratante, entre otros documentos, que fue lo que halló el ad quem al expresar que dichas comunicaciones fueron “anexadas” en esa oportunidad.
Con relación a que el tribunal no tuvo en cuenta que el a quo negó por inconducentes varios de los puntos materia de inspección judicial y que en este orden con ese elemento probatorio no era dable dar por “probado ninguno de los hechos constitutivos de la supuesta justa causa que endilgaba Bavaria S.A. al trabajador ya que la probanza que decía valorar no se infería prueba contundente que ameritase la justeza (sic) del despido que el empleador aducía”, no encuentra la Sala ningún error de valoración por cuanto como se dijo, con este medio de convicción el juzgador no dio por demostrada la justa causa invocada, sino simplemente la incorporación de algunas pruebas documentales.
5. En lo que respecta a los informes o comunicaciones del profesional adscrito al servicio médico de la sociedad en la ciudad de Girardot doctor Gustavo Bernal I. (fls. 282-283 y 301 a 304), con los cuales se pone en conocimiento de la empresa las irregularidades que se venían presentando de tiempo atrás con el servicio médico convencional en relación con el demandante y sus beneficiarios; por ser documentos emanados de un tercero, en el recurso extraordinario tienen el mismo tratamiento de la prueba testimonial, y por ende no resultan aptos en casación conforme a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, lo cual impide a esta corporación asumir el estudio del ataque frente a estos.
En el caso hipotético que por el vínculo que pudiera tener el citado médico con Bavaria S.A., se consideraran los informes en comento provenientes de la demandada, no se podría concluir que fueron mal valorados, dado que lo que pretende acreditar la censura con estos documentos, valga decir, que el médico cometió también una falta o errores en la formulación de medicamentos de sus hijos, en aras de exonerarse de responsabilidad, fue precisamente uno de los aspectos que encontró demostrado el tribunal al determinar que el doctor Gustavo Bernal “incurre en faltas”; empero lo que sucede es que, en la decisión impugnada se arribó en este punto a una conclusión distinta a la postura del recurrente, cual es que las consecuencias del proceder del médico no desvirtuaban la falta cometida por el trabajador, sino más bien que “definitivamente involucran al actor”, pues lo que muestran las pruebas es que este con el concurso del galeno hizo uso indebido del beneficio convencional, engañando a su empleador y actuando contra los postulados de buena fe o lealtad que caracterizan la ejecución de las relaciones laborales, inferencia que era la que tenía que derruir el ataque mediante prueba calificada y no lo logra.
6. Finalmente, en relación al discurso del censor dirigido a que la demandada no aportó al proceso el reglamento de prestación de servicios médicos y por tanto no se cuenta con esa prueba que permita determinar lo referente a la titularidad de los familiares que se beneficiaban del servicio médico convencional y la responsabilidad o culpa del médico adscrito a la compañía, y con ello definir la validez y legalidad del despido incoado; es de aclara que a la Sala le es vedado revisar el expediente a fin de establecer la falta de un elemento probatorio, dado que esta corporación en sede de casación carece de las facultades propias de los juzgadores de instancia, porque en materia probatoria solo puede confrontar los medios de convicción que en criterio del recurrente hayan sido equivocadamente apreciados o inestimados conforme a la ley; lo que quiere decir, que la Corte debe ubicarse siempre en el terreno donde la prueba exista objetivamente.
Por todo lo acotado, el tribunal no incurrió en los dislates fácticos que le endilga la censura y por consiguiente el cargo no prospera.
Como se formuló réplica, las costas del recurso extraordinario serán a cargo del recurrente.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Laboral, el 15 de octubre de 2004, en el proceso adelantando por Fernando Murillo Cruz contra Bavaria S.A.
Magistrados: Luis Javier Osorio López—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz

References: artículo 10
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 artículo 27
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 145
 artículo 177
 artículo 38
 artículo 7
e contrario
 artículo 7
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