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Timestamp: 2020-07-10 18:14:56+00:00

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Sentencia de Unificación nº 1219/01 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43615636
Sentencia de Unificación nº 1219/01 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 2001
Fecha de Resolución: 21 de Noviembre de 2001
Derechos a la vida, trabajo, vivienda, subsistencia, debido proceso y defensa. Cambio turno. Contrato individual de trabajo de medico. Tutela contra tutela. Ratio decidendi. Alcance de la revision constitucional. Unidad de materia. Via de hecho. Existencia de otro medio de defensa judicial. Cosa juzgada constitucional y ordinaria. Levantar suspension de terminos. Concedida parcialmente.
Sentencia citada en: 1899 sentencias, 19 artículos doctrinales, 2 noticias
Cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre una materia respecto de la cual debe unificar jurisprudencia y obrar como cabeza de la jurisdicción constitucional, sus decisiones tienen un alcance mayor a las que adopta generalmente en salas de revisión de tutela. El sistema de control constitucional adoptado en Colombia es mixto en la medida en que combina elementos del sistema difuso y del sistema concentrado. No es necesario abundar en los elementos concentrados del sistema colombiano. Es suficiente con subrayar que la opción del constituyente de 1991 de crear una Corte Constitucional fortaleció en forma significativa esta dimensión concentrada de nuestro sistema. Al haberle atribuido a ese órgano de cierre de las controversias relativas a la interpretación de la Constitución la facultad de conocer cualquier acción de tutela no sólo reafirmó este elemento de concentración en materia de derechos constitucionales fundamen-tales, sino que le confirió una trascendencia especial a la unificación de jurisprudencia en estos asuntos. Cuando la Corte Constitucional decide en S.P. sobre estas materias desarrolla su misión constitucional y por lo tanto está obligada a asumir su responsabilidad como órgano unificador de la jurisprudencia.
La jurisprudencia ha distinguido entre obiter dicta y ratio decidendi, para sostener que el carácter vinculante se refiere a esta última y no a la primera. La ratio decidendi abarca el criterio jurídico determinante así como las razones inescindiblemente relacionadas con el decisum y sin las cuales la decisión del caso no sería comprensible o carecería de fundamento. El obiter dicta, lo que se dice de paso, carece del carácter vinculante de la ratio decidendi. La doctrina constitucional reúne tanto dicho criterio determinante de la decisión adoptada como las razones específicas para justificarla y aplicarla en un caso concreto. Es un concepto más amplio que el de ratio decidendi puesto que comprende las consideraciones que justifican la decisión y lo resuelto. La ratio decidendi surge de la propia lectura autorizada de la Constitución por parte del órgano constitucional encargado de velar por su interpretación y aplicación integrales. Exhibe un grado mayor de abstracción que el decisum, el cual surte efectos en el caso concreto. La ratio decidendi se proyecta - en virtud del principio de igualdad, de la seguridad jurídica, del principio de confianza legítima, y de la supremacía de la Constitución- más allá del caso concreto y tiene la fuerza y el valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones. Una vez fijado con autoridad, por el órgano competente y siguiendo el procedimiento constitucional para ese fin, el significado de la norma constitucional, éste se integra a ella y adquiere fuerza vinculante al ser parte del derecho a cuyo imperio están sometidas todas las autoridades en un Estado Social de Derecho. El artículo 230 de la Constitución establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley, concepto que no abarca exclusivamente las leyes en sentido formal, sino que comprende obviamente la Constitución y, en un sentido amplio, el derecho dentro del cual la ratio de las sentencias ocupa un lugar primordial puesto que le confieren efectividad a las normas, al concretar sus alcances. Además, de lo contrario - es decir, de escindirse la norma de la ratio que le fija su significado para asegurar su aplicación efectiva y la concreta para precisar sus alcances - se rompería la unidad del ordenamiento jurídico y se resquebrajaría su coherencia en desmedro de la seguridad jurídica, de la aplicación igual de las normas a casos iguales y de la confianza legítima de los habitantes en que el derecho será aplicado de manera consistente y predecible.
Acción de tutela instaurada por H.F.V. contra la Caja De Compensación Familiar De Cartagena.
La S.P. de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente
Expediente T-388435
1.1 H.F.V. presentó acción de tutela en contra de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena (C.), por considerar que estaban siendo violados sus derechos a la vida digna, al trabajo, a la vivienda digna y a la subsistencia, por parte de la entidad demandada. El actor trabaja como médico de medio tiempo de la entidad desde 1985, pero en el año de 1994 decidió cambiarse al horario nocturno, por lo cual suscribió nuevo contrato en el que se pactó que su salario continuaría siendo el mismo y que se considerarían en él incluidas las horas extras que éste trabajara (cláusula adicional al contrato individual de trabajo).
2.1 C., la entidad demandada, contestó la tutela y se opuso a la misma por considerarla improcedente. Argumentó la entidad que el salario pagado al trabajador a lo largo de la vigencia del contrato cubría tanto las horas extras como los recargos, a manera de jornada ordinaria susceptible de ser pactada por empleado y empleador de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo. Además, dado que el salario del trabajador había sido siempre cancelado oportunamente, el pago de dichos recargos constituiría pago de lo no debido.
''(S)i los ingresos que él recibe por parte de ésta (sic) entidad no son suficientes para satisfacer todas sus necesidades, no es la entidad tutelada, la obligada a solucionarle tales perjuicios.''
Impugnación del accionante
Fallo de segunda instancia objeto de revisión
Consideró que era la acción procedente ''como mecanismo para evitar que el trabajador sufra una situación crítica económica y psicológica'', dada la amenaza de que un perjuicio irremediable le fuera causado si se utilizaba el medio ordinario, más demorado que el de la tutela. Avaló el juez todos y cada uno de los argumentos esbozados por el accionante, decidiendo entonces, amparar sus derechos mediante la revocación del anterior fallo y la orden a la entidad empleadora de pagar las sumas debidas relativas a los recargos por trabajo nocturno, festivo y dominicales, con su respectiva indexación, de manera que el salario fuera pagado de manera completa.
No selección para revisión por parte de la Corte Constitucional
Expediente T- 412756
La S.P. de la Corte Constitucional es competente para unificar la jurisprudencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
La falibilidad de los jueces no conduce a la procedencia de la tutela contra sentencias de tutela
En efecto, las actuaciones judiciales de los jueces ordinarios al decidir, principalmente, sobre asuntos de orden legal eventualmente pueden representar un desconocimiento absoluto de los derechos constitucionales fundamentales y constituir en situaciones extremas vías de hecho susceptibles de impugnación mediante la acción de tutela. Tal conclusión se impone por la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales - que no son el referente usual e inmediato de los jueces ordinarios - y de acompasar la jurisprudencia y la legislación a la Constitución. La razón de esta exigencia de unidad y coherencia es obvia: el ordenamiento jurídico es uno sólo y la legislación debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la Constitución.
El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela - bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él - la Corte Constitucional - y por un medio establecido también por él - la revisión.
3.2 La intención del legislador colombiano, cuando reguló el procedimiento de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, fue excluir tajantemente la posibilidad de tutela contra fallos de tutela (art. 40, parágrafo 4º del D. 2591 de 1991). Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado artículo 40, por considerar la Corte que la tutela contra providencias judiciales era contraria a la Constitución -, Corte Constitucional C-543 de 1992, M.P.J.G.H.G.. lo cierto es que la doctrina de la tutela por las vías de hecho contra decisiones judiciales se ha impuesto jurisprudencialmente. Corte Constitucional: Sentencias C-543 de 1992, M.P.J.G.H.; T-079 de 1993, M.P.E.C.M.; T-055 de 1994, M.P., Dr. E.C.M.; T-538 de 1994, M.P., Dr. E.C.M.; T-518 de 1995, M.P.V.N.; T-401 de 1996, M.P.D.V.N.M.; T-567 de 1998, M.P.D.E.C.M.; Corte Suprema de Justicia: Sala de Casación Civil, Sentencia del veintitrés (23) de febrero de 1995; Consejo de Estado: Sentencia del 10 de octubre de 1996, Expediente No AC-3944,C.P.J.A.P.F.. Sin embargo, es pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de tutela resultó de la integración normativa que en la C-543 de 1992 efectuó la Corte. En ningún caso hubo un estudio de fondo sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería proceder la tutela contra fallos de tutela.
El valor de la revisión de los fallos de tutela por la Corte Constitucional
Primero, el deber de remisión de todos los fallos de tutela a la Corte Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela que representan una aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación jurisprudencial en materia de derechos fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta decisión el Constituyente ha creado el mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar que los derechos fundamentales no obtengan la protección que merecen como principios medulares de la organización política colombiana. Es así como la Corte Constitucional debe mirar la totalidad de las sentencias de tutela, bien sea para seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar su no selección pero en cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar una decisión al respecto. Por otra parte, en el proceso de selección, cualquier persona tiene la posibilidad de elevar una petición ante la Corte para que una determinada sentencia sea escogida porque, a su juicio, incurrió en un error, incluso si éste no tiene la entidad y la gravedad para constituir una vía de hecho. Así lo hacen diariamente muchas personas, cuyos memoriales son estudiados al momento de analizar el expediente antes de elaborar el informe que la Unidad de Tutela le presenta a los magistrados para que estos seleccionen los fallos que habrán de ser revisados.
Cosa juzgada constitucional y cosa juzgada ordinaria
5.1 Admitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o excluidos para revisión sean luego objeto de una nueva acción de tutela, sería como instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas reglamentarias en la materia (arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de Selección de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido de selección para revisión ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de tutela. Esto por una poderosa razón. Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional Reglamento Interno de la Corte Constitucional, Artículo 49. Sala de Selección de T.. (...) Según el artículo 33 del decreto 2591 de 1991, es facultad de la Sala de Selección escoger de forma discrecional las sentencias de tutela que serán objeto de revisión. En tal virtud, las peticiones que se reciban de personas interesadas en que se revise un fallo de tutela, serán respondidas por el secretario general de la Corporación, de conformidad con lo ordenado por la Sala de Selección (Acuerdo 01 de 1997).
La comunicación de la Secretaría General de la Corte al despacho del Magistrado sobre la decisión negativa de la Sala de Selección.
El recibo de dicha información por parte del Defensor del Pueblo.
Mediante sentencia del Consejo de Estado del 28 de julio de 1995 (C.P.: Dr. Y.R.S., se resolvió no acceder a la petición de nulidad de este artículo.
Mediante sentencia del Consejo de Estado del 28 de julio de 1995 (C.P.: Dr. Y.R.S., se resolvió no acceder a la petición de nulidad de este artículo. ), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.
Este tratamiento diferencial según el tipo de sentencia judicial - los fallos de tutela y las demás providencias - se justifica por la especificidad del mecanismo judicial para la protección de los derechos fundamentales. Los eventuales errores de los jueces de tutela constitutivos de vías de hecho pueden ser corregidos en el trámite de revisión que se surte por parte de la Corte Constitucional como órgano de cierre del ordenamiento jurídico y garante de la seguridad jurídica. No escapa a la Corte que el trámite de selección de las sentencias de tutela para revisión puede incurrirse en una equivocación al excluir un fallo de tutela que constituye una verdadera vía de hecho y con ello en una afectación de derechos o bienes jurídicamente protegidos. Pero esta posibilidad es ocasional y excepcional. En cambio, de admitirse que contra toda sentencia de tutela puede presentarse una nueva tutela por vías de hecho, la afectación de los derechos fundamentales así como del mecanismo judicial efectivo para su protección sería en la práctica permanente y general, y, por lo tanto, desproporcionadamente mayor. En todo caso el sistema de selección para revisión puede ser susceptible de mejoras tendientes a minimizar la ocurrencia de errores en el estudio de la totalidad de las decisiones de tutela remitidas a la Corte Constitucional. Es por ello que ponderados todos estos factores la Corte arriba a la conclusión que la respuesta que más se ajusta a la Constitución es que no procede la tutela contra sentencias de tutela.
Unificación jurisprudencial en la materia
6.1 La Corte ha admitido en el pasado la posibilidad de interponer acciones de tutela contra las actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero no respecto de sentencias de tutela. En efecto, en sentencia T-162 de 1997, M.P.C.G.D.. la Corte concedió una tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en negarse a conceder la impugnación del fallo de tutela de primera instancia con el argumento de que el poder presentado para impugnar no era auténtico, pese a que el Decreto 2591 de 1991 establece al respecto una presunción de autenticidad que no fue desvirtuada en el proceso. Por otra parte, en sentencia T-1009 de 1999, M.P.A.M.C.. se concedió una acción de tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en no vincular al correspondiente proceso a un tercero potencialmente afectado por la decisión. En ese caso, la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela.
Doctrina constitucional y ratio decidendi. No hay tutela contra sentencias de tutela
''Artículo 4.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.''
''Artículo 230.- Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.''
''Artículo 241-. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.''
Ahora bien, la Ley - aquí el Decreto Ley 2591 de 1991 - estableció que ''(l)as decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas'' (artículo 35 inciso 1).
Las anteriores premisas normativas permiten sostener que en la revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela la Corte ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241 C.P.) y actúa como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional de tutela mediante la unificación de la jurisprudencia constitucional. En esta tarea la Corte debe fijar, como intérprete autorizado de la Constitución, las reglas constitucionales que sirvan para ilustrar la Constitución en casos dudosos y asegurar su fuerza normativa (art. 4° C.P.). Por su parte, los jueces al estar sujetos al imperio de la ley (art. 230 C.P.), lo están a su vez a la Constitución y a su interpretación autorizada. Corte Constitucional, Sentencia T-221 de 1993, M.P.H.H.V.: ''La interpretación constitucional fijada por la Corte determina el contenido y alcance de los preceptos de la Carta y hace parte, a su vez, del "imperio de la ley" a que están sujetos los jueces.'' Así lo ha expuesto la Corte de manera clara y reiterada en el pasado:
''El papel que cumple la Corte Constitucional cuando aborda la revisión eventual consagrada en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta Política no es otro que el de unificar a nivel nacional los criterios judiciales en la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, precisando el alcance de los derechos fundamentales, trazando pautas acerca de la procedencia y desarrollo del amparo como mecanismo de protección y efectividad de los mismos y estableciendo la doctrina constitucional, que, según el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, declarado exequible por Sentencia C-083 del 1 de marzo de 1995, es obligatoria para los jueces en todos los casos en que no haya normas legales exactamente aplicables al asunto controvertido.'' Corte Constitucional, Sentencia T-068 de 2000, M.P.J.G.H..
Cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre una materia respecto de la cual debe unificar jurisprudencia y obrar como cabeza de la jurisdicción constitucional, sus decisiones tienen un alcance mayor a las que adopta generalmente en salas de revisión de tutela. El sistema de control constitucional adoptado en Colombia es mixto en la medida en que combina elementos del sistema difuso y del sistema concentrado. No es necesario abundar en los elementos concentrados del sistema colombiano. Es suficiente con subrayar que la opción del constituyente de 1991 de crear una Corte Constitucional fortaleció en forma significativa esta dimensión concentrada de nuestro sistema. Al haberle atribuido a ese órgano de cierre de las controversias relativas a la interpretación de la Constitución la facultad de conocer cualquier acción de tutela no sólo reafirmó este elemento de concentración en materia de derechos constitucionales fundamen-tales, sino que le confirió una trascendencia especial a la unificación de jurisprudencia en estos asuntos. Cuando la Corte Constitucional decide en S.P. sobre estas materias desarrolla su misión constitucional y por lo tanto está obligada a asumir su responsabilidad como órgano unificador de la jurisprudencia La Corte Constitucional incluso ha admitido que los fallos de tutela proferidos por sus salas de revisión son excepcionalmente anulables precisamente cuando éstos se apartan de la doctrina que en sede de unificación ha sentado la S.P. de la Corporación. Esto se debe a que el art. 34 del Decreto 2591 de 1991 establece claramente que los cambios de jurisprudencia deben ser adoptados por la S.P. a quien corresponde la función de unificar jurisprudencia. La seguridad jurídica, la consistencia que debe guiar el ejercicio de la función jurisdiccional, el sometimiento de los jueces a la Constitución y la efectividad del derecho a la igualdad así lo exigen. .
La ratio decidendi surge de la propia lectura autorizada de la Constitución por parte del órgano constitucional encargado de velar por su interpretación y aplicación integrales. Exhibe un grado mayor de abstracción que el decisum, el cual surte efectos en el caso concreto. La ratio decidendi se proyecta - en virtud del principio de igualdad, de la seguridad jurídica, del principio de confianza legítima, y de la supremacía de la Constitución- más allá del caso concreto y tiene la fuerza y el valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones. Una vez fijado con autoridad, por el órgano competente y siguiendo el procedimiento constitucional para ese fin, el significado de la norma constitucional, éste se integra a ella y adquiere fuerza vinculante al ser parte del derecho a cuyo imperio están sometidas todas las autoridades en un Estado Social de Derecho. El artículo 230 de la Constitución establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley, concepto que no abarca exclusivamente las leyes en sentido formal, sino que comprende obviamente la Constitución y, en un sentido amplio, el derecho dentro del cual la ratio de las sentencias ocupa un lugar primordial puesto que le confieren efectividad a las normas, al concretar sus alcances. Además, de lo contrario - es decir, de escindirse la norma de la ratio que le fija su significado para asegurar su aplicación efectiva y la concreta para precisar sus alcances - se rompería la unidad del ordenamiento jurídico y se resquebrajaría su coherencia en desmedro de la seguridad jurídica, de la aplicación igual de las normas a casos iguales y de la confianza legítima de los habitantes en que el derecho será aplicado de manera consistente y predecible.
Estas consideraciones son aún más imperiosas en el contexto de los derechos constitucionales, primero, porque las normas constitucionales, por su generalidad y textura abierta, permiten al juez un mayor margen de interpretación y, segundo, porque una persona puede escoger ante qué órgano judicial presentará la acción de tutela para exigir el amparo de sus derechos fundamentales. Aceptar que los alcances de la tutela y de cada derecho fundamental depende de la opinión de cada juez aisladamente considerado, equivale a restarle toda fuerza normativa a la Constitución, cuyo contenido será distinto en cada despacho y vinculante sólo si coincide con las tesis del juez acerca de la necesidad de brindarle amparo al tutelante. Por eso, la Corte Constitucional ha explicado y reiterado en muchas sentencias el valor y la fuerza de los precedentes, respetando claro está el ámbito de independencia de los jueces para decidir cada caso, no según su opinión, sino aplicando el derecho constitucional. Ver en especial las sentencias C-083 del 1 de marzo de 1995, M.P.C.G.D.; SU-047 de 1999, MM. PP. C.G.D. y A.M.C.; C-674 de 1999, MM.PP. A.M.C. y A.T.G..
7.3 La ratio decidendi en este caso excluye la acción de tutela contra sentencias de tutela. El afectado e inconforme con un fallo en esa jurisdicción, puede acudir ante la Corte Constitucional para solicitar su revisión. Art. 86 C.P., y arts. 32 y 33 del Decreto 2591de 1991. Además, sentencia C-1716 de 2000, MP C.G.D.. En el trámite de selección y revisión de las sentencias de tutela la Corte Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate constitucional. Este procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la materia que se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o de revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la cadena de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de acciones de tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los peticionarios intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que consideraran más adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la indefinición la solicitud de protección de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional, como órgano de cierre de las controversias constitucionales, pone término al debate constitucional, e impide mantener abierta una disputa que involucra los derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su protección oportuna y efectiva (artículo 2 C.P.).
8.1. El peticionario de tutela, apoderado de C., presentó acción de tutela contra el fallador de segunda instancia que concedió la tutela interpuesta contra su poderdante. Aduce que dicho juez incurrió en vías de hecho violatorias de su derecho fundamental al debido proceso, consistentes en decidir un asunto de competencia de la justicia laboral y en pretermitir las garantías procesales de cada proceso con respecto a la oportunidad, conducencia y contradicción de pruebas.
8.2. El fallador de primera instancia rechazó la tutela contra la decisión judicial por considerar que el demandante no podía pretender revivir un asunto ya debatido en su oportunidad en otro proceso de tutela, sin violar con ello el principio de la cosa juzgada. Además, consideró que el juez que concedió la tutela contra C. no incurrió en vías de hecho.
En criterio del juez constitucional de segunda instancia en el proceso de H.F.V. contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA (expediente T-388435), la acción de tutela era procedente porque la conducta demandada compromete derechos fundamentales y porque el peticionario se hallaba ante un perjuicio irremediable. Contra ese fallo de tutela se presentó la acción de tutela que dio origen al presente proceso. No podía otro juez de tutela revivir lo ya debatido y fallado en el proceso de tutela anterior, e imponer un criterio contrario, según el cual la acción de tutela inicialmente concedida era improcedente por la existencia de otros medios de defensa judicial. Llama la atención de la Corte que el ad quem en el segundo proceso de tutela ni siquiera evalúa la eficacia del otro medio de defensa judicial presuntamente a disposición del afectado, para concluir - sin análisis fáctico o normativo alguno y pese a la exigente doctrina constitucional en torno a la procedencia de la tutela por vías de hecho Corte Constitucional, Sentencia T-162 de 1998, M.P.E.C.M.: ''La Corte ha considerado que una sentencia podrá ser atacada a través de la acción de tutela cuando (1) presente un defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4) presente un defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.
La Sala no duda en reiterar que la intervención del juez de tutela en una sentencia judicial, calificándola como una vía de hecho, sólo puede producirse en aquellos casos en que el vicio alegado sea constatable a simple vista. Adicionalmente, la falencia cuyo restablecimiento se persiga por vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas mediante la acción de tutela''. - la existencia de una vía de hecho por parte del juez de tutela al conceder la protección de los derechos fundamentales impetrada. En efecto, el ad quem no evalúa qué defecto manifiesto violatorio de un derecho fundamental presenta el fallo de tutela impugnado mediante la segunda acción de tutela, limitándose a afirmar la existencia de una vía de hecho. De aceptarse que un segundo juez de tutela puede revocar sentencias de tutela con el argumento de que la acción era improcedente, el sistema constitucional de protección de derechos fundamentales colapsaría por quedar supeditado a una cadena ilimitada de tutelas contra sentencias de tutela dirigidas a reducir el ámbito de esta acción y a restarle efectividad, lo cual contraría claramente la decisión del constituyente de establecer un procedimiento rápido y oportuno para la protección de los derechos fundamentales.
Por último, de todo lo dicho anteriormente se concluye que no siendo posible interponer acción de tutela por vías de hecho contra fallos de tutela, tampoco hay lugar a revisar el fallo de segunda instancia de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil (2000), que concediera la tutela al señor H.F.V. contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA, proferido en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena.
Segundo.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia del seis (6) de diciembre de dos mil (2000), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la H. Corte Suprema de Justicia, en el proceso de tutela promovido por la Caja de Compensación Familiar de Cartagena - C. - contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y otro.
Tercero.- Confirmar, por las razones expuestas, la sentencia de primera instancia del veinticinco (25) de octubre de dos mil (2000), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala de Decisión Civil-Familia, en el proceso de tutela promovido por la Caja de Compensación Familiar de Cartagena - C. - contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y otro.
Cuarto.- DEJAR EN FIRME la sentencia de segunda instancia del veintiocho (28) de septiembre de dos mil (2000), proferido en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, en el proceso de tutela de H.F.V. contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA.
La sentencia violatoria de la Constitución, invadió y suplantó en forma total a la Jurisdicción Ordinaria a la que le correspondía por ley decidir en forma definitiva el asunto de carácter laboral planteado por el accionante de la primera tutela. En mi criterio, tal sentencia ha debido ser seleccionada para revisión en la oportunidad correspondiente; pero como ello no ocurrió, quedó el camino abierto para su corrección solo a través de la interposición de otra acción de tutela. En la sentencia de la que me aparto se definió la no procedencia de la tutela contra tutela, y al resolver el caso concreto, además se incurrió en imprecisión al no haber revocado las dos decisiones proferidas en la segunda tutela. Si de acuerdo con la motivación de la providencia, no procede la tutela contra una sentencia de tutela, el juez constitucional al que le corresponda resolver una situación de tal naturaleza, debe rechazar de plano la demanda interpuesta en tal sentido, porque ningún caso tiene, como en efecto lo hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, acometer el estudio de fondo de la demanda para dilucidar si existió una vía de hecho o no. Cuando la S.P. de la Corte Constitucional concluye que no es posible ''interponer'' acción de tutela por vías de hecho contra fallos de tutela, debió aclarar y orientar el proceder que deben adoptar los jueces en casos semejantes en el futuro.
Pero, ya por fuera del ordenamiento legal todo el artículo 40 así como los artículos 11 y 12 del mismo Decreto 2591 de 1991, bajo el entendido de la improcedencia de la tutela contra providencia judicial, lo cierto sí es que se ha impuesto jurisprudencialmente la tesis de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando ellas constituyen vía de hecho, con fundamento en que éstas son una ostensible desviación del ordenamiento jurídico y por ello no merecen siquiera tal denominación, ni tienen el carácter de providencias para los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela, dado que no es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez Sentencia T-173 de 4 de mayo de 1993. Igualmente ha sido la Corte la que ha decantado los supuestos en los cuales una sentencia puede ser atacada a través de la acción de tutela Sentencia T-162 de 1998, entre otras., sin hacer distinción alguna respecto de las sentencias de tutela.
''Así, pues, aplicada a las decisiones judiciales proferidas por los jueces ordinarios con el objeto de definir si contra ellas cabe extraordinariamente la acción de tutela en cuanto se configure un actuación burdamente contraria al ordenamiento jurídico que, por eso mismo, desconoce el debido proceso y vulnera los derechos fundamentales en juego dentro del respectivo juicio, la vía de hecho puede también configurarse dentro del proceso de tutela o al culminar éste en primera o segunda instancia (...) Desde luego, también hay vía de hecho cuando se concede la protección impetrada con protuberante desconocimiento del material probatorio que demuestra a las claras la inexistencia de la violación o amenaza, o no obstante la indudable improcedencia de la tutela en el caso concreto''.
'' En principio no hay tutela contra tutela, salvo que en la primera acción de tutela hubiere existido una ostensible vía de hecho....''.
En desarrollo de lo anterior, los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991 Normas que fueron declaradas exequibles en la Sentencia C-018 de 1993. disponen que la Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas, y los tres Magistrados de su seno que conformarán la Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente para los Tribunales de Distrito Judicial.
Al respecto, procede recordar lo expuesto por la S.P. de la Corte Constitucional en auto de 30 de junio de 1998:
''En jurisprudencia reiterada de esta Corporación, ha sido acogido el criterio según el cual, la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional reviste un carácter extraordinario. Por lo tanto, la petición de nulidad de una providencia emanada de una sala de revisión de la Corte, debe precisar la razón en virtud de la cual ella se estima procedente. Se trata de un requisito inexcusable, si se tiene en cuenta que sólo excepcionalmente las sentencias de revisión pueden ser revocadas por la S.P., en el evento de que ellas modifiquen la jurisprudencia de la Corte.
''En efecto, en auto de fecha 5 de junio de 1997, la Sala consideró:
`Como resulta de los artículos 241 y 243 de la Constitución Política, las sentencias que profiera la Corte Constitucional en desarrollo de sus atribuciones tienen carácter definitivo, en cuanto resuelven de manera inapelable los asuntos que ante ella se plantean, bien que se trate de procesos de constitucionalidad en estricto sentido (control abstracto), ya que aludan a la revisión de los fallos de instancia en materia de protección a los derechos constitucionales fundamentales.
`Razones de seguridad jurídica y de efectiva prevalencia de los postulados y valores consagrados en la Carta Política aconsejan que los dictados de la Corte, guardiana de su integridad y supremacía, gocen de una estabilidad superlativa, a menos que se demuestre a plenitud su palmaria e indudable transgresión a las prescripciones del Estatuto Fundamental.
`Es por ello que la propia Carta ha consagrado, como institución diferente a la cosa juzgada común, que cobija los fallos proferidos por los jueces en las demás jurisdicciones, la cosa juzgada constitucional, que otorga a las sentencias de la Corte un especialísimo nivel dentro del sistema jurídico.
`También por esos motivos, como ya lo ha destacado la jurisprudencia, las normas vigentes confieren a las nulidades de los procesos que se llevan en la Corte Constitucional un carácter extraordinario, "por lo cual deben ser interpretadas y aplicadas de manera restrictiva, sin lugar a extensiones ni analogías" (Cfr. Corte Constitucional. S.P.. Auto del 27 de junio de 1996. M.P.: Dr. J.G.H.G..
`......
`La Corte ha señalado, a la vez, que la extraordinaria posibilidad expuesta no significa que exista un recurso contra las sentencias dictadas por su S.P. o por sus salas de revisión, pues ello está expresamente excluido en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.
`Además, la Corte ha destacado que tales nulidades solamente pueden ser declaradas en casos extremos:
`Dispone el precepto legal que sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que la S.P. de la Corte anule el proceso.
`Como puede verse, se trata de nulidades circunscritas de manera expresa a las violaciones ostensibles y probadas del artículo 29 de la Constitución Política.
`Se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.
`Se requiere, además, la evaluación del caso concreto por la S.P. de la Corte y la decisión de ésta por mayoría de votos, según las normas pertinentes.
`Entonces -ha insistido la Corte- `la sola circunstancia de que el actor o alguno de los intervinientes dentro del proceso no compartan los argumentos expuestos por la Corporación en su providencia no es elemento suficiente para que pueda prosperar la pretensión de su nulidad" (Auto del 27 de junio de 1996)'.
''De otro lado, también ha sostenido esta Corte, que el cambio de jurisprudencia debe ser expreso, entre otras razones, porque la propia Carta reconoce la autonomía interpretativa del juez y, por tanto, las plenas atribuciones para modificar los criterios jurisprudenciales que lo han inspirado anteriormente, con el fin de obtener progresos efectivos en la aplicación del derecho. Pero los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca corresponden en el fondo a una arbitrariedad del fallador, que entonces deja irrealizada la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la misma norma. En consecuencia, en guarda de la seguridad jurídica y de la estabilidad que se espera en la aplicación del derecho, exigen del juez la verificación razonada de los motivos que lo llevan a variar su entendimiento del orden jurídico y la expresión clara de los fundamentos de su decisión, en el plano interpretativo, para introducir mutaciones o cambios en el rumbo de la jurisprudencia.
''En efecto, en el mismo auto atrás citado se dijo:
`Mientras no sacrifique el principio de la cosa juzgada constitucional, la Corte, como toda corporación judicial, puede alterar su jurisprudencia, según los cambios que el Constituyente introduzca en la normatividad, la evolución que vayan mostrando los hechos de la vida en sociedad, los nuevos enfoques que promueva el desarrollo del pensamiento jurídico y la composición misma del tribunal, no menos que las modificaciones que con el paso del tiempo vayan sufriendo las apreciaciones y convicciones de los magistrados, individualmente, en su interpretación del orden jurídico vigente.
`Desde luego, la normatividad establece las reglas mínimas que deben observarse en lo relativo a las mutaciones en la jurisprudencia y señala cómo han de tener lugar.
`De gran interés resulta la verificación de la competencia para los cambios jurisprudenciales, ya que, habiéndose creado las salas de revisión de tutela, no toda la jurisprudencia está contenida en fallos pronunciados por la S.P. de la Corporación. Es ésta, por supuesto, la señalada para modificar las tendencias doctrinarias que ella misma ha venido estableciendo y, por expreso mandato del artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, también para adoptar las decisiones que modifiquen la jurisprudencia sentada en las sentencias sobre amparo constitucional.'
''Agregó igualmente la providencia de la S.P. de 5 de junio de 1997 que:
`De otro lado, el concepto de "cambio de jurisprudencia" únicamente tiene lugar bajo el supuesto indispensable de que, en realidad, hay jurisprudencia en vigor, esto es, en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales aplicables y en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los mismos términos.
`Ello significa que no todo párrafo de una sentencia aprobada por la Corte Constitucional, aun citado fuera de contexto, se convierte de manera automática en jurisprudencia.
`En efecto, resulta indispensable la continuidad de unos criterios jurídicamente relevantes, con arreglo a los cuales se haya venido resolviendo, bajo directrices que implican la concreción de postulados, principios o normas que se reflejan de la misma manera en casos similares, razón por la cual el cambio de jurisprudencia se produce cuando, al modificarse la forma de interpretar el sistema jurídico, se resuelve en un nuevo proceso, con características iguales a las de los precedentes, de modo contrario o diverso
`Esto último no puede obedecer al mero capricho del juez, ni al voluntario olvido del reiterado sentido que, bajo los mismos supuestos, se ha venido dando a decisiones judiciales sobre hechos similares.
`Si así fuera, desaparecerían las reglas mínimas inherentes a la certidumbre de los asociados sobre el alcance de las normas jurídicas que regulan sus relaciones y se rompería, desde luego, el derecho a la igualdad. (Cfr. Auto de junio 5 de 1997. M.S.D.J.G.H.G.).''
De suerte que, la sentencia proferida por una Sala de Revisión puede todavía en casos excepcionales ser revisada por la S.P. de la Corporación dado que los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala plena de Corte. Así, basta recordar el auto No. 080, de 24 de agosto de 2000, M.P.J.G.H.G., en el que se puntualizó:
En conclusión, se tiene que, en el presente caso, el giro interpretativo fue hecho por una Sala de Revisión, órgano judicial al que no le fue atribuida esa competencia, en abierta contradicción con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, estima esta Corporación que se ha incurrido en violación del debido proceso y, por tanto, al tenor del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, la Sentencia T-441 de 2000, proferida por la Sala Primera de Revisión, está viciada de nulidad, y así habrá de declararse. Se dispondrá que se profiera nuevo fallo a cargo de la S.P. de esta Corporación.
La decisión de una Sala de Selección de la Corte Constitucional sobre cuales fallos de tutelas han de ser revisados y cuales no, se adopta con base en el criterio de los dos Magistrados que la conforman, pero no requiere motivación alguna Artículo 34 del Decreto 2591 de 1991.. Esta determinación, respecto de los casos que no se revisarán, pudo haber dejado por fuera en forma involuntaria casos que constituían vía de hecho o eventualmente entrañar una consideración que implícitamente implique un cambio de jurisprudencia. Por ello, este tipo de determinación no puede tener un efecto superior al de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión y tornar en inmutables y definitivas todas las providencias que comprenden la no selección, y menos aún si alguna de ellas es constitutiva de una vía de hecho. Aunque el efecto de la cosa juzgada constitucional es especialísimo, aún estas decisiones también solo lo adquieren cuando reúnen las condiciones propias para ser denominadas providencias. Pero si tenemos presente que una providencia proferida por la vía de hecho, aunque sea dictada por un juez de tutela, no puede ser considerada como tal, la decisión de no seleccionarla no puede tener la virtud de convertirla en una verdadera sentencia y por ello otorgarle los efectos de cosa juzgada, con lo que, la sola decisión de la Sala de Selección de tutelas, sin motivación alguna y compuesta por dos Magistrados, según criterio de la sentencia de la que me aparto, transforma lo inconstitucional en constitucional.
Conociendo la suscrita la complejidad del procedimiento de selección de tutelas por el alto volumen de procesos que semanalmente deben someterse a dicha consideración, y por la variedad de temas que ellos involucran, es una labor que se ha venido desarrollando de manera seria y responsable por parte de la Corte Constitucional. Pero no por ello es absurdo pensar que, por las mismas razones que hacen complejo tal procedimiento, se pueda escapar a la Sala de Selección, aún mediando insistencia, la de una tutela en la que se ha incurrido en vía de hecho, o que no se seleccione sencillamente porque el criterio de los dos Magistrados que la conforman se aparte de los lineamientos generales trazados por la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional, tal y como eventualmente puede ocurrir, así como ha sucedido en los casos de las sentencias de revisión que han sido revisadas y anuladas por la S.P.. Ante estas eventualidades excepcionales no puede la misma Corte Constitucional cerrar toda posibilidad de protección de los derechos fundamentales que en tales casos pueden estar conculcados, bien porque se niega el amparo ora porque se concede sin fundamento.
En la sentencia de la que me aparto se definió la no procedencia de la tutela contra tutela, y al resolver el caso concreto, además se incurrió en imprecisión al no haber revocado las dos decisiones proferidas en la segunda tutela. Si de acuerdo con la motivación de la providencia, no procede la tutela contra una sentencia de tutela, el juez constitucional al que le corresponda resolver una situación de tal naturaleza, debe rechazar de plano la demanda interpuesta en tal sentido, porque ningún caso tiene, como en efecto lo hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, acometer el estudio de fondo de la demanda para dilucidar si existió una vía de hecho o no. Cuando la S.P. de la Corte Constitucional concluye que no es posible ''interponer'' acción de tutela por vías de hecho contra fallos de tutela, debió aclarar y orientar el proceder que deben adoptar los jueces en casos semejantes en el futuro.

References: artículo 230
 artículo 40
 Artículo 49
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 230
 artículo 40
 artículo 49
 artículo 29
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 49
 Artículo 34