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Timestamp: 2017-02-28 12:14:37+00:00

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Se establecen las prescripciones técnicas para el sistema de firma electrónica que permitirá al ciudadano relacionarse electrónicamente con los servicios públicos
Se modifica el Código Civil Catalán con la creación del Registro de parejas estables
Llevar a un hijo a la guardería es un derecho laboral del trabajador
Juzgado de lo Social. Madrid. 23/10/2015
Puede leer el texto completo en www.ksp.es Marginal: 69469810
Se modifica el modelo 145 de IRPF sobre comunicación de datos del perceptor de rentas a su pagador
El apartado 2 del artículo 18 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la redacción dada a dicho precepto por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, establece una reducción del 30 por ciento en el caso de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2.a) de la Ley que tengan un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo.
Se aprueba el modelo 113 de IRPF para los contribuyentes que pierdan su condición por cambio de residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea
Orden HAP/2835/2015, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 113 de comunicación de datos relativos a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria, se establece la forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2015)
Con la finalidad de anticipar la información necesaria para confeccionar con la mayor calidad posible los datos fiscales que se ofrecen a los contribuyentes en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha considerado necesario anticipar al mes de febrero el plazo de presentación del modelo 170 de declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito.
El salario mínimo interprofesional para 2016 se incrementa a 655,20 euros mensuales
Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016. (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2015)
Las nuevas cuantías, que representan un incremento del uno por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Se modifican las retribuciones por incapacidad temporal para el personal de la Administración de Justicia
Se modifica la Resolución en el sentido de incluir nuevos supuestos excepcionales en los que se percibe el cien por cien de las retribuciones que se vinieran disfrutando, en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia comprendido en el artículo 470 de la Ley Orgánica 6/1985, del ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia.
Se modifican las retribuciones por incapacidad temporal para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se modifica la de 25 de junio de 2013, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales. (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2015)
Despido LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DEBE PAGARSE HASTA QUE SE CONFIRME QUE ES IMPROCEDENTE
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 20/10/2015
Puede leer el texto completo en www.ksp.es Marginal: 69469595
La aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, requiere el desarrollo de algunas de las previsiones recogidas en el citado Estatuto, en aras a garantizar la efectividad de los derechos que en él se recogen, así como una regulación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
Se establece que la decisión policial de no facilitar interpretación o traducción de las actuaciones a la víctima será siempre motivada, debiendo quedar debida constancia de la misma y de su motivación en el atestado. En relación con el derecho de información, se garantizará el cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 del Estatuto de la víctima del delito mediante la posibilidad de elaborar documentos que faciliten la información necesaria a las víctimas, sin perjuicio de acomodar esa información a las circunstancias y condiciones personales de la víctima, así como a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos.
Asimismo, se regula un procedimiento para hacer efectiva la obligación de reintegrar aquellas ayudas, subvenciones o gastos que haya realizado la Administración a favor de personas que han resultado condenadas por denuncia falsa o simulación de delito, para evitar el enriquecimiento de quienes se hayan aprovechado injustamente del sistema asistencial de protección a las víctimas.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se constituyen como unidades dependientes del Ministerio de Justicia o, en su caso, de las comunidades autónomas con competencias asumidas sobre la materia, que analizan las necesidades asistenciales y de protección de las víctimas, y que estarán integradas por personal al servicio de la Administración de Justicia, psicólogos o cualquier técnico que se considere necesario para la prestación del servicio.
Se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales al que solo accederán jueces, fiscales y policía judicial en el ámbito de sus competencias
Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2015)
Este real decreto regula la organización y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación, rectificación y certificación de la información en él contendida, configurando un instrumento eficaz para los fines perseguidos.
De conformidad con la previsión legal contenida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la que trae causa el presente real decreto, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el mismo y teniendo en todo caso presente el superior interés del menor cuya libertad e indemnidad sexuales se trata de proteger, el acceso directo al Registro se limitará a los órganos judiciales a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de sus respectivas competencias; al Ministerio Fiscal cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo; y a la policía judicial en el ámbito de sus competencias para el desarrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro. En todo caso, el acceso deberá estar vinculado a las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro.
Se aprueban las nuevas especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y penados
Orden INT/2573/2015, de 30 de noviembre, por la que se determinan las especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y penados. (BOE núm. 290, de 4 de diciembre de 2015)
AL DÍA PROCESAL Legislación
Se publica en el BOE el Reglamento que regula el sistema LexNet
La fundamentación de esta norma reglamentaria se encuentra en la nueva redacción del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la obligación de los Juzgados y Tribunales y también de las Fiscalías de utilizar cualesquiera medios técnicos electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, siempre con las limitaciones legales que resulten de aplicación.
Este real decreto también encuentra su base legal en los artículos 4 y 6 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, que establecen respectivamente el derecho de elección del ciudadano del canal a través del cual relacionarse con la Administración de Justicia y, en su caso, a elegir las aplicaciones y sistemas para hacerlo electrónicamente, y el derecho y deber de los profesionales de la justicia a relacionarse con ésta mediante canales electrónicos. No obstante, esta Ley ha sido modificada por la Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, disponiendo la posibilidad de que legal o reglamentariamente se establezca la obligatoriedad de comunicarse con la Administración de Justicia solo por medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Se regula el procedimiento para que los particulares soliciten informes periciales a los Institutos de Medicina Legal en casos de circulación de vehículos
Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. (BOE núm. 303, de 19 de diciembre de 2015)
El nuevo artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, establece que reglamentariamente puedan precisarse las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y entrega del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondiente, además de que por esta vía se garantice la especialización de los médicos forenses en la valoración del daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes. Jurisprudencia
Los “pantallazos” del móvil se aceptan como prueba para condenar por amenzas
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala Segunda. 27/11/2015 La Sala II del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del acusado, un ciudadano chino residente en Barcelona, y reitera su doctrina de que los celos no justifican, con carácter general, la aplicación de la atenuante de arrebato u obcecación en las agresiones de violencia de género, “sobre todo en casos de divorcio en los que, por definición, renace el derecho de ambos cónyuges a rehacer un proyecto propio de vida afectiva”.
Para el Supremo, no puede aceptarse como digna de protección una conducta que no hace sino perpetuar una desigualdad de género, privilegiando injustificadas reacciones coléricas.
Puede leer el texto completo en www.ksp.es Marginal: 69469620
Jurisprudencia Legislación	2016-01-25

References: artículo 18
 artículo 17

Real Decreto 
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 470

Resolución 
 artículo 5

Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 230
 real decreto 

Real Decreto 
 artículo 7