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Saber leyes no es saber derecho - Feedage - 2569101
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Updated: 2018-03-14T08:15:29.109-03:00
2018-03-05T11:09:55.722-03:00
Tradujimos los dos porque si bien Roe v. Wade es el caso famoso, su caso compañero Doe v. Bolton fue resuelto el mismo día y las opiniones deben leerse juntas (y, de hecho, se "citan" entre si). Para sintetizarlos muy rápidamente, "Roe" establece un grado progresivo de regulabilidad o injerencia estatal conforme avanza el desarrollo del feto, y "Doe" lo complementa estableciendo un concepto amplio de "salud" en lo que concierne a los intereses de la madre.Al ser casos siameses, verán que las disidencias y concurrencias que aparecen en los fallos son explícitamente identificadas como aplicables a los dos. De modo que la disidencia del juez White no aparece desarrollada en "Roe", pero si en "Doe", y la hace extensiva al caso anterior.Hasta ahora estas sentencias no estaban traducidas completas. En estos casos tan importantes es recomendable leer los fallos enteros, porque la cadencia y la estructuración argumentativa no puede ser suplida por ningún extracto. El texto es largo (son más de 70 páginas) y puede ser algo farragoso o técnico sobre todo al principio. Si les interesa ir al hueso, pueden comenzar por la parte V de la Opinión de la mayoría en "Doe", allá por la página 12. No solo su comprensión es perfectamente posible para "no abogados" (aunque los abogados van a reconocer algunas cosas procesales de interés), sino que también -y para ambos mundos- verán (tanto en la opinión de la Corte como en concurrencias y disidencias) argumentos razonados y bien desarrollados. Las notas al pie son en su mayor parte referencias bibliográficas adicionales, pero algunas tienen ideas o conceptos que amplían los fundamentos y que vale la pena leer.Doe y Roe son apellidos que convencionalmente se utilizan como seudónimo de reemplazo cuando se busca preservar la identidad de las partes. Decir "un John Doe" es como decir "un Juan Pérez". Acá ven algo más sobre esto. En ambos casos, las contrapartes son los funcionarios representantes de cada Estado demandado, de modo que en sentido sustancial la demanda Roe era contra Texas y la Doe era contra Georgia).Advertencia: hay otra familia de "Does" que también aparece en el caso "Roe", y a la que se le deniega carácter de parte (legitimación). Esa familia no es la misma que la del caso Doe v. Bolton. Los Does de Texas no son los mismos Does de Georgia.Cada tanto verán que el renglón del texto es interrumpido con corchetes que dicen cosas como "[410 US 179, 212]". Eso corresponde a la referencia en la notación oficial de la colección de los fallos de la Corte norteamericana. El primer nombre es el tomo, y verán que no cambia nunca, el segundo es la página, y esos corchetes se insertan para hacerla según la "nomenclatura" oficial y común si es necesario citar una parte específica. Verán que a lo largo del texto se citan de igual modo numerosos fallos de la Corte. La notación oficial para Roe v. Wade es 410 U.S. 123 y la de Doe v. Bolton es 410 U.S. 179Obviamente, pueden ver las sentencias en inglés para leer los fallos originales: acá Roe v. Wade y acá Doe v. Bolton. Acaso en algún momento hagamos un post hablando mas en extenso de los antecedentes de estos casos y de sus consecuencias, revisiones, aplicaciones y mutaciones.Pasamos entonces a enlazar las versiones en Word, en PDF, y transcribimos los fallos en este mismo post, luego del salto.> Versión en Word> Versión en PDFAceptamos aportes y sugerencias sobre la traducción***Corte Suprema de los Estados Unidos de AméricaRoe v. WadeNo. 70-18410 U.S. 113 Audiencia: 13 de diciembre de 1971 – Reargumentación: 11 de octubre de 1972 Fallo: 22 de enero de 1973SyllabusUna mujer soltera embarazada (Roe) interpuso una demanda colectiva contra la constitucionalidad de las leyes penales de aborto de Texas, que prohíben procurar o intentar un aborto, excepto por recomendación médica con el fin de salvar la vida de la madre. Se autorizó la intervención en la causa también un médico matriculado (Hallford[...]
2018-01-10T13:23:10.107-03:00
Aunque la conocemos recién ayer, el saldo va al año fiscal de 2017, y aunque su tenor es "consultivo", su importancia es mayúscula porque fija un estándar muy específico para los países del Sistema Interamericano.El comunicado de síntesis puede verse acá, y la Opinión Consultiva 24/2017 completa en este enlace (89 páginas). Presentándolo desde el puro resultado decimos: establece que el estándar es el de derecho a la identidad trans y el del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.Es posible que desde nuestro país, que tiene estos temas legislados ya hace tiempo, no se avizore claramente en qué medida se trata de un decisión MUY audaz. Baste con decir que solo 6 de los 23 Estados Partes de la Convención y 8 de los 34 Estados Miembros de la OEA incluyen en sus legislaciones al matrimonio entre personas del mismo sexo. A contrario sensu, el resto de los países está quedando fuera del estándar definido por la Corte en la parte de la OC dedicada a ello.La Opinión Consultiva había sido requerida por Costa Rica en mayo de 2016. El año pasado se abrió el procedimiento a las observaciones, que pueden verse en este enlace. Por ejemplo, pueden ver aquí la observación del Estado Argentino, que en lo sustancial cuadra con la solución que daría la Corte IDH: los Estados tienen la obligación de reconocer igualdad de derechos de forma independiente a la orientación sexual de las personas. Se hizo también una audiencia de la Corte IDH en mayo de 2017, que puede verse en este video.Hay opiniones independientes del Juez Vio Grossi y del Juez Porto, a las que nos referiremos luego.La Opinión Consultiva sigue líneas preestablecidas en casos contenciosos como Karen Atala Riffo y Niñas vs. Chile (sobre la denegatoria de "patria potestad" a quienes conviven con parejas del mismo sexo) y Homero Flor Freire vs. Ecuador de 2016 (sobre la sanción de expulsión del ejército a quien mantuviera actos sexuales con personas del mismo sexo).Como detalles técnicos generales, destacamos:Yogyakarta. La mención recurrente como fuente soft law a los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (que ya habían sido usados por la Corte IDH en Angel Alberto Duque vs. Colombia de 2016, un caso donde se trataba la denegatoria de pensión al supérstite de una pareja del mismo sexo).Aplicación doméstica del Estándar de la OC. La Corte recuerda que cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo. El vigor de la exhortación es ajustado al peculiar contexto de la competencia consultiva, y por eso se habla de que el estándar allí definido "constituye una guía a ser utilizada para resolver las cuestiones relativas al respeto y garantía de los derechos humanos en el marco de la protección a personas LGBTI y así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos" (pfo. 27).Interpretación progresiva: los Derechos de la Convención no están "petrificados". "Cuando los Estados han utilizado términos genéricos en un tratado, indefectiblemente tendrían que haber sido conscientes que el significado de éstos cambiaría con el tiempo", dice la Corte en el pfo. 188. Y teniendo en cuenta ello, dirá el pfo. 193: "Quienes redactaron y adoptaron la Convención Americana no presumían conocer el alcance absoluto de los derechos y libertades fundamentales allí reconocidos, motivo por el cual, la Convención le confiere a los Estados y a la Corte la tarea de descubrir y proteger dichos alcances conforme al cambio de los tiempos. Así, la Corte considera no estar apartándose de la intención inicial de los Estados que pactaron la Convención; por el contrario, al reconocer este vínculo familiar el Tribunal se apega a dicha intención original". Mas adelante volveremos sobre esto, a propósito del voto de Vio Rossi.S[...]
2017-12-29T12:41:52.418-03:00
Ayer escribimos aquí una selección (comentada telegráficamente) de los casos más importantes de la Corte en 2017.Hoy vamos a ver qué pasa en la dinámica de la Corte a la luz de alguna estadística, y para eso nos basaremos en una selección algo más amplia de los casos que reportamos ayer. En concreto, en una lista que armamos ad hoc bajo criterio de relevancia técnica y/o institucional, de 44 casos, que puede verse en este enlace. Por si acaso, aceptamos sugerencias de casos que pudieran ser sumados allí.Todos los números que siguen entonces están calculados en función de ese segmento "círculo rojo" de fallos, no sobre el multitudinario total de los casos (lo que ocultaría la verdadera dinámica de la Corte bajo el humo del consenso extendido en rechazos formulaicos).Mayorías y minoríasAntes que nada: computamos mayoría y minoría tal como lo ponga la Corte en el fallo. Esto implica que si hay un "en disidencia parcial", para nosotros es un voto en minoría, y si es un "por su voto", para nosotros es mayoría.Dicho esto, tal como explicamos en 2008 en una matemática de la disidencia, en cortes de siete o nueve es menos frecuente estadísticamente que se den fallos resueltos por un voto. Siendo este el primer año natural desde 1988 en que la Corte funciona con cinco miembros, es dable esperar que haya más de estos casos. El 43 % de los casos notables salió con disidencias. Puede parecer algo disperso, pero es la línea del promedio histórico, que considerando casos relevantes desde 1983 me da 41%.El 17 % de casos salieron con la mayoría mínima (3-2), algo por encima del promedio histórico (10 %), pero debe tenerse en cuenta que durante años la Corte funcionó con 7 y con 9 y eso bajaba las chances de mayorías mínimas. De los importantes, el único que salió 3-2 fue "Muiña" (2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad). Y con un poco de viento a favor podríamos reputar importante a "Flores" (un caso que no estaba en nuestra lista de ayer, y que acaso debió estarlo, en donde la Corte se pronuncia por la validez del límite de cobertura establecido en el contrato de seguro obligatorio automotor) así que serían dos (o tres, si computamos las disidencias parciales del disperso "Gimbutas").Evaluación políticaNo hay mucho que ver en el período en el rubro "La Corte frente al gobierno". Está el caso del Fondo del Conurbano, que podría interpretarse como un guiño de la Corte a la PBA y por ende al gobierno nacional, que no llegó a fallo de fondo. Salvo que computemos "a favor del gobierno" la resolución en contra de la sindicalización policial, nos queda "Barrera Echeverría", donde la Corte rechazó un amparo para responer en el empleo a despedidos de Lotería. Y no mucho más.En algún momento, cuando haya más puntos de datos, podremos retomar una evaluación más precisa de la influencia de la Corte en líneas de apalancamiento o de controversia de la política de coyuntura. Puede decirse, por el momento, que en 2017 esa judicialización que algunos denuncian como lawfare (y la categoría es controvertidísima, pero eso nos excede) se estuvo sustanciando a nivel comodoresco más que supremo. Otra cosa fue 2016, con la Corte terciando en los reajustes tarifarios resueltos sin audiencia pública.SwingersSe puede poner la lupa en los casos 3-2, en los que un cambio de voto cambiaba el resultado. Así construimos el índice swinger (por swing vote) calculando la proporción de casos en que un ministro dado quedó del lado de la mayoría en estos casos disputados.El premio swinger le corresponde en 2017 a Rosenkrantz, que quedó del lado de una mayoría 3-2 en el 15,91% de los casos (esto significa que esa es la proporción de casos que se hubieran resuelto diferente si él cambiaba su voto). El segundo lugar lo comparten Highton y Lorenzetti con 11,36 %; atrás quedan con 9,09 % Rosatti y con 6,82 % Maqueda.Es por el momento una curiosidad estadística. Sólo un alto índice swinger sostenido en el tiempo[...]
2017-12-29T12:44:25.672-03:00
La lista corresponde a nuestro propio y personal criterio. Luego, en este post aparte complementamos con algunas valoraciones de contexto servidas sobre finas hierbas de apostillas estadísticas. Para seguir el año en su propio -e intenso- ritmo (?) los listamos en orden de aparición.1 (y 15). "Ministerio RR.EE. s/ informe sentencia dictada en el caso 'Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina' por la Corte Interamericana de Derechos Humanos". 14/2/2017. El fallo que algunos amaron, otros odiamos, y otros aman odiar. En su momento nos pareció un despropósito: post acá. Abrió en su momento muchas incógnitas y ahora se debe leer en tándem, ya con el resultado puesto, con la resolución de diciembre, que tratamos aquí, que optó por la expeditiva solución de inscribir una addendita sobre la sentencia interamericana en el protocolo de fallos de la Corte, que le había sido sugerida no muy sutilmente por el propio tribunal de San José, y sanseacabó. Nota técnica: las incluimos en la lista con licencia literaria, y porque tienen "forma" de fallos, pero lo cierto es que esa no sería su "naturaleza jurídica", sino que ambas son resoluciones.2. "Schiffrin, Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa". 28/3/2017. El fallo más largo del año (118 páginas) y acaso el primero que mandaron a publicar en el Boletín Oficial. La Corte declaró la validez de la cláusula que limita el mandato de los jueces al cumplir 75 años. Acá el comunicado del CIJ. Nosotros estamos de acuerdo con la disidencia de Rosenkrantz.3. "Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales". 17/4/2017. Uno de los casos con audiencia pública (realizada en 2015) que permanecía sin resolver. Con mayoría estrecha la Corte concluye que el derecho de sindicalización puede ser restringido para fuerzas de seguridad. Son buenas las disidencias de Maqueda y de Rosatti, que tratan de hacer la diagonal: sindicalización si, pero huelga no. Acá el reporte del CIJ.4. "Muiña". 3/5/2017. Acá el reporte del CIJ y acá nuestro post. También conocido como "Bignone" (es su carátula oficial), o si vas a la calle, el fallo que aplicó 2x1 a delitos de lesa humanidad. Es en efecto el único de la lista que trascendió a gran escala la burbuja del gremio jurídico, y uno de los tres picos de rating de la Corte en el último lustro (ver post sobre eso). A la luz de la reacción ulterior, ley interpretativa incluida, puede leerse como una doctrina sujeta a variaciones. En este post imaginamos cuál podría ser el próximo paso de la Corte sobre el tema.5. "Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional y otras s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos". 06/06/2017. Primer acto impulsivo de la causa que reclamaba por el relegamiento del Fondo del Conurbano. No es un fallo sino una resolución que tiene efectos expansivos, citando a todas las demás provincias. Es importante leerla a la luz de las alternativas que la Corte no siguió: darle largas al asunto, declararla inadmisible por alguna razón leguleya, o no "socializar" la demanda. Luego hay cosas, señales, que ha veces no se escriben con un fallo sino con una foto. Hoy por hoy el tema está "saldado" políticamente con un acuerdo que han firmado todas las provincias menos una.6. "Acuerdo para el Bicentenario c/ Provincia de Tucumán s/ amparo". 11/07/2017. Mas allá de confirmar el resultado de las controvertidas elecciones de 2015, en este fallo unánime hay muy importantes notas sobre temas de derecho electoral y control judicial de escrutinios. Llama la atención la Corte, criticando el fallo que anulaba las elecciones, sobre “el salto cualitativo consistente en la anulación de las elecciones en toda circunscripción por hechos de violencia advertidos en seis lugares de votación correspondiente a cuatro localidades frente a los 392 locales preest[...]
2017-12-14T13:10:23.892-03:00
En las muy interesantes audiencias que hizo la Corte sobre el caso "Castillo", sobre educación religiosa en Salta, se iba descubriendo una solución posible que se inscribe en la lógica de la bisectriz que la Corte suele aplicar: partir la diferencia entre dos posturas. Pero hay, como veremos, mucho más que eso: no es un rústico y simple fallo salomónico.Para resumirlo muy rápido: la Corte dice que es inconstitucional enseñar religión "dentro" del horario de clase, pero que no habría problema en hacerlo afuera (el modelo de la ley 1420) y sin que integre el programa. En mayoría firman eso: Lorenzeti, Highton, Maqueda. En disidencia Rosatti postulaba: es constitucional también "dentro", pero requiere ajustes (veremos cuáles). Rosenkrantz no vota (se excusó por formar parte -al momento del inicio del caso- de la Asociación por las Derechos Civiles, la ONG que promovió la causa). Pueden ver el fallo en este enlace via CIJ. En su decisión la mayoría admite la constitucionalidad del artículo 49 de la Constitución de Salta que establece el derecho de recibir en la escuela pública educación religiosa que esté de acuerdo con las convicciones de los padres o tutores de los alumnos, pero declara la inconstitucionalidad de la normativa infraconstitucional salteña que imponía su carácter obligatorio (y, por violatorio de la intimidad personal, del sistema de formularios archivables que requieren una declaración de los padres al respecto). Es la misma solución que propiciaba el dictamen de la Provcuración de Víctor Abramovich en el caso.En el medio de todo eso, la Corte hace un recorrido más que interesante. Hace un rescate emotivo de la Convención reformadora del 94, reportando que los convencionales aludían al carácter laico de la educación pública, y subraya que el principio de neutralidad religiosa se proyecta a la posibilidad de profesar o no libremente su culto en el ámbito escolar (Considerandos 13 y 14). Esa posibilidad negativa le permite a la Corte entenderlo también implícito en el precepto de la Constitución de Salta, para salvar su constitucionalidad "en abstracto". Y aclara a propósito que "las provincias conservan la facultad de introducir sus propias particularidades en materia educativa, respetando sus tradiciones, símbolos e identidades locales y regionales", pero todo ello a partir de "un piso mínimo constituido por el diseño establecido en la Constitución Nacional", en el que se inscribe "el principio de neutralidad religiosa en el ámbito de la educación pública". Otra historia (que ya colateralmente se había planteado en la audiencia) es cómo hará Salta para mantener la neutralidad en la educación religiosa fuera de las escuelas, -el gobernador avisó hoy mismo que enviaba un proyecto de ley siguiendo el nuevo criterio, que seguramente tenía preparado en anticipación del resultado- pero eso queda para otro litigio.Al pasar, una perlita de slippery slope en el considerando 37.De entre todo lo que hay para ver, destacamos lo que anticipamos en el título.Control de constitucionalidad de normas de discriminación encubierta: ahora "as applied".Hay una construcción MUY importante en el fallo "Castillo", que se desarrolla entre los considerandos 20 a 28. La Corte dirá que la normativa salteña es irrazonable por contener discriminación encubierta, toda vez que su consecuencia ha sido "un comprobado efecto sistémico de desigualdad".La ortodoxia del control de constitucionalidad argentino (y no es el caso en otros sitios) siempre ha asumido que la inconstitucionalidad solo podía ser "por la norma misma" (on its face), y no por la forma en que una norma se implemente o los resultados que provoque (as applied). Debo decir que cuando yo ilustro este punto en clases, solía aludir hasta ahora al obiter de Grupo Clarín, en el que la mayoría de la Corte d[...]
2017-12-13T08:20:53.587-03:00
Dejamos pasar, y volvemos a tratar ahora, un fallo de hace unos días, uno de los más importantes del año, que ha tenido poca difusión más allá de las dos provincias involucradas. Y en realidad es la secuela (o, acaso mejor dicho, el spin-off ambiental) de "La Pampa vs. Mendoza", el primer y hasta ahora único caso resuelto bajo el molde del art. 127 de la Constitución Nacional, que fuera fallado en 1987 declarando la interprovincialidad del Río Atuel (que Mendoza negaba) y a la vez asignándole a la provincia demandada una mayúscula cuota de uso para riego asegurada por su precedencia en el aprovechamiento de las aguas.Previously on:En este post de 2014 explicamos el asunto desde el principio, y explicamos por qué no podía ni debía prosperar una excepción de "cosa juzgada" que pusiera Mendoza, y a él remitimos también para que: se pongan en autos de los episodios ya emitidos por el Canal de Fallos de la Corte Suprema.En este post hablamos de lo que pasó en las audiencias públicas de junio de este año, y allí remitimos para conocer ese último capítulo, en el que avizoramos correctamente claras señales de lo que terminó pasando.Lo que hace el fallo de la semana pasada fue en efecto desestimar la excepción opuesta por Mendoza, definir algunas cuestiones MUY relevantes para enmarcar el caso, y emplazar a las partes para que busquen soluciones. Veamos entonces.El fallo de la Corte SupremaLa jurisdicción del 127 es de equidad, no estrictamente jurisdiccional. Recordemos que la Corte interviene aquí en una función jurisdiccional especial, la del artículo 127 CN ("Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella") y el fallo dedica algunas líneas a perfilar este competencia.En los considerandos 7º, 8º y 9º se habla de una función prudencial, en donde "el Tribunal debe utilizar las herramientas necesarias para arribar a una solución del conflicto de modo gradual". Aclarando que hay discrecionalidad y no arbitrariedad, se dice que "se inspira en la equidad y los principios propios del sistema federal constitucional, en miras a garantizar un federalismo lealmente aplicado".Es interesante ver el contrapunto con el voto separado de Rosenkrantz, quien a este respecto la percibe de una naturaleza mixta. Primero hay una función cuasi mediadora, pero luego si esa fase conciliatoria no prospera, terminará siendo una jurisdicción: "no debe entendérsela como una actividad arbitral discrecional ni como un juicio de equidad pues ella, a diferencia de estas últimas, está claramente enmarcada por el derecho vigente".Federalismo de concertación. La intervención de la Corte en ese "modo equidad" no debe ser "salomónica" sino comunitaria. "Frente a la existencia de tensiones en las .relaciones inter-jurisdiccionales, es necesario asumir una percepción conjuntiva o cooperativa, propia de un federalismo de concertación, que supere los enfoques disyuntivos o separatistas" (cons. 7º).Consecuencia práctica de ello: "las decisiones del Tribunal deberán ser aplicadas por las partes conforme' al criterio de "buena fe",' siendo, este estándar un factor relevante al momento de ponderar las responsabilidades que pueden emerger en caso de incumplimiento" (cons. 9º).Es preciso insistir en el principio de "buena fe". A veces, secuestradas por la ambición negadora de sus equipos políticos y jurídicos, las partes se ensartan en el festival de la acusación belicista, la retaliación, la negación y la chicana. Esa no es una conducta aceptable en juicios entre provincias.La matriz jurídica de la decisión del 87 quedó obsoleta. Lo explicamos con dos párrafos salteados del considerando 5º:"Con el paso de los años, el conflicto involucra ahora cuestiones de mayor alcance y derechos de incidencia colectiva incorporados en la reforma de la Constitución[...]
2017-12-08T20:28:32.423-03:00
Primer actoRecordemos que en resolución de febrero de este año -en expediente que decidió caratular "Ministerio RR.EE."-, se rehusó a dejar sin efecto la condena civil ratificada por la Corte Suprema Argentina en 2001 en la causa promovida por Carlos Menem contra dos periodistas de "Noticias". Eso era lo que demandaba el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en la causa "Fontevecchia y D´Amico" de 2011. En el sistema interamericano, como sabemos, se suele decir "no somos cuarta instancia" para rechazar los planteos que pretenden llevar allí temas de puro derecho doméstico. Pero la Corte argentina -entre otros argumentos- usó eso mismo para decir: "ok: si no sos cuarta instancia, entonces tampoco podés revocar mis fallos". Mucha gente razonable quedó bastante entusiasmada, confundida por este desafortunado juego de palabras, luego sazonado con alusiones a un "margen de apreciación" también puesto boca abajo (es en todo caso un criterio a tener en cuenta en un tribunal supranacional para usar el derecho regional comparado como indicador de consensos no establecidos, no una fórmula que los tribunales nacionales puedan usar para decidir cuando y cómo cumplir) y por una interpretación del art. 27 CN sobre "principios de derecho público" que -valga la redundancia- era petición de principio porque convenientemente el contenido del principio se determinaba con aquello mismo que se pretendía demostrar. Esto llevó luego a mezclar algunas discusiones bizantinas o semánticas con otras preocupaciones reales pero inatinentes al caso mismo (por ejemplo, cuál es la legitimidad de la Corte IDH para decir esa o cualquier otra cosa, etc.). Y mientras tanto, como dijimos aquí, "aprovechando el humo y el polvo levantado por "Ministerio RR.EE." hubo voces que propiciaron en abstracto e incluso firmaron en sentencias el desenganche absoluto y radical del sistema jurídico argentino del interamericano (cosa que ni la misma sentencia de aquel ya lejano febrero en rigor propiciaba)".Para nosotros, la encriptada tentativa de secesión de la Corte del Sistema Interamericano fue un error técnico e institucional, que sumariamente comentamos en este post, y luego desarrollamos en otros artículos que constan en las hemerotecas del gremio.Segundo actoA ello le siguió la resolución del lunes 30 de octubre, que describimos aquí como el Cyber Monday de la Corte IDH, que jugaba a dos bandas. En primer lugar, era bastante asertiva en la improcedencia e inconsistencia de aceptar que hubiera una zona de exclusión conforme a la cual los fallos de la Corte Suprema quedaran al margen del examen de convencionalidad. En segundo lugar, "quitaba hierro" al asunto, y le decía "es por acá" en el considerando 21el Estado podría adoptar algún otro tipo de acto jurídico, diferente a la revisión de la sentencia, para dar cumplimiento a la medida de reparación ordenada, como por ejemplo la eliminación de su publicación de la páginas web de la Corte Suprema de Justicia y del Centro de Información Judicial, o que se mantenga su publicación pero se le realice algún tipo de anotación indicando que esa sentencia fue declarada violatoria de la Convención Americana por la Corte Interamericana.Tercer actoY entonces llegamos al 6-D. Anteayer, en unánime (sin firma de Maqueda) y escuetísima resolución, la Corte dijo que "considera compatible con la Constitución el requerimiento de la Corte Interamericana de dejar asentada su decisión en una sentencia nacional previa". En el considerando 2°) explica, en efecto, su convicción de "esta aclaración es plenamente consistente con los argumentos desarrollados por este Tribunal para fundar su pronunciamiento de fecha 14 de febrero de 2017, en el que se de­cidió la improcedencia de revocar una de sus sentencias pasada en autoridad de cosa juzgada". Y luego dirá en el 4º que no[...]
2017-12-07T20:48:00.797-03:00
Los tratamos en el orden lógico, porque si hubiera resuelto que "sí a los fueros" lo demás era secundario.Causa sobre Fueros parlamentarios del Mercosur: no hay fueros.Acá el fallo y reporte del CIJ. Respuesta de la Corte, empezando por el final: no hay. Sólo la Constitución puede dar fueros. Ahora bien, si esto es así: por qué razón hay inmunidades a diplomáticos. No, no están en la Constitución. Sí en Tratados. Y el Mercosur es ... oh, wait a minute: sí, un Tratado. Entonces sí hay alguna complejidad.La Corte dice que la inmunidad de arresto sólo aplica a lo que los parladiputados hagan en el marco de su parlaescaño ("por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones", dice el art. 12 punto 2), y que muy otra cosa es la "libertad de desplazamiento", que no es una inmunidad sino una prerrogativa. En el Protocolo Constitutivo esto está explicitado en estos términos, en el art. 12 punto 3:3. Los desplazamientos de los miembros del Parlamento, para comparecer a su local de reunión y de allí regresar, no serán limitados por restricciones legales ni administrativas.La Corte (simplifico, no es literal) dice que una prisión preventiva no es una "restricción legal ni administrativa", sino otra cosa, una medida puntual de un Poder del Estado, y que por ende no cae en el supuesto de ese punto. Esto es algo vidrioso: es una medida puntual que se sustenta en una disposición legal, con lo cual vista desde el ángulo adecuado termina siendo no otra cosa que una restricción legal. (Si quieren salir del caso Milagro Sala, piensen en lo siguiente: un parladiputado que se declara en quiebra y al que el juez le prohíbe salir del país, tal como dice la Ley de Quiebras: ¿es una restricción "legal", o es una restricción "judicial"?). Al final un purista podría decir que inmunidad y prerrogativa terminan cayendo en el mismo cuadrante (el último) de la legendaria tablita de Hohfeld, y que entonces solo hay una mera semántica, pero esto ya se pondría muy técnico.Ahí la Corte argumenta a contrario: dice que si asume que el Congreso podía dar fueros, por vía del párrafo 3 se estaría también ampliando el alcance de la "inmunidad" contemplada en el párrafo 2, esta vez introduciendo una "inmunidad de arresto" no prevista que podría frustrar la eficacia de un "procedimiento penal" no alcanzado por inmunidad. No se puede, dice la Corte, ampliar ilegítimente el alcance de la "inmunidad" por vía de interpretación de una "prerrogativa". Este argumento también puede ponerse boca abajo, id est: no se puede reducir el efecto de una prerrogativa en base a la interpretación restrictiva de una inmunidad.Lo cierto es que la ley 27.120 del Congreso explícitamente equiparaba a los parladiputados a los diputados de la Nación, y en ese punto esto implica que también gozan de sus mismas inmunidades. La respuesta que da la Corte va por varios lados: primero dice que sólo la Constitución puede dar inmunidades. Y luego agrega que también puede haber inmunidades por razones de derecho público provincial (por ejemplo las que tienen diputados provinciales) y por razones de derecho internacional público ... como las que aparecen en Tratados. De forma tal que aquí volvemos a la primera línea argumental: la inmunidad se puede por Tratado sí y solo si está adentro del tratado. Para la Corte, la inmunidad en versión ley 27.120 no era un complemento sino una "ampliación" de la inmunidad que efectivamente el Tratado otorga, y por eso no es aceptable.¿Qué pienso yo al respecto? Este comentario ha buscado darle al fallo un juicio justo, y en el camino me habrán visto dudar. La verdad es que no veo que el argumento de la Corte esté mal hecho, ni dejo de advertir que el argumento de la Corte tiene lapsus. A veces es así nomás.Causa sobre prisión preventiva; se confirma, pero con arresto domiciliar[...]
2017-11-24T20:59:04.044-03:00
Sin un orden en particular, recopilamos imágenes que hemos generado o capturado a lo largo del año en nuestra cuenta @gustarballo en twitter.Legislación vs. JurisprudenciaUna remera que digaDel argumento de la Corte para denegar el voto a la mujer, en "Lanteri de Renshaw" (sobre quien escribimos acá) de 1929Rosatti sobre la función del juez versus el pintor de brocha gorda (De una entrevista que dio para El Litoral)Fayt votó en contra de la acordada de "Amicus". Tiempo después la Corte sacó otra acordada, y entonces Fayt votó a favor. Esto dijo.Evidentemente el Doctor Salvat - como todo hombre de bien- primero escribía y después se dedicaba a buscar las fuentes que le coincidieran con su doctrina --a modo de "retoque definitivo"--.Efectos de la procastinación en procesos decisoriosEn la premisa de este inquietante cartel noto una suerte de lógica rawlsiana de velo de ignorancia.Estudiando para un examen de Derecho, foto ilustrativa.Bonus track en videoHay aquí un interesante debate jurídico-semántico, y también sobre quién tiene la última palabra.pic.twitter.com/NN8YQqae32— Gustavo Arballo (@GustArballo) 6 de junio de 2017CSJN 2012-2016 | Evolución estadística de cinco años en la CorteClick para ver este gráfico aparteLo primero que vemos es una regresión en el flujo de salida de la Corte en las dos estadísticas.Pongamos la lupa sobre "sentencias elabordas": el dato concierne a las sentencias desarrolladas con fundamentos de la propia Corte Suprema, excluyendo entonces remisiones a dictámentes, casos resueltos por mera remisión a otros que sí tuvieron desarrollo, y las "planchas" y fórmulas de desestimación.Luego del top de 2014, de 271 sentencias, encontramos que el año pasado aparecen reportados 132 fallos. Ya es claro que estamos -y será para rato- en la zona en esa "Corte de 200 sentencias" que tantos pronosticaban, temían, anhelaban.Desde un punto de vista institucional, la implicancia de ello es que es factible que un tribunal pueda administrar este flujo de salida de sentencias como una Corte "única" (no dividida en salas, posibilidad que en su momento consideramos y rechazamos por tres motivos). Si las sentencias son muchísimas, entonces cabe asumir que las chances de supervisión o mirada firme de los firmantes son pocas y que se incrementa la práctica de la delegación. Como vemos, ahora son no son muchas, y una vocalía bien organizada puede hacer su trabajo sin más que una delegación instrumental.Desde el punto de vista del operador, esto implica que no es muy costoso mantenerse al día, porque de acuerdo a la rama que se ejerza no hay mucho más que 30 lecturas relevantes por año. Para demostrarlo hacemos una aproximación a ello a partir de las Secretarías (enseguida explicamos en detalle como funcionan las estructuras de la Corte) y llegamos al siguiente gráfico (como en el anterior, click en cada burbuja para ver datos del rubro).Agregamos que desde el punto de vista del "ecosistema jurídico" un exceso de derecho judicial puede generar polución normativa. Un argumento virtuoso plausible para el "achique" es que la Corte tiene que ser cauta en el volumen de derecho que produce. O dicho de otro modo: algo estaría muy mal en un sistema donde la Corte produjera mil sentencias "elaboradas" nuevas por año. Mirada de Rayos X sobre las Secretarías de la CorteLas planillas difundidas por la Corte incluyen un desglose por Secretarías. Para explicar qué significa este desglose hay que recordar que en el tribunal hay dos estructuras que operan en paralelo.Una es la de las "secretarías" que formalmente tienen un número correlativo (con el que son identificadas en el organigrama, y también en el informe) pero esencialmente intervienen sólo en casos de ciertas materias&nb[...]

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 127
 resolución 
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