Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-164-de-marzo-5-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d61a4c690bc1006ee0430a010151006e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 02:54:22+00:00

Document:
﻿ Sentencia T-164 de marzo 5 de 2012
SENTENCIA T-164 DE 05 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:RESPETO DE LA CONFIANZA LEGITIMA FRENTE A LAS EXPECTATIVAS DE LOS ADMINISTRADOS EN CUANTO AL DERECHO A LA EDUCACIÓN. EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, EN PARTICULAR FRENTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN, EL ESTADO DEBE BUSCAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LAS PERSONAS QUE OPTEN POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE DEBERÁ FACILITAR LOS MECANISMOS FINANCIEROS QUE HAGAN POSIBLE TAL OBJETIVO, ASÍ COMO LOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA ALCANZARLOASÍ MISMO, CUANDO SE HAN ADOPTADO ESTAS MEDIDAS, DEBE RESPETARSE EL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA, EL CUAL ADQUIERE IMPORTANCIA CUANDO EL ESTADO HA CREADO EXPECTATIVAS FAVORABLES PARA LOS ADMINISTRADOS EN CIERTAS CONDICIONES ESPECIFICAS Y SÚBITAMENTE CAMBIA LAS CONDICIONES, OCASIONANDO UN DESEQUILIBRIO EN LA RELACIÓN QUE ENTRE ELLOS SE HUBIERE GENERADO. POR LO TANTO LA CONFIANZA QUE LOS CIUDADANOS DEPOSITAN EN LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEBE RESPETARSE Y PROTEGERSE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
Sentencia T-164 de marzo 5 de 2012
Ref.: Expediente T-3.234.345
2.3. En la cláusula quinta, numeral primero, del mencionado acuerdo, se fijó el canon de arrendamiento en quince millones de pesos moneda legal vigente ($ 15.000.000), el cual pagaría la universidad, entre otras, de la siguiente manera: “otorgando tres (3) becas anuales hasta culminar estudios en los programas de derecho y administración de empresas, y en los nuevos que se llegaren a implementar, a las personas que designe el departamento”.
2.4. El 4 de noviembre de 2005, las partes acordaron aclarar el numeral primero de la cláusula quinta del contrato, en cuanto al número de becas que otorgaría la universidad, quedando así: “tres (3) becas anuales hasta culminar estudios, en el programa de derecho y ciencias políticas, tres (3) becas anuales hasta culminar estudios, en el programa de administración de empresas y, en igual cantidad y tiempo, en los programas que llegare a implementar”.
2.5. El día 10 de junio de 2011, les fue informado a todos los estudiantes beneficiados con el subsidio educativo, dentro de los cuales se encuentran los actores, que el mismo ya no podía seguir siendo otorgado porque el contrato de arrendamiento 297 de 2005, suscrito entre la gobernación y la universidad, había culminado el 14 de septiembre de 2010, razón por la cual debían realizar el pago de la matrícula antes del 20 de junio de 2011 con sus propios recursos.
Los demandantes, estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, beneficiarios de las becas, solicitan que les sean protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, a la educación, al debido proceso y a la vida digna y, en consecuencia, se renueven los subsidios educativos otorgados en virtud del contrato de arrendamiento 297 de 2005, suscrito entre dicha institución educativa y la gobernación de Arauca, hasta culminar sus estudios.
— Copia de la solicitud de ingreso de los alumnos Sergio Humberto Franco Sarmiento, María María Becerra Mendoza dirigida al rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Arauca, por el gobernador del mismo departamento (fls. 12, 15).
— Copia del listado enviado, el 20 de enero de 2010, por el gobernador del departamento de Arauca al rector de la Universidad Cooperativa de Colombia del mismo departamento, mediante el cual realiza una asignación de 44 becas anticipadas para el 2011, entre las cuales se encuentran como beneficiarios de estas, Ana María Mosquera Castillo, Richard Eissember Mateus Saterna y Gepshiba Zarify Herrera Ramírez (fls. 18 -19).
— Copia de las cédulas de ciudadanía de los señores Sergio Humberto Franco Sarmiento, María María Becerra Mendoza, Ana María Mosquera Castillo, Gepshiba Zarify Herrera Ramírez (fls. 13, 16, 20).
— Copia de la carta dirigida a los señores Sergio Humberto Franco Sarmiento, María María Becerra Mendoza, Ana María Mosquera Castillo, Richard Eissember Mateus Suaterna, Gepshiba Zarify Herrera Ramírez por la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Arauca, en la cual se les informa la finalización de la beca que les había sido otorgada, debido a la terminación del contrato de arrendamiento suscrito con la gobernación (fls. 14, 17, 21, 25, 28, 29).
— Copia del oficio, de fecha 21 de julio de 2010, dirigido al rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, por el gobernador del mismo departamento, mediante el cual remite el listado de nuevos estudiantes beneficiarios de becas estudiantiles en reemplazo de los que obtuvieron un promedio inferior a 3.5 y, por tanto perdieron el beneficio educativo, en el que se encuentran como becarios Roswell Fernando Sánchez Cruces y Lauren Marhith Medina Charry (fls. 30-33).
— Copia de la carta dirigida por el gobernador del departamento de Arauca al rector de la Universidad Cooperativa de Colombia de este departamento, de fecha 25 de noviembre de 2009, mediante la cual presenta, en calidad de becarios, a algunos estudiantes, dentro de los cuales está el señor Kevin Alberto León Graz (fl. 34).
— Copia de la carta enviada al alumno Kevin Alberto León Graz, por la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Arauca, en la cual se le informa la finalización de la beca que le había sido otorgada, debido a la terminación del contrato de arrendamiento suscrito con la gobernación (fl. 29).
— Copia del contrato de arrendamiento 297 de 2005, suscrito entre la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Arauca, y la gobernación del mismo departamento, así como de la aclaración realizada el 4 de noviembre de 2005, al numeral primero de la cláusula quinta del mismo contrato (fls. 55-65).
— Copia del acuerdo superior del 25 de enero de 2008, por el cual se expide el reglamento académico para los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia (fls. 88-114).
— Copia de la respuesta a la petición elevada por la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, a la gobernación de Arauca, en la cual se solicita la renovación del contrato de arrendamiento 297 de 2005 (fls. 115-116).
5. Respuesta de los entes accionado.
“— El departamento de Arauca y la Universidad Cooperativa de Colombia, el 14 de septiembre de 2005, suscribieron el contrato 297 del mismo año, cuyo objeto corresponde al arrendamiento de unas aulas y edificación ubicadas en la ciudadela universitaria de la Paz, municipio de Arauca, departamento de Arauca.
— Dentro de la cláusula quinta del mencionado contrato, denominado precio, se indicó: ‘el valor del canon o renta que pagará la universidad por el presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de quince millones de pesos ($ 15’000.000) los cuales pagará de la siguiente manera: 1) otorgando tres (3) becas anuales hasta culminar estudios, en los programas de derecho y administración de empresas, y en los nuevos programas que se llegaren a implementar (...)’.
Con posterioridad, esto es, el 4 de noviembre de 2005, las partes suscribieron ‘aclaratorio al numeral 1) de la cláusula quinta, modificatorio a la cláusula décima primera y décima novena del contrato. 297 del 14 de septiembre de 2005’, en cuya cláusula segunda, denominada aclaración, se precisó: ‘se aclara lo establecido en el numeral 1) de la cláusula quinta, en cuanto al número de becas que ha de otorgar la universidad, quedando así: la universidad otorgará tres (3) becas anuales hasta culminar estudios, en el programa de derecho y ciencias políticas, y tres (3) becas anuales igualmente hasta culminar estudios, en el programa de administración de empresas, y en igual cantidad y tiempo en los programas que llegare a implementar’.
— Así, dentro de los dos textos contractuales antes referidos, se vislumbra en forma clara el acuerdo al que llegaron las partes, en el sentido de que en ningún momento, se fijó como vigencia de las becas otorgadas, el plazo de ejecución contractual, sino que tal beneficio se prolongaría hasta la culminación de los estudios que adelanten los beneficiarios, por lo que no es de recibo entonces, el argumento de la inexistencia actualmente del ‘convenio’ con el departamento de Arauca, pues se insiste, el que estuviera vigente en este momento (sic), solo sería indispensable para el otorgamiento de nuevas becas, no para las ya existentes”.
De lo expuesto, señaló que la Universidad Cooperativa de Colombia, al revocar las becas sin un argumento válido que le permita sustraerse de las obligaciones previstas en el contrato 297 de 2005, está causando un grave perjuicio a los estudiantes, vulnerándoles el derecho a la educación.
Es cierto que la universidad pagaba el canon de arrendamiento de una de sus aulas, otorgando tres becas anuales en los diferentes programas de su pénsum académico. No obstante, al integrar la cláusula cuarta y quinta del contrato suscrito entre la gobernación de Arauca y la institución educativa, resulta claro que el plazo del acuerdo es de cinco (5) años. Así, las obligaciones que se generaron en virtud de este tienen un límite en el tiempo.
El gobernador de Arauca tiene conocimiento que la responsabilidad de la universidad, se limita hasta la vigencia del pacto contraído, pues así lo expresó en una de las cartas enviadas a la institución, mediante la cual presentó a unos estudiantes como becarios y en la que afirmó: “las anteriores becas se adjudican para el año 2011 en espera de renovación del contrato de arrendamiento 297 de 2005 (...) de no renovarse el contrato la administración departamental asumirá el costo de las becas anteriormente relacionadas”.
Mencionó que, incluso, la universidad fue “dadivosa en dar más becas de las previstas en el contrato, pues para el año 2011 se asignaron beneficios de manera anticipada sin haberse renovado el contrato, lo cual creó un desequilibrio financiero para la institución”.
Tal como lo consignó el gobernador de Arauca, en la comunicación enviada a la universidad, las obligaciones que se generaron en virtud de este, también terminaron y es responsabilidad de la gobernación asumir el costo de las becas que fueron adjudicadas a los estudiantes.
Mediante sentencia del 1º de agosto de 2011, el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, concedió el amparo solicitado por los estudiantes y en consecuencia, ordenó a la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Arauca y al departamento de Arauca, “tomar las medidas administrativas y financieras pertinentes para que se mantengan o se restablezcan las becas otorgadas a los accionantes de conformidad con lo establecido en el contrato 297 de 2005, en las mismas condiciones allí descritas, hasta la culminación de sus estudios, en las diferentes carreras que fueron otorgadas, para que así, los accionantes, puedan continuar con su estudio académico sin interrupción alguna”.
Así mismo, en las comunicaciones que les fueron allegadas a los estudiantes, el 10 de junio de 2011, se les informó que la universidad contaba con alternativas de financiación y que de seguir cursando los programas a los que fueron admitidos, debían cancelar la matrícula antes del 20 de junio de 2011, situación que se considera vulneradora de sus derechos, pues “si bien es cierto, se suscribió un contrato entre dos partes, con cláusulas que llevaban implícitos unos compromisos con terceras personas (estudiantes), y dentro de las cláusulas no se estipuló que si había terminación del contrato por cualquier causa, esto conllevaría también a la terminación de las becas que se otorgaron, pues si no quedó estipulado dentro del contrato, las partes objeto de este debieron buscar los mecanismos administrativos para proteger el derecho a la educación de los estudiantes que están amparados con este beneficio, pues ellos sí estaban cumpliendo con lo señalado en el contrato, como era su puntaje (...)”.
2.1. Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Arauca(1).
La relación contractual se celebró a través de un contrato de arrendamiento con el departamento de Arauca y la Universidad Cooperativa de Colombia, en ninguno de los extremos de este vínculo contractual figuran personas diferentes (...)”.
Así mismo, afirmó que la universidad “no otorga becas, que estas las otorga es el departamento de Arauca y estas nacen como contraprestación del canon de arrendamiento por lo que al haberse extinguido el contrato por cumplimiento del plazo no existe una obligación diferente de la universidad, puesto que no hay objeto contractual que permita un pago fuera del término de vigencia del contrato de arrendamiento”.
En consonancia con lo anterior, señaló, que los contratos deben analizarse de manera integral y no, como lo hizo el juez de primera instancia, cuando interpreta el párrafo “hasta la terminación de estudios”, de manera descontextualizada, pues la universidad solo está obligada a cumplir con las obligaciones del contrato por el término de este, es decir, cinco años. Razón por la cual, quienes desde un comienzo del convenio iniciaron sus estudios con el beneficio económico otorgado por la gobernación, alcanzaban a culminar las respectivas carreras. No obstante, los estudiantes que posteriormente obtuvieron las becas, no le era posible, por el plazo de ejecución del acuerdo.
2.2. Gobernación de Arauca.
Señaló, que es a la universidad a la que le corresponde garantizar la continuidad de las becas otorgadas inicialmente, comoquiera que del texto contractual, suscrito entre la institución educativa y el departamento de Arauca se desprende tal obligación.
“En primer lugar, cabe señalar que esta judicatura no puede partir de la interpretación de una sola frase del contrato, como lo hizo la primera instancia, para explicar el contexto del acuerdo logrado entre la Universidad Cooperativa y el departamento de Arauca, dentro del contrato de arrendamiento pactado, por cuanto hay que analizar el mismo de forma integral, es decir, no podemos partir de que el término de duración de las becas concedidas es ‘hasta culminar estudios’, toda vez que esta expresión solo es una parte de la frase incluida en la cláusula quinta, por lo que hay que analizar el texto completo del contrato, esto es, que el precio acordado era de quince millones de pesos y que dicho valor se cancelaría con 6 becas estudiantiles anuales, 3 para el programa de derecho y 3 para el programa de administración de empresas, y las personas a las cuales se designarían las becas serían escogidas por la administración departamental, restringiendo el término por el cual se concederían, hasta culminar sus estudios, lo cual coincidía con el término de duración del contrato que era de cinco años, sin significar lo anterior que en el contrato se haya determinado que cada beca duraría cinco años hasta que cada estudiante haya culminado estudios, pues textualmente señala que cada beca se concede ‘anualmente’. Por el contrario, lo que quedó establecido claramente es que dicho beneficio se mantendría si el promedio del estudiante no era inferior a 3.5”.
3. Procedibilidad de la acción de tutela frente a controversias surgidas en virtud de relaciones contractuales.
La acción de tutela fue consagrada como aquel mecanismo constitucional que tiene como finalidad garantizar los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten violados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por particulares en los casos que la ley lo establece(2).
Tratándose de contratos celebrados entre particulares y entidades del Estado, esta corporación ha señalado que la acción de tutela no es el medio idóneo para debatir las controversias que surjan en virtud de este. Pues para el efecto, existe la jurisdicción contencioso administrativa u ordinaria según sea el caso.
“El ámbito de ejercicio de la acción de tutela está dado frente a la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública y, en ciertos casos, por los particulares, con una procedencia subsidiaria y residual respecto de los demás medios de defensa judicial que resulten eficaces e idóneos para garantizar dicha protección, salvo ante la inminencia de un perjuicio irremediable sobre tales derechos que justifique su trámite transitorio (C.N., art. 86).
De esta forma, el alcance del amparo constitucional no puede cobijar la definición de controversias jurídicas legalmente reguladas, como serían las atinentes al reconocimiento de los derechos que se deriven de una relación contractual, pues, de un lado, estas controversias cuentan en el ordenamiento jurídico con los mecanismos de solución pertinentes y, de otro, su debate no es propiamente constitucional(3)”(4).
En el presente caso, la gobernación de Arauca suscribió, con la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca(5), un contrato de arrendamiento en virtud del cual la primera, entregó unas aulas y una edificación ubicadas en la Ciudadela Universitaria La Paz del municipio de Arauca, al ente universitario, para su uso y goce.
Como contraprestación, la Universidad Cooperativa, debía otorgar un número determinado de becas, hasta culminar sus estudios, en los programas de derecho y administración de empresas, a las personas que el departamento designara. Así mismo, se estableció que el plazo de ejecución del acuerdo era de cinco (5) años, los cuales, una vez se cumplieron, este se dio por finalizado.
Esta Sala observa, que si bien la controversia contractual surgida entre las partes, cuenta con un mecanismo judicial idóneo para debatirla(6), la polémica suscitada no involucra solo a las partes con ocasión del acuerdo suscrito entre ellas, sino que también afecta a los estudiantes quienes fueron beneficiados con las becas, los cuales son terceros a los que se les estaría vulnerando su derecho fundamental a la educación con los efectos que produjo el haber terminado el contrato de arrendamiento, por vencimiento del término pactado.
Mediante la Sentencia T-202 de 2000(7), la Corte sostuvo:
4. Derecho fundamental de educación y permanencia en el sistema educativo. Reiteración de jurisprudencia.
“Le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, así como garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”(9).
“[e]s indudable que el derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Esta corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. La educación está implícita como una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5º, 13, 67, 68 y 69 de la Carta Política. En este orden de ideas, en la medida que la persona tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona”(10).
En síntesis, la fundamentalidad del derecho a la educación se da en razón a varios argumentos como son: “i) su entidad como herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución debido a que potencia la igualdad material y de oportunidades, ii) constituye un instrumento que permite la proyección social del ser humano, iii) es un elemento dignificador de la persona humana, iv) representa un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, v) es un instrumento para la construcción de equidad social, y vi) significa un valioso medio para el desarrollo de la comunidad en general(11)”(12).
Al respecto, esta Corte, a través de su jurisprudencia, ha reconocido el mandato de progresividad(13) de los derechos, el cual “impone al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas (deliberadas y en un plazo razonable) para lograr una mayor realización del derecho en cuestión, de manera que la simple actitud pasiva del Estado se opone al principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables; y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido. Esta prohibición de regresividad o de retroceso se erige en una presunción de inconstitucionalidad de la medida legislativa o administrativa a evaluar.
El mandato de progresividad, en los términos recién descritos, incorpora los principios de razonabilidad, de acuerdo con el cual no se pueden adoptar medidas que restrinjan en alguna medida los derechos constitucionales, si no obedecen a una razón y finalidad constitucionalmente legítimas; y el principio de proporcionalidad, con los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, destinados a evaluar que los derechos fundamentales alcancen la mayor efectividad posible, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes(14)”(15).
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” (subrayado fuera de texto).
Al efecto esta corporación ha señalado “que el núcleo esencial del derecho a la educación reside no solo en el acceso, sino en la permanencia en el sistema educativo(16).
‘La efectividad del derecho fundamental a la educación exige que se tenga acceso a un establecimiento que la brinde y que, una vez superada esa etapa inicial, se garantice la permanencia del educando en el sistema educativo’(17).
‘El núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo o a uno que permita una ‘adecuada formación’(18), así como de permanecer en el mismo’(19).
‘Corresponde entonces al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los estudiantes las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo’(20).
En síntesis, la Corte ha protegido el derecho a permanecer en una institución educativa determinada, en aquellos casos en que los motivos de la exclusión del estudiante no han estado directamente relacionados con el desempeño académico y/o disciplinario del alumno, analizado dentro de los parámetros previstos en el manual de convivencia del plantel, los cuales, a su vez, tienen que haber sido concebidos bajo criterios constitucionalmente razonables”(21).
No obstante, la permanencia dentro del sistema, depende también del alumno, toda vez que la educación tiene una doble connotación, pues es un derecho-deber que exige, de los estudiantes, el acatamiento de los reglamentos que las instituciones educativas profieran, los cuales contienen normas de comportamiento, que, a su vez, no pueden ser arbitrarias y se deben enmarcar dentro de los límites constitucionales(22).
“De ahí que el incumplimiento de los deberes por parte del estudiante puede dar lugar a la toma de medidas correctivas que solo en casos muy extremos pueden terminar en la pérdida de cupo, y que correlativamente, redundan en la garantía de estabilidad y permanencia dentro de ese plantel educativo, en la medida en que el estudiante cumpla sus deberes a cabalidad”(23).
5. Deber del Estado de establecer mecanismo para garantizar la educación superior.
El artículo 67 de la Constitución Política, establece que “[E]l Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”.
Del mismo modo, el artículo 28 del Código de la Infancia y la Adolescencia, determina que “[L]os niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política”.
La Ley 115 de 1994(24), se encargó de regular lo concerniente al tema educativo. En ella se señalaron tres tipos de educación, la formal, la no formal y la informal.
La educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos(25). Esta contiene tres niveles(26):
En primer lugar, la educación preescolar corresponde a la ofrecida a los niños y niñas, para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Este nivel comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para menores de seis años de edad(27).
En segundo lugar, la educación básica obligatoria, es aquella que se encuentra constituida por nueve grados, de los cuales 5 son de básica primaria y 4 de básica secundaria. Dicho nivel se estructura en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana(28).
En consecuencia, esta corporación en sentencia(29) que decidió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 183(30) de la Ley 115 de 1994, según el cual se faculta al Gobierno Nacional a regular lo concerniente al cobro de derechos académicos por parte de establecimiento educativos estatales, consideró, que dicho precepto demandado era exequible de manera condicionada, toda vez, que “la competencia que la norma otorga al Gobierno Nacional para regular cobros académicos en los establecimientos educativos estatales, no se aplica en el nivel de educación básica primaria, la cual es obligatoria y gratuita”.
“De acuerdo con el texto de los anteriores instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, en armonía con la interpretación autorizada efectuada en las observaciones generales 11 y 13 del Comité DESC, existe claridad sobre la obligación de los estados de garantizar a todos el acceso gratuito en el caso de la educación primaria. En efecto, la Observación General 11 señala que el requisito de gratuidad es de carácter “inequívoco” en cuanto “se formula de manera expresa para asegurar la disponibilidad de enseñanza primaria gratuita para el niño” (num. 7º). En similar sentido, la Observación General 13 contempla la gratuidad como rasgo distintivo de la educación básica primaria, al señalar que debe ser: “asequible a todos gratuitamente” (num. 10), y precisa que “mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados partes que implementen la enseñanza secundaria y superior gratuita” (num. 6.b. parte iii).
El mandato de progresividad, reitera la Corte(31), no justifica la inactividad del Estado. Por el contrario, le exige la obligación de actuar lo más expedita y eficazmente posible para ampliar el nivel de satisfacción de los derechos, respetando el contenido mínimo previsto en los tratados, el cual le es exigible de manera inmediata.
“De los antecedentes normativos previamente reseñados se desprende que en el diseño de esos mecanismos, son aplicables todos los principios y criterios que componen el mandato de progresividad (incluidos por supuesto, los principios de razonabilidad y proporcionalidad), así como los principios que orientan la adecuada prestación de los servicios públicos, reseñados en el numeral 2º de esta providencia y, en el caso concreto de la educación superior, el principio de igualdad ordena dar prioridad a la población económicamente vulnerable (focalización y redistribución de los recursos), y a los estudiantes con mayores méritos académicos”(32).
6. Principio de la buena fe, confianza legítima y respeto por el acto propio. Reiteración de jurisprudencia.
Bajo tal consideración, las relaciones de derecho, generadas entre la administración y los administrados, deben desarrollarse con lealtad y, en especial, el actuar de las autoridades debe ser consecuente “con sus conductas precedentes de manera que los administrados no se vean sorprendidos con conductas que, por ser contrarias, defrauden sus expectativas legítimamente fundadas”(33).
En consecuencia, del principio de la buena fe nace el principio de la confianza legítima, el cual adquiere su importancia cuando la administración ha creado expectativas favorables para los administrados en ciertas condiciones específicas y, súbitamente, cambia las condiciones ocasionando un desequilibrio en la relación que entre ellos se hubiere generado. Por lo tanto, la confianza que los ciudadanos depositan en las actuaciones de la administración debe respetarse y protegerse(34).
“(...) la aplicación del principio de confianza legítima, presupone la existencia de expectativas serias y fundadas, cuya estructuración debe corresponder a actuaciones precedentes de la administración, que, a su vez, generen la convicción de estabilidad en el estadio anterior. Sin embargo, de ello no se puede concluir la intangibilidad e inmutabilidad de las relaciones jurídicas que originan expectativas para los administrados. Por el contrario, la interpretación del principio estudiado, debe efectuarse teniendo en cuenta que no se aplica a derechos adquiridos, sino respecto de situaciones jurídicas modificables, sin perder de vista que su alteración no puede suceder de forma abrupta e intempestiva, exigiéndose por tanto, de la administración, la adopción de medidas para que el cambio ocurra de la manera menos traumática para el afectado (...)(35)”(36).
Sin embargo, lo anterior no quiere decir que los actos contrarios a las leyes o al interés general se deban permitir, sino que, en virtud de la actuación permisiva de la administración, se genera en los administrados una confianza en la continuidad en la regulación y, por tanto, para recuperar de nuevo el equilibrio y evitar la vulneración de derechos fundamentales se debe armonizar el interés general con el interés particular de cada uno de los administrados. Por lo tanto, para que proceda lo anterior, la administración debe adoptar medidas que les permitan a los administrados asimilar la nueva situación(37).
Aunado a lo dicho, esta corporación ha establecido el principio de respeto del acto propio, el cual es concebido como otra manifestación del principio de la buena fe. Este ha sido percibido como aquel que le “impide a un sujeto de derecho, que ha emitido un acto que genera una situación particular, concreta y definida a favor de otro, modificar unilateralmente su decisión; porque la confianza del administrado no se genera ‘por la convicción de la apariencia de legalidad’(38) de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una determinada posición jurídica favorable”(39).
Por tanto, el principio de respeto por el acto propio “‘comporta el deber de mantener una coherencia en las actuaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, de manera que deviene contraria al principio aludido, toda actividad de los operadores jurídicos que, no obstante ser lícita, vaya en contravía de comportamientos precedentes que hayan tenido entidad suficiente para generar en los interesados la expectativa de que, en adelante, aquellos se comportarían consecuentemente con la actuación original’(40). El respeto por el acto propio hace censurable ‘toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto’(41)”(42).
“a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción —atentatorio de la buena fe— existente entre ambas conductas. c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas”(43).
Con base en lo expuesto, se puede concluir, que en desarrollo de los principios de buena fe, confianza legítima y respeto por el acto propio, se sanciona “como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto”(44).
Nombre del estudiante Fecha de comunicación Carrera período académico para el cual ingresa Semestres becados
Sergio Humberto Franco Sarmiento Febrero 22 de 2008 Ingeniería de sistemas. Período académico 2008 No especifica
María María Becerra Mendoza Enero 22 de 2008 Administración de empresas. Período académico 2008 No especifica
Ana María Mosquera Castillo Enero 20 de 2010 Psicología. Período académico 2011 Cinco (5) semestres
Richard Mateus Enero 20 de 2010 Psicología. Período académico 2011 Cinco (5) semestres
Gepshiba Zarify Herrera Ramírez Enero 20 de 2010 Psicología. Período académico 2011 Cinco (5) semestres
Roswell Fernando Sánchez Julio 21 de 2010 Derecho. No especifica período académico Tres (3) semestres
Lauren Medina Charry Julio 21 de 2010 Contaduría pública. No especifica período académico Cinco (5) semestres
Kevin Alberto León Graz Noviembre 25 de 2009 Psicología. Período académico 2010 Diez (10) semestres
Por lo anterior, le invitamos a realizar su pago de matrícula antes del 20 de junio de 2011, así mismo, le recordamos que al cancelar a tiempo recibirás (sic) múltiples beneficios, como ahorrarte el 10% de recargo sobre el valor de tu matrícula, evitar demoras y trámites largos con la sede y así empezar sus (sic) clases en las fechas indicadas en el candelario académico.
Iniciar y continuar con el programa que elegiste (sic) en la Universidad Cooperativa de Colombia, es determinante tanto para su (sic) proyecto de vida como para poder alcanzar la transformación profesional y personal que buscas (sic)”.
Julio Enrique Acosta Bernal (...) en su condición de gobernador y representante legal del departamento de Arauca (...) por una parte y por la otra Universidad Cooperativa de Colombia (...) hemos convenido celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas, previa estas consideraciones: a) De conformidad con los principios de la Ley 30 de 1992, la educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del estado. b) La gobernación del departamento de Arauca ha considerado de trascendental importancia para la región la vinculación de la universidad, por lo cual en atención a la necesidad de impulsar programas de educación superior y de capacitación a la comunidad en general y a los servidores públicos, ofrece como mecanismo de apoyo logístico y de infraestructura para que sean viables estos proyectos, entregar en arrendamiento unas edificaciones construidas en la Ciudadela Universitaria de la Paz (...) con destino al funcionamiento de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, en cumplimiento de su labor educativa. (...) Cláusulas: primera. Objeto: el presente contrato tiene por objeto: entregar en arrendamiento unas aulas y edificación ubicadas en la Ciudadela Universitaria La Paz, municipio de Arauca, departamento de Arauca (...) Cuarta: duración: el término de duración del presente contrato es de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de entrega de los bienes objeto del presente contrato, y se podrá prorrogar por acuerdo expreso entre las partes. Si la universidad no avisa dentro de los dos meses anteriores a la fecha de vencimiento del plazo inicial, el departamento podrá darlo por terminado. Quinta: precio: el valor del canon o renta anual que pagará la universidad por el presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de quince millones de pesos (15.000.000) los cuales pagará de la siguiente manera: 1) otorgando tres (3) becas anuales hasta culminar estudios, en los programas de derecho y administración de empresas, y en los nuevos que se llegaren a implementar, a las personas que designe el departamento. PAR.—Las personas beneficiadas con el fin de mantener dicho beneficio, a partir del segundo semestre deberán obtener un promedio mínimo de 3.5 de acuerdo con lo estipulado en la resolución rectoral 585 de 2002, expedida por la universidad (...)”.
Posteriormente, el 4 de noviembre de 2005, se introdujo una aclaración al contrato 297 de 2005 en la que se señaló:
4. El 4 de noviembre de 2010 la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, solicitó al departamento de Arauca, prorrogar el contrato de arrendamiento 297 de 2005. Petición que fue contestada el 13 de noviembre de 2010 en la cual se informó:
3. La administración municipal es propietaria de varios lotes que conforman la ciudadela universitaria (...) lugares en donde están ubicadas varias construcciones tales como una edificación de dos pisos, varias aulas, baterías sanitarias, etc., bienes que el departamento no puede entregar en arrendamiento”.
5. Por último, observa esta Sala, que una de las comunicaciones dirigidas a la Universidad Cooperativa de Colombia por el gobernador de Arauca, en la que remite a esta, el listado de los estudiantes favorecidos con las becas para el año 2011, se dispone que:
“Las anteriores becas se adjudican anticipadas para el año 2011, en espera de la renovación del contrato de arrendamiento 297 de 2005, contrato de arrendamiento de unas aulas y edificación ubicadas en la Ciudadela Universitaria de la Paz, toda vez que se vence el 14 de septiembre de 2010, de no renovarse el contrato, la administración departamental asumirá el costo de las becas anteriormente relacionadas”.
De lo anteriormente expuesto, se observa que, en virtud de un contrato de arrendamiento se dispuso otorgar unas becas a estudiantes de escasos recursos del departamento de Arauca, las cuales, según el tenor literal del acuerdo, iban hasta la “culminación de sus estudios”. Sin embargo, el plazo de ejecución del mismo era de cinco (5) años, contados desde el acta de entrega de los bienes, término que se cumplió el 14 de septiembre de 2010. Como consecuencia de ello, los beneficios otorgados también fueron terminados, quedando la mayoría de los estudiantes en la mitad de los programas académicos.
Por consiguiente, tal como fue reseñado en los capítulos precedentes, el mandato de progresividad(45) de los derechos, “impone al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas (deliberadas y en un plazo razonable) para lograr una mayor realización del derecho en cuestión, de manera que la simple actitud pasiva del Estado se opone al principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables; y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido. Esta prohibición de regresividad o de retroceso se erige en una presunción de inconstitucionalidad de la medida legislativa o administrativa a evaluar”(46).
Al respecto es conveniente señalar que “la responsabilidad de la sociedad en el proceso educativo, fundado, por demás, en el principio constitucional de solidaridad que exige de los ciudadanos un compromiso con las causas humanitarias y con la realización de urgentes labores sociales que demanden su participación activa, está circunscrito a la colaboración con el Estado en la vigilancia de la prestación del servicio público de educación y en el cumplimiento de su función social(47). Acorde con ello, debe participar en la imperiosa labor de fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la Nación, y de exigir de las autoridades competentes el cumplimiento de las responsabilidades que en dicho sentido les corresponde asumir”(48).
En conclusión, esta Sala estima que, (i) a los estudiantes les fue creada una expectativa de acceder a una carrera profesional y de permanecer en ella hasta la culminación de sus estudios, acogidos a unos beneficios económicos otorgados por la gobernación de Arauca y la Universidad Cooperativa de la misma ciudad; (ii) que aun cuando el contrato de arrendamiento terminó por una causa legal, ello no es excusa para no haber desplegado acciones afirmativas que permitieran a los estudiantes permanecer en los programas académicos, en virtud del principio de no regresividad; (iii) que, acorde con el mandato de progresividad que se impone al Estado se encuentra el principio de solidaridad, el cual implica para la sociedad un compromiso en la promoción y en el desarrollo de los derechos, específicamente el de educación, por lo que debe participar en la ardua labor de “fomentar, proteger y defender” este derecho “como patrimonio social y cultural de toda la Nación”(49).
La protección solicitada se concederá circunscrita a los términos que se indican a continuación, una vez valorada la situación jurídica en que se halla enmarcada, dentro de la cual, como quedó evidenciado, es discutible la continuidad de las becas a cargo exclusivamente de los entes demandados, una vez desaparecida la causa que generó el derecho en discusión, como lo fue el vencimiento y no renovación del contrato de arrendamiento, ampliamente mencionado, cuya duración se pactó por cinco años y cuya terminación, en principio, debe tenerse como válida, pues en el trámite de esta acción de tutela no se han aducido razones que permitan concluir lo contrario, además de que este no sería el escenario idóneo para emitir un pronunciamiento definitorio de una controversia en ese sentido.
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, el 2 de septiembre de 2011 y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la confianza legítima, a la educación y a la vida digna, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. ORDENAR a la gobernación de Arauca y a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a matricular a los accionantes beneficiados en virtud del contrato de arrendamiento 297 de 2005, suscrito entre estas dos entidades, en los programas académicos que venían cursando.
(1) Con la impugnación presentada por el director académico y administrativo de la Universidad Cooperativa de Colombia, allegó un escrito en el cual solicitó al Juzgado Primero Administrativo de Arauca, aclarar el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo proferido en virtud de la presente acción de tutela, en el sentido de definir cuál es la responsabilidad de tipo patrimonial y económico que tiene el departamento de Arauca frente al acto administrativo en el cual reconoció, que de no renovarse el contrato de arrendamiento, asumiría el costo de las becas de la relación de estudiantes que envió a la Universidad Cooperativa. Pues el departamento de Arauca no había, hasta ese momento, presentado ninguna gestión administrativa ante la universidad, con el fin de asumir la responsabilidad.
Mediante providencia del 4 de agosto de 2011, el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, resolvió aclarar la providencia proferida el 1º de agosto de 2011, en la cual manifestó: “Dentro del texto contractual, se vislumbra en forma clara que en ningún momento, se fijó como vigencia de las becas otorgadas, el plazo de ejecución contractual, sino que tal beneficio se prolongaría hasta la culminación de los estudios que adelanten los beneficiarios, por lo que no es de recibo entonces, el argumento de que la inexistencia actual de convenio entre el departamento de Arauca y la Universidad Cooperativa de Colombia, sea requisito indispensable para la continuidad de las becas ya existentes otorgadas bajo unas condiciones determinadas.
Así las cosas, siendo el acto contractual que originó el otorgamiento de becas al número de estudiantes que hoy demandan a través de esta acción constitucional, suscrito entre el departamento de Arauca y la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Arauca, la responsabilidad a que hace referencia este despacho en el fallo del 1º de agosto de 2011 respecto de las dos entidades, es una responsabilidad compartida, pero no respecto de cantidades pecuniarias o administrativas determinadas porque esto no le compete establecerlo al despacho, sino, una responsabilidad compartida en el sentido que fue en razón al contrato de arrendamiento suscrito entre el departamento de Arauca y la UCC, Seccional Arauca, que se otorgaron las becas tantas veces citadas, y de la misma manera, corresponde a las dos entidades solucionar el problema surgido u ocasionado a los becarios. Esta es una situación que conjuntamente le corresponde solucionar a las accionadas, como partes que son o eran dentro del contrato o convenio que hizo surgir a la vida jurídica la obligación que hoy los estudiantes universitarios auxiliados reclaman”.
(2) Constitución Política, artículo 86.
(3) Ver las sentencias T-605 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-164 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
(4) Corte Constitucional, Sentencia T-728 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(5) Corporación sin ánimo de lucro, de carácter privado e interés social, perteneciente al sector de la economía solidaria y dedicada a la educación superior (fl. 28, cdno. 2).
(6) Ley 1437 de 2011, artículo 104: “De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
(9) Constitución Política, artículo 67.
(10) Corte Constitucional, Sentencia T-202 del 28 de febrero 28 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
(11) Sentencia T-787 de 2006.
(12) Reiterada, entre otras, por la Sentencia T-308 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(13) “El contenido del principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver, entre otros, C-1165 de 2000, C-1489 de 2000, C-671 de 2002, C-981 de 2004, C-038 de 2004, T-1318 de 2005 y T-043 de 2007, entre otras. También constituye un criterio de interpretación relevante en la materia, la Observación General 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el alcance de las obligaciones estatales en la aplicación del Pidesc” (Sent. T-845/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(14) El principio de proporcionalidad está lógicamente implicado en la concepción de los derechos fundamentales como mandatos de optimización, adoptada por esta corporación. En ese sentido, los derechos indican propósitos particularmente valiosos para la sociedad que deben hacerse efectivos en la mayor medida, dentro de las posibilidades fácticas (medios disponibles) y las posibilidades jurídicas, que están dadas por la necesidad de garantizar, a la vez, eficacia a todos los derechos fundamentales e incluso a todos los principios constitucionales. El estudio de los medios se lleva a cabo mediante los principios de idoneidad (potencialidad del medio para alcanzar el fin), necesidad (ausencia de medidas alternativas para lograr el fin perseguido) y el estudio de los límites que cada derecho impone a otro, en el marco de un caso concreto, mediante el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, mediante la evaluación del grado de afectación (y eficacia) de los principios en conflicto, analizando la importancia de los principios en conflicto en un momento histórico determinado, la gravedad de la afectación de cada derecho, y la certeza de la afectación, a partir de le evidencia empírica presente en el caso concreto. Sobre el principio de proporcionalidad, la Sala remite a las sentencias C-093 de 2001, C-916 de 2002, y la reciente T-340 de 2010.
(15) Corte Constitucional, Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
(16) Ver por ejemplo las sentencias T-452 de 1997, T-585 de 1999, T-571 de 1999 y T-620 de 1999.
(17) T-290 de 1996. Negación del cupo por causa de embarazo.
(18) Sentencia T-534 de 1997.
(19) Sentencia T-329 de 1997.
(20) Sentencia T-423 de 1996.
(21) Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(24) Ley General de Educación.
(25) Artículo 10, Ley 115 de 1994.
(26) Artículo 11, Ley 115 de 1994.
(27) Artículos 15 y 17, Ley 115 de 1994.
(28) Artículo 19 de la Ley 115 de 1994.
(29) Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(30) El Gobierno Nacional regulará los cobros que puedan hacerse por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. Para tales efectos definirá escalas que tengan en cuenta el nivel socioeconómico de los educandos, las variaciones en el costo de vida, la composición familiar, y los servicios complementarios de la institución educativa.
(31) Ver al respecto las sentencias C-251 de 1997; C-671 de 2002, T-025 de 2004; C-038 de 2004; T-1318 de 2005; T-787 de 2006; T- 1030 de 2006 y T-1228 de 2008.
(32) Corte Constitucional, Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(33) Corte Constitucional, Sentencia T-048 del 30 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(34) Corte Constitucional, Sentencia T-364 del 20 de mayo de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia T-630 del 26 de junio de 2008, M.P. Jaime Córdoba Treviño; Sentencia SU-360 del 19 de mayo de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
(35) También pueden consultarse las sentencias T-268 de 2009, T-1179 de 2008, T-248 de 2008, T-075 de 2008, T-689 de 2005, T-340 de 2005 y T-1228 de 2001.
(36) Corte Constitucional, Sentencia T-566 de 2009, reiterada por la Sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(38) Ver Sentencia T-083 de 2003.
(39) Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(40) Sentencia T-248 de 2008.
(41) Ver, entre otras, las sentencias T-1228 de 2001 y T- 248 de 2008. “Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (C.N., art. 83). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. || La teoría del acto propio tiene origen en el brocardo(sic) “Venire contra pactum proprium nelli conceditur” y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria. Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho”.
(42) Corte Constitucional, Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(43) Sentencia T-295 de 1999.
(44) Ver también sentencias T-475 de 1992, T-1228 de 2001 y T-141 de 2004, reiteradas en la sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(45) “El contenido del principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver, entre otros, C-1165 de 2000, C-1489 de 2000, C-671 de 2002, C-981 de 2004, C-038 de 2004, T-1318 de 2005 y T-043 de 2007, entre otras. También constituye un criterio de interpretación relevante en la materia, la Observación General 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el alcance de las obligaciones estatales en la aplicación del Pidesc” (Sent. T-845/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(46) Corte Constitucional, Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(47) Artículo 40 de la Ley 1098 de 2006.
(48) Corte Constitucional, Sentencia T-776 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

References: artículo 13
 artículo 67
 artículo 28
 artículo 183
 resolución 
 artículo 86
 artículo 104
 artículo 67
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 19
 Artículo 40