Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/593
Timestamp: 2020-01-17 21:44:07+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 30/1986
SENTENCIA 30/1986, de 20 de febrero
ECLI:ES:TC:1986:30
En los recursos de amparo acumulados núms. 854 y 873, ambos de 1983, el primero promovido por don Ignacio Anselmo Ruiz de Pinedo, don Joaquín Gorostidi Artola, don José Domingo Ziluaga Arrate, don José Luis Cereceda Garayo, don Juan Cruz Idígoras Guerricabeitia, don Santiago Brouard Pérez, don José Ramón Echevarría Bilbao, don Miguel Castells Arteche, don Antonio Ibarguren Jáuregui y don Severino Rodríguez de Yurre, todos ellos representados por el Procurador don José Manuel de Dorremochea Aramburu y bajo la dirección del Abogado don Miguel Castells Arteche, y el núm. 873/1983, promovido por don José María Alix Trueba, don Javier José Pérez de Heredia Aberasturi, don Guillermo Pérez López de Letona y don Javier Cruz Amuriza Zarraonaindía, representados por el mismo Procurador señor Dorremochea Aramburu y dirigidos por el referido Abogado señor Castells Arteche; contra la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1983 en la causa especial seguida ante la Sala Segunda por el delito de desórdenes públicos y en los que ha intervenido el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado don Antonio Truyol Serra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Con fecha 20 de diciembre de 1983 tuvo entrada en este Tribunal un escrito presentado por don José Manuel de Dorremochea Aramburu en nombre y representación de don Ignacio Anselmo Ruiz de Pinedo, don Joaquín Gorostidi Artola, don José Domingo Ziluaga Arrate, don José Luis Cereceda Garayo, don Juan Cruz Idígoras Guerricabeitia, don Santiago Brouard Pérez, don José Ramón Echevarría Bilbao, don Miguel Castells Arteche, don Antonio Ibarguren Jáuregui y don Severino Rodríguez de Yurre interponiendo recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1983 en la causa especial rollo de Sala núm. 200/1981, sobre la base de los siguientes hechos:
d) El 20 de diciembre de 1982 los demandantes formularon escrito en el que denunciaban la existencia de tres causas de nulidad en el procedimiento, a saber: 1) Intervención en la instrucción del sumario de juez no competente, por cuanto, por Auto de 8 de junio de 1981, la Sala Segunda del Tribunal Supremo había designado personalmente Juez Instructor especial delegado de la Sala a don Ricardo Varón Cobos, Juez Central de Instrucción núm. 1, y en determinado número de folios figuraban proveídos dictados y diligencias de don José Carlos Divar Blanco, como Juez accidental del Juzgado de Instrucción núm. 1; 2) exceso del Juez especial designado para instruir, sobrepasando las facultades delegadas y realizar algunas propias de la Sala; 3) prohibición de prestar declaración en la lengua oficial vasca.
e) En Sentencia de 19 de noviembre de 1983, el Tribunal Supremo condenó a los demandantes y a otros, excepto a don Severino Rodríguez de Yurre, como autores de un delito de desórdenes públicos, a las penas de tres meses de arresto mayor y multa de 50.000 pesetas y accesorias, y a don José Luis Cereceda Garayo, como autor del mismo delito, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reiteración, a la pena de cinco meses de arresto mayor y multa de 50.000 pesetas y accesorias, absolviendo a todos ellos del delito de injurias al Jefe del Estado. En dicha Sentencia el Tribunal Supremo declaró probado que el día 4 de febrero de 1981 se celebraba en la Casa de Juntas de Guernica un acto solemne con motivo de la primera visita que hacían al País Vasco sus Majestades los Reyes de España y cuando se dispuso a intervenir su Majestad el Rey para finalizar con su alocución, miembros de la Coalición Herri Batasuna y en menor número de la fracción política LAIA, prorrumpieron a cantar, puño en alto, el himno guerrero vasco, «Eusko Gudariak».
En relación con el contenido mismo de la Sentencia afirman los demandantes que en él se violan los siguientes derechos constitucionales: a) El derecho al honor, a la intimidad personal, a la seguridad, a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales y a la presunción de inocencia, ya que se declaró que todos los acusados, y no sólo los condenados -incluido el demandante no condenado, don Severino Rodríguez de Yurre-, son de «mala conducta informada», basándose en una información policial, no adverada ni adverable, sobre conducta moral; b) el art. 23 en relación con el 20, porque se convierte en un acto delictivo perseguible por los tribunales lo que en realidad fue un acto político, de expresión de opinión, en el ejercicio de un cargo o función y en el cumplimiento de un mandato parlamentario; c) el principio de igualdad, por cuanto intervenciones políticas como las de autos no son insólitas en las Cámaras Parlamentarias, sin que constituyan delito de desorden público ni sean perseguibles.
3. Mediante escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el día 24 de diciembre de 1983, el Procurador de los Tribunales don José Manuel de Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de don José María Alix Trueba, don Javier José Pérez de Heredia Aberasturi, don Guillermo Pérez de Letona y don Javier Cruz Amuriza Zarraonaindía, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 29 de noviembre de 1983 en la causa especial rollo de Sala núm 200/1981, que condenó a los demandantes, como autores de un delito de desórdenes públicos, a la pena de tres meses de arresto mayor y multa de 20.000 pesetas y accesorias.
El 29 de febrero de 1984 la Sección decidió acumular el recurso de amparo presentado por don José María Alix Trueba y otros, que se sigue con el núm 873/1983, al registrado bajo el núm 854/1983.
1. Voto particular que en los recursos de amparo núms. 854 y 873 de 1983 formula el Magistrado don Francisco Pera Verdaguer
Type and record number Recurso de amparo 854-1983, 873-1983
Date of the decision 20/02/1986
Contra Sentencia del Tribunal Supremo, en la causa especial seguida ante la Sala Segunda por el delito de desórdenes públicos cometido en la Casa de Juntas de Guernica. Voto particular
De acuerdo con doctrina anterior de este Tribunal, la Sentencia que se pronuncie ha de resolver las infracciones contenidas en la demanda, en la que queda acotada la pretensión a la que no es posible agregar un fundamento que no haya sido objeto de debate por haberse traído a colación extemporáneamente.
El art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque incorporado a nuestro Derecho interno, «no es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes» (STC 42/1982). En el caso presente, como en el que dio lugar a la STC 51/1985, sucede que contra la Sentencia del Tribunal Supremo aquí impugnada no cabe recurso de casación, por prohibirlo expresamente el art. 847 L. E.Cr. Ocurre así porque los solicitantes del amparo han tenido acceso al fuero privilegiado y han sido juzgados por el más alto Tribunal de la Nación, que es el hecho que impide la revisión de su Sentencia.
En principio, las infracciones que se produzcan en el curso de un procedimiento han de ser denunciadas en el momento en que tengan lugar, y el recurso de amparo ha de interponerse contra la resolución que decida sobre la infracción denunciada, salvo en los casos (denegación de la prueba, v. gr.) en que la presunta lesión no produce un efecto inmediato. No es el caso del derecho al Juez predeterminado por la Ley, cuya infracción hace sentir sus efectos de inmediato.
Aun admitiendo a efectos dialécticos que se hubiera producido lesión de algún derecho constitucional al no permitirse a los recurrentes expresarse en lengua vasca en las declaraciones efectuadas en las provincias en que la lengua vasca es oficial, lo cierto es que efectuadas fuera de las mismas los demandantes no tienen derecho a exigir que sus manifestaciones ante los órganos del poder se hagan en una lengua que no sea la castellana que, por mandato de la misma Constitución (art. 3.1), tienen el deber de conocer. Tampoco se infringe derecho alguno contenido en el art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos («En los Estados en que existan minorías... lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo..., a emplear su propio idioma»). La fórmula empleada señala el ámbito de aplicación del derecho así reconocido, y con él, los límites a su aplicación que con respecto a las distintas lenguas españolas ha sido plenamente reconocido, más allá de la exigencia del mencionado precepto, en el art. 3.2 C.E., que las erige en oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.
Aun dando por cierto que dentro de «todas las garantías» del art. 24.2 C.E. haya que incluir el principio de publicidad del art. 120.1 C.E., habría que tener en cuenta que en dicho precepto se permite que las leyes de procedimiento establezcan excepciones a la publicidad de las actuaciones judiciales, y que ésta es perfectamente compatible con medidas parciales de seguridad que pueden conducir a limitar el acceso a los juicios.
Del hecho de que en la Sentencia impugnada figure en su encabezamiento, entre los datos personales de los acusados, la expresión «de mala conducta informada» -referencia, sin duda, desafortunada, aunque irrelevante para la decisión a que llega la resolución impugnada- no cabe concluir que la Sentencia haya incurrido en una violación del derecho de honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los recurrentes, pues de existir una lesión contra tal derecho no se habría producido en la Sentencia, que en cuanto acto de un poder público no implica afirmación alguna acerca de la conducta de los recurrentes.
El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, inseparable del derecho mismo a la defensa, consiste en que las pruebas pertinentes propuestas sean admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal y, al haber sido constitucionalizado, impone una nueva perspectiva y una sensibilidad mayor en relación con las normas procesales atinentes a ello, de suerte que deben los Tribunales de Justicia proveer a la satisfacción de tal derecho, sin desconocerlo ni obstaculizarlo, siendo preferible en tal materia, incurrir en un posible exceso en la admisión de pruebas que en su denegación.
Para prestar consistencia a una queja motivada en el indebido rechazo de un medio de prueba será necesario que se argumente por el demandante de amparo la trascendencia que dicha inadmisión, por la relevancia misma de los hechos que así se quisieron probar, pudo tener en la Sentencia condenatoria, ya que sólo en tal caso -comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido- podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo (STC 116/1983, fundamento jurídico 3.°). Esta condición para la viabilidad preliminar de la queja se da en el presente caso, pues ha de reconocerse que los hechos cuya probanza los recurrentes intentaron -carácter parlamentario del acto en que intervinieron-, de haber sido efectivamente acreditados habrían resultado relevantes para la resolución del proceso.
Por lo que se refiere al contenido del Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 14 de julio de 1983, que inadmitió las pruebas propuestas, debe examinarse ahora tanto si la resolución del Tribunal fue debidamente fundada, como, de otra parte, si la calificación de «impertinentes» de ciertas pruebas resultó congruente con el criterio mismo a través del cual dicha pertinencia ha de ser medida. Satisfechas dichas exigencias por lo que respecta a la inadmisión de las pruebas periciales y testificales propuestas, no cabe decir lo mismo respecto a la inadmisión de las pruebas documentales propuestas. En cuanto a ellas, la inadmisión dictada no satisfizo el contenido del derecho enunciado en el art. 24.2 C.E., pues si bien la razón expuesta por la Sala para inadmitir «unas» de las pruebas propuestas es irreprochable, su alcance es parcial ya que no puede servir para fundamentar el rechazo de las demás pruebas documentales propuestas. Tal declaración acerca de la «impertinencia» de estas pruebas, sobre no haber sido debidamente argumentada por el Tribunal «a quo», no puede reconocerse ahora como congruente con el objeto mismo a probar, objeto éste -naturaleza parlamentaria o no del acto celebrado en la Casa de Juntas de Guernica- ciertamente relevante para la resolución de la causa. La prueba, por tanto, no debió descalificarse como impertinente, ya que la misma se pretendió vertiera sobre elementos que, de modo manifiesto, no resultaron ajenos al «thema decidendi».
Artículo 377, f. 6
Artículo 659, f. 8
Artículo 24.2, ff. 2 a 9, VP
Artículo 71.1, f. 8
Contenido del derecho a la pruebaContenido del derecho a la prueba, ff. 8, 9
Derecho a la pruebaDerecho a la prueba, ff. 7, 9, VP
Derecho a un proceso públicoDerecho a un proceso público, f. 5
Designación de los titulares de los órganos judicialesDesignación de los titulares de los órganos judiciales, f. 3
EuskeraEuskera, f. 4
Inviolabilidad parlamentariaInviolabilidad parlamentaria, ff. 8, 9
Libertad de expresiónLibertad de expresión, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Mención de mala conducta informadaMención de mala conducta informada, f. 6
Minorías lingüísticasMinorías lingüísticas, f. 4
ParlamentariosParlamentarios, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prerrogativas parlamentariasPrerrogativas parlamentarias, ff. 8, 9, VP
Uso de lenguas oficiales ante la Administración de justiciaUso de lenguas oficiales ante la Administración de justicia, f. 4
Injurias al Jefe del EstadoInjurias al Jefe del Estado, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Declaración en lenguas españolasDeclaración en lenguas españolas, f. 4
Declaración no probada de impertinencia de la pruebaDeclaración no probada de impertinencia de la prueba, f. 9, VP
Denegación parcial de prueba documentalDenegación parcial de prueba documental, f. 7
Medidas de seguridadMedidas de seguridad, f. 5
Principio de publicidad procesalPrincipio de publicidad procesal, f. 5
SuplicatorioSuplicatorio, f. 2

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 377

Artículo 659

Artículo 24

Artículo 71