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Timestamp: 2019-08-21 05:02:28+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Compañía Minera Nevada SpA con MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Compañía Minera Nevada SpA con MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Rol: C587-10
Consejo para la Transparencia, 05/11/2010
Se deduce amparo en contra de Ministerio de Relaciones Exteriores por haber denegado información relativa a presentación y documentación entregada por la Comunidad Agrícola de Los Huascoaltinos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con la Petición N° 415-07. El Consejo acoge el amparo considerando que no concurre una causal de secreto o reserva respecto a dicha información.
Raúl Urrutia Ávila (Ausente), Presidente
DECISIÓN AMPARO ROL C587-10
Entidad pública: Ministerio de Relaciones Exteriores
Requirente: Compañía Minera Nevada SpA
Ingreso Consejo: 27.08.2010
En sesión ordinaria N° 196 de su Consejo Directivo, celebrada el 5 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C587-10.
Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de julio de 2010 don Manuel Fumagalli Drago, en representación de la Compañía Minera Nevada SpA, solicitó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores copia de la presentación y documentación entregada por la “Comunidad Agrícola de Los Huascoaltinos” (la Comunidad Agrícola) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión), relacionada con la Petición N° 415-07, declarada admisible por dicha entidad mediante informe 141/09, de 30 de diciembre de 2009, recibida por el Estado de Chile. Funda su solicitud en lo siguiente:
a) Su representada, en su calidad de dueña del proyecto minero binacional “Pascua Lama”, ha manifestado verbalmente y por escrito, su interés y preocupación por la petición formulada por la comunidad agrícola citada ante la Comisión, por cuanto los fundamentos de la misma se relacionan con la actuación de las autoridades ambientales y judiciales en el marco del proceso de evaluación y aprobación del proyecto aludido, fundamentos que serían erróneos o tergiversados, circunstancia que le preocupa.
b) En atención al estado de tramitación de la petición aludida, que tras haber sido declarada admisible, corresponde al Estado de Chile pronunciarse sobre el fondo de las alegaciones de la comunidad, le resulta indispensable, en su calidad de titular del aludido proyecto, en cuyo poder obra información relacionada con su aprobación, tenga acceso a la nueva presentación y documentación entregada por la Comunidad Agrícola a la Comisión Interamericana, a fin de poder hacer presente al Estado de Chile, las observaciones y consideraciones jurídicas y fácticas que correspondan en relación con las aludidas presentaciones.
2) RESPUESTA: Mediante carta de 16 de agosto de 2010, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones exteriores respondió a la solicitud de acceso, denegándola, por cuanto, dicha solicitud fue puesta en conocimiento de los terceros directamente afectados, quienes se opusieron a su entrega, por lo que, según dispone la Ley de Transparencia, quedó impedido de entregar tal información.
3) OPOSICIÓN DEL TERCERO: Mediante carta, de 29 de julio de 2010, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó a doña Nancy Yáñez, Co-Directora del “Observatorio Ciudadano”, el hecho de haber recibido una solicitud de información relativa la presentación remitida por los peticionarios en el caso 12.741, quien, mediante carta de 3 de agosto de 2010, ejerció su derecho de oposición a la entrega de la información requerida por el Sr. Fumagalli, por las siguientes razones:
a) La información requerida no forma parte de un proceso administrativo, no constituye un acto o resolución administrativa, ni acto, expediente, contrato o acuerdo, ni información elaborada con presupuesto público, por lo que no es posible aplicar la Ley de Transparencia, por cuanto dicho cuerpo legal sólo es aplicable para los actos y procedimientos de la administración pública en el derecho interno, conforme se desprende del artículo 10° del mismo cuerpo legal.
b) La información requerida forma parte de un procedimiento de denuncia internacional, sometido a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, regulado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Reglamento de la Comisión, por lo que, el Estado parte carece de autoridad para disponer la publicidad de las presentaciones efectuadas por el denunciante en el proceso internacional indicado.
c) Dado que el proceso de denuncia por violaciones de derechos humanos en sede internacional, se da en el marco del derecho internacional público, la Ley de Transparencia no puede operar como un instrumento jurídico idóneo para obligar al Estado a entregar o publicitar información sobre cuestiones que se dan en el seno del derecho internacional, sin estar expresamente autorizado por un instrumento correspondiente a dicha jurisdicción o una autorización expresa del órgano de aplicación del tratado o convención de que se trate.
d) Hace presente que en los procesos incoados ante el Sistema Interamericano, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio rector es el de la confidencialidad. Presentada una petición, denuncia o demanda, las únicas partes en el proceso son las víctimas y el Estado denunciado, en la especie, la comunidad diaguita de Los Huascoalitos y el Estado de Chile.
e) El contenido de una denuncia en la materia guarda relación con aspectos que hacen al patrimonio íntimo de las personas que fueron violentadas, por lo que el Estado no puede divulgar información alguna sobre una denuncia de violaciones de derechos humanos sin incurrir en la violación de derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, a la honra y, al mismo tiempo, vulnerar el derecho de garantía y protección judicial de la víctima, a menos que se obtenga el consentimiento previo de la misma, el que por cierto no ha sido otorgado en este caso.
f) La actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores resulta particularmente grave, por cuanto pretende publicitar información que contiene la argumentación jurídica de los denunciantes ante la Comisión Interamericana, proporcionándola a la empresa cuya actividad ha sido tolerada por el Estado a expensas del incumplimiento de sus obligaciones internacionales y en circunstancia que de dicha actuación ilegal del Estado ha derivado la violación de derechos humanos de la comunidad denunciante y sus miembros.
g) La empresa Barrick no tiene ninguna legitimación activa para solicitar información sobre un caso en trámite ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos, pues no es sujeto de derecho internacional. Así ha sido resuelto por la Comisión en el caso Comunidad Xákmok Kásek Vs. Paraguay, donde se denegó in limine la solicitud de información requerida por parte del titular de las tierras que eran objeto de reclamo por la comunidad denunciante.
4) AMPARO: El 27 de agosto de 2010 don Manuel Fumagalli Drago, en representación de Compañía Minera Nevada Spa. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, fundado en que la información le fue denegada por oposición de doña Nancy Yáñez Fuenzalida, en representación de la “Comunidad Agrícola de los Huascoaltinos”, tercero a quien se refiere la información requerida. Funda su amparo en lo siguiente:
a) En su calidad de dueño del proyecto minero binacional “Pascua Lama”, ostenta un interés legítimo de estar debidamente informado de las presentaciones y antecedentes formulados por la comunidad agrícola mencionada, por cuanto éstas se refieren a la actuación de las autoridades medioambientales y judiciales de la República de Chile, en el marco del proceso de evaluación y aprobación ambiental del proyecto.
b) Su solicitud fue puesta en conocimiento de terceros, quienes ejercieron su derecho a oposición a la entrega de la información, en mérito de la cual el organismo reclamado le denegó el acceso a la misma, sin que se le haya indicado el fundamento esgrimido por la comunidad agrícola para efecto de su oposición.
c) Dado el estado de tramitación de la petición ante la Comisión Interamericana, corresponde al Estado de Chile emitir un pronunciamiento acerca de las alegaciones de fondo de la comunidad, es indispensable para la compañía minera acceder a las presentaciones y documentación aportada por la Comunidad Agrícola, por cuanto obra en su poder documentación que permite desvirtuar sus alegaciones ante la Comisión interamericana.
d) Lo requerido –presentación y documentación adicional entregada por la comunidad agrícola a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- constituye información pública, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, por cuanto obra en poder del organismo reclamado y servirá de sustento o complemento directo y esencial de una acto de la administración del Estado, cual es sus descargos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
e) La negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente, de su Dirección de Derechos Humanos, puede acarrear la vulneración de garantías constitucionales y derechos humanos de la Compañía Minera Nevada Spa. Como el derecho a ser oídos, el derecho de propiedad, el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, la no discriminación del Estado en materia económica, entre otras.
5) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo Directivo Mediante Oficio N° 1644 de 3 de septiembre de 2010, solicitó a don Manuel Fumagalli Drago acreditar su representación en relación a la Compañía Minera Nevada SpA, en conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, esto es, mediante escritura pública o documento privado suscrito ante notario. Mediante carta del 13 de septiembre de 2009, doña Laura Phyllis Emery, encontrándose debidamente facultada, ratificó ante este Consejo todo lo actuado por don Manuel Fumagalli en esta sede, en particular el amparo interpuesto, de conformidad a los poderes que fueron acompañados en la interposición del amparo y que obligaba al Sr. Fumagalli a actuar conjuntamente con otro mandatario.
6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 1711, de 16 de septiembre de 2010, al Subsecretario de Relaciones Exteriores, quien, evacuó sus descargos y observaciones, señalando lo siguiente:
a) El 16 de agosto de 2010 se dio respuesta a la solicitud de información de Compañía Minera Nevada S.A., señalando que la documentación requerida no se podía poner en su conocimiento en atención a que terceros afectados se opusieron fundadamente a la entrega de los antecedentes respectivos.
b) La información requerida forma parte de un proceso vigente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a supuestas vulneraciones de derechos que afectaría a la Comunidad Agrícola Diaguita de Los Huascoaltinos. En dicho proceso se denuncia al Estado de Chile, por haber incurrido en supuestas vulneraciones a los derechos a la propiedad privada y a la protección judicial, consagrados en los artículos 21 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, y al artículo 8 de dicho pacto, que consagra las garantías judiciales, todo ello en relación con el supuesto incumplimiento de las obligaciones que al Estado le imponen los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, de respetar los derechos y garantías que en él se establecen y su pleno goce y ejercicio y de adecuar su legislación interna. Las infracciones señaladas se habrían cometido en contra de la comunidad agrícola indicada, ubicada en la comuna de Alto del Carmen, II Región de Atacama, respecto de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero denominado “Modificaciones Proyecto Pascua Lama”, (resolución N° 1.397 de julio de 2006 de la CONAMA y resolución N° 024 de febrero de 2006) cuya ejecución alteraría de manera significativa sus territorios ancestrales, colocándolos en situación de vulnerabilidad económica y social y generando daños al ecosistema que sustenta su espacio territorial.
c) Dado que la Compañía Minera Nevada es la titular del proyecto minero, cuya ejecución vulneraría los derechos indicados, se estimó que debía notificarse a los dueños de la información requerida, lo que se materializó el 29 de julio de 2010, mediante carta dirigida a los representantes de la comunidad agrícola involucrada, los que se opusieron a la entrega de información según los fundamentos que se detallan en la presentación.
d) Con todo, queda de manifiesto que el Ministerito de Relaciones Exteriores ha actuado en conformidad a la Ley de Transparencia, particularmente su artículo 20, no incurriendo en ninguna conducta arbitraria.
e) En relación a las alegaciones del reclamante, señala lo siguiente:
i. La documentación que el reclamante dice tener en su poder y que haría tan relevante el hecho de que pudiera acceder a los antecedentes requeridos, es información de carácter estatal y que, por tanto, también se encuentra en poder de los respectivos organismo estatales, no existiendo la necesidad para el Estado de solicitarla a ninguna entidad externa.
ii. Llama la atención que el reclamante hable de “derechos humanos” de la Compañía Minera Nevada, toda vez que como es sabido, los derechos humanos son prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, y que derivan únicamente de su condición de ser humano, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, lo que excluye a las personas jurídicas. Esta es la Posición de la Convención interamericana de Derechos Humanos, que se desprende de su artículo 1.1. De lo anterior se colige que no procede hacerse cargo de las acusaciones acerca de la supuesta vulneración de “derecho humanos” del reclamante.
7) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: Mediante Oficio N° 1710, de 16 de septiembre de 2010, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo notificó el presente amparo a doña Nancy Yáñez Fuenzalida en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, quien, mediante carta de 4 de octubre de 2010, evacuó sus observaciones y descargos, reiterando su oposición a la entrega de la información basado en los mismo argumentos esgrimidos ante órgano reclamado, los que no se reproducirán por haber sido expuestos en el numeral 3) anterior. Acompaña a su presentación documentación, entra las que se encuentra el Informe N° 141/09, de la CIDH, de 30 de diciembre de 2009, sobre la admisibilidad de la Petición N° 415-07.
1) Que lo requerido en la especie, según se verá, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, y a los antecedentes que obran en el amparo de la especie, se trata de la documentación presentada por la Sra. Yáñez, en su calidad de peticionaria en el procedimiento ante la CIDH, que da cuenta de sus observaciones adicionales sobre el fondo de la misma, cuyas partes pertinentes fueron notificadas al estado de Chile a fin de que presente igualmente sus observaciones dentro del plazo de dos meses.
2) Que, como gestión oficiosa se consultó vía correo electrónico al organismo reclamado, particularmente a doña Beatriz Contreras, abogada de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la fecha de notificación de las observaciones adicionales del peticionario y fecha en que se habrían evacuado las observaciones del Estado de Chile, de acuerdo a los preceptuado en el artículo 38 del Reglamento de la CIDH. Dicha funcionaria, mediante correo electrónico de 3 de noviembre de 2010, hizo presente que las observaciones de los peticionarios fue notificada el 14 de noviembre de 2009, y que el Estado de Chile evacuó su respuesta a la CIDH el 2 de noviembre del mismo año.
3) Que el organismo reclamado denegó la información requerida por cuanto el tercero involucrado, una vez notificado de la solicitud de acceso, se opuso a la entrega de la documentación requerida basado en lo siguiente:
a) Inaplicabilidad de la Ley de Transparencia a la documentación requerida, por cuanto dicho cuerpo legal sólo es aplicable para los actos y procedimientos de la administración pública en el derecho interno, según se deprende de su artículo 10.
b) Confidencialidad del procedimiento substanciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
c) Contenido de la denuncia planteada ante este órgano internacional dice relación con el patrimonio íntimo de las personas, por lo que su divulgación afectaría derecho a la intimidad, a la honra y, al mismo tiempo, vulnerar el derecho de garantía y protección judicial de la víctima, a menos que se obtenga el consentimiento previo de la misma.
d) El reclamante no tiene legitimación activa para requerir información relativa al procedimiento substanciado ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, por cuanto no es sujeto de derecho internacional.
4) Que cabe a este Consejo desestimar la alegación de inaplicabilidad de la Ley de Transparencia a este caso, en los términos señalados precedentemente, por cuanto el artículo 5° de la Ley de Transparencia, establece una presunción amplia de publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, la que incluye toda información que obre en poder de los mismos, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen clasificación o procesamiento, salvo al concurrencia de una de las causales de reserva de las previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, de lo que se sigue que el organismo reclamado, al tramitar dicha solicitud de acuerdo a las normas contenidas en la ley en comento, actuó conforme a derecho. Además, al contrario de lo planteado por el tercero, la norma en comento no distingue entre normas de derecho interno o internacional, no procediendo este Consejo efectuar tal distinción, sino interpretar dicha norma a la luz del principio de máxima divulgación, consagrado en el artículo 11, letra d) de la Ley de Transparencia, según el cual “los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales”, dado que la interpretación del tercero ciertamente restringe el ámbito del derecho de acceso a la información pública.
5) Que, en cuanto a la alegación del principio de confidencialidad que rige los procesos incoados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dada la naturaleza del requerimiento de información de la especie, conviene revisar algunos aspectos relativos a la CIDH y el procedimiento para conocer de las violaciones aisladas de derechos humanos respecto de Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicables al acaso de la especie:
a) La CIDH fue creada por la Carta de la Organización de Estados Americanos, particularmente su artículo 53 y 106, ratificada por Chile el 5 de mayo de 1953. Señala el artículo 106 mencionado que “Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. /Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia.”
b) La CIDH, en tanto medio de protección, está regulada en el Capítulo VII de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada por el estado de Chile el 8 de octubre de 1990. Cabe señalar que en la firma de la Convención la delegación chilena mediante una declaración reconoció competencia a la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos sólo en relación hechos posteriores a la fecha del depósito de este instrumento de ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. El artículo 39 de la convención en comento dispone que “La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento”
c) El Estatuto de la CIDH fue aprobado mediante Resolución N°447, adoptada por la Asamblea General de la OEA, en octubre de 1979. Por su parte, el Reglamento de la CIDH, en adelante, el Reglamento, fue aprobado por la CIDH en su 109° periodo extraordinario de sesiones, del 4 al 8 de diciembre de 2000, y modificado en su 116° periodo ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002.
d) Los miembros de la Comisión, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 9 de los Estatutos de la CIDH deben “guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión considere confidenciales”. El mismo deber tiene el Secretario Ejecutivo, el Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 N° 3 del Reglamento de dicha entidad.
e) El procedimiento ante la CIDH, se inicia, por regla general , con la presentación de una petición, por parte de cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA, referentes a la presunta violación de los derechos humanos reconocidos tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en otros instrumentos mencionados en el artículo 23 del Reglamento. Dicha petición debe reunir los requisitos previstos en el artículo 28 del Reglamento, la que tras el procedimiento de tramitación inicial fijado en el artículo 29, pasará al procedimiento de admisibilidad, regulado en el artículo 30 del Reglamento, el que una vez substanciado, terminará con el pronunciamiento sobre la admisibilidad del asunto. El artículo 37 N° 1 del Reglamento dispone que los informes de admisibilidad e inadmisibilidad serán públicos.
f) En caso de ser admisible, la petición será registrada como caso y se iniciará el procedimiento de fondo, según dispone el numeral 2 del artículo 37 antes señalado.
g) Ya en sede de fondo, la Comisión debe fijar un plazo de dos meses para que los peticionarios presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo. Las partes pertinentes de dichas observaciones deben ser transmitidas al Estado en cuestión a fin de que presente sus observaciones dentro del plazo de dos meses, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento.
h) Previo a pronunciarse sobre el fondo, la CIDH fijará un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés en iniciar un procedimiento de solución amistosa, previsto en el artículo 41 del Reglamento.
i) De acuerdo al numeral 1 del artículo 42 del Reglamento dispone que a efectos de la deliberación sobre el fondo, la CIDH preparará un informe en el cual examinará los alegatos, las pruebas suministradas por las partes, y la información obtenida durante audiencias y observaciones in loco, asimismo podrá considerar la información de público conocimiento.
j) El numeral 2 del artículo en comento dispone expresamente que “Las deliberaciones de la Comisión se harán en privado y todos los aspectos del debate serán confidenciales.”
k) El artículo 43 del Reglamento dispone que, efectuada la deliberación y voto sobre el fondo, la CIDH procederá de la siguiente manera:
i) Si establece que no hubo violación, lo manifestará en su informe sobre el fondo, el cual será remitido a las partes y publicado en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la OEA.
ii) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en caso de no llegar a una solución, la Comisión redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones, el que será transmitido a los interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.
iii) Por su parte, el artículo 43 del Reglamento dispone que si la CIDH establece una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las proposiciones y recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado en cuestión. Además, fijará un plazo dentro del cual el Estado deberá informar sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. La norma en comento dispone que “El Estado no estará facultado para publicar el informe hasta que la Comisión adopte una decisión al respecto”. Si transcurridos tres meses de la remisión del informe preliminar, el asunto no ha sido solucionado o no ha sido sometido a la Corte Interamericana por la CIUDH o el Estado, la CIDH podrá emitir, por mayoría absoluta de votos, un informe definitivo que contenga su opinión y conclusiones finales y recomendaciones, el que será transmitido a las partes, quienes presentarán información acerca del cumplimiento de las recomendaciones, dentro del plazo fijado por la CIDH, la que evaluará el cumplimiento de las mismas y decidirá, sobre la publicación del informe definitivo y su inclusión en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA o su publicación en cualquier otro medio que considere apropiado.
l) En caso que el estado en cuestión haya aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y la CIDH considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo al artículo 50 de la Convención, someterá el caso a la Corte, salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.
6) Que de lo expuesto precedentemente, no se advierte norma que consagre como principio rector de los procedimientos incoados ante la CIDH el de la confidencialidad, sino que normas que establecen este carácter a las deliberaciones y aspectos del debate de los miembros de la CIDH (Artículo 42 N°2 de su Reglamento) y el informe sobre el fondo emitido por esta entidad (artículo 50 de la Convención y 43 del Reglamento de la CIDH) y que establecen un deber de reserva a los miembros de la CIDH, su Secretario Ejecutivo, Secretario Adjunto y personal de la Secretaría Ejecutiva, pero sólo en relación a los asuntos que la CIDH considere confidenciales. (artículo 9 N° 3 de los Estatutos y artículo 12 N° 3 del Reglamento, ambos de la CIDH, respectivamente)
7) Que refrenda la conclusión anterior lo señalado en el procedimiento substanciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caratulado “Baena, Ricardo y otros Vs. Panamá”, cuya sentencia de excepciones sintetiza, en su párrafo 62, los argumentos de la CIDH en relación a la excepción del Estado en cuestión referida a la violación de la confidencialidad por parte de dicho órgano internacional al transmitir a los peticionarios copia del informe a que hace referencia el artículo 50 de la Convención Americana, en cuyo literal c) señala “que en ningún punto de la Convención o de los Reglamentos de la Corte o de la Comisión se señala que la demanda sea confidencial o que no puede ser transmitida a los peticionarios para su conocimiento y que no existe norma alguna sobre la confidencialidad del procedimiento ante la Comisión o la Corte y solamente de manera expresa se señala que el informe del artículo 50 de la Convención se transmite al Estado, el cual no está autorizado para publicarlo” (lo destacado es nuestro)
8) Que, no tratándose lo requerido de aquellos documentos o informaciones respecto de los cuales se establece la confidencialidad, procede verificar si en el caso particular de la petición 415-07, actualmente caso CIDH-12.471, cuya documentación presentada por los denunciantes una vez declarada su admisibilidad fue requerida en la especie, ha sido decretada alguna medida de confidencialidad o reserva por parte de la CIDH. Sobre el particular, este Consejo advierte que ni las partes del presente amparo, como tampoco el tercero involucrado, han alegado la existencia de una medida de esta naturaleza adoptada en el marco del procedimiento ante la CIDH, por lo que no cabe a este Consejo presumirla, de modo que se descartará la alegación del principio de confidencialidad en análisis.
9) Que descartado lo anterior, procede abordar si la divulgación de los documentos requeridos afecta los derechos fundamentales del tercero, Para tal efecto, resulta necesario precisar que el tercero en el amparo de la especie se trata de la doña Nancy Yáñez, quien tiene la calidad de peticionaria en el procedimiento substanciado ante la CIDH, en representación de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, respecto de quienes señala la divulgación de la información requerida, dado su calidad de víctimas de las violaciones denunciadas ante la CIDH, afectaría su derecho a la intimidad, a la honra y a la garantía y protección judicial de la víctima, alegación basada en que esto se traduciría en “publicitar información que contiene la argumentación jurídica de los denunciantes ante la CIDH, proporcionándola a la empresa cuya actividad ha sido tolerada por el Estado a expensas del incumplimiento de sus obligaciones internacionales y en circunstancia que de dicha actuación ilegal del Estado ha derivado la violación de derechos humanos de la comunidad denunciante y sus miembros”.
10) Que, en el entendido que el caso indicado ya está en etapa de fondo y que lo requerido se trata de las observaciones de carácter adicionales sobre el fondo efectuadas por la peticionaria ante la CIDH, cuyas partes pertinentes fueron transmitidas al Estado de Chile a fin de que presentara sus observaciones, de acuerdo al artículo 38 del reglamento de la CIDH, cabe tener presente, a efectos de determinar una posible afectación de derechos con su divulgación, que:
a) Lo denunciado en el caso de la especie ante la CIDH, consta en el Informe N° 141/09, sobre la admisibilidad de la petición que tiene carácter público y fue acompañado a este Consejo por el tercero involucrado. (disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Chile415-07.sp.htm) En dicho documento consta una síntesis de la posición de los peticionarios y del Estado, lo que permite a este Consejo, conocer el objeto de la discusión del fondo del asunto. (páginas 2 a 7 del Informe N° 141/09). Sobre el particular se señala que la Sra. Yáñez y don Sergio Campusano Vilches presentaron una denuncia ante la CIDH en contra del Estado de Chile por cuanto éste otorgó calificación ambiental favorable para la ejecución del proyecto Minero Pascua Lama y sus modificaciones en territorios ancestrales para la Comunidad Diaguita, sin tener en cuenta la opinión de la comunidad. Según la denuncia, el Estado de Chile sería responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 21, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión a los artículos 1 (1) y 2 del mismo, por cuanto “la ejecución del proyecto en el centro del territorio ancestral afectaría el ejercicio de sus actividades económicas tradicionales, alteraría sus costumbres y formas de vida, generaría daños ambientales en su hábitat y se les privaría de recursos naturales esenciales para garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales. Alegan que la ejecución del proyecto colocaría en situación de vulnerabilidad alimenticia y económica y, consecuentemente, amenazaría su supervivencia e integridad territorial y cultural al poner en riesgo la totalidad del ecosistema que sustenta tales espacios territoriales” (página 1, punto I., párrafo 2, del Informe N° 141/09).
b) Además, en el párrafo 4 del informe en comento, la CIDH, por aplicación del principio iura novit curia, señala que analizará en etapa de fondo si existe una posible violación de los artículos 13, 23 y 24 de la Convención Americana.
11) Que del análisis de los antecedentes que obran en el presente amparo este Consejo no logra advertir la afectación de los derechos invocados, como tampoco de algún otro derecho, como consecuencia de la divulgación de las observaciones adicionales sobre el fondo del caso en tramitación ante la CIDH. Sin embargo, se arriba a dicha conclusión sin tener a la vista los antecedentes requeridos, de modo que, para verificar fehacientemente dicha conclusión, resulta conveniente solicitar al organismo reclamado dicha información a efectos de realizar tal análisis, como medida para mejor resolver el amparo en análisis.
12) Que, es del caso señalar que el organismo reclamado no invoca alguna otra causal de reserva a efectos de denegar la información requerida, no obstante tratarse de información que ha recibido en el marco de la tramitación de un procedimiento ante la CIDH, en su calidad de Estado denunciado y con el objeto evacuar sus observaciones ante dicho órgano en relación al fondo del asunto, gestión que, en todo caso, según indicó a este Consejo el propio organismo reclamado, fue efectuada el 2 de noviembre del año en curso.
13) Que, por otra parte, al basar el organismo reclamado su denegación exclusivamente en la oposición del tercero, inhibiéndose de invocar la norma del inciso 3° del artículo 22 de la Ley de Transparencia, particularmente en su letra c), en orden a considerar que como consecuencia de la divulgación de la documentación requerida se afectaría “la defensa internacional de los derechos de Chile”, este Consejo entiende que el mismo organismo no vislumbró tal afectación.
14) Que, por último, no cabe a este Consejo un pronunciamiento sobre la calidad de parte del reclamante de la especie en el procedimiento ante la CIDH, como tampoco resulta procedente evaluar su interés legítimo en la solicitud de acceso de la especie, por cuanto el derecho de acceso a la información se rigen entre otros principios, por el de no discriminación, establecido en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia, según el cual, “los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”. En consonancia con el principio mencionado, la invocación de un interés o expresión de motivos no constituye un requisito de la solicitud de acceso, previstos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y artículo 28 de su Reglamento.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I. Acoger el amparo interpuesto por la Compañía Minera Nevada SpA en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por los fundamentos indicados en la parte considerativa del presente acuerdo.
II. Requerir al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores fin de que, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, entregue al reclamante la información requerida en su solicitud de acceso que obra en su poder.
III. Requerir al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores a que de cumplimiento a lo precedentemente resuelto, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, enviando copia de los documento en que conste la entrega de información, a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.
IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Manuel Fumagalli Drago, en representación del reclamante; a doña Nancy Yáñez Fuenzalida, en su calidad de tercero y al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Sr. Presidente del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, don Raúl Urrutia Ávila no concurre a la presente decisión por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.

References: artículo 20
 resolución 
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 8
 resolución 
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 11
 artículo 53
 artículo 106
 artículo 39
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 23
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 37
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 artículo 38
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 50
 artículo 43
 artículo 50
 artículo 12
 artículo 50
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 artículo 38
 artículo 22
 artículo 11
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 artículo 28