Source: https://www.slideshare.net/Lexnova/la-mediacion-en-el-proceso-de-menores
Timestamp: 2017-05-30 11:12:31+00:00

Document:
La mediacion en el proceso de menores
Redes Protectoras - Sesión 5: Siste...
, Profesor en Universidad de Salamanca
Damaris Jiménez
at Academia de Español D'Amore
la mediación en el proceso de menores raquel castillejo manzanares Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela resumen abstract la mediación en el proceso de menores the mediation in the process of minorsen la lucha frente a la delincuencia juvenil, hoy la ten- in the struggle against juvenile delinquency, the worlddencia mundial es la de reorientar la política criminal current trend is to reorient the crime politics withinen el ámbito de los jóvenes. de lo que se trata de algún the sphere of young people. but it is really a questionmodo es de introducir la justicia penal juvenil en el of introducing youth criminal justice within the scopemarco de la denominada justicia restaurativa, dentro of what is known as restorative justice, among whichde la que cabe destacar la mediación, como solución stands out the mediation, as an alternative extrajudicialextrajudicial alternativa al proceso penal con un im- solution to the criminal procedure with an importantportante potencial educativo. en efecto, la reparación educational potential. indeed, redress exerts a specificejerce una específica acción educativa sobre el joven educational deed on the young criminal, because it isautor, pues se trata de introducir un modelo de escasa about introducing a model of scarce stigmatizing andestigmatización y alto valor. high value.palabras clave: menor, justicia reparadora, media- Key Words: minor, reconstructive justice, mediation,ción, víctima, justicia restaurativa. victim, restorative justice. sumarioi. PoLÍtica criminaL en eL ámbito de Los jóvenes.ii. La justicia reParadora.iii. La mediación como mecanismo de soLución de confLictos distinto aL Proceso judiciaL.iv. PrinciPios de La mediación en eL Proceso PenaL.v. situación de La justicia PenaL juveniL en esPaña.vi. Procedimiento de mediación Previo a La sentencia. 1. iniciación del proceso de mediación. 2. recepción del caso. 3. el acuerdo. 4. efectos en el proceso judicial.vii. Proceso de mediación tras La sentencia. –9– 2.
revista de derecho penali. PoLÍtica criminaL en eL ámbito de Los jóvenesel escenario social en el que se desarrollan las conductas transgresoras de los jóvenes, asícomo su naturaleza y las formas en que estas conductas se manifiestan, ha ido cambiandoen los últimos tiempos. en efecto, no cabe desconocer que dicha actividad se ha desplazado desde el ghetto a laocupación de espacios extensos, caracterizados por su visibilidad en las grandes ciudades.Por otro lado, el consumo de drogas es algo más habitual de lo que lo ha sido en épocasanteriores. y, por último, aunque sigue existiendo una relación directa entre delincuencia ypobreza, acrecentado en la actualidad por el paro, también es cierto que se han ido incor-porando al escenario de la delincuencia, jóvenes de clases medias y altas. todo ello nos revela que lo extraño hoy en día no es la transgresión, sino su ausencia,lo que nos ha de llevar a entender que el delito en los jóvenes no puede continuar siendodefinido sistemáticamente como síntoma de desviación, sino como el hecho social que es,constituyendo un mecanismo a través del cual el adolescente o el joven se pone a pruebaa sí mismo en relación con los demás y con el contexto normativo por el que se ven com-pelidos. en la lucha frente a la delincuencia juvenil, hoy la tendencia mundial es la de reorientarla política criminal en el ámbito de los jóvenes, y precisamente con objeto de recomponerel escenario de las reacciones sociales a la delincuencia juvenil, lo idóneo sería que lasautoridades públicas delimitasen su campo de actuación, con el objetivo de crear las con-diciones para: a) Priorizar, antes que la sanción, las respuestas reparadoras, haciendo que éstas pue- dan llevarse a cabo tanto en espacios informales como en el seno de los procedi- mientos penales. b) Que la respuesta al delito, ya sea de naturaleza judicial o extrajudicial, contribuya a incrementar, en la medida de lo posible, la competencia personal y social de su au- tor. La reparación entonces no debe limitar las posibilidades de tratamiento volun- tario o de asistencia y orientación al delincuente y/o a la víctima desde cualesquiera otros ámbitos de la intervención social. de este modo, entre la justicia reparadora y el contexto más amplio de las políticas sociales (salud, educación, trabajo, etc.) hay que prever la existencia de vasos comunicantes que garanticen también el acceso de los ciudadanos a dichos servicios cuando, por razón del conflicto, se haya puesto de manifiesto la emergencia de necesidades diversas y los propios interesados así lo expresen. de lo que se trata de algún modo es de introducir la justicia penal juvenil en el marcode la denominada justicia restaurativa, como movimiento o paradigma en criminologíay victimología que enfatiza la participación de las partes en el proceso penal y el papelreparador de la justicia. Los programas de justicia restaurativa, por consiguiente, habilitanal infractor, a la víctima y a la comunidad para que se dé una respuesta a la infracción yal conflicto generado por ella. intenta proteger tanto el interés de la víctima, en cuanto elofensor reconoce el daño ocasionado e intenta repararlo, como el de su autor, pues no será – 10 – 3.
la mediación en el proceso de menoresobjeto del procedimiento judicial completo, como el de la comunidad, dirigido a lograr larehabilitación del ofensor y prevenir la reincidencia. en fin, la justicia restaurativa se contrapone a la justicia retributiva, y sus caracterís-ticas o principios más importantes son: a) Participación. busca la participación de todos los implicados, infractor, víctima y otras personas a quienes se hayan vulnerado derechos. se trata de una participa- ción activa y voluntaria basada en el reconocimiento y en el sentimiento interno de deuda que motiva a reparar, lo que no obsta a que, cuando es alternativa al proceso penal, y por consiguiente el autor obtiene un beneficio penal, este beneficio externo penal también motive de forma lícita a los participantes. b) reparación. en cuanto aporta lo que necesita la víctima para recuperarse y reco- brar su sentido de seguridad. a veces es tan sólo información lo que necesita, otras veces una reparación económica, o dejarle expresar su ira, etc. el concepto de repa- ración, por tanto, es más amplio que la mera restitución económica. c) responsabilidad. va más allá de que el autor comprenda que ha violado la ley, pues se trata, además, de asumir el daño concreto producido a una persona o grupo de ellas y comprender que su acción ha perjudicado a otros. d) reconciliación entre ambas partes para restablecer las relaciones o, al menos, para expresar los sentimientos y soluciones que permitan abordar de una forma pacífica el conflicto. e) comunitaria, pues se trata de fortalecer la comunidad y convertirla en un lugar más seguro y justo para todos, mediante la participación de los diferentes agentes sociales en las soluciones. en este marco, la mediación, como instrumento de la justicia restaurativa, puede de-finirse como un procedimiento en el que un tercero neutral intenta, a través de la organi-zación de intercambios entre las partes, que éstas acuerden una solución al conflicto queles enfrenta. trasladada al ámbito penal, la mediación se realiza entre la víctima y el autor de lainfracción, se produce fuera del proceso penal y tiene como finalidad que ese autor repareel mal causado para satisfacción de la víctima. se consigue no solamente la satisfacción dela víctima, a través de la reparación y otorgando protagonismo a su voluntad, sino tambiénla confrontación del sujeto infractor con su conducta y las consecuencias que de ella sederivan, responsabilizándose de sus propias acciones. de esta manera, la mediación supone un proceso en el que se produce un crecimientopersonal tanto para el infractor, en cuanto asume la responsabilidad de sus actos, comopara la víctima, al tener como consecuencia que pueda atenuarse la denominada victimi-zación secundaria; todo ello mediante un proceso de comunicación entre las partes, que sematerializa en un acuerdo consistente en un dar y recibir con mutuas concesiones. a travésde este instrumento se viene a conseguir de forma más eficaz la función de la pena, es decir,la estabilización a largo plazo de la confianza de los ciudadanos en la inviolabilidad delorden jurídico penal: la víctima considera reparados sus intereses legítimos, el autor de la – 11 – 4.
revista de derecho penalinfracción se responsabiliza de sus actos y la sociedad observa cómo el sistema jurídico haotorgado respuesta al conflicto planteado. en el estricto ámbito penal juvenil, la mediación penal es una solución extrajudicialalternativa al proceso penal con un importante potencial educativo. Las posibilidades quese ofrecen incluyen la mediación y la reparación tanto de forma directa hacia la víctimacomo de forma indirecta o mediante una actividad educativa. todo ello, facilitado por unmediador imparcial que utiliza diferentes técnicas y/o habilidades que facilitan la comuni-cación ente las partes y flexibilizan el conflicto. La reparación ejerce una específica acción educativa sobre el joven autor por cuantoque estimula la reflexión de éste sobre su responsabilidad y sobre el modo de afrontarla.en este sentido, se puede decir que es un modelo idóneo para el sistema de justicia deljoven por su escaso valor estigmatizante, su alto valor pedagógico y su carácter de menorrepresión.ii. La justicia reParadorael proceso penal ha de cumplir varias funciones, por un lado, garantizar los derechos delciudadano sometido a investigación; investigar el delito de modo eficaz y diligente, evitan-do dilaciones innecesarias; enjuiciar el objeto del proceso en un plazo razonable y con lasmáximas garantías de conocimiento, transparencia, objetividad, imparcialidad y contradic-ción; así como, de modo destacado, una función social en el tratamiento de la delincuencia,de modo tal que la ley penal ha de integrarse en el tratamiento global de la delincuencia yha de hacerse compatible con la prevención de las acciones y omisiones definidas comodelito, con la satisfacción de las víctimas y con el restablecimiento más completo posibledel orden jurídico perturbado por la infracción penal. esto es, ha de tender a prestar a lavíctima la mayor asistencia y reparación posible, a posibilitar la rehabilitación del delin-cuente y su reintegración social en condiciones que eviten la comisión de nuevos delitos,y constituir un instrumento eficaz de política social, lo que implica su asunción por lacomunidad y la participación de ésta en su desarrollo. es lo que se ha venido a llamarla justicia reparadora, la que se encuadra en el marco de un proceso, proceso reparador,el cual es definido por la declaración sobre los «Principios básicos para la aplicación deprogramas de justicia reparadora en materia penal» (resolución 2002/12 ecosoc) como«todo proceso en el que la víctima, el ofensor y, cuando proceda, cualquier otra persona omiembros de la comunidad de afectados por el delito participan conjuntamente de maneraactiva en la resolución de las cuestiones derivadas del delito, normalmente con la ayuda deun facilitador». dicha resolución parte de una visión de la justicia reparadora no como alternativa sinocomo complemento de la justicia penal y afirma su validez en todas las fases del procesopenal, además de los principios de voluntariedad, igualdad y la necesidad de respetar losprincipios de un proceso justo y la presunción de inocencia. y en este contexto surge la institución de la mediación, definida en la recomenda-ción núm. r(99) 19, del consejo de europa en materia de mediación penal, como «todo – 12 – 5.
la mediación en el proceso de menoresproceso que permite a la víctima y al delincuente participar activamente, si librementeacceden, en la solución de las dificultades resultantes del delito, con ayuda de un terceroindependiente». La mediación, en el ámbito penal, se prevé en la recomendación (85) 11, del comitéde ministros del consejo de europa, y en la decisión marco 2001/220/jai del consejo dela unión europea, sobre el estatuto de la víctima en el Proceso Penal, como un derechode la víctima, en concreto a que se articule por el estado un sistema de mediación penalcon finalidad reparadora. La justificación no es otra que, siendo el derecho penal un instru-mento imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra sociedad, ello no obsta a quese trate de limitar las consecuencias negativas que genera su aplicación. y a ello tiende lamediación, en cuanto sirve como instrumento dentro del proceso para obtener una soluciónpacífica al conflicto penal, atendiendo tanto a las necesidades de la víctima como a la rein-serción del victimario. se traba de abogar por un sistema de justicia penal más humano, sinque la seguridad jurídica y los fines de prevención general del derecho Penal se resientan,como un instrumento dentro del proceso incrementa las posibilidades de solución pacíficade los conflictos atendiendo a las necesidades de la víctima y apoyando la posibilidad dereinserción de los infractores —prevención especial—. como tal, es considerada actualmente como la forma más innovadora de abordar losproblemas ligados a cierto tipo de criminalidad: la reparación, la restitución y, a veces,también la reconciliación, pueden ser los valores de base de la acción penal. en este marco,la mediación se inserta dentro de lo que se ha venido a llamar la «justicia restitutiva» laque está considerada y sostenida como una tercera vía, situada entre el modelo de justiciaretributiva y el de la justicia rehabilitadora dirigida a la readaptación. si el primero deestos dos modelos pone el acento sobre los crímenes y su castigo, el segundo se concentraen la recuperación y la reintegración del delincuente. La justicia restitutiva se interesa porel crimen, pero lo define como un problema de orden interrelacional. hace falta conduciral delincuente a la asunción de la responsabilidad y de las consecuencias de sus acciones,así como del perjuicio causado a la víctima. el hecho de reconocer las consecuencias y elperjuicio hacia la víctima lleva a ésta a ser un copartícipe en la comunicación relativa a lareparación y a la restitución. asumir su responsabilidad, encontrar soluciones, firmar y res-petar los acuerdos y restablecer la paz son algunos de los trazos destacados de la mediacióny de la justicia restitutiva.iii. La mediación como mecanismo de soLución de confLictos distinto aL Proceso judiciaLLa mediación como tal se integra en el contexto de los mecanismos de solución de con-flictos distintos al proceso judicial, a los que se ha venido denominando adr, aunque nopor ello son opuestos a aquél o no pueden insertarse dentro, esto es, realizarse de maneraintrajudicial. La denominación adr engloba a las distintas vías o técnicas que vienen siendo habi-tualmente utilizadas en la sociedad americana para resolver cuantas cuestiones no preten-den ser abordadas por los tribunales. sin embargo, en estos últimos tiempos, ha cambiado – 13 – 6.
revista de derecho penalel término «alternativas» por «adecuadas» o «complementarias», en gran medida porquela alternatividad no siempre responde a la verdadera naturaleza de la técnica o medio em-pleado. y, como tal, no sirven tan sólo como métodos alternativos frente a los procesos judi-ciales, sino complementarios o adecuados respecto de los procedimientos jurisdiccionales,pues en ocasiones los métodos aplicados en las adr se adaptan mejor al conflicto concretoa que se las somete. de tal modo que existen algunos conflictos sociales que dada su complejidad no resul-tan aptos para ser resueltos adecuada y eficazmente a través de los instrumentos clásicos deresolución de conflictos, como es el proceso. Para ellos se requiere una específica metodo-logía basada en el trabajo conjunto de diversas disciplinas, pues el tratamiento legal incidebásicamente en parte del problema, pero no en su totalidad. el tratamiento del problemaen el proceso judicial se centra en el hecho enjuiciado obviando las circunstancias de lossujetos encausados, dejando, por tanto, de lado, sobre todo en el campo penal, cuestionestales como: a) La solución del conflicto entre las partes implicadas, para que, por un lado, la víc- tima logre asumir lo que ha ocurrido, entenderlo, perder, si no total, sí al menos parte del miedo y otras emociones que se le han podido generar; por otro, que el victimario se haga consciente del daño causado con su conducta, llegando a asu- mir la responsabilidad de ésta. b) cómo se siente la víctima, tanto antes, durante como después del suceso. Puesto que siendo la gran perjudicada del proceso, es también la gran olvidada, siendo habitual que guarde en su interior un mar de emociones incontroladas. en definitiva, con relación a la víctima cabe identificar tres objetivos que van destina-dos a la integral reparación por el daño sufrido: a) La reparación o resarcimiento del daño. b) La recuperación del sentimiento de seguridad. c) y la resolución de problemas asociados a la victimización secundaria derivados de la reiterada llamada al proceso del ofendido en calidad de testigo. Por otro lado, con relación al victimario se persigue: a) su responsabilización por la conducta infractora. b) La reparación a través de la aplicación de la pena correspondiente, así como de medidas alternativas que sirvan para dar solución a su conducta infractora. c) una aptitud más positiva hacia el sistema represivo que significa el sistema pe- nal. Pero no sólo la víctima y el victimario obtienen beneficios, sino la sociedad en generalque recobra la confianza en la justicia cuando es consciente de que tanto la víctima como elvictimario han obtenido una respuesta satisfactoria a su conflicto. así bien, se trata de faci- – 14 – 7.
la mediación en el proceso de menoreslitar el diálogo comunitario, reconstruyendo la paz social quebrada por el delito y minimi-zando las consecuencias negativas, devolviendo, en consecuencia, cierto protagonismo a lasociedad civil. esta opción revierte positivamente en la sociedad a través del incremento deconfianza en la administración de justicia penal. se trataría de la potenciación de la comu-nidad social como elementos integrador a mayores de los que están vigentes en el marcode la justicia restaurativa. de esta manera, los efectos de la mediación pueden servir comoforma de tranquilizar el miedo difuso de la sociedad, y se erige como método que palia lospeligros que subyacen en el fondo de una buena parte de los conflictos penales, tales comola pobreza, las adicciones, patología mental, la ausencia de recursos sociales para determi-nados colectivos, aumento de la violencia entre las personas, miedo a los inmigrantes o alo desconocido, fractura del tejido social. a la persecución de ese fin, el tratamiento integral del conflicto, surge la mediación,como instrumento auxiliar de la justicia con una metodología adaptada a dar una mejor ymás apta respuesta a determinados litigios.iv. PrinciPios de La mediación en eL Proceso PenaLLa mediación en el procedimiento penal debe ser un servicio de atención gratuita a laciudadanía, en cuanto el derecho Penal tiene un carácter público, al que deriva el órganojudicial, aunque es posible que bien la defensa o la acusación se lo soliciten, siendo, entodo caso, voluntario para las partes durante todo el tiempo que dure el procedimiento demediación, de forma tal que se puede abandonar en cualquier momento sin que supongapor ello una merma en las garantías procesales. dentro del proceso así descrito, los principios por los que se rige han de ser: 1. La naturaleza autocompositiva del conflicto, en cuanto son las partes las que han de llegar al acuerdo, interviniendo la persona mediadora a los solos efectos de equilibrar la capacidad negociadora de ambas partes y favorecer la negociación para la consecución de acuerdos. así pues, a través de la mediación no se impone la solución por terceros como en el proceso judicial o en el arbitral, mecanismos heterocompositivos de solución de conflictos, sino que la solución es negociada, asumida y acordada por las propias partes, sin que el tercero, persona mediadora, tenga poder de decisión o imposición sobre las soluciones y acuerdos a las que lleguen las propias partes. 2. se trata de un instrumento al que se acude de forma voluntaria, de hecho, nada parece más alejado de la finalidad propia de todo procedimiento de mediación, que no es otro que alcanzar un acuerdo de modo voluntario y autónomo, que imponer a las partes que se sometan a un procedimiento de estas características. así bien, la norma general debiera ser la voluntariedad, en todas las manifestaciones de la mediación, sin perjuicio de que pueda ser establecida la obligatoriedad de una en- trevista informativa previa, con el objeto de asegurar que la opción que realizan los ciudadanos por rechazar o aceptar un proceso de mediación es plenamente cons- ciente, aceptada y no mediatizada por prejuicios propios o de terceras personas. Por otra parte, la voluntariedad no se refleja únicamente en el momento de aceptar – 15 – 8.
revista de derecho penal participar en un proceso de mediación penal, sino que también está presente a lo largo de él, es decir, que cualquiera de las partes conserva la facultad de anunciar que quiere dar por terminado el proceso de mediación. 3. intervención de tercero neutral, esto es, la persona que medie no podrá orientar y menos imponer a las partes su propia escala axiológica frente a la propia de cada parte, evitando así plantear alternativas que vayan dirigidas a alcanzar soluciones que sean más conformes a la propia escala de valores de la persona mediadora. La neutralidad del mediador está en relación directa con los fines teleológicos de su función que, en definitiva, son el resultado de la pacificación de las relaciones interpersonales y el de la reconstrucción de vínculos sociales. 4. intervención de un tercero imparcial, entendiendo por imparcialidad la cualidad de no tomar partido por alguien siendo objetivo en el tratamiento de la cuestión, descubriendo los intereses y necesidades de todos los intervinientes, respondiendo de forma objetiva a cualquier planteamiento expuesto o interés expreso implícito en cualquier proceso. La imparcialidad es un concepto que nos lleva directamente a la relación del mediador con las partes. se trata de una condición de actuación compartida con los jueces, los árbitros o los peritos y el régimen jurídico de aplica- ción es el mismo. La formulación concreta es que el mediador no puede tener vin- culación especial con ninguna de las partes que comprometa su independencia. 5. el proceso ha de ser confidencial, pues es la forma de garantizar la confianza en el sistema, aunque cabe admitir excepciones que deben ser expresamente reguladas. mas el principio de la confidencialidad hay que ponerlo en relación con el prin- cipio de voluntariedad anteriormente analizado, que determina que, en cualquier momento, cualquiera de las partes puede dar por finalizado el proceso de media- ción y acudir a los tribunales. Por esta razón se ha de garantizar que no se va a utilizar la mediación de forma fraudulenta para obtener fuentes de prueba. en cualquier caso la confidencialidad respecto a la persona del mediador ha de garantizarse a través de que quede vinculado por el secreto profesional respecto de los hechos y circunstancias que le han sido confiados; así como que no pueda ser llamado a declarar como testigo en el juicio subsiguiente, ni tampoco como perito. respecto a las partes, se les ha de prohibir utilizar en un proceso posterior los hechos reconocidos en el contexto de la mediación. no obstante, la confidencialidad tiene su límite en el orden público, por lo que el principio ha de ceder ante el riesgo para la integridad física de las personas o ante el conocimiento de un hecho delictivo distinto al que es objeto de enjuicia- miento.v. situación de La justicia PenaL juveniL en esPañaen la actualidad en españa nos movemos en dos planos, por un lado, el del derecho vigentey, por otro, el de las eventuales propuestas de reforma que puedan considerarse deseables. – 16 – 9.
la mediación en el proceso de menores en el primer plano nos hallamos con que, en primer lugar, la reparación tiene muchosreflejos en el ordenamiento penal, no sólo como atenuante sino también como realidadque ayuda a acceder a determinados beneficios y que es contemplada específicamente enalgunos supuestos de la parte especial. en segundo lugar, la conciliación, como tal, cuenta con algunas referencias indirectasy muy particulares, como en los delitos de injurias y calumnias. Por último, la mediación explícitamente considerada reduce su operatividad a la legis-lación de menores (1). en el derecho penal de adultos la situación es de anomia, lo que no haimpedido la puesta en marcha de muchas experiencias. La mediación en el ámbito de los menores no debe entenderse como manifestación delprincipio de intervención mínima del derecho Penal, sino como reflejo del principio deoportunidad y superior interés del menor, así como del principio de proporcionalidad. enefecto, con la mediación no se trata de no tipificar las conductas menos graves del menor,sino de diversificar la respuesta frente a los hechos que se hallan tipificados penalmente,pudiendo no incoar el procedimiento judicial, renunciar al ya incoado o darle fin al concu-rrir una resolución extraprocesal valorada como satisfactoria. así bien, la Lo 5/2000 ha venido a establecer un modelo de mediación y reparación, ya regular de forma explícita las posibilidades de la justicia restaurativa en el ámbito penaljuvenil. en este marco, los cambios más significativos han sido, por un lado, que se hanintroducido varias formas de justicia restaurativa. así bien, junto a la mediación, se prevénotras fórmulas en las que no interviene directamente la víctima, así en la reparación y en laactividad educativa del menor. Por otro, con respecto a la mediación, cabe destacar que se conciben los procesos demediación como una forma de solución extrajudicial, no obstante lo cual, todo el procesode mediación se halla incardinado en el procedimiento judicial y es revisado tanto por elministerio fiscal como por el juez de menores. además, no todos los asuntos que llegan a la justicia juvenil pueden pasar a programasde mediación, sino que la propia legislación limita la solución extrajudicial a los hechoscalificados inicialmente como delitos menos graves y a las faltas. Lo cierto es que lo relativo al ámbito objetivo de aplicación de la mediación no es untema pacífico, y ello a la vista de que las opiniones son dispersas, hay quien, como el legis-lador, considera que se debe limitar su aplicación a los delitos menos graves y a las faltas;también se aboga por excluirlo de la mayoría de las faltas. y, por último, hay otra línea, conla que me manifiesto en total acuerdo, que defiende que se podrá estar a las circunstanciasde cada caso, sobre todo, a la posición emocional y a las condiciones de igualdad en que seencuentren las partes para ver si es posible o no el desarrollo de la mediación. de manera (1) en lo relativo a la legislación de menores, no cabe desconocer la existencia de la Lo 5/2000, de 12 de enero,reguladora de la responsabilidad Penal del menor, que entró en vigor el 13 de enero de 2001, así como su reglamentode desarrollo (rd 1774/2004, de 30 de julio). además en cataluña existe la Ley 27/2001, de 31 de diciembre, de jus-ticia juvenil, que regula en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas aquellas materias que lesatribuye expresamente el artículo 45.1 LorPm. – 17 – 10.
revista de derecho penalque la derivación a mediación no debe responder exclusivamente a criterios objetivos queatiendan exclusivamente a los tipos penales, sino que debe tomar en consideración el crite-rio subjetivo de la presencia como sujeto pasivo en el supuesto de víctimas que sean perso-nas físicas, y con vulneración de derechos eminentemente personales. tengamos en cuentaque la gravedad del hecho según la calificación y pena que se halle contenida en el códigoPenal, no coincide siempre y en todo caso con la gravedad percibida subjetivamente, deforma tal que no tienen por qué estar todos los delitos graves excluidos, ni deben incluirsetodas las faltas, porque no todas son idóneas para el proceso de mediación. como decimos, esta última postura se puede entender la más adecuada, y más teniendoen cuenta que se trata de jóvenes infractores que requieren, si cabe más que cualquier otrosujeto, que se atienda a sus circunstancias personales. en este caso, se han de barajar varioscriterios: a) Por un lado y claramente, los subjetivos, esto es, las condiciones subjetivas de las personas que protagonizarían la resolución mediada, tanto en función de sus di- versas capacidades personales, como de la situación coyuntural en que se hallen; y además la significación subjetiva del hecho, al margen de su calificación jurídico- penal. b) Por otro, a lo anterior habrá de unirse, si se trata de un hecho flagrante o en el que existen claros indicios de criminalidad. c) Para por último valorar positivamente los supuestos en que nos hallamos ante relaciones enconadas entre partes, en su caso con múltiples denuncias repetidas o cruzadas, en injurias y calumnias, violencia doméstica y de género, y hurtos contra las personas físicas. cabe destacar también que, a pesar de que no todo asunto pueda ser llevado a media-ción, ésta es concebida con una finalidad educativa y resocializadora, sobre los criterios dedefensa social basados en la prevención general. así pues, resolución del conflicto, repara-ción de la víctima y aprendizaje, se complementan en la mediación juvenil.vi. Procedimiento de mediación Previo a La sentenciacomo es fácil observar, se le da mucha importancia a la mediación en la justicia de meno-res y ello debido a que incide de una manera específica en ellos, de forma tal que: a) La mediación es un proceso de responsabilización no sólo en lo relativo a la res- ponsabilización objetiva, esto es, la basada en el resultado del hecho delictivo o a la asunción de responsabilidad en la comisión del hecho; sino también de responsabi- lidad en lo relativo a responder ante sí mismo y ante los demás de los propios actos o actitudes. esta última responsabilidad es fundamental en el marco de los menores, pues es ha- bitual en ellos la falta de previsión del alcance de su conducta, considerando que un hecho aislado no es importante si no se conocen o no se piensan las consecuencias para quien lo ha padecido. – 18 – 11.
la mediación en el proceso de menores b) el proceso de mediación permite una toma de conciencia del menor respecto a que sus actos le pertenecen y tienen consecuencias tanto para él, como para terceros, sean éstos la víctima, sus padres… c) además, el proceso de mediación es reflexión, pues desde el momento en que se introduce a la víctima en el discurso se produce un cambio sustancial de actitud del menor, quien analiza las circunstancias que le llevaron a la acción delictiva y las consecuencias que tuvieron para la víctima. d) Por último, la mediación fomenta el autocontrol, de manera tal que se previene la reincidencia, y todo ello porque el proceso constituye una indudable experiencia de aprendizaje y de educación hacia la responsabilidad. todo ello implica que el menor ha de tener y mostrar verdadera voluntad de asumir laresponsabilidad que pueda tener en los hechos denunciados, en caso contrario no cabe en-tender producida la mediación. en este sentido cabe recordar lo resuelto en la saP de ta-rragona de 18 de junio de 2007, según la cual, «La sala, previo examen de las actuaciones,no comparte las argumentaciones esgrimidas por el ministerio fiscal y por el magistradode menores y, ello, por cuanto, en primer lugar, los informes elaborados por el equipotécnico se realizan con carácter previo a la práctica de las declaraciones testificales, de lascuales, resulta especialmente reveladora la declaración de la menor yolanda, declaracio-nes, de las que se desprende la participación de ambos menores en los hechos denunciados,circunstancia esta que contrasta con los informes elaborados por el equipo técnico que selimitan a acoger lo manifestado por los menores imputados. en segundo lugar, en cuanto al menor Luis andrés, del relato que expresa el equipotécnico se desprende una desvinculación del mismo de los hechos denunciados pues ex-presamente se hace constar: “Luis andrés expresa su desvinculación de actos que puedanperjudicar a sus compañeros y valora que las conductas agresivas que a veces ha presen-ciado no son compartidas en absoluto por él”, desvinculación que se comprende desde ellegítimo ejercicio del derecho de defensa pero que contrasta con las manifestaciones de lostestigos que lo implican directamente en los hechos. Por otra parte, en cuanto al menor josé ignacio, si bien el equipo técnico hace constaren el informe que asume su responsabilidad y está dispuesto a participar en un programade mediación manifestando una voluntad de reconciliarse con la víctima, ello contrasta conlas manifestaciones de su letrado defensor en las que expresamente niega la participaciónde josé ignacio en los hechos denunciados y con las propias manifestaciones del menoren la declaración prestada ante la fiscalía en las que también niega los hechos que se leimputan. de lo anterior se infiere que no concurren los presupuestos previstos en el artículo19 LrPm en cuanto a la mediación que ha motivado el sobreseimiento provisional de lasactuaciones respecto del menor josé ignacio por cuanto difícilmente el menor va a asumircompromiso alguno de reparación con la víctima si no reconoce los hechos que se le impu-tan, ni puede compartirse el archivo definitivo de las actuaciones respecto del menor Luisandrés, pues los indicios de su participación en los hechos denunciados no se limitan a lomanifestado por la acusación particular en la denuncia por cuanto que los hechos que enella se describen hallan corroboración en las manifestaciones de los testigos. – 19 – 12.
revista de derecho penal asimismo, la sala entiende que si bien es cierto que los principios que deben informarestos procedimientos son el de actuar en interés del menor y el principio de intervenciónmínima del derecho penal, lo cierto es que la actitud mostrada por ambos menores hasta elmomento no puede hacerles merecedores de tales beneficios por cuanto no se aprecia unaverdadera voluntad de asumir la responsabilidad que pudieran tener en los hechos denun-ciados, sin obviar el derecho de la víctima a verse protegida ante hechos como los presen-tes, desgraciadamente frecuentes, que han supuesto para el menor jorge un desasosiegoevidente que ha motivado la necesidad de someterse a tratamiento, según se desprende delos informes aportados, y se haya visto obligado a cambiar de centro escolar, entendiendo,por todo ello, que la víctima se merece obtener una respuesta adecuada que, en absoluto,debe verse condicionada por la propuesta de archivo definitivo y de sobreseimiento inte-resadas por el ministerio fiscal por cuanto dicha representación no asume en exclusiva laacusación en el presente procedimiento». a la vista de la importancia que se le da a la mediación en el marco del proceso penalde menores, el reglamento entra en el concreto procedimiento que ha de seguirse de unamanera profunda y detallada. así bien, prevé las diferentes fases que han de seguirse en elproceso de mediación.1. iniciación del proceso de mediaciónuna primera fase de iniciación del proceso de mediación. se arbitran dos formas de llegaral Programa de mediación-reparación. en efecto, cabe que, por un lado, el ministerio fis-cal, a la vista de las circunstancias concurrentes o a instancia del letrado del menor, apreciela posibilidad de desistir de la continuación del expediente, en cuyo caso habrá de solicitardel equipo técnico que informe sobre la conveniencia de adoptar la solución extrajudicialmás adecuada al interés del menor y al de la víctima. en efecto, el ministerio fiscal podrádesistir de la continuación del expediente, a la vista: a) Por un lado, de la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, en particu- lar la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos. b) y, por otro, a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima, esto es, haya reconocido el daño causado y se haya disculpado ante la víctima, habiendo ésta aceptado sus disculpas; o bien haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, seguido de su reparación efectiva. dicha reparación podrá ser a través de la realización de deter- minadas acciones en beneficio de aquéllos o bien de la comunidad. un supuesto en el que no se apreció que cupiera la reparación extrajudicial por no haber dado conocimiento a la víctima de la petición de perdón por parte de los menores, se examina por la audiencia Provincial de ciudad real de 14 de no- viembre de 2008, según la cual, «cuestionan los recurrentes el sobreseimiento del expediente de reforma, pues entienden no concurren los requisitos exigidos por el artículo 19 LorPm, tanto en cuanto, a su juicio, los hechos no pueden considerarse de menor gravedad, como que la actuación de los menores se limitó a presentar una – 20 – 13.
la mediación en el proceso de menores disculpa escrita, no aceptando que la misma tenga la publicidad necesaria y equiva- lente a la publicidad que se dio a la actuación ofensiva. señala que no se ha oído a las víctimas, incumpliendo lo establecido en el artículo 19.2. insisten en que, por la publicidad y difusión de las vejaciones proferidas en la canción elaborada por los menores, se infiere la improcedencia de su consideración de menor gravedad. reproduce el contenido de las mismas y concluye, tras realizar consideraciones sobre el interés del menor y los requisitos del artículo 19, con invo- cación del contenido de un auto dictado por la audiencia Provincial de tarragona en apoyo de su tesis, la improcedencia del sobreseimiento dictado. el ministerio fiscal se opone a dicho recurso, entendiendo concurrentes los re- quisitos legales, invocando los principios de oportunidad e intervención mínima y cuestionando la personación en forma del recurrente conforme al artículo 25 de la LorPm. razones de oposición en las que incide la defensa de los menores, aña- diendo consideraciones sobre el hecho de que los menores fueron sancionados por el centro y apelando al principio non bis in idem, en orden a la proscripción de la doble sanción por los mismos hechos. seGundo sin perjuicio de las consideraciones genéricas que se realizan a los principios de oportunidad, mínima intervención —principio de política legislativa— o al interés de los menores, atendiendo los preceptos invocados, lo informado por el equipo técnico, los fundamentos del sobreseimiento instado por el ministerio Público y los integrantes del auto recurrido, se infiere que se solicita y acuerda dicho sobresei- miento al amparo del artículo 19.1, es decir, el sobreseimiento por conciliación o reparación del menor y la víctima. ello deriva de la valoración de las disculpas previas emitidas por los menores, y motiva el informe del equipo técnico; disculpas que los profesores no entienden suficiente, cuando se han negado a emitirlas a presencia de sus compañeros, entre otras razones. si dicho sobreseimiento se dictó conforme a dicho articulado, se han omitido sus correspondientes trámites, dando por supuesta una reparación que las víctimas no entienden suficiente y de espaldas a las mismas, pues no se les ha citado a fin de manifestar la aceptación de las disculpas o, en su caso, proceder a arbitrar los me- canismos de mediación y conciliación regulados en dicho articulado. Por ello entendemos que, sin prejuzgar el fondo, ha de estimarse el recurso, por no haberse cumplido los requisitos necesarios para proceder al sobreseimiento por conciliación o reparación». c) o, por último, se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe. en cualquier caso, como ya hemos puesto de manifiesto con anterioridad, el desisti-miento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho imputado almenor constituya delito menos grave o falta. – 21 – 14.
revista de derecho penal Por otro lado, cabe que sea el equipo técnico quien inicie el procedimiento. en efecto,durante la instrucción del expediente, el ministerio fiscal le requerirá la elaboración de uninforme, o la actualización de los anteriormente emitidos sobre la situación psicológica,educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cual-quier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas pre-vistas; pues bien, será en este momento cuando pudiera estimar conveniente que el menorefectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, en cuyo caso habrá deinformar de tales extremos al ministerio fiscal y al letrado del menor. si el ministerio fis-cal apreciara la posibilidad de desistir de la continuación del expediente, habrá de solicitardel equipo técnico informe sobre la solución extrajudicial más adecuada. Puede producir ciertas dudas el hecho de que se prevea como uno de los supuestosque sirve para que el ministerio fiscal decida desistir del procedimiento, el que haya reco-nocido el daño causado y se haya disculpado ante la víctima, en tanto en cuanto se puedeentender vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, si tras el intento de mediaciónéste terminare sin acuerdos. en efecto, ya la decisión de participar en una mediación puede entenderse como unindicio de intervención en el hecho delictivo, que podría ser susceptible, en principio, devaloración judicial. Pero tengamos en cuenta una cosa, el ofrecimiento al menor de la po-sibilidad de participar en una mediación no se realiza únicamente en función del reconoci-miento de hechos, sino en función de la naturaleza y circunstancias del hecho criminal, dela intensidad de los indicios que estén acreditados y de la posibilidad de reparación. no obstante, cuando comienza la mediación, aparece un reconocimiento implícito delos hechos por parte del menor que, en principio, podría influir en la valoración probatoriaque en su momento realice el juez en la sentencia. sin embargo, nunca podrá ser así, pues,por un lado, este hecho no tendrá trascendencia si la mediación finalizase por acuerdo en-tre las partes; y, por otro, si una vez iniciado, termina sin acuerdos, tenemos que tener encuenta que la salida del menor del proceso de mediación podría ser debida a que no estáconforme con los hechos que la víctima expresa, o a que dichos hechos no son susceptiblesde traducción jurídica en una infracción penal. Pero en cualquier caso, el juez no podrábasar la motivación de una eventual sentencia condenatoria en esta circunstancia, pues sólocabe que resuelva con base en las pruebas que tengan lugar en el juicio oral. Por tanto, nila apertura voluntaria ni el cierre del proceso de mediación son elementos que puedan sertomados en consideración dentro de la valoración probatoria. de hecho, y para reforzar elderecho a la presunción de inocencia, el juez no tendrá conocimiento del contenido delproceso de mediación, salvo los acuerdos adoptados por las partes en el documento final yque se recogen en el «acta de acuerdos» hasta el desarrollo del juicio oral, momento proce-sal en que las partes podrán expresar todo aquello que quieran en relación con los hechos,situación y reparación; así se evita una posible contaminación judicial. Por otro lado, lo que resulta incuestionable es que la decisión sobre si cabe o no rea-lizar la mediación entre el menor y la víctima es del ministerio fiscal, a la vista de loinformado por el equipo técnico, no siendo en ningún caso medidas obligatorias, y ello ala vista de lo ya previsto en la exposición de motivos de la Ley del menor, de la que sedesprende que la reparación del daño causado y la conciliación entre la víctima y el menorno son medidas obligatorias, sino que han de aplicarse cuando concurran los requisitosprevistos legalmente, es decir «cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, – 22 – 15.
la mediación en el proceso de menoresy la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdón», requiriéndose en la reparación «algomás», a saber, «el menor ejecuta el compromiso adquirido con la víctima o perjudicado dereparar el daño causado». así bien, es el equipo técnico quien valorará si se dan las bases adecuadas de loscriterios educativos correspondientes, pues según declara la exposición de motivos, en elderecho Penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimientoy de las medidas que se adopten, el superior interés del menor, que ha de ser valorado concriterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbitode las ciencias no jurídicas (2).2. recepción del casoLa segunda fase es de recepción del caso, análisis de la documentación y citación del me-nor. así bien, el equipo técnico habrá de recibir el caso, esto es, la solicitud junto conla denuncia, atestado policial, declaración del menor, etc., a fin de emitir una valoraciónsobre la idoneidad o conveniencia de adoptar o no una solución extrajudicial, y, en casoafirmativo, cuál sea la más adecuada. La valoración la trasladará a través de un informe, elcual tiene una naturaleza completamente distinta al de la situación del menor que se realizaen el proceso judicial. el equipo técnico habrá de citar a su presencia al menor, a sus representantes legalesy a su letrado defensor, a quienes les expondrá la posibilidad de solución extrajudicial. siel menor o sus representantes legales manifestaren su negativa a la solución extrajudicial,el equipo técnico habrá de comunicarlo al ministerio fiscal, y procederá a elaborar uninforme sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre suentorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de laadopción de alguna medida. si el menor, con la presencia de su letrado, aceptare alguna de las soluciones extraju-diciales, se recabará, con la mayor brevedad posible, la conformidad de sus representanteslegales. (2) manifiesta la saP de navarra de 21 de octubre de 2002 que «la elección de la medida o medidas adecuadas,se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a laedad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dosúltimos en los informes de los equipos técnicos y, en su caso, de las entidades públicas de protección y reforma demenores, cuyo contenido ha de versar sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobresu entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna delas medidas previstas. y esto es lo que se ha hecho en el caso enjuiciado, puesto que la juez de menores explica de forma convincente lasrazones que le llevan a imponer la medida de tres fines de semana, tomando como base el informe del equipo técnico. siendo reiterada doctrina constitucional que declara que el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en elartículo 24.1 ce, comprende el derecho de acceso al proceso, a los recursos y a que el órgano judicial decida conformea lo alegado por las partes, oídas contradictoriamente; por tanto, la invocación del derecho a la tutela judicial efectivase formula por el recurrente con carencia absoluta de toda argumentación, lo cual pone de manifiesto su condición dedenuncia puramente retórica, merecedora de ser rechazada de plano, sin otra consideración que no sea la de constatarque la sentencia impugnada le ha ofrecido una respuesta jurídicamente razonada que satisface plenamente el referidoderecho constitucional». – 23 – 16.
revista de derecho penal en cualquier caso, se ha de garantizar al menor que si desea abandonar el procesomediador, pueda hacerlo sin que ninguna de la información en él vertida pueda ser tenidaen consideración en el proceso judicial. ahora bien, se debe garantizar la confidencialidadde la información que se vierta en el proceso de mediación para que su contenido no puedaser utilizado en sentido incriminatorio. aceptada la fórmula de solución extrajudicial, el equipo técnico habrá de ponerse encontacto con la víctima para que a su vez manifieste la conformidad o disconformidad aparticipar en el procedimiento de mediación. Los criterios que habrían de tenerse en cuentapara el acceso de la víctima a mediación son: el interés de ésta en ser reparada; su voluntady compromiso para participar en la mediación; así como su capacidad para entender laalternativa que se le propone. si diere su conformidad, y fuera menor de edad o incapaz, el consentimiento habrá deser confirmado por sus representantes legales y puesto en conocimiento del juez de meno-res competente.3. el acuerdoLa tercera fase es la de mediación stricto sensu, tendente, según el reglamento, a que am-bos concreten los acuerdos de conciliación o reparación, permitiendo incluso el que lavíctima no se halle presente. en efecto, caben dos tipos de mediación, la directa y la indi-recta. La primera exige que las dos partes coincidan físicamente en el mismo espacio, loque permitirá un diálogo sobre el conflicto para llegar a un acuerdo. este tipo de mediaciónes la más eficaz. Por su parte, la mediación indirecta es aquella en la que las dos partes no coincidenfísicamente en el mismo espacio y, sin embargo, llegan a un acuerdo que les beneficia.este tipo de mediación en donde el mediador hace de reconductor entre las dos partes, seproduce habitualmente cuando a la víctima le es muy difícil sentarse junto a su infractor,o en las faltas en donde, tras cartas con petición de disculpas, se llega a la retirada de ladenuncia y no acudir al plenario. en cualquier caso, el proceso de mediación va dirigido a la responsabilidad penal, sinperjuicio de los acuerdos a los que pudieran llegar las partes respecto a la responsabilidadcivil. así bien, y según se prevé en el artículo 19, el menor en el proceso extrajudicial habráde reconocer el daño causado y deberá haber pedido disculpas a la víctima, quien habrátenido que aceptarlas para que se pueda entender producida la conciliación. todo este proceso va unido al de reparación por el que el menor asume el compromisocon la víctima o el perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de estosúltimos o de la comunidad. fuera de este proceso de mediación, pero en la práctica unido en muchas ocasiones,tendrán lugar los acuerdos sobre responsabilidad civil a los que se hubieren llegado. de forma tal que resulta perfectamente admisible que se llegue a acuerdos sobre laresponsabilidad civil del menor, pues ésta se rige por el principio dispositivo que es el quesirve al proceso civil. Pero es más, cabe que tras haber sobreseído el procedimiento penal – 24 – 17.
la mediación en el proceso de menorespor entender aconsejable, atendida la gravedad de los hechos y las circunstancias del me-nor, la aplicación de una actividad de mediación o reparación, se acuda a un proceso civilpara exigirle responsabilidad civil, al entender que la resolución que de ese modo pone final procedimiento no expresa la ausencia de responsabilidad penal en el menor sino simple-mente acoge un principio de oportunidad que la ley prevé. en definitiva, a salvo de los acuerdos a los que las partes pudieren haber llegado res-pecto a la responsabilidad civil, la ausencia de un pronunciamiento en materia de respon-sabilidad penal impide cualquier pronunciamiento ulterior en materia de responsabilidadcivil. así se desprende de lo dispuesto en el artículo 39.1, in fine, según el cual, «en lamisma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta conel contenido indicado en el artículo 115 cP». todo ello sin perjuicio del ejercicio de lasacciones que pudieran corresponder al perjudicado ante la jurisdicción ordinaria (3). Por último, a la vista de que cabe la sustitución de medidas tras la sentencia, se permiteno sólo la mediación con carácter previo a la sentencia, sino después de ella, pudiendo eljuez dejar sin efecto la medida impuesta cuando, a propuesta del ministerio fiscal o delletrado del menor y oídos el equipo técnico y la representación de la entidad pública deprotección o reforma de menores, juzgue la conciliación del menor con la víctima y eltiempo de duración de la medida ya cumplido, expresan suficientemente el reproche quemerecen los actos cometidos por el menor. de cualquier modo cabe que tras el proceso mediador no llegaren a acuerdos y portanto, no siendo posible la conciliación o la reparación directa o social, o cuando el equipotécnico lo considere más adecuado al interés del menor, propondrá a éste la realización detareas socioeducativas o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. de cualquier modo, al inicio del proceso de mediación, y a fin de garantizar la confi-dencialidad de la información a la que antes hicimos referencia, será preciso que se entre-gue al menor y a la víctima, así como a sus representantes legales y letrados, un documentode consentimiento informado que han de firmar las partes, a fin de que adquieran el com-promiso de no relatar ni utilizar los datos que se hayan conocido en las sesiones de lamediación en caso de que ésta no llegue a finalizar con éxito. el mediador también habrá de someterse a la requerida confidencialidad derivada desu deber de secreto profesional.4. efectos en el proceso judicialhay una cuarta fase, que tiene lugar tras la mediación, y se hace efectiva cuando el equipotécnico pone en conocimiento del ministerio fiscal el resultado del proceso de mediación,los acuerdos y el grado de cumplimiento; o bien, los motivos por los cuales no se haya po-dido llevar a cabo la conciliación y reparación. se trata, en definitiva, de darle al ministeriofiscal criterios de decisión acerca de dar por concluida la instrucción y solicitar al juez elarchivo de las actuaciones, o acerca de continuar el expediente si el menor no cumpliera lareparación o la actividad educativa acordada. (3) saP de tarragona de 5 de febrero de 2007. – 25 – 18.
revista de derecho penal Por tanto, habrá de ser el ministerio fiscal quien aprecie si en el caso concreto concu-rren las circunstancias que la ley exige para dar por concluida la instrucción, a saber, la gra-vedad del delito y las circunstancias del menor. el ministerio fiscal habrá así de solicitaral juez el sobreseimiento, esto es, de pedirle se renuncie a la exigencia de responsabilidadpenal por parte del estado, lo que obliga a que el órgano judicial examine la existencia delos requisitos legales, sin que quepa resolver el sobreseimiento de modo automático trasla petición del fiscal. en este sentido se pronuncia la audiencia Provincial de madrid enauto de 10 de mayo de 2002: «el que el ministerio fiscal sea la única parte en el procedi-miento de menores que puede ejercitar la pretensión acusatoria, no conlleva que el órganojudicial venga obligado necesariamente a proceder sin más al sobreseimiento del expe-diente por conciliación o por reparación, pues el órgano judicial en el cumplimiento de lasfunciones que expresamente establece el artículo 19.4 debe controlar el cumplimiento delos requisitos legales para acceder o no a la pretensión». así bien, el órgano judicial habrá de apreciar las circunstancias del caso concreto, ala vista de lo que le plantee el ministerio fiscal y el informe del equipo técnico, y así escomo lo decide la audiencia Provincial de madrid en su sentencia de 1 de diciembre de2008, según la cual, «ha de tenerse en cuenta que según lo prevenido en la exposiciónde motivos de la citada Ley orgánica tanto en su redacción anterior como la actual, seencomienda al ministerio fiscal la iniciativa procesal, y le concede amplias facultadespara acordar la terminación del proceso con la intención de evitar, dentro de lo posible, losefectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir. de este modo, y en el concreto ámbito de la legislación de menores, por la especialfinalidad que le viene atribuida, la ley haciendo uso flexible del principio de intervenciónmínima en función del interés superior del menor contempla otras formas de finalización,como son el desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito edu-cativo y familiar (artículo 18 LorPm), el sobreseimiento del expediente por conciliacióno reparación entre el menor y la víctima (artículo 19 LorPm) o el sobreseimiento instadopor el fiscal a propuesta del equipo técnico (artículo 27 LorPm). este último es el que el ministerio fiscal ha instado en el caso presente, con fundamen-to en los informes emitidos por el equipo técnico en el seno del proceso de conciliaciónextrajudicial intentado, si bien finalmente sin éxito así como en el tiempo transcurridodesde la ocurrencia de los hechos, que tuvieron lugar el 25 de mayo de 2006. en el informe del equipo técnico no se considera necesaria respecto de ninguno delos menores implicados una intervención educativa especializada, precisando respecto devirgilio que el episodio que ha dado origen a la incoación del expediente de reforma hasupuesto un hecho puntual en su trayectoria, y que ha mostrado su interés en participar enun proceso de mediación que no se ha podido llevar a cabo. consta en la causa el intento de reparación extrajudicial en el que el hoy recurrentese mostró conforme en que se llevara a cabo la misma por parte de virgilio, con quienmanifestó no tener ningún problema, concretándose su pretensión en una reclamación eco-nómica que se cifró en 1.800 euros por su letrado, si bien la enfermedad del padre de vir-gilio interrumpió la posibilidad de llegar a un acuerdo, quedando abierta no obstante parael perjudicado tanto la pieza de responsabilidad civil, como el proceso ordinario para elresarcimiento a que hubiera lugar. – 26 – 19.
la mediación en el proceso de menores Por lo tanto, la resolución judicial impugnada, acordando el sobreseimiento, no sobrela base de la existencia o no de indicios de la posible comisión de un hecho punible impu-table a virgilio, sino con fundamento en la solicitud del ministerio fiscal, a la vista de lasconclusiones del equipo técnico, ha de ser confirmada en esta alzada».vii. Proceso de mediación tras La sentenciaLas fases son distintas si el proceso de mediación tiene lugar después de haberse dictado lasentencia, estando, por tanto, en fase de ejecución de medidas. en este caso se trata de queha habido un proceso judicial con resultado de sentencia condenatoria para el menor, y lamediación en esta fase puede suponer la finalización de la medida, si el acto de mediaciónunido al tiempo de cumplimiento pasado suponen suficiente reproche para el menor a cri-terio del juez de menores. así bien, la fase de iniciación corresponde a la entidad pública que está realizando laejecución de la medida, quien informará al ministerio fiscal y al juez de menores sobrela idoneidad de la solución extrajudicial con respecto a un determinado menor. Para queesto sea posible ha de explicitarse la voluntad del menor de conciliarse con la víctima o derepararla por el daño causado. La segunda fase es la de mediación, llevada a cabo por la entidad pública. La tercera fase tendrá lugar cuando, una vez terminado el proceso de mediación, laentidad pública informa de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento alministerio fiscal y al juez de menores, a efectos de que éste pueda sustituir la medida quese hubiere acordado en la sentencia. son claras las diferencias que se aprecian en cada una de las fases, por un lado, enlo relativo a la existencia o no de limitación del proceso de mediación por la razón de lagravedad del delito. así bien en fase de ejecución, no existe la limitación prevista en elproceso judicial para los delitos más graves, además, con total probabilidad el delito serágrave pues ha supuesto una medida duradera y en ella el menor ya ha cumplido parte. Por otro lado, la respuesta del menor difiere según en la fase en la que se lleve a cabo.así bien, en los procesos de mediación previos a la sentencia, los menores se hallan en ma-yor grado responsabilizados respecto al daño causado, la familia normalmente trabaja conellos en el proceso de responsabilización. sin embargo, los menores que están cumpliendola medida impuesta tras la sentencia, en general presentan mayor gravedad de conductasantisociales, mayores déficits sociocognitivos, menor capacidad de empatía…, lo que im-pide en muchos casos un buen proceso de mediación. en efecto, la vida dentro de un centro de internamiento presenta unas características queinfluyen negativamente en la interrelación personal de los jóvenes infractores. de forma talque el contexto social en el que se enmarcan las relaciones humanas dificulta la adopción desoluciones pacíficas a los conflictos violentos. estas características son las siguientes: a) convivencia obligada en un lugar cerrado, dentro de un espacio reducido y haci- nado. – 27 – 20.
revista de derecho penal b) inexistencia de un espacio físico para la intimidad y para la elaboración de procesos de reflexión sobre sentimientos y conductas. c) Los jóvenes en régimen de internamiento, en general, no confían en la adminis- tración penitenciaria para darle conocimiento de su interés en la reparación de la víctima. a todo ello ha de unirse que la legislación del sistema de internamiento es más bienrepresiva, normalmente interviene sancionando conductas y potenciando su prevenciónmediante un sistema de obtención de beneficios y de pérdida de éstos. – 28 – Recommended
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 artículo19
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 artículo 39
in fine
 artículo 115
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