Source: https://www.seguridadpublica.es/2012/01/asistencia-letrada-al-imputado-policial-por-delito/
Timestamp: 2019-06-27 11:42:30+00:00

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Asistencia letrada al imputado policial por delito | SEGURIDADPUBLICA.es
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La potestad de la Policía para la toma de manifestación de los imputados detenidos o no, viene otorgada en base a lo dispuesto en el Libro II, Título III, artículos 282, 292 y 297.3 de la LECrim., donde se regulan las funciones de la Policía Judicial, así como en el artículo 11.1.g) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante LOFCS).
Sin embargo, la Ley Procesal Penal española no regula expresamente la declaración del imputado ante la Policía Judicial, por lo que de forma supletoria deberá ajustarse a las normas de interrogatorio judicial contenidas en el Libro II, título IV, Capítulo IV, artículos del 385 al 409 de la LECrim., de forma que todos los requisitos establecidos en esta ley para la declaración del procesado ante el juez instructor, son extrapolables a la declaración policial del imputado.
1. Que conste que aquélla fue prestada previa información de sus derechos constitucionales.
2. Que sea prestada a presencia de letrado.
3. Finalmente sea complementada en el mismo juicio oral mediante la declaración contradictoria del agente de policía interviniente en la misma”.
Al respecto, también se pronuncia la STS de 27 de marzo de 2000, que establece que “las previas declaraciones espontáneas a la policía no vician las realizadas posteriormente, con todas las garantías, ante la misma y ante el juez, guardando silencio en el juicio oral y retractándose al utilizar el “derecho a la última palabra”.
• Antes de la declaración. Donde la intervención del abogado se limitará a solicitar que se informe al detenido de los derechos que le son propios a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo y en su caso, de que se proceda a su reconocimiento por médico forense o su sustituto legal.
• Durante la declaración. El abogado se ocupará de garantizar que la declaración se realice ajustada a la legalidad, y únicamente interviene al final de esta, para solicitar la ampliación de los extremos que considere convenientes en la manifestación del detenido o la consignación de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su asistencia al detenido.
• Cerrada y firmada la declaración. El abogado podrá entrevistarse reservadamente con el detenido sin que el secreto de esa comunicación suponga romper las preceptivas medidas de seguridad, vigilancia y custodia, por lo que la entrevista deberá realizarse a la vista del funcionario policial, debiendo comunicarse verbalmente y no siendo posible otro intercambio que el puramente verbal.
• El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y en caso de menores, sus representantes legales.
• El Juez de Instrucción, de oficio.
d. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.
Sin embargo, y como excepción al mandato del artículo 767 de la LECrim., el artículo 520.5 de la LECrim. permite la renuncia del detenido o preso a la preceptiva asistencia de letrado cuando los hechos sean susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad vial, siendo también de aplicación para el caso del imputado no detenido.
Asimismo, mencionar que en el caso de que a un menor se le impute un delito, incluido los contemplados en el capítulo IV (de los delitos contra la Seguridad Vial), del Título XVIII (de los delitos contra la seguridad colectiva) del C.P., sea detenido o no (imputado no detenido), se actuará siempre de la misma forma, dándose traslado de lo actuado al Fiscal de Menores para que inicie el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM), no tramitándose por tanto en ningún caso el Atestado policial que se formalice a tales efectos por el procedimiento para el enjuiciamiento rápido (Por “Juicio Rápido”) o citando a los menores para que comparezcan en la sección de menores, puesto que esta labor la realizará directamente, salvo excepción, la propia Fiscalía.
No obstante, y con carácter general, el hecho de que la intervención del letrado no sea preceptiva en un proceso determinado, con arreglo a las normas procesales, no priva al justiciable del derecho a la defensa y asistencia letrada que le reconoce el artículo 24.2 de la CE, pues el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del abogado en ciertos procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo en consecuencia el derecho de asistencia letrada indemne en tales casos.
De igual forma, la asistencia letrada al imputado no detenido, tendrá los mismos condicionantes y limitaciones que para el imputado detenido, de manera que la intervención letrada deberá respetar y atenerse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 520 de la LECrim., sin que en ningún caso proceda injerencias de éste, antes o durante la declaración, debiendo actuarse en su caso, en la forma ya mencionada para el imputado detenido.
Asimismo tampoco en este caso el abogado está facultado para solicitar copias de la declaración, acceder al atestado y conocer el contenido de las diligencias, en sede policial, ya que tales pretensiones no están recogidas en la normativa vigente.
• CE: Constitución Española.
• STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.
• SSTC: Sentencias del Tribunal Constitucional.
• STS: Sentencia del Tribunal Supremo.
• SSTS: Sentencias del Tribunal Supremo.
• TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• SSTEDH: Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• ATC: Auto del Tribunal Constitucional.
• L.O.: Ley Orgánica.
• LECrim.: Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• C.P.: Código Penal.
• LORPM: Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
• LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial.
• LOFCS: Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Constitución Española de 1976.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.
• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
• Ley Orgánica 7/1988, de 28 de octubre de los Juzgados de lo penal y por la que se modifican diversos preceptos de las Leyes Orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento criminal.
• Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.
• Instrucción General de la Sección de Menores de la adscripción permanente de Fiscalía de Jerez de la Frontera sobre normas de actuación de la Policia Local de la L.O. 5/2000 reguladora de la responsabilidad de los menores.
• Instrucción 8/2004, sobre la necesidad de promover el acceso de los letrados de la defensa a las copias de los atestados en las actuaciones ante el juzgado de guardia en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos.
• Instrucción 11/2007, de 12 de septiembre, de la Secretaría de estado de Seguridad, por la que se aprueba el “Protocolo de actuación Policial con menores”.
• Circular 1/2003 de 10 de abril, de la Fiscalía General del Estado sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.
• El proceso penal español. Jurisprudencia sistematizada. Luis M. Uriarte Valiente. Ed. La Ley.
• Manual del policía. José Cabanillas Sánchez. Ed. La Ley.
• Metodología del Atestado policial. Francisco Martín Ancín. Ed. Tecnos.
• Conclusiones de violencia de género en el curso del CGPJ “Unificación de criterios en sede de enjuiciamiento” de 30 de mayo a 2 de junio de 2010. Cursos de formación del CGPJ.
• Consulta 4/2005, de 7 de diciembre de 2005, realizada a la Fiscalía General del Estado, sobre determinadas cuestiones en torno al derecho a la asistencia letrada en el proceso penal de menores.
• Consulta 2/2003, de 18 de diciembre, realizada a la Fiscalía General del Estado, sobre determinados aspectos de la asistencia letrada al detenido.
• Manual de “Criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial”, aprobado por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el día 4 de febrero de 1999.
• Publicación de Criterios para la práctica de diligencias por la policía Judicial y sobre los “Juicios rápidos” editada por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior para 2009.
• Diversas Sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional, las cuales son referenciadas en el propio artículo.
• Consulta a la Fiscalía General del Estado 2/2005 sobre el discutido derecho del menor detenido a entrevistarse reservadamente con su letrado antes de prestar declaración en fases previas a la incoación del expediente.
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References: artículo 11
 artículo 767
 artículo 520
 artículo 24
 artículo 520
 Real Decreto 
 Real Decreto