Source: http://jmoraf.blogspot.com.es/2012/07/
Timestamp: 2017-07-25 10:42:57+00:00

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1- Carlos Fabra pertenece a una familia con larga tradición política. Es presidente de la Diputación de Castellón, como lo fue su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tío-tatarabuelo. Ni siquiera los Borbones pueden presumir de haber mantenido el puesto sin interrupción durante cinco generaciones consecutivas.2- Fabra está imputado por un presunto tráfico de influencias y delito fiscal. A pesar de ello, el PP lo volvió a presentar a las últimas elecciones municipales. Salió relegido.3- La Justicia le persigue, pero él es más rápido. Su caso, que lleva abierto en el juzgado de Nules desde hace cuatro años, ya ha conocido cuatro fiscales y ocho jueces distintos. Los siete jueces anteriores pidieron el traslado.4- Carlos Fabra gastó en 2004 el doble en pagar préstamos de lo que se supone ingresó. Según su declaración de la renta, entre su mujer y él ganaron ese año 185.229. Les cunde tanto el dinero que, con todo, pudieron amortizar dos créditos por valor de 355.000 euros y les llegó para poder comer.5- Carlos Fabra tiene 94 cuentas bancarias conocidas. En 1999, ingresó en ellas 600.000 euros de procedencia desconocida. No ha sabido explicar de dónde salió tanta calderilla.6- Fabra es un trabajador incansable. Entre los años 2000 y 2004, compaginó la presidencia del PP y de la Diputación de Castellón con la consultoría. Pese a poder dedicar a sus negocios privados sólo parte de su tiempo libre, las empresas le pagaron 814.000 euros por sus valiosos consejos7- Tanto esfuerzo al final se nota. En 1999, su patrimonio declarado estaba valorado en 150.000 euros. Cinco años después, se había cuadruplicado hasta los 646.440 euros.8- Durante estos cinco años, la declaración de la renta le salió siempre a devolver.9- La suerte le sonríe. En el último sorteo del Niño se llevó el gordo. Siete décimos: dos millones de euros.
ELMUNDO.es | MadridActualizado jueves 12/07/2012 09:50 horasEl secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que de las 600 empresas públicas que las comunidades autónomas deberían haber suprimido, sólo han liquidado dos.Así lo ha afirmado el miembro del Gobierno en una entrevista en Onda Cero. El pasado mes de marzo el Ejecutivo central decidió extinguir 24 sociedades, desinvertir en 8 y acelerar la liquidación de otras 13.Además, animó a comunidades y ayuntamientos a tomar medidas similares, ya que la mayoría de las empresas públicas dependen de estos entes.En todas las Administraciones Públicas había en marzo 4.000 empresas, fundaciones, consorcios y entidades públicas y cerca del 90% estaban participadas por comunidades y ayuntamientos. Solo unas 400 dependían de la Administración central.
La Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados ha decidido no admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por un grupo de ciudadanos de la provincia de Ciudad Real por la que se insta a una proposición de Ley sobre “eliminación de prebendas de la clase política cesada”. El acuerdo de la Mesa del Congreso, firmado por su vicepresidenta, Celia
Villalobos, considera que no procede la admisión a trámite de la iniciativa “en la medida en que versa sobre materia cuya regulación el artículo 72 de la Constitución reserva a las propias Cámaras, en contra de lo dispuesto en los artículos 87.3 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular”. Según el artículo 72 de la Constitución Española, son las Cámaras las que establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. La iniciativa, promovida por cinco ciudadanos de la provincia de Ciudad Real con la ayuda y asesoramiento de otros residentes en distintos puntos de España, señala en sus motivaciones que “en el actual contexto de crisis y aplicación de políticas de austeridad en el gasto para la reducción del déficit del Estado y de las Comunidades Autónomas, todas las administraciones están recortando partidas presupuestarias que afectan a los principales pilares del Estado del Bienestar”. “Privilegios incomprensibles” en tiempos de crisis “Sin embargo –prosigue- se puede apreciar que los directivos y políticos
con funciones en las diferentes administraciones y en los órganos representativos de decisión de la Nación, mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados, o reciben una indemnización que atenta contra los principios básicos de igualdad y entra en conflicto con las políticas de austeridad y contención del gasto”. Los promotores consideran que el Reglamento de pensiones parlamentarias y
otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, aprobado por las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006, “concede unos privilegios a quienes
han sido parlamentarios, al margen del cumplimiento óptimo de su función, que son incomprensibles en este contexto de crisis”. Por tanto, señalan que “las Cortes deben legislar en favor del pueblo español, depositante de la soberanía de la Nación, y las normas citadas dejan fuera de su ámbito a más del 99% por ciento de la población, dándose el caso, en líneas generales, de que es la población menos necesitada de complementos económicos la más favorecida en estas situaciones”. La proposición de Ley de esta iniciativa legislativa popular plantea la desaparición con carácter retroactivo de “cualquier tipo de consolidación retributiva asociada a la categoría, nivel o escalón que se derive del desempeño del puesto de alto cargo en cualquier Administración Pública”, así como la eliminación de indemnizaciones a los ministros y parlamentarios cesados. Los impulsores de la propuesta, que han creado un blog (Sin Prebendas)
y la cuenta de Twitter @sinprebendas, están estudiando la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso. El
Congreso rechaza una iniciativa legislativa popular que propone eliminar las “prebendas” de los políticos | MiCiudadReal.es | Diario Digital Ciudadano
Según el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de mayo, tan sólo el paro y las cuestiones de índole económica generan una mayor preocupación entre los ciudadanos. A raíz de la crisis, ha crecido de forma imparable el desapego ante la clase política, que es citada como el gran problema por
un 22,5 por ciento de los encuestados.
La mayoría de los expertos y analistas consultados por este periódico coincide en una misma idea: los ciudadanos no entienden cómo se exige a la sociedad continuos ajustes, se recorta en educación y en sanidad, se prolonga la edad de jubilación, se suben los impuestos y, a cambio, se mantienen los privilegios de la clase política. Para empezar, uno de los
grandes problemas es que no existe ni siquiera ningún informe oficial que cifre cuál es el número exacto de políticos que hay en España cobrando una nómina de la Administración, sea central, autonómica o local.
Son diputados, senadores, alcaldes, concejales, miembros de los parlamentos autonómicos o de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades, de las empresas públicas... y así un larguísimo etcétera. Si se tiene en cuenta esta cifra, en España habría así más cargos políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Y eso en un país con casi cinco millones de parados. En Europa, el segundo Estado con un mayor número de políticos sería de acuerdo con los estudios y estimaciones realizadas, Italia. Pero aun así, tiene, de acuerdo con los
cálculos hechos, la mitad que nosotros, unos 200.000.
Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que frente a la previsible subida del IVA, apunta en este sentido que "se está perdiendo un tiempo precioso" y urge a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los cargos políticos y funcionarios, si es necesario cambiando incluso la ley. No se trataría tanto de bajar los sueldos, que en la mayoría de los casos están ya muy ajustados y han bajado considerablemente en los últimos dos
años, como de recortar el número de nóminas con cargo a las arcas públicas.
Y en la misma línea se pronuncia también Carlos de Benito, director de la Nebrija Business School. "A partir de ahora, desde la perspectiva laboral poco más se puede hacer, en todo caso adelantar el retraso en la
edad de jubilación, que no será a los 67 años hasta 2027. Pero lo más importante es reformar el marco jurídico del Estado", asegura. "Hay que recuperar competencias autonómicas porque el modelo actual es inviable e
insostenible. Es necesario adelgazar urgentemente la estructura y reducir el número de cargos públicos".
En el mismo plan se contempla también la reordenación competencial para eliminar duplicidades entre las administraciones y la posible supresión de oficinas comerciales autonómicas o su integración en el Icex, algo que en cualquier caso dependerá en última instancia de lo que decida hacer cada autonomía. Eso claro está, salvo que se cambie la ley a nivel
nacional y se les retiren competencias.
El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Juan Carlos I Manuel Villoria, asesor de Rodríguez Zapatero antes de que ganara en las
urnas, denuncia la existencia de estructuras clientelares y añade que la preocupación del político español es cómo mantener a los suyos en su puesto. Villoria tiene claro que "sobran políticos pagados con fondos públicos". Según dice, "apenas hay unos pocos, concejales de pueblo que trabajan desinteresadamente y que incluso les cuesta dinero desempeñar sus cargos". El resto sigue cobrando del erario público.
El problema, además, es que no se trata ya de que haya un número excesivo de políticos, sino, sobre todo, de su falta de cualificación en
muchas ocasiones para el puesto que ocupan. Aunque uno de los recientes
estudios del grupo de investigación Democracia y autonomías: sociedad y
política (DASP) concluye que, en la actual legislatura, el 87 por ciento de los parlamentarios españoles goza de un alto nivel de estudios, hay otro dato que contrarresta con otro guarismo. Y es que el 88 por ciento de los ciudadanos desaprueba su gestión. "¿Qué falla entonces?", se pregunta el catedrático y experto en comunicación política Xavier Coller: la formación especializada. "Nuestros dirigentes
no están preparados para ejercer la política", dictamina.
La escasa formación especializada no es, sin embargo, el único obstáculo
del político español para el correcto desempeño de la cosa pública. En opinión de Coller, a los problemas formativos se suma la ausencia de empatía. "Hay casos clamorosos de desconexión. Los políticos legislan en
función de lo que conocen. Reproducen el entorno en el que se han socializado. Son incapaces de desarrollar una sensibilidad social. Se relacionan entre ellos. Se reúnen con sus asociaciones y sus sindicatos afines. Carecen de trasnversalidad", dice.
Pero todo eso puede cambiar. Según Daniel Montero, periodista y autor de
La casta, el increíble chollo de ser político en España, "ahora sabemos
que las carreteras se hacen con nuestro dinero, que los hospitales se levantan con nuestros impuestos... Y en España apenas somos conscientes desde hace unos días de que existe un derecho a acceder a la información
Bankia. Las claves de la defensa de Rodrigo Rato en la Audiencia Nacional: el folleto de salida a Bolsa ya advertía del riesgo de nacionalización, el precio lo fijó Lazard, Banco Santander y JP Morgan
Rodrigo Rato está perfilando su defensa en la Audiencia Nacional por el escándalo de Bankia. El ex vicepresidente del Gobierno argumentará ante el juez que en el folleto de salida a Bolsa de la entidad ya se advertía
del riesgo de nacionalización y que el precio de las acciones fue fijado por los bancos colocadores de la operación.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes próximas al ex presidente de Bankia, Rato está revisando con sus abogados y asesores de
máxima confianza toda la documentación relacionada con la salida a Bolsa de la entidad, que tuvo lugar en julio del año pasado.
Los abogados de Rodrigo Rato van a utilizar un primer argumento que consideran determinante: el folleto de salida a Bolsa de Bankia, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) registró el 29 de junio de 2011, ya advertía de una posible nacionalización del banco, además de
otros riesgos a los que se enfrentaba la entidad.
Bankia recordaba en dicho documento que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) había suscrito en diciembre de 2010 participaciones preferentes convertibles en acciones emitidas por Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, por importe de 4.465
Esas participaciones podían ser convertidas en acciones, y por tanto, un
50,03% de la entidad podía quedar en manos del FROB, organismo dependiente del Banco de España, tal y cómo ha ocurrido.
También se recordaba a los inversores que en Bolsa hay peligros, sobre todo, en medio de una crisis financiera mundial. “La volatilidad podría tener un impacto negativo en el precio de mercado de las acciones pudiendo impedir a los inversores vender sus acciones en el mercado a un
precio superior o igual al de emisión”, se decía textualmente en el folleto.
Además, alegarán que el Banco de España estuvo al tanto de todo el proceso, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Gobernador al frente. Por último, la CNMV recibió, aprobó y publicó el folleto, donde se hacía
referencia, entre otros, al citado riesgo de nacionalización de la entidad.
https://ataquealpoder.wordpress.com/...a-del-mundo-2/ Como todo récord mundial, se necesita esfuerzo y dedicación, ya qua al liderato no se accede por casualidad. Se han tenido que dedicar ímprobos
esfuerzos para que los precios da la electricidad en nuestro país sean los mas caros del mundo industrializado. La clase política, lejos del papel que le corresponde, y con independencia de la formación a la que pertenezca el Gobierno de la nación, ha arrimado al hombro junto a las “familias” dominantes en el sector eléctrico para conseguir la proeza de
figurar en el informe de la consultora National Utility Service (NUS) qua señala a España como el país más caro por sus costes de energía eléctrica. No solo se ha conseguido este récord Guinness, sino que la
liberación del mercado eléctrico se ve como una parodia nacional al más
puro estilo del cine de Berlanga. Los precios se han resistido a bajar a pasar da la liberalización del sector y las sucesivas medidas adoptadas por el Gobierno trapicheando con las tarifas. En casi todos
los países que recoge el informe NUS, el precio de la electricidad disminuyó, destacando los descensos tarifarios en Suecia con un 20,37%, Dinamarca con un 15,57% o Italia con un 12,05%. Por al contrario, la tarifa eléctrica española no ha variado a la baja, todo lo contrario desde 2008 se ha incrementado en más del 50%. La codicia de las compañías eléctricas no tiene fin, no satisfechas en su lloriqueo perpetuo persisten que el próximo 30 de marzo se le de una vuelta de tuerca más a la tarifa y ponen toda la carne en el asador con el fin de esgrimir su fuerza intimidatoria. Estos angelitos se atreven a
pronunciar: Es que esto no se arregla sin una subida del 30% o del 40% para no generar un agujero mayor, así también lindezas como esta: Al final, el negocio internacional es el que salva nuestra cuenta de resultados. Cuando no deja de ser una mentira detrás de otra, las inversiones internacionales, sobre todo en Sudamérica, han sido financiadas con el expolio de la tarifa nacional. Así y todo el lobby de
las eléctricas asegura que se trata de un mal negocio y que los balances contables están construidos en el aire: El beneficio no corresponde a flujos de caja reales, son contables, y que el esplendoroso déficit tarifario supone cinco veces su beneficio. ¿Si los beneficios son virtuales y no llegan a entrar en caja por qué continúan?
¿No sería oportuno que encaminaran sus pasos por una renacionalización?
De esto ni hablar, de lo que se trata es de chupar de la mamella de la vaca hasta el infinito y lloriquear sin descanso: La realidad es que los
beneficios cubren el esfuerzo financiero de la inversión, pero no retribuyen de una manera rentable los costes del capital invertido. ¿Cómo puede ser competitivo este país con una oligarquía que no está dispuesta a ceder en lo más mínimo? ¿Toda la carga tiene que avocarse en
las espaldas del españolito? Esto no puede acabar bien, lo ve hasta los
que miran al otro lado. Ha sido da tal magnitud el latrocinio cometido con los ciudadanos del país a través del arma legislativa de incrementar la tarifa eléctrica que, ahora, cuando se desarrollan los efectos de la economía globalizada
pueden apreciarse los estragos cometidos en toda su amplitud. El coste de un KW/h en España respecto a la media de los países más industrializados es impresionante, más de un 40%. Un dato sin confirmar,
un ciudadano londinense paga un tercio de lo que paga un español por el
recibo de la luz a pesar de las diferencias salariales. Se ha llegado a
inflar el globo de las tarifas, al repercutir una y otra vez costes por
distintos e imaginarios conceptos con variopintos nombres, acompañados de leyes que los legitimaban como saneamiento, moratoria, parón nuclear,
y un sin fin de dimes y diretes que tratan de ocultar la quiebra técnica de las compañías eléctricas al invertir en centrales nucleares. Si se quiere llegar al fondo de la cuestión es necesario explicar lo ocurrido con un cierto detalle, de lo contrario, en genérico es tan superficial que el potente sistema mediático arrasa con todo y la mentira se consolida. Para ello volvamos algo atrás. En 1983 el gobierno socialista decidió poner fin a la aventura de construir centrales nucleares en nuestro país. Hasta entonces ya estaban
en funcionamiento la de Zorita, que se había conectado a la red en 1968, la de Santa María de Gadoña, en 1971, la central de Almaraz I, y Alrnaraz II, en 1981 y 1983 y también la de Ascó I, en el mismo año. En construcción estaban la central de Cofrentes, que se conecto a la red en
1984, Ascó II, que se conectó en 1985, y ya por último las centrales de
Vandellós II y Trillo, que entraron en funcionamiento en 1987 y 1988. La decisión política de suspender el programa de instalación de centrales nucleares, a la que se llamó “paron nuclear”, no levanto ninguna crítica por las empresas concesionarias de las instalaciones, las tradicionales compañías eléctricas. Cualquier otro sector, después de haber invertido miles de millones de pesetas y de estar endeudados hasta las pestañas en divisas, hubiera puesto el grito en cielo por la decisión de unos chicos con chaqueta de pana que habían desembarcado en el Gobierno. Pues no, a las poderosas familias que copaban los consejos de administración de las eléctricas les pareció de maravilla que el gobierno tomara la decisión del paron nuclear. La razón para que este previsible enfado de los mandamases de la electricidad se transformó en silencio espeso, resultó que la decisión les venia como anillo al dedo. El maná que iba a representar la energía nuclear para las cuentas de explotación y los balances de las compañías que participaban en el proyecto de nuclearizar España en pos de la modernidad y la energía barata, había sido tan sólo un eslogan de las compañías americanas que vendían las instalaciones. Pero cuando las instalaciones estuvieron en marcha, se pudieron percatar de los altos costes por la derivación de su
financiación en divisas, la seguridad, y el almacenamiento de los residuos. Fue entonces cuando se dieron de bruces con la realidad, no eran la panacea de una inversión acertada. Fueron los consejos de administración de las compañías eléctricas las que tomaron la decisión de producir energía por la vía de la explotación nuclear. Nadie les impulsó, ni forzó a tomar esta decisión, ni tan siquiera fue debatida en
ninguna instancia, fue simple y llanamente una decisión empresarial. A mediados de los 70, la fiebre nuclear despertó en los consejos de administración de las eléctricas, coincidiendo con la transición política, por lo que se obviaron las consultas populares que podían entorpecer un negocio de altos vuelos. En definitiva, quienes se equivocaron de lleno fueron los que tomaron la decisión de invertir en un negocio equivocado. La transición política española, que tanto se alardea, consistió en que el régimen anterior se murió sólo y, en su agonía, se constituyeron unos partidos políticos que, sin una peseta para estructurarse como tales, tuvieron que recurrir a los mecenas tradicionales, las “familias” que controlaban la banca y las eléctricas. Esto fue la transición política española, “tu a lo tuyo y
yo a lo mío”. Por derivación, tu de dedicas a montar el circo político e
institucional y, a nosotros nos dejas los sillones de los consejos de administración. Al igual que la democracia en el Reino Unido mantuvo los
aristócratas con titulo nobiliario en la Cámara de los Lores, en España, la transición mantuvo a las “familias” en los consejos de administración de la banca y las eléctricas. En su momento ninguno de los consejos de administración asumió nunca el error de gestión que supuso la decisión de invertir miles de millones de pesetas en un programa de instalaciones nucleares que acabaron por destrozar las cuentas de resultados de estas compañías. Ni la menor autocrítica, ni desesperación alguna, ya que su puesto en el consejo de administración no estaba vinculado a una aportación dineraria traducida en acciones propias, sino a la malsana costumbre, bendecida políticamente, de la legitimación hereditaria de la “familia” cuya participación en el capital de la compañía era minima. Lo más grave del desaguisado nuclear, no es el no haber escuchado ninguna autocrítica por los componentes de los consejos de administración. Lo mas grave es que nadie les ha exigido ninguna responsabilidad por la impericia en la gestión empresarial que ha acabado costando miles de millones de euros. La clase política, sea de la formación que sea, con la careta socialista o con el populismo de la derecha, ha venido configurando leyes y mas leyes para que se acomoden a
cubrir por la vía parlamentaria el tremendo agujero provocado por una decisión empresarial que les llevó a la quiebra técnica. El descalabro financiero se convierte en una razón de Estado. Estas “razones” lo permiten y legitiman todo. Para empezar se construye la casa por el tejado, por lo que a la contabilidad se le da la vuelta como a un calcetín. Primero se asignaba el beneficio que debían recibir los accionistas, ni mucho ni poco, lo suficiente para que no protestaran. A partir de este estadio, se iban asignando partidas que no contemplaban los tremebundos gastos financieros, la devaluación de la moneda al tener
que pagar en divisas, las amortizaciones necesarias y todo lo que concernía a los ingredientes del balance contable, que en nada reflejaba
la realidad patrimonial de las eléctricas. Cuando se llego al extremo de que la ingeniería financiera ya no daba más de si, pues el balance contable ya no se lo creía ni tan siquiera el
conserje del ministerio, transcendió la alarma a los inversores extranjeros. Estos inversores extranjeros, la banca principalmente, empezaron a preocuparse por la inversión realizada al acreditarse la falta de posibilidades en la reintegración de los préstamos. Entonces el
Gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto, no fuera que el país se quedara sin suministro de energía eléctrica por la quiebra en cadena de los suministradores. Llegaron entonces las soluciones mágicas. La clase política estaba mas preocupada en quien les iba a financiar la próxima campaña electoral que en exigir responsabilidades a los miembros de los consejos de administración de las eléctricas. Así, para que ni tan siquiera se tuviera que debatir parlamentariamente, dado que el consenso
se suponía, llegó a las páginas del BOE el Real Decreto 441/1986, de 28
de febrero, donde la solución mágica viene por la vía fácil de incrementar la tarifa eléctrica. Su título no lleva a engaño, modificación de las tarifas para la venta de energía eléctrica, y sin perderse en prolegómenos, en su artículo 2º establece que un 3% de la recaudación había de ingresarse en una cuenta intervenida —controlada por el Ministerio de Industria- en Unión Eléctrica S.A. (UNESA), una sociedad anónima inscrita en el registro mercantil, que, como peculiaridad, tiene que es la patronal del sector. Pero todavía es más peculiar, por inconcebible, el artículo 30 de este inefable Real Decreto donde se especifica la naturaleza del reparto de la cuantiosa cifra que representa una recaudación del 3% sobre la tarifa
eléctrica. Está dirigido a aquellas empresas integrantes de la patronal
del sector que cumplan las siguientes condiciones: saneamiento con cargo a reservas de los ajustes, salvedades y excepciones destacados en las auditorias correspondientes al ejercicio de 1984, consecuencia de sobre valoraciones de gastos financieros y de personal, menores amortizaciones, diferencias de valoración de préstamos en moneda extranjera y otros conceptos ajustables. En definitiva, la clase política no encuentra otra manera mejor que la de premiar con una subvención, por la vía del incremento de tarifas, a todas aquellas empresas que ostenten una contabilidad incorrecta. Para que todo sea al revés, empezando por la asignación contable del beneficio al accionista,
la solución también va por esta línea. En lugar de castigar, en la medida que le corresponde a cada consejo de administración de las eléctricas, el gobierno las premia por haber llevado a estas sociedades a
la quiebra técnica. Al borrón y cuenta nueva se le llamó “saneamiento”,
pero como coincidió con el paron nuclear, se extendió a una solución complementaria con un nuevo nombre la “moratoria”. Para legalizar la milonga, como no había cobertura legal se creó un “marco legal y estable” por medio del Real Decreto, el 1538/1987, de 11 de diciembre, que se desarrolló en las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 3 de diciembre de 1993 y 15 de diciembre de 1995.
Entre pitos y flautas, a los consumidores de energía de este país, la falta de acierto de los mandamases de las eléctricas les viene costando un significado incremento en la tarifa que entre el porcentaje destinado
a “stock básico de uranio”, y el que comprende la eliminación de la “basura” nuclear, que para hacerlo mas bonito y despistar al personal se
le llama “2º ciclo nuclear”, el porcentaje se eleva entre el 6% y el 7%. Toda una verdadera fortuna que cada año hace sonar el ring ring de las cajas registradoras de las principales eléctricas. La forma más efectiva de que errores propios los paguen otros. Puestos ya en el todo vale, la clase política no tuvo inconveniente en resolver el problema de
las eléctricas por la vía tarifaria en lugar de aplicarlo a los Presupuestos Generales del Estado –de este delicado asunto hablaré en el
próximo post-. Al mundo de la luz se le otorgó patente de oscuridad, y así la transparencia de las cuentas acabó en un conglomerado normativo, en el que resulta imposible enterarse de lo que se determina, al apoyarse en un lenguaje encriptado que ni los expertos entienden. Lo que
se pretendía ha tomado cuerpo, la Intervención General de la Administración del Estado nunca ha podido fiscalizar el debido uso de estos fondos, por lo que tampoco ha podido intervenir el Tribunal de Cuentas, quedando todos contentos. Los políticos podrán tener garantizada la financiación de sus partidos y demás prebendas, y los eléctricos al estar enchufados al maná de la tarifa. Para finalizar este post tan sólo poner en evidencia que estos oligarcas
cuando les ha convenido, se le ha dicho al ciudadano de a pie que el suministro de energía eléctrica es un servicio público. Bajo este postulado se han construido pantanos, desalojando de sus casas a sus ocupantes, pagándoles cuatro duros por sus tierras, y resignados todos por el bien común, nos hemos dejado nuclearizar el país en pos de la energía barata. Las consecuencias del llamado servicio público son irreversibles, el sistema ya se las ha cobrado, humildes campesinos han aportado su contribución a la producción eléctrica con sus menguados patrimonios. Al resto de los de a pie se nos ha impuesto el riesgo de un
percance nuclear que ahí esta. –Reservo una sorpresa a los seguidores del blog en el post número 4 de esta serie- Cuando así están las cosas llega la modernidad, la privatización, la liberalización del mercado y la plasmación normativa del acuerdo entre el Gobierno y el sector eléctrico en formato de protocolo, donde se dispone que el suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público “por su progresiva pérdida de transcendencia en la practica” así, literal, que: todo lo exprimido ya esta exprimido. La definición de servicio público detestado por las propias eléctricas, era soportado por su efectividad en tiempos remotos del Decreto de 12 de abril de 1924, reiterado en e1 Reglamento de Verificaciones Eléctricas de 1954 y, sobretodo, con la propia Ley 10/ 1966, de Expropiación forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, y, ya tímidamente definido, en la Ley 49/1984 del 26 de diciembre sobre Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional. Los nuevos tiempos traen nuevos conceptos. Ahora se le bautiza como “servicio de interés económico general” que, traducido al idioma del ciudadano de a pie, quiere decir todo lo contrario, “que estamos al servicio del interés económico privado”. Prueba de ello es quo nos achicharran con impuestos tarifarios y, si nos descuidamos, nos facturaran a portes debidos el envío de los residuos radioactivos para que los almacenemos debajo de la cama.
José María Aznar, y en concreto, su conexión con algunos de los citados como imputados por la Audiencia en el ‘caso Bankia’ como Ángel Acebes, Miguel Blesa o el propio Rodrigo Rato, ha obligado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a mantenerse al margen y guardar un escrupuloso
silencio al respecto. La sombra de Aznar aún planea sobre las acciones de Mariano Rajoy. Al líder del PP no le ha quedado más remedio que callar y evitar hacer cualquier comentario sobre la decisión de los tribunales de sentar en el
banquillo a los máximos responsables de Bankia y su matriz BFA. Muchos de ellos con vínculos con el presidente de la Fundación FAES. Además de la ya conocida relación de Rato con Aznar, entre los citados como imputados se encuentra nada menos que uno de sus máximos hombres de
confianza que formó, junto a Francisco Álvarez Cascos, su ‘guardia pretoriana’: Ángel Acebes. El que fuera ministro de Interior, Justicia y
Administraciones Públicas en los gobiernos del expresidente, así como secretario general del PP, se ha visto implicado en este caso a pesar de
decir adiós a la primera línea política hace unos meses. Por si no fuera poco todo esto, no hay que olvidar a Miguel Blesa. El que fuera responsable de Caja Madrid durante 14 años es un amigo de la juventud del propio Aznar, según aseguran algunos medios. Y es que, ambos prepararon juntos las oposiciones a inspectores de Hacienda para después ser destinados a Logroño. De hecho, la ‘mano’ de veterano dirigente del PP surgió su candidatura a la Presidencia de Caja
Madrid. Todos estos vínculos han hecho que a Mariano Rajoy no le quede más remedio que darse ‘mus’ en un asunto tan polémico que todos los días abre más de un telediario y una portada. Al presidente del Gobierno no se le pasa por la cabeza enfrentarse a este sector del PP, conocido como
el ala dura del partido, en uno de sus peores momentos desde que llegó a
La Moncloa con la prima de riesgo de nuevo en máximos históricos, la Bolsa cayendo y Bruselas imponiendo un rescate a la banda, entre otros asuntos. 2012-07-06 • 20:46:00 La conexión de Aznar con el 'caso Bankia' obliga a Rajoy a guardar silencio / Nacional / Elboletin.com
Plaza pública Informe: 3 de cada 4 eurodiputados españoles cobran sin dar golpe Filipe DiezFilipe Diez | @filipediez Estudio del rendimiento de los eurodiputados españoles (versión en gallego)
Estudio de él rendimiento de los eurodiputados españoles (versión en español) Repare bien en estos nombres: Raül Romeva, Ramon Tremosa, Ana Miranda e Izaskun Bilbao. Cuántos de ellos reconoce? le inspiran confianza? estaría dispuesto a votar por una candidatura que encabezara alguno de ellos? Si les hablo de Jaime Mayor Oreja, Magdalena Álvarez, Luis Yáñez o
José Manuel García-Margallo, es muy probable que enseguida los identifique, e incluso que haya votado en alguna ocasión por ellos, hasta incluso como cabezas de lista. Pues bien, los cuatro primeros son los eurodiputados del Estado español que obtienen una evaluación sobresaliente por su trabajo y nivel de asistencia en el Parlamento Europeo, mientras que en el segundo grupo ?lo de nombres bien conocidos cómo los de Mayor Oreja o Magdalena Álvarez? figuran los que cierran la clasificación con un nivel de trabajo poco mayor que cero. En una coyuntura como la actual, resulta especialmente preocupante ?e indignante? la dejadez de buena parte de los eurodiputados españoles En una coyuntura como la actual, en que las decisiones de la Unión Europea son más decisivas que nunca para el rumbo político y económico del Estado español y en que el Parlamento Europeo es la única instancia comunitaria elexida democráticamente, resulta especialmente preocupante ?e indignante? la dejadez de buena parte de los eurodiputados españoles,
y muy nombradamente el desinterés del PP y del PSOE por el trabajo en esa institución. Se diría que, absorbidos en la lucha por el control del
aparato del Estado, renuncian a intervenir decisivamente en instancias que, como el Parlamento Europeo, también inciden de manera determinante sobre las márgenes de actuación del propio Estado. En fin, una gravísima
irresponsabilidad que tiene nombres y apellidos, como se puede ver en el estudio anexo, y que afecta a 3 de cada 4 eurodiputados españoles. Son los partidos nacionalistas o soberanistas los que salvan la imagen de España en el Parlamento Europeo Paradójicamente, son los partidos nacionalistas o soberanistas (ICV, CiU, PNV, BNG y en menor medida ERC) los que salvan la imagen de España en el Parlamento Europeo, con un nivel de trabajo, asistencia y compromiso muy superior al promedio no sólo española, sino del propio europarlamento. A ellos habría que añadir el representante de IU, aunque
con una chata: presenta un magnífico nivel de rendimiento, pero es lo que más falta, aspecto en el que además es reincidente y ha empeorado sus índices al ancho de la legislatura. Sería deseable que el ansia de control de la sociedad sobre sus representantes públicos no se ciñiera a momentos puntuales, como ocurrió
hace quince meses con la campaña #eurodiputadoscaraduras con motivo de la discusión sobre la presunta necesidad de que sus euroseñorías viajaran en primera clase, obviamente de manera gratuito. Luego, publicamos un primer estudio del rendimiento de los eurodiputados españoles, que ahora presentamos actualizado, ampliado y mejorado, y que
ponemos a disponer de la opinión pública para que cadaquén extraiga las
oportunas conclusiones y actúe ?o no? en consecuencia. No se trata de recurrir a tácticas demagógicas, como puede ser analizar un hemiciclo vacío como señal de ausencia de trabajo No se trata, por supuesto, de recurrir a tácticas demagógicas, como puede ser analizar un hemiciclo vacío como señal de ausencia de trabajo,
ya que buena parte de las tareas de los eurodiputados se realizan en comisión, en su despacho, nos corredores e incluso al teléfono. Mas cuando ese trabajo no tiene su reflejo en iniciativas e intervenciones tanto nos plenos cómo en las comisiones del Europarlamento, es señal de que algo falla. Y, como veremos, esta situación dista mucho de ser una excepción. Algunos datos que dan el que pensar Me permita el lector que, sin ánimo de dirigir la lectura sino simplemente de facilitarla, ponga en destaque algunos de los datos más significativos que se deducen del estudio ora publicado: 1. Un solo eurodiputado, Raül Romeva (ICV) trabaja más que todos los del PSOE o los del PP juntos.
5. El promedio de trabajo de los eurodiputados del PP y del PSOE está en
la mitad del promedio general española, lo que significa que 2 eurodiputados de cualquiera de esos partidos bono por 1. De hecho, el trabajo de los 47 eurodiputados de PP y PSOE equivale al de 23 (que serían solo 20 aplicando el promedio europeo), por lo que más de la mitad sería sencillamente prescindible.
7. Cada eurodiputado cuenta con un gabinete compuesto por dos asesores, a
lo que hay que sumar el personal que trabaja para los grupos parlamentares nos cuáles se integra cada euroseñoría y los de los respectivos aparatos partidarios dentro de España. Por tanto, el descuido ultrapasa el ámbito individual y alcanza una dimensión mayor; el que desde luego también valle a la inversa, y es que los méritos ?en los casos en que los hay? también deben ser compartidos. En el país de los ciegos, el PSOE es el torto: o "quien no se consuela..." El PP copa el ránking del absentismo En el referido al absentismo, criterio objetivo donde los hubiere, el PP
copa el ránking de la pereza. Todos los eurodiputados que superan en más del 50% el promedio español de inasistencia pertenecen al Partido Popular, con la sola salvedade de Willy Meyer (IU). Nuevamente, también en este apartado los nacionalistas dan ejemplo, excepción hecha de Salvador Sedó (UDC). Con todo, y medias aparte, hay un buen número de representantes de los partidos mayoritarios que sí cumplen en este apartado, más en el PSOE que en el PP; por otra parte, Sosa Wagner (UPYD) destaca positivamente como uno de los más frecuentes. El PSOE también salva mejor los muebles que el PP en el que dobla a los nombres ilustres Además de salir mejor parado en el tocante a las estadísticas de asistencia en comparación con el PP, el PSOE también salva mejor los muebles en el que dobla a los nombres ilustres. Por lo menos, su cabeza de cartaz, López Aguilar, está en el grupo de los aprobados, en el cual también se integra Ramón Jáuregui; sirva de mínima compensación para lo papelón que hacen otros compañeros de partido, y muy notadamente Magdalena Álvarez o Luis Yáñez. Pola su parte, en el PP sobreabundan los
nombres ilustres en el fondo de la clasificación, a ejemplo de García-Margallo, Carlos Iturgaiz, Pilar Ayuso o Mayor Oreja, y no mucho mejor situados están Pilar del Castillo o Luis de Grandes, entre otros. Mayor Oreja es uno de los campeóns tanto en la categoría del absentismo como en la de la nugalla El caso de Mayor Oreja es para darle de comer aparte: es uno de los campeones tanto en la categoría del absentismo como en la de la nugalla,
y además reincide en ambos apartados a respeto de la anterior entrega del estudio. Si en cualquiera caso eso constituiría un caso grave de irresponsabilidad, mucho más aún cuando se trata del cabeza de lista del
PP. Para concluir esta parte del análisis, un dato políticamente incorrecto,
pero llamativo: las mujeres consiguen un promedio de rendimiento bien menor que los hombres. Entre ellos, el 19% tiene nota igual o superior al notable y el 36% aprueba; entre ellas, los porcentajes caen hasta un 9% y un 13%, respectivamente. Por cierto, las mujeres son sólo un escaso
41% del total. Ana Miranda, la cara; Carmen Fraga, la cruz Entre los cuatro representantes gallegos, las cuentas están claras: Ana Miranda (BNG) hace un trabajo que equivale al de 4 eurodiputados, mientras que en el extremo contrario harían falta 4 como Carmen Fraga (PP) para hacer el trabajo de 1. Además, Ana Miranda es la menos absentista, en cuanto Carmen Fraga falta tanto como los otros tres eurodiputados gallegos juntos. Ana Miranda lidera todos los apartados positivos; Carmen Fraga destaca negativamente Antolín Sánchez Presedo (PsdeG-PSOE), incluso quedando muy lejos del nivel de rendimiento de Ana Miranda, salva la cara, ya que trabaja tanto
él sólo como los dos eurodiputados gallegos del PP. Y es que Millán Mon
(PP) sólo se salva de los titulares gracias a la desidia de su compañera de partido, Carmen Fraga. Ana Miranda, desde su incorporación a la eurocámara, realiza el 73% del trabajo de los cuatro eurodiputados gallegos Dado que la representante del BNG comenzó su mandato el día 1 de enero de este año, al paso que los del PSdeG y PP lo hicieron el 14 de julio de 2009, hay una evidente diferencia entre las cifras absolutas y las relativas. En tener absolutos, hay una notable igualdad entre los 3 partidos gallegos con representación del Europarlamento cuanto al número
de intervenciones registrado: de un total de 396, se deben al PP 139, al PSdeG 134 y al BNG 123. En tener relativos, el BNG se destaca en cabeza, ya que Ana Miranda desde su incorporación a la eurocámara realiza el 73% del trabajo de los cuatro eurodiputados gallegos (lo que le permite estar entre lo 5% de los mejores eurodiputados del conjunto de la UE); por su parte, el PSdeG deja a desear, con poco más del 13%; y
el PP defrauda completamente, con un escaso 14% repartido entre sus dos
representantes. Informe: 3 de cada 4 eurodeputados españois cobran sen dar pancada - Praza Pública
El polémico columnista Salvador Sostres ha vuelto a levantar una enorme polémica, desgranando uno de los que, según él, son los grandes problemas del sistema laboral español, "los cargos intermedios". "No poseen ni la sabiduría del líder ni el talento de los que hacen el trabajo. Son casi siempre seres acomplejados y tienen miedo de ser descubiertos en su mediocridad flagrante", les describe en su columna de
El Mundo. "Se inventan complicaciones innecesarias para aparecer como imprescindibles para resolverlas. Cuestionan el buen trabajo de los demás para parecer más exigentes, pero en realidad dan palos de ciego y no saben ni de lo que hablan", añade. "Estropean las buenas ideas de los empleados válidos, no saben reconocer
el talento ni aprovecharlo y se sienten sólo cómodos confiando en mediocres como ellos", continúa el barcelonés. A causa de los cargos intermedios, apunta, queda "un mundo cada vez más triste y más desesperanzado, más falto de sentido, más arrugado y más seco". "Tal como la burocracia destruye la economía y entumece la libertad, los
cargos intermedios desbaratan los buenos propósitos y anulan cualquier prosperidad", apunta a modo de conclusión. Durísimo ataque de Salvador Sostres a "los cargos intermedios" del sistema laboral - EcoDiario.es
Herencia recibida, cuentas públicas, autonomías: -Han pasado seis meses desde que llegó a La Moncloa. De todo lo que se ha encontrado en los cajones, ¿qué le ha sorprendido más? -A mí me ha preocupado el clima general de descontrol que había en las cuentas públicas de la práctica totalidad de los ministerios. Llegar al Gobierno y encontrarse que en lugar del 6 por ciento de déficit anunciado la cifra había alcanzado casi el 9 revela que en el Gobierno había enormes problemas de gestión y descontrol. -¿Qué pensó cuando se dio cuenta de que esa realidad, mucho más grave de lo que les habían dicho, obligaría a sacrificios mayores? -El problema era más grave de lo que podíamos pensar y no teníamos tiempo que perder. A toda la dificultad que suponíamos por la falta de reformas, la destrucción de empleo y la necesidad de hacer un ajuste, la
situación nos obligaba a replantearnos muchas medidas económicas que teníamos previstas. Teníamos que ponernos a trabajar cuanto antes para acelerar la consolidación fiscal y las reformas. -¿Podía haberse evitado esta situación delicada que atraviesa España, o estábamos abocados a ella? -Si en España se hubieran hecho las reformas estructurales en el momento
adecuado, las mismas que se están haciendo ahora, indudablemente habría
pasado por una crisis, como todos los países europeos, pero habría sido
en los términos de todos los demás. El problema es que el Gobierno socialista respondió a la crisis con despilfarro y déficit. Y de ahí venimos. Y cuando el resto de Estados europeos estaban haciendo reformas
de sus sistemas financieros, aquí el Gobierno dijo que no pasaba nada, porque teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Si se hubiera acometido en el momento adecuado, el agujero sería menor y ya tendríamos
una gran cantidad de trabajo hecho. -¿Ha habido demasiada manga ancha con las comunidades? -Estamos adelgazando, reestructurando las administraciones públicas. El Gobierno anterior permitió a las comunidades endeudarse. Lejos de decir vamos a ser todos austeros, dijo: como yo no quiero serlo, gaste usted lo que quiera. Este es el camino que tenemos que recorrer hacia atrás. Si no hubiéramos gastado de más, ahora no tendríamos que hacer estos ejercicios de austeridad tan fuertes. Si hubiéramos hechos reformas, el mercado laboral ya tendría una reforma hecha, la reestructuración del sistema financiero estaría hecha, las administraciones públicas estarían
ya funcionando. Estaba todo por hacer y lo estamos haciendo a un ritmo acelerado. -Se están pidiendo muchos sacrificios a los ciudadanos, pero ¿sobran políticos en España? -Sí. Nosotros hemos reducido el número de vicepresidentes. Este Gobierno
tiene uno, el anterior llegó a tener tres. Hemos reducido el número de ministros, el número de altos cargos, de asesores… Mis antecesores en el
cargo tenían 13 miembros en su gabinete, yo tengo ocupadas seis plazas.
Se ha rebajado el número de consejeros de las empresas públicas, y reducido el sueldo de sus presidentes. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Ahora toca la administración local, habrá que analizar el número de concejales, y fijar unos baremos de retribución de alcaldes y concejales. -¿Hasta dónde debe llegar la reforma de la estructura territorial de España? ¿El Estado de las Autonomías es intocable? -Este Gobierno ha introducido un elemento muy importante en el diseño del Estado de las Autonomías, que es el principio de responsabilidad. Hasta ahora todos los debates eran sobre competencias. Pero la competencia no solo es una atribución, es una responsabilidad de gestión
y de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, y ese es el chip que debe cambiar en el Estado de las Autonomías. Durante todo este tiempo hemos hablado de autogobierno; a partir de ahora hay que hablar sobre todo de responsabilidad, y no solo de la institución, sino también, con la Ley de Transparencia, de los altos cargos por su gestión. -¿Se nos ha ido de las manos el Estado de las Autonomías? -Es el momento de poner a punto el Estado de las Autonomías. Ha ido evolucionando en tiempos de bonanza económica siempre hacia una mayor capacidad de sus ingresos y una mayor asunción de competencias. Pero los
ingresos están como están y el Estado de las Autonomías tiene que servir para tiempos de bonanza y para tiempos de crisis. Hay que definir
mucho más las competencias y los recursos sin solapamientos.
Recortes, Bankia, deuda, déficit y prima de riesgo: -Comentaba
que el Gobierno actuó muy rápido pero en el exterior se le acusa de lentitud y se señala como una razón del acoso a la deuda. -No la comparto. Las interpretaciones simplistas o puntuales de lo que pasa en los mercados no son así de sencillas. España ha perdido mucha credibilidad. Ha tenido que reconocer que el déficit que aseguraba en el
6% lo tenía en un 9% y eso es una importante quiebra de confianza. Este
Gobierno llegó y con urgencia adoptó las primeras medidas para atajar los problemas más graves, pero sigue trabajando en reformas que no pueden hacerse en los primeros momentos. Este julio veremos importantes reformas. -¿No cree entonces que habría que informar más a los socios para que reconozcan el trabajo del Gobierno? -Los Consejos Europeos, el FMI, otros Estados y el G-20 han reconocido la valentía y la determinación de las reformas estructurales y con un nivel de conocimiento importante. Nuestra política económica no está en discusión. -¿Y cómo se calma a los mercados? -Las reformas hay que hacerlas para mejorar la economía y crear empleo, no para reaccionar a bote pronto ante situaciones puntuales. Uno se tiene que marcar un plan que es el que se ha marcado el Gobierno. Cuando
surgen problemas en los mercados tenemos que trabajar para dotar de estabilidad a la deuda soberana y lo estamos haciendo. Hay que generar confianza y así vendrán otras perspectivas. España en otros momentos ha sabido salir de la crisis y volverá a hacerlo. -Pero el bono a 10 años sigue en el 7 por ciento, ¿aguantaremos el verano? -He leído muchísimas cosas estos meses y hago una llamada a la serenidad
y a la responsabilidad. No se puede entrar en el terreno de especulaciones que muchas veces generan daños sin ningún fundamento. -Hablaba antes de las próximas reformas, ¿habrá subida del IVA? -Trabajamos en reformas para fortalecer la consolidación fiscal, dinamizar la economía, liberalizar servicios, elevar la seguridad jurídica. Es un programa completo de reformas para ajustarnos y cambiar lo que no funciona. -Se especula con todo tipo de medidas, recortes a parados, congelación de pensiones, ¿no hay líneas rojas? -Este Gobierno ha tenido que tomar medidas que no son fáciles, pero trata de preservar el Estado del Bienestar en sus principios más esenciales y trabaja para que la protección social sufra las menos mermas posibles. También vamos a poner el acento en que todas las administraciones gasten menos, hay que ajustar entre todos. -Habla de un nuevo ajuste con normalidad pero ¿por qué otro recorte? -Se ha hecho un esfuerzo importante pero la senda tiene que ser continuada, es un momento de recesión que ha provocado una caída en la recaudación. También hay que luchar contra el fraude fiscal y laboral. No es posible que se acepte trabajar en negro y cobrar la prestación por
desempleo. Mantendremos el Estado de Bienestar si los que estamos en activo sufragamos todo el sistema. -¿Una estimación del fraude? -No sería coherente. -Este lunes se deciden las condiciones a la banca ¿por dónde irán? -Se acuerdan las bases del memorándum y serán condiciones en el ámbito financiero que habrá que cumplir. Más importante será reestructurar la parte de la banca que lo necesita y lograr que determinados activos salgan al mercado a un precio razonable. -Habrá que cerrar algún banco... -Hay que respetar los procedimientos, uno no se puede aventurar. -¿Seguimos esperando que el BCE nos eche una mano? -El Consejo Europeo ha marcado líneas de actuación a corto, medio y largo plazo y nosotros trabajaremos porque se vayan cumpliendo. La unión
bancaria es un hito muy importante porque permitirá actuar de verdad como una unión monetaria, tener una misma autoridad supervisora y avanzar hacia una regulación común con un fondo de garantía de depósitos
para todos. -Pero el plazo que se maneja en Europa, diez años, es excesivo... -Nosotros trataremos de impulsar que alcance la madurez necesaria y se ponga en marcha cuanto antes. -¿Le preocupa la imputación de Rato y Acebes en Bankia? -El Gobierno respeta los procedimientos judiciales y muy especialmente la presunción de inocencia. De momento, lo que hay es la admisión a trámite de una querella. -¿Y no hay que investigar más lo que ha pasado desde el Congreso? -Trabajamos para una mayor transparencia en la subcomisión del Frob. -¿Hubo dejación de responsabilidad en el Banco de España? -Indudablemente, debería haberse supervisado mucho mejor y haber tenido una actitud bastante más proactiva por parte del Gobierno anterior. Los que sabían cómo estaban las cosas tendrán que explicar por qué decían que era el mejor sistema financiero del mundo. -Empezamos cerca de Alemania, ahora estamos más cerca de Italia y de Francia, ¿cuál es la estrategia? -España defiende dos cosas. Una mayor integración europea y una defensa de los intereses nacionales, y trabajaremos con los que quieran trabajar
en ello en cada momento.
El portavoz del grupo parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, ha advertido este miércoles de que "vuelve, más fuerte que nunca, la política familiar y de la consanguinidad" al Gobierno andaluz, tras los últimos nombramientos de altos cargos realizados en el pasado Consejo de
Gobierno, dado que algunos de ellos son familiares directos de miembros
de PSOE-A e IULV-CA.
Para Rojas se trata de un "auténtico escándalo". "Demasiados familiares y
demasiados altos cargos: el hermano de uno, el padre de la novia de otro, la hija de un tercero, el primo de un cuarto", ha apuntado Rojas, quien ha indicado que "parecen títulos de cine, pero no, son los nuevos altos cargos de la Junta".
Rojas se refería así, entre otros, al hermano del secretario general del
PCE, José Luis Centella; a la hija del eurodiputado de IU, Willy Meyer,
o al padre de la novia del secretario general del PCA, José Manuel Mariscal.
Tras insistir en que "vuelve el nepotismo, las políticas y las prácticas
familiares en el seno del Gobierno, lo que ha considerado "una mala noticia" para Andalucía, el portavoz 'popular' ha asegurado que ello es consecuencia del "pacto bipartito" conformado tras las pasadas elecciones autonómicas por PSOE-A e IULV-CA.
Tras afirmar que su grupo pedirá que este exalto cargo comparezca en la comisión de investigación, también ha considerado necesario que este órgano cuente con el informe que está elaborando la Cámara de Cuentas de
Andalucía sobre el caso de los ERE, pese a que el presidente de esta institución, Antonio López, no garantizara que el informe estuviera listo para ser analizado por esta comisión.
Zapatero cambió la Ley en 2004, como cuenta el periódico ABC, para poder
disfrutar del cargo en el Consejo de Estado para siempre. Sólo un aspecto podría acabar con Zapatero como consejero de este órgano, si el expresidente decidiese trabajar para una empresa privada se vería obligado a renunciar a este segundo sueldo.
Otro de los pesos pesados del Gobierno de Zapatero fue el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Su caso es peculiar, puesto que intentó dirigir la Organización para las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación, pero falló en su intento. Sin más remedio
tuvo que reincorporarse al Ministerio de Asuntos Exteriores como diplomático de carrera, pero en enero pidió una excedencia para marcharse a Qatar como de un proyecto liderado por el Príncipe Heredero de Qatar. Su sueldo dentro de este gran proyecto se desconoce.
España cuenta con 427.000 empleados públicos más que hace una década - elEconomista.es El número de empleados públicos aumentó un 20% en 10 años, hasta superar los 2,5 millones de personas. Mientras
que el Estado adelgazó en ese tiempo el número de contratados, autonomías y ayuntamientos dispararon el personal a su cargo. La situación actual exige aplicar la tijera en el sector público. Entre los duros recortes a los que la situación económica actual obliga al Ejecutivo el recorte del gasto de sueldos de personal es una de las polémicas medidas que se esperan entren en vigor a muy corto plazo. Tanto la reducción de salario como la supresión de puestos de trabajo en
el sector público, se habla de 300.000, se ve como una necesidad para acercarse al objetivo del déficit comprometido con Bruselas. En la misma línea han movido ficha otros países de nuestro entorno con problemas: Italia despedirá al 10% de sus empleados públicos (300.000), mientras que Grecia suprimirá 150.000 puestos; Portugal, 30.000 e Irlanda, 6.000 más se sumarán a los 24.700 que ya se comprometió a finiquitar en 2010. Según publica hoy La Razón, del total de los 2.530.956 personas que cobran del erario público, el 61% son funcionarios; el 26%, personal laboral y el 13% son interinos y eventuales. En la última década, y siempre según el citado diario, mientras que la Administración Central ha reducido en un 22% (163.880 personas) el personal a su servicio, las Autonomías lo han incrementado en un 44% (409.569) y las Entidades Locales un 39% (181.031). Ayer sábado, el presidente Mariano Rajoy volvió a reclamar a las Comunidades Autónomas un mayor esfuerzo para cumplir con el déficit público del 1,5% en 2012 y el jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera revisará sus planes de ajuste. Un ERE a los contratados laborales y la supresión de una de las dos pagas extras que reciben los funcionarios podría estar en estudio como medidas a adoptar, según La Razón, para reducir una partida de gastos que algunas Comunidades ya han
comenzado a reducir con recortes directos en los sueldos.
11 diputados del Partido Popular valenciano están imputados, acusados o
investigados en distintos casos de corrupción en curso.
El ex vicepresidente de la Generalitat, ahora coordinador de Economía del grupo popular, está también imputado en el macrosumario de la financiación, que investiga también los contratos del Consell con Gürtel. El juez considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación, así como delito electoral y falsedad documental, por su condición de vicepresidente del Consell y coordinador
de la campaña electoral del PP durante los contratos con Gürtel.
El portavoz adjunto del PP es otro de los imputados en Gürtel como ex vicesecretario general del partido. Sus presuntos delitos en la causa de
la financiación irregular son los de delito electoral y falsedad documental.
Su imputación es inminente. La juez le atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su implicación en la trama que desvió fondos destinados al Tercer Mundo cuando él era conseller de Solidaridad. Es el actual portavoz del PP en las Cortes aunque no ejerce
desde que fue acusado.
La alcaldesa de Alicante es diputada desde las últimas elecciones cuando
ya estaba implicada en el 'caso Brugal'. Ahora está acusada de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por el supuesto amaño del Plan Urbanístico de su ciudad. Podría ser imputada por el TSJ.
Antecesor en el cargo de Castedo. Se le atribuyen los mismos delitos que
a la actual alcaldesa de Alicante. Fue alcalde de la ciudad desde 1995 hasta su dimisión en 2008 y ganó todas las elecciones municipales por mayoría absoluta.
Es diputado en las Cortes y ex alcalde de Torrevieja. Está imputado por el TSJ de la Comunidad Valenciana por supuestas irregularidades en el proceso de adjudiciación de un contrato de recogida de residuos sólidos.
Se le acusa de prevaricación y falsedad documental. Renunció a la presidencia del PP de Torrevieja tras abrirse juicio oral contra él pero
conserva su acta de diputado.
Es alcaldesa de Ibi. No está imputada pero está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 1 de Ibi por todas las contrataciones que ha formalizado el Ayuntamiento en los últimos años, entre ellas tres
planes urbanísticos y varias adjudicaciones con sobrecostes. Una ex edil del PP en su Ayuntamiento le atribuye cuentas en Suiza.
Corren malos tiempos para la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. No solo está en el centro de la polémica por la filtración de los datos del ERE presentado por el PSOE desde un correo electrónico de su gabinete, sino que hace dos semanas que sabe que la jueza del caso Mercasevilla, Mercedes
Alaya, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, ordenó a
la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar una empresa en la que ella es accionista.
El pasado 12 de junio, la jueza Alaya dictó un auto en el que ordenaba a la UCO investigar una serie de empresas
que habrían amañado, supuestamente, la adjudicación de unos terrenos de
Mercasevilla. Según la juez, estas empresas pujaron a la baja presentando ofertas ridículas como falsos competidores de la compañía que finalmente se adjudicó el proyecto: Sanma, del grupo Sando. Entre esas empresas investigadas figura Construcciones Juan de Robles, filial en un 100% de la sociedad Imnovas Huelva SL. Según ha podido confirmar eldiario.es en los datos registrarles de esta última compañía, hasta el 26 de junio, el nombre de la empresa era Grupo Báñez García SL, la empresa familiar de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Pero la relación de la ministra con esta compañía es mucho más estrecha. Según consta en la declaración de bienes de la propia Fátima Báñez,
realizada en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de noviembre de 2011, al inicio de la presente legislatura, la ministra posee 78.523 participaciones el Grupo Báñez García SL. Es decir, que la ministra es accionista de la matriz de Construcciones Juan de Robles, una de las empresas que está investigando la UCO de la Guardia Civil por participar
en el amaño de una adjudicación de unos terrenos de Mercasevilla. No deja de llamar la atención la coincidencia de algunas fechas. Grupo Báñez García SL cambió su denominación social, según aparece publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), con fecha 26 de junio de este año, es decir, menos de dos semanas después de que la jueza Alaya ordenara a la Guardia Civil investigar, entre otras empresas, a la filial de la empresa familiar de los Báñez García Construcciones Juan de Robles. También cambió presidente: Ana García Pichardo sustituyó en el cargo al hermano de la ministra, Eduardo Báñez García. Sin embargo, si la intención era borrar el rastro de la vinculación entre Construcciones Juan de Robles y la ministra Bañez, quienes tomaran la decisión olvidaron borrar de la web oficial de la empresa las menciones honoríficas al Grupo Báñez García.
La empresa participada por la ministra de Empleo y Seguridad Social tiene un largo historial de relaciones con las administraciones públicas
andaluzas, no solo con el Ayuntamiento de Servilla, responsable ultimo de Mercasevila. Construcciones Juan de Robles también ha mantenido conexiones significativas con la Junta de Andalucía, a pesar de haber estado gobernada por el PSOE hasta las últimas autonómicas, y por los socialistas en coalición con Izquierda Unida (IU) desde entonces.
ir más lejos, el pasado 21 de diciembre, cuando la ministra Báñez ya había firmado el acta de diputada y había sido elegida por Mariano Rajoy
para ocupar la cartera de Empleo y Seguridad Social, el Gobierno autonómico presidido por José Antonio Griñán concedió a la filial de la empresa de familiar de los Báñez García una subvención de 432.000 euros para la construcción de viviendas sociales, según aparece publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La jueza Alaya es también la instructora del caso de los ERE falsos de la Junta de Andaucía. Y, a pesar de tratarse, como en el caso de Mercasevilla, de un escándalo que afecta esencialmente a dirigentes del Gobierno socialista andaluz, ya se ha encontrado en otras ocasiones con relaciones sospechosas con personalidades relacionadas con el PP o incluso con CiU. En el caso de los ERE, aparece claramente vinculado el principal imputado por el caso Eurobank, en el que se investiga
el expolio de la desaparecida entidad financiera catalana, Eduardo Pascual, y de su socia, María Vaqué. El instructor en este caso es el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya está investigando algunas empresas que Pascual pudo haber utilizado para descapitalizar Eurobank. Entre esas compañías figuran Vitalia, Fortia y Apra Leven, investigadas también por la jueza Alaya en
relación con los ERE. Pero Ruz también investiga otra empresa del grupo, Real State Acquisitions in Spain, de cuyo consejo formaron parte personalidades próximas a Rajoy y al PP como Francisco Marhuenda o Jesús Martínez-Pujalte. No comments:
La imputación decidida por la Audiencia Nacional a instancias de UPyD de Rato y los consejeros de Bankia por la comisión de
varios delitos no debería haberse dado de esta forma, sino que la misma
debería haberse realizado de oficio por medio de la Fiscalía Anticorrupción. Ha tenido que ser la formación de Rosa Díez quien la impulsara, pero lo cierto es que esa inacción demuestra el pacto de silencio acordado por Rato, Rajoy y Esperanza Aguirre y que fue desvelado en exclusiva por nuestro diario el pasado 31 de mayo. En
cualquier país serio, los consejeros habrían tenido que declarar al día
siguiente a producirse la intervención, pero lo cierto y verdad es que el Partido Popular se ha negado sistemáticamente. En la Asamblea de Madrid y a propuesta de UPyD, Esperanza Aguirre no quiso permitir que se abriera una comisión de investigación ni que se citara a declarar ante la cámara madrileña a nadie. En el Congreso de los Diputados, el resultado fue idénticamente el mismo, cuando lo pidieron la mayoría de los partidos de la oposición. El
análisis de la lista de imputados deja a las claras que la mayoría de estos son o miembros del PP o personas muy cercanas a ellos, aunque también hay una pequeña parte que forman parte del PSOE, o de Izquierda Unida. Fuera de las imputaciones quedan cinco consejeros, nombrados posteriormente a la salida a bolsa, entre los que destaca el primo de Esperanza Aguirre, Claudio Aguirre, ejemplo de las familias políticas colocadas enteras a costa del erario público. En este caso del erario público que se evaporó, para dar lugar a una entidad privada, que vale menos que nada, gracias a la gestión realizada
por estos individuos. Otros de los no imputados son el socialista Virgilio Zapatero, el activista popular valenciano Juan Martín Queralt, o
el Conde de Adanero, Alvaro Ulloa. Las investigaciones deben aclarar dónde ha ido a parar el dinero de las cajas que conformaron Bankia, quien se ha lucrado y especialmente qué se ha financiado, comenzando por los partidos políticos, y las obras megalómanas de algunas comunidades autónomas, comenzando por Madrid y Valencia, que se han pagado con esos dineros. En Diario El Aguijón hemos defendido que el problema de Bankia y del resto de las cajas, está en la financiación de las autonomías y de los proyectos políticos con los que los líderes y lideresas se hacen las fotografías con las que ganan las elecciones. Unas
fotos muy caras, porque las pagan con el dinero de todos los ciudadanos
y no con el suyo propio, y que ha puesto en solfa la credibilidad de toda una nación y de nuestro sistema financiero. De esos polvos vienen los lodos de la intervención de la banca, de la falta de credibilidad que dispara la prima de riesgo y del rescate total
de España que se ya se ha puesto en marcha desde Frankfurt y Bruselas. Si España quiere volver a la senda de la credibilidad debe aplicar la máxima transparencia y que marche caminito de Soto del Real todo el que meta la mano en la caja o despilfarre o haga mal uso del dinero público.
Ayer Diario El Aguijón publicada la creación de la Liga Anticorrupción, conformada por importantes personalidades del mundo del derecho o la universidad y a cuyo frente se ha puesto uno de los sobrinos de Adolfo Suárez. Mucho trabajo les auguramos, puesto que la corrupción generalizada, el despilfarro y el mal uso del dinero de todos los españoles es ya estructural, y no hechos aislados. Sin comenzar a demostrar al mundo que
somos una nación seria, y que nadie está por encima de la ley, no saldremos de este atolladero en el que nos ha metido la clase política. En cualquier país serio ya estarían en la trena preventivamente | Diario El Aguijón

References: artículo 72
 artículo 72
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 30
 Real Decreto