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Timestamp: 2019-04-23 17:55:06+00:00

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Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana.
CAPÍTULO I. FINALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
SECCIÓN I. ÁMBITO DE APLICACIÓN. (Arts. 1 al 3)
SECCIÓN II. OBJETIVOS. (Art. 4)
CAPÍTULO II. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
SECCIÓN I. DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. (Art. 5)
SECCIÓN II. DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Arts. 6 al 10)
SECCIÓN III. DE LOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL. (Arts. 11 al 20)
SECCIÓN IV. PROGRAMA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. (Arts. 21 al 27)
SECCIÓN V. LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN. (Arts. 28 al 33)
CAPÍTULO III. FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES.
SECCIÓN I. PARTICIPACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS. (Arts. 34 al 36)
SECCIÓN II. COMPETENCIAS. (Arts. 37 al 45)
SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO. (Arts. 46 al 55)
SECCIÓN IV. VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES. (Arts. 56 al 59)
SECCIÓN V. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES. (Arts. 60 al 62)
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DEL SUELO.
SECCIÓN I. DEL PATRIMONIO RURAL DEL SUELO. (Art. 63)
SECCIÓN II. DEL MEDIO AMBIENTE RURAL. (Arts. 64 al 70)
SECCIÓN III. DEL PAISAJE. (Arts. 71 al 75)
SECCIÓN IV. DE LA PROTECCIÓN DEL SUELO. (Arts. 76 al 80)
SECCIÓN V. DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS. (Arts. 81 al 85)
SECCIÓN VI. DE LOS VERTIDOS Y DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. (Arts. 86 al 88)
SECCIÓN VII. DE LOS EQUIPAMIENTOS SUPRAMUNICIPALES. (Arts. 89 al 91)
SECCIÓN VIII. DE LAS INFRAESTRUCTURAS. (Arts. 92 al 94)
SECCIÓN I. DE LAS FALTAS. (Arts. 95 al 110)
SECCIÓN II. REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES. (Arts. 111 al 113)
SECCIÓN III. DE LOS RESPONSABLES. (Arts. 114 al 119)
SECCIÓN IV. DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA. (Arts. 120 al 130)
I. La definición que la Carta Europea atribuye al término ordenación del territorio conceptúa éste como la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad.
La mejora de la calidad de vida que, entre otras cosas, se concreta en una mayor accesibilidad de la población a los equipamientos colectivos de todo tipo y en la mejora de las infraestructuras.
La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente que haga compatible la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos y su conservación.
La utilización racional y equilibrada del territorio, mediante la definición de usos compatibles o a potenciar, la creación de infraestructuras y la preservación de actividades. Todo ello acompañado de una más completa política territorial que permita conseguir objetivos de interés general.
II. El proceso concreto de crecimiento económico de la Comunidad Valenciana ha dado como resultado un modelo territorial con fuertes desequilibrios, despilfarro de recursos, deterioro considerable del patrimonio natural y déficit de infraestructura y equipamientos colectivos.
La desigual distribución de un recurso básico como el agua, la superposición sobre la franja litoral de gran número de actividades (agricultura intensiva, desarrollo turístico, implantaciones industriales, procesos urbanizadores, etc.), cuya compatibilización en el territorio se hace muchas veces imposible, los déficit de infraestructuras básicas y equipamientos, la concretación de la población en un espacio superexplotado, etc, son resultados de una determinada lógica de uso del territorio.
A la configuración de este modelo territorial ha contribuido también la insuficiencia de las actuaciones públicas territoriales, llevadas a cabo, en muchos casos, desligadas de la propia política económica general y de la política regional. No hay que olvidar, a este respecto, el carácter eminentemente sectorial de este tipo de actuaciones y la compleja organización competencial de la Administración a todos los niveles, lo que hace que el conjunto de intervenciones que se llevan a cabo en una determinada área territorial dependan, en la mayoría de los casos, de gran numero de decisiones de inversión no siempre coordinadas previamente.
Sin embargo, la existencia de problemas diferenciados territorialmente en nuestra comunidad (litoral congestionado; áreas metropolitanas; zonas con alto riesgo de inundación, erosión y desertización; áreas deprimidas, etc.), requieren un tratamiento conjunto que integre la aplicación de políticas sectoriales, coordinando las actuaciones de todas ellas.
III. La redacción de la presente Ley de ordenación del territorio obedece, pues, a la necesidad de resolver, desde una óptica supramunicipal, los complejos problemas territoriales que afectan específicamente a la Comunidad Valenciana.
El proceso completo de ordenación se basa fundamentalmente en dos instrumentos de carácter global: el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y el programa de ordenación del territorio. Los de ámbito mas reducido, los planes de acción territorial, tanto los de carácter sectorial como los integrados, tienen como finalidad la compatibilización y coordinación de políticas sectoriales y urbanísticas a nivel supramunicipal. Están concebidas tanto para satisfacer las necesidades de un sector determinado como para resolver problemáticas específicas de un área territorial, de muy diversos tipos (coordinación urbanística en áreas metropolitanas; fomento del desarrollo en áreas retrasadas o en declive; zonas con problemas de inundaciones u otros riesgos naturales, etc.).
IV. La Constitución española, en su artículo 40, establece que los poderes públicos habrán de promover el progreso social y económico, así como una mas equitativa distribución de la renta regional. En el artículo 45 consagra el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, al mismo tiempo que impone el deber de conservarlo y confía a los poderes públicos la utilización racional de los recursos naturales de cara a la mejora de la calidad de vida, apoyándose en la solidaridad colectiva. Al mismo tiempo, el artículo 46, impone a los poderes públicos el deber de conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio establece, en su artículo 31.9, la competencia exclusiva de la generalidad en la ordenación del territorio y del litoral y en urbanismo, materias que se encuentran reguladas a nivel estatal básicamente por el texto refundido de la Ley de régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y desarrollado por los reglamentos dictados posteriormente al efecto. Tras más de diez años de vigencia, los instrumentos ofrecidos por la normativa urbanística indicada se han mostrado en la práctica insuficientes, especialmente en dos aspectos de suma importancia para resolver problemas fundamentales de la ordenación del territorio: la corrección de los desequilibrios territoriales de carácter socioeconómico y la coordinación de actuaciones territoriales supramunicipales.
Ello justifica la elaboración de una normativa propia de la generalidad en materia de ordenación del territorio.
FINALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
SECCIÓN I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
SECCIÓN II. OBJETIVOS.
Preservar las condiciones medioambientales y elementos naturales de acciones agresivas.
Conservar el patrimonio histórico, artístico, cultural, arqueológico, mineralógico y paisajístico, dentro del marco de la legislación específica aplicable.
Fomentar la explotación racional de las tierras productivas.
Paliar los desequilibrios comarcales de carácter económico, social y cultural.
Fomentar la regeneración natural o asistida, si procede, de aquellas tierras que por sus características estén excluidas de uso agrícola.
Regular el crecimiento poblacional exógeno en municipios saturados, considerando como tales a los que carezcan de recursos naturales o económicos para atender necesidades extraordinarias, o que conlleven con su crecimiento el desequilibrio poblacional.
Establecer el conjunto de criterios y normas, de acuerdo con los que provienen de la comunidad económica europea y en coordinación con los programas económicos del Gobierno valenciano, para regular los procesos de asentamientos urbanos y de localización de actividades económicas de los agentes públicos y privados que operen en la Comunidad Valenciana.
Establecer acciones territoriales conjuntas entre municipios, con otras Comunidades Autónomas o con la Administración del Estado, mediante el establecimiento de bases para los acuerdos de cooperación que resulten necesarios.
Promover las inversiones públicas y privadas en áreas de desarrollo potencial y deprimidas, de acuerdo con las características socioeconómicas que determinen el establecimiento de prioridades.
Constituir el marco de referencia territorial para la formulación, desarrollo y aplicación de las políticas sectoriales de las distintas Administraciones públicas.
Realizar la planificación necesaria para el desarrollo de los programas territoriales de carácter local.
Crear los instrumentos adecuados para la planificación del desarrollo social.
SECCIÓN I. DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
El plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.
Los planes de acción territorial.
Los programas de ordenación del territorio.
Los proyectos de ejecución.
SECCIÓN II. DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Estudio del medio físico, que deberá contener referencia a los elementos determinantes del paisaje natural, clasificación agrológica y estudio edafológico, inventario y localización de espacios naturales y pautas de conservación, señalamiento de áreas y zonas inundables o con riesgos catastróficos, así como medidas a adoptar para su prevención, señalamiento de riquezas naturales y análisis de las condiciones climáticas, eólicas, marítimas y del medio ambiente atmosférico.
Señalamiento de las áreas de patrimonio cultural, histórico, medioambiental, arqueológico, mineralógico y de hidrocarburos, dentro del ámbito de la legislación específica aplicable.
Recursos hidráulicos y mecanismos de utilización racional de estos recursos.
Limitaciones o condiciones de uso del litoral, con indicación de la línea marítimo-terrestre del mar territorial, de la zona contigua y la plataforma submarina dentro de los criterios establecidos en la legislación y tratados internacionales en los que España sea parte.
Información histórica del desarrollo municipal o comarcal.
Análisis económico real y potencial de municipios o comarcas.
Determinación de áreas de preferente localización industrial.
Señalamiento de municipios, comarcas o áreas en situación de desequilibrio económico o social respecto a la media de la comunidad y medidas tendentes a paliarlo.
Áreas de preferente localización o ámbitos urbanos de equipamientos supramunicipales, de interés para toda la comunidad.
Relación de municipios que posean conjuntos, elementos o áreas territoriales de cualquier naturaleza que por sus excepcionales valores puedan ser declarados patrimonio de la Comunidad Valenciana, así como el patrimonio etnológico y medidas tendentes a su conservación y desarrollo.
Propuestas de acciones territoriales que requieran actuaciones conjuntas con organismos internacionales, con la Administración del Estado o con otras Comunidades Autónomas, ofreciendo las bases de los acuerdos de cooperación que resulten necesarias.
Señalamiento de medidas técnicas y económicas para la protección del medio físico y la gestión de los recursos naturales.
Definición de las prioridades territoriales de inversión pública de las políticas sectoriales.
Suministrar a los programas de ordenación del territorio el marco adecuado para la asignación de los recursos oportunos.
El tratamiento de los municipios, comarcas, conjuntos, áreas o elementos, a que se refieren los puntos 9 y 10, podrá ser objeto de tratamiento legal específico, de acuerdo con los criterios que señale el consejero de la generalidad, oídas las Consejerías afectadas.
Señalamiento de aquellas actividades económicas que posibiliten el desarrollo, a partir del estudio y conservación del medio físico donde se desarrollen.
Cualesquiera otros que se consideren procedentes para cumplir los objetivos de esta Ley.
La consideración unitaria del territorio no prejuzgará su división en sectores, de tal forma que estos permitan reconocer las condiciones objetivas y peculiares de una comarca o área territorial.
Las determinaciones a que se refiere el artículo 7 se contendrán, como mínimo, en los siguientes documentos:
Planos de información y estudios complementarios.
Memoria de la información y diagnostico derivado del reconocimiento territorial.
Justificación de la ordenación.
Normas de actuación.
División temática o sectorial de las actuaciones que se prevean.
Criterios para desarrollo de los planes de acción territorial de carácter sectorial.
Criterios de programación de inversiones.
SECCIÓN III. DE LOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL.
Establecer los objetivos y criterios de carácter territorial para las actuaciones sectoriales, de acuerdo con las directrices y orientaciones del plan de ordenación territorial de la Comunidad Valenciana.
Regular el planeamiento, ejecución y gestión de los sistemas generales supramunicipales o comarcales de infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de explotación de los recursos, con los objetivos y criterios propuestos, y de acuerdo con las determinaciones del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.
Definir las prioridades territoriales de inversión pública de las políticas sectoriales, en orden a cubrir las necesidades y déficit.
Determinar los proyectos y actuaciones concretas que han de llevarse a cabo para la consecución de los objetivos propuestos.
Suministrar al programa de ordenación del territorio el marco para la programación y territorialización de los recursos sectoriales.
Definir, de acuerdo con la estrategia y orientación del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana los objetivos concretos y los criterios de actuación de carácter territorial que permitan integrar actuaciones sectoriales supramunicipales y coordinar el planeamiento urbanístico municipal de cara a resolver la problemática específica del área considerada.
Servir de base para la adopción de las medidas que se consideren necesarias o convenientes para la protección, fomento, desarrollo y mejor aprovechamiento de los recursos productivos, naturales o culturales.
Concretar las medidas a adoptar que se consideren necesarias para la formulación de operaciones integradas de desarrollo, a efectos del Reglamento CEE numero 1787/84 del Consejo de las Comunidades Europeas, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Evaluar el coste económico de las actuaciones previstas y establecer las prioridades de ejecución para dichas acciones.
Justificar la viabilidad técnica y económica de las soluciones adoptadas, evaluando la rentabilidad de las propuestas.
Determinación de su ámbito de aplicación.
Análisis y diagnóstico de la situación del sector al que se refiera, en relación con el sistema de asentamientos urbanos, la actividad económica y el medio natural.
Definición de los objetivos que se pretende conseguir de acuerdo con la evaluación territorializada de las necesidades del sector, o ámbito territorial a que se refiera y según los criterios contenidos en el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.
Articulación con el planeamiento municipal existente y con los planes de acción territorial de carácter integrado, en su caso, determinando expresamente las vinculaciones que se creen.
Justificación y definición del esquema general de las infraestructuras, obras, instalaciones y servicios que se prevean a efectos de su incidencia sobre el impacto medio ambiental.
Normas técnicas y de protección, en su caso, que deban aplicarse en la ejecución de las actuaciones previstas.
Determinación y localización de los proyectos y actuaciones a realizar.
Coste de los proyectos y actuaciones previstos en el plan, estableciendo el orden de prioridades para su ejecución.
Cualquier otro concepto que, de acuerdo con la naturaleza y características del plan de acción territorial de que se trate, resulte necesaria su inclusión.
Criterios de revisión.
Definición y justificación de su ámbito de aplicación.
Análisis socioeconómico y territorial, diagnóstico de la situación real y tendencias.
Determinación de la problemática específica del área y fijación de los objetivos del plan en función de aquella y de acuerdo con el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.
Determinación de los criterios de actuación para la ejecución y desarrollo de las acciones del plan.
Relación de proyectos y acciones de carácter sectorial que han de llevarse a cabo para lograr los objetivos del plan, así como las relaciones de complementariedad entre ellas.
Criterios y normas a aplicar en el planeamiento urbanístico municipal en virtud de la problemática específica que el plan pretende resolver.
Determinación expresa de las vinculaciones con los planes de acción territorial de carácter sectorial que incidan en el mismo ámbito territorial.
Localización de las actuaciones territoriales de carácter supramunicipal.
Análisis económico y financiero de las actuaciones previstas.
Establecimiento de prioridades y programación temporal de las actuaciones del plan.
Memoria, en la que se incluirá el análisis, diagnóstico, objetivos, criterios y medidas de actuación, vinculación con otros planeamientos, proyectos y acciones a realizar.
Programa, que deberá comprender el coste estimado de las actuaciones previstas y el orden de prioridad establecido para su ejecución, así como el plazo previsto para llevar a cabo la misma, y ello en función de los condicionantes técnicos y económicos.
Normas de actuación y, en su caso, de protección.
Documentación gráfica, incluyendo planes de información y de ordenación.
Memoria, en la que se incluirá el análisis socioeconómico y territorial, diagnostico, problemática específica, objetivos, criterios y medidas de actuación, vinculación con el planeamiento sectorial y, en su caso, relación de proyectos y acciones a realizar.
Documentación gráfica de información y ordenación en función de las propuestas específicas del plan.
SECCIÓN IV. PROGRAMA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Integrar los objetivos de la ordenación del territorio con la programación económica de la Comunidad Valenciana.
Definir la programación de inversiones de interés territorial.
Establecer las acciones para el tratamiento de los desequilibrios territoriales.
Establecer las acciones para la protección del medio físico y gestión de los recursos naturales.
Hacer compatibles las necesidades de inversión de los planes de acción territorial y del planeamiento urbanístico con el programa económico valenciano.
Servir de marco de orientación obligado para la elaboración de los presupuestos anuales de la generalidad.
Diagnóstico de la situación actual, tendencias y efectos de las medidas de acción territorial existentes.
Determinación de los principales estrangulamientos y potencialidades de carácter territorial para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana, en el período que se establece en el programa.
Determinación de las áreas de la Comunidad Valenciana que por su especial problemática necesiten la elaboración de planes de acción territorial integrados.
Definición de proyectos de interés territorial para las inversiones de ámbito comunitario.
Establecimiento de los criterios y prioridades de asignación territorial para las inversiones de la generalidad.
Valoración indicativa de los proyectos de inversión programados, indicando los organismos competentes que deben gestionarlos, en su caso.
SECCIÓN V. LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN.
Se considera cláusula de excepción a la aprobación de los proyectos a que se refiere el artículo anterior cuando estos excedan en la ocupación del suelo o del volumen edificable.
La cláusula de excepción se otorgará por el Consejo de la Generalidad, previa audiencia de los Ayuntamientos afectados, después que estos la hubiesen expuesto a información pública durante el plazo de un mes; de las Diputaciones Provinciales y de las Comisiones territoriales de urbanismo en cuyo ámbito territorial se plantee el proyecto.
FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES.
SECCIÓN I. PARTICIPACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS.
SECCIÓN II. COMPETENCIAS.
Los programas de ordenación del territorio se redactarán por la Consejería de Economía y Hacienda de acuerdo con la jerarquización y etapas que se establezcan en los planes de acción territorial.
La redacción de los proyectos de ejecución corresponderá a las distintas Administraciones públicas y a las instituciones, entidades y personas físicas y jurídicas que vengan obligadas a su ejecución.
2. Transcurrido este plazo sin dar cumplimiento al requerimiento, el Consejo de la Generalidad, mediante Decreto, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, podrá subrogarse en la competencia dejada, asignando la misma a la Consejería correspondiente.
Modificar el contenido del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.
Elevarlo al Consejo con propuesta de aprobación.
Aprobar el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.
Suspender su aprobación, cuando se considere oportuno introducir modificaciones no sustanciales, fijando el término de la corrección.
Aprobarlo definitivamente condicionado a las rectificaciones o modificaciones no sustanciales, o subsanación de errores materiales o de hecho.
Denegar la aprobación definitiva.
Contra el acuerdo del Consejo podrá interponerse recurso de reposición con carácter previo al contencioso-administrativo, en los términos y plazos que prevé la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El acuerdo del Consejo será publicado en el Boletín Oficial del Estado , Diario Oficial de la Generalidad Valenciana , Boletín Oficial de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y en dos diarios de los de mayor difusión en cada provincia y a nivel estatal.
Corresponde a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o al Consejo de la Generalidad, a propuesta de una o varias Consejerías, acordar la formulación de un plan de acción territorial de carácter integrado.
La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará un documento de avance en el que se exponga la problemática específica que trata de resolver el plan, los objetivos y ámbito territorial del mismo, los criterios de actuación y el plazo de ejecución previsto, sometiéndolo a información de los municipios afectados y organismos interesados y la Comisión Territorial de Urbanismo, quienes deberán evacuarlo en el plazo de un mes.
La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará el plan en el plazo máximo de ocho meses desde la recepción de los informes indicados en el punto 2.
El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo aprobará inicialmente el plan en el plazo de tres meses desde la redacción y lo someterá a información pública por dos meses durante los cuales se dará audiencia a las corporaciones locales afectadas.
Una vez informadas las alegaciones presentadas al documento inicial, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará el documento definitivo del plan que deberá ser propuesto por el Consejero al Consejo para su aprobación definitiva.
SECCIÓN IV. VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES.
La actualización o revisión del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y de los planes de acción territorial podrán llevarse a cabo de oficio por el Consejo de la Generalidad, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o de las distintas Consejerías, oída la de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y/o a instancia de otras Administraciones públicas, cuando concurriera alguna de las circunstancias siguientes, que no puedan paliarse por otros medios.
Imposiciones derivadas de la legislación general.
Por descubrimiento de materias o elementos que impliquen riqueza natural y sean susceptibles de protección natural o ambiental o de explotación económica.
Por transformaciones socioeconómicas especialmente referidas a sistemas de producción.
Por notoria alteración de los recursos económicos.
Por cumplirse doce años desde la aprobación del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.
La modificación del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y de los planes de acción territorial estará sujeta a los mismos tramites que los de su aprobación.
La modificación de los proyectos de ejecución que se deban llevar a cabo para la adaptación a las condiciones del territorio, así como la ejecución material de las obras, estarán sujetos al informe favorable de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de la Agencia del Medio Ambiente.
SECCIÓN V. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES.
Los planes serán públicos en todas sus determinaciones y cualquier persona podrá informarse de su contenido en los Ayuntamientos afectados o en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
La información que se facilite sobre su contenido deberá ser evacuada por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a costa del peticionario, en el plazo de dos meses.
RÉGIMEN DEL SUELO.
SECCIÓN I. DEL PATRIMONIO RURAL DEL SUELO.
El patrimonio rural del suelo se compone del espacio físico que debe detraerse de la acción urbanizadora, con sus elementos y accidentes geográficos, las masas vegetales, plantaciones de interés comunitario, conjuntos de yacimientos arqueológicos e históricos, mineralógicos y de hidrocarburos, y espacios naturales, merecedores de protección o conservación.
SECCIÓN II. DEL MEDIO AMBIENTE RURAL.
1. Todos los cauces públicos y privados deberán mantenerse expeditos.
No se autorizará su aterramiento o reducción sin que exista un proyecto debidamente aprobado por el órgano competente que plantee solución alternativa que garantice el discurso normal de las aguas.
SECCIÓN III. DEL PAISAJE.
SECCIÓN IV. DE LA PROTECCIÓN DEL SUELO.
Se tendera a obtener la máxima rentabilidad de las tierras fértiles, impidiendo sobre ellas nuevos asentamientos urbanos o su expansión injustificada, fomentando la urbanización en tierras de escasa productividad ubicadas en áreas preferentemente próximas a redes de comunicación.
SECCIÓN V. DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS.
2. Los planes generales de ordenación urbana establecerán las limitaciones precisas a la clasificación del suelo cuando se carezca, por cualquier razón, de suministro de los recursos hídricos mínimos necesarios con garantía de potabilidad.
SECCIÓN VI. DE LOS VERTIDOS Y DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
Las determinaciones o criterios para la realización de actividades y la normativa ambiental contenida en la planificación urbanística y territorial se establecerán de forma que se eliminen el impacto ambiental de los vertidos y los sistemas de saneamiento y depuración, tanto para actuaciones continentales y atmosféricas como para aquellas que afecten al litoral.
La planificación territorial y urbanística tendrá en cuenta las exigencias planteadas por la gestión integrada del suministro, saneamiento y depuración de aguas, favoreciendo a través de la distribución espacial de actividades, servicios o infraestructuras y, en su caso, de la determinación de unidades territoriales, la creación y el funcionamiento de instrumentos de coordinación interadministrativa, o gestión unitaria, que permitan maximizar la rentabilidad social y económica de las inversiones.
SECCIÓN VII. DE LOS EQUIPAMIENTOS SUPRAMUNICIPALES.
SECCIÓN VIII. DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
SECCIÓN I. DE LAS FALTAS.
La resolución sancionadora llevará aparejada, en todo caso, la imposición al infractor de la obligación de reparación del daño causado y restitución de la situación anterior a la comisión de la infracción o, en su defecto, la valoración económica de dichas obligaciones que serán, en todo caso, de cuenta del infractor.
Podrá considerarse como causa eximente de la responsabilidad, la acción llevada a cabo en circunstancias extraordinarias por razón de riesgo catastrófico, cuando el análisis de los hechos demuestre buena fe y proporcionalidad entre las medidas precautorias adoptadas y el riesgo previsible, sin perjuicio de la obligación de reponer la situación anterior.
El actuar en evitación de perjuicio o riesgos catastróficos, cuando no exista proporcionalidad entre las medidas adoptadas y el riesgo previsible.
La falta de intencionalidad en la ocasión del daño.
El haber procedido a reparar o disminuir el daño causado antes de la iniciación de la actuación sancionadora.
El fraude documental que propiciare el otorgamiento de licencia u orden de ejecución.
La violencia o coacción sobre funcionarios o autoridades públicas, por cualquier medio, incluido el soborno.
El desacato a las autoridades.
Que el agente tenga la condición de cargo público, sea funcionario de la administración pública o preste servicios en la misma por cualquier vinculo de naturaleza contractual.
La repercusión del acto u omisión en elementos o espacios territoriales que resultaren perjudicados por la acción u omisión.
El conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del culpable.
Igualmente se procederá cuando el número de circunstancias agravantes y atenuantes sea idéntico, y si este no lo fuese, se analizará la naturaleza de los concurrentes, graduando la sanción al efecto social de los mismos.
SECCIÓN II. REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.
Las multas y órdenes de ejecución que se impongan a los distintos sujetos por una misma infracción tendrán carácter independiente.
SECCIÓN III. DE LOS RESPONSABLES.
Los Alcaldes que tuvieren conocimiento del otorgamiento de una licencia u orden de ejecución que contraviniese la legalidad en materia de ordenación del territorio, deberán instar la declaración de nulidad o declarar la lesividad de su propio acto, conforme a lo dispuesto en Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
SECCIÓN IV. DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA.
La competencia en materia disciplinaria corresponde a los Alcaldes y al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que actuarán de oficio o a instancia de parte.
El instructor impulsará de oficio el expediente, ordenando cuantas pruebas, practicas e informes periciales resulten procedentes para tipificación de la falta y determinación del grado de responsabilidad.
Los trámites del proceso de instrucción se ajustarán al procedimiento general establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, una vez informadas las alegaciones que se formulen a la propuesta de resolución, se llevará lo actuado al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para su resolución.
Serán de aplicación subsidiaria, los preceptos contenidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a cuantos extremos no estén regulados específicamente en esta Ley y resulten de aplicación al régimen disciplinario.
Primera. Los planes generales y demás documentos urbanísticos aprobados definitivamente serán modificados o revisados en cuantos extremos contradigan el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos años.
Segunda. Antes del transcurso de tres años, desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo presentará ante las Cortes Valencianas el plan de ordenación territorial de la Comunidad Valenciana.
Tercera. En tanto no este aprobado el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, el Consejo de la Generalidad podrá impulsar y aprobar planes de acción territorial, de carácter sectorial o integrado siempre que los objetivos de dichos planes se adecuen a los objetivos de esta Ley.
Cuarta. Los planes y proyectos de las Administraciones públicas que se encuentren en tramitación, que puedan afectar a los objetivos de la presente Ley o del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, se adaptarán antes de su aprobación definitiva a las determinaciones que en aquellos se contengan.
Primera. La intervención de las distintas Administraciones públicas en el plan de ordenación de la Comunidad Valenciana y el procedimiento de su actuación, se ajustará en todo lo previsto en esta Ley a sus propias normas de organización, funcionamiento y competencias.
Segunda. Se faculta al Consejo de la Generalidad para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana .
Presidente de la Generalidad.
Artículos 12, 27, y 38;
Artículos derogados por la disposición final segunda de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Comunidad Valenciana.

References: artículo 40
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 7
 resolución