Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-371.CODI.%29
Timestamp: 2020-06-01 14:24:57+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 371, de 15/11/2017
cve: DSCD-12-CO-371
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 371
- Relativa a mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001673) ... (Página2)
- Sobre el complemento de pensión por maternidad a trabajadoras. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001979) ... (Página5)
- Sobre la igualdad efectiva en el ámbito laboral de las personas trans. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002059) ... (Página8)
- Relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002383) ... (Página12)
- Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA). (Número de expediente 154/000007) ... (Página17)
- RELATIVA A MEJORAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD LABORAL O PROFESIONAL REMUNERADA YA SEA ESTA POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA AJENA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001673).
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Muy buenas tardes, damos comienzo a la sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del día de la fecha. Antes de nada, quiero comentar que se ha retirado del orden del día la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales. También quiero indicar, por si alguien se tiene que ausentar, que hemos calculado que la votación no será antes de las cinco y media de la tarde. Como se ha retirado una proposición no de ley y los que vamos a presidir hoy la Comisión nos vamos a ajustar al tiempo que entre todos hemos acordado, la votación no será antes de las cinco y media.
Sin más preámbulos, pasamos ya al desarrollo de las diferentes PNL. En primer lugar, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada, ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena. Para su defensa tiene la palabra el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente.
A través de esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular manifiesta la necesidad de adaptarse a la realidad social que vivimos, dado que el aumento en la esperanza de vida y la mejora en la condición física de quienes acceden a la pensión de jubilación para la realización de determinados trabajos, ha provocado un profundo cambio en la manera de entender la tradicional incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad laboral. Así se establece en la exposición de motivos. Progresivamente se han ido incorporando diferentes medidas dirigidas a facilitar la compatibilidad de percibir una pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada. En primer lugar, la jubilación parcial y la jubilación flexible en la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Con posterioridad, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estableció la compatibilidad de la pensión con el trabajo por cuenta propia, siempre que los ingresos percibidos por esa actividad no superen la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Por último, el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Por primera vez se regula en nuestro sistema la compatibilidad entre una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena sin fijar un límite de ingresos. Siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, evidentemente, se permite compatibilizar la actividad por cuenta propia o ajena con el percibo del 50 % de la pensión de jubilación. El objetivo de esta norma es favorecer el alargamiento de la vida activa y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores.
Dado que la experiencia de estos años en los que ha estado en vigor la medida de compatibilizar el 50 % de la pensión con el salario ha sido muy positiva, se considera que la compatibilidad del empleo y el cien por cien de la pensión reforzaría no solo las oportunidades de las personas que voluntariamente lo deseen, sino también la oportunidad de nuestro país para enriquecerse de su experiencia y competir en el futuro con todo su talento. Por ello la proposición no de ley insta al Gobierno a estudiar y, en su caso, en función de los impactos presupuestarios estimados, acordar una modificación normativa del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, para incluir la compatibilidad de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional, ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena. A tal efecto, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo habrá de determinar los requisitos que se han de cumplir para tener acceso a dicha compatibilidad.
Efectivamente, el envejecimiento y el impacto sobre los sistemas de protección social es un desafío al que se enfrentan todos los países de nuestro entorno. Cabe señalar que los avances realizados en este ámbito por España han sido muy ambiciosos y coherentes con los planteamientos de la Unión Europea y las orientaciones contenidas en el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por este
Congreso de los Diputados en la sesión del día 25 de enero de 2011. En este sentido tampoco debemos olvidar que tras el Real Decreto-ley 5/2013, se facilita la coexistencia de salario y pensión contributiva de jubilación, de modo que es posible compatibilizar el empleo a tiempo completo o a tiempo parcial con el cobro del 50 % de la pensión. La reciente Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en su disposición final quinta ha modificado el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de tal manera que dicho porcentaje se ha ampliado al cien por cien en caso de realizarse una actividad por cuenta propia y acreditar tener contratado al menos a uno trabajador por cuenta ajena. Además, la citada Ley 6/2017 añade una disposición final sexta bis al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que establece lo siguiente: Con posterioridad, y dentro del ámbito del diálogo social y de los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo, se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad establecido entre la pensión de jubilación contributiva y la realización de trabajos regulado en el párrafo segundo del apartado dos del artículo 214 de la presente ley.
Por todo lo expuesto, y aceptando la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista porque enriquece mucho más el texto original, pido el voto favorable para esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Muchas gracias, señor Candón.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Mi grupo considera que esta iniciativa contiene un tema de gran calado que afecta a la propia filosofía y estructura de nuestro sistema de pensiones, y también tiene una enorme incidencia en el mercado laboral. Por ello entendemos que para abordarlo debidamente no es suficiente el marco que proporciona el debate de una PNL en Comisión. Creemos que el Gobierno debe hacer un estudio que analice la posibilidad de modificación de la Ley General de la Seguridad Social, para ver si es conveniente incluir la compatibilidad de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional por cuenta propia o ajena. Este estudio deberá incluir ineludiblemente, entre otros extremos, el impacto de dicha compatibilidad sobre el mercado de trabajo y en las arcas de la Seguridad Social. Concluido dicho estudio, entendemos que deberá ser remitido a la Mesa de diálogo social al objeto de acordar las bases sobre las cuales podría asentarse la mencionada compatibilidad, sus requisitos de acceso y cotización, entre otras cuestiones importantes. Posteriormente, el acuerdo alcanzado se enviará a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo para su análisis y valoración y su posible inclusión en sus recomendaciones.
Dicho esto, he de señalar que, por desgracia, la función de la pensión como tal se ha ido devaluando en los últimos años, de manera que difícilmente alcanza a cumplir el propósito con el que nació, que es el de permitir que aquellos que puedan acceder a la jubilación lleguen a percibir una renta similar a su renta de trabajo. De mantenerse el actual sistema laboral y la reforma del sistema de pensiones de la ley de 2013, las perspectivas de futuro son incluso peores. Consideramos que la solución no está en esta iniciativa que hoy nos propone el Grupo Parlamentario Popular tal y como está planteada. Para el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental que con la compatibilidad generalizada de la percepción de la pensión de jubilación y la actividad laboral no se enmascaren situaciones de necesidad que se pueden producir por un sistema de pensiones cada vez más raquítico e insuficiente. Este es el tema que hay que estudiar en profundidad y, posteriormente, debatir con sinceridad y honestidad en la Mesa de diálogo social y en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Mi grupo considera que debemos ser capaces de llegar a acuerdos que impulsen las políticas públicas necesarias para que las pensiones públicas de hoy y del futuro garanticen una vida digna a las personas mayores en los términos que constitucionalmente se prevé, sin tener que alargar la vida laboral ad infinitum. Estamos de acuerdo con la libertad que deben tener estos colectivos para compatibilizar su pensión con el empleo remunerado en profesiones como la producción artística o científica, dado que la creatividad no es reemplazable. Ahora bien, extender con carácter general la compatibilidad entre pensión y salario puede tener efectos negativos en las cuentas de la Seguridad Social. Por otra parte, con tasas de paro aún elevadas, especialmente entre la juventud, mayores de cuarenta y cinco años y mujeres, consideramos que la plena compatibilidad podría generar más efectos negativos que positivos.
Por todo ello hemos presentado una enmienda de modificación porque consideramos necesario estudiar el tema en profundidad para que después sea analizado y valorado, también en profundidad, en la Mesa de diálogo social y la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, valorando cada una de las posibilidades, estableciendo las bases y determinando los requisitos. No se puede tomar una decisión de estas características, con la impronta que puede tener tanto en las cuentas de la Seguridad Social como en el mercado laboral, sin tener todos los parámetros muy claros. Ya nos ha dicho el ponente de la iniciativa que va a aceptar nuestra enmienda, cosa que agradezco. Por tanto, votaremos positivamente esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Muchas gracias, señora Rodríguez.
Buenas tardes a todos. Intervengo con brevedad para expresar mi voto favorable a una iniciativa que trata de arrancar una modificación normativa que permita compatibilizar la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional. El hecho de que se haga esta proposición no de ley y, además, venga de la mano del Grupo Parlamentario Popular, el grupo mayoritario que apoya al Gobierno, creo que es una buena señal. Es un buen indicativo de que en España persisten los signos de mejoría económica, de mejoría del mercado laboral, lo que en este caso permitiría regular por vez primera la percepción de la pensión y una asignación salarial externa. Es, como digo, una buena iniciativa porque además de reflejar que las cosas mejoran, tiene su interés por evitar que pasen al baúl de los recuerdos los conocimientos de los buenos trabajadores que, con su experiencia y su trayectoria, pueden proporcionar el valor añadido que, sin duda, supone contar con ellos si de forma voluntaria desean continuar alargando su vida laboral. Me alegro de que el Grupo Parlamentario Popular haya aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es muy bueno porque en efecto estamos ante una medida de gran calado para la que se precisa el mayor acuerdo posible. Hoy damos un primer paso y queda por delante un recorrido que indudablemente no será fácil, porque aún quedan muchos obstáculos y muchos estudios para poder llevar a efecto esta medida y alcanzar la plena compatibilidad. Coincido en que, efectivamente, mientras tengamos en España las tasas de paro que tenemos, esta medida tendrá que permanecer en el congelador. En cualquier caso, el de hoy es un buen paso que cuenta con el apoyo de Foro Asturias.
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegación). El señor Salvador no va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.
El Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy una propuesta para compatibilizar la pensión de jubilación con poder continuar en el mercado laboral y profesional. Y tenemos que darle las gracias porque tras alcanzar un acuerdo de investidura con el Partido Popular y recoger en uno de sus puntos estas medidas, lo han traído hoy aquí para aprobarlo en esta Comisión. También se contempla en el acuerdo que alcanzamos con el Partido Socialista, y me alegra que se adhiera a estas medidas. Señorías, sin duda estamos en un mercado laboral cambiante, en el que nos vamos a enfrentar a nuevos retos en el futuro, y en el que España se sitúa como segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Esto va a dar lugar a que muchas personas sigan desempeñando su trabajo, porque las condiciones son muy favorables para continuar prestándolo o porque son empresarios y quieren mantener su empresa y los puestos de trabajo. Esto será bienvenido porque todas esas personas ya mayores, en edad de jubilación, aportarán su conocimiento y experiencia al mercado, a la economía y, sobre todo, a los nuevos trabajadores que puedan aprender del bagaje de esas personas adquirido a lo largo de toda su vida profesional. Por tanto, apoyaremos la iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Muchas gracias, señor Cano.
A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Franco.
Señorías del Partido Popular, lo que ustedes tienen con las pensiones públicas se llama obsesión por la privatización. Permítanme que desconfíe de ustedes y de sus intenciones, pero sus acciones les delatan. Miren, dejan ustedes al borde de la bancarrota la Seguridad Social, vacían la hucha de las pensiones, precarizan los empleos y enfatizan los minijobs, con lo que hay menos ingresos en la caja de la Seguridad Social. Como se cotiza menos, la Seguridad Social no se va a recuperar. Se congelaron las pensiones -esto lo hizo el Partido Socialista en su momento-; modifican la ley para que se revaloricen las pensiones solo un 0,25 %, que está muy por debajo del aumento del coste de la vida, con lo que dejan a los pensionistas en una situación de mayor pobreza; permiten que como norma general un pensionista pueda trabajar a la vez que cobra la pensión, y cada vez más gente lo hará por necesidad ya que las pensiones van a ser más bajas, con ello pueden permitirse seguir bajando las pensiones sin crear una gran alarma social; incentivan los planes de pensiones privados -ya lo veremos porque estoy segura de que va a estar muy cerquita-, y con todo esto lo que pretenden es crear un clima en el que la gente vea que las pensiones públicas son cada vez menos viables, cada vez se puede vivir menos con ellas y, plim, se empieza a meter en planes de pensiones privados. La estrategia perfecta para privatizar las pensiones sin alarmar a la sociedad. Eso es la metodología de M. Rajoy, como una hormiguita, poquito a poco, con paciencia, ese es su plan. A eso le llaman ustedes adaptar las pensiones a la realidad. Y aquí viene la moraleja, ¿quién saldrá ganando con esto? Las empresas financieras. ¿Quiénes van a salir perdiendo? Nuestros mayores.
Al Grupo Parlamentario Socialista que ha dicho que va a apoyar esta proposición, le pido por favor que no se permita caer en esta trampa y con ellos nuestros pensionistas. Además, otra cosa que va a suponer esta iniciativa es eliminar la tercera edad por completo. Esto es lo que van a conseguir. Señorías, esta medida no es pertinente por varias razones: primero, lo que necesitan las personas que se jubilan no es verse obligadas a trabajar porque su pensión no les llega para vivir, sino una jubilación plena con una pensión pública de cuantía suficiente y en condiciones de dignidad. Segundo, porque ya desde el 17 de marzo de 2013, se lo recuerdo a ustedes, se permite compatibilizar el 50 % de la pensión. Eso sí, exclusivamente en el sector privado en la modalidad contributiva y cumpliendo algunos requisitos como el mantenimiento del empleo, cosa que ustedes no incluyen en esta proposición no de ley. Tercero, porque no contribuye a paliar la crisis de ingresos del sistema de Seguridad Social, que es el principal problema que tiene ahora mismo nuestro sistema público de pensiones. Cuarto, porque las políticas públicas en materia de empleo deberían ir orientadas a frenar el desempleo juvenil y la emigración de nuestros trabajadores cualificados a terceros países, antes que incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación, pues con esto también se mejoran los ingresos de la caja de la Seguridad Social y se hace sostenible nuestro sistema público de pensiones. Y quinto, porque seguimos teniendo un número de personas desempleadas de larga duración en torno a dos millones de personas, la mayoría de ellas mayores de cincuenta años. Los esfuerzos de nuestro sistema de Seguridad Social debieran orientarse antes a mejorar la situación de estas personas que al pago de las pensiones de personas que ya de por sí trabajan.
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Señora Franco, ha agotado su tiempo.
La señora FRANCO CARMONA: Termino, señor presidente.
Mientras ustedes, señorías del Partido Popular, quieren hacer negocio con las pensiones, en el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defendemos fervientemente y sin condiciones los derechos sociales y con ello las pensiones públicas. ¿Saben por qué? Porque estamos defendiendo España, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Muchas gracias, señora Franco.
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, señor Candón, para manifestarse sobre las enmiendas.
El señor CANDÓN ADÁN: Como he dicho en mi intervención, aceptamos la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): De acuerdo, muchas gracias.
- SOBRE EL COMPLEMENTO DE PENSIÓN POR MATERNIDAD A TRABAJADORAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001979).
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Pasamos a debatir la segunda proposición no de ley sobre el complemento de pensión por maternidad a trabajadoras, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra, por un tiempo de siete minutos, el señor Ramírez.
Traemos hoy a esta Comisión una PNL que pretende poner encima de la mesa uno de los problemas principales que tiene la sociedad española, el envejecimiento de la población. Hay que recordar que en 1981 la tasa de natalidad de España era 2,03 hijos, mientras que en el año 2016 esa tasa se reduce a 1,27 hijos. Además, incidimos en que desde 2015 España presenta un crecimiento vegetativo negativo y, por lo tanto, aparte del envejecimiento, se está produciendo una disminución de la población de este país, algo fundamental a la hora de solucionar el problema de la sostenibilidad de las pensiones, ya que todos los expertos al hablar de posibles soluciones señalan la necesidad de revertir esa pirámide invertida, que ocasiona que el sistema de pensiones no sea sostenible en el tiempo si no tomamos medidas lo antes posible. (La señora vicepresidenta, González Bayo, ocupa la Presidencia). Además, desde 2013 la edad media de maternidad es 30,4 años, es decir, las mujeres debido a la presión que están teniendo en sus trabajos, cada vez retrasan más la decisión de ser madres. Está claro que cuando se nos llena la boca al hablar de políticas de igualdad, de conciliación familiar, también debemos centrarnos en políticas que incentiven la natalidad. Un incentivo de la natalidad es fundamental porque, si no, tendremos una población cada vez más envejecida, geriatrizada.
Esta PNL soluciona un agravio comparativo -en base a una disposición que se aprobó con la Ley de Presupuestos de 2015- entre las mujeres que trabajan en el sector público y las que trabajan en el sector privado. No es lógico que no haya también un complemento para aquellas mujeres que hayan desarrollado su labor en el sector privado. Por lo tanto, con esta PNL pretendemos corregirlo, a la vez que corregimos el hecho de que se produzca una ventaja para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos. Desde luego la maternidad es un trabajo muy difícil, y para el conjunto del Parlamento y esta Comisión no es comprensible que no exista un complemento para las mujeres que hayan tenido un solo hijo. No es lógico discriminar a las mujeres que solo hayan tenido un hijo, y no es comprensible que no se pongan todas las medidas para incentivar un aumento de la natalidad. En este sentido, quiero manifestar mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Socialista porque con su enmienda -estamos trabajando en una transaccional- vamos a mejorar claramente el texto inicial de la proposición no de ley que presentamos en el día de hoy. Y espero y pido a todos los grupos parlamentarios que la apoyen de forma unánime.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde luego compartimos el fondo de la propuesta y la intención del Grupo Parlamentario Ciudadanos al presentar esta iniciativa. Es cierto que nosotros hemos presentado una enmienda porque ya lo hicimos en su momento al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Con esa enmienda tratábamos de corregir determinadas deficiencias que se presentan en la regulación del complemento por maternidad de las pensiones de Seguridad Social. Consideramos que había una exclusión sin causa alguna de un grupo de mujeres en razón de su maternidad que también efectuaron una aportación demográfica al sistema de Seguridad Social. Este complemento no está premiando el esfuerzo de cotización de las mujeres, sino únicamente su aportación demográfica a la Seguridad Social; aportación que tendrá que ver con la existencia de hijos anteriores al hecho causante de la pensión, con independencia de la modalidad de pensión que se perciba. En la propuesta inicial de Ciudadanos se presentan unos tramos en porcentajes. Es cierto que es injusto a todas luces que no exista un complemento para mujeres que solo hayan tenido un hijo, y el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha compartido la preocupación por las mujeres que han renunciado a parte de su vida laboral para la crianza de los hijos. Por tanto, esto tiene que verse recompensado y, además, creemos que tiene que partir de una partida en los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma lo recogíamos en la enmienda, pero es cierto que Ciudadanos nos ha transmitido que esto era mejor debatirlo en la Comisión del Pacto de Toledo. Nosotros no tenemos inconveniente en que así se haga.
La enmienda que presentamos deja al margen los porcentajes para pasar a un número fijo, precisamente porque en términos porcentuales solo se benefician aquellas mujeres que han tenido la oportunidad de cobrar salarios más altos. Estamos tratando de compensar el hecho de que las mujeres hayan tenido hijos y hayan renunciado a la vida laboral, independientemente de que la pensión sea alta o baja. Por eso, hemos determinado un baremo que establece en el caso de un hijo, 30 euros; en el caso
de dos hijos, 60 euros; en el caso de tres hijos, 90 euros, y en el caso de cuatro hijos o más, 120 euros, independientemente de cuál haya sido la pensión que cobre una mujer. Es más, consideramos que precisamente que aquellas que han percibido a lo largo de su vida una retribución más baja, tienen que verse igualmente compensadas que aquellas que han recibido una pensión más alta.
Nos alegramos de que Ciudadanos haya aceptado la enmienda del Partido Socialista, porque la única finalidad era contribuir a que se reconozca que las mujeres tienen un derecho y tienen que ser compensadas, debido a la situación demográfica con la que se encuentra ahora mismo nuestro país con un envejecimiento claro de la población.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): A continuación, el turno de fijación de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Esta es una propuesta muy interesante porque combina la gran preocupación por el grave problema demográfico que ya tenemos en España, con el reconocimiento hacia las trabajadoras madres de un solo hijo y también facilita que las trabajadoras jubiladas de forma anticipada y de forma voluntaria puedan acceder a este complemento, llegado el momento en que cumplan los sesenta y cinco años. Apelo -aunque parece que no hace falta apelar mucho- al entendimiento con el Grupo Socialista para tratar de encontrar, junto con la iniciativa del Grupo Ciudadanos y la enmienda, un texto transaccional que permita el mayor apoyo parlamentario posible. El fondo de esta proposición tiene mucho sentido para corregir las carencias que actualmente tiene el complemento de Seguridad Social para las mujeres, en este caso para aquellas trabajadoras que han renunciado a una parte de su vida laboral para dedicarse a la atención de sus hijos. Por tanto, espero ese texto transaccional, aunque ya avanzo que mi voto, en todo caso, será favorable.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): ¿Grupo Vasco? (Pausa). No hay nadie. Esquerra Republicana me ha dicho ya que no intervendrá.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Marcello Santos.
La señora MARCELLO SANTOS: Compartimos plenamente la exposición de motivos que hace el grupo proponente en esta proposición no de ley. Sabemos que la edad media de una mujer para ser madre en nuestro país cada vez es más avanzada y esto reduce, además, la posibilidad de tener un hijo, con una media de 1,27. Asimismo, España es uno de los países donde se tienen menos hijos y en una edad más avanzada porque en nuestro país el hecho de ser mujer ya en sí es un riesgo de exclusión y de pobreza, agravándose más la situación cuando encima esa mujer decide ser madre. Compartimos plenamente el planteamiento y el reconocimiento que se tiene que hacer hacia las trabajadoras que han sido madre y han podido compatibilizar su carrera profesional, para que a la hora de jubilarse puedan beneficiarse de ese plus, de esa cuantía. Sin embargo, no entendemos que la propuesta sea exclusivamente para funcionarias y para aquellas personas que hayan tenido dos hijos o más. Creemos que esta es una manera de excluir a aquellas que solo han tenido un hijo o una hija, así como aquellas que participan en la empresa privada. Por eso apoyamos la propuesta, y más aún, cuando hemos visto que se aceptan las enmiendas del Partido Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Reynés.
Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Popular valora también positivamente el fondo de esta proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Ciudadanos, porque uno de los problemas que tenemos en España es la baja natalidad. Pasamos de 700 000 nacimientos en el año 1976, a 425 000 en el año 2013. Por ello, el Gobierno del Partido Popular ha adoptado muchas medidas que permiten hacer frente a la caída de la natalidad, porque el sistema español de la Seguridad Social se basa precisamente en un contrato generacional, que garantiza su funcionamiento por lo que no puede permanecer al margen de lo que es la renovación demográfica. Somos conscientes que aún hoy las mujeres seguimos soportando
una doble penalización. Nosotras somos quienes pedimos el 95 % de las excedencias por cuidado de hijo; somos quienes reducimos nuestra jornada laboral por este motivo; siete de cada diez contratos a tiempo parcial son a mujeres, lo que supone que cuando llegamos a la jubilación cobramos una pensión un 38 % inferior de media a la de los hombres; somos el 46,4 % de las cotizantes, pero nuestras carreras medias son de 3,3 años cuando la de las hombres son de 40,6 años. Todos estos argumentos fueron determinantes a efectos de justificar la medida que se aplica ya desde el 1 de enero de 2016; una medida que no se había aplicado nunca anteriormente.
Ustedes saben que el Partido Popular asumió con el Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017 una serie de compromisos para articular una política integral de apoyo económico y social a la familia, que tiene en cuenta los cambios que se están produciendo en su composición, en su estructura, en su funcionamiento, en la necesidad de compatibilizar la política familiar con los objetivos de la política social y económica del Estado, en la viabilidad financiera de las distintas políticas de bienestar. En este sentido, el apoyo a la maternidad y el reconocimiento del papel de las mujeres que deciden tener hijos aparece como una de las medidas más importantes que incluye este plan. Su aplicación está beneficiando a un número muy elevado de mujeres. En el año 2016 se beneficiaron 180 000 mujeres, se estima que sean alrededor de 241 000 beneficiadas en el año 2016, 350 825 beneficiadas en el año 2018 y 455 500 beneficiadas en el año 2019, con efecto acumulativo en el tiempo. Se trata además de una medida inédita en nuestro país -una medida que implantó el Gobierno del Partido Popular-, aunque no lo es en otros países de nuestro entorno como en Francia, que la incorpora a partir del tercer hijo. Esta ha sido una demanda del movimiento asociativo familiar y el de mujeres, no solo como un incentivo a la natalidad, que también, sino sobre todo para poner en valor que quienes están criando un hijo también están generando riqueza.
Por tanto, refiriéndome ya a los dos puntos de su proposición no de ley, respecto al primer punto cabe indicar que el Instituto Nacional de Estadística sitúa la tasa de reposición generacional en 2,1 hijos por mujer, tratándose de una medida más para fomentar la maternidad y lo lógico es que el complemento parta de esa cifra objetiva, y no otra inferior porque no incentivaría a las mujeres a tener más de un hijo. En cuanto al segundo punto no hay que olvidar que la medida trata de favorecer tanto la natalidad como la prolongación de las carreras profesionales de las mujeres, suponiendo un incentivo para aquellas trabajadoras que accedan a la pensión de jubilación a la edad ordinaria. Sin embargo, no hemos de olvidar que la naturaleza contributiva del sistema público de pensiones exige prudencia en la extensión de medidas de este tipo, ya que podrían debilitar el equilibrio entre los cotizantes y las prestaciones. En cualquier caso, sería necesario realizar un examen pormenorizado sobre la posibilidad de extender el complemento en los términos propuestos de esta proposición no de ley que presenta hoy Ciudadanos. Esperaremos al texto de la transaccional, para ver si llegamos a un acuerdo.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Señor Ramírez, me imagino que estarán todavía elaborando la transaccional.
El señor RAMÍREZ FREIRE: La estamos elaborando, cuando la tengamos finalizada se la daremos a la Mesa.
- SOBRE LA IGUALDAD EFECTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL DE LAS PERSONAS TRANS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002059).
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Pasamos al punto 3.º del orden del día: proposición no de ley sobre la igualdad efectiva en el ámbito laboral de las personas trans, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra la señora Vidal.
El término de personas trans hace referencia a las personas cuyo género real, o con el que se identifican, no coincide con su sexo asignado al nacer. Son hombres y mujeres de todas las edades, credos o religiones e ideologías posibles. Cataluña, Galicia, Navarra, Euskadi, Andalucía, Extremadura o
también las islas Canarias ya han avanzado su legislación, en lo que a la protección de las personas trans se refiere, pero esto no se ha traducido de momento en una ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a este colectivo.
La Agencia de Derechos Fundamental de la Unión Europea en 2014 hizo un gran estudio sobre la comunidad LGTBI y situó precisamente a las personas trans como las más perjudicadas de los ataques contra la libertad sexual. De las personas trans que participaron en el estudio, el 54 % admitía haberse sentido discriminada en el último año; el 60 % de los participantes españoles reconocían que en el último año habían sido discriminados; un 62 % señalaba haber sido objeto de acoso, y un 8 % de haber sufrido algún ataque físico o sexual por el hecho de ser trans.
La Agencia de Derechos Fundamentales señalaba de hecho que el entorno más hostil para las personas trans se ubica, precisamente, en el mundo del trabajo, especialmente acceder a él. En el trabajo es donde se generan más situaciones de discriminación y vulnerabilidad sobre las personas trans, por el mero hecho de ser trans, sin guardar ningún tipo de relación, con su rendimiento laboral o con su capacidad profesional. El mercado laboral actúa de forma agresiva, repeliendo, discriminando, señalando y expulsando a las personas trans de él y llevándolas a una situación inexcusable de pobreza, de exclusión y en muchos casos a retrasar básicamente la transición por miedo a perder el trabajo. La invisibilización, la burla, el acoso, la extorsión, la exclusión, el cambio de categoría profesional o el despido son situaciones habituales que sufren, una vez deciden visibilizar su género y empezar la transición.
La transfobia se ceba en todos los ámbitos y espacios sociales: institutos, centros de salud, en las gestiones administrativas y, por supuesto, en el mercado laboral. La LGTBIfobia campa a sus anchas sin que exista por parte de este Gobierno una verdadera voluntad política y estratégica para acabar con ella. Los datos indican que esta, además, está presente en nuestra sociedad y podríamos afirmar incluso que está claramente aumentando. Se manifiesta de forma muy visible en los delitos de odio, claro está, pero está presente también en nuestro sistema educativo, sanitario o, por supuesto, laboral. Desafortunadamente, solo disponemos de los datos de algunos territorios, gracias a iniciativas surgidas básicamente de la ciudadanía organizada, como pueda ser el L'Observatori Contra l'Homofòbia catalán, o el Observatorio madrileño. Pero tengan en cuenta que el verdadero drama está precisamente en las cifras que no podemos ver. La propia Agencia de Derechos Fundamentales en la Unión Europea reconoce que únicamente el 10 % de los delitos de odio se llega a conocer y a denunciar, lo que hace que las estadísticas, en este caso oficiales, subestimen claramente el problema que tenemos encima de la mesa.
Hay una cara aún más oscura y difícil de situar, porque cuando hablamos de personas trans hay nombres propios que se ponen encima de la mesa y que creo que nos vienen a todos a la cabeza, como puede ser el de Alan, un chico trans que después de años de sufrir acoso escolar se quitaba la vida una Nochebuena a los diecisiete años. Un suicidio que es en realidad -así creo que debemos reconocerlo- un crimen social. Cuando iba al instituto otros alumnos le levantaban la camisa para preguntarle, entre risas y burlas, si lo que llevaba dentro eran básicamente pechos. Le tiraban por las escaleras, le insultaban, le vejaban y le negaban su género. Hay tantísimo nombres que de hecho tendrían que ponernos la cara roja. Si la tasa de suicidio general no llega al 5 %, cuando miramos la tasa en el colectivo LGTBI ya se sitúa más entre un 10 y un 20 %, pero es que en el caso de las personas trans llega a un insoportable 41 %. Es algo realmente insostenible, cuatro de cada diez; una cifra que revela la dureza de su vida cotidiana de este colectivo.
Por supuesto, también está el machismo. Las mujeres trans están sometidas no solo a graves discriminaciones, sino también a una violencia machista en lo que ya se conoce como transmisoginia. El machismo y la LGTBIfobia comparten un mismo origen: el sistema sexista y heteronormativo en el que vivimos. No estamos ante las acciones de unos pocos trastornados, no son solo ataques aislados de unos violentos, o un discurso de odio de unos pocos, como vivíamos no hace mucho gracias a ese tránsfobo autobús de Hazte Oír. Estamos básicamente ante un problema estructural y el trabajo es la llave de acceso a los derechos de la ciudadanía y tiene un enorme impacto en el ámbito social. Un ambiente de trabajo respetuoso es esencial para el desarrollo personal, la salud y obviamente para prevenir los riesgos psicosociales. Las tasas de paro que se registran, por ejemplo, en este colectivo son muchísimo más altas que la media nacional. Se calcula que están cerca del 60 %. Esto es algo realmente insostenible.
El marco normativo español en materia de igualdad es bastante avanzado. Sin embargo, es necesario implementar mecanismos para garantizar que la igualdad y el respeto a la diversidad sean reales y efectivos en todos los ámbitos de la vida de las personas. Queda muchísimo camino por recorrer para lograr la igualdad real. Por eso, instamos al Gobierno a cuatro cuestiones muy concretas: en primer lugar,
ampliar los supuestos del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, para excluir del cómputo de absentismo para el despido objetivo las faltas de asistencia ocasionadas por consultas, trámites o incapacidad temporal relacionadas con el proceso de transición de las personas trans; en segundo lugar, incluir la LGTBIfobia como riesgo psicosocial, que es lo que realmente es; en tercer lugar, tipificar cualquier acoso por identidad o expresión de género en el procedimiento sancionador como falta muy grave; y en cuarto lugar, negociar un protocolo de actuación para los casos de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. La transfobia no puede tener lugar ni en nuestros centros de trabajo ni en nuestra sociedad y entendemos que es de justicia que se apruebe esta proposición no de ley.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez. (Pausa). No está.
Sumándome al propósito que anima a esta proposición no de ley, apreciamos la existencia de un ámbito de discriminación que no ha tenido justificación, que solo en algunos lugares ha tenido corrección y respecto del que se plantean cuatro medidas concretas, que en algunos casos ya han sido aplicadas en Euskadi para evitar estos casos. No por ello vamos a dejar de promoverla, pero solo quiero hacer una pequeña advertencia. Respecto al apartado cuarto, cuando habla de negociar un protocolo de actuación, entendemos que se debe negociar con aquellos ámbitos, con aquellas instituciones que sean competentes en materia de prevención de los ámbitos de discriminación de desigualdad, y estoy haciendo referencia a las comunidades autónomas. Por tanto, señalando el reconocimiento de esta situación específica, la validad de las cuatro medidas propuestas y el direccionamiento oportuno hacia las instituciones competentes, apoyaremos la proposición no de ley.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador. (Denegación).
El señor CANO FUSTER: Muchísimas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo de Unidos Podemos por traer aquí esta iniciativa, porque creemos que todo lo que sea redoblar esfuerzos nunca es suficiente. Además, permítanme que haga un recordatorio en esta semana trágica por los hechos ocurridos en la provincia de Alicante, en concreto en Novelda, con un nuevo caso de violencia de género. A todos se nos ponen los pelos de punta ver de qué manera y con qué brutalidad se ejerce esta violencia. Debemos de poner pie en pared y decir: ¡basta ya! Que no haya ningún acto de violencia más de un ciudadano a otro ciudadano. Debemos poner entre todos un poquito de nuestra parte para tratar de evitar estos sucesos.
Toda iniciativa encaminada a la igualdad de los ciudadanos -libres e iguales- siempre va a ser bienvenida, como decía anteriormente. Ya el Tribunal Constitucional habla en su sentencia 173/1994 sobre la discriminación, al igual que el artículo 4.12 del Estatuto de los Trabajadores, que habla de no ser discriminado en el ámbito laboral, o declarar nulos los preceptos que contradigan este, o el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que no se computará como falta por motivos objetivos las bajas laborales por situación física o psíquica derivadas de la violencia de género.
También desde Ciudadanos trabajamos para que los españoles sean ciudadanos libres e iguales y así acordamos con el Partido Popular la inclusión del punto 77 del acuerdo sobre mejoras de la protección integral contra la discriminación de género. Aunque el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores ya hace hincapié sobre esta situación, nunca está demás redoblar los esfuerzos como también decía anteriormente. Toda discriminación y violencia física y psíquica debemos cercenarla de la sociedad. Señorías, debemos de preguntarnos qué estamos haciendo mal para esto suceda y cada vez más entre ciudadanos jóvenes. Esto pone aún un poco más los pelos de punta.
Asimismo, nuestro portavoz Sergio del Campo presentó en la Comisión de Igualdad una proposición no de ley sobre medidas de prevención y protección de la discriminación laboral y atención a las víctimas, como por ejemplo la puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas, incluir expresamente las irregularidades en materia de igualdad efectivas entre las mujeres y los hombres en el buzón de lucha
contra el fraude laboral, o por ejemplo, entre otras, revisar el régimen de infracciones y sanciones. Por tanto, redundar en eliminar de nuestra sociedad estas prácticas siempre serán bienvenidas. Apoyaremos la proposición no de ley del Grupo de Unidos Podemos para intentar luchar contra la violencia de género.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señor Cano.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Seré breve, presidenta.
Mi grupo va a apoyar esta iniciativa. Solo quisiera hacer una reflexión. Aunque estoy convencida de que el ambiente laboral es un ambiente hostil para estas personas, no hay en el estatuto ninguna referencia o cuestión a evitar la discriminación. Bienvenida sea esta iniciativa, creo que es una senda por la que hay avanzar. No hay mejor ocasión para dar visibilidad que incluir este tipo de asuntos en las normas esenciales, como las normas laborales, que se vea que estamos por evitar cualquier tipo de discriminación.
No hemos presentado enmienda pero tampoco estaría mal que mientras transformamos la normativa, a través de la Inspección de Trabajo, se hiciesen campañas para evitar y velar por que no exista discriminación en este punto. Bienvenida sea esta iniciativa, porque en nuestra normativa laboral, bien sea porque hace ya tiempo que la tenemos en nuestra vida, bien sea porque hasta ahora no lo hemos tomado en consideración, hay una vacío absoluto hacia la protección de todas las personas que en el día a día tienen su vida más difícil por cuestiones relativas a su identidad sexual.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señora De Frutos.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Heredia Martín.
La señora HEREDIA MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Como recoge la propia iniciativa en su preámbulo España ha avanzado mucho en esta normativa para reconocer los derechos de las personas transexuales y también lo ha hecho la propia sociedad. Está claro que yo no pienso como pensaba mi abuela, ni como pensaba mi madre y estoy segura de que mis hijos tampoco van a pensar como pensaban ellas. Por tanto, es cuestión de tiempo, como todo en esta vida, que la mente de las personas se vaya abriendo cada día más y que se reconozca la diversidad y la riqueza que tienen aquellos que son diferentes.
Para evitar la discriminación hacia estas personas, ¿qué podemos hacer nosotros? Creo que debemos de seguir trabajando en el papel fundamental que tiene la educación para conseguir alcanzar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos españoles. Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos totalmente concienciados en que la defensa de los derechos de las personas transexuales es un derecho que debemos de alcanzar entre todos y también somos conscientes de que se vive una situación muy compleja a la hora de trabajar, a la hora de insertarse en el mercado laboral y que, sobre todo, es más complejo si cabe y tiene mayores dificultades si se encuentran en pleno proceso de transición, o en ese momento donde se están produciendo los primeros cambios físicos como producto de la hormonación.
Decía la señora Vidal que no existía voluntad por parte del Gobierno. Yo le quiero hacer entrega aquí de la última publicación del Ministerio de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2016. Además, este estudio es muy interesante porque recoge cuáles son las principales discriminaciones dentro del ámbito laboral a las que especialmente se enfrentan las personas del LGTB. Es un gran trabajo, y no debe desconocer el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno porque sea del Partido Popular. La invito a que se lo lea, porque se habla muy de cerca de cómo están sufriendo las personas transexuales en nuestro país y cómo se está trabajando en este tema. Sería interesante que no solo se critique, sino que también se ponga en valor el trabajo que se hace día a día.
Dentro de ese estudio se habla también del riesgo psicosocial que puede derivar la LGTBfobia, factor que está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Por eso no debemos reconocerlo como tal, porque ya está recogido dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, sería algo redundante. En el momento que tú atentas contra la dignidad de una persona por razón de su orientación sexual, o por su identidad de género ya estás creando ese riesgo social.
No estoy de acuerdo con la señora De Frutos, portavoz del Grupo Socialista, cuando decía que no estaba dentro de nuestro Estatuto de los Trabajadores recogida la lucha contra la discriminación de las personas por razón de sexo. Señora De Frutos, me sorprende que no conozca el artículo 17, no el
artículo 14 que erróneamente está recogido en la exposición de motivos. El artículo 17 hacer alusión expresa a luchar contra la discriminación en el ámbito laboral. Nosotros entendemos que dentro del artículo 16.2, apartado a), de la Ley de prevención de riesgos laborales, también se puede abrir una oportunidad para que se evalúen dentro de las evaluaciones iniciales que se hacen cuando se estudian los riesgos laborales que puede sufrir una persona en su puesto de trabajo. Este precepto abre una puerta para que el empresario y los agentes sociales, si una persona entra en una empresa a trabajar y está en estas circunstancias de ser una persona transexual, recojan ese riesgo dentro de esa evaluación inicial y protejan a esa persona. Yo creo que no solo debemos hacer una ley estatal, sino que también tenemos que empezar desde abajo, desde las empresas y, por supuesto, desde las competencias que tenemos en las comunidades autónomas, como decía otro portavoz.
¿Qué otras cosas se pide en la propuesta? Habla de modificar el artículo 52 d) Estatuto de los Trabajadores. No lo veo procedente, porque estamos hablando de falta de asistencia por consultas y trámites. No son asimilables a los supuestos que vienen reflejados en ese apartado, porque podríamos entrar en un conflicto laboral con otros colectivos. En este momento es una puerta que no procede abrir. Asimismo, plantean intentar tipificar como muy grave el acoso por identidad o expresión de género. Entiendo que la propia Ley de Infracciones y Sanciones del ordenamiento social ya recoge en el artículo 8, apartados 12, 13 y 13 bis), el acoso por razón de sexo, el acoso por razón de orientación sexual, el acoso sexual. Sería reiterativo introducir dos tipos de acosos diferentes, cuando ya se recoge perfectamente en estas normas el acoso que puede sufrir una persona transexual.
Para finalizar he de decir que desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que nuestro ordenamiento jurídico ya recoge suficiente herramientas o mecanismos para defender y garantizar el respeto de estas personas en los apartados que están expresados la exposición de motivos. Sabemos, y somos conscientes, que tenemos que seguir trabajando porque quedan muchas discriminaciones que sufren estas personas como, por ejemplo, la falta de información o la falta de atención a todos los niveles de nuestras administraciones, desde la primera puerta que puede tocar un ciudadano, que es un ayuntamiento, hasta la última puerta que puede ser un ministerio. En España deberíamos de abrir nuestras puertas para que esa persona cuando se enfrente a esa identidad, que no corresponde con la que tiene, pueda llegar a una Administración local o regional y para ello deben mejorarse también los sistemas de información que tenemos en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señora Heredia.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR LA EXPLOTACIÓN Y LA PRECARIEDAD LABORAL EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA COMO CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002383).
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Pasamos al punto 5.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada, como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por un tiempo de siete minutos la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista trae a debate una proposición que recoge las demandas de muchos trabajadores y trabajadoras que están pendientes de que se adopten medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada. Estoy segura de que llegaremos a un acuerdo porque es de justicia y porque ayer escuché a la portavoz del Grupo Popular en el Pleno del Congreso, hablando de alguna administración autonómica, decir que una administración debería dar ejemplo y no abusar de los trabajadores. Así que hoy espero y confío en que se apliquen el cuento.
Lo que es más grave es que esta explotación y esta precariedad que sufre el sector es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular por la forma en la que oferta contratos públicos que condenan a los trabajadores a tener peores salarios y peores condiciones laborales. Es grave porque, aunque al Gobierno
le cueste aceptarlo, cuando una empresa privada presta un servicio público esto no exime de la responsabilidad de los poderes públicos de ser garantes del servicio que se presta. Por mucho que el Gobierno diga que no tiene nada que ver con las empresas, la realidad es que sí, que tienen que ver y mucho en la devaluación salarial de los centenares de afectados en todo el país en ministerios como el de Defensa o el de Fomento en Burgos, en Canarias, en Lugo, en Córdoba o en Barcelona. Si se externalizan los servicios y no se vigila el cumplimiento de las condiciones laborales el responsable es el ministerio, es el Gobierno. Son los ministerios los que aceptan ofertas excesivamente bajas sin unos requisitos estrictos sobre salarios. De este modo, ¿saben quién acaba pagando el abaratamiento de la oferta? Los de siempre, los trabajadores, que son los que siempre pagan las injusticias laborales que emanan de su reforma laboral. Esto sucede porque este Gobierno crea normas que permiten el aprovechamiento abusivo de algunos empresarios, cuyos males pagan los trabajadores, pero también las empresas que cumplen en justicia la ley.
El Gobierno ha permitido que se multipliquen determinados convenios de empresa que sin causa objetiva abaratan los costes laborales para posicionar sus productos o servicios a precios mucho más bajos que los ofrecidos por las empresas que sí aplican el convenio colectivo sectorial. Y es que el problema es su reforma laboral, la que el Partido Popular aprobó en 2012 con el voto en contra del Partido Socialista, que ampara esta práctica, que permite que los convenios de empresa prevalezcan sobre el convenio estatal y que impulsa rebajas salariales de escándalo. Quizá a ustedes no les parezca un escándalo, pero lo es que los trabajadores de seguridad, por ejemplo, de la empresa Marsegur, hayan pasado de cobrar en enero de este año 1091 euros mensuales a cobrar 726 euros en mayo por el mismo trabajo y la misma jornada; por lo mismo, 726 euros y diez céntimos la hora por nocturnidad. Eso sí, cuando se cobra, porque son decenas los que todavía no han cobrado los meses de verano y estamos a mediados de noviembre. Ahora entenderán que los trabajadores y trabajadoras sufran bajas por ansiedad y por depresión, bajas, por cierto, que en muchas ocasiones tampoco se cubren. Es escandaloso que no se llegue a pagar ni 4 euros la hora por custodiar instalaciones sensibles, como son las del Ministerio de Defensa. Es escandaloso que se mantengan contratos con empresas con convenios impugnados y declarados nulos por la Audiencia Nacional.
Los trabajadores y trabajadoras de seguridad han salido a la calle, se han manifestado y este Gobierno ha vuelto a darles un portazo. El mismo portazo que desde el equipo de Gobierno han intentado dar a la recién aprobada Ley de Contratos, porque parecía que todos entendíamos que había que cambiar la ley para que la Administración dejara de establecer como único criterio de adjudicación la oferta económica más baja, cosa denunciada no solo por el Partido Socialista, sino también por los trabajadores, las organizaciones sindicales y el propio Observatorio Social de la Seguridad Privada en el diálogo social europeo. Parece que todos entendíamos esto menos el Partido Popular, que presentó tres enmiendas que seguirían permitiendo la pérdida de derechos laborales y los salarios de indigencia.
El 19 de octubre este Gobierno sufrió un contratiempo, porque el Pleno validó la nueva Ley de Contratos del Sector Público rechazando todas las enmiendas que plantearon en el Senado. Este es un paso importante, pero queda mucho por hacer. Por eso este grupo parlamentario quiere que se recupere la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa como práctica ordinaria, lo que significa derogar la reforma laboral. Queremos que se adopten medidas para garantizar el respeto del convenio colectivo sectorial de aplicación poniendo como condición necesaria que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral y no respeten unas condiciones dignas de empleo y sueldo para sus trabajadores y trabajadoras. Queremos una contratación pública socialmente responsable, mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
También queremos saber muchas cosas, por ejemplo, en qué situación se encuentra el expediente de rescisión del contrato con la empresa ahora denominada Novo Segur, antes Marsegur, que Defensa anunció hace unas fechas. Queremos saber qué medidas se están tomando para garantizar que los trabajadores perciban las retribuciones que se les adeudan por la anterior concesionaria. Queremos saber cuántos trabajadores han sido despedidos y cómo se van a readmitir. Queremos, en definitiva, acabar con esto. Por eso aceptamos la enmienda presentada para reforzar las reglas de legitimación en la negociación de los convenios, así como también estamos de acuerdo con la segunda enmienda de Ciudadanos, aunque consideramos más lógico remitirla al debate que está abierto ahora mismo de la ley de modificación del artículo 42.
Tenemos que parar esto, y lo tenemos que hacer hoy y entre todos, porque es lamentable que el Gobierno del Partido Popular haya decidido que salgamos de esta crisis económica con el esfuerzo de los de siempre, de los trabajadores y de las trabajadoras, con peores salarios y con peores condiciones laborales. Si la recuperación no llega a los trabajadores, la recuperación no existe en este país.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señora Peña.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire, por un tiempo no superior a cinco minutos.
El pasado mes de marzo tuvimos noticias de que el Ministerio de Empleo, que tiene las competencias de inmigración, había adjudicado la vigilancia de los cuatro centros de acogida de refugiados que hay en España, dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla, a una empresa que es muy conocida precisamente por reventar los precios en sus convenios colectivos, en los que se reducen en más de un 90 % los pluses de nocturnidad y de festivos. Dicho contrato, que ascendía a un millón de euros más IVA, se sumaba a otros ocho que Empleo ya había adjudicado en los últimos dos años. En ese sentido, preguntamos en Comisión qué opinaba el Gobierno del hecho de que a los vigilantes de seguridad de empresas que trabajan para el Fogasa, varios centros de atención al refugiado y varios ministerios, se les haya rebajado el sueldo por debajo del convenio del sector, cuando tanto el convenio sectorial como la jurisprudencia aseguran que debe mantenerse.
Estamos dispuestos a abrir una reforma de la legislación laboral modificando las reglas de legitimación de la negociación, y quiero hacer hincapié en esto: estamos dispuestos a reformar, a mejorar, pero no a derogar, por lo que no podemos defender la derogación completa de la reforma laboral, porque eso implicaría volver a una situación anterior. Lo que pretende nuestra enmienda es una mejora en la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa, imprescindible para garantizar de forma ordenada el correcto funcionamiento del sector. También queremos adoptar medidas para garantizar el respeto de los convenios colectivos sectoriales. Por tanto, esperamos que en el trámite de esta propuesta el grupo proponente acepte nuestras enmiendas y se entienda que podemos desarrollarlo siempre mejorando y revisando la normativa del régimen de subcontratación prevista en el Estatuto de los Trabajadores para prevenir que se incurra en supuestos de cesión ilegal, pero no podemos defender una reforma que nos llevaría a un sistema laboral que hemos comprobado que no es el óptimo para poder rebajar el nivel de desempleo inaceptable de este país. Todo ello, por supuesto garantizando que las condiciones laborales tengan prevalencia a la hora de la negociación laboral y que haya una representación de los trabajadores en los procesos de negociación.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señor Ramírez.
Para consumir un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran.
Lo cierto es que el hecho no es nuevo ni son estas unas condiciones exclusivas del sector de seguridad privada, aunque estos también lo tienen. El sector tiene unos caracteres propios cuyos defectos están vinculados tanto a la falta de formación como, según se ha expuesto, a la primacía del convenio de empresa. Coincidimos con el sentido de la proposición no de ley, lo que ocurre es que en el camino, como también ha destacado la diputada que ha presentado la PNL, la novedad ha sido que en el trámite de la Ley de Contratos del Sector Público lo que en un principio era un acuerdo después se modificó en el Senado y finalmente se ha corregido nuevamente aquí, haciendo que el convenio de aplicación en el sector público vuelva a ser el sectorial. Con ello, de alguna manera se le otorga un principio de solución al problema que subyace en todo esto, y es que de lo que estamos hablando es de que las condiciones en las que se prestaban las funciones por parte del sector de la seguridad privada estaban vinculadas a un ámbito de falta de competitividad, precisamente porque la competencia entre empresas se estaba basando únicamente en el salario, cuando, dadas las distintas especialidades que exigen diferentes tipos de formación, lo que se debería exigir sería otro tipo de bases de licitación
centrado en la necesidad de acreditar los requisitos técnicos y formativos de los miembros del sector de la seguridad privada.
Reiteramos nuevamente que el problema es la falta de vinculación al convenio sectorial en otros aspectos, cosa que se ha corregido en el ámbito del sector público. Nos felicitamos por ello y por esa razón apoyaremos la proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Que la reforma laboral es clave en todo esto al permitir la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, creo que está claro y lo hemos hablado en multitud de ocasiones. Pero es que en el sector de la seguridad privada vamos mucho más allá. Las empresas piratas, como se denomina al sector low cost, van mucho más allá. Se está incumpliendo sistemáticamente el convenio colectivo con rebajas salariales del 30 al 40 %, por lo que se está defraudando a la Seguridad Social y a Hacienda. Este señor, Miguel Ángel Ramírez, y su constelación de empresas piratas también va más allá cuando no solo incumple el convenio, sino que no paga el salario a los trabajadores y a las trabajadoras, por lo que muchos de ellos, aparte de estar batallando en la calle contra esta situación, están teniendo que recurrir a organizaciones humanitarias para que sus familia coman. Como hemos dicho, esto afecta a todo el sector, no solo a las empresas pirata, porque la bajada de condiciones laborales y económicas en estas empresas tira a la baja las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras del sector, que son en torno a 70 000 u 80 000 personas en todo el país, que se dice pronto.
Voy a dar unos pequeños ejemplos de sentencias por fraude o nulidad de los convenios colectivos de este año, solo de 2017 y referidos únicamente a Marsegur, que es una de las muchas de la constelación de empresas piratas dedicadas al timo y al fraude sistemático. Febrero de este año, sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratificaba una del Juzgado de lo Social de Las Palmas por nulidad del convenio Marsegur. En mayo, sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, también declara la nulidad del convenio. También en mayo de este año la Audiencia Nacional, por una demanda del propio Ministerio de Empleo, declara la nulidad del convenio. En mayo, sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirmando la inaplicación en fraude de ley del convenio. En julio es el propio Consejo de Ministros el que denuncia ante la fiscalía a otra empresa de don Miguel Ángel Ramírez, en este caso a Sinergia, por un delito contra los trabajadores. Aparte de esto, hay multitud de solicitudes de información, preguntas e iniciativas parlamentarias de todo tipo de los grupos parlamentarios entre septiembre y octubre de este año, así como también se han aprobado proposiciones no de ley, como la de la Comisión de Defensa, que no se aplican.
Todo esto nos haría pensar que es de sentido común que el Gobierno actuara, más aún sabiendo que es muy fácil hacerlo, porque basta con dejar de contratar a estas empresas piratas que no solo están estafando a los trabajadores y a las trabajadoras, a todos los profesionales del sector de la seguridad privada, sino que nos están estafando a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque el fraude a la Seguridad Social y a Hacienda es sistemático. Pues en vez de solucionar esto, que es bastante fácil, porque, repito, basta con no contratar a las empresas que incumplen la ley, nos encontramos con nuevas adjudicaciones a esta empresa este mismo mes, como es el contrato de vigilancia de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife. Para que nos hagamos una idea del pirateo del que estamos hablando, les diré que el coste previsto para la contratación era de 636 000 euros y este señor por arte de magia hizo una oferta de 281 000 euros, por lo que el ministerio dijo: Esta es la buena, la contrato.
Esta es una cuestión que excede cualquier lógica, por lo que creemos que la iniciativa es de puro sentido común. Lo único que tiene que hacer el Gobierno es ponerle un poquito de vergüenza, de voluntad política y dejar de contratar con señores que incumplen la ley sistemáticamente, porque no cumplen el convenio colectivo y defraudan a Hacienda y a la Seguridad Social. El día que hagan eso van a tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios y, además, que es lo más importante, todas las familias que trabajan en el sector de la seguridad privada van a tener condiciones dignas y muchas de ellas van a poder comer y pagar las facturas, porque aunque parezca mentira en este país hay gente que trabaja y que no puede comer porque no le pagan el salario.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España Reina.
No podemos apoyar esta PNL por varios motivos. En primer lugar, en cuanto a la derogación de la reforma laboral del año 2012, ya dije ayer que es la que ha permitido que España lidere la creación de empleo y la reducción de paro en la zona euro. Sobre la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial, hay que señalar que el hecho de que prevalezcan los convenios de empresa se hizo como una medida de flexibilidad, que ya estaba apuntada incluso por los propios interlocutores sociales y los organismos europeos, que era necesaria para acercarnos a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa. Esa medida es la que ha propiciado que la destrucción de empleo que se produjo durante los inicios de la crisis se haya moderado en cierta medida.
También quiero resaltar, en cuanto a la contratación administrativa, que la determinación del convenio aplicable a los trabajadores adscritos a un servicio no se puede establecer en los pliegos que regulan los contratos, ya que esto viene determinado, como saben ustedes, por la normativa laboral que se aplica a las empresas adjudicatarias. La introducción de este aspecto, como plantea la PNL, en los pliegos que rigen los contratos administrativos supondría, lógicamente, una limitación no justificada a la concurrencia. Esto no lo digo yo, sino la propia resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en concreto la número 1059/2016, en relación con un recurso que presentó Aespri contra los pliegos del acuerdo marco de homologación de empresas de seguridad en la Comunidad Autónoma de La Rioja. En esta resolución se anula la cláusula que incluye como criterio de valoración el compromiso de la empresa de mantener durante toda la vigencia del acuerdo marco las retribuciones que como mínimo figuren en el convenio estatal de empresas de seguridad. El Tribunal la consideró discriminatoria y susceptible de crear desigualdades y distorsiones entre los licitadores.
Dicho esto, también quiero señalar que los pliegos de condiciones que se están utilizando en la licitación de los contratos de seguridad hacen especial hincapié en las medidas relativas a la calidad del servicio, no solo en los temas económicos, por ejemplo, en la concepción integral de la seguridad, incluyendo también en el contrato no solo los servicios de vigilancia, sino el mantenimiento de las instalaciones de seguridad, sino que también se prevén criterios de adjudicación relativos a la calidad de la prestación, como el plan de formación ofertado, etcétera. Con respecto al impulso de la contratación socialmente responsable, a lo que también hace referencia la PNL, es una medida a la que, como saben, el legislador ha sido especialmente sensible en el texto de la nueva ley.
Para terminar, quiero señalar que se ha constituido, y está en funcionamiento, una mesa para el sector de la seguridad privada, donde están los ministerios de Hacienda y Función Pública, Interior, Fomento, Empleo y Seguridad Social, así como las organizaciones sindicales y empresariales más representativos, cuyo objetivo principal es el análisis de todas estas cuestiones que nos preocupan a todos los que estamos en esta Comisión.
Finalmente, debo decir que lamento las declaraciones del Grupo Socialista. Decir que la recuperación no existe es negar la realidad. Por desgracia, nos metieron de lleno en la crisis, no nos supieron sacar, salieron corriendo y la conclusión es que el Partido Socialista no vio la crisis ni ahora ve la recuperación. Por tanto, el Partido Socialista, lamentablemente, ni está ni se le espera. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Gracias, señora España.
Pregunto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista si acepta la enmienda que se ha presentado.
La señora PEÑA CAMARERO: Acepto la primera enmienda de legitimación de la negociación ante los convenios colectivos. Siempre como enmienda de adición.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): El apartado 1 de la enmienda.
La señora PEÑA CAMARERO: El apartado 1, eso es. Como adición.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Una vez terminado el debate de las proposiciones no de ley, como dijimos que no votaríamos antes de las cinco y media vamos a hacer una pausa y luego procedemos a votar. (Pausa).
Votamos la proposición no de ley relativa a mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena. Se vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 8.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley sobre el complemento de pensión por maternidad a trabajadoras. Se vota con el texto de la enmienda transaccional firmada por los Grupos Ciudadanos y Socialista.
Votamos la proposición no de ley sobre la igualdad efectiva en el ámbito laboral de las personas trans.
Votamos la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas. Se vota con la incorporación del primer apartado de la enmienda presentada por Ciudadanos entre los apartados segundo y tercero de la PNL.
- SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA). (Número de expediente 154/000007).
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): El último punto del orden del día es la solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, RETA.
Tal y como se resolvió en la reunión de Mesa y portavoces del pasado día 24 de octubre, y habida cuenta de que el plazo de que dispone la referida subcomisión para emitir su informe finaliza el próximo día 5 de diciembre, se somete a la Comisión el siguiente acuerdo de solicitud de prórroga. Se acuerda solicitar una prórroga de ocho meses en el plazo de que dispone la subcomisión para el estudio de la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, RETA, para emitir su informe. Esta solicitud de prórroga viene motivada, además, por el alcance y complejidad del tema objeto de estudio, por el hecho de que la referida subcomisión, por razones de congruencia, esperó a dar comienzo de manera efectiva a sus trabajos a que la Comisión se pronunciara sobre la proposición de ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, dada la estrecha conexión entre la materia regulada por esta y el objeto de la subcomisión. Esta proposición de ley, tras una larga y laboriosa tramitación, fue finalmente aprobada por unanimidad por la Comisión, con competencia legislativa plena, el pasado 29 de junio. Estas circunstancias hacen imposible que la subcomisión pueda tener finalizado su informe el próximo día 5 de diciembre, fecha en la que se cumple el plazo inicialmente previsto para ello.
Por ello, se somete a votación esta propuesta de prórroga. ¿Podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada.

References: Real Decreto 
 artículo 214
 artículo 52
 artículo 4
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 17

artículo 14
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 52
 artículo 8
 artículo 42
 resolución 
 resolución