Source: http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/L50-65.htm
Timestamp: 2018-05-23 20:28:03+00:00

Document:
Ley de ventas a plazos de bienes muebles
(BOE núm. 173, de 21-07-1965)
Es incuestionable la importancia que ha alcanzando el crédito en los tiempos actuales, constituyendo una de las bases en que se asienta el desarrollo de la vida social no sólo en los aspectos industrial y comercial, sino en el de la vida familiar y doméstica. Una de las modalidades del crédito es el de la venta de bienes muebles corporales a plazos, que viene a ser factor importante en los planes de desarrollo económico y cuya extensión es característica de la vida moderna. Hasta ahora, estas operaciones se han venido realizando dentro de las normas generales de nuestro ordenamiento jurídico, pero la realidad reclama imperiosamente una regulación especial que establezca los justos límites de facilidad y garantía para compradores y vendedores.
Ya la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de enero de 1962 reguló la financiación de venta a plazos de bienes de equipo, y la Ley sobre Ordenación del Crédito y la Banca de 14 de abril de 1962 dedicó su base décima a esta materia, anunciando la creación de Entidades especificas para facilitar la financiación de operaciones de venta a plazos. Posteriormente se han dictado, en desarrollo de la citada base, el Decreto-ley de 27 de diciembre de 1962 y las Órdenes de 25 de enero y 8 de febrero del corriente año, que al regular desde el punto de vista de la financiación estas ventas a plazos, vienen a poner de relieve la necesidad de una disposición que regule dichas ventas en su aspecto sustantivo.
La compraventa de bienes muebles sujeta esta Ley ha de constar por escrito, sin que se pretenda alterar las reglas de la prueba ordinaria y a fin de que, por tan simple formalismo, pueda mantener en virtualidad el contenido imperativo del contrato. La necesidad de un desembolso previo de parte del precio tiende a evitar el abuso del crédito y es común requisito exigido por la legislación extranjera en esta materia, así como por las disposiciones sobre financiación anteriormente citadas.
En su virtud y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, dispongo:
Por venta a plazos se entenderá, a efectos de esta Ley, el contrato mediante el cual el vendedor entrega al comprador una cosa mueble corporal y recibe de éste, en el mismo momento, una parte del precio, con la obligación de pagar el resto diferido en un período de tiempo superior a tres meses y en una serie de plazos que se determinarán en la forma que dispone el artículo 20.
Tendrán la consideración de préstamos de financiación a comprador aquellos en que un tercero facilite al comprador, como máximo, el importe aplazado del precio en las ventas a que se refiere esta Ley, reservándose las garantías que se convengan, quedando obligado el comprador a devolver el importe del préstamo en tiempo superior a tres meses y en el número de plazos, nunca inferior a tres, que se determinen conforme al artículo 20.
1. Las compraventas a plazos de bienes muebles que, con o sin ulterior transformación o manipulación, se destinen a la reventa al público, y los préstamos cuya finalidad sea financiar tales operaciones.
3. Las ventas y préstamos cuyo importe sea inferior o superior a la cantidad que se determine por el Gobierno.
4. Los préstamos garantizados con hipoteca o prenda sin desplazamiento.
5. Las operaciones de comercio exterior, excepto las derivadas de bienes muebles corporales no consumibles originarios de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea y de terceros países que se encuentren en libre práctica en dichos Estados. [Punto añadido por la Ley 6/1990, de 2 de julio].
2. El nombre, apellidos, razón social y domicilio de las partes.
4. El importe total de venta a plazos y el importe total del préstamo, en su caso.
5. El precio de venta al contado.
6. El importe del primer plazo o desembolso inicial, cuyo mínimo se fijará por las disposiciones que desarrollen esta Ley.
7. Los plazos sucesivos de pago del precio del reintegro del préstamo, con indicación de su número, importe y vencimiento. Si, como medio de pago, se extendieran letras de cambio, se hará constar la cuantía y fecha de vencimiento de cada una de ellas.
8. Los recargos que, dentro de los límites determinados por el Gobierno en el artículo 20, se impongan sobre el precio al contado o sobre el nominal del préstamo, por razón del aplazamiento de pago.
9. La parte del precio que, en su caso, sea financiada por un tercero. En ningún caso podrá referirse al desembolso inicial, que correrá siempre a cargo del comprador.
10. El interés exigible al comprador o al prestatario en los supuestos de mora en el pago.
11. Cuando se pacte, la cesión que de sus derechos frente al comprador realice el vendedor, subrogando a un tercero, y el nombre o razón social y domicilio de éste; o la reserva de la facultad de ceder a favor de persona aún no determinada, cuando así se pacte.
12. La cláusula de reserva de dominio, si así se pactara, así como el derecho de cesión de la misma o cualquier otra garantía de las previstas y reguladas en el ordenamiento jurídico.
13. La prohibición de enajenar o de realizar cualquier otro acto de disposición en tanto no se haya pagado la totalidad del precio o reembolsado el préstamo, sin la autorización por escrito del vendedor o del financiador, en su caso.
14. El derecho del comprador, caso de anticipar el pago, a obtener la reducción de los recargos de que se hace mención en el artículo 10.
La omisión o expresión inexacta de alguna de las circunstancias señaladas en los números 3 a 10 del artículo anterior, que no fueren imputables a la voluntad del comprador, reducirá la obligación de éste a pagar exclusivamente el importe del precio al contado, con derecho a satisfacerlo en los plazos convenidos, exento de todo recargo por cualquier concepto.
La omisión de las demás circunstancias del artículo anterior, así como la inexactitud de alguna de ellas, podrá determinar la misma reducción, acordada por el Juez, si el comprador justifica que ha sido perjudicado.
Si se hubiere pactado, el comprador podrá desistir del contrato dentro de los tres días siguientes a la entrega de la cosa, comunicándolo por carta certificada o de otro modo fehaciente al vendedor, siempre que no hubiere usado de la cosa vendida más que a efectos de simple examen o prueba y la devuelva, dentro del mismo plazo en el lugar, forma y estado en que la recibió, libre de todo gasto para el vendedor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, la venta de bienes muebles corporales a plazos regulada en esta Ley, sólo quedará perfeccionada cuando el comprador satisfaga, en el momento de la entrega o puesta a disposición del objeto vendido, el desembolso inicial.
En todo caso, los recargos que sobre el precio de venta al contado se hubieran aplicado, en razón al aplazamiento del pago, quedarán reducidos proporcionalmente al período de tiempo en que resulte abreviada la duración del contrato.
Si el comprador demora el pago de dos plazos o del último de ellos el vendedor, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 13, podrá optar entre exigir el pago de todos los plazos pendientes de abono o la resolución del contrato.
1º. El 10 por 100 del importe de los plazos pagados, en concepto de indemnización por la tenencia de la cosa por el comprador.
2º. Una cantidad igual al desembolso inicial, por la depreciación comercial del objeto.
La falta de pago de dos plazos o del último de ellos dará derecho al tercero que hubiere financiado la adquisición en los términos del artículo 3 para exigir el abono de la totalidad de los plazos que estuvieren pendientes, sin perjuicio de los derechos que le correspondan como cesionario del vendedor.
Los préstamos que los comerciantes vendedores o las Entidades de financiación hicieran al comprador para facilitarle todo o parte del desembolso inicial serán nulos, siendo de aplicación a los vendedores o financiadores responsables las sanciones previstas en el párrafo 3 del artículo 20.
Los contratos de préstamo de financiación regulados en la presente Ley deberán contener, en lo que resulte aplicable, las circunstancias mencionadas en el artículo 6, sustituyéndose los conceptos de precio al contado y precio de venta a plazos por los de nominal del préstamo e importe total del mismo resultante de los incrementos correspondientes.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.
El acreedor, para el cobro de los créditos nacidos de contratos inscritos en el Registro a que se refiere el artículo 23, gozará de la preferencia y prelación establecidos en los artículos 1922, número 2, y 1926, número 1, del Código Civil.
En los casos de quiebra no se incluirán en la masa los bienes comprados a plazos mientras no sea satisfecho el crédito garantizado, sin perjuicio de llevar a aquélla el sobrante del precio obtenido en la subasta. En los de suspensión de pagos, el acreedor tendrá la condición de singularmente privilegiado con derecho de abstención, según los artículos 15 y 22 de la Ley de suspensión de pagos.
Para la venta en subasta notarial de las cosas adquiridas a plazos, el acreedor, por Notario hábil para actuar en el lugar donde se hallen, requerirá de pago al deudor, expresando la cantidad total reclamada y la causa del vencimiento de la obligación, haciendo constar que si no se efectuare el pago se procederá a la subasta de los bienes, sin necesidad de nuevas notificaciones ni requerimientos.
El requerido, dentro de los tres días siguientes, deberá pagar o entregar la posesión de los bienes al acreedor o a la persona que éste haya designado al efecto en el acto del requerimiento.
Si el deudor no pagare, pero entregare la posesión de los bienes, el Notario procederá a la enajenación de éstos en la forma prevenida en el artículo 1872 del Código Civil.
El Gobierno, atendiendo a la coyuntura económica y previos informes del Consejo de Economía Nacional y de la Organización Sindical, fijará los bienes que pueden ser objeto de contrato sometidos a esta Ley, determinará los identificables a efectos del Registro, así como el máximo de los tipos o tasas de recargo en las ventas a plazos, la cuantía del desembolso inicial y el tiempo máximo para el pago del precio aplazado.
El incumplimiento de tales condiciones u obligaciones, y en especial la infracción de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16, podrá ser sancionado con multa hasta de cien mil pesetas, suspensión temporal en la práctica de aquellas operaciones hasta por un año o prohibición definitiva de realizarlas.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley general tributaria, los contratos de venta de bienes muebles a plazos y los de préstamo, a que se refiere la presente Ley, cuando constituyan actos habituales de tráfico empresarial, así como las garantías que se establezcan, estarán exentos o, en su caso, no sujetos al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Además podrán gozar de los demás beneficios fiscales que sobre el particular pueda determinar el Ministerio de Hacienda.
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

References: artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 13
 resolución 
 artículo 3
 artículo 20
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 1872
 artículo 16
 artículo 10