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Timestamp: 2019-03-21 11:35:14+00:00

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Geraldina González de la Vega | El Juego de la Suprema Corte
Una de las razones por las que el día de mañana, 8 de marzo, al celebrar al Día Internacional de la Mujer, las mujeres haremos un paro de actividades se debe a la falta de reconocimiento del trabajo doméstico, incluidas las labores del hogar y el trabajo de cuidado. Limpieza, alimentación, salud, higiene, educación, crianza, vestido, transporte y un largo etcétera son, generalmente, obligaciones de las mujeres. Además, hay que recordar que el trabajo doméstico usualmente no es remunerado y, en su caso, se realiza en condiciones sumamente precarias, con sueldos bajísimos y muy pocos –o nulos- derechos laborales realmente exigibles.
Cuántas veces, por ejemplo, no hemos escuchado frase como: “lo hace por amor” o “eso les toca a las mujeres”. En nuestras sociedades, las labores del hogar tocan a las mujeres (niñas o adultas) simplemente por haber nacido hembras. Se imponen las labores de limpieza, cocina, lavado y demás, como si portáramos un gen distinto a los nacidos varones. La realidad, por supuesto, es que biológicamente ningún ser humano nace con cualidades para estas tareas domésticas y, más bien, la realización de éstas es una imposición social. Fruto de un rol de género que mucho daño nos ha hecho a las mujeres de todas las edades. A las niñas porque en muchas ocasiones realizar las labores del hogar o tareas de cuidado, les impide acudir a la escuela; otras ya mayores, porque son casadas contra su voluntad para atender a un marido, muchas veces años mayor que ella. A las mujeres adultas, porque la mayoría de las veces las esclaviza a un trabajo no remunerado y no reconocido que genera desequilibrio económico y una dependencia de los hombres. A las mujeres de edad avanzada porque generalmente acaban viviendo en la pobreza, precisamente porque al realizar labores no remuneradas, no logran una independencia económica que al llegar a la vejez les permita subsistir por sí mismas, entonces, o viven en pobreza extrema o dependen de otros para subsistir.
Por lo anterior, ha resultado de enorme importancia el reconocimiento de dichas labores a través de la institución llamada “pensión compensatoria”, misma que ha sido inscrita en diversos códigos civiles y cuyo contenido ha sido desarrollado interpretativamente por la Suprema Corte de Justicia.
En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte ha desarrollado una doctrina alrededor de la obligación alimentaria, de la cual se desprende del derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. Es decir, se reconoce que de este derecho emanan obligaciones tanto a cargo del Estado como a cargo de los particulares, toda vez que los derechos fundamentales permean en las relaciones privadas al ser también valores fundamentales del orden jurídico. En este sentido, en el ámbito del derecho privado, la obligación de alimentos aparece como una concreción del derecho a un nivel de vida adecuado.
Ahora bien, dicha obligación descansa en las relaciones familiares (protegidas a través de los artículos 4º y 16 constitucionales) y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran las personas. En este sentido, se ha reconocido que para que se reconozca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. Se ha enfatizado que, aunque el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, del nivel de necesidad del primero y de la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto.1
Así, se han reconocido dos supuestos en que una pareja debe darse alimentos entre sí: 1) cuando existe una relación de pareja con cierta estabilidad y 2) cuando esta relación se rompe. En el primer caso, se habla de alimentos que surgen a partir de situaciones de convivencia y de vínculos afectivos, se trata generalmente del matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia2 en donde la pareja tiene entre sí el deber de solidaridad y asistencia mutuos, es decir, si una de las personas que compone la pareja no puede allegarse recursos para tener una vida digna, la pareja (esposo, concubino o conviviente) tiene el deber de otorgárselos mientras subsiste la relación (matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia). Recordemos que es un requisito esencial que una parte se encuentre en estado de necesidad.
Sin embargo, cuando la relación o la convivencia se rompe, dicha obligación cesa y puede darse lugar a una nueva obligación que ha sido denominada “pensión compensatoria”. Como su nombre lo indica, dicha obligación tiene como propósito compensar el desequilibrio que se genera al disolverse un vínculo afectivo y de convivencia entre la pareja, fundamentalmente en aquella que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar.
La justificación de la pensión compensatoria o pensión por compensación se encuentra en la razón de que generalmente quienes se quedan en casa a realizar tareas de cuidado y del hogar no realizan otras actividades que les permitan obtener ingresos propios o cuando lo hacen, ganan menos, generándose un desequilibrio injusto. Es decir, la Sala ha dicho lo siguiente:
…es claro que el fracaso de la convivencia conyugal genera un desequilibrio económico que coloca al cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos en una situación de desventaja, pues su posición en la estructura familiar le impidió dedicarse a una actividad remunerada que le permitiera hacerse de recursos propios e inclusive, en muchos casos, de realizar o terminar estudios profesionales que en momento dado le facilitarían la entrada al mundo laboral…[Por ello] la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia.3
La Suprema Corte, de esta manera, ha reconocido que los roles de género impuestos a las mujeres generan un desequilibrio en las posibilidades de hacerse de ingresos lo que provoca dependencia económica. Lo anterior no desconoce que haya hombres que realizan tareas del hogar o que, sin pareja, crían niños o cuidan de otras personas. No obstante, la realidad es que la generalidad de las personas que realizan las tareas de cuidado y del hogar son mujeres y que el desequilibrio y la dependencia que esto genera, impacta en el ejercicio de su autonomía.
Ahora bien, en otro precedente4 muy relevante, la Primera Sala reconoce que la finalidad de la pensión compensatoria es resarcir esas cargas domésticas y familiares que se realizan sin recibir ningún ingreso. Es decir, se trata de compensar el costo de oportunidad asociado a no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge.
La Sala fija algunos parámetros que deberán tomarse en cuenta por las juzgadoras al establecer el monto de la compensación como parámetro de medición que permite graduar la dedicación al hogar y distingue los siguientes supuestos: a) la dedicación plena y exclusiva al trabajo del hogar de parte de uno de los cónyuges; b) la dedicación mayoritaria al trabajo del hogar de uno de los cónyuges compatibilizada con una actividad secundaria fuera de éste; c) la dedicación minoritaria al trabajo del hogar de uno de los cónyuges compatibilizada con una actividad principal, pero mayoritaria y más relevante que la contribución del otro cónyuge; y d) ambos cónyuges comparten el trabajo del hogar y contribuyen a la realización de las tareas domésticas.
Además, este criterio de la Suprema Corte señala también se deberá tomar en consideración que la dedicación al hogar y al cuidado de los dependientes puede traducirse en una multiplicidad de actividades no excluyentes entre sí y que deben valorarse en lo individual. Entre ellas, es posible distinguir los siguientes rubros: a) ejecución material de las tareas del hogar que pueden consistir en actividades tales como barrer, planchar, fregar, preparar alimentos, limpiar y ordenar la casa en atención a las necesidades de la familia y el hogar; b) ejecución material de tareas fuera del hogar, pero vinculadas a la organización de la casa y la obtención de bienes y servicios para la familia, que puede consistir en gestiones ante oficinas públicas, entidades bancarias o empresas suministradoras de servicios, así como compras de mobiliario, enseres para la casa y productos de salud y vestido para la familia; c) realización de funciones de dirección y gestión de la economía del hogar, que comprende dar órdenes a empleados domésticos sobre el trabajo diario y supervisarlos, así como hacer gestiones para la reparación de averías, mantenimiento y acondicionamiento del hogar; y d) cuidado, crianza y educación de los hijos, así como el cuidado de parientes que habiten el domicilio conyugal, lo que abarca el apoyo material y moral de los menores de edad y, en ocasiones, de personas mayores, que implica su atención, alimentación y acompañamiento físico en sus actividades diarias.
En este precedente se destacó que las especificidades, duración y grado de dedicación al trabajo del hogar son elementos a considerar para determinar el monto de la eventual compensación, sin que la mera condición de que el solicitante se encuentre empleado en el mercado convencional o que reciba el apoyo de empleados domésticos excluya, per se, la procedencia del mecanismo compensatorio, sino que únicamente graduará la cantidad a fijarse. Lo anterior, a fin de no invisibilizar las diversas modalidades del trabajo del hogar.5
Finalmente, y en conexión con esto último, se encuentra el reconocimiento que hizo la Sala de la llamada “doble jornada”,6 es decir, la segunda jornada que realizan muchas mujeres (y algunos hombres) que, después de su jornada de trabajo remunerado fuera de casa, llegan a realizar tareas del hogar y/o de cuidado.
Así, se reconoció que la división entre los roles reproductivo y proveedor, que tienen como consecuencia la división sexual del trabajo, tiene a su vez efectos negativos en la vida laboral y productividad económica de las mujeres. Es decir, no solamente las mujeres que se quedan en casa todo el tiempo viven un desequilibrio económico con respecto a su pareja, sino también aquellas que tienen un empleo remunerado porque no disponen de las mismas oportunidades ni tiempo para dedicarse justo a tal empleo remunerado. Lo cual lógicamente impacta en la diferenciación en los salarios entre hombres y mujeres. “La disparidad de género en el ámbito familiar, también se refleja en el ámbito laboral, pues México es un país donde la discriminación salarial es todavía un problema grave.”
La Sala destaca que la forma en la que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y el desarrollo de las relaciones sociales en su interior, responden a un conjunto de ideas y representaciones culturales sobre los estereotipos, los roles y las funciones que se han asignado a las personas de acuerdo con su género. De tal manera que el rol de madre, dice la Sala, produce una serie de obligaciones y expectativas en la mujer que la orillan a un uso del tiempo diverso al de los hombres que son padres. Esta última afirmación es lapidaria. El uso del tiempo repercute al final del día en el rendimiento como persona en los distintos ámbitos de la vida (familiar, profesional, privado) y, en consecuencia, el hecho de que las mujeres seamos tradicionalmente las únicas encargadas de realizar tareas de cuidado y labores del hogar impacta en nuestra posibilidad de realizarnos en otras áreas, de realizarnos como personas autónomas.
Ojalá pronto haya más decisiones judiciales que continúen reconociendo y protegiendo a los millones de mujeres que realizamos laborales del hogar y del cuidado de otras personas.
1 Ver el ADR 230/2014 y el ADR 269/2014.
2 En el ADR 230/2014 la Primera Sala reconoció el derecho de una mujer que había tenido una relación de 40 años y donde se procrearon 5 hijos, pero la cual no se podía reconocer como concubinato pues el hombre estaba unido en matrimonio con otra mujer. La Sala reconoció que tanto los alimentos como la pensión compensatoria tienen como objeto garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado sustentado en el vínculo familiar o afectivo presente o pasado. En este sentido falló a favor de la pensión compensatoria de la mujer, a pesar de que legalmente no podía configurarse el concubinato.
4 Ver el ADR 4909/2014
5 Ver el ADR 4909/2014
6 ver el ADR 1754/2015
El 27 de enero de 2017, el presidente Trump publicó una orden ejecutiva “para proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a los Estados Unidos”, asegurando que “numerosos individuos nacidos en el extranjero han sido sentenciados o implicados en crímenes relacionados con el terrorismo”. Por ello, la orden ejecutiva declara que “los Estados Unidos deben asegurarse que aquéllos admitidos en el país no representen actitudes hostiles hacia éste ni sus principios fundamentales” y asegura que “el deterioro de las condiciones en ciertos países debido a la guerra, conflictos, desastres y guerra interna incrementa el riesgo de que terroristas usen cualquier medio posible para entrar al país.”
El día de ayer, la Corte de Apelaciones emitió su sentencia respecto esta suspensión de emergencia. En ella, la Corte niega la moción del gobierno federal argumentando que éste no demostró2 tener posibilidades de tener éxito –un concepto parecido a la apariencia de buen derecho en el juicio de amparo mexicano-, ni tampoco demostró que la negativa a la suspensión pudiera causar un daño irreparable. Así, a continuación, se resumen los principales argumentos de esta sentencia Washington v. Trump:
El próximo 19 de octubre se contempla que inicie la discusión del proyecto del AR 208/2016, presentado por el Ministro Zaldívar, en donde se ampara a una pareja que demanda el haber tenido que registrar a sus dos hijas con los apellidos en un orden diverso al que ellos deseaban.
El señor Y y la señora X1 son padres de las menores A y B, quienes nacieron prematuramente y tuvieron que ser ingresadas en incubadora por tres meses. Durante este tiempo, acudieron al Registro Civil para registrarlas, solicitando que en primer lugar se anotara el apellido de la señora X y, en segundo, el del señor Y. Es decir, primero el apellido de la madre y, después, el del padre. El Registro se negó, pero debido a la situación de salud de las niñas. Los padres, entonces, decidieron registrarlas de manera tradicional; es decir, con el apellido paterno en primer lugar, seguido del materno, como el oficial del Registro lo solicitaba. Pero también interpusieron un amparo en contra de la negativa a su solicitud, al aplicar el artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal, por considerar que ello violaba sus derechos.
El Juez de Distrito concedió el amparo pues consideró que el artículo impugnado era inconstitucional por las siguientes consideraciones:
Inconformes, el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México interpusieron un recurso de revisión, mismo que fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia por considerar que se trataba de un asunto de importancia y trascendencia. Los agravios del Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa se reducen a negar las consideraciones de la sentencia pues consideran que la norma impugnada ni viola el derecho al nombre ni es discriminatoria.
Ahora bien, el proyecto considera que los agravios son fundados pero por razones diferentes a las esgrimidas por el Juez de Distrito. En primer lugar, vale recordar la norma impugnada:
El proyecto corre el test de escrutinio estricto a la norma impugnada pues considera que se trata de una medida que diferencia por género, cuestión que se encuentra prohibida por la cláusula de no discriminación del artículo 1º constitucional. En este sentido, el test para verificar si la medida es constitucional debe ser más estricto pues el género es una categoría sospechosa.
Así, en un primer apartado, el proyecto realiza el análisis de la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido prima facie del derecho al nombre con relación a la vida privada y familiar.
En esta etapa del análisis es necesario recurrir a la interpretación de las disposiciones normativas correspondientes. Por un lado, debe interpretarse la disposición legislativa impugnada con la finalidad de determinar los alcances de la prohibición u obligación que establece. Por otro lado, también debe interpretarse la disposición constitucional que aloja el derecho fundamental en cuestión, con la finalidad de fijar el alcance o contenido prima facie de éste.
Resulta relevante mencionar que el proyecto admite que si bien de una interpretación literal del precepto no se desprende una prelación entre apellido, se analizará el sentido interpretativo que los operadores jurídicos le han dado a la norma, pues es éste el que en última instancia lastima los derechos de las quejosas. Así, advierte el proyecto, resulta adecuado entender que la interpretación consolidada del artículo 58 es aquella según la cual se registra el apellido paterno primero y el materno en segundo lugar.
Este criterio resulta relevante pues permite que se revise no solamente el texto de la norma para determinar su conformidad con la Constitución, sino también el sentido que se le ha venido dando en su aplicación. O lo que el proyecto llama interpretaciones acreditadas y consolidadas de cierto texto normativo, las cuales resultarían ser las transgresoras.
Otro aspecto que me parece muy relevante es el reconocimiento (del derecho a la vida familiar, pues dice al respecto:
De esta amplia protección que merece la familia, se desprenden una serie de garantías, entre ellas, el respeto a la vida privada y familiar, la cual está expresamente entendida como derecho humano en el artículo 12.1 y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este derecho a la vida familiar ha sido recientemente desarrollado por la Sala, el precedente que el proyecto menciona es el ADR 3859/20142 en donde se reconoce que el derecho a la vida familiar se encuentra protegido en el artículo 16 constitucional. ¿Qué tipo de relaciones o decisiones están cubiertas por la protección a la vida privada y familiar? La respuesta que da el proyecto es que todas aquellas que se encuentren dentro del ámbito de la relaciones familiares. Tal y como ya lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte, la familia más que un concepto jurídico es un concepto sociológico (AI 2/2010), de tal forma que “la base del grupo familiar se encuentra en la procuración de cariño, ayuda, lealtad y solidaridad.” El proyecto agrega lo siguiente:
…de las relaciones familiares se deriva la obligación de los padres de proporcionar a sus hijos lo necesario para vivir, pero también el derecho a participar, u opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación; y demás aspectos no patrimoniales. Dentro de este conjunto de derechos y obligaciones, se ubican diversas decisiones o actividades que encuentran protección en el derecho a la vida privada y familiar. Esto quiere decir, que ciertas decisiones sólo conciernen a la familia, por lo que el Estado no puede intervenir en ellas injustificadamente.
Y, por lo tanto, se concluye que una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, en particular para los progenitores, consiste en determinar el nombre de sus hijos, pues además de ser un lazo para con su familia (identidad), es un momento personal y emocional, razón por la cual queda circunscrito en su esfera privada, “…la elección del nombre de los hijos genera un vínculo especial entre estos y sus padres. Así, puede decirse que los padres tienen el derecho de nombrar a sus hijos sin injerencias arbitrarias del Estado. Este derecho no sólo implica el elegir el nombre personal de sus hijos, sino establecer el orden de sus apellidos.”
Con respecto al derecho al nombre, el proyecto se apoya en el precedente del amparo directo en revisión 2424/2011, en el cual se desarrolló el contenido del derecho al nombre al considerar que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad y, por tanto, la elección de éste está regida por el principio de autonomía de la voluntad y, en consecuencia, debe ser elegido libremente por la persona misma, sus padres o tutores, según sea el momento del registro, elección que puede ser sujeta de reglamentación estatal, siempre que no se vulnere el contenido esencial del derecho.
Así, pues, se concluye que la interpretación de la norma impugnada incide prima facie en el derecho a la vida familiar y el derecho al nombre, ambos reconocidos por la Suprema Corte.
En un segundo apartado, el proyecto corre el test de escrutinio estricto para determinar si la medida establece una diferenciación justificada constitucionalmente. En este sentido, determina primero si la finalidad es constitucionalmente válida. Se concluye que la finalidad perseguida con el orden de los apellidos si bien está anclada en el principio de certeza jurídica, la historia del orden de los apellidos muestra que se trata de una costumbre que perpetúa las relaciones de poder entre hombres y mujeres dada la naturaleza patriarcal de la familia. Ello no solamente no se encuentra protegido por la Constitución, sino se encuentra prohibido.
…el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Tal objetivo es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, el cual está reconocido en el artículo 4° de la Constitución, y artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará… el sistema de nombres actualmente vigente reitera una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como un integrante de la familia del varón, pues era éste quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia.
Así, la medida no pasa ni siquiera la primera grada del testpues se concluye que “En ese sentido, la prohibición que establece el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, perpetúa un propósito que es inconstitucional, pues busca reiterar un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar.” Y, por ello, se decide no realizar el análisis de las siguientes gradas pues no es posible analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de una medida que persigue un fin contrario a la Constitución.
Lo anterior, aclara el proyecto, no contraviene el principio de seguridad jurídica, pues se respeta el deseo de los padres respecto al orden de los apellidos de sus hijos y la experiencia comparada muestra que dicha libertad no afecta la estabilidad y seguridad que debe prevalecer en las relaciones familiares, pues puede precisarse que todos los hijos tengan el mismo orden de apellidos.
En este sentido, concluye que la negativa de la autoridad responsable de negar la inscripción de las niñas con los apellidos con el orden que las quejosas solicitaron, es inconstitucional en tanto el artículo en que se fundamenta sí lo es.
En consecuencia, se ordena a las autoridades del Registro Civil a expedir nuevas actas de nacimiento a las niñas, a fin de que los apellidos aparezcan en el orden deseado por los padres. Esto es, el apellido paterno de la madre primero y el paterno del padre después y se prevé que los futuros hijos de la pareja también lleven en ese orden los apellidos, con el fin de mantener un sistema que brinde seguridad jurídica sin restringir indebidamente el derecho a la vida privada y familiar.
Otro aspecto que me parece de enorme relevancia es el reconocimiento del derecho a la vida familiar del artículo 16 constitucional, pues tradicionalmente el “derecho a la familia” ha sido desprendido siempre del artículo 4to, el cual protege la cara objetiva de éste, es decir, el artículo 4to constitucional protege el aspecto positivo del derecho a la familia que implica que el Estado deberá garantizar la protección y desarrollo de ésta a través de acciones positivas (políticas púbicas, leyes). Pero hasta apenas unos meses, la Corte, al reconocer el derecho a la vida familiar, da cabida en nuestro orden jurídico al aspecto negativo del derecho a la familia, esto es, a la obligación del Estado de abstenerse de intervenir en las relaciones de familia o en el desarrollo de la vida familiar, sin una causa justificada, lo cual incide directamente en cuestiones como la que este proyecto aborda.
Por último, merece destacarse la cuestión respecto de la inconstitucionalidad de la norma por la interpretación consolidada que se le ha dado, esto es, aunque la norma textualmente no discrimine, la interpretación que se le ha dado sí lo hace y, por ello, es contraria a la Constitución. Al tratarse de un amparo en revisión, la norma continúa vigente hasta que no se realice la declaratoria general de inconstitucionalidad que el artículo 107 constitucional prevé. Sin embargo, resulta importante reconocer que las normas pueden ser invalidadas porque su concretización es contraría los principios fundamentales. Ahora resta esperar la votación del resto de los ministros integrantes de la Primera Sala que definirán la suerte de este proyecto de sentencia.
1 las versiones públicas de las sentencias deben ocultar los datos personales de las partes, por lo general se utilizan diez asteriscos, afortunadamente en esta ocasión se utilizan otros medios para proteger los datos de las partes y permitirnos leer la sentencia
2 En dicho asunto, que versó sobre si un padre que no había perdido la patria potestad sobre su hijo tenía el derecho a participar en el proceso de adopción del menor, se determinó que éste estaba protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar, y se hizo notar su naturaleza de derecho humano.
En una nota pasada adelanté que la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo directo en revisión 1754/2015 sobre “doble jornada”, estableció criterios novedosos respecto los derechos de las personas adultas mayores. Sobre esta cuestión me voy a enfocar ahora.
En breve, el caso gira en torno a una mujer mayor de 67 años que demandó a su ex cónyuge el pago de la pensión alimenticia por compensación. Pues a pesar de tener una pensión por jubilación, ésta no era suficiente para sufragar sus gastos para mantener un nivel de vida digno. El enfoque fue el derecho a una vejez digna, como subespecie del derecho a una vida digna.
La Sala resolvió con fundamento tanto en el principio de dignidad, como en el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de género y de edad. Esto debido a que los ministros consideraron muy relevante la realización de una interpretación sistemática de los derechos humanos que atienda a las realidades de las personas mayores para fijar los criterios que deban atender los juzgadores a la hora de resolver conflictos relacionados con personas mayores.
La sentencia explica que en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012, el número de personas de 60 años y más ascendía a 10.9 millones. Lo que representaba el 9.3% de la población total, además de que según datos censales de 2010, en 26.1% de los hogares cohabitaba al menos una persona de 60 años y más. Asimismo, siguiendo al CONEVAL, en 2012, 43.2% de los adultos mayores se encontraban en una situación de pobreza multidimensional. En este sentido, la sentencia destaca que el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez se hace más notoria. En 2012, la base es más angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor, mientras que la participación relativa de adultos mayores pasa de 6.2% a 9.3% y se espera que en 2050 sea de 21.5%.
En este contexto, la Sala realizó un análisis sobre los derechos de las personas adultas mayores, pues “a pesar de que en nuestra Constitución no existe una norma expresa que reconozca los derechos de los adultos mayores, dada su factible situación de vulnerabilidad en muchos casos, deben extraerse éstos del principio igualdad y no discriminación, así como del principio de dignidad que irradia sobre nuestro sistema constitucional”.
En efecto, la interpretación realizada parte del último párrafo del artículo 1° constitucional que prohíbe la discriminación por razón de edad o por cualquier otra razón que atente contra la dignidad humana.1 En este sentido, resulta que las personas adultas mayores, en razón de su edad y de su general estado de vulnerabilidad, requieren de una protección reforzada por parte del Estado para resguardar sus intereses y derechos frente a cualquier acto que los violente o transgreda.
Es muy relevante que la Sala haya aclarado que al no ser un grupo homogéneo, como lo son, por ejemplo, los menores de edad, los adultos mayores no gozan de una presunción de necesidad. Esto significa que, “efectivamente, hay adultos mayores que no se encuentran en estado de vulnerabilidad, que gozan de salud, que no sufren violencia por parte de familiares o terceros, que no son explotados o que tienen los medios económicos para subsistir de manera independiente.” Sin embargo, aclaró que es verdad que “existen números, cada vez más altos, de adultos mayores que sufren discriminación, trato indigno, violencia. En este sentido, es que resulta necesario pronunciarse sobre esta especial situación que los juzgadores deberán tomar en cuenta.”
La Sala destaca que para resolver cuestiones relacionadas con adultos mayores, no se ha desarrollado un grupo de principios que apuntalen la interpretación de las normas para proteger sus derechos. De tal manera, que hasta ese momento no existía una perspectiva constitucional para abordar el fenómeno del envejecimiento. En respuesta, los ministros fijaron los siguientes criterios que deberán atender los juzgadores a la hora de resolver conflictos relacionados con personas mayores, pues se reconoce que es obligación del juzgador tomar en consideración el especial contexto en que se encuentra una persona adulta mayor para resolver los asuntos sometidos a su atención.
• Identificar si la persona se encuentra en algún estado o situación de vulnerabilidad2 que merezca una atención concreta por parte del juzgador o, en su caso, pueda encontrarse en un estado o situación de vulnerabilidad con la decisión que se llegase a tomar.
• Tomar en consideración los intereses y derechos de la persona adulta mayor para protegerlos con una mayor intensidad en los casos en que éstos pueden verse menoscabados o transgredidos por una decisión que no los considere y agraven o provoquen su situación de vulnerabilidad.
• Respetar siempre la autonomía de la persona adulta mayor, tomando en consideración la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentre o pueda llegar a encontrarse debido a su edad o estado de salud.
• Respetar el derecho a expresar su opinión, aun y cuando por su estado de vulnerabilidad se considere que no está en condiciones para manifestarse.3
• Suplir la deficiencia de la queja para proteger sus derechos y preservar sus intereses en caso de que se detecte una situación o estado de vulnerabilidad.
Con esto, la Primera Sala estableció una serie de lineamientos para resolver asuntos relacionados con personas adultas mayores; de tal manera, que los juzgadores deberán atender al contexto de envejecimiento específico en que la persona se encuentra y adoptar una perspectiva que tome en consideración el posible estado o situación de vulnerabilidad en que pueden encontrarse debido a su edad.
Ahora bien, también resulta muy relevante destacar que la Sala aclaró que el juzgador deberá considerar que habrá adultos mayores que, por su situación de no vulnerabilidad, no requieran que se les apliquen dichos lineamientos. Pues la finalidad de éstos es equilibrar una posición de desventaja que por su edad presentan generalmente los adultos mayores en aras de proteger su dignidad y sus derechos. En breve: no es lo mismo Carlos Slim de 75 años que pelea en tribunales el cumplimiento de un contrato, que una mujer indígena de la misma edad que ha sido despojada por una empresa transnacional de su terreno o que un hombre millonario de 65 con Alzheimer que es víctima de abuso y sus familiares buscan depositarlo en una casa de ancianos en condiciones indignas. Por ello, se debe atender al contexto de cada persona y, justamente, esa es la finalidad de la adopción de una perspectiva de envejecimiento.
Con lo anterior, la Sala se coloca a la vanguardia de la difícil tarea de concretar los derechos humanos para grupos vulnerables. Pues si bien los adultos mayores son un grupo que va en aumento, queda todavía mucho trecho en la discusión acerca de la garantía de sus derechos en los contextos de vulnerabilidad. Prueba de ello es la tan reciente adopción de una convención4 que proteja sus derechos.
1 Cabe hacer referencia que existen diversos compromisos internacionales, como la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores o los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad que dictan la pauta para realizar acciones tendientes a garantizar los derechos de las personas adultas mayores, pero también sirven como lineamientos para una interpretación de los derechos humanos que atienda a la realidad que las personas mayores viven, con la finalidad de garantizar su dignidad, sus derechos, conservar su autonomía, preservar su posición de igualdad y resguardar sus libertades, pero también, en caso de que lo requieran, reciban un trato diferenciado que proteja su dignidad y sus intereses frente a situaciones de abuso, pobreza, discapacidad, desprotección, discriminación, mal trato, violencia, explotación, entre otros. Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012)
2 La vulnerabilidad incluye cuestiones como la discriminación, maltrato, negligencia, deterioro en la salud, enfermedades degenerativas y/o terminales, estado de necesidad, violencia, entre otras que puedan lesionar o lastimar moral o físicamente a los adultos mayores.
3 Ello implica que los juzgadores deberán justificar razonadamente sus decisiones, cuando éstas contradigan los deseos u opiniones de los adultos mayores, siempre y cuando éstas deban ser tomadas por el juzgador.
4 En el 45º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, se adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y fue firmada por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. Este instrumento tiene como objetivo proteger los derechos humanos de los adultos mayores y reafirmar diversos compromisos internacionales en la materia. México no ha firmado la Convención.
El marido solicitó el divorcio y el correspondiente juez en su sentencia determinó que la mujer no tenía derecho a percibir pensión alimenticia por compensación pues ya recibía una pensión por jubilación. Lo cual, a su juicio, sería suficiente para sufragar sus gastos. La justificación del juez fue que al haber tenido un empleo remunerado, la mujer no tendría derecho a la pensión, toda vez que ésta es para el cónyuge que realiza labores del hogar de manera exclusiva.
Sin embargo, la mujer apeló la sentencia argumentando que ella padece osteartrosis degenerativa e hipertensión arterial. Padecimientos que conllevan gastos que no puede sufragar con lo que recibe por su jubilación; además de que es violatorio de sus derechos y del principio de igualdad el hecho de que no se tome en consideración el doble esfuerzo que ella realizaba para tener un empleo y realizar trabajo doméstico en casa.
Su asunto llega a la Primera Sala en revisión pues le fue negado el amparo. La Sala, por su parte, le concedió el amparo a propuesta del ministro Zaldívar, para efecto de que se revise si realmente se encuentra en un estado de necesidad y si el exmarido puede otorgarle una pensión alimenticia.
La Sala concluyó que sí se tiene derecho a la pensión alimenticia por compensación aunque se realice trabajo remunerado fuera del hogar, en caso de que se hayan realizado tareas del hogar, lo cual establece un criterio relevante para el equilibrio de las tareas del hogar.
La Sala ha explicado que la pensión alimenticia compensatoria no se constriñe solamente al deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. De tal manera que un cónyuge que ha realizado las tareas domésticas, además de haber realizado un empleo remunerado, y que no ha logrado proporcionarse los medios necesarios para su subsistencia, deberá tener acceso a dicha pensión.
Otro criterio novedoso que estableció este caso fue la perspectiva de envejecimiento, a partir de la cual se determina que cuando se trata de adultos mayores los juzgadores deberán decidir acerca de la necesidad de recibir pensión a partir de lo que se demuestre, sin partir de un razonamiento presuntivo de que no la requieren.
Lo anterior tiene sentido pues atiende fundamentalmente dos cuestiones: por un lado, compensa las labores domésticas y de cuidado realizadas en doble jornada, lo cual implica un requilibrio en la división del trabajo doméstico y; por otro, garantiza la vejez con dignidad, pues es un derecho reconocido en el orden jurídico mexicano el acceso a una vida adecuada y digna.
Los argumentos de la Sala resultan muy relevantes pues tocan dos temas de suma importancia para apuntalar el principio de igualdad: la eliminación de estereotipos de género y la perspectiva de envejecimiento. En este texto quisiera enfocarme en el primero:
La sentencia realiza un análisis sobre los estereotipos acerca de los roles que mujeres y hombres deben cumplir dentro de la familia. Es decir, la división entre los roles reproductivo y proveedor, que tienen como consecuencia la división sexual del trabajo, lo cual tiene efectos negativos en la vida laboral y productividad económica de las mujeres. La Sala concluye que “las mujeres, al realizar de manera exclusiva las labores domésticas y de cuidado, están realizando el género. Se adecuan a estereotipos prescriptivos que pueden tener efectos negativos en sus proyectos de vida y que además, suelen tener impactos que les perjudican en lo personal, económico, laboral y/o social.”
Según la CEPAL, en 2009, las mujeres soportan una sobrecarga de trabajo y demandas exigentes sobre su tiempo en la medida que continúa su rol tradicional, a lo que se suma el papel que desempeñan en la vida laboral. Sobrecarga que limita el tiempo disponible de las mujeres para el desarrollo de actividades que generen ingresos y afecta negativamente su empleabilidad y el acceso a empleos de calidad. Por lo tanto, el desarrollo de las mujeres es obstaculizado por una distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual al mercado laboral.
No solamente el tiempo total que las mujeres empleadas destinan a su trabajo remunerado y no remunerado es por lo general desigual al de los hombres empleados, sino que el trabajo que realizan en casa es distinto al de ellos. El de ellos es generalmente más discrecional, no repetitivo ni sujeto a horarios, el de ellas por contrario, es habitualmente más arduo, menos flexible y más propenso a sufrir interrupciones. Pensemos en hacer el desayuno, levantar y vestir a los niños para ir a la escuela, darles de desayunar, lavar los platos, llevarlos a la escuela y por el otro lado, pensemos en podar el pasto, arreglar la chapa de la puerta, colgar el cuadro.
El rol de madre, dice la Sala, produce una serie de obligaciones y expectativas en la mujer que la orillan a un uso del tiempo diverso al de los hombres que son padres. La idea de “una buena madre” lleva a muchas mujeres a completar jornadas dobles de trabajo, siendo ambos, el remunerado y el del hogar, inaplazables.
En efecto, procede la sentencia, la disparidad de género en el ámbito familiar, también se refleja en el ámbito laboral. México se encuentra entre los países con mayor brecha salarial1 y con las tasas más bajas de participación laboral de las mujeres.2
La discriminación salarial, según un estudio3 realizado por el Inmujeres, se debe principalmente a los siguientes factores: el efecto que tiene sobre sus carreras el rol que les es asignado como amas de casa y madres (el principal compromiso es con su familia); la participación laboral de las mujeres decrece durante los primeros años de sus hijos; los salarios son menores porque su nivel de instrucción es menor; la percepción de que el trabajo de las mujeres es secundario y es temporal; los costos laborales son mayores al contratar mujeres, entre otras razones.
Es de enorme relevancia que la Corte reconozca esto, pues la disparidad en la remuneración del empleo y la doble jornada contribuyen a la pobreza de la mujer,4 y, también, a una vejez indigna.
En suma, el género da forma al uso del tiempo y a su cualidad. Las mujeres salimos a trabajar, pero las labores del hogar y tareas de cuidado siguen siendo “obligación nuestra”. Hace falta que los hombres participen en estas labores, no que ayuden, sino que se responsabilicen de sus hogares y sus familias. Pero también hace falta que los empleadores comprendan que los hombres, también tienen hogar y familia. Lo cual significa que tengan la misma flexibilidad y los mismos derechos que las mujeres y, sobre todo, que no se exija como prueba de lealtad trabajo en horas extras y fines de semana o vacaciones, pues ello contribuye a la desigualdad de género.
En mi opinión, para lograr una verdadera igualdad familiar, hace falta una verdadera igualdad laboral, pero ello debe hacerse desde el punto de vista de la persona familiar y no, como hasta ahora, del trabajador individual pues ello, lo único que ha logrado es que las mujeres realicemos una doble jornada laboral.
Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace
1 De acuerdo con el índice de brechas de género globales de entre los 56 países estudiados, México se encuentra en el lugar número 52 y del subconjunto, México se encuentra en el último lugar de América Latina en cuestiones de igualdad de género. Según un estudio del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, A.C. “Evolución de la brecha salarial de género en México” de Arceo Gómez, Eva O. y Campos Vázquez, Raymundo M., agosto de 2013. Documento de trabajo Núm. VII-2013. Consultable aquí.
2 Según el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 “salarios y desigualdad de ingresos” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a escala mundial, se estima que la brecha de remuneración entre hombres y mujeres es de un 22.9% promedio, es decir, la mujer gana el 77.1% de lo que gana un hombre, y se estima que en México, este promedio sea de entre el 15 y el 20%, pese a que hombres y mujeres realizan el mismo trabajo.
3 Las Mexicanas y el Trabajo II. Estudio del Instituto Nacional de la Mujer, publicado en septiembre de 2003. Consultable aquí.
4 Existen numerosos estudios e iniciativas sobre la “feminización de la pobreza” y los roles de género precisamente, contribuyen a ello. Ver por ejemplo: CEPAL, UNIFEM, República de Italia, Unidad mujer y desarrollo (2004). Entender la pobreza desde la perspectiva de género o Sen, A. (1990), “Gender and Cooperative Conflicts”, en Tinker, I. (ed.), Persistent Inequalities. Women and World Development, University Press, Oxford.
Homosexualidad, adopción y la familia plural
El pasado jueves 6 de agosto inició la discusión en el Pleno de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley de Sociedades de Convivencia del estado de Campeche.1 Este artículo, impugnado por la Comisión de los Derechos Humanos del ese estado, prohibía la adopción conjunta para las parejas unidas bajo esta figura e impedía compartir la patria potestad de los hijos. El proyecto estuvo a cargo de la ministra Luna quien salió de encargo esta semana, por lo que a partir del lunes la ponencia estuvo a cargo del ministro Cossío.
El proyecto propuso invalidar la norma por considerarla discriminatoria, la propuesta obtuvo 9 votos favorables y uno en contra del ministro Medina Mora. Sin embargo, las razones que les llevaron a resolver la invalidez de la norma fueron muy diversos y son los que quisiera discutir aquí:
El proyecto original proponía invalidar la norma por establecer una distinción (prohibición general) injustificada pues las personas que celebran un contrato de convivencia se enfrentan a un trato diferente de aquéllas que no lo han hecho y porque tal prohibición es violatoria de los derechos humanos a la no discriminación y a la protección y desarrollo de la familia. El proyecto concluía que “pensar que la Constitución exige excluir del régimen legal que discipline el régimen de adopción a una categoría entera de personas implica caer en un razonamiento prohibido constitucionalmente [pues] en el caso de la adopción, lo que exige el principio del interés superior del menor es que la legislación aplicable permita delimitar el universo de posibles adoptantes, sobre la base de que ofrezcan las condiciones necesarias para el cuidado y desarrollo del menor, claramente establecidas en ley, para que, de esta forma, la autoridad aplicadora evalúe y decida respecto de la que represente su mejor opción de vida.”
En el Pleno, los días 10 y 11 se discutieron las razones por las que 9 de los 10 ministros presentes estarían en contra de la constitucionalidad de la medida, debido a que el lunes la discusión se dispersó en diversas consideraciones; el ministro Cossío elaboró un “guión” que contenía una nueva propuesta y fue este el que se discutió el día martes.
Los argumentos de los ministros básicamente fueron tres:
1) Derecho a fundar una familia
El argumento fuerte del proyecto fue precisamente que la norma establecía un trato diferente arbitrario para las personas que se unen bajo la figura de sociedades de convivencia al prohibirles adoptar de manera conjunta y que eso violaba su derecho a fundar una familia. Asimismo, sostuvieron en la línea argumentativa de la acción de inconstitucionalidad 2/2010 que la Constitución protege todos los tipos de familia al ser éste un concepto sociológico y que por tanto está vedada la discriminación de familias que no se ajusten a un modelo específico.
2) Interés superior del niño
La adopción debe atender a la idoneidad del adoptante y al interés superior del menor y no puede ex ante descartarse a ciertas personas por la unión civil en que se encuentran o su orientación sexual. Esta fue también una reiteración mutatis mutandis de los criterios aplicados al caso del matrimonio en el D.F.
3) Principio de igualdad y no discriminación
En este punto fue donde se presentó la discrepancia entre los ministros, el ministro Cossío, como ponente, descartó que se tratara de un problema de discriminación pues en su opinión se trata de una violación al derecho a fundar o constituir una familia pues el legislador lo limita sin una justificación razonable y esto no está relacionado con ninguna categoría sospechosa sino con el principio de igualdad respecto del ejercicio del derecho a la familia. Es decir, el ejercicio a realizar se limita a un análisis de razonabilidad de la medida.
Por otro lado, los demás ministros se refirieron a la discriminación por categorías sospechosas, encontrando que la distinción con respecto a otras uniones estaba basada en el estado civil de los convivientes (además de que cinco ministros reconocieron la discriminación implícita por orientación sexual). Reconocer que se trata de una violación al artículo 1° y que por ende, se da un trato diferente por alguna de las categorías sospechosas enumeradas en el último párrafo de ese artículo implica que para analizar la constitucionalidad de la medida se debe correr un test de escrutinio estricto.
a) Discriminación por estado civil
Al final este fue el argumento que prevaleció. Los ministros se decantaron porque la norma impugnada lastima el derecho a formar una familia de las personas por el tipo de unión que eligieron, se refirieron a la vulneración de su derecho a solicitar la adopción conjunta de menores debido a la institución que habían elegido (la sociedad de convivencia). El ministro Pardo explicó que “el tema de desigualdad que conduce necesariamente a un trato discriminatorio, se da en función del tipo de convivencia que se da en estas sociedades… [y] las leyes no deben prever un tipo ideal de familia.” Fundamentalmente, el voto de los ministros en esta cuestión se basó en la idea de que el legislador arbitrariamente estableció una diferencia para todas las parejas (respecto del derecho a adoptar) basada en el tipo de unión civil que habían elegido y eso, concluyeron, es contrario al principio de igualdad y al derecho a fundar una familia pues estaría, de manera implícita, estableciendo tipos ideales, lo cual está vedado por nuestra Constitución.
El argumento del ministro Zaldívar giró en torno a esta cuestión pues a su modo de ver, el punto toral de la inconstitucionalidad se encuentra en la discriminación de las parejas del mismo sexo ya que de no ser por su exclusión de la institución matrimonial, no habría inconstitucionalidad en la figura al no encontrar un límite constitucional para la facultad de legislador. En su opinión, el sistema del estado de Campeche, al no permitir que las parejas del mismo sexo accedan al matrimonio, las discrimina y les da un trato diferente al prohibirles adoptar, pues son a éstas a quienes finalmente se afecta, ya que las parejas heterosexuales pueden acceder al matrimonio o al concubinato para conformar sus familias y decidir qué tipo de figura prefieren. Es decir, el ministro encuentra una discriminación implícita a las parejas del mismo sexo por cuanto que no tienen otra alternativa para formalizar legalmente sus relaciones familiares. Y derivado de ello, es que se lastima su derecho a fundar una familia.
La construcción de su argumento gira en torno a la discriminación implícita que lleva el sistema al impedir a las parejas del mismo sexo unirse en matrimonio o en concubinato. Si el Estado de Campeche permitiera a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio, la prohibición no sería inconstitucional, toda vez que el legislador puede diseñar distintas instituciones con distintos derechos, siempre y cuando no hubiera discriminación para ingresar a ellas y ello, en su opinión no atenta al principio de igualdad para el ejercicio del derecho a la familia, toda vez que las personas pueden elegir entre las tres figuras.
Los ministros Gutiérrez, Pardo, Silva, Sánchez Cordero y Aguilar compartieron la postura de que la medida implica una discriminación implícita por orientación sexual. Pienso que este argumento podría ser complementado con el concepto de discriminación por estigmatización que la Primera Sala de la Corte ha desarrollado. En la votación, los ministros se pronunciaron de la siguiente forma: 9 a favor del proyecto. 9 a favor de la vulneración al derecho a fundar una familia y del interés superior del niño. 8 a favor de la discriminación y 9 a favor de la inconstitucionalidad del precepto.
La sentencia final quedó a cargo del ministro Gutiérrez pues, por un lado, la ministra Luna quien fuera la ponente estuvo ausente de la discusión, encargando el proyecto al ministro Cossío, quien con su propuesta no convenció a la mayoría fundamentalmente en el tema de discriminación.
Es muy relevante aclarar tres cosas:
1. La decisión afecta únicamente al estado de Campeche, es decir, los estados en donde existen figuras similares a las sociedades de convivencia (como lo son Coahuila, Chihuahua, Jalisco, el D.F. o Quintana Roo) no se verán afectados directamente por la determinación. Si bien se trata de un criterio, la decisión fue invalidar la norma campechana, nada más.
2. La decisión no trató sobre la constitucionalidad in genere de la prohibición de adoptar para las parejas del mismo sexo. La consulta trató sobre el artículo 19 de la Ley de Sociedades de Convivencia del Estado de Campeche, no más no menos. Si bien el Pleno trató la cuestión, y en específico el ministro Zaldívar fue muy insistente con la discriminación implícita que conlleva la prohibición para las parejas del mismo sexo, la Corte no analizó ese problema frontalmente.
3. Los efectos de la decisión son invalidar totalmente el artículo 19 de la Ley de Sociedades de Convivencia. Nada más.
Lo anterior quiere decir que, tenemos un criterio del Pleno sobre la prohibición para adoptar para las parejas del mismo sexo derivado de las discusiones. Pero no una decisión obligatoria y firme, al menos no hasta que se haga pública la sentencia final.
Nota aclaratoria sobre la votación: de los 8 ministros que encontraron que una de las razones para invalidar la norma era la discriminación, 5 consideraron que ésta se daba por razón de la orientación sexual, pues la norma pretendía excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar un hijo. Por lo que, al ser la mayoría dentro de la mayoría (5 de 8), es éste el criterio que prevalece y no, como pudiera entenderse en este post que lo es el criterio de discriminación en general.
1 Artículo 19.- Los convivientes no podrán realizar adopciones en forma conjunta o individual. No podrán compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro. Es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga esta disposición.
Para justificar la candidatura a ministro, el presidente de la Republica debiese explicar cómo realizó el ejercicio de toma de decisión explicando los principios y valores que lo guiaron, además de justificar ante la opinión pública cómo es que el candidato en cuestión cumple con los requisitos subjetivos que establece el último párrafo del artículo 95: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”
Así, pues, la falta de certeza sobre la realización de las comparecencias no abona a la transparencia y rendición de cuentas. El ciudadano interesado en seguirlas no tiene manera de saber con antelación sus formalidades y funcionamiento y a veces la comunicación del procedimiento no es eficaz. La cobertura en medios no es tampoco la deseable, la nota por lo general aparece, pero no de manera destacada. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda precisamente la existencia de reglas claras para las designaciones[1]: “[L]os Estados deben emitir de manera previa y públicamente las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos de fiscal, juez, jueza, defensora o defensor público.”
Además, al ser votación por cédula, no se sabe qué partido votó a favor del designado[2]. Se desconocen las razones por las que se votó en contra. En el caso de la designación de los ministros Pérez y Gutiérrez, por ejemplo, no hay inclusive registro en el Diario de los Debates sobre los votos que no fueron para ellos; es decir, no se sabe si se votó por los otros dos candidatos o hubo abstenciones.
El problema no es una mera teoría, Estados Unidos es un buen ejemplo. Las tendencias con las que la Corte resuelve están relacionadas con el juego de fuerzas políticas en la Casa Blanca y el Capitolio. En Alemania tradicionalmente se han dividido las designaciones entre los dos grandes partidos (Cristianodemócrata y Socialdemócrata).
La participación directa del Senado mexicano en la designación de ministros, con dos partidos fuertes como lo son el PRI y el PAN (a pesar de existir un sistema tripartita, en el Senado de la República la izquierda tiene poco peso en las decisiones) y el sistema de ternas, hacen que la designación de ministros caiga directamente dentro de la arena política, es decir, en el reparto y negociación entre el PRI y el PAN. El proceso se presta a la negociación entre ambos partidos y a la designación de ministros fieles a éstos. Al cooptarse la designación por los dos partidos más fuertes, el sistema necesariamente se cierra y se vuelve incontrolable pues una mayoría calificada secuestra el procedimiento.
En este sentido, sería deseable la participación de la sociedad civil[3] en la nominación de candidatos a integrar las ternas, así como aumentar el quórum para las sesiones, la justificación del voto y que la comisión de justicia del Senado, o la que esté encargada de las comparecencias, tuviese una composición equilibrada, estando obligada a recomendar a un candidato al Pleno por medio de un dictamen razonado y justificado.
[1]Mientras esto se escribe, la Comisión de Justicia en el Senado publicó su acuerdo acerca de las reglas a que se someterán las comparecencias para los tres candidatos.
[2]Se entiende que el voto por cédula tendría como finalidad precisamente desvincular al ministro electo de un partido o fracción política, sin embargo, no se logra (es evidente por el número de votos) y resta responsabilidad a los senadores sobre el voto emitido.
[3]El acuerdo de la Comisión de Justicia prevé en sus puntos 7 y 8 la participación indirecta de la sociedad civil a través del envío de información, opiniones y preguntas.

References: artículo 58
 artículo 1
 artículo 58
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 58
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 19
 Artículo 19
 artículo 95