Source: https://elderecho.com/confinamiento-involuntario-de-infectados-por-covid-asintomaticos
Timestamp: 2020-07-04 13:03:43+00:00

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Confinamiento involuntario de infectados por COVID asintomáticos - El Derecho
Confinamiento involuntario de infectados por COVID asintomáticos
Foro 10-06-2020 Coordinador: Gemma Gallego
A partir del Decreto 463/2020, de 14-3 -EDL 2020/6230-, dictado para la declaración del estado de alarma en que se encuentra nuestro país, en orden a la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, muchas han sido las restricciones que venimos padeciendo como ciudadanos, en nuestros derechos constitucionales.
El actual escenario de la «desescalada por fases» del confinamiento, mantiene la misma línea de recorte de derechos fundamentales y las autoridades sanitarias gubernamentales sugieren, en ocasiones, la adopción de determinadas situaciones futuras -nada tranquilizadoras- como la de proceder en lo venidero, y tras la práctica de los oportunos tests de contraste del virus al mayor número de ciudadanos posible, la continuidad en el confinamiento de quienes resulten asintomáticos, en orden a evitar el riesgo de propagación, que se antoja el mejor modo de prevención.
Ninguna cuestión se plantea, obviamente, cuando de forma voluntaria el afectado por el covid aceptara continuar en el confinamiento que propone la autoridad. Pero sí surgirá el debate cuando tal medida, resulte contraria a la voluntad de quien ha de resultar confinado; escenario en el que se plantea una doble cuestión de compleja resolución.
Por un lado cabe preguntarse si la decisión de proceder a ese confinamiento involuntario de cualquier ciudadano que presente marcadores del virus, puede adoptarse exclusivamente por los organismos y autoridades sanitarias, en aras a salvaguardar ese bien común prevalente que es la salud pública; decisión que -se considera- podría enmarcarse en el estado de alarma decretado por el gobierno. Esto suscita ya la discusión frente a quienes consideran que, los amplísimos poderes conferidos y ejercidos por el gobierno durante el estado de alarma no pueden enervar, para tal confinamiento obligado, la necesidad de contar con una autorización judicial.
Por otro lado, y de admitirse que así debe de ser, se plantea la siguiente.
Partiendo de que el confinamiento involuntario exigiría por tanto, pronunciamiento judicial, cuál sería el juez competente para ordenarlo y cuál el procedimiento adecuado, habida cuenta de que diferentes procesos de naturaleza civil, contencioso-administrativa o penal, cuentan con procedimientos previstos para el internamiento forzoso o involuntario de ciudadanos, cuando concurran determinadas circunstancias.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", en mayo de 2020.
El análisis de la cuestión debiera comenzar, quizás, por la inconsti...
El análisis de la cuestión debiera comenzar, quizás, por la inconstitucionalidad de las medidas que acompañan al RD 463/2020 de 14 marzo -EDL 2020/6230 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en lo relativo a la libertad de circulación que el art.7 de dicho Real Decreto -EDL 2020/6230 recoge en tanto que durante el estado de alarma «las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades -…-: a adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad b asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios c desplazamiento al lugar de trabajo -… d retorno al lugar de residencia habitual e asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables f desplazamiento a entidades financieras y de seguros g por causa de fuerza mayor o situación de necesidad h cualquier otra actividad de análoga naturaleza».
Pues bien, si la libertad de circulación está contemplada en el art.15 CE -EDL 1978/3879-, de acuerdo con lo que establece el art.55 de la misma este derecho fundamental solo puede ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Dicho esto resulta que no son limitaciones de la libertad de circulación lo que establece el Real Decreto antes mencionado -limitaciones a un derecho fundamental, las cuales son posibles constitucionalmente hablando como tiene declarado el Tribunal Constitucional al decir que los derechos fundamentales no son absolutos, sino que son susceptibles de límites explícitos o implícitos que, en todo caso, respeten su contenido esencial, como se deduce de lo dispuesto en el art.53.1 CE -EDL 1978/3879- toda vez que si la libre circulación es la «libertad de movimientos en abstracto», esto es, la libertad de deambulación de los ciudadanos sin injerencia y sin obedecer a una finalidad, en tanto que el artículo 7 del Real Decreto ya aludido no permite esa deambulación libre sino sujeta a condiciones y supuestos tasados no se respeta el contenido esencial del derecho. Pero además el art.20 de la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio -LO 4/1981 de 1 de junio -EDL 1981/2619 prevé la adopción de ciertas medidas relacionadas con la libertad de circulación en caso de declaración del estado de excepción como son «la prohibición de la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad», medidas que son incluso menos limitadoras que las que contempla el art.7 del Real Decreto -EDL 1981/2619 y que no están siquiera previstas para el estado de alarma en la LOEAES. En consecuencia, cabe concluir que nos encontramos ante una suspensión de la libertad de circulación que no es posible en un estado de alarma, debiendo añadirse además que toda limitación de un derecho fundamental ha de realizarse mediante ley orgánica.
Es obvio que las anteriores consideraciones alcanzan al confinamiento de personas asintomáticas que padecen Covid-19 en lugares establecidos ad hoc. Sin embargo, la cuestión que se nos plantea más allá de la reflexión general realizada es de extraordinario interés puesto que se trataría de la limitación de un derecho fundamental, el derecho de libre circulación recogido en el art.19 CE -EDL 1978/3879 y aun el derecho fundamental a la libertad recogido en el art.17, en aras a la protección de un derecho también previsto en la Constitución en su art.43.1, el derecho a la protección de la salud.
El Tribunal Constitucional ha situado el derecho a la salud como fundamento del derecho a la vida y la integridad física y moral contemplado en el art.15 CE -EDL 1978/3879-. Así en STC 5/2002 -EDJ 2002/422 señalaba que «el derecho a la salud, o mejor aún, el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal, queda comprendido en el derecho a la integridad personal del art.15 de la Constitución -EDL 1978/3879-, si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho a la integridad física y moral, sino tan solo aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma».
Lo que sucede es que el derecho a la salud en este caso no es la salud individual del confinado por cuanto que hablamos del confinamiento de personas que padecen Covid-19 pero asintomáticas, sino la salud colectiva y por extensión la vida e integridad física de todos y cada uno de los ciudadanos que componen la sociedad.
Pues bien, con todo, si nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en la Constitución y en los casos y en la forma previstos en la ley, como reza el art.17 CE -EDL 1978/3879-, solamente si hay consentimiento del confinado cabe esa posibilidad de confinamiento de que hablamos. Fuera de ese supuesto, el del otorgamiento del consentimiento por el confinado, es necesaria autorización judicial. Ejemplo de ello es el internamiento involuntario por trastorno psíquico que prevé y regula el art.763 LEC -EDL 2000/77463 que es competencia del Juez de Primera Instancia del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.
Otro ejemplo de internamiento, radicalmente distinto al no tener relación con la salud, es el internamiento o los internamientos de extranjeros previstos en la LO 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España -EDL 2000/77463-, en particular, el internamiento como medida adoptada en el marco de un procedimiento sancionador con el fin de asegurar la ejecución de una eventual sanción de expulsión. En este caso, detenido un extranjero al que se le incoa un expediente sancionador con tal fin, cuando la expulsión no pueda verificarse en el plazo de 72 horas de la detención policial, se necesitará la autorización del Juez de Instrucción del lugar donde se produjo la detención para el ingreso en un Centro de Internamiento mientras se tramita el expediente sancionador.
Como vemos estamos ante dos supuestos de internamientos, diferentes, en los que se precisa intervención judicial.
Ahora debemos plantearnos en este caso de «internamiento» o confinamiento de personas con Covid-19 asintomáticas que nos ocupa quién ha de intervenir, si ha de ser el Juez de Primera Instancia o el Juez de Instrucción o debe serlo el Juez de lo Contencioso-Administrativo.
Sobre ello ha de tomarse como punto de partida la regulación que se contiene en la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública -EDL 1986/10073 que autoriza a las autoridades sanitarias a adoptar medidas cuando lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad siempre que se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas con el fin de controlar las enfermedades transmisibles -art.1, 2 y 3-. Se trata de medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control, medidas oportunas para el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato y las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Ciertamente y, aun cuando no se hace una concreción de medidas, se está otorgando a las autoridades sanitarias un amplio margen de discrecionalidad, el cual puede llegar hasta la adopción de esta medida que analizamos, el confinamiento de personas asintomáticas que padecen Covid-19 en lugares distintos de su domicilio.
Siendo ello así, adoptando las autoridades administrativas sanitarias esta medida, sucede que la L 29/1998 de 13 julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su art.2 -EDL 1998/44323 dice que «el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conoce de las cuestiones que se susciten en relación con:
Y en su art.8.6 párrafo segundo -EDL 1998/44323 señala que “asimismo corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro defecho fundamental”.
También la L 41/2002 de 14 de noviembre reguladora de la autonomía del paciente dispone en su art.9.2 a -EDL 2002/44837 que “los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento en los siguientes casos: a cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas en la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 -EDL 1986/10073 se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.”
De todos las anteriores leyes se puede concluir que ha de ser el Juez de lo Contencioso Administrativo el que autorice o ratifique las medidas, debiendo señalarse que en todo caso en las citadas normas no se regula ni el procedimiento de adopción de las medidas ni tampoco las facultades del Juez al autorizar o ratificar las medidas.
&nbspLa protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueren procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos».
ESCENARIO UNO -estado de alarma-
1.- En primer lugar,...
1. En primer lugar, la declaración del estado de alarma, por el D 463/2020 -EDL 2020/6230-, que lo hizo el gobierno al amparo de la LO 4/1981, de 1 de junio -EDL 1981/2619-, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, por la que se le habilita en el ejercicio de las facultades que le atribuye el art.116.2 CE -EDL 1978/3879 a su declaración, y que ha sido expresamente por una emergencia sanitaria por el COVID 19, concretamente al amparo de la declaración de la Organización Mundial de la Salud que elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ha determinado que las decisiones que se han ido tomando lo sean, según este decreto, para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, recogiendo expresamente que no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el art.55 CE, y mucho menos la anulación.
Por ello, el planteamiento no es exactamente que el derecho a la salud -y la seguridad de los ciudadanos, como dice el decreto prevalezca sobre el resto de derechos fundamentales, lo que habrá de entenderse sólo en caso de conflicto y, por tanto, solo cuando se realicen las actividades no permitidas por el decreto de alarma.
2. En segundo lugar, este decreto, y los posteriores, habilita a los Ministros -y a autoridades autonómicas y locales competentes a dictar órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
También dice que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, y que los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. Incluye entre los agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas.
De forma más concreta, el art.7 -EDL 1981/2619 establece la limitación de la libertad de circulación de las personas, y de los vehículos, que no anulación al permitir acudir a determinados lugares y realizar determinadas actividades, y el art.8 establece las requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, el art.9 la suspensión de la actividad educativa, el art.10 contempla medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. La permanencia en estos establecimientos será la estrictamente necesaria, evitar aglomeraciones, mantener distancia de seguridad. Finalmente el art.11 establece medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas.
Con la finalidad de garantizar la efectividad y cumplimiento de lo fijado, el art.20 regula el régimen sancionador, y dice que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el art.10 LO 4/1981, de 1 de junio -EDL 1981/2619-.
Por ello, en este primer escenario, y es lo vivido en estos días desde el 14/03/2020, el incumplimiento de lo aquí fijado ha determinado exclusivamente la imposición de sanciones en vía administrativa, lo que concuerda con lo fijado en la L 4/1981 -EDL 1981/2619 al fijar como autoridad competente el gobierno -artículo 7-, y que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes, administrativas sancionadoras en todo caso. Solo en el supuesto que esa actitud de incumplimiento, pudiera llegar a ser una desobediencia o resistencia, por las circunstancias propias del caso entendiéndose como agravada, es decir, no lo solo el incumplimiento sino la oposición expresa a hacerlo, con un plus al simple incumplimiento, podría encuadrarse en el tipo penal del art.556 CP -EDL 1995/16398-, siempre bajo el principio de intervención mínima del derecho penal. Así debe interpretarse cuando además ese mismo artículo resalta que si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las Autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario. La regulación es administrativa, la sanción administrativa con los órganos sancionadores administrativas, y solo, excepcionalmente, de la jurisdicción penal.
ESCENARIO DOS -reanudación actividad-
A la espera de la regulación de este escenario, y asumiendo que deja de tener vigencia el decreto del estado de alarma, habrá que estar, en primer lugar, a si se va a proceder a dictar un nuevo decreto de transición a la normalidad, en cuyo caso se aplicarían las disposiciones del mismo que, ha de entenderse en cuanto a la cuestión planteada, tendrían la misma solución, sanciones de incumplimiento en vía administrativa.
Así, si se adoptan medidas de control sanitario de los ciudadanos, a modo de determinar quién es portador de COVID 19 aún asintomático, y se determina la continuación de esa persona en confinamiento, serán las autoridades administrativas sanitarias quien lo acuerden y ordenen, sin que sea necesario autorización judicial para hacerlo. Esta misma situación es la que ha existido durante el estado de alarma en los casos de personas que han dado positivo en COVID 19.
La competencia para adoptar esas medidas de confinamiento específicas e individualizadas le corresponden a las autoridades administrativas sanitarias competentes, al amparo de lo regulado en la LO 3/1986 de 14 de abril de medidas especiales en materia de Salud Pública -EDL 1986/10073-, que establece en su art.2 «Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad» y en su art.3 «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
En el mismo sentido la L 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, que establece en el art.26.1 -EDL 1986/10228 «En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas».
Sobre las sanciones correspondientes, aparecen en la Ley General de Salud Pública 33/2011 -EDL 2011/217725 y en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil 17/2015 -EDL 2015/115520-.
La intervención judicial se produce en la ratificación de ese internamiento involuntario, lo que ha de entenderse siempre cuando la persona se oponga al mismo, de ahí su carácter de involuntario, y cuya competencia es de los juzgados de lo contencioso administrativo según el art.8.6 LJCA -EDL 1998/44323-, «Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental», todo ello con normativa específica relacionada con la salud pública, sin que sea aplicable la legislación de internamientos de extranjeros. Medida que podría adoptarla o ratificarla incluso inaudita parte -art.135 LJCA -EDL 1998/44323--, por carácter urgente y necesario, y que puede llevar aparejado por parte del Juez de lo CA el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dar cumplimiento a la misma. Esta normativa y competencia específica de los Juzgados CA excluye la competencia del Juez de Instrucción, ni como Juez de garantías, que solo actuaría en caso de deducción de testimonio cuando la conducta de oposición al cumplimiento del confinamiento involuntario, ratificado por el Juez de lo CA, supusiera una desobediencia en los términos antes dichos, ya con posible carácter penal.
Finalmente, en modo alguno procedería bajo estos parámetros y tal y como está planteada la cuestión, la jurisdicción civil sobre los internamientos involuntarios, art.763 LEC -EDL 2000/77463 cuya premisa es la incapacidad de la persona para decidir y que cumplimenta el juez, concretamente por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, lo que no ocurre en este caso que estaríamos ante un supuesto de oposición al confinamiento obligado, no de falta de voluntad, sino una voluntad obstativa al mismo.
La medida de Estado de Alarma está recogida en el art.116 CE -
La medida de Estado de Alarma está recogida en el art.116 CE -EDL 1978/3879 y desarrollada en la LO 4/1981 de Estado de Alarma, Excepción y Sitio -EDL 1981/2619-, donde se prevé su declaración ante, entre otras circunstancias, «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves». Extremo que se cumpliría con la pandemia que azota a España. Regulada la medida en los primeros 12 artículos del texto normativo, el artículo 11 refiere las medidas que se podrán acordar, y por lo que se refiere a la circulación de personas dice: «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas a ciertos requisitos.
Sin pretender entrar a determinar la calificación del estado que se ha acordado en los distintos y sucesivos Reales Decretos dictados por el Gobierno, lo cierto es que se ha procedido a la suspensión de derechos fundamentales: entre otros, la libertad deambulatoria y de movimientos suspensiones acordadas para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico. Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, se ha considerado indispensable proceder a la declaración del estado de alarma.
Pero la cuestión que se plantea recae sobre la hipotética decisión de determinar -en la etapa de desescalada o inicio de regreso a la «normalidad» la continuación obligatoria del confinamiento en locales habilitados a tal fin, a los ciudadanos que, asintomáticos sean portadores del covid 19.
¿Podría adoptarse por los organismos y autoridades sanitarias competentes en vía administrativa, en aras a salvaguardar la salud pública?
Porque ese hipotético escenario excede ya de lo que es una declaración de estado de alarma para introducirnos en un estado de excepción. En efecto, supondría una limitación de derechos fundamentales notoria y manifiesta. Y esta limitación de derechos fundamentales precisa de una cobertura legal que solo tiene encuadre, según nuestra CE -art. 55.1 -EDL 1978/3879--, bajo la declaración del estado de excepción o de sitio. Nunca bajo el estado de alarma. Este supuesto no está contemplado en el ya citado art.11 LO 4/1981 -EDL 1981/2619-.&nbspUna situación es el confinamiento domiciliario adoptado en el RD 14-3-20 por la que se prohibió a la población salir del domicilio más que para actividades imprescindibles y otra radicalmente distinta sería obligar a los ciudadanos a que abandonen sus domicilios si no lo aceptan de forma voluntaria. Por tanto sólo entiendo la adopción de esta medida en el hipotético caso de que cuando se generalizase el uso de los test, el ciudadano positivo asintomático, voluntariamente acepte ser trasladado a estos locales, con el fin de evitar sucesivos contagios al estar identificado con claridad en el sector de riesgo.
En el improbable supuesto de que el confinamiento fuera obligatorio, a mi juicio, debería ser el órgano jurisdiccional quien lo acordase recayendo la competencia en el juez de instrucción al incurrir en la limitación del derecho fundamental a la libertad deambulatoria.
La cuestión planteada, dependerá de que sigamos estando en una situac...
La cuestión planteada, dependerá de que sigamos estando en una situación de estado de alarma o no.
Dicha situación tiene un primer marco regulatorio en la Constitución, en su art.116.2 -EDL 1978/3878-, y a continuación en el desarrollo normativo que prevé dicho precepto, en la LO 4/1981, de 1 junio, de los estados de alarma, excepción -EDL 1981/2619 y sitio, en sus artículos 1 a 3 -en la parte que le atañe y específicamente en los arts.4 a 12.
Decretado el estado de alarma y en su caso prorrogado, conforme a las autorizaciones correspondientes del Congreso de los Diputados, la situación actual de confinamiento que rige, con las excepciones autorizadas, tiene su encaje legal en el art. 4 b de la citada LO 4/1981 -EDL 1981/2619-, dada la crisis sanitaria producida por el Covid-19, en relación con el art.12 en la medida en que «la Autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas,…»
Al respecto, cabe que señalar, que hay opiniones que consideran que dicha medida de confinamiento, que en definitiva supone una restricción casi total de la libertad de deambulación -art.17 CE -EDL 1978/3878- y a la libertad de elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional -art.19 CE -EDL 1978/3878--, no tienen encaje legal en el estado de alarma, sino que son propias del estado superior de excepción -art.13 a LO 4/1981 -EDL 1981/2619--.
En mi opinión, aunque solo sea por razones de moderación, prudencia política y evitación de una mayor crisis -art.1.2 LO 4/1981 -EDL 1981/2619--, la declaración del estado de alarma es suficiente -de hecho está dando resultado, sin perjuicio de que las medidas adoptadas, con base en el mismo, sean las más adecuadas o debieran haber sido implementadas antes y tiene el respaldo, igualmente, en la normativa ya apuntada , especialmente en cuanto a que por el tipo de crisis que sufrimos, sanitaria, la línea directriz de actuación deba ser la sanitaria y los procedimientos de contención de una infección masiva o pandemia.
Pero esto debe predicarse desde una situación como la inicial, en la que no se sabía, una vez despertados a la gravedad de la pandemia y sus efectos, quiénes y cuántos eran los afectados y sobre todo quienes eran los focos de contagio -algo que, cuesta pensar, todavía no se sabe a ciencia cierta-, por lo que había que actuar, ante el riesgo cierto de colapso del sistema sanitario español, con una medida tan contundente como el confinamiento de la población, con las excepciones pertinentes, claro está.
b En una situación posterior, quizá en la anunciada fase última o penúltima de desescalada y vuelta a la normalidad, la medida de confinamiento obligatorio global, va resultando más discutible, no solo en cuanto a su necesidad, sino en cuanto a su base normativa legalizadora, ya que la restricción de los derechos fundamentales ya señalados, va careciendo de razón de ser, al poder sustituirse por medidas de lucha contra el Covid-19 menos gravosas y probablemente igual o más eficaces, desde luego si también lo relacionamos con otras consecuencias colaterales: reactivación de la economía y recuperación de la normalidad, con la incidencia que ello tiene en la salud colectiva e individual.
c Desde luego, la desaparición del estado de alarma, dejará sin efecto inmediatamente, la medida de confinamiento, por mor de lo que dispone el art.1.3 L.O. 4/1981 -EDL 1981/2619-: «Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes.»
En dicha situación la posibilidad de confinamiento involuntario de personas que presenten marcadores del virus, no podrían ser acordadas por la autoridad administrativa sanitaria, ya que supondría restringir, limitar o simplemente suspender los dos citados derechos fundamentales: libertad de deambulación y de elegir libremente la residencia. Ningún desarrollo normativo de dichos derechos fundamentales lo autoriza, con excepción de que la detención sea autorizada por la autoridad judicial efectiva o en los supuestos de sentencia condenatoria firme, que suponga directa o indirectamente la incompatibilidad del ejercicio de dichos derechos con el contenido del pronunciamiento judicial.
En mi opinión, habría que analizar caso por caso y determinar el riesgo que supone para la Salud pública, la falta de internamiento en un lugar cerrado de una persona potencialmente capaz de infectar el virus. Y la autorización para el internamiento involuntario debe hacerlo la autoridad judicial, como garante último de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Estando vigente el estado de alarma, el confinamiento involuntario en establecimientos habilitados para ello, parece que debería conllevar de forma refleja el cese de la medida de confinamiento tal como ahora está implementada.
En mi opinión debería seguirse el mismo criterio antes expuesto, es decir caso por caso, a instancia de la autoridad sanitaria y solicitarlo de la autoridad judicial. Aplicarlo de forma global podría dar lugar a problemas jurídicos de discriminación por razones personales. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de la situación inicial, de desconocimiento y sorpresa de lo que se nos venía encima y la necesidad de adoptar una medida drástica para evitar el colapso sanitario, en esta otra situación, con una situación que se supone estaría «controlada», una medida tan drástica no estaría justificada, máxime si el sistema sanitario está en condiciones de abordar la situación de riesgo.
Desde luego no es admisible que una persona potencialmente de riesgo, pueda generarlo sin control, de manera que, llegado el caso, esto es caso por caso, si no accede a un confinamiento voluntario, a petición de la autoridad sanitaria o del Ministerio Fiscal, podría ser autorizado por el Juez.
d En cuanto a qué jurisdicción sería la competente para adoptar dicha medida, en mi opinión no sería la civil -a excepción quizá de que sobre la persona infectada concurriera alguna medida modificativa de su capacidad-, ni aplicable el procedimiento previsto para los internamientos involuntarios, en el art.763 LEC -EDL 2000/77463-, ya que el supuesto contemplado se refiere a la que sufre previamente un trastorno psiquiátrico, cosa que en la mayoría de los casos de personas con marcadores del virus no se dará, o aun cuando padezcan un trastorno psiquiátrico, éste, de por sí, no determinará necesariamente un internamiento en centro psiquiátrico.
Considero que tampoco sería competente los jueces de lo contencioso-administrativo, pues su competencia para autorizar la expulsión de un extranjero obedece a circunstancias concretas, cuya extensión analógica veo improcedente, por afectar a derechos fundamentales, así como venir dada la competencia contencioso administrativa por la existencia de un acto administrativo previo acordando la expulsión del territorio nacional. No podemos perder de vista que, la autorización para el internamiento en un CIE no la da el juez contencioso administrativo sino el Juez de instrucción.
La conclusión es por tanto, que la autorización judicial debe recaer en un Juez/Magistrado de la jurisdicción penal, por la naturaleza de los derechos afectados, sobre los que normalmente es quien se pronuncia.
Decisión del Juez instructor que sería apelable ante la Audiencia Provincial.
Todas las respuestas ofrecidas enmarcan las cuestiones planteadas con un análisis detallado del alcance y contenido del estado de alarma, cuya naturaleza constitucional no enerva la «inconstitucionalidad de las medidas» adoptadas por el Decreto, que se analizan exhaustivamente. Parecen igualmente coincidir los ponentes en que «el confinamiento de personas asintomáticas que padecen Covid-19 en lugares establecidos ad hoc… se trataría de la limitación de un derecho fundamental, el derecho de libre circulación recogido en el art.19 CE -EDL 1978/3879- y aun el derecho fundamental a la libertad recogido en el art.17 (…)»
Y éste parece ser el único planteamiento coincidente en las respuestas ofrecidas a las preguntas formuladas pues, efectivamente, la disparidad de criterios abona el debate, hasta el punto de que no existen dos respuestas coincidentes a las dos preguntas planteadas. Por lo que el interés de cada una de aquéllas abunda en recomendar la lectura detallada de las diferentes posturas mantenidas por los componentes del foro.
Valga de ejemplo de lo dicho, las siguientes afirmaciones:
«¿Podría adoptarse por los organismos y autoridades sanitarias competentes en vía administrativa, en aras a salvaguardar la salud pública? Rotundamente, no. Porque ese hipotético escenario excede ya de lo que es una declaración de estado de alarma para introducirnos en un estado de excepción».
«…serán las autoridades administrativas sanitarias quien lo acuerden y ordenen, sin que sea necesario autorización judicial para hacerlo. Esta misma situación es la que ha existido durante el estado de alarma en los casos de personas que han dado positivo en COVID 19».
«la posibilidad de confinamiento involuntario de personas que presenten marcadores del virus, no podrían ser acordadas por la autoridad administrativa sanitaria, ya que supondría restringir, limitar o simplemente suspender los dos citados derechos fundamentales: libertad de deambulación y de elegir libremente la residencia»
«…solamente si hay consentimiento del confinado cabe esa posibilidad de confinamiento de que hablamos. Fuera de ese supuesto, el del otorgamiento del consentimiento por el confinado, es necesaria autorización judicial.»
Tampoco en cuanto a la competencia por razón de la materia, coinciden las respuestas de los componentes del foro, que así se pronuncian:
«ha de ser el Juez de lo Contencioso Administrativo el que autorice o ratifique las medidas, debiendo señalarse que en todo caso en las citadas normas no se regula ni el procedimiento de adopción de las medidas ni tampoco las facultades del Juez al autorizar o ratificar las medidas».
«La intervención judicial se produce en la ratificación de ese internamiento involuntario, lo que ha de entenderse siempre cuando la persona se oponga al mismo, de ahí su carácter de involuntario, y cuya competencia es de los juzgados de lo contencioso administrativo según el artículo 8.6 LJCA, Ley 29/1998 -EDL 1998/44323-»
Y frente a este criterio:
«No serían competente los jueces de lo contencioso-administrativo (…) la autorización judicial debe recaer en un Juez/Magistrado de la jurisdicción penal, por la naturaleza de los derechos afectados, sobre los que normalmente es quien se pronuncia. Decisión del Juez instructor que sería apelable ante la Audiencia Provincial».
La ilustre Fiscal señala por último, al «juez de instrucción -como Juez competente- al incurrir en la limitación del derecho fundamental a la libertad deambulatoria».

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 8