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Timestamp: 2017-04-27 22:29:37+00:00

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INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL PENAL: 2012
Nuevo fallo de la Corte a favor de la inconstitucionalidad de oficio.
Fuente: Diario Judicial (28.11.12)
Palmadita de la Corte a la inconstitucionalidad de oficio
La Corte Suprema determinó por una acción por daños de un conscripto que los jueces están habilitados para declarar la inconstitucionalidad de una norma de oficio. “Carece de consistencia sostener que el avance sobre los dos poderes democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay”, manifestó el Máximo Tribunal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso interpuesto por el Ejército Argentino y declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 19.101, pese a que no existió expreso pedido del actor al respecto. En el fallo, el Máximo Tribunal determinó que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma de oficio y estableció las condiciones para que tal declaración resulte válida.
La decisión fue tomada por los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt (voto concurrente), Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, quienes afirmaron que “si se acepta la atribución judicial de control constitucional, carece de consistencia sostener que el avance sobre los dos poderes democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay”.
En particular, el Alto Tribunal de la Nación destacó que “el reconocimiento expreso de la potestad de control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control”. “No debe llegarse a una declaración de inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta necesidad”, agregó.
Por su parte, Enrique Petracchi se pronunció en disidencia, a favor de la revocación de la sentencia impugnada, haciéndose eco de los argumentos vertidos en el dictamen de la Procuración.
En el caso, un joven que sufrió lesiones mientras cumplía el servicio militar presentó una acción por daños contra el Ejército Argentino. El juez de primera instancia admitió el reclamo, y luego, apelada la sentencia, la Cámara confirmó la decisión en lo sustancial y elevó el monto del resarcimiento a favor del actor.
La decisión de la Cámara se fundó en las normas del derecho común. El Tribunal de Apelaciones, al fallar, planteó una distinción entre plantel permanente y conscriptos del Ejército, y también entre actos bélicos o de servicio y los que no lo son. Además, tuvo en cuenta el precedente Aquino. Esta sentencia fue impugnada por el Ejército demandado.
Primero, la Corte Suprema señaló que la “Ley 19.101 –al igual que su precedente, la Ley 14.777- es el único estatuto regulador del personal militar que, con carácter sistémico e integral, determina los derechos y obligaciones que origina el nacimiento de las relaciones entre las fuerzas armadas y sus agentes, cualquiera sea la situación de revista que éstos posean, así como los que acarrea su desarrollo, extinción o situación posterior a tal momento”.
Luego, el Máximo Tribunal manifestó que “la aplicación del referido régimen especial otorga al accidentado un resarcimiento sustancialmente inferior al que ha sido admitido sobre la base de los parámetros establecidos en el derecho común”, aunque resaltó que “en el caso, dicho sistema no ha sido impugnado constitucionalmente”.
Dicho eso, el Alto Tribunal abordó el tema de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, y explicó, que la exigencia de un pedido de las partes para efectuar el control de constitucionalidad “resulta un aditamento pretoriano que estableció formalmente este Tribunal en 1941 en el caso Ganadera de Los Lagos”, alegando que declarar la inconstitucionalidad sin pedido de parte “implicaría que los jueces pueden fiscalizar por propia iniciativa los actos legislativos o los decretos de la administración, y que tal actividad afectaría el equilibrio de poderes”.
Además, la Corte señaló que “tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos”. En ese marco, “el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Entonces, es “un contrasentido”, aplicar el control de “convencionalidad” de oficio, siguiendo las pautas fijadas por la Corte Interamericana y, luego, afirmar que los jueces no pueden ejercer “similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía (de la Constitución) frente a normas locales de menor rango”, puntualizaron los jueces.
No obstante, el Máximo Tribunal aclaró que “la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos a alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución”.
“Cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera”, precisaron los Ministros.
“Admitida en los términos precedentes la potestad de los jueces de efectuar el control de constitucionalidad aunque no exista petición expresa de parte, cabe realizar en autos el correspondiente examen de la norma que establece un régimen indemnizatorio específico para el personal militar”, aseveró el Alto Tribunal.
Acto seguido, la Corte indicó que “la adecuada protección del derecho a la vida y a la integridad psicofísica de las personas exige que se confiera al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, así como evitar la fijación de limitaciones en la medida en que impliquen alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional”.
“En el caso, la aplicación del sistema indemnizatorio que aquí se trata conduce a un resultado incompatible con los principios y derechos a los que se ha hecho referencia”, enfatizaron los magistrados. “Los medios elegidos no se adecuan al objetivo reparador de la norma pues se consagra una solución incompatible con los principios y derechos que la Constitución Nacional ordena respetar, proteger y realizar en el caso concreto”, añadieron.
Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar la inconstitucionalidad del artículo 76 inciso 3, apartado c, de la Ley 19.101 y confirmar el pronunciamiento impugnado por el Ejército Argentino.
((•)) Escucha esta entrada 2 de diciembre de 2012
Proyecto de reforma de la Ley del Ministerio Público
D-3047/12-13
Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con
1. Modifícanse los
artículos 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 bis, 22 ter, 83 y 84 de la Ley Nº 12.061 y
sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
13: Corresponde al Procurador General de la Suprema
Corte de Justicia:
1. Fijar las políticas generales del Ministerio
Público Fiscal y controlar su cumplimiento, pudiendo dictar instrucciones generales
2. Asignar funciones de Fiscales
Departamentales Adjuntos a los Agentes Fiscales que a tal efecto proponga cada
Fiscal de Cámaras en su Departamento Judicial.
3. Recibir denuncias y promover
4. Evacuar consultas de los miembros del
Ministerio Público Fiscal. 5. Promover la acción de remoción contra
el Juez o integrante del Ministerio Público que haya incurrido en hechos o
conductas que den lugar a su enjuiciamiento, en caso de hallar fundamento
6. Controlar el estado de despacho y el
desenvolvimiento de las tareas de Juzgados y Tribunales de cualquier fuero. A
tal efecto podrá efectuar verificaciones y requerir pronto despacho en
cualquier asunto, por si o por intermedio de los demás miembros del Ministerio
Público Fiscal deduciendo con facultades amplias y sin limitación los recursos
y quejas tendientes a obtener una rápida administración de justicia, cuando ha
vencido el término legal para dictar sentencia, resolución o auto, o se
produzcan dilaciones indebidas reiteradas.
De oficio, o por denuncia de interesado,
deducirá la acción contra el Juez negligente ante quien corresponda.
7. Intervenir en todos las causas que
lleguen a la Suprema Corte de Justicia para las que se encuentre legitimado.
8. Sostener los recursos interpuestos por
el Ministerio Público Fiscal o desistir de ellos mediante dictamen fundado, y
recurrir y actuar ante los tribunales superiores cuando lo estime pertinente.
9. Vigilar el cumplimiento del deber de
10. Presidir y convocar los Consejos de
Fiscales y de Asesores, cuando lo estime necesario y dictar sus reglamentos.
11. Dictar reglamentos y resoluciones que
hagan al funcionamiento de los órganos que integran el Ministerio Público Fiscal.
12. Proponer a los funcionarios auxiliares
y empleados de la Procuración, y sostener las propuestas de los demás titulares
de las dependencias del Ministerio Público Fiscal, para su nombramiento por la
13. Administrar los recursos humanos y
materiales del Ministerio Público Fiscal conforme las reglas generales dictadas
para el Poder Judicial.
14. Participar en el proyecto del
presupuesto anual del Poder Judicial a los fines previstos
((•)) Escucha esta entrada 30 de noviembre de 2012
((•)) Escucha esta entrada 23 de octubre de 2012
Proyecto de Ley sobre reforma al código procesal penal provincial en materia de violencia familiar
((•)) Escucha esta entrada 17 de octubre de 2012
El proceso penal modelo y los resultados poco satisfactorios
Chile y Neuquén: problemas comunes con el Código Procesal Penal
Fuente: Asociacion pensamiento penal
Chile implementó hace años un Código Procesal Penal muy parecido al que entrará en vigencia en Neuquén en 2014. El diario La Tercera publicó un informe del CEJA (organismo que tuvo bastante que ver con la reforma, allá y acá) con resultados muy críticos sobre los resultados obtenidos en la investigación de los robos. Por ejemplo, no hay estrategia de persecución penal unificada, falta diálogo y coordinación entre fiscales y policías (¿no les suena a esto?), se prioriza el número de sentencias por sobre la calidad de las investigaciones, y más del 80% de las causas con autores ignorados van a parar al archivo.
Reproduzco la nota porque en Neuquén se suele tomar a Chile como modelo, y los más exagerados aseguran que con el nuevo Código Procesal Penal poco menos que se esclarecerán todos los delitos. Es una entrevista al director ejecutivo de CEJA Chile, Cristian Rego, y el investigador del organismo Eduardo Alcaíno.
“Uno de los principales resultados que encontramos es que de parte del Ministerio Público no existe una política para mejorar la persecución penal en ese tipo de delitos (se refiere a los robos). Sino que más bien hay una percepción de parte de la fiscalía de que la investigación no tiene resultados, y sin perjuicio de ello, van a investigar de forma muy ritualizada y de protocolo sólo para justificar el archivo provisional”, explica Alcaíno.
Esto porque hay dos falencias que develaron este estudio y que tienen que ver con números de 2011. “Las cifras son bastante críticas. Una de las principales formas de términos que tienen los procesos son el archivo provisional (cuando no hay antecedentes suficientes para continuar con una investigación), llegando a un 78,5% en 2011. Y es mucho más crítico en aquellos casos en los cuales en el robo no hay un imputado conocido, es decir, cuando a la fiscalía le llega la causa sin saber quién cometió el delito. En ese caso, el archivo llega a un 84%. De acuerdo a eso, elegimos saber qué está sucediendo”, añade el autor de la investigación.
“La pregunta que surge es por qué la investigación que ellos realizan no tiene resultado. Y es principalmente porque el método es totalmente ineficiente. Básicamente se trata de una orden del juez que se envía a la policía para que haga algo. Y esto tiene serios problemas porque el núcleo central de este método, es que se centra en la recabación de información de forma posterior. Incluso, las órdenes están llegando 30 días después. Entonces, claramente las posibilidades de esclarecimiento de delitos son bastante bajas y también muy burocrático porque implica todo un andamiaje para poder finalmente enviarla”, agrega Alcaíno
“Lo único que hace finalmente este sistema es recargar a las unidades policiales de pura tramitación en lugar de investigar. Y lo que provoca esto, es que los fiscales tengan una visión de que la policía tiene una especie de selección de cuáles investigaciones realizan y cuales no”, prosige el investigador del CEJA.
“A su vez, también genera hecho de que la relación sea mediante manera escrita. Incluso ni siquiera por correo electrónico, sino que en papel, lo que provoca que las fiscalías tengan muy poco control de lo que hacen o no hacen las policías. Un fiscal no tiene cómo saber si un policía finalmente estás haciendo o no su trabajo. La consecuencia es que la relación entre fiscalías y policías se haya enfriado, por tanto no hay un trabajo en equipo. Los fiscales no se conocen con los funcionarios policiales. Es un trabajo de instituciones más que personal”.
Si bien hay experiencias positivas según este informe, son aisladas y no responden a una política general de Gobierno, por ejemplo, desnudando que no existe una línea de trabajo a seguir y que la coordinación no existe, aparte de la cruda realidad de las metas a ambas instituciones, dejando de lado la calidad en el trabajo de persecución en los delitos.
“Hay algunas experiencias importantes en la Fiscalía Centro Norte, el trabajo que hacen en Santiago Centro y otras, pero lo más importante es que esto es un trabajo meramente excepcional. Es iniciativa de la fiscalía regional o de algún fiscal en específico, pero no hay una política por parte de la Fiscalía Nacional de hacer un trabajo sofisticado, de manera inteligente, de trabajo con la comunidad, con la policía”, sostiene Alcaíno.
Y explica que “todo esto tiene que ver con los incentivos o no que tiene la policía para investigar o darle prioridad a este tipo de delitos. Lo que nosotros pudimos constatar es que el Ministerio Público no tiene incentivos para darle prioridad a este tipo de delitos. Porque a ellos evalúan a la fiscalía a través de Indicadores de Gestión, que son meramente numéricos. O sea, se les pide a los fiscales cierto número al día de determinados asuntos. Les piden determinados números de sentencias. Entonces, como les piden números, los fiscales obviamente como tienen una carga de trabajo importante, lo que hacen es dedicarse a aquellas causas que les toma menor dedicación, las causas más sencillas y las que le van a tomar menos tiempo. Eso se centra en el trabajo de imputados conocidos”.
Por su lado, el director ejecutivo del CEJA y académico de la UDP, Cristián Riego, concluye que “en esta área no hay un protocolo de actuación bien pensado y que se aplique siempre. Lo que se va a hacer es muy al azar. Depende de cada caso, de la policía, de las personas. No hay un protocolo, una línea de procedimiento para decir ‘esto es lo profesional’. Hay azar que en la mayoría de los casos se traduce en no hacer nada al principio y que luego la fiscalía mande a investigar”.
“El problema es que si se les sigue inyectando recursos para que sigan haciendo lo mismo. O sea, poniendo más asistentes, más fiscales, en uno o dos años más vamos a estar hablando absolutamente lo mismo. Entonces, el Ministerio Público tiene que generar protocolos de trabajo distintos de manera de focalizar bien sus recursos”, expone
“En ese sentido hay que generar procesos investigativos más innovadores y tomar una visión más global, no de caso a caso. De que detrás de los robos hay en Las Condes, por ejemplo hay un problema delictual y por tanto hay que generar estrategias para evitar eso. Uno podría inyectar recursos, pero no basta. Hay que generar objetivos comunes entre las policías y fiscalías. Aparte, hay que generar incentivos y espacios de rendición de cuentas, que es lo que no existe hoy. Ellos no se responsabilizan ni rinden cuenta. Al final cuando hay fracasos, es el Ministerion Público el que pone la cara”, remata el autor del estudio que se presentará el próximo martes, a las 13 horas en la Facultad de Derecho de la UDP ante autoridades, adadémicos y protagonistas de la escena judicial del país.
fuente: http://guillermoberto.wordpress.com/2012/10/08/chile-y-neuquen-problemas-comunes-con-el-codigo-procesal-penal/
((•)) Escucha esta entrada 16 de septiembre de 2012
CONGRESO DE DERECHO PENAL 2012
Los días 29, 30 y 31 de agosto en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se desarrollo el
Congreso de Derecho Penal, al cual asistieron los miembros del Instituto de
Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de Morón, los Dres. Fernando
Cuellar, Nieves Ismael, Ricardo Labandera, Ariel Peralta, Mariela Perez y David
Durante las tres jornadas se fueron
desarrollando diferentes temas de la teoría del delito de suma actualidad y su
problematica a la hora de plasmar esa teoria en la práctica.
El temario de la primer exposición
de la jornada del día 29/8 fue el relativo a las "CUESTIONES ACTUALES
REFERIDAS AL CONCURSO DE DELITOS", los disertantes fueron el Dr. Jorge De
La Rua (Univ. Nacional de Córdoba), Dr. Gonzalo Fernández (Univ. de la
República-Uruguay), Dr. Carlos Caramuti (Univ. Nacional de Tucumán) y el
coordinador por la UBA fue el Dr. Horacio Dias. Las distintas disertaciones
fueron aclarando en algunos casos y en otros sumando interrogantes en cuanto a
los concursos reales y concursos ideales, el problema de la cuantificación de
la pena a la hora de la condena, aplicando la teoria a distintos casos
segunda exposición trato el tema "INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA Y EL
ROL DEL FISCAL", los disertantes fueron el Dr. José Cafferata Nores (Univ.
Nacional de Cordoba), el Dr. Julio Federik (Univ. Nacional del Litoral), el Dr.
Gustavo Bruzzone (UBA) y la coordinadora fue la Dra. Marcela De Langhe (UBA).
En esta exposición se hablo sobre el sistema acusatorio inquisitivo donde la
figura del Juez Instructor es la más importante(sobre todo el Codigo Procesal
Penal de la Nación) y sus diferentes contradicciones con los principios
constitucionales establecidos en los artículos 18 y 19 CN, dado que quien
investiga también juzga siendo una facultad delegar esa investigación al
Fiscal, por ello se hablo la necesidad de una pronta reforma del Código de
Procedimientos Nacional en post de un sistema acusatorio en cabeza del Fiscal
donde las partes en el proceso esten bien diferenciadas FISCAL-DEFENSOR-JUEZ.
El día 30/8 se abrio el Congreso con una consigna por demás polémica
"ABORTO: ¿JUSTIFICACION O DESINCRIMINACION?", tema a cargo de las
Dras. Noemí Goldztem de Rempel (UBA), Lucíla Larrandart (UBA), el Dr. Marcelo
Buigo (UBA), siendo el coordinador el Dr. Ignacio Tedesco (UBA), durante la
exposición de los disertantes se desentramo el reciente fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación "F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”,
destacando que el artículo 86 CP no exige protocolos para realizar los abortos
no punibles, apoyando la tesis amplía en cuanto a la interpretación de dicho
artículo, y, exhortando además al cumplimiento por los Tribunales inferiores de
lo dicho por la Corte en ese fallo, finalizando con la conclusión de que se
debe reformar de manera integral el Código Penal a fin de realizar una correcta
codificación entre las diferentes leyes penales y el artículado del Código de
La segunda exposición fue sobre "DELITOS CULPOSOS Y PARTICIPACIÓN"
los disertantes fueron los dres. Esteban Righi (UBA), Marco Antonio Terragni
(Univ. Nacional del Litoral), Maximiliano Rusconi (UBA) y el coordinador el dr.
Leonardo Pitlevnik (UBA); durante la disertación se vislumbraron los diferentes
inconvenientes de admitir la figura del participe en este tipo de delitos,
concluyendo finalmente que en nuestro ordenamiento legal para ser participe se
necesita que el delito que se comete sea doloso, encontrándose impune en la
mayoría de los casos la participación en un delito culposo.
El cierre de esta jornada estuvo dado por la consigna "CORRUPCIÓN EN EL
AMBITO ECONÓMICO Y COMPLIANCE", los disertantes fueron los dres. Enrique
Bacigalupo (España), German Aller (Univ. de la República-Uruguay), Patricia Llerena
y el Coordinador el Dr. Julián Ercolini (UBA), los disertantes se mantuvieron
firmes en la postura de que los directores, gerentes y/o administradores
de las empresas o corporaciones eran los sujetos activos en
la comisión, participación y ejecución de
delito económicos, tanto es así que son los que terminan juzgados y
condenados. El dr bacigalupo deslizo al pasar que las
personas jurídicas deberían ser pasibles de sanciones, no solo
pecuniarias sino que también habría que buscar formas de
sancionarlas mas severamente, como podría ser inhabilitacion
para el ejercicio del comercio con la quita de
la personería jurídica.
La última jornada comenzó con la disertación sobre la consigna "LA TUTELA
PENAL ANTICIPADA: ACTOS PREPARATORIOS, DELITOS DE ASOCIACIÓN Y LA
CRIMINALIZACIÓN EN LOS ESTADIOS PREVIOS", a cargo de los Dres. Carlos
Lascano (Univ. Nacional de Córdoba), Nelson Pessoa (Univ. Nacional del
Nordeste), Mariano Silvestroni (UBA) y la Dra. Cristina Caamaño como
coordinadora, esta tematica giro en torno a la constitucionalidad de la tutela
penal anticipada, punibilidad de la tentativa en los delitos dolosos y hasta
que tipos de actos pueden ser punibles.
La jornada siguió con la consigna "CRIMINOLOGÍA Y DELITOS DE LESA
HUMANIDAD", los encargados de exponer sobre el tema fueron los Dres.
Daniel Rafecas (UBA) y Eugenio Zaffaroni, quienes destacaron la necesidad de
adecuar nuestro Código Penal a los compromisos internacionales asumidos en
cuanto a la tipificación del delito de lesa humanidad.
El Congreso finalizó con la exposición de "PROBLEMATICA DEL DOLO Y LA
IMPUTACION SUBJETIVA" analizando las posturas académicas de cada una de
las escuelas de las teorias del delito.
Como conclusión final podemos arribar que todos los disertantes luego de sus
exposiciones coinciden en que nuestro Código Penal necesita una reforma
integral que sea armónica y coherente, siguiendo los lineamientos del proyecto
de reforma presentado en el año 2007.-
((•)) Escucha esta entrada 7 de septiembre de 2012
Proyecto del INECIP en materia de Defensa Pública Provincial
INECIP Proyecto SPPD03/09/2012 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Se remite a consideración, tratamiento y sanción de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el presente proyecto de Ley de organización del Servicio Público Provincial de Defensa. La presentación del proyecto fue precedida por consultas con actores sociales, organizaciones no gubernamentales y operadores del sistema, con el fin de indagar acerca de las posibilidades políticas e institucionales y de las diferentes variantes posibles en el diseño de la organización de un sistema de defensa pública para la Provincia que cumpla acabadamente con el mandato convencional y asimismo respete y sea compatible con la realidad provincial en materia de defensa oficial. LA NECESARIA AUTONOMÍA DE LA DEFENSA. La oportunidad impostergable del Proyecto está dada por recomendaciones recientes y permanentes en el sentido de regular autonómicamente la defensa pública, por parte de Organismos Internacionales. Se encuentra en sintonía con la Resolución AG/RES. 2656 (XLI-O/11) “Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los defensores oficiales”, aprobada durante el 41º período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de la OEA reunida entre los días 5 y 7 de junio de 2011 en la ciudad de San Salvador –República de El Salvador-, por los 35 Estados miembros por unanimidad. La Resolución impulsa el rol de la Defensa Pública Oficial como herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Específicamente resuelve Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional. Esta recomendación ha sido reiterada recientemente en el último período de sesiones de la Asamblea General: -///-
((•)) Escucha esta entrada 27 de agosto de 2012
fUENTE: ASOCIACION PENSAMIENTO PENAL / BLOG CRIMINIS CAUSA
Doce marplatenses, seis hombres y seis mujeres, fueron los encargados de dar el veredicto. Sólo debían decir si Tamara Peña, de 18 años, imputada de haber asesinado a su pareja, era culpable o inocente. Y por abrumadora mayoría (once votos a uno) la decisión fue condenarla. Así concluyó la experiencia de simulación de juicio oral por jurado que se realizó ayer en el Centro Cultural Osvaldo Soriano con el fin de comenzar a instalar en la población una modalidad jurídica que podría estar pronta a legislarse.
Habían pasado casi cuatro horas de debate público. Cuatro testigos y la imputada prestaron declaración. Después, los alegatos de las partes: Fiscalía, Particular Damnificado y Defensa, en ese orden. Entonces el juez invitó al jurado a deliberar. En la sala aguardaban más de cincuenta personas que habían seguido el relato de los hechos.
La experiencia, que ya se realizó en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, tuvo una singular importancia de cara al debate que se realizará el 29 de agosto en la Cámara de Diputados provincial. Ahí se pondrá en análisis el proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Seguridad en el que se propone comenzar a implementar el juicio oral por jurado tal como está previsto en la ConstituciónNacional.
“Esto es una manera de mejorar la calidad institucional desde abajo hacia arriba”, expresó Fernando Román Gonzáles, presidente del Colegio de Abogados local en la apertura del simulacro. También tomó la palabra el presidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Héctor Granillo Fernández, quien enfatizó la importancia de este sistema en lo que respecta a la puesta en acto del “derecho ciudadano de decidir”.
Los presentes concluyeron que la experiencia fue enriquecedora, más allá de las limitantes propias del juego de roles.
Como en toda simulación, el juego de roles es lo que predominó ayer en la sala del Centro Cultural Soriano. Algunos de ellos interpretados por profesionales del derecho, otros por estudiantes y el jurado, por doce personas que fueron sorteadas entre 60 que respondieron a la convocatoria pública para participar de la experiencia.
Así, el juez de Garantías Saúl Errandonea fue quien cumplió el rol de máxima autoridad en el debate, mientras que el fiscal Guillermo Nicora –quizás una de las voces locales más capacitadas en el tema de juicios con jurado– fue quien llevó adelante la acusación en nombre del Ministerio Público. La doctora María Laura Solari, defensora oficial, se encargó de representar a la joven imputada (interpretada por una estudiante de Derecho); mientras que el rol del Particular Damnificado estuvo en poder de la doctora Pérez.
El caso a ventilar: un crimen. Según la acusación Tamara Peña asesinó a su pareja, en el marco de una relación conflictiva atravesada por la droga. Manuel Gómez, la víctima, era 30 años mayor que ella. El móvil: una supuesta discusión por dinero.
Para la defensa el caso debía encuadrarse en la figura de la legítima defensa ya que el disparo fue el resultado de una conducta de violencia de género por parte de Gómez que concluyó el día del crimen con una feroz golpiza y un intento de violación.
Lo cierto es que el caso planteado era por demás complejo: no se ponía en discusión la autoría del crimen. La defensa asumía que Tamara había matado a Gómez. Lo que se puso en consideración del jurado fue si esa muerte fue para defenderse de un ataque o no.
Hechos los planteos iniciales, alumnos de derecho personificaron a familiares y allegados de víctima y victimario, y a un detective de la policía. Todos se sometieron a las preguntas de las partes que, en el marco del juego de simulación, intentaban exponer sus hipótesis, dotándolas de elementos de prueba que se centraron en las voces de los testigos.
En este punto cabe destacar que el juego prescindió de pruebas periciales y eso, a la hora de evaluar el tipo de delito cometido, fue una debilidad en detrimento de la acusada. Sobre todo por tratarse de un hecho que para darle la derecha a la defensa era necesario ponerlo a la luz del proceso histórico (intimo y social), despojándose de prejuicios socio-culturales como el machismo, la criminalización del consumidor de drogas, la criminalización de la víctima en los casos de violencia sexual y, sobre todo, el valor relativo de la vida en el derecho (si bien es el bien jurídico por excelencia, la protección de ese bien justifica en algunos casos quitárselo a otra persona).
Estos elementos, analizando la composición del jurado –promedio etáreo de más de 50 años, clase media, informada a tal punto que se anotaron para participar del simulacro– sumado a la ausencia de prueba científica, construyeron un escenario propicio para que el discurso acusatoria fecundara.
Poco más de 15 minutos se tomó el jurado para deliberar sobre lo que oyeron en el debate oral. Once de los doce consideraron que Tamara Peña era culpable de homicidio simple. Uno solo se expresó a favor de la hipótesis de la legítima defensa. Sin embargo quedó planteado entre el público y algunos jurados que el caso careció de elementos necesarios para poder tener en claro cómo y por qué ocurrió el crimen. Y en base a eso dictar veredicto.
Reglas Generales del Simulacro
Todos los que participaron de la experiencia del simulacro de juicio por jurados realizado ayer tuvieron en mano las reglas del juego. En una carilla, los letrados que impulsaron la iniciativa puntearon algunos elementos básicos para entender cómo debía actuar el jurado. Así en seis preguntas con sus respuestas todos tuvieron en claro cómo sería el simulacro:
Es una forma de juzgamiento muy antigua, en la que 12 vecinos del lugar de los hechos deberían decidir dos cuestiones: si el hecho existió y si el acusado es culpable o no culpable.
Se hará en forma oral y pública bajo la dirección de un juez profesional. Estarán presentes el fiscal, la abogada del particular damnificado, la acusada y su defensora. Estos harán comparecer a los testigos y los interrogarán ante el jurado y el público.
Debe permanecer en absoluto silencio y muy atento a todo lo que sucede en el debate. El juez le dará instrucciones al iniciar, y luego, al finalizar el juicio para la posterior deliberación. Las instrucciones también las recibirán por escrito por si las necesitan durante la deliberación. No podrán realizar ninguna manifestación ni pregunta durante el debate.
Finalizado el debate, el jurado se reunirá sin límite de tiempo en un recinto al que nadie podrá entrar. Elegirán un presidente y deberán discutir la prueba producida hasta alcanzar un veredicto. Para declarar culpable al acusado, tendrán que reunir 10 votos como mínimo. Si no se alcanza esa mayoría, se deberá absolver al acusado.
En caso de alguna duda, lo harán saber el juez y volverán a la audiencia para recibir la explicación frente a las partes.
La deliberación entre los jurados es privada y confidencial. El presidente del jurado anotará en un papel el resultado del veredicto, que se le entregará primero al juez y luego lo leerá al público de la audiencia. Con esto finaliza su intervención.
¿El jurado debe resolver cuestiones técnicas o jurídicas?
No. Sólo debe responder si encuentran al acusado culpable o no culpable. Las instrucciones que les da el juez, son la guía para aplicar la ley, y no necesita saber más que eso. En caso de declarar culpable al acusado, las cuestiones legales y el monto de la pena serán decididas por el juez profesional, tras un breve debate posterior sin los jurados. En caso de declarar no culpable al acusado, el veredicto es obligatorio para el tribunal y el juicio finaliza indefectiblemente allí.
EL JUEGO DE LAS ORATORIAS
Más allá de los detalles puntuales del caso que sirvió de ejemplo para el desarrollo del juego de roles realizado ayer en la simulación del juicio por jurados, la experiencia dejó algunos elementos para el análisis.
En primer lugar, no caben dudas de que este mecanismo es una forma de participación directa, ciudadana, en la administración de Justicia.
Sin embargo, el juego de teatralidad que se pone en marcha a la hora de tener que convencer a un grupo de personas (los jurados) se convierte en un elemento central dentro de ésta lógica de juicios orales.
Cabría preguntarse si alguien ajeno al derecho es más, menos o igual de permeable que un letrado a las estrategias argumentativas de los abogados.
En la experiencia de ayer, por momentos parecía que la estructura retórica de los abogados buscaba envolver a los jurados en un discurso poco sustentado que se anclaba en teorías hipotéticas sin ningún tipo de vínculo con pruebas “objetivas”.
Incluso, en el alegato del Particular Damnificado se apeló a estereotipos criminales que hoy son alentados desde los medios de comunicación hasta consolidarse como casi verdades absolutas. La idea del menor que se droga y delinque –así se presentó a la imputada– no es una verdad jurídica aplicable, pero sí se ha convertido en una verdad aparente mediatizada.
Los jurados, hombres y mujeres ajenos a los tecnicismos del derecho, están permeados por esta subjetividad masificada y, por lo tanto difícilmente impartan justicia fuera de esa lógica. ¿Hasta dónde se puede distinguir entre lo que la ley ordena y lo que cada individuo cree que es correcto o no? ¿Es acaso la opinión de la sociedad más importante que la ley?
Si bien esto se trató de una simulación y por lo tanto tuvo carencias en lo que respecta a la los roles actuados (es más o menos creíble quien mejor actúa, e interpreta situaciones ficcionales), la carencia mayor de la práctica de ayer fue la ausencia de pruebas o testigos periciales que proporcionaran bases y datos objetivos de lo ocurrido en el hecho ventilado.
Por esto, el jurado terminó analizando discursos. Y el discurso como constructor de una realidad aparente, no solo depende de los argumentos que se esgrimen sino también, y me animaría a decir sobre todo, de la capacidad oratoria de quien lo expresa.
fuente bLOG CRIMINIS CAUSA
((•)) Escucha esta entrada 20 de agosto de 2012
Legitimación del apoderado en delitos contra el honor
Conciliación en calumnias e injurias
revocó una resolución de primera instancia, en el marco de una causa por
calumnias e injurias, en la que no se hizo lugar a la presentación en una
audiencia de conciliación del apoderado de la querella. Los fundamentos.
La sala I de la Cámara
del Crimen, con las firmas de José Luis Rimondi y Alfredo Barbarosh, revocó una
resolución de primera instancia, en el marco de una causa por calumnias e
injurias, que no hizo lugar a que se presentara el apoderado de la querella en
Los jueces explican -en
la causa “B. N. B., C. s/facultad de representación en la audiencia de
conciliación del art. 424 del CPPN”- que “más allá de que el honor de una
persona como bien jurídico es difícilmente conmensurable para un apoderado,
tampoco puede afirmarse que entre las cuestiones confiadas por el poderdante no
se encuentre la defensa de su honor, lo cual no se halla expresamente vedado en
Agregan que, “por el
contrario, una de las causas del desistimiento tácito (art. 422 del CPPN),
resulta ser la inasistencia del querellante o su mandatario a la audiencia de
En la causa, los
magistrados sostienen que si bien la norma del artículo 424 CPPN “no lo prevé
expresamente… tampoco puede afirmarse que entre las cuestiones confiadas por el
poderdante no se encuentre la defensa de su honor, lo cual no solo no se halla
expresamente vedado en el procedimiento”, sino que además, “la inasistencia del
querellante o su mandatario a la audiencia de conciliación” constituye una de
las causas de desistimiento tácito.
Añaden los camaristas
que “mediante un análisis armónico de la norma se entiende que se encuentra
contemplado que el particular ofendido pueda hacerse presente por representación,
pues de lo contrario carecería de sentido que pueda extinguirse la acción
mediante la inasistencia de quien no puede presentarse”.
indican, citando doctrina, que “si bien es un acto personalísimo del
querellante y del querellado, el propio Código autoriza que el primero
comparezca a través de mandatario (art. 422, inciso 2 CPPN) el que deberá
hallarse munido de poder especial (art. 418 CPPN) e inclusive la omisión de la
explícita facultad de conciliar en dicho instrumento, no es óbice para
considerarlo habilitado para ello”.
Pues, “salvo límite
expreso, la especialidad del mandato comprende todos los actos necesarios para
llevar adelante el negocio en cuya virtud fue otorgado”, consignan en el texto
“Toda vez que de la
copia del poder” surge que al letrado “le ha sido otorgada la facultad para
presentarse en la audiencia prevista por el artículo 424 del CPPN e incluso en
ella a ‘aceptar, reconvenir la retractación del querellado’, corresponde
revocar el auto en cuanto le impide presentarse en la audiencia de
conciliación, debiéndose fijar una nueva fecha a tales fines”, concluyen.
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References: artículo 76
 resolución 
 artículo 86
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

resolución 
 artículo 424
 artículo 424