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Timestamp: 2019-12-14 11:14:05+00:00

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﻿ Sentencia C-328 de mayo 27 de 2015
SENTENCIA C-328 DE 27 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:COMPETENCIA PARA QUE MAGISTRADOS SECCIONALES CONOZCAN PROCESOS DISCIPLINARIOS. POR EL HECHO DE ATRIBUIRLE EL IMPULSO DEL PROCESO DISCIPLINARIO DE LOS ABOGADOS AL MAGISTRADO SUSTANCIADOR O PONENTE, DEJANDO EN CABEZA DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DE LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA, DE LA CUAL HACE PARTE ESE MISMO MAGISTRADO, LA SENTENCIA POR ADOPTAR, NO DESCONOCE LA GARANTÍA RECONOCIDA A TODA PERSONA A SER JUZGADA ANTE JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE, CONSAGRADA EN LOS ARTÍCULOS 2º Y 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 8º DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DICHA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES, COMO SE HA EXPLICADO, NO AFECTAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL DISCIPLINADO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE, NI DESCONOCE LA GARANTÍA DE SER JUZGADO CONFORME A LAS LEYES PREEXISTENTES AL ACTO QUE SE IMPUTA, Y TAMPOCO DICHA MEDIDA COMPORTA UNA DISCRIMINACIÓN O RUPTURA DE LA IGUALDAD FORMAL O MATERIAL. EN ESTE ÚLTIMO CASO, POR CUANTO LA MEDIDA APLICA PARA TODOS LOS DISCIPLINADOS POR IGUAL Y OPERA, DE MANERA GENERAL, EN OTROS SISTEMAS PROCESALES DONDE ACTÚAN LOS JUECES COLEGIADOS. SE DECLARA EXEQUIBLE, POR LOS CARGOS ANALIZADOS EN ESTA SENTENCIA, EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 102 Y EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 106 DE LA LEY 1123 DE 2007, “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTRADO PONENTE, PROCESO JUDICIAL, CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO
Sentencia C-328 de mayo 27 de 2015
Ref.: Expediente D-10489
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 102 y 106 (parcial) de la Ley 1123 de 2007 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”
A continuación se transcribe el texto de los artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007, conforme a su publicación en el Diario Oficial 46519 de 22 de enero de 2007, destacando en negrilla y con subraya los apartes del mismo que se acusan en la demanda:
“ART. 102.—Iniciación mediante queja o informe. La queja o informe podrá presentarse verbalmente o por escrito, ante las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos Seccional o Superior de la Judicatura, o ante cualquier autoridad pública, en cuyo caso la remitirá de inmediato a la Sala competente en razón del factor territorial.
“ART. 106.—Audiencia de juzgamiento. En la audiencia pública de juzgamiento se practicarán las pruebas decretadas, evacuadas las cuales se concederá el uso de la palabra por un breve lapso y evitando las prolongaciones indebidas, en el siguiente orden: al representante del Ministerio Público si concurriere, al disciplinable y a su defensor, si lo hubiere, al cabo de lo cual se dará por finalizada la audiencia.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, esta corporación es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula contra algunos apartes de los artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007.
Sostiene que los apartes demandados, al atribuirle al magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en reparto, la competencia para tramitar en primera instancia y hasta la sentencia el proceso disciplinario de los abogados, dejando en cabeza de la Sala plural respectiva solo la determinación de proferir el fallo, desconoce la garantía reconocida a toda persona a ser juzgada ante juez o tribunal competente, consagrada en los artículos 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención americana de derechos humanos.
2.4. En relación con la posición del Ministerio Público, cabe señalar que, si bien se advierten algunas inconsistencias en la argumentación que presenta el actor para cuestionar la constitucionalidad de los artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007, en todo caso, dando aplicación al principio pro actione, la Corte encuentra que la demanda cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad previstos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, toda vez que la misma contiene al menos un cargo concreto de inconstitucionalidad basado en razones claras, ciertas, pertinentes, suficientes y específicas(1).
Si bien es cierto que alrededor de tal acusación, se presenta algunos planteamientos que se advierten como contradictorios por algunos intervinientes y el Ministerio Público, la demanda cuenta con un grado mínimo de coherencia y solidez, que permite llevar a cabo una confrontación objetiva entre la ley acusada y la Constitución, derivada a su vez de la necesidad de establecer cuál es en realidad el alcance de la competencia asignada al juez disciplinario de los abogados y cuál su incidencia sobre las disposiciones constitucionales y convencionales señaladas como violados (C.P., arts 2º y 29, y Convención americana de derechos humanos, art. 8º).
3.1. Teniendo en cuenta el contenido de la demanda formulada y las distintas intervenciones, en esta ocasión le corresponde a la Corte establecer si las normas acusadas, en cuanto le atribuyen al Magistrado Ponente del Consejo Seccional de la Judicatura la competencia para tramitar en primera instancia y hasta la sentencia el proceso disciplinario de los abogados, dejando en cabeza de la Sala respectiva solo la determinación de proferir el fallo, desconocen la garantía del juez natural, reconocida en el artículo 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención americana de derechos humanos.
4. El papel que cumple la profesión de abogado en el Estado social de derecho y el control público que debe existir sobre dicha actividad.
4.1. Esta corporación, a través de diversos pronunciamientos(2), ha tenido oportunidad de referirse al papel que cumple el abogado en el Estado social y democrático de derecho, así como también a la importancia del control que respecto del ejercicio de esa profesión deben llevar a cabo las autoridades públicas.
4.2. Sobre el particular, la Corte ha explicado que, dentro de los parámetros que enmarcan el ejercicio de la profesión, el abogado ejerce su labor, principalmente y de manera general, en dos escenarios o frentes diferentes(3): (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría en favor de quien se lo solicite; y (ii) dentro del proceso o juicio, mediante la representación judicial en favor de aquellos que son requeridos o acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.
4.3. Acorde con ello, ha subrayado que, en desarrollo de esas actividades, la profesión de abogado está llamada a cumplir una función social, “pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia”(4).
4.4. En razón a la misión o función social que están llamados a cumplir, “los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico”(5).
Sobre este particular, la jurisprudencia ha expresado que, en la atención debida al cliente, la labor del abogado no se limita a resolver problemas de orden técnico, sino que su actividad va más allá, proyectándose también en el ámbito de lo ético, de modo que la regulación de su conducta por normas de ese carácter no implica una indebida intromisión en el fuero interno de las personas. Ello es así, justamente, porque la conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protección del interés general o común, de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales de terceros, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa y el acceso a la administración de justicia, así como también, poner en entre dicho la vigencia de principios constitucionales de interés general, orientadores de la función jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe(6).
4.6. Dicho control público encuentra un claro fundamento constitucional, inicialmente, en el artículo 26 de la Carta, en el que se faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad y a las autoridades para ejercer su vigilancia y control; y en el artículo 95 del mismo Ordenamiento Superior, que le impone a los ciudadanos el deber de respetar los derechos ajenos y ejercer responsablemente los propios, consagrando también la obligación ciudadana de colaborar con la administración de justicia. También, en la cláusula general de competencia consagrada en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política, por la cual se habilita al legislador para expedir códigos en todos los ramos de la legislación y para reformar y derogar sus disposiciones.
En esa línea, la Corte ha destacado que “las reglas a través de las cuales se vigila la conducta de los abogados (...) constituyen lo que en términos abstractos puede denominarse su régimen disciplinario”(7), que, como se ha dicho, comporta el llamado control público del ejercicio profesional.
4.7. Tratándose del poder disciplinario, la propia jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que el mismo constituye “una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia”(8), aclarando, a la vez, que su desarrollo corresponde al legislador, en todos aquellos aspectos que no hayan sido definidos directamente por la Constitución Política, y quien para el efecto, de conformidad con la Carta, goza de un amplio margen de configuración política para expedir una regulación orientada “al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales”(9).
Tal regulación debe incluir, entre otros aspectos, las faltas y sanciones de los abogados, así como también la naturaleza y características del procedimiento aplicable a través del cual deben ser investigadas y juzgadas dichas faltas, incluyendo en este último aspecto, la definición de las autoridades que tiene a su cargo el juzgamiento de las conductas y la manera como las mismas deben ejercer su competencia(10).
5. El principio del juez natural. Los conceptos de jurisdicción y competencia.
5.2. En ese contexto, la misma jurisprudencia ha puesto de presente que el citado principio remite necesariamente a la noción de “juez natural”, el cual, a su vez, encuentra en el orden jurídico interno un significado específico, en el sentido de entender que tal expresión hace referencia a “aquel a quien la Constitución o la ley le han atribuido el conocimiento de ciertos asuntos para su resolución”(11).
5.3. La Corte ha señalado que el principio del juez natural comporta un elemento medular del debido proceso, en razón a que estructura y desarrolla la garantía establecida en el artículo 29 de la Constitución Política, según la cual, “[n]adie podrá ser juzgado sino (...) ante juez o tribunal competente”, lo que significa que no basta con ser juzgado por un juez, sino que este debe, además, tener competencia para conocer el asunto y resolverlo(12).
5.5. Desde el punto de vista de su contenido, el principio del juez natural pasa a constituirse en un derecho fundamental, que se materializa en la garantía de toda persona a que su causa sea juzgada y definida por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, quedando proscritos los jueces post facto o ad hoc, así como también los juzgamientos por comisión o por delegación, bajo el entendido que su existencia no asegura la imparcialidad y ecuanimidad que exige el ejercicio del cargo y la definición del caso concreto.
En relación con esto último, la Corte ha insistido en sostener que la exigencia de que se haya asignado normativamente competencia no basta para definir el alcance del juez natural, pues, como se ha explicado, la garantía en cuestión exige adicionalmente que no se altere “la naturaleza de funcionario judicial”, lo que implica, a su vez, que previamente se definan quiénes son los jueces competentes, que los mismos tengan carácter institucional y que una vez asignada debidamente la competencia para conocer un caso específico, no les sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una determinada institución(13).
5.7. Conforme con lo dicho, el derecho al juez natural comprende una doble garantía: (i) para quien se encuentra sometido a una actuación judicial o administrativa, en cuanto le asegura “el derecho a no ser juzgado por un juez distinto a los que integran la jurisdicción, evitándose la posibilidad de crear nuevas competencias distintas de las que comprende la organización de los jueces”(14); y (ii) para la Rama Judicial, “en cuanto impide la violación de principios de independencia, unidad y ‘monopolio’ de la jurisdicción ante las modificaciones que podrían intentarse para alterar el funcionamiento ordinario”(15).
5.8. Ahora bien, a partir de su configuración jurídica, la garantía del juez natural se encuentra íntimamente ligada a los conceptos de jurisdicción y competencia. La Corte ha explicado que la jurisdicción, en general, “consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.)”(16). Por tratarse de una potestad estatal, lo ha expresado la corporación, la jurisdicción es única e indivisible, razón por la cual “todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la competencia que le asigna la ley”(17).
En relación con esto último, es menester destacar que la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez o tribunal en concreto, es lo que determina a su vez la competencia. Ciertamente, la competencia de una autoridad judicial ha sido definida por la Corte como “la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc.)”(18).
5.11. La jurisprudencia constitucional ha señalado igualmente que la competencia debe tener, además, las siguientes calidades: (i) legalidad, en cuanto debe ser definida por la ley; (ii) imperatividad, lo que significa que es de obligatoria observancia y no se puede derogar por la voluntad de las partes; (iii) inmodificabilidad, en tanto no se puede variar o cambiar en el curso del proceso (perpetuatio jurisdictionis); (iv) indelegabilidad, ya que no puede ser cedida o delegada por la autoridad que la detenta legalmente; y (v) es de orden público, en razón a que se sustenta o fundamenta en principios y criterios que se relacionan con la prevalencia del interés general.
6. Alcance de la facultad legislativa para fijar los procedimientos judiciales y administrativos, particularmente en materia disciplinaria.
6.1. De manera general, la Corte ha sostenido que, de conformidad con la cláusula general de competencia consagrada en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política, el legislador goza de un amplio margen de configuración política en la definición de los procedimientos judiciales y administrativos, esto es, en la facultad para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas estas como el conjunto de reglas que, en atención a la naturaleza del proceso, determinan o definen los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas(19).
6.2. De manera particular, en el campo del derecho disciplinario, la Corte ha sostenido que el establecimiento de un régimen de esa naturaleza constituye un espacio de libre configuración legislativa, pues, “es en el campo de la deliberación política, en donde se puede establecer, con mayor precisión, el tipo de conductas que resultan ajenas a la consecución de los fines del Estado y a la construcción de un ejercicio profesional ético, así como la gravedad social de estas conductas y la consecuente intensidad de las sanciones aplicables”(20).
El criterio de existencia de una reserva legal en materia disciplinaria, fue puesto de presente por la Corte en la Sentencia C-037 de 1996, donde la corporación llevó a cabo el control de constitucionalidad de la ley estatutaria de la administración de justicia (L. 270/96). En ese pronunciamiento, precisó la Corte que las disposiciones jurídicas relativas a la responsabilidad disciplinaria, tanto en su aspecto sustancial como procedimental, son de competencia exclusiva del legislador ordinario. Sobre el particular, se dijo en el mencionado fallo:
“De acuerdo con las razones expuestas a lo largo de esta providencia, la regulación de asuntos de carácter disciplinario (...) es competencia propia del legislador ordinario (C.P., art. 150-23), y no de una ley estatutaria sobre administración de justicia”.
6.3. En relación con la competencia legislativa para configurar procedimientos judiciales y administrativos, la Corte ha señalado que la misma le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad de los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 29 y 229), reglas que, además, buscan consolidar la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y la finalidad de los procesos, al tiempo que permiten desarrollar el principio de legalidad que resulta ser consustancial al Estado social de derecho(21).
6.4. Conforme con dicha atribución, el legislador se encuentra, entonces, ampliamente facultado para definir, no solo las conductas reprochables y las sanciones aplicables, sino también el procedimiento que debe seguirse para la imposición de aquellas, esto es, “[las] etapas, características, formas y, específicamente, los plazos y términos que han de reconocerse a las personas en aras de facilitar el ejercicio legítimo de sus derechos ante las autoridades públicas”(22).
6.5. Siendo ello así, lo ha dicho la corporación(23), el legislador está habilitado para regular y definir, entre los múltiples asuntos que son de su resorte, algunos de los siguientes aspectos: (i) la radicación de competencias en una determinada autoridad judicial o administrativa, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta, caso en el cual su facultad se dirige a determinar y desarrollar los aspectos específicos de la misma; (ii) las etapas, términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos; (iii) los recursos y demás medios de defensa que pueden promover los interesados contra los actos que profieren las autoridades en su contra, así como los requisitos y condiciones de procedencia de los mismos(24); (iv) los medios de prueba y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales del juez, las partes e incluso de los terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, como para proteger a los sujetos procesales y para prevenir daños o perjuicios al interior de los procesos.
6.6. Cabe destacar que, aun cuando la jurisprudencia ha sido uniforme en sostener que el legislador goza de un amplio margen de libertad en la configuración de los procedimientos judiciales y administrativos(25), también ha sido clara en precisar que dicha atribución debe ser ejercida en forma razonable y proporcional, con pleno respeto a los principios y valores constitucionales, constituyéndose tales aspectos en límites al ejercicio legítimo de la competencia(26).
6.9. En consecuencia, de acuerdo con las reglas que han sido expuestas, cabe concluir que el legislador cuenta con un amplio poder de definición de las reglas que concretan el concepto de debido proceso en cada trámite judicial o administrativo, como los que tienden a la investigación de faltas disciplinarias y a la imposición de sanciones; poder al que se encuentran sometidos todos y que, además, dentro del marco de la Constitución Política, puede comportar límites razonables a los derechos e intereses de las partes y terceros, como resultado de la valoración legítima que en la materia le corresponde efectuar al Congreso de la República(27).
7. Responsabilidad disciplinaria de los abogados. Régimen constitucional y legal.
7.1. Tal y como lo ha sostenido esta corporación(28), la Constitución Política de 1991, en los artículos 254 a 257, creó una jurisdicción especial para administrar justicia en materia disciplinaria, dirigida a examinar, juzgar y sancionar las conductas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como también la de los abogados en el ejercicio de su profesión.
7.2. Dentro de dicha jurisdicción, el propio estatuto superior le asignó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —cabeza de la jurisdicción— y a las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la misma corporación, “de acuerdo a la ley”, el conocimiento de los procesos disciplinarios contra los abogados en ejercicio (C.P., art. 256-3), quienes deben asumirla “en la instancia que señale la ley”.
7.3. En desarrollo de ese mandato superior, los artículos 9-4 y 10-1 del Decreto 2652 de 1991, en concordancia con los artículos 112-6 y 114-2 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (L. 270/96), le atribuyen a la Sala Disciplinaria de los consejos seccionales de la Judicatura el conocimiento en primera instancia de los procesos disciplinarios que se sigan contra los abogados en ejercicio, y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el conocimiento de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales.
7.4. Como consecuencia de las funciones que en materia disciplinaria cumplen, tanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como las salas disciplinarias de los consejos seccionales, “las providencias que emanan de dichas autoridades tienen la naturaleza de decisiones judiciales, con la fuerza y efectos que de ello se derivan, de manera que no pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede constitucional a través de la acción de tutela”(29). Sobre este particular, explicó la Corte en la Sentencia C-037 de 1996, lo siguiente:
Se tiene, entonces, que las providencias que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinaria son en realidad sentencias y, por tanto, cuentan con la misma fuerza y efectos jurídicos que aquellas que profiera cualquier otra autoridad judicial. No obstante, si una providencia que resuelva un asunto disciplinario contiene, en los términos que ha definido la Corte Constitucional, una vía de hecho que acarree la ostensible vulneración de un derecho constitucional fundamental, entonces será posible acudir a un medio de defensa judicial como la acción de tutela para reparar el menoscabo que se ha causado mediante esa decisión”(30).
7.7. En consecuencia, es la Ley 1123 de 2007, “por la cual se expide el Código Disciplinario del Abogado”, la que de manera específica y completa regula actualmente lo relacionado con el régimen disciplinario del abogado. Según lo ha señalado este tribunal(31), el código contenido en la citada ley se divide en tres libros que configuran su estructura básica y que determinan su contenido y finalidades. Los tres libros se dividen, en su orden, en (i) una parte general, que presenta una adecuación sustantiva de los principios constitucionales del debido proceso; (ii) una parte especial, en la que se lleva a cabo una actualización de los deberes, incompatibilidades, faltas y sanciones que aplican al ejercicio de la abogacía; y (iii) una parte procedimental, que adecúa y actualiza el procedimiento disciplinario aplicable a los estándares constitucionales y del derecho internacional, implantando un sistema oral, es decir, incorporando el llamado proceso verbal, con el que se busca hacer más ágil y expedito el procedimiento disciplinario y contribuir también a superar la congestión existente. De manera general, el contenido del código es el siguiente:
7.8. En el libro primero, se encuentra la parte general del código, que regula: (i) en el título I, los principios rectores, entre ellos, el de dignidad humana (art. 1º), titularidad (art. 2º), legalidad (art. 3º), antijuridicidad (art. 4º), culpabilidad (art. 5º), debido proceso (art. 6º) favorabilidad (art. 7º), presunción de inocencia (art. 8º), non bis in idem (art. 9º), igualdad material (art. 10), función de la sanción disciplinaria (art. 11), derecho de defensa (art. 12), criterios para la graduación de la sanción (art. 13) y gratuidad de la actuación disciplinaria (art. 14). En el mismo título I se incluye lo relacionado con la interpretación y aplicación del código (art. 15) y la aplicación de los principios rectores e integración normativa (art. 16); (ii) en el título II, las disposiciones generales que comprenden: el concepto de falta disciplinaria (art. 17), el ámbito de aplicación (art. 18), los sujetos disciplinables (art. 19), las formas de realización del comportamiento (arts. 20 y 21) y la exclusión de la responsabilidad disciplinaria (art. 22); y (iii) en el título III, la extinción de la acción y de la sanción disciplinaria, que comprende las causales de extinción de la acción (art. 23), términos de prescripción y renuncia de la prescripción (arts. 24 y 25), causales de extinción de la sanción (art. 26) y término de prescripción (art. 27).
7.9. El libro segundo, contiene la parte especial del código, y en ella se consagra: (i) en el título I, lo relacionado con los deberes e incompatibilidades (arts. 28 y 29); (ii) en el título II las faltas en particular (arts. 30 a 39); y en el título III, el régimen sancionatorio que comprende: las sanciones disciplinarias de censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecidos en el propio código (arts. 40 a 47).
7.10. Finalmente, el libro tercero, se ocupa del procedimiento disciplinario regulando: (i) en el título I, los principios rectores de dicho procedimiento (arts. 48 a 54); (ii) en el título II, el procedimiento propiamente dicho, estableciendo lo relacionado con la competencia del Consejo Superior y de los consejos seccionales (arts. 59 y 60), los impedimentos y recusaciones y el procedimiento aplicable (arts. 61 a 64), lo referente a los intervinientes (arts. 65 y 66), el inicio de la acción disciplinaria (arts. 67 a 69), las notificaciones y comunicaciones (arts. 70 a 78), los recursos y su ejecutoria (arts. 79 a 83), las pruebas (arts. 84 a 97) y las nulidades (arts. 98 a 101); (iii) en el título III, lo concerniente a la actuación procesal, determinando lo relacionado con: la iniciación (art. 102), la terminación anticipada (art. 103), la investigación y calificación (arts. 104 a 105), y el juzgamiento (arts. 106 y 107); (iv) en el título IV, se establecen las disposiciones complementarias referentes a la rehabilitación de los profesionales excluidos de la profesión, la solicitud y el procedimiento aplicable (arts. 108 a 110); finalmente, (v) el título V contiene las disposiciones finales sobre régimen de transición y vigencia y derogatoria del código (arts. 111 y 112).
7.11.2. Presentada la queja y repartida esta, tiene lugar la etapa de investigación y calificación regulada en los artículos 104 y 105. De acuerdo con lo previsto en el artículo 104, la referida etapa se inicia con el trámite preliminar de procedibilidad donde debe acreditarse la condición de disciplinable del denunciado, a quien se le notificará sobre el inicio del proceso y sobre la necesidad de presentarse con su defensor ante la autoridad competente para enterarse de la actuación en curso. En caso de no comparecer se le declarará ausente y se le nombrará abogado de oficio que será quien lo asista en su defensa.
8. Constitucionalidad de los apartes acusados de los artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007.
8.1. Dentro del marco normativo descrito, cabe reiterarlo ahora, el actor cuestiona las disposiciones acusadas, por el hecho de que estas le atribuyen al magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en reparto, la competencia para tramitar en primera instancia y hasta la sentencia el proceso disciplinario de los abogados, dejando en cabeza de la Sala plural respectiva solo la determinación de proferir el fallo, lo cual, a su juicio, desconoce la garantía reconocida a toda persona a ser juzgada ante juez o tribunal competente, pues no existe inmediación de la Sala respecto del decreto y práctica de pruebas, ni respecto de los alegatos de conclusión.
8.3. Como ha sido señalado, se entiende por juez “juez natural” aquel a quien la Constitución o la ley le han atribuido el conocimiento de ciertos asuntos para su resolución, siendo este un principio que se materializa en la garantía de toda persona a que su causa sea juzgada y definida por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.
8.4. La garantía del juez natural, a su vez, se encuentra íntimamente ligada a la noción de jurisdicción y competencia, que consisten, la primera, en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, y la segunda —la competencia— entendida como la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez o tribunal en concreto. Sobre la competencia, se reitera, la misma se determina teniendo en cuenta los factores objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de atracción, cuyo propósito es el de incidir en la definición de cuál va a ser la autoridad judicial, juez o tribunal, que va a conocer, tramitar y decidir, con preferencia o exclusión de las demás, un determinado asunto que ha sido puesto en conocimiento de la administración de justicia.
Así, por ejemplo, el artículo 35 del Código General del Proceso, al referirse a las atribuciones de las salas de decisión de los tribunales superiores y del Magistrado Sustanciador, le asigna a las primeras la función de proferir los fallos, dejando en cabeza del Magistrado Ponente la adopción de las demás decisiones(32). En el mismo sentido, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre otros, en los artículos 180, 182, 183 y 229, le atribuye al Magistrado Ponente funciones de sustanciación e impulsión del proceso, como las relacionados con la definición de medidas cautelares y el adelantamiento de diligencias y audiencias previas a la de alegación y juzgamiento(33). Por su parte, los artículos 6º, 9º y 10 del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional”, facultan al Magistrado Sustanciador para proveer sobre las demandas de inconstitucionalidad, decretar y practicar las pruebas que estime conducentes y para presentar por escrito el proyecto de fallo(34). También el Acuerdo 5 de 1992, que contiene el reglamento interno de la Corte Constitucional, al regular el trámite de la revisión eventual de las acciones de tutela ante esa corporación, en los artículos 49, 50, 54A y 57, le asignan al Magistrado Ponente funciones de sustanciación hasta la sentencia, habilitándolo para decretar pruebas y presentar el proyecto de fallo ante la respectiva Sala de Revisión o ante la Sala Plena, según sea el caso(35).
8.10. En ese sentido, las normas acusadas se limitan a consagrar, en el trámite del proceso disciplinario seguido contra los abogados, lo que dispone la Carta Política y la ley estatutaria de administración de justicia, en el sentido de asignarle a las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, la función de investigar y juzgar la conducta de los abogados en primera instancia, de “de acuerdo a la ley” y “en la instancia que señale la ley”, es decir, dentro de los términos que sean definidos por el legislador, quien consideró apropiado, por razones de orden funcional, distribuir tal competencia entre el Magistrado Ponente y la respectiva Sala de decisión, a la aquel se integra(sic).
8.11. Así las cosas, la cuestionada regulación, antes que desconocer o contrariar el estatuto superior, resulta acorde con él, no solo porque la misma se inscribe en el ámbito de la libertad de configuración legislativa para regular la competencia judicial —como factor que se integra al debido proceso—, sino además, por cuanto la medida coadyuva a la distribución de funciones para el cumplimiento y prestación adecuada del servicio de administración de justicia por parte del juez plural, en este caso por parte de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, sin afectar garantías constitucionales.
8.13. Tampoco afecta la competencia judicial propiamente dicha, pues el magistrado que tiene a su cargo la sustanciación del proceso, funge bajo su condición de funcionario público investido de jurisdicción y competencia, esto es, como juez disciplinario, lo que implica que su actuación en el proceso es la de la corporación judicial de la que forma parte y representa. Por ello, carece de fundamento la lectura que hace el actor de las normas demandas, en el sentido de sostener que las mismas le están asignando a un funcionario la labor de tramitar el proceso disciplinario, incluyendo el decreto y práctica de pruebas, y a otro completamente diferente la atribución de adoptar el fallo, pues, como ya se ha expresado, la competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra los abogados se asigna, por expresa disposición constitucional, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a las salas disciplinarias de los consejos seccionales, siendo estos órganos colegiados que actúan a través de las respectivas salas y de los magistrados que las integran en los términos que determina la ley.
8.14. De la misma manera, la medida cuestionada no desconoce las garantías procesales básicas, pues su implementación no afecta la presunción de inocencia, ni el derecho de defensa, ni la práctica y solicitud de pruebas, ni la posibilidad y oportunidad de controvertirlas, así como tampoco el derecho a impugnar las decisiones judiciales a través de los mecanismos y recursos que se encuentran previstos para el efecto. En relación con este aspecto, la parte general del Código Disciplinario del Abogado presenta una adecuación sustantiva de los principios constitucionales del debido proceso, entre ellos, el de dignidad humana, legalidad, antijuridicidad, culpabilidad, favorabilidad, presunción de inocencia, non bis in idem, igualdad material y derecho de defensa, previendo de forma expresa el respeto de los mismos y su forma de aplicación en el contexto de la actuación judicial. En concordancia con ello, el libro tercero del referido estatuto, que se ocupa del procedimiento disciplinario, en los artículos 48 a 54, consagra también los principios constitucionales que inciden especialmente en el ámbito disciplinario y que deben orientar el ejercicio de la función disciplinaria, destacándose entre ellos, los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, motivación, doble instancia y contradicción.
8.15. Igualmente, no puede aducirse la vulneración del principio de inmediación, entendiendo que este, según lo ha destacado esta corporación, “versa sobre la constatación personal del juez y las partes del material probatorio y las acciones procedimentales en sí mismas consideradas, dirigida a la formación de un criterio íntimo y directo sobre argumentos fácticos y jurídicos relacionados con el caso”(36).
(1) De acuerdo con el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, esta corporación, en múltiples pronunciamientos sobre la materia, ha dejado en claro que, para que exista demanda en forma y la Corte pueda adoptar la respectiva decisión de fondo, es necesario que el escrito de acusación contenga: (i) las normas que se acusan como inconstitucionales y (ii) las disposiciones superiores que se estiman violadas, siendo además imprescindible la (ii) formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad, el cual, a su vez, debe estar respaldado en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. La misma jurisprudencia constitucional, de manera particular en la Sentencia C-1052 de 2001, ha explicado que existen razones “(i) claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil entendimiento, (ii) ciertas, si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor, (iii) específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política, (iv) pertinentes, cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia, y (v) suficientes, en la medida en que contengan todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado”.
(2) Ver, entre otras, las sentencias C-002 de 1993, C-540 de 1993, C-060 de 1994, C-196 de 1999, C-393 de 2006 y C-212 de 2007.
(3) Sentencia C-060 de 1994, reiterada, entre otras, en las sentencias C-393 de 2006, C-884 de 2007 y C-398 de 2011.
(4) Sentencia C-884 de 2007.
(5) Sentencia C-393 de 2006.
(6) Sobre el tema de pueden consultar las sentencias C-543 de 1993, C-884 de 2007 y C-398 de 2011, entre otras.
(7) Cfr. Sentencia C-393 de 2006.
(8) Sentencia C-884 de 2007, reiterada, entre otras, en la Sentencia C-398 de 2011.
(9) Sentencia C-398 de 2011.
(10) Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-037 de 1996, C-396 de 2006, C-884 de 2007 y C-398 de 2011.
(11) Sentencia C-444 de 1995, reiterada, entre otras, en las sentencias C-111 de 2000 y C-154 de 2004, entre otras.
(12) Consultar Sentencia C-755 de 2013.
(13) Consultar la Sentencia T-058 de 2006, reiterada en la Sentencia C-594 de 2014.
(14) C-200 de 2002, reiterada en la Sentencia C-594 de 2014, entre otras.
(16) Sentencia C-154 de 2004.
(17) Sentencia C-392/2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(18) Sentencia C-040/97.
(19) Sentencias C-562 de 1997 y C-507 de 2014.
(20) Sentencia C-884 de 2007.
(21) Sentencias T-001 de 1993, C-248 de 2013 y C-507 de 2014.
(22) Sentencia C-428 de 2002.
(23) Sentencias C-742 de 1999, C-111 de 2000, C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-372 de 2011, C-248 de 2013 y C-507 de 2014.
(24) Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-372 de 2011, C-248 de 2013 y C-507 de 2014, entre otras.
(25) Ver entre otras las sentencias C-742 de 1999, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-927 de 2000, C-1717 de 2000, C-927de 2000.
(26) Cfr., entre otras, las sentencias C-927 de 2000, C-555 de 2001, C-640 de 2002, C-642 de 2002, C-736 de 2002, C-740 de 2002, C-788 de 2002, C-561 de 2004, C-340 de 2006, T-738 de 2006, C-692 de 2008, C-372 de 2011, C-248 de 2013 y C-507 de 2014.
(27) Cfr. Sentencia C-248 de 2013.
(28) Sentencia C-619 de 2012.
(29) Sentencia C-619 de 2012.
(30) Sentencia C-037 de 1996, reiterada, entre otras, en las sentencias C-248 de 1999, C-879 de 2003 y C-619 de 2012.
(31) Sentencia C-884 de 2007.
(32) El artículo 35 del Código General del Proceso dispone expresamente:
“ART. 35.—Atribuciones de las salas de decisión y del Magistrado Sustanciador. Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El Magistrado Sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la Sala de Decisión.
A solicitud del Magistrado Sustanciador, la Sala Plena Especializada o Única podrá decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial”.
(33) Los artículos 180, 182, 183 y 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevén:
“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: (...).
“ART. 182.—Audiencia de alegaciones y juzgamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o subsección correspondiente...”.
“ART. 183.—Actas y registro de las audiencias y diligencias. Las audiencias y diligencias serán presididas por el juez o Magistrado Ponente. En el caso de jueces colegiados podrán concurrir los magistrados que integran la Sala, Sección o Subsección si a bien lo tienen. Tratándose de la audiencia de alegaciones y juzgamiento esta se celebrará de acuerdo con el quórum requerido para adoptar la decisión”.
“ART. 229.—Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”.
(34) Los artículos 6º, 8º, 9º y 10 del Decreto 2067 de 1991, establecen:
El Magistrado Sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que esta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.
Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente. No obstante estas decisiones también podrán adoptarse en la sentencia” (...).
“ART. 8º—De ordinario, vencido el término para que rinda concepto el procurador, se iniciará el cómputo de 30 días para que el Magistrado Sustanciador presente el proyecto de sentencia a la Corte. Vencido el término para la presentación del proyecto, comenzarán a correr los 60 días de que dispone la Corte para adoptar su decisión.
“ART. 9º—El Magistrado Sustanciador presentará por escrito el proyecto de fallo a la secretaría de la Corte, para que esta envíe copia del mismo y del correspondiente expediente a los demás magistrados. Entre la presentación del proyecto de fallo y la deliberación en la Corte deberán transcurrir por lo menos cinco días, salvo cuando se trate de decidir sobre objeciones a proyectos de ley o en casos de urgencia nacional.
“ART. 10.—Siempre que para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites que antecedieron el acto sometido al juicio constitucional de la Corte o de hechos relevantes para adoptar la decisión, el Magistrado Sustanciador podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez días.
La práctica de las pruebas podrá ser delegada en un magistrado auxiliar”.
(35) El reglamento interno de la Corte Constitucional, Acuerdo 5 de 1992, dispone en los artículos 49, 50, 54A y 57, lo siguiente:
“ART. 49.—Sala de Selección de Tutelas. Cada mes la Sala Plena de la Corte Constitucional designará a dos de sus integrantes para conformar la Sala de Selección de Tutelas, en forma rotativa y por sorteo. Para agotar la lista, se partirá del magistrado que no haya sido sorteado (...).
“ART. 50.—Salas de Revisión de Tutelas. A medida que se repartan los negocios de tutela se irán conformando las salas de Revisión, una por cada reparto, así: El magistrado a quien corresponda alfabéticamente recibirlo, presidirá la Sala conformada con los dos magistrados que le sigan en orden. La Sala decidirá por mayoría absoluta y el magistrado disidente podrá salvar o aclarar su voto.
“ART. 54A.—Revisión por la Sala Plena. Cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de unificación de jurisprudencia o la transcendencia del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondrá que la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena.
“ART. 57.—Pruebas en revisión de tutelas. Con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado Sustanciador, si lo considera conveniente, decretará pruebas. En este evento, la Sala respectiva podrá ordenar que se suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario.
(36) Sentencias C-124 de 2011 y C-543 de 2011.

References: ARTÍCULO 102
 ARTÍCULO 106
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 95
 artículo 150
 artículo 29
 artículo 150
 artículo 104
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 35