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Timestamp: 2019-08-22 11:51:05+00:00

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﻿ LEY 1876 DE DICIEMBRE 29 DE 2017
LEY 1876 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:SECTOR AGROPECUARIO. SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA, COMPUESTO POR SUBSISTEMAS, PLANES ESTRATÉGICOS, INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN, PLATAFORMAS DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, ASÍ COMO MECANISMOS PARA SU FINANCIACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. DEROGA LA LEY 607 DE 2000
ART. 1º—Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la creación y puesta en marcha del sistema nacional de innovación agropecuaria (SNIA), compuesto por subsistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión, procedimientos para su implementación, así como mecanismos para su financiación, seguimiento y evaluación.
ART. 2º—Definiciones. Para efectos de la presente ley aplican las siguientes definiciones:
5. Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (PECTIA). Herramienta de planificación que define los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción en materia de ciencia, tecnología e innovación sectorial para aumentar la competitividad, sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Se formula para un período de 10 años.
15. Organización comunitaria. Todos aquellos productores agropecuarios organizados de forma asociativa, cooperativa, solidaria u otras formas de organización.
ART. 3º—Principios. Además de los definidos en la Constitución Política, en la Ley 489 de 1998, en la Ley 1454 de 2011 y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se sustenta en los siguientes principios:
8. Orientación al mercado e incorporación a cadenas de valor. Las acciones y estrategias adelantadas en el marco del SNIA deberán responder a las necesidades de los productores agropecuarios en función de su vinculación efectiva al mercado, acorde con las características de cada producto o sistema de producción, y de su participación equitativa y eficiente en una o varias cadenas de valor.
10. Propiedad intelectual. Las acciones y estrategias del SNIA deberán garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual adoptadas por el país, y estarán orientadas a promover la innovación, competitividad y generación de valor agregado en el sector agropecuario, mediante el aprovechamiento de los instrumentos establecidos en dichas normas, en lo concerniente a la protección, uso y reconocimiento de la propiedad intelectual.
12. Seguridad alimentaria y nutricional. Las acciones y estrategias del SNIA deberán contribuir progresivamente a la seguridad alimentaria y nutricional de la población, entendida esta como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad, y bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.
ART. 4º—Sistema nacional de innovación agropecuaria (SNIA). Créase el sistema nacional de innovación agropecuaria (SNIA), como un subsistema del sistema nacional de competitividad, ciencia, tecnología e innovación (SNCCTI) definido en el artículo 186 de la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1286 de 2009 el cual será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El SNIA está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de innovación para el sector. Paralelamente colabora con el SNCCTI en la identificación de políticas y prácticas para la promoción de la innovación asociada a otras actividades de la economía rural, donde los productores agropecuarios también participan.
ART. 5º—Estructura del sistema nacional de innovación agropecuaria (SNIA). El SNIA está integrado por los siguientes subsistemas:
ART. 6º—Espacios de articulación. En desarrollo del principio de articulación, el SNIA debe operar bajo la coordinación sistemática de las instituciones públicas y privadas nacionales, regionales y locales. Los espacios de coordinación serán, entre otros, el consejo superior del SNIA y los comités técnicos que este defina; las mesas de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria creadas por las comisiones regionales de competitividad, los consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación (Codectis); los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal, comercial y de desarrollo rural (Consea); los consejos municipales de desarrollo rural (CMDR); las redes de innovación y los sistemas territoriales de innovación agropecuaria.
ART. 7º—Objetivos del sistema nacional de innovación agropecuaria (SNIA). Son objetivos generales del SNIA los siguientes:
2. Promover e implementar las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, formación, gestión del conocimiento, transferencia de tecnología, capacitación e innovación, protección sanitaria y fitosanitaria y de innocuidad, a través de las entidades competentes, que permitan a los productores agropecuarios optimizar su actividad productiva para aprovechar las oportunidades de mercado.
10. Fomentar la formación y el relevo generacional de recurso humano altamente capacitado para I+D+i de acuerdo al plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuario (PECTIA).
ART. 8º—Consejo superior del SNIA. Créase el consejo superior de SNIA como el organismo asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en todos aquellos aspectos que se relacionen con el SNIA, articulado con el consejo asesor de ciencia, tecnología e innovación de que trata el artículo 12 de la Ley 1286 de 2009. Sus funciones son:
2. Recomendar los marcos regulatorios adecuados para temas como propiedad intelectual, bioseguridad y acceso a recursos genéticos, entre otros, considerando siempre las mejores prácticas y las normas internacionales en la materia e incentivando la I+D+i dentro de un escenario de sostenibilidad de la biodiversidad.
7. Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lineamientos de política pública con base en los reportes de seguimiento y evaluación del servicio de extensión agropecuaria, frente a los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) y al (PECTIA). Los reportes serán presentados por la agencia de desarrollo rural.
8. Recomendar los lineamientos para la construcción del plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación y la entidad responsable de su formulación y seguimiento a nivel nacional y territorial.
9. Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estrategias para la planificación, implementación, evaluación y seguimiento de la política de extensión agropecuaria y mecanismos para su financiación.
10. Proponer lineamientos para la identificación de necesidades en materia de extensión agropecuaria, y criterios de priorización y focalización de los usuarios del servicio a nivel territorial, que podrán ser acogidos por las autoridades territoriales para diseñar los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA).
11. Constituir, cuando se requiera, comités técnicos de trabajo en cada uno de los subsistemas definidos por esta ley.
14. Proponer alternativas que garanticen la participación real de las mujeres y jóvenes rurales en los procesos y herramientas ofrecidas por el SNIA.
ART. 9º—Integración del consejo. El consejo superior del SNIA estará conformado así:
2. El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), o un subdirector delegado.
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), o un subdirector delegado.
6. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su viceministro delegado.
7. El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, o un subdirector delegado.
8. El Director Ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), o un director nacional delegado.
9. El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o un subgerente nacional delegado.
10. El Presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), o un vicepresidente delegado.
11. El Presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (Consa).
12. Un representante de las universidades cuyas acciones de formación, extensión y/o investigación tengan vínculo con el sector agropecuario, a través del rector o su vicerrector delegado.
13. Cinco representantes de los productores agropecuarios, uno será el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) o su vicepresidente delegado, un representante de las organizaciones comunitarias, un representante de las comunidades indígenas, un representante de las Comunidades Negras, Afrodescendiente Raizales y Palenqueros (NARP) y una representante de la mujer rural. Estos cuatro últimos representantes serán elegidos por sus organizaciones, según los criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación de la presente ley.
14. Un representante de las asociaciones de profesionales vinculados al sector agropecuario.
15. Dos representantes de los consejos municipales de desarrollo rural.
PAR. 1º—Los miembros del consejo superior del SNIA se reunirá al menos una vez cada seis (6) meses, y podrá invitar a sus sesiones a distintos actores, públicos y privados, cuando lo considere pertinente. El Presidente del Banco Agrario de Colombia o su vicepresidente delegado, y el Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), o un subdirector delegado serán invitados permanentes del consejo superior.
PAR. 2º—Para cumplir con las funciones establecidas en el presente artículo, los miembros del consejo presentados en el artículo 8º en los numerales 1-11 podrán reunirse cuando lo consideren conveniente.
PAR. 3º—La secretaría técnica será ejercida por la dirección de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o quien haga sus veces.
ART. 10.—Funciones de la secretaría técnica. Las funciones de la secretaría técnica del consejo superior del SNIA son:
7. Dar soporte a los comités técnicos que se creen por parte del consejo superior del SNIA.
8. Preparar los documentos técnicos necesarios para las sesiones del consejo superior.
ART. 11.—Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (PECTIA). El plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (PECTIA), así como la agenda I+D+i que lo integra, constituyen el marco orientador de la política de CTI para el sector agropecuario. Sus avances y resultados serán incorporados en la plataforma Siembra.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el responsable de la elaboración y actualización del PECTIA, en coordinación con el DNP, Colciencias y Corpoica. Todos los planes, programas, proyectos e iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación agropecuaria a ser financiados con recursos públicos, deberán estar enmarcados en dicho plan. Sin perjuicio de que la administración de los recursos se realice bajo la normativa que le aplique según la fuente. La actualización del PECTIA se realizará al menos cada cuatro años.
ART. 12.—Mesas de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Las comisiones regionales de competitividad crearán las mesas de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo de los sistemas territoriales de innovación. Las mesas estarán conformadas por representantes de las organizaciones de cadenas regionales, las organizaciones de productores agropecuarios, las organizaciones comunitarias, los representantes de los consejos municipales de desarrollo rural, los centros de investigación y desarrollo tecnológico, del sector agropecuario con presencia en la región, las instituciones de educación superior, especialmente las universidades, las entidades sectoriales de nivel territorial y un representante de los consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación (Codectis), entre otros, además serán presididas por las secretarías de agricultura departamentales, o quien haga sus veces.
ART. 13.—Funciones de las mesas de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria respecto al SNIA. Las funciones de las mesas son:
4. Elevar, a través de su presidente, solicitudes y recomendaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación al consejo nacional de secretarios de agricultura (Consa).
5. Impulsar la creación de parques científicos, tecnológicos y de innovación agropecuarios (PCTIA), en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1753 de 2015, como mecanismo para promover la gestión de conocimiento, la transferencia y escalamiento de la tecnología, y el establecimiento de vínculos de colaboración entre los diversos actores del SNIA y en relación con los demás actores del SNCCTI, en beneficio de la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario.
PAR.—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colciencias definirán los criterios para la priorización de zonas para la conformación de los PCTIA.
ART. 14.—Concurrencia de fuentes de financiación. Las acciones, programas y proyectos que se adelanten en desarrollo de la presente ley podrán ser financiados, entre otras, por las siguientes fuentes:
3. Los recursos de libre inversión del componente de propósito general del sistema general de participaciones.
6. Los recursos de cooperación internacional.
7. Las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y organismos internacionales.
PAR. 1º—Las entidades de nivel nacional, que ejecuten recursos del presupuesto general de la nación destinados a actividades de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria y en especial a la prestación de servicios de extensión agropecuaria, asistencia técnica agropecuaria o similares, deberán hacerlo de conformidad con la presente ley.
PAR. 2º—A través del presupuesto general de la nación se dispondrán los recursos requeridos para dar soporte a la operación del SNIA, en correspondencia con las funciones que esta ley define para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación y Corpoica, de acuerdo con el marco de gasto de mediano plazo del sector.
ART. 15.—Fondo nacional de extensión agropecuaria. Créase el fondo nacional para el servicio de extensión agropecuaria (FNEA) como un fondo especial que operará como una cuenta, sin personería jurídica, conformado por subcuentas departamentales y/o subsectoriales, adscrito y bajo la administración de la agencia de desarrollo rural. El FNEA se fondeará con los recursos de que trata el artículo 14 de la presente ley y tendrá como objeto la financiación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria ejecutado a través de los PDEA.
PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento del fondo nacional de extensión agropecuaria (FNEA) dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
ART. 16.—Veeduría, seguimiento y evaluación al SNIA. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural coordinará con cada subsistema del SNIA la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos y principios del SNIA, en el marco de un proceso de mejora continua. La sociedad civil podrá hacer veeduría de las acciones, estrategias y resultados del SNIA en el marco de los consejos municipales de desarrollo rural (CMDR), así mismo podrá presentar a las secretarías de agricultura departamental o quien haga sus veces sus sugerencias, quejas o denuncias.
ART. 17.—Subsistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario. Créase el subsistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario como parte integral del SNIA definido como el conjunto de políticas, instrumentos y actores, así como las relaciones que estos promueven, con el objetivo de orientar, planificar, implementar y evaluar las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, e innovación que se ejecutan en el ámbito agropecuario.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Colciencias coordinarán el subsistema de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, para lo cual se articularán con el consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria o quien haga sus veces en los términos de la Ley 1286 de 2009 y con los demás actores del SNCCTI a través de las instancias definidas para ello.
ART. 18.—Actores del subsistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario. Serán actores del subsistema de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario:
1. El Departamento Administrativo Nacional de Ciencia y Tecnología (Colciencias).
2. El Departamento Nacional de Planeación (DNP).
3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
4. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).
5. Los centros nacionales de investigación y desarrollo del sector agropecuario (Ceni).
6. Las instituciones de educación superior (IES), con sus grupos de investigación.
7. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
8. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
9. Los gremios de la producción.
10. Las organizaciones de cadena.
11. Los centros de investigación internacionales con acciones en el país.
12. Las empresas del sector agropecuario que cuentan con unidades de I+D+i.
13. Los productores y asociaciones de productores del sector agropecuario.
ART. 19.—Subsistema nacional de formación y capacitación para la innovación agropecuaria. Créase el subsistema nacional de formación y capacitación para la innovación agropecuaria como parte integral del SNIA, definido como el conjunto de políticas, instrumentos y actores, así como las relaciones que estos promueven, para coordinar la planificación, implementación, financiación y evaluación de las acciones de formación y capacitación que impacten directamente el proceso de I+D+i en el sector agropecuario.
El Ministerio de Educación será el coordinador del subsistema nacional de formación y capacitación para la innovación agropecuaria, para lo cual se articulará con los demás actores del SNIA, principalmente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de las instancias que se definan para ello.
ART. 20.—Actores del subsistema nacional de formación y capacitación para la innovación agropecuaria. Serán actores del subsistema:
1. El Departamento Nacional de Planeación (DNP).
2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
3. El Ministerio de Educación Nacional (MEN).
4. El Departamento Administrativo Nacional de Ciencia y Tecnología (Colciencias).
5. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
6. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).
8. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
9. Los colegios o asociaciones de profesionales relacionadas con el sector agropecuario.
10. Las secretarías de educación y agricultura departamentales y municipales, o las que hagan sus veces.
11. Las instituciones de educación superior.
12. Las instituciones o entidades del sistema nacional de educación para el trabajo y el desarrollo humano (SIET) que tengan programas de educación técnica, tecnológica, profesional y de posgrado dirigidos a atender necesidades del sector agropecuario.
13. Los colegios agropecuarios que responden a la formación media técnica en este ámbito.
14. Las instituciones de educación no formal que impartan programas educativos relacionados con el sector agropecuario.
15. Las personas o entidades que desarrollen actividades de educación informal agropecuaria, según los criterios a reglamentar en la presente ley.
16. Los docentes y estudiantes de programas relacionados con el sector agropecuario y rural.
17. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
18. Los demás que ejecuten acciones en el marco de este subsistema.
ART. 21.—Subsistema nacional de extensión agropecuaria. Créase el subsistema nacional de extensión agropecuaria como parte integral del SNIA, definido como el conjunto de políticas, instrumentos y actores, así como las relaciones que estos promueven, para orientar, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la prestación del servicio de extensión agropecuaria que tiene lugar en el ámbito rural nacional. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el coordinador del subsistema de extensión agropecuaria.
ART. 22.—Actores del subsistema nacional de extensión agropecuaria. Serán actores del subsistema nacional de extensión agropecuaria:
3. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
4. La Agencia de Renovación del Territorio (ART).
5. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).
6. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
7. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
8. El Banco Agrario de Colombia.
10. Las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria (UMATA).
11. Los centros provinciales de gestión agroempresarial (CPGA).
12. Las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuario (EPSEA), y demás prestadores de este servicio.
13. Asociaciones de profesionales del sector agropecuario.
14. Los gremios, asociaciones, organizaciones comunitarias, organizaciones de jóvenes o mujeres y productores del sector agropecuario.
16. El Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (Consa).
17. Los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal, comercial y de desarrollo rural (Consea).
18. Los consejos municipales de desarrollo rural (CMDR).
ART. 23.—Soporte al subsistema nacional de extensión agropecuaria. Se entiende por soporte al subsistema todas aquellas acciones orientadas a proveer y mejorar las capacidades, herramientas e instrumentos requeridos para ejecutar los servicios de extensión agropecuaria. Así mismo la sistematización de experiencias exitosas en la prestación de los servicios de extensión, que permita identificar y replicar buenas prácticas así como consolidar las competencias de los prestadores.
Corpoica o quien haga sus veces, será el coordinador de dicho soporte, para lo cual trabajará en red con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y los demás actores del SNIA, de los sistemas territoriales y las redes de innovación en el marco de sus competencias. La agencia de desarrollo rural proveerá los elementos para alinear los procesos de soporte con la implementación de los servicios.
PAR.—Como parte del soporte al subsistema, se podrán desarrollar herramientas con el fin de dar a conocer la oferta de profesionales y empresas prestadoras de servicios de extensión agropecuaria, asistencia técnica y/o consultoría especializada. La comunidad Linkata de la plataforma Siembra podrá contribuir con dicho objetivo.
ART. 24.—Servicio público de extensión agropecuaria. La extensión agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; y comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral.
La competencia frente a la prestación del servicio público de extensión corresponde a los municipios y distritos, quienes deberán armonizar sus iniciativas en esta materia, con las de otros municipios y/o el departamento al que pertenece, a fin de consolidar las acciones en un único plan denominado plan departamental de extensión agropecuaria. Este servicio deberá ser prestado a través de las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria (EPSEA) habilitadas para ello. Sin perjuicio de que dichas EPSEA sean entidades u organizaciones de diversa naturaleza.
ART. 25.—Enfoque de extensión agropecuaria en la prestación del servicio. El enfoque bajo el cual operará el servicio público de extensión agropecuaria debe contemplar los siguientes aspectos, que se desarrollarán en función del diagnóstico previo que se realice a los usuarios:
1. Desarrollo de las capacidades humanas integrales mediante la generación y mejora de las habilidades, destrezas, talentos, valores y principios de los productores agropecuarios, para ejecutar apropiadamente las gestiones y labores que demande su actividad productiva, entre otras, actividades técnico-productivas y/o de adecuación y transformación de la producción primaria, administrativas, financieras y crediticias, informáticas, de mercadeo y de comercialización; así como para la convivencia y el desarrollo rural pacífico.
2. Desarrollo de las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, que permita la organización de los productores para gestionar colectivamente y de manera eficiente las entradas (insumos y factores productivos) y salidas (alimentos, materias primas y productos con valor agregado) de sus sistemas de producción. Así mismo, la promoción del desarrollo empresarial, de las organizaciones de segundo piso, y la conformación de redes de productores, mujeres y jóvenes rurales, entre otras.
5. Desarrollo de habilidades para la participación de los productores en espacios para la retroalimentación de la política pública sectorial, además del empoderamiento para autogestionar la solución de sus necesidades.
ART. 26.—Tasa del servicio público de extensión agropecuaria. Créase una tasa retributiva de servicios que se causará por la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en los términos de los artículos 24 y 25 de la presente ley. Los departamentos a través de sus asambleas, establecerán por medio de ordenanza la tasa por el servicio público de extensión agropecuaria, así como su sistema y método que tendrá en cuenta para la definición de costos que servirán de base para la determinación de las tarifas, la conformación de los sistemas territoriales de innovación en caso de que dichos sistemas sean conformados. La misma ordenanza que establezca la tasa para el servicio público de extensión agropecuaria deberá señalar la autoridad pública autorizada para fijar la tarifa. La tasa estará a cargo de los usuarios del servicio.
Las asambleas departamentales, en la formulación del proyecto de ordenanza de que trata el presente artículo, deberán acoger el régimen jurídico que reglamenta el servicio público de extensión agropecuaria, así como las directrices técnicas, jurídicas, financieras, administrativas y lineamientos de política, expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de que los usuarios accedan al subsidio de que trata el artículo 28 de la presente ley.
PAR.—El recaudo de la tasa tendrá como destinación única, la financiación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria a cargo de los municipios.
ART. 27.—Transferencia del recaudo de la tasa a los municipios. En casos donde se defina que la tasa por la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, será recaudada por un ente distinto al municipio, dicho ente deberá transferirle los recursos recaudados, de forma trimestral al municipio que los genera. Los departamentos ejercerán seguimiento a la realización de dicha transferencia, garantizando que la misma se ejecute en las condiciones del presente artículo.
ART. 28.—Subsidio a la tarifa de la tasa por la prestación de servicio público de extensión agropecuario. La tarifa de la tasa por la prestación del servicio público de extensión agropecuaria deberá ser subsidiada conforme a la disponibilidad y concurrencia de los recursos de los numerales 1º, 2º, 3º y 4º de que habla el artículo 14 de la presente ley. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural atendiendo las recomendaciones del consejo superior del SNIA, los principios de la función administrativa que apliquen a la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en cuanto sean compatibles con su naturaleza y régimen y en estricto cumplimiento del principio de gradualidad y temporalidad de que trata la presente ley, reglamentará la clasificación, caracterización y criterios para la priorización de los beneficiarios del subsidio, la temporalidad y permanencia en su otorgamiento, así como su gradualidad y el porcentaje de la tarifa que será subsidiada. Entre otros los criterios de priorización del subsidio serán los siguientes:
1. Puntaje y nivel en el Sisbén.
2. La condición de víctima en los términos de la Ley 1448 de 2011.
3. La condición de mujer rural de conformidad con la Ley 731 de 2002.
4. La condición de beneficiario del fondo de tierras en los términos del Decreto-Ley 902 de 2017.
5. Población objetivo de los planes de acción para la transformación regional, PATR, de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) definidos en el Decreto-Ley 893 de 2017.
6. Población objetivo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo, PISDA, del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) en los términos del Decreto-Ley 896 de 2017.
7. Población objetivo de los planes y programas integrales de desarrollo agropecuario y rural de conformidad con el Decreto 2364 de 2015.
8. Población incluida en planes y programas de desarrollo rural y/o agropecuario promovidos por el MADR.
9. La clasificación de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria.
El subsidio de la tarifa que se otorgue a los usuarios será diferencial, temporal y decreciente en el tiempo, respondiendo a la mejora en las capacidades y condiciones de los productores, así como al logro de las metas y objetivos propuestos en los planes departamentales de extensión agropecuaria.
PAR. 1º—Los recursos del presupuesto general de la nación destinados a financiar subsidios a la tarifa de la tasa por la prestación del servicio público de extensión agropecuaria se girarán a los departamentos y/o municipios, previo cumplimiento de la reglamentación, los lineamientos de política, y las directrices técnicas, jurídicas, financieras y administrativas que se constituyan como determinantes de dicho subsidio, expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PAR. 2º—Los usuarios que cumplan con los criterios de priorización definidos en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º y hagan parte de la población objetivo definidos en los numerales 5º, 6º, 7º u 8º del presente artículo, serán beneficiados con el subsidio de 100%.
PAR. 3º—La gradualidad en el otorgamiento del subsidio tendrá en cuenta los logros y progresos de los beneficiarios del servicio de extensión, en términos de los enfoques definidos en el artículo 25 de la presente ley.
(Nota: Se declara exequible condicionalmente el presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-94 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos, bajo el entendido que la potestad reglamentaria concedida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, será ejercida por el Presidente de la República en los términos del artículo 189-11 de la Constitución Política.)
ART. 29.—Planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA). El plan departamental de extensión agropecuaria (PDEA) es el instrumento de planificación cuatrienal en el cual cada departamento, en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA, definirá los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión agropecuaria en su área de influencia. El PDEA debe incluir como mínimo los siguientes elementos:
7. Las acciones regionales de manejo sostenible de los recursos naturales, de gestión del riesgo agroclimático, y de adaptación al cambio climático a ser integradas al sector a través del servicio público de extensión agropecuaria.
8. Los sistemas territoriales de innovación, alianzas interinstitucionales, redes e iniciativas orientadas a la innovación agropecuaria regional, que deban ser articuladas con el servicio público de extensión agropecuaria.
9. La articulación con los planes y programas de prestación de servicios de extensión o asistencia técnica agropecuaria adelantados con recursos de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros. En el caso de que el PDEA incluya productores ya beneficiados por la parafiscalidad agropecuaria, en la definición de la tarifa del servicio no se tendrá en cuenta el aporte correspondiente.
10. Programas y proyectos para mejorar y/o mantener el estatus sanitario, fitosanitario y de inocuidad en la producción agropecuaria.
11. Desarrollo y uso de nuevas tecnologías para la información y la comunicación TIC para impulsar, apoyar y/o soportar los distintos procesos de gestión de conocimiento que hacen parte de la extensión agropecuaria.
PAR. 1º—La cobertura geográfica del PDEA será flexible, respondiendo a las particularidades de los territorios. En tal sentido el PDEA deberá organizar sus acciones en cualquiera de las siguientes dimensiones: municipal, por grupo de municipios, provincial, por cuenca, por subregión, por sistema territorial de innovación, o cualquier otro tipo de organización territorial dentro de un departamento. En los territorios donde converjan varios departamentos, estos podrán acordar acciones articuladas para atender su población. El PDEA deberá presentarse cada cuatro años junto con el plan de desarrollo departamental a la asamblea, para su correspondiente aprobación.
PAR. 2º—El PDEA debe guardar coherencia con el plan de desarrollo departamental, los planes agropecuarios municipales y los planes de ordenamiento territorial y la normativa ambiental. En todo caso deberá consultar las herramientas de ordenamiento social y productivo de la propiedad que contribuyan con los procesos de planificación del sector agropecuario expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sus entidades adscritas y vinculadas.
PAR. 3º—En todos los casos el consejo municipal de desarrollo rural (CMDR) será el espacio de diálogo local de las necesidades e iniciativas que se propongan y se concierten en el plan departamental de extensión agropecuaria. La participación de los productores agropecuarios en dicho consejo se dará de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 101 de 1993.
PAR. 4º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en su calidad de miembro de los órganos de dirección de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, deberá adelantar acciones para informar y facilitar la articulación del servicio público de extensión agropecuaria con los planes y programas de que trata el numeral 9º del presente artículo.
PAR. 5º—La agencia de desarrollo rural, a través de sus unidades técnicas territoriales, adelantará un acompañamiento técnico a las secretarías de agricultura departamentales en su tarea de planificación, seguimiento y evaluación del servicio.
PAR. 6º—Se realizarán audiencias públicas regionales para la socialización y la construcción colectiva de los planes departamentales de extensión agropecuaria - PDEA.
PAR. TRANS.—Un año después de entrar en vigencia la presente ley, cada gobernación departamental deberá presentar el PDEA ante la asamblea para su aprobación por el periodo de gobierno que reste en cada departamento.
PAR. TRANS.—Durante la denominada fase de transición (15 años) para la implementación de la reforma rural integral prevista en el acuerdo final de paz, el PDEA será el mecanismo de planificación y ejecución territorial, de conformidad con los lineamientos definidos por el MADR, del plan nacional de asistencia técnica, tecnológica y de impulso a la investigación.
ART. 30.—Usuarios. Los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria serán los productores y las asociaciones u organizaciones de productores que de manera voluntaria soliciten la prestación de dicho servicio, en razón a que ejecutan en uno o varios predios rurales, una o más actividades agropecuarias.
ART. 31.—Registro de usuarios. Para efectos de la prestación del servicio, los productores deberán estar inscritos en el registro de usuarios que disponga el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para esto, los usuarios deberán solicitar su inscripción en el registro ante el municipio correspondiente al lugar donde se ubiquen sus predios. El municipio velará por la veracidad de la información consignada en el registro. El departamento velará porque los municipios y distritos actualicen el registro durante los primeros tres (3) meses de cada año.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promoverá la interoperabilidad de sus sistemas de información, para incorporar y actualizar la información pertinente en el registro de usuarios del servicio de extensión agropecuaria.
PAR.—Para mejorar la cobertura del registro de usuarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia de Desarrollo Rural o quien haga sus veces gestionarán la articulación de información de productores agropecuarios desarrollada con recursos públicos y aquella que el sector privado pueda integrar, sin que ello implique afectar de alguna manera la autonomía de sus administradores frente al desarrollo de sus sistemas de información. La utilización de dichos registros deberá efectuarse de conformidad con las normas de hábeas data.
ART. 32.—Entidades prestadoras. Las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria (Epsea) podrán ser las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria (Umata), centros provinciales de gestión agroempresarial (CPGA), gremios agropecuarios, empresas privadas o de naturaleza mixta, asociaciones de profesionales, universidades y demás instituciones de educación superior, agencias de desarrollo local (ADL), entidades sin ánimo de lucro, colegios agropecuarios, cooperativas, organizaciones o asociaciones de productores, entre otros que tengan por objeto la prestación del servicio de extensión o asistencia técnica agropecuaria, cumpliendo los requisitos de habilitación de que trata el artículo 33 de la presente ley. También podrán prestar el servicio consorcios o uniones temporales entre los tipos de actores anteriormente descritos, siempre que estos cumplan los requisitos de habilitación.
ART. 33.—Habilitación de entidades prestadoras. Para garantizar la calidad en la prestación del servicio de extensión agropecuaria toda Epsea deberá registrarse y cumplir los requisitos que para ello disponga la agencia de desarrollo rural (ADR). El registro y los requisitos se orientarán a garantizar que estas cumplan como mínimo los siguientes aspectos:
3. Capacidades para desarrollar los planes de extensión agropecuaria - PDEA, según los enfoques establecidos para los mismos, de acuerdo con el artículo 25 de la presente ley.
La agencia de desarrollo rural (ADR) reglamentará los requisitos de que trata el presente artículo, habilitará las Epsea, publicará y actualizará el registro correspondiente.
ART. 34.—Promoción del servicio de extensión agropecuaria. La secretaría de agricultura departamental, o quien haga sus veces, en coordinación con los municipios y las unidades territoriales de la agencia de desarrollo rural, promocionará el servicio, de manera que la sociedad en general tenga información sobre su ejecución.
ART. 35.—Selección y contratación de Epseas. Los municipios seleccionarán y contratarán, individual o colectivamente, a la o las Espsea que prestarán el servicio de extensión agropecuaria en su territorio. Para ello deberán aplicar los siguientes requisitos, sin perjuicio de lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables:
1. Que exista convenio o contrato de asociación entre los municipios, o los municipios y el departamento para adelantar el proceso de selección y contratación de la o las Epsea de manera colectiva, cuando así se convenga.
2. Que se encuentren en la lista de entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria (Epsea) habilitadas, publicado por la agencia de desarrollo rural.
3. Que la oferta del servicio responda adecuadamente a las demandas y requerimientos, plasmados en el PDEA a ejecutar. Para lo cual deberá contar con visto bueno del consejo seccional de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal, comercial y de desarrollo rural (Consea) o el consejo municipal de desarrollo rural, cuando la propuesta aplique a un solo municipio.
4. Que los procesos de seguimiento y evaluación de que trata el capítulo IV del presente título den cuenta de su calidad en la prestación de los servicios de extensión agropecuaria.
PAR. 1º—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la agencia de desarrollo rural estarán facultados para contratar Epseas que presten el servicio público de extensión agropecuaria de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
El presente artículo se reglamentará dentro de los primeros seis meses de entrada en vigencia de la presente ley.
ART. 36.—Capacitación y certificación de competencias laborales. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la agencia de desarrollo rural, pondrá a disposición de los actores del subsistema de extensión agropecuaria acciones de capacitación y certificación de competencias laborales dirigidas a profesionales, técnicos o tecnólogos vinculados a la prestación del servicio de extensión agropecuaria.
ART. 37.—Contrato de aprendizaje. La prestación del servicio de extensión agropecuaria a través de los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) deberá permitir que los estudiantes de último semestre o ciclo, de programas de pregrado en los niveles técnico profesional, tecnológico y universitario, en el campo de las ciencias agropecuarias, sociales, administrativas y otras relacionadas con el desarrollo rural, lleven a cabo sus prácticas a través de contratos de aprendizaje con las Epsea, en los términos de la Ley 789 de 2002 y los decretos 933 y 2585 de 2003, o los que los modifiquen o sustituyan.
Las funciones desarrolladas por los estudiantes estarán orientadas a mejorar sus competencias profesionales y laborales, por tanto la ejecución del contrato de aprendizaje deberá contar con plena supervisión de la institución de educación en la cual se encuentre matriculado y de la Epsea que lo vincule.
PAR.—La selección y asignación de los estudiantes al servicio público de extensión agropecuaria considerará los criterios de priorización del subsidio definidos en el artículo 28 de la presente ley, con el fin de maximizar su concurrencia con los mismos.
Unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria y centros provinciales de gestión agroempresarial
ART. 38.—Unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria. Los municipios y distritos podrán crear unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria (Umata), dentro de su estructura administrativa, para la participación en la planeación y/o prestación del servicio de extensión agropecuaria, acompañamiento a productores, ejecución de proyectos agropecuarios y de desarrollo rural, articulación institucional, apoyo logístico al sector, levantamiento de información, y demás actividades relacionadas con su naturaleza.
PAR. 1º—Para ser funcionario de la Umata se exigirán como requisitos ser profesional en el área de agronomía, veterinaria, zootecnia, biología, ingeniería forestal o agroalimentaria, administración agropecuaria, tecnología agropecuaria, técnico agropecuario, bachiller agropecuario y profesiones afines con el sector agropecuario, medio ambiental y pesquero. Su vinculación se hará de acuerdo a las normas de carrera administrativa.
PAR. 2º—Para ser director de Umata es obligatorio acreditar título profesional y tarjeta profesional en áreas agropecuarias o en profesiones afines con el sector agropecuario, medio ambiental o pesquero, así como una experiencia en el sector agropecuario, medio ambiente o pesquero no menor de tres (3) años.
PAR. 3º—Los territorios indígenas podrán constituir las unidades de asistencia técnica agropecuaria, Umatas según los usos y costumbres de las comunidades.
ART. 39.—Generación de capacidades de las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria (Umata). El Gobierno Nacional, los departamentos y los municipios, de conformidad con las apropiaciones presupuestales disponibles, fortalecerán las habilidades y capacidades de las Umata a través de la actualización tecnológica, el conocimiento de la estructura y oferta institucional del sector agropecuario, y la promoción del acceso a esta por parte de los productores.
ART. 40.—Centros provinciales de gestión agroempresarial (CPGA). Los municipios podrán asociarse o autorizar la asociación de las Umata, como respuesta a las demandas identificadas por provincia, cuenca, subregión o cualquier otro tipo de organización territorial dentro de un departamento, e incluso en relación con otros departamentos; dicha asociación se podrá dar para la participación en la planeación y/o prestación del servicio de extensión agropecuaria, acompañamiento a productores, ejecución de proyectos agropecuarios, articulación institucional, apoyo logístico del sector, levantamiento de información y demás actividades que promuevan el desarrollo agropecuario y rural.
PAR. 1º—Los CPGA estarán conformados por los municipios que voluntariamente se asocien, haciendo constar su voluntad en el correspondiente convenio de asociación y en los estatutos que determinen la forma y condiciones de operación de tales centros. Lo anterior supone la supresión de las Umata para evitar la duplicidad de funciones.
PAR. 2º—Las secretarías departamentales de agricultura, o quien haga sus veces, tendrán la responsabilidad de coordinar la constitución, operación y consolidación de los CPGA.
PAR. 3º—Para ser funcionario o director de CPGA aplican los mismos requisitos de los parágrafos 1º y 2º del artículo 37 de la presente ley.
PAR. 4º—Los recursos destinados para los CPGA no serán considerados como gastos de funcionamiento de los señalados en la Ley 617 de 2000.
ART. 41.—Seguimiento. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR y la agencia de desarrollo rural, bajo las directrices acordadas con el DNP, en coordinación con las secretarías de agricultura departamental o quien haga sus veces, realizarán el seguimiento a la prestación del servicio de extensión agropecuaria, y remitirán un reporte semestral a los miembros del consejo superior del SNIA.
ART. 42.—Evaluación. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el DNP, en coordinación con la agencia de desarrollo rural y las secretarías de agricultura departamental, evaluará la prestación del servicio de extensión agropecuaria de acuerdo a los instrumentos e indicadores recomendados por el consejo superior del SNIA para el efecto, para lo cual establecerá los criterios y la periodicidad de la evaluación. La participación de los usuarios del servicio en la evaluación será una condición necesaria en el diseño metodológico que se aplique.
ART. 43.—Entidad sancionadora. La facultad sancionatoria establecida en el presente capítulo corresponde a la agencia de desarrollo rural (ADR), quien adelantará los procesos sancionatorios a través de sus unidades técnicas territoriales.
ART. 44.—Infracciones. Con el fin de evitar conductas que afecten las acciones del subsistema de extensión agropecuaria, en particular la prestación del servicio de extensión agropecuaria, y sin perjuicio de las demás acciones administrativas, penales o civiles a que haya lugar, se considerará como infracción (el incumplimiento e inobservancia de las disposiciones del presente título y de las normas que lo reglamenten, en especial)* las conductas que se describen a continuación:
*(Nota: Se declara inexequible la expresión “… el incumplimiento e inobservancia de las disposiciones del presente título y de las normas que lo reglamenten, en especial” del presente artículo, por la Corte Constitucional en Sentencia C-94 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.)
ART. 45.—Sanciones y su gradualidad. Las sanciones a imponer por parte de la agencia de desarrollo rural (ADR) se clasifican como leves, graves o gravísimas dependiendo del tipo de infracción en que se haya incurrido. La infracción de la EPSEA del literal a) del artículo 43 de la presente ley será leve cuando el incumplimiento a la obligación contractual no recaiga en alguno de los elementos esenciales del contrato, graves cuando el incumplimiento a la obligación contractual recaiga en alguno de los elementos esenciales y gravísima cuando el incumplimiento a la obligación contractual recaiga en alguno de estos elementos y adicionalmente se altere el orden público, económico, social o ambiental.
La infracción de la EPSEA del literal b), c) y d) del artículo 44 de la presente ley se considerarán como graves si se comprueba la culpa del infractor y gravísimas si se comprueba el dolo del infractor.
La infracción de los usuarios del literal a) del artículo 44 de la presente ley será grave si se comprueba la culpa del infractor y gravísima si se comprueba dolo del infractor.
La infracción de los usuarios del literal b) del artículo 44 de la presente ley será leve cuando el incumplimiento de la acción de extensión no altere el orden público, económico, social o ambiental, grave cuando con el incumplimiento de la acción de extensión se compruebe la culpa del infractor y altere el orden económico, social o ambiental y gravísima cuando con el incumplimiento se compruebe el dolo del infractor y altere el orden social, económico o ambiental.
1. Para las EPSEA, inhabilitación temporal o permanente, y multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando la infracción sea leve; multa de hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando la infracción sea grave y hasta dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando la infracción sea gravísima.
PAR. 1º—Las conductas leves podrán ser subsanadas por parte de los usuarios o de las Epsea que logren mitigar el impacto de sus conductas, caso en el cual no se impondrán sanciones.
PAR. 2º—La agencia de desarrollo rural (ADR) como autoridad sancionatoria podrá hacer el cobro coactivo de las multas que se impongan y que estén debidamente ejecutoriadas.
(Nota: Se declara exequible condicionalmente el presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-94 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos, bajo el entendido que la inhabilitación permanente para las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria –EPSEA– prevista como sanción en el numeral 1º del inciso quinto, procede únicamente cuando la infracción sea gravísima, de conformidad con lo expuesto en los fundamentos jurídicos 6.10.2 a 6.10.8 de esta providencia; y que las sanciones de inhabilitación temporal y suspensión temporal contenidas en los numerales 1º y 2º del inciso quinto del artículo 45 de la Ley 1876 de 2017, respectivamente, sólo podrán aplicarse cuando el legislador determine la duración temporal de las mismas.)
ART. 46.—Reglamentación. Para efectos de su implementación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará las materias técnicas objeto de la presente ley.
ART. 47.—Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Ley 607 de 2000 y sus normas reglamentarias.

References: artículo 186
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 28
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 189
 artículo 61
 artículo 33
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 37
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 45