Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-458-10.htm
Timestamp: 2017-10-24 07:38:13+00:00

Document:
Sentencia T-458/10
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER LA REPARACION DE PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA POBLACION DESPLAZADA-Diferencia con otras medidas adoptadas por el Estado
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION-Obligación del Estado de implementar medidas orientadas a la reparación integral
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LA POBLACION DESPLAZADA-Carácter integral en relación a las victimas individuales y colectivas
El derecho a obtener reparación es de carácter integral. Esto significa que su alcance excede la visión meramente económica de la participación de las víctimas dentro de los procesos llevados contra los responsables del daño, y debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario. En el plano individual, la Corte ha sostenido que las medidas de reparación se extienden a“(i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a su estado original; (ii) la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y (iii) la satisfacción o reparación moral”. En el plano comunitario, también las víctimas colectivas de violaciones de sus derechos humanos o de delitos por parte de grupos armados al margen de la ley, tienen derecho a una reparación colectiva que exige por parte del Estado la implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, garantías de no repetición, y acciones orientadas a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia.
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LA POBLACION DESPLAZADA-Vías jurídicas e institucionales para acceder a éste
PROGRAMA DE REPARACION POR VIA ADMINISTRATIVA PARA LAS VICTIMAS DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY-Procedimiento para obtener la reparación por esta vía
INDEMNIZACION EN ABSTRACTO-Circunstancias en que procede por vía de tutela
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LA POBLACION DESPLAZADA-Vulneración por parte de Acción Social al considerar que la ayuda humanitaria y la reparación integral son equivalentes
REPARACION INTEGRAL POR VIA ADMINISTRATIVA PARA LAS VICTIMAS DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY-No se puede condicionar su acceso a la existencia o avance de un proceso judicial por cuanto la reparación e indemnización son obligaciones del Estado independientes de éste
Bogotá, DC., quince (15) de junio de dos mil diez (2010).
1.1 Relatan que el señor Raúl Morales Bohórquez fue asesinado el 20 de mayo de 2000 en la finca de su propiedad denominada “El Tesoro”, ubicada en el municipio de Fundación (Magdalena), a manos del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Afirman que este grupo armado también se apropió de la finca “El Tesoro”, de una camioneta marca Luv modelo 1997, y de 317 reses que se encontraban en el predio mencionado.
1.2 Mediante la Resolución Número 6277 de 3 de enero de 2006 de Acción Social, Zoila de Jesús Ortega Mojica, Marena Morales Ortega, Elizabeth Esther, Mercedes María y Tania Luz Morales Herrera obtuvieron a título de ayuda humanitaria y gastos funerarios la suma de $9.899.666.10. Por el mismo concepto, Rocío del Pilar Morales Soto recibió el valor de $1.099.962.90 mediante la Resolución 9349 del 17 de abril de 2006 de Acción Social.
1.3 El 2 de abril de 2009, Mercedes Herrera Novoa, Rocío del Pilar Morales Soto, Tania Luz, Elizabeth Esther y Mercedes María Morales Herrera, presentaron derechos de petición solicitando a Acción Social la iniciación de la actuación administrativa tendiente “a hacer efectivo el derecho a la justa reparación por la muerte de Raúl Morales Bohórquez (…) y por cuya causa padecemos enormes perjuicios materiales morales y de vida en relación”[1].
1.4 El 22 de abril de 2009, la Subdirectora de Atención a Víctimas de la Violencia respondió los derechos de petición. Recordó que la ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia fue entregada a los familiares de Raúl Morales Bohórquez mediante las Resoluciones 6277 de 3 de enero de 2006 y 9349 de 17 de abril de 2006, y señaló que en caso de que las solicitantes se sientan con igual o mejor derecho a reclamar, pueden repetir en contra de los beneficiarios de la ayuda.
1.5 Indican que la Fiscalía 26 de la Unidad Seccional de Fundación inició investigación de oficio sobre estos hechos, pero profirió resolución de suspensión de la investigación el 10 de enero de 2001, sin que se conozca que esta haya sido levantada hasta la fecha.
1.7 La demanda fue admitida el 13 de noviembre de 2009 por el Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena).
2.1.1 El mandato de Acción Social respecto de las víctimas del conflicto armado se encuentra delimitado por la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002. De acuerdo con estas leyes, Acción Social únicamente está obligada a brindar asistencia humanitaria, la cual tiene como propósito “sufragar los requerimientos necesarios a fin de satisfacer los derechos constitucionales”.
“ ‘-Verificar las fuentes de información sobre la acreditación de la calidad de víctima y formular recomendaciones dirigidas al Comité de Reparaciones Administrativas, dentro de un término de dieciocho (18) meses, contado a partir de que el formulario haya sido radicado en ACCIÓN SOCIAL. La carga de la prueba ya no recae en la persona interesada sino en la administración (…)’
-La decisión que adopte el Comité de Reparaciones Administrativas se notificará a la persona solicitante quien podrá interponer el recurso de reposición contra esta decisión”.
3.1 En sentencia del 27 de noviembre de 2009 el Juzgado Penal del Circuito de Fundación decidió tutelar el derecho a la reparación integral. En consecuencia, ordenó condenar en abstracto a Acción Social a pagar los perjuicios causados por el homicidio de Raúl Morales Bohórquez, y remitió el expediente al Juez del Circuito Administrativo de Santa Marta para que surtiera el trámite incidental de liquidación de los perjuicios. El juez encontró que a los accionantes se les vulneró el derecho a la “justa reparación”, pues está probado que son víctimas del conflicto armado, pero no existe un pronunciamiento judicial ni una actuación administrativa que garantice los derechos de las víctimas del homicidio y hurto de Raúl Morales Bohórquez.
4.1 Poderes otorgados por los accionantes al abogado Nelson Javier de la Valle Restrepo, con el fin de presentar la presente acción de tutela.
4.2 Registro de defunción del señor Raúl Morales Bohórquez.
4.4 Derechos de petición presentados el 2 de abril de 2009 por Mercedes Herrera Novoa, como cabeza del hogar compuesto por Tania Luz, Elizabeth Esther y Mercedes María Morales Herrera, y por Rocío del Pilar Morales Soto ante Acción Social.
4.5 Resolución 4649 del 17 de abril de 2006 expedida por Acción Social, “por la cual se hace un reconocimiento de víctimas de la violencia y se ordena el pago de ayuda humanitaria y gastos funerarios de que tratan los artículos 16, 46 y 49 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y prorrogada y modificada por la Ley 782 de 2002, por actos terroristas perpetrados en el año 2000”.
4.6 Resolución 6277 del 3 de enero de 2006 expedida por Acción Social, “por la cual se hace un reconocimiento de víctimas de la violencia y se ordena el pago de ayuda humanitaria y gastos funerarios de que tratan los artículos 16, 46 y 49 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y prorrogada y modificada por la Ley 782 de 2002, por actos terroristas perpetrados en el año 2000”.
4.7 Comunicación del Director Seccional de Fiscalías de Santa Marta, William Alberto Baquero, del 23 de noviembre de 2009, en la cual se manifiesta que “revisados los sistemas de información no se encontró información alguna con relación a la muerte del señor RAÚL MORALES BOHÓRQUEZ, la expropiación forzada de cabezas de ganado, ni del vehículo descrito”
1.1 La Corte ha reiterado que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger los derechos de las víctimas de hechos punibles. Así se desprende del deber de las autoridades de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia (Art 2 C.N), del principio de dignidad humana (Art. 1 C.N), del derecho de acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.N)[2] y del deber de asistencia que tiene el Fiscal General de la Nación respecto de las víctimas dentro del proceso penal (Art. 250 C.N)[3].
Estos derechos hacen parte de un amplio catálogo que tiene como “columna vertebral” los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Ellos “se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia”[4] .
La protección descrita cobija a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como a las víctimas de las actuaciones de los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, la Corte ha considerado que respecto de estos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación adquieren especial importancia, así como un “contenido propio y específico” que se alimenta a partir de los estándares internacionales vinculados al análisis constitucional mediante el bloque de constitucionalidad. En cuanto tiene que ver con los grupos armados desmovilizados, ha dicho la Corte que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación tienen aplicación “dentro de un contexto de justicia transicional como el que, en efecto, subyace a las instituciones contenidas en la Ley 975 de 2005”[5].
1.2 La Corte que el derecho a la reparación comporta la obligación de adoptar “todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación”[6], en aplicación de la regla consuetudinaria según la cual “toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”.
Ha dicho también que el derecho a obtener reparación es de carácter integral. Esto significa que su alcance excede la visión meramente económica de la participación de las víctimas dentro de los procesos llevados contra los responsables del daño, y debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario. En el plano individual, la Corte ha sostenido que las medidas de reparación se extienden a“(i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a su estado original; (ii) la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y (iii) la satisfacción o reparación moral”[7]. Adicionalmente, deben considerarse incluidas dentro del derecho a la reparación individual las medidas de rehabilitación, que han sido definidas por la Corte como las “acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito”[8], y las medidas de garantía de no repetición.
En el plano comunitario, también las víctimas colectivas de violaciones de sus derechos humanos o de delitos por parte de grupos armados al margen de la ley, tienen derecho a una reparación colectiva que exige por parte del Estado la implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, garantías de no repetición, y acciones orientadas a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia[9]
1.3 Para que las víctimas individuales y colectivas puedan obtener el derecho a la reparación integral el ordenamiento jurídico ha previsto hasta ahora dos vías institucionales a través de las cuales. De un lado, la Ley 975 de 2005 estableció que dentro de los procesos penales llevados dentro de la jurisdicción especial de Justicia y Paz es posible iniciar un incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, “el cual debe abrirse en la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial se declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella”[10]. En este incidente, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos; luego, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores; y, residualmente, el Estado[11].
De acuerdo con ellos el procedimiento para obtener la reparación por vía administrativa inicia con (i) la solicitud, que se diligencia en un formulario distribuido por Acción Social en las alcaldías municipales, personerías municipales, procuradurías regionales, distritales y provinciales, defensorías del pueblo y sedes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (Art. 21). Una vez diligenciadas, estas son (ii) remitidas a Acción Social quien debe:
a) Presentar un informe mensual con destino al Comité de Reparaciones Administrativas sobre las solicitudes de reparación recibidas (Art. 21 par. 2),
3.1 El artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” prevé:
“(iii) solo procede cuando no existe otra vía judicial para el resarcimiento del perjuicio, por lo cual, en todo caso, no es procedente cuando se concede la acción de tutela como mecanismo transitorio; (iv) no es suficiente la violación o amenaza del derecho sino que es necesario que esta sea evidente y consecuencia de la acción clara e indiscutiblemente arbitraria del accionado; (v) debe ser necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho del tutelante; (vi) se debe garantizar el debido proceso al accionado; y (vii) sólo cobija el daño emergente, esto es, el perjuicio y no la ganancia o provecho que deja de reportarse; (viii) si el juez de tutela, fundado en la viabilidad de la condena ‘in genere’ accede a decretarla, ‘debe establecer con precisión en qué consistió el perjuicio; cuál es la razón para que su resarcimiento se estime indispensable para el goce efectivo del derecho fundamental; cuál es el hecho o acto que dio lugar al perjuicio; cuál la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño causado y cuáles serán las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o el juez competente, según que se trate de condenas contra la administración o contra particulares, para efectuar la correspondiente liquidación’[18]”.
4.1 Los accionantes que promueven la tutela bajo revisión solicitan la garantía del derecho a la reparación y a la indemnización del que son titulares debido a que en el año 2000 un grupo armado al margen de la ley atentó contra la vida y la propiedad de su familiar, Raúl Morales Bohórquez. El juez de instancia concedió el amparo solicitado y ordenó la indemnización en abstracto luego de constatar que los accionantes son víctimas del conflicto armado y que, por tanto, tienen derecho a la reparación por parte del Estado.
4.2 A juicio de esta Sala, asiste razón al juez de instancia al señalar que si de acuerdo con la normatividad vigente en la materia los accionantes pueden ser considerados víctimas de la vulneración de los derechos a la vida y a la propiedad de Raúl Morales Bohórquez, deben ser considerados también sujetos del derecho a la reparación integral. Los accionantes tienen derecho a que el Estado adopte todas las medidas tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolverlos al estado en que se encontraban antes de la vulneración. No obstante, no podía el juez derivar de la falta de satisfacción plena del derecho la responsabilidad por parte de Acción Social. Previamente es necesario determinar conforme a las características particulares del caso si la entidad accionada dejó de cumplir con sus obligaciones frente al derecho, especialmente la de facilitar el acceso de los accionantes a los mecanismos que el Estado ha diseñado para satisfacer la reparación integral.
4.3 En cuanto tiene que ver con la reparación por vía administrativa, observa la Sala dos situaciones. Por una parte, Mercedes Herrera Novoa, Rocío del Pilar Morales Soto, Tania Luz, Elizabeth Esther y Mercedes María Morales Herrera elevaron el 2 de abril de 2009 derechos de petición ante Acción Social con el fin de que iniciara el trámite de reparación por vía administrativa. La entidad respondió esta solicitud el 22 de abril de 2009 señalando que:
“revisada la solicitud de reparación administrativa se tramitó y otorgó a la señora ZOILA DE JESÚS ORTEGA MOJICA en calidad de compañera permanente y a ELIZABETH ESTHER MORALES HERRERA, MERCEDES MARIA MORALES HERRERA, TANIA LUZ MORALES HERRERA, MARENA MORALES ORTEGA mediante acto administrativo No. 6277 de 3 de enero de 2006 y a la señora MORALES SOTO ROCÍO DEL PILAR mediante Acto Administrativo No. 9349 del 17 de abril de 2006. Por tanto en caso de que usted se sienta con igual o mejor derecho a reclamar le sugerimos repetir en contra de los arriba mencionados”[19].
No podría argumentar Acción Social que su conducta obedece a que las accionantes no diligenciaron el formulario de solicitud de la reparación por vía administrativa de que trata el Decreto 1290 de 2008 y que, debido a esto, debe entenderse que los accionantes dejaron de cumplir con la obligación mínima que les corresponde para acceder al derecho invocado. La Sala observa que las accionantes sí cumplieron con la carga mínima que se les impone puesto que solicitaron de manera expresa a la entidad accionada, “iniciar la correspondiente actuación administrativa para que se haga efectivo nuestro derecho a la justa reparación”[20]. Llevada a cabo esta actuación, la entidad accionada debió proveer a las accionantes los formularios necesarios para que su solicitud fuera tramitada, pues así lo ordena el artículo 21 del Decreto 1290 de 2008 que asigna a Acción Social la función de distribuir los formularios y de adelantar el estudio de la solicitud de reparación con destino al Comité de Reparaciones.
4.4 Considera la Sala que no es procedente conceder la indemnización en abstracto, tal como lo hizo el juez de instancia, por varias razones. Una de ellas consiste en que la indemnización no es indispensable ni suficiente para asegurar el goce efectivo del derecho a la reparación integral. La indemnización solidaria es un componente expreso del programa de reparación por vía administrativa cuyo acceso se ha protegido en esta sentencia. En este sentido, la Sala estima que el Comité de Reparaciones constituye el espacio más adecuado para determinar los titulares y el monto de la reparación, debido a que tiene el personal técnico necesario y el acceso a diferentes fuentes que permiten estimar con precisión la magnitud de los daños.
4.5 Frente a la posibilidad de acceder a la reparación por vía judicial por los daños causados en los bienes del fallecido Raúl Morales Velásquez, advierte la Sala que la vinculación al proceso penal es facultativa por parte de las víctimas y de ella no puede depender exclusivamente el derecho a obtener una pronta e integral reparación. Por ello, es necesario que el Estado facilite el acceso de los accionantes a la vía más expedita para obtener la reparación que es, dentro de los mecanismos establecidos por el Estado, la vía administrativa la cual no se ha agotado en este caso.
4.6 De acuerdo a lo expuesto, esta Sala confirmará parcialmente la sentencia del juez de tutela únicamente en lo relativo al amparo del derecho a la reparación de Mercedes Herrera Novoa, Rocío del Pilar Morales Soto, Tania Luz, Elizabeth Esther y Mercedes María Morales Herrera. En consecuencia, ordenará a Acción Social que se ponga en comunicación con las accionantes, y lleve a cabo todas las gestiones necesarias para que el Comité de Reparaciones inicie el estudio de la solicitud de reparación por vía administrativa por el fallecimiento de Raúl Morales Bohórquez. El tiempo que transcurra desde la notificación de esta sentencia y la entrega de la solicitud al Comité de Reparaciones no puede exceder el término de ocho días hábiles. Por su parte, revocará la sentencia del juez de instancia respecto de Zoila de Jesús Ortega Mojica, Marena Morales Ortega, Andrés José Ternera Ortega y Antonio Rafael Ortega de la Rosa. En su lugar, negará el amparo del derecho a la reparación por vía administrativa frente a ellos. Asimismo la Sala revocará la indemnización en abstracto otorgada por el juez de primera instancia.
Primero. CONFIRMAR parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) el 27 de noviembre de 2009, solo en cuanto tuteló el derecho a la reparación integral de Mercedes Herrera Novoa, Rocío del Pilar Morales Soto, Tania Luz, Elizabeth Esther y Mercedes María Morales Herrera.
Segundo. ORDENAR a Acción Social que en un término que no exceda los ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, lleve a cabo todas las gestiones necesarias para que el Comité de Reparaciones inicie el estudio de la solicitud de reparación por vía administrativa por el fallecimiento de Raúl Morales Bohórquez, hecha por Mercedes Herrera Novoa, Rocío del Pilar Morales Soto, Tania Luz, Elizabeth Esther y Mercedes María Morales Herrera.
Tercero. NEGAR la protección de los derechos invocados por Zoila de Jesús Ortega Mojica, Marena Morales Ortega, Andrés José Ternera Ortega y Antonio Rafael Ortega de la Rosa, por las razones expuestas en esta sentencia.
Quinto. Por medio de Secretaría, REMITIR copias de este expediente a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que, si lo considera pertinente, inicie o impulse la investigación o el proceso penal alrededor de los hechos violentos de los que fue víctima Raúl Morales Bohórquez.
Sexto. EXHORTAR al Procurador General de la Nación para que, en ejercicio del artículo 277 de la Constitución Nacional, intervenga y ejerza vigilancia sobre el proceso judicial que se inicie o que se adelante en relación con los hechos violentos de los que fue víctima Raúl Morales Bohórquez.
Aclaración de voto a la sentencia T-458 de 2010
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INDEMNIZACION EN ABSTRACTO POR VIA DE TUTELA-Para su procedencia se requiere agotar mecanismos administrativos o demostrar perjuicio irremediable (Aclaración de voto)
Accionante: Mercedes Herrera Novoa, Zoila de Jesús Ortega Mojica, Elizabeth Esther Morales Herrera, Mercedes María Morales Herrera, Tania Luz Morales Herrera, Rocío del Pilar Morales Soto, Marena Morales Ortega, Andrés José Ternera Ortega, y Antonio Rafael Ortega de la Rosa.
Accionado: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social.
Magistrada Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva
Aclaro mi voto frente a la sentencia de tutela aprobada por la Sala Novena de Revisión en sesión del quince (15) de junio de dos mil diez (2010), por las razones que a continuación expongo:
En el presente caso comparto plenamente la decisión tomada por la Sala en torno al presente caso[22], y busco más que señalar elementos de discrepancia con la sentencia, el resaltar algunos elementos de la misma que considero esenciales para abordar ciertas circunstancias en torno al tema de la reparación a las víctimas del conflicto -como en este caso son los accionantes- y el papel de la acción de tutela frente al otorgamiento de la reparación a que tienen derecho las víctimas del conflicto.
Así, es conveniente resaltar que la presente sentencia se abstuvo de condenar en abstracto a la entidad accionada[23], pues consideró que frente al tema de la reparación, es el Comité de Reparaciones “el espacio más adecuado para determinar los titulares y el monto de la reparación, debido a que tiene el personal técnico necesario y el acceso a diferentes fuentes que permiten estimar con precisión la magnitud de los daños”[24]. Así, se consideró que “no es procedente conceder la indemnización en abstracto”[25], reconociendo que existen mecanismos idóneos, tanto administrativos como judiciales, que operan para hacer realidad el derecho fundamental reclamado por los actores.
Cabe recordar que “[l]a jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional”[26], de modo que la decisión en el presente caso se basó en últimas en la preeminencia del principio de subsidiariedad, ante la constatación de la existencia de mecanismos ordinarios idóneos y efectivos para obtener la reparación solicitada, en esta ocasión mediante acción de tutela.
Lo anterior, si bien inspira la decisión adoptada por la Sala Novena que se abstuvo de ordenar la indemnización en abstracto del daño emergente para en su lugar conducir a los accionantes a agotar el mecanismo administrativo -de reconocida idoneidad- y de negar el amparo frente a aquellos que no habían iniciado el trámite respectivo ante Acción Social, es de trascendental importancia y merece ser destacado y explicitado como sustento último de la decisión, de modo que se ponga de manifiesto que se admite que tanto la reparación administrativa como la judicial ofrecen un camino válido, idóneo y efectivo para el trámite de una pretensión encaminada a la obtención de la reparación de las víctimas del conflicto, y que solamente cuando se agoten tales mecanismos o se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable es que el ciudadano podrá recurrir a la acción de tutela sin incumplir el requisito de subsidiariedad[27].
De esta manera acompaño la decisión adoptada por la Sala, haciendo las claridades antes expuestas.
[1] Folios 70 y 71.
[18] Sentencia T-403 del 14 de 1994. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[19] Folio No. 59
[20] Folio No. 70 y 71.
[22] La parte resolutiva de la sentencia frente a la cual aclaro mi voto dispone lo siguiente:
“Primero. CONFIRMAR parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) el 27 de noviembre de 2009, solo en cuanto tuteló el derecho a la reparación integral de Mercedes Herrera Novoa, Rocío del Pilar Morales Soto, Tania Luz, Elizabeth Esther y Mercedes María Morales Herrera.
Octavo. Por Secretaría General LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991”
[23] Facultad que tiene el juez de tutela de acuerdo con el Art. 25 del Decreto 2591 de 1991, que prevé:
[24] Folio 10.
[26] Sentencia SU-037 de 2009.
[27] Cfr. Decreto 2591 de 1991, Art. 6: “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.[…]”

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 86
 artículo 21
 artículo 277
 artículo 36