Source: http://ppv.com.uy/noticias/ampliada/385
Timestamp: 2018-02-20 01:57:43+00:00

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El decreto 166/017 reglamenta los artículos 22 a 42 de la ley de Transparencia Fiscal que regulan la identificación de los beneficiaros finales estableciendo una serie de definiciones y reglamentaciones relevantes a los efectos de la aplicación de la ley.
El decreto comienza estableciendo qué se entiende por “beneficiario final”, definiéndolo como toda persona física que directa o indirectamente posea al menos de un 15% del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre alguna persona jurídica, fideicomiso, o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica (con o sin personería jurídica).
Asimismo, se establece que, se debe entender el “control final” como aquel que se ejerce directa, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o cualquier otro medio de control.
Conforme al artículo tercero, están obligadas a identificar al beneficiario final, las siguientes entidades:
a) Residentes: las sociedades anónimas; las sociedades en comandita por acciones; las sociedades y asociaciones agrarias; los fideicomisos y fondos de inversión; las sociedades de responsabilidad limitada; las sociedades de hecho; las sociedades colectivas; las sociedades en comandita simple; las sociedades de capital e industria; las cooperativas; las fundaciones; los grupos de interés económico; las sociedades y asociaciones civiles y toda otra entidad o estructura jurídica comprendida en lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 19.484.
b) No residentes: toda entidad, sea cual sea su naturaleza jurídica siempre que se encuentre comprendida dentro de las previsiones de los literales A), B) o C) del inciso primero del artículo 24 de la ley que se reglamenta, y los fideicomisos y fondos de inversión del exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos administradores o fiduciarios sean personas físicas o jurídicas residentes en territorio nacional.
Por otro lado, según lo establecido por el artículo 7, estarán exceptuadas de la obligación de identificar al beneficiario final:
(i) Las entidades cuyos títulos de participación patrimonial coticen, o sean propiedad de sociedades que coticen, a través de bolsas de valores u otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.
(ii) Los fondos de inversión y fideicomisos constituidos en el exterior inscriptos y supervisados por el órgano de contralor en su país de residencia, cuyos beneficiarios sean sociedades que coticen en bolsas de valores de reconocido prestigio y, en su defecto, siempre que exista la obligación de identificar a su beneficiario final conforme a las normas de dicho país.
(iii) Los condominios, las sociedades conyugales y las sociedades de bienes.
(iv) Las entidades disueltas de pleno derecho conforme a lo establecido en la ley 19.288.
(v) Las entidades no residentes titulares de activos que estando situados en territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 UI consistan únicamente en participaciones patrimoniales en entidades residentes, créditos por importaciones de bienes, anticipos de exportaciones, dividendos o utilidades a cobrar, servicios personales, materiales y financieros a cobrar, arrendamientos, comisiones y regalías a cobrar, préstamos o colocaciones, incluyendo instrumentos de deuda de cualquier clase, y sus rendimientos a cobrar.
(vi) Las asociaciones civiles que tuvieran ingresos al cierre del ejercicio anual por debajo de U.I. 4:000.000 o activos por un valor inferior a U.I. 2:500.000.
(vii) Los fideicomisos y fondos de inversión supervisados por el Banco Central del Uruguay.
Según lo establecido por el artículo 5 del decreto en análisis, la declaración jurada sobre el beneficiario final ha de contener expresamente determinados datos identificatorios (los cuales varían según el “beneficiario final” del que se trate) y determinados datos respecto al capital integrado o su equivalente, o los derechos de voto, u otro medio de control existente.
Si se trata de beneficiarios finales que controlan directamente la entidad, será necesario el establecimiento de los siguientes datos identificatorios: el nombre de la persona física titular, el estado civil con identificación del cónyuge y especificación del régimen de bienes, el domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la Dirección General, Impositiva, la nacionalidad, aportando según corresponda, el número de cédula, el número de RUT, y la indicación de si el beneficiario es o no residente.
Si, en cambio, se trata de beneficiarios finales que controlan indirectamente la entidad, se requerirá además de los datos identificatorios prestablecidos: la composición de la cadena de titularidad, indicando para cada persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, y en el caso de personas jurídicas o de otras entidades: la denominación social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad, el lugar y fecha de constitución, el domicilio, la sede, el domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, el número de RUT o el número de identificación fiscal expedido por otro Estado, en su caso.
Por su parte, en el caso de los fideicomisos, deberá identificarse a la o las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas en la definición de “beneficiario final”. Cuando los beneficiarios del fideicomiso estén aún por designarse, deberán indicarse las características o categoría del beneficiario.
En cuanto a los datos respecto al capital integrado o su equivalente, o los derechos de voto, u otro medio de control, el decreto exige el establecimiento expreso de los porcentajes correspondientes a:
a) los que cumplen con las condiciones para ser beneficiarios finales.
b) quienes no cumplen con las condiciones para ser beneficiario final.
c) quienes desconocen a su beneficiario final.
d) el capital integrado, o su equivalente, cuyos titulares sean sociedades que coticen a través de bolsas de valores u otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.
Conforme al artículo 6 del decreto, las entidades residentes emisoras de acciones o participaciones patrimoniales nominativas o escriturales que sean sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades o asociaciones agrarias, los fideicomisos o fondos de inversión y cualquier otra persona jurídica o entidad habilitada para emitir participaciones o títulos nominativos o escriturales, están obligadas a informar sus titulares en la declaración jurada.
Adicionalmente, la declaración jurada en el caso de los titulares de acciones o participaciones patrimoniales nominativas deberá contener:
a) en el caso de personas físicas: el nombre del titular, su estado civil con identificación del cónyuge, la naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados, el domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la Dirección General Impositiva, la nacionalidad, aportando según corresponda, el número de cédula de identidad, el número de RUT o el documento identificatorio expedido por otro Estado.
b) en el caso de personas jurídicas o de otras entidades: la razón social y el nombre de fantasía, el lugar y fecha de constitución, el domicilio, la sede, el domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, el número de RUT, en su caso, así como el nombre, domicilio y documento identificatorio del representante;
c) el porcentaje de participación, debiéndose especificar el valor nominal total de las participaciones patrimoniales emitidas por la entidad, así como la identificación del depositario o custodio y el lugar donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia, cuando corresponda.
Asimismo, las declaraciones juradas deberán ser enviadas por las entidades, por medios informáticos, dentro del plazo de 60 días corridos, contados a partir del 1° de agosto de 2017 si se trata de entidades obligadas a informar por la ley 18.930 o a partir del 1° de mayo de 2018, en el caso de entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades. Se aplicará el plazo de éstas últimas a las entidades obligadas a informar por la ley 18.930 cuando teniendo presencia real en nuestro país no hubieran podido determinar la identidad de su o sus beneficiarios finales, en razón de la existencia de entidades residentes en terceras jurisdicciones, siempre y cuando la o las personas físicas que ejercen el control directo sobre la entidad comuniquen al registro, exista la obligación efectiva de identificar al beneficiario final de cada entidad propietaria directa y se encuentren vigentes instrumentos de asistencia administrativa mutua con dicho país.
En el caso de las entidades que se constituyan o devengan obligadas a partir de la vigencia de la ley 19.484, deberán cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de la efectiva formalización de la entidad o de los supuestos por los cuales devinieren obligadas.
Según lo establecido por el artículo 8 del presente decreto, estarán exceptuadas de la obligación de presentar la declaración jurada, y no así de la obligación de identificar a sus beneficiarios finales:
a) Las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales.
b) Las sociedades de hecho y sociedades civiles integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que sean sus titulares efectivos.
c) Las cooperativas integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que sean sus titulares efectivos.
Por otro lado, aquellas entidades obligadas a identificar a sus beneficiarios finales, deberán implementar procedimientos que le permitan identificar a sus beneficiarios finales, debiendo ser debidamente documentados según las formas y condiciones que la Auditoría Interna de la Nación establezca (artículo 13). La documentación respaldante deberá ser conservada por las entidades en las mismas condiciones que las establecidas para los libros sociales obligatorios de las sociedades comerciales y por un plazo mínimo de 5 años desde que hubieran sido obtenidos (artículo 14).
Por su parte, el decreto establece que toda modificación de los datos contenidos en la declaración jurada, excepto la variación del valor nominal que no altere el porcentaje de participación, deberá ser comunicada por la entidad obligada dentro de un plazo de 30 días de su verificación o de 90 días en caso que los beneficiarios finales o los titulares de participaciones o títulos nominativos sean no residentes. En caso que se altere el porcentaje de participación de los accionistas, socios o partícipes en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio según corresponda, el plazo prestablecido se computará desde la fecha del acto correspondiente o de la resolución del órgano societario competente, que determine la modificación en las participaciones de los titulares o beneficiarios finales.
Conforme al artículo 16, los criterios para la formulación de las declaraciones juradas para que opere su correcta registración son pautados por la Auditoría Interna de la Nación, debiéndose dar a publicidad en forma coordinada con el Banco Central del Uruguay.
Si no se acreditare la recepción de la declaración jurada por el Banco Central del Uruguay y su incorporación al registro que está a su cargo, las entidades obligadas por la ley 19.484 y por el presente decreto, no podrán inscribir actos ni negocios jurídicos en los registros dependientes de la Dirección General de Registros y del Ministerio de Educación y Cultura. En caso que la entidad no esté comprendida en las obligaciones de identificar o informar previstas en las disposiciones del presente decreto, la entidad deberá acreditarlo mediante certificado notarial o declaración jurada de la entidad.
Los obligados por los artículos 1 y 2 de la ley 17.835 de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, deberán requerir a sus clientes la información resultante del cumplimiento de las obligaciones reglamentadas por el presente Decreto, en la forma en que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay establezcan en el marco de sus cometidos de control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

References: artículo 23
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 8
 resolución 
 artículo 16