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Timestamp: 2017-10-20 16:30:28+00:00

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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: INFORME N° 9/02 CASO 11.856 AUCAN HUILCAMAN Y OTROS CHILE<A HREF="#comisionado">*</A> 27 DE FEBRERO DE 2002
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122002000200023
CASO 11.856
1. El 18 de septiembre de 1996 el señor Aucan Huilcaman Paillama y otros nueve integrantes de la organización mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam (Consejo de Todas las Tierras)1, con la representación del abogado Roberto Celedón Fernández (en adelante, conjuntamente, "los peticionarios"), presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la CIDH" o "la Comisión Interamericana") una comunicación en la cual denuncian que la República de Chile ("el Estado") es responsable por violaciones de derechos humanos en perjuicio de más de un centenar de personas pertenecientes a la mencionada etnia indígena. Denuncian una "injusta persecución judicial" que se habría iniciado en junio de 1992 y culminado en marzo de 1996, como castigo por hacer valer en forma pacífica derechos históricos relativos a su existencia y cultura". Se refieren a los actos organizados y llevados a cabo por integrantes del Consejo de Todas las Tierras durante el mes de abril de 1992, como protesta por el quinto centenario de la llegada de los españoles al continente americano. Tales actos incluyeron la conformación de un "primer tribunal mapuche" y el llamado "proceso de recuperación de tierras", en virtud del cual ocuparon varios terrenos aledaños a sus comunidades.
4. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Convención Americana"): derecho a la libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); libertad de asociación (artículo 16); e igualdad ante la ley (artículo 24). Alegan asimismo que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional. Por su parte, el Estado chileno no niega los hechos denunciados, pero alega que no le son imputables y solicita que la Comisión Interamericana así lo declare. El Estado solicita además que la CIDH considere que la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Indígena Nº 19.253 constituyen medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos de las presuntas víctimas.
9. El 6 de octubre de 1998 se celebró una audiencia sobre el presente asunto en la sede de la Comisión Interamericana. En la oportunidad se elaboró un documento denominado "Propuesta de la CIDH de solución amistosa", que rubricaron ambas partes y los representantes de la Comisión Interamericana. Nuevamente a solicitud del Estado, se otorgó una prórroga de 30 días el 18 de noviembre de 1998.
11. El 1° de marzo de 2001 se llevó a cabo otra audiencia sobre este asunto en la sede de la CIDH, ocasión en la cual se firmó un "Acuerdo de avance de solución amistosa". En dicho acuerdo las partes se comprometieron a concretar la solución amistosa del asunto en un plazo de 90 días a partir de la fecha mencionada, y a presentar un "informe conjunto preliminar" a la CIDH durante el 111° período ordinario de sesiones a ser celebrado en Santiago de Chile en abril de 2001.
12. El 8 de marzo de 2001 la Comisión Interamericana recibió una comunicación del Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en la que solicita una enmienda del texto del acuerdo de avance arriba referido. La CIDH hizo la consulta con los peticionarios en la misma fecha, y la respuesta fue que no tenían inconvenientes en modificarlo.2
15. Con fecha 14 de agosto de 2001 los peticionarios solicitaron una audiencia, que la CIDH concedió con el fin de impulsar la solución amistosa del asunto. Sin embargo, antes de realizarse la audiencia, el 9 de octubre de 2001 el Estado chileno remitió una comunicación en la cual manifestó que no había recibido observación alguna de los peticionarios a la propuesta de solución amistosa. En virtud de ello, el Estado afirmó que no enviaría a sus representantes a la audiencia fijada para el 15 de noviembre de 2001 si no recibía una "definición clara" de los peticionarios sobre el documento citado. La CIDH se dirigió a ambas partes el 12 de octubre de 2001 y les pidió que manifestaran antes del 26 de octubre del mismo año si tenían interés en seguir el procedimiento de solución amistosa; en caso contrario, la audiencia quedaría cancelada y seguiría el trámite del asunto.
18. Sostienen los peticionarios que la sentencia de primera instancia dictada el 11 de marzo de 1993, en la que se condena a 141 mapuches, adolece de una serie de "vicios procesales insanables" que constituyen "graves infracciones a las normas sobre el justo proceso". Por ejemplo, alegan que en el numeral 17 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, confirmada en alzada, se condena por usurpación a los señores Juan Humberto Traipe Llancapan y Juan Carlos García Catrimán a pesar de que ninguno de ellos había sido acusado por tal delito y que aparecen en el proceso como sobreseídos. Asimismo, Nelson R. Catripan Aucapan habría sido acusado por usurpación, pero la sentencia definitiva omite todo pronunciamiento respecto a dicha persona y la deja "en el vacío jurisdiccional".
19. En cuanto a Ceferino O. Jhuenchiñur Nahuelpi, los peticionarios señalan que fue acusado del delito de hurto de dos animales vacunos, pero que la condena no contiene pronunciamiento alguno sobre tal acusación. Por lo tanto, quedó su "situación procesal respecto de este delito completamente indefinida, con graves consecuencias para su vida personal, pues en sus antecedentes personales queda registrada la anotación por hurto de animales o abigeato, sin que órgano jurisdiccional alguno haya tomado decisión sobre su situación"3. Agregan que no hubo pronunciamiento en la sentencia de primera instancia sobre la acusación por encubrimiento del delito de hurto de animales o abigeato que se formuló contra Berner Alfonso Curin Llanquinao, Víctor Manuel Reimar Cheuque, Ernesto Orosman Cayupán Huenchiumur y Lorenzo del Carmen Reima Muñoz.
20. Los peticionarios sostienen que los vicios procesales mencionados constituyen infracciones al derecho humano a la justicia y "reflejan la ceguedad y frivolidad con que actuaron los órganos jurisdiccionales". Agregan los peticionarios:
La actuación del Sr. Castro constituye una dolorosa demostración de falta de imparcialidad y de absoluta subordinación al poder político regional, que transformó al órgano jurisdiccional en una caja de resonancia de la voluntad política persecutoria y preventiva que dominaba al intendente de la época, Sr. Joaquín Fernando Chuecas Muñoz. El sentenciador negó a los inculpados el derecho sobre el que se fundamenta el derecho al justo proceso: el derecho a ser oído con imparcialidad. No nos referimos a la cuestión formal de tomar declaraciones a los imputados sino a la actitud que nace del espíritu recto de una persona constituida en la dignidad de administrar justicia: que escucha y atiende a lo favorable y desfavorable.4
21. Los alegatos arriba resumidos se refieren a las presuntas violaciones del artículo 8 de la Convención Americana. Los peticionarios alegan además que el Estado ha violado en perjuicio de las presuntas víctimas en este caso el derecho protegido por el artículo 16 del instrumento internacional citado, por cuanto "en forma absolutamente abusiva órganos de administración de justicia han declarado ilícita una asociación mapuche", el Consejo de Todas las Tierras, que nuclea a las autoridades ancestrales de dicho pueblo. Alegan igualmente que dicha medida constituye una violación del derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana y otras normas internacionales,5 y que además viola "el espíritu, sentido y contenido de la nueva Ley Indígena N° 19.253"6.
Es importante destacar de manera inicial que el Gobierno constitucional de Chile no niega los hechos sobre los cuales se funda la comunicación de los representantes del Consejo de Todas las Tierras. Sin embargo, tal declaración no puede ni debe interpretarse en el sentido de inhibir al Estado para usar todos los procedimientos legales de que dispone con el fin de restablecer el orden público cuando está amenazado o quebrantado.7
23. En su respuesta, el Estado chileno destaca que luego del restablecimiento de la democracia en Chile, se impulsaron iniciativas gubernamentales que culminaron en la creación de la actual Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) por Ley 19.253 del 5 de octubre de 19938. Agrega que "el Estado democrático chileno ha dado muestras de su intención en promover el desarrollo de los indígenas que habitan su territorio" mediante otras medidas adicionales a la promulgación de ley citada y a la creación de la CONADI9.
24. En cuanto a los alegatos sobre violaciones de la Convención Americana, el Estado afirma que todas las presuntas víctimas fueron detenidas "en virtud de órdenes emanadas de la autoridad judicial competente y cumplidas por Carabineros de Chile" y luego "sometidos a proceso ante un tribunal competente, independiente e imparcial". Agrega:
Los errores que durante la tramitación del proceso se pudieron haber producido, como es dable suponer que suceda en cualquier causa sometida al conocimiento de tribunales compuestos por seres humanos falibles, no pueden ni deben ser sacados del contexto donde se produjeron. Como lo señala la peticionaria, aparentemente hubo errores en la identificación de algunos de los procesados, pero dista mucho esta situación de una maquinación destinada a violar deliberadamente los derechos o garantías judiciales, ni mucho menos a una política discriminatoria en contra de los indígenas de la etnia mapuche, tal como lo presenta la comunicación.10
25. La posición del Estado respecto a la presunta violación del artículo 16 de la Convención Americana en este asunto consiste en que "los órganos judiciales chilenos no han pretendido inhabilitar el derecho de los indígenas mapuches para asociarse entre sí o con otras personas". Por el contrario, sostiene que la acción del Estado en este caso es legítima y se ajusta a los límites normativos aplicables, en la medida en que "está dirigida en contra de ciertas acciones realizadas por miembros de la organización indígena que se encuentran reñidas con los principios establecidos en la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la ley".
26. En cuanto al artículo 24 de dicho instrumento internacional, el Estado sostiene que su acción "no debe interpretarse como discriminatoria en contra de una etnia en particular" y que "no tuvo por objeto dejar al margen de la ley a la organización Consejo de Todas las Tierras, sino sancionar judicialmente la comisión de delitos tipificados por el ordenamiento jurídico interno"11. Agrega que "el actual Gobierno es absolutamente respetuoso de la independencia del Poder Judicial y no puede invalidar o dejar sin efecto sus resoluciones, aun cuando ellas sean contrarias a sus intereses o posiciones".
27. Finalmente, el Estado chileno solicita que la Comisión declare "que no le son imputables ni tiene responsabilidad alguna en la violación de derechos humanos de que da cuenta la comunicación que originó el Caso N° 11.856" y que considere que la creación de la CONADI y la vigencia de la Ley Indígena constituyen "medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos humanos de los peticionarios".
* El Comisionado José Zalaquett Daher, nacional de Chile, no participó la consideración o votación del presente asunto, conforme al artículo 17(2)(a) del Reglamento de la CIDH.
1 El señor Huilcaman Paillama firmó la comunicación como encargado de relaciones internacionales de la comunidad de Collinke, Comuna de Lumaco. Los demás firmantes de la comunicación presentada a la CIDH son Juana Santander Quilan, Fernando Pérez Huilcaleo, Carlos Catripán Curin, Alejo Chañapi Llancafilu, Manuel Antilao Marileo, Jorge Pichiñal Painecura, Jan H. Traipe Lancapan, José Luis Huilcaman H. y Francisco Antileo Pitriguan.
2 El párrafo 3° cuya eliminación solicitó el Estado, dice: "el Gobierno deja sentada su posición en el sentido de que las aberraciones judiciales cometidas en este caso en Chile constituyen exclusivamente errores de dicho órgano del Estado y no un conflicto entre le Gobierno y la comunidad mapuche". Los señores Aucan Huilcaman Paillama y Roberto Celedón Fernández estuvieron de acuerdo en eliminar dicho texto del documento, aunque lamentaron que se hubiera interpretado incorrectamente y expresaron que "facilita los procesos de diálogo, de negociación y acuerdo, el tener una apreciación moral y jurídica compartida acerca de los hechos, así como el valor de llamar a las cosas por su nombre"
3 Comunicación de los peticionarios de 18 de septiembre de 1996, pág. 13.
4 Comunicación de los peticionarios de 18 de septiembre de 1996, pág. 14.
5 Los peticionarios invocan asimismo el siguiente principio:
Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria
Art. 1(2) de la Declaración sobre razas y prejuicios raciales aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 27 de noviembre de 1978.
6 El artículo 1° de la Ley Indígena que invocan los peticionarios dispone:
7 Comunicación del Estado de 5 de junio de 1998, pág. 2.
8 El Estado chileno indica:
9 Las medidas concretas mencionadas por el Estado son:
10 Idem, pág. 4.
11 El Estado describe tales hechos:
Las usurpaciones de tierras que alentó el Consejo de Todas las Tierras y que miembros y dirigentes de esa organización llevaron a cabo, naturalmente generó en la IX Región, en particular, y en el resto del país conmoción y razonable preocupación por parte de las autoridades encargadas de velar por el mantenimiento del orden público Al respecto, es importante recordar que durante el proceso de Reforma Agraria, en la década de los años '70, hubo casos similares de usurpaciones de tierras o "tomas" de fundos que dio lugar a una escalada de violencia que culminó con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

References: artículo 8
 artículo 16
 artículo 24
 artículo 16
 artículo 24
 artículo 17
 artículo 1