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Timestamp: 2018-09-20 22:56:35+00:00

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﻿ Sentencia 2002-00956 de julio 8 de 2010
SENTENCIA 2002-00956 DE 08 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:SUPUESTOS DE HECHO QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. LA MANIFESTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES SOBRE LA EXISTENCIA DE SITUACIÓN DE CONTROL O DE UN GRUPO EMPRESARIAL, ES UN ACTO MERAMENTE DECLARATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, CLASES DE ACTO ADMINISTRATIVO, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CONTROL SOCIETARIO, GRUPO EMPRESARIAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2002-00956 de julio 8 de 2010
Ref.: Expediente 250002324000200200956 01
Actores: Inversiones karito LTDA. y otras
Se decide el recurso de apelación interpuesto por las sociedades demandantes dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta contra las resoluciones 125-001802, 125-001803, 125-001804, 125-001805 de 19 de octubre de 2001 y 125-001615, 125-001617, 125-001618, 125-001619 de 22 de mayo de 2002, por medio de las cuales la Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de 4 grupos empresariales.
Mediante auto de 4 de septiembre de 2003 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera Subsección “B”) acumuló los expedientes 2002-0956, 2002-0957, 2002-0958, 2002-0955 por solicitud de la Superintendencia de Sociedades, tras constatar que se reunían los requisitos exigidos para ese fin.
Expediente 2002-0956
Inversiones Karito & Cía SCA, Inversiones Yamiet Ltda. e Inversiones Baypa S.A., solicitaron que se declare la nulidad de la Resolución 125-001805 de 2001 (oct.19), mediante la cual la Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de un grupo empresarial, y la Resolución 125-001615 de 2002 (mayo.22) que resolvió el recurso de reposición, confirmando lo decidido.
A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que se ordene a la superintendencia:
— Abstenerse de declarar la existencia de un grupo empresarial entre las empresas demandantes.
— Abstenerse de imponer multa a Luis Fernando Baena Palacios
— Abstenerse de declarar que la sociedad Inversiones Baypa S.A. participa con el 99% en el capital social de su matriz, la sociedad Inversiones Yamiet Ltda.
Expediente 2002-0958
Inversiones Samay LTDA., Inversiones Asarela CÍA. SCA e Inversiones Ageo S.A., solicitaron que se declare la nulidad de la Resolución 125-001803 de 2001 (oct.19), mediante la cual la Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de un grupo empresarial, y la Resolución 125-001618 de 2002 (mayo.22) que resolvió el recurso de reposición, confirmando lo decidido.
— Abstenerse de imponer multa a las señoras María Inés Baena Palacios y Yolanda Beltrán Díaz.
— Abstenerse de declarar que la sociedad Inversiones Ageo S.A., participa con el 99% en el capital social de su matriz, la sociedad Inversiones Samay LTDA.
Expediente 2002 - 0957
Inversiones Adonías LTDA., Inversiones Zebina CÍA. SCA e Inversiones Sayba S.A., solicitaron que se declare la nulidad de la Resolución 125-001804 de 2001 (oct. 19), mediante la cual la Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de un grupo empresarial, y de la Resolución 125-001617 de 2002 (mayo. 22) que resolvió el recurso de reposición, confirmando lo decidido.
— Abstenerse de imponer multa a la señora Elsa María Baena Palacios.
— Abstenerse de declarar que la sociedad Inversiones Sayba S.A., participa con el 99% en el capital social de su matriz, la sociedad Inversiones Adonis LTDA.
Expediente 2002-0955
Inversiones Yisma LTDA., Inversiones Sekanías CÍA. SCA, Inversiones CABP S.A., e Inversiones Éxodo S.A. solicitaron que se declare la nulidad de la Resolución 125-001802 de 2001 (oct. 19), mediante la cual la Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de un grupo empresarial, y de la Resolución 125-001619 de 2002 (mayo.22) que resolvió el recurso de reposición, confirmando lo decidido.
— Abstenerse de imponer multa a las señoras Clara Alicia Baena Palacios y Nancy Junca Bonilla.
— Abstenerse de declarar que la sociedad Inversiones Éxodo S.A., participa con el 99% en el capital social de su matriz, la sociedad Inversiones Yisma LTDA.
— La Superintendencia de Sociedades, mediante Resolución 125-001805 de 19 de octubre de 2001, declaró la existencia de un grupo empresarial integrado por la sociedad Inversiones Yamiet LTDA., como matriz y las sociedades Inversiones Karito & CÍA SCA e Inversiones Baypa S.A., como subordinadas.
Asimismo, la Superintendencia impuso multa equivalente a tres millones de pesos ($ 3.000.000) contra el señor Luis Fernando Baena Palacios, en su condición de representante legal de Inversiones Yamiet LTDA. e Inversiones Baypa S.A. y declaró ineficaz la escritura 1900 de 2000 (mayo.24), mediante la cual Inversiones Baypa S.A. adquirió el 99% del capital social de su sociedad matriz, Inversiones Yamiet.
— La anterior decisión fue notificada por edicto el 9 de noviembre de 2001 y dentro del término oportuno las demandantes interpusieron recurso de apelación, alegando que mediante escritura pública 2973 de 2001 (oct. 23) y antes de ser notificadas de la Resolución 125-001805 los señores Luis Fernando Baena Palacios y Clara Alicia Baena Palacios adquirieron la totalidad del capital social de Inversiones Yamiet LTDA.
Igualmente, los demandantes pusieron de presente que para el 19 de noviembre de 2001, Inversiones Yamiet LTDA. había dejado de ser socia gestora de Inversiones Karito & CÍA SCA, lugar que entró a ocupar Inversiones Baecar LTDA., sociedad que no tiene participación ni relación con Inversiones Yamiet LTDA. e Inversiones Baypa S.A., y cuyo capital social pertenece a Carolina Baena Guitiérrez y Juan Andrés Chamás Baena.
En cuanto a la multa impuesta, informaron que si bien los requerimientos elevados por la Superintendencia de Sociedades no fueron atendidos a tiempo, ello ocurrió por motivos de fuerza mayor, habida cuenta de que las sociedades atravesaban serias dificultades económicas y no contaban con personal idóneo que les diera cumplimiento.
— El recurso fue resuelto por la Superintendencia mediante Resolución 125-001615 de 22 de mayo de 2002, notificada por medio de edicto de 19 de junio de 2002, confirmando lo decidido por cuanto los hechos alegados por las sociedades involucradas ocurrieron con posterioridad a la fecha en la que fue expedida la Resolución 125-01805.
— La Superintendencia de Sociedades, mediante Resolución 125-001803 de 19 de octubre de 2001, declaró la existencia de un grupo empresarial integrado por la sociedad Inversiones Samay LTDA., como matriz y las sociedades Inversiones Asarela CÍA. SCA e Inversiones Ageo S.A., como subordinadas.
Asimismo, en la resolución mencionada, la Superintendencia impuso multa equivalente a dos millones de pesos ($ 2.000.000) a la señora María Inés Baena Palacios, en su condición de representante legal de Inversiones Samay LTDA. y multa de un millón de pesos ($1.000.000) a la señora Yolanda Beltrán Díaz, en su condición de representante legal de Inversiones Ageo S.A., y declaró ineficaz la escritura 1895 de 2000 (mayo.23), a través de la cual Inversiones Ageo S.A. adquirió el 99% del capital social de su sociedad matriz, Inversiones Samay.
— La anterior decisión fue notificada por edicto el 21 de noviembre de 2001 y dentro del término oportuno las demandantes interpusieron recurso de apelación, alegando que mediante escritura pública 2976 de 23 de octubre de 2001 y antes de ser notificados de la Resolución 125-001803 los señores Luis Fernando Baena Palacios y María Inés Baena Palacios adquirieron la totalidad del capital social de Inversiones Samay LTDA.
Igualmente, los demandantes pusieron de presente que para el 28 de noviembre de 2001, Inversiones Samay LTDA. había dejado de ser socia gestora de Inversiones Asarela CÍA. SCA, lugar que ocupó Inversiones Herlaba LTDA., sociedad que no tiene participación ni relación alguna con Inversiones Samay LTDA. e Inversiones Ageo S.A. y cuyos socios son Antonio Laborde Baena y Juliana Laborde Baena.
En cuanto a la multa impuesta, informaron que si bien los requerimientos elevados por la Superintendencia de Sociedades no fueron atendidos a tiempo, ello ocurrió por motivos de fuerza mayor, habida cuenta de que las sociedades atravesaban serias dificultades económicas y no contaban personal idóneo y suficiente que les diera cumplimiento.
— El recurso fue resuelto por la Superintendencia mediante Resolución 125-001618 de 2002 (mayo.22), notificada por medio de edicto de 19 de junio de 2002, confirmando lo decidido por cuanto los hechos alegados por las sociedades involucradas ocurrieron con posterioridad a la fecha en la que fue expedida la Resolución 125-01803.
— La Superintendencia de Sociedades, mediante Resolución 125-001804 de 19 de octubre de 2001, declaró la existencia del grupo empresarial integrado por la sociedad Inversiones Adonías LTDA., como matriz y las sociedades Inversiones Zebina CÍA SCA e Inversiones Sayba S.A., como subordinadas.
Asimismo, la Superintendencia impuso multa equivalente a tres millones de pesos ($ 3.000.000) a la señora Elsa María Baena Palacios, en su condición de representante legal de Inversiones Adonías LTDA., y declaró la ineficacia de la Escritura 1892 de 2002 (mayo. 23), a través de la cual Inversiones Sayba S.A adquirió el 99% del capital social de su sociedad matriz, Inversiones Adonías LTDA.
— La anterior decisión fue notificada por edicto el 9 de noviembre de 2001 y dentro del término oportuno las demandantes interpusieron recurso de apelación, alegando que mediante escritura pública 2971 de 2001 (oct. 23) y antes de ser notificados de la Resolución 125-001804 los señores Luis Fernando Baena Palacios y Elsa María Baena Palacios adquirieron la totalidad del capital social de Inversiones Adonías LTDA.
Igualmente, los demandantes pusieron de presente que para el 19 de noviembre de 2001, Inversiones Adonías LTDA. había dejado de ser socia gestora de Inversiones Zebina CÍA SCA, lugar que ocupó Inversiones Herveba LTDA., sociedad que no tiene participación ni relación con Inversiones Adonías LTDA. e Inversiones Sayba S.A. y cuyos socios son María Vanegas Baena y Martín Vanegas Baena.
En cuanto a la multa impuesta, informaron que si bien los requerimientos elevados por la Superintendencia de Sociedades no fueron atendidos a tiempo, ello ocurrió por motivos de fuerza mayor, habida cuenta de que las sociedades atravesaban serias dificultades económicas y no contaban con personal idóneo y suficiente que les diera cumplimiento.
— El recurso fue resuelto por la Superintendencia mediante Resolución 125-001617 de 2002 (mayo. 22), notificada por medio de edicto de 19 de junio de 2002, confirmando lo decidido por cuanto los hechos alegados por las sociedades involucradas ocurrieron con posterioridad a la fecha en la que fue expedida la Resolución 125-01804.
— La Superintendencia de Sociedades, mediante Resolución 125-001802 de 2001 (oct.19), declaró la existencia de un grupo empresarial integrado por la sociedad Inversiones Yisma LTDA., como matriz y las sociedades Inversiones Sekanías & CÍA SCA, Inversiones CABP S.A. e Inversiones Éxodo S.A., como subordinadas.
Asimismo, la Superintendencia impuso multa equivalente a dos millones de pesos ($ 2.000.000) a la señora Clara Alicia Baena Palacios, en su condición de representante legal de Inversiones Yisma LTDA., y multa de un millón de pesos ($ 1.000.000) a la señora Nancy Junca Bonilla, en su condición de representante legal de Inversiones CABP S.A., y declaró ineficaz la escritura 1896 de 2000 (23 de mayo), a través de la cual Inversiones Éxodo S.A. adquirió el 99% del capital social su sociedad matriz, Inversiones Yisma.
— La anterior decisión fue notificada por edicto el 21 de noviembre de 2001 y dentro del término oportuno las demandantes interpusieron recurso de apelación, alegando que mediante escritura pública 2974 de 2001 (oct. 23) y antes de ser notificados de la Resolución 125-001802 los señores Luis Fernando Baena Palacios y Clara Alicia Baena Palacios adquirieron la totalidad del capital social de Inversiones Yisma LTDA.
Igualmente, los demandantes pusieron de presente que para el 19 de noviembre de 2001, Inversiones Yisma LTDA. había dejado de ser socia gestora de Inversiones Sekanías CÍA. SCA, lugar que ocupó Inversiones Herchaba LTDA., sociedad que no tiene participación ni relación con Inversiones Yisma LTDA., Inversiones Éxodo S.A. e Inversiones CABP S.A., y cuyos socios son Juan Andrés Chamas Baena y Cristina Chamas Baena.
En cuanto a la multa impuesta, informaron que si bien los requerimientos elevados por la Superintendencia de Sociedades no fueron atendidos a tiempo, ello ocurrió por motivos de fuerza mayor, habida cuenta de que las sociedades atravesaban serias dificultades económicas y no contaban con personal idóneo y suficiente que le diera cumplimiento.
— El recurso fue resuelto por la Superintendencia mediante Resolución 125-001619 de 2002 (mayo. 22), notificada por medio de edicto de 19 de junio de 2002, confirmando lo decidido por cuanto los hechos alegados por las sociedades involucradas ocurrieron con posterioridad a la fecha en la que fue expedida la Resolución 125-01802.
Las demandantes argumentaron que la decisión adoptada por la Superintendencia de Sociedades viola los artículos 29, 83 y 209 de la Constitución Política, 3º, 44, 48, 57 y 61 del Código Contencioso Administrativo y 174 y 176 del Código de Procedimiento Civil.
Estimaron que la Superintendencia de Sociedades otorgó efectos a las resoluciones 125-01805, 125-01803, 125-01804 y 125-01802 de 19 de octubre de 2001, desconociendo que las mismas no surten efectos frente al interesado sino hasta el momento de su notificación.
Agregaron que la posición adoptada por la Superintendencia de Sociedades en las resoluciones 125-001615, 125-001618, 125-001617 y 125-001619 de 22 de mayo de 2002, no tiene en cuenta que los hechos que sirvieron de fundamento a la expedición de las resoluciones 125-01805, 125-01803, 125-01804 y 125-01802 de 19 de octubre de 2001 y a la consecuente declaratoria de los grupos empresariales, desaparecieron del mundo jurídico antes de que fueran notificados los actos administrativos.
Por otra parte, la Superintendencia omitió dar aplicación al principio de buena fe, toda vez que impuso multa a los administradores de las empresas involucradas por no haber dado respuesta oportuna a un requerimiento, sin tener en cuenta que ello fue consecuencia de las dificultades económicas y laborales que atravesaban las empresas.
Finalmente, expusieron que no es cierto que Inversiones Baypa S.A., Inversiones Ageo S.A., Inversiones Sayba S.A. E Inversiones Éxodo S.A sean dueñas del 99% del capital de Inversiones Becaer LTDA., Inversiones Herlaba LTDA., Inversiones Herveba LTDA., e Inversiones Herchaba LTDA., respectivamente, puesto que de conformidad con el certificado de existencia y representación, los socios de éstas son personas naturales y no personas jurídicas organizadas en forma de sociedad anónima.
La Superintendencia de Sociedades, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de las demandas bajo los argumentos que a continuación se sintetizan.
Sostuvo que el 19 de octubre de 2001, expidió las resoluciones 125-001802, 125-001803, 125-001804 y 125-001805, a través de las cuales declaró, en su orden, los siguientes grupos empresariales:
— Matriz: Inversiones Yisma Ltda.; Subordinadas: Inversiones Sekanías y Cía. SCA, Inversiones Cabp S.A. e Inversiones Éxodo S.A.
— Matriz: Inversiones Samay Ltda.; Subordinadas: Inversiones Asarela Cía SCA e Inversiones Ageo S.A.
— Matriz: Inversiones Adonías Ltda.; Subordinadas: Inversiones Zebina & Cía. SCA e Inversiones Sayba S.A.
— Matriz: Inversiones Yamiet Ltda.; Subordinadas: Inversiones Karito & Cía. SCA e Inversiones Baypa S.A.
Aseveró que la declaratoria de grupo empresarial llevada a cabo mediante las citadas resoluciones, obedeció a los supuestos de hecho existentes al momento de su expedición, los cuales respondían a la siguiente estructura:
Una sociedad limitada actúa como socia gestora de una sociedad en comandita por acciones que posee el 99% del capital de una sociedad anónima que, a su vez, es dueña del 99% del capital de la sociedad limitada inicial que es, indirectamente, su matriz, así:
De otro lado, precisó que los efectos derivados de la declaratoria de grupo empresarial surgen desde el momento en que se configuran los presupuestos de control previstos en los artículos 260(1) y 261(2) del Código de Comercio, de modo que su declaratoria por parte de la superintendencia no tiene carácter constitutivo sino meramente declarativo.
En efecto, la declaratoria de grupo empresarial se hace en cumplimiento de un deber legal consistente en declarar la existencia de una situación de control que los interesados no han reconocido (L. 222/95, art. 30(3)), pero que surte efectos a partir de su configuración y hace exigible el cumplimiento de la obligación de inscribirla en el registro mercantil.
Por consiguiente y de acuerdo con la ley, la configuración de un grupo empresarial surte efectos desde el momento en que se verifique su ocurrencia, sin perjuicio de que, para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de los interesados, se notifique a los interesados del acto administrativo que la declara.
En cuanto al desconocimiento del principio de buena fe por la imposición de multa a los representantes legales de las sociedades, puntualizó que de acuerdo con los artículos 23, 24 y 30 de la Ley 222 de 1995(4), el Estado impone a los administradores una serie de deberes dada la actividad mercantil que llevan a cabo, deberes de los que no pueden eximirse con fundamento en factores subjetivos, como ocurre en el asunto objeto de estudio en que pretenden desvirtuar su responsabilidad, con fundamento en faltas presuntamente imputables a los trabajadores de las empresas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera Subsección “B”), mediante sentencia de 7 de octubre de 2005, denegó las pretensiones de la demanda, pues, de acuerdo con la ley, la conformación de un grupo empresarial no ocurre como consecuencia de su declaración, sino por la configuración de alguno de los supuestos contenidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.
Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, una vez se configure una situación de control de las referidas en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, la sociedad controlante debe hacerlo constar en documento privado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control.
Consideró que no asiste razón a las demandantes cuando argumentan que entre la expedición de los actos y su notificación fueron elevadas en la Notaría 37 de Bogotá las escrituras 2973, 2974, 2971 y 2976 de 23 de octubre de 2001, en virtud de las cuales desaparecieron los fundamentos de hecho que daban lugar a declarar el grupo empresarial, toda vez que, de un lado, no es posible revocar actos administrativos con sustento en hechos nuevos y, además, la obligación del controlante de declarar la existencia de un grupo empresarial, surge desde el momento en que se configuran los supuestos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, con independencia de si la Superintendencia de Sociedades ha procedido o no, a declarar de oficio la conformación del grupo empresarial.
Frente al desconocimiento del principio de buena fe por parte de la superintendencia, el tribunal concluyó que la superintendencia actuó conforme a derecho y en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 86(5)de la Ley 222 de 1995, dentro de las que se cuenta imponer sanciones o multas hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos; luego, estando probado que las demandantes incumplieron la obligación contenida en el artículo 30 de la citada ley, había lugar a imponer la sanción.
Finalmente, sostuvo que la situación que impidió a los demandantes dar respuesta a los requerimientos de la Superintendencia, no puede entenderse como de fuerza mayor, en tanto no era imprevisible ni irresistible.
El apoderado de (i) Inversiones Yamiet LTDA., Inversiones Karito & CÍA. SCA e Inversiones Baypa S.A.; (ii) Inversiones Samay LTDA., Inversiones Asarlea CÍA. SCA e Inversiones Ageo S.A.; (iii) Inversiones Adonías LTDA., Inversiones Zebina CÍA. SCA e Inversiones Sayba S.A; y, por último, (iv) Inversiones Yisma LTDA., Inversiones Sekanías CÍA SCA e Inversiones Éxodo S.A., insiste en que éstas son independientes entre sí, pues antes de la notificación de las resoluciones a través de las cuales la Superintendencia de Sociedades declaró los grupos empresariales respectivos, se modificó la participación en el capital social de cada una de ellas, desapareciendo los supuestos de hecho que dieron lugar a la declaración llevada a cabo por esa entidad.
Manifiesta que si los actos acusados expedidos por la superintendencia tienen carácter declarativo y no constitutivo de un grupo empresarial, es necesario que sea esa entidad la encargada de declarar la desaparición del mismo, ya que desaparecidos los supuestos de hecho que dieron origen al surgimiento del grupo empresarial es inadmisible que las resoluciones continúen surtiendo efecto.
Advierte que la única forma de cumplir el principio de eficacia es bien anular los actos administrativos que declararon y confirmaron la existencia de un grupo empresarial o bien corregir el acto administrativo de tal forma que se establezca que tuvo vigencia hasta el momento en que fueron elevadas las escrituras públicas 2973, 2974, 2971 y 2976 de 23 de octubre de 2001.
Por último, expresa que los administradores de las sociedades actuaron de buena fe dentro del trámite de declaratoria de grupo empresarial, pues aunque tardíamente, dieron respuesta a los requerimientos de la superintendencia, de manera que correspondía al tribunal y a la superintendencia desvirtuar la presunción de mala fe.
4.1. La Superintendencia de Sociedades reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
4.2. Las demandantes y el Ministerio Público guardaron silencio.
Entra la Sala a estudiar la legalidad de los actos administrativos acusados, de conformidad con los argumentos expuestos por las demandantes, en el recurso de apelación interpuesto oportunamente.
Para resolver, se considera pertinente advertir que aunque las demandas fueron presentadas en forma independiente por los cuatro conjuntos de empresas declarados grupo empresarial por parte de la superintendencia, los cargos a los que circunscriben la violación de preceptos legales y constitucionales son coincidentes, de modo que lo procedente es analizarlos de manera conjunta.
5.1. Del asunto objeto de debate.
Habida cuenta de que las demandantes pretenden la nulidad de los actos administrativos acusados con fundamento en la desaparición de los hechos que sirvieron de fundamento a su expedición, la Sala considera apropiado distinguir entra la nulidad de los actos administrativos y la pérdida de ejecutoria de los mismos.
De conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.
Por su parte, el artículo 66 ídem establece que, salvo norma en contrario, los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, aunque perderán su fuerza ejecutoria (i) por suspensión provisional, (ii) cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho, (iii) cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos, (iv) cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto o (v) cuando pierdan su vigencia.
Ha dicho la Sala que la pérdida de ejecutoria de un acto administrativo es una condición externa que afecta su eficacia más no su validez, en tanto esta ocurre cuando el acto es violatorio de las normas superiores de derecho(6).
Particularmente, la segunda causal referida en el artículo 66 se conoce como decaimiento del acto administrativo, figura sobre la cual se ha dicho lo siguiente:
“(...) comoquiera que tal fenómeno (decaimiento) en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su expedición.
La nulidad que se ha solicitado, concierne a la validez del acto administrativo y en el evento de prosperar, se remonta hasta el momento de su expedición, mientras que la causal de decaimiento que acaeció estando en trámite este proceso, atañe a circunstancias posteriores al nacimiento del acto administrativo y no atacan la validez del mismo. Pudiera decirse que cuando se produce el fenómeno del decaimiento, el acto administrativo supervive en el mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que lo saque del mismo, pero ha perdido una de sus caracteres principales, cual es el de ser ejecutorio, lo que implica que la administración no puede hacerlo cumplir”(7).
Es claro, entonces, que la nulidad del acto administrativo afecta su validez desde el momento de su expedición y, por ende, surte efectos ex tunc, mientras que la pérdida de fuerza ejecutoria implica que por alguna de las causales contenidas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, cesa sus efectos desde el momento en que se configura la causal y hacia futuro sin afectar su validez por todo el tiempo de su existencia jurídica
5.2. De los grupos empresariales.
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, habrá grupo empresarial cuando, además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección, entendiéndose por subordinación aquella situación de control que se presenta cuando el poder de decisión de una sociedad está sometido, directa o indirectamente, a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante (C.Co., art. 260) y por unidad de propósito y dirección, que la existencia y actividades de todas las entidades persigan un objetivo determinado por la matriz o controlante, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social, o actividad de cada una de ellas.
Por su parte, el artículo 30 de la misma ley establece que una vez configurados los supuestos de hecho que dan lugar a una situación de control, corresponde al administrador de la sociedad controlante hacerla constar en documento privado que deberá inscribirse en el registro mercantil y si, dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia de los hechos que dan lugar a la situación de control ésta no ha sido inscrita en el registro, será la Superintendencia de Sociedades la encargada de declarar la situación de vinculación entre las entidades y ordenar la respectiva inscripción.
Así pues, las normas distinguen entre “situación de control”, entendida como simple subordinación entre dos o más entidades, y “grupo empresarial”, figura que implica tanto subordinación como unidad de propósito y dirección. Pese a ello, ambos conceptos comparten una particularidad, cual es que su configuración no está sujeta a declaración por parte de autoridad alguna, sino a la simple ocurrencia de los supuestos de hecho determinados por la ley.
Bajo tal perspectiva y en tanto la configuración de un grupo empresarial implica una situación de control, huelga concluir que una vez se den los supuestos que dan origen a la conformación de este tipo de grupos, corresponde a la entidad controlante (matriz) declarar su situación y realizar la inscripción en el registro mercantil.
5.3. Estudio de los cargos.
Los demandantes de los procesos acumulados plantean, esencialmente, dos inconformidades con el fallo de primera instancia:
(i) Al resolver los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones que declararon los grupos empresariales, no se tuvo en cuenta que los hechos en que se fundamentaba su expedición, habían desaparecido.
Se partió de la mala fe de los administradores de las sociedades
(ii) Inversiones Yamiet LTDA., Inversiones Baypa S.A.,
Inversiones Samay LTDA., Inversiones Ageo S.A.,
Inversiones Adonías LTDA., Inversiones Yisma LTDA., e
Inversiones CABP S.A. quienes fueron multados por no dar respuesta oportuna a un requerimiento de la Superintendencia de Sociedades.
Dadas las circunstancias particulares del asunto sometido a debate y con miras a simplificar el análisis que se llevará a cabo, la Sala considera prudente realizar el estudio a partir de una de las demandas acumuladas, habida cuenta de que siendo coincidentes los argumentos expuestos en los cuatro procesos, aquello que llegare a decidirse en una, será aplicable a las demás.
5.3.1. Expediente 2002-0956.
5.3.1.1. Inversiones Yamiet LTDA., Inversiones Karito CÍA. SCA. e Inversiones Baypa S.A. reconocen que para la fecha en que fue expedida la Resolución 125-01805, esto es, el 19 de octubre de 2001, había lugar a declararlas grupo empresarial, en tanto existían los supuestos de hecho que daban lugar a su configuración: Inversiones Yamiet LTDA. actuaba como socia gestora de Inversiones Karito CÍA. SCA que, a su vez, era propietaria del 99% del capital social de Inversiones Baypa S.A., propietaria de Inversiones Yamiet LTDA.
Por consiguiente, la controversia se circunscribe a los hechos ocurridos entre la fecha de expedición de la Resolución 125-001805 y la fecha de su notificación, es decir, entre 19 de octubre de 2001 y el 9 de noviembre del mismo año. En efecto, las demandantes alegan que en ese lapso, específicamente el 23 de octubre de 2001, elevaron la escritura pública 2973 mediante la cual Luis Fernando Baena Palacios y Clara Alicia Baena Palacios adquirieron la totalidad del capital social de Inversiones Yamiet LTDA., sociedad que, además, dejó de ser gestora de Inversiones Karito CÍA. SCA., desapareciendo las circunstancias que daban lugar a la declaración de grupo empresarial.
A juicio de las demandantes, habiéndose modificado las circunstancias que dieron origen a la expedición de la Resolución 125-001805 con anterioridad a su notificación personal, era necesario que la Superintendencia de Sociedades revocara su decisión o la modificara en el sentido de precisar que la declaración de grupo empresarial solo surtía efectos hasta el 23 de octubre de 2001, lo cual no ocurrió, ocasionando la nulidad de los actos administrativos demandados.
Al respecto, la Sala advierte que de conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos solo procede cuando infrinjan las normas en que deberían fundarse, cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o de la corporación que la profirió.
Ninguna de las causales anteriores fue alegada por las demandantes dentro de su escrito de demanda ni al momento de la apelación y, particularmente, la Sala no observa que alguna de ellas tenga ocurrencia, puesto que las resoluciones 125-001805 de 2001 (oct. 19) y 125-001615 de 2002 (mayo.22), fueron expedidas por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus funciones, con fundamento en las normas vigentes y aplicables a los supuestos de hecho ocurridos al momento de su expedición y con respeto del derecho de audiencia y defensa.
Estima la Sala que lo pretendido por los demandantes es obtener la declaratoria de nulidad de los actos demandados, pero no por vía de las causales de nulidad contenidas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, sino alegando la desaparición de los fundamentos de hecho de los actos acusados, lo cual no es causal de nulidad sino de pérdida de fuerza ejecutoria del acto, de conformidad con el numeral 2º artículo 66 idem(9).
Sobre el asunto, en varias oportunidades la Sala ha dicho que la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos no afecta su validez ni su legalidad, dado que, “el hecho de que un acto, por ministerio de la ley, no esté llamado a producir efectos, por haber perdido su fuerza ejecutoria, no significa que, per se, desconozca preceptos superiores y, por lo mismo, se haga merecedor de la declaratoria de nulidad”(10).
Ahora bien, también ha dicho la Sala(11)que no es dable acudir a la acción de nulidad o a la de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a obtener la declaratoria de pérdida de ejecutoria, habida cuenta de que la jurisdicción contencioso administrativa no ha sido instituida para pronunciarse sobre tal fenómeno, el cual solo puede ser declarado en sede administrativa por la autoridad que profirió el acto de oficio o a petición del interesado en los términos previstos en el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo, del siguiente tenor:
ART. 67.—Cuando el interesado se oponga por escrito a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderlo, y resolver dentro de un término de quince (15) días. Contra lo que decida no habrá recurso alguno.
Lo anterior basta para desestimar el cargo formulado. Ello no obsta, sin embargo, para que la Sala precise que la declaratoria de pérdida de ejecutoria que llegare a realizar la autoridad administrativa competente, no apareja ni es equivalente a la revocatoria de los actos acusados como parecen entenderlo las demandantes, pues la revocación solo tiene lugar cuando el acto administrativo ha sido expedido con desconocimiento de la ley o con fundamento en hechos no probados, por lo que conlleva la cesación de los efectos producidos desde el momento mismo de su expedición, mientras que la pérdida de ejecutoria del acto, no tiene la vocación de anular los efectos producidos con anterioridad a la fecha en la que se presentó la causal que la ocasionó.
Asimismo, la Sala considera pertinente prevenir a las demandantes que los efectos producidos por los actos acusados, son independientes de aquellos que hayan podido surgir a partir del momento en que ocurrieron los supuestos de hecho que, conforme a la ley, daban lugar a la configuración de la situación de control o de grupo empresarial.
Ello por cuanto, como bien menciona la Superintendencia de Sociedades, el acto a través del cual declara la existencia de una situación de control o de un grupo empresarial, no tiene carácter constitutivo sino meramente declarativo, en tanto una y otra surgen a la vida jurídica y, por ende empiezan a surtir efectos, a partir del momento en el que ocurre bien la situación descrita en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 (grupo empresarial), bien la descrita en el artículo 260 del Código de Comercio (situación de control).
5.3.1.1. En cuanto a la multa impuesta al señor Luis Fernando Baena Palacios, la Sala observa que obedeció a que en su condición de representante legal de Inversiones Yamiet LTDA. e Inversiones Baypa S.A., no atendió el requerimiento de remitir a la Superintendencia de Sociedades copias de las actas de juntas de socios o juntas directivas, de los estados financieros certificados y de otros documentos relacionados con el trámite administrativo adelantado por esa entidad, a efectos de determinar la existencia de una situación de control o grupo empresarial entre Inversiones Yamiet LTDA., Inversiones Baypa S.A. e Inversiones Karito & CÍA. SCA.
Las demandantes alegan que el desconocimiento del citado requerimiento, se produjo como consecuencia de los problemas económicos derivados de la crisis que atravesaba el país en esa época y de inconvenientes con el personal de las empresas.
Al respecto, la Sala estima que si bien no existió mala fe por parte de las demandantes, sí hubo incumplimiento de las obligaciones del administrador(12), a quien se le exige actuar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios (L. 222/95, art. 23), deber que no puede excusar en la falta de presteza o diligencia de sus subalternos o en la crisis económica, en tanto precisamente bajo esas circunstancias es cuando se exige mayor diligencia.
Así pues, dado que de conformidad con el numeral 3º del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades se encuentra facultada para imponer sanciones o multas a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos, es claro que la multa impuesta por no dar respuesta al requerimiento elevado por la superintendencia, se encuentra ajustada a la ley.
5.3.2. Expediente 2002-0958.
Igual que en el asunto anterior, Inversiones Samay LTDA., Inversiones Asarela CÍA. SCA e Inversiones Ageo S.A. reconocen que para la fecha en que fue expedida la Resolución 125-001803 de 19 de octubre de 2001, se presentaban los supuestos de hecho que daban lugar a declararlas grupo empresarial. Por ende, en este caso la controversia también se circunscribe a los hechos ocurridos entre la fecha de expedición de dicho acto y su fecha de notificación.
Asimismo, los demandantes alegan que el 23 de octubre de 2001 elevaron la escritura pública 2976 a través de la cual Luis Fernando Baena Palacios y María Inés Baena Palacios adquirieron la totalidad del capital social de Inversiones Samay LTDA., sociedad que dejó de ser gestora de Inversiones Asarela CÍA. SCA, desapareciendo las circunstancias que daban lugar a la declaración de grupo empresarial.
Adicionalmente, la inconformidad que las demandantes expresan respecto de la multa impuesta a María Inés Baena Palacios y Yolanda Beltrán Díaz, en su condición de representantes legales de Inversiones Samay LTDA. e Inversiones Ageo S.A., respectivamente, radica en que la misma partió de la presunción de mala fe prohibida por el artículo 83 de la Constitución Política.
Dado que los supuestos de hecho y los argumentos de la apelación expuestos por las demandantes son coincidentes con los mencionados por Inversiones Yamiet LTDA., Inversiones Karito & CÍA. SCA e Inversiones Baypa S.A., modificándose únicamente los sujetos demandantes, las consideraciones realizadas en el numeral 5.2.1.1. son completamente aplicables también a este asunto y, por ende, la Sala no accederá a las pretensiones de la demanda.
5.3.3. Expediente 2002 - 0957.
Inversiones Adonías LTDA., Inversiones Zebina CÍA. SCA., e Inversiones Sayba S.A. también reconocen que para la fecha en que fue expedida la Resolución 125-001804 de 19 de octubre de 2001, se presentaban los supuestos de hecho que daban lugar a declararlas grupo empresarial. Por ende, en este caso, la controversia también se circunscribe a los hechos ocurridos entre la fecha de expedición de dicho acto y su fecha de notificación.
Igualmente, las demandantes alegan que el 23 de octubre de 2001 elevaron la escritura pública 2971 a través de la cual Luis Fernando Baena Palacios y Elsa María Baena Palacios adquirieron la totalidad del capital social de Inversiones Adonías LTDA., sociedad que dejó de ser gestora de Inversiones Zebina CÍA. SCA., desapareciendo las circunstancias que originaron la declaración de grupo empresarial.
Asimismo, la inconformidad que las demandantes expresan respecto de la multa impuesta a Elsa María Baena Palacios, en su condición de representante legal de Inversiones Adonías LTDA. e Inversiones Sayba S.A., radica en que, a su juicio, la misma partió de la presunción de mala fe prohibida por el artículo 83 de la Constitución Política.
5.3.4. Expediente 2002-0955.
Inversiones Yisma LTDA., Inversiones Sekanías CÍA. SCA., Inversiones CABP S.A. e Inversiones Éxodo S.A. reconocen que para la fecha en que fue expedida la Resolución 125-001802 de 19 de octubre de 2001, se presentaban los supuestos de hecho que daban lugar a declararlas grupo empresarial. Por ende, en este caso la controversia también se circunscribe a los hechos ocurridos entre la fecha de expedición de dicho acto y su fecha de notificación.
Igual que en los asuntos anteriores, los demandantes alegan que el 23 de octubre de 2001 elevaron la escritura pública 2974 a través de la cual Luis Fernando Baena Palacios y Clara Alicia Baena Palacios adquirieron la totalidad del capital social de Inversiones Yisma LTDA., sociedad que dejó de ser gestora de Inversiones Sekanías CÍA. SCA, desapareciendo las circunstancias que originaron la declaración de grupo empresarial.
Adicionalmente, la inconformidad que las demandantes expresan respecto de la multa impuesta a Clara Alicia Baena Palacios y Nancy Junca Bonilla, en su condición de representantes legales de Inversiones Yisma LTDA., e Inversiones CABP S.A., respectivamente, radica en que la misma partió de la presunción de mala fe prohibida por el artículo 83 de la Constitución Política.
Dado que los supuestos de hecho y los argumentos de la apelación expuestos por las demandantes son coincidentes con los mencionados por Inversiones Yamiet LTDA., Inversiones Karito & CÍA. SCA e Inversiones Baypa S.A., modificándose únicamente los sujetos demandantes, las consideraciones realizadas en el numeral 5.2.1.1. son enteramente aplicables también a este asunto y, por ende, la Sala desestimará las pretensiones de la demanda.
CONFÍRMASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera Subsección “B”).
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del ocho (8) de julio de dos mil diez (2010).
(1) ART. 260.—Subordinación. “Artículo subrogado por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:” Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.
(2) ART. 261.—Presunciones de subordinación. “Artículo subrogado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:” Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de estas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
(3) ART. 30.—Obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil. Cuando de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación de control.
(4) ART. 23.—Deberes de los administradores. Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados.
Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.
En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuera socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.
ART. 200.—Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad a los socios o a terceros.
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.
(5) ART. 86.—Otras funciones. Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: (...) 3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.
(6) Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 1999. M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Expediente 5110. Actor: Carlos Julio Gómez Sánchez.
(7) Sección Primera, sentencia de 16 de febrero de 2001, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente 3531. Actora: Susana Montes de Echeverry.
(9) ART. 66.—Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligaorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: (...) 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
(10) Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de 2001. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente 6062.
(11) Sección Primera, sentencia de 16 de noviembre de 2006. M.P. Rafael Osteau de Lafont Pianeta. Expediente 05001-23-31-000-1998-00819-01.
(12) Ley 222 de 1995. ART. 22.—Administradores. Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

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 artículo 30
 artículo 86
 artículo 30
 artículo 84
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 28
 artículo 30
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 artículo 84
 artículo 84
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 28
 artículo 260
 artículo 86
 Resolución 
 artículo 83
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 artículo 83
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 artículo 83
 artículo 26
 artículo 27