Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/542
Timestamp: 2019-10-23 02:04:40+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 162/1985
SENTENCIA 162/1985, de 29 de noviembre
ECLI:ES:TC:1985:162
En el recurso de amparo núm. 111/1985, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Gabriel Sánchez Malingre, asistido por el Abogado don Antonio Montesinos Villegas, en nombre de doña Carmen Moreno Alfeirán, por supuesta violación de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 y 24 de la Constitución, contra la Sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1984, que estimó el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra otra Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Nacional de 21 de enero de 1983, que había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ahora solicitante de amparo y otras personas contra Resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 18 de marzo de 1979 y 16 de enero de 1980, sobre adjudicación de parcelas a consecuencia de un procedimiento expropiatorio.
En el proceso han sido parte el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León.
1. Por Orden del Ministerio de la Vivienda de 18 de noviembre de 1963 se aprobó el proyecto de expropiación y se fijó el justiprecio de la parcela núm. 62 del llamado polígono «Elviña», de La Coruña, que era propiedad de doña Carmen, don Lorenzo, doña Rosario, don Manuel y don Jesús Moreno Alfeirán.
Por Resolución de 27 de octubre de 1977, el Instituto Nacional de la Vivienda acordó enajenar a favor de los propietarios expropiados para la formación del polígono «Elviña» determinadas parcelas de dicho polígono. Se encontraba entre ellas la que había sido propiedad de los señores Moreno Alfeirán. En la Resolución se hizo constar que la enajenación de parcelas se hacía dentro de los términos establecidos en los arts. 15 y 17 del Reglamento de 24 de julio de 1968 y los arts. 8 y 9 de la Orden de 26 de mayo de 1969, habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 77, de 31 de marzo de 1978, la relación detallada de las parcelas, con su destino y precio alzado con los plazos, condiciones y documentación precisa para optar a su adjudicación.
Dentro del plazo señalado, doña Carmen Moreno Alfeirán, actuando en su propio nombre y derecho y en la de la comunidad hereditaria causada por su fallecido padre, solicitó la adjudicación de lo que les correspondiera como expropiados de la parcela 62. Sobre dicha solicitud recayó propuesta de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo denegatoria de la solicitud por haber interpuesto en su día los solicitantes recurso en el expediente expropiatorio, incumpliendo con ello la condición primera del art. 17 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial. En el mismo sentido recayó propuesta de la Sección de Cesión de Suelo del Instituto Nacional de la Vivienda, y el Instituto, por Resolución de 28 de marzo de 1979, denegó la adjudicación solicitada.
Planteado por los señores Moreno y Alfeirán el preceptivo recurso en vía administrativa, fue desestimado por Resolución del Ministerio de la Vivienda de 16 de enero de 1980.
2. El Procurador de los Tribunales don Gabriel Sánchez Malingre, que actuaba en nombre de doña Carmen Moreno Alfeirán, quien intervenía en su propio nombre y derecho y beneficio de la herencia causada por don Elías Moreno Jiménez, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 16 de enero de 1980, que se presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Madrid, y se sustanció después en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la cual, en 29 de enero de 1983, dictó Sentencia por la que estimó el recurso, declaró no ajustadas a derecho las Resoluciones recurridas, anulándolas, en consecuencia, y declaró el derecho de los actores para obtener la adjudicación de la parcela cuestionada.
3. El Procurador de los Tribunales don Gabriel Sánchez Malingre ha interpuesto recurso de amparo contra la Sentencia antes referida de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
El recurrente entiende que la Sentencia recurrida vulneró su derecho fundamental, declarado por el art. 14 de la Constitución, deparándole indefensión y discriminación por el hecho de haber ejercitado un recurso, amparado en una Ley, y que, además, prosperó. Asimismo, entiende el recurrente que la resolución impugnada habría conculcado el derecho reconocido en el art. 24.1 de la norma fundamental, al proclamar ésta «que su indefensión habría sido legítima como único medio para alcanzar otro derecho». En la súplica, la representación actora solicita del Tribunal que, otorgando el amparo demandado, declare la nulidad de la Sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 21 de diciembre de 1984, declarando en su lugar aplicable la dictada por la Audiencia Nacional el 20 de enero de 1983. Pide, asimismo, que se declare el derecho de la recurrente y de los restantes herederos del señor Moreno Jiménez en orden a obtener la adjudicación de la parcela núm. 62 del polígono «Elviña», de La Coruña. Mediante otrosí pidió que, si se estima necesario, se aplique lo previsto en el art. 55.2 de la Ley Orgánica de este Tribunal para «declarar la inconstitucionalidad» del art. 17.1 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968, así como el art. 9.2 de la Orden de 26 de mayo de 1969 y de la disposición final del Decreto de 10 de noviembre de 1978, en la medida en que estas dos últimas normas hagan referencia al citado art. 17.1.
2. Deslindando el campo del modo en que lo hemos hecho en los párrafos anteriores, resulta necesaria la conclusión de que en el presente caso no puede detectarse una violación en concreto del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida por el art. 24 de la Constitución. Podría teorizarse -y posiblemente llegarse a una conclusión afirmativa- si el consabido art. 17 del Reglamento de Viviendas de Renta Limitada, al imponer una renuncia en el expediente expropiatorio a «cualquier género de reclamación o recurso», está introduciendo en el mencionado derecho fundamental un obstáculo impeditivo de su ejercicio o, por lo menos, gravemente entorpecedor del mismo. Mas lo cierto es que doña Carmen Moreno Alfeirán no ha visto mermado en absoluto el repetido derecho a la tutela judicial efectiva, pues cuando reclamó contra el justiprecio obtuvo de los Tribunales Sentencia favorable y en los recursos contencioso-administrativos del que el presente recurso trae causa ha visto también satisfecho el referido derecho por cuanto que ha obtenido decisiones de los Tribunales de Justicia que, acertadas o no, se pronunciaban sobre el fondo de sus pretensiones.
1.° Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Carmen Moreno Alfeirán.
Don Jerónimo Arozamena Sierra, don Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente y don Francisco Pera Verdaguer.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 111-1985
Trato discriminatorio de propietarios de parcelas que renunciaron en el previo expediente expropiatorio a cualquier reclamación o recurso, según exige el art. 17 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial a efectos de cesión de terrenos para construir viviendas de renta limitada
Se reitera doctrina sentada en la anterior Sentencia 141/1985, sobre enjuiciamiento en sede constitucional de la validez de los Reglamentos.
El art. 17 del Reglamento de Viviendas de Renta Limitada de 24 de julio de 1968, al imponer una renuncia en el expediente expropiatorio a cualquier género de reclamación o recurso, está introduciendo en el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 de la C.E., un obstáculo impeditivo de su ejercicio o, por lo menos, entorpecedor del mismo.
Infringe el derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 de la C.E. la notable diferencia que introduce el art. 17 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial citado, entre propietarios que renuncian en el expediente expropiatorio a cualquier reclamación o recurso y propietarios no renunciantes, a efectos de que los antiguos propietarios de terrenos expropiados puedan pretender la cesión de terrenos para edificar viviendas de renta limitada.
Decreto 2114/1968, de 24 de julio. Reglamento de viviendas de protección oficial
Control de legalidadControl de legalidad, f. 1
Falta de justificación razonable del tratamiento diferenciadoFalta de justificación razonable del tratamiento diferenciado, f. 2
Actos de aplicación de ReglamentosActos de aplicación de Reglamentos, f. 1
Expediente expropiatorioExpediente expropiatorio, f. 2
Expropiación forzosaExpropiación forzosa, f. 2
ReglamentosReglamentos, f. 1
Viviendas de protección oficialViviendas de protección oficial, f. 2
Viviendas de renta limitadaViviendas de renta limitada, f. 2
Renuncia al ejercicio de acciones judicialesRenuncia al ejercicio de acciones judiciales, f. 2

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