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Timestamp: 2020-07-14 04:53:43+00:00

Document:
INCORPORACIÓN DE DESFIBRILADORES EN CENTROS COMERCIALES Y OTROS LUGARES DE IMPORTANTE AFLUENCIA DE PÚBLICO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
Sesión 7ª, en miércoles 3 de abril de 2019
(De 16:33 a 18:56)
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández; de Minería, señor Baldo Prokurica Prokurica, y de Medio Ambiente, señora María Carolina Schmidt Zaldívar.
Asimismo, se encontraba presente el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Sebastián Valenzuela Agüero.
--Se abrió la sesión a las 16:33, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 3ª y 4ª, ordinarias, en 19 y 20 de marzo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
-Artículo 4°, parte final del inciso primero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
-Artículo 495 del Código del Trabajo.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº 18.216.
-Artículos 1°, inciso primero, y 485 del Código del Trabajo.
-Artículo 1°, incisos primero y segundo, de la ley Nº 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, y 9° de la ley Nº 17.798.
-Artículo 29, inciso primero, del decreto ley N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Informa, a requerimiento del Senador señor Latorre, sobre los planes de manejo autorizados por la Corporación Nacional Forestal para plantar paltos en los cerros y proteger el bosque nativo de la provincia de Petorca.
Envía balances de gestión integral de los Servicios dependientes de ese Ministerio correspondientes al año 2018.
Remite balances de gestión integral de los Servicios dependientes de ese Ministerio correspondientes al año 2018.
Remite balance de gestión integral de la institución correspondiente al año 2018.
Envía balance de gestión integral de esa Subsecretaría correspondiente al año 2018.
Remite balances de gestión integral de los Servicios descentralizados y dependientes del Ministerio de Educación correspondientes al año 2018.
Del señor Subsecretario de Energía:
Remite balance de gestión integral de esa Subsecretaría correspondiente al año 2018.
Del señor Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación:
Remite balance de gestión integral de ese Servicio correspondiente al año 2018.
Envía balance de gestión integral de la Comisión correspondiente al año 2018.
Del señor Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
De la señora Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura:
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura:
Del señor Director Ejecutivo (S) de la Comisión de Energía Nuclear:
De la señora Defensora Nacional (S):
Del señor Director Administrativo de la Presidencia de la República:
Del señor Presidente del Directorio del Banco del Estado:
Comunica la apertura de una sucursal en la comuna de Llanquihue, cuestión planteada por el Senador señor Quinteros.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 12.325-05).
De los Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Chahuán y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que promueve el acceso al agua potable (boletín Nº 12.512-11).
De los Senadores señor Chahuán, señora Aravena y señores Durana y Sandoval, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 73 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto del requisito de domicilio electoral para ser elegido alcalde y concejal (boletín Nº 12.514-06).
De los Senadores señor Chahuán, señora Aravena y señores Durana y Sandoval, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 23 bis de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, respecto del requisito de domicilio electoral para ser elegido gobernador regional (boletín Nº 12.515-06).
De los Senadores señora Aravena y señores Elizalde, Chahuán, García y Ossandón, con la que inician un proyecto de ley que incorpora la entrega de bolsas biodegradables en el comercio
(boletín Nº 12.516-12).
Del Senador señor Girardi, con la que informa acerca de su participación en el Programa de Liderazgo para el Control del Tabaco en América Latina y el Caribe, realizado en la ciudad de Lima entre los días 25 y 29 de marzo recién pasado.
Moción del Senador señor Guillier, que iguala el plazo para la franquicia tributaria establecida por la ley N° 19.709 a sociedades de cualquier tipo que tienen por objeto elaborar insumos, partes o piezas o reparar bienes de capital para la minería en la comuna de Tocopilla.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de ley de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 1°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Del Senador señor Huenchumilla, para ausentarse del país entre los días 9 y 13 de abril de 2019.
Del Senador señor Bianchi, relativa al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, para asegurar el acceso igualitario a las distintas modalidades de atención para los beneficiarios del régimen de prestaciones de salud (boletín N° 5.915-11).
El señor QUINTANA (Presidente).- Saludamos con mucho afecto a los miembros de la delegación del Club de Tango El Farolito, de Temuco, Región de La Araucanía, que nos visitan en las tribunas invitados por el Senador señor José García.
Reciban los saludos de esta Corporación y también de este Presidente.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discuta en general y en particular los boletines Nos 5.654-12, 8.920-07, 9.367-12, 11.482-07, 12.121-12 y 12.398-12.
La señora VON BAER.- ¿Qué proyectos son esos?
El señor QUINTANA (Presidente).- Son proyectos vinculados al cambio climático.
Me ha pedido la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no hay ningún problema en acceder a la petición. Sin embargo, se habla de boletines, algunos muy antiguos. Y a nosotros nos gustaría que el Senador Girardi nos explicara el "título de la canción", para saber de qué se trata y por qué razón se está haciendo la solicitud en cada caso.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Senador, los boletines se presumen conocidos por Sus Señorías.
La señora VON BAER.- ¡Cuidado con eso, señor Presidente...!
El señor QUINTANA (Presidente).- Le voy a dar la palabra al Senador Girardi, para que explique con mayor detalle su petición.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, lo que sucede es que la Sala ya autorizó la fusión de varios proyectos, que efectivamente son muchos, relativos todos a delitos ambientales. Entre ellos hay iniciativas del Ejecutivo y también mociones. Y tenemos que tratarlos.
Excúsenme por no haber señalado que se trataba del proyecto sobre delito ambiental. Se suponía que los Senadores lo conocían.
El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador Sandoval ha accedido a la petición porque también conoce en detalle los boletines mencionados.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, quisiera pedir autorización de la Sala para enviar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento dos proyectos refundidos (los boletines N° 10.685-07 y N° 10.692-07), que dicen relación con la denominación de Rapa Nui, la Isla de Pascua. Se trata de una reforma constitucional que no ha pasado por dicha Comisión. Y la idea sería sacarla rápido de ahí.
El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procedería.
--El proyecto pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor DURANA.- Señor Presidente, en sesión celebrada esta mañana, la Comisión de Economía acordó por unanimidad solicitar a la Sala lo siguiente:
Primero, abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión, hasta las 12 horas del día lunes 22 de abril (boletín N° 9.916-03).
El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que no habría problema en acceder a lo solicitado, en términos de que solamente se trata de un nuevo plazo para formular indicaciones.
Por lo tanto, se acogería la petición.
--Se abre un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto hasta la fecha y hora señaladas.
El señor DURANA.- Y mi segunda solicitud, señor Presidente, es que el proyecto de ley que reformará las isapres, anunciado por su Excelencia el Presidente de la República, sea considerado en su oportunidad por las Comisiones de Economía y de Salud, unidas, o, en su defecto, primero por la Comisión de Salud y luego por la Comisión de Economía, en lo que sea pertinente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Senador, no podemos tomar una decisión respecto de un proyecto que solo ha sido anunciado.
Una vez que se dé cuenta en la Sala...
La señora RINCÓN.- ¿A qué proyecto se refiere?
El señor QUINTANA (Presidente).- Al proyecto de isapres anunciado por el Presidente Piñera. Y la propuesta del Senador Durana es que cuando llegue al Senado sea conocido por las Comisiones de Economía y de Salud, unidas.
Es una decisión que podemos tomar, pero cuando llegue el momento. Aún no se ha ingresado la iniciativa.
La señora RINCÓN.- Que se deje constancia de la petición, señor Presidente.
El señor DURANA.- Claro.
El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, todo queda registrado, señor Senador.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, quisiera apelar a la buena disposición y voluntad de mis colegas para que autoricen a la Comisión de Hacienda a sesionar en paralelo con la Sala, pues estamos viendo el proyecto que establece el financiamiento para la realización de la COP25 en Chile, que tiene "discusión inmediata", y requerimos más tiempo para seguirlo viendo.
Ya nos reunimos en la mañana, continuamos ahora en la tarde, pero aun así no fue suficiente.
El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador Lagos, Presidente de la Comisión de Hacienda, ha hecho un planteamiento que parece bastante razonable y que está siendo apoyado por el Senador García y los demás miembros de dicho órgano técnico, por lo que, si no hubiera objeción, se accedería a lo solicitado.
--Se autoriza el funcionamiento paralelo de la Comisión de Hacienda.
El señor QUINTANA (Presidente).- Para ser bien preciso, quiero retomar la solicitud que hizo el Senador Harboe hace un momento, aprobada, entiendo, en forma unánime por la Sala -así lo recogió la Secretaría-, en cuanto a que el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui, pase a la Comisión de Constitución. Sin embargo, eso significa que sale de la tabla de hoy.
¿Todos entendimos lo mismo?
El señor HARBOE.- Sí, señor Presidente. El proyecto va y vuelve.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, se trata de un proyecto que lleva un tiempo extraordinariamente importante en el sistema legislativo. Entonces, si pasa a la Comisión de Constitución y sale de la tabla, su despacho se vuelve a retrasar.
Entiendo el ánimo que ha tenido el Senador Harboe al efectuar su solicitud, pero le pido que la Comisión de Constitución lo trate en un plazo breve y luego sea priorizado en su ubicación en una futura tabla.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, es una petición que también hicieron algunos Diputados de la Región de Valparaíso.
Es muy importante sacar adelante el proyecto, pero no hay que olvidar que se trata de una reforma constitucional que no ha pasado por la Comisión de Constitución.
Me permito recordar la experiencia que tuvimos con la reforma constitucional que creó los gobernadores regionales, que no pasó por dicho organismo y que hoy nos genera un problema porque no contempla causales de destitución, por ejemplo.
Por eso queremos ver esta otra, revisarla y mandarla de vuelta en una semana.
Creo que la situación ha quedado bastante clara.
El criterio general es que las reformas constitucionales pasan por la Comisión de Constitución. Es algo bastante elemental. Además, se ha señalado que en este caso ello se hará en un plazo bastante breve, tal como se ha indicado.
Me ha pedido la palabra el Vicepresidente de la Corporación, Senador señor De Urresti, quien desea intervenir sobre el mismo tema.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la misma línea, quiero ratificar la petición que hoy hicieron en la Comisión de Constitución un grupo de Diputados al revisar el estado de tramitación del proyecto, el cual fue aprobado ya por la Comisión de Gobierno.
Recordemos que el 2012 el artículo 126 bis consagró en la Constitución la categoría de territorios especiales, correspondientes a Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández. Hubo una explicación y por una situación particular y en buena línea se establecieron en la Carta Fundamental estos dos territorios.
Por lo tanto, resulta imprescindible que el proyecto pase por la Comisión de Constitución, para resguardar la armonía y el espíritu que se tuvo al momento de incorporarlos en la Constitución. Se trata de los únicos territorios señalados específicamente en el Texto Constitucional, producto de la reforma del 2012.
Creo que estamos de acuerdo. El espíritu es el mismo. Y esperamos no retrasar la iniciativa más de una semana, para tenerla nuevamente en tabla y generar la reforma correspondiente.
A mayor abundamiento, se nos informó que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, sesionará en Isla de Pascua para poder ratificar con la comunidad la denominación de Rapa Nui.
Por eso, por el artículo 126 bis ya mencionado, es que estamos de acuerdo en que el proyecto pase a la Comisión de Constitución.
La petición, además, tiene que ver también con la rigurosidad con que el Senado debe actuar a través de todas sus Comisiones, y especialmente cuando es Cámara revisora, como ocurre en este caso.
Así que se mantiene el acuerdo ya adoptado para que la Comisión de Constitución vea el proyecto en forma bastante breve.
El señor QUINTANA (Presidente).- Pasamos al Fácil Despacho.
Nos acompañan dos Ministros de Estado, nuestros excolegas Baldo Prokurica, de Minería, y Hernán Larraín, de Justicia, que vienen por proyectos de sus respectivas Carteras.
Se ha solicitado autorización para que don Sebastián Valenzuela, Abogado Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, ingrese a la Sala para el tratamiento del proyecto que figura en el primer lugar del Orden del Día, relacionado con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.
El señor QUINTANA (Presidente).- En Fácil Despacho figura el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes: 1) flexibilizar los instrumentos financieros que pueden utilizar las empresas mineras para liberar la capacidad de líneas de crédito, de manera de usar la deuda bancaria como capital de trabajo; 2) exigir autorización previa del Sernageomin para renovar, sustituir o reemplazar instrumentos financieros mantenidos en custodia, sea para aumento o disminución de valores o condiciones o traslado a otro custodio, y 3) actualizar la valorización de los planes de cierre que deben ser auditados cada cinco años.
La Comisión de Minería discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único. Lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Allende y Provoste y señores García-Huidobro y Prohens. Y lo aprobó en particular por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Provoste y señores Elizalde, García-Huidobro, Guillier y Prohens.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 17 y 18 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Ofrezco la palabra, en primer lugar, al señor Ministro de Minería, don Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA (Ministro de Minería).- Señor Presidente, primero que nada, saludo a las señoras Senadoras y los señores Senadores y agradezco a la Comisión de Minería del Senado por el apoyo entregado al proyecto de ley que nos ocupa.
Ahora paso a explicar qué pretende esta iniciativa.
En primer lugar, cuando el Parlamento dictó la ley N° 20.551, a mi juicio, dio un gran paso para resguardar el medioambiente, la trazabilidad de esta actividad económica y también la seguridad de las personas.
Dicha ley regula la forma en que una faena minera debe hacerse cargo de los efectos generados por la actividad extractiva, lo cual se materializa a través de un Plan de Cierre, que es un instrumento que establece el conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de sus operaciones.
¿Qué es el Plan de Cierre?
Al terminar la vida útil de una faena minera es importante que las actividades realizadas durante su operación no se traduzcan en un riesgo para la vida, la salud y la integridad física de las personas ni tampoco en daños para el medioambiente.
De este modo, un Plan de Cierre corresponde a un conjunto de medidas y acciones cuyo fin es mitigar los efectos que derivan de la industria extractiva.
¿Cuál es el problema que ha ocasionado esta ley?
En la práctica, esta es una de las formas de garantizar que se cumpla con el cierre de faenas. En caso de que una empresa que ha desarrollado esta actividad extractiva no cumpla con el cierre, será el Estado el que deberá financiarlo. Por tanto, lo que se pretende con esta normativa es agregar una nueva forma a fin de asegurar dicho cumplimiento mediante un tema de seguros. ¿Por qué? Porque la ley actual consagra un sistema que permite hacerlo a través de boletas de garantía, cartas de crédito stand by y certificados de depósitos.
Lo que ocurre es que tenemos 3 mil 344 millones de dólares en este tipo de boletas de garantía y otros sistemas, todo lo cual ha copado la capacidad crediticia de las empresas. Además, se ha generado una situación que, en mi opinión, es compleja por los efectos que pudieran presentarse en una empresa que quiebra o a la cual no le va bien porque, en la práctica, no ha tenido los recursos para poder cumplir con una boleta.
De otra parte, hay más de 40 proyectos mineros de mediana escala que, teniendo las resoluciones de impacto ambiental aprobadas, no dan inicio a sus faenas. Nosotros pensamos que un número importante de ellos no lo hacen porque no cuentan con tales recursos.
Estamos hablando de que si no hacemos nada, según una proyección que se hizo, para el año 2033 las garantías alcanzarían un monto de 8 mil millones de dólares. Estos recursos estarían paralizados y las empresas involucradas, que ya tienen boletas de garantía, tendrían su capacidad crediticia copada y no se les permitiría reinvertir tales recursos. Lo mismo sucedería con otras faenas que pudieran iniciarse.
En segundo lugar, este proyecto de ley ha generado un problema que dice relación con el bajo número de auditores que logran cumplir con la obligación legal destinada a que el servicio certifique la adecuación y cumplimiento del plan de cierre.
Por eso, debido a la importancia de la ejecución de las medidas contempladas en los planes de cierre, la ley exige que estos sean auditados cada cinco años a fin de velar por su correcta implementación y avance efectivo en relación con el proyecto minero.
Hasta la fecha, señor Presidente, solo se han registrado seis auditores, por lo que se espera que para el período comprendido entre el 2020 y el 2021 no existirá la capacidad suficiente para que cumplan con su labor.
El Gobierno piensa que de verdad este es un proyecto urgente no solo por los plazos que se vienen encima, sino porque muchas faenas que hoy día no tienen los recursos para otorgar estas boletas de garantía podrían iniciarse contratando un seguro, que es la fórmula que propone la iniciativa. Así, al incorporarse en una póliza de seguro -será a primer requerimiento, a fin de que dé seguridad y certeza- las faenas que pudieran no cumplirse, el seguro debería pagar lo que significara el cierre de faenas.
Creo que eso es urgente, que puede dar una capacidad de desarrollo e inversión a varios proyectos que hoy día se hallan esperando y que, además, va a aliviar la situación presente en algunas faenas que hoy día no cuentan con esos recursos.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias a usted, señor Ministro, por la completa exposición que ha hecho de este proyecto, que se encuentra en la tabla de Fácil Despacho, según lo acordado por los Comités.
En este momento hay tres Senadores inscritos.
En Fácil Despacho se supone que la discusión es por hasta diez minutos. Por tanto, le pido a la Sala cerrar la lista con los tres Senadores que ya se hallan inscritos.
¿Le damos cinco minutos a cada Senador?
El señor SANDOVAL.- Tres minutos.
El señor BIANCHI.- Está bien: cinco minutos.
El señor QUINTANA (Presidente).- Primero hay que tener claro que el proyecto es de Fácil Despacho.
Están inscritos los Senadores señor Guillier, señora Provoste y señor García-Huidobro.
¿Les parece que cerremos las intervenciones con ellos?
El Senador señor Bianchi solicitó abrir la votación. Si le parece a la Sala, accederemos a ello.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, quien dirige la Comisión de Minería y Energía es la Senadora señora Provoste y sugiero que ella hable primero para que rinda su informe. Luego podremos intervenir nosotros.
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Minería y Energía, Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, esta semana, cuando escuchábamos los alcances del IPoM, se observaba claramente que se ponía una mirada en el sector de la minería, en cómo ha caído y en cómo ello, a su vez, ha impactado en la economía nacional.
Provengo de una región donde la actividad minera, de la pequeña pero también de la mediana minería, reviste gran importancia. Y por eso esperamos que esta iniciativa, que ha presentado el actual Gobierno, permita generar un alivio financiero a las empresas mineras, dado que tiene como propósito incorporar las pólizas de garantía a primer requerimiento como instrumentos absolutamente legales que resguarden el buen funcionamiento y el plan de cierre frente al Estado.
Y lo digo, señor Presidente, porque el propio Ministro señaló en su exposición ante la Comisión que desde octubre del año 2018 hay 109 proyectos con régimen ordinario, transitorio, que cuentan con su plan de cierre aprobado, de los cuales solo 91 han podido constituir su garantía financiera conforme a lo que exige la ley N° 20.551, aprobada por este Parlamento y que dice relación con los planes de cierre.
Los dieciocho proyectos que no han podido constituir su garantía pertenecen a la mediana minería, lo que reafirma la dificultad que tienen los productores medianos para garantizar sus planes de cierre.
Por todo eso, se estima que flexibilizar el sistema, tal como hace este proyecto de ley, incorporando otros instrumentos financieros, como las pólizas de seguros, a fin de convertirlos en instrumentos financieros válidos para asegurar al Estado el cumplimiento del plan de cierre en la categoría A.1, va a entregar un alivio a los titulares de los proyectos mineros, principalmente de la mediana minería, quienes podrán tener una mayor flexibilidad y holgura para efectos de constituir las garantías exigidas por la Ley de Cierre de Faenas.
El Ministro lo explicó en su intervención: esto en nada cambia la exigencia de resguardo en materia de seguridad para las personas, para los trabajadores y trabajadoras, y en nada altera el compromiso que la minería debe tener con la normativa legal ambiental vigente.
Señor Presidente, quiero además señalar que esto es tan claro que en la discusión de la iniciativa acordamos por unanimidad la redacción de una indicación que se agregó al artículo segundo transitorio, en donde se deja absolutamente claro que las empresas que se acojan al régimen indicado en este proyecto deberán actualizar sus planes de cierre, en lugar de realizar la primera auditoría periódica del artículo 18 de la ley, en el mismo plazo de cinco años señalado en esa disposición. Esto, sin perjuicio del deber de auditar periódicamente, de aquí en adelante, sus planes de cierre en conformidad a la normativa.
Lo señalo porque lo que busca este proyecto de ley es dar flexibilidad, alivio financiero a las empresas, particularmente a la mediana minería, pero esto no cambia en nada las exigencias en materia de seguridad para los trabajadores y de cumplimiento de las disposiciones ambientales.
Por último, señor Presidente, quiero hacer público el compromiso que también se tomó en esta Comisión.
Dado que hoy día empresas del Estado como Enami y Codelco también tienen boletas bancarias para garantizar el buen uso del plan de cierre de su explotación, ellas también podrán acogerse a este alivio financiero y cambiarse a las pólizas de garantía.
Considerando que en la Comisión escuchamos a diversos actores, entre ellos a la Confederación Minera y a la Coordinadora en Defensa de la Pequeña Minería de la Región de Atacama, se espera que si Enami puede liberar estas boletas de garantía se genere por esta vía una mayor flexibilidad financiera que se traduzca en mejoras a la tarifa de los pequeños mineros. Creemos que así podremos entregar un apoyo mucho más integral al sector de la pequeña y mediana minería, que tanto lo requiere.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, para un tema de Reglamento, el Senador señor García-Huidobro.
Además, le correspondería hacer uso de la palabra.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí, señor Presidente, pero ahora quiero referirme a un punto reglamentario.
En la pantalla aparece un proyecto distinto al que estamos votando. Entonces, yo le solicitaría que se hiciera la corrección, porque se trata de un boletín totalmente diferente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, es la iniciativa sobre la modernización del sistema de inteligencia del Estado, que figura en el cuarto lugar de la tabla.
¡Muy inteligente su alcance, señor Senador...!
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, este proyecto, que hay que aprobar, es una muy buena propuesta, muy práctica, porque resuelve esencialmente dos problemas que se han producido en los últimos seis años, durante la vigencia de la actual legislación.
Por una parte, ello tiene que ver con el acceso a mecanismos de financiamiento en el mercado para los planes de cierre, que son muy caros, lo que está afectando sobre todo a la mediana minería, porque la gran minería se las arregla. Los beneficios están bastante acotados, se definen muy bien y, por consiguiente esto sería una vía para que accedieran a otros mecanismos de financiamiento que les aliviara la carga y les diera más caja para operar.
Por otra parte, hemos sido muy exigentes a la hora de auditar los planes de cierre y su renovación, a tal punto que a los auditores se les pusieron tantas exigencias que, al final, tenemos seis auditores para todas las faenas mineras, lo cual hace imposible ejercer la fiscalización porque, además, tienen incompatibilidades para desempeñarse en las mismas faenas o en las mismas empresas. En consecuencia, cuando tienen distintas faenas es un lío enorme. Por lo tanto, hay que darle más atribuciones a Sernageomín para operar en ese espacio.
Ahora, obviamente en el largo plazo necesitamos un proceso de formación y calificación de expertos que puedan proceder en esta dirección.
Es muy simple lo que proponemos por unanimidad, flexibilizar, porque en nada afecta el rigor de los planes de cierre ni las garantías que tienen que presentarse ante el Estado. Lo que se hace es, por un lado, flexibilizar los mecanismos financieros, y por otro, abrir otras opciones para la fiscalización de esos mismos planes y sus modificaciones.
El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias, Senador señor Guillier, muy claro su planteamiento.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, tal como se ha manifestado, del análisis de este proyecto se desprende que su objetivo principal es disminuir las trabas que enfrenta la pequeña minería respecto de la gran minería, y mantener los resguardos -lo manifestó nuestro Ministro- en cuanto a garantizar la existencia de los recursos necesarios para un eventual cierre de faenas.
Esto es coherente con la finalidad que persigue la Administración del Presidente Piñera en cuanto a promover la inversión para reactivar la economía.
El primer cambio, y el más importante, dice relación con la propuesta para modificar el artículo 52 de la ley, en el sentido de darle categoría de instrumentos A.1 a las pólizas de garantía de primer requerimiento, es decir, básicamente, seguros.
Se señala que con ello el sistema de garantías para el cierre de faenas mineras se flexibilizaría y permitiría a los medianos mineros utilizar su capacidad crediticia o recursos propios en la concreción y operación de sus proyectos, en vez de acudir al financiamiento de garantías costosas, como ocurre en el día de hoy.
El Ejecutivo también estimó que una correcta reglamentación de las pólizas de garantía resultaría suficiente para dar cobertura a los costos de un potencial cierre de faenas.
También se agrega una modificación en el sentido de que las empresas deberán solicitar la autorización a Sernageomín para efectuar cualquier cambio sobre la garantía contemplada para resguardar el cierre de las faenas.
El Gobierno intenta dar a entender que con esto se establecería una mayor seguridad en el cumplimiento de las obligaciones propias del cierre de faenas, visto que la actual legislación requiere solo informar al respectivo servicio.
Por último, se busca modificar el artículo segundo transitorio de la ley, que obliga a las empresas que se hubieren acogido al régimen de este artículo a efectuar auditorías periódicas, según lo dispone el artículo 18 de la ley. La modificación las eximiría de la primera obligación de auditoría por estimarse innecesaria, y ello buscaría dar mayores facilidades a la mediana minería en el periodo de inicio de sus operaciones.
En definitiva, este proyecto tiene las motivaciones correctas: promover la inversión minera e incentivar una competencia justa entre grandes y medianas mineras.
Señor Presidente, no puedo dejar de comentar lo que han planteado mis colegas Senadoras y Senadores, y también el Ministro Baldo Prokurica, en cuanto a que esto le va a significar a Codelco la liberación de muchos recursos. Esta empresa tiene hoy día más de mil 200 millones de dólares en garantías a los bancos por el cierre de faenas, y si esto no se cambia, ello podría llegar, al año 2033, a 3 mil 800 millones de dólares.
Eso significa que vamos a poder liberar a Codelco, para todo su plan de inversiones, recursos que hoy día están como boleta de garantía en los bancos.
Y para qué decir lo que implica para la mediana minería. La proyección al año 2033, si no cambiamos esta ley y no le damos la alternativa de tener un seguro, llegaría a alrededor de 8 mil millones de dólares, como lo planteó nuestro Ministro en la Comisión.
Por eso, señor Presidente, creo que es un proyecto muy importante, que va en apoyo de la inversión minera y, especialmente, de la minería mediana en Chile.
El señor QUINTANA (Presidente).- Hemos concluido el tiempo destinado para abordar este proyecto en Fácil Despacho.
Señora Secretaria, entiendo que no ha cambiado la pantalla...
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No está corregido lo que advertí con anterioridad.
La señora VON BAER.- ¿Qué hacemos? ¿Votamos o no?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Cómo se va a votar una cosa distinta? ¿Se da por entendido que es otro proyecto?
El señor QUINTANA (Presidente).- Antes de dar por terminada la votación, suspenderé la sesión para resolver un problema informático.
--Se suspendió a las 17:7.
--Se reanudó a las 17:12.
Debo señalar a Sus Señorías que la votación ya está tomada, y no es posible -según me informan- realizar el cambio pertinente en los próximos minutos. Pero debo insistir en que lo que estamos votando corresponde al proyecto que está indicado en las pantallas de la Sala, que modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras (boletín N° 12.324-08).
Por lo tanto, si alguien no ha votado, puede hacerlo.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que debemos anular la votación.
El señor ELIZALDE.- No.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No todos votaron.
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Yo no he votado!
La señora VON BAER.- ¡Pero aquí sale otra cosa!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Votemos a mano alzada.
El señor GUILLIER.- Sí, a mano alzada.
La señora VON BAER.- Votemos a mano alzada, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Creo que la solución es más sencilla.
Dado que lo que estamos votando es lo que aparece en las pantallas del Hemiciclo, anulemos esta votación y volvamos a tomarla en forma electrónica.
Ello me parece más simple.
La señora VON BAER.- Eso era lo que había planteado, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, señora Senadora. Vamos a proceder de esa manera.
Entonces, ¿anulamos la votación que tomamos recientemente?
Sus Señorías pueden ver en las pantallas de sus computadores que solo aparece el boletín N° 12.324-08, que corresponde al proyecto que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, el cual procederemos a votar nuevamente.
Por lo que desprendo de las palabras del señor Ministro y de quienes han intervenido en la Sala y, además, por tratarse de una iniciativa de artículo único, entiendo que la aprobación será en general y particular.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (26 votos a favor y un pareo), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Kast, Latorre, Navarro, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PROKURICA (Ministro de Minería).- Señor Presidente, quiero agradecer a las señoras Senadoras y a los señores Senadores por el apoyo brindado a este proyecto.
No me cabe ninguna duda de que en los programas que tiene el Presidente Piñera en materia de minería esta será una palanca para reactivar al sector y para que muchos proyectos que hoy día no han partido se puedan poner en movimiento, generando desarrollo y empleo.
Ciertamente, les agradezco también el excelente trato que nos han dado aquí.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Dos mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos (boletines Nos 11.958-07 y 11.966-07, refundidos).
El señor QUINTANA (Presidente).- Quisiera recabar el acuerdo de la Sala para que a partir de las 18 pase a presidir la sesión el Senador señor Bianchi.
El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, con segundo informe de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes, y urgencia calificada de "suma".
Sesión 28ª, en 3 de julio de 2018 (se aprueba en general).
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 3 de julio de 2018.
Las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial de Infancia dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones o de modificaciones.
Las referidas Comisiones efectuaron diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de las Comisiones unidas respecto de alguna de ellas.
El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, vamos a votar sin debate las enmiendas unánimes.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe las modificaciones introducidas por las Comisiones unidas y el texto que quedaría de aprobarse esas enmiendas.
Tiene la palabra el Presidente de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial de Infancia, Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a la organización Derecho al Tiempo, representada por Vinka Jackson y James Hamilton, quienes nos acompañan en las tribunas. Ellos han luchado por llegar a este momento, y nos han relatado difíciles pero muy ilustrativas experiencias que nos han servido para llevar a cabo nuestro trabajo legislativo.
El proyecto que ahora consideramos en particular tuvo su origen en una moción de los Senadores señor Jaime Quintana y señora Ximena Rincón y de los entonces Senadores señores Fulvio Rossi y Patricio Walker.
Para el estudio en particular de esta iniciativa, se resolvió que este asunto fuera estudiado por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes.
Con el propósito de enfrentar su cometido, dicha instancia recibió en audiencia a académicos de diversas ramas del Derecho, quienes expusieron sus puntos de vista acerca del mérito del proyecto de ley y de las indicaciones que se formularon a su texto.
De igual modo, se contó con el relevante aporte de representantes del Ejecutivo, quienes, tomando como base la discusión suscitada en el seno de las Comisiones unidas, efectuaron proposiciones para perfeccionar la redacción de las disposiciones contenidas en esta iniciativa.
El trabajo conjunto antes mencionado dio origen a la normativa que ahora se somete a consideración de la Sala del Senado, y su estructura es la siguiente.
El artículo 1o introduce cuatro modificaciones al Código Penal con el fin de establecer la imprescriptibilidad de la acción penal de diversos delitos de carácter sexual perpetrados en contra de una víctima menor de edad. Al respecto, cabe destacar que las Comisiones unidas tuvieron la precaución de incluir únicamente aquellas conductas típicas que afectan a las víctimas de delitos sexuales en la minoría de edad.
Otro aspecto acordado fue la determinación de que tales hechos punibles se considerarán delitos de acción pública previa instancia particular, y se regirán por lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal desde que el ofendido por el delito haya cumplido los 18 años de edad, si no se ha ejercido con anterioridad la acción penal.
Asimismo, se dispone la supresión del artículo 369 quáter del Código Penal, que establece que en los delitos de violación, estupro y otros de naturaleza sexual el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla 18 años. Ello, por cuanto dicha disposición deja de tener sentido luego de la consagración de la imprescriptibilidad de la acción penal.
En el Título II de este proyecto, denominado "De la renovación de la acción civil", se reguló exhaustivamente la factibilidad de que la víctima de delitos también pueda optar a una reparación de orden patrimonial, sin que ello se vea limitado por el vencimiento de los plazos de prescripción comunes. Por lo mismo, se le otorga la posibilidad de renovar, por una ocasión, la acción indemnizatoria en contra del imputado si la demanda es interpuesta por la víctima, considerándose por tal solo aquella directamente ofendida por el delito, en la tramitación del respectivo procedimiento penal, una vez formalizada la investigación y hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral.
También se previó la eventualidad de que el procedimiento penal continuare en conformidad a las normas que regulan el procedimiento abreviado, o que por cualquier causa terminare o se suspendiere sin que sea posible emitir un pronunciamiento acerca de la acción civil, háyase o no interpuesto esta en el procedimiento penal. En ese caso, la víctima podrá interponer la demanda ante el juzgado de letras con competencia en lo civil en el término de sesenta días contados desde que quede ejecutoriada la resolución que dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal.
Por último, las Comisiones unidas acordaron regular la renovación de la acción civil contra el responsable por el hecho ajeno con dos condiciones copulativas:
a) Que el tribunal con competencia penal haya dictado sentencia condenatoria en contra del autor del daño por la comisión de alguno de los delitos cuya acción ha sido declarada imprescriptible.
b) Que la acción civil sea deducida por la víctima directamente ofendida por el delito en contra del responsable del hecho ajeno, por los hechos que fundan la condena penal, ante el juez de letras con competencia en lo civil y dentro del término de sesenta días desde que la sentencia condenatoria penal se encuentre ejecutoriada.
Cabe hacer presente que dichas disposiciones, que vinculan el ejercicio de la acción civil al proceso penal, a juicio de los miembros de las Comisiones unidas subsanan las aprensiones que en su oportunidad se expresaron con relación a la eventual interposición de demandas temerarias que carezcan de un fundamento plausible.
En seguida, el último precepto permanente de esta iniciativa de ley señala que las disposiciones de este proyecto no tendrán aplicación respecto de los adolescentes, los que continuarán rigiéndose por la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Finalmente, se aprobó una disposición transitoria con el objetivo de consignar que, para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de la ley, continuará vigente el artículo 369 quáter del Código Penal. Esto, debido a que la derogación de dicho precepto podría beneficiar a quienes hayan cometido alguno de los delitos que aborda esta iniciativa y cuyo plazo de prescripción aún esté en curso, circunstancia que contraría el espíritu del proyecto en orden a asegurar la persecución penal de los agresores sexuales.
Señor Presidente, sin perjuicio de que en todas las materias ya indicadas se alcanzó un acuerdo unánime, una parte importante de la discusión particular se centró en la posibilidad de dar un efecto retroactivo a estas disposiciones.
Los integrantes de la instancia técnica examinaron con detalle este asunto y detectaron problemas prácticos, legales y constitucionales que impiden dar un carácter retroactivo a esta iniciativa.
En efecto, tratándose de delitos cometidos en el pasado, especialmente antes de la reforma procesal penal, se generan problemas en cuanto a los tribunales que, eventualmente, tendrían que examinar estos casos.
Se constató, por ejemplo, que tales ilícitos deberían ser conocidos por los tribunales civiles, dado que ya no existen los tribunales penales que conocían este tipo de delitos. Otorgar esa facultad a los actuales tribunales penales vulneraría el párrafo quinto del número 3º del artículo 19 de la Ley Fundamental. Igualmente, conceder atribuciones al Ministerio Público para investigar hechos ocurridos en el pasado lejano contraría lo preceptuado en el inciso segundo de la disposición OCTAVA TRANSITORIA de la Constitución Política, la cual dispone que "la ley orgánica del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones.".
Asimismo, se constató que los ilícitos para los cuales se establece la imprescriptibilidad de la acción penal han sufrido diversas enmiendas en los últimos años. Se observó que en el pasado algunas de esas conductas no estaban penadas o el tipo penal era distinto. Por lo tanto, la aplicación retroactiva de estas disposiciones generaría problemas interpretativos serios que dificultarían o harían imposible su aplicación.
Finalmente, desde el punto de vista de las disposiciones constitucionales vigentes, las Comisiones unidas recibieron opiniones de profesores de Derecho Penal y de Derecho Constitucional, quienes hicieron presente que las reglas que establece el proyecto tienen un carácter sustantivo penal o, a lo menos, procesal penal y no meramente procesal, por lo que dar una aplicación retroactiva a estos preceptos vulneraría lo establecido en el párrafo octavo del número 3º del artículo 19 de la Constitución Política.
Se exploró, por último, la posibilidad de aprobar una ley interpretativa de la Constitución, medida que también fue desechada, dados el carácter restrictivo de este tipo de leyes y las objeciones que en esta materia podría hacer presentes el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, a pesar del esfuerzo que se realizó en esta materia -doy fe de ello-, todos los miembros de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial de Infancia llegamos a la conclusión de que era más prudente y adecuado avanzar en la pronta aprobación de este proyecto y evitar controversias constitucionales y penales que retrasarían o impedirían su entrada en vigencia.
Señor Presidente, estamos ante una iniciativa largamente estudiada por las Comisiones unidas y frente a un momento histórico no solo para las víctimas y la sociedad, sino también para el Derecho.
La ley en proyecto impone un cambio muy significativo en el Derecho Penal y en el Derecho Civil vigentes, que constituirá un hito en la historia legislativa nacional y podría ser un ejemplo para otras legislaciones latinoamericanas.
Antes de concluir mi informe, deseo expresar que los integrantes de las Comisiones unidas agradecen y valoran el apoyo tanto de las organizaciones que agrupan a las víctimas como de la sociedad civil, las cuales respaldaron el proceso legislativo y colaboraron de forma relevante para concluir su trámite en el Senado.
Hago notar que el informe de las Comisiones unidas da cuenta del trabajo realizado y consigna las intervenciones escuchadas durante el ciclo de audiencias que se llevó a cabo, la discusión de los preceptos abordados y los acuerdos alcanzados a su respecto.
No puedo terminar mi informe sin agradecer también los esfuerzos permanentes de la Secretaría de la Comisión de Constitución, pues sin su apoyo no habría sido posible sacar adelante este importante proyecto de ley.
En consecuencia, solicito a esta Honorable Sala la aprobación de este proyecto.
Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidente de las Comisiones unidas.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de seguir ofreciendo la palabra, quiero agradecer que buena parte de las víctimas, organizaciones y agrupaciones que nos acompañaron durante la discusión de este proyecto se encuentren en las tribunas. Para ustedes, un abrazo y un agradecimiento.
Asimismo, agradezco al Ejecutivo, que se halla representado hoy día por el señor Ministro de Justicia y sus asesores.
Pienso que este proyecto dignifica tremendamente nuestro trabajo.
El señor PÉREZ VARELA.- ¿Me permite una consulta reglamentaria, señor Presidente?
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, ¿cómo va a someter a discusión el proyecto la Mesa? ¿Habrá varias votaciones o solo una?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, el proyecto fue aprobado por unanimidad en todas sus modificaciones.
El señor PÉREZ VARELA.- Así es, señor Presidente. El proyecto viene aprobado en forma unánime.
Por lo tanto, sugiero que se vote en un solo acto y abra la votación desde ya.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, vamos a escuchar la primera intervención y luego procederemos a la votación, considerando la forma como el proyecto fue despachado por las Comisiones unidas.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana, uno de los autores del proyecto.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, hace nueve años presenté este proyecto de ley en otro Chile.
Por eso era normal que fuera visto como algo imposible de lograr, generando resistencia inicial en una parte importante de la academia y también del mundo político.
El 2011 -y quiero detenerme acá- no eran tiempos fáciles para discusiones como la que ahora nos ocupa.
Por eso, quiero saludar de manera muy especial a los integrantes de Derecho al Tiempo, a quienes yo he denominado los "héroes imprescriptibles", que han acompañado esta hermosa iniciativa, la cual ha contado siempre con un amplio respaldo ciudadano, de la sociedad civil y también del mundo de las víctimas. Me refiero a James Hamilton y a Vinka Jackson, entre muchos otros que hoy día nos acompañan en las tribunas.
Decía que el año 2011 James Hamilton remecía a todo el país en el programa de televisión Tolerancia Cero. Pocos años antes, Vinka Jackson lanzaba su libro Agua fresca en los espejos, en el cual develaba los abusos de los que fue víctima.
Gracias a estos "héroes imprescriptibles" y valientes, con posterioridad múltiples casos de abuso comenzaron a destaparse en hogares, iglesias y colegios.
No podíamos quedarnos inmóviles.
Por eso el 2016, varios años después de haber presentado este proyecto, decidimos retomar la discusión y pedir su desarchivo.
Poco tiempo antes, creamos en esta misma Sala, con el apoyo de todos los Senadores y las Senadoras, la Comisión Especial de Infancia para tratar proyectos relacionados con la protección de los menores, como el que en este momento nos ocupa.
Agradezco, por cierto, a aquellos que en todo el tratamiento de esta iniciativa nos acompañaron: a la actual Senadora Ximena Rincón y a los entonces Senadores Fulvio Rossi y Patricio Walker.
Al asumir la Presidencia del Senado lo señalé: creo en los acuerdos cuando provienen de demandas de la sociedad, cuando se generan de cara al país y no entre cuatro paredes.
Por eso, quiero reconocer una vez más el inmenso apoyo que en esta materia encontramos en el Gobierno; en el propio Presidente Sebastián Piñera, quien decidió patrocinar nuestra iniciativa; en el actual Ministro de Justicia y excolega, Hernán Larraín, y, por supuesto, en todo su equipo de asesores, especialmente, Sebastián Valenzuela.
El siglo XXI nos impone como humanidad desafíos de una magnitud nunca antes vista.
Uno de ellos es que los Estados deben garantizar las herramientas jurídicas para condenar con toda la fuerza del derecho y de la sociedad el abuso infantil.
Este es un problema mundial.
Si algunos piensan que estamos marcando un quiebre, un antes y un después en la tradición del Derecho Penal chileno, yo les respondo que sí, y a mucha honra. Lo dijo hace pocos minutos el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Felipe Harboe.
Por eso, valoro el enorme esfuerzo que en las Comisiones unidas hicieron los Senadores de la Comisión de Constitución durante la discusión de la iniciativa que hoy día estamos analizando, porque el abuso infantil no admite pequeñas correcciones ni cambios de comas o palabras en la ley.
Con este proyecto marcamos, efectivamente, un antes y un después en cuanto a la protección de los menores abusados.
Hemos mirado experiencias comparadas como las que ya se han mencionado. Pero también creemos que esta legislación va a ayudar a muchos otros países que están buscando soluciones frente a la terrible realidad del abuso. Muchos nos están mirando.
Quiero agregar a lo que ya se ha dicho que el proyecto en debate va a cambiar de manera paradigmática lo que ocurre en materia penal, porque lo que hoy día ocurre mundialmente en este ámbito es que existe un plazo de prescripción, al cabo del cual se asume que muchas personas deciden no perseverar en la acción.
Esa realidad, que puede ocurrir en muchos países del mundo, también admite excepciones. En el Derecho romano, en efecto, se contemplaban excepciones a la prescripción cuando se trataba de delitos como el parricidio, por ejemplo. El derecho anglosajón, en mi opinión, es mucho más abierto a recoger la mirada que el Senado chileno hoy día está planteando.
No son pocos los países que en el último tiempo también están estableciendo la imprescriptibilidad.
Nosotros, como Parlamento, dimos un paso significativo el año 2007, antes de que presentáramos esta moción. Anteriormente, la acción para perseguir estos delitos prescribía en los plazos comunes dispuestos en el Código Penal para los crímenes y simples delitos. Pues bien, la ley N° 20.207 introdujo en nuestro sistema una excepción a la regla general de prescripción de la acción penal, estableciendo que en el caso de delitos sexuales cometidos contra menores el plazo se contará desde que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad.
Eso significó un avance. Pero, claramente, no fue suficiente. El propio penalista Juan Pablo Hermosilla señalaba: "La experiencia demuestra que la mayor parte de los victimarios de abusos sexuales contra menores ostentan situaciones permanentes de poder sobre las víctimas, como es el caso de padres, profesores, sacerdotes.".
En una inmensa mayoría de los casos el victimario es una persona cercana a la víctima menor de edad que ejerce poder, manipulación respecto de ella. Por lo tanto, no bastaba esperar el cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima para que esta denunciara.
Médicos, como el propio James Hamilton y muchos otros que nos acompañaron durante la tramitación de esta iniciativa, describían con mayor detalle qué ocurre desde el punto de vista biológico, anatómico en el cuerpo humano de la víctima y por qué razón pasaba por distintos ciclos. Incluso, durante un tiempo, justamente por la posición de poder del victimario, la persona hasta se llegaba a sentir culpable. Por lo tanto -y esto quedó muy documentado por quienes concurrieron a las Comisiones unidas-, este vínculo abusivo, esta posición de poder que generaba múltiples ultrajes y que causaba un daño devastador en los menores hacían que el tiempo para decidirse a denunciar, en algunos casos, sobrepasara los 40 años desde la comisión del delito.
No olvidemos que en esta iniciativa estamos situando los delitos de abuso contra menores al mismo nivel de los delitos de lesa humanidad. En ambos casos lo que se tiene en cuenta es la situación de la víctima. Es ella la que no puede denunciar en los plazos que nuestro ordenamiento penal plantea, por las razones que hemos señalado.
En este caso, el proceso interno experimentado es distinto al vivido por un adulto, ya que el menor abusado por alguien que forma parte de su círculo tiende a desorientarse -nos decían los expertos-, precisamente al ser agredido por alguien que debe exactamente hacer lo contrario: protegerlo. Como consecuencia de esa desorientación, generalmente tienden a bloquear estos hechos y el niño o niña ni siquiera es capaz de verse a sí mismo como víctima ni tampoco es consciente de sufrir un delito. No solo se genera un bloqueo, sino también muchas veces una normalización de estas conductas, ya que el temor es tan grande que cualquier idea de poder sacar a la luz algo así le resulta mucho más gravoso que mantener la situación de abuso.
Señor Presidente, como autor de la iniciativa, quisiera que me permitiera un par de minutos para finalizar mi intervención.
La lógica de prescripción que teníamos como país equivalía a la impunidad, puesto que la situación interna de la víctima, sumado al plazo para denunciar el hecho, convierten estos ilícitos en delitos prácticamente imposibles de perseguir. Por ende, debemos preguntarnos si queremos mantener esa dinámica o dar un giro y tratar de iniciar un cambio cultural, que es lo que estamos haciendo con este proyecto.
Nosotros, como país, suscribimos la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y, conforme a su artículo 19, los Estados deben adoptar todas las medidas legislativas y administrativas para proteger a los niños de toda forma de abuso físico o mental, incluido expresamente el abuso sexual.
No quisiera alargarme más, señor Presidente.
Los delitos sujetos a imprescriptibilidad contenidos en este proyecto comprenden un catálogo bastante extenso: sustracción de menores con homicidio, violación, mutilación o lesiones graves; violación; acceso carnal a una persona menor de 14 años; producción de material pornográfico con menores de edad; facilitación de la prostitución de menores; trata de personas con fines de explotación sexual infantil, entre otros.
Finalmente, quiero destacar los cambios que se le introdujeron al texto.
Por una parte, lo relativo a la legitimación activa, que es algo bien importante. Al final, queda en la víctima. Para estos efectos, no es un delito de acción penal pública, donde cualquier persona puede denunciar. Porque también en la denuncia lo que estamos haciendo es respetar el rol de la víctima.
Asimismo, la renovación de la acción civil es muy relevante, porque se consagra contra el imputado, pero también contra el responsable por el hecho ajeno, es decir, una tercera persona de una institución -cualquiera- que no haya llevado adelante las acciones de protección y no haya impedido que estos hechos se llegasen a consumar.
Lo relativo a la responsabilidad penal adolescente también experimentó una importante y significativa mejora.
Por lo tanto, solo quiero agradecer a quienes desde la sociedad civil nos han acompañado en la tramitación de este proyecto, y también a las Comisiones unidas de Infancia y de Constitución.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, creo que, tal como cuando discutimos en general esta iniciativa, el hecho de que ahora en las Comisiones unidas se haya llegado a un acuerdo unánime respecto del contenido de este proyecto marca realmente un hito en estas materias.
A mi juicio, lo que está diciendo el Senado junto con el Gobierno es: "No queremos nunca más impunidad para los abusos sexuales cometidos en contra de menores". Y si eso ha de perseguirse 30 o 40 años después, ¡pues así será! Pero esa persona tiene que saber que será perseguida por ese abuso que cometió en contra de un niño o de una niña. Y aunque la víctima, por mil razones, no la haya podido denunciar, no perderá la posibilidad de hacerlo, es decir, el victimario no quedará impune.
Este concepto central es el que animó a nuestro Gobierno cuando asumió.
Como es sabido, la consideración de poner a los niños primero en todos los aspectos ha motivado una serie de iniciativas legales, como la que dice relación con apurar y urgir la materialización del Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Servicio de Protección Especializada; la que mejora las subvenciones al Sename; la nueva ley de adopción; la mejora en el registro de ofensores sexuales. Estamos a punto de presentar un proyecto de ley para terminar con la rebaja de condena a los abusadores sexuales contra menores, porque nos parece que no tienen derecho a aquello. En fin, existe un conjunto de medidas que nos hizo pensar que en esta materia también teníamos que hacer algo.
Nos pusimos a estudiar el punto y tuvimos conversaciones -ya se ha señalado- con personas que han estado impulsando la idea de respetar el derecho al tiempo. Vinka Jackson, James Hamilton y muchos más nos visitaron muy tempranamente, junto con la Senadora Goic, el Diputado Matías Walker y otras figuras preocupadas por esto, y en el Gobierno tomamos la decisión de relevar y retomar el tema.
Había muchas iniciativas parlamentarias presentadas. Sin embargo, el Ejecutivo tomó la decisión de incorporar esta -formulada el año 2010 por el Senador Jaime Quintana, junto con la Senadora Ximena Rincón y los entonces Senadores Fulvio Rossi y Patricio Walker-, que era la más antigua de todas y la que tenía el mayor grado de avance.
Lo hicimos porque consideramos que debíamos hacernos cargo del asunto recogiendo una inquietud. Yo sé lo que muchas veces les cuesta a los parlamentarios mantener la autoría de sus iniciativas. El Gobierno podría haber presentado un nuevo proyecto, haberle puesto urgencia y haber trabajado el tema, pero el camino que hemos seguido ha sido transformar esto en un compromiso de todos, porque no es un problema de unos o de otros. ¡Es un problema que queremos hacer nuestro!
Y la maduración que se ha producido en este tiempo, como bien lo señalaba recién el Senador Quintana, nos ha permitido avanzar y convencernos de que este es el camino.
En tal sentido, creo que para el Gobierno, para el Presidente Piñera es particularmente satisfactoria la forma como se ha trabajado la indicación sustitutiva que presentamos. Y, con todas las modificaciones y arreglos que se produjeron en las Comisiones, hoy día podemos señalar con mucho orgullo que tenemos un muy buen proyecto.
En lo fundamental, y solo a manera de resumen, reseño que se ha ampliado el catálogo de delitos que estarán sometidos a este régimen especial de imprescriptibilidad. Es decir, los delitos que estarán bajo la posibilidad de ser perseguidos siempre representan un número bastante significativo. Me refiero a ilícitos que afectan realmente a los menores, por sus consecuencias, por los abusos sexuales a que han sido sometidos. Ello nos permite pensar que, por ese conjunto de delitos considerados, no va a quedar ninguna situación fuera de ese resguardo.
Había la discusión de si algunos debían o no estar incorporados. Se hizo un análisis muy riguroso. Y finalmente el conjunto creo que nos da la tranquilidad de que no ha quedado nada afuera. Se han revisado todos los proyectos que se presentaron y nuestra indicación sustitutiva quiso ir lo más lejos posible, precisamente para que no haya conductas de esta naturaleza que queden excluidas.
En este catálogo amplio, se ha precisado quiénes tienen la legitimación activa de la acción penal. Como se sabe, cuando se trata de alguien menor de edad, la legitimación recae en cualquier persona: cualquiera puede interponer la acción en contra de un abusador. Pero cuando se trata de alguien que, habiendo sido abusado cuando era menor, cumple la mayoría de edad, el derecho recae en esa persona. El derecho al tiempo le pertenece a la víctima y será ella la que determine si hace la denuncia, cuándo la realiza, en qué forma. Es su derecho y esto queda respetado, porque ya se trata de un adulto que puede tomar la decisión en el momento en que lo estime pertinente. Porque muchas veces parte del problema -y por eso se justifica la imprescriptibilidad- radica en que situaciones personales de traumas de todo tipo hacen muy difícil dar el paso. Y cuando ya se cuenta con la madurez para hacerlo, hoy día la ley no se lo permite porque el delito prescribe antes.
El derecho al tiempo es un derecho de las víctimas, y aquello queda así refrendado por la legitimación activa que tienen las personas cuando, siendo adultas, quieren recurrir a este derecho.
Se discutió mucho, como ha recordado el Presidente de la Comisión de Constitución, don Felipe Harboe, la retroactividad de esta acción, cómo poder hoy día hacerla extensiva hacia atrás. Quizás es el deseo de todos los integrantes del órgano técnico y también el deseo del Gobierno. Sin embargo, el largo debate con constitucionalistas, con penalistas, con figuras de todo el espectro nos hizo pensar que, lamentablemente, había más inconvenientes que beneficios en esta materia. Ya estábamos ganando mucho de aquí en adelante, pero la voluntad y la posibilidad de hacerlo retroactivo conllevaba problemas serios desde el punto de vista de la constitucionalidad. La Carta Fundamental establece que "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado".
Y se ha estimado, en virtud de dicho principio, que por la certeza y seguridad jurídicas no se podría hacer extensiva la imprescriptibilidad porque se estaría aprobando una ley que, teóricamente, podría perjudicar al afectado. Y eso sería contrario al espíritu de la norma constitucional.
Es, como todas las cosas, discutible el tema de si la prescripción forma parte del contenido esencial de las penas, de los delitos, si responde a la disposición, al objetivo específico a que se refiere la norma constitucional. Sin embargo, hay también en el ámbito de los expertos constitucionalistas y en la jurisprudencia bastante convicción de que sí la incluye. Y por eso, finalmente, la Comisión declinó incorporarla.
Se tuvo también presente el hecho de que cuando se modificaron las normas sobre prescripción de los delitos sexuales el año 2007, extendiéndola a los adultos, pero con un plazo limitado de 5 o 10 años, según si se tratara de simples delitos o de crímenes, los tribunales en general aplicaron solo hacia el futuro la ampliación del plazo.
Por ende, estábamos creando una ilusión que después los tribunales iban a modificar.
Había otras materias complejas...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Falta algo que agregar, señor Ministro?
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Le pido dos minutos adicionales, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede continuar.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- También se tuvo en consideración el hecho de que los tipos penales han cambiado, una y otra vez, por modificaciones sucesivas. Y la pregunta es a qué tipo penal, a qué Código, a qué ley nos íbamos a referir, lo que generaría incerteza respecto de la legislación aplicable.
En cuanto a la renovación de la acción civil, que era un cuarto tema, como ya se ha señalado, se creó un estatuto especial. Las normas de prescripción van a seguir su camino en el ámbito civil, pero cuando se aplique la norma de imprescriptibilidad penal y una persona recurra, pasados los años, a denunciar a alguien, renace la posibilidad de instalar la acción civil cuando está funcionando la acción penal: cuando se formaliza a alguien se podrá interponer la acción civil. Por lo tanto, se le da ese derecho a la víctima, que es muy relevante.
Tiene algunas restricciones: no va a ser transmisible a los herederos; no va a incluir a las víctimas indirectas, pero sí a los terceros civilmente responsables o responsables de hecho ajeno, lo cual le da una amplitud circunscrita, pero también una amplitud cuando corresponda, en el evento de que haya condena.
Finalmente, no se ha hecho extensiva esta norma a los casos en que haya responsabilidad penal adolescente. O sea, si el autor del abuso sexual en contra de un menor de edad es, a su vez, un menor de entre 14 y 18 años, que tiene una responsabilidad penal, aunque distinta de la de los adultos, su caso no está resuelto en la presente iniciativa legal. Pero quiero sí manifestar que en el proyecto que crea el Servicio de Reinserción Social, donde se están discutiendo también disposiciones que modifican la ley penal adolescente, este asunto se halla en discusión. Para el Ejecutivo, es una cuestión por revisar. Hoy día, la norma prescribe a los dos años para los simples delitos y a los cinco para los crímenes. Es decir, si un joven de 16, de 17 años comete un abuso sexual en contra de un menor de edad y la acción es calificada como simple delito, prescribe a los dos años, y a los cinco en el otro caso. No nos parece correcto.
Tampoco nos parece correcto aplicarle la imprescriptibilidad, porque se trata de un menor. Por lo tanto, debe recibir un trato distinto. Sin embargo, tenemos que buscar alguna ecuación. Quizás, que cuando cumpla 18 años su acción pueda prescribir a los dos años, en el caso de los simples delitos, y a los cinco para los crímenes. Buscaremos alguna fórmula que nos permita resolver el tema.
Señor Presidente, considero que la iniciativa que nos ocupa, en breve, marca un hito muy profundo en la persecución de los abusos sexuales, de la que el Gobierno, el Congreso y todo Chile deben enorgullecerse. Nunca más impunidad para los abusadores sexuales, para aquellos que cometen delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Y para eso, toda la fuerza de la ley y todo el tiempo necesario para que los ilícitos se puedan perseguir penalmente como corresponde.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Ministro, por su intervención.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, Honorable Senado, saludo a las personas presentes en las tribunas, muchas de las cuales nos acompañaron durante este largo proceso legislativo.
Agradezco a Vinka Jackson, a James Hamilton; al Gobierno, a través de su Ministro Hernán Larraín; a Sebastián Valenzuela, asesor del Ministerio de Justicia, y también a los Senadores de la Comisión de Constitución: Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, Víctor Pérez Varela, Andrés Allamand y Alfonso de Urresti, así como a mis colegas integrantes de la Comisión de Infancia: Isabel Allende, Manuel José Ossandón, Ena von Baer y Jaime Quintana.
El año 2007 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.207, que estableció que la prescripción de los delitos sexuales contra menores se computaría desde el día en que estos alcanzaran la mayoría de edad, lo que sin duda -y lo ha dicho Jaime Quintana, autor de este proyecto- fue un avance importante en la protección de nuestros niños y niñas.
La realidad social, sin embargo, nos ha mostrado recientemente otro aspecto que no se vislumbró cuando se hizo tal modificación. Con pavor y profunda desazón hemos conocido casos que nos muestran a hombres y mujeres maduros que recién ahora se atreven a denunciar graves delitos de connotación sexual de que fueran víctimas durante su niñez o adolescencia.
Y presenciamos con impotencia que en todos esos casos la responsabilidad se encuentra
prescrita, por lo que no puede hacerse efectiva.
Por esa razón, el 27 de mayo del año 2010, junto a los Senadores Quintana, Patricio Walker y Fulvio Rossi, presentamos esta moción que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.
La moción fue archivada el año 2014. Y, gracias a la acción del Senador Walker, se desarchivó en mayo de 2016, acordándose su tramitación en la Comisión de Infancia y luego en la de Constitución.
En ese contexto, el Ejecutivo indica el año pasado el proyecto de ley ampliando los delitos a nuevos tipos que desde el año 2010 a la fecha se habían tipificado.
Como una de las autoras de este proyecto -y creo interpretar al resto de quienes estuvieron en aquello, así como a Jaime Quintana, quien lo lideró-, tengo la más absoluta convicción de que este tipo de delitos son especialmente graves, gravísimos -y, por ende, reprochables-, pues su sola comisión desencadena tales trastornos en la personalidad que difícilmente estos llegan a superarse en el transcurso de la vida.
Aun en el caso de las personas resilientes, el daño que provoca un abuso sexual es inconmensurable, y genera, entre otros muchos, una serie de problemas para vivir y desarrollar la sexualidad.
El esfuerzo legislativo que estamos haciendo en esta ocasión, que es histórico, de vanguardia y no necesariamente conservador, y que espero tenga una rápida tramitación en la Cámara de Diputados, es la mínima acción de justicia que la sociedad chilena que representamos puede hacer ante las miles de víctimas del abuso sexual que ha dejado nuestro país.
Desafortunadamente para todas aquellas víctimas que fueron abusadas cuando niños, antes de que se apruebe esta ley, no habrá justicia.
La idea de hacer retroactiva la imprescriptibilidad no superó el examen de constitucionalidad que se exige en este caso. De este modo, gran parte de las víctimas de abusos sexuales cometidos por décadas -entre ellos, todos los que fueron perpetrados por miembros de la Iglesia católica, y que dieron origen a este proyecto en particular- quedarán sin justicia.
Los casos de sacerdotes vinculados a situaciones de abuso sexual se han mantenido en privado por la Iglesia. Y solo el 2011, luego de las denuncias contra Fernando Karadima, el Episcopado subió a su página una lista de los condenados: un total de 18 presbíteros sancionados por la justicia civil o canónica.
En 2016, la lista ya llegaba a 32 y decidieron retirarla.
El historial de abusos sexuales de la Iglesia en Chile arroja más de 80 denuncias y un centenar de víctimas. Esos son solo los casos conocidos.
De los 80 religiosos denunciados en Chile por abuso sexual en estos últimos años, hay 4 obispos, 66 sacerdotes, un diácono, 2 consagrados y 6 hermanos maristas.
Se estima que más de una veintena de los casos en Chile corresponden a directores o profesores de colegios católicos; en su mayoría, sacerdotes diocesanos.
La Congregación Salesiana, los Hermanos Maristas y la Orden de la Merced acumulan 14 denuncias de delitos sexuales.
A la vez, el movimiento de Schoenstatt registra una denuncia contra el vicerrector del santuario nacional de Maipú.
También existe el caso de una religiosa, quien falleció en 2012 tras ser removida por las superioras, luego de que fuera denunciada al Vaticano por abuso sexual contra las alumnas.
En febrero de este año la prelatura del Opus Dei en Chile confirmó que recibió dos denuncias por abusos sexuales y de conciencia a menores de edad en contra de un sacerdote de 82 años.
Las denuncias fueron recibidas hace dos meses y apuntan a hechos ocurridos hace aproximadamente 20 años, cuando los denunciantes eran menores de edad.
El listado no incluye a sacerdotes que fueron denunciados como encubridores o a quienes han sido sancionados por otras faltas, como abusos de poder, en donde hay conocidos miembros de la Iglesia que han sido actualmente imputados.
Encima de todo, la preocupación por las víctimas, por su daño y su dolor no parece ser prioridad. Prima el interés por la impunidad. En marzo de este año el papa Francisco confirmó la destrucción de documentos comprometedores por parte de los encargados de los archivos eclesiásticos.
Señor Presidente, ello demuestra que estamos aún lejos de otorgar verdadera justicia y reparación a las miles de víctimas de abuso sexual infantil.
Ello implica que todavía no hay un auténtico examen de consciencia sobre el daño ocasionado, ni tampoco arrepentimiento.
No obstante, la aprobación de esta moción, de este proyecto de ley, el respaldo del Gobierno y de los miembros de las Comisiones que han trabajado en ello -y espero de esta Sala- significan al menos una esperanza de menor impunidad para las futuras víctimas.
Señor Presidente, han pasado ya nueve años desde que presentáramos esta moción.
James Hamilton, José Andrés Murillo y Carlos Cruz, los llamados por Jaime Quintana "héroes imprescriptibles", son víctimas de abuso por parte de sacerdotes.
Las alumnas de las ursulinas abusadas por una religiosa y tantas más no podrán obtener el castigo penal que se merecen sus victimarios. Vivirán con su dolor. Pero, sin lugar a dudas, su tenacidad y testimonio valiente permiten que hoy podamos celebrar que no habrá más niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente sin poder acceder a la justicia.
Deseo agradecer el respaldo que ha tenido esta iniciativa y también la valentía de empujarla y sacarla adelante.
Y pido que hagamos un esfuerzo para alzar la voz frente a este y a tantos abusos que hombres y mujeres de nuestra patria viven día a día. Ellos esperan de nosotros, sus representantes en el Parlamento, que tomemos acción y avancemos para que nunca más ocurran.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
En primer término, deseo señalarle a la Mesa que me he comunicado con el Senador Insulza, con quien estoy pareado, y él me ha autorizado a suspender el pareo para que pueda votar esta iniciativa.
Dicho lo anterior, quisiera indicar que este proyecto indudablemente generará un precedente. Y uno de los precedentes más importantes es hacer justicia.
Pero también tendrá efectos que pueden ser complicados en materias penales.
Sin embargo, hay temas que son muy sensibles para la sociedad, para las personas y sus familias.
Los delitos sexuales contra menores están en esa categoría; son delitos deleznables.
Pero no voy a personalizar en los que sabemos que son los responsables. Porque este tipo de delitos no se dan solo en la Iglesia católica, sino que hay muchísimos casos más.
Obviamente, lo que ha pasado con la Iglesia católica, por lo que representa para quienes pertenecen a ella, indudablemente es mucho más sensible y grave.
Pero no deseo personalizar, sino dejar constancia de la fundamentación de mi voto en cuanto a que en estos delitos deleznables las víctimas indefensas en muchas ocasiones ni siquiera se dan cuenta de que lo han sido, hasta mucho más tarde.
Detrás de ese sentimiento, parlamentarios presentaron indicaciones que buscaban que no solo se declare la imprescriptibilidad de la acción penal, sino que también fuera retroactiva la acción civil de indemnización contra el o los autores y contra terceros.
Esas voces, llenas de buenos sentimientos, chocaron con la Constitución y los principios generales del Derecho.
Se rechazó la retroactividad en materia penal y se llegó a una buena solución en materia civil.
Sin embargo, declarar la imprescriptibilidad de la acción penal en estos delitos atroces lleva a las siguientes preguntas: ¿Por qué no se aplica el mismo criterio para otros delitos de igual o de mayor gravedad? ¿Por qué no hay prescripción para el homicidio simple del mismo menor? ¿O el homicidio del padre de ese menor? ¿Por qué no prescriben los delitos sexuales contra menores, pero lo hacen las lesiones gravísimas que dejan secuelas permanentes?
Me preocupa que estemos abriendo la ventana a una situación que después no podamos contener.
Hoy el fundamento es la incapacidad de la víctima en asumir su condición hasta la adultez. Mañana puede ser el dolor de ser heredero de una víctima o haber tenido una pérdida económica insuperable. Todos estos sentimientos son legítimos y muy respetables, pero atentan contra la certeza que el Derecho busca a través de la normativa penal.
Señor Ministro, no soy abogado ni experto en el tema, pero voy a aprobar la redacción actual del proyecto, en especial la modificación que incorpora un inciso que limita los efectos de la imprescriptibilidad en cuanto el delito sea cometido por un infractor sujeto a la ley Nº 20.084, referida a la responsabilidad penal juvenil.
Señor Presidente, entiendo el sentido de la iniciativa y las circunstancias que la originan, pero tengo algunas preocupaciones y quería dejar constancia de ellas para el futuro.
¿Por qué me he dirigido al Ministro? Porque voto a favor de este proyecto, entre otras cosas, porque está respaldado por el Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, uno de los más destacados legisladores que en su época tuvo este Congreso. Su Señoría me da las garantías necesarias de que esta iniciativa va a hacer justicia y de que efectivamente es una respuesta al anhelo de muchos ciudadanos que han sufrido.
Voy a votar afirmativamente.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, me alegro de lo que estamos hoy día discutiendo. Se han entregado los detalles y la historia de esta iniciativa, lo cual es muy importante para lo que estamos viviendo en la Sala.
El Senador Quintana dijo que habría un antes y un después; la Senadora Rincón recordaba la historia; el Ministro de Justicia, aquí presente, reseñó -y lo aplaudimos- cómo se ha dado la tramitación de este proyecto.
Uno no puede sino reconocer, primero, la generosidad de quienes abrieron sus vidas y expusieron los relatos más íntimos y dolorosos, para que los viéramos como sociedad y saliesen del cuarto oscuro en que se encontraban, donde los tapábamos todos, donde parecían no existir, salvo para quien sufría con ello.
Deseo reconocer nuevamente a James Hamilton, a Vinka Jackson y, a través de ellos, a tantos que nos estremecieron con sus relatos.
¡Representan a muchos! ¡A muchos!
Y a todos ellos hoy estamos poniendo al centro.
Quizá lo más bonito de lo que estamos viviendo, estimado Presidente, estimados colegas -y lo comentábamos con el Ministro-, es que demostramos que se pueden hacer las cosas de manera distinta; que en el Parlamento somos capaces de correr el cerco de lo jurídico y de aquello que se establece como un principio.
Cuando se presentó este proyecto, Patricio Walker -lo conversamos muchas veces- dijo: "Esto es muy difícil que pueda salir".
Sin embargo, ¡miren el punto donde estamos ahora!
Unánimemente, la autoría de esta iniciativa se les reconoce a parlamentarios que actualmente son de Oposición. El Presidente nos sorprendió a muchos, y lo aplaudimos de corazón cuando mencionó la palabra "imprescriptibilidad". Hasta un día antes del anuncio en La Moneda teníamos muchas dudas.
¡Bienvenido! ¡En buena hora!
Finalmente, nos hacemos cargo de una realidad dolorosa. Eso habla del país que queremos construir; de cómo de un lado y de otro salimos de nuestras trincheras para hacer frente a los verdaderos dolores de nuestra sociedad.
¡Para eso estamos acá!
¡Para eso nos escogen nuestros electores!
Me siento muy orgullosa de este paso, a pesar de todas las dificultades y de que no avanzamos en retroactividad, que nos hubiera gustado.
El paso que hoy día damos pone efectivamente a las víctimas al centro.
Nos tensiona, sin duda, esta materia, pero en función de una sociedad mejor, que ya no tolera que el solo paso del tiempo haga que tenga menos impacto social esa realidad o que sea menos relevante perseguir a quien comete un delito de abuso contra un menor. Ello, por las circunstancias especiales del caso, como no tener conciencia de ser víctima.
Es el derecho a vivir un proceso en el tiempo lo que estamos resguardando acá.
¡Esa es una sociedad mejor!
Puedo entender las dificultades con relación a los principios jurídicos. Pero me siento orgullosa del debate que se dio en la Comisión de Constitución y del rol de los parlamentarios. Tal como señalé, hemos sido capaces de ir corriendo el cerco hacia una sociedad mejor, más humana.
¡Eso es este proyecto de ley!
Quiero destacar el punto, pues, probablemente como no nos peleamos, no será esto tan noticia como otras cosas. Sin embargo, es de las iniciativas más relevantes que hemos hecho.
Muchas personas van a sentir que sanan sus heridas, aun cuando ya no exista una pena, por el solo hecho de saber que se reconoce la realidad de abuso que vivieron.
Nos quedan pendientes.
Deseo reconocer la disposición del Gobierno a respaldar un programa de acompañamiento, tal como lo hemos hecho en otros temas difíciles y dolorosos. Si bien ello no es parte de esta iniciativa de ley, podemos avanzar en garantizar un apoyo psicológico a quienes optan por rehacer sus vidas y deben realizar el proceso necesario.
¿Quién accede hoy día a una terapia en nuestro país? Aprovechemos esta discusión, este ánimo, para garantizarla y ver la posibilidad de crear una comisión de verdad que recoja los casos que van a quedar, lamentablemente, sin retroactividad. Busquemos salidas para acoger ese dolor, que hoy se transforma en esperanza.
Es lo principal que hacemos a través de este proyecto.
Ojalá en la Cámara de Diputados se mantenga este mismo ánimo y se pueda reafirmar algo que en la legislación de esta materia nos posiciona a la vanguardia a nivel no solo latinoamericano, sino también mundial.
Ello permitirá pensar en un futuro con más esperanza para muchas personas.
Agradezco nuevamente el trabajo de todos. Espero que podamos avanzar -insisto- en los otros temas que no son legislativos, pero que para muchas víctimas significa poder reconstruir sus vidas.
Por eso, con gusto, señor Presidente, voto a favor.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra al Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es uno de los proyectos más relevantes, trascendentes y significativos que hemos debatido y buscamos aprobar en el último tiempo.
Cuando uno conoce a las víctimas de estos delitos tan atroces, como el abuso sexual a menores, y ha estudiado la situación de ellas, empieza a comprender un mundo sobre el cual no tenía cierta conciencia y percepción. Uno comienza a darse cuenta de que el daño no es solo físico, sino también psicológico, moral, extraordinariamente profundo.
Por lo mismo, muchos de ellos no tienen ninguna capacidad, en el corto y mediano plazo, de dar a conocer a terceros -no digo denunciar- lo que les pasó, el sufrimiento que están viviendo, el daño que padecen.
Si uno comprende eso a cabalidad y busca la manera adecuada de ver cómo jurídicamente se les puede apoyar, no hay duda de que nos tenemos que encontrar necesariamente con este proyecto.
Quiero felicitar a sus autores, así como valorar la decisión del Presidente Piñera y del Ministro Hernán Larraín de llevarlo adelante con mucha fuerza y voluntad política.
Aquí se nombró a don Sebastián Valenzuela, asesor del Ministro de Justicia, porque para esto se necesitó mucho talento y conocimiento jurídico. No es un tema sencillo.
Primero se debió establecer cuál es el decálogo de tales delitos, cómo se aplicará la imprescriptibilidad y cómo se va a desarrollar lo relativo a la legitimación activa, todo lo cual demuestra que este proyecto es en beneficio de las víctimas. Se busca darles a las víctimas un instrumento para que, cuando se encuentren en condiciones de enfrentar el desafío de ir a un proceso penal, lo puedan hacer a través de normas claras y sencillas.
Asimismo, se analizó profundamente el tema de la retroactividad.
Muchos creíamos que debíamos explorar todos los caminos para llegar a la retroactividad. Aquí se ha señalado que en tal materia nos enfrentamos a un problema constitucional, pero también a uno práctico que la legislación chilena nos puso delante.
El 2007 se dio el primer paso para cambiar esto: se estableció que, al cumplir 18 años la víctima, recién empezaba a contar el tiempo para la prescripción del delito.
Pero un poco antes, el 2005 -si mi memoria no me engaña-, se modificó la definición de la mayoría de esos delitos. Eso causó un problema aún mayor e insalvable, puesto que el victimario, previo a esa fecha, sin duda iba a pedir que se le juzgara por la definición del delito que existía en ese entonces.
Además, surgió un problema adicional. Hace diez o quince años se efectuó una reforma sustancial a los tribunales; por tanto, los que podían juzgar a determinada persona ya no existían.
Buscamos todas y cada una de las fórmulas. Además de establecer un camino de solución para las víctimas, no queríamos que el victimario en algún momento pudiera escaparse. Por desgracia, jurídicamente, holísticamente, ello fue imposible.
Deseo valorar la madurez con que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, unidas, asumieron esta materia. Me refiero a la madurez de quienes presentaron indicaciones a la iniciativa.
A mi juicio, señor Presidente, este es un proyecto relevante, y lo estamos aprobando hoy día por unanimidad.
Tal propuesta legislativa ha convocado a distintas personas del mundo civil: a víctimas, a académicos y a otros involucrados que sacaron adelante este desafío.
Me parece que con el resultado de esta votación vamos a transformar a Chile, sin duda, en el país más avanzado en este ámbito. A lo mejor, antes del 2007, éramos uno de los más atrasados sobre el particular.
Alguien en la Sala explicó la importancia de esta iniciativa a través de un ejemplo dramático: con anterioridad al 2007, si un niño de 5 años era violado, a los 10 o 14 años ya no podía ni siquiera reclamar. Ello, sin duda, era una atrocidad y un horror para la víctima y su familia.
Creo que con la legislación que estamos aprobando ahora colocamos a Chile a la vanguardia en una materia de esta índole. Es el momento para sentirnos alegres, porque hemos realizado un trabajo a conciencia y, sobre todo, porque se logró la unanimidad de todo el Senado.
Por ello, vamos a votar a favor de las enmiendas introducidas por las Comisiones unidas.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Si me permiten, dado que hay 14 señoras Senadoras y señores Senadores en Sala, deseo solicitar el acuerdo para prorrogar el plazo, que vence mañana, para presentar indicaciones al proyecto que establece que la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores, será de cargo exclusivo de la respectiva distribuidora (boletín Nº 12.443-08).
También el Ejecutivo pidió este nuevo plazo, así que no habría problemas en ese sentido.
La señora RINCÓN.- ¿Hasta cuándo?
La señora PROVOSTE.- Hasta el lunes 15 de abril.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Sí, hasta el lunes 15.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en esta oportunidad se ha producido un encuentro virtuoso entre la iniciativa parlamentaria y el rol del Gobierno.
Deseo resaltar que con este proyecto, presentado por varios señores Senadores y señoras Senadoras, se le dio el puntapié inicial a una idea jurídica-política respecto de un tema complejo: legislar sobre la prescripción. Y nos encontramos con que esto tuvo una gran receptividad positiva por parte del Ejecutivo.
Aquí ya se ha destacado el trabajo del señor Ministro de Justicia y de sus asesores, entre los cuales está Sebastián Valenzuela, quien nos acompaña en la Sala.
Cuando hay voluntad política, se produce este tipo de encuentros. Que la ciudadanía sepa que no siempre estamos peleando Gobierno y Oposición. Cuando hay una buena idea, un buen proyecto, somos capaces de elaborar una muy buena ley, como en esta ocasión.
Ahora bien, aquí estamos legislando respecto a una cuestión difícil, pues la prescripción es una de las instituciones básicas del Derecho, que viene desde los tiempos del "ojo por ojo" hasta el principio de legalidad que hoy nos rige y el estado de Derecho, en virtud del cual la gente necesita certeza jurídica. Y el Estado también limita la acción punitiva que se ha de aplicar contra los transgresores de la ley.
Cuando uno estudia Derecho, en su momento, se entera de que la institución de la prescripción es un tema siempre muy especial, difícil, complejo. Por lo tanto, no es fácil modificarla.
Pese a ello, aquí el Estado chileno, a través de esta futura ley, toma la decisión de producir una excepcionalidad con respecto a la vigencia de la prescripción. Y lo hace con relación a una conducta que afecta, probablemente, a los seres humanos más vulnerables: los niños y adolescentes.
Como decía Sigmund Freud en su libro El malestar en la cultura, el ser humano se caracteriza por la fragilidad de su cuerpo -el riesgo de enfermedades, el riesgo de la muerte-, pero en los niños esa condición se multiplica, porque la fragilidad ya no solo es física, sino también psíquica y emocional, al verse abusado sin posibilidades de defenderse, lo que le produce un trauma tan profundo que le perdura en el tiempo.
Entonces, ahora el Estado está diciendo: "A esta institución eterna de la prescripción, le vamos a dar una excepción, de modo que cuando se trate de delitos cometidos contra niños, la acción delictiva va a ser imprescriptible".
Eso significa que el Estado no renuncia a su acción punitiva; por el contrario, mantiene la alarma social indefinidamente, por cuanto siente que esos hechos ameritan que de manera permanente se disponga de las herramientas de la persecución penal contra el sujeto que atentó en contra de la fragilidad profunda, íntima, de ese ser humano que está en crecimiento físico, psíquico; que se está formando, madurando, y que fue violentado sexualmente.
Señor Presidente, a mi juicio, se hizo un trabajo acucioso y muy profesional y, además, se buscó una buena salida desde el punto de vista de la indemnización civil.
Desde la lógica de la retroactividad penal, efectivamente agotamos todas las instancias con los profesores invitados a las Comisiones unidas.
Pero a mí me quedó un pasadizo pequeño en esta materia. El 99 y tanto por ciento de los expertos señalaron que, de conformidad al artículo 19, Nº 3º, inciso octavo, de la Constitución Política, no se puede avanzar más debido a que la pena debe estar establecida con anterioridad a la perpetración de los hechos.
Pero hubo un profesor que pensaba -yo le di vuelta al asunto- que a lo mejor uno podría sostener que la prescripción no forma parte de la pena.
Yo sé que hoy no hubo acuerdo en las Comisiones -lo respeto; así lo votamos y así lo aprobamos-, pero también sé que con el transcurso del tiempo se van produciendo procesos de maduración, de encuentro, de reflexión crítica, en virtud de los cuales algo que ahora ha quedado pendiente y resulta frío, a lo mejor en 10, 15 o 20 años más puede seguir un derrotero diferente.
Por eso pensamos que ahí podría haber una interpretación distinta, en el sentido de que, efectivamente, la prescripción no forma parte de la pena y, por lo tanto, el sentido correcto del artículo 19, número 3°, inciso octavo, de la Constitución es diferente.
Sé que estoy corriendo en contra de la jurisprudencia y de la opinión de la mayoría de los profesores, pero creo que de todas maneras hay que clavar un hecho que quizás puede ser discutido de otra forma en el futuro. Por eso, con mis colegas de bancada vamos a presentar una ley interpretativa más adelante.
En consecuencia, señor Presidente, me alegro mucho de haber participado en la discusión de este proyecto de ley, fruto de un gran trabajo profesional de parte de todos y que contó con la concurrencia de los representantes de las víctimas, lo que posibilitó un trabajo muy serio y muy responsable en las Comisiones unidas y que hoy día nos permite aprobarlo de manera muy entusiasta en la Sala.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero felicitar a todos los parlamentarios que impulsaron esta iniciativa, tanto a los que aún están presentes como a los que no, por su actitud valiente en tiempos en que se pensaba que esto no podría convertirse en realidad. Les agradezco su persistencia por tantos años de trabajo.
Principalmente le quiero agradecer al Gobierno, por haberle dado la urgencia necesaria a un tema que efectivamente -y aquí hablo como mamá- afecta a muchas chilenas que han sido víctimas o están sufriendo situaciones muy complejas por los abusos sexuales en contra de sus niños o adolescentes, los que, lamentablemente, en un 62 por ciento ocurren al interior de los hogares.
Estos últimos años, como ya lo mencionó una señora Senadora, han salido a la luz pública numerosas denuncias graves de personas que hoy tienen entre 40 y 50 años y que durante su niñez, adolescencia o, en algunos casos, incluso durante su primera juventud fueron víctimas de acciones que les causaron gran daño y que muchas veces la ley considera prescritas.
No hay duda de que los delitos sexuales perpetrados contra menores de edad son acciones miserables que no pueden quedar entregadas a la suerte del tiempo. Estos delitos sencillamente jamás deben prescribir, porque no prescriben ni en el espíritu ni en la mente de las personas que los vivieron.
Considerar que una persona víctima de un delito sexual siendo menor de edad no ha ejercido las acciones que le corresponden durante un tiempo determinado porque ha decidido renunciar a sus derechos es absurdo; es no entender la más elemental noción de justicia y no comprender al ser humano.
Tampoco es menos cierto que lo que se busca con esta imprescriptibilidad no es solo penalizar el delito ya cometido, sino también evitar, potencialmente, la comisión de un abuso, prevenirlo, y enviar una señal a toda la sociedad chilena. Estamos ante delitos graves, que deben perseguirse por siempre.
Yo adscribo a ello y voto positivamente este gran proyecto. Esto demuestra que, cuando existen buenas ideas y nos ponemos de acuerdo como Congreso, logramos el apoyo unánime para iniciativas como esta, que vienen a hacer justicia a niños y menores de edad que han sido objeto de delitos graves por muchos años.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, creo que las cifras y los diagnósticos los conocemos. Datos aportados por la propia organización Derecho al Tiempo nos indican que, en lo que ha durado la sesión de esta tarde, cuatro menores de edad ya han sido víctimas de delitos sexuales y probablemente lo estén siendo justo ahora.
Según cifras de la Fiscalía correspondientes al 2013, el 81 por ciento es víctima de violación, y el 66 por ciento de las mujeres embarazadas producto de este delito son menores de 18 años, siendo un 12 por ciento menores de 12 años.
Pero el drama sigue. El 90 por ciento de los violadores son familiares o conocidos, lo cual, por lo tanto, destruye la esencia de un ser humano. No hay seguridad en un mundo donde el violador puede ser incluso el padre, el hermano, un tío o un pariente, a veces hasta el abuelo.
El shock postraumático a consecuencia de una agresión sexual, que en más del 40 por ciento es reiterada, destruye, como Sus Señorías comprenderán, la vida de una persona. Ello, además, se une a la vergüenza, el temor, la soledad, la culpa y a los efectos de tener que denunciar a un pariente, que puede ser el padre. Esto impide a las víctimas identificarse como tales, llegando a creer que ellas son las culpables, pues el daño que han tenido les ha hecho perder hasta la capacidad intelectual, cognitiva y emocional para entender lo que les ha pasado y el nivel al que han estado sometidas.
Igualmente, estudios estadounidenses indican que la expectativa de vida de las víctimas es 10 años menor que la de la población general, con un aumento de suicidio de hasta 200 veces. Habría que ver cómo estos datos operan en Chile.
Por consiguiente, este proyecto es un gran avance. Nadie lo puede discutir; lo tenemos que aplaudir y lo vamos a aprobar.
Sin embargo, tengo dos dudas.
Una corresponde a lo que ya hemos discutido esta tarde: lo retroactivo. Lo contrario podría significar que todos los que han sido violadores hasta ahora quedarían en un grado de impunidad, salvo el efecto visual de la crítica pública, que en Chile termina siendo la única sanción real.
Si un problema ha tenido la Justicia en nuestro país es que los juicios son el momento en que se aplica una cierta sanción, porque a la hora de los fallos se diluyen como el agua entre las manos. Por lo tanto, aquí tenemos un problema pendiente.
Yo quiero recordar que cuando se discutieron las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar hubo una gran transformación en el país, pues la Corte Suprema cambió la jurisprudencia, el criterio interpretativo, y estimó que esos delitos eran imprescriptibles. ¡Y qué mayor violación a los derechos humanos que un abuso que destruye a un niño, a una niña o a un adolescente!
Por lo tanto, es un debate que permanece abierto porque, en mi opinión, no quedó bien resuelto en la discusión.
El otro tema es pragmático.
Cuando se analizó el proyecto, la Corte Suprema e incluso el Ministerio Público formularon una serie de observaciones acerca de la dificultad del proceso probatorio. Para una Justicia como la nuestra, donde a veces se aprecia hasta pereza investigativa, donde a veces uno no entiende las conclusiones que se sacan en los juicios, los cuales terminan sin elementos de prueba en casos flagrantes, en casos evidentes, constituye un tremendo desafío que la sanción no quede en el papel y que de verdad mejoren los procedimientos de la cadena probatoria.
El Ministerio Público y los tribunales tienen una enorme responsabilidad, porque no están demostrando capacidad para hacer justicia en muchos de los delitos que se cometen, de corrupción, en distintos ámbitos, más todavía cuando se trata de menores, jóvenes, adolescentes o incluso de adultos que piden justicia años después. Creo que el promedio es de más de 30 años entre que ocurre el delito y el momento en que la persona es capaz de ponerse de pie y efectuar la denuncia cuando toma conciencia de que fue abusada.
En consecuencia, esta ley será un avance, pero no nos engañemos. Si aquí no hay un cambio cualitativo en el Ministerio Público, en la Corte Suprema y en las policías para mejorar los procesos probatorios, la investigación, la indagación y la presentación de pruebas, ella quedará como tantas otras reformas: sin eficacia a la hora de aplicarse.
Por eso manifiesto mis dudas.
Aquí, los que arreglan argumentos técnico-jurídicos para bloquear el hacer justicia en Chile, muchas veces por discusiones más bien intelectuales, le deben al país una mejor explicación. No puede ser razonable que frente a crímenes de lesa humanidad se diga una cosa, y frente a crímenes contra menores tengamos tibieza o incapacidad para aplicar el mismo criterio.
Por tal motivo, apruebo esta iniciativa, que representa un avance, pero que está lejos de resolver el problema.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, al momento de discutir en general este proyecto, agradecí al Gobierno del Presidente Piñera, al señor Ministro de Justicia y a los parlamentarios que lo han impulsado, porque establece la imprescriptibilidad de la acción para investigar y sancionar los delitos sexuales contra menores de edad. En esa oportunidad manifesté que la aprobación de esta normativa nos haría ser un mejor país, dando esperanzas a las víctimas y luchando eficazmente contra la impunidad de los agresores.
Este bien mayor que es la seguridad jurídica de nuestros niños, niñas y adolescentes motiva que hoy aprobemos, en su instancia en particular, una preceptiva de política criminal que resulta absolutamente indispensable para la protección de sus destinatarios: las víctimas, hoy menores de edad.
De la revisión de las modificaciones introducidas en la fase de indicaciones, queda en evidencia que el proyecto de ley ha sido perfeccionado, de modo que hoy podemos aprobar un texto que responde a los objetivos originalmente planteados.
Por otra parte, se deroga el artículo 369 quáter, dado que a partir de la vigencia de esta ley las acciones penales para este tipo de delitos se considerarán imprescriptibles y pasará a ser ineficaz la suspensión del plazo para el ejercicio de la acción esperando que la víctima cumpla la mayoría de edad. De esta forma, el agresor tendrá plena certeza de que no se podrá amparar en el tiempo y de que su delito será, una vez iniciada la acción penal por la víctima en cualquier tiempo, irremediablemente castigado.
Asimismo, se establece que, una vez cumplida la mayoría de edad, estos delitos serán considerados de acción penal pública, previa instancia particular, no pudiendo procederse de oficio por el Ministerio Público y respetándose en todo momento la autonomía y potestad de la víctima para decidir cuándo iniciar la acción penal.
Un elemento que acompaña a la plena reparación de la víctima de este tipo de delitos lo constituye también su reparación civil. Resulta evidente que no puede entenderse prescrita la acción civil por no haberse ejercido la acción penal pertinente. Por ello, se ha optado por el adecuado criterio de establecer la figura de la renovación de la acción civil reparatoria, con lo cual, una vez decidida y ejercida la persecución penal, podrá ejercerse la acción civil sin temor a que se encuentre prescrita.
Quizás uno de los mayores cuestionamientos a este proyecto de ley ha estado dado por el criterio interpretativo de establecer la retroactividad de la imprescriptibilidad de la acción penal, situación compleja porque, por una parte, conlleva la alteración de nuestro orden constitucional, y por otra, deja fuera del ámbito de la ley a las víctimas que siendo hoy menores de edad han sufrido este tipo de delitos.
El proyecto opta por no alterar el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal más gravosa, que constituye una de las bases de nuestro ordenamiento penal, y mantiene, para quienes hasta la fecha de promulgación de esta ley hayan sufrido este tipo de ilícitos, la suspensión de la acción hasta que cumplan la mayoría de edad.
Manifiesto mi aprobación al proyecto y felicito que Chile quede ahora en mejor nivel para sancionar esta clase de delitos.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, creemos que garantizar un oportuno acceso a la justicia a las víctimas de los delitos atroces que contempla este proyecto de ley sin estar limitados a los plazos de prescripción para perseguir penalmente a los agresores es un imperativo ético.
En ese contexto, hay que poner en relieve lo que hoy día significa el abuso, particularmente sexual, de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
En el 88,5 por ciento de los casos, los agresores son conocidos de la víctima, y en el 50,4 por ciento, familiares de los niños o niñas. Esto nos indica que el abuso sexual, entre otros delitos de los que se hace cargo este proyecto, dice relación con la vulneración intramuros de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es un problema que debemos resolver.
La iniciativa aborda una serie de temáticas, empezando por las normas de responsabilidad civil. Regula la indemnización, la demanda civil contra el imputado, la demanda civil contra el tercero responsable por el hecho ajeno. Esto se aplicará para los nuevos casos, a fin de dar certeza jurídica.
Ciertamente, la agenda contra el abuso sexual infantil, que es mucho más amplia que lo que establece este proyecto de ley, incorpora, por supuesto, otras materias que han sido implementadas, como el perfeccionamiento del registro de ofensores sexuales, la exclusión del beneficio de rebaja de condena a agresores sexuales, y la aplicación de la ley de entrevistas videograbadas a menores de edad víctimas de abusos sexuales a contar del 1° de octubre del 2019, justamente para evitar la doble victimización.
Estamos hablando -vuelvo a insistir- de un proyecto que se hace cargo de la grave vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se da en nuestro país. A mí me tocó recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar este tipo de atropellos. La Unicef sostiene que el 75 por ciento de los niños chilenos sufre algún tipo de agresión. Y ciertamente, cuando sabemos que esto afecta la indemnidad sexual de los menores, debemos tener claro que nos estamos refiriendo a delitos que son atroces.
Por lo tanto, agradezco y felicito al Gobierno del Presidente Piñera y a los Ministros de Estado por empujar este proyecto, así como a los autores de la iniciativa.
Estamos convencidos de que con esta ley se empieza a hacer justicia y el Estado de Chile comienza a hacerse cargo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
He señalado que estamos frente a la más grave vulneración a los derechos humanos en democracia: la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y si además consideramos que se trata de delitos relacionados con la indemnidad sexual, ello adquiere una doble importancia.
Voto favorablemente el proyecto, y espero que esto empiece a marcar la historia en cuanto a la necesidad de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, desde hace casi una década la organización Derecho al Tiempo ha estado abordando el desfase entre los tiempos de la ley y los que una víctima de delito de agresión sexual requiere para denunciar.
Actualmente, los delitos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes prescriben en cinco o diez años, plazos que corren a partir de los dieciocho años y que resultan insuficientes para enfrentar un quiebre biográfico como el que se gatilla cuando se es víctima de una agresión sexual siendo niño, niña o adolescente.
Los delitos sexuales son una gravísima violación a los derechos de los niños y niñas, que el Estado chileno se comprometió a respetar al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990. La violencia sexual contra la niñez ha sido reconocida como equiparable a la tortura, que es un crimen de lesa humanidad imprescriptible.
Es importante tener presente que las agresiones sexuales contra niños se dan en forma reiterada en contextos intrafamiliares, frecuentemente en forma crónica por parte de un familiar directo o de un conocido con ascendencia e influencia sobre el niño, niña o adolescente. Hablamos de un tipo de delito donde el victimario es, en general, un cercano, lo que complejiza aún más la situación de la víctima.
Según datos estadísticos, en Chile una de cada siete víctimas devela en la niñez, mientras que las otras seis no lo hacen. En la misma línea, se ha estimado que de cada siete víctimas de abuso sexual infantil seis no denunciarán (fuente: Carabineros de Chile).
Además, en este tipo de delitos el testimonio de la víctima resulta fundamental, y se requiere tiempo para reconocer la vulneración de derechos. De ahí la importancia de este proyecto de ley.
Como lo ha señalado Vinka Jackson en diversas entrevistas, el derecho al tiempo es para crecer, para aprender a leer, para no estar apurado en cumplir una serie de metas que hoy se imponen a los niños; derecho al tiempo para sanar.
Quiero reconocer el trabajo que ha realizado el Gobierno a través del Ministerio de Justicia junto con la Comisión de Infancia; también a los autores del proyecto de ley, y, especialmente, a las víctimas, porque fueron capaces, con valentía, de enfrentar sus propios miedos y el prejuicio social, como, igualmente, de enfrentar el poder.
Creo que este es un primer paso importante, no solo porque hay un antes y un después, sino también porque se da inicio, de otra forma, al proceso reparatorio de las víctimas.
Recuerdo, a modo de ejemplo, el proyecto de entrevistas videograbadas, que también desafiaba al sistema en la forma de abordar delitos de esta naturaleza y en no volver a revictimizar a nadie.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el año 2010 presenté un proyecto de ley que buscaba hacer obligatoria para la jerarquía de todas las iglesias la denuncia a la Fiscalía por abusos sexuales.
Nos entrevistamos con el cardenal Errázuriz en su residencia, le entregamos el proyecto, y él terminó señalando que podría estar de acuerdo si existiera secreto de sumario, ya que no se podía dañar la honra de las personas.
Por cierto, la aprobación de esa iniciativa, que aún permanece en el Senado sin ser discutida, habría ahorrado una larga y dolorosa situación, al hacer obligatorio por ley presentar las denuncias. Y no se comprende que delitos de tal magnitud, que hoy día buscamos hacer imprescriptibles, sean denunciados a personas naturales, como los sacerdotes, o a instituciones como la Iglesia católica que, en definitiva, no forman parte del círculo o la tríada fiscalía, tribunales, policías.
Esta situación sigue pendiente y el proyecto está ahí. Yo espero que podamos generar la exigencia legal de denunciar; porque es completamente ilegal, absurdo, inmoral que, tratándose de delitos de abusos a menores, haya quienes puedan tener esta información y no la entreguen a los organismos correspondientes. Si un parlamentario, un ciudadano común oculta información, es cómplice o encubridor.
Por otra parte, ha cambiado la constitución de la oficina vaticana creada para recibir denuncias, que anteriormente presidía monseñor Alejandro Goic, que no cumplió su cometido, como él mismo lo reconoció. Y resulta que tenemos una oficina para denunciar delitos graves, abusos sexuales a niños, que hoy día queremos declarar imprescriptibles, y hay que ir a la oficina vaticana, representante de otro Estado, para informarles primero a sus integrantes acerca de delitos que debieran ser conocidos por la Fiscalía. Ese es un privilegio inaceptable en cualquier democracia del mundo. Yo creo que es abiertamente inconstitucional, y hemos preparado una presentación para dar cuenta de ello.
Los delitos en contra de los adultos, y particularmente de los niños, no pueden ser denunciados ante una oficina representante de otro Estado. Repito que eso es inconstitucional. Los únicos habilitados para conocer estas denuncias son los organismos que la ley y la Constitución determinan, y estos son la Fiscalía Nacional, Carabineros de Chile, la PDI. En definitiva, los que tienen por mandato ejercer la justicia.
Además, he presentado un proyecto de acuerdo, firmado por 24 señores Senadores, que esperamos que el Gobierno pueda acoger, en que se solicita crear una comisión nacional de verdad y reparación para los niños abusados en centros bajo control del Sename. ¡El Estado debe responder!
Durante décadas los niños han sido abusados en el Sename. ¡Ahí están las denuncias! Y el Estado no ha sido capaz de darles protección. Lo hemos dicho: los niños estaban más seguros en la calle, donde podían recurrir, denunciar y pedir auxilio a cualquier persona, que en un centro del Sename, donde eran violados sistemáticamente y sometidos a situaciones aberrantes.
Yo espero que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera acoja esta petición de 24 Senadores, incluyendo también a Senadores de Gobierno, para crear esta comisión de verdad y reparación a fin de favorecer y dar justicia a los niños abusados por el Sename, por el Estado de Chile.
Señor Presidente, me preocupa que en esta iniciativa, que busca declarar imprescriptibles los abusos sexuales contra los niños, la Corte Suprema y el Ministerio Público tengan una posición negativa por un elemento de carácter técnico: el procedimiento probatorio.
Hay que dar las garantías para que en el abuso cometido contra personas siendo niños el testimonio de adultos tenga valor probatorio, y se deben recabar todos los mecanismos para que no exista un impedimento técnico-procesal que impida el posicionamiento y la búsqueda de sanción a los responsables de estos abusos.
Este es un proyecto de ley tardío, señor Presidente, que viene de la mano de un proceso de destape del abuso de sacerdotes en contra de niños en todo el mundo. Durante mucho tiempo se calló, se toleró, se justificó incluso el silencio. Pero la valentía de quienes se han atrevido a dar la cara no solo por aquellos que sufrieron estos abusos, sino también por quienes podrían sufrirlos, impedirá que la impunidad y el encubrimiento se instalen en Chile, ya sea en la Iglesia católica, ya sea en cualquier institución.
Voto a favor de esta iniciativa.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- No hay más oradores inscritos.
--Se aprueba la iniciativa en particular (35 votos a favor).
Votaron las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Kast, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Creo que nosotros debiéramos aplaudir, desde aquí, a quienes están en las tribunas. Son ustedes quienes ganaron con esta lucha que han llevado históricamente.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica.
En tercer trámite: sesión 72ª, en 27 de noviembre de 2018.
Salud: sesión 79ª, en 19 de diciembre de 2018.
Mixta: sesión 5ª, en 3 de abril de 2019.
Sesiones 21ª, en 5 de junio de 2018 (se aprueba en general); 31ª, en 10 de julio de 2018 (se aprueba en particular).
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado unánimemente.
--Se aprueba por unanimidad el informe de Comisión Mixta.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, consultándole acerca de PERTINENCIA Y VARIABILIDAD DE COBRO POR ARRENDAMIENTO DE MEDIDORES EFECTUADO POR EMPRESA GASCO S.A. Y MOTIVO DE COBRO POR CONCEPTO DE INTERÉS A USUARIO SEÑOR HERNÁN CÁRDENAS MANSILLA.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole información sobre FISCALIZACIÓN ANTE DENUNCIAS DE VECINOS DE SECTOR PURAPEL, COMUNA DE SAN JAVIER, POR FUNCIONAMIENTO DE PLANTEL PORCINO SAN AGUSTÍN DE ARBOLILLO, DE PROPIEDAD DE EMPRESA COEXCA S.A.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, pidiéndole dar a conocer FECHA DE ENTRADA EN OPERACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 20.797 Y SU REGLAMENTO.
Al señor Superintendente de Pensiones, solicitándole información sobre FACTIBILIDAD DE QUE SEÑOR ALEXIS ÁLVAREZ CONTRERAS, QUIEN RESIDE Y DESEA JUBILARSE EN COLOMBIA, RETIRE SUS FONDOS DE PENSIÓN DESDE SU CUENTA EN CHILE O LOS TRASPASE AL SISTEMA DE PENSIONES COLOMBIANO.
Al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, consultándole por MONTO TOTAL QUE SE RETENDRÁ DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PARA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN OPERACIÓN RENTA 2019 Y QUE SE ENTERARÁ A ISAPRES PARA COBERTURA DE SALUD ENTRE JULIO DE 2019 Y JUNIO DE 2020.
A la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, solicitándole disponer un PLAN DE FISCALIZACIÓN DE CENTROS DE CULTIVO DE SALMONES EN REGIÓN DE MAGALLANES.
A los señores Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, pidiéndoles PATROCINIO A PROYECTO SOBRE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA EMPRESAS DE TODO TIPO EN COMUNA DE TOCOPILLA, POR CARENCIA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO.

References: artículo 73
 artículo 23
 artículo 65
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 18
 artículo 52
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 54
 artículo 369
 resolución 
 artículo 369
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 369