Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00163-1996-AA.html
Timestamp: 2017-12-18 18:19:28+00:00

Document:
00163-1996-AA
Que, ... la pretensión de la entidad accionante debe de desestimarse, ya que la Acción de Amparo no tiene por objeto el que se ordene la reposición del suministro de energía eléctrica, derivada de eventuales discrepancias sobre la lectura de medidores de consumo eléctrico, sino, como se ha recordado, el de tutelar los derechos constitucionales,...
Exp. Nº 163-96 AA/TC
En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Recurso Extraordinario interpuesto por Sindicato Pesquero del Perú S.A., contra la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 09 de enero de 1996, que declara haber nulidad en la sentencia de vista su fecha 20 de febrero de 1995, que revocando la apelada, declara fundada la Acción de Amparo interpuesta; y, reformando la de vista, confirmaron la apelada, que declara improcedente la referida Acción seguida contra Hidrandina S.A.
La empresa demandante, al amparo del artículo 24º, incisos 10) y 13), y los artículos 28º y 29º de la Ley Nº 23506, solicita que HIDRANDINA, le reponga el suministro de energía eléctrica, la misma que, sostiene la entidad accionante, ha sido indebidamente cortada por una deuda inexistente. Refiere que dicha deuda que la demandada alega como incumplida, se originó a partir de una defectuosa lectura de diferentes medidores.
Alega, también que HIDRANDINA no le ha permitido hacer su reclamación bajo las normas del Decreto Supremo Nº 006-SC y el D.L. Nº 26111, normas administrativas bajo las cuales debería seguirse su reclamo.
Admitida la demanda, ésta es contestada por la entidad accionada, quien solicita que la demanda sea declarada improcedente toda vez que no se ha cumplido con agotar la vía previa como indica la ley. Refiere, asimismo, que la demandante planteó su reclamo invocando el D.L. Nº 26111, Ley de Normas General de Procedimientos Administrativos, la misma que no le alcanza, pues la que corresponde es el Decreto Ley Nº 25844, su Reglamento y demás normas conexas, que establecen claramente el procedimiento a seguir para la atención de un reclamo del usuario de Hidrandina S.A.
Con fecha 28 de diciembre de 1994, el Juez del Segundo Juzgado Especializado de la Provincia de Santa, declara improcedente la Acción de Amparo, tras considerar que la entidad demandante no ha cumplido con expresar, en forma clara, el derecho constitucional violado, habiendo debido accionar en la vía legal correspondiente a fin de que se le restituya el suministro de energía eléctrica, que alega le ha sido cortado arbitrariamente.
Interpuesto el recurso de apelación, con fecha 20 de febrero de 1995, la Sala Mixta descentralizada de Chimbote, expide resolución, reformando la sentencia apelada, para declararla fundada, tras considerar que el reclamo planteado por la recurrente en base al Decreto Ley Nº 26111 no puede ser cuestionado, pues son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento cuya inaplicación constituye violación al debido proceso, y violación a los derechos amparados por los incisos 10) y 13) del artículo 24º de la Ley Nº 23506. Interpuesto el recurso de nulidad, los autos se elevan a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema la cual declara haber nulidad en la resolución de vista, tras no haberse agotado la vía previa.
Considerando: Que, del petitorio de la demanda se desprende que el objeto de ésta es: a) que la entidad demandada proceda a reponer el suministro de energía eléctrica que le fuera cortada a la actora, tras no efectuar el pago de una deuda, que los actores consideran como inexistente; y, b) que se ordene a la entidad demandante que la reclamación efectuada se tramite bajo lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 006-SC y Decreto Ley Nº 26111. Que, en ese sentido, con el objeto de que este Colegiado pueda entrar a dilucidar las cuestiones de fondo que el recurso extraordinario entraña, es de advertirse que si bien el inciso b) del artículo 15º del Decreto Ley Nº 25844 prevé que en el caso de reclamaciones sobre asuntos relativos a materia de fijación tarifaria de electricidad, ésta corresponde efectuar al Consejo Directivo de la Comisión de Tarifas Eléctricas, en el caso de autos, el tránsito por dicha Comisión no era exigible, ya que la entidad actora si bien ejerció su reclamación al amparo del Decreto Ley Nº 26111, que regula el procedimiento administrativo ante las diversas entidades de la Administración Pública, obtuvo de la Gerencia Zonal Ancash Costa, un acto administrativo en virtud del cual no sólo se le hacía conocer que dichas normas a cuyo amparo ejercitaba su reclamación no eran las pertinentes, sino que inclusive se pronunciaba sobre el fondo de la reclamación interpuesta, como, en efecto, es de advertirse del documento obrante a fojas nueve. Que, en tal orden de consideraciones, este Colegiado estima que no es exigible el agotamiento de la vía previa si, habiéndose iniciado uno de manera incorrecta, la entidad, cuya impugnación de algún acto por ella expedida se pretende, permite prever de manera cierta e inequívoca que, de iniciarse la vía adecuada se irá de obtener una confirmación del acto que se considera lesivo de algún derecho constitucional. Que, no obstante ello, la pretensión de la entidad accionante debe de desestimarse, ya que la Acción de Amparo no tiene por objeto el que se ordene la reposición del suministro de energía eléctrica, derivada de eventuales discrepancias sobre la lectura de medidores de consumo eléctrico, sino, como se ha recordado, el de tutelar los derechos constitucionales, que, en el caso de autos no solamente no acontece, sino que, adicionalmente, no se ha invocado en modo alguno su vulneración.
Confirmando la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, de fecha nueve de enero de mil novecientos noventa y seis, que declaró haber nulidad en la de vista, su fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y cinco, que, revocando la apelada, que declaró fundada la demanda, la declaró improcedente; dispusieron su publicación en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.

References: resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 artículo 15
 resolución