Source: https://www.scribd.com/document/187369851/Informe-proyecto-presupuesto-2014-Educacion-final-26-NOV
Timestamp: 2018-07-23 12:43:49+00:00

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En la Ciudad de Buenos Aires, históricamente, las personas en peores condiciones socioeconómicas han sido las más postergadas y perjudicadas en la distribución de los bienes y recursos educativos de la Ciudad. En las zonas que tienen porcentajes más altos de población con necesidades básicas insatisfechas, las aulas presentan los mayores problemas de falta de vacantes, los niveles más elevados de alumnos/as por docente, y muchos/as niños/as son reubicados en escuelas lejanas debido a la falta de vacantes en su barrio. A su vez, si se compara el porcentaje de alumnos/as de cada uno de los distritos escolares que asiste a escuela de jornada completa, se advierten enormes diferencias entre las zonas con mayores y menores porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, mientras en el distrito escolar 21 sólo el 22 % de la matrícula de nivel primario asiste a escuelas de jornada completa, en el distrito escolar 12, el porcentaje de alumnos/as que asiste a escuelas de jornada completa es del 73,6 % 1. Además, a pesar de que normativa internacional obliga a los estados a desarrollar un sistema educativo inclusivo de las personas con discapacidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, persiste con malas prácticas en la materia. En efecto, la previsión de la construcción de nuevas escuelas especiales, lejos de constituir un avance, contribuye al fortalecimiento de situaciones de discriminación estructural y resulta, por tanto, una violación al derecho a la educación. Por otro lado, el GCBA no provee suficientes recursos de apoyo para la inclusión de personas con discapacidad en escuelas comunes, lo que perjudica en mayor medida a las personas de escasos recursos, que no cuentan con una obra social que les provea recursos de apoyo. Las escuelas carecen de equipos de profesionales que permitan fortalecer prácticas inclusivas hacia todas las personas que por su discapacidad, o por otras características, están en grave riesgo de dejar el sistema educativo. Esta desigualdad educativa estructural, lejos de ser revertida por el proyecto presupuestario para el 2014, se ve reforzada, contrariando el texto de la Constitución local que garantiza el derecho fundamental a la educación desde los 45 días y consagra el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación como reglas a las que deben ajustarse las políticas públicas. Las desigualdades educativas identificadas se vinculan en gran medida con la falta de instituciones educativas, particularmente en las zonas más pobres de la Ciudad, así como también con la falta de una política pública adecuada para generar una educación inclusiva de las personas con discapacidad.
Estos datos corresponden a Diciembre de 2012.
Por ello, a fin de evaluar el nivel de cumplimiento del derecho a la educación y del derecho a la igualdad de oportunidades de los sectores más desaventajados por su condición social y económica, resulta sumamente relevante evaluar por un lado, cuánto dinero se asigna a la construcción de escuelas, y por otro lado, las políticas que se desarrollan y sus consecuencias de acuerdo con los mandatos constitucionales en relación con el derecho a la educación.
Si se comparan las leyes de presupuesto sancionadas por la Legislatura desde el año 2010, es posible observar un proceso de progresiva disminución porcentual de la participación de Educación en el presupuesto general de la ciudad. Esta tendencia se ve reforzada en el proyecto presupuestario que será tratado en la Legislatura para el año 2014. En los gráficos que siguen2, es posible observar que, mientras el presupuesto de educación representaba un 28,2 % del presupuesto total de la Ciudad en 2010, en el proyecto en debate representa un 21, 6 % (casi 7 puntos porcentuales menos). Esta disminución, como anticipamos, continúa con una tendencia sostenida puesto que en 2012 el presupuesto de educación representaba un 26 % del total y, en 2013, un 24,3 %:
Aclaración metodológica sobre los indicadores de precios usados para calcular los índices de inflación en el presente informe: A los efectos de contemplar las variaciones de los precios en los análisis interanuales, se presentan cifras ajustadas a precios constantes, a valores aproximados de 2014. Para realizar los ajustes por inflación, se tomó el índice de inflación que el Poder Ejecutivo utilizó para elaborar el proyecto de Presupuesto 2014, que es del 24%. Para calcular los años anteriores, se utilizó el índice de precios al consumidor Congreso publicado en www.abeceb.com. Para las estimaciones de 2010 el promedio de las variaciones interanuales es de 22.9%, para el año 2011, 24% y para el año 2012, 23.9%.
AÑO 2010 2011 2012 2013 Proyecto 2014
Presupuesto CABA Presupuesto Educación 17.457.759.764 26.939.656.970 32.705.436.924 40.549.912.585 59.501.674.240 4.936.055.132 6.455.946.288 8.536.007.522 9.865.840.897 12.873.346.155
% 28,2 23,9 26 24,3 21,6
Ello implica que la asignación prevista en el Proyecto 2014 es regresiva en relación con las leyes aprobadas en años anteriores. En lugar de adoptarse medidas tendientes a avanzar en el cumplimiento del derecho a la educación, cada vez un menor porcentaje de los recursos públicos se destina a esa finalidad.
En cuanto a la previsión presupuestaria 3 correspondiente a construcciones de la Dirección General de Infraestructura Escolar, los datos resultan alarmantes. En pesos constantes, se ha pasado de una previsión presupuestaria de más de 400 millones en el año 2012, a una de 200 millones para el año 2014 4. Esta regresividad de lo asignado a construcción de escuelas coexiste con un déficit en la oferta educativa de nivel inicial, con un desigual acceso a la oferta educativa de nivel primario de jornada completa, y con la falta de escuelas cercanas que afecta a muchos barrios de la ciudad en todos los niveles educativos, generando la práctica de reubicación en escuelas lejanas. El leve aumento respecto del presupuesto 2013 resulta insignificante si se tienen en cuenta las enormes falencias del GCBA en esta materia. Resulta interesante recalcar que lo asignado a construcción de escuelas constituye sólo el 1,8 % del total del presupuesto mientras que lo asignado al subsidio de escuelas de gestión privada en la misma ley, representa un 16% del total. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, como lo viene señalando ACIJ desde hace varios años, existe un grave déficit del gobierno de la ciudad en garantizar el derecho a la educación tal cual está protegido por la constitución local5. La gravedad de esta circunstancia queda a la luz si se considera por ejemplo que, como ACIJ viene remarcando hace varios años, existe una insuficiente cantidad de vacantes para escuelas de jornada completa de nivel primario en los Distritos Escolares 2, 5, 19 y 21. Estos distritos, como es sabido, albergan un gran porcentaje de personas de condición socioeconómica desaventajada.
Para este análisis, “construcciones” corresponde a la partida presupuestaria de construcciones identificadas dentro del inciso 4 “Bienes de uso” de la Unidad Ejecutora 573 Infraestructura y Equipamiento.
La comparación de inversión en infraestructura se realiza desde el año 2012 (y no desde el 2010 como en el resto de las variables), dado que en ese año se realizaron modificaciones en la realización del presupuesto que se mantienen hasta la actualidad y hacen mas consistente y explicatiivo el contraste. 5 El artículo 45 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determi ne.”
El tiempo de instrucción –o tiempo de clases- constituye un factor básico que hace a la calidad de la educación brindada. En la modalidad de jornada completa, el tiempo de instrucción casi duplica el de la modalidad de jornada simple. De esta manera, quienes pueden asistir a la modalidad de jornada completa reciben una prestación educativa de mayor calidad, y que ofrece más oportunidades a los/as alumnos/as. Esta circunstancia, el perjuicio que la política pública genera a sectores socioeconómicamente desfavorecidos, implica un actuar discriminatorio por parte del estado que viola el derecho a la igualdad en el acceso a la educación. La desinversión en materia presupuestaria y la consecuente falta de soluciones para los problemas de vacantes de jornada completa en los Distritos Escolares mencionados contribuyen a reproducir las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones mediante el ofrecimiento de una calidad educativa pública inferior.
A su vez, la disminución en la asignación coexiste con un problema estructural de sub-ejecución de recursos por parte de la Dirección General de Infraestructura Escolar. Constantemente, el GCBA subejecuta recursos que por ley deben destinarse a la construcción de escuelas.
En el marco de una causa judicial 6 iniciada por ACIJ a fin de que el GCBA resuelva los problemas de falta de vacantes en las escuelas de nivel inicial, el GCBA suscribió un acta acuerdo, a través de la cual se comprometió a resolver el problema, asumiendo una serie de obligaciones tendientes a absorber en su totalidad a los/as miles de niños/as en lista de espera. Concretamente, el GCBA se comprometió a realizar un total de 24 obras a fin de aumentar la oferta de vacantes en el nivel inicial. De dichas obras, 21, debían estar concluidas para fines del año 2011, y las 3 restantes debían ser realizadas para el año 2012. Además, el GCBA se comprometió a realizar un plan de obras adicional, a fin de resolver problemas de falta de vacantes en distritos escolares cuya demanda de vacantes no podía ser cubierta con las obras ya incluidas en el plan original. A la fecha, muchas de las obras individualizadas en el plan original anexado al acta acuerdo se encuentran retrasadas, y el GCBA nunca presentó el plan de obras adicional que se obligó a elaborar en una de las cláusulas del convenio , pese a que el plazo para su presentación venció hace más de dos años, y la fecha de finalización de las obras no debía exceder de fines del año 2012. Si se observa el proyecto de presupuesto para el año 2014, se confirma que efectivamente, el GCBA no prevé construir escuelas adicionales a aquéllas ya previstas en el plan detallado al suscribirse el
“Acij c. GCBA s/Amparo” (Expte. 23360) En el año 2006, ACIJ, inició una acción de amparo a fin de que la Justicia ordene al GCABA remediar la falta de vacantes en el nivel inicial de educación, que dejaba afuera a más de 6000 niñas y niños de la Ciudad. La demanda se basó en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, que reconoce el derecho a la educación desde los 45 días de edad, en el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y el derecho a la autonomía personal. Además, se argumentó y acreditó que en los años anteriores se había sub-ejecutado el presupuesto destinado a la Dirección de Infraestructura Escolar, lo que tornaba aún más injustificable la omisión estatal de construir establecimientos educativos suficientes, y constituía una violación a la obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles a la satisfacción de derechos. La acción judicial obtuvo sentencia favorable en la primera instancia, en la que se hizo lugar a la demanda, y se ordenó al Gobierno cesar en su omisión de asegurar y garantizar el acceso a la educación inicial, y presentar los proyectos de obras nuevas necesarias para satisfacer la demanda educativa correspondiente a niños y niñas de entre 45 días y 5 años, discriminados por Distrito Escolar, debiendo indicarse los plazos de ejecución de las obras, que no debían exceder del ciclo lectivo 2010. Dicha sentencia fue apelada por el Gobierno de la Ciudad, y fue posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad. Finalmente, luego de meses de trabajo y diálogo entre ACIJ y el GCBA, en febrero del año 2011 las partes llegaron a un acuerdo, a través del cual el GCABA reconoció la legitimidad del reclamo y asumió obligaciones precisas tendientes a dar solución al problema.
convenio, las que resultan insuficientes para resolver el grave déficit de infraestructura que existe en ese nivel educativo. En efecto, las únicas obras incluidas en el proyecto de ley de presupuesto son aquéllas individualizadas en el acuerdo, a las que debía agregarse un plan de obras adicional, el que además debía reformularse cada año, a fin de incorporar las obras que resulten necesarias para resolver en forma definitiva el problema. A continuación acompañamos un listado del que surge la cantidad de niños/as que quedarán en lista de espera en el nivel educativo inicial, aún si se concretan las obras actualmente proyectadas por el GCBA (si el GCBA siguen incumpliendo su obligación de acompañar el plan de obras adicional, compromiso asumido en el acta acuerdo suscripto):
Lista de Espera D.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total en Marzo de 2013 570 286 235 473 704 458 195 351 267 166 206 118 215 101 187 0 36 169 505 384 694 6320
Vacantes a Generase con las obras proyectadas en el plan original 280 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 263 0 268 524
Vacantes Faltantes luego de terminadas las obras proyectadas (si no se implementa un plan adicional) 290 84 235 473 704 458 195 351 267 166 206 118 215 101 0 0 0 169 237 0 306 4585
388 2055
En el caso de la escuela ubicada en Zuviría y PiedraBuena, en el DE 20, se tomó en cuenta la cantidad de vacantes a generarse de acuerdo al acta acuerdo, ya que en la última presentación del GCBA en el marco de la ejecución del convenio, no se señala la cantidad de vacantes que se crearán.
Una de las razones utilizadas por el GCBA para justificar el incumplimiento del acuerdo al que se llegara en el marco del a causa, “Vacantes”, fue la carencia de terrenos en donde construir escuelas necesarias para satisfacer las vacantes de nivel inicial demandadas. Tal es así que en las distintas reuniones de la Mesa de Trabajo, creada para monitorear el cumplimiento del convenio al que se llegó en la mencionada causa, representantes del Ministerio de Educación informaron que no se había logrado encontrar inmuebles adecuados que pudieran ser adquiridos para instalar allí nuevas escuelas infantiles, ya sea construyendo una obra nueva o utilizando la existente. 8 Sin embargo, contradictoriamente con lo enunciado en el marco de esta causa, el 7/11/2013, la Legislatura sancionó una ley9 por medio de la cual se dispone la venta de más de 30 inmuebles de propiedad estatal, ubicados en diferentes distritos escolares de la Ciudad.
La única propuesta concreta del GCABA fue la adquisición de una propiedad ubicada en la calle Hidalgo 380, en el D.E. 7 y, a pesar de que el inmueble ya ha sido evaluado y tasado, y el propietario ha prestado su conformidad con la venta, el Gobierno de la Ciudad no concretó la compra debido a que el Ministerio de Educación dice no contar con los recursos, de acuerdo a lo informado en las mesas de trabajo de los meses de mayo y julio de 2012, problema que, de acuerdo al Gobierno, subsiste en la actualidad. 9 Votos positivos, con los que se aprobó la ley de venta de terrenos: Acevedo, Alegre, Amor, Arenaza, Bergman, Cabandié, Campos, de Andreis, Frigerio, Garayalde, García, González, Gullo, Herrero, Ibarra, Lipovetzky, Martínez Barrios, Montes, Morales Gorleri, Moscariello, Naddeo, Neira, Nenna, Ocampo, Pagani, Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, Quattromano, Quintana, Rinaldi, Ritondo, Romeo, Rueda, Saya, Screnci Silva, Seijo, Spalla, Varela y Zago. Por su parte, los votos negativos, de quienes se opusieron a la venta de las propiedades, son los siguientes: Basteiro, Bergel, Bisutti, Bodart, Camps, Cerruti, Ferraro, Form, García Tuñón, González Gass, Rachid, Raffo, Sánchez Andía, Sánchez y Selser.
La venta de esas propiedades, muchas de las cuales están ubicadas en distritos escolares que tienen un grave déficit de vacantes en el nivel inicial y en los cuales hoy no se proyectan obras, revela a las claras la falta de voluntad del GCBA de construir escuelas de nivel inicial. Del proyecto de ley elevado por el Ejecutivo no surge ningún tipo de evaluación de las características de cada inmueble, ni de sus actuales y potenciales usos. Muchas de las propiedades cuya venta se dispuso podrían haberse usado para remediar la falta de vacantes en el nivel inicial que afecta a todos los distritos escolares de la Ciudad, derecho constitucional que el GCBA incumple, pese a haberse comprometido a resolver el problema para fines del año 2012. La sanción de esta ley, aprobada por dos tercios de la Legislatura, sólo confirma la falta de voluntad política de resolver el problema. A su vez, cabe aclarar que dicha ley NO prevé que los recursos obtenidos con la venta de los terrenos sean destinados a la construcción de nuevas escuelas, por lo cual podrán destinarse sólo a reemplazar los recursos generales de la ciudad que habitualmente se ejecutan en concepto de mantenimiento y construcciones. Cabe recordar lo ocurrido con los recursos obtenidos con la venta de los terrenos de Catalinas, enajenados con la excusa de incrementar la oferta educativa. No obstante su afectación específica a obras nuevas, su venta no produjo un aumento en lo ejecutado en concepto de construcción de nuevas escuelas, sino que sólo se produjo un reemplazó de los recursos que habitualmente surgían de recursos generales de la Ciudad.
El proyecto de presupuesto para el año 2014 destina 2.051.372.606 millones de pesos a subsidiar escuelas de gestión privada, lo que representa el 16% del dinero total afectado a educación. Como surge del cuadro que se acompaña, en términos reales, la elevada asignación presupuestaria se mantiene, en relación con las anteriores leyes de presupuesto. A su vez, en el período 2010- 2012, el presupuesto ejecutado en concepto de subsidios a escuelas de gestión privada fue incluso superior a lo asignado por la Legislatura. DG Educación Gestion Privada Pesos constantes
2010 Crédito original Crédito vigente Devengado 2.159.280.393 2.154.648.798 1.892.005.743
1.776.201.012 2.049.420.838 2.048.551.516 2.051.372.606 2.388.070.971 2.435.587.561 2.043.302.927 2.365.652.346 2.419.411.604
La asignación de un presupuesto tan elevado al otorgamiento de subsidios a escuelas de gestión privada resulta grave, dado que se trata de recursos que son asignados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, sin una ley que reglamente los criterios para su otorgamiento. El Gobierno no expone públicamente cuáles son los criterios tenidos en cuenta para definir qué escuelas privadas reciben subsidio, ni para definir cuál es el porcentaje de aporte que se les otorga. En 2013, el GCBA aprobó la Resolución 481/SSGECP/13, a través de la cual se implementó un recorte en los subsidios otorgados a escuelas de gestión privada. Cabe aclarar que en la Resolución que dictó el Gobierno sólo se incluyó una fórmula para reducir el aporte que ya se encontraban recibiendo las escuelas de gestión privada, sin revisarse los arbitrarios criterios usados para su asignación. A su vez, la Resolución incorporó disposiciones que dejan un amplio espacio de discrecionalidad al GCBA, en la definición de las escuelas sobre las que se aplicaría el recorte. De acuerdo a dicha Resolución, el recorte sería aplicado sobre escuelas cuyo arancel sea igual o superior a 550 pesos. Sin embargo, a través de la misma Resolución se estableció que aquéllos institutos educativos alcanzados por el ajuste a las partidas presupuestarias y que soliciten su excepción deberán presentar documentación (balances y declaraciones juradas), a efectos de que la Dirección General pueda evaluar la viabilidad de tal solicitud.
De acuerdo al artículo 25 de la Constitución local, la Ciudad puede otorgar subsidios a escuelas de gestión privada, dando prioridad a aquéllas que reciban alumnos/as de menores recursos. Sin embargo, si se analiza la última información sobre subsidios a escuelas de gestión privada disponible en la página web del GCBA (correspondiente a julio del año 2013), se advierte que el GCBA destina recursos públicos a subsidiar escuelas de gestión privada que cobran un elevado arancel a sus alumnos/as, como surge del siguiente cuadro.
A modo de ejemplo, acompañamos un breve listado de escuelas que cobran un alto arancel, y que sin embargo, reciben subsidios estatales, en un caso superior al millón de pesos mensuales 10.
Aporte del Arancel % de aporte mes de abril estimado 2013 2012
40 40 40 40 80 60 60 40 40 $ 9.778,09 $ 61.053,97 $ 6.865 $ 155.623,98 $ 833.390,71 $ 1.536,84 $ 1.440,96 $ 1.576 $ 1.547,18 $ 1.022,25
Instituto 8 Saint Exupery Instituto Sarmiento Instituto educativo ALAS Instituto Sarmiento Pio IX Escuela Técnica ORT Escuela Técnica ORT Nº2 Instituto Martín Buber Colegio Canadá Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 7 2 7 6 7 10 9 8
J J P P M M M M M
$ 1.070.859,54 $ 1.892,04 $ 911.613,63 $ 41.237,12 $ 30.851,15 $ 1.892,04 $ 2.957,50 $ 1.889,13
$ 47.582,59 $ 46.520,46
$ 2.733,31 $ 2.161,33
Mekhitarista 10
Los elevados aportes hechos a escuelas privadas caras, coexisten con una grave situación de falta de vacantes en escuelas de nivel inicial, con la falta de escuelas en distritos de la zona sur, y con el cierre de grados y cursos en escuelas de gestión estatal. En ese contexto, la asignación de recursos públicos para el subsidio de escuelas privadas caras profundiza las inequidades del sistema educativo.
El aporte mensual debe multiplicarse por 13 para obtener el aporte anual, ya que debe tenerse en cuenta el aporte efectuado para el pago de aguinaldos.
Dentro del proyecto de presupuesto, se prevén $15.000.000 para la construcción de la "Escuela De Educación Especial Y Formación Laboral 28 Prof. Bartolomé Ayrolo-Avda. Lincoln." La construcción de una nueva escuela especial resulta violatoria de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país en el 2008, y contraría las recomendaciones hechas al Estado Argentino por el Comité que supervisa el cumplimiento de dicha Convención. Cabe resaltar que ese Tratado Internacional tiene jerarquía superior a las leyes. La Convención establece en su artículo 24 la obligación de asegurar un sistema de educación inclusivo en todos sus niveles, lo que implica la obligación del GCBA de garantizar la plena inclusión, aprendizaje y participación de las personas con discapacidad en escuelas comunes, y no en escuelas especiales. En este sentido, la construcción de nuevas escuelas especiales -en lugar de destinar los fondos a centros de recursos de apoyo para la inclusión de personas con discapacidad en escuelas comunes- es inaceptable e implica una violación a la Convención. De este modo, resulta importante destacar que en su último informe, efectuado en Septiembre de 2012, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresó su preocupación por el elevado número de niños y niñas en escuelas especiales. Además, el informe urgió a la Argentina a "tomar las medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general." En definitiva, en lugar de destinar fondos para la construcción de escuelas especiales, el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de garantizar los recursos de apoyo y adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan asistir a escuelas comunes.
Existen numerosas falencias en esta materia que si bien a primera vista podrían parecen de menor importancia, en realidad no lo son. A modo de ejemplo, puede mencionarse que gran cantidad de escuelas aún tienen vidrios comunes contra la normativa que establece que deben ser reemplazados por vidrios de seguridad. Del mismo modo, y con el fin de prevenir accidentes en el ámbito escolar es posible señalar que Mitigación de Riesgos no cuenta con la reglamentaria cinta antideslizante para escaleras, fundamental para la seguridad en la escuela. A pesar de esta situación, el presupuesto proyectado disminuye la financiación destinada a estos objetivos como puede ser fácilmente visualizado en los cuadros que siguen: 2010 crédito original crédito vigente devengado 24.268.888 20.994.429 19.865.345 2011 33.236.008 19.796.875 16.652.116 2012 24.308.255 15.168.336 13.371.878 2013 13.744.456 16.182.348 proyecto 2013 14.669.991
El programa Igualdad Educativa nació en el año 2006 bajo la idea de que en contextos de amplia desigualdad socioeconómica, como la que transita nuestro país en general y la Ciudad de Buenos Aires en particular, la educación básica obligatoria es una de las herramientas fundamentales del Estado para neutralizar el impacto de las diferencias sociales e igualar las oportunidades de los individuos. En este marco, y considerando que el Estado asume claros compromisos igualitarios en materia de educación, se decidió comenzar a analizar la forma en que el gobierno de la ciudad distribuía sus recursos educativos.
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Información Enviada Por Referente de La Procuración General de La Nación a ACIJ

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 artículo 24
 Resolución 
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 artículo 25
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