Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00269-2000.htm
Timestamp: 2019-05-25 15:50:56+00:00

Document:
SUP-JRC-269-2000
JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL
EXPEDIENTE: SUP-JRC-269/2000
AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO
MAGISTRADO PONENTE: JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ
México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de dos mil. VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Ma. del Pueblito Cervantes Colunga, quien se ostenta como representante propietaria de ese partido político ante el Consejo Municipal Electoral de Allende, Guanajuato, en contra de la resolución de primero de agosto de dos mil, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el recurso de apelación 12/2000-AP, promovido por el propio Partido Revolucionario Institucional, y
I. El dos de julio de dos mil tuvieron verificativo las elecciones locales en el Estado de Guanajuato, a efecto de renovar ayuntamientos, entre ellos, el del Municipio de Allende.
II. El cinco de julio de dos mil, el Consejo Municipal Electoral de Allende llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de la elección del mencionado ayuntamiento, en la cual se obtuvieron los resultados siguientes:
RESULTADOS DE LA VOTACION FINAL
ALIANZA POR ALLENDE
DEMOCRACIA SOCIAL, PARTIDO POLITICO NACIONAL
Una vez terminado dicho cómputo, se declaró la validez de la elección y se extendió la constancia de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional.
III. El diez de julio de dos mil, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante propietaria ante el Consejo Municipal Electoral de Allende, Guanajuato, Ma. del Pueblito Cervantes Colunga, interpuso recurso de revisión en contra de los resultados del cómputo municipal referido en el resultando que antecede, la declaración de validez de la elección y la consecuente expedición de la constancia de mayoría, así como de la declaración de que se cumplieron los requisitos de elegibilidad de los candidatos que integraron la planilla que resultó triunfadora en dicha elección. Dicho medio de impugnación fue identificado con el número de expediente 23/2000-II.
IV. El dieciocho de julio de dos mil, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, resolvió el recurso de revisión antes mencionado, modificando los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal y confirmando la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla del partido político declarado triunfador, en virtud de que la recomposición derivada de la modificación del acta de cómputo no afectó las posiciones obtenidas por los participantes.
V. El veinticuatro de julio de dos mil, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la representante propietaria citada en el resultando III anterior, interpuso en contra de la resolución precedente, recurso de apelación, mismo que fue integrado bajo el toca número 12/2000-AP.
VI. El primero de agosto de dos mil, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, resolvió el medio de impugnación señalado en el resultando inmediato anterior, declarando "infundado el recurso de apelación" y confirmando la resolución impugnada, en los términos que, en lo conducente, se transcriben a continuación:
QUINTO.- ...Otro pretendido agravio:
Lo constituye la afirmación de la apelante, en el sentido de que la responsable se apartó del principio de congruencia, porque no obstante que no se revisaron los requisitos de elegibilidad por parte del Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Allende, "...es absurdo pretender que el Tribunal se sustituya en esa facultad y los revise como primera instancia... aclarando que en ningún momento se dijo que alguno de los candidatos fuera inelegible por alguna de las razones previstas por la ley como para que se me arrojara la carga de la prueba, lo que se dijo es que no nos consta que sean ilegibles o inelegibles porque no tuvimos a la vista el expediente de ellos para así estar en aptitud de valorar si se cumplieron o no los requisitos".
Al respecto, el Pleno de este Tribunal considera que el agravio vertido en ese sentido es contradictorio y por tanto confuso, pues por un lado, se asevera que el Consejo Municipal Electoral ya referido no analizó si los candidatos electos cumplían o no con los requisitos de elegibilidad; y ahora sostiene el recurrente que no es posible que el Tribunal se sustituya en una obligación que correspondía al Consejo, haciendo caso omiso del texto de la jurisprudencia ya referida que él mismo invoca; lo que resulta totalmente incongruente, de donde deviene que su agravio deba ser desestimado. Apoya lo anterior la tesis que en jurisprudencia sostiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra dice: "ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANALISIS E IMPUGNACION". (transcripción).
De esta tesis se diluce con claridad que con independencia de que la recurrente manifiesta su agravio en forma no específica, obliga a esta Sala de Segunda Instancia a hacer el análisis del expediente que para el registro de candidatos, presentó la planilla que ahora resulta ser la ganadora en la elección municipal, procediendo a realizarse la verificación, limitada a los aspectos que obren en el expediente, que sí son de carácter formal, y en virtud de que la recurrente jamás aportó prueba tendiente a acreditar la ausencia de algún requisito o incompatibilidad, de alguno de los candidatos, por ello sólo se limita la supervisión del expediente referido.
Expediente que de acuerdo a las facultades que para mejor proveer hizo prevalecer esta Sala de Segunda Instancia, ante la omisión que como obligación tenía la Sala de primer grado, con fundamento en el artículo 323 trescientos veintitrés del Código Electoral, se hace el análisis de los expedientes de la planilla ganadora, relativa a los CC. OSCAR ARROYO DELGADO, candidato electo a Presidente Municipal; ROLANDO GUERRERO BARAJAS y LUIS RIVERA GARCIA, candidatos electos a Síndicos Propietario y Suplente respectivamente; MARCO ESQUEDA REYES y FELIX MELENDEZ RAMIREZ, electos Primer Regidor Propietario y Suplente respectivamente; JOSE LUIS TELLEZ SANTANA y NOE RICO OROZCO, electos Segundo Regidor Propietario y Suplente respectivamente; AIDE PATRICIA JUAREZ ALVAREZ y CARLOS CERVANTES CERVANTES, Tercer Regidor Propietario y Suplente correlativamente; JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ y CELIA AMARO PASTRANA, Cuarto Regidor Propietario y Suplente sucesivamente; JOSE LUIS PEREZ ARREDONDO, Quinto Regidor Propietario. Analizado el expediente quien ocupará el cargo de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Partido Acción Nacional, se diluce que no se aprecia ninguna falta de requisito de elegibilidad, tampoco ninguna incompatibilidad para que pueda acceder al cargo público para el que fueron electos. Documentos examinados que por estar debidamente certificados, aun y cuando unos son de orden privado y otros de orden público, en su conjunto todos ellos tienen valor probatorio pleno de acuerdo al numeral 320 trescientos veinte del Código de la materia. Sin que pase por alto que el Consejo respectivo, sólo envió los expedientes pertenecientes al Partido Acción Nacional, sin que haya enviado los expedientes de quienes resultaron asignados como regidores de otros partidos políticos, por tanto dicho pronunciamiento sólo es en cuanto a quienes se tuvo su documentación en el sumario, presumiéndose que el resto cumplen con los requisitos de elegibilidad, puesto que no fue cuestionada. Por eso, el agravio que se invoca en esta parte, resulta ser inexistente, por tanto por lo que hace a las cuestiones alegadas ninguna lesión le causa a quien recurre en vía de apelación.
La facultad de revisión de los expedientes, también las realiza esta Sala de Segunda Instancia con las facultades de plena jurisdicción, que como Sala de apelación tiene, al no estar contemplada la figura procesal del reenvío, y de ella también se desprende que en la especie no se actualiza, ni existe prueba alguna, para efecto de la declaratoria que contempla el artículo 332, fracción IV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, acorde a lo establecido por los numerales 305 trescientos cinco, 327 trescientos veintisiete, 335 trescientos treinta y cinco, 338 trescientos treinta y ocho, 339 trescientos treinta y nueve, 351 trescientos cincuenta y uno del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y 47 cuarenta y siete, fracciones V quinta y VII séptima del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, se RESUELVE:
PRIMERO.- Se declaran infundados e inoperantes los agravios presentados por MA. PUEBLITO CERVANTES COLUNGA, quien se ostenta como Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, con los que pretendió combatir la resolución de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, de fecha 18 dieciocho de julio del año 2000 dos mil, en el expediente de revisión número 23/2000-II.
SEGUNDO.- Consecuentemente se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, acorde al punto resolutivo anterior, CONFIRMANDOSE en todas y cada una de sus partes la resolución impugnada.
VII. El seis de agosto de dos mil, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Ma. del Pueblito Cervantes Colunga, quien se ostentó como representante propietaria de dicho partido político ante el Consejo Municipal Electoral de Allende, promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra de la resolución referida en el resultando que antecede, argumentando, en lo conducente, lo siguiente:
PRIMER AGRAVIO
FUENTE DEL AGRAVIO.- Considerando Quinto de la resolución de fecha 1° primero de agosto de 2000 dos mil dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en el expediente numero 12/2000 AP., mediante la cual en la parte relativa se dice "...Analizado el expediente quien ocupará el cargo de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Partido Acción Nacional, se diluce que no se aprecia ninguna falta de requisito de elegibilidad, tampoco ninguna incompatibilidad para que pueda acceder al cargo publico para el que fueron electos...".
PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Los artículos 1°, 3, 8, fracciones I, II, V, 9 fracción I, 45, 46, 179, 253, 318, 320 y demás relativos y aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato.
CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio el considerando quinto de la resolución de fecha 1° de agosto de 2000, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en la parte relativa en que se manifiesta:
"...ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANALISIS E IMPUGNACION... Tesis de jurisprudencia J.11/97...
De esta tesis se dilucide con claridad que con independencia de que la recurrente manifiesta su agravio en forma no específica, obliga a esta Sala de Segunda Instancia a hacer el análisis del expediente que para el registro de candidatos, presento la planilla que ahora resulta ser la ganadora en la elección municipal, procediendo a realizarse la verificación, limitada a los aspectos que obren en el expediente, que si son de carácter formal, y en virtud de que la recurrente jamas aportó prueba tendiente a acreditar la ausencia de algún requisito o incompatibilidad, de alguno de los candidatos, por ello solo se limita la supervisión del expediente referido.
Expediente que de acuerdo a las facultades que para mejor proveer hizo prevalecer esta Sala de Segunda instancia, ante la omisión que como obligación tenía la Sala de Primer Grado, con fundamento en el artículo 323 trescientos veintitrés del Código Electoral, se hace el análisis de los expedientes de la planilla ganadora, relativa a los CC. OSCAR ARROYO DELGADO, Candidato electo a Presidente Municipal; ROLANDO GUERRERO BARAJAS y LUIS RIVERA GARCIA, Candidatos electos a Síndicos Propietario y Suplente, respectivamente; MARCO ESQUEDA REYES y FELIX MELENDEZ RAMIREZ, electos Primer Regidor, Propietario y Suplente respectivamente; JOSE LUIS TELLEZ SANTANA y NOE RICO OROZCO, electos Segundo Regidor, Propietario y Suplente respectivamente; AIDE PATRICIA JUAREZ ALVAREZ y CARLOS CERVANTES CERVANTES, electos Tercer Regidor, Propietario y Suplente correlativamente; JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ y CELIA AMARO PASTRANA, Cuarto Regidor, Propietario y Suplente sucesivamente; JOSE LUIS PEREZ ARREDONDO, Quinto Regidor Propietario. Analizando el expediente quien ocupara el cargo de presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Partido Acción Nacional, se diluce que no se aprecia ninguna falta de requisito de elegibilidad, tampoco ninguna incompatibilidad para que pueda acceder al cargo público para el que fueron electos. Documentos examinados que por estar debidamente certificados, aún y cuando unos son de orden privado y otros de orden público, en su conjunto todos ellos tienen valor probatorio pleno de acuerdo al numeral 320 trescientos veinte del Código de la materia, . Sin que pase por alto que el consejo respectivo, solo envío los expedientes pertenecientes al Partido Acción Nacional, sin que haya enviado los expedientes pertenecientes de quienes resultaron asignados como regidores de otros partidos políticos, por tanto dicho pronunciamiento solo es en cuanto a quienes se tuvo su documentación en el sumario, presumiéndose que el resto cumplen con los requisitos de elegibilidad, puesto que no fue cuestionada. Por eso, el agravio que se invoca en esta parte, resulta ser inexistente, por tanto por lo que hace a las cuestiones alegadas ninguna lesión le causa a quien recurre en vía de apelación.
La facultad de revisión de los expedientes, también las realiza esta Sala de Segunda Instancia con las facultades de plena jurisdicción, que como Sala de Apelación tiene, al no estar contemplada la figura procesal del reenvío, y de ella también se desprende que en la especie no se actualiza, ni existe prueba alguna, para efecto de la declaratoria que contempla el artículo 332, fracción IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato."
Toda vez que se violan en perjuicio de mi representada los numerales 8° fracción V, 9 fracción I, 45 del Código Electoral del Estado en relación con la fracción I del artículo 179 del mismo ordenamiento en virtud de que el Tribunal Estatal Electoral al afirmar que: "...no se aprecia ninguna falta de requisito de elegibilidad, tampoco ninguna incompatibilidad para que pueda acceder al cargo público para el que fueron electos.", no toma en consideración que los CC. ROLANDO GUERRERO, LUIS RIVERA, JOSE LUIS TELLEZ y JORGE RAMON CHIQUETE, no han efectuado los trámites de ley tendientes a rectificar, modificar su nombre para que se le reconozca y se ostente legalmente con el de CC. ROLANDO GUERRERO BARAJAS, LUIS RIVERA GARCIA, JOSE LUIS TELLEZ SANTANA y JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ, Candidatos electos a Síndicos Propietario y Suplente, Segundo Regidor Propietario y Cuarto Regidor propietario, respectivamente.
En efecto, el trámite idóneo para que una persona rectifique o modifique su nombre es mencionado por el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el cual en su numeral 66 manifiesta que las actas de nacimiento contendrán entre otras cosas, los apellidos que le correspondan al registrado; así mismo, dicha legislación establece los casos en los que las actas pueden ser rectificadas o modificadas, en su numeral 137 ordena que las citadas rectificaciones o modificaciones no pueden hacerse sino ante el poder judicial; los casos en los que procede son de conformidad con el artículo 138; cuando se solicite variar algún nombre, apellido u otra circunstancia que sea esencial o accidental.
Respecto al asunto que nos ocupa, tenemos que el partido postulante anexa a su solicitud diversos documentos para acreditar el nombre de los candidatos de referencia; en efecto, ofrece copias certificadas de actas de nacimiento de la cual se desprende que los nombres correctos de sus candidatos son ROLANDO GUERRERO, LUIS RIVERA, JOSE LUIS TELLEZ y JORGE RAMON CHIQUETE, dicha circunstancia está plenamente aceptada y reconocida por el representante del Partido Acción Nacional y por la persona postulada por dicho partido tal y como se desprende de las declaraciones notariales que anexó con dicho escrito, por lo que se deberá tener como confesión expresa respecto a ese hechos, tanto al partido como al candidato que postulan.
Ahora bien, el Partido Acción Nacional registró a ROLANDO GUERRERO BARAJAS y LUIS RIVERA GARCIA, Candidatos a ocupar los puestos de Síndicos Propietario y Suplente, JOSE LUIS TELLEZ SANTANA candidato a ocupar el puesto de Segundo Regidor Propietario y JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ Candidato a ocupar el puesto de Cuarto Regidor Propietario, personas cuyo nombres son ROLANDO GUERRERO, LUIS RIVERA, JOSE LUIS TELLEZ y JORGE RAMON CHIQUETE, respectivamente, pero lo que desprendemos es que los documentos que se anexan para acreditar que estas personas y aquellas son uno mismo, carecen de todo valor probatorio, contrariamente a lo que determinó la autoridad emisora del acto que se impugna lo anterior como se desprende del análisis de los documentos que a continuación se expresa:
ROLANDO GUERRERO, exhibe, la acta notarial 6399 levantada ante la fe del Notario Publico número 12, del Partido Judicial de San Miguel de Allende, Gto., acta de nacimiento y credencial para votar;
LUIS RIVERA, exhibe, la acta notarial 6404 levantada ante la fe del Notario Publico número 12, del Partido Judicial de San Miguel de Allende, Gto., acta de nacimiento y credencial para votar;
JOSE LUIS TELLEZ, exhibe, la acta notarial 6400 levantada ante la fe del Notario Publico número 12, del Partido Judicial de San Miguel de Allende, Gto., acta de nacimiento y credencial para votar;
JORGE RAMON CHIQUETE, exhibe, la acta notarial 6395 levantada ante la fe del Notario Publico número 12, del Partido Judicial de San Miguel de Allende, Gto., acta de nacimiento y credencial para votar;
Actas notariales que corresponden, en cada uno de los casos, a las declaraciones testimoniales de dos personas, por tanto debe desestimarse en virtud de que no se trata de documentos públicos, por no encontrarse dentro de la hipótesis de la fracción IV del artículo 318 del Código Electoral del Estado y por encontrarse viciados de nulidad por tratarse de actos notariales que la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato en su artículo 31 fracción II, prohíbe a los Notarios practicar, esto es, se prohíbe a los notarios intervenir en actos o hechos que por ley corresponden de manera exclusiva a algún funcionario público y en la especie la variación, modificación o rectificación del nombre es atribución exclusiva del Poder Judicial en los términos del artículo 137 sustantivo civil del Estado de Guanajuato y sin perjuicio de lo anterior, tales actas no tienen valor suficiente ya que las declaraciones en ellas contenidas son simples manifestaciones unilaterales de la voluntad a las cuales no se le puede repreguntar ni tachar, en consecuencia no son la prueba idónea para acreditar el nombre de una persona ni mucho menos la corrección del documento como lo es el acta de nacimiento el cual es el único que acredita el verdadero nombre de la persona que lo ostenta.
Así mismo, reitero, las facultades del notario no son suficientes ni propias para realizar actos que le incumben única y exclusivamente al Poder Judicial por lo que al sobrepasarlos, estaría invadiendo esferas jurídicas.
Con ellos no se tiene certeza de cuál es la persona que utiliza cada uno los mismos lo que nos hace pensar que la utilización de varios nombres de manera indistinta va contra los principios de certeza y legalidad que la legislación electoral otorga a cada persona con la finalidad de identificarlos tal es el caso del nombre de cada individuo, máxime que en los casos que nos ocupa se pretende incorporar el apellido materno al nombre lo cual reviste importancia tal que se ha sentado jurisprudencia en el sentido de que el juicio de rectificación de acta no es apto para ello.
Tomo: 59, Noviembre de 1992
Tesis: XX. J/24
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO. CUANDO SE TRATA DE AGREGAR AL NOMBRE EL APELLIDO MATERNO RESULTA IMPROCEDENTE EL EJERCICIO DE LA ACCION DE. (transcripción).
Razón suficiente para desestimar las actas notariales con las cuales los candidatos electos ya citados, tratan de acreditar el nombre.
Se debe considerar pues, que el calificar y aprobar los requisitos de elegibilidad de una persona que legalmente no ha acreditado tener el nombre con que se ostenta resulta violatorio por completo del numeral 45 ya que no se obedece a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y equidad, sobre todo si tenemos en cuenta que al aceptar el nombre de una persona y darlo como el que le corresponde, es una clara invasión de facultades que sólo le competen al Poder Judicial y en el caso que nos ocupa. El Tribunal Estatal Electoral no tiene facultades para determinar quién es aquel individuo que puede usar un nombre u otro.
Por otra parte el Tribunal se excede en facultades ya que si bien es cierto la legislación civil permite hacer uso del nombre incompleto, como se sostiene en el siguiente precedente:
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Tesis: VI.4°.23 C
Página: 573
NOMBRE. SU USO INCOMPLETO ES INSUFICIENTE POR SI SOLO PARA DETERMINAR QUE SE TRATA DE PERSONA DIFERENTE AL INTERESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). (transcripción).
Pero para efectos electorales, la ley exige que:
Para la inscripción en el padrón electoral se asentara, entre otros datos, el apellido paterno, apellido materno y nombre completo (Articulo 148.1.a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).
La solicitud de registro de candidaturas se asentara, entre otros datos de los candidatos, el apellido paterno, apellido materno y nombre completo... En la solicitud se deberá asentar bajo protesta de decir verdad ...copia del acta de nacimiento y de la credencial para votar... (fracción I y penúltimo párrafo del Articulo 179 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato).
Así mismo, se irroga y causa agravio con ello, el artículo 179 fracción I; ya que el Partido Acción Nacional por sí y por conducto de las personas que postulan, utilizan fuera de la ley un patronímico que no les corresponde lo cual es contrario a la ley por lo que no cuida que su conducta y la de sus miembros se conduzca conforme a la ley y sin violentar la misma y el utilizar un nombre que legalmente no les corresponden, es un acto ilegal a todas luces y podría implicar incluso la comisión de un ilícito de tipo penal.
En vista de que el Tribunal de Alzada se dio perfecta cuenta del error en cuanto a la solicitud de registro de una persona cuyo nombre no concuerda fielmente con el que le asentaron en su acta de nacimiento y de que los documentos que presentaba no eran idóneos para acreditar la corrección legal del mismo, debió de declarar inelegibles a las personas ya mencionadas, considerando que la credencial para votar no coincide con el nombre del registrado.
Por las violaciones que quedaron de manifiesto, se desprende claramente el agravio que causa la resolución que se impugna mediante el presente ocurso por lo que el presente agravio por sí mismo, es suficiente por tenerlo como fundado y en consecuencia, ordenar que se declaren inelegibles a los CC. ROLANDO GUERREROBARAJAS y LUIS RIVERA GARCIA, Candidatos a ocupar los puestos de Síndicos Propietario y Suplente, JOSE LUIS TELLEZ SANTANA candidato a ocupar el puesto de Segundo Regidor Propietario y JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ Candidato a ocupar el puesto de Cuarto Regidor Propietario, postulados por el Partido Acción Nacional ya que, de aprobarse su elegibilidad, se tendría como candidatos electos a unas personas que legalmente no existen y por ende las cuales no fueron votadas.
Habrá que considerar también que dentro de la falta de fundamentación y motivación de la responsable, nos deja en estado de indefensión en cuanto a que de su resolución no se desprende qué calidad le otorga a cada uno de los documentos, esto es, públicos o privados, como para darle valor probatorio pleno en los términos del artículo 320 electoral, pues a juicio de quien escribe, las actas notariales, sin perjuicio de la prohibición legal para su expedición, revisten la calidad de documento privado por no constar al Notario los hechos de los que depusieron los testigos, y siendo privado el documento el responsable debió de motivar su razón para ser valorados como prueba plena.
FUENTE DE AGRAVIO.- Considerando Quinto de la resolución de fecha 1° primero de agosto de 2000 dos mil dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en el expediente numero 12/2000 AP., mediante la cual en la parte medular se dice "...Analizado el expediente quien ocupará el cargo de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Partido Acción Nacional, se diluce que no se aprecia ninguna falta de requisito de elegibilidad, tampoco ninguna incompatibilidad para que pueda acceder al cargo público para el que fueron electos...".
De esta tesis se diluce con claridad que con independencia de que la recurrente manifiesta su agravio en forma no específica, obliga a esta Sala de Segunda Instancia a hacer el análisis del expediente que para el registro de candidatos, presento la planilla que ahora resulta ser la ganadora en la elección municipal, procediendo a realizarse la verificación, limitada a los aspectos que obren en el expediente, que si son de carácter formal, y en virtud de que la recurrente jamas aportó prueba tendiente a acreditar la ausencia de algún requisito o incompatibilidad, de alguno de los candidatos, por ello solo se limita la supervisión del expediente referido.
Expediente que de acuerdo a las facultades que para mejor proveer hizo prevalecer esta Sala de Segunda Instancia, ante la omisión que como obligación tenía la Sala de Primer Grado, con fundamento en el artículo 323 trescientos veintitrés del Código Electoral, se hace el análisis de los expedientes de la planilla ganadora, relativa a los CC. OSCAR ARROYO DELGADO, Candidato electo a Presidente Municipal; ROLANDO GUERRERO BARAJAS y LUIS RIVERA GARCIA, Candidatos electos a Síndicos Propietario y Suplente, respectivamente; MARCO ESQUEDA REYES y FELIX MELENDEZ RAMIREZ, electos Primer Regidor, Propietario y Suplente respectivamente; JOSE LUIS TELLEZ SANTANA y NOE RICO OROZCO, electos Segundo Regidor, Propietario y Suplente respectivamente; AIDE PATRICIA JUAREZ ALVAREZ y CARLOS CERVANTES CERVANTES, electos Tercer Regidor, Propietario y Suplente correlativamente; JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ y CELIA AMARO PASTRANA, Cuarto Regidor, Propietario y Suplente sucesivamente; JOSE LUIS PEREZ ARREDONDO, Quinto Regidor Propietario. Analizando el expediente quien ocupara el cargo de presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Partido Acción Nacional, se diluce que no se aprecia ninguna falta de requisito de elegibilidad, tampoco ninguna incompatibilidad para que pueda acceder al cargo público para el que fueron electos. Documentos examinados que por estar debidamente certificados, aún y cuando unos son de orden privado y otros de orden publico, en su conjunto todos ellos tienen valor probatorio pleno de acuerdo al numeral 320 trescientos veinte del Código de la materia,. Sin que pase por alto que el consejo respectivo, solo envio los expedientes pertenecientes al Partido Acción Nacional, sin que haya enviado los expedientes pertenecientes de quienes resultaron asignados como regidores de otros partidos políticos, por tanto, dicho pronunciamiento solo es en cuanto a quienes se tuvo su documentación en el sumario, presumiéndose que el resto cumplen con los requisitos de elegibilidad, puesto que no fue cuestionada. Por eso, el agravio que se invoca en esta parte, resulta ser inexistente, por tanto por lo que hace a las cuestiones alegadas ninguna lesión le causa a quien recurre en vía de apelación.
La facultad de revisión de los expedientes, también las realiza esta Sala de Segunda Instancia con las facultades de plena jurisdicción, que como Sala de Apelación tiene, al no estar contemplada la figura procesal del reenvío, y de ella también se desprende que en la especie no se actualiza, ni existe prueba alguna, para efecto de la declaratoria que contempla el articulo 332, fracción IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Guanajuato."
Toda vez que se viola en perjuicio de mi representada los numerales 8° fracción V, 9 fracción I, 45 del Código Electoral del Estado en relación con la fracción I del artículo 179 del mismo ordenamiento en virtud de que el Tribunal Estatal Electoral al afirmar que "...no se aprecia ninguna falta de requisito de elegibilidad, tampoco ninguna incompatibilidad para que pueda acceder al cargo publico para el que fueron electos.", agravia al partido que represento, pues de su actuación se desprende la parcialidad, ligereza, falta de fundamentación y motivación con que trataron el punto en cuestión.
En este orden de ideas y de la lectura que se haga del considerando quinto en la parte relativa al análisis de los requisitos de elegibilidad de los candidatos que integran la planilla triunfadora y transcrita en el inicio de este agravio, encontramos que el Tribunal de Alzada Responsable, no agoto el principio de exhaustividad y legalidad que debe regir en toda resolución judicial, máxime en tratandose de cuestiones de gran trascendencia, como lo es la elegibilidad de los candidatos, requisitos que podemos entender como las circunstancias personales (ciudadanía, edad, residencia, etc..) laborales (no desempeñar o haber desempeñado en cierto tiempo anterior a la elección, cargos definidos dentro del servicio publico), formales (estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar, etc..), que de no reunirlos, la persona a quien un partido político postula como candidato le impiden o le incapacitan para ocuparlo.
Establecido lo anterior y relacionándolo con lo expuesto por el tribunal responsable, arribamos a la conclusión que el responsable se condujo con falta de fundamentación y motivación en su resolución violando con ello el principio de legalidad y seguridad jurídica consagrados tanto como garantía individual como garantía política-electoral en la Constitución General de la República.
Así es causa de agravio, el estado de indefensión en que nos coloca la autoridad responsable al expresar: "...Analizando el expediente quien (sic) ocupará el cargo de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Partido Acción Nacional, se diluce que no se aprecia ninguna falta de requisito de elegibilidad, tampoco ninguna incompatibilidad para que pueda acceder al cargo publico para el que fueron electos. Documentos examinados que por estar debidamente certificados, aun y cuando unos son de orden privado y otros de orden publico, en su conjunto todos ellos tienen valor probatorio pleno de acuerdo al numeral 320 trescientos veinte del Código de la materia .", expresión que es violatoria de los artículos 318, 320 y 327 del Código electoral del Estado, refiriendo los dos primeros a la calidad y valoración de las pruebas documentales y el tercero a los requisitos que debe de cumplir el juzgador en su resolución. Así encontramos que, si bien es cierto que el artículo 320 contiene reglas específicas para la valoración de las documentales publicas y privadas, también lo es que la fracción IV del articulo 327 impone al juzgador la obligación de examinar y valorar las pruebas ofrecidas o de las que obren en el expediente, en consecuencia y al no desprenderse del texto de la sentencia, el detalle de la documental revisada y la calificación de pública o privada a cada una de ellas, según sus características y la valoración motivada de las mismas, se viola el principio de legalidad en agravio de mi representado.
Ahora bien, si la autoridad responsable hubiese hecho la revisión de los expedientes de cada uno de los CC. OSCAR ARROYO DELGADO, Candidato electo a Presidente Municipal; ROLANDO GUERRERO BARAJAS y LUIS RIVERA GARCIA, Candidatos electos a Síndicos Propietario y Suplente, respectivamente; MARCO ESQUEDA REYES y FELIX MELENDEZ RAMIREZ, electos Primer Regidor, Propietario y Suplente respectivamente; JOSE LUIS TELLEZ SANTANA y NOE RICO OROZCO, electos Segundo Regidor, Propietario y Suplente respectivamente; AIDE PATRICIA JUAREZ ALVAREZ y CARLOS CERVANTES CERVANTES, electos Tercer Regidor, Propietario y Suplente correlativamente; JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ y CELIA AMARO PASTRANA, Cuarto Regidor, Propietario y Suplente sucesivamente; JOSE LUIS PEREZ ARREDONDO, Quinto Regidor Propietario, conforme a las reglas del procedimiento, se gubiese percatado que ninguno de los revisados cumple con el requisito de elegibilidad marcado en la fracción I del artículo 9 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual exige estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar, esto es, este requisito de elegibilidad e interpretado jurídica y gramaticalmente se entiende en atención a la conjunción copulativa "y" como que se debe de reunir dos requisitos a saber: el primero.- estar inscrito en el padrón electoral y el segundo.- contar con credencial para votar, requisitos de aspecto positivo demostrable con la documental publica consistente en la certificación expedida por la autoridad electoral y obviamente con la propia credencial para votar, es pertinente hacer la aclaración de que el hecho de tener credencial para votar no implica necesariamente estar inscrito en el padrón electoral, por una diversidad de razones que no son materia de este estudio.
En este orden de ideas, habrá que entrar en estudio de quiénes son las entidades electorales competentes para expedir la documentación comprobatoria del requisito de elegibilidad en cuestión, así encontramos que en los artículos 140, 142 y 143 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que para la incorporación al Padrón Electoral se requerira solicitud individual en que consten firma, huella digital y fotografía del ciudadano y en el párrafo 2. del mismo numeral se ordena que con base en la solicitud de incorporación al padrón electoral LA DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EXPEDIRA LA CORRESPONDIENTE CREDENCIAL PARA VOTAR, con lo cual se establece la entidad competente emisora de la credencial para votar y cumplir con ella el requisito de elegibilidad consistente en contar con la misma.
Por otro lado la certificación de estar inscrito en el Padrón Electoral, la expide en todos los casos de los integrantes de la planilla triunfadora, ya mencionada en lineas anteriores, el C. Martín Alonso Martínez Pérez, Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guanajuato, funcionario publico electoral que carece de facultades legales y competenciales para así hacerlo, por tanto los candidatos de la planilla triunfadora de Acción Nacional, no acreditan en forma veraz y auténtica el requisito de elegibilidad de estar inscritos en el padrón electoral como lo exige el articulo 9, fracción I, del Código de la Materia, máxime que la autoridad responsable en su resolución no examinó ni valoró la documental a que me refiero al inicio de este párrafo, ya que habrá que reiterar que solo se limito a expresar que las documentales tienen valor pleno, valor que con las siguientes reflexiones habré de destruir, inclusive se debera desechar tal documento como elemento probatorio, pues ni siquiera indicios o presunciones se pueden desprender del mismo, dada calidad de ilegal su expedición.
Para arribar a la conclusión anterior, analizaremos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los siguientes artpiculos:
En el artículo 68.1, se señala que el Instituto Federal Electoral es el responsable del ejercicio de la función de organizar las elecciones; el articulo 69.1.c) y 3. establece que son fines del Instituto (IFE) el integrar el Registro Federal de Electores y que la desconcentración será la base de su organización; 92, señala las atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, entre las cuales se encuentran, a) formar el catalogo general de electores, d) formar el padrón electoral y e) expedir la credencial para votar; los artículos 98 y 99 establecen la existencia de delegaciones en la capital de la entidad federativa y dentro de las cuales se encuentra la Junta Local Ejecutiva y como parte de esta la Vocalía del Registro Federal de Electores; los artículos 108 y 109, establecen la existencia de juntas distritales ejecutivas en cada uno de los trescientos distritos electorales uninominales, en las cuales también se incorpora la vocalía del Registro Federal de Electores; el artículo 135.1 clara y expresamente dispone que el Instituto Federal Electoral, prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus vocalías en las Juntas Locales y Distritales, LOS SERVICIOS INHERENTES AL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, por lo que siendo sección del Registro Federal de Electores la del Padrón Electoral (artículo 136.2) y en el padrón electoral constan los nombres de los ciudadanos consignados en el catalogo general de electores (articulo 137.2; 142.1) y quien expide la credencial para votar es el Instituto Federal Electoral por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (artículos 140.1; 142.1; 143.2), de la interpretación armónica e integradora de los preceptos legales citados arribamos a la conclusión que el funcionario competente para expedir la certificación de inscripción en el padrón electoral, lo es el Vocal del Registro Federal de Electores y no el vocal secretario, quien tiene sus funciones perfectamente delimitadas en el artículo 109.3 siendo las de auxiliar al Vocal Ejecutivo en las tareas administrativas de la junta y por tanto carece de fe pública para certificar actos o hechos que no son de su esfera de trabajo y siendo ineficiente la certificación con que se pretende acreditar un requisito de elegibilidad, se debe de declarar inelegibles a los candidatos de la planilla triunfadora propuesta por el Partido Acción Nacional, integrada por los CC. OSCAR ARROYO DELGADO, Candidato electo a Presidente Municipal; ROLANDO GUERRERO BARAJAS y LUIS RIVERA GARCIA, Candidatos electos a Síndicos Propietario y Suplente, respectivamente; MARCO ESQUEDA REYES y FELIX MELENDEZ RAMIREZ, electos Primer Regidor, Propietario y Suplente respectivamente; JOSE LUIS TELLEZ SANTANA y NOE RICO OROZCO, electos Segundo Regidor, Propietario y Suplente respectivamente; AIDE PATRICIA JUAREZ ALVAREZ y CARLOS CERVANTES CERVANTES, electos Tercer Regidor, Propietario y Suplente correlativamente; JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ y CELIA AMARO PASTRANA, electos Cuarto Regidor, Propietario y Suplente sucesivamente; JOSE LUIS PEREZ ARREDONDO y JOSE PRIMITIVO RANGEL GRANADOS, electos Quinto Regidor Propietario y suplente respectivamente.
En conclusión se causa agravios al Partido que represento el acto que se impugna ya que dicha Resolución carece de certeza, objetividad, congruencia y legalidad, misma que se genera derivada de la falta de profesionalismo evidente en la actuación del Tribunal Electoral del Estado la cual, al soslayar sus atribuciones legales de examinar y valorar las pruebas y resolver fundada y motivadamente genera los vicios constitutivos de la ilegalidad del acto impugnado, por lo que se deberá reparar los agravios causados por la responsable, declarando inelegibles a los candidatos electos, siendo esto factible porque aun no se cierran los plazos electorales, concluyendo estos el día 10 de octubre del año en curso con la toma de posesión del ayuntamiento, por lo que existe el tiempo necesario para la reparación solicitada.
VIII. El ocho de agosto de dos mil, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio número TEE-PCIA.-188/2000, de seis de agosto del mismo año, por el cual el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, remitió: A) El escrito inicial de demanda de juicio de revisión constitucional electoral suscrito por Ma. del Pueblito Cervantes Colunga, ostentándose como representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Allende, Guanajuato; B) Los expedientes números 12/2000-AP, y 23/2000-II, relativos, respectivamente, al recurso de apelación y al recurso de revisión, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional, y C) El informe circunstanciado de ley.
IX. El ocho de agosto de dos mil, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó que se turnara el expediente SUP-JRC-269/2000 al magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; acuerdo cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-1247/2000, de la misma fecha, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.
X. El once de agosto de dos mil, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el oficio número TEE-PCIA.-214/2000, de nueve de agosto del mismo año, a través del cual el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, informa sobre la conclusión del plazo legal de publicitación del presente medio de impugnación y la no comparecencia de tercero interesado dentro del mismo.
XI. El catorce de agosto de dos mil, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el oficio número TEE-SG-OFICIO 22/2000, de once de agosto del mismo año, a través del cual el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, remite a esta Sala Superior la documental consistente en copia fotostática de actas y constancias relacionadas con la elección ordinaria del ayuntamiento del Municipio de Allende, Guanajuato.
XII. El siete de septiembre de dos mil, el magistrado electoral encargado de la sustanciación del presente juicio de revisión constitucional electoral, acordó: A) Tener por recibido el expediente SUP-JRC-269/2000, radicándolo en la ponencia para su sustanciación; B) Reconocer la personería de Ma. del Pueblito Cervantes Colunga, como representante del partido político actor, conforme con lo establecido en los artículos 18, párrafo 2, inciso a), y 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como por señalado domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones y por autorizadas, para tales efectos, a las personas que indica en su escrito de demanda; C) Tener por satisfechos, para la sustanciación del presente juicio, los requisitos generales y especiales de procedibilidad previstos en los artículos 9, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en particular, el relativo a que la pretensión del actor pudiera llegar a ser determinante para el resultado final de la elección, toda vez que de resultar fundada, se actualizarían las causas de nulidad de la elección del ayuntamiento de mérito, consistentes en la inelegibilidad tanto de Presidente y síndicos, como de regidores, de la planilla que obtuvo la mayoría de la votación, razón por la cual se admitió a trámite la demanda relativa al presente juicio de revisión constitucional electoral, y D) En virtud de que no existía algún trámite pendiente de realizar, declarar cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo establecido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político nacional en contra de la resolución definitiva dictada por el tribunal electoral de una entidad federativa, competente para resolver controversias que surjan durante la calificación de los comicios locales.
SEGUNDO. Toda vez que en el presente juicio no se opuso causa de improcedencia alguna ni esta Sala Superior advierte, de oficio, que se actualice alguna de ellas, procede realizar el estudio de fondo del asunto planteado.
De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el partido político actor fundamentalmente alega que la autoridad responsable, al tener por acreditados los requisitos de elegibilidad respecto de los integrantes de la planilla triunfadora en la elección de ayuntamiento del Municipio de Allende, Guanajuato, transgredió los artículos 14, 16, 17, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1°, 3, 8, fracciones I, II, V, 9, fracción I, 45, 46, 179, 253, 318 y 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, al haber realizado una indebida valoración de pruebas e inobservado, entre otros, los principios de legalidad, certeza, objetividad y congruencia.
Al efecto, el ahora enjuiciante aduce que el tribunal responsable debió tener por no acreditada la elegibilidad de los integrantes de la planilla ganadora de la citada elección municipal, argumentando ante esta instancia constitucional básicamente dos aspectos que, en su opinión, no fueron tomados en consideración por el tribunal responsable:
A. Que los candidatos que obtuvieron el triunfo como síndicos, tanto propietario como suplente, así como quienes resultaron vencedores a los cargos de segundo regidor y cuarto regidor, propietarios, ostentan en sus actas de nacimiento únicamente el primero de sus apellidos, y no el segundo, siendo que de manera incongruente e injustificada, según asevera el propio actor, en sus registros como candidatos se contienen ambos apellidos. Al respecto, plantea el promovente, las actas notariales que con el fin de acreditar sus nombres completos presentaron los citados candidatos al integrar sus expedientes, no son los documentos legalmente idóneos para ello, toda vez que, según lo ordena la legislación civil del Estado, las modificaciones o rectificaciones de las actas del estado civil de las personas sólo pueden ser del conocimiento del poder judicial.
B. Que los candidatos electos a los cargos de Presidente municipal, síndicos (propietario y suplente), primer regidor (propietario y suplente), segundo regidor (propietario y suplente), tercer regidor (propietario y suplente), cuarto regidor (propietario y suplente), y quinto regidor (propietario), omitieron acreditar debidamente el requisito de elegibilidad consistente en estar inscritos en el padrón electoral, toda vez que la constancia que presentaron para tal efecto, afirma el partido político actor, les fue expedida por el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guanajuato, y no por el Vocal del Registro Federal de Electores, quien, al decir del ahora enjuiciante, era la autoridad competente para ello.
Los agravios hechos valer por el partido político actor en su escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral son, respectivamente, infundados e inoperantes, por las razones jurídicas que se mencionan a continuación:
De manera previa, cabe destacar que este órgano jurisdiccional federal advierte, de una lectura integral de la sentencia impugnada, que el pleno del tribunal hoy responsable sostiene, por lo que se refiere al punto considerativo que constituye la materia del presente medio de impugnación, que el análisis de los requisitos de elegibilidad relativos a los candidatos impugnados se realizó en términos de las constancias agregadas en el expediente respectivo al registro de la planilla triunfadora en el Municipio de Allende, Guanajuato, y como el entonces recurrente, continua su exposición la ahora responsable, no aportó pruebas tendentes a acreditar que los citados candidatos impugnados no reunían algún requisito de elegibilidad o adolecían de cierta incompatibilidad para el desempeño del cargo para el que fueron electos, dicha autoridad procedió al análisis del expediente referido y determinó en su resolución que no faltaba requisito de elegibilidad alguno ni tampoco se actualizaba alguna incompatibilidad respecto de los candidatos impugnados y que resultaron electos para ocupar diversos cargos en el Municipio de Allende, convicción que soportó con el examen de los documentos públicos y privados que en copia certificada se encontraban agregados en los expedientes administrativos de cada uno de ellos, formados con motivo del registro de la planilla que en su momento presentó el partido político que obtuvo el triunfo, documentales a las cuales otorgó valor probatorio pleno en términos del artículo 320 del código electoral local.
I. Por lo que hace al agravio sintetizado en el apartado A precedente, resulta incorrecta la afirmación del partido político actor al pretender desvirtuar la actuación de la autoridad ahora responsable durante el examen realizado a los expedientes respectivos al registro de la planilla triunfadora en el Municipio de Allende, puesto que el enjuiciante parte de una apreciación falsa, al confundir la identidad de las personas que resultaron electas a los cargos de síndico (propietario y suplente), segundo regidor y cuarto regidor (propietarios), del ayuntamiento del Municipio de Allende, Guanajuato, con la omisión del asentamiento de sus segundos apellidos en sus respectivas actas de nacimiento, lo cual obedece a situaciones distintas que en nada afectan, a juicio de esta Sala Superior, la elegibilidad de los mencionados candidatos.
En efecto, las constancias que obran en los expedientes a que se ha hecho referencia producen para esta Sala Superior, en el caso bajo estudio, la certidumbre sobre la identidad de las personas que como candidatos del Partido Acción Nacional a los cargos de síndico (propietario y suplente), segundo regidor (propietario) y cuarto regidor (propietario), fueron registradas para contender en la elección del ayuntamiento del Municipio de Allende, Guanajuato, del dos de julio de dos mil. Identidad plenamente reconocida, de manera pública y notoria, a lo largo de todo el proceso electoral por las autoridades y los diversos actores electorales, incluido, desde luego, el momento en que el Consejo Municipal Electoral celebró la sesión de cómputo municipal, declaró la validez de la elección y entregó las respectivas constancias de mayoría a la planilla triunfadora.
La identidad de las personas mencionadas se hace evidente, a tal grado, que el propio partido político actor en su escrito inicial de demanda no la cuestiona, y sí, por el contrario, la reconoce, al sostener que estas personas, plenamente identificadas, no han realizado ante el poder judicial local el trámite idóneo para rectificar o modificar su nombre y, de manera específica, para enmendar la omisión del registro de sus segundos apellidos en las respectivas actas de nacimiento. De lo cual se desprende, con total claridad, que ni el propio actor pone en duda la identidad de los candidatos electos, cuestionando únicamente el hecho de que no hubiesen efectuado los trámites idóneos ante la autoridad jurisdiccional competente para llevar a cabo la correspondiente adecuación en sus respectivas actas de nacimiento, consistente en la omisión del registro de sus segundos apellidos.
Ahora bien, por lo que hace a la inelegibilidad que el partido político hoy inconforme hace consistir en la aparente incompatibilidad existente entre los nombres de los candidatos electos que aparecen en sus actas de nacimiento y sus nombres completos, asentados en los registros de sus candidaturas a los multicitados cargos de elección popular, lo que, esgrime el partido político actor, no fue apreciado por el tribunal hoy responsable, en consideración de este órgano jurisdiccional federal resulta inexacto, tal y como a continuación se funda y motiva.
En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 179, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los candidatos del Partido Acción Nacional a los cargos de síndico, propietario y suplente, segundo regidor propietario, y cuarto regidor propietario, del ayuntamiento del Municipio de Allende, Guanajuato, al solicitar el registro de sus candidaturas señalaron, entre otros datos, sus nombres, integrados por "apellidos paterno, materno y nombre completo"; en ese sentido, se registraron respectivamente los nombres de ROLANDO GUERRERO BARAJAS, LUIS RIVERA GARCIA, JOSE LUIS TELLEZ SANTANA y JORGE RAMON CHIQUETE GOMEZ. Sin embargo, observa el partido político impugnante, en las copias certificadas de las actas de nacimiento que estas personas acompañaron a sus solicitudes de registro, sólo se asientan sus primeros apellidos, con omisión de los segundos, es decir, sólo aparecen anotados como nombres de las citadas personas los de ROLANDO GUERRERO, LUIS RIVERA, JOSE LUIS TELLEZ y JORGE RAMON CHIQUETE, por lo que no es dable tener por acreditados los nombres completos con que se ostentan, máxime, dice el actor, que pretenden acreditar los mismos a través de instrumentos notariales que no son los documentos idóneos para hacer rectificaciones o modificaciones de nombre, toda vez que por disposición legal sólo compete al órgano jurisdiccional realizar este tipo de actuaciones.
Al respecto, es necesario puntualizar lo siguiente:
De acuerdo con la legislación civil del Estado de Guanajuato, las rectificaciones y modificaciones a las actas del estado civil de las personas son competencia del poder judicial local, por lo que sólo para efectos de dilucidar la impugnación electoral planteada sobre el supuesto incumplimiento del requisito de elegibilidad de los candidatos mencionados, esta Sala Superior, en ejercicio de sus atribuciones, advierte que, de los expedientes relativos al registro de la planilla que obtuvo el triunfo en la elección en el Municipio de Allende, mismos que tuvo a la vista el pleno del tribunal responsable en el momento de dictar la sentencia cuya constitucionalidad ahora se revisa, los documentos aportados por los ciudadanos de referencia son suficientes para acreditar su identidad tanto al registrar sus candidaturas como al momento de ser declarados triunfadores del proceso electoral de mérito.
En efecto, con independencia de los trámites jurisdiccionales de orden civil que dichas personas debieran realizar ante las autoridades competentes para efecto de corregir posibles errores u omisiones en sus actas de nacimiento, de las documentales públicas aportadas por los citados candidatos a la autoridad electoral, se llega a la convicción de que son las mismas personas, reconocidas ampliamente por su comunidad y por las que la ciudadanía emitió su sufragio en la jornada electoral del dos de julio de dos mil, sufragios que, además, se hace jurídicamente indispensable preservar según lo previsto en la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable bajo el rubro "PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LOS ACTOS PUBLICOS VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACION EN LA DETERMINACION DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACION, COMPUTO O ELECCION", en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Suplemento número 2, Año 1998, páginas 19 y 20.
Por lo que hace a las multicitadas pruebas documentales públicas que se acompañaron a las solicitudes de registro de los candidatos mencionados y que obran agregadas en los expedientes administrativos de cada uno de ellos que, al efecto, formó la autoridad electoral, mismas cuya valoración le fue adjudicada por el pleno del tribunal responsable en términos de lo dispuesto en el artículo 320 de la ley electoral local en el momento de emitir la sentencia ahora reclamada, en consideración de esta Sala Superior, tal y como lo apreció el órgano jurisdiccional responsable, efectivamente tienen el valor probatorio pleno que les fue conferido, desprendiéndose de su examen lo siguiente:
De la lectura de las copias certificadas de las actas de nacimiento, a partir de las cuales finca su impugnación el partido político actor y sin que ello implique prejuzgar respecto de la posible enmienda de errores u omisiones contenidos en ellas, este órgano jurisdiccional electoral observa que, si bien es cierto, como lo asevera el actor, que al anotar el nombre de las personas mencionadas, las respectivas autoridades del registro civil sólo asentaron los nombres con los primeros apellidos, omitiendo los segundos, también lo es que puede presumirse fundadamente que esto obedeció a una omisión involuntaria, pues existen indicios suficientes para concluir que las personas que fueron registradas con sus nombres completos como candidatos, ahora electos, son las mismas que presentaron tales actas de nacimiento.
Así, de los datos que estrictamente interesan en el caso bajo estudio, se desprende que respecto del síndico propietario, Rolando Guerrero Barajas, en la copia certificada del acta de nacimiento del Juzgado del Registro Civil de San Miguel de Allende, Guanajuato, se observa que en la parte superior de dicha acta, frente al rubro "NACIMIENTO", así como frente al rubro "...por nombre", se asentó "GUERRERO ROLANDO", en tanto que del texto del propio documento se lee que los padres de dicha persona son Miguel Guerrero y Amparo Barajas. Asimismo, en el caso del síndico suplente, Luis Rivera García, en la copia certificada del acta de nacimiento del Registro del Estado Familiar de Mineral del Monte, Hidalgo, si bien se asienta frente al rubro "NOMBRE", el de "LUIS RIVERA", al anotarse el nombre de sus padres se lee, Emigdio Rivera y Francisca García. Por lo que respecta al segundo regidor propietario, José Luis Téllez Santana, de la copia certificada del acta de nacimiento de la Oficialía del Registro Civil de San Miguel Allende, Guanajuato, si bien frente al rubro "NOMBRE", aparece el de "JOSE LUIS TELLEZ", en el apartado correspondiente a los datos de sus padres se anota, Fausto Téllez y Esperanza Santana. Finalmente, en cuanto hace al cuarto regidor propietario, Jorge Ramón Chiquete Gómez, si bien frente a los rubros "Niño" y "...por nombre", de la copia certificada del acta de nacimiento de la Oficialía del Registro Civil de Tuxpan, Nayarit, se anota "JORGE RAMON CHIQUETE", también se asienta que sus padres son Manuel Chiquete y Vicenta Gómez. Los datos anteriores confirman en esta Sala Superior una fundada presunción de que se trata de las mismas personas, sin que ello implique, se insiste nuevamente, que se subsanen posibles errores u omisiones en dichos documentos ni, menos aún, que en su oportunidad se sometan al conocimiento de la autoridad local competente para que ésta resuelva lo que considere conducente en la materia del registro civil de las personas.
Aunado a lo anterior, cada uno de los cuatro candidatos electos mencionados acompañó diversos documentos públicos en los que se hace constar sus nombres completos, es decir, sus nombres con sus dos apellidos. De esta manera, Rolando Guerrero Barajas acompañó copia certificada de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral; constancia de domicilio y residencia, expedida por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Allende, Guanajuato; carta de no antecedentes penales, expedida por la Coordinación General de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato; constancia de inscripción en el padrón electoral, expedida por el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, así como el primer testimonio de la escritura pública número seis mil trescientos noventa y nueve, expedido por el Notario Público número 12, de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Por su parte, Luis Rivera García acompañó, a la solicitud de registro como candidato, como documentos públicos en los que constan sus dos apellidos, los consistentes en copia certificada de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral; carta de no antecedentes penales, expedida por la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato; constancia de inscripción en el padrón electoral, expedida por el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, así como el testimonio de la escritura pública número seis mil cuatrocientos cuatro, expedido por el Notario Público número 12, de San Miguel de Allende, Guanajuato.
A su vez, José Luis Téllez Santana aportó a la solicitud de registro respectiva los siguientes documentos: copia certificada de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral; constancia de domicilio y residencia, expedida por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Allende, Guanajuato; carta de no antecedentes penales, expedida por la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato; constancia de inscripción en el padrón electoral, expedida por el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, así como el primer testimonio de la escritura pública número seis mil cuatrocientos, expedido por el Notario Público número 12, de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Finalmente, Jorge Ramón Chiquete Gómez exhibió, para que fueran acompañadas a la correspondiente solicitud de su registro como candidato, las siguientes documentales en donde constan sus dos apellidos: copia certificada de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral; constancia de domicilio y residencia, expedida por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Allende, Guanajuato; carta de no antecedentes penales, expedida por la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato; constancia de inscripción en el padrón electoral, expedida por el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, así como el primer testimonio de la escritura pública número seis mil trescientos noventa y cinco, expedido por el Notario Público número 12, de San Miguel de Allende, Guanajuato.
De la revisión efectuada a la anterior documentación y que es la que tuvo a la vista la autoridad responsable, se concluye que todas y cada una de ellas permiten arribar a la convicción de que efectivamente, tal y como lo sostiene el pleno del tribunal electoral local, las personas mencionadas, si bien pudieran tener en sus respectivas actas de nacimiento el error u omisión al que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, se han acreditado con sus nombres completos y así se les ha reconocido ante diversas autoridades, nombres completos con los que participaron dentro del proceso electoral local celebrado en el Estado de Guanajuato y respecto del cual resultaron triunfadoras para ocupar los cargos municipales aludidos en el contenido de la presente resolución, confirmándose con ello su identidad y el cumplimiento del requisito de elegibilidad cuestionado a través del presente medio de impugnación por el partido político actor.
Por lo que hace a los instrumentos notariales supracitados, relacionados con los argumentos que a manera de agravio formula el partido político actor, esta Sala Superior llega a la conclusión de que, contrariamente a lo que alega dicho partido político, los mismos son apropiados, en razón de que del contenido de esas documentales no se desprende en forma alguna que tales actuaciones pretendan suplir a las actas de nacimiento, tampoco que busquen obtener la rectificación o modificación de los nombres de las personas ni, menos aún, que intenten suplantar la competencia que legalmente corresponde al poder judicial local -según advierte equivocadamente el partido político actor- para conocer y resolver de asuntos relacionados con la rectificación y modificación a los nombres de las personas.
En efecto, los cuatro instrumentos notariales bajo estudio, expedidos por el licenciado Manuel García García, Notario Público número 12 de San Miguel de Allende, Guanajuato, similares en su forma y contenido, tienen por finalidad el esclarecimiento sobre la identidad de una persona y no la rectificación o enmienda de sus nombres y apellidos; constituyen diligencias desahogadas ante un fedatario público a quien, además de constarle personalmente la identidad del solicitante, se le requiere para que interpele a los testigos presentados por el interesado y depongan sobre la identidad de este último, a lo que expresamente se limitan tales diligencias, haciéndose constar en su conclusión la identidad del compareciente. Tan no se desconoce la existencia y validez de las respectivas actas de nacimiento, que precisamente a partir del reconocimiento del error u omisión consignado en ellas, únicamente se pretende clarificar la identidad de las personas interesadas, sin perjuicio de dejar a salvo la vía jurisdiccional conducente para, en su caso, llevar a cabo ante la autoridad competente los trámites tendentes a corregir los errores u omisiones del caso.
Por todo ello, resulta inexacta la afirmación del impugnante al indicar que dichas actuaciones notariales están viciadas de nulidad por tratarse de actos que contravienen al artículo 31, fracción II, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, que prohíbe a los notarios intervenir en actos o hechos que por ley correspondan de manera exclusiva a algún funcionario público, refiriéndose en este caso a lo preceptuado en el artículo 137 del código civil local, que de manera expresa indica que la rectificación o modificación de un acta del estado civil no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste; agregando, el numeral 138 del propio ordenamiento, que ha lugar a pedir la rectificación cuando se solicite variar algún nombre, apellido u otra circunstancia que sea esencial o accidental, lo que no acontece en el caso bajo estudio, toda vez que si bien tanto el Código Civil como el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato contienen sendos capítulos para determinar los diversos aspectos sustantivos y adjetivos que regulan las rectificaciones y modificaciones de las actas del estado civil, las actuaciones notariales de mérito sólo se limitan a recoger el testimonio de personas sobre la identificación de los ciudadanos interesados (o como lo reconoce el propio actor, sólo refieren declaraciones que contienen simples manifestaciones unilaterales de voluntad a las cuales no se les puede repreguntar ni tachar, por lo que no son pruebas idóneas para acreditar el nombre de una persona ni mucho menos la corrección de un documento como lo es el acta de nacimiento), sin el fin de rectificar o modificar nombres o apellidos, de sustituir documentos únicos como las actas de nacimiento ni de resolver sobre posibles correcciones a ejecutarse en éstas, resultando por tanto aplicables, en este caso, los artículos 3° y 76 de la propia ley del notariado local, que reconocen tanto la competencia de los notarios para fedatar los hechos y actos a los que las personas deban o quieran dar autenticidad, como el deber de hacer constar la identidad de los comparecientes.
De lo anterior se concluye lo ineficaz del agravio bajo estudio y, en consecuencia, lo acertado de las consideraciones del pleno del tribunal responsable en el sentido de que en el caso concreto no opere la actualización de la inelegibilidad que alega el partido político actor respecto de los candidatos impugnados y que resultaron electos para ocupar diversos cargos en el Municipio de Allende, Guanajuato.
II. Respecto del segundo agravio sintetizado en el apartado B anterior, resulta inoperante la argumentación que hace valer el partido político actor, toda vez que, no obstante lo que esgrime sobre la supuesta ineficacia probatoria de las constancias expedidas por el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en esa entidad federativa, a partir de las cuales el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato consideró que los candidatos electos del Partido Acción Nacional (Oscar Arroyo Delgado, como Presidente Municipal; Rolando Guerrero Barajas y Luis Rivera García, como síndicos, propietario y suplente, respectivamente; Marcos Esqueda Reyes y Félix Meléndez Ramírez, como primer regidor, propietario y suplente; José Luis Téllez Santana y Noe Rico Orozco, segundo regidor, propietario y suplente; Aidé Patricia Juárez Alvarez y Carlos Cervantes Cervantes, como tercer regidor, propietario y suplente, respectivamente; Jorge Ramón Chiquete Gómez y Celia Amaro Pastrana, cuarto regidor, propietario y suplente; y José Luis Pérez Arredondo, como quinto regidor propietario) sí cumplieron con el requisito de elegibilidad previsto en el artículo 9, fracción I, del código electoral local, consistente en estar inscritos en el padrón electoral, a criterio de este órgano jurisdiccional federal no son suficientes para desvirtuar la determinación a la que llegó el mencionado tribunal responsable en el fallo que ahora se impugna, por lo que se explica a continuación.
En efecto, con independencia de que al partido político ahora enjuiciante le asista o no la razón respecto del cuestionamiento que formuló sobre la falta de competencia de quien expidió a los candidatos interesados la constancia de inscripción en el padrón electoral y, en consecuencia, la no acreditación del requisito de elegibilidad antes mencionado, esta Sala Superior advierte que ello en nada influiría sobre la conclusión de que dichas personas efectivamente sí cumplieron con tal requisito, toda vez que las mismas exhibieron al integrar sus respectivos expedientes, copia certificada de sus credenciales para votar con fotografía, expedidas por el Instituto Federal Electoral, las cuales demuestran la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral, según el criterio sostenido por esta misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el dieciséis de agosto de dos mil, por unanimidad de votos, el expediente SUP-JRC-165/2000, como a continuación se expone.
Las credenciales para votar con fotografía son expedidas a los ciudadanos interesados, como culminación de un detallado proceso de elaboración en el que la autoridad federal competente observa diversos requisitos ineludibles, entre ellos, el de la previa inscripción del ciudadano en el padrón electoral.
En efecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su Libro Cuarto (De los Procedimientos Especiales en las Direcciones Ejecutivas), Título Primero (De los Procedimientos del Registro Federal de Electores), artículos 135 a 166, regula lo relativo al registro federal de electores, que comprende, a su vez, al catálogo general de electores y al padrón electoral; estableciendo al mismo tiempo la normativa relativa a la credencial para votar con fotografía y su debida expedición.
De esta regulación se desprenden diversos aspectos que, para el caso bajo estudio, resulta oportuno analizar:
En términos de lo dispuesto en los artículos 136 y 137 del propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el registro federal de electores está compuesto por dos secciones, el catálogo general de electores y el padrón electoral. En la primera de ellas, es decir, en el catálogo general de electores, se consigna la información básica de los varones y mujeres mexicanos mayores de dieciocho años, recabada a través de la técnica censal total; en tanto que en la segunda, correspondiente al padrón electoral, constan los nombres de los ciudadanos inscritos en el catálogo general de electores y de quienes han presentado su solicitud de incorporación al padrón electoral, misma que es de carácter individual y en donde deben constar la firma, huella digital y fotografía del ciudadano, entre otros datos que se precisan en el artículo 148 del referido código, siendo dicha solicitud la base a partir de la cual la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores expide la correspondiente credencial para votar.
Así, para incorporarse al padrón electoral se requiere de una solicitud que cada ciudadano debe formular de manera individual, dando lugar con ello a la posterior expedición de la credencial para votar con fotografía, conforme con el siguiente procedimiento establecido en el artículo 144 del citado código electoral federal: a) Los ciudadanos deben acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral a fin de obtener su credencial para votar con fotografía; b) Para obtener dicha credencial, los ciudadanos deben identificarse a través de los medios o procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores; c) Cuando el ciudadano recibe su credencial debe firmarla y estampar su huella digital, previa identificación que realice ante el funcionario electoral que se la entregue, y d) Asimismo, se debe conservar la constancia de entrega de la credencial, con la referencia de los medios identificatorios presentados al efecto.
Por tanto, en términos de lo antes apuntado y de lo previsto en los artículos 140, 142 y 143 del mencionado ordenamiento legal, el Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, formará el padrón electoral con base en el catálogo general de electores y a partir de la solicitud individual presentada por el ciudadano, a quien incluirá en la sección correspondiente del registro federal de electores y expedirá la respectiva credencial para votar.
De esta manera, atendiendo a la regulación vigente que ha quedado precisada, la credencial para votar con fotografía se expide después de que los ciudadanos han seguido el procedimiento correspondiente para quedar inscritos en el padrón electoral, por lo que se hace evidente la carencia de sustento lógico y jurídico de la afirmación del partido político ahora actor, en el sentido de que los candidatos electos antes mencionados, no obstante contar con la credencial para votar con fotografía, no probaron a través del documento específico que el propio enjuiciante invoca como el único idóneo para ello, estar inscritos en el padrón electoral, debiéndoseles considerar por ello, como equivocadamente sostiene dicho actor, inelegibles.
En este orden de ideas, resulta inatendible el argumento del partido político actor, en el sentido de que toda persona que aspire a ocupar un cargo de elección popular debe presentar como único documento admisible para acreditar que está inscrito en el padrón electoral, una constancia expedida exclusivamente por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en virtud de que, como se ha argumentado y fundado con antelación, las credenciales para votar con fotografía conducen plenamente a acreditar tal requisito de elegibilidad, previsto en el artículo 9, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
A mayor abundamiento, resulta oportuno manifestar que, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 9, fracción I, 179 y 180, del mencionado código electoral local, se llega a la conclusión de que el requisito de elegibilidad que el enjuiciante esgrime que supuestamente no se cumple en el caso bajo estudio, es decir, el consistente en que los candidatos estén inscritos en el padrón electoral, no necesariamente debe acreditarse como lo pretende hacer valer el ocursante, con un documento específico e insustituible, emitido exclusivamente por la autoridad electoral federal que el actor considera competente, toda vez que entre los requisitos que la propia normativa legal exige para llevar a cabo el registro de candidatos, no se hace mención alguna a la presentación de ese hipotético documento o constancia destinado concretamente a comprobar tal inscripción en el padrón electoral, siendo que, de lo que sí se exige su presentación, es de copia de la credencial para votar, lo cual confirma lo antes argumentado en el sentido de que dicho documento, al ser consecuencia última de un procedimiento que contempla, entre otros aspectos, la inscripción en el padrón electoral, sirve como prueba suficiente para demostrar tal hecho. Asimismo, tan no se requiere ni se requirió la constancia específica cuya supuesta existencia pretende hace valer el actor, que los candidatos de mérito no fueron requeridos por la autoridad electoral local a efecto de que subsanaran dentro de los plazos legales la pretendida omisión.
Conforme con lo antes precisado, este órgano jurisdiccional federal concluye que tal y como lo apreció el pleno del tribunal responsable, los candidatos del Partido Acción Nacional, electos en la jornada electoral del dos de julio de dos mil para ocupar los cargos antes señalados en el ayuntamiento del Municipio de Allende, Guanajuato, sí reúnen los requisitos de elegibilidad cuestionados por el partido político actor en el presente juicio de revisión constitucional electoral.
Es por ello que, en mérito de las consideraciones que se han expuesto, al resultar infundados o inoperantes, según el caso, los agravios que hace valer el partido político actor en su escrito inicial de demanda, lo procedente es que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, el primero de agosto de dos mil, en el toca 12/2000-AP, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 184; 185; 187, y 199, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1; 2; 3, párrafos 1, inciso a), y 2, inciso d); 6, párrafos 1 y 3; 19; 22; 24; 25; 26; 27; 28, y 86 a 93, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
UNICO. Se confirma la resolución de primero de agosto de dos mil, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, dentro del recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional, con el número de toca 12/2000-AP.
Notifíquese personalmente al actor, en el domicilio ubicado en Segunda Privada de la Luz, número 13 trece, Colonia San Simon, Código Postal 03660, Delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México, Distrito Federal; por oficio, con copia certificada anexa de la presente sentencia, al Tribunal responsable y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que, a su vez, este último notifique al Consejo Municipal Electoral de Allende, Guanajuato, así como por estrados a los demás interesados. Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

References: resolución 
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 artículo 323
 artículo 332
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 artículo 323
 artículo 332
 artículo 179
 artículo 138
 artículo 318
 artículo 31
 artículo 137
 artículo 179
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 artículo 320
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 artículo 323
 artículo 179
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 artículo 320
 artículo 9
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 artículo 68
 artículo 135
 artículo 109
 Resolución 
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 artículo 320
 artículo 179
 artículo 320
 artículo 31
 artículo 137
 artículo 9
 artículo 148
 artículo 144
 artículo 9
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