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Reos | Honduprensa
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Publicado por honduprensa en Uncategorized el 19 octubre, 2015
Publicado por honduprensa en La Prensa el 12 agosto, 2015
12 Aug 2015 / 11:08 PM / Marilyn Méndez y César Panting
Reclusos confinados en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional toman el sol en jaulas bajo medidas extremas. Fotos: LA PRENSA
Nacionalistas cabildearán para habilitar voto de militares, policías y prisioneros
Publicado por honduprensa en Criterio el 25 mayo, 2015
25 mayo, 2015 | Filed under: Política | Posted by: Editor
Tegucigalpa. Permitir a los militares, policías y privados de libertad que ejerzan el sufragio en la próxima contienda electoral, es casi un hecho que será parte de las reformas electorales que se pondrán en el tapete de la discusión pública e, incluso, las autoridades electorales consideran que los elementos de las Fuerzas Armadas son irremplazables en la tareas electorales.
Otorgar el derecho al voto a los militares pasa por una reforma constitucional, que requiere de dos legislaturas y de 86 votos de los diputados del Poder Legislativo.
El tema ya se comienza a discutir, luego que el Tribunal Constitucional del Poder Judicial abriera la posibilidad para la no aplicabilidad del artículo 232 de la Constitución de Honduras, que abrió paso a la reelección presidencial, al margen del planteamiento de la magistrada Silvia Santos, que “aclaró” que no se ha habilitado la controvertida figura.
Amparado en esa resolución, el diputado nacionalista Renán Inestroza ingresó el pasado 30 de abril una iniciativa de ley orientada a que los policías y militares puedan ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales de 2017.
Aunque la discusión se centra en los militares, ya que el artículo 272 constitucional establece que “a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un (1) mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas”.
La limitante para que los militares y policías ejerzan el sufragio, se sustenta además en el artículo 37 de la ley fundamental, que estipula que “los ciudadanos de alta en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán ejercer el sufragio, pero si serán elegibles en los casos no prohibidos por la Ley”.
Lo anterior ha sido el freno para que a los uniformados se les haya permitido votar, ya que siendo directamente responsables de la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, se ha presumido que no pueden ser garantes imparciales. No obstante, en otros países donde los militares ejercen la misma responsabilidad, también tienen el derecho a votar, con la diferencia que en aquellas naciones existe el voto electrónico y un sistema electoral confiable.
CRITERIO consultó sobre el tema al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, quien considera que otorgar el derecho al voto a los elementos de las Fuerzas Armadas podría darse en Honduras porque ese mismo derecho ya existe en otros países, donde a la vez los militares cumplen con la obligación de la custodia del material electoral.
El funcionario citó entre los países a Bolivia, Venezuela y Colombia. En Honduras “reconocemos por parte de las Fuerzas Armadas, su gran esfuerzo, trabajo y su gran profesionalismo en el transporte y custodia del material electoral y no miramos como podríamos reemplazarlos”.
En caso que el Congreso Nacional decida aprobar la reforma constitucional se tendría que tomar una decisión, ya sea para reemplazar a los militares o para buscar un mecanismo diferente y que los uniformados ejerzan el sufragio de manera adelantada como se practica en otros países, donde luego los votos son agregados a la contabilidad total, apuntó el presidente del TSE.
Añadió que en lo que no estaría de acuerdo el máximo tribunal electoral, es en que los miembros de las Fuerzas Armadas dispongan de urnas en los batallones, porque de esa manera se sabrá la intención del voto de esa organización y se estaría identificando su militancia.
Lo que se desea es mantener la percepción apolítica de las Fuerzas Armadas, insistió, Matamoros Batson. En el caso de los privados de libertad es un tema que el TSE expuso en el pasado para que las personas sin sentencia gozaran de ese derecho, ya que la Constitución de la República, suspende todos los derechos civiles, pero solo a quienes tienen sentencia firme, acotó.
En virtud que el derecho al voto a los militares requiere de una reforma constitucional, los cabildeos en ese sentido ya han comenzado a lo interno de las bancadas, que actualmente se encuentran analizando la temática.
Este periódico indagó con las bancadas de oposición y la respuesta unánime fue que se encuentran “analizando la situación” para asumir una postura consensuada. Por su lado, el oficialista Partido Nacional, ya arrogó una posición a favor, de hecho el diputado Renán Inestroza, ya anunció una moción al respecto.
El asunto es abordado por políticos, analistas, militares y otros sectores generadores de opinión pública, tal es el caso del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, que considera que el sufragio es un derecho universal que beneficia a todas las personas, a excepción de los privados de libertad con sentencia firme.
Para el general en condición de retiro y estratega del Parido Liberal, Luis Alonso Maldonado Gáleas, el asunto puede ser un ejercicio democrático para Honduras, siempre y cuando se ponga freno a la participación política de los militares.
En el juego de opiniones, también hay sectores que ven la propuesta como algo peligroso para la democracia de Honduras porque se podría poner en precario cualquier resultado electoral.
“No nos podemos olvidar que los militares son los que cuidan la votación, las urnas y son los que trasladan el material electoral en última instancia para ser contabilizados”, expresó el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José Luis Valladares.
A juicio la regidora capitalina por el partido Libertad y Refundación (Libre) y comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, los policías y militares tienen un estatus especial y una función bien marcada dentro de la Constitución.
En caso de los militares, señaló, tienen la función de garantizar el libre ejercicio del sufragio a la población, el transporte y la custodia del material electoral, así como la vigilancia de las elecciones, por lo que no pueden convertirse en juez y parte.
En caso que se permitiera ejercer el sufragio a los militares, Borjas expresó que los uniformados ya no serían imparciales sino parte interesada.
El derecho al sufragio por parte de los policías y militares, no es un tema nuevo en Honduras, ya que el 14 de agosto de 2013, el entonces candidato presidencial por el partido Alianza Patriótica y general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, solicitó ante el TSE, que se les habilitara y ejercieran ese derecho en las elecciones generales de ese año.
Vásquez Velásquez sostuvo en aquel momento que se amparaba en tratados internacionales. La semana anterior el militar en condición de retiro declaró que, solicitará a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre el derecho que como ciudadanos tienen los policías y militares de elegir y ser electos.
Fuente. http://criterio.hn/nacionalistas-cabildearan-para-habilitar-voto-de-militares-policias-y-prisioneros/
Fuerzas Armadas, Partido Nacional, Policía Nacional, Reformas Electorales, Reos
Publicado por honduprensa en conexihon el 6 mayo, 2015
Publicado por honduprensa en Proceso Digital el 30 abril, 2015
Tegucigalpa – Este jueves asumió el cargo de director del Instituto Penitenciario, coronel Orlando Francisco García Maradiaga, en sustitución de su homólogo Francisco Gálvez Granados, informó una fuente oficial.
– En marzo murieron violentamente 12 reos en tres cárceles hondureñas, en tanto esta semana se produjo el asesinato de tres internos de la Penitenciaría.
Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/101595-por-%E2%80%9Crazones-especiales%E2%80%9D-renuncia-director-del-instituto-penitenciario-asume-su-reemplazo.html
Cárceles, Instituto Nacional Penitenciario (INP), Reos
Tres personas muertas en la PN
Submitted by Silma Estrada on 28 April 2015 – 11:49am
Los internos perdieron la vida producto de varios machetazos que les infirieron sus verdugos.
Autoridades del Ministerio Publico y de Medicina Forense se apersonaron a la Penitencia Nacional Marco Aurelio Soto para realizar el levantamiento de tres personas que perdieron la vida a machetazos en el interior de este centro penal.
de acuerdo con el reporte policial, los internos perdieron la vida producto de mortales machetazos que le infirieron otros internos que hasta el momento no han sido identificados.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos y las causas que hubiese provocado este fatal incidente.
La policía realiza las investigaciones correspondientes para poder esclarecer la muerte de estos tres reclusos.
En las últimas semanas autoridades policiales han realizado operativos de registro dentro de la prisión, pero pese a estos esfuerzos, todavía ingresan armas a la misma.
Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/tres-personas-muertas-en-la-pn
Honduras: Congreso Nacional amplía a Wi-Fi bloqueo de llamadas desde cárceles
Publicado por honduprensa en Tierra libre el 22 abril, 2015
Enviado por Redacción Hondudiario el 22 Abril 2015 -10:03 am Tegucigalpa,Honduras.
*** La Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Menores a nivel nacional, amplía la prohibición de varios servicios de telecomunicaciones.
El Congreso Nacional aprobó este martes, con dispensa de dos debates, una ley mediante la cual se amplía el bloqueo de llamadas a través de servicios de Internet, WI-Fi, telefonía satelital y otros sistemas en los centros penales, granjas penales y centros de internamiento de menores al tiempo que estableció penas de hasta siete años de reclusión para quienes incumplan el decreto..
Advierte que el incumplimiento de lo establecido en los artículos uno y dos del decreto, por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS) conllevará una multa de 10 millones lempiras cuando la infracción sea cometida por primera vez.
Fuente: hondudiario http://www.hondudiario.com/?q=node/18983
Publicado por Américo Roca Dalton en 10:52
Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2015/04/honduras-congreso-nacional-amplia-wi-fi.html
Cárceles, celulares, Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en los Centros Penales, Reos
Vuelven a prohibir uso de celulares en cárceles hondureñas
Publicado por honduprensa en El Libertador el 22 abril, 2015
Artículo | April 22, 2015 – 9:36am
Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras, aprobó este martes, una ley mediante la cual se amplía el bloqueo de llamadas a través de servicios de Internet cableado e inalámbrico, telefonía satelital y otros sistemas en los centros penales, granjas penales y centros de internamiento de menores.
De igual forma, se establecieron penas de hasta siete años de reclusión para quienes incumplan el decreto.
La iniciativa fue introducida por el nacionalista Mario Pérez, quien se adhirió al dictamen elaborado por la comisión de seguridad, mientras que el diputado liberal Yuri Sabas, pidió la dispensa de dos debates al proyecto en vista de su importancia.
Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/vuelven-prohibir-uso-de-celulares-en-c%C3%A1rceles-hondure%C3%B1as
Cárceles, celulares, Conatel, Reos
CIDH llama a implementar verdaderas políticas carcelarias en Honduras
Mediante un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las muertes violentas de privados de libertad, hechos que se han dado en los últimos meses en diferentes cárceles del país.
En el comunicado la CIDH señala que “la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisión y control interno de las cárceles es uno de los principales problemas estructurales que tiene el sistema Penitenciario del país”, así mismo hace un llamado al Estado hondureño a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Honduras.
La CIDH señala que es una obligación del Estado tomar medidas para garantizar y mantener la seguridad interna en los centros penales, y debe buscar estrategias para acabar con grupos delictivos en los centros penales.
Para el abogado Mario Chinchilla de Cáritas Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado interesada dándole seguimiento a los casos de violaciones a derechos humanos en los centros penales del país.
Asegura que el comunicado de la CIDH es una reacción por los traslados de internos, traslados en los que los privados de libertad fueron objeto de tratos inhumanos, donde la policía militar utilizó la fuerza excesiva, ante eso la CIDH ha hecho un llamado al Estado para que cese en esa conducta violenta cuando se dirige a los privados de libertad.
En cuestión de 15 años en Honduras hubo cinco incendios en cárceles. Tres de ellos han sido fatales: el incendio de La Ceiba, Atlántida en el año 2003; un año más tarde ocurrió otro en San Pedro Sula; y en 2012, en Comayagua, cogieron fuego distintas celdas de ese recinto penitenciario. En suma, un total de 533 privados de libertad murieron quemados sin que el Estado enmiende sus errores.
El caso más conocido es el caso Pacheco Teruel, que se relaciona con la muerte de 107 privados de libertad durante un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004. Chinchilla agrega que el Estado hondureño ha incumplido la resolución dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Añade que la Corte emitirá en las próximas semanas su informe del seguimiento de la sentencia en el Caso Pacheco Teruel caso del que no existe una verdadera investigación y prácticamente se ha incumplido la resolución y las recomendaciones.
En el Comunicado de Prensa emitido el pasado 14 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a las autoridades del país, implementar verdaderas políticas penitenciarias. Las diferentes cárceles del país son una bomba de tiempo, todas están sobre pobladas, los privados de libertad están en total hacinamiento, la capacidad de los centros penales en el país es de aproximadamente 8,500 personas, pero actualmente el hacinamiento supera el 57 %.
La abogada Odalis Nájera de la Organización contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (CONAPREV) asegura que llegó el momento de tomar decisiones con el tema del sistema penitenciario en el país porque practicamente este ha colapsado y por haber colapsado es necesario que El Estado tome decisiones para aprobar una política penitenciaria que marque un rumbo, una ruta que se pueda seguir en materia penitenciaria.
Nájera añade que la sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos humanos deben estar vigilantes, que El Estado y los funcionarios públicos cumplan con las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado en torno al manejo del Sistema Penitenciario.
Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1998-cidh-llama-a-implementar-verdaderas-pol%C3%ADticas-carcelarias-en-honduras
Cárceles, CIDH, Reos
CIDH deplora muertes violentas en cárceles de Honduras
Publicado por honduprensa en conexihon el 14 abril, 2015
Escrito por Redacción | Abril 14 del 2015
Washington, D.C. (Conexihon). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las muertes violentas de al menos doce personas privadas de libertad acaecidas en incidentes de violencia ocurridos durante el mes de marzo en las Penitenciarías Nacionales de San Pedro Sula, Comayagua y Támara (Tegucigalpa). La CIDH urge al Estado a adoptar las medidas necesarias a fin de evitar la reiteración de hechos similares.
De acuerdo con la información de público conocimiento, el 11 de marzo en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula hubo un fuerte intercambio de disparos que dejó como resultado tres reos muertos y más de treinta heridos, incluyendo ocho policías militares. De acuerdo con el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) estos hechos se produjeron en el contexto de una operación en la que se buscaba trasladar a determinados presos de alta peligrosidad a otras prisiones.
Luego de controlado el motín, por la intervención de aproximadamente 400 policías y militares, se realizó una requisa en la que se decomisó armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos. Asimismo, las fuerzas de seguridad del Estado trasladaron a treinta y dos reclusos considerados líderes (“coordinadores”) a otros penales. Todos estos hechos, ocurridos a raíz del referido operativo de traslado de internos, tuvieron lugar durante uno de los días de visita de familiares en el centro penal.
El 28 de marzo se produjo una riña en la Penitenciaría Nacional de Comayagua en la que se utilizaron armas de fuego, y perdieron la vida dos reclusos y al menos tres resultaron gravemente heridos. Luego de estos hechos, unos cuarenta y dos reclusos de esa penitenciaría habrían sido trasladados a otros centros penales. De igual forma, unos días antes de los sucesos referidos, el 24 de marzo, otro recluso habría sido asesinado en ese centro penitenciario producto de heridas de arma blanca.
En este contexto, la CIDH reitera que los Estados tienen la facultad y la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de las cárceles, utilizando métodos que se ajusten a los parámetros establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados no solo deben asegurar que sus agentes ejerzan un control adecuado de la seguridad y el orden en las cárceles, sino que debe adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas privadas contra posibles agresiones de terceras personas, incluso de otros reclusos.
La CIDH urge a las autoridades hondureñas a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Honduras. El Estado debe, como medidas fundamentales, garantizar y mantener la seguridad interna de los centros penales y controlar el ingreso de armas, sustancias ilícitas y la circulación de dinero dentro de las cárceles. Además, debe buscar mecanismos para desarticular las organizaciones criminales que operan en los centros penales.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/cidh-deplora-muertes-violentas-en-c%C3%A1rceles-de-honduras
Cárceles, CIDH, Reos, Violaciones de Derechos Humanos
Está lista para que entre en vigencia la Ley de Trabajo Forzoso de los Reos.
Publicado por honduprensa en Radio HRN el 11 abril, 2015
Submitted by Silma Estrada on 11 April 2015 – 9:18am
La reforma enviada por el Presidente Juan Orlando Hernández propone trabajos obligatorios con una duración de un mil doscientas (1,200 h/a) horas anuales como mínimo, por cada privado de libertad.
Así lo han reiterado esta mañana fuentes de la Cámara Legislativa en lo que se refiere a la propuesta que es socializada entre los diversos sectores y que busca terminar con el estado de ocio en que se encuentran los privados de libertad.
La iniciativa que obliga a los reos a efectuar diversas tareas, ha sido consensuada con organismos de derechos humanos y, en los próximos días, será sometida al análisis de representantes del Poder Judicial y del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional
Entre las actividades se contemplan trabajos en actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado, en la preparación de materia prima necesaria para estos fines, como fabricación de bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, movimiento de arena y cualquier otra materia prima para la construcción.
Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/est%C3%A1-lista-para-que-entre-en-vigencia-la-ley-de-trabajo-forzoso-de-los-reos
Cárceles, Juan Orlando Hernández (JOH), Ley de Trabajo Forzado, Reos
Dos reos muertos en amotinamiento de granja penal de Comayagua
Publicado por honduprensa en Radio HRN el 28 marzo, 2015
Submitted by Lilian Bonilla on 28 March 2015 – 10:35am
Se confirma la muerte de dos reos luego del amotinamiento registarado en el centro penal de esa zona central.
Se confirma la muerte de un dos reos uego del amotinamiento registarado en el centro penal de esa zona central.
Uno de los internos murio dentro del penal y otro fue trasladado al hospital donde minutos después fallecio, el nombre de las victiamas son : Melvin Isau Cruz, Alvarado, Victor Manuel Gómez Mendoza
En el amotinamiento registrado en las últimas horas en la granja penal de Comayagua además hay al menos un herido.
De momento no se ha logrado establecer sus identidades pero se detallo que fueron llevados al Hospital Santa Teresa de la localidad.
En información preliminar se informa que el suceso se dio porque los internos se opusieron al traslado de un recluso apodado “El Dalmata”, considerado como reo de alta peligrosidad.
En medio del movimiento y la preocupación de familiares que ha llegado a las afueras del penal ya han llegado elementos de la Cruz Roja Hondureña y Cuerpo de Bomberos.
Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/dos-reos-muertos-en-amotinamiento-de-granja-penal-de-comayagua
Congreso de Honduras discute Ley de Trabajos Forzados
Publicado por honduprensa en El Libertador el 21 marzo, 2015
La propuesta no contempla el aumento de la manutención, que apenas llega a los 30 lempiras por cada reo, a razón de 10 lempiras por cada tiempo de comida, consistente en tortillas, arroz y frijoles.
Artículo | Marzo 21, 2015 – 1:36pm
Tegucigalpa. El Poder Legislativo discute la Ley de Trabajo Forzado, que obligará a los privados de libertad a picar piedra durante 1,200 horas por año.
El presidente de Honduras, Juan Hernández, envió el proyecto de ley al Congreso Nacional para que se discuta y se apruebe la normativa, llamada “Ley Picapiedra” para que los prisioneros “paguen” al Estado el costo de tenerlos encerrados.
Se tiene previsto con la iniciativa que los presos trabajen unas 1,200 horas anuales, es decir, unas cuatro horas al día.
Los trabajos consistirán en construcción de infraestructura vial, física y arquitectónica del estado, también los presos fabricarán bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, y movimiento de arena.
Asimismo, la ley incluirá programas educativos con el objetivo de reformar a los presos y crear ciudadanos útiles para el Estado. También, se busca que con estas capacitaciones reducir las penas de los privados de libertad.
Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/congreso-de-honduras-discute-ley-de-trabajos-forzados
“Ley picapiedra” obliga a reos a trabajar 1,200 horas al año
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 20 marzo, 2015
01:18AM – Héctor Cálix
El Estado gasta 162 millones de lempiras al año en la manutención de los privados de libertad, que tienen una vida parasitaria en las prisiones. Se instituye un Programa Obligatorio de Trabajo.
Los privados de libertad serán obligados a realizar trabajos para su manutención y así erradicar el ocio en las prisiones.
Los privados de libertad deberán cumplir 1,200 horas al año de trabajo obligatorio, según la ley enviada al Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández y que ya es conocida como “ley picapiedra”.
La ley fue bautizada así luego que el presidente Hernández ejemplificara que los jefes de presidios deben poner a los reos “a picar piedra” para que no sigas de ociosos.
El proyecto ingresó al pleno legislativo esta semana con el nombre de Ley del Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad, que consta de 16 artículos, dentro de los cuales se reforman disposiciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
El presidente Hernández señala en la exposición de motivos que debido al ocio y a la falta de actividad en los centros penitenciarios, los reclusos dedican este tiempo a planificar actividades delictivas.
Esta situación está generalizada en todos los centros penales, convirtiendo a dichos establecimientos en auténticas escuelas del crimen, perdiéndose con ello una de las finalidades de las penas de prisión como es la rehabilitación.
El gobernante plantea que esta ley vendrá a solucionar problemas de hacinamiento y de ocio en las prisiones, la violencia interna y, sobre todo, a descargar costos para la manutención de los reos.
Actualmente, en el sistema penitenciario hay más de 15,000 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres.
El Estado gasta aproximadamente 450,000 lempiras diarios en la alimentación de estos recluidos. Al mes, esa cifra es de 13.5 millones de lempiras, lo que suma al año la cantidad de 162 millones de lempiras.
La Ley tiene como finalidad regular el trabajo obligatorio que deben realizar los privados de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social, terapia ocupacional, superar el ocio y compensar la inversión de la sociedad en su manutención.
La Ley crea un Régimen de Trabajo Obligatorio en todos los establecimientos penitenciarios con una duración de 1,200 horas anuales como mínimo por cada privado de libertad.
Igualmente, se crea una Unidad Ejecutora del Trabajo Obligatorio para cada uno de los establecimientos penitenciarios, la que debe mantener un registro permanente de las horas de trabajo de cada privado de libertad, debiendo convalidarse anualmente con el Juez de Ejecución, agregando la constancia respectiva en el expediente judicial.
Según la Ley, el INP deberá suscribir los acuerdos y convenios de colaboración o cooperación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, patronatos o grupos de apoyo a la población privada de libertad, nacionales o extranjeras.
Así también ejecutar anualmente al menos un programa de trabajo obligatorio por cada centro penal, el que consistirá en proyectos de reforestación, fabricación de pupitres, pizarras educativas, reciclaje de material orgánico e inorgánico.
Incluye trabajo en actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado, preparación de materia prima necesaria para estos fines, tales como fabricación de bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, movimiento de arena y cualquier otra materia prima para la construcción y las demás que le confieran las leyes y reglamentos.
La vigilancia y control de la ejecución de las penas, medidas de Seguridad y cumplimiento de las 1,200 horas anuales de trabajo obligatorio está a cargo del Juez de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Penal y demás leyes aplicables.
Si el privado de libertad incumple intencionalmente con el trabajo al que estuviese obligado, se le aplicará lo prescrito en el régimen disciplinario de cada centro penitenciario, cita la ley a la que tuvo acceso EL HERALDO.
Se exceptúan de la obligatoriedad del trabajo los privados de libertad con enfermedades terminales, discapacitados y adultos mayores.
Por otra parte, el diputado nacionalista Renán Inestroza ha presentado un proyecto de ley orientado a que el privado de libertad que complete sus estudios primarios o secundarios en los centros penales obtendrá como incentivo la reducción de la pena. La anterior es una propuesta de reforma al Código Penal como una medida para erradicar el ocio que prima en los centros de reclusión.
Inestroza considera que la rehabilitación e inserción de los privados de libertad es un proceso casi fallido en Honduras.
Las condiciones económicas del país no han permitido la implementación de una política pública que dé respuesta a esa debilidad del sistema penitenciario, acotó el congresista.
Agregó que la formación académica se brinda solo en los establecimientos penitenciarios que tienen la capacidad de proveerlo, sin embargo, la educación de personas adultas en las cárceles debe ir más allá de una simple capacitación; debe convertirse en requisito para solicitar beneficios como la reducción de la pena, pues la intención es que esta formación académica sea el medio para que el privado de libertad obtenga un trabajo o se gane la vida en forma independiente y que no delinca más.
Ambos proyectos fueron turnados a la Comisión de Seguridad que preside el diputado Tomás Zambrano.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/823986-331/ley-picapiedra-obliga-a-reos-a-trabajar-1200-horas-al-a%C3%B1o
JOH asegura que reos no vivirán como reyes
Publicado por honduprensa en El Tiempo el 18 marzo, 2015
Miércoles, 18 Marzo 2015 20:45
El presidente Hernández manifestó que lo correcto es que los reos trabajen porque el ocio los anima a seguir delinquiendo.
TEGUCIGALPA- El proyecto de poner trabajo forzado a los reos no se detendrá porque no es posible que los que cometen delitos pasen como reyes en sus celdas con aire acondicionados, televisores plasmas y hasta loros, dijo ayer el presidente Juan Orlando Hernández.
El mandatario aseguró que hay voces en contra de que se ponga a trabajar a los internos de los presidios, pero él mantiene su posición porque está convencido de que el trabajo es la mejor forma de rehabilitar.
“Cómo es posible que alguien que está privado de libertad tenga un celular, tenga un plasma, una lora, un perro, música y armas. Cómo se puede justificar eso”, preguntó el mandatario.
“Esta no es Suecia, el que está privado de libertad tiene que trabajar para pagarle al Estado lo que estamos invirtiendo, y más importante aún, que esté ocupado para que no esté pensando en cómo delinquir desde la cárcel”, sentenció Hernández.
El presidente pidió a los diputados agilidad en la aprobación de las reformas para castigar a los mareros y a sus colaboradores.
Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/23886-joh-asegura-que-reos-no-viviran-como-reyes
Privados de libertar tendrían que trabajar durante condena penitenciaria
Publicado por honduprensa en La Noticia el 17 marzo, 2015
El Presidente Hernandez anunció la emisión de una resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuyo objetivo es lograr mejores resultados en los procesos judiciales y así de esta manera mejorar el sistema penitenciario del país.
“Es necesario hacer estas reformas al sistema penitenciario, por ejemplo con el tema de la separación de los criminales de mayor peligrosidad, algo que no se tiene en el actual sistema porque ahora tenemos uno como el de los países que no tienen altos índices de violencia y que están a punto de cerrar sus cárceles por falta de población”, dijo el gobernante.
Los artículos a reformar tienen que ver con la segregación de la población carcelaria por su peligrosidad, así como la realización de trabajos por parte de algunos presidiarios.
“La realidad es muy distinta a lo que estamos viviendo o a lo que ha estado viviendo el país en los últimos ocho o nueve años”, refirió el mandatario sobre las reformas que se pretenden de artículos sobre algunos temas importantes relacionados con el sistema penitenciario del país.
Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/privados-de-libertar-tendrian-que-trabajar-durante-condena-penitenciaria/
Centros penales: la “Cenicienta” del sistema de justicia
Las condiciones de hacinamiento y falta de los servicios básicos en los centros penales de Honduras y Centro América representan una constante violación a los derechos fundamentales de los privados y privadas de libertad constituyendo una especie de tortura, asegura Roy Murillo, especialista en el tema.
Y es que el sistema penitenciario de Honduras apunta hacia las personas empobrecidas, víctimas de un sistema de justicia inoperante, representando una verdadera “cenicienta” como lo plantea el abogado penalista hondureño, Celso Alvarado.
“El encierro es un castigo por un hecho sancionado como delito pero tiene una finalidad rehabilitadora, sin embargo si hay encierro sin condiciones mínimas, las cárceles terminan siendo escuelas del crimen”, Roy Murillo, consultor internacional de asuntos penitenciarios de Costa Rica.
Subcultura de corrupción
“Todavía me tiemblan los pies, estoy asustado” decía un interno del Penal de San Pedro Sula mientras el coordinador de los reclusos aseguraba frente a monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de San Pedro Sula que la tiranía se había acabado en este centro, tras dos semanas de ocurrido un motín en el que murieron 13 privados de libertad.joaqu
Aunque todo parezca normal en esta penitenciaría, el olor a marihuana aún se siente en los pasillos y las condiciones en las que viven los privados y priva- das de libertad reflejan una subcultura donde impera la desigualdad, la ilegalidad y la corrupción.
Dentro de cada centro penal se da una subcultura, según Alvarado, una pequeña jurisdicción con población, autoridades, pequeñas comunidades donde la corrupción ha ido creciendo.
“Se sabe que hay negocios dentro del centro penal donde venden dro- gas, hay tráfico de armas, todo esto tolerado por las autoridades que en teoría deben ser la salvaguardia de que esto no suceda.” afirmó Alvarado.
Don Jesús es el interno con más edad en el centro penal de Pedro Sula, tiene 85 años, de los cuales 14 ha estado preso. Él asegura que los incidentes en los que pierden la vida los internos suceden por la contaminación que la droga ha generado en este centro.
“Todo eso es motivo de las drogas, las cosas deben mejorar porque la droga es la que mata aquí, uno hasta peligra que lo segueteen. Aquí adentro hay y venden drogas, y eso es malo. Cuando el motín, miré que la cosa se puso fea, me encendieron un tele para que estuviera tranquilo pero el tiroteo era bárbaro, estaba asustado, aquí ya no se controla esto” relata don Jesús quien vive en una bartolina con otros 17 privados de libertad de la tercera edad.
No se ven mejoras
Para el coordinador del área de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, Joaquín Mejía, el problema de las cárceles es grave y esto se ve reflejado en la violencia intercarcelaria que cada semana cobra la vida de las personas priva- das de libertad.
Los casos más graves como la masacre en La Ceiba, en el año 2003, en que murieron 69 personas, en su mayoría miembros de pandillas y maras, siguen estando bajo el oscuro velo de la injusticia. En este caso se juzgaron algunos culpables, pero según Mejía los autores intelectuales siguen libres y con poder.
Luego en 2004 el caso del incendio en el que murieron 107 privados de libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH en busca de justicia internacional porque el Estado respondía con impunidad.
Para Isis Perdomo de la Pastoral Penitenciaria de San Pedro Sula, quienes apoyaron el proceso de denuncia ante la CorteIDH, estar en el centro penal es difícil, donde se le violan los derechos a los internos y el mismo Estado es el que crea esa situación.
“Cáritas de la Iglesia Católica ha asumido compromisos para que las estructuras cambien, no solo las físicas sino las mentales porque buscamos que hayan condiciones en las que el privado de libertad se vea como sujeto de derecho. Si usted revisa los nombres de los internos no hay apellidos de la alta sociedad, solo personas pobres, la mayoría de escasos recursos económicos” afirmó Perdomo.
Y los últimos hechos que están lejos de esclarecerse, la muerte de 361 privados de libertad en un incendio en la Granja Penal de Comayagua y el motín en el Penal de San Pedro Sula en el que murieron 13 internos.
Para el abogado penalista, Celso Alvarado, la tendencia que ha seguido no solo con las masacres sino con hechos aislados, es atribuida a un patrón sistemático de permitir estos hechos.
“Por ejemplo la teoría del cigarrillo en Comayagua o del cableado en San Pedro Sula, nos da idea que desde ese momento no existe, por parte del Estado, interés alguno de investigar quiénes fueron los culpables y eso crea todo un velo de impunidad por no juzgar a los responsables.
El error de la mora judicial trató de corregirse con el nuevo código procesal penal, según Alvarado pero hasta ahora no se ven mejoras, el 70% de los privados de libertad está sin condena.
Según el Sistema Interamericano al que Honduras pertenece, cuando una persona tiene ya dos años en prisión preventiva, y el ente investigador y el ente juzgador han sido incapaces de probar la culpabilidad y de llegar a una sentencia, lo que procede es insertar a esta persona en un proceso de reincorporación a la sociedad dejando abierta la posibilidad que estos entes puedan hacerse de mayores elementos que lleguen a sentencia.
“Muchos de esos casos existen, gente que tiene más de dos años de estar con esa pena anticipada, allí podemos ver la falla del sistema de justicia en los jueces de ejecución,” adujo Alvarado.
Esta semana se aprobó en primer debate la Ley Penitenciaria que en primera instancia crearía un Instituto Penitenciario que se haría cargo de los centros penales en el país. Para Alvarado, lo que se pretende con este ente, es tratar de crear una instancia ajena a los vicios del pasado, que permita la independencia y la no injerencia de otro tipo de autoridades y que se encargue de impulsar mejoras, pero que lastimosamente como muchas leyes en Honduras puede quedar solo en papel.
Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1923-centros-penales-la-%E2%80%9Ccenicienta%E2%80%9D-del-sistema-de-justicia
Cárceles, Joaquín Mejía, Reos, Violaciones de Derechos Humanos

References: artículo 232
 artículo 272
 artículo 37
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