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Timestamp: 2019-09-18 21:56:21+00:00

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Tema 17 Proteccion Civil | Defensa Civil | Planificación
Tema 17 Proteccion Civil
Tema 17 de la guardia civil
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Guía Para La Formulación de Planes de Emergencia
Estatuto Autonómico Indígena Charagua Santa Cruz.
Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía
90748-Tema 3. Administración Pública
Aprendiendo a Prevenir Estratégias Metodológicas
5170 Plan de Prevencion y Reduccion de Riesgos de Desastres de La Region Madre de Dios Al 2021
Guía-PIPC-2018_ACT(14)
6.Plan de Seguridad
Disposicion_27!04!2005 Registro de Aptitud Migratoria
ALEJANDRO LLORET SEGURA
(Adaptado a la Orden de 9 abril 1996 por la que se aprueban las bases y circunstancias aplicables a los procesos selectivos para ingreso en los centros docentes militares de formación para acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil)
TEMA 17Lo
SOCIO - CULTURALES
L 17/2015 de 9 Jul. (Sistema Nacional de Protección Civil)
Del número 1 del artículo 1 introducido por el apartado uno del artículo 12 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad («B.O.E.» 2 agosto). Letra e) del artículo 9 introducida por el apartado dos del artículo 12 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad («B.O.E.» 2 agosto).
Ley 2/1985, 21 enero, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil («B.O.E.» 10 julio), el 10 de enero de 2016.
Identificada doctrinalmente como protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente, la protección civil constituye la afirmación de una amplia política de seguridad, que encuentra actualmente su fundamento jurídico, dentro de la Constitución, en la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y más importante de todos los derechos fundamentales -art. 15- en los principios de unidad nacional y solidaridad territorial -art. 2.º- y en las exigencias esenciales de eficacia y coordinación administrativa -art. 103. La magnitud y trascendencia de los valores que están en juego en las situaciones de emergencia exige poner a contribución los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas las Administraciones públicas, a todas las organizaciones y empresas, e incluso a los particulares, a los que, por tal razón, mediante Ley, con arreglo al artículo 30.4 de la Constitución, podrán imponérseles deberes para hacer frente a los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, auténticos presupuestos de hecho de la protección civil.
El presente proyecto de Ley trata, pues, de establecer el marco institucional adecuado para poner en funcionamiento el sistema de protección civil con escrupuloso respeto del principio de legalidad, constitucionalmente previsto, de modo que pueda obtenerse la habilitación correspondiente para poder exigir de modo directo a los ciudadanos determinadas prestaciones de colaboración.
La extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las situaciones de emergencia, así como de las necesidades que generan y de los recursos humanos y naturales que han de ser movilizados
para hacerles frente convierten a la protección civil, en primer lugar y esencialmente, en un problema de organización.
Dicha organización corresponde al Estado principalmente, por cuanto constituye una competencia de protección de personas y bienes integrada en el área de la seguridad pública; sus mecanismos de actuación son, básicamente, técnicas de planificación y de coordinación a nivel superior, y, jurídicamente, en cuanto que se da respecto a esta materia el supuesto del número 3 del artículo 149 de la Constitución.
Consecuentemente, la protección civil se concibe como un servicio público cuya competencia corresponde a la Administración civil del Estado y, en los términos establecidos en la presente Ley, a las restantes Administraciones públicas.
Sin embargo, sería equivocado que la organización de la protección civil pretendiese crear ex novo unos servicios específicos, suplantar o ejercer directamente los servicios públicos que con ella puedan tener relación o, incluso, disponer directamente de los medios a tal fin necesarios. La protección civil, por el contrario, debe actuar a través de procedimientos de ordenación, planificación, coordinación y dirección de los distintos servicios públicos relacionados con la emergencia que se trate de afrontar.
IV. Autoprotección
La tarea fundamental del sistema de protección civil consiste en establecer el óptimo aprovechamiento de las posibles medidas de protección a utilizar. Consecuentemente, debe plantearse, no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la protección del Estado y de los otros poderes públicos, sino procurando que ellos estén preparados para alcanzar por sí mismos tal protección.
El proyecto de Ley insiste, por ello, en los aspectos relacionados con la autoprotección ciudadana. En los supuestos de emergencia que requieran la actuación de la protección civil, una parte muy importante de la población depende, al menos inicialmente, de sus propias fuerzas. De ahí que, como primera fórmula de actuación, haya que establecer un complejo sistema de acciones preventivas e informativas, al que contribuye en buena medida el cumplimiento de los
deberes que se imponen a los propios ciudadanos, con objeto de que la población adquiera conciencia sobre los riesgos que puede sufrir y se familiarice con las medidas de protección que, en su caso, debe utilizar.
Se trata, en definitiva, de lograr la comprensión y la participación de toda la población en las tareas propias de la protección civil, de las que los ciudadanos son, al mismo tiempo, sujetos activos y beneficiarios. Comprensión social y participación que, en última instancia, debe ser el resultado de una permanente movilización de la conciencia ciudadana y de la solidaridad social.
1. La acción permanente de los poderes públicos, en materia de protección civil, se orientará al
estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y a la
protección y socorro de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan. Esta acción tendrá en consideración las especiales características del grupo social de las
personas con discapacidad. Párrafo 2.º del número 1 del artículo 1 introducido por el apartado uno del artículo 12 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad («B.O.E.» 2
agosto).Vigencia: 3 agosto 2011
2. La protección civil es un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución
participan las diferentes Administraciones públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria.
3. Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, la protección civil en caso de guerra,
1. La competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración civil del Estado
y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones públicas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que las circunstancias lo hicieren necesario, participarán en las acciones de protección civil.
2. Asimismo, en tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las
Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asignen.
3. La colaboración de las Fuerzas Armadas, que actuarán, en todo caso, encuadradas y dirigidas
por sus mandos naturales, deberá solicitarse de la autoridad militar que corresponda.
1. En los supuestos de declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, la protección civil
quedará sometida, en todas sus actuaciones, a las autoridades competentes en cada caso, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
2. En los casos de movilización general o parcial por causa de guerra, el Gobierno dispondrá los
planes y medidas que permitan la utilización de los medios de protección civil conforme a tales circunstancias, asegurando, en todo caso, la colaboración entre las autoridades civiles y militares.
De los deberes y obligaciones en materia de protección civil
1. Todos los ciudadanos, a partir de
la mayoría de edad, estarán sujetos a la obligación
colaborar, personal y materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento por las autoridades competentes.
La obligación mencionada se concretará, fundamentalmente, en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección para personas y bienes establecidas por las leyes y las disposiciones que las desarrollen, en la realización de las prácticas oportunas y en la intervención operativa en las situaciones de emergencia que las circunstancias requieran.
2. Estarán especialmente obligados a colaborar en las actividades de la protección civil:
a) Las personas en situación legal de desempleo y que estén percibiendo la
correspondiente prestación económica por esta causa, en las condiciones que se determinen por los Ministerios del Interior y de Trabajo y Seguridad Social. b) Quienes estén sometidos al régimen de prestación social sustitoria del servicio militar y los excedentes del contingente anual de éste, en los términos fijados en la legislación respectiva.
3. Los poderes públicos promoverán actividades que sensibilicen a la población acerca de sus
responsabilidades públicas en materia de protección civil.
4. En los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, todos los residentes en territorio
nacional estarán obligados a la realización de las prestaciones personales que exija la autoridad competente, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes generales o particulares que dicte.
5. Los servicios de vigilancia, protección y lucha contra incendios de las Empresas públicas o
privadas se considerarán, a todos los efectos, colaboradores en la protección civil.
6. En las situaciones de emergencia contempladas en esta Ley, los medios de comunicación
social vendrán obligados a colaborar con las autoridades competentes respecto a la divulgación
de informaciones dirigidas a la población y relacionadas con dichas situaciones.
7. Cuando la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, las autoridades competentes en
materia de protección civil podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como
a la intervención y ocupación transitoria de los que sean necesarios. Quienes, como consecuencia de estas actuaciones, sufran perjuicios en sus bienes tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes. A los efectos aludidos se entenderá por autoridades competentes las previstas para disponer la aplicación del plan que corresponda según lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley.
1. El Gobierno establecerá un catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar origen a
una situación de emergencia, así como de los centros, establecimientos y dependencias en que
aquéllas se realicen.
2. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios análogos dedicados a
las actividades comprendidas en el indicado catálogo estarán obligados a establecer las medidas de seguridad y prevención en materia de protección civil que reglamentariamente se determinen.
1. Los Centros, establecimientos y dependencias a que se refiere el artículo precedente
dispondrán de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos, y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgo, alarma, evacuación
y socorro.
Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, se establecerán las directrices básicas para regular la autoprotección.
2. Se promoverá la constitución de organizaciones de autoprotección entre las empresas de
especial peligrosidad, a las que las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias,
facilitarán asesoramiento técnico y asistencia.
1. La Cruz Roja y otras entidades públicas cuyos fines estén relacionados con la protección civil
contribuirán con sus efectivos y medios a las tareas de la misma.
2. Las Brigadas de Tropas de la Cruz Roja y la Cruz Roja del Mar son unidades de colaboración
en materia de protección civil, por lo que su estructura y dotación a estos efectos será establecida en el concierto que se suscriba entre la Cruz Roja y los Ministerios del Interior y de Defensa.
De la actuación en caso de emergencia y planes de protección civil
Para determinar las líneas de actuación en las situaciones de emergencia a que se refiere la presente Ley se aprobará por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior -previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil y, en su caso, de cuantas entidades públicas o privadas juzgue necesario-, una Norma Básica de Protección Civil que contendrá las directrices esenciales para la elaboración de los Planes Territoriales -de Comunidad Autónoma, Provinciales, Supramunicipales, Insulares y Municipales- y de los Planes Especiales, por sectores de actividad, tipos de emergencia o actividades concretas.
Los Planes Territoriales y Especiales establecerán, en todo caso, lo siguiente:
a) El catálogo de recursos movilizables en casos de emergencia y el inventario de riesgos
potenciales, que deberá incluir, en todo caso, el contenido del Catálogo Nacional a que se refiere el artículo quinto en el respectivo ámbito territorial. ∑ b) Las directrices de funcionamiento de los distintos servicios que deban dedicarse a la protección civil. ∑ c) Los criterios sobre la movilización y coordinación de recursos, tanto del sector público como del sector privado. ∑ d) La estructura operativa de los servicios que hayan de intervenir en cada emergencia, con expresión del mando único de las operaciones, todo ello sin perjuicio de las decisiones que deben adoptarse en cada circunstancia por las autoridades competentes.
∑ e) Los criterios para que los procedimientos de actuación de los diferentes servicios de intervención garanticen la asistencia necesaria a las personas con discapacidad. Letra e) del artículo 9 introducida por el apartado dos del artículo 12 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad («B.O.E.» 2 agosto).Vigencia: 3 agosto 2011
1. Los Planes Municipales se aprobarán por las correspondientes Corporaciones Locales, se
integrarán, en su caso, en los Planes Supramunicipales, Insulares o Provinciales, y deberán ser
homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.
Los Planes Supramunicipales, Insulares y Provinciales se aprobarán por el órgano competente de la entidad local correspondiente, se integrarán en los Planes de Comunidad Autónoma y deberán ser homologados por la Comisión de Protección Civil de la misma.
El inciso "deberán ser aprobadas por el Consejo de Gobierno de la misma" del párrafo 3º número 1 del artículo 10 sólo será aplicable supletoriamente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en defecto de norma autonómica, en los términos del Fundamento de Derecho 10º de la sentencia del Tribunal Constitucional 133/1990, 19 julio («B.O.E.» 30 julio).
2. La homologación a que se refiere esta Ley consistirá en la comprobación de que los planes se
acomodan al contenido y criterios de la Norma Básica.
3. Los referidos planes no podrán ser aplicados hasta tanto se produzca su homologación, que
deberá ser efectuada por el órgano competente en el plazo máximo de tres meses a partir de su
recepción por dicho órgano. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderán homologados tácitamente.
Los Planes Especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda del de una Comunidad Autónoma se aprobarán, previo informe de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma correspondiente, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y serán homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil.
Actuaciones preventivas en materia de protección civil
Sin perjuicio de las funciones y competencias que en materia de prevención de riesgos específicos otorgan las leyes a las diferentes Administraciones públicas, corresponderán también a éstas las siguientes actuaciones preventivas en materia de protección civil:
a) La realización de pruebas o simulacros de prevención de riesgos y calamidades
públicas. b) La promoción y control de la autoprotección corporativa y ciudadana.
c) Asegurar la instalación, organización y mantenimiento de servicios relacionados con la
protección civil y, en especial, de mandos y componentes de los servicios de prevención y de extinción de incendios y salvamento. d) Promover, organizar y mantener la formación del personal de los servicios relacionados
con la protección civil y, en especial, de mandos y componentes de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento. e) La promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la protección civil, a través de organizaciones que se orientarán, principalmente, a la prevención de situaciones de emergencia que puedan afectarlos en el hogar familiar,
edificios para uso residual y privado, manzanas, barrios y distritos urbanos, así como el control de dichas situaciones, con carácter previo a la actuación de los servicios de protección civil o en colaboración con los mismos. ∑ f) Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos, mediante el ejercicio de las correspondientes facultades de inspección y sanción, en el ámbito de sus competencias.
Organización básica en materia de dirección y coordinación
2. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior y a iniciativa, en su caso, del Presidente de la
Comunidad Autónoma o del órgano correspondiente de la entidad local afectada, podrá delegar todo o en parte de sus funciones en aquellos casos en que la naturaleza de la emergencia lo
hiciera aconsejable.
del Interior ostenta
superior autoridad
a) Elaborar la Norma Básica de Protección Civil, los Planes Especiales a que se refiere el
párrafo primero del artículo undécimo de la presente Ley, así como los reglamentos técnico correspondientes, y proponer su aprobación al Gobierno, a cuyo efecto insertará de las diferentes Administraciones públicas la información necesaria. b) Elaborar el Catálogo Nacional de Recursos Movilizables en emergencias, integrando en
el mismo los que resulten de los Planes Territoriales Especiales. c) Desarrollar las normas de actuación que en materia de protección civil apruebe el
Gobierno. d) Ejercer la superior dirección, coordinación e inspección de las acciones y los medios de ejecución de los planes de actuación de protección civil.
∑ e) Requerir a las Administraciones públicas, organizaciones privadas y ciudadanas la colaboración necesaria para la realización de simulacros o ejercicios prácticos de control
de emergencias determinadas y el cumplimiento de cuantas obligaciones imponga la presente Ley. f) Disponer, con carácter general, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y solicitar del Ministro de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas.
∑ g) Requerir de las autoridades locales y autonómicas la intervención de sus Cuerpos de Policía y demás servicios relacionados con la protección civil, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.
1. La Comisión Nacional de Protección Civil estará integrada por los representantes de la
Administración del Estado que reglamentariamente se determinen, así como por un representante designado por los órganos de gobierno de cada una de las Comunidades Autónomas.
a) Informar las normas técnicas que se dicten en el ámbito nacional en materia de
protección civil. b) Elaborar los criterios necesarios para establecer el Catálogo de Recursos Movilizables
en casos de emergencia, sean públicos o privados. c) Participar en la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con la
protección civil. d) Informar las disposiciones y normas reglamentarias que, por afectar a la seguridad de
las personas o bienes, tengan relación con la protección civil. e) Proponer la normalización y homologación de las técnicas y medios que puedan
utilizarse para los fines de protección civil. f) Homologar los planes de protección civil cuya competencia tenga atribuida.
la Comunidad Autónoma estará compuesta por
representantes de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales incluidas en su ámbito territorial. En todo caso, los representantes de la Administración del Estado, designados por ella, serán como mínimo tres.
2. Los reglamentos de organización y funcionamiento de las Comisiones mencionadas serán
aprobados por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma respectiva.
Informar las normas técnicas que
dicten en su ámbito territorial en materia de
la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con la
protección civil. c) Homologar los planes de protección civil cuya competencia tenga atribuida.
1. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en este
artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que, según la legislación vigente, fueren exigibles.
3. La potestad sancionadora de las infracciones a la presente Ley corresponde a las autoridades
que, en cada caso y según lo dispuesto en esta Ley y en las normas que la desarrollen y
ejecuten, sean competentes en materia de protección civil.
4. El reglamento que desarrolle esta Ley especificará y clasificará las infracciones tipificadas en el
apartado segundo de este artículo y graduará las sanciones atendiendo a criterios de culpabilidad, responsabilidad y cuantas circunstancias concurran, en especial la peligrosidad o trascendencia que para la seguridad de personas o bienes revistan las infracciones.
5. La potestad sancionadora de las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la
presente Ley se ejercerá, dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, por los órganos de gobierno de los Municipios, hasta un millón de pesetas; por los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales, insulares y provinciales, hasta cinco millones de pesetas; por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, hasta diez millones de pesetas, y por el Consejo de Ministros, hasta cien millones de pesetas.
referencia el artículo octavo
homologación de los Planes a que se refieren los artículos décimo y undécimo, se faculta al Gobierno para dictar las medidas necesarias, en aplicación de la presente Ley.
Los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas revisarán en cada caso los reglamentos, normas y ordenanzas sobre seguridad de empresas, actividades, edificaciones, industrias, medios de transporte colectivo, espectáculos, locales y servicios públicos, para adecuar su contenido a la presente Ley y a las disposiciones que la desarrollen.
Las sanciones a que se refiere el artículo decimonoveno de esta Ley podrán ser actualizadas por el Gobierno de acuerdo con los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
El Gobierno creará la Red de Alarma Nacional, dependiente de los órganos de protección civil del Estado, que a estos efectos se coordinarán con los órganos correspondientes del Ministerio de Defensa, para alertar a la población que pudiera resultar afectada por una emergencia que ocurra en caso de guerra o en tiempo de paz.
Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones que exija el desarrollo de la presente Ley.
CONTENIDO AMPLIANDO LA INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE PROTECCION CIVIL
1.- CLASES DE PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL
Se entiende por planes de protección civil la previsión de marco orgánico funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
A).- PLANES TERRITORIALES.
Los planes territoriales se elaboraran para hacer frente a las emergencias generales que puedan presentar en cada ámbito territorial - de Comunidad Autónoma y de ámbito inferior y establecerán la organización de los servicios y recursos que procedan.:
1. De la propia administración.
2. De otras administraciones publicas según la signación que estas efectúen en Función de sus
disponibilidades y de las necesidades de cada Plan Territorial.
3. De otras entidades públicas o privadas.
El Plan territorial de Comunidad Autónoma que podrá tener el carácter de plan director, establecerá el marco organizativo general, en relación con su correspondiente ámbito territorial, de manera que permita la integración de los Planes Territoriales de ámbito inferior.
B).- PLANES ESPECIALES.
Los Planes especiales se elaboraran para hacer frente a los riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología tecnico-cientifica adecuada para cada uno de ellos.
En su elaboración se tendrá en cuenta:
a.- Identificación y análisis del riesgo y la evaluación de sus consecuencias. b.- Zonificación del riesgo. c.- Evaluación del suceso en tiempo real para la aplicación oportuna de las medidas de protección. d.- Composición de la estructura operativa del Plan, considerando la incorporación de organismos especializados y personal técnico necesario. e.- En los riesgos tecnológicos, la determinación de las actuaciones y responsabilidades de los industriales. f.- Características de la información a la población diferenciando la relativa al conocimiento del riesgo y al conocimiento del Plan. g.- Establecimiento de sistemas de alerta, para que las actuaciones en emergencias sean inminentemente preventivas. h.- Planificación de medidas específicas, tanto de protección, como de carácter asistencial a la Población.
A.- Riesgos objeto de Planes Especiales.
1. Emergencias nucleares.
2. Situaciones bélicas.
3. Inundaciones.
4. Sismos.
6. Transportes de mercancías peligrosas.
7. Incendios forestales.
8. Volcánicos.
B.- Tipos de Planes Especiales:
Por las distintas características de los riesgos enumerados en el apartado anterior, los planes especiales habrán de elaborarse con arreglo a los siguientes tipos:
1.- Planes Básicos:
Para los riesgos derivados d situaciones bélicas y de emergencia nuclear, son aquellos cuya aplicación viene exigida siempre por el interés nacional. En ellos, la competencia y la responsabilidad del Estado abarca todas las fases de planificación, incluyendo la relativa a la prevención ( vigilancia y control de las emergencias potenciales, con el concurso de los organismos competentes ), la implantación, el mantenimiento de la efectividad, la Información a las Administraciones afectadas, a la población y la dirección de todas las actuaciones, sin perjuicio de la participación del resto de las Administraciones Publicas.
2.- Planes Especiales:
Los Planes Especiales serán para los demás casos. Planes Especiales son aquellos que se
elaboran de acuerdo con las directrices básicas relativas a cada riesgo. Dichas Directrices Básicas establecerán los requisitos mínimos sobre los fundamentos, estructura, organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de Coordinación que deben cumplir los Planes Especiales a que se refieran. Los Planes Especiales pueden articularse, dependiendo de lo previsto en la correspondiente Directriz Básica, conforme a las modalidades siguientes:
a.- Estatales o supraautonomicos.-
Estos establecerán los mecanismos y procedimientos organizativos de sus recursos y servicios para asegurar el ejercicio de la dirección y coordinación de los Planes Especiales Autonómicos, en aquellas situaciones de emergencia en que este presente el interés nacional.
b.- De Comunidad Autónoma, para hacer frente a los riesgos específicos en sus respectivos territorios:
Estos Planes, que podrán integrarse en el Plan Director de la Comunidad Autónoma, establecerán los mecanismos y procedimientos de coordinación con los planes de ámbito estatal para garantizar su adecuada integración.
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References: artículo 1
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 149
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 10
 resolución