Source: http://www.envio.org.ni/articulo/4980
Timestamp: 2019-01-21 07:52:35+00:00

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Revista Envío - La derecha intenta opacar elecciones con clamores de “Estado fallido”
A lo largo de 2009-2014 se ha ido quebrando la hegemonía de la derecha salvadoreña en el campo político. La derecha ha ido perdiendo el control absoluto que tenía en las instituciones del Estado. En este contexto, no es raro que los clamores lamentando el “Estado fallido” hayan ido subiendo de volumen. Convencer a la población nacional y a la comunidad internacional de que El Salvador es un Estado fallido parece ser un eje estratégico de la derecha salvadoreña para recuperar el poder perdido.
Después de tres meses de campaña electoral, el 1 de marzo se realizaron elecciones para diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, y para Concejos Municipales en 262 municipios. Lo inusual del proceso -el tercer ejercicio electoral desarrollado en un lapso de 337 días en el país- fue el prolongadísimo escrutinio final. Para la prensa convencional de circulación masiva no fueron los resultados electorales el motivo de sus titulares. La lucha se desarrolló alrededor de algo más grande: la institucionalidad del Estado y la tesis de “Estado fallido” que las fuerzas de derecha han venido madurando a lo largo de los cinco años y medio de gobiernos del FMLN.
RESULTADOS EN EL PARLACEN
Y EN LOS MUNICIPIOS
En las elecciones del 2015 estaban en juego los 262 Concejos que gobiernan a nivel municipal, los 84 diputados
y diputadas que conforman la Asamblea Legislativa y las 20 diputaciones que El Salvador tiene en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Los partidos políticos contendientes fueron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Alianza República Nacionalista (ARENA), la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Cambio Democrático (CD), el Partido Salvadoreño Progresista (PSP), Democracia Salvadoreña (DS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y el Partido Social Demócrata (PSD). También entraron en la disputa algunos candidatos no partidarios aspirando al cargo de diputados.
La banca en el PARLACEN -elección de menor importancia para la población, puesto que la mayoría no sabe a qué se dedica esta estructura regional- quedó repartida así: 8 diputaciones para el FMLN, 8 para ARENA, 2 para GANA, 1 para el PDC y 1 para el PCN.
En los concejos municipales, que por primera vez en la historia del país serán plurales, 1129 serán dirigidos por ARENA, 85 por el FMLN, 19 por GANA, 20 por el PCN, 7 por el PDC 1 por el CD y 1 por el PSD.
Las grandes recuperaciones del FMLN son San Salvador, Soyapango y Mejicanos. También gobernará el municipio de San Miguel, tercera ciudad del país, un avance importante. En las 86 alcaldías ganadas, el FMLN gobernará al 49% de la población salvadoreña. Las grandes recuperaciones de ARENA son Santa Ana, segunda ciudad del país, y Santa Tecla, ciudad importante del área metropolitana, gobernada por el FMLN desde el año 2000 con Oscar Ortiz, actual Vicepresidente de la República.
Ahora Santa Tecla estará bajo el mando nada más y nada menos que de “Robertillo” D’Aubuisson, hijo del fundador de ARENA, quien el 24 de marzo de 1980 mandó a matar al recién beatificado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Aunque éstos serán cambios importantes para la población de estos dos municipios, no representan mayores cambios en el mapa político del país.
RESULTADOS EN EL LEGISLATIVO
En la Asamblea Legislativa tampoco hubo mayores cambios, aunque hay una leve recuperación del partido ARENA, que se hallaba en pleno estado de descomposición hace sólo un año.
En relación a las anteriores elecciones legislativas (2012), tres partidos mantienen el mismo número de diputados y diputadas: el FMLN 31, GANA 11 y el PDC 1. ARENA pasó de 33 a 35, sube 1 a costa del PCN, que bajó de 7 a 6 y otro a costa del CD, que dejará de existir. La mayor migración de votos se produjo en la población votante de los partidos de derecha, ya que la pérdida del PCN fue ganancia para ARENA. La composición legislativa no cambia ustancialmente si en esta legislatura se mantienen los bloques de alianzas: FMLN-GANA por un lado y ARENA-PCN-PDC por otro. Habría así un empate, pues ambos partidos sumarían 42 votos.
La mayoría simple para las votaciones se logra con 43 votos. Habrá que esperar qué cambios se dan en la composición de cada fracción partidaria una vez instalados en sus cargos, ya que la división en los partidos de derecha ha sido una constante en los últimos seis años. Aún es temprano para visualizar claramente cómo quedará la correlación legislativa.
2009: INICIA UN PROCESO DE DESVENTAJAS PARA LA DERECHA
A lo largo del período 2009-2014 se fue quebrando una tradición histórica en El Salvador: el control absoluto, y a su antojo, que la oligarquía ejercía sobre los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aunque la oligarquía se ha mantenido fuerte económicamente, ha perdido buena parte de su hegemonía política.
En las elecciones legislativas de enero de 2009 el FMLN ganó 35 de los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa, más que en cualquier elección anterior. Aunque eso no le garantizó una mayoría calificada (56 votos), ni siquiera una mayoría simple (43 votos) sobre el conjunto de partidos de derecha, sí representó un avance significativo, profundizado posteriormente al resquebrajarse la unidad de la derecha salvadoreña. En esas elecciones ARENA sacó 32 diputados, pero a lo largo de 2009-2010 le desertaron 13, quienes migraron a la naciente “opción de derecha” llamada GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) y ARENA quedó con una escasa bancada legislativa de 19 diputados.
EL MAYOR REVÉS POLÍTICO
Dos meses después de este quiebre en el Legislativo, las elecciones presidenciales representaron el mayor revés político electoral de la historia de la derecha. El 15 de marzo de 2009 el FMLN -un partido definido en sus estatutos como “democrático, revolucionario y socialista”-, ganó las elecciones presidenciales. Su primer Presidente, Mauricio Funes, rompió con la tradición palaciega de incondicionalidad hacia los oligarcas salvadoreños.
A lo largo del mandato de Funes la oligarquía fue perdiendo el control de instituciones importantes del Estado. Dirigentes del FMLN llegaron a presidir instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. En la Presidencia de la Corte Suprema fue el único caso en que la derecha logró destituir a dos figuras elegidas a propuesta del FMLN: Primero a Ovidio Bonilla y después a Salomón Padilla. Pero la derecha no logró sustituirlos con un incondicional suyo.
El Presidente de la Corte por consenso, Oscar Pineda Navas, no contaba con el apoyo total de ninguna fuerza, pero sí con el apoyo mínimo de todas. También la Corte de Cuentas llegó a ser dirigida por una figura de la derecha que no obedecía al principal partido de la oligarquía y las propuestas de ARENA para encabezar esa institución no prosperaron. Algo similar pasó con la elección del Fiscal General de la República, aunque posteriormente Luis Méndez ha tenido un comportamiento cada vez más cercano a las posiciones de ARENA, protegiendo al ex-Presidente de la República Francisco Flores y a cabecillas del crimen organizado.
2014: UN HITO DE LA IZQUIERDA
La elección presidencial de Salvador Sánchez Cerén en 2014, dirigente histórico del FMLN y ex-Comandante guerrillero, coronó el poder de la izquierda en el aparato estatal.
Sánchez logró sustituir a algunos ministros importantes cuyos nombramientos habían sido producto de alianzas con partidos de la derecha moderada o impuestos por la embajada de Estados Unidos con personalidades provenientes de la izquierda, como fue el caso del Ministro de Agricultura y del Ministro de Justicia y Seguridad Pública respectivamente. También nombró Sánchez Cerén a figuras de la izquierda en la Dirección de instituciones autónomas: en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y en el Censo Nacional de Registro (CNR).
EL CLAMOR DE LA DERECHA
Y SU PIEZA CLAVE
En este contexto de quiebre del poder histórico de la oligarquía, no es extraño que los clamores que denunciaban una “crisis institucional”, que comenzaron a escucharse en 2010, hayan ido subiendo de volumen en la medida en que la clase empresarial iba perdiendo la hegemonía política del país.
Fuerza para gritar tienen, pues su hegemonía en el campo económico la tienen también en el campo mediático y el apoyo que reciben de sus colegas internacionales no ha menguado en los seis años de gobierno del FMLN.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está conformada por cinco magistrados, pero desde mediados de 2010 cuatro de ellos, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Belarmino Jaime convirtieron esa instancia en poder inapelable y principal trinchera de la clase empresarial y de los intereses de la embajada de Estados Unidos.
DE “LOS CUATRO FANTÁSTICOS”
A lo largo de estos cinco años todas las señales indicaban que la clase empresarial y la embajada de Estados Unidos habían logrado una especie de simbiosis con los miembros de la Sala de lo Constitucional.
El poder de esos cuatro magistrados era tal que fueron ellos quienes, en 2012 y 2013, destituyeron a Ovidio Bonilla y a Salomón Padilla, dos presidentes de la Sala, también presidentes de la Corte, bajo el argumento político de que tenían una relación de militancia con el FMLN y el argumento técnico de que una misma Asamblea Legislativa no podía elegir magistrados dos veces.
El actual Presidente de la Corte, Armando Pineda Navas, sigue en ese cargo hasta la fecha porque ha sabido navegar en las aguas de esa Sala sin molestar a los “cuatro fantásticos”.
Estos cambios son estratégicos: en la Corte Suprema de Justicia se concentra una fuerza importante para favorecer la impunidad y difícilmente la soltaría la derecha más conservadora, el bloque que más protección ha recibido históricamente.
El gobierno de Estados Unidos ha sido algo más que un observador en todo este proceso.
La “crisis” de 2012-2013, que terminó en las destituciones de Bonilla y Padilla, coincidió en el tiempo con la aprobación de los fondos del Fomilenio 2, una inversión de 277 millones de dólares en la zona costera del país.
En típico estilo intervencionista, un pequeño bloque de senadores estadounidenses recomendó al gobierno de Barack Obama considerar acciones bilaterales en caso de que no se tomaran inmediatamente “medidas concretas para restablecer el orden constitucional y democrático” en El Salvador. Entonces la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, declaró: “Hemos sido claros que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional deben ser respetadas por el bien de la institucionalidad del país”, inclinándose a favor de los cuatro magistrados. Afirmó también, y reiteradamente, que los Fondos del Milenio (Fomilenio 2), quedarían en espera hasta que se solucionara la “existente crisis institucional en la Corte Suprema de Justicia”.
En agosto de 2104, solo dos meses después de la toma de posesión de Salvador Sánchez Cerén, el discurso de “crisis institucional” subió de tono. Esta vez, la voz cantante la llevaba el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
En plena misa de cierre de las fiestas patronales de la capital, una de las más solemnes del año, el máximo jerarca de la Iglesia católica salvadoreña dijo: “El nivel de autodestrucción que vivimos en el país amenaza con volvernos un Estado fallido”. Escobar terminó pidiendo la intervención celestial: “¡Divino Salvador del Mundo, sálvanos!”
¿En qué se basó para decir que estábamos a punto de convertirnos en un país con un Estado fallido? Escobar argumentó que la espiral de violencia y delincuencia se había vuelto incontrolable, lo que es indiscutiblemente cierto. Desde que inició el siglo 21 El Salvador ha competido por los primeros lugares entre los países más violentos en América Latina.
El Centro de Estudios “Fund for Peace”, institución especializada en llevar un “índice de Estados fallidos”, utiliza 12 indicadores para clasificar a los Estados como fallidos. Emplea indicadores sociales (presiones demográficas, refugiados y desplazados internos, quejas grupales, viajes aéreos y fuga de capital humano), indicadores económicos (desarrollo desigual, pobreza y declive económico) e indicadores políticos y militares (legitimidad del Estado, servicios públicos, derechos humanos, aparato de seguridad, élites divididas en facciones e intervención externa).
Los indicadores son cuestionables, son ahistóricos, en algunos casos vagos (“élites divididas en facciones”) y la aplicabilidad en algunos casos convierte el efecto en causa (¿la intervención externa es una calificación
para el país intervenido o para el país interventor?)
El Salvador no encaja en estas definiciones. Durante los años 2009-2014 el país ha mantenido una tendencia de mejoría en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. La economía ha venido recuperándose de la grave caída que en su crecimiento experimentó en 2009, con una pequeña disminución del desarrollo desigual (el índice GINI mejoró en 6 puntos durante el gobierno de Funes) y una reducción de 11 puntos en el índice
de pobreza (de 40% en 2008 a 29% en 2014).
Los indicadores sociales fueron más preocupantes en la época de la guerra que en la actualidad y no hay ningún fundamento para pensar que la legitimidad del Estado esté en cuestión. El acceso a servicios básicos -agua, electricidad y saneamiento- aumentó entre 1-2% en 2013 respecto a 2012 y el analfabetismo bajó 6 puntos (de 17% a 11%) en cinco años.
UN ARGUMENTO “MADE IN USA”
El término “Estado fallido” apareció en el campo académico en 1993, pero adquirió relevancia geopolítica mundial después de los ataques del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos comenzó a considerar a los Estados así clasificados una amenaza para su seguridad nacional. El entonces Presidente George W. Bush lo argumentó así en su Estrategia de Seguridad Nacional (2002): “Ahora América está menos amenazada por los Estados con pretensiones de expansión que por los Estados débiles y en vías de fracaso”. Y en su período como Secretaria de Estado, Hillary Clinton advirtió al Senado sobre el “caos que fluye de los Estados fallidos”.
Sabemos lo caro que Estados Unidos cobra a los países que considera amenazas para su seguridad nacional. Ejemplos históricos como Cuba, recientes como Libia o Siria, o actuales como Venezuela dan fe que estos países se vuelven víctimas de la desestabilización política, el ahogamiento económico, el hostigamiento o la intervención militar, organizados desde las embajadas del país del Norte.
Teniendo en cuenta este contexto, es difícil creer que la equivocada aplicación del concepto por la máxima autoridad de la Iglesia católica salvadoreña fuera solamente un error académico o una ingenuidad. De hecho, sus palabras desataron una polémica que duró meses y que aún domina las páginas de opinión de los medios escritos de circulación masiva. Convencer a la población salvadoreña y a los países del mundo que El Salvador es un Estado fallido parece ser un eje estratégico de la derecha salvadoreña para recuperar el poder que ha perdido.
Era de esperar que las elecciones de marzo 2015, un evento político de máxima relevancia, se convertirían en otra oportunidad para escandalizar al país y a la comunidad internacional, profundizando la tesis del Estado fallido
y deslegitimando al segundo gobierno del FMLN.
LOS “CUATRO FANTÁSTICOS”
El Tribunal Supremo Electoral fue felicitado unánimemente por su eficiencia y profesionalismo en el proceso electoral de 2014. Romper esa imagen era una necesidad para la derecha. Y de nuevo, “los cuatro fantásticos” de la Sala de lo Constitucional salieron al rescate, tal como han hecho en los últimos cuatro años para proteger los intereses
de la clase empresarial y de sus representantes políticos.
Fueron la punta de lanza para descabezar la Corte, destituyendo al doctor Bonilla y después al doctor Padilla. Lo fueron para revertir un decreto ejecutivo que le quitaba a la ANEP, el gremio empresarial, su incondicional y mecánica participación en la dirección de 19 instituciones autónomas del gobierno. Lo fueron para proteger a ARENA en su máximo momento de descomposición, declarando inconstitucional que los legisladores abandonaran su partido y se sumaran a otras fracciones legislativas o se declararan independientes. Bloquearon el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, satisfaciendo así las demandas de ARENA y de las aseguradoras privadas. Revirtieron el impuesto a las llamadas desde el exterior aprobada durante la administración de Antonio Saca, cobros que sumaban una recaudación de 80 millones de dólares anuales, quedando bien con las empresas telefónicas transnacionales.
PREPARANDO CONDICIONES
PARA EL FRACASO
Con este expediente, el primer ataque de “los cuatro fantásticos” al Tribunal Supremo Electoral lo dieron en junio de 2014, cuando intentaron, infructuosamente, destituir a Eugenio Chicas, presidente de este órgano, por ser militante del FMLN. No les fue posible y el período de Chicas terminó cuando cumplió su mandato en julio y Julio Olivo, propuesto por el FMLN, asumió el cargo.
Después, con dos sentencias de la Corte cambiaron la mecánica de las elecciones. La primera sentencia de la Sala, que sobrecargó el trabajo electoral, fue la decisión de incluir la elección de diputados al PARLACEN en el proceso electoral de 2015.
Antes, estos diputados eran electos indirectamente, por plancha, y según la proporción que cada partido sacaba en las elecciones de diputados para la Asamblea Legislativa. Aunque ningún partido rechazó esta sentencia,
la decisión sumó una tercera boleta electoral al proceso de 2015 y un escrutinio extra al Tribunal Electoral.
LA SENTENCIA DE LA DISCORDIA: EL VOTO CRUZADO
Cuatro meses antes de las elecciones de marzo de 2015, “los cuatro fantásticos” emitieron otra sentencia, la de la discordia: el voto cruzado. El 5 de noviembre, seis días después de que el Tribunal Supremo Electoral realizara la convocatoria oficial para las elecciones del 1 de marzo, la Sala dictaminó que “...es inconstitucional el artículo 185 inciso 3° del Código Electoral, que establece la prohibición de voto cruzado, ya que dicha norma vulnera el carácter libre del voto establecido en el artículo 78 de la Constitución, al prohibir marcar candidatos de distintos partidos políticos, distintos candidatos no partidarios o candidatos de partidos políticos y candidatos no partidarios
La demanda para esta sentencia fue interpuesta por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), una ONG que ha vacilado entre su pertenencia histórica al bloque de izquierda y su adhesión y posterior separación de los Aliados para la Democracia, una coalición de la “sociedad civil” encabezada por la ANEP y financiada por la USAID. Los Aliados por la Democracia consideraban que “con el voto cruzado (el votante) podrá escoger de distintas listas de los partidos al que le parezca por su trayectoria, por su capacidad y su idoneidad y su moralidad, y eso permitirá tener verdaderos representantes. Con esta votación se va a expresar el voto soberano y vamos a mejorar la calidad de la Asamblea Legislativa”.
VARIOS PAÍSES RECHAZAN
La experiencia internacional invalida la supuesta relación que existe entre el sistema de listas abiertas o el voto cruzado con procesos democráticos. Sería difícil calificar como democrática la experiencia hondureña, donde existe el voto cruzado desde 2005. En las últimas elecciones de 2013, cuando “ganó” Juan Orlando Hernández, resonaron internacionalmente las denuncias de prácticas fraudulentas, como la exclusión de 400 mil sufragios de los resultados preliminares anunciados por el TSE y la inclusión mayoritaria de actas que dieron la ventaja a Hernández, 20% de las cuales tenían inconsistencias.
En Paraguay, la implementación de la modalidad del voto cruzado fue rechazada en 2013 por llevar a los países que lo han implementado a un futuro golpe de Estado. “Nosotros queremos partidos políticos fortalecidos, participativos y fiscalizadores del proceso electoral y a través de los controles mutuos mantener el padrón electoral más limpio de América”, declaró el asesor jurídico del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay, Carlos María Ljubetic. “De acuerdo a la experiencia de países que implementaron las listas abiertas, como Honduras -dijo- los cambios de presidentes se realizan con golpes de Estado”. En países diversos como España, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, el sistema de listas abiertas ha sido rechazado una y otra vez por complicar, innecesariamente, los procesos electorales.
EL CAMBIO DEL SISTEMA
La resolución de la Sala contó con la votación de todos sus miembros. Solo Armando Pineda Navas, Presidente de la Sala y de la Corte, razonó su voto argumentando que la medida debería aplicarse a partir de las elecciones de 2018, puesto que no había tiempo para preparar un proceso tan complicado en apenas cuatro meses. “Sería inconveniente e inviable hacerlo en el próximo proceso electoral, tomando en cuenta aspectos financieros, presupuestarios, normativos
y operativos”, dijo Pineda.
No se equivocó. Hasta el 27 de diciembre, faltando solo 62 días para las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral acordó por unanimidad que no se mantendría el concepto de “la unidad y la igualdad del voto” cuando los electores decidieran cruzar su voto. Por lo tanto, si un votante marcaba 24 rostros en la papeleta de diputados para el departamento de San Salvador, cada marca sería igual a un veinticuatroavo de voto; si marcaba 12 rostros, cada marca equivaldría a un doceavo del voto.
El fallo llegó después de mes y medio de acaloradas discusiones en la Asamblea Legislativa y de otra resolución de la Sala de lo Constitucional apoyando la posición de ARENA. Hasta ese momento los partidos políticos pudieron comenzar a capacitar al personal que trabajaría en las mesas electorales para que respondieran a este complicado recuento de votos.
CONFUSIÓN Y AGOTAMIENTO
Aunque nadie le dio importancia al voto razonado de Pineda, sus palabras fueron premonitorias. Miles de ciudadanos llegaron el día de las elecciones sin saber cómo votar, provocando el mayor índice de voto nulo en la historia electoral del país. Otros muchos se quedaron en sus casas ante un procedimiento que no entendían.
En cada mesa electoral, las Juntas Receptoras de Voto (JRV) tuvieron que contar las marcas de tres elecciones y llenar 27 actas.
La mayoría de integrantes de las JRV realizaron jornadas de más de 24 horas, en algunos casos de 30. Tenían que trasmitir 277 mil actas de 10,621 mesas electorales. Aún si contaban con una capacitación eficaz -lo que fue la excepción y no la regla-, los errores en el llenado de actas por cansancio mental y físico fueron una constante.
En el transcurso del proceso electoral se dio un sinfín de problemas. El simulacro de transmisión de actas tuvo fallos debido a la logística electoral y no se pudo realizar satisfactoriamente. Aunque estos problemas se subsanaron para el 1 de marzo y no afectaron el evento electoral, los periódicos de circulación masiva se encargaron de hacer creer a la población que el TSE no sería capaz de realizar esa tarea.
La empresa encargada de la divulgación del escrutinio preliminar, “Soluciones Aplicativas”, no garantizó un procesamiento digital de datos fidedignos, por lo que hubo que suspender el escrutinio preliminar. El Presidente del organismo colegiado, Julio Olivo, presentó una demanda por sabotaje en la Fiscalía, involucrando a un oscuro personaje que labora en el TSE, René Torres. Sin embargo, el fiscal actuó consecuentemente con su actuación en el caso de corrupción del ex-Presidente Francisco Flores e hizo todo para desestimar el caso antes de iniciar la investigación.
El escrutinio final comenzó su labor puntualmente, pero se prolongó más de lo esperado, por la dinámica política de los partidos participantes y por la carga de trabajo, que exigía revisar cada una de las 277 mil actas. La polémica desatada en torno a la apertura masiva de las urnas, contrario a lo establecido por el Código Electoral, se convirtió en la principal demanda de ARENA, de los Aliados por la Democracia y de los medios de comunicación masiva.
Según el bloque político, económico y mediático de la derecha, el responsable de toda esta problemática ha sido
el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, propuesto por el FMLN. Emprendieron una guerra en su contra que culminó en la demanda de exigir su renuncia. Olivo fue tenaz en defenderse de los medios y en no desviar la atención de su tarea principal: garantizar la finalización completa del proceso electoral.
Los ataques que ponen a Olivo en el centro del huracán carecen de fundamento porque el TSE es un organismo colegiado, compuesto por cinco magistrados, tres de ellos propuestos por los tres partidos políticos de mayor caudal electoral (FMLN, ARENA y GANA actualmente) y dos que vienen de la Corte Suprema de Justicia. Así, el Presidente del TSE no tiene facultades más allá de sus colegas.
Según el movimiento social, los responsables de todo lo ocurrido son “los cuatro fantásticos” de la Sala de la Constitucional. Su resolución a favor del voto cruzado parece un acto de mala fe, porque eran previsibles los problemas que acarrearía el cambio con tan corto tiempo para su implementación.
El 20 de noviembre los miembros de la Sala se vieron obligados a prometer no emitir nuevas sentencias ni resoluciones en temas electorales, antes de las elecciones de marzo. Pero ellos mismos incumplieron su promesa sólo 11 días antes de las elecciones cuando emitieron una resolución respecto a la manera de definir los candidatos electos por preferencia, profundizando así la confusión en la población.
La Coordinadora Unitaria y Sindical de El Salvador (CUSS) exigió la renuncia de estos cuatro magistrados en pleno escrutinio final de las votaciones. Una concentración de organizaciones sociales frente a la Corte Suprema el 13 de marzo demandándola fue ignorada por los medios de comunicación masiva. Sólo el diario vespertino “CoLatino”, la televisora “Genteve” y algunos medios radiales alternativos cubrieron la movilización.
La OEA, instancia internacional que acompañó el proceso en todos sus momentos, manifestó el 2 de marzo: “Los inconvenientes fueron consecuencia, entre otros, de la introducción de la modalidad del voto cruzado una vez convocadas las elecciones y con el calendario electoral avanzado; de restricciones financieras; y finalmente, del escaso tiempo de ejercicio de funciones del nuevo Tribunal Supremo Electoral.
Los medios de comunicación masiva apuntaban su agenda contra el Tribunal Supremo Electoral y contra el gobierno del FMLN con la precisión con que lo hace un francotirador. Durante más de cuatro semanas, la casi totalidad de las portadas de los principales diarios, “El Diario de Hoy” y “La Prensa Gráfica”, se enfocaron en deslegitimar la institucionalidad del Estado. Titulares como “TSE bajo cuestionamiento”, “Turbulencia institucional” y “El Salvador en caos” han sido el pan de cada día de estos rotativos nacionales.
Son pocos los ataques que se refieren a preocupaciones por un posible fraude electoral porque, a pesar de la lentitud del proceso, no hubo ningún indicio de fraude en el proceso de escrutinio. Además, quienes atacan no tienen interés en descalificar los resultados, puesto que no han salido nada mal en la votación.
Su interés es otro: deslegitimar al gobierno del FMLN y garantizar que no se profundicen los cambios que ya se vienen dando a favor del pueblo. Dos días antes de las elecciones, Teresa Guevara de López, columnista de “El Diario de Hoy” editorializó: “Evidente incapacidad del gobierno, que nos hace reconocer que el Señor Arzobispo tenía razón cuando advirtió que estábamos al borde de ser un Estado fallido. ¿No lo somos?”
No. No estamos al borde de un Estado fallido. Estamos ante un Estado que aún tiene que fortalecerse más para apoyar al pueblo en sus justas demandas frente a quienes les explotan y oprimen.
MUCHOS ESPERAN JUSTICIA
En medio del escrutinio final, cientos de trabajadores, productores de ropa marca “Lacoste” y representantes de los 1,083 despedidos sin pago de indemnizaciones tras el cierre ilegal de la fábrica hace un año, se manifestaron en las calles para que “Lacoste” asuma su responsabilidad en el pago del pasivo laboral. Mantienen fe en que el Ministerio de Trabajo podrá presionar al representante de esta firma en El Salvador para que respeten sus derechos laborales. Trabajadores y trabajadoras de los Hoteles Decamerón y Las Veraneras, víctimas de despidos ilegales y esperando el pago de 17 millones de dólares en concepto de horas extras y horas no pagadas y los despedidos de la empresa panificadora “Lido” y de la de seguridad privada, “Tomzagas”, esperan lo mismo. Esperan justicia.
Como la mayoría de la población salvadoreña, ansían que el gobierno legítimamente electo logre lo que sus detractores temen: que la balanza de la justicia se inclina a favor de los más necesitados.

References: artículo 185
 artículo 78
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