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Timestamp: 2020-07-08 10:05:46+00:00

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▷ Litigios/Arbitramentos - Gómez-Pinzón Abogados
Litigios/Arbitramentos
Medidas del Ministerio de Justicia y del Derecho frente a la Emergencia Sanitaria
El Ministerio de Justicia y del Derecho mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, tomó las siguientes decisiones durante el término que permanezca vigente la Emergencia Sanitaria:
La notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos.
Salvo norma especial, toda petición deberá resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de: (i) las peticiones de documentos y de información, que deberán resolverse dentro de los 20 días siguientes a su recepción; (ii) las peticiones en la modalidad de consulta, que deberán resolverse dentro de los 35 días siguientes a su recepción.
Las autoridades administrativas podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, excepto aquellas relativas a la efectividad de derechos fundamentales.
Modificar el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses.
Los procesos arbitrales y los trámites de conciliación extrajudicial, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante se adelantarán mediante el uso de tecnologías.
En el arbitraje, el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, para la duración del proceso será de ocho (8) meses; y el término para solicitar la suspensión del proceso previsto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012 no podrá exceder de ciento cincuenta (150) días. Los tribunales arbitrales no podrán suspender las actuaciones ni los procesos, a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y una de las partes lo proponga.
Para los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se suspende el plazo previsto en el artículo 544 de la Ley 1564 de 2012 para el procedimiento de negociación de deudas y se faculta al conciliador para que, mediante decisión motivada, suspenda dicho trámite.
Suspensión de términos – COVID-19
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de los Acuerdos PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528 del 22 de marzo de 2020 y PCSJA20-11529 del 25 de marzo de 2020, tomó las siguientes decisiones:
Prorrogar la suspensión de términos judiciales en todo el país a partir del 4 de abril y hasta el 12 de abril de 2020.
Manteniendo las 4 excepciones a la suspensión, que son: (i) las acciones de habeas corpus y de tutela, dando prioridad en el reparto a las acciones que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad, para su trámite se hará uso de las cuentas de correo electrónico y las tecnológicas; (ii) las diligencias con persona privada de la libertad adelantadas ante los juzgados de control de garantías; (iii) las audiencias programadas en los juzgados penales de conocimiento con persona privada de la libertad, solo si se pueden llevar a cabo por medios virtuales.
Exceptuar de la suspensión de términos adoptada mediante los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20-11521 de marzo de 2020, las actuaciones que adelante la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de decretos por parte del Presidente de la República en ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política, ante la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
A su vez, el Decreto 469 del 23 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho estableció que la Sala Plena de la Corte Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Exceptuar de la suspensión de términos adoptada mediante los acuerdos PCSJA20-11517, 11521 y 11526 de marzo de 2020, las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los tribunales administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad sobre las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tal y como lo establece el artículo 20 de la Ley 137 de 1994. y los artículos 111, numeral 8, 136 y 151, numeral 14, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La Superintendencia de Sociedades, a través de la Resolución 100-001026 del 24 de marzo de 2020, suspendió los términos de los procesos jurisdiccionales que se adelantan ante las sedes de Bogotá y de las Intendencias Regionales a partir del 25 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2020. No habrá atención al público en el Grupo de Apoyo Judicial en ninguna de las sedes.
El COVID-19 y los contratos de arrendamiento de local comercial
Analizamos los posibles efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, particularmente sobre contratos de arrendamiento de local comercial afectados por la pandemia o las medidas gubernamentales correspondientes.
En primer lugar, existe una distinción fáctica entre la pandemia, en tanto hecho generalizado y continuado, frente a los hechos puntuales consecuenciales a ella -órdenes de gobierno, hechos de la naturaleza o de terceros- que impidan el cumplimiento de obligaciones contractuales. En particular, este boletín aborda las implicaciones de estos hechos en Colombia frente a las obligaciones esenciales pactadas en los contratos comerciales de arrendamiento que vinculan a arrendadores y arrendatarios de almacenes u otro tiempo de bienes de los cuales dependen los procesos productivos de las empresas.
En general, existen dos posibles remedios jurídicos aplicables en esta situación:
La fuerza mayor o caso fortuito:
Según la ley colombiana, la fuerza mayor corresponde a un imprevisto que no es posible resistir. En ese sentido, se trata de un evento que debe cumplir por regla general con tres características: (i) ser irresistible, (ii) ser imprevisible, (iii) ser externo o ajeno al deudor. Es posible, también, que los contratos tengan cláusulas de fuerza mayor que regulen situaciones relacionadas con la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y establezcan las consecuencias de estar ante un evento de fuerza mayor regulado por el contrato.
La demostración de un supuesto de fuerza mayor puede liberar de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones o, dependiendo del caso, motivar la suspensión del contrato.
La revisión contractual por imprevisión:
Otra opción con la que podrían contar los contratantes es ampararse en el en el artículo 868 del Código de Comercio para solicitar la revisión del contrato, cuando el acaecimiento de estas circunstancias extraordinarias no torne imposible el cumplimiento de sus obligaciones, pero sí agrave de manera excesivamente onerosa su cumplimiento. Para que la revisión sea procedente, lo que en primer término debe acreditarse es que el contrato se ajusta en términos generales a aquellos que de acuerdo con el artículo 868 pueden ser objeto de revisión: contratos conmutativos, de ejecución sucesiva o diferida. A su vez, debe acreditarse (i) que sus obligaciones se han vuelto excesivamente onerosas, (ii) que las circunstancias que causan la modificación son posteriores al contrato, y (iii) dichas circunstancias son imprevisibles y extraordinarias.
Esta segunda alternativa origina en principio un derecho a la revisión de los términos y condiciones del contrato en cabeza de la parte afectada por la modificación sobreviniente de las bases de la contratación.
Preguntas relevantes frente al contrato de arrendamiento de local comercial:
Para identificar cuál remedio puede ser más apropiado en cada contrato, recomendamos revisar las siguientes preguntas:
¿Qué rol juega en el contrato de arrendamiento? (Arrendador, arrendatario, subarrendatario, codeudor, garante, acreedor garantizado, etc.).
En general, ¿cuáles han sido los efectos económicos y prácticos de la emergencia o de las medidas gubernamentales sobre el desarrollo del contrato? (¿Es posible abrir el establecimiento? ¿La operación puede seguir pero en forma reducida? ¿Es viable pero más onerosa?).
A partir del rol que cumple en el contrato, ¿cuáles son los efectos de la emergencia o de las medidas gubernamentales sobre sus obligaciones específicas?
Si es el arrendador: ¿Puede garantizar el uso y goce de la cosa para la destinación pactada a favor del arrendatario?
Si es el arrendatario: ¿Puede usar y gozar la cosa para la destinación pactada? ¿Puede pagar el precio? ¿Es posible, pero más oneroso, usar la cosa y/o pagar el precio?
Si la apertura del establecimiento está restringida por las medidas gubernamentales:
Revisar si el contrato prevé este supuesto como causal de fuerza mayor a favor de una o de ambas partes o como causal de suspensión del contrato.
Revisar si en el contrato se asignaron riesgos derivados de la imposibilidad de cumplimiento de algunas o todas de las obligaciones.
El arrendador debe evaluar si su obligación de garantizar el uso y goce de la cosa se ha tornado imposible. En dado caso, podrá estarse ante un evento de fuerza mayor que impida la ejecución del contrato.
El arrendatario debe evaluar si, en el contrato, el pago del canon está asociado al uso de la cosa para la destinación acordada. En dado caso, podrá estarse ante un supuesto de fuerza mayor.
En caso de estarse ante un evento de fuerza mayor, la consecuencia por regla general es excusar el incumplimiento de las obligaciones. Por regla general, para que proceda la suspensión del contrato debe haber una cláusula contractual que así lo disponga o -en contados casos- derivarse de la esencialidad de la obligación que se hace imposible.
Si la apertura del establecimiento no está restringida o alguna de las obligaciones no se ha tornado imposible:
Revisar cuál fue la asignación de riesgos en el contrato pues esta, en principio, debe prevalecer.
Establecer si la situación generada por el COVID-19 ha vuelto excesivamente oneroso el cumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales. La excesiva onerosidad debe revisarse en atención a la distribución original de cargas entre las partes.
Determinar si las circunstancias que llevaron a la excesiva onerosidad son imprevisibles y extraordinarias. Si bien es posible que la pandemia en sí lo sea, el análisis debe contemplar los riesgos originalmente asignados en el contrato – por ejemplo, si se asignó el riesgo cambiario, o el riesgo en volatilidad de precios, etc.
Incluso bajo una asignación contractual de riesgos, podría establecerse (y habría que demostrarse) que las nuevas circunstancias extraordinarias han alterado el equilibrio contractual en forma (i) imprevisible y (ii) desproporcionada a las previsiones iniciales.
Es recomendable, en cualquier caso, comunicar a la otra parte de las circunstancias que han afectado el desempeño del contrato, sea haciéndolo imposible o excesivamente oneroso.
En el caso de la fuerza mayor, debería precisarse cuál es el evento irresistible, imprevisible y ajeno al deudor que impide el cumplimiento de las obligaciones. Si procede la suspensión, debería anunciarse.
En el caso de la revisión contractual, debería seguirse el procedimiento establecido en el contrato. En caso de no existir, y si las partes no logran un acuerdo frente a la revisión de los términos del contrato, la parte que alega la desproporción tendría que demandar solicitando la revisión ante un juez o tribunal arbitral, aunque atendiendo a las particularidades del caso podría contemplarse la opción de no cumplir la obligación alegando la imprevisión como causal de justificación.
Desde el Grupo de Práctica de Resolución de Conflictos & Protección de Inversiones estamos haciendo un seguimiento constante a la situación del COVID-19, en caso de tener dudas o inquietudes particulares, por favor no duden en contactarnos.
Procesos arbitrales a través de medios electrónicos – CAC
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante “CAC”), a través de la Circular 002 del 20 de marzo de 2020 informó sobre la manera en que se realizarán los procesos arbitrales a través de medios electrónicos:
La radicación de la demandas y escritos se realizará exclusivamente de manera virtual.
Las reuniones de designación se realizarán preferiblemente a través de Cisco, sin perjuicio de que puedan utilizarse otras plataformas, y su programación está a cargo del abogado del CAC. Para asegurar que las partes queden debidamente informadas de la audiencia, el CAC enviara un correo electrónico de citación y una citación a través de correo certificado.
Si las partes no asisten a la reunión, la misma deberá reprogramarse y en caso de que una de las partes, a pesar de haber sido debidamente citada, no asista a la reunión de designación, las consecuencias serán las mismas que en el caso de reuniones presenciales, dependiendo de lo señalado en la cláusula arbitral.
En el marco de la reunión, se levantará un acta de la misma que deberá dejar constancia de su realización por medios virtuales y que las partes deberán aprobar vía correo electrónico.
Para la preparación de las audiencias de instalación el expediente se pondrá a disposición del Tribunal de manera digital y el día antes de la audiencia se enviará un borrador del acta de instalación. El abogado del CAC será el encargado de agendar la reunión y de citar a las partes y los árbitros tanto a través de correo electrónico, como de correo certificado.
Durante la audiencia se solicitará a las partes acreditar su identidad y una vez concluida la audiencia se levantará a un Acta en la cual el secretario ad hoc hará constar la información relevante del desarrollo de la audiencia, el acta deberá remitirse al Tribunal y a las partes, las decisiones contenidas en el acta serán notificadas en los términos del artículo 23 del Estatuto Arbitral.
El traslado de la demanda se surtirá mediante correo electrónico y correo certificado, de conformidad con el artículo 23 del Estatuto Arbitral.
Etapa arbitral:
Las audiencias serán coordinaras por el secretario del Tribunal Arbitral y el auxiliar de soporte del Centro, se podrá solicitar la grabación de las sesiones y la transcripción de las mismas, como ocurre usualmente.
El expediente deberá mantenerse actualizado y digitalizado por parte del secretario, por ello el personal de digitalización se mantendrá a disposición de los secretarios en las instalaciones del Centro hasta nueva orden. En los casos cuyas demandas se hayan radicado virtualmente, por el momento el único tipo de expediente que se empleará será el electrónico.
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Prórroga a la suspensión de términos del Consejo Superior de la Judicatura por motivo del COVID-19
El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, decidió prorrogar la suspensión de términos adoptada en los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 de marzo de 2020, desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril del año 2020, incluidas las excepciones allí dispuestas.
Durante este periodo los magistrados, jueces y empleados judiciales laborarán en sus casas, salvo que excepcionalmente se requiera acudir a las sedes judiciales para adelantar actividades específicas.
La Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo No. 1420 del 19 de marzo de 2020, decidió cerrar todas sus instalaciones desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 3 de abril. Adicionalmente, decidió suspender los términos judiciales de las acciones constitucionales, tanto de habeas corpus como de tutela, hasta el 3 de abril de 2020.
Suspensión de términos en Consejo de Estado
De acuerdo con la Circular 003 de 2020, en sesión del 16 de marzo de 2020 la Sala de Gobierno del Consejo de Estado estableció suspender los términos en asuntos judiciales y administrativos de conocimiento del Consejo de Estado a partir del 17 de marzo de 2020 y hasta el 3 de abril. Una vez suspendido los términos, se procederá al cierre temporal de las instalaciones del Consejo de Estado.
Así, se estableció que las salas y audiencias públicas programadas para discusión o trámite se suspenderán hasta tanto se levante la suspensión de términos o se implementen los dispositivos tecnológicos que permitan realizar las audiencias conforme a la ley.
Adicionalmente, la Presidencia señala que está pendiente por definir el cierre de los despachos judiciales en la comisión interinstitucional que se llevará a cabo el día 18 de marzo.
Disposiciones de la Rama Judicial:
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de los Acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 y PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, suspendió los términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo y hasta el 20 de marzo de 2020.
Las excepciones son: (i) las acciones de tutela y los habeas corpus; (ii) las diligencias con persona privada de la libertad adelantadas ante los juzgados de control de garantías; (iii) las audiencias programadas en los juzgados penales de conocimiento con persona privada de la libertad, solo si se pueden llevar a cabo por medios virtuales.
Los magistrados, jueces y jefes de dependencias deben coordinar y dar las instrucciones para que los servidores a su cargo laboren desde sus casas.
En los próximos 3 días se verificará que la cuenta de correo electrónico de cada despacho judicial esté activa, entre tanto, el juez designará un empleado para asegurar la recepción de documentos.
Durante este periodo la Corte Suprema de Justicia cerrará su atención al público, salvo para las personas que acudan a presentar acciones de tutela y/o a radicar correspondencia.
Juzgados Penales del Circuito de Bogotá:
Los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá adoptaron por unanimidad, en reunión del 16 de marzo de 2020, la medida de cierre de los Despachos Judiciales a su cargo a partir del 16 de marzo y hasta el 20 de marzo de 2020.
Esta medida implica el cierre de las edificaciones y la suspensión de los términos que corren en todos los procesos y actuaciones constitucionales y legales a su cargo. Incluyendo cualquier gestión o trámite virtual.
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá:
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante “CAC”), a través de la Circular 001 del 16 de marzo de 2020 informó lo siguiente:
En relación con el servicio de Arbitraje Nacional e Internacional, Amigable Composición y Peritaje: A partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el 20 de marzo de 2020 no habrá servicio para la realización de audiencias en las salas del CAC. Oportunamente se informará sobre su reanudación.
El CAC atenderá virtualmente la recepción de demandas, documentos y memoriales. Así mismo, el CAC realizará virtualmente reuniones y sorteos de designación árbitros y atenderá de manera virtual las audiencias de instalación de tribunales arbitrales y audiencias de conciliación. El personal del CAC estará a disposición para la programación de audiencias virtuales en horario laboral.
Frente a los términos de los procesos arbitrables, corresponderá a los Tribunales Arbitrales adoptar las decisiones pertinentes en relación los mismos a partir de la primera audiencia de trámite.
En relación con el servicio de Conciliación en Derecho, Insolvencia y Ejecución Especial de Garantías Mobiliarias: A partir del 16 de marzo de 2020 el 20 de marzo de 2020 no habrá servicio para la realización de audiencias o reuniones en las salas del CAC. Oportunamente se informará sobre su reanudación.
El CAC atenderá recepción de solicitudes de conciliación y demás documentos, también realizará virtualmente los trámites correspondientes a la prestación de estos servicios, a solicitud de los interesados. El personal del CAC estará a disposición para la programación de audiencias virtuales en horario laboral.
Los servicios de mediación escolar (HERMES) se suspenden por el término de cese de las actividades escolares y las audiencias de conciliación en equidad quedan suspendidas y serán adelantadas de manera virtual, en la medida de lo posible con la aquiescencia de las partes.
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín:
El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, a través de la Circular No. 82 del 16 de marzo de 2020, informó lo siguiente:
La atención presencial del Centro en la sede Poblado estará cerrada, por lo tanto, la radicación de documentos de manera física podrá hacerse únicamente en la sede principal. La radicación virtual deberá realizarse a través de correo electrónico con copia al secretario de cada caso, quien a su vez podrá coordinar con las partes la recepción de documentos de manera física o electrónica.
El personal del Centro estará disponible vía telefónica y a través de correo electrónico en el horario habitual, y en la plataforma MASCinfo se podrá consultar los expedientes virtuales y radicar nuevas demandas.
Los términos no se suspenden, por lo tanto, es decisión del tribunal arbitral si adelanta el proceso de manera virtual o define con las partes la suspensión de este. No se realizarán audiencias presenciales, las mismas deberán llevarse a cabo de manera virtual mediante la plataforma webex. Los tribunales podrán decidir bajo su responsabilidad sobre el uso de otro mecanismo.
La Superintendencia de Sociedades, a través de la Resolución 100-000938 del 16 de marzo de 2020, suspendió los términos de los procesos jurisdiccionales que se adelantan ante las sedes de Bogotá y de las Intendencias Regionales a partir del 17 de marzo y hasta el 22 de marzo de 2020.
No habrá atención al público en el Grupo de Apoyo Judicial en ninguna de las sedes.
La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución No. 11790 del 16 de marzo de 2020, suspendió los términos en los procesos que se adelantan ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales a partir del 17 de marzo e inclusive hasta el 30 de abril de 2020.
Durante la suspensión no estarán en funcionamiento el portal web, el correo electrónico, los sistemas de información y el sistema de trámites.
El COVID-19 como evento de fuerza mayor bajo la ley colombiana
La propagación del COVID-19 y las medidas tomadas por las autoridades para combatirlo ha comenzado a afectar las relaciones económicas y comerciales en todo el mundo. ¿Qué efectos puede tener estaLa propagación del COVID-19 y las medidas tomadas por las autoridades para combatirlo ha comenzado a afectar las relaciones económicas y comerciales en todo el mundo. ¿Qué efectos puede tener estaemergencia sobre los contratos regidos por la ley colombiana? A continuación algunas preguntas y respuestas:
¿Cuáles pueden ser los eventos de fuerza mayor o caso fortuito asociados al COVID-19?
Es necesario distinguir entre al menos tres tipos de eventos:
1. El COVID-19, es decir, la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 (o coronavirus), que ha sido declarada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
2. Los actos de autoridad, nacionales o extranjeras, como respuesta a la propagación del COVID-19 y con el objetivo de mitigar o contener el avance de la pandemia. Por ejemplo: cierres de puertos y aeropuertos, restricciones de viaje, cuarentenas forzosas.
3. Los hechos de terceros derivados del COVID-19 o de los actos de autoridad ocurridos tras la enfermedad. Por ejemplo: incumplimiento de contratos de provisión de insumos, pérdida de los insumos, interrupción de servicios.
¿Cuándo un suceso es considerado como un evento de fuerza mayor o caso fortuito bajo la ley colombiana?
Según la ley colombiana, “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir”, el cual debe cumplir por regla general con tres características:
1. Ser irresistible: El hecho debe imposibilitar el cumplimiento de las obligaciones que ha contraído el deudor, siendo imposible resistir o evitar su ocurrencia.
2. Ser imprevisible: Las partes no podrían haber previsto razonablemente las consecuencias del hecho al momento de contratar. En algunas decisiones se exige también que el hecho mismo sea imprevisible.
3. Ser externo o ajeno al deudor: El deudor no puede haber dado lugar ni contribuido a que ocurriera el hecho que se pretende calificar como de fuerza mayor.
¿Cuáles son las consecuencias de que un evento sea calificado como fuerza mayor o caso fortuito?
Si un hecho es calificado como de fuerza mayor o caso fortuito, y se comprueba que aquél fue la causa de que el deudor no pudiera cumplir con sus obligaciones, la obligación puede extinguirse y el deudor exonerarse de responsabilidad – es decir, no indemnizar perjuicios al acreedor por no cumplir con las obligaciones.
Cuando la obligación incumplida no se trata de una entrega de una cosa, sino la prestación de un servicio, en algunos eventos puede proceder la devolución del dinero pagado, sin indemnización de otros perjuicios.Cuando la obligación incumplida no se trata de una entrega de una cosa, sino la prestación de un servicio, en algunos eventos puede proceder la devolución del dinero pagado, sin indemnización de otros perjuicios.
La ley colombiana no prevé como regla general que la fuerza mayor permita suspender los efectos de un contrato, salvo que las partes así lo hayan pactado.
¿Hay alguna diferencia si se trata de contratos entre privados o contratos con el Estado?
En principio, la fuerza mayor o caso fortuito siempre debe ser irresistible, imprevisible y externa o ajena al deudor.
Sin embargo, en contratos con el Estado se ha distinguido entre fuerza mayor como un evento irresistible y externo a la actividad del contrato; y caso fortuito como un evento de consecuencias imprevisibles y de causa desconocida, pero inherente a la actividad del contrato. En materia estatal, tanto el caso fortuito como la fuerza mayor pueden ser procedentes para la suspensión del contrato -previo acuerdo entre las partes-, pero el caso fortuito no tiene la potencialidad de exonerar de responsabilidad.
¿Las pandemias y los actos de autoridad han sido reconocidos expresamente como eventos de fuerza mayor o caso fortuito?
En la ley colombiana se prevén como ejemplos de fuerza mayor o caso fortuito “los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público”. En algunas sentencias, laudos arbitrales y doctrina colombiana han aparecido las epidemias y los actos de cualquier autoridad gubernamental (nacional o extranjera) como ejemplos de posibles eventos de fuerza mayor, aunque no hay un desarrollo exhaustivo de estos eventos.
¿Cómo definir si los eventos asociados al COVID-19 pueden calificarse como fuerza mayor o caso fortuito?
La calificación de un evento como de fuerza mayor o caso fortuito dependerá de cada caso, considerando factores como el tipo de contrato, la naturaleza de las obligaciones y el efecto específico que el evento haya tenido sobre el cumplimiento de las mismas. Es útil tener en cuenta algunos factores:
1. ¿Cuál es el evento específico que está afectando el cumplimiento de las obligaciones?
Es importante identificar cuál es el hecho que impide cumplir las obligaciones, porque es el que se tendrá que calificar como irresistible, imprevisible y ajeno al deudor.
Por ejemplo, si unos trabajadores han sido infectados y no pueden fabricar los productos, el evento podría ser el COVID-19; pero si se trata de cierres de puertos o aeropuertos, el evento sería un acto de autoridad o el hecho de un tercero derivado de la pandemia.
2. ¿Existen cláusulas de fuerza mayor en el contrato?
Algunos contratos tienen cláusulas de fuerza mayor en las que definen los eventos que así se consideran, y algunas veces incluyen (i) epidemias o pandemias y/o (ii) actos de autoridad. • Algunos contratos tienen cláusulas de fuerza mayor en las que definen los eventos que así se consideran, y algunas veces incluyen (i) epidemias o pandemias y/o (ii) actos de autoridad.
Además, estas cláusulas algunas veces definen qué efecto tiene cada evento de fuerza mayor en el contrato. Por ejemplo, aunque bajo la ley colombiana no se suspende el contrato como consecuencia de un evento de fuerza mayor, las partes pueden haberlo acordado así.
3. ¿Es un evento irresistible, imprevisible y ajeno al deudor?
Si bien a hoy no ha sido posible interrumpir la propagación del COVID-19, también debe considerarse si el hecho específico derivado de este (por ejemplo, un acto de autoridad) es obligatorio o no, si admite mitigación o no, si está bajo el control del deudor o no, y si lo impacta directamente o no.
Es muy probable que se considere que, para contratos anteriores a la propagación del COVID-19, no era previsible que fuera a surgir esta pandemia, ni que fuera a traducirse en las medidas sanitarias, económicas, migratorias y reglamentarias en las que desembocó, siendo entonces un evento de consecuencias imprevisibles. En todo caso, el análisis siempre debe hacerse en cuanto al evento específico que se alega.
Salvo para ciertos contratos con el Estado, en los que este mismo es el que ha adoptado los actos de autoridad como consecuencia del COVID-19, los hechos serían ajenos o externos al deudor.
4. ¿El evento impide el cumplimiento de las obligaciones?
Debe verificarse si el hecho hace imposible el cumplimiento de las obligaciones, es decir, si existe una relación clara y directa entre el evento de fuerza mayor y la imposibilidad de cumplir con la prestación que debía cumplir el deudor.
Debe identificarse cuál era la naturaleza de la obligación que el deudor debía cumplir, pues esto puede impactar si realmente se ha hecho imposible o no.
Por ejemplo: identificar si se trata de una obligación de entregar una cosa determinada que no ha podido salir del puerto, una obligación de entregar cualquier género de cosas que pueden conseguirse en otros lugares, una obligación de prestar un servicio u organizar un evento que ha sido restringido, etcétera.
Si el cumplimiento de las obligaciones no se hace imposible, sino más costoso, ¿hay alguna solución bajo la ley colombiana?
Si el cumplimiento de las obligaciones se hace considerablemente más costoso, pero no imposible, no se trataría de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.
Sin embargo, podría estarse ante un fenómeno de imprevisión contractual -para contratos entre particulares- o de desequilibrio económico -para contratos con el Estado-.
La regla general es que, cumpliéndose ciertos requisitos particulares para cada caso, el contrato no se extinga, sino que un juez reajuste sus términos para adaptarse a las nuevas circunstancias imprevistas. También es posible que el contrato incluya mecanismos de ajuste que no requieran acudir al juez o al tribunal arbitral.
¿Pueden existir otras consecuencias bajo ley colombiana en caso de no cumplirse con un contrato por eventos derivados del COVID-19?
En caso de que no se cumpla con los requisitos de la fuerza mayor, pero el COVID-19 o eventos derivados de este hayan incidido decisivamente en el cumplimiento del contrato, a pesar de la diligencia del deudor, puede llegar a considerarse una disminución de la culpa o incluso exoneración por ausencia de culpa, dependiendo del contenido y alcance de la obligación.
Para contratos que no se han celebrado o hasta ahora se están celebrando, ¿cómo regular los posibles efectos del COVID-19?
Para contratos que hasta ahora se están celebrando, el COVID-19 ya no se trataría de un hecho imprevisible, por lo que es recomendable regular entre las partes la distribución de los posibles riesgos derivados de esta situación. Por ejemplo:
Adelantar ejercicios juiciosos de debida diligencia para identificar los principales riesgos propios y de la contraparte para dar cumplimiento a sus obligaciones.
Precisar mediante consideraciones, declaraciones o garantías la capacidad de cada una de las partes de responder por las obligaciones del contrato dada la emergencia del COVID-19.
Constituir pólizas de seguro u otras garantías que permitan amparar algunos de los riesgos derivados del COVID-19 o de eventos sucesivos.
Establecer periodos de suspensión de las obligaciones si su cumplimiento resulta imposible o excesivamente costoso.
Contemplar términos y condiciones flexibles para el cumplimiento de las obligaciones, con deberes de información clara y oportuna por parte de todos los contratantes sobre su estado de cumplimiento.
Asignar el riesgo de pérdidas o de mayores costos a alguna de las partes, o repartirlo entre ellas.
Establecer condiciones resolutorias o permitir la exoneración de responsabilidad de ciertas obligaciones como consecuencia del COVID-19 o de eventos derivados de este.
Regular posibles escenarios de terminación anticipada del contrato por eventos que impidan a las partes cumplir sustancialmente con sus obligaciones.
En todo caso, es posible que en un futuro surjan situaciones o consecuencias no previstas derivadas de la emergencia sanitaria, que tendrán que ser evaluadas en su momento para definir si cumplen con los requisitos de la fuerza mayor o caso fortuito.
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References: resolución 
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 544
 artículo 215
 artículo 20
 Resolución 
 artículo 868
 artículo 868
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 Resolución 
 Resolución