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Timestamp: 2020-08-06 15:32:23+00:00

Document:
Registro Oficial. 19 de ENERO del 2001
Viernes, 19 de enero de 2001
\n MES DE ENERO DEL 2001 \n
REGISTRO\n OFICIAL
\n ORGANO\n DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración\n del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
\n Presidente Constitucional de la República
Viernes\n 19 de Enero del 2001 - No. 248
EDMUNDO\n ARIZALA ANDRADE
\n DIRECTOR ENCARGA
\n DECRETO:
\n 1124\n Refórmase\n el Reglamento para la Regulación del Costo de la Educación\n en los establecimientos particulares del país, publicado\n en el Registro Oficial No. 144 del 18 de agosto del 2000
\n RESOLUClONES:
\n CONSEJO NAClONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO:
\n 069\n Fíjase a partir del 1 de enero del 2001, el bono de comisariato\n en USD 50 mensuales, para los servidores, profesionales escalafonados,\n Magisterio Nacional y trabajadores del sector público\n no financiero, sujetos a: Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n leyes de escalafón y sueldos de profesionales, Ley de\n Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, Código\n del Trabajo u otras que regulan la relación laboral en\n el sector público no financiero
\n 070 Ratifícase en USD\n 10.000; el monto máximo de la indemnización establecida\n en la Ietra d) del Art. 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, para el año 2001
\n 071 Créase una bonificación\n económica anual para Ios servidores del Ministerio de\n Educación, planta central, direcciones provinciales y\n colegios, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n
\n DIRECCION\n GENERAL DE LA MARlNA MERCANTE Y DEL LITORAL:
\n 067/01 Fíjanse las\n tarifas para el transporte de pasajeros entre Bahía de\n Caráquez y San Vicente o viceversa, en servicio regular\n
\n FUNCION\n .JUDIClAL
CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA PRlMERA SALA
DE\n LO LABORAL Y SOCIAL:
\n Recursos de casación en los juicios Iaborales seguidos\n por Ias siguientes personas:
\n 281-2000 Claudio Francisco García Arregui\n en contra de la fábrica de papel La Reforma C.A. \n y otros
\n 285-2000 Jorge Galo Reyes\n Roca en contra de la compañía Jacob Vera Cía.\n Ltda.
\n 293-2000 Jorge Calderón\n Bailón en contra de la compañía Jacob\n Vera Cía. Ltda.
\n 295-2000 Julio Enrique Lamilla\n León en contra de la fábrica de papel La Reforma\n C.A. y otros
\n 301-2000 Raúl\n Antonio Peñaherrera Zavala en contra de la empresa Constructora\n Checa Pazmiño Cía. Ltda.
\n 306-2000 William Renzo Jácome Villacreses\n en contra de la Compañía General de Distribución\n GENDISCA
\n 307-2000 Juan Pablo Chalán\n Pinta en contra de Bolívar Salazar Zavala
\n 308-2000 Gustavo López\n Zavala en contra de William Wong Reyes
\n 310-2000 Irene Luzmila Pumayugra\n Rodríguez en contra de la Unidad Educativa Mariscal
\n 312-2000 Nancy Ruth Fabre\n Vasco de Salvador en contra del Colegio Guillermo Rodhe Arosemena\n y otros
\n 314-2000 Cristóbal\n studillo Ortiz en contra de Líneas Aéreas de Costa\n Rica, LACSA
\n 315-2000 Florencio Naranjo\n Calderón en contra de la Junta Nacional de la Vivienda\n
\n 316-2000 Luis Roberto Alvarado\n Aguirre en contra de la empresa OLEICA S.A\n \n
N0 1124
Gustavo Noboa\n Bejarano
Que mediante Decreto Ejecutivo\n N0 671 del 9 de agosto del 2000, publicado en el Registro Oficial\n N0 144 del 18 de los mismos mes y año, se expidió\n el Reglamento para la Regulación del Costo de la Educación\n en los establecimientos particulares del país;
Que es necesario reformar dicho\n reglamento a fin de que se facilite su aplicación; y,
En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere el numeral 5 del Art. 171 de la Constitución\n Política de la República,
Las siguientes reformas al reglamento\n para la Regulación del Costo de la Educación en\n los establecimientos particulares del país, publicado\n en el Registro Oficial N 144 del 18 de agosto del 2000.
Art. 1. - Sustitúyanse\n los literales c) y d) del artículo 2 del reglamento por\n los siguientes:
Art. 2.... "c) Dos representantes\n de la educación particular confesional o sus respectivos\n alternos, designados por las entidades correspondientes; y,
d) Dos representantes de la educación\n particular laica con sus respectivos alternos, designados por\n las entidades correspondientes.".
Art. 2. - Los literales d) y\n e) del artículo 9 del reglamento dirán:
Art. 9.... "d) Un representante\n de la educación confesional o su alterno designado, por\n las entidades correspondientes; y,
e) Un representante de la educación\n laica o su alterno, designado por las entidades correspondientes.".
Art. 3. - Sustitúyase\n el literal d) del artículo 14 por el siguiente:
Art. 14.... "d) Resolver\n sobre los recursos de apelación que se interpusieren".
Art. 4. - El artículo\n 19 del reglamento dirá:
"Art. 19. - Los establecimientos\n particulares laicos y confesionales podrán interponer\n el recurso de apelación, debidamente fundamentado y documentado,\n de las resoluciones de la Junta Provincial Reguladora de Costos\n ante la Comisión Nacional de Costos de la Educación\n Particular. Este recurso podrá interponerse dentro de\n ocho días laborales, contados a partir de la notificación\n de la resolución y será resuelto en el término\n de quince días.
De la resolución que emita\n la Comisión, podrá interponerse el recurso de revisión\n ante el Ministro de Educación, Cultura, Deportes y Recreación,\n cuyo pronunciamiento será definitivo.".
Art. 5. - A continuación\n del Art. 20 agréguese un inciso que diga:
"El señor Ministro\n de Educación, Cultura, Deportes y Recreación con\n sujeción a lo que dispone el Art. 106 del Estatuto del\n Régimen Jurídico Administrativo de La Función\n Ejecutiva, podrá revisar de oficio o a petición\n de parte las resoluciones adoptadas por la Comisión Nacional\n de Costos.".
Art. 6. - Suprímase el\n último inciso del articulo 28 del reglamento.
Art. 7. - Sustitúyase\n el inciso segundo de la Disposición General Cuarta por\n el siguiente:
"De comprobarse las denuncias,\n dichos establecimientos educativos serán sancionados,\n conforme lo dispone el Art. 28 del presente Reglamento".
Art. 8. - De la ejecución\n del presente decreto que entrará a regir a partir de la\n fecha de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n el Ministro de Educación y Cultura.
Dado en el Palacio Nacional,\n en Quito, a 12 enero del 2001.
f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.
f) Roberto Hanze Salem, Ministro\n de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
Es fiel copia del original.
Lo certifico: f.) Marcelo Santos\n Vera, Secretario General de la Administración Pública.
N° 069
EL CONSEJO NACIONAL\n DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO
Que, de acuerdo a lo prescrito\n en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, es\n facultad privativa del Consejo Nacional de Remuneraciones del\n Sector Público, determinar y fijar la política\n remunerativa de los servidores públicos de las instituciones\n del Estado; y,
En ejercicio de las atribuciones\n que le confiere la ley,
Art. 1. - Fijar a partir del\n 1 de enero del 2001, el Bono de Comisariato, en USD 50 mensuales;\n para todos los servidores, profesionales escalafonados, Magisterio\n Nacional y trabajadores del sector público no financiero,\n sujetos a: Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, leyes\n de escalafón y sueldos de profesionales, Ley de Carrera\n Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, Código\n del Trabajo u otras leyes que regulan la relación laboral\n en el sector público no financiero, sea que sus cargos\n pertenezcan al Sistema Nacional de Clasificación de Puestos\n del Servicio Civil o que sus entidades dispongan de regímenes\n remunerativos propios o independientes; en tal virtud, se pagará\n a todos los empleados y trabajadores sin considerar ninguna condición.
Art. 2. - Considerando que el\n CONAREM, dentro de la política general de crecimiento\n de la masa salarial del sector público, ha establecido\n como tope el 10% para el año 2001, el valor de USD 30\n de incremento aprobado en el artículo anterior al Bono\n de Comisariato, deberá ser considerado dentro de las respectivas\n negociaciones de contratos colectivos, con el objeto de evitar\n que dichos contratos se excedan del límite establecido\n para el año 2001, mediante Resolución N0 042 aprobadas\n por el CONAREM el 6 de octubre del 2000.
En consecuencia, el del aumento\n de USD 30 mensuales en el Bono de Comisariato, establecido para\n los servidores y trabajadores que no se rigen por la contratación\n colectiva, en el artículo anterior, deberá ser\n considerado dentro del tope máximo del 10% de incremento\n a la masa salarial establecido por el CONAREM, mediante Resolución\n N0 041 de 6 de octubre del 2000.
Art. 3. - La presente resolución\n entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2001,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días\n del mes de diciembre del dos mil.
f) Ing. Jorge Morán Centeno,\n delegado del Ministro de Economía y Finanzas, Presidente\n del CONAREM.
f) Ab. Martín Insua Chang,\n Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, miembro del CONAREM.
Certifico. - f) Ing. Luis A.\n Sánchez Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, Secretario del CONAREM.
Certifico. Que es fiel copia\n del original.
f.) Ing. Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.
Quito, 29 de diciembre del 2000.
N° 070
Que, de acuerdo a lo prescrito\n en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, es\n facultad privativa del Consejo Nacional de Remuneraciones del\n Sector Público, determinar y fijar la política\n remunerativa de los servidores públicos de las instituciones\n del Estado;
Que, el Art. 54 de la Ley para\n la Reforma de las Finanzas Públicas dispone que el Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, fijará\n el monto máximo de la indemnización establecida\n en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; y,
Art. 1. - Ratificase en USD 10.000;\n el monto máximo de la indemnización establecida\n en la letra d) del Art. 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, para el año 2001.
Art. 2. - La presente resolución\n entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2001,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve días\n del mes de diciembre del dos mil.
f.) Ab. Martín lnsua Chang,\n Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, miembro del CONAREM.
Certifico. f.) lng. Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.
f) Ing. Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.
N° 071
Que, es política del CONAREM,\n ir hacia la unificación y racionalización de las\n bonificaciones que se cancelan en las entidades públicas;
Que, los servidores del Ministerio\n de Educación y Cultura, cuentan con una sola bonificación\n anual que se paga en el mes de junio;
Art. 1. - Créase una bonificación\n económica anual para los servidores del Ministerio de\n Educación, planta central, direcciones provinciales y\n colegios, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n que laboran en jornada completa, a cancelarse en el mes de diciembre\n de cada año; que se calculará considerando los\n siguientes componentes; sueldo básico, subsidio por años\n de servicio, bonificación por responsabilidad y decimosexto\n sueldo.
Dado, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiocho días\n del mes de diciembre del dos mil.
f.) Ing. Jorge Morón Centeno,\n delegado del Ministro de Economía y Finanzas, Presidente\n del CONAREM.
f) Sr. Fausto Camacho Zambrano,\n miembro representante de los trabajadores, empleados y maestros.
Certifico. f) Ing. Luis\n A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, Secretario del CONAREM.
Quito, 28 de diciembre del 2000.
N0 067/01
DIRECCION GENERAL\n DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL
Que es necesario actualizar las\n tarifas de pasajes vigentes para el transporte regular y ocasional\n de pasajeros entre Bahía de Caráquez y San Vicente\n aprobadas mediante Resolución No. 038/2000 de julio 03/2000,\n debido a las variaciones económicas del país, que\n han afectado los costos en la Transportación Marítima\n y Fluvial; y,
En uso de la facultad que le\n concede el Art. 7o., literales k) y l) de la Ley General del\n Transporte Marítimo y Fluvial,
Art. 1° Fijar las siguientes\n tarifas para el transporte de pasajeros entre Bahía de\n Caráquez y San Vicente o viceversa, en servicio regular.
SERVICIO REGULAR U.S.D.
- Durante la jornada diurna 0.24
\n - Durante la jornada nocturna 0.34
Art. 2°. - Los pasajeros\n de la tercera edad, con su respectivo carnet de identificación\n no pagarán pasaje. Los estudiantes primarios, secundarios\n y menores de 12 años de edad pagarán el 50% de\n las tarifas establecidas en el Art. 1°.
Art. 3°.- Las tarifas fijadas\n incluyen el derecho de todo pasajero a transportar hasta 50 libras\n como equipaje personal.
Art. 4. - Establecer las siguientes\n tarifas para las embarcaciones que realizan travesías\n ocasionales bajo la modalidad de fletes.
RUTA U.S.D.
\n a) Bahía - San Vicente o viceversa
\n Diurno 3.40
\n Nocturno 4.00
\n b) Paseo dentro de la rada por hora 10.00
\n c) Fletes a hoteles, camaroneras, islotes,
\n etc., se cobrará de acuerdo a la
\n distancia y tiempo, en base al
\n literal anterior con un mínimo de 6.00
\n d) En caso de emergencia comprobada el usuario pagará\n el 50% del valor del flete.
Art. 5°. - Los transportistas\n del servicio regular se sujetarán a las disposiciones\n de operación y horarios determinados por el Capitán\n de Puerto de Bahía de Caráquez.
Art. 6°. - La capacidad de\n transporte de pasajeros en las pongas y lanchas por razones de\n seguridad serán fijadas por el Capitán de Puerto.
Art. 7°. - Se prohíbe\n a las lanchas el transporte de pasajeros en las toldillas.
Art. 8°. - Las tarifas constantes\n en la presente resolución deberán colocarse en\n lugar visible a los pasajeros de la embarcación.
Art. 9°. - El Capitán\n de Bahía de Caráquez será el encargado de\n hacer cumplir la presente resolución.
Art. 10°. - Esta resolución\n entrará en vigencia a partir del 10 de enero del 2001,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Art. 11°. - Derógase\n la Resolución No. 038/2000 del 3 de julio del 2000.
Dada en Guayaquil, en la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral, a los cinco días\n del mes de enero del año dos mil uno.
f) Gonzalo Vega Valdiviezo,\n Contralmirante, Director General.
No. 281 - 2000
JUICIO LABORAL\n QUE SIGUE CLAUDIO GARCIA CONTRA LA REFORMA.
CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL
Quito, noviembre\n 28 del 2000; las 10h20.
VISTOS: El señor Claudio\n Francisco García Arregui interpone el recurso de casación\n de la sentencia pronunciada por la mayoría de los señores\n ministros de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo que revoca\n el fallo del inferior y declara parcialmente con lugar la demanda\n en el juicio propuesto por el nombrado señor Claudio Francisco\n García Arregui en contra de la fábrica de papel\n La Reforma C.A., representada por los señores Ing. Eduardo\n Amador Jouvín y Francisco Amador Jouvín, y a éstos\n por sus propios derechos, Filanbanco S.A., representada por Roberto\n Isaías Dassun y ECUFINSA en la persona de Carlos Julio\n Moreno Coronel. Una vez radicada por sorteo, la competencia en\n esta Sala, y cumplido el procedimiento previo, para resolver\n se considera: PRIMERO. - El recurrente fundamenta su impugnación\n en el numeral 4to. del Art. 35 de la Constitucional Política\n de la República del Ecuador - falta de aplicación\n - y los Arts. 171 - falta de aplicación - y 592 - errónea\n interpretación - del Código del Trabajo, al tenor\n de las causales Ira, y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación;\n SEGUNDO. - El Art. 35 numeral 4 de la Constitución consagra\n la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador; sin embargo,\n de las constancias procesales no aparece prueba ni demostración\n concreta que acrediten la renuncia de derechos en perjuicio del\n trabajador, tampoco se ha justificado que el acta de finiquito\n cuya copia aparece tanto a fs. 45 como 122 de los cuadernos de\n primer nivel, suscrita entre el ex trabajador Claudio Francisco\n García Arregui y el lng. Eduardo Amador Jouvín,\n representante de la fábrica de papel La Reforma C.A.,\n ex - empleador, en presencia del Abg. Kléver Mesías\n Gallo, Inspector del Trabajo de Quevedo y que cumple con los\n requisitos legales, adolezca de errores de cálculo, pues\n no hay los medios probatorios suficientes para establecer los\n mismos; por ello, no ha lugar a la censura que se hace de la\n sentencia en este punto; además, las afirmaciones del\n accionante se hallan en el campo de la mera enunciación\n y no pueden servir de fundamento para dejar sin efecto el documento\n antes referido. TERCERO. - Al contrario, consta a fojas 10, que\n el accionante desistió de su demanda en contra de ECUFINSA.\n CUARTO. - En los certificados del Registro de la Propiedad del\n cantón Babahoyo, que constan en el segundo cuerpo del\n expediente de primer nivel, no aparece la inscripción\n de ninguna escritura de cesión de acciones de parte de\n la compañía fábrica de papel La Reforma\n C.A. a favor de FILANBANCO S.A. lo que si se refiere es a la\n inscripción de una escritura de compraventa de los inmuebles\n e instalaciones y maquinarias de la fábrica de papel La\n Reforma a favor de FILANBANCO S.A., Ecuatoriana de Financiamiento;\n en tal virtud, no se ha violado el Art. 171 del Código\n del Trabajo, toda vez que no se ha acreditado la cesión\n o enajenación de la empresa o negocio, en cuyo caso el\n cesionario o comprador si está obligado a cumplir los\n contratos de trabajo del antecesor, a partir de su condición\n de nuevo empleador sin que exista solidaridad por derechos u\n obligaciones no satisfechas por el cedente o vendedor con sus\n trabajadores como ocurren en el pago de fondos de reserva, según\n el Art. 198 ibídem. QUINTO. - La impugnación formulada\n por el actor en su recurso de casación, dada su generalidad\n e imprecisión no permite a esta Sala apreciar cuáles\n son las razones de su oposición; ya que transcribir textos\n de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y manifestar\n que se han vulnerado derechos irrenunciables, sin indicar cómo\n y de qué manera se ha producido la violación, no\n es el camino apropiado para el reconocimiento de los derechos\n que se dicen vulnerados. Por lo expuesto, al no existir en la\n sentencia los errores enunciados por el actor en su impugnación,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se desecha el recurso planteado. Notifíquese\n y devuélvase.
Fdo.) Dres. Miguel Villacís\n Gómez, Jaime Velasco Dávila y Gil Vela Vasco.
Es fiel copia de su original.\n - Quito, 13 de diciembre del 2000.
f.) Secretario de la Primera\n Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.
No. 285 - 2000
JUICIO DE TRABAJO\n QUE SIGUE JORGE REYES CONTRA EMPRESA JACOB VERA.
Quito, noviembre\n 15 del 2000; las 09h30.
VISTOS: En el juicio seguido\n por Jorge Galo Reyes Roca en contra de Helion y Hugo Vera Rodríguez,\n gerentes y representantes legales de la compañía\n Jacob Vera Cía. Ltda. a quienes emplazó además\n por sus propios derechos, la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Portoviejo, declaró sin lugar la demanda. - De esta\n resolución, el demandante interpuso recurso de casación.\n Una vez radicada, por sorteo la competencia en este Tribunal,\n para resolver se considera: PRIMERO. - El recurrente estima infringidos\n los Arts. 4, 7, 41 numeral 29, 115, 185 y 188 del Código\n del Trabajo; las leyes No. 19 que instituyó el décimo\n sexto sueldo; 109 que creó la compensación por\n el costo de vida; y los numerales 4 y 6 del Art. 35 de la Constitución;\n fundando su censura en la causal Ira. del Art. 3 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO. - Si bien los demandados en la audiencia\n de conciliación y contestación a la demanda; negaron\n los fundamentos de hecho y de derecho, sin embargo, en el ordinal\n 3 literal b) del escrito de prueba de fs. 24 por ellos presentado,\n afirman "b.- El carné del IESS que se ha agregado\n a los autos, que sería lo único que le podría\n estar favoreciendo de autos como prueba, pues ello, justifica\n la relación laboral que en ningún momento se ha\n negado, pero que también justifica el hecho de que la\n empresa ha dado cumplimiento a su obligación con el Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social...", de consiguiente, se\n ha justificado el vinculo contractual como trabajador en general.\n TERCERO. - El carné de afiliación al IESS, de fs.\n 11 a 17 del primer cuaderno demuestra que el actor ha presentado\n sus servicios por más de veinte y cinco años; pues,\n no existe en autos justificación que demuestre la inscripción\n de la constitución de la compañía "Jacob\n Vera Cía. Ltda.", mediante Resolución No.\n 86 - 12 - 91 de 17 de abril de 1986, por ello ha lugar a la jubilación\n patronal en los términos del Art. 219 del Código\n del Trabajo; para la liquidación respectiva, se oficiará\n al IESS a fin de obtener los datos respectivos que permitan efectuar\n el cálculo pertinente. CUARTO. - Al demandante correspondía\n demostrar el despido intempestivo del que afirma fue víctima;\n más no ha aportado prueba alguna al respecto, así\n como tampoco ha justificado el trabajo extraordinario por él\n realizado; ni que tenga derecho a la compensación por\n transporte. QUINTO. - El actor ha sido afiliado al IESS; por\n ello, la reclamación por fondos de reserva debe plantear\n ante esa institución. SEXTO. - En el escrito inicial,\n el actor manifiesta: "Pagándome el sueldo mínimo\n vital vigente con todos los beneficios de Ley más las\n horas extras pues trabajaba los sábados y domingos así\n como en horas nocturnas, durante los meses del año, teniendo\n los quince días de vacaciones anuales..." de tal\n manera que, como reconoce que le fueron satisfechos los beneficios\n de ley no ha lugar al pago de las remuneraciones adicionales.\n SEPTIMO. - Al no haber constancia en autos de que al actor se\n le proporcionó ropa de trabajo, ha lugar dicha pretensión,\n a cuyo efecto, este rubro se fija en la suma de tres millones\n de sucres o su equivalente en dólares. - Por lo expuesto,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, al admitirse la impugnación formulada, en los\n términos de este pronunciamiento, se acepta la acción\n intentada. - El Juez de primer nivel encargado de ejecutar el\n fallo practicará la liquidación pertinente. Notifíquese\n y devuélvase.
Fdo.) Dres. Miguel Villacís\n Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.
Es fiel copia de su original.
Quito, 8 de diciembre del 2000.
f) Secretario de la Primera\n Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de justicia.
293\n - 2000
JUICIO LABORAL\n QUE SIGUE JORGE CALDERON CONTRA EMPRESA JACOB VERA.
Quito, noviembre\n 8 del 2000; las 10h10.
VISTOS: De fs. 8 a 9 del cuaderno\n de segunda instancia corre el escrito presentado por Jorge Calderón\n Bailón mediante el cual interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Tercera Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo en la que confirma la que en su oportunidad\n dictara el Juez Segundo del Trabajo de Manabí declarando\n sin lugar la demanda planteada por el recurrente en contra de\n "Jacob Vera Cía. Ltda." y sus representantes\n legales. El estado del proceso es el de pronunciarse sobre el\n recurso anotado, y para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La\n Sala es competente para conocer y resolver esta causa en virtud\n del sorteo de ley, cuya razón actuarial consta a fs. 1\n del cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de\n la Ley de Casación. SEGUNDO. - Al plantear su recurso\n el casacionista precisa las normas de derecho que a su juicio\n han sido infringidas en la sentencia impugnada, lo funda en la\n causal 1 del Art. 3 de la Ley de Casación, y lo fundamenta,\n en síntesis, en los siguientes términos: que según\n su demanda reclama el pago de diversos valores y conceptos, incluyendo\n el relativo al despido intempestivo que invocó haber sido\n objeto y que en el considerando cuarto de la sentencia se dice\n que tal hecho no ha sido probado; agrega el recurrente que el\n hecho de no habérsele pagado su remuneración por\n el mes de agosto de 1997 y el que no hayan hecho las aportaciones\n al IESS, constituye despido intempestivo; que, por otro lado,\n no se ordena el pago de sus reclamos por cuanto según\n el mismo considerando cuarto, de autos aparece que le han sido\n pagados por el empleador, lo que no es verdad; que el proceso\n no fue analizado por cuanto la parte demandada adjuntó\n unos documentos llenados a su voluntad porque en ellos ya había\n su firma. TERCERO. - Del análisis practicado a las actuaciones\n procesales que tienen que ver con la impugnación, se pueden\n hacer las siguientes puntualizaciones: El recurrente recuerda\n en el escrito que contiene su impugnación, que en la demanda\n concretó los rubros por los cuales reclama; su pago, esto\n es, bonificación compensación, transporte, ropa\n de trabajo, décimo sexto sueldo, trabajos extraordinarios\n y fondos de reserva, aparte de las indemnizaciones por despido\n intempestivo, pero lo que no menciona en el escrito contentivo\n de su recurso, es que en la misma demanda asevera, parte del\n segundo párrafo "pagándome el sueldo mínimo\n vital vigente, con todos los beneficios de ley mas las horas\n extras, pues trabajaba los sábados y domingos "'así\n (sic) como en horas...". No obstante lo dicho y luego de\n sostener que había sido despedido intempestivamente, reclama\n valores por conceptos de beneficios legales, que como queda dicho,\n había sostenido en la misma demanda, le habían\n sido pagados. De tal forma que esta actitud contradictoria del\n actor, no abona nada en cuando a la seriedad con que se deben\n plantear los reclamos dentro de un proceso judicial. Por otro\n lado, la información que obra de autos, carné de\n afiliación al IESS y certificados de esa entidad, ponen\n de manifiesto que la parte demandada lo mantenía debida\n y correctamente afiliado, y pagados sus aportes hasta la fecha\n del certificado de fs. 27. Desmiente lo aseverado por el casacionista\n al plantear su recurso; tampoco tiene sustento la aseveración\n del recurrente al sostener, faltando ala verdad como queda dicho\n en cuanto al IESS, que ese hecho y el no haberle pagado el sueldo\n por el mes de agosto de 1997, son prueba del despido intempestivo\n que invoca haber sido objeto, porque en la demanda no reclama\n nada por este concepto. En todo caso carecen de sustento legal\n las aseveraciones hechas por el casacionista en el escrito que\n contiene su recurso, destacándose que no siquiera intentó\n prueba alguna para acreditar el despido intempestivo que invocó\n o que efectivamente los documentos presentados por los demandados\n acreditando el pago de valores correspondientes a varios rubros\n y periodos fueron llenados por los demandados, pues él\n los había firmado en blanco. Por las consideraciones anotadas,\n y básicamente porque en la demanda se dice que le fueron\n pagados "el sueldo mínimo vital vigente, con todos\n los beneficios de ley...", este Primera Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso de casación por el que ha llegado a\n este nivel la presente causa. Publíquese, notifíquese\n y devuélvase.
Es fiel copia de su original.\n - Quito, 24 de noviembre del
\n 2000.
No. 295 - 2000
JUICIO DE TRABAJO\n QUE SIGUE JULIO LAMILLA CONTRA LA REFORMA.
Quito, noviembre\n 29 del 2000; las 09h20.
VISTOS: De fojas 9 a 11 del segundo\n cuaderno la Primera Sala de la Corte Superior de Babahoyo, en\n voto de mayoría, dictó sentencia revocando a su\n turno el fallo desestimatorio emitido en el primer nivel jurisdiccional\n y en su lugar aceptó parcialmente la acción. En\n desacuerdo con este pronunciamiento el accionante interpuso recurso\n de casación. Todo lo relatado ocurre dentro del juicio\n que por reclamaciones de índole laboral sigue Julio Enrique\n Lamilla León en contra: a. - De la fábrica de papel\n La Reforma C.A., en las interpuestas personas del ingeniero Eduardo\n Amador Jouvín y de Francisco Amador Jouvín, a quienes\n igualmente emplazó por sus propios y personales derechos\n dentro del contexto de solidaridad que estatuye el artículo\n 36 del Código del Trabajo; b. - En contra de Filanbanco\n S.A., en la interpuesta persona de su Presidente Ejecutivo Roberto\n Isaías Dassun; y, c. - En contra de Ecufinsa, en la interpuesta\n persona de su Presidente Ejecutivo y Gerente General Carlos Julio\n Moreno Coronel. Encontrándose radicada la competencia\n en esta Sala, habiéndose dado cumplimiento a lo preceptuado\n en el artículo 11 de la ley de la materia y siendo el\n estado del debate el de resolver, para hacerlo se considera:\n PRIMERO. - El actor al patentizar su oposición y censura\n contra la sentencia de alzada manifiesta que en aquella han sido\n infringidos el numeral 4to. del artículo 35 de la Carta\n Política del Estado y los artículos 171 y 592 del\n Código del Trabajo. Funda su impugnación en las\n causales 1ra. y 3ra. del artículo 3 de la ley de la materia.\n Al argumentar a favor de la pretensión del accionante\n la abogada que suscribe el recurso comienza transcribiendo el\n considerando quinto de la sentencia de alzada, luego de lo cual\n expresa "que las Actas de Finiquito, son verdaderos contratos\n de adhesión, lo redacte el patrono y se lo presenta al\n trabajador y le dicen lo toma o lo deja, luego pagan para que\n cualquier Inspector de Trabajo lo legalice. En mi ejercicio profesional\n les he recomendado a los trabajadores que cobren y se olviden\n de su palabra empellada porque los derechos de los trabajadores\n son irrenunciables". Luego dicha letrada transcribe una\n resolución dictada por la Segunda Sala de lo Laboral y\n Social de este máximo Tribunal que satisface al interés\n procesal que aquella defiende. Agrega, que ha habido en el fallo\n que impugna errónea interpretación del artículo\n 171 del Código del Trabajo y transcribe su respaldo de\n lo que se expresa en diferentes fallos publicados en el Gaceta\n Judicial y en la legislación argentina. Finalmente, realiza\n apreciaciones acerca de criterios emitidos en sentencia, tanto\n por esta Sala, como por la Tercera Sala de esta Corte Suprema\n de Justicia, a los cuales se referirá este Tribunal en\n el considerando siguiente. Culmina su impugnación el accionante,\n pidiendo que se case la sentencia de instancia y dicte un fallo\n que ordene se le paguen los rubros que reclama y que no le han\n sido reconocidos en la sentencia de primera y segunda instancia.\n SEGUNDO. - Resumida en sus aspectos trascendentales la extensa\n y genérica denuncia que la parte accionante ha enderezado\n contra la decisión de instancia, esta Sala en orden a\n solventar la controversia ha procedido a examinar y confrontar\n los recaudos pertinentes y luego de hacerlo exterioriza su convicción\n señalando que revisada el acta de finiquito de fojas 47\n del primer cuaderno, tanto en sus aspectos de forma como de fondo,\n encuentra que dicho instrumento ha respetado la normatividad\n jurídica; pues, ha sido suscrito por las partes contendientes,\n ha sido homologado por la autoridad administrativa competente\n y de su lectura se advierte que los derechos del trabajador han\n sido cubiertos en la forma que en dicho documento se indican.\n Sobre el asunto, la Sala insiste en dejar constancia que el recurso\n de casación que ha propuesto la parte actora, por la generalidad\n y falta de precisión con que ha sido elaborado, no ha\n permitido a este Tribunal apreciar en definitiva cuáles\n han sido las razones del desacuerdo y censura del recurrente.\n Así, transcribir textos de ejecutorias del Tribunal Supremo\n de Justicia, emitir criterios con respecto a las actas de finiquito\n por parte de la abogada que patrocina al casacionista en el sentido\n de que en ella "se han vulnerado irrenunciables derechos\n por parte de los justiciadores de apelación", pero\n sin indicar cómo y de qué manera ha ocurrido tal\n violación, obviamente que no es el mejor camino para promover\n y auspiciar el reconocimiento de una pretensión procesal.\n TERCERO. - En el mismo orden de ideas, señalada el recurrente\n que este Tribunal no ha aceptado al trámite un recurso\n de casación similar al actual, cosa que silo han hecho\n en casos semejantes otras salas de lo Laboral y Social y se pregunte\n y se conteste al mismo tiempo "qué criterios nos\n podemos formar los Abogados en libre ejercicio de los Administradores\n de Justicia" no constituye el mejor argumento para demostrar\n las razones que asisten a la pretensión que defiende.\n Al respecto, la Sala con energía consigna que nunca le\n ha preocupado ni le preocupa ni le desvela el criterio que un\n determinado abogado pueda tener sobre una o todas las resoluciones\n que ella pronuncie, ya que como es obvio, tal criterio será\n siempre parcial; pues, dependerá del éxito o del\n fracaso de su aspiración. Lo único que preocupa\n a este Tribunal en todas y cada una de sus actuaciones es cumplir\n sus deberes con conocimiento, probidad e imparcialidad expresando\n siempre que sus magistrados que ostentan con orgullo una larga\n trayectoria judicial y universitaria no tienen otro compromiso\n ni propósito que no sea el de servir a la justicia, sin\n temor ni favor. Por otra parte, resulta extraño, por decir\n lo menos, que la letrada que suscribe dicho memorial no conozca\n que sobre los temas jurídicos no solo disienten los abogados\n sino también los tribunales de justicia y tal discrepancia\n de criterios que es propia del quehacer humano y civilizado no\n tienen en sí misma nada de reprochable ni puede ser por\n tanto motivo de sorpresa o de censura por más que se encuentre\n "a penas a unos metros de distancia o que los divida una\n sola pared" los despachos de los magistrados que mantienen\n posiciones contrapuestas sobre puntos de derecho. Añádase\n por último, que tales discrepancias hacen, ora, que progrese\n el derecho, ora que la Excelentísima Corte Suprema de\n Justicia dicte jurisprudencia, que ha de tenerse como generalmente\n obligatoria, mientras no se disponga lo contrario por la ley\n (Ley Orgánica de la Función Judicial. Art. 14).\n CUARTO. - En otro orden, también esta Sala de Casación\n considera que es totalmente ajeno e impertinente al recurso planteado\n la acusación que en él se formula contra la respetable\n Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Excelentísima\n Corte Suprema de Justicia de tener "un criterio restrictivo\n Pro Patrono" que viola expresamente el numeral 1 del artículo\n 35 de la Constitución Política de la República,\n y el artículo 171 del .Código del Trabajo en lo\n referente a la interpretación del artículo últimamente\n citado, señalando además, que "El Tratadista\n Uruguayo Américo Pla Rodríguez en su obra nos enseña\n los Principios del Derecho del Trabajo y entre ellos el Indiviu\n Pro Labore (sic) que se encuentra en la Legislación Ecuatoriana\n en el numeral 6 del artículo 35 de la Constitución,\n en armonía con el artículo 5 del Código\n del Trabajo y que los Señores Ministros (se refiere a\n los de la Tercera Sala han olvidado" . Es de anotar por\n último, que resulta contradictorio a este respecto la\n conducta del recurrente y de su abogada defensora, pues, en la\n primera parte de su recurso expresan su complacencia con un criterio\n que les satisface expuesto por la ilustrada Tercera Sala de lo\n Laboral y Social, y en otra parte del mismo memorial, acusan\n a sus prestigiosos integrantes de olvidar un principio rector\n de Derecho Laboral y tener "un criterio restrictivo de interpretación\n Pro Patrono", al dictar una sentencia que no satisface su\n interés. QUINTO. - Por último, es de general conocimiento\n que el recurso de casación, dado su carácter vertical,\n riguroso, formal y extraordinario obliga a quienes ocurren a\n él a ser lo debidamente claros y concretos en su formulación,\n circunstancias estas que. insístese en decirlo, no se\n advierten en el escrito a que esta resolución hace referencia.\n Por lo expuesto, y sin que sea menester efectuar otras reflexiones,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se desestima el recurso interpuesto. Sin costas. Publíquese,\n notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Miguel Villacís\n Gómez, Jaime Velasco Dávila y Gil Vela Vasco (Conjuez).
Es fiel copia de su original.\n - Quito, 8 de diciembre del 2000.
No. 301 - 2000
JUICIO LABORAL\n QUE SIGUE RAUL PEÑAHERRERA CONTRA EL ING. HORACIO PAZMIÑO.
Quito, octubre\n 17 del 2000; las 09h30.
VISTOS: De fojas 7 a 8 del segundo\n cuaderno la Primera Sala de la Corte Superior de Quito, dicté\n sentencia confirmando en lo principal el fallo parcialmente estimatorio\n pronunciado en el primer nivel jurisdiccional. En desacuerdo\n con este pronunciamiento el actor planteé recurso de casación.\n Todo lo relatado ocurre dentro del juicio que por reclamaciones\n de índole laboral sigue Raúl Antonio Peñaherrera\n Zavala en contra de la empresa Constructora Checa Pazmiño\n Cía. Ltda., en la interpuesta persona del ingeniero Horacio\n Pazmiño Calderón, a quienes emplazó personalmente\n por sus propios y personales derechos dentro del contexto de\n solidaridad imperfecta que determina el artículo 36, antes\n 35 del Código del Trabajo. Encontrándose radicada\n la competencia en este Sala, habiéndose dado cumplimiento\n a lo prevenido en el artículo 11 de la ley de la materia\n y siendo el estado del debate el de dirimir para hacerlo se considera:\n PRIMERO. - El actor al patentizar su reproche y oposición\n contra la decisión de instancia, manifiesta que en aquella\n se han infringido los numerosos preceptos, tanto de la Carta\n Política del Estado, como del Código del Trabajo\n y del Código Jurisdiccional Civil que apunte extensamente\n en su libelo de impugnación. Funda su recurso en las causales\n 1ra. y 3ra. del artículo 3 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - Al argumentar en favor de su pretensión expresa\n el recurrente, que la Sala de instancia al dictar su resolución\n ha efectuado una errónea interpretación de los\n principios jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, "puesto que se prescindió del documento\n constante en autos, a fojas 20, otorgado por la misma empresa\n demandada". Que igualmente, en la liquidación de\n sus haberes debía recibir 5 remuneraciones completas por\n concepto de despido intempestivo y el 25% por 5 años de\n servicio, valores que no percibió; pues, en el comprobante\n respectivo se advierte que solo se le pagó el 50% de la\n liquidación, elaborada por la misma empresa. Que así\n mismo, no se tomó en cuenta por parte de los justiciadores\n de alzada, ni la confesión que rindió el demandado,\n así como tampoco su trabajo realizado por concepto "cálculo\n volumétrico", ubicado en la ciudad de Durán.\n Por último, añade que en el caso de que se hubiera\n aplicado las disposiciones constitucionales y legales y la prueba\n constante en autos no tiene duda alguna de que la sentencia le\n hubiera sido enteramente favorable y se hubiera reconocido el\n despido intempestivo y otras indemnizaciones solicitadas en la\n demanda, que está seguro que tales errores en los que\n incurrió la Primera Sala de la Corte Superior de Quito,\n se enmendarán en la sentencia que expidan la Corte Suprema\n de Justicia". TERCERO. - Resumida en los términos\n que han quedado consignados en el considerando precedente la\n censura y acusación que fulmina el accionante contra el\n fallo dictado por el Tribunal de Apelación, este Tribunal\n luego de realizar el examen y confrontación de los recaudos\n pertinentes solvente la controversia en los siguientes términos.\n Así, esta Sala disiente del criterio que en torno a la\n evaluación de las pruebas ha sido verificado por el Tribunal\n inferior. Este orden de ideas, de autos aparece prueba fehaciente,\n fidedigna y concluyente que permite inferir que la vinculación\n laboral terminó por despido intempestivo, la misma que\n fluye de la confesión judicial que rinde de fojas 101\n a 102 del primer cuaderno, el ingeniero Pazmiño Calderón\n en la cual reconoce haber pagado al ahora actor de manera parcial\n las cantidades a que éste tiene derecho por despido intempestivo.\n Así claramente se advierte que la liquidación elaborada\n al efecto por la propia empresa que ascendía a S/. 6'557.111,oo\n se le abonó únicamente S/. 3'307.111,oo, quedando\n un saldo a favor del actor de S/. 3'250.000,oo cuya solución\n se ordena. CUARTO. - No ha lugar por falta de prueba fehaciente\n de los valores reclamados en el literal i) y g) de la demanda.\n Por las consideraciones que preceden y sin que sea necesario\n añadir otras, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN

References: artículo 2
 artículo 9
 artículo 14
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 artículo 11
 artículo 35
 artículo 3
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 artículo 171
 artículo 35
 artículo 5
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 artículo 36
 artículo 11
 artículo 3