Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321559.html
Timestamp: 2019-03-18 22:19:50+00:00

Document:
as201321559
Auto Supremo: 559/2013
Sucre: 4 de noviembre 2013
Expediente: LP - 91 – 13 - S
Partes: Gustavo Riveros Cárdenas. c/ María Luisa Manchego Vda. de Domínguez.
Proceso: Reivindicación y mejor derecho de propiedad.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 694 a 700, interpuesto por María Luisa Manchego Vda. de Domínguez contra del Auto de Vista Nº 466/2013 de 17 de diciembre de 2012 que cursa de fs. 689 a 691 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de reivindicación y mejor derecho de propiedad seguido por Gustavo Riveros Cárdenas en contra de la recurrente, la concesión de fs. 742, los antecedentes del proceso y;
El Juez Décimo de Partido en lo Civil de la Capital, luego de haber saneado el proceso en cumplimiento al Auto de Vista de fs. 404 a 405 dicta la Sentencia Nº 135/2006 de 17 de marzo de 2006 de fs. 561 a 564 por la que declaró probada la demanda de fs. 24 a 26, improbada la demanda reconvencional de fs. 62 y otorgando el mejor derecho al demandante sobre el lote de terreno de 385.50 mts2, L-3, Código Catastral Nº 44-232-04 y sito en la calle 47 de la Urbanización Chasquipampa, disponiendo asimismo la reivindicación de la superficie de 206.25 mts2, detentados por la demandada y los herederos de Juan Domínguez Pimentel, a ser entregados dentro de tres días de ejecutoriada la Resolución.
Contra dicha Resolución de primera instancia, la demandada interpone recurso de apelación que inicialmente es resuelto mediante Auto de Vista de fs. 626 a 629 vlta, que fue anulado por disposición del Auto Supremo Nº 284 de 26 de octubre de 2012 emitido por la Sala Civil Liquidadora, y en cumplimiento de dicho fallo se emite el Auto de Vista de fs. 689 a 691 vlta., por el que confirma la Sentencia apelada y las Resoluciones impugnadas Nº 077/99 y 106/99, fallo que a su vez es recurrida de casación, objeto de análisis y estudio.
1.- Relata que conforme al art. 252 del Tribunal de Casación deberá anular el proceso cuando evidencie las infracciones que atentan contra el orden público y sostiene que en la presente causa la misma ha sido situada en un estado de indefensión y lesionado su derecho a la defensa previsto en el art. 16 parágrafo II de la anterior Constitución y 119 de la actual Carta Magna, aduciendo que el Tribunal de Segunda instancia ha infringido el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.
Añade que luego del fallecimiento de Jaime Domínguez Pimentel, conforme al certificado de defunción de fs. 537 todas las actuaciones posteriores fueran nulas de pleno derecho, ya que no se puede convalidar la notificación a un difunto. Asimismo señala que en el recurso de apelación de fs. 345 a 347 la corte pronunció el Auto de Vista de fs. 404 a 405 anulando obrados hasta fs. 115 “a”, con el que fuera notificado el demandado y luego de ello todo sería nulo por haberse efectuado notificaciones a un fallecido, refiriendo también que contra el Auto de apertura de prueba de fs. 412, con el que fuera notificado Jaime Domínguez, pues la notificación a una persona fallecida no ha empezado a correr, pues para el mismo debía de notificarse a los herederos del fallecido, así se evidencia que la última notificación al mismo data de 14 de diciembre de 2002 (fs. 395 a 396), con relación a ese vicio señala que conforme al art. 247 de la Ley de Organización Judicial son nulos el ofrecimiento y demás actos procesales posteriores.
2.- El Tribunal Ad quem, ha vulnerado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y conforme al art. 90 del Adjetivo Civil, sosteniendo que la vía incidental ha impetrado nulidad, empero ni el Juez ni Ad quem se han dignado en resolver conforme a ley, y sostiene la existencia de otros vicios de nulidad, sobre los cuales el Ad quem no se hubiera pronunciado, conforme a ello manifiesta que a fs. 31 el actor ha ampliado su demandado en contra de Luisa Manchego de Domínguez, empero de ello a fs. 31 el Juez ha corrido en traslado a Luisa Manchego Domínguez, que no corresponde a su persona, ese erro ha sido sostenido a tiempo de efectuar la representación de fs. 55 y el auto de fs. 56 y la diligencia de fs. 56 “a”, ya que durante la tramitación del incidente de nulidad de diligencia de fs. 90, ha demostrado que su identidad es María Luisa Manchego de Domínguez, por lo que refiere que la notificación efectuada a una persona cuyo nombre no le corresponde, lo que constituye una causal de nulidad conforme al art. 128 del Código de Procedimiento Civil y 247 de la Ley de Organización Judicial.
También que señala, que el Auto de rebeldía de fs. 118 se encuentra anulado por Auto de fs. 404, no obstante se ha continuado el proceso, con los demás trámites del proceso como si estuviese declarada rebelde que el Tribunal de alzada no ha tomado en cuanta a tiempo de pronunciar el Auto de Vista.
Refiere que el Auto de Vista ha infringido el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, no ha considerado nada respecto a los aspectos que atingen al orden público, pasando por alto la infracción del art. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que si la sentencia no satisface a la necesidad de las partes, debe ser sustituida por otra, y que corresponde anular el proceso de oficio conforme al art. 252 del Código de Procedimiento Civil.
1) Violación de la ley, señala que el Auto Supremo Nº 244 de fs. 682 a 684 pronunciado por la Sala Civil Liquidadora al anular el Auto de Vista, dispuso que se emita nuevo fallo atendiendo el recurso de apelación entre ellas se encuentra el análisis y evaluación de los medios de prueba, del declaratoria de rebeldía, la ausencia de notificación de la ahora recurrente y que en forma posterior al deceso de Jaime Domínguez Pimentel, se ha efectuado diferentes actuados procesales, sin embargo el Auto de Vista no ha cumplido con el Auto Supremo de fs. 682 a 684, no hace referencia a que esos títulos corresponden al lote de terreno que es objeto del presente proceso, se ha omitido analizar los agravios expuestos en recurso de apelación, dejándola en estado de indefensión por lo que solicita dar aplicación al art. 252 y 271 numeral. 3) del Código de Procedimiento Civil.
Señala que el Auto de Vista, se ha limitado a considerar la prueba aportada por la parte demandante y no así los fundamentos expuestos de la apelación interpuesta, sin embargo el Tribunal de Alzada corroborando el error incurrido por el A quo, ya que en obrados no se ha demostrado que el demandante haya poseído el inmueble objeto de la Litis, cuando en apelación hubiera señalado que los elementos constitutivos de la posesión jamás han concurrido en el demandante, que nunca ha tenido posesión de ninguna naturaleza, asimismo señala que en la última parte del segundo considerando ha confundido conceptos doctrinales que el propietario que acredite su derecho de propiedad que no necesariamente debe estar en posesión de la cosa, refiere que no puede hablarse de perdida de la posesión ya que el demandante nunca ha estado en posesión y tiene la vía expedita del interdicto de adquirir la posesión, razón por la que entiende haberse violado el art. 1453 del Código Civil.
Arguye que en obrados consta el acta de inspección de visu de fs. 510 a 513 efectuada en oficinas de Catastro Urbano, en la que el Director del SIM, hubiera manifestado que el demandante es propietario de un lote de terreno cuya parte corresponde al código catastral Nº 4304-7 correspondiente a villa Ayacucho zona Achumani, corroborado por el jefe de Catastro, que señala que el terreno del demandante corresponde al sector de Achumani entre el Porvenir y Urbanización Brico, y a tiempo de apelar de la sentencia se ha expuesto que el código catastral Nº 232 correspondiente a Jaime Domínguez Pimentel, corresponde al sector de Chasquipampa, así relata que el responsable de la parte técnica ha manifestado verificando el código catastral Nº 44232 que en el mismo figura como propietario a Jaime Domínguez Pimentel como dueño del lote Nº 12 y ese registro respalda a la partida Nº 1051, que coincide con los datos de inscripción en Derechos Reales a nombre de su fallecido esposo, en cambio el lote del demandante conforme al informe escrito y verificado por el responsable de archivos de la entidad edilicia, Ángela Calavi, ha señalado que el terreno del demandante no se encuentra en la Urbanización Chasquipampa, aspectos que no han sido objeto de análisis por parte del Tribunal Ad quem a tiempo de pronunciar el Auto de Vista, lo que quiere decir que no se ha otorgado validez a esas pruebas por lo que se ha incurrido en violación de los arts. 1286, 1289, 1296 y 1334 del Código Civil y art. 387 y 399 del Código de Procedimiento Civil.
2) Acusa interpretación errónea de la ley, señalando que para la procedencia de la acción reivindicatoria prevista en el art. 1453 del Código Civil, es necesario acreditar la posesión de la cosa por el demandado y al margen de ello se debe acreditar la perdida de la posesión, que no ha sido acreditado por el demandante, ya que si una persona no ha tenido la posesión no se puede aducir que jamás ha perdido su posesión.
Con relación al recurso de apelación de fs. 82 contra la Resolución de fs. 78 por la que se declaró improbadas las excepciones previas, así como el de fs. 109 contra la Resolución de fs. 106 que rechaza el incidente de nulidad de obrados de fs. 90, y el Auto de Vista se limita a señalar que las mismas han sido dictadas de acuerdo a los datos del proceso, ya que no se efectúa un análisis sobre los puntos que han sido objeto de la apelación.
Señala que otro de los aspectos que el Auto de Vista no ha tomado en cuenta es el hecho que para oponer excepción de prescripción no es necesario adjuntar Resolución o sentencia ejecutoriada, sino esa excepción debe ser probada dentro de procedimiento, por lo que el Juez debía de haber dado lugar a su tramitación, por lo que el Ad quem incurrió en la misma infracción del A quo.
Señala que al resolver el recurso de apelación contra la Resolución de fs. 106 vuelve a incurrir en las mismas infracciones de la ley, al señalar que la misma ha sido dictada de acuerdo a ley, con ausencia de una fundamentación ya que si una Resolución no satisface a la necesidad jurídica de las partes debe ser sustituida por otra.
Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda principal y probada la reconvención o en su caso de anule obrados hasta el vicio más antiguo.
Pese que los recursos de casación son ausentes de sistematización, se pasa a absolver las mismas de acuerdo a los puntos siguientes:
1.- Corresponde señalar el art. 213 del Código de Procedimiento Civil, textualmente señala: “(Recurribilidad de las resoluciones judiciales).- I.- Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada…”, bajo ese entendimiento de que recurso es el medio de impugnación que la ley otorga a las partes de impugnar una Resolución que les cause perjuicio, por medio del cual se busque su modificación o revocatoria, concepto acogido por una diversidad de las legislaciones procesales, bajo ese criterio de que el recurso es medio de impugnación en favor del perjudicado, es que en nuestro sistema, se ha descrito recursos ordinarios y extraordinarios, como el de reposición, apelación y de casación y de revisión, en forma respectiva, condición de perjuicio expuesto con bastante claridad en el art. 219 del mismo cuerpo legal.
Consecuentemente, se dirá que el art. 257 del Código de Procedimiento Civil refiere: “(Plazo).- El recurso de casación se interpondrá dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el Auto de vista o sentencia…”, como se podrá apreciar dicho articulado refiere, a un recurso de casación, o sea al medio de impugnación que puede formular un perjudicado procesal, obviamente bajo las condiciones establecidas en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a ello se podrá decir que el avance de la doctrina, ha desarrollado el “principio de impugnación”, por el cual se ha formulado la legitimación del recurrente, entendiendo que solo un perjudicado es quien puede recurrir.
Consideración que tiene sustento, en base al aporte de doctrinarios del derecho como Hugo Alsina quien en su obra TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO PROCESAL, tomo IV, pág. 191 señala lo siguiente: “b) la cuestión de saber quién puede interponer un recurso, constituye un aspecto de la legitimación procesal. Como regla general, puede decirse que los recursos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, y que en consecuencia, a ellas corresponderá su deducción (V 4). Pero hay casos en que el recurso se niega a las partes, y otros en que se concede a terceros. Es que, así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y por eso se concede aún a los que no siendo partes en el proceso, sufren un perjuicio como consecuencia de la sentencia. Se explica entonces que el recurso no proceda cuando la sentencia sea favorable a la pretensión de la parte, o cuando ésta se ha allanado a la pretensión del adversario y la Sentencia se funda en esa conformidad. Los terceros no pueden interponer recursos en los procesos en que no intervengan, pero pueden hacerlo desde que se incorporan a la relación procesal, porque en ese momento asumen la calidad de partes. No obstante permanecer en su situación de terceros, pueden interponer ciertos recursos, como el extraordinario de apelación por inconstitucionalidad cuando se pretende ejecutar contra ellos una sentencia dictada en un proceso en el que no ha intervenido (VII, 18)…”
Desde otro criterio doctrinario se tiene la ponencia presentada en la Universidad San Marcos de Lima, por Pedro Donaires Sánchez, intitulado: “LOS PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN”, señala lo siguiente: “…PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN… La doctrina no es uniforme respecto de cuáles son los principios que rigen la impugnación. Corresponderá a la teoría de la impugnación, ahondar este tema y plantearlo con uniformidad y coherencia; por el momento, estos son los acogidos por los distintos autores, algunos de los cuales son citados… 2. Interés del perjudicado o agraviado. Esto significa que el perjudicado con el acto viciado debe tener interés en cuestionarlo haciendo uso de los medios impugnatorios. No debe haberlo consentido ni expresa ni tácitamente. Hay consentimiento expreso cuando el afectado acepta fehacientemente dicho acto. Hay consentimiento tácito cuando deja transcurrir el plazo que tenía para impugnar o procede a ejecutarla o cumplirla; o, no lo cuestiona en la primera oportunidad que tuvo. Quien consiente, no puede impugnar válidamente. La ausencia de consentimiento otorga la legitimación para la impugnación. No existen las impugnaciones de oficio, salvo los casos en que por estar afectada una norma de orden público, el juzgador debe aplicar, de oficio, el remedio de la nulidad; o, el caso en el que la norma procesal ha dispuesto la consulta al superior (por ejemplo, cuando la sentencia que declara el divorcio conyugal, no impugnada por las partes, debe ser elevada al superior, en consulta, para su aprobación)…”
Consiguientemente, la recurrente tiene activada la vía de impugnación haciendo uso de los recursos con la finalidad de precautelar sus derechos, empero no para denunciar vulneraciones a nombre de otros que si bien constituyen parte en el proceso, consiguientemente la recurrente no podía reclamar las presuntas notificaciones erróneas a su difunto esposo Jaime Domínguez Pimentel, primero por no contar con poder para actuar en representación del mismo que haya emitido el nombrado o sus sucesores, consiguientemente se dirá que la recurrente no podía activar como medio de reclamo el hecho de que las notificaciones a Jaime Domínguez Pimentel o sus sucesores fueran irregulares, pues todo recurso se activa para un damnificado que pretende hacer valer un reclamo propio y no para un tercero, en consecuencia no se advierte que la recurrente no se encuentra legitimada para acusar la presunta infracción de los puntos expuestos supra, deduciendo no se la ha situado en estado de indefensión, menos haberse infraccionado el art. 119 de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, ni el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, ni del art. 247 de la Ley de Organización Judicial abrogada, máxime si se evidencia que al haber evidenciado el deceso del codemandado, Jaime Domínguez Pimentel se han generado las notificaciones por edictos a los herederos del nombrado demandado.
2.- En cuanto a que se hubiera vulnerado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en sentido que a fs. 31 se ha ampliado la demanda en contra de Luisa Manchego de Domínguez, sin embargo de ello la notificación hubiera sido efectuada a Luisa Manchego Domínguez conforme a la diligencia de fs. 56 “A”, que fue incidentado a fs. 90, que constituye una causal inexcusable de nulidad conforme al art. 128 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto corresponde señalar que para fundar un vicio de nulidad se debe analizar la presunta infracción que acusa el recurrente y de verificar que la misma busca cumplir una formalidad procesal o no, en la especie la recurrente impetra la nulidad del Auto de Vista en la que acusa infracción del art. 236 del Adjetivo de la materia, en la que alega que la apelación diferida a fs. 109 a 110 que impugna la Resolución Nº 160/99 (fs. 106) no hubiera sido resuelta por el Ad quem, empero de ello corresponde señalar en el contenido del Auto de Vista en el renglón de fs. 38 y siguientes señaló que la mencionada Resolución, entre otras ha sido dictada por el Juez A quo de acuerdo a los datos del proceso, a la valoración de las pruebas conforme a los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, asimismo corresponde señalar que en la parte dispositiva del fallo de segunda instancia, al margen de referirse a la apelación de la sentencia, también confirma las Resoluciones Nº 077/99 y 160/99, esta última acusada de no haber sido resuelta, por lo que no puede acusarse que dicha Resolución no ha sido resuelta, ya que si bien se advierte que en el contenido del Auto de Vista la fundamentación respecto a la Resolución Nº 160/99 es insuficiente, empero de ello la vía de impugnación para la misma no es por falta de pronunciamiento conforme al art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Por otra parte en cuanto a la acusación de que el argumento expuesto en este punto constituiría causal de nulidad al tenor del art. 128 del Código de Procedimiento Civil, al efecto corresponde reiterar que el argumento de la recurrente radica en el hecho de que la demanda hubiera sido ampliada a Luisa Manchego de Domínguez, y los fallos y citación efectuados a Luisa Manchego Domínguez, cuando su correcta identidad fuera María Luisa Manchego de Domínguez, y que la notificación efectuada a una persona que no le corresponde; sobre dicha acusación corresponde señalar que en el incidente de nulidad de fs. 90 reconoce no haber estado en su domicilio y en esa circunstancia se hubiera dejado la cédula, esa es la razón para rechazar el incidente y deducir la inexistencia de vicio de procedimiento sobre la forma de la citación, y en cuanto a la identidad de la nombrada, corresponde señalar que el contenido del memorial de ampliación de la demanda de fs. 31 el actor amplia la misma en contra de la esposa de Jaime Domínguez, en esa condición de cónyuge es que la ella se ha apersonado a la causa y se ha desarrollado el proceso, consiguientemente la notificación efectuada a un nombre que no le corresponde no resulta ser trascendente, por considerar que en el memorial de ampliación de demanda, se consignó los datos de la demandada así como la preposición y apellido del esposo “de Domínguez”, no sucede lo mismo con un nombre o identidad homónima, caso para el cual se activaría la falta de legitimación en la causa, que no es caso que nos ocupa, consiguientemente por su escasa trascendencia, este Tribunal, estima la inexistencia de vicio de procedimiento.
Por otra parte en cuanto a que la sentencia hubiera señalado que la recurrente fuera declarada rebelde, no expresa la recurrente que perjuicio le hubiera causado dicha redacción o de otra parte que efecto diverso podría generar la supresión de esos términos en la redacción de la sentencia, pues no se puede fundar una nulidad por el simple hecho de anular, se debe considerar la trascendencia, la finalidad del acto que resultan ser parte de los principios que rigen las nulidades procesales, consiguientemente la misma deviene en infundada.
Por último en cuanto a la acusación relativa a la revisión de oficio de los procesos y que el Tribunal Ad quem debía de revisar el proceso de oficio conforme al art. 15 de la Ley de Organización Judicial y art. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, corresponde señalar que la misma carece de un contenido infraccional especifico que es lo que se pretende con esa acusación, pues de lo relatado por la recurrente resulta ser ambiguo, olvidando que las acusaciones de nulidad deben ser precisas.
1.1.- En cuanto a la acusación que el Auto Supremo de fs. 682 a 684 no hubiera sido cumplido por el Tribunal de alzada, en la que se alega que no se ha absuelto los puntos de la apelación y que solo se hubiera limitado a repetir el contenido de la sentencia corresponde por lo que impetra darse cumplimiento a lo previsto en el art. 252 y 271 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, consiguientemente corresponde señalar que dicha acusación resulta ser una relativa a la forma, en la que señala haberse incumplido con lo establecido en el Auto Supremo de fs. 682 a 684, dicho argumento por su naturaleza no llega a constituir infracción del art. 252, 271 núm. 3) y 236 del Código de Procedimiento Civil, menos para fundar acusaciones relativas al fondo o argumentos para analizar un recurso de casación en el fondo, pues dicho argumento siempre va enfocado a la forma procesal, empero el recurso de casación en el fondo está orientado si las disposiciones sobre la polémica del fondo de la controversia son las adecuadas, en vista de que el recurso de casación siempre busca deliberar la controversia y no la forma procesal, consiguientemente dicha acusación no puede ser analizada dentro de los argumentos que hacen a un recurso de casación en el fondo.
1.2.- En cuanto a que el actor no hubiera estado en posesión corporal del inmueble objeto de la reivindicación, o que jamás perdió la posesión del inmueble como para reivindicarlo en la que acusó la violación del art. 1543 del Código Civil, que en el entender de la recurrente considera que para la reivindicación debe acreditarse la pérdida de la posesión.
Sobre dicha acusación corresponde señalar que sobre la interpretación del art. 1453 del Código Civil, la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación ha pronunciado el Auto Supremo Nº 135/2001 de 29 de junio de 2001 en la que señaló lo siguiente: "...la reivindicación es una acción real establecida en defensa de la propiedad y la posesión que emerge de ella o "jus possidendi", es distinta del "jus posesionem" que informa a la posesión de hecho. Por ello el artículo 1453 del Código Civil, discurre en sentido de que el "propietario" que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta...". De esta afirmación se infiere, que el objeto de la interposición de esta acción es el reconocimiento, protección y libre ejercicio de un derecho real inmobiliario. En consecuencia, la acción ejercida por una persona que reclama la restitución de una cosa de la que se cree propietario, se funda en la existencia del derecho de propiedad y tiene por finalidad la obtención de la posesión, o dicho de otra manera, la acción reivindicatoria es la acción concedida al propietario para permitirle que se le reconozca su derecho y sancionarlo, ya que se encamina al reconocimiento del fondo del derecho y no al simple hecho de la posesión…”
También se tiene el Auto Supremo Nº 150 de 22 de abril de 2002, ha señalado lo siguiente: “La acción reivindicatoria (actio vinditio rei) no solo supone la desposesión material del bien inmueble, sino la existencia del derecho de propiedad o dominio cuando es el propietario el que acciona. El dominio confiere al titular la posesión civil o jus possidendi como la natural o corporal o jus possesionem, pudiendo o no ejercer esta última como cuando está en poder de un precarista como ocurre con un inquilino o un anticresista. Estos poseen por sí pero no para sí sino para el titular, en cuya virtud, el precarista no puede usucapir en ningún tiempo. El art. 1453 del Código Civil, consulta esta doctrina, máxime cuando el titular del dominio está privado de algún modo de la posesión corporal y el bien está poseído por otro. Defiende esta acción real la posesión como el dominio o derecho de propiedad, a diferencia de las acciones netamente posesorias o interdictas…” criterio que ha sido adoptado por este Tribunal Supremo de Justicia, en sentido que el propietario que reclama la reivindicación de un bien, no requiere haber estado en posesión anterior de la misma o que haya sufrido una desposesión o eyección, como para fundar la pretensión de reivindicación, no siendo sustentable el criterio de la recurrente en sentido que debía activar la acción del interdicto de adquirir la posesión, criterio que resulta ser equivoco.
1.3.- Sobre el argumento de que el Tribunal de apelación, no hubiera tomado en cuenta el acta de inspección de visu de fs. 510 a 513, efectuada en la Unidad de Catastro, el Director del SIM hubiera manifestado que el Código Catastral Nº 4304-7 corresponde a Villa Ayacucho zona Achumani, que fuera corroborado por el Jefe de Catastro quien manifestó que el terreno del demandante corresponde al sector de Achumani entre el Porvenir y Urbanización Brico, además señala que el responsable de la parte técnica refiere que la carpeta con Código de Catastro Nº 44232 le corresponde a Jaime Domínguez Pimentel sosteniendo que el informe de la responsable de archivos de la entidad edilicia Ángela Calavi, resultaría ser contundente al señalar que el terreno del demandante no se encuentra en la urbanización de Chasquipampa, por lo que entiende haberse violado los arts. 1286, 1289, 1296 y 1334 del Código Civil y 399 del Código de Procedimiento Civil, y considera que el Tribunal de Alzada se hubiera negado otorgarle valor probatorio.
Ese extremo no es del todo correcto pues, el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista (fs. 689 a 691 vlta.), ha señalado que conforme al acta de inspección ocular de fs. 510 y el plano de División y partición aprobado por Resolución Municipal Nº 973 de 14 de marzo de 1983 ha sostenido que el predio ubicado en la Urbanización Chasquipampa con código catastral Nº 44-232 con una superficie de 385.50 mts.2, resultaría ser de Gustavo Riveros Cárdenas ocupado por Jaime Domínguez Pimentel, consiguientemente se deduce que el Ad quem reconoce el medio de prueba, para acreditar que el predio fuera codificado con 44-232 tendría como su titular a Gustavo Riveros Cárdenas, no es que dicha acta de inspección no haya sido valorada, como señala la recurrente, al margen de ello para acusar error en la valoración de la prueba (tomando en cuenta el hecho probado) se debe acusar sobre todos los medios de prueba que hubieran acreditado un hecho, no en forma asilada sobre uno de varios medios de prueba que acreditarían un hecho probado; en la especie el Ad quem, ha considerado que dicho código catastral le correspondería al demandante, tomando como medios de prueba el acta de inspección de fs. 510 y la Resolución Municipal que aprueba una división y partición, consiguientemente, valoración efectuada en forma conjunta de los medios probatorios verificados por el Ad quem, por lo que la recurrente al margen de no exponer si el error fuera de hecho o de derecho y la forma en que debía acusar la valoración del medio de prueba lo hace en forma aislada del conjunto de los medios de prueba que acreditaron, la titularidad del Código Catastral y su ubicación en la urbanización Chasquipampa, muy al margen de otras certificación que aludieron la baja del Código Catastral que correspondía a la recurrente, por lo que advierte que no ha sido vulnerado.
2.1.- En cuanto a la errónea aplicación del art. 1453 del Código Civil, en sentido que para otorgar la reivindicación fuera necesario acreditar la pérdida de la posesión, nos remitidos a los fundamentos expuestos en el numeral 1.2.- de la absolución al recurso de casación en el fondo, por considerar que la infracción acusada resulta ser la misma.
2.2.- Por otra parte en cuanto a la acusación de que los recursos de apelación de fs. 82 y de fs. 109, no hubieran merecido el análisis, sobre los puntos apelados; esa acusación significa una presunta falta de fundamentación o una fundamentación insuficiente, sin embargo de ello esa acusación resulta ser en la forma, no puede ser considerado como una infracción, como para revisar el fondo de la polémica pues esa presunta falta de fundamentación puede habilitar el recurso de casación en la forma, previa acreditación que sobre la misma se haya solicitado la complementación y/o explicación para buscar retrotraer el proceso y sanear el vicio observado, empero no para fundar un recurso de casación en el fondo.
2.3.- Finalmente, sobre la acusación relativa de que para oponer la excepción de prescripción no fuera necesario adjuntar Resolución o sentencia ejecutoriada y que el Ad quem incurrió en la misma infracción del A quo, corresponde señalar que la misma resulta ser una acusación en sentido formal, que no habilita un recurso de casación en el fondo, como se dijo anteriormente este recurso revisa la otorgación o no respecto a la pretensión de las partes, y no a la forma procesal, en ese sentido es que si la acusación sobre el fondo de la controversia hubiera estado fundada sobre la excepción de prescripción este Tribunal hubiera efectuado una revisión a cerca de la aplicación de la norma en el fondo de la controversia, más no así sobre la forma de admisibilidad de dicha excepción.
Por lo expuesto, no se ha evidenciado que las acusaciones contenidas en el recurso de casación en la forma y en el fondo sean evidentes por lo que corresponde fallar en la forma prevista en los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo deducido por María Luisa Manchego Vda. de Domínguez contra del Auto de Vista Nº 466/2013. Con costas.
Se regula honorario en la suma de Bs. 700.-

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 artículo 1453
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