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Timestamp: 2019-03-25 16:50:26+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-490 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2016 UNIFICACION
SENTENCIA SU-490 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:ANÁLISIS SOBRE LA PRESENCIA DE CAUSALES ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANALIZÓ LOS DEFECTOS ADUCIDOS, ENCONTRANDO, EN PRIMER TÉRMINO, QUE NO SE PRESENTA ERROR PROCEDIMENTAL, CUANDO AL MOMENTO DE PROFERIRSE EL FALLO NO EXISTÍA AÚN LA POSIBILIDAD DE IMPUGNARLO DENTRO DEL MARCO DE LO PREVISTO EN LA SENTENCIA C-792 DE 2014. DE IGUAL MANERA, SE CONCLUYE QUE NO SE PRESENTAN SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE DEFECTO FÁCTICO, CUANDO LA ADMISIÓN O NO DE DISTINTOS MEDIOS DE PRUEBA, Y LA VALORACIÓN DE LAS PROBANZAS DISPONIBLES NO APARECE ARBITRARIA, IRRACIONAL O CARENTE DE SUSTENTO, SINO, POR EL CONTRARIO, PLAUSIBLE Y COHERENTE, Y SE EFECTÚA DENTRO DEL MARCO LEGÍTIMO DE LA AUTONOMÍA JUDICIAL, RAZÓN POR LA CUAL, NO EXISTE FUNDAMENTO PARA DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA POR VÍA DE TUTELA. POR ÚLTIMO, NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LOS DEFECTOS SUSTANTIVOS ALEGADOS, CUANDO LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN LA SENTENCIA DE CONDENA DEMUESTRAN PLENAMENTE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO, TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD, RAZÓN POR LA CUAL, NO SE PRESENTA ERROR ALGUNO EN EL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA COMETIDA EN LA NORMA PENAL SUSTANTIVA CON BASE EN LA CUAL HAYAN SIDO SANCIONADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, DEFECTO FÁCTICO DE VALORACIÓN DEL JUEZ
Sentencia SU-490 de septiembre 13 de 2016
Ref.: Exp. T-5.414.020
Demandante: D.P.
En la revisión del fallo dictado el 27 de enero de 2016 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el dictado en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la misma corporación el 15 de diciembre de 2015, por el cual se negó el amparo solicitado por el señor D.P. contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, durante la sesión del día 8 de junio de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento de este caso, previo informe presentado por el entonces magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 61 de su reglamento interno. Por esta razón, por auto de la misma fecha, se ordenó también suspender los términos hasta que se profiriera por aquella la correspondiente decisión.
El señor D.P., obrando en su propio nombre, presentó el 15 de octubre de 2015 acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que según alegó, fue vulnerado por aquella en varias de sus distintas facetas, entre ellas: i) la relativa a la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio; ii) la de ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial y con arreglo a las normas vigentes al momento de cometerse el acto imputado; iii) la relacionada con el derecho a presentar pruebas y a debatir las que se alleguen en su contra; iv) la que establece el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas; v) la referente a la presunción de inocencia; vi) la que establece la invalidez de pruebas recaudadas con violación del debido proceso; vii) la atinente al derecho a impugnar el fallo condenatorio, y viii) el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal. Lo anterior, a partir de los hechos que, conforme a su narración, pueden ser resumidos como sigue:
1. El actor D.P. fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de única instancia, dictada el 15 de abril de 2015, a la pena principal de 80 meses de prisión, y a las accesorias de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 112 meses, como coautor responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso material homogéneo, fallo en el que también fueron condenados los señores S.P. y A.V. (quienes en adelante y cuando se aluda conjuntamente a ellos se denominarán simplemente los tres procesados). La razón de la competencia de la Corte Suprema de Justicia en este caso fue el carácter de Ministro de la Protección Social que el actor tenía al momento de la comisión del hecho punible que le fue imputado, y el de ministro y director de departamento administrativo, respectivamente, que para la misma época, ostentaban los otros dos procesados.
2.1. En junio de 2004 la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó por 18 votos favorables contra 16 negativos el proyecto de reforma constitucional, posteriormente identificado como Acto Legislativo 2 de 2004, por el cual se introdujo nuevamente en Colombia la reelección presidencial, que había sido prohibida por la original Constitución de 1991.
2.2. Días después, la entonces representante Y.M., quien votó en forma positiva este proyecto, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por el también representante Germán Navas Talero, por el presunto delito de cohecho, lo que dio inicio a la actuación que terminó con auto inhibitorio en febrero de 2005. A partir de los mismos hechos, la referida congresista afrontó también un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, los cuales concluyeron, también con decisiones favorables a Y.M., en noviembre de 2004 y febrero de 2007, respectivamente.
2.3. En abril de 2008, y a partir de la aparición de dos artículos periodísticos y un video, la Sala de Casación Penal ordenó reanudar la investigación adelantada contra Y.M., que en febrero de 2005 había sido cerrada mediante auto inhibitorio. En las siguientes semanas, la referida Sala envió a la Fiscalía General de la Nación copia de esta declaración, dado que en ella se involucraba a varios altos funcionarios del Gobierno de entonces. Más adelante, la ex congresista Y.M. rindió indagatoria por estos hechos, fue afectada con medida de aseguramiento, y solicitó acogerse a sentencia anticipada.
2.4. El 26 de junio de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia condenatoria anticipada en contra de la ex congresista Y.M. por el delito de cohecho propio, ocurrido en junio de 2004, y le impuso las penas de 47 meses y 26 días de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo término y multa de 48.13 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la comisión del hecho, a favor del tesoro nacional.
Esta decisión tuvo como principal fundamento la confesión de la misma Y.M. en su indagatoria, la que en su momento le permitió a la Corte Suprema de Justicia encontrar “demostrado de manera inconcusa e inobjetable que: i) la congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma constitucional (A.L. 2/2004); ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada”.
2.5. Posteriormente, el 19 de agosto de 2008, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de investigación en contra del entonces Ministro de la Protección Social, D.P., por la posible comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer, a partir de las promesas y ofrecimientos que él habría formulado los días 2 y 3 de junio de 2004 a los entonces congresistas Y.M. y T.A., durante el trámite del proyecto de acto legislativo que posibilitaría la reelección presidencial(1).
3. El 6 de marzo de 2012, el Fiscal Sexto Delegado, en ejercicio de la delegación efectuada por la entonces Fiscal General(2), calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de D.P.(3), en calidad de coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso material y homogéneo, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 9º y 10 del artículo 58 del Condigo Penal, y la de menor punibilidad contemplada en el numeral 1º del artículo 55 de la citada codificación.
4. Finalizada la fase de instrucción y de calificación, el proceso se remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el trámite del juicio, la cual mediante proveído del 28 de agosto de 2012, resolvió unificar el asunto en mención con los procesos que paralelamente se adelantaban contra A.V. y S.P.(4), también por el delito de cohecho por dar u ofrecer, con lo cual la etapa de juicio se surtió en un solo trámite.
5. Dentro del traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, los sujetos procesales presentaron varias solicitudes de nulidad y de pruebas. Concretamente, D.P. pretendió:
(ii) El decreto y práctica de un conjunto de pruebas testimoniales, el desarrollo de una inspección judicial al proceso que para entonces cursaba contra Y.M. por el delito de secuestro; y (c) el anexo al proceso de la copia de los registros de las llamadas entrantes y salientes, por el periodo comprendido entre el 1º y el 30 de junio de 2004, de los teléfonos que en esas fechas utilizaban Y.M., J.M. y C.C., y de las certificaciones expedidas por el Congreso de la Republica sobre los proyectos de ley entonces en trámite, relacionados con la cartera de la Protección Social para los días 2 y 3 de junio de 2004, así como de las citaciones que, para esos días, se le hicieron en su calidad de ministro.
6. El 29 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Penal se pronunció sobre las solicitudes del actor, resolviendo: i) denegar la petición de nulidad, argumentando que no se incurrió en yerro alguno en la fase de instrucción, puesto que: a) el Acto Legislativo 6 de 2011 reguló la aplicación del fuero constitucional de los altos funcionarios del ejecutivo, permitiendo que el Fiscal General pudiera delegar sus funciones de investigación y acusación, y porque b) cuando en desarrollo de esta norma, el Fiscal General delega en un fiscal delegado ante la Corte, la función de investigar y acusar a un funcionario con fuero constitucional, el segundo no se convierte en inferior funcional del primero, ni el procedimiento deja de ser única instancia para convertirse en uno de doble instancia; ii) decretar la ampliación del testimonio de Y.M. según lo solicitó el actor, y iii) denegar las demás pruebas pedidas, al considerarse que no eran pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer la existencia de responsabilidad penal.
7. D.P. propuso reposición contra esa decisión, tanto en lo referente a la solicitud de nulidad, como en lo relacionado con las pruebas cuya práctica había sido negada, ante lo cual el 19 de abril de 2013 la Sala de Casación Penal decidió: i) no reponer el auto en lo que tiene que ver con la negativa de las nulidades pedidas; ii) reponerlo solo en lo relativo a la recepción del testimonio de Carlos Gaviria Díaz y el anexo al proceso de la copia de los registros de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos que para entonces usaban Y.M., J.M. y C.M.(5), y a la decisión de allegar las certificaciones expedidas por el Congreso de la Republica solicitadas.
8. Surtida la audiencia de juicio, el 15 de abril de 2015 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia condenatoria(6) en contra de los tres procesados, es decir, A.V., S.P. y D.P. por el delito de cohecho por dar y ofrecer, imponiéndole a este último las penas principales de ochenta (80) meses de prisión, multa de ciento sesenta y siete (167) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ciento doce (112) meses. Asimismo, en el fallo se dispuso que los sentenciados no se hacían acreedores a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a la prisión domiciliaria. Para adoptar dicha decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró demostrado que:
(i) El 2 de junio de 2004, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez estimó que requería de los votos de Y.M. y T.A. para lograr la aprobación, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, del proyecto de acto legislativo que permitiría la relección presidencial.
(ii) Los días 3 y 4 de junio de 2004, los señores S.P., A.V. y D.P., luego de un acuerdo previo, efectuaron ofrecimientos a Y.M. y a T.A., para que la primera apoyara con su voto el proyecto de reelección y, el segundo omitiera votar en contra, para lo cual se ausentó del recinto del Congreso.
(iii) En el caso de D.P. se explicó que le ofreció a Y.M. la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja y a T.A. una notaría en Bogotá, así como contratos de prestación de servicios en favor de su nuera, la señora V.C.
Para sustentar su petición de amparo, el actor D.P. explicó, en primer término, el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de protección constitucional contra providencias judiciales y, luego, desarrolló los defectos específicos en los que, según afirmó, incurrió la autoridad demandada.
(i) Defecto orgánico: el demandante afirma que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no tenía competencia para proferir sentencia en su contra, pues el 7 de agosto de 2010 cesó en el ejercicio del cargo de Ministro de Protección Social, y de conformidad con el artículo 235 de la Constitución el conocimiento del asunto por parte de dicha corporación judicial “solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación directa con las funciones desempeñadas”, lo que no ocurre en su caso, ya que “el acto legislativo de reelección presidencial no tenía relación con mis funciones, como tampoco el nombramiento de notarios, ni del nombramiento de director de una clínica —que correspondía a su junta directiva—, ni de la contratación de una abogada que hizo el secretario general del Ministerio de la Protección Social”.
Asimismo, sostuvo que la instrucción, calificación y acusación de su caso debió ser adelantada por el Fiscal General de la Nación y no por su delegado de conformidad con el artículo 235 original, pues en atención al principio de favorabilidad, no debió aceptarse la aplicación del Acto Legislativo 6 de 2011.
(ii) Defecto procedimental(7): el actor estimó que en el transcurso del proceso penal adelantado en su contra, las autoridades judiciales intervinientes incurrieron en varios defectos procedimentales, ya que: a) si se estimó que era válida la delegación efectuada por la Fiscal General de la Nación para la etapa de indagación e instrucción, debió otorgársele la posibilidad de apelar la resolución de acusación; (b) el Fiscal Sexto Delegado procedió a la calificación del sumario sin analizar previamente la petición de nulidad presentada el 3 de abril de 2012, en la que se alegaba la violación del derecho de defensa debido a la valoración de pruebas que debieron ser desechadas de plano por falta de fiabilidad; (c) no se le permitió impugnar la sentencia condenatoria, como tenía derecho a hacerlo, según lo establecido por la Corte Constitucional en el fallo C-792 de 2014.
(iii) Violación directa de la Constitución: el accionante alegó que las autoridades judiciales que intervinieron en el proceso penal adelantado en su contra no fueron imparciales ni independientes, toda vez que: (a) el fiscal delegado que adelantó la instrucción y calificación, actuó luego, en la etapa de juicio, como magistrado auxiliar de uno de los togados que adoptó el fallo de condena; (b) existen denuncias penales reciprocas entre la Corte Suprema y los procesados; (c) la conformación del tribunal de juzgamiento por magistrados y conjueces se produjo en un escenario de “claro y abierto enfrentamiento” entre los integrantes de la jurisdicción ordinaria y el Gobierno Nacional, que les impedía a aquellos adoptar una decisión que afectara a sus colegas que eran parte de la “contienda” y, con ello, actuar en contravía de la Corte Suprema como institución, lo cual puede evidenciarse en las grabaciones difundidas por los medios de comunicación con posterioridad al fallo condenatorio, en las que magistrados de la corporación accionada advierten que deben actuar en “legítima defensa” adelantando un juicio y profiriendo un fallo con “motivación política”; (d) los magistrados que participaron en su juzgamiento fueron elegidos por aquellos que se pronunciaron de fondo sobre su caso en otras providencias relacionadas con la “Yidispolítica”; (e) el conjuez William Monroy Victoria debió declarase impedido, puesto que es apoderado de Daniel Coronell, quien dirigió la investigación periodística que originó la apertura de su investigación, así como porque en su calidad de litigante tiene varios procesos en el despacho del magistrado sustanciador de la causa.
(iv) Defecto fáctico(8)
(d) La sentencia condenatoria se sustentó principalmente en el testimonio de Y.M., cuyas afirmaciones se tuvieron por ciertas por proceder de un proceso anterior en el cual se declaró culpable, sin aceptarse los argumentos presentados para desvirtuar su credibilidad y sus verdaderas intenciones para autoincriminarse.
Sobre el particular, se señala que lo anterior se propició como efecto de “la llamada justicia negociada que desbanca todos los postulados propios de la democracia, entre ellos el debido proceso como aquí ha sucedido; en un verdadero Estado de derecho se ha debido juzgar a todos los involucrados en el cohecho (por activa y por pasiva) en una misma actuación”. En ese sentido, se advierte que “los procesados ya estaban sentenciados desde que Y.M. los incriminó (¡por eso no son de extrañar las afirmaciones que en contra de ellos se hacen en la sentencia que la condenó!)”.
“(…) ha sucedido con la utilización por parte de la señora Y.M. del mecanismo de la sentencia anticipada, gracias al cual aceptó la imputación por cohecho propio y, de paso, endilgó cargos a los terceros que —según ella— le dieron las dádivas que aceptó recibir con lo cual incurrieron en un cohecho por dar u ofrecer que luego se les imputó; a cambio, se le concedió una generosa rebaja punitiva y se le benefició con la prisión domiciliaria, la misma que aquí se negó a los tres condenados. Operó, pues, la llamada justicia premial.
Como se desprende de lo anterior, la utilización de un dispositivo como la sentencia anticipada supone que en el caso concreto se renunció al ejercicio del derecho de defensa, al debate procesal y, lo que es más importante, al derecho a controvertir las pruebas que se enarbolan en contra del imputado o acusado. El sistema penal, pues, se volvió un escudo contra el adversario a quien, a toda costa, se busca criminalizar; en otras palabras, no interesa que el proceso penal establezca la verdad sino que él se convierta en un arma al servicio de ciertos intereses”.
(e) La Sala de Casación Penal fundó la condena en la presunta existencia de una actuación mancomunada entre S.P., A.V. y D.P. producto de un acuerdo previo, sin detenerse a examinar si existía una prueba fehaciente que permitiera demostrar la existencia de coautoría en la comisión del delito de cohecho, puesto que para que se configure la misma debió probarse un acuerdo común en el plan criminal y la repartición de tareas para conseguir el fin propuesto.
Al respecto, se resalta que si la teoría de la Corte Suprema se basó en el hecho de que el Gobierno el 2 de junio de 2004 consideró que necesitaba de los votos de los congresistas Y.M. y T.A. para aprobar el proyecto de acto legislativo que permitió la reelección presidencial, no resulta acertado establecer la coautoría sin demostrar que hubo una reunión o comunicación de los tres coautores entre dicha fecha y el momento en el que se efectuó la votación en el Congreso.
(v) Defecto sustantivo(9)
(a) No analizó adecuadamente la atipicidad y antijuridicidad de la conducta reprochada según lo dispuesto en los artículos 9º, 10, 405, 406 y 407 del Código Penal, porque ninguno de los implicados efectuó una negociación de la función pública, toda vez que “votar un proyecto de ley en uno o en otro sentido (así Y.M.) o abstenerse de hacerlo (así T.A.), no es un deber funcional en la medida en que se trata de una mera facultad que —en el seno de una democracia representativa tienen quienes integran el órgano legislativo— se corresponde con el ejercicio de una libertad política. Los congresistas, no se olvide, son inviolables por las opiniones y los votos que emitan en ejercicio del cargo (C.P., art. 185)”.
Con base en lo anterior, el ciudadano D.P. solicitó:
Además de seis anexos explicativos, en los que desarrolla con mayor amplitud los defectos aducidos contra la sentencia atacada, se allegaron junto con la demanda de tutela, un total de 56 anexos consistentes en copias simples de varios documentos considerados relevantes frente a los hechos relatados, de los cuales se listan a continuación los más pertinentes(10):
1. Documentos relacionados con la tutela interpuesta por D.P. contra la Sala Penal de la Corte Suprema en julio de 2008, como consecuencia de las referencias que esta hizo en la sentencia de condena de Y.M., sobre la participación del ministro en los hechos por los cuales aquella fue condenada.
2. Resolución de acusación dictada por el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia contra los tres procesados, fechada el 6 de marzo de 2012.
5. Relación de pruebas testimoniales negadas a D.P. y tenidas en cuenta por la Sala accionada en su decisión, y pruebas no solicitadas por el actor, pero tenidas en cuenta por la Sala de Casación Penal en la sentencia atacada.
6. Actas de diversas reuniones de la Sala de Casación Penal y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como de votaciones adelantadas durante el desarrollo de los procesos adelantados contra los congresistas Y.M. y T.A. y contra los tres procesados.
9. Denuncias penales formuladas por D.P. contra los integrantes de la Sala de Casación Penal y viceversa.
Mediante escrito fechado el 2 de diciembre de 2015, el magistrado Jorge Luis Barceló Camacho, presidente de la Sala accionada y ponente de la sentencia atacada, respondió a esta acción de tutela(11), con la solicitud de que se denegara por improcedente el amparo deprecado, al considerar que el actor pretende reabrir el debate jurídico y probatorio resuelto por el juez de la causa. En efecto, la accionada señaló que el peticionario insiste en los argumentos que planteó dentro del proceso, pues “los temas alusivos a la vulneración al debido proceso y al juez natural fueron objeto de pedimento de nulidad”, y la censura relativa a la labor apreciativa de la prueba es “igualmente la reiteración de los argumentos expuestos a lo largo de la investigación y del juicio, circunstancia que denota que el actor estima lesivo de sus derechos el que no se le haya otorgado la razón en unos planteamientos, que obviamente desde su punto de vista, le deberían resultar favorable[s]”.
Por lo demás, frente a los cuestionamientos en torno a la reapertura de la investigación después del auto inhibitorio dictado en 2005, la Sala de Casación Penal advirtió que dicha decisión obedeció a lo manifestado por Y.M. en la diligencia de indagatoria y a otras pruebas practicadas por la Corte, por lo que no corresponde a la realidad señalar que tuvo su origen en recortes de prensa.
1.5.2. Intervención de la Fiscal Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La entonces titular de ese despacho intervino para destacar el carácter excepcional de la tutela contra decisiones judiciales y para señalar que, en su criterio, no se cumplen en este caso tales supuestos. Señaló que la investigación penal contra el señor D.P. se adelantó en estricto cumplimiento del procedimiento penal, y que en el mismo no existió vulneración de ningún derecho fundamental.
1.5.3. Intervención del apoderado del señor S.P.
Al ser notificado de esta acción de tutela, este representante intervino para prevenir al juez constitucional sobre el hecho de que también su poderdante presentó acción de tutela contra la sentencia condenatoria de abril 15 de 2015, así como para destacar el sustento parcialmente coincidente de esas acciones de amparo, particularmente en lo atinente a la presunta falta de imparcialidad de los magistrados y conjueces que integraron la Sala. En tal medida, expresó su respaldo a la solicitud de tutela presentada por el señor D.P.
1.5.4. Intervención del señor S.P.
Este ciudadano, condenado en la misma sentencia contra la cual se solicita el amparo, intervino para expresar su respaldo a la solicitud de tutela presentada por D.P., al encontrarse en similar situación, y compartir plenamente las razones por las que este último solicitó protección constitucional.
En efecto, después de incorporar largas transcripciones de los razonamientos con base en los cuales la Sala accionada sustentó su decisión condenatoria, se indicó que no se hallaba en su proceder ninguna irregularidad manifiesta, constitutiva de “vía de hecho”, en tanto se observó que tal decisión se apoyó en un análisis ponderado del material probatorio recaudado, con el cual no solo se acreditaron los ofrecimientos efectuados a Y.M., sino también los realizados a T.A., en ambos casos para garantizar la aprobación del proyecto de acto legislativo que permitiría la reelección presidencial.
El ciudadano D.P. impugnó la decisión de primer grado, y sustentó ante la Sala de Casación Laboral, juez de segunda instancia, las razones de su desacuerdo. Entre ellas, retomó varios de los reproches formulados en la acción de tutela e insistió en la necesidad de valorar las grabaciones publicadas en los medios de comunicación, en las que se escucha a los entonces magistrados de la Corte Suprema pronunciándose sobre su caso, y de las cuales se advierte que existió prejuzgamiento, así como que no se actuó con imparcialidad. Según afirmó, si estas pruebas se analizan en contexto, resulta claro que “la Sala Penal tomó las decisiones en Sala Plena frente a los temas relacionados con los funcionarios del gobierno Uribe”, actuando en “legítima defensa” y adelantando en su contra un juicio con “motivación política”.
De igual manera, el ciudadano S.P. también cuestionó la decisión de primera instancia y reiteró los argumentos expuestos en su intervención ante el a quo, reclamando además su derecho a ser escuchado dentro de este trámite, en razón a su calidad de también condenado, por la misma sentencia que a través de este amparo constitucional se cuestiona.
El 28 de abril de 2016, el ciudadano D.P. intervino reiterando los argumentos alegados en la acción de tutela y solicitando que se revoquen las decisiones de instancia. En concreto, presentó el siguiente cuadro donde resume los principales cuestionamientos frente al fallo condenatorio:
Fiscalía General de la Nación Sala de Casación Penal de la CSJ
Incompetencia para adelantar la fase de instrucción. Incompetencia para adelantar la fase de juzgamiento.
Recaudo probatorio irregular por carecer de competencia. Falta de imparcialidad e independencia de los juzgadores.
Trasgresión de la publicidad del proceso ante la ausencia de notificación del acto de delegación [Res. 23, feb. 7/2012], dentro de un proceso que, en principio, era indelegable. Valoración irregular del acervo probatorio.
Ausencia de trámite de nulidades insubsanables, relacionadas con la garantía al juez natural y violación al derecho de defensa. Ratificación de las irregularidades acontecidas en la fase de instrucción a pesar de la solicitud realizada dentro del traslado establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000.
Vulneración del derecho constitucional de impugnación contra la resolución de acusación. Vulneración del derecho constitucional de impugnación de la sentencia condenatoria.
El 28 de junio de 2016, el ciudadano S.P. solicitó que (i) se seleccionen para revisión los fallos proferidos dentro del proceso de amparo que él inició para cuestionar las mismas providencias que se controvierten en el presente trámite(12), y que (ii) se convoque a una audiencia pública dada la trascendencia nacional del caso.
Mediante auto del 2 de agosto de 2016, el entonces magistrado sustanciador denegó lo pedido por S.P., al considerar que (i) era extemporánea su solicitud de selección, así como que (ii) de conformidad con los artículos 12 del Decreto 2067 de 1991 y 67 del Acuerdo 2 de 2015, no están dadas las condiciones para realizar una audiencia, pues aun cuando el debate sometido a decisión es un asunto de especial relevancia, en principio, los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión ya reposaban en el expediente.
A partir de los planteamientos y pretensiones formuladas en el escrito de tutela del actor D.P., corresponde a esta Sala determinar, si al dictar la sentencia de condena en su contra, fechada el 15 de abril de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en los defectos orgánicos, procedimentales, fácticos, sustantivos y de violación directa de la Constitución que en su propio nombre alega, en sustento del amparo solicitado, a partir del cual, busca que se deje sin efectos la aludida providencia, en lo que a él respecta.
3.2. El caso ahora traído a consideración de la Corte plantea un asunto que ha sido abordado profusa y reiteradamente por la jurisprudencia constitucional, en la que esta ha sido positiva en afirmar que la acción de tutela procede, a pesar de su carácter subsidiario, contra providencias judiciales en las que se vislumbre vulneración a los derechos fundamentales. En esa perspectiva, la Corte ha registrado una importante evolución de su jurisprudencia sobre el particular, que se inicia con la citada Sentencia C-543 de 1992, después de lo cual, fallos como el T-079 de 1993 y el T-158 de 1993, precisaron un conjunto de defectos que podrían llegar a justificar el amparo de derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que acuden a la administración de justicia para la solución de sus conflictos, como la ausencia de fundamento objetivo de la decisión judicial o que el juez profiriera la providencia arrogándose prerrogativas no previstas en la ley.
Esa misma evolución jurisprudencial propició que, años más adelante, la Corte revaluara el concepto de vía de hecho, entendido como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario(13) que interesa al juez constitucional y, en su lugar, prefiriera el enunciado de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”(14). Al respecto, en la Sentencia T-949 de 2003, la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:
3.3. Cuota importante en esta evolución jurisprudencial aportó la Sentencia C-590 de 2005, por la cual se fortalecieron los precedentes jurisprudenciales enunciados hasta esa fecha, por tratarse de un fallo de constitucionalidad con efectos erga omnes, en el cual a propósito de la Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal—, la Corte estableció que una cosa es que el legislador no permita la utilización de recursos contra los fallos que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de configuración y, otra muy distinta, que por esa razón se excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 constitucional para la protección de los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad pública.
En esta sentencia, se advirtió expresamente que la acción de tutela contra fallos judiciales solo tendría vocación de prosperidad cuando se cumpliera con ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos, distinguió unos de carácter general, que habilitaban la interposición de la tutela y, otros de carácter específico, que tocan la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto. Entre los requisitos generales, la sentencia acopió y definió los siguientes:
“a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional(15). (...)”.
b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(16).
c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración(17).
e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(19).
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, s[í] se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales” (resaltado fuera de texto).
4. Análisis sobre la concurrencia de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
4.1. Relevancia constitucional. En el proceso objeto de estudio, el peticionario fue condenado a las penas de 80 meses de prisión, multa de 167 salarios mínimos legales mensuales y 112 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en su calidad de coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer, a partir de los ofrecimientos que, junto con otros altos funcionarios del Gobierno de la época (jun. 2004), habría presentado a dos integrantes de la Cámara de Representantes, para asegurar que una de ellos votara en un determinado sentido y otro se abstuviera de hacerlo, dentro del trámite de un acto legislativo sobre reelección presidencial, en el que el Gobierno Nacional tenía evidente interés.
4.2. Subsidiariedad. Contra el fallo que en este caso es objeto de controversia constitucional no proceden recursos ordinarios, por cuanto se trata de una decisión de única instancia, emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto los procesados eran servidores públicos amparados por el fuero constitucional previsto en el numeral 4º del artículo 235 superior. En tal medida, se cumple la exigencia del artículo 86 constitucional, en el sentido de que frente a la situación controvertida no exista ningún otro medio de defensa judicial.
Empero, en este caso, ninguno de los cuestionamientos que el actor dirige contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el sentido de condenarlo por el delito de cohecho por dar u ofrecer, podría subsumirse en las causales de procedencia de la acción de revisión(23) y, por lo tanto, no sería dable exigirle al peticionario la necesidad de agotar una acción que no está diseñada para soportar la controversia constitucional planteada en esta oportunidad.
Con todo, no ocurre lo mismo respecto de los defectos particulares que habrían acaecido durante el desarrollo del proceso judicial, que según alega el actor, afectarían también la validez de la sentencia condenatoria que puso término a aquel, puesto que se trata de situaciones consolidadas de tiempo atrás, de hecho con considerable antelación a la fecha de emisión de esa decisión judicial. Este es el caso, entre otros, de los supuestos defectos orgánicos y/o procedimentales que en sede de tutela se invocaron respecto de la actuación del Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, como representante de la entonces Fiscal General de la Nación, frente a las pruebas decretadas por el aludido funcionario, o respecto de la supuesta incompetencia de la Sala de Casación Penal, al haber cesado el señor D.P. en su entonces cargo de Ministro de Estado desde el mes de agosto de 2010, o por cuanto la reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial era un tema ajeno a sus funciones ante la cartera de Protección Social. Como es evidente, en vista del tiempo transcurrido entre la ocurrencia de esos alegados defectos y la presentación de la acción de amparo, aparece ausente, frente a todos ellos, el criterio de inmediatez.
De manera semejante, devienen también extemporáneas las quejas relacionadas con la no tramitación de nulidades solicitadas durante la fase de investigación, o con la negación del recurso de apelación propuesto contra la resolución de acusación emitida al concluir aquella, situaciones frente a las cuales no se impetró, en su momento, la acción de amparo constitucional.
4.4. Que, de ser posible, el peticionario haya sostenido en el trámite ordinario los argumentos sobre los que construye la petición de amparo.
Sin embargo, no ocurre lo mismo frente a otros defectos, entre ellos, todos aquellos que, por encuadrar en causales de impedimento o recusación previstas por la ley, podían, y a juicio de la Sala, debían, ser invocadas durante el desarrollo del proceso, a medida que se advirtieran los hechos que las configuran, lo que, según comprueba la Sala, no ocurrió en este caso. Esta actitud pasiva por parte del actor compromete entonces la procedencia de varias de sus denuncias, las relacionadas con la supuesta falta de imparcialidad de la Sala accionada, resultante de circunstancias tales como: i) la alegada intervención durante la fase de juicio de quien en la etapa investigativa, y conforme a lo previsto en el Acto Legislativo 6 de 2011, fungió como fiscal a cargo, por delegación de la entonces Fiscal General de la Nación; ii) la formulación de denuncias penales recíprocas entre la Sala de Casación Penal y el otrora ministro D.P.; iii) la existencia de un serio enfrentamiento, asimilable a una grave enemistad, entre, de un lado, los tres procesados y el Gobierno del que ellos hicieron parte, y del otro, la Sala accionada, a la que correspondía su juzgamiento; iv) la participación, como integrantes de la misma Sala, de magistrados que, en su momento, fueron elegidos con intervención de sus antecesores que participaron en la sentencia anticipada de condena contra Y.M., y en otras decisiones relevantes; v) la participación dentro de esta misma Sala de un conjuez que simultáneamente era apoderado de un periodista investigador especialmente activo durante el desarrollo de este caso.
5. Análisis sobre la presencia de causales específicas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
Tomando en cuenta la extensa lista de los defectos alegados en este caso, a partir de los cuales se pretende que se deje sin efectos el fallo cuestionado, en lo relativo al actor D.P., y una vez excluidos todos aquellos que por falta de inmediatez y/o por ausencia de alegación previa no podrán ser analizados, observa la Sala que, conforme a la clasificación propuesta por el actor, ellos encajarían en cuatro de las categorías que, según atrás quedó expuesto, recogen las posibles situaciones que podrían dar lugar a la prosperidad del amparo constitucional contra una sentencia ejecutoriada. Aparecen, en su orden, el defecto procedimental (que en este caso se habría generado en una circunstancia posterior a la sentencia), la violación directa de la Constitución, el defecto fáctico y el defecto sustantivo.
Ahora bien, la misma amplitud y diversidad de los posibles vicios alegados contra la sentencia condenatoria confutada lleva a la Sala Plena a advertir que, según se observa, en realidad se pretende cuestionar esta en su integridad, a la manera de un recurso ordinario, como sería especialmente el de apelación, que por su naturaleza abre paso a una instancia adicional, intentando así convertir la acción de tutela en una nueva e integral oportunidad de revisión del fallo y sus fundamentos, lo que naturalmente excede su intención y propósito, conforme a la Constitución. Ello por cuanto, tal como páginas atrás se reiteró, la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales es altamente excepcional, y solo aparece viable en cuanto las circunstancias alegadas se encuadren claramente en una o más de las causales que al efecto ha desarrollado la jurisprudencia de este tribunal, lo que, a simple vista, no ocurre en este caso, en el que varias de las alegaciones del actor, en realidad, exceden o pretenden desfigurar la esencia de tales causales de procedencia.
5.1. Sobre el defecto procedimental. Reiteración de jurisprudencia.
Sin embargo, es claro que no cualquier apartamiento de las reglas procesales sería suficiente para que pueda concederse tutela contra el juez que lo hubiere cometido. Es por ello que la jurisprudencia habitualmente exige que se trate de un defecto procedimental absoluto, entendiendo por tal el que tiene lugar cuando se da un desconocimiento protuberante de las formas del juicio de que se trata, bien porque el funcionario judicial sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto), bien cuando se pretermiten etapas o eventos sustanciales del procedimiento legalmente establecido, afectando así el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso(24).
En todo caso, existe gran diversidad de situaciones en las que este defecto absoluto puede presentarse, dependiendo de las circunstancias particulares de las distintas reglas aplicables a cada tipo de procesos, que eventualmente serían desatendidas. Como ejemplos frecuentes de ellos la Corte ha señalado, entre otros, los siguientes: (i) cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de las mismas por parte del juez; (iii) cuando la autoridad judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido ordenada; y (iv) cuando resulta evidente que una decisión condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado(25).
Otra ocurrencia frecuente, encuadrable como una especie de este defecto, es el llamado exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando la observancia de las normas procesales por parte del juez va acompañada de tal rigor, que se olvida su finalidad y se termina sacrificando el derecho sustancial cuya protección persigue el proceso, en contravía de lo previsto en el artículo 228 superior(26).
La Corte ha señalado además que la procedencia de la tutela por defecto procedimental está sujeta a que concurran los siguientes elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada dentro del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales(27).
5.2. Sobre la violación directa de la Constitución.
Fueron la caracterización de la Constitución como norma de normas (art. 4º) y el mandato de aplicarla en todo caso de incompatibilidad entre sus disposiciones y las de la ley u otra norma jurídica, las razones que, al menos desde los primeros años del presente siglo, impulsaron la tesis jurisprudencial que consideró la vulneración directa de la Carta Política como una causal de procedencia de la tutela contra sentencias, distinta de la que se enmarca en las condiciones del defecto sustantivo.
En atención a esas consideraciones, la Corte ha entendido que dicho defecto se estructura cuando una providencia judicial desconoce determinados postulados del texto superior, bien sea porque los omite por completo, los contradice, o les atribuye un alcance insuficiente. En efecto, la forma más clara y evidente de desconocer la Constitución es “desatender completamente lo que ella dispone, al punto de ni siquiera tener en cuenta sus prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico”. Ese desconocimiento puede ocurrir, también, cuando sus disposiciones no se aplican en el nivel de cumplimiento más alto posible, de manera que, frente a varios principios en disputa, uno de ellos resulta sacrificado más allá de lo que era necesario(28).
Como situaciones en las que concurre este defecto, la Corte ha identificado también aquellas en las que i) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución, o iv) el funcionario aprueba un acuerdo conciliatorio que implica desconocimiento de los derechos fundamentales de una de las partes(29).
5.3. Sobre el defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia.
De lo anterior se desprende que la amplia discrecionalidad con que estos cuentan para asignar valor a cada prueba —según las reglas de la sana crítica— no implica una potestad absoluta, cuyo ejercicio pueda desbordar los límites que impone el ordenamiento constitucional.
Al mismo tiempo, es importante recordar que esta corporación ha sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e independencia judicial, en el cual se incluye el amplio margen de apreciación que recae sobre los operadores judiciales para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Con todo, la Sentencia SU-159 de 2002, advirtió que dicha independencia y autonomía “jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”(30).
Bajo ese entendido, se configura un defecto fáctico cuando quiera que la providencia judicial ha sido el resultado de un proceso en el que dejaron de practicarse pruebas necesarias para dirimir el conflicto (omisión judicial), pero también cuando aquellas, habiendo sido decretadas y practicadas, no son apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, pues ello se opone al debido proceso, al punto de generar arbitrariedad. Lo mismo ocurre con las que carecen de aptitud o de legalidad, bien sea por su inconducencia, o porque fueron recaudadas de forma inapropiada, caso último en el que deben ser consideradas como pruebas nulas de pleno derecho (C. P., art. 29).
Esta Corte ha precisado también que el denominado defecto fáctico tiene dos dimensiones paralelas, una positiva y una negativa. Mientras la primera hace referencia a circunstancias en las que se valoran pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la segunda se relaciona con situaciones omisivas en la valoración probatoria que pueden resultar determinantes para el caso concreto. Esta omisión debe caracterizarse por ser arbitraria, irracional y/o caprichosa(31).
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima(32)”.
En otras decisiones más recientes, pero en la misma línea, esta Sala ha indicado también(33) que “[...] entendiendo que la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en el análisis probatorio, el defecto fáctico debe satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia: (i) El error denunciado debe ser “ostensible, flagrante y manifiesto”, y (ii) debe tener “incidencia directa”, “transcendencia fundamental” o “repercusión sustancial” en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta”.
5.4. Sobre el defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia.
Al respecto, se ha explicado que tal situación de arbitrariedad se presenta cuando se aplica una norma: (i) que es inexistente; (ii) que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) que estando vigente, resulta inconstitucional frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) que estando vigente y siendo constitucional, es incompatible con la materia objeto de definición judicial(34).
Según lo precisó la reciente Sentencia T-123 de 2016 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), el defecto sustantivo “parte del reconocimiento de que las autoridades judiciales son autónomas para establecer cuál es la norma que fundamenta la solución del caso puesto bajo su conocimiento, del mismo modo que les corresponde interpretar y aplicar las disposiciones normativas con autonomía e independencia. Pero admite que estos principios que amparan la actividad del juez no son absolutos y, por eso, excepcionalmente el juez de tutela debe intervenir para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y de la Constitución. Por esa razón, para que se configure un defecto sustantivo en cualquiera de los eventos mencionados, debe demostrarse que la decisión del juez respecto del fundamento normativo es evidentemente irrazonable. De lo contrario, no es procedente la acción de tutela por este defecto”.
6. Caso concreto. Análisis de las causales de procedibilidad aducidas.
6.1. Sobre la supuesta existencia de un defecto procedimental.
Según se sostuvo en la demanda de tutela, y también al presentar impugnación contra el fallo de primera instancia, la Sala de Casación Penal habría incurrido, con posterioridad a la expedición del fallo aquí cuestionado, en un error procedimental, al no permitir el trámite de la segunda instancia contra aquel, como hace poco lo habría establecido la Sentencia C-792 de 29 de octubre 2014, de este tribunal.
Sin embargo, es claro que aún bajo estos supuestos, es cierto que para la época en que se produjo la decisión que por esta acción de tutela se cuestiona (abr. 15/2015), no existía aún tal opción, pues todavía no había transcurrido el plazo concedido al legislador para expedir la regulación de este tema, razón por la cual, tampoco operaba aún la última previsión de ese fallo de constitucionalidad, esto es, aquella según la cual “a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”. Así lo reiteró esta Corte en la reciente Sentencia SU-215 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa), en la que esta posibilidad fue descartada frente a una situación análoga, relacionada con la pretensión de impugnar una sentencia condenatoria, distinta a la de primera instancia, emitida con anterioridad al vencimiento de tal plazo.
6.2. Sobre la posible violación directa de la Constitución.
En relación con este posible defecto, el actor adujo, entre otras, dos situaciones específicas, que en su criterio se encuadran dentro de este tipo de defecto, a saber: i) la existencia de un grave enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional del que él formaba parte, para la época en que se inició la investigación que dio lugar a este proceso, punto cuya procedencia fue ya descartada, en vista de la no invocación oportuna de las correspondientes causales de recusación, y ii) el hecho de que, antes de decidir sobre su caso, la Sala accionada había emitido ya otra decisión que sin duda marcaría el rumbo de esta, como fue la sentencia anticipada contra la otrora representante a la Cámara, Y.M., quien fue condenada por el delito de cohecho propio, y durante cuyo proceso se ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para investigar a los tres procesados respecto de su posible participación en los mismos hechos. Según explicó, estas circunstancias determinaron que no existiera en cabeza de la Sala de Casación accionada la debida imparcialidad, necesaria para resolver sobre su eventual responsabilidad penal por estos hechos, lo que a su turno habría generado la ya referida violación directa de la Constitución.
6.2.1. La imparcialidad como componente del debido proceso.
Entre los principales instrumentos internacionales relevantes con respecto a este tema se destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos(35), que en su artículo 8.1, reconoce que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Del mismo modo, el más reciente, y también pertinente Estatuto de Roma(36) incorpora dentro de los derechos del acusado el de tener “una audiencia justa e imparcial”, principio que es reiterado en el apartado 20.1 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional.
En el ámbito interno, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (L. 270/96) en su artículo 5º, señala que la rama judicial es independiente y autónoma, y al respecto precisa que ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias. Así mismo, el artículo 153 de la misma ley establece los deberes de los jueces, magistrados y empleados de la rama judicial, entre los cuales destaca la Sala el previsto en su numeral 3º, que ordena “desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.
Por su parte, la Ley 600 de 2000, norma aplicable a la actuación que dio origen a la presente acción de tutela, en su artículo 234, consagra dentro de sus principios rectores la imparcialidad, aspecto insustituible dentro de la actividad judicial. Así pues, resulta entonces imperativo para el juez ejercer sus funciones, realizar sus actuaciones y proferir sus decisiones libre de toda circunstancia, factor, injerencia o presión. El ejercicio judicial lleva implícitas las características de neutralidad y objetividad, presupuesto inicial del debido proceso(37).
La independencia de un juez, uno de los principales elementos que determinan su actuación imparcial, hace referencia, especialmente, a la ausencia en el ejercicio de su función judicial, de todo vínculo de subordinación jerárquica, tanto dentro como hacia afuera de la rama judicial. Conforme a ella, cuando decide, el funcionario, no tiene sobre sí superiores jerárquicos de los cuales pueda recibir órdenes o instrucciones, ni le es dable tampoco ocultarse bajo la autoridad de aquéllos para atenuar su responsabilidad, pues depende exclusivamente de la ley(38).
En Sentencia C-095 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), esta Corte precisó que “La garantía de la imparcialidad, constituye no solo un principio constitucional sino un derecho fundamental conexo con el derecho al debido proceso. Ello porque en un Estado social de derecho la imparcialidad se convierte en la forma objetiva y neutral de obediencia del ordenamiento jurídico. En efecto, el derecho de los ciudadanos de ser juzgados conforme al derecho, es decir, libre e independiente de cualquier circunstancia que pueda constituir una vía de hecho (C.P., arts. 29 y 230), exige de forma correlativa el deber de imparcialidad de los jueces (C.P., arts. 209 y 230), ya que solamente aquel que juzga en derecho o en acatamiento pleno del ordenamiento jurídico, puede llegar a considerarse un juez en un Estado social de derecho”. En el mismo sentido, este proveído señaló que:
“A partir de las citadas consideraciones, la doctrina procesal ha concluido que la imparcialidad requiere de la presencia de dos elementos. Un criterio subjetivo y otro objetivo. El componente subjetivo, alude al estado mental del juez, es decir, a la ausencia de cualquier preferencia, afecto o animadversión con las partes del proceso, sus representantes o apoderados. El elemento objetivo, por su parte, se refiere al vínculo que puede existir entre el juez y las partes o entre aquel y el asunto objeto de controversia, de forma tal, que se altere la confianza en su decisión, ya sea por la demostración de un marcado interés o por su previo conocimiento del asunto en conflicto que impida una visión neutral de la litis(39).
En consecuencia, la garantía de la imparcialidad se convierte no solo en un elemento esencial para preservar el derecho al debido proceso, sino también en una herramienta idónea para salvaguardar la confianza en el Estado de derecho, a través de decisiones que gocen de credibilidad social y legitimidad democrática” (negrillas no son del texto original).
En razón a todo lo expuesto, la imparcialidad del funcionario judicial constituye un atributo inescindible de la actividad judicial, representa la autonomía e independencia en las decisiones judiciales, y se encuentra contenido en los principios que orientan un debido proceso(40).
Como instituciones claramente enderezadas a garantizar la imparcialidad e independencia del juzgador, los códigos de procedimiento suelen contemplar las causales de impedimento y/o de recusación, a las que antes se hizo referencia, un listado de hechos(41) que, conforme enseña la experiencia, podrían llevar al juez, aun involuntariamente, a alterar su criterio, y en consecuencia, a faltar a tales deberes en relación con un caso específico, razón por la cual resulta desaconsejable su intervención en el mismo.
6.2.2. Circunstancias del caso concreto supuestamente contrarias al principio de imparcialidad judicial.
Entre las razones a partir de las cuales sustentó el señor D.P. la alegada falta de imparcialidad del juzgador dentro del trámite que condujo al fallo condenatorio en su contra, mencionó la existencia de un grave enfrentamiento que, según relató, enturbiaba las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional del que él formaba parte, y el hecho de que, previamente a la decisión de su caso, la Sala accionada había emitido otra decisión que sin duda marcaba el rumbo de esta, como fue la sentencia anticipada contra la entonces representante Y.M., quien reconoció su responsabilidad, y en tal medida fue condenada por el delito de cohecho propio, a partir de hechos en los que, según fácilmente se dedujo, también los tres procesados habrían participado.
La Sala se referirá entonces, de manera separada, y en ese mismo orden, a l[a] posibilidad de que estas circunstancias hubieren afectado la imparcialidad que debía observar la Sala accionada en el juzgamiento de estos altos funcionarios.
6.2.2.1. Sobre la existencia del aludido grave enfrentamiento entre la Sala de Casación Penal y el otrora Gobierno Nacional(42), la Sala reiterará la imposibilidad de analizar este punto, al no haber sido oportunamente alegado mediante el uso de la pertinente causal de recusación, más aún existiendo una específica, la relativa a la enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales y el funcionario judicial, en la cual podría fácilmente encuadrarse la situación alegada(43).
Pese a esta circunstancia, destaca además esta corporación que ninguno de los cuatro magistrados que participó en la expedición de la sentencia cuestionada, actuó en esa misma calidad para la fecha en que la Sala de Casación Penal profirió sentencia anticipada de condena contra Y.M. (jun. 2008), pues aún no eran integrantes de esa corporación. Simultáneamente, ninguno de los nueve magistrados que para entonces integraban la Sala, que es con quienes se habría originado el ya referido enfrentamiento, continuaban en sus cargos para abril de 2015, anotando además que, en su momento, cuando aún hacían parte de esa Sala, cada uno de ellos manifestó y le fue aceptado impedimento, precisamente en vista de su pasada intervención en el juzgamiento de los entonces representantes Y.M. y T.A. Así las cosas, la reiterada alegación de enemistad entre la Sala que dictó su sentencia y el Gobierno Nacional del que el actor formó parte, resulta aún más remota e infundada, en razón al tiempo transcurrido y a la ya referida total renovación de la Sala a lo largo de esos años.
Más allá de estos hechos, no puede la Sala Plena dejar de pronunciarse sobre los medios de prueba con base en los cuales procuró el actor sustentar su aserto, pues aun cuando conociendo desde el año 2008 el alegado enfrentamiento (muchos de los hechos que así lo probarían, entre ellos las referencias a la actuación del ministro D.P. dentro de la sentencia de Y.M., ocurrieron desde esa época) y habiéndose abstenido de alegarlos como posible causal de recusación, pretendió probarlos a partir de las escuchas ilegales recaudadas por terceras personas desde esa época, y hechas públicas recientemente, incluso con posterioridad al fallo judicial que mediante esta acción de tutela se cuestiona.
6.2.2.2. En lo que respecta a la posible ausencia de imparcialidad resultante de la previa expedición de la sentencia anticipada contra la entonces representante Y.M., así como del precedente envío de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, lo que más adelante dio origen al proceso y posterior condena contra los tres procesados, debe esta Sala Plena hacer las siguientes consideraciones:
El actor se duele de la situación desventajosa que en su caso habría representado la previa condena de Y.M. en cuanto, más allá de los ya referidos cambios registrados en casi siete años respecto de la composición de la Sala accionada, y en vista de la presumible intención de sus integrantes de no entrar en contradicción con ese primer fallo, ni tampoco causar disgusto o desavenencia a sus autores, o a la Sala de Casación Penal como máxima instancia de la justicia criminal en el país, existía la necesidad de proferir en su contra fallo condenatorio, muy a pesar de la ausencia de evidencia suficiente que, según también alegó, había en el expediente.
A propósito de este aspecto, el actor hace también sensibles cuestionamientos a las implicaciones de la llamada justicia premial, o justicia negociada que en esta oportunidad se habría aplicado, insistiendo en que resulta injusta la falta de imparcialidad con que obra el juez penal cuando, como habría ocurrido en este evento, se toma una decisión sin fundamento suficiente, por el solo hecho de haber precedido la confesión de otra persona, frente a la cual el acusado en el segundo proceso no tuvo ocasión de contradecir o interrogar, pese a lo cual, esa prueba y la correspondiente sentencia, resultaron significativos para la decisión de su caso. Así las cosas, insiste en que en este asunto su suerte estuvo indebidamente determinada por la condena primeramente proferida contra la confesa y convicta Y.M., hecho que en su parecer implicó falta de imparcialidad en cabeza de la Sala accionada, así como violación de su derecho al debido proceso.
Sin embargo, y precisamente a propósito de las críticas que el actor hace de la llamada justicia negociada, aparece claro el manifiesto desenfoque de su alegato contra esta situación, pues el mismo envuelve un cuestionamiento de fondo a las instituciones que caracterizan el sistema penal acusatorio, las que, por el contrario, tienen claro fundamento constitucional, especialmente con posterioridad al Acto Legislativo 3 de 2002, y por ello, han sido repetidamente consideradas exequibles por este tribunal(44). En efecto, muchas de las reglas procesales aplicadas en estos dos procesos han sido estudiadas por esta corporación, a partir de la presentación de distintas demandas ciudadanas, encontrando que son enteramente acordes con el texto superior. Así las cosas, y tal como en casos análogos lo ha reconocido la Corte(45), no resulta posible predicar la vulneración de derechos fundamentales, cuando la autoridad accionada se ha limitado a aplicar reglas legales que el máximo órgano de control constitucional ha dictaminado como claramente exequibles.
Ahora bien, el sistema acusatorio, tanto el planteado en la original Constitución de 1991, luego desarrollado por la Ley 600 de 2000, como el más recientemente implementado a partir del Acto Legislativo 3 de 2002 y el posterior Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004, tiene como uno de sus principales supuestos, la posibilidad de que el Estado ofrezca y negocie con el procesado la concesión de ciertos beneficios por colaboración con la justicia, colaboración que puede manifestarse, bien en el mismo proceso que se sigue contra quien la provee, principalmente a partir del reconocimiento de la propia responsabilidad, bien en relación con la acción penal que el Estado ejerce contra terceras personas.
En todos los casos, los referidos beneficios, entre ellos la posible rebaja de la pena aplicable, e incluso en algunas ocasiones su total desaparición, se ofrecen y se otorgan como contrapartida y en atención a la ayuda que el procesado pueda brindar para el efectivo ejercicio de la acción penal, y el esclarecimiento de la verdad, que sin duda se facilitan cuando una o más de las personas que cometieron el delito o tuvieron directo conocimiento de él, suministran información relevante. Así, si bien esta práctica implica excepciones a la aplicación del principio de legalidad, que se manifestaría en la efectiva imposición de la pena anunciada por la ley sustantiva, ella se entiende justificada por el beneficio global que el Estado reporta en cuanto a la posibilidad de perseguir el delito de manera más eficiente, pues tal objetivo sin duda se dificulta cuando aquel debe investigar la totalidad de los delitos que afectan a la sociedad, enfrentando la resistencia y la absoluta ausencia de información de parte de los involucrados. En suma, es de la esencia del sistema penal acusatorio, la posibilidad de otorgar estos beneficios, a los procesados que hubieren prestado colaboración efectiva, bajo los parámetros previstos en la ley.
En la misma línea, el hecho de que el rumbo de una determinada acción penal resulte parcialmente influido por el desarrollo de otros procesos del mismo carácter contra terceras personas, y el que en tales casos se tenga en cuenta el principio de no contradicción, no podrá asumirse como el resultado de una actuación parcializada o poco transparente, en la que el funcionario judicial se aparte de los principios de justicia, independencia y rectitud que debe orientar su desempeño. Por el contrario, es claro que ignorar o desatender la evidencia previa y válidamente establecida, sí podría, en cambio, ser tomado como el producto de una actuación deliberadamente direccionada a una decisión específica, y por lo tanto contraria al principio de imparcialidad, conforme al cual [e]l funcionario judicial deberá reconocer y aceptar la realidad procesal que espontáneamente resulte del análisis crítico de las probanzas disponibles.
A partir de estas reflexiones, es visible para la Sala que la relación existente entre el proceso adelantado contra la ex congresista Y.M. y el posteriormente instruido contra los tres procesados, o el hecho de que el segundo se hubiere originado en consideraciones vertidas en la sentencia que puso fin al primero, o en la compulsa de copias previamente ordenada al definir la situación jurídica de aquella, es apenas válido resultado del propósito de abarcar a todos los participantes en la acción primeramente sancionada, y en tal medida no implica, en modo alguno, falta de imparcialidad de parte de la Sala accionada.
Por estas razones, más allá del sentido común, la unidad procesal es la regla que, de manera concordante, acogen para estos casos los dos últimos códigos de procedimiento penal, tanto la Ley 600 de 2000, en sus artículos 89 a 92, como la más reciente Ley 906 de 2004, en sus artículos 50 a 53. Estas normas contemplan, además, la posibilidad de acumular los procesos que, pese a cumplirse los supuestos de la unidad procesal, se hubieren iniciado separadamente, como también la de que, por excepción, se produzca la ruptura de aquella, en cuanto concurra una de las situaciones expresamente previstas por la ley, único escenario en el que deberán conducirse varias distintas investigaciones separadas (sic), frente a un mismo hecho cometido por una pluralidad de personas. Por cierto, una de las situaciones que podrían generar esta necesidad sería, precisamente, el hecho de que uno de los implicados esté amparado por un específico fuero constitucional, que no se extienda a los demás, supuesto en el cual, será necesario adelantar procesos separados ante los distintos funcionarios judiciales competentes.
En el presente caso, se trató de la comisión de un mismo y único hecho punible, en el que intervinieron varios servidores públicos, dos ministros y un director de departamento administrativo, que, de común acuerdo, habrían ofrecido ciertos beneficios a dos congresistas (cohecho por dar u ofrecer), para que actuaran de una manera determinada frente a una iniciativa legislativa para entonces en curso, a partir de lo cual estos aceptaron los ofrecimientos y adecuaron su conducta en la forma sugerida por los representantes del Ejecutivo (cohecho propio).
Así las cosas, dado que se trataba de conductas punibles conexas, en principio debía seguirse un único proceso penal. No ocurrió así, primero, por cuanto el proceso contra la otrora congresista Y.M. comenzó primero y concluyó, y fue apenas una vez avanzado este, y en vista de la inescindibilidad observada entre su conducta y la de los funcionarios que hicieron los ofrecimientos, que se resolvió compulsar copias para adelantar investigación contra estos últimos. Y, segundo, por cuanto, tanto los congresistas como los tres procesados, eran titulares de un distinto fuero constitucional, lo que de suyo hacía imposible que sus conductas fueran investigadas en una misma actuación(46).
A partir de lo anterior, y de cara al reproche que en este punto ha planteado el actor, en cuanto la suerte del proceso en su contra habría resultado influida por el previo pronunciamiento condenatorio emitido por la misma Sala accionada contra la entonces representante Y.M., la Corte llama la atención en el sentido de que, a no ser por la existencia de distintos fueros constitucionales, que como se indicó, explicaron la ruptura de la unidad procesal en este asunto, hubiera debido seguirse un único proceso, con lo que la comunidad de prueba, y más que ello la concordancia entre las decisiones atinentes a los distint[o]s procesados, habría sido aún más evidente.
6.2.2.3. A partir de lo expuesto, concluye esta Sala Plena que no pueden abrirse paso los reproches que el actor invoca como violación directa del texto superior a partir de la posible falta de imparcialidad en que habría incurrido la Sala accionada.
6.3. Sobre la supuesta ocurrencia de un defecto fáctico(47).
Los múltiples defectos que el actor aduce contra la sentencia de condena emitida en su contra por la Sala accionada pueden resumirse en cinco aspectos principales, algunos de ellos íntimamente relacionados entre sí, a saber: i) el hecho de que la investigación precedente se hubiere reactivado con base en notas de prensa; ii) el injusto rechazo de la mayoría de las pruebas solicitadas, durante el proceso, por la defensa de D.P.; iii) la falta de prueba sobre el acuerdo que, según la sentencia condenatoria, existió entre los tres procesados, para lograr el necesario cambio en la conducta de los entonces representantes Y.M. y T.A., respecto del proyecto de acto legislativo sobre reelección presidencial; iv) la falta de credibilidad que el actor atribuye al dicho de la exrepresentante Y.M., que, según sostiene, habría sido la única prueba relevante en la que el máximo tribunal en lo penal, fundó su decisión; v) la ausencia de otras pruebas que permitieran contrastar y mejor valorar la versión de la entonces congresista, todo lo cual se resume, entonces, en la supuesta carencia de pruebas suficientes para respaldar tal decisión, desfavorable al actor. Según afirma, esas circunstancias habrían dado lugar a la ocurrencia de un defecto fáctico que, en doble sentido, afectaría la validez de la sentencia atacada, la primera, en la perspectiva que la jurisprudencia ha denominado dimensión negativa (ausencia probatoria), y, la segunda, en su dimensión positiva (incorrecta valoración de la prueba disponible).
6.3.1. Como primera medida, no existe defecto fáctico alguno en el hecho de que la investigación previa a este proceso se hubiere reactivado con base en notas o documentos tomados de los medios de comunicación. No puede, en ningún sentido, afirmarse que estos elementos de juicio carezcan de suficiente poder suasorio, o que estén sujetos a formalidades especiales, pues el ejercicio de la acción penal es sin duda público y oficioso, cualquiera que sea la forma en que los hechos posiblemente constitutivos de delito lleguen a conocimiento de la autoridad que debe iniciar la investigación, salvo apenas en los eventos en que se requiera querella o petición especial, lo que claramente no ocurre en este caso(48).
Cosa distinta es que el posterior avance del proceso investigativo esté sujeto a un progresivo fortalecimiento de la prueba acopiada(49), y contrario sensu, este pueda detenerse, aún sin haber agotado todas sus etapas, e incluso terminar de manera definitiva, en caso de que la evidencia disponible resulte claramente insuficiente para justificar su avance y continuidad. Naturalmente, la posibilidad de formular acusación en el momento procesal oportuno, está sujeta a que, como resultado de la investigación, se reúnan suficientes elementos de prueba que así lo justifiquen, a partir de lo cual, es factible que si para ese momento solo existen apenas aquellos que, en su momento, dieron lugar a la apertura de la investigación, no haya lugar a la acusación. Sin embargo, este mismo carácter progresivo del proceso investigativo, avala la posibilidad de que su inicio se produzca válidamente a partir de noticias o documentos que posteriormente se estimen insuficientes, como, apenas en gracia de discusión, podría estimarse que ocurrió en este caso.
6.3.2. Como segundo aspecto relevante, con respecto a la supuesta ausencia de prueba sobre el acuerdo existente entre los tres procesados para realizar los ofrecimientos a que se ha hecho referencia, y a partir de ellos obtener de los congresistas concernidos la colaboración necesaria para el exitoso tránsito de este proyecto en la comisión legislativa de la que ellos eran miembros, cabe anotar que si bien no se hizo referencia a la existencia de un encuentro o reunión específica en que tal acuerdo se hubiera alcanzado, ello no implica que este no hubiera existido, ni que no haya prueba de ello.
En efecto, la sentencia cuestionada por vía de tutela contiene repetidas referencias a las circunstancias a partir de las cuales puede deducirse la existencia de un tal acuerdo entre los tres procesados, aun cuando, se repite, no se haya aludido a la realización de una específica reunión en tal sentido. Sin embargo, entendió la Sala accionada, y esta Corte lo encuentra razonable, que la alta posición, por lo demás, relativamente equivalente, que cada uno de ellos ocupaba en el Gobierno Nacional, así como el hecho de ser todos directos subalternos del Presidente de la República, y de tener así acceso permanente a este, demostraban suficientemente la unidad de propósito que animó su actuación, lo mismo que la distribución funcional asumida, al punto de ser considerados coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer, que les fue imputado, sin ser indispensable que se hubiera probado la existencia de un específico acuerdo o reunión en tal sentido, pues tal arreglo bien pudo haberse originado en instrucciones que todos recibieron, favorecidas por la cercanía existente entre ellos, y por otras circunstancias propias de la forma en que cada uno cumplía sus funciones.
6.3.3. De otra parte, la Sala resalta que no es cierto que el testimonio de la entonces representante Y.M. haya sido la única prueba conducente a la condena del accionante. Por el contrario, y según puede apreciarse, la Sala tuvo en cuenta muchas otras probanzas, particularmente testimonios de los demás involucrados en los hechos, a partir de cuyo análisis conjunto y sistemático, llegó a las ya conocidas conclusiones sobre la responsabilidad del actor, en relación con los ofrecimientos que se habrían hecho a los congresistas Y.M. y T.A.
Entre tales testimonios se cuentan los de los otros dos procesados(50), los de varios integrantes de la Comisión Primera de la Cámara, quienes informaron sobre la activa participación del ministro D.P. en el trámite de este proyecto de acto legislativo y sobre el encuentro sostenido entre este y el representante T.A.(51), varias de las personas que habrían resultado beneficiadas por los nombramientos ofrecidos por el actor(52), y los del representante legal y otros funcionarios de la ESE Francisco de Paula Santander, de la cual dependía la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja.
Así, tal como puede constatarse con la lectura de la sentencia cuestionada, no fue un único testimonio el que condujo a la Sala a la certeza suficiente para basar su decisión condenatoria contra D.P., sino la percepción derivada de la valoración global y razonada de tales medios de prueba, cuyas conclusiones, si bien ciertamente no serían las únicas posibles, en nada resultan caprichosas o inverosímiles, sino, por el contrario, totalmente plausibles y legítimas. Como es sabido, una posible percepción diferente, de ninguna forma invalida esas conclusiones, pues las observaciones del juzgador son producto del legítimo ejercicio de su autonomía, y en tal medida, la existencia de tales posibles desacuerdos es una circunstancia inherente al trabajo que desarrollan los jueces.
6.3.4. De otra parte, acerca de la credibilidad que pueda atribuirse al testimonio de la señora Y.M., una de las destinatarias de las promesas y ofrecimientos atribuidos a D.P., la Sala accionada justificó suficientemente el mérito que a ella le asignó, para lo cual, analizó con detalle circunstancias como el cambio sustancial existente entre las declaraciones rendidas en el año 2004, a pocos meses de los hechos controvertidos, y las que diera en el año 2008, que a la postre llevaron a la reapertura del proceso en su contra, y al inicio de las investigaciones contra los presuntos autores de los ofrecimientos.
También debe anotarse, que más allá de este aspecto, la Sala accionada no acogió sin reflexión la versión de la también condenada Y.M., sino que se esforzó en validar su dicho a partir de su confrontación con las demás pruebas disponibles, luego de lo cual, su final percepción se inclinó por aceptar el punto relacionado con la existencia de ofrecimientos, así como la participación que en ellos tuvo D.P., según se habría acordado, entre otros espacios, en las conversaciones telefónicas sostenidas entre ellos dos el día 2 de junio de 2004, así como a partir del importante poder e influencia que en su calidad de Ministro de la Protección Social podría ejercer sobre el funcionario competente para realizar el nombramiento en la Clínica Primero de Mayo, así como la posibilidad que tuvo de tener contacto con él para la fecha de los hechos.
6.3.5. Ahora bien, una importante razón adicional que explica las características del análisis probatorio realizado por la Sala accionada en la sentencia atacada tiene que ver con la forma en que razonablemente puede evaluarse la participación y la responsabilidad de los implicados frente a un delito como el que dio lugar a este proceso. Lo anterior por cuanto, es sabido que, a diferencia de lo que ocurre frente a otro tipo de hechos punibles, los actos consumativos de un delito como el cohecho, que son instantáneos, pues aquel no puede ser objeto de tentativa, en la generalidad de los casos suelen suceder de manera oculta y clandestina, sin presencia de testigos directos, más allá de quienes concluyen el acuerdo delictuoso para que el servidor público concernido actúe alterando su línea de conducta originalmente prevista. Por esta razón, rara vez podría obtenerse una prueba directa de tal acuerdo y sus detalles esenciales, ante lo cual resulta válido acudir a los medios de prueba indirectos, como son, por ejemplo, los indicios(53), los que, a su vez, tendrán mayor valor probatorio en cuanto aparezcan respaldados por testimonios coherentes, atinentes a hechos aledaños al investigado, puesto que, según lo explicado, este no suele poder ser validado directamente.
De igual manera, ha de tenerse en cuenta que la frecuente referencia a los actos que constituirían cumplimiento de los ofrecimientos hechos, aun aceptando que en ninguno de ellos hubiere participado el actor, no pretende que ellos sirvan como prueba directa del hecho punible que se le imputa, pues, como es bien sabido, este se consuma por el solo acto de dar u ofrecer, independientemente de que, en el segundo caso, tales compromisos sean luego honrados o no. Empero, no es menos cierto, y así lo entiende la Sala, que la ocurrencia de los actos que podrían catalogarse como de eventual ejecución de lo prometido, pueden, dependiendo de las circunstancias, reforzar la convicción de que, en efecto, tales decisiones favorables estuvieron precedidas de su ofrecimiento a quien finalmente resulta beneficiario de ellas, especialmente cuando, después de ello, tal persona altera su línea de conducta, sin ninguna otra explicación aparente.
6.4. Sobre la eventual presencia de defectos sustantivos.
El actor alegó que, aun en el evento de que los entonces representantes Y.M. y T.A. hubieran cambiado su decisión en cuanto a la forma en que votarían el proyecto de acto legislativo sobre reelección presidencial, como resultado de los acercamientos sostenidos con él y con los otros dos altos funcionarios del Gobierno, tal conducta resultaba atípica frente al tipo penal de cohecho por dar u ofrecer(54), por cuanto la posibilidad de votar un proyecto de ley y la decisión de hacerlo en uno u otro sentido, no constituye un deber funcional, sino una mera facultad. Según afirmó, ello impedía que pudiera considerarse tipificado este delito a partir de los hechos por los que fueron acusados.
Ahora bien, por si lo anterior no fuera claro, el reglamento del Congreso(55) es absolutamente explícito en cuanto al carácter de deber, que tiene el voto de cada uno de sus integrantes. Los artículos 122 a 127 de esa normativa contienen varias reglas que reafirman ese sentido obligatorio, entre ellas la contenida en el numeral 4º del artículo 123 (el número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar), el 124 que de manera taxativa prevé las únicas excusas válidas para abstenerse de votar, el 126 que prohíbe a los senadores o representantes ausentarse del recinto legislativo al momento en que hubiere de procederse a la votación, o el 127 que establece que cada congresista que se encuentre presente deberá votar, afirmativa o negativamente a lo que se propone(56).
Adicionalmente, si lo anterior dejare lugar a dudas, por cuanto en estas normas el deber de votar se predica solo de los miembros del Congreso que se encuentren presentes en la respectiva sesión, ha de recordarse también que la asistencia a cada sesión es así mismo un derecho y un deber, según lo precisan, entre otros, los artículos 90, 92 y 268 de la misma norma, y ha sido ampliamente reiterado por esta Corte(57), al recordar cómo las sesiones legislativas y la participación en las decisiones que allí se toman son los principales espacios a través de los cuales los congresistas cumplen su función de representación de la sociedad y los electores.
Así las cosas, es claro que la posibilidad de votar frente a los proyectos o propuestas que se planteen en el seno de las comisiones y/o plenarias del Congreso de la República es un verdadero deber funcional, y no una simple opción o facultad de sus miembros, por lo cual tal diligencia se encuadra perfectamente en los conceptos de “un acto propio de su cargo” o un “acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones”(58), razón por la cual, claramente incurre en cohecho por dar u ofrecer la persona que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a los congresistas, para lograr que frente a una determinada proposición, voten si estos pretenden no hacerlo, se abstengan de votar en el caso contrario, o lo hagan en un determinado sentido.
De otro lado, si bien indudablemente los congresistas son enteramente libres para determinar el sentido de su voto en cada ocasión que ejerzan tal función, a tal punto que la Constitución los declara inviolables por tal concepto(59), precisamente para proteger tal autonomía, e incluso al margen de la actual tipificación de los antes referidos delitos, se consideraría completamente impropio que cualquier persona pretenda influir en la decisión de un congresista sobre su apoyo o rechazo a una determinada iniciativa legislativa o de otro tipo, salvo únicamente en el caso en que se tomen decisiones de bancada, de conformidad con los reglas pertinentes(60).
En tal medida, el sentido del voto de cada congresista, y la voluntad en él expresada, debe ser producto de su libre y autónoma reflexión, sobre la mejor forma de incorporar a la decisión de que se trata los criterios de justicia y bien común a que se refiere el texto superior(61). Y aunque es factible, incluso, que el interesado decida modificar su decisión durante el curso del debate, siempre y cuando ello ocurra antes de oficializarse el cierre de la votación(62), ello solo es posible siempre y cuando sea el resultado de un nuevo acto de voluntad igualmente libre, en las mismas condiciones de amplitud que el primero. Es este, justamente, el sentido que se atribuye a la inviolabilidad de su voto.
Por estas razones, es claro que cualquier insinuación, propuesta o solicitud que se dirija a un congresista en procura de influir sobre el sentido de sus votos, aun si no va acompañada de ofrecimientos específicos, es contraria a la ley, y es a partir de esta consideración que, en el caso de producirse alguna de estas actuaciones, tal conducta, sin duda, se subsumiría en el tipo penal contenido en el artículo 407 del correspondiente código.
Por lo demás, y a partir de lo brevemente expuesto, es claro que en caso de que el juez de tutela entrara a controvertir o cuestionar el monto de las penas impuestas por el juez natural, o el mayor o menor acierto de este al conceder o negar las medidas sustitutivas de la pena, ello implicaría una visible e indebida intromisión en el ámbito reservado de sus decisiones propias, y un exceso en el ejercicio de los poderes propios del juez constitucional. Por estas razones, considera la Sala que, por definición, no puede hablarse siquiera, de la posible comisión de un defecto sustantivo en este terreno.
Analizados en su totalidad los extensos planteamientos contenidos en la demanda de tutela, en particular los posibles aspectos que ameritarían invalidar la sentencia de condena dictada el 15 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del actor D.P., la Sala Plena encontró que los defectos aducidos por este resultan infundados.
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 27 de enero de 2016, que confirmó la inicialmente dictada el 15 de diciembre de 2015 por la Sala de Casación Civil, en el sentido de DENEGAR la tutela solicitada por D.P. contra la Sala de Casación Penal de la misma corporación.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, presidente con aclaración de voto—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con salvamento de voto—Alejandro Linares Cantillo, con salvamento de voto—Gabriel E. Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Gloria Stella Ortiz Delgado—Aquiles Ignacio Arrieta Gómez—Alberto Rojas Ríos, ausente con impedimento—Luis Ernesto Vargas Silva.
1 Según se indica en los antecedentes de la resolución de acusación fechada el 6 de marzo de 2012 visible en los folios 653 a 787 del cuaderno principal. Para este caso, en adelante, cuando se haga referencia a un folio, se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
2 Resolución 203 de 2012, ver folio 651.
3 Folios 653 a 787 Ibídem.
4 Folios 866 a 882 Ibídem.
5 Aunque la referida providencia cita este nombre, es posible que ello obedezca a un lapsus, y que se refiriera en realidad a C.C., quien fue nombrado gerente de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja el 3 de junio de 2004.
6 Folios 884 a 1204.
7 Ver sobre este tema el anexo B de la demandada de tutela (fls. 22 a 61).
8 Ver el anexo A, C, D y E de la demandada de tutela (fls. 2 a 20, y 62 a 112), así como el concepto allegado como parte de la tutela visible en el anexo 4.
9 Ver el anexo F de la demandada de tutela (fls. 114 a 116), así como el concepto allegado como parte de la tutela visible en el anexo 4.
10 Se advierte que los números de este listado no corresponden a los asignados por el actor a los distintos anexos en su demanda de tutela, en la medida en que no todos ellos son expresamente mencionados en esta providencia.
11 Folios 1919 a 1922.
12 La tutela promovida por el ciudadano S.P. contra la sentencia condenatoria emitida en su contra por la Corte Suprema de Justicia fue radicada en este tribunal bajo el número T-5.281.999, y no fue seleccionada por la Sala Doce de Selección el día 10 de diciembre de 2015.
13 Sentencia T-008 de 1998.
14 Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-949 de 2003 y T-774 de 2004.
15 “Sentencia T-173 de 1993”.
16 “Sentencia T-504 de 2000”.
17 “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/2005”.
18 “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000”.
19 “Sentencia T-658/98”.
20 “Sentencias T-088/99 y SU-1219/01”.
21 “Sentencia T-522/2001”.
22 “Sentencias T-462/2003, SU-1184/2001, T-1625/2000 y T-1031/2001”.
23 Ver las causales contenidas en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, estatuto aplicable a todos los hechos punibles cometidos antes del 1º de enero de 2005, fecha en que empezó a regir la Ley 906 de 2004, ninguna de las cuales permitiría la impugnación de una sentencia afectada por los defectos alegados por el actor en tutela.
24 Cfr. entre otras, las sentencias T-531 de 2010 y SU-173 de 2015 (en ambas M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-1049 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), SU-636 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
25 Cfr. las sentencias T-419 de 2011 y SU-424 de 2012 (en ambas M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
26 Ver sobre este aspecto, entre otras, las sentencias SU-774 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-473 de 2014 y T-429 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-201 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-339 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), SU-636 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
27 Cfr. entre otras las ya citadas sentencias T-737 de 2007, T-1049 de 2012, SU-173 y SU-636, ambas de 2015.
28 Cfr. entre otras, las sentencias T-084 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-553 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
29 Cfr. entre otras, T-747 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-809 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-071 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-252 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
30 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), ampliamente reiterada, entre otras ocasiones, por el fallo SU-074 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
31 Ver, entre muchas otras, la Sentencia SU-447 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).
32 Cfr. T-214 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-314 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
33 Cfr. Sentencia SU-768 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), decisión que a su vez cita los fallos T-009 de 2010, T- 064 de 2010, T-456 de 2010, T-505 de 2010, T-014 de 2011, T- 060 de 2012 y T-466 de 2012.
34 Cfr. entre otras las recientes sentencias T-739 de 2014, SU-625 de 2015 y T-121 de 2016.
35 Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 16 de 1972.
36 Incorporado al derecho interno colombiano mediante Ley 742 de 2002, ver artículo 67.
37 Conforme a este texto “El funcionario judicial buscará la determinación de la verdad real. Para ello debe averiguar, con igual celo, las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia”.
38 Calamandrei, Piero. Proceso y democracia.
39 Este concepto ha sido ampliamente reiterado, entre muchas otras decisiones, en las sentencias T-1034 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-545 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), C-762 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-319A de 2012 y C-538 de 2016 (en ambas M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-439 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-450 de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), relativas a distintos aspectos de la actividad judicial.
40 Cfr. Sentencia C-881 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
41 Cfr. artículos 99 a 111 de la Ley 600 de 2000, código aplicable a esta actuación.
42 El actor se refiere al gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez y sus inmediatos colaboradores, dentro del cual se desempeñó como Ministro de la Protección Social el actor D.P.
43 Cfr. numeral 5º del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal aplicable (L. 600/2000).
44 Ver, entre muchas otras: sobre las características generales del sistema acusatorio, C-873 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); sobre algunas de sus instituciones más típicas, entre ellas, los preacuerdos, ver las sentencias C-516 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-059 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto), C-645 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y C-372 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); sobre la sentencia anticipada, ver las sentencias C-425 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-1260 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), y sobre el principio de oportunidad, ver entre otras las sentencias C-979 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-988 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-095 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-936 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-387 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), C-259 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y C-326 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
45 Cfr. por ejemplo el caso resuelto mediante Sentencia T-001 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), sobre la aplicación de normas sobre extinción de dominio, previamente declaradas exequibles por esta Corte.
46 Aun cuando esta situación difiere de la coautoría, en la que la unidad procesal es aún más clara, resulta bastante frecuente que sucedan casos en los que existe íntima conexidad entre el delito de cohecho por dar u ofrecer que comete una persona, que puede ser o no servidor público (C.P., art. 407), y el cohecho propio o impropio que comete un servidor público, que recibe o acepta lo que el otro da u ofrece para dejar de cumplir una función inherente a su cargo, o como pago por cumplirla (C.P., arts. 405 y 406). En todos estos casos, y salvo que concurra un hecho que origine la ruptura de la unidad procesal, lo procedente es adelantar un solo proceso en el que se investigue, y si es del caso se juzgue, de manera simultánea, a los distintos autores de todas estas conductas. Ver en este sentido, entre otras, las siguientes decisiones de la Sala de Casación Penal: 1) sentencia de 20 de mayo de 2014 (Rad. 41230) que resolvió sobre la acción de revisión promovida por una persona condenada por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en cuyo relato puede constatarse que en el mismo proceso fueron investigadas y sentenciadas las personas que a partir de los mismos hechos fueron acusadas por el delito de cohecho impropio, y 2) sentencia de 27 de octubre de 2014 (Rad. 34282) contra un congresista que fue inicialmente acusado por el delito de cohecho propio, en cuyo relato puede constatarse que fue en razón del fuero constitucional que le amparaba, que no se investigó dentro de la misma actuación, sino en proceso separado, la conducta de los particulares que paralelamente fueron acusados por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
47 En razón a tratarse de cuestionamientos similares frente a una misma y única sentencia, la valoración de este defecto por parte de la Sala sigue una ruta cercana a la observada en la Sentencia SU-489 de 2016 de la misma fecha, por la cual se resolvió la acción de tutela que, en relación con los mismos hechos, presentó el señor A.V. contra la Sala de Casación Penal.
48 Los delitos cuya investigación está sujeta a la previa presentación de querella o petición especial se encuentran listados en los artículos 35 y 36 de la Ley 600 de 2000, y entre ellos no aparece el cohecho por dar u ofrecer, delito por el cual se adelantó esta investigación.
49 Así por ejemplo, en los casos en que exista incertidumbre sobre la ocurrencia de la conducta punible, sobre su adecuación típica, o sobre la posible existencia de eximentes de responsabilidad, entre otros casos, resulta posible adelantar la llamada investigación previa, regulada por los artículos 322 a 328 de la Ley 600 de 2000, antes de iniciar formalmente la instrucción.
50 El entonces Ministro del Interior y de Justicia S.P. y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, A.V.
51 Entre los primeros se encuentra el entonces representante Dixon Ferney Tapasco, y entre los segundos los también congresistas Germán Navas Talero y Luis Fernando Velasco Chávez.
52 Entre ellos C.C., quien por esos días fue nombrado gerente de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja y V.C., quien meses después celebró contratos con el Ministerio de Protección Social para apoyar a esa entidad en la atención del tema Foncolpuertos.
53 Expresamente admitidos como medio de prueba por los artículos 233 y 284 a 287 del código procesal aplicable (L. 600/2000). Sobre la necesidad, utilidad y procedencia del uso de los indicios en materia penal ver Parra Quijano, Jairo. Algunos apuntes de la prueba indiciaria. Ponencia presentada en abril 2015 para el Instituto Chileno de Derecho Procesal. Tomada de www.ichdp.cl (consultada el 11 de agosto de 2016), autor que a su turno cita abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y doctrina penal extranjera, entre la cual se destacan el alemán C. J. A. Mittermaier y el italiano Nicola Framarino Dei Malatesta.
54 Artículo 407 del Código Penal (L. 599/2000).
55 Contenido en la Ley Orgánica 5a de 1992, con algunas reformas posteriores.
56 Al comentar estas disposiciones, la Corte ha reiterado que el voto es un deber de los congresistas. Ver, entre otras, las sentencias C-543 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-1040 de 2005 (varios ponentes) y C-1017 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
57 Cfr. especialmente la Sentencia C-740 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
58 Ver artículos 405, 506 y 407 del Código Penal.
59 Artículo 185 de la Constitución Política.
60 Actualmente la Ley 974 de 2005.
61 Artículo 133, antes citado.
62 Ver en este sentido la citada Sentencia C-543 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

References: artículo 61
 resolución 
 artículo 58
 artículo 55
 artículo 400
 artículo 235
 artículo 235
 resolución 
 Resolución 
 artículo 400
 resolución 
 artículo 86
 artículo 235
 artículo 86
 resolución 
 artículo 228
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 153
 artículo 234
 artículo 123
 artículo 407
 resolución 
 Resolución 
 artículo 220
 artículo 67
 artículo 99
 Artículo 407
 Artículo 185
 Artículo 133