Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S37-05.html
Timestamp: 2015-07-08 04:45:41+00:00

Document:
Benjamin Guerra Duarte v. Nicaragua, Caso 11.433, Informe No. 37/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 37/05
BENJAMIN GUERRA DUARTE NICARAGUA
1. El 2 de marzo de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión”) recibió una petición del señor Benjamín Guerra Duarte (en adelante, el “peticionario”), contra el Estado de Nicaragua (en adelante, “Nicaragua” o “el Estado”), por la presunta violación del derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención”) en su propio perjuicio. 2. El peticionario alegó que el Estado nicaragüense es responsable por la violación del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana. Con relación a la admisibilidad del reclamo, el peticionario alegó que se agotaron los recursos existentes en el plano interno para buscar la protección de las garantías violentadas.
3. El Estado respondió que el señor Benjamín Guerra Duarte no agotó los recursos internos adecuados, a los cuales tiene derecho de acuerdo a la legislación nicaragüense. Además reconoce que se le vulneró el derecho a la propiedad privada, pero que el bien inmueble de la familia Guerra no es susceptible de devolución y sólo procede la indemnización al peticionario. 4. En este informe, la Comisión analiza la información presentada de acuerdo con la Convención Americana y concluye que la petición no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de dicha Convención. Específicamente, la Comisión concluye que el peticionario no había agotado los recursos de la jurisdicción interna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 47(b) de la Convención Americana, la Comisión decide declarar inadmisible la petición, notificar a las partes de esta decisión y publicar el informe en su Informe Anual. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
7. El 13 de mayo de 1996, el Secretario Ejecutivo de la Comisión le solicitó al peticionario información sobre el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y las decisiones de la Procuraduría de la Propiedad. La Comisión realizó dos reuniones con el Estado sobre el asunto. La primera durante septiembre de 1996 en su 93º período de sesiones y la segunda el 8 de octubre de 1997 en su 97º período de sesiones. En cumplimiento de lo acordado en la audiencia del 8 de octubre de 1997, la Comisión con fecha 28 de octubre de 1997, envió al Estado un listado de casos de propiedad denunciados ante la CIDH. 8. El 27 de marzo de 1998, el Estado envió una relación de casos de propiedad denunciados ante la Comisión, entre las que figuraba el caso del señor Guerra Duarte, señalando que la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI) dictó el Acta Resolutiva Nº 398-02-97 de fecha 30 de junio de 1997, la misma que no había sido notificada porque el reclamante no se había apersonado ante la OCI. Las partes pertinentes fueron remitidas al peticionario el 9 de abril de 1998.
12. El 18 de mayo de 1998, se recibió la respuesta del peticionario de la misma fecha, en la cual el peticionario comunicó a la Comisión las acciones administrativas que venía desarrollando a favor de su solicitud. El 2 de junio de 1998, la Comisión envió dicha información al Estado. 13. Con fecha 7 de octubre de 1998, se llevó a cabo una audiencia convocada por la Comisión, con la presencia de los representantes del Estado y el peticionario. En dicha audiencia, la Comisión propuso entrar al procedimiento de solución amistosa, la cual no fue aceptada por el peticionario. Los representantes del Estado manifestaron que el señor Guerra Duarte había participado activamente en el proceso de indemnización, proponiéndole un nuevo valor catastral actualizado de su propiedad. El Estado señaló que el peticionario no había acudido a los tribunales de justicia de Nicaragua.
14. El 11 de diciembre de 1998, el reclamante solicitó a la Comisión que se constituyera en órgano de solución amistosa, de conformidad con lo previsto en la Convención. Tal solicitud fue reiterada el 29 de octubre de 1999. 15. El 6 de abril de 2000, se llevó a cabo otra audiencia en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión entre el reclamante y el señor Embajador, Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA, en el cual el peticionario planteó las condiciones en las cuales daría por satisfecho su reclamo. El Estado respondió a través de sus informes de fecha 14 de abril y 5 de mayo de 2000, reiterando su posición sobre la falta de agotamiento de los recursos internos. En un último intento por resolver el reclamo por la vía amistosa, el denunciante remitió una comunicación el 5 de enero de 2001 a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión dando una última posición sobre las condiciones en que aceptaría la solución del entredicho. La respuesta del Estado del 9 de marzo de 2001 rechazó la oferta del reclamante e insistió en la falta de agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario. La respuesta del Estado fue transmitida al peticionario el 15 de marzo de 2001, solicitando el envío de cualquier información nueva o complementaria en un plazo de 30 días; el peticionario no ha vuelto a presentar más información.
17. El señor Benjamín Guerra Duarte alega que el 27 de julio de 1979, fue detenido sin acusación y sin formalidades por el Gobierno de Nicaragua de ese entonces. Fue mantenido en estado de incomunicación durante siete meses, sin que se le formularan cargos y en condiciones en extremo deficientes. A los ocho meses fue puesto en libertad en un grave estado de debilitamiento físico y psicológico. Pocos días después de liberado, sufrió un accidente y debió viajar fuera del país para recibir atención médica. 18. El señor Guerra alquiló su único bien inmueble a María Bedoya Cárdenas, de nacionalidad peruana, con el objeto de obtener recursos mínimos que le permitieran afrontar sus gastos de salud. La señora Bedoya firmó un contrato de arrendamiento, a través de un pariente de los afectados, de nombre Esther Morales, el 7 de abril de 1981. El peticionario sólo llegó a cobrar un mes de alquiler (equivalente a 3,000.00 córdobas), pues la inquilina resultó beneficiaria del procedimiento de confiscación de la propiedad de Benjamín Guerra Duarte, el 16 de mayo de 1981, por la aplicación de la legislación confiscatoria (Decretos Nº 3 y Nº 38) adoptada por el Estado. La señora María Bedoya notificó a la esposa del peticionario que dicha propiedad le había sido asignada por CONIBIR. Ante esta situación se hicieron gestiones ante el Ministerio de Justicia para aclarar “el abuso de una extranjera”. Posteriormente se efectuaron gestiones por medio del doctor Roger Guevara Mena, abogado, con el fin de recuperar la propiedad usurpada. Durante la realización de estas gestiones tuvieron conocimiento que la propiedad había sido vendida a María Bedoya, amparada por la Ley 85 del 31 de marzo de 1990.
19. El peticionario también argumenta que al ser privado de su propiedad, como ha sido reconocido por el propio Estado, y ante las infructuosas gestiones realizadas, presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basándose en el artículo 21(2) de la Convención. En agosto de 1990 interpuso otro recurso ante el doctor Dulio Baltodano, Procurador General de la República, solicitando la restitución de la propiedad (expediente Nº 1899). 20. Posteriormente la misma propiedad aparece vendida a Mirna Fernández García (empleada doméstica de la señora Bedoya Cárdenas), transacción que anuló la venta hecha anteriormente a María Bedoya Cárdenas. La relación entre la señora Fernández y la señora Bedoya quedó establecida cuando la Procuraduría levantó un Acta de Inspección en la vivienda en cuestión. En seguida, se perfeccionó otro contrato de compra-venta donde Mirna Fernández García transfirió dicha propiedad a María Bedoya Cárdenas, quedando demostrado que es la señora Bedoya la interesada en adquirir la propiedad y la mala intención que tuvo desde el inicio cuando fue a solicitar a CONIBIR dicha vivienda.
24. Durante el Gobierno surgido de la revolución Sandinista, fueron afectados los bienes del señor Benjamín Guerra Duarte, mediante la aplicación de los Decretos Confiscatorios No. 38 y No. 282. Por este motivo el Estado pasó a tener el dominio y disposición del inmueble, asignándosele al Banco de la Vivienda de Nicaragua (BAVINIC), ente autónomo del dominio comercial del Estado. 25. El Estado señaló que el bien referido pasó a ser del dominio y disposición del Estado, asignándose al Banco de la Vivienda de Nicaragua (BAVINIC), ente autónomo del dominio comercial del Estado que tiene, entre otras finalidades, el financiamiento y comercialización de viviendas en el país.
28. El Estado señala que el peticionario introdujo reclamo de sus bienes en el mes de agosto del año 1990, sometiéndose así a la jurisdicción administrativa. Identificado con el Nº 1189, el reclamo aludido fue tramitado según las prescripciones del Decreto 11-90 y sus reformas, pronunciándose la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, en la Resolución Nº 0828-93, de fecha 4 de octubre de 1993, determinándose la indemnización al reclamante, por ser la propiedad de imposible devolución. 29. La Oficina de Cuantificación de Indemnización (OCI), en el Informe Nº 0311, analizó el reclamo presentado por los peticionarios en 1997. Las estructuras y la tierra fueron valoradas en C$825.588,96, menos la cantidad de C$54.304,19 por deudas al Banco Inmobiliario, siendo el total a pagar C$771.300,00. La indemnización nunca se pagó, ya que para recibir el pago el peticionario debía presentar los siguientes documentos a la OCI: 1. Titulo de dominio o certificado registral a manera de titulo
31. El Estado nota que el peticionario en abril 2000 reclamaba una indemnización de US$ 160,000.00 y en su alegación de fecha 11 de agosto del mismo año, la suma ascendió a US$ 484,000.00. El Estado nota que en abril de 2000, el peticionario expresó su pretensión de contar con una indemnización solamente en efectivo y en dólares. 32. El Estado informó que las indemnizaciones sólo se harán efectivas a través de bonos y en base a valores catastrales unitarios actualizados, deduciendo los pasivos existentes al momento de la afectación y con mantenimiento de valor con relación al dólar de Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la ley.
36. El Estado subraya que no ha vulnerado los derechos del peticionario ya que éste quedó en libertad de optar por la indemnización o por la aplicabilidad de la ley común a fin de accionar judicialmente. Según el Estado, el artículo 876 in fine del Código Civil prevé: “El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible”. Según el Estado, el peticionario no se ha manifestado expresamente por ninguna de estas opciones y ha preferido acudir ante la Comisión, la cual tendrá que rechazar la petición en observancia al artículo 37 de su Reglamento. 37. Finalmente el Estado recomienda al peticionario que haga uso de sus derechos, en la forma y lugar correspondiente y agote los recursos que le otorga la legislación nicaragüense.
38. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien Nicaragua se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. 39. Por parte del Estado, la Comisión señala que Nicaragua es Estado parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1979, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. 40. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. 41. La Comisión tiene competencia ratione temporis, por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que la propiedad en cuestión fue confiscada por el Estado [el 16 de mayo de 1981].
1. Agotamiento de los recursos internos 43. El artículo 46(1) de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de un reclamo el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado. El Estado nicaragüense invocó la falta de agotamiento de recursos internos, habiendo manifestado el peticionario en reiteradas veces que los recursos internos han resultado ineficaces e ilusorios para reivindicar el bien inmueble confiscado ilícitamente por el Estado nicaragüense. La Comisión reitera que la regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional.
51. El Estado explicó que los Tribunales Arbitrales están distribuidos a nivel nacional, y se encuentran en los Departamentos de Managua, León y Matagalpa, cada uno con su propia circunscripción. Los Tribunales Arbitrales funcionan desde el 18 de mayo de 2000, cuando comenzaron a recepcionar causas. Contra la sentencia que dicte el Tribunal Arbitral, se estableció Recurso de Apelación ante la Sala de la Propiedad del Tribunal de Apelaciones; y de la sentencia dictada por esta instancia no habrá Recurso de Casación, quedando firme el fallo. 52. A su respuesta del 9 de marzo de 2001, el Estado anexó los siguientes Decretos y Leyes para sustentar su argumento: Decreto Nº 51-92, “Creación de la Oficina de Cuantificación de Indemnización”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 17, del 30 de septiembre de 1992; Decreto Nº 56-92, “Sistema de Compensación”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 198, del 16 de octubre de 1992; Ley Nº 180, “Ley Especial de Valorización de Bono de Pagos por Indemnización” publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 141 del 28 de julio de 1994; Acuerdo Ministerial Nº 21-98 del Ministerio de Finanzas, “Creación de Bono de pago por Indemnización”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, del 9 de junio de 1998; Ley 278 del 12 de diciembre de 1997, “Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 329 el 16 de diciembre de 1997; Reglamento de Arbitraje, publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 114, el 16 de junio de 2000.
57. Al examinar la presente petición, la Comisión concluye que tiene competencia para conocerla, pero que el peticionario no agotó los recursos internos tal como está previsto en el artículo 46(1) de la Convención y que, por lo tanto, la petición debe ser considerada como inadmisible, de acuerdo con el artículo 47(a) de la Convención. 58. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,

References: artículo 21
 artículo 21
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 876
in fine
 artículo 37
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47