Source: http://hijossalta.blogspot.com/2012/07/
Timestamp: 2017-06-25 17:17:23+00:00

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H.I.J.O.S. SALTA: julio 2012
PRIMICIA DE EL LIBERAL
Confirman que antropólogos buscarán restos de NN en Santiago
Luis Garay, integrante de organismos de DD.HH. destacó avances de las investigaciones judiciales porque afirmó que en la provincia “hubo muchos cuerpos que fueron enterrados, quemados o tirados al río”. Las exhumaciones se harán en los cementerios La Piedad y de Santa María, al igual que en Quimilí.
Publicado el 31/07/2012 - El titular del Instituto Espacio de la Memoria, Luis Garay, puso de relieve el avance de la investigación de la Justicia Federal de Santiago del Estero al destacar el arribo del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), que llegará próximamente a la provincia para continuar con un trabajo de reconocimiento de posibles víctimas del terrorismo de Estado. El militante consideró de relevancia la visita de los especialistas porque en la provincia “hubo muchos cuerpos que fueron enterrados, quemados o tirados al río”. En ese sentido, fuentes judiciales detallaron a EL LIBERAL que se harán los procedimientos en el cementerio municipal de la capital y en el de Santa María, localidad del departamento Capital. También se realizaría similar procedimiento en el de Quimilí. Garay expresó que “nosotros pensamos que estos entierros clandestinos son parte de todo el proceso, es decir, el secuestro, la detención ilegal, la tortura en busca de información y en función de todo eso la decisión superior del destino del detenido, que podía ser puesto a disposición del Poder Ejecutivo, de la Justicia en una cárcel o seguir el proceso que ellos llaman como destino final, que era la muerte”. Asimismo indicó que se trataba de “una condena a muerte encubierta y como eran encubiertas, ese cuerpo tenía que ser invisible; no podía aparecer, por lo tanto usaron muchas formas de hacerlo, como enterrarlo en un lugar del monte desconocido, quemarlo, tirarlo al río, a los canales; así como también en cementerios alejados como NN”.
Justicia investiga sitio a cargo de Muza Azar Curi donde habrían torturado
Publicado el 31/07/2012 - La Justicia Federal de Catamarca inició actuaciones de oficio para ahondar en la investigación donde se denunció que una vivienda ubicada en inmediaciones del dique Collagasta, en el departamento El Alto, a 80 kilómetros al este de la capital, el grupo de tareas al mando de Muza Azar Curi habría torturado a ciudadanos de Santiago del Estero durante la dictadura militar. Las actuaciones comenzaron a partir de una publicación del diario EL LIBERAL y que fuera reproducida por un matutino catamarqueño. Tras el testimonio de Roberto Manuel Zamudio, quien reveló que en el dique Collagasta los grupos del represor Musa Azar Curi torturaban a gente durante la época de la dictadura militar, la Justicia Federal de Catamarca envió a un grupo de representares para realizar una inspección ocular de la denominada ‘Casa de la Hidráulica’. La vivienda, está ubicada a escasos metros del paredón del lago y a más de 5 kilómetros de cualquier vivienda habitada. Actualmente es ocupada por un empleado municipal y su familia que cumplen la función de cuidadores, quienes dijeron ‘conocer la tétrica historia de la morada sólo por dichos de la gente’. La vivienda está compuesta por dos habitaciones con cocina, comedor, baño y una construcción alejada a unos 10 metros. En junio de 1978, cuando el testigo Zamudio recuerda haber sido secuestrado llevado hasta el lugar para ser torturado, la casa estaba bajo la responsabilidad de un empleado de Agua y Energía, quien a finales de esa década habría comenzado a convivir con su esposa e hijas en el lugar. ‘Sólo recuerdo que una vez vinieron los militares con camiones y se llevaron a unos hermanos que estaban festejando un cumpleaños en el paraje La Cañada -ubicado sobre el mismo camino que conduce al dique-, pero nada más’, contó María, una mujer oriunda del lugar
Testimonio clave en la causa que investiga la desaparición de Luis Arédez
Citado como testigo por el juez subrogante Fernando Poviña, el ex detenido Hugo Condorí se sentó durante cuatro horas en el Juzgado Federal 2 de Jujuy para declarar en la instrucción de la causa que investiga la responsabilidad de Ledesma y su presidente, Carlos Pedro Blaquier, en la desaparición del intendente de Libertador San Martín, Luis Arédez. Secuestrado poco antes del golpe de Estado de 1976, Condorí es el único sobreviviente de la dirigencia gremial de la empresa en los años previos a la dictadura y testigo fundamental en la causa que busca probar la responsabilidad de Blaquier en la represión a sus trabajadores. El "Coya", como lo conocen, fue presidente de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Trabajó con Arédez cuando el ex jefe comunal prestaba funciones como asesor de Salud en el gremio y, junto al vicepresidente de la obra social, Jorge Osvaldo Weisz, controlaban el cumplimiento de la Ley de Salubridad. Ambos dirigentes fueron secuestrados durante la última dictadura y permanecen desaparecidos. "No nos secuestraron (a los gremialistas) por lo que nosotros pensáramos sino porque obstaculizábamos los proyectos económicos neoliberales, proyectos perversos que consistían en el bienestar para 10 millones de argentinos y que el resto se la arreglara como pudiera. En un principio no creí en tamaña perversidad, pero al transcurrir 36 años me felicito por haber sido obstáculo. Considero a Arédez y a otros como héroes, que resistieron hasta las últimas consecuencias, y realmente puedo decir, y no sólo yo sino 40 millones de argentinos, que no estábamos equivocados", manifestó Condorí ante preguntas de la abogada querellante Paula Álvarez Carreras y del ex juez federal Horacio Aguilar, defensor de Blaquier y Alberto Lemos, ex administrador de Ledesma.
"¿Por qué cree usted que lo secuestraron a Arédez?", preguntó Álvarez Carreras. "No estaba cuando lo secuestraron, él vivía en Libertador San Martín y yo acá (San Salvador de Jujuy)", respondió Condorí pero explicó lo que "todo el mundo" pensó cuando sucedió: "Su accionar era un obstáculo para el proyecto que tenía el Proceso de Reorganización Nacional y palpábamos que había una manifiesta animosidad de la empresa hacia su persona y su asesoramiento. La animosidad nace a partir de que el Dr. Arédez daba medicamentos que no figuraban en el vademécum, que eran sólo 12. Los médicos estaban obligados por la empresa a entregar esos medicamentos o incluso placebos, porque la lectura que hacían (los Blaquier) era que los obreros se hacían los enfermos para no ir a trabajar. Pero Arédez argumentaba que él era hijo de obreros y que eso iba contra sus principios y su juramentación profesional. Ledesma decía que era un demagogo por hacer eso." Luego de su secuestro, Condorí pasó, entre abril y octubre, detenido en el Penal de Villa Gorriti, en Jujuy, donde coincidió con Arédez y otros presos relacionados con Ledesma, como Ramón Bueno, integrante del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio, y Carlos Melián, técnico mecánico de la empresa. En su relato, el testigo recordó que el ex intendente de Libertador San Martín le dijo cómo había sido su primer secuestro, el 24 de marzo de 1976. "Fueron a su casa alrededor de las 3 de la mañana, en un vehículo de la empresa Ledesma y con un chofer que trabajaba en Ledesma, era un tal Kairuz (en referencia a Juan de la Cruz Kairuz, policía y empleado de la empresa como técnico del Club Atlético Ledesma de Jujuy). También participaron la policía de la provincia y el Ejército. Lo llevaron hasta la seccional de Libertador y luego al penal de Gorriti junto con otros detenidos, la mayoría ex dirigentes del azúcar", señaló. "¿Le describió Arédez el logo de la camioneta?", preguntó Aguilar, tratando de hallar algún hueco en su declaración, a lo que Condorí contestó: "No, pero lo conocíamos todos, es el que tiene hasta el día de hoy." "¿Por qué cree que a usted lo dejaron en libertad?", volvió a preguntar el ex juez federal que ahora ejerce la defensa de Blaquier. "Yo soy profundamente creyente y creo que estoy vivo y aquí s<="">
Uno de los principales reclamos de la obra social que presidía Hugo Condorí era el cumplimiento de la Ley de Salubridad (1655/46) y de la Ley de Vivienda Digna (1814/46), ambas aprobadas durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. "El Dr. Arédez tuvo una participación clara en el tema, nos asesoraba como médico y nos daba información sobre cómo hacer para obligar a la empresa a través de presentaciones judiciales o el Ministerio de Trabajo", recordó el ahora titular de la Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy, al tiempo que detalló cómo eran las condiciones de trabajo en el Ingenio desde finales de los años sesenta: "Se nos morían compañeros trabajando y la mortalidad infantil en la zona era muy grave. Donde más se manifestaba era en El Talar, a 40 kilómetros de Ledesma, donde había una concentración de zafreros que superaban los 4500. Ahí sólo había una sala de primeros auxilios con una enfermera pero sin ningún servicio médico. Las condiciones de vivienda eran infrahumanas, vivían hacinados en esas casas tipo pabellones que eran construidas en caña hueca y barro, techos de chapas, donde vivían diez o doce familias. Con baños llamados letrinas que había cada dos o tres pabellones. La gente hacía cola como si fuera a la carnicería para ir al baño. Había también un alto nivel de contagio de epidemias como el Mal de Chagas. Era claro el incumplimiento de la ley." Para la aplicación de esas leyes se realizaron numerosas negociaciones con Ledesma, de las que participaba el directorio de la obra social, además de los asesores: Arédez como médico y Carlos Patrignani como abogado. Por parte de la empresa asistían el hermano del actual presidente de Ledesma, Luis María Blaquier; el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Teodoro Adolfo Álvarez (Relaciones Públicas); y los administradores Mario Paz y Alberto Lemos. Ante la Justicia, Condorí fue contundente: " Todos los delegados fueron presos".
Raúl Oscar Gómez Gustavo Neloy Camin
Están imputados 10 oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Policía Ciento treinta testigos desfilarán por el TOF de Mendoza, al comenzar el tercer juicio oral
El juicio "demuestra que, luego de la caída del `Imperio Romano´ y con una renovación en la justicia, avanzan las causas y se están empezando a producir los juicios", sostuvo Salinas. El abogado valoró, además, la "conducta y trayectoria intachable" que atribuyó a los jueces que integran el tribunal, quienes, según dijo, cuentan con la "confianza tanto de parte de los organismos de derechos humanos como de los familiares". "Llevamos la lucha en la sangre. No buscamos venganza, sino justicia", subrayó. Componen el TOF 1 de Mendoza los jueces Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, Alejando Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo, los dos últimos designados recientemente desde Buenos Aires, con lo que quedaron superadas algunas demoras. La elevación a juicio imputó como represores de la 8va. Brigada del Ejército en Mendoza, en particular en su Centro Clandestino de Detención, a los oficiales Dardo Migno, Paulino Enrique Furió, Juan Antonio Garibotte y Ramón Angel Puebla. También procesó a Francisco Alsides Paris, quien a fines de 1976 y hasta febrero de 1979 sucedió como jefe de la Policía de Mendoza a Julio César Santuccione, ambos oficiales de la Fuerza Aérea. Entre los policías está imputado Juan Agustín Oyarzábal Navarro, el ex jefe de operaciones a cargo de interrogar a los prisioneros y quien fue ya condenado a prisión perpetua, por otros delitos de lesa humanidad, en el juicio que concluyó en el 2011. Otros oficiales de la Policía provincial acusados son Fernando Morellato Donna, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Armando Fernández. Seis de los diez imputados participarán en las audiencias del juicio por teleconferencia debido a razones de salud, desde las ciudades donde residen (Paris y Migno en Rosario, Furió y Puebla en Buenos Aires, y Pérez y Oyarzábal en Mendoza). Aunque Luciano Benjamín Menéndez y Temer Yapur fueron también señalados en el requerimiento de elevación a juicio, se estima que ambos represores serán apartados, como ocurrió en otras causas por violaciones a los derechos humanos en las que fueron imputados. Ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Menéndez fue apartado este mes por razones de salud del primer juicio en Jujuy por crímenes de lesa humanidad, mientras que Yapur fue declarado inimputable debido a un diagnosticado síndrome demencial. Sólo 2 de las 32 víctimas de las desapariciones forzadas que considera este juicio permanecen con vida, Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez. Siguen desaparecidos, entre otros, el militante político y ex funcionario público Roberto Blanco, los estudiantes universitarios Blanca Graciela Santamaría y Miguel Alfredo Poinsteau, y los integrantes de Montoneros Oscar Julio Ramos y Oscar Daniel Iturgay, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976. Unos 130 testigos pasarán por las audiencias del juicio que se desarrollarán los jueves y viernes, a partir del 2 de agosto próximo, y todos los imputados estarán representados por defensores oficiales, según informaron fuentes de los tribunales. En cuanto a los dos anteriores juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Mendoza, el 16 de noviembre de 2010 se conoció la sentencia en el primero de ellos. En esa oportunidad, en la ciudad mendocina de San Rafael, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a prisión perpetua a Raúl Alberto Ruiz Soppe, Aníbal Alberto Guevara y Juan Roberto Labarta, y a ocho años de prisión al ex abogado de la policía Raúl Egea. El 6 de octubre de 2011, a su vez, el TOF 1 condenó a prisión perpetua a los policías Eduardo Smaha, Celustiano Lucero, Alberto Rodríguez Vázquez y Oyarzábal, este último también procesado en el tercer juicio mendocino próximo a comenzar. Otros dos acusados en el juicio que comenzará el jueves próximo pasaron por el proceso concluido el año pasado, en el caso de Migno con una condena a 12 años de prisión, mientras que Furió fue absuelto en esa oportunidad. Fuente Telam
Reporte de la Unidad Fiscal de Seguimiento y Control En el primer semestre 2012 finalizaron 11 juicios y fueron condenados 29 represores de la dictadura
En tanto, en lo que va de 2012, finalizaron once juicios -10 orales y uno escrito- que llevó a condena a 29 personas. El informe puntualiza que deben agregarse tres condenas más -totalizando 32- debido a que el 13 de junio pasado la Cámara Nacional de Casación Penal revocó las absoluciones dictadas en 2009 en el marco de la causa "Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad", condenando a Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Román Lobaiza y Teófilo Saa. Si se suman éstos últimos a los 267 condenados que había a fin del año pasado, se obtiene un total de 299 condenados a julio de 2012", indicaron desde la unidad encabezada por el fiscal Jorge Auat y coordinada por Pablo Parenti. En el registro se aclara también que "de los 299 condenados, sólo 44 cuentan con condena firme" y que de ese total "solamente 3 imputados recibieron la confirmación de la sentencia condenatoria durante el año pasado y uno este año". En ese sentido, en el informe los fiscales manifiestan su "preocupación por las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales".
FERNANDO ALVIRA, HIJO DE DESAPARECIDOS EN SAN NICOLAS
TENÍA NUEVE MESES CUANDO EL EJÉRCITO SECUESTRÓ A SUS PADRES. FUE ENVIADO A UN ORFANATO, DONDE SUS ABUELOS MATERNOS FUERON A BUSCARLO. EN LA CAUSA POR LA SUSTRACCIÓN DE FERNANDO ESTÁ ACUSADO SAINT AMANT EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO QUE SE REALIZA EN ROSARIO.
"QUISIERA TENER A MI VIEJOS", SE SINCERA FERNANDO, CIENTÍFICO E INVESTIGADOR DEL CONICET.
FERNANDO ALVIRA TENÍA NUEVE MESES EL 5 DE MAYO DE 1977, CUANDO UN GRUPO DE TAREAS DEL EJÉRCITO IRRUMPIÓ EN LA CASA DE SAN NICOLÁS EN LA QUE VIVÍAN SU MAMÁ, MARÍA CRISTINA ALVIRA; SU PAPÁ, HORACIO ARÍSTIDES MARTÍNEZ, Y DONDE ESTABA DE VISITA RAQUEL ALVIRA, HERMANA DE SU MADRE. CUANDO LAS FUERZAS BAJO LAS ÓRDENES DE MANUEL FERNANDO SAINT AMANT, POR ENTONCES JEFE DEL AREA 132 DEL COMANDO DEL PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO, SECUESTRARON A LOS TRES MILITANTES, DEJARON AL BEBÉ A CARGO DE UN VECINO, JUAN PERAZZO, CON ESTRICTAS ÓRDENES DE LLEVARLO A UN ORFANATO. EL VECINO CUMPLIÓ, Y EL BEBÉ PERMANECIÓ MUCHOS DÍAS EN LA INSTITUCIÓN, HASTA QUE LOS ABUELOS MATERNOS FUERON A BUSCARLO. ALLÍ, EL SACERDOTE MIGUEL REGUEIRO LES EXIGIÓ A CARLOS ALBERTO ALVIRA Y SU ESPOSA QUE FIRMARAN UN DOCUMENTO INCRIMINANDO A LOS HOY DESAPARECIDOS POR ACTIVIDADES QUE ENTONCES SE DENOMINABAN "SUBVERSIVAS". DESESPERADOS POR RECUPERAR AL NIÑO, EL DOCUMENTO FUE FIRMADO. "SOLAMENTE BAJO ESA COERCIÓN ME ENTREGARON", DIJO AYER, EN LA PUERTA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, FERNANDO, AQUEL BEBÉ. EN LA CAUSA POR LA SUSTRACCIÓN DE FERNANDO ESTÁ ACUSADO SAINT AMANT EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO QUE SE REALIZA EN EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL NÚMERO 2 DE ROSARIO. CON UN CÚMULO DE "SENTIMIENTOS ENCONTRADOS", FERNANDO LLEGÓ AYER PARA ESCUCHAR LA AUDIENCIA, PERO NO PUDO ENTRAR PORQUE COMENZÓ LA ETAPA DEL JUICIO EN LA QUE NO INGRESAN TESTIGOS NI QUERELLANTES. EN SU CASO, TAMBIÉN ESTABAN PROCESADOS REGUEIRO Y DIEGO RICARDEZ, QUE MURIERON.
FERNANDO TIENE 35 AÑOS Y SERÁ PAPÁ POR PRIMERA VEZ EN SETIEMBRE. CUANDO TENÍA NUEVE MESES, LA VUELTA CON SU FAMILIA DEMORÓ. "ESTUVE UNOS CUANTOS DÍAS, HASTA QUE MIS ABUELOS MATERNOS SE ENTERARON DE LO QUE PASÓ. EN ESA ÉPOCA NO HABÍA INTERNET, CELULARES, NO HABÍA TELÉFONOS PRÁCTICAMENTE", SITÚA EL RELATO. LA FAMILIA ALVIRA VIVÍA EN UNA PEQUEÑA COLONIA AGRÍCOLA DEL NORTE SANTAFESINO, COLONIA SAN ROQUE, CERCA DE RECONQUISTA. ENTONCES, LAS FAMILIAS MATERNA Y PATERNA SE PUSIERON DE ACUERDO PARA QUE EL NIÑO CRECIERA EN LA CIUDAD DE SANTA FE, DONDE VIVÍAN LOS PADRES DE HORACIO MARTÍNEZ. "CON LA EXPECTATIVA DE QUE MIS VIEJOS SE CONVIRTIERAN EN PRESOS LEGALES, Y QUEDARAN DETENIDOS EN CORONDA O LAS FLORES, DECIDIERON QUE ME CRIARA EN SANTA FE CON LA FAMILIA DE MIS ABUELOS PATERNOS", CONTINÚA SU RELATO. LA RELACIÓN CON LOS ALVIRA FUE SIEMPRE FLUIDA. DE HECHO, AYER, EN LA PUERTA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, FERNANDO ?QUE VIVE EN LA PLATA? APROVECHÓ PARA "PONERSE AL DÍA" CON SU TÍA ADRIANA ALVIRA ?HERMANA DE MARÍA CRISTINA Y RAQUEL? Y SUS PRIMOS. TODOS ELLOS RESIDEN EN ROMANG, Y VIENEN A LAS AUDIENCIAS A PRESENCIAR EL ESPERADO JUICIO.
"ESTE MOMENTO GENERA UN CÚMULO DE SENSACIONES COMPLETAMENTE ENCONTRADAS. LA SATISFACCIÓN DE ALGO QUE POR FIN SE LOGRÓ, QUE ME PARECE INCREÍBLE, PERO POR OTRO LADO ESTÁ LA SENSACIÓN DE QUE QUISIERA TENER A MI VIEJOS", SE SINCERA FERNANDO, QUE SE CRIÓ CON LA FIRME ADVERTENCIA DE SUS ABUELOS DE EVITAR CUALQUIER PARTICIPACIÓN POLÍTICA YA SEA EN LA ESCUELA SECUNDARIA, LA INDUSTRIAL DE SANTA FE, COMO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, DONDE FERNANDO ESTUDIÓ INGENIERÍA QUÍMICA. "ESTABA PENSANDO EN EL VIAJE HACIA ACÁ QUE ESTA PEQUEÑA LUCHA PERSONAL HACE QUE EL PAÍS QUE LES DEJEMOS, O QUE YO LE DEJE A MIS HIJOS, SEA UN POQUITO MÁS JUSTO. ES OTRO MOTIVO PARA DECIR YO TENGO QUE ESTAR ACÁ", DIJO EN LA MAÑANA FRÍA DE AYER, ESTE CIENTÍFICO, QUE ES INVESTIGADOR DEL CONICET, DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES OPTICAS, DONDE TRABAJA CON LÁSERES DE ALTA POTENCIA, Y TAMBIÉN ES DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES.
LA FISCALÍA Y LAS QUERELLAS PIDIERON LA INCORPORACIÓN POR LECTURA DE TESTIMONIOS DE DISTINTAS PERSONAS FALLECIDAS. EL DEFENSOR OFICIAL FABIO PROCAJLO SE OPUSO POR CONSIDERAR QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DEL CONTROL DE PRUEBA POR PARTE DE LA DEFENSA Y EL ABOGADO DE HIJOS Y DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, LUCAS CIARNIELLO IBÁÑEZ FUE CONTUNDENTE, AL ARGUMENTAR QUE ESOS TESTIGOS MURIERON SIN PODER DECLARAR ANTE LA JUSTICIA EN UN PROCESO ORAL PORQUE EL ESTADO ARGENTINO DENEGÓ JUSTICIA DURANTE MÁS DE 30 AÑOS. LOS JUECES JORGE VENEGAS ECHAGÜE, ESTA SEMANA A CARGO DE LA PRESIDENCIA, OMAR DIGERÓNIMO Y BEATRIZ CABALLERO DE BARAVANI DICTAMINARÁN MAÑANA SI HACEN LUGAR.
PABLO VASSEL 30/07/2012
“Ricardo y Arturo Colombi son los responsables de la falta de políticas en DDHH”
El doctor Pablo Vassel, ex funcionario provincial y actual integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, apuntó contra los últimos gobernadores de la Provincia, ante lo que considera “una falta absoluta de políticas de estado en materia de DDHH”, lo cuál llevó, a su criterio, “en la irresponsable postura de algunos dirigentes de propiciar soluciones habitacionales en el complejo de Santa Catalina”. Vassel reiteró la vigencia de la medida cautelar que impide intervenir en dichos predios donde, se estima, habría restos de desaparecidos en la última dictadura
“El tema tiene algunos años. Cuando asumí como Secretario de DDHH en la primera gestión de Ricardo Colombi – que fue otra gestión, con otro perfil- nos propusimos ser partes activa para localizar e identificar a todos los desaparecidos correntinos. Eso es un acto de estricta justicia, que tiene dos efectos importantes: el humano (permitiendo a las familias a elaborar el duelo), y es un acto de esperanza, de verdad y de justicia y rompe el miedo”, dijo el doctor Pablo Vassel, al reiterar los términos de la medida cautelar que impide la intervención en los predios de Santa Catalina
“Hoy mismo llega a Corrientes otro equipo de Antropología Forense. El predio está preservado por una medida cautelar, y si esto no se realizó antes es por responsabilidad de Ricardo y Arturo Colombi. Cuando la Comisión Provincial de DDHH, plantea la medida cautelar, nunca estuvo en la cabeza negarse al proceso de crecimiento de la ciudad, pero se plantea la necesidad de encontrar a gente desaparecida. Se planteó un plan y creo que por una cuestión ideológica de rechazo a los DD HH se negó siempre. Nosotros coincidimos en la necesidad de compatibilizar el progreso, con la necesidad de tener justicia”, expresó el doctor Vassel.
“Se perdieron 8 años sin hacer un acuerdo claro, y finalmente lo hace la Comisión de DDHH con la ciudad de Corrientes que tiene un interés distinto como ideología de gestión”, agregó
“Se buscan restos desde 2004. En su momento estuvo la posibilidad de buscarlos con muy modestos y escasos recursos, y otra cosas es un proyecto que sí, en su momento había, y que tenía la posibilidad firme de resolver el tema”, dijo
Para Vassel “hay un absoluto olvido de la Provincia en ésta materia. Somos la única provincia sin política de DDHH” “Ricardo y Arturo Colombi son los responsables que durante 8 años no se hizo nadie responsable. Acá hay policías condenados, instalaciones policiales que fueron centros clandestinos (como la propia Jefatura de Policía), y la decisión de Ricardo y Arturo Colombi fue la de evitar encontrar respuestas. No les interesa el tema, se cerraron a la idea de encontrar alternativas razonables sobre predios que entiendo daría salidas concretas a las necesidades habitacionales en Corrientes, pero siempre respetando lo que indica la Justicia, y el respeto por quienes siguen buscando a sus familiares”, evaluó
“Son 8 años perdidos por dos personas que deben dar explicaciones. Nunca mostraron voluntad a encontrar a los desaparecidos correntinos”, insistió el doctor Vassel
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba les dictó procesamiento por doble homicidio calificado
Preventiva a Videla, Harguindeguy y Menéndez por el asesinato de Angelelli
La medida, que era reclamada por los organismos de Derechos Humanos, alcanzó también a Luis Estrella y Juan Carlos Romero. El 7 de agosto comenzará el juicio por el crimen de los curas Murias y Longueville en El Chamical.
La justicia dictó ayer prisión preventiva para el ex dictador Jorge Rafael Videla y otros ex militares represores procesados por el asesinato del obispo Enrique Angelelli durante la última dictadura cívico-militar, una medida fuertemente reclamada por las organizaciones de Derechos Humanos. Para el 4 de agosto próximo, fecha aniversario del crimen de Angelelli, está previsto que organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos concreten un masivo fogón en la plaza principal de la ciudad de La Rioja, además de procesiones y diversas actividades en la provincia. Será tres días antes del inicio del juicio por el crimen de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, asesinados en la ciudad riojana de El Chamical durante el Proceso y por quienes Angelelli ofició la última misa antes de que lo mataran, en medio del silencio de la Iglesia Católica argentina de la época. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió dictar "el procesamiento con prisión preventiva" a los militares genocidas Albano Harguindeguy, Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez, Juan Carlos Romero y el ex dictador Jorge Rafael Videla. Los represores están imputados por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y asociación ilícita agravada. Menéndez, Harguindeguy y Romero en esta resolución fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.
El secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) Rogelio De Leonardi, docente que militó en La Rioja y conoció a Angelelli, afirmó que "esta medida era solicitada por los organismos de Derechos Humanos hace tiempo y tuvo siempre la negativa del juez Piedrabuena, que tiene pedido de juicio político por su accionar dilatorio". En un comunicado, CTERA también denunció que Piedrabuena dictó "la falta de mérito y excarcelación para Roberto Catalán, ex juez acusado de participar en crímenes de lesa humanidad en esa provincia". Según CTERA la prisión preventiva a los represores se adoptó "luego que el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena hubiera ordenado su excarcelación suscitando reclamos de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y sindicales" de La Rioja. "Venimos peleando hace rato desde los distintos espacios políticos, sociales, de Derechos Humanos en la provincia de La Rioja no sólo por la lentitud en los juicios por crímenes de lesa humanidad, sino por la actitud que asumió el juez Herrera Piedrabuena durante todo este año, que fue de dilación. Esta resolución judicial nos anima por supuesto, a muy pocos días del inicio de otro juicio muy importante, que es por el asesinato de Murias y Longueville, los curitas de El Chamical que fueron asesinados el 18 de julio de 1976", explicó De Leonardi, quien también es secretario general de la delegación La Rioja de la CTA que conduce Hugo Yasky en el ámbito nacional. «
se cumplen 36 años del asesinato de los religiosos en la rioja
El 18 de julio de 1976, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias fueron alevosamente asesinados, luego de ser secuestrados por quienes se identificaron como miembros de la Policía Federal. El hecho ocurrió en la localidad de Chamical (La Rioja) donde realizaban su apostolado. A la mañana siguiente, hombres encapuchados fueron a buscar al párroco de Sanogasta, pero él se había ido por recomendación del obispo monseñor Enrique Angelelli. Cuando el laico que los atendió les dijo que el párroco no estaba, los acribillaron.
El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de aquellos sacerdotes, falleció monseñor Enrique Angelelli, obispo de la Diócesis de La Rioja, en un supuesto "accidente automovilístico". Las pruebas o presunciones de que fue atentado se acumularon a lo largo de los años de manera abrumadora.
Angelelli acababa de dejar Chamical, donde había celebrado una misa y pronunciado una homilía en la que denunciaba aquellos asesinatos. El obispo manejaba una camioneta, y el padre Arturo Pinto, que lo acompañaba, recuerda que apenas dejaron Chamical comenzó a seguirlos un automóvil; el obispo aceleró pero entonces apareció otro coche y a la altura de Punta de los Llanos los encerraron hasta hacer volcar la camioneta.
Fuente: Tiempo Argentino, sabado
Causa Angelelli. Ratifican la prisión preventiva de ex represores
Se trata de Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy y Luis Fernando Estrella, quienes están acusados por el grave delito de homicidio calificado, en el marco de la causa que investiga el asesinato del cura en agosto de 1976 en La Rioja. Lo medida fue dictada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena.
En la causa que investiga el crimen del ex obispo riojano Enrique Angelelli, el juez federal Daniel Piedrabuena confirmó las resoluciones apeladas donde dispone el procesamiento y prisión preventiva de los ex represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Eduardo Harguindeguy y Luis Fernando Estrella por el delito de homicio calificado. La resolución confirma la concesión de la prisión domiciliaria a tres imputados.
Piedrabuena resolvió ratificar “la resolución apelada en cuanto dispone el procesamiento y prisión preventiva de Jorge Rafael Videla, ratificando –por mayoría- el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.Penal) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N”.
También “la resolución apelada en cuando dispone el procesamiento y prisión preventiva de Luciano Benjamín Menéndez, ratificando –por mayoría- el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.P) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N”.
En cuanto a Albano Eduardo Harguindeguy la confirmación también es por mayoría y “dispone el procesamiento de Albano Eduardo Harguindeguy, ratificando el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.P) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N.
En la misma situación se encuentra Luis Fernando Estrella. y de Juan Carlos Romero.
Ratifica la resolución apelada en cuanto dispuso la concesión de la prisión domiciliaria a los imputados Juan Carlos Romero, Luciano Benjamín Menéndez y Albano Eduardo Harguindeguy.
En 2003, el Congreso Nacional anuló estas dos leyes y dos años más tarde, en junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación las declaró inconstitucionales. A partir de esa decisión, la causa Angelelli volvió a ser investigada por la Justicia.
En la causa se estableció que la muerte de monseñor Enrique Angel Angelelli fue producto de un “accidente automovilístico provocado”, que ocasionó la muerte al prelado riojano y lesiones de consideración a su acompañante, el ex sacerdote Arturo Aído Pinto. http://riojavirtual.com.ar
28/07/2012 “Nos despertó un sonido de detonaciones y explosiones”
Oscar Díaz, el primero que admite que escuchó disparos.
A las patadas. Así se despertó Díaz, al mismo tiempo que escuchó lo que según la querella eran tiros de gracia.
Oscar Díaz se convirtió en el primer testigo en el juicio que reveló haber escuchado los disparos la madrugada del 22 de agosto. El testigo era suboficial y dormía en la otra punta del edificio de la Base. El 21 de agosto le tocó una ronda de inspección fuera de la unidad y regresó cerca de las 2 de la madrugada trágica. “Me despertó un compañero a las patadas y un sonido de detonaciones y explosiones que identificamos como disparos”, relató. El grupo de militares saltó sobresaltado de las camas preguntando qué pasó. Un superior los detuvo en el pasillo y así como estaban, en calzoncillos, los mandó al Casino de Suboficiales, atravesando la Plaza de Armas. “Hubo orden de desalojar y era una confusión total porque nos despertamos de un modo muy violento”. Díaz no escuchó ráfagas sino ruidos discontinuos. Por eso la querella cree que lo que oyó eran los tiros de gracia a los fusilados. Contó que nadie pudo ver más porque “un cortinado” separaba el pasillo de calabozos del resto del edificio. El dato juega a favor del ex cabo Carlos Marandino, quien siempre sostuvo que se ocultó detrás de ese biombo mientras sus jefes ejecutaban a los presos.
Horas después, el teniente Troitiño reunió a un grupo de 20 suboficiales y les explicó la versión oficial. Otro teniente, Roberto Bravo, acompañó pero no habló. “En su timbre de voz no se notaba pero se lo veía nervioso y compungido”, dijo el testigo. “Era un momento de confusión y llegamos a la conclusión masiva de que lo que pasó estaba dentro de esa puerta. El resto eran trascendidos y conjeturas que podíamos armar pero nunca en ningún momento tuve la orden de lo que tenía que decir”.
A modo de dato curioso, el jefe de la Base, Rubén Paccagnini, es el padrino de casamiento de Díaz. Quiso el destino que el 15 de agosto, día de la fuga, el suboficial cumpliera su primer aniversario de casado. Pese a esta cercanía “franca y directa”, como la definió, el testigo aseguró que jamás le pidió detalles de aquella noche. “De eso no se habló”, aseguró
Un testigo se peleó con la querella y sería careado
Jorge Barreto era guardiamarina y aseguró que ese día estaba de inspección en Madryn. Pero dos personas dicen que charlaron con él la noche del 21 de agosto y la madrugada del 22, minutos después de los fusilamientos. El tribunal le pidió que no se vaya de la zona. Sosa y las copas de más.
Complicado. Barreto dijo estar dispuesto a todas las aclaraciones que hagan falta para verificar dónde estuvo las trágicas horas de la Base Zar.
Por primera vez en el juicio por la Masacre de Trelew, tras su extensa declaración el tribunal debió pedirle a un testigo que no abandone la zona ya que lo convocarían nuevamente para aclarar versiones contradictorias. Se trata de Jorge Barreto, exguardiamarina de la Base Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972, que posiblemente deba carearse con otro testigo. El hombre aseguró que el 21 y el 22 de agosto no estuvo en la unidad militar ya que fue enviado a inspeccionar el Apostadero Naval de Puerto Madryn. Pero otras dos personas advierten que por el contrario, la noche anterior y la madrugada de los fusilamientos Barreto hacía guardia y hasta habló con ellas.
El jueves, el excolimba Carlos Steiner le dijo a los jueces que el 21 llegó a la Base y conversó unos minutos con Barreto antes de irse a dormir. Y en su declaración de 1973, el contador Raúl Herrera contó que minutos después de los fusilamientos salió de la zona de calabozos y le pidió a su subordinado Barreto que alerte al resto de los oficiales. El dato figura en la causa civil que inició la familia de la fusilada María Berger, documento que halló y aportó la Armada Argentina.
El testigo negó ambas afirmaciones y las atribuyó a errores subsanables si se revisan los libros de guardia, los mismos que nunca aparecieron. Varias partes coincidieron con que es muy posible que deba confrontar su versión con la de Steiner y con el testimonio de Herrera. “Le voy a pedir que no deje la zona porque es posible que lo necesitemos para otra diligencia de aclaración”, le advirtió el presidente del tribunal, Enrique Guanziroli. “Vivo en Trelew hace 40 años y no pienso irme”, sonrió el testigo.
En la audiencia de ayer, en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson, Barreto mostró signos de nerviosismo y cruzó discusiones e ironías con el querellante Eduardo Hualpa. Es que el testigo no terminó de precisar si regresó de Madryn el mismo 22 o el 23. Tampoco definió en qué momento se enteró de la balacera. -Me cuesta creer que ante un hecho tan importante no lo recuerde, dijo Hualpa.
-Pasaron 40 años y hasta hoy no sé qué sucedió ahí.
-Puede no saber lo que pasó en la Base, pero la pregunta es si sabe lo que hizo usted el 22, el 23 y el 24 de agosto…
-En términos generales sí pero no me pida la hora exacta que me levanté o que me enteré, o cuando me dieron las versiones. No es fácil contestar con precisión.
-Yo le pido la verdad, nada más. No puede no recordar si volvió el día de los hechos u otro día …
-Usted se está poniendo en mi lugar, le digo que yo no me acuerdo...
-No, le pregunto desde el lugar del querellante…
Antes de contrapuntos así, Barreto aseguró que el jefe de la Base, Rubén Paccagnini –imputado de cómplice- nunca quiso recibir al grupo de presos. Y que la noche del 15 de agosto discutió largo y tendido con un superior por teléfono antes de aceptar la orden. “Vi la llegada de los micros con los detenidos: era una larga columna de vehículos militares pero quedó parada largo rato en la barrera”, dijo. Un auto se estacionó en el playón y abrió su baúl. “Llevaba las armas que entregaron los guerrilleros y había pistolas Browning 9 milímetros que veíamos por primera vez. Ni nosotros teníamos ese armamento, decían los oficiales”. Paccagnini, según su versión, quería devolver al grupo a la Unidad 6 de Rawson porque la Base no estaba preparada para alojarlos. “Le dieron la orden o lo convencieron. Eso siempre le molestó porque trató de que no entraran”, deslizó Barreto. Desde ese día “se trastocó todo el sistema de guardia” en la unidad. Se montó un operativo inédito, reforzado como nunca antes. “Hubo jefes de guardia, médicos de guardia y hasta choferes de guardia, que nunca tuvimos. Todo el mundo estaba acuartelado y a la orden”, describió. Esa vigilancia se dedicó exclusivamente a los presos y dependía del Batallón de Infantería de Marina 4, cuyo segundo jefe era el capitán Luis Sosa. Funcionó en paralelo a la guardia de rutina y estaba “casi aislada del resto de la Base”.
Esa semana un avión Hércules trajo a Trelew a policías federales. Comían con los oficiales locales y se distinguían del resto: “Sabían quiénes eran los presos, su prontuario y en qué enfrentamientos habían participado. Lo tenían totalmente claro y en cambio en la Base no teníamos idea de los guerrilleros”. El clima era “bastante extraño”. La costumbre de los jefes más antiguos era estar con sus familias, no acuartelados para vigilar a guerrilleros. “Con los días se notó su malestar y el disgusto. Para los que éramos más jóvenes no era extraño porque casi vivíamos ahí”. Su hipótesis del 22 de agosto es que los jefes, acuartelados, no se dormían temprano y se aburrían de mirar TV, charlar y jugar a las cartas en la Cámara de Oficiales. Se decía que estaban hartos, “podridos” de estar ahí sin volver a casa. “Quizás se tomaron un par de copas de más y para mí, Sosa les dijo vamos a inspeccionar los calabozos, aunque quienes lo acompañaron no tenían nada que hacer ahí. No tuvo nada que ver con ningún procedimiento militar razonable. Era incomprensible que un jefe cometiera un error tan grosero de sacar a todos los presos juntos a un pasillo. Nunca se había hecho y llevó a ese resultado. Hasta hoy no me explico qué le pasó a ese hombre”. Para Barreto algún chispazo con los presos causó el primer disparo. Tras los hechos al jefe de la Base se lo vio abatido. Paccagnini sabía que por su jerarquía era responsable y “el más perjudicado”, haya participado o no. “Estaba nervioso y apesadumbrado, no comprendía cómo había sucedido y al igual que el resto de los oficiales que no tuvieron nada que ver se preguntaba por qué había recibido a presos que no tenían que estar allí. Para nosotros y para los oficiales él no tenía la más mínima idea de lo que sucedería”. El testigo admitió que la versión oficial “nunca nos cerró ni nos quedó clara” ya que “era incomprensible que sucediera eso si se hubiesen seguido los procedimientos razonables para verificar celdas”.
Por Carlos Calle. Ingeniero químico. Trabajó en la CNEA desde 1969 hasta marzo de 1976
Por Enrique Pasqualini Físico. Jefe del Laboratorio de Nanotecnología Nuclear de la CNEA

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