Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/44534
Timestamp: 2018-12-12 19:09:21+00:00

Document:
Gaceta: LXII/2PPO-51/44534
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Quienes suscribimos Senadoras y Senadores de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemosa la consideración de esta Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA con PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL; Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, con base en la siguiente:
El dinamismo con el que nuestra Constitución se ha ido transformando en sus contenidos, hace indispensable la adecuación dela legislación secundaria a las nuevas realidades sociales, para reafirmar y actualizar principios fundamentales que reconocen y salvaguardan derechos fundamentales.
Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación; nuestra Constitución plasmó con mayor precisión los principios universales de definición, protección y defensa de los derechos propios de la condición humana, por lo que ningún servidor público puede excusarse de protegerlos y garantizar su pleno ejercicio o justificar cualquier acción que en los hechos, los vulnere o menoscabe.
Es evidente que esta reforma constitucional, exige emprender modificaciones legislativas adicionales para renovar las estructuras legales y adecuar supuestos normativos secundarios, en el rediseño de este nuevo edificio constitucional, a efecto de que el Estado mexicano cumpla su compromiso inexcusable de proteger tales derechos.
La postergación de dichos cambios, producen y seguirán generando en los hechos que estos principios constitucionales, como los de igualdad y no discriminación, sean tan sólo un propósito inacabado en detrimento del ejerciciode derechos fundamentales de la población, tales como el de la seguridad social.
Ejemplos desafortunados podemos encontrarlos en años anteriores, en los que apersonas del mismo sexo unidas legalmente en matrimonio en el Distrito Federal,tuvieron que acudir a diversas instancias,para exigir unarespuesta positivaa su solicitud de afiliación de suscónyugesa las Instituciones de seguridad social, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Particularmente,el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), documentó diversos casos de esta naturaleza al conocer y resolver diversas reclamaciones ciudadanas por actos y hechos presuntamente discriminatorios por preferencias sexuales.
1.-Tal como se desprende de la Resolución por disposición 2/2011,emitida el 6 de julio de 2011 por dicho Consejo, el IMSS refirió concretamente en sus informes rendidos al mismo con relación particular a la aplicación de su legislación para los efectos de negar el registro o afiliación a los cónyuges del mismo sexo de asegurados o aseguradas, que:
Las personas del mismo sexo que celebraron matrimonio, de conformidad con las disposiciones reformadas del Código Civil del Distrito Federal, no se podría considerar que uno de ellos tiene elcarácter de beneficiario del otro, para efectos del régimen del seguro social., ya que en el artículo 5 A de la Ley del Seguro Social, debe destacarse que de conformidad con las disposiciones relativas a cada uno de los cinco seguros que integran el régimen obligatorio del Seguro Social, se aportan mayores elementos para determinar con toda precisión a los sujetos considerados como beneficiarios; es decir, se establecen con absoluta precisión a las personas, incluyendo su género, que se consideran como beneficiarios en relación con las figuras jurídicas de matrimonio y concubinato.
En consecuencia, ante las solicitudes de asegurados o aseguradas unidas en matrimonio en el D.F, no es posible acceder a autorizar el registro de beneficiarios esposos, toda vez que el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, no contempla al esposo del asegurado como sujeto de aseguramiento del régimen del Seguro Social; y en otro caso, que no era procedente el registro como beneficiarios para personas que no están contempladas como sujetas de aseguramiento al régimen del Seguro Social.
En razón de que la Ley del Seguro Social, es una norma especial reglamentaria, que se deriva del artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Seguro Social se rige, entre otros aspectos, en la determinación de los sujetos, por las disposiciones de la Ley especial, no de acuerdo con las leyes de carácter local de cada entidad federativa o del Distrito Federal.
En este sentido, el Congreso de la Unión, en ejercicio de su facultad legislativa en materia de seguridad social, al expedir la Ley del Seguro Social, determinó cuáles serían los familiares que dicho ordenamiento consideraría como beneficiarios de la seguridad social, estableciendo circunstancias de género que se observan en forma expresa, en cada uno sus capítulos que regulan los seguros que integran el Régimen Obligatorio de la propia Ley del Seguro Social.
En este contexto, al considerar la Ley del Seguro Social como sujetos de la seguridad social, con el carácter de beneficiarios del asegurado o asegurada en los supuestos de matrimonio y de concubinato, invariablemente a personas de género distinto a éste, es evidente la discordancia entre las disposiciones relativas de la Ley del Seguro Social y las normas del Distrito Federal en materia civil que regulan dichas figuras.
La actividad legislativa que afecte al Código Civil del Distrito Federal, en los casos concretos, el establecimiento de nuevos conceptos de matrimonio y de concubinato, no inciden en la Ley del Seguro Social, pues, sin desconocer las facultades del legislador local y las nuevas disposiciones aprobadas por el mismo, no se debe perder de vista que en materia de seguridad social la ley especial es la Ley del Seguro Social y, por lo tanto, corresponde exclusivamente al legislador federal la determinación de los sujetos beneficiarios de las prestaciones y servicios establecidos en dicho ordenamiento legal.
En este sentido, en el ámbito del Seguro Social, debe prevalecer la aplicación de las disposiciones de la Ley del Seguro Social que en los supuestos de matrimonio o de concubinato, establecen como beneficiarios del asegurado o asegurada, únicamente a personas de género diverso a aquéllos.
2.- Por su parte el ISSSTE señaló sustancialmente en un primer informe, que:
No es posible registrar como familiar derechohabiente a parejas del mismo sexo, ya que de una lectura gramatical, lógico-sistemática de los artículos 6°, fracción XII, 39, 40, 131, y 135 de la Ley del ISSSTE, se desprende que ésta en el caso de matrimonio y concubinato reconocecomo familiares derechohabientes al varón con relación a la trabajadora o pensionada y a la mujer con relación al trabajador o pensionado.
En un subsecuente informe señaló:
De conformidad con el artículo 41, fracción I de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se precisa que tendrán derecho a los servicios de seguro de salud, el cónyuge o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la trabajadora o pensionada con relación al primero, el trabajador o pensionado, con relación a la segunda, aunado a que la normatividad institucional entiende como matrimonio a la unión de personas de diferente sexo y en consecuencia la prestación de los servicios que la misma prevé sólo pueden ser dirigidos a tales.
MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PRESENTE INICIATIVA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.
Al haberse negado el registro de beneficiarios cónyuges del trabajador o asegurado del mismo sexo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,utilizando el argumento falaz de que la Ley no previene un supuesto que lo permita, es evidente que ambosInstitutos incurrieron en actos discriminatorios por razones de preferencia sexual.
Al respecto, el Consejo para la Prevención de la Discriminación, en su Resolución por Disposición 2/2011, determinó en términos generales:
1.El Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar inmediatamente el registro e inscripción como beneficiarios derechohabientes de las parejas cónyuges (En este caso del mismo sexo), a fin de reconocer y garantizar el goce del derecho a la seguridad social y todas las prestaciones que se deriven de ese estado, atendiendo el deber que tienen de proteger a la familias en el sentido más amplio e integral que proceda.
2.En lo sucesivo, efectuarán el registro de las personas familia del derechohabiente, previa solicitud o tramite conducente, que hayan celebrado matrimonio o que vivan en concubinato con otras de su mismo sexo, sin que las preferencias sexuales o cualesquiera otras causas establecidas en el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sean impedimento para ello.
Siendo esta resolución del CONAPRED, un documento de enorme trascendencia y valor en el orden jurídico para resolver los casos de discriminación por preferencia sexual, los iniciadores consideramos retomar las consideraciones más relevantes de este Consejo, por ser parte fundamental de los precedentes que se han generado con el objeto de legislar y prevenir la comisión de este tipo de actos y hechos.
En ese tenor, se ha sustentado que previo a la reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, nuestra Carta Magna, ya en el artículo 133, contenía el mandato de atender lo dispuesto en los tratados internaciones, celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. Motivo por el cual, atendiendo a este principio de jerarquía de Leyes, tanto el IMSS como el ISSSTE, tenían desde ese momento las herramientas suficientes para llevar a cabo una interpretación armónica, sistemática y progresiva de sus respectivas leyes de seguridad social, con la propia Constitución, que tenía previsto el principio de igualdad, y la prohibición de las conductas o hechos discriminatorios; así también con los Tratados Internacionales que condenan las conductas discriminatorias y promueven el respeto por los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas en todos los ámbitos.
De esta manera, los institutos aludidos para tomar una resolución en torno a las solicitudes planteadas para su registro, tuvieron que interpretar en armonía su legislación, con la propia la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la Ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el Código Civil del Distrito Federal, referente a las uniones celebradas entre personas del mismo sexo.
En específico, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos referida, el artículo 1° de nuestra Carta Magna quedó expresamente establecido el espíritu que ya traía consigo el precepto constitucional de la supremacía constitucional, puesto que es precisamente a partir de la obligación de atender los Tratados Internacionales a que se ha hecho referencia, los cuales traen consigo la promoción del respeto de los derechos humanos, que se hace efectivo para las personas, el goce de estos derechos, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que la propia Constitución lo establezca;
Actualmente se expresa de manera clara el principio pro persona, que rige la materia de los derechos humanos; puesto que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de que México es parte, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia; con lo cual, tanto el IMSS e ISSSTE, hoy tienen expresamente los elementos jurídicos para la interpretación más amplia de sus respectivas leyes de seguridad social, para cumplir la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas del mismo sexo que celebran matrimonio o viven una relación de concubinato y que solicitan a dichas instancias la inscripción de su cónyuge o pareja como beneficiario o beneficiaria derechohabiente.
Es importante decir que la ley debe respetar los derechos en la Constitución y en la norma internacional sobre derechos; sin embargo, la ley no puede a priori limitar los derechos humanos, sino que debe seguir un test de constitucionalidad, lo que indica que no puede afectar el artículo primero párrafo tercero. En los casos de igualdad como prohibición de discriminar. En este sentido, la Corte ha señalado que el test de constitucionalidad exige además un escrutinio estricto, y añadió que con mayor razón cuando hay de por medio una “categoría sospechosa”, es decir, una restricción en función de factores que tradicionalmente han propiciado exclusiones a determinados grupos sociales.
Para sustentar con mayores argumentos la presente iniciativa, no es posible dejar de mencionar que existen también importantes resoluciones derivadas de juicios de amparo, emitidas por el Poder Judicial de la Federación:
A)La sentencia emitida en el juicio de amparo 590/2011-III, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal refirió que: la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que la figura de derechohabiente del trabajador(a) o pensionado(a) recae, entre otros, en su cónyuge de diverso sexo, cuando hace alusión a los términos de mujer o concubina(o), para el disfrute de las prestaciones, pero no prevé esa figura de derechohabiente, para los cónyuges del mismo sexo; ahora bien, esa previsión de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deviene inconstitucional, puesto que de conformidad con los artículos 4° y 123, apartado B, fracción XI, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deben proteger a la familia, entendida como una realidad social, es decir, que esa protección no debe abarcar solamente a familiares que surjan de matrimonio de un hombre y una mujer, sino incluso de personas del mismo sexo o de cualquier otro vínculo que denote una relación familiar.
B)Asimismo, en la resolución deljuicio de amparo 2256/2010-VI, emitida por el Juez Cuarto de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, se refirió que: la Ley del Seguro Social al establecer que la figura de beneficiario del asegurado(a) o pensionado(a) recae, entre otros, en su cónyuge de diverso sexo, cuando hace alusión a los términos viuda(o) y esposa(o), para el disfrute de diversos seguros; pero no prevé esa figura de beneficiario para los cónyuges del mismo sexo, deviene inconstitucional, de conformidad con los numerales 4° y 123, apartado A, fracciones XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, como la Ley del Seguro Social, deben proteger a la familia, entendida ésta como una realidad social; por ende, esa protección comprende a las familias que se constituyen por el matrimonio de personas del mismo sexo, razón por la cual lafigura del beneficiario del asegurado o pensionado debe recaer, entre otros, en su cónyuge, sin que sea un impedimento que sea de su mismo sexo.
En general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado de manifiesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual que las leyes deben proteger a la familiaen sus múltiples organizaciones o manifestaciones; por ende, esa protección incluye a las familias que se constituyen por el matrimonio de personas del mismo sexo y esa protección se extiende a los derechos que nacen de dichas uniones, tales como el derecho a la seguridad social, a la igualdad y al reconocimiento del matrimonio, ya que son derechos fundamentales, que el Estado mexicano a través de sus instituciones debe garantizar independientemente de la preferencia, orientación o identidad sexual de las personas.
En atención al principio constitucional de igualdad y no discriminación, existen diversas tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación, en las que se establecen criterios jurisprudenciales que marcan el sentido exegético y progresivo de nuestra Ley Fundamental y de todo el orden jurídico mexicano.
Dichos criterios que a continuación se invocan infieren que los servidores públicos, entidades y demás órganos del Estado bajo ningún criterio pueden vulnerar el espíritu del legislador constituyente, por lo que están obligados a atender el sentido hermenéutico internacionalmente aceptado.
·INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. EL ALCANCE DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE BASARSE, ESENCIALMENTE, EN LO DISPUESTO EN ÉSTA Y NO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES EMANADAS DE ELLA. La conclusión a la que se arribe al realizar la interpretación de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe sustentarse, esencialmente, en lo previsto en las diversas disposiciones que la integran y en los antecedentes que la informan por lo que el alcance de las disposiciones de esa jerarquía no debe encontrar apoyo en lo establecido por el legislador ordinario, ya que esa forma interpretativa podría llevar al extremo de aceptar que las autoridades sujetas al orden constitucional, al ejercer sus atribuciones delimitadas en la propia Constitución, estuvieran en posibilidad de ampliar o reducir su esfera constitucional o, incluso, la conferida en esa misma sede a diversos órganos del Estado o a entidades políticas diferentes a la que integran, tornando nugatoria la intención del Constituyente y generando incertidumbre en los gobernados, sin menoscabo de reconocer que acudir a lo previsto en las disposiciones de rango inferior puede ser útil únicamente para corroborar la conclusión alcanzada.
Consulta a trámite 1/2004-PL. Derivada de la petición de Elva López Heredia, relacionada con el recurso de queja 53/2004, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 8 de mayo de 2006. Mayoría de siete votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Disidentes: Juan Díaz Romero, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rafael Coello Cetina.
El Tribunal Pleno, el veintinueve de junio en curso, aprobó, con el número LVII/2006, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de junio de dos mil seis.
·PRINCIPIOS Y VALORES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN. DEBE ATENDERSE A ELLOS CUANDO LAS LEYES SON INSUFICIENTES PARA RESOLVER UNA CONTROVERSIA.Cuando las leyes son insuficientes, vagas, imprecisas, ambiguas o contradictorias, debe atenderse a los principios y valores consagrados en la Constitución para resolver una controversia y lograr la óptima aplicación del derecho. Este criterio, que parte de la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de algo como expresión directa de los valoresincorporados al sistema jurídico, debe aplicarse en la mayor medida posible, en virtud de que las reglas (contenidas regularmente en las leyes) son enunciados que tienden a lograr la aplicación de los principios y valores a los casos concretos y, por tanto, de menor abstracción que éstos. A mayor abundamiento, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal (tesis P. XXVIII/98, página 117, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) ha sostenido que atento al contenido del artículo 14 constitucional, ante la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, pueden utilizarse mecanismos de interpretación jurídica que permitan desentrañar su sentido y alcance, y cuando se trata del mandato constitucional, deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los principios, valores e instituciones que salvaguarda.
Amparo en revisión 799/2003. Ismael González Sánchez y otros. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 145, tesis P. CIV/2000, de rubro: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR."
Nota: La tesis P. XXVIII/98 citada, aparece publicada con el rubro: "INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR."
Tesis Aislada, I.4o.A.439 A, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, tribunales colegiados de circuito, XX, septiembre 2004, pág. 1836
·“INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntadsoberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.” [Tesis Aislada P. XII/2006, emitida por el Tribunal Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIII, Febrero de 2006. Página 25.]”
·INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN. Para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, dado que por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la anterior; máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intención de sucreador plasmar en él un principio regulado en una disposición antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sostenía en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretación, será posible acudir a la diversa histórica progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, ya que toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio.
Amparo en revisión 2301/98.—Justo Andrés Medina Escobedo.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. Amparo en revisión 2295/98.—César Daniel Ruiz Vera.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo en revisión 536/99.—Rosaura Hernández Vargas.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 1323/98.—Luis Alberto Muy Ceballos.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretario: Tereso Ramos Hernández. Amparo en revisión 690/99.—Edgardo Medina Durán.—28 de septiembre de 1011616. 324. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Cuarta Sección – Seguridad jurídica, Pág. 1315. -1-1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretaria: María del Socorro Olivares de Fabela. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 61/2000, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 13, Pleno, tesis P./J. 61/2000; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 413; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 483.
Particular apreciación reviste la siguiente tesis para dar mayor uniformidad y congruencia a las propuestas de reforma en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo:
·MATRIMONIO. EL TÉRMINO "CÓNYUGE" COMPRENDE A LOS INTEGRANTES DE MATRIMONIOS HETEROSEXUALES Y A LOS DEL MISMO SEXO (REFORMA AL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009). Si bien es cierto que antes de la reforma referida, el concepto de "cónyuge" se encontraba reservado a las parejas heterosexuales, en tanto el artículo 146 del referido ordenamiento establecía como matrimonio la unión libre de un hombre y una mujer, también lo es que al redefinirse este último con motivo de dicha reforma como la unión libre de dos personas, los alcances jurídicos del citado precepto fueron modificados, de manera que actualmente, en el Distrito Federal, también se reconocen como cónyuges a los integrantes de matrimonios conformados por dos hombres o por dos mujeres.
Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INTERNACIONAL
En el nivel internacional, existen un conjunto deinstrumentos jurídicos, resoluciones y observaciones emitidas por organismos internacionales, en los que se han fijado los criterios con que los Estados deben regir su actuación para asegurar que todas las personas gocen de forma efectiva de sus derechos humanos sin restricción alguna por causa de su orientación sexual o identidad de género.
En cumplimiento a estos criterios y disposiciones, el Estado mexicano está obligado a modificar su legislación interna para que ésta sea compatible con el disfrute universal de todos los derechos humanos, de manera que la familia se conciba en atención a los cambios económicos y sociales que se han producido recientemente en el país y en el extranjero, para reconocer los matrimonios o uniones, celebrados entre personas del mismo sexo, de manera que se hagan extensivos a éstas los derechos reconocidos a partir de tales actos jurídicos, como sucede en los casos de matrimonio o uniones celebradas entre personas de sexos diversos, entre ellos, el derecho a la seguridad social.
En suma, ningún órgano, institución, servidor público tienen la potestad y el alcance para modificar la naturaleza o los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como de la seguridad social contenidos en la legislación mexicana.
A)Resoluciones y observaciones:
1.Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de los Estándares y Legislación Internacional de Derechos Humanos en Cuestiones de Orientación e Identidad de Género,44 presentados por el Consejo de Naciones Unidas el 26 de marzo de 2007, establecen el compromiso de los Estados para modificar toda legislación, a fin de asegurar su compatibilidad con el disfrute universal de todos los derechos humanos de las personas, sin que la orientación sexual o identidad de género sean impedimento para ello.
En esa tesitura, se consagra el derecho de toda persona a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, reconociendo que existen diversas configuraciones de familia; de ahí que el numeral 13 de los Principios disponga que:
Los Estados adoptarán tomas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias, a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y otras medidas de protección social […] beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y demás beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de su enfermedad o muerte.
De igual forma, en el inciso E) del numeral 24 se establece el compromiso de los gobiernos para asegurarse de que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios o las sociedades de convivencia registradas entre personas del mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casadas o en unión registrada esté disponible en igualdad de condiciones para personas del mismo sexo casadas o en sociedad de convivencia registrada.
2.En el Programa de Acción sustentado en la Conferencia Internacional de Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, Egipto del 5 al 13 de septiembre de 1994, se sostuvo que el vertiginoso cambio que se suscita en el ámbito demográfico y socioeconómico impacta directamente en la constitución y concepción de la estructura familiar, razón por la cual, es insostenible en la actualidad sustentar las ideas tradicionales de la familia, pues dichos prototipos no son compatibles con los cambios económicos y sociales que se han venido produciendo recientemente.
3.En la Observación General 16, de fecha 6 de abril de 1988, emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, vinculada con el Derecho al Respeto de la Privacidad, Familia, Domicilio y Correspondencia, así como a la protección del Honor y la Reputación, se indica que el concepto de familia deberá interpretarse con un criterio amplio, como se entiende en la sociedad del Estado de que se trate.
4.Se debe recordar el posicionamiento que realizó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolución concerniente al 17° periodo de sesiones, celebrado el 17 de junio de 2011, referente a los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, en el que se expresa la grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género, motivo por el que se solicita a la Alta Comisionada, documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género en todas las regiones del mundo.
B)Disposiciones jurídicas internacionales:
Son categóricos los textos de los artículos 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 4° del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, que a continuación se transcriben, al establecer que debe imperar la igualdad de las personas para su protección ante la ley, por lo que no puede restringirse o menoscabarse ninguno de su derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna.
1.El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, dispone en su ARTÍCULO 5.2 “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”
2.El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, establece en su ARTÍCULO 5.2: “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”
3.La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ratificada por México el 24 de marzo de 1981, reza en su ARTÍCULO 24. que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
4.El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, ratificado por México el 16 de abril de 1996, en su ARTÍCULO 4, expresa que: “No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.”
Con base en uno de los principios que es columna vertebral para el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de los gobernados, y también el límite de la actuación de toda autoridad, como lo es el principio de legalidad, y a efecto de garantizar la observación y cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación previstos en nuestro orden constitucional, así como superar y evitar cualquier interpretación y aplicación discrecional de las leyes que se aleje del contenido y esencia de los mismos, por parte de cualquier autoridad del estado, particularmente en materia de seguridad social.
Es al legislador ordinario con base en tal principio, a quien le compete expedir las modificaciones que tengan dicho propósito y precisar categóricamente en la legislación correspondiente las hipótesis normativas que garanticen el acceso y disfrute de los beneficios de la seguridad social para los cónyuges del mismo sexo de las aseguradas o asegurados, pensionadas o pensionados.
En el orden interno, nuestra Ley Fundamental reconoce en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, sin dejar de señalar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Dicho precepto también prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.
Los artículos 4 y 123, apartado B), fracción XI de nuestro Código Político, contemplan respectivamente, la protección de la organización y el desarrollo de la familia; y el derecho a la seguridad social.
Por su parte, el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define a ladiscriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
En consecuencia, proponemos este conjunto de reformas legales, atendiendo a dichos principios; al principio pro persona establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales de que México es parte y a la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para asegurar el acceso y disfrute a la seguridad social a los cónyuges del mismo sexo de quienes se encuentran aseguradas o asegurados en el IMSS o el ISSSTE.
No aprobar esta Iniciativa, es lapidar la voluntad y la exigencia de la sociedad mexicana, para hacer posible su convivencia, en un marco de respeto a los derechos humanos, exenta de todo tipo de discriminación y en condiciones de igualdad para el ejercicio de los mismos, en este caso, al derecho a la seguridad social.
Permitir que se continúe violentando nuestra Constitución Política y no legislar para evitar que se sigan cometiendo atropellos y vejaciones a los derechos más elementales, es ir en un contrasentido a la aspiración del Estado mexicano, por fortalecer y consolidar su democracia.
Por lo antes expuesto nos permitimos poner a la consideración de este Senado de la República, el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reformanlos artículos64, fracciones II, III, IV V y VI; 65, 66, 84; 127, fracción IV; 130; 133; 134; 135; 137; 138; 140; 144; 171, fracción II; 193; 201; 205; 209; 241 y 242 de la Ley del Seguro Social, se adicionauna fracción XII Bis al artículo 5 A; y se deroganlos segundos párrafos de las fracciones III y IV del artículo 84 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:
I.a XII. …
XII Bis.Cónyuge: comprende a los integrantes de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo;
Artículo 64. ….
II.Al cónyuge supérstite del aseguradose le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;
III. A cada uno de los huérfanos que lo sean de uno u otro de susascendientes en primer grado, que se encuentren totalmente incapacitados, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo;
IV. A cada uno de los huérfanos que lo sean de uno u otro de susascendientes en primer grado, menores de dieciséis años, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla dieciséis años.
V. En el caso de las dos fracciones anteriores, si posteriormente falleciera el otro ascendiente, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha del fallecimiento del segundo ascendiente y se extinguirá en los términos establecidos en las mismas fracciones, y
VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de ambosascendientes, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.
Artículo 65. Sólo a falta de cónyuge supérstite tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien el asegurado vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con quien haya tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos gozará de la pensión.
A falta de cónyuge supérstite, huérfanos, concubina o concubinario con derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total.
Tratándose del cónyuge supérstite o, en su caso, de la concubina o concubinario, la pensión se pagará mientras no contraigan matrimonio o entren en concubinato. Al contraer matrimonio o entrar en concubinato, cualquiera de los beneficiarios mencionados recibirá una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión otorgada. En esta última situación, la aseguradora respectiva deberá devolver al Instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se otorgue.
III.El cónyuge del asegurado o, a falta de éste, la persona con quien ha hecho vida conyugal durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya tenido hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio.Si el asegurado tiene varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a la protección.
Segundo Párrafo. Se deroga
IV.El cónyuge del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de cónyuge, la concubina o concubinario si se reúnen los requisitos de la fracción III.
V. aVII. …
VIII.Los padres del asegurado que vivan en el hogar de éste, y
IX.Los padres del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.
Los sujetos comprendidos en las fracciones V a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:
IV.Ayuda asistencial al pensionado por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y
Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el que fue cónyuge del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con quien hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.
Artículo 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando el cónyuge supérstite, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñen un trabajo remunerado.
El cónyuge supérstite, concubina o concubinario pensionados que contraigan matrimonio, recibirán una suma global equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban.
Artículo 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de dieciséis años, cuando muera uno u otro de sus ascendientesen primer grado y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.
Artículo 135. La pensión del huérfano a que se refiere el artículo anterior será igual al veinte por ciento de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo fuera de ambos ascendientes, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la misma base.
Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de uno de sus ascendientes y posteriormente falleciera el otro, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha de la muerte del ascendiente.
Artículo 137. Si no existieran cónyuge supérstite, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.
Y AYUDA ASISTENCIAL
I. Para el cónyuge, o en su caso, concubina o concubinario del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;
III. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, ni concubina o concubinario, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;
IV. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, ni concubina o concubinario, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y
Artículo 140. El Instituto concederá ayuda asistencial al pensionado por invalidez, con excepción de los casos comprendidos en las fracciones IV y V del artículo 138, así como a los cónyuges supérstites pensionados, cuando su estado físico requiera ineludiblemente, que lo asista otra persona de manera permanente o continua. Con base en el dictamen médico que al efecto se formule, la ayuda asistencial consistirá en el aumento hasta del veinte por ciento de la pensión de invalidez o viudez que esté disfrutando el pensionado.
DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES
Artículo 144. El total de las pensiones atribuidas al cónyuge supérstite, o a la concubina oconcubinario y a los huérfanos de un asegurado fallecido no deberá exceder del monto de la pensión de invalidez que disfrutaba el asegurado o de la que le hubiera correspondido en el caso de invalidez. Si ese total excediera, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.
II. La pensión del huérfano de algunos de sus ascendientes en primer grado será igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer. Si el huérfano lo fuera de ambos ascendientes, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la misma base.
Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de uno de sus ascendientes y posteriormente falleciera el otro, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento de la base señalada, a partir de la fecha de la muerte del ascendiente, y
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reformanlos artículos 6, fracción XII, inciso a); 39; 41; fracción I; 70; 131; fracción II y III; 135; fracción II; y se adiciona una fracción III Bis al artículo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
III Bis. Cónyuge, comprende a los integrantes de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo;
IV.a XI. …
a)El cónyuge, o a falta de éste, la persona con quien el Trabajador o el Pensionado ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;
XIII. aXXIX. …
Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge o, en su caso, la concubina del Trabajador o del Pensionado, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:
Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran:
I. El cónyuge, o a falta de éste, la persona con quien el Trabajador o el Pensionado ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o Pensionado tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la prestación;
Artículo 70. Para la división de la Pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares del Trabajador, así como en cuanto a la asignación de la Pensión para el cónyuge supérstite, concubina, concubinario, hijos, ascendientes, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.
II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la persona con quien haya vivido en concubinato el Trabajador o Pensionado hubiere tenido hijos, o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a Pensión.
III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la Pensión se entregará, conjunta o separadamente, a los ascendientes en primer grado y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente del Trabajador o Pensionado;
IV.a V. …
II. Porque la Pensionada o el Pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio el cónyuge supérstite, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando.
La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan cónyuge supérstite, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma.
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, adecuará las disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones de su régimen interno que correspondan, al presente Decreto.
Tercero.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adecuará las disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones de su régimen interno que correspondan, al presente Decreto.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los siete días
del mes de noviembre de 2013.

References: Resolución 
 artículo 5
 artículo 84
 artículo 123
 artículo 41
 Resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 133
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 14
 ARTÍCULO 146
 artículo 146
 resolución 
 ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 24
 ARTÍCULO 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 84

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 130

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 137

Artículo 140
 artículo 138

Artículo 144
 artículo 6

Artículo 39

Artículo 41

Artículo 70