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Timestamp: 2017-05-23 06:55:21+00:00

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Acuerdo de dejación de armas y Paz definitivo en Colombia | PDF Flipbook	youblisher
Acuerdo de dejación de armas y Paz definitivo en Colombia	p. 1 / 310
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p. 1	Acuerdo	Final	24.11.2016	ACUERDO	FINAL	PARA	LA	TERMINACIÓN	DEL	CONFLICTO	Y	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	PAZ	ESTABLE	Y	DURADERA	PREÁMBULO	Recordando	que	los	diálogos	de	La	Habana	entre	delegados	y	delegadas	del	Gobierno	Nacional,	presidido	por	el	Presidente	Juan	Manuel	Santos	y	delegados	y	delegadas	de	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia-Ejército	del	Pueblo,	con	la	decisión	mutua	de	poner	fin	al	conflicto	armado	nacional,	tuvieron	origen	como	resultado	del	Encuentro	Exploratorio	sucedido	en	la	capital	de	la	República	de	Cuba	entre	el	día	23	de	febrero	y	el	día	26	de	agosto	de	2012;	Estimando	que	como	resultado	de	los	diálogos	exploratorios	referidos	se	produjo	un	Acuerdo	General	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera,	firmado	en	la	fecha	última	citada	ante	testigos	nacionales	y	ante	delegados	de	la	República	de	Cuba	y	del	Reino	de	Noruega	que	sirvieron	igualmente	como	testigos,	y	que,	desde	entonces,	asienten	el	proceso	como	países	garantes;	Destacando	que	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	y	la	República	de	Chile	se	han	aprestado	en	todo	momento	a	brindar	sus	buenos	oficios	como	países	acompañantes;	Rememorando	que	en	desarrollo	de	la	agenda	aprobada	en	el	Acuerdo	en	mención	se	instaló	la	Mesa	de	Conversaciones	el	día	18	de	octubre	de	2012	en	la	ciudad	de	Oslo,	capital	del	Reino	de	Noruega,	para	luego	continuar	actividades	en	la	capital	cubana	sin	solución	de	continuidad	hasta	la	celebración	del	acto	de	suscripción	del	nuevo	Acuerdo	Final;	Considerando	que	como	consecuencia	de	lo	atrás	enunciado	el	24	de	agosto	del	año	que	cursa	las	partes	suscribieron	un	Acuerdo	Final	Para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera;	que	dicho	acuerdo	fue	objeto	de	consulta	al	pueblo	en	los	términos	de	un	plebiscito	acogido	por	las	partes	en	su	correspondiente	momento,	en	fecha	establecida	para	tal	propósito	(el	pasado	2	de	octubre),	y	mediando	sentencia	proferida	por	la	Corte	Constitucional	que	indicó	al	país	los	términos	y	condiciones	del	camino	escogido;	Reconociendo	que	el	veredicto	de	las	urnas	arrojó	la	prevalencia	del	NO	sobre	el	SI,	sin	que	ello	significara	rechazo	al	derecho	a	la	paz	ni	a	los	derechos	fundamentales;	Resaltando	que	la	propia	sentencia	de	la	Corte	Constitucional	arriba	aludida	puso	de	presente	los	lineamientos	a	seguir	en	caso	de	darse	el	NO	como	respuesta	mayoritaria	en	la	jornada	plebiscitaria;	que	dicho	pronunciamiento	de	la	alta	Corte	indica	que	se	mantienen	las	competencias	del	Presidente	de	la	República	para	mantener	el	orden	público,	“incluso	a	través	de	la	negociación	con	grupos	armados	ilegales,	tendiente	a	lograr	otros	acuerdos	de	paz”;	Haciendo	valer	la	decisión	de	las	partes	de	proseguir	con	la	búsqueda	de	la	paz	escuchando	previamente	a	quienes	manifestaron	sus	reservas	a	contenidos	del	Acuerdo	Final	primeramente	signado,	con	el	anhelo	de	llegar	a	un	nuevo	acuerdo	de	mayor	consenso;	que	lo	alcanzado	con	ello	fue	haber	logrado	enriquecer	y	modificar	el	Acuerdo	anterior,	teniendo	en	cuenta	las	inquietudes	y	las	propuestas,	aclaraciones	y	definiciones	puntuales	hechas	por	los	más	variados	grupos	y	Página	1	de	310	[close]
p. 2	Acuerdo	Final	24.11.2016	organizaciones	sociales,	sectores	de	opinión	y	movimientos	y	partidos	políticos;	que	después	de	estudiar	con	desprevención	y	esmero	todo	lo	puesto	a	consideración	de	las	partes	negociadoras	por	los	interesados,	se	introdujeron	importantes	y	numerosos	cambios	y	modificaciones	sustanciales	a	los	textos	antiguos	convirtiendo	el	Acuerdo	de	Paz	anterior	en	un	nuevo	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera;	Subrayando	que	el	nuevo	Acuerdo	Final	que	se	suscribe	en	la	fecha	corresponde	a	la	libre	manifestación	de	la	voluntad	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	FARC-EP	-	habiendo	atendido	sí,	diversas	iniciativas	de	sectores	del	pueblo	de	Colombia	-,	obrando	de	buena	fe,	y	con	la	plena	intención	de	cumplir	lo	acordado;	Teniendo	presente	que	el	Artículo	22	de	la	Constitución	Política	de	la	República	de	Colombia	impone	la	paz	como	un	derecho	y	un	deber	de	obligatorio	cumplimiento;	que	el	Artículo	95	afirma	que	el	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	reconocidos	en	la	Constitución	implica	responsabilidades,	entre	ellas,	propender	al	logro	y	mantenimiento	de	la	paz;	Destacando	que	la	paz	ha	venido	siendo	calificada	universalmente	como	un	derecho	humano	superior,	y	requisito	necesario	para	el	ejercicio	de	todos	los	demás	derechos	y	deberes	de	las	personas	y	del	ciudadano;	Teniendo	presente	que	el	nuevo	Acuerdo	Final	recoge	todos	y	cada	uno	de	los	acuerdos	alcanzados	en	desarrollo	de	la	agenda	del	Acuerdo	General	suscrita	en	La	Habana	en	agosto	de	2012;	y	que	para	lograrlo,	las	partes,	siempre	y	en	cada	momento,	se	han	ceñido	al	espíritu	y	alcances	de	las	normas	de	la	Constitución	Nacional,	de	los	principios	del	Derecho	Internacional,	del	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos,	del	Derecho	Internacional	Humanitario	(Convenios	y	Protocolos),	de	lo	mandado	por	el	Estatuto	de	Roma	(Derecho	Internacional	Penal),	de	los	fallos	proferidos	por	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	relativos	a	los	conflictos	y	su	terminación,	y	demás	sentencias	de	competencias	reconocidas	universalmente	y	pronunciamientos	de	autoridad	relativos	a	los	temas	suscritos;	Poniendo	de	presente	que	los	derechos	y	deberes	consagrados	en	Carta,	se	interpretan	de	conformidad	con	los	tratados	internacionales	sobre	derechos	humanos	ratificados	por	Colombia,	sin	que	su	goce	o	ejercicio	puedan	ser	objeto	de	limitación;	Recordando	que	el	Artículo	94	manifiesta	que	“la	enunciación	de	los	derechos	y	garantías	contenidos	en	la	Constitución	y	en	los	convenios	internacionales	vigentes,	no	debe	entenderse	como	negación	de	otros	que,	siendo	inherentes	a	la	persona	humana,	no	figuren	expresamente	en	ellos;	Poniendo	en	consideración	que	la	suma	de	los	acuerdos	que	conforman	el	nuevo	Acuerdo	Final	contribuyen	a	la	satisfacción	de	derechos	fundamentales	como	son	los	derechos	políticos,	sociales,	económicos	y	culturales;	los	derechos	de	las	víctimas	del	conflicto	a	la	verdad,	la	justicia	y	la	reparación;	el	derecho	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes;	el	derecho	de	libertad	de	culto	y	de	su	libre	ejercicio;	el	derecho	fundamental	a	la	seguridad	jurídica	individual	y/o	colectiva	y	a	la	seguridad	física;	y	el	derecho	fundamental	de	cada	individuo	y	de	la	sociedad	a	no	sufrir	la	repetición	de	la	tragedia	del	conflicto	armado	interno	que	con	el	presente	Acuerdo	se	propone	superar	definitivamente;	Página	2	de	310	[close]
p. 3	Acuerdo	Final	24.11.2016	Subrayando	que	el	nuevo	Acuerdo	Final	presta	especial	atención	a	los	derechos	fundamentales	de	las	mujeres,	de	los	grupos	sociales	vulnerables	como	son	los	pueblos	indígenas,	las	niñas,	niños	y	adolescentes,	las	comunidades	afrodescendientes	y	otros	grupos	étnicamente	diferenciados;	de	los	derechos	fundamentales	de	los	campesinos	y	campesinas	y	de	los	derechos	esenciales	de	las	personas	en	condición	de	discapacidad	y	de	los	desplazados	por	razones	del	conflicto;	de	los	derechos	fundamentales	de	las	personas	adultas	mayores	y	de	la	población	LGBTI;	Poniendo	de	presente	que	en	desarrollo	de	lo	anteriormente	subrayado	el	Estado,	en	cumplimiento	del	Artículo	13	de	la	Constitución	Política	de	Colombia,	debe	garantizar	el	derecho	a	la	igualdad	y	a	la	no	discriminación	en	sus	distintas	dimensiones;	que	debe	propender	por	que	se	den	las	condiciones	que	permitan	la	protección	eficaz	de	las	personas	que	se	encuentren	en	debilidad	manifiesta	y	la	sanción	de	los	abusos	que	se	cometan	contra	ella;	Enfatizando,	que	Colombia	ha	suscrito	tratados	y	declaraciones	internacionales	que	consagran	la	igualdad,	la	no	discriminación	de	las	personas	y	la	tolerancia	como	conductas	universales,	no	solo	como	principios,	sino	como	valores	que	se	deben	aplicar	y	defender	como	condición	para	el	logro	de	la	paz	y	el	progreso	económico	y	social	de	todos	los	pueblos,	y	poniendo	de	presente	que	la	tolerancia	consiste	en	“la	armonía	en	la	diferencia”;	Reparando	que,	a	juicio	del	Gobierno	Nacional,	las	transformaciones	que	habrá	de	alcanzarse	al	implementar	el	presente	Acuerdo	deben	contribuir	a	reversar	los	efectos	del	conflicto	y	a	cambiar	las	condiciones	que	han	facilitado	la	persistencia	de	la	violencia	en	el	territorio;	y	que	a	juicio	de	las	FARC-EP	dichas	transformaciones	deben	contribuir	a	solucionar	las	causas	históricas	del	conflicto,	como	la	cuestión	no	resuelta	de	la	propiedad	sobre	la	tierra	y	particularmente	su	concentración,	la	exclusión	del	campesinado	y	el	atraso	de	las	comunidades	rurales,	que	afecta	especialmente	a	las	mujeres,	niñas	y	niños;	Valorando	y	exaltando	que	el	eje	central	de	la	paz	es	impulsar	la	presencia	y	la	acción	eficaz	del	Estado	en	todo	el	territorio	nacional,	en	especial	en	múltiples	regiones	doblegadas	hoy	por	el	abandono,	por	la	carencia	de	una	función	pública	eficaz,	y	por	los	efectos	del	mismo	conflicto	armado	interno;	que	es	meta	esencial	de	la	reconciliación	nacional	la	construcción	de	un	nuevo	paradigma	de	desarrollo	y	bienestar	territorial	para	beneficio	de	amplios	sectores	de	la	población	hasta	ahora	víctima	de	la	exclusión	y	la	desesperanza;	Reconociendo	los	derechos	de	la	sociedad	a	una	seguridad	humana	integral	con	participación	de	las	autoridades	civiles;	Exaltando	y	consagrando	la	justicia	prospectiva	en	tanto	reconoce	derechos	fundamentales	esenciales	para	las	nuevas	y	futuras	generaciones	como	son	el	derecho	a	una	tierra	conservada,	el	derecho	a	la	preservación	de	la	especie	humana,	el	derecho	a	conocer	sus	orígenes	y	su	identidad,	el	derecho	a	conocer	la	verdad	sobre	hechos	acontecidos	antes	de	su	nacimiento,	el	derecho	a	la	exención	de	responsabilidades	por	las	acciones	cometidas	por	las	generaciones	precedentes,	el	derecho	a	la	preservación	de	la	libertad	de	opción,	y	otros	derechos,	sin	perjuicio	de	los	derechos	de	las	víctimas	de	cualquier	edad	o	generación	a	la	verdad,	la	justicia	y	la	reparación;	Atentos	a	que	la	nueva	visión	de	una	Colombia	en	paz	permita	alcanzar	una	sociedad	sostenible,	Página	3	de	310	[close]
p. 4	Acuerdo	Final	24.11.2016	unida	en	la	diversidad,	fundada	no	solo	en	el	culto	de	los	derechos	humanos	sino	en	la	tolerancia	mutua,	en	la	protección	del	medio	ambiente,	en	el	respeto	a	la	naturaleza,	sus	recursos	renovables	y	no	renovables	y	su	biodiversidad;	Recordando	que	el	pasado	23	de	junio	del	año	en	curso,	las	delegaciones	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	FARC-EP	suscribieron	en	la	capital	cubana	los	acuerdos	de	Cese	al	Fuego	y	de	Hostilidades	Bilateral	y	Definitivo	y	Dejación	de	las	Armas	y	Garantías	de	Seguridad,	en	presencia	del	Presidente	de	los	Consejos	de	Estado	y	de	Ministros	de	la	República	de	Cuba,	del	Secretario	General	de	Naciones	Unidas,	del	Presidente	de	la	Asamblea	General	de	la	ONU,	del	Presidente	del	Consejo	de	Seguridad	de	la	misma	organización,	del	Ministro	de	Relaciones	Exteriores	del	Reino	de	Noruega,	de	los	Jefes	de	Estado	de	los	países	acompañantes,	de	Jefes	de	Gobierno	de	países	de	la	región,	del	Enviado	Especial	de	los	Estados	Unidos	de	América	y	del	Representante	Especial	de	la	Unión	Europea;	que	tal	cese	de	hostilidades	ha	venido	siendo	reiterado	desde	la	fecha	de	ocurrencia	del	plebiscito	del	pasado	2	de	octubre;	Aceptando	que	las	normas	de	derecho	internacional	consuetudinario	continuarán	rigiendo	las	cuestiones	relacionadas	con	derechos	fundamentales	no	mencionados	en	el	nuevo	Acuerdo	Final,	incluyendo	el	mandato	imperativo	que	ordena	que	“en	los	casos	no	previstos	por	el	derecho	vigente,	la	persona	humana	queda	bajo	la	salvaguardia	de	los	principios	de	humanidad	y	de	la	exigencias	de	la	conciencia	pública”;	Admitiendo	que	el	nuevo	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera	debe	ser	objeto	de	refrendación,	de	acuerdo	con	el	punto	6	de	la	agenda	del	Acuerdo	General;	que	dicha	refrendación	puede	efectuarse	mediante	sistemas	de	participación	ciudadana	como	son	el	plebiscito,	la	iniciativa	legislativa,	la	consulta,	el	cabildo	abierto	y	otros,	o	por	corporaciones	públicas	elegidas	mediante	sufragio	sobre	cuyos	miembros	recaiga	representación	con	mandato	tales	como	el	Congreso	de	la	República,	las	asambleas	departamentales	y	concejos	municipales;	que	dicha	refrendación	se	decide	por	las	partes	y	habrá	de	hacerse	como	las	normas	pertinentes	o	sentencias	lo	indiquen;	Reconociendo	todo	lo	anteriormente	enunciado	y	en	particular	el	mandato	constitucional	indelegable	que	sentencia	que	es	al	Presidente	de	la	República	como	Jefe	de	Estado,	Jefe	del	Gobierno	y	Suprema	Autoridad	Administrativa	a	quien	corresponde	convenir	y	ratificar	acuerdos	de	paz;	El	Gobierno	de	la	República	de	Colombia	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	ColombiaEjército	del	Pueblo,	hemos	acordado:	Suscribir	el	presente	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera,	con	las	modificaciones	sustanciales	que	hacen	del	mismo,	un	nuevo	Acuerdo,	cuya	ejecución	pondrá	fin	de	manera	definitiva	a	un	conflicto	armado	de	más	de	cincuenta	años	y	que	a	continuación	se	consigna.	El	presente	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera	se	suscribe	por	el	Gobierno	Nacional	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia-	Página	4	de	310	[close]
p. 5	Acuerdo	Final	24.11.2016	Ejército	del	Pueblo	(FARC-EP),	como	Acuerdo	Especial	en	los	términos	del	artículo	3	común	a	los	Convenios	de	Ginebra	de	1949,	para	efectos	de	su	vigencia	internacional.	El	Gobierno	Nacional	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia-	Ejército	del	Pueblo	(FARC-EP),	firman	siete	originales	incluidos	sus	anexos,	uno	para	cada	una	de	las	partes,	uno	para	cada	uno	de	los	países	garantes	y	uno	para	cada	uno	de	los	países	acompañantes.	El	séptimo	ejemplar	original	se	depositará	inmediatamente	tras	su	firma,	ante	el	Consejo	Federal	Suizo	en	Berna	o	ante	el	organismo	que	lo	sustituya	en	el	futuro	como	depositario	de	las	Convenciones	de	Ginebra.	Página	5	de	310	[close]
p. 6	Acuerdo	Final	24.11.2016	INTRODUCCIÓN	Luego	de	un	enfrentamiento	de	más	de	medio	siglo	de	duración,	el	Gobierno	Nacional	y	las	FARC-EP	hemos	acordado	poner	fin	de	manera	definitiva	al	conflicto	armado	interno.	La	terminación	de	la	confrontación	armada	significará,	en	primer	lugar,	el	fin	del	enorme	sufrimiento	que	ha	causado	el	conflicto.	Son	millones	los	colombianos	y	colombianas	víctimas	de	desplazamiento	forzado,	cientos	de	miles	los	muertos,	decenas	de	miles	los	desaparecidos	de	toda	índole,	sin	olvidar	el	amplio	número	de	poblaciones	que	han	sido	afectadas	de	una	u	otra	manera	a	lo	largo	y	ancho	del	territorio,	incluyendo	mujeres,	niños,	niñas	y	adolescentes,	comunidades	campesinas,	indígenas,	afrocolombianas,	negras,	palenqueras,	raizales	y	Rom,	partidos	políticos,	movimientos	sociales	y	sindicales,	gremios	económicos,	entre	otros.	No	queremos	que	haya	una	víctima	más	en	Colombia.	En	segundo	lugar,	el	fin	del	conflicto	supondrá	la	apertura	de	un	nuevo	capítulo	de	nuestra	historia.	Se	trata	de	dar	inicio	a	una	fase	de	transición	que	contribuya	a	una	mayor	integración	de	nuestros	territorios,	una	mayor	inclusión	social	-en	especial	de	quienes	han	vivido	al	margen	del	desarrollo	y	han	padecido	el	conflicto-	y	a	fortalecer	nuestra	democracia	para	que	se	despliegue	en	todo	el	territorio	nacional	y	asegure	que	los	conflictos	sociales	se	tramiten	por	las	vías	institucionales,	con	plenas	garantías	para	quienes	participen	en	política.	Se	trata	de	construir	una	paz	estable	y	duradera,	con	la	participación	de	todos	los	colombianos	y	colombianas.	Con	ese	propósito,	el	de	poner	fin	de	una	vez	y	para	siempre	a	los	ciclos	históricos	de	violencia	y	sentar	las	bases	de	la	paz,	acordamos	los	puntos	de	la	Agenda	del	Acuerdo	General	de	agosto	de	2012,	que	desarrolla	el	presente	Acuerdo.	El	Acuerdo	está	compuesto	de	una	serie	de	acuerdos,	que	sin	embargo	constituyen	un	todo	indisoluble,	porque	están	permeados	por	un	mismo	enfoque	de	derechos,	para	que	las	medidas	aquí	acordadas	contribuyan	a	la	materialización	de	los	derechos	constitucionales	de	los	colombianos	y	colombianas.	El	Acuerdo	Final	reconoce,	sin	discriminación	alguna,	la	primacía	de	los	derechos	inalienables	de	la	persona	como	fundamento	para	la	convivencia	en	el	ámbito	público	y	privado,	y	a	la	familia	como	núcleo	fundamental	de	la	sociedad	y	los	derechos	de	sus	integrantes.	La	implementación	del	Acuerdo	deberá	regirse	por	el	reconocimiento	de	la	igualdad	y	protección	del	pluralismo	de	la	sociedad	colombiana,	sin	ninguna	discriminación.	En	la	implementación	se	garantizarán	las	condiciones	para	que	la	igualdad	sea	real	y	efectiva	y	se	adoptarán	medidas	afirmativas	en	favor	de	grupos	discriminados	o	marginados,	teniendo	en	cuenta	el	enfoque	territorial,	diferencial	y	de	género.	El	enfoque	territorial	del	Acuerdo	supone	reconocer	y	tener	en	cuenta	las	necesidades,	características	y	particularidades	económicas,	culturales	y	sociales	de	los	territorios	y	las	comunidades,	garantizando	la	sostenibilidad	socio-ambiental;	y	procurar	implementar	las	diferentes	medidas	de	manera	integral	y	coordinada,	con	la	participación	activa	de	la	ciudadanía.	La	implementación	se	hará	desde	las	regiones	y	territorios	y	con	la	participación	de	las	autoridades	territoriales	y	los	diferentes	sectores	de	la	sociedad.	Página	6	de	310	[close]
p. 7	Acuerdo	Final	24.11.2016	La	participación	ciudadana	es	el	fundamento	de	todos	los	acuerdos	que	constituyen	el	Acuerdo	Final.	Participación	en	general	de	la	sociedad	en	la	construcción	de	la	paz	y	participación	en	particular	en	la	planeación,	la	ejecución	y	el	seguimiento	a	los	planes	y	programas	en	los	territorios,	que	es	además	una	garantía	de	transparencia.	Además,	la	participación	y	el	diálogo	entre	los	diferentes	sectores	de	la	sociedad	contribuyen	a	la	construcción	de	confianza	y	a	la	promoción	de	una	cultura	de	tolerancia,	respeto	y	convivencia	en	general,	que	es	un	objetivo	de	todos	los	acuerdos.	Décadas	de	conflicto	han	abierto	brechas	de	desconfianza	al	interior	de	la	sociedad,	en	especial	en	los	territorios	más	afectados	por	el	conflicto.	Para	romper	esas	barreras	se	requiere	abrir	espacios	para	la	participación	ciudadana	más	variada	y	espacios	que	promuevan	el	reconocimiento	de	las	víctimas,	el	reconocimiento	y	establecimiento	de	responsabilidades,	y	en	general,	el	reconocimiento	por	parte	de	toda	la	sociedad	de	lo	ocurrido	y	de	la	necesidad	de	aprovechar	la	oportunidad	de	la	paz.	Por	lo	anterior,	el	Gobierno	de	Colombia	y	las	FARC-EP,	con	el	ánimo	de	consolidar	aún	más	las	bases	sobre	las	que	edificará	la	paz	y	la	reconciliación	nacional,	una	vez	realizado	el	procedimiento	de	refrendación,	convocarán	a	todos	los	partidos,	movimientos	políticos	y	sociales,	y	a	todas	las	fuerzas	vivas	del	país	a	concertar	un	gran	ACUERDO	POLÍTICO	NACIONAL	encaminado	a	definir	las	reformas	y	ajustes	institucionales	necesarios	para	atender	los	retos	que	la	paz	demande,	poniendo	en	marcha	un	nuevo	marco	de	convivencia	política	y	social.	*	El	Acuerdo	Final	contiene	los	siguientes	puntos,	con	sus	correspondientes	acuerdos,	que	pretenden	contribuir	a	las	transformaciones	necesarias	para	sentar	las	bases	de	una	paz	estable	y	duradera.	El	Punto	1	contiene	el	acuerdo	“Reforma	Rural	Integral”,	que	contribuirá	a	la	transformación	estructural	del	campo,	cerrando	las	brechas	entre	el	campo	y	la	ciudad	y	creando	condiciones	de	bienestar	y	buen	vivir	para	la	población	rural.	La	“Reforma	Rural	Integral”	debe	integrar	las	regiones,	contribuir	a	erradicar	la	pobreza,	promover	la	igualdad	y	asegurar	el	pleno	disfrute	de	los	derechos	de	la	ciudadanía.	El	Punto	2	contiene	el	acuerdo	“Participación	política:	Apertura	democrática	para	construir	la	paz”.	La	construcción	y	consolidación	de	la	paz,	en	el	marco	del	fin	del	conflicto,	requiere	de	una	ampliación	democrática	que	permita	que	surjan	nuevas	fuerzas	en	el	escenario	político	para	enriquecer	el	debate	y	la	deliberación	alrededor	de	los	grandes	problemas	nacionales	y,	de	esa	manera,	fortalecer	el	pluralismo	y	por	tanto	la	representación	de	las	diferentes	visiones	e	intereses	de	la	sociedad,	con	las	debidas	garantías	para	la	participación	y	la	inclusión	política.	En	especial,	la	implementación	del	Acuerdo	Final	contribuirá	a	la	ampliación	y	profundización	de	la	democracia	en	cuanto	implicará	la	dejación	de	las	armas	y	la	proscripción	de	la	violencia	como	método	de	acción	política	para	todas	y	todos	los	colombianos	a	fin	de	transitar	a	un	escenario	en	el	que	impere	la	democracia,	con	garantías	plenas	para	quienes	participen	en	política,	y	de	esa	manera	abrirá	nuevos	espacios	para	la	participación.	El	Punto	3	contiene	el	acuerdo	“Cese	al	Fuego	y	de	Hostilidades	Bilateral	y	Definitivo	y	la	Dejación	de	las	Armas”,	que	tiene	como	objetivo	la	terminación	definitiva	de	las	acciones	ofensivas	entre	la	Página	7	de	310	[close]
p. 8	Acuerdo	Final	24.11.2016	Fuerza	Pública	y	las	FARC-EP,	y	en	general	de	las	hostilidades	y	cualquier	acción	prevista	en	las	Reglas	que	Rigen	el	Cese,	incluyendo	la	afectación	a	la	población,	y	de	esa	manera	crear	las	condiciones	para	el	inicio	de	la	implementación	del	Acuerdo	Final	y	la	dejación	de	las	armas	y	preparar	la	institucionalidad	y	al	país	para	la	reincorporación	de	las	FARC-EP	a	la	vida	civil.	Contiene	también	el	acuerdo	“Reincorporación	de	las	FARC-EP	a	la	vida	civil	–en	lo	económico,	lo	social	y	lo	político-	de	acuerdo	con	sus	intereses”.	Sentar	las	bases	para	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera	requiere	de	la	reincorporación	efectiva	de	las	FARC-EP	a	la	vida	social,	económica	y	política	del	país.	La	reincorporación	ratifica	el	compromiso	de	las	FARC-EP	de	cerrar	el	capítulo	del	conflicto	interno,	convertirse	en	actor	válido	dentro	de	la	democracia	y	contribuir	decididamente	a	la	consolidación	de	la	convivencia	pacífica,	a	la	no	repetición	y	a	transformar	las	condiciones	que	han	facilitado	la	persistencia	de	la	violencia	en	el	territorio.	El	Punto	3	también	incluye	el	acuerdo	sobre	“Garantías	de	seguridad	y	lucha	contra	las	organizaciones	criminales	responsables	de	homicidios	y	masacres	o	que	atentan	contra	defensores	y	defensoras	de	derechos	humanos,	movimientos	sociales	o	movimientos	políticos,	incluyendo	las	organizaciones	criminales	que	hayan	sido	denominadas	como	sucesoras	del	paramilitarismo	y	sus	redes	de	apoyo,	y	la	persecución	de	las	conductas	criminales	que	amenacen	la	implementación	de	los	acuerdos	y	la	construcción	de	la	paz”.	Para	cumplir	con	este	fin,	el	acuerdo	incluye	medidas	como	el	Pacto	Político	Nacional;	la	Comisión	Nacional	de	Garantías	de	Seguridad;	la	Unidad	Especial	de	Investigación;	el	Cuerpo	Élite	en	la	Policía	Nacional;	el	Sistema	Integral	de	Seguridad	para	el	Ejercicio	de	la	Política;	el	Programa	Integral	de	Seguridad	y	Protección	para	las	Comunidades	y	Organizaciones	en	los	Territorios;	y	las	Medidas	de	Prevención	y	Lucha	contra	la	Corrupción.	El	Punto	4	contiene	el	acuerdo	“Solución	al	Problema	de	las	Drogas	Ilícitas”.	Para	construir	la	paz	es	necesario	encontrar	una	solución	definitiva	al	problema	de	las	drogas	ilícitas,	incluyendo	los	cultivos	de	uso	ilícito	y	la	producción	y	comercialización	de	drogas	ilícitas.	Para	lo	cual	se	promueve	una	nueva	visión	que	dé	un	tratamiento	distinto	y	diferenciado	al	fenómeno	del	consumo,	al	problema	de	los	cultivos	de	uso	ilícito,	y	a	la	criminalidad	organizada	asociada	al	narcotráfico,	asegurando	un	enfoque	general	de	derechos	humanos	y	salud	pública,	diferenciado	y	de	género.	El	Punto	5	contiene	el	acuerdo	“Víctimas”.	Desde	el	Encuentro	Exploratorio	de	2012,	acordamos	que	el	resarcimiento	de	las	víctimas	debería	estar	en	el	centro	de	cualquier	acuerdo.	El	acuerdo	crea	el	Sistema	Integral	de	Verdad,	Justicia,	Reparación	y	No	Repetición,	que	contribuye	a	la	lucha	contra	la	impunidad	combinando	mecanismos	judiciales	que	permiten	la	investigación	y	sanción	de	las	graves	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	las	graves	infracciones	al	Derecho	Internacional	Humanitario,	con	mecanismos	extrajudiciales	complementarios	que	contribuyan	al	esclarecimiento	de	la	verdad	de	lo	ocurrido,	la	búsqueda	de	los	seres	queridos	desaparecidos	y	la	reparación	del	daño	causado	a	personas,	a	colectivos	y	a	territorios	enteros.	El	Sistema	Integral	está	compuesto	por	la	Comisión	para	el	Esclarecimiento	de	la	Verdad,	la	Convivencia	y	la	No	Repetición;	la	Unidad	Especial	para	la	Búsqueda	de	Personas	dadas	por	desaparecidas	en	el	contexto	y	en	razón	del	conflicto	armado;	la	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz;	las	Medidas	de	reparación	integral	para	la	construcción	de	la	paz;	y	las	Garantías	de	No	Repetición.	l	Punto	6	contiene	el	acuerdo	“Mecanismos	de	implementación	y	verificación”	en	el	que	se	crea	una	Página	8	de	310	[close]
p. 9	Acuerdo	Final	24.11.2016	“Comisión	de	Seguimiento,	Impulso	y	Verificación	a	la	Implementación	del	Acuerdo	Final”,	integrada	por	representantes	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	FARC-EP	con	el	fin,	entre	otros,	de	hacer	seguimiento	a	los	componentes	del	Acuerdo	y	verificar	su	cumplimiento,	servir	de	instancia	para	la	resolución	de	diferencias,	y	el	impulso	y	seguimiento	a	la	implementación	legislativa.	Adicionalmente	crea	un	mecanismo	de	acompañamiento	para	que	la	comunidad	internacional	contribuya	de	distintas	maneras	a	garantizar	la	implementación	del	Acuerdo	Final	y	en	materia	de	verificación	se	pone	en	marcha	un	modelo	con	un	componente	internacional	integrado	por	los	países	que	durante	el	proceso	han	tenido	el	papel	de	garantes	y	acompañantes	y	dos	vocerías	internacionales,	todo	ello	soportado	en	la	capacidad	técnica	del	Proyecto	del	Instituto	Kroc	de	Estudios	Internacionales	de	Paz	de	la	Universidad	de	Notre	Dame	de	los	Estados	Unidos.	*	Las	delegaciones	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	FARC-EP	reiteramos	nuestro	profundo	agradecimiento	a	todas	las	víctimas,	las	organizaciones	sociales	y	de	derechos	humanos,	las	comunidades	incluyendo	los	grupos	étnicos,	a	las	organizaciones	de	mujeres,	a	los	campesinos	y	campesinas,	a	los	jóvenes,	la	academia,	los	empresarios,	las	iglesias	y	comunidades	de	fe,	y	en	general	a	los	ciudadanos	y	ciudadanas	que	participaron	activamente	y	que	a	través	de	sus	propuestas	contribuyeron	al	Acuerdo	Final.	Con	su	participación	lograremos	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera.	Página	9	de	310	[close]
p. 10	Acuerdo	Final	24.11.2016	Los	delegados	y	delegadas	del	Gobierno	de	la	República	de	Colombia	(el	Gobierno	Nacional)	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia	(FARC-EP),	respecto	a:	1. Hacia	un	Nuevo	Campo	Colombiano:	Reforma	Rural	Integral	Consideran:	Que	en	el	marco	del	presente	Acuerdo	para	la	Terminación	del	Conflicto,	la	Reforma	Rural	Integral,	en	adelante	RRI,	sienta	las	bases	para	la	transformación	estructural	del	campo,	crea	condiciones	de	bienestar	para	la	población	rural	—hombres	y	mujeres—	y	de	esa	manera	contribuye	a	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera.	Que	a	juicio	del	Gobierno	esa	transformación	debe	contribuir	a	reversar	los	efectos	del	conflicto	y	a	cambiar	las	condiciones	que	han	facilitado	la	persistencia	de	la	violencia	en	el	territorio.	Y	que	a	juicio	de	las	FARC-EP	dicha	transformación	debe	contribuir	a	solucionar	las	causas	históricas	del	conflicto,	como	la	cuestión	no	resuelta	de	la	propiedad	sobre	la	tierra	y	particularmente	su	concentración,	la	exclusión	del	campesinado	y	el	atraso	de	las	comunidades	rurales,	que	afecta	especialmente	a	las	mujeres,	niñas	y	niños.	Que	la	RRI	concibe	el	territorio	rural	como	un	escenario	socio-histórico	con	diversidad	social	y	cultural,	en	el	que	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—	desempeñan	un	papel	protagónico	en	la	definición	del	mejoramiento	de	sus	condiciones	de	vida	y	en	la	definición	del	desarrollo	del	país	dentro	de	una	visión	de	integración	urbano-rural.	Que	el	desarrollo	rural	integral	es	determinante	para	impulsar	la	integración	de	las	regiones	y	el	desarrollo	social	y	económico	equitativo	del	país.	La	RRI	debe	lograr	la	gran	transformación	de	la	realidad	rural	colombiana,	que	integre	las	regiones,	erradique	la	pobreza,	promueva	la	igualdad,	asegure	el	pleno	disfrute	de	los	derechos	de	la	ciudadanía	y	como	consecuencia	garantice	la	no	repetición	del	conflicto	y	la	erradicación	de	la	violencia.	Que	una	verdadera	transformación	estructural	del	campo	requiere	adoptar	medidas	para	promover	el	uso	adecuado	de	la	tierra	de	acuerdo	con	su	vocación	y	estimular	la	formalización,	restitución	y	distribución	equitativa	de	la	misma,	garantizando	el	acceso	progresivo	a	la	propiedad	rural	de	quienes	habitan	el	campo	y	en	particular	a	las	mujeres	rurales1	y	la	población	más	vulnerable,	regularizando	y	democratizando	la	propiedad	y	promoviendo	la	desconcentración	de	la	tierra,	en	cumplimiento	de	su	función	social.	Que	esa	transformación	estructural	requiere	también	que	se	promueva	la	igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres	mediante	la	adopción	de	medidas	específicas	para	garantizar	que	mujeres	y	hombres	participen	y	se	beneficien	en	pie	de	igualdad	de	la	implementación	de	este	Acuerdo.	1	Según	lo	establecido	en	la	ley	731	de	2002,	“Por	la	cual	se	dictan	normas	para	favorecer	a	las	mujeres	rurales”,	mujer	rural	es	toda	aquella	que,	sin	distingo	de	ninguna	naturaleza	e	independientemente	del	lugar	donde	viva,	tiene	una	actividad	productiva	relacionada	directamente	con	lo	rural,	incluso	si	dicha	actividad	no	es	reconocida	por	los	sistemas	de	información	y	medición	del	Estado	o	no	es	remunerada.	Esta	definición	incluye	a	las	mujeres	campesinas,	indígenas	y	afro,	sin	tierras	o	con	tierra	insuficiente.	Página	10	de	310	[close]
p. 11	Acuerdo	Final	24.11.2016	Que	si	bien	este	acceso	a	la	tierra	es	una	condición	necesaria	para	la	transformación	del	campo,	no	es	suficiente	por	lo	cual	deben	establecerse	planes	nacionales	financiados	y	promovidos	por	el	Estado	destinados	al	desarrollo	rural	integral	para	la	provisión	de	bienes	y	servicios	públicos	como	educación,	salud,	recreación,	infraestructura,	asistencia	técnica,	alimentación	y	nutrición,	entre	otros,	que	brinden	bienestar	y	buen	vivir	a	la	población	rural	-niñas,	niños,	hombres	y	mujeres-.	Que	en	su	visión,	la	RRI	reconoce	el	papel	fundamental	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	en	el	desarrollo	del	campo,	la	erradicación	del	hambre,	la	generación	de	empleo	e	ingresos,	la	dignificación	y	formalización	del	trabajo,	la	producción	de	alimentos	y,	en	general,	en	el	desarrollo	de	la	nación,	en	coexistencia	y	articulación	complementaria	con	otras	formas	de	producción	agraria.	La	RRI	reconoce	el	rol	productivo	y	reproductivo	de	las	mujeres	y	en	esa	medida	su	papel	fundamental	en	el	desarrollo	y	la	economía	rural	y	hará	mayores	esfuerzos	para	ellas	y	en	la	población	más	vulnerable	para	garantizarle	condiciones	de	bienestar	y	buen	vivir	y	para	fortalecer	sus	formas	de	organización	y	producción.	Que	la	RRI	en	materia	de	alimentos	y	nutrición	pretende	asegurar	para	toda	la	población	rural	y	urbana	en	Colombia	disponibilidad	y	acceso	suficiente	en	oportunidad,	cantidad,	calidad	y	precio	a	los	alimentos	necesarios	para	una	buena	nutrición,	especialmente	la	de	los	niños	y	niñas,	mujeres	gestantes	y	lactantes	y	personas	adultas	mayores,	promoviendo	prioritariamente	la	producción	de	alimentos	y	la	generación	de	ingresos.	Que	la	efectividad,	transparencia	y	el	buen	desarrollo	de	la	RRI	dependen	en	gran	medida	de	la	promoción	de	una	amplia	participación	de	las	comunidades,	mediante	la	generación	de	espacios	institucionales	participativos	y	democráticos	donde	éstas	tengan	capacidad	de	transformación	e	incidencia	en	la	planeación,	implementación	y	seguimiento	de	los	diferentes	planes	y	programas	acordados.	La	participación	es	así	mismo	garantía	de	una	mayor	inclusión	de	las	comunidades	rurales	—mujeres	y	hombres—	en	la	vida	política,	económica,	social	y	cultural	de	sus	regiones	y,	por	ende,	de	la	nación.	Que	a	la	transformación	estructural	del	campo	y	en	particular	al	cierre	de	la	frontera	agrícola,	contribuyen	los	campesinos,	las	campesinas	y	las	comunidades	indígenas,	negras,	afrodescendientes,	raizales	y	palenqueras	y	demás	comunidades	étnicas	en	sus	territorios,	con	un	ordenamiento	socio-ambiental	sostenible.	Para	ello	es	necesario	el	reconocimiento	y	apoyo	a	las	Zonas	de	Reserva	Campesina	(ZRC)	y	demás	formas	de	asociatividad	solidaria.	Que	la	RRI	es	de	aplicación	universal	y	su	ejecución	prioriza	los	territorios	más	afectados	por	el	conflicto,	la	miseria	y	el	abandono,	a	través	de	Programas	de	Desarrollo	con	Enfoque	Territorial,	como	instrumentos	de	reconciliación	en	el	que	todos	sus	actores	trabajan	en	la	construcción	del	bien	supremo	de	la	paz,	derecho	y	deber	de	obligatorio	cumplimiento.	Que	los	planes	y	programas	acordados	como	parte	de	la	RRI	deben	tener	un	enfoque	territorial,	diferencial	y	de	género	que	implica	reconocer	y	tener	en	cuenta	las	necesidades,	características	y	particularidades	económicas,	culturales	y	sociales	de	los	territorios,	de	las	mujeres	en	todo	su	ciclo	vital,	de	las	comunidades	rurales	y	de	grupos	en	condiciones	de	vulnerabilidad	,	garantizando	la	sostenibilidad	socio-ambiental.	Página	11	de	310	[close]
p. 12	Acuerdo	Final	24.11.2016	Que	el	desarrollo	rural	integral	se	adelantará	en	un	contexto	de	globalización	y	de	políticas	de	inserción	en	ella	por	parte	del	Estado	que	demandan	una	atención	especial	de	la	producción	agropecuaria	nacional	y	especialmente	de	la	producción	campesina,	familiar	y	comunitaria.	Principios	En	la	implementación	de	lo	acordado	en	el	punto	“Hacia	un	Nuevo	Campo	Colombiano:	Reforma	Rural	Integral”	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	principios:	• Transformación	estructural:	es	decir	la	transformación	de	la	realidad	rural	con	equidad,	igualdad	y	democracia.	• Desarrollo	integral	del	campo:	el	desarrollo	integral	del	campo	depende	de	un	adecuado	balance	entre	las	diferentes	formas	de	producción	existentes	-agricultura	familiar,	agroindustria,	turismo,	agricultura	comercial	de	escala-;	de	la	competitividad	y	de	la	necesidad	de	promover	y	fomentar	la	inversión	en	el	campo	con	visión	empresarial	y	fines	productivos	como	condición	para	su	desarrollo;	y	de	la	promoción	y	fomento,	en	condiciones	de	equidad,	de	encadenamientos	de	la	pequeña	producción	rural	con	otros	modelos	de	producción,	que	podrán	ser	verticales	u	horizontales	y	en	diferente	escala.	En	todo	caso	se	apoyará	y	protegerá	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	procurando	su	desarrollo	y	fortalecimiento.	• Igualdad	y	enfoque	de	género:	reconocimiento	de	las	mujeres	como	ciudadanas	autónomas,	sujetos	de	derechos	que,	independientemente	de	su	estado	civil,	relación	familiar	o	comunitaria,	tienen	acceso	en	condiciones	de	igualdad	con	respecto	a	los	hombres	a	la	propiedad	de	la	tierra	y	proyectos	productivos,	opciones	de	financiamiento,	infraestructura,	servicios	técnicos	y	formación,	entre	otros;	atendiendo	las	condiciones	sociales	e	institucionales	que	han	impedido	a	las	mujeres	acceder	a	activos	productivos	y	bienes	públicos	y	sociales.	Este	reconocimiento	implica	la	adopción	de	medidas	específicas	en	la	planeación,	ejecución	y	seguimiento	a	los	planes	y	programas	contemplados	en	este	acuerdo	para	que	se	implementen	teniendo	en	cuenta	las	necesidades	específicas	y	condiciones	diferenciales	de	las	mujeres,	de	acuerdo	con	su	ciclo	vital,	afectaciones	y	necesidades.	• Bienestar	y	buen	vivir:	el	objetivo	final	es	la	erradicación	de	la	pobreza	y	la	satisfacción	plena	de	las	necesidades	de	la	ciudadanía	de	las	zonas	rurales,	de	manera	que	se	logre	en	el	menor	plazo	posible	que	los	campesinos,	las	campesinas	y	las	comunidades,	incluidas	las	afrodescendientes	e	indígenas,	ejerzan	plenamente	sus	derechos	y	se	alcance	la	convergencia	entre	la	calidad	de	vida	urbana	y	la	calidad	de	vida	rural,	respetando	el	enfoque	territorial,	el	enfoque	de	género	y	la	diversidad	étnica	y	cultural	de	las	comunidades.	• Priorización:	la	política	de	desarrollo	agrario	integral	es	universal	y	su	ejecución	prioriza	la	población	y	los	territorios	más	necesitados	y	vulnerables,	y	las	comunidades	más	afectadas	por	la	miseria,	el	abandono	y	el	conflicto,	y	hace	énfasis	en	pequeños	y	medianos	productores	y	productoras.	Especial	atención	merecen	los	derechos	de	las	víctimas	del	conflicto,	de	los	niños	y	niñas,	de	las	mujeres,	y	de	las	personas	adultas	mayores.	Página	12	de	310	[close]
p. 13	Acuerdo	Final	24.11.2016	• Integralidad:	asegura	la	productividad,	mediante	programas	que	acompañen	el	acceso	efectivo	a	la	tierra,	con	innovación,	ciencia	y	tecnología,	asistencia	técnica,	crédito,	riego	y	comercialización	y	con	otros	medios	de	producción	que	permitan	agregar	valor.	También	asegura	oportunidades	de	buen	vivir	que	se	derivan	del	acceso	a	bienes	públicos	como	salud,	vivienda,	educación,	infraestructura	y	conectividad	y	de	medidas	para	garantizar	una	alimentación	sana,	adecuada	y	sostenible	para	toda	la	población.	• Restablecimiento:	el	restablecimiento	de	los	derechos	de	las	víctimas	del	desplazamiento	y	del	despojo,	y	la	reversión	de	los	efectos	del	conflicto	y	del	abandono	sobre	comunidades	y	territorios.	• Regularización	de	la	propiedad:	es	decir,	lucha	contra	la	ilegalidad	en	la	posesión	y	propiedad	de	la	tierra	y	garantía	de	los	derechos	de	los	hombres	y	las	mujeres	que	son	los	legítimos	poseedores	y	dueños,	de	manera	que	no	se	vuelva	a	acudir	a	la	violencia	para	resolver	los	conflictos	relacionados	con	la	tierra.	Nada	de	lo	establecido	en	el	Acuerdo	debe	afectar	el	derecho	constitucional	a	la	propiedad	privada.	• Derecho	a	la	alimentación:	la	política	de	desarrollo	agrario	integral	debe	estar	orientada	a	asegurar	progresivamente	que	todas	las	personas	tengan	acceso	a	una	alimentación	sana	y	adecuada	y	que	los	alimentos	se	produzcan	bajo	sistemas	sostenibles.	• Participación:	la	planeación,	la	ejecución	y	el	seguimiento	a	los	planes	y	programas	se	adelantarán	con	la	activa	participación	de	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—,	que	es	además	garantía	de	transparencia	unida	a	la	rendición	de	cuentas,	a	la	veeduría	ciudadana	y	a	la	vigilancia	especial	de	los	organismos	competentes.	• Beneficio,	impacto	y	medición:	teniendo	en	cuenta	la	priorización,	la	RRI	debe	beneficiar	e	impactar	al	mayor	número	de	ciudadanos	y	ciudadanas,	con	la	mayor	intensidad	y	en	el	menor	tiempo	posible,	y	medir	sus	efectos	en	cada	proyecto	y	región.	• Desarrollo	sostenible:	es	decir,	es	ambiental	y	socialmente	sostenible	y	requiere	de	la	protección	y	promoción	del	acceso	al	agua,	dentro	de	una	concepción	ordenada	del	territorio.	• Presencia	del	Estado:	para	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera	la	presencia	del	Estado	en	el	territorio	rural	será	amplia	y	eficaz,	y	se	expresará	en	el	cumplimiento	de	los	derechos	de	todos	los	ciudadanos	y	las	ciudadanas	en	democracia.	• Democratización	del	acceso	y	uso	adecuado	de	la	tierra:	mecanismos	y	garantías	que	permitan	que	el	mayor	número	posible	de	hombres	y	mujeres	habitantes	del	campo	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente	puedan	acceder	a	ella	y	que	incentiven	el	uso	adecuado	de	la	tierra	con	criterios	de	sostenibilidad	ambiental,	de	vocación	del	suelo,	de	ordenamiento	territorial	y	de	participación	de	las	comunidades.	Con	ese	propósito	y	de	conformidad	con	lo	acordado	en	el	punto	1.1.1	Fondo	de	Tierras	para	la	RRI	(3	millones	de	hectáreas)	y	en	el	punto	1.1.5.	Formalización	masiva	de	la	Propiedad	Rural	(7	millones	de	hectáreas),	durante	Página	13	de	310	[close]
p. 14	Acuerdo	Final	24.11.2016	los	próximos	12	años	habrá	una	extensión	objeto	de	la	Reforma	Rural	Integral	de	10	millones	de	hectáreas.	En	todo	caso	la	meta	de	formalización	se	cumplirá	dentro	de	los	primeros	10	años	y	la	formalización	en	los	PDET	dentro	de	los	próximos	7	años.	1.1. Acceso	y	Uso.	Tierras	improductivas.	Formalización	de	la	propiedad.	Frontera	agrícola	y	protección	de	zonas	de	reserva.	1.1.1. Fondo	de	Tierras	para	la	Reforma	Rural	Integral	Con	el	propósito	de	lograr	la	democratización	del	acceso	a	la	tierra,	en	beneficio	de	los	campesinos	y	de	manera	especial	las	campesinas	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente	y	de	las	comunidades	rurales	más	afectadas	por	la	miseria,	el	abandono	y	el	conflicto,	regularizando	los	derechos	de	propiedad	y	en	consecuencia	desconcentrando	y	promoviendo	una	distribución	equitativa	de	la	tierra,	el	Gobierno	Nacional	creará	un	Fondo	de	Tierras	de	distribución	gratuita.	El	Fondo	de	Tierras,	que	tiene	un	carácter	permanente,	dispondrá	de	3	millones	de	hectáreas	durante	sus	primeros	12	años	de	creación,	las	que	provendrán	de	las	siguientes	fuentes:	• Tierras	provenientes	de	la	extinción	judicial	de	dominio	a	favor	de	la	Nación:	el	Gobierno	Nacional	adelantará	las	reformas	necesarias	para	agilizar	el	proceso	judicial	de	extinción,	con	el	fin	de	revertir	la	concentración	ilegal	de	tierras.	• Tierras	recuperadas	a	favor	de	la	Nación:	es	decir,	baldíos	indebidamente	apropiados	u	ocupados,	recuperados	mediante	procesos	agrarios,	sin	perjuicio	de	los	campesinos	y	las	campesinas	que	puedan	ser	beneficiarios	del	programa	de	formalización.	(Esta	fuente	deberá	resultar	fortalecida	con	la	formación	y	actualización	catastral	que	se	adelantará	en	el	marco	de	este	Acuerdo).	• Tierras	provenientes	de	la	actualización,	delimitación	y	fortalecimiento	de	la	Reserva	Forestal,	con	destino	a	los	beneficiarios	y	beneficiarias	del	Fondo	de	Tierras:	la	sustracción	de	tierras	mediante	este	mecanismo	estará	condicionada	a	la	formulación,	con	la	participación	de	las	comunidades,	de	planes	que	garanticen	sostenibilidad	social	y	ambiental.	• Tierras	inexplotadas:	tierras	recuperadas	mediante	la	aplicación	del	actual	procedimiento	de	extinción	administrativa	de	dominio,	por	incumplimiento	de	la	función	social	y	ecológica	de	la	propiedad.	• Tierras	adquiridas	o	expropiadas	por	motivos	de	interés	social	o	de	utilidad	pública,	adquiridas	para	promover	el	acceso	a	la	propiedad	rural,	con	la	correspondiente	indemnización.	• Tierras	donadas:	el	Gobierno	Nacional	adelantará	las	gestiones	necesarias	para	facilitar	los	procedimientos	de	donación	de	tierras	al	Fondo	de	Tierras,	en	el	marco	de	la	terminación	del	conflicto	y	de	la	construcción	de	la	paz.	Los	procedimientos	de	expropiación	administrativa	por	motivos	de	interés	social	y	utilidad	pública	y	la	extinción	administrativa	del	derecho	de	dominio	por	inexplotación	(extinción	del	dominio	sobre	tierras	incultas)	se	aplicarán	de	conformidad	con	la	Constitución	y	siguiendo	los	criterios	establecidos	en	la	leyes	vigentes.	1.1.2. Otros	mecanismos	para	promover	el	acceso	a	la	tierra:	como	complemento	de	los	mecanismos	anteriores,	el	Gobierno	Nacional	se	compromete	a:	Página	14	de	310	[close]
p. 15	Acuerdo	Final	24.11.2016	• Subsidio	integral	para	compra:	se	otorgará	un	subsidio	integral	para	la	compra	de	tierras	por	parte	de	las	personas	beneficiarias	(ver	1.1.3.),	en	las	zonas	priorizadas	y	como	herramienta	alternativa	que	contribuya	a	solucionar	problemas	puntuales	de	acceso,	y	que	cuente	con	medidas	específicas	para	facilitar	el	acceso	de	las	mujeres	al	subsidio.	• Crédito	especial	para	compra:	se	abrirá	una	nueva	línea	de	crédito	especial	subsidiada	de	largo	plazo	para	la	compra	de	tierras	por	parte	de	la	población	beneficiaria	con	medidas	especiales	para	las	mujeres	rurales	(ver	1.1.3.).	• Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	punto	1.1.1	Fondo	de	Tierras,	el	Gobierno	tramitará	una	ley	con	el	fin	de	promover	otras	formas	de	acceso	a	tierras	del	Estado	como	la	asignación	de	derechos	de	uso,	en	particular	para	pequeños	y	medianos	productores	en	forma	individual	o	asociativa	solidaria.	1.1.3. Personas	beneficiarias:	los	beneficiarios	y	las	beneficiarias	del	plan	de	adjudicación	gratuita	y	del	subsidio	integral	y	el	crédito	especial,	serán	trabajadores	y	trabajadoras	con	vocación	agraria	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente,	priorizando	a	la	población	rural	victimizada,	incluyendo	sus	asociaciones	de	víctimas,	las	mujeres	rurales,	mujeres	cabeza	de	familia	y	a	la	población	desplazada.	También	podrán	ser	beneficiarias	asociaciones	de	trabajadores	y	trabajadoras	con	vocación	agraria	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente,	así	como	personas	y	comunidades	que	participen	en	programas	de	asentamiento	y	reasentamiento	con	el	fin,	entre	otros,	de	proteger	el	medio	ambiente,	sustituir	cultivos	ilícitos	y	fortalecer	la	producción	alimentaria.	Las	personas	beneficiarias	del	plan	de	adjudicación	gratuita	y	del	subsidio	integral	serán	seleccionadas	por	la	autoridad	administrativa	competente,	con	la	participación	de	las	comunidades	locales	—hombres	y	mujeres—,	como	garantía	de	transparencia	y	eficacia,	a	través	de	un	procedimiento	expresamente	definido	por	la	ley	que	incluya	requisitos	y	criterios	objetivos	y	que	atienda	a	la	priorización	antes	señalada.	Gobierno	y	comunidades	velarán	por	evitar	la	especulación	con	la	tierra	en	el	marco	de	estos	programas.	La	autoridad	administrativa	competente	elaborará,	un	registro	único	de	posibles	beneficiarios	del	plan	de	adjudicación	gratuita	y	del	subsidio	integral	que	será	utilizado	como	insumo	para	la	implementación	de	éstos	mecanismos.	1.1.4. Acceso	integral:	en	desarrollo	de	los	principios	de	bienestar	y	buen	vivir,	y	de	integralidad,	además	del	acceso	a	tierra,	el	Gobierno	Nacional	pondrá	a	disposición	de	los	hombres	y	mujeres	beneficiarios	del	Fondo	de	Tierras,	planes	de	acompañamiento	en	vivienda,	asistencia	técnica,	capacitación,	adecuación	de	tierras	y	recuperación	de	suelos	donde	sea	necesario,	proyectos	productivos,	comercialización	y	acceso	a	medios	de	producción	que	permitan	agregar	valor,	entre	otros,	y	escalará	la	provisión	de	bienes	públicos	en	el	marco	de	los	Programas	de	Desarrollo	con	Enfoque	Territorial,	en	adelante	PDET.	Página	15	de	310	[close]

References: Artículo	22
	Artículo	95
	Artículo	94
	Artículo	13
	artículo	3
	resolución