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Timestamp: 2017-08-21 23:34:39+00:00

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DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2010 IX Legislatura Comisiones. Núm. 369 | Asoc Familias Acolledoras de Galicia LA FAG
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DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2010 IX Legislatura Comisiones. Núm. 369
Año 2010 IX Legislatura Comisiones. Núm. 369
Comparecencias para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión: (Página 2)
— De la Letrada del Gobierno de Cantabria, D.ª Ana Alejandra Fernández Prieto. (Número de expediente 713/000754). (Página 2)
— Del Secretario General de Política Social y Consumo, D. Francisco Moza Zapatero. (Número de expediente 713/000755). (Página 16)
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Damos comienzo a la sesión de esta mañana.
En primer lugar, vamos a aprobar, en su caso, el acta de la sesión celebrada el día 24 de mayo de 2010. ¿Dan su aprobación? (Asentimiento.)
COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO DE LA COMISIÓN:
— DE LA LETRADA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, D.ª ANA ALEJANDRA FERNÁNDEZ PRIETO (Número de expediente 713/000754).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, sin más, al primer punto del orden del día, dándole la bienvenida a doña Ana Alejandra Fernández Prieto, letrada del Gobierno de Cantabria, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la comisión. Buenos días y cuando usted quiera puede comenzar.
La señora LETRADA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA (Fernández Prieto): Buenos días, muchas gracias.
En primer lugar, quiero darles las gracias por la oportunidad de departir en esta comisión, porque el asunto es muy interesante. Considero que es muy urgente su reforma a la vista de los problemas prácticos que se nos presentan en el trabajo del día a día.
Antes de comenzar, quiero romper una lanza a favor de la Administración pública en materia de servicios sociales, concretamente, en materia de intervención con menores. No solo de la Administración de la comunidad autónoma, que es la que yo conozco con más profundidad, sino, también de las diversas administraciones, en concreto, de las locales, porque los servicios sociales, especialmente, las UBAS, las Unidades Básicas de Atención Social, están haciendo un trabajo muy intenso y profundo con las familias, y creo que muchas veces, probablemente por la presión mediática que se recibe, así como por la dimensión desde la que se miran estas cuestiones en los medios de comunicación, están un poco denostados, y creo que es un trabajo muy duro e intenso, que se hace con mucha vocación y que obtiene resultados favorables la mayor parte de las veces, a pesar de que no se ven.
Sin más, paso a mi comparecencia, que va a tener un carácter bastante técnico porque voy a hacer una propuesta de modificación de los preceptos, tanto del Código civil, como de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, como de la vigente en materia de jurisdicción voluntaria de 1881.
Voy a comenzar por las medidas cautelares. En el Capítulo V del Libro IV del Título I de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, no se regula la posibilidad de adopción de medidas cautelares. Determinados órganos jurisdiccionales han considerado que esto debe interpretarse como que no pueden adoptarse medidas cautelares en este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque en otros capítulos del mismo título sí se prevé expresamente la posibilidad de adoptar medidas cautelares. Por el contrario, otros órganos jurisdiccionales han considerado que sí se pueden adoptar medidas cautelares conforme al régimen general.
¿Qué resulta más adecuado desde el punto de vista del interés del menor, así como desde el punto de vista de la interpretación sistemática de la ley? Entendemos que sería más adecuada la imposibilidad de adoptar medidas cautelares en este procedimiento.
Hay quien ha considerado que las medidas cautelares aquí serían recautelares, cautelares de las cautelares, porque el procedimiento en materia de protección de menores tiene por finalidad, precisamente, la protección de los menores y, como muchas veces estas medidas han de ser confirmadas judicialmente porque son objeto de oposición, dichas medidas cautelares serían otras medidas provisionales en relación con las adoptadas por la Administración.
Como ya he dicho, la Administración interviene de modo activo con los menores que tienen abierto expediente de protección. Normalmente, antes de adoptar una resolución de separación definitiva, previa declaración de desamparo, se ha intervenido exhaustivamente, a veces durante años -durante cinco años, incluso-, con la familia biológica: con los padres, con los tíos, con los abuelos, con otros hermanos, mediante todo tipo de intervenciones: apoyos económicos, personales, acudiendo día tras día a las casas, etcétera, con intervenciones muy intensivas.
¿Qué sucede? Que durante todo este tiempo las familias biológicas a veces colaboran y aceptan los compromisos, pero otras veces los incumplen; estamos hablando solo de los casos problemáticos, ya que en los casos en los que se puede producir una reunificación familiar la intervención es un éxito y los menores vuelven con su familia biológica. En estos otros casos, tras una intervención exhaustiva, finalmente se declara el desamparo y se acuerda un plan de caso de separación definitiva. Normalmente, y siempre que el menor tenga una edad que lo posibilite, se procura que se inserte en el seno de una familia ajena, no que permanezca institucionalizado.
Solo en este momento es cuando las familias biológicas suelen interponer un recurso. Hasta entonces, normalmente no se interponen recursos, pero en este momento, algunas solicitan, como medida cautelar, mantener unas visitas que ya por la Administración, después de toda esta intervención, se han considerado inadecuadas.
Tenemos el caso concreto de un menor en Cantabria, por ejemplo, que tiene 5 años. Se asume la tutela urgente porque desde un hospital y desde el centro de salud se nos dice que hay un maltrato muy grave, muy severo, con visos de haber sido continuado por las cicatrices que muestra el menor y, curiosamente, este menor, que, como he dicho, tiene 5 años, no tiene ningún vínculo con sus
padres, que son las únicas personas con las que ha convivido. Después de una evaluación del asunto durante unos meses, se acuerda el desamparo y un acogimiento provisional. Se acuerdan visitas con los padres, produciéndose dos. El menor en ningún momento quiere ver a los padres, sin embargo, se producen esas dos visitas porque, en principio, la intención de la Administración, sobre todo durante el periodo de evaluación, es mantener el contacto, porque es posible una reunificación o, al menos, todavía no se ha evaluado como para saber si se van a separar.
Como digo, se establecen visitas, las dos que se llevaron a cabo fueron un desastre en el sentido de que no hubo relación, ni siquiera interacción entre los padres y el menor, saliendo este último muy afectado psicológicamente. Durante el plazo en que se producen estas dos visitas, con un intervalo entre una y otra de un mes, se confirma la existencia de malos tratos y se suspenden las visitas. Los padres se oponen al desamparo y, de repente, el órgano judicial, mediante la adopción de una medida cautelar, acuerda visitas.
Evidentemente, la Administración se ha opuesto y estamos en fase de apelación. Estas visitas que la Administración ha considerado inadecuadas se acuerdan sin haber estudiado el fondo del asunto, porque, claro, una vista relativa a medidas cautelares no se puede estudiar más, y sin haber constatado si el desamparo se ha acordado conforme a la ley y si han existido condicionantes que han determinado que la Administración lo acuerde así.
El caso es que tales visitas, en el caso de que la audiencia confirme que deben llevarse a cabo, van a ser perjudiciales para el menor y se van a acordar antes de la sentencia que determine la confirmación de la adecuación de esta medida a derecho.
Por lo tanto, entendemos que en este caso, como en muchos otros, acordar las visitas como medida cautelar -que es lo que normalmente se pide- cuando la Administración, después de una intervención exhaustiva, ha considerado que no son adecuadas, perjudica el interés del menor.
Una vez que la sentencia definitiva haya determinado si el desamparo es o no adecuado a derecho, si la separación definitiva es o no adecuada a derecho, que en el 99% de los casos -según mi experiencia, que se refiere únicamente al ámbito de Cantabria- se confirma, la consideramos muy perjudicial para el menor. Por eso, lo que proponemos es la modificación del artículo 780, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo que en estos procedimientos no cabrá la adopción de medidas cautelares.
Esto en cuanto al primero de los asuntos. El segundo es el relativo a la ejecución provisional de estas sentencias. En concreto, el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los supuestos de imposibilidad de ejecución provisional. Incluye algunos pronunciamientos relativos a las siguientes materias: sentencias dictadas en procesos de paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil, derechos honoríficos, y deja a salvo únicamente los pronunciamientos que regulen obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso. Es decir, en unas materias cuya semejanza es obvia con el asunto que estamos tratando solo se pueden ejecutar provisionalmente los pronunciamientos de cárcel patrimonial. Por ejemplo, en un proceso de una crisis matrimonial el régimen de visitas que se establecería en primera instancia a favor de un progenitor no se podría ejecutar provisionalmente hasta que no se confirmara en segunda instancia. Sin embargo, sí podría ejecutarse -de hecho ha sucedido y ahora explicaré un caso concreto- cualquier medida relativa a menores que no están inmersos en un problema de crisis matrimonial de sus padres sino que están en desamparo o que han estado en riesgo durante mucho tiempo y después se ha declarado el desamparo; es decir, a menores por los que se debe velar más intensamente porque, a primera vista, parece que están más desprotegidos. Sin embargo, en estos casos sí puede ejecutarse provisionalmente y en otros no. Entendemos que el principio que inspira este artículo 525 también ampararía la imposibilidad de ejecución de este otro tipo de pronunciamientos.
En Cantabria tenemos varios casos, pero el más paradigmático es el de un menor que pertenece a una familia muy problemática. Son varias hermanas y, en concreto, tres de ellas son toxicómanas y alguna está en la cárcel por homicidio. No hay posibilidad de rehabilitación, ya no solo de su problema de drogadicción sino de inserción normalizada en la sociedad. Dos de estas hermanas han tenido varios hijos y todos ellos tienen expediente de protección; dos están adoptados, otros dos en acogimiento preadoptivo y solo una niña permanece en el seno de esa familia pero no con estas hermanas sino con otro familiar. Con uno de estos menores, tras cinco años de intervención -creo que llega un momento en que la Administración se tiene que poner un límite, porque la vida del niño continúa y no puede esperarse eternamente a que los padres o la familia biológica, después de sus promesas incumplidas, pueda rehabilitarse-, se decide declarar el desamparo y adoptar un plan de caso de separación definitiva y el acogimiento preadoptivo. Después de unos meses, porque esto fue antes de la reforma -si no recuerdo mal pasaron ocho meses-, se impugnó este acogimiento preadoptivo. ¿Qué sucede? Que el acogimiento preadoptivo es confirmado en primera instancia y es confirmado en segunda instancia, pero mientras tanto uno de los familiares, una hermana de estas chicas, que tiene una vida normalizada y que jamás ha protegido a estos menores ni se ha puesto en contacto con la Administración durante los cinco años de intervención, ni para protegerles ni para manifestar que existían problemas ni para ayudarles, de repente se postula como acogedora, y en principio lo único que solicita son visitas. Puesto que el niño ya lleva prácticamente un año en acogimiento preadoptivo y la vuelta a su familia biológica es imposible y no tiene ningún vínculo con esta hermana a la que ni siquiera conoce -es decir, esta hermana que tiene vida normalizada no tiene ningún trato con estas otras personas, ni para ayuda de menores ni para las propias herma-
nas-, la Administración considera que debe denegarse este régimen de visitas. Se impugna la denegación del régimen de visitas, y en primera instancia, incluso con un preadoptivo confirmado ya en apelación, se considera que se ha adoptado la medida de manera ilegal y que a este familiar se le ha hurtado la posibilidad de relacionarse con el menor y de mantener un vínculo con él, por lo que se revoca la decisión de la Administración. ¿Qué sucede? Que solicita la ejecución provisional. Y tenemos un menor en preadotivo -y después de finalizar este procedimiento ya han pasado dos años de preadoptivo- con la imposibilidad de vuelta a su familia biológica y con unas visitas acordadas respecto a un familiar que no conoce de nada y con el que no tiene vínculo y, además, existe la posibilidad de grandes interferencias con respecto a la familia que durante cinco años ha tenido a cargo al menor. Entendemos que esto es nefasto para el menor; introducir unas figuras nuevas en su vida puede producirle una desestabilización, sobre todo teniendo en cuenta que el mantenimiento de vínculos con la familia biológica solo se entiende cuando hay un plan de caso de reunificación familiar y no cuando hay un plan de caso de la separación definitiva. Cuando la finalidad de este plan de caso es la inserción de este menor en otra familia, no tiene ningún sentido mantener, reanudar o iniciar vínculos con un familiar que no mantiene ningún vínculo con el menor.
Pero este no es el único caso en el que se solicitan las ejecuciones provisionales. En Cantabria tenemos otro caso que resulta sangrante, el de una menor de 5 años. En este caso, el expediente de protección estaba abierto desde su nacimiento pero estaba declarada solo en riesgo, porque, si bien su madre estaba incapacitada, se había rehabilitado la patria potestad a favor de su abuela y era esta la que se estaba encargando del ciudado de la niña. La abuela se puso enferma y el problema era que en su casa vivían, además de esta hija y su nieta, otra hija con otra niña de 14 años con parálisis cerebral y otro hijo toxicómano. Uno de los compromisos impuestos a esta abuela fue que la madre incapacitada no se hiciera jamás cargo de la niña de manera exclusiva porque no podía cuidarla, y otro, que la niña estuviera siempre visible; durante el curso debía acudir al colegio y durante el verano a una guardería donde la Administración pudiera ver que la niña seguía bien, a pesar de estar declarada en riesgo. Durante el último año, cuando la niña cumple 4 años, el compromiso de no dejarla al cuidado exclusivo de su madre se incumple reiteradamente y cuando acaba el curso llega el verano y la niña desaparece de la vista de la Administración. ¿Qué sucede? Inmediatamente se declara el desamparo porque transcurrido todo este tiempo se considera que la falta de visibilidad de la niña es grave debido a la situación en la que se encuentra su familia. Se evalúa el caso con la niña ya fuera de ese entorno y se ve que la abuela ya está muy enferma y, como es la única garante de la situación de esta niña, se decide que es imposible que vuelva a su casa y se adopta como plan de caso la separación definitiva. El acogimiento se constituye judicialmente, la abuela lo impugna, y se confirma en segunda instancia por la Audiencia Provincial. Nos encontramos con otro caso de acogimiento preadoptivo confirmado. Sin embargo, la resolución que declara el desamparo también es impugnada y en primera instancia, por otro juzgado se considera que debe ser revocada, y la abuela inmediatamente pide ejecución provisional. Con lo cual nos encontramos con que hay una sentencia que revoca el desamparo, una solicitud de ejecución provisional de la misma y al tiempo un acogimiento preadoptivo confirmado por la audiencia. Lo previsible es que la audiencia en segunda instancia vuelva a decir que la niña estaba en desamparo, porque ya en la sentencia relativa al acogimiento preadoptivo lo señala, ¿pero qué pasa? Que se acuerda la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia que revoca el desamparo, y estamos condenando a esta niña a volver a una familia biológica de la que previsiblemente tendrá que volver a salir, porque la audiencia es la misma. En Santander hay dos juzgados de familia pero la Audiencia Provincial es la misma y suele ser bastante coherente con sus decisiones. Así que estamos condenando a esta niña a pasar dos duelos de separación respecto a su familia biológica y otro más respecto a la familia preadoptiva que la tiene en acogimiento. Por otra parte, cuando se resuelva esto -y probablemente pasen 2 años más- la niña ya no tendrá 5 años, sino 7, y la familia que la ha tenido hasta entonces puede que no quiera volver a vincularse con ella porque ha sufrido una situación bastante dolorosa, y no siempre es fácil encontrar una familia que quiera acoger a una niña de 7 años. ¿Qué pasa? Institucionalización. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando provisionalmente un tipo de resolución judicial que tiene todos los visos de no ser ejecutable, tal y como sucede con las relativas a procesos de filiación, matrimonio, etcétera, del artículo 525. Por eso, proponemos la modificación de este artículo, en concreto añadiendo estos procedimientos de posición de medidas en materia de menores.
El siguiente problema que nos encontramos, y paso a la constitución judicial del acogimiento, es que la Ley de Adopción internacional modificó el artículo 172.3 del Código civil previendo la posibilidad de que se impugnaran los acogimientos residenciales y familiares en el plazo de dos meses, sea porque la familia biológica considerara que la modalidad de acogimiento acordada no era la más conveniente o porque entendiese que dentro de su círculo familiar había otras personas más idóneas. Como esta Ley de Adopción internacional modificó el artículo 172.3 pero no el 173 a este respecto, parece que existe una posible interpretación muy contradictoria. En primer lugar, podríamos interpretar que el artículo 173 ha sido derogado tácitamente. ¿Por qué? Porque si se establece la posibilidad de impugnar estos acogimientos, tanto el familiar como el residencial, en el plazo de dos meses, no tiene sentido que el artículo 173 siga exigiendo todos los requisitos que en él se establecen. En segundo lugar, resulta más lógico entender que el 173 sigue vigente pero que los padres pueden optar entre impugnar la resolución o esperar a ser citados cuando la Administración eleve el acogimiento ante el juez. En este caso nos encontramos con una dupli-
cidad de procedimientos, como ha sucedido en los ejemplos que he relatado. No solo los padres son oídos en la constitución de acogimiento sino que, además, la Audiencia Provincial considera que pueden oponerse a este auto que pone fin al procedimiento de jurisdicción voluntario. Nos encontramos con la posibilidad de que se impugne judicialmente el acogimiento, que al fin y al cabo es una medida en materia de protección de menores conforme al régimen general, o con la posibilidad de que se impugne el auto de jurisdicción voluntario. Tenemos dos procedimientos paralelos y constantemente podemos encontrarnos con resoluciones judiciales contradictorias: una recaída en el procedimiento de jurisdicción voluntaria y otra en el procedimiento de posición de medidas. Estos procedimientos no se pueden acumular porque está vedado por el artículo 1823 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, en ningún caso se podrían ver en el mismo proceso, con lo cual siempre habría dos procesos.
La tercera interpretación -consideramos que es la más adecuada pero que es muy arriesgado llevarla a cabo por la Administración-, estando vigentes ambos preceptos, consiste en que es necesario que la elevación a constitución judicial del acogimiento solo venga referida a aquellos supuestos en que la Administración no tiene la guarda ni tutela. En los artículos 172 y siguientes del Código civil se prevé la posibilidad de que el acogimiento se constituya cuando la Administración ha asumido la tutela del menor o cuando no la tiene. En caso de no tenerla, es lógico que la Administración eleve ante el juzgado la propuesta de acogimiento. ¿Y ello por qué? Pues porque no está ejerciendo ninguna potestad como tutor del menor.
Pero en el caso de haber asumido la tutela, la Administración que puede acordar el régimen de acogimiento residencial o familiar no debería tener que elevarlo, puesto que este acogimiento puede ser impugnado posteriormente. Es decir, a los padres o a la familia biológica no les está vedado intervenir en modo alguno; puede hacerlo en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el caso de que la Administración no tenga la tutela, o puede impugnar ese acogimiento en el plazo de dos meses. Así sus posibilidades de defensa siempre quedarían intactas.
Entendemos, pues, que esta última interpretación es la más adecuada, pero ninguna Administración se arriesga a constituir un acogimiento familiar sin elevarlo al juez. El residencial no se necesita elevarlo en ningún caso, aunque haya plan de caso de separación definitiva o aunque no vaya a haber reunificación familiar. Si es residencial, no necesitaría elevarlo, pero si es familiar, parece que siempre se necesitaría. No obstante entendemos que en el caso de tener asumida la tutela, y puesto que está en el ejercicio de sus competencias, no sería necesario ni tampoco es beneficioso para el menor, ya que lo que aquí se produce es una dilación judicial, que se podría reducir muchísimo con una inyección presupuestaria, pero en la actualidad es así. El proceso dura muchísimo, y por tanto, la situación del menor continúa siendo interina en tanto en cuanto esto no se resuelva.
Por ello entendemos que sería más adecuada esta tercera interpretación, que no está vedada por la norma, pero que tampoco se recoge expresamente. A nuestro entender, debería modificarse el artículo 173 del Código civil, estableciendo que solo se elevará la propuesta de acogimiento al juez cuando la Administración no tenga ni la guarda ni la tutela.
Otro problema que se nos está planteando en algunas ocasiones es la suspensión o denegación de la constitución de acogimiento. Esto no sucedería si se llevara a cabo la reforma que acabo de mencionar, porque si la Administración tiene la tutela podría, entendemos, constituir el acogimiento sin necesidad de elevar al juez, y por tanto, la medida estaría vigente desde su propia constitución en vía administrativa.
Pero como necesita elevarlo al juez -y entendemos que así debe interpretarlo la Administración hasta que no se modifique este texto- lo que sucede es que muchas veces hay un procedimiento de oposición de medidas vigente, y cuando la Administración eleva la propuesta de acogimiento al juez, este dice que, como hay un procedimiento de oposición de medidas, queda suspendido, en tanto que en otras ocasiones directamente lo deniega, siendo este segundo supuesto el más grave, porque cuando se deniega no se puede reiterar la petición con respecto al mismo menor y a los mismos acogedores.
¿Y qué sucede en este caso? Pues que los jueces se amparan en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y consideran que existe una cuestión prejudicial. Nosotros entendemos que no existe tal cuestión prejudicial porque la Administración adopta en este caso, en el ejercicio de sus competencias, la medida concreta que considera más beneficiosa para el menor. Debe hacerlo; no le queda otro remedio. La Administración no puede decir que hay una oposición de medidas y que no hace nada con el menor, porque la vida del menor sigue; está obligada a adoptar una medida. Y lo que sucede en este caso es que se suspende el acogimiento, o lo que es más grave, se deniega.
¿Y qué ocurre? Pues que el menor se ve abocado a la institucionalización, y es que aunque la propuesta de los fiscales sea la permanencia del menor en un acogimiento simple o provisional con familias canguro -así se las denomina en Cantabria, puesto que son familias de transición en tanto existe la situación de evaluación, en tanto se prevé una reunificación familiar en pocos meses o en tanto se encuentra una familia de acogimiento preadoptivo-, pretender que un acogimiento provisional con este tipo de familias dure más allá de unos pocos meses es una utopía ya que se perjudica al menor. Si el menor está uno o dos años con la misma familia, que es lo que va a durar el procedimiento en primera instancia, ¿cómo se le va a pedir que no se vincule?, ¿cómo se le va a pedir, en el caso de que el menor entienda la situación por la que está pasando, que no considere a estas personas sus figuras de referencia?, ¿cómo le vamos a decir que inevitablemente se va a tener que separar de estas personas? Es absurdo, y aparte del daño que se le provoca al menor, consideramos que
sería prácticamente imposible encontrar familias que estuvieran dispuestas a aceptarlo sabiendo que ese menor va a pasar con ellos un plazo de dos o tres años, tras los cuales, inevitablemente va a salir de su casa.
Ese menor tendrá que pasar por otro duelo de separación, y dependiendo de la edad que tenga, tendrá incluso que ir directamente a un centro o se le buscará otra familia adoptiva con la que la vinculación será muy difícil de establecer, pues cuantas más pérdidas viva, cuanto más sentimiento de duelo tenga que pasar, más difícil le va a ser reestablecer una situación normal. Y es que hay que tener en cuenta que la familia es el modelo con el que después va a aprender a relacionarse, y va a tener dificultades para establecer relaciones normales o normalizadas con el resto de la gente.
Entendemos, pues, que en este caso no debería suspenderse, y menos denegarse, la constitución judicial de acogimiento, porque, como ya he dicho, si la Administración está obligada a adoptar una medida concreta, el juez no puede denegarla solo porque la familia biológica se oponga. Si los procedimientos duraran lo que tienen que durar, que es mucho menos de lo que duran, los derechos de la familia biológica estarían también protegidos. Si un procedimiento durara unos meses, o menos de un año, y se considerara que la resolución de la Administración debe revocarse, se procedería a la entrega o a la reunificación familiar sin más problemas. ¿Pero qué sucede? Pues que muchas veces esto no es lo que ocurre, y no porque la medida sea irrevocable, sino porque los procesos duran muchísimo. Y cuando un proceso ha durado dos, tres, cuatro o cinco años, cuando ha habido dos instancias y a veces también casación, el niño evidentemente no puede volver con su familia biológica aunque haya habido una revocación.
Y por ello se establecen indemnizaciones como la que acabamos de conocer la pasada semana en Cataluña, que, por cierto, por lo que he leído en los periódicos, parece que están confirmadas las resoluciones administrativas en primera y segunda instancia en la jurisdicción civil, luego supongo que la responsabilidad patrimonial ha sido por un funcionamiento normal de la Administración, y aun así la indemnización es de 980 000 euros, y sinceramente, no sé si sabemos exactamente de qué estamos hablando o si sabemos qué es ponderar el superior interés del menor.
En cualquier caso entendemos que los procedimientos de constitución judicial de acogimiento, siempre que deban elevarse al juez, no pueden suspenderse o denegarse en tanto en cuanto no se resuelva el procedimiento de oposición de medidas, porque esto puede durar cuatro o cinco años, y la vida del menor continúa, y no puede permanecer en una institución porque le estamos vedando toda posibilidad de vida normal. Proponemos, pues, la modificación del artículo 1828 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881.
Hemos hablado ya de la solicitud de visitas por parte de la familia biológica como medida cautelar cuando ya hay vigente un acogimiento preadoptivo. Muchas veces la familia se opone directamente a la denegación de visitas. ¿Y qué sucede? Que alguna comunidad autónoma con competencia en materia civil ha establecido en la norma autonómica que regula esta materia que, estando vigente un acogimiento preadoptivo, las visitas son incompatibles. El resto de las comunidades autónomas, como es el caso de Cantabria, nos encontramos con que hay un artículo que, si bien está fuera del capítulo expresamente dedicado a la protección de menores, establece que, tratándose de un menor acogido, el derecho que a sus padres, abuelos y demás parientes corresponda para visitarle y relacionarse con él solo puede ser regulado o suspendido por el juez (artículo 161), y nosotros nos hemos encontrado con que la Audiencia Provincial, si bien nos ha dicho que en el fondo lo estábamos haciendo bien y nos ha confirmado la denegación de visitas, también ha dicho que estábamos vulnerando groseramente este precepto. Es cierto que hasta ahora no se nos había dicho nunca, y ya nos habíamos encontrado con este caso más veces, pero lo cierto es que eso es lo que dice literalmente dicho artículo.
Entendemos que la Administración ha asumido la tutela en ejercicio de sus competencias, y que puede decidir la separación definitiva de un menor y la modalidad de acogimiento, y teniendo en cuenta que el acogimiento preadoptivo es el paso previo a la adopción, debería también poder denegar o suspender las visitas con la familia biológica. Hay un principio según el cual quien puede lo más, puede lo menos. La medida más drástica que se puede adoptar con respecto a un menor es la separación definitiva de su familia, y es menos drástica la suspensión o denegación de visitas. Pero es que, además, ello estaría en coherencia con la medida adoptada para la completa protección del menor, puesto que si hemos considerado que después de la intervención exhaustiva este menor no puede volver con su familia porque no hay posibilidad, porque no se permite una injerencia por parte de la Administración o porque no hay posibilidad de rehabilitación de la familia biológica, ¿cómo no vamos a poder decir que se rompan inmediatamente los contactos?
Ese menor tiene que elaborar el duelo de separación y tenemos que posibilitar su integración en la familia de acogimiento preadoptivo, y por ello nosotros consideramos que lo que debería modificarse, no es el artículo 161, sino el 173 bis) en su apartado tercero, porque aquí se regula en concreto el acogimiento preadoptivo. Debería decirse que no podrán tener lugar visitas ni contactos con un menor que esté en acogimiento preadotivo, porque es perjudicial para el desarrollo de esta medida concreta, porque no tiene sentido, cuando hay acogimiento preadoptivo, que continúen los contactos con una familia biológica a la que no ha de volver y de la que se va a ver irremediablemente separado y porque ello dificulta su inserción en la familia preadoptiva.
Por último, voy a hacer referencia a cuatro cuestiones que me van a llevar muy poco tiempo porque son meramente procesales y que no están reguladas, pero que están produciendo una mayor dilación en los procesos de la que sería necesaria, en primer lugar, el consentimiento que se presta en vía administrativa. El artículo 173.2 del Código
civil establece que cuando se eleva una propuesta judicial de acogimiento debe contar con los consentimientos de los acogedores, evidentemente, con el de la entidad pública, y con el del menor si es mayor de 12 años. Pues bien, nos encontramos con que existen juzgados de Primera Instancia que, una vez presentado este documento, con estos consentimientos, vuelven a solicitar que se reiteren en el juzgado. Entendemos que si el consentimiento ya está prestado, como esto se eleva en un plazo máximo de 15 días, se presta a no hacer nada. Es decir, se trata de un consentimiento que se ha prestado por la entidad pública, por los acogedores y por el menor si es mayor de 12 años. Suponemos que en el plazo de 15 días no se van a volver atrás, y en el caso de que lo hiciesen, existe la posibilidad de que la entidad pública, los acogedores o el menor soliciten la revocación del acogimiento, por tanto, no estaría impedida esa vía. Pero la necesidad de volver a prestar estos consentimientos en el juzgado, teniendo en cuenta los tiempos con los que se producen los señalamientos, está dilatando la constitución de acogimiento. Consideramos que una vez prestados en vía administrativa no deben reiterarse y, por tanto, proponemos la modificación del artículo 1828, estableciendo que solo se recabarán estos consentimientos cuando no sea la entidad pública la promotora del expediente y no se hayan prestado en vía administrativa. En otro caso, una vez prestados se entregan con el documento, que se eleva a propuesta judicial y, por tanto, no deben reiterarse.
En segundo lugar, como ya he dicho, los procesos duran mucho; los de posición de medidas duran muchísimo y los de jurisdicción voluntaria, que no deberían suponer mayor problema -salvo que se determine la necesidad de sentimiento de adopción, y entonces se abriría el juicio verbal-, se dilatan muchísimo.
Una de las causas por las que se están dilatando -voy a modificar el orden porque me parece más interesante hacerlo así- es porque en ocasiones los jueces se empecinan en conocer el domicilio de los padres, en que los padres digan si asienten a la adopción o no, o incluso en el acogimiento, en si consienten con ese acogimiento. Hay padres que no aparecen, a los que se les cita en el domicilio que dio la entidad pública y que no aparecen, etcétera. Tenemos un juez que nos está exhortando a otros juzgados, está mandando oficios a todo organismo que se le ocurre: al INSS, a la Policía Nacional, etcétera. Tenemos dilaciones de más de un año solo por esta causa; un procedimiento de jurisdicción voluntaria suspendido porque el juez está buscando unos padres que no aparecen porque no quieren. No hay ninguna manifestación más elocuente que no aparecer. El artículo 1828 en relación con el acogimiento dice que cuando no haya podido conocerse el domicilio o paradero de los padres o tutores, o si citados no comparecieren, se prescindirá del trámite y el juez podrá acordar el acogimiento.
En cuanto a la adopción, el artículo 1831 dice que si en la propuesta de solicitud de adopción no consta el domicilio en que deban ser citados, el juez, en un plazo no superior a 30 días a contar desde la presentación del escrito, practicará las diligencias oportunas para la averiguación del domicilio. Pero en ninguno de estos dos preceptos se pone límite al juez para que termine ya de investigar, y no tiene sentido esperar durante meses -o, como digo, al menos un año, como ha ocurrido en algún caso- una aparición estelar de los padres que digan: ya estoy aquí, ahora no consiento, y ahora me voy a hacer cargo. No tiene sentido.
Por tanto, proponemos que la investigación del domicilio de los padres o tutores no se prolongue más allá de un mes desde que se inicia. En el caso de la propuesta de adopción dice que, como máximo, en un plazo no superior a 30 días deben practicarse estas diligencias, luego si se inician en un plazo no superior a 30 días, en el plazo de un mes tienen que finalizar. Si en un mes no se ha encontrado el paradero o el domicilio de los padres, ya tendrán posibilidad, a través del artículo 180 del Código civil, de oponerse a esta adopción. Como el artículo 1828 es muy claro cuando dice que el juez prescindirá del trámite, si en un mes no lo ha encontrado debe prescindir del trámite y acordar el acogimiento.
Con respecto a la última medida relativa a la duración del proceso de adopción, se ha propuesto aquí una solución similar a la existente en algunos procedimientos que se siguen ante la jurisdicción social. Se propone una modificación del último párrafo del artículo 1831 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, señalando que el auto por el que se acuerde la adopción deberá dictarse en el plazo de tres meses desde la presentación de la propuesta, haciendo una salvedad lógicamente: salvo en aquellos propuestos en los que el procedimiento se suspenda para la celebración del correspondiente juicio verbal para determinar la necesidad de asentimiento a la adopción, en cuyo caso estos tres meses deberían computarse desde que finalice este procedimiento por sentencia. Entendemos que en este plazo se puedan practicar perfectamente todas las diligencias necesarias del procedimiento de adopción voluntaria y, por tanto, consideramos que, puesto que se produciría la constitución de la adopción en un plazo mucho menor, sería beneficioso para el menor y para la familia adoptante.
Estas son todas las propuestas que el Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria considera que son las más adecuadas. No solo es mi opinión, sino también la de otra compañera que lleva los procedimientos de oposición en materia de menores, y la de su compañera, la senadora Leticia Díaz, que hasta hace poco ha estado bregando con esta materia y que también se encontró durante muchos años con todos estos problemas que acabo de mencionar. Repito que nos parece que es lo más adecuado en interés del menor.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Torres.
El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Bienvenida, señora Fernández, a esta Comisión Especial de estudio de la problemática de la aadopción nacional y otros temas afines del Senado. Muchas gracias por su intervención, que, sin duda alguna, nos será de gran utilidad para las conclusiones finales de esta comisión.
Comenzaré mi intervención por uno de los asuntos más tratados a lo largo de esta comisión especial del Senado. En relación con el concepto de institucionalización del menor, se debe valorar que el sistema residencial debería responder más a una necesidad por falta de alternativas familiares -familias de acogida o adoptivas disponibles- que a una medida finalista en sí. No obstante, este pensamiento común no va a ningún lugar si las diferentes comunidades autónomas no impulsan suficientemente el acogimiento familiar y no se plantean modificaciones dentro del marco legal a nivel estatal que actualicen las modalidades de acogida e introduzcan modalidades ya definidas y en funcionamiento.
En este sentido, en anteriores comparecencias se han comentado las incoherencias existentes entre el Código civil y la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. En algún caso, se antepone el derecho a reclamar el hijo biológico ante el derecho de adopción. Parece ser que la falta de regulación en este aspecto actualmente conlleva una serie de problemas tales como la limitación del Código civil para establecer los distintos tipos de acogimiento sin que se determine qué circunstancias aconsejan la adopción de una u otra medida de protección o las consecuencias de la oposición de los padres o tutores al acogimiento.
¿Cree usted, señora Fernández, que efectivamente existe una discrepancia entre el fondo y la forma, la cual prioriza el interés biológico sobre el interés del menor? Es decir, ¿existe una limitación en el Código civil y, por tanto, un problema de incoherencia y resoluciones judiciales contradictorias? En caso afirmativo, ¿nos podría explicar grosso modo cuáles serían las medidas más recomendables para paliar el problema? En ese contexto se ha considerado que, por un lado, se debería simplificar el régimen jurídico de los acogimientos y, por otro, la formación de las familias debería ser una pieza clave, ya que la obtención de la idoneidad técnica ha de ir unida a que las familias valoren sus posibilidades como familias y como educadoras.
Entre los diferentes tipos de acogimiento se ha hablado, por ejemplo, del acogimiento de urgencias, el cual aporta una alternativa a la institucionalización en edades tempranas de niños y niñas. Sin embargo, en relación con este tipo de acogimiento, son muchos los profesionales que consideran que el paso de un menor de 3 años por una familia de acogida de urgencia, como situación temporal, puede generar confusión y dolor en los más pequeños.
Por otro lado, también se ha hablado del acogimiento profesional como una propuesta posible para algunos menores y para determinadas situaciones, como podrían ser la adopción nacional o el recurso del acogimiento familiar; todas ellas soluciones favorables ante la institucionalización. Por ejemplo, el acogimiento familiar de familia extensa constituye el soporte principal de los acogimientos en nuestro país, además de obtener los mejores resultados en cuanto a reunificación familiar. Por ello, señora Fernández, me gustaría preguntarle: ¿cree usted que debe seguir considerándose el soporte inicial de los acogimientos?
Cabe destacar aquí que en muchas ocasiones este tipo de acogimientos se realiza en condiciones económicas precarias y por personas de avanzada edad, como suelen ser los abuelos. Ante este problema, habría que plantearse la necesidad de dedicar mayores recursos y apoyos económicos y psicológicos.
En definitiva, ¿qué modalidades de acogimiento cree usted, señora Fernández, que podrían resultar más efectivas o, por el contrario, cuáles considera que no deberían plantearse por sus riesgos o inefectividad?
Hoy en día, cada comunidad autónoma presenta un tiempo de espera diferente y una tramitación distinta en temas de adopción nacional y precisamente, como ya sabemos, son los largos plazos de espera uno de los inconvenientes que perjudican al menor.
Estoy completamente de acuerdo con usted respecto a que la prolongación de los acogimientos preadoptivos durante los años que dura el periplo judicial conlleva para el menor y los adoptantes la aparición de ansiedad y angustia, perjudica el proceso de mutua adaptación y ocasiona problemas de índole práctica en la vida diaria, y yo añado que la esperanza deja de ser felicidad cuando va acompañada de la impaciencia.
Para solucionar dicho problema se ha propuesto que los tribunales de justicia den preferencia a estos asuntos en su tramitación, lo que al parecer ya se puede ver reflejado en la reforma operada por la llamada Ley de Adopción internacional 54/2007, de 28 de diciembre, en su nuevo artículo 779. Sin embargo, cabe decir que en la realidad es difícil que los tribunales de justicia prioricen dichos asuntos si no se facilitan otros, como es la necesidad de que se especifiquen en la propia normativa las situaciones en las que un niño o niña se pueden considerar en situación de riesgo o desamparo.
Durante las diferentes comparecencias en esta comisión se ha hablado también de un cierto oscurantismo en relación con la actividad de la Administración, cuestión que ha surgido en numerosas ocasiones. Al parecer, muchos expertos están de acuerdo en que existe una falta de información y transparencia, tanto hacia los futuros padres en acogida y en adopción como hacia la familia biológica. Con relación a este aspecto se ha repetido en numerosas ocasiones la necesidad de diferenciar claramente el acogimiento de la adopción y el acogimiento preadoptivo. Existen familias que creen que tienen un niño o niña en adopción cuando lo tienen en acogimiento. Esta falta de información les puede causar a largo plazo muchas dificultades, y con ello quiero decir que la regulación no es
bien entendida porque genera confusión al denominar adoptivo al proceso previo a la adopción.
Por último, señora presidenta, he de comentar que la nueva y dura limitación legal se proyecta en su mayoría sobre familias con clarísimos déficits sociales. Ante esta situación, se ha propuesto una reforma en nuestro ordenamiento jurídico complementada con la adición de un nuevo derecho a la obtención de información y asesoramiento jurídico cualificado, lo cual garantizaría el derecho de padres, tutores y guardadores a contar con la información profesional adecuada.
Así pues, señora Fernández, le pregunto si considera usted que la falta de información y transparencia hacia los principales afectados en los procesos de adopción o acogimiento se podría solventar con la adición de este nuevo derecho, y, del mismo modo, qué otras medidas propondría usted, aparte de las que ya nos ha comentado, para garantizar los derechos de información de los padres desde los primeros momentos de la intervención administrativa.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Torres.
Señora Fernández, bienvenida. La verdad es que su terreno no es el mío. Nos ha dado usted un buen baño de números, leyes y especificaciones que han sido muy interesantes, y que en el fondo es lo que vamos a tener que modificar.
Estoy de acuerdo con la mayoría de sus propuestas, no sé si técnicamente, porque no tengo muchos conocimientos para ello, pero sí desde el punto de vista moral y ético.
Ha quedado claro que la duración de los procesos es excesiva siempre, y que en este país las leyes protegen mucho más a la familia biológica que a los derechos del menor, padres biológicos cuyos derechos han sido dejados, porque sus deberes han sido dejados también. Creo que no hay derecho sin deber, y cuando un padre biológico no atiende a sus deberes o tiene un problema de maltrato como el que usted nos ha citado, ya no se trata solo del deber dejado sino de un problema importante, y, en mi opinión, no hay ningún derecho superior al del menor. Para evitar esto, nos ha dado usted la clave: una serie de artículos que han de ser cambiados, una serie de leyes que han de ser modificadas.
Estamos de acuerdo en que no es posible que haya sentencias contradictorias, y nos ha hablado usted de la sentencia que hace poco se dictó en Cataluña, que a algunos nos parece inmoral, porque se ha penado a la Administración precisamente por haber hecho lo que se debe hacer siempre, es decir, por tener en cuenta el derecho del menor. ¿Vamos a premiar a estos padres porque en un momento determinado no se ha esperado a que se rehabilitaran? El niño no tiene que esperar nada, los padres tienen obligaciones con este hijo, de lo contrario, lo deben perder ya. Lo siento. Yo soy madre, pero llega un momento en que la maternidad no es excusa para no atender a un hijo. No soy biologista, sino todo lo contrario. Creo en los derechos y en los deberes de los padres y de los hijos, y cuando los padres no cumplen con sus obligaciones deben perder sus derechos, y ningún juez puede estar por encima del derecho del niño. Nadie se acuerda del derecho del niño, de estas vidas maltratadas que en muchas ocasiones no se recuperarán nunca, porque es difícil que se recupere una criatura con 7 años que haya sido maltratada o llevada de un sitio a otro. Psicológicamente va a tener un problema siempre. Y en cuanto a los padres, ¿alguien les pedirá cuentas? ¿Alguien explicará al juez qué ha ocurrido con sus decisiones?
Creo que estamos haciéndolo mal, y precisamente por eso estamos aquí, porque creemos que hay que reformar la ley. No sé si serán los artículos que usted mencionado. De todos modos tomamos nota, y esperamos que sí lo sean. Estamos de acuerdo en que si no se reforman, no sé qué estamos haciendo aquí, perdiendo el tiempo. Gracias por sus aportaciones. Repito que estamos de acuerdo con la mayoría de las reformas de las que nos ha hablado, aunque no sé si serán todas necesarias. Por ejemplo, las separaciones definitivas y las visitas a las familias preadoptivas, que es precisamente el problema de la adopción nacional. La gente no quiere adoptar a una criatura porque el día menos pensado van a aparecer en la puerta los padres biológicos y le van a montar un numerito. Este es el gran problema. ¿Por qué la gente quiere adoptar criaturas a 10 000 o 20 000 kilómetros? Porque cuanto más lejos estén a los padres biológicos, mejor, porque los de aquí nunca sabes si van a aparecer.
En cuanto a la duración excesiva de los procesos también estamos de acuerdo, porque es inmoral tener a un niño de estas edades yendo de un sitio para otro, esperando que alguien decida. ¿Qué alguien decida, qué? ¿Y el interés del menor dónde está?
Señoría, he tomado nota de todas sus explicaciones. Muchas gracias por habernos expuesto este cuadro que clarifica mucho más cuáles son los artículos que hay que modificar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Aleixandre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Rubial.
La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señora presidenta.
Señora Fernández Prieto, bienvenida y buenos días. Ha sido un placer escucharla, y mi grupo parlamentario quiere darle la enhorabuena por su concreción.
Ha habido otras personas que han comparecido aquí quienes, junto con usted, son las que más claramente nos han marcado el camino por donde debe ir la finalización del estudio de esta comisión, que han sido la señora Calvo, el señor López Medel y el juez Serrano. Ha sido usted muy concreta y tengo que felicitarla en ese aspecto.
Creo que todos los que estamos en esta comisión entendemos el interés del menor, porque es verdad que cuando se está hablando de la adopción de un niño hay aspectos sangrantes, como el que esté años y años tambaleándose de una familia a una institución y a la inversa. Al igual que usted, quiero dar la enhorabuena a los servicios sociales que, en general, en todas las comunidades funcionan muy bien y están haciendo una gran labor, no solo con la infancia y en concreto en la adopción, sino en general en todos los servicios sociales.
Usted nos hace una serie de propuestas para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil. En nuestro grupo consideramos que hay que defender siempre el interés del menor, pero que también tiene que haber un equilibrio entre la seguridad jurídica y el interés de estos menores. Por eso le damos la enhorabuena y bienvenidas sean todas las propuestas que usted nos hace, no porque la ley no sea clara, sino porque en algunos casos probablemente haya que clarificar mucho más las cosas para que no se produzcan esos casos como los que usted contaba u otros que sabemos por la prensa o a veces, directamente, por personas que nos los cuentan.
Como usted sabe, se ha modificado hace poco el Código penal y se ha incorporado una nueva pena: la privación de la patria potestad. Me gustaría saber si le parece a usted que puede tener una influencia positiva, sobre todo en los supuestos graves de abusos sexuales dentro de la familia. Quisiera saber su opinión al respecto.
Como usted sabe, la Ley de Adopción internacional, que se aprobó hace unos años, en la disposición final primera se limita a dos años el período de los padres biológicos para impugnar la declaración de desamparo. ¿Le parece a usted que habría que acortar también este plazo? Porque siguiendo todas las directivas que nos ha marcado, en algunos casos, como la duración del proceso de adopción o los exhortos de investigación, marca usted unas fechas para que no se produzcan esas sangrantes dilaciones entre el momento en que un niño es entregado a una institución y aquel en que se dicta sentencia para la preadopción.
Le doy la enhorabuena por toda la información que nos ha facilitado, que nos va a venir muy bien para el final de la comisión. Quedamos a su disposición a la espera de que nos dé estas últimas respuestas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Rubial.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Naharro.
La señora NAHARRO DE MORA: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Gracias, señora Fernández, por aceptar esta comparecencia, por venir esta mañana a la comisión del Senado en la que llevamos reflexionando bastante tiempo y en la que estamos estudiando cuál es la problemática de la adopción nacional y temas afines.
Gracias también por su exposición. Estoy de acuerdo con mis compañeros en que su exposición ha sido clarísima. En ella nos da soluciones concretas a temas y a problemas concretos, y esto se agradece, sobre todo para los que no somos letrados y no tenemos una formación en esa materia.
He estudiado atentamente su respuesta al cuestionario que le envió la comisión y he podido comprobar fácilmente cómo lo que más le interesa y a lo que más importancia le da es a esas soluciones a los problemas que usted ve que son los más importantes. Esos problemas, como decían también mis compañeros, se concentran en uno: la legislación. Hay que modificar muchas cosas de nuestra legislación y desde luego que lo tendremos muy en cuenta en ese informe final de la comisión, pero usted, igual que nosotros, conoce las dificultades que suponen estas modificaciones normativas, sobre todo porque afectan a tantas cuestiones y a diferentes normas. Sin embargo, es una base muy importante para estudiarlas, para que, al menos, esas conclusiones consten, y es un primer paso para ir avanzando. ¿Para ir avanzando en qué? En la práctica: en que esos menores que se encuentran en desamparo y esos menores y esas familias que quieren adoptar un hijo al final encuentren la solución.
Estoy de acuerdo con usted en la defensa que hace de las diferentes administraciones públicas, en la labor que desarrollan diariamente tanto los servicios sociales como los jurídicos, con una clarísima vocación de defensa del interés del menor, que es lo que debe primar. Pienso, efectivamente, que si ponemos en marcha todas sus propuestas de solución, al final van a redundar en esa defensa del interés del menor.
Nos ha puesto varios ejemplos de lo que pasa en su comunidad autónoma, y lo que nos demuestran son los fallos de procedimiento. Con todas las medidas que nos propone sí que se verían solucionados muchos de ellos, pero también hay que pensar que tiene que existir un equilibrio entre la defensa del interés del menor -primándolo fundamentalmente- y la defensa de los padres biológicos, en la defensa de esas familias o de esos padres que en la mayoría de las ocasiones son familias desestructuradas, son personas con muchas carencias, con muchos problemas, y que hay que prestarles también atención.
Estoy muy de acuerdo con usted -y se lo quería decir- en que se incrementaría el número de adopciones -contesta con ello usted a esa pregunta que le hace la comisión- con una mayor información durante el embarazo, con una mayor información a las personas jóvenes que tienen un embarazo no deseado, que se encuentran con ese problema tan grande, y que en vez del aborto podrían optar por esa solución, por dar a su hijo en adopción. Desde luego que sí, es una estupenda solución y estoy absolutamente de acuerdo con usted. Pero también habría un número mucho mayor de adopciones, sin duda, mejorando la legislación, acortando los plazos, acortando ese proceso tan larguísimo que supone llegar al final de una adopción, completar todo ese proceso. Sería mucho más fácil.
Usted ha hablado de algunas comunidades autónomas que tienen competencias y que legislan en un sentido que,
al final, coincide con una de sus propuestas. Deseo saber su opinión sobre cómo piensa que se podría mejorar la colaboración entre comunidades autónomas, si elaborando una norma o simplemente creando un órgano de coordinación desde el ámbito nacional para que sea más fácil, para que los derechos de todas las personas y de todos esos menores que se encuentran en desamparo sean iguales en una comunidad autónoma que en otra, para que haya más colaboración y sea más fácil el intercambio de información entre ellas y que un menor de una comunidad del sur de España pueda ser adoptado por una comunidad del norte porque allí estén los padres o la familia que ese menor necesita. Ha habido muchas propuestas en esta comisión, siempre hemos hablado de este tema, que, además, yo considero fundamental. ¿Tiene alguna solución al respecto?
Por mi parte no tengo nada más que añadir salvo volver a felicitarla por las propuestas que nos ha traído. Repito que las vamos a tener muy en cuenta, que hay que estudiarlas detalladamente y que, al final, a lo que tenemos que ir en la práctica es a que todos los problemas y todas esas trabas se solucionen, y creo que usted ha contribuido notablemente a que así sea.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Naharro.
Por último, le damos la palabra a la señora Fernández para la contestación de las preguntas.
La señora LETRADA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA (Fernández Prieto): Muchas gracias, les doy las gracias a todos por sus amables palabras.
En primer lugar, voy a comenzar por la propuesta del senador del Grupo Mixto. En principio, efectivamente, todos estamos de acuerdo: la institucionalización es un mal menor, es un mal -yo lo digo claramente en la respuesta a mi cuestionario- que debe existir, porque hay casos en los que no se puede buscar otra alternativa. Tenemos niños de 10, de 11 años que no pueden volver a su familia, que no hay familia que los quiera. Los niños tienen que estar en algún sitio. Proponía, porque me parece más interesante, que los niños estén en centros de menor tamaño, con tres o cuatro personas adultas de referencia y cinco o seis menores. Es una pequeña familia, es un sustituto de la familia, pero se parece más a una familia.
En Cantabria existen los pisos de emancipación. Estoy segura de que en todas las comunidades autónomas existen recursos de este tipo, pero los centros deben seguir existiendo, porque a veces no hay otra solución. Deben estar muy bien dotados de personal y de material, pero deben seguir existiendo porque a veces no existe otra posibilidad para determinados menores, y no les podemos dejar en la calle ni en una familia que les maltrata; tienen que estar en algún sitio.
Ya he señalado que desde el punto de vista de la legislación sustantiva, es decir, del Código civil, de la Ley Orgánica 1/1996 -y ya sé que aquí discrepo porque he estado ojeando las opiniones de otros comparecientes, pero no sé si es que mi visión es más ingenua o está tan centrada en el proceso que no veo más allá- no creo que haya mucho problema. Existe una protección de la familia biológica, porque debe existir y, de hecho, se está materializando. Las administraciones están aportando muchos recursos -personales, económicos, de formación, de asistencia-, para ayudar a estas familias biológicas con escasez de recursos, no solo económicos, sino que a veces son de otro tipo por sus historias parentales. No estamos hablando de culpabilidad; muchas veces es la historia de los propios padres la que les impide adecuar su comportamiento a lo que debería ser. Son padres que tienen su modo de querer. Esto es muy triste, pero en este caso siempre hay que priorizar el interés del menor. La historia parental del padre o de la madre biológica ha podido ser dramática y hay un momento en el que hay que evitar que esas consecuencias se materialicen en la vida de los menores, porque ya nos hemos encontrado con una tercera generación de menores que, por no haber intervenido con la primera, están repitiendo los comportamientos una y otra vez. Entiendo que se protege a la familia biológica y también el interés del menor y que el problema está, en realidad, en la aplicación que después se hace de esta legislación.
El mayor problema, como he dicho antes, es la dilación de los procesos y un segundo problema es el denostar la intervención de la Administración. ¿Por qué? Es una cosa bastante incomprensible, pero desde el punto de vista de la familia biológica sí se puede entender que piense que la Administración le ha quitado a su hijo. Hay una posición antagónica. Se ha hablado aquí del acogimiento en familia extensa, y es cierto que es un éxito y que se produce constantemente muchas veces con apoyo constante de la Administración, pero es un éxito. Otras veces esto es imposible, no solo porque no haya personas dispuestas, sino porque a veces, incluso habiendo personas dispuestas, las interferencias de los padres biológicos, que están en una situación muy marginal o de delincuencia, son tan duras que aunque haya gente dispuesta dentro de la familia extensa, no se puede llevar a cabo; sería impensable, estaría abocado al fracaso y el intento estaría dilatando más una solución definitiva en la vida del menor.
Entiendo que la legislación prevé la protección tanto de la familia biológica como del menor, y como el último punto de la cadena es el procedimiento judicial, es ahí donde debe tenerse clarísimo qué interés hay que proteger. Si el juez entiende lo mismo que la familia biológica, y es que la Administración es el ogro que quita niños porque tiene algún interés personal en hacerlo, pues nos encontramos con un problema. Tengo que romper una lanza por los jueces; es un trabajo dificilísimo. Decidir siempre es difícil, y dictar una sentencia también lo es, pero en cuestiones en las que los sentimientos están tan candentes y en las que se ponen de manifiesto intereses, especialmente del menor, pero también de las familias biológicas que van ahí a mostrar una problemática palpable, es muy difícil decidir. Hay que tener en cuenta que cuando una Administración ha estado interviniendo durante años no se puede decir que
desde el principio quería sacar al menor fuera de su familia. Entiendo que no. Hay que respetar la actuación de técnicos, que son profesionales, y una vez que se ha decidido, el juez tiene que tener muchas armas para decir que la actuación ha sido incorrecta.
En cuanto a la simplificación del régimen de acogimiento, creo que está funcionando bastante bien. He dicho que el acogimiento residencial tiene que seguir existiendo; el acogimiento en familia extensa tiene que seguir existiendo; el acogimiento preadoptivo tiene que seguir existiendo, y parece que se pone en duda el acogimiento en las familias de urgencia o canguro -tienen diferentes nombres- que son provisionales.
Un recién nacido o un bebé de muy corta edad tiene que estar en una familia, no puede estar en un centro porque la atención a un bebé en un centro, por mucho que se intente, no es la adecuada. Tiene que estar en una familia. Ahí es esencial que existan las familias canguro. ¿Para un niño de 3 años? También el cariño es importante. Si su estancia en esa familia va a durar quince días, igual se lo podemos evitar, pero si tiene 6 años, lo va a comprender. Va a comprender que va a estar con una familia un tiempo, pero que va a ser una cosa mínima. Como siempre digo, tiene que ser muy breve, transitorio, no puede permanecer mientras dure un juicio, durante dos años, porque entonces, por mucho que le digas, no es que el niño no lo entienda, es que el niño es incapaz de decir que estos no son sus padres. Llevo dos años, tres o cinco viviendo día a día con estas personas y para mí son mis padres. ¿Qué problema veo en estos acogimientos de urgencia? Si son de urgencia, tienen que durar poco; si no, no son de urgencia. El problema es la duración. ¿Por qué está condicionada la duración? Generalmente por los procedimientos judiciales.
La última opción de acogimiento, que no se ha mencionado aquí, es el acogimiento permanente. Hay casos en los que nos encontramos con un menor de 10 años, vinculado a su familia biológica pero con la que no puede volver. Se me viene ahora a la mente el caso de una mujer alcohólica, con una enfermedad mental. El niño vivía con su madre y con una bisabuela. La madre nunca puede hacerse cargo de él porque recae, porque la enfermedad mental tiene brotes, etcétera y la bisabuela, por edad, tampoco. A los 10 años el niño tiene un vínculo muy fuerte tanto con su madre como con su bisabuela. Se tiene la suerte inmensa -porque en familia extensa no hay posibilidad, simplemente no había familiares- de que una familia ajena quiere ser acogedora permanente. No hay una adopción; este niño no va a romper los vínculos con su familia biológica porque se considera beneficioso para el menor seguir manteniendo vínculo con su madre y con su bisabuela. En este caso, tenemos un acogimiento permanente. Entiendo que es una opción que debe seguir existiendo. En Cantabria hay pocas, no sé en otras comunidades autónomas, porque es una opción rara, difícil; normalmente son niños de determinada edad y es difícil encontrar una familia para ellos; son niños que siguen manteniendo vínculos con la familia biológica, y yo creo que también debe existir.
Desde mi punto de vista, los diferentes tipos de acogimiento, tal y como están diseñados, siempre que se empleen para lo que son y no se desvirtúe su naturaleza, están bien diseñados y son un sistema válido, que puede funcionar, que está funcionando y que debe seguir apoyándose.
El acogimiento se apoya muchísimo. Ya no hablo solo del preadoptivo, porque el acogimiento preadoptivo no es adopción, pero es la fase previa. Así está configurado en el Código civil para el caso en el que se considere que debe haber un período de adaptación por lo que sea; está considerado como una fase previa a la adopción. De hecho, los acogedores preadoptivos están en la lista de adoptantes y tienen que ser idóneos.
Aquí se ha hablado del oscurantismo de la Administración. Se ha mencionado en varias ocasiones en las diversas comparecencias. Discrepo mucho del oscurantismo respecto a la familia biológica. Es posible que a una familia biológica no se le hable de ningún término jurídico, pero es porque no lo necesita. Una familia biológica tiene que saber que sus deberes son estos, que se le va a apoyar en todo lo posible, que cuenta con la Administración; tiene que decir cuáles son los recursos que necesita, cuál es su problema, dónde tiene el problema y qué es a lo que no puede atender. Pero a la familia biológica se le dice bien claro que en el momento en que se vea que ese niño está desatendido y que no cumple con sus compromisos, a ese niño se le va a separar. Eso se le dice a la familia biológica.
Yo no estoy en el servicio del menor, estoy en un servicio jurídico en otra consejería. Evidentemente, trato con los técnicos que están en los expedientes de protección cuando tengo que ir a un juicio para prepararlo, y no me he encontrado jamás a un técnico que me haya dicho que a la familia biológica no le dijo nada, que estaba esperando y que en el momento en que vio que no había manera de rehabilitarle, les dijo que les separaba del niño. No; a las familias biológicas se les dice desde un principio, porque para la Administración cada niño que se tutela es un problema, porque tenemos que encontrarle un centro o una familia de acogida, tenemos que intervenir con la familia biológica, tenemos que gastar una serie de recursos materiales y personales. Aparte de la historia dramática de cada niño, supone un problema. Luego la Administración no tiene ningún interés en tutelar a un menor, tiene interés en que el menor continúe con su familia biológica y la situación se normalice. A la familia biológica se la informa constantemente -aparte de que la ley así lo señala- y se le conceden audiencias. No he encontrado ningún caso de desinformación de la familia biológica; no es cierto que no tengan información
¿Por qué pienso yo que puede ser negativa la asistencia letrada? La familia biológica muchas veces colabora -muchísimas-, pero otras ve desde el principio a la Administración como el enemigo. Voy a hacer una consideración que no sé lo que les va a parecer: si a una familia biológica le dices: Tienes derecho a un abogado. Si tenían alguna percepción de que la Administración era el enemigo, desde ese momento lo tiene clarísimo: si me dan un abogado, este es el enemigo al que me tengo que
enfrentar. La colaboración de los técnicos con las familias biológicas -el trabajo social- es muy difícil. Cuando hay colaboración por parte de la familia biológica hay una posibilidad de éxito, hay una posibilidad de que el menor continúe insertado en el seno de una familia que tiene interés en él.
Hay que tener en cuenta que los términos que se utilizan en la intervención, en el expediente de protección no son jurídicos. A la familia se le dice: tienes que cuidar al niño, tienes que darle de comer a sus horas; tiene que dormir; la casa tiene que estar ordenada y limpia; tienes que buscar un trabajo; el niño no puede estar en la calle sin ti todo el día, que tiene 3 años, ¿qué hace en la calle?; tú no puedes estar bebiendo delante del niño. Para entender eso una familia biológica no necesita un abogado; es mi punto de vista. Ahora bien, desde el momento en que hay una oposición de medidas y desde que se incluyó como potestativa la reclamación previa en la vía administrativa, este toque de más ya no se hace, directamente hay una oposición de medidas y asistencia letrada, lógicamente, porque si no, no pueden acudir a juicio. Pero, para que una familia biológica entienda que tiene que atender a su hijo, no creo que necesite asistencia letrada.
En cuanto a las familias acogedoras, hay algunas que han dicho: yo no sabía que había un procedimiento de oposición de medidas. Sabía que mi niño todavía no era mío porque no tiene mis apellidos, sabía que estaba en acogimiento preadoptivo, porque no tiene mis apellidos, de hecho tengo que estar pidiendo permiso cada vez que me lo llevo en Semana Santa y cada vez que lo inscribo en algo todo el mundo me dice: pero este niño no es su hijo; tengo que estar dando explicaciones constantemente; sé que no es mi hijo, pero espero y deseo que lo sea en breve, y de repente me encuentro con que hay una ejecución provisional y tiene que establecer contacto con su familia biológica. ¿Qué pasa? Yo no sabía que había este juicio.
Algún técnico nos ha dicho que se dificulta la vinculación. A pesar de eso, creo que la familia acogedora tiene que estar informada, ya no solo de las características del acogimiento, es decir, que todavía no ha adoptado al niño; tiene que estar informada, y creo que eso sí se hace. Lo que sé positivamente es que a veces no se ha informado a la familia acogedora de que había un procedimiento de oposición de medidas; que en ese momento la familia biológica estaba diciendo ante el juez: esta solución ha sido mal adoptada y quiero que el niño vuelva conmigo. A veces no se ha informado, y ahí, evidentemente, hay un conflicto, pero creo que sí debe saberse. Aunque es un 1% -no creo ni que llegue a ese porcentaje el número de casos en los que se revocan resoluciones administrativas- tiene que saberse, porque de repente un día les dicen: Igual este menor tiene que volver con su familia biológica. Otra cosa es que lo sepa el menor. Habría que ver el modo de prepararlo, porque todo tiene que hacerse de manera paulatina, pero creo que eso sí deben saberlo. Esto es lo que puede ser más controvertido, y a veces no se da esa información, pero siempre por un criterio técnico. Quien me lo ha dicho dice que se dificulta porque la familia acogedora tiene reparos para vincularse con un menor. Es lo mismo que sucedería con un acogimiento transitorio, con un acogimiento de urgencia si se prolongara.
El acogimiento familiar extenso ya hemos dicho que tiene unos resultados excelentes. Pero he olvidado mencionar en el último punto del esquema que muchas veces en las oposiciones de medidas, esta familia extensa de vida normalizada se opone a la medida. Hay una legitimación que en el Código civil está muy restringida, pero el Tribunal Constitucional, obviando la legislación existente, dice que es muy amplia y que cualquiera puede oponerse a una media de protección. ¿Qué pasa a veces? Que en las familias biológicas se elige al miembro mejor posicionado -ya sea económicamente o de vida más normalizada- para, mediante un fraude, dárselo a la madre.
Si la Administración ha constatado que ese acogimiento no tenía visos de ser real, ni tenía visos de tener éxito fuera de la familia biológica que ha desatendido al niño, muchas veces ha denegado este acogimiento en familia extensa. Y lo ha denegado correctamente, porque en realidad era un fraude. Otras veces no, y de hecho la mayor parte de las veces es cierto que el acogimiento se produce en familia extensa. Yo creo que ese fraude de elegir a la persona de la familia que mejor cualificación tiene a ojos de la propia familia para que el menor sea formalmente colocado en el seno de esta familia para volver a quien le desatendió es un hecho a tener en cuenta.
En cuanto a los tiempos de espera en materia de adopción nacional, por lo que también me ha preguntado el senador del Grupo Mixto, estoy en desacuerdo. Si hablamos de plazos concretos de tres meses, creo que es un tiempo de espera muy razonable. Estos asuntos ya son preferentes en la ley; la ley así los concibe. Otra cosa es que en la realidad sean o no preferentes, y ya no solo en cuanto a su señalamiento porque podemos decir: señalamos vista tal día; pero si luego empezamos con el exhorto, con la investigación, citamos a no sé quién, un equipo psicosocial que me da cita para dentro de un año y es esencial para resolver el caso, aunque lo señale a los dos meses de interponer la demanda, se me va a ir a uno o dos años, con lo cual ahí no hay más que presupuesto y presupuesto. Y en estos tiempos de crisis, todo el mundo pide lo mismo; al final, todo se arregla de la misma manera
En cuanto a la senadora Aleixandre, muchísimas gracias por su amable consideración. Estamos de acuerdo; efectivamente, esto es lo que hay. Yo creo que el interés del menor se prioriza en la ley, pero en su aplicación muchas veces no se hace.
Un órgano jurisdiccional ante el que se presenta un caso, ve las dos partes y muchas veces los expedientes de protección son así o tienen dos tomos y los cuatro, cinco o seis años de intervención con la familia no se repasan, ni se pueden exponer a la vista de un juez por mucho que se lleven asesores técnicos. A veces realmente la Administración aparece como la mala. Yo hago un chiste respecto a Cantabria porque tenemos dos juzgados y tenemos una audiencia que nos da la razón prácticamente siempre. Hace unos años, una sentencia de la audiencia no nos dio
la razón, los niños volvieron con la madre biológica y a los tres meses se le cayó uno por la ventana. Es un caso. Fue mala suerte, pero ocurrió. Pero, en general, desde hace mucho tiempo la audiencia nos da la razón. Para las familias biológicas somos como Gran Hermano: un programa muy malo, pero con el favor de la audiencia. Son los jueces los que al final tienen que tener claro que el interés del menor está por encima de todo. Los demás intereses son protegibles, pero el del menor por encima de todo porque no tiene ninguna posibilidad; le podemos dar asistencia letrada a la familia biológica, pero al menor ¿quién le da asistencia letrada o de cualquier tipo? Si a la familia biológica no se le da y a la Administración se le veta la posibilidad de intervenir, no podemos hacer nada. El interés del menor, por tanto, tiene que estar por encima de todo.
La senadora del Grupo Socialista, a la que también le doy las gracias, me ha señalado la cuestión de la privación de patria potestad. Es esencial. Muchas veces hay procesos penales paralelos con los procesos civiles por malos tratos o por abuso sexual en general. Es esencial. Nosotros tuvimos un caso en el que antes de la modificación del Código Penal el fiscal había promovido la acción penal. Era un evidente caso de abuso sexual continuado de una niña desde los 8 años, que se detectó a los 10. Fue una cosa horrible, pero en la querella se olvidó de pedir la privación de patria potestad. Se dicta sentencia condenando a ocho años de prisión al padre biológico, además de conformidad; en aclaración de sentencia, se solicita la privación de patria potestad y se nos deniega, porque el Ministerio Fiscal no lo había pedido y nosotros nos habíamos personado como acusación particular. Y este padre, que ha abusado de su hija, que está condenado -evidentemente, durante el tiempo que está en prisión la niña no va a visitarle ni va a tener ningún contacto con él- no está privado de la patria potestad. Esto realmente clama al cielo. Yo creo que es una medida esencial. Tiene una influencia positiva, porque es evidente que si un padre o una madre han maltratado a un niño, no puede volver con él, tiene que estar privado de la patria potestad; y cuando llega el día de la constitución de la adopción no tiene que acudir para nada, ni para asentir ni para decir nada, porque no tiene derecho a decir nada sobre lo que suceda con su hijo.
En cuanto al límite de dos años que introdujo la disposición final de la Ley de Adopción Internacional, nos encontramos con un problema. Nosotros entendemos que este límite de dos años para solicitar la revocación de las medidas tiene que ser referido a la vía administrativa: la Administración está interviniendo en un expediente de protección, y declara el desamparo. Dos años me parece un plazo eterno; para un niño de 1 año, eterno; para un niño de 6, le destrozas la vida porque a los 8 no le va a querer nadie. ¿Qué sucede? No entiendo cuál es la finalidad de esta acción de revocación. La Administración sigue interviniendo con la familia biológica siempre, porque normalmente son familias que necesitan la intervención de los servicios sociales, y ya no solo los servicios del menor, sino en un ámbito muy amplio. Si la Administración ve que hay la más mínima posibilidad de reunificación familiar, la va a llevar a cabo, por lo que he dicho antes, porque cada menor que la Administración tiene que separar es un problema. Y ya no digo si nos encontramos con un menor de 8 años, la reunificación familiar es siempre la prioridad. A la más mínima posibilidad lo va a hacer; la familia biológica no necesitaría ni pedirlo, porque si la Administración lo ve, lo va a hacer así y va a seguir manteniendo las visitas, va a seguir manteniendo los contactos y va a incrementar la intensidad de esas visitas a medida que la situación lo permita. Lo que pasa es que muchas veces, desgraciadamente, nos hemos encontrado con familias biológicas que ya vienen de historias parentales, de expedientes de protección de los padres, a veces hasta de los abuelos porque son maternidades muy prontas, y te encuentras con madres que, desde su punto de vista, no es inconcebible, y te dicen que su hermano también estuvo en un centro hasta los 18 años y que solo quieren eso, que esté hasta los 18 años y luego que salga. Hacerle ver a esa mujer que lo que está proponiendo es imposible a veces es muy difícil. No es que tengas un plazo para pedir la revocación, sino que si la Administración ve que el niño puede volver contigo, volverá. Yo creo que es un plazo amplísimo y, en cualquier caso, siempre ha de entenderse que es para vía administrativa. Cuando por fin conseguimos que la Ley de Enjuiciamiento Civil nos limite la facultad de oponerse en vía judicial a tres meses para el caso de desamparo y dos meses para el resto de las resoluciones, lo que no puede entenderse es que de repente nos venga algún órgano judicial, que puede suceder, y nos diga que aquí se habla de dos años. Pues no. A mí me parece que es un plazo larguísimo, y si la Administración, la entidad pública de protección, hubiera visto que este menor podía volver con su familia, lo hubiera hecho. Efectivamente, pienso que es un plazo muy largo y que debe limitarse. No sé cuánto, porque cada caso es distinto, pero sí debe limitarse y, en cualquier caso, debe ser siempre por la vía administrativa. En vía judicial nos debemos agarrar a ese límite de tres y dos meses como a un clavo ardiendo, porque no puede ser lo que ha sucedido anteriormente, es decir, que después de cuatro y cinco años de un desamparo aparezca un padre y se meta en un procedimiento judicial. Eso no puede ser.
En cuanto a la senadora del PP, muchas gracias por sus palabras. Vuelvo a repetir que yo creo que sí hay un equilibrio en la ley entre los intereses del menor y los de la familia biológica. La familia biológica está muy protegida, no solo en cuanto a los recursos, sino en cuanto a la información y en cuanto a las obligaciones de dar audiencia. En todos los expedientes de protección hay obligación de remitir al Ministerio Fiscal, cada equis tiempo, no solo cada seis meses, cualquier modificación que se produzca en el régimen del menor o siempre que se tenga algún dato nuevo, y se da audiencia a las familias, aparte del contacto estrecho que tienen. Estamos hablando de técnicos que van a las casas, y no solo de trabajadores sociales, sino también de psicólogos, a veces de psiquiatras porque están remitidos a los centros de salud mental o a centros de deshabituación; es decir, hay un contacto muy estrecho entre
las familias y los técnicos. Están informadas y se las protege en cuanto al éxito como familia y también en cuanto a su posibilidad de recuperar al menor del que se han visto separadas provisionalmente muchas veces. Yo creo que sí tienen protección. Aparte, evidentemente, tienen el sistema de recursos en la vía judicial, luego están protegidos. Y el menor, como digo, necesita una tutela superior, porque es un niño y no puede decir que se opone.
En cuanto a las adopciones nacionales, lo que señalaba antes la senadora de Convergència i Unió es cierto. Es verdad que muchas veces se va a la adopción internacional por no encontrarte con la familia biológica en la puerta. Nos hemos encontrado con interferencias, y por eso es muy importante lo de la confidencialidad. A veces vas a un juzgado a ver un expediente y ves que lo tienen encima de la mesa, y pone el nombre de la familia biológica, el nombre de la familia acogedora, el nombre del niño y lo puede ver cualquiera. Por eso también es muy importante la colaboración entre comunidades autónomas, porque hay casos en que no puedes darle un niño a una familia ajena de la misma comunidad autónoma, y no hablo solo de Santander, que es muy pequeño y te puedes encontrar con ellos. Es esencial la coordinación entre comunidades autónomas.
A la adopción internacional se acude por este problema, pero por otra parte este problema a veces es desconocido. Cuando una familia quiere adoptar dice: Quiero un niño de 0 a 1 año. Pues espere diez años porque hay una lista extensísima de gente que quiere un niño de esta edad. O acude a la adopción internacional, donde hay más posibilidades, o tiene que esperar mucho tiempo. Y no es solo que tengan que esperar mucho tiempo, sino que aparezca un menor de esta edad que pueda ser adoptado, que normalmente será un niño tutelado. Es rarísimo que tengamos un recién nacido porque venga una madre después de treinta días y dé su consentimiento para darlo en adopción. Normalmente los recién nacidos son síndrome de abstinencia, bajo peso, madre toxicómana y Administración que asume directamente. Esos son los recién nacidos que hay, y son escasos. La adopción nacional tiene ese problema porque hay pocos padres que vengan a decir que no les importa y que quieren un niño de 6 años, o dos hermanos, o cuatro, que a veces ocurre. ¿Qué haces con ellos? Creo que son esos dos problemas, y la información es muy importante.
La colaboración entre comunidades autónomas es esencial. A mí me parece buena idea lo del órgano de coordinación nacional y que todos los datos respecto a familias acogedoras y respecto a menores estén informatizados. Tenemos a nuestro favor un arma, la informática. ¿Qué hacemos que no cruzamos datos constantemente de todo? Tenemos que cruzar datos, tenemos que proporcionar familias de aquí y de allá porque a veces es la única posibilidad, como el caso de este menor del que hablaba antes, víctima de un maltrato tan intenso que tenía cicatrices por todo su cuerpo; un niño de 5 años que no quería ni hablar con sus padres; de 5 años y ni pregunta por su madre la primera noche que se queda fuera. En ese caso los padres eran muy agresivos. Ese niño, encima, es negro; los padres le van a ver a 8 kilómetros porque todavía hay pocos en Santander. En definitiva, ese niño no puede ser adoptado en Santander. Tiene que ser adoptado en otra comunidad autónoma, en una comunidad autónoma muy lejana. Hay que cruzar datos y colaborar constante y estrechamente entre las comunidades autónomas; por tanto, el órgano de coordinación me parece una idea excelente.
Por lo que se refiere a las normas, soy un poco escéptica en cuanto a la modificación de normas sustantivas, porque a veces la multiplicación de normas o la matización de veinte mil supuestos lo único que hace es dificultar, porque la casuística va a ser siempre muy amplia. Siempre va a haber un supuesto que si estamos al detalle no se va a englobar ni en la letra a), ni en la b), ni en la c), ni en la d). La norma sustantiva, la de derecho material, la que nos dice cuando hay riesgo y cuando hay desamparo, tiene que ser concreta, pero tiene que dejar amplitud. Lo que debe ser muy concreto y estar muy tipificado es la norma procesal. Yo estoy más a favor de dejar la norma sustantiva como está -me refiero a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la 1/1996, y el Código civil, sin perjuicio de las modificaciones que he dicho- y coordinarse mucho, colaborar mucho las comunidades autónomas, cumplir la norma tal y como está establecida. Yo entiendo que esa es la manera de producir menos dilaciones, de que los menores tengan los recursos a su favor, de que se puedan normalizar e insertar en las familias y de que se pueda ayudar también a las familias biológicas. Pero cumplir la norma tal y como está, que los procesos sean más cortos y mucho dinero por todos los lados, porque al final todas las administraciones necesitan ese presupuesto porque necesitan más personal y más atención.
Muchas gracias a todos. (La señora Rubial Cachorro pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Vamos con el tiempo muy justo, senadora.
La señora RUBIAL CACHORRO: Un segundo para formular la pregunta y un minuto para contestar.
La señora RUBIAL CACHORRO: Se me ha olvidado preguntarle antes sobre la adopción abierta, si podría ser interesante para aplicarla en nuestro país.
La señora LETRADA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA (Fernández Prieto): ¿Se refiere a la adopción menos plena, una figura que existía antes?
La señora RUBIAL CACHORRO: Sí, cuando los padres tienen plena libertad para visitar a los hijos, siguen en contacto pero está en adopción en una familia.
La señora LETRADA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA (Fernández Prieto): Creo que es difícil que funcione por-
que, desgraciadamente, cuando se asume la tutela de los menores, que son la mayor parte de las adopciones que se dan -me refiero a la adopción nacional-, existe un conflicto entre el menor y la familia biológica; mejor dicho, no entre el menor, porque el menor muchas veces ni es consciente del conflicto, él ha vivido esa situación. Pero como tiene que insertarse en otra familia, tiene que crear lazos, vincularse, porque del modo en que se vincule con sus figuras de referencia, si tiene éxito, después podrá vincularse también con éxito con otra gente y establecer relaciones con otra gente, el factor familia biológica más familia de adopción, siempre que sea adopción, introduce una confusión. Como digo, un menor de 10 o 12 años tendría que ir a un acogimiento permanente. El acogimiento permanente es una especie de adopción abierta. Simplemente los apellidos no cambian. El menor sabe que está con esta familia pero mantiene contactos con su madre, con su padre o con su abuela. Eso funciona, pero es muy difícil porque no hay gente dispuesta a hacerlo. En casos muy concretos, en los que nos encontramos con un menor de cierta edad, sería fantástico porque no habría institucionalización, pero hay que encontrar familias dispuestas a hacerlo, y yo sería reticente a que se utilizara la naturaleza jurídica de la adopción, porque aquí tuvimos la adopción menos plena, que era una cosa parecida, y desapareció. En algún país existe, pero yo creo que la adopción es adopción y lo otro, con la figura del acogimiento permanente, se puede solucionar.
Nos despedimos y le damos de nuevo las gracias por su comparecencia.
Hacemos un pequeño receso para recibir al próximo compareciente. (Pausa.)
— DEL SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO, D. FRANCISCO MOZA ZAPATERO (Número de expediente 713/000755).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a empezar la segunda comparecencia. Damos la bienvenida a don Francisco Moza Zapatero, secretario general de Política Social y Consumo, para informar en relación con la materia objeto de estudio de esta comisión.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (Moza Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero darles las gracias por el trabajo que ustedes realizan en esta comisión de estudio. Creo que esta comisión es un buen ejemplo de parlamentarismo y de cómo se puede colaborar para llegar a soluciones y crear sinergias entre el Senado y el Gobierno en materias fundamentales para el desarrollo de los derechos de los ciudadanos de este país y más concretamente de los derechos de muchos menores. En este sentido, quiero agradecerles el magnífico tono que sé que ha habido a lo largo de todo el trabajo que sus señorías han realizado en esta comisión.
Por los contactos que hemos tenido sé que sus señorías van a ayudarnos a mejorar la protección jurídica del menor, la vida de muchos de ellos y asimismo la acogida, la adopción y las distintas materias que han sido objeto de estudio de esta comisión. Estamos expectantes a las conclusiones finales para ver cómo podemos mejorar el trabajo que realizamos y que a su vez realizan las comunidades autónomas día a día. Por otra parte, y si es necesario, se llevarán a efecto algunos cambios legislativos que ustedes seguramente van a proponer. En cualquier caso, en España hemos ido cambiando la normativa sobre la infancia al mismo tiempo y de manera similar a como se han ido produciendo las transformaciones en nuestra sociedad. Es cierto que la familia ha cambiado su organización y su estructura, pero no hay duda de que sigue siendo uno de los elementos insustituibles y fundamentales para la educación de los menores y el elemento garante de su desarrollo pleno.
En este marco la infancia se ha venido configurando como el colectivo más frágil y sensible de los procesos sociales. Esta situación de especial vulnerabilidad de los niños, por ser sujetos que se encuentran en un proceso de desarrollo y, por lo tanto, dependientes de progenitores y tutores, puede agravarse por razones externas. En algunos casos se llega a situaciones de desadaptación social en las que es difícil garantizar los derechos y su pleno desarrollo. Y es en ese momento cuando las diferentes administraciones públicas actuamos protegiendo los derechos y necesidades de los menores siguiendo la Declaración y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Si analizamos los datos extraídos de la Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia, observamos que las situaciones de desamparo permanecen estables, con una leve tendencia al crecimiento. En el año 2008 el número de tutelas fue de 32 055, y en el año 2007 fueron 1200 menos. Los menores en acogimiento residencial fueron 15 493, mientras que en el año 2007 fueron 14 948. En cuanto al acogimiento familiar administrativo, los datos nos muestran que se produjeron 11 571 casos, mientras que en el año 2007 fueron 14 694. Por último, en cuanto a la acogida familiar judicial, las cifras fueron 9398 en el año 2008 y 9667 en 2007. Como pueden ver, se observa un ligero incremento en el número de medidas de acogimiento residencial, a diferencia del acogimiento familiar administrativo y del acogimiento judicial. También observamos una disminución de los autos de adopción que se ha venido produciendo de manera progresiva en los últimos años en todos los autos de la Audiencia Nacional. Y como ustedes han indicado en esta comisión, uno de los objetivos fundamentales es promover que haya mayores garantías jurídicas para la familia que acoge o adopta. En cualquier caso, la Administración ha venido ofreciendo la cobertura más adecuada a cada situación de desamparo y desprotección, dentro de los marcos jurídicos con los que nos encontramos.
A continuación, me voy a referir a algunos de los puntos por los que ustedes se han interesado. En cuanto al modelo de gestión de protección al menor, el objeto de nuestro sistema es posibilitar que en el período más corto posible el menor tenga una participación normalizada en la vida familiar, social, económica y cultural, así como su pleno desarrollo y autonomía como persona. En este sistema podemos diferenciar un primer nivel referido a los sistemas de atención social primaria que realizan los propios ayuntamientos, como la atención inicial cuando una familia se acerca a ellos en primera instancia. Y en un segundo nivel está el ámbito autonómico, especializado, a través de los servicios sociales territoriales de atención a la infancia, en dificultad social, en cada una de las comunidades autónomas. No hay que olvidar que, además, la Administración pública tiene distribuida la denominada tutela ex lege, que es la potestad de la Administración para tomar decisiones en función del interés superior del menor, evitando la judicialización innecesaria de los procedimientos. También hay que tener en cuenta la función del ministerio fiscal. Al respecto sé que han recibido aportaciones significativas sobre las circunstancias en las que se desenvuelve y las mejoras que debemos ir introduciendo poco a poco para agilizar los trámites y mejorar la seguridad jurídica de todas las funciones, y en este aspecto es fundamental el papel de las comunidades autónomas.
Como saben, la protección al menor, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, es dispensada por las comunidades autónomas que conforman el Estado. Ahora bien, el desarrollo normativo de cada comunidad puede ser objeto de adaptación, siempre en función del marco regulador de la Convención sobre los Derechos del Niño y la citada ley orgánica a la que me he referido antes. Es cierto que asegurar la homogeneidad en el tratamiento es una de las funciones que tenemos que desarrollar como ministerio, potenciando las líneas convergentes y revisando en cada momento el marco jurídico español para asegurar esa adaptación a cada una de las realidades de las comunidades autónomas, pero también para asegurar que los derechos del niño son respetados, como así sucede.
El conflicto que puede surgir entre el interés de los padres biológicos y el interés superior del menor, obviamente, es una de las grandes cuestiones que se ha debatido en esta comisión y que está en continua evaluación. Nuestro ordenamiento jurídico recoge que toda actuación ha de ser presidida por el principio del interés superior del menor, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Carta Europea de Derechos del Niño, porque una de las cosas más difíciles -que estoy seguro que ha sido objeto de debate en esta comisión en reiteradas ocasiones- es conjugar el interés del menor con el interés de los padres biológicos, pero haciendo que prevalezca el interés del menor en todo momento. Como ustedes saben, este es uno de los asuntos que suscita mayor debate y, por eso, es especialmente necesaria la reflexión que ustedes han hecho, y sus conclusiones serán muy útiles. En cualquier caso, quiero adelantar que en todas las reflexiones y revisiones que nos podamos plantear sobre la situación actual este tiene que ser un asunto fundamental. Sus reflexiones han de servir como guía en la materia, y han de tener como meta que todas las cuestiones que afecten al futuro de los menores se resuelvan y aclaren con la mayor rapidez, evitando situaciones de incertidumbre que tanto daño pueden ocasionar al desarrollo futuro del menor. Por tanto, hay que conjugar el interés principal del menor con el derecho de los padres a una posible recuperación.
A continuación, me voy a referir a algunas de las medidas que cabría tomar para elevar la cifra de las adopciones nacionales. En primer lugar, en los últimos 3 o 4 años el número de adopciones nacionales se ha mantenido razonablemente estable, aunque con un pequeño descenso. Si contemplamos esa misma variación 8 o 9 años atrás, veremos que se ha producido un descenso significativo. En el año 2000 se llevaron a cabo 964 autos de adopción; en el año 2006, 916, y en el año 2008, 672. Se pone de manifiesto que, probablemente, esta sea una de las medidas que tenemos que revisar. Es verdad que el perfil demográfico ha cambiado significativamente, tanto el de los menores susceptibles de ser adoptados como el de los padres, pero también es verdad que ese descenso tiene que ser revisado para ver si la mejora en los procedimientos o en los marcos jurídicos puede llevar a que haya una protección del menor, que es el objetivo que tenemos que conseguir.
Según han indicado todos los expertos -probablemente aquí también se haya comentado-, la introducción en la Ley de Adopción internacional del año 2007 de plazos o límites en el tiempo para que las familias biológicas puedan reclamar ante el juez las decisiones que afectan a sus hijos puede favorecer el incremento de adopciones nacionales, pero esta es una cuestión que tenemos que revisar dentro del marco global. Lo que sí está claro es que entre todos debemos dar una mayor agilidad a los trámites para evitar que haya retrasos excesivos que dificulten la adaptación del menor a la familia de acogida, y, en su caso, a la familia de adopción.
Por otro lado, existen otras opciones que ya se están aplicando en algunos países, y que ya se han mencionado en esta comisión. Me refiero a modelos o figuras intermedias entre el acogimiento y la adopción que contribuyan -porque al final ese es el objetivo- a que cuando el equipo de trabajadores sociales, psicólogos, educadores, etcétera, se enfrente a cada caso, pueda dar la respuesta más adecuada a cada situación. Probablemente, tengamos que revisar las figuras intermedias entre la adopción y la acogida, o la adopción abierta que, como saben, permite mantener contactos con la familia de origen y que en algunos casos supone una mejor adaptación a las realidades, cada vez más heterogéneas, que se puedan producir. Todas las opciones, tanto las intermedias como la adopción abierta o la flexibilización en la acogida y en la adopción, tienen que ser contempladas en su conjunto para analizar su aplicación y su posible adaptación a la realidad futura.
Otro factor que puede elevar la cifra de adopciones
nacionales es que las pruebas y diagnósticos realizados por los equipos técnicos de las administraciones públicas tengan carácter de prueba plena, a los efectos de que el juez no solo las tenga en cuenta, sino que tengan la consideración de cargo de prueba o prueba plena para evitar demoras en las tramitaciones. No es fácil, además requiere de numerosos estudios, pero ya se está haciendo en otros países. Y creo que merece la pena que lo analicemos dentro del abanico de posibilidades, que nos vamos a plantear.
Otro asunto relevante es la institucionalización del menor como medida de protección y el respeto al interés superior del menor en esta medida. En estos momentos el sistema de protección se apoya en dos grandes pilares, el acogimiento familiar y el acogimiento residencial. La mejor medida para el menor es, sin lugar a dudas, la permanencia en una familia y solo si esta medida no es posible o conveniente deberíamos optar por centros de menores. El acogimiento residencial tiene, por lo tanto, carácter subsidiario respecto de otras medidas. Además, mantiene la característica de ser limitado en el tiempo, al ser una medida orientada a la reintegración del menor en la familia, a cuando esta haya superado sus dificultades, y de ser una medida transitoria para un trámite de adopción o acogimiento posterior.
Todos estaremos de acuerdo en que por bueno que sea el centro residencial, por buenos que sean los profesionales que lo atienden, que lo son sin lugar a dudas, la referencia de una familia las veinticuatro horas del día es el mejor método para la educación del menor. Por todo ello, esta medida de protección, el acogimiento residencial, debe ser restringida a una minoría de casos de separación familiar, en los que el acogimiento familiar no sea el ser adecuado o viable durante un tiempo determinado.
Sobre la institucionalización propiamente dicha, me gustaría hacer algunas reflexiones. En primer lugar, existe en muchos casos dificultad para obtener familias que acojan a niños; dificultad que los distintos equipos que han pasado por esta comisión han reflejado constantemente. En este sentido, quiero resaltar el gran trabajo que realizan las organizaciones que se encargan de sensibilizar a la ciudadanía y de buscar las mejores familias para llevar a cabo el acogimiento; pero el problema fundamental del sistema es la dificultad de encontrar familias que se ofrezcan al acogimiento.
En segundo lugar, no todos los niños que están en los centros salen fácilmente en adopción o en acogimiento familiar. Es muy amplía la casuística, tan amplia como las circunstancias en las que cada niño se encuentra y por las que se enfrenta a un proceso de adopción o de acogida. Es muy diferente la situación de unos y otros. Hay niños a los que no es posible pasar directamente de su familia de origen a una de adopción o a un acogimiento familiar y que necesitan pasos intermedios que posibiliten la toma de contacto del menor con su nueva situación, que posibiliten que se transforme su mentalidad positivamente y acepte la adopción o el acogimiento.
Uno de los cambios fundamentales que tenemos que hacer es el de paradigma. Las medidas que adoptamos desde el siglo XIX son de acogimiento, de adopción y de intervención con el menor, pero tenemos que dar un paso más allá, tenemos que contar cada vez más con el menor a la hora de definir el futuro que él mismo está dispuesto a asumir. Este es un cambio de paradigma que tenemos que hacer entre todos y que no es fácil. Pero si queremos garantizar el éxito de muchos acogimientos, de muchas adopciones y de cualquier otro estadio que tengamos que realizar, sobre todo en determinadas edades, tenemos que darle al menor cada vez más participación en el proceso de toma de decisiones para garantizar el éxito final de la educación del menor.
La tercera de las cuestiones que tiene que ver con la institucionalización atañe a los programas que llevan a cabo las organizaciones de la infancia en colaboración con las distintas administraciones, y que se financian a través del 0,7, para propiciar que aquellos menores con mayores problemas para encontrar una familia consigan salir de las instituciones. Es el caso de los grupos de hermanos. Resulta difícil encontrar una medida ideal para ellos. Es mucho más sencillo encontrar una salida para una sola persona que para varios hermanos. Herramientas útiles para lograrlo son la intervención, las subvenciones del 0,7 y las distintas medidas que adoptan las comunidades autónomas.
Por otra parte, los niños más pequeños tienen más facilidades para encontrar familias de acogida. Existen distintas comunidades y programas de acogimiento de urgencia para que bebés menores de 3 años no lleguen a ingresar en los centros. Esta es una medida fundamental desde el punto de vista de la institucionalización. Que haya menores de 3 años en centros residenciales no es una medida útil para mejorar la educación ni para garantizar la protección y el futuro educativo del menor. Cualquier medida que afrontemos en el futuro de cara a la institucionalización habrá de tener en cuenta cómo se gestiona la presencia en las distintas instituciones de los menores de 3 años. Probablemente, después con los menores de 6, y así sucesivamente. Pero los niños de menor edad no deberían estar en ningún momento en ningún tipo de institución. Esa es una de las medidas que tenemos que potenciar en el futuro.
Me refiero ahora a las mejoras en el sistema de institucionalización. Como he dicho anteriormente, el acogimiento residencial es una medida sustitutoria, que debe ser alternativa cuando no hay otro tipo de recursos. En cualquier caso, medidas como la formación y el apoyo a los profesionales que trabajan en este medio son fundamentales. Para todas las administraciones es un reto conseguir que estos niños permanezcan bajo la supervisión de una única persona como técnico de referencia dentro de las instituciones. Es importante que tengan una persona de referencia dentro de cada una de las instituciones, para garantizar ese nexo continuo educativo que los centros residenciales realizan sobre estos menores.
Por otra parte, la ley establece que la entidad pública competente en materia de protección de menores deberá realizar la inspección y supervisión de los centros semestralmente y siempre que así lo exijan las circunstancias.
Quizá deberíamos delimitar qué circunstancias han de darse para que dicha inspección se haga y aumentar así la garantía y la seguridad jurídica, y replantearnos si el tiempo debe ser inferior a seis meses.
En términos similares colaboramos con las comunidades autónomas y con el ministerio fiscal para mejorar estos procesos y estos sistemas. Sería importante también regular y dotar de la agilidad necesaria el acogimiento de urgencia -como ya se ha dicho antes- de niños de corta edad, a fin de evitar que pasen por un centro. El acogimiento de urgencia, como normativa fundamental, como materia fundamental de una posible revisión, debe ser contemplado de manera prioritaria. Debemos tener mecanismos de transición rápidos y de urgencia para evitar que esas personas pasen por un centro que no les va a traer beneficios.
El acogimiento como medida de protección al menor y su posible mejora adquiere una especial relevancia, porque supone la permanencia del menor en un entorno familiar. El niño comparte la vida con la familia de acogida, que asume la responsabilidad de su desarrollo y de su educación. El niño acogido no se convierte en un miembro jurídicamente de la familia acogida, sino que permanece en la familia de origen, con todas las dificultades que eso conlleva en muchos casos y que han sido analizadas en muchas circunstancias. El acogimiento familiar, en principio, debe ser una medida provisional, orientada prioritariamente a la reinserción del niño en su familia de origen y que tiene sentido en muchos casos. No obstante, habrá que delimitar el abanico de posibilidades que se tiene y aplicar cada una de ellas a la casuística particular de cada niño.
Que el acogimiento familiar sea una medida provisional no quiere decir que en algunos casos no desemboque en adopción, pero no es la adopción el sentido fundamental del acogimiento. Tenemos que diferenciar los caminos y los recorridos que se deben recorrer en cada uno de estos casos. Si el objetivo principal fuera la adopción, entonces deberíamos estudiar otras figuras vigentes en algunos países más efectivas para lograrlo; pero hemos de diferenciar muy bien el acogimiento de la adopción para que no se creen falsas expectativas en las familias, que desembocan en muchos casos en perjuicios para la educación de los menores.
En cualquier caso, el acogimiento tiene sentido pleno para la protección del menor porque ofrece temporalmente un medio familiar a un niño que no puede vivir permanentemente en una familia. Pero el tiempo de acogida sirve también para preparar la reinserción familiar o una adopción generalmente por otra familia. No obstante, debido a su carácter familiar, y como medida de protección provisional, este tipo de acogida es preferible al ingreso en cualquier institución. La principal dificultad del acogimiento es obviamente que cuando se está en esa situación, se tiene dos familias, una con la que se convive y otra que mantiene los derechos fundamentales, que suele ser la familia biológica o de origen. Se trata, por lo tanto, de un recurso indispensable, pero que se tiene que usar bien y que tiene que combinarse, si es necesario, con otras posibilidades para que, al final, se aplique en cada caso lo que más le conviene al menor. Todos estos matices y diferentes variables sugieren, asimismo, la necesidad de avanzar en la búsqueda de criterios consensuados para facilitar la toma de decisiones alternativas más adecuadas en cada caso.
Por último, se considera necesario analizar la figura del acogimiento profesionalizado, que se aplica en otros países, así como el acogimiento de urgencia -como decía antes- para evitar los ingresos en los centros.
En cuanto al tiempo de duración real de los acogimientos y a cómo influye el tiempo en el menor, les diré que, por supuesto, se necesita una reducción de los tiempos de actuación. Hay que conseguir la mayor estabilidad en el desarrollo de los menores. Para ello es necesario dotar de la agilidad necesaria al proceso de toma de decisiones, tanto administrativas como judiciales. Tenemos que profundizar, si es necesario, en los cambios normativos que sean menester o, en su caso, en los cambios administrativos. Ya se han introducido cambios en la Ley de Adopción internacional para que los padres biológicos puedan rehacer su vida y recuperar al niño sin perjudicar la estabilidad en su desarrollo. No obstante, esta materia exige reflexión cara a la adopción nacional.
Para concluir, en relación con la cuestión planteada por sus señorías, creo que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor continúa siendo un marco de referencia para esta materia, pero, al mismo tiempo, no tenemos que cerrarnos a la posibilidad de seguir analizándola, y, con las conclusiones que salgan de esta comisión, habrá que ver si es necesario introducir alguna modificación.
En cualquier caso, como reflexión general -creo que me he referido a ello a lo largo de la intervención-, la realidad es que hay una casuística extraordinariamente diferenciada entre unas situaciones y otras, y no solo en las distintas administraciones, en las que debería ser lo más homogénea posible, sino en las distintas situaciones en las que se encuentra el menor. Algunos pueden recuperar su vida familiar sin ningún problema tras un periodo de acogimiento. Para otros, esa situación no se va a volver a dar y hay que proporcionar la garantía suficiente para que, si no se puede volver a dar ese acogimiento posterior o esa recuperación de la familia biológica, se cambie de institución de la forma más rápida posible. También hay momentos en los que es necesario que entre una y otra institución haya una readaptación así como una intervención sobre el menor para prepararlo para la nueva etapa y, sobre todo, hay que garantizar que el número de fracasos entre una institución y otra sea el mínimo, porque, probablemente, ese es el mayor de los perjuicios que le podemos causar al menor.
En cualquier caso, hay experiencias internacionales que ustedes han analizado, y han tratado sobre sus diferentes aspectos y soluciones. Al final, el éxito que tendremos en la protección jurídica del menor depende no solo de las instituciones y de las administraciones, sino también de que contemos con un marco legislativo que dé suficiente
flexibilidad para que cada grupo de trabajo, cada trabajador social, cada educador social, cada psicólogo, así como los grupos de intervención, tengan diferentes opciones para aplicar a cada uno de los casos, pero que también dé garantías a las personas que quieren adoptar o acoger, que se les dé la mayor seguridad jurídica en cada uno de los casos, de acuerdo con la situación de cada uno de los menores.
Conjugar esas dos variables no es fácil, pero, sin lugar a dudas, es una de las materias fundamentales en las que las conclusiones que ustedes desarrollen serán muy tenidas en cuenta por el Gobierno para ver las posibilidades que se tienen dentro del marco actual o la necesidad de cambiarlo en algún aspecto que, seguramente, ustedes recogerán.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moza.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Torres.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto y en el mío propio, quiero dar la bienvenida a esta comisión y agradecer la intervención del señor don Francisco Moza Zapatero, secretario general de Política Social y Consumo que, sin ninguna duda, nos será muy útil para las conclusiones finales. Muchas gracias, señor Moza, y bienvenido a la Comisión Especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines del Senado.
Señorías, teniendo en cuenta que hoy finalizan las comparecencias en esta comisión sobre el tema que nos ocupa -y esta vez parece ser que es así, que va en serio (Risas.) , me gustaría expresar mi deseo de que las decisiones y conclusiones que de aquí se han extraído y se están extrayendo sean realmente decisivas a la hora de solventar los principales problemas que conlleva la adopción nacional en nuestro país.
Tras todos estos meses de estudio, han aparecido algunas opiniones que, al parecer, son comunes entre muchos de los comparecientes que han intervenido. Algunos de los obstáculos que hay que superar en la adopción nacional son la precariedad de recursos de las entidades públicas y el largo tiempo de vida de los expedientes, lo que condiciona seriamente los derechos del menor a su normalidad y estabilidad. Por otro lado, también se ha confirmado en numerosas ocasiones que el acogimiento residencial debería tener un carácter provisional y extenderse a un periodo de tiempo lo más breve posible.
Teniendo en cuenta algunas de las soluciones que se han ido planteando, según uno de los últimos informes realizados sobre adopción nacional sería conveniente diferenciar entre el acogimiento familiar y el acogimiento residencial, incluyendo dentro del primero varios tipos. En este sentido, es importante considerar y decidir cuál debería ser el plazo máximo aconsejable que un menor debe pasar en un centro de acogida. Según el señor Antón Beltrán, consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, en su comunidad han considerado oportuno establecer por norma los plazos en los que, salvo justificación, pueden permanecer los menores en los centros, siendo estos de un máximo de seis meses para niños de menos de 6 años y de 1 año para niños de entre 6 y 13 años de edad.
No todas las familias están dispuestas a afrontar acogimientos provisionales o permanentes sin expectativas de adopción, y tampoco es fácil encontrar acogedores para niños mayores o adolescentes cuya educación implique un alto nivel de compromiso y altruismo. Frente a situaciones de este tipo se ha planteado priorizar el acogimiento familiar remunerado antes que el acogimiento en centros de acogida. ¿Considera usted apropiada, señor Moza, esta iniciativa?
Con respecto al mayor número de adopciones internacionales, existe la convicción de que las familias acuden a la adopción internacional porque así los familiares biológicos de los menores, a 3000 kilómetros de distancia, no son un problema.
Parece que hay un escaso conocimiento por parte de la opinión pública, la cual debería conocer las necesidades y problemas de la población infantil del territorio español. Ante esta situación, también se ha hablado de la necesidad de transmitir la información adecuada a los ciudadanos, con la colaboración de campañas de sensibilización y a través de la repercusión mediática, evitando así la información sesgada y el enfoque sensacionalista que se crea en ocasiones a través de determinadas noticias en los medios de comunicación. ¿Cómo cree usted que se podría cambiar la idea de adopción preestablecida actualmente en la sociedad?
Siendo conscientes de las ventajas que se reflejan en la ley de adopción internacional frente a la de adopción nacional, con la intención de facilitar los trámites tan complejos se ha propuesto también la creación de otros modelos de gestión integral donde los solicitantes de la adopción internacional se den de alta de oficio en los registros de adopción nacional. ¿Considera usted efectiva esta medida, señor Moza?
Otra de las soluciones destacadas ha sido la realización de un listado de carácter nacional de todas aquellas familias interesadas en el acogimiento y en la adopción -después, por supuesto, de haber sido aprobada su idoneidad- al cual tuvieran acceso todas las comunidades autónomas. De esta manera, una familia de Galicia, por ejemplo, podría acoger a un niño o a una niña de Andalucía sin tantas dificultades. ¿Considera que podría ser efectiva esta solución para paliar la falta de familias disponibles?
Señorías, el sistema de protección a la infancia en España sufre sus quiebras y, evidentemente, por este motivo se ha llevado a cabo esta comisión de estudio, donde intentamos reflexionar y analizar la situación. Ante esta iniciativa, se ha planteado la necesidad de estudiar y poner en marcha una metodología que recoja datos fidedignos acerca del
número de menores protegidos, las aplicaciones de las diferentes medidas, los perfiles de estos niños protegidos y de sus familias, los indicadores del proceso, tales como la duración de las medidas, e indicadores de resultados como el cumplimiento de objetivos, el impacto, etcétera; es decir, la existencia de un organismo estatal que recoja datos estadísticos cuantitativos y cualitativos sobre la adopción nacional en nuestro país.
En definitiva, una de las causas de esta comisión de estudio y uno de los motivos que dificultan en mayor medida el estudio de la materia es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando en el conjunto del territorio español. Cada comunidad cuenta con sus propios recursos, sus propios técnicos y juzgados, los cuales, en muchas ocasiones, no están suficientemente especializados. Por este motivo, otra de las soluciones comentadas es la implantación de más juzgados de Familia dotados de equipos psicosociales, así como la de servicios específicos de inspección de servicio de menores. Sería necesario aumentar el número de jueces, abogados y fiscales especializados en leyes como la del menor, el acogimiento y la adopción, tanto nacional como internacional. Esta especialización y exclusividad favorecería uno de los grandes problemas que presenta la adopción nacional, que para mí son los largos tiempos de espera.
Ante esta necesidad y ante la consideración de que los acogimientos con la familia biológica precisan de los mismos apoyos, o incluso de más, que los acogimientos con familias ajenas, ya que en ocasiones las relaciones familiares no son las más adecuadas, deberíamos plantearnos que este tipo de medidas no se han de adoptar especialmente en el caso de las familias acogedoras, sino también en el de aquellas familias biológicas que presenten conflictos o dificultades.
Iniciativas como la llevada a cabo por esta Cámara, a través de la creación de una comisión especial de estudio, suponen un paso importante en esta labor de buscar solución a la problemática de la adopción nacional. Señorías, nuestro objetivo ha de centrarse en analizar la situación, detectar el problema y proponer soluciones. Pero no debemos quedarnos solo en eso, sino que hemos de ejecutar nuestra misión para que la decisión que se ha propuesto durante estas jornadas llegue a buen puerto junto con las conclusiones finales de esta comisión, ya que un trabajo a medias es una labor inexistente y sin resultados.
Bienvenido, señor Moza, a esta comisión.
Usted ha empezado diciendo que la familia es el elemento fundamental en la educación del niño, que la familia ha cambiado a lo largo de los últimos años y que esto, sumado a las variaciones del entorno, hace que nuestros menores se encuentren en un estado de mayor fragilidad. Esto es importante, ya que no solamente hablamos de las familias con problemas sino incluso de aquellas que aparentemente no los tienen. Usted es secretario general de Política Social, y eso debe tenerse en cuenta. Lo que está claro es que estamos debatiendo sobre los conflictos que existen entre los padres biológicos y el interés superior del menor. En todo esto encontramos unos plazos interminables y a veces sentencias contradictorias, como estamos viendo últimamente.
Ha intentado trasladarnos unas cuantas recomendaciones, y uno de los primero datos que nos ha dado ha sido el incremento del acogimiento residencial, alternativa que consideramos totalmente negativa. Entre estas medidas y recomendaciones se prevé -y lo veo bien- la introducción en la Ley de Adopción internacional de un límite en los plazos de demanda por parte de los padres biológicos.
Nos ha pedido figuras intermedias entre la adopción y la acogida e incluso la adopción abierta, de la que podríamos discutir, pero también que las pruebas diagnósticas tengan carácter de prueba plena como sucede en otros países. Como no entiendo a qué se refiere con eso, ¿me lo podría aclarar?
Estamos totalmente de acuerdo en que la institucionalización solo debe aplicarse en los casos más extremos y en que únicamente tenga carácter subsidiario, pero tenemos un problema -y usted también se ha referido a ello- y es la dificultad de encontrar familias que acepten a un niño en acogida o en situaciones especiales.
También se ha referido a la necesidad de que el menor asuma su responsabilidad, o algo así. Ya sé que no ha dicho exactamente eso, pero en realidad acaba siendo así. Cuando hacemos intervenir al menor en la toma de decisiones le estamos pidiendo una responsabilidad que no hemos requerido a sus padres, y tiene gracia. O sea, al que es menor le pedimos que sea adulto y que diga qué quiere hacer y, sin embargo, no se lo exigimos a sus padres, que son los que tienen la obligación. Creo que estamos cayendo en una contradicción cuando intentamos dar más derechos al menor, ya que en realidad le estamos quitando precisamente su condición de menor y haciendo que alguien tome las decisiones por él. Los estamos haciendo adultos antes de tiempo, y precisamente estos niños, al estar en estas familias y con unas determinadas condiciones, quizá lo sean menos que otros que sí han tenido la oportunidad de estar bien formados. Estoy de acuerdo en pedirles su opinión, si bien hay que evitar exigirles responsabilidad ante este tipo de decisiones. En lugar de favorecerlos estamos haciendo todo lo contrario, y eso es muy peligroso. Pasa lo mismo con los grupos de hermanos, en los que acaba siendo el mayor el que tiene la responsabilidad de decidir qué se hace con ellos, si deben estar todos juntos o separados. Volvemos a pedirle a un menor que tome una decisión que ni siquiera le hemos exigido a quien debería adoptarla: sus padres biológicos.
Estamos de acuerdo en que la institucionalización de los menores debe aplicarse lo menos posible, sobre todo en el caso de los más pequeños. Como hemos dicho aquí, debe-
ríamos elaborar una norma para que, a ser posible, ningún menor de 3 años entrase en una institución. Es necesaria una mayor agilidad en los acogimientos de urgencia, y en especial en este tipo de niños sería importantísimo. No es lo mismo una duración de los trámites de 2 años para un niño que tiene 7 u 8 años que para aquel que tiene 4 o 5. Para un niño de 5 años, un trámite de 2 años supone la mitad de su vida, y no se le puede pedir que esté esperando la mitad de su vida a que alguien tome una decisión; resulta difícil para el niño y para la familia de acogida. Este es uno de los grandes problemas en este país.
Por último, quiero pedirle, como ha hecho el senador Torres, que el ministerio sea el coordinador y actué como correa de transmisión de la información entre las distintas de las comunidades autónomas. Considero que ha de servir no solo de transmisor de datos, sino también de formas y de soluciones. También debe transmitir qué es lo mejor que se ha hecho en una comunidad para que otras puedan adoptar la misma medida o no, en caso de que haya resultado negativa.
Gracias por sus aportaciones. Estamos seguros de que entre todos lograremos hacer los cambios que necesita este país por el bien superior de estos menores, algo que no siempre se ha tenido en cuenta y a lo que deberíamos haber atendido desde un primer momento, porque por eso estamos aquí.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.
Buenos días, señor Moza, y bienvenido a esta comisión.
Realmente no podemos estar más de acuerdo con las declaraciones que ha hecho. Durante el tiempo que lleva funcionando esta comisión han acudido otros comparecientes: diferentes expertos y representantes de las administraciones autonómicas y asociaciones, y las suyas coinciden en los puntos fundamentales. Como el senador Torres ya ha comentado, estamos a punto de terminar los trabajos de esta comisión, y antes de concluir el resumen quiero incidir en unos puntos que considero importantes.
Estoy de acuerdo en que la familia es la garante del desarrollo del niño, la mejor institución para que aquel sea pleno. Como usted es el secretario general de Política Social, me atrevo a pedirle que pongamos como punto importante la prevención, el cuidado y la atención a las familias, porque la mejor política sobre adopciones o acogimientos familiares es que no sean necesarios. En este caso deberíamos incidir en la prevención y el cuidado de las familias. Sé que es una competencia autonómica, pero no podemos olvidar que es responsabilidad de toda la sociedad en general y, como secretario general de Política Social, le pido que también tengan en cuenta esta mayor atención a las familias. Esto se ve en muchos casos, por ejemplo en materia de educación, por eso consideramos necesaria esta prevención y atención primera a las familias para que luego no surjan problemas.
He anotado que el acogimiento residencial, con el que parece ser que nadie está de acuerdo, ha ido creciendo aunque sea de forma poco importante. Creo que debería estudiarse por qué está pasando si es una medida que generalmente todas las instituciones que se dedican a la atención al menor dicen que solo debería emplearse como última solución. No se entiende por qué está creciendo, aunque sea poco, cuando en realidad tendría que disminuir.
Creo que el menor sí debe participar en las decisiones de la familia. En todo caso, aunque la decisión ha de ser adoptada por los adultos, la participación del menor es un reconocimiento de un deber que tiene, y a mí me parece importante, así como oír cuál es el deseo del niño.
Hay otra medida que también considero importante. Ya se ha comentado, pero para mí es fundamental. Quisiera que nos adelantara qué medidas cree usted que se deben adoptar para que los menores de 0 a 3 años no entren en una institución. ¿Qué se puede hacer para que todo el mundo reconozca que no debe haber acogimiento residencial para estos menores, que nunca deben pasar por una residencia? Creemos que debería haber un acogimiento de urgencia en familias, y quisiéramos saber cómo podría llevarse a cabo, así como la manera en que se podría formar a estas familias de urgencia, algo que en otros países europeos ya existe. En España nos falta esa cultura del acogimiento que tienen otros países europeos. Es algo que aquí todavía nos cuesta. Parece que tengamos que solucionar el problema de las familias que desean adoptar y no el del niño, cuando en realidad lo que nos debe importar es el problema del niño, y si además se puede solucionar el de las familias adoptantes, perfecto, pero no es un problema prioritario, sino que lo es la atención al niño.
¿De qué manera se podría organizar, asumiendo que no debe existir ninguna residencia para menores de 0 a 3 años, y de qué manera se puede ir formando a estas familias de acogida de urgencia para contar con un instrumento o un recurso para estos niños? ¿Cuánto tiempo cree usted que debe durar esta medida provisional, que es la acogida, sin que se lesionen el desarrollo y los derechos del menor?
Hay un caso en Cataluña en el que la Administración ha sido multada a pagar una indemnización a los padres porque consideró que era conveniente dar al niño en adopción, pero cuando los padres resolvieron su situación, que era conflictiva porque los dos eran toxicómanos, han reclamado. Si la Administración no cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia, ¿cómo va a tener la valentía de adoptar esta medida transitoria de la forma más rápida posible y decir que el interés del menor es lo primero, que lo importante es que tenga una familia estable antes que el tratamiento a la familia? Considero que esto también es importante, pero quizá en otros casos, no para este niño. En cambio, aquí se está pidiendo una retroactividad, y aunque no conozco el caso al detalle, según he podido leer en los periódicos debería existir un amparo para las admi-
nistraciones cuando adopten una decisión tan importante y de tanta responsabilidad.
Muchas gracias por su presencia, señor secretario de Estado, que considero que es un reconocimiento del ministerio de la importancia de esta comisión. Deseamos que este recoja las conclusiones que salgan de estas sesiones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Moza, sea usted bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Muchísimas gracias también por aquella reunión que mantuvimos con usted y con su equipo en el ministerio. No solo le agradecemos el recibimiento que nos hizo, sino también el interés que manifestó claramente sobre estos temas que trata la comisión, y sobre todo el horizonte que nos abrió en aquel momento de posibles reformas que su ministerio está dispuesto a emprender al hilo de lo que se diga y de las conclusiones a las que se llegue en esta comisión. Como decía la senadora Burgués -siempre tan aguda-, es verdad que estas cuestiones tienen que ver con Justicia, y evidentemente habrá que ir de la mano; con toda seguridad este es un asunto de Gobierno, y como tal se tratará.
Tal y como también afirmaba el senador Torres, estamos en la última comparecencia. Usted cierra un ciclo que comenzó también con la administración estatal, con la entonces directora general de Familia e Infancia, doña Amparo Marzal. Usted es el compareciente número treinta y siete de los que han pasado por aquí a lo largo de este año y medio, y creo que tenemos ya una visión bastante aproximada y real de la situación de la adopción nacional y del acogimiento, pues hemos contado con la presencia de comparecientes de todo tipo.
También es verdad que la comisión ha decidido continuar con los trabajos en eso que el defensor del pueblo llamó el estudio de los centros terapéuticos, pero esta comisión tiene la firme voluntad de cerrar con usted sus trabajos, llegar a unas conclusiones y hacer unas propuestas sobre la adopción nacional y el acogimiento, y digamos que eso de «… y otras cuestiones afines» es lo que nos va a valer para centrar el foco en este tema lateral que también tiene que ver con la protección de menores. Lo cierto es que no queremos alargarnos más para que se pueda implementar cuanto antes algún tipo de medidas legales.
Decía que tenemos bastante claro el panorama general de la adopción. Nuestro país sigue adoptando principalmente fuera, pero eso se va a terminar o va a caer, porque los países en los que los españoles estamos adoptando son países emergentes. Así, por ejemplo, en el año 2009, China dejó de ser el país en el más adoptamos; lugar que ha ocupado Rusia. Y es que, evidentemente, los países emergentes, con una mayor capacidad económica, están empezando a tener un problema de imagen como país y no quieren que sus nacionales salgan de allí. Esto supone, lógicamente que tengamos que volver la vista hacia la adopción nacional. Pero es que aquí tenemos un problema, y por eso nos hemos puesto a ello.
Como decía, el dibujo de la adopción internacional está muy claro, y después de este año y medio el de la nacional también lo está. El gran problema en este país es la institucionalización, que podemos llamar acogimiento residencial, que queda mejor, pero que en el fondo significa tener niños sin familias. Este es el problema, y ahí deberíamos centrar nuestros esfuerzos. Le digo esto porque en realidad existe también una tendencia que se observa en los países del sur de Europa -hablo de Italia, de Francia, de España- donde siempre hay alguien de esa familia extensa, en sentido general, que se ocupa del niño cuando mueren los padres o se les ha retirado la custodia del menor. Esto es algo muy ligado al concepto de familia que tenemos en el sur. En Centroeuropa, y menos aún en los países más al norte, esto es algo que no ocurre. Si un niño pierde a sus padres en un accidente entra en un centro, y lo normal es que sus tíos no se hagan cargo. Es un concepto general de carácter cultural.
Pero si esto es así, choca el hecho de que España sea, junto con Bélgica, el país europeo en el que hay un mayor número de menores institucionalizados por cada 10 000 habitantes. Algo falla, y estamos detectando que ese fallo tiene que ver, no tanto con el acogimiento familiar posterior, sino con el puro concepto de la institucionalización. De por qué un menor, que según los convenios internacionales tiene derecho a tener una familia del modo que sea no la tiene, ya sea de forma permanente por adopción o de acogida. Creo que ahí está el nudo gordiano del problema que tenemos que solucionar: la institucionalización. Por eso a mi grupo parlamentario le alegra comprobar que tiene usted algunas ideas muy claras.
Le iba a preguntar por algunos asuntos que usted ya ha adelantado. Se ha manifestado a favor del acogimiento profesional, y estamos completamente de acuerdo con ello, e incluso de la adopción abierta, aunque es verdad que puede presentar algunos matices, porque no vale para todos los casos, pero sin duda no es más que retrotraernos a lo que aquí ocurría en los años cincuenta, cuando, por motivos económicos en muchos casos, las familias no podían mantener a seis o siete hijos y uno de ellos, con total conocimiento de los padres biológicos y de todos los hermanos, acababa siendo criado y educado por una tía o unos tíos que no tenían niños y que lo sacaban adelante. Es verdad que no vale para todos los casos, pero sí es importante abrir el abanico de posibilidades de protección de los menores.
Usted ha hecho también referencia a algo que nos interesa mucho y le voy a preguntar por ello. La persona que se manifestó de forma más rotunda sobre la institucionalización de los más pequeños fue el compareciente Jesús Palacios; él tiene una intensa actividad en Inglaterra y nos manifestaba que era una barbaridad que hubiera niños menores de 2 años en instituciones. Su propuesta era más
o menos la que usted ha manifestado, es decir, que progresivamente se comenzara de 0 a 3 años, y luego se ampliara hasta los 6.
No quiero adelantar nada, porque nos tenemos que sentar todos a hablar, pero quizá haría falta un acto de valentía en este país, no para cerrar las puertas de las instituciones, sino para tomar alguna medida de tipo legal que nos obligara a adoptar medidas para que un bebé no pudiera entrar en un centro. Hay otro tipo de medidas que se están poniendo en marcha en algunas comunidades autónomas, y que no deben ser la excepción sino la regla. Esto sería muy importante. Nos pondremos a trabajar para ser capaces mentalmente de asumirlo y trasladarlo después al papel, de manera que en pocos años no haya ningún niño menor de 3 años en estos centros, salvo casos excepcionales que siempre existen, pero que serían la excepción y no la regla. Con esa misma idea, se ha de fijar un horizonte de equis años para que esta medida se aplique hasta los niños de 6 años, lo que favorecería la desinstitucionalización que queremos conseguir.
Curiosamente, es más fácil para los niños el acogimiento en familia extensa, porque lo que se busca en estos casos, que es el principio de permanencia, se cumple mucho más. Los datos indican que más de un 74% de menores que se acogen en familia extensa no solamente cumplen todo el período hasta los 18 años sino que siguen unidos. O sea que sí que funciona ese concepto cultural que tenemos en España de la familia extensa, pero lo hace cuando se da el salto al acogimiento con lo cual, el problema estriba en que falla algún mecanismo para que la mayoría de los niños queden encuadrados en ese eufemismo que llamamos acogimiento residencial, pero que en el fondo es institucionalización.
Otro de los asuntos que se han puesto encima de la mesa y que mi grupo considera más importante -sobre el que no voy a insistir mucho puesto que otros compañeros ya lo han comentado-, es la relación con las comunidades autónomas; usted se lo habrá oído incluso a grupos nacionalistas y a senadores con ese perfil. Estamos hablando de algo más de si se quitan o no competencias; estamos hablando de dos problemas importantes: uno, la falta de conocimiento de datos reales, al que ha hecho referencia el senador Torres; y, otro, la homogeneidad, que, como ha dicho usted, el ministerio tiene la obligación de perseguir.
En cuanto al conocimiento de los datos, he de señalar que han sido muchos los comparecientes que han dicho que son aproximados, que las comunidades autónomas no los proporcionan y que debía existir algún mecanismo, no sé si automático, para que esto no fuera así.
En cuanto a la homogeneidad, la propia directora general, Amparo Marzal, en su primera comparecencia, hablaba de que la excesiva variedad de procedimientos era uno de los puntos débiles de nuestros sistema; pero es que muchos otros comparecientes que han pasado por aquí, sin ir más lejos, el director de este libro que les muestro, Jorge Fernández del Valle, autor de uno de los principales trabajos sobre el acogimiento familiar en España, manifestaba que la mayor dificultad en su elaboración había ha sido encontrar la forma de registrar lo que en las diferentes comunidades autónomas se llama de distinta manera; esa diferente forma de registrar la información de cada comunidad autónoma, incluso la diferente definición de conceptos básicos que hay en las comunidades autónomas, hace que no tengamos una foto clara para después poder intervenir. Son aspectos, a veces, de sentido común pero que no se llevan a cabo, como, por ejemplo, disponer de una aplicación informática que integre este complejo conjunto. Usted ha dicho que se dan muchas circunstancias, es verdad, pero en cuanto al acogimiento que es de lo que trata este trabajo, sería bueno que tuviéramos definida una base de datos de acogimientos que fuera intercambiable, y que nos las pudiéramos pasar de unas comunidades autónomas a otras. Por tanto, mi grupo le pide su apoyo para lo que a buen seguro va a ser una de las conclusiones de esta comisión.
Para terminar, hay muchas cuestiones que me gustaría comentarle, pero, por el hecho de ser el último, no vamos a exprimirle como a un limón esperando que usted nos conteste a todas las preguntas después de año y medio; pero hay una muy concreta que le quiero formular, y me gustaría que, si tiene datos -aunque sé que es difícil porque estamos en junio- me respondiera, y es la siguiente: la disposición final primera de la Ley de Adopción Internacional, aprobada el 28 de diciembre de 2007, mencionada en la anterior comparecencia, fija el plazo de dos años como límite para que los padres biológicos puedan recurrir la declaración de desamparo. Esta ley se aprueba a finales de 2007, por tanto, los dos años contarían desde 2008; si a partir de 2010 se pusiera en marcha esa cláusula, podríamos tener algún tipo de información sobre si ha sido positiva; dicho de otra forma, mi pregunta es, aunque solamente hayan pasado seis meses, si hay forma de saber si aquella cláusula que se estableció en aquel momento para que los padres biológicos no fueran poniendo palos en las ruedas constantemente haciendo imposibles esas adopciones, tiene algún sentido.
Aunque los datos no son muy claros, indican que las declaraciones de desamparo oscilan entre 35 y 40 000, y los expertos dicen que realmente adoptables no son más del 10%; pero es que el 10% de 35 000 son 3500. Ya sé que crecer en adopción nacional no es un objetivo; el objetivo es la protección del menor, pero es que esta es una medida de protección del menor. Por tanto, si logramos quitar toda la paja y todos los impedimentos que hacen que los procedimientos vayan más rápido, habrá un incremento de adopciones; es decir, hay un gap entre las 800 y 900 adopciones anuales, y esos 3500 posibles niños en situación de adoptabilidad que cumplen con todos los requisitos de la ley.
Insisto, sin que el incremento del número de adopciones sea un objetivo en sí mismo, sí sería considerado como una forma de protección si eliminamos todas esas trabas. La anterior compareciente nos ha proporcionado un catálogo de cuestiones que hemos de cambiar, no tanto en el derecho sustantivo, en el derecho material, como en el
derecho formal, en la Ley de Enjuiciamiento Civil; pues bien, ese tipo de cosas nos ayudaría también bastante.
Le agradecemos muchísimo su comparecencia y, sobre todo, la disposición que ya mostró en el ministerio para liderar las conclusiones que le aportemos en breve.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Ongil.
La señora ONGIL CORES: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, doy la bienvenida a esta comisión al señor Moza y nuestro más sincero agradecimiento por la información, por sus opiniones y por haber querido venir a cerrar esta comisión, pues considero un broche de oro que usted, como secretario general de Política Social del ministerio, haya comparecido hoy.
Sé que conoce bien el desarrollo de esta comisión. Como ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, han sido muchos los representantes de todos los ámbitos concernientes a los menores que han comparecido en esta comisión, que han sido de una enorme utilidad: letrados, parte jurídica, médicos, profesionales, ONGs, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Es muy importante contar con una persona como usted, con el cargo que representa en el ministerio, porque nos proporciona una visión de lo que el ministerio está dispuesto a hacer y a colaborar con la parte legislativa que nosotros llevamos a cabo, reconociendo que hay muchas cosas que deberíamos cambiar.
Señorías, como suelo decir en otras comisiones, intervenir en último lugar supone que muchas de las cuestiones a las que pensaba referirme ya se hayan mencionado, y lo digo en el mejor sentido, porque eso significa que personas con ideologías muy diferentes, como las que estamos aquí, coincidimos y tenemos las mismas sensibilidades en algo tan importante como es el tema del menor aunque en muchas otras cosas estemos en puntos muy distantes es decir, coincidimos en la filosofía y esto es digno de reseñar. Creo que sería bueno que usted se quedara con esa idea de esta comisión, que es además de estudio, con lo cual tiene unas connotaciones distintas al resto de comisiones que el Senado tiene encomendadas.
Por tanto, comienzo mi intervención diciéndole que en su responsabilidad de secretario general de Política Social y Consumo debe saber que el interés del menor nos ha llevado a todos los grupos a dedicar muchas horas de trabajo y estudio -aunque es cierto que ha sido agradable- y usted, como máximo responsable del ministerio, tiene que tomar conciencia de que hay que modificar una serie de aspectos, como veremos posteriormente en las conclusiones.
Señoría, la primera reflexión que me hago es que algo no debemos estar haciendo bien -lo acaba de decir también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tenemos muchas más familias que quieren adoptar, en lista de espera, que niños factibles de poder ser adoptados; por tanto, repito, en algo estamos fallando. Evidentemente, hay una parte legal, hay unos plazos, pero todos estamos de acuerdo en que un menor hasta los 3 años de ninguna manera debería entrar directamente en un centro.
Coincido con usted, como han comentado otros portavoces, en que la familia es el núcleo central de la sociedad; la familia ha demostrado en muchas ocasiones que es capaz de cuidar de un entorno con dificultades tanto económicas -como sucede actualmente, y como hemos vivido hace años-, como de otra índole; probablemente el tipo de familia sea lo que tengamos que estudiar en profundidad, y también lo veremos en las conclusiones.
Usted ha hablado de familias profesionalizadas, y quizá también lo tendríamos que estudiar. ¿Por qué no encontramos suficientes familias para acoger a esos niños? Yo le puedo hablar de mi responsabilidad y experiencia en la Comunidad de Madrid, y le diré que durante el tiempo que estuve -que no fue mucho, solo un año- se pusieron en marcha un par de campañas muy importantes con algunas ONG y fundaciones que nos quisieron ayudar relativas al acogimiento, aunque no tuvieron el éxito que esperábamos.
Es cierto que hay temas puntuales, por ejemplo, se acogen niños durante épocas de verano y hay menores que pueden estar temporalmente con una familia; pero no sé si ese es el sistema adecuado. En cualquier caso, hay muchas solicitudes pero, repito, hay muchos niños en los centros, y no veo una salida -ni siquiera por ley- para conseguir que nunca entren en un centro niños menores de 3 años. ¿Cómo podemos conseguir que haya familias que estén dispuestas al acogimiento? Siento repetirlo, porque lo he dicho en numerosas ocasiones, pero creo que el acogimiento es el mayor gesto de generosidad. Porque cuando uno adopta sabe perfectamente que ese menor acabará siendo su hijo, mientras que el acoge sabe que es algo transitorio, que puede estar un mes, seis meses o seis años, y, además, el menor tiene que tener obligatoriamente una relación con su familia biológica. Por tanto, pedimos un gesto más de generosidad a las familias. ¿Quizá estas familias profesionalizadas deberían tener algún tipo de recompensa o de pago económico? Por supuesto, en la Comunidad de Madrid tienen una dotación económica, así como mejoras y puntos extras a la hora de escolarizar a los menores, pero, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar a esas familias? Sé que es muy fácil decir que un menor no entre en un centro, pero la realidad es bastante más complicada.
Por otra parte, ha dicho usted que mediante la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas habría que conseguir que la protección del menor se llevara a cabo de forma similar en todas ellas. ¿Existe realmente esa cooperación entre su ministerio y las comunidades autónomas? ¿Hay algún tipo, no de control, sino de conocimiento del ministerio para intentar unificar esa labor?
En cuanto a lo de contar con familias acogedoras, como ya le he dicho, ¿considera usted que el ministerio podría
liderar esta cuestión, es decir, que se llevara a cabo una campaña a nivel nacional? Aunque las competencias sean de las comunidades autónomas, ¿sería factible que un menor de una comunidad pudiera ser adoptado por una familia de otra comunidad completamente distinta?
La compareciente anterior, que era de una comunidad autónoma uniprovincial, pequeña, ha hablado del caso concreto de un menor que se encontraba en una situación familiar muy difícil, con el agravante de que era un niño de color, con lo cual era más fácil que la familia biológica lo identificara, siendo, por tanto, un problema añadido. ¿Considera usted que un menor puede ser acogido en otra comunidad autónoma por otra familia, y que quizá el ministerio pudiera hacer una campaña a nivel nacional a este respecto?
Ha hablado usted de la dificultad con que se encuentran los profesionales que trabajan en este medio, que están sujetos a situaciones que generan mucho estrés y un desgaste emocional -todos los sabemos- lo que hace que los equipos de trabajo acaben siendo poco estables.
La compareciente anterior nos ha dicho también que sería bueno que los profesionales fueran un punto de referencia para los menores, que es algo que, en mi opinión, los menores necesitan en cualquier aspecto de su vida: afectiva, familiar, educativa, etcétera, y sobre todo en la situación en la que se encuentran, tanto en adopción como en acogida. Quiero preguntarle qué medidas considera usted que las comunidades autónomas deberían poner en marcha a este respecto.
Termino reiterándole mi agradecimiento, y ya que soy la última portavoz en intervenir, quiero decirle que es un lujo que esté usted hoy con nosotros, y que de verdad haya querido venir. Reitero también el agradecimiento por que nos convocara en el ministerio a todos los portavoces y a la presidenta, por ser un gesto más de ese interés que tiene seguro el ministerio. Esperamos que sirva usted de cauce para que las conclusiones que tomemos en esta comisión se puedan llevar a cabo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Ongil.
Por último, para responder a todas las preguntas, tiene la palabra de nuevo el señor Moza.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (Moza Zapatero): Lo intentaré.
Señorías, es un gusto comparecer en esta comisión, aunque solo sea por el tono; no siempre es así y debería serlo en la mayor parte de los casos. También es cierto que en la parte que a mí me toca la política partidista, se aparca bastante a menudo, lo cual se agradece. Desde luego les agradezco el tono de todas las intervenciones e intentaré responder en la medida de lo posible.
Senador Torres, ha habido una parte que ha sido común, lo de que los menores de 3 años no estén internados. Yo creo que ese es un objetivo claro que todos tenemos y hay que poner los medios para que eso sea posible. Si tenemos que diseñar medidas de alguna índole, bien sean legislativas bien sean programáticas bien sean de coordinación, si tenemos ese objetivo claro, tendremos que diseñar las medidas para que pueda ser así, y en eso tienen mucho que ver -y creo que todos lo hemos manifestado en las intervenciones- las medidas que tienes posibilidad de adoptar, por ejemplo el acogimiento de urgencia; hay que ver exactamente en qué consiste, cómo podemos hacerlo para que no cree inseguridad jurídica en ningún caso, para que no cree inseguridad en las familias que lo están acogiendo y para que garantice la mejor atención al menor en ese tipo de cuestiones.
Lo que tendremos que hacer si ese es un objetivo fundamental -y creo que lo es, para todos, al menos para el Gobierno lo es- es poner los medios para que eso sea así.
Se ha planteado si el acogimiento profesional puede ser factible. Si solo miramos la cuestión económica, es bastante más barato que meter a una persona en un centro residencial, es infinitamente más barato; o sea, que si no se hace no será por una cuestión económica, sino por entender que no es adecuado al modelo. Cuando reflexionemos sobre ello, el problema no tiene por qué ser la cuestión económica -porque en este sentido no lo será-, sino si es o no adecuado que haya un acogimiento profesionalizado y ver la comparativa con otros países. Cuando lo analicemos, estoy seguro de que esa será una de las variables fundamentales. Por eso más que a decidirme por el acogimiento profesional -que creo que no sería lo oportuno cuando ustedes llevan un año y medio trabajando en ello-, les invito a reflexionar sobre ello, y cuando lo hayan hecho, les aseguro que lo leeremos con mucho interés, porque es verdad que se ha adoptado en otros países y es verdad que hay figuras similares en alguna comunidad autónoma, por tanto, probablemente las reflexiones a las que ustedes lleguen nos va a ayudar bastante.
Precariedad de recursos. Sin lugar a dudas, si algo nos caracteriza siempre en todo lo que tiene que ver con la política social es que da lo mismo los recursos que tengamos, que siempre van a ser menos de los que necesitemos, porque si tuviéramos más intentaríamos mejorar todavía más lo que ya hemos hecho. Es verdad que los recursos con los que cuenta la política social en general en el año 2010 son muchísimo mayores que con los que contaba en el año 2007, muchísimo mayores que con los que contaba en el año 2004 o con los que contaba en 1996; cuanto más atrás nos fuéramos, veríamos que los recursos son cada vez mayores, de eso no cabe la menor duda. Pero aun así, siempre contaremos con necesidades, porque los recursos con los que cuentan los profesionales -yo siempre me refiero a ellos porque me parece que los profesionales de los servicios sociales, hablando en sentido amplio, sostienen una parte muy importante del Estado del bienestar de nuestro país-, los recursos con los que cuenta un trabajar social siempre son escasos porque siempre está viendo las necesidades que tienen en el barrio y siempre verá que hay necesidades que tenemos que cubrir. Lo que tenemos que hacer es ir poco a poco para poder hacerlo.
Es verdad que ha cambiado el perfil del menor que queda desprotegido en un momento determinado, y ha cambiado sensiblemente en los últimos años; mientras que
hace diez o quince años mayoritariamente eran personas menores con unas necesidades determinadas, hoy en día ha subido sustancialmente el número de adolescentes, y en algunos casos con necesidades especiales, y eso requiere de unas medidas diferentes, lo cual condiciona los recursos que debemos destinar a ello. Ciertamente, en los últimos años la inmigración ha hecho que el número de menores de 10 años que se encuentren en situación de poder ser acogidos o poder ser adoptados en España haya subido, debido a la situación de esas familias. Pero también es cierto que el cambio del perfil ha hecho que tengamos que tener más profesionales, y profesionales cada vez más especializados en la atención a menores; esto es algo real.
Los largos plazos de los expedientes es una de las cuestiones que tiene que hacer que nos replanteemos el sistema: si tardamos demasiado, tenemos que agilizar los plazos. No sé si eso significa un cambio legislativo, un cambio procedimental, o un cambio de cualquier otro tipo, pero sí es verdad que esas situaciones tienen que ser mejoradas. En ese sentido iba la reflexión que hacía sobre la validez que tienen en los procesos judiciales los informes que hacen los equipos de trabajo con menores, porque en muchos casos se emite por parte del equipo técnico de la comunidad autónoma un informe, que luego es tenido en consideración a modo de reflexión o referencia en los procesos judiciales, pero posteriormente el propio equipo judicial manda hacer otro informe, que es similar al que ya se ha hecho por la comunidad autónoma. Lo que yo propongo era reflexionar sobre esta materia para ver si es posible generar sinergias que nos agilicen los plazos. Pero esa es solo una cuestión; estoy seguro de que hay muchas otras que nos pueden hacer mejorar los plazos.
En cuanto a la información y los datos -que también ha sido una variable fundamental-, debo decir que si algo me he encontrado en el tiempo que llevo en el ministerio ha sido una gran colaboración de las comunidades autónomas en todos los temas que son fundamentales. Más allá de momentos concretos, sí es verdad que la lealtad institucional que nos encontramos en las comunidades autónomas, y creo que estas también en el ministerio, es absoluta y plena también en esta materia. Acabamos de llegar a un acuerdo sobre un protocolo común a todas las administraciones para la gestión de los centros y sobre todo para la gestión de las personas con trastornos de conducta dentro de los distintos centros de gestión pública que nos podemos encontrar. En eso vamos avanzando, y además hemos avanzado de la mano de la Fiscalía para poder ir mejorando esos procedimientos por parte de todos. Ahí sí que existe esa colaboración.
Es verdad que la construcción de los datos es siempre complicada a la hora de coordinarla, y en alguna de las intervenciones se ha dado un poco el motivo, y es porque en muchos casos no hemos definido las figuras exactamente igual en unos sitios y en otros -creo que ha sido el señor Bedera el que ha hecho referencia a ello-, lo que llamamos en unos sitios de una manera a lo mejor no lo llamamos exactamente igual en otros. Probablemente esta sea una cuestión sobre la que tengamos que reflexionar para hacer los análisis de una manera mucho más fiable en función de los datos.
En cuanto a los datos internacionales, me parece interesante, ya que hemos establecido un plazo, ver si se ha producido reclamación por parte de los padres biológicos. No tengo ese dato, pero lo vamos a buscar, y si somos capaces de tenerlo en un plazo breve, al menos en alguna de las comunidades autónomas, se lo remitiremos a la mayor brevedad posible.
Hay una reflexión que también han hecho de manera transversal, y es cómo podemos promover que la gente tenga más voluntad de participar en programas de acogida o en programas de adopción. Yo no sé si eso tiene que ver tanto con campañas, como con el tratamiento de casos concretos. Podemos hacer muchas campañas, pero si hay un caso concreto y sale en los medios de comunicación la circunstancia de que, después de estar tanto tiempo en acogida, uno de los padres ha reclamado al niño -ustedes conocen los casos mucho mejor que yo-, y esto se repite durante una semana en los medios de comunicación, además no tratado de una manera muy objetiva, podemos hacer muchas campañas, pero es muy complicado. Probablemente ahí tengamos que ir viendo cuáles son las figuras que podemos tener para los distintos tipo de acogida o adopción, o los pasos intermedios, que sea lo más garantista posible para la familia que está acogiendo, dentro de los objetivos de cada cuestión.
Una de las reflexiones que ustedes han hecho en relación con si las figuras existentes son las adecuadas o tiene que haber otras, es una de las claves sobre la que tenemos que profundizar, más allá, por supuesto, de que podamos pensar, una vez que hayamos hecho estas cuestiones, en dar inputs positivos a la sociedad e información sobre cuáles son las figuras, cómo podemos utilizarlas, cómo las familias pueden solicitar en un momento determinado una adopción o una acogida, o cómo una persona puede reclamar una adopción o una acogida.
La señora Aleixandre decía: cuidado, no vayamos a pedir a los niños una responsabilidad que no les corresponde por la edad. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero me voy a lo contrario: cuidado, no vayamos a olvidar la opinión de los niños o de los menores cuando tienen que sufrir un cambio tan radical como cambiar de una familia a otra. Creo que es fundamental que los niños participen en la decisión, y eso no significa que decidan ellos, sino que sea tenida en cuenta su opinión, aunque solo sea por garantizar el éxito.
Si a un menor de 14 años le imponemos el cambio sin haberle oído, sin haberle convencido, sin haber realizado el tránsito de intervención con él a fin de prepararlo para el cambio, muy probablemente no tendremos éxito ni en la acogida ni en la adopción, con total seguridad no tendremos éxito. Cuanto mayor es el niño, cuanto más se acerca a la adolescencia, más tenemos que escuchar su opinión, porque el proceso de acompañamiento -además, eso está muy reglado- ha de ser muy intensivo durante los primeros dieciocho meses para que tenga éxito el cambio de
acogimiento o adopción. En cualquier caso, cuanto más tengamos en cuenta la opinión del niño, dentro de las posibilidades, cuanto más participe en la toma de decisiones, mayor éxito tendremos, sobre todo en casos concretos.
Es importante también, y hay intervenciones en ese sentido, que no demonicemos ninguna figura, o sea, el acogimiento residencial o institucionalización -podemos llamarlo de cualquiera de las dos maneras- tiene sentido en algunos casos como forma transitoria para el acogimiento en familia, o para el desarrollo futuro. Lo que hay que hacer no es cerrar opciones, sino abrir opciones para que cuando el equipo técnico o el juez se enfrente a la necesidad de tomar una decisión, disponga, en la medida de lo posible, del mayor número de posibilidades. Ahora nos encontramos con que hay opciones que no están contempladas, y muy probablemente deberían estarlo, por lo que hay que definirlos mejor y eso, es parte de nuestro trabajo.
Sin lugar a dudas -y creo que hay una petición globalizada sobre ello-, no pueden caer en saco roto las conclusiones a las que se llegue, después de un año y medio de trabajo. Las conclusiones a las que lleguen han de ser tenidas en cuenta para analizar las medidas a adoptar, que en algunos casos son de coordinación, en otros, de protocolo o reglamento, y en otros casos tendrá que analizarse el marco jurídico para ver si es conveniente la situación actual o no.
En cuanto a la cooperación de las comunidades autónomas, si un niño puede ser adoptado en otra comunidad autónoma, es una reflexión a la que debemos llegar con las comunidades autónomas. En muchos casos es lo más conveniente, no solo porque haya disponibilidad o no de familia, sino porque en ocasiones, no mantener al menor en un entorno determinado puede contribuir a su adaptación real a la nueva familia. Si una persona desestructurada de un barrio de la ciudad de Madrid es la que hace que un niño necesite pasar a otra familia y lo sitúas en el mismo barrio o en un barrio vecino, tiene muchas más dificultades de éxito el desarrollo del menor. Vamos a plantear a las comunidades autónomas estas cuestiones para analizar su conveniencia o no.
Me ha parecido muy interesante la idea de que haya un registro único de padres. Se lo vamos a plantear a las comunidades autónomas porque eso sí está dentro de sus competencias, pero también está dentro del marco de cooperación que podemos establecer, porque todo lo que convenga a las comunidades autónomas, sin lugar a dudas, será positivo.
Creo que he contestado a todo. He intentado no dejarme nada. En cualquier caso, si me he dejado algo, puedo completarlo a continuación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moza.
Me sumo a los agradecimientos de los diferentes grupos parlamentarios por su comparecencia en esta comisión y por su disponibilidad.
Agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión.

References: resolución 
 artículo 780
 artículo 525
 artículo 525
 resolución 
 resolución 
 artículo 525
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 173
 artículo 173
 resolución 
 artículo 1823
 artículo 173
 artículo 43
 resolución 
 artículo 1828
 artículo 161
 artículo 173
 artículo 1828
 artículo 1828
 artículo 1831
 artículo 180
 artículo 1828
 artículo 1831
 artículo 779