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Timestamp: 2020-08-15 14:23:54+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 156, de 21/03/2017
cve: DSCD-12-CO-156
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 156
- Relativa a la regulación de las prácticas en empresa y las condiciones de los becarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000357) ... (Página2)
- Sobre la implementación en los servicios públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo que contribuya de manera decisiva a la mejora de su empleabilidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000925) ... (Página8)
- Relativa a impulsar la aprobación de la estrategia española de activación para el empleo 2017-2020. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001375) ... (Página13)
- Sobre la reforma del contrato para la formación y el aprendizaje, para corregir aquellos elementos que llevan a la precarización del empleo juvenil y al quebranto de la Caja de la Seguridad Social. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001384) ... (Página19)
- Por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley fruto del diálogo social, para la constitución de un fondo de capitalización de los trabajadores que contribuya a reducir la dualidad del mercado de trabajo y a la creación de empleo estable. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001544)... (Página23)
- RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA Y LAS CONDICIONES DE LOS BECARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000357).
En primer lugar, vamos a debatir la proposición no de ley relativa a la regulación de las prácticas en empresa y las condiciones de los becarios, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para la defensa de la iniciativa, por un tiempo no superior a siete minutos, tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. La OCDE alertaba la semana pasada de que la pobreza en España ha crecido, en gran medida, por la falta de empleo de calidad: 1 de cada 4 empleados tiene un empleo temporal; es la tasa más alta de la OCDE después de Polonia.
Como es sabido, las reformas laborales del PP y del PSOE solo han servido para precarizar el empleo, devaluar los salarios y disparar la desigualdad, pero la actual regulación laboral no solo desprotege a los trabajadores, sino que, igual que ocurre con el sistema fiscal, tiene multitud de agujeros por los que se cuela el fraude, en este caso el fraude laboral. Las prácticas universitarias en empresa son uno de los agujeros del derecho laboral que hacen que para mucha gente el Estatuto de los Trabajadores se convierta en papel mojado. En el Real Decreto 592/2014, que regula las prácticas externas en empresa, se presentan estas prácticas en el marco de la formación universitaria como una forma de favorecer la incorporación de los jóvenes universitarios al mercado de trabajo. Esta característica se extiende también a las llamadas prácticas no laborales en empresas, reguladas por el Real Decreto 1543/2011, que están dirigidas a estudiantes y a titulados. Sin embargo, muchas empresas se aprovechan de esta laxitud de la regulación de las prácticas para eludir el derecho laboral, rotando becarios para cubrir puestos de trabajo, una situación que puede afectar hasta a 180.000 jóvenes.
El fraude generalizado en las prácticas y su mala regulación han creado una barrera de entrada al mercado laboral para los jóvenes, abocándolos a encadenar prácticas sin derechos y, en muchas ocasiones, sin remuneración, casi siempre por debajo del salario mínimo interprofesional. De esta manera, las prácticas en empresa, en lugar de favorecer la inserción laboral de los universitarios y estudiantes de posgrado, conllevan una serie de consecuencias que lastran el acceso de los jóvenes al empleo con derechos, dando lugar al fenómeno de los becarios en fraude. La Oficina Precaria es un colectivo que realiza asesoría laboral para trabajadores precarios y que lleva varios años denunciando esta situación y recogiendo testimonios de becarios en fraude. Estos testimonios -los voy a exponer a continuación- sirven para ilustrar una situación que se ha convertido hoy en una pesadilla para miles de jóvenes. Voy a leer algunos de ellos. Marta, de veintidós años, de Madrid, nos decía: Hago prácticas en una empresa del sector de la moda. Dos tercios de la plantilla somos becarios y cada uno sustituimos a varios trabajadores. No tengo derechos como trabajadora; no cobro nada pero firmo en nombre de cuatro departamentos, según corresponda. Mónica, de veintisiete años, de Santander, decía: Hago prácticas extracurriculares cubriendo como becaria una baja por maternidad. No he tenido formación ni tutor. No solo no me contrataron, sino que, además, me obligaron a formar a otro becario que me sustituiría, como si yo fuese tutora. Andrés, de veintinueve años, de Barcelona, estuvo un año de becario en una empresa sin cobrar. Cuando terminé el máster, me obligaron a pagarme un curso de 200 euros para poder seguir haciéndome convenio como estudiante. Sigo sin cobrar un duro y sin perspectiva de que me contraten. Ana, de veinticinco años, de Barcelona. Trabajo de becaria en una gran empresa del sector tecnológico. Es la tercera vez que trabajo como becaria y todavía no he cotizado ni un solo día a la Seguridad Social. He escuchado al mánager de mi departamento decir que le encantan los becarios porque somos baratos, eficientes y estamos mucho más motivados.
Situaciones como estas solo se entienden en un contexto como el de este país, en el que el paro juvenil está en el 42% -es la segunda tasa más alta de la Unión Europea después de Grecia- y la llamada sobrecualificación hace que acceder a un trabajo relacionado con los estudios sea un sueño para muchos jóvenes que están dispuestos a hacer sacrificios. Eso hace que muchas empresas se aprovechen
del vacío legal que suponen las prácticas para sustituir puestos de trabajo por becarios. Un estudio publicado por la Comisión Europea en 2013 indicaba que el 61% de los becarios en España no recibe una compensación económica por sus prácticas; que el 72% de los becarios reconoce tener una carga de trabajo equivalente a la de los empleados con contrato laboral -carga de trabajo, horarios, tareas, tratamientos, recursos a disposición, como si fuera un trabajador, pero sin derechos y sin salario digno-; al 45% de los becarios no les ofrecen contrato de trabajo, ni tan siquiera la renovación de la beca o extender las prácticas una vez acabadas; para el 73% de los becarios en nuestro país, la remuneración de su beca no es suficiente para cubrir los costes básicos de su vida.
La generalización de las falsas becas como mecanismo de inserción en el mercado laboral es responsable del retraso en el acceso al empleo con derechos de miles de jóvenes y universitarios. La concatenación de prácticas curriculares, prácticas extracurriculares, prácticas no laborales y, finalmente, contratos laborales, en muchos casos contratos de prácticas, hacen que el trabajador joven, si consigue aguantar, no realice una inserción hasta pasados varios años, durante los cuales desempeña funciones propias de un trabajador, pero sin los derechos ni las contraprestaciones económicas, y casi siempre por debajo del salario mínimo, como decíamos antes. Además, la cotización a la Seguridad Social de los becarios es precaria e insuficiente. Se trata de una cotización de la base mínima por contingencias comunes y profesionales que no genera derecho a desempleo. El Gobierno tolera esta situación que, junto a la inexistencia de políticas sociales destinadas a la juventud, contribuye a que tengamos una de las tasas de emancipación juvenil más bajas de Europa: 8 de cada 10 jóvenes menores de treinta años sigue en casa de sus padres, y la expulsión de miles de jóvenes cualificados al extranjero -lo que los ministros del PP llaman aventuras de movilidad exterior- es una constante.
Para evitar que se vuelvan a cometer estos abusos, presentamos esta iniciativa, mediante la que se pretende suprimir las prácticas susceptibles de sustituir puestos de trabajo y garantizar condiciones dignas para las prácticas formativas, aquellas que se producen en el periodo en el que el universitario está estudiando. Para ello proponemos suprimir las llamadas prácticas no laborales en empresas, que están reguladas por el Real Decreto 1543/2011; modificar el Real Decreto 592/2014, para eliminar las prácticas extracurriculares y para reformar las prácticas curriculares, de manera que se recojan unas mínimas condiciones para su ejercicio; promover una normativa que fomente la contratación de becarios tras el periodo de prácticas, impidiendo la sustitución de un becario por otro nuevo en el mismo puesto de trabajo y fijando unos cuotas que regulen el número de becarios que se incorporan a la empresa con contrato laboral, una vez finalizado el período de prácticas; ampliar a los estudiantes universitarios y de formación profesional que hayan superado al menos la mitad del plan de estudios la posibilidad de participar en contratos en prácticas, de manera que puedan ir incorporándose paulatinamente al mercado laboral con remuneración y derechos; reglamentar y dotar de medios a la Administración para monitorear las condiciones de los convenios de prácticas en empresas y el número real de becarios existentes, así como incluirlos en las estadísticas y encuestas realizadas por el SEPE.
Incorporaremos algunas de las enmiendas que han presentado otros grupos en una transaccional, que les haremos llegar posteriormente, para conseguir el máximo consenso posible de cara a poner fin a los abusos que se están cometiendo con las prácticas piratas, que son inconcebibles, no ya en un Estado social y democrático, sino en cualquier Estado de derecho.
El señor PRESIDENTE: Antes se me ha pasado comunicarles que, si les parece bien, no votaremos antes de las doce de la mañana. Se lo digo para que lo tengan en cuenta los respectivos grupos.
A continuación intervendrán los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos cada uno.
Para la defensa de su enmienda, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano.
El Partit Demòcrata ha presentado una enmienda a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, partiendo de una primera consideración, que es que en materia de desempleo juvenil nuestros principales retos hoy, lógicamente a nuestro entender, no se sitúan, de entrada, tanto estrictamente en el debate sobre la calidad del empleo de los jóvenes, sino en cómo somos capaces de abordar las brechas que explican nuestra alta tasa de desempleo juvenil. Entendemos que buena parte de los problemas del desempleo juvenil se explican por los graves problemas de nuestro
sistema educativo y por la ausencia de buenas transiciones del sistema educativo al mercado de trabajo. En este contexto es en el que debemos focalizar los problemas que afectan al desempleo de los jóvenes.
En países con altas tasas de desempleo juvenil es imprescindible, para romper el círculo vicioso de que la falta de experiencia impida obtener un primer empleo y la falta de un primer empleo impida obtener esa eficiencia, generar primeras oportunidades de empleo para los jóvenes, especialmente cuando estos finalizan sus estudios obligatorios o de grado superior. Desde este punto de vista, a nuestro entender, las prácticas no laborales constituyen una buena iniciativa para intentar generar esas primeras oportunidades de empleo que permitirán a los jóvenes adquirir sus primeras experiencias laborales. Lógicamente, si existen abusos por parte de algunas empresas en el uso de las prácticas no laborales, esa buena primera experiencia laboral se termina pervirtiendo; y si esas primeras experiencias en prácticas no laborales se prolongan en el tiempo, es evidente que también pervertimos ese uso de lo que en su momento era una buena medida.
Conceptualmente no estamos por la desaparición de las prácticas no laborales, sino por su revisión como mecanismo de primera experiencia de los jóvenes, y este es el sentido de una parte de la enmienda que planteamos a la proposición no de ley de Unidos Podemos y sus confluencias. Al mismo tiempo, recogemos una iniciativa de buena parte de las entidades del tercer sector social que trabajan con los jóvenes en riesgo de exclusión social, que nos explican que la actual regulación de las prácticas no laborales impide que jóvenes sin ninguna de las titulaciones requeridas para utilizar estas prácticas puedan participar en procesos de integración laboral que desarrollan. Estas entidades sociales están convencidas de que las prácticas no laborales podrían ser un muy buen instrumento para generar una primera oportunidad de empleo para jóvenes en riesgo de exclusión social. Por ello, nuestro planteamiento no solo trata de revisar las prácticas no laborales para que ese instrumento sirva realmente para la finalidad para la que se creó, sino ampliar su capacidad de ofrecer primeras oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la filosofía de la iniciativa que se ha defendido hace unos minutos, tenemos una cierta discrepancia sobre si la cuestión en materia de empleo juvenil la debemos focalizar, de entrada, en la obtención por un joven de un contrato indefinido, o parte de nuestro problema de desempleo juvenil exige también medidas, como los contratos de formación y aprendizaje, las prácticas no laborales, como fórmulas que permitan primeras experiencias laborales de nuestros jóvenes.
En cualquier caso, estaremos atentos a la posición del portavoz de Unidos Podemos en relación con nuestra enmienda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya.
Señorías, hablar de jóvenes en la Comisión de Empleo normalmente lleva aparejadas connotaciones negativas, porque se trata, sin duda, de un colectivo que, por un lado, sufre una altísima tasa de paro, por encima del 42% según datos de la EPA, y, por otro lado, las consecuencias más severas de la reforma laboral del Partido Popular, que los ha conducido a iniciar su vida laboral en situación de franca precariedad. Estamos hablando de un colectivo que sufre el exceso del contrato a tiempo parcial, cuyos niveles salariales están muy por debajo de los del resto de compañeros.
Nos encontramos en un momento en el que las becas y las prácticas están a la orden del día y para muchos trabajadores es el primer contacto con el mercado laboral. Las sucesivas reformas educativas han incluido una parte más práctica en la formación, adecuando los contenidos a las demandas de las empresas. Consideramos que como primer contacto con la vida laboral, y después de un periodo de formación académica, no es negativo que se realicen prácticas en las empresas, porque es verdad que permiten a los jóvenes tener ese primer contacto, que incluso llega a contar en su currículum como parte de la experiencia, que es, digamos, el primer impedimento que tienen a la hora de buscar activamente un empleo. No cabe duda de que la formación práctica es importante para tener una buena cualificación profesional, pero en muchos casos se producen claros abusos por parte de la empresa, que no respeta la finalidad de las prácticas, que es acabar un periodo de formación, y utiliza la figura del becario de manera fraudulenta, cubriendo puestos de trabajo con esta figura, pero en condiciones laborales muy inferiores a las del resto de la plantilla.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación y el fondo de esta proposición, porque consideramos que la figura del becario debe ser regulada como fórmula para que las empresas puedan obtener ayuda del talento joven, pero no percibiendo al becario como forma para tener un empleado a coste inferior. Hemos presentado una enmienda porque creemos que esto no se debe poner en marcha acabando con todo lo anterior, sin concretar cuáles son los aspectos a mejorar, sino que consideramos que antes de suprimir los reales decretos 1543/2011 y 592/2014 habría que mantener un diálogo social. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea enumera una serie de iniciativas en la propuesta que presenta. Nosotros no dudamos de que sean oportunas, pero pensamos que no se traen a esta Cámara de manera consensuada, ni siquiera a través del diálogo social, sino que vienen a establecer medidas muy concretas, como la de poner un límite anual de quinientas horas. Pensamos que esto habrá que estudiarlo, habrá que valorar cuáles han sido los aspectos positivos y negativos del real decreto, y aquello que no haya funcionado o que no esté funcionando en la actualidad tendremos que revisarlo. No nos parece oportuno acabar con un decreto sin haber establecido previamente un diálogo social.
Proponemos, porque nos parece necesario dada la complejidad de esta etapa formativa, que todas las medidas se analicen primero en ese marco del diálogo, y después hacer las modificaciones y supresiones que se estimen convenientes. Creemos que es importante que se intensifiquen las campañas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar la adecuación de esas prácticas a los fines perseguidos por su norma de regulación. Por otro lado, consideramos acertado que se monitorice este tipo de prácticas, que haya datos estadísticos regulados y registrados para poder tener una visión mucho más concreta de lo que supone la figura del becario dentro del mercado laboral español.
Estamos a la espera de negociar con el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para ver si acepta o no las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que creemos que mejoran sustancialmente el texto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor del Campo.
Desde nuestro punto de vista, el asunto a tratar en esta proposición no de ley, la regulación de las prácticas en empresa y las condiciones de los becarios, no se debe centrar solo en las modalidades de prácticas reguladas por el decreto de 2014, universitarios no titulados, ni por el decreto de 2011, universitarios titulados y de formación profesional, titulados también, sino que el debate debe ir más allá y englobar todas las modalidades de prácticas formativas no laborales y debe ser planteado dando tratamiento a las prácticas no laborales desde el punto de vista de su concepción como situaciones fronterizas con la relación laboral. Me explico. El concepto de prácticas no laborales o prácticas formativas elude una multiplicidad de supuestos, tanto regulados como no; las regulaciones actuales se clasifican en dos grandes grupos: el primero, prácticas no laborales para personas en periodo de formación y prácticas no laborales dirigidas a titulados; el segundo, diferenciar las prácticas no laborales promovidas y dependientes de las entidades educativas, ministerios y consejerías de Educación, prácticas laborales dependientes de los servicios de empleo estatales y autonómicos, y prácticas formativas promovidas por otro tipo de fundaciones y por empresas. Dentro de las prácticas en periodo de formación, de forma global podemos diferenciar, en primer lugar, las prácticas de los alumnos de formación profesional, que son tres tipos: el módulo formativo de formación profesional, la formación en alternancia y la formación profesional dual; en segundo lugar, prácticas externas de estudiantes universitarios; en tercer lugar, prácticas externas previstas en el subsistema de formación profesional para el empleo.
Por lo que se refiere a las prácticas de los ya titulados, diferenciamos entre las prácticas no laborales en empresas, a las que hace referencia el decreto del año 2011; el personal investigador en formación, regulado por el Real Decreto 63/2006; y otros supuestos no regulados. En este punto debemos destacar que existen en el mercado gran número de ofertas de prácticas formativas o de prácticas de titulados que no tienen ningún amparo normativo, siendo estos supuestos en los que se está constando la existencia de los mayores niveles de fraude.
No obstante, independientemente de su clasificación, las prácticas no laborales en todos los casos tienen dos notas en común: la primera, que la actividad que se realiza, tanto en el ámbito de la empresa como en el de la institución, tiene una naturaleza formativa, no prestacional y, por tanto, no existen servicios entre la empresa y el becario que revistan las notas características del contrato de trabajo. La
segunda, la posible percepción por el alumno de una beca o una contraprestación por la realización de las prácticas en una empresa o institución que, de recibirse, no tiene la consideración de salario. Las prácticas no laborales, señorías, quedan en la frontera del derecho del trabajo y, como en todas las demás situaciones fronterizas con el contrato laboral, el interés fraudulento de las empresas e instituciones consiste en la posibilidad de utilizar los servicios laborales de personas que formalmente no aparezcan como tal. De este modo, se priva a dichos trabajadores de sus derechos laborales, en algunos casos incluso de la remuneración, y de sus derechos a la Seguridad Social, con un significativo ahorro de costes por parte de la empresa. A nuestro juicio, esto solo puede evitarse con una definición nítida de las características de la actividad formativa de las prácticas, a fin de poder distinguirlas de las prestaciones personales remuneradas en régimen de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral.
Nuestra enmienda va en esta dirección. Como hemos visto, existe en España una amplia regulación de las diversas modalidades de prácticas no laborales que, no obstante, no alcanza todos los objetivos deseables. Las regulaciones contemplan de forma poco rigurosa, dispersa y fragmentada determinados requisitos formales que debe cumplir la actividad de los becarios -nos referimos a la necesidad de tutorías, de informes de evaluación del desempeño o de valoraciones finales-, y no definen las notas sustantivas básicas susceptibles de prueba, propias de una práctica no laboral. Es por ello por lo que ha tenido que ser la jurisprudencia la que de forma también incompleta y refiriéndose exclusivamente a los practicantes becados ha establecido criterios sustantivos de distinción haciendo jugar la presunción contenida en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, la presunción de laboralidad de los servicios retribuidos por cuenta ajena realizados dentro del ámbito de organización y dirección de un empleador o empresario. Desde nuestro punto de vista, es necesario avanzar hacia una regulación conjunta. Para ello se deben de tener en cuenta las diferentes situaciones de prácticas no laborales contempladas en la regulación actual y estudiar sus deficiencias para después, mediante el análisis de la jurisprudencia, alcanzar una definición sustantiva de práctica no laboral que nos permita distinguirla del servicio laboral. Por eso proponemos en nuestra enmienda la creación de una figura fronteriza bajo la denominación de estatuto del becario, dentro del marco jurídico laboral, que englobe las diferentes situaciones de prácticas no laborales en su conjunto, de modo que las becas dudosas dejen de tener razón de existir y los becarios trabajadores queden más y mejor protegidos. No obstante, veremos esas enmiendas y esa transaccional para ver si podemos sumarnos o no. Muchas gracias.
A continuación los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
Intervengo lo más brevemente posible. Este no es un debate cualquiera, sino de futuro, en el que algunos de los caracteres que ya se han enumerado por parte de los que han tomado la palabra sobre esta cuestión y respecto de la que me gustaría al menos coincidir en algunos caracteres y hacer un añadido respecto a otro aspecto al que no se ha hecho referencia. En primer lugar, es cierto que este es un aspecto en que la formación y la prestación de servicios a empresas son lindantes, pero resulta necesaria para la actividad formativa de quienes están participando en algún tipo de ciclo. Es cierto que sobre este particular han existido -las hemos conocido- determinadas situaciones de abuso. No obstante, lo que también es cierto es que cualquier perspectiva formativa de futuro sería conveniente que pudiera contemplar un ámbito formativo determinado. Es decir, un ámbito en el que la formación y el aspecto de la práctica pudieran encajar de una u otra manera. Esa formación, a pesar de que haya sido objeto de ciertos abusos, ha sido objeto de cierta regulación en la que no obstante también se echan en falta algunos aspectos de garantía respecto de quienes tienen la condición de becarios en este caso y, como bien ha definido don Sergio del Campo hace un momento, en el que el caballo de batalla va a ser posiblemente el de la discriminación de ese tipo de servicios con el de la actividad laboral con la vocación de laboralización de muchos de esos servicios que se han venido a dar como consecuencia precisamente de una situación de abuso de las calificaciones como de becarios de servicios que eran netamente laborales. En ese sentido, es cierto y coincido en que hay que tomar determinadas medidas, algunas coincido con ellas otras no tanto, lo que nos lleva es a entender como conveniente la definición de un estatuto del becario como una cuestión en principio básica. Para ello hay que pasar a una cuestión diferente que es la que quería comentar. Porque de lo que estamos hablando en este caso es también de determinar los caracteres básicos del elemento del becario desde el punto de vista laboral y de definir su
inserción en el ámbito formativo. Es decir, estamos haciendo referencia a dos cuestiones que, una, la ejecución de legislación laboral y, dos, la educación o el ámbito formativo, son ya elementos transferidos, en el caso del País Vasco, a la comunidad autónoma en muchos otros casos también, y por tanto, aun siendo precisa esta definición, porque afecta de alguna manera al ámbito de la legislación laboral al menos en sus aspectos básicos, sí se debe de entender que el desarrollo de la definición de esa actividad se debe llevar por las comunidades autónomas, tanto en el ámbito de lo que pueden ser políticas activas de empleo, definición de aquellas políticas de inserción de jóvenes que aspiran a acceder en el mercado de trabajo, como la definición de los aspectos formativos, del ámbito educativo, que también están transferidos y que deben de ser aceptados, aclimatados, enraizados de alguna manera con la realidad de cada comunidad. Entiendo positiva la iniciativa. Me gustaría conocer algunos de los detalles, porque ya digo que en algunos estaría de acuerdo y con otros no tanto, me gustaría que se llegara a algún tipo de transacción que favoreciera la agrupación de voluntades en este caso. En todo caso, me gustaría que quedara constancia de que en su caso esta es una actuación de la que respecto no se debe dejar ajena, sino que forma parte del ámbito propio de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Buenos días. Gracias, señor presidente.
Es verdad que los estudiantes universitarios se encuentran entre los colectivos más vulnerables a padecer algún tipo de fraude laboral a causa de una mala aplicación por parte de ciertas empresas. El esfuerzo colectivo y las medidas impulsadas por este Gobierno empiezan a dar sus resultados después de una legislatura complicada como fue la X Legislatura. Gracias a la estrategia de emprendimiento y de empleo joven y de garantía juvenil han ofrecido más de 1.700.000 oportunidades de empleo o formación. La tasa de paro juvenil se ha reducido 14 puntos desde los máximos. Solo en el último año se ha reducido 1,3 puntos porcentuales. En julio se aprobó el Real decreto 592/2014. Por parte de la estación también se han obtenido determinados resultados más de 3.297 actuaciones, infracciones 435, expedientes liquidatorios 3.975.506,81 y un empleo aflorado de 1.936. También en 2016 se inició una campaña a nivel nacional intensificando de esta forma actuaciones de control por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
En cuanto a la modificación del real decreto que ustedes proponen, hay que decir primero que este fue aprobado con el consenso de la comunidad universitaria. Luego lo que no es posible es incrementar los costes sociales y económicos asociados a estas prácticas y que incidirán de forma negativa en los estudiantes, como quiera que las pequeñas y medianas empresas no estarían dispuestas a celebrar convenio con las universidades para el desarrollo de prácticas de los estudiantes. Si no hay prácticas en los estudios universitarios de grado y de máster se pueden ver afectados.
También hay que decir que en febrero de 2017 se han firmado 2.524 contratos de formación y aprendizaje, lo que supone también un incremento del 90% en comparación con el mismo mes del 2016. Ante cualquier caso de irregularidad que el ministerio detecta entre este tipo de prácticas es objeto de traslado a la Inspección de Trabajo.
En cuanto al control de los convenios con empresas y número de becarios, se realiza por las universidades. No es correcto afirmar que las universidades desconocen el número de becarios y crear un sistema de control nos lleva directamente a vulnerar la autonomía universitaria y ataca directamente al principio del alta institucional entre administraciones que debe presidir el Ministerio de Educación y las universidades.
Respecto a los puntos tercero y cuarto, no parece lógico que se impida que a un becario le suceda otro, dado que el objetivo es facilitar la experiencia a los jóvenes estudiantes, no es coherente obligar a las empresas a que contraten laboralmente a beneficiarios de las prácticas su conclusión. En el punto cuarto, puesto que las prácticas extracurriculares ya están previstas y no deben dar lugar a un contrato de trabajo, dada la preeminente condición del alumno que la realiza y el carácter de formación complementaria que implican esas prácticas extracurriculares. Menos aún debería dar lugar a un contrato en prácticas que no debe referirse a unos estudios o conocimientos parciales, sino al título o certificado profesional correspondiente.
En el tema de la alta temporalidad, hay que decir que la contratación indefinida de los jóvenes menores de 25 años ha crecido en el año 2016 e interanualmente a un ritmo del 25%. Aquí se pone encima de la mesa la contratación y la defensa de los derechos de los becarios que nos parece bien, y se ha ido trabajando e insistiendo y sobre todo se ha ido organizando este trabajo que está dando sus resultados.
Hoy nos desayunamos una noticia en el Expansión donde dice que Iglesias purga quince errejonistas. Donde ni siquiera se respeta la indemnización de despido improcedente, se nos obliga a firmar unas cláusulas de confidencialidad en los tiempos que vivimos que no parecen normales. Dónde están los derechos de estos trabajadores. Cuando están en un sitio hacen una cosa, cuando están en otro hacen otra. Cuando gobiernan parece que no, porque hay secretarios, interventores, reglas, reglamentos, ordenanzas y cuando están en la oposición piden y piden la luna, pero no es posible. Creo que el trabajo del Gobierno ha sido serio, riguroso, en una legislatura compleja que fue la X, en la que nos encontramos un país al borde del abismo y que hemos ido recuperando poco a poco. Que hay mucho por hacer, sí.
El señor PRESIDENTE: Concluya ya.
El señor CANDÓN ADÁN: Que hay por avanzar, sí, que hay que trabajar más, también. Pero vamos a ser coherentes y al pan, pan y al vino, vino.
El señor PRESIDENTE: La próxima vez seamos coherentes y cuando queramos utilizar cinco minutos, presentemos alguna enmienda. Porque es justo el tiempo que ha utilizado.
El señor CANDÓN ADÁN: Señor presidente, usted me tiene que advertir.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente para manifestarse sobre las enmiendas o lo decide al final, antes de la votación.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Presentaremos una transaccional en breve para ponernos de acuerdo con el resto de los grupos.
- SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO DE UN SISTEMA DE PERFILADO ESTADÍSTICO DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO QUE CONTRIBUYA DE MANERA DECISIVA A LA MEJORA DE SU EMPLEABILIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000925).
El señor PRESIDENTE: Vamos al debate de la proposición no de ley sobre la implementación en los servicios públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo que contribuya de manera decisiva a la mejora de su empleabilidad. Presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Por un tiempo no superior a siete minutos, tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario, señor Del Campo.
La profunda crisis padecida en los últimos años ha deteriorado notablemente los mercados de trabajo, incluido el nuestro. Ello ha dado lugar a una significativa subida de las tasas de desempleo disparando los porcentajes de parados de larga duración o de parados con riesgo de exclusión social. Por ejemplo, en el ejercicio 2015 el porcentaje de individuos parados durante más de doce meses representaba la mitad del total de parados en muchos países de Europa, incluso en algunos los superaban como en el caso de Grecia o Italia. Esta realidad ha puesto de manifiesto la necesidad de redefinir las políticas de empleo, en general, y las políticas activas de empleo, en particular. Tratando de que estas ganen peso frente a las políticas pasivas dirigidas fundamentalmente al mantenimiento de un mínimo nivel de rentas. Recientemente la Unión Europea ha establecido una serie de recomendaciones generales sobre las políticas activas de empleo en el marco de la estrategia Europa 2020, en las que entre otros aspectos se destaca la necesidad de que los servicios públicos de empleo mejoren el proceso de asistencia en la búsqueda de empleo. En particular establece que los servicios de empleo deben concentrarse en el seguimiento y orientación individualizada de todos los trabajadores que se encuentren en situación de desempleo. Adicionalmente la Unión Europea pide a los Estados miembros que adopten la orientación de las políticas activas de empleo a las necesidades del mercado de trabajo, prestando especial atención a aquellos grupos más vulnerables y facilitando su inserción en el mercado laboral. En este contexto, resulta esencial disponer de herramientas eficientes para la gestión de los servicios ofertados a los demandantes de empleo y desarrollar nuevas estrategias de intervención que ayuden a reducir las elevadas tasas de desempleo de larga duración o la falta de empleabilidad de colectivos específicos. Entre las estrategias
disponibles para lograr que todas las personas desempleadas se beneficien de un seguimiento personalizado y encuentren lo más rápidamente posible un empleo, es necesario el desarrollo de métodos preventivos y medidas de activación temprana. Estas metodologías se basan en la idea de que el riesgo de ser desempleado de larga duración o entrar en una situación de exclusión social no es homogéneo, que el individuo tiene diferentes características individuales y distintas trayectorias laborales que hacen que se enfrenten con distintos tipos de barreras de retorno al empleo y, por ende, con diferentes previsiones en referencia al mantenimiento de la situación de desempleo, según los casos. Por tanto, para ayudar a los responsables del diseño de la aplicación de las políticas de empleo es necesario tener un detallado conocimiento sobre quiénes y qué características tienen los desempleados y, sobre todo, cuáles son los aspectos más determinantes que dificultan su retorno al empleo. Este es el cometido fundamental de los modelos de perfilado estadístico. En términos generales, a través de los modelos de perfilado, se trata de obtener un diagnóstico personalizado sobre las perspectivas futuras de empleo, a través del cual segmentar a los demandantes de empleo en grupos. A partir de la identificación y construcción de estos grupos homogéneos se pueden definir los niveles de asistencia adecuados para cada segmento con el fin de acelerar y maximizar la probabilidad individual del retorno al empleo, reduciendo la duración de la situación de desempleo.
En la actualidad, señorías, son muchas las economías desarrolladas que cuentan con modelos de perfilado: Estados Unidos, Australia, Irlanda, Francia, Países Bajos o Alemania, son claros ejemplos. Aunque las fórmulas concretas a través de las cuales se llevan a efecto los programas de perfilado presentan notables variaciones, en general mantienen un objetivo común: desarrollar, a través de evaluaciones, un perfil de la empleabilidad de la persona y asociarlo a las acciones que potenciarán su futuro retorno al empleo.
En España las políticas activas de empleo no se han mostrado hasta la fecha como un instrumento eficaz para promover la inserción laboral de las personas desempleadas. Prueba de ello es que la tasa de desempleo ha superado en su historia reciente hasta en tres ocasiones el 20%. A día de hoy en un contexto de creación sostenida de empleo, el número de personas desempleadas todavía sigue siendo alarmante. Además casi la mitad de los desempleados son parados de larga duración. En total, cerca de 2,5 millones de personas llevan más de un año en situación de desempleo y entorno a un millón llevan casi cuatro años en la misma circunstancia. El fracaso en nuestras políticas activas de empleo viene motivado fundamentalmente por tres factores. En primer lugar, por la falta de inversión. España apenas invierte el 1% del PIB en políticas activas de empleo, una cuarta parte de lo que invierte en políticas pasivas, ayudas y prestaciones, y una tercera parte de la inversión media de los países de nuestro entorno. En segundo lugar, por la falta de información fidedigna y actualizada sobre nuestro mercado de trabajo. De nada sirve incrementar los recursos disponibles si no existe información sobre dónde deben invertirse para que resulten eficientes. En España a día de hoy no conocemos cómo son nuestros desempleados. La información del Sistema Nacional de Empleo se encuentra fragmentada y su tratamiento sistemático por los servicios públicos de empleo es muy reducido. Tanto que ni tan siquiera disponen de información para clasificar a las personas desempleadas en función de su grado de empleabilidad. En tercer lugar, por la falta de fiscalización y evaluación. Hasta hace apenas unos años, la financiación para políticas activas de empleo únicamente se condicionaba al cumplimiento de requisitos administrativos de justificación formal de la ejecución. Tan solo recientemente ha comenzado a sistematizarse la evaluación de resultados y a vincularse esta financiación al cumplimiento de indicadores de eficacia en términos de inserción formativa y laboral. No es de extrañar, señorías, que con estas circunstancias los servicios públicos de empleo intermedien tan solo un 2% de todas las colocaciones. Son muchas las propuestas que se han esbozado hasta la fecha para tratar de abordar de manera decidida cada uno de los factores antes referidos y mejorar nuestras políticas activas de empleo. Desde nuestro grupo parlamentario -y así ha quedado plasmado en el acuerdo que en su día se llegó con el Partido Socialista como con el acuerdo con el Partido Popular- apostamos porque los servicios públicos de empleo dispongan de una herramienta de perfilado estadístico basada, como he dicho anteriormente, en las características personales del desempleado y en su historial formativo y laboral. Dicha herramienta permitiría no solo disponer de información sistematizada, sino también disponer de estimaciones sobre sus posibilidades de colocación en diferentes sectores que permitan orientarlo de manera personalizada y formular propuestas de itinerarios individualizados. El perfilado estadístico también desempeñaría un papel crucial en la formación para el empleo, al permitir detectar no solo las lagunas formativas más relevantes de cada uno de los desempleados, sino también los de nuestro mercado de trabajo. Teniendo en cuenta para ello la
situación de cada uno de los sectores de agrupación. Todo ello, señorías, permitiría a los servicios de orientación proponer y a los demandantes elegir los cursos de formación que más se adapten a sus necesidades, actualizando su oferta en función de la evolución de los cambios en la demanda del mercado de trabajo.
Teniendo presente todo lo anterior y con la vocación de contribuir a la mejora de la eficacia de nuestras políticas activas de empleo, desde mi grupo parlamentario presentamos esta proposición no de ley instando al Gobierno a que en el ámbito de las políticas activas de empleo y en colaboración con las comunidades autónomas se desarrolle y ponga a disposición de los servicios públicos de empleo, en el plazo máximo de seis meses, un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y las competencias profesionales de las personas desempleadas que esperemos recabe el apoyo mayoritario de esta Comisión. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado enmienda, el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, presidente.
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos parece de interés como todas aquellas que procuran la mejora de nuestros muy mejorables servicios públicos de empleo. Estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico que nos plantea del grupo proponente. No tanto en su conclusión. ¿Por qué? El petitum de esta iniciativa habla de un programa de perfilado estadístico para los solicitantes de empleo en los servicios públicos de empleo. Una iniciativa, insisto, interesante, pero un tanto insuficiente y si me permite, señor Del Campo, incluso incongruente dado el dramatismo con el que ha planteado su iniciativa. Es verdad que las políticas activas de empleo son muy importantes de cara a solucionar el primer problema del país: el del paro, específicamente el paro de larga duración. Es verdad lo que dice el grupo proponente en relación con la ineficiencia de los servicios públicos de empleo vigentes. Sobre todo es verdad lo que dice en relación con las causas. La primera causa que plantea el Grupo Ciudadanos respecto a la ineficiencia de los servicios públicos de empleo no tiene que ver con las estadísticas, tiene que ver con la inversión. Nos lo ha dicho así el señor Del Campo. Primera causa, falta de inversión. Por eso nos extraña que en el petitum no se hable luego de mejorar la inversión. Si la primera causa de la falta de eficiencia y de nuestros servicios públicos de empleo es la falta de recursos, vamos a hablar de recursos. Vamos a hablar de recursos financieros, humanos, tecnológicos, amén de la fórmula técnica que plantea el Grupo Ciudadanos que es interesante y funciona bien allí donde se practica. Primera causa, falta de recursos. Segunda causa, falta de información fidedigna adecuada, que está relacionada con una falta de recursos. Tercera causa, falta de fiscalización y evaluación que está relacionada con la falta de recursos financieros, sobre todo de recursos humanos. Estamos de acuerdo incluso con las referencias significativas que plantea en relación con las políticas pasivas. Las políticas activas gastan un cuarto de lo que se gasta en políticas pasivas. Esto no tiene sentido. También habla de la referencia de nuestro gasto en políticas activas respecto al gasto medio en Europa, muy inferior. Sin embargo, insistimos en el petitum no se habla de recursos. Por eso nosotros planteamos una enmienda que tiene como objetivo añadido a esta iniciativa el de mejorar los recursos a disposición de las políticas activas de empleo. ¿Por qué? Ahí están los datos. Créditos iniciales destinados a políticas activas de empleo 2011, 7.322 millones. Créditos destinados a políticas activas de empleo en 2016, 5.365 millones, es decir, 2.000 millones menos entre el 2011 y el 2016 destinados a políticas activas de empleo. Se me dirá que hay menos parados. Vamos a examinar los datos de gasto en políticas activas de empleo por parado. En 2011, 1.459 euros por parado, en 2016, 1.150 euros por parado. Casi un 50% menos de gasto por parado. ¿Por qué van mal? ¿Por qué son ineficientes las políticas activas de empleo en nuestro país? Porque cada vez gastamos menos recursos en políticas activas de empleo. Este es el diagnóstico veraz y más claro. Por tanto, la primera decisión que hemos de adoptar para corregir esta situación es la de mejorar los recursos a disposición de las políticas activas de empleo.
Hay un par de problemas más que quisiéramos mencionar ya muy esquemáticamente. Primero, los retrasos en las transferencias de recursos del Estado a las comunidades autónomas para ejecutar las políticas activas de empleo. En el periodo 2008-2011 el retraso era de 48 días. Esto es, para ejecutar los recursos a disposición de las comunidades autónomas en materia de políticas activas de empleo, los recursos no llegaban hasta mes y medio después de comenzado el año y ya nos parece mucho, pero es que la media durante los años 2012 a 2016 en retraso para la puesta a disposición de estos recursos en manos de las comunidades autónomas es de 278 días. Es decir, las comunidades autónomas tienen
menos de tres meses para ejecutar el dinero destinado a políticas activas de empleo para el conjunto del año. En el 2016 los recursos llegaron 341 días tarde. Es verdad que el 2016 fue un año muy especial. Pero en 2015 llegaron el 30 de noviembre, en 2014 llegaron el 29 de octubre, en el 2013 llegaron el 21 de noviembre y en el 2012 llegaron el 24 de septiembre. No puede ser. No pueden ejecutar razonablemente las comunidades autónomas los recursos destinados a políticas activas de empleo si llegan a final de año. No es razonable.
Una última cuestión muy práctica, en coherencia con la iniciativa que se nos plantea, los técnicos que atienden a quienes pierden su trabajo y se inscriben por primera vez en las oficinas de empleo, según ellos mismos nos comentan, tienen que perder demasiado tiempo, hasta 45 minutos por usuario, por parado, en la copia manual de los informes de vida laboral desde la base de la Seguridad Social hasta la base de los servicios públicos de empleo. No sería razonable emplear ese tiempo en ayudar a los parados a encontrar un trabajo. Es un absurdo tecnológico, una pérdida de tiempo y de recursos y una fuente de errores inaceptable que los técnicos de los servicios públicos de empleo tengan que destinar 45 minutos por cada parado a copiar la vida laboral de cada parado. Cuando esos datos deberían de estar a disposición de los servicios públicos de empleo a través de un volcado de datos de la propia Seguridad Social.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: En definitiva, las políticas activas de empleo tienen que mejorar, los servicios públicos de empleo tienen que mejorar y mucho. Si el principal problema es la falta de recursos, la principal solución tiene que ser la disposición de mejores recursos. En ese sentido va nuestra enmienda y si nos la aceptan lo reconoceremos y lo agradeceremos. Muchas gracias.
A continuación los grupos que no han presentado enmienda. Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano.
El debate sobre la reforma de las políticas activas de empleo es un debate persistente en cualquier discusión en el Estado español sobre la salud del mercado de trabajo. Después de dos décadas de intensas reformas en la regulación laboral, del Estatuto de los Trabajadores, que habrán tenido más o menos éxito, y de ello iremos discutiendo esta mañana, esta tarde y durante esta legislatura, la reforma de las políticas activas de empleo continúa pendiente. Cualquier análisis que se efectúa desde fuera de España sobre el estado de la cuestión del mercado de trabajo incide en la necesidad de proceder a esa reforma de las políticas activas de empleo y en esa discusión sobre las reformas de las políticas activas de empleo se plantean como mínimo tres debates. El debate en relación con que gastamos demasiado en políticas de bonificación y excepción de cuotas e invertimos menos en políticas de formación, de integración laboral, de inserción, de reciclaje profesional, de orientación laboral, de asesoramiento. Ahí deberíamos de invertir más. Además en un debate sobre la necesidad de reforzar los servicios públicos de empleo, que están infradotados según están los países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania. En esa discusión sobre esa reforma pendiente de las políticas activas de empleo y en ese contexto de esas tres cuestiones que le planteaba aparece además la evidente necesidad de personalizar, individualizar la atención a los desempleados. Un buen servicio público de empleo debería de atender individualmente al desempleado, analizar cuáles son sus características, su historia laboral, su historia curricular, sus perspectivas futuras, su realidad familiar y en función de ese perfilado de esa persona ofrecerle el curso de formación, el empleo necesario para que se reincorporase al mercado de trabajo. Señorías, además en la necesidad de vincular estas políticas de empleo con las políticas pasivas de empleo. Otra cuestión pendiente en el funcionamiento del mercado de trabajo en España. Desde ese punto de vista, la propuesta muy concreta que nos formula Ciudadanos, que es la puesta en marcha de un perfilado estadístico, toca para poder efectuar definitivamente esa atención personalizada al desempleado, por lo que el perfilado estadístico es imprescindible. Hemos recibido respuestas parlamentarias por parte del Gobierno que un encargo que ha hecho a la Fedea para elaborar este perfil estadístico o se ha elaborado o está a punto de hacerse público. Entiendo que aquello que nos planteaba hoy ciudadanos responde a esa petición que el Gobierno formuló a Fedea. En cualquier caso, para nosotros apoyar y que no sea de manera redundante la puesta en marcha de un perfilado estadístico para
permitir una personalización de la atención a los desempleados, nos parece oportuno. En la línea además de la incorporación en la gestión de las políticas públicas del gráfico del big data con el conjunto de la información que el sector público tiene para el conjunto de los ciudadanos debería de poder construirse precisamente un perfilado estadístico de las personas desempleadas. Sabiendo que esta medida concreta tiene el valor que tiene, que necesitamos incrementar los recursos de las políticas activas de empleo, invertir menos en bonificaciones y exenciones y más en formación, asesoramiento, integración y orientación, que necesitamos reforzar los servicios públicos de empleo, que necesitamos un buen modelo de colaboración con el sector privado y que necesitamos también vincular políticas pasivas y activas. Ya tendremos ocasión seguramente de insistir en estas cuestiones en próximos debates. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Simplemente voy a fijar nuestra posición rápido. Nosotros estamos de acuerdo en el diagnóstico que hace el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en la proposición ya hemos dicho en multitud de ocasiones que la política de empleo real y más efectiva pasa por un tejido productivo que asimile empleo en nuestro país y por una legislación laboral que lo permita, que vaya en sentido contrario a las reformas laborales aprobadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, pero si entramos en las políticas activas de empleo estamos de acuerdo con la informatización y sistematización de estas políticas en el servicio público de empleo y de su seguimiento y su fiscalización. Por tanto, vamos a votar a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.
Es un honor comparecer en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender nuestra posición.
Yo traía un discurso escrito, pero, a la vista de las intervenciones que han realizado los portavoces del Grupo Ciudadanos y del Grupo Socialista, me veo obligado a cambiarlo, partiendo de la base -y así se lo anuncio al Grupo Ciudadanos- que vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque, evidentemente, ya se está llevando a cabo por parte del Gobierno lo que solicita el Grupo Ciudadanos en su proposición no de ley.
Señorías, creo que ustedes cometen un error importante en el análisis. Ambos portavoces hacían referencia a la primera causa. La primera causa y la primera necesidad es crear empleo. Si las pymes de este país no crean empleo, es imposible que los servicios públicos de empleo encuentren empleo a algún parado. Por tanto, su diagnóstico parte de un error. La cuestión no es que tengamos que hacer un análisis estadístico del parado. La cuestión es que hay que crear las condiciones a partir de las reformas necesarias en los Presupuestos Generales del Estado y en las distintas leyes para que las pymes de nuestro país creen empleo. Si las pymes crean empleo, los servicios públicos de empleo podrán conseguir que los parados se incorporen a un puesto de trabajo. Por tanto, me gustaría que ustedes se centraran en esa cuestión, porque es la vital y la importante, y, cuando lleguen los presupuestos, espero que todo lo que dicen aquí lo trasladen al ámbito de la negociación presupuestaria.
Pero es que además hoy se habla de un tema que ya se está abordando por el Gobierno, como ustedes saben. No puedo creer que el portavoz de Ciudadanos y el portavoz del Grupo Socialista, personas a las que tengo un enorme respeto y soy muy consciente de que tienen una gran preparación, hayan venido a este debate con desconocimiento. Lo hacen desde la política, y lo respeto, porque ambos conocen perfectamente que el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, que estableció la Ley de Empleo, determina el ámbito de las políticas activas de empleo y ambos conocen perfectamente que el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, estableció la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo, que es donde precisamente se aborda toda la problemática de las políticas activas de empleo y donde se aportó por parte del Gobierno, en colaboración -y hay que decirlo- con las comunidades autónomas, las soluciones para mejorar nuestros servicios públicos de empleo, en beneficio de las personas en paro, sea este de larga o de corta duración.
El señor Simancas aludía a que la respuesta será que se reduce porque hay menos parados. Efectivamente, hay 1,5 millones de parados menos que cuando gobernaba el Partido Socialista, gracias a la gestión de las reformas del Partido Popular. Pero, señor Simancas, tiene que ser muy complicado
para usted hablar de políticas activas de empleo con lo que ha pasado en Andalucía por parte de un Gobierno socialista, tiene que ser enormemente complicado. No consiste en que haya más o menos dinero sino en que se gaste bien y llegue adonde tiene que llegar. Y usted es muy consciente de que por culpa del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía el dinero no llegaba adonde tenía que llegar, es decir, a los parados, sino que era desviado a otros asuntos, en los que no quiero entrar.
Por tanto, pediría un poco de rigor y seriedad en estas cuestiones. Ustedes saben que se ha firmado el convenio de colaboración con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, por parte la Secretaría de Estado de Empleo en relación con el perfilado estadístico, cuestión que se está desarrollando en este año 2017. Por tanto, lo que plantea Ciudadanos en su PNL se esta cumpliendo por parte del Gobierno. Y por eso, nosotros, en coherencia, porque lo que se pide lo está haciendo el Gobierno, vamos a votar a favor de la presente proposición no de ley.
Y pido disculpas al señor presidente por haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos con relación a la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Vamos a hablar con ellos e intentaremos llegar a un acuerdo. Gracias.
- RELATIVA A IMPULSAR LA APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2017-2020. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001375).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a impulsar la aprobación de la estrategia española de activación para el empleo 2017-2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que defiende por un tiempo no superior a siete minutos el señor Echániz.
Señorías, en el año 2012 el Gobierno de España sometió a análisis las políticas activas de empleo, fruto de la falta de eficacia y de eficiencia del modelo anterior, que dio como resultado de aquellos años más de seis millones de parados. En el año 2013 el ministerio procedió a una reforma en profundidad de esas políticas activas de empleo, creando un nuevo marco de programación y de evaluación de esas políticas, de aplicación gradual, con un sistema de financiación vinculado a los cumplimientos de los objetivos previamente fijados, un sistema serio, riguroso, con un acuerdo marco con las agencias de colocación y un portal único de empleo. Eso modificó la relación de las políticas activas y pasivas de empleo, mejoró la movilidad y benefició a los trabajadores.
Señorías, las políticas activas de empleo tienen un profundo significado en la modernización del mercado de trabajo. La reforma de esas políticas ha sido una de las claras líneas de actuación que se han seguido con ocasión de los efectos indeseados de la crisis económica en el mercado de trabajo, y la reforma actual se ha situado entre las reformas estructurales iniciadas por el Gobierno de España en el año 2012 que persiguen la flexiseguridad en el empleo a cambio del incremento de la competitividad de la economía que estimule el crecimiento económico y la creación y el mantenimiento del empleo. Esas políticas de empleo tienen que convertirse en uno de los pilares básicos de la nueva cultura de empleo introducida en España, basada en la flexiseguridad, coadyuvando al ajuste entre la oferta y la demanda en el empleo.
Por ese motivo, señorías, una vez más el Grupo Parlamentario Popular ha querido centrar sus prioridades en el debate político en las personas, contribuyendo a su proyecto vital, personal, familiar, social y a su acceso al empleo. En concreto, con esta iniciativa hemos querido abordar el desarrollo de las reformas realizadas en el pasado, que se han llevado a cabo primando la equidad, es decir, a quien más lo necesita, y también la protección de las personas más vulnerables, que requieren una mayor atención en su transición a la vuelta al mercado de trabajo. Precisamente por ello, con el consenso de los interlocutores sociales y de las comunidades autónomas, se aprobó un instrumento extraordinariamente importante, que fue la estrategia española de activación para el empleo, con un horizonte temporal entre 2014 y 2016, que se ha mostrado como el primer instrumento de coordinación del sistema nacional
de empleo. De esa manera, la estrategia española de activación para el empleo ha cumplido un papel unificador de las diferentes estrategias individuales que de forma descentralizada desarrollaban cada uno de lo servicios públicos de empleo autonómicos y, por lo tanto, en la intermediación entre la oferta y la demanda de empleo pero también en el diseño y en la gestión de las políticas activas de empleo.
Por tanto, señorías, hoy tenemos una estrategia coherente, congruente, flexible y diría que muy eficaz, que está sirviendo como elemento de transformación de la cultura de políticas de empleo y de modernización de los servicios públicos de empleo, sobre la base de la coordinación y la colaboración entre distintas administraciones territoriales de nuestro país. Esta estrategia tiene unos objetivos comunes: por una parte, persigue mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir lo previsto en el Plan de garantía juvenil, pero también mejorar la empleabilidad de otros colectivos importantes especialmente afectados por el desempleo, como son los de larga duración, los mayores de cincuenta y cinco años, los beneficiarios del Plan Prepara, así como mejorar la calidad para la formación en el empleo, mejorar también la vinculación entre las políticas activas y las pasivas y, desde luego, impulsar el emprendimiento como elemento básico para la creación de riqueza y de empleo en nuestro país. Todos estos objetivos, señorías, se mantienen durante la vigencia de la aplicación de esta estrategia y serán concretados en la nueva estrategia que deberá desarrollarse a través de cuatro planes anuales, en cada uno de los ejercicios, de forma que se combine, por una parte, estabilidad en la estrategia, en el diseño, y, por otra parte, atención a las prioridades específicas de cada momento. Esta estrategia española de actuación para el empleo de los últimos años, junto con los planes anuales, ha significado un importantísimo avance en el mercado laboral. No podemos negar que la tendencia del mercado laboral ha cambiado a lo largo de estos últimos años. Hemos pasado de destruir 1.500 empleos diarios a finales de 2011 a crear 2.300 empleos diarios en estos momentos. Hemos recuperado en estos meses la mitad de los empleos destruidos con la crisis, 1.660.000 empleos, y se están creando más de 500.000 empleos al año.
Por tanto, señorías, la recuperación y el empleo han llegado para quedarse. Todas las comunidades autónomas, todas las provincias, todos los sectores económicos -diría yo- han visto reducido el paro en el último año y por eso nuestra responsabilidad como Congreso de los Diputados, como Parlamento nacional es continuar trabajando, seguir creando oportunidades de empleo, seguir generando elementos eficaces para continuar por la senda que favorezca un marco de relaciones laborales flexible pero también integrador y, por tanto, seguir manteniendo un compromiso formal con cada uno de los parados que todavía quedan en nuestro país para que encuentren un empleo cuanto antes. Por todo ello, tenemos que seguir apostando por la reforma, la modernización y la eficacia de las políticas activas de empleo y trabajando en la base del diálogo social y el consenso con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas en la aprobación de una nueva estrategia de activación para el empleo en estos próximos años, en el escenario temporal entre 2017 y 2020, a fin de modernizar e incrementar todavía más la eficacia de esas políticas activas de empleo.
Por ese motivo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa más en materia de empleo en esta Comisión de Empleo y Seguridad Social, para impulsar, en el marco del diálogo social y con la colaboración de las comunidades autónomas y, desde luego, el respaldo político de esta Comisión del Congreso de los Diputados, la aprobación de una nueva estrategia formal española de activación para el empleo para ese escenario temporal mencionado, con el objeto de seguir modernizando las políticas activas de empleo y, sobre todo, mejorar su eficacia de cara al futuro.
A continuación es el turno de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta iniciativa que ha defendido el señor Echániz aborda el debate que se ha abierto con la iniciativa que ha defendido el señor Del Campo, que es el debate sobre las políticas activas de empleo. Lógicamente, nadie puede estar en contra del redactado concreto de la iniciativa del Grupo Popular instando al diálogo social, en colaboración con las comunidades autónomas, para activar una nueva estrategia en materia de política de empleo, como tampoco con la pretensión de modernizar esas políticas activas de empleo y mejorar su eficacia. Por tanto, en los términos de la formulación de esta iniciativa, difícilmente se puede estar en contra. Ahora bien, en términos de valoración de lo que ha sido la política del Gobierno en esta materia, lógicamente, debemos ser mucho más críticos, como hemos
explicado en nuestra anterior intervención. La reforma de las políticas activas de empleo continúa siendo uno de los retos pendientes de nuestro mercado de trabajo. No hay nadie que observe nuestra realidad sin que insista en la necesidad de proceder a esa reforma. Además, el Gobierno tiene entre sus deberes que durante los peores años de la crisis, en lugar de aumentar los recursos destinados a las políticas activas de empleo, optó por disminuir los recursos que se destinaban a estas políticas y, en lugar de cumplir con aquel mandato de la X Legislatura en la línea de reducir las inversiones en bonificaciones y reforzar las inversiones en formación, reciclaje, orientación e integración laboral, optó por ir incrementando la política de bonificaciones y exenciones y reducir las inversiones en aquellas medidas de acompañamiento a los desempleados, de tal manera que las consideraciones que se han formulado sobre que la política de bonificaciones cuando se generaliza no tiene los efectos deseados y no sirve para crear nuevo empleo sino tan solo para subvencionar un empleo que en cualquier caso sí se iba a crear forman parte de esas debilidades de las políticas activas de empleo en el Estado español. Y estos son los debates que deberíamos abordar, como el debate sobre la vinculación entre políticas pasivas y políticas activas. El hecho de que todavía el Servicio Estatal de Empleo gestione las políticas pasivas de empleo es un error. Las políticas pasivas de empleo deberían ser gestionadas por las comunidades autónomas, que son las que gestionan las políticas activas de empleo, precisamente para reforzar el papel del conjunto del Servicio Público de Empleo, en aras de estimular, facilitar y promover la integración laboral de los desempleados.
En ese debate la enmienda que hemos formulado desde el Partit Demòcrata tan solo aborda una de las cuestiones, otros grupos plantean enmiendas más amplias que esta. Nosotros presentamos la necesidad de proceder a incrementar los recursos de las políticas activas de empleo. Es una enmienda bien simple que el Grupo Popular debería compartir, porque, objetivamente y visto el número de desempleados que hay en España, es cierto que invertimos poco en esas políticas activas de empleo y, por tanto, sería más que razonable incrementar estos recursos. ¿Con qué previsión? La previsión mínima debería ser la de aquello que se invertía antes de la llegada al poder en 2011 del Partido Popular, y, en un horizonte a medio plazo, deberíamos apostar por invertir más. ¿Con qué aspiración? Con la de parecernos a los países más avanzados de nuestro entorno, que, en términos comparativos, deben gastar mucho menos en prestaciones, subsidios y políticas pasivas, y que, con tasas de desempleo bastante más bajas que las nuestras, invierten en esas políticas activas de empleo. Y todo ello, señorías, en un contexto en el que va a ser necesario mantener y en algunos aspectos incluso aumentar la flexibilidad de nuestro sistema de relaciones laborales para mejorar la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial. Si queremos que esta flexibilidad del mercado de trabajo no sea injusta para los trabajadores, hay que ser capaces de tener unas políticas activas de empleo que sean útiles y eficaces, que estén bien dotadas y sirvan para acompañar a los desempleados, con la aspiración además de que el periodo de permanencia en el desempleo sea el menor posible, y todo ello, lógicamente, en un contexto de crecimiento económico sostenido y sostenible que permita reducir nuestras elevadas tasas de desempleo y aumentar nuestras aún insuficientes tasas de ocupación. Este es el debate, también sobre el incremento de los recursos de las políticas activas de empleo, y me gustaría que el Grupo Parlamentario Popular aceptase nuestra enmienda en este sentido.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Como sabemos, señorías, la reforma laboral ha hecho mucho daño a nuestro mercado laboral. Pese a que la ministra de Empleo y el propio presidente de Gobierno no pierden la oportunidad de atribuirle bondades, sabemos que el día a día en el mundo del trabajo es muy distinto al que nos pinta el ministerio. La crisis económica dejó en nuestro país cifras terribles, que hoy intentamos salvar. Aún mantenemos en nuestras listas de paro en Andalucía a más de 890.000 desempleados y, según la EPA, el número de parados que buscan empleo se eleva en España a 4.200.000 personas. Y, señorías, no solo debemos fijarnos en los efectos directos de la crisis, sino también en los efectos de la receta del Partido Popular para salir de ella, es decir, la reforma laboral de 2012, porque podemos afirmar que la reforma laboral ha supuesto una bajada de salarios en un 10%, de media, situándolos en niveles de hace quince años, que el paro de larga duración ha pasado del 27% al 40%, que la precarización del empleo ha supuesto que más de un 90% de los contratos sean temporales y que se ha producido el empobrecimiento progresivo
de ciertos segmentos de la clase trabajadora -sabemos que en torno a seis millones de trabajadores tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y que casi tres millones de estos no llegan ni a la mitad del salario mínimo interprofesional-; además, la tasa de cobertura del desempleo está en unos mínimos históricos del 60% y se han perdido más de 15 puntos en apenas cinco años.
Por otra parte, también sabemos cuál ha sido la respuesta del Partido Popular durante todos estos años frente a esta situación, es decir, quitar a las comunidades autónomas casi el 60% de los fondos para políticas activas de empleo. Y, señorías, tengo que poner un ejemplo, Andalucía, porque el castigo a esta comunidad ha sido ejemplarizante. Se consolidó un recorte un 400 millones de euros cada año desde 2012 en políticas activas de empleo, se negó reiteradamente un plan especial de empleo que sí se concedió a otras comunidades autónomas. La comunidad con más parados de España, Andalucía, ha pasado de recibir el 26% de los fondos destinados a políticas activas de empleo a contar solo con el 20%, teniendo un 23% de parados. Se ha lanzado una sombra de duda sobre la formación para el empleo en Andalucía aprovechando el proceso judicial abierto. En casi todas las comunidades autónomas, especialmente en Madrid, se han abierto investigaciones en las que se perseguía a las empresas que podrían haber cometido fraude. En Andalucía desde algunos partidos políticos se ha intentado criminalizar la gestión de la Junta de Andalucía y se ha querido poner en duda la labor honrada de cientos de funcionarios y servidores de lo público. Creo que hay constancia de lo que acabo de decir en las expresiones de hace solo un momento del señor Merino, quien, sin ningún pudor, ha aseverado algo que no es cierto, porque no hace falta recordar que el propio Ministerio de Empleo tuvo que anular la convocatoria de formación del año 2014, y por algo sería.
Afortunadamente, la respuesta del Gobierno andaluz ha sido diametralmente opuesta. El Gobierno andaluz ha situado como eje principal de todas sus políticas el empleo, gracias a lo cual la evolución del desempleo en Andalucía es sustancialmente mejor que la española. Según los últimos datos del mes de febrero, uno de cada cuatro parados menos de España en los últimos doce meses los aporta Andalucía. Desde la Junta se están invirtiendo más de 1.500 millones de euros de recursos propios, que han generado más de 175.000 empleos. Señorías, esto solo demuestra el compromiso real en la lucha contra el paro del Gobierno socialista andaluz. No, no somos todos iguales ni tampoco nuestras políticas.
Pero entrando en concreto en la PNL que nos ocupa, tengo que decir que es indudable la necesaria formulación de una nueva estrategia española para la activación del empleo, máxime cuando ya ha finalizado la vigencia de la anterior. Ahora bien, esta PNL llega tarde, porque estamos casi a la mitad del primer año y aún no se ha planteado por parte del Gobierno de España ni del Ministerio de Empleo ningún avance de este trabajo, o, si se ha hecho, una vez más ha sido sin contar con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en la gestión de las políticas activas de empleo.
Tampoco entendemos que si uno de los principios vertebradores de la estrategia es la evaluación se plantee una nueva estrategia sin proponer una evaluación de la anterior, y realmente se hace una propuesta sin ningún marco mínimo de contenidos. Más allá de la exposición de motivos, donde se hace una lectura parcial de los supuestos éxitos de la reforma laboral y la anterior estrategia, que, como acabo de decir, no se conocen porque no se ha evaluado, la iniciativa del Grupo Popular solo hace una leve referencia al marco donde desarrollar la nueva estrategia a aprobar. Partiendo de la base de que la estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 no es un plan con medidas, acciones y propuestas que darían lugar a indicadores que se pudieran evaluar, sino que es un marco procedimental donde tienen cabida todas las actuaciones que se planteen para mitigar y paliar los efectos del desempleo, del paro juvenil y del paro de larga duración, así como la modernización, la vinculación entre políticas activas y políticas pasivas, resulta difícil evaluar el conjunto de las mismas. Por ello, entendemos que se deben evaluar las actuaciones contenidas en esta estrategia, su utilidad y eficacia. Partimos del error de una estrategia sin indicadores de evaluación y, por tanto, para esta nueva estrategia el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes socioeconómicos, debe ser capaz de obtener indicadores que nos lleven a valorar su desarrollo.
Señorías, para nosotros son fundamentales todas las medidas para mejorar la empleabilidad por colectivos.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señoría. De momento, lleva un minuto y medio más.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, también ha sido muy flexible con los demás grupos. Voy terminando.
Señorías, para nosotros son fundamentales todas las medidas para la mejora, pero, sobre todo, entendemos que debemos ser rigurosos al diseñar y evaluar el desarrollo de cada uno de los pasos necesarios para la ejecución de estos programas. Por ejemplo, valorar positivamente el programa para parados de larga duración de 2016, al que se asignaron 126 millones de euros pero el ministerio no los habilitó hasta el último mes, es cuando menos engañoso.
Por todo ello, hemos presentado una enmienda que recoge los puntos importantes que creemos que debe contener la nueva estrategia.
Señorías, nuevamente el Grupo Parlamentario Popular nos trae una proposición no de ley relativa a las políticas activas de empleo, en esta ocasión enmarcada en la estrategia española para la activación para el empleo. Al igual que en la última ocasión, una proposición no de ley llevada a Pleno el 27 de septiembre de 2016, en cuyo debate también intervino el señor Echániz y cuyo título era la mejora de la eficacia de las políticas activas de empleo, nuevamente se trata de una iniciativa sin propuestas concretas y llenas de autocomplacencia.
Evidentemente, no se puede no estar de acuerdo con la exposición de motivos de esta proposición no de ley, ya que es objeto de todos los grupos parlamentarios ayudar a todos esos ciudadanos que han visto sus vidas truncadas y sus familias rotas, pero, sin duda, las políticas activas de empleo -los números lo acreditan- han sido nefastas y han fracasado, como, por ejemplo, el fondo para el Plan de garantía juvenil, que hemos tenido que devolver a las instituciones europeas. Señorías, como siempre, llegan tarde, llegan tarde para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A la vista, la estiba y los derechos laborales de los interinos, y ahora vuelven a llegar tarde con esta proposición no de ley, ya que Ciudadanos ya incardinó estas propuestas en la proposición no de ley que llevamos a Pleno. Como les decía, no podemos dejar de estar de acuerdo en cuanto a la esencia, pero podrían llenarla de propuestas concretas, que ustedes podrán encontrar en el punto 42 de nuestro acuerdo. De esta manera, no tendríamos que estar recordando una y otra vez las 150 medidas, que para nuestro grupo resultan de obligación contractual. Así, al señor Merino, que en este momento no está en la sala, y al señor Echániz he de recordarles que el tema de la proposición no de ley que hoy traemos a debate sobre el perfilado estadístico estaba incardinado entre estas 150 medidas, igual que en el acuerdo al que llegamos con el Partido Socialista, y nos congratulamos de que el Gobierno esté trabajando en este sentido.
Señores del Partido Popular, deben ser más ambiciosos y menos autocomplacientes cuando dicen que han hecho todo lo posible, porque los datos así lo acreditan. Se lo debemos a los parados de larga duración y a los jóvenes, porque nos lo agradecerán.
Reitero la posición favorable de mi grupo a esta proposición no de ley, aunque deseamos completarla con una enmienda de modificación para concretar algunos aspectos de las políticas activas para el empleo, con la finalidad de aumentar el grado de protección de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Nuestra enmienda aborda, entre otras medidas, la eliminación de los requisitos para acceder a la prestación, transcurridos al menos seis meses desde el agotamiento de ayudas, renta o prestaciones económicas de cualquier naturaleza que hubiese percibido el beneficiario; la ampliación del plazo en el que el trabajador deba acreditar la realización de tres acciones de búsqueda activa de empleo, así como la extensión de la duración máxima de la ayuda económica de acompañamiento a doce meses. Se va a presentar una enmienda transaccional, con la que espero que podamos llegar a un acuerdo y votaremos a favor.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo Esquerra Republicana? (Pausa). Ninguno está presente.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Hay varios aspectos que llaman la atención de esta proposición no de ley, que muestran la poca rigurosidad y también la poca vergüenza del Partido Popular cuanto trata de un tema tan serio como es el empleo. En primer lugar, esta propuesta dice de manera literal que la gran prioridad para el Partido Popular son las personas y el acceso al empleo. Perdonen que me ría, no me debería reír, pero es mejor reírse que llorar. En segundo lugar, esta PNL recoge la afirmación de que las reformas de la X Legislatura se han hecho primando la equidad y protección de las personas más vulnerables. Bueno, es bastante evidente que los hechos contradicen estas afirmaciones. Por mucho que este Gobierno intente vender su éxito, aunque no sea más que un cambio de ciclo económico, no puede ocultar las consecuencias terribles de su reforma laboral en el aumento de la temporalidad y en la caída de los salarios.
Con respecto a la temporalidad, en nuestro país hay 3.700.000 personas que no tienen empleo, a pesar de estar buscándolo. En febrero de 2017 se firmaron 1,4 millones de contratos, de los cuales el 90% son temporales -un tercio de ellos a tiempo parcial- y un 10% de los contratos indefinidos -de los cuales un 4% son también a tiempo parcial-. En cuanto a los salarios, peor aún. Los datos macroeconómicos indican que la economía española ha perdido 35.000 millones de euros en masa salarial en ocho años, siendo 2016 el año con el menor porcentaje de la riqueza anual de este país, que va a parar a dicha masa salarial -el 47%-, cuando los salarios siempre habían estado representando más de la mitad del producto interior bruto. Todo ello dista del escenario idílico que nos trae a esta Comisión el Partido Popular.
Además de ver que es falsa esta autocomplacencia que muestra la PNL con la situación de nuestro mercado laboral, también lo es con respecto al objetivo de la misma: las políticas activas de empleo. Dice el Partido Popular que la estrategia española de activación para el empleo surge del consenso con todos los actores sociales, pero se olvida mencionar la denuncia de los sindicatos, como Comisiones Obreras, sobre el desprecio al diálogo social y al incumplimiento por parte del Gobierno de los procedimientos establecidos. Comisiones Obreras denuncia, por ejemplo, que los planes anuales de política para el empleo, que son los que concretan la estrategia española de activación para el empleo, han sido elaborados sin consulta previa y sin recoger ninguna de las aportaciones de los sindicatos.
Por otro lado, desde el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa se desaprueba la reiterada falta de información que proporciona el Servicio Público de Empleo Español. Dicho comité presentó recientemente un informe sobre el mercado de trabajo en el periodo 2011-2014 y en este se denunciaba el incumplimiento del Gobierno español en la transparencia del Servicio Público de Empleo Estatal y, además, cuestionaba la eficacia de dicho servicio. De este informe se podrían destacar, por ejemplo, otros aspectos como el incumplimiento sistemático del compromiso de evaluación y de seguimiento de las políticas activas de empleo; la falta de información con respecto a los servicios públicos de empleo; la contratación del efecto negativo en la reducción de empleados de dichos servicios públicos del periodo 2011-2014; y el menor porcentaje de PIB destinado a políticas activas de empleo, con respecto a otros países europeos, ya que mientras en España estamos en el 0,5%, en Francia están en el 0,9%, en Bélgica y en Austria en el 0,7% y en Alemania en el 0,6%. Estos datos son terribles, sobre todo, teniendo en cuenta nuestras necesidades en materia de empleo porque son mucho mayores que en estos países.
Como conclusión, no podemos apoyar esta PNL porque lo único que hace es vender humo y lavar la cara a un Gobierno que no hace lo suficiente en materia de empleo, o mejor dicho, que legisla para beneficiar a unos pocos intereses frente a la mayoría social de trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, para manifestarse sobre las enmiendas.
Como ha comentado el portavoz de Ciudadanos, hemos pasado una enmienda transaccional a los diferentes grupos y estamos intentando llegar a un acuerdo.
- SOBRE LA REFORMA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE, PARA CORREGIR AQUELLOS ELEMENTOS QUE LLEVAN A LA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO JUVENIL Y AL QUEBRANTO DE LA CAJA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001384).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto 4.º del orden del día: proposición no de ley sobre la reforma del contrato para la formación y el aprendizaje, para corregir aquellos elementos que llevan a la precarización del empleo juvenil y al quebranto de la caja de la Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Por un tiempo no superior a siete minutos, defiende esta proposición no de ley la señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: En esta Comisión casi todos coincidimos en que el desempleo, la precariedad y la devaluación salarial son características que afectan al trabajo de los jóvenes. Quiero hacer una primera reflexión sobre qué se entiende por jóvenes a efectos laborales, que son las personas entre dieciséis y treinta años. Por tanto, hay un amplio colectivo de trabajadores que se ven afectados por esta situación y son las becas, los contratos a tiempo parcial y los contratos para la formación y el aprendizaje los que precarizan a este segmento de la población. La proposición no de ley que presenta mi grupo va referida a la necesidad de modificar el contrato para la formación y el aprendizaje.
Es cierto que es necesaria una figura de contratación que traslade a nuestro derecho laboral el tema de la formación dual. La Unión Europea y la OIT han dicho que la formación dual es esencial, es decir, debemos llegar a un modelo que alterne las clases en aula con el trabajo en una empresa, y todo ello formalizado en un contrato laboral. Esto es necesario, pero no es lo que se está produciendo en nuestro país. La formación dual intentó implantarla el Gobierno del Partido Popular en 2012, con la modificación de los contratos para la formación y el aprendizaje. Sin embargo, este modelo no reúne ninguno de los requisitos de formación dual, excepto la existencia de un contrato laboral. El contrato para la formación y el aprendizaje ha sido continuamente modificado en nuestro ordenamiento, en total ha sufrido catorce modificaciones desde el año 1997. Con la última modificación del año 2012 se produjo una flexibilización de los requisitos para poder acogerse a esta modalidad contractual en unos aspectos muy importantes. En primer lugar, se eliminó el requisito de que el trabajador tuviera que carecer de formación para poder acogerse a esta modalidad contractual. ¿Qué supuso esto? Pues que la empresa, en vez de celebrar un contrato en prácticas para poner en práctica la formación académica que tenía el trabajador, celebraba un contrato para la formación y el aprendizaje en sectores que ya están de por sí están bastante precarizados.
Por otro lado, se permitió concatenar este tipo de contratos. Es decir, una empresa puede celebrar un contrato para la formación con un trabajador y otro contrato para la formación con el mismo trabajador, siempre que se trate de aprender -entrecomillas- profesiones diferentes. Asimismo, con esta última reforma se produjo una reducción del contenido formativo, porque se redujo el porcentaje de horas que los trabajadores tienen que dedicar a la formación. Además, se incrementó mucho más aún el paquete de bonificaciones que estos contratos tienen en la Seguridad Social. Estos contratos conllevan una reducción del cien por cien de las cuotas y además se reintegran los gastos de formación a la empresa, siempre que esta se imparta en un centro formativo.
¿Qué ha conllevado la regulación del año 2012? Un incremento brutal de este tipo de contratos. Entre 2012 y 2014 se incrementó el 131% esta contratación, cuando el incremento de otras modalidades contractuales solo se incrementó un 18%. En el primer semestre de 2015 se celebraron 83.857 de estos contratos, un 23,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto sería bueno, si este contrato cumpliese el objetivo que debe tener, pero estimamos que la única razón de su incremento ha sido que esta modalidad tiene importantes beneficios para la empresa, pero no para el trabajador. ¿Qué está pasando? Que los trabajadores vinculados por contratos formativos son trabajadores que realizan el mismo trabajo que cualquier otro trabajador ordinario, pero como solo están cobrando la parte del salario correspondiente a la formación teórica y la obligación de formación teórica se está -no digo siempre, pero casi siempre- sistemáticamente incumpliendo, tenemos trabajadores que realizan las mismas funciones con un coste laboral para el empresario mucho menor. Además, este tipo de contratos está proliferando en sectores como son la hostelería o el sector de servicios, es decir, sectores ya de por sí muy precarizados.
Al eliminar, como decía antes, el requisito de que el trabajador carezca de formación, ¿qué ha pasado? Pues que dos de cada tres trabajadores con los que se celebra un contrato para la formación son trabajadores titulados. Es decir, que lejos de potenciar el contrato en prácticas, que sería lo adecuado,
además para limitar el efecto de la beca y del becario, estamos fomentando el contrato para la formación para personas que ya tienen esta formación. No debemos olvidar que el contrato para la formación no trata de poner en práctica la formación del trabajador, sino de ofrecer una formación distinta.
Además, ¿qué está pasando? Pues que hay un envejecimiento de los trabajadores que se vinculan a contratos formativos. Es decir, siete de cada diez trabajadores en 2007 tenían menos de veinte años, pero en 2014 solo uno de cada diez trabajadores tiene menos de veinte años. Por tanto, la edad de los trabajadores vinculados por contratos para la formación es superior. Según afirman numerosas organizaciones que han analizado este contrato formativo -esto no me lo invento yo- el contrato para la formación se está usando en nuestro país para una franja de edad errónea e inadecuada.
Un aspecto muy relevante, dado ese paquete de bonificaciones tan importante, es que esta modalidad de contrato está afectando al quebranto de la caja de la Seguridad Social. Según una estimación que hizo Comisiones Obreras, se han dejado de ingresar 180 millones de euros sobre la base del uso o abuso de este tipo de contratos. Se podría pensar que los empresarios que contratan a un trabajador con este tipo de contratos y le dan formación, luego querrían que se quedase en la empresa. Sin embargo, no se produce ni eso, porque solo un 2% de los trabajadores con los que se celebran contratos para la formación luego se quedan en la empresa a trabajar, por lo que estamos viendo que la vinculación de trabajadores a la empresa no se produce. Es decir, el empresario que contrata a un trabajador para la formación -no digo que todos, pero sí una buena mayoría de ellos- quiere tener un contrato de duración determinada de hasta tres años, con unos costes laborales y sociales mucho menores. Si realmente fuera un contrato formativo -repito-, qué empresario no va a querer incorporar a su empresa a un trabajador que presuntamente ha invertido tiempo en formar y que ya está formado. Sin embargo, parece ser que esto no es así.
Mi grupo cree que es un contrato necesario, pero que debe regularse adecuadamente, sin perjuicio de intensificar las actuaciones de la Inspección. Es verdad que la Inspección de Trabajo es muy importante, pero para que pueda funcionar de forma adecuada también debe exigirse un marco normativo adecuado. Por tanto, pedimos que en el marco del diálogo social se revisen los distintos aspectos de este contrato, que se afronte una nueva regulación más adecuada que elimine estos elementos de precarización y que, además, se intensifiquen las campañas de la Inspección de Trabajo.
A continuación por el Grupo Parlamentario Mixto, que ha presentado enmiendas, tiene la palabra el señor Campuzano por cinco minutos.
La señora De Frutos nos plantea una iniciativa que pretende revisar el funcionamiento del contrato para la formación y el aprendizaje. Ella misma en su intervención nos ha recordado que este contrato en los últimos años ha tenido catorce modificaciones, en un contexto en el que la utilización de esta fórmula contractual por parte de las empresas, para aquellos jóvenes sin titulación superior, no es la vía normal de integración en el mercado de trabajo. Las sucesivas reformas que se han efectuado en el contrato de formación y aprendizaje seguramente siempre se han movido en esa doble tensión: por un lado, se han introducido mayores elementos de flexibilidad para la empresa para estimular su utilización, y por otro, se han introducido elementos que refuerzan el carácter formativo de este contrato. Es evidente, después de catorce modificaciones, que el equilibrio no se termina de encontrar. Además, la última reforma pretendía focalizar este tipo de contrato para impulsar la denominada formación dual, mezclando la formación profesional dual con otro tipo de experiencia laboral formativa, a través de un contrato de formación para el aprendizaje. Sin embargo, estos cambios no han terminado de resolver bien los problemas existentes.
¿Hay que revisar el contrato para la formación y el aprendizaje? Quizás, sí. Los datos que nos ha apuntado la señora De Frutos indican una preocupación sobre algunas perversiones, que se están produciendo de manera indiscutible. Por tanto, no supone abrir la discusión sobre la necesidad de revisar el contrato de formación y el aprendizaje, aunque estaríamos de acuerdo en ello. Quizás sería bueno, previamente a que el Gobierno procediese a esa reforma en el marco del diálogo social, que pudiésemos tener una buena evaluación de cuál ha sido el recorrido de este contrato en los últimos años.
La única enmienda que hemos planteado desde el Partit Demòcrata vuelve a incidir en la revisión, cuestión que ya fue planteada en alguna otra ocasión y acordada con el diputado Gerardo Camps hace unos cuantos meses, del aún vigente decreto de 26 de julio de 1957, que impide a menores de edad
utilizar el contrato para la formación y el aprendizaje, porque precisamente en ese decreto se prohibía la actividad de los jóvenes en determinadas actividades laborales. Entonces afirmábamos que la normativa del año 1957 no tenía ningún sentido que hoy continuase vigente, que debía revisarse o derogarse, precisamente para permitir que muchos jóvenes pudieran utilizar un contrato de formación y aprendizaje en el sector de la industria. La existencia aún de esa normativa del año 1957 impide que la formación profesional dual en el sector de la industria pueda desarrollarse con fuerza. Sé que no es estrictamente la cuestión que planteaba la señora De Frutos, pero agradeceríamos que se pudiese incorporar nuestra enmienda en este sentido.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). No están presentes.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra por tres minutos el señor Cano.
En primer lugar, quisiera agradecer a la señora De Frutos su intervención, pero, sobre todo, el esfuerzo que ha hecho su grupo en la exposición de motivos al entonar un poco un mea culpa porque las catorce modificaciones del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, desde 1997 hasta la actualidad, han dado como resultado la precarización laboral y un fracaso de este contrato. Por tanto, me parece algo que hay que elogiar y una buena posición para poder mejorar y continuar mirando hacia delante.
Estos datos demuestran que las medidas tomadas hasta el momento para conjugar una verdadera formación teórica y práctica han sido un verdadero fracaso, como decía anteriormente. Para muestra el escalofriante dato de que la vinculación del trabajador a la empresa se rompe al finalizar estos contratos de formación, sustituyéndolos por otros, en su inmensa mayoría. Solo un 2% de estos contratos se transformaron en indefinidos en 2014. Desde Ciudadanos venimos diciendo por activa y por pasiva que solo una buena formación en sus distintas etapas y grados, que no esté alejada del mercado laboral, es la única forma de poder reducir los alarmantes porcentajes de desempleo tanto juvenil como de larga duración. Sin duda, debemos eliminar el uso fraudulento de los contratos para la formación, pero solo lo podremos conseguir si somos capaces de adoptar una buena regulación de los contratos de trabajo, no pudiéndolo confiar todo a la Inspección del Trabajo, ya que aunque incrementemos sustancialmente los ratios de inspectores, resultaría imposible poder controlar los casi veinte millones de contratos.
Por eso, ya propusimos y acordamos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular reducir y clarificar el número de contratos a tres: el contrato indefinido; el contrato de protección creciente con duración determinada, causal e indemnización creciente; y el contrato para la formación, para la cualificación profesional del trabajador tanto un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en la empresa con la actividad formativa, como para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios previamente cursados. Espero que esta propuesta de reducción de contratos, señorías, puedan compartirla, especialmente el señor Campuzano con quien siempre estamos debatiendo sobre el contrato único y las distintas modalidades para poder llegar a un acuerdo cuando estas medidas lleguen a esta casa. Por todo ello, y compartiendo el objetivo que nos trae hoy el Partido Socialista, apoyaremos esta proposición no de ley.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Mi grupo está de acuerdo tanto en la exposición de motivos como en el resto de la propuesta que propone el Grupo Socialista y vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por tres minutos la señora Heredia.
Uno de los mayores perjudicados de la crisis ha sido, como todos sabemos, los jóvenes. Hoy nos fijamos en un real decreto, pero hace cinco años no podíamos quitar los ojos de la tasa de desempleo juvenil que tenía España, que alcanzaba el 48,7%. Se destruyeron un millón de puestos de trabajo entre
los menores de veinticinco años. Pero hoy la foto es bien diferente, hoy la tasa de paro juvenil se ha reducido en catorce puntos y con la estrategia de emprendimiento y empleo joven se han ofrecido hasta 1.700.000 oportunidades de empleo para los jóvenes de España. Aun así, Europa y la OCDE nos demandan una mayor implantación progresiva de la formación dual en España, como se está consiguiendo con este real decreto. Estas son las cifras: con el Gobierno del Partido Popular se han multiplicado por cuatro el número de jóvenes que acceden a ella y en febrero se han firmado 2.524 contratos de formación y aprendizaje.
Hablaba la señora De Frutos en su iniciativa sobre varios aspectos negativos que le preocupan, como son la falta de Inspección y que no se cumpla el número de horas de formación. Señora De Frutos, ahora hay más control que con el Gobierno socialista. Ahora se están revisando 20.000 contratos más que hace cinco años. Se han hecho 5.000 campañas de inspección, se han interpuesto 758 infracciones. Todo esto supone un mayor control para luchar contra esos aspectos negativos que tiene este contrato. Asimismo, me llama la atención que digan que los contratos de formación son gravosos para la Seguridad Social por sus bonificaciones, pero estas existían cuando ustedes estaban gobernando. Sin embargo, ahora a ustedes les resulta gravoso, pero lo realmente gravoso es que se permita que en España entre 2008 y 2011 cierren sus puertas 170.000 empresas por la falta de gestión del Grupo Socialista. Eso es lo que me parece gravoso para la Seguridad Social, que nadie hiciera nada para remediarlo. He escuchado todas sus críticas sobre este contrato, pero no ha dicho ni una sola propuesta. Usted lanza el guante a los actores sociales y al Gobierno, pero no propone nada.
Yo voy a hacerle una propuesta aquí. Creo que lo importante de este contrato es que se fomente el buen uso del mismo y, sobre todo, entre nuestras pymes. Sabemos que uno de los mayores obstáculos con los que se encuentra España, porque así lo ha dicho hace unos días la OCDE, en la implementación de este programa, es que la mayoría de las empresas españolas son pymes y tienen muy pocos recursos. Pues bien, encima de que tienen pocos recursos, se les quitan las ganas. Le hablo de mi tierra, de Andalucía, donde se aplican las políticas de los bonos jóvenes. (La señora Rodríguez Hernández, doña Juana Amalia: Eso es lo que les duele). Tiene que saber, porque así lo dicen varias noticias publicadas y esta es del 6 de enero (Muestra un recorte de periódico), que la Junta de Andalucía debe 49 millones de euros a los beneficiarios, es decir, a las pymes. ¿Así cómo se van a fomentar los contratos de formación? También tiene pendientes 10.000 ayudas sin pagar desde 2014, señora Rodríguez, tanto que le gusta a usted hablar del compromiso real con las empresas. Aquí lo tiene usted, ese es el compromiso que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía: frustrar a los jóvenes y asfixiar a las empresas. Eso es lo que se está haciendo en Andalucía para fomentar el empleo entre los más jóvenes en mi tierra.
Respecto a lo que decía el señor Cano, del Grupo Ciudadanos, que apoya ahora mismo la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía, ¿sabe lo que lleva a esta herramienta al fracaso? Lo que está pasando en Andalucía es lo que lleva al fracaso a esta herramienta, que no funciona como debe de funcionar y que no fomenta el empleo como lo tiene que hacer.
La señora HEREDIA MARTÍN: En definitiva -termino, señor presidente-, lo que quería decir es que queda mucho por hacer, que queda un largo camino. No debemos de perder nunca el norte porque la mejor herencia que te puede dejar un padre, y sobre todo también nuestro Estado, es una buena educación y formación para conseguir una de las cosas más importantes que hay: un buen puesto de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Heredia.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz para pronunciarse sobre las enmiendas.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Mi grupo aceptará la enmienda del Grupo Mixto, señor Campuzano, sobre que es necesario reformar el decreto de 1957. Aunque creemos que debería ser objeto de una proposición específica, aceptamos la enmienda aquí porque con ella se puede contribuir a que en esos sectores, tal como él comentaba, el contrato de formación se potencie mejor.
¿Puedo hacer un breve comentario?
El señor PRESIDENTE: No, no, solo sobre las enmiendas, señora De Frutos. Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. (La señora De Frutos Madrazo: Con lo disciplinadísima que soy, que nunca me paso del tiempo.- Risas).
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY FRUTO DEL DIÁLOGO SOCIAL, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE CAPITALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE CONTRIBUYA A REDUCIR LA DUALIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO Y A LA CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001544).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la última proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley fruto del diálogo social, para la constitución de un fondo de capitalización de los trabajadores que contribuya a reducir la dualidad del mercado de trabajo y a la creación de empleo estable, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, señor Campuzano.
Señorías, presentamos esta proposición no de ley que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley fruto del diálogo social, que proponga la constitución de un fondo de capitalización de los trabajadores, con el objetivo de reducir la dualidad del mercado de trabajo. Es una iniciativa extra que parte de una primera evidencia, que uno de los problemas estructurales de nuestro mercado laboral es la altísima temporalidad. Es bueno recordar que desde 1991 hasta 2008 la temporalidad en España superó el 30% y en el año 2006 -en plena fase de crecimiento económico intenso- llegó hasta el 34,1%. Eso contrasta claramente con las cifras de temporalidad de nuestro entorno europeo, donde las medias de temporalidad se han situado entre el 11 y el 15%. En estos últimos años, a pesar de que las reformas laborales habidas en los años 2011 y 2013 tuvieron como uno de los objetivos que las justificaban la reducción de la temporalidad, el crecimiento del empleo en España ha venido marcado por esa elevada temporalidad. Ahí siempre se nos plantea una discusión sobre si esa tasa de temporalidad está vinculada a la regulación laboral, o está vinculada a las características de nuestro tejido productivo, es decir, a los sectores que crean empleo temporal en el Estado español o a la propia configuración del tejido empresarial conformado por un número elevado de microempresas.
Si comparamos nuestras tasas de temporalidad, no solo de forma global sino por sectores productivos, es cierto que en todos los sectores la tasa de temporalidad en España es superior a la media europea, destacando las tasas de temporalidad en los sectores de la construcción y de la Administración pública. Señorías, es cierto que esa tasa de temporalidad puede ser explicada en parte por nuestra regulación laboral. Decíamos que en las últimas reformas laborales se han intentado introducir elementos que generen más confianza en las empresas con la utilización del contrato estable, a través de una mayor objetivación o definición de las causas objetivas de despido, clarificando esas circunstancias donde el despido puede estar justificado por razones económicas, organizativas y/o tecnológicas. Asimismo, se ha tratado de generar confianza respecto a las incertidumbres que las anteriores regulaciones generaban en las empresas, con relación a los costes finales del despido. También se ha apostado por una significativa reducción de los costes del despido, de los 45 días por despido improcedente a 33, que no son reformas menores. Pero lo que es cierto -lo decíamos hace unos segundos- es que nuestras tasas de temporalidad vuelven a incrementarse. En este sentido, el hecho de que una excesiva tasa de temporalidad es mala para la economía, para las empresas, para los trabajadores, puesto que no permite inversiones fuertes en formación, no introduce estímulos ni incentivos a la inversión en capital tecnológico ni estimula la inversión en capital humano, nos lleva a plantear la necesidad de abordar algunas reformas, entre ellas, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de lo que conocemos en términos coloquiales como la mochila austríaca. Se trata de un fondo que permite al empresario provisionar los costes futuros de un despido para conseguir dos cosas: dar una certidumbre sobre los costes del despido que se puede producir en el futuro y, al mismo tiempo, dar a la empresa capacidad financiera para hacer frente al coste del despido cuando este se produzca. Debemos recordar, por ejemplo, que en los peores años de la crisis, hacer frente a los costes de los despidos fue la causa de la extinción de muchas empresas. El coste del despido no permitía a la empresa continuar su actividad económica.
Es una medida que, desde el punto de vista de la empresa, pretende generar seguridad y certidumbre en relación con la cuantía cuando deba hacer frente a esa indemnización. Desde la perspectiva del
trabajador, esta medida le da la seguridad de que no solo va a poder recibir su indemnización y hacer frente a las consecuencias económicas del despido, sino que, además, el fondo de capitalización está asociado individualmente al trabajador, y cuando se produzca dicho despido, si este no opta por hacer líquida la cantidad acumulada, puede transportarla a otra relación contractual en otra empresa, incluso si durante toda su vida laboral no hace uso de ese fondo de capitalización, puede dejarlo como complemento de su pensión pública. Este es el modelo existente en Austria, y de ahí que se conozca como mochila austríaca.
Esta iniciativa no es nueva, porque en los últimos años en distintas regulaciones laborales se ha planteado instar al Gobierno a regular este fondo de capitalización, esta mochila austríaca. En tiempos del ministro Valeriano Gómez se llegó a efectuar un estudio económico sobre cómo debería implementarse esta cuestión. En los programas electorales del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de mi formación política, se formula la propuesta de avanzar en esa dirección. Para nosotros esta es una cuestión relevante, que se ha planteado en distintas ocasiones en el Estado español y que parece suscitar un acuerdo importante en términos políticos. A nuestro entender, sería una reforma suficientemente relevante para generar la confianza que las empresas necesitan para apostar por la contratación de carácter indefinido, pero que, lógicamente, tiene algunas dificultades que explican por qué no se ha puesto en marcha todavía, como es que básicamente están vinculadas con el coste de la provisión de esa indemnización. Este no es un tema menor.
La proposición no de ley que mi grupo trae hoy a debate y votación, y esperamos que se apruebe, insta al Gobierno a iniciar un diálogo social sobre esta medida. Desarrollo algunos aspectos de la misma. El fondo será mantenido a lo largo de la vida laboral del trabajador; se nutrirá con aportaciones empresariales de carácter mensual; reconocerá el derecho del trabajador a hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el mismo, en los supuestos de despido, de movilidad geográfica o en el momento de su jubilación; también que debería ser gestionado por entidades públicas, y si lo fuese por entidades privadas, deberían ser supervisadas, con el objetivo, insisto, de fomentar esta permanencia en el empleo y desincentivar el uso abusivo de la contratación temporal.
En la medida en la que buscamos un acuerdo amplio de la Comisión, mi grupo ha trasladado una enmienda a la Mesa y al conjunto de los grupos parlamentarios. Con ella no pretendemos entrar en la regulación concreta que debería tener este fondo, sino simplemente instar al Gobierno a que en el marco del diálogo social avancemos en un acuerdo con los interlocutores sociales que nos permita constituir este fondo de capitalización. Nos parece que sería importante que hoy aprobásemos dar este mandato al Gobierno para que fuese una de las cuestiones que se aborden en esta legislatura y que fuese un instrumento, aunque no el único, que nos permitiese situar nuestras tasas de temporalidad a la altura de las de nuestro entorno europeo. En una economía avanzada y flexible el trabajo temporal es necesario, pero tasas de temporalidad que superen el 20% no son buenas y explican algunas de las patologías de nuestro mercado de trabajo que, de una vez por todas, debemos ser capaces de resolver.
Espero que nuestra iniciativa cuente con un apoyo amplio.
El señor PRESIDENTE: A continuación intervendrán los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
El Grupo Parlamentario Socialista propone una enmienda de sustitución, que creemos que no va a ser aceptada; en caso de serlo, votaríamos favorablemente, si bien deberíamos realizar una serie de salvedades. Se plantea una indemnización para que los agentes sociales lo puedan empezar a estudiar. El proponente debería asumir un complemento de la indemnización de ocho días por año de antigüedad. Sería, por tanto, complementario, nunca sustitutorio.
Desde esa prevención, haremos unas apreciaciones iniciales y negaremos algunas afirmaciones que se contienen en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley, ya que las considero tendenciosas, dicho con todo respeto. Nos parece que este no es el momento oportuno para presentar esta iniciativa si tenemos en cuenta que el diálogo social ni siquiera se ha iniciado, más allá de encuentros formales. Luego, hay afirmaciones en las que negamos la mayor. En primer lugar, la temporalidad y la dualidad del mercado laboral no vienen resueltas por la aprobación de una ley que cree y desarrolle, única y exclusivamente, el fondo de capitalización. El fondo de capitalización que se pone sobre la mesa tiene
tantos adeptos como detractores. La doctrina no es unánime al respecto y solo converge en una cuestión: la capitalización de un fondo solo tiene efectos positivos en un contexto laboral favorable que suponga el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Precisamente este no es el caso español, como todos saben. La precariedad laboral está a la orden del día, además de la elevada tasa de desempleo que hoy es todavía del 19%. Por otra parte, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad. Por ello, en este momento, pensamos que un mandato al Gobierno potencialmente tendría más efectos negativos que positivos.
Por otra parte -lo decíamos al inicio-, la afirmación de que con el fondo de capitalización se superaría la dualidad del mercado laboral, así como que se reduciría la tasa de desempleo por el hecho de que se puede aumentar la productividad, no la consideramos debidamente justificada. No estamos de acuerdo con que la concreción del fondo de capitalización no suponga una reducción de los derechos de indemnización del trabajador, con mayor motivo una vez vista la transaccional presentada por el grupo proponente, porque resulta que se somete a debate la constitución de un fondo y un nuevo sistema de indemnizaciones por despido. No resulta atrevido afirmar, por tanto, que en caso de abaratar el despido también se provocaría un aumento de estos. Esta afirmación no es objetable: si baja el precio del despido, se producen más despidos. A pesar de considerar que existe un caso positivo, que es Austria, entendemos que en estos momentos no sería comparable a España por el mercado laboral que actualmente tenemos. Nuestro contexto es el contrario al de Austria, tenemos un mercado laboral que abusa tanto del despido que nuestra economía es la única en la que durante la crisis ha caído más el empleo que el producto interior bruto, descontando incluso el sector de la construcción y de la burbuja inmobiliaria. De hecho, ya antes de la crisis en el mercado laboral había contratos indefinidos de muy corta duración y tenían un peso muy importante los contratos temporales, lo que, evidentemente, supone una gran inestabilidad laboral. De ahí que digamos que no es el momento oportuno para diseñar un cambio de modelo con medidas de características como las que nos propone el portavoz del PDeCAT.
Más allá de eso, se proponía una enmienda que pretendía complementar, en todo caso, la indemnización legalmente establecida hoy, pero nunca una reducción de la misma. Francamente, este grupo teme que el objetivo de esta PNL sea el abaratamiento del despido, y de hecho así se desliza en la propia exposición de motivos cuando insinúan que -abro comillas- "esta no pretende reducir los costes del despido, porque -como se reconoce por ellos mismos- ningún efecto positivo se ha derivado sobre la temporalidad de empleo y la dualidad en el mercado laboral de la reducción de indemnizaciones por despido realizadas a partir de la reforma de 2012". En la página 6 afirman que los costes de despido generan desempleo y fomentan la contratación temporal. Si la pretensión es la reducción del coste del despido, a fin y a efecto de que para las empresas sea indiferente un contrato indefinido o uno temporal, se estaría alterando claramente el objetivo que se previó en su día en la Ley del año 2010 de constituir un fondo en este sentido. De ahí que la propuesta de enmienda formulada por este grupo exija que en ningún caso la dotación del fondo sea en detrimento de los derechos del trabajador y que, en consecuencia, deberá ser asumida por el empresario, independientemente de que en ese caso se valore si el coste puede ser asumible; me refiero a que el grupo de expertos que se constituyó en el año 2011, cuando era ministro Valeriano Gómez, determinó que el coste podía suponer más de un punto y medio. Por esa razón no se llevó a cabo el proyecto. Podemos afirmar que el mercado español, que adolece de una falta de causalidad de facto reconocida por expertos, ha provocado la mayor tasa de pérdida de empleo de los países de nuestro entorno.
Voy acabando. Tenemos fundadas sospechas de que lo que de verdad se persigue por parte de los autores de esta proposición no de ley es reducir al mínimo los costes del despido para las empresas. Eso aumentaría, como hemos dicho, los problemas de funcionamiento de nuestro mercado laboral, llevaría a una mayor inestabilidad y, desde luego, lo malo que hoy produce la parte inestable de la dualidad sería predicable del conjunto del mercado laboral.
Insistimos en que la transaccional que se nos propone, más allá de que lo deja totalmente abierto y no acepta la propuesta de indemnización mínima, que debería ser el punto de partida de la negociación de los agentes sociales y de los sindicatos, desnaturalizaría, desvirtuaría y reduciría la indemnización en perjuicio de los trabajadores. Por ello, entendemos que debemos votar en contra de esta proposición no de ley en los términos en los que está formulada.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero.
Como saben, el desempleo es el primer problema que preocupa a los ciudadanos españoles, y así se demuestra en todas las encuestas del CIS. En virtud de eso, todos los Gobiernos, el Gobierno central, incluso algunos Gobiernos autonómicos, así como los Gobiernos locales, diputaciones provinciales y ayuntamientos, han adoptado iniciativas de cara a solventar o a mitigar el problema del desempleo. Concretamente, en el año 2010 el presidente Zapatero hizo una reforma laboral que, desde mi punto de vista, fue equivocada, ya que en vez de conseguir lo que se pretendía, que era aumentar los puestos de trabajo, consiguió todo lo contrario, porque llegamos a tener casi 6 millones de parados más. Luego, el Gobierno del señor Rajoy, en el año 2012 hizo otra reforma laboral para dinamizar el mercado. Lo primero que se consiguió con ello fue parar la sangría del desempleo, parar el paro, como yo decía. Los resultados están ahí y los podemos ver aquí. (Muestra un gráfico). Señor presidente, aquí está la encuesta de población activa, en la que se ve que con el señor Zapatero se pasa de 2.200.000 parados a 5.280.000, camino de los 6 millones, y con la reforma del señor Rajoy, según la encuesta de población activa, se pasa de 5.280.000 parados a cuatro millones y pico. Diría que esto es empírico, se puede demostrar, porque ahí están todos los datos.
Todo es mejorable. También lo es la reforma laboral del señor Rajoy, del Partido Popular. El Gobierno, en el marco del diálogo social, está dispuesto a introducir los mecanismos necesarios para mejorar la regulación laboral en lo que fuere preciso, con el fin de consolidar la creación de empleo y mejorar su calidad. En este sentido, el Gobierno anunció la creación de un fondo de capitalización como mecanismo que permitirá reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, al estilo de la conocida mochila austríaca, de la que tanto hemos hablado. Lo anunció el Gobierno y además está en su programa electoral. Esta mochila austríaca, este fondo de capitalización, lo llevará el trabajador a lo largo de toda su vida laboral. El trabajador podrá hacer efectivo este fondo cuando sea despedido, cuando tenga movilidad geográfica o incluso por la formación, pero si no lo quiere utilizar, cuando se jubile podrá acumularlo a su pensión. Además, el Gobierno ha diseñado una agenda integral por la calidad en el empleo, y ha acordado la apertura de una mesa de diálogo, que no es que se reúnan para tomar copas, sino para dialogar sobre lo que se quiere llevar a cabo. Se pretende una mejora de la regulación de los contratos laborales que tienda no solo a la creación de empleo, sino también a impulsar su calidad.
En definitiva, señorías, eso que pretende la proposición no de ley que el Partit Demòcrata Català trae aquí ya ha sido anunciado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en múltiples ocasiones, y ya se ha puesto manos a la obra, ya se está trabajando en ello. Por tanto, desde mi punto de vista, esta PNL debiera ser retirada. No obstante, también tengo que decir que de los 150 compromisos para mejorar España que firmamos con Ciudadanos, el número 38 dice prácticamente lo mismo que la proposición no de ley. Por tanto, doy la bienvenida tanto a Ciudadanos, porque además lo habíamos pactado, como a otros grupos, mejor dicho, al Partit Demòcrata Català, es que muchas veces lo confundo (El señor Ramírez Freire: Somos iguales). Lo dices tú. Lamento que el Grupo Socialista se emperre en mantener la reforma del señor Zapatero. Mal vamos.
Señorías, dejemos a los agentes sociales que en el marco del diálogo acuerden lo que ellos crean conveniente. Dejémosles en libertad. Por eso decía que esta proposición no de ley, incluso hasta la enmienda del Grupo Socialista, era muy reguladora, se constreñía mucho a los distintos agentes sociales a la hora de acordar. Por tanto, no les constriñamos, que ellos, desde una absoluta libertad, vean lo que es más conveniente para la regulación de este materia.
Decía el representante del Partit Demòcrata Catalàn que o bien el Fogasa o bien las entidades financieras o las aseguradoras fueran las que gestionasen este fondo de capitalización. Nosotros pensamos que debería ser el Fogasa y que este, además, debería intentar incrementar más todos sus medios, porque de esa manera se podría evitar mucho fraude.
Termino, señor presidente. Hemos presentado una enmienda y hemos aceptado firmar la transaccional del Partit Demòcrata Catalàn. Lo hemos hecho por el principio de que lo que abunda no daña, porque lo que a priori proponía el señor Campuzano ya se ha producido, que es instar al Gobierno a ese diálogo. Pero como lo que abunda no daña, como acabo de decir, vamos a apoyar esa transaccional.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez por un tiempo de tres minutos.
En primer lugar, quiero decir al señor Romero que le aseguro que mi acento dista mucho del del señor Campuzano, a pesar de que le tengo mucho aprecio.
Tengo poco que decir sobre esta proposición que ha traído el PDeCAT, porque realmente, le digo la verdad, no puede ser más exacta a nuestro programa político, la podía haber firmado cualquier miembro de mi partido. Como bien decía el señor Romero, el punto 38 de nuestro acuerdo, de las 150 exigencias firmadas con el Partido Popular, introdujimos prácticamente tres de las cinco medidas que creemos que son necesarias para cambiar la dualidad, la temporalidad y la precariedad de nuestro sistema laboral: El bonus-malus, que está incluido en esta propuesta, el cheque formativo y la mochila austríaca. Ya no solo nos queda convencerles de las bonanzas del contrato estable, y a partir de aquí seguro que podemos mejorar el sistema laboral de este país.
Votaremos a favor, como no puede ser de otra forma, señor presidente, porque ya he dicho que si esta propuesta fuese firmada por mis compañeros Del Campo o Cano, no sería más acertada, ya que creemos que ese debe ser el camino para la solución de nuestro mercado laboral que presenta, y en eso creo que coincidiremos todos, una alta de temporalidad, solo superada por Polonia. Uno de los objetivos que tenemos que alcanzar en esta legislatura es acabar de una vez por todas con esa precariedad, con esa dualidad y con esa temporalidad del mercado de trabajo.
La señora SALUD ARESTE: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va a votar en contra de esta iniciativa de creación de un fondo de capitalización, porque se refiere, como se ha dicho aquí, a la llamada mochila austríaca, y nuestro grupo no comparte este método. Pero es que, además, en anteriores legislaturas Izquierda Unida tampoco lo compartió, coincidiendo con los sindicatos. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Les ruego silencio. Estamos terminando ya.
La señora SALUD ARESTE: En la práctica, a lo que se refiere es a que se revierta en trabajadores y trabajadoras el coste de sus propias indemnizaciones por despido, ya que la iniciativa dice en varias ocasiones que esto se hará sin aumentar las cotizaciones empresariales. De ahí se deduce que será financiada aumentando el déficit de la Seguridad Social o que los trabajadores y las trabajadoras tendrán que pagar, y esto es más evidente aún cuando la proposición dice que la mochila también podría utilizarse para aumentar la jubilación.
La PNL plantea la privatización del sistema. Dice que podrán gestionarlo entidades financieras o aseguradoras, eso sí, con la adecuada supervisión. Ya sabemos lo que quiere decir la supervisión en un sistema económico capitalista, donde el poder político se somete al poder económico. En el fondo, de entrada, esto supone privatizar el seguro de desempleo y que lo van a pagar, repito, los trabajadores y las trabajadoras.
Por todo ello queremos señalar lo siguiente. Primero, que facilitaría el despido, porque a la empresa no le va a suponer ningún coste. Segundo, España tiene un elevado paro, y de larga duración, por lo que tendría graves repercusiones sobre el sistema, porque ¿quién pagará si no aumentan las cotizaciones empresariales? Los actuales parados y paradas no tendrían ninguna cotización, y aportando el 1,53% del salario, que es el caso austríaco, la mochila sería bien ligera y poco duradera. Tercero, no se basa en un sistema de reparto, que es el que se utiliza actualmente para pagar pensiones y prestaciones de desempleo, sino de capitalización, en definitiva, de una cuenta de ahorro individual de la que el trabajador hará uso cuando sea despedido. Cuarto, es cierto que podría disminuir el despido de los trabajadores con menos antigüedad y aumentar el de los de más antigüedad, porque no costaría nada despedir, pero el despido podría ser por causas, digamos, más caprichosas, por ejemplo, cómo deshacerse de los trabajadores molestos o más combativos de la empresa.
El Grupo Confederal no va a apoyar esta proposición, además de por lo que ya he dicho, porque consideramos que no sirve al objetivo de la iniciativa, que es bajar la temporalidad.
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente para pronunciarse sobre las enmiendas.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, el texto que la Presidencia y los grupos conocen es el que vamos a someter a votación.
Vamos a parar un par de minutos para ordenar las votaciones. (Pausa).
Procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa a la regulación de las prácticas en empresa y las condiciones de los becarios, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota en los términos de la enmienda transaccional acordada entre el grupo proponente y los grupos Socialista y Ciudadanos, que ha sido distribuida en la Comisión.
Votamos la proposición no de ley sobre la implementación en los servicios públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo que contribuya de manera decisiva a la mejora de su empleabilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota en los términos de la enmienda transaccional alcanzada entre el grupo proponente y el Grupo Socialista.
Votamos la proposición no de ley relativa a impulsar la aprobación de la estrategia española de activación para el empleo 2017-2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en los términos de la enmienda transaccional acordada entre el grupo proponente, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Mixto, que va a proceder a leer el señor letrado.
El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el marco del diálogo social y en colaboración con las comunidades autónomas, la aprobación de la nueva estrategia española de activación para el empleo 2017-2020, tras la rigurosa evaluación de la anterior, 2014-2016, a fin de continuar modernizando, flexibilizando y mejorando y seguir dotando aún más las políticas activas de empleo, enfocándolas al resultado y mejorando su eficacia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 7; abstenciones, 9.
Votamos la proposición no de ley sobre la reforma del contrato para la formación y el aprendizaje, para corregir aquellos elementos que llevan a la precarización del empleo juvenil y al quebranto de la caja de la Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en los términos de su texto original más el punto 1 de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto, fruto del diálogo social, para la constitución de un fondo de capitalización de los trabajadores que contribuya a reducir la dualidad del mercado de trabajo y a la creación de empleo estable, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en los términos de la transaccional acordada con el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16.

References: Real Decreto 
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 Real Decreto 
 artículo 8
 Real decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11