Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95914
Timestamp: 2019-09-15 20:39:15+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPR-7/95914
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CáMARA DE SENADORES.
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN MATERIA DE INTERNET, de conformidad con la siguiente:
La internet y la telefonía celular vinculada a la misma, propias de un mundo globalizado, son hoy bienes/servicios indispensables para el desarrollo de las personas y las empresas, superando las fronteras tradicionales de información, comunicación, entretenimiento y mercados.
La internet es definida oficialmente por el Federal Networking Council de los Estados Unidos de Norteamérica como “el sistema de información global que está lógicamente conectado por una dirección única global basada en el Internet Protocolo (IP) o subsecuentes extensiones; es capaz de soportar comunicaciones utilizando el Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) o subsecuentes extensiones y o/otros protocolos compatibles al IP; y provee, usa o hace accesible, tanto pública como privadamente, servicios de más alto nivel producidos en la infraestructura descrita.”
Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la define como el “Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen Internet funcionen como una red lógica única.”
Este complejo sistema de comunicación e información global genera múltiples y variados beneficios para millones de personas que lo usan de continuo, desde que despiertan hasta que terminan sus actividades diarias. Las redes sociales, la comunicación remota, el intercambio de información y las transacciones comerciales a distancia no serían posibles si no existiera la internet como la tecnología de información y comunicación más revolucionaria en la historia de la humanidad desde la invención, en el siglo XIX, del teléfono.
En lo que va de este siglo, las tecnologías de la información y las comunicaciones son un factor clave del desarrollo social y económico, las inversiones, la generación de empleo y bienestar social. Ello ha modificado la manera en que las empresas se relacionan entre sí y con los consumidores, la forma en que los gobiernos hacen políticas públicas y atienden a los gobernados, y la participación de los ciudadanos en la vida pública y privada .
La incorporación de la internet en los diferentes procesos de desarrollo humano y la acogida masiva de sus diferentes servicios en las relaciones humanas (correo electrónico, transferencia de información, comercio de productos y servicios, entre otros) han hecho que el acceso a la internet sea considerado como un derecho humano cuya realización en la realidad de las personas tiene que ser garantizada por los Estados y los agentes económicos con capacidades técnicas y económicas para hacerlo posible.
En el orden internacional el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida la internet, ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en sus resoluciones números A/HRC/32/L.20, de fecha 27 de junio, y A/71/460, de 14 de diciembre, ambas de 2016. Estos documentos, aunque no vinculantes para nuestro país, dan cuenta de la importancia de la internet para la protección de ciertos derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la educación y la privacidad, así como para la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a internet, de manera que la internet sea abierta, accesible, segura en cuanto a la información personal de los usuarios y que cuente con la participación de múltiples interesados .
El caso de México es un ejemplo a nivel mundial de la importancia del acceso a la internet como un derecho humano reconocido al más alto nivel normativo: el 11 de julio de 2013 se publicó oficialmente la modificación al artículo 6º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer lo siguiente: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
Como puede apreciarse, este derecho humano se expresó de una forma atípica pero válida, al establecerse como contenido de una obligación general del Estado (Poderes Federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial) a manera de derecho humano, la de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a través del establecimiento de las condiciones de competencia efectiva entre las empresas concesionarias que presten los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet.
La importancia de que el Estado Mexicano cumpla su función de garante del derecho humano de acceso a la internet ya ha sido motivo de controversias judiciales entre la administración pública y los gobernados, a través de juicios de amparo, en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del respeto de este derecho.
Partiendo del derecho internacional público, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal ha indicado que “…el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios (refiriéndose a la red mundial o internet) y asegurar a los particulares el acceso a éstos, pues precisamente el intercambio instantáneo de información e ideas a bajo costo, a través del Internet, facilita el acceso a información y conocimientos que antes no podían obtenerse lo cual, a su vez, contribuye al descubrimiento de la verdad y al progreso de la sociedad en su conjunto.”
La Suprema Corte de Justicia concluye que dicho derecho debe restringirse por el Estado de la manera más mínima posible, dada su importancia para el desarrollo y la protección de otros derechos humanos, de la siguiente forma: “…Por tanto, en atención a ese derecho humano, se reconoce que en el orden jurídico nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, existe el principio relativo a que el flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos. ”.
De esto podemos ver que el derecho de acceso a la internet no se agota en el establecimiento por parte del Estado de condiciones de competencia efectiva; va mucho más allá, se trata de un derecho al conocimiento (cuan amplio como sea la red mundial), al descubrimiento de la verdad y al progreso social.
Ahora bien, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (mejor conocida por sus abreviaturas ENDUTIH) de 2018, que publican conjuntamente el INEGI, la SCT y el IFETEL, nuestro país se halla bien posicionado en el avance de la cobertura de acceso a la internet por las familias mexicanas. Por ejemplo, existen 74.3 millones de usuarios de internet, habiéndose incrementado 4.2 puntos porcentuales respecto a la población beneficiaria reportada para 2017, cuando el número de usuarios ascendió a 71.3 millones.
Las tres principales actividades de los usuarios de internet para 2018 fueron el entretenimiento, con 90.5%; la comunicación, con 90.3% y la obtención de información, con 86.9%. Le siguen la educación y capacitación (83.6%), el acceso a contenidos audiovisuales (78.1%), el acceso a redes sociales (77.8%), la descarga de software (49.2%), la lectura de periódicos, revistas y libros (48.7%), la interacción con gobierno (31.0%), la orden o compra de productos en línea (19.7%) y, en el último lugar, las operaciones bancarias en línea (15.4%).
Respecto a los hogares mexicanos, para 2018 18.3 millones de familias disponen de internet, comprendiendo el 52.9% del total nacional, aumentando dos puntos porcentuales respecto de la cifra en 2017 (50.9%).
Por lo que hace a la telefonía celular, la ENDITUH 2018 nos indica que este rubro tecnológico es el de mayor penetración en la población. Para el año de referencia, se cuenta con 83.1 millones de usuarios de teléfonos celulares. De estos, 8 de cada 10 usuarios disponen de un celular inteligente o smartphone, con lo cual tienen la posibilidad de conectarse a internet. La Encuesta también nos indica que en 2018 hubo un aumento en los usuarios que se conectan al internet desde el smartphone, pasando de 92.0% en 2017 a 93.4% en 2018, con una diferencia de 5.5 millones de personas.
No obstante estas cifras, en algunas entidades federativas el derecho al acceso a la internet no está garantizado adecuadamente por el Estado, ni mucho menos prestado por las empresas privadas concesionarias de manera competitiva y en condiciones de eficiencia y calidad para todos. De ello, de la calidad de los servicios, no nos habla la ENDITUH, pero es una intolerable realidad en algunos lugares del país, como en la parte norte de Baja California Sur, sobre todo en la región conocida como Pacífico Norte.
El problema es sencillo de explicar, pero las consecuencias son complejas e inadmisibles en un país que desde hace varios años se ha insertado en el contexto global tecnológico: LA EXTREMA LENTITUD EN LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN, LA RED “QUE SE CAE” FRECUENTEMENTE, LLAMADAS QUE SE CORTAN DE MANERA CONSTANTE Y LA PÉSIMA CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN Y ACCESO A LA INTERNET MEDIANTE LA TELEFONÍA CELULAR, ambas deficiencias atribuibles principalmente a las principales compañías proveedoras de estos servicios.
Los servicios deficientes por parte de estas empresas privadas de telecomunicaciones hacen, por ejemplo, que las personas no puedan pagar con tarjeta de crédito, los establecimientos mercantiles pierdan oportunidades importantes de negocios o de prestación de servicios de excelencia a sus clientes, o que las cooperativas pesqueras no puedan hacer transacciones comerciales al interior y exterior del país, todo por carecer o tener un deplorable servicio de internet y telefonía celular.
Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2018, el principal problema para acceder a la internet y sus servicios asociados (televisión, plataformas de entretenimiento, etc.) es el alto costo de dicho servicio (en precio y calidad del mismo que no responde a lo que se cobra) que no es accesible para todos. El principal tipo de conexión a la Internet sigue siendo un medio fijo y en su mayoría una línea telefónica.
En la gran mayoría de los municipios mexicanos, poco menos del 30% de las viviendas cuentan con una línea telefónica y con internet. El promedio municipal de viviendas con celular es de 57.4%, siendo éste el principal medio para acceder a los servicios de la Internet.
No es admisible que en este país tengamos leyes con derechos humanos “de adorno”, debido a que el Estado Mexicano, especialmente el órgano constitucional autónomo denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones, no realiza lo que por disposición constitucional está obligado a hacer: no sólo se trata de ampliar la cobertura de internet y de aparatos telefónicos inteligentes, sino que los bienes y servicios de acceso a la red mundial y de comunicación remota se brinden en condiciones competitivas en precio y calidad, para el adecuado ejercicio de los derechos humanos de las personas.
Es injusto que se paguen impuestos, así como bienes y servicios deficientes, cuando a cambio la gente y las empresas no reciben lo que jurídicamente tienen derecho por disposición constitucional, legal y contractual. Por ese motivo el Estado mexicano tiene que actuar. Es su obligación constitucional.
Las empresas concesionarias de estos servicios deben someterse a la verificación rigurosa del cumplimiento de la ley, de sus contratos y de sus concesiones, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) están obligados a ejercer sus facultades de inspección y vigilancia para la protección y beneficio de los derechos humanos de los habitantes y empresas del país.
Por estas razones consideramos necesario que, partiendo del texto del tercer párrafo del artículo 6º constitucional, se modifique la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el propósito de:
Reconocer en la ley el derecho humano al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en los términos y alcances previstos en la Constitución.
Complementar las facultades de coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el IFETEL, bajo los principios que se proponen en la presente Iniciativa.
Otorgar competencia expresa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer y resolver las quejas que presenten los usuarios por posibles violaciones a este derecho humano por parte de concesionarios, autorizados y autoridades federales competentes IFETEL y PROFECO, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Elevar los alcances jurídicos, técnicos y económicos de la Política de inclusión digital universal y de los lineamientos de carácter general en materia de niveles mínimos de calidad que expida el IFETEL en materia del servicio de Internet.
Establecer la “Alta Calidad” como uno de los principios que rigen el contenido y alcances de los lineamientos de carácter general que expide el IFETEL en materia de acceso a los servicios de Internet.
Obligar al IFETEL y a la PROFECO a establecer en la carta de los derechos de los usuarios/consumidores de Internet, sus derechos mínimos, con el enfoque del derecho humano al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Ampliar las conductas típicas que configuran infracciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo como infracción el incumplimiento de los lineamientos de carácter general en materia de niveles mínimos de calidad que expida el IFETEL, que garanticen el ejercicio efectivo del derecho humano de cualquier usuario al servicio de Internet, de manera que sea aplicable la sanción consistente en multa por el equivalente hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado.
En materia de internet queda aún mucho por hacer en nuestro país. Para fortalecer la sociedad del conocimiento tenemos que actualizar nuestro marco jurídico en esta materia. México debe cerrar la brecha digital preparándose en todos los rubros y promover la mejor aplicación de las nuevas tecnologías que evolucionan diariamente. En tal sentido, debemos fortalecer la accesibilidad de todos los mexicanos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, incluidas la banda ancha e internet, con el objetivo de reducir la brecha digital.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.
Artículo Único. Se REFORMAN el primer párrafo del artículo 2, la fracción XLIII del artículo 3; la fracción V del artículo 9; la fracción VI del artículo 145; el cuarto párrafo del artículo 191 y la fracción I del inciso B) del artículo 298, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. El acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, es un derecho humano que será garantizado por el Estado, a través del Instituto, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los términos y alcances previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
I a XLII…
XLIII. Política de inclusión digital universal: Conjunto de programas y estrategias emitidos por el Ejecutivo Federal orientadas a brindar acceso seguro, no discriminatorio, accesible económicamente, y de alta calidad a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el Internet de banda ancha para toda la población, haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito de cerrar la brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas. Lo anterior, con perspectiva de derechos humanos y conforme a los tratados internacionales, las mejores prácticas internacionales y actualizaciones tecnológicas;
XLIV a LXXI…
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría:
V. Coordinarse con el Instituto para promover, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en condiciones de competencia efectiva, seguridad, libre acceso, no discriminación, accesibilidad económica y de alta calidad;
VI a XXIII…
I a VII…
VI. Alta Calidad. Deberán preservar niveles mínimos de calidad que al efecto se establezcan en los lineamientos respectivos, bajo los principios de libre elección, restricción mínima y justificada del flujo de información, seguridad del usuario, velocidad y garantía efectiva del servicio, y
Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.
I a XXI…
El Instituto y la PROFECO determinarán los derechos mínimos que deben incluirse en la carta referida, con el enfoque del derecho humano al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá y resolverá sobre las quejas que presenten los usuarios por posibles violaciones a este derecho, por parte de los concesionarios, autorizados y autoridades federales competentes a que se refiere esta Ley, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:
B) Con multa por el equivalente hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado por:
I. Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, restringir arbitrariamente o incumplir los lineamientos de carácter general en materia de niveles mínimos de calidad que expida el Instituto, en perjuicio del derecho humano de cualquier usuario al acceso al servicio de Internet;
II a IV…
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a veintinueve de mayo de 2019.
Resolución de las Naciones Unidas A/71/460, de fecha 14 de diciembre de 2016.
Resolución de las Naciones Unidas A/HRC/32/L.20, de fecha 27 de junio de 2016.
Época: Décima Época. Registro: 2014515. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CII/2017 (10a.). Página: 1433, con el título “FLUJO DE INFORMACIÓN EN RED ELECTRÓNICA (INTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA POSIBLE.”

References: artículo 71
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 145
 artículo 191
 artículo 298

Artículo 2

Artículo 9

Artículo 191

Artículo 298

Resolución 

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