Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/oct/20131015-IX.html
Timestamp: 2018-01-22 18:11:54+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3885-IX, martes 15 de octubre de 2013
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática actual del cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, relativo a la condonación de multas a productores y concesionarios de pozos agropecuarios de Zacatecas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo federal, de Oaxaca y de San Felipe Jalapa de Díaz a garantizar a la población servicios públicos oportunos y de calidad; y asegurar a la ciudadana Irma López Aurelio y su hijo recién nacido justicia pronta y expedita, reparación de daños y perjuicios, y protección, seguridad y certeza jurídicas, haciendo caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables, suscrita por las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales e Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía extiende su reconocimiento y felicitaciones al gimnasta mexicano Daniel Corral por obtener la medalla de plata en el Mundial de Gimnasia Artística de Bélgica de 2013, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de la Función Pública a implantar por la unidad competente un programa de supervisión de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a la detención de jóvenes en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer la estrategia de preservación de la capa de ozono, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sectur y de la Semarnat a generar mayor difusión turística y protección ecológica de la laguna Bélgica, en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, a cargo del diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a revisar y desechar la propuesta del Ejecutivo federal de homologar el IVA en la región fronteriza del país, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a hacer pública la información referente al programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y constituir el fideicomiso de dicho plan, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar por sus homólogas estatales acciones para controlar y detener la epidemia de cólera surgida en diversos estados, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a favorecer con los recursos otorgados por el Fonden a los damnificados de Jojutla, Amacuzac, Tlaquitenango y Puente de Ixtla, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a hacer pública la información referente al avance de la implantación del Programa de Empleo Temporal inmediato para atender las urgencias causadas por los fenómenos Ingrid y Manuel, y reanudar los pagos de dicho plan en los estados afectados, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la PGR a investigar el origen de los recursos destinados a la operación del patronato Zócalo 11 de Julio, con el que pretenden construir una obra en el predio de la plaza cívica Benito Juárez de Tijuana, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a investigar y tomar medidas por abusos efectuados en la operación policiaca instaurada en torno de la marcha ciudadana conmemorativa del 2 de octubre de 1968; y al Ejecutivo federal, a reubicar el centro de acopio instalado en el zócalo capitalino, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conade a gestionar la realización del maratón náutico del río Balsas, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, los diputados integrantes de la Comisión Especial del Café de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
El café es una bebida aromática y exótica, difundida en el mundo, fruto de un arbusto llamado cafeto y con origen en las tierras africanas específicamente en Abisinia (actualmente Etiopía). La popularidad del café llegaría tras su introducción, a principios del siglo XVIII, en Arabia, donde Yemen se convirtió en un importante centro de cultivo y distribución por todo el mundo musulmán y Europa.
Los europeos trataron de cultivarlo, pero fracasaron por razones climatológicas, surgieron plantaciones en países de clima propicio como Haití, Santo Domingo, Jamaica, Brasil, Colombia, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela y por supuesto México.
En 1790 el café llegó a nuestro país, a las entidades de Veracruz, Morelos, Michoacán y Oaxaca. Durante el Porfiriato la cafeticultura mexicana tuvo una producción importante. A partir de entonces, el café es el producto agrícola con mayor proyección a nivel nacional. En la actualidad genera divisas sólo por debajo del petróleo y el turismo, siendo de este modo también uno de los más importantes en el mercado internacional.
El volumen de producción del café en nuestro país oscila entre los 4 a 5 millones de sacos por año, lo cual representa el 3.27 por ciento mundialmente, ocupando así el quinto lugar en exportación, después de Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia.
México tiene un consumo bajo, con tan sólo 1.2 kilogramos per cápita; posiblemente se derive a situaciones como la falta de difusión para aumentar su consumo, la insuficiencia de la cultura de café y los tabús con respecto a la salud.
En nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 13 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco y Estado de México, en total se cuenta con una superficie de 750 mil hectáreas y un padrón de 500 mil productores.
Es evidente, tenemos un destacado potencial para ser un fuerte productor de café a nivel global; sin embargo, el sector cafetalero no se encuentra en su mejor momento, así mismo es imprescindible mencionar que el 80 por ciento de las principales regiones productoras del café son etnias indígenas de alta marginación y se caracterizan por encontrarse en pobreza y pobreza extrema.
A pesar de los beneficios que el cultivo del café provee para el medio en todas sus componentes (físico, biótico y socioeconómico), no se le ha reconocido, apoyado, ni dado la importancia que para el país representa en su estabilidad política, económica, social, cultural y ambiental debido a políticas nacionales inadecuadas, lo que se puede convertir en corto tiempo en un gran conflicto social.
Para el ciclo 2011-2012, la producción mundial de café ascendió a 131.3 millones de sacos; México apenas produjo 4.3 millones, representando así apenas el 3.27 por ciento. Es decir, la producción nacional disminuyó de una forma importante. Pues durante aquel periodo se dieron altibajos importantes, ya que mientras en el ciclo 1999-2000 la producción alcanzó los 6.2 millones de sacos, en el ciclo 2004-2005 disminuyó hasta 3.8 millones, cifra muy distante a la alcanzada en el siglo anterior. Debido a la caída de la producción tan drástica del café, actualmente se estima que ocupamos el treceavo lugar a nivel mundial.
Por ello, es necesario implementar políticas adecuadas a la cafeticultura, con la finalidad de promover su crecimiento y productividad, sostenido en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.
Existen diversas problemáticas para el cultivo del café en México como,
 Plantaciones avejentadas.
 Drástica caída en el precio por quintal.
 Afectación severa en el rendimiento por la enfermedad de la roya.
 Alto costo de insumos.
 Pérdida de la fertilidad del suelo.
Fenómenos meteorológicos adversos provocados por el cambio climático.
 Dificultades para acceder al crédito.
 Falta de asistencia técnica y capacitación.
 Falta de infraestructura y equipamiento.
 Recursos insuficientes para coberturas de precios.
 Insuficiente cobertura de seguro agrícola.
México, efectivamente tiene un déficit en el consumo de café en comparación con otros países, por ello y para revertir la tendencia es necesario que el Gobierno Federal coadyuve en una intensa campaña de consumo, comercialización y valor agregado, además es importante delinear estrategias efectivas, las cuales soporten las metas del Plan Nacional de Desarrollo a través de los siguientes puntos a considerar:
 Depuración del padrón cafetalero.
 Renovación de cafetales.
 Apoyo en capacitación y asistencia técnica, para mejorar la calidad del café desde la producción hasta el consumo.
 Promover e incrementar la producción de café de calidad.
 Impulsar un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Café.
 Construcción y rehabilitación de infraestructura.
 Modernización de maquinaria para el beneficio húmedo y seco del café.
 Promover:
2. Seguro Agrícola
3. Cobertura de precios.
 Reforzar las acciones fitosanitarias que protejan y den sustentabilidad a la cafeticultura, en beneficio de nuestros ecosistemas.
 Impulso al acopio, comercialización y promoción al consumo del café.
 Fomento de organizaciones para la comercialización.
 Fomento productivo.
Por lo anterior, se pone a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución,
Único. Dada la problemática actual para el cultivo del café, como lo es la drástica caída en el precio, el ataque de la enfermedad de la roya y la considerable disminución histórica del presupuesto, se hace un llamado a todos los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a que tomemos las acciones y políticas indicadas, de no ser así, se estará importando en fechas futuras grandes cantidades de café, lo que pone en peligro a este importante cultivo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2013.
Diputados: Héctor Narcia Álvarez, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Mariana Dunyaska García Rojas, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Héctor Hugo Roblero Gordillo Sonia Rincón Chanona (rúbricas).
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente
Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país se encuentra en el desarrollo rural; durante años se ha decidido ignorar al campo, marginándolo a niveles que no permiten un desarrollo digno para sus habitantes.
A través de políticas cortoplacistas que sólo benefician a unos cuantos, se ha visto como las zonas rurales se convierten en sinónimo de abandono y pobreza.
Nuestra nación tiene con Estados Unidos 90 por ciento de su comercio internacional, 90 por ciento de su turismo, 70 por ciento de la inversión extranjera, un millón de norteamericanos residentes en México y 12 millones de mexicanos trabajando en dicho país.
Debido a la dependencia con nuestro vecino del norte, cada vez que se trata de implementar una medida contra alimentos domésticos las consecuencias para los mexicanos son enormes, como ejemplos tenemos: la importación de papa y los aranceles al jitomate y frijol.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aprobó con el afán de facilitar el intercambio entre países, lo cual tiene como finalidad mejoras económicas; sin embargo, esto no se ha observado desde su implementación, al contrario hemos sido testigos de atropellos sistemáticos realizados a este convenio siempre que se trata de proteger sectores vulnerables de la economía estadounidense, mientras que nunca se ha visto esa reciprocidad a nuestro favor.
A pesar de que nuestro sector agrícola presenta asimetrías económicas, tecnológicas y de producción, se presionó para la completa liberalización de productos básicos, sin importar las consecuencias para México.
En 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, importábamos 10 por ciento de los productos que consumíamos; veinte años después dicho porcentaje se ha cuadriplicado.
En 1995, México vendía más productos agrícolas en el mundo que los que compraba; es decir, sus exportaciones eran superiores a las importaciones por 939 millones de dólares. En el 2000, la balanza comercial agrícola del país fue deficitaria por 2 mil 465 millones de dólares, en otras palabras, nuestro país incrementó su dependencia agrícola del mercado mundial.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras en México presentan a 2012 una tasa de crecimiento anual promedio del 10 por ciento.
En contraste, México importa el 95 por ciento de la soya que consume, el 74 por ciento del arroz, el 42 por ciento del trigo y el 25 por ciento del maíz que requiere la población.
Aún cuando el campo mexicano atraviesa uno de los momentos más críticos y preocupantes, encontramos casos como el del Estado de Zacatecas, en donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende ejecutar una multa por un monto de 299 mil 899.42 pesos a los productores de pozos agropecuarios de la Entidad.
La resolución de la Conagua expone que los involucrados contravinieron las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, la cual señala:
Artículo 119. La Autoridad del Agua sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas:
VII. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas, en los términos que establece esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua explotados, usados o aprovechados, sin permiso correspondiente, incluyendo aquellos que en ejercicio de sus facultades hubiere instalado la Autoridad del Agua;
No obstante, resulta sorprendente que se pretendan imponer multas excesivas para los usuarios de pozos, las cuales se realizan de manera parcial y acotada, sin tomar en cuenta las verdaderas causas que engloban la problemática histórica de la agricultura de riego.
Debemos mencionar que los productores de la zona enfrentan: un alto costo de insumos y combustibles, lo cual eleva mes a mes los precios de producción en los cultivos; excesivas tarifas de bombeo, debido a la ineficiencia de los equipos obsoletos; una caída drástica de los precios pagados al productor; una completa descapitalización, que conlleva deudas con instituciones financieras, y cultivos afectados por el exceso de humedad.
Los recargos que Conagua busca fijar por cuestiones normativas, desmantelarán la base productiva y pondrán en riesgo la sobrevivencia de 8,500 concesionarios de pozos de riego, lo cual se traducirá en 140 mil hectáreas, 25 mil 500 empleos directos y 85 mil indirectos.
El perfil de los afectados corresponde a pequeños, medianos y grandes productores, y a proveedores de insumos y servicios. Aunado a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que si bien hace cinco años el 70 por ciento de los productores de riego presentaban problemas, ahora el 100 por ciento se encuentra en crisis.
Con base en lo descrito, resulta claro que el campo exige una reglamentación actualizada del uso del agua, líneas de crédito accesibles y oportunas, una flexibilización de las reglas de operación y una protección a la base productiva nacional.
El objetivo principal del gobierno en este tema debe ser el rescate de la agricultura, por lo que exigimos que se suspenda el procedimiento de ejecución en contra de 175 pozos de riego agrícola en el Estado de Zacatecas y la condonación de las multas impuestas por Conagua; sólo a través de estas medidas lograremos devolver al campo la dignidad que por extensión y recursos naturales le corresponde. Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través del director local de Zacatecas, el doctor Felipe Benjamín de León Mojarro, a suspender el procedimiento de ejecución en contra de 175 productores y concesionarios de pozos de riego agrícola en el estado de Zacatecas, por contravenir las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través del director local de Zacatecas, el doctor Felipe Benjamín de León Mojarro, a condonar las multas por un monto de 299 mil 899.42 pesos, impuestas a 175 productores y concesionarios de pozos de riego agrícola en el estado de Zacatecas, por contravenir las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados a establecer mesas de trabajo con los productores y concesionarios de pozos de riego agrícola, con el propósito de instaurar una reglamentación del uso del agua acorde a la situación actual del campo mexicano.
Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2 fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Hace unos días, todos fuimos testigos de los sucesos que diversos medios de comunicación dieron a conocer sobre la historia de una mujer mazateca que dio a luz en el jardín del centro de salud del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, debido a que el personal médico le negó el servicio.
La fotografía fue publicada en redes sociales, donde se observa a la mujer indígena en cuclillas con su recién nacido tirado en el pasto, desnudo, mojado y con el cordón umbilical sin cortar.
Sin duda una historia desgarradora que ha llenado de indignación a la sociedad. No sólo porque da cuenta de la negligencia médica y la discriminación de que fue objeto Irma López Aurelio y su recién nacido, sino además por las declaraciones realizadas por funcionarios de la Secretaría de Salud, en donde para justificarse señalan situaciones como la falta de personal, problemas sindicales, el desconocimiento del dialecto que habla la mujer, el miedo de ella a recibir la atención, e incluso que ella se movió del lugar indicado y optó por abandonar las instalaciones para dar a luz en el patio del centro de salud, argumentos todos en donde se victimiza doblemente a Irma y se pretende evadir las responsabilidades.
Lamentablemente la historia de Irma no es la única en el país y tampoco en Oaxaca. Dos casos en menos de 20 días, dan cuenta de la negligencia y omisión con que se atiende a las mujeres.
Es un hecho irrefutable que se le negó a una ciudadana mexicana su derecho a recibir atención médica de calidad, se pusieron en riesgo su integridad física y mental, y se violaron sus derechos fundamentales.
De acuerdo al dicho de la autoridades municipales, al parecer el centro de salud se encuentra en paro laboral por motivos de carácter político, situación que podría haber motivado la nula atención recibida por la joven madre, versión que concuerda con la de algunos testigos quienes aseguran que durante dos horas Irma esperó, sin embargo, el personal de la clínica le negó la atención médica que requería y fue ignorada, por ello se vio obligada a salir al patio y dar a luz sola.
Los hechos ocurridos dieron lugar a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que inició una queja de oficio para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra Irma. Mediante un comunicado, se dio a conocer que visitadores adjuntos del ombudsman se trasladaron al lugar de los hechos para entrevistarse con la agraviada y sus familiares, solicitar información a la autoridad estatal involucrada y recabar las evidencias que permitan integrar el expediente.
Irma López Aurelio es mujer, es indígena y es pobre, circunstancias que la colocan en estado de extrema vulnerabilidad. Esta Cámara no puede dejar de alzar la voz en favor de sus derechos, no puede dejar de señalar la doble y triple victimización de que ha sido objeto por parte de las autoridades. El caso de Irma que hoy ha salido a la luz pública lo han padecido otras mujeres en circunstancias similares y no podemos permitir que esto vuelva a suceder.
Es necesario que se realice una investigación exhaustiva a efecto de hacer caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables.
La violencia, la discriminación, el abuso y la invisibilidad de que son objeto las mujeres, impide el avance y desarrollo de México, perpetúa la desigualdad y la pobreza y lastima a la sociedad en su conjunto.
Ustedes y yo, somos también representantes de la señora Irma López Aurelio. Por ello, desde esta tribuna, debemos exigir no sólo que se le haga justicia sino que se le repare el daño causado. No podemos permitir que sea tratada como una ciudadana de tercera y que sus victimarios gocen de impunidad.
Resulta inadmisible que en un centro de salud que atiende a una gran población en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad no tenga personal las 24 horas del día los 365 días del año. Y que además se le cobren los servicios, se les obligue a comprar su medicamento y se les exijan insumos como jabón y cloro.
Casos como el de Hilda en San Luis Potosí, el cual por fortuna se resolvió favorablemente, y como el de Irma en Oaxaca que hoy nos ocupa, deben ser tomados con absoluta seriedad y compromiso por parte de los tres poderes de gobierno en sus diferentes niveles, toda vez que dan cuenta de la realidad que las mujeres mexicanas aún vivimos en la segunda década del siglo XXI.
En razón de lo antes expuesto y en el ánimo de evitar que existan más casos como el de Irma en el país, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los Poderes Ejecutivos federal, del estado de Oaxaca y del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, para que desde el ámbito de su competencia:
1. Garanticen que las instituciones públicas de salud que brindan servicios a la población indígena, en situación de pobreza y marginación o cualquier otra situación de vulnerabilidad, cuenten con el personal, medicamentos e insumos necesarios para otorgar el servicio oportuno y de calidad a que tienen derecho las y los mexicanos.
2. Realicen a la brevedad todas las acciones conducentes y apegadas a derecho, a efecto de investigar exhaustivamente el caso referido que motivó esta proposición, y en consecuencia, exijan las responsabilidades disciplinarias, administrativas y penales a que haya lugar, a quien o quienes sean responsables por las acciones, omisiones, agravios y violaciones perpetradas en contra de la ciudadana Irma López Aurelio y su hijo recién nacido, garantizándoles tanto a la madre como al infante, justicia pronta y expedita, la reparación de daños y perjuicios así como protección, seguridad y certeza jurídica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2013
Diputadas: Irma Elizondo Ramírez, Lilia Aguilar Gil, Rosa Elba Pérez Hernández, María Beatriz Zavala Peniche, Nelly Vargas Pérez, Martha Lucía Mícher Camarena, Verónica Beatriz Juárez Piña, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona (rúbricas).
El suscrito, Ricardo Medina Fierro, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Las competencias deportivas internacionales se han convertido en receptoras de grandes atletas a través de los años, obligando así a los deportistas a llevar a cabo una ardua preparación física y mental antes de poder asistir a una competición.
La historia de los deportistas mexicanos en los mundiales de gimnasia no había pasado por sus mejores resultados, ejemplo de esto es la participación en el mundial de 1994, en donde los gimnastas mexicanos Andrés Sánchez y José Solano se ubicaron en los sitios 68 y 71 respectivamente; sin embargo, la mejor participación de una delegación mexicana en una justa mundial de esta categoría se había presentado en el mundial de 1991, celebrado en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, en el cual Telésforo Pineda, en su participación por equipos, se ubicó en el lugar 20.
El sábado 5 de octubre de 2013 el gimnasta Daniel Corral pasó a formar parte de la historia del deporte mexicano, esto gracias a su sobresaliente participación en el mundial de gimnasia artística de Bélgica, consiguiendo posicionarse en el segundo lugar de la especialidad de caballo con arzones, siendo merecedor de la presea de plata, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar una medalla en un mundial de esta especialidad.
La mentalidad ganadora, mezclada con el esfuerzo y disciplina de los deportistas mexicanos ha permitido que se vea una clara mejoría en la participación en los mundiales de gimnasia en sus diversas especialidades, consiguiendo resultados que parecían inalcanzables.
Con base en lo anterior, proponemos se reconozca y se felicite al gimnasta mexicano Daniel Corral, por su sobresaliente participación en el mundial de gimnasia artística de Bélgica, consiguiendo ser el orgulloso merecedor de la medalla de plata en la especialidad de caballo con arzones.
Es importante precisar que éste no ha sido el primer logro de este joven atleta, ya que ha sido merecedor de medallas de oro, plata y bronce en diversas olimpiadas nacionales, convirtiéndose en el máximo medallista de esta competencia con un total de 56 preseas de oro, 13 de plata y 3 de bronce, asimismo su participación en diversas justas deportivas, como lo son los Juegos Panamericanos y del Caribe, el Campeonato Panamericano de Especialidades, diversas copas internacionales, lo han hecho merecedor de medallas.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende su reconocimiento y felicitaciones al gimnasta mexicano Daniel Corral, por obtener la medalla de plata en el Mundial de Gimnasia Artística de Bélgica 2013, convirtiéndose en el primer atleta mexicano en conseguir un galardón en este tipo de competencias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2013.
Diputado Ricardo Medina Fierro (rúbrica)
La que suscribe, Martha Berenice Álvarez Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el por el que se exhorta respetuosamente al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública a implantar por la unidad competente un programa de supervisión de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ante las diversas denuncias con motivo de abusos y despidos injustificados contra servidores públicos de carrera, con base en los siguientes
1. A lo largo de la historia, los hombres y las mujeres se han visto en la necesidad de buscar métodos eficientes de organización, en el ámbito social y en las instituciones del Estado.
Los países han ido experimentando cambios en sus instituciones y sus formas de gobierno, lo que les ha permitido tener un proceso de evolución, con una tendencia cada vez mayor a la profesionalización de aquellos colaboradores que conforman la administración pública, con perfiles determinados, aptitudes y capacidad necesaria para brindar un mejor servicio a la sociedad.
Los sistemas del servicio civil de carrera forman parte de un modelo burocrático de implantación de políticas, que se caracteriza por la eficiencia y la creación de rutinas en los procesos de administración.
Su origen data de los regímenes constitucionales de Europa y América a finales del siglo XVIII, cuando los funcionarios públicos pasaron del servicio a la corona al del Estado.
En Francia, en la época de la Revolución se buscó modernizar la estructura administrativa de la monarquía. Prusia lo intentó a principios del siglo XIX, después de las derrotas napoleónicas.
2. El servicio civil de carrera gubernamental es un mecanismo implantado por un gobierno en específico para que a través de él se garanticen las condiciones de igualdad de oportunidades a fin de que las y los ciudadanos profesionistas, cuyas capacidades, perfil y preparación académica puedan acceder a los empleos que éste ofrece, permitiéndoles su desarrollo profesional a través de la permanencia en el puesto, la continuidad laboral, el crecimiento a través de la capacitación y formación, mecanismos de evaluación con orientación a resultados y en los casos que se requiera, establecer reglas claras y garantistas en el proceso de separación del miembro del servicio.
A las y los funcionarios que pertenezcan al cuerpo del servicio civil de carrera se les considerará como expertos en su rama y no podrán ser removidos como consecuencia de coyunturas políticas ajenas a su desempeño.
3. En México, en la época de Independencia no se tenía un proyecto afinado de lo que podría llegar a ser una organización de gobierno; durante la Reforma se comenzaron a vislumbrar los primeros esfuerzos para crear una estructura de administración pública organizada, estableciendo la Asociación Mutualista de de Empleos Públicos, en donde los trabajadores aportan cuotas y ellos mismos reciben todos igual auxilio en caso de necesitarlo.1
Durante el gobierno de Porfirio Díaz, se contaba con la carrera de empleados en la Escuela de Contaduría y Administración, misma que debían cursar todos los que aspiraran a ocupar un puesto público.
Para el sistema de ascensos y promociones se publicó el trabajo Guía práctica del empleado de la República Mexicana, que contenía lineamientos de lo que actualmente conocemos como el sistema de méritos, base y sustento del ascenso y la promoción, pensión y jubilación.
A partir de 2000, con la alternancia política en México, se dio un paso trascendental en el ámbito de la administración pública, al presentarse en el Senado de la República una iniciativa para crear la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, reconociendo la necesidad de conciliar proyectos e ideologías que permitieran modernizar y hacer eficiente la estructura del Estado, dando certidumbre y continuidad a las políticas públicas, al mismo tiempo de garantizar los derechos de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
Como resultado de lo anterior, el 10 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación dicha ley y el 2 de abril de 2004 su reglamento.
4. En este sentido, conforme a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, se creó un proceso inédito en nuestro país, que en la actualidad sigue vigente.
Dicho proceso plantea un esquema de evaluación y capacitación, así como la regulación en el ingreso y la promoción con base en el mérito de los servidores públicos, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.
En 2005 y 2006 se realizaron reformas de esta ley. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para lograr un servicio público de carrera totalmente confiable, transparente y eficiente.
Tampoco ha sido tarea fácil el llevar a la práctica este sistema, ya que aún existen dudas respecto de su funcionamiento y organización, resistencia por algunos servidores públicos y aspirantes a cumplir los requisitos solicitados, aunque lo más importante, lograr legitimarlo, como un sistema confiable y transparente en cuanto al manejo de los concursos, procedimientos y resultados.
5. El servicio profesional de carrera en México fue diseñado no solamente para que los mecanismos de ingreso al servicio público fueran transparentes, equitativos, democráticos y ajenos a favoritismos, compadrazgos o recomendaciones ajenas a las cada vez más grandes exigencias de contar con verdaderos expertos gubernamentales; también tiene como finalidad que, aunque no significa inamovilidad si implica que garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en ésta o en otras leyes aplicables.2 Es decir, su permanencia está garantizada con independencia de un resultado electoral, un cambio de sexenio o de línea de mando a fin de brindar continuidad a los trabajos, los programas, planes y proyectos de largo plazo o que requieran de la atención inmediata y permanente del servidor público.
6. Una de las garantías de continuidad de los trabajos gubernamentales lo constituye sin lugar a dudas, el hecho de que para cada una de las plazas, existe una descripción y perfil de un puesto, diseñado por expertos a fin de que el concursante de un proceso de ingreso y selección colme de manera definitiva y contundente con los requisitos establecidos tanto en la convocatoria emitida para tal efecto, como de los requerimientos del perfil, pues éste es lo que se requiere para un óptimo desempeño en el cargo.
Estas descripciones y perfiles del puesto mencionan además los objetivos y las funciones a que deberá ajustarse el servidor público que ostente el cargo que en ellos se describe, de manera lógica, a mayor nivel salarial, mayor nivel de responsabilidad, y por ende, mayor número de requisitos y capacidades académicas, profesionales y años de experiencia hay que colmar.
7. Sin embargo, aunque el país cuenta con el servicio profesional de carrera desde 2003, de manera reciente, algunas y algunos legisladores hemos recibido información por parte de quienes se desempeñaban en las dependencias del gobierno federal como servidores públicos de carrera, de una serie de abusos y excesos que tienen por objeto prescindir de sus servicios como consecuencia del cambio de administración y de la transición de un partido político a otro.
Ello, además de romper de manera grave con el espíritu y esencia del servicio profesional de carrera, vulnera la intención de contar con un cuerpo de expertos gubernamentales en sus temas que cuenten con los conocimientos para garantizar un trabajo con resultados inmediatos. Este hecho atenta contra el servicio profesional, las garantías y los derechos laborales de los servidores públicos de carrera, lesiona gravemente su dignidad de personas y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias sancionando de manera ejemplar a quienes pretenden pervertir y manchar el servicio con sus conductas contrarias a derecho.
8. Estas denuncias abarcan de manera preponderante las dependencias de la administración pública federal que se encargan de la promoción, difusión, aplicación y evaluación de los programas y políticas sociales gubernamentales, tanto en las oficinas centrales y de manera muy particular con el personal adscrito a las delegaciones federales, aunado al hecho de que existen servidores públicos de reciente ingreso, en áreas sustantivas, de manejo de recursos humanos y materiales que de ninguna manera cuentan con el perfil académico y profesional para llevar a cabo tan delicada función.
Es grave y sumamente preocupante que se prescinda de los servidores públicos de carrera con mecanismos ajenos a la normatividad aplicable, a fin de abrir espacios para la contratación de operadores políticos sin experiencia ni perfil académico, algunos de ellos ya incrustados según nos dicen por instrucciones directas de los titulares de las dependencias- manipulando las descripciones y perfiles de puestos del servicio profesional de carrera para hacerles perfiles a modo; tal es el caso del director general de Recursos Materiales de la Secretaría de Desarrollo Social,3 adscrito a la Oficialía Mayor, al que le modificaron el perfil del puesto para que asumiera la dirección acreditando únicamente estudios de preparatoria, pero con un salario de más de 100 mil pesos. Casos similares son los de todos los directores generales de esta unidad, quienes se encuentran en situaciones de carencia académica y experiencia profesional similar, ocupando una plaza de servicio profesional de carrera en perjuicio de las y los mexicanos.
Primero. No dejamos de señalar que nos sumamos a los diversos exhortos presentados por legisladores que han señalado que exista una mayor vigilancia en el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para salvaguardar los derechos de quienes han obtenido la plaza mediante concurso.
Segundo. Que el 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a través del cual, entre otros, se derogaron los artículos relacionados con la Secretaría de la Función Pública, que será remplazada por la Comisión Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, en el último párrafo del artículo segundo transitorio se estableció que la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de ese decreto hasta en tanto no entre en vigor la referida comisión nacional.
En virtud de lo anterior se nombró a un encargado de esta dependencia y para fines de este exhorto, sea través de dicho servidor público la supervisión pertinente y así poder revisar, evaluar e incluso sancionar las conductas que atenten contra la normativa vigente.
Tercero. Que aunque el servicio profesional de carrera cuenta con una normatividad que se ha venido perfeccionando a la par de su propia evolución operativa, aplicativa y sistematizada, aún existen vacíos legales que han permitido a algunos que tienen a su cargo su aplicación, interpretaciones dolosas o ajenas al espíritu de creación y de existencia del mismo, incluso, abriendo la posibilidad de erosionar su credibilidad ante la opinión pública y la sociedad en su conjunto que en no pocos casos, ven al servicio como mera ficción y no como herramienta necesaria de todo estado que se jacte de ser democrático y respetuoso del estado de derecho, con lo que se vulnera su propia existencia en detrimento de la imagen del servidor público que sin el servicio profesional de carrera seguirá percibiéndose como recomendado, influyente y relacionado con las altas esferas del poder político pero al mismo tiempo, ineficaz, impreparado y susceptible de corrupción.
Cuarto. Que si bien es cierto que para ejercer las funciones gubernamentales, quienes ocupan las carteras de mayor responsabilidad, requieren en un momento dado de recursos humanos dotados de su confianza y con experiencia laboral conjunta en otros ámbitos, también es cierto que al legislador, en la elaboración, discusión y aprobación en su momento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera no le fue ajeno este aspecto y en el propio dispositivo normativo previó los casos en los que una plaza de estructura podía ser ocupada a través del esquema de designación directa o libre así como los denominados gabinetes de apoyo como estructuras de la más absoluta de las confianzas del funcionario y que por ende, al tener la posibilidad de echar mano de estos espacios, las plazas de especialización y profesionalización del servicio, quedaban garantizadas y protegidas por la propia norma.
Quinto. Que en el caso que nos ocupa, vemos con preocupación que en el relevo partidista del gobierno federal, en lugar de que algunos de las y los nuevos servidores públicos de alto nivel de responsabilidad, se adapten a las nuevas condiciones que exige la gobernabilidad democrática, la modernidad, la ruptura de paradigmas, el progreso y sobre todo se atienda el clamor ciudadano que exige mejores y profesionales servidores públicos en el gobierno, de manera autoritaria y sin respetar las condiciones que establece una norma de derecho positivo mexicano como lo es la Ley del Servicio Profesional de Carrera y que en su momento fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluido el partido hoy en el poder, pretendan hacer una limpia de los recursos humanos en las plazas del servicio profesional en aras de utilizar de manera patrimonial y no institucional los espacios laborales, sin que de por medio operen los denominados subsistemas de separación de personal y mediante prácticas ajenas a las establecidas y en no pocos casos denunciadas, se busque retirarlos del servicio público. Más grave aún, modificar los perfiles a fin de reducir sus exigencias a su mínima expresión a fin de que los requisitos de ingreso sean nimios.
Sexto. Que ante este panorama de violaciones de los derechos laborales y de servidores públicos de carrera, la autoridad no puede ser ajena a los hechos y debe llevar a cabo una minuciosa investigación a fin de revisar escrupulosamente, la actuación de quienes en cada una de las dependencias del gobierno federal se encargan de la aplicación del servicio profesional de carrera, con objeto de evaluar y exigir la correcta aplicación de la ley, su reglamento y el Manual de Aplicación General en materia de Recursos Humanos, Organización y del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tomando medidas y, en su caso, determinar las responsabilidades que a derecho convengan en contra de las y los servidores públicos que con su actuar, atentan contra el servicio.
Séptimo. Ahora, ante el cúmulo de irregularidades en las dependencias, en lo referente a la separación de servidores públicos de carrera, que conllevan múltiples violaciones a sus derechos laborales y humanos, resulta obligado que este órgano representativo federal, tome cartas en el asunto.
Por las consideraciones expuestas, presento ante este pleno la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública a implantar por la unidad competente un programa de supervisión de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal ante las diversas denuncias con motivo de abusos y despidos injustificados contra servidores públicos de carrera.
1 Chávez Alcázar, Margarita. El servicio civil de carrera en la administración pública mexicana, México, 1985.
2 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
3 El director general de Recursos Materiales de la Sedesol es el ciudadano Humberto René Islas Cortés.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 15 de octubre de 2013.
Diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica)
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
El viernes 1 de diciembre de 2012, los habitantes de la Ciudad de México fuimos testigos de un inusitado despliegue de fuerza con motivo de la toma de posesión del ciudadano Enrique Peña Nieto. El motivo aparente fue la realización de diversas marchas de protesta, que culminaron con acciones de vandalismo en la avenida Juárez que, pese al despliegue, se cometieron ante los ojos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y en la más absoluta impunidad, pues sólo después de terminados los eventos de violencia los granaderos iniciaron las aprehensiones contra todo el que se cruzó en su camino, ninguno de que, por cierto, llevaba capucha, y sin importar que nada tuvieran que ver con los sucesos.
Ese día, la Policía Federal usó gases lacrimógenos y fusiles con balas de goma, además de los toletes, que dejaron un saldo de varios heridos, uno en especial, Juan Francisco Quyendall, de 65 años de edad, quien a la fecha no ha recobrado plenamente las facultades: está muerto en vida.
Además, 106 jóvenes fueron detenidos con lujo de violencia por granaderos de la SSP-DF y por primera vez en este tipo de actos, actuado destacadamente, agentes vestidos de civil. En la agencia ministerial 50 fueron sometidos a malos tratos, estuvieron incomunicados y además con apoyo de policías se les fincaron acusaciones falsas.
La mayoría de los detenidos eran estudiantes de la Facultad Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las licenciaturas de filosofía y letras, sociología y de ciencias políticas, así como integrantes del movimiento #YoSoy132 y se dio el caso de una detenida por el solo hecho de portar una camiseta de ese movimiento. Sin embargo, lo que se dijo oficialmente fue que se trataba de que grupos anarquistas planearon deliberadamente dañar la ciudad y hasta se dio los nombres de algunos de esos grupos, a los que se calificó de provocadores pero nadie habló de los encapuchados que actuaron ese día en plena connivencia con las policías y en cambio a partir de entonces se desató una persecución abierta y encubierta en contra de organizaciones sociales y activistas civiles a los cuales, para descalificarlos, ha bastado con señalar de anarquistas.
Cabe señalar, como prueba de lo arbitrario de las detenciones, que la mayor parte de los detenidos inicialmente salieron de prisión por falta de méritos y que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación número 7/2013, mediante la cual concluyó que se habían cometido irregularidades graves en las detenciones con motivo de las protestas del 1 de diciembre y que tenía que indemnizarse económicamente y repararse moralmente a las víctimas. Sin embargo, es la fecha que no se ha indemnizado ni reivindicado públicamente a nadie.
El 5 de febrero de 2013, durante una asamblea estudiantil en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan para decidir acciones de protesta contra el plan de estudios así como por la expulsión de 6 alumnos de los más destacados de estas acciones, se registraron incidentes violentos que derivaron en la intervención policíaca, con un saldo de 10 estudiantes detenidos, algo que no sucedía desde 2000, cuando la policía desalojó a huelguistas de la Ciudad Universitaria. Por cierto, la persecución a estos jóvenes protestantes no terminó ahí.
El 8 de marzo de 2013, en Iztapalapa, una manifestación de protesta de ciudadanos de esa delegación culminó en la detención de cinco manifestantes con lujo de violencia por un cuerpo de granaderos, que los encapsuló para detenerlos.
El 20 de abril de 2013, otra protesta de estudiantes del CCH Naucalpan y un grupo de jóvenes solidarios con ellos, fueron encapsulados por un inusitado contingente de granaderos a su paso por la avenida Insurgentes.
El 1 de junio, un grupo de jóvenes que intentaba protestar en Los Pinos fue interceptado por granaderos en la estación del Metro Tacubaya e impedido su paso, con lujo de violencia, golpeando gente incluso ajena a los hechos. La presencia, otra vez, de encapuchados fue el pretexto para la intervención policíaca. A partir de esa fecha han sido rutinarias las revisiones en el Metro, siendo más agresivas a partir del 1 de septiembre.
El 10 de junio de 2013, con motivo del aniversario de la represión de 1971 contra estudiantes, diversos colectivos ciudadanos efectuaron una marcha hacia el zócalo de la Ciudad de México, y una vez más este evento pacífico que se vio empañado por agresiones tanto de granaderos de la SSP-DF como de encapuchados violentos, desatándose con pretexto de esto una serie de detenciones selectivas orientadas a castigar a un grupo de activistas sociales criminalizados previamente a través de los medios de comunicación.
Otra vez, las detenciones las realizaron en su mayoría agentes vestidos de civil que actuaron en coordinación con las fuerzas de la SSP-DF. Otra vez no fueron contra los encapuchados responsables del vandalismo, y otra vez se hicieron con lujo de violencia. Se registraron en esa ocasión más de 22 detenidos, entre ellos a varios reporteros, desde luego estudiantes y profesores y menores, y a todos se acusó, una vez más, de pertenecer a diversas organizaciones anarquistas y sin embargo poco después salieron por falta de méritos la mayoría de los detenidos, quedando actualmente sujetos a proceso únicamente 7 de ellos.
El 1 de septiembre de 2013 tuvo lugar otra marcha hacia el zócalo, convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversos organismos ciudadanos con motivo del primer informe presidencial, y si bien ese día la madurez y responsabilidad de los grupos convocantes evitó la acción conjunta de granaderos y provocadores, que intentaron reventar la marcha fallidamente en varias ocasiones, una vez terminada, la policía de SSP-DF desató aprehensiones en diversos puntos del centro de la ciudad, una vez más con lujo de violencia, dejando un saldo de al menos 16 detenidos, la mayoría estudiantes universitarios y varios menores; y lo más curioso, un joven activista al que se señaló como líder de los grupos anarquistas, cuya aprehensión se realizó, no obstante, varias horas antes de efectuada la marcha y sin ningún motivo.
El 13 de septiembre se realizó lo operación represiva más escandalosa de desalojo del zócalo desde 1968. Ese día, un despliegue coordinado de fuerzas federales, policías de la SSP-DF, agentes vestidos de civil y provocadores encapuchados generaron un conato de violencia, del que nuevamente culparon a grupos anarquistas, con pretexto del cual se reprimió a maestros de la CNTE y se detuvo a varios de ellos así como a estudiantes y transeúntes, dejando un saldo de al menos 31 detenidos y aproximadamente 200 heridos. Fue notoria en esa ocasión de provocadores disfrazados de manifestantes y agentes vestidos de civil, actuando en connivencia descarada con las autoridades policiacas.
El 2 de octubre, con motivo de la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco por un gobierno priista, se realizó una marcha al Ángel de la Independencia, en el transcurso de la cual, una vez más, hicieron acto de presencia policías de la SSP-DF, agentes vestidos de civil y provocadores encapuchados, empañando la legítima expresión pacífica y desvirtuando el derecho a la libre manifestación de las ideas que consagra la Constitución.
Se registró en esta ocasión una violencia similar a la de la marcha del 1 de diciembre y esta vez, igual que entonces, hubo infinidad de detenciones arbitrarias, unas indiscriminadamente contra ciudadanos, y otras selectivamente contra líderes estudiantiles y activistas sociales, en momentos y lugares distintos a donde se registraron los sucesos. La cifra de 107 detenidos y más de 50 heridos es elocuente. Pero más lo es los más de 80 liberados por falta de pruebas.
Cabe denunciar también la manera como se procedió en las agencias ministeriales, que incluye tortura y fabricación de delitos al vapor. Y lo más sorprendente, el señalamiento directo por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobierno y la SSP del DF de que una vez más se trató de grupos anarquista perfectamente identificados, de los que incluso de presentó un supuesto manual como elemento incriminatorio y probatorio de la comisión de los delitos, un mecanismo, se dijo, diseñado para causar daños, provocar y lastimar a los policías, para usar las guarniciones y banquetas como proyectiles, así como para victimizarse y dar la impresión de detenciones inadecuadas o indebidas.
Todos estos casos tienen una característica: indiscutiblemente se registraron actos vandálicos, agresiones a comercios y edificios públicos; hubo violentos enfrentamientos entre policías y provocadores, todos los vimos; y sin embargo es la fecha que la policía de la SSP-DF no ha sido capaz de detener a ningún sujeto en flagrancia, no han mostrado a ninguno de los encapuchados autores de las agresiones ni a sus patrocinadores, y antes bien se ha venido señalando como responsables a ciudadanos inocentes, con la única prueba de la declaración de los policías.
Todas esas agresiones, esa represión, se han cometido en la más absoluta impunidad puesto que ha bastado el pretexto de que se está combatiendo a grupos de anarquistas que ponen en peligro la paz. Con ese pretexto, insisto, en la ciudad se han hecho detenciones con el más escandaloso uso de la fuerza, se han sembrado pruebas para inculpar detenidos, en algunos casos ha habido tortura y violaciones serias a los derechos humanos, y por si todo esto fuera poco, a la acción de la policía le ha acompañado una formidable campaña mediática que ha condenado antes de juzgar y ha colocado a las víctimas de la represión en la más absoluta indefensión pues los presenta como si fueran delincuentes y sujetos antisociales, con los consecuentes efectos negativos en sus vidas y las de sus familias.
Algo que nos debe preocupar a todos es la criminalización de las posturas ideológicas, sean cuales fueren, y la ligereza con que se señala y procesa a presuntos culpables. Se ha hablado ahora una vez más de grupos anarquistas perfectamente identificados, agentes de la violencia y provocadores que son una combinación de ideología y agresión patrocinada; pero además se ha dicho que son los mismos participantes en los desmanes del 1 de diciembre, del 10 de junio y del 1 de septiembre. Se ha afirmado que todos están plenamente identificados.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo aquí mismo apenas hace unos días que se sabe quiénes son y culpó a las leyes del Distrito Federal de no poder castigarlos, mientras que por su parte las autoridades del gobierno de la ciudad han insistido en que en esta ocasión se cuidó mucho de no hacer detenciones arbitrarias.
El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, dijo públicamente que esta vez las detenciones se habían hecho de manera muy cuidadosa, que se estuvieron haciendo de manera milimétrica, que no se pretendía hacer detenciones por detener. Las denominó detenciones exactas; es decir, con suficientes elementos probatorios.
Hasta se mencionaron expresamente organizaciones sociales y colectivos ciudadanos específicos para incriminarlos de manera directa como responsables de los sucesos. Sin embargo, un estudio forense ha demostrado que el supuesto manual de los anarquistas fue alterado el día siguiente de los hechos, y además que en las detenciones hubo una muy activa participación de agentes vestidos de civil, cuya procedencia no se ha precisado aún y que a la vez actuaron en connivencia con la policía de la SSP-DF y los mismos encapuchados, mezclados entre los colectivos de anarquistas.
Por eso es necesario seguir haciendo público todo lo sucedido. Es importante difundir este tipo de actos violentos, ilegales, injustos e inhumanos; y exigir que no vuelvan a repetirse. Reclamar a las autoridades que hacer uso de su libertad de expresión y de pensamiento, de manera pacífica, legal no debe ser motivo de sanción alguna y mucho menos de represión. Pero sobre todo, es indispensable, urgente, castigar a los verdaderos responsables de los delitos y esclarecer plena y fehacientemente todos estos sucesos, deslindando las responsabilidades de los policías, mandos y funcionarios involucrados, para estar en condiciones de responder a la sociedad la gran pregunta que flota en el ambiente y que no se ha respondido: ¿quiénes son realmente los provocadores que han empañado las marchas del 1 de diciembre, del 10 de junio, del 1 de septiembre y del 2 de octubre, entre otras, y que están poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos de manifestación y expresión? ¿A quien sirven? ¿Quién les paga? ¿Por qué la presencia de agentes vestidos de civil que vigilan marchas, toman fotografías y ayudan en las aprehensiones de manifestantes? ¿Quién les asignó esa función? ¿De dónde son y a quién sirven?
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano nos permitimos someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente
Único. Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, en su caso, a la Procuraduría General de la República que investiguen las detenciones arbitrarias llevadas a cabo el pasado 2 de octubre, que cese la criminalización de activistas y se esclarezcan fehacientemente las acusaciones contra jóvenes y organizaciones sociales que profesan determinada posición ideológica como responsables de actos violentos en los últimos 10 meses; y para que se garantice plenamente el ejercicio del derecho a la manifestación pública de las ideas y a reunirse pacíficamente, consagrado en los artículos 6o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La que suscribe, Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que, de manera respetuosa, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la normatividad que se implementa como parte de la estrategia de preservación de la capa de ozono, como medida de protección a la salud de la población del país, con base en las siguientes
El camino que ha seguido la humanidad en busca de su desarrollo y bienestar, también lo ha enfrentado al detrimento de su propio entorno gracias a la falta de una visión sustentable del uso y consumo de los recursos naturales y energéticos, generando con ello el daño irreversible al media ambiente, la generación excesiva de residuos sólidos no degradables y emisiones contaminantes que han dañado severamente la atmosfera.
Estos daños al medio ambiente, entre otros factores, han provocado el cambio climático, generado graves consecuencias en México como en otras partes del mundo. El daño no es solo a nivel ecológico, también en la calidad de vida de las y los mexicanos, siendo este uno de los principales retos que como integrantes del Estado mexicano debemos afrontar con soluciones de largo alcance y efecto inmediatos.
Un ejercicio muy concreto que demanda la ciudadanía se focaliza en las acciones de mejora a la calidad del aire que respiramos las y los mexicanos, tanto en los centros urbanos, como en las localidades rurales del país.
El gran desarrollo industrial en las zonas urbanas en los últimos 40 años y la falta de impulso al campo han provocado migraciones masivas a las metrópolis del país, convirtiendo inclusive algunos de estos centros urbanos en grandes Zonas Metropolitanas, que sin políticas de urbanización y movilidad adecuadas, acarrean la ocupación desordenada del suelo y una gran demanda de servicios, como agua, transporte y energía, lo que a su vez genera múltiples desequilibrios de carácter ambiental, económico, urbano, energético y social.
Dicho crecimiento demanda el uso intensivo e incremental del transporte, tanto particular como público, lo que a su vez, ante la falta de políticas públicas eficientes, destinadas a la movilidad en centros urbanos, dificulta su empleo eficiente.
Lo anterior provoca que ambos factores, tanto la cantidad de unidades de transporte e ineficiencia, se combinen para aumentar las emisiones contaminantes a la atmósfera, provocando impactos negativos sobre la salud pública, cuando su concentración en la atmósfera alcanza niveles superiores a los máximos permitidos para la vida.
En las áreas y localidades rurales los problemas de calidad del aire se dejan sentir sólo de manera ocasional, mientras que en los centros urbanos es común el registro de elevadas concentraciones de contaminantes y la continua generación de alertas por la alta concentración de los mismos.
Este panorama, reconocido desde principios de la década de los ochentas, propició que en el año de 1982 se emitieran los primeros criterios de calidad del aire, vigentes hasta el 23 de diciembre de 1994, fecha en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana para evaluar la Calidad del Aire Ambiente, estableciendo desde su origen, la revisión periódica de la misma, a efecto de garantizar su vigencia y sobre todo, preservar la salud de los mexicanos por el aire que respiramos.
En México se norman los siguientes contaminantes atmosféricos: bióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), bióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micrómetros de diámetro (PM10) y plomo (Pb).
Desde entonces, las normas de calidad del aire establecen las concentraciones máximas de contaminantes en el ambiente que no debieran ser excedidas con determinada frecuencia, a fin de garantizar la protección de la salud de la población, con especial énfasis en la de los grupos más susceptibles como los infantes, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias crónicas, entre otros.
Estos instrumentos establecen lineamientos para satisfacer las normas de calidad del aire, que son de observancia para las autoridades competentes federales y locales, que tengan a su cargo el desarrollo y la aplicación de los planes y programas de política ambiental con fines de protección a la salud de la población.
Por su ámbito de competencia, aplicación y enfoque de coordinación, otorgan sustento y validez a la implementación de políticas públicas integrales, pues coadyuvan a la generación e implementación de políticas públicas, cuya responsabilidad que compete a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Otra acción de política pública en materia de emisiones contaminantes en el sector transporte, encaminada a mejorar la calidad del aire que respiramos las y los mexicanos, derivada de los criterios antes mencionados, consistió en la implementación del programa Hoy no Circula en el año 1989, el cual tuvo entre sus propósitos una disminución semanal de 450 mil unidades vehiculares de la circulación en la Ciudad de México.
Sin embargo, como coinciden diversos analistas y expertos en el tema, la medida motivó el incremento del parque vehicular de la capital del país, muchos de ellos en condiciones no aptas para su circulación.
Aunado a lo anterior, ante la carencia de un registro confiable, durante muchos años no se tuvieron estadísticas históricas oficiales del parque vehicular, ni mucho menos de la intensidad de su uso, por lo que las políticas implementadas se basaban en estimaciones de los promedios diarios de recorrido, calculados en 33km/día en el Distrito Federal, además de no considerar la edad promedio del mismo, aspecto de suma importancia, pues conforme las unidades de autotransporte van envejeciendo, se obtiene un menor rendimiento en el número de kilómetros recorridos por litro de combustible.
Otro aspecto al cual no debemos de ser omisos es el referente al uso y fortalecimiento de programas de mejoramiento de la calidad del aire (Proaire) que se han implementado en diversos centros urbanos del país, pues éstos constituyen uno de los principales instrumentos de política pública para frenar el deterioro de la calidad del aire y proteger la salud humana, al prever medidas para abatir, reducir y controlar las emisiones de fuentes industriales, móviles y difusas; planificación del uso del suelo, políticas de transporte y gestión de la calidad de aire, entre otras medidas; pero hace falta más.
No obstante que éstos programas persiguen objetivos benéficos para la población, e incluso reciben recursos públicos y financiamiento internacional de gran cuantía, por su esquema de adopción voluntaria en algunos centros urbanos y la escaza aplicabilidad obligatoria en las grandes urbes metropolitanas, como la ciudad de Monterrey, N.L., también se hace necesaria una revisión adecuada sobre los alcances y su carácter, a fin de que adquieran un carácter vinculatoria y aplicación generalizada en el país.
En México, otro instrumento que entró en vigor desde el pasado 18 de junio de 2013, es la Norma Oficial Mexicana NMX-156-SEMARNAT-2012, para el Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire, la cual es consistente con la revisión, actualización y vigencia de las normas de control del aire ambiente.
Este lineamiento establece que los gobiernos locales y estatales, deberán instaurar sistemas para la medición de la calidad del aire en aquellas demarcaciones urbanas que cuentan con más de 500 mil habitantes dentro de su jurisdicción, a fin de generar información confiable que les permita implementar políticas publicas que mejoren las condiciones ambientales.
Esta NOM-156 establece las especificaciones para la instalación de las estaciones de monitoreo, los procedimientos para la recolección, tratamiento y resguardo de los datos atmosféricos.
Su propósito principal es generar una red de monitoreo de la calidad del aire, que funcione adecuadamente y que brinde información de calidad, misma que permita a las autoridades responsables tomar decisiones fundamentadas en datos científicos para mejorar las condiciones ambientales en beneficio de la salud de la población en esos centros urbanos.
Asimismo, con la vigencia de la NOM-156, se espera que la ciudadanía pueda conocer la calidad de aire que está respirando y de esta manera proteger su salud ante los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación del aire.
Sin embargo, a pesar de que circulan vehículos automotores en todo el país, actualmente solo son 17 las entidades federativas reportadas por la Semarnat que cuentan con programas de verificación de emisiones vehiculares (ya sea anual o semestral): Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán).1
Aunado a esto, a nivel nacional, el desequilibrio en la distribución de actividades productivas de los sectores secundario y terciario ha provocado la generación de fenómenos críticos de contaminación atmosférica, tales como los que se observan en las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, donde se concentra alrededor de 34 por ciento de la industria instalada en el país y 25.5 por ciento de la población nacional.
Este desequilibrio es evidente también en otras zonas urbano - industriales como Coatzacoalcos-Minatitlán en Veracruz; Tula-Vito- Apaxco en Hidalgo y el Estado de México; Irapuato-Celaya-Salamanca en Guanajuato; Tampico-Altamira-Ciudad Madero en Tamaulipas; Lázaro Cárdenas en Michoacán y los parques industriales localizados en las principales ciudades medias del país y la frontera norte.
Todas las urbes mexicanas que miden la calidad del aire registran más de los 20 puntos de PM10 que recomienda la Organización Mundial de la Salud como el máximo de exposición a los contaminantes; lo anterior, no hace más que confirmar que la calidad del aire que respiramos se encuentra está por abajo de lo permitido.
Francisco Barnés, presidente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrada por el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla es muy claro al señalar que el problema del calidad del aire es que desconocemos cuál es el verdadero nivel de contaminación porque tenemos estaciones de monitoreo escasas y las que hay, no necesariamente están funcionando como deberían hacerlo.
Y abundo que debemos fortalecer la capacidad de monitoreo para conocer al menos cuáles son los niveles básicos de contaminantes y llegar a resultados económicos del impacto de la contaminación.2
Al respecto, conviene mencionar la amplia investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organismo privado que, con base en información oficial, el pasado 24 de septiembre del año en curso presentó un estudio en el cual muestra los costos generados por la mala calidad del aire en 34 centros urbanos del país.
Ahí se menciona que el cálculo de los daños arrojó como resultado de enero de 2010 a la fecha un costo para el país por impacto en la salud de los mexicanos de alrededor de 14 mil millones de pesos; de los cuales, 11.5 mil millones de pesos corresponden a pérdidas de productividad y 2.5 millones de pesos a gastos en salud.
En cuanto a muertes prematuras el dato asciende a 19,242 decesos, 53,191 hospitalizaciones y consultas médicas por la cantidad de 3.1 millones.
Lo más alarmante del citado estudio consiste en que si durante esta administración federal (2012 - 2018) no se toman las medidas adecuadas para mejorar la calidad del aire, los efectos en salud sumarían 37,488 muertes prematuras, 103,629 hospitalizaciones y 6 millones 59 mil 118 consultas, lo que generaría una pérdida económica por más de 20 mil millones de pesos.
Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública y participante del estudio, argumentó que la contaminación atmosférica es un problema de salud pública de nivel global que todavía no se está atendiendo.
Incluso consideró que los cálculos del IMCO sobre los costos en salud de la mala calidad del aire están subestimados, pues no toman en cuenta efectos crónicos, vasculares y cerebrovasculares por contaminación atmosférica, ni las consultas y hospitalizaciones en instituciones privadas.
Si no bastan los datos duros anteriores para resaltar la necesidad de implementar acciones más eficaces que mejoren la calidad del aire que respiramos en México, recordemos que en el pasado año 2009, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire provocó 14 mil 700 muertes al año en México y este problema representó uno de los mayores costos ambientales, equivaliendo al 4.4% del Producto Interno Bruto de ese año.
Otro aspecto que debemos considerar se refiere al consumo del combustible necesario para la movilidad de las unidades de autotransporte en el país, particularmente las gasolinas y el diesel.
En el estudio muy completo de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, denominado Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diesel en México, 2007-20132 se pueden apreciar diversos aspectos sobre el comportamiento que han tenido estos energéticos en el país durante el periodo analizado.
Del mismo, por contribuir a la explicación de la problemática de la calidad del aire aquí analizada, se reproduce, en extenso, lo relacionado con la calidad de los combustibles fósiles a este contexto de protección ambiental.
Se reconoce que uno de los principales factores que genera problemas en la calidad del aire es el alto nivel de contenido de azufre en las gasolinas. Por esta razón, uno de los lineamientos más importantes de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los Combustibles Fósiles para la Protección Ambiental publicada en el DOF del 30 de enero del 2006 y la modificación publicada en el DOF del 3 de octubre del 2006, han sido reducir el contenido de azufre en las gasolinas Magna y Premium.
El objetivo de esta medida es mejorar la eficiencia y eficacia de los convertidores catalíticos de los vehículos, para que coadyuven a bajar las emisiones de contaminantes críticos, particularmente óxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Además, una menor concentración de azufre reducirá directamente las emisiones de dióxido de azufre y contaminantes de partículas finas.
Actualmente el límite de concentración de azufre en la gasolina Premium es de 250 en promedio y 300 máximo partes por millón (ppm); en la gasolina magna es de 100 en promedio y 500 máximo ppm en la Zona Metropolitana del Valle de México, de Guadalajara y Monterrey; y para el diesel es de 500 máximo.
Cabe apuntar que la NOM 086 establece términos para reducir el contenido de azufre en las gasolinas y el diesel. Sin embargo Pemex no ha tenido la capacidad tecnológica para iniciar el proceso de sustitución de gasolinas y diésel de ultra bajo contenido de azufre (UBA).
El calendario que marca la NOM 086 para que PEMEX inicie el proceso de reconversión de las gasolinas es el siguiente:
 Desde octubre del 2006, se tendría que ofrecer gasolina premium de 30 en promedio y 80 máximo ppm de contenido de azufre;
 Desde octubre del 2008, se tendría que ofrecer gasolina magna de 30 promedio y 80 máximo ppm de azufre en la Zona Metropolitana del Valle de México, de Guadalajara y de Monterrey; y en enero del 2009 para el resto del país; y
 Desde enero del 2007, se tendría que ofrecer diesel de 15 máximo ppm de azufre en la zona de la frontera norte del país; en enero del 2009 en la zona metropolitana del valle de México, de Guadalajara y de Monterrey y en septiembre del 2009 en el resto del país.
Las referencias internacionales nos muestran que el contenido de azufre en las gasolinas y el diesel es menor en algunas regiones del mundo:
 En Japón es de 10 ppm en el diesel y de 30 ppm en las gasolinas;
 En la Unión Europea es de 10 ppm en las gasolinas y el diesel;
 En Estados Unidos es de 15 ppm en el diesel y de 30 ppm en las gasolinas; y
 En Brasil es de 50 ppm en el diesel y de 80 ppm en las gasolinas.
Como se puede observar, la concentración de azufre en la gasolina magna es superior a la Premium, sin embargo, los incrementos de las precios generó un cambio de conducta en el consumidor, el cual optó por muchos años por comprar la gasolina más barata y más contaminante, reduciendo la demanda de la gasolina más cara que daña menos al ambiente. Sin embargo, actualmente el diferencial de precios entre ambos combustibles fósiles se ha reducido, incrementando la demanda de la gasolina menos contaminante en beneficio de la calidad del aire.
....4
No obstante la multiplicidad de acciones desarrolladas desde la década de los ochentas, la realidad que impera en el país en materia de la calidad del aire que respiramos nos obliga a revisar los instrumentos y políticas públicas implementadas, a efecto de hacer las pertinentes observaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país.
En tal sentido, se hacen las siguientes consideraciones:
a) El país es predominantemente urbano, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, el 23.2 por ciento de la población se encuentra en localidades con menos de 2,499 habitantes.
b) El restante 76.8 por ciento, habita en localidades superiores a los 2,500, con una mayor concentración en aquellas con más de 15,000; esto es, el 62.5 por ciento, lo que significa que más de 70 millones de personas habitan en estos centros urbanos y de ellos, más de 30 millones se asientan en 36 ciudades o zonas metropolitanas del país.
c) Al mes de julio del año en curso, la totalidad de automóviles, camiones para pasajeros, así como camiones y camionetas para carga sumaban 33.5 millones de unidades, 97 por ciento de éstas en posesión de particulares.
d) El 52 por ciento de este parque vehicular se localiza en el Estado de México (9.4), Jalisco (8.6), Nuevo León (6.1), Michoacán (4.9), Baja California (4.8), Veracruz (4.6) y el Distrito Federal (13.3).
e) El incremento de unidades automotores registradas en el país de julio de 2000 a julio de 2013 es del 127 por ciento, creciendo a una tasa promedio del 6.5 por ciento anual; es decir, por cada unidad existente en el año 2000, en 2013 tenemos un poco más del doble, un comportamiento excesivo, si se considera que poblacionalmente solo crecimos un 15 por ciento al 2010.
f) Respecto a la antigüedad de dichas unidades, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC (AMIA) estima que el parque vehicular actual tiene una edad promedio de 16 años; sin embargo, en localidades rurales e incluso en algunas ciudades del país no se tiene plena certeza sobre esta estimación.
g) Aun cuando la NOM-156-SEMARNAT-2012 es de observancia obligatoria para los gobiernos locales, en aquellas zonas o centros de población que cuenten con más de quinientos mil habitantes, solo existe información sobre la calidad del aire, no siempre actualizada, en 12 de las 36 localidades urbanas registradas por el INEGI con esas características.
h) En esas 12 ciudades o Zonas Metropolitanas, la calidad del aire superó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 20 partículas de 10 microgramos por metro cúbico de concentración promedio anual PM10 (µg/m3), promediando 59.5 PM10, de donde resaltan las ciudades de Mexicali (137.17 PM10), Monterrey (72.7 PM10) en donde no existe un programa de verificación vehicular y Cuernavaca (72.27 PM10).
i) En 15 entidades federativas, en donde circulan el 34 por ciento de las unidades automotores, esto es 11.3 millones de vehículos, no aplica la verificación vehicular, resaltando Nuevo León y Colima, en donde circulan un tercio de los mismos.
No podemos negar que se han realizado importantes esfuerzos como puede ser el cambio de combustible en unidades de transporte público en las ciudades al usar gas L.P.; sin embargo, siguen siendo aislados y no tienen el impacto necesario, pues el estado actual de las normas mexicanas ya no garantiza la protección de la salud de la población, por lo cual urge actualizarlas de acuerdo a los parámetros internacionales, además de considerar variables que afectan el rendimiento de las unidades automotrices, como pueden ser la orografía del país o la altura de las ciudades.
México, mediante la adopción voluntaria de objetivos de reducción de emisiones para 2012, 2020 y 2050, ha proporcionado un ejemplo importante tanto para los países desarrollados como en desarrollo; no obstante, nuestro país permanece vulnerable al cambio climático: 15 por ciento del territorio nacional, 68 por ciento de la población y 71 por ciento del PIB están altamente expuestos a este riesgo.5
Nueva Alianza ha coincidido con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en que México puede hacer más para fomentar un crecimiento verde y socialmente inclusivo.
Atendamos la propuesta que hace la OCDE en su documento sobre el desempeño ambiental de México, publicado en enero de 2013, en donde se especifica que existen estudios que han demostrado que el pleno cumplimiento de la norma PM10 podrá evitar 400 muertes al año y que aplicación de una norma más estricta podría evitar 1000 muertes más.6
No implementar acciones eficaces y vigilar su estricto cumplimiento, provocará sin dudas que se incrementen los indicadores vinculados con cinco de las 10 principales causas de muerte en México como enfermedades del corazón, tumores malignos, neumonía, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y enfermedades cardiovasculares.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que los tres órdenes de gobierno y todos los miembros del Estado deben orientar sus políticas, planes y programas a generar un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad ambiental, el aprovechamiento racional y sostenible los recursos naturales y la preservación de la calidad del medio ambiente tomando en cuenta, no sólo el interés de la actual generación, sino el de las futuras generaciones.
Por ello, una oportuna intervención de los tres órdenes de gobierno al diseñar su estrategia interna de mejora de la calidad del aire, permitirá contribuir a los embates del cambio climático y, principalmente, gozar de estándares adecuados de protección a la salud para la generación actual y las venideras; es decir, transformar nuestros enfoques cortoplacistas a verdaderas políticas públicas sustentables.
Por lo anterior, de conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar la revisión de la Norma Oficial Mexicana NMX-156-SEMARNAT-2012, para el Establecimiento y Operación de Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, contando con el auxilio de las instituciones académicas, sociales y ciudadanas que considere, con el propósito de hacerla obligatoria en los centros urbanos del país, con al menos 100 mil habitantes.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar con las entidades federativas del país la adopción de esquemas ambientales de medición y verificación de gases contaminantes del medio ambiental que incluya la adopción de programas de verificación ambiental de carácter obligatorio, con el propósito de hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano para todos los mexicanos; así como la adopción de esquemas obligatorios de cumplimiento y certificación, similares a la denominada industria limpia, el de responsabilidad integral, o liderazgo ambiental para la competitividad, aplicables a las empresas y establecimientos mercantiles de jurisdicción estatal.
Tercero. Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la de Energía y a la de Economía a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los Combustibles Fósiles para la Protección Ambiental, con el propósito de que en el país contemos con gasolinas de mejor calidad.
1 http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/component/content/article/73- informacion/home/145-verificacion-poda-fugas-basura. Consulta realizada el 27 de septiembre de 2013, a las 14:50 hrs.
2 http://mexico.cnn.com/planetacnn/2013/09/26/en-mexicali-muere-el-mayor- numero-de-personas-por-contaminacion-del-aire. Consulta realizada el 30 de septiembre de 2013, a las 18:44 hrs.
3 http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-14-13.pdf
4 Ídem. Páginas 41 y 42. Lo resaltado es propio.
5 Evaluación Sobre el Desempeño Ambiental: México 2013, Highlights. OCDE, enero 2013. Documento disponible en http://www.oecd.org/fr/env/examens-pays/EPR%20Highlights%20MEXICO%20201 3%20ESP.pdf. Consulta realizada el 23 de septiembre de 2013, a las 15:50 hrs.
Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)
El que suscribe, Diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
El turismo es una de las bases con mayor importancia en el país, ya que aporta gran cantidad de ingresos a la economía nacional, tal y como lo afirma la titular de la Secretaria de Turismo, quien señala que tan sólo en 2011 dicho sector aportó el 8.4 por ciento del PIB Nacional equivalente a 728 mil 186.5 millones de pesos;1 así también en el ámbito laboral el sector turístico genero el 6.8 por ciento de los empleos remunerados 2 en éste mismo año.
Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta a los turistas ya que, como bien lo afirma la Sectur, de enero a junio del 2013 México recibió un total de 38.3 millones de visitantes internacionales lo que significa un aumento del 2.5 por ciento respecto al mismo periodo del año 2012.3
Los datos anteriores nos reflejan la gran importancia del turismo en el país, por lo tanto es necesario no sólo cuidar, sino también dar difusión a los diversas zonas turísticas que se encuentran en el olvido por parte de diversas autoridades, y con ello generar ingresos para los estados, los municipios, así como la generación de empleos en los alrededores donde se encuentren aquellas zonas turísticas.
Uno de los estados con mayor flora, fauna, así como zonas arqueológicas y por lo tanto mayor turismo en el país es Chiapas, el cual cuenta con un sin número de zonas eco-turísticas de suma importancia, las cuales, por sus características ambientales, forman parte esencial del ecosistema mexicano y por lo tanto, están protegidas por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Entre las múltiples zonas eco-turísticas que tiene el estado de Chiapas encontramos la Laguna de Bélgica en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, la cual es considerada desde 1996 como Reserva Ecológica; así también, como pocas zonas ecológicas, el referido cuerpo de agua es considerado como un parque educativo, ya que en ella encontramos gran cantidad de selva alta y cuenta con senderos trazados alrededor de una zona pantanosa.4
Al ser considerada parque educativo la laguna Bélgica, es un medio pedagógico para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias naturales, por su vasta extensión de 42 hectáreas de flora y fauna selvática y pantanosa.
Entre las múltiples actividades que se pueden realizar en la Laguna Bélgica es la convivencia con la naturaleza, el campismo, excursión, investigación y fotografía; actividades de gran interés para el turismo local e internacional.5
Desgraciadamente, quienes habitan en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa no cuentan con el apoyo del sector turismo para dar mayor difusión a dicha zona eco-turística. De igual forma, también es necesario el apoyo del sector ecológico, ya que los habitantes del municipio no cuentan con los insumos suficientes para sustentar a tan importante Parque educativo.
Sustentado en la necesidad de un mayor apoyo eco-turístico para aquellas zonas desprotegidas, someto a consideración de la soberanía el siguiente
Primero: Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, a fin de que se genere una mayor difusión turística de la Laguna Bélgica del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas.
Segundo: Se exhorta al titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal, a efecto de que se atiendan las necesidades de protección ambiental de la Laguna Bélgica en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa en el estado de Chiapas.
1 Primer informe de Labores de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal 2012-2013, p. 15
4 http://lamorraleta.blogspot.mx/2011/05/laguna-belgica.html 3 de octubre de 2013 11:32 hrs.
5 http://todochiapas.mx/2013/02/laguna-belgica/ 3 de octubre de 2013 11:33 hrs
Diputado Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica)
El suscrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Los diputados del Partido Acción Nacional, queremos hacer un llamado a la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y discusión de la iniciativa de reforma fiscal, que recientemente presentó el presidente de la república, hagamos una revisión especial respecto de la homologación del IVA en la región fronteriza.
Para los legisladores del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, la propuesta presentada como parte de la reforma hacendaria por el presidente de la República el 8 de septiembre del año en curso, representa un freno al proceso de desarrollo y al esquema de competitividad en el que se encuentran los estados de la región fronteriza, dentro de los cuales se encuentran aquellos que colindan con los Estados Unidos de América, pero también Baja California Sur, Quintana Roo y los de la franja fronteriza sur.
Con antecedentes relativos a tratamientos fiscales diferenciados que vienen desde la administración del Presidente Lázaro Cárdenas, la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, contemplaba desde el texto original en su artículo 2° una tasa diferenciada para el cálculo del impuesto, que para ese año se determinó en un 10 por ciento, estableciendo además, una tasa del 6 por ciento en región fronteriza, para la enajenación, uso o goce de bienes y prestación de servicios independientes, siempre que se cumplieran dos requisitos: el primero, que éstas actividades fueran realizadas por residentes en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, o en las Zonas Libres de Sonora, Baja California y Baja California Sur, y el segundo que la entrega de bienes o prestación de servicios se realizara en dichas zonas.
Las diversas modificaciones a la Ley del IVA, han considerado consistentemente la implementación de ésta medida de diferenciación en la tasa del Impuesto al Valor Agregado para la región fronteriza, atendiendo a la necesidad e importancia que para los habitantes de la región significa, así como de respuesta al reclamo social por ellos generado.
En ese sentido el régimen especial en fronteras se ha mantenido y ampliado, hasta llegar al texto vigente, que considera no solamente a la región fronteriza norte, sino que además incluye la región sur.
Los legisladores del PAN sabemos del impacto negativo que generaría en la economía de las familias habitantes de la región fronteriza. Por ello, expresamos nuestro rechazo a la propuesta del Ejecutivo Federal de homologar las tasas del Impuesto al Valor Agregado , pues generaría un impacto totalmente negativo en la exportación, en la economía de las clases bajas y medias, en el turismo y en general en el consumo de bienes y servicios en la región fronteriza, provocando déficit inflacionario, menor inversión, pérdida de fuentes de empleo, entre otros efectos que repercuten no sólo en el bienestar de los más de 10 millones de personas en la frontera norte más los comprendidos en la franja fronteriza sur.
Sin duda el impacto de la economía de la región fronteriza también repercute a la economía nacional, ya que visto desde la unidad de regiones interdependientes, cada región representa una parte importante de la Nación Mexicana.
El Partido Acción Nacional, refrenda su compromiso con sus representados que han alzado la voz para expresar su oposición a la homologación del IVA en la región fronteriza, por lo que de ninguna manera apoyaremos condiciones que pongan en desventaja a alguna parte del país, y que le impidan competir con equidad con los países colindantes, o dejar de contar con los incentivos suficientes para compensar un desequilibrio generado por su condición geográfica.
No se trata de una oposición simple y llana, o de beneficios injustos, se trata del reconocimiento de las condiciones específicas de una región del País, en la cual las condiciones del mercado son completamente diferentes a las del resto de las entidades federativas.
La colindancia con los estados del País más desarrollado y de la principal economía mundial, o las dificultades para el traslado de mercancías como en el caso de mi estado, Baja California Sur, requieren de un trato que permita en condiciones de igualdad, con sus partes atender ésta demanda social.
En Acción Nacional, sabemos lo que estamos proponiendo, somos responsables de nuestras decisiones, y como tal, sabemos que tratándose de impuestos, no hay sociedad alguna que los acepte con una sonrisa; sin embargo, sabemos que el criterio de homologación no significa el reconocimiento de las desigualdades respecto de los efectos que ante su imposición se generarían para la economía regional.
Son muchas las manifestaciones de preocupación e inconformidad respecto de las medidas que pretenden no sólo homologar la tasa del IVA sino también la eliminación de exenciones a importaciones temporales, y otras medidas que afectan directamente al sector manufacturero de la región.
No perdamos de vista que el incremento del 5 por ciento en el precio de los bienes y servicios en la frontera provocará, en la mayoría de los casos, un desplazamiento de la demanda hacia las ciudades fronterizas norteamericanas, donde la tasa de valor agregado se calcula en 8 por ciento, ello implica que los consumidores que tengan la posibilidad de trasladarse a dichas ciudades preferirán comprar sus productos en Estados Unidos de América, en vez de consumir en el país, derivando en que sólo los más pobres habitantes de la región fronteriza para quienes es imposible cruzar al otro lado, son los que terminarán pagando el 16 por ciento limitando aún más su capacidad para adquirir bienes básicos.
O bien, para el caso de mi estado, Baja California Sur, el aumento de la tasa de IVA a 16 por ciento signficaría una dura losa sobre las ya difíciles condiciones de competencia respecto de las empresas del resto del país, pues las personas físicas y morales de ese estado tienen que añadir siempre a sus costos, altos precios de traslado de mercancías.
Resulta notorio que el consumo y los negocios en la región fronteriza no se presentan en condiciones idénticas a las del resto del país, ello en razón de la cercanía de aquélla con otras naciones que altera los patrones de consumo, o bien, circunstancias relativas a su propia geografía, lo que en todo caso requiere de medidas legislativas que establezcan una tasa menor para el cálculo del tributo, a fin de no afectar la competitividad y a la vez de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el creciente consumo de bienes y servicios extranjeros que lo único que provocan es un perjuicio en la competitividad de la industria nacional en dichas regiones.
En eso radica precisamente la esencia de la equidad tributaria: en reconocer la obligación universal de contribuir con los gastos del Estado, pero en la proporción de las diferencias de cada contribuyente.
En ese sentido y dadas las circunstancias que generan diferencias en el consumo de la frontera y el resto del país, hacemos énfasis en que la tasa del 11 por ciento en región fronteriza no representa como lo afirma el Ejecutivo Federal en su iniciativa, una medida inequitativa.
Las medidas en comento, de ser aprobadas, golpearán seriamente el comercio fronterizo, afectando la competitividad de la región, originando la pérdida de un porcentaje importante de empleos, considerando que la industria maquiladora y manufacturera de exportación, representa aproximadamente el 30 por ciento del total de los empleos.
Por su parte, el sector empresarial en el norte y noroeste del país han realizado foros de análisis de la propuesta de homologación del IVA, obteniendo de los cálculos realizados por las distintas empresas, la determinación de los siguientes efectos: reducción de la capacidad de consumo, fuga de consumidores, disminución de las inversiones y en la apertura de empresas, desempleo, pérdida de competitividad, incremento del contrabando, detonación de la economía informal, reducción del PIB en los estados fronterizos, reducción del abasto de bienes nacionales, entre otros.
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado a través de diversas tesis aisladas, en el sentido de que la tasa menor aplicable a las operaciones gravadas por el IVA en la región fronteriza atienden a las distintas condiciones de mercado especiales de la zona, definidas por las características geográficas, naturales, de infraestructura, etc., que distinguen a dicha región del resto del país, por tanto se consideran válidas y no contraponen el sentido de equidad tributaria, establecido en la Constitución, ya que dichas condiciones especiales, derivan en la necesidad de otorgar diferentes consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho.
Señores diputados y señoras diputadas, llamo su atención para que hagamos un análisis serio y respetuoso, desde nuestra perspectiva, la homologación del IVA y la eliminación del trato diferenciado en la región fronteriza, obedecen a una visión netamente recaudadora para que el gobierno obtenga recursos por la vía de los impuestos, sin embargo, ésta medida debe ser proporcional y atender las diferentes condiciones de la población afectada. No prever el impacto que tendrá en la competitividad y el consumo en la región, significaría dejar de atender a las necesidades de la población afectada.
Por ello los legisladores de Acción Nacional expresamos nuestro rechazo ante la homologación del IVA en la región fronteriza , por tratarse de una medida que impacta seriamente en la economía del pueblo de México, especialmente de los mexicanos y mexicanas que habitan en esa región.
En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente
Único. Se hace un atento exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que revise y deseche la propuesta del Ejecutivo federal de homologar la tasa del IVA al 16 por ciento en la Región fronteriza del país.
Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, proponentes e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Como una de las primeras acciones de la actual administración, a nivel federal estableció a finales de 2012 el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, el cual se vio concretado el 1 de marzo de 2013, fecha en la cual se emitió un Acuerdo por el que se establecieron las Reglas de Operación del Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia para el ejercicio fiscal 2013.1
En el citado acuerdo, se establece como objetivo general el programa contribuir a disminuir la condición de vulnerabilidad que enfrentan los hijos e hijas de hasta 23 años de edad en hogares con jefatura femenina con ingreso inferior a la línea de bienestar per cápita, ante el fallecimiento de sus madres y en específico otorgar a las hijas e hijos de hasta 23 años de edad en hogares con jefatura femenina con ingreso inferior a la línea de bienestar per cápita, un apoyo económico mensual por orfandad materna que incentive su permanencia en el sistema educativo. De igual forma se contempla que:
La pobreza no es una condición estática [...] puede depender de eventos que hagan caer a las jefas madres de familia en esta situación, volverla más severa, o en su caso, ayudarlas a superarla. En este sentido, la vulnerabilidad de las personas ante la pobreza se puede expresar como el alto riesgo de que un individuo o grupo enfrente cualquiera de los siguientes escenarios: ingrese a un estado de pobreza, su condición de la misma sea más severa o que su condición de ésta se haga crónica o de largo plazo.
Esta vulnerabilidad se agrava en personas que por sus condiciones socioeconómicas están expuestas a ciertos riesgos que pueden hacer, que caigan o empeoren su situación de pobreza. Entre estos riesgos, se encuentran la pérdida de los activos productivos que permiten a las personas generar ingresos para satisfacer sus necesidades básicas (como la pérdida del empleo o la pérdida del jefe o jefa de familia), la ausencia de redes de protección social (no tener acceso a servicios de salud, por ejemplo) o el escaso desarrollo en capacidades básicas como salud, alimentación y educación.
En México, los tres riesgos mencionados anteriormente se agravan en hogares con jefatura femenina, ya que al ser el único sustento familiar y al carecer de alguna red de protección social, en caso de pérdida de la madre, sus hijos e hijas pueden caer o empeorar su situación de pobreza, limitando así su desarrollo y oportunidades futuras.
En aproximadamente 5.2 millones de hogares mexicanos de los 6.9 millones de hogares con jefatura femenina, las jefas de familia no cuentan con el apoyo de un cónyuge debido a que son solteras, separadas, divorciadas o viudas.
Cabe resaltar que en México, existen 332 mil hogares en zonas rurales y 1.4 millones en áreas urbanas cuya jefa de familia cuenta con entre 12 y 68 años de edad, viviendo en condiciones económicas por debajo de la Línea de Bienestar que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), es decir, se encuentran en condiciones de pobreza. En 2013 se estima que de las jefas de familia sin cónyuge y en estado de pobreza, puedan morir alrededor de 7 mil de ellas, dejando en orfandad aproximadamente a 15 mil menores de 0 a 23 años. Cabe destacar que en el inicio de la puesta en marcha de este programa, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, comentó el seguro de vida apoyará a un millón 700 mil mujeres solas en condiciones de pobreza, las mujeres que habitan en las zonas rurales de los 400 municipios seleccionados para la Cruzada contra el Hambre serán las primeras beneficiadas,2 ello es necesario considerar los criterios y requisitos para el pre registro, los cuales son:
 Ser jefa de familia (mujer madre de familia que es la principal proveedora económica del sustento familiar).
 Ser sola (madre soltera, separada, divorciada o viuda).
 Tener entre 12 y 68 años.
 Ser madre de al menos un hijo(a) de hasta 23 años que esté estudiando.
 No ganar más de 2 mil 114 pesos al mes en zonas urbanas o más de mil 329 pesos en zonas rurales.3
Es así que se estableció que las personas beneficiadas de este programa, recibirían un monto mensual de $300.00, cuando tuvieran de 0 años y hasta preescolar, $500.00 en caso de acudir a la Primaria; $700.00 para Secundaria, $900.00 Media superior; y Superior $1,000.00 y hasta $1,850.00 en los casos de excepción que determine el Comité Técnico.3 Para tales efectos, el anexo 12. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 contempló un monto de 400 millones de pesos para el Seguro de Vida para Jefas de Familia, sin embargo en días recientes se dio a conocer que hasta agosto pasado la Sedesol sólo había gastado 12 mil 300 pesos en ayudar a nueve menores. Aun así, el gobierno federal está pidiendo al Congreso que para el presupuesto del próximo año aumenten a mil 15 millones de pesos los recursos públicos para este programa, sin especificar su meta de cobertura.5
Dicha cantidad ha sido distribuida de la siguiente manera mil 900 (pesos) en abril y la misma cantidad en mayo, junio y julio, y 4 mil 700 (pesos) en agosto.6
Si bien el día 30 del pasado mes de septiembre se emitió el decreto por el que se establece el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia como acción prioritaria y de interés público, precisando entre otras cosas:
Asegurar que el manejo de los recursos públicos destinados a este propósito se realice bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia, en términos de las disposiciones presupuestarias, es conveniente constituir un fideicomiso público sin estructura orgánica, que como mecanismo de pago permita lograr en forma más efectiva los objetivos y metas del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Considerando además lo referido en el artículo tercero del mencionado decreto, el cual expresa que:
Los recursos que se destinen al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia serán administrados por un fideicomiso público irrevocable, sin estructura orgánica, el cual no será considerado como una entidad paraestatal y su finalidad será fungir exclusivamente como mecanismo financiero para el pago de los apoyos a que se refiere el presente Decreto. Dicho fideicomiso será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, quién instruirá el otorgamiento de los apoyos a la institución fiduciaria.
Los recursos aportados al fideicomiso que no se hubieren devengado al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, permanecerán en dicho fideicomiso para cubrir las obligaciones futuras del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 214, sexto párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.7
El fideicomiso referido tiene, a partir de la publicación del Decreto, 30 días naturales para establecerse de manera formal, por lo que resulta necesario su pronta constitución para eliminar la incertidumbre sobre el destino de los recursos que no se han gastado en el ejercicio fiscal 2013; toda vez que tampoco se cuenta con la información sobre el número de mujeres registradas en el programa ni la forma en que se están dando los apoyos a las y los hijos que hayan perdido a sus madres, provocando que exista poca claridad en el ejercicio de los 400 millones de pesos asignados para este año.
En Movimiento Ciudadano buscamos hacer exigibles los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para conocer la manera en que el gobierno hace uso de los recursos públicos, tales como los establecidos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, los cuales deben ser considerados como pilares fundamentales de cualquier administración que se considere estar a favor del bienestar de la sociedad, por ello presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a hacer pública la información referente al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, en especial sobre el número de mujeres registradas, de personas beneficiadas y del uso de los recursos destinados a este programa.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a constituir lo antes posible el Fideicomiso Público del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, tal y como lo establece el artículo quinto del decreto por el que se establece el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia como acción prioritaria y de interés público.
1 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reg las_Operacion/2013/rop_jefam.pdf
2 http://mexico.cnn.com/nacional/2013/03/13/el-seguro-para-jefas-de-famil ia-se-entregara-en-400-municipios-pobres
3 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informacion_del_Programa_Seguro_de _Vida
4 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reg las_Operacion/2013/rop_jefam.pdf
5 http://www.animalpolitico.com/2013/10/de-400-mdp-para-seguro-de-madres- sedesol-solo-ha-gastado-12-mil-pesos-quiere-mas-recursos/#ixzz2hXcgKTju
7 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/files/Decre to-SVJF.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de octubre de 2013.
La suscrita, María Sanjuana Cerda Franco, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
La Organización Mundial de la Salud señala que el cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada con el bacilo Vibrio cholerae. Esta misma organización calcula que cada año se producen entre 3 y 5 millones de casos de cólera y entre 100 000 y 120 000 defunciones.
El breve periodo de incubación, que fluctúa entre dos horas y cinco días, incrementa el carácter potencialmente explosivo de los brotes epidémicos.
Según la OMS, el cólera es una enfermedad muy virulenta que afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas.
Aproximadamente el 75 por ciento de las personas infectadas no presenta ningún síntoma, a pesar de que el bacilo está presente en sus heces fecales durante 7 a 14 días después de la infección y vuelven al medio ambiente, donde pueden infectar a otras personas.
El 80 por ciento de las personas que presentan síntomas, estos son de leves a moderados; un 20 por ciento padece diarrea acuosa aguda con deshidratación grave, sin un tratamiento oportuno ésta puede ocasionar la muerte.
Las personas con inmunidad reducida, como los niños desnutridos y los enfermos de VIH, corren un riesgo mayor de fallecer si se infectan.
En septiembre del presente año, se confirmaron siete casos positivos en el estado de Hidalgo, así como un fallecimiento. Los casos se registraron en los municipios de Huejutla, Pachuca, Tula, Ajacuba y San Agustín Tlaciaca, además de que en ese momento se presentaron al menos 40 muestras en estudio.
La Secretaría de Salud emitió un aviso a nivel nacional a todas las unidades de vigilancia epidemiológica en el país así como a los centros estatales de salud para que existiera atención especial ante posibles casos de cólera y que fueran notificados de inmediato.
Sin embargo, y pese al aviso de la Secretaría de Salud, los casos no sólo fueron en aumento en el estado de Hidalgo, sino que se expandieron a otros estados de la República.
Una situación de tal magnitud no se presentaba en el país desde hace 16 años.
La última epidemia de cólera que se registró fue la década de los 90. De 1991 a 2001 se han contabilizado 45,924 casos, con 552 víctimas mortales, de acuerdo con un boletín de la SSA.
El pasado 11 de octubre del año en curso la SSA informó la situación del cólera en todo el país, esencialmente en los estados donde se registran casos actualmente.
La Secretaría indica que en el estado de Hidalgo se han procesado un total de 3,075 muestras de pacientes con cuadros diarreicos, de las cuales hasta el momento se han confirmado 145 casos en esta entidad.
Se identificó que la fuente de contagio es la contaminación de agua de río, la cual es utilizada por la población en el desarrollo de sus actividades cotidianas como el aseo personal, lavado de alimentos y ropa, entre otras.
Derivado de lo anterior es indispensable señalar que una vez ubicada la fuente principal de contagio, se realicen acciones para el saneamiento de este foco de infección y para que los habitantes dejen de utilizar el río contaminado con fines de uso doméstico y de consumo personal.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá a través de la Comisión Nacional de Agua, atender esta emergencia de salud pública de inmediato, realizando las pruebas al agua de los ríos ubicados en las entidades federativas afectadas e implementar acciones para resarcir el daño ocasionado por esta contaminación.
La SSA notifica que los pacientes en general presentan un cuadro clínico moderado, el 70 por ciento de los casos confirmados no han requerido hospitalización y solo se ha presentado una defunción.
Por otro lado, se menciona que se han confirmado dos casos en el estado de Veracruz y uno en San Luis Potosí. Reiterando que se mantiene la alerta epidemiológica en la región de la Huasteca.
En el estado de México se han confirmado hasta ese momento nueve casos, destacando que estos casos han sido resueltos y no tienen relación epidemiológica con los encontrados en la región de la huasteca hidalguense.
El pasado 8 de octubre, según lo señala el boletín informativo de la SSA, sesionó el Consejo Nacional de Salud (CONASA), presidido por la Dra. Mercedes Juan, con el objetivo de fortalecer las acciones de coordinación en materia de vigilancia epidemiológica, vigilancia sanitaria, saneamiento básico, atención médica y las medidas de prevención y control de la enfermedad.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza presentamos la presente proposición con punto de acuerdo por la que exhortamos a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las Secretarías estatales implementen acciones urgentes tendientes a controlar y detener la expansión del cólera en nuestro país.
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las Secretarías de Salud estatales implementen acciones urgentes para controlar y detener la epidemia de cólera que se ha presentado en diversos estados de la república.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Conagua.
A. Haga pública la información respecto al estado de contaminación de los ríos ubicados en los estados afectados por la epidemia de cólera.
B. Implemente acciones urgentes con la finalidad de impedir el consumo y uso del agua de los ríos si resultaren perjudiciales para la salud de los habitantes.
Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)
La que suscribe, diputada Maricela Velázquez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Como hemos estado siguiendo desde el pasado 15 de septiembre del año en curso, los desastres naturales como son la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid azotaron y afectaron de sobre manera a varios estados de México, dejando a su paso cientos de muertos y miles de damnificados que, literalmente, se quedaron sin nada, perdieron su casa, ropa, y su medio de subsistencia, es decir, las tierras que ocupaban para la agricultura y los diversos animales para la crianza, venta y alimentación de la población.
Desgraciadamente las terribles inundaciones causadas por las lluvias fluviales se llevaron a su paso las casas y todo aquello que se encontraba en ellas, por tal motivo miles de personas se vieron en la necesidad de refugiarse en los diferentes albergues que los gobiernos locales y federal establecieron en zonas seguras de los estados afectados por los desastres naturales provocados por Manuel e Ingrid.
Entre los estados más afectados encontramos al estado de Morelos, con más de mil personas damnificadas por las fuertes lluvias e inundaciones, las cuales tuvieron que distribuirse en los diversos albergues por considerar a los lugares donde habitaban como Zonas de alto riesgo, en las cuales se encuentra prohibida habitar. Dentro del estado de Morelos, los municipios más dañados por los desastres naturales Ingrid y Manuel son Jojutla, Amacuzac, Tlaquitenango y Puente de Ixtla.
Un gran ejemplo de la situación por la que paso y aún vive la población damnificada del estado de Morelos es lo ocurrido la mañana del 15 de septiembre el río Amacuzac, el cual alcanzo los dos metros de altura, por lo que arrastro las cas construidas cerca del rio, lo anterior provoco que Protección Civil de estado de Morelos declarara zona de alto riesgo, por lo que impidieron a la población regresar a la zona.
Actualmente todas las personas que perdieron sus viviendas se encuentran en casas las cuales fungen como refugios, dos de las más importantes se encuentran en el municipio de Puente de Ixtla marcadas con los números 50 y 51 de la calle 12 de diciembre, en la zona alta de la comunidad de El Estudiante, en estos albergues viven un total de 187 personas de las cuales 65 son mujeres de ellas 3 se encuentran embarazadas, 62 son niños y 60 hombres1 Todas las personas sobreviven con las diversas donaciones de las empresas, la población y las autoridades del estado de Morelos, aunque desgraciadamente la ayuda comienza a escasear.
Actualmente los hombres salen a trabajar, los niños van a las escuelas y las mujeres que se quedan en el albergue haciendo el aseo del mismo, realizan las labores de cocina y se dedican a cuidar a los niños más pequeños; aunque no dejan de pensar en el futuro, no dejan de pensar en sus tierras y sus hogares, preocupados por ello no pueden hacer más que esperar, ya que los ejidatarios de la comunidad de El Estudiante se encuentran en vías de la donación de un predio en el cual las autoridades del municipio y del estado de Morelos se comprometieron a construir nuevas viviendas donde podrán ser reubicados.2
Infortunadamente el tiempo pasa y los víveres comienzan a escasear en las diversas casas de refugio en estos municipios afectados, por lo que personas de los otros albergues, por miedo a la falta de alimentos o el brote de enfermedades se mueven a otras poblaciones en las que se habilitaron albergues pero que desgraciadamente los recursos tienden a ser insuficientes; bajo estas condiciones cabe recalcar el hecho de que el día 26 de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel (inundación fluvial) del 13 al 16 de septiembre de 2013, en 4 municipios del estado de Morelos 3 en la cual, dentro de los 3 artículos que estructuran dicha Declaratoria, el artículo segundo establece que la presente declaratoria de Desastre Natural se expide para efectos de poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, y las Reglas Generales,4 fondo que tiene como principal objetico la ayuda a los damnificados que hasta ahora han sido beneficiados, pero el tiempo transcurre y este no ha estado a su favor.
Es por esto que con el objeto de ayudar la población damnificada de los municipios de Amacuzac, Jojutla, Tlaquitenango y Puente de Ixtla, y tras lo anteriormente expuesto, someto a la soberanía el siguiente
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Morelos, licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que dentro del ámbito de sus competencias agilice y canalice de manera efectiva los recursos otorgados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a la población damnificada de los municipios de Amacuzac, Jojutla, Tlaquitenango y Puente de Ixtla, todos ellos del estado de Morelos, en el tiempo y forma que más convenga a la población del estado.
1 http://www.reforma.com/estados/articulo/1432668/ 9 de octubre de 2013 12:54 horas
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5315363&fecha=26/09/2 013 10 de octubre de 2013 13:52 horas.
Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, proponentes e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
El 28 de febrero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal emiten las Reglas de Operación del Programa del mismo (PET) para el ejercicio fiscal 2013,1 el cual tiene como objetivo general contribuir al bienestar económico de la población afectada por emergencias u otras situaciones adversas que generan la disminución de sus ingresos, mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos de beneficio social o comunitario y como objetivo específico proporcionar a hombres y mujeres de 16 años de edad en adelante, apoyos temporales para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o situaciones económicas que provocan la disminución de sus ingresos, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.
Asimismo, se establecen los criterios y requisitos de elegibilidad por parte de las dependencias encargadas: la Secretaría de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las anteriores son las encargadas del programa en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Tras el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel por los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz, se implementó el Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI), el cual es una vertiente del PET y está enfocado a dar una respuesta inmediata a familias afectadas en sus ingresos por emergencias; en este caso, asociadas a las lluvias [...] el pago del PETI es de mil 220 pesos por familia, con excepción del puerto de Acapulco que es de mil 280 pesos.2
De esta forma, el PETI se establece para la atención de zonas que demanden la aplicación prioritaria de recursos [...] los recursos del PETI podrán destinarse a proyectos para atender situaciones que tengan un impacto negativo en actividades productivas o proyectos que tiendan a prevenir o mitigar los efectos causados por emergencias que afecten a la población.3
Por lo que se indica que la aplicación y ejercicio de estos recursos no estará sujeta a cubrir los requisitos de elegibilidad, criterios de cobertura, porcentaje para jornales y materiales, número máximo de jornales por día, número de jornales por ejercicio fiscal, ni ser un proyecto tipo del numeral 3.5.1 a). Se mantiene, para las personas el tener al menos 16 años de edad.
Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se estableció un monto de 190 millones 800 mil pesos para el PET, de los cuales con información de la Secretaría de Desarrollo Social,4 hasta el 2 de octubre del año en curso se han entregado apoyos por 27 millones 521 mil 270 pesos en tan sólo seis de los quince estados contemplados en el PETI para la atención de las emergencias causadas por Ingrid y Manuel; en donde para Guerrero se tiene registro de la entrega de apoyos por 16 millones 947 mil 940 pesos de los 66 millones 161 mil 780 pesos programados para la entidad.
Sin embargo, en el desagregado del PETI aplicado en los municipios del estado de Guerrero se indica que para Acapulco se han entregado apoyos por once millones 510 mil 400 pesos, para la zona centro cuatro millones 560 mil 360 pesos; seis millones 285 mil 440 pesos para la costa grande mientras que para la costa chica se tiene registro de cero pesos como el monto de recursos en apoyos entregados.5
Cabe hacer mención que el pasado día 3 del presente mes, la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados presentó un acuerdo relativo a los desastres naturales ocasionados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid, en el cual se exhortó:
1. Al Titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a las dependencias correspondientes a su cargo, la flexibilización de las reglas de operación, de todos los programas federales en los estados siniestrados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid con especial atención al Fondo Regional (Fonregion) y el Fondo para la Atención de Desastres Naturales (Fonden) así como la inmediata activación de los recursos del Programa de Empleo Temporal considerado en los presupuestos sectoriales aprobados para el ejercicio 2013.
2. Al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a la atención del desastre natural emitiendo lineamientos de gasto y haciendo público el monto entregado a cada unidad responsable de gasto.
3. Al Titular de la Comisión Nacional del Agua a garantizar la seguridad hídrica de los habitantes de las entidades y municipios afectados realizando aquellas obras consideradas en el Programa de Protección a Centros de Población. De igual forma, se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a liberar de manera pronta y expedita los recursos del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos para la Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, en especial del Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas destinado a los productores afectados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid.
4. Al titular del Poder Ejecutivo federal y de los Poderes Ejecutivos Estatales a presentar un diagnóstico preciso y exhaustivo de los daños causados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid en el territorio a efecto que esta Soberanía pueda tener elementos para ejercer a cabalidad su facultad para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos y contemple las asignaciones y previsiones económicas para el ejercicio fiscal 2014 necesarias para las acciones de reconstrucción de infraestructura social, de comunicaciones, de servicios escolares y para la reubicación y reconstrucción de viviendas así como apoyo a la población damnificada y afectada.
No obstante lo establecido en dicho acuerdo, en pasados días, familias damnificadas por los desastres naturales, resultaron afectadas de nueva cuenta, ahora por la falta de pagos del PETI otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social; por lo que decenas de guerrerenses cerraron algunas vialidades en demanda de estos pagos.
Cabe destacar que en las Reglas de Operación del PET para el ejercicio fiscal 2013, se establece que se suspenderán los apoyos en los siguientes casos:
a) Cuando las y los beneficiarios no cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas en el numeral 3.6.2 en los incisos y de estas reglas de operación.
b) Cuando las dependencias o algún órgano de fiscalización detecte desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos y de las presentes reglas de operación, por parte de los ejecutores, esas dependencias suspenderán los apoyos a la instancia ejecutora y deberán solicitar su reintegro en apego a la normatividad aplicable.
c) Cuando las dependencias detecten incumplimiento en lo establecido en los acuerdos para la realización de obras financiadas con recursos del programa, podrán suspender la ministración de recursos en proyectos autorizados al ejecutor que corresponda respetando el derecho de audiencia de las y los afectados y aplicando, en lo conducente, los términos y disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Derivado de lo antes mencionado y reiterando que ningún tipo de programa por parte del gobierno mexicano debe estar supeditado a interés partidistas o a su mal manejo, solicitamos se haga pública la información referida a la falta de pagos del PETI y en su caso se realicen los trámites correspondientes para, en el menor tiempo posible, se reanuden los pagos del programa a las familias beneficiadas, por lo anteriormente señalado presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a actualizar y a hacer pública la información del avance nacional de la implementación del Programa de Empleo Temporal Inmediato para la atención de las emergencias causadas por Ingrid y Manuel.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reanudar, lo antes posible, los pagos de dicho programa en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos.
1 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reg las_Operacion/2013/rop_pet.pdf
2 http://www.presidencia.gob.mx/empleo-temporal-inmediato-a-familias-afec tadas-por-las-lluvias/
3 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reg las_Operacion/2013/rop_pet.pdf
4 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/PET/Cifras_ Nacionales_PET_Inmediato_3_10_2013.pdf
5 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/PET/Cifras_ Control_Guerrero_3_10_2013.pdf
La suscrita, diputada federal de Baja California, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo por que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a fin de que investiguen el origen del dinero que ingresa al patronato Zócalo 11 de Julio, con el que pretenden construir la Plaza Zócalo 11 de Julio en el predio de la plaza cívica Benito Juárez de Tijuana; y que se integre una subcomisión mixta, para que investiguen sobre la legalidad y/o viabilidad de dicha obra antes de que se construya, con base en la siguiente
En el 2010, el gobernador de Baja California, el licenciado Osuna Millán, le tomó protesta al patronato Zócalo 11 de Julio, integrado por particulares y funcionarios públicos que llevarían a cabo la construcción de una obra denominada Plaza Zócalo 11 de Julio en el parque Benito Juárez, de la ciudad de Tijuana, y declaró que la obra costaría 1200 millones de pesos, financiada en dos terceras partes por el Patronato, y que la otra tercia la aportaría el estado, solicitando 400 millones de pesos a fondo perdido.
En dicho parque pretenden construir un estacionamiento de 3 niveles, para 2700 autos; un edificio emblemático de 7 mil 350 metros cuadrados; y otro para el Instituto de Cultura de 5 mil 700 metros cuadrados; un escenario principal de 2 mil 600 metros cuadrados de áreas verdes; una explanada para 35 mil espectadores. Una interconexión peatonal a la Plaza Río (centro comercial); y a una calzada que se conectaría con el centro cultural, comercios, estación para transporte urbano; y a la catedral.
Ante la imposición del proyecto en comento, la sociedad civil recabó 100 mil firmas de tijuanenses que se oponen a la construcción de la plaza Zócalo 11 de Julio, porque destruirían en el parque público más de mil árboles; y a darles a los integrantes del Patronato, por un plazo de 30 años, la concesión de locales comerciales, pantallas electrónicas y otros espacios públicos.
Es necesario precisar que en el decreto publicado en el DOF del 14 de julio de 1978, en el artículo primero, inciso 3, se señala: Para plaza cívica, la manzana 231, con superficie de 43 mil 257.89 metros cúbicos. El ex presidente López Portillo incluyó en este decreto de donación la condicionante que se lee en el artículo tercero, que dicta: Si el gobierno del estado de Baja California le diere a los inmuebles que se le enajenan, un uso distinto al señalado en este Decreto, revertirán con todas sus mejoras y accesión a favor del gobierno federal.
A mayor abundamiento, en la carta urbana derivada del plan de desarrollo urbano del centro de población de Tijuana, formalizada por los gobiernos federal, estatal y municipal, y que se produjo de acuerdo a la Ley General del Desarrollo Urbano, publicada el 30 de noviembre de 1984, se reitera que a la plaza cívica en cuestión, se le dio el carácter de un parque urbano y por ende dicha propiedad del dominio público, no puede bajo ninguna causal: ser enajenada, embargada, hipotecada, concesionada a particulares, trastocada en su esencia, modificada en sus dimensiones originales, ni darle un uso diverso al que se le condicionó claramente en la donación presidencial.
Diversas organizaciones de profesionales, y de técnicos han intentado en vano de disuadir tanto a las autoridades como al patronato Zócalo 11 de Julio, de no quitar los árboles; ni destruir los edificios de los Institutos de Arte y Cultura estatal y municipal; ni la biblioteca, que se encuentran ubicados en el predio del parque Benito Juárez; de no construir una plancha de concreto a una altura de 8 metros del nivel de la calle, que sirva de atrio a la catedral, para 35 mil personas, que si llegasen a bailar o brincar repetidamente, podrían crear el efecto de reverbero y provocar un accidente con consecuencias lamentables.
Este tipo de proyectos en los que se tiene contemplada la construcción de áreas de esparcimiento y convivencia para la población, requieren de un proceso de planeación en el que participe la ciudadanía a través de los procedimientos adecuados para ello y de manera conjunta se tome en cuenta la opinión de los profesionales en la materia, como es el caso de los colegios de Arquitectos, de Ingenieros Civiles, de Abogados, Grupos Ambientalistas, entre otros interesados.
El reducir la participación, a las opiniones que presente un pequeño comité, en la implementación de un proyecto de infraestructura de la mayor relevancia para Tijuana, atenta directamente contra la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.
Es por ello, que para garantizar a los ciudadanos el derecho que tienen del uso y disfrute de los parques y áreas verdes, así como la conservación y protección de los mismos, por lo que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a investigar el origen de los recursos destinados a la operación del patronato Zócalo 11 de Julio, con el que pretenden construir la plaza Zócalo 11 de Julio en el predio de la plaza cívica Benito Juárez; asimismo, para investigar sobre la legalidad y viabilidad del proyecto.
El que suscribe, diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, numeral 2, fracción II y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
La violencia contra las fuerzas del orden, y la posterior represalia de éstas hacia gente inocente, violando los más elementales principios de justicia, uso proporcional y adecuado de la fuerza, así como el respeto a los derechos humanos, se ha convertido en una constante durante las manifestaciones ciudadanas en el Distrito Federal.
Esta saga de atropellos y violaciones a los derechos humanos se ha mostrado de forma significativa durante las protestas del primero de diciembre del año pasado, el 13 de septiembre del presente, y más recientemente, en la marcha conmemorativa del 2 de octubre del 68.
Durante las mismas, se han infiltrado en manifestaciones pacíficas grupos violentos que se caracterizan por destrozar la propiedad a su paso y agredir a las fuerzas del órden. Sin embargo éstas, a quienes les asistiría el derecho para repeler la agresión y aplicar la ley, se han caracterizado por actuaciones omisas, a destiempo y desproporcionadas, en las que a los violentos se les permite hacer, seguida de una reacción policiaca contra los inocentes, fabricando culpables sin importar quién la hizo, sino quién la paga.
El indigante patrón en el uso de la fuerza pública se puede describir a detalle de la siguiente manera:
Primero, la policía es agredida por un grupo de gente violenta, ajena a las manifestaciones pacíficas. Mientras se desarrollan estas acciones, las fuerzas del orden reciben las acometidas de los violentos y atestiguan sin intervenir, el comportamiento de estos. Acto seguido, cuando los agresores ya se han retirado, los cuerpos de seguridad emprenden cacerías y detienen con lujo de violencia a manifestantes pacíficos, e incluso comerciantes y peatones que nada tenían que ver con la manifestación.
En todos los casos anteriores, la inmensa mayoría de los detenidos es gente inocente, mientras que a la inmensa mayoría de los agresores se les permite escapar.
Las irregularidades no terminan ahí, ya que ante la presión de la opinión pública, los policías, ministerios públicos y jueces, no cejan en su empeño de cumplir con una cuota de personas consignadas, violando los más elementales derechos humanos y el debido proceso.
De manera incomprensible también, y a pesar de que infinidad de abusos policiacos han sido documentados en videos y fotografías, hasta el momento ninguno de las ilegalidades cometidas por la autoridad, han sido investigadas o consignadas ante un juez. Hasta donde se sabe, ni un solo policía está sujeto a proceso por sus abusos.
El saldo de la represión policiaca a las manifestaciones pacíficas en el Distrito Federal, es la falta de justicia real, y los atropellos de la fuerza pública con total impunidad, amparadas en la supuesta aplicación de un mal entendido estado de derecho.
El último capítulo de esta reprobable saga, tuvo lugar en la tradicional marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre, hace ya 45 años.
Este acto simbólico tiene como uno de sus fines repudiar cualquier acto de represión en contra del derecho a la libre manifestación de las ideas, derecho consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo sexto.
El recorrido original de la marcha, estaba trazado de la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, al Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, desde horas antes al inicio de la marcha, fue instrumentado por parte del gobierno del Distrito Federal un operativo policiaco que violentó diversas leyes.
Uno de los primeros puntos en donde se hizo evidente la presencia policiaca, fue en la estación del metro Tlatelolco, donde apostados en ambos lados de la salida, policías hacían revisión ilegal a los usuarios del sistema de transporte colectivo, que necesitaban descender por esa vía hacía sus destinos, violando el derecho de libre tránsito consagrado en el primer párrafo del artículo 11o. constitucional que a la letra dice:
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes1 .
Una vez iniciada la marcha, en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas con la calle República de Ecuador, la valla ciudadana que había acompañado y alentado a la manifestación, fue sustituida por una valla policiaca que al llegar a la esquina con avenida Hidalgo, bloqueó el libre paso de la marcha hacía su destino. Violentando una vez más el artículo onceavo de nuestra Carta Magna.
Al no permitir el acceso a la Plaza de la Constitución debido a la ubicación de un centro de acopio en la plancha central del Zócalo, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal, hacen uso político de la desgracia de miles de mexicanos para bloquear la máxima plaza del país, la cual además, fue cercada por el gobierno federal después de dispersar, mediante el uso de la fuerza, el plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se encontraban en una manifestación completamente apegada a derecho según lo estipulado en el artículo noveno de nuestra Constitución que establece lo siguiente:
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad , si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee2 .
Lo anterior, viola de manera flagrante uno más de los derechos plasmados en el mismo documento en el cual dice basar su legitimidad el gobierno federal. Además, resulta evidente que el Zócalo no es un lugar adecuado para el manejo y resguardo idóneo de víveres o artículos para los damnificados.
Una vez que la vanguardia de la marcha arribó a la glorieta del Ángel de la Independencia, un grupo de presuntos manifestantes, la mayoría con el rostro oculto, agredió violentamente a los granaderos, quienes según algunos reportes periodísticos y videos, repelieron la agresión con gases lacrimógenos, gas pimienta, piedras y balas de goma.
Lo que revelan además de los reportes, diversos videos y fotografías, es que en una respuesta desproporcionada o equivocada a la agresión recibida, varios policías agredieron a mujeres, hombres, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a niñas y niños, que no participaban en estos hechos violentos. Varias de estas agresiones hechas por la policía, fueron tumultuarias, por la espalda, o sin provocación alguna.
Según la organización internacional Artículo 19, la cual coordinó una red de corresponsales y observadores, del total de agresiones a la prensa, 90 por ciento fue perpetrada por elementos de la policía, evidenciando así que estos cuerpos no están lo suficientemente capacitados para proteger a la ciudadanía y detener o procesar a grupos violentos3 .
Durante el monitoreo realizado por Artículo 19, a través de la red de solidaridad #RompeElMiedo, se pudieron documentar las siguientes agresiones:
 Arturo Ramos, freelance de Agencia Libre, lastimado de la nariz en calle Hidalgo. Golpeado por una piedra que salía atrás de los granaderos.
 Nicolás Tapia, de Tejemedios, le rompieron su equipo (lente de cámara).
 Alfredo Estrella, de Agencia France Press (AFP), golpeado por granaderos.
 Verónica Galicia, de La Voladora, fue detenida y sometida.
 Consuelo Pagaza, fotógrafa freelance , golpeada por granaderos.
 Quetzalli González, golpeada por granaderos.
 Nicolás Tavira, de Notimex, golpeado por granaderos.
 Javier Lira, de Notimex, golpeado por granaderos.
 Detienen a fotógrafo Alejandro Medina Guzmán, fotoperiodista de OOCHEL (ya fue liberado).
 Xilonen Pérez, de Subversiones, fue pateada en la cabeza por policías.
 Agresión por granaderos a periodista freelance José Manuel Jiménez.
 Daniel Paniagua, fue detenido en la esquina de Reforma y Bucareli.
 Dos periodistas de Milenio fueron reportados como golpeados por granaderos.
 Asistente de cámara Canal 11, golpeado.
 Lesiones a Nayeli Roldan, de Efekto TV, golpeada y destrucción de material y su celular, con el que iba grabando.
 Víctor Hugo Carlos y Quetzalcóatl Fontanot, observadores de derechos humanos del Centro Prodh, son golpeados cuando tratan de ayudar a Nayeli Roldan.
 Omar Franco Reyes, del Sol de México, hematoma en la cabeza, ceja y golpes en el tobillo. Agresión realizada en Reforma, frente al hotel Meliá, con toletes y escudos.
 Gregorio Cortés Rojas, de Agencia Prensa Internacional, y su compañero Octavio fueron golpeados y les robaron su equipo (cámaras) por los anarquistas.
 Issac López, camarógrafo de Cadena Tres, robo de equipo por anarquistas.
 Heriberto Paredes, de Subversiones, golpeado por la policía del gobierno del Distrito Federal con toletes y escudos. En la glorieta de El Caballito.
 Ricardo del Conde, documentalista de Tejemedios-EmergenciaMX. Golpeado con piedras por policía de gobierno del Distrito Federal.
 Hugo Ramírez, herido grave (manifestante).
 Estudiantes detenidos en patrulla A018 de la preparatoria 265 del estado de México: Martínez Tapia Alexis, Niorrillo Manso Braya, Ocaña de León Paula, García Silva Alberto y García Luis Alejandro.
 Estudiantes ENA (sic) detenidos: Ivan Ramírez Zamarripa, Rocío Martínez García e Hilda Tableros.
 Detenido: Jiménez Harvash, junto con maestros de la Sección 22.
Resulta grave que ciudadanos atenten contra las fuerzas del orden o contra otros ciudadanos, lo cual condenamos abiertamente, pero igualmente grave es el actuar de grupos policiacos vestidos de civil, que operaron infiltrados entre los manifestantes, cometiendo abusos y realizando detenciones violentas, grupos que con el solo hecho de su existencia, demuestran que la autoridad es la primera en violar las leyes, como la fracción VIII, del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal la cual determina que:
Artículo 45. Son obligaciones de los elementos de la policía, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, las siguientes:
VIII. Portar durante el servicio el uniforme, identificación, armamento y equipo que les sea asignado, destinándolo exclusivamente al desempeño de sus funciones4 .
Salir a protestar a las calles en contra de las decisiones del gobierno es un derecho ciudadano, pilar de la democracia, que se consiguió en parte, precisamente, gracias al movimiento de 1968, y que no podrá ser conculcado, por ambiciones autoritarias de ningún gobierno, pero en especial, de alguno emanado del mandato popular.
Nunca más en este país las fuerzas que están para velar porque se respeten las leyes y resguardar a la gente, violenten las mismas para reprimir a la ciudadanía que es a la que se deben.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Primero . Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del Distrito Federal a garantizar la libre expresión, libre manifestación de las ideas y libertad de asociación, garantías todas ellas, plasmadas en nuestra Constitución, y a no criminalizar la protesta social.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, a llevar a cabo una profunda investigación y deslinde de responsabilidades, referente a los sucesos violentos suscitados durante la marcha en conmemoración de los 45 años de la masacre del 2 de octubre de 1968.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del Distrito Federal, a investigar para sancionar conforme a derecho, al responsable o responsables, de haber permitido y/o instrumentado, que miembros de fuerzas armadas o policiacas, estén operando de manera ilegal, vestidos de civil y como infiltrados, durante las manifestaciones ciudadanas.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a sancionar conforme a derecho, a los responsables, miembros de la policía y cuerpos de granaderos, de agresiones a defensores de derechos humanos, a periodistas y ciudadanos como consta en los videos y fotos y múltiples denuncias de organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros, durante la manifestación civil pacífica del 2 de octubre de 2013.
Quinto. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del Distrito Federal a garantizar la máxima celeridad posible en las indagatorias contra los detenidos, a velar porque los procesos judiciales se lleven con apego a derecho, a liberar a la brevedad a quienes lo hayan sido de manera arbitraria, así como a atender las recomendaciones emitidas por los organismos y organizaciones de derechos humanos.
Sexto. Se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, a adoptar a la brevedad posible y de manera conjunta con los medios de comunicación, protocolos que garanticen la integridad de los trabajadores de la prensa.
3. Artículo 19, (2013) #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas. Boletín 02/10/2013 [En línea] http://articulo19.org/rompeelmiedo-documenta-violencia-durante-marchas/
Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)
El que suscribe, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
A lo largo de su historia México ha contado con múltiples acontecimientos deportivos con gran auge nacional y por supuesto magnos eventos deportivos de talla internacional, mismos a los que deportistas profesionales de todos los países han asistido y donde México, como anfitrión ha sido reconocido y congratulado por la organización y desarrollo de los mismos.
La preocupación del Estado mexicano por la organización y promoción del deporte no es nueva ya que en 1988 se integra la Comisión Nacional del Deporte (Conade) creada como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, la cual en 2003 cambia su nombre a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte convirtiéndose en un organismo desconcentrado de la administración pública federal teniendo como objetivo principal la promoción y fomento del deporte y la cultura física1 . Es a partir de este momento que la Conade sienta las bases para una mayor cultura de deporte y salud por parte de los mexicanos, fomenta el deporte como vínculo social y familiar, así como el mejor camino para una vida más sana.
Desde entonces, la Conade ha llevado su trabajo de la promoción del deporte a través de múltiples eventos de forma impecable, en los cuales han participado deportistas internacionales y de donde han surgido algunos ídolos nacionales.
Uno de los eventos más importantes fue el Maratón Náutico del río Balsas, en el estado de Guerrero, el cual se celebró por primera vez en marzo de 1970. Tuvo tal éxito que su celebración fue ininterrumpida por 40 años, hasta 2010 cuando se le denominó Maratón náutico del río Balsas Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, habiendo tenido verificativo en la bahía del puerto de Acapulco, considerada como mejor sede para tan magno evento, mismo que fue un éxito gracias a la participación de pilotos provenientes de Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos de América.2 .
Desgraciadamente, este evento deportivo no ha vuelto a realizarse, lo que ha significado un duro golpe a una de las competencias deportivas más importantes en México.
Dicha situación resulta sumamente grave, sobre todo en este momento en el que el estado de Guerrero está ávido de promoción para reactivar su actividad turística, sobre todo tras el paso de las lluvias que hace algunas semanas afectaron gravemente a la población de dicha entidad federativa.
En la región de la Tierra Caliente, donde hubo significativas afectaciones por el fenómeno antes mencionado, recuperar la realización de este maratón representaría, además de una derrama económica que se generaría por los visitantes tanto locales como extranjeros, un aliciente para los niños y jóvenes oriundos de esta zona que perdieron casi todo como consecuencia de las lluvias.
Enseñándoles así que en México se promueven toda clase de deportes, que existen las oportunidades para practicarlos, desarrollarlos y participar en las competencias que los órganos del estado tienen el deber de organizar. Más allá de una promoción turística, el deporte es una promoción de cultura y de salud, una promoción en la cual todos los niveles de gobierno se tienen que ver involucrados.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la soberanía el siguiente
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, licenciado Jesús Mena Campos, para que dentro del ámbito de sus competencias gestione la realización nuevamente del Maratón Náutico del Río Balsas.
1. http://www.conade.gob.mx/portal/?id=1959 7 de octubre de 2013 19:48 horas.
2. http://noticiasacapulco.blogspot.mx/2010/11/acapulco-sede-del-maraton-n autico-del.html#.UlNR5CRLNVY 7 de octubre de 2013 20:09 horas

References: artículo 79
 resolución 
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 artículo 119

Artículo 119
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 artículo 79
 artículo 79
 artículo 71
 artículo 79
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 artículo 2
 artículo 214
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 11

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 Artículo 19
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 artículo 45

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 Artículo 19
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