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Timestamp: 2020-02-17 14:14:36+00:00

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Costas procesales – El blog del abogado blog
13/10/2019 04/11/2019 Alberto Infante Caballero
1.- Costas y gastos procesales.
Las costas pueden ser definidas como aquella porción de los gastos procesales cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en un proceso determinado y reconocen a este proceso como causa inmediata o directa de su producción. De aquí se puede decir que las costas constituyen tan sólo una parte de los gastos procesales.
Es el artículo 241 de la LEC la norma que define los conceptos que integran los gastos y costas procesales, viniendo a coincidir estas últimas con las cantidades que no debe abonar el sujeto a quien se haya reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
1.1.1. Gastos del proceso.
Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso.
1.1.2. Costas procesales.
Se consideran costas la parte de aquéllos que se refiera al pago de los siguientes conceptos:
Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.
Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos.
Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias.
La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual.
1.2. Momento del pago de los gastos y costas del proceso.
Dispone al efecto el artículo 241.1 de la LEC que “salvo lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y cotas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo”, y en relación a ella, la práctica habitual consiste en que el poderdante haga una o sucesivas provisiones de fondos.
En todo caso, los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que finalice el proceso y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga.
2.- La condena en costas.
2.1. Los criterios de imposición de las costas.
La trascendencia de las cotas procesales radica en la posible condena en costas que el órgano judicial puede imponer a uno de los litigantes, en la sentencia o auto definitivo que ponga fin al proceso, obligándole a pagar todas las costas causadas en el proceso, tanto las propias como las de la parte contraria.
Los criterios que rigen la condena en cotas en el proceso civil se recogen en los artículos 394 a 398 de la LEC:
2.1.1. Procesos que concluyen con la desestimación de todas las pretensiones de una de las partes.
La regla general en materia de imposición de costas la constituye el principio de que se imponen las mismas a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen su no imposición.
2.1.2. Procesos que concluyen con la estimación o desestimación parcial de las pretensiones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 394.2 LEC, “si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad”. Ahora bien, este principio puede ser alterado por el tribunal sentenciador si considera que uno de los litigantes ha litigado con temeridad. Así, el artículo 394.2 de la LEC dispone que “a no ser que hubiere hecho méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad”.
2.1.3. Procesos en los que se produce el allanamiento del demandado.
A) Allanamiento del demandado antes de contestar la demanda. En el supuesto de que el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, el artículo 395 de la LEC diferencia entre una regla general y una regla excepcional.
Regla general: no procede la imposición de cotas. Con carácter general, el artículo 395 dispone que, si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición.
Regla excepcional: imposición de costas por actuación contraria a la buena fe. El tribunal sentenciador puede imponer las costas procesales al demandado que se ha allanado antes de contestar a la demanda en el supuesto que considere que el mismo se ha producido en su actuación con mala fe. La buena fe, principio reconocido en el art. 247[1] de la LEC y de obligado cumplimiento, puede ser apreciado discrecionalmente por el Tribunal, o venir tasada por causa legal como acontece el artículo 395.1 de la LEC. Así, el tribunal sentenciador impondrá las costas al demandado que se allane antes de contestar a la demanda:
Si aprecia mala fe en su conducta, razonándolo debidamente.
En todo caso, se entenderá que existe mala fe si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.
B) Allanamiento del demandado después de contestar la demanda. Si el allanamiento se produjere tras la contestación a la demanda, se aplicará por el tribunal en la sentencia las reglas del vencimiento previstas en el artículo 394.1 de la LEC.
2.1.4. Procesos que concluyen por desistimiento del demandante.
En estos supuestos, el tribunal impondrá las costas procesales al actor que desiste en función de si el demandado ha consentido o no su desistimiento. El artículo 396 de la Ley de Enjuiciamiento civil dispone que “si el proceso terminara por desistimiento del actor, que no haya de ser consentido por el demandado o demandados, no se condenará en costas al ninguno de los litigantes”.
2.1.5. Imposición de costas en la resolución del recurso de apelación interpuesto para impugnar el pronunciamiento sobre costas contenido en la sentencia de primera instancia.
Dispone el artículo 397 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “lo dispuesto en el artículo 394 será de aplicación para resolver en segunda instancia el recurso de apelación en que se impugne la condena o la falta de condena en las costas de la primera instancia”.
2.1.6. Costas en los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y casación.
Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394.
En caso de estimación total o parcial de alguno de estos recursos, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.
2.2. Importe de las costas a pagar.
2.2.1. Los límites del importe de las costas que debe abonar el condenado.
Precisa el artículo 394.3 de la LEC que, cuando se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido el pronunciamiento.
A estos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que el tribunal disponga otra cosa.
La anterior limitación no regirá para los procuradores.
2.2.2. Reglas especiales.
A) Litigante en el que el tribunal aprecia temeridad. La limitación del importe a pagar a que se acaba de referenciar (tercera parte de la cuantía del proceso), no se aplicará cuando declare la temeridad del litigante condenado en costas.
B) Condenado en costas que sea titular de asistencia jurídica gratuita: según el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “cuando el condenado en costas sea el titular de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”.
Es el artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita la norma que establece que, cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causados en su defensa y las de la parte contraria si dentro de los tres años siguientes a la terminación del juicio viniere a mejor fortuna.
C) El Ministerio Fiscal: en ningún caso se impondrán las costas al Ministerio fiscal en los procesos en que intervenga como parte.
3.- La tasación de costas.
Consiste en la liquidación de las costas, es decir, en la determinación de la cantidad exacta que el condenado ha de pagar a la parte contraria. Cada parte ha de ir abonando las costas que se causan a su instancia durante la tramitación del proceso, motivo por el que, al terminar el mismo, y obtenerse la condena en costas contra una de las partes,, la beneficiada por la resolución presentará justificación de los gastos habidos y derechos devengados a favor de los profesionales que han intervenido a su requerimiento.
3.2. Solicitud de la tasación de costas.
La tasación de cosas tiene lugar cuando el condenado al pago no las hubiera satisfecho voluntariamente. Se practica por el Letrado de la Administración de Justicia del tribunal, debiendo incluir todas las costas que comprenda la condena y resulte que han sido devengadas hasta la fecha de la tasación. Hay que distinguir los siguientes aspectos:
3.2.1. Profesionales con derecho a incluir créditos en la tasación.
Según el artículo 242.3 de la Ley de Enjuiciamiento civil, “una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas podrán presentar en la Oficina Judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido”.
3.2.2. Justificación de gastos.
La parte que pida la tasación de costas deberá presentar con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame.
Sobre este extremo, el artículo 87 del Arancel de los Procuradores de los Tribunales, obliga a estos profesionales a conservar los justificantes originales de los gastos y suplidos hechos y estarán obligados a exhibirlos al cliente, entregándole, si éste lo reclama, copia de los mismos. Conviene recordar aquí que, conforme al artículo 26.2.7º de la LEC, el procurador queda obligado a “pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de abogados y los correspondientes a peritos, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos necesarios para la presentación de recursos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono”.
3.2.3. Importes que deben minutar los profesionales una vez solicitada la tasación de costas.
En cuanto a los importes que deben minutar o facturar los profesionales para la práctica de la tasación de costas por el Letrado de la Administración de Justicia del tribunal, dispone el artículo 242.4 y 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo siguiente:
A) En relación a los procuradores: “se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos”. De conformidad con el art. 86 del Arancel de los Procuradores, en las cuentas que para hacer efectivos sus derechos formulen los procuradores, se expresarán los artículos del arancel aplicables a cada uno de los extremos.
B) En relación a los abogados, peritos y demás funcionarios no sujetos a arancel: “los abogados, peritos y demás profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel, fijarán sus honorarios, con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional”.
3.3. Práctica de la tasación de costas.
3.3.1. Funcionario encargado de realizar la tasación de costas.
Según el artículo 243 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, o, en su caso, por el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución”.
3.3.2. Facultades atribuidas al Letrado de la Administración de Justicia en la elaboración de la tasación de costas.
A) Partidas o derechos que se excluyen de la tasación de costas. No se incluirán por el Letrado de la Administración de Justicia en la tasación de costas:
Los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizados por ley.
Las partidas o minutas que no se expresen detalladamente
Las partidas de minutas que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.
Los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio.
Los derechos de los Procuradores devengados por actuaciones meramente facultativas, que hubieran podido ser practicadas en otro caso por las oficinas judiciales.
B) Reducción de la minuta del abogado y demás profesionales no sujetos a arancel. El Letrado de la Administración de justicia reducirá los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a arancel o tarifa, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declarado temeridad del litigante.
C) Inclusión en la tasación de cosas del Impuesto sobre el Valor Añadido. En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con la ley de este impuesto.
3.3.3. Traslado a las partes y aprobación de la tasación de costas.
Dispone el art. 244 de la Ley de Enjuiciamiento civil que, practicada por el Letrado de la Administración de Justicia la tasación de costas, se dará traslado de ella a las partes por plazo común de diez días.
Una vez acordado dicho traslado, no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien y como corresponda. Transcurrido el plazo conferido a las partes sin impugnar la tasación, el Letrado de la Administración de Justicia la aprobará mediante decreto.
4.- La impugnación de las costas.
4.1. Plazo de impugnación de la tasación de costas.
La impugnación de la tasación de costas practicada por el Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal se verificará en el plazo de los diez días concedido a las partes para su examen y podrá efectuarse por ambas partes procesales.
4.2. Causas de la impugnación.
De acuerdo con el artículo 245.2 de la LEC, el condenado en costas podrá impugnar la tasación por considerar las costas indebidas o excesivas. La impugnación podrá basarse en:
Que se han incluido en la tasación partidas, derechos o gastos indebidos. Por ejemplo, desembolsos no contemplados en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento civil.
En cuanto a los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo. Los honorarios de abogados y peritos se fijan libremente por cada profesional, pero con el límite-guía establecido por los Colegios Profesionales.
Sin embargo, también la parte favorecida por la condena podrá impugnar la tasación en estos casos:
Por no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados.
Por no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel.
No haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador.
4.3. Contenido del escrito de impugnación.
En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. De no efectuarse la mención, el Letrado de la Administración de Justicia inadmitirá la impugnación a trámite.
4.4. Tramitación y decisión de la impugnación.
Distingue la LEC las diferentes formas de tramitar la impugnación en atención a cuál haya sido la causa de la misma, estableciendo la siguiente limitación: cuando una de las partes sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, no se discutirá ni resolverá en el incidente de tasación cuestión alguna relativa a la obligación de al Administración de asumir el pago de cantidades reclamadas por aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
4.4.1. Impugnación por considerar excesivos los honorarios de abogados o de otros profesionales.
A) Audiencia al profesional y Colegio al que pertenezca. Conforme al artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los abogados, se oirá en el plazo de cinco días al abogado de que se trate, y, si no aceptara la reducción, se pasará testimonio de los autos, o de parte de ellos, al Colegio de Abogados para que emita informe.
Idéntica regla se aplicará respecto a la impugnación de honorarios de peritos, pidiéndose el dictamen del Colegio, Asociación o Corporación profesional al que pertenezcan.
B) Resolución de la impugnación. El Letrado de la Administración de Justicia, a la vista de lo actuado y de los dictámenes, dictará decreto manteniendo la tasación o introducirá las modificaciones que estime oportunas. Si la impugnación fuera totalmente desestimatoria, se impondrán las cotas del incidente al impugnante. Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o perito cuyos honorarios fueran excesivos. Cabe recurso de revisión.
4.4.2. Impugnación por incluirse derechos u honorarios indebidos o por no incluirse los gastos reclamados.
Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido partidas de derechos u honorarios indebidas, o por no haberse incluido en aquellas gastos debidamente justificados y reclamados, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre ello. El Letrado de la Administración de Justicia resolverá en los tres días siguientes mediante decreto. Frente a esta resolución cabrá recurso directo de revisión, y contra el auto que lo resuelva, no cabe recurso alguno.
4.4.3. Impugnación de las costas por indebidas, y, en su defecto, por excesivas.
Constituye esta modalidad la más frecuente en la práctica forense, y, respecto a la misma, el artículo 246.5 de la LEC dispone que, cuando se alegue que alguna partida de honorarios incluida en la tasación es indebida que, en caso de no serlo, sería excesiva, se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas, pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos quedará en suspenso.
5.- Los intereses y su liquidación.
Cuando la obligación reclamada por el actor consista en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, según dispone el artículo 1.108 del Código civil, la indemnización de daños y perjuicios consistirá en el pago de los intereses convenidos.
Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio en este punto, pero desde que se dicta en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero, incrementado en dos puntos.
En consonancia con esto, el artículo 575 de la LEC, al disponer la cantidad del despacho de ejecución, dispone que ésta no sólo alcanza a la reclamada en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios, sino también otra cantidad que se prevea para hacer frente a los intereses que puedan devengarse durante la ejecución.
Pues bien, al igual que las costas han de ser tasadas, los intereses deben ser liquidados. Sin embargo, la LEC, no establece una clara regulación sobre el cauce a seguir, resultando doctrinalmente discutida la cuestión de si el cauce a seguir es el establecido para la tasación de costas, o es el establecido en los artículos 712 y siguientes.
Este segundo punto parece más acertado, por la naturaleza de intereses moratorios del artículo 1.108 del Código civil. En el aso en que solicite su determinación judicial, se presentará una relación detallada de ellos, con su valoración.
Del escrito y de la relación se dará traslado por el Letrado de la Administración de Justicia (en adelante LAJ) a quien hubiere de abonar los daños y perjuicios, para que, en el plazo de diez días, conteste lo que estime conveniente.
Si el deudor se conforma, el LAJ aprobará la relación mediante decreto y se procederá a hacerlo efectivo conforme a los artículos 571 y siguientes LEC.
Si se opone a la petición del autor, se sustanciará la liquidación por los trámites del juicio verbal, tras la presentación de escrito de impugnación de la oposición, resolviendo del escrito de impugnación de la oposición.
6.- La tasa judicial.
Las tasas son tributos cuyo hecho imponible lo constituye la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo.
En el ámbito de la Administración de Justicia, la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, había suprimido en todo tipo de procesos, las tasas judiciales y las que se devengaban por actuaciones del Registro Civil y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a que estaban sometidas las resoluciones judiciales, los laudos arbitrales, los escritos d ellos interesados relacionados con ellas, así como las diligencias y actuaciones que se practicaban.
La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su Disposición Adicional 4ª, vino a crear una tasa por la obtención de copias simples de documentos e instrumentos que consten en los autos y que sean solicitados por las partes en el proceso.
Con posterioridad, el 1 de abril de 2003 entró en vigor el artículo 35 de la Ley 53/2002, por la que se reinstauraban las tasas judiciales. Más tarde, dicha normativa fue modificada puntualmente por otras disposiciones, como la Ley 4/2011, de 24 de marzo, o la Ley 37/2011, de 10 de octubre.
6.2. Regulación actual.
En la actualidad, el régimen aplicable en esta materia se encuentra constituido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y ciencias Forenses.
La actual normativa amplía de forma considerable tanto los sujetos pasivos como los hechos imponibles sujetos a la tasa y fue a su vez modificada por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, como por la Ley 25/2015, de 28 de febrero.
Por último, el desarrollo reglamentario de la Ley 10/2012, en cuanto al establecimiento del procedimiento y modelos oficiales de autoliquidación de la tasa, se ha producido por ORDEN HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.
No obstante, el alcance de la normativa reguladora de esta materia quedó muy limitado a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de julio, que, estimando parcialmente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2012, de 20 de noviembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de algunos de sus preceptos.
6.3. Ámbito de aplicación.
La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo, y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas.
6.4. Hecho Imponible.
Está constituido por el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:
La interposición de demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio.
La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
La interposición contencioso-administrativo.
La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.
La interposición de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.
La oposición a la ejecución de títulos judiciales.
6.5. Sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma. A dichos efectos, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que constituye el hecho imponible, se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título.
El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal.
6.6. Exenciones.
6.6.1. Objetivas.
Están constituidas por:
La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas.
La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere los dos mil euros. No se aplicará la exención cuando en estos procedimientos la pretensión se funde en un documento con carácter de título ejecutivo.
La interposición de demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos de oposición o se suscite controversia.
6.6.2. Subjetivas.
Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:
Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
Las Cortes Generales y las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
6.7 Devengo de la Tasa.
En el orden jurisdiccional civil, se produce en los siguientes términos procesales:
Formulación del escrito de reconvención.
Presentación de la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.
Presentación de la solicitud de declaración de concurso por el acreedor y demás legitimados.
Presentación de demanda incidental en procesos concursales.
Interposición del recurso de apelación.
Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
Interposición del recurso de casación.
Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.
En el orden contencioso-administrativo, el devengo se produce en los siguientes términos:
Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.
6.8. Base imponible.
Coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.
Los procedimientos de cuantía determinada o aquellos en los que resulte imposible su determinación, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible.
En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso , para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas.
6.9. Determinación de la cuota tributaria.
Sin perjuicio de su ulterior modificación, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determine en la siguiente tabla
Verbal y cambiario Ordinario Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales Concursal necesario Apelación Casación y extraordinario por infracción procesal
150 euros 300 euros 100 euros 200 euros 200 euros 800 euros 1.200 euros
Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario, se descontará de la tasa la cantidad ya abonada.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Abreviado Ordinario Apelación Casación
200 euros 350 euros 800 euros 1.200 euros
Cuando este recurso tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable, no podrá exceder del 50% del importe de la sanción.
Suplicación Casación
500 euros 750 euros
Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:
De A Tipo Máximo variable
0 10.000 euros 0.5% 1.000.000 euros
Resto 0.25%
Nota: debe tener en cuenta el opositor que la STC 140/2016, de 21 de julio, declaró inconstitucional y nulo el gravamen variable, la cuantía de la tasa exigida en el orden contencioso-administrativo, así como la cantidad fija establecida para los distintos recursos en el orden jurisdiccional civil, contencioso-administrativo y social.
En consonancia con dicha doctrina, desde el 15 de agosto de 2016, no existe obligación de presentar el modelo de autoliquidación de la tasa respecto a las tasas declaradas nulas subsistiendo únicamente en el orden jurisdiccional civil respecto de los procesos indicados y por su cuantía.
6.10. Autoliquidación y pago.
Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria estatal.
No obstante, tendrán que presentar autoliquidación los sujetos que están exentos del pago de la tasa. El justificante de pago de tasa conforme al modelo oficial acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
En caso de que no se acompañe dicho justificante al no haberse realizado el pago u omitido su aportación, o la liquidación sea errónea, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al sujeto pasivo par que lo aporte o corrija. La ausencia de liquidación dará lugar a la preclusión del acto.
6.11. Modificaciones de la cuantía.
Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá cuando la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente.
Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, podrá solicitar éste que se rectifique la autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cota tributaria presentada en exceso.
El Letrado de la Administración de Justicia, en el plazo de 5 días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.
Se efectuará una devolución del 60% del importe de la cuota de la tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de los intereses de demora, cuando tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio. Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante.
Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos.
6.12. Gestión de la tasa.
Corresponde al Ministerio de Hacienda. Por el Ministro de Hacienda se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.
6.13. Bonificaciones.
Se establece una modificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen los medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de comunicaciones con los juzgados y tribunales.
6.14. Vinculación de la tasa.
La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio.
7. Pagos, depósitos y consignaciones judiciales. Ingresos en el Tesoro Público.
La situación histórica del régimen jurídico aplicable a los ingresos en metálico efectuados en los Juzgados y Tribunales ha sido complicada y diversa. Antiguamente, cada secretaría de los órganos judiciales disponía de una o varias cuentas abiertas en las que efectuar los ingresos correspondientes.
Para poner fin a esta situación, la Ley 19/1986, de 14 de mayo, autorizó al Gobierno para regular los pagos, depósitos y consignaciones de cantidades en metálico, de efectos o valores o de otros bienes que hayan de efectuarse en los juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional.
Posteriormente, y para dar cumplimiento a la autorización conferida al Gobierno, se publicó el Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, por el que se regulaban los pagos, depósitos y consignaciones judiciales, que supuso un avance importante:
Suprimió la recepción material de dinero en los juzgados y tribunales.
Estableció la obligatoriedad de una única entidad de crédito para prestar el servicio.
Obligó a que todos los ingresos se realizasen en una única cuenta perteneciente a cada órgano judicial.
Y fijó determinados parámetros de homogeneización.
Sin embargo, el tiempo transcurrido, la experiencia acumulada, el progreso de la tecnología, etc., hacían necesaria la elaboración de una nueva normativa que incorporase técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la actividad administrativa, garantizando con ello la rapidez, eficacia y seguridad en la prestación del servicio público.
El Real Decreto 467/2006, establece que quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en este real decreto.
7.2. Pagos, depósitos y consignaciones judiciales.
7.2.1. Normativa básica de aplicación.
A) Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que tiene por objeto la regulación de los depósitos y consignaciones judiciales en metálico.
B) Real Decreto 1273/2011, de 16 de septiembre, Real decreto 948/20165, de 23 de octubre y Real decreto 1011/2015, modificativos del R.D. 467/2006.
C) Orden JUS/1623/2007, de 4 de abril, por el que se aprueban los modelos de formularios de ingreso, de mandamientos de pago y de órdenes de transferencia.
D) Instrucción 3/2006, de 13 de junio, de la Secretaría de Estado de Justicia, sobre la gestión de Cuentas de Depósito y Consignaciones Judiciales.
7.2.2. Concepto de depósito y consignación judicial.
Tanto los depósitos como las consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores son aquellos que se constituyen a disposición de los órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de los procesos judiciales.
La necesidad de realizar un depósito o consignación judicial puede responder a diferentes motivos, como, por ejemplo:
Los ciudadanos que, siendo parte de un procedimiento judicial, deban abonar fianzas, realizar depósitos o pagar mulas impuestas por los órganos judiciales.
Cualquier ciudadano que, aún no siendo parte de un proceso judicial, quiera realizar determinados actos con relevancia procesal.
El empresario en el supuesto de despido improcedente, cuando opte por la indemnización en vez de readmitir al trabajador despedido.
El empresario en el supuesto de despido improcedente, cuando opte por la indemnización en lugar de readmitir al trabajador despedido.
Aquellas personas que adeudan una cantidad a otra, ante la negativa de ésta de recibir el pago.
Aquellas personas o entidades que reciban una orden de embargo o, en su caso, de retención y posterior puesta a disposición de cantidades por orden de un órgano judicial.
En general, cualquier persona que reciba una comunicación de poner a disposición del órgano judicial una determinada cantidad.
Depósitos judiciales:
Los que se constituyan en cumplimiento de garantías, fianzas, cauciones u oros requisitos procesales establecidos por las leyes.
Los que se realicen como consecuencia de la intervención, aprehensión o incautación de moneda, billetes de banco, cheques bancarios o valores realizables, efectuados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cualquier ingreso que se realice como consecuencia o aseguramiento del embargo de bienes, y el de cantidades que se hallaren durante la práctica de diligencias.
Consignaciones judiciales:
Aquellas que se realicen en ejecución voluntaria o forzosa de títulos ejecutables.
Las que se realicen con finalidad liberatoria por el obligado al pago de una cantidad, o en otros supuestos legales.
Los depósitos y consignaciones judiciales se realizarán mediante ingreso de cantidades de moneda nacional o divisa extranjera convertible en una “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”. Queda expresamente prohibida la utilización de cuentas distintas de las previstas.
7.2.3. Adjudicación del contrato de apertura y gestión de las Cuentas de Depósitos y consignaciones judiciales.
A) Designación de la entidad de crédito. El Ministerio de Justica designará la entidad de crédito en la que se prestará el servicio de apertura y gestión de las “Cuentas de Depósitos y Consignaciones judiciales”, previamente seleccionada de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Público (actualmente, la Ley de Contratos del Sector Público).
La STC 50/2006, de 16 de febrero, resuelve a favor del Estado la titularidad de la competencia para fijar las condiciones y contratar el servicio de gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones.
B) Forma de adjudicación del contrato: la forma de adjudicación del contrato será el de concurso que deberá tener en cuenta las mejores condiciones económicas y técnicas ofrecidas por los licitadores, así como su implantación territorial para el servicio de la Administración de Justicia.
En junio de 1989 se adjudicó inicialmente al BBVA la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones. Con posterioridad, el Ministerio de Justicia, adjudicó el contrato al Grupo Banesto. Y en la actualidad, dicho servicio lo lleva el Banco Santander.
C) Desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática para gestión de las cuentas: la entidad prestadora de los servicios bancarios deberá desarrollar, mantener y poner a disposición del Ministerio de Justicia la aplicación informática descrita.
7.2.4. Nomenclatura y autorización para disponer de los fondos.
A) Nomenclatura de las cuentas: las cuentas llevarán el nombre del órgano judicial, fiscal o del Servicio Común Procesal en cuestión, al que se añadirán la denominación “Cuenta de Depósitos y consignaciones”. Estas cuentas podrán ser multidivisas.
B) Autorización para la apertura y cancelación de las cuentas: corresponde al Ministerio de Justicia autorizar la apertura de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones, así como la cancelación y cambio de denominación.
C) Autorización para disponer de fondos:
Letrados de la AJ: el letrado de la AJ será la única persona autorizada para disponer de los fondos existentes en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones y estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la normativa legal y de las instrucciones operativas del Ministerio de Justicia. El Letrado de la AJ será la única persona para disponer de los fondos de la cuenta de su órgano judicial. Las órdenes de disposición de fondos necesitarán únicamente de la firma y sello del Letrado de la AJ.
Miembros de la Carrera fiscal: los miembros de la carrera fiscal podrán disponer de los fondos existentes en la cuenta de depósitos y consignaciones que están a disposición de las secciones de menores de las fiscalías y de las que existan en el marco de las diligencias de investigación que el Ministerio Fiscal puede tramitar.
Secretarios Relatores: están autorizados para la disposición de los fondos existentes en las Cuentas de los órganos de la Jurisdicción Militar. Las referencias que se hacen al Letrado de la AJ en el R.D. 467/2006 deben entenderse hechas al Secretario Relator.
El subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación de Archivos[2]: está autorizado para disponer de los fondos de cuentas de depósitos y consignaciones en los términos previstos en la Disposición Adicional quinta del R.D. 467/2006.
D) Cuenta General y Cuentas de expediente: la Cuenta de Depósitos y consignaciones será única en cada órgano y en ella se recogerán los nombramientos y saldos e las distintas cuentas de expedientes judiciales. Para realizar operaciones o disposición de los fondos será necesario actuar sobre una cuenta de expediente.
7.2.5. Gestión y control de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.
A) Gestión y control de informático de la cuenta: los Letrados de la AJ y demás personal autorizado gestionarán y efectuarán el control sobre la Cuenta de Depósitos y Consignaciones a través de la aplicación informática de titularidad del Ministerio de Justicia que éste determine.
Características de la aplicación informática:
Dispondrá de los mecanismos adecuados de control y seguridad, siendo las medidas de seguridad a implantar de nivel medio, pudiéndose incorporar por parte de la Entidad de Crédito Adjudicataria un nivel de seguridad mayor.
Deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia.
Corresponde al Ministerio de Justicia el establecimiento de perfiles de acceso diferentes para los funcionarios especialmente designados por el Letrado de la AJ para presar su colaboración en el uso de la misma.
Las órdenes de transferencia a cuentas judiciales se llevarán a cabo de forma electrónica y automática, mediante la aplicación informática.
El Libro de Registro de la Cuenta se obtendrá de la propia aplicación informática. El Ministerio de Justicia podrá supervisar el estado de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.
B) Gestión y control manual de la cuenta: sólo en caso de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida, se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos normalizados. Sólo las órdenes de transferencia expedidas de forma manual necesitarán de su entrega en la oficina de la entidad de crédito.
C) Suministro de información: se establecerán los procedimientos necesarios para que los órganos judiciales o, en su caso, el Servicio Común Procesal, la entidad de crédito, los depositantes o los demás interesados tengan justificación de la realización de los ingresos y de las disposiciones de fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.
La entidad de crédito en la que se preste el servicio de apertura y gestión de estas cuentas estará obligada a facilitar la información que en relación a las mismas le solicite tanto el Ministerio de Justicia como los Letrados de la Administración de Justicia.
7.2.6. Operaciones en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.
A) Recepción material y ocupación de dinero: cuando se reciba u ocupe el depósito material de moneda metálica, billetes de banco, cheques bancarios o valores realizables en las Oficinas judiciales, el Letrado de la Administración de Justicia del Órgano Judicial o del Servicio Común Procesal de que se trate, ordenará su depósito, el mismo día, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, y de no ser ello posible, en el día siguiente hábil.
B) Requisitos formales de las operaciones: tanto las operaciones de ingreso como las de disposición de los fondos de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones se podrán realizar por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de forma manual, debiéndose utilizar en este último caso los impresos normalizados oficiales de documento de ingreso, mandamiento de pago y transferencia.
Cualquier medio empleado para operar con las cuentas deberá disponer de las condiciones de seguridad afectadas.
C) Datos de las operaciones:
Operaciones de ingreso o transferencia: en todas las operaciones de ingreso o transferencia a una cuenta de depósitos y consignaciones deberán constar siempre el órgano judicial o servicio común procesal y los siguientes datos:
Nombre o razón social de quien realiza el ingreso y persona por cuenta de quien se realiza.
Número de identificación fiscal y domicilio del ordenante.
Cantidad de la operación reflejada en números o letras.
Concepto en el que se realiza la misma, y fecha de la operación.
Código completo de la cuenta expediente.
Operaciones de disposición de fondos. Deberán constar al menos los siguientes datos:
Nombre o razón social del destinatario.
Cantidad de la operación reflejada en cifras o letras.
Concepto en el que se realiza la operación.
Código completo de la cuenta expediente sobre la que se realiza la operación.
Plazo de presentación al cobro.
D) Operaciones no permitidas: no se permite la emisión de mandamientos de pago al portador, ni la realización de transferencia a cuentas no judiciales de las que no conste la identidad del de su titular. La entidad de crédito no dará curso a ninguna operación de ingreso o disposición que no reúna los requisitos antes enumerados.
E) Información a los que deban realizar un ingreso: los Letrados de la Administración de Justicia informarán a quien deba realzar un ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de los requisitos necesarios para ello, y, en todo caso, le facilitarán:
El código completo de la cuenta general y de la cuenta expediente.
La clave de la entidad de crédito y la de la sucursal en la que se encuentre abierta.
Asimismo, informarán de lo establecido en el art. 5.1 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter personal (hay que tener en cuenta que esta LO de datos de carácter personal fue derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, para todo lo relativo a la protección de personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos, hay que tener en cuenta el Reglamento UE 2016/679, de 18 de diciembre, establece en el artículo 13 lo siguiente: “Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación: a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante; b)los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; c)los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento; d)cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero; e)los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso; f)en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.
Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:
el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;
si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;
la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.
Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.
Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.
La Ley Orgánica 3/2018 completa lo establecido por el reglamento con el artículo 11, apartados 1 y 2, donde establece lo siguiente: “Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.
La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
7.2.7. Ingresos.
A) Ingresos específicos sin existencia previa de expediente judicial: los ingresos que deban realizarse sin existencia previa de un expediente judicial se efectuarán en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado Decano, o, en su caso, del Servicio Común Procesal correspondiente, en la cuenta expediente que a tal efecto se indique por el Letrado de la Administración de Justicia o demás personal de estas oficinas.
Si se tratara de ingresos previos o coetáneos a la presentación de demanda, o escrito que inicie el expediente judicial, se acompañará a estos escritos el resguardo de ingreso o justificante del mismo, para que sea reclamado por el Letrado de la Administración de Justicia al secretario del Decanato o del Servicio Común procesal correspondiente.
B) Ingresos específicos en el orden penal:
Cuando conste el órgano judicial competente: Cuando se hayan intervenido cantidades por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Vigilancia Aduanera o por cualquier otro funcionario Público en la práctica de diligencias acordadas judicialmente o que obedezca a la existencia de un procedimiento judicial previo, se ingresarán aquéllas en las cuentas de depósitos y consignaciones.
Cuando no conste el órgano competente. En este caso, se ingresarán en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado Decano o, en su caso, en la de aquel que se encuentre en funciones de guardia, dejando como referencia el número de registro de la actuación policial y el Cuerpo o policía actuante.
C) Ingresos específicos en el orden social. Los depósitos y consignaciones que se realicen sin existencia previa de un procedimiento incoado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.2 del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, se ingresarán en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado decano o en aquélla que sea facilitada.
7.2.8 Disposición de fondos.
A) Reintegro de cantidades: mandamientos de pago y transferencia a cuentas bancarias no judiciales. El reintegro de las cantidades existentes en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones a las personas y entidades correspondientes se efectuará mediante la expedición de un mandamiento de pago o mediante transferencia bancaria.
Mandamiento de pago. El reintegro de las cantidades se realizará mediante la expedición del mandamiento de pago a favor del beneficiario. El mandamiento de pago deberá ser hecho efectivo mediante su presentación al cobro por el beneficiario en la entidad de crédito adjudicatario. Los mandamientos deberán ser presentados al cobro en un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de emisión de los mismos, sin excluir los días inhábiles. Si el mandamiento hubiere caducado, el beneficiario del mismo podrá solicitar el Letrado de la Administración de Justicia la expedición de un nuevo mandamiento con igual plazo de caducidad.
Transferencia a cuentas bancarias no judiciales. El reintegro de cantidades podrá hacerse a través de transferencias a cuentas bancarias no judiciales, siendo necesario que conste suficientemente en el expediente judicial el número de cuenta cliente o número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de la misma. En aquellos supuestos en que el beneficiario del reintegro de cantidad resida en distinto municipio a aquel en que estuviere la sede del órgano emisor, el Letrado de la Administración de Justicia utilizará la transferencia a cuenta bancaria no judicial siempre que concurran los requisitos previstos en el apartado anterior.
B) Disposiciones sobre cuentas específicas.
Cuentas especiales de los Juzgados de Paz.
Los Juzgados de Paz o agrupaciones de juzgados de paz no disponen de una cuenta de depósitos y consignaciones abierta de manera individual a su nombre. El Ministerio de Justicia establecerá la operativa concreta a seguir.
Los Juzgados de Paz o agrupaciones de secretarías de Juzgados de Paz ordenarán que el importe de las multas y demás pagos que deban efectuarse a favor de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se ingrese en la cuenta especial “Juzgados de Paz. Multas”.
Los Juzgados de Paz o agrupaciones de secretarías de Juzgados de Paz realizarán la gestión de las cantidades establecidas en sentencia a través de la cuenta especial “Juzgados de Paz. Indemnizaciones y otros”.
El Ministerio de Justicia llevará un control de los ingresos y disposiciones de fondos de estas cuentas especiales a través de la aplicación informática desarrollada por la entidad de crédito.
Cuenta de Depósitos y consignaciones de las fiscalías.
En el marco de los procedimientos derivados de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, existirá una Cuenta de Depósitos y Consignaciones a disposición de las Secciones de Menores de las fiscalías. Las personas autorizadas serán indistintamente el fiscal delegado de la Jefatura de la Sección de Menores u otro fiscal de la Sección designado por el fiscal jefe.
Esa cuenta llevará el nombre de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional o de la fiscalía territorial correspondiente, adicionado con la expresión “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” y su régimen será el mismo que el previsto para la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de órganos judiciales.
Cuando el fiscal remita los efectos y piezas al juzgado al concluir el expediente, se transferirán las cantidades depositadas en la cuenta de la sección de menores a la del juzgado que deba conocer del mismo.
En el marco de las Diligencias de investigación.
En el marco de las diligencias de investigación que el Ministerio Fiscal puede tramitar, existirá una Cuenta de Depósitos y Consignaciones a disposición de las fiscalías.
Esta cuenta llevará el nombre de la fiscalía correspondiente adicionando con la denominación “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, y su régimen será el mismo que el previsto para las Cuentas de Depósitos y Consignaciones de órganos judiciales.
Cuando el fiscal concluya las diligencias de investigación mediante la presentación de denuncia o querella, transferirá las cantidades ingresadas en la cuenta de depósitos del juzgado decano, aportando posteriormente al juzgado competente para conocer de la denuncia o querella el justificante de ingreso.
Cuenta de depósitos y consignaciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos (hoy Dirección General de modernización de la Administración de Justicia, Desarrollo tecnológico y Recuperación y Gestión de Archivos).
Para la gestión y realización de efectos judiciales encomendados por las autoridades judiciales competentes a esa dirección, existirá una Cuenta de Depósitos y Consignaciones de carácter especial a disposición de ésta.
Esta cuenta llevará el nombre de la Dirección General de modernización de la Administración de Justicia, y su régimen será el previsto en el real decreto de la cuenta de depósitos y consignaciones de órganos judiciales.
Esta cuenta tendrá carácter instrumental respecto a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales con la finalidad de asegurar la trazabilidad y correspondencia de los distintos expedientes incoados en esta dirección.
Una vez satisfechos los gastos causados a la oficina en la conservación de los bienes y en el procedimiento de realización de los mismos, la parte del producto sobrante de la realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias se ingresará en la cuenta de consignaciones del juzgado o tribunal.
7.2.9. Modelos de formularios.
El Ministerio de Justicia aprobará, mediante orden, los modelos de formularios de ingresos, mandamientos de pago y órdenes de transferencia, así como de los requisitos que éstas han de reunir para su correcta recepción.
En tanto no sean aprobados los nuevos modelos de formularios, tendrán validez y podrán usarse los actualmente vigentes.
7.2.10. Depósitos y consignaciones en la Caja General de Depósitos.
Los depósitos y consignaciones judiciales que a la entrada en vigor del Real Decreto 467/2006 se encuentren en la Caja General de Depósitos se seguirán rigiendo, hasta su extinción, por lo previsto en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.
Aun cuando desde la entrada en vigor del Real Decreto 34/1988, los ingresos que han de hacerse en los órganos judiciales tienen como destino la Cuenta de Depósitos y Consignaciones judiciales, aún subsisten ingresos y depósitos efectuados en su día al amparo de la normativa entonces vigente.
7.3. Ingresos en el Tesoro Público.
7.3.1. Concepto.
Los ingresos de dinero que se efectúan al juzgado se hacen por medio de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que cada juzgado tiene asignada, donde permanecen hasta que se acuerda la entrega de dinero a su destinatario legal. Ahora bien, en determinados supuestos, el dinero obrante en la cuenta del órgano judicial no se entrega al interesado, sino que se ingresa en el Tesoro Público.
La entidad de crédito adjudicataria del servicio hará efectivo el ingreso al Tesoro Público de las cantidades de estas cuentas especiales con la periodicidad determinada en el pliego de bases del procedimiento de contratación.
El Ministerio de Justicia tendrá conocimiento de estos ingresos a través de la aplicación informática desarrollada por la entidad.
[1] Artículo 247 LEC: 1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe. 2. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. Para determinar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar. En todo caso, por el Secretario judicial se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala. 4. Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria. 5. Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
[2] Nota: en la actualidad, y de acuerdo con la organización del Ministerio de Justicia (R.D. 1044/2018, de 24 de agosto) la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos es un órgano que ha quedado suprimido, debiendo entenderse hechas las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a dicha oficina a la actual Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Archivos. Dentro de ella existe una Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes, que es el órgano al que corresponden las competencias relativas a la identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito.
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 artículo 1
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 artículo 6
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 artículo 22
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