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Timestamp: 2019-11-18 15:11:44+00:00

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Ir a la Gaceta del día Jueves 02 de octubre de 2014
Gaceta: LXII/3PPO-22/50176
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
Propone que los recursos asignados para el fondo de infraestructura social estatal se asignen entre los municipios del Estado con base en un programa estatal de infraestructura mismo que deberá precisar sus acciones mediante la presentación pública de sus metas, proyectos prioritarios, programación multianual de inversiones e indicadores de evaluación.
El que suscribe, senadorÁngel Benjamín Robles Montoya a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante ésta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a la Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente:
El pacto federal sustentado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el municipio es un nivel de gobierno y se encuentra investido de personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley.
El principio de constitucionalidad y legalidad permite que los ayuntamientos cuenten con facultades para aprobar bandos de policía y gobierno, reglamentos y demás
disposiciones administrativas; asimismo, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, previstos en el artículo 115fracción III:
h) Seguridad pública, preventiva y tránsito;
De igual forma, por mandato constitucional, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se integra de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, contribuciones y otros ingresos que las legislaturas locales establezcan a su favor.
En relación a las participaciones federales que tienen derecho a recibir, éstas serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que determinen la Federación y las Legislaturas de los Estados.
Con la creación del Ramo 33 a partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 1997, se transfirieron recursos federalizados a los Estados y municipios para la atención de responsabilidades mayoritariamente de desarrollo social.
Sin embargo, hoy en día, existe un amplio rechazo a la centralización en el manejo de los recursos hacia los municipios por parte de las entidades federativas, también es de criticarse la discrecionalidad de la que gozan los ayuntamientos en el ejercicio de la repartición del presupuesto a las agencias municipales, agencias de policías, toda vez que los municipios destinan la participación a sus localidades en términos de sus preferencias, es decir, existe una discriminación premeditada hacia las localidades que forman parte del municipio.
La clásica o tradicional fórmula usada en la Ley de Coordinación Fiscal para distribuir los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fondo 3), del Ramo 33, presenta los siguientes problemas:
Concentra los recursos en los municipios más grandes que no necesariamente son los más pobres; y,
Asigna muy pocos recursos a los municipios pequeños y pobres, lo que ocasiona que agudice la polarización de ingresos en los municipios de las entidades federativas.
A doce años de implementarse la asignación de recursos, la Federación no ha logrado abatir los rezagos en los municipios de alta marginación y elevados índices de pobreza, por lo que derivado de dichas percepciones se vuelve más recurrente plantearse las siguientes interrogantes:
¿cuáles son los resultados del ejercicio de estos recursos en el bienestar de la población en general?, ¿la distribución actual de los recursos del Ramo 33 contribuye al cumplimiento de sus objetivos?, ¿cuál es la relación entre la distribución actual de recursos y variables que miden el desarrollo social?, ¿los indicadores establecidos por las dependencias coordinadoras de cada uno de los fondos que integran el ramo permiten medir adecuadamente los resultados?
El federalismo exige elaborar instrumentos que beneficien la distribución de los recursos y las oportunidades a la población en los órdenes de gobierno, a su vez, las entidades federativas y los órganos de la Federación deben asumir colateralmente los programas y acciones para equilibrar dichos beneficios, a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y los municipios.
Dicho espíritu exige que los municipios reclamen mejores participaciones para enfrentar el rezago en infraestructura técnica y carencia social que presentan.
Es a razón de ello que acudo a la más alta Tribuna del País para proponer a esta Soberanía que terminemos con esa indiferencia de la que es parte el Gobierno Federal y las entidades federativas y porque no señalarlo, también lo son los municipios con su omisión en utilizar el presupuesto discrecionalmente, provocando que existan localidades que no perciban una partida decorosa.
Esto ocasiona que las localidades subsistan con lo necesario o incluso solo están a las dádivas del ayuntamiento y en el peor de los casos a la espera de las aportaciones de programas sociales, cualquier escenario anteriormente planteado les impide su adecuado desarrollo.
En ese orden de ideas compañeras senadoras y compañeros senadores, resulta por demás incomprensible que la Federación destine menor cantidad de recursos a los municipios más pobres que forman la plana mayor del país.
Es claro que esta situación podría revertirse con el uso de nuevas fórmulas de aplicación a nivel municipal y localidad que permitan una redistribución de los recursos de los fondos para la infraestructura social y de aportaciones; por ello, con la presente iniciativa se busca repensar la fórmula prevista en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de integrar nuevos indicadores y componentes que permitan que el total de los recursos se distribuyan entre los municipios utilizando una nueva fórmula en donde el índice municipal de pobreza, además de los rezagos asociados a cada una de las 4 necesidades básicas que actualmente utiliza para su cálculo:
1.- Población indígena;
2.- Población de localidades de menos de 500 habitantes;
3.- Población migrante;
4.- Déficit en peso y talla infantil;
Asimismo proponemos que los recursos asignados para el fondo de infraestructura social estatal se asignen entre los municipios del Estado con base en un programa estatal de infraestructura mismo que deberá precisar sus acciones mediante la presentación pública de sus metas, proyectos prioritarios, programación multianual de inversiones, indicadores de evaluación.
Esta propuesta se ve enriquecida por las conclusiones del estudio elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (convenal) titulado “El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública” que señala:
El Ramo 33 es una estrategia presupuestal de política pública que permite asignar recursos para el desarrollo social a los gobiernos locales de acuerdo con objetivos definidos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). El supuesto es que la administración de dichos recursos por parte de los gobiernos locales permite una mejor alineación con las necesidades regionales para cada tema y cada fondo del Ramo 33.
Entre los principales hallazgos de la evaluación, se encuentran los siguientes:
Es necesario que el actual diseño de las fórmulas de distribución del Ramo 33 incorpore nuevas herramientas de medición de las variables representativas de la problemática social que cada fondo pretende atender (i.e. Medición Multidimensional de la Pobreza) de manera que la distribución se realice considerando variables que midan mejor los objetivos de cada fondo.
En general, las percepciones de los funcionarios entrevistados en materia de operación, gestión y ejecución de los fondos del Ramo 33 se concentran en la falta de claridad en la normatividad que rige al Ramo, en particular los mecanismos de priorización de política pública y la ambigüedad en la definición del uso de los recursos. Cabe señalar que las opiniones varían con respecto a cada grupo de estudio o fondo al que se refieren.
El análisis de los indicadores de resultados del Ramo 33 sugiere la necesidad de replantear el diseño de los mismos en función de una mayor alineación con los objetivos para los cuales fueron creados los distintos fondos, de manera que pueda proveer información orientada a resultados de los avances de cada fondo.
Entre las principales acciones a seguir es necesario impulsar una mayor cultura de la evaluación en los órdenes estatal y municipal ya que en la gestión de los fondos no se identifica una práctica sistemática de evaluación o de análisis sobre el uso de los recursos del Ramo 33 ni de sus resultados y posible impacto; y aún más, no existe información homogénea disponible sobre el destino de estos recursos.
Finalmente es de destacar que la labor municipal se halla en un compromiso irrenunciable, la realización del bienestar colectivo y la gestión de los intereses comunes con sus pobladores, las metas torales son integrar definitivamente un
concepto de municipio que trascienda el contexto actual, me refiero a la institución que es la base de la sociedad democrática para la organización y eje principal de la actividad social.
Es por lo anteriormente expuesto, que los suscritos sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
ÚNICO.- Se adicionan los incisos e, f, g y h del artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 35.- Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:
a) Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población del Estado en similar condición;
b) Población municipal de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población del Estado en igual situación;
b) Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal sin el mismo tipo de servicio;
c) Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del Estado en igual condición;
e) Población municipal eminentemente indígena, respecto de la población del Estado;
f) Población municipal con localidades de menos de 500 habitantes;
g) Población municipal con altos índices de migración respecto del resto de la población del Estado; y,
h) Población municipal cuyos habitantes cuenten con déficit en peso y talla infantil, respecto de la población del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las legislaturas de los Estados cuentan con un plazo de 30 días para armonizar sus respectivas leyes de coordinación fiscal con el presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones a los once días del mes de septiembre de dos mil catorce.

References: artículo 35
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 33
 artículo 35

Artículo 35