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Timestamp: 2017-11-17 19:24:49+00:00

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JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL DICIEMBRE 2006 | DerechoVenezolano.Com
¿¿ suponer que el bien inmueble objeto de litigio se presume de la comunidad conyugal, no resulta suficiente para determinar, per se, la existencia de un litis consorcio activo necesario, de acuerdo a lo previsto en el mencionado artículo 168 del Código Civil, pues dicha institución procesal -litis consorcio necesario- se puede presentar según la relación que se suscite entre la parte sustancial activa o pasiva con el petitorio de la pretensión (verbigracia, una pretensión que verse sobre una enajenación o gravamen), de lo cual se determinará la existencia de un litis consorcio necesario (activo o pasivo, según el caso) para actuar en juicio, conforme a lo previsto en el citado artículo 168 del Código Civil.
¿ dicho fallo no se limitó a determinar que, por tratarse de un bien inmueble propiedad de la comunidad conyugal, se está, forzosamente, en presencia de un litis consorcio activo necesario; antes por el contrario, la Sala entró a revisar la naturaleza de la acción ejercida, de cuyos efectos pudo inferir que, no obstante constituir el objeto de litigio un inmueble propiedad de la comunidad conyugal, la acción interpuesta -reivindicación- ¿persigue la adición de ese bien a esa comunidad de gananciales¿, por lo que concluyó que ¿la situación fáctica no comprende un acto de enajenación o de gravamen -en cuyo caso sí es necesario el consentimiento de ambos cónyuges- lo cual apareja como corolario que esté excluido del régimen especial de legitimación conjunta en juicio previsto¿ en el artículo 168 del Código Civil, para finalmente declarar que el referido asunto ¿no es uno de los casos en que la legitimidad en juicio corresponde a ambos y, por esa razón, sí podía demandar uno sólo¿ (negritas y subrayado propio).
Dentro de este mismo orden de ideas y, a los fines de abordar con mayor profusión el estudio acerca de la necesidad de determinar la naturaleza de la acción ejercida para constatar la legitimación necesaria en juicio, conforme a los casos previstos en el artículo 168 del Código Civil, la Sala estima igualmente necesario, citar su decisión No. 24 del 23 de enero de 2002, caso (¿Lisbeth Hurtado Camacho¿)¿
¿ se observa que en el presente caso, no obstante que el inmueble objeto de litigio fue declarado de la comunidad conyugal, no se está en presencia de una enajenación a título gratuito u oneroso del mismo, ni de la constitución de un gravamen sobre dicho bien, requisitos éstos que, de conformidad con el artículo 168 del Código Civil, resultan indispensables para subsumir el caso de autos en aquellos en que la legitimación en juicio para las respectivas acciones corresponde a ambos cónyuges. Por el contrario, en el caso que nos ocupa, observa la Sala que la demanda ejercida, lejos de procurar la sustracción de un bien de la comunidad conyugal o constituir un gravamen sobre el mismo, implica la adición de un bien a la comunidad de gananciales¿¿.
Sentencia: N° 2191 de fecha 05 de diciembre 2006.
Asunto: Cálculo de la Corrección Monetaria.
¿¿La recurrida en casación inobservó la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, que ha establecido que la corrección monetaria debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendida como la fecha del efectivo pago, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes; y la sentencia cuya revisión se solicita en lugar de advertir dicho alejamiento lo avaló al desechar el recurso, con lo que efectivamente se inobservó no sólo interpretaciones vinculantes de esta Sala sino que también se vulneró los derechos constitucionales de la solicitante¿¿.
Sentencia: N°2227 de fecha 10 de diciembre 2006.
Asunto: Juicio Oral. Pronunciamiento sobre las excepciones opuestas.
¿¿ conforme a lo dispuesto en el Texto Penal Adjetivo Fundamental, la convocatoria a la celebración del juicio oral y público es posterior al pronunciamiento sobre las excepciones en caso de que las mismas haya sido opuestas y decididas en las oportunidades respectivas (es decir, tres días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia de conciliación, en el primer supuesto, o en el momento inmediatamente posterior a la verificación de la ausencia de conciliación, en el segundo) en otras palabras, la audiencia de juicio es ulterior, más no coetánea, al pronunciamiento sobre las excepciones, y, en fin, sólo se convocará a la audiencia de juicio cuando las excepciones no hayan prosperado.
En conclusión, esta Sala aprecia que el Código Orgánico Procesal Penal establece con suficiente precisión cuál es la oportunidad para que tenga lugar el pronunciamiento sobre las excepciones opuestas, a saber, en la audiencia de conciliación, específicamente, en el momento inmediatamente posterior a la verificación de la ausencia de conciliación, y no como lo sostuvo el a quo, quien al afirmar que aquella se circunscribe a la audiencia del juicio oral y público, y, en fin, al dictar una decisión que revela falta e ilogicidad sustancial en la motivación, contrarió palmariamente el orden procesal, los derechos a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, que le asisten al accionante, y la directriz que en ese mismo sentido impartió esta Sala en esa causa, mediante sentencia N° 1.520, del 6 de junio de 2003¿
Ahora bien, como se ha podido advertir, una de las fallas más relevantes del fallo impugnado se encuentra íntimamente vinculada al quebrantamiento de normas atributivas de competencia, toda vez que el a quo, en el contexto explanado ut supra, y sin motivación suficiente, ordenó la apertura del juicio oral y público, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal asigna tal potestad al Juez de Primera Instancia, específicamente, en el ámbito del procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte, al Juez de Primera Instancia en Función de Juicio (vid. artículos 409, 410, 412 y 413), lo cual es cónsono con principios generales del Derecho Procesal.
Sin duda alguna, tal situación, además de transgredir la legalidad procesal, lesiona los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa, a ser juzgado por sus jueces naturales, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que le asisten al accionante¿.¿.
Sentencia: N°2240 de fecha 11 de diciembre 2006.
Asunto: Designación de un Defensor Público del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, cuando la madre no demuestra interés en ejercer el derecho a la defensa del hijo en procedimientos administrativos o judiciales.
¿¿ la Sala observa que si bien se ordenó notificar de la admisión de la referida demanda al Fiscal del Ministerio Público dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 461, parágrafo tercero, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el juzgado de la causa no preservó el derecho a la defensa del niño mediante la designación de un representante judicial, específicamente de un Defensor Público del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, cuya actuación se encuentra revestida de autonomía a los fines de garantizar precisamente la defensa, protección, exigibilidad, restitución y promoción de los derechos del niño y del adolescente.
En esos casos debe el órgano jurisdiccional designar un representante al niño cuyos derechos se encuentran cuestionados, y es, a ese representante a quien corresponderá intervenir en el proceso ante la eventual contraposición suscitada entre la madre y el niño, como en efecto sucedió en el caso de autos, en el que ante la impugnación de una paternidad que ya había sido reconocida, la madre no ejerció el derecho a la defensa de su hijo, ello aun cuando obstentaba su representación, entendida dicha institución como ¿…la sustitución absoluta, en la persona y los bienes del incapaz, en la voluntad del representante legal, como la del padre sobre el hijo menor de edad o la del tutor sobre el entredicho…¿.(Humberto Cuenca, Derecho Procesal Civil, tomo I, p. 345.346)
¿ ante la conducta de la representante del niño, ha debido el juez de la causa como director del proceso, designarle un defensor que se avocara a la causa en protección de los derechos e intereses que le asisten, debiendo el defensor en el que recayera tal responsabilidad, apreciar en primer término su opinión, ello a fin de determinar por un lado el Interés Superior del Niño y, por otro, la necesidad de equilibrio entre los derechos y deberes del mismo, la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos del niño, así como la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos del niño que representa.
En el caso sub examine, en principio, la representación legal del niño recaía en su madre, la llamada a velar por sus derechos e intereses, no obstante, no es menos cierto que la ciudadana Scarlet Carolina Torres Rivas, no demostró interés alguno en ejercer el derecho a la defensa que en todo estado y grado de cualquier procedimiento administrativo o judicial, le otorga la ley al niño. Ante tal actitud y por el litis consorcio que había en el presente asunto, resulta evidente que ha debido nombrarse un representante judicial que se encargara de velar por la defensa de los derechos del niño, a lo cual se encontraba obligado el juez de la causa¿¿.
Sentencia: N°2270 de fecha 11 de diciembre 2006.
Asunto: El lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil corre paralelo al lapso para sentenciar.
¿¿evidencia esta Sala que existen innumerables criterios en relación a la posibilidad de ejercer la recusación prevista en la Ley adjetiva comentada, por lo que la decisión de autos sólo debe circunscribirse a la manera en que debe computarse la oportunidad prevista en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y, en ese sentido observa que la Sala de Casación Civil en sentencia n° 369 del 16 de noviembre de 2001, caso: Roger Galindo Trias y otro -vid. sentencia n° 413 del 8 de agosto de 2003-
¿ esta Sala reitera que el cómputo del lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, debe realizarse paralelo al lapso para sentenciar, por lo que en ningún caso dicho lapso puede contarse por separado, encontrándose cubierto éste por aquél o, por cualquier otro ordenado en el auto donde un nuevo Juez asuma el conocimiento de la causa y no sea cuestionada su capacidad objetiva a través de la incidencia estudiada. Así se decide.
Por todo lo expuesto, esta Sala patentiza el error cometido por el a quo ordinario al computar el lapso ipso iure para recusar en forma separada del lapso para sentenciar, tal y como se señaló en el cómputo realizado cursante en autos, develándose así, la extemporaneidad de la sentencia dictada el 31 de octubre de 2005, objeto del presente amparo, por lo que debió ordenarse la notificación de las partes para poder ejercer los recursos a que hubiera lugar, garantizándose su derecho a la defensa y al debido proceso¿¿.
Sentencia: N° 2325 de fecha 13 de diciembre 2006.
Asunto: La regulación material de la prestación de antigüedad de los funcionarios públicos, debe ajustarse a la Constitución, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su Reglamento; en tanto que la regulación procesal para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago debe ajustarse a la Ley del Estatuto de la Función Pública.
¿¿ estima la Sala que la regulación material de la prestación de antigüedad en cuanto derecho de los funcionarios públicos, como beneficio y las condiciones de su prestación, debe ajustarse a lo prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su Reglamento, ello por expresa remisión del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Sin embargo, en lo atinente a la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago (ex artículo 92 constitucional), la incoación de estas demandas debe ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues dicha remisión normativa se efectúa sólo en lo relativo a la regulación material de ese derecho, como así lo expresa incluso la propia ley laboral (ex Parágrafo Sexto del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo).
Ello significa que el operador jurídico deberá atender a los aspectos sustantivos de tal derecho adquirido (base de cálculo, acreditación, tasa de interés aplicable y supuestos de anticipo) en las estipulaciones que consagre el Legislador Laboral sobre la materia, a los fines de revisar la procedencia o improcedencia de aquellas pretensiones que contengan un reclamo de esta naturaleza, sin embargo, ello no comporta la ampliación de los aspectos procedimentales de la Ley Orgánica del Trabajo a los procesos que ventilen controversias surgidas de una relación de empleo público puesto que ello supondría una alteración, por parte del Juez Contencioso Administrativo, de las normas procesales especiales aplicables al proceso contencioso administrativo funcionarial -consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública-, la creación de una desigualdad procesal entre funcionarios públicos fundada en el contenido de la pretensión mas no en la naturaleza de la relación jurídica previa que subyace en este tipo de conflictos, de contenido estatutario, además de crear una situación de inseguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia ante la confrontación de la ley con los criterios jurisprudenciales adoptados sobre tal aspecto¿¿.
Sentencia: N°2399 de fecha 17 de diciembre 2006.
Asunto: Título supletorio no es prueba del derecho de propiedad.
¿¿ esta Sala, visto el escrito de solicitud de revisión, estima necesario aclararle al solicitante ciertas consideraciones sobre la valoración probatoria de los títulos supletorios. En este sentido, la Sala de Casación Civil, en fallo del 22 de julio de 1987, caso: IRMA ORTA DE GUILARTE, señaló:
¿…El título supletorio, como elemento probatorio que es, deberá estar sometido a la contradicción de prueba por la parte contraria en el juicio en el cual se pretende hacer valer; esto a fin de determinar si dicho título se pretende hacer valer ante el ¿tercero en sentido técnico¿, o sea, el tercero cuyos derechos quedaron a salvo, por imperio de la misma disposición legal.
¿Las justificaciones para perpetua memoria o Títulos Supletorios son indudablemente documentos públicos conforme a la definición legal contenida en el artículo 1.357 del Código de Procedimiento Civil; pero la fe pública que de ellos dimana se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y a la existencia de un decreto judicial. La fe pública en tales actuaciones no prejuzga sobre la veracidad o falsedad del contenido de los testimonios, los cuales pueden ser posteriormente, controvertidos en juicio contencioso…¿.
Así pues, la valoración del título supletorio está limitada a los dichos de los testigos que participaron en la conformación extra litem del justificativo de perpetua memoria y para que tenga valor probatorio, tendrá que exponerse al contradictorio, mediante la presentación de aquéllos testigos para que ratifiquen sus dichos, y de esta forma ejerza la parte contraria, el control sobre dicha prueba.
Asimismo resulta pertinente indicar que tal documental no es suficiente para probar y justificar el derecho de propiedad, es decir, no constituye un elemento de convicción suficiente sobre la propiedad de un inmueble. Dicho título a pesar de estar protocolizado, no pierde su naturaleza de extrajudicial, por lo que carece por si solo de valor probatorio en juicio¿¿.
Sentencia: N°2489 de fecha 17 de diciembre de 2006.
Asunto: Audiencia. Publicidad. Acceso de Cámaras de Televisión en las Audiencias. Discrecionalidad del Juez
¿¿aprecia la Sala que el principio general que establece el proceso penal venezolano, es la publicidad de los juicios orales.
Mediante el adjetivo ¿público¿, incorporado al derecho fundamental a un juicio con todas las garantías del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en realidad, nuestro sistema ha establecido una garantía de necesaria observancia, cual es la de que el juicio al que todo acusado tiene derecho ha de ser público, no sólo para él mismo, quien ha de poder presenciar todas las sesiones, sino también para todos los miembros de la sociedad que quieran asistir a su realización.
La publicidad como se ha dicho, no se refiere únicamente a la participación de los sujetos indispensables para la realización del juicio, sino a la posibilidad de que terceros ¿público-, se encuentren presentes durante el desarrollo de la audiencia. En definitiva, ésta ¿la publicidad- se constituye en un medio de garantía de justicia, pues no sólo sirve para constatar que los jueces cumplen eficazmente su contenido, sino también para corroborar el comportamiento y solidaridad social de los testigos y otros medios de pruebas, en sus actuaciones ante los tribunales.
Ahora bien, como se indicó ut supra el Código Orgánico Procesal Penal, no contiene ninguna disposición concreta para reglamentar el acceso de la prensa y en especial la de permitir la entrada de cámaras de televisión a los juicios orales, a los fines de ser transmitido en vivo.
Al respecto, esta Sala estima que la publicidad del juicio penal, es en sí misma, una garantía para los intervinientes y en particular para el imputado, que también se extiende al público en general. Pero, si ésta sólo se satisface a través de los medios de comunicación social puede ocurrir que la garantía devenga en un perjudicial prejuicio publicitario, que convierta dicho acto en un show mediático, con fines distintos a la justicia y a la garantía de publicidad del proceso, desviándola hacía fines políticos como podría suceder en el caso de autos.
Pero esa garantía tiene sus limitaciones establecidas en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando señala que el tribunal podrá resolver que se efectúe, total o parcialmente a puertas cerradas, cuando se vea afectado el pudor o la vida de alguna de las partes o de alguna persona citada; perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres; peligre un secreto oficial, particular, comercial e industrial o declare un menor de edad.
De lo anterior se desprende que el derecho a un juicio público no es un derecho que pueda predicarse para todas las etapas del proceso, y tampoco es un derecho absoluto, así lo ha expresado la Declaración Universal de los Derecho Humanos del 10 de diciembre de 1948, tras reconocer que toda persona acusado de un delito tiene derecho a un juicio público en el que se hayan adoptado todas las garantías necesarias para su defensa (art.11.1), al mismo tiempo proclama que los derechos de la persona están sujetos a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general (art. 29.2). En el mismo sentido se expresa el Convenio de Roma del 4 de noviembre de 1950 (art. 6), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 14.1).
La garantía de la publicidad de los juicios orales no puede ser, por lo tanto, un fin en sí mismo, sino un mecanismo funcional al cumplimiento de estas metas, el cual no es otro que el de la realización de la justicia; y debe emplearse con respeto de todas las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
La publicidad tendrá entonces ciertas restricciones, que los periodistas, los medios y sobre todo las partes deben acatar…¿.
Sentencia: N°2530 de fecha 19 de dicembre 2006.
Asunto: Los Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no le son aplicables las normas de la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino el estatuto especial dictado por el Ministerio de Interior y Justicia.
¿¿el artículo 40 del mencionado decreto con fuerza de ley, establece que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas están excluidos de la aplicación de la ley que rige la función pública, esto es, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los cuales les será aplicable el estatuto de función pública especial que a tal efecto dicte el Ministerio de Interior y Justicia, que contendrá las disposiciones relativas a su régimen de ascenso, nombramiento y remoción.
De la comentada disposición se desprende que los funcionarios que prestan sus servicios en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no les resulta aplicable la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino el estatuto especial funcionarial que dicte el Ministerio de Interior y Justicia.
¿ la Ley del Estatuto de la Función Pública, si bien establece de forma general que las relaciones de empleo público entre los funcionarios y la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, se rigen por lo en ella establecido, también dispone dos tipos de exclusiones respecto a dicho ámbito subjetivo de aplicación, a saber: una expresa, que es la contenida en el parágrafo único del artículo 1 eiusdem, que de manera taxativa señala los funcionarios a los que no les resulta aplicable la ley ¿entre los que no se señalan a los funcionarios de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado¿; y otra general, que es la contenida en el aparte único del artículo 2, conforme a la cual, mediante otras leyes, se pueden crear estatutos especiales de función pública.
Respecto a la excepción prevista en el mencionado aparte único de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se debe considerar que para que pueda dictarse un estatuto especial de función pública se requiere que las categorías de funcionarios que se someterán al estatuto especial se diferencian a tal punto de las categorías de funcionarios regidos por la prenombrada ley que surja la necesidad una normativa distinta dada la dificultad o imposibilidad de aplicar las disposiciones de dicha ley; o bien, que el órgano o ente de la Administración Pública realice actividades a un nivel de especialidad que no sea asimilable al resto de los órganos o entes de la Administración, en cuanto a las normas de empleo público a ser aplicadas.
En el caso de autos, se desprende que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas realizan una actividad muy especial, a tal punto que resultan de difícil aplicación las normas que rigen la relación de empleo público general, concretamente las disposiciones relativas al régimen de ingreso, de ascenso o promoción, de estabilidad o permanencia, de régimen disciplinario, de permisos y licencias; motivo por el cual puede considerarse que la relación de empleo público entre los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y dicho órgano es de naturaleza especial y que requiere de un estatuto especial, resultando aplicable la Ley del Estatuto de la Función Pública de manera supletoria, dado que es el estatuto general de empleo público de la Administración Pública Nacional.
De tal forma, que de la revisión de las normas transcritas y de lo antes expuesto, la Sala observa que, en el caso de autos, no existe ninguna colisión entre las leyes indicadas por la parte recurrente, por cuanto a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a tenor de lo dispuesto en el único aparte del artículo 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, no les resulta aplicable dicha ley sino el estatuto especial que, por delegación de la ley especial, esto es, el Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, deberá dictar el Ministerio de Interior y Justicia¿¿.

References: artículo 168
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 461
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 28
 artículo 92
 artículo 108
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 333
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2