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Timestamp: 2020-07-07 15:15:00+00:00

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COVID-19 Archivos - Think Up LKS
29 junio, 2020 In En portada, Legal Por Think Up - LKS
Implicaciones fiscales COVID-19 (IX)
A pesar de que el Estado de Alarma haya finalizado, vemos cómo sigue habiendo novedades fiscales en torno al COVID-19, centrándonos en este caso en las que tienen relación con el Impuesto sobre Sociedades.
En el caso de Gipuzkoa a través del Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del Covid-19.
Se flexibilizan y amplían los parámetros de la reserva especial para la nivelación de beneficios.
Se regulan las siguientes deducciones, con ciertas especialidades en algunas de ellas:
Deducción extraordinaria por inversión en microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica desarrollados por microempresas o pequeñas empresas.
Se establece la exoneración de realizar el pago fraccionado en 2020 a quienes cumplan los siguientes requisitos:
Que el volumen de operaciones correspondiente al primer semestre del año 2020 sea inferior al 25% del volumen de operaciones correspondiente al primer semestre del año 2019.
Que no se trate de sociedades patrimoniales.
Se regula una amortización acelerada extraordinaria para elementos del inmovilizado material nuevos (excluidos edificios y ciertos vehículos) adquiridos entre el 27 de mayo y el 31 de diciembre de 2020 en virtud de la cual podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 1,5 el coeficiente de amortización máximo previsto.
En Bizkaia, es el Decreto Foral Normativo 7/2020, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19 quien regula las siguientes novedades:
No resultarán obligados a realizar el pago fraccionado los contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos:
Que, en el ejercicio 2019, realicen una explotación económica y no tengan la consideración de sociedad patrimonial.
Los contribuyentes del IS que hayan aprobado sus cuentas anuales en un plazo posterior al de los 6 meses siguientes a la finalización del periodo impositivo al que correspondan, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-Ley 8/2020, y no se acojan efectivamente al plazo voluntario extraordinario de presentación de la autoliquidación del IS, la presentarán en el plazo previsto con carácter general.
Si a la finalización del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, los contribuyentes realizarán la autoliquidación con las cuentas anuales disponibles, entendiéndose por tales, en el caso de contribuyentes distintos de sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.
Una vez aprobadas las cuentas, presentarán una autoliquidación complementaria en un plazo máximo que se extiende hasta el 25 de noviembre de 2020.
Pero también las novedades introducidas en Álava a través del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se modifica el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del IS y del IRNR con establecimiento permanente que pasa a ser desde 1 de julio hasta el 25 de septiembre de 2020 para microempresas y pequeñas empresas, sociedades patrimoniales, entidades parcialmente exentas y entidades sin fines lucrativos.
En el periodo impositivo 2019 se permite la compensación de bases imponibles negativas sin limitación para las microempresas, pequeñas y medianas empresas, siempre que no consoliden fiscalmente.
Se establece la exoneración de realizar el pago fraccionado en 2020 a los contribuyentes cuyo volumen de operaciones correspondiente al primer semestre del año 2020 sea, como mínimo, un 25% inferior al volumen de operaciones del primer semestre del año 2019, siempre que no consoliden fiscalmente y no sean sociedades patrimoniales.
Deducción por adquisición de materiales de limpieza, desinfección y otros elementos para garantizar la seguridad sanitaria.
Se regula una amortización acelerada extraordinaria para elementos del inmovilizado material nuevos (excluidos edificios y ciertos vehículos) adquiridos entre el 8 de junio y el 31 de diciembre de 2020 en virtud de la cual podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 1,5 el coeficiente de amortización máximo previsto.
1 junio, 2020 In Internacionalización Por Think Up - LKS
22 mayo, 2020 In Legal Por Think Up - LKS
Asistencia COVID-19, aspectos de derecho digital
Se viene repitiendo hasta la saciedad que las nuevas tecnologías ofrecen infinidad de posibilidades y, habida cuenta de ello, desde diversas estancias se está impulsando el uso de las mismas como herramienta de ayuda para las autoridades en la gestión de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.
Seguidamente destacamos las principales iniciativas:
En fecha 8 de abril la Comisión Europea adoptó una recomendación (Recomendación (UE) 2020/518 de 8 de abril de 2020, relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19, en particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos de movilidad anonimizados), por la que propone, entre otros, un enfoque común paneuropeo para abordar el uso de las aplicaciones móviles en la lucha contra el Covid-19.
A dicha recomendación le siguió una guía elaborada por la propia Comisión y un documento (Common EU Toolbox) sobre el enfoque de la UE sobre las aplicaciones de rastreo de contactos (contact tracing), emitido por una comisión compuesta por las autoridades de los Estados miembros responsables de cuestiones relativas a la salud.
Asimismo, el citado Common EU Toolbax hace eco de otras aplicaciones que se están desarrollando tanto a nivel global, como europea:
Organización Mundial de la Salud, está trabajando en el desarrollo de una aplicación, al margen del servicio de mensajería por Whatsapp que lanzó en marzo.
Google y Apple están colaborando junto a instituciones europeas en una tecnología de contact tracing.
PEPP-PT un consorcio compuesto por diversas compañías que apoya el desarrollo de iniciativas nacionales que persiguen un enfoque de preservación de la privacidad.
Mediante la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, el Ministerio de Sanidad encomendó a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de (i) una aplicación informática, (ii) un asistente conversacional/chatbot, y (iii) una web informativa.
Si bien nos centraremos en la aplicación informática, en el siguiente link se puede acceder a la web informativa habilitada por el gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas.
La aplicación informática, bautizada bajo la denominación ASISTENCIACOVID19, (para más información sobre las funcionalidades de la aplicación consulte nuestro anterior tweet aquí) ha sido desarrollada por diversos autores y colaboradores. Tal y como lo exige la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el Convenio suscrito por la Secretaria General de Administración Digital, por delegación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con los citados autores, fue publicado mediante Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital.
Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra
Como ya hemos señalado anteriormente, sin perjuicio de la aplicación estatal ASISTENCIACOVID19, diversas comunidades autónomas han desarrollado o están en proceso de ello, entre ellas la Comunidad Foral de Navarra (CoronaTest Navarra ) y la Comunidad Autónoma del País Vasco (COVID-10.eus ), en este último caso, se ofrece incluso un servicio de chatbot. Tanto la aplicación estatal como las autonómicas se encuentran disponibles en Google Play y Appstore.
Al margen de las iniciativas aquí expuestas, las empresas están en procesos de desarrollo de sus propias aplicaciones, bien sea en colaboración con gobiernos y autoridad públicas, bien sea de manera individual y privada.
21 mayo, 2020 In Legal Por Think Up - LKS
19 mayo, 2020 In Legal Por Think Up - LKS
Implicaciones fiscales COVID-19 (VII)
En el post anterior os anticipamos que el Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19 de Bizkaia recogía, además de aspectos relevantes de cara a la Campaña del Impuesto sobre Sociedades, otras medidas de índole fiscal. A continuación os las contamos.
En relación a los Fondos europeos para el impulso de la innovación, se posibilita que el periodo máximo de carencia sea de 2 años (y no 1), para préstamos que hayan sido concedidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.
Además, se amplía a 2 años el plazo máximo desde el desembolso de la aportación por parte de sus partícipes para que los Fondos europeos para el impulso de la innovación, para el impulso de la financiación de la actividad económica y para el impulso de la capitalización productiva, destinen los fondos que capten a la concesión de préstamos, o al desembolso de las aportaciones al capital o a los fondos propios de las entidades participadas, a la adquisición de activos no corrientes y a su arrendamiento, según corresponda, cuando dicho plazo máximo venza en 2020.
En relación al concepto de vivienda habitual en el IRPF, se amplían ciertos plazos cuando los mismos venzan en el 2020:
Para la materialización de las cantidades depositadas en cuentas vivienda, pasando de 6 a 7 años el plazo para proceder a la inversión.
Para la ejecución de las obras de construcción de la vivienda o entrega de cantidades a cuenta al promotor de aquélla, pasando de 4 a 5 años.
Para la reinversión en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual con posterioridad a la adquisición de la nueva, pasando de 2 a 3 años.
En relación al Impuesto sobre Sociedades, destacamos lo vinculado a la reinversión de beneficios extraordinarios en la medida en que se concede un año adicional para materializar las reinversiones que dan derecho a no integrar las rentas obtenidas en una transmisión previa, cuando dicho plazo venza en el 2020.
Asimismo, se amplía en 6 meses el plazo de tres meses para reinvertir el importe generado por la venta de un elemento patrimonial cuya adquisición hubiese servido para consolidar el derecho a aplicar la mencionada no integración de rentas, en el supuesto de que dicha venta se hubiera realizado antes del total cumplimiento del periodo de mantenimiento obligatorio, cuando el plazo finalice entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.
En relación a la deducción por participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica del artículo 64.bis de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades en Bizkaia, se amplían los plazos existentes para poder formalizar nuevos contratos de financiación.
También se autoriza la modificación de los contratos ya suscritos para reajustar los calendarios de pagos y de gastos e inversiones, además de que se posibilita, con carácter excepcional, la subrogación de unos financiadores por otros, dentro de los nueve primeros meses del ejercicio.
En el ITPAJD, se amplía en seis meses el plazo para la presentación de la documentación justificativa de que la vivienda cumple los requisitos para ser considerada vivienda habitual de la persona adquirente.
Pero no son las únicas novedades en este Territorio Histórico, ya que el pasado 6 de mayo se publicó el Decreto Foral Normativo 4/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria COVID-19.
Si bien en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se regula la deducción incrementada por creación de empleo y la deducción extraordinaria por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas, destacamos la deducción extraordinaria de la cuota efectiva del Impuesto sobre Sociedades del período impositivo 2019 cuyas principales características os resumimos a continuación:
Es aplicable por todos los contribuyentes, con independencia de su tamaño, y su importe es de hasta el 60% de la cuota efectiva del ejercicio 2019, con carácter previo a las deducciones de las retenciones e ingresos a cuenta.
Son varios los requisitos exigidos para hacer uso de dicha deducción:
En 2019 llevar a cabo explotación económica y no ser sociedad patrimonial.
No tributar en régimen de consolidación fiscal.
Que el volumen de operaciones del primer semestre de 2020 sea como mínimo un 25% inferior al del primer semestre de 2019.
Que se haya obtenido un resultado positivo en 2019 y que el resultado contable del primer semestre de 2020 se inferior como mínimo en un 50% al del primer semestre de 2019.
Que en 2020 y 2021 no se distribuyan beneficios ni reservas, ni se acuerde la reducción de fondos propios con entrega de bienes o derecho a los socios.
Asimismo, se establecen varios destinos para el importe de la deducción extraordinaria, debiendo realizarse dentro del ejercicio 2020:
Compensación de la BIN del ejercicio 2020.
Adquisición de activos no corrientes nuevos.
Realización de actividades de I+D+i.
Realización de inversiones en microempresas, pequeñas o medianas empresas.
Por último, nos parece interesante mencionar que en el ámbito del IRPF se regulan las siguientes deducciones:
Deducción por obras de renovación de la vivienda habitual.
Implicaciones fiscales Covid-19 (VI)
Tras las “vacaciones” de Semana Santa y con la Campaña del IRPF empezada o a punto de empezar, los contribuyentes y quienes nos dedicamos al mundo de la fiscalidad teníamos la mira puesta en la Campaña del Impuesto sobre Sociedades. Y no ha tardado en hacerse notar.
Gipuzkoa informó ayer en su web que dada la situación excepcional creada por el COVID19, se prevé establecer diferentes períodos para las entidades obligadas a presentar el Impuesto sobre Sociedades:
Para las micro, pequeñas y medianas empresas, entidades parcialmente exentas, entidades acogidas a la Norma Foral 3/2004 y las sociedades patrimoniales, se establece un plazo de presentación desde el 1 al 25 de septiembre de 2020, siendo el plazo para el ingreso el 26 de septiembre de 2020. Todo ello sin perjuicio de que estas entidades puedan optar por presentar su declaración en el plazo que se indica en el punto siguiente, en cuyo caso la fecha para el ingreso será el 27 de julio.
Mientras que Bizkaia lo ha hecho de forma algo diferente mediante la publicación del Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19 en virtud del cual se amplía el período voluntario de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para las microempresas y para las pequeñas empresas que aprueben sus cuentas anuales en un plazo posterior a los 6 meses siguientes a la finalización del período impositivo, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, hasta el día 25 del mes siguiente a aquél en el que aprueben sus cuentas.
Dicho Decreto Foral Normativo 3/2020 recoge más medidas de índole fiscal que esperemos sean de vuestro interés en el próximo post. Quizá para entonces también tengamos novedades de Álava.
27 abril, 2020 In Legal Por Think Up - LKS
Las Juntas y Asambleas de 2020 con el Covid-19. Las Cuentas Anuales bajo la visión legal y de auditoría
El confinamiento y la necesidad de distancia entre las personas, han llevado a posponer en muchos casos la celebración de Juntas y Asambleas Generales de empresas y organizaciones de todo tipo que cuentan con un alto número de socios y socias con derecho de participación y voto.
Se han publicado además distintas normativas en relación a cómo deben celebrarse las Juntas y Asambleas Generales con todas las garantías legales.
Ante esa situación surgen dudas en cuanto a la fecha de realización y la forma de su celebración, ¿antes del verano o después? ¿presencial, virtual, o mixto? ¿Validez de los acuerdos? ¿Estamos cumpliendo con las obligaciones ante los Registros y los estándares de diligencia como administradores?
Dentro de las Juntas y Asambleas anuales sin duda un aspecto destacable es el de las cuentas anuales. ¿Cuáles son las fechas límites para formular, aprobar, auditar y depositar las cuentas? ¿Si formulo ahora las cuentas me condiciona la fecha límite para celebrar la Junta/Asamblea? ¿Cómo nos van a afectar los hechos posteriores al cierre en el informe de auditoría?
Para aclarar estas dudas y otras muchas os convocamos al próximo webinar del día 30 de abril a las 12:00 horas.
Contaremos como ponentes a:
Jon Lacunza: Socio Director del área Societaria de LKS Next LEGAL
Pedro Maria Jauregui: Socio de LKS AUDITORES
21 abril, 2020 In Legal Por Think Up - LKS
Compatibilidad entre las indemnizaciones en contratos del sector público con motivo de la suspensión de la actividad y los ERTE derivados de dicha suspensión
Dada la prolija actividad normativa de los últimos tiempos como consecuencia del COVID-19, desde LKS Next Legal queremos aclarar uno de los aspectos más controvertidos de las normas aprobadas estas semanas atrás, y más concretamente la aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y la compatibilidad entre las indemnizaciones en materia de contratos del sector público con motivo de la suspensión de la actividad y las medidas por posibles expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de dicha suspensión.
El Real Decreto-ley 8/2020 contempla en su artículo 34 las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19, previendo el derecho de los contratistas a percibir de los órganos de contratación, y a modo de indemnización, los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato y durante el período de suspensión, que incluirán asimismo las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta previsión se realiza con respecto a los contratos de prestación de servicios y suministros de prestación sucesiva, y en los contratos públicos de obras, siempre que se haya producido la suspensión del contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo.
Por otra parte la incertidumbre generada por la pandemia y los efectos directos e indirectos en la coyuntura económica ha propiciado que se haya generalizado la solicitud de ERTEs, que si bien permiten a las empresas una mayor flexibilidad laboral para capear las consecuencias derivadas del COVID-19, suponen asimismo un esfuerzo de carácter económico también para los empleados o los socios-trabajadores de las mismas, dado que ven deducido su sueldo, les afecta a la prestación por desempleo, etcétera.
Las conclusiones que LKS Next Legal ha alcanzado en relación a la compatibilidad de ambas medidas, y que posteriormente se han visto refrendadas por diversas resoluciones de órganos con competencia en la resolución de los expedientes de ERTE como por ejemplo la a Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, es que las empresas contratistas del Sector Público que pretendiesen hacer uso de los ERTE, y cuando afecte al personal adscrito a la prestación de ese servicio, suministro u obra, habrán de actuar instando los mecanismos indemnizatorios previstos en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, puesto que esta norma de carácter especial contempla un régimen ampliado de indemnizaciones respecto a los ERTE y que incluye, entre otros, los gastos salariales que deberán ser abonados por la entidad adjudicadora del contrato, incluyendo la Seguridad Social.
Ha de considerarse asimismo que el hecho de que sea otorgado el ERTE –incluso con la poco habitual del silencio positivo por el transcurso de 5 días naturales desde la presentación de la solicitud- no obsta para que la concesión de la prestación a empresas con contratos con el Sector Público no pueda resultar posteriormente revisada en base a la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, que establece un régimen sancionador y de reintegro de prestaciones indebidas cuando la conducta de la empresa consista en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. Paralelamente cabría la apertura de expedientes sancionadores.
Por lo tanto, en los casos de empresas que cuentes con contratos con el Sector Público se recomienda que de forma previa a iniciar el procedimiento de solicitud de un ERTE se analice pormenorizadamente la posibilidad de que su caso esté amparado por el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19.

References: in fine
 Resolución 
 artículo 64
 artículo 40
 Real Decreto 
 artículo 34
 resolución 
 artículo 34
 artículo 34
 Real Decreto