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Timestamp: 2017-02-24 12:36:47+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSantiago, nueve de mayo de dos mil doce.Vistos y considerando: PRIMERO: Que a fojas 17 y siguientes doña MARIA SOLEDAD ARELLANO SCHMIDT, economista, Subsecretaria de Planificación, conforme al artículo 24 de la Ley N° 18575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, domiciliada en Ahumada N° 48, comuna de Santiago, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, interpone reclamo de ilegalidad contra la decisión de amparo Rol C 794-11 dictada por el Consejo para la Transparencia, Corporación de Derecho Público, representada por su Director General don Raúl Ferrada Carrasco, domiciliados ambos en Morandé 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, solicitando se deje sin efecto dicho pronunciamiento, dando por cumplida la solicitud de acceso a la información, que motivó el reclamo por el que se recurre; en los hechos expone que por carta de 5 de mayo de 2011 se ingresó a la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región de Aysén requerimiento conforme, a la Ley N° 20.285, a la que se asignó el N° AI001C-0000091, solicitando copia de todos los antecedentes vinculados con el Of. Pronunciamiento N° 260-2011 de 25/04/2011 del servicio relativo a Evaluación Técnica DEL Proyecto Hidroeléctrico Aysén, en especial, informes y preinformes de profesionales y técnicos evaluadores, citaciones a reuniones y la comunicación formal con el nivel superior en Santiago relacionado con la materia (si procede), las minutas, los memorando, los oficios y las cartas, además de todos los antecedentes necesarios para la elaboración del pronunciamiento oficial del servicio, dando respuesta a tal requerimiento por ORD. N° 406 de 16 de junio de 2011, entregando disco compacto, con todos los antecedentes vinculados a la elaboración del pronunciamiento del servicio, en virtud de la evaluación técnica del Proyecto Hidroeléctrico Aysén, detallándolos luego; se agrega que no se entregaron los correos electrónicos solicitados; con fecha 24 de junio de 2011 don Patricio Segura Ortiz dedujo amparo de su derecho de acceso a la información Rol C 794-11, fundado en una entrega parcial, por no acompañar los correos
electrónicos vinculados a la tramitación del proyecto, citaciones a reuniones, pre informes técnicos y otros documentos, una vez que acompañó al Consejo para la Transparencia copia de la información proporcionada, este organismo admitió a tramitación el amparo, trasladándolo a la Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región de Aysén, la que por oficio N° 508 de 21 de julio de 2011 formula sus descargos, señalando que sólo existen correos electrónicos sobre la materia con don Hernaldo Saldivia Pérez, que se desempeña como Analista de Inversiones de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de Aysén, no existiendo los demás antecedentes requeridos; agrega que por Oficio N° 2671 de fecha 14 de octubre de 2011 que le es notificada el 20 de octubre del mismo año, se requiere a la Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región de Aysén, la entrega de los correos electrónicos a que se refirió en los descargos, como los documentos adjuntos a ellos; luego señala los fundamentos de derecho para negar la solicitud de acceso a los correos electrónicos : a saber la prevalencia de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 4 y 5 de la Carta Fundamental, que asegura el respeto y protección a la vida privada, dada la especificidad de las comunicaciones privadas y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; luego señala opiniones doctrinarias y decisiones jurisdiccionales que señalan que las comunicaciones privadas se trata de comunicaciones restringidas entre dos o más personas, por lo que no están destinadas al dominio público, siendo los correos electrónicos una forma de comunicación privada que debe ser protegida; señala luego que la divulgación de los correos electrónicos requeridos por don Patricio Segura Ortiz vulnera no sólo una razonable expectativa de privacidad con que el derecho protege este tipo de comunicaciones, sino que también la confianza que los usuarios depositan en tal instrumento como instancia de comunicación, no susceptible de publicidadde los más variados asuntos del ejercicio de su cargo; seguidamente señala casos en que se autoriza el requerimiento de este tipo de comunicaciones, afirmando que la Ley N° 20285 no cumple tales estándares; no autoriza la vulneración de la garantía del artículo 19 N° 5 de la Constitución, por cuanto en dicho cuerpo legal no existe una determinación precisa de cuando sería o
no admisible la limitación de un derecho fundamental como aquel que protege las comunicaciones vía correos electrónicos; no desarrolla los casos en que debieran publicarse, ni el procedimiento de su publicación a fin de resguardar la intimidad y la vida privada de los funcionarios, encontrándose sólo un llamado genérico a la transparencia de la función pública, actos, resoluciones, procedimientos y demás información elaborada con presupuesto público en su artículo 5°, que además de reconocer entre sus excepciones la protección de la esfera de la vida privada, no alcanza los grados de especificidad y determinación que se exigen para publicar correos electrónicos; luego hace referencia a que no toda la información que obra en poder de la Administración del Estado tiene el carácter de pública, y así ocurre con los correos electrónicos que no tienen la naturaleza de acto o resolución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 °, letra a) del Decreto Supremo N° 13 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 3° de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que define lo que debe entenderse como acto administrativo; que tampoco los correos electrónicos constituyen fundamentos o documentos que sirvan de sustento o complemento directo o esencial a un acto o resolución, antecedentes que sí se entregaron conforme a la normativa de la Ley de Transparencia; por último, en subsidio estima la reclamante que puede negarse el acceso a los correos electrónicos en virtud de las causales de secreto o reserva previstas en el artículo 21 de la Ley 20.285 configurándose en el caso la causal contemplada en la letra b) del N° 1 del artículo 21 de la citada ley, previendo el N° 2 del mismo artículo que podrá denegarse toda solicitud de acceso a la información “ cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico “, señalando luego que el Ministerio de Planificación negó lugar al requerimiento de entrega de los correos electrónicos institucionales, por estimar que merecen ser objeto de protección, cualquiera su contenido, y fluir de su propia naturaleza que su utilización se enmarca dentro de la esfera privada de los funcionarios públicos usuarios de dicha herramienta, que cuentan con clave de acceso, e incluso
podrían contener datos personales de carácter sensible, y en consecuencia se encuentran amparados por los preceptos contenidos en los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental. SEGUNDO: Que, a fojas 87 y siguientes don Raúl Ferrada Carrasco, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia informa solicitando el rechazo del reclamo, con costas; señala en primer término que los 7 correos electrónicos solicitados por el Consejo corresponden a aquellos que la propia Seremi de Planificación de Aysén les remitió durante la tramitación del Amparo, por lo que ninguna nueva revisión debe hacerse al interior de la institución, sino que simplemente debe hacer entrega de aquellos que ya detectó y adjuntó ante el Consejo; luego señala que a su juicio la recurrente carece de legitimación activa para recurrir, sino que los terceros titulares de los derechos supuestamente vulnerados, vale decir los dos funcionarios cuyos correos electrónicos institucionales relacionados con la “ Adenda “ N° 3 del Proyecto Hidroaysén fueron enviados al Consejo para la Transparencia durante la tramitación del amparo, careciendo en consecuencia Mideplán de titularidad para invocar la causal de secreto o reserva del artículo 21 de la ley de Transparencia, sino los propios funcionarios, quienes pudieron oponerse a la entrega de algunos de sus correos electrónicos institucionales si estimaban que su revelación pudiere afectarles, aplicando la comunicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que no hizo la Secretaría Regional Ministerial, y sin perjuicio de lo que el Consejo igualmente ponderó, al analizar los correos electrónicos remitidos por el servicio, lo que permitió determinar si se estaba en presencia de “ correos electrónicos institucionales “ o “ correos electrónicos privados “, realizando el correspondiente test de daños; cita luego fallos que reconocen sus asertos; a mayor abundamiento señala luego que demostrada la no afectación que la publicidad de los correos electrónicos institucionales pudiere provocar a los funcionarios de la Seremi, se advirtió una evidente ventaja en divulgar la información, y un “ claro interés público “ en conocer los antecedentes e insumos que se tuvieron en cuenta o se consideraron para elaborar el informe final de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación de Aysén al “ Adenda N° 3 “ del Proyecto Hidroaysén, materializada a través del Oficio N° 260 de fecha 25 de
mayo de 2011; advirtió el Consejo la evidente ventaja de la divulgación de los correos electrónicos cuya entrega se ha dispuesto, los que tratan materias netamente institucionales, de relevancia y connotación pública, que dan cuenta del ejercicio de la función pública de ciertos funcionarios, mecanismo de control social a la forma como trabajaron en la revisión y análisis del “ Adenda N° 3 “ del proyecto hidroeléctrico; así la Subsecretaría no fundamentó ni acreditó razonablemente el aparente conflicto entre el Derecho de Acceso a la Información y el derecho a la Vida Privada y a la inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas, la causal de secreto o reserva invocada extemporáneamente; luego se argumenta que en el caso no procede la invocación de los derechos a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas para impedir la revelación de información, por tratarse de información pública generada con motivo del ejercicio de funciones públicas, y lo que garantiza el artículo 19 en sus numerales 4° y 5° es la “ vida privada “ la “ inviolabilidad de las comunicaciones privadas “ de las personas, como lo sería el envío de un correo electrónico desde una cuenta privada; seguidamente se hace referencia al artículo 31 bis de la ley N° 19.300, que establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentra en poder de la Administración, conforme a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública , entendiendo por información ambiental “ toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentra en poder de la Administración y que verse sobre las cuestiones que se especifican en las letras c) a la g) de la citada disposición legal, resultando evidente que los siete correos electrónicos institucionales, son públicos por aplicación del artículo 8° de la Constitución Política de la República y de las normas de la Ley de Transparencia, y por lo dispuesto además en el artículo 31 bis de la Ley 19.300, norma especialísima que entre otras, declara pública toda información electrónica; por último se señala que la Secretaría Regional Ministerial de Planificación al responder la petición de información y durante la tramitación del amparo por negativa de acceso, no invocó las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de
Transparencia, resultando improcedente y extemporánea su alegación en sede judicial; concluye solicitando el rechazo en su totalidad el Reclamo de Ilegalidad, en primer lugar por improcedente y en subsidio por infundado, con costas. TERCERO: Que, por resolución de once de enero de dos mil once, escrita a fojas 161, se tiene por vencido el plazo para formular observaciones y descargos por el tercero interesado don Patricio Segura Ortiz. CUARTO: Que, se hace cargo en primer término la Corte respecto de la alegación formulada por la reclamada, en orden a la falta de legitimidad activa de la reclamante para recurrir de ilegalidad, circunstancia que es efectiva, en virtud de que doña María Soledad Arellano Schmidt no interviene en los 7 correos electrónicos que motivan la reclamación; en efecto, el examen de dichos correos que se tienen a la vista y debidamente custodiados, se advierte que en ellos participan don Hernando Gustavo Saldivia Pérez, Ingeniero de Recursos Naturales Renovables Analista de Inversiones, funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación de Aysén y doña Gioconda Navarrete Arratia, Seremi de Planificación y Coordinación, Región Aysén; en consecuencia, siendo éstos últimos quienes pudieren ver conculcados los derechos garantizados en los N° 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones de igual naturaleza, quienes están legitimados para reclamar las infracciones que se denuncian por el Ministerio de Planificación, lo que resulta bastante para desestimar este reclamación. QUINTO: Que, sin perjuicio de lo establecido en el motivo anterior, aun cuando pudiere estimarse que la reclamante, en su calidad de superior jerárquico del organismo a quien se la ha requerido los 7 correos electrónicos que intercambian sus dependientes de la Región de Aysén, tampoco puede prosperar la Reclamación, en razón de que la sola lectura de dichos correos permite concluir que sólo hacen referencia a información de carácter pública relativa al procedimiento de evaluación del proyecto hidroeléctrico en la Región de Aysén, y cuya evaluación se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y en que le corresponde intervenir en el ejercicio de sus funciones públicas que son propias a la Secretaría Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación de la Región de Aysén; no existe en dichos correos electrónicos comunicación alguna que diga relación con la vida privada de quienes los intercambian, y que sea susceptible de secreto en conformidad al artículo 21 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información pública. Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 8 y 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República; artículo 24 de la Ley N° 18.575; artículos 5, 10, 11, 16, 21, 28, 33 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia y su Reglamento, y artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, se rechaza el Reclamo de Ilegalidad deducido contra el Consejo para la Transparencia, por doña María Soledad Arellano Schmidt, en representación de la Subsecretaría de Planificación contra la Decisión de Amparo Rol 794-11 del citado Consejo, debiendo en consecuencia Mideplán entregar la información requerida, consistente en 7 correos electrónicos sostenidos entre don Hernaldo Gustavo Saldivia Pérez y doña Gioconda Navarrete Arratia, ambos funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región de Aysén, sin costas, por estimar que el reclamo está revestido de fundamento plausible. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. Redacción del Ministro suplente señor Provoste Bachmann, quien no firma, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa. N° Civil (Reclamación) 7932-2011.
Pronunciada por la Tercera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino, conformada por el Ministro (S) señor Humberto Provoste Bachmann y la Abogada Integrante señora Claudia Schmidt Hott.
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