Source: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/gpwtc.php?id=124144&name=consultas&file=look&palabra=144
Timestamp: 2013-12-06 21:55:29+00:00

Document:
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2012
Expediente:00038-2012-01-AL
En revisión la Resolución 01/2012 de 12 de enero, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Ronny Andrés Egüez García contra Edgar Carrasco Sequeiros y William Torrez Tordoya, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 11 de enero de 2012, cursante de fs. 19 a 26, el accionante expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
El 14 de enero de 2011, Mireya Velarde Menacho, formuló denuncia por el presunto delito de estupro cometido contra su hija; por lo que presentada la imputación formal, la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal en audiencia de medidas cautelares del 18 de febrero del mismo año, determinó su detención preventiva. Posteriormente, ante reiteradas solicitudes de cesación de la misma, el 2 de junio de 2011 el Juez de la causa, por Auto Interlocutorio 121/2011 dio curso a su solicitud, imponiéndole como medidas sustitutivas: a) Obligación de presentarse al Ministerio Público cada semana a objeto de colaborar con la investigación; b) Prohibición de ponerse en contacto con la víctima y la denunciante; c) Prohibición de ausentarse del departamento y del país; y, d) Arraigo y fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos).
La denunciante apeló el Auto Interlocutorio 121/2011, recurso radicado en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que por Auto de Vista 217 de 3 de octubre de 2011, determinó modificar en parte la Resolución impugnada disponiendo la fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), que fue honrada de manera “fiel”. Luego de un tiempo, con el único afán de “venganza” y de causar perjuicio, la denunciante solicitó la revocatoria de las medidas sustitutivas, amparada en una certificación emitida por la Fiscal Margoth Vargas Jordán, donde refiere que no habría firmado el libro de asistencia los días 23 y 30 de septiembre de 2011. Así, en audiencia pública de 18 de noviembre del citado año, la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal, saliendo por los fueros de la justicia y legalidad, rechazó el incidente de revocatoria de medidas sustitutivas, bajo el argumento que, si bien es cierto que el imputado no se presentó esas dos fechas a firmar el libro, su comportamiento posterior -cumpliendo la presentación semanal y concurriendo a los que fue convocado- denotaba que no existía peligro de fuga.
Ante dicha Resolución, la querellante interpuso recurso de apelación incidental y el 20 de diciembre de 2011, los Vocales de la Sala Penal Primera en interpretación literal, incongruente, “restrictiva” e ilegal resolvieron revocar el Auto de 18 de noviembre del indicado año, disponiendo orden de aprehensión en su contra, con el argumento de que el certificado médico presentado data de una fecha distinta a la que su persona no pudo firmar el libro de control de cumplimiento de la medida sustitutiva, lo que la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal no valoró, por lo tanto no estaba debidamente justificada la falta de firma en el libro; encontrándose a la fecha ilegalmente procesado y perseguido, sin posibilidad alguna de impugnar en la vía ordinaria el Auto de Vista que vulnera el derecho a la libertad y el debido proceso.
I.1.2.Derecho supuestamente vulnerados
El accionante estima vulnerados su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 23.I y III y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se “admita” la acción de libertad y se disponga dejar sin efecto legal el Auto de Vista 231 de 20 de diciembre de 2011 y la orden de aprehensión, ordenando se dicte nuevo auto de vista debidamente fundamentado, confirmando el Auto de 18 de noviembre de 2011 de la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal.
Celebrada la audiencia pública el 12 de enero de 2012, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 de obrados, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado del accionante ratificó el memorial de acción de libertad y agregó: 1) El Auto de Vista impugnado en ninguna parte hace una valoración integral de las medidas cautelares referentes al peligro de fuga, de obstaculización o la reincidencia; en consecuencia, carece de fundamentación y motivación; y, 2) El Tribunal no tomó en cuenta los presupuestos estipulados en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con relación al peligro de fuga y obstaculización.
Edgar Carrasco Sequeiros y William Torrez Tordoya, Vocales de la Sala Penal Primera, no asistieron a la audiencia ni presentaron informe alguno pese a su legal citación.
El Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2012 de 12 de enero, declaró “procedente” la tutela solicitada y en consecuencia anuló el Auto de Vista 231, dictado por la Sala Penal Primera, quedando sin efecto el mandamiento de detención preventiva, debiendo dicho Tribunal dictar una nueva resolución, en la que considere la concurrencia o no de los requisitos del art. 233 con relación a los arts. 234 y 235 del CPP, en base a los siguientes fundamentos: i) Existe abundante jurisprudencia sobre la motivación como componente del debido proceso y específicamente cuando se revocan medidas sustitutivas, habiendo el Tribunal Constitucional establecido que no basta con probar el incumplimiento de las medidas sustitutivas, sino que debe razonarse sobre la existencia de los requisitos establecidos por los artículos del Código de Procedimiento Penal antes mencionados, así -entre otras- las SSCC 0390/2005-R; 0623/2007-R y 089/2010-R; y, ii) La Sala Penal Primera, al dictar el Auto de Vista 231, revocando las medidas sustitutivas del accionante, lesionó el debido proceso en su componente del derecho a una resolución motivada, al no fundamentar los riesgos procesales y justificar la concurrencia de los requisitos del art. 233 del CPP con relación al 234 y 235 del mismo Código, lesión que está vinculada al derecho a la libertad, porque en virtud a dicha Resolución el accionante se encuentra perseguido.
1.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no haber obtenido consenso en la Sala Segunda, el proyecto de la Magistrada Relatora Dra. Mirtha Camacho Quiroga, de conformidad al art. 30.1.6 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II.1.Por Resolución dictada en audiencia de 18 de noviembre de 2011, la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal, rechazó el incidente planteado por la querellante Mireya Velarde Menacho contra Ronny Andrés Eguez García, sobre la revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 6 a 11 vta.).
II.2.El 20 de diciembre de 2011, en audiencia de apelación de medida cautelar, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 231, revocó la Resolución antes citada, disponiendo la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor de Ronny Andrés Eguez García, ordenando su detención preventiva, debiendo “dictarse el mandamiento correspondiente” (sic), con los siguientes argumentos: a) Revisado el cuaderno procesal se evidencia que en audiencia de medidas sustitutivas de 18 de noviembre de 2011, corrió el certificado extendido por la Fiscal de Materia Margoth Vargas Jordán, acreditaba que el imputado inasistió los días 23 y 30 de septiembre del dicho año a la Fiscalía a objeto de firmar el libro correspondiente; b) El certificado médico extendido por Javier Rivas da cuenta que el imputado se encontraba impedido del 27 al 30 de agosto de 2011, por encontrarse internado con diagnóstico de dengue clásico, por lo que estaba legalmente impedido de presentarse; c) La Jueza valoró indebidamente el documento, por cuanto el incumplimiento de firmar los libros correspondiente fueron los días 23 y 30 de septiembre del mismo año, “habiendo vulnerado las disposiciones del art. 124 y 173 que le exige, debe dictar un auto debidamente fundamentado con la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que basan su decisión” (sic); y, d) No se hizo una valoración integral, armónica y conjunta de las pruebas acompañadas, asignando un valor que no tiene el certificado médico, porque acredita que el impedimento fue en agosto y su inconcurrencia se suscitó en septiembre (fs. 12 a 18).
El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso; por cuanto las autoridades demandadas revocaron las medidas sustitutivas que le fueron impuestas, a través de una Resolución carente de fundamentación y motivación, en la que no se efectuó una valoración integral de los riesgos procesales de fuga y obstaculización. Por lo expuesto, corresponde analizar en revisión, si en el caso concreto se debe otorgar o denegar la tutela solicitada.
III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de libertad
La acción de libertad, está instituida por la Ley Fundamental como una acción de defensa que tiene por objeto la protección de los derechos a la libertad física, libertad de locomoción y a la vida, de toda persona, cuando considere que su vida esté en peligro, ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad personal, conforme lo establece el art. 125 de la CPE.
De acuerdo a ello, el art. 65 de la LTCP, al determinar el objeto de esta acción constitucional extraordinaria, establece que es de tramitación sumarísima con el fin de garantizar la protección de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción para su restablecimiento inmediato y efectivo, en los casos que se evidencie su restricción o supresión.
En el marco de los preceptos normativos citados, corresponde ingresar al análisis de la problemática planteada por la parte accionante, a fin de determinar si la misma procede en el ámbito de la naturaleza y alcance de esta acción tutelar y la materialización de su finalidad.
III.2.La revocatoria de las medidas sustitutivas y la imposición de otra medida cautelar
La norma contenida en el art. 247 del CPP, establece las causales de revocación de las medidas sustitutivas, disponiendo además que “La revocación dará lugar a la detención preventiva en los casos en que esta medida cautelar sea procedente”.
Por su parte, el art. 233 del mismo Código, dispone que la detención preventiva procede cuando el juzgador evidencia la concurrencia de los presupuestos contenidos en los arts. 234 y 235 del CPP, referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de autoría o participación en el hecho punible y además la existencia de peligro de fuga o de obstaculización.
De las normas procesales citadas se infiere que ante el incumplimiento de una medida sustitutiva, en efecto procede su revocatoria por el juzgador, quien para determinar la detención preventiva, deberá evaluar si la misma procede en el marco de la valoración integral de los presupuestos contenidos en el art. 233 del CPP, cuyos elementos constitutivos se encuentran desarrollados en los arts. 234 y 235 del mismo cuerpo normativo.
Al respecto, el Tribunal Constitucional asumió los siguientes entendimientos que son coincidentes con los expresados precedentemente, refiriendo: “si bien es cierto que el incumplimiento de cualquiera de las medidas sustitutivas a la detención es una causal de revocatoria de las mismas conforme lo determina el art. 247-1) CPP, no es menos cierto que cuando el juzgador como consecuencia de la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención va a imponer la medida cautelar de detención preventiva debe inexcusablemente observar la previsión de los arts. 233 y 236 CPP, caso contrario incurre en detención indebida” (SC 1204/2003-R de 25 de agosto).
Razonamiento que a su vez fue ampliado por la SC 0104/2010-R, de 10 de mayo que determina la fundamentación y motivación de la resolución que imponga la medida cautelar, señalando: “…la exigencia de que el juez o tribunal que conoce la causa, sea quien disponga la revocatoria de las mismas, pero previa verificación de existencia de uno de los supuestos establecidos en el mismo procedimiento y a través de una resolución expresa, motivada y fundamentada; ello, en razón a que si bien la autoridad judicial, ante el incumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas, está facultada para revocarlas, no es menos evidente que su decisión debe responder a una valoración objetiva sobre si concurren o no las causales para ello, exigencia que se sustenta en el equilibrio que debe existir entre la búsqueda de la eficiencia de la persecución penal y la salvaguarda de los derechos fundamentales protegidos por la Ley Fundamental, garantía que se refrenda cuando la revocatoria emanada por Resolución de autoridad competente, se encuentra además debidamente motivada; es decir, que debe existir una resolución de revocatoria expresa que de forma concisa y razonable, desarrolle las razones que llevaron al Juez o Tribunal a tomar la decisión, y de ese modo las partes procesales tengan conocimiento claro de las razones en que se fundamentó la Resolución”.
Se concluye entonces, que la revocatoria de medidas sustitutivas no implica que en forma directa y sin ninguna fundamentación y menos aún valoración de los riesgos procesales, se determine la detención preventiva, sino que al contrario, conforme lo determina el mismo art. 247 del CPP, sólo puede disponerse la detención preventiva cuando sea procedente, y para determinar su procedencia, necesariamente se tiene que efectuar una evaluación respecto a la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del citado Código y, de manera concreta, una evaluación integral de las circunstancias para determinar los riesgos procesales de fuga y obstaculización.
Es necesario también precisar, que la evaluación de los riesgos procesales citados -que en su caso determinarán la detención preventiva- tienen que reflejarse en una resolución debidamente fundamentada, que de forma inequívoca manifieste la concurrencia de los presupuestos en base a la valoración integral de los hechos y prueba presentada por las partes y que hubiesen dado la suficiente convicción en el juzgador sobre la procedencia de la detención preventiva, máxime si se considera que la fundamentación y evaluación integral, constituyen exigencias impuestas al juez por los arts. 124, 234, 235 y 236 del CPP.
En el presente caso, el accionante refiere que dentro del proceso penal seguido en su contra, en apelación, los Vocales demandados revocaron la Resolución que mantenía subsistentes las medidas sustitutivas que le habían sido impuestas, revocando las mismas y disponiendo su detención preventiva con el simple argumento de que la falta de firma de un día en el libro correspondiente, no estaba debidamente justificada.
De la revisión de los antecedentes presentados, se tiene que la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal, rechazó la solicitud de la parte querellante de revocatoria de medidas sustitutivas; determinación que, apelada, mereció el Auto de Vista 231, dictado por las autoridades ahora demandadas, quienes revocaron las medidas sustitutivas impuestas al accionante disponiendo su detención preventiva, con los siguientes argumentos: 1) De acuerdo a certificado médico, se evidenciaba que del 27 al 30 de agosto el imputado se encontraba legalmente impedido de asistir a firmar el libro, puesto que sufría de dengue clásico; y, 2) Sin embargo, el incumplimiento de firmar los libros correspondía a los días 23 y 30 de septiembre, por tanto, no se efectuó una valoración integral de las pruebas acompañadas, asignando al certificado médico un valor que no tenía, pues acreditaba que el impedimento fue en agosto, obviándose que la inconcurrencia se suscitó en septiembre.
De la relación efectuada, se evidencia que existió en efecto una lesión al derecho a la libertad del accionante y vulneración a la garantía del debido proceso, por cuanto conforme lo determina el art. 247 inc. 1) del CPP, ante el incumplimiento de las medidas sustitutivas, es evidente que el juzgador puede revocarlas, como ocurrió en el presente caso, en el que el certificado médico daría cuenta que el impedimento legal para concurrir a la Fiscalía para la firma de libro, se suscitó en agosto y no en septiembre, y por ende los dos días que faltó el accionante a la firma del libro no estaban debidamente justificados; sin embargo, es imprescindible considerar que la revocatoria de medidas sustitutivas debe estar debidamente fundamentada, es decir, que necesariamente corresponde que emane de una resolución que en forma motivada exprese las razones que llevaron al juzgador a determinar un evidente incumplimiento de las medidas impuestas, lo que conlleva a su vez a que si la revocatoria generará la detención preventiva, ésta no opera en forma automática, sino que se debe evaluar si concurren los presupuestos para dicha detención.
Al respecto, conforme se estableció en el fundamento jurídico precedente, corresponde precisar que si bien es evidente que el mismo art. 247 del CPP determina que se puede imponer la detención preventiva, siempre y cuando la misma proceda, no es menos cierto que dicha procedencia se refiere a la valoración integral de la concurrencia de los presupuestos establecidos en el art. 233 del mismo cuerpo legal, cuyos elementos constitutivos se encuentran desarrollados en los preceptos siguientes 234 y 235, situación que no se advierte se hubiese cumplido en el presente caso.
En efecto, del contenido de la Resolución emitida por los Vocales demandados, se tiene que la revocatoria de las medidas sustitutivas se produjo en razón de la inconcurrencia por dos días del accionante a la Fiscalía para firmar el libro respectivo, circunstancia que motivó además su detención preventiva, pero en forma directa y sin que las autoridades demandadas hubiesen determinado su procedencia, efectuando para ello una valoración integral de los riesgos procesales previstos por el procedimiento penal y su concurrencia y existencia en el caso concreto, actuación que se constituye en ilegal e indebida, dado que la revocatoria de medidas sustitutivas, no determina por sí sola la detención preventiva, como ocurrió en el caso en estudio, al contrario para determinar dicha medida cautelar, los Vocales demandados tenían la obligación de hacerlo mediante una resolución motivada y emitida conforme los requisitos legales que sustentaban la imposición de la detención preventiva. Máxime si se considera que la fundamentación y evaluación integral, constituyen exigencias impuestas al juzgador por los arts. 124, 234, 235 y 236 del CPP.
En consecuencia, al haber dispuestos los Vocales demandados en forma directa la detención preventiva, sin valoración alguna de la concurrencia de los riesgos procesales previstos por ley y menos aún con la fundamentación que requería el asumir esa determinación, incurrieron en actuación indebida que lesionó el derecho a la libertad y la garantía del debido proceso invocados por el accionante, por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada por falta de fundamentación y motivación de la resolución que impuso la medida cautelar.
Por lo precedentemente señalado, el Juez de garantías al haber declarado “procedente” la acción de libertad, aunque con errónea terminología, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicado debidamente los alcances de esta acción tutelar.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12. 7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: CONCEDER la tutela solicitada en los términos dispuestos por el Juez de garantías.
Se hace constar que la Magistrada Dra. Mirtha Camacho Quiroga, primera relatora, es de voto disidente.

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