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Timestamp: 2019-09-23 06:52:20+00:00

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Acuerdo y Sentencia 339/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA N° 339/10
“TOMAS CANTERO AGUILERA S/ LESION CULPOSA”.-
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de julio del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y MIGUEL OSCAR BAJAC, quien integra la Sala Penal en reemplazo del Dr. Wildo Rienzi, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “TOMAS CANTERO AGUILERA S/ LESION CULPOSA”, a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia Nº 48 de fecha 7 de Julio de 2006, dictado por el Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital.-
¿Es nula la sentencia en revisión? -
¿En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho? -
La DRA. PUCHETA DE CORREA dijo: Corresponde examinar en primer lugar la situación jurídica que posee la acción penal en el presente juicio, y hacer esto con carácter previo al análisis de la nulidad inclusive, por ser la prescripción una cuestión de orden público en primer lugar, y en segundo en razón de la inoficiosidad del estudio de las demás cuestiones de constatarse el plazo de prescripción y la procedencia de la misma.-
Es este juicio tramitado a tenor de las disposiciones de la ley de forma Ley Nº 1286/98, y en cuanto a la ley de fondo, el mismo fue llevado en su totalidad a tenor de las reglamentaciones de la Ley Nº 1160/97, nuevo Código Penal; ambas legislaciones por estar en plena vigencia, por lo que corresponde seguir con su aplicación.-
Este juicio fue iniciado por querella criminal, entablada por María Vilma Talavera de Bogado contra Tomás Cantero Aguilera, por el supuesto hecho de Lesión Culposa, Lesión y Daño; el escrito de querella indica a fojas 3 el relato de los hechos fácticos y esclarece que la fecha de dicho conjunto de hechos punibles fue el día 5 de Junio de 2003. -
De este dato trascripto, se puede dilucidar que el acusado ha realizado una acción típica en un determinado día, el 5 de Junio de 2003, y que dicha conducta finalizó el mismo día, sin determinarse producción de resultados posteriores; así, la fecha cierta que da la querella sobre la conducta y producción de los efectos de los mismos es el 5 de Junio de 2003.-
El artículo 102 inciso 2º del CP indica: “El plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible. En caso de ocurrir posteriormente un resultado que pertenezca al tipo legal, el plazo correrá desde ese momento”. En todo el juicio no se observa más denuncias sobre producción de nuevos resultados, por esto, debe ser considerado como término de la conducta punible de Tomás Cantero Aguilera el 5 de Junio de 2003.-
La conducta querellada es la descripta en el artículo 113 del CP; esta norma expresa: “El que por acción culposa causara a otro un daño en su salud, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa”. -
En sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal unipersonal de sentencias califica el hecho punible tal como la querella lo solicita, es decir, de acuerdo al tipo expresado en el artículo 113 del CP, pero declara inexistente los hechos de Lesión y Daño.-
Volviendo nuevamente al artículo 102 inciso 1º del CP, éste sigue expresando: “Los hechos punibles prescriben en: 1º quince años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de quince años o más de pena privativa de libertad; 2º tres años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea pena privativa de libertad de hasta tres años o pena de multa; 3º en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de libertad en los demás casos”.-
En este momento, se debe efectuar la subsunción de la conducta calificada (art. 113 del CP) dentro de las propuestas hechas en el artículo 102 del mismo cuerpo legal. Al respecto, la misma debe ser incursada dentro de lo que indica el numeral 3 del inciso 1º del articulado citado, en razón a que por la calificación dada, es esta subsunción la que más favorece al encausado. -
Así dado este razonamiento, este juicio o acción debería prescribir al año de la fecha cierta determinada, contando desde el día 5 de Junio de 2003, por lo que debería prescribir el 5 de Junio de 2004; en dicho juicio se configuró algunas de las causales de interrupción de la prescripción, contempladas en el artículo 104 inciso 1º, por lo que el plazo de prescripción podría haber sido llevado hasta el 5 de Junio de 2005. -
Es reconocido ya el criterio asentado en esta Corte Suprema de Justicia consistente en que no es posible debatir la prescripción de la acción si es que se ha dictado la sentencia dentro del proceso específico, es decir, si dentro del plazo de vigencia de la acción, ha recaído una sentencia, entonces no se puede hablar de prescripción de la acción penal, y por ende, si la sentencia ha recaído con posterioridad al lapso de tiempo en el cual la acción se hallaba vigente, pues significa que dicha acción estaba ya prescripta al momento de dictarse sentencia.
Como se repite, este es un criterio ya sostenido por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos, citando como ejemplos las causas caratuladas: “Valeria Ortiz de Esteche s/ Lesión de Confianza; Julio César Valdéz s/ Lesión; María Teresa López Moreira y otra s/ Calumnia; Oscar Luis Bernal s/ Lesión Culposa y Mario Salinas s/ Peculado, Rodrigo Luis Ugarriza s/ Lesión Culposa, entre otros. Esta jurisprudencia deriva de la excelente doctrina arrimada al respecto por el jurista alemán Jescheck. -
Observando así este juicio que nos ocupa, se ve que se ha dictado sentencia en fecha 17 de Agosto de 2006, con posterioridad al tiempo máximo de validez de la acción penal. -
Atendiendo al artículo 101 del CP, se ve que el efecto que la ley aplica a la prescripción es la extinción de la sanción penal, por lo que así debe ser declarado.-
Este juicio prescribe sin ser responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que el plazo se produjo antes de ser recibido el juicio por la misma. -
Resuelto el planteamiento en la forma indicada, ya no procede el estudio del Recurso de Casación planteado en los autos. ES MI VOTO.-
A su turno el Doctor BLANCO manifiesta que: El Abg. Pedro López Gabriaguéz, ejercitando la defensa técnica del querellado Tomás Cantero Aguilera, interpone recurso de casación en contra de las siguientes resoluciones: 1) S.D. Nº 41, del 17 de agosto de 2006, dictado por el Tribunal de Sentencia Unipersonal; 2) el Acuerdo y Sentencia Nº 48, del 07 de junio de 2007, dictado por el Tribunal de Apelaciones, en lo Criminal, Tercera Sala de esta Capital.-
No surge de su escrito, la invocación de alguna de las causales del Art. 478 del CPP, sin embargo, de los argumentos que son presentados ante esta Sala Penal, resalta que el Defensor sostiene el cumplimiento, en exceso del plazo establecido por la Ley para la prescripción del hecho punible dentro de que fue calificado el comportamiento atribuido a su representado, por lo tanto, emerge una cuestión de orden público, que de ser verificada deberá ser declarada incluso de oficio, en cualquier estado en que se halle la causa.- -
Como lo tiene sentado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuestiones relativas al cumplimiento del plazo razonable desde un punto de vista procesal, así como el control de la prescripción de la acción desde un punto de vista sustantivo deben ser estudiados, como regla general en primer término y aún de oficio dado que ello apareja cuestiones de orden público. En tal sentido, la doctrina señala que: “…por ser la prescripción penal – instituto de derecho material – una cuestión de orden público que por ende opera de pleno derecho, debe ser declarada – incluso de oficio – en cualquier estado y grado de la causa, aun durante el trámite recursivo si se dan las situaciones que la ley prevé”. La Prescripción en el proceso penal. Maximiliano Hairabedián, Federico Zurueta. Editorial Mediterránea. Pág. 60.- -
La prescripción es un instituto jurídico por el cual se adquieren o se extinguen derechos sobre una cosa o respecto a una situación especifica en razón al transcurso del tiempo. En el primer caso nos encontramos ante la llamada prescripción adquisitiva, por la que se adquiere un derecho por expresa disposición de la ley y bajo el cumplimiento de ciertos presupuestos sustanciales. En el segundo aspecto, se produce una prescripción liberatoria, por la que no se puede articular la pretensión sea del particular afectado o del Estado en razón a que transcurrió un lapso de tiempo, establecido en la ley, sin que se haya producido la persecución del caso o no haya concluido la iniciada (prescripción de la acción) o no se pueda dar cumplimiento a la resolución derivada de la causa iniciada (prescripción de la sanción penal).-
Al respecto, la doctrina ha señalado: “...Es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimiento humanos...Se trata de impedir el ejercicio del poder punitivo, una vez que han transcurrido determinados plazos a partir de la comisión del delito o del pronunciamiento de la condena, sin haberse cumplido la sanción”. (Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán _Derecho Penal, Parte General, p. 452, Valencia, 1998). -
Como se puede notar, en el ámbito penal la prescripción tiene que ver con una limitación al ius puniendi estatal, condicionada por la actuación del interesado, que puede ser el Estado a través del Ministerio Público o del particular afectado, en la querella autónoma (delitos de acción privada). Esa limitación esta dada por el transcurso de tiempo sin actividad o sin dictarse resolución definitiva en la causa, tras un periodo de tiempo establecido en la ley o por incumplimiento de la resolución definitiva luego de transcurrido el plazo legal. Con ello se busca que la persecución de los hechos punibles tengan un límite temporal, como garantía para el perseguido de que el proceso no durara indefinidamente, conocido como principio de razonabilidad.-
La norma penal reconoce dos categorías de prescripción: la que afecta a la acción penal (pretensión de punir) y aquella dirigida a la sanción penal (condena). Los motivos para ello ya han sido expuestos, no obstante conviene la aclaración en cuanto a la oportunidad para su dictamiento, dada la alegación de que no puede dictarse la misma desde que ha sido dictada una sentencia definitiva.-
Ciertamente, la sentencia definitiva pone fin al proceso y es el objeto último del ejercicio de la acción penal: que un órgano jurisdiccional declare la reclamación hecha o la defensa articulada y, en consecuencia defina la cuestión en uno u otro sentido. Pero, para que la sentencia obligue, en otras palabras tenga la calidad de coercible, ejecutable, debe estar firme, de tal suerte que no exista posibilidad de modificación ulterior. Vale decir que la pretensión decidida y el derecho declarado en consecuencia sea ya una “cosa juzgada”.-
Si la sentencia no está firme, consideramos aquí como en otros votos, no puede aseverarse que la cuestión haya sido resuelta definitivamente, lo que implica además que el plazo para la prescripción sigue corriendo, pues si bien ha sido ejercida la acción, la misma aún no ha tenido la definición esperada, ejecutable y con calidad de certera, norma jurídica particularizada (de cumplimiento obligatorio para las partes). -
Ese es el criterio constante de esta Sala Penal, expuesto en los fallos citados precedentemente y muy especialmente en el Acuerdo y Sentencia No. 1474 de fecha 11 de diciembre del 2006 en RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL Abog. CARLOS BRITEZ CARDENAS en los autos: "ENRIQUE GARCIA Y JOSE LEOPOLDO MENDOZA S/ H. P. C./ LA VIDA HOMICIDIO CULPOSO que señala por voto unánime: “…La resolución definitiva a la que hace referencia la ley es aquella que tiene la virtualidad de la COSA JUZGADA MATERIAL, de lo contrario si solo bastara con una “sentencia definitiva” no notificada, en otras palabras que no esta firme, la misma no se puede ejecutar, no hace cosa juzgada y en consecuencia no pone fin al procedimiento. Con lo cual, además se podría extender el proceso en el tiempo violando el principio del plazo razonable. En otras palabras, debe quedar establecido que cuando la ley refiere a sentencia definitiva en el art. 136 trata de aquella que esta firme y ejecutoriada, contra la que no procede recurso, salvo claro el caso del recurso de revisión, de finalidad especifica y limitada..”.-
Consecuentemente, el hecho que exista una sentencia que no está firme, no resulta óbice para realizar el cómputo del plazo trascurrido – al menos en nuestro derecho - para la prescripción de la acción penal, puesto que el proceso formado como consecuencia de su articulación aún no ha concluido definitivamente, con lo cual la misma sigue “vigente” y no puede producir el fin último de su promoción: la sentencia definitiva firme que dirima o redefina el conflicto generado por el hecho punible.-
Además, de una atenta lectura de las disposiciones que regulan el instituto en estudio, y específicamente de las causales de interrupción – Art. 104 – no se desprende que el Legislador penal haya considerado a la sentencia judicial como un acto capaz de interrumpir la prescripción. En tal sentido, ante la ausencia de previsión legal, el aplicador del derecho no podría reconocer a dicho acto jurisdiccional – la sentencia- cualidad interruptiva, a través de una construcción jurisprudencial, sin afectar directamente el principio de legalidad penal, en concordancia con el Art. 10 del Código Procesal Penal. En este sentido, es oportuno señalar que el principio de legalidad alcanza también a la regulación de la prescripción. Esto en razón a que, si observamos atentamente las circunstancias que se generan con motivo de la entrada en vigencia de nuevas leyes penales, podemos sostener que cierto cuerpo legal, puede ser más benigno no solo por considerar un marco penal menos gravoso, sino también por elementos del tipo o bien por el término de prescripción de la acción penal.- -
La hipótesis sería notoriamente distinta, si nuestro Código Penal, tuviera alguna disposición como la contenida en el Art. 78, III del Código Penal Alemán, que reconoce efecto suspensivo a dicho acto jurisdiccional o bien como la regulada en la Ley Nº 25.990, sancionada el 16 de diciembre de 2004, que reformara el Art. 67 del Código Penal Argentino, el que expresamente señala como acto interruptivo “…el dictado de sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme”.-
Es que en realidad, al determinarse la posibilidad de la prescripción de la acción con sentencia judicial o sin ella, justamente se pone de manifiesto la ausencia de una decisión firme que redefina el conflicto en un plazo determinado. El fundamento del instituto está, en que si bien al Estado le corresponde el derecho de punir, el mismo no puede ser ejercido de una manera ilimitada e intemporal. Presuponer ello atenta directamente contra los principios y garantías enunciados en la carta magna que informan el proceso penal y por sobre todo el derecho de punir, desde que el derecho penal, no es otra cosa que la reglamentación de las reglas impuestas en la Constitución.-
Igualmente, deben considerarse las normas atinentes a la prescripción de la acción penal, presentes en el Código Penal. En primer término, lo dispuesto por el art. 102 del C.P. “Plazos. 1º. Los hechos punibles prescriben en: 1. Quince años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de quince años o más de pena privativa de libertad; 2. Tres años cuando el límite máximo del marco penal previsto sea pena privativa de libertad de hasta tres años o pena de multa; 3. En un tiempo igual al máximo de la pena privativa de libertad en los demás casos. 2º El plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible. En caso de ocurrir posteriormente un resultado que pertenezca al tipo legal, el plazo correrá desde ese momento. 3º. Son imprescriptibles los hechos punibles, previstos en el art. 5 de la Constitución”.-
Por último, el art. 104 del C.P. señala: “Interrupción. 1º. La prescripción será interrumpida por: 1. un auto de instrucción sumarial; 2º. Una citación para indagatoria del inculpado; 3. Un auto de declaración de rebeldía y contumacia; 4. un auto de prisión preventiva; 5. Un auto de elevación de la causa al estado plenario; 6. un escrito de fiscal peticionando la investigación; y 7. Una diligencia judicial para actos investigativos en el extranjero. 2º. Después de cada interrupción, la prescripción correrá de nuevo. Sin embargo, operará la prescripción, independientemente de las interrupciones, una vez trascurrido el doble del plazo de la prescripción”.-
Consecuentemente, a los fines de establecerse si una acción ha prescripto o no, debe estarse a la calificación realizada por el Juez y concordar ello con los plazos previstos en el art. 102 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto por el art. 104 del mismo cuerpo legal. -
El inicio del cómputo del plazo de prescripción, tal como fuera expresado líneas arriba, inicia al concluir la conducta punible, tal como lo prescribe el citado Art. 102 inc.3. Para determinar ello, debemos fijarnos en lo establecido por el Juez de primera instancia, en cuanto a la cronología de los hechos juzgados.-
La sentencia de primera instancia, cuya copia autenticada obra en este cuadernillo, luego de la valoración probatoria, sostuvo: “…el Tribunal determina que los hechos ocurrieron de la siguiente manera: En fecha 5 de junio de 2003, siendo aproximadamente las 20:30 horas, la Sra. María Vilma Talavera de Bogado se dirigía a su domicilio en compañía de su hija…momento en que fue colisionada por el vehículo…guiado por el querellado Tomas Cantero Aguilera…” . Seguidamente, el Tribunal Unipersonal, resolvió: “…no se ha comprobado la existencia de los hechos punibles de Lesión y Daño, ya que dichas figuras, exigen como requisito fundamental el dolo, lo cual no pudo llegar a comprobarse de acuerdo a las pruebas tanto testificales, como documentales…” .-
De lo cual se desprende, que las conductas que se consideraron típicas se produjeron y concluyeron el 05 de junio de 2003, y por ello, se considerará está última fecha como punto de partida para el cómputo de la prescripción.-
En el sub examine, el tipo penal de Lesión culposa dispone de una sanción de hasta un (01) año de pena privativa de libertad.-
De esta forma, teniendo en cuenta el marco penal en abstracto del hecho punible de lesión culposa, cuyo marco penal es de seis meses hasta un año de pena privativa de libertad o multa, se considerará el plazo de prescripción previsto por el art. 102 Inc. 1, numeral 2, es decir “…tres años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea pena privativa de libertad de hasta tres años o pena de multa”.-
Ahora bien, las constancias de autos revelan que han sobrevenido circunstancias legales interruptivas del plazo, así por ejemplo, vemos que a fs. 71 obra el A.I. Nº 32, del 17 de marzo de 2004, por el que el Tribunal Unipersonal, resolvió la rebeldía del querellado Tomás Cantero Aguilera.- (Art. 104, Inc. 1º), Numeral 4) y finalmente recayó el A.I. Nº 141, del 01 de setiembre de 2005, por el que se ha elevado la causa a juicio oral y público; por lo tanto, ésta ha sido la última interrupción verificada, debiéndose computar el plazo de tres (03) años a partir de esta fecha.-
La Sentencia Definitiva dictada en primera instancia es del 17 de agosto de 2006, en tanto que, el Acuerdo y Sentencia por el que se resolvió el recurso de apelación especial interpuesto, es del 07 de junio de 2007. Empero, este fallo del Tribunal de Apelaciones, recién pudo ser notificada a las partes en fecha 21 y 29 de mayo del año 2008, vale decir, casi al año de haberse dictado la resolución correspondiente, conforme constatamos con las cédulas de notificación obrantes a fs. 202/203. A fs. 206, obra el proveído del 04 de setiembre de 2008, sin embargo, a esta fecha la acción penal por el hecho punible ya se hallaba prescripta.-
Por lo tanto, a juzgar por el tiempo trascurrido a partir del último acto interruptivo – 01 de setiembre de 2005 – se tiene que, mediante el más elemental cálculo aritmético, ha transcurrido con exceso el plazo de la prescripción, tomando en consideración el plazo máximo del marco penal del hecho punible por el que el Querellado Tomás Cantero Aguilera, fue condenado, esto es por el tipo penal previsto en el Art. 113 del Código Penal.-
Empero es oportuno indicar que la declaración de prescripción de la acción penal no implica de manera alguna la absolución de reproche y pena de los imputados, la misma tiene que ver con la imposibilidad de llegar a una redefinición definitiva del conflicto por los parte de los órganos de punición del Estado. Dicho instituto, como bien se ha dicho, debe ser declarado, independientemente a toda interpretación valorativa debido a que por su naturaleza prescinde de ello y toma como base elemental el tiempo del proceso y que la situación de los involucrados no puede extenderse en demasía por la afectación a sus derechos humanos fundamentales que ello implica.-
Por todo lo anteriormente expuesto, entiendo procedente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 102 y sgtes. del Código Penal, declarar operada la Prescripción de la acción penal en la presente causa, respecto a Tomás Cantero Aguilera, por así corresponder en derecho. Es mi voto.-
A su turno el Doctor BAJAC manifiesta que se adhiere al voto de la Ministra preopinante por los mismos fundamentos. -
SENTENCIA NÚMERO: 339.-
Asunción, 19 de julio de 2010
1.- DECLARAR que en la causa penal en estudio se ha operado la prescripción del hecho punible, por haberse cumplido en exceso el plazo previsto en el Art. 102 inciso 2º del Código Penal y declarar la extinción de la sanción penal en el mismo.-
2.- DISPONER la remisión de los autos al Juzgado competente a los efectos legales.-

References: artículo 102
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 102
 artículo 102
 artículo 104
 artículo 101
 resolución 
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