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Timestamp: 2018-03-19 12:13:21+00:00

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II. Fundamentemos cómo la expansión extractivista de más de una dekada hizo al poder de las transnacionales y a los ecocidios-etnocidios y genocidios.
"Amanece el 25: Relato Patriótico, Modelo Colonial", por Eduardo Soler.
Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html
I. Fundamentemos cómo la expansión extractivista de más de una dekada hizo al poder de las transnacionales y a los ecocidios-etnocidios y genocidios.
El auge de la Minería transnacional en América Latina. De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo*.
(…)Neoliberalismo o la geopolítica del Imperio. Una genealogía del “boom” minero de los noventa
(…)Ahora bien, desde el punto de vista específico de la “cuestión minera”, ésta ha desempeñado un rol emblemático e impulsor en todo este proceso. En este sentido, la genealogía de la minería neoliberal en América Latina tiene su epicentro neurálgico en el régimen de Pinochet (1973-1988). Dada su crucial relevancia histórica como “país minero”–un país que respecto del cobre tiene de por sí la relevancia equivalente a lo que constituye la OPEP en el mercado mundial del petróleo y que, hacia el interior de su sociedad, la economía del cobre es considerada el “sueldo de Chile”–, el “Chile de Pinochet” oficiaría como escenario social de experimentación e implementación paradigmática del conjunto de reformas institucionales que, a la postre, funcionarían como los dispositivos legales del nuevo gran saqueo minero de los noventa. El Decreto Ley 600 que sanciona un nuevo Estatuto de Inversión Extranjera (1974), seguido de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley 18.097, 1° de diciembre de 1981), la reforma del Código de Aguas (1981) y la propia reforma del Código de Minería (1983), serían los marcos legales claves que no sólo permitirían la progresiva privatización encubierta de la gran minería del cobre en Chile (Caputo y Galarce, 2007), sino que también luego, se aplicarían luego como “modelo exitoso” en los restantes países de la región a fin de abrirlos a las grandes corporaciones mineras transnacionales y crear políticamente las condiciones de rentabilidad de sus procesos extractivos. Tres fueron los pilares centrales que establecieron las bases polí- ticas de estas reformas:
1. Plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras (imprescriptibilidad y transabilidad de las concesiones mineras; preeminencia de la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras, hasta el extremo de reconocer la competencia originaria de los juzgados de los países de origen de las inversiones en caso de controversias).
2. Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; libre disponibilidad comercial de productos; amortización acelerada de inversiones; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades; concentración de impuestos por “resultados” en base a declaraciones juradas de las empresas, etcétera).
3. Una legislación y sistema de controles ambientales extremadamente laxos (entre los que se destaca la supresión de fondos de garantías por impactos ambientales; vacíos legales en relación a los procesos de cierre de minas y al tratamiento de los pasivos ambientales mineros; estándares ambientales de calidad de agua, aire y suelo sistemáticamente inferiores a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y a las regulaciones de los paí- ses del Norte; descentralización y fragmentación de los organismos de control y fiscalización ambiental, etcétera). Estas nuevas bases legales e institucionales convertirían al extenso territorio de la región en una increíble “oportunidad” para el desarrollo de los intereses mineros globales. El Banco Mundial ofrecería frondosos créditos para agilizar la “modernización” institucional y la reforma de los marcos legales relativos a las explotaciones mineras. Así, sucesivamente Perú (1991), Bolivia (1991), Ecuador (1991), México (1992), y más tarde Brasil (1996), Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001), introdujeron sendas modificaciones en sus legislaciones mineras adoptando uniformemente los nuevos criterios impuestos. En Argentina, tales reformas se impusieron bajo el gobierno de Menem con la Ley 24.196 (1993) y otras reformas complementarias9.
Bajo ese extraordinario marco de “incentivos”, América Latina se convirtió en el centro de destino privilegiado para las grandes transnacionales mineras. Mientras las empresas transnacionales del sector afrontaban un fuerte proceso de reconversión10 destinada a recuperar las tasas de rendimiento de sus inversiones, estas reformas ponían a su disponibilidad el vasto patrimonio geológico de la región para tales objetivos. Se verifica, en este marco, el ingreso masivo de las grandes corporaciones mineras transnacionales a la región: las canadienses Barrick Gold, Aur Resources, Placer Dome, Falcon Bridge, Yamana Gold; las estadounidenses Phelps Dodge, Newmont, Exxon; Río Tinto (Inglaterra); BHP-Billiton, de Australia; Sumimoto y Mitsubishi, de Japón; Anglo American Ashanti, de Sudáfrica, y Xstrata Cooper de Suiza, entre las más importantes.
El ingreso de las transnacionales como los principales actores del boom minero de los noventa estuvo apalancado también por la acelerada privatización de grandes empresas mineras estatales, nacionalizadas precisamente en la ola de reivindicaciones de los sesenta11. Las inversiones en exploración minera pasaron pronto de los US$ 200 millones en 1990 (en su mayoría localizado en Chile) a los US$ 1.300 millones anuales en 1998. Mientras que entre 1990 y 1997 las inversiones en exploración minera crecieron en un 90% a nivel mundial, en América Latina lo hicieron en 400%, totalizando una inversión acumulada por US$ 17.300 millones. Con ello, la región se convertía en la principal “receptora” mundial de capitales mineros, representando el 30% del total de las inversiones mundiales. Al cabo de la década, cuatro de los diez países con mayores inversiones mineras a nivel mundial, eran de la región: Chile, en primer lugar, luego Perú (sexto), Argentina (noveno) y México (décimo); entre éstos, los tres primeros concentraron el 72% de las inversiones realizadas.
Las estimaciones proyectadas para el período 2004-2015 calculan que América Latina llegará a absorber el 40% del total de las inversiones mundiales del sector, unos US$ 50.000 millones que se radicarían principalmente en Chile (35%), Perú (28%) y Argentina (12%). (Sánchez Albavera et al., 1998; Sánchez Albavera y Lardé, 2006; Prado, 2005; Bebbington et al., 2007). Alentadas por estas grandes diferencias en las tasas de rendimiento12, la creciente radicación de inversiones mineras provocó un crecimiento voraz en la tasa de extracción de recursos, de modo tal que, al cabo de la década, América Latina se convirtió en la principal proveedora de buena parte de los recursos mineros demandados a nivel mundial. La proporción mundial que representaba la producción regional de oro pasó del 5% en 1980, al 10,3% en 1990 y al 14,9% en el 2004; igualmente, en el período comprendido entre 1990 y 2004 la producción regional de cobre pasó de 24,4% al 47,3% del total mundial; en el caso de la plata, del 34,2% al 41,4%; del 16,8% al 22% en la producción de zinc; del 23 al 27% en el caso de la bauxita; del 22 al 29% en la producción de mineral de hierro y del 11,5 al 16% en la de níquel (Sánchez Albavera y Lardé, 2006: 109). Asimismo, de la mano de la megaminería, los avances del capital sobre los territorios han alcanzado dimensiones inusitadas, llegando a cubrir, al cabo de los noventa, más del 10% de toda la región (Cifuentes Villarroel, 2006). En el caso de Chile, la superficie concesionada a grandes explotaciones mineras alcanzaba, en el año 2003, al 10,6% de total del territorio nacional (unos 80 mil km2). En el Perú, los denuncios mineros aumentaron de 4 millones de hectáreas en 1992 a 22 millones de hectáreas en el año 2000, alrededor del 10% de la superficie total (110 mil km2). En el caso de Ecuador, la superficie concesionada a grandes corporaciones mineras pasó del 5% en el año 2000 al 16,7% de la superficie territorial total en el 2004 (unos 46 mil km2). En Panamá, al cabo de la década, el 45% de su territorio nacional estaba ya concesionado a empresas mineras; mientras que en Argentina, las exploraciones mineras llegaron a cubrir una superficie de más de 187.500 km2 (Guajardo, 2007; Bury, 2007; Cifuentes Villarroel, 2006; Prado, 2005).
De todas formas, las reformas mineras no son, como se dijo, un caso aislado, sino más bien, un sector señero y emblemático del más general proceso de reprimarización y extranjerización del aparato productivo regional que se operó como fase culminante de las reformas neoliberales. En efecto, al cabo de la década de los noventa y bajo el `liderazgo” de las reformas mineras, el capital transnacional ha producido una drástica reconfiguración territorial de la región con la creación de mega zonas de monocultivos, la instalación de prótesis extractivas de gran escala (Plan Puebla-Panamá e IIRSA) y la redefinición radical de las funcionalidades sociales y ecológicas de los territorios. Sólo a modo de ejemplo cabe consignar que entre 1990 y 2000, la expansión de la agroindustria y la minería significaron la deforestación de 467 mil km2 en toda la región; sólo en la Amazonia brasileña, en 2004 se llegó al lamentable récord de 26 mil km2 de bosque nativo arrasado. De la mano de las grandes industrias celulósicas y de las transnacionales agroindustriales, los monocultivos forestales alcanzaron a cubrir más de 5 millones de hectáreas en Brasil y la agricultura transgénica llegó a ocupar 140 mil km2 en la Argentina. En Paraguay, la superficie de estos cultivos de exportación pasaron de ocupar 8 mil km2 a 20 mil km2 entre 1995 y 2003, en tanto que en Bolivia se incrementaron en 10 mil km2 , en el mismo período (CEPAL, 2005; Cifuentes Villarroel, 2006; Alimonda, 2005).
Se completa con ellas un ciclo de transformaciones en las que tiene lugar la recomposición de la estructura colonial del mundo. Al cabo de un período, trágico para la historia de los pueblos del Sur, que va desde inicios de los setenta hasta mediados de los noventa, la reconversión neoliberal del régimen de acumulación global significó la imposición de un nuevo esquema de gubernamentabilidad colonial, una transformación de las modalidades y vínculos a través de los cuales el capital opera la apropiación y disposición diferencial de cuerpos y territorios como objetos de explotación y medios de acumulación.
Sintomáticamente, en el plano de los discursos hegemónicos globales, simultáneamente al “perfeccionamiento” de la globalización neoliberal, la retórica ambiental dominante expresa un giro paradigmático, recuperando la mítica referencia al “crecimiento ilimitado”: el nuevo Informe Meadows publicado en 1991, lleva ya el sugestivo título Beyond the Limits y, en su pró- logo, el premio Nobel de Economía, Jan Timbergen, lo pondera porque “clarifica las condiciones bajo las cuales el crecimiento sostenido, un medio ambiente limpio e ingresos equitativos pueden ser organizados” (Meadows, 1991; citado por Naredo, 2006).
En todo este proceso, la genealogía del reciente auge minero en la región, tiene la particular “virtud” de evidenciar de modo meridianamente claro los ciclos de la violencia colonial que condujeron a su realización: drásticamente iniciado con la violencia extrema de los terrorismos de estado, se prolonga y profundiza en la violencia expropiatoria de la “deuda externa”, los “ajustes” y las “reformas estructurales de los ochenta y los noventa. Apenas disimuladas bajo retóricas “nacionaldesarrollistas”, esos mismos dispositivos expropiatorios continúan funcionando en nuestros días, alternando entre la violencia simbólica del fetichismo del “crecimiento sostenible” y la violencia extrema de la represión/criminalización. El carácter emblemático de la “minería” como fenómeno colonial permite también tomarla como base de análisis para ahondar en las nuevas dinámicas contemporáneas de la expropiación.
*Héctor Alimonda (coord) 2011 Naturaleza Colonizada. Ecología política y minería en América Latina (Buenos Aires: CLACSO/CICCUS)
Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20120319035504/natura.pdf
Enmarquemos en los extractivismos a los genocidios, desde ayer hasta hoy, del Capital-Estado con liderazgo y apoyo del capital global.
Mientras que por una parte el capital debe esforzarse por derribar cualquier obstáculo espacial a las relaciones comerciales, es decir, al intercambio, y conquistar toda la Tierra para su mercado, por otra, lucha por aniquilar este espacio mediante el tiempo […] Cuanto más desarrollado es el capital […] más se esfuerza simultáneamente por alcanzar una extensión aún mayor del mercado y por conseguir una aniquilación mayor del espacio mediante el tiempo. Karl Marx, Grundrisse, 1859. (…)
El análisis precedente sobre las imbricaciones entre minería, modernidad y colonialismo, ligado a los enfoques de la ecología política, permiten indagar más en profundidad sobre los factores y condiciones que están en las raíces del más reciente ciclo de auge minero en América Latina. En particular, se plantea la pertinencia de analizar la reciente irrupción de la minería transnacional en la región a la luz de las consideraciones realizadas sobre los ciclos de violencia que traza la dinámica histórico-política del colonialismo. En esta perspectiva, no cabe visualizar la irrupción de la minería transnacional en la región como un fenómeno sectorial o geográficamente aislado, ni temporalmente circunscripto a la década de los noventa, sino como parte y producto de un proceso más amplio, vinculado al complejo de transformaciones estructurales desencadenadas a partir de la crisis y recomposición del esquema de dominación y acumulación global ocurrido en el último tercio del siglo XX. Al conectar el auge minero con la geopolítica del neoliberalismo y remontar sus orígenes a la crisis del régimen de acumulación de posguerra, se busca también poner de relieve algunos aspectos no suficientemente destacados de tales procesos, a saber, en primer lugar, la importancia política determinante que la cuestión ecológica en general, y los conflictos ecológico-distributivos en particular, adquirieron en la gestación y manifestación de dicha crisis.
Correlativamente, esta mirada permite apreciar en qué medida el neoliberalismo –considerado como expresión de las estrategias de resolución a la crisis sistémica de los setenta ensayadas desde los centros mundiales de poder–, puede ser entendido, en última instancia, como una profunda reorganización socio-territorial de la acumulación a escala global, en tanto dispositivo geopolítico destinado a redefinir las modalidades del imperialismo ecológico, esto es, a reasegurar a los centros mundiales de consumo y acumulación el control, acceso y disposición de los “recursos naturales” claves para la reproducción del sistema. En tercer término, el enfoque propuesto lleva a resaltar la importancia eco-geopolítica de América Latina en el sistema de acumulación mundial, lo que se manifiesta tanto por su rol en el proceso de luchas desencadenante de la crisis, como luego, en tanto ámbito socio-territorial clave de experimentación y consolidación del Neoliberalismo.
Así, la ecología política del boom minero de los noventa lleva a considerarlo como producto resultante de la geopolítica del neoliberalismo. Desde esta visión, tanto el auge minero, como el conjunto de políticas que significaron y permitieron la abrupta radicación del complejo primario-extractivo exportador en la región, deben analizarse como partes y emergentes de la crisis y recomposición del esquema de dominación y acumulación global ocurrido hacia los setenta; crisis que, precisamente, tiene por epicentro –y que, en lo sucesivo, pone como eje clave de las disputas geopolíticas– el dominio y control sobre los “recursos naturales”.
La década del setenta marca precisamente la irrupción de la “problemática ambiental” en la agenda política mundial. Como no ha sido suficientemente profundizado aún, la problemática ecológica en general, y los conflictos ecológico-distributivos en particular, tienen una incidencia políticamente decisiva en la configuración de la crisis definitiva del keynesianismo/fordismo. Si bien James O’Connor –referencia obligada en este punto– ha sido uno de los primeros en vincular directamente la crisis de los setenta a lo que denomina la “segunda contradicción estructural del capital” (1991), un análisis históricogeográfico de esta cuestión, situado desde la periferia del sistemamundo, permite ir más allá del planteo general y ahondar en el rol determinante del imperialismo ecológico como componente necesario del imperativo de la acumulación, y lleva además, a resaltar el papel que, en ese sentido, han jugado América Latina y la “cuestión minera” en el específico proceso de manifestación y resolución ulterior de la crisis del régimen de acumulación de posguerra.
En efecto, el extraordinario ciclo de tasas de crecimiento altas y sostenidas verificadas en el mundo en general durante los “años dorados” de la posguerra involucraron un inusitado incremento de las tasas de explotación de los “recursos naturales”, un aumento sustancial de los ritmos de extracción y consumo de bienes y servicios ambientales, así como la aceleración de la producción de desechos y de contaminación en general. Esa escalada expansionista de la producción y el consumo estuvieron alimentadas por diversas razones políticas, entre ellas, la confrontación geopolítica con el bloque soviético, la competencia intercapitalista entre las potencias occidentales, y la importancia creciente que –especialmente en las sociedades capitalistas–, asumirá por entonces el consumismo, como factor político de contención de las luchas de clase y de la ecuación general de gobernabilidad del sistema.
En ese marco, tuvieron lugar también los crecientes esfuerzos desarrollistas e industrialistas esbozados por las economías periféricas, bajo el impulso de los procesos de descolonización formal en África y Asia, y las pretensiones de “soberanía económica” asumidas por diversos regímenes nacional-populistas en América Latina. Tales intentos implicaron un soterrado cuestionamiento a la división internacional del trabajo históricamente establecida entre potencias industrializadas y economías dependientes proveedoras de materias primas, e involucraron un creciente foco de tensiones en torno al control sobre las fuentes de energía y de bienes primarios estratégicos, poniendo, en lo sucesivo, a los conflictos ecológico-distributivos en el eje de la confrontación Norte-Sur. Surgidas bajo el influjo ideológico-político de los movimientos indigenistas, nacional-populistas y de no-alineados, principalmente, las pretensiones de autodeterminación de los pueblos del “Tercer Mundo”, se plasmarían, en esa etapa, mediante políticas activas vinculadas a la nacionalización de las reservas petroleras, mineras y de recursos no renovables en general, así como de otros sectores clave de la economía (transportes, telecomunicaciones, banca, etc.); el control del comercio exterior; imposición de límites y restricciones a las inversiones extranjeras y al movimiento de capitales; reformas agrarias tendientes a disminuir la concentración interna de la propiedad rural; luchas diplomáticas por el mejoramiento de los términos de intercambio de las materias primas; cartelización y control de la oferta en los mercados energéticos y de materias primas en general, entre las más importantes.
América Latina tendría un rol destacado en todo este proceso, a través del fortalecimiento de movimientos y procesos revolucionarios, expresado en la irrupción de las revoluciones en Bolivia (1952), Ecuador (1954), Venezuela (1958), Cuba (1959) y Perú (1968), y el impacto de regímenes nacional-populistas emblemáticos, como el Cardenismo en México, Getulio Vargas en Brasil, y el peronismo en Argentina.
En el plano mundial, como corolario simbólico de tales reivindicaciones, cabe citar la aprobación de la Resolución 1803 (XVII) de Naciones Unidas acerca de la “Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales” (14 de diciembre de 1962), en la que se consagraba: “el reconocimiento del derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales en conformidad con sus intereses nacionales, y respeto a la independencia económica de los Estados”; y en la que establecía, además, que “el derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado”, afirmando que la violación de tales derechos “es contraria al espíritu y a los principios de la cooperación internacional y a la preservación de la paz”.
Desde el punto de vista de la “cuestión minera”, los procesos de reivindicación nacional-desarrollista imperantes en la región se plasmarían a través de nacionalizaciones y de políticas de control y regulación al capital extranjero (incremento de gravámenes, restricciones a las importaciones y exportaciones, límites a la repatriación de utilidades, etc.) orientadas tanto a lograr una mayor participación en la renta minera como a redireccionar la actividad hacia el impulso y abastecimiento del desarrollo industrial interno (Thorp y Bertram, 1978; Moussa, 1999; Sánchez Alvabera et al., 1998; Kuramoto, 2000; Campodónico y Ortiz, 2002). Dentro de ese panorama general, las acciones con decisivos impactos globales en este campo serían, con certeza, los intentos del gobierno de Jânio Quadros de impulsar el control nacional de los yacimientos de hierro, usufructuados, por entonces, por compañías británicas y norteamericanas (Saint John Mining Co., Hanna Mining Co., U.S. Steel Co.) y, más aún, la nacionalización del cobre anunciada por Salvador Allende, el histórico 11 de julio de 19712. Más que otras medidas similares, la trascendencia geopolítica y geoeconómica de la nacionalización del cobre chileno se funda tanto en el hecho de tratarse del insumo mineral intensivo determinante para todos los procesos industriales de la época (en particular, los sectores eléctrico, automotriz y de la construcción), como en que los yacimientos chilenos (Chuquicamata, El Teniente, Salvador y Exótica), –todos controlados por dos empresas norteamericanas, Kennecott Copper Co., Anaconda Mining Co.–, representaban el abastecimiento de casi el 40% del cobre a nivel mundial, a lo largo de prácticamente toda la primera mitad del siglo XX (Caputo y Galarce, 2007; Guajardo, B., 2007; Ffrench Davis y Tironi, 1974).
En conjunto, esta escalada de las “políticas nacionalistas” de control de los “recursos naturales” generalizadamente aplicadas por el bloque geopolítico de los países del Sur, tuvo una incidencia innegable como desencadenante de la crisis del régimen de acumulación de posguerra. Tales políticas, significaron para las principales potencias del Norte y sus grandes conglomerados empresariales, un abrupto encarecimiento de materias primas estratégicas, así como una mayor incertidumbre e inestabilidad en los flujos de abastecimiento. Al afectar los niveles de rentabilidad en el sentido analizado por O’Connor, la crisis “económica” se tornó crecientemente política, mediante su impacto recesivo. Con ello, la “cuestión ecológica” pasó a constituirse en un tema prioritario de la agenda política internacional, fenómeno manifiesto a través de la publicación del Primer Informe Meadows (1971) –sintomáticamente titulado “The Limits to Growth”– y la realización de la “Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano” (Estocolmo, 1972) (Naredo, 2006).
Es en este marco que cabe comprender la naturaleza y profundidad de la crisis capitalista de los setenta: el cuestionamiento y los avances relativos logrados por los países periférico-dependientes en términos de revertir el imperialismo ecológico a través del cual los países centrales subsidiaron históricamente el metabolismo urbanoindustrial de sus poblaciones, pusieron en vilo la continuidad y gobernabilidad del sistema en su conjunto. La crisis, como tal, desnuda en qué medida el dinamismo económico y la “estabilidad política” de los “países centrales” dependió (y depende) de la subalternización de los territorios y poblaciones de los países periféricos.
Al poner en cuestión el “reparto desigual” del mundo implicado en el desarrollo geográfico desigual y combinado, propio de la producción y organización capitalista del espacio (Harvey, 2007), las políticas “nacionalistas” de los países periféricos no sólo alimentaron una crisis a nivel del régimen mundial de poder sobre el que se asienta la dinámica de la acumulación capitalista, sino también una crisis de gobernabilidad al interior de las sociedades centrales, las cuales en buena medida resolvían su ecuación de gobernabilidad mediante la exacerbación consumista, “externalizando” su peso ecológico a los países dependientes (Leff, 1994; Martínez Alier, 1995).
La magnitud de la amenaza de la “escalada nacionalista” en los países del Sur tiene su reflejo proporcional en la violencia restauradora de las políticas neoliberales, precisamente la respuesta que los países centrales, bajo la recomposición del liderazgo imperialista de Estados Unidos, implementarían para “superar” la crisis (Panitch y Gindin, 2004; Ahmad, 2004; Albo, 2004; Harvey, 2004). Visto retrospectivamente, el neoliberalismo significó una vasta reorganización del poder mundial, una redefinición de las estrategias y modalidades de dominación, producidas básicamente a través de la reestructuración de los flujos productivos y comerciales a escala global.
El papel clave que en esto tienen las políticas de liberalización –financiera, comercial y territorial– consiste en que de ellas dependen los niveles de movilidad espacio-temporal del capital, de allí ésta resuma la esencia del neoliberalismo3 . La liberalización no sólo permitió acelerar el ritmo de circulación del capital (como mecanismo básico de recomposición estructural de la tasa de rentabilidad del sistema), sino que además posibilitó una profunda recomposición de las jerarquías geopolíticas del mundo implícitas en los patrones de la división internacional del trabajo. La extraordinaria capacidad de movilidad adquirida por el capital (compresión espacio-temporal) le otorgó un grado históricamente inédito de poder (capacidad de disposición, sensu Weber) sobre los territorios y las poblaciones.
De tal modo, la liberalización generalizada de la economía permitió al gran capital transnacional –con el imprescindible apoyo legal–institucional y militar de los aparatos estatales de las grandes potencias y las estructuras multilaterales de la gobernanza mundial- reorganizar un nuevo ciclo de acumulación por desposesión (Harvey, 2004).
La superación de la crisis emergente de la convergencia entre la primera (incremento de los “costos laborales”) y la segunda contradicción (incremento de los “costos ambientales”) en términos de O’Connor (1991), se superarían a través de un nuevo esquema que impondría la intensificación global de las tasas de explotación, tanto del “trabajo”4 como de la “naturaleza”5.
Como lo destaca tanto el análisis originario de Marx como los planteos de Foucault, el poder del capital tiene en la gestión y organización del espacio una de sus formas elementales. En tal sentido, el neoliberalismo instituyó una inusitada competencia inter-territorial por la localización del capital, dando lugar a la dinámica de fragmentación local/ integración-vertical-global que caracteriza a la globalización en curso (Santos, 1996). Como resultado, se fue diseñando progresivamente una nueva geografía mundial que expresa las recategorizaciones jerárquicas: mediante una ‘diferenciación’ al interior de los espacios periféricos, se constituye:
· Por un lado, un conjunto de fragmentos socio-territoriales constituidos como nuevo núcleo de la producción industrial estandarizada y de consumo masivo, cuya localización responde a la ‘competitividad de la mano de obra’ (serían las denominadas ‘economías emergentes’, del este asiático, más México y parcialmente Brasil).
· Por otro lado, el grueso de los países periféricos, sujetos a una súper especialización primaria, como proveedores netos de bienes y servicios ambientales (lo que compromete a América Latina y a África) (Arceo, 2007).
· Por último, el panorama se completa con la reconcentración de los espacios socio-territoriales de los países centrales como nodos de la producción/ consumo de bienes sofisticados, generación tecnológica e innovación de procesos y productos, y, decisivamente, como núcleo concentrador y regulador de los flujos financieros a escala mundial.
Como se adelantó, América Latina y el proceso de “reconversión minera” desempeñan en todo este proceso, una importancia decisiva y excluyente. Como en los orígenes del mundo moderno-colonial-capitalista, podría decirse, sin temor a exageración, que la historia de la reconfiguración neocolonial del mundo bajo la globalización neoliberal tiene en los territorios y poblaciones de Nuestra América su capítulo fundacional y su ámbito “privilegiado” de experimentación.
En efecto, esquemáticamente, la geopolítica del neoliberalismo tiene como hito fundacional el bestial ajuste represivo del terrorismo de estado de los setenta, con el que se cortarían de cuajo las pretensiones transformativas de los decenios previos; se profundiza con la fase de violencia y disciplinamiento económico implementada con los “ajustes estructurales” durante el estallido de la “deuda externa” en los ochenta; y completa finalmente en los noventa en su etapa de privatizaciones y reformas estructurales destinadas a la apertura y puesta en disponibilidad de la vasta riqueza y diversidad de la geografía regional para el capital transnacional.
En tanto reorganización neocolonial, todo el vasto proceso de transformación de la geografía económica y cultural del mundo que involucró el neoliberalismo supuso el recurso a un uso desmesurado y “antieconómico” de la violencia imperial. (…)
Desde un punto de vista general, el terrorismo de estado no sólo cumplió la “función política” de desmantelar los procesos de movilización y organización popular a través de los mecanismos de persecuciones clandestinas, torturas y desaparición forzada de personas, sino que también desempeñó la crucial “función económica” de instaurar las bases del nuevo ciclo expropiatorio que se aplicaría durante las dos décadas siguientes, principalmente a través del ciclo de endeudamiento externo. Como destaca Pablo Dávalos (2006) no hay que pasar por alto el crucial papel de la deuda externa desempeñado a lo largo de todo este proceso, desde los setenta a nuestros días. En efecto, el peso de la deuda externa prolonga el “terrorismo de Estado” de los setenta, en la economía del terror durante los años ochenta: los sucesivos ajustes estructurales que los países centrales impusieron a través del FMI provocan el escenario de devastación social que caracterizó a la denominada “década perdida”. Asimismo, el drástico paisaje social dejado por las políticas de ajuste estructural de los ochenta serviría como marco político para producir la “aceptabilidad” de las políticas del Consenso de Washington en los noventa. Las mismas, bajo la retórica de la necesidad de “recuperar la senda del crecimiento” como condición para “combatir la pobreza”, impulsan una abusiva política de privatizaciones, apertura comercial irrestricta, liberalización financiera, sistemas de incentivos extraordinarios a las inversiones extranjeras, y desregulación y precarización del “mercado de trabajo”.
A diferencia de los años ochenta en que los organismos multilaterales impulsaron programas de ajuste para cumplir con las obligaciones de la deuda a través de superávit fiscales estructurales, durante los años noventa se impulsó un vasto programa de privatizaciones y la instalación de un mega-aparato primario extractivo exportador destinado a cubrir los pagos de la deuda, ahora a través de los saldos positivos de las balanzas comerciales. Las privatizaciones de los noventa constituyeron una continuidad de los más perversos y directos mecanismos de acumulación por desposesión: tras la gran salida neta de capitales de los ochenta, le sucede ahora la avanzada del capital transnacional sobre los principales activos e inversiones físicas de los países de la región, tanto a través de los programas de “capitalización de la deuda” como a través del masivo ingreso neto de Inversión Extranjera Directa (IED) destinada a adquirir los devaluados activos nacionales (Harvey, 2004: 118). (…)
III. Historiemos para otra política por reparar continuidad de la dictadura en la democracia, la mentira del proyecto nac&pop y el desafío del hoy
II. Historiemos para otra política por reparar continuidad de la dictadura en la democracia, la mentira del proyecto nac&pop y el desafío del hoy
Por Miguel Mazzeo (Rebelión)
En contra del clamor popular, ignorando las masivas movilizaciones, pasando por alto el abecé del pragmatismo político, la coalición de derecha que gobierna Argentina (incluida a una buena parte del Partido Justicialista), aprobó una ley que afecta directamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Todo indica que persistirá tozudamente en esa vía. Consumada la contra-reforma previsional, vendrá la contra-reforma tributaria y otras contra-reformas. La ley fue aprobada, además, en un contexto de represión, por momentos desquiciada. ¿Qué futuro puede tener un gobierno que sanciona leyes entre gallos y medianoche, en una atmósfera de gases lacrimógenos, entre balazos de goma y bastonazos, entre patrulleros y carros hidrantes?
Quedó en evidencia que el gobierno no tiene margen de maniobra. Sería excesivo decir que “representa” los intereses de los grupos económicos concentrados, de la burguesía terrateniente, del capital financiero. Hablar de representación sería introducir unas mediaciones inexistentes. El gobierno es la expresión más pura y genuina de esos intereses. Y está obligado a “obedecer mandando”, utilizando unos métodos de control social abierta y anacrónicamente disciplinarios.
El gobierno está atravesado da cabo a rabo por una matriz violenta basada en la irresponsabilidad social y en la falta de amor a la fragilidad. El gobierno carece de compasión y tiene la indiferencia típica de los verdugos. Aunque se trate de un sello originario, estos rasgos se vienen tornando mas evidentes en los últimos meses: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, el 14 y el 18 de diciembre... El gobierno se está expulsando de su propio (y falso) paraíso. Ha desatado la ley de reciprocidad que rige a la violencia. Aunque intente estigmatizar a las víctimas, y ahora más, dado que resisten la opresión; aunque construya un “enemigo violento”; el gobierno no podrá tapar el sol con la mano y ocultar la indignación y el hastío que rigen las parábolas de las piedras.
El gobierno no tendrá más remedio que buscar consensos en zonas cada vez oscuras de la sociedad. Pero esos reservorios de individualismo, violencia y amoralidad, parecen no ser tan generosos como el gobierno pensaba. Por el contrario, adquieren visibilidad los manantiales de la solidaridad, la ética plebeya y cierta inteligencia estratégica de los y las de abajo. La Patria deviene fermento para vestirse de posibilidad de otros ritos. Es probable que estemos asistiendo al ocaso de los gurúes expertos en la manipulación de masas.
Se inicia un tiempo de signo trágico, en el sentido de la tragedia griega: un tiempo de descomposición de la polis y de tensión entre opuestos sin posibilidad de síntesis.
La defensa de la República realizada en contra de la democracia siempre conduce al autoritarismo y a la dictadura de las clases dominantes. Asimismo alimenta una crisis de la política que viene desde atrás: ¿de que sirve elegir concejales, intendentes, diputados, senadores, presidentes, sino podemos elegir nuestras propias vidas?
Desde el campo popular debemos labrar una amplia unidad resistente pero, en forma paralela, debemos redoblar los esfuerzos en la transformación de las subjetividades signadas por la burocracia y el fatalismo, tenemos que hacer de cada lugar de trabajo y estudio, de cada barrio, una gran escuela de lucha. Se trata de consolidar espacios de auto-liberación política, económica, cultural de los y las de abajo para conjugar lucha política y lucha económica.
Resistir, sí, pero también avanzar.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235619
I. Historiemos para otra política por reparar continuidad de la dictadura en la democracia, la mentira del proyecto nac&pop y el desafío del hoy
Nos desafía la otra política, desde las diversidades de abajo, a destapar al sistema político y al Estado que 'democráticamente' hicieron posible a las transnacionales apropiarse de la economía y el territorio de Argentina. Pero también viabilizaron el empobrecimiento y la devastación del país.
"Resulta indispensable comprender el origen y la magnitud de esta problemática, para poder así tomar las medidas necesarias en pos de recuperar la soberanía económica, y estar en condiciones de llevar a cabo políticas públicas que apunten al pleno desarrollo de nuestros pueblos".
Ciclos, Año XXIII, Vol.XXII, N° 42/43, 2014
El capital extranjero en Argentina
Por Agustín Crivelli (IDEHE8I-UBA)
Introducíón.
La extranjerización es una característica estructural de la economía argentina desde la última dictadura militar (1976-1983) hasta el presente. Este proceso fue posible gracias a la vigencia, desde esa dictadura, de un marco jurídico extremadamente favorable a los capitales extranjeros. Las ínversiones externas, lejos de cumplir un rol central para el desarrollo,'impulsaron una fuerte exportación de ahorro real al resto del mundo en forma de utilidades y dividendos, contribuyendo a profundizar la histórica restricción de divisas para el desarrollo.
La década de 1990 se caracterizó por un crecimiento sin precedentes de los flujos de inversión extranjera directa (IED) recibida porlos países de América Latina, en el marco del proceso de apertura económica' y privatización que llevaron a cabo la mayoría de los países de la región. Fomentado por la matriz ideológica neoliberal proliferaron en América Latina los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), junto con la prórroga de jurisdicción a favor' de tribunales internacionales, donde para las disputas se prevé un sistema de solución de diferencias en el que las empresas pueden demandar directamente a los Estados. . A más de quince años de la firma de estos acuerdos el balance dista de ser positivo. Al escaso (o nulo) efecto de estos instrumentos sobre los flujos de IED se debe sumar la avalancha de demandas ante instancias de arbitraje internacional que desembocan en multimillonarias indemnizaciones que se tornaron intolerables, y limitaciones que actúan como un corsé para la instrumentación soberana de las políticas públicas nacionales.
Resulta indispensable comprender el origen y la magnitud de esta problemática, para poder así tomar las medidas necesarias en pos de recuperar la soberanía económica, y estar en condiciones de llevar a cabo políticas públicas que apunten al pleno desarrollo de nuestros pueblos.
A ese objetivo procura contribuir este trabajo. El artículo se compone de tres apartados. El primero analiza los antecedentes y la evolución del régimen internacional de protección de inversiones, en lo referido a los intentos por establecer un marco multilateral y el funcionamiento del esquema bilateral vigente. El apartado 'siguiente se focaliza en los mecanismos de resolución de disputas, revisa la evolución histórica de diferentes mecanismos y en particular el funcionamiento del CIADI'. El tercer apartado analiza la inversión extranjera en la Argentina, repasa la extranjerización de la economía argentina, la evolución histórica y la actualidad del marco jurídico en el que se desenvuelve y el proceso de suscripción de TBIs de la Argentina. Asimismo se examinan las demandas iniciadas por inversores extranjeros contra el Estado argentino ante tribunales internacionales. Para finalizar se exponen las principales conclusiones y algunas propuestas de acción que apuntan a revertir el estado actual de la regulación de los capitales extranjeros en Argentina.
Régimen internacional de protección de inversiones
Es posible encontrar los antecedentes históricos de los TBIs en los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación (TACN) de fines del siglo XIX. Posteriormente, en las décadas de 1920 y 1930, las relaciones comerciales internacionales continuaron expandiéndose y los TACN se convirtieron en los principales instrumentos jurídicos de protección de inversores extranjeros'. A finales de los años 1930 estos acuerdos incorporaron el derecho del inversor a recibir una compensación pronta, adecuada y efectiva en caso de ser expropiado, de acuerdo con la denominada "cláusula Hull". No obstante, estos tratados establecían que en caso de controversia por la presunta violación de estos acuerdos, el conflicto debía derivarse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el contexto de un arbitraje entre Estados.
Algunas décadas más tarde, más precisamente el 25 de noviembre de 1959, la República Federal de Alemania y la República Islámica de Pakistán firmarían el primer TBI. Alemania fue gradualmente seguida por otros países europeos, y en la década de 1970 la firma de estos acuerdos se convirtió en una política deliberada de los países exportadores de capital, suscribiendo decena de ellos principalmente con países de África y Asia. En los años de 1980, con el auge del liberalismo político y económico, y ante la necesidad de fortalecer sus economías y la insuficiencia de divisas, los países en desarrollo iniciaron una excepcional cesión sobre parte de los derechos conquistados, con la finalidad de atraer capitales. En un primer término la firma de los TBI se expandió a los países de Europa del Centro y del Este y los del Sudeste Asiático, y en los años noventa, bajo el pretexto de la búsqueda de un "clima para la ínversíón'", en pos de garantizar la "seguridad jurídica" de los inversores extranjeros, los países latinoamericanos, que históricamente se habían negado a firmarlos en virtud de la Doctrina Calvo y de los reiterados abusos de los países exportadores de capital en sus relaciones económicas internacionales, se añadieron a la larga lista de países firmantes de Tratados de Inversión.
Durante los años noventa se constató un crecimiento sin precedentes de los flujos de IED, superando incluso a los montos asociados al comercio. Este comportamiento respondió a una nueva lógica del capital: una parte del proceso productivo es realizado por las filiales, integrándose en una estrategia centralizada en la cual los diferentes eslabones de este proceso resultan en el ensamblado de un producto final, elaborado a escala mundial. El acelerado crecimiento de los flujos de IED llevó a que los gobiernos incorporen esa variable en sus políticas económicas, generando una puja para atraer inversiones internacionales como fuente de financiamiento. Ese proceso, en un contexto de fuerte impulso de los postulados ideológicos del neoliberalismo, se tradujo en la implementación de políticas de liberalización de los regímenes de inversión y liberalización financiera. Como resultado de ello durante los años 90' se constató un fuerte incremento en el número de TBI celebrados. Desde la firma del primer TBI en 1959,su cantidad creció sostenidamente, cerrando el siglo XX con un total de 1.857acuerdos celebrados (actualmente existen más de 2.700). El crecimiento dramático se constató durante la década de 1990, cuando el total de acuerdos firmados se quintuplicó.
Pero no sólo el número de TBIs firmados creció, sino también la cantidad de países involucrados, que pasaron de 2 a fines de los años cincuenta, a 48 a fines de los sesenta, 69 al término de los años setenta, 102 a fines de los ochenta, alcanzando un total de 173 países a fines de los años noventa, incluyendo a naciones de todas las regiones del mundo. Los países latinoamericanos no comenzaron a firmar TBIs hasta fines de los años de 1980, pero el cambio de estrategia de desarrollo durante los años 1990 llevó a un rápido crecimiento en el número de instrumentos firmados. Al finalizar la década de 1990 la región tenía 300 TBIs firmados, de los cuales el 93 por ciento se suscribieron durante los años de 1990.Junto con los 82 TBIs firmados por los países del Caribe (quienes comenzaron a firmar estos acuerdos con anterioridad), América Latina y el Caribe alcanzaron el total de 366 TBIs firmados," de los cuáles 205 fueron con países desarrollados, particularmente de Europa Occidental (179). El resto de los acuerdos fueron suscriptos con países en desarrollo: 61 entre países de la región, 46 con países asiáticos, 16·con países africanos, y 38 con países de Europa Central y del Este. La proliferación de los TBIs respondió a los sucesivos fracasos de los intentos de los capitales concentrados, a través de los Estados de los países desarrollados, por imponer un esquema multilateral de protección de las inversiones extranjeras, similar al existente en el caso de los intercambios comerciales.
El más popular de losintentos por establecer un marco multilateral de protección fue el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), a mediados de la década de 1990. Las negociaciones en su mayor parte transcurrieron en secreto, sin conocimiento de los parlamentos, los ministros (excepto los de Economía) ni los medios de comunicación. El secreto se debía a que los por entonces 29 miembros de la OCDE, entre los que figuran los países más ricos del planeta, pretendían ponerse de acuerdo antes de dar la voz de orden a los países en vías de desarrollo. Se suponía que entonces los países en desarrollo recibirían la propuesta de un acuerdo cerrado y ya firmado por los países más poderosos y no tendrían más opciones que adherir. La iniciativa fue impulsada por los Estados Unidos", que venía de alcanzar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en su región, donde había conseguido imponer su modelo de acuerdo y proyectaba incluir en el AMI el mismo modelo perfeccionado". A diferencia de los demás tratados multilaterales, el AMI preveía que todos los sectores y actividades que no estuvieran expresamente excluidos en el texto del tratado, quedarían incorporados al mismo.
En otras palabras, todos los sectores estarían por definición incluidos en el tratado, y únicamente la introducción de una excepción específica podría permitir a una parte contratante suspender la aplicación del acuerdo para un sector en particular que deseara proteger'. El borrador del acuerdo se encontraba finalizado en un 90 por ciento, cuando en abril de 1997 una ofensiva llevada a cabo por movimientos norteamericanos de ciudadanos contra el procedimiento del fast-track" se apropió de una copia del documento y lo hizo público. Fue así que el Congreso de Estados Unidos cayó en la cuenta del tipo de negociaciones que se venían desarrollando desde hacía tres años, hasta el momento negadas por el Departamento de Estado y el Tesoro, que debieron aceptar que dicho documento fuera puesto a disposición del público en Internet. En otros países europeos también hubo situaciones similares con funcionarios directamente involucrados que también negaban conocer las negociaciones para establecer el AMI.
La publicación en Internet del proyecto del AMIll permitió que Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de todo el mundo realizaran su propio análisis del tratado, desatando movilizaciones sociales en Europa y Norteamérica, que finalmente terminaron con las pretensiones de aprobar este acuerdo multilateral de protección a las inversiones extranjeras. Si bien 'el AMI no pudo ser aprobado, las disposiciones en él contenidas están presentes en los TBIs. En realidad la inmensa mayoría de los TBIs pueden considerarse como adaptaciones de un TBI prototipo elaborado por un conjunto reducido de países desarrollados(Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos). Se trata de acuerdos que procuran profundizar la liberalización en materia de inversiones, a partir de la inclusión de cláusulas tendientes a eliminar cualquier tipo de restricciones que afecten la entrada o permanencia de inversores externos. A grandes rasgos estos acuerdos se encuentran estructurados alrededor de dos pilares centrales: la protección de las inversiones extranjeras, y la consagración de un sistema de arbitraje para resolver controversías."
Mecanismos de resolución de disputas
Tradicionalmente las disputas que involucran a ciudadanos extranjeros con inversiones en el país fueron consideradas un problema de Estado a Estado. En el caso de los conflictos derivados de los TACN, en el caso de suscitarse una controversia por la presunta violación de estos acuerdos, el conflicto se derivaba a una Corte Internacional de Justicia: (CIJ) en el contexto de un arbitraje entre Estados. Con posterioridad surgiría la doctrina Calvo en América Latina, como respuesta al expansionismo imperialista de las potencias europeas, rechazando el uso de la "protección diplomática" de sus nacionales y otrasformas de intervención armada".
Luego fue reforzada por la doctrina Drago, a comienzos del siglo XX, rechazando el uso de la fuerza o la ocupación como forma de cobrar deudas de un Estado, extendida posteriormente también a las obligaciones contractuales. La doctrina Calvo daría luego lugar a la cláusula Calvo, utilizada en convenios de concesión con extranjeros y que establece la jurisdicción de los tribunales locales para resolver .los posibles conflictos, vedando el recurso al arbitraje internacional." Bajo el principio de soberanía nacional y jurisdicción territorial, la doctrina Calvo postula que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. Se encuentra recogida en varias Constituciones de países latinoamericanos y pese a la decidida oposición de Estados Unidos, quedó consagrada en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1948,y fue reafirmada por la üEA en 1975 mediante una declaración.".
La doctrina Calvo también fue apoyada por numerosos países de otras regiones del mundo, particularmente en ex colonias, inspirando también la Resolución de la Asamblea General de la ONU del 17 de diciembre de 1973 que proclama la soberanía permanente de los Estados sobre los recursos naturales, y un año más tarde en la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
El sostenimiento de la doctrina Calvo se había convertido para los países en desarrollo (especialmente entre los latinoamericanos), en algo inamovible, por lo que la soberanía en materia de disputa jurídica estaba fuera de discusión. En este sentido, y a pesar de coexistir diferentes actitudes con respecto al tratamiento de la inversión extranjera, la mayoría de los países de la región sostuvo una postura contraria a la extraterritorialidad de los extranjeros, amparándose en la doctrina Calvo. Esta situación se modificó cuando en los años 90', en el marco del auge de las ideas neoliberales, muchos países de la región suscribieron el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (CIADI) y firmaron numerosos TBIs, aceptando la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros, colocando a empresas extranjeras y Estados nacionales en pie de igualdad. Los TBIs establecen que, en caso de disputa, los inversores externos cuentan con una diversidad de instancias jurídicas externas donde pueden acudir. El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es el ámbito principal, aunque no es el único. Existen otros tribunales internacionales como los establecidos por las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCE), y los tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París. Todos estos tribunales se rigen por sus propias reglas, que originariamente no estaban establecidas para resolver disputas entre empresas y Estados nacionales, sino para disputas comerciales entre empresas. Algo similar ocurre con las reglas establecidas en 1976 por la CNUDMI, que son utilizadas en procedimientos de arbitraje ad hoc celebrados en cualquier lugar acordado entre la partes, ya que la CNUDMI simplemente proporciona reglas que otros tribunales luego se encargan de administrar. Así, mientras las leyes de cualquier país democrático son aprobadas por su poder legislativo, las reglas de arbitraje no resultan de algún procedimiento legislativo; sino que provienen de una estrategia impulsada desde hace décadas por asociaciones empresariales y de abogados que buscan privatizar la justicia. Además, otro de los aspectos relevantes, es la inexistencia de la posibilidad de apelación ante un órgano superior, lo que adquiere mayor trascendencia cuando una de las partes implicadas es un estado, dado que se traduce en una evidente rnerma de su soberanía.
Por otro lado, a diferencia de los tribunales de justicia, en los tribunales de arbitraje, normalmente llamados paneles, los árbitros son designados para cada ocasión". De allí que, en los hechos, la inmensa mayoría de los árbitros proceden de importantes despachos de abogados especializados en arbitraje internacional, y resulta habitual que una misma persona actúe algunas veces como asesor de empresas multinacionales y otras como árbitro en litigios que involucran a esas mismas empresas. De este modo el arbitraje internacional es claramente un sistema concebido para proporcionar justicia privada al servicio de las empresas transnacionales. Además de no existir jueces propiamente dichos, no existe vista oral, ni apelación, ni jurisprudencia, ni acumulación de causas similares. El procedimiento arbitral permite muchas menos pruebas que la jurisdicción ordinaria, y los paneles deciden sobre su propia competencia y jurisdicción, llegando incluso a producirse dos laudos contrarios y sin posible casación para un mismo caso." La opacidad es otra de las características centrales de estos procesos de arbitraje. De hecho, sólo en el caso del CIADI existe un registro público de demandas junto a una ínformacíón muy limitada sobre su contenido, mientras que en las demás instancias arbitrales la existencia de una demanda y su resolución sólo se conoce si una de las partes implicadas decide hacerla pública, dado que las audiencias no son públicas y el laudo se notifica únicamente a las partes involucradas." Los TBI se presentan como un escudo protector contra los posibles abusos de los estados receptores de las inversiones, aunque en realidad terminan siendo un mecanismo mediante el cual las empresas transnacionales extorsionan a los Estados". Un resultado posible es que los Estados ante el temor de enfrentarse a indemnizaciones millonarias, debido a reclamos de "expropiación indírecta'', decidan limitar las regulaciones favorables al interés público, viéndose limitada la soberanía nacional para dictar políticas públicas."
Los capitales extranjeros en Argentina
Los datos de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE), difundida por el INDEC en diciembre de 201226, muestran que el proceso de extranjerización de las 500 empresas más grandes de Argentina se mantiene. El 64,4% de esas empresas siguen siendo extranjeras, generan el 79,8% del valor bruto de la producción, el 80,4% del valor agregado, y representan el 86,9% de las utilidades del panel.
Uno de los mayores limitantes para una economía en la cual el capital transnacional predomina en el control de la cúpula empresarial, es la carga de la remisión de utilidades al exterior sobre los déficits del Balance de Pagos. El capital extranjero invertido en nuestro país implica año a año la salida de divisas por el giro al exterior de parte de sus ganancias. Es así que el fuerte crecimiento económico de los últimos años generó un incremento de magnitud en la remisión de utilidades y dividendos, que pesan cada vez más sobre el balance cambiario. Según datos del Banco Central, entre 2003,y 2011 cerca de 22.000millones de dólares fueron remitidos al exterior por las empresas extranjeras. En el año 2012, las regulaciones cambiarias dispuestas por el gobierno nacional prácticamente paralizaron el egreso de divisas.
En octubre de 2011 el 'Banco Central de la República Argentina (BCRA) creó el "Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias", a través del cual se comenzaron a efectuar las solicitudes de compra de moneda extranjera supervisadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Posteriormente, en marzo de 2012 el BCRA restringió el retiro de dinero desde el exterior con tarjetas de débito locales a aquellas personas con cuentas bancarias en moneda extranjera en bancos argentinos. Finalmente, en julio de 2012 se suspendió la venta de de moneda extranjera con fines de atesoramiento". De este modo, como resultado de las regulaciones cambiarias, las operaciones en el Mercado único y Libre de Cambios (MULC) se redujeron notablemente, y la fuga de capitales pasó de 25mil millones de dólares en 2011 a 600 millones durante 2012. La apertura de la economía a los flujos de capitales exteriores descapitalizó a la economía argentina y profundizó la histórica restricción de divisas al desarrollo. A pesar de esto la ortodoxia económica sigue sosteniendo que un país como el nuestro requiere de la radicación de inversiones extranjeras para desarrollarse. Pero la experiencia de 2003-2014 es clara, con un producto bruto interno que se duplicó sin financiamiento externo y en base al ahorro interno. La desnacionalización de la propiedad del aparato productivo argentino fue posibilitada por sucesivos gobiernos (principalmente la dictadura militar de 1976-83 y los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, 1989-1999) a través de políticas económicas que mediante innumerables medidas han ido construyendo un marco jurídico-institucional favorable al capital foráneo, en desmedro del capital nacional.
El gobierno de la última dictadura militar, bajo la conducción económica de Martínez de Hoz, reemplazó la Ley de Radicaciones Extranjeras (Ley 20.557) por el Decreto Ley 21.382 del año 1977. Esta norma (aún vigente) restringe al mínimo las áreas vedadas a las inversiones extranjeras; prohíbe un tratamiento preferencial al capital nacional en relación a los capitales extranjeros; permite transferir utilidades, dividendos e, incluso el capital, en cualquier momento y casi sin restricciones; abre el acceso al crédito interno; y consagra una ficticia independencia jurídica entre la casa matriz y su sucursal en nuestro país. La Ley 20.557 de 1973 establecía que las inversiones debían instrumentarse mediante contratos de radicación, sujetos a la aprobación, según los casos, del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. La norma establecía requisitos relacionados con el desarrollo de zonas geográficas específicas, la mejor utilización de los recursos naturales y humanos, la mejora de las condiciones de vida de la población, y ponía límites a la contaminación ambiental." La repatriación del capital no podía efectuarse antes de transcurridos cinco años desde la aprobación del contrato de radicación, ni podía realizarse por montos superiores al 20 por ciento anual, también se fijaron porcentajes máximos para la remisión de utilidades. La norma de 1973 procuraba asegurar la viabilidad económica de largo plazo de las inversiones extranjeras, estableciendo que toda inversión extranjera debía generar el monto de divisas" necesarias para financiar la remisión de utilidades y amortizaciones del capital: "Que los bienes o servicios a producir posibiliten una sustitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al balance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo de probables egresos o repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones -incluso las indirectas a través de los insumos- y otros egresos"." La Ley de Radicaciones Extranjeras de 1973 también contenía una serie de restricciones referidas a niveles y razones para la remisión de utilidades al exterior, áreas que por cuestiones estratégicas no eran admisibles para el ingreso de capitales externos (de seguridad nacional, alimentaria, recursos naturales, entre otras), impedimentos para fondearse en el mercado de crédito local para evitar la absorción del capital nacional por el extranjero, y el fomento del desarrollo tecnológico en el país, a través de la obligación de contratar técnicos locales.
Como resultado de la eliminación de las regulaciones de la Ley 20.577,junto con otras medidas, el gobierno militar desarticuló el proceso de sustitución de importaciones. Una vez 'recuperada la democracia, los constantes desequilibrios macroeconómícos durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1984-1989), la carga de la deuda externa, y la persistencia de una tasa inflacionaria de tres dígitos, generaban un clima de incertidumbre acerca de la marcha de la economía muy poco atractivo para las inversiones extranjeras. Pero en el contexto de las ideas reinantes del Consenso de Washington, la administración del presidente Menem redefinió el papel del Estado en relación a la actividad económica, impulsando fuertemente la actividad privada en diferentes ámbitos antes regulados por el Estado". En este marco en 1993, a través del Decreto 1853/93, el Poder Ejecutivo aprobó el texto reordenado del Decreto Ley 21.382.
Esta nueva norma no sólo ratificó el decreto de la dictadura, sino que la hizo aún más liberal. En su artículo 2° el nuevo decreto incluye que los inversores extranjeros podrán efectuar inversiones en el país sin necesidad de aprobación previa, y en su artículo 5° establece que el derecho de los inversores de repatriar su inversión y enviar al exterior las utilidades líquidas y realizadas podrá ser ejercido en cualquier momento. Se fijó una amplia libertad para el movimiento de capitales, sin limitaciones para la remisión de dividendos (a los que se exceptuó del pago de impuestos), ni para acceder a programas de financiamiento público o privado. Los inversores extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que las leyes otorgan a los inversores nacionales; pueden transferir al exterior las ganancias y repatriar su inversión; y hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional. Las mayores concesiones otorgadas por la legislación nacional al capital extranjero no fueron consideradas suficientes para brindarla "seguridad jurídica" que asegurara el necesario ingreso de divisas para sostener el plan de convertibilidad. Fue así que se resolvió comprometer internacionalmente al país mediante la firma de numerosos acuerdos bilaterales de inversión y la adhesión al convenio del CIADI, prorrogando la jurisdicción en favor de tribunales extranjeros.
De acuerdo a las reformas introducidas en la década de 1990, el Estado debía transformarse en un facilitador de los negocios del sector privado, regulando ocasionalmente las "fallas del mercado" y ocupando el lugar de éste en laprestación de actividades no rentables. Al mismo tiempo se apoyaba la internacionalización de las economías de la región, que debían abrir sus fronteras al capital, procurando ser atractivas para la inversión extranjera." En un contexto internacional de fuerte movilización del capital financiero y productivo en búsqueda de altas rentabilidades e integración productiva de sus unidades de negocios a nivel mundial, la firma de TBIs fue el eje central de la -política exterior argentina en materia de inversiones durante la década de 1990. La cantidad de acuerdos suscriptos se incrementó al ritmo del crecimiento de la inversión extranjera. La firma de los TBIs era justificada a partir de la necesidad 'de alentar las inversiones extranjeras, para protegerlas frente a los riesgos derivados de la privación de justicia por parte de los Estados nacionales, a partir de la inestabilidad política e institucional de los países en desarrollo." Así, a comienzos de la década del noventa, al mismo tiempo que abría sus mercados a las inversiones extranjeras, Argentina iniciaba un rápido proceso de firma y ratificación de TBIs. El primer paso fue dado en el año 1991, mediante la firma del convenio del CIADI.A partir de entonces el gobierno firmó múltiples instrumentos internacionales, alcanzando un total de 58 TBIs, que a partir de 1992 fueron sucesivamente ratificados por el Congreso Nacional. En los primeros cuatro años de su ratificación, entraron en vigencia casi el 60 por ciento del total de acuerdos firmados.
Es importante notar que en el primer año de la ratificación de los tratados, casi su totalidad estaba relacionada con países de la OCDE. Estos acuerdos fueron ratificados entre 1992 y 1995, años que coinciden con el traspaso a manos privadas de las empresas estatales más grandes (gas, electricidad, petróleo y provisión de agua potable y saneamiento). En este proceso, la presencia de las empresas extranjeras fue muy importante. Es sumamente probable que la presión para la firma de TBIs se debiera en gran parte a las propias insuficiencias legales del proceso privatízador". En un contexto donde algunas privatizaciones autorizaron la indexación de tarifas, mecanismo prohibido por la ley de convertibilidad, podría pensarse que la firma de los tratados constituyó un reaseguro jurídico para inversiones sumamente lucrativas que ya tenían incluido el riesgo país en sus estimaciones de rentabílídad." Entre los países involucrados se destacan España, Italia, Francia, EEUU, Gran Bretaña y Alemania, es decir, los más importantes inversores externos en la Argentina. Se evidencia así una correlación positiva entre la presencia inversora .de los países más desarrollados y la búsqueda de garantías para la inserción de sus empresas en el mercado local.
En este sentido la firma indiscriminada de TBIs encuentra coherencia con la oleada de inversiones extranjeras en la Argentina vinculadas a la privatización de activos del Estado, y desde mediados de la década de 1990 con el proceso de adquisiciones de firmas de capital local por empresas extranjeras. Si bien muchos países de la región vivieron un proceso de similares características, en ningún caso se verificó la cantidad y velocidad de acuerdos firmados por el gobierno argentino. Mientras que en el Mercosur el promedio de tratados firmados por país es de 31, en la Comunidad Andina es de 20. Por otro lado es posible observar importantes diferencias entre posiciones extremas caracterizadas por la experiencia argentina (con casi 60 tratados firmados, de los cuales más del 90% fueron ratificados) y las de Colombia y Brasil, con un número muchísimo menor de tratados celebrados y ratificados. En el caso de Brasil incluso ninguno de los TBls firmados fue posteriormente ratificado por el congreso brasileño, como resultado de la resistencia de diversos grupos político-sociales (partidos, sindicatos, organizaciones empresarias) frente al intento de externalizar la jurisdicción legal y resignar este aspecto de la soberanía del estado nacional."
Argentína es el país con más denuncias en el CIADI
Según la base de datos de este ámbito" son 18 las causas contra el Estado argentino que ya han concluido, mientras que actualmente subsisten otras 16 causas pendientes en ese centro del Banco Mundial. Si bien en muchas causas el monto de la demanda es desconocido, se estima que el total de las demandas contra el Estado argentino oscila los 20.000 millones de dólares. En casi todos los casos las demandas contra el Estado argentino están relacionadas con las medidas que adoptó el gobierno para hacer frente a la crisis que estalló a finales de 2001. La Ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiaria, adoptada en 2002 y prorrogada hasta la actualidad, es el blanco preferido de casi todas las demandas en tribunales internacionales. Esta norma incluye un capítulo dedicado a los contratos públicos que deja sin efecto las cláusulas de ajuste de tarifas en dólares, las basadas en el índice de precios estadounidense y en cualquier otro mecanismo indexatorio; pesifica las tarifas, y autoriza al gobierno a renegociar los contratos. El eje central de la estrategia legal de defensa del gobierno argentino consiste en invocar el "estado de necesidad”. En las demandas presentadas por empresas concesionarias de servicios públicos y privatizaciones los alegatos hacen referencia a la pesificación de las tarifas. En nueve de ellos las demandas refieren al congelamiento de las tarifas, siete casos tienen como una de las causas la imposición de retenciones a la exportación (empresas hidrocarburíferas y gasíferas); en cinco demandas aparece como uno de los motivos la suspensión del ajuste de las tarifas según el índice de precios de los Estados Unidos; mientras que en dos de los casos se alega la rescisión total del contrato de concesión de servicio público. La defensa del gobierno argentino sostiene que la situación de emergencia económica producto de la crisis socioeconómica desatada a fines del año 2001 se ajusta plenamente a la cláusula de "estado de necesidad", razón por la cual el Estado argentino no puede ser imputado de ninguna responsabilidad por las medidas adoptadas para afrontar la crisis. Sin embargo los laudos contrarios a nuestro país dejan en claro que la interpretación de los árbitros del CIADIrechaza la argumentación de la Argentina. La Procuración del Tesoro de Argentina sostiene que, según su interpretación del Convenio del CIADI, el inversor externo debe pedir la ejecución del laudo del CIADI ante el tribunal competente", razón por la cual hasta octubre de 2013 el Estado argentino no había abonado ninguna indemnización". Pero la dilación del pago no evita que a medida que concluyen los arbitrajes se acumulen condenas, y, además, a la hora de pagar, al monto de las indemnizaciones se agregan los costos procesales y de defensa.
Las demandas ante tribunales internacionales no son más que un eslabón de una larga cadena de dispositivos destinados a presionar al Estado argentino para mejorar las condiciones para los negocios de las grandes corporaciones trasnacionales que operan en nuestro país. Prueba de ello son los resultados de las gestiones del gobierno argentino con los de España y Francia, mediante las que se ha conseguido que empresas de esos países retiren al menos diez demandas del CIADI, a cambio de mejores condiciones en las renegocíacíones de contratos de concesión de servicios públicos privatizados.
A más de quince años de la firma de los primeros TBIs y de la adhesión al CIADI, es posible realizar una evaluación pública de los resultados económicos y jurídicos de estos acuerdos. El principal argumento esgrimido por los defensores de estos instrumentos jurídicos es el efecto positivo en la captación de inversiones. Sin embargo la evidencia empírica no apoya esta tesis, ya que las economías que reciben más inversiones (Estados Unidos", China y Brasil) no suscribieron tratados con prórroga de jurisdicción. Incluso la Constitución de Brasil lo prohíbe expresamente y esto no ha impedido que Brasil sea el país de la región que capta las mayores inversiones. En el mismo sentido apuntan diversos trabajos que analizan las vinculaciones las ventajas de tipo jurídico y las inversiones. Un estudio econométrico realizado por la UNCTAD47 para determinar el efecto de los TBIs sobre los flujos de inversión no encontró ninguna relación causal, mostrando que ellos sólo presentan una débil influencia, mientras que Hallward-Driemeier analiza los flujos de IED provenientes de los países desarrollados, descartando que una mayor protección pueda convertirse en un inductor válido para atraer inversión adicional. Al mismo resultado arriba Sullivan" al analizar lainftuencia de los TBIs al momento de definir las IED estadounidenses. Es decir que la vinculación entre la firma de TBIs y el incremento de los flujos de IED es un mito falso. Sin embargo el efecto de los TBIs sobre las posibilidades de desarrollo de la economía argentina dista de ser nulo. La vigencia de este marco institucional reduce de manera significativa el margen de maniobra del Estado argentino para implementar políticas activas de regulación y desarrollo de la actividad económica. Con la legislación vigente el Estado no está en condiciones de exigir que la cúpula empresarial cumpla con metas de reinversión de utilidades, de creación de puestos de trabajo, de compra a proveedores locales o de generación de un saldo positivo de divisas.
Por otro lado, tal como la han señalado diversos especialistas, la adhesión de Argentina al convenio del CIADIno sólo es nula'", sino que la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales del CIADI resulta inconstitucional. Al respecto el ex Procurador del Tesoro de la Nación Horacio Rosatti, sostiene: "Si en virtud de l~ aplicación de un tratado internacional pudiera evitarse el control de constitucionalidad local, queda consagrada la posibilidad de modificarla Constitución Nacional por medio de leyes, violentándose el procedimiento de reforma constitucional previsto en el arte 30 y, a la vez, quedaría subvertida la pirámide jurídica nacional desde el momento en que el tratado supra-legal pero infra-constitucional prevalecería sobre la Constitución, violentándose el orden jerárquico establecido en el Constitución Nacional (... ) No es aceptable que Argentina pueda ceder de modo anticipado (a través de una ley que aprueba un TBI) y definitivamente (por medio de otra ley que aprueba un mecanismo de arbitraje internacional como el CIADI) su potestad de efectuar el control judicial de constitucionalidad en sus tribunales de los tratados de comercio ni de los conflictos que suscite su aplicación".
"La recuperación de la doctrina Calvo permitiría que las actividades de las empresas multinacionales se encuentren bajo el control democrático en base a la primacía absoluta de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo del conjunto de la población frente al beneficio empresarial. La reversión del entramado jurídico resultante de negociaciones internacionales que no se corresponden con un modelo de desarrollo productivo autónomo aparece como uno de los pasos necesarios para pensar en revertir el alto grado de extranjerización de la economía argentina. Para esto también resulta necesario modificar el marco normativo interno que regula al capital extranjero, de manera que sea coherente con el modelo de desarrollo. Las lógica de las normas vigentes (Decreto Ley 21.382/1976y Decreto 1853/1993) atenta contra la producción nacional y se manifiesta en el nivel excesivo de apertura hacia el capital extranjero, la imposibilidad de planificar la radicación del capital y la ausencia de restricciones a la remisión de utilidades y a la repatriación del capital invertido.
Existen ejemplos concretos en este sentido, tal como es el caso de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Estos países han tomado las medidas necesarias para desentramar el marco jurídico contrario a sus intereses nacionales, mediante el abandono de los tribunales del CIADI, y la denuncia y/o renegociación de los TBIs firmados en décadas pasadas. Brasil, como se mencionó, no ha cedido su soberanía en materia de regulación de los capitales extranjeros. De existir la decisión política para avanzar en tal sentido, la Argentina deberá buscar la estrategia más adecuada para minimizar los costos que posiblemente existan al desmantelar este perjudicial entramado jurídico vigente. La acción conjunta de los países de la región puede resultar menos gravosa y más eficaz que las acciones individuales que se puedan tomar en este sentido. .
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Fuente: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/ciclos/ciclos_v22_n42-43_08.pdf

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