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Timestamp: 2019-05-24 23:25:55+00:00

Document:
STC 204/2009, 23 de Noviembre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 73598841
Número de Recurso: 8372-2005
Recurso de amparo 8372-2005. Promovido por don A.D. respecto a los Autos de un Juzgado de Primera Instancia de La Laguna que, respectivamente, estimó el incidente de nulidad de actuaciones suscitado por don José Manuel Hernández Domínguez en un juicio verbal de desahucio y denegó su aclaración. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): auto que anula las actuaciones de un proceso civil por indefensión del demandado sin resolver la alegación del demandante de que el incidente de nulidad de actuaciones era extemporáneo.
STC 204/2009
En el recurso de amparo núm. 8372-2005, promovido por don Marcos Juan Calleja García, Procurador de los Tribunales, en representación de don A.D., defendido por el Abogado don Gerardo Pérez Sánchez, contra el Auto de fecha 13 de junio de 2005 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Laguna, por el que se estimaba el incidente de nulidad de actuaciones planteado por don José Manuel Hernández Domínguez en los autos de juicio verbal de desahucio núm. 45-2001, así como contra el Auto de 6 de septiembre de 2005 por el que se declaraba no haber lugar a la aclaración solicitada. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sección.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 22 de noviembre de 2005 el Procurador de los Tribunales don Marcos Juan Calleja García, en nombre y representación de don A.D., interpuso recurso de amparo contra el Auto de fecha 13 de junio de 2005 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Laguna, por el que se estimaba el incidente de nulidad de actuaciones planteado por don José Manuel Hernández Domínguez en los autos de juicio verbal de desahucio núm. 45-2001, así como contra el Auto de 6 de septiembre de 2005 por el que se declaraba no haber lugar a la aclaración solicitada.
Con fundamento en este itinerario procesal la representación procesal de don A.D. presentó recurso de amparo, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 22 de noviembre de 2005.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó, mediante providencia de 19 de febrero de 2008, admitir a trámite la demanda, hacer constar que dispone de las actuaciones correspondientes al procedimiento, y requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Laguna para que emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, ya personada.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 29 de junio de 2009, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del recurso de amparo al Ministerio Fiscal y a las partes para alegaciones.
El 20 de julio de 2009 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones presentado por la representación del recurrente, que insistió en las mantenidas con anterioridad en su recurso de amparo.
Por escrito registrado el 8 de septiembre de 2009 el Ministerio Fiscal, cumplimentando el trámite de alegaciones, interesó la estimación del amparo. En su escrito el Ministerio Fiscal señala que, a los efectos de determinar si la resolución recurrida ha vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), es preciso examinar si dicha resolución se aparta de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en relación a la concurrencia del vicio de incongruencia omisiva.
Examinada la demanda, y verificándose que para su resolución resulta aplicable doctrina consolidada de este Tribunal, la Sala Segunda, mediante providencia de 10 de noviembre de 2009, acordó por unanimidad deferir la resolución del recurso a la Sección Tercera, de acuerdo con lo previsto en el art. 52.2 LOTC y en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.
Por providencia de 19 de noviembre de 2009, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
La demanda de amparo se dirige contra el Auto de fecha 13 de junio de 2005 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Laguna, por el que se estimaba el incidente de nulidad de actuaciones planteado por don José Manuel Hernández Domínguez en los autos de juicio verbal de desahucio núm. 45-2001, así como contra el Auto de 6 de septiembre de 2005 por el que se declaraba no haber lugar a la aclaración solicitada.
Antes de proceder a analizar la vulneración del art. 24.1 CE alegada en la demanda de amparo, y siendo prioritario el examen de las cuestiones de admisibilidad sobre las de fondo, nos corresponde analizar la posible extemporaneidad de la demanda de amparo por haberse alargado artificialmente el plazo para impugnar en amparo mediante la interposición de un recurso de apelación manifiestamente improcedente. En numerosas ocasiones hemos señalado que “la utilización de recursos o remedios procesales manifiestamente improcedentes contra una resolución judicial firme no suspende el plazo de veinte días para recurrir en amparo (art. 44.2 LOTC), que es un plazo de caducidad, improrrogable, y, por consiguiente, de inexorable cumplimiento, que no consiente prolongación artificial ni puede quedar al arbitrio de las partes” (por todas, SSTC 72/1991, de 8 de abril, FJ 2). Es claro, sin duda, que conforme al art. 240.4 LOPJ contra la resolución final del incidente de nulidad de actuaciones no cabe recurso alguno.
Despejado el óbice procesal a la admisibilidad del recurso de amparo procede abordar el enjuiciamiento de la cuestión de fondo, relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) como resultado de la llamada incongruencia omisiva. Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo, resume esta doctrina señalando que “el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales [por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre, FJ 4 b)]. La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo: ‘el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva ‘no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994, y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo; 1/2001, de 15 de enero; 5/2001, de 15 de enero; 148/2003, de 14 de julio, y 8/2004, de 9 de febrero, entre otras’ (FJ 3)’. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia (STC 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4.b, que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo, en relación con la casación por infracción de Ley)”.
La aplicación de la anterior doctrina al presente asunto lleva a apreciar la lesión denunciada.
Estimar el recurso de amparo presentado por don A.D. y, en consecuencia:
Declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente.
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los Autos de 13 de junio y de 6 de septiembre de 2005 dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Laguna en el procedimiento de desahucio núm. 45-2001, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de haberse dictado el primero de los Autos señalados para que se pronuncie uno nuevo respetuoso con el derecho fundamental vulnerado.
SAP Cantabria 20/2008, 23 de Enero de 2008
STSJ Castilla-La Mancha 151/2008, 30 de Enero de 2008

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