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Timestamp: 2017-02-22 09:52:11+00:00

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TÍTULO I. De las definiciones y de los principios generales
Libertad de comunicación audiovisual
Pluralismo en la comunicación audiovisual
Servicio público de comunicación audiovisual
Derechos de los ciudadanos ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña
Unidad del espacio audiovisual y acceso universal a la información
Libertad de recepción y principios de integración normativa
TÍTULO II. Del espacio radioeléctrico
Consideración audiovisual del uso del espacio radioeléctrico
Planificación del espacio radioeléctrico
Contenidos de los planes técnicos
Gestión de los planes técnicos
Principios de la planificación y la gestión
Participación de la Generalidad en la planificación estatal
TÍTULO III. Del servicio público audiovisual en Cataluña
SECCIÓN PRIMERA. El servicio público audiovisual en Cataluña
Definición general y alcance del servicio público de comunicación audiovisual
Las misiones de servicio público
Obligaciones de los prestadores públicos
CAPÍTULO II. El servicio público audiovisual de competencia de la Generalidad
Las misiones del servicio público audiovisual de la Generalidad
El servicio público audiovisual y el uso de las nuevas tecnologías
Garantía de la presencia del servicio público de comunicación audiovisual en los distintos sistemas de distribución
Principios de organización y funcionamiento de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
Instrumentos para garantizar el cumplimiento de la función de servicio público
La financiación de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Generalidad
CAPÍTULO III. El servicio público audiovisual de ámbito local
Definición, alcance y forma de gestión del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local
Principios de organización y funcionamiento del servicio público audiovisual de ámbito local
La financiación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local
TÍTULO IV. De la ordenación de la prestación de servicios de comunicación audiovisual por parte de sujetos privados
SECCIÓN PRIMERA. La ordenación de la prestación de servicios de comunicación audiovisual por parte de sujetos privados
Obligaciones generales de los sujetos que participan en la prestación de los servicios de comunicación audiovisual
La prestación privada de servicios de comunicación audiovisual
CAPÍTULO II. Garantía del pluralismo y control de las concentraciones en la comunicación audiovisual
Instrumentos de garantía del pluralismo
Modificación de la estructura accionarial o empresarial de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual
Operadores con posición de dominio o influencia dominante
Definición de mercados relevantes y revisión de los límites y criterios de garantía del pluralismo
CAPÍTULO III. Régimen de la licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual mediante el uso del espectro radioeléctrico
Licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual
Objeto de la licencia de un canal múltiple
Finalidad de la licencia
Condiciones previas de la licencia
Criterios de adjudicación de la licencia
Obligaciones de los titulares de la licencia
Vigencia y renovación de la licencia
La intransmisibilidad de la licencia
Ineficacia sobrevenida por incumplimiento de las condiciones de la licencia
CAPÍTULO IV. Régimen para prestar los servicios de comunicación audiovisual mediante tecnologías distintas al espectro radioeléctrico
Sujeción a comunicación previa
Finalidad de la comunicación
CAPÍTULO V. Obligaciones de los distribuidores de los servicios de comunicación audiovisual
Obligaciones de transmisión obligatoria
Reserva de espacio a programadores independientes
Garantías de acceso universal de los usuarios a la oferta de servicios de comunicación audiovisual
Tecnologías de limitación de acceso
CAPÍTULO VI. Servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro
Reserva de espacio público de comunicación
CAPÍTULO VII. Acceso a la información de la actividad audiovisual privada de interés general previa solicitud
Garantías de acceso previa solicitud
Denegación de solicitudes de información
Gratuidad de la información
CAPÍTULO VIII. Difusión de la información sobre el sector audiovisual
Responsabilidad del servicio de difusión de información
Intercambio de información con otras autoridades y poderes públicos
TÍTULO V. De la regulación de los contenidos audiovisuales
Instrumentos para regular los contenidos audiovisuales
Corregulación de los contenidos audiovisuales
Fomento de la autorregulación
Principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales
Señalización de los contenidos audiovisuales
Acceso de las personas con discapacidad a la comunicación audiovisual
Acontecimientos de interés general
Obligaciones con relación a la presencia de la lengua y cultura catalanas y del aranés en la comunicación audiovisual
Obligaciones en materia de difusión de obras audiovisuales europeas
Derechos de los usuarios de servicios de comunicación audiovisual
Pluralismo e información ciudadana
TÍTULO VI. De la publicidad, la televenta y el patrocinio
Finalidades de la regulación de la publicidad, la televenta y el patrocinio
Publicidad y televenta encubiertas
CAPÍTULO II. Forma y presentación de la publicidad y la televenta
Principio de separación entre el contenido editorial y el publicitario
Difusión de publicidad y televenta en bloques y aislada
Inserción entre programas e interrupciones publicitarias de la programación televisiva
CAPÍTULO III. Duración de los anuncios publicitarios y la televenta televisiva
Duración por hora y día en la televisión
Limitaciones a la presencia de contenidos publicitarios en el servicio público audiovisual de Cataluña
CAPÍTULO IV. Normas sobre el patrocinio televisivo
Deberes y obligaciones principales de los patrocinadores
Emisiones y sujetos excluidos de la actividad de patrocinio
CAPÍTULO V. El uso de las nuevas tecnologías en la actividad publicitaria y otras formas de publicidad
SECCIÓN PRIMERA. El uso de las nuevas tecnologías en la actividad publicitaria
Patrocinio virtual
SECCIÓN SEGUNDA. Otras formas de publicidad
Reglas especiales de publicidad y patrocinio en la radio
TÍTULO VII. De las competencias públicas en el ámbito audiovisual y del Consejo del Audiovisual de Cataluña
CAPÍTULO II. El Consejo del Audiovisual de Cataluña
TÍTULO VIII. Del fomento, la promoción y la protección del sector audiovisual
CAPÍTULO I. Obligaciones de los prestadores de servicios de televisión
Las políticas de impulso del sector audiovisual
Obligaciones de los prestadores de servicios de televisión de contribuir al desarrollo del sector audiovisual y de la cinematografía
Garantía de integridad de las obras cinematográficas
CAPÍTULO II. Fomento de la industria cinematográfica y del sector audiovisual
Fomento de la cultura audiovisual
Protección del patrimonio audiovisual catalán
Promoción del espacio audiovisual catalán
TÍTULO IX. De la actividad de inspección y del régimen de infracciones y sanciones
CAPÍTULO I. Inspección y control de la prestación de servicios de comunicación audiovisual
Establecimiento del grado de la sanción
Disposiciones generales en materia de procedimiento para la aplicación del régimen de infracciones y sanciones
Duración del mandato de los miembros del Consejo del Audiovisual de Cataluña
Tasas de inspección y control del Consejo del Audiovisual de Cataluña
Causas por la pérdida de la condición de miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña
Participación en la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en Vall d'Aran
Tramitación de los concursos para la adjudicación de concesiones para la gestión del servicio público de televisión digital local que aún no hayan sido resueltos
Licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual
Régimen de los medios audiovisuales de la Generalidad y de los de ámbito local
Uso de la tecnología analógica en el proceso de transición a la televisión digital
Tramitación de los expedientes administrativos que pasen a ser de competencia del Consejo del Audiovisual de Cataluña
Régimen concesional transitorio
L 3/2015 de 11 Mar. CA Cataluña (medidas fiscales, financieras y administrativas) Ocultar / Mostrar comentarios Letra c) del artículo 1 redactado por el artículo 99 de la Ley [CATALUÑA] 3/2015, 11 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 13 marzo).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 6687-2012 (contra arts. 7, 9 y 10 de la L 2/2012 de 22 Feb. CA CAtaluña, de modificación de varias leyes en materia audiovisual) Ocultar / Mostrar comentarios El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de diciembre 2012, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad n.º 6687-2012, contra el artículo 7 de la Ley de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, que modifica la presente Ley, y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso —27 de noviembre de 2012—, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros («B.O.E.» 17 diciembre).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de diciembre 2012, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad n.º 6687-2012, contra el artículo 9 de la Ley de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, que modifica la presente Ley, y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso —27 de noviembre de 2012—, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros («B.O.E.» 17 diciembre).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de diciembre 2012, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad n.º 6687-2012, contra el artículo 10 de la Ley de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, que modifica la presente Ley, y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso —27 de noviembre de 2012—, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros («B.O.E.» 17 diciembre).
L 2/2012, de 22 Feb. CA Cataluña (modificación de varias leyes en materia audiovisual) Ocultar / Mostrar comentarios Número 4 del artículo 36 redactado por el artículo 6 de la Ley [CATALUÑA] 2/2012, 22 febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual («D.O.G.C.» 27 febrero).
Letra j) del número 2 del artículo 111 redactada por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 2/2012, 22 febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual («D.O.G.C.» 27 febrero).
Artículo 117 redactado por el artículo 8 de la Ley [CATALUÑA] 2/2012, 22 febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual («D.O.G.C.» 27 febrero).
L 20/2010 de 7 Jul. CA Cataluña (del cine) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 120 derogado por la letra a) de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 20/2010, 7 julio, del cine («D.O.G.C.» 16 julio).
Artículo 123 derogado por la letra a) de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 20/2010, 7 julio, del cine («D.O.G.C.» 16 julio).
Número 1 del artículo 125 derogado por la letra a) de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 20/2010, 7 julio, del cine («D.O.G.C.» 16 julio).
Último inciso del número 2 del artículo 125: «a que se refiere el apartado 1» derogado por la letra b) de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 20/2010, 7 julio, del cine («D.O.G.C.» 16 julio).
L 5/2008 de 24 Abr. CA Cataluña (derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista) Ocultar / Mostrar comentarios Letra f) del artículo 132 introducida por la letra a) de la disposición adicional sexta de la Ley [CATALUÑA] 5/2008, 24 abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista («D.O.G.C.» 2 mayo).
Párrafo 2.º del artículo 9 introducido por la letra b) de la dispoción adicional sexta de la Ley [CATALUÑA] 5/2008, 24 abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista («D.O.G.C.» 2 mayo).
L 11/2007 de 11 Oct. CA Cataluña (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 108 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 11/2007, 11 octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales («D.O.G.C.» 18 octubre).
Recurso de inconstitucionalidad Núm. 8112-2006 (en relación con diversos preceptos de la L del Parlamento de Cataluña 22/2005 de 29 Dic., de la Comunicación Audiovisual) Ocultar / Mostrar comentarios El Recurso de inconstitucionalidad n.º 8112/2006 («B.O.E.» 5 febrero 2007) ha acordado mantener la suspensión del artículo 56.
El Recurso de inconstitucionalidad n.º 8112/2006 («B.O.E.» 5 febrero 2007) ha acordado mantener la suspensión de la disposición transitoria segunda.
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra a) del artículo 1, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra d) del artículo 1, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra e) del artículo 1, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra f) del artículo 1, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra b) del número 1 del artículo 2, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra c) del número 1 del artículo 2, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra e) del número 1 del artículo 2, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra d) del número 1 del artículo 2, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 17, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 18, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 19, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 20, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 21, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 22, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 28, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del número 2 del artículo 32, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del número 5 del artículo 33, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 36, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 37, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 39, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la letra b) del número 2 del artículo 40, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 41, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 42, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 43, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 44, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 45, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 46, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 47, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 48, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 49, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 50, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 51, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 52, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 53, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 54, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 55, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 57, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 58, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 59, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 60, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 61, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 62, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 63, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 64, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 66, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 67, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 68, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 69, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 71, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 70, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 111, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 115, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 116, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 119, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del número 2 del artículo 127, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 128, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 133, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión del artículo 134, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la disposición transitoria cuarta, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
El Auto T.C. (Pleno) de 18 de enero de 2007 («B.O.E.» 5 febrero) ha acordado levantar la suspensión de la disposición transitoria sexta, cuya suspensión se produjo con la admisión del recurso 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 8112/2006 (en relación con diversos preceptos de la L 22/2005 de 29 Dic. CA Cataluña, Comunicación Audiovisual) Ocultar / Mostrar comentarios Letra a) del artículo 1 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Letra d) del artículo 1 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Letra e) del artículo 1 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Letra f) del artículo 1 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Letra b) del artículo 2 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Letra c) del artículo 2 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Letra e) del artículo 2 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Letra d) del artículo 2 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 17 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 18 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 19 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 20 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 21 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 22 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 28 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Número 2 del artículo 32 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Número 5 del artículo 33 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 36 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 37 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 39 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Letra b) del número 2 del atículo 40 suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 41 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 42 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 43 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 44 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 45 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 46 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 47 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 48 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 49 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 50 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 51 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 52 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 53 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 54 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 55 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 56 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 57 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 58 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 59 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 60 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 61 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 62 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 63 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 64 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 66 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 67 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 68 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 69 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 70 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 71 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 86 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 87 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 111 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 115 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 116 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 119 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Número 2 del artículo 127 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 128 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 133 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Artículo 134 suspendido de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Disposición transitoria segunda suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Disposición transitoria cuarta suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Disposición transitoria sexta suspendida de vigencia y aplicación por Recurso de inconstitucionalidad número 8112/2006 («B.O.E.» 9 octubre 2006), desde la fecha de interposición del recurso, 1 de agosto de 2006, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
L 22/2005 de 29 Dic. CA Cataluña (comunicación audiovisual) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 4.ª de esta Ley establece que el porcentaje máximo establecido por el presente apartado puede ser superado en la demarcación de Vall d'Aran, dada su singularidad lingüística y cultural.
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
La Ley 10/1983, de 30 de mayo, de creación del ente público Corporación Catalana de Radio y Televisión y de regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad de Cataluña, es la primera ley promulgada en Cataluña relacionada con el sector audiovisual. Conllevó la creación del servicio público de radiodifusión de la Generalidad de Cataluña, que tuvo una importancia caudal en la promoción, el conocimiento y la difusión de la lengua y la cultura catalanas, y en la conformación de un sistema audiovisual propio de Cataluña.Téngase en cuenta que la Ley [CATALUÑA] 10/1983, 30 mayo, ha sido derogada por el número 1 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 11/2007, 11 octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales («D.O.G.C.» 18 octubre) el 19 de octubre de 2007.
Después de veintidós años de este hecho, el sector audiovisual ha experimentado profundas transformaciones. Algunas muestras ello son: la irrupción de las televisiones privadas, en el año 1988, que rompen el monopolio de las televisiones públicas (la estatal y las autonómicas); los cambios tecnológicos que hacen posible la difusión por satélite y por cable; la aparición de las televisiones de ámbito local y las de acceso condicionado; la liberalización de las redes de telecomunicaciones; la liberalización de la televisión por cable y la aparición de la televisión digital terrestre, que abre nuevas posibilidades de difusión, y el acceso a servicios relacionados con la sociedad de la información.
Todas estas transformaciones se han producido a partir de las distintas normativas estatales promulgadas durante estos años y de la regulación contenida en la Directiva 89/552/CEE, conocida como Directiva de televisión sin fronteras. Dada la necesidad de adecuar la regulación del sector a las nuevas tecnologías, de prever nuevas formas de gestión y de disponer de una regulación global de esta materia, es preciso aprobar una ley que regule el sector audiovisual de Cataluña.
En efecto, la Resolución 3/VI del Parlamento de Cataluña, sobre los medios audiovisuales de Cataluña, ya acordaba la necesidad de modificar el marco legal del sistema de comunicación audiovisual de Cataluña, porque lo consideraba insuficiente e inadecuado a la realidad actual. Este acuerdo comporta el reconocimiento de la importancia estratégica, económica y política del sector audiovisual y de la necesidad de contar con una normativa propia sobre esta materia. Establece también la necesidad de que el Consejo del Audiovisual de Cataluña se convierta en una verdadera autoridad reguladora independiente que cumpla las funciones de vigilancia y control sobre el sector, con la garantía de que dicho control no esté influido por consideraciones políticas a corto plazo. En la misma línea de profundización democrática, se acordó actualizar la organización de la Corporación Catalana de Radio y Televisión para dotarla de una mayor independencia, profesionalidad y viabilidad económica, dotar al Consejo de Administración de más atribuciones y adecuar el organismo a las exigencias de cambios tecnológicos y nuevas demandas.Téngase en cuenta que, conforme establece la disposición adicional primera de la Ley [CATALUÑA] 11/2007, 11 octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales («D.O.G.C.» 18 octubre), la Corporación Catalana de Radio y Televisión pasa a denominarse Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
Como consecuencia del mismo mandato, se promulgó la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña, que crea la primera autoridad reguladora independiente en el Estado español, la cual es un referente para las que se crean posteriormente en otras comunidades autónomas. Las sucesivas modificaciones de dicha ley han ido ampliando las competencias del Consejo del Audiovisual de Cataluña, especialmente en lo que concierne a la intervención en la concesión de licencias y la capacidad sancionadora.
La Ley de la comunicación audiovisual de Cataluña es fruto también de este mandato parlamentario, y ha de ser un instrumento esencial para la ordenación de las normas que regulan este sector, con el establecimiento de un modelo coherente que se adapte a las nuevas realidades, las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de gestión. Esta ley debe servir también como marco de referencia para impulsar el sector audiovisual, y hacerlo más competitivo en el actual contexto económico.
El texto de la presente ley recoge las aportaciones del Informe del Consejo del Audiovisual de Cataluña sobre la futura ley del audiovisual de Cataluña, que el propio Parlamento encargó a dicho organismo.
La presente ley se fundamenta en el derecho de los ciudadanos de Cataluña a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, es decir, el entorno simbólico, y debe otorgar a la Generalidad, en defensa de los derechos y los intereses de los ciudadanos, la capacidad de intervenir en la regulación de los operadores y los contenidos. Es por este motivo que Cataluña, como comunidad con un patrimonio cultural específico, no puede ser considerada solo una parte de los grandes mercados de consumo audiovisual provistos desde fuera de la propia comunidad mediante operadores y contenidos surgidos de otras tradiciones.
Cabe destacar que con la presente ley el sistema audiovisual propio de Cataluña, que se sobrepone en su propio territorio con los espacios de recepción audiovisual estatal e internacional, se organiza en dos niveles: el nivel nacional, estructurado en torno a medios y servicios que abarcan todo el territorio de Cataluña y que tienen la posibilidad preferente de vincularse, en las condiciones que la normativa establezca, al tejido de medios de los demás territorios de lengua y cultura catalanas, y el nivel local o de proximidad, que comprende los ámbitos municipal y supramunicipal, en el marco de las demarcaciones que la normativa establezca. La actividad audiovisual sin ánimo de lucro debe tener también presencia en el espacio público de comunicación.
El sistema audiovisual catalán, en los dos niveles que se han diferenciado, se estructura a partir de un sector público que garantiza la prestación del servicio público y de un sector privado competitivo, viable, plural y diverso.
En el documento «La definición del modelo de servicio público», elaborado por el Consejo del Audiovisual de Cataluña en cumplimiento de la Resolución 342/VI del Parlamento, el Consejo realizaba varias reflexiones sobre la precariedad del marco competencial del que dispone la Generalidad en el ámbito audiovisual. Sin embargo, actualmente resulta difícil sostener la coherencia y la vigencia de este marco regulador, debido a varias circunstancias sobrevenidas que lo hacen anacrónico.
Efectivamente, hoy no puede realizarse una ley reguladora de la comunicación audiovisual a partir del mantenimiento a ultranza del principio del servicio público entendido como monopolio de la actividad de comunicación audiovisual, y menos aún como monopolio de un único poder público. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional hasta ahora ha respetado el esquema actual, pero al mismo tiempo ha advertido que es necesario hacer efectiva la libertad de comunicación que garantiza el artículo 20 de la Constitución española. Esta adaptación resulta aún más necesaria cuando uno de los fundamentos del monopolio, la escasez del espacio radioeléctrico, se ha debilitado debido a la emergencia de tecnologías que no lo utilizan o que lo flexibilizan notablemente, como es el caso, por ejemplo, de la digitalización.
Por otra parte, la experiencia de estos últimos años pone de manifiesto una situación de pluralismo en los servicios públicos que está indisociablemente ligada al papel institucional que tienen las comunidades autónomas y los municipios. En un sistema constitucional basado en la pluralidad de poderes públicos y en el principio de autonomía, difícilmente puede seguir teniendo vigencia un modelo de «concesión» de los medios públicos dependientes de las comunidades autónomas y de los municipios con respecto del Estado.
Estas consideraciones permiten deducir que el nuevo marco jurídico audiovisual debe fundamentarse en la reconsideración de la noción de servicio público, en su doble vertiente de monopolio y de titularidad, en el reconocimiento de la libertad de comunicación con la consiguiente modificación del actual régimen de concesión por uno de autorización o licencia y, finalmente, en el reconocimiento de un mayor protagonismo de la Generalidad en la regulación del sector audiovisual, tanto en el ámbito de los medios públicos autonómicos y locales como en el de los operadores privados. Estos son los cambios conceptuales básicos que aparecen en la presente ley.
Es importante destacar que la competencia que la Constitución española reserva al Estado en materia de comunicación audiovisual se circunscribe al establecimiento de las normas básicas, lo cual permite reconocer a la Generalidad un espacio de actuación mucho más amplio que el que ha tenido hasta ahora y en el que encaja plenamente una ley que regula de forma sistemática todos los sectores que forman parte de la materia audiovisual en Cataluña.
Finalmente, desde una perspectiva distinta, pero no menos importante, la iniciativa para elaborar una ley reguladora del sector audiovisual también se justifica por la necesidad de ordenar un sector normativo que no dispone de un marco legal claramente definido y que integre sistemáticamente todos los elementos que han de configurarlo. En estos últimos años el sector audiovisual ha estado sometido a una actuación legislativa fragmentada, dictada muy a menudo por la necesidad de dar respuesta a problemas concretos y falta, por tanto, de coherencia interna y también de seguridad jurídica para los operadores y los poderes públicos que han de aplicarla. La reconducción del sistema a un marco general de referencia también es, pues, un objetivo que cabe valorar.
La Ley de la comunicación audiovisual de Cataluña cumple una función de marco regulador general, salvo solamente todo lo que afecta a la organización de los medios públicos de la Generalidad y la regulación del Consejo del Audiovisual de Cataluña, que tienen sus propias leyes específicas.
La presente ley consta de ciento cuarenta artículos, estructurados en nueve títulos, cuatro disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
El título I incorpora los principios y los valores esenciales implicados en el ejercicio de la actividad vinculada a la comunicación audiovisual. Cabe decir que la comunicación audiovisual se caracteriza por la implicación de varias perspectivas, como la libertad de comunicación, la protección de los derechos de la audiencia y la garantía del servicio público, lo cual hace que los principios reguladores tengan que establecerse atendiendo también a la multiplicidad y la diversidad de valores que hay en juego.
Dicho título incorpora la definición de los conceptos que aparecen en la Ley y de los contenidos esenciales que se desprenden de la libertad de comunicación, el principio de libre elección de los mensajes audiovisuales, la función de servicio público, la veracidad informativa, la protección de derechos fundamentales y otros derechos esenciales: el derecho de rectificación, el valor y los efectos del pluralismo, la libertad de recepción y el principio de neutralidad tecnológica.
El título II trata del espacio radioeléctrico. La Ley parte de la consideración del espacio radioeléctrico como un elemento instrumental de la actividad de comunicación audiovisual, lo cual permite diferenciar las competencias sobre telecomunicaciones y sobre medios de comunicación y hace coherente que la Generalidad pueda ejercer potestades con relación al uso del espacio radioeléctrico.
A pesar de la consideración de las telecomunicaciones como competencia exclusiva del Estado -artículo 149.1.21 de la Constitución española-, es necesario hacer compatible esta competencia con las de la Generalidad de Cataluña en materia audiovisual, teniendo en cuenta el actual marco tecnológico. Efectivamente, el espacio radioeléctrico era un bien escaso, pero hoy el avance de la técnica permite hacer un uso de él bastante más amplio y eficiente, y, en la medida en que la Generalidad tiene las competencias en materia audiovisual en el ámbito de todo o parte del territorio de Cataluña, es razonable que también pueda gestionar el medio por el que se prestan estos servicios. Así, la Generalidad dispone de una capacidad gestora sobre todos los elementos que intervienen en la comunicación audiovisual, sin excluir los técnicos, y puede cumplir una intervención integral a los efectos del ejercicio de todas las funciones administrativas que pueden tener lugar en cuanto al sector.
Por otra parte, la gestión del espacio radioeléctrico en el ámbito estatal tiene efectos directos sobre el sector audiovisual en Cataluña. Por esta razón y con el objetivo de asegurar la coherencia de modelos, así como el pluralismo cultural y lingüístico, la presente ley establece mecanismos de participación de la Generalidad en la planificación de ámbito estatal, sin perjuicio de la coordinación y la cooperación necesarias entre ambas administraciones.
El título III regula el servicio público audiovisual de Cataluña. La necesidad de una apropiada ordenación del conjunto del sector audiovisual de Cataluña exige otorgar una particular importancia a la garantía, y a la correcta definición y delimitación del alcance de la prestación de servicios públicos audiovisuales, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito local.
La radiotelevisión pública constituye un factor clave en el mantenimiento de un espacio de comunicación en el que exista una distribución equilibrada y democrática de las expresiones y las informaciones que se generan en los sistemas político, económico, social y cultural.
Debe entenderse el servicio público de radiodifusión como una actividad de suministro o prestación de servicios audiovisuales orientada a la creación de las condiciones necesarias que permitan la plena vigencia de las libertades de expresión y comunicación, la plenitud del funcionamiento democrático del sistema y la adecuada y efectiva satisfacción de toda una serie de derechos y principios de origen constitucional y estatutario, como el derecho a la educación y al acceso a la cultura, el impulso del conocimiento y el uso de la lengua catalana, y la protección de la cohesión y el pluralismo sociales.
La presente ley define las misiones del servicio público audiovisual de la Generalidad, sin perjuicio de que el contrato-programa especifique sus objetivos concretos. De este modo se cumple el requerimiento constitucional, que es el fundamento, en definitiva, de la legitimidad de la prestación del servicio público, y también se cumplen las exigencias que la normativa y las instituciones comunitarias han formulado de forma clara en este sentido. Por otra parte, esta ley también se refiere a los principios generales sobre cuya base han de definirse las misiones del servicio público audiovisual de ámbito local que, a partir de la aplicación del principio de autonomía local, los entes locales o los consorcios deben concretar en el reglamento de organización y funcionamiento del servicio.
Merece la pena enfatizar que la radiodifusión de servicio público ha de utilizar y, si procede, establecer todos los canales o las vías de comunicación y todos los formatos o los lenguajes más apropiados. El servicio público de radiodifusión, ya sea en el ámbito local o en el autonómico, tiene que ocupar un lugar central en el espacio catalán de comunicación audiovisual, porque constituye un elemento principal en la garantía de su desarrollo plural, diverso y democrático.
Cabe poner también en relieve que la presente ley garantiza la universalidad absoluta en el acceso a las correspondientes prestaciones del servicio público audiovisual. En este sentido, establece que los servicios públicos audiovisuales son de acceso libre y universal para todos los ciudadanos y, por tanto, no pueden establecer ninguna clase de acceso condicional. Además, esta ley impone a los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual que exploten redes públicas para la prestación de servicios de radiodifusión la obligación de suministrar a sus abonados las programaciones de servicio público tanto en cuanto al ámbito autonómico como al local, sin que esto pueda comportar ningún coste añadido para los abonados. La razón de tal disposición es clara: como en los sistemas de prestación de servicios audiovisuales estos operadores tienen una capacidad muy intensa para determinar las clases de servicios a las que pueden acceder los usuarios, la ley debe evitar el uso de dicha capacidad, de acuerdo con la habilitación del artículo 31 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento y el Consejo europeos -conocida como Directiva del servicio universal-, que podría perjudicar la visibilidad de los operadores públicos.
En cuanto al servicio público audiovisual que es competencia de la Generalidad, esta ley atribuye la responsabilidad de la gestión directa a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Sin perjuicio de lo que establezca la futura ley reguladora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, la presente ley recoge los principios básicos del funcionamiento y la organización de la Corporación, porque son dos factores principales para garantizar que ejerce sus competencias de una forma efectiva y adecuada. En este sentido, criterios como la autonomía de gestión efectiva ante la dirección política del Gobierno -sobre la base principal del contrato-programa-, la participación del Parlamento y del Consejo del Audiovisual de Cataluña en la provisión de los principales órganos de dirección, la garantía de la auténtica gestión directa del servicio mediante la preservación de un núcleo específico de profesionales en el ente gestor -sin perjuicio del posible recurso al sector privado si el cumplimiento de la misión de servicio público de apoyo a la industria nacional lo requiere-, o el cumplimiento de lo que establece el artículo 20.3 de la Constitución española en materia de acceso por parte de grupos políticos y sociales representativos, son objeto de una formulación explícita.
En cuanto al servicio público audiovisual de ámbito local, esta ley, consciente de los retos que plantea la introducción de la tecnología digital y la necesidad, en algunos casos, de la creación de economías de escala que faciliten la viabilidad de determinados proyectos de ámbito más reducido que el autonómico, adopta una fórmula bastante amplia en cuanto a las clases de entes públicos que pueden asumir la competencia de la prestación de dicho servicio. Así, no solo los entes locales, sino también las correspondientes fórmulas asociativas, e incluso consorciadas, pueden ser responsables de la prestación. El principio de autonomía local conlleva, a su vez, que sean dichos entes y organismos los que, mediante el correspondiente reglamento, definan, sobre la base de los principios básicos de la ley, el modelo concreto de organización y funcionamiento del servicio.
Finalmente, en cuanto a la financiación del servicio público audiovisual en sus diversas modalidades territoriales, la presente ley se basa en el principio de que la suficiencia financiera es imprescindible para garantizar la prestación del servicio público de una forma real y efectiva. En este sentido, la presencia principal, estable y equilibrada de fondos públicos, suministrados sobre la base de un contrato-programa de duración plurianual y en el marco de la asunción de una serie de objetivos de servicio público, constituye una pieza clave de todo el sistema. A partir de aquí, el recurso a fondos privados -publicidad, comercialización de contenidos, prestación de servicios de valor añadido- también es objeto de regulación, pero con limitaciones, y tienen la principal función de evitar cualquier posible distorsión en el funcionamiento normal del ente gestor, tanto bajo el punto de vista de los requerimientos de transparencia financiera como del necesario aislamiento de la gestión con respecto a cualquier dinámica comercial desvinculada del objeto principal de prestación del servicio público.
El título IV establece los principios reguladores de la actividad privada de comunicación audiovisual. En un entorno de muchos canales basado en el principio de neutralidad tecnológica, en el que la escasez solo sigue planteándose en el espacio radioeléctrico, la ordenación de la actividad audiovisual privada requiere un nuevo modelo de intervención. Dicho modelo debe compatibilizar el derecho fundamental a la libertad de comunicación con la garantía del pluralismo y otros principios y libertades relacionados con la formación de la opinión pública implicados en el ejercicio de dicha actividad.
En este sentido, la presente ley determina que la prestación por operadores privados de los servicios de comunicación audiovisual queda sometida a un régimen de licencia, si la prestación se realiza mediante la utilización del espectro radioeléctrico -el cual sigue siendo un recurso escaso-, y a un régimen de comunicación previa, si el servicio de comunicación audiovisual se realiza mediante otras tecnologías que no usen el espectro radioeléctrico.
Por otra parte, de acuerdo con las discusiones que se producen en el marco de las instituciones comunitarias con relación a los futuros cambios reguladores del sector audiovisual, esta ley no comprende solo los servicios audiovisuales tradicionales como la radio y la televisión, sino que manifiesta también su clara voluntad de extender la intervención reguladora hacia otros servicios audiovisuales que no responden a los parámetros típicos de ordenación secuencial de contenidos.
Las demás actividades privadas que participan en la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, principalmente los operadores de redes, los servicios de comunicación electrónica y los operadores de servicios de acceso condicional, si bien están sujetos al régimen jurídico establecido por dicha legislación de telecomunicaciones, han de respetar las disposiciones establecidas por esta ley en cuanto al contenido que transmiten al público.
En este título la presente ley establece un régimen claro en el que el Consejo del Audiovisual de Cataluña, en el ejercicio de sus funciones de ordenación, garantiza el pluralismo de la comunicación audiovisual. Dicho pluralismo conlleva la diversidad en la oferta de los servicios de comunicación audiovisual y, por tanto, la existencia de una pluralidad de medios de comunicación autónomos que ponen a la disposición del público una oferta de contenidos audiovisuales diversa. Por este motivo, fija límites en la concentración de los medios de comunicación y la modificación de su estructura accionarial, y declara la intransmisibilidad de las licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual.
Preservar el pluralismo de los medios de comunicación en un entorno digital depende más del control del acceso que de las normas sobre propiedad de medios. Y, en este sentido, garantizar a terceros un acceso equitativo a los sistemas de acceso condicional de las plataformas de difusión y garantizar la interoperabilidad técnica de los descodificadores son los objetivos principales de la regulación de la comunicación audiovisual.
La regulación de los sistemas de recepción y de acceso se basa en la interoperabilidad como garantía de acceso universal, y la de la oferta, en el pluralismo más allá de las normas de titularidad de los medios. La presente ley aborda esta nueva realidad y adapta a ella los mecanismos y las funciones de regulación.
Finalmente, esta ley trata de garantizar el acceso a la información y la transparencia del sector audiovisual.
El título V, dedicado a la regulación de los contenidos audiovisuales, parte de la existencia de cuatro niveles de regulación de la materia: en primer lugar, lo que establece la propia ley; en segundo lugar, lo que defina y explicite el Consejo del Audiovisual de Cataluña; en tercer lugar, los llamados «acuerdos de corregulación», en virtud de los que el Consejo del Audiovisual de Cataluña puede establecer de forma precisa obligaciones y deberes en materia de contenidos con los distintos operadores audiovisuales, y, finalmente, los códigos voluntarios de autorregulación.
Esta ley fija una serie de límites vinculados directamente con los principios, los valores y los derechos constitucionales que pueden legitimar la acotación legal del ejercicio de las libertades de expresión y de información. Son límites vinculados al respeto de la dignidad de las personas, la falta de toda incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, la separación entre informaciones y opiniones y el respeto al principio de veracidad informativa, entre otros.
Aparte de ello, incorpora y traspone los rasgos normativos básicos que se desprenden del régimen comunitario vigente en materia de radiodifusión, tanto en cuanto a las cuotas de difusión de obras europeas como a la protección de la infancia y la juventud.
Con relación a este último aspecto, incorpora la distinción comunitaria entre los contenidos que pueden perjudicar seriamente el desarrollo de los menores, los cuales se prohíben genéricamente en el marco de la difusión de la televisión, y los contenidos que también perjudican a los menores pero no seriamente, los cuales se someten a ciertos límites, especialmente la no difusión dentro del llamado «horario protegido». Por otra parte, y sin perjuicio de la prohibición genérica, determina la posibilidad de suministrar tales contenidos si se garantiza su aceptación expresa y directa en el marco de los servicios suministrados por un operador de redes de comunicaciones electrónicas para la distribución de programas de radio o televisión.
Otras obligaciones destacables, aparte de la difusión necesaria de comunicaciones de interés público, son las relativas a la señalización de los servicios audiovisuales, la garantía del acceso de las personas con discapacidad o el derecho de los ciudadanos al acceso, por medio de servicios de comunicación audiovisual, a determinados acontecimientos susceptibles de ser considerados de interés general.
Finalmente, la presente ley también incluye una serie de obligaciones en materia de difusión de las obras europeas, así como el régimen de protección de la lengua y la cultura catalanas y la lengua aranesa en el marco de la realización de actividades de comunicación audiovisual, recogiendo esencialmente el régimen que ya establece la normativa lingüística vigente y adaptándolo a los parámetros reguladores de esta ley.
El título VI está dedicado a la publicidad, la televenta y el patrocinio, que son aspectos fundamentales para el sector audiovisual porque inciden en aspectos esenciales del sector, como por ejemplo su financiación y sus productos. Ahora bien, el alcance de sus efectos trasciende el ámbito estrictamente audiovisual para incidir directamente en la esfera de los ciudadanos como consumidores en el mercado. La relevancia de la regulación de la publicidad, la televenta y el patrocinio resulta, pues, evidente.
La regulación de la publicidad, la televenta y el patrocinio comprende, entre otros aspectos, la cantidad de publicidad que puede emitirse -límites diarios y horarios-, su contenido, la presentación y la inserción de los mensajes publicitarios durante la programación, atendiendo especialmente a las interrupciones publicitarias. En este sentido, esta ley recoge los principios de la actual legislación e intenta sistematizarlos, e incorpora también la legislación general de publicidad y las legislaciones sectoriales que tienen incidencia en ella: por ejemplo, la relativa a la publicidad de determinados productos, como el tabaco, los medicamentos y los juguetes.
Como novedad, esta ley tiene en cuenta el impacto que la evolución de las nuevas tecnologías puede tener en la actividad publicitaria. Dicho impacto se traduce fundamentalmente en una tendencia creciente a diversificar las formas de publicidad, que actualmente la legislación no recoge, y en la necesidad de evitar que la emergencia de estas nuevas formas conlleve una vulneración de aspectos y principios básicos de regulación.
El título VII incorpora el tratamiento conjunto de los diversos poderes públicos que han de intervenir sobre el sector, y delimita sus funciones de acuerdo con la lógica del nuevo marco regulador. Cabe destacar como principales novedades las competencias de los municipios que derivan del reconocimiento del servicio público local de la radio y la televisión, y la regulación de las funciones y las atribuciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña, que la consolidan como instancia básica del ejercicio de las funciones administrativas que establece la ley, especialmente en las relaciones con los operadores.
En cuanto al Consejo del Audiovisual de Cataluña, y sin perjuicio de lo que establece su ley específica, la presente ley, como norma general del sector audiovisual, establece los principios básicos que lo definen en lo relativo a la naturaleza de dicha institución, su composición y las funciones que debe ejercer. Con relación a este último aspecto, también se aprovecha para actualizar y ampliar los poderes de actuación de la autoridad, incluido el de dictar instrucciones, y el de conceder los correspondientes títulos habilitantes a los prestadores al efecto de otorgar al Consejo del Audiovisual de Cataluña algunas potestades indispensables para cumplir las funciones que le atribuye esta ley.
En este mismo sentido, y en coherencia con la condición de instancia principal de ejercicio de las funciones administrativas sobre el sector audiovisual, también se considera conveniente que el Consejo del Audiovisual sea el responsable del registro de operadores de servicios de comunicación audiovisual.
La contribución al desarrollo del sector audiovisual es uno de los intereses públicos que hay que proteger y que, por tanto, es necesario que regule esta ley, lo cual se concreta en el título VIII.
Dicho título define los criterios para priorizar las obras audiovisuales catalanas en las políticas de fomento. Cabe destacar, como novedad y por su interés, la creación de un fondo de sostenimiento de la industria audiovisual.
En este ámbito, esta ley determina otros aspectos, como por ejemplo el establecimiento de las obligaciones de los operadores, las acciones de fomento que pueden adoptar los poderes públicos, las normas de protección y de digitalización del patrimonio audiovisual, y el registro de empresas audiovisuales y cinematográficas.
Finalmente, la presente ley dedica su último título al régimen de las actividades de inspección y al establecimiento del catálogo de infracciones y sanciones.
En cuanto a las actividades de inspección, explicita las actuaciones susceptibles de ser llevadas a cabo por el Consejo del Audiovisual o bien por los órganos competentes de la Administración de la Generalidad.
En cuanto al régimen de infracciones y sanciones, esta ley establece un catálogo con las obligaciones y los deberes derivados, en el cual la correspondiente sanción se fija en función de la relevancia de su incumplimiento, en particular bajo el punto de vista del bien jurídico o del derecho afectado. Cabe destacar de una forma particular que las sanciones establecidas no comportan solo la imposición de una multa pecuniaria, sino que también pueden consistir en la suspensión temporal de las emisiones -por medio del sistema de la llamada «pantalla negra»- o, incluso, en el cese definitivo de las emisiones.
En cuanto al procedimiento sancionador, la presente ley solo recoge las especificidades necesarias en el contexto de la normativa audiovisual, teniendo en cuenta que también deben ser de aplicación las normas sobre procedimiento que determinan las leyes generales en materia de régimen jurídico y de procedimiento administrativo.

References: artículo 1
 artículo 99
 artículo 7
 artículo 161
 artículo 9
 artículo 161
 artículo 10
 artículo 161
 artículo 36
 artículo 6
 artículo 111
 artículo 7

Artículo 117
 artículo 8
 Artículo 120

Artículo 123
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 132
 artículo 9
 Artículo 108
 artículo 56
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 57
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 69
 artículo 71
 artículo 70
 artículo 111
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 119
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 133
 artículo 134
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 28
 artículo 32
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Artículo 36

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Artículo 39

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Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

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Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

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Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

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Artículo 64

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Artículo 68

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Artículo 70

Artículo 71

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 111

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 119
 artículo 127

Artículo 128

Artículo 133

Artículo 134
 Resolución 
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 artículo 20
 artículo 31
 artículo 20