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Timestamp: 2019-09-15 14:14:21+00:00

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Autoridades del INCUCAI estuvieron en la Escuela Judicial dando una charla informativa sobre la ley 27.447. - Poder Judicial Formosa
La directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Central Unico de Ablación e Implante (INCUCAI) doctora Adriana Carballa fue la única oradora de la jornada y a través de una esclarecedora exposición fue explicando los principales artículos de la ley 27.447, su incumbencia y alcances, y respondió preguntas y dudas formuladas por el auditorio.
El evento comenzó a las 16 con las palabras de bienvenida del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín quien compartió el estrado con el titular del INCUCAI, Alberto Alejandro Maceira y el coordinador provincial del Centro Unico de Ablación e Implantes de Formosa (CUCAIFOR) Cristian Antúnez.
Enfrente y como asistentes al evento estuvieron el ministro del STJ, Ariel Gustavo Coll, el vicepresidente del INCUCAI, José Luis Bustos, magistrados y funcionarios judiciales, integrantes del CUCAIFOR y profesionales y personal de la Dirección Médica Forense y del Servicio Médico Laboral del Poder Judicial, además de un importante número de estudiantes universitarios.
En declaraciones a este sitio web, el doctor Maceira habló de la importancia capital de este tipo de iniciativas porque se reúnen en un mismo espacio de debate los que tienen el poder de decidir, es decir los jueces y fiscales, según la jurisdicción, y los que forman parte del sistema como son el INCUCAI y aquí el CUCAIFOR, con el objetivo de tratar de optimizar los procesos de procuración y transplante cuando tiene que intervenir la Justicia.”Y como son procesos que tienen tiempos muy acotados está bueno que todos hablemos el mismo idioma y esos tiempos sean los menores posible, sin faltar por supuesto a la norma que para nosotros es muy importante”, explicó.
Señaló su beneplácito personal por compartir este espacio de discusión para definir una estrategia en conjunto con la Justicia, y señaló, refiriéndose a la ley vigente, aprobada en el mes de agosto del año pasado, que la gran diferencia con las anteriores normas es que ahora todo aquel que no se exprese donante se convierte en un donante presunto.
“Es una ley que establece que si no hay manifestación expresa, prima el bien común, entonces todos aquellos que no lo expresen se convierten automáticamente en donantes presuntos”, reiteró el funcionario, indicando que esta es la diferencia mas preponderante que existe con la anterior norma, la cual si bien contemplaba la figura del donante presunto, este era más atenuado y era necesario que la familia firme un testimonio en uno u otro sentido, lo cual generaban una confusión muy grande.
Con la sanción de esta ley se ha mejorado muchísimo lográndose avances muy significativos. Como ejemplo, Maceira precisó que el país ha pasado de tener 13 donantes por millón de habitantes a tener 20 donantes por millón de habitantes, con un crecimiento de más del 50 por ciento. “Estas cifras son muy auspiciosas y muestran como hemos avanzado”, sentenció.
Respecto al trabajo que está haciendo el INCUCAI en el interior del país para informar sobre la ley y generar mayor conciencia entre la población, dijo que este tipo de charlas se vienen replicando en varias provincias poniendo el foco en el Poder Judicial, logrando en todos los casos acelerar los procesos y armar protocolos de actuación que han achicado los tiempos y facilitado la tarea tanto de la Justicia como del sistema sanitario, y en este sentido, Formosa ya ha comenzado a trabajar detrás de este cometido.
Al desarrollar su exposición, la doctora Adriana Carballa dio detalles sobre los alcances de la ley actualmente vigente y cuales son los principios rectores y señaló a la confidencialidad como uno de los aspectos centrales del proceso.
Hablo de los vacíos legales que existieron a lo largo de este tiempo respecto de la aplicación de la ley y especificó el ámbito de aplicación de la norma. “Antes se hablaba de ablación e implante de órganos para seres humanos y hoy el ámbito incorpora la promoción, la donación, la distribución y la utilización de órganos como ampliación terminología y de sentido a la ley”, aclaró.
Se refirió también a la capacitación permanente que deben recibir los profesionales que intervienen en la procuración y los equipos de transplantes propiamente dicho.
Ademas hablo de los servicios de procuración, indicando que la ley habla sobre establecimientos categorizados que deben contar con dicho servicio, no como actividad individual de un profesional sino como un servicio permanente brindado por el hospital, y agregó, por otra parte, que la actividad de los medios de comunicación son un factor fundamental en la difusión de este tema.
Respecto de la figura del donante presunto indico que en caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, el profesional debe verificar la misma de acuerdo a lo que determine la reglamentación, es decir, el profesional a cargo debe informar a la familia o allegados del fallecido sobre el proceso, y de no encontrarse registrada la voluntad debe corroborar la ausencia de expresión negativa en un marco de un protocolo de actuación que está aprobado por resolución del directorio del INCUCAI.
“Hoy la manifestación y/o revocación expresa se debe hacer por escrito”, recordó la profesional, quien al responder una pregunta del auditorio explicó que el carné de conductor no es un canal legalmente valido para consultar las manifestaciones de voluntad.
En lo referido específicamente a la intervención del Poder Judicial, la doctora Carballa dijo que esto está contemplado en el artículo 35 de la ley, cuando se refiere al supuesto de muerte violenta, indicando que en estos casos antes de proceder a la ablación de los órganos y tejidos, se debe requerir la autorización del juez que entiende en la causa, el cual debe disponer la previa intervención del médico forense, policial o quien cumpla tal función, quien le debe informar si la misma no afecta el examen autopsiano.
Dentro de las cuatro horas de diagnosticado el fallecimiento, el juez debe informar al INCUCAI o al organismo provincial correspondiente, la autorización conferida, a través de resolución judicial fundada, con especificación de los órganos o tejidos facultados a ablacionar de conformidad con lo dictaminado por el forense. La negativa del magistrado interviniente, debe estar justificada conforme los requisitos exigidos en la misma ley.
La ley N° 27.447 dispone que toda persona capaz mayor de 18 años es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Entonces, antes de hacer una ablación, los médicos deberán corroborar si el donante, en vida, informó su negativa, algo que se puede hacer a través del INCUCAI, el RENAPER, los Registros Civiles, los Organismos Provinciales de Ablación e Implante, el Correo Oficial o e perfil digital de Mi Argentina.
Laley respeta la manifestación expresa (afirmativa o negativa) realizada en vida por las personas, y por lo tanto, los familiares del fallecido ya no son los encargados de tomar la decisión.
La ley se aplicará sobre las siguientes prácticas corrientes: trasplante de corazón, vasos, estructuras valvulares y otros tejidos cardíacos; pulmón; hígado; páncreas; intestino; riñón y uréter; tejidos del sistema osteoarticular y musculoesquelético; piel; córneas y esclera; tejidos del sistema nervioso periférico; membrana amniótica y células progenitoras hematopoyéticas.
Asimismo, la reglamentación del artículo 3 indica que la atención integral del paciente trasplantado comprende la cobertura del cien por ciento (100%) en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directamente relacionadas con el trasplante. Y lo deben cubrir todas las obras sociales y las prepagas, pero si una persona no tiene obra social o prepaga, el procedimiento es cubierto por el Estado, como claramente estipula la Ley Nº 26.928 de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
El artículo 33, por su parte, señala que la ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos.
Según la normativa, en caso de fallecimiento de menores de 18 años, la autorización para la obtención de los órganos y tejidos debe ser efectuada por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente, o el representante legal del menor.
En ausencia de las personas antes mencionadas, se debe dar intervención al Ministerio Pupilar, quien puede autorizar la ablación.
La situación cambia si el padre o la madre rechaza la donación. La oposición de uno de los padres elimina la posibilidad de llevar adelante la extracción en el cuerpo del menor", precisa el artículo 34 de la misma ley, razón por la cual la negativa de cualquiera de ellos "suspende el proceso".
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References: resolución 
 artículo 35
 resolución 
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 34