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Timestamp: 2018-08-16 04:42:35+00:00

Document:
Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut - Sesión 1155 05-02-09
Sesión 1155 05-02-09
Reunión n°. 1155
Sesión extraordinaria n°. 01/09
36° Período de Sesiones Ordinarias
III - CONTINUACIÓN ORDEN DEL DÍA
1. Proyecto de Ley n° 01/09. Propicia la implementación de un régimen especial de facilidades de pago de obligaciones tributarias.
Oradores: Oscar García (PJ) - Urbano (ARI) - Lorenzo (UCR) - Roque González (PACH).
2. Proyecto de Ley n° 04/09. Propicia inversiones privadas en el territorio provincial a través del programa “Invierta en Chubut”.
Oradores: Oscar García (PJ) - Lorenzo (UCR) - Roque González (PACH).
3. Proyecto de Ley n° 187/08. Propicia establecer que en las causas por infracción al artículo 181° del Código Penal, a pedido del damnificado, el juez podrá disponer el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble.
Oradores: Ripa, Touriñán, Miguel González (PJ) - Risso (UCR) - Roque González (PACH) - Urbano (ARI) - Néstor García (PROVECH).
4. Resoluciones de Presidencia.
5. Proyecto de Resolución n° 01/09. Prorroga la designación del señor Mario Negrete en el cargo de Director Normalizador de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.
Oradores: Burgueño (PJ) - Risso (UCR).
- En Rawson, en el Salón de Eventos del Tribunal de Cuentas constituido en recinto de sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, a 5 de febrero de 2009, siendo las 17,30 dice el:
SR. PRESIDENTE (Vargas): Con la presencia de veintidós señores diputados en el recinto y cinco en la Casa, se declara abierta la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Sobre vuestras bancas se encuentra el Orden del día de la presente sesión, el que queda a consideración.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, la Comisión de Receso convocó, conjuntamente con la convocatoria de la Cámara, a las comisiones para dar tratamiento a los temas que van a ser tratados en esta sesión; es así que cada una de las comisiones que tenían por objeto el estudio de los temas ha emitido dictamen. Voy a solicitar que se incorporen al Orden del día, para dar agilidad a la sesión, los dictámenes de las comisiones referidos a los puntos del Orden del día.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría daremos lectura a las Comunicaciones Oficiales.
- Actas nros. 01 y 02/09 de la Comisión Legislativa de Receso, en donde consta el trámite dado a los distintos temas que han tenido ingreso desde la finalización del período ordinario de sesiones y la incorporación del Decreto N° 139/09 del Poder Ejecutivo Provincial, por el que se convoca a la presente sesión extraordinaria y la inclusión de otros asuntos para su tratamiento en dicha sesión.
- Se entregó copia de las mismas a todos los Bloques.
CONTINUACIÓN ORDEN DEL DÍA
SR. PRESIDENTE (Vargas): Vamos a tratar el primer punto del Orden del día, proyecto de Ley N° 01/09 presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual se propicia la implementación de un Régimen Especial de Facilidades de Pago de Obligaciones Tributarias.
Fundamenta razones para su tratamiento el señor diputado Oscar García.
PROYECTO DE LEY N° 01/09
SR. GARCÍA (Oscar): Gracias, Señor Presidente. Vamos a poner a consideración el proyecto de Ley N° 01/09 elevado por el Poder Ejecutivo Provincial, que está referido a un Régimen Especial de Facilidades de Pago de Obligaciones Tributarias.
La actual crisis económica mundial, que está tan difundida últimamente, la cual todos conocemos, está provocando una merma en la actividad económica y un desaceleramiento en el crecimiento de las economías que, por supuesto, esto afecta también a nuestro país, y seguramente -indudablemente- también va a repercutir en nuestra provincia, que si bien posee una situación financiera sólida, ve disminuir sus ingresos, principalmente en lo referido a Coparticipación Federal de Impuestos y también a regalías hidrocarburíferas.
En este contexto, el Poder Ejecutivo Provincial ha considerado oportuno elevar una serie de proyectos que vayan contemplando esta situación, que va a permitir el fortalecimiento de la economía de nuestra provincia. Ha elevado en este caso este proyecto de ley creando este Régimen Especial de Facilidades de Pago Tributario, que permitirá a los contribuyentes morosos de la Dirección General de Rentas de nuestra provincia, regularizar su situación fiscal con importantes beneficios que implican la condonación de multas y la quita de intereses, según sea la forma de cancelación a la que adhieran los contribuyentes mencionados. Este régimen que abarca deudas contraídas por ingresos brutos, impuestos de sellos, impuesto inmobiliario rural, valor Ley 2409 que son los recaudados por los productos de mar y tasa de retribución de servicios, permitirá a muchos contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones, evitando las multas y parte de los intereses devengados. Por supuesto, posibilitará a nuestra provincia el recibir ingresos que hoy no está percibiendo, y que son seguramente en esta época de crisis tremendamente necesarios para las arcas provinciales.
Señor Presidente, señores diputados, teniendo en cuenta que este proyecto cuenta con dictamen unánime de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, solicito se ponga a votación.
SR. URBANO: Señor Presidente, el Bloque del ARI no va a acompañar este proyecto por una cuestión de principios. Este proyecto significa pan para hoy y hambre para mañana al crear una situación que es propia de este país, es cíclica, donde siempre se dice: “ésta es la última vez” en la cual vamos a condonar deudas o vamos a disminuir los impuestos y después vuelve otra vez, dentro de cuatro, cinco o tres años.
Creo que, definitivamente, hay que erradicar este tipo de beneficios ya que no siempre los que no han pagado son personas que han tenido dificultades para el pago, es más, recién se está reconociendo que hay una crisis económica desde hace un mes, porque anteriormente la provincia se encontraba con una riqueza superlativa, según lo manifestado por todos los funcionarios; así que si estaba bien económicamente la provincia, tendrían que haber pagado sus impuestos.
Esta cultura del no pago la tenemos que erradicar porque beneficia fundamentalmente a aquellas personas que especulando que en algún momento haya una moratoria, no pagan, o aún pagando en algunas circunstancias los intereses son menores, que los intereses cobrados por préstamos en el Banco.
Estoy de acuerdo en que hay empresas o personas que no tienen dificultades en el pago de sus tributos, pero no es la mayoría, justamente por una cuestión de principios el Bloque del ARI no va a acompañar el proyecto de ley enunciado recientemente.
SR. LORENZO: Señor Presidente, uno puede entender la lógica del planteo del señor diputado Urbano, pero también existe una historia en la Provincia del Chubut que tiene más que ver con las eximiciones que con las condonaciones. Grandes empresas en los últimos tiempos siempre han sido eximidas; y acá estamos discutiendo sobre el tema de lo que vendría a ser las condonaciones. Los que no han tenido la posibilidad cierta de ser eximidos han sido aquellos que quizás más les cuesta llevar adelante sus emprendimientos, probablemente sea así.
Por otro lado, también tenemos una comprensión, más allá de que entendemos el posicionamiento del señor diputado Urbano de que ha habido por parte del oficialismo un reconocimiento de que hay una retracción en los ingresos para el Estado y un mecanismo válido para poder captar justamente ingresos es este tema de las facilidades de pago, moratoria, que hoy está proponiendo el gobierno. Nosotros entendemos que el Estado para su funcionamiento va a requerir de esta ley y es por eso que incluso haciendo las observaciones del diputado Urbano como propias de este Bloque, igual lo vamos a acompañar. Muchas gracias.
SR. GARCÍA (Oscar): Señor Presidente, evidentemente tanto el señor diputado Urbano como el señor diputado preopinante han mencionado la palabra moratoria, esta cuestión que no es una moratoria porque no se está hablando de capital adeudado sino que es un régimen -reitero- de facilidades de pago para permitir condonar multas y disminuir intereses. Por eso, creo que esto se ha explicado ya, pero adrede menciona la palabra moratoria y esto no es una moratoria.
En segundo lugar, cuando se habla del reconocimiento de la crisis, la crisis se viene reconociendo desde que comenzó a mencionarse y prueba de esto es que el propio Ministro de Economía de esta Provincia antes de que tratáramos el Presupuesto había mencionado las dificultades que podrían venir en el corriente año. Así que creo que esto no es un descubrimiento de ahora del gobierno, sino que todos sabemos que está notablemente difundida en todo el mundo la cuestión de esta crisis macroeconómica que va a afectar indudablemente a todos los sectores.
Señor Presidente, dicho esto y considerando que este proyecto tiene muchos artículos, solicito su votación a libro cerrado.
SR. GONZÁLEZ (Roque): Señor Presidente, señores diputados, Acción Chubutense va a acompañar esta iniciativa en el marco de la incertidumbre que genera en toda la dirigencia la crisis financiera que ya está mostrando signos evidentes en el Chubut y, en la medida de sintetizarlo con la intención de que los efectos negativos de ella sean lo más livianos y pasajeros posibles. Nada más, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción efectuada por el señor diputado García.
Artículo 1º.- Establécese un Régimen Especial de Facilidades de Pago en la forma, condiciones y con los alcances de la presente Ley, al cual podrán acogerse los contribuyentes y demás responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario Rural, Valor Ley XXIV Nº 17 (antes Ley Nº 2.409) y Tasas Retributivas de Servicios, cuya recaudación se encuentra a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, hasta el 29 de mayo de 2009.
Artículo 2°.- El presente Régimen alcanza las obligaciones tributarias con vencimiento operado al 31 de octubre de 2008, comprendiendo:
a) Las deudas exteriorizadas o no, provenientes de declaraciones juradas, determinaciones y liquidaciones administrativas;
b) Los anticipos y pagos a cuenta;
c) Las actualizaciones y multas correspondientes a los conceptos mencionados;
d) Las deudas correspondientes a regímenes especiales Leyes Nros. 2.897 (histórica), 3.423 (histórica), 4.128 (histórica), 4.153 (histórica), 4.398 (histórica), 4.692 (histórica) y 5.063 (histórica) y sus modificatorias, los Decretos N° 539/91 y 1197/92 así como las provenientes de planes de pago vigentes o caducos, otorgados en virtud del artículo 61° del Código Fiscal, y las Resoluciones DGR N° 219/92 y MHO y SP N° 94/99 y N° 15/01 y sus modificatorias.
Artículo 3º.- El acogimiento al presente Régimen implicará el reconocimiento liso y llano de la deuda que se regulariza.
Quedan incluidas en el presente Régimen aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, en tanto el demandado se allanare incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo los gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento deberá ser total y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.
Artículo 4°.- No podrán acogerse al régimen establecido en la presente Ley:
a) Los agentes de retención y percepción activos por los impuestos retenidos y/o percibidos no ingresados;
b) Los responsables por sanciones aplicadas, actualizaciones, intereses y demás accesorios
correspondientes a los conceptos del inciso anterior;
c) Los responsables por deudas propias o de terceros contra los que la Dirección General de Rentas hubiera iniciado sumario administrativo por defraudación fiscal o formulado denuncia penal por presunta infracción a las obligaciones tributarias en los términos de los artículos 44° y 45° del Código Fiscal;
d) Los responsables por sanciones aplicadas en los términos del artículo 44° del Código Fiscal;
e) Los declarados en Quiebra.
Artículo 5°.- Las Obligaciones que se normalicen por el presente Régimen serán liquidadas a la fecha de efectivo acogimiento, conforme al régimen legal vigente a la fecha.
Artículo 6°.- Será condición para acceder al régimen previsto en la presente Ley que el contribuyente o responsable se encuentre al día o regularice las obligaciones vencidas con posterioridad al treinta y uno de octubre del año dos mil ocho (31/10/08) y hasta la fecha del efectivo acogimiento al Régimen, incluyendo sus accesorios.
Artículo 7°.- En los casos de los responsables y/o contribuyentes que hayan consolidado sus deudas en alguno de los planes mencionados en el artículo 2° inciso d) que se encuentren vigentes a la fecha de publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial que decidan incorporarse al presente régimen, el monto adeudado se determinará conforme lo prevé el Artículo 12° de la Resolución DGR N° 219/92. A los fines del presente artículo se considerará que los planes se encuentran vigentes siempre y cuando no hayan sido rechazados en forma fehaciente con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial.
Articulo 8°.- La deuda total determinada conforme lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá cancelarse en alguna de las siguientes formas:
a) Al contado, con la condonación del SETENTA POR CIENTO (70%) de los intereses del artículo 38° del Código Fiscal;
b) Hasta en doce (12) cuotas con la condonación del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los intereses del artículo 38° del Código Fiscal;
c) Hasta en treinta y seis (36) cuotas con la condonación del CUARENTA POR CIENTO (40%) de los intereses del artículo 38° del Código Fiscal;
d) Hasta en sesenta (60) cuotas con la condonación del VEINTE POR CIENTO (20%) de los intereses del artículo 38° del Código Fiscal;
La cancelación, mediante cualquiera de las formas Establecidas anteriormente, gozará de la condonación total de las multas previstas en los artículos 41° y 43° del Código Fiscal.
Los planes de pago que se celebren en virtud de lo dispuesto en los apartados b), c) y d), precedentes serán otorgados bajo el régimen y condiciones vigentes establecidas en el artículo 61° del Código Fiscal, Resoluciones DGR N° 219/92 (con excepción de lo establecido en el artículo 13° de la presente Ley), N° 70/99 modificada por su similar N° 106/02.
Artículo 9°.- En el caso de contribuyentes o responsables que se encuentren comprendidos en el Artículo 1° de la Ley XXIV Nº 40 (antes Ley Nº 5.455) y cumplan con el requisito del inciso b) del Artículo 2° de dicha norma legal, la deuda total determinada conforme lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá cancelarse de la siguiente forma:
a) Hasta en seis (6) cuotas con la condonación total de los intereses del Artículo 38° del Código Fiscal y las multas de los artículos 41° y 43° de dicho Código;
b) Hasta en sesenta (60) cuotas con la condonación del CUARENTA POR CIENTO (40%) de los intereses del artículo 38° del Código Fiscal y las multas de los artículos 41° y 43° de dicho Código.
La condonación dispuesta precedentemente quedará sin efecto para aquellas cuotas abonadas con posterioridad a la fecha de vencimiento. En dicho caso se recalculará la cuota según lo establecido en el Artículo 7° de la presente Ley. Los planes de pago que se celebren en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, serán otorgados bajo el régimen y condiciones vigentes establecidas en el artículo 61° del Código Fiscal, Resoluciones DGR N° 219/92 (con excepción de lo establecido en el artículo 13° de la presente Ley), N° 70/99 modificada por su similar N° 106/02.
Condónanse de pleno derecho las deudas exteriorizadas o no, provenientes de declaraciones juradas, determinaciones, liquidaciones administrativas y planes de pago correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos anteriores al 1° de Enero del 2.002, incluyendo los accesorios y actualizaciones correspondientes, para aquellos contribuyentes que se encuentren comprendidos en el Artículo 1° de la Ley XXIV Nº 40 (antes Ley N° 5.455) y cumplan con el requisito del inciso b) del Artículo 2° de dicha norma legal.
Artículo 10°.- Condónanse de pleno derecho las multas establecidas en los artículos 41° y 43° del Código Fiscal aplicadas o a aplicarse hasta el 29 de mayo del año 2009, aún cuando no se encuentren firmes, siempre que las obligaciones principales, incluyendo el impuesto, actualizado en caso de corresponder, e intereses, estuvieran regularizadas antes de la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial, o por acogimiento a la presente.
Artículo 11°.- La condonación dispuesta en los artículos anteriores quedará sin efecto cuando se compruebe, en procesos de verificación posterior, falsedad, ocultamiento u omisión en los conceptos o importes declarados en el formulario de presentación al Régimen aplicándose, en tales casos, lo establecido en el artículo 57° del Código Fiscal respecto de los pagos efectuados.
Artículo 12.- Los pagos a que se refiere la presente Ley, deberán ingresarse en la forma y condiciones que se establezcan en la Reglamentación correspondiente.
Artículo 13.- En caso de que se produzca la caducidad del plan de pagos, se dejarán sin efecto los beneficios cancelatorios derivados del presente Régimen conforme a la normativa vigente.
Artículo 14.- La caducidad del Régimen instituido por la presente Ley se producirá con la falta de pago de dos (2) cuotas de manera consecutiva o cinco (5) en el caso de que tal incumplimiento se produzca de manera alternada.
La caducidad del plan en todos los casos deberá ser notificada en forma fehaciente al contribuyente y/o responsable, por los medios previstos en el Artículo 91° del Código Fiscal. A tal fin el domicilio consignado en el plan tendrá los efectos de domicilio constituido.
Artículo 15.- No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas por las obligaciones comprendidas en el presente Régimen.
Artículo 16.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias que considere necesarias sobre vencimientos, plazos, garantías, anticipos y demás condiciones a las que deberán ajustarse las presentaciones.
Artículo 17.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 18°.- Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Por tratarse de una votación a libro cerrado, se va a votar en general y en particular el proyecto.
PROYECTO DE LEY N° 04/09
SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el punto 2º de la presente sesión extraordinaria.
- Dictamen en mayoría y minoría de las Comisiones Permanentes de Presupuesto y Hacienda, de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales y Justicia, del Proyecto de Ley Nº 004/09 presentado por el Poder Ejecutivo, el que se modificó en comisiones, por el cual se propician las inversiones privadas en el territorio provincial a través del Programa “Invierta en Chubut”.
SR. GARCÍA (Oscar): Señor Presidente, el Proyecto de Ley 04 de este año elevado también por el Poder Ejecutivo Provincial y denominado “Invierta en Chubut”, está relacionado -tal cual lo comentaba recién- con el Proyecto de Ley que acabamos de aprobar.
Este proyecto también se ha concebido en función de la volátil situación financiera que se pronostica y también por la necesidad de crear un marco jurídico que permita a nuestra provincia propiciar inversiones privadas que posibiliten diversificar la matriz productiva provincial y fundamentalmente la creación de nuevos puestos de trabajo que sean sustentables en el tiempo.
Todos sabemos que cuando se desacelera la economía peligran los puestos de trabajo y uno de los objetivos de este proyecto -reitero- es la creación de puestos de trabajo. Además la lejanía de nuestra provincia de los centros de consumo tanto nacional como internacionales y los regímenes de promoción con que cuentan algunas provincias de nuestro país, hacen que sea una necesidad tener un marco jurídico que posibilite la inversión de capitales privados.
Esta ley es -a nuestro criterio- una importante herramienta que el Estado Provincial va a ofrecer al inversor privado, un destino atractivo de radicación de inversiones productivas.
El Poder Ejecutivo Provincial ha considerado que una extensa cantidad de rubros de nuestra economía estén alcanzados en esta promoción, donde se han establecido beneficios no sólo impositivos sino también beneficios financieros, beneficios laborales, beneficios comerciales y también de servicios para aquellos que deciden invertir en nuestra provincia.
Entre los rubros más importantes que se han considerado podemos mencionar el sector turístico, en los rubros de alojamiento y gastronomía; la industria manufacturera; fabricación de componentes destinados a la generación de energías renovables; proyectos industriales que representen un avance en la cadena de valor de la lana, hilandería inclusive; proyectos de medio ambiente; industrias metalúrgicas y metal-mecánicas; proyectos industriales destinados a la elaboración del vidrio y sus derivados; producción de filmes y videocintas de contenido cultural; y también proyectos de inversión calificados como de alto contenido tecnológico.
Éstos son los sectores que el Poder Ejecutivo Provincial ha considerado de importancia estratégica para el desarrollo económico de nuestra provincia y ha evaluado que la actual coyuntura económica, sumada a la ubicación periférica que tiene nuestra provincia, hace necesaria la implementación de este tipo de incentivos que hagan atractiva la inversión en nuestra provincia y ofrezcan ventajas comparativas para aquellas inversiones, ya sea nacionales o internacionales, que pretendan desarrollar sus negocios en un marco previsible y sustentable.
Por lo expuesto, señor Presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley. También, perdón, quiero solicitar que se vote a libro cerrado por lo extenso del proyecto.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el diputado Lorenzo.
SR. LORENZO: Gracias, señor Presidente. En verdad pensamos, en el Bloque de la Unión Cívica Radical, que el oficialismo tiene un problema con la temporalidad de la gestión, el ubicarse en el tiempo para la gestión concreta que el tiempo merece.
Y esto, si lo repasamos, con ejemplos simples, vamos a recordar que lo debatimos ampliamente cuando ya se estaba anunciando la crisis, cuando se debatió la autorización para un empréstito de U$S 300.000.000. El Ministro de Hacienda dijo que esa plata iba a venir de las AFJP. No transcurrieron pocos días, no muchos días -digamos, no una semana- y el dinero de las AFJP ya no estaba disponible para este tipo de cosas.
También, y esto es contrario a lo que sostuvo el diputado Héctor Oscar García en la fundamentación de la ley anterior, cuando dijo que el Ministro ya en el tratamiento del Presupuesto estaba reconociendo la crisis. Lo que el Ministro dijo en ese momento, simplemente, era que no iban a poder haber aumentos salariales. Lo que sí dijo -que nosotros desde el Bloque de la Unión Cívica Radical en esa reunión lo sostuvimos y también lo sostuvimos en el debate parlamentario- fue que lo que no creíamos que se pudiera cumplir era la pauta que se había proyectado desde Nación por la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuestión que este Presupuesto no contemplaba.
Decíamos que creíamos que iba a disminuir la producción petrolera -cuestión que se está dando- y que esto iba a provocar menores ingresos. Decíamos que la crisis de los valores internacionales de los commodities de Argentina iban a afectar seriamente los ingresos de todos los Estados Provinciales, incluido Chubut, que la coparticipación federal iba a disminuir, no a mantenerse, y dijimos también que incluso los impuestos propios, estos que hemos eximido en gran cantidad, a empresas que ha eximido el oficialismo, nosotros nos hemos opuesto, a empresas que han desarrollado algunos emprendimientos.
La verdad es que el señor Ministro sale al mes a reconocer que es cierto que iban a disminuir. Entonces, nosotros creemos que a esta ley la podríamos calificar como una buena intención, es una buena intención; es más, es una buena idea si así se quiere entender de cuál es el pensamiento de este bloque, pero ésta era una buena idea cuando sobraba la plata. Cuando el señor diputado Oscar García dice: “esta ley va a servir para diversificar la matriz económica provincial”, yo le digo que esto hubiera sido así si se hubiera hecho en el 2005, si se hubiera hecho en el 2006, no en estos momentos donde la Provincia del Chubut lo que tiene que ver en estos momentos es cómo va a sostener lo que hizo, no pretender pagar con lo que no va a tener lo que se pretende hacer.
Dijimos cuando tratamos el presupuesto que había una necesidad incluso de considerar este reclamo que tiene el empleado público para asegurarnos un buen servicio de seguridad, de salud, de educación, de justicia, bueno de justicia no porque han tenido su aumento, pero digamos sí el resto. Y hay una decisión -y nosotros tenemos la comprensión- del señor Ministro de no atender este tipo de reclamos porque no los puede pagar.
Entonces, ahí está la cuestión, ¿por qué esta ley no la llevamos adelante hace dos años atrás y no ahora que no la podemos cumplir? No lo podemos cumplir porque no dice la ley como en otras leyes que sanciona esta Legislatura, y a la cual la obliga la Constitución, de cómo se va a financiar, ésta es la cuestión.
Ayer en la comisión, que debo decir que esta buena idea o buena intención era, en mi apreciación personal, bastante improvisada y que fue corregida en una muy buena reunión de las comisiones que las trataron y que quizás hayan observaciones para hacer sobre la misma. Pero lo fundamental del tema es que esto es simplemente una expresión de deseo que no se va a poder cumplir y que nosotros de esas expresiones de deseo no queremos ser cómplices ante la sociedad de crearle falsas expectativas. Éste es el motivo fundamental por el cual nosotros no acompañamos.
Yo no sé qué diputado sabe que cuando se pagó el último sueldo del mes de enero de la Administración Pública la Tesorería se quedó con $ 170.000. Es la primera vez en la gestión del señor Das Neves que sucede esta situación, siempre tuvimos millones de superávit cada vez que se terminaba de pagar, pero esto retracciona los ingresos, lo ha dicho el señor Ministro de Economía reconociendo lo que dijo el Bloque de la Unión Cívica Radical hace diez días atrás en todos los diarios.
Entonces, nosotros entendemos que esto no tiene que ver con la propuesta anterior, que esto es incoherente con relación a la propuesta anterior y que cuando se fijan este tipo de cosas, que es como el modelo que en definitiva tampoco aprobó en su momento el Bloque Justicialista cuando se creó por ley el Fondo Financiero Permanente, que por lo menos en ese caso se establecía que había un monto de dinero extraordinario que se destinaba para este tipo de cuestiones, acá esto ni se está haciendo. Éstos son lo motivos por los cuales este Bloque no va a acompañar.
De todas maneras, en el análisis que ha hecho la comisión ayer, las correcciones que entre todos hemos debatido, nosotros queremos sugerir para que se incorpore igual un inciso, más allá del no acompañamiento nuestro, en cuanto al Capítulo de las Prohibiciones, que se incorpore como Inciso e), que los sujetos comprendidos en la Ley 01, N° 231 Ética de la Función Pública, Capítulo III, Artículo 16° de las Incompatibilidades, estén también inhibidos a percibir beneficios fiscales.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Oscar García.
SR. GARCÍA (Oscar): Señor Presidente, creo que es poco feliz la referencia del señor diputado Lorenzo al hablar del Fondo Financiero Permanente. Me voy a reservar mi opinión sobre esa buena idea también, lástima que el sesenta por ciento no lo done. Pero no importa.
Señor Presidente, con respecto a lo que el señor diputado Lorenzo habla del financiamiento de esta ley, primero se necesita tener la ley porque el Poder Ejecutivo está habilitado para hacer las compensaciones presupuestarias necesarias para atender a esta ley, y por eso el Ministro de Economía ha reiterado que lo crucial de este Presupuesto que está en vigencia es el día a día. En ese sentido se está tratando de hacer una austera administración para poder lograr derivar recursos.
De todas maneras, y refiriéndome específicamente a la autorización que dimos desde esta Legislatura al Poder Ejecutivo Provincial para un crédito de U$S 300.000.000, era como dice el señor diputado Lorenzo, que estaban en aquel momento direccionados los fondos que disponían las AFJP, pero hoy son fondos que maneja el Anses.
Están muy avanzadas las conversaciones para lograr en pocos días más un adelanto de parte de ese préstamo que también será utilizado con diferentes fines y, por supuesto, va a recaer para disponer de fondos adicionales.
Señor Presidente, reitero mi solicitud para que se vote a libro cerrado el presente proyecto.
SR. GONZALEZ (Roque): Señor Presidente, adelanto el acompañamiento general a esta ley con las siguientes salvaguardas. Coincido mucho con lo planteado por el señor diputado Lorenzo, en que muy probablemente sea más una manifestación de deseos políticos que la aquiescencia que tenga este instrumento en generar inversiones genuinas en la provincia. No lo veo como un defecto; creo que el hecho de mandar el mensaje de que la dirigencia del Chubut está como la mayoría de la dirigencia del mundo: preocupada por la crisis financiera y en cómo se va a salir -hay una incertidumbre total-, me parece que el hecho de responsablemente hablar de un instrumento adecuado para poder paliarla, creo que es una de las obligaciones que tenemos.
En particular también me hubiera gustado que se mencionaran cifras específicas, de cuánto se va a destinar en esta ley; pero evidentemente en el marco actual que tenemos, que no sabemos desde esa misma incertidumbre, sería poco serio plantearlo.
Teniendo en cuenta estas diferencias o preguntas en general, va a tener el acompañamiento del bloque.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción del señor diputado Héctor Oscar García, que el proyecto se vote a libro cerrado.
Artículo 1º: Créase el Régimen de Incentivos “Invierta en Chubut”, cuyo objeto principal es propiciar inversiones privadas en todo el territorio provincial, propendiendo a un desarrollo armónico y sustentable del mismo, mediante el empleo formal y el cumplimiento fiscal.
Artículo 2º: Pueden acogerse al presente Régimen, las personas físicas o jurídicas radicadas o a radicarse en la Provincia del Chubut, conforme lo determine la reglamentación.
Artículo 3º: La promoción alcanza a los proyectos de “nueva inversión” o de “ampliación de inversión existente” que cumplan con los requisitos y condiciones que para cada caso prevé la presente ley y su reglamentación.
Se entiende por “Proyecto de ampliación de inversión existente” a todo proyecto efectuado con el propósito de incrementar la capacidad instalada de una unidad productiva en actividad.
Se entiende por “Proyecto de nueva inversión” la apertura de nuevas unidades productivas que no queden comprendidas en el concepto de ampliación establecido en el párrafo anterior.
PROYECTO DE NUEVA INVERSIÓN
Artículo 4°: Son actividades promovidas por el presente título las siguientes:
a) Sector turístico en los subrubros: hotelería y gastronomía;
b) Industria manufacturera y/o procesos industriales que agreguen valor en la cadena de elaboración;
c) Fabricación de componentes destinados a la generación de energías renovables;
d) Proyectos industriales que representen un avance en la cadena de valor de la lana, a contar a partir de la hilandería inclusive;
e) Proyectos medio ambientales cuyo objeto sea la fabricación, producción, instalación de componentes destinados a la protección y cuidado del medio ambiente, así como también el saneamiento, tratamiento, disposición y recuperación de residuos sólidos, gaseosos y líquidos;
f) Industrias Metalúrgicas, Metalmecánicas y Siderúrgicas;
g) Proyectos industriales destinados a la elaboración de vidrios y sus derivados;
h) Producción de filmes y videocintas de contenido cultural aprobados por la Secretaría de Cultura;
i) Proyectos de inversión calificados como de alto contenido tecnológico. Se consideran comprendidos aquellos destinados a las siguientes actividades:
1. Fabricación de maquinarias;
2. Fabricación de maquinarias de oficina, contabilidad e informática;
3. Fabricación de transmisores y receptores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos;
4. Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines;
5. Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos;
8. Construcción y reparación de buques y embarcaciones;
9. Fabricación y reparación de aeronaves;
10. Fabricación de equipos de transporte;
11. Fabricación de sustancias químicas;
12. Fabricación de productos químicos;
13. Fabricación de productos farmacéuticos y medicinales;
14, Industria del software.
j) Toda otra actividad que se incluya por ley específica.
Las actividades mencionadas en este artículo, sin perjuicio de lo determinado en la reglamentación, quedan delimitadas de acuerdo a la codificación prevista en el Anexo I integrante de la presente ley.
Artículo 5º: Los proyectos de inversión presentados en el marco del presente título, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La nueva inversión deberá superar el equivalente a TRES MILLONES QUINIENTOS MIL MODULOS (3.500.000 M);
b) Incorporar mano de obra local en un noventa por ciento (90%) del total del personal. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a determinar los casos de excepción.
Artículo 6º: Los incentivos promocionales que prevé el presente Título son:
1) Impositivos:
a) Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por un período de diez (10) años a partir de la puesta en marcha del proyecto, mediando el acto administrativo que otorgue el beneficio.
Para aquellos proyectos comprendidos en el inciso i) del artículo 4º, la exención se extenderá por veinte (20) años desde la puesta en marcha del proyecto, mediando el acto administrativo que otorgue el beneficio.
b) Exención del Impuesto de Sellos a favor del titular del proyecto sobre los actos e instrumentos vinculados al proyecto a desarrollar, por un período de cinco (5) años contados desde la aprobación del proyecto, excluidos aquellos relacionados con modificaciones de los estatutos sociales;
En aquellos proyectos comprendidos en el inciso i) del artículo 4º, la exención prevista en el párrafo anterior se extenderá por diez (10) años.
2) Subsidios:
a) Subsidio de hasta un veinticinco por ciento (25%) sobre el consumo de gas, durante los primeros cinco (5) años de la actividad. A partir del sexto año, el monto del subsidio disminuirá gradualmente de acuerdo a los porcentajes que fije la Autoridad de Aplicación hasta su extinción definitiva al cabo de diez (10) años;
b) Subsidio de hasta un quince por ciento (15%) sobre el consumo eléctrico, con idéntica vigencia y tratamiento previstos en el inciso anterior.
Los Municipios que adhieran a la presente Ley, podrán llevar el mencionado subsidio hasta el veinticinco por ciento (25%), participando con su esfuerzo económico del beneficio promocional a otorgar.
c) Subsidio mensual equivalente a MIL CUATROCIENTOS MÓDULOS (1.400 M), que será percibido por cada empleado que se incorpore con carácter de efectivo en la Provincia, luego de la aprobación del proyecto y afectado a éste, durante los dos (2) primeros años de actividad del empleado. A partir del tercer año, el monto del subsidio, disminuirá gradualmente según lo determine la Autoridad de Aplicación hasta su extinción definitiva al cabo de cinco (5) años;
d) Financiamiento del proyecto, con subsidio de hasta un cuarenta por ciento (40%) sobre la tasa de interés vigente, sobre las líneas de las Instituciones Bancarias que tengan acuerdo con la Provincia, al momento de la adhesión.-
La Autoridad de Aplicación determinará los porcentajes de los subsidios a otorgar, y su otorgamiento quedará sujeto a las disponibilidades presupuestarias existentes;
a) Financiamiento para la participación en ferias internacionales, de acuerdo a las líneas vigentes al momento de la adhesión y a las condiciones fijadas por la Autoridad de Aplicación;
b) Capacitación laboral conforme se determine en la reglamentación.
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE INVERSIÓN EXISTENTE
Artículo 7°.- Están comprendidas en el presente Título las actividades mencionadas en el Artículo 4º siempre que los proyectos de inversión se encuadren en la definición de “ampliación” establecida en el Artículo 3º, de la presente Ley.
Artículo 8°.- Los proyectos de inversión presentados en el marco del presente Título, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La inversión deberá superar el equivalente a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL MODULOS (1.500.000 M);
b) Incorporar mano de obra local en un noventa por ciento (90%) del total de personal afectado a la ampliación, conforme lo determine la reglamentación. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a determinar los casos de excepción.
Artículo 9º: Los beneficios promocionales que prevé el presente Título están determinados en función del porcentaje que represente la nueva inversión sobre la existente, respecto de alguna de las actividades previstas en el Artículo 4º. Dicho porcentaje resulta de la siguiente fórmula:
P = (I / PA) x 100
P = Porcentaje de participación de la inversión respecto del patrimonio afectado a la actividad promocionada
I = Monto de la inversión
PA = Patrimonio afectado a la actividad promocionada, determinado de la siguiente manera:
PA = (VA / VT) x PN
VA = Ventas de la actividad promocionada objeto de la inversión correspondientes a los últimos 12 meses.
VT = Ventas totales del sujeto inversor, correspondientes a los últimos doce (12) meses.
PN = Patrimonio Neto del sujeto inversor, al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de presentación del proyecto.
En ningún caso los beneficios pueden superar el cien por ciento (100%) de los previstos en el Titulo II, Artículo 6º de la presente Ley.
a) Exención parcial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en proporción al monto de la inversión con relación al patrimonio neto afectado a la actividad en cuestión, calculado según la fórmula establecida en el párrafo anterior, y por el término de diez (10) años a partir de la puesta en marcha mediando el acto administrativo pertinente. Esta exención parcial recaerá sobre el impuesto atribuible a la actividad objeto de la inversión;
b) Exención del Impuesto de Sellos a favor del titular del proyecto, sobre los actos e instrumentos vinculados al proyecto a desarrollar, desde su aprobación hasta su puesta en marcha;
a) Subsidio proporcional sobre el consumo de gas durante los primeros cinco (5) años de la actividad, determinado a partir de la aplicación del porcentaje de la inversión obtenido por la fórmula establecida en el primer párrafo del presente artículo, sobre el beneficio máximo (25%) a otorgar. A partir del sexto año, el monto del subsidio disminuirá gradualmente de acuerdo a los porcentajes que fije la Autoridad de Aplicación hasta su extinción definitiva al cabo de diez (10) años;
b) Subsidio proporcional sobre el consumo eléctrico, con idéntico tratamiento al del inciso anterior, sobre el beneficio máximo (15%) a otorgar.
Los Municipios que adhieran a la presente Ley, podrán llevar el mencionado subsidio hasta el veinticinco por ciento (25%), también en forma proporcional, participando con su esfuerzo económico del beneficio promocional a otorgar.
a) Subsidio mensual equivalente a MIL CUATROCIENTOS MÓDULOS (1.400 M) que será percibido por cada empleado que se incorpore con carácter de efectivo en la Provincia, luego de la aprobación del proyecto y afectado a éste, durante los dos (2) primeros años de actividad del empleado. A partir del tercer año, el monto del subsidio, disminuirá gradualmente según lo determine la Autoridad de Aplicación hasta su extinción definitiva al cabo de cinco (5) años;
b) Financiamiento del proyecto, con subsidio de hasta el cuarenta (40%) sobre la tasa de interés vigente, sobre las líneas de las Instituciones Bancarias que tengan acuerdo con la Provincia, al momento de la adhesión.
c) Financiamiento para la participación en ferias internacionales, de acuerdo a las líneas vigentes al momento de la adhesión y a las condiciones fijadas por la Autoridad de Aplicación;
d) Capacitación laboral conforme se determine en la reglamentación.
Los beneficios señalados en el inciso 3) no serán ajustados por la fórmula establecida en el primer párrafo del presente artículo.
Artículo 10º: El plazo para la presentación de los proyectos se extenderá desde la entrada en vigencia de la presente Ley, por un período de doce (12) meses, prorrogable por única vez por igual período. Facúltase al Poder Ejecutivo a suspender y en su caso reanudar la vigencia de la presente Ley dentro del plazo establecido en el párrafo anterior.
Artículo 11º: La reglamentación determinará los requisitos y condiciones que los solicitantes deberán cumplir para la adhesión a la presente Ley.
Artículo 12º: La Adhesión al Régimen de Incentivos “Invierta en Chubut” se instrumentará mediante Resolución conjunta de los Ministerios de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones y de Economía y Crédito Público.
Artículo 13º: Los incentivos se otorgan a partir de la fecha del acto administrativo que los otorga, con las excepciones del párrafo siguiente.
En el caso de los subsidios al consumo eléctrico y de gas, los mismos se otorgan a partir del ejercicio siguiente al del acto administrativo que apruebe la adhesión, en la forma y condiciones fijadas en la reglamentación.
Dicho acto administrativo, debe indicar la fecha de finalización de cada uno de los incentivos que se otorguen.
Artículo 14º: Las personas adheridas al presente régimen quedan obligadas a:
b) Mantener la planta de personal comprometida conforme fuera aprobado el proyecto y dar cumplimiento con la normativa laboral vigente.
c) Cumplir con la instalación y puesta en marcha del proyecto, conforme fuera aprobado y durante todo el plazo de vigencia de los incentivos.
e) No enajenar los bienes constitutivos de la inversión y mantener los mismos afectados al proyecto durante todo el período que duren los incentivos.
Artículo 15º: El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el presente Régimen hará pasible al infractor, titular de los incentivos otorgados, de las sanciones que se exponen a continuación:
b) Suspensión de los beneficios otorgados por el plazo de hasta DOS (2) años, cuando no se cumplan las normas jurídicas vigentes en materia medioambiental o cuando se comprobare falsedad manifiesta en la presentación de documentación y/o información solicitada.
c.1) Cuando el emprendimiento que se encontrare en funcionamiento fuere en cuanto al objeto, sustancialmente diferente al proyecto oportunamente aprobado.
c.2) Cuando no se hubiere incorporado o mantenido la planta de personal comprometida, durante el plazo de goce de los beneficios otorgados.
c.3) Cuando se comprobare la paralización del emprendimiento por un período mayor a treinta (30) días corridos o noventa (90) alternados.
c.4) Cuando se hubiere dispuesto la suspensión de los incentivos acordados por incumplimiento a las normas medioambientales y al término de dicha sanción no se hubiere regularizado la situación.
Cuando el adherente invoque circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, que impidan el cumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en este Régimen, la Autoridad de Aplicación evaluará la situación y las acciones que correspondan.
Artículo 16º: Previo a disponer las sanciones previstas en los incisos a) y b) del Artículo anterior se otorgará a los titulares de los proyectos un plazo de SESENTA (60) días corridos para regularizar la infracción verificada.
Artículo 17º: La revocación de los incentivos otorgados tendrá carácter retroactivo a la fecha de la causal que dio origen a la sanción, debiendo ingresar el infractor, los importes por los tributos no percibidos por el fisco provincial con más sus intereses respectivos.
Si la revocación recayere sobre créditos beneficiados con subsidio de tasa, el infractor perderá el subsidio debiendo reintegrar el crédito abonando la tasa de mercado, a partir de la fecha del acto administrativo que lo ordena.
Artículo 18º: No podrán adherir a la presente Ley quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.522 y sus modificatorias.
b) Los deudores morosos del fisco provincial.
c) Los que se hallen condenados por delitos contra la Administración Pública.
d) Denunciados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio, antes de emitirse la resolución aprobatoria del proyecto.
e) Las personas jurídicas, incluidas las cooperativas, en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio, antes de emitirse la resolución aprobatoria del proyecto.
Artículo 19º: El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones y el Ministerio de Economía y Crédito Público son la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y sus normas reglamentarias.-
En tal carácter quedan facultados para dictar los actos administrativos que resulten necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el Régimen de Incentivos que por esta Ley se crea.
Artículo 20º: La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la evaluación de los proyectos presentados, para lo cual puede requerir la colaboración de otros organismos públicos que resulten competentes en la materia objeto de análisis.
A tal efecto puede requerir informes, dictámenes y cualquier otra intervención que resulte necesaria, de otras áreas de la Administración Pública Centralizada, Organismos de la Administración Pública Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades con Participación Estatal, Sociedades del Estado, etc.-
La Autoridad de Aplicación da cuenta a la Dirección General de Rentas de las exenciones concedidas en el marco de la presente Ley y el plazo de las mismas. Informa también la caducidad del otorgamiento de la exención, la suspensión, revocación y/o las multas previstas en el Artículo 15º.
Artículo 21º: La adhesión a la presente Ley implica la renuncia a cualquier otro beneficio promocional concedido bajo regímenes análogos vigentes, a partir del otorgamiento de los beneficios que esta Ley prevé.
Artículo 22º: El valor módulo es el establecido en la Ley de Obligaciones Tributarias vigente al momento de la presentación del proyecto de inversión.
Artículo 23º: Serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Fiscal de la Provincia del Chubut, Ley de Obligaciones Tributarias y Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo 24º: Invitase a los municipios de la Provincia del Chubut a adherir a la presente Ley.
Artículo 25º: El Poder Ejecutivo dictará la Reglamentación para la aplicación de la presente Ley en un plazo de hasta NOVENTA (90) días.
Artículo 26º: Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo
Son actividades comprendidas en el artículo 4º del cuerpo normativo, las que se identifican a continuación de acuerdo a la codificación establecida en el Código Único de Actividades del Convenio Multilateral (CUACM) – Resolución Nº 190/99-DGR:
a) Hotelería : 551220, Gastronomía: 552111.
b) Industria manufacturera: 151110 a 155492, inclusive.
c) Fabricación de componentes destinados a la generación de energías renovables.
d) Proyectos industriales que representen un avance en la cadena de valor de la lana, a contar a partir de la hilandería inclusive.
e) Proyectos medio ambientales cuyo objeto sea la fabricación, producción, instalación de componentes destinados a la protección y cuidado del medio ambiente, así como también el saneamiento, tratamiento, disposición y recuperación de residuos sólidos, gaseosos y líquidos.
f) Industrias metalúrgicas y metalmecánicas: 281101 a 292902, inclusive. Industrias siderúrgicas: 271000
g) Proyectos industriales destinados a la elaboración de vidrios y sus derivados: 261010 a 261090, inclusive.
h) Producción de filmes y videocintas de contenido cultural aprobados por la Secretaria de Cultura: 921110.
i) Proyectos de inversión calificados como de alto contenido tecnológico:
1. Fabricación de maquinarias = 291101 – 291201 – 291301 – 291401 – 291501 – 291901 – 292111 – 292191 – 292201 – 292301 – 292401 – 292501 – 292601 – 292700 – 292901;
2. Fabricación de maquinarias de oficina, contabilidad e informática = 300000;
3. Fabricación de transmisores y receptores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos = 321000 - 322001 – 323000;
4. Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines = 331100 – 331200 – 331300 – 332000 – 333000;
5. Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos = 311001;
6. Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica = 312001;
7. Fabricación de vehículos automotores, carrocerías, remolques y semirremolques, y sus partes = 341000 – 342000 – 343000;
8. Construcción y reparación de buques y embarcaciones = 351101 – 351201;
9. Fabricación y reparación de aeronaves = 352001 – 352002;
10. Fabricación de equipos de transporte = 359100 – 359200.
11. Fabricación de sustancias químicas = 241110 – 241120 – 241130 – 241180 – 241190 – 241200 – 241301 – 241309;
12. Fabricación de Productos químicos = 242100 – 242200 – 242410 – 242490 – 242900;
13. Fabricación de productos farmacéuticos y medicinales = 242310 – 242320 - 242390;
14. Industria del software según alcance del régimen establecido en la ley nacional Nº 25.922. La Autoridad de Aplicación determinará en cada caso si el proyecto de inversión se encuentra comprendido en ese régimen.
Respecto de los incisos c), d) y e) la Autoridad de Aplicación determinará los códigos de actividades comprendidas en cada caso, de acuerdo al proyecto de inversión que se presente.
SR. LORENZO: Señor Presidente, no fue tratada mi propuesta para incorporar justamente en el tratamiento en particular un inciso, de las prohibiciones, que fue a viva voz manifestado, a ver si existe la posibilidad de lograr la incorporación, simplemente eso, nada más.
SR. TOURIÑAN: Señor Presidente, tratándose de una ley vigente, que es la Ley de Ética Pública, así lo expresa la ley, es correcto que estén vedados a incorporarse dentro de los beneficios de este régimen. Me parece que es prudente incorporarlo como plantea el señor diputado Lorenzo. Si podemos reconsiderarlo, lo incorporaríamos.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción de reconsideración del señor diputado Lorenzo.
SR. PRESIDENTE (Vargas): ¿Tiene el artículo que quiere modificar, señor diputado, perdón, agregar?
SR. LORENZO: Sí.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Vamos a dar lectura por Secretaría a la modificación solicitada por el señor diputado Lorenzo, en la reconsideración que solicitó el señor diputado Touriñán.
“Artículo N° 18°: No podrán adherir a la presente ley quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto a los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en la Ley Nacional N° 24.522 y sus modificatorias.
f) Los sujetos comprendidos en la Ley 1 N° 231 – Ética de la Función Pública (antes Ley N°. 4.816) -en su Capítulo III- Art 16º de Incompatibilidades.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Leído, se va a votar.
Por tratarse de una votación a libro cerrado, se va a votar en general y en particular.
PROYECTO DE LEY N° 187/08
SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el punto 3º del Orden del día.
- Proyecto de Ley nº 187/08, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se propicia establecer que en las causas por infracción al artículo 181º del Código Penal, en cualquier estado del proceso, el juez, a pedido del damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la diputada Ripa.
SRA. RIPA: Señor Presidente, señores diputados, el objetivo que persigue el presente proyecto es el de satisfacer rápidamente los derechos de las víctimas del delito de usurpación. Tenemos que recordar que el delito de usurpación está tipificado en el Código Penal en el artículo 181º, cuya pena va desde los seis meses a los tres años. Se configura -rápidamente, lo voy a mencionar- cuando se despoja de la posesión o tenencia al titular del inmueble por, entre otros medios, violencia, amenaza o engaño.
El presente proyecto -que ponemos a consideración y que fue acompañado por un dictamen unánime en la Comisión- otorga al juez la facultad de disponer, provisionalmente, el reintegro inmediato del inmueble a aquella persona que invoque un derecho y éste resulte verosímil.
Es importante señalar que este tipo de normativa ya está receptada en el Código Procesal de Nación y en otras legislaciones, como las de Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Es más, mediante Ley 5070, nuestra Provincia había incorporado el artículo 104º bis, que le confería al juez dicha facultad; después, quedó sin efecto. Por eso consideramos que es importante incorporarlo.
En esta Cámara se discutió, no proyectos ni herramientas legislativas respecto de este tema -al menos, en esta gestión-, pero sí situaciones concretas que se daban en el ámbito de nuestra provincia, teniendo en cuenta que es una provincia atractiva -quienes ven una provincia que crece a un ritmo sostenido- y que es vista como un lugar de oportunidades.
Nosotros comprendemos las necesidades; no las ponemos en duda ni las negamos. Pero no podemos avalar, bajo ningún concepto, que los derechos sean ejercidos por la vía de hecho; porque las necesidades de las personas, en ningún modo, autorizan a actuar por fuera de la ley.
Por eso nosotros ponemos a consideración el presente proyecto. Pero previamente vamos a solicitar poner la Cámara en comisión, porque hay una modificación que también fue acordada con quienes firmaron el dictamen de Comisión, que tiene que ver con temas puntuales como modificar autos de procesamiento a cualquier estado del proceso y por requerimiento del fiscal en vez de por el juez. Así que solicitamos poner la Cámara en comisión.
Continúa en el uso de la palabra la diputada Ripa.
SRA. RIPA: No, si quiere acerco por Secretaría el proyecto para que se lea.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Bien, acérquelo, nomás.
Por Secretaría se dará lectura a la solicitud de modificación presentada por la señora diputada preopinante, doctora Ripa.
Artículo 1°: En las causas por infracción al artículo 181° del Código Penal, en cualquier estado del proceso, por petición del damnificado y a requerimiento del Fiscal, el Juez podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado sea verosímil, fijando una caución si fuera necesario.
En las causas en que el damnificado fuera el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o se tratare de bienes fiscales, por petición del damnificado y a requerimiento del fiscal, el Juez deberá disponer el inmediato reintegro de la posesión o tenencia al Estado, cuando el derecho invocado por el damnificado fuera verosímil.
Artículo 2°.- Ley General.
SR. RISSO: Gracias, señor Presidente. Este Bloque va a acompañar en general y en particular, obviamente, este proyecto de ley, entendiendo necesario hacer dos o tres muy breves aclaraciones. Obviamente que cuando estamos en presencia de una declaración o de la fijación de un hecho tipificado por el Código Penal como delito, digamos que en términos generales no se admite -así corresponde, en definitiva estamos hablando de la comisión de un delito- justificaciones en los hechos.
Con más razón cuando se trata de la usurpación, que está vinculada al ejercicio del derecho de propiedad, que es un derecho reconocido, analizado, por la Constitución Provincial, Nacional, y obviamente por la Provincia. Pero queremos hacer dos aclaraciones importantes.
Este proyecto de ley se refiere a dos situaciones distintas, que a nuestro entender merecen análisis diferentes.
Cuando lo que se violenta es el derecho a la propiedad de un particular mediante la usurpación de la propiedad, todos somos conscientes de lo que eso significa y lo que ha significado en la historia, no solamente de la provincia, de los hechos, de la jurisprudencia del país, cuando estos hechos de usurpación terminan dilatándose en el tiempo por el desarrollo del proceso penal y por el daño que genera a la propiedad.
Nosotros compartimos, no de ahora, ya desde hace mucho tiempo la necesidad de que los jueces cuenten con una herramienta que disponga la inmediata restitución, probada fehacientemente la titularidad del dominio, porque si no el daño se agrava. Normalmente, el usurpador espera el desarrollo del juicio, y cuando termina todo el proceso penal la propiedad privada quedó destruida. En esto no hay discusión, estamos totalmente de acuerdo.
Pero hay un segunda parte, que es cuando se trata del Estado Nacional, Municipal o Provincial.
Sabemos, señor Presidente, que el Estado es en Derecho una persona jurídica que actúa como persona jurídica de derecho público o derecho privado. Quiere decir que el Estado puede ser propietario de un inmueble y tiene la misma jerarquía, la misma posición ante la ley que cualquier persona jurídica, o cualquier persona física particular propietaria de un inmueble. La redacción permite la misma solución que al propietario particular, y estamos de acuerdo.
La última parte, que se refiere a las tierras fiscales, que ha generado graves problemas, y está generando graves problemas especialmente en Comodoro Rivadavia y en Puerto Madryn, aquí nosotros queremos hacer una aclaración.
Estamos de acuerdo con la redacción, en la presentación del Estado a la propia fiscalía interviniente y al Juez de Garantía, peticionando el Estado la restitución del inmueble; obviamente, la respuesta debe ser similar a la de la protección del particular; además porque también compartimos que muchas veces se produce una situación de injusticia, el usurpador se coloca en una posición de privilegio, y aquella persona, ciudadano, vecino, habitante de la ciudad o de la provincia, que viene cumpliendo todos los pasos administrativos, no accede a la propiedad.
Eso no compartimos, eso es una injusticia, que el usurpador pueda permanecer en el tiempo ocupando el inmueble fiscal.
Pero hay algo que debemos mencionar, porque en la redacción -yo confieso que lo he pensado, lo hemos charlado- es posible encontrar una redacción distinta. En mi caso por lo menos no la he conseguido, de verdad no la he encontrado, en el sentido de que tal como está redactado, en el caso de una usurpación, lo que viene ocurriendo en Comodoro, con personas de escasos recursos en estado de necesidad, que usurpa o que ocupan grandes extensiones, muchos lotes, la disposición automática a un Juez de garantías, que automáticamente disponga la restitución del inmueble al Estado Provincial, esto va a generar un conflicto social.
No he conversado con el señor diputado Urbano pero me parece que por ahí vendría el planteamiento. Esto es verdad, yo confieso que no he encontrado la solución, por eso voy a apostar y voy a acompañar la redacción como está acá; incluso ya quiero modificar el proyecto original producto de lo que se ha conversado; yo no he encontrado la solución, la alternativa, la forma de que un juez lo contemple.
Ustedes saben -creo que lo dijo la doctora Ripa, no sé el término que usó- que cuando los derechos se ejercen, no hay justificación cuando se viola el derecho. Pido disculpas, no sé si fueron exactamente los términos que utilizó. Pero hay a veces justificación, los jueces tienen estado de necesidad, por ejemplo, el juez penal y el juez de garantías necesariamente pueden llegar a tenerlo; es más, de hecho lo van a considerar.
Lo que quiero explicar, tratar de ser claro, es que no se genere un nuevo conflicto con la justicia, especialmente en Comodoro Rivadavia o en Puerto Madryn. Cuando el juez de garantía interviniente analice la situación en particular de que se trate, sea puesta a su conocimiento, consideración y análisis, y no automáticamente tenga que ordenar por la fuerza pública; disponer la fuerza, por ejemplo, de choque de la Policía para desalojar, se va a generar un conflicto que habrá que buscar la forma de solucionarlo, de dotarlo de nueva herramienta. Yo, honestamente, en la redacción que se está haciendo en este proyecto de ley, es muy difícil encontrarlo.
Señor Presidente, señores diputados, creo que por la propia responsabilidad que tenemos como legisladores en cada una de nuestras áreas, es la responsabilidad social y política que tienen los jueces; no es solamente la responsabilidad de la Policía o de los jueces de garantía disponer que se solucione un problema de usurpación, está la política de manejo de la tierra pública de los municipios. En la medida que esas políticas de manejo de las tierras públicas de los municipios sean más activas y más efectivas se va a contribuir a que estas cosas no ocurran.
Y voy a terminar con otro ejemplo que está ocurriendo cercano al lugar donde yo vivo, que creo que se llama el 14 o el 12, cerca del Barrio Ciudadela, donde uno vuelve de una semana para otra y aparecen inmuebles muy bien construidos, no son barrios de emergencia ni muchísimo menos, sino que son construcciones importantes. Y va creciendo generalmente alrededor del tanque de agua o del tanque de reserva del Barrio Ciudadela una cantidad de asentamientos que produce que ese caño sea pinchado permanentemente, el tanque de reserva es pinchado permanentemente, y se produce esta nueva situación de injusticia, porque va disminuyendo el recurso y hay barrios de la Zona Norte de Comodoro Rivadavia, Kilómetro 8 o los Standard, por ejemplo, que hoy no tienen agua.
El Juez penal no lo va a poder solucionar, no va a poder solucionar de inmediato toda esta problemática compleja, social. El mensaje que debería con la sanción de esta ley, es a las autoridades, a los entes administrativos responsables de cada municipio, que ellos son responsables para tratar de evitar o contribuir para que esta situación no siga o continúe agravando. Porque lo veo en mi ciudad, por ejemplo; en nuestra ciudad. Quienes vivimos en Comodoro Rivadavia lo vemos, es un problema grave, a veces hasta asusta, porque uno viene a Rawson, a la Legislatura y vuelve a la semana posterior y encuentra casas nuevas que avanzan a un ritmo que realmente asusta y preocupa porque se colapsan los servicios, la Zona Norte está a punto, en cualquier momento va a terminar de colapsar por esta situación.
En definitiva, señor Presidente, vamos a acompañar el proyecto, es importante, compartimos el espíritu y la herramienta que se le da a los jueces de garantía, pero con esto no solucionamos el problema. Porque el Juez de Garantía la única forma que va a tener si se le dice: restituya el bien, es recurrir a la fuerza, recurrir a la fuerza implica avanzar hacia casos, casos que no tienen justificativos y aquellos casos que sí tienen justificativo, razón social o Estado de necesidad. Con esto simplemente no alcanza, hace falta una política más completa, que ojalá que en cada uno de los municipios se pudiera implementar. Más allá de esta aclaración, nosotros vamos a acompañar el proyecto.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, más o menos el espíritu del proyecto está planteado en esos términos, lo que ocurre en la realidad y en la práctica es que en los últimos asentamientos que se han producido en Comodoro Rivadavia, esto ha comenzado en diciembre de 2008, se están consolidando recién ahora, casi un mes y medio después.
En este contexto, hubo un periodo bastante largo en el que muchos de esos terrenos ocupados estaban alambrados pero no estaban habitados ni estaba consolidada la ocupación. De hecho muchos hoy no lo están, sin embargo cualquier ciudadano se considera habilitado para infringir la ley, para infringir el Código Penal y para usurpar un terreno tomándolo.
Una usurpación es un despojo, una usurpación es usufructuar un bien que no es de uno, que ni se le ha consolidado ni se le ha dado. En muchos casos los terrenos ocupados en el Barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, estaban adjudicados por la Municipalidad a las Cooperativas de Viviendas, que iban a construir viviendas para otra gente que hoy no puede acceder a las mismas. Hay casos de viviendas del IPV que han sido usurpadas, hay gente que ha sido adjudicada, esperando como corresponde el periodo que tiene que esperar para poder ocuparlas, y no puede hacerlo precisamente por eso.
Esto ocurre porque en general el Juez o el Fiscal cuando notifica -y sin la herramienta de la inmediatez o la celeridad que propone este proyecto, por ejemplo- no tiene el tiempo suficiente o el tiempo perentorio suficiente como para poder producir el desalojo antes de que consolide la ocupación, antes de que la gente se vaya a vivir ahí. Porque cuando la gente no está viviendo el estado de necesidad no es tal, el otro no está viviendo desde el momento en que la ocupa, y ello es lo que produce que esto se convierta en un caos en materia de urbanización.
La urbanización no es solamente ir y colocar unas viviendas precarias en un lote para poder ocuparlas, eso no es urbanización ni el poder convivir en una ciudad o en una comunidad. Corresponden las redes de servicios, corresponde la prestación de los servicios básicos: el agua, la luz y el gas. Y si esto no está proyectado o no está programado evidentemente va a tener serios problemas para poder hacerlo.
Hay un caso en Comodoro Rivadavia donde también se ha ocupado el predio de una escuela y se ha usurpado también el predio de una iglesia. En estas usurpaciones, estas ocupaciones que en muchos casos si uno las recorre va a ver vehículos 4x4 que están acompañando, incluso empresas que acompañan porque hacen movimientos de suelos con los camiones que descargan materiales para que se construyan estas viviendas precarias, evidentemente el estado de necesidad no es tal ni tan real y se puede evitar si se actúa con la celeridad que el caso merece.
No significa que no haya política de tierras por parte de los municipios ni significa que no se dé solución a la gente, significa simplemente que debe planificarse la ciudad y que los derechos de uno no deben ser cercenados por la necesidad, y el estado de necesidad de un derecho que invoca otra persona.
Entonces, todo este tipo de cuestiones que por lo general afectan los derechos de los ciudadanos que vienen trabajando y respetando las normativas municipales, provinciales y nacionales, y no actúan sobre la vía de hecho sino que actúan sobre la vía del Derecho, es lo que pretende preservar este proyecto, dándole la herramienta al Juez para que actúe conforme a la ley, sin dejar de lado y sin olvidar que sigue configurando un delito; sigue configurando un delito.
Tampoco -más allá de la restitución o no del bien- se actúa, se pretende siempre la mediación, se pretende reubicarlos en otros sectores y tenerlos contenidos dentro de lo que es el contexto de la sociabilidad en los distintos estados.
Esa pretensión simplemente a lo que tiende es a un reordenamiento de la ciudad, a un desarrollo orgánico y ordenado como tiene que ser, por la seguridad, por lo que se pretende y por la convivencia entre los distintos vecinos. Porque después empiezan los problemas, porque no hay límites definidos, no consiguen nunca la titularidad de la tierra, no consiguen los servicios -se cuelgan de los servicios-, hay problemas de seguridad en cuanto a las pinchaduras que tienen sobre la electricidad y caños de gas, todo eso es lo que se pretende abarcar con todo esto.
La sanidad es un problema grave que viene acarreado con este tipo de ocupaciones y asentamientos ilegales.
Entonces, señor Presidente, ése es el sentido de este proyecto, no se pretende que a partir de la sanción de esta ley se salga a desalojar ni echar de las ocupaciones que ya están dadas, sino simplemente a través de los principios o mecanismos que tiene para producir la mediación, y con la ley en la mano, se permita o se pueda acelerar el proceso de reordenamiento de esas ocupaciones o asentamientos ilegales.
SRA. RIPA: Sí, señor Presidente, es para mencionar o traer a colación lo referido a lo que mencionaban los diputados Risso y Touriñán en lo que tiene que ver con políticas públicas de vivienda.
Lo cierto es que desde el 2003 a esta parte, acompañando también... por eso decimos que esta herramienta no es la solución, sino que se viene trabajando en políticas de fondo y que esto viene a colaborar en la herramienta completa -que faculta, no obliga-. Concretamente, se viene trabajando en políticas públicas referidas a vivienda y desde el IPV se desarrolla un programa que tiene que ver con lotes con servicios. Es un programa que se viene desarrollando en algunos municipios; dentro de ellos, 1.000 de estos lotes fueron entregados a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 600 a la de Puerto Madryn y, después, en las ciudades de Sarmiento, Rawson y Trevelin.
Esto viene a dar otro tipo de soluciones, además de las 16.000 soluciones habitacionales y las cerca de 8.000 viviendas que ya fueron entregadas en la provincia. Digo esto porque coincidimos en que la ley que hoy estamos sancionando o que vamos a sancionar no va a ser una solución de fondo; la solución de fondo la estamos llevando adelante con las políticas a largo plazo referidas al tema vivienda.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el diputado Roque González.
SR. GONZÁLEZ (Roque): Gracias, señor Presidente. Este Bloque va a acompañar este proyecto de ley, pero quiero marcar primero dos contrastes.
Creo que el rol y desafío actual de la dirigencia argentina es recuperar la autoridad sin complejos, esa rémora que quedó del último golpe de Estado, en el cual hay que tener vergüenza en la aplicación de la ley. Creo que ya han pasado más de veinte años y tenemos que, de a poco, empezar a hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos.
En segundo plano, voy a rescatar de este Cuerpo independiente del Estado el rol fundamental que ha tenido. Quiero ver el medio vaso lleno, más allá de que falte mucho por hacer. Pero creo que ha sido por lo menos esta Cámara y la anterior en la que me tocó formar parte como representante del pueblo, ocupar una banca, que ha habido absoluta responsabilidad en dar el Poder Judicial todas las herramientas que reclamaban para una mejor administración del servicio de justicia. Recordarán algunos que hacia fin del año pasado, un miembro, un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Carlos Fayt, reclamó que muchas de las limitantes para aplicar la justicia en la República Argentina eran falencia del Congreso Nacional, que no les daba las herramientas adecuadas. En el caso de Chubut esto no es así y hemos demostrado varios legisladores permanentemente la voluntad de que en lo que veamos que no funcione plantear el debate, cada uno exponer la posición política que tiene respecto al tema y dar los instrumentos como para que podamos mejorar este sistema democrático, esta democracia nueva que estamos, entre todos, haciendo y generando.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el diputado Urbano.
SR. URBANO: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, mi extrañeza, mi asombro, porque este tema tan importante sea tratado en una sesión extraordinaria, cuando en realidad se tendría que haber dispuesto un debate en toda la comunidad para ver qué es lo que piensan los distintos integrantes de la sociedad. Me parece que se está actuando en forma compulsiva, es un error tremendo el que se va a cometer.
Si bien es cierto que la usurpación de tierras fiscales es contraria a la ley, también es cierto que el Estado no está brindando derechos que son de los ciudadanos, contemplados en: nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14º bis; en nuestra Constitución Provincial, en el artículo 77º; por innumerables tratados internacionales, como por ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales... -creo que fue votado en 1966 o fue adherido nuestro país en 1966 a este Tratado-, la Convención de los Derechos del Niño del año 1979 ó 1978, y después un compromiso político de este Gobierno de incluir a todos los ciudadanos y resulta que ahora se les está dando una herramienta muy peligrosa a los jueces para que en forma rápida, sin determinar las motivaciones por las cuales las personas se encuentran en estos asentamientos, de un día para el otro disponga que la fuerza pública expulse de forma violenta a estas personas que muchas veces, la mayoría de las veces, no fueron culpables sino que fueron víctimas de falta de política con relación a la vivienda y a la tierra por parte del Gobierno.
Creo que el más inminente de los desalojos es el Pujol II, hay mucha fuerza para erradicar, para sacar a este asentamiento y yo quiero recordar lo que dije en una oportunidad, de que no es tan mala palabra los asentamientos informales, ya que la mayoría de los barrios de nuestra provincia se han conformado inicialmente como asentamientos informales. En Trelew tenemos muchísimos barrios, por nombrar algunos, Don Bosco, Barrio Unión, Presidente Perón, Planta de Gas, Amaya. Son todos barrios que en un comienzo fueron exactamente igual al Pujol II o llamado ahora Barrio Nueva Esperanza.
Tendríamos que analizar un poco por qué se formó este asentamiento que ahora puede ser desalojado violentamente dentro de 15 días cuando ya tenga vigencia esta ley que seguramente se va a votar favorablemente.
En el año 2004 había plena ocupación en Puerto Madryn y no daban abasto para realizar las obras que se estaban haciendo con las personas de Puerto Madryn, y entonces necesitaron mano de obra de otros lugares. Es así que fueron convocados a trabajar en Puerto Madryn habitantes de otros lugares, dentro y fuera del país, entre ellos muchos bolivianos y algunos paraguayos.
En ese momento se les brindó en forma tácita, mejor dicho, se les autorizó en forma tácita, los servicios mínimos de agua y electricidad y estoy hablando del 2004, hace cuatro años o más, porque si es un ilícito como dicen ahora se podría haber evitado en esa oportunidad, y no se hizo. Y no se hizo porque lo que se les pagaba a estos obreros era muy poco y no alcanzaba para que se pudieran hacer cargo de un alquiler de una vivienda. Tampoco el Gobierno en ese momento les brindó tierra. Parece algo increíble que en esta Patagonia tan desolada, con tanta extensión estemos peleando por la tierra. No había tierras y los obligaron a asentarse en un lugar en donde se hizo la vista gorda, se les permitió que se quedaran ahí. No solamente que hubo un acuerdo tácito sino que se avaló mediante la recorrida de candidatos a ocupar cargos en el gobierno con recorridas y haciendo campaña electoral. Si ustedes van ahora al Pujol II van a encontrar todavía fotografías del señor Intendente Eliceche y del señor Gobernador Das Neves. Esto es así.
Resulta que ahora, quizás por algún negocio inmobiliario, que parece que ésa es la razón, un hotel cinco estrellas, parecería que es necesario erradicarlos y dicen que está todo controlado por cuanto a estas 450 familias, alrededor de 2000 personas van a poder construir sus viviendas en otro lugar que no es el barrio San Miguel. Como anticipo les voy a decir lo que va a pasar en gran escala por lo que ocurrió hace dos semanas. Estuve en el Pujol II, en donde en forma violenta en una de las manzanas, doce personas fueron sacadas y algunas engañadas. Dijeron que les daban un terreno en el barrio San Miguel -después al que quiera le puedo dar nombre y apellido-, a tres personas les habían dado el mismo terreno; esto generó un conflicto, una pelea entre ellos, muy grave. Algunos se encontraron con que no tenían los servicios que les habían ofrecido, que se habían comprometido a darles.
Tengo fotografías, para el que quiera ver, donde puedo mostrar que la gente también se tiene que colgar en el barrio San Miguel. En el barrio San Miguel también hay cables de alta tensión y es uno de los motivos por los cuales se dice que hay que sacarlos de ese lugar por el campo magnético que puede ser perjudicial para la salud; sin embargo, en el barrio San Miguel están más cerca: están debajo de los cables de alta tensión.
Vale decir que en estos momentos va a ser muy traumático, no sé en otros lugares. En Comodoro Rivadavia, puede ser que ocurra lo mismo, pero esta gente no tiene, la mayoría, posibilidades, aún dándole el terreno en el barrio San Miguel, de trasladarse porque las construcciones de sus viviendas se fueron haciendo de a poco, con mucho esfuerzo, sin ayuda del Estado y ahora lo único que se les ofrece es un terreno pelado, algunas veces sin los dos servicios básicos: que son la luz y el agua.
¿Adónde va esta gente? En primer lugar, si es que cumplen con los requisitos que pide el gobierno para poder entregarles un terreno. Los requisitos, como ustedes recordarán, son: tener cinco años de residencia en la zona, la mayoría de los que habitan ese lugar tienen menos de cinco años; tener un sueldo que les permita afrontar los gastos que van a tener que pagar cuando les den el terreno en otro lugar; ser ciudadanos argentinos, muchos de ellos son residentes nada más, no son ciudadanos, son bolivianos y paraguayos. Así que también es un engaño, una mentira que a estas 450 familias se las va a poder ubicar en el barrio San Miguel.
Para terminar, hay dos derechos que se están violando: uno es el derecho de las personas a tener una vivienda digna y el otro es el derecho de las personas a preservar su propiedad, incluido el Estado.
Creo que esto se puede salvar en la medida en que el gobierno tenga políticas férreas y decididas respecto a la tierra y a la vivienda, hacer planificación de los lugares adonde va la gente; la mayoría son indigentes, por supuesto habrá uno no o dos que tendrán cuatro por cuatro.
Yo lo invitaría al señor diputado Touriñán para que me acompañe, vamos los dos y entremos casa por casa a ver cómo viven, algunos tendrán Direct TV, pero la mayoría son indigentes y seguramente no van a poder pagar un alquiler, mucho menos construir una vivienda en otro lugar, que tampoco se les está ofreciendo ahora.
Entonces, hay que ser muy cuidadosos, estamos hablando de crisis económica y a esta gente se la va a impulsar a que se quede en la calle. Va a ser un hecho muy traumático, un problema social muy grande para la provincia. Creo que esta ley en este momento no tiene que ser aprobada, tiene que ser rechazada, tiene que haber un debate en la sociedad para ver qué vamos a hacer con todos estos asentamientos y no sacarlos como se pretende, por todas las consecuencias que puede ocasionar esta ley, la vigencia de esta ley.
SR. GONZÁLEZ (Miguel Ángel): Señor Presidente, escuchaba atento recién al señor diputado -vale una aclaración- porque creo que como cinco o seis veces lo repitió “Pujol II, Pujol II, Pujol...”
Vuelvo a repetir lo mismo que he dicho en sesiones anteriores, que desconoce Puerto Madryn, va directamente a agitar a los usurpadores de Puerto Madryn y se vuelve a Trelew.
Pujol II es un barrio creado por ordenanza municipal, reconocido por el Gobierno Municipal, de tal forma que hasta se ha elaborado a través de Nación y de Provincia un PROMEBA. Así que el Pujol II es un barrio completamente legal, con todos los servicios como corresponde; lo que está hablando es lo que está lindero, vuelvo a repetirlo -como quince veces lo dije-, lindero al Pujol II...
SR. URBANO: ¿Puedo hacer una aclaración?
SR. GONZÁLEZ (Miguel Ángel): Cállese la boca que yo no lo interrumpí.
Decía, lindero al Pujol II y se llama Nueva Chubut. Un delito es un delito por más que lo consienta el señor diputado Urbano, en primer lugar. Dice que es una herramienta peligrosa, a los jueces, es decir que no cree en la Justicia; “una herramienta peligrosa”. Nunca en Puerto Madryn, para que sepan, debido a las usurpaciones que hemos tenido, el Municipio de esta ciudad por motus propio ha sacado a los usurpadores sino que se ha presentado en la Justicia, primera parte.
Segunda parte: el Municipio de Puerto Madryn tiene elaborado desde hace casi un año y medio un plan de erradicación de la usurpación que se llama loteo social, en la parte del autódromo de la ciudad de Puerto Madryn, al ingreso, a mano derecha.
Lo que sucede es que están a mayor distancia de los terrenos que están usurpados y hay agitadores que van y les dicen “se quedan”, “quédense ahí”.
Yo creo que porque han sacado... capaz que se quieren presentar a intendente con los votos de los usurpadores. No sé, me parece, porque ya no entiendo más nada.
Madryn tuvo que salir a comprar terrenos, a comprar terrenos a la Armada para que los ciudadanos de Puerto Madryn puedan tener viviendas dignas.
Después habla de lo que estamos aprobando, que los van a sacar violentamente. Creo que eso no lo dice en ningún lado, en ningún lado dice que los van a sacar violentamente, porque el Juez tranquilamente puede mediar y tranquilamente pueden salir en forma pacífica, en aquellos lugares donde existe una política de Estado, con loteos sociales, como está existiendo en la ciudad de Puerto Madryn.
Entonces, uno no es que quiera atacar, que quiera pelear, uno viene acá a decir las cosas tal cual son.
Dice que el señor Gobernador y el señor Intendente han estado de recorrida en el barrio prometiendo... no señor, no señor. Señor Urbano, señor Urbano, el sábado pasado el Gobernador mismo lo ha dicho en el mismo Barrio Pujol II de Puerto Madryn: “Vinimos acá, comprometimos viviendas para los ancianos y las estamos inaugurando”. Y vamos con políticas de Estado como corresponde, despacio, tranquilos, pero con hechos y en forma legal. Porque yo le diría al señor Urbano que de las cuatrocientas familias que él habla, que existen en el Barrio Nueva Chubut, -no en el Pujol II, en el Nueva Chubut- ya se radicaron 213 familias en los loteos sociales que están en el Barrio Autódromo de Puerto Madryn, y con los servicios. Más allá de agitadores que van de Trelew y que fueron denunciados por el Director de Tierras de la Municipalidad de Puerto Madryn porque pretendían agitar a la gente.
Entonces, esto es muy serio; esto es muy serio, no es para ir media horita, una horita a Madryn, tratar de hablar un ratito, dar un poco de manija y volverse después a su casita, al silloncito. ¡Que se los lleve a su casa!
Vuelvo a repetir: que se los lleve a su casa, que les ponga carpitas en el patio de su casa o que se quede ahí, a vivir como están ellos, que los defienda, que vaya al Municipio -que lo va a atender el Intendente municipal- y haga el tratamiento con la gente y por la gente.
Entonces, no hagamos demagogia barata. ¿Pero saben una cosa, señor Presidente, señores diputados? No hay que contestarle más. No hay que contestarle más, porque ante cualquier cosa que hablamos respecto a este tema, se equivoca, habla de cuestiones del señor Gobernador, del señor Intendente, “violentamente”, “herramientas peligrosas”. ¿Y qué le voy a decir yo?; ahí, sí, ¿qué le vamos a decir nosotros al vecino del Pujol II que está lindero a este Nueva Chubut? Nueva Chubut que les está quemando los televisores, quemando los lavarropas por la usurpación de electricidad o faltándoles el agua por las pinchaduras de los caños.
¿Y qué me viene a venir a decir de dos 4x4? ¿Qué me viene a decir de dos 4x4 y de algún Direct TV? No, señor, no es así; no es así ni tampoco es así la historia que hizo de Puerto Madryn. Y también debe saber el doctor Urbano que en el transcurso del año pasado el mismo señor Intendente llamó a los empresarios, porque tienen responsabilidad social que cumplir.
Entonces, uno escucha estas cosas, viene tranquilo, una temporada tranquilita, descansadito y, bueno, se terminó todo, ahí se terminó la paz, ahí se terminó. No me acordaba: Hilda Fredes, agitadora social de la ciudad de Trelew, que concurrió a la ciudad de Puerto Madryn al Barrio Autódromo a decirle, a decirle a gente, a gente que la Municipalidad de Puerto Madryn ya le había dado un loteo social, que se vuelva y a querer manifestar en contra de la Municipalidad de Puerto Madryn.
Entonces, esa politiquería barata no la vamos a permitir; no vamos a permitir cuestiones que rayan lo ilegal. Pero sí vamos a seguir trabajando con la gente, con la gente que se arrima a la Dirección de Tierras, con la gente que va de buenas maneras. Porque si es como dice, “tengo fotos”, nosotros tenemos fotos, filmaciones, grabaciones de lo que ha dicho el señor Urbano: “quédense acá, que de acá no los va a sacar nadie, no los tienen por qué sacar; al contrario, les tienen que dar todo”. ¡¿Cómo un diputado va a decir eso?! Vuelvo a decir lo mismo -y termino-: un delito es un delito, por más que lo consienta el diputado Urbano.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el diputado Néstor García.
SR. GARCÍA (Néstor): Creo que este tema lo hemos venido hablando durante todo el año pasado y, en realidad, no deja de sorprender la insistencia del diputado Urbano de defender la usurpación en forma permanente.
Estos asentamientos, todos sabemos, son organizaciones que actúan en forma masiva; no es que una persona va y usurpa un terreno, sino que son organizaciones masivas. En algunos casos, ni llegan a asentarse los usurpadores iniciales, sino que venden a precios irrisorios los terrenos. En la mayoría de los casos, transcurrido un tiempo, los habitantes de esos terrenos usurpados no son los usurpadores originales, sino que vendieron el terreno y las mejoras. Esto está comprobado, inclusive en la Justicia.
Existen... la usurpación -para mí- es un delito; con necesidad o sin necesidad, es usurpación... Las reglas de la sociedad están para respetarlas. El diputado Urbano plantea que peleamos por tierras en la Patagonia. Sí, creo que es otro error que plantea fuertemente, porque lo que hay que plantear es que las tierras tienen que ser otorgadas dentro del marco de la ley.
Cuando digo: “no deja de sorprenderme”, es porque es un diputado provincial, y ése es el error más grave. Si fuera una persona ajena a esta Casa la que esté incentivando la usurpación no es tan grave, como un diputado provincial que está para crear, para generar leyes, para generar el orden institucional: la del respeto por el vecino y no permitir la usurpación.
Creo que es un tema que se discutió durante todo el año; es un tema que está claro, quiénes estamos de un lado y del otro. Yo le reitero nuevamente al diputado Urbano lo que dije en otra sesión: mi abuela, habitante más antigua de Dolavon, con 108 años murió alquilando.
Artículo 1°.- En las causas por infracción al artículo 181° del Código Penal, en cualquier estado del proceso, por petición del damnificado y a requerimiento del Fiscal, el Juez podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado sea verosímil, fijando una caución si fuera necesario.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se dará lectura a las Resoluciones de Presidencia.
- Resoluciones de Presidencia Nros. 480, 481, 485, 509, 510, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 524/08.
- 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21/09 de la Presidencia de la Honorable Legislatura.
SR. RISSO: Señor Presidente, simplemente hacer un comentario. No conocemos las resoluciones que se van a votar. Hoy no hubo labor parlamentaria, y me ha dicho el señor diputado Montoya que son de la Comisión de Receso. Por el número, a las del corriente año no las conocemos, simplemente por eso se van a tener que votar.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° 01/09
SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el punto 5° del Orden del Día.
- Proyecto de Resolución N° 001/09 presentado por la Comisión de Receso, en relación a la prórroga de la designación del Sr. Mario Negrette en el cargo de Director Normalizador de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Fundamenta razones la señora diputada Burgueño.
SRA. BURGUEÑO: Gracias, señor Presidente. Voy a solicitar el acompañamiento de los señores diputados para la aprobación del proyecto de Resolución N° 01/09, que tiene por finalidad prorrogar en el marco de la Ley 5715 la designación en el cargo de Director Normalizador de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, al señor Mario Negrette. Demás está decir que los señores diputados conocen ampliamente la trayectoria de Mario Negrette, ya que hemos expuesto las razones por las cuales fue nominado como Director Normalizador el año pasado, y el compromiso que Mario Negrette ha tenido con el área social, fundamentalmente con la Niñez y la Adolescencia.
Durante el año 2008 tuvimos la oportunidad de evaluar su trabajo a través de los informes que permanentemente elevó a la Cámara, y hemos conocido su tarea como Director Normalizador.
Creo que es importante mantener la continuidad del Director a los efectos de seguir construyendo este espacio casi único en el país, digamos como Director Normalizador, de un espacio que no es muy común en la República Argentina y que tenga los alcances que ha tenido, fundamentalmente con esta construcción que se ha hecho de las políticas de Niñez y la Adolescencia en nuestra provincia. Muchas gracias.
SR. RISSO: Señor Presidente, aunque pareciera que es una cuestión menor, rápida el cubrir un cargo, estamos introduciendo uno de los temas -y hemos coincidido- más importantes, quizás una de las problemáticas más importante del país en general, y en particular de la Provincia del Chubut, que es la problemática del menor, los derechos de los menores. Y particularmente, señor Presidente, la problemática del Menor en Conflicto con la Ley Penal. No es una cuestión como al pasar cubrir un cargo de la Oficina cuya creación dispone el artículo 65° de la Ley 4347.
Estamos hablando, nada más y nada menos, en el ámbito del Poder Legislativo de la creación de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, dice en su artículo 65°: “…la que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión será velar por el cumplimiento de la presente ley”.
Estamos hablando, señor Presidente, como dijo la señora diputada preopinante, del funcionamiento de una Oficina que tiene poco precedente en el país y que ha sido creada con el espíritu de velar por el cumplimiento de una de las leyes -que también se ha dicho en este recinto- más importante y moderna del país, que introdujo la cuestión compleja, difícil de resolver, de la problemática del Menor, de la Niñez, de la Familia y de los conflictos sociales que se generan y que sufre la sociedad a partir de esa problemática.
El año pasado, señor Presidente, al inicio de este nuevo período en el 2007 -creo que fue en diciembre del 2007-, en forma provisoria se dijo, se cubrió este cargo importantísimo, por un año hasta tanto se lograra la normalización como establece la propia ley, ya que el artículo 66° dice: “La Oficina estará a cargo de un Director, el que será designado por la Legislatura de la Provincia a propuesta del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”. Tiene que ver con la redacción del artículo 66° que apunta a la plena autonomía funcional de una de las oficinas, a nuestro entender, más importantes y más necesarias en la realidad de la sociedad argentina y de la sociedad chubutense.
El artículo 67° de la ley dice: “Para ser designado Director de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia deberá contarse con antecedentes de capacitación y conocimiento en la materia y reunir las mismas condiciones que prevé la Constitución para ser Diputado Provincial. Durará tres años en su función no pudiendo ser reelegido…”.
Más adelante establece las razones de la cesación de las funciones, y el artículo 70° habla de las atribuciones de esta Oficina. Con esto ¿qué queremos expresar?
Se viene discutiendo en el país una de las problemáticas más complejas. En diciembre, cuando se aprobó la ley que después vetó el Poder Ejecutivo, la señora diputada Raso dijo: se introduce la discusión a la ley -en la forma que se había propuesto- nada más que para el nombramiento del ex diputado Negrette. A continuación de terminar el debate, no recuerdo quién planteó justamente el nombramiento del ex diputado Negrette a contrapelo y en forma contraria a lo que establece la propia ley. Tenía razón la señora diputada Raso, era nada más que para eso.
Pero el Poder Ejecutivo vetó esto y lo vetó prácticamente con los mismos fundamentos y argumentaciones que establecía este Bloque, en el sentido de que es una cuestión seria, señor Presidente, que debe ser tratada seriamente, y se debe permitir...
SR. PRESIDENTE (Vargas): Lo estamos escuchando atentamente.
SR. RISSO: No lo dudo, pensé que tenía alguna duda el diputado Touriñán.
Se debe permitir, señor Presidente, avanzar rápidamente en la normalización de la ley. Voy a volver a introducirme en algunas cuestiones que planteé en diciembre, que tienen que ver con la importancia y la calidad de la persona que va a ocupar este cargo. Con esto no pretendemos -obviamente- denostar, denigrar u ofender al ex diputado Negrette. Pero entendemos que ya es tiempo, y que la sociedad lo requiere en la situación de crisis social, de conflicto social; particularmente cuando hablamos del Menor en Conflicto con la Ley Penal, requiere una persona capacitada, que esta Oficina funcione en forma independiente como establece la propia ley y que responda, señor Presidente, a políticas que atiendan la problemática.
Nosotros mencionábamos que una de las consecuencias de la reforma del Código Procesal Penal fue que se eliminó el Capítulo IV, todo lo que estuvo vinculado a la creación del fuero penal que atiende la problemática del Menor en conflicto con la Ley Penal.
La desaparición del fuero especializado, señor Presidente, provocó o debió haber provocado la puesta en funcionamiento de los organismos administrativos a nivel provincial y municipal que atendieran la problemática con la capacitación y con el auxilio de los profesionales que prevé la propia ley; no se hizo.
La creación de esta Oficina por Ley 4347, prevé que sea esta oficina, el director, el que controle las normativas de la Ley 4347, el que controle el cumplimiento de las disposiciones nacionales.
Hoy está en vigencia la Ley 26061, y en vigencia la Ley Provincial 4347 que prevé la Protección de los Derechos del Niño. Reitero, la sanción del último Código Penal eliminó el fuero especializado. Esto quiere decir, señor Presidente, que no hay jueces de garantía especializados en la problemática de los Menores en conflicto con la ley penal. Y esto es un hecho trascendente e importantísimo. Es tan grave la problemática que requiere especialización -lo he dicho en diciembre-, en mi opinión también del fuero penal.
Creo que deberíamos avanzar seriamente en la discusión y debate, si es necesario recrear y reinstalar este Capítulo IV, que es verdad, ha estado suspendido prácticamente desde la sanción de la Ley 4347. Pero en algunos ámbitos existió el Juez de Instrucción -se llamaban en aquel entonces- especializados en Trelew, Comodoro Rivadavia y, si mal no recuerdo Esquel, que contaban con los jueces especializados.
Es más, nosotros hemos recibido, y yo personalmente he recibido, producto de las posiciones que hemos expresado, una nota de la doctora Nélida García, Juez Penal, que forma parte del Colegio de Jueces Penales de la localidad de Esquel, que fue una de las Juezas de Instrucción del Fuero Penal del Menor. Es una Nota muy extensa e importante, que realmente he leído con mucho detenimiento, pero voy a leer parte de esta Nota.
Dice “...Cuando existía el fuero penal, hablaba de las medidas tutelares y se recurría a los jueces de garantía para que se implementaran las medidas tutelares”; los jueces mediante oficios muchas veces tenían que obligar… ya sea llevar al chico a la escuela, llevarlo al psicólogo, sea cual sea la naturaleza de la medida tutelar dispuesta la tenía que hacer el Juez de Instrucción Penal.
Esta doctora dice: “...estos operadores reclamaron siempre la orden del Juez y el cumplimiento compulsivo…”, si no vino al otro día va la policía, y como el Juez puede disponer de la fuerza pública para exigir el cumplimiento de sus decisiones, la policía termina llevando y trayendo chicos al psicólogo, al hospital, a la escuela, al juzgado, al taller. Entonces, se quejan los policías, con razón; les insume mucho tiempo, personas y móviles que no están ociosos. Es complicado y peligroso para ellos; nunca saben en qué momento pueden ser denunciados por exceso o defecto en la función. Debemos olvidar que el policía trata con menores en conflicto con la ley penal.
Más adelante dice la jueza: “Realmente, no creo que un tratamiento compulsivo sea útil, la policía no puede ocuparse de esta tarea. Si son medidas de protección y promoción para un desarrollo sano y socialmente adecuado, se llevan mal con la coerción.” Lo dijo la doctora Argibay, en un fallo reciente de la Corte. Comparto el espíritu de la doctora.
Y es verdad. Dice más adelante: “Me pareció correcta la división que efectuó el Código Procesal Penal. Lo penal es el ejercicio del poder punitivo, es coerción, es castigo. Toda la protección y la promoción social de la familia, a la familia. Habrá que tener un poco más de imaginación y buscar otras alternativas. Se han creado más Juzgados de Familia; hay centros de mediación; se pueden hacer conciliaciones, reparaciones, mediaciones, etcétera; disponer medidas positivas de protección; los agentes sanitarios, la policía comunitaria -donde exista-, las ONG, pueden hacer aportes valiosos para llevarlas a cabo. La Ley 4347 ha generado organismos con funciones específicas y el Poder Ejecutivo tiene los mecanismos legales para controlarlos, por lo que tampoco es necesaria la supervisión de un juez penal.”
“Por todo ello”, dice la doctora, “opino que no es necesaria ninguna reforma legislativa” -me lo dice a mí-, “que no es necesaria ninguna reforma legislativa, sino optimizar los recursos que ya se tienen y comprometer a los distintos actores sociales a que la respuesta estatal debe ser integral. Espero que le sea útil el aporte para tener una discusión abierta, antes de modificar leyes, ya que la sola norma no alcanza para modificar la realidad“.
Usted sabe que yo he planteado, ante esta realidad, quizá lo que acabo de decir: debemos avanzar en recuperar, en volver a poner en vigencia los fueros especializados en materia penal, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la Provincia de Buenos Aires. Pero es una opinión y muy valiosa. Quien ha sido juez de instrucción sostiene... he recibido notas también de jueces penales de Comodoro Rivadavia en el sentido de que no quieren que vuelva al fuero penal la potestad del juez de cumplimentar y controlar que las medidas de protección de los derechos de la niñez se cumplimenten. Tienen, desde su óptica, razón.
Ahora, vayamos a lo que está ocurriendo, vayamos a analizar la realidad, como hizo la doctora Argibay, en el fallo de la Corte, cuando impidió que se liberaran sesenta chicos de los organismos de detención. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Las Oficinas de Protección no funcionan, los derechos de familia están colapsados, porque lo que hace muchas veces el funcionario ante un chico que tiene conflicto con la ley penal -hablo del menor de 16 años, que es inimputable- es derivarlo al juez de familia; y el juez de familia tiene que disponer las medidas de protección; y las medidas de protección, muchas veces, están vinculadas con la realidad familiar e, inmediatamente, el chico que está en conflicto, que cometió un delito, es sobreseído.
Si no se garantiza el cumplimiento de las medidas de protección, ese chico vuelve al ámbito social que le generó la conducta delictiva. Y como dice el fallo de la Corte, pueden ocurrir dos cosas: o vuelve a cometer un delito más grave o vuelve con un tiro en la cabeza, por la acción defensiva de la sociedad ante el delito. Y esto está ocurriendo y ocurre todos los días en el país.
Ayer leía en el diario “El Patagónico” de Comodoro Rivadavia, creo que el de hoy, en el diario de hoy, una nota que se le hace al director del Hospital de Comodoro Rivadavia o a un médico de guardia. Dice que el Hospital de Comodoro Rivadavia funciona como un hospital de guerra, que el clima que se vive en el Hospital de Comodoro Rivadavia es propio de un hospital de la guerra; porque en horas de la noche, especialmente en los fines de semana vienen las personas -y especialmente los jóvenes- con tiros en la cabeza, con tiros en el abdomen, apuñalados; son tales las cantidades que entran en estado crítico que parece una situación de guerra. Esto es lo que está pasando hoy en la sociedad, lo que nos está pasando
a nuestra sociedad. Gran parte de los que sufren esta problemática son los menores en conflicto con la ley penal o riesgo social. Es inadmisible, intolerante llevar al análisis exclusivamente a la pobreza o a la situación de pobreza, porque cometen un delito y están cumpliendo con la ley penal el indigente y muchas veces el que no lo es, el que tiene auto y el que no tiene auto.
O sea, el conflicto con la ley penal abarca y contiene al adolescente en general, al niño, no al pobre, al niño, al adolescente, al indigente y al que no lo es. Esto es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Quizás si les preguntáramos a los médicos dirían cuántos de una condición social vienen con un tiro en el estómago o una puñalada, y no hay diferencia, señor Presidente, entre pobres y ricos, es una problemática de la sociedad.
En ese marco es responsabilidad de este Parlamento. No estoy planteando -ni muchísimo menos- que asumamos la responsabilidad, el compromiso de solucionar esta problemática tan compleja, pero podemos hacer algo. Está y lo prevé la Ley 4347, y nos da la potestad.
Y no es una responsabilidad que yo pueda imputar al bloque oficialista en este período, porque nos alcanza, lo hemos debatido siendo nosotros oficialistas.
La previsión de la ley, del artículo que acabo de mencionar de la ley que tiene plena vigencia, artículo 65°, es la creación de esta Oficina.
¿Cuál es al espíritu de la ley? Que el Parlamento cree una Oficina independiente, con un funcionario capacitado que controle el cumplimiento de la responsabilidad de los distintos organismos del Estado.
No es una cuestión de oficialismo y oposición, que controle el cumplimiento de la responsabilidad que tienen los organismos la Oficina de protección, y el funcionario tiene que ser independiente, tiene que ser capacitado y tiene que tener antecedentes y conocimientos en esta materia.
Nosotros lo dijimos el año pasado, provisoriamente se designó al ex diputado Negrette, pero hoy, señor Presidente, ante el veto del Poder Ejecutivo, ante el hecho de que el Poder Ejecutivo se ha manifestado, esta Legislatura vuelve a hacer lo mismo que hicimos en diciembre: prorrogar por un año, mantener en suspenso hasta que se modifique y volvemos a designar al ex diputado Negrette.
Yo me permito disentir respetuosamente, no conozco los antecedentes del señor Negrette, sé que presentó tres informes durante el año 2008, además porque es una obligación -lo dice la Ley-, son informes trimestrales. Y me dice la señora diputada Raso que hoy en la comisión buscando los informes solamente habían dos. Pero bueno, supongamos que cumplimentó y presentó los tres, está bien en el marco de la emergencia. Pero llegó el momento de que nos tomemos el tiempo, creo que lo dijo no sé si la diputada o lo dijo el diputado Touriñán en diciembre, tuvimos en serio la posibilidad de avanzar en la reforma de la ley o no, en determinar y decidir si vuelve la competencia a los jueces penales o no.
Lo que no debemos hacer, nos parece, es volver en forma transitoria a designar al ex diputado Negrette, y no avanzar y contribuir en una de las responsabilidades más importantes que tiene este Parlamento, en una de las problemáticas que más afecta a la sociedad, que más criticamos y que más debatimos. Y que en esto, señores diputados, no podemos hablar ni de Pérez Catán ni de la Policía ni de los Jueces, es una responsabilidad nuestra; nuestra, que esta oficina funcione, que tenga un funcionario capacitado, que cumpla, que funcione este consejo, que sea elegido por los organismos que dice la ley y que sea elegido como establece la ley.
Acá no le podemos echar la culpa al Ejecutivo, ni a nadie más; podemos hablar de las responsabilidades del Ejecutivo, pero ésta es nuestra.
Volver a prorrogar como dice esta ley, luego del veto del Poder Ejecutivo, nos parece que es un error, que es una forma de decirle al Poder Ejecutivo “vamos a insistir y pasamos por arriba de su veto”. Pero la problemática más seria, de lo que estamos hablando es nada más ni nada menos que de los Menores en conflicto con la ley penal, y es uno de los problemas más serios de la sociedad.
Nosotros querríamos proponer, señor Presidente, que esta ley, que este proyecto de resolución vuelva a la comisión y que tratemos en conjunto con el Ministro de la Familia, con las ONG, con las Oficinas de Protección de los municipios que funcionen, con el Consejo Provincial de la Niñez, que entre todos avancemos de una buena vez en el análisis, insisto, de uno de los problemas más graves.
Porque, para terminar, no estamos hablando de cien chicos. En Provincia de Buenos Aires eran sesenta que estaban privados de su libertad en organismos de detención; en la Provincia del Chubut cuando uno habla con los organismos especializados, hablan de cuarenta o cincuenta chicos, entre comillas, “peligrosos” o con riesgos de conflicto con la ley penal, no son más. La importancia que tiene esta Oficina es trascendental.
Podemos analizar, desde nuestra propia responsabilidad, el tiempo que transcurrió, si quieren con mucho gusto, pero de lo que se trata, cuando mucho, es no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y ahora dar el paso que debemos dar. El paso que se debe dar es designar un funcionario capacitado, dar intervención a los organismos que establece la ley y que esta Oficina funcione en forma independiente, independiente del poder político y de esta Legislatura.
El ex diputado Negrette, por la forma que se lo está nombrando, depende si lo nombran en forma anual, por lo menos no tiene la independencia que prevé la ley. Por eso no vamos a acompañar, señor Presidente, este proyecto de resolución. Creo que es una resolución, pedimos que vuelva a comisión y que avancemos en serio en ver si podemos poner en vigencia por lo menos este Título IV de la Ley Nº 4347, y avancemos en el debate, si se debe restituir o no.
Yo comparto en parte las expresiones de los jueces, pero debemos debatir el Capítulo, buscando jueces especializados.
Quizás, señor Presidente, éste es el fracaso de los organismos administrativos que deben preservar la protección de los Derechos del Niño.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Si me permite la Cámara, sin meterme en el tema en cuestión, en el artículo 1º dice que la Ley es la 5715, y de acuerdo al Digesto Jurídico, tiene otro nombre, por lo tanto estamos hablando permanentemente si esa ley está en vigencia, lo cual no lo está...
SR. RISSO: Señor Presidente, mencioné la ley Nº 4347...
SR. PRESIDENTE (Vargas): ...que también debe estar en otra parte del Digesto. Por eso, si ustedes permiten, creo que para discutir este tema deberíamos tener la Cámara en comisión y de ahí en más sacar las propias conclusiones, siendo la cámara en comisión soberana modificar lo que está...
SR. RISSO: Señor Presidente, pido disculpas, se me pasó eso.
Estamos con la Cámara en comisión. Tiene la palabra la señora diputada Bargueño.
SRA. BURGUEÑO: Señor Presidente, en realidad voy a coincidir con algunas cuestiones que ha planteado el señor diputado Risso, fundamentalmente pensando que el tema de la Niñez, la Adolescencia y la Familia es un tema que merece la discusión de todos los sectores, y cada uno podrá hacer su aporte; pero también creo que es un riesgo que cada vez que se habla de la niñez y la adolescencia se tiende a crear un tipo de asambleas públicas para terminar -digamos- sin resolver algunas cuestiones.
La Oficina de Derechos y Garantías que tiene un papel importante, que es precisamente controlar qué políticas públicas se vienen desarrollando desde el Estado, tiene un papel importante pero no es mágico. O sea, no es a través de nombrar a una persona, que puede tener muchos masters, pero el mejor master es cuando uno ha estado en contacto con los niños, en contacto con Justicia, todo esto que ha hecho el señor Negrette en el cumplimiento de su función. Y tal vez en un informe uno no puede evaluar la tarea de todos los días, que se viene haciendo con muchísimo esfuerzo, porque es algo que se empieza a construir. Incluso me llama mucho la atención que los defensores de esta Ley 4347 fueron precisamente los que estuvieron, desde el comienzo de la ley hasta que cayó por el nuevo código, sin el Libro más importante que tenían respecto de las medidas socio educativas, tenían el Libro suspendido, pero no suspendieron la designación de los funcionarios. Además, durante todos estos años no se nombró a nadie en esa oficina, es decir que nunca funcionó sino hasta el año pasado.
Entonces, me parece que la persona que está designada en el lugar, que comienza a construir un espacio, digamos que no es el lugar donde se construye en tres meses lo que no se hizo en años, pienso que es importante darle continuidad y por eso vamos a insistir en esta Resolución.
SR. FERNANDEZ: Señor Presidente, solicito un breve cuarto intermedio, muy breve.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Si hay asentimiento, así se hará señor diputado.
- A las 19,35 dice el:
SR. PRESIDENTE (Vargas): Finalizado el cuarto intermedio, se reanuda la sesión.
Artículo 1°.- Prorrógase, en el marco de la Ley III Nº 28 antes Ley Nº 5.715), la designación en el cargo de Director Normalizador de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, de la Dirección de Normalización de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, del señor Mario Horacio NEGRETTE (D.N.I. Nº 11.455.796).
Artículo 2º.- La designación será por el término de un (1) año, o hasta la fecha de la modificación de la Ley III Nº 21 (antes Ley Nº 4.347 y sus modificatorias), percibiendo una remuneración mensual equivalente al cargo de “Director Oficina Ley Nº 4.347”.
SR. TOURIÑÁN: Muy breve, señor Presidente. Si uno presta atención a lo que dice la parte liminar de la Resolución, habla de la prórroga de un año o hasta que se modifique la Ley 4347 o la otra normativa que no la recuerdo. Eso tiene un sentido, como dicen los contratos de garantía, es lo que primero ocurra. Porque nosotros hemos modificado la Ley, en el entendimiento de que la ley estaba bien modificada, incluso se puede volver a modificar con nuevos aportes, y ha sido vetada, en un veto que en particular no comparto; para nada comparto porque no me satisface ni los fundamentos del veto ni lo que hablé con el Ministro por teléfono.
Entonces, como no me satisface esas cosas, yo creo que la ley debe ser retocada y debe ser modificada para que realmente funcione. Y esto de dar un acuerdo para que el Director Normalizador siga siendo Director Normalizador por este período, de un año o hasta que se modifique la Ley, tiene un sentido, y es que la Oficina esté en funcionamiento.
En África, el león todas las mañanas se despierta pensando que tiene que correr más rápido que la más lenta de las gacelas porque si no, no come, no subsiste. La gacela se despierta todas las mañanas también pensando que tiene que correr más rápido que el más lento de los leones, porque si no muere en el intento. La cuestión acá no es si se es león o se es gacela, la cuestión acá es ponerse en movimiento y de eso se trata este proyecto, señor Presidente, por eso lo vamos a votar.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Habiendo sido leído por Secretaría, se a votar.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar el levantamiento de la Cámara en comisión.
Se va a votar en general el proyecto.
SR. PRESIDENTE (Vargas): No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.
Sra. Cristina B. Rodríguez
APÉNDICE: RESOLUCIONES Y DECLARACIONES
RESOLUCIÓN N° 001/09-H.L.
Artículo 1°: Aprobar las Resoluciones Nros. 480, 481, 485, 509, 510, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 524/08 y 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21/09-P.HL. dictadas por la Presidencia de esta H. Legislatura ad referéndum de esta H. Cámara.
Artículo 2°: Artículo 2°: Regístrese, comuníquese, publíquese y, cumplido, archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los cinco días del mes de febrero de dos mil nueve.
RESOLUCIÓN N° 02/09-H.L.
Artículo 1°: Prorrógase, en el marco de la Ley III Nº 28 antes Ley Nº 5.715), la designación en el cargo de Director Normalizador de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, de la Dirección de Normalización de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, del señor Mario Horacio NEGRETTE (D.N.I. Nº 11.455.796).
Inicio Diarios de Sesiones Año 2009 Sesión 1155 05-02-09

References: artículo 181
 Resolución 

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 61

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 44

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 2
 Artículo 12
 Resolución 
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 61
 artículo 13

Artículo 9
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 38
 artículo 38
 Artículo 7
 artículo 61
 artículo 13
 Artículo 1
 Artículo 2

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 57

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 Artículo 91

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 Artículo 16

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 4
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Artículo 7
 Artículo 4
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Artículo 8

Artículo 9
 Artículo 4
 Artículo 6

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
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Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 resolución 
 resolución 

Artículo 19

Artículo 20
 Artículo 15

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 104

Artículo 1
 artículo 181

Artículo 2
 artículo 14
 artículo 77

Artículo 1
 artículo 181
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 70
 artículo 65
 resolución 
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

RESOLUCIÓN 

Artículo 1

Artículo 2
 Artículo 2

RESOLUCIÓN 

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