Source: https://corruptosbol.blogspot.com/2007/03/
Timestamp: 2017-11-24 20:00:57+00:00

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CORRUPCION EN BOLIVIA: marzo 2007
Envían a Fiscalía de Distrito a Morales Olivera y asesores
Noticia publicada el 30 de Marzo en el Diario
(ANF).- El Senado Nacional remitió la madrugada de este viernes a la Fiscalía del Distrito de La Paz al ex presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, sus asesores y otros negociadores de los contratos con las empresas petroleras por presunta violación a leyes expresas de la Administración Pública.
El presidente de la Comisión de Constitución, Luis Vásquez, explicó que las irregularidades deben ser profundamente investigadas por los órganos competentes a efecto de determinar la existencia de responsabilidades correspondientes, si así amerita.
Dentro del grupo que irá ante la fiscalía, se encuentra también el actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, por sus contradicciones con Morales Olivera respeto a las declaraciones presentadas por el ex presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, dijo Vásquez.
De acuerdo con el informe de comisión, Morales Olivera y el grupo de asesores, “no tenían ninguna legitimación derivada de la ley y sus reglamentos, para asumir dicha función”. Para cumplir esa misión, debían recabar orden expresa de la Vicepresidencia de Contratos y Fiscalización o del presidente de YPFB, en cumplimiento del Art. 7 de la Ley 2341 que autoriza a delegar competencias con una resolución publicada en un órgano de prensa nacional.
La misión asumida por el ex presidente de YPFB, vulneró el Art.9 de Avocación de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, que autoriza a delegar siempre que exista resolución expresa, motivada, pública y cuando concurran circunstancias de índole técnica o legal que lo justifican; aspecto que tampoco se cumplió.
“En ningún momento los actos realizados por el señor Morales Olivera tuvieron algún sustento legal o reglamentario, debido a que por sus propias afirmaciones, en su calidad de Asesor de la Presidencia y su equipo de negociación, asumió las atribuciones de la Vicepresidencia”.
“Como no existió delegación, los actos realizados por Morales Olivera y su equipo, constituyen un ejercicio indebido de funciones y usurpación claramente castigadas por nuestro ordenamiento”, concluye el documento.
La Comisión señala que todas las autoridades que estuvieron involucradas en la negociación y suscripción conocieron las irregularidades, pero negaron ante el Congreso, actitud que también debe ser investigada por la Fiscalía, más aún si el ministro Villegas conocía las fallas el día 21 de diciembre de 2006 y no así como señaló en su declaración ante el Senado, donde dijo que se enteró dos semanas atrás, antes de presentar informe.
El Senado también pide al Ministerio Público establecer quien pagó los servicios de la firma Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle que dio parámetros y negoció los contratos petroleros, que por la complejidad, difícilmente pudo hacer Morales Olivera.
Etiquetas: Manuel Morales Olivera, YPFB
Cobran sueldos con 3 tipos de poderes
Noticia Publicada el 29 de Marzo en La RAzon
En la Cámara de Diputados se usan al menos tres tipos de poderes para el cobro irregular de salarios de funcionarios y hasta de algunos parlamentarios.
El diputado de Podemos Carlos Klinsky denunció que existe "complicidad" de los administrativos de esa instancia.
Según el informe, se conocen tres tipos de poderes. Unos son para recoger papeletas de pago, otros, para el cobro de la totalidad de los salarios y, el tercero, el más irregular, es el que permite que se fraccionen los sueldos de los trabajadores.
El martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, advirtió que esa repartición se estaba convirtiendo en un “mercado persa” por la presencia de prestamistas que cobran los salarios de funcionarios y diputados con poderes.
Este medio conoció ayer que los poderes no sólo son otorgados por funcionarios de la Cámara a prestamistas, sino que también se evidencia poderes suscritos entre funcionarios de la misma institución.
El diputado Klinsky dijo que denunció en enero del 2006 los actos ilegales que se estaban dando en la Cámara Baja y que, incluso, propuso la aprobación de una resolución para prohibir los cobros con poderes, que no fue aprobada por el pleno.
Según el diputado, “no sólo se fraccionan los salarios, sino que los prestamistas se compran los sueldos por los intereses”.
Funcionarios del área jurídica de la Cámara de Diputados confirmaron que se conocen casos en los que los prestamistas cobran como mínimo 10% de interés. “Este es un delito tipificado en el Código Penal como usura”.
Edmundo Novillo anunció que prohibirá el ingreso de prestamistas a esa repartición. Klinsky manifestó que se debe impedir el cobro con poderes.
Según el informe oficial, se cobraron salarios el 2006 con 133 poderes; el 2007, con 61 poderes.
De estos 61, dos poderes eran falsos y se encuentran en el Ministerio Público. Uno de estos poderes fue entregado “supuestamente” por Susana Rico a Paola Barrón y suscritos ante la Notaría Nº 32, María Blanca Velásquez. El segundo fue entregado por Enrique Ortiz en favor de Wilberto Martínez Llanos, y firmado por el notario 55, Jorge Siles.
Etiquetas: Diputados, Gobierno
El Congreso se sacude por el tráfico de pegas
Noticia publicada el 27 de marzo en La Razon
raíz de una denuncia de nepotismo en la Cámara de Diputados, la bancada parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS) decidió pedir al diputado chuquisaqueño Bernabé Paredes Barja que solicite licencia a su curul, sin goce de haberes, para someterse a la Comisión de ética, donde deberá responder por la contratación de su hermano, Juan Paredes Barja, en esa instancia legislativa. Paralelamente, el involucrado fue despedido y el jefe de personal sancionado con tres días de haber por este hecho.
La información fue proporcionada ayer por el jefe de la bancada del MAS en la Cámara Baja, Gustavo Torrico. ´Estoy presentando la denuncia formal ante la Comisión de Ética, para que allá se vean las sanciones correspondientes al diputado. En el tema de la bancada, vamos a pedirle al diputado que pida licencia sin goce de haberes y se ordenó la destitución del funcionario´, indicó.
La Razón investigó una serie de irregularidades que se presentan en la contratación de personal del Congreso, entre ellas este caso. En la Unidad de Comunicación Parlamentaria se anunció que hoy el presidente de la cámara, Edmundo Novillo, brindará una conferencia sobre el tema.
En la Cámara Alta el panorama es similar; su presidente, José Villavicencio, brindará hoy un informe sobre lo que ocurre con la contratación de funcionarios, luego que se conoció que el senador masista Guido Guardia paga a su secretaria Bs 9.000.
Sobre el caso, la senadora y dirigente del MAS Leonilda Zurita anunció que su partido investigará el caso y luego tomará una determinación respecto al senador. ´Eso no puede ser, pues los senadores titulares ganan 10.500 (Bs); entonces, ¿cómo es que una secretaria gane (Bs) 9.000? Por eso queremos ver pruebas y vamos a analizar el caso´. El viernes, Guardia justificó a La Razón ese elevado pago señalando que ´ella vive en santa Cruz´.
El senador Félix Rojas (MAS) prefirió no juzgar a su colega. ´Él debe explicar por qué amerita que se le pague ese monto, eso es responsabilidad de él, es como un sacerdote: recibe la confesión de alguien y puede darle como penitencia que rece 20 padrenuestros y otro padre puede darle 15´. En la Cámara Alta cada senador define cuánto paga a su personal en base al techo presupuestario de la comisión, comité o puesto de la directiva en que trabaja.
También está en la mira el caso del diputado emenerrista Gustavo Ugarte, quien contrató a su asesora personal (Angélica Yana Zapana) sin conocer cuál era su profesión. Según una denuncia, Yana Zapana era la trabajadora del hogar de la secretaria de la bancada del MNR.
El jefe de la bancada del MNR en la Cámara de Diputados, Mario Justiniano, adelantó que ´vamos a hacer una investigación para establecer responsabilidades´.
Sin embargo, el diputado Torrico dijo que también en la Cámara Baja se está haciendo seguimiento al caso, porque ´al parecer (la asesora Yana Zapana) sólo le está sirviendo de palo blanco y no le está asesorando´.
El diputado Fernando Messmer, de Podemos, indicó que si bien ´los avales han sido una práctica lamentable en el país, lo que ahora sucede es que los que pregonaban el cambio siguen en esas viejas prácticas tan repudiadas´.
La Cámara Baja prepara un informe
El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, brindará hoy un informe sobre las irregularidades que se presentaron en la contratación de algunos funcionarios.
El jefe de la unidad de Comunicación Parlamentaria, Fernando Luján, sostuvo ayer que Novillo solicitó informes a las distintas dependencias de la cámara para conocer los pormenores de todos los casos.
Hay un caso de nepotismo en el que está involucrado el diputado Bernabé Paredes Barja, ya que su hermano, Juan Paredes Barja, trabajaba en la Unidad Administrativa Financiera.
Otro caso es el del diputado Gustavo Ugarte, quien al parecer utilizó como ´palo blanco´ a su asesora, que habría sido la trabajadora del hogar de una secretaria de la bancada del MNR. El parlamentario no sabía qué profesión tenía.
Al iniciar su gestión, el propio Novillo denunció esas prácticas y afirmó que acabaría con las contrataciones irregulares.
Santos Ramírez sortea cuatro escándalos sin sobresaltos
Noticia publicada el 25 de Marzo en La Prensa
El legislador es la “mano derecha” de Evo Morales, por lo que es convocado con frecuencia al Palacio de Gobierno como el principal operador en el Congreso, aunque debe hacer frente a la dura oposición de sus adversarios políticos de la agrupación ciudadana Podemos.
Los legisladores cercanos del MAS aseguran que perdieron la Presidencia del Senado por la decisión del Jefe de Estado de mantener a Ramírez como el candidato, y “cuando quisieron cambiar de estrategia ya era tarde” y la oposición copó la directiva camaral.
Además, tiene un rango similar al de un secretario ejecutivo, integra la Dirección Nacional y preside la Comisión Política de su organización
De hecho, los masistas consideran que la designación de Guillermo Aruquipa como nuevo presidente de YPFB, en reemplazo de Manuel Morales Olivera, está relacionada con esta influencia que ejerce el Senador sobre el Presidente. Santos Ramírez rechazó la posibilidad de una entrevista con La Prensa.
Un recibo de $us 1.000 causa tres procesos sin detenidos
Un documento firmado el 3 de mayo de 2006 tardó seis meses en hacerse público y, otros tres, en desatar el escándalo más reciente que envuelve al senador del MAS Santos Ramírez.
Fue el mismo parlamentario masista quien denunció el cobro durante el ampliado de emergencia del MAS convocado para el 23 de febrero. En ese encuentro, Santos hizo conocer el aval. El domingo 25, La Prensa hizo público el caso.
En ese recibo aparece la firma de Alejandro Rodríguez, quien cobró a Jorge Sánchez la suma de 1.000 dólares por un cargo en el INE. En ese documento se precisa que sería el senador Santos Ramírez el encargado de gestionar el puesto para Sánchez. Conocida la denuncia, Sánchez presentó la primera querella; Ramírez hizo lo propio. Finalmente, Jorge Callao, quien no figura en el documento, es el tercer querellante de Rodríguez.
Ese 23 de febrero, el ampliado decidió otorgar un mes de plazo al Tribunal de Ética del MAS para que entregara un informe acerca del cobro de avales y los dirigentes implicados. El presidente de esta instancia, Roberto Machaca, cumplió: entregó su informe sin incluir entre los procesados al “hermano Santos” y denunció un “complot político” contra el senador masista, quien ya abrió un proceso judicial contra el principal implicado. Entonces, “no podemos hacer un doble proceso. Si la justicia encuentra culpables, nosotros vamos a actuar según nuestros reglamentos”.
En su calidad de miembro de la Dirección Nacional como presidente de la Comisión Política, Santos participó activamente en toda la investigación que hizo el Tribunal de Ética sobre los avales.
El lunes 19 de marzo, Machaca presentó su informe al presidente Evo Morales. Santos Ramírez estaba presente en el acto junto con Leonilda Zurita, otra de los involucrados en el escándalo de las recomendaciones.
El martes 20, durante la conferencia de prensa, Santos prefirió apartarse del informe porque ya conocía cuál sería la reacción de su colega Lino Villca, quien rechazó el veredicto de esta instancia interna. El viernes 23, día de las audiencias de medidas cautelares contra Alejandro Rodríguez, su representante no contaba con un poder que lo facultara para actuar.
Tinguipaya, el municipio que no lo pudo procesar
Cuatro fiscales removidos, un alcalde que renunció y la duda acerca del dinero que recibió del Estado es el saldo de otro escándalo, el que enfrentó a Santos Ramírez con los pobladores del municipio de Tinguipaya, en abril de 2006.
Según las conclusiones de la Contraloría, Ramírez era asesor del municipio de Tinguipaya en 2001. Pese a ser elegido legislador en 2002, Santos actuaba como accionista de la empresa Viedsa, junto con Virgilio Lazo.
El socio de Ramírez firmó convenios con la Alcaldía y se adjudicó obras para la construcción de polideportivos en Caquena Alta y Lluchuta, además de un centro de capacitación en Tocantoca. Sólo el anticipo por la construcción del predio era de 10 mil bolivianos. Según la Contraloría General de la República, el senador masista nunca debió suscribir indirectamente esos convenios en su calidad de socio de Viedsa, porque estaba vulnerando el artículo 154 del Código Penal y, por tanto, estableció responsabilidades para el senador.
El asesor legal de ese municipio, Ronald Pinto, accedió a conversar con La Prensa para explicar el estado de la causa que se le sigue al senador masista. “Ya no se puede hacer nada, el caso ha prescrito”, comenta, y pasa a describir las causas que impidieron un proceso más ágil.
El abogado rural acusa a los lentos procedimientos de la Contraloría, que el 10 de septiembre de 2005 informó sobre las conclusiones, y les comunicó que tenían cinco días para iniciar la querella judicial contra el entonces candidato a primer senador por el departamento de Potosí.
La notificación resultó “un suplicio” porque los masistas estaban de campaña y cuando lograron ubicarlo para entregarle la notificación ya era tarde, el plazo para iniciar la querella había fenecido y las autoridades optaron por hacer presión en abril de 2006 en la sede de gobierno. El alcalde Armando Iporre se presentó con comunarios, visitó los medios de comunicación, pero no logró resultados. Ahora, el caso ya prescribió y Santos Ramírez está libre de las acusaciones de “incumplimiento de deberes y negociación incompatible con la función pública”, que fueron los cargos que presentó el municipio de Tinguipaya.
Pero no sólo el pesado aparato burocrático perjudicó los intereses de esa Alcaldía. Según el abogado Pinto, el caso peregrinó por tres departamentos: Potosí, Oruro y Chuquisaca, y a cada paso empeoraba. También dijo que “es extraño” que se hubiera cambiado a cuatro fiscales: Fortunato Tórrez, Joaquín Tórrez, Sandra López y Marco Ribadeneira, los representantes del Ministerio Público que, por distintas causas, no lograron procesar a Ramírez.
Etiquetas: Gobierno, MAS, Santos Ramirez
Oscuro • Morales Olivera hizo cambiar en dos oportunidades las copias de los contratos.
Noticia publicada el Sabado 24 de Marzo en La Razon
Un informe confidencial enviado por el ex director legal de YPFB Roberto Botero al ex presidente de esta empresa Juan Carlos Ortiz revela que las negociaciones de los contratos petroleros de operación continuaron luego de que estos ya habían sido firmados e, incluso, sus fotocopias legalizadas.
´Luego de la firma de los contratos (de operación) y legalizaciones continuaron las negociaciones, aspecto que derivó en cambios en los contratos, los mismos que no habrían sido informados oportunamente al área legal, para cambio y legalización (...)´, señala el documento del 8 de enero de este año.
El 3 de noviembre, Botero había sido instruido por Ortiz para legalizar tres juegos de fotocopias de los originales de los 44 contratos, firmados el 27 y 28 de octubre del 2006, trabajo que, según dice, se cumplió.
Sin embargo, en ese mismo informe, Botero, que aclara que no participó ni en la discusión ni en la elaboración de los contratos, señala que ´una vez concluida la legalización de una parte de las fotocopias, el señor Manuel Morales Olivera, el primero de noviembre del año pasado, solicitó el cambio de algunas hojas de las fotocopias legalizadas (...)´.
´Dos días después, la secretaria de Morales, Deisy Villegas (hermana de Carlos Villegas), solicita verbalmente y con celeridad la legalización de otros dos juegos de fotocopias de los contratos proporcionados por esta área (la asesoría de YPFB)´.
El 20 de diciembre, luego de que los contratos ya fueron aprobados por el Congreso, Morales señaló ´que existían diferencias, entre las copias legalizadas en su poder y las originales, y recomendó una revisión´.
Villegas sabía
Conocimiento • Botero dice que el 21 de diciembre le comunicó al ministro Villegas del problema de las diferencias en los contratos, ´quien ordenó cotejar los documentos que sirvieron de base para la aprobación congresal´.
Aclaración • ´La remisión de las copias legalizadas de los contratos no fue coordinada, ni preparada ni efectuada por la Dirección Legal (de YPFB)´, aclara Roberto Botero
Etiquetas: Gobierno, Grandes Corruptos, MAS, YPFB
Los antecedentes de los que fueron expulsados del MAS
Noticia publicada el 21 de Marzo en La Prensa
Zenón Cochi Nina, fue electo por el sector de provincias del MAS, integró la comisión nacional para cargos en septiembre de 2006 y desde agosto empezó la firma de las recomendaciones, varios de los avales que firmó fueron en documentos en blanco. En diálogo con La Prensa, Cochi desafió a cualquier persona a demostrar que él cobró por los avales. El MAS constató que Cochi rubricó recomendaciones para militantes de otros partidos.
José Santos Ramírez Flores, desde que apareció se hizo pasar por hermano del legislador masista, Santos Ramírez, pero nunca se inició ningún proceso, no fue dirigente simplemente era militante pero su argumento le permitía ingresar a varios ministerios y entidades a dejar las cartas de recomendación supuestamente revisadas por su “hermano”. La dirigencia logró identificar que varias de las recomendaciones que realizó las hizo a cambio de dinero.
Ubaldo Nina Huanca, lo acusan de comentar el divisionismo, sin embargo, existen pruebas de que este dirigente firmó avales sin ser dirigente.
Nina fue designado como presidente del Presidium del MAS en el congreso que se realizó en Coroico en noviembre del pasado año. Ante el fracaso de ese evento, Nina se autodesingó como “dirigente transitorio” de la dirección departamental.
Remitió varias recomendaciones, incluso solicitó “audiencia” a las autoridades de Cotel en busca de espacios para los militantes que respondían a su “mandato”.
Etiquetas: Gobierno, LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, MAS
Dos legisladores separados y cuatro expulsados por avales
nOTICIA PUBLICADA EL 20 DE MARZO EN LA PRENSA.
Puntual. Evo Morales inició la reunión con los integrantes de la Dirección Nacional del MAS, en la Residencia Presidencial de San Jorge, a las cinco de la madrugada. El cónclave tenía un único tema: el escándalo de los avales políticos para la obtención de cargos en la administración pública. En dos horas, hasta las 07.00, el Primer Mandatario y jefe del partido en el Gobierno resolvieron la expulsión de cuatro dirigentes, la suspensión de al menos otros ocho y el pedido de licencia para dos parlamentarios del oficialismo.El vicepresidente del MAS, Gerardo García, informó que los parlamentarios que deben pedir licencia son: Lino Villca Delgado, de La Paz, ex presidente departamental de la organización y dirigente del Consejo de Federaciones de Cocaleros de los Yungas (Cofecay). Ayer el senador oficialista apagó su celular y no pudo ser contactado.La Prensa no pudo hablar con Miguel Callizaya, en este momento el máximo ejecutivo de esa organización.La diputada Nemesia Achacollo Tola es la otra legisladora que será separada del Parlamento. La dirigente masista viene de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, conocidas como “Bartolinas”, y es representante de Santa Cruz. Desde la capital oriental, Achacollo adelantó que solicitará la licencia para exigir que su ex compañero de partido Guillermo Beckar —quien aseguró que ella cobraba por los avales— demuestre esa acusación en los estrados judiciales.La secretaria de Organización de las “Bartolinas”, Segundina Flores, anunció la defensa de la parlamentaria y calificó la acusación en su contra como “difamación de la derecha”.Aseguró que antes del escándalo los militantes exigían avales para buscar trabajo, pero que “todo se hizo en ampliados, nosotros vamos a defender a nuestra compañera Nemesia”. En la lista de expulsados, de acuerdo con declaraciones de García, figura Samuel Guarayo, actual presidente departamental, aunque no tiene reconocimiento de la Dirección Nacional. “El compañero será expulsado”, afirmó.Informes extraoficiales de esta organización dan cuenta de que los cuatro expulsados son Pascual Mansilla, ex dirigente de La Paz; Pablo Quispe, también de la Dirección Departamental de la anterior gestión; Julián Romero, actual presidente del Distrito 1, que comprende la zona Norte de la sede de gobierno, y Enrique Morales, dirigente del Distrito 5, que se encuentra en la zona de Miraflores.También decidieron la suspensión de al menos ocho dirigentes. Encabeza esta lista el ex presidente Zacarías Flores, quien no podrá ejercer la dirigencia de su sector, los colonizadores, hasta que concluya la investigación de las irregularidades de los avales. La mayor parte de estas recomendaciones, firmadas por Flores, están observadas. Le sigue una nómina que será conocida hoy en conferencia de prensa.La Dirección Nacional del MAS ya tiene tres procesos abiertos contra dirigentes y ex dirigentes. Se cuenta el caso de Félix Bellido Ballesteros, quien se autodesignó “coordinador nacional del MAS” y la dirigencia decidió procesarlo en la justicia.Otro caso es el que se presentó contra Javier Agapito Pinto, quien, de acuerdo con declaraciones de Ramírez, abrió una cuenta en el Banco de Crédito para que la militancia de base y que tiene un trabajo gracias a los avales depositara un “aporte” de manera obligatoria. Agapito Pinto declaró a La Prensa que había abierto la cuenta a su nombre pero que el manejo estaba a cargo de la dirigencia del Distrito 13.Estos dos procesos se suman a la querella que presentó Ramírez contra Alejandro Rodríguez (ver recuadro).Decisiones postergadasLa resolución sobre las medidas internas debía emitirse ayer en la tarde, pero, conforme a la explicación del presidente del Tribunal de Ética del MAS, Roberto Machaca, el informe se postergó hasta hoy para evitar que los afectados puedan recurrir a argumentos legales que les permitan revocar estos fallos.“Tenemos que revisar todas las normas porque no queremos que nos sorprendan. Por eso estamos revisando la Constitución Política del Estado, el estatuto interno del MAS, la Ley de Partidos y el Código Electoral”.Santos Ramírez, presidente de la Comisión Política del MAS, advirtió de que, si se da el caso de que los legisladores se resisten a pedir licencia, su organización procederá con la expulsión inmediata. Ramírez se refirió así al caso del senador Lino Villca.Hoy, la conferencia y explicación estarán a cargo de Gerardo García y de la bancada del MAS. No se prevé la participación del presidente Evo Morales.Una decena de dirigentes del MAS arribaron desde las 04.45 a la Residencia Presidencial. Después de dos horas, el Jefe de Estado abandonó su domicilio temporal para dirigirse a la zona Sur, mientras los dirigentes continuaban la reunión finalizando los informes sobre avales.A las 08.35, todos los dirigentes salieron y dejaron la casa de San Jorge. Ya había decisiones tomadas. Al mediodía hubo otro encuentro que concluiría a las 15.30, y un tercer encuentro empezó a las 18.30 con las bancadas de La Paz y Santa Cruz para tocar la licencia de los dos legisladores que deben solicitar permiso parlamentario.El miércoles 14 de marzo, Evo Morales anunció que la decisión de su partido era expulsar a los dirigentes a los que se les comprobara su participación en la venta de avales políticos. Ese día, los masistas se reunieron desde las 11.00 en la sede de la Federación de Maestros Rurales. El viernes 16, el Presidente fue mucho más tajante y dijo que varios de los dirigentes, al margen del cobro por avales, se dedican a solicitar “diezmos” a estos funcionarios en nombre del Presidente. En esa ocasión, anunció una reunión definitiva, que se realizó ayer en la mañana.
Los lazos familiares de masistas se extienden a tres ministerios
Noticia publicada el 19 de Marzo en La Prensa
La presencia de miembros de una misma familia en el Poder Ejecutivo suma al menos tres nuevos casos. El fenómeno esta vez involucra a los ministerios de Hacienda, Justicia, Educación e incluso, de manera tangencial por el momento, a la propia Presidencia.
Es así como, en una primera vinculación, fuentes gubernamentales revelaron que Liliana Arce Aliaga, hermana por parte de padre del ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, trabaja en el Departamento de Finanzas del Ministerio de Justicia.
Liliana inició sus funciones durante la anterior gestión de Gobierno, pero, a la hora de la “limpieza” impulsada por el MAS en la administración central, fue una de las pocas funcionarias que tuvieron asegurado el cargo.
“No entiendo la intención de esta información y me preocupa que esto me perjudique en el trabajo”, dijo Arce Aliaga en contacto con La Prensa.
El segundo caso implica al viceministro de Justicia, Renato Pardo Angles, cuyo hijo, Renato Pardo Zaconeta, fue designado como “consultor asistente” en la Dirección de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
En diálogo con La Prensa, Renato Pardo hijo reconoció que se encuentra trabajando en el área desde junio de 2006; sin embargo, no quiso explicar cómo accedió al cargo. Tras ser consultado, interrumpió la comunicación telefónica.
Una fuente señaló que el consultor entró en el Gobierno “por su vinculación familiar con el Viceministro de Justicia”.
El viceministro Pardo no quiso dar mayores explicaciones a este medio para ratificar o negar el parentesco. Alegó que “con documentos en mano” se podía hablar al respecto. “Traeme los papeles y ahí vamos a confirmar”, fue su respuesta.
El viceministro de Justicia, Renato Pardo, goza de la máxima confianza del presidente Evo Morales.
Cuando este último era diputado, el actual Viceministro formaba parte del equipo jurídico que defendió en diversos juicios al máximo dirigente de los productores de hojas de coca del Chapare.
Los Ayma en Educación
Las ligazones familiares del círculo central del poder con otras dependencias tocan incluso al Primer Mandatario. De hecho, Salustiano Ayma Morales desempeña sus funciones como “profesional categoría II” en la Dirección de Escolaridad, del Viceministerio de Educación.
Ayma Morales habló con La Prensa y comentó que en la actualidad está desempeñando las funciones de “técnico de la lengua aymara”. Salustiano —en medio de algunas carcajadas— admitió el vínculo familiar, pero no el grado de parentesco con Morales. “Sí, sí, el Presidente es pariente mío, pero espero que no digan que hay nepotismo”.
La hermana del presidente Morales, Esther, reconoció que Salustiano es familiar de los Morales y que ambos nacieron en la misma comunidad. “No somos parientes carnales, pero somos parte de una misma familia”.
Esther afirmó que existe esta relación porque “Orinoca es una comunidad bastante pequeña” y que la relación viene de parte de su madre, María Ayma Mamani.
Varias fuentes aseguraron además que el presidente Evo Morales cuenta con otro familiar en un cargo de mayor importancia. Se trata de Benito Ayma Rojas, quien fue designado Director General de Alfabetización gracias a un “aval político” emitido por la Dirección Departamental de Oruro del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ayma inició sus labores en el Ministerio de Educación y Cultura como Viceministro de Alfabetización y Educación Alternativa el 1 de febrero de 2006. Pero, con la reglamentación y modificación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), esta repartición pasó a formar parte del Viceministerio de Educación Escolarizada, como una dirección de segundo rango.
Consultado respecto de su relación familiar con el Presidente, Ayma Rojas respondió: “No quisiera mencionar ese tema, no quisiera responder esa curiosidad, yo respeto mucho a la prensa, pero usted sabe cómo es la prensa”.
Fuentes vinculadas al Presidente revelaron que Benito Ayma es tío de Evo Morales. Por insistencia de La Prensa, el Director General de Alfabetización tampoco negó su relación con el Primer Mandatario y la explicó con el hecho de haber nacido en la comunidad de Untavi, Oruro, una localidad vecina a Orinoca, lugar de nacimiento del Presidente de la República.
Pero insistió: “Yo te pido por favor que no divulguemos nada, cualquier información sobre la Alfabetización sí; sobre mi relación familiar con Evo Morales, nada por favor”. Tras unos segundos prosiguió: “Luego se habla de cómo se ha manejado, de que hubo nepotismo, que es su pariente; yo no estoy en eso”.
Otra vez los avales
Ayma Rojas destacó que “son cosas privadas de cada persona, que no hay motivo para decirlas”. En este sentido, dijo que accedió al puesto de Director del Programa de Alfabetización gracias al uso de un “aval político” de entes sindicales Oruro.
Según él, “las organizaciones de la provincia Saucari llevan una terna y la Federación de Campesinos la entrega a la Dirección Departamental del instrumento. Las autoridades originarias y el respaldo de las 16 provincias son mi respaldo, que consta en un aval político. Ése ha sido el motivo para llegar al cargo que desempeño”.
Agregó que tiene toda la documentación que respalda su designación y que en ningún momento recibió “aval” del presidente Evo Morales.
Ayma Rojas dijo que su experiencia en el ámbito educacional se limita a los “recorridos” que se hicieron en su comunidad y “las experiencias acumuladas como maestro de escuela”.
En este caso, aunque la figura de nepotismo no afectaría al presidente Morales, sí puede implicar a Salustiano Ayma Morales y a Benito Ayma Rojas, dado que ambos trabajan en el mismo ministerio.
“Nepotismo es la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o empleos públicos. El mismo fue una práctica muy usada por ciertos Papas para proteger o prodigar sus favores, dignidades y cargos, y procurar altas posiciones a sus allegados”, dice el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Manuel Ossorio.
La legislación boliviana restringe la figura de nepotismo a la prohibición de ejercer la función pública, en la misma institución, a personas que tengan lazos de parentesco en grado de afinidad o natural con las autoridades de la misma repartición donde ejercen mando.
Los parientes del Presidente y sus colaboradores
En el Gobierno se descubrieron varias redes familiares que incluyen al Primer Mandatario.
Nueve familias tienen miembros en el Poder Ejecutivo en funciones.
Muchos de los parientes carecen de experiencia profesional.
Liliana Arce Aliaga, hermana del ministro Luis Arce, trabaja en el Ministerio de Justicia.
Salustiano Ayma, un familiar de Evo Morales, trabaja en Educación.
Se descubrió un caso de nepotismo directo que implica a la ex Ministra de Gobierno.
El hermano de Alicia Muñoz, José Luis Muñoz, fue designado en el Ejecutivo.
Muñoz nombró a su cuñada como Inspectora General de Obras.
La Dirección Nacional daba memos para repartir cargos
Noticia publicada el 16 de Marzo en La Prensa
Los dirigentes encargados de entregar avales a los militantes no fueron seleccionados a “dedo”, sino que contaban con documentos firmados desde la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS).Ayer, La Prensa accedió a un memorándum de designación para el dirigente Julián Romero, quien formó parte de la comisión de trabajo en la gestión de Zacarías Flores, para que viabilice la distribución de antecedentes de aquellos que pretendían cargos en el Poder Ejecutivo. El documento fue entregado el 19 de mayo de 2006, y en él se designaba a Romero como “delegado para viabilizar los currículum vitae de los diferentes compañeros, para los diferentes espacios del aparato estatal” (sic), afirma el memorándum. La nota lleva la firma del ex vicepresidente masista Zacarías Flores y de Humberto Terán, quien era de la Comisión Política del MAS. De esta forma, la documentación muestra que la decisión para la distribución de avales en el partido de Gobierno se adoptó en los más altos niveles políticos del MAS. En horas de la mañana, el senador Santos Ramírez confirmó que otros dos casos de presunta venta de avales del MAS fueron remitidos al Ministerio Público. Se trata de querellas contra Félix Ballesteros, por autonombrarse coordinador nacional del MAS, y a Javier Agapito, quien habría habilitado una cuenta bancaria para “obligar” a los funcionarios de los ministerios a depositar sumas de 35 a 300 bolivianos. Estos casos ya están en la justicia.La Fiscalía toma declaraciónAyer, la Fiscalía de Distrito de La Paz abrió la investigación sobre la venta de avales que fue denunciada el 8 de marzo por el senador del MAS Santos Ramírez contra los ciudadanos Alejandro Rodríguez Donoso y Jorge Sánchez Gamarra.Ramírez denunció a Rodríguez Donoso por los delitos de estafa, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y lo acusó de haber vendido un aval, en 1.000 dólares, al ciudadano Jorge Sánchez, para lo cual habría falsificado la firma del dirigente masista.Ahora, el caso está en manos del fiscal de la División de Delitos Económicos y Financieros, Javier Salinas, quien el martes 13 de marzo tomó la declaración informativa a Sánchez Gamarra que compró el aval esperando tener un cargo en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Rodríguez le vendió el aval a Sánchez en mayo del pasado año, con la promesa de que su trabajo lo estaría esperando después de la posesión de la Asamblea Constituyente realizada el 6 de agosto en la ciudad de Sucre. Sánchez aseguró que la promesa nunca fue cumplida y que tampoco se le devolvió el dinero, por lo que decidió acusar a quien lo estafó ante la Fiscalía paceña.Por esta situación, el fiscal Salinas convocó a Rodríguez para que preste su declaración informativa la próxima semana y lograr así esclarecer este caso que desató una crisis en el interior del partido en función de Gobierno, al punto que el presidente Evo Morales pidió cárcel para los implicados en el tráfico de avales políticos.Líos en ChuquisacaEl escándalo desatado por el tráfico de avales en el MAS se extendió a otras regiones del país, más allá de La Paz y Santa Cruz. Ayer, el senador suplente por Chuquisaca, Carlos Ortega Pantoja (MAS), denunció la existencia de irregularidades con la venta de avales en la Dirección Departamental.Ortega Pantoja explicó a La Prensa que existen “demasiadas observaciones al trabajo que realizó la dirigencia departamental”, que tiene como máximo responsable a Edson Holguín, por tanto —añadió— todas las denuncias que lleguen serán remitidas a la Dirección Nacional.Incluso se refirió a las denuncias que surgieron en su contra sobre una presunta venta de avales. “Todos estos casos tienen que ventilarse en el Congreso Departamental que se realizará el 15 de abril en Sucre”.
Un contrato irregular dejó a la CNS millonaria deuda
Noticia Publicada el 15 de marzo en el Matutino La Razon
La gerente de la Caja Nacional de Salud, Grace Ponce, denunció ayer que esta entidad tiene una deuda de $us 1,7 millones a la Organización Toro SRL por la firma irregular de un contrato de alquiler, el año 2000, de un mamógrafo que ordena el pago mensual de $us 28 mil, cuando el equipo llega a costar $us 100 mil.
Ponce explicó que “el contrato de alquiler del mamógrafo fue suscrito por el ex administrador de la regional de Santa Cruz, Guido Salomón Pizarro, el ex jefe médico Édgar Rivera y el ex asesor legal regional, Ramiro Antelo, quienes tienen un juicio penal por supuestos actos irregulares. En el contrato la institución se comprometía a pagar, por la renta del mamógrafo, $us 28.700 al mes durante cinco años”.
Según Ponce, esa irregularidad fue descubierta y denunciada por el administrador que sustituyó a Antelo, a los tres meses del alquiler de la maquinaria. “El equipo funcionó en la Caja cerca de cinco meses y cuando hubo cambio de administrador se suspendió el contrato porque, además, el equipo empezó a mostrar fallas técnicas”, declaró.
Sin embargo, desde Santa Cruz, el apoderado legal de Organización Toro, Pablo Portales, explicó a este diario que el contrato nunca rescindió puesto que “el mamógrafo continúa funcionando hasta el día de hoy en el hospital Obrero número 3, de la ciudad de Santa Cruz. Se lo entregó nuevo a la Caja. Es un equipo de tercera generación”.
Según un informe otorgado por la CNS, en diciembre del pasado año, en la ciudad de Santa Cruz, el Tribunal de Amparo dispuso que continúe la ejecución de un juicio ejecutivo con la finalidad de que la Caja Nacional de Salud pague a la Organización la suma de $us 1.700.000 por concepto de arrendamiento. “Estos contratos son lesivos al Estado ya que un equipo de las características de un mamógrafo cuesta alrededor de $us 100 mil y no se puede pagar semejante suma comprometida irresponsablemente por un ex funcionario”, denunció Ponce en La Paz.
Pero según Portales, el año 2000 la regional Santa Cruz, de la CNS, publicó la licitación “en la que se presentaron cuatro empresas. Nosotros fuimos elegidos para cumplir el contrato y fue la Caja Nacional la que redactó el contrato y quien estableció el monto a pagarse por mes”.
Indicó que la gerente general de la CNS, Grace Ponce, fue denunciada por haber desobedecido una sentencia constitucional, ya que se habría incumplido con el pago correspondiente a la empresa que alquiló el equipo. “El Tribunal Constitucional falló a favor de la Organización Toro en marzo de 2004. La sentencia 339/04-R indica que el contrato es válido ya que tiene la legalidad exigida por las leyes bolivianas y que la Caja Nacional debe presupuestar el monto a pagar”.
Ponce pidió a los magistrados de la Corte Suprema que eviten el pago de esta cuantiosa suma de dinero, ya que se perjudicará el presupuesto que se otorga a la Caja Nacional de Salud, lo que está destinado a comprar medicamentos y obtener varios servicios.
Ejecutivo • La Organización Toro SRL se querella contra la Caja en 2002. El fallo ordena a la CNS que pague a la Organización por la renta del mamógrafo.
Juicio penal • La Caja Nacional de Salud enjuicia al ex administrador de la regional Santa Cruz, Salomón Guido Pizarro, y a otros dos administradores. Pagó en la gestión 2003.
Juicio civil • El mismo año, la Caja inicia acciones legales para anular el contrato suscrito con la Organización Toro.
Evo y el MAS deciden expulsar a los vendedores de avales
Noticia publicada el 15 de Marzo en La Prensa
El presidente Evo Morales, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los movimientos sociales que integran esta organización decidieron, en forma conjunta, expulsar a los masistas que formaron parte de la red de traficantes de avales políticos para la obtención de cargos en la administración pública.
Habían pasado 15 minutos de las 20.00 cuando el presidente Evo Morales apareció en la escalinata del Palacio de Gobierno para anunciar que los militantes, dirigentes, legisladores y asambleístas que participaron en la venta de avales políticos serán separados del partido.
Morales aseguró que a quienes se les demuestre haber participado en la venta de certificados serán expulsados del MAS, tendrán que pedir su desafuero y afrontarán un proceso ante la justicia.
El Mandatario hizo el anuncio luego de un intenso debate sobre más denuncias de hechos de corrupción dentro del MAS que se llevó a cabo durante un ampliado de emergencia convocado por la Dirección Nacional del partido.
Allí, los dirigentes nacionales aprobaron una resolución de seis puntos con la que se intenta poner freno al escándalo de los avales que salió a la luz pública hace un mes tras la publicación de una investigación periodística de La Prensa.
Morales dijo que “no habrá contemplaciones” para los dirigentes y representantes masistas que cobraron y firmaron avales para los militantes.
“Yo estoy preocupado de los nombres de diputados, senadores, el compañero Lino Villca y otros que son procesados; no los conozco personalmente”.
Aseveró que el Tribunal de Ética convocará a los que recibieron avales para que expliquen cómo obtuvieron esos documentos y si pagaron por ellos. “Tienen que decir su palabra en este caso”.
Asimismo, pidió a la población que presente pruebas de estos cobros y, para ello, informó que el Viceministerio de Transparencia, cuya responsable es Nardy Suxo, recibirá las denuncias.
“Necesitamos pruebas, no se va a perdonar a nadie, el ampliado ha entendido perfectamente, por eso ha decidido por unanimidad la expulsión de los dirigentes, vamos a acabar con esta clase de avales”.
Morales dijo que esta tarea será la reivindicación del movimiento sindical que hoy está en función de Gobierno.
“Algunos compañeros nos esforzamos por el país para dignificar al movimiento sindical, a las clases oprimidas, y no podemos permitir que algunos compañeros e infiltrados dañen esa imagen, es una gran decepción, pero vamos a acabar con eso”.
De esta forma, Morales intentó dar por concluido el caso de corrupción que salpica a su gestión desde dentro de sus filas. El Jefe de Estado y su organización política decidieron asumir medidas radicales contra sus propios dirigentes.
El Primer Mandatario dijo que en el encuentro del MAS que se realizó en la sede social del magisterio rural se percataron de que los movimientos sociales habían emitido avales “para todos y por todo”, por tanto, se decidió la suspensión definitiva de estas recomendaciones a los dirigentes y a estas organizaciones sociales.
Según las fuentes de La Prensa que accedieron al encuentro, se estableció que el 23 de marzo, durante un congreso departamental que se celebrará en La Paz, se designará a las seis personas de la Dirección Nacional encargadas de “buscar los espacios en los distintos ministerios”. Además, se prohibió la contratación con avales de nuevo personal en las reparticiones del Estado.
La reunión, según el Jefe de Estado, también pudo precisar que varios de los legisladores y dirigentes firmaron esos documentos y fueron incluidos en este grupo de implicados.
Sin embargo, Morales dijo que los movimientos sociales no deben permitir que estas denuncias afecten al conjunto del Gobierno e instruyó que cada uno de los ministros y las organizaciones deben concentrarse en la gestión.
Los asistentes dieron el plazo final al Tribunal de Ética hasta el 23 para que presente su informe sobre el escándalo de los avales.
El presidente del Tribunal de Ética del MAS, Roberto Machaca, expresó en el encuentro que existe un “avance significativo” en la tarea de recolección de los datos de los militantes que ingresaron en las gestiones 2006 y 2007 en los ministerios y en las entidades descentralizadas del Estado. Descubrieron, según las declaraciones de Machaca, que varios funcionarios no lograron explicar de dónde habían obtenido el respaldo para ingresar como funcionarios públicos. Esos casos son los que están en “observación” y, por tanto, se solicitará documentación adicional de esos empleados.
El dirigente masista explicó que las personas que denunciaron cobros irregulares “deben apersonarse a la Dirección Nacional (calle Luis Gemio, del barrio de Miraflores) para hacer la denuncia por escrito, porque nosotros no podemos tomar el caso de oficio”.
Los pasos del escándalo
El jueves 22 de febrero, La Prensa publicó las primeras denuncias sobre el tráfico de influencias y la presunta venta de avales masistas, documentos oficiales que tenían un costo de entre 200 y 300 dólares.
Al día siguiente, el 23 de febrero, se realizó un ampliado de emergencia del MAS en La Paz con un único punto: el análisis de este problema.
Allí, el senador Santos Ramírez denunció que su nombre había sido utilizado por dos personas para vender un cargo en el Instituto Nacional de Estadística (INE) por 1.000 dólares.
El encuentro dio un plazo de un mes al Tribunal de Ética para que entregue un informe.
El lunes 27, las fuentes de La Prensa entregaron documentos sobre solicitudes de trabajo para masistas con avales en la Alcaldía de La Paz.
Finalmente, el lunes 5 de febrero este medio de comunicación accedió a otro grupo de documentos que versan sobre avales masistas para la contratación de funcionarios en YPFB.
El martes 13 de marzo apareció una de las víctimas de la red de masistas, Norka Morales, quien denunció, en una entrevista con La Prensa, el pago de 300 dólares a Elizabeth Argote por un cargo en el Ministerio de Gobierno. Argote negó haber participado en la venta de avales. La dirigente del MAS fue despedida de la entidad del Estado por su presunta vinculación con la red de traficantes.
El tráfico se extiende a Santa Cruz
La venta de avales políticos en el MAS para acceder a puestos laborales de la administración pública también ocurrió en Santa Cruz. Según dirigentes del partido en función de Gobierno con asiento en esta región, ese tipo de hechos se “institucionalizó” ante la necesidad de trabajo de muchas personas, sean o no afines al MAS, y porque la corrupción está en todo ámbito.
“He tenido noticias de que ha habido venta de avales de dirigentes de barrios por 50 y por 100 bolivianos. Es que la corrupción se campea en todos lados”, comentó el concejal masista Osvaldo Peredo, consultado al respecto.
Peredo aclaró no tener nombres de quienes incurrieron en el ilícito, pero también resaltó que no se debe estigmatizar el padrinazgo político a través de los referidos avales, porque es una práctica normal para gobernar con quienes comulgan con la línea de partido en función de Gobierno. “El problema está en que lo vendan, eso es reprochable”, dijo Peredo.
Primero: Expulsión ignominiosa de los militantes y dirigentes que hubiesen cobrado por avales, los mismos que además deben ser remitidos al Ministerio Público.
Segundo: Juicio y sanción a personas ajenas al MAS por haber extorsionado a personas inocentes.
Tercero: a partir de este evento y de estas conclusiones, ningún dirigente del MAS, ningún dirigente de movimientos sociales, departamentales, regionales o nacionales puede firmar los avales.
Cuarto: Cualquier denuncia de carácter regional, departamental y nacional, debe ser presentada al Viceministerio de Transparencia hasta su esclarecimiento.
Quinto: Diputados, senadores y asambleístas que sean denunciados con documentación respaldatoria deben renunciar a su inmunidad hasta probar su inocencia.
Sexto: Determinar la reinscripción de los militantes del MAS a escala nacional, departamental, provincial, municipal y comunal como medida de depuracion de militancia del MAS.
La Dirección Nacional envió el primer caso de cobro de dinero al Ministerio Público con una querella criminal.
Mañana se presentará la segunda demanda. Se trata de dos profesionales de apellidos Rada y Carvajal que denuncian que gente allegada al MAS les hizo pagar mensualmente 390 bolivianos como aporte.
El denunciado en ese caso es Javier Agapito Pinto.
El otro caso es en contra de Alejandro Rodríguez y Jorge Pacheco.
Además está el caso de un dirigente del MAS que se autonombró coordinador. En el MAS existen 18 dirigentes, divididos en cinco comisiones especiales.
Hay cuatro denuncias enviadas al Tribunal de Ética. Félix Bellido Ballesteros, quien
se autodesignó coordinador, será remitido a la justicia ordinaria, dijo el senador Santos Ramírez.
Senador por La Paz, representante de los cocaleros. Su firma aparece en los avales políticos para cargos jerárquicos.
Miembro de la Dirección Nacional, su nombre aparece en un recibo por 1.000 dólares para un cargo en el INE.
Samuel Guarayo
Actual presidente regional del MAS, pero no tiene el reconocimiento de la Dirección Nacional. Dirigente de los colonizadores. Según Lino Villca, era una de las “firmas autorizadas”.
Dirigente colonizador, fue el segundo hombre del MAS en la gestión 2004–2006. Según Lino Villca, los avales debían contar con la firma de Guarayo y de Flores para ser válidos.
Pascual Mansilla
Fue Secretario de Relaciones en la gestión de Lino Villca. Era el principal nexo para la obtención de los avales, actuó en coordinación con el senador paceño. Representa a los militantes de El Alto.
Ex Secretario permanente del MAS en La Paz durante la gestión de Lino Villca. Coordinaba su trabajo con Pascual Mansilla para la firma de los avales.
Zenón Cochi
Integró la Dirección Nacional hasta noviembre de 2006. Es representante de El Alto y el senador Villca afirma que su firma era “determinante” para lograr puestos de trabajo.
Es dirigente colonizador, fue parte de la dirección nacional del MAS su nombre fue mencionado por Lino Villca.
Senadora suplente de Cochabamba, dirigenta de las mujeres campesinas denominadas “bartolinas”.
Ex funcionaria del Ministerio de Gobierno la denunciaron por cobrar 300 dólares por un puesto.
En Migración se destapa negociado con los pasaportes
Noticia publicada el 15 de marzo de 2007 en La Razon
Ayer se reveló un millonario negociado en las oficinas regionales de Migración Santa Cruz y Beni. Funcionarios de ambas reparticiones regionales cobraban entre 400 y 600 dólares para la entrega del documento llamado ´caso especial´ que agiliza la obtención de un pasaporte.
La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, y el senador Guido Guardia (MAS) dijeron ayer que ya tenían conocimiento de esta irregularidad y que la investigaban. Además, esta semana los fiscales cruceños Saúl Rosales y José Centenaro recibieron dos denuncias de personas que habían pagado $us 600 por obtener su pasaporte.
Por esa razón, ayer, ambos fiscales entrevistaron al director de Migración Santa Cruz, Dante Castillo, quien negó las acusaciones que le formulaban, aunque admitió, según El Nuevo Día, que entregaba 150 pasaportes por hojas de ruta por “caso especial”.
Sin embargo, uno de los dos tramitadores que fue detenido justo cuando entregaban pasaportes, dijo que Castillo tenía conocimiento de la venta irregular como “casos especiales”. Los arrestados son Aurelio Herrera e Ingrid Pozo, quienes no son funcionarios de Migración.
El senador del MAS Guido Guardia, en La Paz, dijo que recibió la denuncia de Ignacia Pachuri Parapaino, una mujer que además de pagar por los valores del pasaporte, entregó la suma adicional de $us 500 para obtener su pasaporte en un día. Luego, afirmó, pasó esta denuncia a la viceministra Suxo.
Los documentos, que son excepcionales para realizar un viaje al exterior, ingresaban a las oficinas de Migración con el rótulo de ´casos especiales´, y se beneficiaban personas que llegaban a pagar entre 400 y 600 dólares para figurar como enfermos o como becarios.
´El policía de la puerta llamaba lista en las mañanas a las personas que tenían casos especiales para que inicien su trámite´, añadió Guardia. El documento era emitido en 24 horas. Pero hay denuncias de que si una persona lo quería en dos horas, el costo se elevaba a $us 1.000. También hay casos en los que los pagos eran en especies.
150 pasaportes tramitados por ´casos especiales´ eran entregados por día, pero la ex directora regional de Migración en Santa Cruz, Olga Espinoza, explicó a El Nuevo Día que sólo era permitida la entrega de tres o cuatro pasaportes diarios, en casos especiales.
No obstante, Suxo declaró ayer a este diario que “hemos conocido que se venderían pasaportes bajo el tema que son casos especiales y eso nos llama la atención, porque no hay casos especiales”.
Según el senador Guardia, los pasaportes eran entregados en las calles aledañas a las oficinas de Migración, en Santa Cruz, por medio de tramitadores.
“Si el director, Dante Castillo, está implicado en el caso de corrupción, vamos a formalizar nuestra denuncia contra el autor y los autores que resultaron cómplices o encubridores en este acto completamente ilegal”, afirmó la viceministra.
Por otro lado, la oficina regional de Migración en la ciudad del Beni también ha sido denunciada por la venta de pasaportes por un valor que supera los $us 400, hace aproximadamente tres semanas, sostuvo Suxo.
“Tenemos una denuncia formulada contra el director regional de migración del Beni, que hacía exactamente lo mismo; la denuncia es contra él y ahora hay dos personas detenidas en el caso del Beni”, precisó la Viceministra de Transparencia.
Hay una lista de implicados
Según la declaración del fiscal asignado al caso de la venta de pasaportes en la oficina regional de Migración de Santa Cruz, Saúl Rosales, la lista de los funcionarios implicados es larga.
De acuerdo a la declaración de Aurelio Herrera e Ingrid Pozo, tramitadores que se dedicaban a vender pasaportes en coordinación con funcionarios de la institución que fueron detenidos, la lista es encabezada por el director de Migración Santa Cruz, Dante Castillo.
Herrera y Pozo fueron detenidos en posesión de cinco pasaportes y varios carnets de identidad de las personas que solicitaron sus servicios para obtener sus pasaportes en un día.
Las dos personas implicadas se encuentran detenidas en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz.
Por otro lado, el senador Guido Guardia dijo ayer a La Razón, que también podrían estar implicados en los hechos ilícitos, dirigentes del MAS. “Lo que se conoce es que podrían estar implicados altos dirigentes masistas”, sostuvo el parlamentario.
corrupción en migración santa cruzJunio del 2002 • Donald Pinto, jefe de Inspectoría de Migración Santa Cruz, fue destituido por el ministro de la Presidencia de ese entonces, José Galindo, por delitos de cohecho y corrupción.
Corrupción en migración Santa Cruz
Octubre del 2002 • José Galindo interviene la oficina del Servicio de Migración de Santa Cruz y destituye al director regional, Álvaro Herbas.
Enero del 2006 • Alejandro Nasif, director nacional de Migración, destituye a Neydark Vaca, director de la regional Santa Cruz, por denunciar a una funcionaria del Ministerio de Gobierno por el gasto de Bs 100 mil de los gastos reservados.
Noviembre del 2006 • Olga Lidia Espinoza, directora de Migración Santa Cruz, es destituida del cargo por la Ministra de Gobierno luego de entregar papeles, a un periodista de El Nuevo Día, que incriminaban al senador Guido Guardia en el caso visas chinas.
Ramírez pidió 8 visas del país para chinos
Noticia Publicada el 13 de Marzo en La RAzon
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Santos Ramírez declaró el viernes sorpresivamente ante la Fiscalía y reconoció que pidió ocho visas para ciudadanos chinos, pero que lo hizo por medio de un asesor.
En su declaración, Ramírez señaló que fue la Asociación de Amistad Bolivia-China para la Promoción del Intercambio Cultural la que envió la carta al parlamentario y la solicitud se canalizó mediante uno de sus colaboradores, Víctor Cossío Gutiérrez.
El 20 de abril del 2006, el senador pidió ocho visas de objeto determinado para ciudadanos chinos. Entonces era presidente de la Cámara de Senadores.
Según uno de los fiscales asignados al caso, Edward Mollinedo, Ramírez admitió que envió la carta de solicitud de visas para ciudadanos chinos. “(Él) contribuyó en la investigación”. Agregó que se analizará la declaración y se verificará si los ciudadanos chinos llegaron o no al país.
La Asociación que pidió traer a ocho asiáticos a Bolivia estaría ubicada en Santa Cruz y su presidente sería Shui Liang Yangli.
El objeto de la visita de los ocho asiáticos era para un intercambio cultural boliviano-chino, según la carta que Ramírez envió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En septiembre del 2006 este medio consultó al senador sobre su solicitud y él respondió que fue negada por la Cancillería, que le informó que no correspondía que un legislador haga el trámite, por lo que recurrió a instancias diplomáticas.
“Hice la gestión para ocho inversionistas chinos, empresarios, pero como no procedía, lo hicimos a través de la Embajada China”, dijo entonces el senador.
Cuando la Embajada de China envió la carta a la Cancillería solicitando visas para los mismos ciudadanos que invitó Ramírez, el motivo de la visita era otro. Llegarían para hacer estudios y dar posibles ayudas al sector minero.
El 31 de agosto del 2006, La Razón publicó la información proporcionada por la Cancillería. 16 parlamentarios de dos gestiones (2004, 2005 y 2006) avalaron el ingreso de 322 chinos.
En la lista proporcionada por la Cancillería sólo figuran los nombres de dos diputados del oficialismo (Podemos) que pidieron visas hasta julio del 2006. Sin embargo, no está el nombre de Ramírez, que pidió visas el 20 de abril del 2006. Él fue diputado entre el 2001 y el 2005.
Ramírez presentó su declaración informativa el viernes a las 18.00. Desde diciembre que fue notificado para asistir a la Fiscalía, pero suspendió su asistencia en al menos dos oportunidades.
El senador tenía que declarar ayer, pero se presentó de forma sorpresiva, según Mollinedo, el viernes al finalizar la tarde. La Razón no logró conversar con el senador Santos Ramírez.
Desde el año pasado que la Fiscalía espera que la Corte Suprema de Justicia apruebe o rechace la autorización para enjuiciar a tres diputados y un constituyente de esta gestión que estarían implicados en el caso visas: Patricia Seeguers (Podemos), Marco Antonio Córdova (Podemos), Julio Leigue Hurtado (MNR) y José Bailaba (MAS).
La Razón pidió información
El 24 de noviembre del 2006, La Razón envió cartas pidiendo información del caso visas al canciller, David Choquehuanca; al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; a la directora de Migración, Magaly Zegarra; y al senador Santos Ramírez.
Sólo Migración y Cancillería respondieron. Migración entregó parte de la información, pues aseguró que no la tenía toda. El Canciller remitió las consultas a la Fiscalía, pese a que habían preguntas que sólo Choquehuanca podía responder como ¿qué medidas adoptó su autoridad sobre los funcionarios que serían sospechosos de las irregularidades?
A Ramírez se le preguntó, entre otras cosas, sobre la firma que nombra embajador a José Bailaba y sobre su solicitud de visas. A Quintana se le consultó sobre los decretos que facilitan el ingreso de chinos al país. Ninguno respondió, pese a la insistencia.
“Pagué 300 dólares por un aval, pero no me dieron el cargo”
Noticia Publicada el 13 de Marzo de 2007 en el Periodico La Prensa.
Norka Agustina Morales Alcázar se acomoda en una banca del segundo piso del Shopping Sur, en el coqueto barrio de La Florida. Con voz pausada, denuncia que la “operadora política” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elizabeth Argote de Sandy, le cobró —en septiembre de 2006— 300 dólares (unos 2.400 bolivianos) por un “aval político” del partido del presidente Evo Morales, para la obtención de un cargo en el Ministerio de Gobierno.
Morales Alcázar trabajó para la campaña electoral del padre Wilson Soria, en la ciudad de El Alto, antes de las elecciones municipales de 2004. También dio tiempo y dinero de su bolsillo para la actividad proselitista que llevó a Evo a la Presidencia de la nación, en diciembre de 2005.
“Habíamos hecho un aporte al partido y buscábamos trabajo, por eso, necesitábamos una recompensa”, señala mientras revisa sus apuntes.
Evo Morales asumió el poder el 22 de enero de 2006. Pasaban los meses y la “recompensa” no llegaba a los militantes de base que, como ella, creyeron en el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (ISPS).
En agosto de ese año, Morales Alcázar tomó contacto, entonces, con Sonia Peredo, sobrina del senador Antonio Peredo (MAS). Ella la contactó con el comando del Distrito 4, ubicado en la avenida Busch, en la zona de Miraflores. Allí conoció a Elizabeth Argote de Sandy, quien le prometió un cargo en el Poder Ejecutivo. “Todo se puede, pero hay que ponerse, hermanita”, asegura Morales Alcázar que le dijo la “operadora masista”.
En diálogo con La Prensa, Elizabeth Argote de Sandy negó la imputación, asegura que no vende avales del partido en el Gobierno y reconoce que le debe a Norka Morales Alcázar la suma de 100 dólares, pero sólo por “razones personales”. La militante del MAS no quiso dar más aclaraciones. “El viernes hablamos”, prometió.
Morales Alcázar vincula a Argote con la senadora suplente Leonilda Zurita. Pese a los intentos, La Prensa no pudo ubicar a Zurita para que explicara esta presunta relación.
Un pago sin contraparte
Frente a la insistencia de Morales Alcázar, a fines de septiembre, Argote ubicó a la trabajadora social en un puesto “sin remuneración” en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Allí trabajó entre octubre de 2006 y febrero de 2007 —cinco meses—, por lo que no recibió pago alguno. El viernes 9, Morales Alcázar se cansó de pedir a Argote que le devolviera su dinero y de sus presuntas amenazas para que “no abriera la boca” si no quería recibir represalias. Ayer, Morales Alcázar habló con La Prensa.
—¿En qué circunstancias pagó usted por un aval del MAS?
—Conocí a Elizabeth Argote de Sandy durante una reunión del partido a fines de agosto. Yo estaba buscando trabajo pues había hecho mi aporte en el MAS. Me integré a la organización gracias a Sonia Peredo, sobrina del senador Antonio Peredo. Con ella trabajamos juntas desde las elecciones municipales de 2004.
Nos fuimos a El Alto para apoyar al padre Wilson Soria. Allí trabajamos para la campaña aportando de nuestro bolsillo, mientras nadie nos daba nada. Ni siquiera nos daban un sándwich de huevo.
Trabajamos para la campaña de Soria. En Villa Dolores alquilamos una oficina para recibir a la gente y dábamos cuotas para los alquileres. Peredo también me invitó a participar en la campaña para las elecciones generales de diciembre de 2005. Entonces, trabajamos en el Distrito 4 de Miraflores. Desde allí hicimos todo para hacer de Evo Morales Presidente de Bolivia. Valentín Quiroga era nuestro jefe de distrito. Hicimos campaña para el referéndum del 2 de julio.
Obviamente, nosotros necesitábamos nuestra recompensa. Hicimos campaña por el trabajo, no lo hicimos porque no teníamos nada que hacer en nuestras casas. También lo hicimos porque creíamos en el proyecto político de Evo con el “instrumento” (en referencia al ISPS).
En estas reuniones conocí a Elizabeth Argote de Sandy. A ella le presenté mi currículum. Con ella, hicimos amistad pero con un interés de por medio. Ella me dijo que trabajaba en el Ministerio de Gobierno y aseguró que me iba a ayudar. “Personas como ustedes que se han sacrificado tienen que tener su oportunidad”, decía. Pero me pidió que le llevara todos mis papeles. Cuando lo hice, revisó la documentación y me dijo: “Aquí te falta un aval de la Presidencia”. Le pregunté cómo hacer para obtener uno y entonces me dijo que me ayudaría con los dirigentes del partido. “Pero es dando, hermanita”, me dijo. Y le pregunté cuánto había que dar. “No sé, dejame que averigüe”, afirmó.
Morales Alcázar cuenta que no pedía un “cargo alto”. Especialista en trabajo social, con estudios en Córdoba, Argentina, reclamaba un cargo en el área social, con mujeres maltratadas o con niños afectados.
“‘¿Qué hay que hacer?’, le pregunté. ‘Tienes que dar 300 dólares’”, relata Morales que le dijo Argote. “Pero, ¿de dónde voy a sacar la plata?”, le recordó la militante. “Haz un esfuerzo, dame 150 dólares y después me das lo demás. Yo te voy a conseguir el aval”, dijo Argote. Morales Alcázar asegura que fue pagando la deuda de 50 en 50 dólares hasta alcanzar los 300 solicitados. “Argote me presionaba con no conseguir el trabajo si no pagaba lo antes posible”. A fines de septiembre, Morales Alcázar terminó de pagar el monto requerido.
—¿Y le dieron el cargo?
—A medias. Un día me citó en el Ministerio de Gobierno. Me dijo que ya estaba todo arreglado y que le entregara los papeles. Argote era directora de Personal del Ministerio. Allí trabajó junto a César Terán, jefe del área. Argote me dijo que había hablado con Ramiro Llanos, un alto funcionario del Ministerio, a quien le dijo que yo era voluntaria para trabajar sin remuneración. De ese modo, ingresé a trabajar en la cárcel de mujeres de Miraflores, donde trabajé con Silvia Zavaleta. Ella me dijo que comenzara a trabajar, sin el ítem correspondiente, que más adelante se haría el nombramiento. Igualmente, comencé a realizar tareas pero sin marcar tarjeta. Entonces, le insistí a Argote sobre cuándo se definiría mi situación.
—¿Cuánto tiempo trabajó en la cárcel de mujeres?
—Desde septiembre de 2006 hasta febrero de 2007. Sin sueldo. Pero todo cansa. Había hecho un trabajo sin remuneración y, de paso, había pagado 300 dólares por un puesto que nunca llegó. Pasaban las semanas y no me daba respuesta. Me estaba engañando. Averigüé por mi lado y me informaron que mi caso ni siquiera figuraba en las planillas. En noviembre, me cansé y le dije que me diera una respuesta definitiva.
Ella estaba haciendo lo mismo con otras personas que estaban en el mismo drama, habían dado plata por un aval pero ella no les daba respuesta. Entonces le pedí que ya no me diera el trabajo pero que me devolviera el dinero. A través de otras personas mandó a decirme que a ella no la tocaba nadie.
En San Pedro conocí a otras empleadas que habían tenido el mismo problema. Allí también hablé con el doctor Ramiro Llanos, quien me expresó su preocupación por las maniobras que llevaba adelante esta persona. Llanos me anticipó que no permitirían este tipo de atropellos y a los dos días Argote estaba fuera, la habían despedido.
—¿Cómo reaccionó Argote luego de su denuncia ante Llanos?
—Me amenazó con que, si no iba donde Llanos y le decía que todo era mentira, no me iba a devolver ni un centavo. Entonces le prometí ir donde el funcionario pero que antes me devolviera los 300 dólares. No pudo reunir el dinero y continuó con las amenazas. Llanos recibió más denuncias sobre otros casos de personas que pagaron por avales. Pero, al final, no me dieron nada. Sin trabajo y sin mis 300 dólares. La fui a buscar a su departamento de la avenida Saavedra, pero la mujer se había ido sin dejar rastro.
—¿Le dio algún “recibo” por los 300 dólares?
—No. Pero ¿qué delincuente deja señas? El chantajista, el ladrón siempre trata de no dejar rastros. Pero no soy la única. Un grupo importante de militantes también sufrió el mismo problema de los avales.
—¿Para quién cree usted que trabaja Elizabeth Argote?
—Argote estaba relacionada con una tal Leonilda.
—¿La senadora suplente del MAS Leonilda Zurita?
—Exactamente. Argote y Zurita hablaban constantemente por teléfono.
—¿Piensa presentar alguna denuncia penal por su caso?
—Posiblemente pierda ese dinero, pero no quiero que le pase lo mismo a otras personas. Por favor, que ya nadie más caiga en esta red de avales. Ya basta. ¿Cómo pueden seguir ensuciando el instrumento político de esa manera? Ellos se han aprovechado de gente que no tiene trabajo y que dio mucho por la campaña de Evo Morales. Espero que el partido haga algo para erradicar a los que venden avales.
“Argote traía gente del MAS a la casa”
Elizabeth Argote de Sandy vivió durante ocho meses en el departamento 6C del edificio Saavedra, ubicado en la avenida del mismo nombre, enfrente del Hospital de Clínicas.
Allí nos atiende el propietario el inmueble, Jorge Rada Ávila. Expresa su preocupación porque, según afirma, Argote de Sandy se fue del lugar sin pagar el alquiler, que alcanzaba a unos 110 dólares.
“La señora Argote estaba vinculada con el MAS porque aquí metía gente de ese partido, y me hacía quedar mal, ya que actuaba como si ella fuera dueña del departamento”.
“Yo le dije que esto no es del Estado, que no podía transformar el inmueble en una cantina con gente de su partido”.
Rada y su esposa aseguran que varios militantes del MAS llegaban al departamento del edificio Saavedra a reclamar a Argote por la venta de avales.
“Unas cuatro o cinco personas venían seguido para reclamar porque les habían sacado 150 dólares ofreciendo avales políticos”. “Norka Morales le había pagado plata por un aval para conseguir un trabajo, pues estaba desocupada. También venía Juan Madueño, a quien también le había sacado 100 dólares por un aval”.
“Ella se hacía la burla de ellos. No tenía ningún tipo de escrúpulos pues, al parecer, estaba acostumbrada a colocar y retirar a una y otra persona”. “Yo también la estoy buscando porque me debe 110 dólares pues se fue sin pagar el alquiler. Creo que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas”.
El MAS habla de archivar el caso de los avales políticos
La marcha hacia la unidad de los países sudamericanos sumará una nueva reunión trascendental, cuando el 4 de junio mandatarios y representantes populares instalen la Primera Cumbre de Presidentes y Movimientos Sociales de la región.Los jefes de Estado de Bolivia y Venezuela, Evo Morales Ayma y Hugo Chávez, respectivamente, convocarán hoy oficialmente a esa Cumbre que se cumplirá en Cochabamba y que apuntalará el camino de la unidad regional, aseguró el vocero presidencial Álex Contreras.El anuncio efectuado por Contreras en el Palacio Quemado fue corroborado por el presidente Morales, quien, ayer en la ciudad deEl MAS habla de archivar el caso de los avales políticos rinidad, comentó que ese encuentro regional, que será confirmado este domingo, es “importante para la unidad latinoamericana”.
La Prensa 11 de marzo de 2007
Etiquetas: Encubriendo de Actos corruptos, MAS
Dirigentes del MAS usaban un bien incautado
Noticia publicada del 10 de marzo de 2007 en La Razon de La Paz
Benigno Vargas y Eleuterio Flores son dirigentes del MAS-Santa Cruz. Ambos viven en una casa incautada al narcotráfico. El director de Bienes Incautados, Denver Pedraza (foto), justificó la entrega del inmueble en la honestidad de Vargas.
En una casa incautada al narcotráfico ubicada en el segundo anillo de circunvalación, frente al monumento a la Madre India, en la ciudad de Santa Cruz, viven, en calidad de custodios, el vocero departamental del MAS, Benigno Vargas, y el jefe de la comisión orgánica departamental de ese partido, Eleuterio Flores, según denunció la señora Emma Rojas de Salguero, responsable de una casa-refugio para mujeres golpeadas.
De acuerdo a Rojas de Salguero, ella buscaba la asignación de un espacio físico donde trasladar momentáneamente a las víctimas de violencia.
En ese proceso, después de peregrinar desde el 7 de noviembre del 2006 al final le asignaron un inmueble en la localidad de El Torno, pero fue entonces que ella descubrió que primaban más los favores políticos que la verdadera necesidad. “Grande fue mi sorpresa al saber que ahí viven dos masistas”, dijo y añadió que otras instituciones de ayuda social también andan buscando un lugar donde operar.
Periodistas de El Nuevo Día visitaron ayer el inmueble y constataron la existencia de una señora y dos niños, y un depósito de vehículos incautados en estado de deterioro.
Una fotografía del presidente Evo Morales, jefe del MAS, adorna la oficina de la Dirección Departamental de Bienes Incautados (Dircabi), donde Denver Pedraza recibió a periodistas de El Nuevo Día y confirmó que el inmueble en cuestión fue dejado en calidad de custodia a Benigno Vargas, sin importar a qué partido pertenece.
“Me pareció una persona digna, un dirigente campesino honesto y por eso lo invité a que se haga cargo de la custodia de esa casa y los vehículos, y él aceptó. Tampoco primó algún interés o compadrerío político”, afirmó.
“Sin ningún interés hemos entregado en custodia muchas casas y lo vamos a seguir haciendo, a drogadictos, damnificados con las riadas, tampoco le vamos a preguntar si son masistas o no”, dijo el funcionario.
Benigno Vargas, quien primero se definió como dirigente campesino y luego admitió ser vocero del MAS, confirmó que desde el 11 de octubre del 2006 vive en esa casa incautada con un contrato severo con el Estado para custodiar los vehículos que se hallan en depósito.
No ve nada irregular ni delictivo en la entrega, pues le ofrecieron el inmueble y él aceptó con esa responsabilidad porque no tiene dónde vivir, no es alto dirigente del MAS y no percibe ningún salario.
Ocupa la casa solamente para dormir porque durante el día tiene reuniones con sus bases, pero nunca en ese inmueble, porque así lo estipula el contrato de custodia que él respeta al pie de la letra, según señala.
Poco después, ya que el dirigente del MAS Eleuterio Flores se fue a La Paz y —en Santa Cruz— su familia vivía en una zona alejada de la ciudad, para facilitar el traslado de sus hijos al colegio, Vargas aceptó darles cobijo en una pieza, por hacerle un favor.
Vargas indicó que se encarga del pago de la luz y el agua de la casa en cuestión, y que al irse a vivir tuvo que cancelar algunos meses atrasados. Durante su estadía en la casa no se ha perdido ni un perno, pues es un celoso guardián del inmueble y de los vehículos que se encuentran allí, sostuvo. Santa Cruz, El Nuevo Día
Ministerio Público • El fiscal de materia Rimel Choquehuanca puso bajo sospecha a algunos funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), informó la agencia gubernamental ABI.
Historial • El ex director de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, Wilge Vega, fue acusado por los delitos de malversación, peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. La Corte Superior de Justicia determinó disponer la libertad preventiva de Wilge Vega bajo medidas sustitutivas.
Ley antidroga • Los bienes confiscados al narcotráfico se destinarán, preferentemente, a programas de prevención, educación, salud y la creación de centros de rehabilitación independientemente de los fondos destinados a la construcción de penitenciarías señaladas por el artículo 71 de la Ley de la Coca y Sustancias Controladas.
Freddy Bersatti otra vez implicado, las Fuerzas Armadas sacan tajadas de los cascos Azules
Noticia publicada en La Razon el dia 8 de Marzo de 2007
El comandante del Ejército, general Freddy Bersatti, reconoció que su Fuerza se beneficia con 328 dólares, de 1.028 dólares asignados por la ONU para cada casco azul como “costos de tropa”. Sin embargo, ofreció mejorar de 15 a 20 dólares por mes la asignación a los contingentes en misiones de paz al Congo y Haití.
En función a los datos proporcionados por el jefe militar, y tomando como referente un contingente de 200 efectivos, se establece que el beneficio semestral de 328 dólares asciende a un total de 393.600 dólares. Este dinero financia las labores de “alistamiento y entrenamiento”.
Sin embargo, el general Bersatti explicó que, con la reducción (700 dólares) “me queda un saldo aproximadamente de un millón 100 mil o 140 mil dólares. Por ahí salió la prensa, 300 mil dólares, información que vienen para hacer show”, advirtió.
El monto de la asignación se encuentra respaldado por un estudio realizado antes del viaje de la misión a Haití. “El informe que recibí sustentaba que se siga pagando los 700 dólares a todo el personal del contingente”, reveló en un informe ante la Comisión de Defensa de los Diputados.
En este mismo escenario informó que todo el personal, sin ninguna distinción, recibe los 700 dólares, que se incrementan en función a las responsabilidades, grado y experiencias. El dinero para asumir esta responsabilidad proviene de un fondo especial que destina la ONU. “Esta discriminación viene de un fondo que nos envía la ONU en grueso y nosotros lo determinanos. Ese monto es adicional”, explicó el jefe militar.
Un informe solicitado por La Razón a la Organización de las Naciones Unidas establece que el organismo multinacional destina para cada soldado 1.028 dólares mes. Adicionalmente 68 dólares para ropa y equipo, y 5 dólares para armas personales y municiones de entrenamiento.
Paralelamente entrega al Gobierno y por cada soldado en misión 1,28 dólares día y de 10 a 50 dólares por siete días de vacación. El general Bersatti reconoció la veracidad de este informe y aseguró que los 63 dólares van a renovar y mantener equipamiento.
Sin embargo, expresó su disposición de mejorar la remuneración. “Si quieren que revisemos 700 dólares y aumentar a 715, 720 estirando, midiendo, lo podemos hacer, estamos dispuestos”, dijo.
Reiteró que los recursos de los reembolsos llega a una cuenta fiscal en bolivianos y es pagado en esta moneda al personal.
“El Ejército no realiza ningún tipo de retención. Se les paga de acuerdo a su contrato, estrictamente... Y el contrato tiene efecto de ley entre ambas partes, no hay otro documento que nos una con los miembros”, insistió.
El general Bersatti reveló que no es “potestad” del Ejército contratar personal civil, ni enviar mujeres a las misiones, pero explicó que se asumió esta responsabilidad en el marco de políticas de gobierno para “programas de empleo e igualdad de género”.
Como una muestra de los costos de cada misión, dijo que la misión de paz a Haití requirió de una inversión de 14 millones de bolivianos y aseguró que el Estado no erogó, ni eroga, recursos para cumplir con estas misiones de paz en el exterior.
El general Bersatti dijo que la participación boliviana en este tipo de misiones ayudará en el interés del Gobierno de pedir, en próximos años, ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU.
Alicia Muñoz cometio nepotismo en su ministerio
Noticia publicada en La RAzon el 8 de marzo de 2007
Presentamos a la Malicia Muñoz, de no haberse ido a Europa seguro seria cacera del Blog.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, admitió que su antecesora, Alicia Muñoz, contrató a su primo en tercer grado, José Luis Muñoz, y a su esposa neocelandesa Nicola Polglase para que trabajen como consultores en esta cartera de Estado durante el pasado año, pero negó que se trate de actos de nepotismo.
"Las denuncias (de parlamentarios de la oposición) tienen inexactitudes. Efectivamente se contrató a José Luis Muñoz, pero no es hermano de la ex ministra, sino que tiene parentesco en tercer grado. Estas denuncias están políticamente motivadas por algunos que quieren confundir", señaló Rada en conferencia de prensa. Asimismo, dijo que Polglase, esposa de Muñoz, también fue contratada por la ex ministra en el marco del Estatuto del Funcionario Público, que en ninguna parte señala que estas contrataciones están en el marco de la ley y que no hubo nepotismo. ANF
Nepotismo en Las Fuerzas ArmadasLa esposa de jefe del Ejército fue contratada por Cossmil
Noticia publicada por el periodico La Prensa el dia 8 de marzo de 2007
Rosa Ayda Zubieta, esposa del comandante del Ejército, general Freddy Bersatti, fue contratada por la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil) con un pago mensual de 2.336 bolivianos para prestar servicios de “asesoramiento, atención al cliente, coordinación, trabajo de campo y consultoría sobre bienestar y calidad comunitaria”.
La Prensa obtuvo los tres contratos de prestación de servicios firmados por los gerentes de Cossmil, el primer documento 148/2006 data del 4 de abril de 2006 y tenía una duración de tres meses, pero establecía que la transacción correría desde el 7 de enero de ese año, es decir que tenía un carácter retroactivo. El general Bersatti fue posesionado como jefe del Ejército el 24 de enero de 2006.
Un segundo documento, cuyo número es ilegible, está rubricado el 12 de abril de 2006 y tenía una duración de tres meses. El tercer contrato 545/2006 está fechado el 25 de octubre de 2006, por seis meses de consultoría.
Los documentos fueron firmados por el gerente de Salud de Cossmil, Adolfo Vera Colomo; el gerente de Finanzas, Jaime Flores Camacho; y el ex gerente general almirante Róger Loayza.
Sin embargo, cuando se consultó a la oficina de Recursos Humanos de Cossmil por Zubieta, los funcionarios explicaron que ella sólo podía ser ubicada en Acción Social, dirigido por las esposas de los jefes del Ejército.
Pero Zubieta casi no asiste a su despacho en Acción Social y es difícil ubicarla para conversar con ella, según versión de los funcionarios de esa oficina.
En el hospital Cossmil tampoco ven con frecuencia a Zubieta de Bersatti. Allí, el personal informó que la conocen como dama voluntaria por ser esposa del Comandante.
Al mediodía de ayer, el jefe de la Dirección de Comunicación Social del Ejército (Dicose), coronel Marco Franco, rechazó la vinculación laboral de Zubieta con Cossmil. “Totalmente mentira, yo lo desmiento, puede dar mi nombre, no hay problema, ella trabaja en el voluntariado, sin goce de haberes”.
Sin embargo, por la tarde, una fuente del Comando del Ejército explicó vía telefónica a La Prensa que Zubieta es médica de profesión, que es voluntaria en Acción Social con oficina en Cossmil, y que en las fechas de la firma de los contratos Bersatti no era Comandante del Ejército.
La fuente explicó: “Cossmil no es empresa del Ejército o sea que por el lado de, ¿cómo se llama cuando trabajan dos familiares en un mismo (lugar)? (nepotismo)... Cossmil es el seguro de todas las Fuerzas Armadas y la maneja el Ministerio de Defensa..., así que no hay (nepotismo) por ese lado. Hay gente que no nos deja trabajar, queremos dedicarnos en los desastres naturales al cien por cien”.
En el Ministerio de Defensa se informó de que ese despacho también recibió la denuncia.
La esposa del Comandante del Ejército es consultora del seguro social militar.
El contrato se hizo para “un médico salubrista” de Servicios Comunitarios.
Rosa Ayda Zubieta de Bersatti es médica de profesión, según datos del Ejército.
En Cossmil, los funcionarios no la conocen y se refieren a ella como dama voluntaria.
La Prensa tuvo acceso a los tres contratos firmados por los gerentes de Cossmil.
En fuentes cercanas al Comando del Ejército se rechazó que ella sea asalariada.
Pero se aclaró también que el seguro militar no depende del Comando del Ejército.
La corrupción en Bolivia ¿Cómo evitarla? Parte 1
Parte del trabajo realizado por: María J. Santos Pequeño (ongprogreso10[arroba]cotas.com.bo) y cuyo articulo se lo encuentra en su totalidad en Monografias.
Ámbito del estudio. Estatutos de ética profesional
Metodología del trabajo "Diagrama de Gantt"
Valoración del grupo de trabajo
El Código de ética para los profesionales que ejercen las ciencias exactas
La presente investigación, tiene por objeto analizar la corrupción en Bolivia, para lo cual hemos intentado desnudar las complejas redes de poder que se construyen en los ámbitos de poder o de servicios públicos para servirse de la "cosa pública" en beneficio propio.
La corrupción en Bolivia:
La corrupción en Bolivia, ha llegado a niveles muy altos y de esta manera ha pasado a formar parte inevitablemente de la vida cotidiana del ciudadano común, éste, se siente impotente ante el gigantesco deterioro moral y material, que día a día se le viene encima escuchando a cada momento la palabra corrupción.
Amanecemos y anochecemos con la corrupción, desayunamos y cenamos con la corrupción y finalmente todo es corrupción, porque además, denunciar la inmoralidad política es el pasatiempo favorito de los bolivianos.
Sin duda, son muchos los factores que contribuyen a reforzar los sentimientos incómodos que siente la población, pero en gran medida esto está relacionado con la idea errónea que tenemos los bolivianos de mezclar las funciones de las autoridades públicas con relaciones familiares, de amistad o de negocio.
Existe una cultura colectiva muy arraigada en el país por convertir a las instituciones del Estado en corporaciones rígidas, monolíticas y verticales de tipo feudal-militar, donde predomina un elevado espíritu de cuerpo, un alto grado de solidaridad y lealtades profundas que se repiten sistemáticamente en cualquier parte de la administración pública. Y aquél que se atreva a desnudar ante la opinión pública alcances y las dimensiones económicas que abarcan estas redes burocráticas, prácticamente no le espera son el linchamiento mediático y su consiguiente muerte civil.
Dentro de esta lógica, todos los gremios vinculados a las actividades del Estado, militares, iglesia, poder judicial, aduana, universidades, etc., tienen como premisa y obsesión principal, convetir sus pequeños espacios de decisión en poderes locales semiautónomos e independientes, una suerte de "getos" criollos que resultan totalmente inaccesibles para el resto de la comunidad y donde los mecanismos de control en la práctica resultan absolutamente inoperantes.
Es frecuente observar en el interior de cualquier institución estatal independiente de su estructura organizativa, la manera aberrante de procrear lazos de afinidad, ahondar el amiguismo al mejor estilo de las clases tribales, familiares o de grandes mafiosos.
Las instituciones públicas reproducen internamente un "espíritu cívico" fuerte que resulta impenetrable para el resto de la población, lo que naturalmente facilita y promueve sin límites la acción corrupta.
Existe una arraigada cultura basada en valores morales por convertir los espacios de la Administración pública en emporios privados, donde muchas veces la relación jefe-empleado, adquiere un sentido más bien pernicioso, si se trata de sonsacar bajo cualquier pretexto recursos del Estado.
Como muestra de lo expresado, ahí tenemos el patético caso, donde se defienden negocios particulares como si fueran éstos de interés nacional. Y la cultura del encubrimiento, precisamente tiene que ver con normas culturales de reciprocidad e intercambio de favores.
Existe un fuerte sentimiento de hermandad, proceso de construcción de lealtades mal entendidas porque el aparato estatal, con una mentalidad de "secta religiosa", donde automáticamente se inventan relaciones sociales muy comprometedoras y fuertemente enraizadas.
Por eso el desafío que tiene por delante el boliviano es precisamente, cambiar la predisposición y la actitud moral perversa que tienen los funcionarios y los gobernantes respecto del significado de la cosa pública.
Si no lo comprendemos, vamos hacia un desplome completo de la sociedad. Es indispensable romper con la cultura del compadrería barato, el nepotismo del servilismo y de la sumisión permanente ante los jerarcas del estado.
Tenemos que recuperar el concepto, insistiendo en que la preservación y revalorización del papel del individuo es fundamental para guiar el desarrollo y progreso de los pueblos.
Para encontrar una salida al totalitarismo de la corrupción y frenar tanta irracionalidad, es imperioso tomar y crear una conciencia nacional que sea capaz de tomar conciencia y dimensión de lo que significa ser un auténtico funcionario público, que debería estar al servicio del interés general.
La verdadera esencia de una ética colectiva reside en la armonización entre la satisfacción de los instintos que nos inducen a la conservación de nuestra propia existencia y los que no impele a la cooperación en la existencia de los demás.
La justicia, la libertad, el bienestar económico y la paz social no pueden pensarse como un privilegio exclusivo de un grupo minoritario; por el contrario alcance de estos nobles ideales tienen que congregar la participación de todos los sujetos que conforman el conjunto de las relaciones sociales.
Resulta imperioso hacer una autocrítica sana y constructiva para acabar con el protagonismo, individualismo exacerbado y un gremialismo mal entendido que persigue la maximalización de las ganancias para unos pocos a costa de las frustraciones, sufrimiento y postergación de millones de ciudadanos.
Es prioritario poner énfasis y exageración y a la desaprobación de los mismos, ya que son sentimientos groseros den detrimento de las mayorías.
Para combatir la corrupción, se requiere sentar sólidas bases para recibir educación y enseñanza en valores éticos y solidarios en pos del bien común y derechos y responsabilidades ciudadanas.
Es imperioso tomar conciencia serena de que la vida no se acaba en la búsqueda de la satisfacción de intereses particulares y de los amigos, es imperioso sentirse que uno forma parte de una globalidad social, como tal, las colusiones son factibles con la participación de toda la sociedad civil, con sinceridad y transparencia.
Es importante dar señales inequívocas a la población de madurez y conciencia para llevar a cabo con éxito esta misión que por ahora parece ciertamente imposible.
"Un errado mecanismo de selección de elites, indefectiblemente facilita el éxito de aquellos individuos que buscan sus favores privados por medio de un uso sin escrúpulos del poder político"
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 154
 resolución 
 resolución 
 artículo 71