Source: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/resolucion-historica-de-la-onu-insta-a-los-estados-a-controlar-y-regular-a-los-proveedores-privados-de-educacion/
Timestamp: 2017-10-23 16:58:41+00:00

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Resolución histórica de la ONU insta a los Estados a controlar y regular a los proveedores privados de educación | CONTRACORRIENTE
Fuente: GI-ESCR, Right to Education Project
Foto: Jess Hoffman/UN Photo
(Ginebra, 02 de julio 2015) Ocho organizaciones internacionales de la sociedad civil, celebraron hoy una histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instando a los Estados a regular y monitorear los proveedores privados de educación y reconociendo el potencial de “impacto en largo alcance de la comercialización de la educación en el disfrute del derecho a la educación”.
El Comité de Derechos Humanos es principal organismo político intergubernamental mundial encargado de los derechos humanos. En la resolución, adoptada mediante un consenso entre sus 47 miembros, el Comité ha, por primera vez, respondido al creciente fenómeno de la privatización y de la comercialización de la educación.
Este fenómeno, y particularmente la emergencia de cadenas en larga escala de escuelas privadas de “bajo costo” con fines de lucro, dirigidas a las familias vulnerables económicamente en los países en desarrollo, ha recibido mayor atención de las organizaciones de la sociedad civil y también de los organismos de expertos/as de la ONU en los últimos meses.
Camilla Croso, de la Campaña Mundial por la Educación, reaccionó: “el crecimiento rápido, no regulado, de los proveedores privados de educación ya está creando – y permitiendo – violaciones del derecho a la educación, que amenazan con borrar los últimos 50 años de progreso en el acceso a la educación. Esta resolución muestra que los Estados se han dado cuenta de que deben actuar ahora para regular dichos proveedores – antes de que sea tarde demás”.
Sylvain Aubry, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales explicó: “Nuestra investigación ha demostrado consistentemente que la privatización de la educación conduce a la segregación socio-económico y a la discriminación contra las niñas y niños más pobres en las escuelas, en violación de las obligaciones de los Estados, como se ha reconocido recientemente en el caso de Chile. La resolución adoptada hoy, destaca fundamentalmente la obligación de proporcionar oportunidades de educación para todos y todas, sin discriminación “.
La resolución demanda que los Estados “pongan en marcha un marco normativo” que establece normas y estándares mínimos para [los proveedores de educación privada] y “monitoren a los proveedores de educación privada”. Delphine Dorsi, del Right to Education Project, comentó: “Este es un recordatorio muy bienvenido de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, de regular a los proveedores privados de educación, en momentos en que un número creciente de proveedores de educación, en particular de las empresas multinacionales de educación, se aprovechan de la débil regulación en algunos países para obtener beneficios en detrimento de padres y madres de familia y de los derechos de la niñez”.
La resolución también pide a los Estados asegurar que “la educación sea consistente con las normas y principios de derechos humanos”. Angelo Gavrielatos, de Internacional de la Educación, explicó: “La evidencia es bastante clara. La creciente comercialización y privatización de la educación está socavando el derecho a una educación de calidad. A los gobiernos, no se puede permitir que deroguen su obligación de proveer educación pública de calidad para todas las niñas y niños. Como se reconoce en tratados de derechos humanos, la educación es un pilar fundamental para una vida digna y debe ser protegida como tal”.
Fundamentalmente, la resolución confirma que “la educación es un bien público”. Según Tanvir Muntasim, de ActionAid Internacional, “esta es la tercera vez en un año, tras el Acuerdo de Muscat de UNESCO, en mayo de 2014, y la Declaración de Incheon, em mayo de 2015, en que los Estados han descrito la educación como un bien público. Es una respuesta sorprendente a los actores que han estado intentando reducir la educación a una mercancía privada, en lugar de un derecho universal”.
El Comité de Derechos Humanos insiste en la resolución sobre la “importancia significativa de la inversión pública en educación, hasta el máximo de los recursos disponibles”. Para Katie Malouf Bous, de Oxfam Internacional, “demasiados gobiernos han negligenciado su deber de financiar adecuadamente la educación, conllevando a escuelas públicas debilitadas y al aumento de la privatización como su resultado inevitable. Inversiones reales y sustanciales para proveer educación pública de buena calidad deben ser el antídoto a la privatización”.
Por último, la resolución pide a los Estados “apoyar la investigación y las actividades de sensibilización para entender mejor el amplio impacto de la comercialización de la educación en el disfrute del derecho a la educación”. Ian Macpherson, de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en Educación, declaró: “Hemos estado trabajando con aliados en los últimos años para investigar las implicaciones en materia de justicia social del crecimiento de los actores privados en educación, y estamos dispuestos a colaborar con los Estados para implementar la presente resolución y aumentar y fortalecer la investigación y el diálogo sobre este tema crucial”.
“Ahora es el momento para que todas las personas interesadas se enganchen en la acción para que se implemente esta resolución”, concluyó Tony Baker, de Results Educational Fund. “Esto se refiere especialmente a los Estados, pero también dice respecto a las instituciones internacionales y a los donantes, como el Banco Mundial, que han estado invirtiendo en escuelas privadas con fines de lucro y cobros de cuotas en los últimos años. Estas inversiones tienen que alinearse con los esfuerzos mundiales y nacionales para lograr la educación gratuita universal para todas las personas, para fomentar el poder de la educación para romper el ciclo de la pobreza. Los actores del desarrollo, además de los gobiernos, deben actuar de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Descarga la resolución del Consejo de Derechos Humanos: http://bit.ly/1IQEGAj
Acceda a un resumen de las observaciones finales recientes de los organismos de derechos humanos de la ONU sobre la privatización de la educación: http://bit.ly/1QPZmlz
Conoce al último informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU sobre la comercialización de la educación: http://bit.ly/1CsI569
Esta entrada fue publicada en Coyuntura el 8 de julio de 2015 por Tatiana.
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