Source: http://espanito.com/cuota-litis.html
Timestamp: 2019-12-06 16:09:30+00:00

Document:
1,. Introducción
La Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 26 de septiembre de 2002 impuso una multa sancionadora de 180.000 € al Consejo General de la Abogacía considerando que habría adoptado una decisión colectiva de las prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia que impediría que los precios de los servicios de los Abogados se fije libremente por negociación entre Abogado y cliente. El Tribunal estimó que había una actitud deliberada que ha guiado el comportamiento ilícito del Consejo y que la el infracción era muy importante. La importancia radicaría en que la medida adoptada tendría "el carácter de barrera de entrada... para los abogados jóvenes, hoy muy numerosos los que están en paro (sic)”.
La medida merecedora de la sanción consistió en la aprobación de una norma contenida en el Código Deontológico de la Abogacía Española aprobada por el pleno del Consejo el 30 de junio de 2000 cuyo texto es del siguiente tenor :
“1.- Se prohibe, en todo caso, la cuota litis en sentido estricto, que no está comprendida en el concepto de honorarios profesionales.
4.- La retribución de los servicios profesionales también pueden consistir en la percepción de una cantidad fija, periódica, o por horas, siempre que su importe constituya adecuada, justa y digna compensación a los servicios prestados.”
La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia adoptada por mayoría de sus miembros de y en la que destaca el voto particular de la vocal Doña María Jesús Muriel Alonso contiene entre las declaraciones que le sirven de fundamento que la prohibición de la cuota litis en sentido estricto constituye una limitación a la libertad de fijación de honorarios a y que tal limitación " es particularmente dañina para la competencia de este sector, en el contexto español actual, caracterizado por un nivel elevado de paro entre los abogados jóvenes, porque perjudica particularmente la entrada en el mercado de abundantes abogados que empiezan su carrera profesional y que, por ello, podrían estar más dispuestos, en general, que los abogados de solvencia acreditada, a cobrar unos honorarios profesionales que no cubrieran sus costes se cuando no ganasen los casos a ellos confiados”
El Tribunal es un órgano administrativo y no jurisdiccional, a pesar de su nombre.
El Consejo recurrió en vía contencioso administrativa la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y el recurso fue acogido en Sentencia de 27 de junio de 2005 de la Audiencia Nacional anulando la sanción porque, a pesar de que el Tribunal de Defensa de la Competencia tiene potestades sobre los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios y Consejos con trascendencia económica en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1997 que modificó la Ley de Colegios Profesionales y así ha desarrollado su particular criterio sobre la influencia que el ejercicio tradicional de la profesión de Abogado ejerce sobre el mercado1. Este criterio provocó que el Gobierno modificase la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales mediante el Real Decreto Ley 5/1996, la Ley 7/1997 y otra vez mediante Real Decreto Ley 6/2000. Estas modificaciones alteraron profundamente normas generalmente admitidas a la fecha sobre fijación de honorarios mínimos, colegiación territorial, prohibición de la publicidad, venia, etc
El Tribunal ya anunció en su día cuál era su criterio respecto de la cuota litis. 2
La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional por la misma razón que se contiene en el voto particular, quizá no con toda la contundencia necesaria pero con suficiente claridad: a la fecha de entrada del expediente en el Tribunal, 2 de noviembre de 2001, hacía ya varios meses que se había promulgado el Real Decreto 658/2001 de 22 de junio que aprueba el Estatuto General de la Abogacía. Su artículo 44. 3 dispone:.
“Se prohibe en todo caso la cuota litis en sentido estricto, entendiéndose por tal el acuerdo entre el Abogado y su cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a pagarle únicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por ese asunto.”
Como puede apreciarse de la simple lectura de ambas disposiciones - artículo 16 del Código Deontología y 44.3 del Estatuto su sentir y efecto, si bien no su tenor literal, es el mismo: la proscripción de la cuota litis en sentido estricto. Y la aprobación del Estatuto ha venido – cualquiera que sea nuestro sentir respecto de la oportunidad de la norma – a cohonestar la medida adoptada un año antes por el Consejo General.
El Estatuto General de la Abogacía es una norma emanada del Estado que tiene la decisión última sobre la propuesta por los Colegios Profesionales y los Consejos por lo que, a Juicio de la Sala no está sometida a las normas que impide a las empresas actuar en contra de lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia aplicando el criterio de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto 19 de febrero de 2002 en el asunto C-309/99 3
El 3 de marzo de 2003, la Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimó un recurso contencioso - administrativo interpuesto por varios abogados del colegio de Elche cuya pretensión principal era declarar nulo de pleno derecho del Real Decreto 658/2001 que aprobó el Estatuto General de la Abogacía y subsidiariamente – entre otros - el artículo 44,3. Reconoce la sentencia que si bien el precepto impugnado fue introducido en el procedimiento de elaboración del Reglamento después de que el anteproyecto hubiera sido sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial, de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Estado y de la Secretaría General Técnica, había que considerar que el Estatuto no era una disposición general fundada directamente en la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, sino la “manifestación de una potestad normativa reconocida por la Ley a las Corporaciones colegiales” y, que éstas son las encargadas de elaborar las normas que se incorporarán al ordenamiento jurídico mediante el acto de su promulgación por Real Decreto. Por ello, los omitidos informes, centrados fundamentalmente en criterios de legalidad, servirán al ejecutivo para tomar o no su decisión homologadora, “pero no tienen la esencialidad en la formación de la norma que ofrecen en el caso de disposiciones generales preparada por la propia administración...” Esta razón mueve al Tribunal a considerar que el defecto apuntado no es determinante de nulidad.
El Tribunal Supremo declara que la norma impugnada si bien tiene trascendencia económica no se opone a la Ley de Defensa de la Competencia " siendo de notar en este punto que es cuando menos dudoso que el pacto prohibido impida percibir más emolumentos según la suerte del proceso para el cliente, puesto que el artículo 44,3 del Estatuto no prohíbe en términos absolutos que éstos sean proporcionales al obtenido por el cliente del proceso, sino simplemente que la retribución en estos términos sea la única". La sentencia estima que en todo caso constituiría la norma antes referida una excepción al artículo Primero de la Ley y que merecería la calificación de “conductas autorizadas por la ley” que se prevén en su artículo Segundo y añade "si la Ley de Colegios Profesionales autoriza a éstos a reglamentar las respectivas profesiones "velando por la ética y por el respeto debido a los derechos de los particulares", la eventual colisión de intereses entre la libre competencia que por mandato legal ha de presidir la fijación de las remuneraciones de los abogados y las potestades reglamentarias que la ley otorga a las Corporaciones colegiales, han de resolverse atendiendo a determinar si efectivamente la delimitación del supuesto normativo concreto que se reglamenta encuentra justificación legal que permita integrarlo, desde el punto de vista de la competencia, en la noción de conducta autorizada por Ley, habida cuenta que ésta comprende también las descritas en " las disposiciones reglamentarias que se dicten en aplicación de una Ley". La profesión de Abogado, sigue diciendo el Tribunal, “es un supuesto del contrato de arrendamiento de servicios, con las modulaciones especiales derivadas de que esta figura contractual se desarrolla en el delicadísima ámbito de auxiliar o cooperador esencial de la administración de justicia " ya descrita en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de febrero de 1994. Está idea excluye la de "convertir al abogado en titular de un contrato de obra o de empresa, y en el que su papel de prestador de un servicio esencial y para el correcto funcionamiento del poder judicial del Estado lo convierta en exclusivo financiador del riesgo que siempre implica la decisión de iniciar un proceso, pudiendo llegar así a comprometer implícitamente su independencia de criterio al asesorar al cliente, al hacer pasar a primer plano no el riego de éste sino el asumido personalmente por él."4
En la actualidad, la Sentencia de la Audiencia Nacional pende de recurso ante el Tribunal Supremo.
2.- Concepto de cuota litis.
Antes que el código Deontológico de 1987 definiese la cuota litis como ... “aquel acuerdo entre un Abogado y su cliente, formalizado con anterioridad a terminar el asunto, en virtud del cual el cliente se compromete a pagar al Abogado un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por el asunto”, la doctrina había esbozado en diversas oportunidades los elementos fundamentales del concepto. Manresa, Castán y más modernamente Díez Picazo y La Cruz. Hoy nadie discute que para que exista cuota litis es necesario la concurrencia de las siguiente circunstancias
1.- que exista un concierto entre Abogado y cliente.
2.- que el encargo que se haga al Abogado como consecuencia de ese concierto pueda tener un cauce procesal, actual o futuro;
3.- que el pacto sea previo a la conclusión del asunto, es decir que la actuación del Abogado sea posterior a la fecha del encargo y
4.- que el encargo que se ha hecho al Abogado tenga un contenido económico.
Cumplidas estas circunstancias, el pacto consiste en fijar una remuneración a las actividades del Abogado no en una cantidad fija pagadera cualquiera que sea la suerte que corra el encargo sino un importe proporcional al resultado próspero del mismo. Y por eso, si nada obtiene el cliente nada obtiene su Abogado. Quien corre con lo gastos puede ser libremente pactado, sin que por ello se altere la naturaleza de la cuota litis.
El Diccionario de la Real Academia define el pacto de cuota litis como " el reprobado en Derecho, que celebra el Abogado con su cliente convirtiendo los honorarios en la parte de la ganancia obtenida en el litigio."
El nuevo Código Deontológico ha distinguido – como ya se ha visto, por primera vez entre nosotros - entre pacto de cuota litis en sentido estricto y demás pactos de cuota litis. Y así se conceptúa el sentido estricto en función a que la remuneración consista únicamente en el porcentaje pactado. No hay cuota litis – según el Código - si además de la remuneración en función del resultado se establece una cantidad que cubra como mínimo el coste de la prestación del servicio jurídico. Se matiza además que el dicha cantidad debía ser real y efectiva para que " no pueda inducir razonablemente a estimar que se trata de una mera simulación. " A partir de 2000, pues, existe la cuota litis en sentido estricto y el pacto de honorarios alternativos según el resultado del asunto. Algo así sucedía ya en el Reino Unido donde se distingue entre los « contingency fees » y los « conditional fees ». mientras los primeros, aquellos honorarios cuya percepción es incierta y que dependen del acontecimiento futuro de obtenerse para el cliente un resultado favorable de sus pretensiones, están prohibidos (Paragraph 14.03 – Contingency fees de The Guide to the professional conduct of Solicitors – Sexta Edición ) los segundos, « conditional fees » honorarios .que se adeudan en todo caso pero que pueden ser alterados su en su cuantía generalmente al alza y de manera sustancial en función del éxito, están permitidos, al menos desde 1995 (Conditional fee Agreement Regulations of 1995 y 2000) y a pesar de la Sentencia de la Cámara de los Lores en el asunto Callery versus Gray que hecho reaccionar enérgicamente a la Law Society. Se habla ahora del « 100% success fee »
Esta distinción es también la situación vigente en Francia. El pacto de cuota estaba prohibido en esa Nación hasta la ley de 31 de diciembre de 1990. Numerosa jurisprudencia había estimado contrario a la ética profesional la convención. Se había declarado, sin embargo, que el pacto no era contrario al orden público internacional y que por eso podía darse cabida en los tribunales franceses a un acuerdo de cuota litis convenido en el extranjero. La Ley de 10 de julio de 1991 admitió la cuota litis y declaró lícita la convención que fija un honorario en función del resultado obtenido o del servicio prestado imponiendo sí que los honorarios se fijasen siempre en función del servicio. El pacto de cuota litis es permitido pero solamente como complemento de la remuneración. La situación es similar a la vigente en nuestro país, antes de la resolución del Tribunal.
Al proscribirse la cuota litis en sentido estricto con diversas modalidades según se ha visto en el derecho español, británico y francés nos enfrentamos con el antes llamado « pacto de palmario ». El pacto de palmario - terminología hoy totalmente en desuso y es el acuerdo por el que concede un premio al abogado en caso de vencer en juicio - a diferencia del pacto de cuota litis, no ha sido objeto de prohibición a lo largo de la historia.
3.- Antecedentes históricos.-
Vale la pena detenerse aunque sea brevemente en el desarrollo histórico de los aspectos económicos de la profesión de Abogado porque el rechazo que sufre el pacto de cuota litis hoy es parangonable al rechazo que durante siglos experimentó la idea de pagar a los Abogados por sus servicios. En efecto, sabido es que en el origen remoto de la Abogacía se encuentra su gratuidad y su correlativo deber honorífico y benéfico de los patricios romanos cuyo oficio de abogar no tenía más compensación que la consideración social que frecuentemente les encumbraba a los cargos públicos. Más de quinientos años tuvieron que transcurrir para que de la liberalidad absoluta e impuesta de los comienzos de la profesión se llegase a consagrar y perfilar el derecho del Abogado a una retribución. Durante ese período surgió el término que hasta hoy perdura de " honorarios " para definir la contraprestación que recibe el Abogado. Sabido es que en los comienzos inicios los honorarios no eran sino una recompensa que se daba al Abogado como un deber de cortesía y una manifestación de aprecio. El pagar honorarios era una obligación moral o social pero nunca jurídica La evolución paulatina determinó en los primeros años de la era cristiana se reconociese recién el derecho de los Abogados a cobrar – después de más de doscientos años en que el cobrar estuvo expresamente prohibido – reconocimiento obtenido como consecuencia del proceso seguido contra Suilio con quien todos los que ejercemos tenemos una deuda de gratitud porque fue el primero - que se recuerde - que alegó algo que hoy nos parece básico: que toda profesión debe permitir vivir de ella a quien la ejerce.
Hoy nadie discute el derecho a cobrar honorarios, es doctrina pacífica el que constituyen el precio del contrato de arrendamiento de servicios que liga al Abogado y a su cliente.
Mientras el derecho a cobrar evolucionaba había surgido en Roma también la cuota litis que nunca fue admitida en derecho. Se llegó a sancionar con expulsión de los recientemente creados Colegios en la época Justinianea al abogado que pactase esa forma de retribución.
El Fuero Juzgo y el Fuero Viejo de Castilla y especialmente las Partidas persiguieron tenazmente la cuota litis pasando la prohibición a la Nueva Recopilación y de ésta, a la Novísima. Sin embargo, a partir del siglo XIX desaparece la prohibición legal transformándose en una prohibición deontológica y estatutaria.
Porque a pesar de que lo que sostiene Manresa el pacto de cuota litis tiene difícil encaje en el artículo 1459 del Código Civil que impide a los Abogados y Procuradores adquirir por compra aunque sea en pública subasta o judicial por si o por persona alguna interpuesta los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio. García Goyena estimó que el pacto de cuota litis estaba incluido dentro de esta prohibición porque " es la venta o cesión de una parte de la cosa o derecho que es objeto de litigio ". Pero no puede aceptarse que el pacto sea ni una compraventa ni una cesión a cambio de precio. No es precio la contraprestación del Abogado. Así lo declaró la primera y casi única Sentencia del Tribunal Supremo que abordó la naturaleza de la cuota litis: la muy célebre de 12 de noviembre de 1917. A pesar de ello, Manresa sostiene que “la efectividad del pacto de cuota litis implica necesariamente una cesión ..... (y) con sólo el número 5º del artículo 1459 podría pedirse con éxito la nulidad de ese pacto tradicionalmente considerado como ilícito.”
El Código Deontológico del CCBE Consejo de Colegios de la Unión Europea dispone en su artículo 32 que el Abogado no puede fijar sus honorarios en función de un pacto de cuota lítis agregando que el pacto de cuota litis es “una convención entre el Abogado y su cliente, suscrito antes de la conclusión definitiva de un litigio en que está interesado el cliente, en virtud de la cual dicho cliente se obliga a entregar al abogado una parte del resultado del proceso consistente en una suma de dinero o en cualquier otro bien”.
Es sabido que en Estados Unidos de América y en buena parte de los países de ese continente se permite expresamente los honorarios fijados sobre la base del resultado, donde se percibe un porcentaje de que se obtiene, en caso de éxito y nada en caso deque sea el fracaso el que corone la reclamación.
El Código de Deontología Jurídica, redactado por la Comisión española de Pax Romana dispone en su artículo 163 “La cuota litis será inmoral si no guarda relación con el trabajo prestado o supone aumento indebido sobre lo que se cobre ordinariamente; y gravemente ilícita si se trata de aprovecharse del estado de necesidad del cliente. Por lo general es pacto poco elegante para el decoro profesional.”
En España, el anterior Estatuto General de la Abogacía, Real Decreto 2090/82 se limitaba a expresar con contundencia " queda expresamente prohibido el pacto de cuota litis” y el artículo 7.11 del Código Deontológico de 1995 - hoy ya derogado- prohibía "... la percepción de honorarios por pacto de cuota litis”.
Y, por su parte, el Artículo 53 del Código de la Abogacía Catalana – hoy sin efecto -permite el pacto de cuota litis.
4.- Bien jurídico protegido.-
Antes de la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia se discutía cuál era el bien jurídico protegido por la prohibición de la cuota litis.. Dos eran las principales tendencias.
Tradicionalmente se ha sostenido que siendo la independencia uno de los principios esenciales que rigen la Abogacía (el Artículo 1º del Estatuto la define como " profesión libre e independiente " el pacto de cuota litis atenta contra la deseada independencia. No es independiente el abogado que en lugar de arrendar sus servicios se asocia con su cliente ya que al adquirir intereses en el pleito vulnera el artículo 2º 2 del Código Deontologico al no preservarla frente a intereses propios o ajenos. Se entendería por los que sostienen este criterio que la independencia del Abogado se ve amagada por su propio interés. Es difícil sostener en el mundo de hoy en el que los despachos de Abogados son verdaderas empresas, que la remuneración del Abogado establecida como un porcentaje del asunto y no como una cantidad fija es trascendental para la independencia. Sólo podría haber verdadera independencia si el abogado no cobrase por su trabajo como en los primeros tiempos. La fijación de honorarios forma de cuota litis puede producir el efecto contrario: al no ser remunerado directamente por el cliente, el Abogado es más independiente de éste y puede defender el asunto según mejor crea.
Es verdad que si no hay precio por los servicios prestados sino simplemente aportación a un fin común, la relación Abogado - cliente más que un arrendamiento de servicios se asemeja a una sociedad que persigue un fin común y donde puede existir un conflicto de intereses entre el Abogado - Abogado y el Abogado – socio. Pero ese conflicto de intereses se resuelve como dice Paz-Ares en el interés común.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Sentencia de 19 de febrero de 2002 estableció que "los abogados deben garantizar que todas las iniciativas que adopten en un expediente respondan al interés exclusivo del cliente." Y en otra Sentencia excluyó la aplicación del derecho de la competencia a los valores esenciales de la profesión de Abogado entre los que se encuentra la independencia. El Consejo General de la Abogacía Española ha expresado recientemente en un comunicado " no puede aceptarse que el abogado sea parte o perciba como propios los intereses del cliente, debiendo quedar preservada la independencia y libertad del abogado para una adecuada prestación del consejo y la defensa ".
Y el preámbulo del Código Deontológico aprobado por el pleno del Consejo de 27 de noviembre de 2002 expresa " se actualiza el concepto de cuota litis que nunca fue considerado por la Abogacía incluido en el de honorarios. La cuota litis, en cuanto a asociación y participación con el cliente en el resultado del pleito, pone en peligro independencia y la libertad del Abogado que dejar de ser defensor para convertirse en socio de su cliente en pos de un resultado material, lo que, además de adulterar la función de la defensa, provoca el desamparo o discriminación de los ciudadanos que han de reivindicar derechos de escasa entidad patrimonial o cuya tutela resulta dificultosa ."
Pero no se ve por qué necesariamente ha de ir contra la independencia del Abogado la fijación de un honorario en razón del resultado del asunto. Después de todo, la cuantía de los honorarios se fija en función de la mayor o menor importancia de la cuantía de las materias en litigio.
También se ha dicho que la prohibición del pacto de cuota litis descansa en la necesaria preservación de la dignidad de la profesión. El antiguo Código Deontológico de 1995 así lo expresaba: “Es contrario a la dignidad de la profesión y está prohibida la percepción de honorarios por pacto de cuota litis.”
Hoy el nuevo Código no recoge expresamente la dignidad como uno de los principios que rigen inspiran la profesión de Abogado si bien se le menciona en el preámbulo en varias oportunidades e impregna numerosas disposiciones en él contenidas.
Sería contraria a la dignidad de la profesión el que no se cobre por los servicios prestados sino en razón de su resultado. En efecto, condicionando al resultado el valor de los servicios, se desprecia el trabajo. El trabajo no vale en sí sino vale en función del éxito y en tal caso vale mucho. Lo importante no serían los medios sino el fin.
Tal posición no es sostenible a mi entender. En efecto, habríamos pasado de la prohibición de cobrar – como contraria a la dignidad del Abogado – (Lex Cincia de bonis et muneribus de 204 a J.C.) a la prohibición de no cobrar también en nombre de la dignidad Es verdad que los conceptos de digno e indigno son relativos y mudables pero no tanto. Y aceptar esto sería darle la razón al Tribunal de Defensa de la Competencia; sería aceptar que hay honorarios mínimos obligatorios y no sólo orientadores.
Es que tampoco es cierto que no se valoran los esfuerzos en la situación de fracaso. Lo que sucede es que el Abogado corre un riesgo: apuesta su esfuerzo para obtener un resultado. Si gana, ve multiplicado su trabajo; si pierde, no se ve recompensado. No cobra pero no porque su trabajo no valga sino porque lo apostó y perdió. Lo mismo sucede con cualquier otro empresario que arriesga su actividad al incierto del éxito en su industria.
Por lo demás, el Abogado no es un defensor público: vive de sus clientes, en el mejor sentido de expresión, puede convenir con ellos los pactos que estime convenientes, las cantidades que considere adecuadas para la remuneración de sus servicios sea en razón del tiempo, de la importancia del asunto, de su complejidad o de cualquier otro factor,
También es innegable que la libertad del pacto de cuota litis permite, por una parte, el acceso a la justicia de personas que no tienen capacidad económica suficiente para financia el pleito y por otra contribuye a acopiar más trabajo para la siempre necesitada Abogacía.
5.- Validez de la cuota litis desde el punto de vista civil
El Tribunal Supremo ha declarado en Sentencia de 13 de mayo de 2004
“Ciertamente el pacto de quota litis está prohibido en el artículo 56.1 del Estatuto General de la Abogacía de 24 de julio de 1982 vigente en la fecha en que se produjeron los hechos que son objeto de controversia, prohibición que se mantiene en el actual Estatuto de 22 de junio de 2001, si bien con cierta matización al hacerse exclusiva mención de la quota litis en sentido estricto. Al mismo tiempo nadie ignora que este sistema de retribución de los servicios del Abogado viene siendo comúnmente admitido en el ámbito de las relaciones entre determinadas entidades (especialmente la financieras) y sus Letrados externos, es decir, aquellos que no se hallan integrados en los servicios de Asesoría Jurídica de que las mismas disponen, como fórmula que permite una economía para estos concretos clientes y que, a la vez, es interesante para los mencionados profesionales pues les aseguran un número considerable de asuntos que en general son de fácil tramitación y favorable pronóstico, al referirse a la reclamación de créditos para cuya concesión se han exigido específicas garantías reales o personales.
En cuanto a la prohibición de los pactos de cuota litis, ha de decirse que la misma no aparece en texto legal alguno, siendo establecida únicamente en el citado precepto del Estatuto de la Abogacía, texto que luego no menciona expresamente a la quota litis entre las faltas muy graves, graves o leves que se enumeran en su artículo 112 y siguientes.
En los casos en que las Juntas de Gobierno entendiesen que se había cometido una infracción de la mencionada prohibición dispondrían por tanto de cobertura para imponer alguna de las sanciones del artículo 116 del Estatuto, si bien parece fuera de duda que el hecho tendría una trascendencia exclusivamente limitada al ámbito corporativo, circunstancia que impide entender que en el caso que nos ocupa los litigantes hubiesen llegado a establecer una cláusula o condición contraria a las Leyes, a la moral o al orden público. De ahí, que haya de ser rechazada la imputación de que la sentencia de apelación ha infringido los artículos 1255 y 1275 del Código Civil.
Por otra parte, la posibilidad de imposición de sanciones disciplinarias para el pacto a cuya existencia pretende acogerse el recurrente, sanciones que por cierto habrían de recaer exclusivamente sobre el propio Sr. Alfredo, revela que el ordenamiento corporativo establece un efecto de la contravención distinto de la nulidad de dicha convención, lo que sería un argumento más para excluir la aplicación del artículo 6-3º del Código Civil, cuya infracción también se imputa a la sentencia recurrida.
“.... la prohibición del pacto de quota litis se establece para proteger a los clientes del Letrado que lo ha celebrado, o en su caso, a los demás Abogados que podrían verse perjudicados por un acto de competencia desleal.
De esta evidente e indiscutible finalidad de la prohibición a que nos referimos se desprende que la sanción que el Colegio de Abogados correspondiente considerase procedente imponen –en el improbado supuesto de que el Convenio del Sr. Alfredo con la Caja demandante hubiese sido denunciado ante dicha Corporación– habría de recaer única y exclusivamente sobre el recurrente.”
La prohibición de la cuota litis en sentido estricto debe verse en la desnaturalización de la esencia misma de la función del Abogado que, si bien es un empresario – profesional que pone diversos factores – bienes, trabajo, materiales - en marcha para obtener un resultado: la prestación de un servicio jurídico por el cual se pueda cobrar una remuneración que supere el costo de los diversos factores aportados, el Abogado no es sólo eso. La Abogacía es una profesión que presta un servicio a la sociedad en interés público (Artículo 1º 1 del Estatuto) y es un auxiliar de la Administración de Justicia. Dentro de esa categoría lo sitúa la Ley Orgánica del Poder Judicial que en el Libro V regula el “Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia y de los que la auxilian.”, consagrando todo un Título, el II a los Abogados y Procuradores. La labor del Abogado en nuestro entorno no es la puramente mercantilista porque presta un servicio público y su misión está – a diferencia de cualquier otra – prevista en la Constitución Española al menos en dos artículos diferentes.. Por eso, el Artículo 30 del Estatuto General de la Abogacía dispone dentro del capítulo de Derechos y Deberes de los Abogados de carácter general “ El deber fundamental del Abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella asesorando, conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la Abogacía se halla vinculada.” Así pues, la actividad del Abogado aparece no como la de un empresario ordinario sino como la de una institución.
El pacto de cuota litis debe ser regulado porque está abocado a tener carta de naturaleza y a ser moneda corriente. Se ha dado un paso importante al permitírsele aunque sea de forma restrictiva y resulta paradójico l que un avance normativo como el que se contiene en el Código Deontológico resulte merecedor de tan grave sanción como la impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Nada tiene que ver, a mi entender, el derecho de la competencia ni los Abogados en paro, jóvenes o no. El problema es otro, de madurez, de mentalidad y de normativa. No puede ni debe pasarse de la prohibición absoluta a la total permisividad. Nuestra profesión se vería robustecida con un pacto de cuota litis regulado y orientado por los Colegios profesionales. Martínez Val – maestro de deontólogos – presentó una ponencia, hoy integrada en el Código Iberoamericano de la UIBA que admite – cierto es que como excepción – el pacto siempre de se reúnan las siguientes condiciones: que se justifique el ofrecimiento espontáneo del cliente o la dificultad del caso, la previsible larga duración del proceso, una diligencia inusual o absorbente, desplazamientos y gastos de personal; que sea redactado en doble ejemplar, precisando las mutuas obligaciones de Abogado y cliente; que el profesional no pueda percibir más de una tercera parte del resultado líquido del juicio, salvo que tomase a su cargo los gastos inherentes a la defensa del cliente y las costas causídicas y las favorables al adversario, en cuyo caso podrá participar hasta el 50% de ese resultado; que si el asunto se perdiese el abogado nada cobrará, salvo que se hubiese previsto para tal caso una compensación razonable para gastos; y que la participación se entienda por la totalidad del trabajo profesional en todas las instancias y hasta la definitiva conclusión del litigio. Si éste se solucionarse antes de cumplirse con toda la prevista, el cliente tendrá derecho a una reducción proporcional. El Abogado tiene derecho a renunciar al patrocinio en cuyo caso quedará sin efecto el contrato y el Abogado sólo podrá pedir regulación de honorarios; la revocación del encargo y no deja sin efecto el pacto pero el Abogado puede pedir la regulación judicial o colegial del mismo. Sabias normas.
De momento, el Artículo 16 del Código Deontológico sigue en suspenso pero no lo está el Estatuto General de la Abogacía.
Martínez Val, José María – Abogacía y Abogados, Bosch, Casa Editorial, 1990
Vázquez Guerrero, Francisco Daniel – Etica, Deontología y Abogados, Ediciones Internacionales Universitarias, 1996
Fernández Farreres, Germán – Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia, Civitas, 2002
Del Rosal, Rafael – Normas Deontológicas de la Abogacía Española, Civitas, 2002
Martín, Raymond – Deontologie de l’avocat – Librairie de la Cour de Cassation, 1997
The Guide to the professional conduct of Solicitors – Sexta Edición, The Law Society, 1997
Martos Calabrús, María Angustias, El pacto de quota litis, Actualidad Civil 1999
1 Puede consultarse y es bueno que así se haga el " Informe sobre el ejercicio de las profesiones - Propuesta para adecuar la normativa sobre las profesiones colegiadas al régimen de libre competencia vigente en España” de Junio de 1992. Ese informe que comenzaba con la cita de Jovellanos sobre la inutilidad de los gremios (y por eso de los Colegios Profesionales) mucho dio que hablar en su tiempo.
2 El citado Informe, que tanta importancia ha tenido en el desarrollo posterior de los Colegios no se refirió a la cuota litis salvo en un capítulo intitulado “El desuso de la Ley” y en los siguientes términos: “.El desfase entre la legislación económica aplicable a las profesiones y los Colegios y la que se aplica al resto de la economía, ha sido superado, en el caso de muchos Colegios, por el simple procedimiento de no cumplir la normativa de 1974...... Por ejemplo, el pacto de cuota litis está teóricamente prohibido, pero en la abogacía laboral - en la que existe la competencia de los Graduados Sociales- es práctica normal, ante la que los Colegios hacen la vista gorda.” Esta apreciación del Tribunal no era absoluta ya que “ Sin embargo, hay todavía unos cuantos Colegios que siguen utilizando los privilegios que la legislación de 1974 les concede en cuanto a las restricciones de la competencia que hemos descrito. Por eso, si se quiere adaptar el modo de operar de las profesiones al modo de operar del resto de las actividades económicas del país, se hace necesario cambiar la legislación.”
3 1) Un reglamento sobre la colaboración entre abogados y otras profesiones liberales como el Samenwerkingsverordening 1993 (Reglamento de 1993 sobre la colaboración), adoptado por un organismo como el Nederlandse Orde van Advocaten (Colegio de Abogados de los Países Bajos), debe considerarse una decisión adoptada por una asociación de empresas a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1).
2) Una normativa nacional como el Samenwerkingsverordening 1993, adoptada por un organismo como el Nederlandse Orde van Advocaten, no infringe el artículo 85, apartado 1, del Tratado, dado que dicho organismo pudo considerar razonablemente que tal normativa, a pesar de los efectos restrictivos de la competencia que le son inherentes, era necesaria para el buen ejercicio de la abogacía tal y como está organizada en el Estado miembro de que se trata.
3) Un organismo como el Nederlandse Orde van Advocaten no constituye ni una empresa ni una asociación de empresas a efectos del artículo 86 del Tratado CE (actualmente artículo 82 CE).
4) Los artículos 52 y 59 del Tratado CE (actualmente artículos 43 CE y 49 CE, tras su modificación) no se oponen a una normativa nacional como el Samenwerkingsverordening 1993, que prohíbe toda colaboración integrada entre abogados y auditores, dado que se pudo considerar razonablemente que era necesaria para el buen ejercicio de la abogacía tal y como está organizada en el país de que se trata.
4 La sentencia contiene un interesante voto particular del Ilmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate en el que, si bien se postula el acogimiento del recurso se proclama que el Estatuto General no es una norma corporativa que se incorpora al ordenamiento jurídico mediante su promulgación por Real Decreto sino por el contrario un reglamento o disposición de carácter general que en definitiva desarrolla o ejecuta lo establecido en el artículo 36 de la Constitución y en la Ley de Colegios Profesionales y que en esas concretas materias constituye un auténtico reglamento ejecutivo. Partiendo de esa base debería estimarse nulo el Real Decreto y nulo su artículo 43,3. Además porque " a pesar de las proclamas contenidas en los Códigos Deontológico.... (la cuota litis como) modo de retribuir los servicios profesionales de los abogados que es comúnmente admitido... no sólo no afecta a su independencia, sino que favorece la efectividad del derecho a la tutela judicial y garantiza la libre competencia" A juicio del Magistrado disidente "la cuota litis es la única forma de que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales de justicia pequeñas cantidades que le son debidas por terceros o que les han sido detraídas por vía de impuestos o de cualquier otra forma recaudatoria por las administraciones públicas... " y “ La independencia del abogado en su ejercicio profesional está garantizada por el ordenamiento jurídico, mientras que el argumento de que el pacto de cuota litis supone una asociación del abogado con su cliente con menoscabo de su independencia encubre una afirmación inexacta ya que el precepto contenido en el artículo 44,3 del Estatuto General de la Abogacía no impide que el abogado se asocia con su cliente sino que por el contrario prohíbe exclusivamente que esa asociación se haga de modo que el cliente sólo se comprometa a pagarle un porcentaje del resultado del asunto, pero lo tolera si se obliga a pagarle una cantidad mínima. “ El propio precepto impugnado admite el pacto de cuota litis, si bien no autoriza las últimas consecuencias de tal pacto, con lo que en definitiva incurre en la exigencia, cuestionada por los demandantes, de establecer unos honorarios mínimos, lo con constituye una práctica contraria a lo dispuesto en la artículo 1.1 a) de la Ley de Defensa de la Competencia y ello perjudica a los abogados que se inician en el ejercicio la profesión y tienen que abrirse paso en un mercado saturado de despachos profesionales sólidamente establecidos, a los que no interesa un pacto que no cubre los costos profesionales cuando no ganen los asuntos a ellos confiados, realidad que, por notoria, no merece insistir en ella.” El voto disidente se refiere la libertad de pactos establecida en el artículo 1255 del código civil que permitiría configurar la relación entre el Abogado y su cliente como contrato de obra en lugar de contrato de arrendamiento de servicios.

References: Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 44
 resolución 
 artículo 1459
 artículo 1459
 artículo 32
 artículo 163
 Real Decreto 
 artículo 7
 Artículo 53
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 112
 artículo 116
 artículo 6
 Artículo 30
 Artículo 16
 artículo 85
 artículo 81
 artículo 85
 artículo 86
 artículo 82
 Real Decreto 
 artículo 36
 Real Decreto 
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 1255