Source: https://www.scribd.com/document/200169389/El-Riesgo-Constitucional
Timestamp: 2019-01-16 08:35:05+00:00

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Luis Javier Moreno Ortiz+ Doctorando en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda Profesor e investigador Universitario, Colombia
Resumen Analizar el papel de la Constitución Política en tanto factor de riesgo para los negocios, a partir de una investigación que se ocupe de su relevancia como norma interpretativa y como parámetro hermenéutico vinculante, es la sujeta materia de este documento. El análisis propuesto busca ponderar los principios de supremacía de la Constitución y de la autonomía de la voluntad, en el marco de la noción de orden público, y abordar la hermenéutica de las cláusulas contractuales a partir de la propia Constitución, de la intención de las partes y del principio de la buena fe.++ Palabras clave Supremacía de la Constitución - Autonomía de la voluntad Riesgos contractuales - Interpretación de los contratos - Validez de los contratos.
*	Abogado y Licenciado en Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.
Este artículo de reflexión presenta resultados de la investigación hecha por el autor en desarrollo del proyecto Observatorio de derecho público. Se inscribe en las tareas del grupo de investigación Crear de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá D.C.
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Abstract To analyze the role of the Constitution as a risk factor for businesses, from research to care for their relevance as an interpretative and hermeneutic binding as a parameter, is the subject matter hereof. The proposed analysis seeks to balance the principles of supremacy of the Constitution and the autonomy of the will, under the notion of public policy, and addressing the hermeneutics of contractual clauses from the Constitution, the intent of the parties and the principle of good faith. Keywords Supremacy of the Constitution - Freedom of contract - Contractual risks - Contract interpretation - Validity of contracts. Sumario I. Introducción II.	El riesgo constitucional en los negocios III.	La supremacía de la Constitución y el valor normativo de los contratos IV. El efecto de las decisiones constitucionales V.	La interpretación de los contratos VI. Conclusiones
Así lo revela. ||| 103 . una parte muy importante corresponde al derecho y a los derechos. todos los tratados de protección y promoción de inversiones firmados por la República de Colombia. como el de Diz (2006) se enmarcan dentro de los estudios de las matemáticas y se centran en el riesgo actuarial y en el riesgo financiero. Dentro de estos riesgos. China (Ley 1462 de 2011). a modo de ejemplo. Por eso. los parámetros para resolver el posible conflicto y los mecanismos idóneos para hacerlo. los contadores y los aseguradores. que concitan la mayor atención. Perú (Ley 1342 de 2009).CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO I. Suiza (Ley 1198 de 2008). el discurso suele centrarse en los beneficios o utilidades. Otros estudios como el de Latorre (1992) abordan el riesgo en el mercado de seguros. No obstante. y en desdeñar el riesgo. y España (Ley 437 de 1998). Un hombre de negocios razonable debe tomar en cuenta los riesgos de su inversión o de su actividad. INTRODUCCIÓN Hay dos factores relevantes en el mundo de los negocios: el beneficio y el riesgo. Un análisis juicioso de los negocios implica prever. India (Ley 1449 de 2011). valorar y cuantificar las circunstancias que inciden o que pueden incidir en ambos factores. Algunos estudios sobre la teoría del riesgo. lo consignado en los tratados celebrados con Reino Unido (Ley 1464 de 2011). que es tan inevitable en los negocios como lo es en la vida. en especial el de expropiación. prevén en sus secciones los riesgos. La relación entre estos factores es directamente proporcional: a mayor beneficio mayor riesgo. El riesgo parece ser importante sólo para los matemáticos. tanto en su contenido e interpretación como en su aplicación en la práctica.
por ende. así: la creciente constitucionalización del derecho de los negocios reduce cada día más el ámbito de la autonomía de la voluntad privada. C-037 de 1996. C-836 de 2001. C-037 de 2000. hay otros factores tan o más importantes a considerar. en las Sentencias C-634 y C-539 de 2011. a partir de una investigación que explore su existencia como norma imperativa y su presencia como parámetro hermenéutico vinculante. En el primer asunto. La Constitución Política representa para los negocios un triple riesgo: como norma imperativa. C-131 y C-113 de 1993. uno de los más importantes es el riesgo constitucional. Entre los factores de riesgo jurídico para los negocios y. que es hoy en día una de las más dinámicas y relevantes fuentes del derecho. Lo que se dice de la Constitución debe decirse también de la jurisprudencia constitucional. El doble análisis precedente parece conducir a dos resultados. T-292 de 2006. C-335 de 2008. plasmada en las cláusulas. para los contratos. C-083 de 1995. que pueden enunciarse a modo de hipótesis. Sobre la base del riesgo en los negocios es posible construir teorías en torno a la necesidad de los seguros y hasta una teoría de la justicia como la de John Rawls (1997). al punto de que en la actualidad el derecho privado 104 ||| . Sobre estas cuestiones merece la pena revisar el estudio de María Angélica Rodríguez Barrios y Juana Paola Rodríguez Vargas (2001). El presente documento pretende analizar a la Constitución Política en tanto factor de riesgo para los negocios. entre otras. Aunque se quiera creer que en un contrato lo único relevante es la intención de las partes. el análisis se centrará en el principio de supremacía de la Constitución y en su incidencia respecto del principio de la autonomía de la voluntad. En el segundo asunto. Así lo deja en claro la Corte Constitucional. en el marco de la noción de orden público. el análisis procurará abordar la interpretación de los contratos conforme a la Constitución y su incidencia respecto del criterio de seguir la intención de las partes y la buena fe. como parámetro hermenéutico vinculante y como fuente invalidante para los contratos.Otro tanto ocurre con los tratados de libre comercio.
los económicos. sistematizar y teorizar. de introducir una cláusula relativa al riesgo constitucional. de la mano de la doctrina. es menester acudir a fuentes doctrinales y jurisprudenciales. se precise su contenido y se fije su alcance de manera unívoca.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO puede considerarse como un sobreviviente. y la omnipresencia de la Constitución en los negocios hace necesario considerar en todos los contratos la posibilidad. que es tan o más importante que otros riesgos. en especial respecto de la fuerza vinculante de los contratos. construido sobre la base de la jurisprudencia constitucional. los de seguridad o los fiscales. II. cada vez más recomendable. como los actuariales. De la gran masa jurisprudencial forjada por la Corte Constitucional a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991. se ocupe de establecer en términos teóricos y en términos prácticos la incidencia de la Constitución Política y de la jurisprudencia constitucional en los negocios. puede plantearse como problema de investigación en los siguientes términos: ¿Cuál es la incidencia actual de la Constitución Política y de la jurisprudencia constitucional en la República de Colombia. dando preferencia a las sentencias tipo c y su sobre las sentencias tipo t. sobre una descripción sucinta de los principios constitucionales y contractuales en liza. ||| 105 . o que incidan en ellos. respecto de la fuerza vinculante de los contratos. en su interpretación y en su validez? Para estudiar este problema es necesario emplear un método analítico que. Sobre esta base epistemológica. Para hacer la descripción antedicha. a partir del cual se pueda organizar. algunos casos relevantes que involucren contratos entre particulares. un discurso razonable y ponderado. es necesario esbozar un breve estudio de casos. se seleccionará a modo de ejemplo. El RIESGO CONSTITUCIONAL EN LOS NEGOCIOS El tema del riesgo de constitucional en los negocios. de su interpretación y de su validez. en las cuales se aluda a dichos principios.
al igual que cualquier acto o norma jurídica. Sobre esa base. Sección 7 del Digesto (§ 6. por sustracción 106 ||| . valga decir. plebiscitos. y que no sean en fraude de los mismos>>. y la corrección del acuerdo. a saber: <<Ait praetor: “pacta conventa. (§ 6. que sólo es aplicable a falta de estipulación de las partes. mediante el ardid del fraude. 2009). En el discurso tradicional sobre el principio de la autonomía de la voluntad. que se puede atribuir con alto grado de probabilidad a los glosadores. como procura demostrar en otro lugar (Moreno. neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt. enseguida puntualizo lo siguiente: La autonomía de la voluntad tiene. que éste no se emplee para contradecir o desconocer indirectamente las normas imperativas o de orden público. p. es decir. se interpretan y se validan o invalidan sin ninguna interferencia externa a las partes. quae neque dolo malo. que la expresión del consentimiento esté libre de dolo malo. la no contradicción o desconocimiento directo de las normas imperativas o de orden público. Esto quizá se deba a una incorrecta comprensión de la división tradicional entre derecho privado y derecho público. 76). están regidos por normas imperativas. pues. se quiere ver en la ley una fuente supletiva de derecho.	LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y EL VALOR NORMATIVO DE LOS CONTRATOS Es un error común el asumir que los contratos se hacen. senadoconsultos. si las partes acuerdan de manera amplia y sistemática las reglas conforme a las cuales ha de regirse su relación. 76).III. sin infringir las leyes. o sea de malicia y falacia. la licitud del acuerdo. que deben cumplirse a pesar de la voluntad de las partes. Título 14. La realidad es que los contratos. neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principum. en el cual pongo de presente lo dicho en el Libro Segundo. lo que equivale a decir: <<Dice el pretor: “Mantendré los pactos convenidos que se hayan hecho sin dolo. tres grandes condiciones: la rectitud del acuerdo. decretos o edictos de los emperadores. p. De este modo. o para dañar a una persona. e incluso contra tal voluntad. servabo”>>. o sea. de clara estirpe moderna.
se centran en prohibir ciertas conductas. Si bien las partes. tanto para las partes como para todas las personas y autoridades. y las buenas costumbres. se amplía con la aparición de la Constitución Política como norma jurídica. El Código Civil parece confirmar esta apreciación. El imperio de la Constitución Política. que se impone a todas las voluntades individuales. pues no existe ninguna norma constitucional que sea supletiva de la voluntad de las partes. valga decir. la Constitución Política reemplaza y desplaza en la mayoría de los casos a la ley. genera dos importantes consecuencias: la crisis de la ley y la constitucionalización de los negocios. Respecto de la Constitución Política no se puede predicar el discurso moderno sobre la ley. ||| 107 . El propio código civil reconoce que el principio de la autonomía de la voluntad tiene como límites la ley. que se predica de la ley imperativa o de orden público. España (1255) y Perú (artículo 1354). como las relativas a los objetos y las causas ilícitas en los contratos. que también se predica del legislador. en el ámbito de los negocios. Este fenómeno. Por el contrario. del gobierno y de los jueces. La mayor parte de leyes imperativas. entendida como manifestación imperativa. de norma heterónoma dictada por el ente que ejerce el poder político.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO de materia la ley se torna en innecesaria. y por tanto de la ley. Uruguay (artículo 1291) y Venezuela (artículo 1159). Chile (artículo 1545). en ejercicio de su autonomía. todas las normas constitucionales son imperativas. al establecer en el artículo 1602 que el contrato es ley para las partes. La visión decimonónica de culto a la ley. Algo parecido se encuentra en los Códigos Civiles de Argentina (artículo 1137). esta competencia o facultad no es ilimitada. Al ser una verdadera norma jurídica de aplicación inmediata. conocido como constitucionalización del derecho. pueden darse a sí mismas la ley. Este reconocimiento es aún más explícito en los Códigos Civiles de Bolivia (artículo 454). El carácter imperativo de la ley deviene de su condición de norma de orden público. cuyo papel de mediador deja de ser necesario.
y que los distinguen de la visión plana de otrora. (ii) son textos que contienen tanto reglas como principios. también claudican a la postre ante la variedad de la vida. La vida en su rica variedad escapa a la red de las cláusulas. pero desdeñados. 108 ||| . al punto que ningún contrato puede celebrarse contraviniendo sus preceptos.los actos administrativos y las providencias judiciales. si bien son la ley para las partes. da lugar el principio de la supremacía de la Constitución. cuyo alcance exige un esfuerzo interpretativo y de ponderación. como el riesgo constitucional. como lo revela con prolijidad la jurisprudencia de todos los jueces en materia de acción de tutela. Los contratos en tanto norma jurídica. El más previsor de los contratos no alcanza a cubrir todas las contingencias que pueden presentarse. no son la ley suprema para las partes. Las constituciones contemporáneas pese a contener múltiples previsiones. e incluso por encima de la propia ley. Entre estas características conviene considerar tres. Aunque no suela hablarse del control de constitucionalidad de los contratos. de los cuales no pueden prescindir. Ante esta limitación. pues hay riesgos latentes y desconocidos. a saber: (i) se trata de textos abiertos. en un mundo tan complejo como el actual. que requieren ser conformados. esta es una consecuencia inevitable del principio de supremacía de la Constitución. (iii) son textos que están articulados de manera necesaria con otros referentes relevantes. Con el propósito de brindar un contexto al análisis. aparecen insuficientes ante lo variopinto de la realidad en la cual vivimos. pues sus más de 380 artículos y sus más de 30 reformas. e incluso otros latentes y conocidos. merece la pena destacar que tanto los contratos como la propia Constitución Política comparten características epistemológicas y sistemáticas que los singularizan. ordinarias o probables. el derecho responde con dos herramientas metodológicas: la integración de sistemas y el reconocimiento de lo innominado. Nuestra constitución es un buen ejemplo de ello. sino apenas las más comunes. está la Constitución Política. Por encima de los contratos.
resulta insuficiente. Morales (2010) y Moreno (2011). Por ello. Ferreira (2011). a partir de la propia constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. en el caso colombiano el artículo 93 pone de presente de manera explícita la necesidad de integrar un bloque de constitucionalidad. cada vez es más frecuente ver en los contratos cláusulas que aluden a otras fuentes. como lo ponen de presente Botero (2006). como lo dejan en claro los trabajos de Arango (2004). quizá la parte más grata y feraz del derecho comercial la ofrece la cantera inagotable de los contratos innominados. que no requieren de interpretación. Otro tanto puede decirse de lo que se omita en el contrato. Por la vía de los principios la hermenéutica jurídica decimonónica. cuya fuerza irradiadora supera en mucho a las reglas. Esta alusión implica. para lo cual es necesario acudir a la ley supletiva. Huertas (2011). El contrato y la constitución han dejado de estar integrados sólo por reglas. En cuanto al reconocimiento de lo innominado. La constitución también reconoce el fenómeno de lo innominado. La constitución no escapa a esta tendencia. Los principios siempre deben interpretarse. En ambos es cada vez más frecuente reconocer principios. sino que es necesario conformarlo con el concurso de otros referentes. pues esa es la vía por la cual se manifiesta la creatividad humana y la capacidad del derecho para estar en sintonía con la realidad de los negocios. Los principios plantean exigencias interpretativas que distan mucho de la suposición de que hay preceptos claros. pero no el todo. al hablar en su artículo 94 de los derechos fundamentales innominados. que en el caso colombiano está contenida en la Ley 153 de 1887.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO En cuanto a la integración de sistemas. Fajardo (2007). la necesidad de integrar un sistema normativo en el cual el contrato es tan sólo una de las partes. se sostiene que el contrato no se hace de manera definitiva al momento de negociar. ni siquiera al momento de firmarlo. pero para ello no ||| 109 . Rubio (1993) y Uprimny (2001). como a los principios de unidroit o a lo que ha dado en llamarse lex mercatoria. en la práctica.
En materia de contratos. y los demás tribunales de derechos humanos existentes en Europa. 110 ||| . Holmes (1964 y 1996). El fenómeno de la globalización se puede predicar tanto de los negocios como del derecho. Estrada (2000). que conduce a revisar normas extranjeras y decisiones de tribunales extranjeros. y la propia Comisión Interamericana con sede en Washington. 2005 y 2006). Schmitt (1996) y Zagrebelsky (2002. 1997 y 2004). Dworkin (1997). Fix y Vásquez (2004). Respecto de los principios constitucionales y su ponderación. en el devenir de nuestro propio derecho. como el de la ponderación. 2005 y 2008). los tratados de derechos humanos y los tratados de integración regional son cada vez más importantes. Recasens (1980). Nanclares (2001). Austin (1998). los tratados de protección y promoción de inversiones y los tratados de libre comercio están llamados a fijar pautas que no se pueden ignorar. Asia y África. unido a la existencia de diversos tribunales internacionales que las aplican. Lopera (2006). a la argumentación. Este método de interpretación da cabida a la retórica y. por tanto.es útil lo previsto en la hermenéutica tradicional. sino que es necesario considerar otros métodos. de manera directa. son también relevantes. García (1984). como la Corte Interamericana con sede en San José. Bernal (2003. A lo dicho debe agregarse el papel protagónico del método del derecho comparado. generan también importantes referentes. Barak (2006). López (2004 y 2006). son valiosos los aportes de Alexy (1993. Ferrajoli (2006). Kauffman (1999). Moreso (1997). Atienza (1993). de tal suerte que hoy en día existen prolijos discursos tanto sobre los principios contractuales como sobre los principios constitucionales. los tribunales arbitrales nacionales e internacionales y su doctrina. En materia constitucional. son hoy en día referentes jurídicos imprescindibles. Manero (1996). Guastini (2007). los tribunales internacionales de derechos humanos. El número creciente de normas internacionales relevantes en materia de contratos y en materia constitucional. Arango (1999. 2004 y 2005). Heck (1961). Bickel (1962).
Antes de discernir las diversas modalidades de decisiones constitucionales. de manera automática. Esta jurisprudencia incide en el plano normativo. pues la Corte Constitucional y el Consejo de Estado comparten las competencias propias de un tribunal constitucional. La pluralidad de los órganos y de las funciones. también se puede predicar de las instituciones. correspondiéndole a la primera el control de las reformas constitucionales y de las leyes en sentido material y formal. pues está integrada por todos los jueces y tribunales de la República. de objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad. que es tan abundante como extensa y prolija. En primera reflexión es la de que la jurisdicción constitucional no es en realidad una jurisdicción especializada. o por vía de excepción de inconstitucionalidad. si se busca con paciencia. que conforman la jurisprudencia constitucional. de una acción de tutela. y esta es la segunda reflexión. es menester hacer algunas breves reflexiones sobre la jurisdicción constitucional en Colombia. una pluralidad de providencias judiciales. que es apenas ||| 111 . y en la cual. sino la más general de las jurisdicciones. es necesario agregar la complejidad de la jurisprudencia constitucional colombiana. y esta es la tercer reflexión. con varios tipos y modalidades. de una acción pública de nulidad. en materia de control de constitucionalidad de normas jurídicas. en el interpretativo y en el de los derechos fundamentales. Esta pluralidad orgánica tiene su contrapartida en una pluralidad funcional. que van desde autos hasta sentencias. Si se decide centrar el estudio en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. de funciones y de instituciones genera. La pluralidad de órganos. es posible encontrar casi cualquier cosa.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO IV. pues el control constitucional puede generarse merced al ejercicio de una acción pública de constitucionalidad. y al segundo el de los actos administrativos de carácter general y particular. de manera previa. EL EFECTO DE LAS DECISIONES CONSTITUCIONALES A la complejidad de la Constitución Política.
en esa medida. que la jurisprudencia suele calificar como mínimos argumentativos. es célebre el debate sobre los efectos de la decisión en el tiempo. es posible que la Corte Constitucional deba hacer una interpretación constitucional en sus consideraciones para llegar a esta clase de decisión. Una primera aproximación a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. que algunos califican como retroactiva. pues eliminan del ordenamiento jurídico la norma demandada. Las sentencias tipo c no se pueden reducir a la dualidad estricta que es propia de la aplicación de las reglas. suelen tener importantes modalidades. y suelen darse en procesos generados por el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad o por objeciones gubernamentales. hay serias dificultades para emprender una clasificación de las providencias que ésta dicta. valga decir. pero se 112 ||| . o su aplicación hacia el futuro. el de las inhibitorias. sobre su aplicación hacia el pasado. Ante esta reducción se levanta una tercera alternativa: la de las sentencias inhibitorias. Cada una de estas clases tiene. para asumir o se declara una norma exequible o se la declara inexequible. de unificación o tipo su y de tutela o tipo t. en tanto la Corte no se pronuncia sobre su validez. Si bien la decisión deja la norma demandada intacta. mientras se cumple el plazo para que el Congreso dicte una nueva ley. En el caso más sencillo en apariencia. También se conocen casos de modulaciones sobre el contenido. revela que las hay de tres clases: de constitucionalidad o tipo c. aunque quizá la más representativa. que se producen cuando no se satisfacen unas exigencias mínimas. Ninguna de las tres categorías anteriores es simple. varias subclases. ser una pauta vinculante al momento de interpretar los contratos. en los cuales se declara una expresión normativa inexequible. la interpretación puede constituir doctrina constitucional y. que parecen ser las más categóricas. Las sentencias de inexequibilidad. En cuanto a las modulaciones temporales.una pequeña parte de la tarea de la jurisdicción constitucional. a su vez.
entre los cuales se pueden destacar los de Martínez (2000) y Olano (2004). Entre las primeras se encuentran las interpretativas. quien fue Magistrado de la Corte Constitucional. tres nuevas. a partir de la necesidad práctica que se deriva de la experiencia colombiana. que tiene también un efecto vinculante. integraciones. lo cual pone de presente una circunstancia muy importante: en ocasiones no es la norma la que tiene problemas de constitucionalidad. como es el caso de la Sentencia C-113 de 1993. Las sentencias de exequibilidad son las más complejas en materia de modalidades. etc. a las que ya se aludió. como ocurre en las Sentencias C-109 de 1995 y C-690 de 1996 y las sustitutivas. adiciones. La modulación surge de la pluralidad de posibilidades interpretativas de las normas constitucionales y de la posibilidad de juzgar la constitucionalidad de tales interpretaciones. En el estudio de Olano agrega a las dos especies anteriores. conforme al criterio de lo afectado por la modulación. Entre las segundas aparecen las de efecto retroactivo y las que corresponden a fórmulas de constitucionalidad temporal o inconstitucionalidad diferida. Esta es la razón de ser de la modulación interpretativa. dentro de la especie de modulaciones que afectan el contenido.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO establecen condiciones para interpretar el resto de la norma de la que hace parte. se argumenta sobre la modulación de las sentencias. como la interpretación de la norma demandada y de la propia Constitución. sino una o varias interpretaciones posibles de ella. que reemplazan el vacío causado por la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma legal. las aditivas o integradoras. que agregan contenido a la norma legal. En cuanto a las especies conocidas. En el estudio de Martínez. Martínez presenta dos especies de sentencias modulativas. que es la que se modula en la mayoría de los casos. a las que califica ||| 113 . En cuanto a la clasificación. No es extraño que sobre la sentencia constitucional y sus modulaciones existan copiosos trabajos. que puede ser el contenido de la sentencia o su efecto temporal. Estas modulaciones afectan tanto la decisión misma. pues bajo ellas caben interpretaciones.
las sentencias confirmadoras de principio y la jurisprudencia pop. por su objeto estas sentencias están llamadas a ser las más importantes de las que 114 ||| . a las conocidas sentencias interpretativas o condicionales. dentro de las modulaciones específicas de la Corte Constitucional aparecen las sentencias de unificación de jurisprudencia y sobre el mínimo vital. En cuanto a las tres nuevas especies que propone Olano. Si bien su número es escaso. e incluso de la propia Corte Constitucional. con la posibilidad de establecer un período de transición. las modulaciones del derecho de los jueces. aditivas o integradoras y sustitutivas. Dentro de la especie de modulaciones relativas al efecto temporal. las sentencias con efectos en el ámbito personal. otros modelos sin modulación y las modulaciones específicas de la Corte Constitucional. las sentencias hito. Las sentencias tipo su. a las que añade las sentencias con efecto pro futuro.como manipulativas. mantiene las sentencias retroactivas y las sentencias diferidas. las sentencias atípicas y las sentencias sobre omisiones legislativas. que sería el caso de la mayoría de las decisiones. dentro de los otros modelos sin modulación están las sentencias de control concreto de constitucionalidad. que de cumplirse sin que se haya hecho lo exhortado. agrega las sentencias apelativas o exhortativas o coactivas. en las cuales la Corte exhorta al legislador para tomar una decisión en un plazo determinado. las sentencias de inconstitucionalidad por omisión. las sentencias declarativas de inconstitucionalidad. a las que se refiere Olano en su última categoría. permite a la Corte aplicar directamente la Constitución. cuya vigencia empieza a partir de su comunicación o notificación. caso en el cual se estaría muy cerca de las sentencias diferidas. a las que califica como prospectivas. su contenido es el siguiente: dentro de las modulaciones del derecho de los jueces se encuentran las sentencias fundadoras de línea. se suelen dictar en casos de acciones de tutela en los cuales se toca un tema de especial importancia constitucional. respecto del cual existen posturas contrarias al interior de la jurisdicción constitucional.
Vista la tipología de las sentencias de la Corte Constitucional. su efecto es siempre vinculante. sobre el amparo de derechos fundamentales. mientras que el efecto inter comunis se predica. conviene precisar. Las sentencias de unificación. que exige un igual trato en situaciones semejantes. El efecto inter partes se predica. son relevantes para la interpretación que de ambas normas deben hacer las autoridades y los particulares. en la medida en que una u otra tarea involucren derechos fundamentales de alguna persona. así sea brevemente. es innegable que constituyen un elemento relevante al momento de interpretar y de aplicar los contratos. se suele pensar que su efecto es inter partes. aunque es ||| 115 . casi siempre por medio de sus salas de revisión de tutelas. del decisum de la sentencia. los efectos que tienen tales sentencias. sea de la Constitución o sea de la ley. merced a las sentencias manipulativas. se puede decir de lo mismo de ambos efectos.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO dicta la Corte. son relevantes como fuente directa de derecho y. acerca de si estas sentencias pueden ser consideradas como fuentes del derecho. por la vía del derecho a la igualdad. en tanto generan un precedente jurisprudencial vinculante. en principio. con el propósito de unificar la jurisprudencia. Tanto el decisum de la sentencia como su ratio decidendi tienen efectos erga omnes. incluso dentro de la misma Corte. que en el fondo son sentencias tipo t con especial cualificación. siendo su objeto el de unificar la jurisprudencia. Aunque persiste la controversia. de su ratio decidendi. estas sentencias también tienen un efecto es en realidad inter comunis. también en principio. Lo primero se comprende al aceptar que la Corte cumple el rol de un legislador positivo y. Lo segundo se comprende al aceptar que la ratio decidendi de la sentencia constituye un precedente vinculante. En el caso de las sentencias su. en tanto unifican una interpretación normativa. No obstante. Cuando se trata de sentencias t. En las sentencias tipo t la Corte se pronuncia. Su impacto e incidencia en los negocios es tan o más alto que el de la ley. también el de un legislador positivo. Cuando se trata de sentencias tipo c.
por comparación o por aplicación práctica. aplicación exclusiva a la materia contratada. interpretación conforme a la naturaleza del contrato. la buena fe. La clara consecuencia de esta sobreposición es la de que. pese al lastre decimonónico que arrastra el Código Civil y. están algunos principios. previstos en su mayoría para reglas. LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS El asumir que las partes son las que. reconocido en el artículo 1603 del Código. Entre los criterios hermenéuticos que recoge el código. se sobreponen al principio de la autonomía de la voluntad. es la puerta legal por la cual se cuela en éstos obligaciones que no aparecen expresamente en las cláusulas. los códigos civiles hispanoamericanos. se dan su propia ley. Este principio. interpretación sistemática. en esta medida. corresponde al nivel más alto del riesgo constitucional. conduce a asumir que la intención de las partes y la buena fe son los criterios hermenéuticos relevantes para interpretar dicha ley. V. son referentes normativos vinculantes para los contratos y. Las sentencias que tienen efecto erga omnes equivalen a leyes imperativas o de orden público y.evidente que su ratio decidendi tiene un indiscutible efecto inter comunis. desconocerlos. para los negocios. Por fortuna. no para principios. al disponer lo relativo a la interpretación de los contratos. interpretación no sobre los casos previstos e interpretación a favor del deudor. 116 ||| . Así lo reconocen los artículos 1618 a 1624 del Código Civil de Colombia. en general. en el lugar más destacado. entre ellos. pero que deben cumplirse por ser de la naturaleza del contrato o por estar en la ley. al lado de las reglas y de su hermética hermenéutica. en razón del principio de supremacía de la Constitución y del principio de supremacía de la ley. En esta medida. si bien aparece vinculado a la ejecución de los contratos. efecto útil de las cláusulas. están los de prevalencia de la intención de las partes. en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad. en general.
lo que conduciría a lo dicho atrás. en caso de entrar en conflicto. por ende. pues en tal evento se requiere ponderar dichos principios y. un argumento razonable planteado sobre los principios contractuales. En este contexto. De esto se sigue una consecuencia de primer orden: los contratos no se pueden interpretar conforme a la intención de las partes. No obstante. es forzoso construir un discurso. si esta interpretación va en contra de la interpretación que las autoridades competentes hagan de la Constitución o de la ley. En este sentido la interpretación constitucional se sobrepone ||| 117 . para hacer negocios. en tanto normas jurídicas.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO El principio de buena fe exige considerar como un referente obligatorio. a la ley. son susceptibles de ser interpretadas. por ende. tiene en sí misma la capacidad de sobreponerse a los referentes hermenéuticos constitucionales. puede y debe imponerse a una regla clara e inequívoca. se debe reiterar que si el contrato contiene principios en sus cláusulas. para ejecutar los contratos y. Antes de examinar esta cuestión. como ya se vio. de lo que se trata ahora es de averiguar se la intención de las partes. cabe preguntar si las interpretaciones correspondientes gozan o no de la misma jerarquía. para que no sea menester acudir a otros criterios hermenéuticos. La existencia misma de los principios da un especial papel al juez o al árbitro encargado de conocer y de resolver el conflicto. La supremacía de la Constitución apunta. Por esta puerta se cuela la Constitución y la jurisprudencia constitucional en tanto norma jurídica. Dado que tanto la Constitución como la ley y los contratos. en razón del principio de la supremacía de la Constitución. o si los incorpora por remisión directa o indirecta. valga decir. pues de su ponderación depende la comprensión cabal del contrato y la decisión del litigio. hacer una argumentación razonable. a la que para fines de la reflexión se va a asumir clara e inequívoca. La respuesta no puede ser sino afirmativa. a la existencia de una jerarquía de normas. los criterios de interpretación previstos en el Código Civil son insuficientes. en la cual los contratos se encuentran en una categoría inferior a ésta y a la ley.
revocando la decisión del juez de instancia. esta acción de tutela fue seleccionada por la Corte para su revisión y. Los antecedentes del caso. la comisión dictó una resolución A en la que se abstiene de decidir la controversia. solicitó la intervención de la comisión. se solicitó a la comisión revocar la resolución A y continuar la actuación. como se hace en los párrafos anteriores. arguyendo que la sentencia tenía efectos inter partes. quizá más moderado que el de desconocer la Constitución y la jurisprudencia constitucional. en tanto norma. con base en misma sentencia. también se solicitó a la comisión que resolviera la controversia. pero en todo caso relevante para los contratos y los negocios. en una sentencia tipo t: la T-486 de 2005. un contrato de acceso. esta acción de tutela no fue seleccionada por la Corte para su revisión. la cual fue a la postre concedida. Para ilustrar lo dicho sobre interpretación. la empresa X. de manera paralela en otro contrato semejante. se sintetizan en seguida. la empresa Y presentó acción de tutela contra la comisión. más que acudir a eruditos estudios. la empresa X presentó acción de tutela contra la comisión. con base en esta decisión se solicitó a la comisión revocar la resolución B y reanudar la actuación. la comisión negó esta solicitud. la comisión así lo hizo. para cumplir el fallo. En esta sentencia la Corte. 118 ||| . la cual fue concedida. al haber controversias relativas al contrato. alude a la doctrina constitucional implícita. por medio de la Sentencia T-178 de 2004. El gerente de una empresa de telecomunicaciones presenta una acción de tutela contra la respectiva comisión de regulación. la comisión dictó la resolución B en la que se abstiene de decidir la controversia.a la hermenéutica contractual. Desconocer esta interpretación configura un riesgo. e invocando el derecho a la igualdad y el precedente judicial. celebrado con la empresa Y. el problema jurídico a resolver y el discurso de la Corte. con fundamento en los siguientes hechos: la empresa celebro con otra del sector. para pronunciarse sobre un asunto ya decidido. conviene traer a cuento un caso decidido por la Corte Constitucional. uso e interconexión.
Al mediar una nueva solicitud de la compañía interesada a la comisión.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO Al plantear el problema jurídico. aunque no hay identidad en las partes. la Corte encuentra que se trata de un mismo conflicto contractual. lo que le sirve a la Corte para afirmar que en este caso <<no se busca obtener un nuevo pronunciamiento sobre lo decidido (…) sino el amparo constitucional a la igualdad>>. hacen tránsito a cosa juzgada. a pesar de su no elección por esta Corte>>. luego de repasar lo actuado. Sin embargo. Respecto del primer problema. la Corte plantea la aplicación de la doctrina constitucional a los casos que presentan identidad fáctica y jurídica. Respecto del segundo problema. la Corte precisó que: ||| 119 . por lo cual. la sentencia de la Corte se contrapone a lo decidido por los jueces de instancia. (…) debe ser extendido a las partes que incoaron una acción de tutela sobre supuestos fácticos y jurídicos idénticos a los resueltos en las sentencias citadas. esta circunstancia permite diferenciar la presente situación de la anterior. la Corte se enfrenta a una difícil cuestión teórica: las decisiones de tutela que ella decide no revisar. Para hacerlo comienza por reconocer que las decisiones de tutela adoptadas por la Corte tienen efecto inter partes. en razón del derecho a la igualdad y del principio de respeto al precedente judicial. En un fallo anterior. al ejercer el control de constitucionalidad sobre la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. como lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. la aplicación de sus sentencias resultaba obligatoria dadas las similitudes fácticas y jurídicas de los asuntos que se controvirtieron en sede constitucional. al decidir un caso posterior semejante. Esta encrucijada se plasma en los siguientes problemas: (i) si la acción <<pretende un nuevo pronunciamiento en un asunto ya resuelto>> y (ii) <<si el efecto de las decisiones adoptadas en las Sentencias T-088 y T-178 de 2004. A renglón seguido dice que esto no es tan absoluto como lo indicaría una interpretación literal.
visible en su corpulento cuerpo de más de 380 artículos. junto a la amplia presencia que mantiene la ley. (punto 4. en los derechos fundamentales innominados y en la jurisprudencia constitucional. precisar el alcance de los derechos fundamentales. a falta de norma aplicable al caso. como el efecto inter comunis que está latente en todas las sentencias tipo t y que puede concretarse en el futuro. pues. con ocasión de la revisión de fallos de tutela. parámetros que. y sentar la doctrina constitucional a seguir por los jueces.2. pues. ante los cuales pocas cosas son indiferentes. tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho. CONCLUSIONES La omnipresencia de la Constitución en el plano normativo. trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. trazar pautas de procedencia y desarrollo de la acción de tutela. a saber: unificar la interpretación y la aplicación de la Constitución. con las matizaciones introducidas a ella por la jurisprudencia 120 ||| . Al resolver casos paradigmáticos. de lo contrario. El principio de independencia judicial.) Las sentencias tipo t. en la medida en que se den las circunstancias adecuadas. son vinculantes para las autoridades y los particulares.(…) la doctrina constitucional que define el contenido y el alcance de los derechos constitucionales sentada por la Corte Constitucional. en el bloque de constitucionalidad conformado con múltiples tratados internacionales de derechos humanos. VI. que son los seleccionados en revisión. va más allá de resolver la controversia entre las partes. vale la pena agregar. la Corte fija unos parámetros para la interpretación y aplicación de las normas superiores. se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. ya que a juicio de la Corte tienen al menos cuatro propósitos adicionales. En el caso sub examine se advierte con claridad tanto el valor vinculante de la interpretación constitucional.
R. 79-102. el ámbito del principio de la autonomía de la voluntad privada. en general. (1999) ¿Hay respuestas correctas en el derecho? Bogotá: Siglo del Hombre y Universidad de los Andes. en el cual opera el principio de supremacía de la Constitución. (2004) Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. R. pp. M. cuantificado. no es el principal referente para tal labor. en tanto normas jurídicas o criterios relevantes de interpretación de los contratos y. ||| 121 . está confinada a un reducido ámbito. pues debe atemperarse a múltiples normas jurídicas imperativas. ARANGO OLAYA. de los negocios. valorado y. R. Por su incidencia.CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO constitucional. la Constitución y la jurisprudencia constitucional. (2004) El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en Precedente – Anuario Jurídico. ALEXY. previsto en los contratos. Bibliografía ___________ (2011) Los derechos sin nombre en Cuadernos de Derecho Público. constituyen un riesgo que amerita ser estudiado. ARANGO. núm. 3. La libertad contractual en un Estado Democrático y Social de Derecho. de tal suerte que la intención de las partes si bien sigue siendo un elemento relevante. (1997) El concepto y la validez del derecho y otros ensayos. Madrid: Centro de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. sobre todo. Barcelona: Gedisa. 9-60. han reducido de manera progresiva y constante. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. ALEXY. La interpretación de los contratos también está limitada por las interpretaciones de las normas superiores. ALEXY. R. de orden público. (1993) Teoría de los derechos fundamentales. valga decir. pp. 2ª ed.
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Normatividad Constitución Política de Colombia Código Civil de Argentina Código Civil de Bolivia Código Civil de Chile Código Civil de Colombia Código Civil de España Código Civil de Perú Código Civil de Uruguay Código Civil de Venezuela Decreto 2591 de 1991 Ley 153 de 1887 Ley 437 de 1998 Ley 1198 de 2008 Ley 1342 de 2009 Ley 1449 de 2011 Ley 1462 de 2011 Ley 1464 de 2011 126 ||| .
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