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Timestamp: 2019-06-16 05:51:55+00:00

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Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Versión 31/10/2015
BOE 315 de 31/12/1996
TÍTULO I. Normas fiscales
Sección 5ª. Impuesto sobre el Valor Añadido
Sección 6.ª Impuestos especiales
Sección 7.ª Impuesto sobre las Primas de Seguros
Sección 8.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Sección 9.ª Impuesto sobre Sociedades
CAPÍTULO II. Impuestos locales
CAPÍTULO III. Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público
Sección 2.ª Prestaciones patrimoniales de carácter público
Sección 2.ª Normativa reguladora del contrabando
Sección 3.ª De la gestión catastral
Sección 5.ª De los soportes tributarios
Sección 6.ª Régimen económico y fiscal de Canarias
CAPÍTULO I. Organización y procedimientos de la Seguridad Social
Sección 1.ª De la organización
Sección 2.ª De los procedimientos
Sección 2.ª Modificación del régimen del personal militar
Sección 3.ª Modificación del régimen de los funcionarios de la administración de justicia
Sección 4.ª Personal estatutario al servicio de las instituciones de la Seguridad Social
Sección 5.ª Otras normas reguladoras del régimen de personal
Seccion Tercera. De los contratos de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I. Acción administrativa en materia de inversiones públicas
CAPÍTULO II. Acción administrativa en materia de transportes
CAPÍTULO IV. Acción administrativa en materia de telecomunicaciones
CAPÍTULO V. Acción administrativa en materia de energía
CAPÍTULO VI. Acción administrativa en materia de aguas
CAPÍTULO VII. Otras acciones administrativas
Versión 09/11/2018
Versión 20/11/2002
Versión 24/07/2001
Versión 25/09/1999
Versión 16/04/1999
Versión 24/11/1998
Versión 25/04/1998
La presente Ley incluye un amplio conjunto de medidas referidas a los distintos campos en que se desenvuelve la actividad del Estado, cuya finalidad es contribuir a la mejor y más efectiva consecución de los objetivos de la política económica del Gobierno que se contienen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, y en concreto al cumplimiento de los criterios de convergencia previstos en el artículo 109.J del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
En conformidad con dicha voluntad legisladora, la Ley recoge medidas de naturaleza tributaria, reforma distintos aspectos de los regímenes jurídicos de protección social, del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de Clases Pasivas del Estado, y se ocupa de diversas reformas de contenido estructural que afectan a la actuación, gestión y organización de la Administración.
En el aspecto fiscal se abordan varias modificaciones en el ámbito de los tributos del Estado.
Así en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se modifican varios preceptos que afectan a la consideración de las retribuciones en especie, a la imputación de rendimientos correspondientes a los bienes inmuebles de uso propio, al concepto de unidad familiar, a las deducciones en materia de seguros y a la reducción del rendimiento neto en los supuestos de estimación objetiva por signos, índices o módulos, modificación esta última que tiene por objeto fomentar la actividad empresarial. Además, se armoniza este impuesto con el de sociedades en materia de régimen sancionador de los no residentes y de delimitación del domicilio fiscal de los sujetos pasivos por obligación real de contribuir.
Respecto del Impuesto sobre Sociedades, se modifican determinados aspectos de las deducciones por la realización de actividades de investigación y desarrollo y de exportación, que aumentarán su efectividad, al tiempo que se introducen las deducciones para inversiones protectoras del medio ambiente y para la contratación de trabajadores minusválidos. También en el Impuesto sobre Sociedades, se precisa la regla de imputación temporal de las rentas generadas en las transmisiones lucrativas y societarias prevista en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 43/1995, de manera que el contenido de la norma aprobada no supone una modificación del criterio de imputación temporal de dichas rentas sino más bien una aclaración de dicho criterio que ahora se recoge de forma expresa.
Por otra parte, se modifican aspectos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido relativos al lugar de realización del hecho imponible. Se modifica también el régimen de la base imponible en los supuestos en los que, por resolución judicial o administrativa, quedan sin efecto las operaciones gravadas; el régimen de deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de la actividad empresarial y el régimen de los bienes, cuadros, objetos de arte y antigüedades.
A fin de adecuar el sistema impositivo español con el de la Unión Europea, se crea el Impuesto sobre Primas de Seguros, tributo de naturaleza indirecta que grava, en fase única, las operaciones de seguro y capitalización, a las que se refiere el artículo 31 de la Ley 10/1977, de 4 de enero. Base imponible ésta constituida por el importe de la prima o cuota percibida, y el tipo impositivo se fija en el 4 por 100.
En el ámbito de los impuestos especiales, se introduce una exención en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte en los casos de traslado de la residencia del titular desde un país extranjero a España.
Por último, se establecen tasas por diversas actividades y servicios prestados por la Administración, y se actualizan otras ya existentes. Esta medida va dirigida a establecer una mayor correspondencia entre el coste de los servicios que presta el Estado y el pago de los mismos por los beneficiarios.
Dentro del apartado de normas tributarias, también se reforma la Ley General Tributaria mediante la modificación de su artículo 113, a fin de permitir la cesión de datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, cuando ésta tenga por objeto la protección de derechos e intereses de menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. Asimismo, se modifican diversos preceptos de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, para superar ciertas deficiencias técnico-jurídicas observadas en la interpretación y aplicación de la norma en la medida que las citadas normas no están reservadas a Ley Orgánica y por lo tanto, pueden ser reformadas mediante Ley ordinaria.
En lo relativo a los impuestos locales, se introducen reformas en la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Así, se modifica la calificación del suelo de naturaleza urbana que, a efectos del impuesto, se contiene en dicha Ley, de acuerdo con la supresión, operada por el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 junio, de la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado. Se califica expresamente como suelo de naturaleza urbana al urbanizable y asimilado establecido por la normativa autonómica, que cuente con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal.
También se da nueva redacción al apartado a) del artículo 64 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en lo que atañe a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de determinados bienes públicos, despejando con ello las dudas interpretativas que pudiera suscitar la anterior redacción, manifestando claramente la que siempre fue la voluntad del legislador y de la norma: condicionar dicho beneficio fiscal a que los citados bienes sean de aprovechamiento público y gratuito.
En fin, con objeto de agilizar y hacer más eficaz la gestión catastral, se adoptan en este sentido distintas medidas; así, se modifican los plazos para la aprobación y publicación de las ponencias de valores y para la aprobación de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en aquellos municipios en los que el número de unidades urbanísticas sea superior a 750.000; se adapta el procedimiento de notificación de las revisiones y modificaciones de los valores catastrales a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, por último, se introducen diversas modificaciones en el régimen de las notificaciones de actos, así como en la actualización y mantenimiento de los datos del Catastro.
En este ámbito fiscal, se establece, igualmente, la obligación de reflejar la referencia catastral en cuantos documentos públicos o privados contengan actos y negocios de transcendencia real que afecten a bienes inmuebles, así como en las inscripciones y anotaciones que deban practicarse en el Registro de la Propiedad. Tales medidas permiten comparar la documentación referida a bienes inmuebles manejada por las distintas Administraciones Públicas, con lo que se facilita la comprobación, investigación e inspección de las transacciones y alteraciones de todo orden relativas a tales bienes que tienen transcendencia tributaria, con el objetivo de favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar el fraude en el sector inmobiliario.
Por último, se modifican varios aspectos de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
En el orden social, se incluyen normas de naturaleza organizativa junto a otras referidas a la acción protectora del sistema de Seguridad Social.
En lo que se refiere a la organización y procedimiento de la Seguridad Social, se modifican diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, tanto para mejorar la gestión del sistema como para superar deficiencias de índole técnico-jurídico surgidas en la aplicación e interpretación de los mismos.
Las disposiciones incluidas en esta Ley persiguen la introducción de racionalidad y mayor control en la gestión de los recursos destinados a la cobertura de gastos sociales. Las medidas establecidas afectan a diferentes ámbitos de la protección social y en ningún caso suponen una merma en los niveles de cobertura ni en la calidad de los servicios prestados. Por el contrario, el fin perseguido es introducir criterios de eficiencia y economía con el objetivo de asegurar la prestación a aquellas personas que realmente la necesitan.
Entre las normas de protección social se incluye una nueva regulación del régimen de resarcimientos por actos terroristas. Tales disposiciones, que recogen los aspectos esenciales de dicho régimen sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario, mejoran considerablemente la cobertura de la acción estatal a las víctimas de tales actos. Así, se incrementan las cuantías de las prestaciones en favor de las víctimas del terrorismo en los supuestos con resultado de lesiones invalidantes –incapacidad permanente, ya sea parcial, total y absolutas, y gran invalidez– y muerte.
También se incluyen las medidas de protección a la familia. En este sentido, se modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, de 24 de marzo de 1995, y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a fin de equiparar los efectos de la filiación adoptiva a la natural, en cuanto a la suspensión del contrato de trabajo por maternidad. Igualmente, se modifica el régimen de Seguridad Social aplicable a aquellas personas que prestan servicio en la Administración de la Unión Europea.
En materia de prestaciones por desempleo, se aborda una serie de medidas orientadas a incrementar el control y realizar una gestión más rápida y eficaz de las mismas. Igualmente, se ha incorporado un precepto dirigido a activar una mayor colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el Sistema Nacional de la Salud en la gestión de la prestación por incapacidad temporal.
Por último, se modifica el concepto de pensión pública, adecuando el mismo a la legislación vigente de modo que incluya a cuantas prestaciones de este carácter se hallan financiadas, en todo o en parte, con fondos públicos.
El título III de la Ley acoge una pluralidad de normas administrativas que se refieren al personal al servicio de las Administraciones Públicas. En ellas cabe destacar la que permite a los funcionarios prolongar la situación de servicio activo hasta los setenta años.
De otra parte, se introducen en este título modificaciones concretas de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, destinadas a mejorar la eficacia de la Administración mediante una mejor ordenación de sus efectivos, así como regular regímenes jurídicos y retributivos especiales. También se modifica la Ley reguladora del Régimen Militar Profesional, de 19 de julio de 1989, con el fin de adecuar determinados aspectos de la misma a la legislación general de la función pública.
En materia de clases pasivas, se modifican diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, de 30 de abril de 1987, fijando el contenido y alcance de los derechos pasivos de determinados beneficiarios, y superando dificultades interpretativas de ciertos preceptos.
La Ley se ocupa, en su título IV, de recoger diversas normas de gestión y organización, con objeto de mejorar el funcionamiento de la Administración del Estado y de las demás entidades que integran el sector público estatal, con la que se coadyuva a la disminución del déficit.
Entre los preceptos de índole financiero se incluye la reforma de diversos artículos del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, de 23 de septiembre de 1988, para adecuarlos a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995, y resolver problemas técnicos surgidos en su aplicación. Se modifica también la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, tanto en lo referente al régimen de control y fiscalización del gasto de las entidades locales, con su adaptación al propio de la Administración General del Estado, como al régimen de las operaciones financieras concertadas por dichas entidades, y con la fijación de mecanismos de control y vigilancia del endeudamiento de las mismas.
En lo que se refiere a la gestión del patrimonio del Estado, se incluyen medidas dirigidas, de una parte a la racionalización, mejora de gestión y optimización de dicho patrimonio, y, de otra, a la actualización de la normativa existente en materia de venta de acciones del Patrimonio del Estado su finalidad es agilizar y flexibilizar el proceso de privatización de determinadas sociedades estatales, en el marco de la política del Gobierno sobre la modernización del sector público empresarial, con el objeto de potenciar la competitividad de la economía española. Asimismo, se introduce la figura del contrato de obra de pago único, que permite que se efectúe el pago del precio en el momento en el que la obra realizada haya sido entregada.
Junto con lo anterior, se modifican diversos aspectos de los regímenes jurídicos del Patrimonio Nacional, de la Sociedad Industrial de Participaciones Industriales y de la Agencia Industrial del Estado, del Ente Público Radiotelevisión Española, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Escuela de Organización Industrial y de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
En el título V se contienen diversas medidas de carácter estructural referidas a distintos aspectos en los que se desenvuelve la acción administrativa, cuyo objeto es racionalizar y mejorar la prestación de los servicios públicos.
Así, por lo que atañe a la acción administrativa en materia de inversiones de promoción pública, se articulan diversas medidas con el doble propósito de favorecer la ejecución y más eficiente explotación de diversas obras públicas y de dar mayor participación a la iniciativa privada en este componente tan dinámico de la economía. A estos efectos, se reforman ciertos aspectos de la regulación de la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, mediante la modificación de las obligaciones del adjudicatario de concesión de autopistas y el establecimiento de la posibilidad de que la sociedad adjudicataria amplíe su objeto social, a fin de que pueda realizar actividades que guarden conexión con su objeto principal. Se permite la ampliación, en determinadas condiciones, del plazo de la concesión hasta setenta y cinco años, y se adoptan medidas tendentes a asegurar la viabilidad económica y financiera de la concesión.
También se introducen modificaciones en el régimen de gestión directa de la construcción y explotación de determinadas carreteras estatales, y se permite la participación en ella de entidades privadas. Asimismo, autoriza la creación de un Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias cuyo objeto lo constituye la construcción y administración de tales infraestructuras.
En materia de transporte, se llevan a cabo modificaciones en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, tanto en lo que se refiere a la regulación de las Juntas Arbitrales de Transporte, como en la eliminación de la exigencia de la declaración de porte y las fianzas referidas a las autorizaciones de transporte público por carretera y de actividades auxiliares y complementarias de dicho transporte. Por último, queda sin efecto el régimen de licencias y autorizaciones para el transporte de emigrantes y se regulan determinados aspectos del régimen sancionador de las compañías y empresas de transporte de personas.
En lo que se refiere a la acción administrativa en materia de energía, se modifican determinados aspectos de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de la energía, para adaptarlos a las directrices comunitarias sobre las ayudas estatales en favor del medio ambiente.
En materia de aguas, se regula el régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas. Igualmente, se modifica la Ley 29/1985, de Aguas, de 2 de agosto, para permitir a los organismos de cuenca adquirir y enajenar títulos representativos de capital de sociedades estatales que tengan por objeto la construcción o explotación de obras hidráulicas, así como a las empresas mercantiles concesionarias construir o explotar tales obras públicas, suscribir convenios o participar en agrupaciones de empresas o uniones temporales de empresas que tengan dicho objeto.
Por último, es de destacar que en materia de sanidad se incluyen diversas modificaciones en la Ley 25/1990, del Medicamento, de 20 de diciembre, se introduce el concepto de especialidad farmacéutica genérica, garantizando su identificación, y se permite al Gobierno limitar la financiación pública de medicamentos a especialidades que no superen determinadas cuantías.
El proyecto de Ley fue sometido a informe del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estado, de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo General del Poder Judicial, respecto a las materias propias de su competencia.
Artículo 1. Retribuciones en especie.
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1997, se da nueva redacción al último párrafo del artículo 26 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado como sigue:
«En ningún caso tendrán la consideración de retribución en especie:
c) La entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado que, de sus propias acciones o participaciones o de las de la sociedad dominante del grupo, efectúen las sociedades a sus trabajadores en activo, en la parte en que no exceda de 500.000 pesetas anuales o 1.000.000 de pesetas en los cinco últimos años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
2.º Que estos trabajadores, sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado, no tengan una participación conjunta en la empresa superior al 5 por 100.
El incumplimiento del plazo a que se refiere el número 3.º anterior motivará la obligación de presentar una declaración-liquidación complementaria, con los correspondientes intereses de demora, en el plazo que media entre el incumplimiento del requisito y el final del siguiente plazo de declaración anual por el IRPF.»
Artículo 2. Rendimientos sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Uno. La letra b) del artículo 34 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, queda redactada como sigue:
- En el caso de inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados o modificados, de conformidad con los procedimientos regulados en los artículos 70 y 71 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y hayan entrado en vigor a partir de 1 de enero de 1994, el 1,10 por 100.
Dos. Se añade al artículo 37.3 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la siguiente letra:
«g) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización.»
Se deroga el apartado 3 por la disposición derogatoria única.1.7 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-28472
Se suprime el inciso destacado del apartado 3.1.b) y se añade el apartado 4.1.e) por la disposición adicional 2.1 y .2 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1996-29118
Con efectos a partir de 1 de enero de 1997, se da nueva redacción al artículo 87 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado como sigue:
«Artículo 87. Unidad familiar.
Constituyen modalidades de unidad familiar, las siguientes:
1.ª) La integrada por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere:
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada.
2.ª) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.»
Artículo 4. Reducción del rendimiento neto en estimación objetiva por signos, índices o módulos.
El rendimiento neto de las actividades a las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá reducirse en un 15 por 100 durante 1997.
Esta reducción se tendrá en cuenta a efectos de los pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 1997.
Artículo 5. Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.
1. Se da nueva redacción al apartado dos del artículo 98 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda redactado como sigue:
«Dos. El perceptor de cantidades sobre las que deba retenerse a cuenta de este impuesto computará aquéllas por la contraprestación íntegra devengada.
Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra devengada, la Administración Tributaria podrá computar como importe íntegro una cantidad que, una vez restada de ella la retención procedente, arroje la efectivamente percibida. En este caso se deducirá de la cuota, como retención a cuenta, la diferencia entre lo realmente percibido y el importe íntegro.»
2. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 17 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado como sigue:
«3. El perceptor de cantidades sobre las que deba retenerse a cuenta de este impuesto computará aquéllas por la contraprestación íntegra devengada.
Artículo 6. Sanción por falta de nombramiento de representante de los no residentes.
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1997, los apartados tres y cuatro del artículo 22 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedarán redactados como sigue:
«Tres. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado uno constituirá infracción tributaria simple, sancionable con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas.
c) En los restantes casos, en el domicilio fiscal del representante o, en su defecto, del responsable solidario.»
Artículo 7. Modificación del artículo 4, apartado octavo, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Octavo. Uno.–Los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. A efectos del cálculo de la principal fuente de renta, no se computarán ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se ejerzan en las entidades a que se refiere el número dos de este apartado, ni cualesquiera otras remuneraciones que traigan su causa de la participación en dichas entidades.
Dos.–Las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguientes:
La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16, uno, de esta Ley, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesario para el ejercicio de la actividad empresarial, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma y el valor del patrimonio neto de la entidad.
Tres.–Reglamentariamente se determinarán:
Artículo 8. Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de 1997, se introduce un nuevo artículo, con el número 36 bis, en el título VI «Deuda tributaria», capítulo IV «Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades», que quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 36 bis. Deducción por creación de empleo para trabajadores minusválidos.
3. Los trabajadores contratados que dieran derecho a la deducción prevista en este artículo no se computarán a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo regulada en el Real Decreto–ley 7/1994, de 20 de junio, en el Real Decreto-ley 2/1995, de 17 de febrero y en el artículo 123 de la presente Ley.»

References: artículo 109
 artículo 15
 resolución 
 artículo 31
 artículo 113
 artículo 64

Artículo 1
 artículo 26

Artículo 2
 artículo 34
 artículo 37
 artículo 87

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 98
 artículo 17

Artículo 6
 artículo 22

Artículo 7
 artículo 4
 artículo 16

Artículo 8
 artículo 123