Source: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2017/08/
Timestamp: 2017-08-21 17:52:01+00:00

Document:
Conflictus Legum: 1/08/17 - 1/09/17
-Pleno. Sentencia 95/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2465-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña. Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de la regulación autonómica de la propiedad temporal.
Nota: El objeto de esta sentencia es el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra el art. 1 y, por conexión, en lo que a la propiedad temporal se refiere, contra las DDAA 1ª, 2ª y 3ª, así como contra la DF de la Ley de la Generalitat de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña (véase la entrada de este blog del día 8.9.2015). El recurrido art. 1 incorpora un capítulo VII al título IV del libro quinto del Código civil de Cataluña, que se había aprobado por Ley 5/2006 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, capítulo titulado «Propiedad Temporal» e integrado por los artículos 547-1 a 547-10 del Código civil de Cataluña.
Según las alegaciones de las partes, el recurso suscita una controversia estrictamente competencial en relación a la materia «legislación civil» manifestada a través de varios puntos de divergencia. En relación con ello, el TC declara que, conforme a doctrina constitucional reiterada, el art. 129 EAC no atribuye a la Generalitat de Cataluña competencia legislativa ilimitada sobre las materias civiles distintas de aquellas que se reservan «en todo caso» al Estado por el segundo inciso del art. 149.1.8 CE. Podrá regular estas materias, incluso innovando el Derecho civil catalán existente al tiempo de promulgarse la Constitución, esto es disciplinando ámbitos no normados en él, pero será imprescindible que esa regulación innovadora presente una conexión con dicho Derecho civil especial, pues es la garantía de este ordenamiento jurídico y no otra cosa la ratio de la singularidad civil que se introduce en el primer inciso del art. 149.1.8 CE.
La segunda discrepancia que se suscita es si la disciplina de la propiedad temporal que prevé el precepto recurrido es una regulación ex novo que no guarda conexión alguna con el Derecho civil catalán vigente al promulgarse la Constitución de 1978, por lo que, en ese caso, no reuniría los requisitos exigidos por la doctrina constitucional para ser considerada «desarrollo» de dicho ordenamiento jurídico.
Para el TEC, la competencia legislativa autonómica de desarrollo del Derecho civil propio comprende la disciplina de instituciones civiles no preexistentes, siempre y cuando pueda apreciarse alguna conexión con aquel derecho, criterio de la conexión que, según la función que realiza esta competencia legislativa autonómica, debe ir referido al Derecho civil propio en su conjunto, esto es, que se puede verificar respecto de otra institución que sí formase parte del mismo o en relación a los principios jurídicos que lo informan. Por otra parte, la institución o principio jurídico integrante de un Derecho civil especial respecto del que se pretenda trazar una conexión que justifique una legislación autonómica innovadora en materia civil, si bien puede estar recogido en cualesquiera normas positivas o consuetudinarias, debe estar vigente al tiempo de promulgarse la Constitución, pues la ratio de esta atribución competencial a las Comunidades Autónomas es la garantía del Derecho civil especial o foral que rigiera en su territorio en aquel momento.
Antes de considerar los motivos de conexión con el Derecho civil catalán, es necesario atender a una cuestión previa: la conexión que implica la noción constitucional de «desarrollo» debe referirse a todo el Derecho civil catalán y no solamente al derecho compilado. Con arreglo a la doctrina constitucional procede declarar que la conexión necesaria para que esta regulación de la «propiedad temporal» se tenga por «desarrollo» del Derecho civil especial catalán preexistente al promulgarse la Constitución de 1978 puede extraerse del conjunto de ese ordenamiento, incluidos los principios que lo informan.
El primer motivo de conexión aducido por los letrados autonómicos es el carácter completo del Derecho civil especial de Cataluña, de donde derivan que cualquier regulación innovadora aprobada por el legislativo autonómico revestiría con él la conexión exigida para reputarlo «desarrollo» de dicho Derecho civil especial. Este planteamiento, en la medida que supondría por definición y de un modo apriorístico que cualquier crecimiento orgánico del Derecho civil catalán quedaría subsumido dentro del concepto constitucional «desarrollo», sería tanto como afirmar que la competencia autonómica sobre el Derecho civil, fuera de los temas enunciados en el segundo inciso del art. 149.1.8 CE, es ilimitada ratione materiae, que es precisamente el resultado que rechazó la STC 31/2010 al interpretar el art. 129 EAC. Consecuentemente, este Tribunal descarta este primer motivo de conexión.
Se plantea, en segundo lugar, si la regulación de la «propiedad temporal» prevista en el art. 1 de la Ley catalana 19/2015, que es en parte de aplicación supletoria y en parte de derecho necesario, se vincula al Derecho civil especial catalán a través del principio de libertad civil. El TC constata que el principio de libertad civil autoriza, en los casos en que opera, que los particulares disciplinen sus relaciones jurídicas conforme a su voluntad. Aprecia, por el contrario, que la esencia de la legislación supletoria es su aplicación precisamente cuando los particulares no hacen uso de su libertad civil para reglamentar sus relaciones jurídicas. No cabe, por tanto, afirmar una relación de conexión entre el principio de libertad civil propio del Derecho civil especial catalán y las normas contenidas en el art. 1 de la Ley 19/2015 que tengan carácter supletorio. Además, la posición inversa conduciría a un resultado disconforme con el sentido constitucional de la garantía autonómica de la foralidad civil prevista en el art. 149.1.8.ª CE. En efecto, entender que hay conexión entre el principio de libertad civil que integrase un Derecho civil especial y la legislación supletoria que dicho legislador autonómico pudiera dictar supondría que dicho principio actuaría como una especie de título competencial universal en materia de legislación civil patrimonial, fuera claro está de los aspectos que competen al Estado «en todo caso» conforme al segundo inciso del art. 149.1.8.ª CE. En otras palabras, el TC rechaza ese entendimiento porque permitiría al legislador autonómico correspondiente, mediante el «desarrollo» de su Derecho civil especial, regular supletoriamente cualquier institución de Derecho civil patrimonial, salvo la «ordenación de los registros e instrumentos públicos» y «las bases de las obligaciones contractuales», únicas materias de Derecho civil patrimonial que el art. 149.1.8.ª CE atribuye al Estado «en todo caso».
Por otra parte, un gran número de las normas que sobre la «propiedad temporal» incorpora el art. 1 de la Ley 19/2015 al libro quinto del Código civil de Cataluña no son legislación supletoria sino derecho necesario.
Lo anterior no prejuzgan si la autonomía de la voluntad habilita a los particulares para constituir supuestos de «propiedad temporal» y disciplinarlos en virtud de sus acuerdos. Esta es una cuestión de estricto Derecho civil, ajena por completo a la controversia sobre el reparto constitucional de competencias que pende ante este Tribunal, que se ciñe a determinar cuál es la instancia legislativa competente para establecer normas supletorias o de derecho necesario que rijan esta figura.
En todos los supuestos reseñados, a reserva de las especialidades en relación a la sustitución fideicomisaria, la situación temporal de la propiedad aparece como uno de los posibles efectos del funcionamiento de cada una de esas instituciones del Derecho civil especial de Cataluña. Por ello el legislador catalán podría, con ocasión de desarrollar su Derecho civil propio amparado por el art. 149.1.8.ª CE y el art. 129 EAC, disciplinar esas situaciones temporales de la propiedad que aparecen en el curso del desenvolvimiento de sus instituciones civiles propias, incluso innovando la regulación preexistente a la Constitución de 1978. Ello abre la vía, en lo que aquí interesa, a que el legislador catalán sea competente para normar ciertas manifestaciones de «propiedad temporal», concretamente aquellas que se correspondan con situaciones que puedan surgir en la evolución propia de figuras de la tradición jurídica catalana como los legados bajo condición o término, las donaciones a condición o plazo o sujetas a reversión y, en fin, la compraventa a carta de gracia.
A la luz de este criterio jurisprudencial adquiere importancia decisiva que el art. 1 de la Ley catalana 19/2015 no se ciñe a establecer una regulación actualizada o innovadora de los efectos de las situaciones temporales de propiedad que puedan nacer como consecuencia del funcionamiento de las instituciones del Derecho civil especial de Cataluña, sino que, desligándose absolutamente de ese criterio de conexión con tales instituciones, incorpora al Código civil de Cataluña reglas sobre la constitución abstracta –no en el contexto del funcionamiento de otra institución– de la «propiedad temporal» y un régimen jurídico completo aplicable a los supuestos de propiedad temporal así constituidos, en parte como derecho necesario y en parte en defecto de lo que los intervinientes puedan pactar. En otras palabras, la Generalitat de Cataluña resulta competente, según el art. 129 EAC, para regular, incluso de un modo innovador, cada una de las situaciones temporales de propiedad que, como hemos visto con detalle, pueden surgir del desenvolvimiento de algunas modalidades de legados, de donaciones y de ventas a carta de gracia.
Los Letrados autonómicos invocan en cuarto y último lugar la relación que media, a su juicio, entre la regulación de la «propiedad temporal» impugnada en este proceso y determinadas instituciones jurídico reales propias del Derecho civil especial de Cataluña, como son el derecho de propiedad, la enfiteusis y el derecho de superficie.
De acuerdo con la doctrina constitucional, el Derecho civil especial de Cataluña podría, en virtud de la noción constitucional de desarrollo, experimentar un cierto crecimiento orgánico mediante la regulación por el legislador autonómico de una institución antes no contemplada en él. No obstante, es requisito para ello que esa operación de desarrollo tenga como punto de partida una institución conexa preexistente en el Derecho civil especial de Cataluña. Habrá que examinar, por tanto, si alguna de las tres figuras jurídico reales citadas (a) preexistían en dicho derecho especial al tiempo de promulgarse la Constitución y, en caso afirmativo, (b) si puede apreciarse una relación de conexión entre ellas y la novedosa «propiedad temporal».
El TC constata, respecto de la cuestión inicial, que no había régimen jurídico del derecho de propiedad en el Derecho civil catalán vigente al promulgarse la Constitución Española de 1978. Salvo una regulación completa de la enfiteusis y algunas especialidades puntuales relativas a la posesión (que desaparecieron en la Ley 40/1960), a la tradición (novedad introducida a partir del proyecto de 1955), a la accesión, al usufructo y a las servidumbres (art. 137), los derechos reales no están entre las instituciones que integraban el Derecho civil especial de Cataluña vigente al tiempo de promulgarse la Constitución española, pues ni aparecían contemplados en la Ley 40/1960 ni tampoco estaban presentes en los previos intentos de codificación de dicho Derecho civil especial. En conclusión, de este análisis inicial se constata que, de las tres relaciones jurídico-reales mencionadas por los Letrados autonómicos, solo la enfiteusis preexistía en el Derecho civil especial de Cataluña al tiempo de promulgarse la Constitución Española de 1978.
Procede, en consecuencia, examinar la naturaleza y regulación de la enfiteusis en el Derecho civil especial de Cataluña. De este modo se podrá apreciar (a) cuáles son los principios generales a que responde el derecho de bienes especial de Cataluña vigente al promulgarse la Constitución y (b) si tales principios subyacen e informan la disciplina de la «propiedad temporal» que aquí se impugna. Solo en caso de resolverse esta última cuestión en sentido afirmativo podrá concluirse que esta nueva institución se perfila como una actualización de aquellos principios y representa por ello un crecimiento orgánico de ese ordenamiento jurídico autonómico amparado por la atribución constitucional y estatutaria a la Generalitat de Cataluña del desarrollo de su Derecho civil propio.
Un análisis de los antecedentes jurídicos acredita que ha estado constantemente presente en la tradición jurídica catalana, manteniéndose hasta el tiempo en que se promulgó la Constitución de 1978, la previsión de la enfiteusis como una fórmula de dominio dividido y que se ha adoptado esta configuración en atención a la consecución de objetivos de carácter socioeconómico entre los que ha destacado facilitar el acceso a la propiedad inmobiliaria de todos los sectores de la sociedad.
Por otro lado, cabe afirmar que la regulación de la propiedad temporal en la Ley 19/2015 es una fórmula jurídica de propiedad dividida, como lo es también, según se ha expuesto, la enfiteusis catalana. Mientras en esta última la propiedad aparece desagregada en dominio directo y dominio útil, en la propiedad temporal son dueños a un mismo tiempo el titular actual y el titular sucesivo.
Aunque la conexión con el Derecho civil especial de Cataluña preexistente a la Constitución de 1978 que se acaba de reconocer justifica suficientemente la competencia autonómica para dictar la norma impugnada, el TC señala que otra institución civil de la tradición jurídica catalana como es la sustitución fideicomisaria también presenta como ya hemos indicado en su configuración conceptual y normativa ciertos principios que informan igualmente la disciplina de la «propiedad temporal» impugnada. Por tanto, también en atención a la conexión que guarda con la sustitución fideicomisaria propia del Derecho civil especial catalán, cabe afirmar que la regulación recurrida debe calificarse como un supuesto de crecimiento orgánico del Derecho civil especial de Cataluña que resulta amparado por la competencia atribuida al legislador autonómico para el «desarrollo» de su Derecho civil especial.
Por todo lo anterior, el TC acuerda desestimar el recurso de inconstitucionalidad 2465-2016.
-Pleno. Sentencia 102/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 857-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte. Competencias sobre deportes y relaciones internacionales: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano autonómico la potestad de establecer convenios y acuerdos con Estados miembros de la Unión Europea sobre equiparación de profesiones deportivas (STC 228/2016).
Nota: En el recurso, el Presidente del Gobierno impugnó el art. 4, los apartados primero, segundo y tercero (en su inciso final), cuarto y quinto (salvo el primer inciso) del art. 6 y los arts. 8 a 11 de la Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.
De todos los preceptos impugnados me centraré solamente en el art. 4, por el que añadía el apartado 6 al art. 8 de la Ley de Cataluña 3/2008, con el siguiente texto:
Concretamente, a través de él se analiza si el art. 4 de la Ley catalana 7/2015 vulnera la competencia exclusiva estatal en materia de relaciones internacionales del art. 149.1.3 CE. Para ello cabe determinar si el nuevo apartado sexto que el art. 4 de la Ley 7/2015 añade al art. 8 de la Ley 3/2008 conlleva que la Generalitat de Cataluña pueda suscribir acuerdos o convenios internacionales con sujetos de Derecho internacional, que supongan la asunción por su parte de obligaciones jurídicas internacionales de las que puedan derivar para el Estado español responsabilidad en la esfera internacional. En caso afirmativo se estaría efectivamente produciendo la vulneración competencial alegada, al implicar un ejercicio del ius contrahendi reservado en exclusiva al Estado.
Como se ha visto, el apartado sexto del art. 8 de la Ley catalana 3/2008 faculta a la Secretaría General del Deporte de la Generalitat para establecer «convenios y acuerdos de equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesionales del deporte de otros Estados miembros de la Unión Europea». Ello con el fin de «realizar su reconocimiento en los distintos sectores del deporte» y «permitir a los profesionales inscritos en el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña el acceso a los registros europeos de profesionales del deporte», así como el acceso a ese registro oficial de los profesionales inscritos en un registro europeo. En definitiva, el legislador autonómico habilita al departamento competente de la Generalitat en materia de deporte para establecer convenios y acuerdos con Estados miembros de la Unión Europea, cuyo objeto sea la equiparación de profesiones y competencias mínimas en el ámbito de las profesiones del deporte, a fin de que, las partes que firmen dicho convenio o acuerdo, reconozcan recíprocamente esas profesiones e inscriban a los profesionales en los registros respectivos.
Los acuerdos y convenios del art. 4 de la Ley catalana 7/2015 no tienen cabida en ninguna de las dos categorías de acuerdos internacionales que, según la Ley 25/2014, de tratados y otros acuerdos internacionales, pueden suscribir las Comunidades Autónomas en su ámbito competencial. No se trata, en efecto, de «acuerdos internacionales administrativos», puesto que su suscripción no se vincula, en modo alguno, a un previo tratado internacional que los contemple expresamente y que se trate de ejecutar. Nada en el tenor del precepto impugnado permite interpretarlo en el sentido de entender subordinada la celebración de los convenios que contempla a un futuro tratado internacional. Esa facultad de suscribir tales convenios y acuerdos se atribuye por el precepto impugnado a un órgano de la Generalitat de manera unilateral, esto es, prescindiendo de la función de coordinación estatal, que se concreta, como recuerda la STC 228/2016, FJ 5, en la obligación de la Comunidad Autónoma de remitir los proyectos de acuerdos internacionales «administrativos» (así como los «no normativos») al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación antes de su firma, para que sean informados por la asesoría jurídica internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho internacional. Así lo establecen los artos. 52.3 y 53.3 de la Ley 25/2014, de tratados y otros acuerdos internacionales, a fin de que la celebración de tales acuerdos y convenios no provoque distorsiones en la política exterior diseñada por el Estado en ejercicio de su competencia exclusiva del art. 149.1.3 CE.
El art. 15 de la Ley 3/2008 no permite tampoco deducir una interpretación del art. 4 de la Ley 7/2015, que resulte conforme con la Constitución. Aquel precepto se limita a referirse a las normas reguladoras aplicables al reconocimiento para el ejercicio profesional de titulaciones obtenidas en Estados de la Unión Europea o en Estados en que sea aplicable la libre circulación de trabajadores y las libertades de establecimiento y prestación de servicios. No hace mención alguna a los convenios y acuerdos que ahora nos ocupan que permita matizar su eficacia o contenido de manera que sea compatible su celebración con la reserva del art. 149.1.3 CE, que erige al Estado como el único sujeto dotado de ius contrahendi en la esfera de las relaciones internacionales (SSTC 137/1989, FJ 5; 198/2013, FJ 4, y 228/2016, FJ 5, por todas).
En consecuencia, la facultad que el art. 4 de la Ley 7/2015 otorga al Gobierno de la Generalitat de Cataluña (Secretaría General del Deporte) de suscribir convenios y acuerdos de equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesionales del deporte de Estados miembros de la Unión Europea, con efectos jurídicos inequívocos, es susceptible de reconocer derechos y de originar obligaciones frente a poderes públicos extranjeros, de incidir en la política exterior del Estado español y, en fin, de generar responsabilidad de este frente a esos Estados. Esa facultad excede, por tanto, de la competencia autonómica para celebrar «acuerdos de colaboración» con proyección exterior, en los términos que este Tribunal ha precisado en la STC 228/2016, FJ 5, y supone un ejercicio del ius contrahendi reservado al Estado por el artículo 149.1.3 CE.
Por todo lo anterior, el TC decide declarar inconstitucional y nulo el art. 4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.
[BOE n. 191, de 11.8.2017]
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10.8.2017)
-JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) 10 August 2017 in Case C‑270/17 PPU (Tupikas): (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Police and judicial cooperation in criminal matters — European arrest warrant — Framework Decision 2002/584/JHA — Surrender procedures between Member States — Conditions for execution — Reasons for optional non-execution — Article 4a(1) introduced by Framework Decision 2009/299/JHA — Arrest warrant issued for the purpose of executing a custodial sentence or a detention order — ‘Trial resulting in the decision’ — Person concerned having appeared in person at first instance — Appeal proceedings involving a re-examination of the substance of the case — Arrest warrant providing no information making it possible to check whether the rights of the defence of the person convicted were upheld during the appeal proceedings)
"Where the issuing Member State has provided for a criminal procedure involving several degrees of jurisdiction which may thus give rise to successive judicial decisions, at least one of which has been handed down in absentia, the concept of ‘trial resulting in the decision’, within the meaning of Article 4a(1) of Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, as amended by Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009, must be interpreted as relating only to the instance at the end of which the decision is handed down which finally rules on the guilt of the person concerned and imposes a penalty on him, such as a custodial sentence, following a re-examination, in fact and in law, of the merits of the case.
An appeal proceeding, such as that at issue in the main proceedings, in principle falls within that concept. It is nonetheless up to the referring court to satisfy itself that it has the characteristics set out above."
-JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) 10 August 2017 in Case C‑271/17 PPU (Zdziaszek): (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Police and judicial cooperation in criminal matters — European arrest warrant — Framework Decision 2002/584/JHA — Surrender procedures between Member States — Conditions for execution — Grounds for optional non-execution — Article 4a(1) of Framework Decision 2009/299/JHA — Arrest warrant issued for the purpose of executing a custodial sentence or a detention order — ‘Trial resulting in the decision’ — Legal proceedings amending or combining a sentence passed previously — Decision handing down a cumulative sentence — Decision handed down without the person concerned having appeared in person — Person convicted not having appeared in person at the trial in the context of his initial conviction, either at first instance or on appeal — Person represented by a legal counsellor in the appeal proceedings — Arrest warrant not providing any information in that regard — Consequences for the executing judicial authority)
"1. The concept of ‘trial resulting in the decision’, within the meaning of Article 4a(1) of Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, as amended by Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009, must be interpreted as referring not only to the proceedings which gave rise to the decision on appeal, where that decision, after a fresh examination of the case on the merits, finally determined the guilt of the person concerned, but also to subsequent proceedings, such as those that led to the judgment handing down the cumulative sentence at issue here, at the end of which the decision that finally amended the level of the initial sentence was handed down, inasmuch as the authority which adopted the latter decision enjoyed a certain discretion in that regard.
2. Framework Decision 2002/584, as amended by Framework Decision 2009/299, must be interpreted as meaning that, where the person concerned has not appeared in person in the relevant proceeding or, as the case may be, in the relevant proceedings for the application of Article 4a(1) of that Framework Decision, as amended, and where neither the information contained in the standard form for a European arrest warrant annexed to that Framework Decision nor the information obtained pursuant to Article 15(2) of that Framework Decision, as amended, provide sufficient evidence to establish the existence of one of the situations referred to in Article 4a(1)(a) to (d) of Framework Decision 2002/584, as amended, the executing judicial authority may refuse to execute the European arrest warrant.
However, that Framework Decision, as amended, does not prevent that authority from taking account of all the circumstances characterising the case brought before it in order to ensure that the rights of the defence of the person concerned are respected during the relevant proceeding or proceedings."
Publicado por Federico Garau a las 17:34:00 0 comentarios
-Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga los Reglamentos (CE) n.o 2868/95 y (CE) n.o 216/96 de la Comisión.
Nota: De acuerdo con su art. 1, esta norma tiene por objeto regular las siguiente cuestiones:
- Los pormenores del procedimiento para la presentación y el examen de una oposición al registro de una marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la Oficina).
- Los pormenores del procedimiento que regula la modificación de una solicitud de marca de la Unión.
- Los pormenores que rigen la caducidad y la declaración de nulidad de una marca de la Unión, así como la cesión de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente no autorizado.
- El contenido formal del escrito de recurso y el procedimiento para la presentación y el examen de un recurso, el contenido formal y la forma de las resoluciones de la sala de recurso y el reembolso de la tasa de recurso, los detalles sobre la organización de las salas de recurso y las condiciones en las que las resoluciones sobre los recursos deben ser adoptadas por un solo miembro.
- Las disposiciones detalladas del procedimiento oral y de la instrucción.
- Las modalidades detalladas de la notificación por parte de la Oficina y las normas relativas a los medios de comunicación con la Oficina.
- Los pormenores relativos al cómputo y la duración de los plazos.
- El procedimiento para la revocación de una resolución o la cancelación de una inscripción en el Registro de marcas de la Unión.
- Las disposiciones detalladas para la reanudación de los procedimientos entablados ante la Oficina.
- Las condiciones y el procedimiento para el nombramiento de un representante común; las condiciones en las que los empleados y los representantes autorizados deben presentar un poder, así como el contenido de dicho poder y las condiciones en las que una persona podrá ser dada de baja de la lista de representantes autorizados.
- Los pormenores del procedimiento relativo a los registros internacionales basados en una solicitud de base o un registro de base relativo a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, así como el procedimiento para la presentación y el examen de una oposición a un registro internacional.
Se derogan los Reglamentos (CE) nº 2868/95 y (CE) nº 216/96. No obstante, seguirán siendo aplicables a los procedimientos en curso en los casos en que el presente Reglamento no sea aplicable, de conformidad con su art. 81, hasta la terminación de dichos procedimientos (véase el art. 80).
El Reglamento entrará en vigor mañana y será aplicable, con carácter general, a partir del 1 de octubre de 2017, aunque es conveniente leer con detenimiento las disposiciones transitorias del art. 81.2.
Véase el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria (Versión codificada), así como la entrada de este blog del día 24.3.2009.
-Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea.
Nota: El Reglamento contiene normas en las que se especifican:
- Los datos que deben figurar en una solicitud de marca de la Unión que se presente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la Oficina).
- La documentación necesaria para reivindicar la prioridad de una solicitud anterior y para reivindicar la antigüedad, y los elementos de prueba que deberán presentarse a efectos de la reivindicación de la prioridad de exposición.
- Los datos que deben figurar en la publicación de una solicitud de marca de la Unión.
- El contenido de una declaración de división de una solicitud, el modo en que la Oficina tiene que tramitar dicha declaración, así como los datos que deben figurar en la publicación de la solicitud divisional.
- El contenido y la forma del certificado de registro.
- El contenido de la declaración de división de un registro y el modo en que la Oficina tiene que tramitar dicha declaración.
- Los datos que deben figurar en las solicitudes de modificación y para el cambio de nombre o dirección.
- El contenido de la solicitud de registro de una cesión, la documentación necesaria para establecer una cesión, y el modo de tramitar las solicitudes de cesiones parciales.
- Los datos que deben figurar en una declaración de renuncia y la documentación requerida para establecer el acuerdo de un tercero.
- Los datos que deben figurar en el reglamento de uso de una marca colectiva de la Unión y los que rigen el uso de una marca de certificación de la Unión.
- Los tipos máximos de los gastos imprescindibles para los procedimientos en que se haya incurrido efectivamente.
- Determinados pormenores relativos a las publicaciones en el Boletín de Marcas de la Unión Europea y en el Diario Oficial de la Oficina.
- Las disposiciones detalladas del modo en que la Oficina y las autoridades de los Estados miembros han de intercambiar información entre sí y abrir expedientes de consulta.
- Los datos que deben figurar en las solicitudes de transformación y en la publicación de una solicitud de transformación.
- La medida en que los documentos justificativos que se utilicen en los procedimientos escritos ante la Oficina puedan presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión, la necesidad de facilitar una traducción y los requisitos exigidos a las traducciones.
- Las resoluciones que deben ser adoptadas por un solo miembro de la división de oposición y de la división de anulación.
- Determinadas informaciones relativas al registro internacional de marcas: el formulario que debe utilizarse para presentar una solicitud internacional; los hechos y resoluciones de nulidad que deben notificarse a la Oficina Internacional y el momento oportuno para dicha notificación; los requisitos pormenorizados relativos a las solicitudes de extensión territorial posteriores al registro internacional; los datos que deben figurar en una reivindicación de antigüedad para un registro internacional y los detalles de la información que se ha de notificar a la Oficina Internacional; los datos que deben figurar en la notificación de oficio de denegación provisional de protección que deba enviarse a la Oficina Internacional; los datos que deben figurar en la concesión o denegación definitiva de la protección; los datos que deben figurar en la notificación de anulación; los datos que deben figurar en las solicitudes de transformación de un registro internacional y en la publicación de dichas solicitudes; los datos que deben figurar en una solicitud de transformación.
Este Reglamento entrará en vigor mañana y, con carácter general, será aplicable a partir del 1 de octubre de 2017. Debido a numerosas las reglas especiales que contiene, es conveniente leer con atención las disposiciones transitorias contenidas en los arts. 37 y 38.
[DOUE L205, de 8.8.2017]
Publicado por Federico Garau a las 10:10:00 0 comentarios
Nota: El objeto de esta resolución es determinar si es posible practicar la inscripción de constitución de sociedad solicitada en el Registro Mercantil cuando se da la circunstancia de que el número de identificación de extranjero de uno de los fundadores de la sociedad no se corresponde con la previsión normativa al constar de ocho dígitos numéricos (y no siete). El notario recurrente argumenta en su escrito de recurso que el número transcrito en la escritura se corresponde exactamente con el del documento exhibido y que el error es fácilmente salvable prescindiendo del primer dígito (el dígito cero).
Como ya se dijo en la resolución de la DGRN de 18.1.2012, y han confirmado otras posteriores, el art. 38 RRM regula lo que denomina «constancia de identidad», exigiendo determinados datos cuando haya de hacerse constar en la inscripción la identidad de una persona. Tratándose de extranjeros se exige que se haga constar el «número de identificación de extranjeros, el de su pasaporte, el de su tarjeta de residencia, o de cualquier otro documento legal de identificación, con declaración de estar vigentes». Añade el precepto que «se consignará el número de identificación fiscal, cuando se trate de personas que dispongan del mismo con arreglo a la normativa tributaria», norma que resulta aplicable tanto a nacionales como a extranjeros. Por tanto, para la identificación de personas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la sociedad pueden ser utilizados diversos documentos de forma alternativa: bien su número de identificación de extranjeros, bien el de su pasaporte, o el de su tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal de identificación que puede ser incluso la tarjeta de identidad del país de que se trate. Sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio el que conste un número de identificación fiscal, número que puede ir unido a un documento legal de identificación del interesado o que puede constar en otro documento que sólo sirva para acreditar dicho número sin que pueda ser utilizado para la identificación del extranjero en caso de que también sea compareciente.
Por su parte, el art. 18.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, dispone que «las personas físicas y jurídicas, así como los obligados tributarios a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tendrán un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria». El art. 20.1 del mismo Real Decreto, en lo que se refiere a los extranjeros, viene a establecer que «el número de identificación fiscal será el número de identidad de extranjero que se les asigne o se les facilite de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su normativa de desarrollo». Por ello el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, en su art. 101, se refiere al número de identidad de extranjero, indicando que los extranjeros que, tanto en el caso de que obtengan un documento que les habilite para permanecer en España como para otros supuestos diversos, serán dotados a los efectos de identificación de un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial, que será el identificador del extranjero y deberá figurar en todos los documentos que se le expidan o tramiten, así como en las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo.
Finalmente, la orden del ministro del Interior de 7.2.1997 (modificada por la Orden número INT/2058/2008, de 14 de julio) determina la composición del número de identidad de extranjero estableciendo en su artículo 6.a), segundo párrafo, lo siguiente: «El Número de Identidad de Extranjero estará integrado por nueve caracteres con la siguiente composición: Una letra inicial, que será la X, seguida de siete dígitos o caracteres numéricos y de un código o carácter de verificación alfabético que será definido por el Departamento Ministerial competente. Una vez agotada la serie numérica correspondiente a la letra X, se continuará siguiendo el orden alfabético».
El recurrente no discute las consideraciones anteriores ni el hecho de que el número de identificación de extranjero del compareciente al que se refiere el acuerdo del registrador no se corresponde con el previsto en la norma; se limita a afirmar que el error es de origen, al provenir de la Administración que lo concedió, que el reflejado en la escritura es fiel reproducción del que consta en la tarjeta exhibida y que basta con no hacer constar el primer dígito numérico para que pueda ser considerado correcto, operación que puede llevar a cabo por sí mismo el registrador tal y como autorizó la Resolución de este Centro Directivo de 21 de marzo de 2016.
El recurso no puede prosperar. Admitida la existencia del error en el documento que contiene el número de identificación de extranjero procede su rectificación al tratarse de uno de los datos que obligatoriamente debe constar en la inscripción a practicar en el Registro Mercantil. La trascendencia y efectos de la publicación de los datos en el Registro, así como su comunicación a otras bases de datos de interés público no permiten su constancia una vez que se ha puesto de manifiesto.
El recurrente entiende que sería fácilmente removible por el propio registrador mediante la oportuna consulta a la página existente al efecto (web oficial del Ministerio del Interior, http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/calculo-del-digito-de-control-del-nif-nie), tal y como se estableció en la Resolución de la DGRN de 21.3.2016. Sin embargo, a diferencia del supuesto de aquella Resolución en la que existiendo un error en el contenido del Registro el registrador tenia atribuida la competencia para corregirlo (art. 213 LH), en el presente, el error se encuentra en el título presentado ante el registrador [art. 40.d) LH], y, más concretamente, en el exhibido ante el notario autorizante. Téngase en cuenta que una cosa es corregir el contenido de un asiento en el que obra un dato incorrecto cuando se ha puesto de manifiesto al registrador el dato correcto y otra cosa muy distinta constituye alterar el dato incorrecto que consta en el título presentado, plasmando otro distinto en el folio correspondiente.
Es la Administración concedente (la Dirección General de la Policía), la única que administrativamente tiene competencia [vid. art. 13.g) de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la disposición octava de la Orden del ministro del Interior de 7 de febrero de 1997], para determinar la existencia del error y para corregirlo mediante, en su caso, la expedición de un nuevo documento que permita el traslado a los libros del Registro del número de identificación de extranjero que corresponda a aquella persona cuyos datos van a constar en el Registro Mercantil y que han de ser objeto, si procede, de la oportuna publicidad. No obstante, el notario autorizante puede rectificar la escritura, en los términos establecidos en la legislación notarial, al objeto de lograr la inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo acceder, con este objeto, a la propia página web existente al efecto (web oficial del Ministerio del Interior), en los mismos términos que por esta Dirección General se ha posibilitado a los registradores de la Propiedad para acceder en el supuesto contemplado en la Resolución de 21.3.2016, en el caso contemplado en ese expediente.
[BOE n. 188, de 8.8.2017]
Publicado por Federico Garau a las 16:22:00 0 comentarios
Nota: En esta disposición se regulan las funciones que corresponde realizar a la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (Ofesauto) y sus normas de funcionamiento con arreglo al marco jurídico en que desarrolla su actividad, constituido por el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor aprobado por el Real Decreto 1507/2008, de 12 de , y el Reglamento general del Consejo de Oficinas nacionales de seguros aprobado por la Asamblea General de dicho Consejo de 30 de mayo de 2002 (véase art. 1).
Son funciones de Ofesauto ejercer de Oficina nacional de seguro, de Organismo de indemnización y de administración del seguro en frontera, así como las demás relacionadas con el seguro obligatorio que se establecen en el art. 10 (véase art. 4).
[BOE n. 185, de 4.8.2017]
Conflictus Legum se toma unos días de vacaciones. Después del intenso curso que ha finalizado y para afrontar el nuevo que se iniciará dentro de pocas semanas -quienes nos dedicamos a la docencia universitaria solemos utilizar como unidad de tiempo el "curso académico"-, es preciso tomarse unos días de descanso para cargar las baterías. Los últimos doce meses han sido muy interesantes e intensos, y espero que los venideros también lo sean. Pero es bueno hacer una parada para reflexionar sobre el pasado curso y ver qué novedades podemos introducir en el próximo. Aprender de los errores que hemos cometido -siempre se nos cuela algún desajuste no previsto- y pensar cómo podemos mejorar nuestra docencia, por un lado, y la transferencia de los resultados de nuestra investigación a la sociedad que nos paga y a la que nos debemos.
Feliz descanso a los seguidores de Conflictus Legum. Nos vemos a la vuelta con energías renovadas.
Publicado por Federico Garau a las 19:27:00 2 comentarios

References: artículo 149
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 Real Decreto 
 artículo 35
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 artículo 6
 Resolución 
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