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Timestamp: 2019-10-18 16:36:02+00:00

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﻿ Sentencia C-237 de marzo 22 de 2012
SENTENCIA C-237 DE 22 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:EL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL ARTÍCULO 6º Y EXEQUIBLES LA EXPRESIÓN “NOMBRE DEL CONGRESISTA Y SU ACREDITACIÓN EXPEDIDA POR LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL NACIONAL” DEL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 4ºLA EXPRESIÓN “Y SU DEBIDA EXPLICACIÓN” DEL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 4ºLA EXPRESIÓN “O NO SE ALLEGUEN LOS ANEXOS EXIGIDOS EN LA LEY” DEL ARTÍCULO 7ºY LA EXPRESIÓN “MEDIANTE LAS CUALES HAYA SIDO LEVANTADA LA INVESTIDURA DE UN PARLAMENTARIO” DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 144 DE 1994.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA
Sentencia C-237 de marzo 22 de 2012
Ref.: Expediente D-8658
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4º, 6º, 7º, 13, 16 y 17 de la Ley 144 de 1994.
Diario Oficial 41.449, julio 19 de 1994
ART. 4º—Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos:
PAR.—No será necesario formular la solicitud a través de apoderados.
ART. 6º—La solicitud deberá ser presentada personalmente por su signatario, ante el secretario general del Consejo de Estado. El solicitante que se halle en lugar distinto podrá remitirla, previa presentación personal ante juez y notario, caso en el cual se considerará presentado cuando se reciba en el despacho judicial de destino.
ART. 7º—Recibida la solicitud en la Secretaría, será repartida por el presidente del Consejo de Estado el día hábil siguiente al de su recibo, y designará el magistrado ponente, quien procederá a admitirla o no, según el caso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su reparto. En el mismo término notificará al congresista de la decisión respectiva.
ART. 13.—Ejecutoriada la sentencia se comunicará a la mesa directiva de la cámara correspondiente, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio de Gobierno para lo de su cargo. Cuando el Consejo de Estado advierta la posible comisión de hechos punibles por parte del congresista, o temeridad o mala fe en la acusación, la sentencia ordenará que se compulsen copias de toda la actuación a las autoridades competentes para las investigaciones y sanciones correspondientes.
ART. 16.—Conflicto de intereses. Definición: los congresistas que dentro del año inmediatamente anterior a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso, deberán comunicarlo por escrito a la mesa directiva de la respectiva corporación para que, decida si los congresistas aludidos deben abstenerse de participar en el trámite y votación de dichos actos.
ART. 17.—Recurso extraordinario especial de revisión. Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes:
c) <Literal inexequible>.
2.1. Inconstitucionalidad de la exigencia al solicitante para que presente acreditación de la calidad de congresista del sujeto pasivo del proceso.
Esta acusación se basaría en que esta exigencia es más fácil de cumplir por parte del magistrado sustanciador —fls. 1 y 2— y que este es uno de aquellos formalismos que prevé la ley, pero que no se encuentran contenidos en la Constitución —fl. 11—.
El fundamento de su inconstitucionalidad radicaría en que este no es un requisito previsto por la Constitución, la cual otorgó la posibilidad de hacer la solicitud de manera simple y llana —fl. 3—. Adicionalmente, manifiesta el actor una posible obstrucción de acceso a la justicia, pues “el ciudadano carente de conocimiento jurídico y económicamente insolvente para estar ‘en la calle’ haciendo diligencias que le cuestan dinero y ‘le quitan tiempo’ opta por abandonar el proceso”.
La inconstitucionalidad radicaría en que este requisito no está previsto por la Constitución —fl. 5—; atropella el “principio universal de economía y celeridad procesal y conculca el debido proceso” —fl. 5—; y, finalmente, obstaculiza antijurídicamente el libre acceso a la administración de justicia —fl. 5—.
2.4. Inconstitucionalidad de la posibilidad de devolver la solicitud cuando no se alleguen los anexos exigidos por la ley.
2.5. Inconstitucionalidad de la posibilidad de compulsar copias en casos de temeridad o mala fe.
Para el demandante esta limitación rompe el principio de igualdad y establece una discriminación expresamente prohibida por el artículo 13 de la Constitución, pues excluye de este control a aquellos sujetos que asesoran de forma gratuita. Igualmente, en versión del actor, estarían excluidos todos aquellos servicios que reciben como contraprestación dádivas, viajes, viáticos, reconocimientos, galardones y votos para las elecciones al Congreso de la República —fls. 7 y 8—.
En este cargo el demandante se limita a manifestar que se afecta el artículo 13 de la Constitución, pues se niega “sin justa causa el mismo derecho a la parte que demanda la pérdida la pérdida de investidura” —fl. 9—.
3. El proceso de pérdida de investidura dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
El antecedente directo de la figura de pérdida de investidura se encuentra en el Acto Legislativo 1 de 1979, y más exactamente en el artículo 13 de esta enmienda constitucional en donde se decía de manera escueta que existían tres causales para perder la investidura. La primera, la infracción del régimen de incompatibilidades; la segunda, el desconocimiento del régimen de conflicto de intereses; y la tercera, la ausencia a un determinado número de sesiones donde se voten proyectos de ley y de acto legislativo. La competencia para este juzgamiento le correspondía al Consejo de Estado.
“En efecto, en la Asamblea Nacional Constituyente el tema comenzó a ser debatido en la Comisión Tercera, con ponencia original del Constituyente Luis Guillermo Nieto Roa. Luego se discutió sobre la base del proyecto presentado por la comisión nombrada como ponente colectivo, integrada por los delegatarios Alfonso Palacios Rudas, Hernando Yepes Arcila, Álvaro Echeverry Uruburu, Antonio Galán y otros, según consta en el medio oficial de publicación de la asamblea(1).
El criterio de la comisión(2) fue unánime en cuanto a que el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés quedaría incompleto y sería inane si no se estableciera la pérdida de la investidura como condigna sanción. Fue también el parecer unánime de la comisión que, dada la alta posición del congresista, la violación de este régimen no podía acarrear una sanción inferior a la pérdida de la investidura. Así fue propuesto por esta, con la obligación de que la ley estableciera un procedimiento abreviado mediante el cual la Corte Suprema de Justicia decidiera en un plazo no superior a veinte días”.
La creación de un proceso de estas características, como resultado del cual se ve menguada la independencia del Congreso y que resulta un entendimiento novedoso del principio de división de poderes, solo se puede comprender si se recuerda el contexto político que se vivió cuando se gestó la figura: un ambiente de fuerte hostilidad hacia la institución parlamentaria, a la que se le acusaba de la petrificación del ordenamiento jurídico porque no había sido capaz de liderar una reforma constitucional dentro de los cauces previstos por la Constitución de 1886; y, de otra parte, se acusaba a sus miembros de incapacidad y corrupción.
3.2. Regulación jurídica.
Esta situación lleva a la conclusión que la pérdida de la investidura tiene a la Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones constitucionales tienen eficacia jurídica directa. Al respecto vale la pena recordar que la postura inicial del Consejo de Estado fue la de considerar que las normas sobre pérdida de investidura no podían aplicarse hasta que no existiera una ley que los regulara, pues debía respetarse la reserva de ley que no podía ser llenada con decisiones judiciales; posición que fue rápidamente modificada a partir del uso del código contencioso administrativo para llenar los vacíos que existían en la Constitución(2).
3.3. Objetivos que persigue el proceso de pérdida de investidura.
La pérdida de investidura es un procedimiento mediante el cual el Consejo de Estado decide sobre la solicitud que le hace cualquier ciudadano, con el objetivo de que se despoje de su mandato a un miembro del Congreso, en razón a que estos se encuentran en alguno o algunos de los supuestos de los artículos 110 ó 183 de la Constitución.
Este proceso tiene un gran cometido de carácter general, cual es la depuración de la dinámica congresual mediante la transparencia en la forma de acceso o en la gestión que realicen sus miembros; por este camino se alcanzará otro objetivo, cual es la legitimación del Congreso de la República y, con ello, la revitalización del sistema democrático. Por otra parte, existen propósitos concretos que se expresan en cada una de las casuales de pérdida de investidura que establece la Constitución: el respeto del régimen de incompatibilidades; evitar que se actúa cuando exista conflicto de intereses —art. 183.1—; evitar el abandono de funciones —art. 183. 2º y 3º—; y la utilización de la función de congresista para fines egoístas —183.4 y 5º y artículo 110 de la Constitución—.
Puede afirmarse, en consecuencia, que si el legislador, en ejercicio de sus atribuciones, llegara a suprimir delitos como el tráfico de influencias o la indebida destinación de dineros públicos, tales conductas seguirían dando lugar a la pérdida de la investidura en el caso de los congresistas mientras permaneciera vigente el artículo 183 de la Constitución Política. Mal podría alegarse en ese supuesto que la desaparición del calificativo legal a ellas atribuido implicara a la vez que la previsión constitucional cayera en el vacío y menos todavía que, probados ante el Consejo de Estado tales comportamientos, no pudiera aplicarse al acusado la respectiva sanción disciplinaria contemplada por el Constituyente”.
Sin embargo, que los objetivos sean la democratización y la legitimación del sistema no implica que la labor de juzgamiento se convierta en un proceso de naturaleza política en el que se hagan juicios de carácter moral a los miembros del Congreso. Por el contrario, solo la aplicación estricta de los términos jurídicos en que se enmarca la actuación del juez en los procesos de pérdida de investidura, así como el entender que las normas jurídicas son el único parámetro aplicable a este tipo de juzgamientos pueden ser la base legitimadora del este proceso.
En conclusión, para que el proceso de pérdida de investidura sea un instrumento de legitimidad del Congreso y simultáneamente sirva a la legitimidad del Consejo de Estado, es necesario que el recurso a la moral, a la justicia, a lo correcto se haga dentro de los límites del derecho; solo en la medida en que se descarte la aplicación de normas ajenas al derecho se estará en el camino correcto para alcanzar las metas de legitimación del Congreso y fortalecimiento de la función de administración de justicia en nuestro ordenamiento. La labor judicial en pos de la legitimación de cualquier órgano del Estado solo puede ser concebida como consecuencia de la debida aplicación del derecho; y, en consecuencia, la legitimación del Congreso que se pretenda hacer por fuera del derecho trae como consecuencia la deslegitimación de la justicia.
4.1. Cargo uno: exigencia de aportar certificación de la calidad de congresista del sujeto pasivo de la solicitud de pérdida de investidura.
Corresponde a la Sala el estudio del cargo según el cual la exigencia del literal b del artículo 4º es más fácil de cumplir por parte del magistrado sustanciador —fls. 1 y 2—; adicionalmente, la acusación se basaría en que este es uno de aquellos formalismos que prevé la ley, pero que no se encuentran contenidos en la Constitución —fl. 11—.
Respecto del primer sustento de la acusación debe aclarar la Sala que el mismo no implica un cargo que sirva para motivar un debate sobre la constitucionalidad de la norma. En efecto, el mismo carece de especificidad, en cuanto no indica qué disposición constitucional se vulnera y, menos aun, cómo es que esto ocurre. La demanda se limita a manifestar que la certificación exigida es un trámite que puede tardar 20 y hasta 25 días calendario en ser cumplido por un ciudadano, mientras que a al Magistrado le podría llegar a tomar tan solo tres días. Sin embargo, y partiendo del supuesto no demostrado de que este cálculo sea cierto, en ningún momento expone cómo esta situación va en contra de alguna protegida por la Constitución. Que su realización sea más fácil para el magistrado que sustancia, partiendo del supuesto —no comprobado en el expediente— de que así lo es, no hace per se que la exigencia del literal b) del cuarto artículo de la Ley 144 de 1994 devenga inconstitucional; para ello debería señalarse cuál es el derecho que se anula o desconoce con la misma o, al menos, cuál es la carga desproporcionada e ilegítima que, por tener este carácter, conlleva a concluir sobre la existencia de un obstáculo en el acceso a la justicia o de una restricción del debido proceso.
Respecto del segundo fundamento, es decir, de aquel según el cual dicha exigencia devendría inconstitucional, en cuanto no es prevista por la Constitución, debe recordarse que el establecer requisitos para hacer funcional, eficaz y eficiente el derecho de acceso a la justicia se encuentra dentro de la cláusula general de competencia de que dispone el Congreso para regular las materias que lo ameriten, estén estas contenidas o no en la Constitución, esto dentro del llamado margen de discrecionalidad legislativa, que en todo caso se enmarca dentro de los límites previstos en la Constitución.
Así lo recordó la Sala de la Corte Constitucional al dar respuesta a una demanda en contra de los artículos 296 y 297 del reglamento del Congreso que, al regular diversos aspectos del proceso de pérdida de investidura de congresistas fueron acusados, entre otros el mismo artículo 4º de la Ley 144 de 1994. En esta ocasión “el actor fundamentándose en un pronunciamiento del Consejo de Estado, indic[ó] que el legislador no puede reglamentar la Constitución donde ella no lo ha autorizado. Así, si la Carta al establecer las causales de desinvestidura de un congresista, no señala requisitos para su aplicación, el legislador bajo ningún pretexto podrá hacerlo”(3).
Así mismo, el artículo 301 del RC(4) que exigía acompañar la solicitud de desinvestidura de algunas pruebas que corroboraran los hechos expuestos, fue cuestionado en su constitucionalidad por considerarse que “vulnera[ba] los artículos 40, 184 y 242 de la Constitución Nacional, ya que le impon[ía] cargas al ciudadano que pretende solicitar la pérdida de la investidura de un congresista, como la de anexar pruebas, cuando ellas en la mayoría de las ocasiones son difíciles de reunir, lo que a su juicio hac[ía] nugatorio el derecho político del ciudadano que nace directamente de la Constitución, la cual no les impuso tales limitaciones”(5).
“No cabe duda que los artículos 301, 302, 303 y 304 tratan aspectos de la institución que son por completo ajenos al estatuto personal del congresista. Su naturaleza procesal los hace más propios de la ley especial por la cual el Congreso de la República, en desarrollo de la Carta, debe fijar el procedimiento judicial especial a seguirse ante el Consejo de Estado para adelantar el respectivo proceso, la cual además, debe determinar las condiciones y requisitos de la solicitud que a ese fin formule bien un ciudadano o la mesa directiva de la cámara correspondiente, entre ellos los concernientes a los elementos probatorios que los ciudadanos deben aportar con su solicitud, o que, en su ausencia, el Consejo de Estado debe recabar de la cámara respectiva”.
“— El artículo cuarto, que señala los requisitos y datos que debe reunir la solicitud de pérdida de investidura cuando provenga de un ciudadano, se aviene a la Constitución, pues no hace nada diferente de exigir que quien, en ejercicio de un derecho reconocido por la Carta, acude al tribunal competente con el objeto de pedirle que declare la pérdida de la investidura de un congresista, lo haga identificándose, señalando e identificando al acusado, fundando su acusación y aportando o solicitando las pruebas a que haya lugar. Esto es necesario en toda demanda, por informal que sea, para que la autoridad judicial cuente con los elementos mínimos indispensables con el objeto de iniciar la actuación que le corresponde”.
Por las razones expuestas, la Corte concluye que la exigencia de consiste en aportar la acreditación expedida por la Organización Nacional Electoral i) es conducente y eficaz a los fines de certeza y claridad que deben guiar el debido proceso; ii) no resulta una carga desproporcionada al ciudadano que quiere solicitar la pérdida de investidura; y iii) se encuentra dentro del margen de discrecionalidad legislativa que tiene el Congreso de la República en desarrollo de la cláusula general de competencia que, en el sistema constitucional colombiano, se radica en cabeza del órgano legislativo.
4.2. Cargo dos: exigencia de dar debida explicación de la causal esgrimida.
Por otro lado, no se aprecia que la exigencia de debida explicación entrañe limitante de derecho fundamental alguno del ciudadano y, por el contrario, es uno de los requisitos mínimos que exige la lógica argumentativa de una solicitud de esta naturaleza. Resalta la Sala que el artículo no establece exigencia que desnaturalice la esencia pública de la acción, en cuanto no prevé como preceptiva una argumentación de nivel o características profesionales —en el área jurídica—; simplemente se exige que a más de unos hechos señalados, se indique por qué los mismos se constituyen en causal para solicitar el levantamiento de la investidura de un congresista.
Así, es el derecho de defensa uno de los que mayor riesgo de vulneración tiene en este tipo de procesos, pues, a más del corto tiempo que se tiene para responder la demanda —tres días, de acuerdo con el art. 9º de la Ley 144 de 1994—, sería una carga desproporcionada el no tener claridad sobre el concepto de la acusación, en orden a establecer con precisión cuál es el camino para controvertir, matizar o, simplemente, aceptar los expresado en la solicitud.
De esta forma, la exigencia de debida explicación de la forma en que para el caso concreto opera la causal invocada, no solo i) no resulta una exigencia desproporcionada para quien solicita el levantamiento de la investidura de un miembro del Congreso; sino que, además, ii) supone una garantía al derecho de defensa del sujeto pasivo de dicha solicitud, pues sabrá de forma específica cómo, en concepto del demandante, una situación fáctica dada encuadra dentro de una causal de pérdida de investidura.
Contrario sensu, la indeterminación de cómo unos hechos expuestos en el escrito de demanda implican la concreción de una causal de pérdida de investidura, obligaría al demandado a suponer, a presumir e, incluso, adivinar las razones, los matices y el camino argumentativo de la posible acusación y, además, a defenderse de la misma. Esto a todas luces ubica al derecho a la defensa ante un riesgo desproporcionado, no solo por el doble trabajo de hacer cábalas sobre la acusación y responderlas en la contestación de la demanda, sino, además, porque es posible que el juez natural de la causa entienda de forma diferente el sentido de la acusación y, por consiguiente, convierta en fútil la defensa del sujeto pasivo en el proceso de pérdida de investidura.
4.3. Cargo tres: presentación ante juez y notario cuando el solicitante pueda hacerlo directamente ante el Consejo de Estado.
El actor, luego de mencionar que existe congestión judicial, por lo que asignar funciones innecesarias al juez iría en contra del principio de celeridad en la administración de justicia, manifiesta que la exigencia de presentarse ante juez, además de ante notario, “obstaculiza antijurídicamente el libre ejercicio de acceso a la administración de justicia” —fl. 5—.
Por el contrario, esta situación puede suponer una limitación al derecho fundamental de acceso a la justicia —C.N., art. 228—, en cuanto que no en todos los lugares del territorio nacional existen ambas autoridades, sobre todo las judiciales. En el mismo sentido se manifestó el concepto de la Centro de Estudios de Acciones Constitucionales de la Universidad Javeriana que concluyó “la segunda presentación exigida por esta disposición (ya sea ante juez, ya sea ante notario), es, a todas luces, innecesaria, y constituye una carga excesiva para el peticionario que resulta contraria al artículo 228 constitucional, pues debería bastar con presentar la solicitud ante juez o ante notario” —fl. 72—.
4.4. Cargo cuatro: posibilidad de devolver la solicitud cuando no se alleguen los anexos exigidos en la ley.
La totalidad de la sustentación de este cargo consiste en considerar el aparte acusado “una talanquera que coarta el derecho consagrado en los preceptos constitucionales 184 y 84 porque además, se repite, tales anexos nos lo ha determinado como requisitos la constitución política (sic)” —fl. 6—.
Respecto de la acusación que considera la exigencia de allegar los anexos exigidos un requisito desproporcionado para el derecho de acceso a la justicia, la Sala reitera que, dicha exigencia se encuentra dentro del margen de lo razonable a quien solicita de la justicia un pronunciamiento respecto de la investidura de un congresista. En efecto, en sentencias anteriores la Corte ha manifestado “[l]o propio puede afirmarse del artículo séptimo [es decir, su exequibilidad], que establece el trámite interno que habrá de darse a la solicitud en el Consejo de Estado, su reparto y las reglas sobre admisión de la misma. // El precepto en nada se opone a la Constitución y, por el contrario, plasma las reglas propias del juicio (C.N., art. 29)”(6).
En efecto, al no apreciarse, ni mencionarse en la demanda de inconstitucionalidad, ningún requisito establecido por el Congreso que resulte excesivo o sin fundamento —excepto la doble presentación ante juez o notario—, la consecuencia lógica de su no cumplimiento no puede ser otra que la devolución de la demanda, pues la misma no aporta los elementos necesarios para que el Consejo de Estado desarrolle el juicio de pérdida de investidura.
Adicionalmente, esta devolución no implica fenecimiento del derecho, pues el propio artículo 7º de la ley 144 de 1994 establece que se darán diez días a quien no cumpla con estas exigencias para que complete la demanda. De esta manera se está ante una norma que prevé una exigencia lógica dentro de un proceso judicial —como ya lo anotó la Sent. C-247/95— y que, además, brinda la posibilidad de corregir los errores o falencias en que se haya incurrido en la presentación de la solicitud, razón por la cual la Sala no encuentra vulneración del derecho de acceso a la justicia.
4.5. Cargo cinco: la posibilidad de compulsar copias en casos de temeridad o mala fe.
“No puede existir temeridad en un ciudadano que pretende colaborar en la modernización del órgano legislativo cosa que atañe a todos por ser un oficio que hace parte de los negocios públicos y está consagrado como derecho en lo (sic) artículo 1º, 2º, 40 (sic) del estatuto superior.
Pero además contraviene sin razón el artículo 83 de la Constitución Política pero además para presentar una pérdida de investidura de congresista de manera temeraria se tendría que incurrir en falsas acusaciones incurriendo cuando menos en la comisión de hechos punibles que como lo menciona la norma por ello el autor de la acusación debe ser investigado de conformidad con el ordenamiento penal.
De otra parte se está presumiendo la buena fe del congresista; pero no la buena fe del demandante”.
En efecto, el demandante parte de un error en la interpretación de la norma acusada. La misma no prevé casos, ni presume temeridad o mala fe de solicitud de levantamiento de investidura alguna. Simplemente, establece que de presentarse temeridad o mala fe a juicio del funcionario sustanciador, este deberá compulsar copias a los organismos encargados de la correspondiente investigación. Resalta la Sala que la disposición no establece límite o exigencia que deba cumplir el solicitante, simplemente coloca a juicio del magistrado la posibilidad de ordenar que someter a juicio del competente casos que puedan ser contrarios al ordenamiento y, en específico, que pudieron haber afectado derechos fundamentales del sujeto pasivo de la solicitud de levantamiento de investidura, como son el derecho de defensa, su buen nombre o el libre ejercicio de su profesión. Desde esta perspectiva no se encuentra razón de ser a la acusación presentada.
El cargo, además, presenta una contradicción in se, pues primero afirma —sin presentar sustentación alguna— que en esta solicitud “no puede existir temeridad” y, posteriormente, dice que para que la misma se presente se tendría que incurrir en la comisión de hechos punibles, lo cual es a todas luces lo opuesto a lo antes manifestado.
“Sin ninguna ratio juris, que así lo justifique este término remunerados rompe el principio de igualdad y establece un (sic) discriminación expresamente prohibida por el artículo 13 constitucional habilitando a quienes asesoran aparentemente gratis pues aunque no figuran registros de haber percibido remuneración en dinero pero que sí reciben otras remuneraciones aunque para ello le den otra denominación a la remuneración”.
Esto a su vez lleva a que el contenido que supuestamente vulnera la Constitución no esté claro: si existen estas supuestas formas de remunerar —como el mismo actor las llama—, dichos servicios así pagados deberán declararse por parte de los miembros del Congreso para los efectos previstos en el artículo 16, pues son servicios remunerados, no importando para estos efectos que la remuneración no se haga en dinero en efectivo. Siendo esta la situación que salta a la vista, no se explica cuál sería el contenido que ahora se acusa.
4.7. Cargo siete: previsión del recurso extraordinario especial de revisión exclusivamente para las sentencias condenatorias.
En palabras del actor, “[a]quí también se rompe el equilibrio de las partes que debe imperar en un Estado de derecho y los principios de equidad e igualdad jurídica del artículo 13 fundamental al determinar ‘un debido proceso o derecho de impugnación de sentencia para el parlamentario condenado a la pérdida de su investidura por incurrir en las causales previstas en la ley; pero negándole sin justa causa el mismo derecho a la parte que demanda la pérdida de investidura” —fls. 8 y 9—.
Pero es claro que ese estadio de última definición no excluye los recursos extraordinarios, menos todavía cuando el proceso —como en el caso que se considera— es tramitado y resuelto en única instancia, pues en tales eventos aumentan las posibilidades de equivocación del fallador y se hace indispensable, en guarda de los derechos fundamentales del condenado, brindarle la oportunidad de controvertir la sentencia.
La norma (art. 17) separa las causales de ‘falta del debido proceso’ y ‘violación del derecho de defensa’. En realidad, el segundo aspecto hace parte del primero, como lo consagra el artículo 29 de la Constitución, de tal manera que cuando el derecho de defensa es desconocido se viola necesariamente el debido proceso, que es un concepto genérico. Sin embargo, lo anotado no obsta para la exequibilidad del precepto, que precisamente encuentra su sentido y fundamento constitucional en la necesidad de brindar a quien es condenado la posibilidad de impugnar la sentencia cuando ella en sí misma constituye una vulneración de las garantías procesales”(7).
En consecuencia, no es evidente para la Corte que las partes involucradas en un proceso de pérdida de investidura se encuentren en la misma posición, por lo que el accionante ha debido explicar de forma clara, específica y suficiente por qué considera que existe igualdad de posiciones dentro de este tipo de procesos o, al menos, por qué, aunque se encuentren en posiciones distintas en otros aspectos, respecto de la sentencia condenatoria las partes tiene una posición idéntica o, cuando menos, análoga. Solo de esta forma podría justificarse un argumento que entienda vulnerado el principio de igualdad por el hecho de reconocer la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión a una de las partes, mientras que excluye de dicha ventaja a la otra.
1. Declarar EXEQUIBLES la expresión “Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional” del literal b) del artículo 4º; la expresión “y; su debida explicación” del literal c) del artículo 4º; y la expresión “o no se alleguen los anexos exigidos en la ley” del artículo 7º; y la expresión “mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario” del artículo 17 de la Ley 144 de 1994 por los cargos estudiados.
2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º de la ley 144 de 1994, en el entendido de que la presentación personal en este exigida podrá hacerse ante juez o ante notario, a elección del solicitante.
3. Declararse INHIBIDA para proferir fallo respecto de la acusación presentada en contra los artículos 13 y 16 de la Ley 144 de 1994.
(1) Gaceta Constitucional 51 del 16 de abril de 1991.
(2)(sic) Los criterios jurisprudenciales sobre la competencia y el procedimiento a seguir están contenidos en las sentencias de fecha 8 de septiembre de 1992, Expediente AC-175; 10 de agosto de 1993, Expediente AC-678; y de 1º de diciembre de 1993, Expediente AC-632, así como en las sentencias que allí se citan.
(3) Sentencia C-319 de 1994.
(4) Cuyo texto consagraba:
ART. 301.—Solicitud ciudadana. Cualquier ciudadano podrá solicitar al Consejo de Estado sea decretada la pérdida de la investidura congresal por haber incurrido, algún miembro de las cámaras, en una de las causales que la originan, en los términos del artículo 183 constitucional.
(5) Sentencia C-319 de 1994.
(6) Sentencia C-247 de 1995.
(7) Sentencia C-247 de 1995.

References: ARTÍCULO 6
 ARTÍCULO 4
 ARTÍCULO 4
 ARTÍCULO 7
 ARTÍCULO 17
 artículo 188
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 110
 artículo 183
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 301
 artículo 228
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 83
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 183