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Timestamp: 2018-03-20 07:40:55+00:00

Document:
Noboa Pagan Abogados: 2011
Primera aparición pública de la Comisión de Defensa a la Competencia.
Por: A. Noboa anoboa@npa.com.do
El pasado martes 29 de noviembre, en ocasión del cierre del Diplomado en Derecho de la Competencia ofrecido por la Universidad Iberoamericana y organizado por las Licenciadas Biviana Rivero, Laura Castellanos y Yomaira Martinó, 4 de los 5 miembros del Consejo Directivo de la Comisión de Defensa a la Competencia, hicieron su primera comparecencia pública, donde ofrecieron importantes informaciones sobre la institución que han de dirigir, actualmente en proceso de estructuración.
Los comisionados presentes, fueron los Licenciados Luis Reyes, Magdalena Gil de Jarp, Antonio Rodríguez Mansfield y Leyda Reyes. La Lic. Esther Aristy, presentó sus excusas.
Dichos funcionarios explicaron que actualmente se encuentran en el curso de la de discusión de la estructura orgánica y flujos de procesos para el funcionamiento de la institución. En ese orden, deciden el número de divisiones departamentales y personal técnico y administrativo a requerir, para cumplir con los mandatos esenciales exigidos por la Ley No. 42-08, incluyendo a la Dirección Ejecutiva, la cual aún se encuentra vacante.
Asimismo, informaron que se han elaborado los términos de referencia de los proyectos de consultoría internacional a requerir de algunas agencias internacionales, destinados a asistirles en la preparación de los manuales de manejo de casos, elaboración de los primeros estudios de diagnóstico de mercados prioritarios y otras tareas/producto. Junto a esas tareas, los funcionarios también llevan a cabo las gestiones administrativas de rigor, para la formal creación del nuevo organismo regulador, como parte del tren administrativo.
Estiman que no será hasta el segundo semestre de 2012, que la institución esté lista para recibir casos o iniciar investigaciones de oficio. Sin embargo, es dable que durante ese primer semestre se inicie la discusión en consulta pública de los procedimientos y reglamentos que regirán el debido proceso administrativo de la entidad.
Finalmente, anunciaron que la República Dominicana, será el país anfitrión de Foro Latinoamericano de Competencia, OCDE-BID, a ser celebrado en esta ciudad, en Septiembre de 2012.
First public appearance of the Competition Defense Commission.
On Tuesday November 29, during the closing of the Certificate Course in Competition Law offered by UNIBE (Universidad Iberoamericana) and organized by lawyers Biviana Rivero, Laura Castellanos and Yomaira Martinó, four of the five members of the Board of the Competition Defense Commission made their first public appearance. During said appearance they provided important information about the institution they are to direct, currently undergoing a restructuring process.
The officials present at the event were Commissioners Luis Reyes, Magdalena Jarp Gil, Antonio Rodriguez Mansfield and Leyda Reyes. Commissioner Esther Aristy, was not able to attend, and formally presented her excuses.
They explained that they are currently in the midst of the discussion regarding the organizational structure and process flows for the operation of the institution. Moreover, they are deciding the number of departments and/or divisions and technical and administrative staff required to meet the essential terms required by Law No. 42-08, including the Executive Office, which is still vacant.
They also reported that they have developed the terms of reference for the international consulting projects that will be required from some international agencies, in order to assist them in the preparation of case management manuals, development of the first diagnostic market studies of priority markets and other tasks/products. Along with these tasks, the officials are also conducting the rigorous administrative procedures for the formal creation of the new regulatory body, as part of the administration works.
Nevertheless, they believe that the institution will not be ready to receive cases or initiate investigations until the second half of 2012. However, it is possible that during the first semester of the coming year they might open to public discussion the consultation process of the procedures and regulations that will govern the administrative due process of the entity.
Finally, they announced that the Dominican Republic will host the Latin American Competition Forum, OECD-IDB, to be held in this city, in September 2012.
Publicado por Angélica Noboa en 9:16 No hay comentarios:
“El Bloque de Constitucionalidad como fundamento normativo de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional”
Continuando el análisis de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, promulgada el pasado 13 de junio del corriente año, nos referiremos al encuadramiento que hace esta ley, de la construcción jurisprudencial y normativa conocida como Bloque de Constitucionalidad.
Como es bien sabido, la defensa del debido proceso y su adaptación a nuestro derecho interno, constituye la génesis del llamado bloque de constitucionalidad. Lo anterior, debido a que, mediante la Resolución 1920-2003, del 13 de noviembre de 2003, se consolidó un concepto de configuración jurisprudencial pero de asidero legal, y de cuyo contenido, se derivaba la exigibilidad de distintos instrumentos jurídicos de corte nacional e internacional, específicamente, en materia de derechos fundamentales. Así, la resolución 1920-03, dispuso en uno de sus atendidos que: “forman parte de nuestro derecho interno el conjunto de garantías mínimas reconocidas en nuestra Constitución, así como la normativa supranacional conformada por los Tratados y Convenciones internacionales que reconocen derechos fundamentales, tal como ha sido reconocido por esta Suprema Corte de Justicia, mediante resolución que instituye el procedimiento para ejercer el recurso de amparo, de fecha 24 de Febrero del 1999”. Esto último, constituyó el precedente base para la construcción de un concepto global que integrara tanto la actividad jurisprudencial como las normas legales especializadas a la protección de los derechos fundamentales, y mayormente, al debido proceso en auge en aquel entonces.
En este contexto, la resolución definió el bloque de constitucionalidad de la manera siguiente:“Atendido, a que la República Dominicana, tiene un sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el concentrado, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado, el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva o secundaria”.
Esta definición, guarda perfecta relación con el espíritu y contenido de la Ley No. 137-11, partiendo, incluso, partiendo desde el objeto y alcance de la misma sobre lo cual se refiere el artículo 2 de ésta:“Esta ley tiene por finalidad regular la organización del Tribunal Constitucional y el ejercicio de la justicia constitucional para garantizar la supremacía y defensa de las normas y principios constitucionales y de Derecho Internacional vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables”. De lo anterior, deviene que esta ley utilice el bloque de constitucionalidad como un fundamento normativo para la validación jurisdiccional del Tribunal Constitucional y como fuente de normativas exigibles y aplicables para la búsqueda de la justicia constitucional.
En tal virtud, el artículo 3 dispone que: “En el cumplimiento de sus funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional sólo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas que integran el bloque de constitucionalidad, a esta Ley Orgánica y a sus reglamentos”. Aunado a que mediante este artículo, la ley integra el bloque de constitucionalidad como fundamento normativo, la misma también lo introduce como parte de los principios rectores del sistema constitucional, toda vez que, el artículo 7, numeral 3, en la definición del principio de Constitucionalidad dispone que:“Corresponde al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, en el marco de sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución y del bloque de constitucionalidad”.
Ante la existencia de una construcción normativa como el bloque de constitucionalidad, y como en todo fundamento normativo, surge la posibilidad de que, en determinado momento, pudiera acontecer un conflicto normativo. En este sentido, la ley No. 137-11, en otro de sus principios rectores, presenta la fórmula para la solución de aquel posible conflicto, ya que, de acuerdo al numeral 5 del mencionado artículo 7, el principio de favorabilidad dispone que: “La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable para el titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección (…)”.
Lo dispuesto en este principio de favorabilidad resulta de mucha practicidad e higiene procesal y argumentativa, tanto para el Tribunal Constitucional como para los juristas que acudan en defensa de víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales, sobre todo, en materia de derechos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté más avanzada y cuyos criterios sean más beneficiosos para la víctima. Ejemplo de ello, sería la actual evolución en materia de daños a los derechos civiles y políticos, así como la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual importancia, se reviste la jerarquía supletoria que otorga la Ley a las normas infraconstitucionales, ya que, es obligada su consulta y uso en los casos en que sean más favorables que las normas del bloque de constitucionalidad, lo cual, acontece, por ejemplo, con la Ley No. 42-08, General de Defensa de la Competencia, aplicable al binomio jurídico conformado por el derecho a la Libre Empresa y la Libre Competencia, entre otros ejemplos.
"The Constitutional Block as a normative basis of Law No. 137-11, of the Constitutional Court"
By: Juan Carlos Coiscou P. / Associate Attorney / Master of Tort Law
Continuing the analysis of Law No. 137-11, of the Constitutional Court and the Constitutional Process, enacted on June 13th of 2011, we will refer to the framework that typifies this law as of the legal construction known as “Constitutional Block”.
It is common knowledge that the defense of the due process of law and its adaptation into our legal system is the genesis of the so-called constitutional block. This, because, through Resolution 1920-2003 of 13 November 2003, a concept of case-law configuration but of legal nature was consolidated, and of whose content was derived the enforcement of various legal instruments of domestic and international nature, specifically in regards to fundamental rights. Thus, resolution 1920-03, stated in one of its recitals that: "constitute part of our domestic law the set of minimum guarantees acknowledged in our Constitution, as well as the supranational rules contained in treaties and conventions that recognize fundamental rights, as has been recognized by this Supreme Court, by resolution, which establishes the procedure for exercising the remedy of amparo, dated February 24, 1999”. This last part set the precedent for building a global concept that integrated both case-law activity as well as specialized legal standards for the protection of fundamental rights, and especially, due process of law, in vogue at that moment.
In this context, the resolution defined the constitutional block as follows: "Considering that the Dominican Republic has a constitutional system consisting of equal standing provisions emanating from two key normative sources: a) national source, formed by the Constitution and local constitutional case-law dictated by both judicial review (or diffuse control) and specialized constitutionality review (or concentrated control,) and b) international source, comprised of international covenants and conventions, advisory opinions and decisions of the Inter-American Court of Human Rights. These legal sources as a whole, according to the best legal theory, make up what has been called the constitutional block, to which is subject, both formally and materially, the validity of every primary or secondary legislation”.
This definition is fully in connection with the spirit and content of Law No. 137-11, starting from its object and scope, as stated in Article 2 thereof: "This law is intended to regulate the organization of the Constitutional Court and the exercise of constitutional justice to ensure the supremacy and advocacy of constitutional norms and principles of international law in force in the Republic, its uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in international treaties on human rights ". From the aforementioned definition we can conclude that this law has used the constitutional block provisions as a normative basis for validating the jurisdiction of the Constitutional Court and as a source of enforceable and applicable regulations to the pursuit of constitutional justice.
As such, Article 3 provides that: "In carrying out its duties as constitutional jurisdiction, the Constitutional Court is subject only to the Constitution, the rules that make up the constitutional block, to this law and its regulations”. Not only does the law, through this article, integrate the constitutional block provisions as a normative basis, it also introduces as part of the guiding principles of the constitutional system, since Article 7, paragraph 3, in the definition of the principle of Constitutionality provides that: "It is for the Constitutional Court and the judiciary branch, within their respective powers, to ensure the supremacy, integrity and effectiveness of the Constitution and the constitutional block".
In the presence of a normative structure such as the constitutional block, and as in all normative basis, the possibility arises that, at some point, a regulatory conflict could happen. In this regard, Law No. 137-11, in another of its guiding principles, establishes the mechanism for the solution of that potential conflict, since, in accordance with paragraph 5 of the aforementioned Article 7, the principle of lenity provides that: "The Constitution and fundamental rights must be interpreted and applied so as to optimize their maximum effectiveness to support the fundamental right holder. Where there is conflict between norms of the constitutional block that which is most favorable to the holder of the infringed right shall prevail. If an infra-constitutional rule is more favorable for the holder of that fundamental right than those of the constitutional block, the former shall be applied in a supplemental manner, so as to ensure the highest level of protection (...) ".
The provisions of this principle of lenity is of great practical, procedural and argumentative use, for both the Constitutional Court and the lawyers who come to the defense of victims who suffer violations to their fundamental rights, especially regarding the rights in which the Inter-American Court of Human Rights is more advanced and whose criteria are more beneficial to the victim. An example would be the current developments regarding damages in civil and political rights and the protection of Economic, Social and Cultural Rights. Equally important, it grants infra-constitutional provisions a supplemental hierarchy, given that their consultation is required and shall prevail in cases where they are more favorable than those of the constitutional block, which happens, for example, with Law No. 42-08, the Competition Law, applicable to the legal binomial of the right to free enterprise and to free competition, among other examples.
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Publicado por Angélica Noboa en 6:33 No hay comentarios:
“Acciones judiciales derivadas de los actos de competencia desleal”
Por: Karla Aquino Roedán kaquino@npa.com.do
Con el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en fecha 1 de marzo y 27 de abril del año 2011, se cumple la disposición transitoria contemplada en el artículo 67 de la Ley No. 42-08, Sobre la Defensa de la Competencia, que permite la entrada en vigencia de la totalidad de dicha normativa. Es de este modo, como se ponen a disposición de las personas, tanto físicas como jurídicas, una gama de acciones judiciales, derivadas de los actos de competencia desleal.
Empecemos por definir lo que es un acto de competencia desleal. Se considera como tal, todo suceso “o comportamiento realizado en el ámbito comercial o empresarial que resulte contrario a la buena fe y ética comercial que tengan por objeto un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores[1]”. La Ley No. 42-08 en su artículo 11 tipifica, en primer plano, ocho actos considerados como desleales, denominados: actos de engaño, actos de confusión, actos de comparación indebida, actos de imitación, actos violatorios del secreto empresarial, incumplimiento a normas, actos de denigración e inducción a la infracción contractual. Sin embargo, esta enumeración es a modo de ilustración, lo que quiere decir que no es limitativa. Todo acto de naturaleza similar, podrá ser considerado como desleal.
En consecuencia, y como forma de protección frente a cualquiera de dichos actos de naturaleza desleal, la ley ha previsto la posibilidad de que toda persona pueda acudir al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, en atribuciones civiles y comerciales para hacer valer sus derechos. Esto sin importar que quien ejerza el acto de competencia desleal (sujeto activo) y el afectado por el mismo (sujeto pasivo) tengan o no una relación de competencia entre sí. Basta con que esta última pruebe que sus intereses económicos han sido directamente perjudicados o amenazados por el acto y que el sujeto activo haya realizado, ordenado u cooperado en la realización del mismo.
Las posibles acciones a incoar ante tales tribunales son las siguientes[2]:
1) Acción declarativa de la deslealtad del acto, en la cual el juez evalúa si el comportamiento cumple o no con los elementos constitutivos de lo que la ley tipifica como actos desleales. Si la perturbación que ha creado el acto, se mantiene luego de ser incoada esta acción, la parte interesada o el juez de oficio pueden solicitar de manera accesoria el cese de la misma.
2) Acción de rectificación de las informaciones engañosas incorrectas o falsas. Busca que el sujeto activo del acto, mediante la utilización del mismo medio por el cual difundió la información, se retracte, procurando corregir todo error contenida en la misma.
3) Acción en reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente económico. Le permite al sujeto pasivo del acto desleal ser indemnizado frente a los daños ocasionados, siempre y cuando el sujeto activo haya realizado la acción a sabiendas de que era ilícita y de que podría causar un daño, haciendo uso de la mala fe; o con la intención de realizar el determinado acto, pero sin percatarse de las consecuencias que el mismo podría traer y cuyos resultados pudo haber prevenido.
Mientras la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia se organiza para su inicio formal, queremos destacar que los tribunales ordinarios ya pueden ser directamente apoderados para recibir las acciones antes mencionadas, las que podrán ser promovidas tanto por comerciantes y no comerciantes, con interés legítimo y directamente afectos por la comisión de un acto de competencia desleal, imputable a un fabricante, distribuidor o comercializador de productos y servicios en el país.
"Legal actions resulting from acts of unfair competition"
by: Karla Aquino Roedán kaquino@npa.com.do
Translated by: Yeli Martínez Oller, Lawyer/ Master in International Law
The appointment of the members of the Board of the National Competition Defense Commission, as of March 1 and April 27, 2011, fulfills the transitional provision provided for in Article 67 of Law No. 42-08, on Competition Defense, enabling the entry into force of the law in its entirety. Henceforth, a range of legal actions arising from the acts of unfair competition is made available to both individuals and legal entities.
Let us begin by defining what an act of unfair competition is. Any act "or practice made in the scope of trade or business activities that results contrary to good faith and business ethics, with the purpose to cause an unlawful diversion of consumer demand", is considered as an unfair act or practice. Law No. 42-08 defines in Article 11, first and foremost, eight acts considered unfair: acts of deception, confusion acts, acts of unfair comparison, acts of imitation, acts violating business secrets, breach standards, acts of denigration and incitement to breach of contract. However, this is an open-ended list and is strictly for illustrative purposes. Any act of similar nature, may be regarded as unfair.
Accordingly, and as a protection against any such acts of unfair nature, the law provides for the possibility that anyone may bring an action before the court of first instance in which the defendant is domiciled, in its civil and commercial attributions, to enforce their rights. This is so whether or not the perpetrator of the act of unfair competition and the victim affected by it have a competitive relationship with each other. It is sufficient that the latter proves that its economic interests have been directly harmed or threatened by the act and the perpetrator has done, ordered or cooperated with its execution.
Possible legal actions that may be brought against such practices:
1) Declaratory act of unfair conduct, in which the judge evaluates whether the behavior is complying with the constituent elements of what the law defines as unfair acts. If the effects caused by the act continue after this action has been filed, the interested party or judge ex officio may request incidentally the cessation of the act.
2) Action for rectification of misleading, inaccurate or false information. The purpose of this action is that the perpetrator of the act, using the same means by which the information was disseminated, retracts itself correcting any errors contained therein.
3) Action for damages by reason of negligence or willful misconduct. It allows the affected individual or legal entity to be compensated for damages arising from an unfair act, provided that the perpetrator has performed the action knowing it was unlawful and could cause damage, making use of bad faith; or, has committed the act, but without realizing the consequences it could bring and the results of which could have prevented.
While the National Competition Defense Commission is organized for its formal launch, we want to emphasize that the abovementioned actions may be directly brought before the ordinary courts, and may be filed by both consumers and traders with a legitimate interest and directly affected by the commission of an act of unfair competition attributable to a manufacturer, distributor or trader of products and services in the country.
[1] Rep. Dom. Ley No. 42-08, Sobre Defensa de la Competencia. G.O. No. 10458, del 25 de enero de 2008. Art. 10.
[2] Ibídem. Art. 55.
Publicado por Angélica Noboa en 8:18 No hay comentarios:
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 artículo 3
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 67
e contrario
 artículo 11