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Timestamp: 2020-08-09 05:48:30+00:00

Document:
Denuncia contra el alcalde de Castejón por prevaricación ante el acuerdo alcanzado con la empresa Elerebro (Jun.2010) | Fundación Sustrai Erakuntza
27 Jun 2010 - Centrales térmicas
4º Con todo lo anterior el TAN dice claramente que: “las Administraciones públicas no pueden suscribir válidamente convenio alguno sobre la base del propósito de actuar de un modo no conforme a la ley. El ayuntamiento es manifiestamente incompetente por razón de la materia para valorar por su cuenta un inmueble a estos efectos tributarios” (El subrayado es de ellos).
Efectivamente una resolución contraria a la ley, por el mero hecho de serlo, no tiene por qué ser injusta. Diversa jurisprudencia consolidada de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha establecido que en este ámbito “La injusticia supone un “plus” de contradicción con la norma que es lo que justifica la intervención del derecho penal. La jurisprudencia de esta Sala ha repetido últimamente rectificando una doctrina anterior excesivamente extensiva en la conceptuación de lo injusto, que únicamente cabe reputar injusta una resolución administrativa, a efectos de incardinarla en el tipo de prevaricación, cuando la ilegalidad sea “evidente, patente, flagrante y clamorosa”. Tal y como es el acto realizado el Sr. Sanz Carramiñana: evidente, patente, flagrante y clamorosamente injusto. Basta referirse a las expresiones del Tribunal Administrativo de Navarra para entenderlo así.
La STS 2ª de 12 junio 1998, núm. 813/1998, ya indicaba que la resolución debía ser “injusta” o “arbitraria”, tal y como dice el vigente art. 404. Esta expresión debe ser interpretada como no adecuada a la legalidad, tanto si se trata de actividad reglada como si se trata de una actividad discrecional -desviación de poder- (STC 27/1981). Pero no basta cualquier ilegalidad, sino que tiene que tratarse de una contradicción con el ordenamiento tan patente y grosera, o esperpéntica, que puede ser apreciada por cualquiera, no bastando la mera ilegalidad producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en Derecho. (SSTS de 10 mayo 1993; de 21 febrero, de 27 mayo y de 10 noviembre 1994; de 25 marzo y de 20 abril 1995; de 14 marzo 1996; de 7 febrero, de 3 marzo y de 23 abril 1997). Concretamente, tal y como declaró la STS de 14 noviembre 1995 la “injusticia” que tal actuación administrativa proclama “puede venir referida a la absoluta falta de competencia del inculpado, en la inobservancia de las más elementales normas del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución de modo que ésta implique un torcimiento del Derecho. La omisión de los trámites procedimentales o formales, custodia y salvaguarda de las adecuadas garantías y a cuyo través se ha de plasmar necesariamente la resolución de la Autoridad o del funcionario público genera este delito (STS de 24 abril 1988, de 17 septiembre 1990 , de 10 abril y de 10 diciembre 1992, y de 21 febrero 1994)”.
Es claramente significativa y esclarecedora esta sentencia por cuanto indica que “el art. 404 CP vigente ha puesto el acento en el dato, más objetivo y de fondo, del “ejercicio arbitrario del poder” proscrito por el art. 9,3 CE. Se ejerce arbitrariamente el poder cuando el funcionario dicta una resolución que no es efecto de la aplicación de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, … sino, pura y simplemente de su voluntad convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad”.
C) En cuanto al elemento subjetivo del tipo la conducta de prevaricar requiere dolo. Se requiere que el funcionario o autoridad actúe “a sabiendas” de la injusticia de la resolución que dicta. Se comete cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración.
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