Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v11.html?page=4
Timestamp: 2019-08-23 21:47:02+00:00

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De conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento17, y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, incumbe al Tribunal velar porque los actos de reconocimiento de responsabilidad resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. Esta tarea no se limita únicamente a constatar, registrar o tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes18, de manera tal que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido19.
Teniendo en cuenta las violaciones reconocidas por el Estado (supra párr. 17), la Corte considera que ha cesado la controversia respecto de: a) la violación de los artículos 8 y 25 en relación al 1.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de Marino López Mena, por el retardo injustificado en los procedimientos necesarios para determinar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de la muerte de Marino López, en clara violación al plazo razonable; b) la violación del principio de plazo razonable, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas de desplazamiento forzado.
En relación con los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, se mantiene la controversia respecto a la alegada violación a la debida diligencia en las investigaciones. Del mismo modo, la Corte constata que se mantiene la controversia respecto de: a) los hechos y pretensiones relativos a las alegadas violaciones de los artículos 4, 5, 8 y 25 en relación al 1.1 de la Convención, así como respecto de las alegadas violaciones a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Marino López Mena; b) la alegada violación de los derechos contenidos en los artículos 5, 19, 8 y 25, en perjuicio de los familiares de Marino López; c) las alegadas violaciones de los artículos 8, 25 y 5, en relación con los artículos 19 y 22, en relación con los artículos 1.1, 5, 11, 17, 19, 21 y 24 de la Convención, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo y también en perjuicio de sus niños y niñas, y d) la determinación de las eventuales reparaciones, costas y gastos.
Alegatos de las partes y argumentos de la Comisión
“Falta de competencia ratione persone”
El Estado alegó que, a pesar de que el artículo 35.1 del Reglamento de la Corte indica que el Informe de fondo debe contener la identificación de las presuntas víctimas, la Comisión ha construido las bases de este caso sobre tres grupos distintos de víctimas, abandonando sus criterios de individualización e identificación. Por otra parte, el Estado señaló que los representantes ofrecieron de manera extemporánea un listado de las presuntas víctimas del desplazamiento forzado, “pasando por alto que el momento perentorio y preclusivo para la identificación de las presuntas víctimas […] es el del sometimiento del caso, al presentar el Informe de fondo”. Por ende, consideró que lo anterior constituye “una clara violación a sus garantías procesales e igualdad de armas”, por lo cual el Estado solicitó que se declare inadmisible el caso y que se admitan como víctimas únicamente aquellas presuntas víctimas debidamente identificadas e individualizadas.
La Comisión consideró que las pretensiones del Estado resultan improcedentes y observó que sus argumentos no constituyen una excepción preliminar, puesto que no impugnan la competencia de la Corte y corresponden a la etapa de fondo. Por otro lado, la Comisión indicó que tanto el listado anexo al Informe de fondo como el listado presentado posteriormente por los peticionarios contienen elementos de identificación individualizada de las víctimas y que se habría brindado una explicación justificada de los motivos que llevaron a esta determinación20. Apuntó que ambas partes han coincidido en una serie de complejidades y dificultades que justifican precisamente la necesidad de adoptar criterios flexibles que atiendan a las particularidades del caso, por lo que es aplicable el artículo 35.2 del Reglamento.
Los representantes alegaron que dicha excepción debe ser desestimada, pues existe certeza sobre quienes constituyen el universo de víctimas del presente caso, delimitación plenamente establecida en el Informe de fondo. Con respecto a las diferencias entre los listados, aclararon que varios factores determinaron la falta de inclusión de estas presuntas víctimas: a) el difícil acceso físico al Cacarica e incluso entre las dos zonas humanitarias y los asentamientos vecinos; b) la imposibilidad de algunas personas de asistir a los encuentros cuando realizaron los censos de presuntas víctimas. Reiteraron que dichas dificultades también habían sido evidenciadas por el Estado cuando éste hizo referencia a los motivos por los cuales no se han investigado de manera adecuada los hechos del desplazamiento forzados. Los representantes también consideraron que las violaciones cometidas por el Estado habrían provocado afectaciones a un grupo humano cohesionado, con raíces históricas y étnicas creadas con anterioridad a los hechos del presente caso. En consecuencia, alegaron que las presuntas víctimas conforman un universo colectivo en los términos establecidos por el art. 35 del Reglamento del Tribunal. Por último, notaron que la exclusión de un grupo de ellas afectaría gravemente el proceso de reconstrucción de su proyecto de vida individual, familiar y colectivo y ello traería graves consecuencias para el proceso comunitario.
“Incumplimiento de requisitos señalados en el artículo 35.1.c) para sometimiento del caso por parte de la Comisión”
El Estado alegó que, de conformidad con el artículo 35.1.c) del Reglamento, la Comisión debe indicar los motivos reales y verificables que la llevaron a presentar el caso ante la Corte y sus observaciones a la respuesta del Estado sobre las recomendaciones del Informe. Afirmó que no hay un incumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe y que la Comisión no había tenido en cuenta las distintas acciones implementadas por el Estado, cuyo “cumplimiento es de tracto sucesivo, de ejecución e impacto a corto, mediano y largo plazo, y que por lo tanto requieren de un tiempo prudencial para su cabal cumplimiento en el marco de las leyes internas, las políticas estatales y la estructura y coordinación institucional”, que no pueden ser materializadas en un plazo de dos meses. Por tanto, solicitó a la Corte que no considere el incumplimiento de las recomendaciones de tracto sucesivo señaladas en el Informe de fondo como motivo para sometimiento del caso a su competencia y, en consecuencia, que debe “rechazar y negar las medidas de reparación asociadas a dichas recomendaciones, solicitadas por la Comisión en el aparte pertinente”.
La Comisión señaló que la determinación relativa a la materia de reparaciones no puede ser considerada una excepción preliminar. Además, señaló que la información presentada por el Estado ya había sido evaluada en el momento procesal oportuno (el Informe de fondo) y que el Estado podría haber solicitado una prórroga para el cumplimiento de las recomendaciones, situación que no se presentó en este caso. A su vez, que dicha información no indicaba de manera clara el cumplimiento de cada una de las recomendaciones ni, en particular, avances en las investigaciones internas y la superación de deficiencias planteadas en el caso. Señaló que el sometimiento del caso requiere un análisis de la totalidad del mismo, sin que sea viable fragmentar los aspectos del caso que se someten a la Corte, bajo un criterio de “recomendaciones cumplidas” y “recomendaciones incumplidas”. Los representantes no presentaron alegatos al respecto.
“Incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 35.1.f para el sometimiento del caso por parte de la Comisión”
El Estado se opuso a la inclusión en el proceso de los peritajes de los señores Federico Andreu Guzmán y Michael Reed, rendidos ante este Tribunal en otros casos sobre Colombia, por considerar que se circunscriben a las circunstancias específicas de dichos casos. Del mismo modo, el Estado señaló que el peritaje del señor Javier Ciurlizza debía ser inadmitido parcialmente “por carecer de relación o interés para el orden público interamericano”.
La Comisión observó que los peritajes ofrecidos al momento de someter el caso a la Corte cumplen con el requisito reglamentario de relacionarse con aspectos de orden público interamericano. Los representantes no presentaron alegatos con respecto a este punto.
“Incumplimiento de los requisitos reglamentarios del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas”
El Estado alegó que, en inobservancia de lo dispuesto por el artículo 40.a) del Reglamento, los representantes presentaron una serie de hechos y pretensiones que no guardan relación con la litis del caso y que por lo tanto la Corte debería rechazar, así como declarar inadmisibles aquellos hechos que no puedan incluirse en el marco fáctico sometido a la Corte de conformidad con el Informe de fondo.
La Comisión observó que los alegatos del Estado corresponden al fondo del asunto y señaló que la información proporcionada por los representantes únicamente complementa y desarrolla los supuestos fácticos sobre los que ha versado la tramitación del presente caso. Por último, indicó que los representantes poseen una amplia libertad para solicitar las medidas de reparación que consideren pertinentes.
Los representantes alegaron que los hechos referidos en el escrito de solicitudes y argumentos cumplían con la única función de contextualizar los antecedentes y hechos ocurridos durante y después de la Operación Génesis y con posterioridad a la misma, sujetándose al marco fáctico fijado por la Comisión. Destacaron que sus argumentos tenían la finalidad de explicar con mayor detalle que el crimen de Marino López es un crimen de lesa humanidad y, por otro lado, que aclarar y afianzar un contexto no significa que la Corte se pronuncie sobre hechos nuevos o sobre personas que no se encuentren en el universo de víctimas fijado por la Comisión.

References: artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 40