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Normativa >> Reglamento 54 >> Fecha 18/09/2014 >> Texto completo
Reglamento : 54 (132 artículos) (8 transitorios)
Reglamento : 54 - 1 del 18/09/2014
Reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes
Ente emisor: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
Fecha de vigencia desde: 30/03/2015
Versión de la norma: 2 de 2 del 10/03/2016
Texto Completo Norma 54
Texto Completo acta: 10BC9A
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
(Nota de Sinalevi: Mediante sesión ordinaria N° 33-2018 y publicado en La Gaceta N° 161 del 4 de setiembre del 2018, la Municipalidad de Barva, acordó lo siguiente: "aplicar en lo conducente el reglamento que publicó la autoridad reguladora de los servicios públicos prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes, AR-PSAYA-2015, denominado Reglamento Técnico: "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-PSAYA-2015)" y (reformado por la junta directiva de la ARESEP, según resolución N° RJD-053-2016, publicada en Alcance 55, La Gaceta N° 69 del 12 de abril de 2016) )
RESOLUCIÓN RJD-101-2014
San José, a las quince horas del veintidós de setiembre de dos mil catorce
REGLAMENTO TÉCNICO DENOMINADO: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO E HIDRANTES, AR-PSAYA-2013.
EXPEDIENTE OT-157-2014
I- Mediante Oficio N°DFOE-AE-IF-08-2012, la Contraloría General de la República, en la disposición N° 4.5 indicó: "AL SR. DENNIS MELÉNDEZ HOWELL, REGULADOR GENERAL, PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEÑORES PABLO SAUMA FIATT, GRETTEL LÓPEZ CASTRO, EDGAR GUTIÉRREZ LÓPEZ Y SYLVIA SABORÍO ALVARADO, EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS: 4.5 Emitir y publicar la normativa que regule las condiciones con que se debe suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable, que se relacionan con: calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad y prestación óptima. Lo anterior en apego al artículo 25 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), nro. 7593. Remitir a la Contraloría General la resolución que contiene dicha normativa y que compruebe la publicación, el 30 de noviembre de 2013. Ver párrafo 2.74 de este informe".
II- El 14 de enero de 2013, la Junta Directiva mediante acuerdo N° 06-01-2013 de la sesión N°1-2013 dispuso:"Instruir a la Intendencia de Aguas (sic) que someta una propuesta para emitir y publicar la normativa que regule las condiciones con que se debe suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable, de conformidad con las disposición 4.5 del informe de la Contraloría General de la República DFOE-AE-IF-08-2012, indicado en el numeral 1 anterior, en un plazo máximo al 28 de febrero de 2013".
III- El 11 de febrero de 2013, la Intendencia de Agua (IA) remite a la Junta Directiva el oficio N°0046-IA-2013 como cumplimiento del acuerdo antes indicado, el cual incluyó la propuesta de reglamento técnico.
IV- El 21 de marzo de 2013, la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (DGAJR) remite a la Junta Directiva el oficio 197-DGJR-2013 mediante el cual emite criterio sobre la propuesta de reglamento técnico de la Intendencia de Agua y propone varios cambios y modificaciones.
V- El 14 de mayo de 2013, la Intendencia de Agua remite una nueva versión de reglamento a la Secretaría de la Junta Directiva con el oficio N° 0234-IA-2013 atendiendo las sugerencias de la DGAJR.
VI- El 12 de junio de 2013, la DGAJR remite a la Junta Directiva el oficio 424-DGJR-2013 mediante el cual emite criterio sobre la propuesta de reglamento técnico de la Intendencia de Agua, y propone modificaciones.
VII- El 14 de agosto de 2013, la Intendencia de Agua remite a la Secretaría de la Junta Directiva el oficio N° 452-IA-2013 en atención a las sugerencias de la DGAJR, y remite una nueva versión de reglamento.
VIII- El 10 de setiembre de 2013, la DGAJR remite a la Junta Directiva el oficio 691-DGJR-2013 y recomienda remitir el dictamen a la Junta Directiva con el fin de se valoren las observaciones en él contenidas.
IX- El 26 de setiembre de 2013, la Junta Directiva, en la sesión N° 70-2013 acordó:
"ACUERDO 07-70-2013
1. Someter al proceso de audiencia pública la propuesta de reglamento técnico denominado: "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013" remitido mediante 543-IA-2013, que forma parte integral de la presente.
2. Solicitar al Departamento de Gestión Documental la apertura del expediente para el trámite respectivo.
3. Solicitar a la Dirección General de atención al Usuario y la Intendencia de Agua, que lleven a cabo las acciones necesarias para que esta propuesta se someta audiencia pública y se remita a esta Junta Directiva el informe final que corresponda".
X- El 5 de noviembre de 2013 se realizó la audiencia acordada por la Junta Directiva.
XI- El 15 de noviembre de 2013, la Junta Directiva solicita a la Contraloría General de la República prórroga al 31 de enero de 2014, para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-IA-IF-08-2012.
XII- El 13 de diciembre de 2013, la Intendencia de Agua remite a la Secretaría de la Junta Directiva el oficio N° 756-IA-2013, donde mediante el oficio 755-IA-2013 se evacuan las posiciones presentadas en la audiencia y una versión modificada del reglamento "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013".
XIII- El 20 de enero de 2014, la DGAJR remite a la Junta Directiva el oficio 028-DGJR-2014 con el criterio legal sobre la propuesta de reglamento enviada por la Intendencia de Agua según oficio N° 756-IA-2013.
Concluye que existen cambios de fondo considerados como sustanciales, lo que tiene como consecuencia que la propuesta debe ser sometida a audiencia nuevamente con la finalidad de garantizar el derecho de participación ciudadana.
Adicionalmente se recomienda solicitar a la Contraloría General de la República una prórroga del plazo otorgado mediante DFOE.SD-1921.
XIV- El 24 de enero de 2014, la Junta Directiva, en la sesión N° 05-2014 acordó:
"ACUERDO 04-05-2014
1. Someter al proceso de audiencia pública la propuesta de reglamento técnico denominado: "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013" remitido mediante 756-IA-2013 del 13 de diciembre de 2013, cuyo texto se copia seguidamente:
2. Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) que proceda a publicar la convocatoria a audiencia pública con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7593.
3. Instruir a la Intendencia de agua para que una vez realizado el proceso de audiencia pública, proceda a analizar y dar respuesta a todas las posiciones presentadas y remita a la Junta Directiva la propuesta final de reglamento".
XV- El 24 de enero de 2014, la Junta Directiva solicita a la Contraloría General de la República, prórroga al 30 de abril de 2014, para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-IAIF-08-2012.
XVI- El 6 de febrero de 2014, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, según oficio DFOE-SD-076, concede ampliación de plazo de cumplimiento de la disposición 4.5, al 30 de abril de 2014.
XVII-El 11 de marzo de 2014 se realizó la audiencia (segunda) acordada por la Junta Directiva.
XVIII- El 15 de mayo de 2014, la Intendencia de Agua remite a la Secretaría de la Junta Directiva el oficio N° 0235-IA-2014, donde se evacúan las posiciones presentadas en la segunda audiencia y una versión modificada del reglamento "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013".
XIX- El 19 de mayo de 2014, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, según oficio DFOE-SD-1022, concede ampliación de plazo de cumplimiento de la disposición 4.5 al 31 de julio de 2014.
XX- El 05 de junio de 2014, la DGAJR remite a la Junta Directiva el oficio 410-DGJR-2014, con el criterio legal sobre la propuesta de reglamento enviada por la Intendencia de Agua según oficio N° 235-IA-2014.
XXI- Se hacen cuatro recomendaciones excluyentes, la primera indica que en caso de mantenerse los cambios propuestos por IA, se someta a audiencia pública dicha propuesta.
XXII-El 17 de junio de 2014, la Intendencia de Agua indica que mantiene su criterio sobre los aspectos anotados por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria y recomienda someter la nueva versión del reglamento "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013" a una nueva audiencia.
XXIII- El 03 de julio de 2014, la Junta Directiva, en la sesión extraordinaria N° 35- 2014, acordó:
"ACUERDO 09-35-2014
1. Someter al proceso de audiencia pública la propuesta de reglamento técnico denominado: "Prestación de los Servicios de Acueducto. Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013", cuyo texto se copia a continuación:
2. Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario que proceda a publicar a audiencia pública con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7593.
3. Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario que proceda a publicar a audiencia pública con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7593.
4. Instruir a la Intendencia de Agua para que una vez realizado el proceso de audiencia pública, proceda a analizar y dar respuesta a todas las posiciones presentadas y remita a la Junta Directiva la propuesta final de reglamento.
5. Informar a la Contraloría General de la República que el 26 de marzo de 2014, se llevó a cabo la audiencia pública de la propuesta de reglamento "Prestación de los Servicios de acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-20123".
En atención a las posiciones presentadas en dicha audiencia, se incluyeron en la propuesta de reglamento cambios de fondo sustanciales. Por lo que de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución Política y el 36 de la Ley 7593, en concordancia con el voto de la Sala Constitucional N° 7213-2012 del 30 de mayo de 2012, se debe someter nuevamente la propuesta de reglamento al proceso de audiencia pública.
En razón de ello, se solicita una prórroga del plazo otorgado mediante el oficio DFOESD-1022 del 19 de mayo de 2014, para el cumplimiento de la disposición 4.5 del informe DFOE-AE-IF-08-2012, hasta el 30 de setiembre de 2014, para lo cual se aporta el oficio 410-DGAJR-2014".
XXIV- El 3 de julio de 2014, la Junta Directiva solicita la Contraloría General de la República, prórroga al 30 de setiembre de 2014 para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-IA-IF-08-2012.
XXV-El 09 de julio de 2014, la Contraloría General de la República concede mediante oficio DFOE-SD-1380, ampliación de plazo al 30 de setiembre de 2014 para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-IA-IF-08-2012.
XXVI- El 11 de agosto de 2014 se realizó la audiencia (tercera) acordada por la Junta Directiva.
XXVII- Que la Autoridad Reguladora publicó la convocatoria a audiencia pública en los siguientes periódicos: La Nación y La Extra del 18 de julio 2014 (folio 43) y el Diario Oficial La Gaceta Nº135 del 15 de julio del 2014. (Folio 37).
XXVIII- Que la audiencia pública se realizó el día 11 de agosto del 2014 a las 17:15 horas, por medio del sistema de videoconferencia en los siguientes lugares: Autoridad Reguladora, Tribunales de Justicia de los centros de: Cartago, Heredia, Liberia, Limón, Ciudad Quesada, Pérez Zeledón, Puntarenas y Guápiles y en forma presencial en el Salón Parroquial de Bribrí, Talamanca, Limón.
XXIX- Que en resumen los argumentos que presentaron los opositores fueron los siguientes:
1- Consejero del Usuario, señor Jorge Sanarrucia Aragón.
1.1 Sobre las siglas y definiciones en relación con el concepto de quejas y denuncias:
a. "En relación con el concepto de denuncia se considera que la denuncia debe indicar sumado a lo indicado que lo que se requiere es que se sancione a la empresa prestadora de servicios según lo que indica el artículo 38 de la ley 7593".
b. "Respecto al concepto de queja se considera importante ampliar que (sic) cuál es el objetivo de la misma en el sentido que busca el resarcimiento de daños y corrección del problema".
1.2 "Artículo 9.- Dictamen de disponibilidad de servicios.
Respecto al artículo 9 consideramos que se debe indicar ¿Qué tipos de obras el interesado debe de financiar y construir? ¿Se puede dar una categorización de las obras?"
1.3"Artículo 12.- Balance entre los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario.
En relación con el artículo 12 se debe indicar que sucede si no logra el balance en la cobertura, se va a sancionar, cada cuánto se va a medir, quién lo va a medir? se va a establecer alguna meta?"
1.4"Artículo 14.- Consulta a los pueblos indígenas.
Para el artículo 14 se requiere que se amplíen y describan los procedimientos mediante el cual (sic) se harán las consultas a los pueblos indígenas, por ejemplo se hará: mediante consulta popular, audiencia pública, encuesta, cabildos, elecciones u otros".
1.5"Artículo 17.- Sistemas de información.
Otro elemento a considerar en el artículo 17 es un FODA anual (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la empresa prestadora del servicio".
1.6"Artículo 21.- Reparación de vías públicas.
Además se debe de indicar ¿Qué procedimiento debe el usuario realizar en caso de que el prestador no cumple en el plazo de 2 años otorgado para la corrección de los problemas de operación?"
1.7"Artículo 23.- Verificación de los sistemas de medición o conteo.
En relación con el artículo 23, se considera importante señalar si ARESEP tendrá algún tipo de inspección para verificar los sistemas de medición.
1.8"Artículo 27.- Prestación de los servicios de forma continua.
De acuerdo con el artículo 27 es necesario que se indique a qué tipo de incumplimiento del abonado se refiere".
1.9"Artículo 75.- Causales de rechazo de las solicitudes de los servicios
En relación con el artículo 75, se incorporó nuestra observación de que el prestador del servicio emita un informe en un plazo de diez días hábiles, en forma escrita y justificando las razones de rechazo, pero se omitió incorporar que se debe notificar al solicitante".
1.10 "Artículo 84.- Denuncias sobre la prestación de los servicios.
Se considera que el artículo 84 debe señalarse al menos fecha y hora de los hechos y nombre del prestador del servicio para que la denuncia tenga mayor afectividad y tenga mérito".
2- Empresa de Servicios Públicos de Heredia
2.1 "Artículo 95.- Disminución del cargo por los servicios en caso de discontinuidad.
El costo económico del envío de los cisternas es alto, por lo que el disminuir la facturación en un 50% y eliminar el pago del cargo fijo, implica un riesgo y vulnerabilidad de las finanzas del operador, al tener que disponer de mayores recursos a los planificados para el pago de los cisternas así como el pago de horas extras del personal operativo y técnico; y que no ha sido reconocido por el ARESEP en las tarifas.
Como ya se ha mencionado, si el operador se encuentra realizando inversiones importantes para mejorar a futuro el servicio abastecido en la zona en continuidad, calidad y cantidad, es contradictorio que los abonados para los cuales se están enfocando recursos cubiertos por la totalidad de los abonados del acueducto, vayan a pagar menos en la factura cuando su aporte más bien deberían fortalecer estas inversiones para afrontar los siguientes veranos que serán más críticos.
En todo caso, si se insiste en aplicar esta disminución en la facturación, se solicita se incluya un transitorio de al menos un año mientras se ajustan los pliegos tarifarios para afrontar el impacto en las finanzas que va a provocar esta medida. Y que al final de este periodo se aplique esta disminución empezando con un 30% para que no exista un gran impacto en las finanzas de la Empresa".
2.2 "Artículo 97.- Eliminación del cargo por los servicios por incumplimiento de la calidad del agua.
Al igual que en artículo 95, se solicita que se tome en cuenta la justificación enviada anteriormente, en donde si se comprueba que el ente operador realiza inversiones regulares en la infraestructura en el sector afectado y aplica repartición de cisternas u otros mecanismos para solventar el problema presentado, no debería aplicarse la disminución de 50% de la facturación, ya que se requiere que los ingresos se mantengan regulares para continuar con estas inversiones para estabilizar el servicio, y el tener estas rebajas implican riesgo y vulnerabilidad de las finanzas del operador.
3- ASADA Santa Isabel - San Rafael de Río Cuarto de Grecia.
3.1 El Artículo 11. Plazo para emitir dictamen de disponibilidad.
Comenta que: no deja claro en caso de un desarrollador que requiere hacer un proyecto de varias viviendas cómo proceder por parte del ente operador. Y no se puede en 05 días tenerle una respuesta técnica de capacidad o no de la disponibilidad de agua o dictamen.
3.2 Artículo 17. Sistemas de información.
Indica que: la labor es brindar los servicios, no llevar censos de poblaciones en precario, esa es tarea de Ministerio de Salud y la Municipalidad. No pueden legalmente brindarles el servicio.
3.3 Artículo 29. Requisitos para la instalación de fuente pública domiciliaria.
Se premia al abonado que no cancela a tiempo el servicio. Difícil la localización de los abonados. Atenta contra una buena administración y gestión de un operador.
3.4 Artículo 33. Interrupción temporal del servicio de agua potable.
En el caso de ASADAS se considera exagerado que informen en un medio de comunicación masiva pues debe informarse a una comunidad no a un país. No se debe comparar a las ASADAS con el AyA o Municipalidad, en algunos artículos se debe dejar claro como a actuar (sic) una ASADAS.
3.5 Artículo 85. Servicio permanente de atención al usuario.
Es exagerado e imposible para las ASADAS tener un sistema de recepción de quejas 24 horas, no existen recursos y es innecesario en las comunidades.
4- Leiber Aníbal Mora Campos
Manifiesta su oposición al reglamento pues considera que este no es claro en cuanto a los períodos que en él se aplican. Señala como ejemplo, que el artículo 11 hace referencia a 5 días, sin especificar si son hábiles o naturales. Además indica que el artículo 21 establece días hábiles para el prestador, contradiciendo esto la Ley General de la Administración Pública, que ordena plazos naturales para la Administración.
Asimismo indica, que el artículo 33 hace referencia a horas, sin especificar si son hábiles o naturales, mientras que el artículo 79 se refiere a horas naturales; por lo que considera que es necesario estandarizar el reglamento en este aspecto.
5- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presenta formal oposición a la propuesta de reglamento y la enfoca en dos aspectos:
5.1 Potestad del AyA de dictar sus propios reglamentos.
Exhorta el AyA la facultad que ostenta por ley, para dictar sus propios reglamentos en materia de organización y servicios.
5.2 Aspectos medulares por destacar
5.2.1. Siglas y definiciones. Concepto de alto consumo.
No se presenta un fundamento estadístico que lo sustente. Incluiría variaciones de consumo inferiores al consumo promedio, como ejemplo un consumo de 5m3 que pase a 10 m3.
No se demuestra qué valor agrega la disposición. Sustituir un hidrómetro nuevo recién instalado o en plena vida útil significa pérdida, se corta la vida útil, no puede ser instalado en otro lugar al tener lectura acumulada, sería desechado generando pérdidas.
Aumento considerable en cargas de trabajo y gastos operativos.
Incentivo para presentar reclamos.
5.2.2. Art 9. Dictamen de disponibilidad.
Propone adoptar dos figuras: Certificación de disponibilidad de servicios de agua potable y/o (sic) alcantarillado y Constancia de capacidad hídrica.
Da una explicación detallada sobre esas dos figuras, pero no indica el problema en relación con la propuesta.
5.2.3. Art 29. Requisitos para instalación de fuente pública
En este artículo se omite incluir el costo (tarifa) por cobrar por el abastecimiento brindado. Por lo tanto se trasladaría a los usuarios, que cancelan sus servicios. No especifica la temporalidad de la instalación, por lo que podría resultar en un medio perenne de abastecimiento, sin costo para el usuario.
Puede generar un incremento del agua no contabilizada y un incentivo al uso de fuentes públicas, por resultar gratuitas.
5.2.4. Art 46. Servicios en terrenos declarados precarios y campamentos de damnificados.
Los requisitos establecidos en este Reglamento, no permitirían prestar el servicio normado en este artículo.
5.2.5 Art. 82. Cobro del servicio con interposición de queja por alto consumo.
Se propone eliminar este artículo.
Los plazos de respuestas para trámites se contemplan en la Ley 8220 y sus reglamentos. Para determinar si las causas de la elevación son imputables al prestador, existe un procedimiento ya establecido con parámetros de anomalías generadas desde el proceso de facturación.
Un alto consumo (que se ha indicado, puede obedecer a variaciones en hábitos de consumo, estacionalidades u otros) no es sinónimo de hidrómetro dañado. Las estadísticas de AyA muestran que en su mayoría los altos consumos obedecen a fugas en las instalaciones internas. Sustituir un hidrómetro nuevo, recién instalado o en plena vida útil significa una pérdida considerable para el AyA, se corta la vida útil del hidrómetro que no puede ser instalado en otro lugar al tener lectura acumulada y el AyA ya no realiza contratos para reparación de hidrómetros, por lo tanto sería desechado
generando pérdidas.
Aplicar este artículo, también demandaría un aumento considerable en las cargas de trabajo y gastos operativos, que al final redunda en efectos tarifarios. Aplicar este artículo puede establecer condiciones que afecten el principio de "prestación óptima".
5.2.6 Art. 106 Facturación para unidades de consumo con diferente uso.
Este artículo es técnicamente imposible de ejecutar, pues no se cuenta con una herramienta o criterio que permita establecer técnica o científicamente, el porcentaje de uso cuando se presentan diferentes usos del agua.
5.2.7. Art. 109. Ajuste de facturas por alto consumo.
El aplicar ajustes por altos consumos derivados de fugas no visibles, riñe con el principio de la responsabilidad del cliente en mantener en buenas condiciones de funcionamiento los sistemas e instalaciones internas: Riñe con artículos del reglamento que la ARESEP propone:
El artículo 7:
"el límite físico de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado está
dado por el límite entre la propiedad privada y la propiedad pública".
5.2.8. Art. 119. Deberes de los abonados
a. Mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones interiores.
Por otra parte, para determinar la ubicación y existencia de fugas no visibles sería necesario realizar revisiones domiciliares, figura que este reglamento no contempla. A y A comparte que se transforme la revisión domiciliar a revisión al hidrómetro y fomentar la responsabilidad de los clientes por el buen estado de las instalaciones de su propiedad. internaciones (Sic) o la Constitución Política.
Finalmente indica el AyA que "se adjunta una matriz que contiene todo el articulado con sus respectivas observaciones, sobre todo en cuanto a la reformulación de algunos conceptos, plazos y competencias del Ministerio de Salud en el tema de alcantarillado sanitario".
La petitoria finales:
1- "Reconsiderar el contenido y alcance del reglamento propuesto, con el ánimo de que ante una posible aprobación, no se genere un conflicto en su aplicación y lo que es aún más delicado se produzca una incerteza jurídica. Para el administrado ya que tendría sobre materias casi idénticas, tratamiento y procedimientos diferentes.
2- Adoptar las recomendaciones en cuanto a plazos de cumplimiento y competencias del Ministerio de Salud en la sección correspondiente a alcantarillados sanitario.
3- Ampliar los plazos estimados en los transitorios sobre todo para el caso de que las ASADAS requieran implementar las medidas y tecnologías necesarias para el acatamiento de esta norma".
XXX- Que mediante oficio 0643-IA-2014, del 08 de setiembre de 2014, la Intendencia de Agua emitió el informe denominado "Informe sobre Propuesta de Reglamento técnico:
Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013", el cual corre agregado a los autos en el expediente OT-157-2014. (Folios 126-240)
XXXI- Que en los plazos y procedimientos se han cumplido las prescripciones de Ley.
I- Que del oficio 0643-IA-2014 del 08 de setiembre de 2014 que sirve de base a esta resolución se extrae lo siguiente:
"(.)
TRÁMITE DE AUDIENCIA Y POSICIONES
La audiencia se celebró el 11 de agosto de 2014, en la cual se presentaron posiciones de: Consejero del Usuario de la ARESEP, señor Jorge Sanarrucia Aragón; Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ASADA Santa Isabel - San Rafael de Río Cuarto de Grecia, Aníbal Mora Campos e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Los argumentos expuestos por los interesados y la respuesta a los mismos son:
Al respecto se indica:
Lo anotado es una definición no el propósito del acto, el cual no es necesariamente sancionar al prestador sino establecer la verdad real de los hechos, la cual puede favorecer al prestador o al abonado.
Semejante al concepto de denuncia, lo anotado es una definición, la cual no necesariamente debe establecer el objetivo del acto. Resulta obvio que al presentar una queja se busca corregir la anomalía.
En ambos casos se consideran innecesarias las aclaraciones solicitadas.
1.2 "Artículo 9.- Dictamen de disponibilidad de servicios".
Es muy difícil en abstracto conocer cuáles serán las obras que deben ser financiadas y construidas, eso depende de cada caso y, como lo indica el texto del artículo será el prestador quien defina ese aspecto.
Se considera que no es pertinente la sugerencia pues no existe conocimiento específico de obras para enlistarlas, debiendo dejarse al prestador esa decisión.
1.3 "Artículo 12.- Balance entre los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario".
El artículo 127 de este reglamento es claro al indicar que la inobservancia de este reglamento se sanciona con lo establecido en la Ley 7593. La implementación del reglamento por parte de la Intendencia de Agua no debe estar necesariamente indicada en el reglamento, es un aspecto de planificación interna.
Las aclaraciones solicitas devienen en innecesario, el tema tratado por el artículo 12 es competencia de la Intendencia de Agua y el seguimiento es parte de su labor normal y como todo acto debe documentarse debe emitirse el respectivo informe y seguir como lo establece la legislación vigente, el debido proceso.
1.4 "Artículo 14.- Consulta a los pueblos indígenas".
Como bien lo enumera el interesado, existen muchas formas de consulta técnicamente válidas, por lo que no compete a este Organismo Regulador el limitar tales prácticas. El principio inmerso en los artículos 14 y 15, mejor expresado en el 15, es respetar la idiosincrasia y cultura de esos pueblos. Es función de los prestadores definir y escoger el mecanismo más oportuno y no es el organismo regulador quien lo debe imponer.
Las aclaraciones solicitadas se consideran innecesarias debiendo dejar a decisión del prestador escoger el mecanismo de consulta, evitando la coadministración.
1.5 "Artículo 17.- Sistemas de información".
Los 15 puntos recomendados que se incluyan en el sistema de información, se consideraron como los mínimos requeridos para obtener información válida que permita al abonado y al usuario conocer al operador y al regulador cumplir su labor.
La sugerencia no es de recibo, ya que el FODA es una típica herramienta administrativa que podría confundir la labor regulatoria con labores propiamente administrativas de los operadores.
1.6 "Artículo 21.- Reparación de vías públicas".
La base legal de este reglamento es la Ley 7593, que en el artículo 6 establece como obligación de la ARESEP investigar y resolver las quejas que se presenten y en el 27 cómo se tramitan. Aunque no se diga expresamente, el procedimiento debe ser el de queja, el cual está ampliamente normado por la Autoridad Reguladora, mediante el documento "Procedimientos y Requisitos para Quejas", publicado en La Gaceta N° 161 del 23 de agosto de 2011.
Se considera que aunque no se diga expresamente el concepto está inmerso, siendo innecesario llegar al detalle solicitado, pues lo relacionado con quejas: trámite, presentación y competencias está interiorizado por los abonados, siendo ampliamente conocido y normada por la ARESEP.
1.7 "Artículo 23.- Verificación de los sistemas de medición o conteo".
El aspecto recomendado es una labor de rutina de Intendencia, no siendo necesaria su especificación en el reglamento.
La aclaración solicita deviene en innecesario, el tema tratado por el artículo 23 es competencia de la Intendencia de Agua y el seguimiento es parte de su labor normal.
1.8 "Artículo 27.- Prestación de los servicios de forma continua".
No es necesario ni procedente especificar cada una de circunstancias de incumplimiento so pena que al ser específico se deje por fuera algún caso. Lo que debe entenderse es que las excepciones son cualquier causa no atribuible al prestador.
Se considera innecesario especificar las posibles causas de incumplimiento, por tanto se mantiene en ese aspecto la versión del reglamento que se conoció en audiencia pública.
1.9 "Artículo 75.- Causales de rechazo de las solicitudes de los servicios"
La obligación de dar respuesta a todo trámite está establecida en la Ley General de la Administración Pública.
Se considera innecesario insistir en un aspecto que está ampliamente normado en la legislación vigente.
1.10 "Artículo 84.- Denuncias sobre la prestación de los servicios".
Como bien indica el artículo, la denuncia no está sujeta a formalidades, esto en función de darle el trámite más expedito y facilitar al posible denunciante ejecutar esa labor. Si se exigen requisitos, se pierde la coyuntura de darle oportunidad al posible denunciante de actuar.
En aras de facilitar los procesos y mantener su informalidad, no se considera oportuno incorporar lo sugerido.
Conclusión final sobre los argumentos expuestos por el señor Sanarrucia:
Cada uno de los aspectos sugeridos por el señor Consejero del Usuario, han sido analizados a la luz de la legalidad, la técnica o la conveniencia para las partes y se considera que no aplican, por tanto se recomienda no incorporarlos a la versión final del reglamento en análisis.
2.1"Artículo 95.- Disminución del cargo por los servicios en caso de discontinuidad".
a. La aplicación del no pago del cargo fijo o el 50% de la facturación no son simultáneos, el objetivo es el no pago del cargo fijo y solo si no existe ese concepto, aplica la disminución.
b. La implementación de lo normado no será antojadiza, aplica cuando la discontinuidad se genere por causas atribuibles al prestador y que no sean: caso fortuito, fuerza mayor, suspensiones programadas por mantenimiento o por realización de mejoras.
c. Adicionalmente la norma establece que es aplicable solo cuando supera periodos de suspensión establecidos, los cuales son significativamente largos.
d. El artículo 129 establece que el reglamento rige 6 meses después de su publicación.
La filosofía del servicio es que sea continuo durante las 24 horas de todos los días y el agua se brinde en las condiciones de cantidad, calidad y presión establecidas, lo contrario es discontinuidad. Cuando el servicio este suspendido es obligación del prestador brindar un servicio que al menos entregue un volumen de subsistencia a través de medios alternos de abastecimiento.
No se aceptan los argumentos de la Empresa, primero porque las condiciones que considera deben establecerse ya están incluidas y segundo porque, no obstante implicar costos, cuando el servicio esté suspendido es su obligación brindarlo por medios alternos y finalmente la vigencia inicia seis meses posteriores a la publicación, espacio en el cual se debe definir la estrategia de implementación, la cual debería incluir el efecto económico.
2.2 "Artículo 97.- Eliminación del cargo por los servicios por incumplimiento de la calidad del agua".
a. Semejante al artículo 95, la suspensión de pago o el 50 % de facturación no son simultáneos.
b. La implementación de lo normado no será antojadiza, aplica cuando la discontinuidad se genere por causas atribuibles al prestador y que no sean: caso fortuito, fuerza mayor, suspensiones programadas por mantenimiento o por realización de mejoras. nótese que tampoco aplica la suspensión de pago, cuando el problema se genere por suspensiones del servicio programadas, siendo una de las causa la realización de mejoras o nuevas inversiones.
c. El artículo 129 establece que el reglamento rige 6 meses después de su publicación, espacio en el cual se debe definir la estrategia de implementación, la cual debería incluir el efecto económico.
Es obligación del prestador brindar agua en condiciones de calidad según las normas establecidas, pues esta acción permite cumplir con el artículo 46 de la Constitución Política, que establece que: "los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos.", así mismo el artículo 50 establece que: ".Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." y el 33 indica que "toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria la dignidad humana".
No se acepta el argumento de la Empresa, primero porque las condiciones que considera deben
establecerse ya están incluidas y segundo porque, no obstante implicar costos, es responsabilidad
del operador cumplir con la calidad del agua establecida en el Reglamento de Calidad. Finalmente
la vigencia inicia seis meses posteriores a la publicación, espacio en el cual se debe definir la
estrategia de implementación, la cual debería incluir el efecto económico.
Conclusión final sobre los argumentos expuestos por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia:
Cada uno de los aspectos sugeridos por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, han sido analizados a la luz de la legalidad, la técnica o la conveniencia para las partes y se considera no aplican, por tanto se recomienda mantener la propuesta de reglamento en los términos que se sometió a audiencia pública.
3 ASADA Santa Isabel - San Rafael de Río Cuarto de Grecia.
3.1 Artículo 11. Plazo para emitir dictamen de disponibilidad.
El plazo de cinco días indicados es para la emisión del documento de respuesta o dictamen. Los estudios técnicos sobre capacidad hídrica e hidráulica del sistema y otros requeridos, los debe hacer como parte de su labor planificadora, oportunamente el prestador, así el trámite de la disponibilidad se convierte en un sencillo trámite administrativo donde se revisa la capacidad del sistema para aceptar nuevos abonados.
Se considera clara la redacción del artículo, deben los prestadores mejorar su gestión de servicio y planificar sus labores como lo indican los artículos 54 y 55, elaborar un Programa de Mejoras y Expansión Continua del Servicio (PMYES) que les permita conocer el sistema que administran y sus capacidades. No se acepta la sugerencia.
Si en el área brindada no existen precarios es obvio que no se requiere realizar un censo. El prestador debe conocer las condiciones de su área de competencia para planificar su gestión, entre ellos la existencia de precarios.
La Constitución Política en su artículo 46 establece que "los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos.", así mismo en el artículo 50 se establece que ".Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." y el 33 indica que "toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria la dignidad humana", por lo que no existen costarricenses de primer o segundo nivel, todos tenemos derecho al servicio de agua potable; no obstante lo anterior la Sala Constitucional también ha indicado que el servicio no es gratuito, que se debe pagar por él.
Aunque no esté incorporado en la Constitución Política, Costa Rica ha firmado convenios internacionales donde se reconoce el derecho de las personas al agua potable e incluso hoy se habla además del derecho al saneamiento. El servicio de acueducto no se puede negar porque atenta contra la dignidad humana y todos los derechos antes indicados.
Se aclara al interesado los conceptos expuestos y se indica que los mismos no son de recibo.
La Sala Constitucional ha establecido la obligatoriedad de instalar una fuente pública cuando se suspenda el servicio por no pago. El artículo está acorde con los criterios establecidos por la Sala en los votos: 2732-2009.5342-2010, 6126-1994,1853-2003, 0801-2000 y 6446-2007.
Como se indicó antes, el agua potable es vital para la vida humana, por tanto no obstante que el servicio se suspenda, debe darse un caudal de subsistencia, por lo que no se acepta el comentario del interesado.
El principio establecido es genérico y cada comunidad lo puede adaptar a sus necesidades y condiciones, según los medios disponibles y la capacidad de respuesta. Lo importante es mantener informados a los usuarios y que el servicio se reinstale lo más pronto posible y si la suspensión fuera mayor de ocho horas se dé al abonado y usuario una explicación razonable de ello y se le brinde un abastecimiento alternativo.
Como se indicó antes, todos los costarricenses somos iguales y tenemos los mismos derechos, reconociendo las limitaciones de algunas ASADAS y a efecto de darles tiempo para organizarse, para este grupo de prestadores la fecha de aplicación para ellos inicia posteriormente, 12 meses después de su fecha de vigencia. (Artículo 129).
Es aceptable el comentario, pro se considera que sin modificar la redacción el prestador lo puede aplicar y adaptar a sus condiciones de operación.
Se entiende la condición especial de las ASADAS por lo que el transitorio IV da un plazo mayor para su cumplimiento. Cada ASADA debe hacer un plan de gestión para dar cumplimiento a lo indicado, partir del hecho de que todos los ciudadanos son iguales, que el servicio debe tener una continuidad de 24 horas y que el conocimiento de un hecho anómalo a tiempo, podría generar economías no solo para el servicio, sino también para el usuario.
Lo indicado en el artículo es amplio, pudiendo utilizar a bajo costo sistemas tecnológicos que hoy se ofrecen. Se entiende la preocupación pero no se acepta la excusa.
Conclusión final sobre los argumentos expuestos por a la "ASADA Santa Isabel- San Rafael.
Cada uno de los aspectos sugeridos por el presidente de la "ASADA Santa Isabel- San Rafael de Río Cuarto de Grecia", han sido analizados a la luz de la legalidad, la técnica y los intereses de los prestadores y los usuarios y se considera que no aplican, por tanto se recomienda no incorporarlos a la versión final del reglamento en análisis.
4 Leiber Aníbal Mora Campos
Manifiesta su oposición al reglamento pues considera que este no es claro en cuanto a los períodos que en él se aplican.
El artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública N°6227, estipula que los plazos por días para la Administración, incluyen los inhábiles; mientras que los que son para los particulares son siempre de días hábiles. Por lo que, en caso de no existir especificación en la presente norma, se entiende que los plazos establecidos por la Administración, es decir, por la Autoridad Reguladora, a los prestadores, corresponden a días hábiles.
Se aclara al señor Leiber Anibal Mora Campos, que para el caso concreto del Reglamento de Prestación de Servicios que nos ocupa, la Administración que lo está dictando, es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y va dirigido a los prestadores y usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes; por lo que los plazos determinados por ella se ajustan a derecho. A modo de ejemplo se cita la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República que en su artículo 20, establece un plazo de cinco días hábiles, -y no naturales- para que las dependencias administrativas remitan los informes que se le solicitan.
Conclusión final sobre los argumentos expuestos el señor Leiber Mora:
Se aclara al señor Mora Campos que, en caso de no existir especificación en la presente norma, se entiende que los plazos establecidos por la Administración, es decir, por la Autoridad Reguladora, a los prestadores, corresponden a días hábiles.
5 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Al respecto se le indica:
Esta afirmación es compartida por la Autoridad Reguladora, quien incluso en reiteradas ocasiones ha expuesto a los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, que el A y A como órgano encargado de administrar y operar los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, está autorizado por ley para prestar estos servicios de acuerdo con sus propios reglamentos. El artículo 12 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 es claro al señalar que "(.) Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el imperio del Derecho (.)", de ahí que no se encuentra objeción a este señalamiento del Instituto.
No obstante, tal y como se le ha hecho saber al AyA en diferentes escritos (v.g. en los oficios 0207-IA-2014 del 5 de mayo de 2014 y 0198-IA-2014 del 29 de abril de 2014, visibles en el expediente OT-328-2013); la función de regulación de los servicios públicos ha sido confiada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, consecuentemente la regulación comprende tanto la fijación tarifaria como el formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima los servicios públicos sujetos a su autoridad. En efecto, la regulación se traduce en control de tarifas y de servicios, lo cual se justifica por el interés público presente en los servicios públicos.
Esta función de regulación ha sido depositada en la Autoridad Reguladora por Ley N° 7593 de 9 de agosto de 1996, que le permite a través de su artículo 25, imponer a los prestadores, mediante reglamentos técnicos, las reglas y condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima que deben seguirse para el suministro de los servicios, conforme con los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada caso. Es un deber que ha sido asignado a la Junta Directiva del órgano regulador, de acuerdo con el artículo 53, inciso n) de la ley de cita, al encomendarle dictar los reglamentos técnicos que se requieran para la correcta aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos.
Con amparo en la normativa de cita, es que la emisión de reglamentos técnicos como el presente por parte del ente regulador, no solamente es legalmente posible, sino que además crea reglas sanas y uniformes tendientes a evitar disparidades e incluso discriminación en la forma de prestar un mismo servicio público, entre diferentes operadores. Ello conlleva a una mejor transparencia en el manejo de los recursos públicos fijados vía tarifas, y fortalece al prestador al fomentar su eficiencia, estableciendo estándares específicos, permitidos por el artículo 25.
Se asegura además, protección al usuario, al garantizar que el servicio no disminuya de calidad y sea prestado de forma óptima, confiable, continua, oportuna y en la cantidad suficiente, tal y como lo promulga el artículo 5 de la Ley N°7593.
Además, ha de saberse que frente al conjunto de obligaciones y deberes a los cuales se encuentran sujetos los prestadores de los servicios públicos, están las facultades de fiscalización que le han sido otorgadas por el artículo 6, inciso a) de la Ley N°7593 a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y que le permite regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida. No resulta por ende desproporcionado lo que el ente regulador se encuentra normando en el proyecto de reglamento que nos ocupa, pues para poder fiscalizar y verificar el adecuado manejo de los factores que afectan el costo del servicio, en beneficio del interés público, resulta razonable la emisión de este Reglamento de prestación de servicios.
Como sustento de lo anterior, se hace remisión a la resolución de la Sala Constitucional 2014- 01583 del 5 de febrero de 2014, la cual al analizar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley General de Aduanas, manifestó sobre la potestad de control y fiscalización de la Administración, que:
"(.) Le corresponde al Estado, a través de los mecanismos que considere adecuados y precisamente en razón de su potestad de control, velar por el adecuado cumplimiento de los deberes y obligaciones de los auxiliares aduaneros (.). Nuestro sistema normativo ha establecido de manera coherente la posibilidad para los agentes aduaneros de ser auxiliares de la función pública aduanera, pero tal atribución no es de manera alguna irrestricta sino que, precisamente por la naturaleza de la función que se les ha encomendado a estos agentes, se hace indispensable no solo el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones que se ha impuesto, sino también, la existencia de mecanismos de fiscalización y control que permitan a la Administración velar por el correcto y efectivo ejercicio de la función pública aduanera (.). Es correcto que los auxiliares de la función pública aduanera no solo puedan, sino que deban ser sujetos pasivos de amplia regulación y de dirección a través de reglamentos, manuales operativos, circulares e instrucciones específicas, pues (.) sus labores como
función pública deben encontrarse ordenadas o autorizadas normativamente dentro del ordenamiento jurídico para poder realizarse (.)".
En igual sentido a la resolución citada, se considera que los prestadores de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados deben estar sujetos a regulación por medio de los reglamentos técnicos que permite dictar la Ley N°7593 a la Autoridad Reguladora, con el fin de velar por la satisfacción del interés público y la prestación óptima de los servicios públicos.
Por otro lado, se indica que en el caso específico de los servicios públicos relacionados con el recurso hídrico, que se reglamentan en este cuerpo normativo, está en juego un derecho humano fundamental, que es el acceso al agua potable, derivado del derecho a la vida y a la salud; por lo cual, velar por su tutela efectiva, estableciendo reglas técnicas claras que permitan una correcta regulación y fiscalización a los prestadores de estos servicios, asegura la prestación óptima del servicio, en beneficio del desarrollo sostenible del país.
Aunado a lo anterior, en cuanto a la potestad reglamentaria, la Sala Constitucional ha reconocido que en nuestro ordenamiento jurídico, la ejecución de algunas leyes sectoriales y especiales es por disposición de ley, competencia de ciertos entes descentralizados por su especialidad técnica, la experiencia y los conocimientos con los que cuentan para su emisión.
Establece la resolución 1963-2012, del 15 de febrero de 2012:
"(.) Esta potestad reglamentaria ejecutiva, desde el prisma del Derecho de la Constitución, puede ser discutible, por cuanto el artículo 140, inciso 3, de la Constitución Política, le atribuye la competencia al Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes. No obstante, si se parte de una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional, resulta claro que esa competencia no se le confiere de manera exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo, por lo que no puede estimarse que se produce una delegación inconstitucional de funciones (artículo 9 de la norma fundamental). De otra parte, esa potestad reglamentaria ejecutiva suele reconocérsele (.) a los entes públicos descentralizados que cuentan con autonomía que se ocupan de ciertos servicios públicos de carácter especializado o territorialmente acotado, siendo que el texto fundamental no prohíbe, expresamente, la atribución de esa potestad reglamentaria ejecutiva. Bajo esta inteligencia de leyes que habilitan a un supremo poder distinto al Ejecutivo o a un ente público menor, para reglamentar una Ley, no son
inconstitucionales (.)".
Queda así determinado, que la Autoridad Reguladora cuenta con competencia plena para emitir cuerpos normativos como el que aquí nos ocupa, por referirse a los servicios públicos que por la Ley 7593, está compelido a regular.
Se aclara al AyA, que la propuesta de reglamento en estudio, de modo alguno no supera ni trasciende lo que el ente regulador está llamado a normar. La Sala Constitucional en su resolución N°2006-017599 del 6 de diciembre de 2006, reconoció la potestad normativa e interventora de la Administración Pública dirigida a aquellos sujetos con los que tiene un vínculo jurídico, a fin de lograr la consecución de sus fines públicos. Se trata, de relaciones de sujeción especial que la doctrina define como la relación jurídica entre dos sujetos, uno de los cuales siempre será el Estado, en la que una de las notas principales que la caracterizará será la superioridad de uno sobre el otro. De esta forma, el sujeto que se ubique dentro de la relación de sujeción especial quedará sometido a la voluntad de la Administración. Claro está, que la restricción a su ámbito de libertad sólo es para aquellos supuestos en que la actuación del sujeto deba ajustarse al fin del Estado.
En otras palabras, la Administración no podrá limitar aquellos derechos del sujeto situado en una relación de sujeción especial, si la conducta que se pretende de él no es para que se ajuste a los fines de la Administración propiamente. (Ver Ventura Rodríguez Manuel E. "La categoría jurídica de las relaciones de sujeción especial en el derecho público costarricense", Universidad de Costa Rica, 2004).
En el caso que nos concierne, los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado e hidrantes, por su naturaleza, son parte de una relación de sujeción especial. El interés público que aquí prevalece, hace que exista un control más intenso por parte del ente regulador, a fin de velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad, confiabilidad y prestación óptima de los servicios públicos.
En la prestación de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora debe velar por la protección de los intereses públicos, sin afectar los derechos subjetivos de los prestadores o sus derechos fundamentales.
Así las cosas, al prevalecer en la prestación de estos servicios el interés público, resalta el régimen jurídico especial, donde la Autoridad Reguladora con sus potestades de control y fiscalización que le otorga la Ley N°7593 (artículos 4, 5, 6 inciso a), y 25), se encuentra en una posición superior en relación con los prestadores de estos servicios, lo que le permite ejercer la potestad reglamentaria, a fin de exigir le eficiencia debida en la gestión pública.
Consecuentemente, el reglamento técnico que aquí nos concierne satisface de manera formal los objetivos que está llamado a cumplir el ente regulador, para asegurar la confianza a los usuarios de que los servicios públicos de acueducto, alcantarillado e hidrantes que se les brindan, satisfacen los requisitos de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad y oportunidad.
Diferentes reglamentos en este mismo sentido, han sido emitidos por la Autoridad Reguladora para otros servicios públicos, pues una inacción en este sentido supondría más bien una obstaculización por parte de este ente regulador al desarrollo y avance en los niveles de crecimiento económico y social del país.
Por último, se indica que siendo que la responsabilidad de reglamentar técnicamente la prestación de los servicios públicos recae en la Autoridad Reguladora, en caso de existir antinomia con los reglamentos que aplican los prestadores, prevalecerá en lo concerniente a la materia técnica que especifica las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberán suministrarse los servicios públicos, el reglamento emitido por el ente regulador.
Con respecto a la antinomia, ha señalado la Procuraduría:
"(.) existirá antinomia cuando la norma antigua y la nueva resulten incompatibles por existir una identidad en el ámbito de regulación material, espacial, temporal o personal. De no existir esa identidad, no se producirá la incompatibilidad entre los efectos jurídicos de la nueva ley y de la anterior. Debe recordarse que en la derogación por incompatibilidad, no hay propiamente un acto de derogación, ante todo, se está ante un problema de interpretación de normas derivado de que se ha creado una nueva norma que origina efectos jurídicos diferentes (.)". (Dictamen C-293-2000, del 24 de noviembre del 2000).
En el entendido de lo anterior, no sobrevendría la incerteza jurídica para el administrado a la que alude el AyA.
Queda así esclarecida sobre este punto, la oposición del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Asimismo, se determina que la Autoridad Reguladora cuenta con competencia plena para emitir cuerpos normativos como el que aquí nos ocupa por referirse a los servicios públicos que por la Ley 7593, está compelido a regular. Se desestima por tanto la posición del AyA.
Incluir a todos los abonados no es un asunto de estadísticas, valor agregado o economía, es un asunto de derechos, igualdad y dignidad humana.
Es obligación del prestador atender a todos los abonados, sin importar el nivel de consumo o tipo de uso. La Constitución Política establece que todos los costarricenses somos iguales ante la ley y no puede practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. (Art. 33).
La definición no habla de sustitución de hidrómetros; no obstante, es importante indicar que es conocido que al sustituir un hidrómetro, si este no ha cumplido su vida útil es reutilizable su carcasa, y el kit de captura de datos es cambiable por tanto no es cierto que deba ser desechado, sí hay pérdidas pero no totales.
Posiblemente se genere un aumento en las cargas de trabajo, pero el prestador debe optimizar sus procesos para atender todos los casos. Todos los abonados tienen derecho a recibir explicaciones satisfactorias sobre sus consumos y facturaciones.
No se consideran de recibo los comentarios anotados.
El dictamen de disponibilidad de los servicios es un documento que refleja un acto administrativo que, respaldado por un estudio técnico sobre aspectos como capacidad hídrica e hidráulica de un sistema, establece en forma sustentada y documentada la respuesta a un interesado sobre una solicitud para abastecer o recolectar aguas residuales a un desarrollo dado. Los estudios deben realizarse de previo por el prestador como parte de su gestión planificadora y de conocimiento de las condiciones de operación de su sistema. El artículo 55 de esta propuesta de reglamento establece la obligación del prestador de elaborar un PMYES justamente para conocer sus sistemas y definir lo más pronto posible las consultas de los interesados.
Se entiende que con la decisión el prestador asume compromisos, aspectos no tratados en el texto, pero es una mayor razón para conocer el sistema.
No indica el texto del artículo ningún aspecto que comprometa al AyA o lo obligue con entidades del estado o interesados, ni que no cumpla su normativa interna para el trámite. Lo que sí establece es la protección de los abonados actuales y la certeza de los futuros en protección de sus inversiones y calidad del servicio, así como al prestador al establecerle la obligación de indicar las obras requeridas para interconectar el sistema y su respectivo financiamiento.
No se consideran de recibo los comentarios anotados. En relación con el nombre puede el prestador modificarlo, siempre y cuando cumpla los objetivos pretendidos.
La Sala Constitucional ha votado al respecto, estableciendo la obligación de instalar fuente pública, en el artículo se copian los criterios establecidos al respecto.
El artículo 96 establece la obligación de pagar el costo fijo cuando el servicio se suspende por causas no atribuibles al prestador.
Para evitar abusos, el prestador debe establecer condiciones de abastecimiento que otorguen un caudal para satisfacer necesidades muy básicas y evite abusos.
La instalación de la fuente pública es para satisfacer la necesidad humana de agua potable y el derecho a la salud establecido en la Constitución Política en el artículo 46. No se acepta la propuesta del AyA.
Los requisitos administrativos son establecidos por el prestador, pudiendo adecuarlos a las condiciones excepcionales de los ocupantes de terrenos en precario y campamentos de damnificados.
El prestador, a través de su competencia para establecer requisitos administrativos, puede establecer las condiciones técnicas para este servicio. No se acepta la propuesta del AyA.
No se establecen plazos para respuesta, sino para notificarle a un abonado un alto consumo, tampoco el artículo establece causa para elevar a un proceso. Para mejor precisar se debe indicar que el artículo parte del hecho que la queja ya fue interpuesta. Lleva razón el AyA al indicar que un alto consumo no es sinónimo de hidrómetro dañado, lo que se pretende es que efectivamente se compruebe que el alto consumo no se causa en la parte pública del servicio y por ende no es responsabilidad del prestador. Además el prestador es responsable hasta donde termina la parte pública del servicio, si son fugas internas son responsabilidad del abonado. Debe recordarse que un objetivo del reglamento es la aplicación homóloga para todos los prestadores; es decir un tratamiento igual ante una misma situación para todos los abonados del servicio sin importar el prestador. Un aspecto de controversia entre abonado y prestador y de definición de la ARESEP, es cómo se cobra el monto en disputa y como se cobra en los meses siguientes.
Lo normado es consistente con lo establecido en el artículo 100. No queda duda de que tal actividad tiene un costo, por eso en el artículo 100 se establece la posibilidad cobrar el costo de la revisión. La reutilización de partes del hidrómetro, como la carcasa es posible, también es posible cambiar el kit interno que permita la captura de datos, por tanto el aprovechamiento de partes del hidrómetro es
Los comentarios aportados por AyA han sido analizados ampliamente como lo demuestran los párrafos, concluyéndose que no son de recibo.
No se debe automáticamente aplicar la tarifa más alta, sino justificar al abonado su aplicación. Existen criterios técnicos sobre consumo de personas, usos del agua, equipos que utilizan agua, cantidad de usuarios en cada uso que pueden lograr un cálculo razonable.
Existen criterios técnicos para calcular un consumo con resultados razonables, por lo que no son de recibo los argumentos.
El concepto no es novedoso, está en el artículo 95 del actual Reglamento de prestación a los Clientes del AyA, con otras palabras pero con los mismos conceptos.
No riñe con la responsabilidad del abonado de mantener las instalaciones internas en buen estado ni con lo establecido en el artículo 7 de esta propuesta.
En el servicio de acueducto el abonado no tiene ningún detalle que le permita inspeccionar el sistema, pues la red está enterrada y el hidrómetro sellado, el único aspecto no físico que le permite conocer desviaciones de consumo es la factura.
La posibilidad de reajustar su factura le da tiempo para investigar y resolver el problema interno.
Los argumentos expresados no son de recibo pues el concepto ya existe y al abonado le permite sufragar un problema inmediato en corto tiempo mientras resuelve el problema de fondo de su red interna.
Es un comentario favorable del AyA y a efecto de proteger la propiedad privada y en relación a que la responsabilidad del prestador es hasta la parte pública del servicio, se ha establecido que la revisión domiciliar no es parte del servicio público, ya sea para acueducto o alcantarillado sanitario. Por esa misma razón se eliminará la tarifa autoriza para esos efectos.
Conclusión final sobre los argumentos expuestos por el AyA:
Cada uno de los argumentos indicados por el AyA han sido analizados y explicados en los párrafos anteriores, como se nota en el aparte siguiente algunos han sido acogidos generando adiciones o eliminaciones parciales en varios artículos.
La versión sometida a audiencia establece en sus transitorios, plazos de aplicación de este reglamento, específicamente dirigidos a las ASADAS se les otorga un plazo de 18 meses para su vigencia y en algunos aspectos específicos el plazo es aún mayor.
Los argumentos expuestos en la matriz, se les da respuesta a continuación:
OBSERVACIONES AYA
JUSTIFICACIÓN /
OBJETIVO, ÁMBITO DE
Artículo 1.- Objetivo
Reglamentar la prestación de los
servicios de acueducto,
alcantarillado sanitario e
hidrantes y las relaciones entre
los prestadores regulados por la
ARESEP y los abonados de
estos servicios, para lo cual
específicamente se establecen:
a. Las condiciones de
prestación;
b. La gestión de servicios;
El ARESEP tiene potestad de
emitir reglamentación donde se
establezcan las condiciones de
calidad, cantidad, confiabilidad,
oportunidad y prestación óptima.
Esto se comprende como
condiciones de índole general y
no el cómo o la forma de
prestación, que corresponde a
materia técnica del AyA como
operador y rector en la materia
que su Ley Constitutiva estable
en el artículos 1y 5 inciso j) en
concordancia con La Ley
Publica, en su artículo 103,
donde establece la potestad de
las instituciones autónomas para
emitir sus propios reglamentos.
Este aspecto fue contestado en el apartado "5.1. Potestad del
AyA de Dictar sus propios reglamentos". Se determina que la
Autoridad Reguladora cuenta con competencia plena para
emitir cuerpos normativos como el que aquí nos ocupa por
referirse a los servicios públicos que por Ley 7593, está
compelido a regular. Se desestima por tanto la posición.
e. Los procedimientos generales
para los trámites relacionados
con la prestación de los
Los procedimientos sobre
trámites son competencia del
El apartado se refiere a la potestad de la Autoridad Reguladora
para establecer las condiciones de prestación óptima con que
debe prestarse el servicio a través de procedimientos generales;
relacionado con lo expuesto en el apartado apartado "5.1.
Potestad del AyA de Dictar sus propios reglamentos". Por tal
razón no es de recibo esta afirmación del AyA.
Artículo 2.- Ámbito de
Este reglamento es aplicable a
los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado
sanitario e hidrantes en cuanto a:
operación, mantenimiento,
desarrollo y administración de
estos servicios, en sus diferentes
El AyA es el ente público que el
ordenamiento jurídico designa
como encargado para
administrar, operar y normar lo
relacionado con los acueductos y
alcantarillados en todo el país,
de tal forma como ente público
está en capacidad de prever,
programar y planificar todo lo
relativo al servicio que presta.
Lo establecido en este reglamento no roza con las
competencias del AyA, pues ARESEP no opera, ni administra
sistemas de acueducto o alcantarillado, la normativa técnica es
competencia del rector del servicio y ARESEP lo que está
haciendo es establecer condiciones de servicio como lo indica
el artículo 25 y 52, inciso n) de su ley. Por tal razón no es esta
Artículo 5.- Definiciones
Para los efectos de este
Reglamento se entenderá por:
Alto consumo: Es aquel que
supere en un 100% el consumo
promedio normal de los últimos
Alto consumo: Aquel que es
mayor a los 50m3 por mes y que
supere en un 100% o más, su
consumo promedio mensual de
los últimos 12 meses. Este se aplica en los casos de servicios
clasificados en categoría de uso:
domiciliar, ordinaria y
preferencial. Para los servicios
en categoría de uso reproductiva
y gobierno, se considera alto
consumo cuando excede los
150m3 por mes.
Es necesario que se revise
la definición que presenta
ARESEP, considerando
las estadísticas y
conductas de consumo de los clientes. De
mantenerse la propuesta
de ARESEP, clientes con
consumos inferiores al
promedio, por ejemplo de
5 metros al mes, podrían
considerarse altos
consumidores si llegan a
10 metros. Esta variación
puede suscitarse con
situaciones cotidianas,
llevando a presentar
reclamos no procedentes.
Según la Constitución Política todos los costarricenses somos a
iguales ante ley, lo que implica que todos tenemos iguales
derechos y obligaciones. La aclaración ante la duda ante un
consumo y la posibilidad de un reclamo no puede negársele a
un abonado en función del establecimiento de barreras artificiales como consumos mínimos. La opción de la duda y el
derecho de respuesta siguiendo los procedimientos establecidos
deben ser genéricos para todos los abonados. Por tal razón no es
Calidad del agua: Conjunto de
atributos físicos, químicos
biológicos y organolépticos que
se le asignan al agua en función
de su uso y que son requeridas
para la protección de la salud
humana, tanto en el consumo
humano como en usos
recreativos y productivos.
Debe ser dirigido sólo al uso de
consumo humano, no de los
El Reglamento para la Calidad del Agua decreto N° 32327-S
está establecido en función de la salud humana, asimismo el
servicio busca satisfacer una necesidad en función de la salud
humana, pero el agua abastecida por un sistema de acueducto
no solo es para la ingesta de las personas; también el agua del
servicio público se utiliza para usos recreativos y productivos
que al final de la cadena van a afectar la salud humana.
Adicionalmente si la definición es más amplia no afecta el
contenido del reglamento. Por tal razón no es esta afirmación.
Caudal: Cociente entre el
volumen de un líquido o fluido
que pasa por una sección de un
conducto y el tiempo
transcurrido. Puede expresarse
en metros cúbicos por segundo o
en litros por segundo.
También m3/día, o m3/mes o
Es obvio y comprensible que el caudal puede expresarse en
otras unidades, múltiplos y submúltiplos del litro/seg, lo cual no
afecta la definición. Por tal razón no es esta afirmación.
Cobertura: Disponibilidad de los
servicios dentro de la
jurisdicción territorial del
Definición errónea. La cobertura
es una definición de área con o
sin capacidad hídrica, no de
cualidad de servicio. La
cobertura está relacionada con
La definición está referida a una cualidad del servicio y
relaciona servicio con jurisdicción; es decir territorialidad. Por
tal razón no es esta afirmación.
Es necesario definir mejor
jurisdicción territorial , zona de
atención y zona de cobertura de
El reglamento ya contiene la definición de jurisdicción. Las
otras definiciones sugeridas son importantes pero no oportunas
en este momento, su no existencia no afecta la implementación
del reglamento. Por tal razón no es esta afirmación.
Continuidad del servicio:
Atributo de la calidad de
servicio que implica que el
mismo se mantiene en forma
continua sin interrupción las 24
horas del día los 365 días del
año, salvo caso fortuito, fuerza
mayor o por períodos
programados de mantenimiento
El concepto definido
corresponde a un atributo del
servicio, sin embargo aquí
también se mezcla con formas
de normar o regular.
Como indica el AyA la definición corresponde a un atributo de
calidad, el cual establece sus condiciones de operación, sin que
afecte la normativa Por tal razón no es esta afirmación.
Derrame o desborde del
alcantarillado sanitario: vertido
de efluentes del sistema de
alcantarillado sanitario que se
manifiesta en la vía pública.
Concepto erróneo, el efluente es
lo que sale de sistemas de
Un efluente en términos genéricos son aguas servidas que
pueden llevar desechos sólidos, líquidos y gaseosos y que son
emitidas por viviendas o cualquier tipo de industria, no solo de
sistemas de tratamiento. Por tal razón no es de recibo el
argumento del AyA.
Dictamen de disponibilidad de
servicios: Estudio técnico
mediante el cual un prestador de
servicio define la capacidad de
sus sistemas (acueducto,
hidrantes) para abastecer a
nuevos abonados.
Es un documento que se emite
con base en el estudio de
disponibilidad, no es un estudio
en sí, y no necesariamente sólo
para nuevos abonados, puede
ser para abonados o propiedades
Efectivamente un dictamen es un documento, el cual se emite
con base en un estudio técnico, cuyo objetivo es conocer la
capacidad de un sistema para definir el abastecimiento de
nuevos abonados, pero obviamente debe incluirse los abonados
actuales. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.
Error de lectura: Diferencia entre
el valor medido o calculado y el
el valor medido y el real.
Cuando se habla de valor
calculado, se refiere a una
estimación por tanto no
puede existir error de
Cabe la posibilidad de que haya errores en un valor calculado,
la existencia de dicho concepto no afecta la aplicación del
reglamento. Por tal razón no es de recibo el argumento del
Extensiones de los sistemas:
Infraestructura requerida para la
interconexión de redes de los
hidrantes de proyectos de
consumo masivo con la red
pública de un prestador de
servicio. Esta infraestructura es
adicional a la propia de cada
proyecto, la cual debe ser
financiada por el interesado.
servicio, se mezcla con formas
Es un comentario de tipo personal sobre la estructura de la
definición. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.
Fuga interna: Escape de agua o
derrame de aguas residuales en
las instalaciones internas del
Son dos términos en una
definición no congruentes :
fuga de agua diferente derrame
Efectivamente es una definición, que por unicidad del texto,
incluye dos conceptos, por lo que no hay afectación en el
objetivo de la definición. Por tal razón no es de recibo el
Gestión Ambiental: Estrategia
que debe utilizar el prestador
para lograr la sostenibilidad del
servicio, así como la protección,
conservación, recuperación y
Corresponde a otras instancias
institucionales no es de
competencia exclusiva de
operadores de agua y
Señala el AyA que la gestión ambiental no es competencia
exclusiva de operadores de agua y saneamiento.
El agua es un recurso natural indispensable a la vida humana,
por lo que su conservación y protección siempre han estado
ligadas al resguardo de la salud humana y a la tutela del
ambiente, como principio rector de las políticas públicas, tal y
como lo establecen los artículos constitucionales 46 y 50.
Con la promulgación de la Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos N°7593, en 1996, se facultó a los
prestadores de los servicios públicos a cobrar por costos
ambientales, siempre y cuando estos estuvieren incluidos en la
tarifa que fija la Autoridad Reguladora.
El artículo 14, inciso e) de la Ley N°7593, establece como una
obligación de los prestadores de los servicios públicos:
"(.) Artículo 14.- (.) e) proteger, conservar, recuperar y
utilizar racionalmente los recursos naturales relacionados con
la explotación del servicio público (.)".
Por su parte, el numeral 31, considera los criterios de
sostenibilidad ambiental, protección de los recursos hídricos,
costos y servicios ambientales como elementos centrales en la
fijación de tarifas:
"(.) Artículo 31.- Fijación de tarifas y precios (.) Los
criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental,
conservación de energía y eficiencia económica definidos en el
Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales
para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos
(.).// De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios
públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y
criterios, cuando resulten aplicables: (.) c) La protección de
los recursos hídricos, costos y servicios ambientales (.)".
Por lo anterior, no pueden los prestadores aludir que
corresponde a otras instancias institucionales la gestión
ambiental, pues esta incluso ha de ser tomada en cuenta como
elemento central en la fijación de la tarifa de los servicios que
prestan. Por tales razones no son de recibo los argumentos del
Instalaciones temporales:
Instalaciones construidas para
realizar circos, ferias, turnos,
conciertos, actividades
religiosas, entre otros; que no
requieren un servicio
religiosas, tapias, construcción
de desarrollos, condominios y
similares entre otros; que no
Se requiere que se defina
la condición en las
construcciones de
urbanizaciones y
desarrollos en general que
para el AyA también son
instalaciones temporales.
Confunde el Instituto el concepto, son situaciones distintas. La
temporalidad de una urbanización está referida a tiempo de
construcción situación que desaparecerá posteriormente y el
uso se convertirá en permanente, la otra temporalidad a la que
se refiere el artículo, son par actividades que la posibilidad de
futura permanencia no existe o es muy escaza; pero que
requieren los servicios que brinda el prestador para operar.
Jurisdicción: Es el área
geográfica autorizada por ley,
concesión, permiso o contrato de
delegación, administración o
alianza para la operación de un
Por ley para el AyA la
jurisdicción es todo el país , esto
no define , no queda claro para
los otros operadores
Por ley N°2726 se declaró al AyA como el ente encargado de
administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y
alcantarillados en todo el país. Sin embargo, esa misma ley le
otorga la facultad para delegar su administración a las Asadas.
Asimismo, nuestra legislación creó a la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia (Esph,S.A.) para prestar servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario, evacuación de aguas pluviales,
lo mismo que generación y distribución de energía eléctrica y
alumbrado público en el cantón central de Heredia.
Por esta razón es que se ha establecido en este proyecto de
reglamento una definición de "jurisdicción", en la que
claramente se indica que es el área geográfica autorizada por
ley, contrato de delegación etc.para la operación de un
prestador. Por lo cual no se comparte la apreciación del AyA,
respecto a que la definición no es clara para los demás
Niple: Sección de tubería de
tamaño variable con rosca
macho en al menos uno de sus
extremos, y que sirve para unir
No necesariamente debe tener
Es un comentario que no afecta la aplicación del reglamento.
Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.
Obras para nuevos desarrollos:
Obras necesarias para la
ampliación, mejoras y
modificaciones de los servicios,
incorporación del nuevo
desarrollo no afecte la gestión
del servicio programada por el
El concepto definido se mezcla
con formas de normar o
Un comentario personal sobre la estructura de la definición que
no aporta criterio. Por tal razón no es de recibo el argumento
del AyA.
Prevista: Tubería y accesorios,
conectados a la red de
abastecimiento de agua o a la red
de recolección de aguas servidas,
que no ha sido conectada a las
instalaciones de los abonados.
Para el servicio de acueducto
incluye el sistema de medición,
una válvula de retención y una
válvula de paso. Para el servicio
de alcantarillado sanitario
incluye el niple de salida de la
No se debe incluir el sistema de
medición es de competencia
técnica del operador
Es un comentario. La definición no afecta los intereses de los
prestadores, pues la prevista, la cual incluye el sistema de
medición, es propiedad del operador y la definición no dice lo
contrario. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.
Proyecto de consumo masivo:
Son los desarrollos urbanísticos,
comerciales, industriales,
turísticos o de otra índole, que
demanden una porción
significativa de la capacidad
instalada de un sistema de
No se define "significativa " es
una definición subjetiva
La expresión significativa se refiere en términos cualitativos a
un impacto que afecte las proyecciones a largo plazo de las
capacidades de los sistema(s). Por tal razón no es de recibo el
Servicio de revisión del sistema
de medición: Consiste en
realizar la prueba volumétrica,
ya sea en laboratorio o en sitio,
para determinar la exactitud del
consumo registrado por un
hidrómetro.
de medición: Consiste en la
revisión de todos los
hidrómetro mediante prueba
volumétrica, ya sea en
laboratorio o en sitio, para
determinar la exactitud del
hidrómetro, los elemento de
protección (caja), accesorios,
válvulas y dispositivos de
está definido en la Norma
Técnica de Hidrómetros
AR-HSA-2008, artículo
El artículo 9 de la Norma de Hidrómetros define qué es el
sistema de medición. La intención del artículo es verificar la
exactitud del hidrómetro. La sugerencia del AyA es verificar las
condiciones de operación de todo el sistema de medición. Por
tanto son dos condiciones diferentes. Lo indicado por el AyA
en un futuro podría incluirse. Por tal razón no es de recibo el
Servidumbre de paso y
acueducto/alcantarillado:
Derecho a transitar por
propiedad ajena para tener salida
desde esa propiedad a vía
pública, y para conectar
infraestructura de acueducto y
alcantarillado sanitario, a fin de
proveer agua potable o descargar
aguas residuales del predio que
carezca de salida a vía pública.
No toma en cuenta el
mantenimiento como parte de la
gestión del operador
Para mayor especificad sería deseable que expresamente se
hubiera incluido el mantenimiento la gestión; pero es conocido
del operador que requiere realizar esa labor, por tanto cuando
requiera imponer una servidumbre, sin que necesariamente el
artículo lo indique, va incluir esa condición.
Suspensiones programadas:
Suspensión del servicio con el
fin de dar mantenimiento a la
infraestructura del servicio,
programada y comunicada a los
usuarios con al menos 48 horas
Es una definición, sin embargo
el concepto se mezcla con la
normativa o regulación.
Es un comentario sobre el estilo de la definición sin que haya
afectación. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.
Técnicamente factible de ser
brindado: Se considera que un
servicio es técnicamente factible
de ser brindado cuando cumple
El término es de regulación no
debe estar como definición
Se considera de importancia fundamental para las partes
involucradas en el servicio el conocimiento de este término,
pues su consulta es de primera línea, por lo que a pesar de que
se incluye en el cuerpo del texto del reglamento, no se
considera que produzca ningún efecto violatorio a ninguno de
los derechos de las partes, por lo que es prudente mantener
también como definición. Por tal razón no es de recibo esta
afirmación del AyA
a. Las redes de distribución y de
recolección pasan frente a
linderos del inmueble o tenga
acceso directo por vía pública o
servidumbre de paso del
inmueble para el cual se solicita
un servicio,
es una definición de algo, sin
embargo también se define la
normativa o regulación, no debe
b. Los sistemas cuenten con
capacidad hídrica, hidráulica, de
potabilización y de tratamiento,
suficientes para aceptar nuevos
normativa o regulación , no
debe ser aquí
c. El sistema cumple con los
atributos de calidad establecidos,
normativa o regulación , no debe
d. Es legal y ambientalmente
e. Los solicitantes cumplen con
los requisitos administrativos
Unidad de consumo: Cada una
de las unidades de vivienda,
comercio, industria u otras,
incluidos condominios, que
cuenta con instalaciones propias
sanitario, y que reciben los
servicios brindados por el
prestador del servicio. Todas las
unidades de consumo con que
cuente un condominio, podrán
tener servicios independizados
hasta la calle pública.
afirmación del AyA.
Venta de agua potable en
bloque: Abastecimiento de agua
en grandes cantidades de un
prestador de servicio a otro, o a
empresa privada para su
posterior comercialización a
terceros. Excepto que sea un
prestador de servicio autorizado,
no se permite el abastecimiento
Por ley no deben haber
operadores privados es una
definición de algo, sin embargo
también se define la normativa o
regulación, no debe ser aquí
Se mantiene como definición, pues el artículo 50 de este
reglamento desarrolla el concepto. La Ley 7593 en el artículo 3,
inciso c) define prestador de servicio como "Sujeto público o
privado que presta servicios públicos por concesión, permiso o
ley", por tanto si pueden haber prestadores privados.
El artículo 50 define claramente a quienes se puede vender agua
en bloque. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.
La tarifa para este servicio será
la fijada por ARESEP.
Artículo 7.- Límite físico de los
servicios públicos de acueducto
Es solo un efecto de redacción se revisará la redacción y se
agregarán las excepciones anotadas en la próxima revisión del
reglamento, de momento no se considera efecto negativo para
los objetivos de este reglamento. Por tal razón no es de recibo
esta afirmación del AyA
El límite físico entre estos
servicios y las instalaciones
internas, está dado por el límite
entre la propiedad privada y la
La caja sifón está en vía pública
y pertenece al usuario. Deja por
fuera el concepto de
Artículo 11.- Plazo para emitir
dictamen de disponibilidad.
El prestador tendrá un plazo de
cinco días para emitir el
dictamen de disponibilidad,
posterior al recibido a
satisfacción de los requisitos
Este es un trámite regulado por
MEIC - mejoras regulatorias.
Los estudios técnico requieren
más tiempo y recurso humano,
no se define si son días hábiles o
Señala el AyA que no se establece en el artículo si el plazo
establecido trata de días hábiles o inhábiles.
El artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública
N°6227 estipula que los plazos por días para la Administración,
incluyen los inhábiles; mientras que los que son para los
particulares son siempre de días hábiles. Por lo que, en caso de
no existir especificación en la presente norma, se entenderá que
los plazos establecidos por la Administración, es decir, por la
Autoridad Reguladora, a los prestadores, corresponden a días
Indica el AyA que este trámite es regulado por el MEIC. Se le
señala que esta función de regulación ha sido depositada en la
Autoridad Reguladora por Ley N ° 7593, dentro de las
facultades de fiscalización que le han sido otorgadas por el
artículo 6, inciso a) de la Ley N°7593 que le permiten regular y
fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores,
para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan
el costo del servicio y dentro de la potestad establecida en el
artículo 25 de establecer las condiciones de imponer a los
prestadores, mediante reglamentos técnicos, las reglas y
condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad,
oportunidad y prestación óptima que deben seguirse para el
suministro de los servicios, conforme a los estándares
específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada
caso. Por las razones anteriores no es de recibo los argumentos
Artículo 12.- Balance entre los
servicios de acueducto y
alcantarillado sanitario.
En las áreas urbanas, es
obligación de los prestadores
lograr el balance en la cobertura
entre los servicios de acueducto
y de alcantarillado sanitario, de
tal manera que conforme se
amplíe el primero, se provea
paralelamente el segundo.
No hay factibilidad técnica para
aplicar realmente esto en la
La ONU mediante resolución 64/292 del año 2010, declaró el
acceso al agua y a los servicios básicos de saneamiento como
Se restringe a áreas urbanas porque en áreas rurales existen
soluciones en sitio que técnicamente operan bien.
El artículo está acorde con la competencia nacional del AyA y a
eso debe la Institución aspirar. El AyA tiene competencia
nacional en todos sus servicios, la excusa no es de recibo.
Artículo 14.- Consulta a las
Los prestadores están obligados
a consultar a las comunidades
indígenas sobre cualquier
proyecto relacionado con los
alcantarillado e hidrantes por
realizarse en las zonas indígenas.
serán de obligatorio
Definido en otra legislación
Si bien el AyA manifiesta que este artículo se encuentra
definido en otra legislación, no existe imposibilidad legal para
que sea incorporado por la Autoridad Reguladora en este
reglamento, dada la importancia de la participación y
protección de las comunidades indígenas, recalcadas incluso
por la Sala Constitucional. Por tal razón no es de recibo los
argumentos del AyA.
Artículo 15.- Proyectos en
zonas de protección indígena.
Para realizar proyectos
relacionados con los servicios de
acueducto, alcantarillado e
hidrantes en zonas de protección
indígena, los prestadores en
cooperación con los
comunidades indígenas, con el
fin de evaluar y considerar en el
proyecto el impacto social,
cultural y ambiental, están
obligados a realizar todos los
estudios técnicos y jurídicos
requeridos. Los resultados de
estos estudios deberán ser
considerados como criterios
vinculantes en la toma de
decisión, ejecución y operación
SECCIÓN SEGUNDA. DE LA
Artículo 16.- Información para
la Autoridad Reguladora
Los prestadores deberán proveer
a la Autoridad Reguladora
información completa,
fidedigna, actualizada, precisa,
suficiente y clara sobre los
servicios a que se refiere este
La información se utilizará para:
a. Establecer si los servicios se operan y mantienen de
acuerdo con las disposiciones de
este Reglamento y otras normas técnicas vigentes,
La prestación del servicio se
brinda de acuerdo a la
reglamentación del AyA, de
acuerdo a la potestad que
concede la ley constitutiva para
emitir sus reglamentos, esto en
concordancia a la Ley General
de Adm. Publica, que le faculta
como entidad autónoma a emitir
los reglamentos de prestación
del organización y prestación
La Ley 7593 le da competencia a la ARESEP para emitir,
publicar y velar por las condiciones de calidad del servicio.
Asimismo el artículo 24, le da competencia para solicitar la
información requerida para el cumplimiento de sus funciones.
Además se relaciona con lo indicado en el punto 5.1 SOBRE
LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL AYA. Por tal
razón no es de recibo los argumentos del AyA.
Artículo 17.- Sistemas de información.
Con el fin de aportar la
información requerida por la
ARESEP, cada prestador deberá
mantener sistemas de
información que contengan
artículo debería definirse un plan
de implementación, para cada
El transitorio VII, establece un plazo de cinco meses para que
los prestadores presenten un plan de implementación y el IV un
plazo de 24 meses a partir de la fecha de vigencia para el
cumplimiento de los sistemas de información. Por tal razón no
es de recibo los argumentos del AyA
f. Censo actualizado de las
poblaciones ocupantes de
terrenos en precario y de la
condición en que se encuentran
con respecto al uso de los
Esta información debe ser
suministrada por el ente con
competencia en esta materia.
Es una necesidad para la planificación que cada prestador
conozca las condiciones de gestión y operación de su actividad
y una de ellas es los sectores en condiciones especiales como
precarios. Por tal razón no es de recibo los argumentos del
Artículo 19.- Diseño y
construcción de instalaciones.
Toda infraestructura debe ser
diseñada y construida de acuerdo
con los requerimientos vigentes
de diseño y construcción
establecidos por el CFIA, el
AyA y la legislación vigente
No debe ser toda infraestructura,
debe ser solo la de los sistemas
del operador y de agua y
saneamiento, esto no es
vinculante con prestación de
Es claro que este reglamento tiene objetivos y sujeto (servicios)
a los que va dirigido, en ese contexto se interpreta el artículo. El
contenido del artículo no riñe con la ley 2726, incluso se apoya
en el artículo 21 de esa Ley. Por tal razón no es de recibo los
ver artículo 21 de ley de AyA
Artículo 21.- Reparación de vías públicas.
Los prestadores,
independientemente del estado
en que se hallen las vías públicas
en las que se requiera realizar
obras de mejoramiento,
reposición o construcción,
infraestructura de los servicios
de acueducto, alcantarillado
sanitario e hidrantes, deberán
devolver la superficie rodante de
la vía pública y las aceras al
menos a su estado anterior, en
un plazo máximo de quince días
Se debe revisar la razonabilidad
de tiempos y capacidad instalada
y requerimientos técnicos
Lo indicado es un comentario o reflexión interna para el cual no
dan sustento técnico. Si se afectan las vías públicas por la
ejecución de cualquier tipo de obra, la misma debe ser reparada
como parte de esa labor. Por tal razón no es de recibo los
Artículo 24.- Seguridad.
Los prestadores asegurarán en
sus funciones la protección de
sus trabajadores, equipo,
instalaciones, infraestructura y
son aspectos de salud
ocupacional y no de prestación
Efectivamente son aspectos de salud ocupacional que los
prestadores deben considerar en su gestión. Por tal razón no es
de recibo los argumentos del AyA.
PRESTACIÓN DE LOS
Artículo 26.- Obligatoriedad de
la prestación de los servicios.
Siempre que sea técnicamente
factible, los prestadores dentro
de su jurisdicción deben brindar
en condiciones de prestación
óptima, los servicios de
sanitario e hidrantes.
Por Ley constitutiva AyA,
presta los servicios en todo el
país, conforme al principio de
Efectivamente el AyA debe prestar los servicios en todo el
territorio nacional. La excepción es porque podrían presentarse
casos especiales y nadie está obligado a lo imposible. Por tal
Artículo 27.- Prestación de los
servicios de forma continua.
Los prestadores deberán
garantizar la continuidad del
servicio. Se exceptúan aquellas
situaciones de suspensión de
servicio por incumplimiento del
Existe imposibilidad técnica real
de brindar el servicio de agua
con continuidad 24/7 en algunos
La necesidad de usar el recurso no tiene horario, el servicio por
definición debe ser de 24 horas todos los días. Hay excepciones
como las establecidas en el artículo 95 y en esos casos debe
brindarse un caudal de subsistencia con sistemas alternos. Por
tal razón no es de recibo los argumentos del AyA.
Artículo 29.- Requisitos para la
Instalación de fuente pública
El procedimiento de instalación
es competencia del operador
La fuente pública domiciliaria
no tiene costo de instalación
para el abonado y debe cumplir
En la forma que se establece este
artículo se omite el costo del
abastecimiento brindado Por lo
tanto se traslada a los usuarios,
que cancelan sus servicios.
Puede generar un incremento del
agua no contabilizada y un
incentivo al uso de fuente
pública, que resultaría gratuita.
No especifica la temporalidad de
ARESEP tienen
establecida una tarifa por
abastecimiento. Se
La necesidad del abastecimiento, aun cuando se suspenda por
no pago, es real y al no ser una situación nueva no va a
provocar un mayor impacto en aspectos como agua no
contabilizada o uso desmedido. La Sala Constitucional
mediante los votos: 2732-2003, 5342-2010, 6126-1994, 1853-
2003, 0801-2000 y 6446-2007 ha normado al respecto. Las
condiciones han sido establecidas por la Sala y para evitar
interpretaciones se han trasladado a este reglamento. El artículo
96 establece la obligación de pagar el cargo fijo cuando el
servicio se suspenda por causas no atribuibles al prestador.
Un punto adicional de decisión de la Junta Directiva de la
ARESEP será eliminar la tarifa existente para fuente pública.
Por las anteriores razones no es de recibo los argumentos del
SECCIÓN SEGUNDA. DEL
Artículo 32.- Presiones de
Los prestadores deben mantener
una presión mínima dinámica de
servicio en el punto de entrega
de 98,1 kPa (10 m.c.a., 14,2psi).
A la vez, debe restringir la
presión estática máxima hasta
490,5 kPa (50 m.c.a, 71 psi), en
el punto más bajo de la red y en
áreas de servicio muy quebradas
hasta 686,4 kPa (70 m.c.a., 99,6
La presión dinámica es definida
en forma inapropiada , pues esta
involucra otras variables o
parámetros como caudal, y otros,
ARESEP establece las condiciones de presión, el prestador
establece las otras condiciones de operación, como el caudal,
según las condiciones de gestión de sus sistemas. Por tal razón
no es de recibo los argumentos del AyA.
Artículo 33.- Interrupción
temporal del servicio de agua
En caso de interrupción de...
La comunicación deberá
realizarse:
En todos los casos, si la
suspensión del servicio se
prolonga por más de ocho horas,
el prestador está obligado a
brindar un servicio alternativo de
suministro de agua potable a los
abonados, que cubra las
necesidades de hospitales,
clínicas y centros de salud; y
necesidades básicas de los
abonados domiciliares y
comunicar mediante medios de
comunicación colectiva, la
ubicación y condiciones del
servicio alternativo de agua
No se define qué es un servicio
alternativo. Existe imposibilidad
técnica real de brindar el servicio
de agua con estas condiciones,
no todos los sistemas cuentan
sistemas de servicio alternativo
Es una sugerencia de simple interpretación, el entendimiento
del inciso es claro, si no hay servicio durante determinado
número de horas debe brindarse el servicio por otros medios, el
cual obviamente es un "Servicio alternativo" o como lo utiliza
la Sala Constitucional: "medidas alternativas" cuando
considera que de manera inmediata se ejecuten las medidas
para garantizar el acceso al agua potable. Con la jurisprudencia
de la Sala no es justificable lo indicado por el AyA en cuanto a
que no todos los sistemas cuentan con sistemas alternativos
suficientes. (V.G. Voto 9127-2013).
Para un mismo usuario, se
podrán realizar como máximo
cinco suspensiones programadas
en un año, siendo que de ellas,
no podrán producirse más de dos
SECCIÓN TERCERA. DEL
Artículo 34.- Tratamiento de
Los prestadores del servicio de
alcantarillado sanitario, deberán
verificar que todas las aguas
residuales evacuadas por sus
sistemas reciban tratamiento y
cumplan con lo establecido en el
Reglamento de Vertidos.
residuales recolectadas por sus
El término utilizado en válido en la materia a que refiere el
reglamento, se toma nota de la sugerencia para una evaluación
futura. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del AyA.
Artículo 35.- Catastro de
descargas de aguas residuales
mantener un catastro actualizado
de las descargas de aguas
residuales de tipo especial a su
sistema, según la normativa
vigente, para lo cual el
Ministerio de Salud deberá
remitir a cada operador el
informe estadístico de los
reportes operacionales según, la
frecuencia establecida en el
Reglamento de Reuso y Vertido.
El reglamento establece el principio, Si para realizar la labor, el
operador requiere coordinar con otra entidad como el
Ministerio de Salud en este caso, debe hacerlo por sus medio.
El Ministerio de Salud no es un prestador de servicio, ni un
regulado por ARESEP. Por tal razón no es de recibo esta
Artículo 36.- Control de
Los prestadores deben efectuar
las acciones de control
necesarias, para prevenir los
riesgos de contaminación que
provengan de la provisión de
servicios que brinda, salvo
aquellos que no sean de su
exclusiva competencia.
Copia del artículo y no hicieron comentarios. Por tal razón no
es de recibo esta afirmación del AyA.
Artículo 37.- Prohibición de
recepción de aguas pluviales
sanitario solo recibirán aguas
residuales, siendo
terminantemente prohibida la
descarga de aguas pluviales.
gestionar y coordinar de manera
periódica con los operadores de
sistemas pluviales, medidas
correctivas para el control y
vigilancia de sus sistemas de
alcantarillado sanitario, con la
finalidad de que las aguas
pluviales estén separadas de
dicho sistema.
dicho sistema. El prestador del
servicio tendrá la potestad de
eliminar este tipo de conexiones
al sistema sanitario, previa
notificación al operador del
sistema pluvial.
De la competencia que tienen los prestadores de operar sistemas
de alcantarillado sanitario y de la prohibición de depositar agua
pluvial en el alcantarillado sanitario establecida en este
reglamento se deriva la posibilidad de eliminarlo, obviamente
siguiendo el debido proceso, siendo innecesario indicarlo.
Además es un aspecto que podría ser de competencia judicial,
materia no regulada por ARESEP. Por tal razón no es de recibo
esta afirmación del AyA.
Artículo 39.- Derrames del
Los prestadores deben evitar la
ocurrencia de derrames del
sanitario. Para estos efectos
a. Dimensionar y adecuar las
redes y otros elementos del
alcantarillado de acuerdo con las
exigencias crecientes sobre el
servicio; de acuerdo a la
capacidad financiera y planes de
inversiones de cada operador.
La planificación del prestador sobre sus actividades debe incluir
planes de inversión y financiamiento, para ello debe elaborar el
Programa de Mejoras y Expansión del Servicio (PMYES). Por
tal razón no es de recibo esta afirmación del AyA.
c. Eliminar ingresos ilícitos
de aguas pluviales.
c. Eliminar ingresos ilícitos de
aguas pluviales, en concordancia
con lo indicado en el artículo 37
de este mismo reglamento.
El reglamento tiene unidad, lo que implica aplicación uniforme
del mismo, por tanto es deseable incluir la referencia pero no es
estrictamente necesaria. Por tal razón no es de recibo esta
Artículo 40.- Acciones para la
prevención de derrames del
En relación con el control de los
derrames, el prestador debe:
a. Mensualmente cuantificar,
clasificar y proyectar los
caudales de:
a. Trimestralmente cuantificar,
La propuesta de cambio no se justifica, tan solo se enuncia. Se
considera un dato muy importante para la operación de los
sistemas por tanto se mantiene mensualmente. Por tal razón no
i. Aguas residuales de tipo
ordinario y
ii. Aguas de tipo especial.
Se debe eliminar el ítem ii,
relacionado con aguas de tipo
especial, debido a que los
sistemas sanitarios reciben
únicamente aguas residuales de
tipo ordinario, de acuerdo con el
Reglamento de Reuso y Vertido no prohíbe expresamente el
vertido de aguas especiales al alcantarillado sanitario. Más bien
en el artículo 5 relacionado con la presentación de reportes
operacionales, indica: "En caso de que un ente generador
vierta por separado aguas residuales ordinarias y aguas
residuales especiales a un alcantarillado sanitario, podrá
solicitar la exención de la obligación de presentar reportes
operacionales para la descarga de las aguas residuales
ordinarias." (Lo resaltado no es del original).
Este artículo permite interpretar que si es factible verter aguas
de ambos tipos al alcantarillado sanitario. Por tal razón no es de
recibo esta afirmación del AyA.
b. Investigar y registrar
cualquier ingreso ilícito de agua
al sistema y su afectación al
El título del artículo se refiere al sistema de alcantarillados
sanitario, siendo innecesaria agregar la aclaración sugerida. Por
d. Identificar y clasificar
mensualmente, los derrames
detectados en la red de
alcantarillado, según su origen, por:
Copia textual del párrafo sin comentarios. Por tal razón no es de
ii. Falta de capacidad
hidráulica del sistema, por
defectos de diseño,
obsolescencia de la red o
descarga de aguas pluviales,
ii. Falta de capacidad hidráulica
del sistema, por defectos de
diseño, construcción u
Se acepta la sugerencia de agregar la palabra construcción pues
aclara el artículo.
iii. Falla energética y
iv. Otros.
SECCIÓN QUINTA. DE LOS
Artículo 44.- Prestación de
Los operadores podrán prestar
servicios especiales en los
sistemas operados, siempre y
cuando no afecten la calidad,
continuidad y prestación óptima
del servicio brindado a sus
La ley constitutiva del AyA es la
que faculta a prestar estos
Por el principio de no discriminación se garantiza igualdad de
trato a todos los prestadores de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado, facultándolos a prestar servicios
especiales en los sistemas que operan.
La prestación de estos servicios
debe ajustarse a lo establecido en
Artículo 45.- Tipos de servicios
especiales de acueducto o
Es materia del operador
El AyA argumenta que es su competencia establecer las
condiciones en que se prestan los servicios a los administrados
y que estos artículos son materia del operador, fundamentado
en la Ley General de la Administración Pública.
Sobre el particular, se remite al apartado "5.1. SOBRE
POTESTAD DEL AYA DE DICTAR REGLAMENTOS". y se
reitera que la función de regulación ha sido depositada en la
Autoridad Reguladora por Ley N ° 7593 de 9 de agosto de
1996, que le permite a través de su artículo 25, imponer a los
caso. Es un deber que ha sido asignado a la Junta Directiva del
órgano regulador, de acuerdo con el artículo 53, inciso n) de la
ley de cita, al encomendarle dictar los reglamentos técnicos que
se requieran para la correcta aplicación del marco regulatorio de
Con amparo en la normativa de cita, es que la emisión de
reglamentos técnicos como el presente por parte del ente
regulador, no solamente es legalmente posible, sino que además
crea reglas sanas y uniformes tendientes a evitar disparidades e
incluso discriminación en la forma de prestar un mismo servicio
público, diferentes operadores. Ello conlleva a una mejor
transparencia en el manejo de los recursos públicos fijados vía
tarifas, y fortalece al prestador al fomentar su eficiencia,
estableciendo estándares específicos, permitidos por el artículo
25. Se asegura además, protección al usuario, al garantizar que
el servicio no disminuya de calidad y sea prestado de forma
óptima, confiable, continua, oportuna y en la cantidad
suficiente, tal y como lo promulga el artículo 5 de la Ley
N°7593. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del AyA.
Se consideran servicios
especiales de acueducto y
a. La venta de agua potable en bloque,
b. Los otorgados a
poseedores y ocupantes de
terrenos en precario y
campamentos de damnificados y
Es competencia de AyA
establecer las condiciones en que
se presta los servicios a los
administrados. Asimismo los
poseedores y ocupantes en
precario, cuando se formalizan
obedece al cumplimiento de
requisitos establecidos por AyA.
Ibídem a lo indicado en el artículo 45 anterior. Por tal razón no
Artículo 46.- Servicios en
terrenos declarados precarios y
campamentos de damnificados.
Los prestadores están en la
obligación de suministrar los
alcantarillado e hidrantes
factible a terrenos en precario
declarados como tales, y a
este Reglamento, no permiten
prestar el servicio normado en
Ver definición de
"Técnicamente factible de
ser brindado", inciso e) "
Los solicitantes cumplen
establecidos"
Los requisitos administrativos son establecidos por el prestador,
pudiendo adecuarlos a las condiciones excepcionales de los
ocupantes de terrenos en precario y campamentos de
damnificados. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del
Artículo 48.- Venta de agua
potable en bloque.
Los prestadores, siempre y
de los servicios brindados a sus
abonados, podrán vender agua
potable en bloque a:
establecer los servicios a los
La establecido no elimina la competencia del AyA, solo enlista
un tipo de servicios, evitar las afectación a los abonados e
identificar servicios que en un futuro podrían tener tarifas
diferenciadas. Además este reglamento no solo es de aplicación
para el AyA. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del
En todos los casos, la tarifa por
cobrar será la aprobada por la
Autoridad Reguladora.
SECCIÓN SEXTA. DE LOS
Lo establecido en el reglamento no elimina la competencia del
prestador, solo enlista tipos de servicio. Por tal razón no es de
Artículo 50.- Tipos de servicios
Se consideran servicios conexos,
g. Tratamiento de aguas y
lodos residuales provenientes de
sistemas individuales.
OK RyT, se mantiene el inciso
g) sin variación.
Es un comentario interno del AyA. Por tal razón no es de recibo
Artículo 51.- Servicio de
Este servicio permite la
interconexión del sistema
interno de un interesado a la red
pública, puede ser:
a. Servicio de conexión con
b. Servicio de conexión sin
Artículo 52.- Servicio de
reconexión.
Es el servicio que permite .
No podrá cobrarse suma
..como:
b. Conexión fraudulenta
ilícita realizada por un tercero
sin conocimiento del abonado
Se propone eliminar este inciso.
¿Cómo se comprueba que
no lo realizó el abonado?
Los abonados pueden
indicar que desconocen
quien realizó la conexión
fraudulenta para evadir el
Se mantiene el inciso, pues las deudas por servicio constituyen
hipoteca legal sobre el bien, por lo que finalmente el abonado
siempre será el responsable. Por tal razón no es de recibo esta
Artículo 53.- Plazos para la
atención de los servicios
Los plazos los define el
operador, dentro del marco de
legalidad y razonabilidad. Hay
plazos establecidos por Sala
Constitucional, decretos
Gubernamentales, leyes, y
No especifica el AyA, cuáles plazos considera contravienen los
establecidos por normas de jerarquía superior. Por tal razón no
Para los servicios especiales
definidos en este reglamento se
establecen los siguientes plazos
d. Revisión del sistema de
medición: ocho días hábiles;
Este caso es un ejemplo donde el
plazo está determinado por
condiciones técnicas del
operador. El levantamiento del
medidor, se realiza de acuerdo al
ciclo de lectura mensual.- De lo
contrario se genera anomalías en
la facturación. Posterior a esto
el Taller de hidrómetros realiza
la prueba. Solo cuando se
realizan pruebas en sitio se
podrá cumplir este plazo.
La operación de un hidrómetro es vital para su gestión del
servicio muy importante, pues los datos que genera son
requeridos para la facturación de los consumos. Para el
abonado es fundamental pues incide en su presupuesto y
capacidad de pago. Debe el prestador revisar sus procesos e
identificar acciones que permitan respuestas más rápidas para
los interesados. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del
e. Traslado de prevista: 10
días hábiles; y
OK RyT se mantiene inciso f)
Se inicia el cómputo de los
plazos a partir del recibido a
satisfacción de todos los
requisitos establecidos por el
INFERIORES A LA
PRESTACIÓN ÓPTIMA

References: resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 25
 resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 9
 artículo 38
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 23
 artículo 27
 artículo 75
 artículo 84
 artículo 95
 Artículo 11
 Artículo 17
 Artículo 29
 Artículo 33
 Artículo 85
 artículo 11
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 79
 artículo 7
 resolución 
 artículo 127
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 129
 artículo 95
 artículo 129
 artículo 46
 artículo 50
 Artículo 11
 artículo 46
 artículo 50
 artículo 256
 artículo 20
 artículo 12
 artículo 25
 artículo 53
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 140
 resolución 
 artículo 55
 artículo 96
 artículo 46
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 95
 artículo 7

Artículo 1
 artículo 103

Artículo 2
 artículo 25

Artículo 5
 artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 31
 artículo 9
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 50

Artículo 7

Artículo 11
 artículo 256

artículo 6

artículo 25

Artículo 12
 resolución 

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 24

Artículo 17

Artículo 19
 artículo 21
 artículo 21

Artículo 21

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 95

Artículo 29
 artículo
96

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 39
 artículo 37

Artículo 40
 artículo 5

Artículo 44

Artículo 45
 artículo 25
 artículo 53
 artículo
25
 artículo 5
 artículo 45

Artículo 46

Artículo 48

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53