Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Comparecencias/58/2001/2001Agraria.html
Timestamp: 2017-11-22 03:43:27+00:00

Document:
María Teresa Herrera Tello, correspondiente al
Primer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada
Rodolfo Escudero Barrera, Partido Verde Ecologista de México
Petra Santos Ortiz, Partido de la Revolución Democrática
Rafael Ramírez Sánchez, Partido Acción Nacional
Martha Ofelia Meza Escalante, Partido Revolucionario Institucional
Para hacer los comentarios que juzgue pertinentes
Pregunta: Juan Carlos Regis Adame, Partido del Trabajo
Réplica: Juan Carlos Regis Adame, Partido del Trabajo
Pregunta: Rodolfo Escudero Barrera, Partido Verde Ecologista de México
Pregunta: Rogaciano Morales Reyes, Partido de la Revolución Democrática
Réplica: Rogaciano Morales Reyes, Partido de la Revolución Democrática
Pregunta: Mario Reyes Oviedo, Partido Acción Nacional
Pregunta: Timoteo Martínez Pérez, Partido Revolucionario Institucional
Réplica: Juan Paredes Gloria, Partido Revolucionario Institucional
Pregunta: Cuauhtémoc Montero Esquivel, Partido de la Revolución Democrática
Réplica: Tomás Torres Mercado, Partido de la Revolución Democrática
Pregunta: Roger González Herrera, Partido Acción Nacional
Réplica: Edgar Eduardo Alvarado García, Partido Acción Nacional
Pregunta: José Jaime Barrón Fonseca, Partido Revolucionario Institucional
Réplica: Miguel Vega Pérez, Partido Revolucionario Institucional
COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA
Esta Presidencia informa que se encuentran registrados la mayoría de los ciudadanos diputados y diputadas de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural. Hay quórum. Se abre la sesión.
Se encuentra en el Salón de Recepción la licenciada Ma. Teresa Herrera Tello, Secretaria de la Reforma Agraria. Se designa en comisión para que la introduzcan a este recinto a los siguientes ciudadanos diputados:
El diputado José Jaimes García,
El diputado David Rodríguez Torres,
El ciudadano diputado Francisco Javier Ortiz y
El ciudadano diputado José Rodolfo Escudero Barrera.
Se les pide cumplan con su cometido.
De conformidad con el artículo VII numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece la licenciada Ma. Teresa Herrera Tello, Secretaria de la Reforma Agraria, invitada a esta reunión de Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, en la que se llevará a cabo el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en el tema de su competencia.
Se pide al ciudadano Secretario, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, dar lectura al Acuerdo Parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 11 de septiembre.
El diputado secretario Jorge Esteban Sandoval Ochoa:
Con el permiso de las Presidencias:
Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Administración 2000-2006.
La Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7º, párrafos 4º y 5º del mismo ordenamiento, y
PRIMERO.- Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que a la apertura del primer período de sesiones ordinarias del Congreso General, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país.
SEGUNDO.- Que el artículo 7º , párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General, establece que las Cámaras del Congreso de la Unión, analizarán el informe presentado por el Presidente de la República, y que dicho análisis se desarrollará clasificándose por materias: en materia de política interior, política económica, política social y político exterior.
TERCERO.- Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política, presentar al pleno proyectos de Puntos de Acuerdo, sobre asuntos que deban ser desahogados en este órgano.
CUARTO.- Que para realizar el análisis del Primer Informe de Gobierno de la Administración 2000-2006 de la mejor manera, así como para ordenar las comparecencias de los funcionarios responsables de los diversos ramos de la administración pública federal, para ese efecto, es conveniente que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades, acuerde y proponga al pleno, el formato conforme al cual se desahogarán las mencionadas comparecencias.
Con base en las Consideraciones procedentes y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos7o y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, el siguiente
PRIMERO.- El presente Acuerdo regulará exclusivamente lo relativo al formato que habrá de observarse durante las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, a efecto de realizar el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Administración 2000-2006.
SEGUNDO.- Las sesiones en que se desahogarán las comparecencias, se desarrollarán conforme a las siguientes bases:
En primer término, el funcionario compareciente expondrá el estado de su respectivo Ramo hasta por 20 minutos, a continuación un representante de cada Grupo Parlamentario, hablará hasta por diez minutos para establecer del Grupo respecto del tema.
Agotada la ronda de posicionamiento a que se refiere el punto anterior, el funcionario correspondiente hará uso de la palabra nuevamente hasta por diez minutos, para hacer los comentarios que juzgue pertinentes.
CUARTO.- A continuación se dará inicio a una o dos rondas de preguntas y réplicas, según el acuerdo que para cada comparecencia adopte la Junta de Coordinación Política, que se desarrollarán cada una y en su caso sucesivamente de la siguiente forma:
Inciso a) Cada Grupo Parlamentario planteará al funcionario, por conducto de uno de sus diputados, una pregunta en un tiempo no mayor a cuatro minutos.
Inciso b) El funcionario responderá a cada pregunta lo conducente, durante un lapso que no excederá de ocho minutos.
Inciso c) El Grupo Parlamentario en turno, tendrá derecho a una réplica de hasta cuatro minutos.
El orden de intervenciones de los diputados, tanto para el posicionamiento como para las preguntas y réplicas, será de manera ascendente, según el número de legisladores integrantes de cada Grupo Parlamentario.
Concluida la etapa de preguntas, respuestas y réplicas, el funcionario dirigirá a la asamblea. Un mensaje final de hasta diez minutos. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, concluirá la comparecencia con un mensaje institucional de no más de diez minutos.
Tercero: Las comparecencias que se realicen ante comisiones se desarrollarán en lo conducente conforme a las reglas aplicables en el Pleno. El mensaje institucional final estará a cargo de quien la presida.
Cuarto: Las comparecencias en Pleno o comisión, se llevarán a cabo conforme al número y programación que acuerde la Junta de Coordinación Política, iniciando el día martes 11 de septiembre con la del Secretario de Gobernación ante el Pleno.
Artículo Transitorio: UNICO: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre del año 2001.
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (Rúbrica) presidente de la Junta y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dip. Rafael Rodríguez Barrera, (Rúbrica) coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dip. Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (rúbrica)
Dip. Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Muchas gracias diputado secretario.
Quisiéramos informar a los presentes que está con nosotros en este presidium el diputado Adrián Rivera, representante de la mesa directiva de esta Honorable Cámara de Diptuados en esta sesión. Están presentes también, los tenemos como invitados, el diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PRI; el diputado Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del PAN y el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a quienes les agradecemos su presencia.
De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados que norma el procedimiento para el análisis del primer informe de gobierno y dar cumplimiento del punto segundo, numeral uno, dos y tres, se concede el uso de la palabra a la licenciado María Teresa Herrera Tello, hasta por 20 minutos.
La Secretaria de Reforma Agraria, licenciada María Teresa Herrera Tello;
Ciudadano diputado Félix Castellanos Hernández, presidente de la Comisión de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputados; ciudadano diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; diputado Adrián Rivera Pérez, secretario de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados; diputado Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del PAN; diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Alberto Anaya Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; ciudadanas y ciudadanos diputados; amigos legisladores; señoras y señores; con su permiso señores presidentes:
Con apego a lo que dispone el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concurro ante el Honorable Congreso de la Unión, por conducto de las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, de la Cámara de Diputados, a dar cuenta del estado que guarda la Secretaría de la Reforma Agraria y las entidades de la Administración Pública Paraestatal, que le competer coordinar. Este acto reviste cualidades de pluralidad y de evidente sobriedad republicana. Es, así lo considero, un reflejo más de la nueva etapa que se ha iniciado en el tránsito histórico de la Nación Mexicana.
Mi visión del entorno agrario es producto del análisis objetivo de la experiencia acumulada, los retos de la hora actual y las alternativas que el futuro plantea.
Reconozco la existencia de problemas endémicos y recurrentes y también la presencia de crisis coyunturales, pero tengo la firme convicción de que hay salida y salida digna.
Fijo entonces mi punto de partida en la concepción que recoge el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 acerca del papel que la administración pública debe desempeñar en la búsqueda del desarrollo social y humano al que todos aspiramos.
El recuento que haré para informar a ustedes del estado que guarda el despacho de los asuntos agrarios a 9 meses de iniciada la administración del Presidente Vicente Fox Quesada está apoyada en las atribuciones que la ley otorga a la Secretaría de la Reforma Agraria y ordenado de conformidad con los lineamientos pragmáticos emanados del sistema nacional de planeación democrática.
Los objetivos fundamentales de la actual política agraria son: el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural; impulso a la capacitación de los sujetos agrarios y su organización para la producción; fomento a la seguridad jurídica para la capitalización del campo para facilitar una circulación justa y equitativa de los derechos sobre las tierras; la atención a ejidatarios y comuneros y la participación de los jóvenes en las actividades productivas; procuración de justicia pronta y expedita, privilegiando la conciliación como vía preferente en la solución de las controversias del campo; innovación y modernización del sector agrario.
En ejercicio de sus atribuciones legales, el sector agrario ha realizado durante este ejercicio las siguientes acciones: ordenamiento y regularización de la propiedad rural. La Secretaría a mi cargo a determinado continuar hasta su total conclusión el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos porque ha valorado su impacto social y contribución a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el campo, tal y como lo evaluó el Banco Mundial.
En lo que va de la presente administración se ha certificado una superficie de un millón 720 mil 519 hectáreas, que corresponden a 475 núcleos agrarios, y se han expedido 269 mil certificados parcelarios de uso común y títulos de solares urbanos en beneficio de 147 mil 917 familias campesinas.
Para finales de este año y en función de los recursos disponibles, se tiene contemplado concluir la certificación de 902 núcleos agrarios, que implican una superficie aproximada de 3 millones 900 mil hectáreas.
Como respuesta al compromiso del Señor Presidente de atender prioritariamente a aquellos núcleos agrarios con población indígena, se establecieron mesas de conciliación agraria, en las que intervienen los 3 niveles de gobierno a fin de resolver los conflictos ancestrales que presentan las comunidades de los Chimalapas, en Oaxaca y Chiapas, los yaquis, en Sonora y la meseta purépecha, en Michoacán.
Además, dentro del Procede se certificaron 74 núcleos agrarios ubicados en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, con una superficie de 177 mil 693 hectáreas, en beneficio de 47 mil 770 familias indígenas.
Es pertinente destacar que sólo en los estados de Chiapas, en las comunidades indígenas de Mitontic, Tenejapa y San Juan Chamula se entregaron 34 mil 053 documentos, en beneficio de igual número de sujetos agrarios.
Es importante hacer de su conocimiento que gran parte de la superficie que aún queda pendiente de certificar corresponde a los núcleos agrarios que enfrentan conflictos hacia su interior o en la integración de sus órganos de representación, problemas de límites con otros núcleos, falta de documentos de identificación de los sujetos agrarios,la migración. Condiciones topográficas que dificultan su medición o problemas jurídicos de muy diversa índole, por lo que redoblaremos los esfuerzos institucionales para coadyuvar con los núcleos agrarios a fin de superar sus dificultades y estén en posibilidad de acceder al programa.
Ante la problemática de los núcleos agrarios con litorales en los que se presenta, en ocasiones, un mercado de tierra simulado y sin responder a una política de ordenamiento territorial, planeación urbana y desarrollo sustentable, el señor Presidente me ordenó para que coordinara esfuerzos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Semarnat, Sectur y Fonatur, así como con el gobierno del estado y los cinco municipios de Baja California Sur para desarrollar el Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales, el cual fue puesto en marcha el 27 de julio pasado. Se partió en esta entidad por contar con el 23 por ciento de los litorales del país, es decir, con 2,705 kilómetros.
A la conclusión de este programa pretendemos que Baja California Sur cuente con un adecuado ordenamiento territorial que contribuya a la definición de uso de suelo, a la delimitación de la zona federal marítima terrestre que dé garantías a la inversión en condiciones de legalidad y justo beneficio para los propietarios de la tierra. Además de contar con un catastro estatal de la propiedad social actualizado.
Este programa lo haremos extensivo a todos aquellos estados y núcleos agrarios que cuenten con litorales, toda vez que de los 11 mil kilómetros de costa con los que cuenta el país 6,500 se ubican en 528 núcleos agrarios, lo que constituye un potencial extraordinario para el turismo, los servicios, la pesca y el comercio, así como una irrepetible oportunidad de incorporar a los sujetos agrarios a los beneficios del desarrollo.
Dentro de la estrategia de regularización y ordenamiento de la propiedad rural el gobierno de la República inició en el mes de mayo un programa nacional de modernización y actualización del catastro de la propiedad rural. Para tal efecto la Secretaría a mi cargo suscribió convenios de intercambio de información catastral con los gobiernos de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, México y Puebla. Y lo seguirá promoviendo en los demás estados de la República en un ejercicio de federalismo activo.
Con la información generada se contará con una base de datos que determine la vocación del suelo productivo. Reservas ecológicas y áreas de protección, información económica, demográfica, de corrientes pluviales, que permita el diseño de políticas públicas tendientes a un desarrollo rural integral.
Otro aspecto importante del ordenamiento de la propiedad rural lo constituye la regularización de los terrenos nacionales. En esta administración se aseguró el patrimonio de 11 mil 119 familias campesinas mediante la expedición del mismo número de títulos de propiedad que amparan una superficie de 170 mil 381 hectáreas, ubicadas principalmente en las zonas de alta marginación y con marcada presencia indígena, básicamente en las zonas serranas de 31 municipios de los estados de Veracruz, Puebla y Sonora.
De igual importancia es la regularización de las colonias agrícolas y ganaderas. En el transcurso de la presente administración se han regularizado 84 colonias de un universo de 368 que estaban pendientes de regularizar. Lo significativo de esta acción de gobierno es que se acabó con la incertidumbre en que vivieron por años 4 mil 863 jefes de familia, quienes ahora son propietarios de una superficie de 187 mil 752 hectáreas, principalmente en 11 entidades federativas.
Por otra parte, y ante la necesidad de atender causas de utilidad pública, ha sido preciso proceder a la tramitación, la migración. Condiciones topográficas que dificultan su medición o problemas jurídicos de muy diversa índole, por lo que redoblaremos los esfuerzos institucionales para coadyuvar con los núcleos agrarios a fin de superar sus dificultades y estén en posibilidad de acceder al programa.
Por otra parte, y ante la necesidad de atender causas de utilidad pública, ha sido preciso proceder a la tramitación de expedientes expropiatorios de bienes ejidales y comunales.
Durante el periodo que abarca este informe, se elaboraron 216 proyectos de decretos expropiatorios. Asimismo, se ejecutaron 149 decretos expropiatorios en una superficie de 11,367 hectáreas.
Es de singular importancia destacar que esta administración antes de ejecutar cualquier decreto expropiatorio, se ha cerciorado invariablemente de que las indemnizaciones a las que tienen derecho los núcleos agrarios, hayan sido pagadas o depositadas.
Por otro lado, en estos nueve meses de gobierno se han ejecutado 33 resoluciones presidenciales respecto de 21,878 hectáreas, todas ellas emitidas antes de 1992.
Integración productiva.
Concluido el reparto de la tierra y con el fin de promover la organización y el fomento de actividades productivas para los grupos campesinos sin tierra, se signaron diversos acuerdos agrarios. En esta administración se han financiado 157 proyectos productivos, con mezcla de recursos de la dependencia a mi cargo, de SAGARPA y FONAES, destinados principalmente a actividades ganaderas y agrícolas en 17 entidades federativas.
Estoy convencida de que esta acción, entre otras, debe ser considerada como parte de la nueva etapa de la reforma agraria, en donde el sector agrario les expresa a ustedes, señoras y señores legisladores, la mayor disposición de impulsarla en coordinación con otras instituciones y organismos.
Sin embargo, se requieren recursos presupuestales para apoyar aquellos proyectos productivos que efectivamente sean viables en lo técnico, económico y social y, sobre todo, que beneficien en los hechos a los auténticos grupos campesinos.
Por otra parte, durante el periodo que se informa, se realizaron gestiones para que los promoventes de las expropiaciones pagaran a los ejidos y comunidades 680 millones de pesos que les adeudaban por concepto de indemnización. Y se logró captar por ese rubro 232 millones 500 mil pesos, a favor de los núcleos agrarios afectados.
Como resultado de la orientación y asesoría que se brindó a los núcleos agrarios cuenta habientes para la elaboración de proyectos productivos, se autorizaron 412 solicitudes de retiro de fondos comunes, por un monto de 246 millones 200 mil pesos, cuyo destino fue acordado por las asambleas de los núcleos agrarios. Esta derrama económica en el sector rural se reflejó en beneficio de 51 mil 373 jefes de familias campesinas y se lograron generar 19 mil 602 empleos temporales y mil 827 permanentes, principalmente en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.
Considero propicia la ocasión para hacer de su conocimiento que ya se están implementando dos nuevos programas operados por el FIFONAFE. Uno dirigido a grupos de mujeres campesinas con derechos agrarios, que habiten en zonas rurales del país y a las cuales se les otorgará financiamiento y asesoría técnica para la realización de proyectos productivos. El otro, dirigido a jóvenes ejidatarios, comuneros y avecindados, así como a los hijos de éstos, a quienes se les otorgará financiamiento y asesoría técnica, para el establecimiento de proyectos productivos, siempre y cuando se integren en figuras asociativas.
Los objetivos, metas y líneas de acción de ambos programas, serán incorporados en el Programa Sectorial Agrario 2001-2006.
Fortalecimiento de la actuación jurídica.
Al primero de diciembre la Secretaría de la Reforma Agraria tenía 1,320 ejecutorias del Poder Judicial de la Federación pendientes de cumplir. En lo que va de la presente administración y hasta el 31 de agosto, se reportó al Poder Judicial el cumplimiento de 250 de ellas.
Lo anterior significa que la Secretaría a mi cargo ha cumplido con una ejecutoria por día lo que representa que en tan solo 9 meses del actual Gobierno se ha logrado cumplimentar el 20% del rezago histórico.
El gran esfuerzo efectuado en el cumplimiento de sentencias pone de manifiesto nuestra convicción en la importancia de preservar el estado de derecho particularmente la necesidad de acatar los fallos del Poder Judicial.
Procuración de Justicia.- Los conflictos por la tierra son añejos y enconan rencores, es por ello que resolverlos a través de la conciliación o del proceso jurisdiccional pone de manifiesto el avance cívico de la sociedad mexicana pues se antepone la fuerza del derecho y la voluntad conciliada de las partes a cualquier otro tipo de solución auto compositiva.
Muy importante será la comprensión de esta soberanía para que juntos en el ámbito de nuestras respectivas competencias logremos que se lleve a cabo la Cruzada Nacional por la Información Agraria y la capacitación a ejidatarios y comuneros sobre los alcances de sus derechos de propiedad, organización y libre asociación.
La Procuraduría Agraria inició un programa intensivo para la renovación de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios buscando prevenir el nocivo fenómeno del cacicazgo. La meta propuesta para finales del presente año es que el 90% de los núcleos agrarios cuente con sus órganos de representación y vigilancia vigentes.
Por otra parte, el pasado 6 de Julio el sector agrario puso en marcha el Programa Nacional de Testamentos Agrarios HEREDA con el fin de prevenir conflictos y una nueva indefinición en los derechos agrarios entre los descendientes del titular de estos.
Con esta acción de gobierno se estima que 300 mil sujetos agrarios depositarán su lista de sucesión o testamento en el Registro Agrario Nacional.
Señoras y señores Legisladores, recogeré con el mayor interés los planteamientos que cada grupo parlamentario tenga a bien hacerme. Cada inquietud, cada demanda o reclamo, cada sugerencia y cada oferta de sumar esfuerzos en la búsqueda de un campo con paz y seguridad será bienvenida.
No serán palabras que se lleve el viento sino puntos de referencia para ajustar la marcha del sector agrario en su conjunto.
A continuación daremos lectura a la lista de compañeros diputados inscritos para fijar la posición general de su grupo parlamentario en el siguiente orden:
Del Partido del Trabajo, el ciudadano diputado José Narro Céspedes; del Partido Verde Ecologista de México, el ciudadano diputado Rodolfo Escudero Barrera; del Partido de la Revolución Democrática la ciudadana diputada Petra Santos Ortíz; del Partido de Acción Nacional, el diputado Rafael Ramírez Sánchez y del Partido Revolucionario Institucional la ciudadana diputada Martha Ofelia Meza Escalante.
Tiene la palabra hasta por diez minutos el ciudadano diputado José Narro Céspedes del Partido del Trabajo.
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores, señora Secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello. El dilema "Tierra, Mercancía o Derecho de los Pueblos y de la Humanidad", en esta sesión llevaremos a cabo el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente Fox en materia agraria.
Al igual que el balance general que se ha hecho de la gestión de esta nueva administración, el saldo es limitado.
El cambio prometido por el titular del Ejecutivo en su campaña, está totalmente ausente en materia agraria. Ni en esta dependencia ni en otras que tiene como función atender el campo, se aprecian modificaciones substanciales; el atraso en el que está sumido el agro mexicano requiere de una solución integral que corte de tajo los viejos y los nuevos vicios en los que está inmerso el campo de nuestro país.
Lo preocupante es que no vemos una estrategia clara para hacer frente a este enorme rezago y en contraparte cada vez son más raquíticos los mecanismos públicos para fomentar el crecimiento y el desarrollo de este sector estratégico de la economía nacional.
El régimen neoliberal, a partir de su instauración en los años '80, se impuso como tarea central desaparecer a los campesinos de México. De un plumazo canceló el derecho a la tierra de millones de mexicanos que demandaban con toda justicia que se resolvieran sus problemas.
El enorme rezago de expedientes agrarios, la Secretaría de la Reforma Agraria les aplicó el clásico carpetazo para dejarlos sin tierra y sumirlos en la miseria y en el abandono en forma totalmente ilegal. El artículo 27 de la Constitución señala que los expedientes agrarios tienen que terminar y culminar con una resolución presidencial, ya sea positiva o negativa; 29 mil expedientes agrarios en forma irregular, fueron archivados por puntos de acuerdo del cuerpo consultivo o por algunas direcciones generales para asumir... para vivir el sueño de los justos todos esos expedientes, en forma totalmente ilegal porque nunca se contó con la resolución presidencial correspondiente.
Para esto se contó con el apoyo de algunos Secretarios de Estado, como Warman, que fue el operador de la contrarreforma agraria en aquellos años del 91-92.
Desde un crecimiento y así va a ser recordado por la historia de este país.
Desde un escritorio en una fría y distante oficina en la ciudad de México, se dispuso que no había más tierras que repartir, mientras que en el campo se continuaba con la voraz concentración de la tierra y el neolatifundismo y rentismo sentaba sus reales en el campo mexicano.
Según la tecnocracia en el Poder, el modelo de explotación y tenencia de la tierra en nuestro país, se había agotado y ya no era funcional a los requerimientos del sistema económico actual de México.
El campo sin campesinos o un campo con campesinos, la vía campesina de producción en la tierra, de producción en el campo, es claro que se impuso el modelo globalizador neoliberal, excluyente, que planteaba que de 30 a 40 millones de mexicanos que vivían en el campo, tenían que quedar 10 millones; ahora estamos 25 millones a estas fechas.
A diferencia del modelo que planteamos nosotros, que es un modelo globalizador, humano y socialmente incluyente y en donde la vía campesina de la producción de la tierra tenga y tiene viabilidad de acuerdo a los estudios también que se han elaborado y de acuerdo a los trabajos que se han llevado a cabo por innumerables investigadores e instituciones de educación superior y científica, el ejido, las tierras comunales y todas aquellas formas de propiedad social, deberían desaparecer para dar lugar a regímenes mixtos de propiedad privada y social o exclusivamente privados que permitieran impulsar la productividad del campo mexicano, entre comillas.
En el fondo, las reformas del 27 constitucional en 1992, lo único que pretendía era privatizar la tierra bajo una fórmula engañosa que paulatinamente daría cuenta del patrimonio de los ejidatarios y comuneros en México.
En suma, en la visión neoliberal, nuestro país tenía que modernizarse y ponerse a tono con los cambios mundiales de esta globalización neoliberal. Sin embargo, como sabemos, lo ocurrido es algo totalmente distinto, en aquél entonces se hablaba de que había que recapitalizar el campo, que el campo se iba a industrializar, que los campesinos iban a entrar al primer mundo, y ahora... lo único que se ha producido es que el 80% de los mexicanos que viven en el campo vivan en condiciones de pobreza, eso es lo único que se ha producido.
Los impulsores del modelo neoliberal, no saben cómo lograr que el campo sea productivo, empecinados en aplicar formulas eficientistas, además las aplican mal porque entre otras cosas tercamente se niegan a reconocer que los campesinos existen y que la economía campesina tiene viabilidad, no obstante todos los esfuerzos que se han hecho para desaparecerla.
Por eso, es perfectamente explicable, señora Secretaria, que al revisar la parte relativa a las acciones que la dependencia a su cargo efectuó en los nueve primeros meses de la gestión del presente sexenio, los resultados enunciados en el Informe Presidencial sean totalmente insuficientes para la causa campesina.
Es lamentable que la Secretaría de la Reforma Agraria no desee desempeñar un papel activo y promotor de la modernización campesina, con campesinos, haciendo funcionales las formas de propiedad socialmente existentes y que han demostrado su eficacia cuando han tenido apoyo gubernamental, es preciso modificar la concepción que el gobierno federal tiene del problema agrario. Debemos volver a dotar a los campesinos del derecho de la tierra, ellos deben de gozar nuevamente de la tenencia de la tierra, porque se han convertido en simples jornaleros agrícolas, sobre todo en las tierras más productivas a través del rentismo, han pasado de ser sujetos a ser objetos dentro del proceso productivo en el campo mexicano, pero como bien sabemos, poseer la tierra es totalmente insuficiente, se requiere dotarlo de recursos técnicos, capacitación y formación, créditos y apoyos en la comercialización para que se reactive la producción agrícola en el campo. A cambio de ello, los gobiernos en los últimos 20 años han promovido un esquema de modernización del campo sectario y excluyente, quienes han gozado de apoyos y estímulos gubernamentales son los productores que se dedican y se orientan a la agro exportación y que están fundamentalmente en manos de los nuevos latifundistas, por ejemplo, podemos investigar en el Procampo; hay cheques de Procampo en Sinaloa y en otros estados, de más de 6 millones de pesos para un solo agricultor, que verdaderamente no es un pequeño propietario de acuerdo a la ley.
Nosotros por eso planteamos que las acciones de la Secretaría a su cargo, no hacen más que mostrar el poco aprecio que sienten por los campesinos, de manera sistemática han venido desmantelando el aparato burocrático y de gestión de la reforma agraria hasta quedar como un elefante blanco de la administración federal.
Por eso planteamos que el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, que lo pasaron a la Procuraduría, debe de ser una instancia que vuelve a estar en manos de la Secretaría de la Reforma Agraria, como la instancia fundamental que apoye la capacitación y la formación de los campesinos en la nueva reforma agraria a la que aspiramos.
Estamos convencidos que de esta forma es imposible apoyar al campo mexicano, quitándole este instituto, en aquél entonces y mandarlo a la Procuraduría Agraria, cuando es una tarea de la reforma agraria.
Debemos dar marcha atrás en el proceso de destrucción de la propiedad ejidal y campesina, debemos de reformar el artículo 27 de la Constitución y vamos ante ello también a presentar un recurso para que los 29 mil expedientes agrarios que están archivados ilegalmente en la Secretaría, una controversia constitucional ante la Corte para que se vuelva a revisar cada uno de estos casos y para que los responsables de haberlo hecho en forma totalmente ilegal, lo paguen por las irresponsabilidades que cometieron, con cárcel o con lo que corresponda, de acuerdo a la ley.
La economía campesina de carácter social y colectiva es una opción viable dentro del proceso de modernización del campo mexicano, como lo han demostrado los casos de los nuevos gigantes de la economía en el campo mexicano, como es el caso de China y el caso de Israel, donde se ha demostrado que la modernización del campo es viable con el carácter social y colectivo de la tierra.
Nuestros campesinos son y seguirán siendo útiles al desarrollo del país y al desarrollo de las propias comunidades del medio rural, por lo tanto, lo que necesitan es un gobierno que sea capaz de creer en ellos y no de gobiernos que sólo estén interesados en promover el desarrollo de los sectores más poderosos del capital.
Por eso planteamos que en el acuerdo nacional al que convocó el Presidente, es necesario que el campo y la pobreza que se vive en el campo sean temas prioritarios para ese gran acuerdo nacional, y comentamos también que es necesario plantear y proponer un programa emergente para el campo. Es necesario resolver lo que queda del rezago agrario, que no ha sido resuelto por una nueva reforma agraria, social y productiva, sin corrupción, sin ineficiencia y sin clientelismo.
Muchas gracias, compañero diputado José Narro Céspedes.
Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el señor diputado Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México.
Bienvenida Secretaria de la Reforma Agraria, licenciada María Teresa Herrera Tello; compañeras y compañeros diputados; amigos todos aquí presentes: La Secretaría de la Reforma Agraria participa en el ordenamiento, regularización y registro de la propiedad rural en la impartición de justicia agraria, así como en la capacitación y organización de campesinos. Estas actividades resultan de evidente importancia para la protección del medio ambiente, así como en la erradicación de la pobreza del sector rural, el más marginado y desprotegido de nuestro país, sin embargo, se observa que las labores que desempeña la Secretaria de la Reforma Agraria, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Presupuesto de Egresos, no se le reconoce la importancia debida.
Estamos convencidos de la capacidad y de la disposición de las autoridades de la secretaría para desarrollar una adecuada política agraria. Las labores de la Secretaría de la Reforma Agraria son fundamentales para lograr un verdadero desarrollo en el campo. Mientras no se le reconozca a la Secretaría de la Reforma Agraria en la importancia que tiene por la trascendencia de las labores que ahí desempeñan, tanto en el presupuesto como en las prioridades del Ejecutivo, el campo mexicano se seguirá perdiendo como hasta ahora.
Reconocemos en las actuales autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria la entrega y el esfuerzo que se cristaliza en grandes logros con recursos limitados. Consideramos que no deben limitarse recursos a la política agraria, porque ésta representa uno de los más importantes rubros de la política de nuestro país. Lo que se haga o deje de hacerse en esta materia tendrá repercusiones enormes en el bienestar de las futuras generaciones.
No es justo que las labores de la Secretaría de la Reforma Agraria se vean obstaculizadas por un presupuesto que la margina. Si se consideran de manera clara los incentivos que se generan mediante una política agraria, se pueden establecer las bases para un desarrollo rural que puede ser sustentable o no. Un desarrollo rural sustentable no está peleado con lo económico ni con lo social, sino que lo incluye. Un desarrollo rural debe ser sustentable en términos sociales, económicos y ecológicos, sin alguno de estos elementos, seguramente el campo seguirá siendo un sector olvidado, en donde los recursos naturales sean depredados por la voracidad de algunos o también por el hambre y la pobreza de los campesinos.
Si después de la Revolución Mexicana, la razón de ser de la Secretaría de la Reforma Agraria fue la de promover la justicia social, consideramos ahora que la gran reforma agraria pendiente es una reforma agraria integral hacia lo sustentable.
El tema y el gran reto para la política agraria en nuestro país es organizar y capacitar al campesino para prepararlo para los retos del mañana.
Se pensó que con el fin del reparto agrario desaparecería la razón del ser de la Secretaría de Reforma Agraria, sin embargo, consideramos que es ahora, ante los problemas de destrucción del medio ambiente y de pobreza generalizada en el campo, que la importancia de esta secretaría se agiganta.
Estamos ante la posibilidad de definir el modelo de desarrollo rural integral que queremos. Si en realidad pensamos en las futuras generaciones de mexicanos, tendremos que hacerlo en el sentido de un desarrollo rural sustentable.
Es conocido que gran parte de la destrucción del medio ambiente proviene de la incertidumbre jurídica con la relación a la propiedad. Habiendo desorden en la tenencia de la tierra y existiendo confusión en cuanto a la posesión de los recursos, se favorece su destrucción y su aprovechamiento en forma irracional.
La falta de control en el manejo de los recursos del campo favorece la depredación, sin embargo, para otorgar seguridad jurídica y evitar resolver los conflictos agrarios, se requiere de un mayor presupuesto para desarrollar las labores de esta secretaría.
Asimismo, se debe reconocer que en el ordenamiento de la propiedad rural de nuestro país se puede hablar de distintos tipos de ordenamiento. Nosotros estamos por un ordenamiento ecológico para poder satisfacer las necesidades de ésta y las futuras generaciones. No se trata nada más de darles la tierra y seguridad jurídica a los campesinos o ayudarlos en la resolución de conflictos; es de la mayor importancia capacitarlos y apoyarlos en la organización. La capacitación del campesino debe de ser para hacerle consciente del real valor de su tierra y en la protección de los recursos naturales que él ahora posee.
Los diputados del Partido Verde Ecologista consideramos que las labores de capacitación y apoyo en la organización de los campesinos, comuneros y ejidatarios, es de primera importancia para lograr un desarrollo rural sustentable. Considerando la problemática que ha causado la limitación del presupuesto de esta Secretaría, y sabiendo de la ayuda que requiere el campo, es de suma importancia cumplir con el presupuesto que esta Secretaría requiera.
Estamos conscientes de que para realizar programas tales como el PROCEDE, el FIFONAFE, FAPA, el PISO, el Programa EREDA, el Programa de Acuerdos Agrarios en Organización y Fomento, en las Labores de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, se requiere de un presupuesto adecuado. En todas estas actividades que realiza la Secretaría, se deben de considerar los impactos que se tiene sobre el medio ambiente y consideramos de suma importancia que así se haga.
Cuestionaríamos, señora Secretaria, en qué forma se puede comprometer la Secretaría de Reforma Agraria a incluir estos elementos de sustentabilidad en las labores que desempeña una vez que se haya aprobado el nuevo presupuesto.
Como ya se mencionaba, las labores de capacitación y apoyo a la organización de los campesinos, las consideramos de suma importancia y requieren de mayor apoyo, como también las labores de esta Secretaría deben de ser orientadas hacia la preservación ecológica y el mejor uso de los recursos naturales.
Nosotros, los miembros de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, estamos en la mejor disposición de apoyar a la Secretaría de Reforma Agraria en el diseño de políticas relacionadas con el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, compañero diputado.
Tiene el uso de la palabra la compañera diputada Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática hasta por diez minutos.
La diputada Petra Santos Ortiz:
Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes. Antes de comenzar la glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente Fox, en lo que corresponde a la acción desarrollada por la Secretaría de la Reforma Agraria, es necesario reflexionar profundamente sobre la situación por la que atraviesa el campo mexicano. Para nuestro partido que ha comprometido su propuesta política y económica con los campesinos mexicanos y para quienes dentro del mismo hemos compartido con ellos sus penurias y anhelos, despunta en el campo la nueva insurgencia campesina, no sólo en la lucha por la tierra y libertad zapatista, sino también por su incesante búsqueda de apropiación del valor en sus productos, confiriéndole a ésta no sólo un propósito meramente reivindicativo, sino también la finalidad de poseer un espacio en la economía y sociedad de nuestro país, espacio que le ha sido negado en los últimos 20 años de nuestra patria.
El estar tan de moda el "hoy", y con esto inicio la glosa al Informe Presidencial, la lucha agraria en el campo comienza a manifestarse nuevamente, no obstante que los gobiernos de corte neoliberal, tricolores en el pasado reciente y matizados de azul actualmente, la nieguen y aun más, la coloquen en el baúl de los recueerdos confinadas al pasado histórico que para muchos, entre ellos quienes nos gobiernan, ya no se corresponden con la vida democrática de lo que hoy presumimos al mundo. Esa concepción sobre el problema agrario que comienza a ser desmentida por el México profundo, es la concepción que ha hecho de la Secretaría de la Reforma Agraria, una entidad que sólo existe y se justifica para administrar y dar fin al problema agrario. Por ello aunque la dependencia que usted dirige nos entrega cuentas alegres sobre el cumplimiento de las metas establecidas en este periodo, como nos lo hace saber en el cuerpo del informe que esta Secretaría le corresponde, en este sentido el cumplimiento de dichas metas, en muy poco contribuye al impulso del desarrollo social y económico de los campesinos, no sólo porque su impacto es muy reducido en relación con la profunda problemática, que afecta a los hombres y mujeres del campo, la mayor parte, ejidatarios y comuneros, sino porque con los recursos empleados en el año por su Secretaría, ni siquiera puede enfrentar uno de los principales problemas, que determinan la situación actual del campo mexicano, que por cierto tiene que ver con una de las atribuciones que le confiere la ley, la Secretaría que usted dirige, y que se refiere a la organización campesina.
La reforma, del nefasto Salinas, al artículo 27 Constitucional, y particularmente a la Ley Agraria, inauguraron abierta y formalmente una concepción gubernamental de la problemática del campo mexicano, eminentemente pragmática y utilitaria, del cual no solamente se continúa en el sexenio siguiente, sino que da muestras evidentes, de no variar en el actual, y cuyo encuadre se define con bases en objetivos exclusivos de redituabilidad económica, orientados al aprovechamiento empresarial de las supuestas ventajas comparativas, de nuestras producciones en el mercado mundial, deslindándose tajantemente de la perspectiva social, colectiva, comunitaria y autosuficiente del desarrollo rural.
En esa perspectiva, la reforma agraria, en su expresión política, al declararse el fin del reparto de la tierra, va a ignorar procesos y dinámicas, que no solamente tienen que ver con la solución por decretos a viejos problemas y profundos rezagos, sino sobre todo con la emergencia y profundización de nuevos procesos, dentro de los cuales destacan un nuevo latifundismo, provocado por las nuevas formas asociativas, por el acelerado rentismo y por la especulación predial, un proceso incontenible de proletarización rural, derivados del empobrecimiento profundo de los sujetos sociales, la consecuenta emigración de la población, la descomposición y destrucción de sus organizaciones de base, abandono de sus comunidades, y, en consecuencia, el agotamiento absoluto de las potencialidades y capacidades productivas del campo mexicano.
Una lectura cuidadosa al Informe, como la que hemos hecho, nos permite documentar lo aseverado. No hemos encontrado los resultados de una gestión, supuestamente comprometida con el cambio, con nuevos rumbos en la atención al campo, encontramos, eso si, en las palabras huecas de siempre, los datos y cifras y no queda más que en eso, en puras cifras.
Afirmar que se han certificado más de un millón de hectáreas en el período, y que se han llevado a cabo reuniones de trabajo y con las organizaciones campesinas, no refleja para nada las acciones que requieren los campesinos mexicanos.
Vemos en el Informe, cuando mucho buenas intenciones pero no hechos concretos, por si fuera poco, se informa de lo que no se ha hecho, como es el caso del Programa Sectorial Agrario, el cual ni siquiera está considerado como obligatorio en el Plan Nacional de Desarrollo, o al menos no aparece en el Anexo que instruye su elaboración.
Las acciones realizadas en el período y de manera insustancial, se presentan en el Informe, no son muy diferentes, de ahí a la continuidad de hace un año o dos años o cinco, se informa sobre los mismos programas, las mismas metas, cumplidas y rebasadas. Por cierto, en estas condiciones, yo me pregunto: ¿cuál es el cambio?, ¿cuál es la propuesta novedosa de que nos sirve saber cuál es la estructura orgánica de las dependencias sectorizadas, si no se explica la trascendencia de sus acciones?
Finalmente, se hace referencia a 100 millones de pesos, que la Secretaría de Hacienda autorizó para un fondo de apoyo, a proyectos productivos y procesos de organización, y no se nos explica cuáles han sido los criterios y las reglas de operación de los mismos, lo que han provocado que un buen número de organizaciones queden excluidas, al condicionarse la entrega, a aquellas que ya tuvieron un acuerdo agrario referido al reconocimiento del fin del reparto agrario, famoso finiquito agrario de también tan recordado Zedillo, y asuntos de organización y fomento.
Tomando como base los planteamientos anteriores, que destacan por un lado la situación de crisis que vive el campo mexicano y la profunda miseria de sus moradores, y por otro lado la inoperancia, la incapacidad de la Secretaría de la Reforma Agraria, para contribuir de manera efectiva la resolución de estas problemáticas, el PRD se pronuncia: por recuperar la función de la Secretaría de la Reforma Agraria en lo que corresponde a los grandes problemas relacionados con la posesión de la tierra, en las medidas que aún existen muchas concentraciones de tierra que se pueden catalogar como ilegales o latifundios y que no han sido reconocidas como tales, a pesar de la sangre derramada por innumerables generaciones de hombres y mujeres del campo, además del rezago agrario resuelto de manera unilateral pero que son focos permanentes de conflicto social en muchas regiones del país, sobre todo en el sur de México, aunque no exclusivamente. Además se le deben de incorporar a esta Secretaría nuevas funciones que le permitan participar en la promoción, organización y fomento de la producción ejidal y comunal.
Impulsar la superación de la grave crisis que existe en el campo a partir de la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, verdadera necesidad estratégica del desarrollo nacional, en la cual la Secretaría de la Reforma Agraria, debe de jugar un papel más que importante al promover la organización de los hombres del campo, la capacitación de los haberes relacionados con lo tecnológico y lo productivo y en el impulso a la estrategia de desarrollo social de los campesinos.
Propugnar por una nueva reforma agraria que tenga como eje un nuevo artículo 27 constitucional que fortalezca realmente la gestión campesina, sus procesos productivos y la naturaleza social de las formas de propiedad mayoritarias en el país, es decir, la propiedad ejidal y comunal y se nos tome en cuenta a las mujeres rurales.
No siga con sus elefantes rosas de oficina; exigimos solución a las viejas demandas de los campesinos; no nos asustemos después de un estallido social en el campo; no culpemos al atraso y a los campesinos de ser la causa del mismo.
Reflexionemos, las políticas públicas para el campo serán que hoy, hoy, no existe y los hombres y mujeres del campo también para este Fox, el gobierno, tampoco existen hoy.
Muchas gracias señora diputada Petra Santos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rafael Ramírez Sánchez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Rafael Ramírez Sánchez:
Con el permiso de esta presidencia; honorables Comisiones de Reforma Agraria y Desarrollo Rural; señora Secretaria Ma. Teresa Herrera Tello:
Desde la perspectiva de Acción Nacional y su razón histórica dentro de los temas agrarios fundados en los ideales de don Francisco I Madero, quien en el Plan de San Luis expresó lo siguiente: Abusando de la Ley de Terrenos Baldíos, numerosos pequeños propietarios en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento y por fallos dictados en los tribunales de la República
Lo que desde Madero a la fecha fue el pilar y fundamento de la Revolución Mexicana, el reparto de la tierra y su justa y equitativa distribución parece no haber encontrado eco en sus propios gobiernos revolucionarios. Siendo entonces hasta 1992, por iniciativa de Acción Nacional, que impulsan leyes como la reforma al artículo 27 constitucional, que termina con el reparto agrario y sienta las bases para un ordenamiento real y equilibrado. Sin embargo, en Acción Nacional estamos conscientes de que las normas deben ser respaldadas por las instituciones y más bien intencionadas leyes de 1992, que encuentran su respaldo en la administración a su cargo.
Creemos que falta mucho por hacer y que urge se reordenen funciones y funcionarios. Sin embargo, vemos con agrado en usted su experiencia jurídica y en asuntos agrarios que garantizan alcanzar las metas fijadas por esa Secretaría a su cargo. Porque sólo con conocimiento de causa se puede dar certidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra. Esto no es fácil si tomamos en cuenta los vicios del pasado que se niegan a aceptar la nueva realidad en materia agraria.
Señora Secretaria: hemos leído muy cuidadosamente el informe en la materia que nos ocupa, por lo que debemos reconocer que hay avances y una gran voluntad de servir.
En cuanto hace al ordenamiento y regularización de la propiedad rural, estamos seguros se seguirá avanzando teniendo en cuenta que apenas se empieza a ordenar lo que no estaba ordenado y lo que se ordenó en forma equivocada.
Una de las lecciones que podemos sacar de los acontecimientos mundiales de los últimos años es que aquellas naciones que no emprenden soberana y responsablemente las reformas de sus instituciones públicas y privadas y la modernización de sus fundamentos productivos verán ensanchar sus diferencias con las naciones desarrolladas.
En este tenor hoy vemos que se hace más con menos y confiamos en la disminución de la burocracia en la Secretaría para seguir en este camino de eficientar la administración pública.
El registro agrario nacional, que cumple con una misión de catastro rural, creemos se debe innovar su función a fin de poder concluir el programa Procede, incluso donde existen conflictos por cuestión de la tenencia de la tierra, capturando así la información y certificación en la totalidad de la superficie del país.
Quiero hacer hincapié y referencia especial a la procuración de la justicia agraria. Estamos seguros, desde Acción Nacional, que podemos coordinar esfuerzo para que esta noble institución que busca la conciliación de los intereses agrarios pueda convertirse en el ombudsman de los campesinos que le preste garantías al sujeto agrario, defendiendo los alcances que la ley le confiere, observando el principio de imparcialidad de justicia, orientando en el aspecto jurídico a los derechohabientes del campo que tantas veces han sido atropellados por los tribunales agrarios, que con el pretexto de ser autónomos violentan el estado de derecho en agravio de los propios campesinos, con sentencias injustas y en ocasiones infundadas.
La existencia de este ombudsman es responsabilidad de todos los poderes de la unión, toda vez que nuestros hermanos del campo mexicano son hombres de buena fe que no entienden de leyes ni de políticas gubernamentales pero con mucho corazón se entregan a la tierra que poseen para hacerla producir y producen con más eficacia cuando saben que esta tierra les pertenece.
Por último, Acción Nacional externa su posicionamiento en pro del consenso, encontrando puntos de coincidencia para dar certidumbre jurídica al campo mexicano y fomentar el desarrollo de los proyectos productivos.
Exhortamos a los demás grupos parlamentarios a encontrar esos puntos de coincidencia para rendirle cuentas a México sin protagonismos políticos o personales.
De igual manera le decimos, Señora Secretaria, que estamos pendientes en apoyar la creación de leyes que beneficien a nuestro campo, pero también estamos vigilando que nadie utilice las leyes de México para sacar un lucro político o personal de nuestro campo.
Muchas gracias, compañero diputado Rafael Ramírez Sánchez.
Tiene en seguida el uso de la palabra la señora diputada Martha Ofelia Meza Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
Señores presidentes de las comisiones unidas de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, compañeras y compañeros diputados, Licenciada María Teresa Herrera Tello, Secretaria de Reforma Agraria:
Agradecemos su comparecencia ante esta soberanía y le damos la más cordial bienvenida.
La reforma agraria en México es un proceso que derivó de las legitimas demandas revolucionarias planteadas por los campesinos durante casi un siglo y que dio lugar, en su etapa más importante, al reparto agrario, bajo el fundamento legal y político de la Constitución de 1917.
No obstante que en gran parte de este proceso se entendió a la reforma agraria fundamentalmente como un proceso de reparto de la tierra, en la que como un proceso de reparto en que en la actualidad la disponibilidad físicas y geográficas permiten considerar la etapa de reparto como ya concluida. No obstante la conclusión del reparto agrario, la reforma agraria aún tiene importantes asignaturas pendientes.
Los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tenemos compromisos no únicamente con el campo actual, sino también con el campo futuro porque nos interesa el destino del sector social en el mundo agrario. México se inscribe en materia agraria como uno de los países o tal vez el país que ha realizado la reforma agraria más intensa y más profunda de la historia contemporánea.
De unos cuantos miles de familia que detentaban la tierra a principio del siglo pasado, actualmente alrededor de 6 millones de familias del campo trabajan la tierra. Durante el siglo XX se constituyeron alrededor de 27 mil ejidos y se regularizaron cerca de 3 mil comunidades indígenas, mediante procedimiento de dotación de tierras o de reconocimiento o titulación o restitución de bienes comunales. Nos estamos refiriendo a 3.5 millones de ejidatarios y comuneros, y 2.5 millones de pequeños propietarios.
En síntesis, la distribución de la tierra en el sector social, que constituye más del 55 por ciento de la superficie agrícola del país, se realizó casi a plenitud y solo perduran los conflictos generados por la misma dinámica del sector agrario; conflictos que son un reto para la administración agraria.
Dotar de tierra a estos millones de familias de campesinos generó una dispersión de la propiedad rural, que será un reto organizar para hacerla producir. Nuestro país requiere de políticas y programas públicos que respalden la producción masiva de productos básicos para el consumo de la sociedad mexicana, así como de otros que atiendan la organización campesina para integrar unidades de producción y el apoyo para el autoconsumo.
Estamos seguros de que nueve meses no son suficientes. Estamos seguros que el problema del campo no se inició ayer ni hace un año. No vemos en el Informe sobre los resultados de la actual administración pública federal la aplicación de programas efectivos y prácticos que mejoren lo que recibieron. No vemos planes concretos que se estén llevando a cabo en la Reforma Agraria, que convierta a los campesinos en nobles. Pero lo más grave es que no vemos que mejoren las condiciones del sector rural que disminuya la migración de los mexicanos del campo a los Estados Unidos. Se ha reducido el papel de la Secretaría al de la certificación. La individualización de la tenencia de la tierra es su propósito principal: otorgar títulos de propiedad. Pero si no organizamos, si no capacitamos, si no promovemos la capitalización, si no hay una política de defensa del campesino y su tierra, estamos multiplicando la miseria. Porque sin apoyo los campesinos y sus familias se quedarán sin la riqueza prometida y sin la tierra que es legítimamente suya.
No ha planteado la Secretaría de la Reforma Agraria alternativas reales para la organización y la capacitación técnica en el campo. Tal parece que estuviéramos convencidos en la necesidad de desaparecer a esta dependencia, cuya importancia radica principalmente en dar seguridad y certeza jurídica a los campesinos en la tenencia de la tierra.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional seguirá pugnando porque el Estado mexicano dé una alta prioridad a la reforma agraria, instrumento fundamental y eje articulador de una política agraria que garantice su éxito pleno mediante el desarrollo, el fortalecimiento y la conciliación de la propiedad social, que es la forma de tenencia de la tierra de la que dependen la gran mayoría de las familias campesinas, que representan la tercera parte de la población nacional y que es el sector donde radica la extrema pobreza que debemos de erradicar.
¡Urge la formulación de programas públicos destinados a apoyar la producción y la productividad de los ejidos y comunidades, ya que su existencia es fundamentalmente para combatir la marginación social y la pobreza!
Los legisladores el PRI seguiremos impulsando decididamente la iniciativa de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con cuya aprobación habremos de subsanar el inoportuno veto con que fue anulado el anterior proyecto aprobado por el Honorable Congreso de la Unión.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable será el marco jurídico que dé luz a la planeación y a la coordinación de las políticas públicas para el desarrollo rural integral, que establezca las instituciones legales para atender el fomento agropecuario y el desarrollo rural. Será sin duda la normativa que adicionalmente permita a la Secretaría de la Reforma Agraria participar realmente en los trabajos coordinados que menciona el señor Presidente con todos los interesados genuinamente en el desarrollo rural.
Es importante señalar que no se vislumbra en el Plan Nacional de Desarrollo ningún planteamiento de fondo en materia política-agraria, sólo generalidades. Se requiere de la Secretaría a su cargo, que recupere su función titular de la política agraria y que ésta se encamine hacia la consideración de su objetivo fundamental de hacer productiva la tierra, dotada de campesinos para que las familias del campo eleven substancialmente su nivel de vida y se incorporen al desarrollo nacional.
Tenemos absoluta certeza de todas las complicaciones y factores que convergen en la problemática del campo: los culturales, por siglos de prácticas y creencias arraigadas; los políticos, que caracterizan las limitaciones que persisten en algunas organizaciones, pero todos con la misma meta de sacar de la pobreza al os hombres del campo, y los sociales, que son los derivados precisamente de la dispersión geográfica de los productores rurales, de sus bajos niveles de capacitación y los propios del minifundio, con sus secuelas llamadas "bajas economías de escala" y eficiencia productiva y comercial de su producción.
Lo importante de nuestras preocupaciones no es la coincidencia del Ejecutivo con nuestras tesis para lograr el desarrollo rural, lo importante es que a través del diálogo, el debate amplio, establezcamos los puntos de convergencia de nuestra visión de las políticas públicas para el campo y busquemos traducirlas en un programa de inversiones, gastos y acciones institucionales que nos permitan avanzar en las tareas que tenemos pendientes, para culminar el proceso de la reforma agraria.
Muchas gracias señora diputada Martha Ofelia Meza Escalante.
Ha concluido la ronda de posicionamiento de las fracciones parlamentarias y a continuación tiene la palabra hasta por diez minutos, la señora Secretaria de la Reforma Agraria, licenciada María Teresa Herrera Tello.
He escuchado con sumo interés las intervenciones de los señores legisladores que han expresado el posicionamiento de las fracciones parlamentarias a las que pertenecen.
Este ejercicio republicano me ha permitido confirmar que desde diferentes puntos de vista tenemos en común nuestra preocupación en la búsqueda de soluciones a los complejos problemas del campo.
El cambio es el signo de los nuevos tiempos de México. Debemos tener la madurez como nación para reconocer que en el pasado ni todo se hizo bien ni todo se hizo mal. Hubo sin duda aciertos que debemos profundizar y errores que debemos enmendar.
Un país como el nuestro no puede ni debe inventarse cada seis años, debe aprovechar las buenas experiencias y corregir las desviaciones del pasado.
Esta comparecencia nos ofrece la recíproca oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre nuestras coincidencias y discutir las diferencias en un clima de respeto y total apertura.
La Reforma Agraria es un proceso histórico , social, jurídico y dinámico, es imperativa la transformación de las instituciones que servimos al medio rural, re definir su papel y sus funciones con mayor apertura a la participación de los sujetos agrarios y una efectiva coordinación entre las instituciones presentes en el campo mexicano.
La significativa presencia del sector rural en la población es un tema fundamental para la planeación del desarrollo nacional, la relación entre la tierra y el trabajo del hombre para generar justicia y mejores condiciones de vida están vigentes.
El Mandato Constitucional le asigna al Estado la facultad de regular las relaciones agrarias atendiendo al interés público y al desarrollo social, a los vínculos entre el territorio y la población y que a través de la propiedad social sean pilares fundamentales de la paz, legalidad y desarrollo sostenido y sustentable en el campo.
Para atender estas responsabilidades la Secretaría a mi cargo está adecuando su estructura con una visión responsable comprometida con el bien común en el orden público y la paz social.
La principal riqueza del campo mexicano, la constituyen sus hombres y mujeres que se han caracterizado por su vínculo indisoluble con la tierra, su constante y renovado tesón y por su esperanza incesante en una vida mejor.
He compartido con ustedes mi concepción de la cuestión agraria y las alternativas que estimo idóneas para atender los problemas del medio rural y siento que estas se han enriquecido con los elementos que subyacen en los posicionamientos hechos. Esto permite arribar a la siguiente fase de esta comparecencia con la expectativa clara de que sus preguntas permitirán precisar y refinar los procedimientos conforme a los cuales el sector agrario despachará los asuntos de su competencia.
Muchas gracias señora Secretaria Para dar cumplimiento al punto 2º. Numeral 4 Incisos a) b) y c) para la primera ronda de preguntas hasta por 4 minutos con derecho a réplica también por 4 minutos se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados:
El diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; el diputado Rodolfo Escudero Barrera, por el Partido Verde Ecologista de México; el diputado Rogaciano Morales Reyes, por el Partido de la Revolución Democrática; el diputado Mario Reyes Oviedo, por el Partido Acción Nacional; y el diputado Timoteo Martínez Pérez, por el Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra hasta por 4 minutos para formular su pregunta, el ciudadano diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados, señora Secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello. Para nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo los gobiernos neo liberales han partido del falso dilema de que las formas de propiedad colectivas, es decir el ejido y la comunidad agraria son las causantes de la crisis estructural del sector agropecuario en nuestro país; sin embargo, no debemos olvidar que la producción que se generó en las comunidades rurales y en las formas de propiedad ejidal durante la industrialización por substitución de importaciones fue el facto más dinámico para que este país pasara de una etapa de desarrollo a otra.
La diferencia con las circunstancias actuales es que en aquella época el campesino mexicano sí contó con una forma limitada con el apoyo del Estado; hoy en día no lo tiene.
En los años recientes, en la medida que México profundizó su integración al mercado mundial, los hombres del campo fueron abandonados por el Gobierno Federal y lo que es más grave todavía fue que se satanizó y se sigue satanizando a las formas de propiedad como las responsables de la baja productividad en el sector.
Por lo anterior, señora Secretaria, quisiera formular la siguiente pregunta:
¿A juicio de usted, piensa que la propiedad comunal y ejidal que aún prevalece en el campo sea la verdadera responsable de que la industria nacional no cuente con la suficiente cantidad de insumos para ser transformados y de que tengamos que importar una gran cantidad de productos del campo?
Sabemos que a partir de la reforma constitucional del artículo 27, el campesino mexicano encontró muchos obstáculos para garantizar la forma de propiedad de carácter social que ostenta, porque por un lado la política agraria disminuyó cada vez más su campo de acción en la creación de instrumentos jurídicos legales que reforzaran esta propiedad; por otro, al crear la posibilidad de que la tierra se privatizara, de forma real se generó una amenaza para la subsistencia de productores ejidales y comunales y a esto tenemos que agregar que hay un número importante de expedientes que solicitaban tierras, que no tuvieron solución en ningún sentido, son 29 mil casos que quedaron en el limbo del administrativo en las pasadas gestiones del Gobierno, muchos de ellos presentados por organizaciones campesinas integradas a la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala".
Sobre este asunto, deseo hacerle también la siguiente pregunta: ¿Tiene usted conocimiento de esta situación? ¿Qué acciones concretas está llevando a cabo la dependencia que usted preside para atender este asunto? ¿Es más poderosa la voluntad presidencial de terminar con el rezago agrario a capricho, que la necesidad de trasparentar la tenencia y la propiedad de la tierra?
Finalmente, queremos expresar por nuestro conducto, que una de las preocupaciones centrales de millones de campesinos consiste en saber cuál es el rumbo que le dará la actual administración al proceso de la reforma agraria en México.
Tiene la palabra la licenciada María Teresa Herrera Tello, hasta por ocho minutos, para dar su respuesta.
Con relación a la pregunta que hace el diputado Juan Carlos Regis Adame, me permito manifestarle que el ejido sigue vigente, realmente de la cantidad de núcleos agrarios que han sido certificados, el punto cero uno por ciento ha adquirido el dominio pleno de tal manera que el ejido continúa.
Precisamente como manifestaba yo en mi intervención, daremos prioridad al ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra y es como usted lo dice, para dar transparencia precisamente a las formas de propiedad.
En mis constantes giras de trabajo he percibido la satisfacción y el gusto con que la gente recibe su certificado o su título de solar urbano, o de tierras de uso común, su certificado. A nosotros cuando se nos da la escritura de nuestra casa pues nos llena de júbilo, a los campesinos también y precisamente el señor Presidente está muy interesado en dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra, es un programa, que como lo manifestaron antes y lo manifesté yo misma en mi exposición, ya estaba de administraciones anteriores, del cual se hizo una evaluación, incluso Banco Mundial lo avaló manifestándonos que este programa estaba ayudando a resolver los conflictos por la tenencia de la tierra, de tal manera que para nosotros es muy importante su conclusión, pero además estamos convencidos de que precisamente la falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra ha impedido que llegue el capital al campo, además de otros factores. Nos ha faltado en la organización, en la capacitación, desgraciadamente todavía tenemos núcleos agrarios que se ven desprotegidos ante la falta de conocimiento de la ley y por lo tanto la falta de conocimiento de sus derechos.
Esta administración pondrá especial énfasis precisamente en la organización y capacitación. La inquietud que usted manifiesta con relación al desarraigo de la gente al campo es precisamente por la falta de oportunidades. No se pretende el que sea sólo a través de programas sociales como se apoye al campo, se va a apoyar a través de proyectos productivos, a través del conocimiento de las distintas figuras asociativas que permite la ley y que se lleven a cabo estos proyectos productivos cuando la gente una su cantidad de tierra a la de otro y a la de otro, pues seguramente los proyectos productivos, los apoyos que se den a esos proyectos productivos van a aumentar en cantidad y eso nos va a permitir el que la gente tenga empleo y que en un momento dado se capitalice el campo.
El problema del campo no se origina exclusivamente en el decir: "no hemos llevado capacitación", o se habla de que se ha dado capacitación y qué resultados se han obtenido.
El sector agrario a la fecha ha impulsado programas de capacitación y esta administración específicamente, en el Estado de Baja California Sur ya hemos desarrollado algunos talleres, entre otros estados, me refiero a Baja California Sur porque tratándose de un estado que tiene núcleos agrarios con litorales, se presentaba un mercado de tierras, en ocasiones simulado y en el cual desgraciadamente no se obtenían los beneficios o no se obtienen los beneficios de la plusvalía de esa tierra, la gente no conoce lo que puede hacer con ella y encontramos incluso contratos de arrendamiento, de usufructo por 40 y hasta 50 años, irrenovables estos por otros 40 y otros 50 años.
Al avanzar nosotros en la capacitación y el conocimiento de derechos por parte de nuestros campesinos, esta problemática debe de disminuir.
Gracias, Secretaria.
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, para réplica, el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.
Bueno, ojalá y el asunto de la capacitación se profundice, porque vemos con tristeza que esta Secretaría en los estados únicamente ya mantiene coordinaciones agrarias con un representante y su secretario, no sabemos cómo se pueda profundizar la amplia capacitación que quiera y requiera el campesinado mexicano.
Consideramos también que no solamente hay problemas de productividad y de producción del campo, sino que ahora también se enfrentan a un problema del mercado y no sabemos si lo estén considerando.
Son buenos los proyectos productivos, pero también deben de no perder de vista el marcado al que nos sometieron los gobiernos y le ha dado continuidad el actual. Sin embargo le agradecemos sus comentarios respecto a las preguntas que nuestro grupo parlamentario formuló, sin embargo estamos convencidos de que es necesario llevar a cabo un nuevo rumbo, un nuevo proceso de reforma agraria, en la que se establezca de manera precisa el rol que debe jugar la propiedad comunal y ejidal en el marco de las transformaciones que han operado en nuestro país y en el mundo.
Nosotros estamos convencidos que las recientes protestas de productores de maíz, café, caña de azúcar, piñoneros, arroceros entre otros, representa una señal de descontento social que se está generando en el campo mexicano como resultado del abandono en que lo ha mantenido el gobierno actual, y esa crisis que padece un seguimiento importante de la producción agropecuaria, responde a la falta de apoyos para nuestros productores, pero en particular a la falta de una política agraria que dé certidumbre a las modalidades de propiedad social, vinculada con una reconversión productiva de ejidos y comunidades, para que este importante sector de la economía pueda cumplir con las exigencias que demanda la nueva etapa del desarrollo industrial que está siguiendo nuestra nación.
Estamos convencidos de que la modernización del campo mexicano no se va lograr con el impulso que se está dando a la privatización de las tierras ejidales y comunidades. La experiencia lo ha demostrado: no es suficiente el planteamiento de una política pública que pretenda reorientar el destino del sector agropecuario de nuestro país en el marco de la competencia internacional, sin que esto se acompañe de un conjunto de acciones entre las que se encuentran la necesidad de inversiones masivas en la capacitación de los productores rurales, vinculación con los centros de estudio de educación superior, así como apoyos directos para que nuestros productores sean competitivos en el mercado interno y externo.
Por ello queremos reiterar que nuestra propuesta de reforma agraria integral en la que tenga como eje fundamental dotar de tierras a quienes la trabajan y garantizar la existencia de las modalidades de la propiedad social, para que a partir de ella establezca y multiplique los proyectos productivos que tiendan al combate de la pobreza extrema, que hoy constituye uno de los rezagos más lacerantes de la nación mexicana, y en particular más notable en el medio rural.
A lo anterior, debemos garantizar el establecimiento de políticas públicas que atiendan de manera inmediata la falta de recursos financieros para los productores, a efecto de llevar la productividad de la tierra, y dichas políticas no deben quedar sujetas a capricho de los gobernantes en turno, como ocurría en el pasado.
Señora Secretaria: Su presencia aquí nos confirma el interés y compromiso que tiene usted con los hombres del campo, sin embargo queremos dejar claro que nuestra visión sobre la política agraria del Presidente Fox y del neoliberalismo en general es una política que no compartimos, porque nuestro pueblo ha sido víctima de ella.
Tiene la palabra hasta por cuatro minutos para formular su pregunta, el señor diputado Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México.
Señora Secretaria: En los últimos años aquí en México ha existido un problema grave de tenencia de la tierra, muchas veces por una serie de resoluciones injustas e ilegales se ha despojado de sus tierras a personas de todas las clases sociales, que con el fruto de su trabajo y con muchos esfuerzos las han adquirido.
Un ejemplo de lo anterior es el problema de tenencia de la tierra que existe en el municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, en donde terrenos del Fraccionamiento Playa Encantada, que pertenecen a personas que en la mayoría son de la tercera edad, fueron entregados por la anterior administración, al Ejido El Podrido, por el representante regional del sur y el director de la Unidad Técnica Operativa, con un plano ilegal.
Como lo anterior existen varios casos de ilegalidad, injusticia e impunidad. No queremos que sigan ocurriendo las mismas injusticias que han sucedido en el pasado. Corrijamos los errores, acabemos con la impunidad y hagamos justicia con el principal derecho con el que contamos los mexicanos.
Las preguntas en concreto, son dos: ¿Qué ha hecho la Secretaría a su cargo para corregir estas ilegalidades en las que han incurrido funcionarios de gobiernos anteriores, así como para fincar las responsabilidades que en su caso procedan?
La segunda pregunta es ¿Qué medidas está tomando la Secretaría de la Reforma Agraria para cumplir con los compromisos de cambio a este respecto al que el Ejecutivo Federal se ha comprometido? Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Secretaría, hasta por ocho minutos, para brindar su respuesta.
Le voy a robar dos minutos, señor Presidente, a la respuesta del señor diputado, con relación a lo que manifestaba el diputado Juan Carlos Regis. Los 29 mil expedientes que señala, estos concluyeron y las autoridades administrativas no pueden revocar su propia determinación, de manera que en todo caso las acciones que se intenten deberán de ser ante las autoridades correspondientes.
Con relación a lo que manifiesta el señor diputado Rodolfo Escudero Barrera, efectivamente hemos tenido cuenta del asunto este de El Podrido, al cual se refirió, fue resuelto por los tribunales jurisdiccionales, es cosa juzgada para la Secretaría de la Reforma Agraria; la Secretaría cumplió una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la fecha, para la Secretaría y dentro del ámbito de la Secretaría, es cosa juzgada.
Sin embargo en los casos en los que haya alguna denuncia, definitivamente se les dará el trámite correspondiente.
En esta Comisión se presentó en el mes de febrero, una denuncia por la actuación de algunos delegados de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario. Se está actuando en consecuencia; de tal manea que no estamos ni solaparemos ninguna actitud reprobable o alguna irresponsabilidad en la que incurran nuestros servidores públicos.
En el sector agrario hay una línea mucho muy clara y es precisamente la de actuar con estricto apego a la legalidad, con imparcialidad y con la transparencia que nos ha señalado el señor Presidente de la República.
Gracias, señora Secretaria. Le consultamos al diputado Escudero si quiere hacer uso de su derecho de réplica.
Declino, señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Rogaciano Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cuatro minutos, para formular sus preguntas.
El diputado Rogaciano Morales Reyes:
Con permiso, compañeros diputados Presidentes, asociados; con su permiso, ciudadana Secretaria de la Reforma Agraria; compañeras y compañeros diputados: En nuestro país mínimo vive la cuarta parte de su población en el medio rural, caracterizado por una fuerte marginación y pobreza extrema, lo anterior contrasta con uno de los postulados de la revolución mexicana. En efecto, la reforma agraria, junto con los asuntos de la educación y bienestar de la clase obrera, fue la razón subyacente de la bandera fundamental de dicho movimiento armado: el Sufragio Efectivo. No Reelección.
Así el bienestar social que se procuró con el reparto de la tierra, constituyó un principio de justicia social, que a la fecha aun sigue insatisfecho.
Del Informe que se ha cursado a esta Cámara de Diputados, se lee que para lograr satisfacer ese principio de justicia social, la Secretaría de la Reforma Agraria a su cargo, ha desarrollado entre otras acciones como las siguientes:
Que se han elaborado 216 proyectos de decretos expropiatorios, habiéndose publicado 107 de ellos, que involucran 4,341 hectáreas y 70 millones de inedemnización, pero no se informa cuántas hectáreas ni cuántos millones de pesos involucran el resto de los decretos.
Luego informa, como en efecto así lo fue, que se le asignaron para este ejercicio fiscal 1,850 millones de pesos, que de ellos se distribuyeron 683.6 a la Secretaría de su cargo, 685 a la Procuraduría Agraria y 486.3 al Registro Agrario Nacional, y no se informa si hubo ahorro y por qué conceptos y cuánto, y si hubo o no hubo subejercicio presupuestal, y en todo caso de cuánto estaríamos hablando.
También informa en relación con el Programa Piso, que se induce en forma planificada y preventiva, a la incorporación de terreno para las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional, pero no se informa cuántas hectáreas se han afectado sobre ese particular, y cuáles han sido los beneficios para los campesinos.
En consecuencia, ciudadana Secretaria, mi partido, el de la Revolución Democrática, le pregunta si usted considera con esas acciones se va a colmar ese postulado de la revolución mexicana o si habría que transformar a la Secretaría de la Reforma Agraria, para reasignarle más funciones que tiendan a resolver ese añejo problema, ya que lo cierto es que el campo es el principal expulsor de nuestra gente a Estados Unidos, porque allá si encuentran las condiciones para su desarrollo, que aquí nosotros no les hemos sabido proporcionar. Muchas gracias.
Muchas gracias diputado Rogaciano.
Le pedimos a la Secretaria en ocho minutos pueda dar respuesta a estas preguntas.
Con su permiso señor presidente. No hubo ahorro más que por normatividad la Secretaría de Hacienda expidió a cada una de las Secretarías. Tampoco hubo subejercicio de lo que se habló últimamente de que había 107 millones de pesos de subejercicio en la Secretaría, no hay tales, de ellos 100 millones se están utilizando precisamente en los apoyos a proyectos productivos de organización y fomento, los cuales ya se están ejerciendo, y los otros 7 millones son de honorarios y pago de los servicios propios del Sector.
Con relación al programa piso no lo maneja la Secretaría de la Reforma Agraria. Sin embargo, la Secretaría está haciendo el trabajo precisamente de capacitación y tenemos que reforzarlo muchísimo. La capacitación en aquellos núcleos agrarios que se encuentran inmersos en los planes de desarrollo urbano. El hecho de que sean los intermediarios quienes se vean beneficiados de la plusvalía de la tierra, realmente nos preocupa.
En cuanto al programa de vivienda que se está llevando a cabo en esta nueva administración, de las 30 mil hectáreas que se requieren al año de suelo para incorporar al desarrollo urbano, 16 mil 500 son propiedad social, de manera que se aporta bastante suelo social precisamente a los planes nacionales de desarrollo, perdón, a los planes de desarrollo urbano. Y debemos de enfatizar precisamente en esos núcleos agrarios la capacitación, ya sea para que constituyan figuras asociativas o que los aporten para la constitución de sociedades inmobiliarias.
Por disposición del artículo 3º. transitorio del decreto de reformas al 27 constitucional, se entiende por rezago agrario aquellos expedientes en trámite que no se hubieren resuelto al entrar en vigor la reforma constitucional. Y en ese sentido el 21 de agosto de 1997 se concluyó la remisión de los expedientes a los tribunales agrarios, de tal manera que a la fecha la Secretaría de la Reforma Agraria puede decir que el rezago concluyó. Y efectivamente, concluyó dentro de la esfera administrativa.
Con relación a las expropiaciones que manifestaba el señor diputado, hemos sido muy cuidadosos en que se cumpla con la causa de utilidad pública. Algunas veces cuestionan la causa de utilidad pública, sin embargo, la Secretaría tiene que ser muy cuidadosa al definir si la causa de utilidad pública es superior al interés de los núcleos agrarios.
En el caso de las expropiaciones encontramos nosotros que los núcleos agrarios constantemente presentaban reclamos ante la Secretaría, de la falta de pago por concepto de indemnización por expropiación. Haciendo una revisión de los expedientes y de las denuncias que estábamos recibiendo, encontramos que a los núcleos agrarios se les adeudaban 680 millones de pesos. Esto venía de años anteriores, con los requerimientos judiciales y extra judiciales que hizo la Secretaría, se logró recuperar 250 millones d e pesos. Todavía nos falta definitivamente, pero es nuestra obligación también, el vigilar que se haga el pago de esas indemnizaciones. Esta administración tiene la instrucción de que no se ejecute ningún decreto expropiatorio si no se ha hecho el pago o el depósito correspondiente. Es todo.
Gracias. Se le consulta al diputado Rogaciano Morales si quiere hacer uso de su derecho de réplica.
Por favor, tiene la palabra hasta por 4 minutos.
La reforma y prácticamente nueva Ley Agraria promulgada en el régimen de Salinas fundamentalmente tuvo por objeto el que en un momento dado los ejidos adoptaran el régimen de propiedad privada, en sustitución del régimen de propiedad social, pensando que esto automáticamente iba a traer al campo inversión y progreso para nuestros campesinos, a los que se les desapareció el Banrural prácticamente, a los que se les hizo dumping con el TLC, a los que se les retiró el apoyo, el subsidio, a los que prácticamente no se les da asesoría.
Es evidente que las condiciones de pobreza, de marginalidad, en que viven se corrobora cuando en esas áreas precisamente tiene su apogeo el negocio ilícito de la droga porque encuentran un campo fértil en la pobreza de nuestros campesinos, que se parten el alma trabajando para no cosechar porque no llovió, o porque llovió mucho, o porque se heló, o por X o Z, o porque el Norman, etcétera.
Lo cierto es que siguen saliendo a los Estados Unidos y a otras partes del mundo a trabajar. Lo cierto es que los caminos y las vías de acceso que los comunican están en condiciones desastrosas. Lo cierto es que viven en condiciones de precariedad. Digo ejidatarios, comuneros, auténticos pequeños propietarios y jornaleros.
Entonces algo anda funcionando mal no obstante lo que aquí decimos. Valdría la pena, en aras de resolver ese problema y de establecer congruencia, que usted, que tiene acceso cercano y pronto le hable a nuestro Presidente para que se tomen medidas a tiempo porque los problemas allá siguen.
Yo creo que usted tiene en sus pendientes a la comunidad indígena de Santa María Ocotán y Xoconoxtle del municipio de Mezquital, Durango, en el ejido de Bernalejo de la sierra del municipio de El Paraíso, Zacatecas, en donde más que potenciar los conflictos entre hermanos mexicanos, comuneros, indígenas, ejidatarios y pequeños propietarios, tal parece que el gobierno, que debía de presentarles expectativas de desarrollo regional, estuviera haciendo lo contrario.
Por eso proponemos que se haga allí el proyecto carretero que se tiene previsto desde hace cerca, aproximadamente, 50 años.
En mi distrito la autopista Siglo XXI que va de Morelia a la costa atraviesa por varios municipios de ese distrito y de Apatzingán -yo hablo por mi distrito- y no obstante que debo de reconocer la buena disposición del Procurador Agrario, porque ya fue con nosotros el 25 del mes pasado, junto con el compañero diputado Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, no hemos podido avanzar prácticamente en nada de la solución. Pido un minuto más, señores Presidentes, para concluir.
El diputado Félix Castellanos Hernández
Presidente de la Comisión de Reforma Agraria:
Por favor concluya, diputado Rogaciano.
Y es un punto del estado de Michoacán en que la estabilidad también está en juego. No cerremos los ojos, en Aquila tenemos problemas.
Entonces es necesario que nos apuremos, es necesario que nos apuremos para que les llevemos una solución. Porque me dice el señor gobernador de mi estado: "No, ya prácticamente todo está resuelto". Y si revisamos los pendientes que tienen con SCT y con TFM actualmente, nos vamos a encontrar con que todavía hay convenios incumplidos, convenios que más que nada reflejan una especie todo de voluntariedad del estado pero que no es una cuestión sistemática ni legal ni constitucional porque la responsabilidad patrimonial objetiva y directa del estado está muy lejos de estar presente allí. Y que en última instancia pues esos problemas se resuelvan.
Yo creo en su buena disposición, ciudadana Secretaria, para que esa obra termine pronto, ya que es un beneficio para todos de integración, de comodidad, de seguridad y de rapidez en el transporte de personas y cosas.
Tiene la palabra para formular sus preguntas, hasta por cuatro minutos, el compañero diputado Mario Reyes Oviedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Honorable presidium; compañeras y compañeros diputados; licenciada María Teresa Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria:
El campo mexicano, sin duda, ha tenido avances en su conformación, pero no ha sido suficiente debido a la falta de voluntad de gobiernos anteriores. Muchos programas se han implementado, así como proyectos que no han concluido y que únicamente han servido para beneficio de líderes y organizaciones que han perjudicado a este sector.
La seguridad jurídica de la tierra es una condición indispensable para el desarrollo del campo mexicano. Las demandas de campesinos de justicia y libertad, así como de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, deben de ser atendidas con prontitud, transparencia, eficacia y de manera objetiva.
Sin embargo, para esta institución, que no sea juez y parte, es necesario hacerla funcionar como un órgano independiente. Lo que consideramos conveniente establecer una comunicación constante para consolidar este planteamiento.
Nuestras instituciones han estado plagada de una serie de irregularidades y han sido toleradas por las autoridades. Por ello, es necesario establecer medidas que permitan transparentar este proceso.
Si bien el rezago agrario concluye el 21 de agosto de 1997, los campesinos reclaman la regularización de sus tierras. ¡No es posible que una propiedad cuente con más de dos y hasta tres títulos de propiedad!
Para que la población tenga certeza de que sus solicitudes de regularización de sus tierras sean atendidas bajo un clima total de apertura, sin condiciones al apoyo de una organización o partido político, debemos revertir este proceso que está lleno de vicios, en un corto plazo.
En este sentido, si bien en este Primer Informe de Gobierno, se señala que esta dependencia federal ha retomado un ejercicio responsable de planeación de algunos programas que venían operando en las administraciones pasadas, nos gustaría saber, señora Secretaría, qué acciones adicionales se están realizando para responder en corto, mediano y largo plazo a la demanda de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y cuáles han sido sus alcances.
No obstante lo anterior, esperamos que en esta administración del Presidente Vicente Fox y, en consecuencia, la suya, tengamos resultados satisfactorios.
Gracias diputado Reyes Oviedo.
Tiene la palabra la señora Secretaria, hasta por ocho minutos para brindar sus respuestas.
Diputado Mario Reyes Oviedo: Coincido con usted en que la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es una condición indispensable para el desarrollo del campo mexicano. En ese orden de ideas, la tarea fundamental de la Secretaría de la Reforma Agraria, es el ordenamiento y la regularización de la propiedad tanto de los ejidos y comunidades, como la regularización de los terrenos nacionales y de las colonias agrícolas y ganaderas.
En cuanto a los programas de ordenamiento, comentaba que en el mes de julio pusimos en marcha el Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales, la Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo. Pretendemos además integrar el catastro rural nacional, en el cual por primera vez se va a incluir la propiedad privada rural.
La administración del señor Presidente Fox está comprometida con el estado de derecho y precisamente al dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra, a través del ordenamiento y regularización de las distintas formas de propiedad, lo estamos cumpliendo. Es todo.
Se le consulta al diputado Reyes Oviedo si quiere hacer uso de su derecho de réplica.
El diputado Mario Reyes Oviedo (Desde la curul):
Tiene la palabra hasta por cuatro minutos, para formular sus preguntas, el diputado Timoteo Martínez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado J. Timoteo Martínez Pérez:
Honorable Mesa del Presidium, compañeras y compañeros diputados, señora Lic. Teresa Herrera Tello, Secretaria de la Reforma Agraria. Deseamos saber cómo contempla usted las siguientes etapas de esa dependencia y las prioridades que la Secretaría les está dando a corto y mediano plazo.
Insistimos que el proceso de regularización de la tenencia de la tierra no debe concluir con la entrega de certificados de propiedad parcelaria sino que estos deben de constituirse en verdaderos instrumentos de capitalización, en verdaderos instrumentos de desarrollo de los campesinos.
Usted sabe que sus tierras son muy apreciadas sobre todo las de riego, las tierras aledañas a las ciudades y pueblos en proceso de urbanización además de las que se encuentran en litorales y en zonas turísticas.
En este sentido la secretaría que usted dirige tiene la gran responsabilidad de coadyuvar con los núcleos agrarios y aprovechar estos certificados para constituir las inmobiliarias ejidales y sociedades mercantiles para que el campesino o comunero les de el valor real que estas tienen y no caigan en manos de los expertos especuladores de la tierra que son coyotes al acecho.
¿Qué opinión tiene usted de la Inmobiliaria de Pachuca, Hidalgo, llamada Zona Plateada?.
Señora Secretaria, en las reformas a la Constitución de 1992 se estableció que la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario atendieran el rezago agrario pero en el caso de las Resoluciones Presidenciales de dotación de tierra que no hayan sido debidamente ejecutadas, se firmó un convenio con las organizaciones campesinas en el cual quedó establecido el compromiso del Gobierno de apoyar a la Secretaría de la Reforma Agraria para la compra de tierras en donde fuera procedente.
En el Presupuesto de Egresos de 2001 para este concepto sabemos que se le asignó solamente la cantidad de 100 millones de pesos. ¿Nos podría usted decir cómo se han distribuido estos 100 millones de pesos , qué organizaciones han sido atendidas y los criterios con los que se han distribuido?.
Por otra parte, si esta cantidad es insuficiente ¿ha previsto usted solicitar para el ejercicio del 2002 que se amplíen los recursos que se requieran para cumplir con estos compromisos que hicieran con los campesinos, pidiéndole asimismo que las reglas de operación de este programa sean más sencillas, accesibles y fáciles de cumplir por los productores y puedan recibir este apoyo.
A los legisladores del PRI nos preocupa la actuación del Presidente Fox en sus planteamientos en cuanto a la Reforma Agraria, esto ha tocado la sensación de que la Secretaria que hoy usted dirige tienda a desaparecer, con lo cual no estamos ni estaremos de acuerdo porque la lucha de la Reforma Agraria representa, señora Secretaria, usted tiene conciencia que la vigencia de la Secretaría de la Reforma Agraria durará en la medida que se alcancen las metas de desarrollo rural sustentables y que los campesinos se vean incorporados a este desarrollo por el bien de México y los mexicanos.
Por sus respuestas, muchas gracias. (aplausos)
Gracias diputado Martínez.
Tiene el uso de la palabra la señora Secretaria hasta por 8 minutos para sus respuestas.
Con su permiso señor Presidente. Diputado Timoteo Martínez Pérez, Hay una política agraria a través de la cual hemos estado trabajando, el promover el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural, el impulsar el desarrollo agrario mediante la organización y la capacitación de los sujetos agrarios.
Efectivamente, como usted lo manifiesta, las tierras que valen más son normalmente atraídas por los especuladores. Nuestra labor se intensifica y eso lo tenemos muy claro al hacer mucho énfasis en la capacitación, si bien los núcleos agrarios tienen la libertad de elegir seguir bajo el régimen de propiedad o bien adquirir el dominio pleno, también lo es que la Secretaría debe darles a conocer más sus derechos, cómo se pueden beneficiar de la plusvalía de su tierra.
En cuanto a la constitución de las sociedades inmobiliarias, a través de la Procuraduría Agraria se les dará asesoría y se les está dando ahorita asesoría; vamos a impulsar más la constitución de sociedades inmobiliarias, sin embargo como les decía hace rato, hay plena libertad de decidir su constitución.
El Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal), en este año ha estado promoviendo la constitución de sociedades inmobiliarias y no solamente en el aspecto de la capacitación, también se les ha dado apoyo económico. En la constitución de estas sociedades inmobiliarias, el apoyo económico que se da por el sector es de 300 mil pesos.
Las sociedades inmobiliarias que en este año esperamos estén constituidas, van a ser 12; actualmente llevamos ya 6. Sin embargo, la cantidad puede escucharse poca, hay normatividad en la cual tarda el proceso de constitución, estamos tratando de reducirla y de reducir tiempos para poder hacer más. La idea de que se constituyan estas sociedades es que sean exitosas y es seguirlas apoyando y que realmente estén operando porque luego hay números muy grandes pero que realmente no están operando, como ahorita tenemos que hay algunas cifras más altas y no están operando, entonces pretendemos efectividad más que nada.
Para el derecho de réplica, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha designado al diputado Juan Paredes Gloria para este derecho a réplica.
Tiene la palabra hasta por cuatro minutos, para derecho a réplica.
El diputado Juan Paredes Gloria:
Compañeros integrantes del presidium.
Señora Secretaria, licenciada María Teresa Herrera Tello:
Ante la preocupación, planteamiento e interrogantes que han expresado mis compañeros diputados, al escuchar sus respuestas deseo señalar que es eminente que la Reforma Agraria en México, durante su desarrollo, atendió la demanda más importante y ésta ha sido el reparto agrario.
Cabe señalar que éste actualmente ha concluido, pero no quiere decir que hemos llegado a un final feliz, pero queda mucho por hacer y por avanzar.
Con respeto, le planteo los retos que mi grupo parlamentario considera debemos alcanzar , tanto el Legislativo, como el Ejecutivo, la política del campo tiene que ser una política diferenciada, si no es de esta manera, se acrecentará la inequidad existente, ya que la que hoy plantea, consideramos es una política insuficiente.
Debemos crear instrumentos reales y de verdadero alcance a las posibilidades de los campesinos para la transformación y la realización, tanto económica, que hoy los aqueja, con programas que impliquen la capacitación, la asesoría y los proyectos productivos que además sean eficientes y oportunos, que sean de fácil alcance y entendimiento, ya que los que hoy existen le son complicados, de difícil acceso, generando una capacidad de respuesta mínima, la cual termina en acrecentar la desigualdad, la pobreza y la marginación, pero no solamente como una salida o una solución económica, éste debe ir encaminado con un tema de la política social.
Y hablando de certeza jurídica, parecerá que todo va relacionado a la tenencia de la tierra, no hay que perder de vista que los instrumentos jurídicos de modernización deben de ir encaminados a un proyecto global con políticas públicas, para así lograr el desarrollo rural que el campo tan urgentemente reclama, los cambios deben de ser y ofrecer los mecanismos y las formas que así lo estimulen.
No cabe duda que los cambios deben por ello ofrecer mecanismos y formas que estimulen una mayor inversión, capitalización, que eleven la producción y la productividad y abran precisamente horizontes más amplios de bienestar.
Queda claro que los legisladores tenemos la obligación de buscar el bienestar del campo, es por ello, señora Secretaria, que tenemos la necesidad de conocer con precisión las directrices de la Secretaría que usted preside, a dónde van encaminadas sus políticas y los proyectos de manera precisa y desde luego puntual para así analizar y valorar la propuesta que la Secretaría plantee y desde luego, buscar así asignar los recursos necesarios dentro del ejercicio presupuestal para el año 2002, para que así se cumplan los compromisos planteados de la Secretaría de la Reforma Agraria para el bienestar social del campo mexicano.
Licenciada María Teresa Herrera:
Percibimos y precisamente somos conocedores de su seriedad y de esa gran preocupación para resolver la problemática del campo, por ello cuente con el respaldo y apoyo solidario de nuestro grupo parlamentario del PRI:
Por eso y por esta razón, la invitamos y le insistimos a que en el desempeño de su función se pueda consolidar una estrategia de desarrollo encaminada directamente al sector social.
Por su disposición y participación muchas gracias.
Por favor, señor Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Silvano Aureoles Conejo.
El Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Silvano Aureoles Conejo:
Continuando con el cumplimiento del Acuerdo Segundo, Numeral IV, damos paso a la segunda ronda de intervenciones de preguntas de los ciudadanos diputados. Y están inscritos para ella, la segunda ronda de preguntas, hasta por cuatro minutos, con derecho a réplica, los siguientes ciudadanos diputados:
Por el Partido del Trabajo, el diputado Juan Carlos Regis Adame; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Rodolfo Escudero Barrera; por el Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel; por el Partido Acción Nacional, el diputado Roger González Herrera, y por el Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado José Jaime Barrón Fonseca.
Tiene el uso de la palabra hasta por cuatro minutos, el señor diputado Juan Carlos Regis Adame.
Señora Secretaria de Reforma Agraria: En el informe de labores presentado por usted, se señala que la política agraria de la actual administración está diseñada para distribuir equitativamente los beneficios de desarrollo, y agrega que los sujetos agrarios son considerados como un universo de atención prioritaria, sin embargo, los hechos no corresponden a lo dicho en ese informe. La realidad ha rebasado desde hace varias décadas las acciones exiguas realizadas por esa dependencia hoy a su cargo.
Todo mundo reconoce que para poder superar la dramática situación en el campo, es imprescindible desarrollar políticas de Estado que de manera integral resuelvan la problemática agraria. Dicha política deberá tener como objetivos básicos considerar a los campesinos y a su tierra comunidades productivas indisolubles.
Sabemos que para tales efectos de planeación, las políticas agrarias generalmente se definen en el Plan Nacional de Desarrollo y en programas específicos las estrategias y acciones, sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por la actual administración no dedica mas que cuatro párrafos al tema agrario. No conocemos hasta ahora las acciones y estrategias de un programa sectorial agrario.
Señora Secretaria: Ustedes están avalando la política de que el reparto agrario en este país ya concluyó, sin embargo en nuestro campo tenemos millones de campesinos sin tierra, tenemos muchos grupos campesinos que están en posesión de la tierra aunque no tengan la certeza jurídica y la están haciendo producir para los mexicanos.
Muchos de ellos que no cuentan con esta tierra, tienen que emigrar hacia los Estados Unidos para buscar sustento para sus familias, pero en contrapartida tenemos enormes latifundios en todo el territorio nacional. Para ello basta señalar unos cuantos:
Tenemos la familia Santos, en San Luis Potosí, ahí tenemos los del ex gobernador de Coahuila, José de las Fuentes Rodríguez, los Hank González en el estado de México, los Alemán en Veracruz, los Robinson Burs en Sonora y Sinaloa, los Sansores en Campeche, entre muchos otros de una lista muy extensa.
¿Cuáles son sus planes sectoriales que está implementando la Secretaría a su cargo, qué acciones está llevando a cabo esa dependencia a su cargo para resolver estas dos situaciones de los latifundios existentes y el amplio proceso de venta y renta del ejido?
Aparte, consideramos y solicitamos se nos informe, ¿qué porcentaje de la tierra, lo que se refiere al ordenamiento y regularización de la misma, está ya resuelto en nuestro país?, y díganos, ¿por qué es condición y no imposición del Banco Mundial, esto de la certeza jurídica para capitalizar al campo?
¿Qué pasa donde ya no hay problema de certeza ni ordenamiento jurídico, que seguramente es un amplio porcentaje? ¿Tenemos un campo eficiente, tecnificado, productivo? Creo que existe una contradicción y hay un problema de fondo que seguramente no se nos quiere verter aquí. ¿Cuál sería ése?
Tiene el uso de la palabra hasta por ocho minutos, la señora Secretaria, para dar respuesta a la pregunta planteada por el señor diputado.
La Secretaria María Teresa Herrera Telllo:
Con su permiso, señor Presidente. Me voy a tomar medio minuto para contestar al diputado Timoteo Martínez el que se me pasó, el manifestarle que con relación a los Acuerdos Agrarios, precisamente en el Presupuesto del próximo año estamos contemplando el monto de los que van a quedar pendientes. Ahorita lo que se requiere son 349 millones de pesos; se va a hacer la propuesta ante las instancias correspondientes sobre ese presupuesto.
Con relación a las preguntas que nos hace el diputado Juan Carlos Regis Adame, el artículo 22 de la Ley de Planeación establece que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, señala los temas, no los programas, para la elaboración de los programas sectoriales, regionales, institucionales, hace enunciativos los temas, sin embargo no se refiere en específico al tema agrario. Sin embargo éste sí está incluido en el desarrollo social, además de que la política agraria está incluida a lo largo de todo el Plan Nacional de Desarrollo con sus objetivos y estrategias. Estamos actualmente trabajando en el Programa Sectorial Agrario. Esperamos, desde luego, sus propuestas. Para ese efecto ya hemos venido trabajando en reuniones con organizaciones campesinas y se han incorporado además los planteamientos derivados de la consulta nacional. El Programa Sectorial Agrario lo presentaremos a finales de septiembre.
Con relación a si el tema agrario está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, le puedo decir que en la página 74 el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a diseñar estrategias a favor de los jóvenes, hombres y mujeres con edades entre 15 y 24 años con el apoyo y reactivación de la parcela de la mujer, de la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer y la Parcela de la Juventud. Hace un momento les comentaba que estábamos por poner en marcha el Programa de Apoyo en Proyectos Productivos a los Jóvenes, otro programa con relación a la mujer campesina y a la mujer indígena.
En la página 76 también el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a que se promoverán alternativas para el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuentan los núcleos agrarios y además que se les proporcionará a los sujetos agrarios capacitación y asesoría jurídica.
En la página 81, en cuanto a los niveles de bienestar, el Plan Nacional de Desarrollo nos impone la obligación de impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar, de acuerdo a las potencialidades regionales, en este caso, de los núcleos agrarios.
También el promover la seguridad jurídica plena en la tenencia de la tierra, que coloque a los empresarios en la confianza de invertir y ofrecer innovaciones de ciencia y tecnología al servicio del campo, además de que los apoyemos con proyectos productivos para la constitución de sociedades mercantiles, civiles o inmobiliarias.
Además, el promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda y de desarrollo urbano, hace un rato hablaba de cómo los núcleos agrarios están aportando su suelo social al desarrollo urbano, y mediante la capacitación esperamos se obtengan los beneficios directamente por ellos.
Pregunto al señor diputado Juan Carlos Regis Adame, si hace uso de su derecho de réplica.
Con el permiso de la presidencia. Pues consideramos muy limitadas las actuaciones de esta Secretaría, yo digo que debemos de partir de que se informe cuáles son las limitantes que se tienen, qué otras áreas pudiera atender, para que de esta Legislatura se pudiera fortalecer esta Secretaría.
Nosotros consideramos que el proceso de reparto agrario está lejos de haber concluido, más aun creemos que debe de darse un nuevo impulso a la reforma agraria, deben generarse las condiciones necesarias, para que la certidumbre jurídica, sea el primer paso para generar desarrollo en el campo mexicano, y no sea el fin como aquí se está planteando que automáticamente se desarrollaría sino garantizamos el adecuado ejercicio y la permanencia de la dependencia que usted preside, será difícil revertir la situación de marginación que vive el campo.
Aprovechando también para decirle que el Partido del Trabajo, sus legisladores, creemos en la necesidad de contar con un despacho que atienda la manera, la materia de discusión del día de hoy, pero asimismo creemos que necesitamos una dependencia con mayores facultades y atribuciones legales, para llevar a cabo su labor.
Refrendamos nuestros compromiso, para apoyar la gestión de su dependencia, en un marco de cooperación, diálogo crítico y con un alto espíritu de servicio. Gracias.
Muchas gracias diputado Regis Adame.
Para formular su pregunta en este segundo turno, tiene el uso de la palabra el señor diputado Rodolfo Escudero Barrera, hasta por cuatro minutos, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista.
Con el permiso de la presidencia. Señora Secretaria. Hace casi un par de horas en mi posicionamiento, mencioné sobre la importancia del tema de ecología, para poder realizar las funciones y las políticas en su Secretaría. Tan es así, que ahora haré mención, del Plan Puebla-Panamá.
México es una de las zonas megadiversas del planeta, dentro de México la zona comprendida dentro del Plan Puebla-Panamá, es la de mayor riqueza natural, sabemos que una de las metas fundamentales del Plan Puebla-Panamá es la de atacar el problema de la pobreza, sin embargo, nos preocupa que se haga a costo de lo ambiental, en un esquema preempresarial y orientado simplemente al mercado, algunas de las especies, animales y vegetales, que viven en esa zona, si se pierden ya no se van a recuperar.
Queremos que se erradique la pobreza, sabemos de la existencia del planteamiento en lo que se pretende atacar este problema del esquema de sustentabilidad. Queremos que se erradique el problema de la pobreza, desde un planteamiento que no empobrezca el resto del mundo y las futuras generaciones, privándolos de la riqueza ecológica de esa zona.
La pregunta concreta es: ¿cómo piensa participar la Secretaría a su cargo en el plan Puebla-Panamá? ¿Y existe algún programa institucional en su Secretaría, relacionado con este plan?
Por su respuesta muy amable, gracias.
Tiene la palabra la señora Secretaria Herrera Tello, hasta por 8 minutos, para dar respuesta a la pregunta.
La Secretaria de la Reforma Agraria:
Diputado Rodolfo Escudero, el sector agrario coincide en que para el desarrollo del campo es necesario vincular sus tareas con lo ambiental; para ello vamos a promover que los ejidos y comunidades establezcan en sus reglamentos internos reglas para la preservación del ambiente con desarrollo productivo. Hay algunas controversias en áreas naturales protegidas, que usted ya ha tenido la oportunidad de comentarme. En ellas estamos priorizando la conciliación, la solución a través de la conciliación, precisamente para no destruir el ambiente.
Coincido también con usted en la necesidad de transformar las instituciones del campo para atender todos los problemas estructurales que éste presenta.
Específicamente al hacer tanto hincapié en la capacitación, en lo que va de esta administración se ha capacitado a cerca de 300 mil sujetos agrarios. El 30% del presupuesto que se otorga a la Procuraduría Agraria, se ha dedicado a la organización y a la capacitación. Sin embargo, falta mucho por hacer hay el proyecto de hacer el trabajo precisamente juntos, que todos participemos para sacar adelante los problemas del campo.
Con relación al plan Puebla-Panamá, las repercusiones en materia agraria implican el otorgamiento de certeza jurídica en la propiedad social, que se requiere para la realización de los proyectos de infraestructura, de comunicaciones, de transporte, de proyectos en los cuales se requiera tecnología, vivienda. En esos casos nosotros privilegiaremos la desincorporación de las tierras del régimen ejidal o comunal, al acuerdo de la asamblea.
El sector agrario brindará asesoría jurídica y de organización en materia económica, para la puesta en marcha de proyectos productivos de acuerdo a las características de la región sin dañar el medio ambiente. Lo que permitirá realizar operaciones comerciales y de proyectos, en condiciones más equitativas.
El plan Puebla-Panamá, propone un nuevo esquema de desarrollo regional, el cual contempla nuevas políticas públicas para el desarrollo humano. La lucha contra la pobreza y la promoción de la inversión y el desarrollo productivo y programas para el aseguramiento de la sustentabillidad ambiental del crecimiento económico.
Gracias señora Secretaria por su respuesta.
Consulto al señor diputado si hará uso de su derecho de réplica.
El diputado Rodolfo Escudero Barrera (desde la curul):
A continuación tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas, el señor diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 4 minutos.
El diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel:
Con su permiso señores presidentes; diputados; señora Secretaria:
Le agradezco su comparecencia en este acto republicano de rendición de cuentas que no es la escaramuza de un duelo, sino la obligación que ambos tenemos frente a la nación: usted informar en nombre del Poder Ejecutivo y nosotros de calificar esa información, como representantes de la nación.
Quiero hacer las siguientes preguntas, tal vez van a ser muchas señora Secretaria. En el análisis del documento que el presidente envió a esta representación en su apartado específico, se festina reiteradamente tanto el diagnóstico hecho de la situación en que se encuentra la rama de la Administración Pública que le compete, como el programa sectorial agrario 2001-2006. Sin embargo estos dos elementos son los grandes ausentes del informe que presenta, por lo que esta evaluación de su trabajo carece de parámetros para su evaluación.
Dónde está el diagnóstico de la situación en la que recibieron la administración pública federal.
¿Dónde está el Programa Sectorial Agrario 2001-2006; si no se tuvo para estas fechas, entonces se siguió lo ya establecido?
¿Incorporará, dentro de sus objetivos a corto plazo, las propuestas vertidas en los foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo como la conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales, Procede? ¿O el destinar suelo social al desarrollo urbano mediante inmobiliarias?
¿Cuál es la forma, programa o planteamiento que tiene para cumplir con la eficaz realización de programas de conservación de tierras y aguas de los ejidos comunales?
Usted dice que se tienen planeados programas de apoyo a la mujer campesina e indígena y otros, la pregunta es de dónde se obtendrán los recursos si usted nos ha dicho que no los hay.
Cuál es el porcentaje ejercido del presupuesto asignado a esta dependencia.
A qué programas aun con carácter de emergentes ha financiado
Cómo de aplicarán los 100 millones de pesos otorgados por la Secretaría de Hacienda a favor del Programa Nacional de Atención a Regiones Prioritarias y Microrregiones
De dónde provienen y a cuánto ascienden los recursos gestionados por la Subsecretaría de Política Sectorial para el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de Organizaciones Agrarias, Fapa.
El titular del Ejecutivo ha expresado su deseo de implementar a la par del Plan Nacional de Desarrollo un Plan al que ha llamado Puebla-Panamá, que no sujetó ni a la consideración de esta soberanía ni a la consulta pública, como lo hizo con el Plan Nacional de Desarrollo. En este Plan Puebla Panamá se expresa como una prioridad la atención a 3 tipos de acciones y políticas, aquellas relacionadas con el fomento e inversión...
Compañero diputado, me permite. Hay una petición -le reparamos el tiempo-hay una petición de que pudiera expresar las preguntas más pausadamente para que la Señora Secretaria pudiera tomar la debida nota. Gracias por su atención.
Le dejo el cuadernillo.
Vuelvo a repetir. Cuál es el porcentaje ejercido del presupuesto asignado.
A qué programas, aun con carácter de emergente, ha financiado.
Cómo se aplicarán los 100 millones de pesos otorgados por la Secretaría de Hacienda a favor del Plan Nacional de Atención a Regiones Prioritarias y Microrregiones. Y de dónde provienen y a cuánto ascienden los recursos gestionados por esa Subsecretaría.
Qué medidas tiene contempladas esa dependencia para satisfacer las satisfacciones del Plan Puebla-Panamá, sin alterar esa paz social de las comunidades.
¿Y si existe un plan de expropiación de terrenos de propiedad social, como el operado con los 27 ingenios azucareros, para el caso de que así lo amerite el Plan Puebla-Panamá? Es decir, tendríamos entonces un problema de carácter social.
En materia de procuración de justicia existen muchas resoluciones que se emiten tomando en cuenta los criterios jurídicos con tal apego que a veces se omite la consideración que detrás de expedientes, copias y promociones se encuentran inversión, vida y peculio de la emisión de las resoluciones ajenas a la situación social real. ¿Origina ésta mayores conflictos que la pretendida al resolver con justicia?
¿Existe, finalmente, una valoración del efecto desestabilizador que ha provocado algunas resoluciones de la Procuraduría Agraria?
Eso es todo, Señora Secretaria.
Muchas gracias, Señor diputado. (Diputado hablando desde la curul, sin micrófono)
Permítame, señor diputado. Hay un formato establecido al cual tenemos que apegarnos. Perdóneme.
Tiene la Señora Secretaria, Licenciada Herrera Tello... Permítame. No puede, señor diputado. hay un formato establecido y lo tenemos que respetar.
(Diputado hablando desde la curul, sin micrófono)
Permítame. Que le proporcionen un micrófono. Permítame.
... ocho minutos por pregunta, de acuerdo al formato, pues van a ser 48 minutos. Vamos a ceñirnos a los que dice el procedimiento. Si gusta se lo proporciono, de veras. Es con el único afán de agilizar este evento.
Aquí está, señor diputado. Discúlpeme.
Compañeros diputados, les ruego orden. Vamos a continuar con el orden establecido.
Tiene la palabra la Señora Secretaria, Licenciada María Teresa Herrera Tello, para dar respuesta a las preguntas que se han planteado. Solamente en el ánimo de aclarar la inquietud del compañero diputado es que la señora Secretaria tendrá la libertad de contestar las preguntas en función del tiempo que tiene disponible.
Diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel:
Estamos trabajando sobre la integración del Programa Sectorial Agrario. Estamos en tiempo igual para presentarlo. Lo entregaremos a finales de este mes y en él, como lo dije hace un rato, se contempla a la consulta realizada y tiene además un apartado del diagnóstico del sector, que es lo que a usted le preocupa.
Con relación al anexo que entregó el señor Presidente de la República a esta
representación, hay además el informe del trabajo de la Secretaría de la Reforma Agraria realizado este año. En cuanto a la organización y fomento se asignaron a la Secretaría de la Reforma Agraria 100 millones de pesos para proyectos productivos. A la fecha se han apoyado 311 proyectos productivos, lo cual nos implicará el que se apliquen los 100 millones de pesos que se nos asignó dentro del presupuesto.
Con relación a los acuerdos agrarios que usted se refiere de compra de tierras, no se ha cumplido con estos acuerdos agrarios debido a que no se asignaron recursos para el cumplimiento de esta obligación. Lo estamos contemplando dentro del presupuesto para el próximo año.
Con relación a los nuevos programas que manifesté se iban a llevar a cabo de la mujer indígena y de los jóvenes campesinos, me decía que no hay recursos para esos programas. Efectivamente, dentro del presupuesto no se contemplaron esos programas. Sin embargo, eso no va a ser obstáculo para que no se lleven a cabo porque se van a financiar por el Fifonafe. Estos programas se van a llevar a cabo por este fideicomiso que está en el sector agrario y el cual no recibe recursos fiscales, tiene recursos propios y con ellos es con los que vamos a financiar.
Por lo que se refiere al pago de las indemnizaciones por concepto de expropiación de tierras ejidales y comunales, corresponde a los promoventes de las expropiaciones el hacer el pago. No es un pago que haga la Secretaría de la Reforma Agraria y el monto de la indemnización lo establece la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Desde luego estaremos atentos a que las indemnizaciones a los núcleos agrarios se paguen con toda oportunidad.
Con relación a las obligaciones que tiene la Secretaría por la aplicación del artículo 219 y 309 de la derogada Ley de Reforma Agraria, también los montos que implica el cumplimiento de las resoluciones basadas en esas disposiciones legales también se contemplará en el presupuesto del próximo año.
Con relación a los proyectos productivos que manifiesta que está llevando a cabo la Secretaría en cuanto a organización y fomento, no es la única Secretaría que está obligada a llevar a cabo proyectos productivos.
Los proyectos productivos que está financiando la Secretaría de la Reforma Agraria, algunos tienen mezcla de recursos de SAGARPA y de FONAES. La normatividad se establece, en cuanto a la Secretaría de la Reforma Agraria se debe de cumplir, pero igual la que se establece por FONAES y por SAGARPA, por lo tanto cuando hay mezcla de recursos, se debe de cumplir con la normatividad de quienes participan en esa mezcla. El hecho de que se cumpla con la normatividad, nos permite hasta cierto punto asegurar que ese proyecto va a ser viable y exitoso, porque se contaría con la totalidad de los recursos para llevarlo a cabo.
Los proyectos productivos que ha apoyado la Secretaría durante este año, se refieren principalmente a actividades ganaderas y agropecuarias. Estos proyectos productivos se les dará seguimiento y definitivamente que el interés de la Secretaría porque sean exitosos, va a tener como resultado que se generen también más empleos y más recursos para la gente del campo.
El Presidente, diputado Silvano Aureoles Conejo:
Me han solicitado que para el derecho de réplica, hará uso del tiempo establecido, de cuatro minutos, el diputado Tomás Torres Mercado, de la fracción parlamentaria del PRD.
Tiene la palabra, señor diputado, por cuatro minutos.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Con el permiso de los ciudadanos Presidentes de las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural.
Con mi reconocimiento y gratitud a la generosa disposición de mi compañero diputado Cuauhtémoc Montero, para hacer el uso de la a voz.
Ciudadana Secretaria: Yo creo que a nadie le queda duda, a nadie definitivamente, de que una de las reivindicaciones sociales producto del movimiento armado social también más importante del siglo pasado en nuestro país y elevado al rango de garantía social, fue justamente la forma de la tenencia de la posesión y la propiedad en materia ejidal y comunal, sin duda.
Tampoco creo que queda duda de que la reforma constitucional y la nueva Ley Agraria ahora vigente, producto también de un proyecto económico de quien gobernaba, puede ser tildada de la contrarreforma en esta materia.
El asunto que ahora nos ocupa es la glosa del Informe que el Ejecutivo Federal rinde ante el Congreso, para informar sobre el estado de la Administración Pública. Es cierto que asuntos de esta magnitud difícilmente y sobre todo con un formato como en el que actuamos, ya con un adormilado auditorio, pudiéramos con la profundidad analizar y sobre todo reprochar a alguien que tiene un lapso tan corto en el ejercicio de la función pública.
Es cierto también que el proceso formal de la reforma agraria ha concluido, pero no han concluido los problemas agrarios; en términos de certidumbre, ni para las comunidades, ni tampoco para los ejidatarios y en buen número de casos para fraccionistas o pequeños propietarios.
Me parece preocupante que no se vislumbra una propuesta por parte del Ejecutivo Federal, en el marco de una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, por dónde iría la propuesta para que las leyes ordinarias locales, como está hasta este momento la reforma constitucional, vayan superando el tema que abordamos.
Me preocupa también que no se exponga una jerarquización de los asuntos agrarios pendientes en la agenda nacional, que son una realidad.
Finalmente expresaría mi reflexión en el sentido de que me parece que es una obligación de la Secretaría de la Reforma Agraria en coordinación con otros despachos de hacer propuestas de desarrollo regional para el ejercicio
presupuestal del año que viene. Llevemos más que la posibilidad de que sea el Tribunal Agrario el que dirima las controversias en la tenencia de la tierra que sea la posibilidad de desarrollo regional el que suprima esas controversias.
No hay capacidad política o capacidad de negociación cuando los asuntos los mandamos a los Tribunales, esos son para los litigantes no para los hombres de Estado.
Muchas gracias señor diputado Tomás Torres Mercado.
Para formular sus preguntas o pregunta, corregimos, tiene la palabra el señor diputado Roger González Herrera del Partido Acción Nacional hasta por cuatro minutos.
El diputado Roger González Herrera;
Con el permiso se los señores Presidentes, compañeros diputados y diputadas, señora Secretaria de la Reforma Agraria. La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es una condición indispensable para el desarrollo del campo mexicano.
Esta ha sido una demanda que a lo largo de las administraciones pasadas no fue atendida de la mejor manera. No es posible eliminar en tan poco tiempo las prácticas y los procesos que han corrompido a esta dependencia durante tantos años, sin embargo a partir de Diciembre del año 2000 existe en México una Administración diferente que tiene sobre sí la responsabilidad de atender de manera ágil, transparente y honesta las demandas de la población campesina, que no fueron atendidas con oportunidad y eficiencia que la gravedad de la situación lo reclamaba.
La pobreza que se enfrenta en el campo mexicano se convierte así en el reto más importante y más urgente de nuestro papis y la seguridad de la tenencia de la tierra es una condición indispensable para fortalecer a este sector.
Los principios de justicia y libertad exigen un nuevo paradigma cuyo pilar fundamental sea la amplia posibilidad de asociación entre los diferentes factores. Así se podrá elevar el ingreso de los hombres del campo al mismo tiempo que aumenta la productividad agrícola.
Para el Partido Acción Nacional es una necesidad urgente asegurar la tenencia de la tierra a cada familia de manera que ya no se vea el campesino sujeto por la amenaza de perder la tierra que le da para vivir, es por ello que sostenemos que la seguridad jurídica y la certeza documental son premisas indispensables para el desarrollo económico, ya que mientras no exista seguridad de la tenencia de la tierra no habrá capitalización en el campo y generación de empleos.
En este sentido el cumplimiento de las sentencias representa un papel fundamental no solo en términos económicos sino de acatamiento del estado de derecho.
Por lo anterior señora Secretaria, ¿podría informarnos cuántas ejecutorias estaban pendientes de cumplir a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria al inicio de su Administración y en qué medida se ha avanzado en las mismas?
Por otra parte queremos tocar un punto importante; con relación al fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal cuya misión institucional se apunta en su informe es captar , promover y entregar los fondos comunes de los núcleos agrarios y financiar la constitución de sociedades inmobiliarias sociales ejidales, asunto en verdad importante porque permite al ejidatario asociarse y ser beneficiario de la plusvalía de su tierra, es decir que no sean los fraccionadores privados los que se beneficien.
No obstante, en su Informe, en el rubro de sujetos agrarios beneficiados con la inscripción de "sociedades mercantiles y civiles", se apunta que se han constituido unas 22 en todo el país, del 31 de diciembre de 2000 al 31 de agosto de 2001: 15 en Guanajuato, 12 en Sonora y 5 en Yucatán.
Le pido señor Presidente, si me permite concluir.
Concluya señor diputado.
El diputado Roger Antonio González Herrera:
Nuestra pregunta va encaminada a que nos profundice sobre dicho programa. ¿Qué se ha hecho para agilizar los tiempos en la constitución de las sociedades y en el mejoramiento del mismo? ¿Se ha brindado asesoría a los ejidatarios para beneficiarse de dicho proceso y, en su caso, aprovechar de la mejor manera los recursos obtenidos de la venta quizá para darle nueva vocación a los terrenos excedentes y hacerlos más productivos?
Por sus respuestas, señora Secretaria, muchas gracias.
Muchas gracias compañero diputado.
Tiene la palabra la señora Secretaria Herrera, para contestar a las preguntas formuladas.
Diputado Roger González Herrera:
Al inicio de la presente Administración, se encontraban 1,320 ejecutorias sin cumplimentar; a la fecha se ha dado cumplimiento a 250 de estas ejecutorias. Lo anterior significa que la Secretaría a mi cargo ha cumplido en promedio una ejecutoria diaria.
Esto representa que en tan solo 9 meses del actual Gobierno se ha logrado cumplimentar el 20% de ese rezago histórico. Estas ejecutorias, algunas databan desde 1948.
El gran esfuerzo efectuado en el cumplimiento de las sentencias pone de manifiesto nuestra convicción de cumplir con estado de derecho, particularmente por cumplir con las resoluciones del Poder Judicial Federal.
Con relación al fideicomiso Fifonafe, éste se constituye... perdón, trabaja a través de recursos propios, estos se generan con la venta de los terrenos motivo de las reversiones y las expropiaciones.
Estos recursos le permiten el desarrollar algunos programas sociales, los programas a los que hace un rato me refería de las mujeres, de los jóvenes, pero además se está promoviendo la constitución de las sociedades inmobiliarias, hay libertad de los núcleos agrarios para decidir el constituirlas, sin embargo su promoción pues los lleva a conocer las ventajas que representa su constitución.
El apoyo que da el Fifonafe a estos núcleos agrarios para la constitución de las sociedades inmobiliarias, es de 300 mil pesos además realiza la formulación y la evaluación del proyecto y otorga asistencia técnica de manera permanente. Se ha cubierto a la fecha, la capacitación sobre el programa, a 1,027 núcleos agrarios, principalmente estos núcleos agrarios son aquellos que están insertos en las ciudades de crecimiento.
La demanda de tierra para el crecimiento urbano es de 16,500 hectáreas en 116 ciudades del país; de ellas dos terceras partes son suelo social. Se han constituido 27 sociedades inmobiliarias en 3 estados, de las cuales 6 están en operación; 5 en vías de operar; 8 están suspendidas y 8 no operan por liquidación o venta de sus acciones.
Se han realizado acciones de sensibilización en 61 núcleos cuyas tierras están inmersas en los planes de desarrollo urbano.
Tiene la palabra el señor diputado Edgar Eduardo Alvarado García, de la fracción parlamentaria del PAN, para réplica, hasta por cuatro minutos.
El diputado Edgar Eduardo Alvarado García:
Con su permiso, señores presidentes.
Con su permiso, señora Secretaria:
Primero que nada, compañeros legisladores, en esta réplica quiero aprovechar para recordarles a todos mis compañeros legisladores, que el 27 Constitucional es un logro en el campo de México, respaldado por nuestro partido; sin este logro no pudiéramos contar hoy con 6 millones 763 mil 370 certificados de propiedad, y no podríamos hoy pregonar que solamente el 44% resta de certificar en la superficie de nuestro país.
Quiero también aprovechar para exhortar a la Secretaria de Reforma Agraria, para que no permita que con la amenaza de un estallido social secuestren la función de este órgano jurídico, que recordemos todos, compañeros legisladores, que vivimos en un estado de derecho y que la aplicación de la ley no puede tener, ni puede permitir este secuestro, las organizaciones campesinas claro que merecen respeto, pero siempre y cuando se apeguen al marco jurídico.
Quiero también hacer alusión en cuanto a las modificaciones a la Constitución.
Les recuerdo, compañeros diputados, que es responsabilidad de nosotros dicha reforma. Es cierto, también coincido, con el diputado, que decía que los tribunales agrarios están atropellando la legalidad, pero nos compete a nosotros, hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos de acuerdo para poder reformar las leyes y para poder hacer más ágil esto.
En cuanto hace a la seguridad jurídica, quiero exhortar a la Secretaria de Reforma Agraria, a que juntos busquemos un mecanismos y podamos ya por fin poner un finiquito al PROCEDE; que podamos terminar con el programa de certificación de derechos ejidales, que podamos ir juntos a tener legalizada toda la superficie del país, estamos atentos y estamos dispuestos para que en cualquier momento, no exclusivamente en éste, nos podamos poner de acuerdo para buscar ese mecanismo y poder certificar la superficie de nuestro país.
Les informo, compañeros diputados y diputadas, permítame, compañera diputada, el formato no permite respuestas por alusiones personales.
Le ruego, compañera diputada, Petra Santos, nos permita continuar con la sesión y respetar el formato establecido por la Junta de Coordinación Política.
El diputado (desde su curul):
Cuando menos, señor Presidente, tiene la obligación de escuchar con detenimiento el planteamiento de la compañera diputada, en principio.
Segundo. El formato aprobado para la comparecencia de la ciudadana Secretaria, en modo alguno se antepone a lo que establece la Ley Orgánica y el Reglamento que rige la vida interna del Congreso General.
Si ha habido alusiones, ciudadano Presidente, le sugiero, en aras de fomentar el diálogo republicano, reconozca el derecho de los parlamentarios.
Quiero recordarles a los señores diputados y a las señoras diputadas, que la comparecencia de los secretarios, en el marco de la glosa, se establece bajo reglas dadas a conocer previamente. Por lo tanto, les ruego tener en cuenta este acuerdo parlamentario del 11 de septiembre en el cual se establecen las reglas para las comparecencias, tanto en el pleno, como en comisiones, por lo tanto no hay espacio para interpelaciones, ni participaciones, fuera del formato establecido.
Vamos a dar paso a la intervención del señor diputado José Jaime Barrón Fonseca, de la fracción parlamentaria del PRI, para formular su pregunta, hasta por cuatro minutos.
El diputado José Jaime Barrón Fonseca:
Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
Señora Secretaria, María Teresa Herrera Tello: El informe del gobierno del Poder Ejecutivo Federal es un evento trascendente. De ningún modo conviene convertirlo en un acto ordinario alegando tiempos diferentes.
Cuando los problemas superan los hechos, el informe presidencial si no ofrece resultados, debe al menor precisar rumbos, configurar expectativas o dar certidumbres. Advertimos que en el reciente informe presidencial los hechos y el rumbo brillaron por su ausencia.
Respecto al modelo humanista esgrimido por el Presidente Fox, con el que se escribiría la historia de éxito del Siglo XXI, los campesinos no lo vemos, y sí, por el contrario, hemos resentido la descalificación de las centrales campesinas, el deliberado propósito de individualizar los apoyos y desarticular a las organizaciones económicas y las empresas sociales, la expansión de los mercados de los países socios, no de los nuestros, las prácticas desleales de comercio, la destrucción del tejido productivo, el crecimiento de la pobreza, la inequidad y la injusticia, entre otras cosas.
A partir de este razonamiento y percatándonos de que los cambios introducidos en 1992, que tuvieron como consecuencia la privatización del ejido, parecería, aún ahora, que le atribuyeron a la Secretaría de la Reforma Agraria la tarea de ser un simple espectador en el proceso de cambio de los ejidos.
Pregunto por ello: ¿nos podría usted decir qué está haciendo su secretaría para impedir que se desintegre el ejido, y si existe alguna iniciativa de ley de su dependencia, para frenar la venta y la renta de la tierra?
Por otro lado, el camino de las inmobiliarias parece que ha sido poco explorado. ¿No le parece que la Secretaría de la Reforma Agraria debería de recuperar el control jurisdiccional íntegro de la CORET, es decir, de la Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y actualizarlo incorporándole la responsabilidad de asesorar a los campesinos para evitar que se consumen verdaderos atracos sobre sus tierras? Por sus respuestas, señora Secretaria, muchas gracias.
Muchas gracias señor diputado Barrón Fonseca.
Tiene la palabra hasta por ocho minutos, para dar respuesta, la señora Secretaria María Teresa Herrera.
Diputado José Jaime Barrón Fonseca. La Secretaría a mi cargo ha tenido un diálogo y una apertura constante con las organizaciones campesinas. Esta relación y este diálogo ha sido siempre de manera respetuosa.
Hemos revisado los planteamientos, los problemas y sus propuestas que incluso nos han hecho, para agregarlas al Programa Sectorial Agrario.
La Secretaría de la Reforma Agraria ha presentado un proyecto a consideración del señor Presidente, para adecuar la Ley Agraria. Estas adecuaciones están orientadas a fortalecer la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los hombres y mujeres del campo: regular la circulación de los derechos agrarios, a fin de que se realicen en un marco de equidad y legalidad.
Otorga también, de proceder estas reformas, facultades para actuar de oficio a la Procuraduría Agraria, en el caso de ventas de derechos ejidales en contravención a la Ley Agraria. Hay plena libertad de los dueños de la tierra de disponer de ella. Lo que pretendemos es que no se haga en situaciones desventajosas para ellos, sin que obtengan ningún beneficio
Con las reformas también pretendemos garantizar el pago indemnizatorio a los núcleos afectados por expropiación. Ya no queremos que se vuelva a hacer esa carga de la deuda tan grande que se tenía en el sector. Definitivamente que estas propuestas de reforma, corresponderá a esta soberanía aprobar en su caso las mismas.
Con relación a si los ejidos están privatizándose, le puedo decir que apenas el punto 5 % de la propiedad social ha ido al dominio pleno. Es todo, señor Presidente.
Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo:
Muchas gracias, señora Secretaria.
Tiene la palabra para el uso de réplica el señor diputado Miguel Vega Pérez, hasta por cuatro minutos.
El diputado Miguel Vega Pérez:
Amigos Presidentes de Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria; amigos diputados; señora Secretaria, licenciada María Teresa Herrera: Yo quiero empezar con citar un párrafo del posicionamiento de Acción Nacional: "Lo que desde Madero a la fecha fue el pilar y fundamento de la Revolución Mexicana, el reparto de la tierra y su justa y equitativa distribución, parece no haber encontrado eco de sus propios gobiernos revolucionarios"
Quiero decirles a todos ustedes que en las diferentes etapas de la reforma agraria, en la expropiación, con el movimiento revolucionario, que en el reparto agrario hasta nuestra fecha, nos tocó lo más difícil a nosotros; todavía en 1975 a los 80, nos tocó expropiar terrenos a los mayores caciques del país, nos tocó batirnos con ellos, y sobre todo, quiero decirles que seguimos todavía teniendo en lista todavía a muchos caciques.
Quiero decirles también que el reparto agrario nuestro fue de 105 millones de hectáreas en todo el país, de 197 millones de hectáreas que tiene todo el país, beneficiando a 3.5 millones de familias campesinas, pero ahí está. Pero quiero decirles que he estado leyendo el Plan Nacional de Desarrollo y la política implementada, lo que es reforma agraria, y en el informe nos lo dio a conocer el Presidente de la República; son puras buenas intenciones.
La reforma agraria, señores, tiene una etapa donde hay que organizar a los campesinos para hacer producir la tierra; tienen la tierra, tienen el agua pero no tienen el dinero para hacerla producir.
Yo siento que mientras que no exista una política definida como aquí no lo hace ver la Secretaria en su informe, sigue siendo lo que nosotros mismos les dejamos sobre el escritorio en políticas públicas y en programas para seguir beneficiando a los campesinos. Muchos de ellos ya son obsoletos, se los digo ¿eh? Son obsoletos.
¿Cuál cambio, dónde está el cambio, dónde están las nuevas políticas públicas, los nuevos programas? Este año, es un año que tuvieron ustedes para formular las políticas públicas y no las vemos aquí.
Vemos como han hecho lo anormal las funciones de la Secretaría, objetivos y metas que se han cumplido de los programas que nosotros les dejamos ahí.
Queremos precisar a ustedes, que mientras que no exista la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, una política clara para el campo y que no la aprobemos en esta Cámara, el gobierno de Fox nos seguirá dando atole con el dedo, señores.
Por eso la exigencia de que en este período aprobemos esa ley, para que ahora en el Presupuesto de Egresos le demos dinero al campo, tenemos que ayudarlo, para que nos permita darle más recursos al campo, que no todo quede en pura palabrería. Por eso necesitamos esa ley para hacer políticas reales y darle certidumbre y dirección al campo. Muchas gracias.
Quiero informarles, compañeras y compañeros, que ha concluido la segunda ronda de intervenciones, y quisiera resaltar que como lo establece el Acuerdo Segundo Numeral V, a continuación hay una participación de diez minutos por parte de la señora Secretaria, pero antes quisiera en este ejercicio pleno, respetuoso del diálogo republicano, precisarle nuevamente que estamos en un procedimiento de excepción, acordado y consensado por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el pleno.
Seguramente hay muchas inquietudes en los compañeros diputados y diputadas que quisieran expresarlas, pero estamos obligados por este Acuerdo de ceñirnos a él.
Y una más, una referencia en torno a las preguntas que deberían de formularse y habría que revisar el Acuerdo, porque en el Numeral IV del Acuerdo Segundo habla de: "Se dará inicio a una o dos rondas de preguntas", y efectivamente en el Inciso b) establece que cada Grupo Parlamentario planteará al funcionario, por conducto de uno de sus diputados, una pregunta en un tiempo no mayor a cuatro minutos. Habría que buscar que este Acuerdo fuera congruente, es decir, que no hubiera confusión en la interpretación del tiempo y el número de preguntas.
Damos pues paso a la intervención de la señora Secretaria hasta por diez minutos, para dar un mensaje final.
Muchas gracias. Con su permiso señores presidentes. Señoras y señores diputados, integrantes de las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. En mi carácter de Secretaria de la Reforma Agraria, he informado sobre la situación que guarda la administración de la Secretaría de Estado a mi cargo y la de los organismos paraestatales, cuya coordinación me corresponde.
En efecto, hice un apretado repaso del contexto situacional de la tenencia de la tierra en el campo mexicano y de la filosofía política del régimen del señor Presidente Fox, quien el 11 de junio de 1991, cuando era diputado federal, expresó que se debe revitalizar el ejido y las distintas formas de tenencia de la tierra, para enfrentar los retos del futuro en el campo, el ejido debe alcanzar su verdadera libertad.
Hay nuevos programas dentro del sector que mencioné y por mencionar algunos: está el Programa Nacional de Atención a Zonas conLitorales, el cual no estaba en administraciones anteriores. El Programa de Actualización y Modernización del Catastro Rural. El Programa de Mujeres Indígenas. Por primera vez se da atención a los jóvenes hijos de ejidatarios, comuneros avecindados. Hay un fondo de tierra en proceso, el cual seguramente habrá la oportunidad el próximo año de poner en marcha. Hay un nuevo trato y apego a la ley.
Compartí con ustedes los logros que México en su conjunto prefiero decir, ha alcanzado en la búsqueda de la certeza y seguridad jurídica para la propiedad rural. Y en la lucha por dignificar a los sujetos agrarios con alternativas viables e inmediatas para que ocupen el lugar que legítimamente les corresponde al momento de la distribución de los beneficios del desarrollo nacional.
Estoy convencida de que entre ustedes y quien les habla, existen varios denominadores comunes, dentro de los cuales me atrevo a afirmar, que el más importante es la preocupación por dignificar la vida de los hombres y mujeres del campo, haciendo que la parcela produzca los bienes propios de su vocación o se incorpore al desarrollo urbano o a actividades turísticas en condiciones equitativas para que el hombre pobre con tierra hoy, no sea el hombre pobre sin tierra del mañana.
El afán común que nos une sin importar que nuestras trincheras de trabajo pertenezcan al Poder Legislativo en un caso, y al Poder Ejecutivo en otro, debe traducirse en un diálogo constante y de altura; ya que en última instancia nuestro compromiso es con México y con los hombres y mujeres del campo.
Anticipo a ustedes señores legisladores, que muy probablemente el señor Presidente de la República, ejerza la facultad de iniciar leyes que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa para modificar la Ley Agraria. No me he referido de manera particular a este anterproyecto, porque la Secretaría lo formuló y en atención a que está sometido al análisis de juricidad y pertinencia por parte de las instancias respectivas.
Quiero dejar en ustedes sembrada la convicción de que los recursos presupuestales de que dispone el sector agrario, han guardado la proporción debida con la importancia, complejidad y urgencia de los asuntos que se atienden en la Secretaría.
Es por todo ello que a través de los conductos legales establecidos, la Secretaría de la Reforma Agraria, solicitará que el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2002, sea más alto al aprobado en este ejercicio, a fin de obtener resultados más ambiciosos en beneficio de los hombres y mujeres del campo. Comento esto con ustedes en función de que tal y como lo señaló el señor Presidente, el Presidente propone y el Congreso dispone.
Honorable Congreso de la Unión: con profunda emoción republicana, claro sentido de responsabilidad y conocimiento de las limitaciones que las circunstancias imponen, he dado cuenta del estado que guarda el despacho de los asuntos encomendados a la Secretaría de la Reforma Agraria y a las entidades por ella coordinadas. Al hacerlo, además de dar cumplimiento a la obligación constitucional, exhorto a sus conciencias y llamo a su vocación por la justicia para que los Poderes de la Unión no pierdan de vista a los hombres y mujeres del campo ni a las instituciones que le son propias.
Finalmente, me enriquecí con el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios y con las inquietudes, preguntas y demandas y preguntas que me fueron planteadas, mismas a las cuales pretendí dar la mejor respuesta. Este diálogo no se interrumpe aquí, será permanente
fluido y respetuoso como lo ha sido hasta ahora con ustedes.
Reflexionar sobre el campo es interminable, requiere de nuestra constante atención, análisis y preocupación. Por ello, y reiterando mi voluntad de impulsar la colaboración entre los poderes de la unión, me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. (aplausos)
Para continuar con el desahogo del acuerdo parlamentario, ruego al señor Secretario de la Comisión de Reforma Agraria dé lectura al artículo 3 del acuerdo parlamentario en el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias.
El diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa:
Con el propósito de dar total cumplimiento al acuerdo parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Administración 2000-2006, me permito dar lectura al punto de acuerdo tercero que a continuación señala:
"Las comparecencias que se realicen ante comisiones se desarrollarán en lo conducente conforme a las reglas aplicables en el pleno. El mensaje institucional final estará a cargo de quien la presida."
En consecuencia, cedo el uso de la palabra al diputado Félix Castellano para que cumpla con esta disposición.
El diputado Félix Castellanos Hernández:
Compañeras diputadas, compañeros diputados, Señora Secretaria de la Reforma Agraria: Hemos escuchado con atención su intervención con motivo del primer informe de gobierno del Ciudadano Presidente de la República.
Licenciada María Teresa Herrera, ha usted escuchado de igual manera a los ciudadanos diputados de los distintos grupos parlamentarios y de las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural.
Es usted testigo de la expresión de las distintas formas de observar el quehacer gubernamental del México agrario. En esta soberanía se han vertido las expresiones del México diferente.
Nos causa interés ver cómo en esta nueva etapa de la vida política de México se está planteando una nueva forma de evaluar la gestión pública. Estamos convencidos y compartimos con usted que no ayuda en gran cosa evaluar sólo en función del cumplimiento de metas programadas. Tenemos que evaluar fundamentalmente por los resultados obtenidos y saber, por ejemplo, cómo los 50 mil expedientes individuales integrados en Procede o la capacitación a más de 280 mil sujetos agrarios abatieron los factores que impiden el desarrollo del campo mexicano.
No se trata sólo de cuántos, de qué cantidades, sino de saber cómo y de qué manera estamos logrando que nuestros campesinos salgan de la pobreza y se inserten en el desarrollo.
La transición en el campo explica el esfuerzo del reparto agrario como génesis y como historia y las tareas por la seguridad y el desarrollo como futuro.
Los campesinos pobres sin tierra de 1910 no pueden ser los campesinos pobres con tierra o sin ella en el 2001. Es evidente la crisis del campo, pero no sólo aquélla que se conoce por los graves problemas de los cañeros, los maiceros, los piñeros.
Lo agrario no es menos importante porque tenemos la certeza que muchos de esos males finalmente deben ser resueltos también desde la perspectiva agraria.
La seguridad jurídica dentro de la tenencia de la tierra ha sido el tema de la reforma agraria en los últimos 10 años. Este es un tema que ya se debe concluir. No puede ser un tema de permanente y de cíclica discusión; tiene que ser un tema con tiempos finitos y cercanos y no de circulación sexenal.
El quehacer institucional debe ofrecer indicadores que nos permitan conocer de la eficacia de un nuevo gobierno con nuevas intenciones.
Se necesita saber también cuál será la política pública de vinculación entre la Secretaría de la Reforma Agraria, la Sagarpa, la Semarnap, el INI y los organismos de financiamiento. Más aún, cuáles serán los resultados.
El trabajo de las comisiones unidas en esta ocasión es porque el México agrario y el México del desarrollo rural nunca deben verse separados.
Construir la nueva reforma agraria en México es comenzar por concluir esta primera etapa de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Vincular esta seguridad con la organización y la capacitación y el desarrollo, pero sobre todo lograr que el tema agrario sea base de la construcción de mejores condiciones para el campo mexicano.
Significa entonces construir una nueva política pública que tienda a concluir tareas, desechar inercias, revisar obstáculos y crear nuevos paradigmas.
Nosotros estamos convencidos que el proceso de reforma agraria en México debe propiciar que las relaciones sociales en el campo y la regulación de los derechos de propiedad, posesión y utilización sobre la tierra, generen condiciones estables para el desarrollo sustentable, la armonía social y el mejoramiento de la calidad de vida, contribuyendo así a la seguridad alimentaria, a la integridad territorial y al desarrollo nacional, pero sobre todo a la soberanía de la República.
En este concepto se encuentra la razón del quehacer de la Comisión de Reforma Agraria y somos consecuentes con ello. Por eso le solicitamos tome en cuenta nuestra propuesta de adhesión al Plan Nacional de Desarrollo para el campo en general y lo agrario en particular sea definido como un asunto estratégico de seguridad nacional.
Para ser congruentes con nuestro discurso le pedimos que el programa sectorial agrario se incorpore como una obligatoriedad en el Plan Nacional de Desarrollo y con absoluto respeto a la autonomía de los poderes de la unión, le decimos que estamos dispuestos a cooperar con el Poder Ejecutivo para que de manera coordinada y sin violentar las facultades de los poderes, se elabore e instrumente un programa sectorial agrario, a la medida que lo exigen las circunstancias actuales pero también le proponemos el trabajo conjunto para la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002, para que juntos propongamos un presupuesto justo, congruente con las aspiraciones y las necesidades de los campesinos.
En reciprocidad y con la certeza de que todos somos responsables, le reiteramos nuestra invitación para que participe en los trabajos de revisión y actualización del marco jurídico agrario que realizamos en esta Comisión. Estamos conscientes de lo importante que resultan los consensos en un esfuerzo de tal magnitud. Ni uno ni el otro de forma aislada lograremos los grandes resultados que los hombres y mujeres del campo esperan de nosotros.
Por acuerdo de la Comisión de la Reforma Agraria, en próximos días abriremos un proceso de consulta ciudadana e institucional sobre las necesidades para modificar completa e integralmente y no solo con parches la Ley Agraria del 6 de enero de 1992.
Ha llegado el momento en este proceso del México de transiciones de iniciar una nueva marcha por el campo. Los síntomas de lo que pasa en el México rural han ganado la calle, la irritación y la inconformidad se han manifestado en el plantón, en la marcha y en los bloqueos. De repente parece que la gobernabilidad en el campo no solamente requiere de la buena administración de la crisis, sino sobre todo de la eficacia gubernamental y de la visión de Estado.
Los campesinos podrán sortear la crisis si hay fondos de emergencia, resolutivos de corto plazo. Sin embargo, el legislador debe pensar más allá de la emergencia, debe pensar en la solución duradera, en la solución que le dé vida al principio de nuestro trabajo en esta Cámara, es decir, la ley.
Por ello la Comisión se ha planteado revisar con la sociedad organizada la naturaleza y los alcances de la procuración e impartición de la justicia agraria. Los tiempos para el ordenamiento de la propiedad rural, las dificultades y limitaciones en la posesión y uso de la tierra, los retos para la organización y autogestión campesina, la eficacia y la eficiencia en el manejo del catastro rural y las nuevas necesidades de coordinación institucional y atribuciones de gobierno.
Estos son solo algunos conceptos de nuestra agenda aquí en esta Cámara de Diputados y la hemos comenzado a discutir. Estamos por una Ley Agraria para la seguridad y el desarrollo. Para la seguridad en la tenencia de la tierra, en la acreditación y transmisión de derechos de propiedad en el uso de los recursos naturales incluyendo la tierra, en las inversiones productivas.
Para el desarrollo en el aspecto sustentable justo y equitativo del campo, de las familias campesinas, de las nuevas generaciones, de la ciudad rural, de la patria grande.
Los cerca de 20 millones de habitantes del medio rural esperan que los nuevos tiempos les traigan nuevas respuestas. Por eso la invitamos a que juntos, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Tribunales Agrarios y la sociedad en su conjunto iniciemos una nueva era del proceso de la reforma agraria: la era del desarrollo agrario, de la organización y capacitación, de la seguridad alimentaria y de la soberanía nacional.
De conformidad con lo que establece el artículo 7º numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al ciudadano Presidente de la República para su conocimiento.
Muchas gracias por su asistencia, señora Secretaria. Muchas gracias a los señores y señoras diputados. Agradecemos a todos su asistencia.
El diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural (A las 20:55 horas):
Se ruega finalmente a los compañeros diputados que han sido designados para acompañar a la señora Secretaria de la Reforma Agraria, Mario Reyes Oviedo, Rafael Ramírez Sánchez, Miguel Vega y Rogaciano Morales Reyes, se sirvan cumplir su cometido de acompañar a la señora Secretaria.

References: artículo 34
 artículo 7
 artículo 69
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 Artículo 34
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 artículo 27
 resolución 
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 artículo 3
 artículo 22
 artículo 219
 artículo 71
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