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Timestamp: 2016-05-29 15:20:48+00:00

Document:
Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernizaci�n de los archivos judiciales.
Vigencia desde 30 de Enero de 2004
Vigente desde 30/Enero/2004
120.33 € + IVA El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015 Mª Concepción Campos Acuña 77 € + IVA Casos fiscales con repercusiones contables Manuel Gutiérrez Viguera 81.73 € + IVA Sumario
�Objeto, conceptos y finalidad
�Implantaci�n de las nuevas tecnolog�as
De la organizaci�n y funcionamiento de los archivos judiciales
�Archivos Judiciales de Gesti�n
�Ordenaci�n, custodia y conservaci�n del Archivo Judicial de Gesti�n
�Acceso a la documentaci�n del Archivo Judicial de Gesti�n
�Archivos Judiciales Territoriales
�Ordenaci�n, custodia y conservaci�n del Archivo Judicial Territorial
�Archivo Judicial Central
�Ordenaci�n, custodia y conservaci�n del Archivo Judicial Central
�Acceso a la documentaci�n del Archivo Judicial Territorial o Central
�Forma de remisi�n de documentos judiciales y relaciones documentales
�Juntas de Expurgo
�Remisi�n de relaciones documentales
�Devoluci�n de los documentos aportados al proceso
�Actas y certificaciones
�Enajenaci�n y destrucci�n
�Traslado de los documentos
�Tribunal Supremo y Audiencia Nacional
�Archivo General de la Administraci�n
�Archivos hist�ricos
�Documentaci�n del Ministerio Fiscal
�Archivos de los juzgados togados y tribunales militares
��rganos jurisdiccionales extintos
�Elaboraci�n inicial de relaciones documentales
�R�gimen laboral
Este real decreto es consecuencia de las numerosas reformas legales que se est�n llevando a cabo para la mejora y modernizaci�n de la justicia. Los espa�oles, comenzando por los diferentes operadores jur�dicos, demandan inequ�vocamente un esfuerzo profundo en este sentido. El Pacto de Estado para la reforma de la justicia prev� su mejora y actualizaci�n de acuerdo con las necesidades sociales. Dicha mejora se debe sustentar en la modernizaci�n de la oficina judicial y en la dotaci�n de una serie de medios, a trav�s de un plan de infraestructuras que supla determinadas carencias. Ambos puntos convergen en la conveniencia de crear una oficina judicial �gil, r�pida y con una correcta atenci�n al ciudadano. Una oficina judicial saturada de expedientes dif�ciles de ubicar o archivar, con la consiguiente dificultad para encontrarlos en ocasiones produce en la sociedad la imagen de una justicia lenta e ineficaz.
Es necesario fijar un sistema de gesti�n y custodia de la documentaci�n judicial por el que se descongestionen los diferentes juzgados y tribunales, otorgando a cada uno de ellos su propio archivo con el que clasificar y custodiar todos aquellos expedientes que se encuentren en tramitaci�n. Por el contrario, los que no est�n pendientes de tramitaci�n se podr�n enviar a los archivos territoriales o centrales o, en su caso, a la Junta de Expurgo, evitando as� que ocupen un espacio innecesario. Esto exige una actualizaci�n y unificaci�n de la normativa que regule el expurgo de los archivos de los juzgados y tribunales, as� como el establecimiento de criterios que garanticen la m�s id�nea conservaci�n de cuantos documentos pudieran tener valor cultural, hist�rico, jur�dico o administrativo, pues no hay que olvidar que la documentaci�n que produce la Administraci�n de Justicia constituye parte integrante del Patrimonio Documental y Bibliogr�fico.
Este real decreto pretende la regulaci�n unitaria y conjunta de esta materia, adecu�ndola a la realidad social y jur�dica actual, consiguiendo un equilibrio entre la tradicional t�cnica archiv�stica y el desarrollo creciente de las nuevas tecnolog�as.
Por otra parte, la Constituci�n espa�ola, en su art�culo 46, obliga a los poderes p�blicos a garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio hist�rico y cultural de los pueblos de Espa�a, con independencia de su r�gimen jur�dico y su titularidad, a la vez que reconoce a los ciudadanos, en el art�culo 105.b), el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguaci�n de los delitos y la intimidad de la persona.
Pocas dudas ofrece lo insuficiente de la regulaci�n normativa vigente, adem�s de su obsolescencia, puesto que la principal norma por la que se rige la materia en la actualidad es el Real Decreto dictado por el entonces Ministro de Gracia y Justicia el 29 de mayo de 1911.
En cuanto a la mec�nica de funcionamiento, ha de tenerse en cuenta que el real decreto se va aplicar tanto al gran n�mero de documentos en los que han transcurrido los respectivos plazos de caducidad o de prescripci�n, que ocupan un espacio enorme en las sedes judiciales, como a las actuaciones en marcha a su entrada en vigor o las que se inicien en el futuro. Lo anterior, unido al hecho de que va a aplicarse en todos los �rdenes jurisdiccionales, motiva que la redacci�n de las disposiciones sea necesariamente amplia, a fin de dar cabida a todos los supuestos que se dan en la pr�ctica judicial.
En los archivos de gesti�n se custodian los documentos mientras permanezcan vivos, lo cual se plasma en el art�culo 5.1, que dispone que en ellos deben conservarse los documentos judiciales si est�n pendientes de resoluci�n o de finalizar la ejecuci�n ya instada.
a) Que proceda su expurgo -art�culos 5.2, p�rrafos primero y tercero, �in fine�, y 15.1- por haberse ejecutado definitivamente o por haber transcurrido los plazos de caducidad o prescripci�n. En estos supuestos, carece de sentido remitirlos al archivo territorial, por lo que se eleva una relaci�n de todos ellos a la Junta de Expurgo, previa resoluci�n del titular del �rgano por la que se declara el transcurso de los plazos. Esta previsi�n se aplicar� a la ingente cantidad de documentaci�n judicial almacenada en las sedes a la entrada en vigor del real decreto.
b) Que proceda su remisi�n al archivo territorial, distingui�ndose, a su vez, entre dos supuestos:
1.� En primer lugar, aquellos asuntos que se encuentren paralizados, no por inactividad judicial, sino por imposibilidad de continuar la tramitaci�n -art�culo 5.2, p�rrafo primero-. Transcurridos cinco a�os desde la incoaci�n se remiten al archivo territorial. Este es el caso de las denuncias por delitos sin autor conocido en el orden jurisdiccional penal. Habida cuenta que no ha prescrito el delito, no pueden remitirse a la Junta de Expurgo; en caso contrario, si ha prescrito, debe procederse a su remisi�n a la Junta de Expurgo, conforme a las reglas ya analizadas. A tal efecto, debe considerarse que cinco a�os es un plazo m�s que prudencial, m�s all� del cual no es previsible la �reapertura� de las actuaciones, sin perjuicio de que, evidentemente, si �sta se produjera, no habr� m�s que reclamar la documentaci�n al archivo territorial. Esta previsi�n tiene como fin fundamental incrementar la disponibilidad espacial de los �rganos judiciales.Precisamente para mejorar la disponibilidad espacial, se prev� en el art�culo 5.2, p�rrafo segundo, un plazo de custodia inferior cuando la disponibilidad espacial del �rgano judicial no permita albergar durante cinco a�os este tipo de documentaci�n judicial.
2.� En segundo t�rmino, tambi�n procede la remisi�n al correspondiente archivo territorial de aquellos asuntos finalizados por sentencia firme o cualquier otra resoluci�n que les ponga fin -art�culo 5.2, p�rrafo tercero-, que, transcurrido un a�o, se remiten al archivo territorial para su custodia. El plazo de un a�o se estima prudencial para que, en su caso, se inicie la ejecuci�n. Debe tenerse en cuenta que la acci�n ejecutiva caduca a los cinco a�os, seg�n dispone el art�culo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que ni es posible solicitar su expurgo, ni tampoco parece razonable que deban custodiarse en el archivo de gesti�n durante todo el plazo, ya que un alto porcentaje de estos asuntos nunca ser�n objeto de demanda ejecutiva.
Sea cual fuese el supuesto que fundamenta la remisi�n de documentos judiciales al archivo territorial, seg�n lo ya visto, en �l se conservan todos los documentos hasta que transcurran los plazos de prescripci�n o caducidad.
Una vez transcurridos �stos, el responsable del archivo insta del �rgano judicial que hubiese entendido del asunto que, con arreglo a las disposiciones legales, confirme que han transcurrido efectivamente los plazos, seg�n dispone el art�culo 15.2.
Declarado el transcurso, el responsable del archivo eleva a la Junta de Expurgo una relaci�n de todos ellos, para que decida sobre su posterior destino. En este sentido, la Junta de Expurgo proceder� a su destrucci�n f�sica siempre que la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico-documental, cuyo informe es vinculante, entienda que no tiene un valor cultural, social o hist�rico suficiente para proceder a su conservaci�n.
Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades aut�nomas con competencias sobre medios personales y materiales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobaci�n previa del Ministro de Administraciones P�blicas y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 18 de julio de 2003,
Objeto, conceptos y finalidad 1. Este real decreto tiene por objeto modernizar y regular la organizaci�n y el funcionamiento de los archivos judiciales as� como el procedimiento a trav�s del cual se efect�e el expurgo de la documentaci�n judicial.
2. Se entiende por archivo judicial tanto el conjunto org�nico de documentos judiciales como el lugar en el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales, de acuerdo con las normas de funcionamiento que se establecen en el cap�tulo II.
3. Se entiende por expurgo el procedimiento a trav�s del cual se determina cu�ndo un documento pierde toda su utilidad o, por el contrario, ha de ser conservado, d�ndosele el curso correspondiente, seg�n lo dispuesto en el cap�tulo III.
4. Se consideran documentos judiciales tanto las actuaciones procesales como aquellos que hayan sido aportados por las partes o por terceros al proceso por escrito o por medios electr�nicos o telem�ticos, con independencia de cu�l sea el soporte material en que se encuentren recogidos.
5. La finalidad de este real decreto es la implantaci�n de un sistema de gesti�n de los archivos judiciales que permita la realizaci�n de los fines de la Justicia, as� como garantizar el acceso a la documentaci�n por quien tenga inter�s en ello, con las garant�as y limitaciones legalmente exigibles.
�mbito de aplicaci�n 1. Las disposiciones contenidas en este real decreto ser�n de aplicaci�n a todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los �rdenes jurisdiccionales, que sean consecuencia de la actividad judicial, as� como de los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos.
2. Quedan excluidos del �mbito de aplicaci�n los libros de sentencias, los de registro y aquellos otros de preceptiva llevanza, que se regir�n por sus normas espec�ficas, as� como los expedientes relativos al Registro Civil.
Implantaci�n de las nuevas tecnolog�as 1. Los Archivos Judiciales de Gesti�n, Territoriales y Central ser�n gestionados mediante programas y aplicaciones inform�ticas, compatibles con los ya existentes en juzgados y tribunales, adaptados a las funciones y cometidos de cada uno.
2. Los programas y aplicaciones inform�ticas ser�n aprobados por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Ministerio de Justicia o de las comunidades aut�nomas con competencias en materia de provisi�n de medios materiales y econ�micos para el funcionamiento de la Administraci�n de justicia, y deber�n cumplir los requisitos exigidos en la legislaci�n vigente.
3. Los documentos judiciales cuyo soporte sea papel, que se hallen almacenados y custodiados en los archivos judiciales, podr�n convertirse a soporte magn�tico o cualquier otro que permita la posterior reproducci�n en soporte papel, a trav�s de las t�cnicas de digitalizaci�n, microfilmaci�n u otras similares, siempre que se garantice la integridad, autenticidad y conservaci�n del documento, con el fin de obtener una f�cil y r�pida identificaci�n y la b�squeda de la documentaci�n.
Asimismo, los documentos judiciales que est�n contenidos en soportes electr�nicos podr�n ser transformados a soporte escrito mediante mecanismos de reproducci�n.
CAP�TULO IIDe la organizaci�n y funcionamiento de los archivos judiciales
Clases de archivos Existir�n tres clases de archivos:
a) Archivos Judiciales de Gesti�n.
Archivos Judiciales de Gesti�n 1. En las oficinas judiciales o unidades an�logas existir� un Archivo Judicial de Gesti�n en el que se clasificar�n y custodiar�n los documentos judiciales correspondientes a cada proceso o actuaci�n judicial que se encuentre en tramitaci�n, en donde permanecer�n mientras constituyan asuntos susceptibles de resoluci�n judicial o de terminaci�n de la ejecuci�n iniciada.
Asimismo, para una mejor gesti�n y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, podr� encomendarse a un Servicio Com�n que atienda los Archivos Judiciales de Gesti�n de diferentes salas o secciones de uno o m�s tribunales, o de varios juzgados.
2. Transcurridos cinco a�os desde la incoaci�n de los procedimientos o expedientes gubernativos, aquellos asuntos que no estuvieren pendientes de actuaci�n procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecuci�n, podr�n ser remitidos para su conservaci�n y custodia al Archivo Judicial Territorial que le corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 15.
Excepcionalmente, el plazo anterior podr� ser reducido cuando el espacio disponible aconsejara que el per�odo de permanencia en el Archivo Judicial de Gesti�n fuera menor.
Los procedimientos con sentencia firme o cualquier otra resoluci�n que ponga fin a �stos podr�n ser remitidos para su conservaci�n y custodia al Archivo Judicial Territorial transcurrido un a�o desde la firmeza de la resoluci�n, salvo que deba procederse conforme a lo dispuesto en el art�culo 15.
3. La decisi�n de remitir los documentos anteriores corresponder� al responsable del Archivo Judicial de Gesti�n donde se hallasen los documentos judiciales.
Ordenaci�n, custodia y conservaci�n del Archivo Judicial de Gesti�n De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 287 y 473.3 de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, corresponder� al secretario judicial la ordenaci�n, custodia y conservaci�n de los documentos, para lo cual contar� con la asistencia y asesoramiento del personal t�cnico que se determine al efecto.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la determinaci�n del responsable del fichero o tratamiento que corresponda conforme a lo establecido en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
Acceso a la documentaci�n del Archivo Judicial de Gesti�n 1. Quienes hubiesen sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de un inter�s leg�timo, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 235 de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, podr�n acceder a la documentaci�n conservada en los Archivos Judiciales de Gesti�n, mediante las formas de exhibici�n, testimonio o certificaci�n legalmente prevista, salvo cuando tenga car�cter reservado.
Corresponde al secretario del juzgado o tribunal respectivo facilitar a los interesados el acceso a los documentos judiciales que consten en sus archivos o procedan de �stos, en la forma y con los requisitos establecidos en el cap�tulo I del t�tulo I del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, del Consejo General del Poder Judicial.
2. El acceso por el propio afectado a sus datos de car�cter personal recogidos en el Archivo Judicial de Gesti�n s�lo podr� ser denegado en los supuestos previstos en la legislaci�n vigente.
Si el acceso a documentos que contuvieran datos de car�cter personal fuese solicitado por quien no hubiera sido parte en el procedimiento, s�lo ser� concedido cuando el procedimiento hubiera concluido y exclusivamente en los supuestos previstos por el art�culo 11.2 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, o cuando el interesado hubiera prestado su consentimiento a dicho acceso.
3. En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 57.1.c) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist�rico Espa�ol, los documentos que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podr�n ser p�blicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 a�os desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 a�os a partir de la fecha de los documentos.
Archivos Judiciales Territoriales 1. En cada comunidad aut�noma existir� como m�nimo un Archivo Judicial Territorial dependiente del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien podr� delegar la competencia en el Presidente de la Audiencia Provincial o Juez Decano del partido judicial donde radique.
2. En los distintos Archivos Judiciales Territoriales se ordenar� la documentaci�n remitida por los responsables de los Archivos Judiciales de Gesti�n comprendidos en su �mbito, de tal modo que permita su r�pida identificaci�n y recuperaci�n, debiendo permanecer en aqu�llos hasta que la Junta de Expurgo resuelva su posterior destino.
Ordenaci�n, custodia y conservaci�n del Archivo Judicial Territorial 1. El secretario judicial, designado de conformidad con lo dispuesto en los apartados siguientes, ser� el encargado de la ordenaci�n, custodia y conservaci�n del Archivo Judicial Territorial, para cuya funci�n contar� con la asistencia del personal que se determine al efecto.
2. En aquellas capitales de provincia que cuenten conjuntamente con 10 o m�s juzgados de primera instancia y de instrucci�n, y las necesidades del servicio as� lo aconsejen, los Archivos Judiciales Territoriales que en ellas tengan su sede estar�n a cargo de los secretarios judiciales de la segunda categor�a designados por el Ministerio de Justicia para desempe�ar en este destino su puesto de trabajo.
3. En los restantes supuestos, el responsable del Archivo Judicial Territorial ser� el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o el secretario judicial del �rgano en cuyo titular el Presidente del Tribunal Superior de Justicia hubiera delegado la competencia sobre el archivo con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 8.1.
Archivo Judicial Central 1. Existir� un Archivo Judicial Central adscrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, cuyo �mbito se circunscribir� a la documentaci�n judicial del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los restantes �rganos con jurisdicci�n en todo el territorio nacional.
2. En el Archivo Judicial Central se ordenar� la documentaci�n remitida por los responsables de los Archivos Judiciales de Gesti�n comprendidos en su �mbito, de tal modo que permita su r�pida identificaci�n y recuperaci�n, debiendo permanecer en aqu�llos hasta que proceda su remisi�n a la Junta de Expurgo.
Ordenaci�n, custodia y conservaci�n del Archivo Judicial Central 1. El secretario judicial especialmente designado por el Ministerio de Justicia ser� el encargado de la ordenaci�n, custodia y conservaci�n del Archivo Judicial Central, para lo cual contar�, en su caso, con la asistencia y asesoramiento del personal t�cnico que se determine al efecto.
2. En defecto de nombramiento de secretario judicial, el responsable del Archivo Judicial Central ser� el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
Acceso a la documentaci�n del Archivo Judicial Territorial o Central 1. La documentaci�n conservada en los Archivos Judiciales Territoriales y en el Central estar� en todo momento a disposici�n del �rgano judicial al que pertenezca.
2. El �rgano judicial de donde proceda el documento, mediante solicitud de su secretario, podr� requerir del Archivo Judicial Territorial o Central que le sea facilitado su original, una copia o certificaci�n expedida por el responsable del archivo, as� como cualquier informaci�n que considere necesaria.
Si se facilitasen originales de documentos, �stos habr�n de ser reenviados al Archivo Judicial Territorial o Central en cuanto desaparezca la causa que motiv� la petici�n.
3. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 235 de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quienes hubieran sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de un inter�s leg�timo podr�n acceder a los documentos judiciales que se encuentren en el Archivo Territorial o Central mediante solicitud al secretario responsable del archivo de que se trate, quien facilitar� a los interesados el acceso a los documentos judiciales que consten en sus archivos, en la forma y con los requisitos establecidos en el cap�tulo I del t�tulo I del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, del Consejo General del Poder Judicial.
En el caso de que el secretario judicial denegase el acceso a los documentos, el acuerdo denegatorio ser� revisable por el juez o presidente del �rgano judicial al que corresponda la documentaci�n, de acuerdo con lo prevenido en el apartado tercero del art�culo 4 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, del Consejo General del Poder Judicial.
4. Si la solicitud ya viniese autorizada por el �rgano judicial al que corresponde la documentaci�n archivada, el encargado del Archivo Territorial o Central se limitar� a facilitar la exhibici�n de que se trate o a la entrega del testimonio o de la certificaci�n autorizada.
5. En todo caso, el acceso a la documentaci�n estar� sujeto a lo dispuesto en el art�culo 7.2.
Forma de remisi�n de documentos judiciales y relaciones documentales 1. La remisi�n de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gesti�n al correspondiente Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central se formalizar� peri�dicamente, como m�nimo con car�cter anual, en funci�n del volumen de gesti�n de cada archivo, e ir� acompa�ada necesariamente de una relaci�n de los procedimientos o actuaciones judiciales en los que se integran, con arreglo a un modelo uniforme y obligatorio aprobado por la Administraci�n p�blica competente.
V�ase Orden JUS/1926/2006, de 15 de junio, por la que se aprueban las normas y los modelos de relaciones documentales que regulan la remisi�n de documentaci�n jur�dica a los diferentes archivos judiciales en las Comunidades Aut�nomas sin traspasos recibidos del Ministerio de Justicia (�B.O.E.� 19 junio).
2. La relaci�n se remitir� mediante los programas y aplicaciones inform�ticas existentes, y deber� conservar cada secretario judicial copia de aqu�lla, con expresi�n de la fecha de env�o al Archivo Judicial Territorial o Central y acreditaci�n de su recepci�n.
3. La relaci�n comprender� la totalidad de los procedimientos o actuaciones procesales que se remiten, y har� referencia como m�nimo al proceso o actuaci�n judicial al que corresponden, el orden jurisdiccional en que se hubiesen sustanciado, la naturaleza del proceso o actuaci�n procesal, su n�mero y a�o, las partes intervinientes, una sucinta referencia a su objeto y fecha en que se produjo la terminaci�n o paralizaci�n de las actuaciones procesales.
4. Quienes tengan atribuida la ordenaci�n, custodia y conservaci�n de los Archivos Judiciales Territoriales y Central tratar�n la documentaci�n judicial remitida a �stos para el cumplimiento de lo establecido en las leyes y en este real decreto, sin que puedan destinar los datos a finalidad distinta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 16, los datos �nicamente podr�n ser transmitidos a las Juntas de Expurgo en los supuestos y mediante el procedimiento establecido en el art�culo 15 o a quienes tuvieran derecho a acceder a ellos de conformidad con lo establecido en el art�culo 235 de la Ley Org�nica 1/1985 (sic), de 1 de julio, del Poder Judicial, y el apartado 3 del art�culo 12 de este real decreto.
CAP�TULO IIIDe los expurgos de documentos judiciales
Juntas de Expurgo 1. Las Juntas de Expurgo son aquellos �rganos colegiados de naturaleza administrativa que tienen por finalidad determinar, por cuenta del �rgano responsable del respectivo Archivo Judicial de Gesti�n, la exclusi�n o eliminaci�n de los expedientes procesales o gubernativos del Patrimonio Documental o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico.
2. Se constituir� una Junta de Expurgo en cada comunidad aut�noma que ejercer� sus competencias en todo el �mbito territorial de cada una de �stas.
3. Las Juntas de Expurgo adscritas al Ministerio de Justicia a trav�s de la Secretar�a de Estado de Justicia tendr�n su sede donde radique la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y estar�n presididas por un magistrado designado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con voto dirimente de los empates, e integradas por los siguientes vocales:
b) El Gerente Territorial del Ministerio de Justicia. Cuando en el �mbito territorial de la comunidad aut�noma de que se trate existan varias Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, ser� vocal de la Junta de Expurgo el titular de la Gerencia que radique en la sede del Tribunal Superior de Justicia.
c) Un t�cnico superior especialista en archivos, designado por la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico.
d) Un titulado superior de Administraci�n a que hace referencia la disposici�n adicional d�cima.
e) El secretario judicial especialmente designado por el Ministerio de Justicia de entre aquellos que tengan destino en el partido judicial donde radique la Junta de Expurgo realizar� las funciones de secretario. Cuando las circunstancias de trabajo as� lo permitan, lo ser� el secretario judicial responsable del Archivo Judicial Territorial de la provincia donde radique la sede del Tribunal Superior de Justicia.
4. Las comunidades aut�nomas que tengan transferidas las competencias en materia de provisi�n de medios materiales y econ�micos para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia determinar�n la sede y composici�n de la Junta de Expurgo, que estar� presidida por un magistrado e integrada, en todo caso, por un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial y un t�cnico superior especialista en archivos, designado por la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico.
5. El r�gimen jur�dico de las Juntas de Expurgo se ajustar� a las normas sobre �rganos colegiados contenidas en la Ley de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, sin perjuicio de las especialidades previstas en este real decreto.
6. Las Juntas de Expurgo tratar�n la informaci�n contenida en la documentaci�n judicial que se les remita exclusivamente con la finalidad a la que se refiere el apartado 1, as� como la de devoluci�n de los documentos aportados al proceso, prevista en el art�culo 16, sin destinar los datos a ninguna otra finalidad distinta. Los datos �nicamente podr�n ser transmitidos a la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico con arreglo a lo dispuesto en este real decreto y a quienes solicitasen la devoluci�n de los documentos aportados.
Remisi�n de relaciones documentales 1. El responsable del Archivo Judicial de Gesti�n donde radiquen los documentos judiciales remitir� al secretario de la Junta de Expurgo una relaci�n de todos aquellos procedimientos en los que haya terminado la ejecuci�n o en los que se hubiese dictado una resoluci�n que declare la prescripci�n o la caducidad.
2. El responsable del Archivo Judicial Territorial o Central donde radiquen los documentos judiciales, una vez transcurridos los plazos legales de prescripci�n o caducidad, remitir� al secretario responsable del Archivo Judicial de Gesti�n una relaci�n de todos ellos identificados seg�n el proceso o actuaci�n judicial al que corresponden, sujetos intervinientes y domicilio de �stos, al objeto de que el �rgano judicial de procedencia confirme en el plazo de un mes el transcurso de los anteriores plazos, con arreglo a la legislaci�n aplicable.
Una vez comunicada la resoluci�n sobre el transcurso de los plazos legales al Archivo Judicial Territorial o Central, el secretario responsable estar� a lo dispuesto en el apartado 1.
3. Las relaciones de expedientes a que se refiere este art�culo ser�n remitidas como m�nimo una vez al a�o con el fin de que se decida sobre su posterior destino. Dicha relaci�n deber� tener el mismo contenido y cumplir los requisitos contemplados en el art�culo 13, a los que se a�adir� la expresi�n del archivo judicial en que se hallasen.
Devoluci�n de los documentos aportados al proceso 1. El presidente de la Junta de Expurgo acordar� la publicaci�n de las relaciones de expedientes judiciales en el �Bolet�n Oficial del Estado� o diario oficial de la comunidad aut�noma, seg�n el �mbito territorial del �rgano judicial de los que procedan, y una referencia de aqu�lla en un diario de los de mayor difusi�n en el �mbito auton�mico al objeto de que, en el plazo de dos meses, puedan los interesados recuperar aquellos documentos en su d�a aportados al proceso. En la publicaci�n del anuncio se omitir� la rese�a del objeto del proceso y la identificaci�n de las partes.
2. Quienes pretendan recuperar documentos propios aportados a las actuaciones judiciales u obtener testimonio o certificaci�n de �stas por tener inter�s leg�timo plantear�n su solicitud por escrito, directamente o a trav�s de representantes con poder suficiente, ante el secretario de la Junta de Expurgo, dentro del plazo referido en el apartado anterior.
La solicitud ser� resuelta en forma an�loga a la prevista en el art�culo 12, entendi�ndose la referencia al �rgano judicial como atribuida a la Junta de Expurgo.
3. Transcurrido el plazo previsto en este art�culo sin que los interesados hubiesen promovido su devoluci�n, se les tendr� por deca�dos en su derecho a recuperar los documentos aportados.
R�gimen de funcionamiento 1. La Junta de Expurgo ser� convocada en sesi�n ordinaria una vez al a�o. El presidente, en consideraci�n al n�mero de relaciones de expedientes judiciales y gubernativos elevadas, podr� acordar la convocatoria de cuantas sesiones extraordinarias considere necesarias.
2. La convocatoria de sesiones ordinarias o extraordinarias ser� acordada una vez haya transcurrido el plazo a que se refiere el art�culo anterior y se realizar� con la antelaci�n necesaria.
3. El orden del d�a ser� comprensivo de las relaciones de expedientes judiciales objeto de la convocatoria. Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebraci�n de la sesi�n, la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico elaborar� un informe de car�cter vinculante que comprender� aquellos expedientes o documentos judiciales que por su valor hist�rico-documental deber�n ser preservados, a cuyo fin podr� designar personal especializado a su servicio para que acceda al archivo judicial en el que se encuentren, previa acreditaci�n ante el secretario judicial encargado de aqu�l.
La apreciaci�n del inter�s hist�rico-documental podr� realizarse mediante el acceso a los programas y aplicaciones inform�ticas.
4. La asistencia a las reuniones de las Juntas de Expurgo, debidamente justificadas por el secretario, dar� lugar a la indemnizaci�n que pudiera corresponder, seg�n lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, o, en su caso, normativa auton�mica que resulte aplicable.
Acuerdos 1. La Junta de Expurgo acordar� la transferencia a la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico de aquellos expedientes o documentos judiciales que, de conformidad con el informe elaborado por �sta, deban ser preservados por causa de su inter�s hist�rico-documental.
2. En caso contrario, la Junta resolver� su exclusi�n del Patrimonio Hist�rico y posterior enajenaci�n.
3. En el supuesto de que la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico no emitiera el correspondiente informe, se estar� a lo dispuesto en el art�culo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
4. Cuando por cualquier circunstancia no fuese posible o no resultara aconsejable la enajenaci�n y, en todo caso, cuando los expedientes o documentos judiciales y gubernativos no est�n recogidos en soporte de papel, se acordar� su destrucci�n.
Actas y certificaciones 1. El acta de los acuerdos adoptados se aprobar� en la misma o en la siguiente sesi�n, convocada expresamente a tal fin en el plazo de un mes.
2. El secretario de la Junta remitir� a cada juzgado o tribunal certificaci�n acreditativa del acuerdo adoptado con respecto a los expedientes judiciales contenidos en las relaciones elevadas por �stos, para que por el secretario del �rgano, como responsable del Archivo Judicial de Gesti�n, se tenga constancia documentada del destino definitivo de aqu�llos.
3. Igual comunicaci�n, y a los mismos fines, dirigir� al secretario responsable del Archivo Judicial Territorial o Central, cuando proceda.
Fin de la v�a administrativa 1. Las resoluciones de la Junta de Expurgo que acuerden la transferencia de los expedientes judiciales a la Administraci�n competente, su enajenaci�n o su destrucci�n ser�n objeto de publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado� o diario oficial de la comunidad aut�noma seg�n el �mbito territorial de los �rganos judiciales de los que procedan.
2. Todas las resoluciones de la Junta de Expurgo pondr�n fin a la v�a administrativa.
Enajenaci�n y destrucci�n 1. La Administraci�n competente en materia de provisi�n de medios materiales y econ�micos para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia proceder� a la enajenaci�n o a la destrucci�n de los expedientes judiciales.
2. Los expedientes que sean objeto de enajenaci�n, en los t�rminos previstos en la Ley del Patrimonio del Estado o legislaci�n auton�mica que resulte aplicable, deber�n ser destinados por el adquirente exclusivamente a su tratamiento para posterior reutilizaci�n como papel de uso com�n.
La enajenaci�n deber� reflejarse en un contrato escrito que contenga los requisitos previstos en el art�culo 12 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
3. En ning�n caso podr� el adquirente divulgar el contenido de los expedientes judiciales ni, bajo ninguna circunstancia, permitir el acceso de terceros a ellos. Las prohibiciones que anteceden deber�n ser expresamente consignadas en el contrato de compra y venta.
4. La destrucci�n de los expedientes judiciales y gubernativos se llevar� a efecto bien mediante contrato administrativo, bien a trav�s de la celebraci�n de un convenio de colaboraci�n con una Administraci�n p�blica que cuente con instalaciones adecuadas a tal fin. El pliego de cl�usulas administrativas particulares o el convenio contendr�n las prohibiciones comprendidas en el apartado anterior.
Traslado de los documentos 1. Una vez que se haya formalizado la transferencia documental a la Administraci�n competente en materia de patrimonio hist�rico, el contrato de compra y venta, el convenio de colaboraci�n con otra Administraci�n p�blica o el contrato administrativo, se remitir� copia de �stos al secretario de la Junta de Expurgo.
2. El secretario de la Junta expedir� certificaci�n acreditativa de su objeto y de la persona f�sica o jur�dica que sea parte en el negocio jur�dico y la remitir� al secretario judicial responsable del archivo donde radiquen los expedientes judiciales y gubernativos, al objeto de poder autorizar la entrega de �stos, previo levantamiento de acta, de la cual quedar� constancia en este archivo y en el de gesti�n, de no coincidir ambos.
3. El secretario judicial responsable del archivo no autorizar� el traslado de aquellos expedientes judiciales y gubernativos respecto de los cuales no se hubiesen cumplido los requisitos exigidos en el apartado anterior y en los apartados 2 y 3 del art�culo 19.
Tribunal Supremo y Audiencia Nacional Para el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y restantes �rganos judiciales con jurisdicci�n en todo el territorio nacional se constituir� una Junta de Expurgo, adscrita al Ministerio de Justicia, que estar� presidida por un magistrado designado por el Presidente del Tribunal Supremo, con voto dirimente de los empates, e integrada por los siguientes vocales:
b) El Gerente Territorial de �rganos centrales del Ministerio de Justicia.
e) El secretario judicial a que hace referencia el art�culo 11.1 realizar� las funciones de secretario. En su defecto, las desempe�ar� el secretario judicial designado por el Presidente del Tribunal Supremo de entre los que tuvieran destino en este �rgano judicial.
Ciudades de Ceuta y Melilla 1. En cada una de las Ciudades de Ceuta y Melilla existir� un archivo que cumplir� las funciones previstas para el Archivo Judicial Territorial en el art�culo 8.
2. Se constituir� una Junta de Expurgo para la Ciudad de Ceuta y otra para la Ciudad de Melilla, adscritas al Ministerio de Justicia, que estar�n presididas por un magistrado de la Secci�n Sexta de la Audiencia Provincial de C�diz, en el caso de Ceuta, y otro de la Secci�n S�ptima de la Audiencia Provincial de M�laga, en el caso de Melilla, designados por los presidentes de dichas audiencias provinciales.
Los vocales de las Juntas de Expurgo de Ceuta y Melilla ser�n los siguientes:
a) Un miembro de la carrera fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc�a.
b) El Gerente Territorial del Ministerio de Justicia en Sevilla, para la Junta de Expurgo de Ceuta, y el de M�laga, para la de Melilla.
d) Un secretario judicial, designado por el presidente de la Junta de Expurgo, que realizar� asimismo las funciones de secretario.
Archivo General de la Administraci�n 1. El Archivo General de la Administraci�n cumplir� las funciones de los Archivos Judiciales Territoriales respecto de los expedientes judiciales y gubernativos que a la entrada en vigor de este real decreto radiquen en aqu�l.
2. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, ser� responsable de los documentos judiciales que se encuentren en el Archivo General de la Administraci�n el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
Archivos hist�ricos Este real decreto no ser� de aplicaci�n a los documentos correspondientes a �rganos p�blicos con funciones jurisdiccionales que obren en el Archivo Hist�rico Nacional, Archivo de Simancas, Archivo de Indias, Archivo de la Corona de Arag�n y en los Archivos Hist�ricos Provinciales o Auton�micos.
Documentaci�n del Ministerio Fiscal No se aplicar� este real decreto a los documentos generados por el Ministerio Fiscal que no se hubieran incorporado a expedientes correspondientes a procesos o actuaciones judiciales.
Archivos de los juzgados togados y tribunales militares No ser� de aplicaci�n lo dispuesto en este real decreto a los archivos de los juzgados togados y tribunales militares, que se regir�n por su normativa espec�fica.
Contratos menores Los expedientes de los contratos menores que se tramiten para la destrucci�n de los expedientes judiciales incorporar�n el compromiso, por escrito, del contratista de no divulgar el contenido de los expedientes judiciales ni, bajo ninguna circunstancia, permitir el acceso de terceros a �stos, as� como el respeto por el contratista de las restantes obligaciones establecidas en el art�culo 12 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
�rganos jurisdiccionales extintos Las funciones relativas a la documentaci�n judicial generada por �rganos jurisdiccionales extinguidos ser�n ejercidas por aquellos que asuman sus competencias, de conformidad con la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Elaboraci�n inicial de relaciones documentales En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, los secretarios judiciales a cuyo cargo estuviera el archivo del �rgano judicial en el que est�n destinados dispondr�n la elaboraci�n de los listados necesarios que contengan toda la documentaci�n judicial a la que resulte de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 15.
R�gimen laboral Las referencias que se efect�an en este real decreto a la categor�a de Titulado superior de Administraci�n se corresponden con la denominada con anterioridad Titulado Superior Especialista en Archivos y Documentaci�n, integrada en el grupo 1 del vigente convenio colectivo �nico del personal laboral de la Administraci�n General del Estado de 16 de noviembre de 1998, y deber� contar con la titulaci�n y cualificaci�n adecuada al puesto a desarrollar.
De igual manera, el personal laboral de la categor�a de Titulado Medio de Administraci�n, denominada con anterioridad Ayudante de Archivo y Documentaci�n, ha quedado integrado en el grupo 2 del mencionado convenio, con id�nticos requisitos de titulaci�n y cualificaci�n.
Los responsables de los archivos judiciales territoriales dependientes del Ministerio de Justicia y el responsable del Archivo Central deber�n estar asistidos, en todo caso, por un titulado superior de administraci�n.
Medidas de seguridad Ser�n de aplicaci�n a los tratamientos automatizados de datos relacionados con la documentaci�n judicial las medidas establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de car�cter personal.
Derogaci�n normativa Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y expresamente el Real Decreto de 29 de mayo de 1911 (Gaceta de Madrid de 31 de mayo), la Real Orden de 12 de agosto de 1911, del Ministerio de Gracia y Justicia (Gaceta de Madrid de 14 de agosto); la Orden de 29 de marzo de 1937, de la Presidencia de la Junta T�cnica del Estado, sobre expurgo de legajos y documentos (�Bolet�n Oficial del Estado� de 31 de marzo), y la Orden de 8 de abril de 1937, de la Comisi�n de Justicia, sobre expurgo de documentos en los archivos judiciales (�Bolet�n Oficial del Estado� de 8 de abril).
Fundamento constitucional 1. Los art�culos 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 14.3 y 4; 15.1 y 2; 22.3, y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y novena de este real decreto se dictan en el ejercicio de la competencia exclusiva que corresponde al Estado, de acuerdo con el art�culo 149.1.5.� de la Constituci�n.
2. Los art�culos 3; 8; 13; 14.1, 2, 4 y 5; 15.3; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.1 y 2, as� como las disposiciones adicionales s�ptima y und�cima, se dictan al amparo del art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n.
3. La disposici�n adicional d�cima s�lo resultar� de aplicaci�n en el �mbito de la Administraci�n General del Estado.
Facultades de desarrollo y ejecuci�n Se autoriza a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Educaci�n, Cultura y Deporte para dictar, en el �mbito de sus respectivas competencias, las normas que sean necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de lo establecido en este real decreto.
Entrada en vigor El presente real decreto entrar� en vigor a los seis meses de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

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