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Timestamp: 2019-09-16 14:10:17+00:00

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STC 31/1984, 7 de Marzo de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034667
STC 31/1984, 7 de Marzo de 1984
Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 1984
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 234/1982
1. El art. 53.2 de la C.E. y la Ley 62/1978 configuran un derecho reaccional garantizador de los derechos fundamentales, por lo que, si se ejercita una pretensión cualificada por tal fundamentación y se niega el proceso, se está privando al que actúa de garantías jurisdiccionales de derechos o libertades fundamentales; y no podrá decirse que la garantía jurisdiccional se respeta cuando, negando el proceso específico, se remite al interesado a otro tipo procesal, y esto aun en la hipótesis de preservación de plazos o de actuaciones, porque, con lo que esto puede suponer de una apreciación inicial en orden a que no está en cuestión un derecho o libertad fundamental, constituye la violación de un derecho que se inserta en el cuadro garantizador del derecho o libertad de que se trate, una violación de garantías de las que la C.E. y la Ley ha dotado a los derechos y libertades fundamentales. 2. La literalidad de los términos empleados en el art. 6 de la Ley 62/1978 (y en otros preceptos de esta Ley) no debe llevar a la idea de que la distinción entre «acto» y « disposición», muy presente en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, excluye de este proceso la impugnación de disposiciones cuando a ellas se imputa la violación de un derecho o libertad, porque la concepción limitada a los actos que pudiera apoyarse en los términos literales de aquellos preceptos debe corregirse acudiendo a lo que, en este punto y dentro del marco del artículo 53.2 de la C.E., dispone el art. 43.1 de la LOTC, comprensivo de las disposiciones y actos, ineludible, por lo demás, desde la necesaria igual amplitud en estos aspectos del proceso judicial procedente y preferente, atribuido a la jurisdicción contencioso-administrativa, y el proceso de amparo atribuido a la justicia constitucional. 3. Junto a la posibilidad de accionar de cualquier trabajador cuando se crea perjudicado por la violación del principio de igualdad de remuneraciones, extendible a la impugnación de disposiciones generales emanadas de la Administración, ha de reconocerse la legitimación de las organizaciones representativas de los trabajadores. Los arts. 7 y 28.1 de la C.E. proporcionan una fundamentación constitucional a la amplitud legitimadora de los Sindicatos para interponer ante la jurisdicción competente las acciones tendentes a la aplicación del principio de igualdad de remuneraciones. 4. Para utilizar el proceso regulado en la Ley 62/1978 basta con un planteamiento razonable de que la pretensión ejercitada versa sobre un derecho fundamental, con independencia de que posteriormente el análisis de la cuestión debatida conduzca o no al reconocimiento de la infracción del derecho constitucional invocado. 5. Como ya ha expuesto el Tribunal, el cumplimiento del artículo 43.1 de la LOTC exige agotar la vía judicial que sea conforme con la Ley procesal, de modo que cuando la vía emprendida no es la que legalmente era procedente, tiene el interesado, en vía de principio, que volver atrás en el camino procesal, abrir la vía procedente y seguirla hasta el final; pero esta regla admite alguna excepción cuando la vía utilizada es la que marca la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales y la resolución que estatuye sobre el procedimiento califica al mismo tiempo el derecho esgrimido por el particular, de modo tal que esa calificación lo hace inviable en los términos pretendidos. 6. Un proceso de amparo no queda sin objeto porque la disposición que se impugna haya perdido vigencia en su transcurso y la demanda no incorpore otra pretensión que la de anulación de los preceptos vulneradores de la igualdad, pues subsiste la pretensión dirigida a la preservación del derecho. 7. El sistema normal de fijación del mínimo salarial y, en general, del contenido de la relación laboral, corresponde a la autonomía de los trabajadores y empresarios, mediante el ejercicio del derecho a la negociación colectiva que proclama el art. 37.1 de la C.E. Un Estado social y democrático de Derecho, que propugna entre los valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad, y en el que se encomienda a todos los Poderes públicos el promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, ha de complementar aquel sistema de determinación del mínimo salarial estableciendo desde los Poderes a los que compete la gobernación unos techos salariales mínimos que, respondiendo a aquellos valores de justicia e igualdad, den efectividad al también mandato constitucional contenido en el art. 35.1 de la C.E. 8. Tanto en la regulación mínima estatal como en la que se deja a la responsabilidad de la autonomía colectiva de las partes sociales, ha de operarse respetando el principio de igualdad de remuneraciones, con exclusión de todo trato discriminatorio que implique violación de ese principio, que tiene su formulación, con la más específica del art. 35.1 referida al sexo, en la general del art. 14, ambos de la C.E. 9. El principio de igualdad de remuneraciones implica la eliminación, en el conjunto de los factores y condiciones retributivas, para un mismo trabajo, o para un trabajo al que se atribuye igual valor, de cualquier discriminación, por lo que el trabajador tiene derecho a igualdad de trabajo, igualdad de salario, no pudiendo operar la edad como circunstancia diferenciadora. 10. Una aplicación del sistema del salario mínimo interprofesional con reducciones para los trabajadores de diecisiete años hasta dieciocho, en cuanto se fundaría en la utilización de la edad sin más razones como criterio de diferencias salariales, estaría en contradicción con el mandato constitucional prohibitivo de la discriminación por razón de una circunstancia que ha de tenerse por incluida en la formulación genérica que encierra el art. 14 de la C.E. Cuando este factor de un mismo trabajo o de un trabajo al que se atribuye igual valor falta, el principio de igualdad de remuneraciones excluyente de discriminación subsumible en el indicado precepto constitucional no puede decirse que se quebrante.
Sentencia citada en: 985 sentencias, 28 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo promovido por la Unión General de Trabajadores, representada por la Procuradora doña Elisa H. P. y bajo la dirección del Abogado don Marcial A. P., contra el Real Decreto 124/1982, de 15 de junio, sobre fijación del salario mínimo interprofesional, y en el que han comparecido, en nombre del Gobierno de la Nación, el Abogado del Estado, y con el carácter que corresponde el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Presidente, don Jerónimo A. S., quien expresa el parecer de la Sala.
2. El 25 de junio de 1982, la U.G.T., representada por la Procuradora doña Elisa H. P., interpuso recurso de amparo, en el que solicitó que se dicte Sentencia, por la que: a) se declaren nulos o se dejen sin efecto los Autos de 30 de marzo de 1982 y 26 de mayo de 1982 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictados en Autos núm. 306.633, en el recurso interpuesto por la Unión General de Trabajadores contra el Real Decreto 124/1982, de 15 de enero;b) se declaren nulos o se dejen sin efecto los arts. 1 en sus puntos 2 y 3, y 6 en sus puntos 2 y 3, del Real Decreto 124/1982, de 15 de enero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 1982, por vulnerar el principio constitucional consagrado en el art. 14 de la C.E.; c) subsidiariamente del punto b) anterior, para el caso que aquél no sea estimado, se retrotraigan las actuaciones del recurso núm. 306.633 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo interpuesto por la Unión General de Trabajadores, al momento inmediatamente anterior en que fueron dictados los Autos de 26 de mayo y 30 de marzo de 1982, que lo declaró inadmisible, para que pueda seguirse el procedimiento por sus trámites para ventilar la cuestión de fondo; d) se ordene lo preciso para que sea respetada la libertad y derechos fundamentales invocados de los recurrentes, restableciéndoles y preservándoles tales derechos fundamentales.
STSJ Aragón 75/2012, 10 de Febrero de 2012
ATS, 7 de Septiembre de 2017
SAP Madrid 645/2004, 29 de Noviembre de 2004
SAP Valladolid 230/2007, 22 de Junio de 2007
STSJ Comunidad de Madrid 94/2004, 23 de Diciembre de 2004

References: artículo 53
 artículo 43
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto