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Timestamp: 2017-08-17 23:10:41+00:00

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Jurisprudencias Casacion Sobre Particion de Bienes Conyugales
Publicado por Gutierrez Asociados | en 11:48
Category : bienes , casacion , conyugales , jurisprudencias , sobre particion
DE LA PARTICIÓN
La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes.
Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación.
SCC 03-08-98.
Ponente: Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani. Exp. 97-586
Partición. Normas rectoras del juicio. Casación.
“...Siendo el procedimiento de partición tan especial, se requiere hacer un análisis detenido de las normas rectoras del juicio de partición.
En efecto, los artículos 777 y 778 del Código de Procedimiento Civil disponen:
"Artículo 777.- La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordi-nario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes".
"Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación".
“Artículo 778.- En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviera apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente, El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciera, el Juez hará el nombramiento".
Por su parte, el artículo 780 del mismo Código, dispone:
"Articulo 780.- La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor”.
"Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se empezará a las partes para el nombramiento del partidor'.
Del examen detenido de las disposiciones transcritas es obligante determinar que en el juicio de partición se pueden presentar situaciones diferentes, a saber:
1) Que en el acto de contestación no se haga oposición a los términos en que se planteó la partición en la demanda. En otras palabras, al no efectuarse oposición y la demanda estuviera apoyada en instrumento fehaciente, el Juez debe emplazar a las partes para el nombramiento del partidor.
2) Si en el acto de contestación se realiza la oposición, esto quiere decir, que los interesados discuten, impugnan los términos de la partición y el procedimiento se sustanciará por el juicio ordinario, en cuaderno separado, sin impedir la división de aquellos bienes cuyo dominio no se discute, o se contradice, es decir, al haber discusión sobre el carácter o cuota de los interesados el proce-dimiento se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se empla-zará a las partes para el nombramiento del partidor (Art. 780 del C.P.C.).
La Sala aprecia que en la primera situación, cuando, llegada la oportunidad procesal para hacer oposición y los interesados no la efectúan, se entiende que están de acuerdo con los términos en que se demandó la participación; en otras palabras, al no hacerse oposición no hay controversia, no hay impugnación sobre el carácter o cuotas de los interesados. Ante este supuesto el legislador dio facultades al juez para proferir un pronunciamiento de que es procedente la partición y ésta debe continuar, emplazando a las partes para que nombren partidor, en el término señalado en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil,
El contenido de esta norma rectora del procedimiento de partición (Art. 778 del C.P.C.) no ofrece ninguna duda; el legislador le da a los interesados la oportunidad procesal para que discutan las términos de la partición demandada, haciendo oposición. Si los interesados no hacen uso de este medio de defensa o lo ejercen extemporáneamente, no hay controversia, no hay discusión y el Juez debe considerar que ha lugar la partición por no haber objeciones. Ahora bien, la naturaleza jurídica de esta decisión que se produce en esta fase de la partición no tiene apelación, como se infiere del contenido del artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, al no expresar la norma que podía ejercerse recurso de apelación contra la sentencia del Juez que decidió con lugar la partición porque los interesados no hicieron oposición, y ello es así, porque de la propia norma citada se infiere que el legislador no previó la apertura al juicio ordinario, sino que el Juez como rector del proceso ordena que por no haber oposición a la partición, las partes deben concurrir en el término procesal previsto o nombrar partidor.
En la segunda situación que contempla el juicio de partición, es decir, si los interesados realizan oposición, o contradicen los términos de la partición, el proceso se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte la sentencia que embarace la partición, como se consagra en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.
Es oportuno destacar que el legislador en estas normas rectoras del juicio de participación no contempló el recurso de apelación y mucho menos el extraordinario de casación y a esta conclusión llega la Sala puntualizando así su criterio sobre la materia; porque, al examinar detenidamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a este proceso de partición, se observa que es en el artículo 787 eiusdem, que el legislador dispone:
"Artículo 787.- Si los reparos son graves emplazará a los interesados y al partidor para una reunión y si en ella se llega a un acuerdo, el Juez aprobará la partición con las rectificaciones convenidas”.
"Si no llega a acuerdo, el Juez decidirá sobre los reparos presentados dentro de los diez días siguientes. De la decisión se oirá apelación en ambos efectos". (Subrayado de la Sala).
Esta norma precedentemente transcrita es la única que contempla el recurso de apelación y aun cuando no hace referencia al extraordinario de casación, al otorgar el recurso en ambos efectos es porque el legislador consideró que esta fase es la definitiva, lo que permite concluir que al oírse apelación en ambos efectos, contra la decisión del Juez que conoce de los reparos graves que los interesados hacen, también la decisión del Superior que conoce en alzada es una sentencia susceptible de tener casación.
Sin embargo, aprecia la Sala que cuando el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil prevé la contradicción al dominio común respecto de algunos bienes, los trámites se seguirán por el juicio ordinario. En otras palabras, al haber contradicción u oposición, se plantea una controversia que se regirá por las normas del procedimiento ordinario aceptando que las providen-ciasque se susciten tienen apelación y se puede llegar hasta casación.
Sobre esta materia, la Sala, en auto de fecha 2 de octubre de 1997,en el juicio de partición de herencia seguido por Rosa Eliette y otro contra Kateñna Korsun de Luzardo y Margaret AdrianaLuzardo Korsun, declaró que de conformidad con el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, al haber la sentencia declarado parcialmente con lugar la demanda y ordenar el emplazamiento de las partes para la designación del partidor, se trataba de una sentencia interlocutoria que no pone fin al juicio, por el contrario, éste debe continuar, como se infiere del propio dispositivo.
En este orden de ideas, considera la Sala pertinente establecer las diferencias de las dos situaciones que se pueden presentar en el juicio de partición.
En efecto, tal como se explicó antes, cuando en el acto de contestación no se realiza la oposición, ni se discuten las cuotas de los interesados, el legislador estableció que al no haber discusión ni controversia, el Juez debe emplazar a las partes para que nombren partidor (Ad. 778 del C.P.C.). Esta norma, en forma clara y precisa, consagra el acuerdo de las partes para llevar adelante la partición, y ello se deduce de la propia conducta de los interesados al no hacer oposición, al no impugnar los términos en que se demandó la partición, situación que puede asimilarse a un convenimiento en la demanda, a un acuerdo mutuo en que prosiga la partición en cabeza de un partidor nombrado por las partes, es decir, no ha lugar a seguir el procedimiento ordinario. Pues bien, esta primera fase revestida de un principio de brevedad, no tiene apelación, y tampoco casación, porque al no haber oposición, no hay controversia que decidir y controlar, y las partes, de mutuo acuerdo prosiguen la partición nombrando un partidor. Esta situación expresada cuan-do no ha habido oposición, es una decisión que no tiene apelación y tampoco casación.
Sin embargo, debe destacarse que si en el lapso legal establecido para que tenga lugar la contestación a la demanda (20 días de despacho aplicando lo establecido en el artículo 359 delC.P.C.), los interesados hacen oposición, impugnan la partición, las cuotas, etc., obviamente se está suscitando una controversia que al decidirla el Juez, debe seguir los trámites del juicio ordinario, y, debe tenerse control de la legalidad sobre lo sentenciado; en otras palabras, esta fase tiene apelación y puede tener hasta casación.
Por lo antes expuesto, la Sala concluye que hay dos etapas en la partición que tienen apelación y hasta casación: 1) Cuando se contesta tempestivamente la demanda y se hace oposición a la partición, se siguen los trámites por el juicio ordinario, y, 2) la situación establecida en el artículo 787 del Código de Procedimiento Civil referida a los reparos graves que hacen las partes a lo establecido por el partidor, y, como ya se dijo precedentemente, esta es la única norma del proceso de partición que contempla la apelación en ambos efectos.
En vista de lo antes expuesto, la Sala puntualiza y amplía la doctrina expresada en sentencia de fecha 2 de octubre de 1997, en el juicio seguido por Rosa Eliette y otro contra Katerina Korsunde Luzardo y Margaret Adriana Luzardo Korsun, en el cual, como se señala anteriormente, declaró que de conformidad con lo establecido en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, al haber la sentencia declarado parcialmente con lugar la demanda y ordenar el emplazamiento de las partes para la designación del partidor, se trata de una sentencia interlocutoria que no pone fin al proceso, por el contrario, continúa la partición, por lo que el recurso de casación se declaró inadmisible.
En consecuencia, a partir de la presente fecha, las dos etapas o situaciones del proceso de partición se interpretarán y decidirán como ha quedado establecido en el presente tallo.
"... Planteada así la situación, la Sala considera que, en virtud de haberse presentado extemporáneamente la contestación y oposición, debe estimarse que no hubo oposición a la partición y el proceso debe orientarse como lo establece el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el Juez de la causa
debe emplazar a las partes para que en el término legal establecido nombren partidor, que fue lo decidido por el Juez de primera instancia, el cual consideró que no hubo oposición, por haberse presentado lo, escritos de contestación y de oposición extemporáneamente, en razón de haberse consumado la citación tácita de la codemandada Adelaida Capriles López, el 11 de julio de 1996, por la actuación de su apoderada María Carolina Solórzano, y por cuanto el lapso para contestar la demanda se inició el 1 5 de julio de 1996 exclusiva, fecha en que se dio por citado el último de los codemandados.
En consecuencia, la providencia del Juez de la causa de declarar con lugar la partición y emplazar a las partes para nombrar el partidor, no pone fin a dicho proceso sino que da entrada a la división de la herencia. En otras palabras, al no haber oposición, el Juez se limita a declarar procedente la partición. Situación que fue confirmada por el Juez superior, al haberse apelado la decisión de primera instancia que declaró procedente la partición, pero como ya estableció, la Sala anteriormente en este fallo, contra la decisión del a-quo no ha lugar el recurso de apelación y tampoco el de casación, por cuanto no hubo oposición, como ya quedó establecido.
En este orden de ideas, es oportuno reiterar este criterio de la Sala:
"La doctrina pacífica y constante de la Sala ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, entendido el proceso civil, como el conjunto de actos del órgano jurisdiccional, de las partes, y de los terceros que eventualmente en él intervienen, preordenados para la resolución de una controversia, el cual está gobernado por el principio de la legalidad de las formas procesales. Esto indica, como lo enseña Chiovenda que no hay proceso convencional sino, al contrario un proceso cuya estructura y secuencia se encuentran preestablecidas con un neto signo impositivo, no disponible para el juez, ni para las partes. Así, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es obligatoria en un sentido absoluto, tanto para las partes como para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos".
"Es por lo expresado que la Sala ha considerado tradicionalmente que la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario en todo juicio...”. (Sentencia del 22-10-97, asunto: Banco Nacional de Descuento C.A. contra Unidad Industrial La Yaguara, C.A., y otros).
En apelación de las doctrinas de la Sala precedentemente transcritas, es forzoso concluir en que, al no existir, en el caso que se examina, oposición a la partición demandada, resultan nulos los actos subsiguientes a la declaratoria con lugar de la pretensión instaurada, por cuanto de esta parte los actos de ejecución, sin que contra tal providencia jurisdiccional tuviesen cabida los recursos de apelación y casación.
Al estimarse que la sentencia recurrida se originó por virtud del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de la primera instancia que declaró con lugar la demanda de partición, la misma resulta ser procesalmente inexistente, razón que motiva la inadmisibilidad del presente recurso de casación y así se decide.
SC 17-12-01
PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 00-3070, dec. Nº 2.687:
Citación de otros comuneros
Quiere la Sala apuntar, que en los procesos de partición, la existencia de la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código de Procedimiento Civil) bien de documentos que la constituyen o la prorroguen, o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, ya que solo así podrá conocer con precisión los nombres de los condómines y la proporción en que deben dividirse los bienes, así como deducir la existencia de otroscondómines, los que ordenará sean citados de oficio (artículo 777 del Código de Procedimiento Civil).
Se requieren recaudos que demuestren la comunidad, tal como lo expresa el citado artículo 777, y en los casos de la comunidad concubinaria, el recaudo no es otro que la sentencia que la declare, ya que el juicio de partición no puede ser a la vez declarativo de la existencia de la comunidad concubinaria, el cual requiere de un proceso de conocimiento distinto y por lo tanto previo.
SCC 16-2-01
Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-699, dec. Nº 16:
Como se evidencia, a pesar que la demanda se intentó sólo contra José Ignacio Herrera Pérez y Berta Pérez de Herrera, supuestos únicos herederos junto al demandante, según indica este último en su libelo, de la partida de defunción antes transcrita se destaca la existencia de un cuarto heredero de nombre Merly Herrera. Calidad de heredera que se puede observar también de la planilla de liquidación sucesoral que riela inserta a los folios 106 al 110 de los que integran el presente expediente.
Ahora bien, siendo extraíble de los documentos presentados con la demanda, la presunción de existencia de otro condómino que debió ser demandado, el juez de la primera instancia sólo ordenó la citación de los dos codemandados indicados en el libelo de la demanda, como son José Ignacio Herrera Pérez y Berta Pérez de Herrera, omitiendo toda citación sobre Merly Herrera.
La obligación del juez de efectuar la referida citación, aun cuando expresamente no hubiese sido demandada la mencionada ciudadana, viene contenida en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil que, en su parte pertinente, indica: “...si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación”. Norma que entiende la existencia de una comunidad hereditaria en los procesos de partición de herencia, que provoca, cuando son mas de uno los herederos, la constitución de litis consorcios necesarios, ya sean activos o pasivos, para que la declaratoria judicial que recaiga en el procedimiento no excluya a ninguno y, de esta manera, no se condene o favorezca a quien no haya sido parte en el juicio y tenga derechos sobre los bienes a partir.
La citación de Merly Herrera, en el presente proceso era por tanto, obligatoria, por lo que al no verificarse la misma en las actas del expediente se produce la nulidad del acto de citación.
En este sentido, la Sala ha afirmado que la falta absoluta de la citación interesa al orden público, por dec. Nº 422, de fecha 8 de julio de 1999, expediente 98-505, la cual expresa:
“...La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsicos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o de la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento....” (Resaltado por la Sala)
Ahora bien, al verificarse que, tanto la sentencia definitiva de primera instancia como la recurrida, declararon con lugar la acción de partición y liquidación de herencia, ordenándose, en consecuencia, la partición del patrimonio del de cujus, solamente entre Pedro Ignacio Herrera Mata, José Ignacio Herrera Pérez y Berta Pérez de Herrera; esta Sala de Casación Civil, estima que se le quebrantó a la ciudadana Merly Herrera su derecho de defensa, al no citársele al proceso para que hiciera valer sus consideraciones, alegatos y defensas; asi como el grave daño que se le está causando, al excluirla de la partición de los bienes heredados que, como se evidencia de la citada planilla de liquidación sucesoral, élla, como parte de la comunidad hereditaria posee derechos y debe formar parte de la referida partición de bienes.
En consecuencia, la recurrida al no ordenar la reposición de la causa al estado que se practique la citación de la referida ciudadana Merly Herrera, violó el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, que le impone reponer la causa cuando verifique la existencia de acto nulo; y el artículo 15 eiusdem, al omitir y no ordenar corregir la falta absoluta de la citación de una de los condóminos en el proceso de partición de herencia y negarle, por tanto, toda oportunidad de ejercer los medios o recursos que considere necesario para la defensa de sus derechos e intereses, quebrantando de esa manera, la recurrida, formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho de defensa de la prenombrada Merly Herrera, cuestión que interesa al orden público, situación esta que activa la facultad de la Sala para casar de oficio la decisión cuestionada y declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso hasta la oportunidad que se ordene la citación omitida, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Asi se decide.
SCC 11-10-00
PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR ANTONIO RAMÍREZ JIMENEZ. Exp. Nº rh00-147, sentencia Nº 169:
Inadmisible la casación contra la sentencia que ordena la partición
La Sala comparte el criterio sostenido por el ad-quem, pues la decisión proferida por el tribunal superior es una sentencia interlocutoria que no pone fin al juicio, ni impide su continuación, sino que por el contrario impulsa su prosecución, al ordenársele al juez de la causa seguir el procedimiento especial mediante el emplazamiento de las partes para que procedan al nombramiento del partidor, a tenor de lo previsto en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, la Sala, en sentencia de 5 de agosto de 1999, (José Antonio Ramírez Molina y otro contra Edgar Antonio Ramírez Delgado), estableció el siguiente criterio, que hoy se reitera:
“Por lo antes expuesto, la Sala concluye que hay dos momentos en la partición que tienen apelación y hasta casación:
1) Cuando se contesta tempestivamente la demanda y se hace oposición a la partición, se siguen los trámites del juicio ordinario, y, 2) la situación establecida en el artículo 787 del Código de Procedimiento Civil referida a los reparos graves que hacen las partes a lo establecido por el partidor, y, como ya se dijo precedentemente, ésta es la única norma del proceso de partición que contempla la apelación en ambos efectos.
En vista de lo antes expuesto, la Sala puntualiza y amplía la doctrina expresada en sentencia de fecha 2 de octubre de 1997, en el juicio seguido por Rosa Eliette y otro contra Katerina Korsunde Luzardo y Margaret Adriana Luzardo Korsun, en la cual, como se señala anteriormente, declaró que de conformidad con lo establecido en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, al haber la sentencia declarado parcialmente con lugar la demanda y ordenar el emplazamiento de las partes para la designación del partidor, se trata de una sentencia interlocutoria que no pone fin al proceso, por el contrario, continúa la partición, por lo que el recurso de casación se declaró inadmisible”.
Aplicando la doctrina transcrita al caso bajo estudio, no es admisible el recurso de casación contra la mencionada sentencia interlocutoria que ordenó emplazar a las partes para la designación de partidor dado que la misma no pone fin al juicio.
SCC 18-12-07
Ponencia del Magistrado Yris Armenia Peña Espinoza. Exp. Nº 02-524, dec. Nº 961:
Sentencia que ordena la reposición a una fase anterior a la partición equivale a un auto en ejecución
La representación judicial de la parte codemandada Magaly Cannizzaro De Capriles y Miguel Ángel Capriles Cannizzaro, en su escrito de impugnación alega la inadmisibilidad del presente recurso, señalando lo siguiente:
“…La sentencia recurrida NO RESOLVIÓ LOS EXTENSOS Y GRAVES REPAROS QUE LE FUERON FORMULADOS AL PROYECTO DE PARTICIÓN, Y POR ELLO, EL RECURSO DE CASACIÓN RESULTA INADMISIBLE Y ASÍ LO ALEGO FORMALMENTE.
El recurso de casación resulta inadmisible porque la sentencia recurrida es una interlocutoria que NO PONE FIN AL JUICIO NI IMPIDE SU CONTINUACIÓN, pues se trata de una sentencia de reposición que (1) declaró la nulidad del nombramiento del partidor designado por la actora y sus hijos Capriles López, (2) ordenó el emplazamiento de todas las partes para que se realice el nombramiento de nuevo partidor; y (3) en vista que la sentencia que ordenó la división ERA INEJECUTABLE, y de que en la fase ejecutiva de la partición es que deben precisarse las cuotas de los comuneros, sentó las bases conforme a las cuales debía hacerse la partición…” (Negritas y subrayado del texto)
La parte impugnante alega la inadmisibilidad del recurso por ser la recurrida una interlocutoria que no pone fin al juicio, ni impide su continuación ya que se trata de una sentencia de reposición que declaró la nulidad del nombramiento del partidor.
Ahora bien, respecto a la decisión recurrida vale observar que fue dictada con ocasión al recurso de apelación ejercido por la parte codemandada, en contra de la sentencia que declaró improcedentes las objeciones realizadas por éstos a la partición presentada por el partidor y a su designación.
En relación a la admisibilidad en casación de este tipo de decisiones que resuelven aspectos atinentes a los reparos graves realizados por las partes en contra de lo establecido por el partidor, la doctrina de la Sala ha considerado su acceso a casación, ya que con expreso señalamiento refiere que el pronunciamiento que se dicte con ocasión a los reparos formulados al informe del partidor puede ser revisado en casación.
Ello fue expuesto en sentencia dictada por esta Sala en fecha 3 de agosto de 1998, en este mismo juicio, que estableció lo siguiente:
“…La Sala concluye que hay dos etapas en la partición que tienen apelación y hasta casación: 1) Cuando se contesta tempestivamente la demanda y se hace oposición a la partición, se siguen los trámites por el juicio ordinario, y, 2) la situación establecida en el artículo 787 del Código de Procedimiento Civil referida a los reparos graves que hacen las partes a lo establecido por el partidor, y, como ya se dijo precedentemente, ésta es la única norma del proceso de partición que contempla la apelación en ambos efectos…” (Subrayado de la Sala)
En tal sentido, la sentencia hoy recurrida conoció la apelación ejercida por los codemandados en contra de la declaratoria de improcedencia de las objeciones o reparos formulados por éstos a la partición realizada por el partidor y al nombramiento de éste, de conformidad con el artículo 787 del Código de Procedimiento Civil, siendo revocada tal decisión por el juzgador del alzada al declarar la nulidad del nombramiento del partidor y reponer la causa al estado de emplazar a las partes al nombramiento de uno nuevo.
Así pues, la sentencia hoy recurrida encuadra perfectamente en la segunda hipótesis establecida por esta Sala para la admisión del presente recurso de casación, pues, ésta declaró la nulidad del nombramiento del partidor designado, en la oportunidad en la que debió pronunciarse respecto a los reparos graves u objeciones presentadas por la parte codemandada a la partición y al nombramiento del partidor.
Adicionalmente, cabe destacar que la presente decisión es asimilable a los autos dictados en ejecución de sentencia, pues ésta fue declarada en la fase ejecutiva del juicio de partición, y en vista de que el cúmulo de denuncias realizadas por la formalizante van dirigidas a atacar la modificación de lo decidido por el Juez en la sentencia definitivamente firme de primera instancia de fecha 28 de noviembre de 1996, ello conlleva a la admisión del presente recurso.
Es claro pues, que lo anterior constituye una de las excepciones para la admisión del recurso de casación propuesto contra los autos dictados en ejecución de sentencia, pues las denuncias van dirigidas a impugnar una decisión que según lo expuesto por el formalizante, modificó lo decidido bajo autoridad de cosa juzgada, lo cual conforme al ordinal 3° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, hace admisible el presente recurso.
SCC 6-2-2007
Ponencia del Magistrado Yris Armenia Peña Espinoza. Exp. Nº 06-685, dec. Nº 23:
En el caso sí formuló oposición válida
Tal criterio es reiterado por sentencia de fecha 29 de junio de 2006, expediente N° 2006-000098, caso: Leydis del Valle Rivas López contra Digna Concepción Zuleta de Pérez, en la cual se sostuvo:
“(…) En este sentido, cabe aquí, hacer unas breves consideraciones acerca de la naturaleza jurídica y las distintas fases del procedimiento de partición, con las consecuencias y efectos que de ello se derivan.
Así, en el procedimiento de partición, disciplinado en los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se distinguen dos etapas. La primera, contradictoria, en la que se disipa el derecho de partición y la contradicción relativa al dominio común o cuota de los bienes a partir, cuyo trámite se sigue por el procedimiento ordinario, siempre y cuando en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a dicha partición; la segunda etapa del proceso comienza con la sentencia que ponga fin a la primera fase del proceso de partición y es la partición propiamente dicha, en ella se designa un partidor quien realiza la distribución de los bienes.
Ahora bien, cabe acotar, que el proceso de partición judicial puede ser de forma contenciosa o graciosa, ello se deriva del contenido de la norma rectora de dicho proceso, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, cuando se prevé a las partes la oportunidad para discutir los términos de la partición haciendo oposición, sin la cual o si se presenta extemporánea, no hay controversia ni discusión y el juez debe considerar procedente la partición. Así, si no se hace uso de ese medio de defensa o se ejerce extemporáneamente, no hay controversia y el juez debe considerar ha lugar la partición.
En cuanto a las etapas que pueden devenir del procedimiento de partición judicial, esta Sala, en sentencia Nº RC-00109, de fecha 12 de abril de 2005, expediente 04-4908, en el caso: de Nelson Lugo Osuna contra Francois Venne, señaló lo siguiente:
“...Aunado a ello, la Sala observa que el presente procedimiento de partición no se tramitó por la vía del juicio ordinario, cuya apertura sólo tendría lugar si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición, discusión sobre el carácter o la cuota de los interesados o contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes, sino más bien se pasó a la segunda fase del procedimiento que es la partición propiamente dicha, en la que se designó un partidor y se ejecutaron las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes.
Por consiguiente, debe destacar la Sala, que las actuaciones realizadas por el Tribunal y que fueron objeto del recurso de apelación interpuesto por el actor, fueron dictadas en un proceso que, por la naturaleza de lo acordado entre las partes, es de jurisdicción voluntaria y por ende, no recurrible en casación, por lo que con base a las precedentes consideraciones, debe declararse inadmisible el recurso anunciado, como de manera expresa, positiva y precisa se hará en el dispositivo del presente fallo…”.
El juez de alzada dejó sentado que en el caso concreto “...A los folios 7 al 10, ambos inclusive de la segunda pieza del presente expediente, cursa escrito presentado por la abogada EURIDICES DEL CARMEN PAREJO RAMÍREZ, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, ciudadana LEIDYS DEL VALLE RIVAS LÓPEZ, mediante el cual, en primer lugar se refiere a la fecha de inicio del presente juicio, así a los actos procesales del mismo; para luego alegar que una vez fenecido el lapso para la contestación de la demanda, en fecha 3 de Junio de 2004, solicitó la reposición de la causa al estado de admisión, por cuanto en el libelo de la demanda, la parte actora presentó para comprobar la propiedad sobre un inmueble, un documento que no es el exigido por las disposiciones legales del Código Civil, cuya solicitud le fuera negada por el Tribunal A-quo, mediante auto de fecha 98/08/2004 (sic), y confirmada por este Tribunal Superior, mediante decisión de fecha 18 de Febrero de 2005 (f.160 al 172, ambos inclusive de la primera pieza). Trayendo como resultado dicha decisión, a decir de ladiligenciante, que no hubo objeción por parte de la demandada de autos, referente a la partición; por lo que, solicitó al Tribunal A-quo, que fuese declarada la partición, declarada en fecha 13 de Mayo de 2005; contra la cual, la parte demandada ejerció recurso de apelación en fecha 13/05/2005, como se describió anteriormente; cuya actuación de parte de la representación judicial de la demandada, considera temeraria e infundada, al intervenir en el proceso sólo para retrasar y obstaculizar la terminación del mismo, siendo que no encuentra fundamento jurídico que justifique su apelación ...”.
De esta manera, consideró la recurrida que la parte demandada no presentó escrito de contestación a la demanda ni formuló oposición alguna respecto al derecho de partición o a la cuota de los bienes a partir, sino que por el contrario, solicitó extemporáneamente la reposición de la causa, pedimento que fue rechazado tanto por el juzgado a quo, como por la alzada, teniendo como efecto la declaratoria ha lugar de la partición solicitada.
Al respecto, la Sala observa que el presente procedimiento de partición no fue tramitado por la vía del procedimiento ordinario, cuya apertura sólo tendrá lugar si en la oportunidad de contestar la demandada hubiere oposición a la partición, discusión sobre el carácter o la cuota de los interesados o contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes a partir; sino por el contrario, se pasó a la segunda fase del procedimiento que es la partición propiamente dicha, en la que se designó un partidor y se realizaron las diligencias de determinación y valoración de los bienes, quedando pendiente la partición del inmueble a partir, lo cual en todo caso es un acto que será realizado por el partidor y no por el juez, constituyéndose en consecuencia en una partición judicial graciosa o voluntaria, por no existir verdadera contención entre las partes.
En este sentido, siendo que la demandada no presentó oposición en la contestación de la demandada, el trámite siguiente del presente procedimiento de partición, se configura como de jurisdicción voluntaria; es decir, que no tiene naturaleza contenciosa por cuanto no existe conflicto de intereses de relevancia jurídica, ni parte demandada que conforme el elemento material de la jurisdicción para la cosa juzgada (…)”. (Subrayado de la Sala).
Como se evidencia de las jurisprudencias anteriormente transcritas el procedimiento de partición consta de 2 etapas claramente diferenciadas, según la conducta procesal adoptada por la parte demandada, es decir, si ésta no contradice o no se opone a la partición, o lo hace en forma extemporánea, el juez, al no haber discusión respecto a los términos de ésta, debe emplazar a las partes al acto procesal subsiguiente el cual es su emplazamiento a los fines del nombramiento del partidor.
La otra hipótesis que establece la ley procesal es la relativa a la oposición que pudiere formular la parte demandada en la oportunidad de la contestación a la demanda sobre el carácter o cuota de los interesados, caso en el cual debe iniciarse la tramitación del procedimiento ordinario tal como lo preceptúa el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil.
En el caso bajo estudio, la recurrida consideró que la parte demandada no hizo oposición a la partición “propiamente dicha”, sino que únicamente se opuso a los requerimientos hechos por el actor en cuanto al valor de los bienes. Ciertamente dicha sentencia textualmente expresó:
“(…) Despejado lo anterior, pasa quien aquí decide a pronunciarse con respecto al mérito de la cuestión debatida, habiendo declarado el a quo con lugar la pretensión de partición de comunidad conyugal deducida y fijando oportunidad para el nombramiento del partidor, al considerar que en el sub iudice se había formulado la oposición prevista en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dispone:
Así las cosas, se observa que la parte actora ciudadano Pablo Policarpio Flores Valera demandó la partición de una comunidad conyugal, en virtud de haber quedado disuelto el vínculo matrimonial que lo unía con la ciudadana IVON CHINEA GONZÁLEZ, acompañando a la demanda como prueba fehaciente de su pretensión los siguientes recaudos:
Copia certificada de la sentencia de divorcio proferida en fecha 22 de febrero de 1999 por el Juzgado Superior Primero de Familia Menores (sic) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Copia certificada del documento de propiedad del inmueble constituido por un apartamento distinguido con el No. 4-B ubicado en el piso 4 de la Torre B del edificio Piscis, identificado en el libelo de la demanda, que por ser un documento público (sic). Estos documentos al no haber sido impugnados se le confiere pleno valor probatorio conforme a los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil.
Copia de la inspección judicial practicada con el objeto de dejar constancia de los bienes muebles identificados en autos, lo cual se aprecia de conformidad con lo previsto en los artículos 507 del Código de Procedimiento Civil, que al no haber sido impugnada identifica los bienes objeto de partición.
Ahora bien, luego de agotado el emplazamiento por carteles y darse por citada la accionada, dentro del lapso para dar contestación a la demanda, esta consignó escrito cursante a los folios 78 al 79, en el cual no se procedió a formular oposición en los términos consagrados en la norma ut supra indicada, es decir, con respecto a la partición propiamente dicha, al carácter de condómino o cuota de los interesados, limitándose únicamente el sujeto pasivo de la acción a oponerse los requerimientos hechos por el actor en cuanto al valor de los bienes y a lo pretendido en este sentido por el accionante y objetando los términos discutidos por las partes para realizar la partición amistosa y aduciendo la falta de indicación de los valores de los bienes objeto de partición en el libelo de la demanda (sic), señalando la vigencia de una medida de embargo preventivo decretada con motivo de la demanda de divorcio que motiva la partición (sic), desconociendo el monto exacto de las cantidades embargadas, razón por la cual promovió la prueba de inspección judicial para ser practicada en las empresas donde supuestamente trabajó el actor y al Banco Provincial, y consignó lo siguientes (sic) recaudos:
Copia de la sentencia de fecha 12 de noviembre de 1998 pronunciada por la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal, que anuló el primer fallo dictado por el Juzgado Superior en el juicio de divorcio llevado entre las partes.
Copia de la sentencia de divorcio de fecha 22 de febrero de 1999 emitida por Juzgado (sic) Superior Primero de Familia Menores de esta Circunscripción Judicial.
Copia de sentencia fechada 04 de agosto de 1999 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró perecido el recurso de casación ejercido en contra de la decisión del 22 de febrero de 1999.
Copia de las actuaciones realizadas por la Sala Undécima del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente.
Informes integrales practicados a la menor IVETTE NOEMI FLORES CHIENA (sic), expedido por la Unidad de Psicología Educativa, Clínica y Comunitaria.
Copia de las actuaciones realizadas ante la Oficina Ejecutora de Medidas de esta Circunscripción Judicial, con motivo del embargo decretado en el juicio de divorcio ya referido.
Los anteriores recaudos, que al no haber sido impugnados se aprecian a los efectos de la decisión, de conformidad con lo previsto en los artículos, 1.357 y 1.363 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, y lejos de enervar la pretensión de partición, ratifican lo alegado por el actor en cuanto a la existencia del vínculo conyugal y su disolución, y así se declara.
Ahora bien, todo lo antes explanado determina, que si bien es cierto, el a quo por auto de fecha 16 de enero de 2004, se pronunció con respecto a la tempestividad del escrito consignado por la parte demandada y que erróneamente consideró como de oposición la partición formulada, no es menos cierto, que al no haberse hecho la misma en la forma y por los motivos consagrados en el artículo 778 citado, se debe tener como no hecha y el procedimiento debe pasar a la siguiente etapa procesal constituida por la designación del partidor, criterio este que ha sido pacífico y reiterado por nuestro Máximo Tribunal en sentencia No. 00736 de la Sala de Casación Civil de fecha 27 de junio de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Tulio Álvarez Ledo, donde se dejó sentado lo siguiente:
“(…) En el juicio por partición de comunidad conyugal que sigue la ciudadana (…) según jurisprudencia de la Sala, de fecha 3 de agosto de 1998, en el juicio de Carmen Cecilia López Lugo contra Miguel Ángel Capriles Ayala (sic): “…Siendo el procedimiento de partición tal (sic) especial, se requiere un análisis detenido de las normas rectoras del juicio de partición (…) En el juicio de partición se pueden presentar dos situaciones diferentes, a saber:
1) Que en el acto de contestación no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en la demanda. En otras palabras, al no efectuarse oposición y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente, el juez debe emplazar a las partes para el nombramiento del partidor.
2) Si en el acto de contestación se realiza la oposición, esto quiere decir, que los interesados discuten, impugnan los términos de la partición, el procedimiento se sustanciará por el procedimiento ordinario, en cuaderno separado, sin impedir la división de aquéllos bienes cuyo dominio no discute, o se contradice, es decir, al haber discusión sobre el carácter o cuota de los interesados el procedimiento se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor (Art. 780 del C.P.C). (omissis).
Al no hacerse oposición no hay controversia, no hay impugnación sobre el carácter o cuota de los interesados…
En la segunda situación que contempla el juicio de partición, es decir, si los interesados realizan oposición, o contradice los términos de la partición, el proceso se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte la sentencia que embarace, como consagra (sic) el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplaza a las partes para el nombramiento del partidor…”. (Subrayado de esta Alzada).
En atención a lo establecido en la anterior jurisprudencia, que este sentenciador hace suya, se infiere que en el sub iudice, el juez de primera instancia ha debido emplazar a las partes para la designación del partidor, estando la demanda apoyada en prueba fehaciente, tal y como se desprende de autos. Igualmente, al no existir controversia en los términos que han quedado expuestos, ya que cualquier discusión en cuanto al valor de los bienes puede ser dilucidado en la segunda fase del procedimiento, resulta improcedente condenar en costas en esta primera fase del procedimiento de partición, por lo que mal puede hablarse que se dictó una sentencia que resolvió un contradictorio, ya que al haber conformidad por la parte demandada en la primera fase no contenciosa del procedimiento de partición, considerada la doctrina de jurisdicción voluntaria, se desprende que en ningún momento del iter procesal hubo contención alguna que ameritara la composición de la litis, por lo que no resultaba procedente la condenatoria en costas a la parte accionada, debiendo en todo caso el juez de la causa proceder a la partición de los bienes, fijando oportunidad para nombrar partidor, y así se declara.
De lo anterior debe entenderse que, en un procedimiento de partición donde no hubo contención y en el que no resultó alguna de las partes intervinientes ni en forma total ni parcialmente vencida, tal como lo establece el artículo 274 eiusdem, mal puede hablarse de condenatoria en costas procesales tomando en cuenta el criterio objetivo plasmado por el legislador, por lo que resulta improcedente lo decidido en este sentido por el a quo, y así se decide.
Por último, en lo que respecta a las objeciones formuladas por la parte demandada en cuanto a la competencia del tribunal civil para dirimir el procedimiento de marras, en virtud de los derechos de la menor habida en el matrimonio y del procedimiento que cursa por ante los tribunales de protección del niño y del adolescente, se debe ratificar que la partición de bienes en comunidad es una acción de naturaleza civil, cuya competencia por razón de la materia corresponde a la jurisdicción civil, aún cuando en ella estén involucrados intereses de menores de edad, y así lo ha dejado sentado recientemente sentencia No. 153 de fecha 02 de febrero de 2006 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, y así se declara.
Congruente con todo lo antes expuesto, resulta forzoso para esta alzada estimar parcialmente procedente el medio recursivo ejercido y modificar la sentencia dictada por el tribunal a quo en fecha 23 de mayo de 2005, debiéndose emplazar a las partes para la designación del partidor de conformidad con lo previsto en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.” (Cursivas de la Sala)
Como se observa, el tribunal de alzada consideró que la parte demandada no hizo formal oposición a la partición, por no haberse fundamentado en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no hizo oposición a la “partición propiamente dicha, al carácter de condómino o cuota de los interesados…limitándose únicamente… a oponerse los requerimientos (sic) hechos por el actor en cuanto al valor de los bienes”.
Por ello concluyó, que en virtud de no tenerse como hecha la oposición, lo indicado era emplazar a las partes para el nombramiento del partidor.
Al respecto, esta Sala, a los fines de verificar lo afirmado por el juzgado ad quem, estima pertinente transcribir la oposición realizada tempestivamente, por la parte demandada, la cual quedó expuesta en los siguientes términos:
“(…) PRIMERO: Lo expuesto con referente (sic) al único BIEN INMUEBLE, identificado en el libelo de la demanda, no se ajusta a la realidad, en cuanto a su precio exagerado y en el libelo no lo señala (sic), por lo que debe ser valorado realmente con un perito que el Tribunal (sic) señale, por lo que me opongo con (sic) la partición (sic) referente a este bien (sic).
SEGUNDO: Lo propuesto con referente (sic) al BIEN MUEBLES (sic), señalado en el libelo, obtenido a través de una Inspección judicial (sic), para que no se le escapara ningún objeto, y los cuales son también de uso necesario por su menor hija (sic), dicho ciudadano propuso canjearlos por la condenación de costas y costos producidos por el fallo en su contra del Juicio de Divorcio (sic), el cual fue muy reñido y subió dos veces a la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, lo que genero (sic) elevado costos y costas (sic), por lo que no se ajusta el valor de estos bienes muebles, que no está señalado su valor en el libelo de la demanda, con lo estipulado en la condenatoria de costos y costas por el fallo en su contra del Juicio de Divorcio (sic), por lo que me opongo.
TERCERO: Con lo propuesto, indicado en el punto segundo, en el libelo de la Demanda (sic) referente al cincuenta por ciento (50%) de sus Prestaciones Sociales (sic), el cincuenta por ciento (50%) del Saldo de Fideicomiso (sic), el cincuenta por ciento (50%) del Saldo de la Caja de Ahorro (sic) y de todos los haberes como empleado de LAGOVEN hoy P.D.V.S.A., con el cargo de Asesor de Proyectos y Sistemas (sic) SAP, con un salario mensual aproximadamente de TRES MILLONEAS (sic) DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000) y que logro (sic) por amistad, que informaran menos al Tribunal (sic), para el momento del embargo, sueldo que públicamente sabemos no bajaban de esa cantidad, me dijo que me correspondía solo (sic) VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES, lo que no es cierto, por lo que me opongo a este punto a partir (…)”. (Subrayado de la Sala).
De lo anteriormente transcrito se puede colegir, que la demandada, formuló oposición a los términos en que quedó planteada la partición, haciendo una serie de alegatos que contrarían la pretensión del actor, lo que revela la presencia de una controversia acerca de los bienes a partir.
No obstante lo dicho por la sentencia recurrida, observa la Sala, como quedó expuesto en líneas anteriores, que la parte demandada formuló de manera oportuna y expresa su intención de oponerse a la partición planteada, por lo tanto lo procedente era abrir el procedimiento ordinario a los fines que fuera resuelta la discrepancia surgida entre los interesados.
Por lo antes expresado, considera la Sala, que la sentencia de segunda instancia infringió el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, pues con su conducta quebrantó el derecho de defensa y el debido proceso de la demandada, al no tener como efectuada la oposición hecha por ésta dentro de la oportunidad para la contestación a la demanda, limitando así la posibilidad que le otorga la ley procesal de acceder a la jurisdicción ordinaria.
Por tanto, si la demandada se opuso a la partición, de forma expresa e inequívoca como se pudo verificar, alegando su objeción respecto a los términos en que el demandante planteó la misma, lo procedente en derecho era abrir el juicio ordinario, tal como lo dispone el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y no el emplazamiento de las partes para el nombramiento del partidor, pues es indudable que existe discusión entre los interesados sobre los bienes a partir.
De no ser así no podría ya obtener una decisión que resolviera la controversia planteada en esta fase, pues en la etapa concerniente a la partición no hay contención, sino sólo reparos u objeciones a la partición realizada por el partidor, de acuerdo con lo establecido en los artículos 785, 786 y 787 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, el juez con tal proceder quebrantó formas esenciales del procedimiento, causándole indefensión a la parte demandada, en los términos antes explicados, por lo que la denuncia debe declararse con lugar, tal como se hará de manera expresa positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se resuelve.
SCC 27-10-2009
Ponencia del Magistrado Isbelia Pérez Velásquez. Exp. Nº 08-657, dec. Nº 586:
No hay cuestiones previas en el procedimiento de partición
De acuerdo con la normativa legal citada y con el criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, se pone de manifiesto que en el procedimiento para realizar la partición de comunidad, se prevén dos fases claramente diferenciadas, a saber, una no contenciosa, que de no haber oposición de la parte demandada, determina la procedencia de la partición, dando lugar al nombramiento del partidor; y una fase contenciosa, en la que la parte accionada podrá expresar su interés en debatir sobre lo demandado, en la que se contempla la oposición, la discusión acerca del carácter de comunero y/o la discusión acerca de la cuota; y a la que sólo se tiene acceso a ella, cuando en la oportunidad de contestar la demanda, la parte accionada hubiere hecho oposición a la partición o discutiera el carácter o cuota de los interesados, la cual se tramitará por la vía del juicio ordinario.
En ese sentido, el Código Adjetivo que rige la materia, no prevé que se tramiten cuestiones previas en la etapa inicial ya mencionada, conjunta ni separadamente, por cuanto los términos de esta etapa se circunscriben a la común aceptación de la partición de la comunidad, lo que implica, que al no haberse formulado oposición a la partición o impugnando el carácter o cuota de los interesados, dentro de los veinte días de despacho siguientes a la fecha de citación que del último de los codemandados se hiciere, debe entenderse que no existe contradicciones entre las partes, lo cual conlleva a que se haga innecesario abrir la etapa contenciosa, y es por ello que ha de ordenarse de inmediato el emplazamiento de las partes para la elección del partidor.
SCC 22-6-01
PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR FRANKLIN ARRIECHE. Exp. Nº 00-843, sentencia Nº rc-0158:
Acuerdo de partición en 185-A CC
El artículo 173 del Código Civil, prohíbe la disolución y liquidación de la comunidad de bienes de manera voluntaria, excepto cuando alguno de los cónyuges la solicita por haber separación de cuerpos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 eiusdem. Asimismo, es posible la disolución de dicha comunidad por cualquiera de las causales taxativas mencionadas en el artículo 173, es decir por la declaración de la nulidad del matrimonio, la ausencia declarada, la quiebra de uno de los cónyuges y la separación judicial de bienes.
Estas causales no dependen de la voluntad de los cónyuges; son causales objetivas, legales y taxativas. Por tanto, es nula toda disolución y liquidación de la comunidad de bienes que sea expresión de la voluntad de los cónyuges, salvo que élla se formule sustentada en la separación de cuerpos, tal como lo señala expresamente el mencionado artículo 173:
“Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190”.
El artículo 190 del Código Civil señala:
“En todo caso de separación de cuerpos, cualquiera de los cónyuges podrá pedir la separación de bienes, pero, si aquella fuere por mutuo consentimiento, la separación de bienes no producirá efectos contra terceros, sino después de tres meses de protocolizada la declaratoria en la Oficina Subalterna de Registro del domicilio conyugal”.
Por otro lado, tal como lo establece el artículo 186 del Código Civil, con la sentencia que declara el divorcio se extingue el vínculo conyugal de las personas y cesa el régimen de común administración de los bienes.
En el caso bajo estudio, el Juez Superior, al declarar que la partición de bienes debe realizarse según el acuerdo establecido por las partes en el escrito de fecha 18 de enero de 1988, presentado con ocasión de la solicitud de divorcio basada en el artículo 185-A atribuye valor a una disolución y liquidación voluntaria prohibida por la ley, violando de esta manera los artículos 173 y 186 del Código Civil, por falta de aplicación.
La Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 21 de julio de 1999 (Caso: Lourdes Trinidad Mujica contra Adolfo José Marín Ordaz y Reparaciones Venezolanas de Calderas, S.R.L.) estableció:
“...Expone la recurrida que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 173 del Código Civil, todo pacto que se celebre sobre partición de la comunidad conyugal antes de ser declarado disuelto el vínculo matrimonial, es nulo, con la única excepción prevista en el artículo 190 eiusdem esto es, en el supuesto de la separación de cuerpos y de bienes. Por ello, concluye, dado que al presentarse la solicitud de declaratoria de divorcio con base en el artículo 185-A de ese mismo Código, no puede considerarse disuelto aún el matrimonio, el convenio que la misma contenga sobre partición, como es el caso del pacto cuya ejecución constituye el objeto del presente juicio, es nulo y carente de valor y efectos.
Por su parte, el formalizante sostiene que el pacto citado es válido si, como sucede en el caso, se sujeta a la condición de que surtirá sus efectos ‘una vez disuelto el vínculo conyugal’
Ahora bien, considera la Sala que es correcta la apreciación de la recurrida, porque tratándose como se trata de cuestiones de estricto orden público, el que se lo someta a una condición, no quita al pacto en referencia su naturaleza de convenio sobre liquidación y partición de la comunidad conyugal de bienes, celebrado antes de la disolución del matrimonio, y nulo por consiguiente, por efecto de lo dispuesto en el artículo 173 mencionado...”
En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento.
SCC 22-2-08
Ponencia del Magistrado Isbelia Pérez Velásquez. Exp. Nº 07-450, dec. Nº 95:
Debe acompañarse instrumento fehaciente que demuestre la existencia de la comunidad
No se puede acumular declaratoria de existencia de la comunidad concubinaria con demanda de partición
De la norma antes transcrita, se deduce claramente que la propia ley exige como requisito para demandar la partición de la comunidad concubinaria, que la parte actora acompañe a ésta instrumento fehaciente mediante el cual se acredite la existencia de la comunidad, es decir, la declaración judicial que haya dejado establecido la existencia de ese vínculo.
Por esa razón, es requisito sine qua non la declaración judicial definitivamente firme para poder incoar la demanda de partición de bienes, pues ésta constituye el documento fundamental que debe ser acompañado al libelo de demanda de partición concubinaria; además es el título que demuestra su existencia.
De igual manera, esta Sala observa que son pretensiones que deben ser tramitadas por procedimientos distintos. Así, la acción merodeclarativa se sustancia a través del procedimiento ordinario, pero la demanda de partición de la comunidad concubinaria, si bien podría llegar a tramitarse igualmente a través del procedimiento ordinario, conforme lo prevé el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, resulta que ello sólo ocurre cuando en la contestación de la demanda se objeta el derecho a la partición, a la cuota o proporción de lo demandado; de lo contrario se procede al nombramiento del partidor.
Por otra parte, se constata que según lo previsto en el artículo 780 eiusdem, “...la contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá en cuaderno separado...”, lo cual, una vez más, evidencia las particularidades de las que está revestido el procedimiento de partición, e imposibilita la acumulación de este tipo de demandas con una acción de merodeclarativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil.
Por último, en los procedimientos de partición de comunidad no es posible provocar la apertura del trámite breve de instrucción y sentencia en rebeldía, previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, ya que el artículo 778 del mismo Código, asigna otros efectos en caso de no haber el demandado presentado oposición; bajo este supuesto, corresponde al tribunal proceder de inmediato a la ejecución de la partición mediante el nombramiento del partidor.
De permitirse a una de las partes la posibilidad de incoar en una misma demanda la acción merodeclarativa de reconocimiento de unión concubinaria y la partición de bienes de esa comunidad, se le estaría lesionando a la otra parte su derecho de defensa, ya que se le estaría limitando la posibilidad de alegar y probar. En efecto, la demanda de partición comprende una serie de defensas relacionadas no sólo con la objeción del derecho de partición, sino que además permite otras referidas a la división, repartición de los bienes, propias del juicio de partición. Contrariamente, la acción de merodeclaración de existencia del vínculo concubinario persigue únicamente el reconocimiento judicial de una situación de hecho. Bajo estas circunstancias, no se le permitiría al demandado ejercer las defensas propias del procedimiento especial de partición de bienes.
Acorde con el criterio precedentemente expuesto, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en Sentencia de fecha 29 de abril de 2005, caso: Marcelo Maldonado Arredondo, estableció lo siguiente:
“…IV
Visto lo anterior, esta Sala observa que la parte accionante no fundamentó su disconformidad con la sentencia que resolvió, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta, sino que apeló en forma genérica de la mencionada decisión, por lo que la Sala pasa a conocer de la presente apelación en los siguientes términos:
El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo mediante sentencia del 20 de diciembre de 2004, declaró con lugar la cuestión previa opuesta por la demanda al considerar que “(…) pretender la partición y liquidación de bienes concubinarios sin tener un título fehaciente que origine la comunidad, resulta improcedente por así imponerlo el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil (…) el actor persigue el reconocimiento de una presunta comunidad concubinaria inexistente aún a los efectos de esta controversia, por lo que entiendo que la parte accionada pretende (sic) es que se excluya el proceso de partición y liquidación y, se sustancie en forma separada cada pretensión, en razón de las exigencias procesales de cada caso (…)”.
Ahora bien, dado que el amparo contra sentencias previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, procede cuando el Juez ha actuado “fuera de su competencia”, de manera que “lesione un derecho constitucional”; la acción de amparo contra actos jurisdiccionales ha sido concebida como medio procesal de impugnación contra decisiones judiciales, con características muy particulares que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia.
Así, se ha pretendido evitar que sean ejercidas acciones de amparo para intentar reabrir un asunto ya resuelto judicialmente, en perjuicio de la cosa juzgada de la decisión proferida. De allí, la necesaria estabilidad que debe otorgarse al contenido de las decisiones judiciales, como consecuencia del reconocido principio de cosa juzgada, razón por la cual, el amparo constitucional, como medio judicial que permite la restitución de los derechos constitucionales infringidos de manera breve, sumaria y eficaz, no puede convertirse en una tercera instancia.
Por ello, el amparo contra sentencias está sometido a estrictos requisitos, tendentes a evitar que, con el pretexto de la supuesta violación de derechos constitucionales, se intente revisar casos ya resueltos judicialmente en ambos grados de jurisdicción, por lo que, advierte esta Sala que no es suficiente que el denunciante invoque la violación de un derecho constitucional como infringido, sino que se pueda evidenciar que la violación alegada sea producto de un hecho que no haya sido juzgado en el mérito de la causa que precede la acción de amparo interpuesta.
De lo expuesto se desprende que la acción de amparo contra sentencias no es un medio para replantear, ante un órgano jurisdiccional, un asunto ya conocido y decidido por otro mediante sentencia firme, dentro de su ámbito de autonomía de aplicación del derecho, por cuanto el juez de amparo no actúa como una nueva instancia de conocimiento, sino como juzgador de la constitucionalidad de la actuación jurisdiccional. Al respecto, esta Sala, mediante decisión del 27 de julio de 2000 (caso: “Mercantiles Seguros Corporativos, SEGUCORP, C.A. y AgropecuariaAlfin, S.A.”), estableció lo siguiente:
“(…) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales (…)”. (Subrayado de este fallo).
Con respecto a lo anterior, esta Sala debe reiterar que la fijación del procedimiento aplicable previsto en la ley a un determinado juicio es materia propia de los jueces ordinarios, que sólo podrá ser analizada por el juez de amparo cuando la determinación que erradamente haya hecho el juez ordinario conlleve una directa, evidente y flagrante violación de algún derecho garantizado constitucionalmente, puesto que al juzgador constitucional le está vedado conocer el fondo del asunto discutido en el proceso que motiva la solicitud de tutela constitucional (Cfr. Sentencia de esta Sala del 20 de febrero de 2001, caso: “Alejandro Acosta Mayoral”).
Así, los errores cometidos por los jueces en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación sólo podrán ser materia de la acción de amparo cuando signifiquen una infracción constitucional cierta, diáfana e inmediata en la situación jurídica de un particular. En consecuencia, de acuerdo a la doctrina de la Sala antes citada, se considera que existe violación al debido proceso en aquellos supuestos en los que se determina que el juez aplicó un procedimiento incorrecto que limitó los lapsos procesales a las partes o, bien, obliga a los particulares a seguir un procedimiento innecesario que limita la posibilidad de obtener una tutela efectiva de sus pretensiones en el marco del ordenamiento jurídico vigente (Vid. Sentencias de esta Sala del 7 de noviembre de 2003, caso: “Central Parking System Venezuela, S.A.” y del 19 de octubre de 2001, caso: “Alí Coronado Montero”).
Ahora bien, en cuanto a las denuncias analizadas, no se evidencia violación a derecho constitucional alguno, pues el juez de alzada luego del análisis de la naturaleza de las pretensiones deducidas y de los recaudos que sustentaban las mismas, determinó la inepta acumulación de pretensiones. Igualmente, se evidencia que los términos en los cuales se dictó la sentencia impugnada, se acogen en principio a las previsiones del Código de Procedimiento Civil, referidas a la imposibilidad de acumular las pretensiones de reconocimiento, disolución, partición y liquidación de los bienes habidos en una comunidad concubinaria, en un mismo proceso judicial.
En este orden de ideas, esta Sala comparte el criterio que sostuvo el a-quo en las consideraciones para desestimar la acción interpuesta, toda vez que de los argumentos aducidos por la parte accionante en su escrito de amparo constitucional, se desprende que lo alegado por ésta no es más que su inconformidad con el criterio establecido en el fallo, lo cual no puede constituir en principio, materia revisable mediante la vía especial de amparo constitucional, en el cual se analiza la trasgresión o amenaza de violación directa de derechos constitucionales.
Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-1023, dec. Nº 331:
Efecto de la oposición y de la falta de oposición
El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber: 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; contra las decisiones que se produzcan en esta segunda hipótesis, se conceden tanto el recurso subjetivo procesal de apelación como el extraordinario de casación.
Dos fases de la partición
Este ha sido el criterio sostenido en forma reiterada por este Máximo Tribunal, asi se ha pronunciado la Sala en sentencia de fecha 2 de junio de 1999 en el juicio de Antonio Contreras y otro contra José Fidel Moreno:
“...El juicio de partición está conformado por dos fases o etapas: una, que se tramita por el procedimiento del juicio ordinario y, la otra, que es la partición propiamente dicha.
Aun cuando este proceso debe promoverse por los trámites del juicio ordinario, sin embargo, esta vía sólo se abre si hubiere oposición a la partición o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados. En el caso de que se contradiga la demanda, el proceso continuará su curso hasta dictarse sentencia definitiva y en el supuesto de que ello no ocurriera comenzarán a practicarse las actuaciones necesarias para el nombramiento del partidor, fase esta en la que se ejecutarán las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes.
Así lo ha interpretado esta Corte en su reiterada doctrina, entre la que se cita la contenida en el fallo del 2 de octubre de 1997 (Antonio Santos Pérez c/ Claudencia Gelis Camacho), en la que se dejó sentado lo siguiente:
‘...En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso...’. (Cursivas de la Sala).
Interpretación del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil
El artículo 780 del Código de Procedimiento Civil (Sic) establece:
Artículo 780: ‘La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.
Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor’.
Esta disposición adjetiva determina que, en aquellos casos, como el de autos, en el que se discuta el carácter o la cuota de los interesados, deberá sustanciarse el proceso por los trámites del juicio ordinario, hasta dictarse la sentencia definitiva que embarace la partición.
Para el Dr. Francisco López Herrera, en su obra ‘Derecho de Sucesiones’:
‘...La sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento de partición de herencia, es simplemente preparatoria de ésta: No efectúa división alguna, sino que se limita a decidir si la misma es o no procedente’...”.
Oposición sobre algunos bienes
En el subjudice, se está en el segundo de los supuestos señalados supra, es decir que en el procedimiento de partición hubo oposición sobre algunos de los bienes objeto de élla: Ahora bien, sobre aquellos bienes contra los que no la hubo, al estar de acuerdo los herederos en relación a su división, procedía sólo emplazar a las partes para que se realizara el nombramiento del partidor, no era menester realizar ningún otro pronunciamiento al efecto, de acuerdo a la doctrina comentada.
Con base a lo denunciado y para una mejor inteligencia de esta decisión, la Sala estima pertinente reproducir parcialmente el texto de la recurrida, la cual en su dispositiva reza:
“...5.-) Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por Liquidación y Partición de Comunidad Hereditaria incoaran los ciudadanos VICTOR JOSE TABORDA MASROUA, JOEL ENRIQUE TABORDA MASROUA Y YANIRA CARMEN TABORDA MASROUA, a través de sus apoderados judiciales, contra las ciudadanas ISABEL ENRIQUETA MASROUA Y YAJAIRA TABORDA MASROUA, partes suficientemente identificadas en la primera parte de este fallo.
Consecuencialmente los bienes hereditarios en que convinieron las partes así como el otro lote de terreno en que se opuso la parte demandada, deben ser Liquidados y Partidos en la Proporción siguiente: A la cónyuge ISABEL ENRIQUETA MASROUA, se le adjudicará UNA SEXTA DECIMA (6/10) parte de la herencia, y a cada uno de los cuatro (4) hijos: VICTOR JOSE, JOEL ENRIQUE, YANIRA CARMEN Y YAJAIRA TABORDA MASROUA, le corresponderá a cada uno UNA DECIMA (1/10) parte de los bienes hereditarios que se indican a continuación:...”
De la transcripción realizada, advierte la Sala, que el Juez Superior en su decisión, ciertamente establece las cuotas en las que deben adjudicarse los bienes sobre los cuales no hubo oposición. En este orden de ideas, es oportuno destacar que al no existir oposición, tal supuesto puede equipararse a un convenir de los demandados, de manera que en este estado de cosas, la labor del juez, en esta fase del proceso denominada “contradictoria”, debe limitarse a emplazarlas para que designen al partidor, quien en definitiva, posee la potestad de realizar la división sobre los bienes de la partición y liquidación que no fueron objeto de oposición, fijando para ello las cuotas que corresponderán a cada heredero, dentro de la segunda etapa del procedimiento llamada “ejecutiva”.
Decidir sobre las cuotas no corresponde al juez sino al partidor
Debe enfatizarse, el hecho de que no es al juez a quien corresponde pronunciarse sobre las proporciones en las que deban liquidarse los bienes integrantes del acervo hereditario, su función es la de decidir sobre la procedencia o no de la partición, pues, se repite, esa labor corresponde al partidor que al efecto y por mandato del sentenciador, deberán nombrar las partes.
Retomando el argumento esgrimido por el recurrente, se observa que la delación bajo estudio, endosa a la sentencia proferida por la Alzada, estar viciada de incongruencia por haber decidido sobre materia no sometida a su conocimiento, pues en su decir, la falta de oposición sobre determinados bienes, debe considerarse cosa juzgada, y al pronunciarse el ad quem, sobre el asunto y fijar las cuotas correspondientes a cada heredero, excedió el tema sometido a su decisión.
Con base en las anteriores consideraciones, las cuales emergen como resultado del análisis practicado en el subjudice, es necesario concluir, que efectivamente cuando las partes convinieron sobre determinados bienes objeto de la liquidación y partición, tales bienes quedaron fuera del debate judicial, sólo se hacía necesario ordenar a los coherederos la designación del partidor, sobre quien en definitiva debía recaer la obligación de fijar la cuota que correspondería a cada sucesor.
En este sentido el Juez Superior nada mas tenía que decidir sobre el acuerdo a que arribaron las partes, por lo que al resolver sobre un asunto no sometido a su conocimiento, no decidió sólo sobre lo alegado por los litigantes, excediendo con su conducta los términos de la litis, por lo cual su decisión se encuentra inficionada del vicio de incongruencia denunciado, contemplado en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR ANTONIO RAMÍREZ JIMENEZ. Exp. Nº rh00-147, dec. Nº 169:
SCC 2-10-97
Ponente Dr. Alirio Abreu Burelli. ANTONIO SANTOS PÉREZ contra CLAUDENCIA GELIS CAMACHO PÉREZ. Exp. 95-858:
Ratificando su doctrina sentada en fallo de fecha 23 de octubre de 1996, en el sentido de que, cuando se hayan subvertido las reglas del procedimiento, y la falta no fuere advertida por el recurrente, se pasará directamente a casar de oficio el fallo, sin analizar las denuncias que contenga el escrito de Normalización y ejerciendo en ello la facultad que le confiere el aparte cuarto del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que encontrara, aun cuando no se las hubiera denunciado, la Sala observa:
Tanto la sentencia del primer grado, como la recurrida, afirman que en la oportunidad de contestación a la demanda, la parte emplazada para la partición, no hizo oposición a la petición, ni discutió el carácter o la cuota de los interesados, por lo que se estaría en el supuesto del artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, en el cual, si ocurriera y se apoyare 'la demanda en una prueba fehaciente sobre la existencia de la comunidad, no habrá lugar a seguir el juicio ordinario y el litigio se limitará a lo relacionado con las diligencias de partición.
Sin embargo, en el caso de autos, el a quo admitió inicialmente -e indebidamente- una reconvención propuesta sólo nominalmente por la demandada, abrió el término de pruebas del juicio ordinario y ordenó también, paralelamente y luego de insistentes peticiones del apoderado actor, seguir el trámite del nombramiento de partidor, emitiendo luego una decisión en la que declaraba con lugar la demanda de partición y sin lugar la reconvención, pero sin indicar qué etapa del proceso pretendía decidir, lo cual resultaba necesario por la especialidad del régimen judicial de la partición.
En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso.
En ambas fases, por otra parte, puede haber lugar a los recursos ordinarios o extraordinarios que la cuantía del asunto permita, ejercibles tanto contra la sentencia del juicio previo que embarace la partición, como contra las determinaciones del partidor.
En el caso que aquí se examina, existió además el agravante de que la propuesta de partición no fue presentada por el partidor dentro de un lapso determinado que debió fijarle el tribunal –pero que no lo hizo– ni se notificó a las partes el hecho de esa presentación, de modo que pudiera comenzar a correr con las debidas garantías para los litigantes, el lapso para revisar y objetar la propuesta de partición, según lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, de lo cual depende bien que se decrete concluida la partición, o bien que deba ocurrirse a instancias superiores donde se resuelvan las objeciones que fueren planteadas oportunamente.
Frente a esa confusa situación procesal que generó la actuación del a quo, con infracción de los artículos 777 y 781 del Código de Procedimiento Civil, correspondía al superior de la recurrida ordenar el procedimiento decretando las nulidades y reposición pertinentes, lo cual omitió, incurriendo así en infracción del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 205 ejusdem.
En consecuencia de lo expuesto, con el fin de procurar la estabilidad del juicio y ajustándose en lo posible al principio de economía procesal, la Sala considera procedente decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la presentación al tribunal de la partición por el partidor, y al estado en que se notifique de la misma a los interesados, de modo que a partir de la última de las notificaciones, se siga el procedimiento dispuesto en los artículos 785 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
SCC 03-08-98
"Artículo 777.- La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes".
2) Si en el acto de contestación se realiza la oposición, esto quiere decir, que los interesados discuten, impugnan los términos de la partición y el procedimiento se sustanciará por el juicio ordinario, en cuaderno separado, sin impedir la división de aquellos bienes cuyo dominio no se discute, o se contradice, es decir, al haber discusión sobre el carácter o cuota de los interesados el procedimiento se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor (Art. 780 del C.P.C.).
Sin embargo, aprecia la Sala que cuando el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil prevé la contradicción al dominio común respecto de algunos bienes, los trámites se seguirán por el juicio ordinario. En otras palabras, al haber contradicción u oposición, se plantea una controversia que se regirá por las normas del procedimiento ordinario aceptando que las providencias que se susciten tienen apelación y se puede llegar hasta casación.
En efecto, tal como se explicó antes, cuando en el acto de contestación no se realiza la oposición, ni se discuten las cuotas de los interesados, el legislador estableció que al no haber discusión ni controversia, el Juez debe emplazar a las partes para que nombren partidor (Ad. 778 del C.P.C.). Esta norma, en forma clara y precisa, consagra el acuerdo de las partes para llevar adelante la partición, y ello se deduce de la propia conducta de los interesados al no hacer oposición, al no impugnar los términos en que se demandó la partición, situación que puede asimilarse a un convenimiento en la demanda, a un acuerdo mutuo en que prosiga la partición en cabeza de un partidor nombrado por las partes, es decir, no ha lugar a seguir el procedimiento ordinario. Pues bien, esta primera fase revestida de un principio de brevedad, no tiene apelación, y tampoco casación, porque al no haber oposición, no hay controversia que decidir y controlar, y las partes, de mutuo acuerdo prosiguen la partición nombrando un partidor. Esta situación expresada cuando no ha habido oposición, es una decisión que no tiene apelación y tampoco casación.
En cualquier estado de la causa podrán las partes solicitar cualquiera de las medidas preventivas a que se refiere el Libro Tercero de este Código, incluyendo la medida de secuestro establecida en el artículo 599. El depositario podrá ser nombrado por mayoría por los interesados, y a falta de acuerdo lo hará el Tribunal.
SCon 17-4-01
Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº 00-610, dec. Nº 546:
Nombramiento de administrador judicial especial de una sociedad mercantil
Ahora bien, se evidencia en las actas de este proceso que la demanda de amparo constitucional se ejerce contra el auto del 25 de febrero de 1999 dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante el cual, como medida cautelar innominada en un juicio de liquidación de comunidad de bienes conyugales, se designó un "administrador judicial especial", para ejercer el control de las empresas demandantes en amparo y “...que conforman el ‘holding’ perteneciente a la comunidad GONZALEZ-NOGUERA, a objeto de evitar los manejos en que viene incurriendo el demandado Emilio Gonzalez Marín”. La controversia se suscitó por cuanto las compañías afectadas por esta decisión estiman que las atribuciones y obligaciones acordadas al referido administrador vulneran sus derechos constitucionales económicos, a la propiedad y a la defensa y debido proceso.
Al respecto se observa, que tal y como lo precisó la sentencia consultada, debe aplicarse el criterio asumido por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en decisión del 8 de julio de 1997 (caso: Café Fama de América), a través de la cual se sostuvo que el nombramiento de administradores ad hoc, como medida cautelar innominada, debía estar limitado por las normas de Derecho Mercantil (Código de Comercio), por lo que las atribuciones conferidas a estos administradores no podían sustituir las de los diferentes órganos de las sociedades, ni tomar medidas en contra de las decisiones de las asambleas.
Efectivamente las empresas se encuentran integradas por varios órganos: la Junta Directiva, la Asamblea y los Comisarios, cuyas funciones son atribuidas por los estatutos sociales y por la Ley, permitiendo que se controlen entre sí y que la voluntad de la mayoría de los socios sea la que prevalezca. Es por ello que se ven limitadas las intervenciones del juez en el funcionamiento interno de las sociedades, ya que, de lo contrario, se alterarían y violentarían las funciones legal y estatutariamente conferidas a los referidos órganos.
Por las razones que anteceden estima esta Sala que, al acordarse la medida cautelar innominada objeto del presente amparo, efectivamente se cercenó el derecho constitucional de asociación de las empresas accionantes y en consecuencia resulta acertada la decisión del a quo al declarar con lugar la acción de amparo constitucional que se examina. Así se decide.
La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo dominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.
Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.
SCC 27-4-04
Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 03-158, dec. Nº 318:
Artículo 780 CPC: el demandado sólo formulo oposición respecto a un bien
Consta de las actas que conforman el expediente, que el demandado convino en la partición de los bienes de la comunidad con excepción de uno sólo, el cual alegó fue adquirido antes de la unión matrimonial y por ese solo motivo formuló oposición, lo que fue desestimado en la primera instancia y ejercido el recurso de apelación, fue considerada procedente.
Con base en estos hechos, la Sala deja sentado que la oposición sólo versó sobre ese bien específico que el demandado sostiene no pertenece a la comunidad conyugal, lo cual demuestra que el juez de alzada sólo tenía competencia para pronunciarse sobre la partición de ese bien en particular y no de los otros, respecto de cuya partición hubo acuerdo entre las partes, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil “...La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor...”.
PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR CARLOS OBERTO VÉLEZ. VICTOR JOSÉ TABORDA MASROUA y otros contra ISABEL ENRIQUETA MASROUA viuda de TABORDA y otra. Exp. Nº 99-1023, dec. Nº 331:
A solicitud del partidor el Tribunal podrá solicitar de los interesados los títulos y demás documentos que juzgue necesarios para cumplir con su misión y realizar a costa de los interesados cuantos trabajos sean imprescindibles para llevar a cabo la partición, como levantamientos topográficos, peritajes y otros semejantes, previa autorización del Juez, oída la opinión de las partes. El Juez fijará el término en que el partidor nombrado deba desempeñar su encargo, el cual no podrá prorrogarse sino por una vez.
SCC 23-7-03
Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-691, dec. Nº 352:
Impugnación del avalúo
Sentado lo anterior, la Sala pasa de seguida a conocer del fondo de la presente denuncia, para lo cual observa que el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, delatado por el formalizante, textualmente dispone:
“...A solicitud del partidor el Tribunal podrá solicitar de los interesados los títulos y demás documentos que juzgue necesario para cumplir con su misión y realizar a costas de los interesados cuantos trabajos sean imprescindibles para llevar a cabo la partición, como levantamientos topográficos, peritajes y otros semejantes, previa autorización del Juez, oída la opinión de las partes.
El Juez fijará el término en que el partidor nombrado deba desempeñar su encargo, el cual no podrá prorrogarse sino por una vez...”.
Ahora bien, examinadas las actas procesales, se evidencia que, efectivamente, la parte demandada en diversas oportunidades ante el tribunal de instancia, entre otras, en diligencias de fechas 11 de mayo y 15 de junio de 1998, y luego, en los informes rendidos ante la Alzada, impugnó y desconoció, tanto el procedimiento de nombramiento del perito avaluador como el informe técnico del avaluo presentado, solicitando además, la reposición de la presente causa al estado de nombrar nuevo partidor, por considerar que el designado emitió opinión de acuerdo a informe que presentó de manera extemporánea.
Sobre estos particulares la recurrida señaló, lo siguiente:
“...No hay duda, entonces, que el litigio en éste proceso se manifiesta en virtud de las alegaciones formuladas por el demandado respecto de que el partidor solicitó prórroga para rendir su informe cuando se encontraba vencido el lapso que se le había otorgado y por el nombramiento que se hizo del perito avaluador, que dice violentó las disposiciones legales contenidas en los artículos 452 al 457 del Código de Procedimiento Civil.
La designación del indicado perito no está regulada, en el caso de autos, por las formalidades a que se contrae la experticia, él es un auxiliar del partidor para que lo auxilie en las actividades propias de la partición, tales como levantamientos topográficos, que en todo caso, resultaría de la autorización del juez. Tampoco hubo en su oportunidad oposición de la demandada, con lo cual procede dicho nombramiento, que en el caso de autos se limitó al avalúo del inmueble. Así se decide.
En el emplazamiento que se hizo a las partes para nombrar al partidor, el apoderado de los demandados formuló recurso de apelación, que el tribunal de mérito acordó oír en un solo efecto, ordenando expedir las copias respectivas. No se pidieron las indicadas copias ni para la remisión de las actuaciones a la Alzada ni tampoco para recurrir de hecho y ante tal circunstancia se entiende que el trámite de la apelación fue abandonado. Así se declara.
De modo, pues, que al no haber rechazo u objeción válidamente interpuesta al nombramiento de partidor, ni tampoco se observa que en éste proceso tengan interés menores o entredichos, y estando comprobada la cualidad de comuneros de las partes, la cuota que corresponde a cada uno de ellos y debidamente fijada la existencia del bien objeto de la partición, resultaba innecesario el juicio cognoscitivo, que se ha limitado como antes se dijo, a reparos sobre el nombramiento del partidor y del perito. Así las cosas, se debe propender a dar facilidad para que se cumpla el proceso de la partición.
En efecto, el informe del partidor, distinto al consignado por el perito avaluador, fue rendido el día 28 de mayo de 1.998 (sic) y al limitarse la parte demandada a las diligencias sobre la formalidad de la prorroga y la extemporaneidad de su solicitud, encuentra quien decide que el lapso para objetar dicho informe transcurrió íntegramente, como se establece en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, lo que hace forzoso que dicha partición quede concluida, pues no hay diligencias en este expediente conforme al cual se hubiere pedido revisión por los interesados de aquel informe , ni en modo alguno objeción. Así se declara...”.
De todo lo antes expuesto, queda claro que el formalizante en diversas oportunidades durante el desarrollo del presente proceso y, en especial, en diligencia presentada ante el tribunal de la causa en fecha 11 de mayo de 1998, cursante a los folios 80 y 81 del expediente, objetó el procedimiento seguido para el nombramiento del perito avaluador, ciudadano GABRIEL TORRES SANCHEZ, impugnando, además, por excesivo el informe técnico de avalúo presentado.
Acierta el tribunal de la causa, luego la alzada, al señalar, que los interesados disponían del término de los diez (10) días siguientes a la presentación del informe de partición para formular las objeciones correspondientes, pues de lo contrario la partición quedaba concluida y así debía ser declarado por el tribunal.
Sin embargo, no es menos cierto, como alega el recurrente, que el artículo 781 del mencionado Código de Procedimiento Civil dispone que los imprescindibles trabajos de peritaje, además, de ser a costas de las partes, deben ser solicitados por el partidor y el juez debe oír la opinión de las partes antes de autorizar la realización de los mismos; siendo innegable que en el presente caso, la parte demandada objetó mediante diligencia 11 de mayo de 1998, tanto el procedimiento seguido para la designación del perito técnico avaluador, como el informe técnico de avalúo presentado el 7 de mayo de 1998, el cual se constituyó, en todo caso, en elemento determinante a considerar por el partidor para la elaboración de su informe, consignado al tribunal el 28 de mayo de 1998, y posteriormente impugnado por la representación de la parte demandada, en fecha 15 de junio de 1988, una vez agotados los 10 días previstos a tal fin por el mencionado artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, pero que en todo caso se encontraba también sustentada en una supuesta extemporaneidad del referido informe, pues según alegaron en dicha diligencia ante el tribunal a-quo y, posteriormente ante el tribunal de alzada, el partidor designado presentó su solicitud de prórroga una vez fenecido el lapso acordado para la presentación del informe.
Por todo lo antes expuesto, resulta evidente la confusa situación procesal que generó la actuación del a quo en la presente causa, quien haciendo caso omiso a las objeciones formuladas por la parte demandada respecto a la designación del perito avaluador, y mas importante aún, respecto al informe técnico de avalúo rendido a tal fin, que en todo caso sirvió de base para el informe de partición posteriormente presentado y, respecto al cual pesa un cuestionamiento de extemporaneidad ignorado también por el tribunal de la causa con base a un supuesto apego a la normativa del artículo 785 del Código de Procedimiento Civil; donde se omitió, además, ordenar la notificación de las partes respecto a la presentación de dicho informe de partición a los fines de que estas con las debidas garantías pudieran objetar, de así desearlo, dicha propuesta, esta Sala considera procedente, a los fines de garantizar la estabilidad del proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas, decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del momento de presentación al tribunal de la causa del informe por el partidor, debiéndose notificar de la misma a los interesados, de forma que a partir de la última de las notificaciones, se cumpla con el procedimiento pautado a tal fin en Titulo V, Capitulo II, “De la Partición”, del Código de Procedimiento Civil.
Puede apremiarse al partidor al cumplimiento de su deber en los mismos términos que a los peritos en los juicios de cuentas.
En la partición se expresarán los nombres de las personas cuyo bienes se dividen y de los interesados entre quienes se distribuyen, se especificarán los bienes y sus respectivos valores, se rebajarán las deudas; se fijará el líquido partible, se designará el haber de cada partícipe, y se le adjudicará en pago bienes suficientes para cubrirlo en la forma más conveniente, siguiendo a tal efecto las previsiones del Código Civil.
El partidor hará presente por escrito al Tribunal las dudas que le ocurrieren y éste las resolverá oyendo a los interesados si lo cree necesario.
Presentada la partición al Tribunal se procederá a la revisión por los interesados en el término de los diez días siguientes a su presentación. Si éstos no formularen objeción alguna, la partición quedará concluida y así lo declarará el Tribunal.
Si entre los herederos hubiere mejores, entredichos, o inhabilitados, será necesaria la aprobación del Tribunal, previo un detenido examen de la partición.
Si los interesados oponen a la partición reparos leves y fundados a juicio del Juez, mandará éste que el partidor haga las rectificaciones convenientes y verificadas, aprobará la operación.
Si los reparos son graves emplazará a los interesados y al partidor para una reunión y si en ella se llega a un acuerdo, el Juez aprobará la partición con las rectificaciones convenidas.
Si no se llega a acuerdo, el Juez decidirá sobre los reparos presentados dentro de los diez días siguientes. De la decisión se oirá apelación en ambos efectos.
SCC 27-2-2003
Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-748, dec. Nº 62:
Si se pretende probar hay que solicitar la apertura de la articulación probatoria
De la norma transcrita precedentemente se evidencia, que la ley no contempla ningún lapso probatorio para que las partes demuestren los reparos u objeciones efectuados a la partición; de manera que, en caso de requerirse la aclaratoria de algún hecho, corresponde a los interesados la carga de solicitar al juzgador la apertura de la articulación probatoria correspondiente, de conformidad con lo pautado en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
En el caso concreto, en la oportunidad procesal correspondiente, el demandado presentó sendos escritos de objeciones o reparos al informe efectuado por la partidora, dando inicio a una nueva fase de conocimiento sumario, en el que la ley no prevé un lapso probatorio para que la parte interesada demuestre los reparos presentados, que serán decididos en el lapso estipulado por el legislador para ello, tal y como sucedió en el caso que se revisa.
Por tanto, si el demandado, hoy recurrente, requería esclarecer los planteamientos contenidos en su escrito de objeciones o reparos a la partición, ha debido solicitar al juzgador la apertura de la correspondiente articulación probatoria, como antes se señaló. Lo que no puede pretenderse es que mediante una denuncia como la que se analiza la Sala ordene la reposición de la causa al estado de abrir un lapso probatorio no previsto en la ley.
SCC 19-7-00
Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 99-839, dec. Nº 245:
Reparos graves a la partición
Sostiene el formalizante que el artículo 1.071 del Código Civil, sólo puede ser aplicado por el juez en la medida que el partidor, en el informe respectivo, le hubiere planteado la incomodidad de dividir los bienes que integran la comunidad, lo cual no fue planteado por dicho auxiliar de justicia. Por el contrario, según afirma el formalizante, el partidor adjudicó en propiedad los bienes que integran la referida comunidad y en ningún momento sugirió la subasta de los mismos.
La recurrida se dictó con ocasión de la incidencia generada ante los reparos graves que la parte actora hizo a la partición presentada por el partidor, la que expresamente alegó que se subastaran dos de los bienes de la comunidad y que el tercero de dichos bienes se dividiera físicamente.
Por tanto, parte del controvertido en la referida incidencia, era precisamente la posibilidad de división de los bienes que integran la comunidad existente entre las partes, de lo que resulta necesaria la consideración del Tribunal acerca de la naturaleza de dichos bienes, inmuebles todos, para establecer si los mismos eran cómodamente divisibles o no. De allí que era necesario el examen de la norma denunciada como infringida a los fines de resolver la incidencia que dio lugar a la recurrida, la que por ello no resultó falsamente aplicada.
Ahora bien, en lo que respecta a la adjudicación de las cuotas por el partidor, a su vez, el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil, prevé con mucha mayor precisión cómo ha de realizar tal actividad el referido funcionario. De modo que, efectivamente, el partidor está llamado por ley a realizar las referidas adjudicaciones, las que sólo serán definitivas si los interesados no hicieren objeción a ellas dentro del plazo de diez días siguientes a la presentación de la partición, tal y como lo prevé el artículo 785 del mismo Código.
Por tanto, si se efectuaren objeciones a la partición, leves o graves, las adjudicaciones que hubiere hecho el partidor no podrán considerarse firmes hasta que las mismas sean resueltas definitivamente, observándose, en el caso de los reparos graves, que corresponde al juez en último término pronunciarse sobre la partición, por lo que no es correcta la afirmación del formalizante en el sentido de que el juez no podía disponer cosa distinta a la resuelta por el partidor, como si así se lo impusiera el artículo 1.076 del Código Civil.
Lo dispuesto en este Capítulo no coarta el derecho que tienen los interesados para practicar amigablemente la partición; pero si entre los interesados hubiere menores, entredichos o inhabilitados, será necesaria la aprobación del Tribunal correspondiente, según el Código Civil y las leyes especiales.

References: artículo 780
 artículo 778
 artículo 778
 artículo 780
 artículo 787
 artículo 780
 artículo 780
 artículo 359
 artículo 787
 artículo 780
 artículo 778
 resolución 
 artículo 777
 artículo 777
 artículo 208
 artículo 15
 artículo 778
 artículo 787
 artículo 780
 artículo 787
 artículo 787
 artículo 312
 artículo 778
 artículo 780
 artículo 778
 artículo 778
 artículo 780
 artículo 274
 artículo 778
 artículo 778
 artículo 778
 artículo 780
 artículo 173
 artículo 190
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 186
 artículo 185
 artículo 173
 artículo 190
 artículo 185
 artículo 173
 artículo 777
 artículo 780
 artículo 362
 artículo 778
 artículo 777
 artículo 4
 artículo 780
 artículo 780
 artículo 780

Artículo 780
 artículo 243
 artículo 320
 artículo 778
 artículo 785
 artículo 208
 artículo 205
 artículo 780
 artículo 599

Artículo 780
 artículo 780
 artículo 781
 artículo 785
 artículo 781
 artículo 785
 artículo 785
 artículo 607
 artículo 1
 artículo 783
 artículo 785
 artículo 1