Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/Grenada.12158a.htm
Timestamp: 2017-10-21 14:01:37+00:00

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59. En respuesta a las diversas normas que las partes han sugerido deben orientar a la Comisión en la determinación de las cuestiones a las que da vista, ésta desea aclarar que emprenderá el examen de los méritos de las denuncias de los peticionarios de acuerdo con el escrutinio más riguroso. Según esta norma de revisión, la Comisión someterá las alegaciones de las partes a un nivel más intenso de escrutinio para garantizar que toda privación de la vida que imponga el Estado parte en virtud de una sentencia de muerte cumple estrictamente con las disposiciones de la Convención, incluyendo en particular sus artículos 4, 5, 7 y 8. 38 La prueba de un escrutinio más riguroso es, como lo reconoció previamente la Comisión, congruente con el criterio restrictivo adoptado por la Comisión y por otras autoridades internacionales para con las disposiciones sobre pena de muerte de los tratados de derechos humanos.39 La prueba de un escrutinio más riguroso tampoco impide que la Comisión aplique la fórmula de la cuarta instancia, conforme a la cual, en principio, no examinará la sentencia pronunciada por los tribunales internos que actuaron dentro de su competencia y con las debidas garantías judiciales, a menos que las alegaciones del peticionario comporten una posible violación de algunos de los derechos consagrados en la Convención.40 Por lo tanto, la Comisión aplicará el más riguroso escrutinio a la determinación de las denuncias del presente caso.
2. Artículos 4, 5, y 8 de la Convención – Carácter obligatorio de la pena de muerte
a. El Sr. Jacob ha sido sentenciado a una pena de muerte obligatoria
60. Como se detalló anteriormente, los peticionarios alegan: i) la violación de los artículos 4, 5, 8 y 24 de la Convención, en relación con el carácter obligatorio de la pena de muerte y el proceso para el otorgamiento de una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia en Grenada; ii) la violación del artículo 5 de la Convención en relación con las condiciones de detención del Sr. Jacob, y iii) la violación del artículo 8 de la Convención en relación con la no disponibilidad de asistencia letrada para iniciar acciones constitucionales en Grenada.
61. Como se señaló anteriormente, el Estado no ha respondido a las comunicaciones de la Comisión del 9 de junio de 1999 y el 25 de septiembre de 2000, enviando la información que considerase pertinente en relación con el agotamiento de los recursos internos y las denuncias planteadas en la petición del Sr. Jacob, ni ha respondido a la comunicación de la Comisión en relación con la posibilidad de una solución amistosa en el caso del Sr. Jacob. En consecuencia, al determinar los méritos de las alegaciones que constan en la petición en relación con el Sr. Jacob, la Comisión presumirá que los hechos de que se informa en la petición del Sr. Jacob son verdaderos, siempre que las pruebas no lleven a conclusión diferente, en conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Comisión.
62. El Sr. Jacob fue condenado por homicidio en virtud de la Sección 234 del Código Penal de Grenada, que dispone que "quien quiera que cometa un homicidio se hará pasible de sufrir la muerte y de ser sentenciado a muerte".41 El delito de homicidio en Grenada puede, por tanto, considerarse sujeto a "pena de muerte obligatoria", a saber, una sentencia de muerte que la ley obliga a imponer a la autoridad que pronuncia la sentencia únicamente en base a la categoría del delito del que es hallado responsable el acusado. Una vez que el acusado es hallado culpable del delito de homicidio, la pena de muerte debe ser impuesta obligatoriamente. En consecuencia, el Tribunal no puede tener en cuenta las circunstancias atenuantes al imponer la pena de muerte y, por tanto, una vez que el jurado halló culpable al Sr. Jacob de homicidio punible con pena capital, la pena de muerte era el único castigo disponible. El Estado no ha negado el carácter obligatorio de la sentencia de muerte contra el Sr. Jacob:
63. Por lo tanto, como lo determinara la Comisión en casos anteriores,42 puede considerarse que los delitos de homicidio punibles con pena capital en Grenada están sujetos a "una pena de muerte obligatoria", a saber, una sentencia de muerte que la ley obliga a imponer a la autoridad que pronuncia la sentencia únicamente en base a la categoría del delito del cual es hallado culpable el acusado. Una vez que el acusado es hallado culpado del delito de homicidio punible con pena capital, debe imponerse la pena de muerte. En consecuencia, el Tribunal no puede tener en cuenta las circunstancias atenuantes al sentenciar a muerte a una persona, una vez emitida la condena de homicidio punible con pena capital.
64. Como se indica en la parte III de este Informe, el Sr. Jacob alega que el Estado violó sus derechos en virtud de los artículos 4(1), 4(2), 4(6), 5(1), 5(2), 8 y 24 de la Convención Americana, porque fue sentenciado a una pena de muerte obligatoria por el delito de homicidio. El Sr. Jacob también argumenta que el proceso de concesión de la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia en Grenada no ofrece una oportunidad adecuada para considerar las circunstancias individuales y es de por sí violatorio del artículo 4(6) de la Convención.
b. Pena de muerte obligatoria contra el Sr. Jacob y artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana
65. En casos anteriores43 que implican la aplicación de la pena capital en virtud de la Sección 234 del Código Penal de Grenada, la Comisión ha evaluado el carácter obligatorio de la pena de muerte en virtud de esa legislación, a la luz del artículo 4 (derecho a la vida),44 artículo 5 (derecho a un trato humano)45 y el artículo 8 (derecho a un juicio imparcial)46 de la Convención y los principios en que se fundan estas disposiciones. También ha considerado la pena de muerte obligatoria teniendo en cuenta las autoridades pertinentes de otras jurisdicciones internacionales y nacionales en la medida en que esas autoridades pueden informar las normas pertinentes que han de aplicarse en virtud de la Convención Americana.47 Sobre la base de estas consideraciones y análisis, la Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones.
66. Primero, la Comisión ha concluido que los órganos supervisores de los instrumentos internacionales de derechos humanos han sometido las disposiciones sobre pena de muerte de sus instrumentos rectores a la norma de una interpretación restrictiva para asegurar que la ley controle y limite estrictamente las circunstancias en que las autoridades de un Estado pueden privar de la vida a una persona. Esto incluye el cumplimiento estricto de las normas del debido proceso.48
67. Además, la Comisión ha identificado un reconocimiento general por parte de las autoridades nacionales e internacionales de que la pena de muerte es una forma de castigo que difiere en sustancia y en grado de otros medios de sanción. Es la forma absoluta de castigo que resulta en la confiscación del más valioso de los derechos, el derecho a la vida, y que, una vez implementado, es irrevocable e irreparable. En consecuencia, la Comisión ha determinado que el hecho de que la pena de muerte sea un castigo excepcional también debe ser reconocido en la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana.49
68. Por último, la Comisión ha observado que, de acuerdo con los términos expresos del artículo 4 de la Convención, ciertas circunstancias del delincuente y del delito del que se trate pueden prohibir la imposición o aplicación de la pena de muerte y, en consecuencia, deben tenerse en cuenta al sentenciar a muerte a una persona.50
69. En el contexto de estas normas y principios interpretativos, la Comisión también ha evaluado previamente la legislación sobre pena de muerte en virtud de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención, y ha llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte por sentencia obligatoria, como lo han hecho Grenada y Jamaica respecto del delito de homicidio punible con pena capital, no es congruente con los términos de los artículos 4(1), 5(1), 5(2), 8(1) y 8(2) de la Convención y los principios en los que éstos se fundan.51 A este respecto, la Comisión observa que una mayoría del Comité de Derechos Humanos de la ONU recientemente llegó a una conclusión similar en el contexto del artículo 6(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.52
70. La Comisión ha determinado que la imposición de la pena de muerte de manera congruente con los artículos 4, 5 y 8 de la Convención exige un mecanismo efectivo por el cual el acusado pueda presentar descargos y pruebas ante el Tribunal que pronuncia la sentencia acerca de si la pena de muerte es un castigo permisible y apropiado en las circunstancias de su caso. A juicio de la Comisión, esto incluye, aunque no se limita a ello, argumentos y pruebas en cuanto a si algunos de los factores incorporados en el artículo 4 de la Convención podrían prohibir la imposición de la pena de muerte.53
71. Para llegar a esa conclusión, la Comisión identificó un principio común a las jurisdicciones democráticas que han mantenido la pena de muerte, según el cual esta pena sólo debe implementarse mediante sentencias "individualizadas".54 A través de este mecanismo, el acusado tiene derecho a presentar argumentos y pruebas de toda posible circunstancia atenuante en relación con su persona o su delito, y el tribunal que impone la sentencia tiene discrecionalidad para considerar estos factores al determinar si la pena de muerte es un castigo permisible o apropiado. Los factores atenuantes pueden vincularse a la gravedad del delito en particular o al grado de culpabilidad del delincuente en particular, y pueden incluir factores tales como el carácter y los antecedentes del acusado, factores subjetivos que pudieron haber motivado su conducta, el diseño y la manera de ejecutar el delito en particular, y la posibilidad de reforma y readaptación social del acusado.
72. Aplicando estas conclusiones en el contexto del caso que actualmente tiene ante sí, la Comisión confirmó que el Sr. Jacob ha sido condenado por homicidio punible con pena capital en virtud de la Sección 234 del Código Penal de Grenada y que no se ha identificado disposición alguna en la Ley que permita al juez o al jurado considerar las circunstancias personales del delincuente o del delito, tales como los antecedentes o el carácter del delincuente, los factores subjetivos que pudieron haber motivado su conducta, la posibilidad de reforma o readaptación social del delincuente, al determinar si la pena de muerte es una pena apropiada para un determinado delincuente, en las circunstancias de su caso.
73. En el caso del Sr. Jacob, el juez de primera instancia no pudo considerar los factores atenuantes presentes ni el carácter y las circunstancias personales del Sr. Jacob. El Tribunal de primera instancia no pudo tener en cuenta la evidencia del Dr. Olubahkle Obikaya, psiquiatra consultor que atestiguó acerca del estado mental del Sr. Jacob en la fecha del delito. El Dr. Obikaya atestiguó que el Sr. Jacob se debatía con la intensa y desagradable convicción de que la occisa (con la que había tenido una relación personal antes de cometerse el delito), con la ayuda de alguien más, “le había hecho una brujería y en realidad creía que le causaría algún daño o correría algún peligro”. El Dr. Obikaya declaró también que el Sr. Jacob le informó que la relación con la occisa continuaba secretamente, porque la madre de ella no estaba de acuerdo con la relación. El Dr. Obikaya también declaró que el Sr. Jacob le relató que el 23 de abril de 1995, fecha de la muerte de la occisa, él y esta mantenían una conversación amistosa y que lo último que recordaba era que la occisa le había dicho: “Dennis, vas a morir".55
74. Además, el Dr. Obikaya atestiguó que, a esa altura, algo se produjo en el estado mental del Sr. Jacob, tal vez una descarga eléctrica anormal en el cerebro, y que era posible que el Sr. Jacob se encontrara bajo ese estado aquellal mañana. El Dr. Obikaya declaró que en ese estado, “la persona afirma una serie de acciones de las que no tiene ninguna conciencia y de las que no puede rendir cuentas después”, y que alguien en ese estado no podría discernir si la acción es correcta o no. Los peticionarios sostienen que el Dr. Obikaya atestiguó en las repreguntas que era posible que el Sr. Jacob se encontrara en ese estado mental anormal la mañana del 23 de abril de 1995 y, en respuesta al jurado, el Dr. obikaya declaró estar convencido de que el Sr. Jacob estaba diciendo la verdad.56 Tras satisfacer los elementos de la Sección 234 del Código, el Sr. Jacob fue condenado por homicidio. El Tribunal de primera instancia carecía de discrecionalidad al pronunciar la sentencia contra él porque la muerte es la pena automática, según la legislación de Grenada.
75. En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que, una vez que el Sr. Jacob fue hallado culpable de homicidio punible con pena capital, la ley de Grenada no permitía una audiencia de los tribunales para determinar si la pena de muerte era un castigo permisible o adecuado. No existió oportunidad de que el juez de primera instancia o el jurado considerasen factores tales del Sr. Jacob como su carácter y sus antecedentes, la naturaleza o la gravedad de su delito, o factores subjetivos que pudieran haber motivado su conducta, para determinar si la pena de muerte era un castigo adecuado. Análogamente, el Sr. Jacob no pudo presentar argumentos sobre estas cuestiones, como consecuencia de lo cual no existe en autos información sobre posibles factores atenuantes que pudieran haber sido presentados ante el tribunal de primera instancia. El tribunal sentenció al Sr. Jacob a una pena de muerte obligatoria únicamente en base a la categoría del delito por el cual fue condenado.
76. En este contexto, y a la luz del análisis anterior de la Comisión sobre la pena de muerte obligatoria, en virtud de la Convención, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado violó los derechos del Sr. Jacob consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2), y 8(1) de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la Convención, al sentenciarlo a una pena de muerte obligatoria.
77. Con respecto al artículo 4(1) de la Convención, la Comisión llega a la conclusión de que el tribunal de primera instancia se vio obligado por la legislación del Estado a imponer una sentencia de muerte contra el Sr. Jacob, sin ninguna discrecionalidad para considerar sus características personales y las circunstancias particulares del delito a fin de determinar si la pena de muerte era un castigo adecuado. El Sr. Jacob tampoco tuvo oportunidad de presentar argumentos y pruebas acerca de si la pena de muerte era un castigo adecuado en las circunstancias de su caso. Por el contrario, se impuso la pena de muerte al Sr. Jacob en forma automática y sin una distinción de principios o racionalización en cuanto a si era una forma adecuada de castigo en las circunstancias particulares de su caso. Además, la pertinencia de la sentencia impuesta no estaba sujeta a ninguna forma de revisión judicial efectiva y la ejecución y la muerte del Sr. Jacob a manos del Estado es inminente, habiendo sido su condena mantenida en instancia de apelación ante el tribunal superior de Grenada. Por lo tanto, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado, por su comportamiento, ha violado los derechos del Sr. Jacob consagrados en el artículo 4(1) de la Convención a no ser privado arbitrariamente de su vida y, por tanto, la sentencia de muerte contra el Sr. Jacob es ilegítima.57
78. La Comisión llega también a la conclusión de que el Estado, al sentenciar al Sr. Jacob a una pena de muerte obligatoria sin considerar sus circunstancias individuales, no ha respetado los derechos del Sr. Jacob a su integridad física, psíquica y moral, en contravención del artículo 5(1) de la Convención, y lo ha sometido a un castigo o tratamiento cruel, inhumano o degradante, en violación del artículo 5(2). El Estado sentenció al Sr. Jacob únicamente porque fue condenado por una categoría predeterminada de delito. En consecuencia, el proceso al que fue sometido el Sr. Jacob lo privaría del más fundamental de sus derechos, el derecho a la vida, sin considerar las circunstancias personales y las circunstancias particulares de su delito. Este tratamiento no sólo no reconoce ni respeta la integridad del Sr. Jacob como ser humano individual, sino que en todas las circunstancias lo ha sometido a un tratamiento de carácter inhumano y degradante. En consecuencia, el Estado ha violado los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención con respecto al Sr. Jacob.58
79. Por último, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado ha violado el artículo 8(1) de la Convención, leído conjuntamente con los requisitos del artículo 4 de la Convención, por someter al Sr. Jacob a una sentencia de muerte obligatoria. Al negar al Sr. Jacob una oportunidad para presentar argumentos y pruebas ante el juez de primera instancia en cuanto a si su delito ameritaba la pena capital de la muerte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención o con otro fundamento, el Estado también ha negado al Sr. Jacob su derecho a responder y defenderse plenamente de las acusaciones penales en su contra, en contravención del artículo 8(1) de la Convención.59
80. De las conclusiones de la Comisión se deriva que, si el Estado ejecutase al Sr. Jacob en virtud de su sentencia de muerte, ello constituiría otra violación irreparable de los artículos 4 y 5 de la Convención.
2. Artículo 4(6) de la Convención y prerrogativa de clemencia en Grenada
81. El artículo 4(6) de la Convención dispone que "toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente".
82. Los peticionarios en el presente caso también han sostenido que el proceso para la concesión de la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia en Grenada es incongruente con el artículo 4(6) de la Convención puesto que no prevé ciertos derechos procesales que los peticionarios afirman son necesarios para que el derecho sea efectivo. A este respecto, la autoridad del Ejecutivo en Grenada para ejercer la prerrogativa de clemencia está dispuesta en las Secciones 72, 73 y 74 de la Constitución de Grenada, que establecen lo siguiente:
72 (1) El Gobernador General puede, a nombre de Su Majestad,
73 (1) Habrá un Comité Asesor sobre la prerrogativa de clemencia que estará integrado por
83. Al abordar esta cuestión, la Comisión observa primero que en los casos de Rudolph Baptiste y Donnason Knights la Comisión determinó que el proceso para ejercer la prerrogativa de clemencia en virtud de la Secciones 72, 73 y 74 de la Constitución de Grenada no garantizaba a los condenados en esos casos una oportunidad efectiva y adecuada para participar en el proceso de clemencia, como lo establece el artículo 4(6) de la Convención.60
84. Al llegar a esta conclusión, la Comisión interpretó el derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia consagrado en el artículo 4(6), leído conjuntamente con las obligaciones que impone al Estado el artículo 1(1) de la Convención, en el sentido de que comprende ciertas garantías procesales mínimas para los condenados, a fin de que se respete y goce efectivamente ese derecho. Se sostuvo que esas protecciones incluyen el derecho de parte del condenado a presentar una solicitud de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia, a ser informado del momento en que la autoridad competente considerará el caso del acusado, a presentar argumentos, en persona o por vía de un asesor, ante la autoridad competente, y a recibir una decisión de la autoridad dentro de un plazo razonable antes de su ejecución.61 También se sostuvo que implica el derecho a que no se le imponga la pena capital en tanto esté pendiente de decisión de autoridad competente una petición.62
85. Al formular esta determinación en los casos de Rudolph Baptiste, Donnason Knights y McKenzie y otros, la información que tuvo ante sí la Comisión indicaba que ni la legislación ni los tribunales de Grenada y de Jamaica garantizaban a los reclusos en esos casos protección procesal alguna en relación con el ejercicio de la prerrogativa de clemencia. Por el contrario, los peticionarios y el Estado en esos casos indicaron que, de acuerdo con la jurisprudencia interna de esa época, el ejercicio de la facultad del indulto en Jamaica comportaba un acto de misericordia que no estaba sujeto a derechos legales y, por tanto, no estaba sometido a revisión judicial, y citaron en apoyo de este argumento la decisión del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso Reckley, supra.
86. Desde la aprobación del informe en los casos de Rudolph Baptiste, Donnason Knights y McKenzie y otros, la Comisión recibió información en el sentido de que el 12 de setiembre de 2000, por sentencia en el caso de Neville Lewis y otros c. el Procurador General de Jamaica, el Comité Judicial del Consejo Privado llegó a la conclusión de que la petición individual de clemencia al amparo de la Constitución de Jamaica está abierta a revisión judicial.63 El Comité Judicial del Consejo Privado también llegó a la conclusión de que el procedimiento para la clemencia debe ser ejercido mediante un proceso imparcial y adecuado, que exige, por ejemplo, que cada condenado sea notificado con suficiente antelación de la fecha en que el Consejo Privado de Jamaica considerará su caso, tenga oportunidad de presentar argumentos en respaldo de su caso y reciba copias de los documentos que serán considerados por el Consejo Privado de Jamaica para tomar su decisión.64
87. Pese a la determinación en el caso Neville Lewis, no existe información en el presente caso que indique que el Estado ha extendido a los condenados los requisitos jurídicos articulados en esa decisión. En consecuencia, en base a la información disponible, la Comisión llega a la conclusión de que el proceso a que tuvo acceso el Sr. Jacob para procurar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, no le ha garantizado una oportunidad efectiva y adecuada de participar en dicho procesos.
88. La Comisión también llega a la conclusión de que el Estado ha violado los derechos del Sr. Jacob en virtud del artículo 4(6) de la Convención Americana al no garantizarle un derecho efectivo de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, a presentar argumentos, en persona o por vía de un asesor, ante el Comité Asesor sobre la Prerrogativa de Clemencia, y a recibir una decisión de dicho Comité Asesor dentro de una plazo razonable antes de su ejecución.
89. Habida cuenta de las conclusiones que anteceden acerca de la legalidad de la sentencia de muerte impuesta al Sr. Jacob en virtud de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención, la Comisión no considera necesario determinar si la sentencia del Sr. Jacob a una pena de muerte obligatoria es violatoria de sus derechos a la igual protección de la ley, consagrados en el artículo 24 de la Convención.
4. Artículos 4 y 5 – Condiciones de detención y método de la ejecución
a. Condiciones de detención
90. Los peticionarios alegan que el Estado ha violado los derechos del Sr. Jacob a que se respete su integridad física, mental y moral, así como su derecho a no ser sometido a un castigo o tratamiento cruel, inusual o degradante, de acuerdo con los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana, en razón de las condiciones de detención a que fue sometido. Argumentaron también que estas condiciones tornan ilegítima la ejecución del Sr. Jacob, a estar a lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención.
91. En respaldo de sus alegaciones, los peticionarios suministraron a la Comisión detalles de las condiciones en que ha sido detenido el Sr. Jacob en espera de ejecución en la Penitenciaría de Richmond Hill, Grenada, después de su condena por homicidio, y sostienen lo siguiente:
Se encuentra recluido actualmente en espera de ejecución en una unidad constituida por una serie de celdas que contienen cada una un recluso. Las celdas de los condenados a muerte están situadas por debajo del edificio principal de la penitenciaría, en una zona denominada "Jonestown" (así llamada por la matanza de Jonestown, en Guyana, América del Sur, hace algunos años).
Su celda tiene aproximadamente 3 x 2 metros y pasa en ella alrededor de 23 horas por día, solo. Se le ha suministrado una cama y un colchón, pero no existe ningún otro mueble en su celda. Se le ha entregado un balde que debe usar para sus necesidades. Se le permite verter el contenido del balde una vez por día. Una vez utilizado, se ve obligado a soportar el olor y las condiciones antihigiénicas hasta que se le permite vaciarlo.
La iluminación de su celda es insuficiente, la celda no tiene ventanas ni tiene iluminación natural y, por consiguiente, carece de ventilación. La única luz de su celda es la de una lamparilla eléctrica situada en el corredor, en frente a la celda.
Se le suministran tres comidas por día. A veces se le trae la comida a la celda, donde tiene que comer solo. La alimentación en general es de mala calidad. Se le suministra agua potable.
Se le permite una hora de ejercicio por día. No existen facilidades para el ejercicio y su hora la pasa habitualmente de pie, en el patio.
Se le permite una visita por mes durante 15 minutos. Se le permite escribir y recibir una carta por mes.
Como recluso en espera de ejecución, no se le permite el acceso a los servicios de la penitenciaría. No se le permite utilizar la biblioteca ni tiene acceso al capellán o a los servicios religiosos.
Recibe una atención médica inadecuada. Las visitas del médico no son periódicas y no siempre está claro si podrá verlo cuando sea necesario.
92. Como se describió en la Parte III de este Informe, los peticionarios también se basan en fuentes generales de información relacionadas con las condiciones carcelarias de Grenada y de otros países del Caribe. Estas fuentes incluyen informes preparados en 1990 y 1991 por la organización no gubernamental "Caribbean Rights". Aunque ya tienen un tiempo, los informes tienden a respaldar las alegaciones del Sr. Jacob respecto de las condiciones en que ha sido encarcelado desde su arresto.
93. La Comisión considera que las opiniones de los peticionarios deben ser evaluadas a la luz de las normas mínimas articuladas por las autoridades internacionales para el tratamiento de los reclusos, incluidas las establecidas por las Naciones Unidas. Más particularmente, las Reglas 10, 11A, 11B, 12, 13, 15, 19, 21, 22(1), 22(2), 22(3), 24, 25(1), 25(2), 26(1), 26(2), 35(1), 36(1), 36(2), 36)3), 36(4) 40, 41, 57, 71(2), 72(3), y 77 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos65 (Reglas Mínimas de la ONU) disponen las normas básicas mínimas respecto del alojamiento, higiene, ejercicio, tratamiento médico, servicios religiosos y servicios de biblioteca para los reclusos, en los siguientes términos:
(2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales pastorales particulares a los reclusos de su religión.
94. Es evidente, sobre la base de las alegaciones de los peticionarios, que el Estado no ha satisfecho esas normas mínimas de un tratamiento adecuado para el Sr. Jacob. El efecto acumulativo de esas condiciones, sumado al tiempo prolongado en que el Sr. Jacob ha estado recluido en relación con su proceso penal, no puede considerarse congruente con el derecho a un trato humano consagrado en el artículo 5 de la Convención.66 Según la información suministrada por los peticionarios, las condiciones de detención a que ha sido sometido el Sr. Jacob no cumplen con varias de las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos en esferas tales como la higiene, el ejercicio y la atención médica.
95. Por ejemplo, el Sr. Jacob denuncia que su celda carece de ventanas, no tiene iluminación natural ni ventilación, y que la iluminación de la celda es insuficiente. Agrega que se le suministra un balde que debe usar para sus necesidades y que sólo tiene derecho a vaciar ese balde una vez por día, por lo cual se ve obligado a soportar olores desagradables y condiciones antihigiénicas después que el balde es utilizado. El Sr. Jacob afirma que no se le permite usar la biblioteca de la penitenciaría, ni se le permite el acceso a un capellán o a servicios religiosos. Además, el Sr. Jacob afirma que ha recibido atención médica inadecuada porque las visitas del doctor no son periódicas y nunca está claro si podrá ver al médico, de ser necesario. Finalmente, el Sr. Jacob sostiene que no existen mecanismos ni procedimientos adecuados en la penitenciaría para tramitar sus denuncias.
96. El Estado no ha respondido específicamente a la petición del Sr. Jacob con respecto a las condiciones de Grenada en general ni en lo que atañe a las condiciones del Sr. Jacob. El Estado, en el penúltimo párrafo de su contestación a la petición, aborda la cuestión de la detención prolongada en espera de ejecución, y declara lo siguiente: "También concuerdo en que los reclusos condenados en espera de ejecución en principio no deben ser sometidos a un período prolongado de encarcelamiento pues sin duda padecen una gran angustia y una agonía mental en esas condiciones. Sin embargo, esa angustia es una consecuencia inevitable de su detención y no constituye una violación independiente de sus derechos constitucionales".
97. En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que las condiciones de detención a que ha sido sometido el Sr. Jacob no respetan su integridad física, mental y moral, como lo requiere el artículo 5(1) de la Convención. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado es responsable de la violación de esta disposición de la Convención en lo que se refiere al Sr. Jacob, conjuntamente con el cumplimiento de las obligaciones que impone al Estado el artículo 1(1) de ese instrumento.
b. Método de ejecución en la horca
98. Los peticionarios también sostienen, respecto del Sr. Jacob, que su ejecución en la horca constituye un castigo o tratamiento cruel, inusual o degradante que contraviene el artículo 5(2) de la Convención, y afirman que, por tanto, su ahorcamiento es incongruente con los requisitos del artículo 4(2) de la Convención que rige la aplicación de la pena capital. Dadas sus conclusiones de la Parte IV del presente informe, de que la sentencia de muerte contra el Sr. Jacob contraviene los artículos 4, 5 y 8 de la Convención, lo que torna ilegítima toda posterior ejecución, la Comisión no considera necesario determinar si el método de ejecución empleado en Grenada constituye un castigo o tratamiento cruel, inhumano o degradante contrario al artículo 5(2) de la Convención.
5. Artículos 8 y 25– No disponibilidad de asistencia letrada para acciones constitucionales
99. Los peticionarios argumentan que no existe una asistencia letrada efectiva para acciones constitucionales ante los tribunales de Grenada y que esto constituye una violación del derecho del Sr. Jacob a un juicio imparcial consagrado en el artículo 8 de la Convención. Aunque los peticionarios no se refieren específicamente al artículo 25 de la Convención Americana, el derecho a una reparación efectiva, la Comisión considera que sus alegaciones relativas a la denegación de un recurso efectivo por ley también comprenden el artículo 25 de la Convención. Por tanto, la Comisión también analizó sus denuncias con relación a la no disponibilidad de asistencia letrada para acciones constitucionales al amparo del artículo 25 de la Convención, de conformidad con el artículo 28(f) de su Reglamento.67
100. Los peticionarios afirman que el hecho de que el Estado no proporcione asistencia letrada niega al Sr. Jacob el acceso a un tribunal, de hecho y de derecho. Los peticionarios argumentan que la interposición de acciones constitucionales ante los tribunales internos con frecuencia conlleva tratar de cuestiones sofisticadas y complejas de derecho que requieren asistencia de un asesor letrado. Además, los peticionarios afirman que el Sr. Jacob es indigente y que en la práctica no cuenta con asistencia letrada efectiva para emprender acciones constitucionales en los tribunales de Grenada. Los peticionarios también afirman que existe una gran escasez de abogados en Grenada que estén dispuestos a representar al Sr. Jacob pro bono.
101. Sobre la base de la información que tuvo ante sí, la Comisión se manifiesta satisfecha de que una acción constitucional que involucre cuestiones legales de la naturaleza que plantea el Sr. Jacob en su petición, como el derecho al debido proceso y la pertinencia de sus condiciones carcelarias, son procesal y substantivamente complejas y no pueden ser planteadas o presentadas efectivamente por el recluso sin contar con representación letrada. La Comisión también ha llegado a la conclusión de que el Estado no brinda asistencia letrada a los reclusos para emprender acciones constitucionales y que el Sr. Jacob es indigente, y, por tanto, no puede por otros medios obtener representación letrada para emprender acciones constitucionales.
102. La Comisión considera que en las circunstancias del caso del Sr. Jacob, las obligaciones del Estado con relación a la asistencia letrada para emprender acciones constitucionales derivan de los artículos 8 y 25 de la Convención. En particular, la determinación de los derechos a través de una acción constitucional ante un tribunal superior debe conformarse con los requisitos de un juicio imparcial, de acuerdo con el artículo 8(1) de la Convención. En las circunstancias del caso del Sr. Jacob, el Tribunal Superior de Grenada tendría que determinar si la condena del Sr. Jacob en un juicio penal violó sus derechos constitucionales. En ese caso, la aplicación del requisito de una audiencia imparcial en el Tribunal superior debe ser congruente con los principios del artículo 8(2) de la Convención.68 En consecuencia, cuando un condenado procura una revisión constitucional de irregularidades en un juicio penal y carece de medios para obtener asistencia letrada a efectos de emprender una acción constitucional, y cuando los intereses de la justicia así lo requieran, el Estado debe otorgar asistencia letrada.
103. Debido a la no disponibilidad de asistencia letrada, de hecho se ha negado al Sr. Jacob la oportunidad de impugnar las circunstancias de su condena en virtud de la Constitución de Grenada, en un juicio imparcial. Esto, a su vez, constituye una violación del derecho que le otorga el artículo 8(1) de la Convención Americana.69
104. Además, el artículo 25 de la Convención otorga a las personas el derecho a un recurso sencillo y rápido ante un tribunal competente, para protegerse contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por las constituciones o leyes del Estado afectado o por la Convención. La Comisión ha declarado que el derecho a un recurso consagrado en la Sección 25, leído conjuntamente con la obligación que impone el artículo 1(1) y las disposiciones del artículo 8(1), debe entenderse como el derecho de toda persona a dirigirse a un tribunal cuando alguno de sus derechos ha sido violado (sea un derecho protegido por la Convención, la Constitución o la legislación interna del Estado afectado), a fin de obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente que establecerá si ha existido o no una violación y fijará, si corresponde, una compensación adecuada.70
105. Además, la Corte Interamericana ha sostenido que si se requieren servicios legales, como cuestión de derecho o de hecho, para que un derecho garantizado por la Convención sea reconocido y si la persona no puede obtener esos servicios en razón de su indigencia, dicha persona queda exceptuada del requisito de la Convención de agotar los recursos internos.71 Si bien la Corte pronunció este dictamen en el contexto de las disposiciones de la Convención sobre admisibilidad, la Comisión considera que los comentarios de la Corte también arrojan luz en el contexto del artículo 25 de la Convención, en las circunstancias del presente caso.
106. Al no poner a disposición del Sr. Jacob asistencia letrada para emprender acciones constitucionales en relación con su proceso penal, el Estado en efecto ha impedido al Sr. Jacob el recurso a un tribunal competente en Grenada para protegerse contra actos que pudieron violar sus derechos fundamentales en virtud de la Constitución de Grenada y de la Convención Americana. Además, en casos de pena capital, en que las acciones constitucionales se vinculen a procedimientos y condiciones a través de las cuales se ha impuesto la pena de muerte y, por tanto, se vinculen directamente al derecho a la vida y a un trato humano del acusado, la Comisión opina que una protección efectiva de esos derechos no puede quedar librada a la perspectiva aleatoria de que un abogado esté dispuesto o disponible para representar sin cargo al acusado. El derecho a una protección judicial de estos derechos más fundamentales debe estar garantizado a través de la prestación efectiva de asistencia letrada para emprender acciones constitucionales.72 No se puede decir que el Estado ha otorgado esa protección al Sr. Jacob. En consecuencia, el Estado no ha cumplido las obligaciones que dispone el artículo 25 de la Convención Americana en relación con el Sr. Jacob.
107. Por consiguiente, la Comisión concluye que el Estado no ha respetado los derechos del Sr. Jacob consagrados en el artículo 8(1) de la Convención por negarle una oportunidad de impugnar las circunstancias de su condena al amparo de la Constitución de Grenada, en un juicio imparcial. La Comisión también concluye que el Estado no ha brindado al Sr. Jacob un recurso sencillo y rápido ante un tribunal competente para protegerse contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la legislación de Grenada, o por la Convención, y, por tanto, ha violado los derechos del Sr. Jacob a la protección judicial, consagrados en el artículo 25 de la Convención.
V. ACTUACIONES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL
INFORME N° 98/01
108. El 11 de octubre de 2001 la CIDH, en su 113º período ordinario de sesiones, aprobó el Informe Nº 98/01, en este caso sobre la base del artículo 50 de la Convención.
109. El 23 de octubre de 2001 la Comisión remitió al Estado el Informe N° 98/01 y le solicitó que le informara, dentro de los dos meses siguientes, las medidas que hubiera adoptado para cumplir con las recomendaciones formuladas para resolver la situación denunciada.
110. Al 23 de diciembre de 2001, fecha de expiración del plazo, la Comision no habia recibido respuesta del Estado de Grenada al Informe 98/01.
111. En consecuencia, la Comisión, sobre la base de la información presentada y del debido análisis en conformidad con la Convención Americana, reitera sus conclusiones de que el Estado de Grenada es responsable de lo siguiente:
112. El Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Jacob consagrados en los artículos 4(1), 5(1) 5(2) y 8(1), conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, por sentenciar al Sr. Jacob a una pena de muerte obligatoria.
113. El Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Jacob consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no brindar al Sr. Jacob un derecho efectivo de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
114. El Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Jacob consagrados en el artículo 5(1) de la Convención Americana, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no respetar el derecho del Sr. Jacob a la integridad física, mental y moral, por confinarlo en condiciones de detención inhumanas.
115. El Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Jacob consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no otorgarle asistencia letrada para iniciar una acción constitucional.
116. El 22 de marzo de 2002, de conformidad con los artículos 51(1) y 51(2) de la Convención Americana, la Comisión remitió al Estado de Grenada el Informe N° 29/02 sobre este caso, el cual fue aprobado el 12 de marzo de 2002, y otorgó al Estado de Grenada un plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones anteriormente mencionadas y resolver la situación bajo análisis.
117. El plazo de un mes ha vencido y la Comisión no ha recibido una respuesta del Estado de Grenada respecto a sus recomendaciones en este caso.
118. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de los dispuesto en los artículos 51(3) de la Convencion Americana y 48 del Reglamento de la CIDH, ésta decide reiterar las conclusiones y recomendaciones del presente informe, hacerlo público e incluirlo en su Informe Annual a la Asamblea General de la OEA. De acuerdo con su mandato, la Comisión continuará evaluando las medidas adoptadas por Grenada con respecto a las recomendaciones indicadas, hasta que se haya demostrado su pleno cumplimiento.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., el día 21 del mes de octubre de 2002. Firmado: Juan Méndez E. Presidente; Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo y Clare K. Roberts Comisionados.
38 Donnason Knights, (Grenada) Informe N° 47/01, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000, Vol. II, 841 OEA/Ser.L/V/II. 111, Doc. 20 rev., 16 de abril de 2001; y los siguientes casos pueden encontrarse en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000 – Rudolph Baptiste, Informe N° 38/00, Caso N° 11.743 (Grenada), Informe Anual de la CIDH 1999, pág. 721, p. 738; Informe N° 48/01, Michael Edwards, Caso N° 12.067 (Bahamas) pág. 620, Omar Hall, Caso N° 12.068, pág. 620 (Bahamas), Brian Schroeter y Jerónimo Bowleg, pág. 620 (Bahamas), McKenzie y otros (Jamaica), Informe N° 41/00, Informe Anual de la CIDH 1999, pág. 918, p. 967.
39 Véase, por ejemplo, los casos McKenzie y otros, Rudolph Baptiste, Donnason Knights, supra, párr. 169.
40 Véase Santiago Marzioni c. Argentina, Informe N° 39/96, Informe Anual de la CIDH 1996, pág. 76, párr. 48-52. Véase también Clifton Wright c. Jamaica, Caso 9260, Informe Anual de la CIDH 1987-88, pág. 154, y William Andrews c. Estados Unidos, Informe N° 57/96, Caso 11.139, pág. 614, párr. 170.
41 Sección 234 del Código Penal, Título XVIII, Capítulo 76, pág. 790, que contiene una excepción a la pena de muerte por el delito de homicidio. La excepción establece:
42 Donnason Knights, (Grenada) Informe N° 47/01, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000, Vol. II, 841 OEA/Ser.L/V/II. 111, Doc. 20 rev., 16 de abril de 2001; y los siguientes casos pueden encontrarse en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000 – Rudolph Baptiste, Informe N° 38/00, Caso 11.743 (Grenada), Informe Anual de la CIDH 1999, pág. 721, p. 738; Informe N° 48/01, Michael Edwards, Caso 12.067 (Bahamas) pág. 620, Omar Hall, Caso 12.068, pág. 620 (Bahamas), Brian Schroeter y Jerónimo Bowleg, pág. 620 (Bahamas), McKenzie y otros (Jamaica), Informe N° 41/00, Informe Anual de la CIDH 1999, pág. 918, pág. 967, párr. 178.
43 Donnason Knights, (Grenada) Informe N° 47/01, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000, April 16, 2000 – Rudolph Baptiste, Informe N° 38/00, Caso 11.743 (Grenada) Informe Anual de la CIDH 1999, 721, 738.
44 El artículo 4 de la Convención Americana dispone lo siguiente:
45 El artículo 5 de la Convención dispone:
artículo 5 – Derecho a la integridad personal
46 El artículo 8(1) de la Convención dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
47 Véase, por ejemplo, Convención, artículo 29 (donde se establece que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados, ni excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.)
48 Donnason Knights, supra, 875-882, Rudolph Baptiste, supra, 740-763; Caso McKenzie y otros, supra, párr. 186-187, donde se cita la Opinión Consultiva OC-3/83 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 8 de setiembre de 1983, Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4(2) y 4(4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Informe Anual 1984, pág. 31, párr. 52 (donde se concluye que el texto del artículo 4 de la Convención en su conjunto revela una clara tendencia a restringir el alcance de la pena de muerte tanto en su imposición como en su aplicación.); Anthony McLeod c. Jamaica, Comunicación N° 734/1997, ONU Doc. CCPR/C/62/734/1997. Véase, análogamente, Caso Baptiste, supra, párrs. 74 y 75.
49 Donnnason Knights, supra, 875-882, Rudoph Baptiste, supra, 740-763; Caso McKenzie y otros, supra, párr. 188, donde se cita, entre otros, a Woodson c. Carolina del Norte 49 L Ed 2d 944, 961 (en que se llega a la conclusión de que la pena de muerte es cualitativamente diferente de una sentencia de penitenciaría, por prolongada que ésta sea. La muerte, en su finalidad, difiere más de la cadena perpetua que lo que difiere una condena de 100 años de prisión de sólo un año o dos de prisión. Dada esta diferencia cualitativa, existe una diferencia consiguiente en la necesidad de confiabilidad en el dictamen de la muerte como castigo apropiado en cada caso específico).
50 Ibid, párr. 189, donde se cita la Opinión Consultiva OC-3/83, supra, párr. 55 (en que se observa, respecto del artículo 4 de la Convención que "puede considerarse que existen tres tipos de limitaciones aplicables a los Estados partes que no han abolido la pena de muerte. Primero, la imposición o aplicación de esta sanción está sujeta a ciertos requisitos procesales cuyo cumplimiento debe observarse y revisarse estrictamente. Segundo, la aplicación de la pena de muerte debe limitarse a los delitos comunes más graves no relacionados con delitos políticos. Por último, deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones que involucran a la persona del acusado, que podrían impedir la imposición o aplicación de la pena de muerte).
51 Ibid, párrs. 193-207. Véase, análogamente, Caso Baptiste, supra, párrs. 80-94.
52 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Eversley Thompson c. St. Vincent y las Granadinas, Comunicación N° 806/1998 (18 de octubre de 2000).
53 Donnason Knights, supra, 875-882, Rudoplph Baptiste, supra, 740-763; y Caso McKenzie y otros, supra, parr. 207
54 Caso McKenzie y otros, supra, párrs. 208, 212-219, donde se cita Woodson c. Carolina del Norte 49 L Ed 2d 944 (U.S.S.C.); El Estado c. Makwanyane y McHunu, Sentencia, Caso N° CCT/3/94 (6 de junio de 1995) (Tribunal Constitucional de la República de Sudáfrica); Bachan Singh c. Estado de Punjab (1980) 2 S.C.C. 475 (Corte Suprema de la India). Véase también Caso Baptiste, supra.
57 Véase, análogamente, caso McKenzie y otros, supra, párr. 234; caso Baptiste, supra, párr. 127
58 Véase, análogamente, caso McKenzie y otros, supra, párr. 235; caso Baptiste, supra, párr. 128.
59 Véase, análogamente, caso McKenzie y otros, supra, párr. 237; caso Baptiste, supra, párr. 130
60 Rudolph Baptiste, supra, 760-76; Donnason Knights, supra 878-882; y Caso McKenzie y otros, supra, párrs. 227-232.
61 Ibid, párr. 228.
62 Ibid. La Comisión razonó que el derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia previsto en el artículo 4(6) de la Convención puede considerarse similar al derecho consagrado en el artículo XXVII de la Declaración Americana, conforme al cual toda persona puede "procurar y recibir" asilo en un territorio extranjero, de conformidad con las leyes de cada país y con los acuerdos internacionales, que la Comisión ha interpretado, conjuntamente con la Convención de 1951 relativa a la condición de refugiado y el Protocolo de 1967 relativo a la condición de refugiado, da lugar a un derecho en virtud del derecho internacional a que la persona que busca refugio disponga de una audiencia para determinar si está calificada para obtener la condición de refugiado. Véase Haitian Center for Human Rights y otros c. Estados Unidos, Caso 10.675 (13 de marzo de 1997), Informe Anual de la CIDH 1996, párr. 155. La Comisión también observó que algunas jurisdicciones del derecho común que mantienen la pena de muerte han establecido procedimientos a través de los cuales los condenados pueden iniciar y participar en el proceso de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia. Véase Constitución de Ohio, Art. III, s.2, Ohio Revised Code Ann., s. 2967.07 (1993). Véase también la Autoridad que concede la Libertad Condicional en Ohio c. Woodward, Court File N° 96-1769 (25 de marzo de 1998) (U.S.S.C.)
63 Neville Lewis y otros c. el Procurador General de Jamaica y Superintendente de la Penitenciaría del Distrito de St. Catherine, Apelaciones ante el Consejo Privado Nos. 60 de 1999, 65 de 1999, 69 de 1999 y 10 de 2000 (12 de setiembre de 2000) (J.C.P.C.), pág. 23.
64 Ibid, 23 y 24.
65 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, aprobadas el 30 de agosto de 1945 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ONU Doc. A/CONF/611, anexo I, E.S.C. res. 663C, 24 ONU ESCOR Supp. (N°1), 11, ONU Doc. E/3048 (1957), enmendada E.S.C. res. 2076, 62 ONU ESCOR Supp. (N°1), 35, ONU Doc. E/5988 (1977).
66 Véase análogamente Comisión Europea para la Prevención de la tortura o un Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante (CPT), Segundo Informe General sobre las Actividades del CPT que abarcan el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1991, Ref. CPPT/Inf. (92) 3 (13 de abril de 1992), párrs. 44-50 (donde se critican las condiciones carcelarias por hacinamiento, ausencia de por lo menos una hora de ejercicio al aire libre todos los días para los reclusos, y la práctica de que los reclusos hagan sus necesidades en un balde, y donde se declara que el Comité está particularmente preocupado al comprobar una combinación de hacinamiento, actividades insuficientes y acceso inadecuado a servicios higiénicos en el mismo establecimiento. El efecto acumulativo de estas condiciones puede ser sumamente perjudicial para los reclusos.
67 El artículo 28 dispone que “las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información”...”f) la indicación del Estado que el peticionario considera responsable por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado”.
68 Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (artículos 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Informe Anual 1991, párr. 28 (donde se interpreta el artículo 8(1) de la Convención en los siguientes términos:
69 Véase, análogamente Currie c. Jamaica, Comunicación N° 377/1989, ONU Doc. N° CCPR/C/50/D/377/1989 (1994), párr. 13.4 (donde se concluye que cuando un condenado procura revisión judicial de irregularidades en un juicio penal y carece de medios suficientes para solventar los costos de la asistencia letrada para procurar una reparación constitucional, y cuando así lo requiera el interés de la justicia, el artículo 4(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que el Estado provea asisencia letrada).
70 Véase Caso de Perú, supra, págs. 190 y 191.
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos, supra, párr. 30.
72 Véase, análogamente, Comité de Derechos Humanos de la ONU, William Collins c. Jamaica, Comunicación N° 240/1987, ONU Doc. N° CCPR/C/43/D/240/1987 (1991), párr. 7.6 (donde se llega a la conclusión de que, en los casos de pena capital, no sólo debe ofrecerse asistencia letrada, sino que debe permitirse que el asesor letrado prepare la defensa de su cliente en circunstancias que garanticen la justicia)

References: artículo 5
 artículo 8
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 8
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 artículo 6
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 artículo 8
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 artículo 8
 Artículo 4
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 artículo 1
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 artículo 24
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 artículo 5
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 artículo 1
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 artículo 4
e contrario
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 25
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 artículo 28
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 8
 artículo 25
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 artículo 8
 artículo 25
 artículo 50
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5

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 artículo 8
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 4
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 artículo 8
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