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Timestamp: 2019-01-16 08:45:30+00:00

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Preguntamos por las medidas para paliar la demora en la percepción de las subvenciones de los Centros Especiales de Empleo | Defensor del Pueblo Andaluz
Preguntamos por las medidas para paliar la demora en la percepción de las subvenciones de los Centros Especiales de Empleo
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Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/0669 dirigida a Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Secretaría General de Empleo
La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, desde sus inicios, ha sido especialmente sensible con las cuestiones que afectan a la inserción laboral de las personas con discapacidad, lo que ha dado lugar a múltiples intervenciones para la defensa y protección de los derechos de este sector de población, especialmente vulnerable, que se encuentra con serias dificultades para hacer efectivos en nuestra sociedad los principios constitucionales de igualdad de oportunidades e integración social.
Dentro de esos sectores con mayores dificultades de inserción laboral y social se encuentran las personas con discapacidad, que conforman un grupo vulnerable, heterogéneo y numeroso, al que el contexto socio-económico ha perjudicado ostensiblemente, obstaculizando, más que a otros sectores, su acceso al empleo y su integración social a través del mismo.
Para hacer efectivo este derecho, reconocido a las personas con discapacidad a nivel constitucional y estatutario, los poderes públicos deben promover las condiciones para que la igualdad de la ciudadanía y de los grupos que la integran sea real y efectiva y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la participación e integración social de toda la ciudadanía.
A tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, el Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido, establece entre otros, los incentivos a los Centros Especiales de Empleo para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en régimen de concurrencia no competitiva.
A través de sucesivas Órdenes anuales, se viene regulando la compensación económica por la prestación de los servicios de interés económico general desarrollados por los Centros Especiales de Empleo, a través de la concesión de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.
En este contexto, en los últimos años, diversas entidades relacionadas con la gestión de Centros Especiales de Empleo nos han venido trasladando la angustiosa situación que atraviesan con motivo de las demoras en la percepción de las subvenciones derivadas de los incentivos de fomento del empleo aprobados para personas con discapacidad.
Ante esta realidad, y teniendo en cuenta la demora que vienen sufriendo los Centros Especiales de Empleo en la percepción de dichas ayudas y la función social de estos centros, en agosto de 2016 esta Institución acordó iniciar una actuación de oficio ante la Secretaria General de Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
En la correspondiente petición de informe a dicha Administración, se constataba que los Centros Especiales de Empleo continuaban tardando meses en cobrar las subvenciones de la Administración autonómica con las que pagan a los trabajadores y hacían frente a los gastos que generaban residencias y centros. La gravedad de la situación llevó a requerir la adopción de medidas de urgencia, ante el riesgo de cierre de estos centros, dado el déficit que estaban generando que hacía peligrar su supervivencia.
Además de la demora en los pagos de las subvenciones, estos centros se encontraban con otro lastre adicional como consecuencia de que, al ser la Administración su cliente principal y no pagarse, habitualmente, su trabajo en tiempo y forma, se estaba llevando al límite a las entidades que se encargan de dar cobertura a la discapacidad.
Esta situación se ha ido agravando por cuanto estas entidades se han visto abocadas a acudir al crédito bancario, encareciendo los costes de funcionamiento de las mismas y poniendo en peligro su viabilidad, como así nos han manifestado cada vez que han mantenido entrevistas con esta Defensoría, tanto Federaciones Provinciales, como Asociaciones especificas de Personas con Discapacidad.
Recientemente y en el curso de actuaciones de seguimiento de diversas quejas tramitadas en el año 2016 sobre esta misma problemática, hemos recibido la ratificación de la denuncia formulada en su día por una Asociación de Centros Especiales de Empleo, que nos hace considerar la necesidad de retomar nuestras intervenciones sobre este asunto con una nueva actuación de oficio, para abarcar, desde una perspectiva global, esta problemática, al afectar a Centros Especiales de Empleo de toda Andalucía.
Esta intervención tiene también en consideración las distintas iniciativas que en sede parlamentaria se han venido presentando en los últimos dos años por parte de los distintos grupos parlamentarios (Proposiciones no de ley, preguntas orales, etc.) relativas a las obligaciones contraídas por la Junta de Andalucía con los Centros Especiales de Empleo (valga por todas la proposición no de ley 10-15/PNLP-000046, publicada en el BOPA de 16 de noviembre de 2015).
En el mismo sentido, se destaca esta cuestión en el informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social “Presente y futuro de los Centros Especiales de Empleo” (2012) y diversa información emitida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Asimismo, para acordar el alcance de esta nueva intervención, se ha considerado oportuno contrastar la información que, de forma pormenorizada, nos facilitó esa Secretaria General de Empleo y de la que procede reseñar lo siguiente:
“Los Centros Especiales de Empleo son empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad y actualmente suman 527 en la comunidad autónoma. Dichas entidades son respaldadas desde la Junta por el carácter singular y de gran interés económico general de las actividades que desarrollan y que les confiere la condición de servicio de interés general y social, por su contribución directa a la inserción social y laboral de las personas con discapacidad. Tales actuaciones confieren un carácter eminentemente social a los Centros Especiales de Empleo, que los singularizan con respecto a cualquier otra empresa ordinaria.
La Junta de Andalucía apoya y fomenta el empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, con una línea de incentivos destinados a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en estas empresas. El importe de las ayudas equivale a un máximo del 50% del Salario Mínimo Interprofesional en los casos de periodos de ocupación superiores a un mes y jornadas laborales a tiempo completo. Como fiel reflejo de la preocupación de la Junta de Andalucía en el desarrollo de esta línea se ofrecen los datos del presupuesto destinado a la misma en los último ejercicios.
22.356.190,38 €
Mantenimiento de CEE
33.972.511,45 €
20.663.434,45 €
20.298.767,96 €
El abono de estas ayudas se financia a través de las transferencias que efectúa la Administración del Estado en materia de Políticas Activas de Empleo.
La Orden de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción y se efectúa su convocatoria para el año 2014, en su disposición denegatoria, deroga el capítulo III de la Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación e inscripción de los Centros Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos para Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 149/2005, de 14 de junio. La derogación de esta normativa se llevó a cabo porque no se podía mantener la situación de convocatorias abiertas ante diferentes criterios, atendiendo además, a lo que se recoge en el artículo 10 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
No obstante, con fecha 2 de enero de 2015, se publica la Orden de 23 de diciembre 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo, y se efectúa su convocatoria para el año 2015. Mediante dicha orden, tal y como dispone su Disposición Adicional segunda, apartado cuarto, se realiza la convocatoria en la cual se incentivarán los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en el periodo comprendido desde el día 1 de enero de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2014. Inicialmente se preveía un crédito de 20 millones de euros.
Una vez que dicha convocatoria quedó abierta, se presentaron solicitudes que rondaban los 29 millones de euros. Con el objeto de dar cobertura a todas ellas, el 10 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno aprobó una modificación del crédito para dicha convocatoria adaptando las disponibilidades presupuestarias existentes a las necesidades del incentivo regulado. Finalmente, una vez estudiadas las solicitudes, el importe total concedido ascendió a 24.063.014,31 euros. En atención a las circunstancias de empleabilidad de los beneficiarios de estas ayudas se hace preciso destinar todos los recursos disponibles al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. Con el nuevo presupuesto se ha fomentado el mantenimiento de un total de 11.782 puestos de trabajo y en la actualidad ya se han resuelto favorablemente las solicitudes presentadas habiéndose procedido a realizar los correspondientes documentos de pago.
Por otro lado, con fecha 16 de diciembre de 2015 se publicó la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. Mediante dicha convocatoria, se incentivarán los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en el periodo comprendido desde el día 1 de diciembre de 2014 hasta el día 30 de noviembre de 2015, con un presupuesto establecido de 40.000.000 euros.
Por último, se está trabajando, con el objeto de publicar a la mayor brevedad posible, una Convocatoria extraordinaria que atienda los costes salariales de los ejercicios comprendidos desde 2011 a 2015, para aquellas solicitudes que, pese a reunir los requisitos para ello, no pudieron ser atendidas por diferentes motivos. Con dicha convocatoria, en la que está previsto un presupuesto de 19.500.000 euros, se pretende solucionar la situación que adolecen los Centros Especiales de Empleo en relación a ejercicios anteriores.”
Tras la valoración de dicha información, y considerando que del contenido del informe recibido se deducía que el asunto podía encontrarse en vías de solución a corto plazo, esta Institución resolvió dar por concluidas por el momento sus actuaciones, a la espera de que se ultimasen los trabajos que se estaban llevado a cabo por esa Secretaría General de Empleo para que, a la mayor brevedad posible, se publicitase en el BOJA la Convocatoria extraordinaria que debía atender los costes salariales de los ejercicios comprendidos desde el año 2011 a 2015, para aquellas solicitudes de Entidades y Asociaciones que, pese a reunir los requisitos para ello, no pudieron ser atendidas por diferentes motivos.
Sin perjuicio de ello, esta Institución ha continuado realizando un seguimiento de estos expedientes y, en el curso de estas actuaciones, se ha recibido un nuevo escrito de la referida Asociación de Centros Especiales de Empleo, en el que nos informan de la situación actual por la que atraviesan los Centros Especiales de Empleo de Andalucía. En el escrito remitido nos exponen lo siguiente:
“(…)La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio publicó en el BOJA la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el año 2017, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017. Esta resolución permitía solicitar las ayudas de mantenimiento de puestos de trabajo, empleo indefinido, y ayudas a la eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de trabajo en el periodo comprendido desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016. Con mucha suerte cobraremos estas ayudas a últimos del año 2017 manteniendo unos retrasos en los pagos en torno a 24 meses desde la primera mensualidad en solicitar la subvención.
La nueva norma no incentiva en Andalucía, desde hace años, los contratos menores de 18 horas y de 10 días de duración y ha eliminado la línea del “Reequilibrio financiero”.
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio publicó en el BOJA y la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el año 2017, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017. Ésta permitía, por primera vez, subvencionar gastos generados por las Unidades de Apoyo que prestan servicios de Ajuste Personal y Social en el Centro Especial de Empleo.
A día de hoy, los Centros Especiales de la mayoría de las provincias andaluzas no han recibido resolución con respecto a la solicitud de salarios ya pagados desde el año 2015 y, por supuesto, no han cobrado absolutamente nada.
En relación a las solicitudes de Unidades de apoyo se están emitiendo resoluciones provisionales desestimatorias porque, según la Administración andaluza, no se cumple con las exigencias marcadas por la normativa en relación al personal adscrito. Exigencias que alarman por la antigüedad con la que se redactó. Y que no hay como interpretarlas.
Seguimos sin convocatoria que permita solicitar las subvenciones del año 2017, que con mucha suerte cobraremos a últimos del año 2018 o principios del año 2019. Ante esta situación habitual, los Centros Especiales de Empleo continuamos sin conocer cuáles serán las reglas de juego para un periodo ya terminado, lo que impide a estos centros adecuarse a la situación.
Ante la situación actual se sigue reivindicando:
1) Una normativa estable que reconozca los mismos derechos reconocidos en el año 1985 y la actualización de las cantidades vigentes a este momento y no actualizadas desde ese año.
2) Dotación presupuestaria para todas las líneas incentivables previstas.
3) Reconocimiento inmediato de todas las deudas hasta diciembre de 2015.
4) Publicación de solicitudes de ayudas en el mes de enero del año para el que se solicita.
5) Cobro efectivo de las ayudas solicitadas a lo largo del mismo año, dado que el pago a los trabajadores de sus nóminas se hace mes a mes.
6) Un cambio de actitud en la Administración Andaluza, situándose en una posición claramente favorable hacia las personas con discapacidad”.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado, y fundamentalmente la demora que continúan sufriendo los Centros Especiales de Empleo en la percepción de los incentivos y la función social de estos centros, esta Institución, en virtud de las facultades, atribuciones y competencias que le corresponden por aplicación de lo establecido en el art. 1, en relación con el art. 10, de la ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, ha adoptado la decisión de iniciar una nueva actuación de oficio sobre este asunto.
En consecuencia, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitamos formalmente la colaboración de esa Secretaría General de Empleo, para que se nos proporcione información actualizada sobre la cuestión planteada y, en su caso, nos concrete las medidas adoptadas al respecto desde el año 2016 -o se tengan previsto adoptar-, y todo ello sin perjuicio de que nos traslade su parecer sobre los puntos 1 a 5 con que finaliza el escrito formulado por la Asociación de Centros en cuestión, en los que plantea un pronunciamiento especifico sobre la necesidad de:
Una normativa estable que reconozca los mismos derechos reconocidos en el año 1985, y la actualización de las cantidades vigentes a este momento y no actualizadas desde ese año.
Dotación presupuestaria para todas las líneas incentivables previstas.
Reconocimiento inmediato de todas las deudas hasta diciembre de 2015.
Publicación de solicitudes de ayudas en el mes de enero del año para el que se solicita.
Cobro efectivo de las ayudas solicitadas a lo largo del mismo año, dado que el pago a los trabajadores de sus nóminas se hace mes a mes.
Añadiéndose cualquier otra información y/o documentación que estime oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión, que nos permita contar con los datos necesarios para poder emitir una Resolución.

References: artículo 10
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