Source: http://responsabilidadinternet.wordpress.com/
Timestamp: 2014-12-22 09:12:09+00:00

Document:
tags: Audiencia Nacional, Intermediarios, Sección Segunda CPI
Una de las novedades interesantes que ha dejado el verano es la sentencia de la Audiencia Nacional 22 de julio de 2014. Se trata de la primera vez que la Audiencia Nacional (AN) se pronuncia sobre una resolución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI).
Se trata de un caso un tanto peculiar. En marzo de 2012 CEDRO solicitó ante la CPI el inicio del procedimiento de salvaguardia de derechos de propiedad intelectual en relación con determinados libros puestos a disposición en Internet. En concreto, cuatro obras al parecer alojadas en la página linksole.com. Las obras eran accesibles también desde la conocida web de enlaces quedelibros.com. El procedimiento se dirigió contra linksole.com, como presunto vulnerador y se le ordenó la retirada del material. La resolución de la CPI estableció asimismo que en el caso de que linksole.com no cumpliera con la orden de retirada en el plazo de 24 horas, era necesario que la página de enlaces quedelibros.com procediera a eliminar de modo permanente “cualesquiera enlaces e instrumentos análogos de localización” a las obras en cuestión “siempre que continúen ofreciéndose en vulneración de los derechos de propiedad intelectual”.
Como es sabido, mientras que el propósito principal del procedimiento es el de poder actuar eficazmente contra las páginas de enlaces, las primeras actuaciones de la CPI optaron por centrarse en el que aloja la obra, como responsable del servicio que lleva a cabo la presunta vulneración, y requerir la colaboración forzosa de la página de enlaces como mero intermediario en caso de falta de cumplimiento voluntario del alojador. De este modo se evitaba la discusión sobre si la provisión de enlaces podía o no considerarse en si misma como una “vulneración” de los derechos de propiedad intelectual. (En asuntos posteriores, la CPI ha optado sin embargo por dirigirse directamente contra páginas de enlaces considerando que llevan a cabo directamente la vulneración).
En el caso analizado, parece que la página linksole.com no ofrecía la preceptiva información identificativa del titular que presta el servicio. El procedimiento se dirigió contra la entidad 10DENCEHISPAHARD, SL., por entender que era la titular de la página. Sin embargo esta entidad resultó no ser la titular de la página, sino el proveedor de servicios de registro del dominio. La sociedad 10DENCEHISPAHARD, SL presentó recurso de reposición contra la resolución de la CPI, que fue estimado mediante resolución de 12 de febrero de 2013, si bien se mantuvo el resto del contenido de la resolución impugnada. De este modo, sólo quedaban en vigor las medidas ordenadas con carácter subsidiario a la web quedelibros.com. La titular de esta página es la quien recurre la ante la AN, alegando en síntesis que el procedimiento es nulo, al no estar dirigido contra el supuesto vulnerador y mantener en cambio las medidas de colaboración exigidas al intermediario.
La cuestión de fondo que se plantea a la AN es, pues, si el procedimiento de salvaguarda puede seguirse exclusivamente en relación con un prestador de servicios de intermediación, sin seguirse de modo principal contra el prestador que supuestamente lleva a cabo la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. La AN concluye que no es posible, y por tanto estima el recurso y declara nulo el procedimiento.
La cuestión, sin embargo, tiene mayor alcance. No se trata sólo de que en este caso el procedimiento sea nulo porque falta su destinatario principal. Lo relevante es que la AN declara que un intermediario no puede ser nunca el destinatario principal del procedimiento:
“tenemos que llegar a la conclusión que el procedimiento recogido en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no puede ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios, cuando [sic] sino que debe estar incurso un responsable del servicio de la sociedad de información.”
Para llegar a tal conclusión, la AN repasa de modo correcto los conceptos definidos en la LSSICE, para sostener finalmente que
“son suficientemente claros los arts. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, en los que se hace referencia exclusivamente a los responsables de servicios de la sociedad de información. Por lo que el procedimiento no puede dirigirse formalmente contra los intermediarios, sin perjuicio de que se pueda exigir a estos últimos determinados comportamientos a fin de asegurar la eficacia de las medidas que finalmente se adopten (…)”
Sin embargo, se trata de un argumento que contradice lo que la propia sentencia recoge pocos párrafos antes. Esto es, que un intermediario (un “prestador de servicios de intermediación”) es también “prestador de servicios de la sociedad de la información”. Así lo señala expresamente la LSSICE, al incluir en su anexo la siguiente definición:
“Servicio de intermediación”: servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información.
Ciertamente, la expresión “responsable” de un servicio de la sociedad de la información no aparece definida legalmente, pero como bien dice la propia sentencia puede interpretarse como “prestador” de un servicio de la sociedad de la información.
Al anterior argumento literal, la sentencia añade una consideración que probablemente está en la base de la decisión adoptada, a saber:
“Los prestadores de servicios de intermediación no son los que realizan la conducta vulneradora de los correspondientes derechos de propiedad intelectual, pues no ponen a disposición del público las obras protegidas, los que las reproducen o copian, etc… La conducta vulneradora de la legalidad la cometen las personas físicas o jurídicas que proporcionan un servicio de la sociedad de la información, aunque eso sí sirviéndose en mayor o menor medida de los correspondientes servicios de intermediación.”
Se trata sin embargo de una descripción que no se ajusta necesariamente a la realidad en todos los casos. En efecto, los actos que lleva a cabo un prestador de un servicio de intermediación pueden, en determinados casos, constituir una infracción de la propiedad intelectual, aunque pueda quedar libre de responsabilidad si cumple con las condiciones de las exclusiones de responsabilidad previstas en los artículos 14 a 17 de la LSSICE. La existencia de actos de reproducción y comunicación pública puede ser especialmente clara en los casos de prestadores de alojamiento. En el caso de los enlaces… habrá que preguntar a Svenson.
Cabe notar por último que la reforma de la LPI, actualmente en el Senado, se refiere expresamente al alcance del procedimiento de la CPI, detallando contra quién puede dirigirse. El proyectado artículo 158.ter.2 prevé que
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 158