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Timestamp: 2020-08-14 14:01:02+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 384/00 de Corte Constitucional, 5 de Abril de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43563792
Sentencia citada en: 194 sentencias, 15 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por modificación de norma estableciendo excepción/COSA JUZGADA RELATIVA-Estudio de demanda por nuevos cargos
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Función jurisdiccional excepcional
SUPERINTENDENCIA-Función jurisdiccional
SUPERINTENDENCIA-Función jurisdiccional excepcional y permanente
Lo excepcional no es tan solo aquello que no reviste el carácter de permanente. Es más bien aquello que, en los términos del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, "constituye una excepción de la regla común". La regla común es el ejercicio de funciones administrativas por parte de las superintendencias, por lo cual la ejecución de funciones jurisdiccionales es excepcional. Lo que el constituyente quiso fue esta excepcionalidad, no la transitoriedad de dicho ejercicio. Si hubiera querido autorizar sólo el ejercicio transitorio, así lo habría dicho.
SUPERINTENDENCIA BANCARIA-Función jurisdiccional
AUTONOMIA LEGISLATIVA-Doble instancia en procesos judiciales/AUTONOMIA LEGISLATIVA-Recursos contra decisiones judiciales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Doble instancia en procesos judiciales/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Recursos contra decisiones judiciales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Procedencia de recursos contra decisiones jurisdiccionales
DERECHO A LA IGUALDAD EN LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Improcedencia de recursos contra decisiones jurisdiccionales/ORGANISMOS JUDICIALES Y SUPERINTENDENCIAS-Función jurisdiccional
SUPERINTENDENCIA-Improcedencia de recursos en función jurisdiccional
SUPERINTENDENCIA-Procedencia de acciones en función jurisdiccional
ACCION DE TUTELA CONTRA SUPERINTENDENCIA-Función jurisdiccional/SUPERINTENDENCIA-Decisiones que afectan derechos fundamentales
VIA DE HECHO POR SUPERINTENDENCIA-Procedencia de tutela
SUPERINTENDENCIA-Improcedencia de acciones de cumplimiento y colectivas
SUPERINTENDENCIA-Conocimiento de asunto incompetente por cuantía/SUPERINTENDENCIA-Medios de defensa contra actos que desbordan competencia jurisdiccional/SUPERINTENDENCIA-Actuación administrativa por desbordar competencia jurisdiccional/ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERINTENDENCIA-Desbordamiento de competencia jurisdiccional
La Corte entiende que, actuando por fuera de sus propia competencia jurisdiccional, los actos de las superintendencias no podrían en propiedad ser considerados como actos jurisdiccionales. Como lo excepcional es la atribución a la Administración de funciones de dicha naturaleza, aquellos actos que rebasen los límites de la competencia judicial atribuida deben tenerse como actos administrativos, por razón de ser ésta la forma general del actuar de tales entes. Es decir, de conformidad con un criterio orgánico, el actuar de la administración en esas circunstancias sería administrativo y no jurisdiccional, sometido, por lo tanto, a las acciones y recursos que de manera general proceden contra los actos administrativos ante la justicia contencioso administrativa.
ADMINISTRACION NACIONAL-Competencia concurrente en determinación de estructura
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN ADMINISTRACION NACIONAL-Modificación de estructura
SUPERINTENDENCIA DE VALORES-Modificación de estructura por Gobierno sujeto a principios y reglas generales que defina la ley/PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN ADMINISTRACION NACIONAL-Modificación de estructura sujeto a principios y reglas generales que defina la ley/PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN ENTIDADES U ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES-Modificación de estructura sujeto a principios y reglas generales que defina la ley
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Vencimiento de término para ejercicio
LEY MARCO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-Sujeción de actividad administrativa del P.
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Incompetencia para dictar normas en actividades financiera, bursátil, aseguradora u otras sin previa ley/PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-No expedición de normas de regulación directa en actividades financiera, bursátil, aseguradora u otras sin previa ley
FINANCIACION DE VIVIENDA A LARGO PLAZO-Capitalización de intereses
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Sistemas adecuados de financiación a largo plazo
NORMA LEGAL-Derogación tácita/NORMA DEROGADA-Producción de efectos
FINANCIACION DE VIVIENDA A LARGO PLAZO-Procedimiento arbitral
ARBITRAMENTO-Atribución legislativa de reglas de procedimiento/DEBIDO PROCESO-Establecimiento de ritualidades por ley
JUSTICIA ARBITRAL-Cobro ejecutivo hipotecario
LIBERTAD DE ASOCIACION-Fundamental
LIBERTAD DE ASOCIACION-Alcance/LIBERTAD DE ASOCIACION-Aspectos
La libertad de asociación comprende la posibilidad de elegir cualquiera de las formas asociativas que contempla la propia Constitución, pero también aquellas que son de rango legal, entre ellas las distintas clases de corporaciones o asociaciones y, dentro de ellas, de sociedades.
LIBERTAD DE ASOCIACION-Imposición legislativa de forma societaria
CORREDOR DE SEGUROS EN SOCIEDAD ANONIMA-Constitución
INTERMEDIARIO DE SEGUROS-Actividad
INTERMEDIARIO DE SEGUROS-No constituyen instituciones financieras o aseguradoras
INTERMEDIACION DE SEGUROS-Actividad/INTERMEDIACION DE SEGUROS-Carácter comercial
CORREDOR DE SEGUROS-Actividad no es financiera, bursátil o aseguradora/CORREDOR DE SEGUROS-Riesgo social
CORREDOR DE SEGUROS-Operaciones complementarias técnicas
CONTRATO DE SEGUROS-Inspección de riesgos/CORREDOR DE SEGUROS-Vigilancia y requisitos
CONTRATO DE SEGUROS-Función de corredores
CORREDOR DE SEGUROS EN SOCIEDAD ANONIMA-Objeto/CORREDOR DE SEGUROS EN SOCIEDAD ANONIMA-Inspección, vigilancia y control más estricto
DERECHOS FUNDAMENTALES-Regulación no supeditada necesariamente a reserva de ley
HABEAS DATA-Fundamental
LEY-Vicios de forma por no trámite estatutario
HABEAS DATA-Reserva de ley
DERECHO A LA INFORMACION-Regulación
Demandantes: H.D.J.L.L., F.M.R. y F.I.H.G.
Dr. V.N.M.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos H. de J.L.L., F.M.R. y F.I.H.G., en escritos separados, solicitan a la Corte declarar la inexequibilidad de los artículos 52 parcial, 69, 79, 80 parcial, 81 parcial, 91 parcial, 101 parcial y 114 de la Ley 510 de 1999 " por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden facultades".
Mediante memorial dirigido al magistrado sustanciador y a los demás magistrados de esta Corporación, el ciudadano F.M.R., solicitó desacumular los expedientes referidos, a fin de que se tramitaran separadamente las demandas contenidas en cada uno de ellos, solicitud que fue denegada por la Sala Plena de esta Corporación, mediante auto del 20 de octubre de 1999.
LOS TEXTOS ACUSADOS, LA DEMANDA, LAS INTERVENCIONES , EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL Y LAS CONSIDERACIOES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Artículo 52, inciso 3°.
Respecto del aparte acusado de la disposición transcrita, el demandante, H. de J.L.L., considera que ella contraviene el artículo 29 superior por cuanto esta última norma, en su sentir, establece que toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley, "pero no impide cualquier otra acción o recurso ante las autoridades judiciales, como lo estipula el demandado artículo 52 inciso 3° de la Ley 510 de 1999." A juicio del actor, dicho inciso prohibe la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares o colectivas y las demás a que se refiere el artículo 89 de la Constitución, cuando ellas se dirijan contra los actos de las mencionadas Superintendencias a los que se refiere el inciso acusado.
El doctor, M.G.R.S., en representación de la Federación Nacional de Aseguradores (Fasecolda), intervino en el proceso dentro de la oportunidad prevista y solicitó a esta Corporación que se declare la inconstitucionalidad, en lo demandado, del artículo 52 transcrito. En sustento de su solicitud, afirma que esta Corporación ha sostenido reiteradamente que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, "dado que autoriza al legislador para indicar en qué casos no hay segunda instancia en cualquier tipo de procesos", pero que no obstante lo anterior, la disposición acusada resulta ser inconstitucional en la medida en que, más allá de prohibir la doble instancia en los procesos adelantados por las Superintendencias, consagra una prohibición general de acudir a las vías judiciales que la propia Constitución permite, como lo son la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares o de grupo.
Por su parte, ciudadano W.L.L., actuando en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defendió la constitucionalidad del artículo en comento, expresando que dicha norma restringe "las posibilidades de ejercer la réplica mediante los recursos de Ley,"... "pues la intención del legislador no es otra que la de permitir que los especiales asuntos sometidos a conocimiento de estos organismos técnicos, no se prolonguen en el tiempo más allá de lo necesario." Sostiene que el principio de la doble instancia al que se refiere el artículo 31 superior es un principio general que admite excepciones introducidas por el legislador, que es justamente lo que hace la disposición impugnada. Con argumentos similares la disposición es defendida por la ciudadana G.I.S.G., quien intervino en representación de la Superintendencia Bancaria.
Sobre el ejercicio excepcional de competencias jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas, específicamente de las superintendencias, esta Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, para señalar que ellas se ajustan a la Constitución. En efecto, con base en lo dispuesto por el tercer inciso del artículo 116 superior, según el cual "(e)xcepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas", la Corte ha avalado dicho traslado de competencias. Así por ejemplo, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 32 del Decreto 2651 de 1991, dijo lo siguiente:
"El artículo 32 del Decreto, dispone que los jueces que estén conociendo de las objeciones presentadas en los concordatos preventivos obligatorios iniciados con anterioridad a la vigencia del Decreto 350 de 1989, remitirán el expediente contentivo de la actuación al Superintendente de Sociedades, a efecto de que éste resuelva tales objeciones. El Decreto 350 de 1989, mediante el cual se expidió un nuevo régimen para los concordatos, dispuso que en los de carácter obligatorio que se iniciaran con posterioridad a su vigencia, la decisión de las situaciones a cargo de los jueces civiles del circuito, pasaría a ser competencia del Superintendente de Sociedades, con lo cual en adelante se acabó con el trámite mixto administrativo-judicial que existía, produciendo suspensiones prolongadas en estos procesos, como resultado de la demora de los jueces civiles del circuito, para resolver los asuntos a su cargo... Esta disposición traslada a una autoridad administrativa (Superintendente), decisiones a cargo de los jueces, no siendo éstas de las relacionadas con la investigación y juzgamiento de delitos, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 116, inciso 3o. de la Carta. No resulta inconstitucional la norma por razón alguna, y se encuadra en la tendencia legislativa de los últimos años, recogida por el constituyente según señalamiento anterior, de transferir decisiones a autoridades no judiciales, como Superintendencias, notarías e inspecciones de policía, lo que permite una mayor eficiencia del también principio fundamental del régimen político, complementario del de la división de poderes, de la colaboración de los mismos, o de la unidad funcional del Estado." Sentencia C- 592 de 1992, M.P.F.M.D.. (Resaltado por fuera del texto original).
El artículo 51 de la Ley 510 de 1999, que no fue demandado en esta causa, confiere facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Bancaria. El artículo siguiente, esto es el 52 de la misma Ley, ahora bajo examen, dispone en su inciso tercero, que contra los actos que se lleven a cabo en ejercicio de dichas facultades, no procede acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. La atribución de competencias contenida en la primera de estas normas, es de carácter excepcional, aunque permanente. De la misma forma como en su oportunidad la Corte consideró que las facultades jurisdiccionales atribuidas permanentemente a la Superintendencia de Sociedades en relación con los procesos concursales se ajustaban a la Carta, considera ahora que las atribuidas a la Superintendencia Bancaria igualmente se ajustan a ella. Lo excepcional no es tan solo aquello que no reviste el carácter de permanente. Es más bien aquello que, en los términos del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, "constituye una excepción de la regla común" Diccionario de la Lengua española. Real Academia Española. Ed. Espasa Calpe. 1992. P.. 930. La regla común es el ejercicio de funciones administrativas por parte de las superintendencias, por lo cual la ejecución de funciones jurisdiccionales es excepcional. Lo que el constituyente quiso fue esta excepcionalidad, no la transitoriedad de dicho ejercicio. Si hubiera querido autorizar sólo el ejercicio transitorio, así lo habría dicho.
Con fundamento en lo preceptuado por el artículo 30 superior, según el cual "(t)oda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley", la Corte ha sentado una clara jurisprudencia que sostiene que, a menos que la Constitución expresamente disponga otra cosa (como cuando indica que toda sentencia condenatoria puede ser impugnada, o que las decisiones adoptadas por la vía de la acción de tutela podrán impugnarse ante el juez competente), es facultad del legislador señalar en qué casos los procesos judiciales se tramitarán en dos instancias y en cuáles no. Así mismo, con base en la misma disposición constitucional, la jurisprudencia ha insistido en que corresponde a la ley determinar los recursos diferentes al de apelación o impugnación que proceden contra las decisiones judiciales, las circunstancias en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos.
"Así, pues, si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política". Sentencia C-005 de 1993 M.P.J.G.H.G.
En ejercicio de esa facultad, el legislador goza de una libertad configurativa que encuentra su límite tan sólo en los principios y normas constitucionales de obligatoria observancia. Cf. Sentencias C-005 de 1996 y C-619 de 1999, M.P.J.G.H.; C-430 de 1996, M.P.C.G.D.; C-657 de 1996, M.P.F.M.D.; Dentro esos límites, se encuentra, por ejemplo, el que fija el derecho a la igualdad. Así, no sería factible que respecto de situaciones procesales exactamente iguales, la ley definiera que en unas procede un recurso determinado y en las otras no. En este sentido, la Corte ha manifestado que ciertos criterios introducidos para determinar la procedencia de un recurso, como sería, por ejemplo el de la dependencia judicial que profiere un fallo, resultan arbitrarios y no constituyen motivo plausible de distinción, al paso que otros, como el tipo de asunto materia de litigio, resultan válidos y no violan normas ni principios constitucionales. Con fundamento en la anterior consideración ha establecido que "los recursos extraordinarios, especialmente el de casación y el de revisión ... no son atribuibles a toda clase de asuntos, como si de la Constitución pudiera derivarse su consagración obligatoria e ineludible, pues de una parte no existe en la Carta tal referencia y, de otra, entenderlos como integrantes de todo proceso y de cualquier hipótesis les quitaría el carácter excepcional que les es propio." Sentencia C-619 de 1999, M.P.J.G.H.
Conforme con lo anterior, cuando a la Corte le corresponde, como en el caso presente, revisar la constitucionalidad de una disposición que determina la procedencia o improcedencia de ciertos recursos, o de todos ellos, respecto de una determinada decisión de carácter jurisdiccional, debe cerciorarse de que la facultad legislativa para configurar libremente los procesos y las instancias, se haya ejercido sobre la base de criterios que no sean contrarios a los postulados o mandatos constitucionales.
No sucede lo mismo en lo relativo a la improcedencia que establece la norma respecto de todo tipo de acciones que puedan ser incoadas ante las autoridades judiciales en relación con los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales. En este caso la restricción introducida por el legislador rebasa ostensiblemente la libertad configurativa de que es titular en materia de procedimientos judiciales. En efecto, al prescribir tal prohibición en términos así de absolutos, ha impedido la interposición de la acción de tutela respecto de las decisiones que en ejercicio de funciones jurisdiccionales adopten las superintendencias, con lo cual ha vulnerado el artículo 86 superior que autoriza esa posibilidad. Dichas decisiones bien pueden llegar a desconocer o amenazar por acción o por omisión derechos fundamentales de los ciudadanos, y en esos eventos es claro que la situación sería la descrita en la norma constitucional mencionada, frente a la cual se otorga a la persona la posibilidad de buscar amparo y protección inmediata a través de la acción referida.
"O. que los defectos calificados como vía de hecho son aquellos que tienen una dimensión superlativa y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere." Sentencia T-231 de 1994, M.P.E.C.M.
Ahora bien, la Corte, a diferencia de lo que sostienen algunos de los intervinientes y el concepto del procurador, aprecia que además de la acción de tutela no existe otra de rango constitucional que pudiera ser interpuesta en contra de las decisiones a las que se refiere la disposición acusada. En especial las acciones de cumplimiento y colectivas no podrían ser incoadas en contra de este tipo de providencias. En efecto, la acción de cumplimiento, al tenor de lo dispuesto por el articulo 87 de la Carta, tiene por objeto el que las personas naturales o jurídicas, o incluso los servidores públicos, puedan acudir ante la autoridad judicial para hacer efectiva la observancia de un deber que surge una ley o de un acto administrativo, que ha sido omitido por la autoridad o por un particular que ha asumido funciones públicas. Cf. Sentencia C-157 de 1998. M.P.A.B.C., H.H.V. A pesar de que ella puede tener por sujeto pasivo a autoridades de cualquier rama del poder público, I. sin consideración a las funciones que ejercen, no es la vía judicial apropiada para discutir las decisiones adoptadas mediante providencias judiciales. Así, esta Corporación estima que, a pesar de que la norma bajo examen ha señalado que contra las decisiones judiciales de las autoridades administrativas distintas de las expresamente exceptuadas, no procede acción alguna, con lo cual deja de lado la acción de cumplimento que es de rango constitucional, no por ello desconoce, por este aspecto, la norma superior respectiva.
Una última cuestión llama la atención de la Corte, y es la relativa a la situación que puede presentarse cuando, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que se les otorguen, las superintendencias rebasen el ámbito de su propia competencia. Así por ejemplo, en lo concerniente a las facultades que el artículo 51 de la Ley bajo examen le atribuye a la Superintendencia Bancaria, esta entidad está sujeta a ciertos límites de cuantías, por fuera de los cuales no puede llevar a cabo funciones jurisdiccionales. Así las cosas, cabe preguntarse qué pasaría si, desconociendo esas limitaciones, dicha entidad asumiera el conocimiento de un litigio que por razón de su cuantía no le era posible avocar. ¿Qué medio de defensa cabría contra los actos que dictara la Superintendencia en estas circunstancias?
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Corte declarará la exequibilidad de la disposición parcialmente demandada, bajo el entendido de que ella no impide el ejercicio de la acción de tutela contra las providencia adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales.
La ciudadana Á.G.S.G., actuando en representación de la Superintendencia de Valores, intervino en el proceso para solicitar la declaración de exequibilidad la norma en comento, pues estima que la facultad que ejercería el Gobierno Nacional se encuentra sujeta a los principios y reglas generales consagrados en la Ley 489 de 1998, ley marco mediante la cual se expidieron las normas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política. En este sentido, el cargo de violación aducido por el demandante consistente en afirmar que la Ley acusada no definió los principios generales para modificar la Superintendencia mencionada, carecería de sustento. Adicionalmente, la interviniente pone de manifiesto que la propia Ley 510 establece un parámetro general para llevar a cabo la modificación de la estructura de la referida Superintendencia, cual es el propósito de efectuar las modificaciones necesarias para cumplir las nuevas funciones que le asigna la misma Ley. Con fundamento en lo anterior, estima que el cargo no debe prosperar.
En relación con la demanda incoada en contra del artículo 69 de la Ley 510 de 1999, la vista fiscal precisa que el Congreso Nacional tiene la función de determinar la estructura de la Administración Nacional, conforme al numeral 7° del artículo 150 superior, y de otra parte, el P. puede modificar la estructura de las entidades u organismos de la Administración nacional, con sujeción a los principios y reglas que defina la ley, según lo indica el numeral 16 del artículo 189 de la Carta. Así las cosas, para el Ministerio Público la norma reprochada no vulnera la Constitución "por cuanto la Superintendencia de Valores fue creada por ley como lo indica la norma constitucional, el legislador otorga facultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de esta Superintendencia,... dentro de los objetivos y estructura definida por el legislador y con el único propósito de efectuar las adecuaciones que resulten indispensables para cumplir las nuevas funciones que le señala la Ley 510 de 1999". Tales parámetros, en sentir del procurador, son suficientes para orientar al Gobierno Nacional, por lo cual la norma se ajusta a la Constitución.
En lo que se refiere a la determinación de la estructura de la Administración Nacional, la Constitución Política, ha distribuido competencias concurrentes entre Congreso Nacional y el presidente de la República. En efecto, conforme al numeral 7° del artículo 150 superior, corresponde al legislador "(d)eterminar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica...". De su parte, el numeral 16 del artículo 189 constitucional dispone que compete al presidente de la República "(m)odificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley."
La Constitución Política reconoce al P. de la República, como suprema autoridad administrativa, las atribuciones consistentes en reordenar la estructura de la administración central mediante la creación, fusión o supresión, conforme a la ley, de los empleos que demande la administración central, con el señalamiento de sus funciones especiales y la fijación de sus dotaciones y emolumentos; suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales; así como, modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad con la ley. Así pues, estas facultades le permiten al Ejecutivo adecuar las entidades y organismos mencionados a las políticas del gobierno, de conformidad con los principios y reglas generales que para el efecto defina el Legislador, mediante una ley que señale el ámbito de acción y decisión del Ejecutivo." Sentencia C-209 de 1997, M.P.H.H.V.
Así pues, la facultad gubernamental de modificar las entidades u organismos administrativos del nivel nacional, como es el caso al que se refiere la disposición acusada que indica que el Gobierno Nacional modificará la estructura de la Superintendencia de Valores, debe ejercerse de conformidad con los principios y reglas que para el efecto defina el legislador. El numeral 16 del artículo 189 por este aspecto limita la actividad gubernamental, que en estas materias debe ejercerse conforme a las pautas señaladas por la ley. Pero a su vez, la misma norma constitucional limita al legislador, a quien respecto de la modificación de las entidades y organismos administrativos corresponde únicamente fijar principios y reglas generales. La demanda estima que en el caso de autos, tales principios y reglas no han sido señalados por la ley, al paso que la intervención reseñada y la vista fiscal consideran que si lo han sido, y mencionan que ellos se encuentran contenidos, bien en la misma Ley reprochada, bien en la Ley 489 de 1998.
En cuanto al artículo 79 transcrito, que reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para regular un sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo ligado al índice de precios al consumidor, el actor fundamenta su demanda en la consideración de que el numeral 10° del artículo 150 superior, "prohibe conferir facultades extraordinarias al P. de la República para ejercer las facultades del artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política". Este último artículo, continua el actor, "establece que corresponde al Congreso, por ley, dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para regular, según su literal d), las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público." Siendo que la financiación de vivienda a largo plazo es actividad típicamente financiera, el Gobierno sólo ejerce sobre ella inspección, control y vigilancia . La ley es la que debe regular la forma de intervención del Gobierno en tales materias, según lo prescribe el artículo 335 de la Carta. En ese orden de ideas, en el sentir del actor, como la Ley 510 de 1999 no dicta las normas generales ni señala los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, el artículo 79 acusado, resulta ser inconstitucional.
La interviniente en nombre de la Superintendencia Bancaria, en lo relativo al artículo 79 acusado, manifiesta que "como quiera que la Corte Constitucional se ha pronunciado en las sentencias C-383, 700 y 747 de 1999 sobre la imposibilidad de que el P. de la República pueda expedir decretos con fuerza de Ley para expedir normas en el campo financiero, bursátil, de seguros o de ahorro, sin que previamente le hayan sido señaladas las pautas, objetivos y criterios mediante ley del Congreso, esta Superintendencia considera suficiente remitirse a lo establecido en dichas providencias."
Prima facie, la Corte encuentra que la disposición reprochada, a la fecha de la presente decisión ha perdido vigencia sin haber producido efectos jurídicos. En consecuencia, se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo, por carencia actual de objeto.
No obstante lo anterior, recuerda su jurisprudencia contenida en la Sentencia C-700 de 1999 M.P.J.G.H.G. en donde, en torno al tema de la imposibilidad en que se encuentra el presidente de la República para expedir normas que regulen directamente los sectores financiero, bursátil y asegurador, sin que medie una ley marco que defina las pautas de su actividad reguladora, se dijo lo siguiente:
"En el asunto objeto de estudio, no se remite a duda que el Constituyente quiso sustraer a la influencia y decisión exclusivas del Ejecutivo la regulación de los importantes temas que venían siendo de su privativo resorte, y, por el contrario, entregar al Congreso, por la vía de las leyes "marco", la autoridad suficiente para sujetar, mediante pautas y criterios legislativos -formales y orgánicos-, la futura actividad administrativa del P. de la República. Ni siquiera en virtud de decretos con fuerza de ley expedidos en desarrollo de facultades extraordinarias puede ahora el P. de la República dictar normas en el campo financiero, bursátil, de seguros o de ahorro, sin que previamente le hayan sido señaladas las pautas, objetivos y criterios mediante ley del Congreso, que constituya el marco de su actividad reguladora. Y ello en virtud de perentorios mandatos superiores."
Artículos 80 y 81.
El Congreso Nacional, mediante la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, expidió las normas que, entre otros temas, señalan en materia de vivienda individual los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse en Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación a largo plazo, ligado al índice de precios al consumidor. Para esos efectos, creó la "unidad de valor real" (UVR), que es "una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor" Ley 546 de 1999, art. 3°. En relación con las condiciones en las cuales se podrán conceder créditos a largo plazo para la adquisición de vivienda individual, el artículo 17 de la Ley en comento señala en su numeral 2°, que tales créditos deben "(t)ener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse." (Resalta la Corte)
En vista de lo anterior, la Corte encuentra oportuno reiterar su jurisprudencia relativa al tema de la capitalización de intereses en créditos para financiación de vivienda a largo plazo, contenida en la Sentencia 747 de 1999 M.P.A.B.S. , y con base en ella declarar la inexequibilidad del aparte normativo acusado del artículo 80 de la Ley 510 de 1999. En efecto, en aquel pronunciamiento se hicieron las siguientes consideraciones:
Similares consideraciones cabe hacer en relación con la frase demandada del artículo 81 de la Ley 510 de 1999. En efecto, tal expresión parte del supuesto de que en los sistemas de financiación de vivienda individual a largo plazo es factible capitalizar intereses, posibilidad que, como se vio, resulta excluida por la Ley 546 referida. Así, la Corte aprecia que también en este caso se ha producido el fenómeno de la derogatoria tácita, no obstante lo cual, ante la posibilidad de que aun se sigan aplicando las previsiones de la norma respecto de alguna clase de créditos que hayan recibido el alivio previsto en el artículo 11 del Decreto 2331 de 1998, declarará la inexequibilidad del aparte acusado que se refiere a la facultad en que están los deudores de tales créditos para convenir una menor capitalización de intereses.
Artículo 91, inciso 1°.
La intervención de la Superintendencia de Valores sostiene que, contrario a lo afirmado por el demandante, la Ley 510 de 1999 "si dictó los lineamientos necesarios que permitan al P. de la República como Jefe de Gobierno ejercer la potestad reglamentaria contenida en el artículo 189 numeral 11 y en segundo lugar, que las normas de arbitramento no forman por sí mismas normas propias de procedimientos compiladas en un código de manera que su creación o expedición sea de aquellas de facultad exclusiva del Congreso de la República a la luz de lo dispuesto en el artículo 150 numeral 2° del ordenamiento superior." Esta intervención destaca que la Ley 510, sí fija pautas conforme a las cuales funcionarán los tribunales de arbitramento, por lo cual las facultades del Gobierno a las que se refiere la norma acusada, son puramente reglamentarias, y en ese orden de ideas, este cargo tampoco debe prosperar.
El artículo 91 bajo examen se ubica en el Capítulo XIII de la Ley 510 de 1999, intitulado "Financiación de vivienda a largo plazo". Dentro de este Capítulo, el artículo 87 indica que "al celebrar los contratos de crédito hipotecario y los de emisión de títulos de crédito hipotecario, o en cualquier momento durante la vigencia de los mismos, las partes podrán convenir en que la definición de las diferencias surgidas de los contratos o de los títulos y la ejecución de las obligaciones que en ellos consten, incluyendo el remate y venta de los bienes, o su restitución forzosa, se confiará a la decisión de árbitros".
De otra parte, la Corte constata que, posteriormente, mediante la Ley 546 de 1999, se expidieron normas adicionales referentes al evento en el que las entidades financieras que otorguen créditos para la construcción o adquisición de vivienda pacten con los deudores de dichos créditos cláusulas compromisorias o compromisos. Estas normas indican que tal pacto debe constar por escrito, que el tribunal respectivo decidirá en derecho, que el proceso se adelantará conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil para los procesos de ejecución con título hipotecario, y que los árbitros tendrán las mismas facultades reconocidas a los jueces en tales procesos. Respecto de las decisiones que se adopten, sólo cabrán los recursos que según las normas legales proceden dentro del proceso arbitral. R. también lo concerniente a las medidas cautelares y a la ejecución de la sentencia y a las facultades de los árbitros al respecto.
Así las cosas, de la lectura armónica de las normas sobre arbitramento contenidas en una y en otra ley, se concluye que el legislador reguló el tema de manera completa e integral. Se pregunta entonces la Corte a qué tipo de facultades del gobierno se refiere en inciso demandado, cuando dice que "(e)l gobierno deberá fijar las normas de procedimiento a las que deberán someterse los arbitramentos a los que se refiere este capítulo". Si bien inicialmente podría pensarse que dicha referencia hace alusión al ejercicio de la potestad reglamentaria, que faculta al Gobierno para expedir las normas generales necesarias para dar cumplimiento a la ley, el tenor literal de la expresión que utiliza el legislador descarta esta posible interpretación, pues expresamente señala que el gobierno "fijará las reglas de procedimiento", atribución típicamente legislativa, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 29 de la Carta. En efecto, las reglas de procedimiento a las que se someten los árbitros son aquellas a las cuales se sujeta esta excepcional forma de administrar justicia, es decir de juzgar, y el artículo 29 en mención es claro al indicar que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes". Así las cosas, solo mediante ley pueden establecerse las normas que rigen las ritualidades de los juicios, incluyendo los que adelanta la justicia arbitral.
Una última cuestión llama la atención de la Corporación y es la referente a la posibilidad de resolver por el procedimiento arbitral conflictos concernientes a créditos que van a cobrarse ejecutivamente, incluyendo los que estén garantizados con título hipotecario. Al respecto, la Corte encuentra que ya este asunto ha sido estudiado por la jurisprudencia constitucional que al respecto ha indicado lo siguiente:
"Los árbitros, habilitados por las partes, en los términos que determine la ley, pueden administrar justicia para decidir conflictos surgidos en torno a obligaciones exigibles ejecutivamente, así esté en trámite el proceso ejecutivo, o no haya comenzado aún. Así lo establece inequívocamente el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución. Corresponde al legislador, en virtud del mandato del artículo 29 de la Constitución, y especialmente de su inciso segundo, fijar las formas propias de cada juicio, es decir, las normas procesales, y señalar el juez o tribunal competente para cada clase de asuntos. Por consiguiente, si el legislador dispone que ante los árbitros habilitados por las partes en conflicto, se diriman asuntos propios del proceso de ejecución y establece las reglas de este proceso arbitral, en nada quebranta la Constitución." Sentencia C- 294 de 1995, M.P Jorge Arango Mejía
El demandante, F.I.H.G., acusa parcialmente el inciso primero del artículo 101 de la Ley 510 de 1999, que impone a los corredores de seguros el constituirse como sociedades anónimas. Su acción se dirige específicamente en contra de la expresión que señala un plazo de seis meses como término dentro del cual debe acreditarse el cambio al nuevo tipo societario, lo cual considera contrario al inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política.
La Corte encuentra que aunque la demanda se dirige sólo contra el aparte normativo referente al plazo concedido a los corredores de seguros para constituirse como sociedades anónimas, los cargos formulados cuestionan la obligación en sí misma de adoptar tal forma societaria, pues se estructuran sobre el argumento de que el tipo de sociedad al que pertenecía los destinatarios de la norma, construía una situación jurídica consolidada, y que, por lo tanto, la ley no podía entrar a modificarla sin desconocer con ello derechos adquiridos. El plazo otorgado para llevar a cabo la transformación ordenada, es reprochado de excesivamente corto para tales fines. De esta forma los cargos se aducen en contra de la proposición jurídica completa que está consagrada en el inciso primero del artículo 101 de la Ley 510 de 1999, por lo cual el análisis de constitucionalidad se llevará a cabo sobre todo su texto.
6.4.1Facultades constitucionales del legislador para disponer el cambio de forma societaria ordenada.
El derecho de libre asociación garantizado por el artículo 38 de la Constitución Política, faculta a las personas para concertar su unión, con carácter de vínculo jurídico reconocido por el Estado, con miras al logro de algún objetivo común permitido por el ordenamiento. Comporta, como lo han analizado la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacionales, un ejercicio positivo manifiesto en la posibilidad de asociarse, y otro negativo consistente en abstenerse de ello.
"La jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de asociación, -entendido como el resultante de la acción concertada de varias personas que persiguen objetivos comunes de vinculación "para la realización de un designio colectivo"-, es un derecho constitucional reconocido por diversos tratados internacionales), que contiene en sí mismo dos aspectos complementarios : uno positivo, - el derecho a asociarse-, y otro negativo, - el derecho a no ser obligado directa o indirectamente a formar parte de una asociación determinada-, los cuales son elementos del cuadro básico de la libertad constitucional y garantizan en consecuencia el respeto por la autonomía de las personas. " Sentencia C- 399 de 1999, M.P.A.M.C..
El señor procurador y la Superintendencia Bancaria afirman que la norma superior que fundamenta la introducción de esta restricción a la libertad de asociación, se encuentra en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, según el cual la actividad aseguradora requiere autorización del Estado y se ejerce de conformidad con la Ley. El Ministerio de Hacienda, por su parte, afirma que la actividad de los intermediarios de seguros se encuentra bajo la supervisión del Estado, y que por lo tanto la ley puede imponer la forma societaria bajo la cual deben llevar a cabo su actividad.
Para la Corte Constitucional resulta claro que la actividad de los intermediarios de seguros, y entre ellos los corredores de seguros, no es actividad aseguradora propiamente tal, por lo cual las normas constitucionales referentes a ella no pueden serles referidas como fundamento de la restricción a la libertad de asociación que dispone la norma bajo examen. En pronunciamiento contenido en la Sentencia C- 479 de 1999 M.P V.N.M., esta Corporación analizó exhaustivamente el tema, para llegar a concluir, como en su oportunidad lo hiciera también el Consejo de Estado, que tal actividad no era actividad financiera, bursátil ni aseguradora, ni se relacionaba con el "manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público", por lo cual a ella no se referían el literal d) del numeral 19 del artículo 150 superior, el numeral 24 del artículo 189 de la Carta, ni el 355 ibídem. En efecto, la Corte dijo entonces:
"A las mismas conclusiones anteriores arribó el Consejo de Estado cuando en Sentencia de 28 de agosto de 1995, M.P Dr. L.R.R. refiriéndose a las normas del Decreto 663 de 1993 (EOSF), ahora demandado, indicó:
En concordancia con la anterior interpretación jurisprudencial que lleva a desconocer a los intermediarios de seguros el carácter de entidades financieras o aseguradoras, el Decreto 1154 de 1999, expedido con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno Nacional mediante el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 El artículo 120 de la Ley 489 de 1998 fue declarado inexequible mediante Sentencia C-702 de 1999., y por lo mismo declarado inexequible por esta Corporación a través de la Sentencia C- 996 de 1999 M.P.V.N.M., le asignó a la Superintendencia de Sociedades las funciones de inspección vigilancia y control de las sociedades corredoras de seguros y de reaseguros, que anteriormente correspondían a la Superintendencia Bancaria. Posteriormente, la disposición ahora bajo examen ordenó su transformación en sociedades anónimas.
Con fundamento en lo anterior, la Corte concluye que la restricción a la libertad de asociación que introduce el artículo101 de la Ley 510 de 1999, no puede fundamentarse en la consideración de que los corredores de seguros llevan a cabo una actividad de interés público catalogada como financiera, aseguradora o bursátil que, por lo tanto, en los términos de los artículos 150 y 189 de la Constitución, requiera autorización del Estado y deba ejercerse de conformidad con la Ley. Así las cosas, aprecia que la restricción a la libertad de asociación introducida por la disposición mencionada, debe encontrar otro fundamento constitucional distinto del alegado por los intervinientes.
Dentro de los antecedentes legislativos del artículo 101 de la Ley 510 de 1999, se registra la siguiente intervención que pretende justificar la obligación de adoptar la forma de sociedad anónima impuesta a los corredores de seguros:
" Se prevé la actualización del tipo societario de los corredores de seguros para que en lo sucesivo sean exclusivamente sociedades anónimas, lo cual permitirá la ampliación del número de sus accionistas y que sus acciones se transen en las Bolsas de Valores, al igual que ocurre con las restantes entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria..." L.G.V.T.. Ponencia para segundo debate en el Senado del Proyecto de Ley 149 de 1999/Senado. Pliego de modificaciones. Gaceta del Congreso N° 65, 12 de mayo de 1998, pág. 3.
Para la Corte la orden dada por el legislador busca realizar un objetivo de rango constitucional, y lo hace adoptando medidas adecuadas y razonables de cara a la consecución del fin perseguido. En efecto, la actividad propia de los corredores de seguros, si bien no puede ser catalogada como financiera, aseguradora o bursátil, ni se relaciona con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, si implica un factor de riesgo social que amerita la especial intervención del Estado en aras de la protección del interés general, prevalente sobre el privado o particular de conformidad con el sistema de principios que consagra el artículo 1° de la Constitución. Dentro del proceso que culmina con la celebración del contrato de seguros, los corredores no solamente ponen en contacto a los tomadores de las pólizas con las compañías aseguradoras, sino que más allá de esta labor intervienen también en operaciones complementarias de tipo técnico como la inspección de riesgos. Posteriormente llevan a cabo otras operaciones como la intervención en salvamentos, por ejemplo. En ejercicio de este tipo de actividades complementarias, pueden ocasionar pérdidas económicas a terceros como consecuencia de errores u omisiones en que puedan incurrir. De ahí que la normatividad vigente aplicable a los corredores de seguros los someta a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria y les imponga tener un capital mínimo y una organización técnica y contable sujeta a las normas que dicte al efecto tal Superintendencia, Cf. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, art. 40 y un régimen de inversiones obligatorias. Cf. Superintendencia Bancaria Circular Externa 07 de1996. Art. 2.6 En el mismo sentido, se exige a quienes van a actuar en la intermediación de seguros en calidad de director o administrador de una sociedad intermediaria, ciertos requisitos de idoneidad tales como una serie de conocimientos suficientes sobre la actividad de corretaje en seguros. Cf. Decreto 2605 de 1993, art. 3°
Ahora bien, en el caso de los corredores de seguros, estos requisitos legales exigidos en virtud de la naturaleza de la actividad parecen resultar más razonables teniendo en cuenta que, respecto de las actuaciones que en ejercicio de su actividad lleven a cabo, no existe una responsabilidad directa de las entidades aseguradoras en relación con las cuales se hubiera promovido el contrato, a diferencia de lo que si ocurre con las agencias y agentes de seguros mientras continúen vinculadas con tal entidad. Cf.I., art. 5°
Finalmente, por lo que tiene que ver con el plazo de seis meses previsto en la normas bajo examen para que los corredores de seguros adopten la nueva forma societaria que les ha sido impuesta, la Corte encuentra que el mismo es razonable pues permite fácilmente adoptar las reformas estatutarias requeridas para llevar a cabo la transformación jurídica ordenada, e incluso si fuera el caso, vincular el número de socios adicionales que, conforme a la ley, se requiere como mínimo para la constitución de las sociedades anónimas.
7.2.1. En sentir del demandante, F.M.R., esta disposición desconoce el derecho de habeas data consagrado por el artículo 15 superior, así como la facultad del ciudadano de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que de sí mismo se hubieran recogido en los bancos de datos o en los archivos de entidades públicas o privadas. En estas circunstancias, la norma propicia la vulneración de la libertad individual, del derecho a la intimidad y de las garantías del debido proceso, de presunción de inocencia, de primacía de los derechos fundamentales, de igualdad en la protección por parte de las autoridades y de igualdad real y efectiva.
7.2.2. La doctora L.S.Á., en representación la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, intervino en el proceso dentro de la oportunidad prevista y solicitó a esta Corporación que se declare la inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 114 de la Ley 510 de 1991. Considera que el parágrafo del artículo 114, que ordena la eliminación de la información negativa de aquellas personas que hubieren efectuado el pago en cierto plazo con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley, resulta violatorio del derecho a la información, pues dicha norma permite la eliminación de la historia crediticia de los clientes de las entidades financieras, afectando gravemente el otorgamiento responsable de los créditos. Aduce, igualmente, que el suministrar información parcial es contrario al requisito de veracidad de que debe revestirse tal información. La norma acusada, al permitir borrar parte de la información, permite esta parcialidad contraria a la realidad, además de que resulta lesiva del principio de igualdad, pues coloca en igualdad de condiciones a aquellos deudores que han satisfecho cumplimente sus obligaciones, y a aquellos otros que no lo han hecho.
El ciudadano W.L.L., actuando en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defiende la constitucionalidad de la disposición expresando que dicha norma "constituye una oportunidad excepcional que otorga el legislador a los deudores que se encuentran reportados en las centrales de información financiera con calificaciones que corresponden a una situación de incumplimiento, para que sea subsanada con el pago y puesta al día de sus obligaciones." Sostiene que el legislador tiene plena competencia para determinar esta posibilidad pues "dentro de sus potestades se encuentran la de reglamentar los aspectos inherentes a los derechos fundamentales, en este caso el habeas data. Para ello, salvo lo relacionado con el núcleo esencial del derecho fundamental, basta que se expida una ley ordinaria.
7.2.3. En representación de la Superintendencia Bancaria intervino oportunamente la ciudadana G.I.S.G., quien defendió la exequibilidad de la disposición acusada sosteniendo que el artículo 15 de la Constitución reconoce la existencia de los bancos de datos, pues expresamente se refiere al derecho de las personas a acceder a la información relativa a ellas contenida en tales archivos, a rectificarla y a actualizarla. Siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, en especial la contenida en la Sentencia SU-089 de 1995, sostiene que la intimidad familiar y personal no puede ser colocada en el mismo plano con el "comportamiento en materia crediticia", por que el cumplimiento en al pago de las obligaciones es asunto que interesa no solamente al deudor, sino también "a quienes son sus acreedores actuales o potenciales". El buen nombre es resultado del comportamiento en sociedad y, en lo que tiene que ver con el manejo del crédito, es evidente que la fama de buen o mal pagador se origina en la forma como la persona atiende sus obligaciones. De otra parte, siguiendo también la jurisprudencia citada, indica que el artículo 20 de la Carta consagra el derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial, entendiéndose por ésta la que corresponde a la verdad completa.
7.2.4 En forma oportuna, intervino el ciudadano M.J.C.E., con el objeto de coadyuvar la demanda presentada por F.M.R.. En sentir del interviniente, la referida norma contradice varias disposiciones constitucionales. En primer lugar vulnera el literal a) del artículo 152, por cuanto desconoce la reserva de ley estatutaria que prescribe dicha norma para aquellas leyes que versen sobre el derecho de habeas data. Adicionalmente, resulta lesiva del numeral 10° del artículo 150, del artículo 152 y del numeral 11 del artículo 189 de la Carta, pues al establecer que "sólo se podrán registrar y ceder los datos que, según las normas o pautas de la Superintendencia Bancaria y de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, se consideren relevantes para evaluar la solvencia económica de sus titulares", delega en tal entidad "facultades excesivamente amplias de tipo legislativo que rebasan ostensiblemente las administrativas que caben dentro de la órbita de competencia de una entidad que -sin negar su experticio y su idoneidad- ejerce funciones de inspección y vigilancia. Delegación "velada y sutil", que es aun más grave si se tiene en cuenta que la materia sobre la cual versa se refiere al contenido de derechos fundamentales.
7.2.5. Por fuera de la oportunidad legal prevista para intervenir dentro de este proceso, se recibió el escrito presentado por el ciudadano J.E.P. de Brigard, relativo al artículo 114 de la Ley 510 de 1999, el cual, por ser extemporáneo, no pudo ser tenido en cuenta por la Corporación.
Los principales reproches de inconstitucionalidad aducidos en contra del artículo 114 de la Ley 510 de 1999, son los siguientes: i) violación de la reserva de ley estatutaria. ii) falta de conexidad entre el título de la ley y el contenido normativo de la disposición iii) vulneración del principio de veracidad de la información a que se refiere el artículo 20 superior. iv) en lo concerniente al parágrafo de la disposición, violación del principio de igualdad entre diversas clases de deudores. v) delegación de facultades legislativas a una entidad administrativa de vigilancia y control. vi) desconocimiento del sentido constitucional del derecho de habeas data y del derecho a la información, y vii) violación de la libertad de empresa y de derechos adquiridos.
Dispone el artículo 152 de la Constitución Política, que mediante las leyes estatutarias el Congreso de la República regulará, entre otros temas, el correspondiente a los derechos y deberes fundamentales de las personas y a los procedimientos y recursos para su protección. Con dichas leyes, el constituyente pretendió "dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad... La propia Carta ha diferenciado esta clase de leyes no solamente por los especiales asuntos de los cuales se ocupan y por su jerarquía, sino por el trámite agravado que su aprobación, modificación o derogación demandan: mayoría absoluta de los miembros del Congreso, expedición dentro de una misma legislatura y revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto, antes de su sanción por el P. de la República (artículos 153 y 241 - 8 de la Constitución Política)." Sentencia C-425 de 1994, M.P J.G.H.G..
"Regular, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa "ajustar, reglar o poner en orden una cosa"; "ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines"; "determinar las reglas o normas a que debe ajustarse una persona o cosa". I. (Resaltado por fuera del texto original)"
El derecho de habeas data, definido por el artículo 15 de la Carta, consiste en la facultad que tiene cada persona para "conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas." La ubicación de la precitada norma en el Capítulo Primero del Libro Segundo de la Carta, correspondiente a los "derechos fundamentales", no deja duda acerca de la categoría de tal reconocida al derecho en referencia. Respecto de su protección, el constituyente indicó adicionalmente que "(e)n la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución".
El anterior contenido regulante, tiene implicaciones directas con el núcleo esencial del derecho de habeas data, pues involucra de lleno la facultad de las personas para "conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos". Sobre la manera en la cual pueden conocerse tales informaciones, contiene normas expresas arriba mencionadas (formular una solicitud y pagar una tarifa), y sobre la posibilidad de actualizar y rectificar dichos datos, resulta claro que la norma establece restricciones, pues al indicar que sólo se podrán registrar los datos que, según las normas o pautas de la Superintendencia Bancaria y de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, se consideren relevantes para evaluar la solvencia de sus titulares, pone en manos de esa entidad la fijación de límites a ese derecho, además de dejar por fuera del derecho de actualización y rectificación otras informaciones distintas a las relativas a la solvencia de la persona concernida (disponibilidad de recursos económicos), como por ejemplo la referente a su comportamiento crediticio (puntualidad en el pago), etc., que también son importantes para la valoración y calificación de los posibles clientes del sistema financiero.
Todo lo anterior afecta sin lugar a dudas el derecho fundamental en referencia en lo más propio de su núcleo fundamental, pues "(l)os datos personales que se recogen, el tipo de tratamiento que reciben y las formas y límites de su circulación, son aspectos de una misma decisión que no deja de tener repercusiones sobre la autodeterminación informativa." Sentencia C-567 de 1997, M.P.E.C.M. Por ello, la reserva de ley estatutaria sobre este punto es la garantía más importante en la protección de ese derecho fundamental. Así las cosas, la Corte encuentra que las disposiciones contenidas en la norma reprochada, no podían adoptarse sino mediante el trámite propio de una ley de esa naturaleza, como bien lo indican el demandante, varios de los intervinientes y la vista fiscal. En efecto, ya esta Corporación había dicho al respecto lo siguiente:
"Corresponde a la ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, ocuparse específicamente de determinar la forma y procedimientos conforme a los cuales la administración puede proceder a la recolección, tratamiento y circulación de datos personales, de modo que se respete la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución (C.P. art. 15). Al margen de la respectiva ley estatutaria - general o especial -, no podría la administración dar vida a un banco de datos personales destinados a la circulación ya sea dentro de la órbita pública o por fuera de ella. Según la Constitución, la recolección de datos, su tratamiento y, particularmente, su circulación, constituyen acciones que pueden afectar de manera profunda la libertad personal y, por consiguiente, están sujetas a reserva de ley estatutaria, por lo menos, en lo que atañe a la fijación de sus contornos esenciales. I. (Negrillas por fuera del original).
"Al fijar el exacto alcance del artículo 152 de la Constitución, no puede perderse de vista que el establecimiento de reglas mediante las cuales se ajuste u ordene el ejercicio mismo de los derechos fundamentales implica, de suyo, una regulación, que, por serlo, está reservada al nivel y los requerimientos de la especial forma legislativa en referencia. Del expreso mandato constitucional se deriva, en consecuencia, que el Congreso viola la Constitución cuando, pese al contenido regulador de derechos fundamentales que caracterice a una determinada norma, la somete a la aprobación indicada para la legislación ordinaria. En el caso de las disposiciones que en esta oportunidad han sido acusadas ante la Corte, se observa sin dificultad que, considerado su objeto específico, fueron dictadas bajo el designio indudable de regular, por la vía de la restricción, el derecho a la información, plasmado en el artículo 20 de la Carta." Sentencia C-425 de 1994. M.P.J.G.H.G.
En virtud de lo anterior, la Corte encuentra que respecto del trámite legislativo ordinario que el Congreso le impartió al artículo 114 de la Ley 510 de 1999, se incurrió en un claro vicio de forma, pues su contenido dispositivo debía haber sido adoptado mediante ley estatutaria. En virtud de lo anterior, sin anticiparse a llevar a cabo ningún examen sobre dicho contenido material, ni sobre los cargos de fondo aducidos al respecto, declarará la inexequibilidad de la disposición mencionada.
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Función jurisdiccional excepcional (Salvamento parcial de voto)
UNIDAD NORMATIVA-Constitución (Salvamento parcial de voto)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Proscripción de negación absoluta de controversia de decisiones (Salvamento parcial de voto)
SUPERINTENDENCIA-Calificación de exceso en competencia jurisdiccional (Salvamento parcial de voto)
ADMINISTRACION NACIONAL-Atribución amplia al Gobierno para modificación de estructura es inconstitucional/ADMINISTRACION NACIONAL-Modificación de estructura sin sujeción a principios y reglas que defina la ley es inconstitucional (Salvamento parcial de voto)
SUPERINTENDENCIA DE VALORES-Atribución amplia al Gobierno para modificación de estructura es inconstitucional/SUPERINTENDENCIA DE VALORES-Modificación de estructura sin sujeción a principios y reglas que defina la ley es inconstitucional (Salvamento parcial de voto)
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Norma que la concede mientras produjo efectos es inconstitucional (Salvamento parcial de voto)
NORMA AUTONOMA-No consagración de facultad extraordinaria (Salvamento parcial de voto)
Referencia: expedientes D-2559, D-2574 y D-2586
"...Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos".
2) Menos todavía comparto la declaración de exequibilidad del artículo 69 acusado, por cuanto su texto es -y de manera protuberante- contrario al numeral 7 del artículo 150 de la Constitución. Y, por contera, en cuanto transfiere al Ejecutivo una función netamente legislativa que ha debido ser objeto de facultades extraordinarias, vulnera también el numeral 10 I..
El numeral 16 del artículo 189 de la Constitución, que permite al P. "modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley", supone una ley previa, como del mismo texto resulta.
Así lo manifestó la Corte en la Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999 (M.P.: Dr. F.M.D..
Compartimos lo dicho en el salvamento de voto del Magistrado J.G.H.G. en relación con el artículo 69, objeto de demanda, que a nuestro juicio ha debido ser declarado inexequible, y también en lo relacionado con las observaciones que en la parte motiva del Fallo se hacen respecto al artículo 51 de la Ley, el cual no fue acusado, y por tanto tampoco ha debido ser materia de análisis en relación con su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues el examen correspondiente debería efectuarse sólo cuando la Corte deba pronunciarse en virtud de demanda instaurada contra dicha norma.
S. parcial de voto a la Sentencia C-384/00
Comparto el salvamento de voto del Magistrado J.G.H.G., excepto en las consideraciones que en él se hacen sobre el artículo 69, declarado exequible.
Sentencia nº 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 7 de Abril de 2011

References: Artículo 52
 artículo 29
 artículo 52
 artículo 89
 artículo 52
 artículo 31
 artículo 116
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 116
 artículo 51
 artículo 30
 artículo 86
 artículo 51
 artículo 189
 artículo 69
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 79
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 335
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 17
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 11

Artículo 91
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 91
 artículo 87
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 116
 artículo 29
 artículo 101
 artículo 58
 artículo 101
 artículo 38
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 120
 artículo 120
 artículo101
 artículo 101
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 152
 artículo 150
 artículo 152
 artículo 189
 artículo 15
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 20
 artículo 152
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 152
 artículo 20
 artículo 114
 artículo 69
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 69
 artículo 51
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