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Timestamp: 2018-09-26 13:11:01+00:00

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Etica Deontología Contratación Pública
Etica, Deontologia y las leyes de contratacion publica
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4. ¿Qué es Deontología?
Como deontología se denomina la ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios
éticos que conciernen a cada profesión, oficio o ámbito laboral. La palabra, como tal, es un
neologismo acuñado por el filósofo inglés Jeremy Bentham a partir de la palabra griega δέον,
δέοντος (déon, deóntos), que significa ‘el deber’, y el sufijo -logía, se indica ‘tratado’ o ‘ciencia’.
La deontología fija las normas que rigen la conducta y el desempeño en la esfera profesional,
según las cuales se exige al profesional determinadas responsabilidades en relación con los actos
ligados a su campo laboral. Como tal, es una ciencia aplicada al ámbito moral, que se enfoca en
todas aquellas conductas y actuaciones que no están no contempladas ni en el derecho ni
sometidas al control de la legislación pública.
Los colegios profesionales son, en este sentido, las entidades encargadas de fijar, mantener,
promover y defender los códigos deontológicos, así como de vigilar su correcto cumplimiento y
exigir determinados niveles de competencia y calidad a sus adscritos en el desempeño de sus
8. ¿qué leyes regulan la contratación estatal?
El decreto 4881 de 2008, reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007, en relación con la
verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de
Proponentes (RUP), a cargo de las cámaras de comercio y se dictan otras disposiciones (ver decreto
92 de 1998 en este capítulo). Dentro de su articulado, el decreto delimita el alcance frente a
algunas precisiones comunes en la contratación como, por ejemplo, los requisitos habilitantes.
Éstos se definen como la capacidad jurídica y las condiciones adecuadas –experiencia, capacidad
financiera y organización de los proponentes– exigidas para la participación en el proceso de
selección, de manera proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor. Para su verificación, las
entidades los exigirán en los pliegos de condiciones, bajo los mismos parámetros que se incluyen
en el certificado expedido por la Cámara de Comercio. Así mismo, dictamina obligaciones sobre
manejo y diligenciamiento del formulario y certificado de inscripción en el RUP, su verificación
documental y la calificación y el puntaje máximo que puede obtener un proponente para su
clasificación como constructor, consultor o proveedor. Para el caso de proveedores, que es la figura
de proponente que participa en los proyectos de suministro de alimentación, el artículo 34 de este
decreto declara que éstos se autocalificarán mediante la evaluación de tres factores:4 experiencia
probable (E), capacidad financiera (Cf) y capacidad de organización (Co). Con base en estos
criterios se establecerá el monto máximo de contratación (K), para un año en términos de SMMLV.
El decreto 2474 de 2008, expedido el 31 de julio, reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993 y la
ley 1150 de 2007. Su objeto es aplicar las modalidades de selección y señala disposiciones en
materia de publicidad, selección objetiva y otros aspectos relacionados con los procesos de
contratación pública. Esta norma deroga el decreto 066 (enero 16) del mismo año. Entre las
modalidades de selección que plantea y describe, se encuentran: licitación pública, selección
abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Así mismo, amplía consideraciones sobre
los cuales. se desarrolla el comercio regional y la calidad entre los participantes. el Estado. dentro de ese precio. con excepción de los artículos 6. entre otras. 9 y 24. de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable. Decreto 2170 de 2002 El decreto 2170 de 2002 fue derogado por el 2474 de 2008. conformación de listas multiusos en la presentación de Propuestas Técnicas Simplificadas (PTS) y deroga el artículo 44. la industria nacional se encuentre en igualdad de puntaje frente a un proponente extranjero. convocatorias o concursos públicos. Por otra parte. la entidad tendrá en cuenta tanto los valores de fletes. El RUPR es reglamentado y regulado por la ley 598 de 2000. a través del Registro Único de Precios de Referencia (RUPR) a través del Sistema de Información para la Contratación Estatal (SICE). cuando.8 Sin embargo. dependiente del tipo de selección Jhon Jairo Bejarano Roncancio 108 tanto del contratista.6 Ley 816 de 2003 Por medio de esta norma se apoya la industria nacional a través de la contratación pública. En consecuencia. excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta. para los diferentes procesos que se lleven a cabo. . o en su defecto en la Gaceta Oficial de la respectiva entidad administrativa territorial u otro mecanismo determinado– todos los contratos que celebren las entidades estatales señaladas en el artículo 2 de la ley 80 de 1993. procedimiento de contratación. ordena la publicación –en el Diario Único de Contratación Pública. en general. o mediante cualquier modalidad contractual. el decreto 2025 de 2009 lo modifica parcialmente en los componentes de pliego de condiciones. El artículo 6 motiva la consulta de precios o condiciones del mercado en los procesos de selección de bienes y servicios. esta ley estimula la industria colombiana para que participe en los procesos de contratación y oferte bienes y servicios nacionales. en general. como de la publicidad del procedimiento en el SECOP. y todo el proceso. se dará prioridad a la oferta nacional. como las condiciones de pago. En su artículo 1 decreta: Las entidades de la administración pública7 que.los estudios previos que debe realizar la entidad pública. por calificación final para una adjudicación de un proceso. deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones. y fortalece el principio de transparencia y la acción de las veedurías ciudadanas. deben hacerse con formalidades plenas y aquellos sin formalidades plenas cuyo valor sea igual o superior a 50 SMMLV. adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. en su articulado. Sin embargo. seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes o servicios. todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio. los riesgos previsibles5 y las garantías. De esta manera. contratos de prestación de servicios de salud. por medio del cual se deroga el 2504 de 2001 y se reglamenta el parágrafo 3 del artículo 41 de la ley 80 de 1993. Decreto 327 de 2002 El decreto 327 es una norma expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. para elaborar los estudios previos a una contratación. a través de los estudios de prefactibilidad y de la consulta de precios que le suministran previamente los diferentes gremios. Este aspecto lo ratifica el decreto 2474 de 2008. Además. contratación de mínima cuantía. los volúmenes y. conforme al artículo 39 de la misma ley. En su articulado. Esta acción permite una comunicación con el público.
las instituciones ofertantes mantienen una partida presupuestal para abrir oficialmente un proceso.realiza un análisis de las ofertas que realizan los proponentes para tomar decisiones frente a una descalificación o declarar desierto un proceso. determina que las entidades estatales deberán convocar veedurías ciudadanas para realizar control social a cualquier proceso de contratación. cuando la entidad carezca de la infraestructura tecnológica y de conectividad para acceder a la información del RUPR. Por otra parte. Adicionalmente. en su parágrafo. del cual deberá dejar constancia escrita. el artículo 9 hace énfasis en la actividad de las veedurías ciudadanas como parte de la contratación estatal durante las etapas precontractual. el contralor general de la República estableció la organización y el funcionamiento estos tres procesos que mantienen una interactividad actualizada y dinamizan la contratación pública y las funciones de vigilancia y control por parte de los organismos estatales competentes. esta ley crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE). Así mismo. les suministrarán toda la información y documentación pertinente que no esté publicada en la página Web de la entidad. ¿qué principios rigen la contratación pública? . y el Registro Único de Precios de Referencia (RUPR). y ante los organismos de control del Estado. de los bienes y servicios de uso común en la administración pública. Para finalizar. el Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS). contractual y poscontractual de cualquier proceso. por medio de la resolución 05314 de 2002. en procura de una mayor eficiencia y transparencia en la contratación estatal.9 Actualmente. 13. la consulta de precios o condiciones del mercado se entenderá verificada con el estudio que la entidad realice para el efecto. e intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso. harán parte del archivo electrónico de la entidad y constituirá uno de los elementos del expediente del proceso de contratación Ley 598 de 2000 Con el fin de lograr la modernización de la gestión contractual pública. El costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. en las licitaciones públicas. En este caso. el artículo 24 dictamina que la información contenida en los documentos electrónicos que se produzcan durante un proceso de contratación realizado con el apoyo de herramientas tecnológicas. Dentro de sus funciones se cuentan: hacer recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que administran y ejecutan el contrato. justificado en el inciso tercero del artículo 66 de la ley 80 de 1993. En otras circunstancias.
 En el caso de la licitación la plena aplicación del artículo 273. que el proceso de selección del contratista debe realizarse de manera publica y ajustada a derecho. plazos.1. condiciones de costo.  Serán nulos los contratos celebrados sin ocasión de expedición de reglamento específico por parte del gobierno.[2]  Se encuentra en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. -todas ellas de posible cumplimiento-. Principio de economía: . Esto es. reglas. Indicando que:  En los procesos contractuales.  Se expiden copias de las actuaciones por parte de las autoridades.  En los pliegos de condiciones se indicaran requisitos.  Las actuaciones serán públicas.  2.  El procedimiento de subasta se realizará haciendo uso de las entidades financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera.  Las autoridades no actuaran con desviación o abuso de poder o refiriendo el nombre de algún servidor público. Principio de publicidad o transparencia  Indica la necesidad de difusión pública de información concerniente a la contratación pública. los interesados pueden conocer las decisiones y controvertirlas.
 La normas se interpretaran sin lugar a dilaciones. documentos originales o autenticados. el dinero y los medios invertidos en procesos de contratación pública bajo la regla de que los trámites se adelantaran con austeridad de tiempo. cumpliendo con los deberes y obligaciones de cada uno.  Se aplica el silencio administrativo positivo. traducciones oficiales ni cualquier otra formalidad salvo cuando las leyes especiales lo exijan.  El acto de adjudicación no se someterá a revisiones administrativas posteriores  Las corporaciones de elección popular y los organismos de control. el análisis de la conveniencia del objeto por contratar así como las autorizaciones. esto es. los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños causados por razón de ellas. autenticaciones.  Se encuentra en el artículo 25 de la ley 8 de 1993 señalando que:  Se indicaran términos perentorios para las distintas etapas de la selección.[4]  El principio de economía tiene consecuencias sobre el tiempo.[3]  Gracias al principio de economía.  Implica que las condiciones del trámite contractual sean las estrictamente necesarias para la escogencia objetiva de la propuesta más favorable. no intervienen en los proceso de contratación salvo en la audiencia de adjudicación de licitaciones.  La conductas por las cuales los servidores públicos pueden ser responsables las señala la ley 80 de 1993 y entre ellas se encuentran: abrir licitaciones sin haber realizado el pliego de peticiones. Principio de Responsabilidad:  Los sujetos que actúan en la actividad contractual se deben ceñir a la ley. civil y penal por las acciones y omisiones en la actuación contractual  De acuerdo con el num 2 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. el cumplimiento de las disponibilidades presupuestales correspondientes. los estudios y pliegos de condiciones requeridos. el derecho sustancial prevalece sobre la forma.  Las autoridades no exigirán sellos. medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.[5]  El artículo 51 de la Ley 80 de 1993 preceptúa la responsabilidad disciplinaria. que luego de 3 meses de haber presentado una solicitud ajustada a derecho. sin haber recibido respuesta. . reconocimientos de firmas. se entenderá que la decisión es favorable al solicitante 3. o cuando esos se hayan hecho incompletamente.
evitando decisiones inhibitorias. como principio y como derecho. C-124 de 1996. La violación del principio de moralidad se asocia a todas las actuaciones de las personas cuya motivación es diferente de los fines del servicio y además actúa con una clara violación de los mandatos legales. la protección a los usuarios. por lo tanto. orienta la producción normativa infra-constitucional e infra-legal a la vez que se configura como precepto interpretativo de obligatoria referencia para el operador jurídico. Respecto de las cuales indicó que se debe garantizar el acceso a la administración y a sus funcionarios. Principio de moralidad  El Estado debe mantener la moralidad social en el cumplimiento de sus fines. este último indicando las acciones populares que proceden para invocar situaciones donde está comprometida la moral administrativa. Para ello.[6]  Tiene doble dimensión. los contratistas son responsables en tres circunstancias: 1)Formular propuestas artificialmente bajas. y la defensa de los intereses estatales.  Considera la corte que es dable aplicar criterios de diferenciación en ciertos casos en los cuales sea necesario equilibrar las posiciones de las partes. 3) por la calidad del objeto contratado. 67 y 88.  Además. Como principio. Principio de igualdad  La Corte Constitucional ha tocado el tema en varias oportunidades.[7]  Se relaciona en gran medida con el principio de transparencia 6. Principio de Eficacia  La Corte Constitucional manifestó que la eficacia consistía en alcanzar los logros propuestos en los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de derechos colectivos e individuales. T-330 de 1993. con la sentencia T- 489 de 1999.  En virtud de la eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad y que.  Se basa los postulados constitucionales de los artículos 34. más no de discriminación. 4.[8] . la administración requiere de una función administrativa eficiente que responda a las exigencias del Estado social de derecho. debe aplicarse a las actividades contractuales.  Se basa en el cumplimiento de las determinaciones de la administración.  En el mismo sentido el Profesor Atehortúa Ríos. 2) haber ocultado inhabilidades incompatibilidades o prohibiciones y. C-339 de 1996. las autoridades deben remover de oficio los obstáculos puramente formales. indica que la moral administrativa “alude a la obligación que tienen todas las entidades estatales y los particulares que administran recursos del Estado o los que cumplen funciones públicas para actuar sólo motivados por las razones del servicio.  Es un principio de la función administrativa que en concordancia con el artículo 13 de la ley 1150 de 2007. 5.
 Existe una presunción legal según la cual los actos administrativos son conforme a derecho y cumplieron con todos los requisitos necesarios para su expedición y vigencia plena.  Constitucionalmente. el artículo 209 indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en varios principios.  Es la misma ley la que le atribuye potestades a la administración. de la convocatoria pública al pre pliego de condiciones hay un plazo de 10 días hábiles. Principio de buena fe:  Implica tener en cuenta que la seguridad jurídica. y con el que le da la fundamentación especial. La celeridad comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos para lograr que alcancen sus cometidos básicos con prontitud. contratante y contratista. Principio de celeridad  Hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa y se asocia con el artículo 84 de la Constitución que prohíbe trámites adicionales para el ejercicio de una actividad que ha sido reglamentada. 9. 7. participen simultáneamente dentro de la actuación administrativa.[10] 8.  Está ligado al concepto de eficacia. asegurando que el efecto de su gestión se proyecte oportunamente en la atención de las necesidades y aspiraciones de sus destinatarios. se convierten en presupuestos de las actuaciones de todas las personas. Principio de legalidad  Implica una sujeción a la ley  Debe existir una conformidad en los actos de contratación con el ordenamiento jurídico general. . la lealtad. permitiéndosele al administrado participar en todas aquellas actuaciones que puedan ir en contra de sus intereses o derechos 11. 10. ya que esta consiste en la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos.  Así mismo esta se ve reflejada en la contratación estatal ya que en varías materias se establecen plazos para la realización de los contratos. Principio de imparcialidad:  Obligan a que las autoridades traten igualmente a todas las personas sin ningún tipo de discriminación y se de un trato administrativo uniforme. En la licitación publica. la credibilidad y la certidumbre son reglas básicas de convivencia y que como tales.[9]  Mediante el Código Contencioso Administrativo se señala que el retardo injustificado en la prestación de los servicios públicos es causal de sanción disciplinaria. Principio de Contradicción:  Permite que tanto administración como administrado. por ejemplo .
 Justificación de factores de selección  Soporte de riesgos previsibles  Análisis de garantías  Indicación de protecciones internacionales. especificaciones y tipo de contrato a celebrar  La modalidad de selección de contratista  El valor estimado del contrato.  Guarda relación directa e inmediata con los principios del interés general y la legalidad. indicando las variables utilizadas para celular el presupuesto y los rubros que los componen.12.  Los contratistas tienen derecho a recibir oportunamente su contraprestación o remuneración  La interpretación del contrato o de cualquiera de sus clausulas debe hacerse atendiendo a la existencia de obligaciones conmutativas.  Contenido de los estudios previos  La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer. la ejecución y liquidación de los mismos. Hasta un determinado límite de pérdida.  El objeto a contratar. Principio de Ecuación Contractual  Procura mantener las condiciones económicas previstas al momento de celebrarse el contrato. procurando recoger para el régimen jurídico los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas.  Los contratos de tracto sucesivo se pueden revisar ante el advenimiento de circunstancias imprevistas o imprevisibles. imputables al contratista y por hechos y actos de la administración  Art. La revisión del lucro cesante del contratista. 3. 2. no pueden ser de ninguna manera producto de la improvisación. la celebración de contratos. posteriores a su celebración qe impliquen una mayor onerosidad para una de las partes  El equilibrio económico puede afectarse por hechos sobrevinientes. Una indemnización o compensación. Principio de Planeación  Complementa el principio de economía y principalmente tiene que ver con todos los aspectos que se requieren previo al inicio de selección de contratistas. 13. .27 de la ley 80 de 1993  El mantenimiento del equilibrio del contrato apunta a la revisión de las condiciones económicas del mismo y su restablecimiento de varias formas: 1.
igualdad y equivalencia y será necesario revisar las condiciones del contrato cuando este se vea afectado por alguna de las partes. la entidad debe:  Adoptar pliegos de condiciones generales  Fijar plazos razonables  Evaluar todas las propuestas  Aplicar estrictamente los criterios de selección establecidos en los términos de referencia.  En desarrollo del Principio de Selección Objetiva. sin tener en consideración factores de afecto o de interés y. En consecuencia. 29 de la ley 80 de 1993  Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca. los factores de escogencia y calificación. Selección objetiva  Regulado por el art. cualquier clase de motivación subjetiva. las compensaciones e indemnizaciones a favor del contratista. el contenido y evaluación de las propuestas que formulen los oferentes resultan especialmente exigentes para garantizar un procedimiento objetivo y transparente.  En todas las actuaciones deberá mantenerse la reciprocidad. con el fin de restablecerlas a las condiciones del contrato inicial. 14.  La forma de presentación. en general. .  La aplicación del régimen de cláusulas excepcionales implica en caso de ser procedente. cerrando así el paso a cualquier consideración discriminatoria que pudieran llevar a cabo las autoridades.  Evaluar las propuestas bajo los mismos parámetros de ponderación establecidos en los documentos del proceso de selección.  En el caso de variaciones de precios estos deben revisarse ante la ocurrencia de circunstancias imprevistas.
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References: artículo 34
 artículo 44
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 41
 artículo 39
 artículo 9
 resolución 
 artículo 24
 artículo 66
 artículo 273
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 209
 artículo 84