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Timestamp: 2018-10-17 06:11:53+00:00

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TÍTULO I. DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE Y SUS DISTINTAS CATEGORÍAS.
CAPÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS.
Artículo 6. Facultades y deberes de los propietarios de suelo no urbanizable sujeto a especial protección.
CAPÍTULO II. USOS, ACTIVIDADES Y APROVECHAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 8. Restantes obras, usos y aprovechamientos.
Artículo 9. Obras, usos y aprovechamientos realizables, con carácter excepcional, en suelo no urbanizable de especial protección.
CAPÍTULO III. USOS, ACTIVIDADES Y APROVECHAMIENTOS SUJETOS A AUTORIZACIÓN.
Artículo 10. Viviendas aisladas.
Artículo 11. Almacenes vinculados a explotación agrícola, ganadera o forestal.
Artículo 12. Instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o cinegéticas.
Artículo 13. Explotación de canteras y extracción de áridos o de tierras.
Artículo 14. Actividades de servicios, vinculadas funcionalmente a las carreteras, autorizadas por la ordenación específica de éstas.
Artículo 15. Adquisición del derecho a la edificación.
CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES SUJETAS A PREVIA DECLARACIÓN DE SU INTERÉS COMUNITARIO.
SECCIÓN I. PROCEDIMIENTO ORDINARIO.
Artículo 16. Condiciones generales de los usos y aprovechamientos sujetos a declaración de interés comunitario.
Artículo 17. Atribución del uso y aprovechamiento para las actividades mineras.
Artículo 18. Atribución de uso y aprovechamiento para actividades industriales y productivas.
Artículo 19. Atribución de uso y aprovechamiento para actividades turísticas, recreativas, deportivas, de ocio y esparcimiento, y terciarias en general.
SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.
Artículo 20. Atribución y definición de uso y aprovechamiento para actividades terciarias e industriales de especial importancia.
No servía ni sirve, como solución, imponer una exégesis laxa que forzará el tenor de la Ley, pues, aparte del detrimento que ello supone para la seguridad jurídica, comportaría una quiebra de nuestro sistema urbanístico, pues muchas actividades económicas, tentadas por la baratura del suelo y los menores costes de urbanización, usarían el no urbanizable como sucedáneo del urbano, acarreando su ocupación caótica en perjuicio del urbanismo formalizado y de las exigencias medioambientales.
El régimen del suelo se articula sobre la distinción entre el sujeto a especiales medidas de protección y el sometido a una regulación común . Cada área protegida tendrá su estatuto específico, definido por las medidas protectoras que el planeamiento, coordinadamente con la legislación sectorial y modulando los valores concretos a conservar, establezca. Pero el régimen de protección deja de ser una singularidad, exigiéndose, como pauta habitual, su delimitación por el plan o, en su defecto, una explícita justificación de la ausencia de este suelo. Se establecen, asimismo, medidas de garantía para la directa protección del patrimonio forestal de la Comunidad Valenciana, que se vienen a sumar a las normas de protección del patrimonio rural del suelo contenidas en el Capítulo IV de la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1989, de 7 de julio.
Las actuaciones productivas y terciarias, en suelo no urbanizable, requerirán la previa declaración de su interés comunitario otorgada por la Generalidad, dando participación a los municipios en el procedimiento.
La Ley hace un esfuerzo analítico por definir qué tipo de actuaciones y bajo qué supuestos se podrán amparar, mediante la declaración de interés comunitario, y cuales no. Se desarrolla así, siquiera de forma básica y preliminar, el viejo concepto indeterminado de necesidad de emplazamiento en el medio rural , previsto en la Ley de 1976. Formulada una propuesta, dentro de estos supuestos, el órgano otorgante deberá examinar tanto su compatibilidad con el planeamiento y con los estándares y condiciones generales que establece la Ley, que complementarán sus reglamentos de desarrollo, como la conveniencia y oportunidad misma de acometer la propuesta, ponderando su incidencia en la correcta vertebración del territorio.
El acto de aprobación, por tanto, no puede ser ya una mera autorización tutelar de policía, sino que, a semejanza de la operación aprobatoria de planes particulares, fijará las condiciones de configuración y ejecución de la actuación para que ésta satisfaga el interés comunitario apreciado en ella. De este modo, la ambigua idea de interés público de la actuación en suelo no urbanizable, propia de legislación estatal anterior, adquiere un contenido más preciso. No se trata de apreciar el interés público de una actividad ubicua y abstractamente considerada, sino de precisar la preferencia e idoneidad de la localización concreta, según los criterios y fines propios de la competencia para la ordenación del territorio. No basta con dirimir qué actuaciones constructivas son asumibles en el espacio rural, sino que hay que ponderar los emplazamientos que den mejor apoyo para la correcta vertebración de su territorio. Los instrumentos de planificación instituidos por la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1989 pueden jugar un papel complementario y orientativo en la aplicación práctica de esta nueva institución.
Además, se ha procurado que la atribución de estos aprovechamientos no se convierta en una suerte de reclasificación puntual del suelo, dado que, cuando se trata de pequeñas y medianas actuaciones, su efecto acumulativo, a largo plazo, puede comportar fuertes condicionamientos para una ordenación racional del territorio. Por ello, la aprobación se otorga condicionada siempre a plazo, aun cuando éste se module según las necesidades amortizadoras del inversor, y aun cuando se prevea la posibilidad de otorga prórrogas, si al caducar aquel no han decaído las circunstancias que determinaron el originario interés comunitario en la actuación. Dicho plazo servirá, recíprocamente, como garantía para el inversor frente a eventuales cambios de criterio de la Administración.
En todo caso, la atribución del aprovechamiento estará vinculada a una actividad concreta, asociando el uso al volumen y ambos a la total superficie de la finca, a las condiciones específicas que se fijen y al plazo que se apruebe.
Un tratamiento especial han recibido aquella actuaciones productivas o terciarias que se pretendan acometer en el espacio rústico y que, por su mayor tamaño y trascendencia, alcanzan a ser, en sí mismas, elementos influyentes en la estructura territorial. Su regulación se ha planteado de forma conexa con la de las reclasificaciones de suelo, materia que, al igual que los convenios urbanísticos, es, por vez primera, abordada abiertamente por un texto legal.

References: Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20