Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/1996/S9-97.html
Timestamp: 2015-11-28 11:17:52+00:00

Document:
San Agustín v.
México, Caso 11.509, Informe No. 9/97, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc.
7 rev. en 528 (1996).
12 de marzo de 1997 En este informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión)
considerará la admisibilidad del presente caso, en vista que los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante el "Estado" o "México") han expresado en reiteradas oportunidades que el mismo debe declararse inadmisible,
por considerar que los peticionarios no han agotado los recursos de la
jurisdicción interna. I. HECHOS DENUNCIADOS 1. De acuerdo a la información presentada por los peticionarios
ante la CIDH en fecha 9 de junio de 1995, el día 2 de junio de 1990 mientras
el indígena otomí Manuel Manríquez San Agustín desempeñaba sus labores
como mariachi en la Plaza Garibaldi del Distrito Federal, varios sujetos
solicitaron los servicios de su grupo. Una vez que se encontraba en la
camioneta que utilizaban usualmente para transportarse, los sujetos los
obligaron a ponerse boca abajo y los trasladaron a la Agencia del Ministerio
Público, donde los obligaron a bajarse con los ojos vendados. Señalan,
que posteriormente supieron que los individuos que los habían detenido
eran agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal; que la detención
fue ilegal y arbitraria pues no existía orden de aprehensión, que no habían
pruebas y que ni siquiera se configuraba la hipótesis de que Manuel Manríquez
hubiera cometido el delito que posteriormente se le imputaría. 2. Agregan que una vez dentro de la Agencia del Ministerio Público
los funcionarios torturaron al Sr. Manríquez con el objeto de que confesara
que había cometido el homicidio de Armando y Juventino López Velasco. Que
en base a esta confesión producto de la tortura, teniendo conocimiento
de la misma y aún cuando ésta había sido desechada por el detenido, el
Juez Trigésimo Sexto Penal le imputó el delito de homicidio condenándolo
a 27 de años de prisión, decisión que fue confirmada por la Décima Primera
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, y luego negados los recursos
interpuestos contra ella por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Distrito Federal, por la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia
del D.F. y por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, en fecha
15 de octubre de 1992, 31 de agosto de 1994 y 27 de enero de 1995, respectivamente.
Actualmente Manuel Manríquez San Agustín se encuentra detenido en la Penitenciaría
de Santa Marta Acatitla, cumpliendo la referida pena que le fue impuesta. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 3. El 12 de julio de 1995 la Comisión, de conformidad con el
artículo 34 de su Reglamento, transmitió al Estado las partes pertinentes
de la denuncia, y le solicitó información sobre los hechos denunciados,
si en el caso se habían agotado todos los recursos internos, para lo cual
se le concedió un plazo de 90 días. 4. El día 6 de octubre de 1995, el Estado solicitó una prórroga
de 30 días con el objeto de reunir la documentación necesaria para dar
una respuesta adecuada; la Comisión accedió a la solicitud el 10 de octubre
de 1995. 5. El 7 de noviembre del mismo año, el Estado solicitó una segunda
prórroga de 30 días a efecto de recabar la información para dar una respuesta
adecuada; la prórroga fue concedida por la Comisión el día 8 del mismo
mes y año. 6. El 7 de diciembre de 1995, el Estado presentó su respuesta
en relación al caso en trámite. 7. El 14 de diciembre de 1995, la Comisión remitió a los peticionarios
las partes pertinentes de la respuesta del Estado en relación al caso. 8. El 29 de enero de 1996 los peticionarios solicitaron una prórroga
de 30 días para realizar las observaciones a la respuesta del Estado, pues
se encontraban a la espera de información relevante; el 31 de enero del
mismo año la Comisión accedió a lo solicitado. 9. El 7 de marzo de 1996 los peticionarios transmitieron a la
Comisión sus observaciones a la respuesta del Estado. 10. El 21 de marzo de 1996 la Comisión envió al Estado las partes
pertinentes de las observaciones de los peticionarios. 11. El 29 de abril de 1996 el Estado remitió a la Comisión sus
observaciones finales. 12. El 22 de mayo del mismo año, los peticionarios enviaron a
la Comisión información adicional sobre el citado caso. 13. El 10 de junio de 1996, la Comisión transmitió al Estado
la información adicional presentada por los reclamantes. 14. El 8 de julio de 1996, el Estado remitió a la Comisión sus
observaciones en relación a la información adicional suministrada por los
peticionarios. 15. El 9 de octubre de 1996, se efectuó una audiencia con el
fin de discutir aspectos relacionados con la admisibilidad del caso. III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición de los Peticionarios 16. Los reclamantes sostienen que ha existido un retardo injustificado
en la decisión de los recursos internos, pues el proceso de investigación
de las torturas sufridas por el inculpado ha sido sumamente lento y dilatado.
Agregan que el proceso de averiguación previa se inició el 17 de noviembre
de 1992 --dos años y medio después de ocurridos los hechos--, y duró más
de 3 años para que dictaran las respectivas órdenes de aprehensión, tardanza
que no tuvo como fundamento un exceso de celo en la investigación, pues
durante la mayor parte del tiempo la misma estuvo abandonada. 17. Afirmaron que la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal se declaró incompetente el 17 de diciembre de 1992, remitiendo
el caso a la Procuraduría General de la República, quien no aceptó la competencia,
devolviendo el expediente el 27 de enero de 1993, no habiendo ocurrido
ninguna investigación hasta la fecha, lo que denota falta de voluntad en
investigar y aclarar el caso. 18. Agregan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en
su recomendación 35/94 del 17 de marzo de 1994, estableció que Manuel Manríquez
San Agustín fue víctima de tortura y detención arbitraria y prolongada,
señalando la necesidad de concluir las investigaciones sobre esos hechos,
de ejercitarse la acción penal correspondiente, de solicitar las órdenes
de aprehensión y de velar por su inmediato cumplimiento. 19. Asimismo, señalan que sólo cuando se presentó la denuncia
ante la Comisión se logró el avance de las investigaciones por tortura,
y se han logrado algunos resultados como son las aprehensiones de algunos
de los funcionarios responsables de las torturas; sin embargo, aún no se
ha indemnizado ni reparado material y moralmente al Sr. Manríquez por las
violaciones de que fue objeto, habiéndose igualmente dilatado el juicio
que por tortura se sigue en contra de los funcionarios policiales, entre
otras, por la declaración de incompetencia que realizó el 29 de noviembre
de 1995 el Juez 631 del Distrito Federal. 20. Que de acuerdo con los artículos 5.2 y 8.3 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, existe una prohibición de emplear la
tortura, y los elementos provenientes de dicho método deben ser privados
de todo valor probatorio, abarcando no sólo la tortura sino cualquier medio
que constituya una coacción; que en el caso en cuestión se probó que hubo
tortura, lo cual lo acredita el propio Ministerio Público; por consiguiente
se debe privar de todo valor probatorio a dicha confesión. 21. Expresaron asimismo, que de acuerdo al principio de presunción
de inocencia consagrado en la Convención en el artículo 8.2, todo individuo
sometido a una investigación criminal debe ser tratado como inocente mientras
no se declare su culpabilidad; de esta manera, si existe cualquier duda
respecto de la culpabilidad del individuo, ésta se debe traducir en una
absolución. En este sentido agregan, que el Sr. Manríquez sigue privado
de libertad por el supuesto delito de homicidio, en el que la única prueba
que existe respecto a su participación en el crimen es una confesión ante
la Policía Judicial obtenida por medio de la tortura. 22. Por último, expresaron que el Estado tiene el deber de investigar
la denuncia de un delito; por consiguiente, quien ha debido investigar
y recopilar pruebas es el Estado y no el inculpado; igualmente, como el
propio Estado destaca, el mismo ha agotado todos los recursos legales disponibles
para que los tribunales de justicia eliminen como prueba la confesión obtenida
por medio de la tortura, sin embargo, todos sus esfuerzos han resultado
inútiles. B. Posición del Estado 23. El Estado afirmó que en el ordenamiento jurídico mexicano
para acreditar el elemento subjetivo del delito y la responsabilidad del
acusado es necesaria prueba plena y directa de la cual se desprendan imputaciones
directas a personas concretas, que precisen circunstancias de lugar, tiempo
y modo de ejecución del hecho delictuoso. Al contrario de lo que alegan
los reclamantes, el Poder Judicial encontró que otras pruebas distintas
de la confesión y de la testimonial sí acreditan la participación de Manuel
Manríquez en el delito por el que fue sentenciado. 24. Igualmente expresa que en cuanto a la supuesta violación
del Principio de Presunción de Inocencia en el procedimiento alegado por
el quejoso, no se acredita ni se configura violación alguna a las garantías
individuales consagradas en los artículos 16 y 20 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, porque efectivamente la autoridad judicial
respectiva aplicó dicho precepto jurídico en todo el procedimiento, en
consonancia con el artículo 8.2 de la Convención; sólo hasta el final del
procedimiento se acreditó la culpabilidad del inculpado, en base a las
pruebas presentadas por el Ministerio Público en la fase de instrucción
del proceso. 25. Asimismo, sostiene que en seguimiento de la Recomendación
35/94, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realizó
las investigaciones conducentes, al término de las cuales concluyó que
los policías judiciales Fernando Pavón Delgado y José Luis Bañuelos Esquivel
se excedieron en sus facultades y cometieron actos de tortura en contra
del señor Manríquez San Agustín. Que el 15 de noviembre de 1995, la referida
dependencia emitió el pliego de consignación correspondiente ante el Juzgado
631 de lo Penal, quien giró las órdenes de aprehensión correspondientes,
las cuales fueron ejecutadas el 24 de noviembre de 1995 por la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal. 26. El Estado considera que en la petición de que se trata no
se han agotado los recursos de jurisdicción interna, pues se está siguiendo
proceso penal en contra de los policías judiciales; además de que el peticionario
no ha ejercido el derecho de recibir una indemnización por parte del Ministerio
Público, de acuerdo al artículo 20 constitucional que consagra como garantía
individual el derecho de la víctima "a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda". 27. Por último, el Estado sostiene que en la investigación de
los hechos realizada por el Ministerio Público no existe retardo injustificado
alguno, ya que el ritmo de las diligencias correspondió a la necesidad
de una exhaustiva y meticulosa investigación como lo fue realizada en este
caso; por lo tanto no opera la excepción señalada en el artículo 37, numeral
2, inciso c), del Reglamento de la Comisión Interamericana. IV. CONSIDERACIONES GENERALES A. Consideraciones respecto de la competencia de la Comisión 28. La Comisión es competente para conocer de este caso por tratarse
de alegatos sobre derechos reconocidos y consagrados en la Convención Americana:
artículo 1.1. relativo a la obligación del Estado de respetar y garantizar
los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción; artículo 5,
relativo a la integridad personal; artículo 7, referente al derecho a la
libertad personal; artículo 8, derecho a las garantías judiciales; y artículo
25, derecho a la protección judicial, tal y como dispone el artículo 44
de dicha Convención, de la cual México es parte desde el 3 de abril de
1982. B. Consideraciones respecto a los requisitos formales de admisibilidad 29. La presente petición reúne los requisitos formales de admisibilidad
previstos en los artículos 32, 37, 38 y 39 del Reglamento de la Comisión.
En efecto, la misma contiene los datos de los peticionarios, una relación
de los hechos denunciados, una indicación del Estado responsable, así como
información detallada sobre el agotamiento de los recursos de jurisdicción
interna. Además, la denuncia fue interpuesta dentro del plazo establecido
para su presentación, no se encuentra pendiente de otro procedimiento de
arreglo internacional, ni es sustancialmente la reproducción de una petición
pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión. 30. En relación al requisito de agotamiento de los recursos internos,
el artículo 46.1.a. de la Convención Americana señala que "para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó
45 sea admitida por la Comisión, se requerirá que se hayan interpuesto
y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios
del Derecho Internacional generalmente reconocidos". 31. El punto 2 de ese mismo artículo establece que las disposiciones
en relación al agotamiento de recursos de la jurisdicción interna no se
aplicarán cuando: a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata
el debido proceso legal, para la protección del derecho o derechos que
se alegan haber sido violados;
b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos
el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido
de agotarlos, y
c. haya retardo injustificado de la decisión sobre los mencionados
recursos. 32. Los peticionarios han señalado que el proceso de averiguación
previa se inició el 17 de noviembre de 1992 --dos años y medio después
de ocurridos los hechos--, y duró más de tres años para que se dictaran
las respectivas órdenes de aprehensión, sin que hasta la fecha --más de
cuatro años después de los hechos-- dicho proceso haya culminado. 33. Al respecto señaló el Estado que en la investigación de los
hechos realizada por el Ministerio Público no existe retardo injustificado
de una exhaustiva y meticulosa investigación, la que culminó con el ejercicio
de acción penal y la posterior detención de los policías judiciales Fernando
Pavón Delgado y José Luis Bañuelos Esquivel. 34. Sobre el particular ya la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que "de ninguna manera la regla del previo agotamiento debe conducir a que se tenga
o demore hasta la inutilidad la actuación internacional".[1] 35. Asimismo, la Comisión ha expresado sobre el particular que "el
derecho a un proceso dentro de un plazo razonable que prevé la Convención
Americana se fundamenta, entre otras razones, en la necesidad de evitar
dilaciones indebidas que se traduzcan en una privación y denegación de
justicia en perjuicio de personas que invocan la violación de derechos
protegidos por la referida Convención".[2] 36. De autos se desprende que han pasado más de 6 años desde
que ocurrieron los hechos, siendo apenas en 1995 cuando se dictaron las
respectivas órdenes de aprehensión contra los presuntos torturadores, y
hasta el momento no se ha dictado sentencia. En este sentido, la Comisión
considera que en las circunstancias concretas del presente caso, un plazo
de más de 6 años configura un retardo injustificado en las investigaciones
y los procesos. Asimismo, estima que el Estado no ha demostrado en ningún
momento su afirmación de que "el ritmo de las diligencias correspondió a la necesidad de una exhaustiva y meticulosa
investigación". 37. Esta Comisión quiere expresar igualmente que reconoce los
avances habidos en las investigaciones de los hechos de tortura y en el
procesamiento de los presuntos autores de los mismos, lo cual reitera la
disposición de las autoridades mexicanas de cumplir con las recomendaciones
emitidas por la CNDH. Sin embargo, estima que en el caso bajo análisis
se ha sobrepasado el plazo razonable que establece la Convención en su
artículo 8. 38. Asimismo, la Comisión considera que se encuentra suficientemente
probado en autos que no existe recurso alguno que pueda interponerse a
los fines de impugnar la decisión por la cual se condenó a Manuel Manríquez
San Agustín, cuestión que en ningún momento ha sido controvertida por el
Estado. 39. Por lo antes expresado, la Comisión concluye que la excepción
al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46.2.c
de la Convención es aplicable a este caso, y por lo tanto exime a los peticionarios
de cumplir con dicho requisito de admisibilidad. Con base a las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ACUERDA: 40. Declarar admisible la denuncia presentada en el caso 11.509,
de conformidad con los artículos 46, 47 y 48 de la Convención Americana. 41. Transmitir el presente informe al Estado y a los peticionarios. 42. Ponerse a disposición de las partes, conforme al artículo
45 del Reglamento de la Comisión, a fin de que éstas logren una solución
amistosa en el presente caso. Las partes deberán manifestar por escrito
a la Comisión su disposición de entrar en el proceso de solución amistosa,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente
informe. 43. Continuar con la consideración de las cuestiones de fondo
planteadas en el presente caso. 44. Publicar el presente informe en el Informe Anual a la Asamblea
[1] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez , Excepciones Preliminares,
Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C Nº 1, párrafo 93. [2] Demanda ante la Corte I.D.H., Caso 11.219 (Nicholas Chapman
Blake), 3 de agosto de 1995, página 32. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces

References: artículo 34
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 37

artículo 1
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo
25
 artículo 44
 artículo 46

artículo 8
 artículo 46
 artículo
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