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Timestamp: 2018-08-18 16:18:55+00:00

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Reseña de la acción constitucional de protección | LexWeb
Como podemos observar en la evolución de nuestro ordenamiento jurídico interno, ha habido una serie de derechos fundamentales que han sido incluidos en nuestro Carta Fundamental, lo cual constituye una base para el desarrollo de toda persona que se encuentra en nuestro país, pero ello no basta, pues sin las instancias o medios idóneos que permitan exigir tanto el respeto, promoción y cumplimiento de estos derechos emanados de la naturaleza humana, estas garantías simplemente no tienen una aplicación práctica en la vida común. Para esto en nuestro sistema jurídico se incluye el denominado comúnmente recurso de protección.
Los primeros antecedentes directos sobre el establecimiento de este recurso, surgen en los finales del Gobierno del Presidente Salvador Allende G, en plena crisis jurídico-política que desembocó en el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Como se puede observar en los distintos estudios respecto a lo anterior, durante esos años nos encontramos en un contexto de fuertes pugnas sociales y anarquía, que demostraron de manera indiscutible la poca eficacia del ordenamiento jurídico y de los mecanismos institucionales que garantizaban los derechos a las personas, esto según el profesor Humberto Nogueira, se debía a determinados factores:
El primero de estos, dice relación con la letargo y la vulnerabilidad dilatoria de los procedimientos jurisdiccionales existentes en materia de protección de los derechos fundamentales, exceptuándose la libertad personal a través del Habeas Corpus o Recurso de amparo, el cual se encontraba en el artículo 16 de la Constitución de 1925. El segundo factor se vincula a la inexistencia de mecanismos institucionales de protección directa e inmediata de los derechos fundamentales, que permitiere restablecer el imperio del derecho y los derechos de las personas, un tercer factor referente a las acciones contenciosa-administrativas, frente a los excesos y arbitrariedad de la autoridad pública, no tenia concreción practica en virtud de una interpretación jurisdiccional que circunscribía su ejercicio a los tribunales administrativos, los cuales según Nogueira no existían mas que como “norma programática de la carta fundamental de 1925, sin desarrollo legislativo”, además podemos agregar que las acciones de inconstitucionalidad solo operaban a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el cual requería de la existencia de una gestión judicial pendiente, planteada ante la Corte Suprema, en donde tenia un carácter reparador con efecto relativo entre las partes, cabe detallar que el control preventivo de constitucionalidad en esa época estaba en manos del Tribunal Constitucional, este solo podía ser solicitado por el Presidente de la República, la Cámara de Diputados o el Senado, o en su caso una minoría significativa de ellas, el cual podía desenvolverse respecto de proyectos de ley.
Por lo anteriormente señalado, se estimó necesaria la creación de una acción constitucional referente a la defensa de los derechos fundamentales de cualquier persona que pudieren ser afectados, y que a la vez fuere sencilla, fácil de operar y eficaz en el restablecimiento del imperio del derecho y de los derechos fundamentales de las personas.
Respecto de lo anterior, los profesores Jaime Navarrete Barrueto y Eduardo Soto Kloss, preocupados por las frecuentes violaciones de derechos individuales fundamentales, presentaron un borrador de ideas al entonces Diputado Sergio Diez Urzua, en 1973, poco tiempo después de asumir en el Senado en representación entonces de la 6° agrupación provincial, en conjunto con los senadores Sergio Onofre Jarpa y los diputados Mario Arnelio, Gustavo Lorca y Luis Undurraga, propusieron una moción de reforma constitucional a la Constitución de 1925, mas específicamente al articulo 11, agregando un inciso adicional: “Quién por procedimientos, actos u omisiones arbitrarios o ilegales de las autoridades políticas o administrativas o quien quiera, sea perturbado o privado del legítimo ejercicio de sus libertades, bienes, trabajo o derechos garantizados por la Constitución y las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de las acciones que se ejerciten ante los tribunales correspondientes. La Corte Suprema acordará lo necesario para la rapidez y eficacia de este procedimiento y del señalado en el artículo 16, los que estarán exentos de todo tributo”.
Dicha moción, no fue aprobada por los acontecimientos políticos históricos ya conocidos por nosotros, pero este proyecto fue considerado por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, (o más comúnmente llamada Comisión Ortuzar, por ser presidida por el Jurista Enrique Ortúzar Escobar), como fundamento para el desarrollo de esta acción constitucional, acción que nace en nuestro ordenamiento con el Acta Constitucional n° 3, promulgada mediante Decreto Ley 1552 del 13 de septiembre de 1976 “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, aquí el artículo 2° del DL es el antecedente de la acción constitucional de protección, consagrado en la Constitución Política de la República de 1980 en su artículo 20: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”
Respecto al tema conceptual de esta institución, podemos señalar que esta es una acción constitucional, que permite a la persona que como consecuencia de actos u omisiones, arbitrarios o ilegales, sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales, dirigirse hacia una Corte de Apelaciones con el objeto de determinar la realización de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales de justicia.
Como se señaló anteriormente, esta acción constitucional quedo determinado en el artículo 20 de la CPR de 1980, el cual ha sido modificada por la última reforma constitucional del 2005, que ha fijado su texto de la siguiente manera:
“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º incisos 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en los incisos 4º, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.
“Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.
Los sujetos activos (recurrentes) en este recurso, son las personas naturales o jurídicas, que se encuentran en el ejercicio legítimo de un derecho el cual ha sido violado, aquí estas personas tienen el derecho a la protección jurisdiccional y a obtener una sentencia que lo restablezca en el ejercicio de su derecho como lo señala el Profesor Nogueira. Respecto a la legitimación activa se puede definir como la “identificación de la persona del sujeto activo con la persona a la cual el ordenamiento jurídico le concede el derecho de accionar constitucionalmente de amparo o protección”. En Chile esto último esta dado por la Constitución y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Recurso de Protección, la legitimación activa la tiene la persona que ha sido afectada en el ejercicio de su derecho por un acto u omisión, arbitrario o ilegal de un tercero vulnerando uno o varios derechos constitucionales. Se tiene que hacer la precisión respecto a que los extranjeros gozan de derechos individuales en igualdad de condiciones que los nacionales y tienen por ello, legitimidad para plantear acciones constitucionales en protección de sus derechos, como asi también las personas jurídicas pueden accionar mediante sus representantes legales, pues ellas son titulares del derecho a la acción de protección porque en concordancia al concepto de ellas son personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extra judicialmente (sindicatos, corporaciones, fundaciones, sociedades comerciales entre otras), como así también las asociaciones sin personalidad jurídica respecto de los derechos que por su naturaleza sean ejercidos por tales instituciones Respecto al Estado y sus órganos solamente cabe determinar que la legitimación ha sido amplia. Esta acción se concreta por el afectado o por cualquier persona en su nombre, sin asistencia de abogado ante el tribunal competente, así también puede hacer un tercero en nombre de la persona afectada
Los sujetos pasivos pueden ser personas naturales o jurídicas privadas o publicas, la legitimación pasiva está conformada por aquel que haya lesionado o afectado el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, pudiendo ser órganos del poder publico, autoridades o agentes del Estado, instituciones o personas jurídicas de derecho privado o personas determinadas o determinables.
Respecto a la causa de la acción de proteccion, debemos definirla según el Profesor Campos Harriet como “el conjunto de hechos los que relacionados con la norma jurídica otorgan al actor el derecho subjetivo en el cual basa su petición, queja o demanda”. Aquí la causa se descompone en dos elementos; el elemento factico que es el hecho o acción y omisión antijurídicas que da sustento al respectivo amparo o protección mediante la privación, perturbación o amenaza de los derechos asegurados en la Carta Fundamental y el elemento normativo, que consiste en la conexión de los hechos antijurídicos con el precepto constitucional que contiene el o los derechos fundamentales asegurados y garantizados por el amparo o la protección, especificando los derechos en cuyo legitimo ejercicio se encuentra que considera vulnerados por la acción u omisión antijurídica del tercero.
El objeto de esta acción esta determinado por lo que se pide ante el tribunal competente, la restitución al recurrente en el goce de su legitimo ejercicio del derecho afectado por el tercero, restableciendo en lo posible las cosas al estado existente anteriormente a la vulneración del derecho, restableciendo de paso el imperio del derecho , constituyendo una obligación de hacer para el agraviante, u obligar a este ultimo a que omita cualquier acción que afecte el legitimo ejercicio del agraviado o recurrente o se puede reconocer la existencia de un derecho individual desconocido determinándose su respeto.
1- Acción cautelar que da origen a un procedimiento de urgencia en donde se busca la adopción de medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho del particular otorgándole su debida protección, es un proceso principal en donde su decisión es un acto de naturaleza jurisdiccional, de la que va a emanar el efecto de cosa juzgada.
2- Es conocida por los tribunales en el uso de sus facultades conservadoras
3- Se emplea para la protección de las garantías que expresamente señala el articulo 20 de nuestra Constitución,
4- Es una acción conocida en primera instancia, en sala, por la Corte de Apelaciones, y en segunda instancia por la Corte Suprema
5- Es informal, pues se posibilita su interposición por el afectado, o por alguien que lo interponga en su nombre que sea a su vez capaz de comparecer en juicio
6- Para su tramitación hay un procedimiento concentrado e inquisitivo
7- Su fallo produce cosa juzgada forma, ya que las medidas que se adopten no impiden el posterior ejercicio de las acciones para hacer valer los demás derechos ante la autoridad o los tribunales.
El contenido de la acción de protección solo protege los derechos mencionados en el articulo 20 de la CPR, algunos son:
A- Derecho a la vida.
B- Igualdad ante la ley.
C- Derecho a la defensa judicial y a solo ser juzgado por los tribunales que establece la ley
D- Derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
E- Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
F- Libertad de conciencia y libertad de culto.
G- Derecho a elegir el sistema de salud, sea estatal o privado.
H- Libertad de enseñanza.
I- Libertad de opinión e información.
J- Derecho de reunión.
K- Derecho de asociación.
L- Libertad de trabajo.
M- Derecho de sindicalización.
N- Libertad para desarrollar cualquier actividad económica.
O- Derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica.
P- Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes.
Q- Derecho de propiedad.
R- Derecho de propiedad intelectual e industrial.
S- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Razonamiento jurídico penal como presidio discursivoPrima ratio. La nueva tendencia de la moda.

References: artículo 16
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 19
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 artículo 19
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