Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-f-13-21-atc-sstc-15356019
Timestamp: 2019-11-22 20:28:12+00:00

Document:
STC 307/1993, 25 de Octubre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15356019
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 523/1991
1. Para que la queja por incongruencia omisiva sea atendible en el plano constitucional deben comprobarse dos extremos: el efectivo planteamiento de la cuestión cuyo conocimiento y decisión se afirma eludido por el Tribunal y la ausencia de respuesta razonada por parte del órgano judicial a ese concreto motivo (STC 5/1990) [F.J. 2]. 2. El recurso de apelación del juicio de faltas es un «novum indicium» en el que el órgano encargado de resolverlo accede a la totalidad del material probatorio y alegatorio de la primera instancia. Permite este remedio a las partes (arts. 979 y 980 L.E.Crím.) no sólo alegar sino presentar las pruebas no practicadas antes por causas ajenas a su voluntad, y al Juez valorar de nuevo las practicadas en primera instancia y examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez «a quo» (STC 194/1990) [F.J. 2]. 3. La competencia de los Juzgados de Instrucción para conocer de las apelaciones de los juicios de faltas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, venía establecida con carácter de generalidad en los arts. 975 de la L.E.Crim. y 13 del Decreto de 21 de noviembre de 1952. Se encontraba, pues, el Juez investido de la necesaria jurisdicción y competencia para resolver el recurso en virtud de una norma anterior al hecho objeto de enjuiciamiento. No se trataba de un órgano especial o excepcional y su titularidad estaba revestida de la debida garantía de independencia e imparcialidad. Se trataba, pues, del Juez ordinario predeterminado por la Ley para resolver las apelaciones contra Sentencias dictadas en primera instancia del juicio de faltas [F.J. 3]. 4. En el presente caso, la prolongación de funciones del Magistrado no aparece sin base legal, ni como irracional o arbitraria en función de las circunstancias del caso. El recurrente, por lo demás, no pone en duda la imparcialidad del mismo. El principio de unidad de acto relacionado con la vista del recurso, que es una garantía del proceso, la necesidad de evitar dilaciones indebidas que pudieran haberse derivado de la anulación de todo lo actuado y de la celebración de una nueva vista para que otro Juez dictase Sentencia, representa una medida desproporcionada teniendo en cuenta que la prolongación de funciones que se impugna no implica una merma de la imparcialidad e independencia del Juez sentenciador (en este sentido, ATC 419/1990), sino el más escrupuloso cumplimiento de las garantías del proceso debido [F.J. 3]. 5. La congruencia de una Sentencia no conlleva un paralelismo servil del razonamiento que sirve de fundamento a la misma con las argumentaciones expuestas en los respectivos escritos de las partes (STC 67/1993) y no es relevante, constitucionalmente hablando, si el órgano judicial resuelve genéricamente las pretensiones de las partes, aunque no se haya pronunciado sobre todas las alegaciones concretas o no se haya dado respuesta pormenorizada, siempre que se resuelvan las pretensiones formuladas (por todas, STC 128/1992) [F.J. 4]. 6. El hecho de que los intereses previstos en la disposición adicional tercera de la L.O. 3/1989 fueran impuestos sin mediar petición de parte no puede fundar un tipo de incongruencia «extra petita» ni lesionar el art. 24.1 C.E. En la STC 238/1993, al pronunciarnos sobre el extremo relativo a si dichos intereses operan «ope legis» o resultan sometidos a la rogación de las partes, concluimos que la condena al pago de los mismos sin haber sido pedidos no trasciende al ámbito constitucional ni genera vulneración del art. 24.1 C.E [F.J. 5]. 7. Este Tribunal viene señalando que recae sobre quien esgrima la desigualdad la carga de aportar los precedentes de los que la resolución atacada se ha separado, exigencia que no queda cubierta con la cita de cualquier precedente o de uno aislado, sino con una concreta y definida orientación jurisprudencial de la que sean predicables los rasgos de generalidad, continuidad y firmeza (SSTC 142/1985, 63/1988, 115/1989 y 90/1990) [F.J. 5].
Sentencia citada en: 1197 sentencias, 6 artículos doctrinales
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Luis López Guerra, Presidente; don Eugenio Díaz Eimil, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Julio Diego González Campos y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado,
En el recurso de amparo núm. 523/91, interpuesto por la entidad Schweiz, Compañía Anónima de Seguros, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Ularqui Echeverría y defendida por el Letrado don José Hoya Coromina, contra la Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Lorenzo de El Escorial, de 4 de febrero de 1991, recaída en apelación de la dictada, en el juicio de faltas núm. 1.896/87, por el entonces Juzgado de Distrito de Collado Villalba (actual Juzgado de Instrucción núm. 1 de dicha localidad). Han sido partes don Manuel L. P. representado por la Procuradora de los Tribunales doña Elena Palombi Alvarez y asistido del Letrado don Manuel Pérez Sánchez, el Abogado del Estado en representación del Consorcio de Compensación de Seguros y el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado don Eugenio Díaz Eimil, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de marzo de 1991, don Javier U. E. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Schweiz, Compañía Anónima de Seguros, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia, de 4 de febrero de 1991, del Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Lorenzo de El Escorial que, con desestimación del recurso de apelación formulado por la demandante y estimación del interpuesto por otra parte recurrente frente a la Sentencia del entonces Juzgado de Distrito de Collado Villalba, recaída en juicio de faltas, condenó a la citada aseguradora como responsable civil directo al pago de las indemnizaciones civiles fijadas en la Sentencia.
A) En el juicio de faltas núm. 1.896/87 seguido ante el Juzgado de Distrito de Collado Villalba por la salida de la calzada y vuelco de un vehículo asegurado en la compañía actora, en el que resultaron varias personas lesionadas de diferente gravedad, se pronunció Sentencia que, en aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, absolvió al conductor del vehículo de la responsabilidad penal imputada y lo condenó al pago de distintas indemnizaciones a los perjudicados, entre ellos don Juan M. L. P. con declaración de la responsabilidad civil directa de la Compañía de Seguros «Schweiz» y la absolución del Consorcio de Compensación de Seguros.
B) Recurrida la Sentencia por varias de las partes, entre ellas la entidad actora y don Juan M. L. P. el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial pronunció Sentencia, el 4 de febrero de 1991, que, con desestimación del recurso formulado por la primera y estimación del interpuesto por el señor L. P., elevó las indemnizaciones fijadas a favor de este último de 61.329.508 pesetas a 111.984.421 pesetas, y, en el fundamento jurídico 5., señaló que las cantidades expresadas devengarán el interés del 20 por 100 previsto en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/1989.
C) Por medio de Auto de 18 de octubre de 1991, el Juzgado de Instancia, en fase de ejecución de Sentencia y puesto que el fallo de la de apelación no contenía pronunciamiento alguno sobre pago de intereses pese a lo declarado en su fundamento jurídico 5., practicó liquidación de los mismos de conformidad con lo dispuesto en el art. 921 L.E.Crim. -es decir, no los previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 3/1989- y en tal cuantía fue requerida de pago la demandante.
Dentro de la primera de las invocaciones imputa a la Sentencia de instancia su falta de motivación por no haber dado respuesta a todas las cuestiones suscitadas por la actora durante el proceso y, como consecuencia de ello, una limitación del derecho de defensa dado que la falta de motivación le ha impedido combatir en apelación las razones en las que el Juez fundó su fallo condenatorio. Respecto de la Sentencia de apelación alega que incurre en incongruencia omisiva por no haber dado respuesta a todas y cada una de las cuestiones que fueron objeto de debate (excepciones, principios contractuales, etc.) en la primera y en la segunda instancia, e igualmente la misma adolecería de incongruencia extra petita por haber otorgado más de lo pedido por las partes, ya que los perjudicados únicamente postularon la aplicación a las indemnizaciones reconocidas del interés legal del art. 921 L.E.C., mientras que la Sentencia otorga, sin petición de parte, el del 20 por 100 previsto en la Ley Orgánica 3/1989.
Finalmente sostiene que la Sentencia recaída en segunda instancia ha infringido su derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, puesto que el Juez que dictó la misma el de 4 de febrero de 1991 había cesado en sus funciones en dicho Juzgado el 30 de noviembre anterior por su traslado a otra plaza de Magistrado. En consecuencia, al no ser Juez de dicho órgano judicial en el momento de dictarse la Sentencia no podía haberla pronunciado, razón por la cual al haberlo hecho así se ha vulnerado el art. 24.2 C.E.
Termina pidiendo que se otorgue el amparo que solicita y se anulen las Sentencias contra las que se formula el presente recurso. Asimismo, al amparo del art. 89.1 LOTC interesa el recibimiento a prueba a fin de que se requiera al Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Lorenzo de El Escorial para que remita certificación sobre la fecha de cese en dicho Juzgado del Magistrado don Juan José Verdaguer Martínez y para que remita igualmente testimonio del libro de Sentencias de dicho Juzgado.
4. La Sección Cuarta de la Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 11 de septiembre de 1991, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Lorenzo de El Escorial y al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Collado Villalba a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiesen certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación núm. 10/91 y al juicio de faltas núm. 1.896/87, con indicación a este último de que debía emplazar a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, excepto a la recurrente, para que pudiesen comparecer en este recurso de amparo a defender sus derechos.
5. Los días 19 de diciembre de 1991, 3 y 8 de enero de 1992 comparecieron ante este Tribunal don Juan M. L. P. representado por la Procuradora doña Elena Palombi Alvarez, parte perjudicada en el accidente, don Santiago y don Virgilio H. L. condenados civilmente en la Sentencia, y el Abogado del Estado en nombre del Consorcio de Compensación de Seguros, y mediante providencia de 6 de febrero de 1992 la Sección Tercera de este Tribunal, después de acusar recibo de las actuaciones remitidas por los órganos judiciales, tuvo por parte al Abogado del Estado y a la Procuradora doña Elena Palombi Alvarez, en nombre del Consorcio de Compensación de Seguros y de don Juan M. L. P. respectivamente. Por el contrario, rechazó la personación de los demás por pretender asumir la posición procesal de correcurrente pese a haberles transcurrido el plazo para acudir en amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC concedió un plazo de veinte días a las partes para que pudiesen formular las alegaciones que estimaran pertinentes.
6. En las alegaciones presentadas por la representación de don Juan M. L. P. el 7 de marzo de 1992 indica que no se ha conculcado al recurrente el derecho de defensa pues en el recurso de apelación alegó hasta ocho motivos de impugnación que fueron contestados en la Sentencia de segunda instancia. Por esta razón, no se puede sustentar una falta de motivación ya que, por una parte, la Sentencia de instancia recoge un fallo amplio y detallado acorde con los fundamentos y hechos probados contenidos en la misma y, por otra, la de apelación, al responder a los motivos alegados en el recurso, ha subsanado todo lo habido con anterioridad. Las partes, en todo momento, han podido hacer uso de sus derechos en un juicio contradictorio, han accedido a una segunda instancia y han obtenido respuesta a sus pretensiones.
Niega también que adolezca la resolución impugnada de incongruencia extra petita puesto que el perjudicado recurrió en solicitud de un incremento indemnizatorio que ha sido el reconocido en la Sentencia de apelación. Lo reclamado en concepto de intereses viene establecido por el art. 921.2. de la L.E.C. y fue solicitado por el Letrado del perjudicado en la apelación; por otra parte, la Ley Orgánica 3/1989 se encontraba en vigor en el momento de sustanciarse el recurso y el Juez se limitó a aplicar sus disposiciones.
No cabe imputar a dicha resolución incongruencia alguna extra petita. La entidad «Schweiz, S.A.», lo único que combate es la cualidad de orden público procesal de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/1989, pero tal argumento no puede prosperar en el contexto del art. 24.1 C.E. ya que la citada norma se dibuja como una cláusula de penalización consignatoria de obligado cumplimiento y el órgano judicial se habría limitado a aplicarla.
Tras advertir que la citada disposición adicional está pendiente de la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad núm. 1.447/90, 1.689/90, 107/91 y 705/91, que harían a este recurso subsidiario, considera que concurren en la norma datos que justifican razonable y proporcionadamente su carácter discriminatoria. La finalidad de asegurar el pago de las cantidades a satisfacer como indemnizaciones a los perjudicados permitirían excluir la vulneración del principio de igualdad ante la ley. No obstante, podría cuestionarse la proporcionalidad de la disposición y, en este sentido, el Fiscal considera que el mismo carece de proporcionalidad, pero concluye que tal vez en ello lata el concepto de indefensión (art. 24.1 C.E.) y no el de discriminación (art. 14 C.E.), motivo por el cual cabe desechar esta última vulneración.
10. Mediante escrito de 18 de mayo de 1992, la representación de don Juan M. L. P. solicitó que se declarase improcedente la prueba propuesta, el Abogado del Estado, en su escrito de 14 de mayo de 1992, no se opuso a la misma, si bien con la prevención de que se diese traslado del resultado arrojado a las partes para que formulasen alegaciones complementarias, y el Ministerio Fiscal consideró que no era esencial la incorporación del acta de cese del Juez que dictó la Sentencia de apelación ni tampoco el testimonio del libro de Sentencias por lo que concluía que la prueba era impertinente. Finalmente, por providencia de 1 de junio de 1992, la Sección decidió abrir el recurso a prueba por treinta días y librar comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Lorenzo de El Escorial para que aportase certificación o copia del acta de cese del Magistrado don Juan José Verdaguer Martínez. Por el contrario, rechazó el otro medio de prueba propuesto por no considerarlo relevante a los efectos de la resolución de este recurso de amparo.
12. En escritos registrados el 17 y 24 de junio de 1992, la representación procesal de don Juan M. L. P. concluyó que la prueba no desvirtuaba la legalidad de la Sentencia y que la fecha posterior al cese constituía un error material que debía rectificarse. El 22 de junio de 1992 el Abogado del Estado señalaba que la fecha de cese era irrelevante y que el resultado de la prueba no afectaba a las alegaciones hechas anteriormente. Finalmente, el Ministerio Fiscal, en su escrito registrado el 23 de junio de 1992, ratificaba los argumentos que al efecto daba en el fundamento de Derecho I, 2 de sus alegaciones.
13. Por providencia de 21 de octubre de 1993 se señaló para deliberación y votación el 25 de octubre siguiente.
De un lado, habrán de analizarse primeramente las que se atribuyen a la Sentencia de primera instancia, centradas en la insuficiente motivación de la misma y en la reducción de las posibilidades de defensa, producida por incongruencia omisiva cuyo origen hay que buscarlo en el desconocimiento de las causas de la condena de la compañía recurrente a efectos de hacer valer los motivos de impugnación de la Sentencia en la segunda instancia (art. 24.1 C.E.) y en haberse emitido pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas en el acto de la vista.
Efectivamente, como ha repetido en numerosas ocasiones este Tribunal, el vicio de incongruencia ha de ser entendido como un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones que, en el caso de la incongruencia omisiva, aquí traída a colación, tiene lugar cuando no se han decidido todos los puntos objeto del debate ni dado respuesta a una pretensión de la parte (STC 198/1990 entre otras). Naturalmente, para que la queja por incongruencia omisiva sea atendible en el plano constitucional deben comprobarse dos extremos: el efectivo planteamiento de la cuestión cuyo conocimiento y decisión se afirma eludido por el Tribunal y la ausencia de respuesta razonada por parte del órgano judicial a ese concreto motivo (STC 5/1990).
Ya dijimos en el ATC 11/1993 que la exactitud o inexactitud del acta levantada por el Secretario judicial es un dato respecto del cual ninguna consideración puede realizar este Tribunal, salvo para constatar la existencia de un documento expedido por un fedatario público al que debe extenderse, por tanto, la fe pública que su intervención concede. Como acertadamente le indicó al recurrente el Juez de apelación, y en este mismo sentido se han pronunciado el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, ha de estarse a lo que el acta dice y a lo que no dice (STC 118/1991, por todas), y en este caso no dice que, en el acto del juicio, tuvieran lugar las alegaciones que ahora pretende hacer valer. La demandante pidió su absolución y el Juez de instancia respondió negativamente, considerándola responsable civil directa del accidente. No hay pues incongruencia omisiva en la Sentencia sino cumplida respuesta a la pretensión formulada, en la que se establecen los hechos probados, se les califica de constitutivos de una conducta ilícita de la que se deriva responsabilidad civil, se especifican los daños causados de las personas responsables, los perjudicados con derecho a indemnización y se detalla la cuantía de ésta atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada uno de los daños sufridos. En consecuencia, tampoco puede admitirse que la Sentencia carezca de motivación suficiente que haya impedido a la demandante conocer las razones que han determinado su condena en primera instancia que, por otro lado, ha combatido con toda amplitud en la apelación.
El contenido del indicado derecho, según la jurisprudencia de este Tribunal (STC 47/1983), exige que la Ley haya creado previamente el órgano judicial, que la norma le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad a la producción del hecho objeto de enjuiciamiento, y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional, estando, asimismo, determinada legalmente su titularidad o composición con la debida garantía de independencias e imparcialidad. La generalidad de los criterios legales garantiza la inexistencia de Jueces ad hoc, y la procedencia de tales criterios garantiza también que una vez determinado en concreto el Juez de un caso en virtud de la aplicación de los criterios competenciales contenidos en las Leyes, el Juez del caso no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órgano gubernativos (STC 101/1984).
De la anterior doctrina no puede desprenderse que la «predeterminación» del Juez impida que toda modificación orgánica y funcional pueda tener incidencia en los procedimientos ya iniciados, pues si la ratio del derecho es proteger la imparcialidad, cuando estas modificaciones se realicen por norma de rango adecuado, con criterios objetivos y de generalidad, existe una presunción de que el cambio normativo no persigue atentar contra la imparcialidad y, por tanto, no resulta contraria al derecho al Juez predeterminado por la Ley (ATC 381/1992).
En la regulación del recurso de apelación del juicio de faltas anterior a la reforma operada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, era de especial trascendencia el acto de la vista. La inexistencia de alegaciones previas de las partes significaba que los principios de audiencia y contradicción predicables de todo sistema de recursos quedaban concentrados en la comparecencia de los interesados o de sus legítimos representantes ante el órgano que debía de decidir el recurso. En él se practicaban las pruebas que hubiesen sido propuestas y admitidas en su caso, se exponían los motivos hasta entonces desconocidos de impugnación de la Sentencia, se respondía a ellos por las partes no apelantes y, en definitiva, era en él donde tenía lugar la defensa de los derechos e intereses propios (STC 276/1993). La oralidad y por tanto la inmediación del acto legitimaban al Juez que había presidido la vista para dictar Sentencia.
Pues bien, examinada la Sentencia de apelación, el fundamento jurídico 3. responde a la falta de cobertura del siniestro por el contrato de seguro y a los motivos que afectan a la motivación de la Sentencia de instancia y en el 4. analiza meditada y razonadamente todas y cada una de las indemnizaciones decididas en su fallo para todos y cada uno de los perjudicados.
Ciertamente el fundamento jurídico 5. de la resolución recaída en la segunda instancia del juicio de faltas argumenta que las cantidades señaladas como indemnización devengarán un interés del 20 por 100 en favor de los perjudicados, pero dicha declaración no ha tenido reflejo posterior en el fallo, que únicamente recoge la condena al pago de las cantidades señaladas en concepto de indemnización.
A idénticos resultados se llega desde el punto de vista de la lesión del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley. El recurrente no aporta término alguno de comparación que permita asegurar que el Juez se haya apartado de manera irreflexiva e inmotivada de la solución dada por él mismo ante idénticos supuestos de hecho. El fundamento jurídico 5. de la Sentencia de apelación argumenta y justifica sobradamente -aunque después no haya sido plasmado en el fallo- la imposición del recargo y la cuantía del mismo, sin que a estos menesteres pueda tener relevancia el hecho de que a la actora no se le haya permitido el acceso al libro de registro de Sentencias del Juzgado. Este Tribunal viene señalando que recae sobre quien esgrima la desigualdad la carga de aportar los precedentes de los que la resolución atacada se ha separado, exigencia que no queda cubierta con la cita de cualquier precedente o de uno aislado, sino con una concreta y definida orientación jurisprudencial de la que sean predicables los rasgos de generalidad, continuidad y firmeza (SSTC 142/1985, 63/1988, 115/1989 y 90/1990). Dicha carga no ha sido cubierta por la recurrente y la queja, por tanto, no puede ser atendida.
ATC 349/2008, 4 de Noviembre de 2008
ATS 95/2014, 16 de Enero de 2014
STSJ Canarias 983/2006, 31 de Julio de 2006
STS 126/98, 18 de Febrero de 1998

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