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Timestamp: 2014-03-09 14:50:23+00:00

Document:
EUR-Lex - 52008DC0698 - ES
52008DC0698
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la aplicación práctica de las Directivas 92/57/CEE (obras de construcción temporales o móviles) y 92/58/CEE (señalización de seguridad en el trabajo) en materia de salud y seguridad en el trabajo
/* COM/2008/0698 final */
del documento: 06/11/2008
de envío: 07/11/2008; transmitido al Consejo
05.20.20.10 Libre circulación de trabajadores y política social / Política social / Condiciones de trabajo / Seguridad de los trabajadores
aproximación de las legislaciones, mercado interior, seguridad de los trabajadores y de la población
31992L0057 31992L0058 Seleccionar todos los documentos que citan este documento
Bruselas, 6.11.2008
COM(2008) 698 final
relativa a la aplicación práctica de las Directivas 92/57/CEE (obras de construcción temporales o móviles) y 92/58/CEE (señalización de seguridad en el trabajo) en materia de salud y seguridad en el trabajo
La presente Comunicación es consecuencia del compromiso de la Comisión[1] de evaluar la aplicación del marco reglamentario con el fin de mejorarlo.
Se basa principalmente en los informes nacionales transmitidos por los Estados miembros[2] y un informe de expertos independientes en el que se analiza la aplicación de las dos Directivas en todos los sectores privados y/o públicos afectados. También aprovecha los resultados de las campañas europeas de inspección sobre la seguridad del sector de la construcción efectuadas en los quince Estados miembros en 2003 y 2004, las recientes estadísticas europeas sobre accidentes en el trabajo y las lecciones que ha aprendido la Comisión con el seguimiento de la transposición y la aplicación de las Directivas.
La evaluación examina la transposición y la aplicación de dos Directivas: la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles[3], y la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo[4], solamente en los países EU-15. La Comisión cree que esta evaluación también será una fuente de información de gran utilidad para los doce nuevos Estados miembros a la hora de aplicar las dos Directivas.
2. EFECTOS JURÍDICOS
2.1. Directiva 92/57/CEE
Los informes nacionales de los Estados miembros[5] muestran que el impacto formal de la Directiva 92/57/CEE (simplificación, racionalización, consolidación y codificación) ha hecho posible que los Estados miembros unifiquen, consoliden y actualicen la legislación nacional existente. No obstante, algunos Estados miembros afirman que la Directiva no ha tenido ninguna repercusión en los principios jurídicos o administrativos.
En todos los Estados miembros ha tenido un impacto sustancial en la legislación nacional. Incluso los Estados miembros que afirmaron que ya tenían una legislación nacional sofisticada introdujeron modificaciones para tener en cuenta los conceptos básicos de la Directiva. La Directiva ha tenido como resultado importantes añadidos en todas las legislaciones nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo, en particular en lo que respecta al diseño y la coordinación de las obras, el plan de seguridad y de salud y el expediente de seguridad y de salud.
Se considera que ha tenido un gran impacto, en particular, el nuevo enfoque de la prevención, en el que se definen las obligaciones y las responsabilidades de las diferentes partes en una obra de construcción.
Directiva 92/58/CEE
La mayor parte de los Estados miembros simplemente derogaron anteriores disposiciones sobre la señalización de seguridad que transponían la Directiva 77/576/CEE y las sustituyeron por nueva legislación que transponía la Directiva 92/58/CEE. Algunos de ellos declararon que las nuevas disposiciones complementaron, ampliaron o actualizaron su marco jurídico y también permitieron que se consolidaran las disposiciones nacionales.
Las principales modificaciones sustanciales introducen nuevas normas sobre la señalización, incluida la comunicación verbal y las señales gestuales, la señalización de salud no cubierta por la anterior Directiva, y nuevas obligaciones para el empleador de informar, dar formación y consultar a los trabajadores; también amplían el alcance de la Directiva a todos los sectores de actividad.
3. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA LAS DIRECTIVAS 92/57/CEE Y 92/58/CEE
Tras la adopción de las dos Directivas, la Comisión y los Estados miembros les dieron publicidad y proporcionaron orientación sobre su aplicación en las obras de construcción y en la señalización en el trabajo. El Año Europeo de la Seguridad, la Higiene y la Salud en el Lugar de Trabajo de 1992, las Semanas Europeas de la Salud y la Seguridad y las campañas nacionales de sensibilización fueron especialmente útiles para divulgar información y para que los responsables fueran conscientes de sus obligaciones. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, creada en 1994[6], emprendió acciones de información y sensibilización a escala europea y, a su vez, creó el Foro Europeo de la Seguridad en la Construcción a fin de promover el intercambio de experiencia entre los actores del sector y, en particular, entre las pequeñas y las medianas empresas (PYME). Asimismo, el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (CARIT)[7] también emprendió iniciativas relativas a la aplicación de la normativa y de sensibilización (campañas europeas de inspección).
Los Estados miembros han introducido amplios planes para promover la prevención activa, para sensibilizar acerca de la prevención integrada, y para elaborar directrices prácticas a fin de ayudar a los empleadores y a los trabajadores a cumplir la nueva legislación. En algunos Estados miembros, estas actividades estaban destinadas a actores clave tales como la propiedad. Asimismo, las federaciones profesionales, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de arquitectos e ingenieros informaron a sus miembros sobre la nueva legislación a través de seminarios, reuniones, folletos y otros medios escritos. Por último, algunas grandes empresas de construcción elaboraron su propia información dirigida a sus trabajadores y subcontratistas.
A pesar de que se hubiera consultado previamente en detalle a los interlocutores sociales, y de la adopción unánime por el Consejo, la mayor parte de los Estados miembros incumplieron los plazos para la transposición de las dos Directivas, lo cual tuvo importantes repercusiones en los niveles de aplicación práctica en los lugares de trabajo[8].
Después de la transposición, la Comisión supervisó la conformidad y emprendió conversaciones con las autoridades nacionales con el fin de clarificar y resolver cualquier problema y realizar las correcciones necesarias. Cuando resultó necesario, inició procedimientos por infracción de conformidad con el artículo 226 CE. Las quejas transmitidas a la Comisión también proporcionaron valiosa información, que le permitió descubrir las carencias de las legislaciones nacionales.
4.1. Directiva 92/57/CEE
La aplicación de la Directiva 92/57/CEE es una cuestión técnica y administrativa compleja; los Estados miembros revisan y actualizan regularmente sus legislaciones. Este es el motivo por el que, en algunos Estados miembros, se ha transpuesto la Directiva de manera muy fragmentaria entre varios actos legislativos (más de cuarenta en algunos casos), lo cual complica la evaluación. Esta mostró la existencia de diferencias entre las legislaciones nacionales debidas al anterior marco reglamentario y al hecho de que la Directiva establece requisitos mínimos y deja libertad a los Estados miembros para mantener o establecer niveles más elevados de protección[9].
Los principales problemas de cumplimiento descubiertos están relacionados con el alcance de la legislación, las definiciones, la designación de coordinadores, la preparación y la ejecución del proyecto, y las responsabilidades de la propiedad, los directores de obra, los coordinadores y los empleadores.
Sin embargo, en una serie de Estados miembros, la legislación fue más allá de los requisitos mínimos de la Directiva 92/57/CEE, se aclararon varias cuestiones relativas a la coordinación y se establecieron procedimientos para un cumplimiento efectivo.
Los problemas de cumplimiento descubiertos y la tasa extremadamente elevada de accidentes de trabajo en el sector de la construcción apuntan a la existencia de dificultades de comprensión de la Directiva 92/57/CEE, que se ven agravadas por la complejidad de las medidas nacionales de aplicación. Un medio útil para mejorar la aplicación nacional de la Directiva podría ser la existencia de unos instrumentos adicionales no vinculantes a nivel europeo que ayudaran a todos los actores a comprender mejor sus obligaciones y derechos. Por consiguiente, la Comisión ha iniciado la tarea, en estrecha cooperación con el Comité Consultivo[10] y los diferentes profesionales del sector, de elaborar una guía no vinculante sobre la aplicación de la Directiva. |
4.2. Directiva 92/58/CEE
Por su propia naturaleza, esta Directiva se ha transpuesto prácticamente de forma literal en la mayor parte de los Estados miembros. El muy pequeño número de casos en los que la transposición podía ser incompatible se resolvieron a través de contactos con las autoridades competentes, sin necesidad de que se tomasen otras medidas de carácter jurídico.
5. ACTUACIÓN SOBRE EL TERRENO: LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA DIRECTIVA 92/57/CEE
Si se realiza una evaluación de la situación en las obras, puede obtenerse una imagen desigual: en algunos Estados miembros, la aplicación de la Directiva ha contribuido realmente a mejorar las condiciones en materia de salud y seguridad y a prevenir los accidentes, mientras que, en otros, todavía queda mucho por hacer para cumplir los requisitos y conseguir todos los beneficios de una prevención eficaz.
A pesar de todos los esfuerzos realizados, las estadísticas de accidentes de trabajo no dejan lugar a la duda: la construcción sigue siendo un sector de alto riesgo, con el doble de accidentes que la tasa media de todos los sectores de actividad y un número de accidentes mortales 2,5 veces superior[11].
La Directiva prevé que todas las personas activas en una obra de construcción tengan funciones clave en la prevención. Por consiguiente, se evaluó su aplicación en lo que respecta a la influencia que tiene cada grupo en la prevención de los riesgos laborales y la protección contra ellos. Estas son las principales conclusiones:
La Directiva impone una serie de obligaciones a la propiedad en relación con la aplicación de medidas de prevención en materia de salud y seguridad, que les han creado una cierta inquietud.
La propiedad puede dividirse en diferentes categorías, en función:
- del sector de que se trate: público o privado;
- del tamaño de la obra: grande, de tamaño medio o pequeña;
- de la frecuencia con la que realizan obras de construcción o de ingeniería civil: de manera regular u ocasional;
- de la entidad jurídica: individuos, promotores o empresas de construcción, o bien organismos de vivienda pública.
Los esfuerzos que las diferentes categorías de entidades que pueden actuar como propiedad dedican a la prevención son muy variables, debido a las diferencias de conocimiento de la legislación, de recursos que se asignan a la prevención y de motivación. Los individuos que actúan como propiedad en obras pequeñas y ocasionales no suelen conocer sus obligaciones en materia de prevención, mientras que las entidades de gran tamaño que actúan como propiedad y que trabajan regularmente en grandes obras suelen conocer cuáles son sus obligaciones y desempeñan una función activa en la prevención de los riesgos laborales. Estas últimas están convencidas de que la prevención es esencial y que con ella se acabará ahorrando, aunque traten de reducir el coste lo máximo posible. El principal problema que estas entidades que actúan como propiedad declaran tener es el incremento de costes provocado por la nueva legislación y, en particular, por la coordinación. Por el contrario, los individuos que trabajan de manera ocasional son muy reacios a tomar medidas de prevención, a las que consideran una carga financiera y burocrática, y creen que su responsabilidad finaliza cuando firman un contrato de construcción. No obstante, este problema no se deriva directamente de la Directiva, en la que se autoriza a los Estados miembros a asignar las responsabilidades de prevención en función del tipo y el tamaño del proyecto de construcción.
Se mencionaron en varias ocasiones la mala planificación y las limitaciones de tiempo como factores que socavan en gran medida la prevención de los accidentes y de la mala salud. También se mencionó a menudo que la causa de estos problemas son los casos en que la propiedad insiste en unos plazos de ejecución excesivamente cortos.
Aunque en la Directiva no se prohíbe que una persona física o jurídica efectúe varias tareas al mismo tiempo, la combinación de funciones tales como las de propiedad y coordinador parece crear problemas prácticos. A menudo, la propiedad no tiene capacidad para desempeñar el papel de coordinador, por ejemplo, por carecer de los conocimientos y las competencias pertinentes.
La situación en algunos Estados miembros muestra la necesidad de informar, impartir formación y sensibilizar a las diferentes categorías de entidades que actúan como propiedad en función del tamaño de la obra (pequeño), la entidad jurídica (individuos) y la naturaleza del trabajo (ocasional o regular). Es preciso que las autoridades nacionales y las asociaciones profesionales tomen la iniciativa en este ámbito.
Algunos Estados miembros ya han tomado medidas para garantizar que unas buenas normas de seguridad en el trabajo figuren adecuadamente en los contratos públicos, práctica que otros Estados miembros también adoptarán.
En el marco de la Directiva, se preveía que la propiedad, en la medida en que son quienes tienen los recursos económicos y financieros para realizar las obras, desempeñaran el papel principal en el sistema de prevención. Sin embargo, en muchos casos carecen de los conocimientos y las competencias necesarios, por lo que en la Directiva se prevé que hagan participar a otros actores, sin que ello signifique que eludan su responsabilidad.
Los directores de obra
En muchos casos, la propiedad también asume el papel de director de obra. A fin de mejorar la gestión de la prevención en los casos en que varias empresas trabajan en una obra como subcontratistas, el principal contratista responsable del trabajo puede actuar como director de obra tal como se establece en la Directiva 92/57/CEE.
Por lo general, los directores de obra están familiarizados con la coordinación de la seguridad y la salud durante la ejecución del proyecto, pero lamentan que no se tenga suficientemente en cuenta la seguridad en el diseño y la preparación, y consideran que deberían definirse con mayor claridad las responsabilidades del director de obra y de la propiedad. Algunas empresas aprecian el valor de la coordinación, pero no así las formalidades administrativas que implica, y mencionan la confusión entre las tareas de los coordinadores y las de los servicios de prevención.
Las grandes empresas visitadas conocen bien los requisitos. Utilizan a menudo servicios de prevención, y sus asociaciones profesionales les proporcionan regularmente información. Las pequeñas empresas y las microempresas no suelen conocer la normativa tan bien, e incluso las que sí la conocen todavía son reticentes a la hora de tomar medidas de prevención en general y de coordinación en particular. Las PYME que no forman parte de asociaciones profesionales adolecen de falta de información, lo cual restringe su conocimiento de la seguridad y la salud en el trabajo. Además, cuanto más larga es la cadena de subcontrataciones, mayor es la carencia de información. A los ojos de la propiedad y los directores de obra, las largas cadenas de subcontratación diluyen la responsabilidad. Solamente las pequeñas empresas al inicio de la cadena de subcontratación pueden beneficiarse de la experiencia y las buenas prácticas del contratista principal.
En muchos casos, la prevención está muy desarrollada en las empresas subcontratadas que están especializadas en tareas específicas (por ejemplo, la instalación de gas o el mantenimiento de ascensores).
La intensa colaboración a lo largo de la cadena de suministro refleja el hecho de que es más probable que los proyectos de construcción eficazmente planificados, gestionados y coordinados sean sanos y seguros. También es más probable que consigan beneficios comerciales al perderse menos tiempo por bajas laborales, generarse menos residuos y existir menos posibilidades de salirse del presupuesto. Todos los actores de la cadena de suministro, tanto la propiedad como los contratistas, deberían recordar este hecho y actuar en consecuencia. Habida cuenta de las dificultades para llegar hasta las empresas que se encuentran en el lugar más alejado de la cadena con respecto al contratista principal, sigue siendo necesario abordar en detalle el tema de la subcontratación. Este hecho también afecta a la aplicación de las disposiciones en materia de salud y seguridad. La Comisión debe examinar este problema en el marco de la estrategia de la Comunidad para el período 2007-12. |
Arquitectos, ingenieros y empresas de consultoría
Si bien en la Directiva no se mencionan explícitamente los arquitectos, los ingenieros o las empresas de consultoría, se evaluó este grupo debido a que el conceptor desempeña un papel clave en la fase de preparación del proyecto, y es muy importante a la hora de prevenir los riesgos laborales en las obras de construcción.
Los arquitectos y los ingenieros que conciben los proyectos han declarado que conocen los requisitos pero que no están totalmente de acuerdo con las nuevas medidas impuestas. Algunos no están de acuerdo con el hecho de que la propiedad designe un coordinador para la fase de concepción, ya que consideran que esto limita su libertad creativa.
Sin embargo, en algunos Estados miembros los arquitectos y los ingenieros suelen actuar como coordinadores en la fase de concepción. Esto ha producido grandes mejoras en las condiciones de trabajo de las obras al proporcionar una señalización y una protección colectiva. La mayoría de los conceptores de proyecto aceptan la filosofía en que se basa la coordinación, pero son reticentes a la hora de asumir nuevas responsabilidades. Algunos de ellos señalan la existencia de problemas para convencer a la propiedad y los directores de obra de que tomen las medidas preventivas necesarias. Los arquitectos también critican el formalismo de determinadas normas nacionales relativas a las obras de pequeño tamaño y las diferentes interpretaciones a que pueden dar lugar.
En muchos casos, la salud y la seguridad preventivas no están integradas en la fase de concepción del proyecto debido a que las condiciones de seguridad durante la ejecución y el posterior uso y mantenimiento no son un factor principal a la hora de tomar decisiones arquitectónicas o de concepción. Todavía queda mucho camino por recorrer en todos los Estados miembros antes de que la cultura de la prevención se enraíce efectivamente en la fase de concepción. Para conseguirlo, las autoridades nacionales competentes deben hacer un esfuerzo para que los conceptores de proyecto reciban una formación, en los centros de formación profesional y las universidades, en la que la prevención sea una parte clave del programa de estudios. |
La función del coordinador con arreglo a la Directiva 92/57/CEE es coordinar la aplicación de las diferentes disposiciones en materia de salud y seguridad por parte de los implicados en la preparación del proyecto y las fases de ejecución del mismo.
La Directiva no define las competencias necesarias para actuar como coordinador durante la preparación del proyecto y las fases de su ejecución. Existen grandes diferencias entre los Estados miembros. Algunos de ellos han definido en gran detalle las competencias y/o las cualificaciones de los coordinadores, y en algunos casos incluso se exige que tengan una formación específica o una combinación de formación y experiencia. En cambio, otros Estados miembros simplemente exigen que existan coordinadores, sin exigir formalmente ningún nivel específico de competencia.
Existen grandes diferencias en lo que respecta a las competencias que los Estados miembros exigen a los coordinadores para realizar sus tareas, por lo que el nivel de coordinación varía en función de los Estados miembros. La evaluación realizada sobre el terreno hace pensar que mejoraría la aplicación si los Estados miembros introdujeran algunos criterios mínimos de competencia en función del tamaño y/o el tipo o la naturaleza de los riesgos en las obras. Es esencial que existan criterios básicos para evaluar y demostrar la competencia del coordinador. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, alentará el desarrollo de estos criterios. |
Todos los actores del sector de la construcción afirman que la designación del coordinador se lleva a cabo en una fase demasiado avanzada del procedimiento. Los representantes de los trabajadores señalaron la existencia de una auténtica falta de coordinación en la fase de concepción. La evaluación también muestra que, en la fase de preparación del proyecto, existe generalmente falta de coordinación (y de control); la coordinación solamente es efectiva en la fase de ejecución.
Debido a que en la preparación del proyecto no se tiene en cuenta la prevención de los riesgos laborales antes de que finalice la concepción, debe ponerse remedio a la falta de planificación de la prevención en la fase de ejecución. Este puede ser uno de los motivos de las tasas de accidentes extremadamente elevadas de este sector, en comparación con otros. Asimismo, esta situación dificulta la prevención de los riesgos laborales a lo largo de la existencia de la obra, especialmente en relación con el funcionamiento, el mantenimiento e incluso la demolición.
Si en la legislación nacional se exigiera que las autoridades responsables de la contratación incorporaran sistemáticamente las medidas de prevención relacionadas con el objeto del contrato en las especificaciones técnicas de las licitaciones y en las cláusulas relativas a la realización del contrato, así como en la gestión de la calidad del contrato, se contribuiría a modificar las actitudes a este respecto.
Existen diferentes posibilidades en la fase de ejecución del proyecto. Algunos Estados miembros estipulan que el coordinador debe ser el arquitecto o el ingeniero que diseñó el edificio o el principal contratista en las obras (director de obra). En otros Estados miembros, los coordinadores pueden ser personas físicas o jurídicas independientes o pueden pertenecer a las organizaciones o las empresas de las entidades que actúan como la propiedad.
Incluso cuando existe coordinación en las obras, en muchos casos esta es mínima. Una falta de coordinación en la concepción afecta a la calidad del trabajo del coordinador en la fase de ejecución. Los coordinadores designados in situ se enfrentan a menudo a problemas de salud y seguridad, que son difíciles de resolver debido a que no se han tenido en cuenta durante la preparación del proyecto. Esto se ve agravado por problemas de autoridad: en algunos casos, los demás actores no comprenden cuál es la tarea del coordinador, y los trabajadores autónomos y los subcontratistas que se encuentran en las obras están incluso menos dispuestos a reconocer la autoridad del coordinador.
Por el contrario, las relaciones entre el coordinador y los trabajadores son muy buenas cuando el coordinador es independiente (es decir, cuando no está vinculado con el director de obra ni con el arquitecto ni los ingenieros, etc.), lo cual facilita que los trabajadores le hablen sobre sus problemas de prevención, que podrían ser más reacios a comunicar a la persona responsable de la obra. Es más fácil establecer esta confianza si el coordinador visita la obra con regularidad.
En las obras de gran tamaño, la situación es aceptable en su conjunto, y existe una coordinación eficaz y eficiente. Sin embargo, en las obras de tamaño medio o pequeño, la situación es muy diferente, y la Directiva se aplica en pocas ocasiones. En las pequeñas obras privadas, se ignora casi siempre la coordinación, que se limita a la «conformidad administrativa»; a menudo se designa tarde al coordinador, y las pequeñas empresas generalmente consideran que la coordinación es «opcional».
A la hora de elaborar instrumentos no vinculantes, deben abordarse las dificultades que existen para establecer una coordinación eficaz en las obras de pequeño tamaño a fin de que las tareas esenciales de prevención se efectúen de manera sencilla y proporcionada en relación con el tamaño de la obra y los riesgos que presentan. |
En muchos Estados miembros, los trabajadores del sector de la construcción son de diferentes nacionalidades, lo cual da lugar a problemas de comunicación y comprensión. Las barreras idiomáticas dificultan el seguimiento por parte de los trabajadores de las instrucciones de seguridad y salud en relación con la utilización de maquinaria y sustancias químicas. Los trabajadores migrantes parecen tener menos formación e información que otros trabajadores en lo que respecta a la prevención de los riesgos laborales. A menudo, la falta de una cultura de la prevención y una percepción diferente de los valores fundamentales puede conducir a los trabajadores a asumir riesgos inaceptables. La formación y la educación sobre prevención en materia de salud y seguridad son fundamentales para mejorar esta situación.
Los representantes de los trabajadores de la construcción tienen una importancia clave para un cumplimiento cotidiano de buenas prácticas de prevención, especialmente en las obras de pequeño tamaño, en las que no siempre están presentes el director de obra y el coordinador. Los representantes de los trabajadores consideran que, gracias a la Directiva, se están produciendo auténticos progresos en relación con las medidas de higiene (vestuarios, comedores e instalaciones sanitarias) y el acceso a las obras.
Los trabajadores afirman que no comprenden la función del coordinador ni sus obligaciones en la fase de concepción, pero señalan que están más familiarizados con el trabajo del coordinador en la fase de ejecución.
Las entidades que actúan como propiedad declaran que los trabajadores no adoptan una actitud proactiva con respecto a la prevención, sino que se conforman con realizar sus tareas sin preocuparse por los efectos que puedan tener en su salud y su seguridad.
La evaluación in situ muestra que, además de una falta general de formación, existen grandes problemas de comunicación y comprensión, que se ven agravados cuando hay trabajadores migrantes en las obras. Los programas de formación del tipo «Safe Pass»[12] podrían servir de ejemplo. Si los representantes de los trabajadores se encontraran en la obra se podrían mejorar las condiciones de trabajo. A menudo, los trabajadores consideran que las tareas de los coordinadores incluyen las inspecciones in situ, en particular en relación con la utilización de equipos de protección individual. |
Se está incrementando en todos los Estados miembros el número de trabajadores autónomos en las obras como consecuencia de una tendencia creciente a la subcontratación. Esta situación se aborda en el artículo 10 de la Directiva 92/57/CEE, en el que se obliga a los trabajadores autónomos que se encuentren en las obras a cumplir una serie de obligaciones y a seguir las instrucciones de los coordinadores.
Los trabajadores autónomos que efectúen tareas de renovación para propietarios privados plantean un importante problema, ya que son prestadores de servicios y no subcontratistas; por lo general, trabajan sin ninguna supervisión técnica y, a menudo, no están ni tan siquiera familiarizados con la legislación.
Las autoridades competentes deberían realizar campañas específicas de sensibilización destinadas a los trabajadores autónomos. Cuando la propiedad o las empresas contraten trabajadores autónomos deben asumir la responsabilidad por su salud y su seguridad y por la repercusión de sus acciones en los otros trabajadores. |
En general, la nueva legislación ha alentado un incremento del número de consultores de seguridad y salud en el trabajo, pero solamente están implicados en la fase de ejecución del proyecto, y no en las fases de concepción y preparación.
En algunos Estados miembros, los servicios de prevención han sido muy activos a la hora de impartir formación y transmitir información, en particular a los coordinadores y la propiedad. Sin embargo, afirman que carecen de los recursos necesarios para intervenir en la fase de concepción.
Debería darse un papel más activo a los servicios de prevención en la formación in situ y la información a los trabajadores.
5.1. Documentos exigidos: ¿una auténtica prevención o solamente burocracia?
Una de las principales críticas dirigidas a la Directiva 92/57/CEE es el incremento de la carga administrativa y los costes desproporcionados que representa para las empresas, y en particular las PYME.
En la Directiva se prevén tres tipos de documento, que tienen por objeto tener plenamente en cuenta las cuestiones relativas a la salud y la seguridad en todas las fases de la construcción: desde la concepción hasta la ejecución, durante el uso y el mantenimiento, durante la renovación y el acondicionamiento y, cuando sea oportuno, a lo largo de la demolición.
Con arreglo al artículo 3 de la Directiva 92/57/CEE, en determinados casos la propiedad o el director de obra deben cursar un aviso previo en el que se comunique información administrativa en la obra, y debe exponerse en la misma. En la mayor parte de los casos, este aviso previo debe transmitirse a las autoridades competentes dentro de los plazos previstos por la legislación nacional. A menudo, es el coordinador, que no es designado hasta que el proyecto ha alcanzado una fase avanzada, quien insiste ante la propiedad para que cumpla este requisito.
La manera en que el aviso previo se redacta y se envía a las autoridades competentes varía según los Estados miembros. A menudo, el coordinador se encarga de esta tarea, aunque en la Directiva se estipula que es responsabilidad de la propiedad o del director de obra.
De conformidad con la Directiva, este aviso previo tiene como objetivo proporcionar información básica en la que se determinen las obras de que se trata y los actores clave, así como el número de trabajadores, empresas y trabajadores autónomos que se encuentran en el lugar, pero solamente se necesita en determinadas categorías de obras. Desde el punto de vista de la prevención, este documento alerta a la propiedad y/o al director de obra sobre sus obligaciones y permite que las autoridades competentes garanticen que se cumplen estas obligaciones a partir de la fase de concepción, antes de que se inicien las obras.
La mayoría de los Estados miembros exigen sistemáticamente un aviso previo, aunque en la Directiva solamente sea obligatorio para algunas obras. A fin de reducir la burocracia, los Estados miembros podrían estudiar la posibilidad de combinar el aviso previo con otros procedimientos administrativos, tales como la concesión de un permiso de construcción. |
Plan de seguridad y de salud
En el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/57/CEE, se establece que la propiedad o el director de obra deben velar por que se establezca un plan de seguridad y de salud antes de que comience la obra. El coordinador se encarga de elaborar el plan, en el que se especifican las normas aplicables a la obra.
La evaluación muestra que la calidad de los planes varía, desde excelente a apenas aceptable. En algunos casos, el coordinador de la fase de preparación llama al coordinador de la fase de ejecución para que contribuya a definir las medidas de seguridad que deben aplicarse. El plan de seguridad y de salud debe incluir los métodos de trabajo seguros que deben utilizarse en la obra, y debe actualizarse en caso necesario. Es especialmente importante si se subcontrata una gran cantidad de trabajo.
A menudo, el plan se basa en documentos normalizados, especialmente en el caso de las obras de pequeño tamaño y de las pequeñas empresas, por lo cual se convierte en una formalidad administrativa en lugar de reflejar las medidas específicas necesarias para una obra particular. En otros casos, no es más que una lista de buenas prácticas generales de prevención, con independencia de la obra de que se trate.
Las empresas que optan por esta actitud alegan que una obra de construcción está cambiando constantemente, por lo que no se justifica una planificación muy detallada, que podría rápidamente volverse obsoleta.
No obstante, un gran número de accidentes en este sector se deben a una mala planificación y a la falta de previsión. Esto demuestra que el plan de seguridad y de salud no es solamente un requisito burocrático, sino que tiene una importancia capital para mejorar las condiciones de trabajo, cuando el plan evoluciona de conformidad con los cambios de la situación de la obra.
Además, en la práctica, los Estados miembros han recurrido en pocas ocasiones a la posibilidad que ofrece la Directiva de eximir a las empresas de la elaboración de un plan de seguridad y de salud, aunque se trate de una opción en todos los casos, excepto los especificados en la Directiva (trabajo que implica riesgos específicos y trabajo para el que se precisa un aviso previo). Este hecho es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que, cuando se debate acerca de las cargas administrativas que representa la Directiva, esta posibilidad no se conoce, ni se hace ninguna referencia a ella.
A fin de facilitar las tareas de la propiedad y de los directores de obra, una guía no vinculante abordará los diferentes aspectos del plan de seguridad y de salud y las posibilidades que permite la Directiva para eximir a las empresas de la obligación de elaborar determinados documentos en los casos en que los riesgos no lo justifican. |
Expediente de seguridad y de salud
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Directiva, el coordinador de proyecto debe constituir un expediente en el que se indiquen los elementos útiles en materia de seguridad y de salud que deberán tomarse en consideración en el proyecto en caso de realización de trabajos posteriores. En pocos casos se elabora al final de la fase de concepción. A menudo, es el coordinador de la fase de ejecución quien lo elabora y lo entrega a la propiedad cuando se ha finalizado el trabajo.
En muchos casos, este expediente se confunde con el plan de seguridad y de salud, y suele elaborarse como una operación rutinaria. Sin embargo, en el caso de las obras de pequeño tamaño, el expediente de seguridad y de salud debería estar adaptado al tipo de proyecto, ser sencillo y solamente contener la información pertinente en materia de seguridad y salud necesaria para un uso posterior. La Directiva permite explícitamente que se ajuste el contenido del expediente para adaptarlo al proyecto.
Algunos actores consideran que el plan de seguridad y de salud y el expediente de seguridad y de salud son formalidades administrativas que no añaden ningún valor a la salud y la seguridad en la obra. Resulta evidente que todavía no se comprenden adecuadamente el objetivo y la importancia del expediente de seguridad y de salud para la prevención de los riesgos laborales durante trabajos posteriores. En el caso de las obras de pequeño tamaño, a menudo los documentos son copias de modelos normalizados que no reflejan las condiciones reales en la obra y no añaden ningún valor en lo que se refiere a la mejora de las condiciones de trabajo. Una guía no vinculante abordará este problema con el fin de reducir la carga administrativa que recae en las empresas sin por ello reducir la protección, así como mejorar el compromiso y la identificación de los implicados con los documentos de salud y seguridad. |
5.2. La responsabilidad de los diferentes actores en la obra
En el artículo 7 de la Directiva 92/57/CEE se establecen las responsabilidades de la propiedad, los directores de obra y los empresarios.
En algunos casos, la legislación nacional por la que se transpone la Directiva no describe claramente los deberes y las responsabilidades de la propiedad, los directores de obra y los empresarios. En la práctica, esto significa que cada actor interpreta sus responsabilidades de manera subjetiva y, por consiguiente, las tareas y las responsabilidades pueden delegarse de un actor a otro: los conceptores delegan sus responsabilidades en las empresas, que, a su vez, las delegan en los subcontratistas; el coordinador de la fase de preparación se retira tan pronto como se han finalizado los planes y las especificaciones, incluso si no se ha preparado todavía la concepción detallada.
La evaluación in situ muestra que la propiedad suele pensar que puede delegar la responsabilidad por la seguridad y la salud en el trabajo en el arquitecto o el director de obra. Esto no se permite en los Estados miembros en los que la legislación que transpone la Directiva estipula que la propiedad y no el director de obra es el responsable de la prevención. La propiedad todavía cree que solamente los directores de obra son responsables de la salud y la seguridad en la obra. Este fenómeno está especialmente generalizado en las pequeñas obras privadas.
5.3. Aplicación de la legislación
La aplicación de la legislación nacional por la que se transpone la Directiva 92/57/CEE suele ser responsabilidad de las inspecciones de trabajo de los Estados miembros.
En 2001, el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (CARIT) decidió realizar una campaña en el sector de la construcción de toda la UE destinada a hacer cumplir la legislación. La primera campaña tuvo lugar en 2003 en los quince Estados miembros de entonces. Se trataba de una campaña de inspección e información relativa a la aplicación de la Directiva 92/57/CEE, con especial énfasis en la prevención de las caídas de altura. La campaña de inspección de 2003 se repitió en 2004 y se amplió a fin de incluir el transporte en el lugar de trabajo, la caída de objetos y los aparatos de elevación.
Los resultados de la campaña de 2003 indicaron que, en lo que respecta a la coordinación, el plan de seguridad y de salud, el aviso previo y el expediente del proyecto, existe una correlación positiva entre el tamaño de la obra y el grado de cumplimiento de la Directiva, ya que las obras de gran tamaño (más de cincuenta trabajadores) obtienen resultados muchos mejores que las de pequeño tamaño. Aunque las obras de gran tamaño son más seguras que las pequeñas en la práctica, el grado de cumplimiento sigue siendo insatisfactorio (del 20 al 30 % de las obras de gran tamaño incumplen la normativa, en comparación con entre el 40 y el 50 % de las de pequeño tamaño).
Los resultados de la campaña de 2004 no fueron mejores. Por el contrario, existen pruebas de que la situación en las obras de pequeño tamaño puede incluso haber empeorado ligeramente, con lo que se confirma la conclusión de 2003 de que es imperativo que el sector de la construcción preste una mayor atención a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud y mejore las condiciones de trabajo.
6. ACTUACIÓN SOBRE EL TERRENO: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA DIRECTIVA 92/58/CEE
En la mayoría de los Estados miembros, los actores están familiarizados con la señalización de seguridad y salud, puesto que ya se utilizaba antes de la adopción de la Directiva 92/58/CEE. Se produjeron muy pocos cambios en la forma, el logotipo, los colores, etc., con respecto a la señalización anterior, con la única excepción de la señalización que indica la ubicación de las salidas de emergencia en caso de incendio.
En la mayor parte de los Estados miembros, los empresarios solicitan orientación antes de adquirir determinados tipos de señalización. Por lo general, preguntan sobre el tipo de señalización que debe utilizarse y el mejor lugar para ubicarla.
Si bien las empresas en la mayor parte de los Estados miembros conocían bien la legislación, no siempre la cumplían debido a que existe la idea generalizada de que la legislación es algo marginal y complementario.
Generalmente, las empresas estaban más familiarizadas con la señalización de evacuación y contra incendios, ya que se trata de los riesgos que las autoridades competentes y las empresas de seguros destacan más a menudo. Si bien la mayor parte de las empresas saben que deben señalizar los peligros, las pequeñas empresas estaban peor informadas que las grandes y, en algunos sectores (por ejemplo, las explotaciones agrícolas, los restaurantes y los hoteles, y las obras de construcción), el cumplimiento estaba menos generalizado. Los riesgos directamente relacionados con la actividad principal de la empresa (por ejemplo, los riesgos químicos en las empresas químicas) se señalizan más que otros riesgos (tales como los del tráfico rodado o el transporte de cargas pesadas). |
La legislación se aplica de manera más coherente en las nuevas empresas que en las antiguas. No obstante, incluso en los casos en que se cumple la nueva legislación en materia de señalización, se observan muchas carencias en la práctica. En muchos casos no se renueva la señalización.
Las consecuencias de los incumplimientos pueden ser muy graves. La falta de señalización que indique la presencia de vehículos en el lugar de trabajo, cargas suspendidas, alcantarillas abiertas, riesgos eléctricos, etc., puede ser en muchos casos la causa de accidentes graves. |
En la mayor parte de los Estados miembros no parece que pueda accederse generalmente a formación específica sobre el significado de la señalización y de otros tipos de información visual dirigida a los trabajadores. En la mayor parte de los casos, los trabajadores reciben formación e información general sobre cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud, y solamente una pequeña parte está dedicada a la señalización. Debe estudiarse el caso específico de los trabajadores migrantes con el fin de determinar en qué grado comprenden la señalización.
También surgen algunos problemas en relación con la interpretación de las señales que indican «salida de emergencia» y «teléfono de rescate y primeros auxilios», en contraposición con la señalización de «equipo contra incendios» y «teléfono en caso de incendio». La única diferencia entre estos dos grupos de señales es el color del fondo.
7. EVALUACIÓN GENERAL
7.1. Principales efectos positivos de las dos Directivas
Directiva 92/57/CEE
En sus informes nacionales, los Estados miembros señalan que, gracias a la aplicación de la Directiva 92/57/CEE, se ha incrementado la sensibilización acerca de las cuestiones de seguridad y de salud a gran escala, y se les ha alentado a actualizar la legislación nacional. Los Estados miembros consideran que la adopción de esta nueva legislación es una evolución indispensable, positiva, útil, pertinente, justificada y satisfactoria.
La Directiva 92/57/CEE ha sido muy beneficiosa en lo que respecta a la mejora de las condiciones de trabajo en las obras de construcción. En particular, ha fomentado la cultura de la prevención en este sector, que es un punto negro en lo que se refiere a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Muchos Estados miembros afirman que ha mejorado considerablemente la calidad de las instalaciones en la obra (higiene, locales de formación, comedores, instalaciones sanitarias y oficinas) y que la Directiva ha mejorado el diálogo y la comunicación entre los diferentes actores in situ en las diferentes fases.
La principal innovación de la Directiva, que todas las partes consideran un avance, es que establece que todos los implicados, y principalmente la propiedad, son responsables. También se considera muy positiva la introducción de una coordinación en las fases de preparación y ejecución, así como la obligación de elaborar un plan de seguridad y de salud y un expediente de seguridad y de salud.
Según algunos Estados miembros, las empresas reconocen cada vez más la importancia de la protección de la seguridad y la salud en el trabajo. Las medidas de seguridad y salud ya no se consideran únicamente un coste, sino también un beneficio económico, ya que pueden reducir el absentismo y, en última instancia, incrementar la productividad.
En la nueva legislación se definió la señalización de manera práctica y exhaustiva, con lo que se permitió que la señalización utilizada en los lugares de trabajo se armonizara en todos los Estados miembros. También se ha acogido favorablemente el hecho de que la Directiva haya incluido y regulado señalizaciones diferentes de las visuales, tales como señales luminosas, acústicas y verbales así como las señales manuales.
Los informes nacionales muestran que la Directiva ha proporcionado una oportunidad para renovar y añadir nuevas disposiciones a las legislaciones nacionales existentes. Asimismo, ha contribuido a que las legislaciones nacionales sean más coherentes y a introducir una serie coherente de disposiciones comunitarias en materia de seguridad y de salud.
7.2. Principales problemas de aplicación
Los principales problemas comunicados por los Estados miembros tienen su origen en el requisito de elaborar un plan de seguridad y de salud y de designar coordinadores en una fase tan temprana como la de elaboración del proyecto.
En la mayoría de las legislaciones nacionales, la propiedad es responsable de la política de prevención. La propiedad se enfrenta a dificultades para asumir sus mayores responsabilidades. La designación de coordinadores sigue siendo insatisfactoria o se retrasa en la fase de preparación, dado que se considera una carga administrativa.
Si no se ha elaborado el plan de seguridad y de salud, o si no se ha designado el coordinador antes de la fase de ejecución del proyecto, se ha incumplido la obligación de incorporar los principios de la prevención en la preparación del proyecto. Además, las diferentes disposiciones nacionales relativas al plan de seguridad y de salud son demasiado imprecisas y generales para que los responsables sepan lo que deberían incluir en el plan. Las inspecciones de trabajo detectaron otro grave problema, en concreto, que algunas empresas se basan en modelos de plan de seguridad que no permiten la inspección de las condiciones de trabajo específicas de una obra concreta. Los Estados miembros comunican que las empresas no llegan a comprender la función que desempeña el expediente de seguridad y de salud en el sistema de prevención.
Otro problema mencionado es la baja tasa de participación de los trabajadores de la construcción en la prevención de los riesgos laborales a través de sus representantes.
Se descubrió que la formación de los trabajadores, subcontratistas, trabajadores autónomos y PYME era insuficiente. Además, las PYME sufren por el exceso de burocracia y la falta de flexibilidad de la legislación nacional.
Por último, en muchos Estados miembros las competencias del coordinador no están definidas en la legislación, lo cual provoca situaciones en las que el coordinador no puede ser eficaz debido a que las personas que desempeñan este papel no poseen los conocimientos necesarios.
Los informes de los Estados miembros y la evaluación de los expertos indican que el principal problema es la falta de formación para los trabajadores. En la mayor parte de los casos, los trabajadores reciben formación general sobre salud y seguridad, y solamente una pequeña parte está dedicada a la señalización. En términos más generales, también se identificó como un problema la falta de interés que muestran las empresas y los gestores por la aplicación de la Directiva.
8. SUGERENCIAS DE MEJORA
Algunos Estados miembros declaran que es difícil aplicar la Directiva debido a que sus disposiciones son demasiado generales. Algunos han pedido a la Comisión que prepare información no vinculante en la que se aborden posibles preguntas y dudas, a fin de ayudar a la aplicación.
Por lo general, los informes nacionales muestran que la principal preocupación de los Estados miembros son las carencias en el desarrollo de la coordinación de la seguridad en la fase de preparación. Por consiguiente, algunos desearían que la Comisión incluyera la coordinación en la fase de preparación en instrumentos no vinculantes.
Otros desearían que su legislación nacional clarificara la interacción entre el coordinador del proyecto, los conceptores y la propiedad, y entre el coordinador del proyecto, los directores de obra, los trabajadores autónomos y la propiedad.
Se realizaron una serie de sugerencias para mejorar la legislación o bien la manera en que se aplica.
Una de las sugerencias para mejorar la legislación era incluir formación básica obligatoria para los trabajadores sobre la señalización de seguridad, aunque la formación proporcionada debería ser proporcional a los riesgos implicados. Otra consistía en revisar las normas sobre las señales gestuales a fin de mejorar la aplicación. Deberían hacerse esfuerzos a fin de armonizar la Directiva con normas internacionales.
9. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA LEGISLACIÓN
Resulta muy difícil demostrar objetivamente el vínculo entre la aplicación de la Directiva y la mejora de la situación en lo que respecta a la reducción de los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales en el sector de la construcción.
Los factores que dificultan la evaluación de su eficacia son el crecimiento del sector de la construcción desde la entrada en vigor de la Directiva, la introducción de nuevas tecnologías, la complejidad de la introducción de un sistema de prevención in situ y la multiplicidad de actores, las variaciones estacionales, y el hecho de que la Directiva contenga algunas nuevas disposiciones mientras que otras están insertadas en las normativas nacionales existentes.
El sector de la construcción sigue teniendo los peores resultados en materia de accidentes en el trabajo en comparación con otros sectores de actividad económica. Si bien la aplicación de la Directiva ha producido una reducción constante de las tasas de incidencia de accidentes en la construcción a lo largo del tiempo, la reducción todavía no es tan grande como se esperaba.
a) Efectos sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
Las estadísticas europeas disponibles más recientes sobre accidentes de trabajo en las obras de construcción de la Europa de los quince corresponden al año 2005. Desde 1996, se ha observado una mejora gradual de la tasa de incidencia[13] tanto en el caso de los accidentes mortales (1996: 13,3; 2005: 8,8) como de los accidentes que implican más de tres días de baja laboral (1996: 8 023; 2005: 6 069). No obstante, debe observarse que la tasa de accidentes mortales en la construcción es casi 2,5 veces superior a la tasa media para todas las actividades, incluida la construcción, y la tasa de accidentes que provocan una baja de más de tres días es el doble de elevada.
b) Impacto en la productividad, el empleo y la competitividad
La mayor parte de los Estados miembros no proporcionan ninguna información sobre el impacto que está teniendo la nueva legislación en la productividad, el empleo y la competitividad. Por norma, se considera que las nuevas medidas son positivas en algunos Estados miembros en términos de productividad y competitividad, especialmente a largo plazo. Según estos Estados miembros, la aplicación de la Directiva alienta la modernización y la racionalización de los procesos de producción, lo cual desemboca lógicamente en un incremento de la productividad al garantizar que la organización del trabajo se planifica y se reexamina.
No se dispone de datos específicos sobre este tema, ya que las estadísticas no suelen tener en cuenta los accidentes provocados por la señalización. En concreto, la inexistencia de señalización no se considera generalmente como un factor material en un accidente. Por consiguiente, la inexistencia de señalización no se incluye en la lista de agentes materiales relacionados con las estadísticas de accidentes. Por este motivo, la falta o inexistencia de señalización de seguridad y salud no figura en los estudios efectuados a fin de determinar las causas de los accidentes en el trabajo.
Los Estados miembros han tenido dificultades para medir el impacto de la Directiva en la productividad, el empleo y la competitividad. Un Estado miembro declaró que, en tanto que instrumento de gestión, la Directiva contribuía a la productividad, mientras que otro Estado miembro señaló que tenía efectos beneficiosos en el número de bajas laborales provocadas por enfermedades así como en las condiciones de trabajo en general.
A pesar de que la tasa de incidencia y el número de accidentes en el trabajo se hayan reducido tanto en el caso de los accidentes mortales como en el de los accidentes que provocan una baja laboral de más de tres días (lo cual ya muestra el impacto positivo de la Directiva en lo que respecta a la seguridad y la salud de los trabajadores en la UE), las cifras todavía son inaceptables: la construcción sigue siendo el sector en el que los trabajadores están expuestos a los mayores riesgos.
La evaluación parece mostrar claramente, tal como hacen las cifras mencionadas, que solamente puede lograrse una mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores en las obras de construcción si se aplica con más eficacia la Directiva 92/57/CEE. No parece que nos encontremos en el momento adecuado para emprender un proceso de modificación de la Directiva sin tomar, en primer lugar, medidas alternativas a nivel nacional y/o europeo que permitan una aplicación completa de la Directiva, así como garantizar su cumplimiento. A la hora de elaborar las estrategias nacionales en materia de salud y seguridad, los Estados miembros podrían tomar medidas para conseguir una aplicación más eficaz de la Directiva 92/57/CEE, principalmente racionalizando y simplificando los marcos jurídicos nacionales existentes, a la vez que se respetan los principios de una legislación coherente y eficaz. Es de capital importancia a este respecto el programa de acción que tiene como objetivo reducir las cargas administrativas en la Unión Europea[14], que la Comisión está aplicando en la actualidad. En él se incluye una evaluación de la Directiva 92/57/CEE, y permitirá que se determinen las cargas administrativas innecesarias que tienen su origen tanto en la legislación nacional como en la de la UE.
Todos los Estados miembros consideran que se necesitan instrumentos no vinculantes a nivel europeo y/o nacional para facilitar la aplicación de la Directiva 92/57/CEE, lo cual se ve confirmado por la evaluación sobre el terreno. En concreto, la mayor parte de los Estados miembros destacan la existencia de problemas para comprender y elaborar el plan de seguridad y de salud y para determinar qué personas son responsables de hacerlo. También debe explicarse la función del expediente de seguridad y de salud.
En general, los Estados miembros comunican la existencia de problemas provocados por la inexistencia de una información clara sobre la definición, la función, las tareas y las cualificaciones de los coordinadores en función del tipo de proyecto.
Deben realizarse más esfuerzos, a través de la formación y la información, para incrementar la sensibilización de la propiedad sobre sus responsabilidades y para convencerles de que la coordinación no es un coste añadido, sino un medio efectivo para reducir costes a lo largo del proyecto. También debe impartirse formación sobre prevención de los riesgos profesionales a los arquitectos y los ingenieros implicados en la concepción, preferiblemente como parte de sus estudios universitarios. Deberían desarrollarse los requisitos básicos de formación para los coordinadores. Por último, debe informarse e impartirse la formación adecuada a las pequeñas empresas y los trabajadores acerca de la legislación y sus responsabilidades, especialmente a los trabajadores migrantes y autónomos.
Un aspecto de capital importancia es la aplicación efectiva de la Directiva de una manera equivalente en toda la UE. Además de centrarse en la fase de ejecución de la construcción, debe prestarse más atención, en el marco de la actuación para hacer cumplir la legislación, a garantizar que la propiedad y los conceptores cumplan sus obligaciones en la fase de concepción. Deben inspeccionarse las obras con mayor frecuencia, y también deberían supervisarse los planes y el expediente de seguridad y de salud, tanto en su forma como en su contenido. Deben imponerse sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, tanto a la propiedad como a los directores de obra, cuando incumplan sus obligaciones. En este contexto, el CARIT desempeña un papel fundamental y debería abordar la situación específica del sector de la construcción como una prioridad de su actuación futura.
En resumen, deben tomarse las siguientes medidas a nivel nacional o de la UE:
- elaborar instrumentos no vinculantes (orientaciones);
- integrar las cuestiones específicas de seguridad y de salud en los programas de formación profesional y enseñanza superior a nivel nacional para los profesionales que desempeñen un papel clave en la aplicación de la Directiva;
- introducir requisitos nacionales sobre la competencia de los coordinadores;
- las entidades adjudicadoras deberían incorporar sistemáticamente medidas de prevención relacionadas con el objeto del contrato en las especificaciones técnicas de las licitaciones, así como en las cláusulas relativas a la realización del contrato y en el contrato de calidad;
- mejorar la educación y la formación de los trabajadores y comunicar con ellos a través de programas de formación (como, por ejemplo, «Safe Pass»);
- realizar campañas nacionales de sensibilización destinadas a los trabajadores autónomos;
- combinar la elaboración del aviso previo con otros procedimientos administrativos nacionales pertinentes (tales como la solicitud del permiso de construcción);
- inspeccionar las obras con mayor frecuencia;
- introducir sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.
La construcción sigue siendo un sector especialmente peligroso que precisa un esfuerzo adicional por parte de todos los actores si se quiere que la aplicación de la Directiva 92/57/CEE mejore significativamente. La Comisión contribuirá a este objetivo, entre otras cosas, elaborando una guía práctica y no vinculante para clarificar determinados conceptos clave y ayudar a todos los actores a cumplir sus obligaciones.
Todos los Estados miembros creen que la Directiva 92/58/CEE ha tenido un impacto muy positivo en lo que respecta a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y de terceros. Ha permitido que se identifiquen claramente las situaciones de riesgo, con independencia del conocimiento de lenguas, y ha contribuido decisivamente a aplicar uno de los principios más importantes de la legislación comunitaria: la libre circulación de los trabajadores.
Esta Directiva se verá afectada por la introducción del Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SMA), que modifica los criterios, pictogramas y símbolos utilizados para la toxicidad, la inflamabilidad y otros riesgos químicos, por lo que deberá actualizarse.
[1] En la Comunicación «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)», COM(2007) 62 final de 21.2.2007.
[2] Enviados a la Comisión de conformidad con los artículos 14 y 11 de ambas Directivas, artículos que fueron posteriormente derogados por la Directiva 2007/30/CE.
[3] DO L 245 de 26.8.1992, p. 6.
[4] DO L 245 de 26.8.1992, p. 23.
[5] Dos Estados miembros, que querían garantizar que se evaluara objetivamente la Directiva, utilizaron encuestas o estudios efectuados por consultores externos independientes; en casi todos los Estados miembros, los interlocutores sociales desempeñaron un papel muy importante en la redacción del informe.
[6] Reglamento (CE) nº 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1). Modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 1112/2005 (DO L 184 de 15.7.2005, p. 5).
[7] Decisión de la Comisión, de 12 de julio de 1995, por la que se crea un Comité de altos responsables de la inspección de trabajo (DO L 188 de 9.8.1995, p. 11).
[8] En la mayor parte de los Estados miembros, se consultó previamente a todos los representantes del sector de la construcción (interlocutores sociales, arquitectos, la propiedad, directores de obra, etc.) y se les dio la oportunidad de participar en la transposición de la Directiva.
[9] Véase al apartado 17 de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-84/94 Reino Unido contra Consejo [1996] Rec. I-5755.
[10] Decisión del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la creación de un Comité consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo (DO C 218 de 13.9.2003, p. 1).
[11] Fuente: datos de las Estadísticas europeas de accidentes de trabajo (EEAT) de Eurostat correspondientes a 2005.
[12] El «Safe Pass Health and Safety Awareness Training Programme» es un programa de un día de duración gestionado por la autoridad irlandesa responsable de la formación y el empleo. Este programa tiene como objetivo garantizar que todos los trabajadores de la construcción de Irlanda tengan conocimientos básicos de salud y seguridad, de manera que puedan trabajar en obras de construcción sin que sean un peligro para sí mismos o para otras personas que pudieran verse afectadas por su actuación.
[13] La tasa de incidencia, tal como la define la metodología de las EEAT, es el número de accidentes en el trabajo por 100 000 trabajadores con empleo.
[14] COM(2007) 23 de 24.1.2007, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea [SEC(2007) 84] [SEC(2007) 85].

References: artículo 226
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 7