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Timestamp: 2018-12-12 10:38:41+00:00

Document:
Versión estenográfica de la Sesión Pública de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el martes 26 de junio de 2018
Publicado: Martes, 26 Junio 2018 16:38
CELEBRADA EL MARTES 26 DE JUNIO DE 2018.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: (12:43 horas) Proceda la Secretaría a realizar la verificación del quórum.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Señoras legisladoras y señoras legisladoras, conforme al registro en el sistema electrónico se ha acreditado la asistencia de 18 ciudadanos legisladores.
Se tiene el registro de siete legisladores que han pasado asistencia personalmente ante esta Secretaría.
Señor Presidente, tenemos una asistencia de 24 ciudadanos legisladores.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Se abre la sesión de la Comisión Permanente, hoy martes 26 de junio de 2018 correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El orden del día está disponible para su consulta en el monitor que cada quien tiene instalado en su escaño.
De igual manera pueden consultar también la versión electrónica en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señora Secretaria.
Continúa con el siguiente asunto.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con similar de la Secretaría de Economía, con el que se envían el Informe Final de la Evaluación de Diseño 2018 del programa presupuestario E009 “Atención de trámites y promoción de los programas de esa Secretaría en las entidades federativas”.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Remítase a la Mesa Directiva y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
Continúe con el siguiente asunto.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibió del Congreso del estado de Baja California una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Continúe, por favor, señora Secretaria.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: También del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social y 6 de la Ley de Institución de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibieron 19 oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Informo a esta Asamblea, que dichas respuestas serán remitidas a los legisladores promoventes y ya se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibieron las siguientes comunicaciones de comisiones:
Una, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, con la que se remiten sus informes y actividades correspondientes al Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Una, de la Comisión de Seguridad Social.
Y una, de la Comisión de Turismo, también de la Cámara de Senadores, con la que remite sus respectivos informes y actividades correspondientes al Tercer Años de ejercicio de la actual Legislatura.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Esta Asamblea ha quedado de enterada.
La Secretaria Diputada Gloría Hernández Madrid: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores, por las que informan sus reincorporaciones a sus funciones legislativas.
Una, de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Una, de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
Y una, del Senador Benjamín Robles Montoya, a partir del próximo 2 de julio.
Una del Diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, a partir del día 1º de julio del año en curso.
Y una, del Diputado César Flores Sosa.
Una, del Diputado David Gerson García Calderón.
Y una, del Diputado Miguel Ángel Salim Alle, a partir del 2 de julio.
El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: La Asamblea ha quedado enterada y estas comunicaciones se turnan a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.
En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, en materia de medios cibernéticos.
Informo a mis compañeras y compañeros de la Comisión Permanente que, con la aplicación supletoria del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General, esta Presidencia, y también con fundamento en el artículo 63, párrafo dos, designa al compañero Senador Héctor David Flores Ávalos, Secretario de la Mesa Directiva para conducir la sesión.
Tiene usted la palabra, Senadora De la Torre.
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Muchas gracias, Diputado Presidente.
La vida privada de un ciudadano debe ser el recinto amurallado, Charles Maurice, ex Primer Ministro de Francia.
Entre los beneficios que trajo consigo la creación del Internet, tenemos la evolución de los medios de comunicación.
Hoy día, hemos encontrado en las conversaciones electrónicas la forma más efectiva, eficiente y sobre todo económica de mantenernos en contacto e intercambiar información de manera interpersonal.
Estos medios pueden influir de manera positiva en el desarrollo de investigaciones, así como de trabajos, aprendizaje, entretenimiento y el acceso a bienes y servicios.
En la actualidad, es común que las personas firmen o capten situaciones de la vida cotidiana y las publiquen posteriormente en el ciberespacio, convirtiéndose muchas veces en noticia de impacto nacional o incluso de un gran impacto mundial.
Por ejemplo, las grabaciones o imágenes de terremotos, de los tsunamis, delitos cometidos en flagrancia, arrestos de personas, etcétera, etcétera. Esto, gracias a las llamadas redes sociales, herramientas que ampliaron la posibilidad de expresión y difusión de ideas y contenidos, sin embargo, con ello también se presentó la vulnerabilidad y el peligro de todas y de todos los usuarios ya sea por la difusión de información confidencial o por la comisión de diversos delitos.
Las redes sociales más importantes, pues todos sabemos, son Facebook, Twitter, Instagram o You Tube, pero también existen otras que ofrecen a los usuarios la posibilidad de conocer personas y pactar citas, por ejemplo, Tinder, Badoo, WeChat, entre otras más.
En muchos de los casos es común el sexting, que es la contracción de las palabras sex y ting y se refiere al envío de mensajes, fotografías, sonidos, videos eróticos o pornográficos a través de dispositivos móviles o de las computadoras.
El uso del sexting se ha incrementado exponencialmente no sólo a través de los portales de las citas, sino también como una práctica íntima entre las parejas.
En ese último caso acontece generalmente a una problemática cuando él o la cónyuge, o el concubino o la concubina, o cualquier pareja, independientemente de la situación jurídica o personal que tengan terminan con esa relación sentimental y la persona que se siente afectada por ello decide en un acto de resentimiento y de venganza publicar o compartir en el ciberespacio, imágenes, audios o videograbaciones que intimidan o íntimas de su ex pareja, consumando uno de los atentados más reprobables en contra de la dignidad y el honor de una persona.
Este es un grave problema que se ha presentado en casi todo el mundo y México no es la excepción, hemos sido testigos de innumerables casos de víctimas quienes por este tipo de material difundido a través de las redes, de la vía del Internet, han subido material difundido que ha afectado mucho a ellos mismos, a sus familias y han ocasionado graves daños, entre ellos daños psicológicos que generan culpa, vulnerabilidad, desconfianza, lo cual desencanta una serie de emociones y pensamientos que a la persona, que pueden llevar inclusive a una profunda depresión y por qué no, en algunos casos hasta el suicidio.
El acoso, las burlas, la persecución por parte de un círculo social que puede derivar en profundas afectaciones emocionales para las personas.
La Organización de las Naciones Unidas señala que el 95 % de las conductas agresivas, el lenguaje insultante y las imágenes denigrante que aparecen en el ciberespacio, se refieren a mujeres, lo que también representa otra moralidad de la violencia de género.
Como podemos darnos cuenta, aún queda mucho por hacer en esta materia.
Si bien es cierto, hemos avanzado considerablemente, también es cierto que como legisladores no podemos parar, que todos los días la realidad social nos damos cuenta, va por delante de la realidad jurídica, pero es la tarea de las y los legisladores observar y analizar esa realidad social para traducirla en una realidad jurídica.
Tenemos que seguir el camino de regular los nuevos medios tecnológicos de comunicación para combatir las malas prácticas, que su uso no representa un riesgo para la seguridad integral de las y los mexicanos, especialmente de las niñas y los niños.
Los adolescentes y las adolescentes son un sector de la población altamente vulnerable a este tema del sexting, el mundo virtual nos permite estar conectados, comunicados y con acceso a un sin fin de información, herramientas que deben ser manejadas con responsabilidad y honestidad, canalizadas a través de entorno seguro y respetuoso donde prevalezca el civismo digital.
Por lo anteriormente expuesto, presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de utilización de medios cibernéticos contra la intimidad de las personas con la finalidad de proteger su dignidad.
Y lo que estamos proponiendo, compañeras y compañeros, es modificar el Título Séptimo Bis del Código Penal, para agregar la palabra “intimidad” y quedar como sigue: “Delitos contra la indebilidad de privacidad e intimidad de la información sexual”.
Se crea un capítulo nuevo del título anterior denominado “Comunicación, Contenido Sexual entre Personas”, que adiciona un artículo 199 Octavo, y yo quisiera compartírselos para ir clarificado hacia dónde va la presente iniciativa y por qué es tan importante.
Dice lo siguiente la propuesta.
Artículo 199 Octavo: “Se impondrá de 1 a 5 años de prisión, y multa de 200 a 600 días a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión o almacenaje de datos video grabe, fotografíe, filme o capte la imagen o de actos íntimos interpersonales efectuados en lugar privado, de manera oculta o sin el consentimiento expreso de todas las personas involucradas en los hechos”.
Fracción II. “Publique, divulgue, difunda, exhiba o propague imágenes, textos, grabaciones de voz, grabaciones de video o audio visuales de contenido erótico, sexual o pornográfico a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico, o por cualquier otro medio sin el consentimiento expreso de todas las personas involucradas en los hechos, aún con la anuencia de la otra parte para la obtención de dichos documentales”.
Las penas y sanciones a que se refieren los incisos anteriores se aumentarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo sea cónyuge, concubina, concubinario o una persona que mantenga o haya mantenido una relación sentimental con la víctima.
Y dice un poco más, yo quería resaltar esta parte porque me parecía que era importante compartir con ustedes, pues, a dónde vamos.
También, finalmente, cierro, Presidente, compartiendo que hay ocasiones donde la realidad jurídica, la realidad social se traduce en una realidad jurídica en las entidades federativas, y que hay que resaltar cómo en el estado de Yucatán, el gobernador Zapata Bello, envió una iniciativa, y en Yucatán, eso es una realidad este tema, y ya se encuentra en su Código Penal que tipifica la transmisión y distribución de imágenes de audios o grabaciones derivadas del sexteo, y que, bueno, esta entrará en vigor el 1º de agosto, pero también que hay en este tema, estos casos han llegado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que tenemos tesis al respecto, una de 2013, donde de manera concreta, dice la tesis, resuelve: “Que se aborda la afectación de derechos como el honor y la reputación por la divulgación en internet de datos o información de una persona sin su consentimiento debiendo garantizar la protección del principio pro homine consagrado en el artículo 1º constitucional.
A mí me parece que este tema y que esta iniciativa tiene todos los elementos y todas las herramientas para convertirlos en una realidad jurídica, y que aún tenemos tiempo de ir avanzando en las comisiones ordinarias sobre este tema y dejar trabajos ya muy avanzados y concluidos, porque me parece que nos hemos visto un poco lentos o bastante, quizás, porque el sexting es un tema que está afectando muchísimo a las personas, que provoca daños emocionales enormes y que en los adolescentes ha sido un tema que se está propagando, y me parece un tema que está en lo social, que está en nuestra realidad cotidiana, pero que tiene que traducirse en una realidad jurídica que nos permita prevenir, pero también sancionar estas conductas que van contra la integridad y el daño de las personas en su integridad.
Por su atención y apoyo, muchísimas gracias.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Senadora Yolanda de la Torre Valdez, por su importante iniciativa.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Diputada Arlette Muñoz Cervantes, a nombre del Diputado Óscar Daniel Hernández Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de procedimiento para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La Diputada Arlette Muñoz Cervantes: Gracias, Presidente. Con su venia.
Uso esta tribuna para presentar esta iniciativa a nombre del Diputado Óscar Hernández, a quien saludo con mucho gusto aquí presente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es una de las instituciones clave para nuestra República democrática.
La Suprema Corte defiende el orden establecido por la Constitución, mantiene el equilibrio entre los poderes y ámbitos de gobierno, y soluciona de manera definitiva asuntos de gran importancia para la sociedad.
No hay autoridad, ni recurso legal que esté por encima de la Suprema Corte y sus ministros.
Junto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, la Suprema Corte permite que el Estado se organice, de tal forma que se cumpla con las funciones y se garantice el Estado de derecho.
No sólo eso, al contar con una división clara de los poderes, se evita que se cometan abusos de poder y se preserven los derechos de los ciudadanos.
Esta división está claramente señalada en nuestra Carta Magna reconocida en el artículo 49.
La importancia que tiene la división de poderes no es menor y cumple un objetivo vital que es formar parte de un sistema de pesos y contrapesos. Gracias a este sistema se previenen abusos, ya que es un poder que limita al otro cuando así lo establece la Constitución.
Para que este sistema funcione adecuadamente, lo fundamental es perseverar su autonomía, es decir, que un poder no tenga influencia en otro para evitar intereses.
Desafortunadamente, con el método actual de elección de los Ministros de la Suprema Corte puede darse el caso.
¿Cómo ha pasado? Que la influencia y los intereses del Ejecutivo son claros, vulnerando el principio de independencia de los juzgados, el cual busca a toda costa la ausencia de influencias externas en la toma de decisiones y para emitir un fallo.
Casos conocidos por todos no sólo vulneran este principio, también lo hacen que se pierda credibilidad en los fallos, no sólo de un ministro sino de toda la institución.
Como ejemplo, basta mencionar los casos del Ministro Medina Mora, de la Ministra Norma Piña Hernández, y del Ministro Pérez Dayán. Estos casos ponen de manifiesto la importancia de que haya total independencia de sus miembros con los otros poderes de la unión para evitar la manipulación y garantizar la institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, que a la par es el máximo tribunal de nuestro país.
Como tal, es indispensable contar con ministros que sean personas reconocidas por su capacidad, eficiencia y probidad en la impartición de justicia, además de su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Sólo así podemos fortalecer las instituciones que participan de justicia en nuestro país, y poner un alto definitivo a la corrupción e impunidad que tanto daño nos hacen.
No podemos ignorar el serio problema de corrupción que vivimos en México. De los índices de percepción de la corrupción, así siempre salimos entre los peores evaluados, contando con la peor evaluación de todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Mucho hemos hablado de la corrupción y una manera de ponerle un alto es con instituciones sólidas, libres de influencias externas que en ocasiones provienen del mismo Poder Ejecutivo en turno.
El método actual para elegir a los ministros hace posible que quien sea designado pueda verse manipulado o controlado por el Poder Ejecutivo, es decir, quien lo designó en primer lugar.
En las ternas que propone el Presidente nadie más interviene, y en caso de que el Senado no resuelva entre lo propuesto o rechace las ternas, termina siendo el mismo Presidente quien define quién será el ministro.
Generalmente los Presidentes en turno han nombrado personas cercanos a ellos, quienes terminan transmitiendo o actuando en favor de los intereses e ideología presidencial.
Lo único que se logra con ello es que la impunidad siga reinando y no contemos con un Estado de derecho.
Lo que proponemos el día de hoy es un nuevo método que impida que se impongan los intereses de quienes designan a los ministros.
La propuesta es que se abra la terna y se lleve a cabo una consulta a las universidades, facultades y colegios de abogados más prestigiosos del país, aumenta así las posibilidades de contar con las mejores y los mejores, los más reconocidos abogados, no sólo con los más cercanos al Presidente, sería una terna más plural, justa y democrática.
En Acción Nacional estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción, luchamos en favor del Estado de derecho y de instituciones más sólidas. Sólo con instituciones sólidas podremos ponerle un alto definitivo a la corrupción y la impunidad que tanto daño le han hecho a nuestro querido México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un pilar de la vida democrática del país, debemos de garantizar su autonomía a fin de que intereses ajenos a los de la nación no triunfen sobre el bien de todos los mexicanos.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Diputada Arlette Muñoz Cervantes por su importante iniciativa.
Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Jesús Zambrano Grijalva a nombre de la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 134 constitucional, en materia de órganos con autonomía.
El Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracia.
La presente iniciativa de reforma al artículo 134 constitucional ha sido suscrita por la Diputada Hilda Miranda, efectivamente como lo anunció la Presidencia y por un servidor.
Esta iniciativa pretende hacer explícita la obligación para hacer un uso eficiente, eficaz, transparente, honesto y austero de los recursos públicos que les son asignados a los poderes y entes autónomos.
En el diseño institucional del Estado mexicano, de los últimos 21 años, se ha dado forma a un gran número muy significativo de órganos autónomos para ocuparse de diversos aspectos fundamentales del quehacer público.
A partir de la década de los noventas, del siglo pasado, se concedió este tipo de autonomía, hay que recordarlo, se construyeron como órganos autónomos el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya en este siglo, el conocido como IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y está en ruta de concluirse una reforma para conceder autonomía a la Procuraduría General de la República ahí, que pase a configurarse como Fiscalía General de la República.
Los órganos autónomos, hay que recordarlo, también son resultado de un reclamo social y responden a la necesidad de sustraer estas materias de las que se ocupa cada uno de ellos, del control político y, sobre todo, de la influencia de los gobiernos en turno que sean verdaderamente autónomos.
Su creación y puesta en operación ha requerido de dotarlas de los recursos económicos técnicos y financieros necesarios para que alcancen los objetivos que se le encomiendas; sin embargo, hay que decirlo claramente que estos órganos no han estado ajenos a la amenaza constante tanto de la partidización, como especialmente del dispendio en el uso de los recursos públicos que les son asignados.
Justamente en el renglón del dispendio del gasto público, también hay que decirlo porque tiene que entrarse expresamente a este terreno, han incurrido también tanto el Poder Judicial como los órganos del Poder Legislativo.
Ante esta situación se hace cada vez más necesario sujetar la actuación de estos órganos y, sobre todo, el uso de los recursos que les son asignados a los principios de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia que deben observarse en todas las actividades y por todas las instituciones del Estado mexicano.
El país necesita urgentemente que sea una materia de otro tipo, pero necesita retornar urgentemente a la senda del crecimiento económico, para esto, desde luego, se tiene que reconfigurar toda la visión, todo el modelo en el que se ha venido trabajando en las últimas tres décadas, y si bien hemos estado en un entorno internacional poco favorable para lograrlo, también hay que decir que se pierde, como lo han expresado y señalado instituciones especializadas en la materia, se pierde gran cantidad de recursos por la vía de la corrupción, del desvío de dinero público para el enriquecimiento ilícito de servidores públicos y de amigos contratistas de aquellos, o bien para el gasto en sus actividades políticas de manera totalmente ilegal.
Para el ejercicio presupuestal de 2018 se asignaron al conjunto de estos organismos autónomos un presupuesto superior a los 45 mil millones de pesos, contando entre ellos a la Fiscalía General de la República.
Si le agregamos el presupuesto de poderes, de los poderes y entes autónomos, es decir, sumando el presupuesto del Poder Judicial y el Legislativo la cifra asciende a 17.5 mil millones de pesos hasta ahora no sujetos de manera explícita, expresa a los principios descritos en el artículo 134 constitucional para el uso de los recursos públicos.
El presupuesto asignado para las Secretarías que integran el Poder Ejecutivo Federal, descritas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación como ramos administrativos, asciende a un billón, poquito más de un billón de pesos, y sustrayendo el rubro de la Fiscalía General de la República, es decir, el 10 % de ese monto de más de un billón de pesos corresponde, lo ejercen los poderes y entes autónomos, no están sujetos explícitamente ellos al mandato de la austeridad y honradez en el gasto público que evoca el 134 de nuestra Constitución.
Entonces sin el establecimiento de los límites que enuncian los principios constitucionales existirá siempre la tentación de hacer un uso discrecional y abusivo de estos recursos, por lo tanto es necesario atajar esa tentación de destinarlos, destinar parte de estos recursos a los servicios personales de la alta burocracia, de los órganos autónomos bajo la forma de pensiones vitalicias, como sucede en el Poder Judicial; bonos de reconocimiento, bonos de partida o cualquier otro tipo de estímulos y reconocimientos.
El PRD se ha pronunciado reiteradamente también por regular los ingresos de la alta burocracia.
Un servidor, lo recuerdo de pasada, presentó hace ya varios períodos ordinarios de sesiones en la Cámara de Diputados la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos, una iniciativa que se ha quedado congelada, lo que le llamamos una ley para regular los salarios máximos, y ahí se ha quedado esperando que pueda ser dictaminada.
Es pertinente en este momento traer a la atención de esta soberanía, y más en estas fechas en las que estamos en vísperas de una elección tan importante que configurará los nuevos poderes tanto Ejecutivo como Legislativo, que quede muy claramente establecido que una de las disposiciones de los textos fundacionales de la nación mexicana plenamente vigente en nuestros días, en sus preceptos fundamentales establece, como lo señaló José María Morelos, en Los Sentimientos de la Nación en 1813, “que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y, de tal suerte, se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbre, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.
Se podrá argumentar que el artículo objeto de esta iniciativa ya considera estos organismos en el concepto genérico de la Federación, en su primera línea, que dice: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación” y que la mención específica se encuentra en el octavo párrafo del mencionado artículo, en donde se incluyan los órganos autónomos y les mandata junto a los poderes públicos a limitar su gasto en Comunicación Social, con fines informativos, educativos o de orientación social y de carácter institucional.
Sin embargo, en esta etapa en donde está en juego la integridad de los poderes públicos y de los órganos autónomos ante las envestidas permanentes de los poderes fácticos, ante el peso creciente que tienen los grandes inversionistas en los sectores energético y de telecomunicaciones, por mencionar estos dos, el Estado mexicano requiere instancias e instrumentos que nos ayuden a combatir la corrupción y que obliguen a los funcionarios de toda índole a sujetarse a los principios consagrados en el artículo objeto de la presente iniciativa.
Por lo tanto, es preciso, desde nuestro punto de vista, y es lo que estamos sometiendo a consideración del Poder Legislativo, incluir el concepto específico de “órganos autónomos” como una parte fundamental de las definiciones del artículo 134 de nuestra Constitución Política, para que todo servidor público de los Poderes de la Unión y de estos órganos autónomos tenga claro que la pulcritud, la transparencia, honestidad, eficacia y austeridad con la que se tienen que administrar los recursos públicos es un mandato supremo de nuestra Carta Magna.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias por su intervención, Diputado Jesús Zambrano Grijalva.
Se concede ahora la palabra al Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, para presentar a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación, en materia de programas de estudio prioritarios.
El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muchas gracias.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.
Saludo a quienes nos siguen desde el Canal del Congreso.
La Educación es un derecho fundamental, garantizado en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, es la herramienta clave para formar, para adquirir, transmitir el conocimiento, pero también para abonar en el desarrollo de los seres humanos y así lograr la transformación de los pueblos.
En ese sentido, la Educación debe atender los desafíos que enfrentamos como sociedad, así como la realidad económica, la realidad social y la realidad ambiental.
Debemos reconocer que en la presente administración la Reforma Educativa ha contribuido de forma decisiva a la actualización de los programas de estudio.
En el nuevo modelo educativo se busca hacer frente a los desafíos del siglo XXI, por medio de planes curriculares más flexibles y a la vez integrales, que permitan desarrollar el máximo potencial de todos los estudiantes mexicanos.
Al fin de contribuir al mejoramiento continuo de la educación, el objeto de la iniciativa que hoy presentamos ante ustedes, es establecer programas de estudios prioritarios que atiendan las necesidades actuales y futuras de la población, para que el educando tenga mejor preparación y se integre a la actividad productiva demandada en el mercado.
Nuestro deber como legisladores es establecer las bases jurídicas para hacer que la educación que se imparte en las escuelas responda a la autorrealización, además de atender las necesidades de desarrollo y crecimiento de nuestro país.
Es necesario que la educación en México se enfoque en dar a conocer los problemas actuales y sus probables soluciones, con el fin de preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para enfrentar los nuevos retos globales que enfrenta nuestro país.
Algunos de estos temas prioritarios son nutrición, medioambiente, desarrollo sustentable, cambio climático, protección civil, entre muchos otros temas, cuyas oportunidades laborales no se limitan al territorio mexicano, sino que están abiertas a cualquier parte de nuestro planeta.
También debemos considerar que día con día se generan nuevos contenidos que deberán atenderse en la educación.
Por ello, es necesario que la SEP sea la autoridad que determine y desarrolle los programas prioritarios de estudio.
De manera complementaria, es necesario que la SEP cuente con perfiles especializados para su impartición en los salones de clases y que los temas prioritarios se impartan por lo menos cuatro horas a la semana.
En el Partido Verde estamos convencidos que las presentes generaciones requieren mejor preparación en las problemáticas actuales que estamos enfrentando.
Por lo que seguiremos trabajando para mejorar continuamente la oferta educativa de nuestro país.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez.
Enseguida, tiene la palabra el Diputado Víctor Manuel Sánchez Alonso, para presentar a nombre del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, en materia de Tribunal de Cuentas.
Compañeras y compañeros Senadores, Diputados y Diputadas.
La discrecionalidad en este país necesita un cambio trascendente. Es verdad que el combate a la corrupción también entra en una etapa definitoria que ayudará con el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción a combatir los grandes ejemplos que existen de impunidad, de corrupción política, sobre todo.
La función de fiscalización no puede estar sujeta a injerencias políticas, ni a un ejercicio discrecional y selectivo del titular de la Auditoría Superior de la Federación, porque los organismos constitucionales autónomos conforme a la doctrina deben ser instituciones ajenas al ámbito de la política, al ámbito de los intereses partidistas.
Deben ser pues instituciones neutras políticamente hablando, partidistamente hablando, para que puedan actuar con imparcialidad y deben ser demás autónomas para que puedan actuar con entera libertad.
En México tenemos casos que siguen dando mucho de qué hablar, casos que son paradigmáticos y que incluso son vergüenza mundial de la impunidad y de la corrupción, casos como el de la “Estafa Maestra”, como el de “Odebrecht”, que hasta hoy están sin castigo.
La última evaluación de Transparencia Internacional, nos dice que México retrocedió 12 lugares con respecto a 2017. Es decir, hoy está en lugar 135 de 180 países, como uno de los países más corruptos.
Por ello, es importante que se haga una modificación, que se replantee el tema de fiscalización y el combate a la corrupción.
Hoy, por ejemplo, vemos que estos casos, como cientos de casos que no aparecen en la luz pública, pero que ha documentado la Auditoría Superior, no son sancionados, ni castigados, ya sean funcionarios de bajo nivel o de alto nivel, del nivel municipal, estatal o federal. Y eso tiene al país como uno de los países más corruptos.
Por eso, esta propuesta que hace el Diputado Máynez y que asumimos el grupo parlamentario, es una propuesta que ayudaría a combatir la corrupción y a plantear un nuevo modelo de fiscalización, que es claro, un tribunal de cuentas.
Se propone un nuevo diseño que dota de plena autonomía la función fiscalizadora de los recursos públicos y establece un ente colegiado, denominado “Tribunal de Cuentas”, integrado por cinco Magistrados encargados de la fiscalización, entendida como una forma de control, del poder mediante mecanismos de medición y evaluación sobre la eficacia, manejo, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público.
Es una función estatal que se realiza a través del “Tribunal de Cuentas”. Es un organismo público, autónomo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.
Y cuando decimos plena autonomía, es una autonomía frente a los otros tres poderes del Estado, al Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Se propone dotar auditoria superior de la Federación de autonomía constitucional desincorporándolo de la esfera del Poder Legislativo para que crear un Tribunal de Cuentas que tenga a su cargo la tarea fiscalizadora con libertad de jurisdicción y que cuente con mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de sus determinaciones, así como un sistema sancionador que permita castigar los incumplimientos relativos a las disposiciones legales aplicables.
Para lograr lo anterior se debe priorizar que la independencia necesaria para la imparcialidad en la determinación no recaiga en una persona, sino en una instancia colegiada; promoviendo de esta forma que los miembros que integren el Tribunal de Cuentas cuenten con la misma independencia e imposibilidad de ser sancionado por el sentido de sus determinaciones que cualquier juez perteneciente al Poder Judicial.
Se propone instrumentalizar un mecanismo de fácil acceso al ciudadano a efecto de que pueda llevar a cabo consultas en materia de gasto público, tomando en cuenta la forma en que se distribuye la recaudación fiscal, el uso o destino y ejercicio del dinero público, instituyendo a este principio democrático como un derecho del ciudadano frente al Estado, cuya observancia y debido cumplimiento esté conferido al Tribunal de Cuentas, pero con un distinto fundamento normativo, de tal suerte que se eviten confusiones conceptuales y, sobre todo, deficiencias en la aplicación de sus postulados.
Es esta propuesta que también tendrá que crear una ley orgánica, viene a buscar lo que México no se ha podido, que es lograr que la corrupción una vez se pueda combatir y, sobre todo, que tenga este Tribunal de Cuentas facultades plenas para combatir sin complicidades de carácter económico o político la corrupción.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Diputado Víctor Manuel Sánchez Alonso.
Tenemos ahora el despacho de los dictámenes de las tres comisiones que contienen puntos de acuerdo, y sobre los que no hay reservas para discusión.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, solicito a la Secretaría de cuenta con sus materias.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con mucho gusto, doy cuenta con las materias de ocho dictámenes de la Primera Comisión que no tienen reserva para su discusión, los dictámenes son:
1.- Los que se solicitan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía informe si entre sus atribuciones se encuentran la generación y difusión y formación en el campo de la biodiversidad en favor de su conservación.
2.- El que exhorta a remitir un informe con relación al enfrentamiento ocurrido el pasado 30 de mayo entre estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico y elementos de la policía capitalina.
3.- El que exhorta a informar respecto del estado operativo y funcionamiento de los quioscos de internación automatizada para el registro de pasajeros que se encuentran en diversos aeropuertos del país.
4.- El que exhorta a remitir un informe relativo al proceso para obtener la autorización para establecer el centro de verificación vehicular en la Ciudad de México.
5.- El que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a informar las estrategias de prevención del delito y acciones que se están implementando para el combate a la incidencia delictiva.
6.- Por el que se solicita un informe sobre el estado que guardan los proyectos de obra que participan en concurso cuya materia son, previos que dan el servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México.
Asimismo, se exhorta a privilegiar y fomentar el uso de transporte eléctrico.
7.- Por el que se determina dejar sin materia la proposición que exhortaba a realizar diversas acciones relacionadas con el despido de trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.
8.- Por el que se determina que la proposición por la que se condenaban las agresiones ocurridas el 4 de junio del año en curso en contra de elementos de Marina en el municipio de Zapotlán, Jalisco, ha quedado atendida.
Doy cuenta con la materia del dictamen de la Segunda Comisión que no tiene reserva para su discusión, el dictamen es.
El que exhorta a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto irrestricto de los derechos humanos de los menores migrantes no acompañados.
Doy cuenta ahora con la materia del dictamen de la Tercera Comisión, que no tiene reservas para su discusión, el dictamen es.
El que solicita una actualización de la información y las acciones emprendidas para atender a los damnificados con motivo de los fenómenos naturales ocurridos los días 7 y 19 del mes de septiembre del 2017.
Y un dictamen más de la Primera Comisión con punto de acuerdo que exhorta a actuar con celeridad y transparencia en las investigaciones por actos de corrupción en la construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen, y el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, Secretario.
Están a discusión, consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto, consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Habiendo sido aprobados los acuerdos.
Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo que exhorta a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los casos de trata de personas, y de aquellos que incitan a la prostitución en las redes sociales.
El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaria dé lectura únicamente a su parte resolutiva.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto doy lectura al dictamen resolutivo.
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para que en coordinación con las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno den celeridad a las investigaciones relacionadas con los casos de trata de personas y de aquellos que incitan a la prostitución en las redes sociales.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: En consecuencia.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias, con su permiso, Senador Presidente.
La trata de personas es un delito mundial y multicausal que afecta profundamente a las personas ya que anula sus derechos y dignidad; las víctimas son consideradas como un objeto o mercancías para ser comercializadas.
Se trata de un delito cuya finalidad es hacia todas las personas por medio de engaño, violencia o promesas para explotarlas, y que puede presentarse en distintos ámbitos como el sexual, los trabajos y servicios forzados, la mendicidad, los matrimonios serviles, entre otras condiciones de vida y trabajo, crueles, peligros e ilegales.
La Organización Internacional del Trabajo considera que en el año 2016, 40.3 millones de personas estuvieron sometidas a la trata de personas y de ellas, 24.9 millones fue obligada a realizar trabajo forzoso, y que 15.4 millones en matrimonio forzoso.
Se estima que aproximadamente 80 % de las víctimas identificadas a nivel mundial son mujeres y niñas, por lo que dicha práctica explica los términos de desigualdad de género, discriminación y la falta de garantías, acceso y respeto a las mujeres a sus derechos fundamentales.
En nuestro país el delito de trata de personas representa un serio desafío.
De acuerdo con el diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México, en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, este delito representa la tercera fuente de ingresos para la delincuencia organizada, después de la venta de armas.
Cabe destacar que hoy día y de manera lamentable las redes sociales se han convertido en medios eficaces a través de los cuales se engancha a las víctimas de una manera fácil, las herramientas más utilizadas por los enganchadores son: el Facebook, el WhatsApp y el Skype, empleadas para atraer a niñas y niños adolescentes en donde a través de mentiras les ofrecen trabajos bien pagados y atractivos que no pueden rechazar.
Uno de los principales aspectos y obstáculos significativos que debemos trabajar al respecto, a datos y estadísticas disponibles sobre el delito de trata de personas las cuales son escasas y están poco sistematizadas, y es un tema de verdad importantísimo porque los datos nos permiten tomar decisiones de política pública, entonces, los grupos más vulnerables en contra de las personas por supuesto indígenas, las mujeres y las niñas y las personas con discapacidad.
Es de verdad impresionante ver cómo muchas personas con discapacidad son inclusive llevadas a otros países, cómo son explotadas sordos en Nueva York o en aquella área de los Estados Unidos, o como muchas personas también con alguna deficiencia física son terriblemente abusadas o personas con discapacidad mental que de verdad son explotadas en trabajos domésticos.
Por eso me parece que este punto de acuerdo es muy importante y como ejemplo se estima que en nuestro país 20 mil niños y niñas son captados por redes de trata de personas, y 45 de cada 100 son niños indígenas.
Cabe añadir que debido a la relación que existe en México entre el fenómeno migratorio y la trata de personas, y dada su posición geográfica como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, la mayoría de las víctimas extranjeras provienen del triángulo norte centroamericano, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Ante este lamentable escenario, que no sólo afecta a las víctimas de delito, sino también a sus familias y a la sociedad mexicana en su conjunto, desde el gobierno federal de dar impulso importante en las acciones en la materia.
Y hay que reconocerlo, y de verdad es un tema importante, y reconocemos los trabajos que se hacen, pero siempre tenemos que redoblar los esfuerzos.
México ha firmado diversos instrumentos internacionales relativos no sólo a la trata de personas, sino también a fenómenos delictivos relacionados con ella, su adición al Protocolo de Palermo es, sin duda, una de las acciones más importantes para combatir este delito, además de la publicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
En la instalación de la Comisión Intersectorial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, México también se convirtió en el primer país en adoptar la campaña Corazón Azul Contra la Trata de Personas, pese a estas importantes gestiones es necesario fortalecer las acciones para erradicar esta práctica.
De ahí el presente exhorto para que las autoridades competentes den celeridad a las investigaciones relacionadas con la trata de personas y aquellas que incitan la prostitución en las redes sociales.
Todos estamos obligados a sensibilizarnos en la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad mexicana, no podemos negar que a pesar de los logros que juntos hemos construido en su erradicación aún debemos fortalecer las acciones y mecanismos para hacer efectivos en la persecución de este delito.
Por ello, es que en nuestro grupo parlamentario continuaremos apoyando esta causa con las acciones necesarias para que se traduzcan en brindar tranquilidad, seguridad al respecto y la integridad de todas y todos los mexicanos.
Y yo les pido su apoyo para este punto de acuerdo presentado por la de la voz, pero que además nos concierne a todos.
Y que pareciera hace algunos años cuando se le empezó a dar visibilidad al tema de trata de personas que descubríamos algo nuevo; sin embargo, esto ha estado por muchos por muchos años, sin embargo a la medida que avanzamos nos damos cuenta que este delito sigue siendo oculto, que la sigue teniendo miedo de decir que sabe que está explotada, pero que también hay mucha gente que por temor enorme o porque cree que su vida no tiene otras oportunidades, como el caso de personas sordas que son sumamente explotadas o personas con discapacidad, o los indígenas, siguen siendo altamente vulnerables.
Tenemos que seguir dando visibilidad a estos temas.
Tenemos que seguir trabajando para que la gente tenga conocimiento que esto no es normal, que ser víctima de abuso, violentadas, que la trata de personas no es la situación normal ni la que nadie en este mundo se merece.
Tenemos que seguir dándole visibilidad y las autoridades tienen que reforzar su esfuerzo en esta tarea.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Senadora De la Torre.
Tenemos ahora la discusión del dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo que exhorta a reforzar campañas informativas sobre el uso consciente y responsable del Sistema de Emergencia 911.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto doy lectura al dictamen.
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen campañas informativas sobre el uso consciente y responsable del Sistema de Emergencia 911, a fin de evitar las llamadas falsas o de broma que ponen en riesgo la vida o el patrimonio de alguien que realmente necesita la asistencia.
El Presidente Diputado Héctor David Flores Ávalos: Gracias, Diputado Secretario.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Buenas tardes. Con el permiso del Senado del Presidente.
Este dictamen contiene un sistema muy importante que ha salvado muchas vidas, el Sistema 911, y del cual queremos que no sea presa de gente bromista o de gente que lo utiliza y que puede de alguna forma distraer para salvar alguna vida.
Y en su cuadragésima sesión ordinaria, celebrada el día 30 de agosto del 2016, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por el Presidente de la República, los Secretarios de Gobernación, de Defensa Nacional y de Marina, el Procurador General de la República, los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aprobó que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, en coordinación con las entidades federativas, llevara a cabo las acciones necesarias para operar un nuevo Número Único de Atención de Llamadas de Emergencia para todo el país a fin de hacer converger los esfuerzos del Estado mexicano para tener un mejor país, como lo ha dicho el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto.
El Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 911, vino a remplazar a más de 600 teléfonos en los centros de atención a emergencias, lo que confundía a los ciudadanos en vez de ayudarlos.
Adicionalmente el número 911 concentra todas las instituciones de servicios de emergencias médicas de seguridad y de protección civil. De tal modo que independientemente de cuál sea la situación de emergencia que tiene la persona, en un solo número puede ser asistido eficazmente.
Por si fuera poco, dicho número permite ubicar la localización del teléfono del cual se marca para conectarlo del Centro de Atención de Emergencias más cercano, así como rastrear también la llamada para responder a la situación con mayor velocidad y eficacia.
Cabe destacar que durante su implementación no se destinaron gastos importantes, ya que se aprovechó la infraestructura que ya existía.
En otras palabras, gracias al 911, los mexicanos contamos con un protocolo de acción de emergencia más confiable y más eficaz, actualmente las llamadas son atendidas por operadores capacitados y certificados por la UNAM que trabajan en 194 centros de atención con poco más de tres mil operadores en todo el país.
Es alarmante que de cada diez llamadas al 911 que sean falsas, prácticamente diez llamadas, perdón, es alarmante que de cada diez llamadas al 911, nueve sean falsas, lo cual no sólo perjudican el trabajo de los operadores, sino que perjudican a quienes verdaderamente necesitan la ayuda.
Derivado de lo anterior, votaremos a favor del presente dictamen para que los gobiernos de las 32 entidades federativas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen las campañas informativas sobre el uso constante y consciente, además de responsable del Sistema de Emergencias 911 a fin de evitar llamadas falsas que pongan en riesgo la vida o el patrimonio de quienes realmente necesitan la asistencia.
Nos corresponde contribuir a sensibilizar a la sociedad sobre el uso responsable del número de emergencias conscientes de que una sola llamada puede salvar a muchas vidas.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Diputada Bárbara Botello.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con mucho gusto.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Diputado.
Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo que exhorta a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con la presunta participación del candidato al gobierno del estado de Jalisco, del partido político Movimiento de Regeneración Nacional en el desvío de recursos y venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones en dicha entidad.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura a dictamen.
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Jalisco, para que en el marco de sus atribuciones, dé celeridad a las investigaciones relacionadas por la presunta participación del candidato al gobierno de dicha entidad del Partido Movimiento Político de Regeneración Nacional, en el desvío de recursos y venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones en dicha entidad.
A fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Diputada Secretaria.
Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Romero Tenorio del grupo parlamentario del Partido Morena, para hacer uso de la tribuna.
El Diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva.
Primero, con el respeto que se merece el recinto y este órgano legislativo, voy a expresar dos temas.
Uno. Morena se une a la pena que embarga a los familiares y amigos de López Avendaño y de sus cuatro compañeros asesinados cuando realizaban actos de campaña.
Este hecho criminal, y hasta en medios, y muestra parte de la ineficiencia del Estado mexicano, no sólo el garantizar a los candidatos, sino a los ciudadanos y esperamos que el proceso electoral del próximo domingo, las instituciones del Estado cumplan con su función y cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas y son respaldadas por los ciudadanos.
Segundo. Estoy presentando una modificación al punto de acuerdo, es muy sencilla, modificar el punto resolutivo, y para ello pido la atención de ustedes, para eliminar del resolutivo único el nombre del candidato y del partido Morena.
Coincidimos con la pretensión del proponente de que se investigue a fondo cualquier desvío, cualquier acto de corrupción, pero en donde no coincidimos, es en individualizar y señalar a presuntos responsables cuando no hay elementos para ello.
No hay elementos para ello, porque el mismo contenido de la proposición que se presenta no lo acredita y se sustenta en meras suposiciones. El día de ayer, a confesión expresa de uno de los integrantes de la comisión, se reconoció que no había denuncia de Acción Nacional sobre este hecho, estamos pidiendo que se agilicen las investigaciones, pero si no hay denuncia, ¿qué investigación solicitamos se agilice?
A condición expresa de otro miembro de la comisión se reconoció que no había un vínculo entre candidato y la empresa que se señala al responsable de un fraude o de una sobrevaluación de precios, también partimos de suposiciones.
También se reconoce que no hay una expresión directa ni denuncia vinculante en aquellos casos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado responsabilidad de empresas mexicanas vinculadas con actos de narcotráfico o delincuencia organizada.
Ello nos lleva a determinar que no hay un elemento que sustente el punto resolutivo para especificar nombres y personas, nombres de personas y de partidos, cada uno de nosotros somos miembros de un partido político, como miembros de un partido político estamos obligados a cuidar el principio de legalidad y resolver conforme a nuestra competencia.
Hay una resolución, una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con un mandato categórico, donde le pide a los partidos políticos se abstengan de realizar cualquier manifestación o declaración oral o escrita que implique en términos generales una ofensa o demérito o la imagen o estima de los demás partidos políticos de otros candidatos o de sus integrantes mediante diatribas, calumnias, injurias, infamas y difamaciones.
En el caso concreto son difamaciones que no están vinculadas en la investigación previa, son difamaciones que no tienen sustento de competencia de autoridad administrativa judicial.
Por ello estamos proponiendo que el punto de acuerdo sea modificado, de esta forma le daremos objetividad a la propuesta que se presenta, sin realizar una propaganda que exponga en forma determinante y negativa al candidato que señala y al partido al cual pertenezco.
Estoy cierto que siempre hay una actividad que nos lleva a usar el foro legislativo para posicionar políticamente, pero ese tiempo debe modificarse.
Esta Comisión Permanente debe cumplir con sus funciones legislativas atendiendo a principios constitucionales.
Lo manifiesto en este punto y lo manifestaré siempre en cada punto donde se violenten esos principios constitucionales y se exceda de las atribuciones que le competen a esta Comisión Permanente.
Yo les pido que reconsideren su propuesta, atiende el fin de la proposición que se presenta y no contribuimos a descalificar los trabajos de esta Comisión Permanente.
La determinación de esta comisión es sujeta a revisión judicial, se está vulnerando la imagen de un candidato usando un proceso que se dice se corrompe, no utilicemos este espacio para hacer propaganda política, el foro está fuera, los ciudadanos están afuera y los ciudadanos están informados de ello.
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por el Diputado Romero Tenorio e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Jalisco, para que en el marco de sus atribuciones de celeridad a las investigaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos y venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones en dicha entidad, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Secretaria.
En consecuencia, le pediría consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo en sus términos.
La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo en sus términos.
Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente.
En consecuencia, comuníquese.
Tenemos enseguida la discusión del dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastia.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto doy lectura, Presidente.
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastia con base en los artículos 209 Bis y 209 Ter del Código Penal Federal.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Secretario.
La Diputada María Gloria Hernández Madrid: Con el permiso del Presidente de la Mesa saludo a las y los legisladores, a quienes nos siguen a través del Canal del Congreso de la Unión.
Soez, pues vulnera la intimidad; perverso, porque perpetra su inocencia. El abuso infantil le inflige al menor un dolor que no prescribe.
Nos corresponde a los legisladores garantizar que el tiempo no signifique olvido, y que el castigo no sea caduco para evitar que el sufrimiento de la víctima sea silenciado, y el crimen del abusador quede impune.
Desafortunada y lamentablemente México ocupa, a nivel mundial, el primer lugar en abusos sexual infantil, de acuerdo a la OCDE, y aunque casi el 4.5 millones de niños son víctimas de pederastia, solamente se dan a conocer el 2 % de los casos.
Por otro lado, la UNICEF ha señalado cómo México destina un presupuesto deficiente para combatir el abuso sexual en menores de edad, ya que solamente el 1 % de los recursos destinados a la infancia se dedican en esta materia y, por si fuera poco, 25 de las 32 entidades federativas de la República no tipifican ni consideran como delito grave a la pederastia, lo que ha generado que quienes invadieron y dañaron la intimidad y seguridad de los niños se escapen impunes pagando fianzas ínfimas.
La Constitución mexicana consagra: “Que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena el ejercicio de sus derechos”.
En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados parte deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de abuso físico o mental, incluido el sexual.
Nuestro Código Penal Federal castiga con penas de hasta 18 años de prisión a quienes se aprovechan de la confianza, subordinación o superioridad que tienen sobre un menor de 18 años, y ejecute y obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento.
Para el grupo parlamentario del PRI es muy importante esta votación, y agradezco a mi coordinador, al Diputado Carlos Iriarte, la oportunidad de posicionar este punto que es de muy especial interés.
Por lo tanto, les pido votemos, ya que el PRI votará a favor del presente dictamen, para que los congresos locales de las entidades federativas en ejercicio de su soberanía homologuen sus códigos penales con el federal en materia de pederastia para que garanticemos que este terrible flagelo se persiga y castigue con todo el peso de la ley en el territorio nacional.
“Ante las atrocidades, tenemos que tomar partido, pues el silencio estimula al verdugo”. Ya lo dijo así Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, en tanto que representantes de la Nación tenemos la obligación jurídica y, sobre todo, ética para tomar partido en favor de los menores.
Votar a favor de este dictamen significa ser partidarios de la causa más importante de todas.
Velar por el bienestar de nuestros menores y, por tanto, del futuro de la nación.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Diputada Hernández Madrid.
En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo.
El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias.
Habiendo sido aprobado el acuerdo.
Pasamos a la discusión del dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo que exhorta a intensificar las políticas públicas que promuevan y difundan la donación voluntaria de sangre.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Doy lectura al dictamen.
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que coordinadamente y en el ámbito de sus respectivas atribuciones intensifiquen las políticas públicas que promuevan y difundan entre la población la donación voluntaria de sangre en el país con la finalidad de fortalecer la protección y el acceso al derecho humano a la salud.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputado Ruth Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Diputada Ruth Tiscareño Agoitia: Con su venia, Presidente, y con el permiso de mis compañeros legisladores.
“Donar significa compartir, es una dicha exquisita”, escribiera Erich Fromm, pues implica regalar una parte de nosotros para mejorar la vida de otro.
Es, entonces, uno de los mayores actos de nobleza que podemos realizar los seres humanos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la transfusión de sangre y sus componentes contribuyen a salvar millones de vidas cada año en el mundo, favoreciendo procedimientos médicos, fortaleciendo la atención materno-infantil y contribuyendo en emergencias y atenciones quirúrgicas complejas, entre otras cosas.
En México se donan diariamente casi cinco mil unidades de sangre, sin embargo, tanto el abastecimiento como la autosuficiencia dependen de la donación de familiares o allegados, por lo que sigue siendo necesario promover una conciencia sobre la importancia que tiene la donación voluntaria, altruista y constante.
Voluntaria porque debe partir de la voluntad de los ciudadanos; altruista, pues no debe de estar condicionada a un incentivo; y constante, ya que la demanda de sangre es permanente y requiere de la solidaridad de todos.
Uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, es que todos los países obtengan suministro de sangre, de donaciones voluntarias no remuneradas. Y si bien México ya cuenta con esta regulación desde 1987 aún no ha logrado consolidar una cultura de donación.
Se registran anualmente un millón 700 mil donaciones altruistas, cifra por debajo de los 5 millones recomendados por la OMS.
Por si fuera poco, en nuestro país existe un déficit del 66 % de donadores.
Nuestra Constitución política consagra que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.
En ese sentido, la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán de impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos o células troncales para coadyuvar en el tratamiento o duración de los pacientes que la requieran.
Votaremos a favor del presente dictamen para que la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas promuevan y difundan la donación voluntaria de sangre con la finalidad de fortalecer la protección y el acceso a la salud de la sociedad mexicana.
La labor legislativa obliga a velar por el bienestar de las personas, por eso trabajar para fomentar la cultura de la donación significa promover la oportunidad de salvar vidas.
Informo a ustedes que esta Presidencia, con aplicación del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General y con fundamento en el artículo 63, párrafo segundo, designa a la Diputada María Gloria Hernández Madrid, Secretaria de la Mesa Directiva, para conducir esta sesión hasta concluirla.
Por favor, Diputada.
La Presidenta Diputada María Gloria Hernández Madrid: En virtud de haberse agotado la lista de oradores consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con mucho gusto, Diputada.
Consulto a Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
La Presidenta Diputada María Gloria Hernández Madrid: Aprobado el acuerdo.
Informo a Asamblea que entre las 19 respuestas inscritas en el orden del día de esta sesión se encuentra una en atención al acuerdo que aprobamos el pasado 13 de junio con motivo de la proposición del Senador José María Tapia Franco, dicho punto de acuerdo solicita a la Procuraduría General de la República que, en un plazo de 10 días, informe sobre el estado que guardan las indagatorias en contra de los ciudadanos Manuel Barreiro Castañeda, Ricardo Anaya Cortés y otros como se informó en el trámite dictado.
La respuesta recibida está publicada en la Gaceta de hoy y se hará llegar al promovente del punto de acuerdo.
El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Doy lectura al orden del día de la próxima sesión. (Leyó)
La Presidenta Diputada María Gloria Hernández Madrid: En virtud de lo anterior y ya no habiendo más temas.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el miércoles 4 de julio, a las 11:00 horas, en este recinto.
Se levantó la sesión a las 14:14 horas.

References: artículo 84
 artículo 63
 artículo 199

Artículo 199
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 3
 artículo 63