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Timestamp: 2018-12-14 03:50:29+00:00

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05001 23 31 000 2000 2412 02 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
INCIDENTE DE DESACATO EN ACCION POPULAR - El auto que lo niega no es apelable, el que sanciona es consultable / RECURSO DE APELACIÓN EN ACCION POPULAR - Procede contra el auto que decreta medidas cautelares y la sentencia / DESACATO - Sanción disciplinaria: requisitos &nbsp; De conformidad con el artículo 36 de la Ley 472 de 1998, contra los autos dictados durante el trámite de la acción popular solo procede el recurso de reposición. El de apelación está previsto únicamente para el auto que decrete las medidas cautelares y la sentencia que ponga fin a la acción (artículos 26 y 36 ídem). De otro lado, según el artículo 41 de la Ley 472, incurrirá en sanción de hasta cincuenta salarios mínimos mensuales la persona que incumpliere una orden judicial proferida en los procesos que se adelanten por acciones populares, sanción que será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y que será consultada al superior jerárqui
05001 23 31 000 2001 2598 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
ACCION DE GRUPO Y ACCION POPULAR - Semejanzas y diferencias / PERJUICIOS EN ACCION POPULAR - Solo proceden a favor de entidades públicas no culpables: no procede reconocimiento a particulares / ACCION DE GRUPO - Persigue el pago de perjuicios individuales / REUBICACION DE VIVIENDAS - No es reconocimiento de perjuicio sino cesación de una amenaza a los derechos de prevención de desastres &nbsp; 1. Tanto las acciones populares como las de grupo se originan en la vulneración de derechos e intereses colectivos. 2. La finalidad de las acciones populares es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, de ser posible. 3. En las acciones populares es posible obtener el pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo, pero sólo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, es decir, que en t
05001 23 31 000 2002 4603 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
ALCANTARILLADO - El costo de las redes locales deber ser asumido por los usuarios del servicio / FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION - No tienen por objeto la construcción de redes locales de alcantarillado / REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO - Su costo debe ser asumido por cada usuario &nbsp; Tal como lo manifiesta la demanda, la empresa realizó el cambio del colector principal debido a que se realizó la construcción de la vía Baden – Baden – La María; sin embargo, ha sido reiterada su posición en el sentido de que los costos para realizar los colectores secundarios deben ser asumidos por los particulares. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 8º del Decreto 302 de 2000 preceptúa que “la construcción de redes locales y demás obras, necesarias para conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto y alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores, no obstante, la entidad prestadora de servicios públicos podrá ejecutar es
05001 23 31 000 2003 3515 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
DERECHO A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES - Falta de pruebas que demuestren necesidad inminente: muro de contención en río / OBRAS PUBLICAS - Requieren estudios técnicos y disponibilidad presupuestal / PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - Las obras públicas requieren estudios técnicos y recurso presupuestales &nbsp; Advierte la Sala que en el expediente no aparece demostrada la violación de los derechos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente –únicos que eventualmente podrían resultar comprometidos-- pues aunque se demostró la erosión de la ribera izquierda del río Concepción y que ésta afecta la vía pública, no hay evidencia técnica que demuestre un peligro inminente para peatones o conductores, o que pruebe que para las viviendas adyacentes implica un grave e inminente riesgo de deslizamiento. Fuerza es, entonces, concluir que le asistió razón al Alcalde de Concepción al señalar que si bien la obra es necesaria, no es pri
07001 23 31 000 2003 0002 02 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
MEDIDAS CAUTELARES EN ACCION POPULAR - El recurso de apelación sólo procede sólo contra el auto que las decreta no respecto del que las niega / RECURSO DE APELACIÓN EN ACCION POPULAR - Procede contra el auto que decreta las medidas cautelares &nbsp; En relación con la impugnación de las providencias relativas a medidas cautelares en procesos de acción popular, la Sala observa que existe norma que regula el punto, como lo es el artículo 26 de la Ley 472 de 1998, el cual circunscribe el recurso de apelación al auto que decreta tales medidas, de donde cabe deducir que no establece o prevé dicho recurso respecto del auto que las niega. Así las cosas, no existe vacío sobre el punto por cuanto tiene regulación especial en la ley que desarrolla la acción popular, pudiéndose decir que esa regulación excluye el auto que niega las medidas previas o cautelares del recurso de apelación. En ese sentido se pronunció la Sala en auto de Sala Unitaria, de 5 de febrero de 2004, e
08001 23 31 000 2001 0984 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO - Improcedencia de anulación de facturación por no suspensión del servicio en acción popular / SUSPENSION DE SERVICOS PUBLICOS - Regulación legal / MEDICION DE CONSUMO DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO - Regulación legal / MEDIDORES -Plazos de instalación &nbsp; Piden los actores que se ordene a la empresa TRIPLE A anular los consumos facturados a partir del 22 de julio de 2000 hasta cuando se instalaron los medidores en estos barrios, pues ante la falta de pago estaba obligada a suspender el servicio. De conformidad con las normas transcritas (art. 140 de la ley 142 de 1994; modificado por el art. 19 de la ley 689 y artículo 146 idibem) y las pruebas aportadas, la empresa podía: (i) Exigir a los usuarios el pago del servicio prestado; (ii) suspender o no el servicio; (iii) medir el consumo con fundamento en consumos promedios de otros períodos del mismo usuario o de otros que se hallen en iguales situaciones cuando no existan medid
08001 23 31 000 2001 1796 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS - Creación por los Concejos; naturaleza; contabilidad; recursos; fines. &nbsp; Teniendo en cuenta la anterior disposición se puede afirmar que el objeto de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos es canalizar los recursos destinados a sufragar subsidios para que las personas de menores ingresos puedan pagar los servicios públicos domiciliarios. La Ley 142 de 1994, en su artículo 89, establecía que es obligación de los concejos municipales crear los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Ese Fondo tiene como fin incorporar al presupuesto de la respectiva entidad territorial las transferencias que deben hacerle las empresas de servicios públicos, y sus recursos tienen como objetivo subsidiar a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 de los servicios públicos. El artículo 4º del Decreto 565 de 1996, reglamentario de la Ley 142 de 1994, señala la naturaleza de los fondos de solidaridad y redi
08001 23 31 000 2002 1193 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
MEDIDAS CAUTELARES EN ACCION POPULAR - Desocupación de inmuebles y reubicación ante amenaza de colapsar; procedencia del recurso de apelación / RECURSO DE APELACIÓN EN ACCION POPULAR - Procede contra auto que decreta medidas cautelares &nbsp; Conforme el artículo 26 de la Ley 472 de 1998, el auto que ordena las medidas cautelares es susceptible de los recursos de reposición y de apelación, por consiguiente la providencia impugnada es pasible de dicho recurso, de allí que la Sala es competente para desatarlo, en orden a lo cual se hacen las siguientes precisiones: Al respecto, la Sala encuentra que las circunstancias referidas constituyen una situación de emergencia, y de suyo las situaciones de emergencia se han de atender de la forma y con los medios que estén al alcance y que sean más expeditos, y como tales se entienden que están sujetos a la prontitud e inmediatez para acceder a ellos, pues se trata de situaciones excepcionales que no dan espera y que, por lo
11001 03 15 000 2002 0503 01 AP 032 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
ACCIÓN POPULAR - Recursos. Contra el auto que rechaza pruebas no procede recurso de apelación / RECURSO DE QUEJA - Auto que no concedió apelación en acción popular / RECURSO DE APELACIÓN - No procede frente al auto que rechaza pruebas en acción popular &nbsp; En desarrollo del artículo 88 de la Constitución Nacional, se profirió la ley 472 de 1998, mediante la cual se reglamentó las acciones populares y de grupo. En su Título II, artículos 26, 36 y 37, se consagró la procedencia de los recursos. Con fundamento en dichas normas, se colige que el recurso de apelación solo procede contra el auto por el cual se decreten medidas previas, contra la sentencia que se dicte en primera instancia y, tal como lo ha aceptado ésta Sala, contra el auto que rechace la demanda; respecto a los demás autos procede solo el de reposición. Significa lo anterior que el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 9 de mayo de 2002, que no decretó la práctica de la prueba solici
11001 03 15 000 2003 0202 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
RECURSO DE APELACION EN ACCION POPULAR - Procede del auto que inadmite o rechaza la demanda contra un tercero no contra el que la admite / INTERVENCION DE TERCEROS EN ACCION POPULAR - Auto apelable: el que inadmite o rechaza la denuncia del pleito / ACUMULACION DE PROCESOS EN ACCION POPULAR - El auto que la resuelve no es apelable &nbsp; Sin embargo jurisprudencialmente se ha aceptado el recurso de apelación contra providencias que vulneren el acceso a la administración de justicia o que de manera ostensible vulnere el derecho de defensa de las partes. En auto de 1 de abril de 2004 se unificó el criterio de la Sala respecto de la apelación de autos que se profieren en el tramite de la acción popular: De manera que siendo norma general que en los procesos que se adelantan en ejercicio de las acciones populares no fue previsto el recurso de apelación contra autos dictados durante el trámite de las mismas, ya que solamente se consagra el recurso de reposición contra
11001 03 15 000 2003 0856 01 AP 166 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
ACCION POPULAR - Comité de verificación / COMITÉ DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE ACCION POPULAR - Conformación. Facultad del juez &nbsp; El artículo 34 de la Ley 472 de 1998, prevé la posibilidad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, cuya constitución está a cargo del Juez. La norma citada deja al juez la posibilidad de conformar un comité de verificación del cumplimiento del fallo; por consiguiente, una vez cumplidas las órdenes en el contenidas desaparece el objeto por el cual se constituyó el aludido comité. Ahora bien, no existe en la Ley 472 de 1998, disposición alguna que le atribuya al juez de la acción popular la competencia para ordenar la disolución de dicho comité; de ahí que no se requiera de una orden judicial para proceder de tal modo. El comité deberá existir, mientras subsista la obligación de verificar el cumplimiento de las ordenes impartidas en la acción popular, de modo que una vez que las
11001 03 15 000 2004 0201 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
RECURSO DE REPOSICION EN ACCION POPULAR - Puntos no decididos / ACUMULACION DE PROCESOS EN ACCION POPULAR - El auto que la resuelve no es apelable al no impedir el acceso a la administración de justicia &nbsp; El Código de Procedimiento Civil en su artículo 348, inciso 3º, dispone lo siguiente: “El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes.” Ahora bien, una vez analizados tanto el auto que resuelve el recurso de reposición como el auto que rechazó la solicitud de acumulación, se tiene que el primero introduce puntos nuevos, como es el análisis de la copia de la demanda que anexó el recurrente con el recurso de reposición, así como la conclusión consistente en que no hay identidad total entre las partes demandadas y que las pretensiones son distintas. La Sala procede a resolver el recurso de queja en cuanto a la procedencia
13001 23 31 000 2001 0022 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
DERECHO A LA SEGURIDAD PUBLICA - No sólo tiene que ver con asuntos de orden público o procedimientos policiales sino también con construcciones que amenazan ruina / TRONCAL DE OCCIDENTE DE CARTAGENA - Es una inminente amenaza para la seguridad por la carencia de señalización, deterioro de la cinta asfáltica y ausencia de barandales y puentes peatonales &nbsp; Frente al derecho a la seguridad y salubridad públicas establecido en el literal g) del artículo 4º de la Ley 472/98, precisa la Sala: en este literal se protegen dos derechos diferentes como lo son el de la seguridad y el de la salubridad pública. En lo que respecta al derecho a la seguridad pública no comparte esta Sala el criterio del Tribunal en el sentido de entenderlo en lo que tiene que ver básicamente con asuntos de orden público o procedimientos policiales ya que, es claro, que el tema atinente a la seguridad pública no sólo tiene su origen en este tipo de circunstancias sino también se genera por m
13001 23 31 000 2001 90059 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
ESPACIO PÚBLICO - Concepto. Protección mediante el ejercicio de la acción popular / ACCIÓN POPULAR - Protección del espacio público. Marco normativo &nbsp; Para la Sala es evidente que el supuesto fáctico en que se apoya la demanda está centrada en determinar si la denominada Calle Colón es un bien de uso público que se está utilizando exclusivamente por el particular demandado. De consiguiente, corresponde analizar cuál es el significado y el núcleo de protección de interés colectivo de protección al espacio público y el derecho al goce del mismo, para lo cual es necesario referirse al artículo 5º de la Ley 9ª de 1989 que define el concepto; de igual manera, el artículo 674 del Código Civil define las calles como bienes de la unión de uso público, en tanto que su “uso pertenece a todos los habitantes de un territorio”. Hacen parte del espacio público aquellas áreas que se construyen o se destinan para el uso peatonal o vehicular, de tal manera que puedan ser util
15001 23 31 000 2002 3891 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
INEPTA DEMANDA EN ACCION POPULAR - Las pretensiones pueden deducirse del contenido de la demanda: informalidad de la acción popular / PRETENSIONES EN ACCION POPULAR - No están sujetas a ninguna formalidad: basta que se puedan determinar en la demanda &nbsp; El artículo 18 de la ley 472 de 1998 establece que para promover la acción popular se debe presentar una demanda o una petición que contenga, entre otras cosas, “la enunciación de las pretensiones”. Por su parte, el artículo 20 de la misma ley dispone que la demanda que no cumpla con los requisitos, debe ser inadmitida para que sea subsanada dentro del término legal. La mencionada norma únicamente exige para la presentación de la demanda o petición, que se enuncien las peticiones o solicitudes, pero de ninguna manera exige que esta enunciación deba realizarse con alguna formalidad especial, enumeradas, o en un capítulo independiente. Esto es consecuente con la naturaleza pública de las acciones populares y con
15001 23 31 000 2003 0285 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
MEDIDAS CAUTELARES EN ACCION POPULAR - Principio de precaución ambiental: materiales tóxicos / PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL - Medida cautelar en acción popular: materiales tóxicos / MATERIALES TOXICOS - Principio de precaución ambiental &nbsp; Por estar dentro del marco de sus facultades se confirmará el auto impugnado, mediante el cual el Tribunal negó las medidas cautelares solicitadas en la demanda y, en su lugar, decretó oficiosamente la siguiente: “Los demandados se abstengan, provisionalmente, en lo que a cada una de ellas corresponde y dentro del departamento de Boyacá, a autorizar o permitir el almacenamiento o depósito en la ciudad de Tunja de materiales tóxicos provenientes del departamento del Cesar, municipio el Copey, vereda Caracolí.” En efecto, la medida cautelar responde al principio de precaución ambiental, y todo tipo de recaudo probatorio tendientes a determinar la posibilidad de la entrada de materiales tóxicos al departamento de Boyacá pa
17001 23 31 000 2004 0221 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
PACTO DE CUMPLIMIENTO - Requisitos de aprobación / PACTO DE CUMPLIMIENTO - Sentencia de aprobación. Efecto / PACTO DE CUMPLIMIENTO - Control de legalidad del proyecto / PACTO DE CUMPLIMIENTO - Perfeccionamiento &nbsp; Cuando en el juicio de acciones populares se llega a un convenio en la audiencia de pacto de cumplimiento, el juez deberá examinar si se realizó en presencia de las partes y del Ministerio Público y revisar el contenido, y si cumple con los requisitos legales, lo aprobará mediante sentencia que producirá efectos de cosa juzgada, si queda en firme. La aprobatoria del pacto de cumplimiento no es una mera providencia de trámite ni forma; es una sentencia que está condicionada en su expedición a que se prevea la protección de los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, de ser posible (inciso 4º ibídem). Al examinar el pacto logrado, el Consejo de Estado considera, al igual que el recurrente, que no podía s
19001 23 31 000 2002 0980 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
ACCIÓN POPULAR - Procedencia. Protección del derecho a la seguridad y prevención de desastres / DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES- Protección. Orden de adelantar obra &nbsp; Según lo dispuesto en el artículo 4º, literales a, g y l, de la misma ley, son derechos e intereses colectivos, entre otros, el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Las pruebas que obran en el expediente demuestran que los derechos colectivos invocados por la demandante están siendo vulnerados y se encuentran amenazados, por la existencia de un talud cercano al barrio La Unión, que ofrece peligro para quienes habitan y transitan por ese sector, debido a los desprendimientos del mismo y al mal manejo de las aguas superficiales y de escorrentía; entonces resulta consecuente la decisión del Tribunal de ordenar al municipio de Popayán tomar en forma inmediata las medidas preventiv
19001 23 31 000 2002 1700 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
ACCION POPULAR - Titularidad difusa de los derechos colectivos / ACCION POPULAR - Cosa juzgada. Efectos / COSA JUZGADA - Acción popular &nbsp; Es necesario precisar que el objeto de protección de las acciones populares está constituido por derechos cuya titularidad es difusa, de manera que lo decidido en la sentencia afecta por igual a toda la comunidad interesada, dentro de la cual puede o no estar el actor popular. Precisamente, teniendo en cuenta que el grupo titular de los derechos y el actor popular no necesariamente coinciden, el legislador aclaró en el artículo 35 de la Ley 472 de 1998, que los efectos de la sentencia se predican tanto de las partes en el proceso -entre las que, obviamente, está el actor popular, pero no está, en cambio, la comunidad titular y directa interesada en las resultas del mismo- como del público en general. De allí que, en este tipo de acciones, la institución de la cosa juzgada opera aunque las partes de los procesos no sean id
19001 23 31 000 2003 0708 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2004 0
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO - Definición; regulación legal; recaudo &nbsp; Al respecto, cabe anotar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante Resolución 043 de 23 de octubre de 1995, reguló de manera general el suministro y cobro del servicio de alumbrado público y lo definió como aquella iluminación de vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho público o privado, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades vehiculares y peatonales. Si bien el servicio de alumbrado público no es un servicio público domiciliario, de conformidad con la Ley 84 de 1914, la Resolución 043 de 1995 de la CREG y el Decreto 636 de 1999, es posible cobrarlo a los usuarios del servicio de energía eléctrica a través de la factura respectiva, pues se trata de una tasa creada por ley y esta
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References: artículo 36
 artículo 41
 artículo 8
 artículo 26
 artículo 146
 artículo 89
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 88
 artículo 34
 artículo 348
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 674
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 35
 Resolución 
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