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Timestamp: 2019-02-23 07:04:46+00:00

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Comité de los Derechos del Niño y la Niña: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas
1º Observaciones finales sobre el primer informe1 presentado por el Estado adoptadas en febrero de 1995.2
El Comité expresa su preocupación en relación con: (10, 12) la diferencia de edad existente en la legislación Argentina para contraer matrimonio aplicable a varones y mujeres por ser contraria a las disposiciones del artículo 2 de la Convención, así como al elevado número de “madres solteras” de 12 a 18 años de edad y a los informes sobre la incidencia de la violencia y las vejaciones sexuales en el hogar.
El Comité examinó el informe inicial de Argentina (CRC/C/8/Add.2) en sus sesiones 177ª a 179ª (CRC/C/SR.177, 178 y 179), celebradas el 10 y el 11 de octubre de 1994 durante su séptimo período de sesiones. En vista de que el informe adicional que se había solicitado al Gobierno de la Argentina para complementar la información contenida en el informe inicial se recibió justo antes de que se empezara a examinar el informe, el Comité decidió aplazar la aprobación de sus observaciones finales hasta su siguiente período de sesiones. Por consiguiente, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales en su octavo período de sesiones.
El Comité sugiere que el Estado Parte considere la posibilidad de hacer más esfuerzos para proporcionar educación a las familias y sensibilizar a la opinión acerca de la igualdad de responsabilidad de los padres. Deberían prepararse programas de educación en materia de salud para contrarrestar la elevada tasa de embarazos de adolescentes.
El Comité sugiere que el Estado Parte considere la posibilidad de introducir un mecanismo legislativo y de seguimiento más eficaz para evitar la violencia en el hogar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 4 de octubre de 2002.3
El Comité examinó el segundo informe periódico de la Argentina (CRC/C/70/Add.10), presentado el 12 de agosto de 1999, en sus sesiones 807ª y 808ª (CRC/C/SR.807 y 808), celebradas el 17 de septiembre de 2002, y en su 833ª sesión (CRC/C/SR.833), aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.
Mejore su sistema de reunión de datos para que incluya, desagregándolas, todas las esferas abarcadas por la Convención.
2. Definición del niño
Teniendo en cuenta los artículos 1 y 2 de la Convención, así como otras disposiciones conexas de la misma, el Comité recomienda al Estado Parte que revise su legislación para aumentar la edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio y equipararla a la de los varones.
Integre adecuadamente los principios generales de la Convención, enunciados en los artículos 24 (…) en todas las leyes que atañan a los niños;
Vigile la situación de los niños, en particular la de los que pertenecen a los citados grupos vulnerables, que están expuestos a la discriminación; y
Elabore, sobre la base de los resultados de esa labor de vigilancia, estrategias integradas en las que se prevean medidas concretas con objetivos bien definidos para poner fin a todas las formas de discriminación.
5. Entorno familiar y otros tipos de tutela
Niños privados del medio familiar
Teniendo en cuenta el artículo 19 de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte que:
Realice estudios sobre la violencia doméstica, la violencia contra los niños, el maltrato y el abuso, incluido el abuso sexual, y extienda el sistema de reunión de datos a todo el país para llevar un registro de los casos de violencia física y mental y de descuido de que son víctimas los niños, para evaluar la magnitud, el alcance y la naturaleza de esas prácticas;
Investigue eficazmente los casos de violencia doméstica y de maltrato y abuso de niños, incluido el abuso sexual en la familia, en el marco de una investigación y un procedimiento judicial que tengan en cuenta los intereses del niño, para mejorar la protección de las víctimas infantiles, que incluya la protección de su derecho a la vida privada;
Refuerce las medidas para prestar servicios de apoyo a los niños en los procesos judiciales y favorecer la recuperación física y psicológica y la reintegración social de las víctimas de violaciones, abusos, descuido, malos tratos y violencia, de conformidad con el artículo 39 de la Convención.
6. Salud básica y bienestar
Para reducir aún más las tasas de mortalidad y morbilidad infantiles y de mortalidad materna, adopte medidas para aplicar la Ley de salud reproductiva y procreación responsable, de julio de 2000; y
Preste servicios adecuados de atención sanitaria prenatal y postnatal y organice campañas para informar a los padres acerca de la salud básica y la nutrición del niño, las ventajas del amamantamiento, la higiene y el saneamiento ambiental, la planificación de la familia y la salud reproductiva, especialmente en las provincias.
Revise y reactive sus programas de lucha contra el VIH/SIDA e intensifique sus esfuerzos para promover las políticas de salud del adolescente. Debería prestarse debidamente atención a la salud reproductiva y se debería potenciar aún más el programa de educación sanitaria y sexual en las escuelas.
Adopte nuevas medidas, como la asignación de recursos humanos y financieros suficientes, para evaluar la eficacia de los programas de formación en materia de educación sanitaria, en particular en lo que respecta a la salud reproductiva, y para establecer servicios de asesoramiento, atención y rehabilitación de carácter confidencial, que tengan en cuenta los intereses de los adolescentes y a los que se pueda recurrir sin el consentimiento de los padres cuando así lo exija el interés superior del menor.
8. Medidas especiales de protección
Teniendo en cuenta los artículos 32 a 36 de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte que:
Realice un estudio sobre la cuestión de la explotación sexual comercial y la trata de niños para evaluar su alcance y sus causas y elaborar medidas eficaces de control y otras medidas preventivas;
Combata y elimine la explotación sexual comercial y la trata de niños, entre otras cosas poniendo en práctica el Plan Nacional de Acción y elaborando programas de integración social y políticas y programas de rehabilitación y recuperación de las víctimas infantiles, de conformidad con la Declaración y Programa de Acción y el Compromiso Mundial a probados en los Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños de 1996 y 2001.
9. Protocolos Facultativos
El Comité recomienda al Estado Parte que prosiga sus preparativos para ratificar el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía5.
3º Observaciones finales sobre el tercero y cuarto informe presentados por el Estado adoptadas el 2 de junio de 2010.6
El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados de la Argentina (CRC/C/ARG/3-4) en sus sesiones 1522ª y 1524ª (CRC/C/SR.1522 y 1524), celebradas el 2 de junio de 2010. En su 1541ª sesión (CRC/C/SR.1541) el 11 de junio de 2010, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones7
1. Medidas generales de aplicación (artículos 4, 42 y 44 (párrafo 6) de la Convención)
Recomendaciones anteriores del Comité
El Comité celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para aplicar las observaciones finales sobre el segundo informe periódico de éste (CRC/C/70/Add.10). Sin embargo, constata con pesar que varias de las recomendaciones que figuran en las observaciones finales no se han abordado cabalmente.
El Comité insta al Estado parte a adoptar todas las medidas necesarias para dar curso a las recomendaciones de las observaciones finales sobre su segundo informe periódico que aún no se hayan aplicado o lo hayan sido de manera insuficiente. Entre ellas figuran cuestiones tales como la aplicación de las nuevas leyes en los ámbitos nacional y provincial (CRC/C/70/Add.10, párr. 16), los niños privados de un entorno familiar y la falta de distinción entre los niños que necesitan atención y protección y los que están en conflicto con la ley (párrs. 41 y 43), la salud y el bienestar de los adolescentes (párr. 51), la educación multicultural (párr. 57), la venta y la explotación económica y sexual de niños (párr. 61), y la justicia juvenil (párr. 63). El Comité también insta al Estado parte a que vele por la aplicación adecuada de las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales sobre los informes tercero y cuarto combinados.
El Comité ha tomado conocimiento del análisis sobre las reservas y declaraciones del Estado parte respecto a la Convención realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Con respecto a la reserva a los apartados b) a e) del artículo 21 sobre la adopción internacional, el Comité, si bien aprecia que el Estado parte desee adoptar “un riguroso mecanismo de protección legal del niño a fin de evitar e impedir el fenómeno de la venta y trata de niños y niñas” (CRC/C/ARG/3-4, párr. 38), sigue estando preocupado por el hecho de que el sistema aún no se ha instrumentado plenamente.
Habida cuenta de las largas listas de espera de aspirantes a la adopción, el Comité insta al Estado parte a establecer un riguroso sistema legal de protección contra la venta y la trata de niños de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, entre otras cosas para establecer un sistema de adopción seguro que respete el interés superior del niño, con miras a retirar su reserva con el tiempo.
El Comité observa que en 2009 se aprobó el Plan Nacional de Acción por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que abarca el período 2008- 2011 y contiene 36 metas con sus respectivos indicadores. El Comité lamenta que el Plan no tenga disposiciones operativas conexas ni un mecanismo de supervisión para seguir de cerca los indicadores, ni tampoco asignaciones presupuestarias específicas.
El Comité recomienda que el Plan Nacional de Acción se convierta en parte integrante de la planificación nacional del desarrollo y la formulación de la política social, y se utilice para mejorar la aplicación de la Ley Nº 26061. También recomienda que el Plan se articule claramente con los presupuestos nacionales y provinciales, y que se prorrogue por un nuevo período. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que vele por que se elabore un mecanismo de evaluación y supervisión para evaluar periódicamente los progresos alcanzados y determinar las posibles deficiencias. El Comité alienta al Estado parte a velar además por que el Plan Nacional de Acción se aplique plenamente y de manera coordinada en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
El Comité observa que la vigilancia de los derechos del niño está incluida en el mandato de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. El Comité celebra que se haya introducido, mediante la Ley Nº 26061, de 2005, la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero comparte la preocupación del Estado parte por las demoras registradas en la designación del titular del mandato por el Parlamento.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para acelerar el nombramiento, por el Parlamento, del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que éste se encargue de vigilar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. El Comité recomienda que el Defensor pueda recibir e investigar las denuncias presentadas por niños o en nombre de éstos sobre violaciones de sus derechos, y que se le asignen los necesarios recursos humanos, técnicos y financieros.
El Comité celebra la creación del Registro de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Decreto Nº 2044/2009), así como de la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional, que tiene a cargo la supervisión y evaluación de los programas destinados a los niños, los adolescentes y la familia. El Comité también destaca el Acta de Compromiso firmada con las provincias para constituir un sistema integrado de información sobre las políticas de infancia y adolescencia. En cambio, sigue preocupando al Comité la ausencia de una estrategia sistemática de recolección y análisis de datos en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que sigue impidiendo la disponibilidad de datos transparentes y fiables, desglosados por provincia y municipio, así como por otras variables pertinentes, como el sexo, la edad, los niños con discapacidad y los niños indígenas.
El Comité insta al Estado parte a tomar las medidas necesarias para que los planes del sistema integral de información sobre las políticas de infancia y adolescencia se apliquen y coordinen con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, e incluyan todos los aspectos de la Convención. El Estado parte debería asegurarse de que la información recogida por conducto de ese sistema integral contenga datos transparentes, fiables y comparables sobre todos los derechos, desglosados por provincia y municipio, sexo, edad e ingresos, para que se puedan tomar las decisiones sobre los distintos programas y políticas y garantizar el conocimiento público de los progresos realizados y las lagunas existentes en su puesta en práctica. Además, se debería tratar de generar y gestionar datos e información sobre los niños que necesitan protección especial: niños con discapacidades, niños en el sistema de justicia juvenil, niños de familias monoparentales, niños víctimas de abusos sexuales, niños sometidos a cuidados alternativos, niños privados de atención parental y otros niños, según proceda. El Comité también recomienda al Estado parte que solicite asistencia técnica al UNICEF, entre otras entidades.
2. Principios generales (artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención)
El Comité ha tomado conocimiento del Decreto Nº 1086/2005, por el que se establece un plan nacional de lucha contra la discriminación. Si bien celebra los esfuerzos del Estado parte para atender las necesidades de los niños desfavorecidos, así como para establecer programas destinados a promover la educación bilingüe e intercultural de los niños indígenas y programas de salud centrados en las necesidades de estos niños, al Comité le preocupan los persistentes informes que dan cuenta de actos de discriminación, exclusión social, maltrato físico y psicológico y abuso sexual de niños indígenas, que representan de un 3% a un 5% de la población del país. El Comité señala con preocupación que las disparidades que afectan a las provincias del noreste y noroeste pueden provocar discriminación; por ejemplo, el riesgo de que los niños mueran en el primer año de vida es un 60% mayor en esas provincias que en el resto del país, y la tasa de analfabetismo, casi nula en el resto del país, es del 11% en esas zonas. También preocupan al Comité la estigmatización y discriminación de que son víctimas los adolescentes que viven en la pobreza en centros urbanos o en situación de calle en el país y los niños de origen migrante.
El Comité insta al Estado parte a incrementar sus esfuerzos de lucha contra:
La discriminación, la exclusión social, el maltrato físico y psicológico y el abuso sexual de los grupos de niños vulnerables, en particular los niños indígenas; y
El Comité pide además que en el próximo informe periódico se incluya información específica sobre los programas y medidas aplicados por el Estado parte en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño para asegurar el seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en 2001, teniendo en cuenta la Observación general Nº 1 (2001) del Comité, relativa a los propósitos de la educación.
3. Derechos y libertades civiles (artículos 7, 8, 13 a 17, 19 y 37 a) de la Convención)
Seguimiento del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños
Con referencia al Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299), el Comité recomienda al Estado parte que:
Adopte todas las medidas necesarias para dar curso a las recomendaciones que figuran en el informe del Experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, teniendo en cuenta a la vez los resultados y recomendaciones de las consultas regionales para América Latina celebradas en Buenos Aires del 30 de mayo al 1º de junio de 2005. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que preste especial atención a las siguientes recomendaciones:
Prohibir por ley todas las formas de violencia contra los niños, incluidos los castigos corporales, en todos los ámbitos;
Dar prioridad a la prevención y promover los valores no violentos y la concienciación;
Garantizar la responsabilidad y poner fin a la impunidad;
Atender a la dimensión de género de la violencia contra los niños;
Planear y realizar a nivel nacional labores sistemáticas de reunión de datos e investigación sobre la violencia contra las mujeres, los niños y los adolescentes.
Utilice esas recomendaciones como instrumento de acción, en colaboración con la sociedad civil y en particular con la participación de los niños, para lograr que todos los niños estén protegidos contra todas las formas de violencia física, sexual y psicológica y ganar impulso para realizar intervenciones prácticas y, cuando proceda, con plazos fijados para prevenir la violencia y los abusos mencionados y reprimirlos.
Malos tratos y descuido
El Comité celebra la Ley Nº 26485 sobre la violencia contra las mujeres, pero lamenta que no se haya aprobado un decreto de aplicación. Constata con grave preocupación la persistencia de los informes que dan cuenta de una elevada incidencia de la violencia doméstica, que incluye el asesinato de mujeres y la violencia contra los niños, a la vez que celebra la creación de equipos móviles para atender a las víctimas de esa violencia, la habilitación de líneas telefónicas de ayuda en casi todas las provincias y la existencia de jueces especializados que han recibido capacitación en cuestiones de familia. El Comité también expresa preocupación por la falta de estudios o estadísticas integrales sobre esos incidentes que incluyan a todo el país, reconocida por el Estado parte. También expresa preocupación por el pequeño número de víctimas de malos tratos y descuido que se presentan ante la justicia, así como por la falta de programas de reparación, rehabilitación y reintegración para las víctimas de la violencia.
El Comité recomienda al Estado parte que siga adoptando todas las medidas legislativas, normativas y de otras índoles necesarias para prevenir y hacer frente a la violencia, el maltrato y la explotación de niños y atender y reintegrar a los niños víctimas de malos tratos. También recomienda al Estado parte que aumente el número de jueces especializados en cuestiones de familia y les imparta la capacitación necesaria sobre la violencia, los malos tratos y el descuido de que son víctimas niños y mujeres. El Estado parte también debería llevar a cabo campañas de sensibilización pública y suministrar información sobre la orientación y el asesoramiento de los padres, con miras, entre otras cosas, a prevenir los malos tratos y el descuido de los niños. También le recomienda que imparta capacitación a los maestros, agentes de la fuerza pública, trabajadores de la salud, asistentes sociales y fiscales sobre la forma de recibir, tramitar, investigar y enjuiciar las denuncias sobre violencia y descuido de niños de una manera favorable al niño y que permita aplicar una perspectiva de género.
Salud y acceso a los servicios de salud
El Comité celebra los esfuerzos del Estado parte para reducir la mortalidad infantil, así como la aprobación de un plan integral de acción en materia de salud, que incluye el Plan Nacer y el programa de suministro universal de medicamentos esenciales (Programa Remediar). Si bien celebra el establecimiento de comisiones encargadas de analizar la mortalidad materna e infantil y el reconocimiento por el Estado parte de las esferas que necesitan mejora, en particular la prevención y promoción de la salud durante el embarazo y el parto, el Comité expresa preocupación por la tasa constantemente elevada de mortalidad materna y neonatal, en particular en ciertas provincias. El Comité constata con preocupación las disparidades existentes en la esfera de la malnutrición crónica entre la media nacional (8%) y la media del noroeste argentino (15,5%). El Comité expresa además preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna, especialmente de adolescentes, causada por un aborto (28,31% en 2005) y por los prolongados procedimientos de interrupción legal del embarazo resultante de una violación, prevista en el artículo 86 del Código Penal.
Incremente sus esfuerzos para promover la salud materna e infantil, incluso durante el embarazo y el parto;
Realice un estudio de los factores determinantes del elevado porcentaje y las tasas estables de mortalidad materna y neonatal, y trate urgentemente de eliminarlos;
Adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto, en particular velando por que la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a petición de ellas;
Enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal; y
Solicite asistencia técnica al UNICEF y a la Organización Mundial de la Salud, entre otras entidades.
El Comité celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para fomentar la lactancia materna, pero lamenta que no se recolecten sistemáticamente datos sobre las prácticas de lactancia materna y que no exista una comisión nacional de lactancia materna. También le preocupan las bajas tasas de lactancia materna exclusiva de los niños menores de 6 meses.
El Comité recomienda al Estado parte que establezca una comisión nacional de lactancia materna y recoja sistemáticamente datos sobre las prácticas de lactancia materna, velando a la vez porque se aplique el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El Estado parte también debería promover los hospitales amigos del niño y fomentar la inclusión de la cuestión de la lactancia materna en la capacitación del personal de las casas cuna y guarderías.
Si bien celebra que se haya aprobado el Programa de Atención Integral del Adolescente, cuyos objetivos son, entre otros, reducir la mortalidad materna entre las adolescentes, el suicidio, el consumo excesivo de alcohol y drogas, el Comité sigue preocupado por la elevada incidencia del consumo excesivo de sustancias tóxicas por los adolescentes. También celebra que se haya establecido el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en relación con la Ley Nº 26150, relativa a la educación sexual integral, así como la Ley Nº 26206 (Ley de educación nacional), que incluye un objetivo sobre la promoción de la educación en materia de sexualidad responsable. En cambio, le preocupa el aumento de las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH, entre los adolescentes. El Comité celebra la distribución universal y gratuita de anticonceptivos, pero le preocupa el elevado porcentaje de embarazos de niñas (15% de los niños nacidos vivos en 2005 y 2008 eran hijos de madres menores de 20 años).
El Comité recomienda al Estado parte que, teniendo en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité, relativa a la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, intensifique sus esfuerzos para concebir e implementar programas y servicios, especialmente de cuidado, rehabilitación y asesoramiento de niños, en la esfera de la salud de los adolescentes, en particular en lo que respecta a los embarazos precoces, el consumo excesivo de drogas y alcohol y otros estilos de vida riesgosos. También recomienda al Estado parte que obtenga datos e información fiables sobre los problemas de salud de los adolescentes, entre otras cosas realizando estudios sobre esa cuestión. El Comité recomienda especialmente al Estado parte que se ocupe de la prevención de los problemas relacionados con la salud y los estilos de vida de los adolescentes, en consulta con éstos.
7. Medidas especiales de protección (artículos 22, 38, 39, 40, 37 b) y d), 30, y 32 a 36 de la Convención)
Trata, explotación sexual y abusos sexuales
El Comité celebra la iniciativa del Estado parte de colaborar con el Paraguay y el Brasil, países vecinos, en la lucha contra la trata y la explotación sexual de niños y adolescentes en la región fronteriza entre los tres países. El Comité celebra el Programa para la Prevención de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, así como la creación, en 2005, de una dependencia en la Secretaría de Derechos Humanos encargada de promover la erradicación de la explotación sexual de niños. En cambio, lamenta que no exista coordinación entre los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, como ha reconocido el Estado parte. También le preocupa la levedad de las penas impuestas a los autores de la trata, que podría generar impunidad.
Ponga en práctica el Plan Nacional de Acción contra la trata, la explotación sexual y los abusos sexuales;
Refuerce las medidas legislativas para resolver los problemas de abuso sexual y explotación sexual;
Adopte medidas apropiadas para garantizar el pronto enjuiciamiento de los autores de delitos sexuales cometidos contra niños;
Vele por que los niños víctimas de explotación o abuso sexual no sean criminalizados ni penalizados; y
Siga implementando programas y políticas apropiados de prevención y recuperación y reintegración social de los niños víctimas, de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción y el Compromiso Mundial aprobados en los congresos mundiales contra la explotación sexual comercial de los niños de 1996, 2001 y 2008, así como los resultados de las demás conferencias internacionales sobre esta cuestión.
Protección de los testigos y las víctimas de delitos
El Comité también recomienda al Estado parte que vele por que, mediante disposiciones y normas legales adecuadas, todos los niños víctimas o testigos de delitos, como los niños víctimas de malos tratos, la violencia doméstica, la explotación sexual o económica, el secuestro o la trata, así como los niños testigos de esos delitos, reciban la protección exigida por la Convención y que el Estado parte tenga plenamente en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (anexo de la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social).
CRC/C/15/Add. 35, 15 de febrero de 1995↩
CRC/C/15/Add. 187, 9 de octubre de 2002↩
El art. 2 refiere al respeto de los derechos de la Convención sin distinción de ningún tipo, incluyendo al sexo.↩
El Protocolo entró en vigor en Argentina el 25 octubre 2003.↩
CRC/C/ARG/CO/3-4, 21 de junio de 2010↩

References: artículo 2
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 39
 artículo 21
 artículo 86
 artículo 86
 resolución