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Timestamp: 2017-05-26 06:38:30+00:00

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Boletin seguridad privada. 20[1]
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CUERPO DE VIGILANTES NOCTURNOS “SERENOS”
La figura del vigilante nocturno fue creada por el Decreto 2727/1977, el cual, aun cuando no ha sido expresamente derogado, sí puede decirse que el contenido de sus preceptos está casi en su totalidad desvirtuado por el desarrollo normativo que se ha producido con posterioridad, tanto en el ámbito de la seguridad ciudadana como en materia de régimen local. En consecuencia, se analizará la vigencia de esta regulación y del servicio mis­ mo, teniendo en cuenta la profunda transformación legislativa surgida desde que se promulgó el Decreto 2727/1977.
Cuerpo de Vigilantes Nocturnos “Serenos” ................................................... 1 Uso de cascos en partidos de fútbol. ............................................................. 6 Formación y habilitación de detectives privados ........................................... 8 Servicios de vigilancia en depósitos comerciales de explosivos ................. 11 Tasa por autorización de servicios de vigilancia de explosivos con armas . 13 Consultas ..................................................................................................... 14 Aseguramiento y manipulación de efectos y pruebas.................................. 15 Modificación reglamentaria .......................................................................... 15 Libros Registro............................................................................................. 16 Libros de instalación y revisión en establecimientos obligados.................. 17 Fundamentos con fundamento .................................................................... 19 Medidas de seguridad obligadas en bancos, cajas y entidades bancarias .. 21 Fiesta de la Seguridad Privada en Cantabria................................................ 23 Fiesta de la Seguridad Privada en Murcia .................................................... 24
Seguridad Privada con sujeción al Reglamento de Armas. d) Sus funciones eran: Prevención de la comisión de delitos y faltas; colabo­ ración en el mantenimiento del orden público y de la seguridad de las perso­ nas y las cosas en la calle; y asistencia al vecindario. e) Existía la facultad, por parte del Go­ bernador Civil, de control, tanto sobre la Ordenanza como para la revocación del nombramiento de los vigilantes nocturnos. f) Tratándose de un servicio municipal, podría decirse que se gestionaba indi­ rectamente, como una especie de con­ cesión atípica, y con los gastos sufra­ gados con una especie de tasa tam­ bién atípica. Legislación de régimen local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta­ do. Servicio de vigilancia nocturna: configu­ ración anterior. Como notas más características de la regulación del servicio de vigilantes noctur­ nos contenida en el Decreto 2727/1977, y en su Orden de desarrollo, pueden destacarse las siguientes: a) Se trata de un servicio municipal, regulado mediante Ordenanza, obliga­ torio en capitales de provincia o locali­ dades que poseyeran más de 100.000 habitantes, o cuando el Ministerio del Interior lo acordase, y potestativo en los restantes supuestos. b) Los vigilantes nocturnos eran traba­ jadores autónomos, habilitados por el Alcalde y retribuidos por los vecinos, propietarios y comerciantes, de acuer­ do con la Ordenanza correspondiente. c) Los vigilantes nocturnos eran consi­ derados como Agentes de la Autoridad Municipal, especialmente a efectos pe­ nales. Tenían también la condición de auxiliares de las Fuerzas del orden pú­ blico (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la actualidad) y portaban armas, La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL) y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) han incidi­ do en la regulación del servicio de vigilantes nocturnos en el siguiente sentido: a) La seguridad en lugares públicos es competencia municipal (Art. 25.2.a) LRBRL), en los términos del Art. 51 y siguientes de la LOFCS. b) Las funciones a realizar por los Cuerpos de Policía Local -artículo 53 LOFCS- o, en su defecto, por el perso­ nal que desempeñe funciones de cus­ todia y vigilancia de bienes, servicios o instalaciones, con la denominación de Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaci­ les o análogos (Art. 51.2 LOFCS), vie­ nen a coincidir sustancialmente -no so­ lamente en horario nocturno- con las que el artículo 4.2 del Decreto 2727/1977, asignaba a los vigilantes nocturnos. c) Entre los servicios que obligatoria­ mente han de prestar los municipios (artículo 26 LRBRL) no se encuentra el de la “vigilancia nocturna”, si bien, co­ mo es obvio, tal vigilancia ha de pres­
Seguridad Privada tarse cuando exista Policía Local, por ésta, y, en otro caso, por el personal auxiliar contemplado en el artículo 51.2 LOFCS. d) Tratándose -la seguridad en lugares públicos- de un servicio público local (artículo 85.1 LRBRL) que implica ejer­ cicio de autoridad, no puede prestarse sino por gestión directa (artículo 85.2 LRBRL), sin que pueda ser objeto de concesión, concierto o arrendamiento alguno. e) No pueden exigirse tasas ni precios públicos por la prestación del servicio (artículos 21.c y 42 de la Ley 39/1988, de 18 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales), ni establecerse o ampliarse mediante contribuciones es­ peciales, ya que por la naturaleza de este servicio no puede estimarse que produzca en el sujeto pasivo un benefi­ cio de aumento del valor de sus bienes (artículo 28 de la Ley citada). Subescala de Servicios Especiales (artículo 172.1 del Texto Refundido de las disposicio­ nes legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), en la cual se inclu­ yen, en el apartado a), la Policía Local y sus auxiliares. Conclusiones: De lo que antecede, cabe deducir lo siguien­ te: Conclusión 1ª: Queda claro que el servicio prestado queda fuera del ámbito de la segu­ ridad privada y la normativa que la regula. Conclusión 2ª: Si se trata de constituir un servicio de vigilantes nocturnos, similar al que prestaban los antiguos serenos, debe­ rán tenerse en cuenta las siguientes consi­ deraciones: a) Los municipios pueden crear -con carácter voluntario- el servicio de sere­ nos o vigilantes nocturnos. b) Dicho servicio, por implicar ejercicio de autoridad, ha de ser prestado por gestión directa. c) De no ser prestado por la Policía Lo­ cal, debe prestarse por auxiliares de la misma, con el carácter de Agentes de la autoridad y auxiliares de la Policía Local. d) Caso de ser prestado por dicho per­ sonal auxiliar, sus funciones consisti­ rían básicamente en la asistencia al vecindario y en la colaboración y auxi­ lio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri­ dad en la prevención de la comisión de delitos y en el mantenimiento del orden público. Servicio de vigilancia nocturna: Configu­ ración actual. La prestación del servicio de vigilancia nocturna por la Policía Local es indudable­ mente la forma natural de su ejercicio, pero no puede descartarse, a priori, la posibilidad de prestación de tal servicio por otra clase de funcionarios, en cuyo caso deberían serlo de la Escala de Administración Especial, e) En cualquier caso, dicho personal auxiliar deberá ostentar la condición de funcionario municipal, perteneciente a la Escala de Servicios Especiales de funcionarios de carrera. f) En cuanto a la prestación de servi­ cios con armas, debe estarse a lo que establezca el vigente Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, cuyo artícu­ 3
Seguridad Privada lo 120 y siguientes regulan las licen­ cias para el ejercicio de las funciones de custodia y vigilancia. Secretaría Gral. Técnica (M. del Interior) 1. Realización de rondas periódicas por dis­ tintas zonas de la localidad. 2. Prestación de servicios de información a ciudadanos. 3. Primera asistencia ante posibles emer­ gencias: A) Prestación de primeros auxilios. B) Comunicación a centros sanitarios, policía local, bomberos...., en su caso. C) Realización de informes sobre ac­ tuaciones desarrolladas. 4. Realización de vigilancia pasiva en deter­ minadas zonas del municipio, velando por la seguridad ciudadana. 5. Protección y acondicionamiento ambien­ tal: control de ruidos, contaminación... 6. Vigilancia de parques y jardines públicos. 7. Vigilancia de obras y edificios municipa­ les. Consideraciones de la U.C.S.P.:
Posibilidad de creación, a iniciativa municipal, de una empresa de servi­ cios de serenos.
Por parte de un Ayuntamiento se de­ mandó informe sobre la posible colisión legal entre la normativa de seguridad privada y la pretensión del consistorio de crear una “empresa de servicios de serenos”. Dicha empresa sería calificada como Centro Especial de Empleo, ya que, según las autoridades municipales algunos de los alumnos podría encontrar empleo en empre­ sas del sector. Según el Teniente Alcalde, las perso­ nas a las que de forma prioritaria iría dirigido dicha iniciativa, serían discapacitados. Estas personas recibirían una formación teórico práctica que les habilitaría como “vigilante nocturno sereno”. Creando un cuerpo de conserjes, ordenanzas, pero que además desarrollen labores de guardería dentro de la vía pública y otras actuaciones de custodia y vigilancia preventiva similares. Finaliza su exposición calificando el proyecto como de interés público, puesto que, la finalidad última sería la creación de una sociedad laboral o cooperativa que pres­ tase esos servicios. Desgrana a continuación, como activi­ dades a desarrollar por los vigilantes noctur­ nos serenos las siguientes: 4
I Respecto a las funciones descritas con los números 2, 3 y 5 nada que objetar, pues aun cuando las mismas redunden en beneficio de la seguridad ciudadana, no puede dedu­ cirse claramente que formen parte del nú­ cleo esencial de la competencia atribuida al Estado en materia de seguridad pública, en­ tendida ésta como conjunto de actuaciones encaminadas a asegurar la convivencia ciu­ dadana, a erradicar la violencia, a propiciar la utilización pacífica de las vías y espacios públicos y a la prevención de delitos y faltas.
No puede decirse lo mismo de las acti­ vidades relacionadas en los números 1, 4, 6 y 7, respecto de las cuales subyacen, en el fondo, las funciones de vigilancia de vías pú­ blicas y otros locales; funciones que se en­ cuentran inmersas en materia de seguridad pública y, como complemento de ésta, de seguridad privada. En cuanto a la vigilancia de vías públi­ cas, es una función que por su finalidad pre­ ventiva de la comisión de actos delictivos se encuentra directamente implicada en el man­ tenimiento de la seguridad pública que ha de
Seguridad Privada ejercerse por las distintas Administraciones a través de las Fuerzas y Cuerpos de Segu­ ridad -art.1.4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Se­ guridad (en adelante LOFCS)-, en la cual participan las Corporaciones Locales en los términos establecidos en dicha Ley y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL). de la Ley 23/1992, y del citado Reglamento, respecto a las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada. En consecuencia, por lo que se refiere al ejercicio de funciones en las vías públicas, debe insistirse en la necesidad de que las mismas se mantengan alejadas, en la mayor medida posible, de aquellas que de algún modo impliquen o incidan en funciones pro­ piamente de seguridad y ello, no por la posi­ ble invasión de competencias atribuidas al personal de seguridad privada que, como se sabe -y salvo tasadas excepciones legal­ mente previstas- no pueden actuar en dicho ámbito, sino, y lo que es mas grave, por in­ vasión de las funciones propias de las Fuer­ zas y Cuerpos de Seguridad.
El ordenamiento constitucional, Art. 104 de la Constitución, y su desarrollo a tra­ vés de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de fe­ brero, sobre Protección de la Seguridad Ciu­ dadana, y de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, es incompatible con el uso de procedimientos, métodos o siste­ mas de “autoorganización” preventivos o re­ presivos, al margen de la actividad de las distintas Administraciones, no contemplados de forma expresa legalmente, ni amparados por la citada Ley 23/1992, y ello por ilegíti­ mos en la medida en que pueden afectar al ejercicio de derechos y libertades de ciuda­ danos, que han de ser garantizados frente al peligro de eventuales extralimitaciones. Únicamente, en el supuesto de tratarse de urbanizaciones o polígonos industriales delimitados y separados de núcleos urba­ nos, es factible la existencia de un servicio de seguridad en vías de uso común –Art. 80 del Reglamento de Seguridad Privada, apro­ bado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre-, pero sujeto a las prescripciones
En cuanto a la vigilancia de obras en construcción, de locales o cualquier otro es­ tablecimiento, se trata de una actividad in­ mersa en el ámbito de aplicación de la Ley 23/1992, que únicamente puede ser realiza­ da por personal de seguridad privada encua­ drado en empresas de seguridad, con suje­ ción a lo dispuesto en las normas antes cita­ das. El ejercicio de tal actividad por parte de personal que no sea de seguridad privada constituiría una infracción muy grave, tipifica­ da como tal en el Art. 22.1.a) de la Ley 23/1992 y en el Art. 148.1.a) de su Regla­ mento de desarrollo. U.C.S.P. 5
Ante la solicitud realizada, el pasado mes de mayo, por una empresa de seguridad sobre la utilización de cascos de protección por parte de los vigilantes de seguridad que prestan servicios en campos de fútbol, bajo determinadas condiciones, esta Unidad Cen­ tral pone de manifiesto los siguientes extremos:
Las excepciones a la uniformidad de los vigilantes de seguridad se regulan en el apartado vigésimo tercero de la Orden Ministe­ rial de 7-7-95, sobre personal, y han de funda­ mentarse en la concurrencia de circunstancias especiales, pero siempre derivadas de la pres­ tación ordinaria de los servicios, o de la aplica­ ción de normas sectoriales que así lo exijan. empresario realizará la prevención de los ries­ gos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Con fecha 10 de septiembre de 1998, la Dirección General de Trabajo emitió un in­ forme, respecto a la utilización de cascos en el sector de la seguridad privada, en el que esti­ maba, que al no poder considerarse como fun­ ciones públicas las tareas realizadas por los vigilantes de seguridad, y dada la redacción literal del artículo 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (que recoge el ámbito de aplicación de la misma), al personal de las em­ presas de seguridad privada se le había de aplicar en su totalidad la normativa común con­ tenida en la Ley de Prevención, con indepen­ dencia de la actividad que lleven a cabo. Por lo que, si en el desempeño de su trabajo no exis­ ten otras medidas de protección colectiva co­ mo vallas de seguridad que impidan el riesgo de lanzamiento de objetos, para la situación concreta de riesgo, sí que existirá la obligato­ riedad de proporcionar y usar equipo de pro­ tección individual. Debe tenerse en cuenta que el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre dispo­ siciones mínimas de seguridad y salud relati­ vas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, se está refi­ riendo a los equipos de protección individual contemplados en el mismo, y que dicha norma excluye expresamente “el material de autode­ fensa o de disuasión” igual que excluye, entre otros, a los equipos de socorro y salvamento, regulados ambos por su normativa específica. No obstante lo anterior, el medio pro­ puesto debe considerarse como medio de pro­ tección individual, ante el lanzamiento de obje­ tos o intento de agresión, y no como medio de autodefensa. De lo hasta aquí expuesto, cabe dedu­ cir que tanto la normativa de seguridad priva­
Si atendemos a los medios de protec­ ción y defensa de los vigilantes de seguridad, la única excepción a la utilización de los me­ dios establecidos reglamentariamente se con­ templa en el apartado Vigésimo Sexto de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995, al esta­ blecer en el párrafo tercero que la Dirección General de la Policía, previa solicitud de la em­ presa de seguridad, podrá realizar la sustitu­ ción de la defensa reglamentaria por otras ar­ mas defensivas, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajusten a lo prevenido en el Reglamento de Armas. Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguri­ dad y salud en el trabajo. A estos efectos el
da, como las normas laborales, no recogen la utilización de este tipo de material, y teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a mate­ rial de protección, como podría ser la utiliza­ ción de chalecos antibala, a tenor de lo esta­ blecido en la normativa laboral, esta Unidad Central estima que: 1ª.- En lo referente a las actividades que desarrollan los vigilantes de seguridad, el artículo 1.4 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad del Estado esta­ blece que “Las empresas y personal de seguridad tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Se­ guridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados”. 2ª.- Los medios de protección cuya utili­ zación se propone se usarían en actos de concentración masiva de personas y eventos que suponen un alto riesgo, y en lugares donde la seguridad es garantiza­ da por las Fuerzas y Cuerpos de Seguri­ dad y que en caso de producirse graves altercados, éstas pueden pedir la colabo­ ración de los vigilantes de seguridad, pa­ ra restaurar la seguridad ciudadana. 3ª.- El contenido del artículo 17 del RD. 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la Preven­ ción de la Violencia en los Espectáculos Deportivo, dispone que: “las federacio­ nes deportivas y ligas profesionales co­ municarán a la autoridad gubernativa, con una antelación mínima de ocho días, la programación de los encuentros consi­ derados de alto riesgo de acuerdo con los baremos establecidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de este Re­ glamento”. 4ª.- Que en los partidos anteriormente citados y otros en los que el riesgo existe por tratarse de rivalidad regional o aficio­ nes enconadas, se produce con frecuen­ cia el lanzamiento de objetos al terreno de juego, susceptibles de producir lesio­ nes a los vigilantes de seguridad, cuyos puestos de trabajo se encuentren en las cercanías del mismo. Por todo lo anteriormente expuesto, y dadas las especiales circunstancias que con­
curren en la prestación de los servicios que motivan el presente informe, esta Unidad Cen­ tral de Seguridad Privada, estima que la autori­ zación de uso con carácter excepcional debe solicitarse al Delegado del Gobierno, como medida de protección, siempre y cuando se observaran los siguientes requisitos: 1º.- Que los cascos se utilizarán en los encuentros baremados de alto riesgo por el R.D. 769/1993 de 21 de mayo y aque­ llos otros de especial conflictividad a jui­ cio de las FF.CC. de Seguridad.. 2º.- Que su utilización se restringiera pa­ ra determinados puestos y no para la to­ talidad de los vigilantes que presten ser­ vicios en el campo, teniendo en cuenta los criterios establecidos por los Coordi­ nadores de Seguridad, y, en aquellos lu­ gares donde no los hubiere por los res­ ponsables de las FF.CC. de Seguridad. 3º.- Que los cascos utilizados sean dis­ tintos y no puedan confundirse con los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y sean iguales para todas las empresas de seguridad y así evitar la disparidad de modelos y colores. 4º.- Que la autorización concedida sea comunicada a esta Unidad Central. 5º.– En los supuestos supraprovinciales, la autorización para utilizar tales medios de manera excepcional, debería ser dic­ tada por el Director General de la Poli­ cía. U.C.S.P.
FORMACIÓN Y HABILITACIÓN DE DETECTIVES PRIVADOS
Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones, con motivo de otras consultas, en el ámbito de las competencias del Ministerio del Interior, la normativa de seguridad priva­ da ha procedido a regular aquellos aspectos del régimen jurídico de los detectives priva­ dos que, en cuanto personal de seguridad privada, se consideran necesarios para el cumplimiento de las normas establecidas, en orden a garantizar el correcto funcionamien­ to del sector. Concretamente, por lo que se refiere a la formación de los detectives priva­ dos, únicamente se han determinado los centros en los que debe impartirse la forma­ ción, la duración de los cursos y las materias que podrían calificarse como de contenido mínimo o necesario, las cuales deben incluir­ se necesariamente en los programas acadé­ micos que establezcan los Institutos de Cri­ minología u otros centros oficiales habilita­ dos. En el citado anexo, efectivamente, se regulan los contenidos teóricos que deben incluir los cursos de detectives privados y asimismo las prácticas que han de llevarse a cabo. La parquedad de la regulación normati­ va en esta materia y el hecho de que se otorgue una amplio margen de libertad a los citados centros para impartir dichas ense­ ñanzas (salvo la duración de los cursos y las materias mínimas de los programas formati­ vos), permiten considerar que el intervencio­ nismo administrativo en el régimen jurídico de los detectives privados no alcanza al mo­ do en que los Institutos de Criminología o centros oficiales habilitados deben impartir o desarrollar las enseñanzas correspondien­ tes, cuestión que corresponde al ámbito in­ terno de los mismos, en las condiciones y con los requisitos que establezcan las nor­ mas sectoriales que les sean de aplicación en materia de enseñanza.
Sobre si las Universidades o los Institutos de Criminología o los centros oficiales ade­ cuados y habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia pueden llegar a acuer­ dos con centros de formación de personal de seguridad privada, autorizados por la Secre­ taría de Estado de Seguridad u otros centros de formación para impartir cursos de Detecti­ ve Privado: El artículo 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real De­ creto 2364/1994, de 9 de diciembre, estable­ ce como requisito específico de habilitación de los aspirantes a detective privado el de "estar en posesión del diploma de detective privado, reconocido a estos efectos en la for­ ma que se determine por Orden del Ministe­ rio del Interior y obtenido después de cursar las enseñanzas programadas y de superar las correspondientes pruebas". En desarrollo de dicho artículo, el apar­ tado séptimo de la Orden de 7 de julio de 1995 dispone que "a los efectos de habilita­ ción para el ejercicio de la profesión de de­
Así, el apartado segundo de la Resolu­ ción de 19 de enero de 1996, de la Secreta­ ría de Estado de Interior, por la que se deter­ minan aspectos relacionados con el personal de seguridad privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de julio de 1995, se limita a señalar que "los programas de los cursos de detectives privados que establezcan los Institutos de Criminología u otros centros oficiales habili­ tados por el Ministerio de Educación y Cien­ cia para la obtención del diploma de detecti­ ve privado, en todo caso habrán de incluir las materias que se enuncian en el anexo 5 de esta Resolución". 8
Seguridad Privada tective privado, el diploma acreditativo a que se refiere el artículo 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada habrá de corresponder a la formación a que se refiere el apartado quinto de la presente Orden y será el expedi­ do por los institutos y centros que en el mis­ mo se mencionan". Según la Orden de 7 de julio de 1997, dicha formación habrá de ser impartida por los Institutos de Criminología o por "otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia". A este respecto, deben tenerse en cuenta las si­ guientes circunstancias: primero, que la de­ terminación de qué "otros centros oficiales" son adecuados y pueden ser habilitados pa­ ra impartir la citada formación, no correspon­ de a este Departamento, sino al Ministerio de Educación y Ciencia; y segundo, que la normativa de referencia data del año 1995, es decir, de hace diez años, período durante el cual los procesos formativos y educativos han sufrido cambios, no sólo por lo que se refiere a los contenidos -que, en este caso, están determinados en la normativa específi­ ca reguladora-, sino también en cuanto a las modalidades y condiciones de impartición de los mismos. Por tanto, una cosa es que se cumplan los objetivos que persigue la normativa de seguridad privada en cuanto a la formación de los aspirantes a detective privado, res­ pecto de los cuales no ha habido modifica­ ciones, y otra distinta es que dicho cumpli­ miento no pueda lograrse a través de fórmu­ las distintas o alternativas contempladas en las normas sectoriales, como la suscripción de acuerdos con centros privados para im­ partir determinadas formaciones. En cualquier caso, como se ha dicho anteriormente, al margen de los Institutos de Criminología y, obviamente, de las Universi­ dades, que se encuentran directamente fa­ cultados para impartir las enseñanzas con­ ducentes a la obtención del diploma de de­ tective privado, cualquier otro centro que pretenda impartir dichas enseñanzas a los mismos efectos, deberá estar habilitado por el Ministerio de Educación y Ciencia. A este respecto, debe señalarse tam­ bién que la habilitación o autorización que otorga la Secretaría de Estado de Seguridad a los centros de formación y actualización de personal de seguridad privada (vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo), no faculta a los mismos para impartir las en­ señanzas correspondientes a la profesión de detective privado, ni sustituye a la habilita­ ción que debe otorgar el Ministerio de Edu­ cación y Ciencia. 9
Por su parte, el apartado quinto de la misma Orden establece que "los aspirantes a detective privado habrán de superar en los Institutos de Criminología o en otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Mi­ nisterio de Educación y Ciencia, los progra­ mas que éstos establezcan, que, en todo ca­ so, han de incluir las materias que determine la Secretaría de Estado de Interior, y com­ prenderán ciento ochenta créditos, cada uno de ellos correspondiente a diez horas de en­ señanza, desarrollados al menos durante tres cursos lectivos". Así, el anexo 5 de la Resolución de 19 de enero de 1996, de la entonces Secretaría de Estado de Interior, estableció los conteni­ dos teóricos que deben incluir los cursos de detectives privados y, asimismo, dentro del área técnico-profesional, dispuso la realiza­ ción de las siguientes prácticas: de identifi­ cación fotoscópica, de analítica y de investi­ gación. Pues bien, desde el punto de vista de las competencias de este Ministerio, y en re­ lación con las funciones que están llamados a desempeñar los detectives privados en cuanto personal auxiliar y colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de prevención y represión de hechos delicti­ vos, la normativa de seguridad privada se limita a establecer la formación que, como mínimo, debe adquirir y acreditar dicho per­ sonal para el desempeño de tales funciones con todas las garantías.
Si, a efectos de habilitación de detectives, se pueden considerar títulos propios, distin­ tos al de detective privado, que contengan el programa que determina la Secretaría de Estado de Seguridad, titulación suficiente para la citada habilitación: Tal y como se ha señalado con ante­ rioridad, el apartado séptimo de la repetida Orden de 7 de julio de 1995 dispone que "a los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado, el diplo­ ma acreditativo a que se refiere el artículo 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Priva­ da habrá de corresponder a la formación a que se refiere el apartado quinto de la pre­ sente Orden y será el expedido por los insti­ tutos y centros que en el mismo se mencio­ nan".
durante tres cursos lectivos. En consecuencia, entiende esta Secre­ taría General Técnica que, siempre que se den tales circunstancias, es decir, que la for­ mación sea impartida por un centro habilita­ do por el Ministerio de Educación y Ciencia; que el programa de materias incluya las con­ tenidas en el anexo 5 de la Resolución de 19 de enero de 1996, de la Secretaría de Esta­ do de Interior; y que su duración sea de tres años lectivos, comprendiendo ciento ochenta créditos, la formación obtenida debe ser con­ siderada válida para obtener la habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado, y a tales efectos debe expedirse el correspondiente diploma por los institutos o centros en los cuales se haya impartido. Y todo ello con independencia de que en tales institutos o centros se impartan otras enseñanzas o se expidan otros títulos diferentes al específico de detective privado. Entender lo contrario llevaría al absurdo de considerar que el poseer una formación más amplia que la que corresponde a la titulación de detective privado (por ejemplo, una licen­ ciatura en criminología), no serviría como ti­ tulación suficiente a efectos de la habilitación necesaria para el ejercicio de dicha profe­ sión, por el sólo hecho de que adopte una denominación distinta, a pesar de que se hayan superado sobradamente los conoci­ mientos y materias establecidos como míni­ mos por la Secretaría de Estado de Seguri­ dad.
A juicio de este Centro Directivo no se está estableciendo un requisito académico consistente en estar en posesión de un de­ terminado nivel de estudios o de un título ofi­ cial (como es la exigencia del título de bachi­ ller o la formación profesional de segundo grado), sino un requisito de habilitación que exige acreditar una formación suficiente y adecuada, a través de la obtención de lo que se ha dado en llamar "diploma de detective privado". Por ello dice el apartado séptimo, antes trascrito, que el diploma se correspon­ derá con la formación recibida, la cual, en todo caso, debe incluir las materias que de­ termine la Secretaría de Estado de Seguri­ dad y comprenderá ciento ochenta créditos, cada uno de ellos correspondiente a diez horas de enseñanza, desarrollados al menos 10
Si centros de formación vinculados a Uni­ versidades extranjeras pueden impartir la formación de detective privado y si este título puede admitirse como titulación suficiente para la habilitación en el caso de que el pro­ grama se ajuste al aprobado por la Secreta­ ría de Estado. La respuesta a esta cuestión ha de ser necesariamente igual a la del punto 1, es de­ cir, debe ser el Ministerio de Educación y Ciencia el que otorgue, a solicitud del centro concreto.. la correspondiente habilitación pa­ ra impartir la formación conducente a la ob­ tención del diploma de detective privado. Te­ niendo en cuenta que la concesión de tal habilitación habrá de estar supeditada, entre otros requisitos, a que su programa se ajuste
Seguridad Privada al aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad, debe concluirse que, en el su­ puesto de que el Ministerio de Educación y Ciencia concediese habilitación a un centro vinculado a una Universidad extranjera, el título que expida dicho centro servirá como titulación suficiente a efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado.
Si cualquier centro de formación vincula­ do a una Universidad puede impartir la for­ mación de detective privado.
Esta cuestión se considera, asimismo, con­ testada con las consideraciones anterior­ mente expuestas. Secretaría Gral. Técnica (M. del Interior)
SERVICIOS DE VIGILANCIA EN DEPÓSITOS COMERCIALES DE EXPLOSIVOS
1. Respecto a las actividades para las que deben estar autorizadas las empresas de seguridad contratadas para la prestación de servicios de vigilancia en depósitos de explosivos, debe partirse de una diferencia­ ción previa: Así, una cosa es que una determinada persona física o jurídica, titular de un depósi­ to comercial de explosivos, deba contratar – por imperativo del Reglamento de Explosi­ vos- un servicio de vigilantes de seguridad, especialidad de explosivos, a través de una empresa de seguridad, y otra cosa distinta es que las empresas de seguridad puedan efectuar, si están autorizadas para ello la ac­ tividad de depósito de explosivos. En el primer caso, al no ser la empresa de seguridad la que ostenta la titularidad del depósito de explosivos, es obvio que su fun­ ción, ejercida a través de los correspondien­ tes vigilantes de explosivos, se encuadra en la actividad contemplada en la letra a) del Art. 1 del Reglamento de Seguridad Privada: vigilancia y protección de bienes, estableci­ mientos, espectáculos, certámenes o con­ venciones. Por tanto, la empresa de seguridad contratada para la prestación del servicio de vigilancia de un depósito comercial de explo­ sivos en los términos previstos en el Regla­ mento de Explosivos y en su Instrucción Técnica Complementaria, número 1, deberá estar autorizada e inscrita para dicha activi­ dad, sin perjuicio de que pueda o no estarlo para cualquier otra de las legalmente esta­ blecidas. Por el contrario, en el caso de que la empresa de seguridad sea contratada para realizar la actividad de depósito, es decir, el almacenamiento y custodia de los explosivos en sus propios depósitos, es evidente que la actividad para la que tiene que estar autori­ zada la empresa es la contemplada en la le­ tra c) del Art. 1 del Reglamento de Seguri­ dad Privada: depósito, custodia, recuento, etc., de objetos valiosos o peligrosos.
2. El Reglamento de Explosivos, apro­ bado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, dispone en su artículo 4, apartado 3 que: “Los servicios de vigilancia y protec­ ción inmediata que, conforme a las dis­ 11
Seguridad Privada posiciones vigentes, no estuvieran re­ servados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, competentes en esta materia, únicamente se podrán encomendar a personal específicamente determinado en la Ley y Re­ glamento de seguridad Privada...” Este personal específicamente deter­ minado en la Ley y Reglamento de Segu­ ridad Privada es aquél que se halle en po­ sesión de la habilitación especial de vigilante de explosivos, según se desprende de lo es­ tablecido en el Art. 11, apartado 2 de la Ley de Seguridad Privada y Art. 38.2 de su Re­ glamento. zar la contratación de un servicio de seguridad, deberán determinar bajo su responsabilidad la adecuación del servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de seguridad que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia,, por escrito, las indi­ caciones procedentes.” CONCLUSIONES a) Tratándose de un depósito co­ mercial de explosivos cuya titulari­ dad no pertenezca a una empresa de seguridad, la vigilancia del mis­ mo podrá realizarse por empresas de seguridad que estén autorizadas solamente para la actividad de vigi­ lancia y protección (Art. 5.1.a) de la Ley de Seguridad Privada, y Art. 1.1.a) de su Reglamento de desa­ rrollo), sin perjuicio de que puedan estarlo también para otra u otras ac­ tividades. b) La vigilancia y custodia, tanto en las instalaciones donde se encuen­ tren los explosivos, como en los lu­ gares de consumo, así como los re­ gistros y cacheos a que se refiere el Reglamento de Explosivos, deberá realizarse, en todo caso, por vigi­ lantes de seguridad que se hallen habilitados en la especialidad de ex­ plosivos. c) El número de vigilantes de explo­ sivos, para la realización de estas tareas de vigilancia, custodia y ca­ cheo, dependerá de cada situación concreta, debiendo determinarlo la empresa de seguridad que preste el servicio, y dentro de ésta, el Jefe de Seguridad. Por último, y respecto al con­ trato que ampare dichos servicios, será suficiente con un único contra­ to, siempre que se trate de un único cliente. U.C.S.P.
3. Por su parte, el Reglamento de Se­ guridad Privada, en el Capítulo III, regula el funcionamiento de las empresas de seguri­ dad, dedicando la Sección 2ª de dicho Capí­ tulo a las empresas inscritas para las activi­ dades de vigilancia, protección de personas y bienes, depósito, transporte y distribución de objetos valiosos, explosivos u objetos pe­ ligrosos. Así, el Art. 23 del repetido Reglamento de Seguridad Privada, sobre “adecuación de los servicios a los riesgos”, dispone que: “Las empresas inscritas y autoriza­ das para el desarrollo de las activi­ dades a que se refieren los aparta­ dos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta Reglamento, antes de formali­ 12
TASA POR AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EXPLOSIVOS CON ARMA
El apartado dos del Art. 44 de la Ley 13/1196, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social establece que: “Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y actividades que, conforme a lo dis­ puesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, sobre Seguridad Privada, se describen en las tarifas del apartado cinco de este artículo.” pondientes licencias, sólo desarro­ llarán con armas de fuego las fun­ ciones indicadas en el artículo 11, en los supuestos que reglamenta­ riamente se determinen, entre los que se comprenderán....los de vi­ gilancia y protección de fábricas, depósitos o transportes de armas y explosivos..de industrias o esta­ blecimientos peligrosos que se en­ cuentren en despoblado y aquellos otros de análoga significación.” La determinación reglamentaria de los supuestos a que hace referencia el Art. 14 de la Ley de Seguridad Privada, se llevó a cabo en el Art. 80 de su Reglamento de de­ sarrollo. Este artículo distingue entre los servi­ cios que necesariamente se prestarán con armas de fuego, sin necesidad de autori­ zación alguna (los del apartado 1, letras a) y b)), aquellos cuya prestación puede impo­ nerse con armas, valoradas las circunstan­ cias que en el ,precepto de determinan (los del apartado 1, letra c) y los sometidos a au­ torización previa que se encuentran com­ prendidos en la fórmula residual del aparta­ do 2. De lo expuesto, y como contestación expresa a la consulta formulada, puede con­ cluirse que los servicios de vigilancia y cus­ todia de explosivos, que en todo caso habrán de prestarse por medio de vigilantes de explosivos, son servicios que obligatoria­ mente han de realizarse con arma de fuego. En consecuencia, no se precisa autori­ zación alguna para su prestación ni requiere devengo de tasa, por no darse el hecho im­ ponible que la motiva.
Esto es, el hecho imponible de la tasa vendría determinado por la actuación admi­ nistrativa que, en este caso, consistiría en la autorización de la prestación del servicio de vigilancia con armas. La cuestión que se suscita consiste en determinar si, en los supuestos de presta­ ción de servicios con armas para la custodia de los explosivos, es preciso autorización previa, es decir, si se da el hecho imponible que motivaría el devengo de la tasa prevista en la tarifa novena (autorizaciones de servi­ cios de vigilancia con armas...) En este sentido, el Art. 14 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Priva­ da dispone que: “Los vigilantes de seguridad, pre­ vio el otorgamiento de las corres­
PÉRDIDA DE HABILITACIÓN POR INACTI­ VIDAD, HABIENDO TRABAJADO EN EL EXTRANJERO Si el vigilante en cuestión se mantiene en la plantilla de una empresa española de seguridad privada, ejerciendo como vigilante de seguridad ininterrumpidamente, no se en­ tiende la situación descrita que determina, según él, que el vigilante tenga que hacer pruebas para desempeñar otra vez sus fun­ ciones. La normativa es clara, tan solo exige el desempeño del trabajo de vigilante de segu­ ridad en una empresa de seguridad privada acreditada como tal, independientemente del lugar donde ejerza su empleo; por lo tanto trabajar en el extranjero no significa inactivi­ dad en las funciones del vigilante, siendo computable el tiempo de trabajo fuera del te­ rritorio nacional como si se efectuara en cualquier parte del mismo. Así pues esta Unidad entiende que tra­ bajar en el extranjero durante dos o más años, no conlleva, al regresar a España, la obligación de realizar nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias. INCOMPATIBILIDAD DE POLICÍA LOCAL Y DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD EN SEGU­ RIDAD PRIVADA La Ley 53/84 de 26 de diciembre sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, desarrolla­ da por el Real Decreto 598/85, de 30 de abril, establece un muy duro régimen de in­ compatibilidades, tanto en las actividades públicas como en las privadas, dejando un reducido abanico de actividades compati­ bles. El artículo 1.3 de la citada Ley estable­ ce lo siguiente: “En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el per­ sonal incluido en el ámbito de esta ley será incompatible con el ejerci­ 14 cio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el es­ tricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”. Dentro del capitulo IV del mismo texto legal y en su artículo 11.1 se dispone lo siguiente: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la presente ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por si o mediante sustitución, activida­ des privadas, incluidas las de carác­ ter profesional, sean por cuenta pro­ pia o bajo la dependencia o al servi­ cio de Entidades o Particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Or­ ganismo o Entidad donde estuviera destinado.” La ley deja un resquicio cuando en el artículo 19 y dentro de las actividades ex­ ceptuadas hace referencia en el apartado b) a lo siguiente: “La dirección de seminarios o el dic­ tado de cursos o conferencias en Centros Oficiales destinados a la formación de funcionarios o profe­ sorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y formas que reglamentariamente se determine.” De lo expuesto anteriormente se dedu­ cen dos conclusiones: La relación directa que debe existir en­ tre la realización de una actividad privada y el desempeño diario de la labor del funciona­ rio que puede menoscabar su dedicación, rendimiento y eficacia en la función pública y que la actividad consultada no entre dentro de las excepciones a las incompatibilidades previstas en la ley.
Seguridad Privada Huelga comentar que el personal de seguridad privada carece de la condición de funcionario público. Por todo lo que antecede, es criterio de esta Unidad Central de Seguridad Privada, que la actividad de Asesor en una empresa de Seguridad Privada es incompatible con la condición de Agente de la Policía Municipal.
ASEGURAMIENTO Y PROTECCIÓN DE EFECTOS Y PRUEBAS
1) Por todos los medios se debe EVI­ TAR LA MANIPULACIÓN, DESTRUCCIÓN O CONTAMINACIÓN DE RESTOS Y EFEC­ TOS manipulados por los autores, tales co­ mo colillas, de tabaco, chicles. pañuelos, de papel usados, pasamontañas, guantes, prendas, de uso personal, armas etc. En este sentido se debe tener el máxi­ mo cuidado para que, por parte de quienes intervienen, no se añadan o dejen en el lugar del hecho dichos efectos. 2) Entre las LABORES FUNDAMENTA­ LES ante un hecho delictivo: a) b) Proteger el lugar del hecho delic­ tivo. Asegurar la no desaparición o manipulación, por parte de nadie, de los indicios y efectos del deli­ to. U.C.S.P.
Tal y como establece la Disposición Final Primera del Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero; el apartado 3 del artículo 33 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, queda redactado de la siguiente forma: NUEVA REDACCIÓN VIGENTE Artículo 33. Dotación y funciones 3. La dotación y las funciones de los vigilantes de cada vehículo de transporte y distribución de explosivos se determinarán con arreglo a lo que disponga el reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. TEXTO QUE SE DEROGA Artículo 33. Dotación y funciones 3. La dotación de cada vehículo de trans­ porte y distribución de explosivos estará integrado por dos vigilantes de explosivos, que podrán alternar la realización de las funciones de conducción, protección, car­ ga y descarga, debiendo ser permanente la función de protección.
Empresas de depósito y transporte de ob­ jetos valiosos o peligrosos: El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, establece, a lo largo de su arti­ culado, los libros-registro generales y espe­ cíficos que deben llevar las empresas de se­ guridad, determinando, asimismo, el libroregistro que llevarán los titulares de instala­ ciones de seguridad y las entidades o esta­ blecimientos obligados a tener medidas de seguridad. Los modelo oficiales de tales librosregistro fueron aprobados por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fe­ cha 16 de noviembre de 1998. a las Fuerzas y Cuerpos de Se­ guridad (Anexo 4) De igual modo, a las empresas de se­ guridad autorizadas para el ejercicio de de­ terminadas actividades, se les exige, ade­ más de los generales enumerados en el pá­ rrafo anterior, los siguientes libros-registro específicos:
Libro-registro de entrada y salida de armas (Anexo 5), a las empre­ sas autorizadas para vigilancia y protección de personas (Art. 25 R.S.P.). Libro-registro de depósitos (Anexo 7), a las empresas de de­ pósito y objetos valiosos o peli­ grosos (Art. 31 R.S.P.). Libro-registro de transportes y libro registro de títulos-valores (Anexos 8 y 9), en las empresas de transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos (Art. 34 y 35 R.S.P.). Libro-registro de revisiones (Anexo 10), en las de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguri­ dad (Art. 43 R.S.P.). Libro registro de alarmas (Anexo 11), en las empresas dedicadas a la explotación de centrales de alarma (Art. 51 R.S.P.).
Así, el Reglamento de Seguridad Pri­ vada, en su Art. 19, recoge los libros-registro que obligatoriamente deben llevar todas las empresas de seguridad, sea cual fuere la ac­ tividad o actividades para las que se encuen­ tren inscritas y autorizadas. De acuerdo, por tanto, con el citado precepto y a tenor de la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, todas las empresas de seguridad deben llevar obligatoriamente los siguientes libros-registro:
Libro-catálogo de medidas de se­ guridad (Anexo 3). Libro-registro de comunicaciones
Por otra parte, y según los Arts. 43 y 135 del Reglamento de Seguridad Privada, los titulares de instalaciones de seguridad ­ excepto domicilios privados- y las entidades o establecimientos obligados a tener medi­ das de seguridad, deben llevar el libro catá­ logo de instalaciones y revisiones a que se refiere el Anexo 12 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 16/11/1998. Teniendo en cuenta lo anteriormente
Seguridad Privada expuesto, una empresa autorizada para las actividades de depósito y transporte de obje­ tos valiosos o peligrosos, debe de llevar los siguientes libros-registro: a) Los libros-registro generales exigibles a todas las empresas de seguridad, esto es:
Libro-registro de depósitos (Anexo 7) Libro-registro de transportes y de títulos-valores (Anexos 8 y 9)
Libro-catálogo de medidas de se­ guridad (Anexo 3) Libro-registro de comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Se­ guridad (Anexo 4)
Finalmente, significar que los librosregistros generales sobre contratos y sobre personal de seguridad (Anexos 1 y 2, res­ pectivamente) fueron suprimidos por el Real Decreto 1123/2001. Igualmente, y a tenor de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única del re­ petido Real Decreto 1123/2001, se ha supri­ mido el libro-registro específico de escoltas a que se refiere el Anexo 6. U.C.S.P.
b) Los siguientes libros-registro específi­ cos:
LIBRO CATÁLOGO DE INSTALACIÓN Y REVISIÓN EN ESTABLECIMIENTOS NO OBLIGADOS
En contestación al escrito en el que formula consulta sobre el precepto que po­ dría tipificar la conducta infractora de los es­ tablecimientos mercantiles conectados a centrales de alarma, aunque no obligados a adoptar dicho dispositivo de seguridad, con­ sistente en no disponer del libro-catálogo de instalación y revisión de medidas de seguri­ dad, dado que en la resolución dictada en el recurso de alzada interpuesto por XXX contra resolución de una Delegación del Go­ bierno, que sancionó a dicha Compañía Mer­ cantil con multa de 240 euros, por no dispo­ ner del referido libro-catálogo, considerando la infracción tipificada en el Art. 24.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (en adelante LSP), se mantiene, Fundamento de Derecho Segundo, que: "El hecho de no disponer el establecimiento del libro-catálogo de Instalación y revi­ sión de medidas de seguridad, no encaja dentro del tipo Infractor descrito en el ar­ tículo 24.2 de la Ley de Seguridad Priva­ da, no debiendo ser sancionado por di­ cho hecho el titular del establecimiento", se significa lo siguiente: 1°- El artículo 135.1 del Reglamento de Se­ guridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (en adelante RSP), dispone que el librocatálogo que el precepto establece para que en el mismo sean anotadas las revisiones y puestas a punto de las medidas de seguridad instala­ das en entidades o establecimientos obliga­ dos a tener medidas de seguridad electróni­ cas, "será también obligatorio para las em­ presas Industriales, comerciales o de servi­ cios, conectadas a centrales de alarmas",' esto es, para aquellas empresas que, de manera voluntaria, se conecten con centra­ les de alarma. 2°­
2º.- Por lo que respecta al régimen sancio­ nador en materia de seguridad privada, el Art. 24.2 de la LSP dispone que; "la utiliza­ ción de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen ... será considerada infracción leve", precepto 17
Seguridad Privada que reproduce el artículo 154.3.a) del RSP, incluido en la Sección 38 del Título V, bajo el epígrafe "infracciones de los "Usuarios de los servicios de seguridad" , al tipificar como infracción leve; la utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen 3°. La cuestión que se suscita es pues si una obligación formal como es la tenencia del li­ bro-catálogo en, que se anotan las revisio­ nes debe incluirse en el concepto "utilización de un aparato o dispositivo de seguridad", que parece mas bien referirse al empleo fun­ cionamiento del aparato o dispositivo en sí mismo considerado, con abstracción de otras obligaciones que se establecen por el hecho de disponer del aparato, pero que no están integradas en él, como partes o ele­ mentos del mismo. este criterio conduce a la imposibilidad de sancionar la falta del libro-catálogo, porque no hay otro precepto de los que integran el régimen sancionador de la LSP y que desa­ rrolla el RSP, que pueda utilizarse para tipifi­ car la conducta citada, cuando la reprochabi­ lidad de la misma es evidente, al existir un incumplimiento de una obligación que, lejos de ser caprichosa, arbitraria o carente de im­ portancia, se ordena a la preservación de la eficacia de las medidas de seguridad, de for­ ma que estén y así se compruebe y se haga constar, en adecuadas condiciones de fun­ cionamiento, haciéndolas servir para el fin propio que justifica su instalación, evitando, cuando de la conexión con central de alarma se trata, no solo una eventual falta de opera­ tividad de la medida cuando el hecho delicti­ vo tuviera lugar, sino el mucho más frecuen­ te funcionamiento innecesario -las llamadas "falsas alarmas"- que provocan la interven­ ción de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin motivo, con las graves consecuencias que ello comporta.
La contestación que se dé a esta cues­ tión dependerá obviamente de la considera­ ción amplia o estricta del aludido concepto, ya que en el primer sentido, podría entender­ se que el libro-catálogo es un elemento ane­ jo al dispositivo de seguridad, para cuya co­ rrecta utilización es preciso disponer del li­ bro, mientras que en el segundo, y al quedar excluido de lo que es propiamente el aparato o dispositivo, no podría entenderse que su funcionamiento o utilización abarca también el libro catalogo. 4°. Así las cosas, y aun cuando la resolución del recurso a que se alude en el escrito ha optado por mantener el criterio estricto que se ha mencionado, no cabe desconocer que 18
Por ello, y tras ponderar los distintos criterios interpretativos referidos, y las con­ secuencias derivadas de su aplicación, y en­ tendiendo que es absolutamente necesario mantener la vigencia y eficacia de la obliga­ ción que para las empresas conectadas con centrales de alarma establece el Art. 135.1, párrafo 2° del RSP, vigencia que desapare­ cería si su incumplimiento no fuera objeto de sanción, se considera que se debe mantener que dicho incumplimiento es sancionable al amparo del artículo 24.2 de la LSP, en rela­ ción con el artículo 154.3.a) del RSP, criterio este que se aplicará en adelante en la reso­ lución de los recursos que se interpongan contra las resoluciones que sancionen la ci­ tada infracción. Secretaría Gral. Técnica (M. del Interior)
Damos a conocer en esta Sección, Fundamentos de derecho extraídos de senten­ cias relativas a cuestiones de seguridad privada. reflexiones sobre la vigencia de un derecho transitorio. (D.T. octava) del R.D.2364/94 de 9 de diciembre que, refiriéndose a situacio­ nes preexistentes y consolidadas bajo la nor­ mativa anterior, va dejando para ulterior de­ sarrollo reglamentario aspectos concretos de acceso a la nueva titulación, condiciones personales... etc. Ya de entrada hemos de dejar perfec­ tamente claro que estas previsiones transito­ rias nunca serían aplicables al caso concreto por el simple e indiscutible dato de que quien actuaba como vigilante nunca con anteriori­ dad había desempeñado funciones de segu­ ridad y si eso es evidente, menos sentido tie­ ne la referencia a un R.D. 1123/01 de 19 de octubre como norma de cobertura a una si­ tuación denunciada en fecha muy anterior. Lo que pretende sencillamente la parte es que al amparo de la D.T. octava del Re­ glamento vale todo y en cualquier tiempo en tanto se dicte alguna norma de contenido re­ glamentario que se supone interrumpe cual­ quier plazo de dos años previsto en las D.D. T.T tercera y cuarta de la ley 23/92 para la adaptación en cuanto al antiguo personal de seguridad. Fundamento de Derecho Cuarto Tal vez nos hayamos extendido en de­ masía al dar respuesta a un planteamiento que posiblemente no mereciera otra que la simple trascripción de las normas, pero el Tribunal ha preferido esta vía en aras de dar cumplida explicación. Lo que desde luego no merece una amplio comentario, pues se desautoriza por sí solo, es el primer argumento, la utilización de personal habilitado porque indirectamente el Ministerio así lo ha querido o, al menos, propiciado. Este planteamiento no es sino un caso más de las decenas de otros que se han ofrecido en casos idénticos. La persona no estaba habilitada, y se reconoce, y si no lo 19
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Ad­ ministrativo. (Sentencia Nº 22 de 20/01/04, Recurso 308/02)
Fundamento de Derecho Primero “Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo resolución de la Dirección General de la Policía que impuso a la recurrente sanción de multa de 1202,20 € por infracción prevista en el Art. 22.2.e de la Ley 23/92 de 30 de julio de Seguridad Priva­ da. Fundamento de Derecho Segundo Los hechos que determinaron el expe­ diente y la sanción se produjeron en un esta­ blecimiento donde se detectó la presencia de un vigilante de seguridad de la empresa sancionada sin que tal vigilante estuviese documentado con la habilitación necesaria por las autoridades del Ministerio de Interior. Fundamento de Derecho Tercero En descargo de las imputaciones opo­ ne la parte que el vigilante inhábil había su­ perado el curso de formación previa y el Mi­ nisterio no había convocado pruebas de habilitación con la periodicidad que exigía el mercado de servicios, por lo que se necesi­ taba acudir a personal no habilitado. Después hace un extrañísimo juego de
Seguridad Privada estaba, no podía asumir funciones de seguri­ dad y si la empresa ha de atender deman­ das y no cuenta con personal bastante, res­ trinja su actividad de acuerdo con sus reales disponibilidades e infraestructura, a menos que considere económicamente más renta­ ble arriesgar la denuncia y sanción que per­ der el cliente. Son tantos los expedientes se­ guidos por hechos idénticos, que fundadamente cabe pensar que no todas las infrac­ ciones se detectan y el beneficio económico en juego es de mayor entidad que el riesgo. Fundamento de Derecho Quinto Como reiteradamente venimos dicien­ do, la empresa ha sostenido un recurso ad­ ministrativo y otro judicial sin el menor funda­ mento, lo que le hace acreedora a la conde­ na en costas. Por todo, FALLAMOS Fundamento de Derecho Segundo. Que con desestimación del recurso inter­ puesto en representación de XXXX, debe­ mos declarar y declaramos ajustadas a dere­ cho las resoluciones recurridas, con costas a la actora. Contra la presente no cabe recurso ordinario alguno”. Juzgado Central de lo Contencioso Admi­ nistrativo Número 5, Sentencia 138/2005, de 26 de mayo de 2005 (Recurso 75/2004) Fundamento de Derecho Primero (.....) Los hechos en que se sustenta la resolución originaria consisten en la realiza­ ción de servicios de vigilancia y protección en la Sala de Fiestas XXX por el empleado Don X, no autorizado ni inscrito en el Regis­ tro del Ministerio del Interior. Según las actas (...) el trabajador se encontraba en la puerta de entrada de la Sa­ la de Fiestas con vestimenta propia de em­ presas de seguridad, llevando una funda portacargador de pistola y en su interior un “spray” de autodefensa, así como una placa con la inscripción VIGILANTE DE SEGURI­ DAD, si bien el espacio reservado para el número de tarjeta profesional estaba sin gra­ bar. El recurrente alega que no se presta­ ban servicios de seguridad en la Sala de Fiestas y si Don X realizaba servicios de se­ guridad y portaba los elementos reseñados, lo era a título personal sin el consentimiento de la empresa. (.....) siendo significativo, además de lo consignado respecto a los elementos que portaba el trabajador, que el titular del esta­ blecimiento declaró que habiendo rescindido un contrato con la empresa de seguridad “X” realizó uno nuevo con la denominada “Y SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS”. Por lo demás, es un argumento tan reiterado en esta clase de asuntos, como re­ tórico y sin potencialidad de convencimiento, que fue el trabajador quien asumió por si mismo el desempeño de las funciones de vigilancia y seguridad. 20 Sostiene el recurrente que las funcio­ nes de su trabajador eran las propias de por­ tero, facilitando el acceso, recogiendo vasos, guardarropa y similares.
El apartado tercero de la Orden Ministe­ rial de 23 de abril de 1997, por la que se con­ cretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, establece las medidas de seguridad específicas en entidades de cré­ dito, disponiendo que: 1.- "En los establecimientos u oficinas de las entidades de crédito donde se custodien fon­ dos o valores, deberán ser instaladas con ca­ rácter obligatorio las medidas de seguridad es­ pecificadas en los apartados b), c) y f) del artí­ culo 120.1 y en el artículo 122.1 del Reglamen­ to de Seguridad Privada”. Por tanto, todos los bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito, cualquiera que sea la población de la localidad donde se ubiquen, deberán contar obligatoriamente con las siguientes medidas de seguridad: número de robos con intimidación "conocidos", producidos en las entidades de crédito existen­ tes en dichas localidades, en los dos años na­ turales anteriores a la fecha de entrada en vi­ gor de esta Orden, según la estadística elabo­ rada por la Secretaría de Estado de Seguri­ dad) deberán contar con una de las tres que se citan a continuación:
Dispositivos electrónicos con capacidad para detectar el ataque a cualquier ele­ mento de seguridad física donde se cus­ todien efectivos o valores. (Art. 120.1.b) Pulsadores u otros medios de accionamiento fácil de las señales de alarma. (Art. 120.1.c) Carteles u otros sistemas de información de análoga eficacia, anunciadores de la existencia de medidas de seguridad, con referencia expresa al sistema de apertu­ ra automática retardada y, en su caso, al sistema permanente de captación de imágenes. (Art. 120.1.f) Caja fuerte protegida con los dispositivos de bloqueo y apertura automática retar­ dada, Cuando su peso sea inferior a 2000 kilos, estarán, además, ancladas, de manera fija, en estructuras de hormi­ gón armado, al suelo o al muro. (Art. 122.1).
El recinto de caja a que se refiere el artí­ culo 120.1.d) del Reglamento de Seguri­ dad Privada, con el nivel de blindaje que se determina en el apartado sexto de es­ ta 'Orden. Se entiende por recinto de ca­ ja el destinado a disponer de las cajas auxiliares en su interior. El control de accesos previsto en el artí­ culo 120.1.e) del Reglamento de Seguri­ dad Privada, con el nivel de blindaje que se determina en el apartado sexto de la presente Orden. Dispensadores de efectivo adecuados a lo dispuesto en el artículo 122.3 del cita­ do Reglamento y en el apartado decimo­ tercero de esta Orden, cuando su insta­ lación sustituya a todas las cajas auxilia­ res. De mantenerse alguna caja auxiliar, será preciso que ésta se encuentre de­ ntro del recinto de caja.
3.- En todo caso, deberán contar con una de las tres medidas indicadas, y con la regulada en el artículo 120.1.a), del Reglamento de Se­ guridad Privada, las oficinas que no estando afectadas por lo dispuesto en el artículo 120.2, párrafo primero, de dicho Reglamento (localidades con población inferior a 10.000 habitantes y no cuenten con más de 10 em­ pleados), se ubiquen en:
2.- Además de tales medidas de seguridad, los citados establecimientos u oficinas de las enti­ dades de crédito donde se custodien fondos o valores, en los que concurran las circunstan­ cias del número 3 de este apartado tercero (poblaciones con 10.000 habitantes o más y el
Capitales de provincia. Localidades de provincias, cuyo número de robos con intimidación en entidades de crédito, supere la media de 100, en los dos años a que se refiere el número 3 de este apartado cuarto, las cuales se relacionan en el Anexo número 1. Localidades con una población superior a los 50.000 habitantes y que se relacio­ nan en el Anexo número 2.
De todo lo que antecede, puede concluir­ se que las medidas de seguridad que la nor­ mativa de seguridad privada exige, en general, para los Bancos, Cajas de Ahorro y demás En­ tidades de Crédito son: medidas deberán instalar:
Equipos o sistemas de captación y regis­ tro de imágenes.
y una de las tres medidas siguientes: Equipos o sistemas de captación y regis­ tro de imágenes. Dispositivos electrónicos capaces de de­ tectar cualquier ataque a los elementos de seguridad física. Pulsadores de accionamiento de señales de alarma. Recinto de caja. Control individualizado de accesos. Dispensadores de efectivo. Carteles anunciadores de las medidas de seguridad. Caja Fuerte Conexión a Central de Alarmas.
2.- Poblaciones con más de 10.000 habitan­ tes. A todas las localidades con población superior a los 10.000 habitantes de las provin­ cias de Madrid, Barcelona y Valencia y aque­ llas otras que, superando esta población, pue­ dan demostrar a través de la estadística elabo­ rada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que el número de robos con intimidación co­ metidos en las entidades de dichas localidades en los dos últimos años es superior a 100, le son exigibles las siguientes medidas de seguri­ dad:
Las características de estas medidas de seguridad, tal y como se expone en los párra­ fos anteriores, se encuentran recogidas en el Capítulo II del Reglamento de Seguridad Priva­ da, concretamente en los artículos 119, 120 y 122 y en la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, apartado tercero de su Capítulo II. De las medidas de seguridad enumera­ das, son exigibles a todos los Bancos, Cajas de Ahorros y Entidades de Crédito las siguien­ tes:
Dispositivos electrónicos capaces de de­ tectar cualquier ataque a los elementos de seguridad física. Pulsadores de accionamiento de señales de alarma. Carteles anunciadores de las medidas de seguridad. Caja Fuerte. Conexión a Central de Alarmas.
Equipos o sistemas de captación y regis­ tro de imágenes. Dispositivos electrónicos capaces de de­ tectar cualquier ataque a los elementos de seguridad física. Pulsadores de accionamiento de señales de alarma. Carteles anunciadores de las medidas de seguridad. Caja Fuerte. Conexión a Central de Alarmas
Sin embargo y en función de diferentes facto­ res, la normativa establece los siguientes su­ puestos: 1.- Poblaciones con menos de 10.000 habi­ tantes: Le son exigibles únicamente las cinco medidas enumeradas en el párrafo anterior, con la excepción de que, si alguna de la ofici­ nas bancarias ubicadas en estas localidades tiene más de 10 empleados, además de éstas
3.- Capitales de provincia y poblaciones con más de 50.000 habitantes. Independientemente de cualquier otra circuns­ tancia, le serán siempre exigibles las medidas de seguridad enumeradas para el supuesto anterior. U.C.S.P.
El pasado día 14 de abril se celebró en Cantabria el “Día de la Seguridad Privada”. Presidió el acto el Presidente Regional, Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla Roiz, asis­ tiendo igualmente el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, D. Agustín Ibáñez Ramos, el Presi­ dente del Parlamento de Cantabria y diversas autoridades regionales y locales, así como el Comisario General de Seguridad Ciudada­ na, Jefe Superior de Cantabria, el Comisario, Jefe de la Unidad Central de Seguridad Priva­ da, el Jefe de la Unidad Territorial de Seguri­ dad Privada y representantes del sector em­ presarial. Se entregaron 49 Menciones Honoríficas a Vigilantes de Seguridad y Detectives, así co­ mo 9 distinciones a personal de empresas de Instalación. Igualmente fueron entregadas por parte de las empresas de seguridad, distinciones, consistentes en una réplica en plata del Pala­
cio de la Magdalena, a la Sala del 091, Brigada de Información, COS, Director de Seguridad de Caja Cantabria y Policía Local de Santan­ der Se celebraron los actos en los salones del Hotel Bahía de Santander, con asistencia de un nutrido grupo de familiares y amigos de los distinguidos. Se abrieron los actos con una actuación folclórica regional y terminando, tras los co­ rrespondientes discursos, con un vino español a los asistentes. El Presidente Revilla, agradeció la labor tanto de los agentes de seguridad privada co­ mo pública: «La seguridad en España es bue­ na, y quizá todavía mejor aún en Cantabria», aseguró.
El pasado día 12 de mayo, se celebró en la Jefatura Superior de Policía de Murcia, por primera vez, el “Día de la seguridad Pri­ vada”. Presidida por el Jefe Superior de Poli­ cía junto con el Inspector de Servicios, Co­ misario Jefe de la Brigada de Seguridad Ciu­ dadana, Teniente Coronel, Segundo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Presi­ denta de la Asociación de Jefes de Policía local de la Comunidad Autónoma, Inspector Jefe de la Policía Municipal de Murcia, com­ ponentes de la Unidad Provincial de Seguri­ dad Privada y de la Unidad Local de la Co­ misaría de Cartagena, empresarios y perso­ nal de seguridad privada. Los actos comenzaron con la celebra­ ción de una misa. Posteriormente los asis­ tentes se trasladaron al Hotel Siete Coronas.
Por parte de las autoridades presentes se procedió a la entrega de veintiséis Men­ ciones Honoríficas, todas ellas de categoría “B”, concedidas durante los últimos doce meses por el Jefe Superior de Policía. Asimismo, por parte de los empresa­ rios de seguridad privada, se hizo entrega de un recuerdo de la celebración a la Jefatura Superior de Policía, a la Unidad Provincial de Seguridad Privada, así como a otras Au­ toridades e invitados. Cerró el acto el Jefe Superior de Poli­ cía, haciéndose eco del mismo la prensa lo­ cal y otros medios de comunicación de la Comunidad Autónoma.
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References: artículo 4
 artículo 51
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 artículo 3
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 artículo 14
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 artículo 54
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 artículo 11
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 artículo 135
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 artículo 154
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 artículo 24
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 artículo 122
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 artículo 120
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