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Timestamp: 2020-06-02 11:01:05+00:00

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﻿ SENTENCIA 3250 DE MAYO 6 DE 2004
SENTENCIA 3250 DE 06 DE MAYO DE 2004
CONTENIDO:REQUISITOS PARA SER ELEGIDO CONCEJAL. SE DEBE TENER LA EDAD MÍNIMA EXIGIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ELECCIÓN DEL CONCEJAL, CALIDADES PARA SER CONCEJAL, DERECHOS DEL CONCEJAL
Sentencia 3250 de mayo 6 de 2004
Rad. Nº 250002324000200301168-01
Radicación interna: 3250
Actor: Ana María Corredor Yunis
Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada contra el auto del 9 de diciembre de 2003, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en cuanto decretó la suspensión provisional del acto que declaró su elección como Concejal del Distrito Capital de Bogotá.
Mediante el auto recurrido, la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la suspensión provisional del acto que declaró la elección de Ati Seygundiba Quigua Izquierdo como Concejal de Bogotá, D.C., para el periodo 2004 a 2007, al considerar que al momento de su elección no reunía el requisito de la edad que para ser elegido en ese cargo establece el artículo 27 del Decreto 1421 de 1993, en concordancia con el artículo 177 de la Constitución Política, pues, según esas disposiciones, en la fecha de la elección el candidato debe tener 25 años de edad, y la demandada para esa fecha solo contaba 23 años y 6 meses de edad aproximadamente, como lo dedujo de la copia autenticada del registro civil de nacimiento acompañado con la demanda.
Ocurre que el Decreto 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen para Bogotá, D.C., establece en su artículo 27 lo siguiente:
Los concejales no tendrán suplente: las vacantes originadas en sus faltas absolutas serán llenadas por los candidatos no elegidos en la misma lista según el orden sucesivo y descendente de inscripción”.
Ahora, los requisitos para ser representante a la Cámara se encuentran previstos en el artículo 177 de la Carta Política, así:
De manera que, según esas normas, los concejales de Bogotá para la fecha de la elección deben tener más de 25 años de edad. Y como, efectivamente, para esa fecha —26 de octubre de 2003—, la demandada, según documento público acompañado con la demanda, tenía menos de esa edad, la conclusión que, en principio, surge, como la dedujo el tribunal, es la de que con la expedición del acto demandado que declaró la elección de la señora Quigua Izquierdo se incurrió en manifiesta infracción de las disposiciones señaladas como fundamento de la solicitud de suspensión provisional.
Debe, pues, la Sala entrar a examinar los motivos de impugnación expuestos por el apoderado de la demandada y por el impugnante de las pretensiones de la demanda, Néstor Raúl Correa Henao, para dilucidar si desvirtúan o no los argumentos del a quo para sustentar la medida de la suspensión provisional.
1. Apelación del apoderado de la demandada.
a) No es válido el planteamiento según el cual el artículo 27 del Decreto 1421 de 1993 fue derogado por el artículo 60 de la Ley 617 de 2000 y, por tanto, en punto de los requisitos para ser elegido Concejal de Bogotá, D.C., resulta aplicable el artículo 42 de la Ley 136 de 1994 que los establece respecto de los concejales. En efecto, es cierto que dicho artículo 60 preceptúa que las disposiciones en materia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para ser elegido a cargo o corporación de elección popular para el nivel municipal y distrital contenidas en el capítulo quinto de la Ley 617, rigen para Bogotá, D.C. Sin embargo, del examen del contenido de las disposiciones de ese capítulo —artículo 30 a 51—, se deduce fácilmente que ninguna de ellas se refiere a los requisitos para ser elegido concejal y, además, el citado artículo 60 remite a las disposiciones en materia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones y, en modo alguno, a requisitos para ser elegido en cargos o corporaciones de elección popular.
b) El argumento de la inaplicación del artículo 27 del Decreto 1421 de 1993 por ser incompatible con los artículos 13, 40, numerales 1º y 7º, y 93 de la Carta Política, no es aceptable, por cuanto ese punto de la inconstitucionalidad fue resuelto por el Consejo de Estado al conocer de una demanda por inconstitucionalidad de esa disposición, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. En apoyo de esa decisión, esta corporación expresó, entre otros planteamientos, los siguientes:
“Pero no debe olvidarse que existiendo la posibilidad de que el legislador establezca distintas categorías de municipios, y que el Distrito Capital tiene un régimen especial, resulta apenas natural que también los respectivos concejos tengan distintas composiciones y requisitos para acceder a ellos, sin que por eso se desconozca el derecho a la igualdad, pues en estos eventos, la igualdad no implica trato exactamente idéntico para todos, pues ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales concepto que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos.
El régimen especial y diferente señalado por la propia Constitución Política para el Distrito Capital encuentra justificación en razón al territorio, población, importancia que ocupa dentro del contexto nacional; en consecuencia, es lógico que a quienes aspiren a ocupar el cargo de concejales del Distrito se les impongan condiciones distintas y más exigentes que las previstas para los concejales del resto de los municipios, sin que con ello se desconozca ninguna de las normas constitucionales indicadas en la demanda.
No se configura entonces vulneración a ninguna de las disposiciones invocadas en la demanda de nulidad puesto que el tratamiento diferencial y especial que opera en el Distrito Capital fue previsto directamente en la Carta Política, y a ello obedece la consagración contenida en la norma demandada. En consecuencia, la Sala procederá a denegar las pretensiones de la demanda” (1) .
De modo que si el juez encargado por la Constitución de ejercer el control de constitucionalidad del Decreto 1421 de 1993 declaró que el artículo 27 está acorde con la normatividad constitucional, no es posible que otra autoridad deje de aplicarlo aduciendo su contradicción con aquella.
c) En cuanto al planteamiento según el cual se accedió a la medida provisional a pesar de que no se encuentra adecuada y debidamente formulado el petitum de la demanda, en cuanto atañe a la individualización e identificación del acto acusado, la Sala observa que si bien es cierto que de esa manera se alude a un requisito de la demanda y, por tanto, en principio a la decisión sobre su admisión, ello no descarta su análisis para efectos del estudio de la suspensión provisional, dada la incidencia y la relación entre una y otra decisión. Sin embargo, en este caso se advierte que la demanda sí reúne el requisito de la individualización con toda precisión del acto demandado, pues de manera clara y precisa en el capítulo de las pretensiones se solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró elegida a la señora Ati Quigua como concejal de Bogotá y luego se afirma que esos actos son el acta parcial del escrutinio de votos para Concejo de Bogotá, de fecha 13 de noviembre de 2003, suscrita por la comisión escrutadora general, contenida en el formato E-26 municipal, y el acta general de escrutinio practicada por la comisión escrutadora distrital entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre de 2003. Y es evidente que en la citada acta parcial del escrutinio aparece el acto por el cual se declaró la elección de la demandada como concejal de Bogotá. La circunstancia de que en el acta general de escrutinio efectivamente se hubiere consignado que los escrutadores se abstuvieron de hacer la declaratoria de la elección de concejales debido al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 3, concedido en el efecto devolutivo para ante el Consejo Nacional Electoral, en principio, no desvirtúa que efectivamente la declaratoria de la elección se hubiere efectuado mediante el acto administrativo contenido en el acta parcial de escrutinio, así coincidan las fechas de la declaración de la elección con la de concesión del recurso de apelación y de terminación del acta de escrutinio general, consignada en una y otra acta, dado que, además, el acta parcial del escrutinio de votos —formulario E-26— fue suscrita por la comisión escrutadora general, integrada por Marcos Castañeda Segura y Delma Inés Jaramillo Jaramillo, y el acta general del escrutinio fue firmada por la Comisión Escrutadora Distrital integrada por Rosalía Camargo Palacios y Carlos Héctor Tamayo Medina. Y, en definitiva, no se ha demostrado que se hubiera expedido otro acto administrativo declarando la elección de concejales de Bogotá, D.C., como para deducir que éste no se demandó y, por tanto, la demanda es inepta.
2. Apelación del impugnante.
a) El argumento relativo al embarazo de la demandada como sustento de la revocatoria del auto impugnado, no es de recibo, pues no se trata de que mediante ese acto se esté afectando a una madre trabajadora, dado que los concejales, conforme al artículo 312 de la Carta Política, no son empleados públicos y, por consiguiente, no les son aplicables las normas propias de esos servidores ni las generales de los trabajadores. La medida de la suspensión provisional de la elección no es una decisión que se adopta contra un empleado público por parte de su nominador, patrono o de la administración, como para que se pueda invocar la aplicación de normas, la jurisprudencia y de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que protegen a la mujer trabajadora. El auto impugnado corresponde a una decisión que adopta el juez competente respecto al acto de elección popular de la demandada como concejal y no implica un acto de desvinculación del servicio producido dentro de una relación de trabajo.
b) El argumento relativo a la derogatoria del artículo 27 del Decreto 1421 de 1993 es similar al planteado por el apoderado de la demandada y, por tanto, se entiende resuelto con las razones expresadas anteriormente.
c) El Decreto 1421 de 1993 no requería de consulta con las comunidades indígenas en el punto de los requisitos para ser concejal de Bogotá, pues ninguna norma constitucional o legal prevé la conformación de los concejos con miembros de esas comunidades, como sí lo hace la Constitución Política en relación con el Senado de la República y la Cámara de Representantes —artículos 171 y 176—. En la elección de concejales de Bogotá, por tanto, no hubo votación por circunscripción especial de comunidades indígenas, sino por partidos o movimientos políticos y, de consiguiente, la señora Ati Seygundiba Izquierdo no actuó en representación de una comunidad indígena, pues lo hizo en representación de un partido político. En consecuencia, para los efectos de la elección, no puede invocar normas que se refieren a esas comunidades.
En esta forma, como ninguno de los argumentos expuestos en los recursos desvirtúan la validez de la decisión de la medida de la suspensión provisional del acto de elección de la concejal demandada, la Sala confirmará el acto impugnado.
1. Se confirma el auto del 9 de diciembre de 2003, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en cuanto decretó la suspensión provisional del acto que declaró la elección de Ati Seygundiba Quigua Izquierdo como concejal del Distrito Capital de Bogotá para el periodo 2004 a 2007.
2. Ejecutoriado este auto y previas las constancias del caso devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(1) Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de fecha 4 de diciembre de 2001, expediente 11001-03-24-000-2000-6454-01, actor María Andrea Nieto Romero.

References: artículo 27
 artículo 177
 artículo 27
 artículo 177
 artículo 27
 artículo 60
 artículo 42
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 27
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 312
 artículo 27