Source: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/
Timestamp: 2018-06-19 20:27:28+00:00

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El Estado como entidad política ha sufrido una gran transformación a lo largo de los siglos, si hacemos un análisis comparativo, podemos observar claramente la incorporación de muchas figuras modernas que tienen como principio base la democracia y la libertad (entendida como un sentido amplio de garantías que brinda el Estado a los gobernados), que en los sistemas de la edad media y absolutismo no existían. Hoy en día, la tendencia de los países es ir a la búsqueda de sistemas constitucionales donde el Rule of Law, la Democracia, el equilibrio de poderes y sobre todo una buena observación, fiscalización, regulación y en dado caso la debida sanción a nuestros funcionarios públicos, debemos hacer que estos instrumentos sean una realidad pues son actividades muy importantes para el buen desempeño de nuestro país, que debemos vigilar. Estos elementos eran inimaginables por ejemplo en la época de los luises en Francia, era inconcebible el cuestionar al rey sobre los actos que llevaba a cabo, pues al único que le tenía que rendir cuentas era a Dios y nada más, eso reflejaba el grado de impunidad que se tenía, al igual que la inmunidad, pues nadie lo podía tocar. “Así en un principio la idea predominante era la de la irresponsabilidad absoluta del Estado, basada fundamentalmente en la idea de la soberanía como equivalente a la del poder omnímodo y absoluto delegado al monarca por Dios. Su infalibilidad surge de un origen divino, El rey no puede ser juzgado”[1]. Es por ello que un buen sistema de regulación de servidores públicos es muy importante para marcar la igualdad de los gobernantes y gobernados y que no por el simple hecho de ser alguien que ocupa un puesto de gobierno en cualquier escala podrá cometer abusos, al contrario, el poder se ve domesticando y limitando.
De manera clara lo decía el ex presidente y constitucionalista Woodrow Wilson “Desde el principio de la historia constitucional moderna hasta nuestros días, se ha considerado invariablemente como esencia en un gobierno constitucional, que los individuos no solo dispongan de los tribunales ante cuya autoridad puedan recurrir contra las personas que hayan desconocido sus derechos o traten de desconocerlos, sino también justicia contra el gobierno mismo y una perfecta protección contra las violaciones de la ley”. [2]
De las ideas anteriores podemos ver claramente la presencia del Estado de Derecho, donde nadie estará exento de la ley, y la misma Constitución nos dará la seguridad jurídica que en caso que las mismas autoridades de un país cometan errores al igual que cualquier otra persona, serán regulados por está y por un régimen jurídico establecido, sin importar cargo ni comisión, eso nos marca la pauta para ver como los Estados han pugnado por regular el Estado de Derecho para implementarlo a como dé lugar, aunque sea de manera material o en ley, pues de facto o en la realidad sea de otra manera, ya que hay factores contra los que tendremos que seguir luchando contra corriente para su eficaz implementación como es el caso de la corrupción, el despotismo y cinismo de algunos funcionarios, el capricho, la ineptitud o negligencia, la falta de capacitación, los interés personales de los mismos y no ver por la cosa pública, que es lo que en verdad debería de importar a todos nuestros funcionarios, para así en verdad realizar buena política ,y no jugar a ser políticos.
Antes de entrar a definir en sentido estricto el concepto de responsabilidad en relación con los servidores públicos y sus tipos de responsabilidad, nos gustaría analizar un poco qué es el Servicio Público definido como “…actividad desempeñada por organismos, dependencias, poderes, autoridades del Estado, agentes auxiliares del poder público en el ejercicio de las atribuciones legales que tienen encomendadas un pueblo determinado, llámese nación o Estado soberano”[3], consideramos que en este marco tiene mucha importancia la palabra “actividad” debido a que serán actividades encaminadas a el fin último que es el de lograr el funcionamiento y administración del Estado, serán actividades que si no existieran, la funcionalidad del Estado sería imposible, van encaminadas a la organización del poder público en sus diversas ramas (ejecutivo, legislativo y judicial) pero también se van a dividir en esferas, de acuerdo a nuestro sistema federal(municipal, estatal o federal). Por otro lado es importante destacar la importancia de la palabra “encomendados” puesto que toma un significado de acciones en pro de la sociedad y velando por el interés público, la misma Corte lo define al decir que “la prestación del servicio público debe tomar en cuenta, en todo tiempo, el interés público”[4]. Es tal el grado de importancia de las encomiendas realizadas por estos personajes que necesitan de una regulación exclusiva, puesto que va a impactar sobre toda la población las actividades que se realicen, no es que sea capricho de la Constitución, pues si se deja abierto y al libre arbitrio la regulación de la función pública el país sería ingobernable, simplemente no habría bases para limitar el poder público.
En relación a la responsabilidad de los servidores públicos debemos ser más específicos, esta va a emanar del incumplimiento de los deberes y obligaciones que la Constitución y leyes reglamentarias (ley federal de servidores públicos) les establecen, en este rubro también se engloba el romper con su competencia y las atribuciones que le fueron concebidas. Al respecto el Doctor Rolando Tamayo menciona “La responsabilidad del Estado es la obligación que tiene de proteger jurídicamente a los ciudadanos contra las decisiones arbitrarias e ilícitas de la administración pública: federal y estatal, y de sus funcionarios a consecuencia de las funciones administrativas que desempeñan en el cumplimiento de las funciones que les fueron encomendadas. [5] La definición del Doctor Tamayo es muy certera, nos pone en ese tan ansiado Estado de Derecho que buscamos, pues se establece una regulación específica para los servidores públicos para la protección de posibles fallas de estos, debemos de recordar que al igual que cualquier ser humano son personas, tienen vicios, errores que deben ser remediados por la ley en caso de que se presenten. El sistema jurídico de los servidores públicos debe tener un base muy sólida pues como sabemos ellos son los encargados de ver por la cosa pública de la sociedad, ver por qué sus actos redunden sobre la mayor parte de la población, siempre y cuando sean de carácter positivo, no deben ver por la agenda privada o de intereses personales, si esto ocurre se estaría rompiendo con un principio básico de la función. Ante esto nos permitimos establecer un criterio bajo el cual podríamos determinar las reglas básicas que permiten el tener un sistema regulado de servidores públicos:
Tendrán una regulación exclusiva bajo el régimen constitucional y sus debidas leyes secundarias.
Están sujetos a las mismas responsabilidades que los particulares, y al tener un encargo tendrán muchas mas
“La falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad del auto, responsabilidad que puede ser de orden civil, de orden penal o administrativo. Cualquiera falta lo hace responsable administrativamente, sin perjuicio de que pueda originarse, además una responsabilidad civil o penal” [6]
Funcionarios que pueden caer en responsabilidad de acuerdo a la legislación.
El servidor público, representante del servicio público y de la Nación, será el que llevara a la práctica todas esas actividades de las entidades de carácter público, a través de sus cualidades y capacidades. El artículo 108 de la Constitución Mexicana define quienes son los personajes que son capaces de incurrir en una responsabilidad como servidores públicos y por ello termina definiendo de alguna manera a los servidores públicos:
“….Se reputaran como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal del Poder judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y , en general toda personal que desempeñe un empleo, cargo o comisiones de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía….”
“El presidente de la republica durante su encargo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves en común”
“Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.”
“Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.”[7]
Esta definición nos da para mucho que analizar debido a que nos da la naturaleza del servidor público en México, que tendrá la características de ser elegido tanto popularmente (legisladores, presidente, gobernadores, etc.) o por nombramiento de un superior jerárquico o mandato de la ley debido a que son especialistas en alguna materia en específico, (ministros, jefes del despacho, jefes de las oficinas de gobierno, etc.) ocupando todos los puestos dentro de la administración pública federal, local o municipal, también son determinados por un cierto tiempo (legisladores) o pueden ser quitados del mismo por determinación de los superiores (caso de los secretarios del despacho o jefes de Estado), como otra de las características se encuentra que desempeñaran ciertas funciones específicas y limitativas, no podrán hacer lo que no se les esta encomendado, tienen una responsabilidad determinada.
El texto constitucional es muy explícito al determinar quiénes son los que incurrirán en la responsabilidad cuando en sus funciones algo se lleve a cabo de manera indebida y que perjudicara al servicio público. El problema va a radicar que el sistema de responsabilidad no se va a aplicar de la misma manera para todos pues dentro del mismo sistema, algunos tendrán inmunidad política y otros no gozaran de ella.
La palabra fuero puede ser ocupada en varias connotaciones, en este caso haremos tan solo una comparación para esclarecer que quiere decir nuestra Constitución en el momento que pretende proteger la función pública de algunos servidores.
El fuero históricamente constituía privilegios para ciertos sectores o grupos fácticos de la población, como era el caso de los religiosos y los militares, tenían grandes prerrogativas que hacían que fueran diferentes a los demás integrantes de la sociedad, sólo hace falta recordar las grandes cantidades de tierras que tenían las compañías religiosas y el presidente Juárez las quito de sus manos para que pasaran a ser del Estado. Hoy en día este es un elemento inconcebible en un sistema constitucional como el nuestro en el cual el artículo primero nos detalla la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, que se puede traducir en la igualdad de todos los gobernados ante la misma. A su vez el artículo 13 constitucional marca la igualdad ante la ley aboliendo fueros y privilegios. Esto nos lleva a recordar algunas ideas de Emanuel Sieyes, autor francés que nos mencionaba los privilegios que tenía la sociedad francesa en época del absolutismo, y que se concluía que no es bueno darle privilegios a ciertos grupos que serán la minoría debido a que con el tiempo la mayoría de los gobernados al ser , valga la redundancia, más en número, adquieren poder y se podrán revelar contra los privilegiados y terminar en algo de carácter violento.
Felipe Tena menciona “la Constitución considera responsables de toda clase de delitos y faltas a los funcionarios públicos, incluyéndolos así en el principio de igualdad ante la ley. No obstante la Constitución ha querido que durante el tiempo en que desempeñen sus funciones, algunos de estos funcionarios no puedan ser perseguidos por los actos punibles que cometieran, a menos que previamente lo autorice la correspondiente cámara de la unión. De este modo el sistema que nos proponemos estudiar no erige la impunidad, sino la inmunidad durante su tiempo de encargo” [8] Esto nos da la pauta para delimitar qué servidores públicos desarrollaran una función que les es encargada por la sociedad y para ello la Constitución misma ha revestido de una protección a ciertos cargos públicos de vital importancia en el desarrollo de las funciones de la población, esto con el fin de que sean protegidas las actividades que estos realizan durante su encargo pues si no existiera este mecanismo todos los servidores públicos serían cuestionados todo el tiempo con el afán de interrumpir sus funciones, pero al estar irrumpiendo en estas, se tendría un merma sobre la misma sociedad. En ningún momento se le está dando prerrogativas al funcionario, pues si así fuera sí estaríamos hablando de impunidad, en dado caso las prerrogativas se darían al ENCARGO PUBLICO, pero más que prerrogativas serían garantías para un buen desempeño del mismo. En el momento que termina el mandato para el que se le estableció el fuero, este último también se termina respecto a la persona, no al encargo, hablaríamos de impunidad si el fuero se fuera a la tumba con los representantes.
Reflexionando sobre la importancia del fuero, consideramos que sí es una figura indispensable para la protección de la función pública. Lo relacionamos directamente con los medios de comunicación y la opinión pública, la cual muchas veces hace acusaciones a nuestros representantes sin fundamento alguno más que la especulación, si no existiera el fuero nuestro país podría no tener legisladores debido a que de cualquier cosa se le seria acusados, se les podría acusar de elementos tan fantasiosos con traición a la patria o cualquier otro elemento de índole especulativa y sin fundamentos. Maribel Martínez Robledos nos menciona otra característica del fuero “la inmunidad parlamentaria no busca un ámbito de exención para los posibles ilícitos cometidos por diputados, sino solo permitir la comprobación de que tras una acusación penal no hay un intento político o partidista de privar a la Cámara de uno de sus miembros”[9], elemento que nos remonta a pensar de nuevo en que a veces lo que se dice no siempre es verdad y por ello se establecen tiempos para poder probar, sin afectar la función pública, el desarrollo y gestión del encargo.
Es importante mencionar que el fuero se puede perder y al respecto Tena Ramírez menciona que “La privación del fuero, a fin de que reaflore sin cortapisas la responsabilidad del servidores público, es lo que se constituye como desafuero”[10]. Maribel Martínez Robledos nos da una clara clasificación de cuando un servidor pierde el fuero y puede ser juzgado, como cualquier persona, por un tribunal común:
“a) Cuando se concede licencia del cargo,
b) Cuando termina su mandato o encargo,
c) Cuando el funcionario es hallado culpable después de haberle incoado juicio político y la sentencia ordene que sea separado de su cargo,
d) cuando se haya sometido a un juicio de procedencia se haya declarado positivo el desafuero”[11]
En el caso de la licencia nos gustaría enfatizar por qué se pierde el cargo y Tena Ramírez menciona “Por virtud de la licencia el funcionario abandona concomitantemente y simultáneamente el fuero hasta el momento en el que por haber cesado la licencia regresa a la función. La licencia persigue generalmente por objeto que el funcionario pueda dedicarse a otro empleo o comisión; incompatible con las funciones protegidas por el fuero”[12]. Con esto una vez más podemos observar que lo que pretende proteger el fuero será la función de los servidores, no al servidor, sería absurdo el dotar de inmunidad a los servidores cuando por diferentes circunstancias decidieron separarse del cargo, la función será la protegida. Otra idea que nos ayuda a reforzar lo mencionado es que “aquellos (servidores públicos) cuyas funciones son protegidas por las constituciones de los estados, el resto de las personas que prestan servicio público pueden ser sometidas, en cualquier momento y lugar, a la acción penal y a los procedimientos correspondientes”[13].
“Se determina a través de un juicio político y procede contra aquellos servidores públicos federales, estatales y del Distrito Federal que desempeñen cargos de especial importancia, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que afecten los intereses públicos fundamentales”[14]
La Constitución en su artículo 109 fracción primera nos hace un señalamiento de la misma clase al mencionar “Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede juicio político por la mera expresión de ideas.”
Los preceptos citados no nos mencionan nada en relación a “los actos y omisiones que redunden en perjuicio”, así que debemos de esclarecer por medio de la ley de servidores públicos, en qué consisten estos actos. Al respeto el artículo 7 de la ley de servidores públicos[15] menciona:
Redundan en perjuicio de los intereses del buen despacho:
1.-El ataque a las instituciones democráticas
2.-El ataque a la forma de gobierno republicana
3.-Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales
4.- El ataque a la libertad de sufragio
5.-La usurpación de atribuciones
6.-Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause
Perjuicios graves para la federación, o motive algún trastorno a las instituciones
7.-Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior
Las faltas a las que se refiere el artículo son en resumen “VIOLAR LA CONSTITUCIÓN”, algunas de ellas son un poco más amplias como la 6 y 7, al mencionar “cuando cause perjuicios graves” “omisiones de carácter grave”, ya que constituyen un plano muy subjetivo, como reflexi´pn derivada del análisis podemos determinar que tiene que ser tal el perjuicio que no permita el debido funcionamiento de la Federación y sus instituciones, es decir que se vuelvan inoperantes. También debemos de tomar en cuenta que será un daño que se plasmará en toda la sociedad, pues la Constitución es una norma aplicable a toda la Nación y que redunda en todas las instituciones, sin excepción. A su vez se va a proteger a la democracia al velar por el mismo sufragio.
Nos parecen muy importantes las 3 primeras fracciones, sin excluir a las demás, pues somos un país que históricamente lucho por crear una forma de gobierno y Estado lo más alejada del despotismo y hemos velado por el Estado de Derecho, así en estas fracciones se pone de manifiesto que nadie a capricho atentará contra esos logros que hemos logrado a través de los siglos, regulados en nuestra Constitución, son logros que nos han costado y nos siguen costando, el sistema actual está hecho para rendir frutos y ante ello lo debemos de resguardar y cuidar, el problema, como diría Sartori en su libro de 30 lecciones de Democracia, es que no sabemos qué hacer con él, refiriéndose el anterior autor a la Democracia, pero no sabemos qué hacer con nuestra Constitución, la simbiosis entre ley y sociedad aun no llega, esperemos no tarde demasiado.
La palabra juicio tiene varias connotaciones, para E. Mascareñas y Buaventura Pellise, juicio es “la institución mediante la cual se da la solución jurídica a los conflictos entre partes, sometiéndose a la decisión del juez”[16] por otro lado Ignacio Burgoa Orihuela al respecto menciona “juicio equivale a proceso y que juicio es un pronunciamiento en un tribunal formula un fallo que resuelve una controversia”[17].Estos conceptos son en sentido amplio, nosotros tratamos de ver la esencia del juicio político y sus características, pues no es un juicio ordinario como cualquier otro, aunque al final buscará el resolver una controversia de carácter jurídico. Aquí cabría preguntarnos ¿Por qué surge el juicio político? Al respeto Raúl Cárdenas afirma que el juicio político “es el juicio de la opinión, de la conciencia pública y de la confianza porque existen funcionarios que sin haber cometido hechos delictivos propiamente dichos, pierden la confianza pública constituyéndose un estorbo para las mejoras y progresos de la colectividad, el juicio político se constituye cuando el funcionario ya no merece la confianza pública”[18] Esta idea nos da una posible razón que es la perdida de la confianza en los servidores públicos, pero en nuestra Constitución este elemento subjetivo de la confianza no se ve regulado, para que exista el juicio político debe darse uno de los elementos citados de la ley de responsabilidades, elementos materiales, como es el caso de delitos, faltas o daños en perjuicio de la sociedad, sin embargo nos agrada más el concepto de la CONFIANZA, pues al momento que estos incurren en alguna falta, sin la necesidad de que sea un delito, ese depósito que se les fue hecho por la sociedad se pierden. Este concepto fue incluido en nuestro sistema para luego desaparecer “En los registros del Congreso Constituyente de 1856-1857,diputados como Ocampo, Zarco, sostuvieron que la esencia del juicio político atiende al fenómeno de la confianza que el servidor público le debe a la sociedad”[19]
Por otro lado Enrique Bringas menciona “El juicio de responsabilidad del que conoce la Cámara de senadores actuando con gran jurado es un acto eminentemente político. No busca la justicia ni castigar con vista de enmendar. No es imparcial ni está exento de perjuicios. Es ante todo, un instrumento de poder”[20] Respeto a esta idea podemos determinar que es un instrumento regulado en la Constitución, a través del cual el Congreso de la Unión o el Poder Judicial atenderán casos en donde haya violaciones a la Constitución de carácter grave, se conformará en un tribunal especial y ahí se van a determinar las responsabilidades de los servidores y su debida sanción. Esto ayuda a que se garantice el buen cumplir de la Constitución.
El artículo 110 constitucional en sus fracciones tercera, cuarta y quinta regula esta Institución, la primer fracción va a establecer las consecuencias, es decir, las sanciones “las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”, es una sanción que los priva de la función y por tanto de su fuero, sin embargo cabe resaltar que aunque sean juzgados por un ente político, estos pueden ser juzgados después por un órgano común y corriente por alguna responsabilidad administrativa, penal o civil, claro que si es después de la política, el fuero ya no lo tendrían, la Constitución regula las materias que son susceptibles de ser juzgadas a los servidores públicos antes o después del juicio político. Es importante mencionar que la sentencia que sea emitida no tendrá pacto en contrario, es una sentencia que tiene valor definitivo, sin embargo la Constitución contempla el debido proceso, por ello el servidor tiene la capacidad de defenderse y de tener su debida audiencia, aunque no podrá ejercer apelación alguna a menos que esta sea violada por el órgano jurisdiccional constituido. Los párrafos tercero y cuarto del artículo 110 nos señalan que el jurado que va a acusar al servidor público será la Cámara de diputados, esta presentará su acusación a la Cámara de senadores, aunque antes deberá de existir una mayoría de la de diputados, el servidor deberá estar presente con su respectivo derecho de audiencia. El jurado que emitirá la sentencia será la Cámara de senadores si las dos terceras partes de la sesión votan a favor de declarar la sanción.
El problema que vemos de este recurso es su eficacia, es una institución que carece de facticidad, en ley está muy bien regulada, los términos procesales son adecuados, el problema radica que si ponemos a ver cuántas sentencias fueron emitidas en los últimos años, vemos que no hay. Tendríamos que recurrir a 1926 cuando a un gobernador se le inhabilito por atacar a las instituciones democráticas, ello nos estaría hablando de que tenemos muy buenos servidores públicos pues no ocupamos el procedimiento, sin embargo, sabemos que esto no es así, al contrario, tenemos muchos malos servidores públicos que deberían ser regulados y destituidos, la institución debe de instaurarse con eficacia, venciendo los vicios, sabemos que el Congreso no es un juez como tal y que es una excepción, pero debería en nuestros días poner una sanción que sea ejemplar para los demás servidores públicos y así tratar de limitarlos, si nunca se ocupa el juicio político, es como si no existiera.
Es atractivo como se ha visto regulado el sistema de responsabilidades en nuestra vida democrática e institucional, teníamos muy buenos antecedentes en nuestras cartas magnas, anteriores a la de 1917, y con el tiempo estas se han venido consolidando en cuanto a proceso legislativo, leyes reglamentarias, etc., sin embargo seguimos sin ocupar nuestras instituciones. Nuestra función como sociedad es guiar esa gran maquinaria que tenemos para que nuestros servidores públicos desempeñen mejores funciones, nos atrevemos a declarar que que ciertos sectores del servicio público están en crisis, en especial el municipio como entidad política básica, sus servidores son de lo más endeble a caer en nuestro gran mal llamado corrupción. Por otro lado el interés por lo público es algo más que se ha perdido, si Sieyes reviviera se retorcería, pues era un precursor de que el servicio público era para ver por la Res Publica, no hay que olvidar que somos una República.
Consideramos también que no todo está perdido, tenemos mecanismos de control y de equilibrio de poderes para regular a los servidores públicos, y una buena solución es implementar y dotar de eficacia el Juicio Político, esto por dos razones, primera; existe equilibrio en esta institución, pues aunque el Congreso actúa como juez de los servidores públicos, también enjuicia a sus mismos representantes, los tres poderes pueden ser llamados a juicio, segunda; consideramos que si en la actualidad aplicáramos varios procesos de desafuero y destitución a nuestros servidores, serviría de castigo ejemplar para que estos vieran que no se puede estar sobre la ley. Claro, no debemos olvidar a la educación que es la mayor fuente de poder para luchar contra la corrupción
[1] Guido Santiago Tawil, La responsabilidad del Estado y de sus magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la administración de justicia, 2 Edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993; pág. 18 y 19.
[2] Wilson, Woodrow, El gobierno constitucional en los Estados Unidos, México, Ed Cultura, 1992, p. 21
[3] Sánchez Gómez, Narciso ,Primer Curso de Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, 2000, p. 377
[4] Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
[5] Tamayo y Salmorán, Rolando, Responsabilidad, Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, SA., México, 1985, tomo II, pág. 45.
[6] Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Vigesimotercera Edición, Editorial Porrúa, México, 1984, pag.169.
[7] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 108,capitulo IV
[8] Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, pág. 559
[9] Martínez Robledos Maribel, El juicio político en México, México, Editorial Porrua,2008, pág. 21
[10] Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Editorial Porrúa, 1981, pág. 560.
[11] Martínez Robledos Maribel, El juicio político en México, México, Editorial Porrúa, 2008, pág. 21 y 22.
[12]Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Editorial Porrúa, 1981, pág. 567.
[13] Sánchez Bringas, Enrique, Derecho Constitucional, México, Editorial Porrúa, 2007, pág. 700.
[14] Sánchez Bringas, Enrique, Derecho Constitucional, México, Editorial Porrúa, 2007, pág. 697.
[15] Consultada en la ley de Servidores Públicos.
[16] Nueva Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XIV,1era edición, Editorial Barcelona,1978,p.1.
[17] Burgoa Orihuela, Ignacio, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, Editorial Porrúa, México, 1984, pp.151-152.
[18] Cárdenas, Raúl, Responsabilidad de los servidores Publicos,1era edición,Porrúa,Mexico,1982, p.318.
[19] Sánchez Bringas, Enrique, Derecho Constitucional, México, Editorial Porrúa, 2007, pág. 701.
[20] Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Instituciones Federales, Estatales y Municipales, tomo II, México, UNAM, 1994, pag.321.
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References: artículo 108
 artículo 13
 artículo 109
 artículo 110
 artículo 7
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 108