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Timestamp: 2020-02-29 04:34:52+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 245, de 12/05/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 245
Sesión plenaria núm. 233
celebrada el jueves, 12 de mayo de 2011
(Número de expediente 121/000080.) ... (Página 3)
- Proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 85-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000085.) ... (Página 11)
- Proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 92-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000092.) ... (Página 15)
- Proyecto de ley de regulación del juego. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 109-1, de 11 de febrero de 2011. (Número de expediente 121/000109.) ... (Página 18)
- Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 91-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000091.) ... (Página 21)
Declaración institucional ... (Página 26)
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 27)
Proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación ... (Página 3)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene la señora ministra de Ciencia e Innovación (Garmendia Mendizábal).
Proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado ... (Página 11)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos ... (Página 15)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de regulación del juego ... (Página 18)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 21)
Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 21)
Interviene el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor presidente manifiesta, en nombre del Congreso de los Diputados, la solidaridad con la ciudad de Lorca y de manera especial con las familias de los fallecidos como consecuencia del terremoto ocurrido en la tarde de ayer, así como dar su apoyo a los heridos y a los miles de ciudadanos afectados.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de regulación del juego.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. ... (Página 28)
Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se aprueba por 292 votos a favor.
Votación de conjunto ... (Página 28)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 293 votos a favor.
Como saben sus señorías, hoy tenemos que votar el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Su carácter orgánico exige votación de conjunto y anuncio, en previsión de lo establecido en el Reglamento, que la misma no se efectuará antes de las once horas de esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para fijar posiciones sobre la ley, por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.
Señorías, el texto que hoy vamos a votar apunta al objetivo, perseguido por distintas fuerzas políticas, de internacionalizar la ciencia y asentar las bases para garantizar que el esfuerzo público en I+D+i sea lo más eficiente posible. Hay que entender que la I+D+i es una apuesta segura, pero sobre todo imprescindible en una coyuntura como la actual, en la que predominan cambios globales muy vertiginosos. Queremos destacar además que el texto reconoce en la definición del sistema de ciencia y tecnología -y esta es una aportación de Esquerra Republicana también- la existencia en paralelo de los sistemas de I+D+i propios de las comunidades autónomas que, a su vez, son sistemas complejos que cuentan con sus propios agentes de investigación. El texto garantiza la continuidad de los ejes principales del Pacte nacional per a la recerca i la innovación, que es una de las joyas de la corona de los gobiernos de izquierda catalana que tuvieron como presidentes a Pasqual Maragall y a José Montilla; además, este pacto fue impulsado por el conseller Huguet, miembro de Esquerra Republicana de Catalunya. Es un pacto firmado por el mundo empresarial, por los sindicatos y por todos los grupos parlamentarios catalanes. De hecho, teníamos la obligación de evitar cualquier tipo de contradicción que se pudiera establecer desde la legislación española respecto a aquello que se había acuñado en Cataluña a través del Pacte nacional per a la recerca i la innovació. Es un pacto que refuerza un modelo de centros de investigación en Cataluña creados a partir de entidades independientes, presidido por el Gobierno de Cataluña, con personalidad jurídica propia, de gestión privada tutelado por lo público, que pretende la captación y retención de talento y financiado a través de contratos-programa con la Administración.
Entendemos que esta es la fórmula que puede permitir gozar de un instrumento adecuado -repito- a la velocidad con que cambia nuestra sociedad y a la
exigencia de implementar un I+D+i con las exigencias del momento.
Un tercer aspecto que centró el interés de Esquerra Republicana fue el diseño de la carrera profesional del personal investigador, que mejoró sensiblemente a su paso por la Comisión, convirtiéndose en un texto ambicioso respecto a la apuesta por la internacionalización y la calidad científica, aun cuando no se trata de aceptar ni de manifestar que es el escenario más óptimo posible; todo es susceptible de algunas mejoras. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Estamos moderadamente satisfechos con lo aprobado y entendemos que damos respuesta a los puntos fundamentales planteados por Esquerra Republicana.
Respecto a las enmiendas del Senado, solo quiero destacar el alto grado de consenso que esperamos que se traslade a esta Cámara, razón por la cual votaremos afirmativamente el texto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
Señorías, alguien dijo en un momento que inventen ellos, y podríamos decir que esa no es la realidad hoy de la investigación española, pero sí que investigar es penar. Creemos que esta ley es una oportunidad perdida, por eso vamos a mantener el voto que emitimos en Comisión, un voto negativo, crítico, fundamentalmente porque se mantiene la inestabilidad en el empleo de los trabajadores de la ciencia, la inestabilidad en el empleo de los investigadores; además, este mantenimiento de la inestabilidad en el empleo rompe, en nuestra opinión, los acuerdos que en su momento se establecieron con las organizaciones sindicales y, en concreto, rompe las conversaciones o los diálogos que se establecieron con nuestro propio grupo parlamentario.
El texto ha empeorado, en nuestra opinión, en el trámite parlamentario en el Senado. Se ha introducido un concepto de difícil calificación llamado de transferencia inversa, lo que podría significar que las grandes empresas decidieran prioridades y objetivos al sector público de investigación, lo que en nuestra opinión sería negativo; lo ha sido en Estados Unidos y también en el marco de la Unión Europea. No se resuelve tampoco la escasa coordinación de las actividades de I+D entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas; asimismo, la ley no dispone de una memoria económica y nace sin apoyo presupuestario alguno; por otra parte, se mantiene la dualidad de las dos agencias de financiación, una para la investigación y otra para la innovación, impidiendo, en nuestra opinión, una actuación estratégica en esta tan importante materia. Pero fundamentalmente, señorías, es una ley contra la estabilidad y contra la carrera de los trabajadores de investigación. Este era el momento para regular el derecho a la carrera profesional para el conjunto de las funciones que incluye la actividad investigadora, que no es la del siglo XIX sino la actividad del conjunto del equipo investigador, favoreciendo la movilidad y reduciendo la alarmante precariedad. Desgraciadamente, no ha sido así; peor aún, se incluye una disposición adicional que establece que no será de aplicación al ámbito de la investigación-dudosamente legal- tanto pública como privada el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, para que no se aplique en los contratos de investigación el límite de tres años a la duración de la contratación temporal, y tampoco el artículo 15.5, que limita la temporalidad dando derecho a la estabilidad en el empleo cuando se encadenan contratos. Es decir, se establece una legislación de excepción en materia de estabilidad del trabajo para los investigadores, lo que nos parece totalmente equivocado. Es una inaceptable restricción al derecho a la estabilidad en el empleo para el personal de investigación, para los científicos, técnicos y personal de gestión -todos ellos son personal de investigación-, empeorando las condiciones laborales, cuando el colectivo ya padece en estos momentos más de un 40 por ciento de temporalidad.
Señorías, en nuestra opinión, el Senado ha incorporado al texto enmiendas que deterioran y degradan el proyecto de ley que ya no votamos a favor en la Comisión, pero ha incorporado un avance que queremos reconocer en una nueva disposición adicional vigésimo octava, donde se señala que los programas de ayuda a la investigación que impliquen tareas de investigación en régimen de prestación de servicios deberán establecer la contratación laboral de sus beneficiarios por parte de las entidades a que se adscriban. Es un paso adelante para limitar un abuso fraudulento de las becas, que encubren en su mayor parte puestos de trabajo; hemos de reconocerlo y votaremos favorablemente.
El proyecto de ley contenía avances no desdeñables, pero los retrocesos que se han producido en materia profesional en el Senado nos impiden votar a favor. Hemos de reconocer que mejora la movilidad dentro del sector público de la investigación con una mayor diferenciación entre lo público y lo privado, aunque la transferencia inversa confunde todo, y por otra parte se introducen criterios de igualdad de género o de participación de los sindicatos más representativos en el Consejo asesor de la ciencia. Pero de la misma forma señalamos que se han acentuado las principales carencias del texto del Gobierno. No asegura la carrera continuada del personal investigador, no resuelve el problema de la precariedad existente en el sector y no contempla la carrera para el conjunto del personal de investigación. Esa es la razón para un voto crítico por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, estamos dando los últimos pasos procedimentales para la aprobación de una ley que finalmente se denominará la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy, desde un punto de vista formal, corresponde valorar y fijar la posición de los grupos sobre las enmiendas que en el texto de esta ley se han introducido en el trámite del Senado, y voy a hacerlo aunque de forma muy breve.
Nuestra valoración de todas y cada una de las enmiendas introducidas en el Senado es favorable, consecuentemente vamos a votar a favor de ellas, pero no deseo extenderme mucho en el porqué de estos votos uno a uno favorables. Baste decir que todas las enmiendas van en la dirección en la que mi grupo ha tratado que salga este texto legal y que hemos apoyado todas y cada una de ellas en el trámite del Senado. Dejo en esta brevedad las explicaciones sobre nuestros votos a las enmiendas introducidas en el Senado, pero a mi grupo le gustaría dejar constancia de algunas reflexiones ahora que el trámite está ya en su momento final.
Primera reflexión. Era necesario, a juicio de mi grupo, cerrar ya y no alargar más el periplo parlamentario de esta ley no solo en interés del Gobierno sino todavía más en interés y provecho del propio sistema de investigación, desarrollo e innovación, al menos por dos razones. El sistema estaba necesitado desde tiempo atrás de reorientaciones, de modificaciones y de cambios en diversos campos del sistema. La necesidad de cambios era evidente. Era necesario un enfoque más decidido del sistema al servicio del desarrollo económico y social. Había que vestir de largo la innovación. Era necesario dotar de una mayor flexibilidad interna y externa al sistema. Había que aclarar y mejorar en parte al menos la carrera investigadora. Había que apelar a una gobernanza más colaboradora interinstitucionalmente, con mayor implicación de los agentes privados. Había que posibilitar mejores mecanismos de transferencia del conocimiento al sistema productivo. Había que apelar a una mayor objetividad, a unas valoraciones y evaluaciones más objetivas: más eficiencia, más excelencia. En esta dirección van los avances de la ley. En segundo lugar, era necesario aprobar la ley porque era tiempo ya de cerrar algunos debates que parecían interminables y que eran de signo diverso y hasta contradictorio. En el trámite de esta ley han ido apareciendo intereses perfectamente explicables, pero no todos compaginables unos con otros, y hacer que esto se alargara era en perjuicio no ya de un trámite que se podía alargar en sí mismo de forma excesiva, sino en perjuicio del propio sistema. Zanjamos pues las causas, quitamos las excusas y, ahora, a trabajar.
Segunda reflexión. Es especialmente bueno que cerremos este periplo con la cuasi unanimidad de los grupos parlamentarios. No solo porque esta apelación genérica a la cuasi unanimidad es siempre buena, tratándose como se trata de un ámbito al que todos reconocemos teóricamente un gran valor sustancial en orden al desarrollo económico y social, sino porque esta cuasi unanimidad política es especialmente interesante. Constituye en sí misma un mensaje positivo y necesario que tenemos que transmitir desde este Congreso al sistema. Lo que a mi grupo le gustaría es que este mensaje positivo no terminara en el día de hoy, sino que este sistema de acuerdo y entendimiento entre los grupos políticos tuviera continuidad en el desarrollo y en la implementación de la ley. Hacemos una apelación ex profeso a esta actuación. No solo hacemos una apelación al resto; de entrada, ofrecemos la plena colaboración de nuestro grupo para que si así se desea se pueda trabajar desde esa colaboración en la implementación de la misma.
Tercera y última reflexión, y en algún sentido la reflexión que estimamos más importante y que desearíamos hacer llegar a la sociedad con motivo de la aprobación de la ley. Hecha la ley, queda todo por hacer. Además, urge hacer. Los parlamentarios hemos llegado a nuestro final -un final provisional en orden al propio sistema- de un camino que emprendimos hace año y medio largo. Esa es solo una parte del camino que, a juicio de mi grupo, estamos necesitados y obligados de recorrer y de hacerlo, además, con paso firme, decidido, vivo, si de verdad queremos, como decimos en la ley, disponer de un sistema de ciencia, tecnología e innovación a la altura de las necesidades de una economía y una sociedad que están, nos guste o no, introducidas de lleno -enfrentadas diría yo- con crudeza y dureza -no hay más que mirar lo que ocurre ahora mismo- a cómo se adecua y es capaz de enfrentarse a una economía globalizada y tan agitada como la actual. La aprobación de esta ley debería servir, por tanto, para lanzar un mensaje rotundo tanto a los empresarios como a los científicos, a los tecnólogos, a todas y cada una de las administraciones y al conjunto de la sociedad de que es necesario renovar y reforzar el compromiso de todos y cada uno para disponer de eso que es el corazón del futuro: un sistema de ciencia, tecnología e innovación a la altura de las necesidades del siglo XXI. Solo así es posible luchar con alguna credibilidad por una sociedad y una economía que sabemos que deberán estar basadas en el conocimiento, o si no serán incapaces de atender y responder a las exigencias y requerimientos de la economía del siglo XXI.
De otra forma no podremos disponer de algo que es absolutamente necesario, que es una nueva cultura que esté comprometida de verdad con la ciencia, la tecnología y la innovación, y como elemento central de todo ello un compromiso mucho más fuerte que el actual con el riesgo, algo que se olvida a menudo pero que, a nuestro juicio, está en el corazón del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Un sistema de ciencia, tecnología e innovación orientado con claridad
hacia esa sociedad y economía y basado, como decía antes, en esa cultura, que es lo que al final y a la postre será capaz de generar ese sistema que nos permitirá darnos una economía capaz de responder a las necesidades económicas y sociales de esta sociedad. La ley, insisto, no va resolver todos estos problemas. No va a haber gobierno que por sí solo lo haga. La ley, en su apertura, en su flexibilidad, en los criterios que formula y en los instrumentos que establece, va a posibilitar, si acaso, que entre todos logremos esos objetivos; esa cultura, ese sistema de ciencia, tecnología e innovación y, a la postre, esa economía y esa sociedad. Queda un enorme trabajo y queda, espero, un compromiso firme y sostenido a la altura de este trabajo pendiente y compartido. Todos haremos que esta ley que hoy aprobamos en el Congreso de forma definitiva sea una ley que tenga una aplicación real en la sociedad y en la economía, en cuyo servicio hemos insistido.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, llega al Congreso procedente del Senado la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos llega a este Pleno con dos aspectos a resaltar de su tramitación en el Senado.
En primer lugar, las mejoras incorporadas a través de las últimas enmiendas aprobadas en el Senado, que votaremos favorablemente; y en segundo lugar, el compromiso que hemos de señalar también aquí y ahora de que la futura ley de mecenazgo apueste por una mejora de la fiscalidad para la I+D+i y que se apoye y se defina también el marco jurídico para un instrumento, los fondos patrimoniales perpetuos o endowments, que son instrumentos de financiación eficaces, con retornos muy significativos en el impulso de la investigación.
Hechas estas dos consideraciones previas, señorías, nuestro grupo parlamentario compartió en su momento la urgente necesidad de una ley adaptada al nuevo entorno que diese respuesta a los nuevos retos de nuestra economía y de nuestra sociedad. Es una necesidad fundamentada en diversos motivos. En primer lugar, la vigencia de una ley que no respondía ya a los cambios de los últimos años. En segundo lugar, un entorno de evolución autonómica, en la que las comunidades autónomas con competencias en la materia han ido creando sistemas propios de I+D+i; unos años en los que si bien hemos avanzado y tenemos un reconocido prestigio en el marco de la investigación y las publicaciones científicas, hemos avanzado menos en materia de transferencia de un conocimiento, lo que incide negativamente en nuestro crecimiento y nuestra competitividad. Y una última razón de necesidad de una nueva ley; un presente y un futuro en el que nuestro crecimiento, nuestro cambio de modelo, nuestra competitividad, dependen fundamentalmente de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Desde nuestro grupo parlamentario ya señalamos en el debate en Comisión nuestro apoyo a la ley; un apoyo decidido, pero no exento de matices sobre los que deberemos continuar trabajando y avanzado. Creemos que con esta ley avanzamos, y lo hacemos sobre la base de cuatro ejes fundamentales para nuestro grupo. El primero el de la mayor flexibilidad que introduce esta ley, rompiendo así gran parte de las rigideces del sistema. Al mismo tiempo, es una ley que se orienta a conseguir una más efectiva movilidad y una mayor internacionalización de nuestro sistema, estableciendo unas bases más sólidas hacia la excelencia y la competitividad. En segundo lugar, la ley finalmente permite situar la innovación en el lugar que le corresponde como instrumento de nuestro crecimiento y sobre todo determinante de nuestra competitividad. Una innovación que sienta unas bases más sólidas a través de la estrategia estatal de innovación, que ha de contar con organismos firmes de soporte a las iniciativas innovadoras, como es el CDTI. En tercer lugar, creemos que la ley nos permitirá reconducir uno de los principales déficit que tenemos, el de transferencia, estableciéndose nuevas bases de coordinación entre todos los agentes del sistema, poniéndolos en valor, estableciendo mecanismos de acercamiento de la investigación al tejido productivo, a las empresas; nuevas bases para que el conocimiento se traduzca en crecimiento y competitividad y nuevas bases de colaboración entre lo público y lo privado. Estableciendo también nuevos mecanismos y estímulos de participación de los investigadores en los resultados de su investigación y de acercamiento al tejido productivo. En cuarto lugar, y no menos importante para nuestro grupo -al contrario-, la ley reconoce un sistema de sistemas, es decir, la realidad de un sistema de investigación plural. La ley, en el respeto de las competencias en la materia y por tanto de la especificidad de los diferentes modelos de centros, reconduce discriminaciones existentes y hace un reconocimiento explícito del modelo de centros de investigación como el de Cataluña, con vocación clara y objetivos firmes de excelencia, con características diferenciales respecto a las OPI, con una flexibilidad y capacidad de atraer talento mayor y un modelo integrador no excluyente que ha conseguido un reconocimiento y un prestigio muy relevante a nivel internacional. Desde nuestro grupo estamos convencidos del valor del modelo de investigación por el que ha apostado Cataluña y del valor de un sistema que estimula desde la diversidad a competir en el sistema global de I+D+i desde una apuesta firme que hace la ley por la excelencia, la flexibilidad, la movilidad y la internacionalización.
Por último, en este marco de cambio y de apuesta por la excelencia, el reconocimiento de los centros y unidades de excelencia que hace la ley establece nuevas bases de impulso decidido por la investigación de frontera. En este sentido, el programa Severo Ochoa que está impulsando el ministerio debería ser un instrumento
privilegiado en la identificación en los próximos años de aquellos centros que nos permitan competir internacionalmente. Ser capaces de generar conocimiento y de trasladar este conocimiento al tejido productivo es el gran valor de la I+D+i. Hemos de hablar cada vez más de investigación de frontera: es prioritaria. Es lo que nos ha de permitir reconducir este déficit de transferencia y que el conocimiento se traduzca en competitividad. No podemos desvincular la investigación del desarrollo de la innovación porque sin innovación no se genera una economía fuerte, capaz de sustentar un sistema de ciencia y una economía suficientemente sólida capaz de soportar el peso económico que genera la investigación científica. Este círculo vicioso es en el que se genera una espiral positiva en la que más ciencia lleva a más innovación y más innovación da soporte a más ciencia.
Al lado de estos activos que representan para nuestro grupo la ley y que sustentan de manera firme nuestro apoyo, nuestro trabajo ha de continuar en muchos frentes. Como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, empieza un trabajo importante a partir de esta ley y quedan, a nuestro entender, dos ámbitos específicos y prioritarios en el corto y medio plazo en los que incidir: el fiscal y el financiero. La ley podía haber sido más ambiciosa y adolece de falta de mecanismos fiscales y financieros, pero entendemos que a partir de esta ley será preciso trabajar en estos dos sentidos. Avanzar en la investigación y estimular la inversión en innovación es prioritario, especialmente en un entorno en el que las condiciones económicas y financieras, que continúan siendo difíciles para el conjunto de los agentes y especialmente de las empresas, pueden suponer un freno a la inversión en I+D+i tanto en el ámbito público como en el privado; es por ello por lo que adquieren mayor relevancia instrumentos fiscales como el crédito fiscal o mejoras en el ámbito de las deducciones, así como otros instrumentos financieros a los que me he referido antes.
La tramitación de la ley ha permitido un debate intenso y profundo en torno a los cambios en nuestro sistema, al papel innegable de la I+D+i en el crecimiento y en la competitividad de nuestra economía y a su importancia y valor social. Esta es una ley que será apoyada mayoritariamente, y en este consenso está su máximo valor. Aquí y ahora es el marco en el que debemos agradecer y agradezco desde mi grupo parlamentario y personalmente el papel del Ministerio de Ciencia e Innovación, y en particular de la ministra Garmendia por su convicción y tenacidad en que la ley sea eje de cambio en las políticas de I+D+i.
Quiero señalar la voluntad de consenso y el trabajo decidido de apuesta por ello, así como el papel de los portavoces de los distintos grupos y el trabajo conjunto que hemos realizado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor se lo pido.
El trabajo conjunto realizado para establecer las bases de un nuevo modelo para la investigación, el desarrollo y la innovación para asegurar nuestro desarrollo económico y social y dar estabilidad a un sistema del que dependen nuestro crecimiento y nuestra competitividad.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidenta.
Permítanme iniciar mi intervención expresando mi solidaridad y la de mi grupo parlamentario con las víctimas del terremoto que vivió ayer la ciudad de Lorca. Creo que recojo el sentimiento de todo nuestro grupo si expreso nuestra solidaridad con todas las víctimas y nuestro respaldo, nuestro apoyo y nuestro afecto a los miles de afectados que ha habido por esta desgraciada catástrofe natural.
Yendo ya al tema que nos ocupa, quiero en primer lugar celebrar en nombre de mi grupo parlamentario el enorme grado de acuerdo con el que este texto llega a su último trámite en este Congreso de los Diputados. Este consenso es sin duda fruto de un trabajo intenso que se ha sucedido en el Congreso y en el Senado y de un afán de colaboración y de compromiso entre todos los grupos parlamentarios, me atrevería a decir incluso que entre aquellos diputados que finalmente no se suman a este acuerdo, pero que durante meses han trabajado de una forma leal y concienzuda para acercar posiciones, para transigir en algunas de ellas y para alcanzar finalmente un compromiso válido para todos.
Este es un texto legal -quiero recordarlo- reiteradamente reclamado, desde luego por el Grupo Popular y por otros grupos parlamentarios; reclamado y comprometido en fase electoral y reclamado en vía parlamentaria, tanto por el Senado al principio de la legislatura, a instancias del Grupo Popular, como posteriormente por el Congreso, a instancias del Grupo Vasco, en dos mociones sucesivas que tuvieron una y otra vez por objetivo estimular el celo del Gobierno para que el proyecto llegase a la Cámara y permitiese el debate que finalmente hemos mantenido.
Es un proyecto además que ha tenido una amplia participación social en su tramitación -y creo que eso también es importante reconocerlo-, desde luego por
parte de las comunidades autónomas, que son en este momento grandes protagonistas de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en todo el territorio nacional y que son parte de su complejidad, pero también por parte de sindicatos y de organizaciones empresariales, y destaco singularmente, por ser las más vinculadas al ámbito que nos afecta, el gran trabajo que se ha hecho desde la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, la Federación de Centros Tecnológicos y desde la Conferencia de Rectores, que son tres de las entidades que probablemente más propuestas y más iniciativas han trasladado a los grupos parlamentarios, haciendo sentir sus necesidades o sus puntos de vista.
También quiero destacar que el texto ha sufrido una profunda transformación en el trámite parlamentario desde el proyecto que remitió el Gobierno hasta el que finalmente votamos hoy. Esa profunda transformación afecta a varios aspectos; prácticamente todos y cada uno de los cuarenta y siete artículos que finalmente va a tener la ley han sido modificados en la tramitación parlamentaria, y muchos de ellos de manera muy sustancial, pero quiero destacar algunas de estas transformaciones que ha sufrido el proyecto de ley en el trámite parlamentario. En primer lugar, ha habido una enorme reorientación del modelo de gobernanza inicialmente propuesto. La ley permite abordar una de las grandes dificultades del sistema en la actualidad, que es su enorme dimensión y la complejidad en sus relaciones, y por primera vez, gracias a la ley, vamos a tener instrumentos que van a hacer posible -habrá que ver si luego es efectiva o no, pero la van a hacer posible- una coordinación real del sistema. Contaremos por primera vez con un único consejo político de ciencia, tecnología e innovación, un único consejo asesor de ciencia, tecnología e innovación y un único sistema de información de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, habrá los instrumentos para la gobernanza del sistema, los asesores y los órganos políticos capaces de tomar decisiones conjuntas para la mejor utilidad de los instrumentos.
La ley -y esto es también importante- introduce nuevas modalidades contractuales. Ahí no puedo menos que discrepar con el portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que, por un lado, la propuesta que se ha recibido unánimemente desde el sector y, por otro, el grado de acuerdo parlamentario expresan la necesidad de la incorporación de estas nuevas figuras contractuales. Las reformas que se introducen en el Estatuto de los Trabajadores con este texto legal indudablemente rectifican las últimas reformas laborales aprobadas por el Gobierno y enmiendan lo que es de común conocimiento que se consideran errores en los cambios introducidos. Es una rectificación sin duda ninguna de la reforma laboral, pero es una rectificación útil, necesaria y ampliamente demandada. Desde luego la ley en esta transformación, en este paso parlamentario, ha introducido mejoras en los mecanismos de integración de escalas, ha introducido también muchas mejoras en el periodo transitorio y sobre todo en la situación de los mejores investigadores jóvenes del sistema en este momento, los que se han integrado a través de los contratos Ramón y Cajal y Miguel Servet. En ese sentido, la tramitación parlamentaria incorpora muchos cambios y muchas mejoras.
Quiero destacar algo que para nuestro grupo parlamentario es extremadamente importante. El acuerdo que hoy se va a poner de manifiesto en la votación que tendremos más adelante desde nuestro punto de vista va indisolublemente unido a tres acuerdos complementarios que solo parcialmente están en la ley, pero que forman parte del acuerdo político que la sustenta. El primero es el que se ha expresado de manera más clara en el Senado, donde los grupos se han comprometido a presentar de común acuerdo una moción para que el Gobierno finalmente remita a la Cámara antes de terminar esta legislatura las reformas que el sistema fiscal español necesita para mejorar la inversión en I+D. Nosotros hemos insistido mucho en este tema en la tramitación parlamentaria y finalmente ha visto la luz este acuerdo político en el Senado, que va indisolublemente unido, insisto, a la aprobación de la ley.
El segundo sí figura en la ley pero es muy importante. El desarrollo legal comprometido tiene que ser efectivo en los plazos que se anuncian. Es imprescindible que antes de que termine esta legislatura, es decir, en el plazo exacto de un año a más tardar, se ponga en marcha, tal y como pide la ley, la agencia estatal de financiación.
En tercer lugar, este acuerdo va indisolublemente unido a una continuidad, a una lealtad en el futuro en las tomas de decisión que sean necesarias para la aplicación de esta ley. Me refiero tanto a las tomas de decisión en los procesos de reorganización de los organismos públicos de investigación que esta ley abre como a la toma de decisión en los nombramientos de personas independientes y profesionales que hagan real este nuevo sistema de ciencia y tecnología más profesional, más eficaz y más independiente.
Creo que todos podemos felicitarnos por el enorme grado de acuerdo alcanzado. Queda mucho trabajo por hacer -y lo destacaba el portavoz del Grupo Vasco con toda la razón- a partir de la aprobación de esta ley y creo que hoy es un buen día para el sistema. Por último, simplemente quiero anunciar que, como pueden ustedes imaginar después de lo que he dicho, el voto de mi grupo será favorable a todas las enmiendas introducidas en el Senado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Elorriaga.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señora Garmendia, señorías, en primer lugar el Grupo Socialista quiere unirse efectivamente al dolor inmenso que hoy asola a nuestros conciudadanos
y conciudadanas de Lorca y esperamos las palabras que sin duda el presidente del Congreso pronunciará esta mañana para sumarnos a ellas.
En nombre del Grupo Socialista, antes de empezar la intervención, quería decir que vamos a votar favorablemente las enmiendas que nos han llegado del Senado. Señorías, los socialistas queríamos empezar la intervención recordando dos peticiones que durante el debate de totalidad hicimos tanto la ministra Garmendia como nuestro propio grupo. Entonces, la ministra Garmendia decía, y leo literalmente: Señorías, este es un proyecto de ley abierto, que puede ser mejorado con las enmiendas de todos los grupos parlamentarios. El Grupo Socialista, en ese mismo debate, decíamos: Consideramos fundamental conseguir el máximo consenso para que esta ley tenga en su desarrollo la máxima estabilidad.
Pues bien, señorías, ambos deseos, ambas peticiones se han cumplido. El Grupo Socialista ha aceptado las enmiendas más excelentes, las mejores enmiendas de todos los grupos parlamentarios, y el consenso máximo se ha producido. Por lo tanto, en este momento no nos queda más remedio que agradecer desde aquí el trabajo y el inmenso esfuerzo que han mantenido los ponentes socialistas. No solamente agradezco en general a los grupos el trabajo que han realizado en la ley, sino que quisiera incluso nombrar a estos portavoces, porque con ellos hemos mantenido durante estos tres meses largas conversaciones, largos debates, tejiendo, destejiendo y tejiendo de nuevo las posibles soluciones, y hemos conseguido con ellos, curiosamente, un prudente silencio que ha permitido que la negociación saliese adelante, incluso a veces mejor de lo que esperábamos. Me refiero al señor Beloki, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), a la señora Riera, de Convergència i Unió, al señor Elorriaga, del Grupo Popular, y a los señores Canet y Jorquera, que apoyan la ley, aunque sienten mucho no haber podido estar hoy aquí presentes por cuestiones electorales. Con ellos hemos pasado largas horas debatiendo. Como portavoz socialista -y creo que los demás estarán de acuerdo- quisiera agradecer -no sé cómo llamarlo- el infatigable entusiasmo del secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, el cual ha tenido, como ustedes pueden suponer, un papel inestimable.
En fin, señora ministra, lo importante es que aquellos deseos se cumplieron, esas peticiones se han llevado a cabo, hemos incorporado enmiendas y hemos conseguido el máximo consenso, hasta el punto, a pesar de lo que nos dice el señor Llamazares, de que la ley se aprobó por unanimidad (El señor Llamazares Trigo hace signos negativos.) en la Comisión de Ciencia e Innovación con competencia legislativa plena, por tanto, salió votada por unanimidad del Congreso; se fue al Senado y este nos la ha devuelto también votada por unanimidad. Eso significa, señora ministra, que a partir de ahora tiene las manos libres para trabajar en el desarrollo de la ley y conseguir, en unidad indisoluble con la Ley de Economía Sostenible, el cambio de modelo productivo, que es lo que estamos esperando.
Como portavoz socialista quiero mostrar en la tribuna la enorme satisfacción que siente mi grupo porque las dos únicas leyes de ciencia que han existido en este país, la de 1986 y la que aprobamos hoy, se hayan producido con gobiernos socialistas. La primera, la de 1986 -cumple ya veinticinco años-, ha dado al país unas enormes satisfacciones, de manera que hoy podemos decir que España ya es un país de ciencia. Podemos decir que de aquel puesto triste que teníamos en el año 1986 en el ranquin mundial de producción científica -estábamos en el puesto treinta- hemos pasado hoy a ser los novenos y podemos decir que en estos años y gracias a los inmensos recursos públicos que se han invertido en I+D+i, los investigadores en nuestro país han crecido en un 33 por ciento y los recursos públicos, las inversiones se han multiplicado por 14. Por tanto, afirmo de nuevo: somos un país ya de ciencia. Pero, señorías, han pasado muchas cosas en estos veinticinco años y decir eso es insuficiente. Lo que nosotros podemos y debemos decir ahora es que, además de ser un país de ciencia, somos y debemos ser un país de innovación, y para eso la ley de 1986, que tan grandes resultados nos ha dado, se ha quedado pequeña.
Como a veces decíamos los ponentes socialistas, el traje no nos cabe, se le han explotado las costuras, y si queremos que la investigación genere riqueza para este país y bienestar social, hace falta introducir en la I+D el otro elemento pequeño: la innovación. Para eso necesitábamos urgentemente una nueva ley, que es la que hoy vamos a aprobar, la ley de 2011, una ley con la que estrenamos un nuevo sistema español de ciencia, tecnología e innovación, una ley con la que estrenamos un nuevo modo de gobernanza entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, una nueva ley que va a reorganizar toda la carrera profesional de los investigadores científicos y técnicos, les va a dar un dinamismo, una flexibilidad y una movilidad a lo largo de su profesión propia de los países europeos homólogos y de las carreras internacionales, y hay una nueva colaboración entre el sector público y privado.
Señora ministra, aquel proyecto de ley que usted nos trajo se lo devolvemos convertido en una ley que ha tenido el máximo consenso, que le va a dar la máxima estabilidad para su desarrollo y, por fin, e insisto, junto con la Ley de Economía Sostenible, podremos generar riqueza en este país, generar nuevas inversiones y conseguir que el conocimiento, la ciencia y la investigación no impregnen, sino que encharquen el tejido productivo, de tal manera...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Serna, por favor.
La señora SERNA MASIÁ: Acabo de inmediato, señora presidenta.
... de tal manera que consigamos más ciencia, más riqueza económica y muchísimo más bienestar social.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
Señorías, yo también quiero comenzar con unas palabras de condolencia con relación a la tragedia de Lorca, transmitiendo un sentido recuerdo a las víctimas del terremoto y la solidaridad con las familias. He estado allí hasta esta madrugada y quiero informarles que todos ellos, así como el conjunto de los ciudadanos de Lorca, atraviesan por momentos difíciles.
Saben desde luego que cuentan con todo el respaldo del Gobierno, pero me gustaría transmitirles que mis palabras no solo son de condolencia, sino también de homenaje, de homenaje a los miles de ciudadanos de Lorca que han pasado esta noche fuera de sus casas entre el temor y la incertidumbre, dando a toda España una lección de serenidad y de civismo.
Nuestro dolor está con ellos y también está nuestro reconocimiento.
Señorías, pasando a nuestro proyecto de ley me gustaría recordarles que en algún lugar de esta Cámara todavía resuenan los aplausos que recibió la ley que se votó el 14 de abril de 1986, la Ley de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Aquel fue un gran día para nuestro país, un día que los profesionales de la investigación recuerdan con especial emoción, precisamente sabiendo que las Cortes Generales estaban sellando un acuerdo cuya importancia iba más allá de los aspectos sectoriales regulados por una ley. El acuerdo, marcado por el consenso de las fuerzas políticas, garantizaba que la ley duraría muchos años, extendiendo sus beneficios en el tiempo, con independencia de los ciclos políticos. Hoy, veinticinco años más tarde, vivimos un momento muy parecido y es bueno que nos detengamos siquiera sea brevemente para calibrar su importancia.
Señorías, hoy podemos trasladar a la ciudadanía un mensaje sencillo, la importancia de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación no se agota en estas tres palabras, por importantes que sean para nuestra comunidad científica, para los profesionales de la transferencia tecnológica y para las empresas innovadoras. La relevancia de la ley debe escribirse con otras palabras que la ciudadanía asocia cada vez más, afortunadamente, con la actividad científica y la innovación, palabras como el progreso económico y social, el cambio de modelo productivo o mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Hoy es un día para felicitarnos por el acuerdo político, desde luego, pero lo es sobre todo para hacer partícipe a la ciudadanía de lo que esta ley supone para el futuro de España. Para ello conviene que comencemos reconciliándonos con nuestro pasado, reconociendo nuestros éxitos en ciencia como un éxito colectivo y dejando atrás los prejuicios y complejos que todavía en algunos casos atenazan a la sociedad española cuando piensa en el papel de la I+D+i en España.
Dentro de lo que nos permite nuestro carácter tan proclive a la autocrítica con los asuntos públicos, los españoles contemplamos con orgullo los cambios que hemos protagonizado en las últimas tres décadas, sabiendo que se trata del momento histórico en el que hemos disfrutado de mayor libertad y prosperidad. Sin embargo, en la reconstrucción de nuestros logros como democracia, la ciencia acostumbra a quedar fuera de la fotografía y de alguna forma sigue siendo ajena al relato colectivo de nuestra historia reciente. Es un déficit que además de ser injusto nos impide, como decía la portavoz del Grupo Socialista, reconocernos como lo que ya somos, un país de ciencia, y no es una cuestión menor, porque cuando afirmo que España ya es un país de ciencia, no me refiero solo a que contamos con centros de proyección internacional ni a que seamos la novena potencia mundial en número de publicaciones. Me refiero también al cambio sociológico que ha hecho que los ciudadanos comiencen a convencerse de que la ciencia puede ser una seña de identidad de España.
La aprobación de la nueva ley nos permite, por fin, saldar esta deuda, y nos permite hacerlo además con la ambición suficiente como para incorporar sin prejuicios y sin complejos este otro elemento de cuya importancia tanto se ha hablado en los últimos años: la innovación empresarial. Ahora pasamos por fin de las palabras a los hechos, consagrando la política de innovación como una política pública imprescindible para dar respuesta a las necesidades empresariales en materia de competitividad. En resumen, la ley completa este relato de España, que, siendo ya un país de ciencia, aspira a ser cada vez más un país de innovación.
Señorías, el Gobierno ha sido desde el primer momento consciente de las altas expectativas en relación con la ley que hoy se aprueba y en consecuencia hemos trabajado duro en este proyecto. Pero la satisfacción del Gobierno no es porque el proyecto de ley haya podido salir adelante, sino por saber que podrá precisamente cumplir su objetivo: poner a la ciencia en el centro de la sociedad y a la innovación en el centro de la economía. Hoy podrá hacerlo porque el amplio acuerdo al que aspiramos garantiza, como en el año 1986, que la ley durará muchos años y extenderá sus beneficios en el tiempo con independencia de los ciclos políticos.
Los españoles, que con frecuencia lamentan la falta de acuerdos políticos, pueden agradecer hoy a los grupos políticos precisamente esta capacidad de acuerdo. El Gobierno quiere sumarse a este agradecimiento, pero permítanme que lo exprese también en primera persona. Quiero aprovechar ahora esta tribuna para expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los diputados y diputadas, senadores y senadoras que han estado involucrados: gracias por el intenso trabajo y, sobre todo, gracias por esta actitud constructiva y dispuesta al diálogo desde el primer hasta el último día de la tramitación.
Señorías, voy terminando. Tiene algo de simbólico que el día de hoy coincida prácticamente con el 25.º aniversario de la Ley de la Ciencia de 1986. Si veinticinco años representan una generación, hoy no podemos dejar de rendir homenaje a la generación de científicos y gestores de la Ley de 1986, a aquellos que con su trabajo han hecho de la investigación en España una de las mayores historias de éxito de nuestra democracia. La Ley de la Ciencia abrió un camino que todos ellos han recorrido de forma fructífera, dejando un importante legado para los que deben continuar su trabajo. Con la ley de ciencia, tecnología e innovación ensanchamos ese camino y damos más posibilidades a una nueva generación de investigadores, emprendedores y profesionales de la innovación, la generación de 2011. En su mano está en buena medida la responsabilidad de construir una España en la que el conocimiento sea motor del desarrollo social y del crecimiento económico. Confío en que cada uno de ellos y de ellas recuerde este día con la misma emoción con la que otros recuerdan la aprobación de la Ley de 1986, porque el sonido de los aplausos, que probablemente escucharemos luego tras la aprobación de la ley, son también un homenaje anticipado a las muchas contribuciones que esta generación de 2011 va a hacer desde la ciencia y la innovación para el futuro de nuestro país.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE Y DE REGULACIÓN DEL ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000085.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a las enmiendas al proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
Señorías, estamos ante un texto legislativo que tiene por objeto abordar la alta litigiosidad existente en el Estado español y ofrecer medidas alternativas para la resolución de conflictos. De hecho, coincidimos con el Gobierno y con los distintos grupos parlamentarios en que litigiosidad, más escasez de recursos humanos y administrativos, es igual a colapso de la Administración de Justicia, pero que haya más recursos no es suficiente si no existe una modernización de la justicia y del actual marco regulatorio. No nos duelen prendas para felicitar al ministerio y al ministro, el señor Caamaño, porque están haciendo los deberes. Ya se han aprobado distintos proyectos de ley, estamos tramitando otros y además se ha anunciado la presentación de algunos más. Creo que en términos generales podremos disponer de la renovación de los textos legislativos que exige el momento actual.
Como andamos cortos de tiempo, debo decirles que, entendiendo que el arbitraje es fundamental para desjudicializar la resolución de conflictos y atendiendo a la saturación de los juzgados, estamos satisfechos de que se hayan atendido algunas de las peticiones de nuestro grupo parlamentario básicamente centradas en tres temas. En primer lugar, el mantenimiento del arbitraje de equidad. Su supresión no tenía justificación y generaba el sinsentido de que los ciudadanos del Estado podían acudir a dicho arbitraje de equidad en los arbitrajes internacionales y no podían hacerlo en los realizados entre ciudadanos del Estado español. Era ciertamente un sinsentido. En segundo lugar, consideramos que es de interés que se haya aceptado la exigencia de que al menos uno de los árbitros en el arbitraje de derecho sea docto en derecho sin necesidad de que sea abogado. En tercer lugar está la consideración de la cláusula de sumisión a arbitraje como una excepción de carácter procesal, una excepción procesal que puede ponerse de manifiesto por la vía de la declinatoria de competencia.
Respecto a las enmiendas del Senado, que tendrán también el voto afirmativo de nuestro grupo parlamentario, solo quiero destacar dos, dado que las demás son meras correcciones técnicas. En primer lugar, las enmiendas al artículo 11 acortan el plazo de quince a diez días para proponer declinatoria. Así armonizamos los plazos de la ley del arbitraje con los existentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil y se evita cualquier duda en la interpretación de ambas normas, que pudieran ser contradictorias. Esta enmienda fue defendida por el senador de Esquerra Republicana don Miquel Bofill. Destacamos también la enmienda al apartado 3 del artículo 37, que prevé que en caso de que sea designado más de un árbitro, puedan hacer constar su voto contrario al laudo, aun cuando -como ustedes saben- no se aceptó que pudieran quedar explícitas las razones.
Entendemos que esta es una ley que permitirá alcanzar -al menos esperamos que se vean los resultados de forma rápida- el objetivo de desjudicializar la Administración de Justicia en todo aquello que afecta a los litigios entre las personas. Como no podía ser de otra manera, vamos a votar afirmativamente este texto y animamos al Ministerio de Justicia a culminar la legislatura con todos los objetivos alcanzados.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo no tiene nada que objetar a las enmiendas aprobadas en el Senado. Nos parecen pertinentes y en algunos casos susceptibles de mejorar el texto que dimanó de esta Cámara, con una excepción, señora presidenta, la que hace referencia al artículo 17.4, donde se posibilita que personas que han intervenido en un proceso previo de mediación puedan realizar funciones de arbitraje posterior. Nos parece perturbadora. Aquí la decisión o la opción legislativa del Congreso de los Diputados consistió en lo contrario precisamente, en habilitar a los que habían intervenido en procesos de mediación previos en procesos de arbitraje posterior. El Senado ha optado por una solución contraria que habrá que ver empírica y experimentalmente qué consecuencias produce de facto.
Pero, como le comento, nada que reprochar a las enmiendas del Senado, lo cual nos congratula y nos reconcilia incluso con la Cámara Alta. Sí hay que decir que esta ley que hemos logrado consensuar es una buena ley, primero, por la circunstancia que estoy glosando, que es el amplio consenso conseguido. En segundo lugar, porque algunas de las reservas mentales que poseemos los grupos parlamentarios y que transformamos en enmiendas han sido incorporadas, sin que la batalla haya resultado demasiado o particularmente belicosa, por el grupo mayoritario de la Cámara, asumidas por el propio Gobierno del Estado, particularmente aquellas que hacían desaparecer del texto de la ley el arbitraje de equidad, las que convertían la excepción del arbitraje en una excepción de naturaleza procesal dándole una impronta cuasi pública o cuasi procedimental a la institución del arbitraje, en paralelo a las leyes de enjuiciamiento que poseemos, convirtiéndose en declinatoria la excepción procesal pertinentemente; la asignación de arbitrajes constituidos por un colegio o por una persona, por un solo árbitro pero por un colegio arbitral de hasta tres personas, de los cuales ha dicho el señor Tardà una cosa muy pertinente, que para ser doctos en derecho no es necesario ser abogado. No sabe, señor Tardà, hasta qué punto tiene razón en esta aseveración; algunas veces algunos pensamos que es mejor no ser abogado para ser doctos en derecho. Pero sin perjuicio de reflexiones de esta naturaleza, nosotros seguimos pensando que el colegio arbitral -cuando el arbitraje es en derecho y no es en equidad- tiene que estar constituido por personas legas en derecho, por abogados. Es una de las discrepancias que todavía mantenemos en relación con este proyecto de ley.
La asimilación del hecho autonómico y la posibilidad de instituciones arbitrarias de carácter autonómico -recogidas perfectamente- hace referencia no solo al derecho autonómico sino al derecho foral o al derecho civil propio en aquellas comunidades donde exista. La normalización del bilingüismo en la institución del arbitraje y el desarrollo de los arbitrajes. La atribución a las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas de funciones tan relevantes como el reconocimiento del S.4 en relación con los arbitrajes internacionales, entre otras cosas porque ya va siendo bueno atribuir algún tipo de función a estas Cámaras donde conviven jueces -magistrados en este caso- con muy poco trabajo, muy poca saturación. Teniendo en cuenta que las competencias de estos tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas se circunscriben en el ámbito de lo civil y penal exclusivamente al enjuiciamiento de aforados autonómicos y al recurso de casación en materia de derecho foral y, con dudas dogmáticas, al derecho autonómico, no es malo atribuirles algún tipo de función porque conviven con compañeros, con otros magistrados, que están absolutamente saturados con asuntos que configuran la patología que esta ley ha pretendido afrontar con eficiencia -y con esto acabo, señora presidenta-, que es la secular pendencia -la congénita, dijo el señor Ridao en su día-, la saturación de asuntos que la Administración de Justicia española no puede absorber. Desde esa perspectiva, bienvenida sea esta ley y esperemos que despliegue los frutos esperados, porque estos mejorarán o redundarán en una mejor tutela judicial y de alguna forma mejorarán también las prestaciones que desde los poderes públicos del Estado se deben a los que con carácter general se denominan justiciables.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
En primer lugar, en nombre de Convergència i Unió, nos queríamos unir a las palabras de la ministra y de otros portavoces en solidaridad con los damnificados y con las víctimas del terremoto de Lorca, en Murcia. Por tanto, nos unimos a ese sentimiento y a ese dolor por ellas.
Señora presidenta, señorías, hoy llega al Pleno de la Cámara la fase final de una tramitación parlamentaria que ha dado excelentes frutos. Yo quiero agradecer el clima de consenso alcanzado en esta modificación de la Ley de Arbitraje y la comprensión que se ha tenido hacia las enmiendas que distintos grupos parlamentarios habíamos planteado. A nosotros no nos agradaba el proyecto de ley inicial, y votamos hoy que sí a las enmiendas del Senado pero como expresión también de un voto favorable al conjunto de la ley y al trabajo que se hizo en el Congreso de los Diputados que ha culminado el Senado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Hemos modificado aspectos sustanciales en el trámite de ponencia y Comisión en esta Cámara Baja. Quiero recordar que hoy el Senado recupera el plazo de diez días para plantear la declinatoria -nos parece adecuado, era el que ya tenía; se había pasado a quince en el proyecto
de ley, ahora se recupera en diez-, pero sobre todo se suprime en este proyecto de ley aquella concepción de querer plantear la declinatoria como una excepción procesal. Esa concepción era contraria a lo que es el arbitraje y, por tanto, nos congratulamos de haber podido cambiar este aspecto importante del proyecto de ley. Nos congratulamos también de haber introducido la regla de los dos tercios en el arbitraje societario.
La regla de los dos tercios es la vigente en la Ley de Sociedades de Capital y entendemos que la unanimidad podría obstaculizar en ocasiones las decisiones en ese ámbito del arbitraje societario. Nos congratulamos asimismo, señor presidente, señorías, de que se salve el arbitraje de equidad. El proyecto de ley suprimía el arbitraje de equidad; solo por este motivo, si se llega a suprimir ese arbitraje, nosotros hubiéramos votado en contra de este proyecto de ley. Pero lo hemos salvado, lo hemos salvado y con ello nos ponemos en consonancia con el derecho internacional, porque el arbitraje internacional sí prevé el arbitraje de equidad; con ello nos ponemos también en consonancia con una institución, el arbitraje de equidad, muy arraigada en territorios como por ejemplo Cataluña, y con ello también salvamos la equidad y nos arraigamos con la historia. Cicerón ya ponderaba la equidad como una de las divisiones del derecho y resaltaba los efectos benéficos de pulir las aristas de la ley a través de la equidad. Por tanto, bien está lo que bien acaba y debemos congratularnos de que finalmente también en este aspecto del arbitraje de equidad hayamos salvado algo que en el proyecto de ley iba inicialmente en una dirección totalmente opuesta. También hemos salvado la cooficialidad lingüística en el ámbito del arbitraje.
Se referían otros portavoces al aspecto del arbitraje en derecho.
Finalmente, la solución de equilibrio es también la más adecuada. Si el arbitraje en derecho es colegiado, como mínimo uno de los componentes de ese tribunal arbitral deberá ser jurista. Si es un árbitro único también será jurista, a no ser que exista un acuerdo entre las partes, porque en ocasiones puede ser un arbitraje único para un aspecto muy técnico y, por tanto, en este aspecto también es positivo que en estos casos, si se acuerda así, pueda no ser jurista. Pero en el arbitraje colegiado siempre, como mínimo, uno será jurista y, si no se dice nada en contra, en el arbitraje en derecho, cuando sea un único árbitro, siempre será jurista.
Termino ya, señor presidente, señorías, agradeciendo a todos los portavoces el esfuerzo realizado y al Gobierno su comprensión hacia las enmiendas planteadas. De manera muy directa yo quiero hacer hoy un homenaje a la trayectoria que tiene una persona como José Luis Rodríguez, director del Gabinete del ministro Caamaño, porque ha hecho una gran labor de coordinación parlamentaria en este y en otros muchos proyectos de ley, y se lo quiero hoy agradecer expresamente ante el Pleno de la Cámara. Quiero agradecer también a nuestras letradas el buen trabajo que hacen en la Comisión de Justicia; a todas ellas y de manera muy concreta a Isabel Revuelta, toda vez que es la que ha coordinado los trabajos de ponencia y Comisión, que tan bien acaban hoy, del proyecto de ley de arbitraje.
Muchas gracias. (El señor ministro de la Presidencia, Jáuregui Atondo: Siempre tan caballero, Jordi.)
Don Vicente Ferrer tiene la palabra.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señor presidente, señorías, espero que la brevedad de mi intervención genere una oleada de entusiasmo entre todos ustedes.
La tramitación del proyecto de ley de reforma de la Ley de arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado ha sido, a juicio del Grupo Popular, un modelo de trabajo parlamentario. El esfuerzo de todos los grupos, su voluntad para alcanzar los necesarios acuerdos y el ejercicio de flexibilidad pertinente para reunir los consensos precisos permitieron transformar el proyecto de ley que nos remitió el Gobierno a la Cámara y que, a fuer de ser sincero y en reconocimiento a la buena voluntad acreditada por el ministerio y por el grupo que lo sustenta, me limitaré a calificar de manifiestamente mejorable. Esta ley, sin suponer un avance de la profundidad y la enjundia que en su momento supuso la legislación de 2003, introduce algunas mejoras y novedades que podrían contribuir positivamente al desarrollo del modelo y del mundo del arbitraje. Mi grupo está especialmente satisfecho de haber introducido cuestiones tan relevantes para el resultado final como haber mantenido el régimen de declinatoria en lugar de la excepción de arbitraje, eliminar la protocolización obligatoria del laudo a la hora de su inscripción en el Registro Mercantil, la eliminación de la obligatoriedad del acuerdo unánime de los socios para la introducción en los estatutos sociales de la cláusula de sumisión de arbitraje, el mantenimiento del arbitraje de equidad -cuestión que era vital en sí misma además de por el hecho de que nos deshomologaba en relación con los sistemas de arbitraje internacionales-, el mantenimiento de la condición de jurista del árbitro único, una a nuestra juicio más razonable regulación del régimen de incompatibilidades o una adecuada preservación de las competencias judiciales en los procedimientos concursales en relación con las cláusulas de arbitraje.
La satisfacción que expreso por el resultado alcanzado en la elaboración de la ley por el Congreso de los Diputados no es óbice para que reconozcamos la oportunidad que nuestra arquitectura constitucional nos brinda de consultar con la almohada. Me refiero, claro está, al trabajo de la Cámara Alta, a la que tuve el honor y el privilegio de pertenecer durante ocho años. En este sentido quiero poner de manifiesto el reconocimiento de mi grupo a las aportaciones en forma de enmiendas que el Senado remite a esta Cámara, algunas constitutivas de
mejora técnica que contribuyen a afilar conceptos y, si me lo permiten, limar tosquedades, y otras de mayor transfondo como la necesidad de introducir el voto particular en los laudos. Esta cuestión, si bien suscitó algunas dudas en su momento, debo reconocer que recientes decisiones judiciales de la máxima actualidad han contribuido poderosamente a reconciliarnos con el concepto de voto particular y con sus saludables y democráticos efectos.
Señorías, no es este el día de San Crispín ni nos izaremos sobre las puntas de los pies cuando se mencione esta fecha, pero, sinceramente, hemos cumplido todos con nuestro deber.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ferrer.
Don Álvaro Cuesta, tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, una vez más quiero iniciar la intervención recordando el apoyo y la solidaridad con las víctimas del terremoto sufrido en Lorca, una población, además, ejemplo de integración y de convivencia ciudadana, con un índice altísimo de inmigración. Hay muchas españolas y españoles y personas de otros lugares que trabajan allí sufriendo, dando ejemplo de convivencia y de sacrificio. Lógicamente, quiero expresar la solidaridad del Grupo Parlamentario Socialista y nos adherimos también a la que va a expresar posteriormente la Cámara a través de su presidente. También quiero manifestar en relación con el proyecto de ley de arbitraje el agradecimiento al trabajo que se ha venido haciendo tanto desde el propio Ministerio de Justicia, por los técnicos, por el director del gabinete José Luis Rodríguez, así como la permeabilidad y sensibilidad del ministro y la capacidad de diálogo de todos los grupos parlamentarios.
Estamos ante una ley de unanimidad, de gran entendimiento, de gran consenso, donde la mayor parte de las aportaciones también proceden -quiero dejarlo muy claro- de la propia sociedad, de un diálogo -lo dije ya en el trámite de aprobación inicial por el Pleno del Congreso- entre el Parlamento y la sociedad, porque si algún texto normativo ha sido receptivo a las sugerencias de colectivos de operadores jurídicos ha sido este texto y este proyecto de ley. Por supuesto también quiero agradecer el trabajo de las letradas y de los servicios de la Comisión de Justicia que tanto apoyan e incentivan el trabajo legislativo en esta Cámara.
El Senado ha mejorado efectivamente el texto, ha incorporado correcciones de estilo más acordes a la tradición legislativa; introduce en el arbitraje societario estatutario la referencia a las acciones y no solo a las participaciones en que se divide el capital social; cuando se habla de la declinatoria armoniza los plazos efectivamente con los plazos de la regulación procesal de la declinatoria; en una palabra, se mejora técnicamente el proyecto de ley. Pero yo quisiera resaltar lo que significa esta ley que hoy ya con carácter definitivo aprobamos, y es una apuesta clara por el arbitraje. Se asientan en España los arbitrajes internacionales, también se potencian los arbitrajes internos. Se procede a reforzar el papel de las instituciones arbitrales, así como a una mejor estructuración del nombramiento de los árbitros, abriendo el abanico de profesionales con conocimientos jurídicos a la función de arbitraje y abriendo a otro tipo de profesionales técnicos no jurídicos especialistas que son referencia española en el arbitraje internacional. Asimismo, se reasignan las funciones judiciales en relación con el arbitraje: las funciones relativas a los nombramientos, remoción, conocimiento de la acción de anulación, la competencia para conocer el execuátur de los laudos extranjeros, que se atribuye a las salas de lo Civil y de lo Penal de los tribunales superiores de Justicia; se eleva, por lo tanto, el rango del arbitraje, se le da mayor importancia; se regula un nuevo cauce -y me parece muy importante-, que es el cauce procedimental de intentar resolver los conflictos internos entre la Administración General del Estado y sus entes instrumentales a través de lo que se ha venido en denominar arbitraje institucional, Comisión Delegada del Gobierno para la resolución de las controversias administrativas. Por otra parte, se da mayor seguridad jurídica al arbitraje; se acerca el derecho procesal arbitral español a la Ley modelo Uncitral y se hace una apuesta por la afirmación constitucional, la auténtica filosofía de que el arbitraje es un equivalente jurisdiccional. Por lo tanto, con esta reforma entramos y entroncamos con una filosofía de modernidad de la justicia que está insertada también en la estrategia para la economía sostenible. Se quiere por un lado modernizar la justicia, agilizar procedimientos, dar más medios materiales y personales a la justicia y, por otro, desjudicializar, apostar por los mecanismos extrajudiciales de solución de los conflictos; la desjudicialización por un lado y la agilización procesal con más medios por otro.
En suma, con esta ley estamos haciendo una apuesta por la modernización; una apuesta especialmente intensa este año en el ámbito de esta Cámara y de la Comisión de Justicia que quiero mencionar muy brevemente. Se ha aprobado este año la Ley 4/2011, de 24 de marzo, en la que se garantiza la aplicación en España de los procesos europeos monitorios y de escasa cuantía. Se ha aprobado por la Comisión -y ya está en el Senado- la reforma de la Ley de contratos de crédito al consumo, el proyecto de ley de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la reforma del Registro Civil. Está tramitándose la ley de medidas de agilización procesal y en breve tiempo vendrá también la ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles, que ya está en la Cámara y de la que también ha finalizado su plazo de enmiendas. Vendrá en breve la ley que regula la implantación de los tribunales de instancia. Están en trámite de enmiendas el proyecto de ley de jurisdicción social, la reforma concursal, la reforma de las sociedades de capital, sobre todo para el reconocimiento de determinados derechos de los accionistas
de las sociedades cotizadas. Señorías, arbitraje, desjudicialización, agilización procesal, modernización, más medios materiales y personales, es una apuesta decidida, colectiva de esta Cámara, de algo que es prioritario, que es la modernización del servicio público de la justicia porque desde esa modernización hacemos realidad un principio fundamental, que es el de la igualdad de oportunidades, porque la tutela judicial efectiva es uno de los requisitos fundamentales de la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares producidos por materiales radiactivos.
Tiene la palabra doña Nuria Buenaventura. (Pausa.) ¿No se encuentra en el salón? ¿Desea, señor Tardà, sustituir a su compañera de grupo? (Denegación.) No desea intervenir. Por el Grupo Vasco, PNV, don Pedro Azpiazu, ¿ha pedido la palabra? (Denegación.) Renuncia a su uso. Muchas gracias.
Don Jordi Jané, por favor, tiene la palabra.
Señorías, este proyecto de ley es consecuencia de la normativa internacional que el Estado español tiene que incorporar a su ordenamiento interno y, por tanto, debe hoy aprobarse en esta Cámara el proyecto de ley de responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Vaya por delante nuestra valoración global positiva de este proyecto de ley.
El Senado ha introducido unas enmiendas y ya adelanto que Convergència i Unió votará a favor de todas ellas, excepto de las enmiendas introducidas con la nueva disposición adicional tercera y el párrafo que se añade a la disposición final séptima. Votaremos en contra porque Convergència i Unió entiende que la obligación de transformación de la forma jurídica de las centrales nucleares no debe afectar el equilibrio actual en el control conjunto de estas instalaciones. Por tanto, votaremos en contra de esa nueva disposición adicional tercera y también del apartado final de la disposición adicional séptima, en cuanto provoca la entrada en vigor prácticamente inmediata de este nuevo texto de la disposición adicional tercera. Valoramos muy positivamente en este trámite, señor presidente, señorías, la disposición adicional que, a través de una enmienda de Convergència i Unió, finalmente se incorpora a este proyecto de ley. Es una disposición que lo que pretende es crear una estructura conjunta de emergencia para la zona de Tarragona en donde hay tres centrales nucleares -y, por tanto, está el Penta-, pero también unas plantas petroquímicas que tienen también un plan de emergencia específico; es bueno coordinar esfuerzos y es bueno que la Generalitat tenga también el protagonismo que como Administración más cercana debe tener en este ámbito. Esta ley obliga al Gobierno a realizar esa estructura conjunta en un plazo determinado de seis meses, y nosotros afirmamos que desde Convergència i Unió velaremos para que sea un éxito la aplicación de esta disposición adicional y que realmente a través de ella se mejoren esos planes de emergencia. Son muchos, señor presidente, señorías, los alcaldes de municipios nucleares que se quejan de la no estructuración positiva que en estos momentos tienen los planes de emergencia en la práctica. No se realizan bien los simulacros y nadie acaba de creerse la importancia que tienen; los alcaldes sí se lo creen, pero a nivel global no somos capaces de realizar esa estructura importante de las emergencias, de las prevenciones, de los simulacros, y por tanto tenemos también aquí una asignatura pendiente que debemos resolver.
Señorías, más que nunca, después del desastre de Fukushima, del terremoto y posterior tsunami, las condiciones de seguridad de nuestras plantas nucleares deben ser la prioridad siempre. Siempre que abordemos temas de seguridad nuclear la prioridad debe ser que la planta cumpla con todos los requisitos. Por tanto, si tras lo acontecido en Fukushima, en Japón, llegamos a la conclusión de que debemos incorporar mayores requisitos de seguridad, que se incorporen. Este es el mensaje que queremos entre todos trasladar y de ahí que ya exista un mandato de este Congreso de los Diputados para realizar nuevos tests de resistencia a cada una de nuestras plantas nucleares. Y debemos tener en cuenta una vez más que desde las instituciones políticas debemos reconocer la competencia técnica que aquí tiene el regulador: el Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, ante los múltiples debates sobre si una planta es segura o no, todos podemos opinar, pero quien debe certificar y quien tiene la responsabilidad y a quien debemos realmente atender en cada caso es a las directrices técnicas e independientes que deben emanar siempre del Consejo de Seguridad Nuclear, que es el órgano regulador en este aspecto y es del que nos debemos fiar en cada momento.
En consecuencia, señor presidente, señorías, voto a favor del proyecto de ley, voto en contra de estas dos incorporaciones que he resaltado y valoración positiva general de que a través de normas como esta seamos capaces, si hubiera realmente algún tema de responsabilidad civil, de atenderlo con parámetros internacionales como hace este proyecto de ley.
Le correspondería en este momento intervenir al señor Gómez Darmendrail.
Señoría, ¿le importa que conceda la palabra a doña Nuria Buenaventura, que me ha explicado la razón de su urgencia y me parece justificada? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Tiene la palabra doña Nuria Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Muchísimas gracias, presidente. Parece que esta ley tenga siempre algún problemilla, recuerdo que fue mi primera intervención en este Pleno y también con el ministro de Industria tuvimos algún problemilla de ausencias. Repito: muchísimas gracias, presidente, por dejarme intervenir.
Señorías, ustedes conocen nuestro posicionamiento con respecto a la energía nuclear, pero hoy toca reiterar nuestros planteamientos por lo que ha sucedido desde que discutimos justamente la enmienda a la totalidad de esta ley en el Congreso, el 28 de octubre, hasta ahora. Yo creo que Fukushima nos acaba de dar la razón a los que continuamos defendiendo la necesidad de superar la energía nuclear y entendemos que es necesario superar la energía nuclear fundamentalmente por tres grandes razones. En primer lugar, porque la energía nuclear es ingobernable y así se demostró en Chernóbil hace veinticinco años y hace unos cuantos meses en Fukushima. En segundo lugar, porque la energía nuclear es altamente peligrosa y porque condiciona también a las generaciones futuras, y entendemos que en una sociedad que se reclama de desarrollo sostenible el concepto básico debe ser el de preservar a las generaciones futuras de peligros como puede ser el peligro de la energía nuclear. Y además porque la energía nuclear tampoco es barata ya que externaliza parte de sus costes trasladándolos a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad, y esta ley que seguramente hoy el Congreso aprobará es un buen ejemplo de ello.
A nuestro entender la energía nuclear es el pasado en tecnología, es un presente de riesgos y un futuro condicionado por los residuos radiactivos; y estamos hablando de unos riesgos no muy lejanos, como sabemos. Por todos estos motivos, una vez más en defensa del interés común, en aplicación del mínimo principio de precaución, entendemos que España debería abrir un proceso de transición -como se ha hecho también en otros países- para sustituir la energía nuclear, altamente peligrosa y contaminante, por unas energías limpias, por unas energías renovables, y más viendo que la evolución es muy positiva en el uso y la implantación de las energías renovables.
A partir de esta reflexión clarísimamente antinuclear, entrando en la ley en concreto, queremos recordar lo que ya explicábamos en las intervenciones de la enmienda a la totalidad y también en la Comisión cuando se discutió. No entendemos cómo esta ley no contempla que los responsables son los titulares, los dueños de las centrales nucleares. Es incomprensible que la ley no impute directamente a los titulares de las centrales sus responsabilidades civiles de afrontar los daños que puedan producir estas centrales nucleares en el traslado o en el manejo de las sustancias radioactivas, que no se exija la responsabilidad civil ilimitada. No es de recibo que exijamos responsabilidades civiles que no cuenten con garantías de ningún tipo de retorno. Pongo el ejemplo de Chernobil: se calcula aproximadamente que el coste económico es de 125.000 millones, y hoy en esta ley estamos hablando de unos costes máximos de 1.500 millones. La diferencia es abismal. Consideramos que además los titulares deben responder de todos los daños, sin exclusiones de ningún tipo. Entendemos además que los fondos de garantía deben ser como mínimo iguales, cuando no superiores, a la responsabilidad civil. Es incomprensible que no se exijan unos fondos de garantía que respondan como mínimo a las responsabilidades civiles de los titulares.
Otro elemento que nos parece de escándalo en la ley es el hecho de que no llegue la cobertura de los gestores privados y, cuando no llegue, se sustituya por fondos públicos. Esta situación no se produce en ningún otro sector de la actividad económica, y no es comprensible por qué tiene que ocurrir con respecto a las centrales nucleares. A estas alturas, con la que está cayendo en relación con la energía nuclear, si tenemos en cuenta el debate europeo y mundial abierto sobre el presente y el futuro de las fuentes de energía, en concreto de la energía nuclear, deberíamos posicionarnos en contra de esta ley por no cubrir realmente todas las necesidades y además deberíamos apostar por una discusión seria sobre el futuro de la una energía nuclear.
Don Javier Gómez Darmendrail tiene la palabra.
Señorías, es cierto que hasta la fecha en España no se ha producido, gracias a dios, ningún accidente nuclear ni tampoco se han registrado accidentes de transportes de materiales nucleares que hayan originado compensaciones a terceros por daños nucleares. Existe determinada falta de experiencia -dicho sea entre comillas- de las empresas aseguradoras a la hora de tarificar de forma rigurosa las pólizas de seguros en términos de riesgos estimados, tal y como suele hacerse con otro tipo de accidentes considerados catastróficos. Por ello, este proyecto de ley establece un sistema flexible que en todo caso garantiza la cobertura de riesgo de acuerdo con los convenios de los que España es parte. Claro que entre hoy y el día 28 de octubre de 2010, que esta ley vino a la Cámara, como todos saben, ha ocurrido el accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi donde han sido evidentes los daños causados por la fuerza de la naturaleza sobre esta instalación nuclear, sin mencionar porque no es objeto de este debate los causados a los
miles de japoneses, fallecidos y desaparecidos, las haciendas, bienes e industrias de todo tipo y los modos de vida, que se han visto alterados y afectados en muchos casos, y a los que mi grupo desde aquí envía nuestro reconocimiento, afecto y admiración. Por ello, señorías, de este accidente de Japón ya tenemos un primer elemento del que extraer una lección en relación con este debate sobre la ley que vamos a aprobar. No sé si el ministerio tomará nota de esto y comprobará de qué forma y manera han cubierto los titulares de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi la responsabilidad civil por esta catástrofe en la que se ha visto afectada dicha instalación nuclear. Si no es así, no duden de que esa será una tarea que hará el Grupo Parlamentario Popular en la siguiente legislatura y la traerá a esta Cámara para su aplicación a esta ley si es necesario. Pero, señorías, yo estoy seguro de que el accidente de Fukushima -que, dicho sea de paso, no ha sido un accidente fruto de la tecnología nuclear ni un error de la instalación ni un fallo humano, sino un acontecimiento excepcional de proporciones inesperadas- ha demostrado que las centrales nucleares son capaces de resistir algunas fuerzas enormes de la naturaleza. Las centrales actualmente en operación se han de rediseñar y han de aprender, naturalmente, de las lecciones de Japón para protegerse de tsunamis e inundaciones y, en particular, en relación con las piscinas de elementos de combustible gastado, con la diversificación de su propio abastecimiento de energía eléctrica, y por supuesto respecto a las nuevas construcciones tendremos que ser más exigentes en relación con que su emplazamiento no agregue riesgos innecesarios.
Sobre la base de todo lo anterior, mi grupo considera necesaria esta ley.
Hemos conseguido identificar un texto que recoge las enmiendas propuestas o apoyadas por nosotros y recoge también de forma amplia el sentir de la mayoría de esta Cámara, así como la del Senado. Lo único que no recoge -y no es poco- es el sentir del Consejo de Seguridad Nuclear. Les recuerdo que el CSN es el único organismo del Estado español responsable de la seguridad nuclear y de la protección radiológica. Por tanto, señorías, ya que el Ministerio de Industria persiste en su interés por acaparar la competencia de seguridad nuclear, no seamos nosotros hoy también partícipes de ese manido interés y respetemos las competencias de cada cual. Por eso, me detendré un momento en la transaccional 63167, sobre la que quiero hacer un comentario breve, porque aunque la vamos a votar a favor porque tiene otras connotaciones y otras consideraciones, no respeta las competencias del Consejo de Seguridad Nuclear y habrá que arreglarlo en el futuro.
En relación con el apartado 4 del artículo 28 de la Ley de Energía Nuclear, que trata una información que afecta básicamente a la seguridad nuclear y que, por cierto, fue requerida en dos ocasiones por la Comisión de Industria de esta Cámara al Consejo de Seguridad Nuclear con motivo de la presentación anual de su informe de actividades al Congreso, tengo que decir que la imposición de la obligación de informar regularmente sobre planes de inversiones y recursos humanos a los titulares de las centrales nucleares representa un avance desde el punto de vista de la regulación de seguridad. Ahora bien, si este requisito se impone por razones de la seguridad, parecería lógico que se tramitase a través del único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, que exigiría mucho más que unas simples cifras agregadas de inversiones y plantillas, como dice la transaccional a la que me estoy refiriendo. Pero ya sabemos la opinión que tiene el PSOE de los organismos reguladores y pretende que en vez de ser independientes sean correas de transmisión del Gobierno.
Señorías, concluyo diciendo que con este proyecto de ley que hoy aprobamos España cumple con sus obligaciones internacionales, las derivadas de los convenios de París y de Bruselas, y establece un sistema garantista y moderno en materia de responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Por ello, en atención a nuestro sentido de la responsabilidad y al compromiso con nuestros intereses como país en el campo de la seguridad nuclear, vamos a apoyar esta ley, porque nos parece muy necesaria y oportuna.
Tiene la palabra don Jesús Alique.
Señorías, hoy se culmina la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. En primer lugar, quiero destacar el alto grado de consenso que se produjo ya en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, que también ha continuado en el Senado, y el buen ambiente ha hecho posible que tengamos como resultado final una buena ley. Esta ley es el resultado de dos hechos claros y objetivos que existen en España: el primero, que tenemos centrales nucleares porque fue una decisión que se tomó en el pasado y, en segundo lugar, que tenemos que cumplir con los compromisos internacionales, fundamentalmente el Convenio de París y el Convenio de Bruselas y sus respectivas enmiendas. El primer objetivo de la ley es ampliar la responsabilidad civil de los titulares de instalaciones nucleares y se produce un salto cualitativo, pasando de los 700 millones de euros actuales a los 1.200 millones que tienen que asumir los titulares de las centrales nucleares. Para ello se establece una garantía a favor de los potenciales damnificados. Como ya se ha recordado en esta tribuna, afortunadamente en nuestro país no ha hecho falta recurrir a la responsabilidad civil por daños nucleares. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Esperemos que no sea necesario en el futuro. Coincidirán ustedes conmigo en que lo que hace esta ley es reforzar las garantías de los ciudadanos y del medio ambiente. Quiero poner en valor el trabajo y la
profesionalidad del organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, que además es reconocido internacionalmente. Se establece una cobertura aseguradora hasta el límite de lo que permiten los convenios internacionales. Se obliga a los titulares de las instalaciones nucleares a garantizar una responsabilidad de 1.200 millones de euros, como decía anteriormente, 500 millones de euros más de lo que son las exigencias mínimas de esos convenios internacionales, y el nivel de cobertura es de los más exigentes de los países miembros de la OCDE con centrales nucleares. Les pongo solo un ejemplo. Tanto Bélgica como Portugal van a establecer una garantía aseguradora de 700 millones de euros, es decir, la mínima que establecen los convenios. -Quiero recordarles que en el caso de Francia es el país que más centrales nucleares tiene en el ámbito de la Unión Europea-.
Asimismo -esto es importante-, por primera vez la responsabilidad por daños ocasionados por materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares se contempla en la ley -les recuerdo que estos materiales radiactivos son aquellos que proceden de la utilización de los hospitales, de las industrias o de los laboratorios- y la responsabilidad por daño nuclear es objetiva, es decir, que independientemente de que haya culpa o dolo, es responsable el titular de la instalación nuclear.
Se amplía y detalla el daño nuclear, pues además del producido a las personas y a los bienes también se contempla el del medio ambiente. En un intento de protección de los damnificados se amplía el periodo de reclamación de las víctimas por daños a las personas, que pasa de diez a treinta años. Es muy importante una de las enmiendas, en la que se clarifica la titularidad de la central nuclear. En este caso la Ley 25/1964, sobre Energía Nuclear actualmente dice: bajo el régimen de titularidad en España se conceden tantas autorizaciones como propietarios tiene una central nuclear. Por ejemplo, en el caso de la central nuclear de Trillo hay cuatro propietarios, por tanto cuatro autorizaciones. Esta multiplicidad de autorizaciones dificulta que exista una vinculación directa entre las compañías eléctricas y las centrales nucleares y reduce la transparencia en las cuentas de explotación de las mismas. Por eso la enmienda establece lo siguiente: en primer lugar, que la titularidad de las autorizaciones de las centrales nucleares deberá ser única; en segundo lugar, se exige que la titularidad de las mismas sea una persona jurídica y que su único objeto sea precisamente la gestión de las centrales. Además, aunque uno sea titular de varias centrales nucleares, se deben llevar cuentas separadas, de tal manera que se deben diferenciar los ingresos y los gastos imputables a cada una de ellas. Con ello ganamos en transparencia, se favorece la existencia de una interlocución fluida y directa entre el organismo regulador y el titular, y deja claramente definidas las responsabilidades tanto económicas como técnicas como legales de los titulares.
Se ha dicho ya por algún portavoz -voy terminando, señora presidenta- que la principal preocupación de todos es la seguridad. Por ello esta ley, en el preámbulo, establece que en materia nuclear el principal objetivo es la prevención de accidentes, y para ello resulta necesaria la revisión continua de las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares.
Me gustaría resaltar que, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista y en los términos que había referido el Gobierno, se van a hacer las pruebas de estrés de acuerdo con las mínimas condiciones que se establezcan internacionalmente porque lo importante es la seguridad.
- PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO. (Número de expediente 121/000109.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a las enmiendas al proyecto de ley de regulación del juego.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (Pausa.)
Señor Jané, ¿va a intervenir alguien en nombre de su grupo? El señor Sánchez i Llibre no está. (Pausa.)
Pasamos entonces a la intervención del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Gallego. (Pausa.)
Perdone, señor Gallego, si no le importa le daremos la palabra al señor Sánchez i Llibre. (Pausa.)
Tiene al Pleno pendiente de él, pero no parece darse cuenta. (Risas.)
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta, por su sensibilidad hacia este diputado y este grupo parlamentario.
En primer lugar, quiero manifestar respecto al proyecto de ley de regulación del juego, que hoy estamos debatiendo en el último tramo de su convalidación que ha sido un proyecto de ley especialmente complicado en su tramitación. Hay que decir a continuación que creo sinceramente que hemos conseguido una gran colaboración de todos los grupos parlamentarios, hemos conseguido también una especial sensibilidad por parte del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno y del Gobierno, que ha intentado desde todas sus ópticas políticas conseguir el consenso de todas las formaciones políticas e incorporar e introducir en este proyecto de ley, que era un proyecto de ley novedoso porque no existía en España regulación sobre el juego on line, todas aquellas sensibilidades que les hemos presentado los diferentes grupos parlamentarios. Cuando se produce un consenso de estas características, un consenso de esta envergadura, vale la pena también manifestarlo públicamente y poder felicitarnos absolutamente todos. Aquí también querría manifestar que ha existido una gran
sensibilidad y una gran comunicación entre el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el Grupo Parlamentario Socialista. A la ponente en la Comisión que ha sido la diputada Montserrat Colldeforns, también querría manifestarle nuestro agradecimiento por esta complicidad que ha existido en la tramitación. Ha sido una regulación, repito, y una tramitación con una cierta complicación porque es un aspecto novedoso que no existía en España. Quizá si tuviéramos que plantear cuál ha sido el resultado global políticamente hablando, ha sido que a partir de ahora todas aquellas empresas que ordenen su juego en territorio español van a producir unos beneficios importantes a través de su tributación que hasta la fecha no se producían, con lo cual las grandes beneficiadas de esta nueva ordenación del juego van a ser en este caso las comunidades autónomas.
Este es un hito importante que vale la pena recalcar. En Convergència i Unió hemos intentado regular todas aquellos aspectos que hacían referencia a las comunidades autónomas, en los cuales ha quedado perfectamente explicitado que las apuestas mutuas cuyo rendimiento corresponde a la Administración central son únicamente las previstas en las apuestas mutuas deportivo benéficas y aquí hemos centrado básicamente el tema autonómico. Hemos conseguido una serie de modificaciones importantes que han ido a intentar prever las conductas adictivas y de protección de los derechos de los menores, también se ha mejorado la identificación de las personas vetadas para participar en todos o algunos de los juegos permitiendo el cruce de datos automatizado en la base donde se recogen, se ha sustituido el proceso de concurso de licencias por un proceso de autorización y se han incorporado nuevas modalidades de juego.
En definitiva, hemos consensuado con el Gobierno, con el Partido Popular y con el Partido Nacionalista Vasco algunos aspectos que hacían referencia al periodo transitorio para la aplicación de las sanciones y para la aplicación de patrocinios. Globalmente han quedado, desde nuestro punto de vista, algunos aspectos en el tintero, pero creo sinceramente que dada la novedad de esta ley, una ley que al no existir precedentes en España tenía de entrada muchos obstáculos que hemos ido siguiendo a lo largo de esta tramitación. Desde nuestro punto de vista se ha conseguido un consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. Como he manifestado en el inicio de mi intervención, nos sentimos satisfechos de esta colaboración, de este consenso y de la complicidad que hemos mantenido y conseguido con el Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Gallego, ahora sí es su turno.
EL señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de hacer referencia al trámite que hoy nos ocupa, que es fijar posición sobre las enmiendas que nos envía el Senado, déjenme que haga algunas consideraciones generales respecto a esta ley del juego. En primer lugar, quiero dejar muy claro que, desde nuestro punto de vista, se tenía que regular esta actividad en España, ya que no tenía sentido que muchas empresas operaran en el mercado español y no tributaran en nuestro país. Por tanto, apoyamos el desarrollo legislativo porque pensamos que es una buena iniciativa impulsada por el Gobierno en este sentido. Aunque ya manifestamos en la Comisión de Economía que hay muchos elementos que no son de nuestro agrado, pensamos que globalmente la ley ha salido con un buen resultado.
En segundo lugar, igual que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió, queríamos agradecer el trabajo de todos y cada uno de los ponentes en la ley, ya que la misma venía con muchas lagunas desde el principio. Quiero agradecer especialmente el trabajo que ha hecho la señora Colldeforns, que ha sido la que ha llevado el peso de las negociaciones como miembro del Partido Socialista. El trabajo era difícil, había muchas enmiendas contradictorias y otras representaban a diferentes intereses, pero al final ha sabido reconducir bien las negociaciones. Insisto, el trabajo parlamentario ha mejorado mucho esta ley. El anteproyecto inicial de esta ley no era nada afortunado, y quizá por eso dimitió el director general de Loterías, y pensamos que se ha mejorado mucho. Es evidente, señorías, que, aunque no aparezca en la exposición de motivos de la ley, el elevadísimo déficit público que soporta nuestras cuentas públicas ha invitado al Gobierno a que se aborde esta situación de una manera precipitada, por la vía de urgencia. Se ha hecho así con dos grandes objetivos: por un lado, crear una nueva fuente de financiación, nuevos tributos, en este caso impuestos sobre el juego y, por otro lado, consolidar y consagrar la reserva de la comercialización de Loterías y Apuestas del Estado para asegurar una mejor privatización de este ente, tal y como anuncia el Gobierno que tiene voluntad de hacer, en un 30 por ciento de entrada. Dicho esto aprovechamos la ocasión para decir que no estamos a favor de la venta de ese 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado, ni en la forma ni en el fondo, y ya lo hemos manifestado en diferentes ocasiones. Aprovecho que está presente la ministra de Economía de nuestro país para seguir insistiendo en que la pérdida de ingresos recurrentes anuales por la venta de Loterías debería ser compensada por un ahorro equivalente de gasto de intereses actualizando la inflación.
Nosotros no vamos a apoyar una mala venta de esa empresa que asegura unos beneficios tan importantes en nuestro país. No estamos de acuerdo con malvender la gallina de los huevos de oro; insisto, no aparecía esta cuestión en el anteproyecto de ley, pero todos sabemos que tiene mucha relación y a nadie se le escapa en ese sentido.
Respecto al contenido concreto de la ley, quiero destacar algunas cuestiones en las que se ha mejorado, como
he dicho antes, como consecuencia de la negociación con el resto de los grupos. En primer lugar, lo recordaba también el portavoz de Convergència i Unió, se ha logrado sustituir el concurso público, los numerus clausus por un sistema más abierto, más competitivo de otorgamiento de licencias.
Se ha limitado la duración de las mismas. Se han incluido algunos aspectos que invitan a que se trabaje en la convergencia y homogeneización entre la fiscalidad, los criterios de patrocinio, los trámites administrativos dispares que tienen el sector presencial y el sector on line. En relación a esta cuestión ha habido muchas demandas vinculadas al sector tradicional de España. También se han mejorado mucho algunos aspectos que hacían referencia a la lucha contra los efectos perniciosos del juego, se ha incorporado el dominio.es y se ha consolidado la trayectoria impecable de la ONCE, que todos los grupos políticos alabamos, una organización fundamental en nuestro país. Desde otro punto de vista, no éramos partidarios de crear una comisión nacional del juego; no se ha resuelto adecuadamente el retorno del porcentaje de las apuestas deportivas; se tenía que haber recogido un catálogo de juegos que incluyera el bingo, las apuestas on line y otras modalidades de juego; no se ha clarificado bien la recaudación que recibirán Ceuta y Melilla a la hora de clarificar esta recaudación. Además, pensamos que era una buena oportunidad para crear en el seno de la Administración de la Agencia Tributaria equipos especializados para el control fiscal de las actividades vinculadas al juego.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Gallego, por favor.
El señor GALLEGO BURGOS: Voy acabando, señora presidenta.
En cualquier caso, señorías, hoy estamos mejor que hace un año, porque hoy tenemos una ley novedosa. Nuestro grupo parlamentario va a prestar mucha atención a su desarrollo reglamentario, porque el desarrollo reglamentario de esta ley tiene especial importancia, y vamos a seguir pendientes de todos los movimientos que se hagan en relación con el sector del juego en España, que es una actividad realmente muy importante desde el punto de vista económico.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Gallego.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rivero.
La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el proyecto de ley que se somete hoy a aprobación definitiva es sin duda un proyecto relevante. Se trata de una regulación necesaria que aborda de un modo integral el sector del juego en España. En los últimos años ha surgido y se ha desarrollado de un modo vertiginoso una modalidad nueva dentro de esta actividad de la mano del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se conoce como juegos on line, que demandaba una respuesta normativa que abarcara esta nueva realidad desde sus múltiples vertientes. En primer lugar, la práctica de la actividad con garantías para quienes participan en ella como consumidores y usuarios; en segundo lugar, la seguridad jurídica para el desarrollo de una actividad económica dentro de un marco que establece derechos y obligaciones a los operadores; en tercer lugar, la disposición de controles públicos para evitar la práctica no solo del fraude, sino de otro tipo de actividades delictivas asociadas al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo; y, por último -aunque no menos importante-, la consideración hacia aquellas personas merecedoras de una especial protección frente al juego, como son los menores y quienes padecen algún tipo de patologías en relación con él.
Se trata, señorías, de un necesario ejercicio de intervención en la conformación de una norma que tiene la complicada misión de conciliar intereses múltiples, diversos y, en ocasiones, claramente enfrentados. Se pone fin con esta ley a un vacío legal a una realidad que ha ido desenvolviéndose en términos de alegalidad y, en relación con algunas prácticas -como todos coincidimos en calificarlas-, de ilegalidad. En este sentido, frente a otros países que han optado incluso por la prohibición total -como Estados Unidos- o por monopolios nacionales, el Gobierno -a nuestro juicio, acertadamente- ha optado por una mayor liberalización de los que hasta ahora tenían en nuestro país el juego presencial, con excepción de las reservas fijadas para los operadores de loterías y, ocasionalmente, para algún sorteo desarrollado por entidades sin fines lucrativos; reservas que la propia ley justifica por razones de interés público. Afortunadamente muchas cosas han cambiado y hay razones más que suficientes para modernizar aspectos de una sociedad estatal, Loterías y Apuestas del Estado, que va a seguir siendo de titularidad y naturaleza pública y que se será articulada en torno a principios básicos que garanticen la publicidad y la transparencia de los procedimientos, pese a la insistente pretensión recaudatoria que le da hoy sí y mañana también el Partido Popular.
Mi grupo se congratula de la eficiencia legislativa que se ha dado en toda su tramitación. Entró el pasado 4 de febrero en el Consejo de Ministros, donde se presentó este proyecto, y la propuesta se ha ido enriqueciendo con el trabajo y enmiendas de todos los grupos parlamentarios, a cuyos portavoces y componentes quiero darles las gracias por su aportación, trabajo y voluntad de consenso a sabiendas de la necesaria regulación que esta materia requería. Destacaría especialmente que con las enmiendas del Senado incluidas en el texto -que naturalmente apoyaremos- se han reforzado los componentes sociales del proyecto. Muestro mi agradecimiento a todos los colectivos que han participado en la mejora de este proyecto de ley, porque hemos tenido reuniones con representantes de los medios de comunicación, publicistas,
operadores, especialistas psiquiátricos, que han prestado su voz y que nos han ayudado a entender con más profundidad la relevancia y necesidad de esta regulación. Especialmente a la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) y a la diputada socialista Vicenta Tortosa, por su extraordinaria capacidad a la hora de transmitirnos y hacernos ver la oportunidad indiscutible que esta ley podía comportar para aquellos que han padecido y han sido víctimas del juego, pero han sido capaces de rehabilitarse. El Grupo Parlamentario Socialista desea mostrar su mayor respeto y admiración a este colectivo; merecen toda nuestra consideración porque con sus propuestas han conseguido un muy consensuado y riguroso artículo 8, enmendado en el Senado y dedicado a esta protección.
Igualmente está satisfecho el Grupo Socialista por el equilibrio alcanzado entre los distintos intereses afectados por la nueva regulación y las competencias de las comunidades autónomas, porque no debemos olvidar que fue consensuada con todas ellas, dado que están en sus manos la mayoría de las competencias que se recogen en la misma. Otro tanto ocurre con la materia fiscal recogida en el proyecto, porque el Estado solamente ingresará para sí lo recaudado por apuestas como las quinielas así como lo que se recauda por los juegos on line en los que participan jugadores que no residan en ninguna comunidad autónoma, recaudación que se verá afectada por compromisos previos asumidos con el mundo del deporte, a través de la enmienda a la disposición adicional sexta. Hago aquí también referencia a la comparecencia del presidente de la AFE, quien puso de relieve la dedicación formativa, cobertura social, salarial, etcétera, de esta asociación y a quien agradezco además la firma que tuvo el pasado 8 de abril con las tan olvidadas mujeres deportistas. Como dijo mi compañero Paco Marugán, como en tantas ocasiones en la vida los que tienen voz a veces no tienen problemas, y los que tienen problemas a veces no tienen voz.
Quiero dar las gracias nuevamente a los ponentes de todos los grupos parlamentarios así como a la Secretaría General de Hacienda y al ministerio, cómplice necesario e indispensable en el consenso democrático; al trabajo de las letradas de la Comisión de Economía y Hacienda, y muy especialmente a los ponentes del Grupo Socialista. A Montse Colldeforns por su incansable trabajo en esta ley, que nos apasiona, según sus propias palabras; a Jesús Quijano por su inestimable sabiduría, y a Paco Marugán por su rigor, criterio, y todo un quehacer democrático a sus espaldas. En definitiva, y en palabras de la ministra Salgado, entendemos que con la aprobación final del proyecto los ciudadanos se beneficiarán de una oferta más atractiva y segura de ocio en materia de juego. Asimismo la nueva legislación constituirá un positivo impulso al sector empresarial del juego que con este marco normativo, claro y preciso, dispondrá de una oferta competitiva de servicios, que a su vez contribuirá a la tan necesaria creación de empleo en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Rivero.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000091.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, a continuación pasamos al punto VII, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En concreto al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Presidenta, señorías, permítanme tomar la palabra, como responsable del ministerio e impulsor de ese proyecto, para realizar unas consideraciones muy breves, telegráficas, dado el consenso que se ha alcanzado en la tramitación parlamentaria de la Ley del Registro Civil y en esta otra de naturaleza orgánica que la acompaña. La constatación fehaciente de la historia civil de las personas es una función de evidente relevancia que ordena y facilita la vida social. Disponer de esa información sobre la persona es un derecho de la ciudadanía, pero también es un elemento objetivo que confiere seguridad y certeza a las relaciones jurídicas. Esa ha sido siempre la razón de ser del Registro Civil.
Para llevar a cabo ese cometido de forma ágil y eficiente era imprescindible reformar en profundidad la estructura y el funcionamiento del Registro Civil, adecuándolo a la realidad tecnológica y social de la España de hoy. Para llevar a cabo esa función la Ley del Registro Civil del año 1957 era ya incapaz de dar una respuesta eficaz a las nuevas situaciones, y también lo eran los principios organizativos que le sirven de fundamento; principios que hace tiempo que han dejado de ser operativos para que el Estado pueda prestar un servicio público a la altura de los tiempos y de los niveles de calidad que los ciudadanos nos demandan. En la moderna sociedad de la comunicación las bases de datos y el acceso personal y directo de los ciudadanos a través de Internet forma parte de lo habitual y de lo cotidiano; sin embargo en el Registro Civil no ocurre así, porque la vigente ley configura un modelo completamente alejado de la realidad; un modelo judicializado, basado en la lógica de los hechos -nacimiento, matrimonio, fallecimiento-, en la escasa movilidad de las personas, y en la necesidad de un acceso personal a través de una multitud de ventanillas dispersas por todo el territorio nacional: juzgados de paz, juzgados de primera instancia, registros principales y centrales. Toda una red mal comunicada entre sí, en la que se guarda una parte
muy reducida, de manera fragmentaria, de toda esa información, de suerte que existe una enorme dificultad para la gestión conjunta de toda ella, y para trasladarla en un tiempo razonable a los ciudadanos, exigiéndose una labor de búsqueda y de depuración de datos dispersos en muy diversos lugares, que son causa de las colas y de los retrasos que se producen.
La nueva ley cambia por completo ese modelo: desjudicializa el Registro Civil, que se convierte en un registro público y electrónico, gestionado administrativamente, y cuyos actos -como ocurre en los demás ámbitos de la Administración pública- son controlados por los jueces; se pasa de un registro basado en hechos a un registro basado en las personas; desaparece el modelo de libros de registro y en su lugar se crea una base de datos común, informatizada y única para toda España, compuesta de un fichero individual que se inicia precisamente con el nacimiento. Al configurarse un registro de naturaleza electrónica y único se establece la accesibilidad a los datos mediante firma electrónica por cada persona, sin necesidad por tanto de tener que comparecer ante ninguna oficina especial, salvo en situaciones muy excepcionales, por eso se reducen las oficinas donde hoy se realizan las tareas de registro civil, y todo ello se pone al servicio de una eficacia mucho mayor.
Todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara han asumido la necesidad de ese cambio de modelo y han apoyado los grandes principios que inspiran el nuevo. Y ese encuentro entre todos los grupos parlamentarios no es fruto de la casualidad, ni es tampoco fruto de la coincidencia, antes al contrario es el resultado de muchas horas de negociación, y de un trabajo muy bien hecho en busca del entendimiento, pensando en el interés general de todos los españoles, un trabajo que se ha hecho, y muy bien, particularmente en el seno de la Comisión de Justicia de este Congreso de los Diputados. No hay mejor reforma de nuestro Registro Civil que aquella que es el resultado de un esfuerzo compartido por todas las fuerzas políticas, mejorando y completando el proyecto que inicialmente había presentado el Gobierno. Haber alcanzado un acuerdo político tan amplio en torno a la nueva regulación es un plus de legitimidad que la dota de una mayor estabilidad en el tiempo, permitiendo la consolidación progresiva del cambio de manera tal que podamos abandonar el registro antiguo por el nuevo registro, mucho más moderno, mucho más ágil y hacerlo todos de acuerdo. La nueva regulación nos va a permitir por tanto avanzar varias décadas, porque dispone la tramitación íntegra de los expedientes por vía telemática, simplifica todos los trámites, y permite a los ciudadanos acceder -como antes decía- directamente desde su ordenador en casa a su página civil, consultarla, y bajar los datos que estime necesarios.
Estamos ante un texto pionero que coloca a las personas en el centro del modelo, les facilita de manera sencilla el acceso a la información, y como no podía ser de otro modo en un Estado de derecho, todos los actos de este nuevo Registro Civil van a ser controlados por los jueces, pero no como ocurre hasta hoy, donde la vieja ley del año 57 entremezcla las funciones judiciales con las administrativas, lo gubernativo con lo jurisdiccional, de manera ciertamente confusa. La reforma ha servido también para actualizar algunas parcelas de nuestro ordenamiento jurídico que están directamente vinculadas con el Registro Civil. Así, se ha modificado el artículo 30 del Código Civil, para que se pueda proceder a la inscripción del recién nacido sin tener que esperar a que transcurra el plazo de 24 horas hasta ahora vigente, y se ha dado también una nueva regulación al antiguo legajo de abortos, constituyéndose un archivo de fallecimientos prenatales, y al igual que en otros países de nuestro entorno democrático se han suprimido también algunos elementos subsistentes que suponían discriminaciones por razón de sexo.
La tarea -concluyo ya- llevada a cabo en esta Cámara y respaldada por ese amplio consenso va a suponer que el Registro Civil deje de ser contemplado como una carga administrativa, y que se convierta en un registro de servicios, pensado de verdad para el ciudadano e ideado para mejorar su calidad de vida. Pocas veces ante leyes tan relevantes para las personas como la que ahora se aprueba se ha alcanzado tan alto grado de sintonía política, y esto es sin duda buena prueba de que hay cuestiones que son de todos, y todos hemos sabido trabajar por ellas, pero es sobre todo un gran aval para este proyecto de ley que pronto será ya una ley definitiva. Confío en que el paso de la reforma por el Senado continúe por esta misma senda del entendimiento y de la aportación por parte de todos los grupos, y que ese diálogo lleve finalmente a la aprobación definitiva del modelo.
Pasamos a continuación a la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Vasco del PNV, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, creo que este es un día para felicitarnos todos, para hacer una suerte de felicitación colectiva por la aprobación de la nueva ley reguladora del Registro Civil. Usted ya ha indicado cómo la anterior ley databa del año 1957, y esto ya acredita la extemporaneidad que caracterizaba a la anterior regulación del Registro Civil. En todo caso, señor ministro, mi grupo mantiene algunas dudas conceptuales, y usted no las ha resuelto en su intervención; una intervención, como no puede ser de otra manera, apologética en relación con la norma que hoy vamos a aprobar. La primera es el icono de la desjudicialización. Nadie ha podido probar por qué desjudicializar es garantía de una mayor eficiencia, en estos ámbitos por lo menos. Sí me gustaría que se desjudicialicen otras cosas, pero en este ámbito en concreto
no hay una correspondencia ni hay un estudio o aproximación ni empírica ni experimental que garantice que la desjudicialización sea una garantía de mayor eficiencia en el funcionamiento del registro. Pero también hay otra cuestión que usted sabe que es polémica, y que en opinión de mi grupo parlamentario no ha estado bien resuelta, que es el traslado de los jueces encargados del Registro Civil a juzgados de Primera Instancia y la no reserva para todos ellos de plazas en las audiencias provinciales, siendo estos jueces personas de gran cualificación jurídica, en el ámbito del derecho de familia particularmente, y de bastante antigüedad; antigüedad que para poco les va a servir en tanto en cuanto pueden compartir juzgados de Primera Instancia tranquilamente con personas que han acabado su formación en la Escuela Judicial. Pueden compartir sus funciones con personas que realmente empiezan su carrera judicial en el denominado en la Ley Orgánica del Poder Judicial juzgado de entrada o de primera plaza provisionada. Este es un tema no resuelto y que está generando polémicas. Quizás una mayor sensibilidad en relación con estas juezas y estos jueces encargados del Registro Civil hubiese sido requerida por su parte. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por otro lado, nos parece bien todo lo que usted ha comentado: el respeto a las competencias autonómicas, incluso en el ámbito de la creación de registros en ciudades de más de 500.000 habitantes, la consagración de la cooficialidad lingüística en el acceso y en las actuaciones registrales.
Usted ha glosado bien la naturaleza del registro. El registro nos acompaña durante toda nuestra vida, se inscribe desde nuestro nacimiento hasta el certificado de nuestra defunción, y todos los avatares vinculados a nuestras relaciones familiares, todas las previstas en el Código Civil y leyes adyacentes. Se potencia el acceso informático de forma muy relevante, hasta el punto de que es la forma natural de acceso al registro, a través de los procedimientos telemáticos o informáticos, pero se le ha olvidado -seguramente por razones que no voy a calificar, porque no somos propensos a realizar juicios de intenciones- hablar de un tema que, sin ser particularmente relevante desde una perspectiva jurídica ni de la nueva configuración jurídica de este registro, ha resultado sin embargo mediáticamente muy polémico, que es aquel que hace referencia al orden de los apellidos en el caso de discrepancia entre los progenitores, y que como usted sabe, ha sido resuelto como ha sido resuelto por esta Cámara, mediante una legislación en blanco, mediante la aprobación de una norma en blanco. Yo no he visto un ejemplo más paradigmático de legislar en blanco que la fórmula utilizada para resolver el conflicto entre dos progenitores, a la hora de establecer cuál es el orden de apellidos en el caso de discrepancia entre ambos. Se ha buscado una fórmula que es manifiestamente insegura jurídicamente, y que va a generar litigiosidad inevitablemente también, señor ministro. Se le solicita al encargado del registro que busque el procedimiento, pero no se le indica cuál es el procedimiento que tiene que utilizar para designar o determinar el orden de los apellidos en caso de discrepancia de los progenitores. Esto está provocando incluso chanzas por parte de encargados de distintos registros y funcionarios de la Dirección de los Registros y Notariados, que se preguntan quién va a entregar la moneda para echarlo a cara o cruz, si va a ser la Administración, si va a ser el Parlamento, o si se les van a entregar dos pajitas, una más larga y otra más corta, para buscar el procedimiento de selección, que es un procedimiento que si no es de naturaleza aleatoria tendrá que ser alternativamente de naturaleza reglada. Pero respecto a la eventual naturaleza reglada nada se dice en la ley. Tendríamos que haber realizado necesariamente una invocación al posterior desarrollo reglamentario o cuando menos, señor ministro, a la posibilidad de la emisión de informes o instrucciones por parte de la Dirección de Registros y Notariados para resolver esta vidriosa cuestión. Yo sé que raya en lo anecdótico y que no son muchos los casos que se van a producir, pero los que se van a producir van a generar conflictos importantes. Este es uno de los puntos débiles de un proyecto de ley que por lo demás es un proyecto de ley muy bien configurado, desde una perspectiva técnico-jurídica, pero tiene este agujero, tiene una norma en blanco, tiene una norma de imposible cumplimiento en sus propios términos. Esta institución no se puede permitir el lujo, por razones de decoro institucional, señor ministro, de legislar en blanco. Desde esta perspectiva comparto una buena parte de sus reflexiones apologéticas en relación con este proyecto de ley, pero no me considero, como colegislador -si esta expresión se puede utilizar-, particularmente feliz en cuanto a la solución diseñada para el problema que le acabo de comentar. Dicho esto, esperemos -y esto depende del aleas de la suerte- que no menudeen, que no sean muy frecuentes los conflictos que se provoquen en relación con el orden de los apellidos en caso de disconformidad de los progenitores. Esperemos porque, como haya muchos, señor ministro, sí que habrá que agarrarse a la suerte.
Don Jordi Jané tiene la palabra.
Señor ministro de Justicia, señoras y señores diputados, hoy llega al Pleno un proyecto de ley que es complementario del proyecto del que hoy todos hablamos, que está ya en el Senado porque se aprobó con competencia legislativa plena, y hoy aprobamos el proyecto de ley orgánica que lo acompaña porque necesariamente la desjudicialización del Registro Civil comporta también una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y hay artículos orgánicos que requerían de una ley complementaria, que es la que hoy finalmente
va a aprobar este Pleno de la Cámara. Pero, como han hecho otros portavoces, me referiré al conjunto de la reforma del Registro Civil, que es un conjunto trascendente.
Tiene razón el señor ministro de Justicia al decir que hoy estas cámaras, a través de la Comisión de Justicia y a través del proyecto de ley que hoy vamos a convalidar, aprueban una modificación sustancial del Registro Civil. Deja de ser un registro civil judicializado y territorializado, en el que figura el asiento de dónde naciste, de dónde te casaste, y de dónde finalmente una persona fallece, y uno va reconstruyendo su historia en el Registro Civil a partir del desplazamiento, en ocasiones obligado, al lugar donde naciste, al lugar donde te casaste o al lugar -tus herederos- donde falleciste. De alguna manera esta reforma, digámoslo claro, va en la línea del siglo XXI, va en la línea de la modernización, y va en la línea de facilitar los trámites a las personas, que van a tener un código personal que irá con ellas desde su nacimiento, y en el que irán figurando los diversos asientos registrales. Por tanto, concepción moderna, concepción que al conjunto de los ciudadanos les va a suponer un beneficio.
De todas formas hemos mantenido, a través de una enmienda que presentó Convergència i Unió, una transacción final que también agrada a mi grupo, en el sentido de mantener que aquel ciudadano que quiera ir a su juzgado de paz a presentar una documentación, no nos engañemos, va a ir a ese juzgado de paz porque no todo el mundo está en el ámbito de las nuevas tecnologías ni de acudir siempre a una oficina general. Si quiere ir a su juzgado de paz a presentar los documentos, podrá hacerlo. Por tanto también aquí se reconoce esa función de los juzgados de paz para localidades más pequeñas. Quiero destacar aquí al juez de paz Josep María Ferré, de Montbrió del Camp, que de alguna manera ha sido insistente con los ponentes en el sentido de que mantengamos de alguna manera esa posición, de lo que yo me alegro.
También hoy quiero rendir homenaje a dos personas, a Joan y Gina. Joan y Gina son los padres de Amanda. Amanda nació muerta, y por tanto es un fallecimiento con posterioridad a los seis meses. De hecho no nace, porque el feto había fallecido antes, pero los padres querían que su hija en este caso tuviera el nombre de Amanda y que no figurara en el legajo de criaturas abortivas como hembra, como varón, como difunto, como difunta, sin poderle asignar un nombre. Hoy finalmente, a través de la disposición adicional cuarta que hemos presentado, se da también una solución que yo creo que no se trata de un valor jurídico, sino del valor -y lo entiende así también el conjunto de la Cámara- de reconocer el derecho de los progenitores a poner ese nombre. Por tanto lo hemos salvado igualmente.
De alguna manera hemos salvado también, señor ministro, competencias autonómicas que el proyecto de ley ignoraba: ¿quién decide la ubicación de los registros en cada comunidad autónoma?¿Quién decide finalmente cuántos registros hay en cada comunidad autónoma? ¿Quién nombra a los encargados? Es bueno que hayan constado expresamente una serie de aspectos competenciales de las comunidades autónomas que tienen la competencia ejecutiva, no la legislativa, pero sí la ejecutiva en materia de aplicación de la Ley del Registro Civil. Por tanto nos alegramos de todo ello. Reforma importante, reforma trascendental, aunque lamento personalmente -y creo que el señor Olabarría y el resto de los ponentes también- que quizá sobre esta reforma al final mediáticamente trascienda sobre todo el orden de los apellidos, cuando la reforma es sustancial en muchos otros aspectos. ¿Por qué ha trascendido esto, señor ministro? Porque ustedes plantearon en el proyecto de ley una muy mala solución; eso del orden alfabético si no hay acuerdo realmente provocó un rechazo generalizado, y ha obligado a la ponencia a tener que buscar soluciones alternativas. Más allá de la solución que se acuerde -y esta se ha acordado por una amplísima mayoría-, digámoslo claro hoy en el Pleno de la Cámara, quien debe fijar el orden son siempre los progenitores. Se deben poner de acuerdo al igual que deben ponerse de acuerdo en fijar qué nombre quieren darle a su hijo o hija nacidos. Por tanto el orden lo fijan los progenitores, es una obligación de ellos fijarlo, y ni lo fija el encargado ni lo fija un sorteo; lo fijan los progenitores, es su deber y su derecho, y nosotros debemos preocuparnos de que las personas cumplan con su deber de fijar el orden. Y si no lo fijan se les va a apercibir: fíjenlo ustedes; y se les va a dar un nuevo plazo. Al final pueden incumplirlo, pero esperemos que esto se dé en muy pocas ocasiones; esperémoslo por el bien del nacido, porque mal va una familia si sus progenitores no se ponen de acuerdo en un tema que es su obligación hacer; o si quieren hacerlo aleatoriamente, ya lo harán ellos; pero que no trasladen a los poderes públicos la obligación de resolver su incapacidad -porque sería una incapacidad- y su no cumplimiento de un deber que ellos tienen. Al final la solución es la que es. Puede mejorarse la solución, sin duda alguna, pero en ningún caso lo era, señor ministro, el orden alfabético. Y a nosotros tampoco nos agradaba un mero sorteo, porque es un tema demasiado serio como para que se traslade una cierta picaresca, creo que realmente no es serio, pero tampoco lo es que los progenitores no cumplan en este caso con su deber.
Tiene la palabra doña Dolors Monserrat.
Señor ministro, señorías, quiero manifestar en primer lugar que el Grupo Parlamentario Popular votará sí al proyecto de ley del Registro Civil, aunque no estamos entusiasmados con este proyecto; verán, el Registro Civil
es una función básica del Estado. Si ustedes lo piensan, es uno de los factores que marcan la diferencia entre los países civilizados y los que no lo son. La inscripción en el Registro Civil es uno de los principales factores de seguridad jurídica con que contamos los ciudadanos. La nueva configuración del Registro Civil que establece el proyecto que hoy se trae a este Pleno constituye una revolución, un giro copernicano. No creo que exagere, porque hasta el día de hoy el Registro estaba directa e inmediatamente sometido a la tutela de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, y desde la entrada en vigor de esta ley el modelo registral español habrá perdido esa tutela judicial directa que le ha caracterizado históricamente, y se habrá transformado en un modelo puramente administrativo. Es ahí donde empezaban nuestras dudas. El Registro Civil como sistema funcionaba; su sistema en sí no generaba quejas; su sistema era fiable. Las quejas del Registro Civil se producían por la falta de medios tecnológicos, por falta de modernización, y ello conllevaba la lentitud de respuesta.
Se ha manifestado que la necesaria modernización, la implantación de nuevas tecnologías podía justificar esta reforma radical. Pero nosotros nos preguntamos: ¿no podría modernizarse el modelo actual sin necesidad de renunciar al modelo mismo y a las garantías que ofrece la tutela judicial? ¿No podríamos realizar las necesarias inversiones, los ajustes legislativos que fueran precisos para implantar esas nuevas tecnologías sin necesidad de revolucionar el sistema? Por otra parte, en un escenario de crisis económica severa, ¿parece razonable abordar el gasto de creación de más de un centenar de nuevas oficinas del Registro Civil? Por todo ello, señorías, no alcanzamos a comprender las razones de su iniciativa, porque para corregir el orden de los apellidos o introducir la administración telemática no era necesario modificar la ley. En fin, tampoco es cosa de que todo se nos vaya en llantos y suspiros. Reconozco que una vez perpetrado el proyecto, tanto el ministerio como el Grupo Parlamentario Socialista han hecho gala de un cierto grado de flexibilidad. Esto nos ha permitido introducir mejoras en el texto, de entre las que me gustaría destacar especialmente las relativas al rescate de determinadas funciones del Juzgado de Paz, como bien decía Jordi Jané.
También hemos asegurado la cualificación jurídica de los encargados de los registros, y asimismo hemos garantizado medidas de seguridad para que los datos de cada unos de los ciudadanos que obran en el Registro Civil estén a resguardo de lo que podríamos llamar la curiosidad de cualquier funcionario.
Igualmente quiero llamar su atención sobre la necesidad de responder a una demanda social tan evidente como el registro o archivo de personas que han fallecido antes de producirse el alumbramiento. Teníamos el máximo interés en que se adoptaran las medidas necesarias para que no volvieran a repetirse los vergonzosos acontecimientos de los que hemos sido testigos últimamente relativos al robo de niños. También muy importante, una extraordinaria aportación, ha sido la modificación del artículo 30 del Código Civil por la que serán inscritos todos los niños desprendidos del seno materno desde el minuto uno de su alumbramiento. Por tanto, esta es una muy buena modificación que implica este proyecto.
También está la tan traída y llevada cuestión del orden de los apellidos.
Es una lástima -como han dicho Emilio Olabarría y Jordi Jané- que parece que solo esto, el cambio de orden de los apellidos, ha acaparado la atención pública. Nuestro posicionamiento sobre los apellidos es que las leyes establecen derechos para los ciudadanos, pero los derechos en sí mismos conllevan una serie de obligaciones que debe asumir el ciudadano.
La ley establece con toda claridad el derecho de los progenitores a decidir el orden de los apellidos y, además, hacerlo en pie de igualdad.
De ahí la negativa a aceptar métodos o sistemas que preestablecieran el resultado de la negociación o la discusión. Es evidente que, si aceptáramos el orden alfabético, uno de los dos sabe que el desacuerdo va a favorecer su postura. Si aceptáramos que prevaleciera siempre el del varón o el de la mujer, se repetiría esta situación. Quiero ser sincera en este tema: si los padres tienen el derecho a establecer el orden de los apellidos, tienen la obligación de llegar al registro con el nombre y el orden de los apellidos decidido. Me preocupa extraordinariamente la actitud de los progenitores que no tengan ni siquiera la capacidad de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Si alguien asume la responsabilidad de la guarda y custodia de un hijo, debe ser capaz, por lo menos, de ponerle nombre y apellidos. Lo que no puede el Estado es suplantar o paliar la falta de madurez o la incapacidad de los ciudadanos. Es lo mínimo que podemos exigirles a los padres, un cierto nivel de madurez y de responsabilidad, y la mínima expresión de ello es un acuerdo sobre el nombre de su propio hijo. No quiero que en los registros civiles de este país asistamos a la escena de dos progenitores discutiendo, como si se tratara de la barra de un bar, cuál va a ser el orden de los apellidos de sus hijos y que pidieran que el encargado del registro sacara el bombo de la lotería o acabaran jugándoselo a los chinos. Esto no es presentable, no es serio y no es admisible. Los caminos que conduzcan al acuerdo deben quedar en la intimidad familiar, sean los que sean, pero al registro se debe ir con el nombre y los dos apellidos del hijo. Si los padres no cumplen, finalmente se ha decidido que va a ser el encargado quien lo decida, pero los padres tienen que tener la suficiente madurez como para llegar al registro con el nombre y el orden de los apellidos decidido.
Por otro lado, estamos muy satisfechos -se hizo una transaccional con una enmienda de Esquerra Republicana, y el Partido Popular también la llevaba- de que todos los documentos del Registro Civil se consideren patrimonio histórico y no sean destruidos. El Registro Civil es parte de nuestra historia.
Finalmente, espero que la tramitación de este proyecto entre en la pequeña historia de la vida parlamentaria de este país, que tenga plena efectividad y que solucione todos los problemas de colapso que actualmente hay en el Registro Civil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montserrat.
Don Julio Villarrubia tiene la palabra.
Señorías, señor ministro de Justicia, con la aprobación de este importante proyecto de ley del Registro Civil culmina uno de los compromisos del Ministerio de Justicia, que consistía en adecuar el Registro Civil a la realidad de una sociedad moderna, ágil y comunicada como la española.
Quiero agradecer el importante trabajo realizado por el conjunto de los ponentes de la ley y sus aportaciones. Permítanme que mencione a las ponentes del Grupo Parlamentario Socialista, doña Carmen Juanes y doña Pilar López, a las letradas de la Comisión, doña Isabel Revuelta y doña Piedad García-Escudero, así como al equipo del ministro de Justicia, en este caso con su jefe de Gabinete, don José Luis Rodríguez, a la cabeza.
Todos ellos han hecho realidad un extraordinario trabajo y han hecho posible concluir una magnífica Ley del Registro Civil.
Quiero destacar también que la tramitación de este proyecto de ley ha constituido un ejemplo de parlamentarismo vivo, con un gran trabajo en ponencia y en Comisión, con muchas reuniones y negociaciones; en definitiva, con muchas horas de trabajo para conseguir aprobar una importante ley que beneficia al conjunto de los ciudadanos. Algunos medios y algunos tertulianos han frivolizado este trabajo, sin duda debido a su ignorancia y no a su mala fe, aludiendo a la pérdida de tiempo que supone ocuparse del orden de los apellidos. Como saben, esta es una pequeña cuestión, una pequeña parte de un artículo de los cien que componen la nueva Ley del Registro Civil. De todas formas, como tiene interés, algo mencionaré al respecto.
Esta ley ha sido dictaminada por unanimidad en la Comisión de Justicia del pasado 4 de mayo. Doy por reproducida la amplia intervención realizada ante la misma y hoy traemos al Pleno una pequeña parte de la reforma por su carácter orgánico, modificando los artículos 2.2, 86, 100, 445 y 521.
Permítanme que les recuerde solo algunos de los aspectos de esta importantísima reforma. El proyecto de ley del Registro Civil es un registro electrónico, con una base de datos única para toda España, adaptado a las nuevas tecnologías y a las necesidades de los usuarios.
Pasa a ser un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Justicia; de esta manera, se descarga a los órganos judiciales de funciones que son de naturaleza administrativa. El nuevo modelo se inspira en los valores constitucionales, y muy especialmente en el principio de igualdad de hombres y mujeres. Cada ciudadano tendrá un registro individual y en las relaciones de los ciudadanos con el Registro Civil se operará con un código personal coincidente con el documento nacional de identidad. Se podrá solicitar por medios electrónicos la información que obra en el registro; se establece la comunicación directa del Registro Civil con las administraciones públicas; los juzgados y tribunales remitirán de oficio testimonio de las resoluciones que contengan extremos con acceso al Registro Civil; se respeta la pluralidad lingüística y se garantiza el uso de las lenguas oficiales del Estado en el lugar donde radique la oficina, y se podrán obtener certificaciones bilingües; también se garantizan los derechos de los funcionarios.
Durante la tramitación parlamentaria se ha acordado modificar el artículo 30 del Código Civil y la regulación de la constancia en el Registro Civil de los fallecimientos prenatales. La reforma del artículo 30 -importantísimo- del Código Civil supone un cambio decisivo que nos equipara a la mayoría de los países de nuestro entorno, en los que la personalidad jurídica, es decir, la aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones, existe desde el mismo momento del nacimiento. Los nacidos vivos tendrán plenos efectos jurídicos, aunque se produzca su fallecimiento en las primeras veinticuatro horas de vida.
Para terminar, en cuanto al orden de los apellidos, la Ley del Registro Civil de 1999 mantuvo la prevalencia del primer apellido paterno en caso de desacuerdo de los progenitores, lo que es discriminatorio para la mujer y contrario al principio de igualdad. La solución finalmente acordada, que recoge el consenso casi unánime de la Cámara, prima el acuerdo entre los progenitores y excepcionalmente, a falta de este, será el encargado del registro quien tome la decisión del orden de los apellidos, atendiendo al interés superior del menor. Esta solución, que posibilitó el consenso de una ley aprobada por unanimidad, supone un avance más en las políticas de igualdad, aunque no recoge todo lo que el Grupo Parlamentario Socialista hubiera deseado, de concretar y regular un proceso aleatorio cuando hubiera fallado el derecho y el deber de los progenitores para establecer el orden de los apellidos.
Señorías, en definitiva, podemos felicitarnos todos una vez más por haber hecho un buen trabajo colectivo al servicio del conjunto de los ciudadanos de nuestro país.
Votaremos dentro de cinco minutos. (Pausa.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL (Número de expediente 140/000039.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar las votaciones, resulta conveniente que el Congreso de
los Diputados muestre su solidaridad con la ciudad de Lorca y de manera especial con las familias de los fallecidos como consecuencia del terremoto ocurrido en la tarde de ayer. Asimismo, el Congreso quiere dar su apoyo a los heridos y a los miles de ciudadanos afectados. El Congreso de los Diputados está hoy junto a los ciudadanos de Lorca que sufren las consecuencias del movimiento sísmico más grave ocurrido en España en los últimos cincuenta años. El Congreso insta a las administraciones a que sigan trabajando en la pronta recuperación de la normalidad. Y el Congreso hace un reconocimiento expreso a todo el personal municipal, técnicos de Protección Civil, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal sanitario, miembros de la Unidad Militar de Emergencias y voluntarios que están trabajando en la atención a los vecinos de Lorca y en la reparación de las consecuencias del seísmo. Si les parece, y como muestra de solidaridad con los afectados y de pésame por la muerte de quienes han perdido la vida, les ruego nos levantemos y guardemos un minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio.)
Cierren las puertas, por favor.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos las votaciones.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se votan en bloque todas las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 289; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos.)
Queda aprobada la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se remitirá para su promulgación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.
Se votan en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la ley en los mismos términos.
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materias radiactivas.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas al artículo 7.3, 12.2 y a la disposición final segunda, que modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 171; en contra, 121; abstenciones una.
Enmiendas por las que se crea una disposición adicional tercera nueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 284; en contra, nueve.
Enmiendas por las que se añade una disposición final sexta nueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 170; abstenciones, 123.
Enmiendas a la disposición final séptima nueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 162; en contra, ocho; abstenciones, 123.
Votación del resto de enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 287; en contra, tres; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la mencionada ley.
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de regulación del juego.
Enmiendas al artículo 1, al artículo 12 y a la disposición adicional sexta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 169; en contra, uno; abstenciones, 122.
Enmiendas a la disposición final séptima.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 170; en contra, 120; abstenciones, tres.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000091.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Votamos, en primer lugar, el dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 292.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por ser orgánica la ley hacemos la votación de conjunto, de la que ha de obtenerse, al menos, 173 votos para que resulte válida la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor 293.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el dictamen, y cumplido el requisito de la mayoría absoluta.

References: artículo 15
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 37
 artículo 17
 resolución 
 artículo 28
in fine
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 12