Source: https://www.magoyarse.com/2018/04/
Timestamp: 2020-08-12 01:11:09+00:00

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Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: abril 2018
La Ley N° 28194 denominada Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, fue complementada y modificada en el tiempo[1] por lo que cumpliendo con las reglas de técnica legislativa se aprobó su Texto Único Ordenado mediante el Decreto Supremo N° 150-2007-EF.
La citada norma de bancarización se convierte en otra herramienta jurídica para combatir con mayor eficacia el delito de lavado de activos[2], y de ese modo controlar aquellas acciones destinadas a convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes o ganancias que realizan algunos sujetos buscando evitar la identificación de su origen ilícito y hacerlos aparentar como legítimos.
Como sabemos, los delincuentes que realizan el lavado de activos, pretenden enmascarar u ocultar la fuente del dinero, cambiando la forma o moviendo los fondos de un lugar a otro, en donde resulte menos probable que llamen la atención. Esta actividad ilícita les genera riesgos, pero a los lavadores no les importa perder dinero, es parte del costo de su ilícito negocio.
Es así que existen diversos estudios, donde se señalan que para lavar el dinero se utilizan alguna de las siguientes modalidades:
· COLOCACIÓN: Que consiste en el ingreso de los fondos ilegales en el sistema financiero. Para lo cual ubican el dinero en bancos, casinos, hostales, casas de cambio, compañías de seguro y otros negocios, tanto localmente como en el exterior.
· DISIMULACIÓN: En este caso, se convierten los beneficios resultantes del delito en otra forma y se crean capas complejas de transacciones financieras para evitar el rastro. Se incluyen transacciones como transferencia de efectivo, Inversiones inmobiliarias, compra de negocios legítimos, inversiones en productos financieros (fondos mutuos, Fideicomisos, compra de acciones).
· INTEGRACIÓN: Implica ubicar los fondos nuevamente en el sistema financiero, para crear la sensación de legitimidad. En este caso, resulta bastante difícil distinguir el origen legal del dinero del ilegal.
El presente artículo pretende analizar los aspectos básicos de la Ley N° 28194 y sus efectos tributarios que afectan a la tramitación y operatividad de la restitución de derechos arancelarios – Drawback Web.
Obligación de utilizar Medios de Pago
A partir de la vigencia de la Ley N° 28194[3] las obligaciones que corresponden al pago de sumas de dinero y cuyo importe es superior a tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (US$ 1,000), deben realizarse utilizando los medios de pago señalados en dicha ley, incluso si se cancelan mediante pagos parciales menores a dichos montos.
También existe la obligación de utilizar los Medios de Pago cuando se entregue o devuelva montos de dinero por concepto de mutuos de dinero[4], sea cual fuera el monto del referido contrato.
Cabe precisar que los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior también pueden cancelar sus obligaciones con personas naturales y/o jurídicas no domiciliadas, utilizando otros Medios de Pago que se establezcan mediante Decreto Supremo, siempre que los pagos se canalicen a través de empresas del Sistema Financiero o de empresas bancarias o financieras no domiciliadas. En ese sentido, no se encuentran comprendidas las operaciones de financiamiento con empresas bancarias o financieras no domiciliadas.
De otro lado, la norma de bancarización, también establece que las Instituciones exceptuadas de la obligación para utilizar medios de pago, son las siguientes:
a. Las empresas del Sistema Financiero y a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público.
b. Las administraciones tributarias, por los conceptos que recaudan en cumplimiento de sus funciones. Están incluidos los pagos recibidos por los martilleros públicos a consecuencia de remates encargados por las administraciones tributarias.
c. En virtud a un mandato judicial que autoriza la consignación con propósito de pago.
a) Quien reciba el dinero tenga domicilio fiscal en dicho distrito. Tratándose de personas naturales no obligadas a fijar domicilio fiscal, se tiene en consideración el lugar de su residencia habitual.
b) En el distrito señalado en el inciso a) se ubique el bien transferido, se preste el servicio o se entregue o devuelva el mutuo de dinero
Dado que la norma de bancarización estipula la obligatoriedad de utilizar Medios de Pago para todo tipo de transacciones comerciales, es necesario precisar que se trata de utilizar alguna de las siguientes opciones:
a. Depósitos en cuentas.
b. Giros.
c. Transferencias de fondos.
d. Órdenes de pago.
e. Tarjetas de débito expedidas en el país.
f. Tarjetas de crédito expedidas en el país.
g. Cheques con la cláusula de "no negociables", "intransferibles", "no a la orden" u otra equivalente, emitidos al amparo del artículo 190° de la Ley de Títulos Valores.
Siempre queda abierta la posibilidad que mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se autorice el uso de otros Medios de Pago considerando, entre otros, su frecuencia y uso en las empresas del Sistema Financiero o fuera de ellas.
Efectos Tributarios en el Drawback
Siendo las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo N° 150-2007-EF de carácter obligatorio en función a los requisitos y condiciones fijadas en dicha norma de bancarización, era obvio suponer que iba a abarcar todas las actividades comerciales que se realicen en nuestro país, con las únicas excepciones detalladas en dicho cuerpo legal.
Es así que consideramos un acierto en dicha norma, que se haya precisado que para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, y restitución de derechos arancelarios.
En lo que respecta a la restitución simplificada de derechos arancelarios, recordemos que el beneficiario debe acreditar su condición de empresa productora – exportadora, entendiéndose como tal a cualquier persona natural o jurídica constituida en el país que elabore o produzca el bien a exportar, cuyo costo de producción se hubiere incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de los insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado.
En ese sentido, el beneficiario debe presentar el debido sustento documentario que acredite la elaboración o transformación de la materia prima importada luego de un proceso de producción que le permita obtener un bien final que luego será exportado. Lo cual nos conduce a pensar, que debe acreditar el proceso productivo del bien exportado en cualquiera de las dos modalidades admitidas legalmente en el numeral 2) del rubro VI) del Procedimiento DESPA-PG.07[5], las cuales mencionamos a continuación:
1. Producción directa: En esta modalidad tenemos que la propia empresa exportadora utiliza su mano de obra, instalaciones, infraestructura y maquinarias para desarrollar el proceso productivo directamente[6].
2. Producción o elaboración por encargo: En esta modalidad, la empresa exportadora encarga la producción o elaboración del bien a un tercero para efecto que desarrolle el proceso productivo, en base a las condiciones pactadas en el contrato y sujeto al pago de una retribución económica por dicho servicio[7].
Por estas consideraciones, queda claro que para acceder al drawback, el beneficiario debe acreditar ser una empresa productora – exportadora. Es decir, el exportador tendrá derecho al drawback siempre que acredite haber realizado (por sí mismo o por encargo a un tercero) el proceso de producción del bien exportado, utilizando al menos un insumo importado en dicho proceso productivo, el mismo que debió ingresar legalmente al Perú pagando la totalidad de los derechos arancelarios.
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica y operatividad del drawback, nos remitimos a las obligaciones estipuladas en el artículo 8° del D.S. N° 150-2007-EF, para precisar que si el beneficiario realiza el pago de una factura que acredita el servicio de producción por encargo prestado por un tercero, por montos superiores a 3,500 soles o 1,000 dólares americanos y no utiliza ninguno de los medios de pago señalados en la referida norma de bancarización; entonces dicha factura que acredita el servicio de producción por encargo no le otorga el derecho a la restitución de derechos arancelarios.
Efectuada esta precisión de índole jurídica, somos de la modesta opinión que esta obligación de bancarización para acreditar el servicio de producción o quizás no podría ser entendida como un nuevo requisito para ser presentado al momento de solicitar la restitución de derechos, en la medida que no se encuentra contemplada de manera expresa en el D.S. N° 104-95-EF[8] ni el Procedimiento DESPA-PG.07. Por lo que a nuestro entender, este requisito debería ser verificado durante la fiscalización aduanera realizada al exportador dentro de los cuatro años siguientes de haber obtenido el beneficio devolutivo[9].
En consecuencia, si la autoridad aduanera comprueba durante dicha fiscalización, que el beneficiario obtuvo la restitución de derechos arancelarios, presentando como sustento alguna factura que acredita el servicio de producción por encargo o la compra local de insumos importados, pero la cancelación se realizó sin utilizar ninguno de los medios de pago establecidos en el D.S. N° 150-2007-EF; entonces, se configura el acogimiento indebido y le corresponde efectuar el reembolso a la Administración Aduanera en la parte proporcional que corresponda al monto señalado en dicha factura[10], sin perjuicio de haber incurrido en una infracción aduanera.
Para tal efecto, nos remitimos a la norma contenida en el penúltimo párrafo del artículo 8° del Decreto Supremo N° 150-2007-EF, para recordar que si la devolución de tributos por saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, o restitución de derechos arancelarios se hubiese efectuado en exceso, en forma indebida o que se torne en indebida, la SUNAT, emitirá el acto respectivo y procederá a realizar la cobranza, incluyendo los intereses a que se refiere el artículo 33° del Código Tributario.
La Ley N° 28194 denominada Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 150-2007-EF, contiene la obligación de bancarizar las operaciones o transacciones comerciales cuando superan el valor de tres mil quinientos soles o mil dólares americanos. Lo cual consideramos un acierto, dentro del conjunto de medidas y acciones legales que se necesitan para combatir con mayor firmeza el delito de lavado de activos.
En esa misma línea de pensamiento, recurrimos al artículo 8° del D.S. N° 150-2007-EF, para precisar que en el supuesto que se efectúe el pago de una factura que acredita el servicio de producción por encargo prestado por un tercero en favor del beneficiario del drawback, o la compra local de insumos importados, por montos superiores a 3,500 soles o 1,000 dólares americanos sin utilizar ninguno de los medios de pago señalados en la referida norma de bancarización; entonces se pierde toda posibilidad de acceder al beneficio tributario de la restitución de derechos arancelarios.
Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente Posgrado PUCP. UNMSM. UPC.
[1] Ley N° 30730 publicada el 21.02.2018 que entra en vigencia a los seis meses de su publicación. En ella se señala por ejemplo que los usuarios que realicen actividades fiscalizadas con insumos químicos y bienes fiscalizados a las que hace referencia los Decretos Legislativos 1103 y 1126 deben hacer uso de manera obligatoria de los medios de pago establecidos en el artículo 5° del D.S. 105-2007-EF.
[2] El lavado de activos es un delito autónomo tipificado en sus distintas modalidades en los artículos del 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
[3] Publicada el 26 de marzo de 2004 y vigente a partir del 27 de marzo de 2004.
[4] El artículo 1648° del Código Civil define este contrato en los siguientes términos: “Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad”.
[5] Procedimiento General de Restitución de Derechos Arancelarios DESPA-PG.07 aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 0118-2014-SUNAT/A.
[6] El artículo 1° de la Resolución Ministerial N.° 195-95-EF precisa que debe entenderse como empresa productora exportadora a la que efectúe directamente la exportación de los bienes que elabora o produce; o aquella que encarga la producción o elaboración de los bienes que exporta.
[7] El numeral 3) del artículo 3° de la Resolución Ministerial N.° 138-95-EF/15 modificada por la Resolución Ministerial N.° 195-95-EF dispone que en este caso el beneficiario deberá presentar copia de la Factura que acredite el servicio prestado.
[8] Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF publicado el 23.6.1995 y normas modificatorias.
[9] Debe precisarse que el Sistema Drawback Web contiene requisitos de obligatorio cumplimiento por parte del beneficiario y siendo considerada la solicitud como una Declaración Jurada, está sujeta a fiscalización posterior.
[10] Existe la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04696-A-2005 de fecha 25.07.2005 que establece dicho criterio jurisprudencial.

References: artículo 190
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 1648
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución