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⭐Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y Costas)
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y Costas)
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Raquel Quintero Vega
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso del Caracazo Vs. Venezuela Sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y Costas) En el caso del Caracazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte Interamericana o la Corte ), integrada por los siguientes Jueces: presentes, además: Antônio A. Cançado Trindade, Presidente; Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente; Máximo Pacheco Gómez, Juez; Hernán Salgado Pesantes, Juez; Oliver Jackman, Juez; Sergio García Ramírez, Juez; y Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; Manuel E. Ventura Robles, Secretario; y Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Adjunto de acuerdo con los artículos 29, 52.2, 55, 56.1 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante el Reglamento ) 1, en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención Americana ) y en consideración de lo establecido en el punto resolutivo cuatro de la sentencia de fondo emitida el 11 de noviembre de 1999, dicta la presente Sentencia sobre reparaciones. I COMPETENCIA DE LA CORTE 1. La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención para decidir sobre las reparaciones, costas y gastos en el presente caso, en razón de que el 9 de agosto de 1977 el Estado de Venezuela (en adelante el Estado o Venezuela ) ratificó la Convención y el 24 de junio de 1981 reconoció la competencia contenciosa de la Corte. 1 De conformidad con la Resolución de la Corte de 13 de marzo de 2001 sobre Disposiciones Transitorias al Reglamento de la Corte vigente desde el 1º de junio de 2001, la presente Sentencia sobre reparaciones del caso se dicta en los términos del Reglamento adoptado mediante Resolución de la Corte de 16 de septiembre de 1996.2 2 II ANTECEDENTES 2. El presente caso fue sometido ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión o la Comisión Interamericana ) mediante demanda de 7 de junio de El 11 de noviembre de 1999 la Corte dictó la sentencia sobre el fondo del caso, en la cual decidió: por unanimidad: 1. Tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado de Venezuela acerca de los hechos señalados en la demanda y declara[r] que ha cesado la controversia sobre los mismos. 2. Tomar nota, igualmente, del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado de Venezuela, y declara[r], conforme a los términos de dicho reconocimiento, que el Estado violó, en perjuicio de las personas citadas en el párrafo 1 de esta sentencia, y en los términos establecidos en el mismo, los derechos protegidos por los artículos 4.1, 5, 7, 8.1, 25.1 y 25.2.a. [y] 27.3, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3. Tomar nota, además, de la manifestación del Estado de Venezuela en cuanto a las investigaciones iniciadas con el propósito de identificar, procesar y sancionar a los responsables de los hechos señalados en la demanda, y urg[ir] al Estado a que continúe con las mismas. 4. Abrir el procedimiento sobre reparaciones y costas, y comisiona[r] al Presidente para que adopte las medidas procedimentales correspondientes. III PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE REPARACIONES 3. El 12 de noviembre de 1999 el Presidente de la Corte (en adelante el Presidente ), en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo cuatro de la sentencia sobre el fondo, resolvió: 1. Otorgar a los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus familiares, plazo hasta el 12 de enero de 2000 para que presenten sus argumentos y pruebas de que dispongan para la determinación de las reparaciones y costas. 2. Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, transmita todos los escritos y las pruebas recibidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. Otorgar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plazo de dos meses, que se contará a partir de la fecha en que se reciban los referidos escritos y pruebas para que presente las observaciones que considere pertinentes en materia de reparaciones y costas.3 3 4. Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo a que hace referencia en el punto resolutivo anterior, transmita al Estado de Venezuela todos los escritos y las pruebas presentados. 5. Otorgar al Estado de Venezuela un plazo de dos meses, que se contará a partir de la fecha en que reciba los escritos y las pruebas a que hace referencia el punto resolutivo anterior, para que presente sus observaciones y las pruebas de que disponga para la determinación de las reparaciones y costas en el presente caso. 6. Convocar a los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus familiares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Venezuela, una vez finalizada la etapa escrita del procedimiento, a una audiencia pública, en fecha que será comunicada oportunamente. 4. El 10 de enero de 2000 los representantes de las víctimas y de los familiares solicitaron a la Corte que prorrogara por treinta días el plazo fijado por este Tribunal para presentar sus argumentos y pruebas. Al día siguiente, la Secretaría de la Corte (en adelante la Secretaría ), siguiendo instrucciones del Presidente, amplió el plazo hasta el 12 de febrero de El 12 de febrero de 2000 los representantes de las víctimas y de los familiares presentaron su escrito de argumentos y pruebas sobre reparaciones y sus anexos, el cual fue transmitido a la Comisión y al Estado el 6 de marzo de Dicho escrito contenía una relación de testigos. 6. El 1º de mayo de 2000 la Comisión Interamericana presentó por escrito sus argumentos y pruebas sobre reparaciones y costas. 7. El 7 de julio de 2000 el Estado, transcurrido ya el plazo que vencía el 3 de los mismos mes y año para presentar su escrito de observaciones sobre reparaciones y costas, solicitó una prórroga de sesenta días para dicha presentación. El mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió plazo al Estado hasta el 18 de agosto de 2000 para aportar el escrito indicado. El 1º de agosto de 2000 el Estado solicitó nuevamente una prórroga de treinta días para la remisión de dicho escrito. El 9 de los mismos mes y año la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, concedió a Venezuela plazo hasta el 18 de septiembre de 2000 para enviar el escrito mencionado. 8. El 18 de septiembre de 2000 el Estado presentó el escrito de observaciones sobre reparaciones y costas y sus anexos. 9. El 21 de noviembre de 2000 la Corte resolvió requerir al Estado la remisión de toda la información de que dispusiera respecto de los familiares de las siguientes víctimas del presente caso: Héctor Daniel Ortega Zapata, Abelardo Antonio Pérez, Boris Eduardo Bolívar Marcano, Jesús Alberto Cartaya, Héctor José Lugo Cabriles, Elsa Teotiste Ramírez Caminero, Sabas Reyes Gómez, Jesús Rafael Villalobos y Alís Guillermo Torres Flores. Además, dispuso que el Estado pusiera en conocimiento de los familiares, mediante varias publicaciones difundidas a través de los medios de comunicación masiva (prensa, radio y televisión), que había sido dictada la sentencia de fondo en el caso y que era necesario que se comunicaran con la Corte para los efectos de la etapa de reparaciones.4 4 10. El 18 de enero de 2001 la señora Nelly Marcano, madre de la víctima Boris Eduardo Bolívar Marcano, se comunicó con la Secretaría en razón de un aviso publicado en un diario venezolano. El 24 de los mismos mes y año, la Secretaría remitió a dicha señora una nota con información y documentación relativa al caso. 11. El 28 de febrero y el 5 marzo de 2001 el Estado remitió copia de los avisos que publicó en la prensa escrita venezolana de conformidad con la Resolución de 21 de noviembre de 2000 (supra párr. 9), y manifestó que entendía que de acuerdo con lo ordenado en dicha Resolución, la publicación de la convocatoria se podía hacer en cualquier medio de comunicación, por lo que la ordenó a través de la prensa escrita. 12. El 6 de marzo de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, en consideración de lo ordenado en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2000, comunicó al Estado que debía divulgar el anuncio a través de otros medios de comunicación (radio y televisión) y hacer llegar a la Corte las copias del casete de grabación magnetofónica que contuviera la cuña transmitida por radio y la videocinta que contuviera el aviso difundido en la televisión. El 19 de junio de 2001 y el 28 de febrero de 2002 la Secretaría reiteró al Estado el requerimiento de presentar el casete y la videocinta aludidos, los cuales, a la fecha de la presente Sentencia, no han sido aportados. 13. El 7 de junio de 2001 el Estado informó que, el 4 de mayo del mismo año, había designado al señor Hermann Escarrá Malavé como agente de Venezuela en el presente caso, en sustitución del señor Raúl Arrieta Cuevas. 14. El 18 de junio de 2001, luego de publicados los avisos de prensa, los representantes de las víctimas y de los familiares presentaron varios documentos que se relacionaban con varias de las víctimas del presente caso y la tramitación del proceso penal en la jurisdicción interna. 15. El 3 de septiembre de 2001 el Estado informó que había designado como agente al señor Jorge Dugarte Contreras en sustitución del señor Hermann Escarrá Malavé. 16. El 12 de septiembre de 2001 los representantes de las víctimas y los familiares de las mismas presentaron una lista de testigos y peritos, que guardaba concordancia con lo planteado al respecto en su escrito de reparaciones de 12 de febrero de 2000 y señalaron que debido al gran número de testigos se hacía difícil solventar los gastos para su traslado a la sede de la Corte, en razón de lo cual solicitaron que esta última nombrara un representante que recibiera los testimonios en Caracas, Venezuela. 17. El 25 de octubre de 2001 los representantes de las víctimas y de los familiares presentaron una nueva lista compuesta por 44 testigos (de los cuales siete eran testigos nuevos) y seis peritos. Además, reiteraron la solicitud de que los testimonios fueran recibidos en Venezuela y solicitaron ordenar la comparecencia de los peritos ante la Corte. 18. El 6 de noviembre de 2001 la Comisión Interamericana comunicó a la Corte que no tenía objeciones que formular en relación con las personas y el objeto de la5 5 declaración de quienes fueron ofrecidos como testigos y peritos por los representantes de las víctimas y de los familiares. Agregó que tampoco se oponía a que los interrogatorios respectivos se realizaran en Venezuela, siempre y cuando un juez de la Corte representara al Tribunal para asegurar la inmediatez de la prueba y la independencia e imparcialidad del interrogatorio. 19. El 15 de noviembre de 2001 Venezuela comunicó a la Corte la decisión del Estado venezolano de dejar sin efecto el escrito de observaciones y pruebas en materia de reparaciones y costas presentado el 18 de septiembre de Agregó, que el Estado había reconocido los hechos expuestos por la Comisión en la sección III de la demanda, durante la audiencia pública celebrada el 10 de noviembre de 1999, así como, y de manera plena, su responsabilidad internacional en el presente caso. El Estado señaló además, que aceptaba la jurisprudencia reiterada de la Corte en cuanto a las reparaciones. Por último, indicó que Venezuela suministraría a requerimiento del Tribunal la información que fuera necesaria y que de buena fe, dar[ía] por cierta, toda información que [fuera] presentada por los peticionarios o por sus representantes, previa declaración jurada de veracidad del contenido de dicha información, con el objeto de dar la mayor celeridad posible al caso. 20. El 5 de diciembre de 2001 la Corte adoptó la siguiente decisión en cuanto a los testimonios ofrecidos por los representantes de las víctimas y de los familiares: admitió las declaraciones de las personas ofrecidas como testigos por los representantes en el escrito del 25 de octubre de 2001 que ya aparecían relacionados en el escrito de reparaciones de 12 de febrero de 2000 y, como prueba para mejor resolver, ordenó recibir las declaraciones de siete testigos y de seis peritos incluidos en el primero de esos escritos (el de octubre de 2001) pero no en el segundo (el de febrero de 2000). Según dispuso el Tribunal, dichos testimonios e informes de los expertos debían ser aportados por escrito, cuyo contenido y cuyas firmas serían reconocidos ante notario público. Además, el Tribunal ordenó que las declaraciones y los informes de los expertos le fueran presentados a más tardar el 6 de marzo de El 4 de febrero de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares solicitaron una prórroga de sesenta días para la presentación de las declaraciones testimoniales y los informes de los expertos. Al día siguiente la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió un plazo hasta el 5 de abril de 2002 para la presentación de la correspondiente documentación. 22. El 2 de abril de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares solicitaron una prórroga para la presentación de los informes de los expertos Jesús María Casal y de Alicia Neuburger. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió la prórroga hasta el 11 de los mismos mes y año. 23. Los días 5, 8, 10 y 11 de abril de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares presentaron las declaraciones, rendidas todas por escrito y ante notario público, de las siguientes cuarenta personas: Miguelina La Rosa, Rafael Castellanos, Mery Marina Castillo, Ana Jacinta Garrido, Catalina Ramos de Guevara, Braulio Ramón Guía Laya, Xiomara Hernández, Rosa Margarita Mederos, Francisco Moncada, Ingrid Ortega Zapata, Hilda Rosa Páez, Toribia Ojeda, Ivonne Josefina Pirela Chacón, María Teresa Rivas, Juliana Quintana, Iris Medina, Dilia Mendoza de Ramos, Deisy6 6 Crespo, María Encarnación Salazar Campos, Fredez Binda García Hernández, María Neria Guillén Pereira, Olga María Álvarez, Carmen Rufina Cabriles, Rosa Julia Aldana Bastidas, Nelly Marcano, Nelly Freitez, María Casilda Valero Suárez, Haydée Mavilu Blanco García, Maritza Romero, Judith Borjas, Ybelice Altagracia Ramírez, Marisol Montenegro Cordero, Aura Rosa Liscano Betancourt, Petra Bello, Fernando Enrique Pérez, Juan Carlos Suárez Sánchez, Emileidys Ferrán Cedeño, Henry Eduardo Herrera Hurtado, Gregoria Matilde Castillo y Noraima Sosa Ríos. Los aludidos representantes presentaron, asimismo, los informes de los expertos Magdalena López de Ibáñez, Jesús María Casal y Alicia B. Neuburger. El 12 de abril de 2002 la Secretaría transmitió la correspondiente documentación a la Comisión y al Estado y les concedió plazo hasta el 20 de mayo del mismo año para la presentación de las observaciones que estimaran pertinentes. 24. El 29 de abril de 2002 la Comisión solicitó una prórroga para la presentación de las observaciones aludidas en el párrafo anterior y al día siguiente la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, prorrogó el plazo a la Comisión y al Estado hasta el 14 de junio del mismo año. 25. El 5 de junio de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares informaron a la Corte los motivos por los cuales no remitieron las declaraciones de Gervasia Cartaya, Beatriz Imelda Gómez, Rosa Flores de Torres y Franco José Marcos Villabobos y presentaron varios documentos adicionales. 26. El 12 de junio de 2002 la Comisión presentó sus observaciones sobre las declaraciones y los informes de los expertos aportados por los representantes de las víctimas y de los familiares. 27. Mediante escrito del 18 de junio de 2002 el Estado remitió sus observaciones a las declaraciones y a los informes de los expertos a los que se ha hecho referencia. Previamente, por escrito del 14 del mismo mes y año, había informado a la Corte sobre el envío de dichas observaciones. 28. El 20 de junio de 2002 la Corte resolvió requerir a los representantes de las víctimas y de los familiares, a la Comisión y al Estado que presentaran por escrito sus alegatos finales sobre reparaciones y costas, a más tardar el 22 de julio de El 5 y el 16 de julio de 2002 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes de las víctimas y de los familiares, a la Comisión Interamericana y al Estado, la remisión de una serie de documentos e informaciones, como prueba para mejor resolver. Se trataba, básicamente, de los certificados de nacimiento de algunas víctimas o de sus familiares, constancias laborales, constancias médicas, reportes sobre el monto del salario mínimo legal vigente y el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar de los Estados Unidos de América vigente en Venezuela, la expectativa de vida en dicho país, constancias sobre el estado de los procedimientos administrativos o judiciales internos, incluyendo los procedimientos de exhumación e identificación de los cadáveres enterrados en las fosas comunes y un detalle sobre las modificaciones de la legislación penal militar y ordinaria venezolana. 30. El 17 y el 19 de julio de 2002 la Comisión solicitó una prórroga para la presentación de la prueba a que se refiere el párrafo anterior. El 22 de los mismos7 7 mes y año la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió una prórroga a las partes hasta el 9 de agosto de 2002 para aportar la prueba mencionada. 31. El 22 de julio de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares y el Estado presentaron sus alegatos finales sobre reparaciones, gastos y costas en el presente caso y la Comisión hizo lo propio al día siguiente. 32. El 26 de julio de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares presentaron un escrito con varios anexos relacionados con los gastos en que supuestamente había incurrido el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante CEJIL ) en la tramitación del presente caso. 33. El 2 de agosto de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares presentaron una documentación relacionada con la prueba para mejor resolver solicitada el 5 y el 16 de julio del mismo año (supra párr. 29). El 13 de los mismos mes y año presentaron varios documentos referentes a dicha prueba, así como documentación relacionada con los supuestos gastos en que ha incurrido el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero - Marzo de 1989 (en adelante COFAVIC ) durante la fase de reparaciones. 34. El 12 de agosto de 2002 la Comisión presentó un escrito relacionado con la prueba para mejor resolver solicitada el 16 de julio del mismo año (supra párr. 29) y, además, manifestó que hacía suya la prueba presentada por los representantes de las víctimas y de los familiares en relación con la solicitud del 5 de julio de El 13 de agosto de 2002 el Estado presentó parte de la información requerida como prueba para mejor resolver solicitada el 5 y el 16 de julio del mismo año (supra párr. 29). IV PRUEBA A) CUESTIONES PROCESALES RELACIONADAS CON LA PRUEBA 36. Antes del examen de las pruebas recibidas, la Corte realizará, a la luz de lo establecido en los artículos 43 y 44 del Reglamento, algunas consideraciones aplicables al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas en su propia jurisprudencia. 37. Según la práctica reiterada del Tribunal, durante la etapa de reparaciones las partes deben señalar en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito, qué pruebas ofrecen. Las potestades discrecionales de la Corte, contempladas en el artículo 44 de su Reglamento, le permiten a ésta solicitar a las partes elementos probatorios adicionales, en carácter de prueba para mejor resolver, sin que esta posibilidad otorgue a aquéllas una nueva oportunidad para8 8 ampliar o complementar sus alegatos u ofrecer nueva prueba sobre reparaciones, salvo que la Corte así lo permitiere La Corte ha señalado reiteradamente que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos internos, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuado prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes Con base en lo dicho, la Corte procederá a examinar y valorar el conjunto de los elementos que conforman el acervo probatorio del caso, según la regla de la sana crítica 4, dentro del marco legal del caso en estudio. B) PRUEBA DOCUMENTAL 40. Como anexos al escrito sobre reparaciones de 12 de febrero de 2000, los representantes de las víctimas y de los familiares presentaron copia de 770 documentos (supra párr. 5) Como anexos al escrito de observaciones a las solicitudes de reparaciones de los representantes de las víctimas y de los familiares y de la Comisión, el Estado presentó (el 18 de septiembre de 2000) 139 documentos y una videocinta (supra párr. 8) Mediante escrito de 18 de junio de 2001 los representantes de las víctimas y sus familiares presentaron dieciséis documentos más, luego de haberse comunicado con varios familiares de las víctimas con posterioridad a los avisos publicados por el Estado (supra párr. 14) Adicionalmente, los representantes de las víctimas y sus familiares presentaron (entre el 5 y 11 de abril de 2002) cuarenta declaraciones, todas 2 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de Serie C No. 94, párr. 64; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de Febrero de Serie C No. 92, párr. 36; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de Serie C No. 91, párr Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 65; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 37; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 65; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 38; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr Cfr. tres expedientes de prueba del caso del Caracazo denominados anexos de prueba aportados por los representantes de las víctimas y sus familiares junto con el escrito sobre reparaciones, que se encuentran en la Secretaría de la Corte. 6 Cfr. dos expedientes de prueba del caso del Caracazo denominado anexos de prueba aportados por el Estado de Venezuela junto con el escrito de reparaciones, que se encuentran en la Secretaría de la Corte. 7 Cfr. expediente de prueba del caso del Caracazo denominado Prueba presentada por los representantes de las víctimas luego de la publicación del aviso en Venezuela ordenado por la Corte (Escritos recibidos el 18 de junio de 2001), que se encuentra en la Secretaría de la Corte.9 9 rendidas por escrito ante notario público (supra párr. 23) 8. A continuación son sintetizadas dichas declaraciones: 1. Miguelina La Rosa, madre de Miguel Ángel Aguilera La Rosa. Miguel Ángel Aguilera La Rosa murió a los veintitrés años de edad. Trabajaba como comerciante independiente vendiendo libros. Con los ingresos mantenía a su esposa y a sus hijas. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Ayudaba a la declarante con aportes semanales y la situación económica de la familia de ésta estaría mejor si él viviera, porque era el hijo que más le ayudaba. La declarante se jubiló el mismo año de la muerte de su hijo y la pensión que recibe no le alcanza. El padre de la víctima asumió todos los gastos relacionados con el velorio, pero inhumaron a Miguel Ángel en un terreno prestado. La declarante tuvo que sacar el cadáver de allí a los siete meses y comprar un terreno, en el cual podían permanecer los restos. Esos costos los asumió ella de sus prestaciones sociales. Los gastos de la búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. A causa de los acontecimientos le empezó a fallar la memoria y tuvo que recibir un tratamiento psicológico cuyos gastos fueron asumidos por dos de sus hijas. Le reza mucho a su hijo y eso le ayuda a tranquilizar sus nervios. 2. Rafael Castellanos, hermano de Armando Antonio Castellanos Canelón. Armando Antonio Castellanos Canelón quien tenía veintinueve años de edad, recibió una bala mortal en la cabeza. Trabajaba como obrero, mensajero y cobrador. Vivía en concubinato y tenía dos hijas Daymiri Jugeni y Anabel Fabiana. Aportaba semanalmente a los ingresos de su propia familia, siendo el único sustento de ésta y, desde que tenía dieciocho años, de la madre de la propia víctima. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. La situación económica de la familia sería mejor si la víctima viviera, ya que sus hijas han tenido que dejar de estudiar y ahora, al igual que su compañera permanente, tienen que trabajar. Los gastos relacionados con el velorio fueron asumidos por los dos hermanos de la víctima, Rafael y Enodio, mientras que los gastos por la búsqueda de justicia los ha asumido COFAVIC. Cuando la víctima fue herida, estaba con su hermano Enodio, quien también resultó herido, por lo que los familiares tuvieron que pagar además el tratamiento médico de este último. Al enterarse de que habían herido a su hermano, el declarante salió de su casa, vio a su hermano tirado en la calle y, al levantarle su cabeza, se dio 8 Cfr. expediente de prueba del caso del Caracazo denominado Prueba presentada por escrito sobre los testimonios y peritajes presentados por los representantes de las víctimas y sus familiares, que se encuentra en la Secretaría de la Corte.10 10 cuenta que se le había desprendido parte del cerebro. Es una imagen que hasta la actualidad no se le ha olvidado. El declarante era muy unido a la víctima, por lo tanto sufrió un impacto muy fuerte con ocasión de la muerte de ésta. Enodio y las hijas de Armando Antonio también sufrieron mucho por la pérdida de su familiar. 3. Mery Marina Castillo, madre de Luis Manuel Colmenares Martínez Luis Manuel Colmenares Martínez era soltero, no tuvo hijos y trabajaba como obrero en una fábrica. Anteriormente había trabajado como policía. Ayudaba quincenalmente con los gastos de la casa. De seguir vivo, la madre hubiera dejado de trabajar. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Como consecuencia de los hechos el esposo de la declarante se separó de ella. Ella y el padre de Luis Manuel asumieron los gastos relacionados con el velorio, mientras que los gastos por la búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. La declarante padeció de amnesia momentánea y recibió tratamiento psicológico. En la noche se despertaba porque sentía que su hijo la estaba llamando. Sigue padeciendo insomnio. Por haber estado propensa a una trombosis, ha recibido atención médica hasta la actualidad. Al igual que su esposo, Adelmo Colmenares, sufrió mucho por los días que su hijo pasó en el hospital al borde de la muerte. Lo que agrava el dolor de los padres es el hecho de la impunidad ante lo ocurrido con su hijo. 4. Ana Jacinta Garrido, madre de Juan José Blanco Garrido. Juan José Blanco Garrido murió a los diecisiete años de edad. Estudiaba bachillerato, acababa de comenzar a trabajar, era soltero y no tuvo hijos. La víctima aportaba semanalmente a los gastos de la familia. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. La familia asumió los gastos relacionados con el velorio. Tuvieron que pagarle a un funcionario de la morgue para que les entregara el cadáver de su hijo. COFAVIC asumió todos los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. A causa de los acontecimientos, la declarante se enfermó de los nervios y le concedieron un tiempo de retiro en su trabajo. Ella tardó mucho tiempo en aceptar el hecho de la muerte de su hijo y sufre ante la impunidad en que quedaron los hechos. Sufre de cáncer en el útero, insomnio y depresiones. Los recuerdos permanecen intactos. Lo único que espera es que se haga justicia. 5. Catalina Ramos de Guevara, madre de Daniel Alfredo Guevara Ramos. Daniel Alfredo Guevara Ramos murió a los diecisiete años de edad, estudiaba quinto año de secundaria y a la vez trabajaba con un tío en un abasto, vendiendo y cargando mercancía. Era soltero y no tuvo hijos. El dinero que11 11 ganaba lo ocupaba en sus propios gastos. La declarante hubiera esperado que, de haber sobrevivido su hijo, mejorara la situación económica de la familia, porque él era un estudiante aplicado y muy trabajador. Su esposo y ella cubrieron los gastos relacionados con el velorio de su hijo, mientras que COFAVIC asumió los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. Al enterarse de la muerte de su hijo, fueron al hospital donde no les dieron información, hasta que una sobrina les comunicó que su hijo había muerto. A causa de la muerte de la víctima, quien era el hijo mayor, el padre comenzó a tener problemas en el trabajo, lo despidieron y se separó de la declarante, por lo que ésta tuvo que trabajar como costurera para sacar adelante a los otros dos hijos. La declarante no ha superado la muerte de su hijo; le duele su ausencia; sufre de insomnio y depresiones. Se ha tenido que operar de un fibroma que tenía y desde la muerte de su hijo padece de presión alta. Le duele el hecho de no haber obtenido justicia después de transcurridos más de trece años. 6. Braulio Ramón Guía Laya, hermano de Pedro Gustavo Guía Laya. Pedro Gustavo Guía Laya murió a los veintisiete años de edad. Los funcionarios estatales no permitieron que la víctima fuera auxiliada por sus familiares. Trabajaba como obrero, impermeabilizando techos. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Tenía una hija Franci Araceli Guía. Desde que tenía dieciocho años ayudaba semanalmente a la familia, proporcionándole el mayor aporte que ésta recibía. La hija de Gustavo Pedro se quedó con la madre de éste, Baldomera Laya de Guía y desde que él murió, toda la familia ha tenido que trabajar en lo que ha podido, para salir adelante. El declarante asumió los gastos relacionados con el velorio, mientras que COFAVIC asumió todos los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. Junto con sus hermanos, el declarante ha asumido los gastos causados por la enfermedad de las piernas de su madre, quien empezó a padecer de ello cuando cuidó a la víctima durante los diecisiete días que estuvo hospitalizada hasta su muerte. Toda la familia ha sufrido el golpe de la pérdida de Pedro Gustavo, sobre todo la madre y la hija de la víctima quienes padecieron insomnio y tuvieron que tomar calmantes y tranquilizantes. Por falta de recursos económicos no recibieron tratamiento psicológico. Al enterarse que su hermano había recibido un disparo, salió del trabajo a la casa, de ahí al hospital. Los diecisiete días de agonía de la víctima en el hospital y su muerte fueron un calvario para él, su madre y la hija de la víctima, al igual que lo ha sido la falta de justicia en relación con dicha muerte. Mantiene la gran incertidumbre de no saber si su hermano se hubiera salvado, si le hubiesen permitido ayudarlo. El declarante ha asumido la responsabilidad por su madre y la hija de su hermano. La muerte de su hermano ha causado un dolor y un vacío muy profundos en él y aún le lleva regularmente flores al cementerio.12 12 7. Xiomara Hernández, hermana de Mercedes Beatriz Hernández Daza. Mercedes Beatriz Hernández Daza murió a los 34 años de edad al recibir una bala cuando estaba en su domicilio en presencia de sus hermanas y de sus padres, Oscar Hernández y Carmen Daza. Trabajaba como analista de personal en el Instituto Nacional de Nutrición. Ayudaba económicamente a sus padres con aportes quincenales desde que había comenzado a trabajar a los diecinueve años, era casada y tenía un hijo de dos años, Guirvin Efraín González, a quien mantenía. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Los gastos relacionados con el velorio fueron cubiertos entre los padres de la víctima y su esposo. Los gastos de la búsqueda de justicia han sido asumidos por COFAVIC. Al momento de los hechos, el padre de la víctima estaba sin empleo y la familia dependía de los aportes de Mercedes Beatriz. La víctima vivía en casa de sus padres con su hijo. La declarante también fue herida en una pierna, en consecuencia tuvo que interrumpir los estudios universitarios y dejar de trabajar por un tiempo. El impacto de haber presenciado la muerte de su hermana sigue siendo fuerte. Al momento del evento, la declarante estaba en su primer semestre universitario, quedó sin ganas de estudiar, ya que estaba emocionalmente bloqueada. Actualmente la familia se ha resignado y ha aceptado la pérdida de su hermana. Sin embargo, siguen sufriendo trastornos nocturnos. La madre falleció hace unos años. Ningún miembro de la familia ha recibido tratamiento psicológico debido a la difícil situación económica. La declarante espera que se sancione a los culpables. 8. Rosa Margarita Mederos, madre de Crisanto Mederos. Crisanto Mederos murió a los 37 años de edad. Era maestro constructor de obras y, como pasatiempo, pintor y poeta. Mantenía a la declarante y a sus hijos en forma permanente. Era divorciado y tenía tres hijos menores de edad, Crisanto Bael, Leonor Pilar y Sara Abigail. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. La víctima tenía muchos proyectos y siempre era muy activa por lo que la situación familiar habría mejorado si no hubiera muerto. Su deceso fue un descalabro total para la familia. Para la declarante, Crisanto era su sustento, por lo que al morir éste tuvo que alquilar su casa con el fin de cubrir sus gastos de subsistencia y medicinas. No puede precisar cuanto gastó en el entierro de la víctima pero quedó debiendo dinero, y sus otros hijos le ayudaron a pagar. COFAVIC asumió todos los gastos de traslados, abogados y trámites ante tribunales civiles y militares. La respuesta del Estado ante la Corte Interamericana la humilló tanto que sufrió un infarto y está recibiendo tratamiento médico, que le ha costado desde entonces alrededor de seis millones de bolívares. COFAVIC le ayudó a13 13 conseguir orientación psicológica. Cuando mataron a su hijo pensó que no había nada más que hacer porque fueron los militares. Escuchó los gritos de su hijo cuando le dispararon, los militares la acostaron en el suelo y no la dejaron ayudarlo. Ha sufrido depresiones, se sintió defraudada y se apartó de la gente por mucho tiempo, pues la muerte de un hijo es un golpe irrecuperable, más aún si es en forma violenta y por culpa del Estado. Todavía sufre de insomnio. Ella y los hijos de Crisanto han sufrido un daño irreparable, además de la privación de justicia durante más de trece años, pues no hay aún ningún responsable del homicidio y las humillaciones recibidas. Del proceso ante la Corte Interamericana espera justicia para los muertos y desaparecidos y la identificación de los cadáveres en las fosas comunes. 9. Francisco Moncada, padre de Francisco Antonio Moncada Gutiérrez. Francisco Antonio Moncada Gutiérrez murió a los ocho años de edad. Al momento de su muerte, estudiaba tercer grado de educación básica y por su condición de menor no aportaba bienes materiales a la familia. Su muerte no afectó económicamente la situación familiar, pero esta última sí hubiera mejorado en un futuro, pues Francisco Antonio era un niño muy inteligente y aplicado. El declarante asumió los gastos funerarios. COFAVIC asumió todos los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. El día de los hechos trasladó a su hijo herido a varios hospitales pues no era atendido en ninguno. Por no habérsele brindado la asistencia adecuada, el niño sufrió mucho en su agonía y eso no puede olvidarlo. El declarante no ha recibido tratamiento psicológico alguno. La madre del menor y él se mudaron de casa y luego se divorciaron a raíz de la muerte de su hijo. Su ex esposa Alicia Gutiérrez sufrió mucho, tanto que a ella no se le puede hablar del niño ni puede ir a las reuniones de COFAVIC; por ello ni él ni sus hijas le hablan del niño. Su ex esposa no ha ido al psicólogo porque se ha negado a muchas cosas, se aísla y sufre en silencio. Desde los hechos, él y sus hijas han progresado poco a poco. También les duele que las autoridades no hayan hecho justicia. Después de mucho tiempo ha aceptado lo que sucedió. Durante trece años han vivido en permanente incertidumbre respecto de la determinación de la responsabilidad por el homicidio. 10. Ingrid Ortega Zapata, hermana de Héctor Daniel Ortega Zapata. Héctor Daniel Ortega Zapata falleció a los veintitrés años de edad. Era estudiante, soltero, no tuvo hijos y colaboraba mensualmente con los gastos de la casa. Realizaba trabajos de albañilería desde que tenía diecinueve años. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. La declarante asumió todos los gastos relacionados con el velorio, que completó con lo que recogió del vecindario. COFAVIC asumió los gastos de la búsqueda de justicia, salvo los gastos en transporte a Caracas, que se causaron porque la familia vive en otro Estado.14 14 La declarante intentó recoger a la víctima en la calle donde estaba tirada, mientras los policías disparaban, pero no la dejaron pasar y auxiliar a su hermano. En el hospital se enteró de la muerte de Héctor Daniel. Otras hermanas de la víctima que estudiaban tuvieron que comenzar a trabajar. A la declarante dejaron de concederle un ascenso en su trabajo, ya que padecía problemas de concentración. Ella y su hijo, del cual estaba embarazada en el sexto mes en la época de los hechos, han recibido tratamiento psicológico, para lo cual han necesitado de medicamentos, cuyo costo ha sido asumido por la propia declarante. Su hijo es hiperquinético y por lo tanto ha tenido que asistir a consultas psicopedagógicas. Ella se encargó de presentar la denuncia por la muerte de Héctor Daniel y realizar algunas diligencias al efecto. La madre de la víctima, Ligia Zapata, quien se encargaba de la educación de sus hijos ha envejecido mucho desde el evento. La declarante ha quedado traumatizada con la muerte de su hermano porque llevaba una relación muy estrecha con él; ha sufrido insomnio y depresiones. Todas las esperanzas de que se haga justicia están en el sistema interamericano. 11. Hilda Rosa Páez, madre de Richard José Páez Páez. Richard José Páez Páez tenía diecisiete años de edad cuando recibió una herida mortal por una bala. Estudiaba cuarto año de bachillerato, era soltero y no tuvo hijos. Los gastos relacionados con el velorio se pagaron con los medios recolectados en la comunidad donde vivía la familia, y con lo que los padres pudieron aportar. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia han sido asumidos por COFAVIC. La declarante trabajaba cuidando niños en su casa, labor que tuvo que dejar después del evento. Empezó a padecer de gastritis y del colón y tuvo que asumir los costos de los medicamentos. Por falta de recursos económicos no ha recibido tratamiento psicológico. Ella y su esposo han sufrido por la muerte injusta de su hijo, quien tenía muchos proyectos por delante. La declarante sufrió de insomnio y sigue sintiendo una soledad inmensa. En el tiempo subsiguiente a los hechos los miembros de la familia dormían todos juntos por el miedo y la angustia que sentían. Los padres de la víctima se habían sacrificado para pagarle los estudios, para que tuviera mejores oportunidades de vida, y vivían con la esperanza de que Richard José iba a aportar a los gastos de la casa en cuanto obtuviera un trabajo. Han pasado muchos años de pedir justicia en los tribunales y en la Fiscalía sin respuesta. Confía en que la Corte Interamericana hará justicia. 12. Toribia Ojeda, madre de Carlos Elías Parra Ojeda. Carlos Elías Parra Ojeda murió a los veintisiete años de edad. Era soltero y no tuvo hijos. Trabajaba como mensajero para mantener con aportes semanales de ,00 Bs. (quince mil bolívares) a la familia. Al momento del evento ganaba el salario mínimo.15 15 Los gastos relacionados con el velorio fueron cubiertos por los padres, mientras que los gastos relacionados con la búsqueda de justicia los ha asumido COFAVIC. Como consecuencia de los hechos el padre de la víctima ha sufrido trastornos, por lo que ha estado hospitalizado numerosas veces desde hace siete años. La declarante no puede trabajar por la edad que tiene y el único ingreso del que dispone la familia es el del alquiler de su casa. Debido a la situación económica de la familia, la declarante no se sometió a tratamiento psicológico. La víctima era el hijo mayor. Ella sufre insomnio, depresiones y sigue sintiendo una gran tristeza porque ha revivido muchas veces la forma en que mataron a su hijo. El único consuelo que espera la declarante es que se haga justicia y que los responsables no sigan en la impunidad. 13. Yvonne Josefina Pirela Chacón, tía de José del Carmen Pirela León. José del Carmen Pirela León murió a los dieciséis años de edad. En 1990 les fue entregado a los familiares el cadáver de la víctima, después de haber sido exhumado de una fosa común. Era soltero, no tuvo hijos, estudiaba en secundaria y en su tiempo libre se dedicaba a la artesanía. Colaboraba semanalmente con los gastos del hogar desde hacía un año. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Ella asumió los gastos relacionados con el velorio. COFAVIC se encargó de los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. Para la declarante la víctima era como un hijo, ella lo crió y lo educó. Tuvo que buscar tratamiento psicológico por el descontrol total sufrido, se sentía muy angustiada durante el tiempo en que José del Carmen estuvo desaparecido. Ocho días después de la desaparición de la víctima, se enteró de su muerte y entierro en una fosa común. Durante esos días de incertidumbre lo buscó en hospitales, morgues y cárceles. Se sentía sin ganas de vivir y emocionalmente perdida. Todavía se altera al ver grupos de gente. Se ha mudado a otro lugar del país para olvidar. Ha tenido que buscar un nuevo empleo debido a que durante la búsqueda de su sobrino tuvo que faltar a su trabajo anterior. Incluso llegó a retirar a su hijo menor de la escuela por el miedo de perderlo a él también. Ha encontrado apoyo en el trabajo de COFAVIC, pero sigue padeciendo insomnio y corre el riesgo de perder la vista en el ojo derecho debido a la presión muy alta. Lo único que pide es que se haga justicia. 14. María Teresa Rivas, madre de José Vicente Pérez Rivas. José Vicente Pérez Rivas murió a los dieciocho años de edad. Trabajaba en una charcutería como vendedor y quería entrar a la Escuela Naval. Era soltero y no tuvo hijos. Aportaba semanalmente a los gastos de la familia, aportes que han faltado desde que falleció puesto que la declarante ganaba poco en su trabajo de entonces. Al momento del evento ganaba el salario mínimo.16 16 Su esposo costeó los gastos relacionados con el velorio. COFAVIC ha asumido los gastos de la búsqueda de justicia. Después del evento, la declarante dejó de trabajar y fue hospitalizada en una clínica psiquiátrica durante tres meses. Su esposo murió y ahora vive de una pensión. Le escribía cartas a su hijo como medio para desahogarse. La declarante ha recibido asistencia psicológica y ha necesitado medicamentos hasta la actualidad. Ella asume los costos del tratamiento que asciende a ,00 Bs. (treinta mil bolívares). Padece de diabetes. Se enteró de la muerte de su hijo apenas un día después del evento a través de su hija Mayumi Pérez, quien acompañaba a aquél al momento del disparo y a la cual los agentes militares le impidieron auxiliar a su hermano herido. Durante mucho tiempo no sintió ganas de vivir. El trabajo en COFAVIC le ha ayudado para seguir adelante y para compartir su duelo con otras personas. Ha sufrido insomnio y depresiones, el único consuelo lo espera de la justicia que se le vaya a hacer a su hijo. 15. Juliana Quintana, madre de Jorge Daniel Quintana. Jorge Daniel Quintana murió a los dieciséis años de edad. Trabajaba de día como buhonero y estudiaba sexto grado en las noches. Era soltero y no tuvo hijos. Aportaba regularmente para cubrir los gastos de la casa, desde que tenía doce años. La madre había solicitado papeles para que pudiera trabajar a pesar de su minoría de edad. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Los gastos relacionados con el velorio fueron asumidos por ella con sus ahorros. Los gastos de la búsqueda de justicia han sido asumidos por COFAVIC. Por su situación personal, la declarante fue despedida del trabajo. Una de las hermanas de la víctima ha recibido tratamiento psicológico, cuyos gastos fueron asumidos por la declarante. Al enterarse de la muerte de su hijo, ella fue a buscarlo al hospital y al día siguiente se lo entregaron en la morgue. Durante el velorio por la noche, la policía empezó nuevamente a dispararle a su casa porque creían que había una fiesta. Solo pudieron enterrar a Jorge Daniel a los dos días de fallecido. Resultó que no había un lugar preparado para el cadáver, de manera que ella tuvo que pedirle a los encargados de la inhumaciones de enterrarlo en otro lugar. Sufrió por más de un año trastornos somáticos, creía escuchar la voz de su hijo y sentía que se le aparecía. Padece insomnio y depresiones, siente mucho miedo por su otro hijo cada vez que éste sale a la calle. Su deseo más grande es el de encontrar justicia finalmente. 16. Iris Medina, compañera permanente de Wolfgang Waldemar Quintana Vivas.17 17 Wolfgang Waldemar Quintana Vivas murió a los veinte años de edad al recibir una bala mientras estaba en su residencia. Sus familiares lo llevaron a una clínica, donde ingresó sin vida. Trabajaba como vendedor en una librería y con su trabajo mantenía a la declarante, a su hija Luzdenny Estefanía y a la madre de la víctima, María Esperanza Vivas. Sus aportes constituían el sustento básico de toda la familia. Wolfgang Waldemar había estado trabajando desde los quince años. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. La situación económica de la familia hubiera sido mejor si la víctima hubiera sobrevivido, pues era la única persona que trabajaba en la familia. Desde entonces la declarante ha tenido que trabajar para mantener a su hija. Los gastos relacionados con el velorio los asumió la familia con la liquidación de la víctima por su trabajo en la librería. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. La declarante asistió tanto a tratamiento psicológico como psiquiátrico y aún mantiene el tratamiento psicológico. También la hija asiste cada quince días a sesiones psicológicas. Los gastos por ,00 Bs. (cuarenta mil bolívares) mensuales por dichos tratamientos los asume la declarante. Al recordar los hechos sigue sintiendo mucho dolor y mucha rabia, pues para ellos su hogar era un lugar seguro. La víctima estaba sentada, cargaba a su hija de tres meses cuando fue herida, logró colocar a la niña en la cuna y bajó a la planta baja, donde cayó desangrándose. La declarante intentó taparle la herida, pero la presión de la salida de sangre era tan fuerte que supo que se iba a morir. Con la muerte de su compañero, la declarante perdió todas sus esperanzas, su proyecto de vida de formar una familia y sufre de depresiones. El sufrimiento sigue intacto, para ella y para la madre de la víctima, quien igualmente presenció lo ocurrido. La declarante tenía diecinueve años cuando sucedió el evento y desde entonces ha tenido que ser madre y padre a la vez para su hija. Todavía sufre por la impunidad de los hechos. 17. Dilia Mendoza de Ramos, madre de Yurima Milagros Ramos Mendoza. Yurima Milagros Ramos Mendoza murió a los veinte años de edad, era la segunda hija de la declarante y estudiaba administración de recursos humanos en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto. Era una estudiante muy aplicada y con muchas aspiraciones. Era soltera, no tuvo hijos y no trabajaba. La situación económica de la familia hubiera mejorado mucho si Yurima estuviera viva porque ella era una persona muy unida a su familia y muy solidaria. Al graduarse, la víctima quería ayudar a sus padres con dinero, viajar, regalarle una camioneta a su padre. La familia asumió los gastos relacionados con el velorio y los gastos por la búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. Vio a su hija desangrándose en su propia residencia, con el rostro destrozado, puesto que la bala la hirió en la cabeza. La familia tuvo que pasar varias horas al lado de la hija muerta debido a que no era permitido salir de la casa18 18 por el toque de queda. Un vecino, que trabajaba para el gobierno, les ayudó para que enviaran una comisión del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, la cual al llegar metió a la víctima en una bolsa de plástico. La declarante ha asistido a un tratamiento psicológico de aproximadamente cinco sesiones. Como consecuencia del evento la familia se encuentra muy mal, aunque han encontrado algo de consuelo al compartir las experiencias con los familiares de otras víctimas, en COFAVIC. La madre ha encontrado algo de reconfortación espiritual pero sentía que su vida se había terminado con la muerte de su hija. Sin embargo, sigue sufriendo insomnio hasta la actualidad. Ha estado desde entonces buscando una manera de distraerse; trabaja hasta en las madrugadas en su casa limpiando ventanas para no pensar en lo ocurrido; se siente desprotegida y amargada. El padre de la víctima, Héctor Ramos, siente lo mismo pero sufre en silencio. La esperanza de que se haga justicia ha sido una razón determinante para seguir adelante. 18. Deisy Crespo, esposa de Iván Rey. Iván Rey murió a los veinticinco años de edad. Los agentes del Estado que lo mataron impidieron su traslado inmediato al hospital. Trabajaba en carpintería y era casado. Desde que se casaron, hacía dos años, él mantenía el hogar. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Los gastos relacionados con el velorio los asumió ella con los ahorros que tenían. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia los ha asumido COFAVIC. La declarante se encontraba en el séptimo mes de embarazo en el momento del evento. A causa de los acontecimientos, tuvo que dar a luz mediante una cesárea. Antes se le había complicado el embarazo con sangrados y recibió tratamiento médico para aguantar los meses que faltaban hasta la fecha prevista del parto. La declarante tuvo que comenzar a trabajar inmediatamente después de haber nacido el niño. Estuvo en tratamiento psicológico. Ella presenció el disparo y la muerte de la víctima, ya que se encontraba a su lado en el momento del disparo. Desde la muerte de su esposo ha tenido que ser madre y padre a la vez para su hijo Iván José Rey. La declarante ha quedado traumatizada, sufre insomnio y depresiones. Su dolor se profundizó ante la impunidad de los últimos trece años. 19. María Encarnación Salazar Campos, madre de Javier Rubén Rojas Campos. Javier Rubén Rojas Campos era soltero y trabajaba como planchador en una fábrica de ropas. Su cadáver fue inhumado sin autorización de sus familiares y su cuerpo fue identificado y exhumado en 1990 a petición de COFAVIC. Al momento del evento la víctima ganaba el salario mínimo y mantenía con aportes semanales a su hija Haymar Rojas Campos y a la declarante, quien está a cargo de la hija. El hermano de la víctima, Carlos Rafael, las sostiene económicamente.19 19 Junto con Carlos Rafael asumió los gastos relacionados con el velorio. Los gastos de la búsqueda de justicia fueron cubiertos por COFAVIC. La declarante tuvo que dejar de trabajar como consecuencia de la muerte de su hijo. En 1993 se enfermó de manera que ya no puede trabajar más. Los costos de las medicinas han sido cubiertas por el seguro que Carlos Rafael le está pagando. El día del evento, la declarante se encontraba en la cocina de su casa con la hija de la víctima, cuando escuchó disparos cercanos. Llamaron a Carlos Rafael indicándole que habían matado a su hermano. Ella salió y lo vio tirado en el piso, muerto. Luego se lo llevaron y cuando fueron a buscar su cuerpo a la morgue les dijeron que ya era muy tarde porque había toque de queda. Al día siguiente, les dijeron que lo fueran a buscar el viernes. Cuando llegaron ese día, les informaron que se lo habían llevado los militares. Posteriormente, su familia se enteró que su hijo había sido enterrado en una fosa común en el Cementerio General del Sur. La declarante se siente un poco más tranquila desde que le fueron entregados los restos de su hijo en Le consta que el gobierno ha querido negar la existencia de la hija de la víctima. La declarante, Haymar Rojas Campos y Carlos Rafael Rojas Campos han quedado muy afectados emocional y económicamente con la muerte de la víctima. Sigue sufriendo insomnio y presión alta. Debido a la falta de recursos, nunca ha recibido tratamiento psicológico. 20. Fredez Binda García Hernández, madre de Esteban Luciano Rosillo García. Esteban Luciano Rosillo García era estudiante, y tres meses antes de su muerte había salido de la Escuela Naval. Era soltero y tenía un hijo que no llegó a reconocer, debido a que en el momento de los hechos no había culminado los trámites de reconocimiento. La víctima aportaba todo su sueldo de la Escuela Naval a los gastos de la familia. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. A causa de los hechos, la declarante tuvo que vender su automóvil y se endeudó para cubrir los gastos relacionados con el velorio. COFAVIC ha asumido los gastos de la búsqueda de justicia, excluyendo los gastos de la declarante en transporte a Caracas. El funcionario que mató a su hijo ha dicho abiertamente que él no paga muerto por el homicidio de éste. Los demás hijos de ella lo han visto y lo han oído decir eso. Por lo tanto, su deseo principal es que se haga justicia. El día de los hechos el hijo mayor fue a buscar a la declarante en su casa para darle la noticia, suponiendo que su hermano estaba herido nada más, pero en el hospital les dijeron que había muerto. La declarante se desmayó y desde entonces no ha dejado de sentir una profunda tristeza y una gran impotencia ante la impunidad. La declarante pasó seis meses en estado de shock, se mantenía con medicamentos tranquilizantes. Desde entonces comenzó a vender productos20 20 de belleza para mantenerse. Toda la familia ha quedado trastornada emocionalmente. La declarante ha perdido el ánimo para vivir, dado que la víctima era quien le ayudaba más que nadie en el hogar. Sufre insomnio y depresiones que se acentúan más a causa de la impunidad. 21. María Neria Guillén Pereira, madre de Leobardo Antonio Salas Guillén. Leobardo Antonio Salas Guillén murió a los veintidós años de edad. El cadáver fue enterrado en una fosa común. Sus restos fueron localizados en 1990, exhumados y entregados a los familiares. Trabajaba como controlador de estacionamiento. Era soltero y no tuvo hijos. Aportaba quincenalmente a los gastos de la familia, que estaba compuesta por doce miembros. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Los familiares de la víctima asumieron los gastos del velorio, sin incluir los del transporte del cadáver desde Caracas hasta el lugar de origen de la familia en el Estado Mérida. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia fueron asumidos por COFAVIC. La declarante es ama de casa y recibe tratamiento psicológico y médico. Las consultas con el psicólogo eran primero cuatro veces al año, ahora son dos veces al año. Ha sido una experiencia traumática la de vivir la exhumación de cadáveres en la fosa común para identificar a su hijo. Sigue sufriendo insomnio y depresiones. Desea particularmente que se haga justicia porque la impunidad le ha afectado mucho. 22. Olga María Álvarez, madre de Tirso Cruz Tesara Álvarez. Tirso Cruz Tesara Álvarez falleció a los veintitrés años de edad. Trabajaba como mensajero en una emisora de radio, ayudaba a su padre a cubrir los gastos de la casa desde que tenía aproximadamente dieciocho años. Era soltero y no tuvo hijos. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. La familia asumió los gastos relacionados con el velorio, mientras que COFAVIC asumió los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. Las hermanas de la víctima tuvieron que retrasar sus estudios para trabajar. Siendo el único hijo varón, la familia contaba con los aportes de él. El padre se jubiló y recibe la pensión mínima. Los padres de la víctima estaban aseguradas por medio de Tirso, a través de la empresa en la que éste trabajaba. Este seguro cubría gastos médicos eventuales, pero dejaron de recibirlo al morir la víctima. El día de los hechos a ella la llamaron del hospital en donde se encontraba su hijo y cuando llegó, éste ya estaba inconsciente. Pasó nueve días al lado de su hijo en el hospital, cuidándolo en su agonía. Después de la muerte de aquél ella empezó a investigar la identidad del agente que le había disparado, pero sólo logró que le dieran el apellido. Tuvo que tomar medicamentos porque padecía insomnio. Siempre que ve personas motorizadas, se acuerda Mostrar más
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 ARTÍCULO 1
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