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Timestamp: 2018-10-18 09:41:04+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 746/11 de Corte Constitucional, 11 de Mayo de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 337482986
Actor: Julian Arturo Polo Echeverry
Demandado: Codigo Civil, Articulo 154 Numeral 8 (Parcial), Modificado por la Ley 25 de 1992
Expediente: D-8467
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 154 numeral 8 (parcial), del código civil, modificado pro el artículo y de la ley 25 de 1992. Para el actor el aparte demandado vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 16 de la constitución política, al establecer como una de las causales objetivas de divorcio la separación de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado por más de dos años, sujetando al transcurso del período indicado la libre elección del cónyuge de continuar o no con el vínculo matrimonial. Para la sala, la exigencia de dos años de separación corporal de los cónyuges para su invocación como causal de divorcio, es una limitación temporaria y no una medida que vacíe o anule la dignidad o el derecho del cónyuge separado, ni representa una restricción desproporcionada de su autonomía para elegir libre y responsablemente el estado civil que le plazca u optar por la conformación de una nueva relación sentimental o de familia. Se declara exequible el aparte acusado por el cargo analizado.
C-746-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-746/11
(Bogotá DC, 5 de octubre de 2011)
Referencia: Expediente D- 8467.
Demanda de inconstitucionalidad: contra el artículo 154, numeral 8 (parcial) del Código Civil, modificado por el artículo 6 de la Ley 25 de 1992.
El ciudadano J.A.P.E., en ejercicio de acción pública, demanda la inconstitucionalidad del numeral 8 (parcial) del artículo 154 del Código Civil, modificado por el artículo 6º de la ley 25 de 1992.
Artículo 154. Modificado por la Ley 25/92, art. 6. Son causales de divorcio:
La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años. (aparte acusado subrayado)
El actor solicita sea declarado inconstitucional el aparte subrayado del numeral 8 del artículo 154 del Código Civil, (modificado por el artículo 6º. de la ley 25 de 1992), por considerar que vulnera el artículo 16 de la Constitución Política.
2.2. Fundamento: vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad (CP, art. 16).
El aparte demandado del artículo acusado lesiona el derecho al libre desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política, al establecer como una de las causales objetivas de divorcio la separación de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado por más de dos (2) años, sujetando al transcurso del periodo indicado la libre elección del cónyuge de continuar o no con el vínculo matrimonial.
En otras palabras, el aparte de la norma demandada limita el derecho a la escogencia libre del estado civil -a planear una nueva vida-, de quien decida no seguir conviviendo con su esposo o esposa, imponiéndole el deber de continuar con el estado civil de casado, al fijar un término de dos años de estar separado de hecho o judicialmente para solicitar el divorcio al juez de familia, con las consecuencias que ello tiene en materia de sociedad conyugal. La vulneración del postulado de libre desarrollo de la personalidad se pone en evidencia al no poder contraer un nuevo vínculo matrimonial aunque lo deseara y, frente a una nueva pareja, estar obligado a unirse a ella por vínculos naturales.
Intervenciones públicas y ciudadanas.
El actor en su demanda busca la consagración de una causal de divorcio unilateral, la cual no está consagrada en el ordenamiento jurídico colombiano. En realidad se trata de una demanda por omisión legislativa que, en el caso en análisis, sería por ausencia absoluta de legislación que contemple en Colombia la figura del divorcio unilateral, por lo cual no hay norma sobre la que resulte procedente un examen de constitucionalidad y que como lo ha expresado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, ... hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas; si no hay actuación, no hay acto que comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser objeto de control[1].
3.2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.
Ninguna libertad en Colombia es absoluta, todas son limitadas, por lo que la opción de ser casado por ceremonia o casado consensual o de vivir en pareja temporal o permanente, tiene limitaciones y quien tome estas opciones deberá cumplir con las obligaciones que su estado de familia le impone. Las causales de divorcio y las de nulidad del matrimonio limitan el ejercicio del derecho a cambiar discrecionalmente la condición de casado, soltero, divorciado, etc. puesto que para casarse es necesario cumplir ciertos requisitos, cuando se alega una causal de divorcio, ésta debe probarse, por lo que se descarta el divorcio por repudiación.
La Corte debe declarar la inexequibilidad del aparte demandado del numeral 8 del artículo 154 del c.c., ya que el término de dos años de separación de cuerpos exigidos por la ley para que se constituya en causal de divorcio es una limitación a la órbita de la libertad personal de dos sujetos o uno de ellos que ya no quieran compartir y mantener la relación, que carece de justificación constitucional. La norma acusada vulnera la Constitución pues impide que una decisión de la persona tenga efectos inmediatos buscados por el sujeto, imponiendo a los individuos un vínculo que no desean, coaccionando la libertad por un término demasiado largo y dificultando la separación de las vidas en común.
3.6. Participación Ciudadana[2].
La causal octava del artículo 154 del código civil, objeto de acusación en la presente demanda persigue dos objetivos: el primero, dirigido a proteger la institución del matrimonio y la vida familiar, al verse desdibujada con la separación de cuerpos de los cónyuges por el periodo de dos años o más, viéndose vulnerado uno de los deberes y objetivos del mismo; y en segundo término, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al establecer la posibilidad que cuando los cónyuges no estén de acuerdo con el divorcio y la convivencia no sea irresistible por alguna de las otras causales de divorcio, se pueda probar la ineficiencia de la unión demostrando dos años de separación de cuerpos.
No existe ni puede existir prima facie, contradicción alguna entre la norma legal demandada y la norma constitucional invocada, puesto que la norma Superior reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad dentro de los límites fijados por los derechos de los demás y por el orden jurídico del cual hace parte la norma acusada. El artículo 42 Superior establece el régimen jurídico del matrimonio al disponer [l]as formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil y que los efectos civiles de todo matrimonio cesaran por divorcio con arreglo a la ley civil por lo cual en esta materia el legislador cuenta con plena competencia tanto general como especifica por mandato constitucional. La pretensión del actor, más que reprochar la inconstitucionalidad de los dos años de separación contenida en la causal demandada es instituir una nueva causal, la del divorcio unilateral, pretensión que supone la existencia de una omisión absoluta para la cual no tiene competencia la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda al estar dirigida contra una disposición de la una ley -Ley 25 de 1992-, en virtud de lo dispuesto por el artículo 241.4 de la Constitución Política.
Marco y alcance de la normatividad demandada.
2.1. Con el fin de ajustar las normas relativas al matrimonio para adecuarlas a la nueva Carta Política (Art. 42), el legislador expidió la Ley 25 de 1992, mediante la cual se adoptaron disposiciones relativas, entre otros asuntos, a las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, y particularmente, a la disolución del vínculo: (i) por la muerte real o presunta de alguno de los cónyuges o (ii) por divorcio judicialmente decretado (Ley 25/92, art. 5, modificatorio del artículo 152 del Código Civil).
2.2. El artículo 6 de la Ley 25 de 1992 -modificatorio del artículo 154 del Código Civil-, estableció las causales para solicitar el divorcio, determinando dos tipos: unas denominadas subjetivas, relacionadas con el incumplimiento de obligaciones y deberes conyugales, solo alegables por el cónyuge inocente, y que dan lugar al divorcio sanción, dentro de las que se encuentran las causales 1[4], 2[5], 3[6], 4[7], 5[8] y 7[9] del artículo 154; otras llamadas causales objetivas, relacionan con el rompimiento de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, alegables por cualquiera de los cónyuges que desee disolver el vínculo matrimonial, como las causales de los numerales 6[10], 8[11] y 9[12].
2.3. La norma acusada modificó la Ley 1 de 1976 -artículo 4, numeral 8- que había descrito la misma causal como consistente en la separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de dos años. Así, la Ley 25/92 -artículo 6, numeral 8- agregó que la separación de cuerpos puede ser de hecho y no solo judicialmente decretada. Tal es el texto vigente del artículo 154 del Código Civil.
2.5. En cuanto al efecto de la separación de cuerpos sobre la sociedad conyugal, el Código Civil prevé su disolución -entre otras causales- por la separación judicial de cuerpos, salvo que los cónyuges consientan mantenerla por tratarse de una separación temporal (C.C., art. 167y 1820). Al contrario, la separación de cuerpos de hecho no lleva a la disolución de dicha sociedad, pudiendo en todo caso ser acordada por los cónyuges mediante escritura pública protocolizada ante notario.
Aptitud del cargo de la demanda.
3.2. En la demanda objeto de examen el demandante soporta el cargo, manifestando que el aparte de la disposición acusada vulnera el artículo 16 de la Carta Política -libre desarrollo de la personalidad-, pues al establecer que la causal de divorcio se configura con transcurso dos años de separación de cuerpos -judicial o de hecho-, se limita de una manera desproporcionada el ejercicio de la libertad de las personas de decidir sobre la terminación del vínculo matrimonial, acorde a sus deseos y convicciones personales, no pudiendo planear una nueva vida, ni escoger su estado. Así, tras señalar la norma acusada, indicar la disposición constitucional vulnerada y estructurar un cargo de posible inconstitucionalidad del texto legal, el demandante cumple con los presupuestos mínimos de admisibilidad de la demanda.
Problema jurídico constitucional (cargo único: vulneración del artículo 16 constitucional).
4.1. En esencia, el actor alega que el requisito de dos años de separación de cuerpos, como exigencia fáctica para la procedencia del divorcio con base en dicha causal, se erige como una limitación desproporcionada al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que, deseando dar por terminado el vínculo matrimonial, no puede hacerlo en virtud de dicha restricción. Para el demandante, la sola decisión de uno o los dos cónyuges de separarse corporalmente de su pareja, debería bastar para la configuración de esta causal objetiva de divorcio. En otras palabras, la pretensión de inconstitucionalidad de la expresión que haya perdurado por más de dos años predicada de la separación de cuerpos, conduce a la consagración del divorcio unilateral e inmediato por la mera separación de cuerpos de uno de los cónyuges.
Afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad por la disposición demandada.
5.1. El artículo 16 constitucional -presuntamente vulnerado- dispone que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad se identifica con el ámbito reservado al individuo para la toma de decisiones vitales, correspondiéndole a las propias personas y no al Estado decidir la manera como gobiernan sus derechos y construyen sus proyectos y modelos de realización personal. Y contempla las conductas humanas posibles y las posiciones jurídicas de libertad que no están prohibidas por la Constitución o determinadas normas de inferior jerarquía. Interpretando lo anterior, ha dicho la Corte Constitucional que este derecho se vulnera cuando a la persona se le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano[13].
Limitación del derecho del cónyuge, como ejercicio de la potestad de configuración legislativa en materia de divorcio y separación de cuerpos.
6.1. La legislación ha venido incorporando nuevas regulaciones en materia de divorcio y separación de cuerpos. Inicialmente, la norma civil no regulaba forma alguna de divorcio. Luego, la Ley 1 de 1976 lo introdujo en el matrimonio civil con las respectivas causales de procedencia, entre las que estableció la separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de dos años, advirtiendo que el divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan (Ley 1/76; CC, arts. 154 y 156). Posteriormente, tras la vigencia de la Constitución de 1991, la Ley 25/92 -artículo 6, numeral 8- agregó que la separación de cuerpos puede ser de hecho y no solo judicialmente decretada, permitiendo que la decisión de uno de los cónyuges -o ambos- de cesar la convivencia marital se erija en causal de divorcio con el transcurso del tiempo. Al declarar exequible la expresión o de hecho del artículo 6, numeral 8 de la Ley 25/92, y con ello principalmente la posibilidad de que el cónyuge separado invoque la interrupción de la vida en común, la Corte Constitucional dijo: En consecuencia, la expresión en estudio en cuanto permite a uno de los cónyuges invocar la interrupción de la vida conyugal, por más de dos años, para obtener una sentencia de divorcio, no contraría sino que desarrolla debidamente la Constitución Política, porque los cónyuges que no logran convivir demuestran por este solo hecho el resquebrajamiento del vínculo matrimonial (C-1495/00).
6.2. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 -CP, art. 42- decidió que corresponde al Legislador, a través de la ley civil, regir entre otros aspectos: las formas del matrimonio; la edad y capacidad para contraerlo; los deberes y derechos de los cónyuges; su separación y la disolución del vínculo matrimonial, y lo relativo al estado civil de las personas.
A su vez, la Constitución Política fijó unos principios y parámetros generales que enmarcan el ejercicio de la potestad legislativa en materia de familia y matrimonio, como los siguientes: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad (CP; art. 42.1); La protección integral de la familia es deber del Estado y la sociedad (CP, art 42.2); la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio (CP, art. 42.1); las relaciones familiares deben regularse, basadas en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes (art. 42.4, CP); deberá tenerse en cuenta que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables (art. 42.3, CP) y que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada por la ley (art. 42.5, CP); en materia de paternidad y maternidad, el Congreso de la República está compelido a reglamentar la progenitura responsable (art. 42-7, CP); y respecto de los efectos civiles derivados del divorcio, la ley civil debe regularlos para todo matrimonio (art. 42-11, CP). En igual sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 17.4- reconoce en el Legislador la responsabilidad de tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges, en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en la disolución del matrimonio.
Se observa que mientras la familia y el matrimonio son objeto de desarrollos constitucionales a través de normas consagratorias de principios jurídicos y valores sociales, la separación y la disolución del vínculo le está atribuida al Congreso de la República sin que la Constitución Política preestablezca causales, términos o supuestos fácticos específicos. Así, en materia de causales de divorcio, de separación de los cónyuges o del estado civil de los mismos, el margen de configuración que expresamente le asigna el Constituyente al Legislador es bastante amplio, exento de precisas regulaciones constitucionales que prefiguren la tarea legislativa.
6.3. Al partir de la separación de cuerpos para la invocación del divorcio, el Legislador dispuso esta consecuencia jurídica en claro desarrollo de su potestad de configuración. Y al cualificar el supuesto normativo como la separación que haya perdurado por más de dos años, también actuó en el margen de configuración amplia que la Constitución le ha reconocido en el inciso 6 del artículo 42 constitucional para regular la separación y la disolución del vínculo.
6.4. Con todo, la titularidad de la potestad legislativa y la atribución constitucional de un amplio margen de configuración, no son suficientes para concluir en la constitucionalidad de la expresión normativa demandada. En sentencia C-1037 de 2003, la Corte Constitucional expresó: el Constituyente deja librado al Congreso un gran espacio de configuración legislativa para implantar las mencionadas causales, al no establecer directrices específicas para desarrollar esa materia. Empero, esa autorización no debe entenderse como una habilitación para que desconozca derechos, principios y valores reconocidos por la propia Carta Política, debido a que estos sirven de fundamento y de límite a toda la actividad legislativa. Así, es necesario precisar, adicionalmente, si tal limitación es constitucionalmente justificable.
Fundamentación, finalidad, razonabilidad y proporcionalidad en la limitación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
7.1.1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto: es una potestad subjetiva, constitucional y legalmente restringible. La propia Constitución admite su acotamiento concretado en los derechos de los demás y en el orden jurídico. Interpretando lo anterior, ha dicho la Corte Constitucional que este derecho se vulnera cuando a la persona se le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano[14], y, por consiguiente, las restricciones de las autoridades al artículo 16, para ser legítimas, no sólo deben tener sustento constitucional y ser proporcionadas sino que, además, no pueden llegar a anular la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un modelo de realización personal, por cuanto estarían desconociendo el núcleo esencial de este derecho[15].
7.1.2. El establecimiento del término de más de dos años para que la separación de cuerpos pueda ser aducida como causal de divorcio, se ha hecho en nombre de derechos de los demás -del cónyuge remiso o de los hijos en caso de haberlos, y aún de terceros- por una norma legal que integra el orden jurídico regente. Tal afectación se justifica, inicialmente, al haber sido impuesto por el ordenamiento legal, en consideración a los derechos ajenos cuya protección se persigue.
7.1.3. Sin embargo, ni la propia intervención jurídica del poder en el ámbito de la autodeterminación puede, en caso alguno, vaciar de contenido este derecho, ni retraer ilegítimamente su ejercicio: debe procurar una finalidad constitucional válida y responder a un criterio de razonabilidad y proporcionalidad en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por eso reitera la Corte: El margen de configuración le permite al Congreso elegir la política legis­lativa; los fines específicos que se quieran alcanzar y los medios adecuados parar ello, sin desconocer los mínimos de protección ni adoptar medidas irrazonables o desproporcionadas[16].
7.2. Finalidad constitucional de la medida legislativa -exigencia de dos años de separación de cuerpos para ser invocada como causal de divorcio-.
7.2.1. La Constitución Política (art. 42.1) señala el matrimonio como una institución principal que da origen a la familia. La familia, a su vez, es el núcleo fundamental de la sociedad (CP, art. 42.1) y el Constituyente de 1991 responsabiliza al Estado y a la sociedad de garantizar la protección integral de la misma (CP, art. 42.2), en cumplimiento de lo cual la regulación de las relaciones matrimoniales deben apuntar a la preservación de su armonía y unidad, la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre sus miembros (CP, art. 42.3). Así, la familia, su integridad, unidad y esencialidad, son valores y principios constitucionales a los que apunta el matrimonio como modo de constitución de ella.
7.2.2. Definido el específicamente el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente (C.C., art. 113), se destaca como un acuerdo de voluntades encaminado a: (i) la unión o comunidad de vida de los contrayentes, que incluye la satisfacción de sus recíprocas necesidades sexuales y afectivas; (ii) la procreación, crianza y educación de la prole; y la ayuda y auxilio recíproco en las contingencias materiales y sociales de la vida en común. La comunidad de vida en que se basa el matrimonio es expresión de la unidad familiar a que alude el artículo 42.3 superior como valor constitucional; y la procreación y crianza de los hijos tiene fundamento constitucional en la regulación constitucional sobre el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y a sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos (CP, 42.5). De este modo, la protección constitucional a la familia guarda una relación necesaria con el matrimonio, no solo como forma solemne de constituirla, sino como la institución que, al comprometer relaciones maritales y filiales, concurre a la realización del mandato constitucional de protección integral de la familia.
7.2.3. La naturaleza de los efectos personalísimos derivados del matrimonio y de su carácter constitutivo de familia, explica la doble condición del matrimonio como contrato y como institución. En cuanto lo primero, la ley civil basa su existencia en la voluntad libre de contraerlo; respecto de los segundo, como institución o estado, el matrimonio se configura con una serie de normas de orden público, inmodificables por las partes, relativas principalmente a la regulación de sus efectos. En ese marco de cláusulas imperativas limitantes de la autonomía de la voluntad de los contrayentes, se destaca la improcedencia de disposiciones que apunten a la fijación de términos o condiciones resolutorias del vínculo conyugal, en la medida en que los fines del mismo, como el proyecto de vida en común de los contrayentes y la formación y cuidado de los hijos que puedan existir, demandan una vocación de estabilidad del matrimonio, sin perjuicio de su eventual disolución en los términos de ley. Así, de las comunidades de vida -solemnes o de hecho- llamadas a constituir una familia -entre parejas heterosexuales u homosexuales[17]-, y específicamente del matrimonio, se predica una vocación hacia la permanencia de la unión, expresada en normas imperativas que escapan a la voluntad de las personas, que en modo alguno entrañan su indisolubilidad.
7.2.4. En suma, el matrimonio no es un fin en sí mismo, sino una forma de constitución de familia, a la que la Constitución califica de núcleo social fundamental y sujeto de la protección especial el Estado. La disposición demandada -la prolongación por más de dos años de la separación de cuerpos para erigirse en causal de divorcio- apunta a la defensa del matrimonio de las crisis coyunturales que naturalmente lo rodean, disponiendo que la separación de cuerpos sea una oportunidad de reflexión de la decisión definitiva de disolución del vínculo y, a la vez, un tiempo de preparación de los efectos que apareja un virtual divorcio respecto de los hijos, de los bienes sociales, de terceros y de los propios cónyuges, esto es, de la institución familiar que la Constitución privilegia como núcleo fundamental de la sociedad, constituyendo una forma de protección integral de la misma. Desde esta perspectiva, encuentra la Corte que la disposición constitucional persigue un fin constitucionalmente válido y declarado por el propio Constituyente.
7.3.2. Frente a la proporcionalidad en sentido estricto de la medida, es pertinente una mirada a las consideraciones que el Congreso de la Republica tuvo en cuenta en la expedición de la Ley 25 de 1992 y en cuya ponencia para primer debate de Senado, se dijo: Somos conscientes desde luego que ese avance legislativo tiene que hacerse teniendo en cuenta la realidad cultural del país, donde juegan papel preponderante las creencias religiosas de las mayorías colombianas. De allí que en lo atinente a las causales de divorcio proponemos introducir algunas modificaciones que no pueden considerarse, en manera alguna, revolucionarias; se trata, simplemente, de atemperar la realidad colombiana (sic) las causales que en la gran mayoría los países del mundo están hoy vigentes, cabalmente porque la civilización así lo ha considerado[18]. Aquí se destaca que la disposición vigente demandada representó un avance significativo respecto del régimen anterior de causales de divorcio establecido en la Ley 1 de 1976: la norma posterior acusada, permitió que, sin alegaciones de culpabilidad, cualquiera de los cónyuges pueda tramitar su divorcio a partir de la cesación de convivencia con su pareja, sujeto en todo caso a su prolongación por más de dos años. En seste caso, el Legislador permitió la expansión del derecho a la libre disolución del vínculo matrimonial en el marco de las regulaciones imperativas que protegen el matrimonio y la familia, con respeto por la dignidad de la pareja que en algún momento acordó su entrega incondicional y permanente en matrimonio.
En efecto, de negarse la posibilidad de la separación de hecho por la decisión personal de cualquiera de los cónyuges, o de haberse extendido la exigencia temporaria de la separación de cuerpos, sin disolución de vínculo, a un lapso tan dilatado que imposibilitara o dificultara drásticamente la posibilidad real y existencial de establecer nuevas relaciones sentimentales y organizar una vida de pareja, se estaría realizando la finalidad constitucional de protección de la familia y la unidad conyugal con detrimento del derecho de elección del estado civil, arrojando sobre el derecho de autodeterminación una carga desproporcionada que reduciría drásticamente su ámbito de realización: en ambos casos, la restricción hubiera sido desmesurada y contraria a la regla de proporcionalidad de la medida. Del mismo modo, la consagración del divorcio unilateral e inmediato por la mera decisión de separación de cuerpos a cargo de alguno de los cónyuges -efecto que sobrevendría a una decisión de inexequibilidad del término de dos años-, podría introducir niveles significativos de desprotección de la institución matrimonial y de la familia como núcleo de la sociedad.
7.4.4. Ha sido el propio Legislador quien, en ejercicio de su potestad de configuración, realizó con la expedición de la Ley 25/92 un ejercicio de ponderación para conciliar la finalidad constitucional y el derecho fundamental, visto el contenido del derecho en cuestión. Es importante insistir en que el sacrificio del derecho contemplado en la disposición, ¡es temporal! No se suprime la posibilidad de que, por la decisión libre de uno de los cónyuges -o de ambos- proceda el divorcio. Al contrario, difiere esa facultad en el tiempo, abriendo un compás de espera para su concreción definitiva y pudiendo acudir a ella una vez culminen los dos años de separación. Como lo ha planteado esta Corporación, [19] no se puede obligar a los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial a perpetuidad en contra de su voluntad e interés, puesto que estaríamos frente a la vulneración a la dignidad humana y del principio al libre desarrollo de la personalidad; la normatividad impugnada, lejos de atar a los cónyuges definitivamente, la ley les abre un camino para la realización, a breve plazo, de su decisión de reconstruir su convivencia u optar por la asunción de un destino de vida diferente. Por ello, esta Corte estima conducente la restricción temporal, adoptada por la ley, tendiente a la protección de la unidad familiar y a procurar razonablemente la estabilidad del matrimonio, sin negación ni menoscabo fundamental de su derecho de autodeterminación conyugal y familiar.
Razón de la decisión de constitucionalidad.
8.2. Tal limitación legal se basó en disposiciones superiores regulatorias de las materias del divorcio y la separación. De una parte, la Constitución Política confía al Legislador la regulación de la disolución del vínculo y la separación de cuerpos, y con ello, de las condiciones -por ejemplo de tiempo- para que esta separación pueda erigirse en causal de divorcio; de otra parte, la Constitución admite la restricción del libre desarrollo de la personalidad, impuesta en consideración al derechos de los demás, por el orden jurídico.
8.3. La disposición demandada -la prolongación por más de dos años de la separación de cuerpos para erigirse en causal de divorcio- apunta a la realización de principios y valores declarados y privilegiados por la Constitución Política: la protección integral de la familia como núcleo esencial de la sociedad, de su unidad, y del matrimonio como forma de constitución de aquella, y la protección de los hijos, de los intereses de los propios cónyuges y de terceros. Son fines constitucionalmente válidos y justificatorios de la restricción transitoria al derecho de los cónyuges.
Primero: Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del numeral 8 del artículo 154 del Código Civil, por el cargo analizado.
[1] Folio 47 cuaderno ppal.
[2] En los folios 67 a 72 cuaderno principal, se encuentran las intervenciones de los ciudadanos V.M.C. y L.J.C..
[3] Concepto No 5156, recibido en la Corte Constitucional el 24 de mayo de 2011. Folios. 98 a 107 cuaderno ppal.
[4] Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
[5] El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
[6] Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
[7] La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
[8] El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.
[9] Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
[10] Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
[11] La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.
[12]. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.
[13] Sentencia T- 429 de 1994.
[14] Sentencia T- 429 de 1994.
[15] Sentencia C-309 de 1997.
[16] Sentencia C- 507 de 2004.
[17] Ver sentencia C-577 del 26 de julio de 2011.
[18] Historia de las Leyes. Senado de la República, legislatura 1992. Tomo VI. pág. 42.
[19] Sentencia C- 985 de 2010.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 11001020300020130000300 de 25 de Enero de 2013
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 16663 de 19 de Septiembre de 2001

References: artículo 154
 artículo 16
 artículo 154
 artículo 6
 artículo 154
 artículo 6

Artículo 154
 artículo 154
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 42
 artículo 241
 artículo 152
 artículo 6
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 42
 artículo 16
 artículo 42
 artículo 154