Source: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/suspension-en-la-oea-profundizaria-exclusion-de-venezuela-en-la-region/
Timestamp: 2019-04-24 21:00:38+00:00

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Suspensión en la OEA profundizaría exclusión de Venezuela en la región
Entre las finalidades más importantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) están tanto el afincamiento de la paz y la seguridad del continente, como la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención.
Para llevar a cabo su labor, la OEA dispone de: a) mecanismos ad hoc como los buenos oficios del secretario General, o su representante, b) la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), c) diversas iniciativas promovidas por la Unidad para la Democracia (antes de la reforma iniciada en 2006), d) la aplicación de la resolución 1080, e) el Protocolo de Washington relativo a la ruptura de procesos democráticos, y f) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Aunque desde mayo de 2016 la Carta Democrática Interamericana se presenta como un mecanismo útil para hacerle frente a la defensa de la democracia y los propósitos fundamentales de la OEA en Venezuela, tiene algunas fallas estructurales que dejan al descubierto que existe una dificultad al tratar los problemas internacionales cuando estos suceden en un escenario de no cooperación y de choque frontal de intereses.
Activación de la Carta Democrática Interamericana
La propuesta de activar la Carta Democrática contra Venezuela se ha formulado en dos ocasiones: el 30 de mayo de 2016, por iniciativa del secretario General Luis Almagro, y el 5 junio de 2018, cuando la OEA aprobó una resolución para iniciar dicho proceso.
Aunque en las reuniones de junio de 2016 se esperaba la votación para activar la Carta e iniciar así un proceso que llevara a suspender a Venezuela del organismo –como lo estipula el artículo 21–, el resultado no fue el estimado. El director de comunicaciones de la OEA, Gonzalo Espáriz, lo manifestó así ante la BBC: “el mensaje de los embajadores ha sido: tomamos nota y vamos a monitorear la situación”. Por lo tanto este primer intento no tuvo más efectos que el posicionamiento de la situación de Venezuela en la agenda de la Organización.
Dicha acción también produjo reacciones de aprobación y de desaprobación; una de las más importantes fue la del presidente Nicolás Maduro y del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que el 30 de marzo de 2017 dejaron sin competencias a la Asamblea Nacional, lo cual agudizó la problemática política.
Algo distinto sucedió el 5 junio de 2018, cuando la OEA aprobó una resolución para iniciar el proceso de activación de la Carta Democrática contra Venezuela. La resolución –avalada por 19 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra– sostiene que el proceso electoral de mayo de 2018, en el que el presidente Maduro fue reelegido, no tiene legitimidad, y reafirma que solo la participación de todos los sectores políticos y ciudadanos garantiza la conciliación y la superación de los problemas.
Aunque la resolución incluye medidas de diversa índole, solo fijaremos nuestra atención en el punto diez, el cual estipula la aplicación –en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana– de los mecanismos para preservar y defender la democracia representativa previstas en sus artículos 20 y 21.
Si bien ha pasado poco tiempo desde la aprobación de la resolución del 5 junio como para medir los efectos producidos por la decisión, podríamos referirnos al hecho mismo de la aprobación como un proceso que ejerce una mayor presión diplomática al Gobierno venezolano, en la medida en que amenaza con suspender a Venezuela de la Organización.
Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué implicaciones tendría el hecho de que Venezuela fuera suspendida de la OEA, y qué incentivos ofrece la Organización para que el país retome las sendas de la democracia?
En primer lugar, para que la suspensión se haga efectiva es preciso contar con la aprobación de dos terceras partes de los países miembros, es decir con el voto positivo de 24 países, un panorama no muy factible, dado el apoyo y la influencia regional de Venezuela en los países del Caribe, sus mayores aliados en las discusiones de la OEA.
Al margen de la posibilidad real de la suspensión, los efectos que podría tener dicha decisión no parecen ser definitivos para solucionar la crisis venezolana. Si es suspendida de la OEA, Venezuela dejaría de tener voz y voto en las acciones de la Organización y quedaría aislada de las decisiones regionales. Esta amenaza, lejos de ser un incentivo para que el Gobierno venezolano vuelva a la senda de la democracia, ha operado como un reforzador negativo para que el gobierno de Maduro se aleje cada vez más de un esfuerzo cooperativo y dialogado de la crisis que atraviesa su país.
Las constantes presiones diplomáticas ejercidas a partir de la aplicación de la Carta Diplomática no han abierto nuevas perspectivas que contribuyan al desescalamiento de la crisis en Venezuela, sino que, por el contrario, han producido el efecto adverso: que la crisis se agudice y que el gobierno de Maduro busque aliados por fuera de las alianzas regionales y de la OEA.
Así, el acercamiento del Gobierno venezolano a países como China, Turquía y Rusia se puede entender como la consecuencia del progresivo aislamiento de las organizaciones regionales y de la ausencia de aliados en América Latina.
Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que el rol que ha desempeñado la Carta Democrática Interamericana en el tratamiento de la crisis venezolana es doble: por un lado, ha logrado el afianzamiento de un grupo de países que decididamente quiere ejercer presión diplomática al régimen de Maduro para que este desista de seguir adelante en su implementación de forma de gobierno, o desista por completo del poder. Pero como esta no parece ser una opción para Maduro, los intentos de activar la Carta han generado una exclusión sistemática y cada vez más irreversible de Venezuela en los asuntos regionales.
Mateo Orrego González.
Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia (UN) y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UN.
morregog@unal.edu.co
Actualización: 16/04/2019

References: resolución 
 resolución 
 artículo 21
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