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Timestamp: 2018-08-19 00:21:43+00:00

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Tema 8 Los procedimientos ordinarios [11364] | DERECHO PROCESAL PENAL II (UV) | Unybook
Tema 8 Los procedimientos ordinarios (2012)
Tema 8 Los procedimientos ordinarios
Lección 8. Los procedimientos ordinarios B) El procedimiento abreviado.
C) El juicio de faltas.
CLASES DE PROCEDIMIENTOS Distinguimos entre procedimientos ordinarios, especialidades procedimentales y procedimientos especiales.
• • • Los procedimientos ordinarios: Prevén, en principio, para todo tipo de hechos punibles y se determinan atendiendo a su naturaleza —faltas o delitos— o la pena solicitada —caso de los delitos—.
Especialidades procedimentales: no existen sino simples particularidades en algunos aspectos de aquellos procedimientos —esencialmente en su fase preliminar— considerándose la condición de la persona a enjuiciar, el tipo de delito y la forma de su comisión.
Procedimientos especiales: sí estamos ante verdaderos procedimientos especiales previstos para circunstancias o delitos muy concretos dentro o fuera del CP común—y que se regulan en normas distintas a la LECRIM.
1. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR DELITOS GRAVES.
Cabe distinguir entre: • Delitos castigados con pena privativa de libertad superior a 9 años • Y todos los restantes con la misma pena por debajo de esos límites o con otra, de cualquier naturaleza, independientemente de su duración o cuantificación El primero, que se califica de «ordinario», y al que dedica la ley cerca de 500 artículos, se configura como «tipo» remitiendo, por ello, generalmente, la LECRIM a sus normas para regular los demás en lo no específicamente previsto. Sin embargo, es de aplicación muy restringida al serlo sólo para delitos caracterizados por su especial gravedad y sólo ante órganos colegiados. (Audiencia) Su seguimiento puede acordarse: • Directamente por el instructor ante la gravedad de los hechos • o como consecuencia de los resultados de las diligencias previas en un proceso inicialmente planteado como abreviado o de la competencia del Jurad La LECRIM lo divide en dos períodos: sumario y plenario. Junto a ellos, se incluye doctrinalmente el denominado período intermedio o de transición.
• Del sumario —denominación que aquí se otorga al procedimiento preliminar— conoce un juez de instrucción. Su finalidad es determinar los hechos y la persona de su presunto autor. Abarca desde el auto de iniciación hasta el de su conclusión, con las actuaciones de remisión de la causa al tribunal competente para enjuiciarla y el emplazamiento de las partes.
• El período intermedio se desarrolla ante el órgano sentenciador. En él se determina si es o no correcta la declaración de conclusión del sumario, y si se dan o no los presupuestos necesarios para abrir el juicio oral.
• El período plenario se tramita ante este mismo órgano y en él se obtiene el material en que ha de basarse la sentencia. Comprende el juicio oral en sentido estricto, es decir sus actuaciones y sesiones como acto público y la actividad preparatoria como son los escritos de calificación provisional y, en su caso, la prueba anticipada.
A) PERÍODO SUMARIAL Las actividades que en él se desarrollan tienen como fin preparar el juicio oral, siendo su objeto averiguar los hechos y la persona de su autor y adoptar las necesarias medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de sanciones económicas y posibles responsabilidades civiles (fianzas y embargos) así como la presencia del imputado en el proceso (detención, prisión preventiva, libertad provisional).
a) Iniciación Se abre por medio de auto que dicta el juez de instrucción cuando le llega la «notitia criminis».
Esta resolución se denomina de apertura o incoación del sumario y está condicionada a la comprobación de la veracidad del hecho denunciado, o a la admisión de la querella por el juez (arts. 269 y 313). Una vez dictada se pondrá en conocimiento del Fiscal de la Audiencia y de su Presidente formándose el sumario —en los delitos públicos— bajo la inspección directa de aquél (arts. 306 y 308).
b) Desarrollo El instructor practicará las diligencias propuestas por el Fiscal, cualquiera de las partes personadas o las propuestas en la querella de no estimarlas innecesarias o perjudiciales.
La resolución denegatoria es apelable en ambos efectos, en el último caso —querella— y en uno solo en los dos primeros (arts. 311 y 312). Independientemente de ello, las pedidas y denegadas podrán proponerse de nuevo en el juicio oral. Si se denegasen diligencias propuestas por el Fiscal y no se encontrará en la misma localidad que el instructor, en vez de apelar, podrá recurrir en queja. Si se deniegan las diligencias se podrán presentar en el juicio oral de nuevo.
Estas diligencias podrán ser: Para la búsqueda de fuentes de investigación o adopción de medidas cautelares. Con tal finalidad se prevén expresamente: o Entrada y registro en lugar cerrado; o Registro de libros y ocupación de papeles; o Detención y apertura de la correspondencia; posibles intervenciones telefónicas.
Para la investigación de los hechos. Se comprenden aquí: o Declaraciones del imputado y de testigos (arts. 385 a 450); o Careos entre testigos y procesados o entre aquellos y estos entre sí o Informes periciales (arts. 456 a 485); o Reconocimiento judicial.
Para la comprobación de delito. Todas aquellas actuaciones dirigidas a: o Recogida de armas, instrumentos, efectos y documentos; o Información sobre preexistencia de las cosas, cuando sea determinante de la calificación del delito o sus circunstancias; o Análisis químicos; o Identificación del cadáver y autopsia, caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad; o Vigilancia médica de las lesiones; O Determinación de las consecuencias económicas del delito.
Para determinar el delincuente y sus circunstancias personales. Integrado por: o Concreción de la persona contra la que se dirigen los cargos, por parte de quien se los dirigen, generalmente por reconocimiento «en rueda» o fotográfico; o Establecimiento de su verdadera identidad (DNI, pasaporte, métodos científicos); o Determinación de su capacidad teniendo en cuenta su edad —por su posible influencia como eximente; o Capacidad intelectiva y estado mental; o Connotación de otras circunstancias, como pueden ser su moralidad, conducta y posibles antecedentes penales.
Otras no específicamente previstas en la LECRIM: o Posibles intervenciones corporales directas para obtener datos o vestigios en el propio cuerpo del sospechoso; o Detección de alcohol o drogas en hechos relacionados con la seguridad del tráfico o Circulación o entrega policial controlada de sustancias estupefacientes.
Se previene, asimismo, la posible adopción de medidas cautelares tanto personales como patrimoniales, incluyéndose dentro de las primeras: o La citación: Se impone el presunto culpable la obligación de comparecer a presencia judicial (arts. 486 a 488); o La detención: Breve privación de libertad para poner a una persona a disposición del instructor a efectos del sumario (arts. 489 a 501); o La prisión preventiva: Limitación de libertad acordada por el instructor en establecimiento carcelario, a los efectos del proceso con posible libertad provisional, en determinadas circunstancias, con o sin prestación de fianza (arts. 502 a 519); o Libertad provisional: El imputado queda llore pero a disposición judicial, con obligación de comparecer a su presencia periódicamente o cuando así se le reclame. (apud-acta) Cuando del sumario resulte algún «indicio racional de criminalidad» contra persona o personas determinadas, el juez de instrucción dictará auto declarándola procesada (art. 384) suponiendo como consecuencia: La constitución del imputado en procesado con robustecimiento en su condición de parte debiendo, a partir de ese momento, aconsejarse de abogado que podrá tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias; Formación de dos «piezas separadas»: 1) De situación personal, en la que se hará constar en la que el procesado se encuentra (prisión preventiva, libertad provisional y sus condiciones, etc.), 2) De responsabilidad civil, continente de las diligencias de embargo de los bienes del procesado o, en su caso fianza o declaración de insolvencia, para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.
Contra esta resolución se concede recurso de reforma y contra el denegatorio de la misma, apelación, pudiendo interponerse subsidiariamente.
c) Conclusión del sumario Cuando el instructor estime que está completo dictará auto de conclusión, remitiendo las actuaciones y piezas de convicción al tribunal competente para el enjuiciamiento de la causa (art. 622).
Si los hechos se considerasen constitutivos de falta, se remitirán las actuaciones al Juzgado de Paz o Instrucción —de no ser él mismo competente para su conocimiento— consultando el auto en que se acuerde al tribunal superior.
Esta resolución se notifica a los acusadores, al procesado y a las demás partes contra quienes resulte responsabilidad civil, emplazándolas ante la Audiencia en el plazo de 10 días —15 si fuera ante el TS—.
Se pondrá, además, en conocimiento del fiscal.
B) PERÍODO INTERMEDIO También llamado de transición del sumario al juicio oral. Comienza con la llegada de los autos y piezas de convicción al tribunal tras que el instructor declare concluso el sumario. Comprende las actuaciones dirigidas a confirmar o revocar el auto de conclusión y la apertura del juicio oral o sobreseimiento de la causa según las circunstancias.
Recibidos aquellos se pasarán al magistrado ponente por el tiempo que falte para terminar el que se dio para el emplazamiento.
Transcurrido éste se trasladarán para instrucción al fiscal y partes acusadoras con la misma finalidad (art. 627) pudiendo éstas reproducir la petición de procesamiento, si se hubiera denegado por el instructor (art. 384).
La STC 66/1989, de 17 de abril, ha reinterpretado el art. 627 estimando que el principio de igualdad impone este traslado no sólo a las partes acusadoras, sino también a las acusadas. No siendo así cabrá amparo y declaración de nulidad de lo actuado a partir de la falta del mismo.
Devuelta la causa, las partes manifestarán su acuerdo con el auto de terminación del sumario o si entienden que han de practicarse otras diligencias, proponiéndose éstas.
En el primer supuesto y en el mismo escrito, manifestarán lo que estimen conveniente sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Devueltas, de nuevo, las actuaciones se pasarán al ponente con los escritos presentados por las partes —por 3 días— a cuyo término el tribunal dictará auto, confirmando o revocando el de conclusión del sumario y pronunciándose, en su caso, sobre la petición de procesamiento (art. 384). Siendo confirmatorio se pronunciará —por auto en 3 días—respecto a la solicitud de juicio oral o sobreseimiento (art. 632).
En el primer caso, se entrará en la fase siguiente; en el segundo terminará o se suspenderá el proceso por falta de presupuestos para el juicio oral.
Revocándose se devolverá la causa al instructor expresando las diligencias a practicar y remitiendo las piezas de convicción quo se estimen necesarias para ello (art. 631).
C) PERÍODO DE PLENARIO O JUICIO ORAL Se entra en él por auto del tribunal como alternativa al sobreseimiento (art. 633). Comprende el acto de la vista pública, que supone el núcleo del proceso, y la actividad preparatoria del mismo. Conoce el órgano competente para enjuiciar los hechos.
a) Preparación Abierto, se prepara con los escritos de calificación provisional en que las partes, y sobre los resultados del sumario, califican los hechos y las responsabilidades deducibles.
En primer lugar los acusadores y a continuación lós procesados y terceros civilmente responsables. Para ello se pasará la causa a cada uno de ellos (por 5 días) en primer lugar el fiscal.
Presentados estos escritos por las partes el tribunal dictará auto declarando hecha la calificación, pasando la causa al ponente –Por 3 días— para examen de las pruebas propuestas (art. 658). Devuelta por aquél, se dictará auto admitiendo las que se estimen pertinentes y rechazando las demás. Contra el de estimación no se concede recurso; contra el denegatorio el de súplica (art. 236) con posibilidad de protesta formal de ser desestimado, a efecto del recurso de casación por quebrantamiento de forma (art. 659).
En la misma resolución se señalará lugar, día y hora para comienzo de la vista oral.
b) Proposición y sustanciación de cuestiones previas Abierto el término para calificaciones y en los 3 días siguientes a la entrega de los autos, cualquiera de las partes podrá proponer alguna de las cuestiones del art. 666: Declinatoria de jurisdicción; Cosa juzgada; Prescripción del delito; Amnistía o indulto; Falta de suplicatorio siguiéndose la causa contra un senador o diputado.
Propuestas en tiempo y forma serán objeto de previo pronunciamiento por el tribunal. Al escrito proponiéndolas se acompañarán los documentos acreditativos de los hechos en que se fundamenten o, en su caso, se designarán los archivos en que se encuentren, solicitando expresamente que el tribunal los reclame. Incumpliéndose esta aportación documental, la excepción alegada no suspenderá el procedimiento.
Sus consecuencias serán distintas según se estime alguna de las planteadas —y según cuál sea— o sean desestimadas.
c) Celebración de la vista oral En el día señalado, previa colocación en la Sala de las piezas de convicción que se conserven y comparecidos los procesados, el presidente declarará abierto el juicio (art. 688) que se desarrollará así.
Sus debates serán públicos, como regla general, bajo pena de nulidad de lo actuado en otro caso. A instancia de parte o de oficio podría acordarse su celebración «a puerta cerrada», antes de las sesiones o comenzadas, por razones moralidad u orden público (arts. 680 a 682).
El presidente del tribunal lleva la dirección de los debates esencialmente mediante dos tipos de actos: procesales y materiales.
Abierta la sesión, el presidente debía preguntar al acusado si se consideraba culpable del delito según la calificación más grave y civilmente responsable por la cantidad mayor fijada en las calificaciones de los acusadores. Pero si estamos al ámbito de aplicación de este procedimiento esto no es posible actualmente por cuanto sólo lo es para causas por delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 9 años, y la previsión legal para esta forma de confesión sólo alcanza a delitos cuya sanción no exceda de 3 años.
No existiendo esta posibilidad, el juicio debe comenzar dando cuenta el secretario conforme al art. 701 pasándose inmediatamente a la práctica de las pruebas; primero las del Fiscal, luego, de los demás acusadores y por último, de los acusados, que serán necesariamente las propuestas y admitidas, salvo las excepciones del art. 729.
Estas son: confesión del acusado; testifical, pericia; y reconocimiento judicial. Pueden practicarse otras no propuestas, como los careos; las que el tribunal considere necesarias; Finalizada su práctica, el presidente preguntará a las partes si mantienen o modifican sus conclusiones provisionales al elevarlas a definitivas (art. 732).
En este momento, el tribunal con carácter excepcional puede solicitar, si entendiera que el hecho ha sido calificado definitivamente con manifiesto error y en base al art. 733 que las partes le informen si los hechos constituyen determinado delito o concurre alguna circunstancia modificativa de responsabilidad.
En tal caso podría suspenderse la vista si aquellas indicaran falta de preparación para discutir la cuestión planteada, hasta el día siguiente.
Modificadas las conclusiones o elevadas a definitivas las provisionales y resuelta, en su caso, la cuestión anterior el presidente concederá la palabra al fiscal, al acusador particular, al actor civil (en su caso) y a la defensa del acusado.
En sus informes expondrán los hechos que se consideren probados, su calificación legal, la participación que los acusados hayan tenido en ellos y lo relativo a posibles responsabilidades civiles. Tras este trámite sólo se permitirá a las partes la rectificación de hechos o conceptos (art. 738).
Se concederá al acusado la facultad de hablar el último (derecho a la «última palabra» (art. 739) y a continuación se declarará el juicio visto para sentencia (art. 740) que se dictará en los 3 días siguientes a su terminación, siendo recurrible en casación.
EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO A) Ámbito de la aplicación Para determinarlo hay que estar al estudio conjunto de los arts. 14 y 779 LECRIM, supone esto: • Que se limita al enjuiciamiento de delitos castigados con penas privativas de libertad en abstracto (como si fuera un delito consumado) no superiores a 9 años, o con cualquier otra de distinta naturaleza independientemente de su cuantía o duración.
• Que la división de competencias entre los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales (o Centrales de lo Penal y Audiencia Nacional) ha de efectuarse en función de los criterios siguientes: Los Juzgados de lo Penal (o Centrales de lo Penal, ex su ámbito) conocerán de las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 5 años; con multa, independientemente de su cuantía, o con cualquier otra pena de diferente naturaleza a las anteriores siempre que su duración no exceda de 10 años. También conocerán de las faltas cuya prueba o comisión estuvieran relacionadas con el delito enjuiciado.
b) Las Audiencias Provinciales (o Audiencia Nacional) de los delitos castigados con penas que, excediendo de los límites que señala la competencia de los Juzgados de lo Penal, no superen el ámbito propio de este procedimiento.
a) Asimismo, hay que entender que el procedimiento se aplicará las causas que se sigan contra aforados ante el Tribunal o los Tribunales Superiores de Justicia, si por razón de la penalidad fueran inclusivas en su ámbito.
B) Características generales a) Naturaleza de procedimiento ordinario Su inclusión en el Libro IV de la LECRIM dedicado a los «procedimientos especiales» no encaja ni con su naturaleza, ni con su carácter ni con el ámbito de su aplicación.
Dados los delitos —determinados por su sanción— a que debe aplicarse, se configura como el de mayor utilización por lo que, difícilmente, le cuadra el calificativo de especial cuando es el más ordinariamente utilizado. Por eso hay que entenderlo como una modalidad «abreviada» del procedimiento ordinario que queda de aplicación exclusiva para delitos de especial gravedad.
b) Rapidez y simplificación de actuaciones Se incluyen aquí el mayor conjunto de sus particularidades tanto para agilizar su desarrollo, como para simplificar, reducir o incluso suprimir trámites, sin detrimento de las necesarias garantías. Así, encontramos: La formación de piezas separadas para el enjuiciamiento de delitos conexos, cuando existan elementos para hacerlo independientemente y para juzgar a cada uno de los imputados si fueran varios (art. 784.7).
Tratamiento más ágil de las cuestiones de competencia (art. 782).
Supresión o agilización del procedimiento preliminar: 1.
Puede no existir el procedimiento preliminar judicial si el instructor estimara su innecesaridad por considerar que las diligencias practicadas en el atestado policial o la investigación del fiscal son suficientes para formular acusación (art. 789.3). Ello podría producir el acuerdo de traslado de actuaciones al Fiscal, incluso desde el propio Juzgado de guardia que tuviera el primer conocimiento de los hechos. Aquel, en atención a las circunstancias podría «de inmediato» presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral y la citación para el mismo (art. 790.1 III y IV). La LO 2/1998, de 15 de junio, pretendiendo intensificar la realización de <juicios rápidos», ha convertido en necesario lo que antes era facultativo para jueces de instrucción y fiscales, con lo que el traslado al fiscal y partes acusadoras se impone y también el que el fiscal presente su escrito de acusación y solicitud de apertura del juicio oral. Incluso, creemos, podría el propio Fiscal sugerir aquel traslado, de haber iniciado las primeras diligencias tal y como le permite el art. 785 bis.
El reconocimiento de los hechos por el imputado en el procedimiento preliminar cuando conozca un Juzgado de lo Penal —y siempre con anuencia de la defensa— permite: la supresión de diligencias investigadoras con remisión inmediata de actuaciones al órgano sentenciador — policiales o del Fiscal—; la supresión de los escritos de acusación y defensa —las distintas pretensiones se plantean directamente en el acto de la vista—; y la potenciación de la sentencia «in voce», 3.
Supresión del auto de procesamiento: Una de las más llamativas peculiaridades de este procedimiento es el traslado del período intermedio—que en el ordinario se desarrolla ante el órgano del enjuiciamiento—al instructor. Esto supone que queda a consideración de éste estimar la concurrencia de elementos suficientes para formularse acusación y solicitarse la apertura del juicio oral. Y ello no precisa de un acto formal de imputación, como sucede en el procedimiento ordinario; no hay, pues «procesamiento», aunque sí debe haber estimación de suficientes indicios de criminalidad deducidos, en un primer momento, de las diligencias previas y que aconsejan el seguimiento de esta vía procesal y posteriormente al propio contenido de los escritos de acusación que, estimándose insuficientes, podrían dar lugar al sobreseimiento de la causa (art. 790.6. Vid. lec.
Posibilidad de apertura, a instancia de parte, de un trámite «sanatorio» previo en el acto de la vista oral con la finalidad de plantear cuestiones que, de alguna forma, podrían afectar la marcha del proceso y sobre las que debe pronunciarse en el acto el juez o tribunal (art. 792.1).
Reforzamiento de un posible consenso: La posible conformidad del acusado con los hechos y penas solicitadas se regulaba en el procedimiento ordinario con determinadas limitaciones aun cuando, como hemos dicho, no es posible —o al menos dudoso— en la actualidad. En el abreviado, sin embargo, ello se potencia de forma general aunque con distintas consecuencias. El acusado, siempre con anuencia de su defensa, puede manifestarse conforme con el escrito de acusación que contenga mayor petición de condena en distintos momentos: • En el propio escrito de acusación del fiscal (art. 791.3); • Al formular el escrito de defensa y • Como acuerdo previo entre la acusación y la defensa, antes de la práctica de la prueba en la vista oral (art. 793.3) 6.
Posible celebración de la vista en ausencia del acusado para evitar dilaciones inútiles que pudieran afectar a los derechos de las víctimas o perjudicados por el delito.
Limitación de las consecuencias anulatorias de la suspensión de la vista.
El recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias se limita a supuestos expresamente previstos, generalizándose el de queja —que sólo tiene efectos devolutivos pero no suspensivos 9.
Se favorece el auxilio judicial, pudiendo comunicarse directamente el instructor con el órgano que haya de prestarlo (art. 784.1).
10. Innecesaridad de determinados trámites o actuaciones: • Los ofendidos o perjudicados pueden mostrarse parte en la causa sin necesidad de querella (art. 788.2); • No se exige título oficial para los intérpretes (art. 785.1); • En caso de robo, hurto, estafa, etc. La información sobre la preexistencia de las cosas no se exige más que si el instructor tuviera dudas al respecto (art. 785.2); • El certificado de nacimiento sólo se exige si la edad e identidad del imputado no puede determinarse por otras vías (DNI, pasaporte) y, de ser preciso, su falta no suspenderá el procedimiento preliminar uniéndose a las actuaciones en cuanto se reciba (art. 785.3 y 5); • Sólo se recabarán informes de conducta y moralidad si el instructor los estima imprescindibles; O El informe pericial puede prestarlo un solo perito (art. 785.7 y 793.5); • Sólo se procederá a la autopsia cuando se estime la insuficiencia del dictamen del forense —o de quien haga sus veces— sobre la causa de la muerte.
c) Potenciación de las garantías de las víctimas y del imputado Dentro de las primeras son destacables las medidas para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias, como: 1.
Un nuevo sistema de fianzas —además de las del art. 591: personal, pignoraticia, hipotecaria— permitiéndose la bancaria y la de la entidad aseguradora de la responsabilidad civil.
Señalamiento de pensión provisional siendo los hechos derivados de la circulación de vehículos de motor, cuando la responsabilidad civil esté asegurada por cualquier seguro obligatorio (art.785. 8, d). Los recursos no suspenderán su percepción. En su caso, al Consorcio de Compensación de Seguros, organismo del estado que integra el Ministerio de economía.
Intervención del vehículo, con retención de los permisos de circulación, tanto como medida investigadora como cautelar para asegurar responsabilidades pecuniarias, en tanto conste acreditada la solvencia del imputado (art. 785.8, c).
Posible pregunta test artículo 782 LECR. Si la acusación quiere sobreseimiento y el fiscal también pero hay dudas. El juez podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva.
Respecto a las garantías del imputado, destacamos: 1. Manteniéndose la vigencia del art. 118 LECRIM en cuanto a la potestativa designación de letrado, el art. 788 prevé que se haga de oficio de no hacerlo el interesado, desde la detención o desde que de las actuaciones «resulte la imputación de un delito»; por la policía judicial, el fiscal y el instructor— dentro cada uno de la fase que se le atribuye.
2. Se consolida en el mismo abogado la «asistencia al detenido» y la auténtica defensa penal, de seguirse proceso ulterior —salvo nombramiento de otro de elección o impedimento de aquél— También se identifican en el mismo la defensa y la representación, hasta la apertura del juicio oral donde será preceptivo el nombramiento de procurador (art. 788.3, 791.1). A tales efectos deberá designar domicilio para notificaciones.
3. Se podrá recurrir en anulación contra la sentencia dictada en ausencia del acusado.
4. En causas por delitos derivados del uso y circulación de vehículos de motor podrá ausentarse el imputado de España siempre que: a) Afiance suficientemente sus responsabilidades civiles y preste caución para responder de su posible incomparecencia; b) Señale en España domicilio para notificaciones; c) Que no se encuentre en situación de prisión provisional y d) Que se le informe que el juicio se celebrará en su ausencia o se le declarará en rebeldía, de no darse las causas determinantes de la suspensión por tal motivo (art. 785.8).
Esta autorización podrá otorgarla tanto el instructor como el órgano que conozca del enjuiciamiento aunque no con carácter general si no sólo si aquel tuviera su domicilio o residencia habitual en el extranjero, con anterioridad.
La sentencia no puede imponer pena más grave que la pedida por las acusaciones ni condenar por delito distinto cuando esto conlleve una diversidad del bien jurídico protegido o cambio sustancial en el hecho enjuiciado (Tesis de desvinculación).
d) Incremento de las funciones del Fiscal y de la policía judicial 1) Prerrogativas del Fiscal.
Llama la atención el protagonismo que, aparentemente, pretende otorgársele genéricamente recogido en el art. 773. El ministerio puede incoar de oficio en forma de decreto unas diligencias de investigación penal (DIP) antes de formular querella o denuncia en el juzgado. Son internas, sólo del fiscal, por tanto, no tienen transcendencia judicial porque no está judicializado. Luego ya se decide si se judicializa el asunto o no. Puede comunicar los hechos la policía o de parte. Puede finalizar archivando o judicializando.
2) Atribuciones de la policía judicial.
El art. 786 remarca sus funciones de asistencia a las víctimas inmediatas del delito, con posible requerimiento a facultativos para ello; e incluso llevar a efecto el «levantamiento del cadáver» — estrictamente judicial en el procedimiento ordinario si estuviese aquel en la vía pública o lugar inadecuado, debiendo fotografiarse y señalarse el lugar que ocupare.
Puede identificar, y citar a presencia judicial a los presuntos autores de los hechos y a testigos presenciales —inmediatamente o dentro de las 24 horas siguientes—. Y adoptar medidas cautelares inmediatas (secuestro de los efectos que se encontraren en el lugar de los hechos —de haber peligro de desaparición— o la intervención del vehículo y los permisos de conducción y circulación a los efectos vistos, entregándose todo ello al instructor tan pronto como se presente).
También deberá instruir al perjudicado de su derecho a mostrar se parte en el proceso y a nombrar abogado; con prevención expresa de que la falta de este nombramiento no impedirá al fiscal ejercitar la pretensión civil de resarcimiento, si fuera procedente y no se renunciara a ella.
C) Estructura Régimen general a) Se acordará su seguimiento cuando haya constancia de que los hechos se encuentran comprendidos en su ámbito de aplicación.
b) Su procedimiento se conoce como «diligencias previas» c) Acordada esta vía procesal se comunicará al fiscal y acusadores y acusadores personados, con traslado de lo actuado —en original o fotocopia— (art. 790). A su recepción —y en 5 días— estos podrán solicitar: Apertura de juicio oral; Sobreseimiento de la causa; Práctica de diligencias complementarias de las que hubieran sido practicadas.
El hecho de que los acusadores puedan pedir la práctica de diligencias complementarias, no supone que el instructor tenga d) De pedirse el sobreseimiento por todos los acusadores se acordará con carácter general al ser vinculante para el juez. (641 y 637) Excepto fundándose en enajenación mental, alteración de la percepción, estado de necesidad o miedo insuperable. (art 20 CP). Entonces se le aplicaría una medida de seguridad, no una pena. (637.3 LECR) ESTUDIAR 641 Y 637 DE LECR. (CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO) Pidiéndose sólo por el fiscal y no existiendo acusador particular el juez podrá: acordarlo o remitir la causa al superior jerárquico de aquel para que decrete sobre su procedencia o improcedencia.
(Búsqueda de acusador particular) El sobreseimiento podrá acordarse de oficio cuando no se solicite conjuntamente por los acusadores, si el instructor estima que los hechos no son constitutivos de delito o no existen indicios racionales de criminalidad. Su resolución es apelable (art. 790.6).
e) La solicitud de apertura de juicio oral se efectúa en el «escrito de acusación», que contendrá, además, la pretensión punitiva y, en su caso, la civil de resarcimiento; la proposición de prueba para el acto de la vista y, en su caso, la que deba practicarse anticipadamente. Todo ello conforme a lo previsto para los escritos de calificación provisional (art. 790.5.) (Acusación particular/popular pide la acusación y el Fiscal pide el sobreseimiento: o El juez apertura del juicio oral o Vuelve a dar traslado al Fiscal: Si se ratifica la ley le obliga a hacer el escrito de calificación absolutoria Si no se ratifica formula la acusación f) La apertura del juicio oral la acuerda el instructor por auto irrecurrible, aunque podrán reproducirse las peticiones no atendidas ante el órgano sentenciador.
g) Abierto se comunicará la resolución al acusado y responsables civiles, con traslado de actuaciones — en original o fotocopia—para que evacuen el «escrito de defensa» — por 5 días comunes— El escrito de defensa puede responder a una doble postura del acusado: 1) De auténtica defensa, rebatiendo los argumentos, calificaciones y responsabilidades esgrimidas en los de acusación; con proposición de prueba a tales efectos para su práctica en el acto de la vista o anticipadamente y 2) De aceptación de las calificaciones y responsabilidades exigidas, conformándose con el escrito de acusación que solicite pena de mayor gravedad. En tal caso, deberá firmarse por el abogado y el acusado.
h) Cumplido, en su caso, el trámite anterior, el instructor remitirá las actuaciones al órgano sentenciador, notificándolo a las partes. No habrá tal remisión si el Juzgado de instrucción fuera de aquellos a los que se desplaza el Juzgado de lo Penal, si éste fuera el competente i) Recibidas por aquel, dictará auto irrecurrible en el que: 1) Admitirá o rechazará las pruebas propuestas para su práctica en el acto de la vista; 2) Acordará lo procedente en cuanto a la prueba anticipada, si así se hubiera solicitado y 3) Señalará día para el comienzo de las sesiones de la vista oral j) La vista se celebrará en el día, lugar y hora señalados, debiendo concurrir necesariamente el acusado y su abogado defensor.
Se iniciará leyendo el secretario los escritos de acusación y defensa. A partir de este momento, se da entrada a la iniciativa de las partes que puedan: Solicitar la apertura de un turno de intervenciones orales en que podrán exponer: 1) Cuestiones relacionadas con la competencia del juez o tribunal; 2) Vulneración de algún derecho fundamental; 3) Artículos de previo pronunciamiento del art. 666; 4) Posibles causas de suspensión de la vista y 5) Reproducir la petición de práctica de pruebas rechazadas en el auto de apertura del juicio oral (art.792.1). Sobre ello deberá pronunciarse el juez o tribunal en el acto, pero no se dice cómo, ni si se concede recurso contra su resolución por lo que parece que habrá de recurrirse contra la propia sentencia.
Solicitar la terminación del proceso, con petición de sentencia sin más trámites de haberse producido la conformidad del acusado. No habiendo conformidad y tras finalizar, en su caso, el debate preliminar el juicio oral continuará con la práctica de las pruebas admitidas.
La prueba se practica conforme a lo previsto para el procedimiento ordinario. La única modificación destacable, es que el informe pericial puede prestarlo un solo perito (art. 793.5).
A su finalización, se abrirá el trámite de conclusiones definitivas e informes de las partes que puede desarrollarse: • Elevando aquellas sus conclusiones provisionales a definitivas o modificándolas; procediendo, a continuación, a informar oralmente sobre la valoración de la prueba practicada y la calificación de los hechos, o • Contestando al debate que el juez o tribunal puede proponerles, en relación con el esclarecimiento de aspectos concretos de la prueba o la valoración jurídica de los hechos.
La modificación de las conclusiones provisionales por los acusadores puede producir: o La apertura de periodo probatorio complementario, exclusivamente para la defensa, cuando hubiera supuesto cambio en la tipificación penal de los hechos o se hubieran estimado circunstancias agravatorias del grado de participación o responsabilidad.
Si conociera de la causa un Juzgado de lo Penal, el cambio de calificaciones podría dar lugar a su inhibición.
Finalizada la vista se levantará acta en los términos del art. 793.9.
o La sentencia podrá dictase de dos formas: • Dentro de los 5 días siguientes y por escrito, con carácter general .
• A la finalización de la vista y en el mismo acto, en forma oral «sentencia in voce» —pero sólo cuando conozca un Juzgado de lo Penal y lo estime oportuno.
Contra ella cabe apelación ante la Audiencia Provincial, si fuera dictada por un Juzgado de lo Penal; o ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, si lo fuera por un Juzgado Central de lo Penal; pudiendo manifestarse la intención de no recurrir en el acto de comunicación «in voce» de la sentencia, declarándose entonces su firmeza con pronunciamiento —previa audiencia de las partes— sobre la condena condicional, en su caso.
Si se hubiera dictado por una Audiencia Provincial o la Nacional, se permite la casación.
Y si lo hubiera sido en ausencia del acusado, cuando ello es posible, el recurso extraordinario de anulación (art. 797).
Su ejecución se acomoda a las disposiciones generales de la LECRIM con alguna particularidad, esencialmente en cuanto al planteamiento de incidencias liquidatorias de indemnizaciones si su cuantía no figurase específicamente determinada en el fallo.
b) Especialidades aceleratorias Se producen concurriendo determinadas circunstancias legalmente previstas y agilizan considerablemente su tramitación aunque sin alterar sus garantías y características esenciales.
a) Cuando siendo competente un Juzgado de lo Penal, el imputado hubiera reconocido los hechos con asistencia de su abogado. Este y el fiscal podrían instar del instructor la remisión directa de las actuaciones a aquél para convocatoria inmediata a juicio oral donde se formularán las acusaciones y la defensa, pudiendo dictarse sentencia en el acto.
b) Cuando, de las primeras actuaciones, derivasen elementos suficientes para deducir presuntas responsabilidades y así se estimase judicialmente, incluso en el propio servicio de guardia.
En tales circunstancias se acordará por auto —que se notificará al imputado y, en su caso, a los acusadores— el traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal para que «en el acto» promueva la acusación y solicite la inmediata apertura del juicio oral (art. 790.1 párrafos segundo y tercero).
Si así se hiciera, el instructor requerirá los escritos de la acusación particular —en su caso— y, si no considerase la procedencia del sobreseimiento sobre el art. 790.6, acordará citar a los testigos y peritos que en ellos se propusieran (en su caso, e independientemente de su posterior declaración de pertinencia que ha de hacerla el sentenciador). Al mismo tiempo convocará a juicio oral —no antes de 10 días.
Evacuada la acusación, en su caso, se dará traslado a los defensores y terceros responsables, de haberlos, para que comparezcan ante aquél-5 días—formulando su defensa y proponiendo prueba.
PROCEDIMIENTO POR FALTAS A) Características generales Se regula exclusivamente en los arts. 962 a 964, 966 a 977 LECRIM, al derogar la Ley 10/1992.
Su ámbito se limita a las conductas calificadas como faltas de las que conocen los Juzgados de Instrucción y de Paz. La división de competencias entre ambos la determina el art. 14.1 de la LECRIM atribuyéndose a los primeros con carácter general; conociendo los segundos de las tipificadas en los arts. 620, 626, 630, 631, 632 y 633 del CP, según modificación de la LO 14/1999, de 9 de junio.
En otro orden de cosas, decir que este procedimiento es especifico para el enjuiciamiento de las faltas no supone que sea la única vía posible.
En uno por delitos puede conocerse de las incidentales o relacionadas con los hechos enjuiciados (arts. 742 y 790.5). Aquella especificidad queda reservada a las faltas que aparezcan como independientes, es decir, no relacionadas con hechos tipificados como delictivos.
Es un procedimiento de doble instancia, simple y rápido, dada la escasa gravedad de las infracciones constitutivas de su objeto; pero sin que ello suponga merma en las garantías procesales y de defensa de quienes intervienen en él activa o pasivamente, rigiendo los principios de oralidad, concentración, inmediación y publicidad además de la contradicción y el acusatorio.
No se requiere un acto judicial de imputación para que pueda procederse a la apertura de juicio oral. Basta la mera noticia de hechos presuntamente constitutivos de falta atribuidos a una persona, adquirida por cualquiera de los medios vistos en su momento, para que se la cite de oficio sin audiencia de los acusadores.
DERECHO PROCESAL PENAL II - Tema 9 Los procedimientos especiales y el proceso civil acumulado (2012) Apunte
DERECHO PROCESAL PENAL II - Tema 10 Los procedimientos especiales y el proceso civil acumulado (2012) Apunte

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 artículo 782
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