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Timestamp: 2017-07-25 12:49:20+00:00

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ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, ABOGADO: febrero 2015
¿Usted se ha preguntado el por qué llegó el diputado fiscal, a tasar una pena de 5 años de prisión, para el magistrado Moncada, si argumentaba que tenía suficientes pruebas para probar los cuatro cargos que le endilgó?Hipótesis mía.Para permitirle o un trabajo comunitario por la prisión, u otra medida contraria a la cárcel, como sanción al aludido.Código PenalArtículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco años de prisión. En el segundo supuesto, será necesario el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria.Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en casos de calamidades. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión por cada cinco días de trabajo realizado.Me resulta inexplicable que MONCADA, pudiendo afrontar hasta 40 años de cárcel por los 4 tipos penales imputados, como sanción agravada; tenga ahora en el acuerdo, una sanción máxima de 5 años de prisión.PenasEnriquecimiento Injustificado - seis a doce años de prisión.Falsedad de documentos públicos - cuatro a ocho años de prisión.Corrupción de Servidores Públicos - cuatro a ocho años de prisión.Delitos de Blanqueo de Capitales - cinco a doce años de prisión. El argumento que le ha dado al país, el diputado fiscal sobre el cómo, llegó a esta cifra, (de los 5 años), es literalmente cantinflesco. Adicional a esto, el Acuerdo baladí, le permitirá salir al imputado, con los autos que le habían sido incautados y con las cuentas que en el proceso, el diputado fiscal le había afirmado al país, que el procesado, tenía relación con las mismas. Todos los abogados litigantes, quieren para sus causas, acuerdos semejantes que sólo se ve, en el campo político. ¡Que miserable en la justicia panameña¡ Publicado por
El caso Moncada está a punto de fenecer, conforme a un acuerdo absurdo, propuesto la fiscalía del caso.Sin embargo, como no existe el juez de cumplimiento en el caso contra los magistrados de la corte, que es el que debería decir donde debe purgar su pena el culpable, algunas juezas de garantías del caso argumentan, que ellas actuaran como juezas de cumplimento para tal fin.El vacío de la figura del juez de cumplimiento, no la pueden llenar las jueces de garantías a lo legal, pues se les nombró solo, como Subcomisión de Garantías que ejercerá las funciones del Juez de Garantías, por parte de la Comisión Permanente de la Asamblea en este tema. Código procesal penal. Artículo 468. Presentación de la denuncia o querella. La denuncia o querella contra el Presidente de la República será presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la cual será remitida a la Comisión Permanente competente para conocer de estas causas, de acuerdo con su Reglamento Orgánico del Régimen Interno.La Comisión, en caso de admitir la denuncia o la querella, designará a una Subcomisión de Garantías, compuesta por tres miembros, que ejercerá las funciones del Juez de Garantías previstas en este Código. Los miembros de la Subcomisión de Garantías serán reemplazados por sus suplentes en las actuaciones del Pleno de la Comisión.Vale destacar, que no es función del juez de garantía, decidir donde el culpable debe cumplir la sentencia. Ver el Art. 44 del código procesal penal.Es el juez de cumplimiento, el que debe decidir todo lo referente a la ejecución de una pena. Ver el Art. 46 del código procesal penal.Las jueces de garantías en el caso MONCADA, solo pueden admitir o inadmitir el acuerdo. Art. 44 numeral 6 del código procesal penal.A mi juicio, por la laguna aludida, el Pleno de la Asamblea es el que deberá decidir, donde purga su pena el Magistrado Moncada, en voto libre y abierto, ya que el voto secreto, no aplica aquí.Los artículos 477 y 480 del código procesal penal dice que es el PLENO de la Asamblea el que debe ver lo de la aplicación de las sanciones contra los magistrados.Artículo 477. Individualización de la pena. Para individualizar la pena, se seguirán las siguientes reglas:1. …2. …3. Las propuestas para la aplicación de las sanciones anteriores serán acordadas por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Artículo 480. Individualización de la pena dictada contra el Magistrado. Para la individualización de la pena en las causas penales seguidas contra un Magistrado de la CorteSuprema de Justicia se observarán las disposiciones del Código Penal. Esta decisión será acordada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.
denominados “Panamá Crisol de Razas”. (Ejemplo: Decreto Ejecutivo No. 547 de
inmigración extranjera, permitiendo, que ciudadanos de varias nacionalidades
entren, a sus anchas, sin visa a Panamá, independientemente, de que tengan o
no, recursos económicas para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de
recursos. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Es eso
indispensable para el país?
está produciendo lo siguiente:
· Que haya una competencia desleal
· Que nuestras tradiciones se vayan
· Que se vayan practicando, nuevas
· Que se vaya aumentando el alto costo
· Que muchas tierras vayan siendo de
· Que aumente la población en el país,
propias, sobre los Procesos de Regularización Migratoria Extraordinaria
denominados "Panamá, Crisol de Razas":
1. Se le está
dando permanencia provisional hasta por 12 años, a extranjeros, en donde muchos
de ellos, difícilmente podrán aportar mayores avances científicos en el
2. Se está
de los requisitos que a los otros se les pide. 3. Se está
fomentando que se pueble Panamá, con personas foráneas que, en determinada
proporción, no tendrán los recursos per se, para poder subsistir.
4. Pudiera pensarse que
la captación de dinero, producto del proceso de la regularización
extraordinaria, está pesando más que una visión de país.
No al voto secreto, en el caso del Magistrado Moncada
Es un hecho público y notorio,
que el magistrado Alejandro Moncada está siendo procesado ante la Asamblea
Nacional y conforme al código procesal penal, se requiere de las dos terceras
partes de los miembros de la Asamblea para decretar su condena (si gravitan las
pruebas para ello) y por medio del “voto secreto”.
475. Decisión. Terminados los alegatos y las intervenciones, se someterá a la consideración
del Pleno que decida sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado.
La votación será secreta y
requerirá las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para
dictar sentencia condenatoria. Si no se logra este número de votos, el imputado
será declarado no culpable.
la votación no tomarán parte el Fiscal, ni los miembros de la Comisión
Permanente, cuyos suplentes quedan habilitados para ejercer el voto.
alguna fórmula legal, para obviar el “voto secreto”, y permitir que la
ciudadanía pueda fiscalizar y ver, la decisión que toman sus diputados en esta
causa, de manera transparente?
A mi juicio sí,
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, (que también es
una ley), en su artículo 198 que posibilita la votación nominal, si lo acuerda
198. Solicitud de votación nominal. La votación se hará nominal siempre que así
lo solicite algún Diputado o Diputada, y la Asamblea Nacional, en votación ordinaria
y sin discusión, lo acuerde.
caso de que el resultado obtenido sea inferior al quórum, el Presidente o
Presidenta ordenará la votación nominal.
es la votación nominal? Se efectúa en base al llamado a lista que hace el
Secretario o Secretaria General, y cada Diputado o Diputada, al ser nombrado,
expresará su voto oralmente. El resultado de esta votación constará en el acta
con los nombres de los votantes y la forma como votó cada uno.
bien conforme a las reglas de interpretación legal, una ley especial, como la
del código procesal penal, pudiera privar sobre la general, no obstante, en mi
concepto, el sometimiento voluntario de los Diputados, a la disposición del Reglamento
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, no vicia el procedimiento
contra el magistrado aludido.
consecuencia habría, si el Diputado hace público su voto?
pues la ley no establece ni la nulidad del voto ni ninguna otra sanción, por
esto, y sabido es, que donde la norma no ha distinguido, no le es dable al
hombre el distinguir.
viola el debido proceso al Magistrado procesado, por no preservar el voto
secreto de los Diputados?
ninguna forma; pues no se le deja en indefensión, toda vez, que se le respeta
el voto calificado, amén de que no se pretermite ningún trámite esencial en
importante agregar, que, en numerosos precedentes, el Pleno de la Corte Suprema
de Justicia ha sostenido que la violación del debido proceso únicamente ocurre
cuando se desconocen o pretermiten trámites
esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de
los derechos de cualquiera de las partes.
resumen, la garantía del debido proceso legal implica la existencia previa de
una serie de normas que regulan el proceso y cuya observancia por parte del
juez o tribunal es indispensable
para asegurar a las partes la adecuada defensa de sus derechos. Ver el fallo
del trece (13) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996). Corte
Suprema de Justicia, Pleno. Caso del otrora Magistrado JOSÉ MANUEL
FAÚNDES. Como
ciudadano objeto el voto secreto en este proceso, pues he escuchado comentarios
sobre supuestas propuestas indignas hacia algunos Diputados, en procura de
favorecer un voto especifico en este proceso; y esto debe censurarse, de ser cierto, y unas
de las formas que hay, para evitar la CORRUPCÍON, en este juicio; es objetando
el voto secreto de nuestros Diputados y eso hago en consecuencia. Publicado por
El PAN es el Programa de Ayuda Nacional,
adscrito al Ministerio de la Presidencia. Fue creado con el Decreto Ejecutivo
No. 690 de 2010, con el propósito de:
· Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que
carecen de los servicios básicos,
No obstante lo antes dicho, esta institución ha sido un foco de corrupción y
por su desgreño administrativo, el Ministerio Público promueve investigaciones
amplias, sin embargo, por razones que desconocemos, no ha incorporado en las
mismas hasta hoy, a los integrantes del Consejo Directivo del PAN, que entre
sus funciones por ley tenía, la de fiscalizar y evaluar la ejecución de los
planes y proyectos de ese ente; adicional, debía aprobar los proyectos cuya
cuantía eran mayor de trescientos mil balboas (B/.300,000.00). Todo esto según
el Decreto Ejecutivo 690 de 2010.
El MP debe “ponerse los pantalones largos” y
llevar las investigaciones por el derrotero de la verticalidad formal,
soslayando la suspicacia, para colaborar, con la administración de
justicia de forma integral y objetiva, “caiga quien caiga”.
Finalmente nos inquieta, que en el caso del
diputado del PARLACEN, Ricardo Martinelli, el MP hizo lo propio en la
investigación en que se le mencionó, remitiendo el caso a la Corte Suprema en
Pleno, como corresponde, para los fines pertinentes, empero, cuando el
señor Guardia dijo que los diputados del quinquenio anterior “armaban” sus
compras en el PAN, el MP no hizo igual al caso en cita, soslayando a mi juicio,
con el debido funcionamiento y con la exigencia del código procesal penal que
Competencia. Compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación
y juzgamiento de los actos delictivos y policivos cuya comisión se atribuya a
los diputados de la República, principales o suplentes.
podrá ser promovida por querella o denuncia del ofendido y será presentada ante
la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del
Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía
General Electoral de la jurisdicción aduanera o en cualquiera otra jurisdicción, el funcionario que conozca del caso elevará
inmediatamente el conocimiento de proceso en el estado que se encuentre, en
lo que concierna al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de
en el párrafo anterior también se aplicará en las causas policivas en que
aparezca involucrado un diputado principal o suplente. “La justicia que queremos los panameños, es
una sin corrupción, en donde se implemente la certeza del castigo para todos
los infractores de la ley, sin excepción.”
El artículo del Código Penal que
sancionaba con prisión de uno a tres años a quien invadiera terrenos ajenos sin
autorización, fue declarado inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema
En fallo del 23 de septiembre se declaró
inconstitucional el artículo 1 de la Ley 44 del 19 de junio de 2013, el cual
incluyó esas sanciones en el Código Penal, dirigida a los invasores de tierras.
Se explicó que esa disposición impedía ejercer la
figura de la prescripción adquisitiva de dominio y por lo tanto violaba, el
artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad
Hoy a las 3:30 de la tarde, estaré presentando,
Dios mediante, en la Procuraduría
General de la Nación, una denuncia penal contra 37 ex diputados del quinquenio
pasado, por lo del manejo de las partidas circuitales.
Como es sabido, denuncie a 34 diputados reelectos
ante la Corte, faltando los 37 que incluyo hoy ante el Ministerio Público.
Todos a rendir cuentas.
En decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno declinó el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado Ministro de Estado. El prenombrado era Ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un Ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los Ministros de Estado.En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimiento públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas ”.En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los Ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de Ministro de Estado.”Conclusiones propias:1. Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.2. Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.3. Los ministros de consejeros, no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete, por lo antes expuesto.
sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó
que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la
administración pública, son las que hace la Contraloría.
era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se
hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha por
Consultoría Financiera López Consultores, a los programas del otrora FIS.
bien, tratándose de la presunta comisión de un delito contra la Administración
Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar
la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado,
es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría
correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los
auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si
efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una
lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa
irregularidad. En el presente caso, advierte el Pleno no se cuenta con dicho
informe de auditoría, por lo que únicamente la denuncia se sustenta en esas
versiones periodísticas”.
lo ante expuesto, afirmo que las auditorias privadas que se han anunciado que
se harán, en algunas entidades públicas, se convierten en ineficaces.

References: Artículo 468
 Artículo 480
 artículo 198
 artículo 1

artículo 47
 artículo 183
 artículo 159
 artículo 194
 artículo 195