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Timestamp: 2019-06-19 07:06:20+00:00

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Registro Oficial No.380- Lunes 03 de diciembre de 2018 Suplemento
Lunes 03 de diciembre de 2018 (R. O.380, 03 -diciembre -2018) Suplemento
MDT-2018-227 Expídese el Instructivo para sancionar los casos de incumplimiento del registro de la información de las personas trabajadoras activas a cargo del empleador, en el sistema informático del Ministerio del Trabajo
001-FIGE-2018 Asume las funciones de Fiscal General del Estado encargada, a partir del 20 de noviembre de 2018, la Dra. Ruth Jimena Palacios Brito
PLE-CPCCS-T-O-182-27-11-2018 Expídese el mandato para el concurso público de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado
-............. Cantón Saquisilí: Que reforma a la Ordenanza reformatoria que regula la determinación, administración, control y recaudación de la tasa por servicios técnicos y administrativos
2 - Lunes 3 de diciembre de 2018 Suplemento - Registro Oficial N° 380
Nro.: MDT-2018-227
Que el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica que el trabajo es un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, y que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado;
Que, el artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones administrativas;
Que, el numeral 1 del artículo 154, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que a los Ministros de Estado, les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la Ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el tercer Registro Oficial Suplemento No. 483 de 20 de abril de 2015 , en su artículo 9 reformó el numeral 7 del artículo 42 del Código del Trabajo señalando que el empleador deberá: "Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección domiciliaria, correo electrónico y cualquier
otra información adicional que facilite su ubicación. Este registro se lo actualizará con los cambios que se produzcan";
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-135, emite el Instructivo para el Cumplimiento de las Obligaciones de Empleadores, publicado en el Registro Oficial 104 de fecha 20 de octubre de 2017; y,
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA SANCIONAR
LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DEL
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS ACTIVAS A
CARGO DEL EMPLEADOR, EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
Art. 1.- Del objeto y ámbito de aplicación.- El presente Acuerdo Ministerial regula el procedimiento sancionatorio
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que deberán aplicar las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público y los inspectores de Trabajo del Ministerio del Trabajo por el incumplimiento de registro de la información de las personas trabajadoras activas a cargo de los empleadores, en el sistema informático del Ministerio del Trabajo.
Art. 2.- De la preventiva.- En caso de incumplimiento en el registro de la información de las personas trabajadoras activas a cargo de los empleadores, en el sistema informático del Ministerio del Trabajo, el Inspector de Trabajo notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de cinco (5) días contados desde su notificación ejerza el derecho a su defensa.
Art. 3.- Procedimiento para sancionar.- Para la aplicación de las multas establecidas en el artículo 5 del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-135, 20 de octubre de 2017, que establece que por la falta de registro o actualización de los datos de las personas trabajadoras activas a cargo del empleador, el Ministerio del Trabajo impondrá una multa por cada trabajador no registrado en la plataforma informática institucional, se observarán las siguientes reglas:
Primera sanción: Una vez que concluya el termino del señalado en el artículo 2 del presente Acuerdo, de no desvirtuar la infracción, el Director Regional del Trabajo y Servicio Público sancionará al empleador con cincuenta (50,oo) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Primera reincidencia: la sanción será de cien (100,oo) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y será impuesta únicamente por el Director Regional del Trabajo y Servicio Público.
Segunda reincidencia: la sanción será de doscientos (200,oo) dólares y será impuesta únicamente por el Director Regional del Trabajo y Servicio Público.
Art. 4.- Sanción máxima.- La suma de las sanciones establecidas por la falta de cumplimiento del registro de la información de las personas trabajadoras activas a cargo de los empleadores, en el sistema del Ministerio del Trabajo, en ningún caso podrá sobrepasar las veinte (20 SBU) Salarios Básicos Unificados.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 8 días de noviembre del 2018.
No. 001-FIGE-2018
Dra. Ruth Jimena Palacios Brito
Que, el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.";
Que, el artículo 195 de la Carta Fundamental establece que: "La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.";
Que, El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en apego de las competencias, atribuciones y facultades legales que le fueron revestidas por el pueblo ecuatoriano, a través de la Consulta Popular y Referéndum, efectuado el 04 de febrero de 2018, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-180-20-11-2018, de 20 de noviembre de 2018, Resolvió: "ARTÍCULO ÚNICO: Designar como Fiscal General del Estado encargada a la Dra. Ruth Jimena Palacios Brito, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, designe a su titular. "
Artículo Único.- Asumir las funciones de Fiscal General del Estado encargada, a partir del 20 de noviembre de 2018.
Primera.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Segunda.- Por Secretaría General notifíquese con la presente Resolución al Consejo de Participación Ciudadana
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Control Social Transitorio y a la Asamblea Nacional del Ecuador.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Despacho de la Fiscalía General del Estado, el 20 de noviembre de 2018.
f.) Dra. Ruth Jimena Palacios Brito, Fiscal General del Estado, encargada.
CERTIFICO: Que la resolución que antecede está suscrita por la Dra. Ruth Palacios Brito, Fiscal General del Estado Encargada.- Quito a, 20 de noviembre de 2018.
f.) Ab. Rosario Esputuñán A., Secretaria General, Fiscalía General del Estado.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- CERTIFICO:
Que las COPIAS que anteceden en una fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo y responsabilidad de la Secretaría General de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- Quito, 26 de noviembre de 2018.- f.) Ilegible, Secretario General.
No. PLE-CPCCS-T-O-182-27-11-2018
Que, mediante Resolución N° PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018, de 28 de marzo de 2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, resolvió expedir el "Mandato de evaluación de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Socia”;
Que, mediante Resolución N° PLE-CPCCS-T-O-011-04-04-2018, de 4 de abril de 2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, resolvió iniciar el proceso de evaluación al Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno;
Que, por medio de Resolución de fecha 26 de abril de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió "CENSURAR Y DESTITUIR al Dr. Carlos Bladimir Baca Mancheno del cargo de Fiscal General del Estado", por lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio concluyó el proceso de evaluación con la emisión del informe técnico de evaluación;
Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "[...] La Defensorio Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial”.
Que, el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. ";
Que, el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. ";
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Que, el artículo 196, tercer inciso, de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "La Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido; rendirá un informe anual a la Asamblea Nacional. La designación se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley".
Que, artículo 7 de la Resolución N° PLE-CPCCS-T-O-028-09-05-2018, del Mandato del Proceso de Selección y Designación de Autoridades [...] dispone que: "Declarada la terminación anticipada de los períodos de las autoridades, o cuando corresponda, en cumplimiento de las demás competencias otorgadas al Consejo Transitorio, este procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección y designación de las autoridades correspondientes";
Que, la Organización de las Naciones Unidas señala dentro de las "Directrices sobre la función de los fiscales" que se deben seleccionar a candidatos probos, idóneos y calificados. Consecuentemente, señala que se tomarán medidas para evitar: "designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y excluyan toda discriminación en contra de una persona por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole"; y,
Que, es obligación del Pleno garantizar que todo el proceso goce de legitimidad y que la selección del Fiscal General del Estado otorgue confianza a la ciudadanía y responda a principios democráticos. Al respecto, no debe desconocerse que en la medida en que se garantice a la sociedad el tener elementos de investigación, funcionarios accionadores de la acción penal pública, capaces y probos, en la misma medida se proporciona la garantía de la aplicación correcta de la Constitución.
MANDATO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN
Art. 1.- Objeto y ámbito.- El presente Mandato norma el proceso de selección y designación que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (en adelante CPCCS-T) debe realizar para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Art. 2.- Principios rectores.- El proceso de selección y designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado garantizará la selección de los miembros que reafirmen la confianza de los ciudadanos en la integridad de la institución. El proceso se regirá por los siguientes principios:
Meritocracia: la autoridad será elegida por la acreditación de sus méritos profesionales, los
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que serán valorados en función de las facultades relacionadas al cargo a desempeñarse.
Idoneidad: la autoridad será elegida tomando en cuenta las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado.
TÍTULO H: DE LAS ATRIBUCIONES
Art. 4- Atribuciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-Transitorio.- Son atribuciones en el proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, las siguientes:
Conformar la Comisión Técnica Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Vigilar la transparencia de los actos de la Comisión Técnica Ciudadana de Selección dentro del proceso de selección;
Solicitar a la Comisión Técnica Ciudadana ampliación o aclaración de los informes presentados ante el Pleno;
h) Conocer y aprobar los informes de la Comisión Técnica Ciudadana de Selección y designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado;
j) Requerir a la Comisión Técnica Ciudadana de Selección la información en cualquier etapa del proceso de selección y,
Art. 6- Atribuciones de la Comisión Técnica Ciudadana de Selección.- Son atribuciones de los Comisionados:
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Realizar declaraciones públicas que anticipen criterio o comprometan el proceso de calificación y selección; y,
Parcializarse a favor o en contra de cualquiera de las y los postulantes.
Resolución motivada del Pleno del CPCCS-T que determine: el incumplimiento de sus deberes y
obligaciones o, haber incurrido en las prohibiciones para ser miembro de la Comisión Calificadora.
Art. 10.- Requisitos para la postulación.- Para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, las y los postulantes cumplirán los siguientes requisitos:
Art. 11- Prohibiciones e inhabilidades.- Además de la determinada en el artículo 232 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, no podrá postularse para ser primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, quienes incurran en las siguientes prohibiciones e inhabilidades:
Las autoridades cesadas por el Consejo de Participación o destituidos por la Asamlea Nacional;
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g) Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;
h) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo, o representantes activos de cultos religiosos;
i) Quienes mantengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin fórmula de arreglo, compensación, acuerdo o convenio de pagos, a la fecha de publicación del presente Mandato;
j) Quienes sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros de la Comisión Técnica Ciudadana de Selección, con los consejeros del CPCCS-T, que se encuentren en funciones a la fecha de la convocatoria del proceso de selección y designación;
k) Quienes tuvieren bienes o capitales en paraísos fiscales;
l) Quienes hubieren sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio;
m) Quienes hubieren incumplido medidas de rehabilitación resueltas por la autoridad competente en caso de haber sido sancionados por violencia intrafamiliar o de género;
n) Quienes se hallaren en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;
o) Quienes hubieren sido sancionados disciplinariamente con destitución de cargo, con resolución firme;
p) Quienes se hallaren incursos en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso al sector público;
q) Quienes hubieren sido designados por los anteriores Consejos de Participación Ciudadana y Control Social como primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
r) Quienes hubieren sido designados en los últimos cinco años, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como Comisionados Ciudadanos o Veedores en procesos de selección de autoridades;
s) Quienes hubieren sido cesados en sus funciones por medio de Resolución del CPCCS-T; y,
La o el postulante acreditará no estar incurso de ninguna de las prohibiciones señaladas, mediante el formato único de declaración juramentada notariada disponible en el
portal web institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Sin perjuicio de lo cual, la Comisión Técnica Ciudadana y el CPCCS-T, están obligados a verificar en cualquier momento, que el postulante no esté incurso en ninguna de las antes señaladas inhabilidades.
Art. 12.- Convocatoria y Difusión.- El CPCCS-T emitirá la convocatoria para que las y los postulantes participen en el proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
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g. Certificados que acrediten tener conocimientos en gestión administrativa. El conocimiento en gestión administrativa se acreditará a través de certificados de formación académica, o, de experiencia que acrediten el desempeño de cargos de dirección;
h. Certificados que acrediten tener diez (10) años de experiencia profesional en materia penal en la judicatura o la docencia;
m. Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista;
b. Originales o copias certificadas que acrediten la capacitación complementaria de cursos, seminarios, talleres, principalmente en las disciplinas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Procesal Penal, Criminalística y áreas afines; y,
a. Certificaciones que acrediten experiencia laboral o profesional como abogado o docente por más de diez (10) años en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Procesal Penal, Criminalística y disciplinas afines. En el caso de docencia universitaria el certificado será otorgado por el centro de educación superior, debidamente acreditado por el organismo competente.
a. Documentos que acrediten haber realizado publicaciones académicas relevantes, investigaciones académicas, y capacitaciones en el área de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Procesal Penal, Criminalística y disciplinas afines.
a. Certificados o reconocimientos profesionales otorgados por instituciones públicas o privadas con dos años anteriores a la fecha de la convocatoria del concurso;
c. Declaraciones del impuesto a la renta de los últimos cinco años del o la postulante y de su cónyuge.
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La fase de habilitación: tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos que debe acreditar un postulante para continuar dentro del proceso de selección y son los determinados en los artículos 10,11 y 14 numeral 1 del presente Mandato;
Art. 17.- Verificación de habilitación. - La Comisión Ciudadana revisará la habilitación de los postulantes, a través de la verificación de los requisitos, las prohibiciones e inhabilidades de acuerdo a las normas previstas en el presente Mandato.
Art. 18.- Verificación de probidad. - El Pleno del Consejo podrá disponer a la Comisión Ciudadana, evaluar a los postulantes que cumplan los requisitos e inhabilidades, la probidad e integridad, a través de:
c) Certificados, reconocimientos, referencias y/u otros documentos que hubiere presentado el postulante dentro de su expediente, bajo el criterio de razonabilidad, considerando la institución que los emitió y la trascendencia de estos.
En la valoración de probidad se tomará en cuenta el perfil completo de los postulantes, y se garantizará que solamente aquellos que efectivamente cumplan los estándares de probidad y rectitud, y respecto de los cuales no existan dudas sobre su integridad, sean habilitados.
Art. 19.- Informe y Resolución de Habilitación. - La Comisión Ciudadana elaborará un Informe de Recomendación sobre la habilitación de los postulantes, este será presentado en un término de diez (10) días contados desde la culminación del término para la postulación.
Art. 21.- Valoración de los postulantes. - Los postulantes no recibirán valoración por el simple cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el Título III y Art. 14 numeral 1, pues estos constituyen requisitos mínimos de habilitación, más no méritos a ser valorados. Se estimarán los méritos y la comparecencia oral conforme a lo determinado en este Párrafo.
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En todos los casos se considerarán los méritos relacionados principalmente en las áreas de: Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Procesal Penal, Criminalística y disciplinas afines.
Art. 26.- Valoración de la experiencia profesional. - La Comisión Ciudadana verificará toda la experiencia profesional que acredite el o la postulante, misma que podrá estar incluida en uno o varios de los siguientes campos profesionales previamente detallados en la matriz. El postulante podrá acreditar el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria de modo simultáneo.
El nivel de especialización del título o capacitación en función de las facultades y la misión institucional de la Fiscalía General del Estado. Para este efecto, analizará el pensum, módulos, temas impartidos, líneas de investigación; y,
Transparencia: los postulantes deberán acreditar transparencia e integridad en las funciones que hayan jecutado; ,
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c) Honestidad: El postulante debe demostrar haber desarrollado sus funciones con rectitud en todos los ámbitos profesionales.
Para este efecto, se valorará los certificados, reconocimientos y/u otros documentos, bajo el criterio de razonabilidad, valorando la institución que los emitió y la trascendencia de los mismos.
Art. 27.- Valoración de producción académica. - Para considerar la producción académica, se verificará:
Art. 29.- Oposición. - La fase de oposición su sustanciará a través de:
Audiencia: hasta 30 puntos; y,
Examen escrito: hasta 20 puntos;
Art. 30.- Audiencia.- El Pleno del CPCCS-T convocará a audiencia pública de los y las postulantes habilitados. La comparecencia oral será valorada sobre 30 puntos y tiene como finalidad medir esencialmente la capacidad técnica en materia penal de las o los postulantes. De esta forma, se busca que los consejeros valoren sus conocimientos en función de los criterios previstos en esta sección.
Art. 31.- Intervinientes. -A la audiencia pública asistirán:
La Comisión Ciudadana comparecerá en su calidad de ente vigilante del proceso. La inasistencia de los
comisionados no impedirá la sustanciación de la diligencia; y,
(c) Los postulantes habilitados deberán acudir a la audiencia oral en el día y hora señalados para el efecto. La inasistencia de los postulantes implicará su inmediata descalificación dentro del proceso.
Art. 32.- Sustanciación de la comparecencia. - El presidente del Consejo, o su delegado, dirigirá la sustanciación de las comparecencias, de conformidad con las siguientes reglas:
El Pleno mediante sorteo asignará a cada postulante un (1) tema para que efectúe su exposición;
Una vez asignado el tema, los postulantes tendrán veinte (20) minutos para preparar su exposición;
Concurrido el tiempo de preparación, cada postulante efectuará una exposición por hasta 15 minutos;
Concluida la intervención de cada postulante, los consejeros efectuarán preguntas a los postulantes, conforme señala el artículo 35 del Mandato;
Las comparecencias orales de los postulantes serán transmitidas a través de la página web institucional;
Art. 33.- Temas de la comparecencia.- El Pleno del CPCCS-T elegirá temas de relevancia técnica, académica y de aptitud, relacionados a las funciones de la Fiscalía General del Estado, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Procesal Penal, Criminología y disciplinas afines. La publicación de los temas se efectuará con cinco días (5) antes de la fijación de la comparecencia.
Art. 34.- Criterios de valoración.- Los consejeros evaluarán la comparecencia de los postulantes de acuerdo a:
VALORACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
(a) Manejo de fuentes del Derecho en materia penal respecto al tema planteado: normativa, jurisprudencia, doctrina, principios generales.
Profundidad de análisis de los problemas jurídicos expuestos respecto al tema planteado.
(b) Coherencia y pertinencia de las respuestas
(c) Cumplimiento con las cualidades requeridas para ser Fiscal General del Estado, como: templanza, ecuanimidad, autonomía, independencia de criterio, responsabilidad, transparencia, sentido de justicia y capacidad de solventar problemas.
TOTAL AUDIENCIA PÚBLICA: Hasta 30 puntos
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Art. 35.- Preguntas. - Los postulantes deberán responder al menos dos (2) preguntas direccionadas a evaluar los criterios previstos en el artículo anterior33 del presente Mandato. Cada pregunta se contestará en un tiempo máximo de dos (2) minutos. Para la elaboración de las preguntas que efectúen los consejeros direccionadas a analizar las cualidades de los postulantes, se solicitará previamente, el apoyo de profesionales especialistas en psicología y ramas afines.
Art. 36.- Examen.- El examen tendrá una valoración de máximo 20 puntos, y tiene como finalidad que los consejeros conozcan el nivel de conocimientos de las y los postulantes. El examen versará sobre temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología y disciplinas afines. Las preguntas serán elaboradas por una comisión de académicos designada por el Pleno del Consejo y serán conocidas por los postulantes el momento mismo del examen.
Art. 37.- Asignación del puntaje. -En la audiencia pública, cada consejero asignará el puntaje de forma individual a cada uno de los postulantes, de las cuales se obtendrá el promedio, el cual constituirá la nota de la comparecencia oral. El puntaje final de la fase oposición será el resultado de la suma de las calificaciones de la audiencia oral y examen escrito.
Art. 38.- Acción afirmativa.- Se aplicarán medidas de acción afirmativa para promover la igualdad entre las y los postulantes, para el efecto se valorará que los candidatos cumplan con una o varias de las condiciones previstas a continuación:
Ser parte de comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, y pueblo montubio, lo cual se acreditará con un certificado otorgado por el líder de la comunidad.
Art. 39.- Resultado de la valoración.- Concluida la valoración de méritos y la oposición, el Pleno del CPCCS-T notificará a los postulantes con la valoración obtenida dentro del concurso.
Art. 40.- Recurso de revisión.-Una vez notificado con los resultados de la valoración, en la parte que corresponda
a los postulantes, en el término de dos (2) días, podrán presentar recurso de revisión ante el Pleno del Consejo.
Art. 41.- Resolución sobre los recursos de revisión.- El Pleno del Consejo, dentro del término de cinco (5) días, conocerá los recursos de revisión presentados y resolverá sobre los mismos, decisión que será de última y definitiva instancia, luego de lo cual el Pleno seleccionará a los cinco (5) postulantes mejor puntuados para la etapa de impugnación ciudadana.
Art. 42.- Fase de impugnación ciudadana.-Dentro del término de tres (3) días contados a partir de la publicación de la lista de postulantes seleccionados por el Pleno, la ciudadanía podrá presentar impugnaciones cuando se considere que los o las postulantes incurran en una o más de las siguientes causales:
Art. 43.- Contenido de la impugnación.- Las impugnaciones deberán contener:
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Art. 44.- Informe sobre impugnaciones.- Dentro del término de tres (3) días, contados desde que culmine la recepción de impugnaciones, la Comisión Ciudadana presentará al Pleno un informe en el cual se detalle y fundamente la admisión e inadmisión a trámite respecto a las impugnaciones presentadas a los y las postulantes seleccionados.
Art. 45.- Convocatoria a audiencia pública.- El Pleno del CPCCS-T dentro del término de ocho (8) días posteriores a la fecha de presentación del informe de la Comisión Ciudadana sobre impugnaciones, convocará a audiencia pública de impugnación, en la que las y los impugnantes expondrán sus argumentos y las y los postulantes ejercerán su derecho a la defensa.
Art. 46.- De la Audiencia Pública.- En el lugar, día y hora señalada, el Pleno del CPCCS-T, escuchará en primera instancia a la o el impugnante y podrán hacerlo de forma personal y/o por medio de abogado o abogada, luego de lo cual se escuchará a la impugnada o impugnado, con un tiempo máximo de veinte (20) minutos para cada uno. Se garantizará a las partes el derecho a la réplica por hasta diez (10) minutos por una sola vez, en el mismo orden establecido.
Art. 47.- Resolución de las impugnaciones ciudadanas.-
La resolución de las impugnaciones ciudadanas se emitirá dentro de los cinco (5) días posteriores a la realización de la audiencia pública, la misma que será de última y definitiva instancia.
Art. 48- Designación.- Concluida la fase de impugnación ciudadana, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio emitirá la Resolución que designa a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, en función del postulante mejor puntuado.
Art. 49.- De conformidad con el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la resolución de
designación del Fiscal General del Estado, se designará como la o él Fiscal General Subrogante a quien ostenta el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal conforme al Informe que emita el Consejo de la Judicatura.
Art. 50.- Posesión.- El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, remitirá a la Asamblea Nacional la Resolución de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, con el respectivo nombre e identificación pertinente, para su legal posesión.
Deróguese expresamente la Resolución N° PLE-CPCCS-280-26-07-2016 de 26 de julio de 2016, del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que se expidió el Reglamento del concurso público de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, publicado en el Registro Oficial 385 de 07 de septiembre de 2016, y toda Resolución relacionada que se oponga al presente Mandato.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.
Lo Certifico.- En la ciudad de Quito a los los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.- CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en los archivos de Secretaría General.-Número foja (s) 12 hojas.- Quito, 28 de noviembre de 2018.- f.) Prosecretaría.
INTERCULTURAL DEL CANTÓN SAQUISILI
Que, Concejo Municipal del Cantón Saquisilí, con fecha 24 de octubre del 2011 y 28 de febrero de 2012, en sesiones ordinarias, procedió aprobar la Ordenanza Reformatoria que Regula la Determinación, Administración, Control y Recaudación de la Tasa por Servicios Técnico y Administrativos en el Cantón Saquisilí, misma que fue sancionada el 01 de marzo de 2012, y publicada en el Registro Oficial No.- 774 de fecha viernes 24 de agosto de 2012, además la misma fue reformada de 05 y 22 de julio de 2016, publicado en la Edición Especial No.-804 de fecha martes 20 de diciembre de 2016, encontrándose en vigencia;
Que, el numeral 7 de las derogatorias de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expresa: "7. La contribución del uno por mil sobre los montos de contratos celebrados con instituciones del sector público, prevista en el artículo 26 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, 10 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil; y, 31 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura, y toda otra contribución de similar naturaleza";
Que, la Procuraduría General del Estado, mediante Oficio Nro. 3714 de 15 de septiembre de 2011, emite su pronunciamiento respecto a la retenciones a los contratistas que en su parte pertinente menciona: "En atención a los términos de su consulta, se concluye que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, derogo expresamente toda norma que grava los contratos suscritos por las instituciones del sector público, conforme se evidencia del numeral 7 de las derogatorias de la citada Ley Orgánica, por lo que en aplicación del artículo 37 y de las reglas primera y cuarta inciso primero del artículo 18 del Código Civil, se ha derogado la Ordenanza Provincial expedida por el Gobierno Provincial de Pichincha , publicada en el Registro Oficial No. 294 de 17 de octubre de 1985, referida en líneas anteriores.";
Que, dentro de la evolución de las normas legales se han producido cambios que hacen imperiosa la necesidad de la reformas a las Ordenanza antes citada;
Que, el Art. 367 del COOTAD, expresa de manera clara: "Los actos administrativos se extingue o reforman por sede administrativa de oficio o a petición del administrado..." "Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse por razones de legitimidad o de oportunidad"
Que, la Procuraduría General del Estado se ha pronunciado de igual sentido en oficios Nros. 17657 de 26 de noviembre de 2010, 0068 de 16 de diciembre de 2010 y 01310 de 08 de abril de 2011;
En uso de las atribuciones consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, COOTAD, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y demás normas aplicables:
REFORMA A LA ORDENANZA REFORMATORIA
QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN
DE LA TASA POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CANTÓN SAQUISILÍ
Art. 1.- Suprímase y Deróguese el articulo 6 en su totalidad.
Art. 2.- Manténgase vigente y sin cambios el resto de articulados de la Ordenanza, así como su reforma.
Art. 3.- En el Art. 5 el literal c) Sustitúyase por el siguiente:
"c) Verificación de normas particulares para edificar, fraccionar, urbanizar, afectación, compra venta y trabajos varios el 0.75% de la RBU del trabajador privado vigente por metro lineal de frente en zonas urbanas; y el 5 % de la RBU en zonas rurales, en este último caso sin considerar el metro lineal."
Art. 4.- Codifíquese la Ordenanza, así como las reformas existentes en un solo cuerpo legal cantonal.
PRIMERA: Deróguese de manera expresa todas las Ordenanzas, así como las reformas que se contrapongan a la presente Reforma.
SEGUNDA: La presente Reforma a la Ordenanza entrara en vigencia una vez aprobada por la Cámara Edilicia y sancionada por el Alcalde del GADMICS, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, para lo cual suspéndase el cobro impuesto en el artículo derogado.
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del cantón Saquisilí, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil dieciocho.
f.) Lcdo. José Juan Alomoto Totasig, Alcalde.
f.) Abg. Jorge Cundulli, Secretario General.
16 - Lunes 3 de diciembre de 2018 Suplemento - Registro Oficial N° 380
CERTIFICACIÓN: Certifico que la REFORMA A LA ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DE LA TASA POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CANTÓN SAQUISILI, fue discutida y aprobada en primero y segundo debate, por el Concejo Municipal del Cantón Saquisilí, en sesiones ordinarias de 22 de mayo y 19 de junio de 2018, respectivamente, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
TRASLADO.- Saquisilí, 20 de junio de 2018, alas 09H00, conforme lo dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, remítase la Reforma a la ORDENANZA mencionada para su respectiva sanción, al señor Lcdo. Juan Alomoto Totasig, Alcalde.
SANCIÓN.-ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ.- Saquisilí, 20 de junio del 2018, a las 11H00, conforme lo dispone el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, sanciono la REFORMA A LA ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DE LA TASA POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CANTÓN SAQUISILI, por encontrarse enmarcada dentro del ordenamiento jurídico existente.
EJECÚTESE-
PROMULGACIÓN.- De conformidad a lo dispuesto en el Art. 324, del COOTAD, dispongo su publicación en el Registro Oficial y la página Web de la entidad.
f.) Lcdo. José Juan Alomoto Totasig, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Saquisilí.
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ.- Saquisilí, 20 de junio de 2018, a las 14H00.- El Lcdo. Juan Alomoto Totasig, sancionó, firmó y ordenó la publicación en el Registro Oficial y la página Web de la Entidad, la mencionada Reforma a la Ordenanza. LO CERTIFICO.-

References: artículo 33
 artículo 76
 artículo 154
 artículo 9
 artículo 42
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 194
 artículo 195
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 artículo 178
 artículo 194
 artículo 195
 artículo 196
 artículo 7
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 artículo 232
 artículo 77
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 artículo 35
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 artículo 47
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 artículo 26
 artículo 37
 artículo 18