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Timestamp: 2017-12-14 06:41:42+00:00

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2.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS CLASES DE EMPRESAS ASEGURADORAS. III. CONDICIONES PARA EL ACCESO A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. - PDF
2.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS CLASES DE EMPRESAS ASEGURADORAS. III. CONDICIONES PARA EL ACCESO A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.
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Carmelo Robles López
1 SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL - TEMA 15 EL SECTOR ASEGURADOR. LA EMPRESA DE SEGUROS. CONDICIONES PARA EL ACCESO Y PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. LAS PROVISIONES TÉCNICAS Y EL MARGEN DE SOLVENCIA. EL FONDO DE GARANTÍA. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS. I. EL SECTOR ASEGURADOR. II. LA EMPRESA DE SEGUROS CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS CLASES DE EMPRESAS ASEGURADORAS. III. CONDICIONES PARA EL ACCESO A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS ASEGURADORAS ESPAÑOLAS DE LA ACTIVIDAD EN ESPAÑA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DOMICILIADAS EN OTROS PAÍSES DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO DE LA ACTIVIDAD EN ESPAÑA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DOMICILIADAS EN TERCEROS PAÍSES. IV. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. V. LAS PROVISIONES TÉCNICAS CLASES LA INVERSIÓN DE LAS PROVISIONES TÉCNICAS. VI. EL MARGEN DE SOLVENCIA. VII. EL FONDO DE GARANTÍA. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 1
2 VIII. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EJERCER LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. DISOLUCIÓN MEDIDAS DE CONTROL ESPECIAL INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES Sanciones aplicables Criterios de graduación de las sanciones. IX. EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS NATURALEZA JURÍDICA Y MARCO LEGAL FINES (art. 3 T.R. 7/04) ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN (art. 4 T.R. 7/04) FUNCIONES (arts. 6 a 16 del T.R. 7/04) Funciones privadas en el ámbito asegurador Funciones públicas PROVISIONES TÉCNICAS RECURSOS ECONÓMICOS. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 2
3 I. EL SECTOR ASEGURADOR. Por sector asegurador hay que entender el conjunto de medios, entidades y organismos, así como sus prácticas, cuya finalidad última consiste en trasladar los riesgos a que están sometidos los particulares a una organización empresarial con capacidad económica suficiente para soportarlos. Las empresas de seguros se encuadran dentro de los intermediarios financieros no bancarios, en el sector servicios (pues ofrecen un servicio de seguridad a otros sectores económicos) y, por tanto, están comprendidas como tales en el conjunto del sistema financiero. Su regulación básica, se contiene en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (modificado, entre otras, por Ley 13/07; Ley 21/07; Ley 22/07 y Ley 5/09) y en el Reglamento de desarrollo aprobado por R.D. 2486/98, de 20 de Noviembre (modificado, entre otros, por R.D. 297/2004, de 20 de Febrero, en cuanto a los requisitos del margen de Solvencia; por R.D. 1332/2005; por R.D. 239/2007; por R.D. 1361/07; por R.D. 1318/08; por R.D. 1298/09 y por R.D. 1821/09). El T.R. 6/2004, se aplica con carácter supletorio en lo no previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio, de Mediación y Reaseguros Privados (D.A. Primera Ley 26/2006). II. LA EMPRESA DE SEGUROS CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. La empresa aseguradora es aquella entidad cuya actividad económica es producir el servicio de seguridad consistente en cubrir determinados riesgos que los sujetos económicos de producción y consumo le transfieren a cambio de un precio. La mayor parte de las legislaciones excluyen a las personas naturales como titulares de una empresa de seguros. Además, imponen a las mismas la exclusividad en el objeto social, evitando así, que a través de otras actividades, se reduzca o se ponga en peligro su solvencia. Por otro lado, en cuanto entidad de intermediación financiera, debe inspirar la más completa confianza a las personas que contratan con ellas. Esto deriva del hecho de que, en el contrato de seguro, el pago de la prima se produce por anticipado en el momento en que comienza el período de riesgo; por tanto, debe quedar garantizado que en el caso de que se produzca un siniestro la entidad aseguradora dispondrá de fondos suficientes para hacerse cargo del mismo. Por todo lo anterior, la actividad aseguradora está sometida a una normativa especial que regula el acceso a la actividad, el ejercicio de la misma y su terminación CLASES DE EMPRESAS ASEGURADORAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del RDL 6/2004, que aprueba el T.R. de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (T.R. 6/04): 1. La actividad aseguradora únicamente podrá ser realizada por entidades privadas que adopten la forma de sociedad anónima, mutua, cooperativa y mutualidad de previsión social. Las mutuas, las cooperativas y las mutualidades de previsión social podrán operar a prima fija o a prima variable. 2. También podrán realizar la actividad aseguradora las entidades que adopten cualquier forma de Derecho público, siempre que tengan por objeto la realización de operaciones de seguro en condiciones equivalentes a las de las entidades aseguradoras privadas. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 1
4 Todo el régimen de actuación de estas Sociedades Anónimas, en lo no previsto específicamente en materia de seguros, se regirá por la L.S.A. y demás normas aplicables a dichas sociedades. Las Mutuas, constituidas por la asociación de personas con la finalidad de asumir la cobertura colectiva y mancomunada frente a riesgos individuales de sus asociados, al mínimo coste, carecen de ánimo de lucro. Pueden ser de prima fija o variable. Por lo que respecta a las Cooperativas, al igual que las anteriores, pueden ser de prima fija o variable. Estas entidades se regirán en su actividad aseguradora por el T.R. 6/04, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y demás normas de desarrollo, y en el ámbito estrictamente cooperativo por la Ley General de Cooperativas vigente en cada momento. Las Mutualidades de Previsión Social, son entidades aseguradoras que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario, complementaria al sistema de seguridad social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija o variable de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades o personas protectoras. III. CONDICIONES PARA EL ACCESO A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. El ejercicio de la actividad aseguradora en España se puede realizar de las siguientes formas: 1. Mediante entidad constituida en España y autorizada por Orden Ministerial. 2. En régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, por entidades domiciliadas en otros Estados del Espacio Económico Europeo. 3. Mediante delegación en España de entidades domiciliadas en un tercer país (no perteneciente al Espacio Económico Europeo). A estos efectos, se entenderá por: Régimen de derecho de establecimiento, la actividad desarrollada en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo por una sucursal establecida en el mismo de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro. Régimen de libre prestación de servicios, la actividad desarrollada por una entidad aseguradora domiciliada en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo desde su domicilio, o por una sucursal de la misma en otro Estado miembro, asumiendo un riesgo o contrayendo un compromiso en un Estado miembro distinto. Cada una de estas formas requiere condiciones distintas para poder operar en España ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS ASEGURADORAS ESPAÑOLAS. El artículo 5 del T.R. 6/04 recoge los requisitos necesarios que deben cumplir las entidades españolas para acceder a la actividad aseguradora. Se requiere en todo caso una autorización administrativa previa del Ministro de Economía y Hacienda. Son requisitos para obtener y conservar la autorización los siguientes: a) Adoptar una de las formas jurídicas previstas en el art. 7, ya visto; y, en su caso, facilitar información sobre la existencia de vínculos estrechos con otras personas o entidades. b) Limitar su objeto social a la actividad aseguradora. c) Presentar y atenerse a un programa de actividades; el cual deberá contener indicaciones relativas a la naturaleza de los riesgos que la entidad se propone cubrir, los principios rectores y ámbito geográfico de su actuación, medios destinados a cubrir las exigencias financieras, de solvencia, etc. d) Tener el capital social o fondo mutual que exige el art. 13, y el fondo de garantía previsto en el art. 18. e) Indicar las aportaciones y participaciones en el capital social o fondo mutual de todos los socios, quienes habrán de reunir los requisitos señalados en el artículo 14 cuando sean titulares de una participación significativa. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 2
5 f) Estar dirigida de manera efectiva por personas que reúnan las condiciones necesarias de honorabilidad y cualificación o experiencia profesionales. g) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, deberá comunicar el nombre y dirección del representante designado en cada uno de los Estados del Espacio Económico Europeo distinto de España, encargado de la tramitación y liquidación de los siniestros ocurridos en un Estado distinto al de residencia del perjudicado o en un país firmante del sistema de Carta Verde. h) Si la entidad pretende operar en el ramo de la defensa jurídica, que opte por alguna de las modalidades de gestión que establece el propio art. 5 T.R. 6/04. La solicitud de autorización se presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados. Tal petición deberá ser resuelta en el plazo de seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de autorización. En ningún caso se entenderá autorizada una entidad aseguradora por el simple transcurso del plazo referido sin que haya sido resuelta la solicitud. Como causas de denegación de la autorización, el propio artículo 6 especifica el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para la concesión de la misma. Concedida la autorización, se inscribirá a la entidad en el Registro administrativo de entidades aseguradoras, pudiendo operar únicamente en los ramos para los que haya sido autorizada, y debiendo ajustar su régimen de actuación al programa de actividades, estatutos y demás requisitos determinantes de la concesión. La autorización será válida para operar en todo el Espacio Económico Europeo mediante el régimen de establecimiento permanente o mediante libre prestación de servicios ACTIVIDAD EN ESPAÑA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DOMICILIADAS EN OTROS PAÍSES DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO. En virtud de la llamada licencia única, las entidades aseguradoras domiciliadas en países miembros del Espacio Económico Europeo distinto de España, que hayan obtenido la autorización para operar en el Estado miembro de origen, podrán ejercer sus actividades en España en régimen de derecho de establecimiento o en el régimen de libre prestación de servicios. Dichas entidades deberán respetar las disposiciones dictadas por razones de interés general. Sin embargo, el control de la solvencia de estas entidades será realizado por el órgano de control del Estado que concedió la autorización. Las entidades que operen en libre prestación de servicios (sin sucursal o establecimiento permanente), vendrán obligadas a designar un representante, establecido en España, para que les represente a efectos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias DE LA ACTIVIDAD EN ESPAÑA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DOMICILIADAS EN TERCEROS PAÍSES. Para que estas entidades puedan operar en España a través de una sucursal deberán obtener la autorización previa del Ministro de Economía y Hacienda. Se les exige cumplir toda una serie de requisitos; los más importantes: a) Que, con antelación no inferior a cinco años, se hallen debidamente autorizadas en su país para operar en los ramos en que se propongan hacerlo en España. b) Que creen una sucursal cuyo objeto esté limitado a la actividad aseguradora, con domicilio permanente en España, donde se conserve la contabilidad y documentación propia de la actividad que desarrollen. c) Que presenten y se atengan a un programa de actividades. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 3
6 d) Que aporten y mantengan en su sucursal en España un fondo de cuantía no inferior al capital social o fondo mutual mínimos exigidos en el artículo 13 del T.R. 6/04 a las entidades aseguradoras españolas. e) Que acompañen certificado de la autoridad supervisora de su país, acreditativo de que cumplen con la legislación del mismo, singularmente en materia del margen de solvencia. f) Que designen un apoderado general, con domicilio y residencia en España. g) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, se exige idéntico requisito al señalado en la pregunta 3.1. IV. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. El ejercicio de la actividad aseguradora, su publicidad, la situación financiera y el estado de solvencia de las entidades de seguros están sujetos al control de la Administración del Estado, a través del Ministerio de Economía y Hacienda. Básicamente: 1. Tendrán la obligación de constituir y mantener en todo momento provisiones técnicas suficientes para el conjunto de sus actividades, e invertidas en activos aptos para su cobertura. 2. Deberán disponer, en todo momento, de un margen de solvencia suficiente respecto al conjunto de sus actividades. Asimismo dispondrán de un fondo de garantía. 3. Los beneficios o excedentes de los tres primeros ejercicios completos de la actividad y también los del ejercicio inicial, si éste no fuera completo, no podrán ser repartidos y deberán aplicarse íntegramente a la dotación de la reserva legal en las sociedades anónimas, o a reservas de igual régimen en las mutuas, y a la incorporación obligatoria al capital social en las cooperativas. Las entidades que no tengan totalmente cubiertas sus provisiones técnicas o cuyo margen de solvencia o fondo de garantía no alcance el mínimo legal, no podrán distribuir dividendos o derramas, ni ampliar su actividad a otros ramos del seguro, ni su ámbito territorial, ni extender su actividad en régimen de derecho de establecimiento ni de libertad de prestación de servicios ni, finalmente, ampliar su red comercial. 4. El ejercicio económico de toda entidad aseguradora coincidirá con el año natural. 5. Régimen de participaciones significativas. Se establece un régimen de control sobre la adquisición y transmisión de dichas participaciones (al menos un 10% del capital social o derechos de voto) con potestad de la DGSyFP para oponerse a dichas operaciones cuando el adquirente no sea idóneo para garantizar una gestión sana y prudente de la entidad aseguradora. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir, una participación significativa en una entidad aseguradora debería informar de ello previamente a la DGSyFP (además se establece un régimen de comunicación cuando se alcance un mínimo del 5%). 6. Los modelos de pólizas, tarifas de primas y bases técnicas no estarán sujetos a autorización administrativa ni deberán ser objeto de remisión sistemática a la DGSyFP. 7. Las entidades aseguradoras conservarán la documentación a que se refiere este precepto en el domicilio social. V. LAS PROVISIONES TÉCNICAS CLASES. Las provisiones técnicas constituyen el capítulo más importante del pasivo de las entidades aseguradoras. Son partidas del balance que, en mayor o menor medida, se relacionan con las obligaciones asumidas por las compañías frente a los tomadores, asegurados o beneficiarios. Para reforzar las garantías de los asegurados, se someten a un régimen específico de inversión. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 4
7 En el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (R.D. 2486/98, de 20 de Noviembre) se fijan los métodos y procedimientos de cálculo de las provisiones técnicas, así como el importe de las mismas a cubrir por la entidad aseguradora. Con arreglo al artículo 16 del T.R. 6/2004, se pueden distinguir las siguientes provisiones: 1. Provisión para primas no consumidas (art. 30 del ROSSP). Tiene por objeto la periodificación de las primas devengadas y comprenderá la parte de prima destinada al cumplimiento de obligaciones futuras no extinguidas al cierre del ejercicio corriente. Su determinación es individual o por póliza. 2. Provisión técnica para riesgos en curso (art. 31 del ROSSP). Es una provisión complementaria a la anterior y surgirá cuando las primas se hayan demostrado insuficientes para cubrir la siniestralidad de los contratos de seguro. Pretende corregir la insuficiencia de las primas que a su vez daría lugar a una insuficiencia de la provisión para primas no consumidas. 3. Provisión técnica de seguros de vida (art. 32 del ROSSP). Si la prima cobrada siguiese la evolución del riesgo a lo largo de los años, en los últimos años de vida del asegurado la prima alcanzaría niveles prohibitivos. Por ello, se cobra a lo largo de todos los años una prima constante cuya diferencia con la prima de riesgo constituye la prima de ahorro que, capitalizada, permite formar la provisión matemática. 4. Provisión de participación en beneficios y para extornos (art. 38 del ROSSP). Obedece a razones de armonización comunitaria. Recoge el importe estimado de una parte de los posibles beneficios futuros que pueda obtener la entidad y que, de acuerdo con los contratos, correspondan a los asegurados o beneficiarios, y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados, en su caso, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de ellos. 5. Provisión técnica de prestaciones (art. 39 del ROSSP). Deberá representar el importe total de las obligaciones pendientes del asegurador derivadas de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha del cierre del ejercicio y será igual a la diferencia entre su coste total estimado o cierto y el conjunto de los importes ya pagados por tales siniestros y estará integrada: - Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago (art. 40 ROSSP) que incluirá el importe de todos aquellos siniestros ocurridos y declarados antes del cierre del ejercicio. - Provisión de siniestros pendientes de declaración (art. 41 ROSSP) que recogerá el importe estimado de los siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio y no declarados en esa fecha. - Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros (art. 42 ROSSP) que recogerá los gastos internos de la entidad para la total finalización de los siniestros que han de incluirse en la provisión de prestaciones. 6. Reserva de estabilización (art. 45 del ROSSP). Tiene carácter acumulativo y su finalidad es alcanzar la estabilidad técnica de cada ramo o riesgo. Se calculará y dotará en aquellos riesgos que por su carácter especial, nivel de incertidumbre o falta de experiencia así lo requieran, por el importe necesario para hacer frente a las desviaciones aleatorias desfavorables de la siniestralidad. Además deberán invertir en activos aptos para la cobertura de provisiones técnicas los importes de créditos que pudieran tener preferencia entre los asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados, líquidos, vencidos y exigibles. Además de desarrollar las provisiones técnicas señaladas en el artículo 16 del T.R. 6/2004, el reglamento, haciendo uso de la facultad que el mencionado artículo le confiere, establece otras provisiones como son, la Provisión de seguro de decesos; la Provisión del seguro de enfermedad; Provisión de desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo y la Provisión de siniestros pendientes de declaración en riesgos de manifestación diferida. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 5
8 5.2. LA INVERSIÓN DE LAS PROVISIONES TÉCNICAS. Según establece el artículo 49 del Reglamento, las provisiones técnicas deberán estar invertidas en los activos que determina dicho reglamento, con arreglo a los principios de congruencia, rentabilidad, seguridad, liquidez, dispersión y diversificación, teniendo en cuenta el tipo de operaciones realizadas y las obligaciones asumidas por la entidad. El propio texto, en su artículo 50 y siguientes, enumera los activos que son aptos para inversión de las provisiones, especificando, asimismo, los requisitos necesarios para cada uno. VI. EL MARGEN DE SOLVENCIA. El margen de solvencia no constituye una provisión técnica, sino que responde al deseo de los legisladores de que las entidades aseguradoras dispongan de un patrimonio propio no comprometido, que les permita soportar desviaciones desfavorables en la siniestralidad o en los riesgos financieros asumidos. Según el art. 17 del T.R. 6/04, su cuantía dependerá del volumen de actividad de la entidad, y estará constituido por el patrimonio de la entidad aseguradora libre de todo compromiso previsible y con deducción de los elementos inmateriales, es decir, aquellas partidas que carezcan de valor de realización o no tengan carácter de permanencia (tales como gastos de establecimiento, resultados negativos de ejercicios anteriores, etc ). Reglamentariamente se determinará la cuantía y los elementos constitutivos del margen de solvencia exigible a las entidades aseguradoras y a los grupos consolidables de entidades aseguradoras (así lo regula, efectivamente, el art. 59 del Reglamento). Por su parte, los artículos 61 y 62 del Reglamento establecen la cuantía mínima del margen de solvencia, determinándose por criterios distintos en los ramos de vida y no vida: a) Para los contratos de seguros distintos de los comprendidos en el ramo de vida, se determinará bien en función del importe anual de las primas o cuotas, bien en función de la siniestralidad de los tres últimos ejercicios sociales, el que resulte más elevado. b) Para el ramo de vida, la cuantía mínima es, con carácter general, la suma de los importes siguientes: el 4 por 100 de las provisiones matemáticas y el 0,3 por 100 de los capitales en riesgo positivos. VII. EL FONDO DE GARANTÍA. Se justifica su establecimiento para el caso en el que, por ser pequeño el volumen de actividad del asegurador, la cuantía mínima del margen de solvencia también sería pequeña: todo ello cuando, estadísticamente, es más posible precisamente que se produzcan desviaciones en los resultados de la actividad cuanto ésta es más escasa. Así pues, el fondo de garantía es un margen de solvencia mínimo que hay que tener cualquiera que sea el volumen de actividad (art. 18 T.R. 6/04, modificado por Ley 13/07). El fondo de garantía será la tercera parte de la cuantía mínima del margen de solvencia. Esta cantidad no podrá ser inferior, en ningún caso, a: Ramo de vida y reaseguro y de caución, crédito y responsabilidad civil euros Restantes ramos euros Para las mutuas con régimen de derrama pasiva y las cooperativas, el fondo de garantía mínimo será de ¾ partes del exigido para las restantes entidades y para las entidades de seguro que lleven a cabo actividades de reaseguro significativas (10% de las primas totales; superiores a 50 millones de euros...) no podrá ser inferior a euros. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 6
9 VIII. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. Como hemos visto al principio del tema, la actividad aseguradora está sometida, dadas sus especiales características, a un control específico por parte de la Administración. Este control se manifiesta en una serie de intervenciones, relacionadas con las distintas situaciones en las que se puede encontrar una entidad aseguradora, entre las que podemos destacar las siguientes: 1. Control en la adquisición de participaciones significativas de una entidad aseguradora por cualquier persona física o jurídica, así como cuando se deje de tener dicha participación. 2. Autorización por el Ministro de Economía y Hacienda de las operaciones de cesión de cartera, transformación de la entidad en otra de distinta forma jurídica, fusión y escisión. 3. Control de los estatutos, pólizas y tarifas. 4. Revocaciones de la autorización administrativa para operar. 5. Disolución y liquidación de entidades. 6. Aplicación de medidas de control especial y de sanciones administrativas REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EJERCER LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. DISOLUCIÓN. El Ministro de Economía y Hacienda revocará la autorización administrativa concedida a las entidades aseguradoras en los siguientes casos (art. 26 T.R. 6/04): 1. Si la entidad aseguradora renuncia a ella expresamente. 2. Cuando la entidad aseguradora no haya iniciado la actividad en el plazo de un año o cese de ejercerla durante un período superior a seis meses. A esta inactividad se equipara la cesión general de la cartera en uno o más ramos. 3. Cuando la entidad aseguradora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos por esta ley para el otorgamiento de la autorización administrativa o incurra en causa de disolución. 4. Cuando no haya podido cumplir, en el plazo fijado, las medidas previstas en un plan de saneamiento o de financiación, exigidos a la misma, en virtud de un procedimiento de medidas de control especial. 5. Por sanción administrativa de revocación de la autorización. La revocación determinará, en todos los casos, la prohibición inmediata de la contratación de nuevos seguros por la entidad aseguradora y de la aceptación de reaseguro, así como la liquidación de las operaciones de seguro de los ramos afectados por la revocación. Además, si la revocación afecta a todos los ramos en que opera la entidad, procederá la disolución administrativa de la misma. De acuerdo con el artículo 27 del T.R. 6/04 son otras causas de disolución de las entidades aseguradoras: La cesión general de la cartera de contratos de seguro sobre la totalidad de ramos en que opera la entidad; haber quedado reducido el número de socios a una cifra inferior al mínimo legalmente exigible; no realizar las derramas pasivas conforme exige la ley; las causas de disolución establecidas en el art. 260 del TRLSA y otras más específicas MEDIDAS DE CONTROL ESPECIAL. Suponen una restricción de la capacidad de maniobra y de autogobiemo de la entidad sobre la que se adoptan. Según el artículo 39 del T.R. 6/04, la DGSyFP podrá adoptar las medidas de control especial cuando las entidades aseguradoras se hallen en alguna de las situaciones siguientes: 1. Déficit superior al 5 por 100 en el cálculo de cada una de las provisiones técnicas individualmente consideradas, salvo en la provisión técnica de prestaciones que será del 15 por 100; asimismo, déficit superior al 10 por 100 en la cobertura de las provisiones técnicas. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 7
10 2. Insuficiencia del margen de solvencia o que no alcance el fondo de garantía mínimo. 3. Pérdidas acumuladas en cuantía superior al 25% de su capital social o fondo mutual desembolsado. 4. Dificultades financieras o de liquidez que determinen demora o incumplimiento en sus pagos. 5. Imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o paralización de los órganos sociales. 6. Situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones efectuadas por la Administración, que pongan en peligro su solvencia, los intereses de los asegurados o el cumplimiento de sus obligaciones etc. Con independencia de la sanción que en su caso proceda, las medidas de control especial podrán consistir en: 1. Prohibir la disposición de los bienes de la entidad aseguradora que se determinen. 2. Exigir a la entidad aseguradora un plan de saneamiento o un plan de financiación a corto plazo para restablecer su situación financiera, que deberá ser sometido a aprobación de la DGSyFP. 3. Además, podrá adoptar, conjunta o separadamente, cualquiera de las siguientes medidas: a) Suspender la contratación de nuevos seguros o la aceptación de reaseguro. b) Prohibir la prórroga de los contratos celebrados por la entidad aseguradora. c) Prohibir a la entidad aseguradora que, sin autorización previa de la DGS, pueda realizar los actos de gestión y disposición que se determinen, distribuir dividendos, derramas activas y retornos, contratar nuevos seguros o admitir nuevos socios. d) Sustituir provisionalmente los órganos de administración de la entidad, etc 4. Como medida de control especial complementaria, la DGSyFP podrá acordar la intervención de la entidad aseguradora para garantizar el correcto cumplimiento de las mismas INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES. El T.R. 6/04 establece un régimen de infracciones y sanciones autónomo e independiente del resto de entidades financieras, aplicable tanto a las entidades aseguradoras como a otros responsables. Las infracciones, se recogen en el artículo 40 del T.R. y se clasifican en muy graves, graves y leves, en función de la incidencia que el incumplimiento de la norma pueda tener sobre el interés público protegido. A título de ejemplo, y nunca de forma exhaustiva, se pueden citar las siguientes: 1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves (entre otras): a) El ejercicio de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado. b) El defecto en el margen de solvencia en cuantía superior al 5 por 100 del importe correspondiente y cualquier insuficiencia en el fondo de garantía. c) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de las inversiones para coberturas de las provisiones técnicas en cuantía superior al 10%. d) La cesión de cartera, la transformación, fusión y escisión de entidades aseguradoras, sin la preceptiva autorización o, cuando fuere otorgada, sin ajustarse a la misma. e) El incumplimiento de las medidas de control especial adoptadas por la DGSyFP. f) Las infracciones graves reiteradas en un plazo inferior a 5 años, etc 2. Se consideran infracciones graves: a) El ejercicio ocasional de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado. b) El defecto en el margen de solvencia en cuantía inferior al 5 por 100 del importe correspondiente. c) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de las inversiones para cobertura de las provisiones técnicas en cuantía superior al 5 por 100, pero inferior al 10 por 100. d) Infracciones leves cuando se reiteren en un plazo inferior a dos años; etc. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 8
11 3. Tendrán la consideración de infracciones leves, entre otras: a) El defecto en el cálculo o la insuficiencia de las inversiones para la cobertura de las provisiones técnicas, en cuantía inferior al 5 por 100. b) El incumplimiento por la entidad aseguradora de las normas imperativas contenidas en determinados artículos de la Ley de Contrato de Seguro, si no atendiera en el plazo de un mes el requerimiento que al efecto le formule la DGSyFP Sanciones aplicables. Según los arts. 41 y 42 del T.R. 6/04: A) A las Entidades aseguradoras: Por la comisión de infracciones muy graves será impuesta, en todo caso, a la entidad aseguradora, una de las siguientes sanciones: a) Revocación de la autorización administrativa. b) Suspensión de la autorización administrativa para operar en uno o varios ramos en los que esté autorizada la entidad aseguradora, por un período no superior a diez años ni inferior a cinco. c) Dar publicidad a la conducta constitutiva de la infracción muy grave. d) Multa por importe de hasta el 1 por 100 de sus fondos propios, o desde hasta euros, si aquel porcentaje fuera inferior a euros. Por la comisión de infracciones graves, una de las siguientes sanciones: a) Suspensión de la autorización administrativa para operar por un período de hasta cinco años. b) Dar publicidad a la conducta constitutiva de la infracción grave. c) Multa por importe desde hasta euros. Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la entidad aseguradora la sanción de multa, que podrá alcanzar hasta el importe de euros, o la de amonestación privada. B) Responsabilidad de los que ejercen cargos de administración y dirección. Junto a las entidades aseguradoras, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable las personas físicas o entidades que sean titulares de participaciones significativas o desempeñen cargos de administración o dirección, de hecho o de derecho, y los liquidadores de aquéllas, cuando infrinjan las normas de ordenación y supervisión de los seguros privados. Las sanciones podrán consistir en separación del cargo, suspensión en el ejercicio del mismo, multas de distinta cuantía y amonestación pública o privada, todas ellas según la gravedad Criterios de graduación de las sanciones. El art. 43 T.R. 6/04 establece que las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se podrán graduar, entre otros, conforme a los siguientes criterios: 1. La naturaleza y entidad de la infracción, y el grado de intencionalidad en la comisión de la misma. 2. La gravedad del peligro creado o de los perjuicios causados. 3. Las ganancias obtenidas como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción. 4. La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa. 5. El grado de responsabilidad en los hechos que concurra en el interesado. 6. El alcance de la representación del interesado en la entidad aseguradora. 7. La conducta anterior del interesado. Las infracciones y sanciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años, y las leves, a los dos años. Será competente para la instrucción de los expedientes el órgano de la DGSyFP que reglamentariamente se determine. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 9
12 La imposición de sanciones por infracciones graves y leves corresponderá al Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la DGSyFP, salvo la de revocación de la autorización, que se impondrá por el Consejo de Ministros (esto es, si la revocación de la autorización se impone como sanción la competencia es del Consejo de Ministros; en el resto de casos de revocación de la autorización es del Ministro de Economía y Hacienda). IX. EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS NATURALEZA JURÍDICA Y MARCO LEGAL. El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines dotada de patrimonio distinto al del Estado. En su actividad queda sujeto al ordenamiento jurídico privado, lo que significa que el Consorcio ha de someterse en su actuación, al igual que el resto de entidades de seguros privadas, al T.R. de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (RDL 6/04, de 29 de Octubre), y a la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro. Su Estatuto Legal está recogido en el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Legal del C.C.S. (modificado, entre otras, por la Ley 12/2006, de 16 de Mayo y la Ley 6/2009, de 3 de Julio) FINES (art. 3 T.R. 7/04). El Consorcio de Compensación de Seguros, como organismo inspirado en el principio de compensación, tiene por fin cubrir los riesgos en los seguros que se determinan en su Estatuto Legal, con la amplitud que se fija en el mismo o pueda hacerse en disposiciones específicas con rango de Ley. Para el adecuado cumplimiento de sus fines, el Consorcio podrá celebrar pactos de coaseguro así como ceder o retroceder en reaseguro parte de los riesgos asumidos a entidades aseguradoras españolas o extranjeras que están autorizadas para realizar operaciones de esta naturaleza. Asimismo, podrá aceptar en reaseguro en el seguro de riesgos nucleares y en el seguro agrario combinado en los términos previstos en su Estatuto Legal. Fuera de los supuestos anteriores, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá asumir la cobertura concertando pactos de coaseguro o aceptando en reaseguro en aquellos supuestos en que concurran razones de interés público que lo aconsejen, atendiendo la situación y circunstancias del mercado asegurador. Además, el R.D. Ley 3/2009, permitió que previo acuerdo de su Consejo de Administración pueda aceptar en reaseguro los riesgos asumidos por las entidades aseguradores privadas autorizadas para operar en los ramos de crédito y caución que así lo soliciten y que suscriban o se adhieran al convenio correspondiente y con determinadas condiciones. Son funciones públicas del Consorcio de Compensación de Seguros las concernientes a la exigibilidad de los recargos a favor del mismo, las que le atribuye la legislación reguladora del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado y las demás funciones públicas señaladas en el art. 16 de su Estatuto. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 10
13 Corresponderá al Consorcio de Compensación de Seguros llevar a cabo la liquidación de las entidades aseguradoras que le sea encomendada en los supuestos previstos en su Estatuto y en la legislación sobre Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, así como el ejercicio de las funciones que en el seno de los procedimientos concursales a que puedan verse sometidas las mismas entidades se le atribuyen en dichas normas ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN (art. 4 T.R. 7/04). El Consorcio de Compensación de Seguros será regido y administrado por un Consejo de Administración compuesto por el Presidente del Consorcio de Compensación de Seguros y un máximo de dieciocho vocales. La presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros será desempeñada por el Director General de Seguros. El nombramiento y cese de los vocales se realizará por el Ministro de Economía y Hacienda FUNCIONES (arts. 6 a 16 del T.R. 7/04) Funciones privadas en el ámbito asegurador. A) En relación con los riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes. El Consorcio de Compensación de Seguros, en materia de riesgos extraordinarios, tendrán por objeto indemnizar, en la forma establecida en su Estatuto Legal, en régimen de compensación, las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados y también los daños personales derivados de acontecimientos extraordinarios acaecidos en el extranjero cuando el asegurado de la póliza tenga su residencia habitual en España (este último inciso añadido por la Ley 12/2006, para hacer frente a los fenómenos de megaterrorismo ). El desarrollo reglamentario en esta materia se contiene en el R.D. 300/2004, que aprobó el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios (modificado por R.D. 1265/2006 con motivo de la aprobación de la Ley 12/2006). A estos efectos, serán pérdidas los daños directos en las personas y los bienes, así como, en los términos y con los límites que reglamentariamente se determinen, la pérdida de beneficios consecuencia de los mismos. Se entenderá, igualmente en los términos que reglamentariamente se determinen, por acontecimientos extraordinarios: a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, las inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos. b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular. c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz. Para el cumplimiento por el Consorcio de Compensación de Seguros de sus funciones en materia compensación de pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, es obligatorio el recargo en su favor en los ramos de: accidentes, vehículos terrestres, vehículos ferroviarios, incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes y pérdidas pecuniarias diversas, así como modalidades combinadas de los mismos, o cuando se contraten de forma complementaria. B) En relación con el Seguro de Riesgos Nucleares. El Consorcio de Compensación de Seguros asumirá la cobertura del riesgo de la responsabilidad civil derivada de accidente en España. SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 11
14 C) En relación con el Seguro Agrario Combinado. El Consorcio de Compensación de Seguros asumirá la cobertura del riesgo en el seguro agrario combinado, en la forma y cuantía que determine el Ministerio de Economía y Hacienda en determinados supuestos. D) En relación con el Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria, derivada del uso y circulación de vehículos de motor. El Consorcio de Compensación de Seguros asumirá, exclusivamente dentro de los límites indemnizatorios fijados para el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria deriva del uso y circulación de vehículos de motor, las siguientes funciones, señaladas en el art. 11 del Estatuto. E) Responsabilidad Civil Medioambiental, a través del Pool Español de Riesgos Medioambientales. F) En relación con la liquidación de entidades aseguradoras. El Consorcio de Compensación de Seguros asumirá la condición de liquidador de las entidades aseguradoras enumeradas en el artículo 7.1 del T.R. de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, sujetas a la competencia de ejecución del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuando le encomiende su liquidación el Ministro de Economía y Hacienda o el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma. La Ley 6/2009, suprimió las funciones del CCS en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador Funciones públicas. A) En relación con el Seguro de Crédito a la Exportación. El Gobierno determinará las funciones que, en su caso, correspondan al Consorcio de Compensación de Seguros en el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado. B) Otras funciones públicas. Corresponden además al Consorcio de Compensación de Seguros las siguientes funciones: 1. Proponer a la Dirección General de Seguros las tarifas de los recargos a percibir por el Consorcio como contrapartida a las funciones de fondo de garantía y de compensación atribuidas al mismo. 2. Recabar la información que reglamentariamente se determine a que estarán obligadas las entidades aseguradoras que emitan pólizas de seguro en los ramos señalados en el artículo 7 respecto de dichas pólizas. 3. Elaborar planes y programas de prevención y reducción de siniestros y desarrollarlos a través de las correspondientes campañas y medidas preventivas. 4. Concertar convenios con fondos de garantía u otras instituciones relacionadas con los seguros obligatorios, al objeto de facilitar el respectivo cumplimiento de sus funciones en el ámbito de los seguros obligatorios y cualesquiera otras que le atribuyan las normas legales o reglamentarias vigentes PROVISIONES TÉCNICAS. Están establecidas por el Real Decreto 2013/1997, de 26 de Diciembre, de Regulación de las Provisiones Técnicas a dotar por el Consorcio de Compensación de Seguros, y tienen su base en el Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, que establece, en su artículo 24.2, que el Consorcio de Compensación de Seguros constituirá la provisión técnica de estabilización de forma SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 12
15 separada para las coberturas relativas al Seguro Agrario Combinado y para el resto de las coberturas y, por lo que respecta a estas últimas, de manera global para todas las coberturas afectadas. El citado artículo 24.2 establece, igualmente, que dicha provisión se dotará con arreglo a los criterios específicos que reglamentariamente se determinen, considerando que debe atender también a indemnizar siniestros con carácter de fondo de garantía y tendrá la consideración de partida deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, siempre que la cuantía total de la provisión no rebase los límites que se establezcan reglamentariamente. Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros deberá realizar el cálculo de la provisión para primas no consumidas utilizando métodos globales en aquellos riesgos en los que no emita pólizas. El mencionado organismo público, no constituirá la provisión de riesgos en curso a que se refiere el artículo 16 del T.R. de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados RECURSOS ECONÓMICOS. Dentro de los recursos económicos con que cuenta el CCS para el cumplimiento destacamos los siguientes: 1. Las primas y recargos sobre primas o capitales asegurados que se perciban para la cobertura de los riesgos asumidos por el CCS. 2. El recargo establecido en el art del Estatuto para el cumplimiento de sus funciones de liquidación de entidades aseguradoras, fijado por la Ley 6/2009 en un 1,5 que es un tributo que grava la totalidad de los contratos de seguro que se celebren sobre riesgos localizados en España, distintos al seguro sobre la vida y al seguro de crédito a la exportación (son sujetos pasivos de este recargo las entidades aseguradoras que deben repercutir íntegramente su importe al tomador del seguro y la base imponible es el importe de la prima). SISTEMA FINANCIERO TEMA 15 Pág. 13
BOE núm. 267 Viernes 5 noviembre 2004 36653 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 18910 REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio
RECOPILACIÓN LEGISLATIVA FEBRERO 2014 CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Recopilación Legislativa C O N S O R C I O D E C O M P E N S A C I O N D E S E G U R O S MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA DE

References: Real Decreto 
 artículo 7
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 artículo 14
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 27
 artículo 39
 artículo 40
 Real Decreto 
 artículo 7
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 artículo 24
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