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Timestamp: 2017-06-26 10:18:37+00:00

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Desigualdad y discriminación en el Código Civil de Puebla - El Mundo del Abogado
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Desigualdad y discriminación en el Código Civil de Puebla Twittear
Rosa María Temblador Vidrio*
Miércoles, 03 Mayo 2017	De acuerdo con la autora, el caso más relevante de un ordenamiento jurídico local que contraviene la Constitución federal y los tratados internacionales es el del artículo 500 del Código Civil del estado de Puebla. Con base en el control de constitucionalidad y en el control de convencionalidad, debe ser derogado, si lo que buscamos es promover la igualdad y combatir la discriminación.
La última reforma en materia de derechos humanos ha abierto un nuevo panorama para el trabajo del juzgador. Los avances en la materia que ponen a México a la par de los países más avanzados de Latinoamérica son de suma importancia pues permiten una mayor apertura a los conceptos emanados del corpus iuris internacional por parte del sistema jurídico mexicano,1 fortaleciéndose así el compromiso, tanto de las instituciones de justicia como de quienes la imparten, con el respeto y la protección de los derechos humanos.
La protección a la familia y a los menores de edad así como la igualdad de género son algunos de los tópicos que se abordarán aquí y que se encuentran ampliamente regulados y conceptualizados tanto por nuestras leyes como por el marco jurídico supranacional, y serán traídos a colación en virtud de la importancia que han adquirido desde la citada reforma constitucional.
La familia constituye un elemento clave para la comprensión y el funcionamiento de la sociedad. Desde el inicio de la modernidad, ha sido una de las expresiones sociales en las que puede verse de manera clara el estado general del grupo social.
Las luchas por los derechos civiles y políticos y por la igualdad de género en el siglo XX, así como las grandes revoluciones de aquella época, transformaron la escala de valores del sistema social y, por lo tanto, a la familia. De este modo comenzaron a aceptarse socialmente como familia a la maternidad en soltería, a la unión libre2 y, de manera más reciente, a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
Lo anterior ha roto un discurso extendido largo tiempo que sostenía que el concepto de familia era restrictivo en el sentido de que designaba únicamente a agrupaciones de extensión y características diversas, pero con dos ejes rectores biológicos primarios: la unión sexual y la procreación.3
Hoy esta institución se encuentra en constante transformación y por eso es necesario que el Derecho vaya adecuando su normatividad en la materia para determinar la mejor forma de normar estos conceptos de acuerdo con los paradigmas actuales de la ciencia jurídica: los derechos humanos y la irrenunciable dignidad humana.
Dentro de la familia pueden encontrarse diversos roles asignados que pueden perpetrar violencia contra sus miembros. La adopción de estereotipos que durante años han pasado a formar parte de la idea “natural” de la familia ha trascendido a tal grado que muchos de estos estereotipos se han vuelto ley positiva. En el caso de los alimentos, definidos como la obligación de un deudor de aquellos elementos indispensables para la subsistencia y el bienestar individual, tanto físico como moral y social,4 particularmente en Puebla y en otras entidades, puede verse la trascendencia de estas cargas históricas que hoy contravienen la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.
De acuerdo con la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, la igualdad de género puede conceptualizarse como la aptitud de que tanto la mujer como el hombre gocen de la misma condición para ejercer plenamente sus derechos humanos y para realizar su potencial contribuyendo al desarrollo nacional, político, económico, social y cultural, y beneficiándose de sus resultados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sus Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que los Estados miembros deben hacer esfuerzos para que su Poder Judicial esté capacitado e informado sobre dichos estándares.
Respecto de los derechos humanos de las mujeres, el Sistema Interamericano ha tenido un desarrollo significativo desde 1994, debido a la adopción por los Estados americanos de la Convención de Belém do Pará y por la influencia de instrumentos fundamentales del corpus iuris interamericano en materia de erradicación de violencia contra la mujer a nivel internacional, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, los cuales establecen, de manera general, que la violencia basada en el género está comprendida en la definición de discriminación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El desarrollo de la protección del Sistema Interamericano a la mujer se encuentra reflejado en varios mecanismos, incluyendo decisiones de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las sentencias de ésta sobre el tema; además, es visible en los diferentes informes temáticos y por país, así como en la serie de medidas cautelares emitidas por la comisión para proteger la vida y la integridad de defensoras de los derechos de las mujeres contra actos violentos, en particular la MC 319/09 a miembros de la Liga de Mujeres Desplazadas y su Liga Joven, la MC 339.09 a Claudia Julieta Duque Orrego y María Alejandra Gómez Duque, la MC 1/10 a Mujeres en Situación de Desplazamiento y la MC 99/10 a Corporación Sisma Mujer.
Los estándares que el Sistema Interamericano ha establecido en torno del problema de violencia contra las mujeres, que aquí interesan, son los siguientes:
La obligación de los Estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus sociedades.
El deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar, mediante un escrutinio estricto, todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que establecen diferencias de trato basadas en el sexo o que puedan tener una influencia discriminatoria en las mujeres con su aplicación.5
La CIDH ha destacado en últimas fechas en sus estándares el deber de los Estados de tomar en consideración la intersección de distintas formas de discriminación que puede sufrir una mujer por diversos factores combinados con su sexo, como su edad, su raza, su etnia o su posición económica. Este principio ha sido establecido en el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará, dado que la discriminación y la violencia no siempre afectan en igual medida a todas las mujeres.
Por eso, en el caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras se señaló que la obligación de garantía comprendida en el artículo 1.1 de la CADH incluye el deber de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.6
Respecto de nuestro país, ha sido condenado por la Corte Interamericana, dentro de lo que aquí respecta, en el tema de violencia contra la mujer, en tres casos importantes.7, 8, 9
Se ha sostenido que la violencia contra las mujeres es una clara manifestación de la discriminación por razón de género;10 asimismo, la CIDH la ha descrito como un problema de derechos humanos y se ha pronunciado sobre su impacto en el ejercicio de otros derechos humanos.11 Además, este órgano internacional ha concluido en reiteradas oportunidades que la violencia contra las mujeres es una manifestación de costumbres sociales que relegan a la mujer a una posición de subordinación y desigualdad, colocándola, en consecuencia, en una situación de desventaja en comparación con el hombre.12
Adicionalmente, estas prácticas se ven muchas veces validadas y fomentadas por disposiciones jurídicas erróneas y retrógradas, por lo que la CIDH, en su Informe sobre los Derechos de las Mujeres en Chile, estableció la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la discriminación y la violencia contra las mujeres.13 Además, en su Informe sobre Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino Hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia, la comisión estableció la necesidad de dedicar atención prioritaria a la definición de una política integrada y coordinada con la finalidad de eliminar las barreras jurídicas y fácticas que impiden el acceso de la mujer a recursos y mecanismos eficaces de protección judicial, especialmente en la esfera de la violencia contra la mujer.14
Lo anterior fortalece todo lo indicado por el cuerpo jurídico del Sistema Interamericano respecto del artículo 24 de la Convención Americana, que contiene el principio de igualdad jurídica. Toda medida que propicie un trato perjudicialmente distinto a personas o grupos es necesariamente contraria al reconocimiento de igualdad ante la ley que prohíbe todo tratamiento discriminatorio con apoyo en la ley.
Por lo tanto, cualquier disposición legal nacional que 1) propicie un trato perjudicialmente distinto a persona o grupo o respalde la persistencia o la tolerancia de la discriminación y la violencia contra las mujeres; 2) fomente patrones estereotipados de comportamiento de las mujeres en su perjuicio o establezca diferencias de trato basadas en el sexo o que tenga un impacto discriminatorio en las mujeres en su aplicación, y, además, una política de Estado que 1) tolere actos discriminatorios a las mujeres por parte de particulares y 2) no prevenga la discriminación por género al no tomar las medidas legislativas para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la discriminación y la violencia contra las mujeres, tienen como resultado la responsabilidad internacional del Estado por la violación directa al artículo 24 (igualdad ante la ley) de la CADH en relación con los artículos 2 (obligación de adoptar disposiciones de Derecho interno) y 1.1 (obligación de respetar derechos) de la misma, por fomentar y/o tolerar actos de discriminación desde la ley.
Inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 500 del Código Civil del Estado de Puebla
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una importante reforma en 1974, introdujo un mandato sencillo y concreto en lo que actualmente es el párrafo primero del artículo 4°, que a la letra dice: “El varón y la mujer son iguales ante la ley”.15 A su vez, el último párrafo del artículo 1° constitucional prohíbe toda discriminación motivada por el género o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
El caso actual más relevante respecto de un ordenamiento jurídico local que contraviene la Constitución federal y los tratados internacionales aplicables en materia de igualdad de género y no discriminación, en virtud del artículo 1° de la Carta Magna, base del control de convencionalidad, es el del artículo 500 del Código Civil del Estado de Puebla, el cual establece una clara diferencia en razón de género, como se verá a continuación.
En su artículo 499 el citado ordenamiento establece el derecho a recibir alimentos de manera general: “Artículo 499. Los descendientes que al adquirir la mayoría de edad estén estudiando una carrera, tienen derecho a recibir alimentos, hasta que obtengan el título correspondiente, si realizan sus estudios normalmente y sin interrupción”.
Sin embargo, el siguiente artículo establece requisitos exclusivos para la mujer por cuestión de su género: “Artículo 500. Las hijas, aunque sean mayores de edad, tienen derecho a alimentos mientras no contraigan matrimonio, vivan honestamente y no cuenten con medios de subsistencia”.
Es posible observar que, en primer lugar, este artículo tiene un carácter restrictivo sobre quien es el titular del derecho asignado, esto es, las hijas, sin que gramaticalmente pueda interpretarse de manera amplia para beneficiar a los hijos lato sensu. Lo anterior en sí mismo no representa una violación al derecho a la igualdad, pues, como hemos señalado, es posible hacer distinciones si las situaciones de hecho son distintas. Sin embargo, no existe aquí una razón suficiente para afirmar que únicamente las hijas pueden gozar de lo establecido en el mencionado artículo.
Los requisitos establecidos por el artículo —a) soltería, b) vida honesta y c) falta de medios de subsistencia— representan un arquetipo retrógrada de la mujer, pues pueden llevar a continuidad de roles opresivos, esto es, el rol de mujer sumisa que vive en soltería para dedicarse por completo al cuidado de los progenitores, por citar un ejemplo, y que, además, carga el estigma de una sociedad conservadora que exige una vida “honesta” sin que haya más especificación al respecto, y que, por supuesto, no cuenta con un trabajo, último requisito producto quizás de un resquicio ahora obsoleto de la creencia que sostenía que la mujer no debía trabajar, salvo en el hogar.
Este artículo encasilla roles, pues excluye al varón de una retribución por la realización de una labor que se cree destinada a la mujer, violando así los derechos de ambos, pues impide al hombre realizar una labor al no reconocer para él el derecho, y además subyuga a la mujer a un rol que le es único, y que la constriñe a interpretar un papel determinado basado en prejuicios patriarcales y machistas.
Adicionalmente, las prebendas que este artículo otorga pueden orillar a algunas mujeres a aceptar ese rol únicamente para obtener los beneficios mencionados, reproduciéndose así los estereotipos patriarcales por medio de la ley.
En este artículo no existe justificación alguna para el trato diferenciado que se establece, siendo la única razón para ello la diferencia de género, proscrita por el orden fundamental y abiertamente inconvencional; así también, en el proceso legislativo que dio origen a la expedición del precepto legal de mérito no se advierte siquiera mención al respecto, con el fin de justificar la distinción.
Esta disposición legislativa, que añade requisitos que la descendiente mujer debe acreditar, implica que sea tratada en forma distinta en relación con el descendiente varón. Y si bien existe una diferencia de hecho respecto de los roles reales de ambos, también es cierto que esta diferencia de roles es patriarcal y abiertamente contraria al principio de igualdad, por lo que la ley no debería fomentarla y reproducirla.
Asimismo, la específica situación prevista en ambos artículos, 499 y 500, coloca en un plano de igualdad de situación a ambos descendientes, pues los dos poseen la misma necesidad de recibir una pensión alimenticia al cumplir la mayoría de edad si cursan una carrera profesional de forma normal y sin interrupciones.
Además, es menester decir que la disposición acerca del matrimonio contenida en el artículo 500 tiene una carga patriarcal y prejuiciosa muy fuerte, pues está considerando que la mujer, al contraer matrimonio, cuenta con alguien que la mantiene, y eso representa un arquetipo de la dinámica familiar en la que el hombre trabaja y la mujer es ama de casa, un estereotipo que niega la libertad laboral de la mujer y su capacidad de realizar cualquier labor profesional.
El otro requisito, la vida honesta, representa toda una carga histórica que en general se ha cernido sobre las mujeres, pues para la gran mayoría de las sociedades es imperdonable que sus integrantes del género femenino no vivan de acuerdo con las más estrictas normas de comportamiento.
Una exigencia plasmada en la ley que sea producto y símbolo de una carga histórica negativa tan grande es por demás contraria a cualquier respeto por la dignidad humana, por el libre albedrío y por la libertad de conciencia y libertad en general, pues con la factibilidad de la condena social y moral se posa sobre los hombros de las mujeres el deber de actuar, de nuevo, ciertos roles preestablecidos, conservadores y arcaicos, contrarios a su libertad, o bien la posibilidad de elegir actuar con libertad, soportando el escrutinio y la condena social.
De este modo, el artículo 500 del Código Civil del Estado de Puebla es abiertamente inconstitucional, toda vez que, por una parte, contraviene lo dispuesto en el artículo 1°, último párrafo, de nuestra Carta Magna, al ser discriminatorio, por realizar distinciones entre hombres y mujeres sin ninguna razón más que el género; igualmente viola el principio de igualdad previsto en el artículo 4°, primero párrafo, de la propia Constitución, pues crea una desigualdad de facto y de iure que es abiertamente opuesta al derecho de igualdad que contiene este artículo constitucional.
Incluso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el amparo directo en revisión número 1573/2011,16 su alejamiento de criterios que compartan una visión discriminatoria a la mujer sometiéndola a roles encasillados que dificulten la igualdad de género.
Asimismo, el artículo 500 del Código Civil de Puebla es inconvencional al contravenir abiertamente el artículo 24 de la CADH, que establece lo siguiente: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
La Corte Interamericana ha establecido de manera concreta que un Estado, al introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, viola los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana, toda vez que el derecho internacional prohíbe tanto la discriminación directa, como la discriminación indirecta o el efecto discriminatorio.17
Es competencia y obligación de cada Estado brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación,18 y por lo tanto, debe abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos,19 estando obligado a combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, incluido el legislativo.
De igual forma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido que las prácticas discriminatorias establecidas o fomentadas en los Estados por medio de diversas políticas o de la ley, y que lesionan el derecho a la no discriminación o a la igualdad, están prohibidas por el Derecho internacional, e incluso también aquellas cuyo impacto sea discriminatorio contra ciertas categorías de personas, aun cuando no se pueda probar la intención discriminatoria.20
Así, los Estados tienen la obligación de abstenerse de realizar acciones que creen situaciones de discriminación de iure o de facto21 y deben “adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto de actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”.22 Cualquier tratamiento discriminatorio causado por el Estado le genera responsabilidad internacional.23
De este modo, el mantenimiento de una normativa discriminatoria y transgresora de la igualdad de género es abiertamente contrario a lo dispuesto por el artículo 24 de la Convención Americana, y lo es también al artículo 1.1.
Este artículo garantiza el derecho a la no discriminación en la titularidad o aptitud de ejercicio de los derechos reconocidos en el instrumento internacional, y constriñe a los Estados a garantizar el pleno goce de los mismos para todos sus ciudadanos. Además, es la conexión en el sistema de reenvíos entre la legislación nacional mexicana y el corpus iuris interamericano, y por lo tanto, guarda una estrecha relación con el artículo 1 de la Constitución mexicana.
En efecto, el mencionado artículo remite a los tratados y garantiza su cumplimiento en el Estado mexicano, y el artículo 1.1 de la CADH remite a los ordenamientos nacionales y garantiza el goce y el ejercicio de los derechos que otorga en los Estados firmantes.
Por lo tanto, el artículo 500 del Código Civil de Puebla, al contravenir, por los fundamentos expuestos con anterioridad, el artículo 24 de la CADH, contraviene el artículo 1.1 de la misma, y, de este modo, contraviene también el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues violenta un derecho contenido en un tratado internacional en materia de derechos humanos, firmado y ratificado por México y que tiene aplicación de acuerdo con el principio pro persona, garantizado por el citado artículo constitucional.
Así, el artículo 500 del Código Civil de Puebla impide que un grupo de personas en esa entidad gocen y ejerzan el derecho humano de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 24 de la CADH y garantizado en todo el territorio del Estado mexicano por el artículo 1° constitucional.
Entonces, al atentar contra el derecho reconocido y contra la garantía constitucional, el artículo 500 del Código Civil de Puebla es, por lo ya explicado, inconstitucional e inconvencional. Y, con base en el control de constitucionalidad y en el control de convencionalidad, así como en los compromisos adquiridos por México en materia de igualdad y no discriminación, debe ser derogado.
* Magistrada en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con sede en Puebla.
1 José Luis Caballero Ochoa, La cláusula de interpretación conforme al principio pro persona (artículo 1°, segundo párrafo, de la Constitución), UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2012.
2 Sobre todo en Estados Unidos el tema racial aún es muy delicado y sensible, después de la lucha por los derechos de la comunidad afroamericana de Martin Luther King.
3 Sara Duhualt Montero, Derecho de familia, 4ª ed., Porrúa, México, 1990, pp. 2-3.
4 Carlos Escribano y Raúl Eduardo Escribano, Alimentos entre cónyuges, Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 2.
5 CIDH, Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA, doc. 60, 3 de noviembre de 2011.
6 CIDH, Informe de Fondo Núm. 53/01, Caso 11.565, Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez (México), 2 de abril de 2001, párr. 166. 7 CIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C, Núm. 205. 8 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie C, Núm. 215, párr. 44. 9 CIDH, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C, Núm. 216, párrs. 37‐139 y 295(4). 10 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en el Perú (2000), p. 18; Informe sobre los Derechos de las Mujeres en Chile. La Igualdad en la Familia, el Trabajo y la Política (2009), párr. 43. 11 CIDH, Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia (2006), párr. 29; CIDH, El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Discriminación en Haití (2009), párr. 85; CIDH, Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México. El Derecho a No ser Objeto de Violencia y Discriminación (2003), párr. 120. 12 CIDH, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68, 20 de enero de 2007, Sección sobre Violencia y Discriminación, p. 26; Informe de Haití (2009), párr. 44. 13 CIDH, Informe sobre los Derechos de las Mujeres en Chile. La Igualdad en la Familia, el Trabajo y la Política (2009), párr. 42. 14 CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social. El Camino Hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia (2007). 15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma, Diario Oficial de la Federación, 7 de julio de 2014.
16 De donde derivó la tesis marcada con el número 1a. XCV/2012 (10a.), visible en la p. 1112, libro VIII, mayo de 2012, tomo 1, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “principio de igualdad entre hombres y mujeres. el otorgamiento de la guarda y custodia de un menor de edad no debe estar basado en prejuicios de género”.
17 CIDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, sentencia de 8 de septiembre de 2005, Serie C, Núm. 130, párr. 117.
18 CIDH, Caso Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, párr. 140; Convención para Reducir los Casos de Apatridia, artículo 1.1; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, artículo 29; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 7.1, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24.3.
19 CIDH, Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C, Núm. 127, párr. 185; Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A, Núm. 18, párr. 88, y Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC 17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A, Núm. 17, párr. 44.
20 TEDH, D.H. y otros vs. República Checa, párrs. 179, 184 y 194; TEDH, Hugh Jordan vs. Reino Unido, Aplicación Núm. 24746/94, 4 de mayo de 2011, párr. 154, y TEDH, Hoogendijk vs. Holanda, Aplicación Núm. 58641/00, 6 de enero de 2005, s.p. Véase también: “Directiva 2008/0140 del consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad u orientación sexual”, Bruselas, 2 de julio de 2008, pp. 7 y 8, y “Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato independientemente de su origen racial o étnico”, Bruselas, 29 de junio de 2000, párr. 13. CIDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de octubre de 2012, Serie C, Núm. 251, párr. 234.
21 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra, párr. 103, y Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de febrero de 2012, Serie C, Núm. 239, párr. 80.
22 CIDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra, párr. 104, y Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, supra, párr. 80. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, supra, párr. 236.
23 CIDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra, párr. 85, y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C, Núm. 214, párr. 268.
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 artículo 9
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 500
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 500
 artículo 499
 artículo 500
 artículo 500
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 500
 artículo 24
e contrario
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 500
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 500
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 500
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 7
 artículo 24