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Timestamp: 2014-03-16 05:29:01+00:00

Document:
Comunicación de la Comisión - Política europea de vecindad - Documento de estrategia {SEC(2004) 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570}
Con la histórica ampliación que ha tenido lugar al principio de este mes, la Unión Europea ha dado un gran paso para impulsar la seguridad y la prosperidad en el continente europeo. La ampliación de la UE también significa que se han modificado las fronteras exteriores de la Unión. Ahora tenemos vecinos nuevos y estamos más cerca de los antiguos. Surgen así nuevas oportunidades y nuevos retos. La política europea de vecindad quiere ser una respuesta a esta nueva situación. También quiere respaldar los esfuerzos para cumplir los objetivos de la Estrategia Europea de Seguridad.
En marzo de 2003 la Comisión presentó su Comunicación "Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa" [1], tras una carta conjunta al Consejo del Alto Representante D. Javier Solana y del Comisario Patten en agosto de 2002.
En junio de 2003, el Consejo acogió favorablemente la Comunicación de la Comisión, que a su juicio constituía una base adecuada para desarrollar una nueva gama de políticas en relación con estos países, definía objetivos y principios generales y señalaba posibles medidas incentivadoras. En junio de 2003, el Consejo Europeo de Tesalónica manifestó que suscribía las conclusiones del Consejo y esperaba con interés los trabajos futuros tanto en el Consejo como en la Comisión para unificar los distintos elementos de dichas políticas.
En julio de 2003, la Comisión presentó su Comunicación titulada "Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad" [2] y creó un Grupo Operativo "Europa más amplia". En octubre de 2003, el Consejo "invitó a la Comisión a presentar a principios de 2004, con la colaboración del Alto Representante si fuera apropiado y a la luz de las conclusiones de junio, propuestas detalladas sobre planes de acción pertinentes, para poder llevar adelante esta iniciativa antes de junio de 2004." El Consejo también acogió con satisfacción la Comunicación sobre el nuevo instrumento de vecindad. El Consejo Europeo de octubre de 2003 se congratuló del progreso realizado en esta iniciativa e instó al Consejo y a la Comisión a llevarla adelante a fin de lograr un enfoque completo, equilibrado y proporcionado, que incluyera un instrumento financiero.
Sobre esta base, la Comisión analizó detalladamente los elementos, tanto de contenido como de procedimiento, que debían figurar en esta iniciativa. La Comisión presentó al Consejo dos informes intermedios orales, en octubre de 2003 y en febrero de 2004, y contribuyó a los debates pormenorizados mantenidos en el Comité de Representantes Permanentes y los grupos de trabajo pertinentes del Consejo respecto de los posibles elementos que procedía incluir en los planes de acción de la política europea de vecindad con una serie de países de Europa oriental y la región mediterránea. Las partes de estos planes de acción relacionados con una mayor cooperación política y con la política exterior y de seguridad común de la UE se elaboraron y acordaron conjuntamente entre los servicios de la Comisión y del Alto Representante.
La Comisión ha mantenido conversaciones exploratorias con aquellos socios de Europa oriental y el Mediterráneo meridional [3] que tienen en vigor Acuerdos de Colaboración y Cooperación o Acuerdos de Asociación. En estas conversaciones han confirmado su interés por esa política y han establecido sus puntos de vista sobre las prioridades que deben abordarse en los planes de acción. La intención es ampliar el proceso progresivamente a los otros países que actualmente entran en el ámbito de esta iniciativa, a medida que sus acuerdos avancen de la fase de firma a la de ratificación.
[3] Israel, Jordania, Moldava, Marruecos, Autoridad Palestina, Túnez y Ucrania.
Al mismo tiempo, la Comisión ha evaluado la situación actual en estos países con respecto a sus sistemas políticos y económicos y a su cooperación con la Unión Europea. La presente Comunicación tiene por objeto presentar al Consejo y al Parlamento Europeo los resultados de este trabajo y esbozar los próximos pasos en la realización de la política europea de vecindad.
Desde el lanzamiento de esta política, la UE ha subrayado que ofrece los medios para reforzar las relaciones entre la UE y los países socios, que se distingue de las posibilidades ofrecidas a los países europeos en virtud del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. El objetivo de la política europea de vecindad es compartir los beneficios de la ampliación de la UE en 2004 con los países vecinos, mediante el refuerzo de la estabilidad, de la seguridad y del bienestar para todas las partes afectadas. Está pensada para prevenir la aparición de nuevas líneas divisorias entre la UE ampliada y sus vecinos y ofrecer a éstos la oportunidad de participar en diversas actividades de la UE gracias a una mayor cooperación en los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y la cultura.
El método propuesto consiste en definir, junto con los países socios, un conjunto de prioridades cuyo cumplimiento supondrá un acercamiento a la Unión Europea. Estas prioridades se plasmarán en planes de acción, acordados en común, en una serie de ámbitos clave de actuación específica: diálogo y reforma política; intercambios comerciales y medidas que preparen a los socios para aumentar gradualmente su participación en el mercado interior de la UE; justicia y asuntos de interior; energía, transporte, sociedad de la información, medio ambiente, investigación e innovación; así como política social y contactos entre comunidades ("persona a persona").
La relación privilegiada con los vecinos se fundará en el compromiso mutuo con valores comunes, principalmente en los ámbitos del Estado de Derecho, de la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, el fomento de las buenas relaciones de vecindad, así como los principios de la economía de mercado y del desarrollo sostenible. Se trabajará asimismo por lograr compromisos en ciertos aspectos fundamentales de la acción exterior de la UE, particularmente la lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, además de la observancia del Derecho internacional y los esfuerzos a favor de la resolución de conflictos.
Los planes de acción se basarán en un conjunto de principios comunes pero se diferenciarán según el estado de las relaciones con cada país, sus necesidades y capacidades, así como los intereses comunes. El nivel de ambición de las relaciones de la UE con sus vecinos dependerá del grado efectivo de consenso sobre estos valores.
Los avances en el logro de las prioridades acordadas serán observados por los organismos establecidos por los Acuerdos de Colaboración y Cooperación o los Acuerdos de Asociación. La Comisión informará periódicamente sobre los progresos realizados. Basándose en esta evaluación, la UE, junto con los países socios, revisará el contenido de los planes de acción y decidirá sobre su adaptación y renovación. La misma base podrá servir también para decidir el paso siguiente en el desarrollo de las relaciones bilaterales, incluida la posibilidad de nuevos vínculos contractuales. Éstos podrían adoptar la forma de Acuerdos Europeos de Vecindad cuyo alcance se definiría a la luz de los avances en el cumplimiento de las prioridades fijadas en los planes de acción.
Los planes de acción serán propuestos por la Comisión, con la contribución del Alto Representante sobre los asuntos relacionados con la cooperación política y la PESC, tras conversaciones exploratorias con los países afectados. Se sugiere que se sometan a la aprobación de los respectivos Consejos de Cooperación o Asociación. Si alguna de las acciones propuestas entraña la necesidad de actos jurídicos o negociaciones formales, la Comisión presentará las propuestas o recomendaciones pertinentes.
Los planes de acción proporcionarán un punto de referencia en la programación de las ayudas a los países afectados. En el futuro, la ayuda de las fuentes existentes se complementará con la del Instrumento Europeo de Vecindad. La presente Comunicación expone, para su debate, un esbozo de este instrumento cuyo punto de partida es la Comunicación de la Comisión de julio de 2003. Mientras tanto, se están elaborando programas de vecindad a través de los mecanismos de ayuda actuales. La Comisión desea ofrecer a los países vecinos ayuda adicional mediante instrumentos como la asistencia técnica y el hermanamiento. También está estudiando en qué programas y agencias de la UE la participación de los países vecinos podrían ser de interés mutuo para éstos y para la UE ampliada.
Rusia es un socio clave de la UE, en su vecindad inmediata. Conjuntamente, Rusia y la UE han decidido extender su asociación estratégica mediante la creación de cuatro espacios comunes, según se definió en la Cumbre de San Petersburgo en mayo de 2003.
Belarús y la UE estarán en condiciones de desarrollar vínculos contractuales cuando Belarús haya establecido una forma democrática de gobierno, tras unas elecciones libres y justas. Entonces será posible hacer extensivos a Belarús todas las ventajas de la política europea de vecindad. Mientras tanto, la UE estudiará el modo de reforzar el apoyo a la sociedad civil según se describe más abajo.
La UE espera con interés la entrada de Libia en el proceso de Barcelona una vez que Libia haya aceptado plenamente el acervo de Barcelona y se hallen resueltas las cuestiones bilaterales todavía pendientes. Esto preparará el terreno para el establecimiento de relaciones normales de manera que Libia pueda beneficiarse de la política europea de vecindad.
La presente Comunicación contiene recomendaciones sobre la inclusión de los países del Cáucaso meridional en la política europea de vecindad.
La política europea de vecindad reforzará las formas actuales de cooperación regional y subregional y proporcionará un marco para su desarrollo ulterior. La política europea de vecindad reforzará la estabilidad y la seguridad y contribuirá a los esfuerzos de resolución de conflictos. El presente documento contiene recomendaciones sobre el fomento de la cooperación e integración regionales como medio para resolver ciertos problemas que se plantean en las fronteras exteriores de la UE ampliada. El estrechamiento de las diversas formas de cooperación transfronteriza, con participación de las autoridades locales y regionales, así como de agentes no gubernamentales, permitirá a la UE y a sus socios trabajar juntos para lograr que las regiones fronterizas se beneficien de la ampliación de la UE de 2004. En el sur, la política europea de vecindad también animará a los participantes a aprovechar la totalidad de los beneficios de la Asociación Euromediterránea (el proceso de Barcelona), a fomentar las interconexiones de las infraestructuras y redes, en particular las de energía, y a desarrollar nuevas formas de cooperación con sus vecinos. La política europea de vecindad contribuirá a una mayor integración regional, partiendo de los logros de la Asociación Euromediterránea, especialmente en el ámbito del comercio. Apuntalará los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea de Seguridad en el Mediterráneo y Oriente Próximo.
La idea central de la política europea de vecindad es contar con un anillo de países que compartan los valores y objetivos fundamentales de la UE, unidos en una relación cada vez más estrecha y que vaya más allá de la cooperación al incluir un grado significativo de integración económica y política. Este planteamiento aportará a todos los países afectados beneficios enormes: más estabilidad, seguridad y bienestar. Los planes de acción, que se basarán en los principios expuestos en la presente Comunicación, constituyen un primer paso importante hacia la realización de este objetivo, y definirán el camino a seguir durante los próximos tres a cinco años. El paso siguiente podría consistir en la negociación de Acuerdos Europeos de Vecindad, para sustituir a la actual generación de acuerdos bilaterales, una vez se hallen cumplidas las prioridades de los planes de acción. Los avances realizados de este modo permitirán a la UE y a sus socios ponerse de acuerdo sobre objetivos a plazo más largo para una mayor profundización de las relaciones durante los años siguientes.
La Comisión invita al Consejo a dar consideración al planteamiento esbozado en la presente Comunicación y a formular conclusiones sobre el modo de llevar adelante esta iniciativa, delimitando los elementos esenciales de los posibles planes de acción y los países en los que procedería realizarlos habida cuenta de su compromiso con los valores compartidos. Sobre esta base la Comisión, con la participación de los representantes de la Presidencia y del Alto Representante, se halla dispuesta a ultimar las conversaciones exploratorias con los países identificados y a presentar proyectos de planes de acción. Propone que estos planes de acción se sometan a la aprobación de los respectivos Consejos de Cooperación o Asociación. También está dispuesta a comenzar los preparativos con algunos otros países mencionados en la presente Comunicación y a los que es aplicable esta iniciativa.
Una política de vecindad para una Unión Europea que actúe en el mundo de manera coherente y eficiente
Una política de vecindad global, que integre los componentes afines de los tres "pilares" de la actual estructura de la Unión, permitirá a los países vecinos compartir los beneficios de la ampliación de la UE en lo tocante a la estabilidad, la seguridad y el bienestar. Es algo que se ha reflejado en el trabajo preparatorio para la adopción del Tratado constitutivo de la Unión Europea. La importancia de una política de vecindad también se señala en la Estrategia Europea de Seguridad, refrendada en el Consejo Europeo de diciembre de 2003, donde se declara que la UE tiene el cometido de hacer una contribución particular a la estabilidad y buena gobernanza en nuestra vecindad inmediata y fomentar un anillo de países bien gobernados en el este de la Unión Europea y en las riberas del Mediterráneo con los que podamos disfrutar de unas relaciones estrechas y cooperativas.
La política europea de vecindad pretende dar un nuevo impulso a la cooperación con los vecinos de la UE después de la ampliación. Las relaciones con los países socios se enriquecerán con la experiencia adquirida en el apoyo al proceso de transición política y económica, así como en el desarrollo económico y la modernización en los nuevos Estados miembros y en los países candidatos.
La política europea de vecindad debería reforzar la contribución de la UE a la resolución de los conflictos regionales. La política europea de vecindad también puede ayudar en la consecución de los objetivos de la Unión en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, en particular la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, el blanqueo de dinero y todas las formas de tráfico ilícito, así como en asuntos relacionados con la migración. Es importante que la UE y sus socios aspiren al grado máximo de complementariedad y sinergia en los distintos ámbitos de su cooperación.
La UE y Rusia han decidido desarrollar su asociación estratégica mediante la creación de cuatro espacios comunes según lo acordado en la Cumbre de San Petersburgo en mayo de 2003 [4]. Rusia y la Unión Europea ampliada son vecinos. Tenemos un interés común en recabar elementos de la política europea de vecindad para enriquecer el trabajo sobre los espacios comunes, especialmente en el terreno de la cooperación transfronteriza y subregional. La UE y Rusia necesitan trabajar juntos, como vecinos, sobre los asuntos de preocupación común. La Comisión recomienda que, además de las otras formas de ayuda ya existentes para llevar a la práctica las partes pertinentes de la asociación estratégica, también se ofrezca a Rusia apoyo procedente del Instrumento Europeo de Vecindad propuesto.
[4] Éstos son: espacio económico común (que incluye una referencia específica al medio ambiente y a la energía), un espacio común de libertad, seguridad y justicia, una espacio de cooperación en materia de seguridad exterior, así como un espacio de investigación y educación que incluya también el aspecto cultural. El diálogo UE-Rusia sobre energía es un elemento clave de toda la relación.
En lo que respecta a los países de la cuenca mediterránea, la política europea de vecindad contribuirá a la consecución de los objetivos de la Asociación Estratégica para el Mediterráneo y Oriente Próximo. La aplicación de la Asociación Estratégica para los países del Mediterráneo debería basarse en la aplicación de la política europea de vecindad. La política europea de vecindad propiamente dicha se aplicará a través del proceso de Barcelona y los Acuerdos de Asociación con cada país socio.
Es de la máxima importancia que las instituciones y de los Estados miembros actúen de manera consistente y coherente en la aplicación de la política europea de vecindad.
La política europea de vecindad se dirige a los vecinos actuales de la UE y a aquellos que han quedado más cerca de la UE como consecuencia de la ampliación. En Europa, es el caso de Rusia, Ucrania, Belarús y Moldova. La UE y Rusia han decidido profundizar su asociación estratégica mediante la creación de cuatro espacios comunes, según lo definido en la Cumbre de San Petersburgo de 2003 [5]. En la región mediterránea, la política europea de vecindad se aplica a todos los participantes no comunitarios de la Asociación Euromediterránea (proceso de Barcelona) salvo a Turquía [6], que prosigue sus relaciones con la UE en régimen de preadhesión. La Comisión también recomienda la inclusión de Armenia, Azerbaiyán y Georgia [7].
[5] Véase la reciente Comunicación de la Comisión sobre las relaciones con Rusia, COM(2004)106 de 9.2.2004, así como las Conclusiones del Consejo de 24.2.2004.
[6] Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Túnez, así como la Autoridad Palestina.
[7] Ver sección (3) màs abajo.
Se han iniciado conversaciones exploratorias para determinar qué elementos procede incluir en los posibles planes de acción con aquellos socios con los que se hallan en vigor Acuerdos de Colaboración y Cooperación o Acuerdos de Asociación [8]. En anexo a la presente Comunicación se adjuntan informes sobre la situación actual en estos países y su cooperación con la UE.
[8] Israel, Jordania, Moldava, Marruecos, Autoridad Palestina, Túnez y Ucrania.
La puesta en práctica de los planes de acción con los demás vecinos deberá comenzar una vez se hayan presentado los planes actualmente en curso de preparación. La Comisión sugiere que durante la segunda mitad de 2004 se empiece a explorar la posibilidad de elaborar planes de acción con los países del Mediterráneo que ya hayan ratificado los Acuerdos de Asociación, a saber, Egipto y Líbano. Las conversaciones exploratorias con los otros países de esta región podrían iniciarse cuando sus futuros vínculos contractuales con la UE hayan alcanzado una fase similar. La Presidencia y la Secretaría participarán plenamente en este proceso y se consultará a los Estados miembros sobre el calendario y el contenido de los posibles planes de acción adicionales.
La política europea de vecindad y los instrumentos existentes
Las relaciones entre la UE y la mayoría de los países que participan en la política europea de vecindad ya se encuentran muy desarrolladas. En Europa oriental, los Acuerdos de Colaboración y Cooperación forman la base de las relaciones contractuales. En el Mediterráneo, la Asociación Euromediterránea ("Proceso de Barcelona") proporciona un marco de cooperación regional que se completa con una red de Acuerdos de Asociación.
Estos acuerdos permiten desarrollar la cooperación y la integración económica en numerosos terrenos, y todavía ofrecen otras potencialidades que aún no se han abordado. La política europea de vecindad orienta el camino a seguir para aumentar la cooperación en una serie de ámbitos muy concretos para que, en un primero momento, la UE y sus socios puedan aprovechar plenamente las estructuras ya implantadas. A tal fin, los planes de acción fijarán las prioridades en las que deberá trabajarse durante los años venideros. Los avances serán objeto de seguimiento atento por parte de los comités y subcomités establecidos en los acuerdos, así como en las estructuras de diálogo pertinentes. La definición y el cumplimiento de estas prioridades constituirán un primer paso importante hacia los ambiciosos objetivos enumerados en la Comunicación de la Comisión de marzo de 2003.
Implicación conjunta
La política europea de vecindad es una oferta de la UE a sus socios que ha suscitado en éstos un interés y un compromiso considerables. La implicación conjunta en el proceso, fundada en la constatación de unos valores compartidos y de unos intereses comunes, resulta indispensable. La UE no quiere imponer a sus socios ni prioridades ni condiciones. El éxito de los planes de acción está supeditado al reconocimiento claro del interés mutuo por el tratamiento de los asuntos que merecen atención prioritaria. Se descarta por completo exigir a los socios que acepten un conjunto de prioridades predeterminadas. Las prioridades se definirán de común acuerdo y, por lo tanto, variarán de un país a otro. La aceptación de estos planes por la instancia superior de los acuerdos vigentes añadirá un peso aún mayor a las prioridades de actuación convenidas.
La ambición y el ritmo de desarrollo de la relación de la UE con cada país socio dependerán de su grado de compromiso con los valores comunes, así como de su voluntad y capacidad para llevar a la realidad las prioridades acordadas.
El punto de partida de los planes de acción es un conjunto común de elementos que se corresponden con los objetivos de la política europea de vecindad, según se detalla más adelante. En cambio, el plan de acción y las prioridades convenidas con cada socio dependerán de las circunstancias particulares de cada caso y variarán en función de la situación geográfica, política y económica del país, de sus relaciones con la Unión Europea y con los países vecinos, de sus programas de reforma cuando éstos existan, de sus necesidades y capacidades, así como de los intereses percibidos en el contexto de la política europea de vecindad. De esta forma, los planes de acción con cada socio estarán diferenciados.
La diferenciación deberá basarse en un claro compromiso con los valores compartidos y al mismo tiempo encajar en un planteamiento regional coherente, especialmente allí donde una mayor cooperación regional pueda generar beneficios manifiestos.
La política europea de vecindad aporta un valor añadido que va más allá de la cooperación existente, tanto para los países socios como para la UE. Este valor añadido se articula de varias maneras:
1. La política europea de vecindad permite enfocar la política de la UE respecto de sus vecinos de un modo más eficaz y específico al reunir los principales instrumentos a disposición de la Unión y de sus Estados miembros. Apoyará así el avance de los objetivos de política exterior de la UE.
2. Como se señala en la Comunicación de marzo de 2003, la aplicación de la política europea de vecindad brinda la perspectiva de pasar de la mera cooperación a un grado importante de integración, incluso la posibilidad de que los países socios puedan participar en el mercado interior de la UE. También evitará cualquier sentimiento de exclusión al que de otro modo hubiera podido dar lugar la ampliación, y proporcionará la oportunidad de compartir sus beneficios. Expondrá de qué manera los países socios podrán participar progresivamente en los aspectos principales de las políticas y los programas de la UE.
3. La política europea de vecindad irá actualizando el alcance y la intensidad de la cooperación política con los países socios para dotarla de una mayor eficacia.
4. La política europea de vecindad fomentará las reformas que impulsen el desarrollo económico y social. La convergencia de la legislación económica, la apertura recíproca de las economías de las economías de los socios y la supresión paulatina de los obstáculos al comercio estimularán las inversiones y el crecimiento, reduciendo así el desempleo.
5. La política europea de vecindad incentivará la resolución de los asuntos pendientes surgidos en las relaciones bilaterales. Estos asuntos varían de un país a otro.
6. Los planes de acción determinarán las prioridades y los enfoques necesarios para aplicar los acuerdos existentes. Enunciarán resultados concretos necesarios en diversos ámbitos contemplados en los acuerdos por ser de importancia para la UE y el país afectado.
7. La Comisión propondrá que en 2007 se introduzca un nuevo instrumento financiero, el Instrumento Europeo de Vecindad, destinado a ámbitos de cooperación específicos, en particular la cooperación transfronteriza, además de los ámbitos ya cubiertos por los instrumentos actuales o futuros. Todos los socios de la política europea de vecindad podrán optar a las ayudas que ofrece este instrumento. Mientras tanto, para el periodo 2004-2006, los programas de vecindad aportarán valor añadido a la cooperación transfronteriza, transnacional y regional.
8. La Comisión ha propuesto que los fondos actuales o futuros aumenten de manera significativa en el contexto de las nuevas perspectivas financieras, de conformidad con la prioridad concedida a la política europea de vecindad por parte de la UE.
9. La Comisión estudia la posibilidad de abrir gradualmente algunos programas comunitarios que fomenten los lazos en ámbitos como la cultura, la enseñanza, el medio ambiente, la técnica y la ciencia.
10. La política europea de vecindad proporcionará ayuda, por ejemplo en forma de asistencia técnica y hermanamiento, a los socios deseosos de nivelarse con las normas de la UE.
11. Se establecerán nuevos vínculos contractuales, en forma de Acuerdos Europeos de Vecindad, cuyo alcance se definirá una vez que la Comisión haya evaluado los avances en el cumplimiento de las prioridades fijadas en los planes de acción.
La suma de estos incentivos proporciona a los países participantes un valor añadido considerable. Cuando el proceso de seguimiento demuestre un progreso significativo en la consecución de las prioridades fijadas, los incentivos podrán revisarse con vistas a continuar trabajando por una mayor integración con el mercado interior y otras políticas clave de la UE. Se trata de un proceso dinámico en el que los planes de acción constituyen un primer paso importante.
Los planes de acción comprenderán dos amplias vertientes: primero, compromisos con acciones específicas que confirmen o refuercen la adhesión a los valores compartidos y a determinados objetivos de política exterior y de seguridad; segundo, compromisos con acciones que acerquen a los países socios a la UE en una serie de ámbitos prioritarios. Estas prioridades de actuación serán lo más precisas posible, en función de los asuntos en juego, y por lo tanto constituirán referentes de seguimiento y evaluación. Así, por ejemplo, los socios podrán avanzar hacia la libre circulación de mercancías mediante actuaciones destinadas a suprimir obstáculos técnicos concretos señalados en los planes de acción.
Los planes de acción señalarán acciones clave en una serie limitada de campos de prioridad máxima, así como acciones en una serie de ámbitos más amplia correspondientes al campo de aplicación de los acuerdos bilaterales vigentes. Se indicarán plazos claros para abordar las distintas prioridades.
El seguimiento correrá a cargo de los organismos creados en virtud de los Acuerdos de Colaboración y Cooperación o de los Acuerdos de Asociación, que presentan la ventaja de reunir a representantes de los países socios, los Estados miembros, la Comisión Europea y la Secretaría del Consejo. El seguimiento en este contexto deberá reforzar la responsabilidad conjunta. Se pedirá a los países socios la información detallada en que se basará este ejercicio de seguimiento conjunto. Los subcomités, que centrarán su atención en temas específicos, así como los diálogos económicos, resultarán particularmente útiles para el seguimiento.
La Comisión elaborará informes periódicos sobre los avances y sobre los ámbitos que requieran esfuerzos adicionales, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas por las autoridades del país socio. Los planes de acción se revisarán y podrán ser adaptados en función de los progresos realizados en la consecución de las prioridades de actuación. Se propone que la Comisión redacte un informe intermedio, con la contribución del Alto Representante, sobre temas relacionados con la cooperación política y la PESC, en un plazo de dos años a partir de la aprobación de un plan de acción, y luego otro informe en un plazo de tres años. Estos informes podrán servirle al Consejo para tomar su decisión sobre el paso siguiente en los vínculos contractuales con cada país socio. Éstos podrían adoptar la forma de Acuerdos Europeos de Vecindad cuyo alcance se definiría según los progresos registrados en la consecución de las prioridades fijadas en los planes de acción.
Participación de otros países vecinos
En este apartado, la Comisión repasa la situación en lo que respecta a algunos otros países situados a proximidad de la UE ampliada.
La Unión Europea tiene el máximo interés en la estabilidad y el desarrollo del Cáucaso meridional. La Estrategia Europea de Seguridad, adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003, señala claramente al Cáucaso meridional como una de las regiones en las que la UE debería tomarse "un interés mayor y más activo".
La Comisión Europea, tras consultar con el Alto Representante y considerar las propuestas del Representante Especial de la UE y los puntos de vista expresados por el Parlamento Europeo [9], recomienda que el Consejo adopte una decisión para incluir a Armenia, Azerbaiyán y Georgia en la política europea de vecindad. Hay que dar a cada país la misma oportunidad para desarrollar sus vínculos con la UE dentro de este marco. La UE debería considerar la posibilidad de desarrollar en el futuro planes de acción con estos países según los méritos de cada uno. Con vistas a ello, la Comisión informará al Consejo sobre los progresos realizados por cada país en el terreno de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos.
[9] Véase la Resolución del Parlamento, de 26.2.2004, "Política de la UE respecto del Cáucaso meridional".
La UE desea ver un compromiso reforzado, creíble y sostenido sobre la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, así como avances en el desarrollo de una economía de mercado. Estos valores comunes también subyacen a la adhesión de Armenia, Azerbaiyán y Georgia al Consejo de Europa y a la OSCE. Hacen falta mayores esfuerzos para resolver los conflictos en la región y desarrollar buenas relaciones de vecindad. Cada uno de estos tres países debe realizar pasos concretos para seguir progresando en sus respectivos Acuerdos de Colaboración y Cooperación, sobre todo para consolidar el Estado de Derecho, y para fomentar la resolución de conflictos. La política europea de vecindad debería reforzar la contribución de la UE de cara a estos objetivos.
A fin de ayudar a Armenia, Azerbaiyán y Georgia a prepararse para una cooperación más estrecha con la UE, ésta se halla dispuesta a apoyar los esfuerzos creíbles, concretos y sostenidos, particularmente en los ámbitos prioritarios que acaban de mencionarse, con la aportación de medios de asistencia adicionales. También es preciso desarrollar la cooperación en el terreno de la energía, puesto que el Cáucaso meridional es una región importante de producción (cuenca del Mar Caspio) y tránsito de energía.
En la Comunicación de la Comisión "Europa más amplia" de marzo de 2003 se afirma que "la UE debe tratar de que Belarús entre en un proceso medible y gradual que cree las condiciones necesarias para que se celebren elecciones libres y justas y, una vez que se logre ese objetivo, integrar a Belarús en su política dirigida a los países vecinos, sin poner en peligro el compromiso de la UE respecto a los valores comunes y democráticos."
El objetivo de la UE a largo plazo es que Belarús se convierta en un socio democrático, estable, fiable y cada vez más próspero con el cual la UE ampliada pueda compartir no sólo unas fronteras comunes sino también un programa común basado en valores compartidos.
Mediante la política europea de vecindad, la UE reforzará su compromiso permanente de apoyar el desarrollo democrático de Belarús. Cuando se produzcan las reformas políticas y económicas fundamentales, Belarús tendrá la posibilidad de hacer uso pleno de la política europea de vecindad.
Sin embargo, en la actualidad Belarús vive bajo un sistema autoritario. Las elecciones celebradas desde 1996 no han respondido a las normas democráticas internacionales, y no existen estructuras democráticas. En estas circunstancias, todavía no resulta posible ofrecer a Belarús los beneficios plenos de la política europea de vecindad.
La UE apoyará las elecciones parlamentarias democráticas del próximo otoño mediante su trabajo coordinado con la OSCE y con el Consejo de Europa, así como sensibilizando a los ciudadanos bielorrusos sobre las políticas y ayudas comunitarias que existen para favorecerles. También confirmará la perspectiva de un estrechamiento de sus relaciones, concretamente en el marco de la política europea de vecindad, a condición de que se realicen reformas fundamentales. Al dejar claras las ventajas derivadas del apoyo a la sociedad civil y a la democratización, a la cooperación regional y humanitaria, a los programas de vecindad y a la facilitación de los desplazamientos en las regiones fronterizas, se dirigirá un mensaje tangible a la población bielorrusa.
Si la democratización evoluciona de manera positiva y notable en Belarús, habrá un mayor margen para un compromiso político más activo con las autoridades bielorrusas. Sería posible intensificar los contactos entre funcionarios encargados de aspectos técnicos y reanudar las reuniones entre altos funcionarios como, por ejemplo, de la troika de directores regionales. Cabría considerar la facilitación de los desplazamientos para los ciudadanos bielorrusos en las regiones fronterizas y de los contactos entre comunidades a través de los programas de asistencia de la UE.
La Comisión también propone que se refuerce la ayuda comunitaria a Belarús centrada claramente en la sociedad civil. Así, hay margen de mejora en los ámbitos confirmados en las Conclusiones del Consejo en 1997, en particular el apoyo a la sociedad civil, la democratización, la independencia de los medios de comunicación, el alivio de los problemas en las zonas afectadas por la catástrofe de Chernobil, la ayuda humanitaria y la cooperación regional.
Belarús ya reúne las condiciones para participar en tres de los programas de vecindad (Mar Báltico, Letonia-Lituania-Belarús, Polonia-Ucrania-Belarús). Belarús podrá beneficiarse asimismo del nuevo Instrumento Europeo de Vecindad (IEV).
En la Comunicación de la Comisión de marzo de 2003 se afirma que la UE debería estudiar el modo de incorporar a Libia en la política de vecindad. En la actualidad, la UE no tiene relaciones contractuales con Libia [10]. En abril de 1999, tras la suspensión de las sanciones de las Naciones Unidas, Libia adquirió el estatuto de observador en el Proceso de Barcelona y fue invitado a convertirse en miembro de pleno derecho cuando las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU se levanten de manera definitiva y Libia haya aceptado la totalidad del acervo de Barcelona.
[10] Actualmente se está debatiendo en el Consejo un mandato para las negociaciones sobre un Acuerdo Pesquero entre la UE y Libia.
Recientemente, Libia se ha anunciado dispuesta a dar los pasos necesarios para su plena adhesión al proceso de Barcelona. Ahora Libia debe confirmar formalmente este giro positivo y tomar medidas para incorporar el acervo de Barcelona. Sin embargo, el avance hacia la plena adhesión al proceso de Barcelona no podrá pasar más allá de la fase exploratoria si antes no se resuelven los asuntos bilaterales pendientes con los Estados miembros de la UE.
La integración plena en el proceso de Barcelona es el primer paso hacia unas nuevas relaciones con la UE, que incluyen la negociación de un Acuerdo de Asociación. Una vez superada esta etapa y existan vínculos contractuales con la UE, la participación en la política europea de vecindad permitirá profundizar las relaciones entre la UE y Libia como ocurre con todos los demás países en el proceso de Barcelona.
Compromiso con los valores compartidos
La Unión se funda en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Estos valores son comunes a los Estados miembros, cuya sociedad defiende el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación. El objetivo de la Unión es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. En sus relaciones con el resto del mundo, la UE afirma y promueve estos valores.
Los vecinos de la Unión se han comprometido a observar los derechos humanos y libertades fundamentales mediante su adhesión a una serie de tratados multilaterales y mediante sus acuerdos bilaterales con la UE. Todos los vecinos de la UE han firmado los convenios de la ONU sobre derechos humanos. Algunos de ellos son miembros del Consejo de Europa [11] y de la OSCE, han ratificado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, se han comprometido a adherirse a los convenios y organismos que imponen normas elevadas en materia de democracia y derechos humanos, y a aceptar mecanismos sólidos y jurídicamente vinculantes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Los signatarios de la Declaración de Barcelona han aceptado, entre otras cosas, una declaración de principios para actuar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y desarrollar el Estado de Derecho y la democracia en sus sistemas políticos, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y garantizar el ejercicio legítimo y efectivo de tales derechos y libertades.
[11] Moldava, Rusia y Ucrania.
Los países socios, en su calidad de signatarios de los convenios pertinentes de la OIT, se han comprometido a respetar las normas laborales fundamentales, a fomentar los derechos sociales, y también a perseguir un modo de desarrollo sostenible según lo definido en la Cumbre Mundial de Johannesburgo.
La política europea de vecindad pretende promover el compromiso con los valores compartidos. En la práctica, los países vecinos aplican sus compromisos en un grado muy variable, y el margen de mejora es considerable. La aplicación efectiva de estos compromisos es un elemento esencial en las relaciones de la UE con sus socios.
La ambición de la UE por desarrollar sus vínculos con los socios a través de la política europea de vecindad se reflejará en función del grado en que efectivamente se compartan los valores comunes en cada caso. Los planes de acción comprenderán una serie de prioridades destinadas a fortalecer el compromiso con esos valores, entre los cuales figuran la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de los medios de comunicación y de expresión, los derechos de las minorías y de la infancia, la igualdad de género, los derechos sindicales y otras normas básicas del ámbito laboral, así como la lucha contra la tortura y la prevención de los malos tratos; apoyo al desarrollo de la sociedad civil; y la cooperación con el la Corte Penal Internacional. También se intentará alcanzar compromisos en determinados aspectos esenciales de la actividad externa de la UE como, por ejemplo, la lucha con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como el respeto de la legislación internacional y los esfuerzos por la resolución de conflictos.
Un diálogo político más eficaz
La política europea de vecindad deberá permitir a las partes reforzar su diálogo político y dotarlo de una mayor eficacia. Se abordarán aspectos de política exterior y de seguridad, asuntos regionales e internacionales, la prevención de conflictos y gestión de crisis, así como las amenazas comunes para la seguridad (p.ej. terrorismo y sus causas, proliferación de armas de destrucción masiva y exportación ilícita de armas).
Los ámbitos de diálogo reforzado con cada país se determinarán en los respectivos planes de acción. La UE y los países socios también deberían trabajar por un multilateralismo efectivo para reforzar la gobernanza global, estrechar la cooperación en la lucha contra las amenazas a la seguridad y resolver los problemas de desarrollo que subyacen a éstas. Habría que estudiar cómo mejorar la coordinación en los esquemas de diálogo político establecidos, así como la posible participación de los países socios en ciertos aspectos de la PESC y la PESD, la prevención de conflictos, la gestión de crisis, el intercambio de información, la formación y los ejercicios comunes, así como la posible participación en operaciones de gestión de crisis lideradas por la UE. Otra prioridad importante será un mayor desarrollo de la responsabilidad compartida de la UE y los socios por la seguridad y estabilidad en las regiones vecinas.
El enfoque propuesto por la política europea de vecindad tiene importantes implicaciones económicas, puesto que contempla unas relaciones comerciales más preferentes y una mayor asistencia financiera y técnica. También abre a los países vecinos la perspectiva de participar en el mercado interior de la UE gracias a una aproximación de la legislación y de la reglamentación, la participación en una serie de programas comunitarios y un aumento de la interconexión y de los vínculos físicos con la UE.
Se espera que los beneficios económicos derivados de este proceso sean substanciales y aumenten de manera tanto directa como indirecta. Directamente, la reducción de los obstáculos al comercio arancelarios y no arancelarios deberán permitir ganar en eficacia y mejorar el bienestar gracias a una mayor integración de los mercados. Los efectos indirectos son aún mayores, sobre todo en los países socios. Al acercar a estos países vecinos al modelo económico de la UE, entre otras cosas también mediante la adopción de las mejores prácticas a escala internacional, la política europea de vecindad, y más particularmente la ampliación propuesta del mercado interior, mejorarán las condiciones de inversión en los países socios. Proporcionará un entorno más transparente, estable y propicio para el crecimiento inducido por el sector privado. Se espera que el clima político más favorable, la reducción de los costes comerciales y de las transacciones, los costes laborales atractivos y la disminución de los riesgos incentiven las entradas de inversiones extranjeras directas.
La política europea de vecindad ofrece posibilidades para mejorar las condiciones económicas y sociales de los vecinos de la UE. No obstante, el disfrute de estos beneficios requiere la aplicación efectiva de las medidas acordadas y de las correspondientes políticas de acompañamiento. La mayor integración económica con la UE, particularmente con respecto a la liberalización de los movimientos de capitales, puede aumentar la volatilidad macroeconómica y financiera en contextos específicos. Así pues, la aplicación de la política europea de vecindad deberá estar correctamente programada en el tiempo, adaptada a las circunstancias específicas de cada país e ir acompañada de unas sólidas políticas macroeconómicas, sociales y estructurales.
El grado de beneficio proyectado por la política europea de vecindad dependerá de sus efectos sobre el nivel de vida. La participación en este proyecto político debería ir acompañada de políticas activas para combatir la pobreza y la desigualdad.
El componente económico y social de los planes de acción debe guardar coherencia con las estrategias propias de los países socios. Es necesario reforzar el diálogo a través de los subcomités pertinentes y a través de los diálogos económicos. También es importante mantener una coordinación apropiada con las instituciones financieras internacionales, cuyo asesoramiento político y financiación han constituido contribuciones valiosas.
El refuerzo del diálogo y de la cooperación en la dimensión social se centrará particularmente en el desarrollo socioeconómico, el empleo, la política social y las reformas estructurales. La UE alentará a los gobiernos socios en sus esfuerzos por reducir la pobreza, crear empleo, implantar las normas laborales básicas y el diálogo social, reducir las disparidades regionales, mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la eficacia de la asistencia social y reformar los sistemas nacionales de asistencia social. La idea es entablar un diálogo sobre empleo y política social con vistas a analizar y valorar la situación, identificar los problemas principales y fomentar respuestas políticas.
Los asuntos relacionados con la circulación de los trabajadores, en particular en lo que respecta a la igualdad de trato y a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes, así como la coordinación de la seguridad social, seguirán tratándose en el contexto de los Acuerdos de Colaboración y Cooperación.
Comercio y mercado interior
Los planes de acción expondrán las medidas previstas para asegurar que tanto la UE y sus socios aprovechen plenamente las ventajas de las disposiciones sobre comercio contenidas en los Acuerdos de Colaboración y Cooperación o en los Acuerdos de Asociación. También se tendrán debidamente en cuenta las iniciativas a nivel regional.
La aproximación de las legislaciones y reglamentaciones se proseguirá con arreglo a las prioridades fijadas de común acuerdo, con hincapié en los elementos más importantes del acervo para estimular el comercio y la integración económica, en función de la estructura económica del país socio y del nivel actual de armonización con la legislación comunitaria. Tanto los Acuerdos de Colaboración y Cooperación como los Acuerdos de Asociación contienen disposiciones sobre la aproximación legislativa en numerosos ámbitos.
La política europea de vecindad también prevé una mayor apertura de los mercados conforme a los principios de la OMC. En el contexto del Proceso de Barcelona se ha acordado una zona de libre comercio de mercancías, y ya ha comenzado una liberalización asimétrica. La política europea de vecindad instaurará mecanismos para profundizar la liberalización del comercio y la integración regional coherente con la Asociación Euromediterránea. Para los vecinos del este, la prioridad sigue siendo la aplicación más plena de las disposiciones relativas al comercio en los Acuerdos de Colaboración y de Cooperación, la adhesión a la OMC (en el caso de Ucrania) o la aplicación plena del Acuerdo de Adhesión a la OMC (en el caso de Moldova), junto con la continuación de la reforma económica. Posteriormente se estudiará la profundización de las relaciones comerciales y económicas, según está previsto en los Acuerdos de Colaboración y de Cooperación.
Los planes de acción detallarán medidas concretas para explotar todas las oportunidades que se brindan en estos marcos. Estas medidas dependerán de las necesidades de cada socio, de sus capacidades y de las prioridades de su política económica. Las medidas que se exponen más adelante se introducirán de manera progresiva, según resulte apropiado para cada socio.
En lo que respecta a las mercancías, deberían adoptarse medidas para mejorar la cooperación administrativa y para asegurar la eliminación gradual de los obstáculos no arancelarios al comercio y el desarrollo de las infraestructuras adecuadas. El movimiento de productos industriales puede facilitarse mediante la convergencia con la legislación y con las estructuras reglamentarias de la Unión. Esto se puede complementar mediante la celebración de Acuerdos sobre evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales (AECA) entre la Comunidad y cada socio, aprovechando la experiencia adquirida con la actual iniciativa con lo países vecinos del Mediterráneo. También contribuirán a facilitar el comercio la aproximación legislativa en el ámbito de las aduanas y la creación de capacidades y la modernización (incluida la informatización). Para los socios del Mediterráneo, estas actuaciones responden con las recomendaciones de Palermo. Se incluirán asimismo acciones para combatir el fraude aduanero y para establecer controles aduaneras en función del riesgo, así como medidas para garantizar la seguridad física y operacional de las mercancías.
En lo que respecta a los productos agrícolas, la convergencia con las normas comunitarias sobre control sanitario y fitosanitario hará aumentar en gran medida los intercambios comerciales recíprocos entre los países socios y la UE. Constituyen prioridad el intercambio de información y la estrecha cooperación en las organizaciones internacionales encargadas de los controles veterinarios y fitosanitarios y de la mejora de las condiciones sanitarias para proteger a los consumidores. La mayoría de los países también deben mejorar su capacidad administrativa para garantizar unos niveles de seguridad alimentaria que les permitan acceder a los mercados de la UE.
El objetivo de la libre circulación de los servicios con y entre los países socios también requerirá una mayor aproximación legislativa en ámbitos como el Derecho de sociedades, normas de contabilidad y auditoría, junto con una regulación efectiva de los servicios financieros. En el terreno de los servicios financieros es particularmente importante disponer de un completo marco regulador cautelar, conjugado con unos organismos de supervisión eficientes e independientes. Un elemento clave para la creación de negocios y el fomento de las inversiones será asegurar que estos países sean capaces de funcionar en condiciones equitativas. Con el tiempo, y en combinación con estas medidas, el acceso a los mercados financieros europeos debería contribuir a la estabilidad de los mercados financieros de los socios y ayudarles a mejorar sus resultados económicos globales. La liberalización ulterior de los movimientos de capitales proporcionará nuevas oportunidades.
La mejora del clima de inversiones, particularmente asegurando la transparencia, la previsibilidad y la simplificación del marco normativo de estos países, es un objetivo que contribuirá a facilitar y aumentar el flujo de inversiones en ambos sentidos. El trato no discriminatorio de los inversores constituye un elemento esencial en este proceso. Para instaurar un entorno que propicie las inversiones bilaterales y reducir los obstáculos administrativos al desarrollo de la actividad empresarial harán falta acciones que favorezcan el diálogo sistemático sobre todos los temas relacionados con las inversiones y la consulta con las partes interesadas, así como acciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
La convergencia reglamentaria en disciplinas clave para el comercio beneficiará a las economías de los países socios por entrañar reformas y propiciar las inversiones. Incidirán especialmente en el desarrollo económico y en los niveles de inversión la protección más eficaz de los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como la aplicación efectiva de estos derechos, la convergencia reglamentaria y un acceso más fácil a los mercados de contratación pública. También deberían emprenderse acciones para una mayor armonización y sostenibilidad de los sistemas estadísticos.
Además, habría que alentar a los socios a instaurar normas de competencia mediante la creación de autoridades independientes en esa materia, dotadas con poderes y recursos suficientes y correctamente formadas. Para poder avanzar hacia la convergencia con el mercado interior, los socios deberán llegar a enfoques y definiciones comparables y a una aproximación de las normas sobre monopolios y ayudas estatales. Tales medidas también beneficiarán a los mercados nacionales y facilitarán las actividades comerciales.
La modernización y mayor transparencia del sistema tributario, entre otras cosas mediante la convergencia con el Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas de la Unión Europea con arreglo a los requisitos de la OMC, así como la adopción de convenios para evitar la doble imposición, mejorarían el clima empresarial. La consolidación de las administraciones tributarias y una mejor cooperación entre éstas también impulsaría el funcionamiento de las economías de mercado.
La política europea de vecindad pretende evitar la creación de nuevas líneas divisorias en las fronteras de la Unión ampliada. Mejorar el funcionamiento efectivo de las instituciones públicas con el fin de instaurar unos niveles elevados de eficiencia administrativa es un objetivo que comparten la UE y los países socios. Los socios se enfrentan a retos crecientes en el terreno de la justicia y de los asuntos de interior como, por ejemplo, la presión migratoria procedente de terceros países, el tráfico ilícito de seres humanos y el terrorismo. La cooperación en estos asuntos reviste interés común. La determinación de las prioridades en cada plan de acción dependerá de los asuntos particulares más destacados para el socio en cuestión y para la UE.
La gestión de fronteras probablemente constituirá una prioridad en la mayoría de los planes de acción, puesto que es la única manera para la UE y sus vecinos de facilitar los movimientos transfronterizos legítimos. Así pues, los planes de acción deberían incluir medidas para mejorar la eficiencia de la gestión de fronteras como, por ejemplo, el apoyo a la creación y formación de cuerpos de guardia de fronteras profesionales civiles y medidas para lograr que los documentos de viaje sean más seguros. El objetivo es facilitar la circulación de las personas y al mismo tiempo mantener o incrementar un alto nivel de seguridad.
Además, actualmente se encuentra ante el Consejo propuestas de Reglamentos de la Comisión sobre el establecimiento de un régimen de tráfico fronterizo menor, que, de adoptarse, permitirán que las poblaciones de las zonas fronterizas mantener sus contactos tradicionales sin tener que afrontar obstáculos administrativos excesivos. La Unión Europea también podría estudiar la posibilidad de facilitar la obtención de visados. La facilitación desde un lado deberá hallar una contrapartida en acciones efectivas desde el otro.
Entre las prioridades de los planes de acción podrían figurar asimismo la cooperación en materia de migraciones, asilo, políticas de visados, medidas para combatir el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes y de armas, el blanqueo de dinero y los delitos financieros y económicos. En los planes de acción se indicarán acciones concretas para consolidar el sistema judicial y aumentar la cooperación policial y judicial, por ejemplo en el ámbito del Derecho de familia, así como la cooperación con organismos de la Unión Europea como EUROPOL y EUROJUST. Es preciso que se ratifiquen y apliquen los convenios internacionales pertinentes. Los planes de acción también deberán reflejar el interés de la Unión por celebrar acuerdos de readmisión con los países socios.
Uno de los elementos principales de la política europea de vecindad es la profundización de nuestra asociación estratégica con los países vecinos en lo que respecta a la energía. Se incluye aquí el abastecimiento energético y la seguridad operacional y física de la energía. La Unión Europea es el mayor importador y el segundo consumidor mundial de energía (petróleo y gas) y está rodeada por las mayores reservas mundiales de petróleo y gas natural (Rusia, cuenca del Mar Caspio, Oriente Próximo y África del Norte). Según las proyecciones más recientes, su dependencia de las importaciones aumentará desde el nivel actual del 50% al 70% en 2030. Los países vecinos desempeñan un papel fundamental en la seguridad de abastecimiento energético de la UE. Muchos países intentan mejorar su acceso al mercado energético de la UE, ya como proveedores actuales o futuros (por ejemplo Rusia, Argelia, Egipto, Libia) ya como países de tránsito (Ucrania, Belarús, Marruecos, Túnez). Los países del Cáucaso meridional también son importantes a este respecto por los nuevos suministros de energía a la UE procedentes de la región del Caspio y de Asia Central. Así pues, la mejora de las conexiones energéticas entre la UE y sus socios, al igual que la convergencia legislativa y reglamentaria, revisten un gran interés mutuo. Además, la mayor cooperación energética proporciona oportunidades mutuas de negocio y también puede contribuir al desarrollo socioeconómico y a la mejora del medio ambiente.
Los planes de acción comprenderán pasos concretos para aumentar el diálogo y la cooperación en materia energética y para favorecer la convergencia gradual de las políticas energéticas y el marco jurídico y regulador. Incluirán políticas para promover una mayor eficiencia energética y el ahorro de energía, así como la utilización de energías renovables y la cooperación en tecnologías energéticas como, por ejemplo, el carbón limpio. Se estudiará la posibilidad de que los socios participen en el Programa de Energía Inteligente y se vayan integrando paulatinamente en las prácticas y en los organismos reguladores de la Unión Europea (por ejemplo los foros europeos de regulación del gas y la electricidad).
Es preciso reforzar la puesta en red e interconexión para mantener la seguridad operacional y física del abastecimiento energético y para ampliar el mercado interior de la energía a los países socios. Los planes de acción tomarán como punto de partida las actuales iniciativas bilaterales o regionales como el diálogo UE-Rusia sobre energía, el programa Inogate financiado por TACIS relativo a la cuenca del Mar Caspio (oleoductos y gasoductos); cooperación energética en el contexto de la Asociación Euromediterránea (en particular la creación de un mercado de la electricidad UE-Magreb, que podría complementarse con un mercado del gas), y las redes energéticas euromediterráneas ya acordadas; mayor cooperación energética entre Israel y la Autoridad Palestina; mayor cooperación en relación con el gas en la región del Mashrek (contexto euromediterráneo), así como el estatuto de observador de Moldova en la iniciativa "Mercado regional de la energía en Europa Sudoriental".
Aumentar el comercio y el turismo entre la Unión y sus vecinos exige sistemas de transporte eficientes, multimodales y sostenibles. Los países socios sólo podrán aprovechar plenamente las ventajas de unas relaciones más estrechas y de un acceso más fácil a los mercados si su sector del transporte es capaz de gestionar los complejos flujos de transporte actuales.
Los cambios operativos en la estructuración del sector del transporte (por ejemplo, introducción de la competencia en los servicios portuarios y en los transportes aéreos, marcos reguladores modernos, operaciones de transporte por carretera más eficientes, interoperabilidad de las redes ferroviarias, etc.) pueden tener repercusiones fundamentales en la eficiencia del transporte. Otro cometido importante es intensificar las relaciones en materia de transporte aéreo con los países socios con el fin de abrir los mercados y cooperar en asuntos de seguridad operacional y física. Los planes de acción comprenderán disposiciones específicas sobre estos aspectos.
Resulta fundamental mejorar las redes de transporte físico que conectan a la Unión con los países vecinos. Dados los costes que ello implica, será precisa una estrecha cooperación a la hora de elaborar los planes de inversiones para estas infraestructuras. Las iniciativas actuales como el concepto de red paneuropea de transporte, diversas conferencias paneuropeas sobre transporte, o las propuestas de la Comisión de junio de 2003 relativa a una red de transporte euromediterránea constituyen un buen punto de partida para seguir adelante. Será importante la financiación de proyectos con el BEI, basada sobre todo en acciones de medio plazo acordadas en los planes de acción. Las necesidades concretas se estudiarán caso por caso.
Los planes de acción también comprenderán disposiciones específicas para abordar la vulnerabilidad de las redes de transporte y servicios frente a ataques terroristas. Se prestará la máxima atención a la mejora de la seguridad en el transporte aéreo y marítimo.
La contaminación del medio ambiente no respeta fronteras, por lo cual la mejor manera de abordar este problema será una combinación de actuaciones de carácter internacional, regional y nacional. La mejora de la protección del medio ambiente beneficiará a los ciudadanos y a las empresas tanto de la Unión como de los países socios. Puede ayudar a evitar conflictos por la escasez de recursos como, por ejemplo, de agua. Aunque las ventajas de una mejor gestión medioambiental están claras, en la planificación y financiación debe tenerse en cuenta que a menudo representa una importante carga financiera a medio y largo plazo para los agentes públicos y privados.
Los planes de acción fomentarán una buena gobernanza medioambiental en los países socios para prevenir la degradación y contaminación del medio ambiente, proteger la salud humana y lograr una utilización más racional de los recursos naturales. Se determinarán las prioridades en ámbitos clave como la calidad del agua, la gestión de residuos, la contaminación del aire y la lucha contra la desertificación. Es preciso estrechar la cooperación regional entre los países socios y fomentar la ratificación y aplicación de los acuerdos internacionales.
Las tecnologías de la información y de la comunicación son particularmente importantes en el desarrollo de las sociedades y economías modernas. Por lo tanto, resulta fundamental ayudar a los socios a sacar partido de la sociedad de la información y a no caer en un retraso tecnológico. La sociedad de la información ya está despuntando en algunos países socios del Mediterráneo meridional, particularmente allí donde la liberalización del mercado de telefonía móvil se encuentra en una fase avanzada.
Dada la relación entre una reforma política eficaz y los resultados sectoriales, los planes de acción fomentarán medidas políticas como la separación institucional de las funciones de regulación y explotación mediante el establecimiento de autoridades reguladoras independientes. La estrategia también estará dirigida a ayudar a los gobiernos deseosos de promover la comercialización de los operadores preexistentes. En el contexto de la reforma sectorial, las medidas como la apertura del mercado de telefonía fija y de servicios avanzados como Internet, así como la adjudicación de licencias adicionales de telefonía móvil y la liberalización de los servicios de valor añadido son importantes para desarrollar la sociedad de la información. Los planes de acción señalarán las fases necesarias para promover las nuevas tecnologías y los servicios de comunicación electrónica para las empresas, los organismos públicos y los ciudadanos particulares.
La apertura del área europea de investigación a los países socios constituye un reto del Sexto Programa Marco de IDT y un factor de integración de las comunidades científicas de los países vecinos. Estos países ya participan en ámbitos prioritarios como ciencias biológicas, energía, transporte, medio ambiente, tecnologías de la sociedad de la información, seguridad de los alimentos o problemas de carácter social en una sociedad basada en el conocimiento, así como en las medidas específicas para la cooperación internacional centrada en las necesidades y potenciales de estos países a escala regional.
Para permitir que estos países aumenten su participación en las actividades de IDT de la Comunidad y que sus sistemas nacionales de investigación contribuyan en mayor grado al crecimiento económico y al bienestar social, hay que apoyar sus actividades de capacitación estructural e institucional. Estas actividades se identificarán y realizarán a través de los planes de acción.
Contactos entre comunidades, programas y agencias
Un medio eficaz para alcanzar los objetivos principales de la política europea de vecindad consiste en conectar a los pueblos de la Unión con sus vecinos, mejorar la comprensión mutua de la cultura, de la historia, de las actitudes y valores respectivos, y poner fin a las ideas preconcebidas. Así, además de los contactos entre organismos públicos o empresas, la política europea de vecindad fomentará los lazos culturales, educativos y, de manera más general, sociales entre la Unión y sus vecinos.
El desarrollo de los recursos humanos es un componente esencial para alcanzar objetivos como una mayor competitividad, la inclusión social y la ciudadanía activa. Es preciso abordar urgentemente el déficit en la sociedad del conocimiento para poder afrontar los retos de desarrollo en algunos países socios, especialmente en la zona del Mediterráneo, como se destaca en las conclusiones del Informe 2003 sobre el desarrollo humano en el mundo árabe.
La política europea de vecindad también pretende fomentar actividades en el terreno de la salud pública para mejorar el estado general de salud de la población y resolver algunos problemas concretos como, por ejemplo, las enfermedades transmisibles.
La política europea de vecindad plantea la apertura gradual de determinados programas comunitarios en función de su interés mutuo y de la disponibilidad de recursos. Entre los ámbitos que se van a explorar figuran la educación, formación y juventud, investigación, medio ambiente, así como cultura y sector audiovisual. Habría que reforzar el programa YOUTH, que ya fomenta los contactos entre comunidades y la cooperación entre los agentes de la sociedad civil en el ámbito de la juventud. Los programas Tempus y Erasmus Mundus ofrecen posibilidades para aumentar los contactos entre estudiantes y profesores. Los planes de acción señalarán las oportunidades concretas para la participación de los socios en tales programas.
Dado que la participación en los programas concebidos para los Estados miembros pueden plantear dificultades prácticas en los terceros países, también procede estudiar la creación de programas específicamente diseñados para satisfacer las necesidades de los países socios. Así, por ejemplo, la Comisión ha propuesto crear el programa "Tempus Plus", especialmente dirigido a responder a las necesidades de educación y formación en los países contemplados por la política europea de vecindad [12]. La reforma y modernización de los sistemas de enseñanza es una condición indispensable para la competitividad económica y la estabilidad social y política de los países socios, y Tempus Plus podría desempeñar una función crucial a este respecto.
[12] Comunicación de la Comisión "La nueva generación de programas comunitarios de educación y formación después de 2006", COM(2004)156 final de 9.3.2004.
Varios socios han manifestado su interés por participar, aunque sea en calidad de observadores, en algunos foros comunitarios de cooperación o reglamentación. Los planes de acción identificarán las posibilidades habida cuenta de la situación jurídica y administrativa.
Como se ha esbozado más arriba, la política europea de vecindad estará diferenciada en su aplicación a los diferentes países socios. Aun así, resulta importante fomentar una cooperación más estrecha a través de las fronteras exteriores de la UE y entre los propios vecinos de la UE, especialmente entre los geográficamente más próximos entre sí. A este efecto deberá tenerse en cuenta que las circunstancias específicas varían en diversas partes de la vecindad de la UE, al igual que la historia de nuestras relaciones.
El apoyo comunitario a la cooperación regional en el este y en el sur, y para proyectos concretos realizados en esas regiones, procederá de los programas comunitarios actuales (TACIS, MEDA, Phare) o futuros, así como de programas de vecindad y, más tarde, del Instrumento Europeo de Vecindad.
Cooperación regional en las fronteras orientales de la UE
La mayor cooperación regional en Europa oriental arrojará beneficios substanciales. Deberá alentarse la participación de la Federación Rusa como socio en la cooperación regional donde exista interés mutuo y voluntad común.
Las iniciativas deberían centrarse en los temas de preocupación común, en los que pudiera resultar provechoso un enfoque multilateral. Como ha demostrado la experiencia en otros contextos geográficos (p.ej. Dimensión Nórdica), en muchos casos los foros regionales pueden aportar un notable valor añadido a los esfuerzos bilaterales. Entre los sectores de cooperación prioritaria figuran:
- Refuerzo de la cooperación en el terreno de la economía, la empresa, el empleo y la política social, el comercio y las infraestructuras, incluida la adopción de las normas europeas e internacionales, aplicación efectiva de las normas y reglas de la OMC y apoyo a las PYME, a fin de impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible de los países de la región, en especial la reducción de la pobreza y la lucha contra la exclusión social. Los proyectos conjuntos de infraestructuras y seguridad de importancia regional en los sectores de la energía y el transporte (incluidos los pasos transfronterizos) también deben figurar entre las prioridades máximas.
- Medio ambiente, seguridad nuclear y recursos naturales. Transfronterizos por naturaleza, muchos problemas medioambientales pueden abordarse a nivel regional. La contaminación de las aguas y del aire, la gestión del combustible nuclear gastado, la armonización gradual de las normas y de la legislación sobre medio ambiente son algunos de los ámbitos en los que debería centrarse la cooperación regional a corto y medio plazo.
- Justicia y asuntos de interior, y en particular la cooperación regional en materia de gestión de fronteras, migración y asilo, lucha contra la delincuencia organizada, tráfico ilícito de seres humanos, inmigración clandestina, terrorismo, blanqueo de dinero, estupefacientes, así como cooperación policial y judicial. La cooperación regional y los contactos sobre tales asuntos podría basarse en la experiencia adquirida, entre otras cosas, en el marco del "Proceso de Söderköping", que incluye a Belarús, Moldova y Ucrania y, del lado de la UE, a Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Suecia.
- Cuestiones entre distintas comunidades, donde se incluyen el desarrollo de la sociedad civil; actividades en el ámbito de los medios de comunicación e intercambios de periodistas; fomento de la buena gobernanza y del respeto de los derechos humanos; intercambios de profesionales, profesores y jóvenes; regímenes de visita; cooperación en los sectores de la educación, formación, ciencia y cultura; hermanamiento entre administraciones local y regionales, y organizaciones de la sociedad civil. Deberá prestarse la debida atención a los temas de salud pública y a la lucha eficaz contra las enfermedades transmisibles como el IVH/SIDA y la tuberculosis.
El Consejo de Europa, el Consejo del Mar Báltico, la Iniciativa Centroeuropea (ICE), la Cooperación Económica del Mar Negro (CEMN) y el Pacto de Estabilidad deberán desempeñar una función importante, junto con las eurorregiones y la cooperación transfronteriza a escala local.
Las eurorregiones entrañan una cooperación concreta entre las autoridades regionales y locales a ambos lados de la frontera y que, con el tiempo, puede conducir a lazos substanciales y efectivos a través de las fronteras. Pueden promover los intereses comunes y, de este modo, consolidar la sociedad civil y la democracia local, además de beneficiar a la economía local.
La Unión Europea no pretende establecer nuevos organismos u organizaciones sino más bien prestar apoyo a las entidades ya existentes e impulsar su desarrollo ulterior; la importancia de la apropiación local es una de las lecciones más pertinentes que pueden extraerse de la Dimensión Nórdica.
La cooperación regional y subregional en el Mediterráneo, en el contexto de la política europea de vecindad, se basará en el acervo de la Asociación Euromediterránea mediante la integración plena de un enfoque adaptado especialmente a cada país o grupo de países.
La Asociación Euromediterránea comprende dos vertientes complementarias, el programa bilateral y el programa regional.
El programa regional, alimentado por las orientaciones y conclusiones de las Conferencias Euromediterréaneas de Ministros de Asuntos Exteriores, así como de las Conferencias Ministeriales Sectoriales en ámbitos como el comercio, economía finanzas, energía, industria o medio ambiente. Se lleva a cabo en el marco del programa MEDA a través de los programas indicativos nacionales para cada socio y el programa indicativo regional.
La Comisión seguirá respaldando la dimensión regional de la Asociación con importantes ayudas financieras. De acuerdo con las orientaciones políticas establecidas en las Conferencias Ministeriales Euromediterráneas de Valencia y Nápoles, las prioridades estratégicas de la cooperación regional en el Mediterráneo deberían ser las siguientes: integración sur-sur; cooperación subregional y armonización del entorno normativo y legislativo. En los planes de acción bilaterales se determinarán los posibles ámbitos de cooperación subregional adicional, igualmente basados en las Conferencias Ministeriales Euromediterráneas, donde podrían incluirse la reforma de los sistemas judiciales, la independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión o la promoción de la igualdad de oportunidades para la mujer. Las propuestas de cooperación de este tipo se elaborarían en función de los objetivos comunes definidos en los planes de acción y serían presentadas ya sea por dos o más países vecinos, ya sea por un grupo de países deseosos de avanzar con mayor rapidez en determinado ámbito político.
La cooperación regional y subregional se regirá por planes de acción bilaterales, también en función de los resultados de las reuniones ministeriales euromediterráneas. Las actividades podrían realizarse a nivel regional, incluso en forma de cooperación transfronteriza entre dos o más países vecinos, o de cooperación entre países que no comparten una frontera común pero que persiguen un interés común. La cooperación podría incluir los ámbitos prioritarios siguientes:
Proyectos de interconexión de las infraestructuras: podría ayudarse en la planificación de las redes para facilitar el comercio y el acceso al mercado de la UE. Podrían dedicarse ayudas, por ejemplo, para nuevas redes de gas y proyectos de conexión entre el norte de África y Europa, así como para la interconexión de las redes de electricidad y la cooperación entre Marruecos, Argelia y Túnez; un gasoducto desde Egipto a través de Jordania, Líbano, Siria hasta Turquía y la UE; interconexión de las redes eléctricas entre Israel y los territorios palestinos; elaboración de un anteproyecto de red de transporte intermodal subregional en el Magreb y en Oriente Próximo que comprendería, en particular, la interconexión de las infraestructuras de carretera, ferrocarril y transporte marítimo; mejoras en las conexiones del los pasos fronterizos y puertos con las zonas del interior. También se podría proporcionar asistencia para fomentar proyectos de seguridad.
Medio ambiente: se podría continuar la cooperación en temas de medio ambiente y emprender acciones para resolver problemas concretos que conviene abordar a nivel regional o subregional como, por ejemplo, la contaminación marítima, la gestión de los recursos hídricos y la prevención de residuos, o la desertificación.
Justicia y asuntos de interior: es importante mejorar la gestión de las fronteras y de las travesías marítimas cortas; la cooperación entre los organismos e instancias encargados del cumplimiento de las leyes; la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada y la delincuencia transfronteriza, y en asuntos judiciales de carácter civil y comercial; la cooperación en la lucha contra la inmigración clandestina, así como gestión de los flujos migratorios legales y aplicación de los planes de migración (por ejemplo con los tres países del Magreb central, Libia y Egipto); la cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en la reducción de la oferta de drogas y en la aplicación de las estrategias nacionales de lucha contra las drogas; la cooperación entre los países vecinos en el control eficaz de las fronteras por personal especializado y formado; la cooperación judicial y policial.
Comercio, convergencia reglamentaria y desarrollo socioeconómico: la cooperación habrá de promover la integración económica regional entre países vecinos o entre países deseosos de cooperar de manera más estrecha en asuntos económicos de cara a la realización de la Zona Euromediterránea de Libre Comercio y la paulatina participación de los países más avanzados en el mercado interior de la UE. El comercio y las inversiones a escala regional deberían alentarse mediante normas comunes sobre origen, liberalización de los servicios, aproximación legislativa e instrumentos que faciliten el comercio, y prosecución del apoyo prestado al proceso de Agadir. Los planes de acción también deberían impulsar la negociación de acuerdos de libre comercio en los sectores de mercancías y de servicios entre los propios países mediterráneos. En este contexto, procede fomentar asimismo la convergencia reglamentaria entre los países socios. Deberían preverse metodologías para instaurar un desarrollo sostenible y unas normas y políticas medioambientales. Es preciso profundizar el diálogo sobre el empleo y la política social para detectar los problemas más importantes y elaborar respuestas políticas para afrontarlos. Se podría cooperar en materia de normalización; de sanidad animal, salud pública y seguridad de los alimentos, al objeto de preparar el terreno para futuras negociaciones sobre liberalización de los productos agrícolas. Otros aspectos pertinentes como los relativos a las enfermedades infecciosas, se abordarían a escala subregional.
Se alentarán los proyectos de contacto entre comunidades, destinados a fomentar iniciativas de la sociedad civil en favor de los derechos humanos y la democratización, de los movimientos de juventudes, del diálogo intercultural mediante intercambios educativos y juveniles, y también en el terreno de la movilidad de los recursos humanos y de la transparencia de las titulaciones.
Apoyo a la política europea de vecindad
Apoyo financiero actual a los países de la política europea de vecindad
Durante los últimos años la UE ha prestado ayudas financieras substanciales a los países contemplados en la política europea de vecindad. Las subvenciones a Rusia y a los NEI occidentales se conceden básicamente a través del programa TACIS, mientras que los países del Mediterráneo pasan por el programa MEDA. Las ayudas canalizadas a través de estos instrumentos durante el periodo 2000-2003 ascendieron a 3716,1 millones de euros (en anexo se ofrece un resumen por países). La Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, cuya finalidad es fomentar los principios de libertad, democracia, respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho en terceros países, aporta fondos para estas actividades principalmente en asociación con ONG y organizaciones internacionales. Entre 2000 y 2003 se asignaron 19,3 millones de euros a proyectos en Rusia y los NEI occidentales y 41,4 millones de euros a proyectos en los países del Mediterráneo.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido préstamos a países del Mediterráneo (3445 millones de euros en 2000-2003). Desde 2002 se han ampliado las operaciones de crédito, con el apoyo financiero de la UE, para incluir un Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership - FEMIP) orientado al sector privado. La concesión de préstamos a Rusia comenzó en 2001 con un mandato específico, con un límite total 100 millones de euros, en el contexto de la Dimensión Nórdica para proyectos de medio ambiente en el noroeste de Rusia.
Se ha proporcionado ayuda macrofinanciera a terceros países con necesidades excepcionales de financiación de su balanza de pagos. Entre los países contemplados en la política europea de vecindad, en 2002 se aprobaron operaciones para Ucrania (110 millones de euros) y Moldova (15 millones de euros), aunque todavía sin desembolsar.
Durante el periodo 2000-2003, la Unión Europea también proporcionó 277 millones de euros de ayuda humanitaria a los países participantes en la política europea de vecindad en situaciones de emergencia y 103,5 millones de euros en ayuda alimentaria.
Vincular los instrumentos existentes a la política
Las ambiciones de la política europea de vecindad deben correr parejas con el correspondiente apoyo financiero y técnico. Ello se refleja en la propuesta de la Comisión sobre las próximas perspectivas financieras [13], donde esta política figura entre las primeras prioridades. La Comisión ha propuesto la instauración de una nueva serie de instrumentos armonizados para ayudar a los terceros países, incluidos los actualmente amparados por los programas TACIS y MEDA. Estos instrumentos se diseñarán al efecto de respaldar la aplicación de la política europea de vecindad, y se les asignarán los recursos financieros apropiados. La Comisión habló por primera vez de la elaboración de un Instrumento Europeo de Vecindad en una Comunicación de marzo de 2003, y desarrolló la idea en mayor profundidad en su Comunicación de julio de 2003 titulada "Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad" [14]. Ante el número de cuestiones legales y presupuestarias que debían resolverse, la Comunicación proponía abordar el trabajo en dos fases. En aplicación de este enfoque, se introdujeron para el periodo 2004-2006 programas de vecindad basados en una mayor coordinación entre los instrumentos existentes, mientras que después de 2006 se establecerá un instrumento de vecindad nuevo.
[13] COM (2004)101 final, de 11.2.2004, "Construir nuestro futuro común: retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)"
[14] COM(2003)393 de 1.7.2003.
A raíz de la Comunicación de julio de 2003 se determinaron qué recursos de los instrumentos financieros existentes podían dedicarse a los programas de vecindad. El nivel total de financiación para el periodo 2004-06 con instrumentos de asistencia externos asciende a 255 millones de euros (75 millones para TACIS, 90 millones para Phare, 45 millones para CARDS y 45 millones para MEDA). Unos 700 millones de euros se destinarán a las correspondientes fronteras interiores de la UE en el programa Interreg.
El Reglamento Phare-cooperación transfronteriza se modificó en octubre de 2003 para incluir las fronteras exteriores de Rumania y Bulgaria. El programa indicativo TACIS de cooperación transfronteriza, que abarca las fronteras entre la UE ampliada y Rusia, Ucrania, Belarús y Moldova, fue adoptado por la Comisión en noviembre de 2003. En breve se ultimará la armonización de los procedimientos. La programación se encuentra ya bien avanzada sobre todas las fronteras y debería quedar terminada en junio de 2004. Se han creado estructuras de gestión comunes. Las primeras convocatorias de propuestas se lanzarán en julio de 2004.
Hasta 2007, TACIS y MEDA seguirán siendo los principales instrumentos de asistencia financiera para los países socios. Apoyarán la política europea de vecindad y, en particular, la aplicación de los planes de acción. Se están adaptando los correspondientes programas indicativos nacionales para 2005-6 con el fin de reflejar las prioridades de la política europea de vecindad. Se prestará especial atención a la creación de instituciones. Los hermanamientos y la asistencia técnica con arreglo a las orientaciones de la Oficina de Intercambio de Información sobre la Asistencia Técnica de la UE (Technical Assistance Information Exchange Office - TAIEX) se harán extensivos a los países socios.
La cooperación regional y transfronteriza seguirá recibiendo asistencia comunitaria de objetivo específico. Los programas indicativos regionales de MEDA y TACIS para 2005-2006 apoyarán la dimensión regional de la política europea de vecindad.
A partir de 2007, el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad apoyará proyectos de cooperación transfronteriza y de cooperación regional que cuenten con la participación tanto de Estados miembros de la UE como de países socios. Además, el instrumento de cooperación económica y desarrollo propuesto en la Comunicación de la Comisión sobre las próximas perspectivas financieras estará dirigido a la cooperación tanto regional como transfronteriza entre países socios.
También se ha reforzado la capacidad de préstamo del BEI. En noviembre de 2003, en el contexto de la revisión intermedia del mandato de préstamos exteriores del BEI, el Consejo dio su consentimiento a la propuesta de la Comisión de aumentar el importe máximo de préstamo para los países del Mediterráneo en 2 180 millones de euros. Además, se decidió prever una extensión condicional del mandato de préstamos del BEI para incluir a Rusia y a los NEI occidentales. La extensión permitirá al BEI concluir préstamos de hasta 500 millones de euros hasta finales de 2006 sin límite sectorial. En estos momentos se está preparando el fundamento jurídico para aplicar la Decisión. Se están llevando a cabo consultas con el BEI para asegurar que la necesidad de prestar apoyo a los países de la política europea de vecindad se refleje adecuadamente en la próxima generación de mandatos de préstamo.
La política europea de vecindad en general y los planes de acción en particular servirán de marco indicativo para otros instrumentos de asistencia financiera. La Comisión considera que en todas las negociaciones futuras sobre operaciones de ayuda macrofinanciera y otras operaciones de finalidad macroeconómica con los países socios contemplados en la política europea de vecindad, el elemento de condicionalidad debería fundarse en las prioridades económicas y medidas de los planes de acción, para garantizar que este tipo de asistencia constituya un incentivo adicional para proseguir la reforma política y económica.
La programación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos también guardará coherencia con los objetivos políticos, al tiempo que apoyará a la sociedad civil en ámbitos como la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se está estudiando la posibilidad de prestar apoyo a escala regional a partir de 2005.
También se están realizando consultas con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y con otras instituciones financieras internacionales con el fin de asegurar una mejor coordinación de los programas.
El Instrumento Europeo de Vecindad
En su propuesta para la perspectiva financiera 2007-2013 la Comisión cita el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad como uno de los seis instrumentos financieros que deberían funcionar en el ámbito de las relaciones exteriores a partir de 2006.
El Instrumento Europeo de Vecindad complementará la ayuda proporcionada en el contexto de los instrumentos financieros existentes o futuros, y se centrará específicamente en la cooperación transfronteriza y actividades afines. La Comisión tiene intención de presentar una propuesta de reglamento como parte de su conjunto de propuestas de instrumentos financieros que funcionarán en la próxima perspectiva financiera.
La Comunicación de julio de 2003 expone tres alternativas posibles para el desarrollo del nuevo instrumento de vecindad:
A Ampliar el contenido y alcance geográfico de un instrumento de cooperación actual;
B Crear un nuevo reglamento único que rija un instrumento de vecindad destinado a financiar actividades dentro y fuera de la Unión;
C Seguir centrados en la coordinación entre los instrumentos ya existentes.
Tras sopesar todas las opciones, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la opción A no se ajustaría plenamente al objetivo de disponer de un instrumento financiero que conjugue los objetivos de política exterior con la cohesión económica y social. También concluyó que existen límites en el grado de coordinación posible entre los diferentes instrumentos financieros (opción C).
Por lo tanto, la opción B es la que mejor responde a la naturaleza del instrumento propuesto y que permitiría una aplicación eficiente al superar los actuales problemas de coordinación. Además, aunque el Instrumento Europeo de Vecindad comprenda actuaciones tanto internas como externas, la Comisión propone la utilización de un sólo capítulo del presupuesto (a partir de las líneas presupuestarias de las nuevas perspectivas financieras propuestas dedicadas a la cohesión y a la política exterior) por el importe total del instrumento. Éste funcionará a través de un único mecanismo de gestión y con una única serie de procedimientos.
En la UE no hay ningún precedente jurídico pertinente para un instrumento de naturaleza dual dedicado a la política exterior y a la cohesión económica y social y con la ambición de funcionar en pie de igualdad a ambos lados de la frontera exterior de la UE. A juicio de la Comisión, el artículo 181 A del Tratado sería el fundamento jurídico apropiado para el nuevo instrumento de vecindad, puesto que supondrá una herramienta importante para la política de la UE con respecto a los países vecinos. Como este artículo se refiere a la cooperación con terceros países, permitiría la financiación de acciones conjuntas por su naturaleza y con beneficiarios tanto de los Estados miembros como de los países socios. Los beneficios derivados de las acciones se producirán en las zonas donde se reúnan las condiciones para ello, independientemente de si se hallan situadas dentro o fuera de las fronteras de la Unión. El instrumento se basará en los principios de los actuales programas transfronterizos como la cooperación, la programación plurianual y la cofinanciación.
Con arreglo a la Comunicación de julio de 2003, el Instrumento abarcará todas las fronteras entre los Estados miembros de la UE, por un lado, y los países contemplados en la política europea de vecindad, por otro. También apoyará la cooperación transnacional que implique a beneficiarios en al menos un Estado miembro y un país socio, y sustituirá a los actuales programas transfronterizos interiores y exteriores existentes en los Estados miembros y las regiones de los países socios limítrofes con la futura frontera exterior de la UE.
Dado que el Instrumento estará particularmente adaptado para responder a la especificidad de la cooperación a través de las fronteras exteriores de la UE, en el momento de redactar el reglamento correspondiente podría estudiarse ampliar su alcance geográfico a los países candidatos y precandidatos a la adhesión.
Principales elementos del nuevo Instrumento de Vecindad
El Instrumento Europeo de Vecindad integrará la experiencia adquirida en el establecimiento de los programas de vecindad para el periodo 2004-2006. Se centrará en uno de los cuatro objetivos clave señalados en la Comunicación de julio de 2003:
- Fomentar el desarrollo sostenible en las regiones situadas a ambos lados de las fronteras comunes.
- Colaborar mediante acciones conjuntas para afrontar retos comunes en ámbitos como el medio ambiente, la salud pública y la prevención y lucha contra la delincuencia organizada.
- Garantizar unas fronteras comunes eficientes y seguras mediante acciones conjuntas.
- Fomentar los contactos transfronterizos locales mediante acciones que comporten contactos entre comunidades.
Dentro de este contexto, es importante velar por que las prioridades de los países socios se tengan suficientemente en cuenta con un talante de asociación. Esto se aplica especialmente en la región mediterránea, donde la fijación de prioridades debería tener en cuenta el marco estratégico establecido en los Acuerdos de Asociación y en las Conferencias ministeriales euromediterráneas que forman parte del proceso de Barcelona.
A tales fines, el Instrumento Europeo de Vecindad financiará proyectos conjuntos propuestos por y para los participantes de los Estados miembros de la UE y de los países socios. De este modo completarán los instrumentos de financiación externa e interna que sólo pueden operar a un sólo lado de las fronteras de la Unión.
El Instrumento Europeo de Vecindad funcionará a través de dos mecanismos de financiación:
El mecanismo nº 1 apoyará la cooperación transfronteriza. La opción de acceso a este mecanismo se ampliará a todas las fronteras terrestres y marítimas afectadas [15]. Los programas serán básicamente bilaterales, aunque podrán establecerse programas multilaterales particularmente en el caso de travesías marítimas donde la distancia y otros factores no permitan una cooperación transfronteriza bilateral eficiente. Se establecerán programas plurianuales, para fronteras únicas o grupos de fronteras, elaborados por los socios pertinentes de los países beneficiarios de ambos lados de la frontera. La Comisión delegará la gestión a un organismo gestor que trabaje en régimen de gestión compartida o según otras disposiciones apropiadas. La selección de proyectos y la aplicación de los programas se encomendarán a estructuras conjuntas en las que intervendrán autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros de la UE y de los países socios.
[15] La cooperación en virtud del mecanismo nº 1 normalmente tendrá lugar en el nivel NUTS III, salvo en el caso de los programas marítimos multilaterales, donde se autorizarán programas de cooperación a nivel NUTS II.
El mecanismo nº 2 proporcionará un apoyo más flexible a una cooperación transnacional con agentes y beneficiarios de los Estados miembros de la UE y de los países socios. La cooperación se centrará principalmente en temas específicos que se definirán en el reglamento y responderán a los problemas comunes definidos en ámbitos como el medio ambiente, la integración en redes de energía, telecomunicaciones y transportes, la salud pública y la prevención de la delincuencia organizada y lucha contra la misma. La Comisión también tendrá la posibilidad determinar, seleccionar y proponer la financiación de proyectos de particular importancia técnica y política. Podrán optar a estas ayudas proyectos de todo el territorio de los Estados miembros de la UE y de las partes pertinentes del territorio de los países socios. La programación se centralizará en la Comisión. También se centralizará su puesta en práctica, aunque podrá estudiarse la gestión indirecta mediante delegación a organismos externos como, por ejemplo, agencias de ejecución.
La Comisión tiene la intención de proponer un aumento substancial en los importes anuales asignados al Instrumento con respecto a los asignados a los programas de vecindad durante el periodo 2004-2006.
El desglose de la financiación entre los dos mecanismos se determinará más adelante, según la importancia relativa de los dos tipos de cooperación, las características específicas de las diferentes fronteras, la oportunidad de mantener un equilibrio apropiado en la distribución de fondos entre las zonas geográficas abarcadas y la necesidad de limitar la intervención directa de la Comisión en la aplicación y gestión. A fin de eliminar los obstáculos a la absorción de fondos y recompensar los buenos resultados, se adoptarán disposiciones para permitir la reasignación de fondos entre mecanismos, y, en el interior de mecanismos, a favor de determinados programas y proyectos.
Las asignaciones financieras en el mecanismo nº 1 se determinarán para cada programa, para una frontera única o un grupo de fronteras, con arreglo a criterios objetivos. Estas asignaciones también tendrán en cuenta las características específicas de las fronteras y su capacidad potencial de absorción.
La Comisión invita al Consejo a aprobar las orientaciones contenidas en la presente Comunicación y a elaborar sus conclusiones sobre el modo de llevar adelante esta iniciativa, enumerando los elementos esenciales de los posibles planes de acción y los países con los que deberían elaborarse, teniendo en cuenta el compromiso con los valores compartidos.
Sobre esta base la Comisión, conjuntamente con la Presidencia y el Alto Representante, tomará contacto con los países socios afectados para ultimar con ellos los planes de acción antes de finales de julio de 2004. Se mantendrá plenamente informados a los Estados miembros sobre el desarrollo de estas consultas.
La Comisión recomienda que se invite a los correspondientes Consejos de Asociación y Cooperación a respaldar los planes de acción.
El seguimiento del cumplimiento de los planes de acción tendrá lugar en las instituciones de los correspondientes Acuerdos de Asociación y Acuerdos de Colaboración y Cooperación.
Partiendo de su evaluación de los resultados, de este proceso de seguimiento y de la información aportada por los socios, la Comisión, con la contribución del Alto Representante para asuntos relacionados con la cooperación política y la PESC, presentará en un plazo de dos años un informe intermedio sobre los progresos alcanzados y otro informe en un plazo de tres años sobre la aprobación formal de cada plan de acción.
La Comisión recomienda que cualquier decisión sobre el desarrollo ulterior de los vínculos contractuales de la UE con cada socio se adopte teniendo en cuenta estos informes.
La Comisión formulará la oportuna propuesta al Consejo para el establecimiento del Instrumento Europeo de Vecindad al que se refiere la presente Comunicación. Durante el periodo anterior a la entrada en vigor de este instrumento, la UE seguirá desarrollando programas de vecindad con los países socios en el marco de los instrumentos financieros actuales.
La Comisión fomentará la cooperación regional y subregional que implique a los países socios con arreglo a las orientaciones contenidas en la presente Comunicación.
Asistencia de MEDA y TACIS a los países socios de la política europea de vecindad durante el periodo 2000-2003
País // Importe 2000-2003
Países del programa TACIS //
Rusia // 599,6
Ucrania // 435,6
Belarús // 10
Programas plurinacionales // 241
Países del programa MEDA //
Argelia // 181,8
Marruecos // 525,3
Túnez // 306,6
Cisjordania y Franja de Gaza // 277,8
Programas regionales // 590,1
Total países socios de la política europea de vecindad // 3716,1
Principales indicadores económicos 2002
Basados en estadísticas del Banco Mundial
Fuente: datos del Banco Mundial, en: www.worldbank.org/data/paísdata/paísdata.html, salvo indicación contraria.
* Los datos correspondientes al IPC, la balanza por cuenta corriente y el saldo global de las administraciones públicas proceden del BERD y corresponden a 2002
Datos correspondientes a Libia: estimación del FMI.
PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES: ESTADO DE RATIFICACIÓN

References: artículo 49
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 resolución 
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 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 181