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Timestamp: 2018-02-23 00:53:37+00:00

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Práctica IV de Derecho Internacional Privado II Universidad de Burgos Grado en Derecho – El blog del abogado blog
18 abril, 2017 31 mayo, 2017
La Srta. Erika Becker, natural de Liechtenstein y que pasa sus vacaciones de un mes en España, es demandada ante juez español por incumplimiento de contrato. Impugna la competencia del juez español alegando que su domicilio está en Schaan. ¿Qué ha de hacer el juez español? ¿Cómo saber si efectivamente su domicilio está en Liechtenstein?
En primer lugar, el juez español habrá de comprobar si tiene competencia para conocer del caso que se le está planteando. En concreto, como se está cuestionando la nacionalidad de la demandante, concretamente si es de Liechtenstein, al no estar este país dentro de la Unión Europea, no podrá ser aplicado el Convenio 1215/2012, sino que habrá que acudirse al Convenio de Lugano.
Según lo establecido en este Convenio, lo más importante es el lugar del domicilio del demandado. Es decir, habría que acudir a este Convenio para determinar las reglas de la competencia, pero teniendo también en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En concreto, habrá que estar a lo previsto en los artículos 2 y 3 del Convenio de Lugano, que establecen lo siguiente:
Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado vinculado por el presente Convenio estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.
A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado vinculado por el presente Convenio en el que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.
Las personas domiciliadas en un Estado vinculado por el presente Convenio solo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado vinculado por el presente Convenio en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente título.
En particular, no podrán invocarse frente a ellas las normas de competencia nacionales que se establecen en el anexo I.”
Por tanto, por lo previsto sobre todo por el apartado 1º del artículo 2 del Convenio, en relación con el artículo 5 del propio Convenio, sólo podrá ser demandado en el país de su domicilio, salvo que se trate de algunas de las materias que regula el propio artículo 5, y este es el caso de que se trata. Por lo dicho hasta aquí, y en consonancia con lo establecido en este artículo 5 del Convenio, sí que será competente el juez español para conocer del caso y para dictar sentencia.
Por otro lado, en cuanto a la última pregunta, hay que acudir al artículo 59.2 del Convenio de Lugano, que establece que, cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado vinculado por el presente Convenio, aplicará la ley de dicho Estado.
Es muy importante tener en cuenta el artículo 40 del Código civil, que hace referencia a la residencia habitual. Esto es lo primero que tiene que hacer el juez español, determinar si, conforme a este artículo puede llegar a ser competente. Y, después de esto, a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Fernando Saiz, de nacionalidad española y residencia habitual en Venecia, y Antal Baráth, de nacionalidad húngara y con residencia habitual en Ginebra, celebran un contrato entre particulares de compraventa de mercancías. En él se establece que en el caso de que surjan desavenencias entre las partes, éstas serán sometidas a los tribunales franceses. Indica qué tipo de competencia han “prorrogado” y qué posibles foros de competencia han “derogado”.
Han prorrogado, conforme a lo establecido en el Reglamento 1215/2012, y concretamente en los artículos 4 y 5 de este mismo Reglamento, en relación con el artículo 25 del mismo reglamento europeo, la competencia de los tribunales franceses.
Se han derogado los foros de competencia de la residencia habitual de cada una de las partes, y los foros de la nacionalidad de cada una de las partes. En concreto, se derogan los foros de competencia exclusiva y los foros de competencia preferente.
En cuanto a las competencias derogadas, hay que estar a lo establecido en el artículo 5.1.b del Convenio de Lugano de 2007. También podría tenerse en cuenta el artículo 2.1 de Lugano.
La clave aquí es el domicilio. Pero, como lo que teníamos es la residencia habitual, hay que establecer si el domicilio coincide con la residencia habitual, o si, por el contrario, no existe domicilio.
También podría considerarse que el domicilio es el de su nacionalidad. Hay que jugar un poco con estas cosas.
Pablo González, de nacionalidad española, está muy enamorado de Doña. Aiko Izumi, de nacionalidad nipona. Han decidido contraer matrimonio en España puesto que llevan conviviendo un año en el domicilio de Pablo que está situado en la localidad alavesa de Salvatierra.
Aiko le comenta a su futuro marido que la normativa japonesa es mucho más beneficiosa para su matrimonio que la española, y le propone que sea ésta la ley aplicable. Una vez vistas las ventajas de aplicar la normativa nipona al enlace, Pablo accede a la propuesta de Aiko. ¿Van a poder aplicar la ley japonesa a este matrimonio que se va a celebrar en España, o van a tener que aplicar otra normativa? Razona la respuesta.
En primer lugar, se ha de tener en cuenta lo establecido en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual atribuye competencia a los tribunales españoles en materia, entre otras, de obligaciones contractuales, cuando éstas deban cumplirse en España.
En segundo lugar, habrá de tenerse en cuenta los pactos que hayan tomado las partes en cuanto a la forma de celebración del matrimonio, y si puede ser aplicable en España, y si hay acuerdos entre el Estado español y ese rito, o si puede vulnerar nuestro orden público.
Pero, en último lugar, si ese rito no vulnera nuestro orden público, y conforme al artículo 22 quinquies LOPJ, la normativa aplicable sería la normativa española, pues siempre es preferente frente a otra legislación extranjera, incluida la normativa de la Unión Europea.
A partir de aquí, hay que decir que sí que se podría aplicar la ley japonesa siempre y cuando, las partes alegasen y probasen el contenido del derecho extranjero que en este caso es el Japonés, ya que como sabemos el Juez Español no está obligado a conocer el contenido de ese derecho extranjero al regirse por el principio de “iura novit curia”, por el cual hace referencia a su propio derecho (Español) y no al extranjero (Japonés).
Por el contrario, si no alegasen ni probasen el Derecho extranjero, habría que estar a lo establecido en el artículo 33.3 de la Ley 29/2015 de Cooperación Judicial Internacional.
Hay que tener en cuenta también el artículo 49 del Código civil.
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References: artículo 2
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 59
 artículo 40
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 33
 artículo 49