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Timestamp: 2019-01-23 17:51:47+00:00

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Derecho Ecuador - La prueba en el sistema procesal penal ecuatoriano
La prueba en el sistema procesal penal ecuatoriano
LA PRUEBA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL
Supuestos necesarios del proceso penal
1. EL DERECHO A JUICIO.
Señala que la condena será la consecuencia de un juicio, caracterizado por las garantías procesales previstas en la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Es decir, de un proceso dentro del cual hayan sido probados los hechos y declarada la responsabilidad del imputado
2. CELERIDAD Y EFICIENCIA DEL JUICIO ORAL
Es evidente que el juicio oral garantiza una mayor eficiencia y le da una mayor celeridad al proceso penal en la medida que permite un desarrollo más ágil, esto, además la da fortaleza y equilibrio al proceso, a fin de que termine en un tiempo razonable ,que le brinde credibilidad a la administración de justicia frene a la sociedad , evitando que sectores inconformes acudan a mecanismos extra legales o sin permitir intromisiones políticas o hacerse justicia por su propia mano
3. EL DERECHO A UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE E IMPARCIAL
La independencia es la posibilidad de adoptar decisiones sin estar subordinada al arbitrio de otro, y la imparcialidad la inexistencia de vinculaciones con el conflicto o con los sujetos procesales, que puedan generar interés en un determinado sentido en la decisión o fallo
4. EL DERECHO A SER JUZGADO POR JUEZ COMPETENTE
El juicio debe realizarse conforme lo señala el literal k) del numeral 7 del artículo 75 de la Constitución Política del Ecuador, que consagra la garantía de * ser juzgado por un juez o jueza independiente, imparcial y competente.*
*Nadie será juzgado por Tribunales de excepción o por Comisiones Especiales creadas para el efecto.*
5. EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
Consiste en asignar al juez un papel activo en orden a garantizar ante cualquier otro principio o circunstancia, la vigencia de las garantías del debido proceso, función tutelar que se extiende a todos los órganos de la jurisdicción penal en cualquier fase o etapa del proceso- Todos los jueces son jueces de garantías.
6. EL PRINCIPIO ? NON BIS IN ÍDEM
Este principio consagrado en el nuevo sistema establece que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por un mismo hecho, en aplicación del principio universal de la *cosa juzgada*cuyo efecto proviene no solamente de la sentencia absolutoria sino también del sobreseimiento.
7. EL DERECHO A UNA INSTANCIA PLURAL
Incluye la facultad de impugnar una decisión judicial, mediante recursos, pero limitándola a casos establecidos, para evitar innecesarias dilaciones en el curso del proceso.
8. LA PROHIBICIÓN DEL IN DE PEJUS
Este principio quiere decir que al trasladarse la competencia al juez aquo que por el efecto de la impugnación de una sanción, este al momento de resolver no podrá empeorar la situación del encausado
9. EL PRINCIPIO DE INOCENCIA.
En virtud del cual toda persona tiene derecho a su estado de inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, esto es mediante una sentencia ejecutoriada.
10. EL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO
El derecho de defensa se concreta en un conjunto de prerrogativas para hacer valer con eficacia el derecho a la libertad que se ejercen tanto personalmente por el imputado ( defensa material ) como por el abogado (la defensa técnica)
Este derecho está establecido en el literal a) del artículo 7 del artículo 75 de la Constitución, que dice *Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, lo que es concordante con el CPP, al atribuirle en el artículo 11 al derecho de defensa el carácter de inviolable, concordante con el numeral 7 del artículo 77 de la Constitución.
11. EL DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE
Una de las garantías consagradas en la Constitución, es la señalada en el literal c) de los numerales 7 y 8 del artículo 77 de la Constitución *Nadie podrá ser forzado a declarar sobre sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal y nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, excepto en los casos de violencia familiar, sexual y de género, supuesto que se encuentra .supuesto que se encuentra previsto en el artículo 8 numeral 2 de la letra g) de la Convención Americana de los Derechos Humanos y a su vez recogida en nuestro CCP en el artículo 81.*
12. EL DERECHO A CONTAR CON ASESORAMIENTO LEGAL COMPETENTE.
De conformidad como lo señala el artículo 12 del CCP- el imputado tiene derecho a designar un Defensor, si no lo hace, el juez debe designarlo de oficio para su defensa técnica, antes de que se produzca su primer declaración.
13. EL DERECHO A CONTAR CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA
El derecho de defensa del imputado a los elementos de prueba y la posibilidad de ofrecer otros elementos de descargo si fuere del caso, compatibles con lo anterior, el artículo 8 numeral 2, letra f) de la Convención
Americana de Derechos Humanos incluye entre las garantías mínimas como uno de los derechos de defensa, el interrogar a los testigos y obtener la comparecencia de otras personas como testigos o peritos. por su parte el inciso segundo del artículo 11 del CPP señala: el imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que creyere oportunas, lo que a su vez es recogido por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que el Ministerio Publico garantizará la intervención de la defensa de los imputados o procesados en las indagaciones previas y las investigaciones pre procesales por infracciones pesquisables de oficio, quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo.*cualquier situación que viole esta disposición carece de eficacia jurídica*.
14. PRODUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA
En lo que respecta a su valoración, la legislación actual pone fin al régimen de la prueba tasada, legal o regulada (art. 86.CPP) dando paso a la libre valoración de la prueba en los artículos 77 y siguientes del CPP, indica que las pruebas deben ser producidas en el juicio ante los Tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes que serán practicadas por los jueces penales.
15. EL DERECHO A QUE SE EXCLUYA LA PRUEBA OBTENIDA ILEGALMENTE
Según el cual debe ser excluido para la valoración cualquier elemento de prueba que se haya obtenido o incorporado al proceso en violación a una garantía constitucional , y en virtud de la doctrina del* árbol venenoso* se excluirá no solamente esa prueba sino, todas aquellas que se hayan obtenido con posterioridad.
16. EL DERECHO A QUE LAS RESOLUCIONES SEAN MOTIVADAS
Se encuentra establecido en el literal i del numeral 7 del artículo 75 constitucional que dice *Las resoluciones de los poderes públicos, no habrá motivación sin en la Resolución no se enuncian las normas y principios jurídicos en que se fundamenta y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, es decir, que la Disposición Constitucional dispone que la motivación en toda clase de juicios contenga tres elementos necesarios: 1.la determinación clara y precisa de los antecedentes del hecho relevantes. 2. identificación de las normas y principios jurídicos aplicables 3.explicaciòn de la pertinencia de la aplicación de dichas normas o principios a los antecedentes del hecho.
17. LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA.
Mediante Decreto Ejecutivo 3112, publicado en el R.O 671 de 26 de septiembre del 2012, se promulgó el Reglamento del programa de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal.
En nuestra legislación interna se protege los intereses delas víctimas del delito, a la cual le otorga la calidad de sujeto procesal (ofendido) aun cuando no presente acusación particular, además de la condición de parte.
El artículo 69 del CPP. le otorga, el derecho a ser informado por el Ministerio Público del Estado de la investigación pre procesal, de la Instrucción Fiscal, así como del resultado final del proceso, a más de ello, a que se proteja su persona y su identidad y a exigir que la Policía, el Fiscal el Juez y el Tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios sin menoscabo de los derechos del imputado, pudiendo además reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria o su abstención definitiva haya o no acusación particular..
18. EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
La legislación penal establece dos limitaciones a la libertad:
LAS MEDIDAS CAUTELARES para la pena, en virtud del principio de reserva o de la legalidad, una ley preexistente debe establecer los hechos a los que se aplica y su tiempo máximo de duración
En cuanto a las medidas cautelares y principio necesidad procesal, persiguen fines exclusivamente relacionados con la realidad procesal, como el de aseguración la inmediación del imputado o acusado en el proceso (art.159CPP) o el cumplimiento de la pena art. 167 del CPP.
En lo que respecta a la PRISIÓN PREVENTIVA, debe adoptarse de manera excepcional, es decir, cuando no haya otra alternativa o remedio adecuados, al propósito procesal, sin el abuso que se está cometiendo en algunos casos con las medidas cautelares con prisión preventiva dirigidas a judicializar la protesta social y para que varios casos de corrupción se queden en la impunidad jurídica como la Instrucción Fiscal con privación de libertad de 14 funcionarios del IESS y del Biess, declarados por la Fiscalía NOCENTES, ante la denuncia fraguada de las autoridades del IESS para simular que está combatiendo la corrupción interna, en el caso de las supuestas inusualidades en el manejo de claves de préstamos quirografarios .

References: artículo 75
 artículo 7
 artículo 75
 artículo 11
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 8
 artículo 81
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 26
 artículo 75
 Resolución 
 artículo 69