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Timestamp: 2020-02-17 14:39:42+00:00

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MEMORIA ORAL ANCESTRAL AUTOBIOGRÁFICA KUPAL LONCÓN MELLADO, NACIÓN MAPUCE Temuko.: 11/08/08
Proponen innovador sistema de monitoreo a derechos indígenas- Ministra de Mideplan, Paula Quintana, en reunión que se realizó en México
Ministra de Mideplan, Paula Quintana, en reunión que se realizó en México
Proponen innovador sistema de monitoreo a derechos indígenas
La propuesta de la ministra de Planificación busca observar el cumplimiento de los derechos de las etnias originarias. La iniciativa fue realizada en la última reunión del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina.
La ministra de Mideplan, Paula Quintana, participó esta semana de la VIII Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, organismo creado en 1992 en la II Cumbre Iberoamericana de Madrid y que finalizó ayer en Ciudad de México. En el evento la titular de la cartera planteó la necesidad de establecer un sistema de monitoreo que permita hacer un seguimiento a los derechos de las distintas etnias del continente.
"Como país hemos puesto énfasis en que se pueda instalar un sistema de monitoreo que permita observar cómo van desarrollándose los avances de los derechos indígenas. Para esos efectos nos ofrecimos como país piloto para implementarlo. Esto es bien importante, porque se va a poder evaluar con indicadores específicos, bien definidos, cuánto se ha avanzado respecto de programas sociales, en la disminución de la discriminación y en materia de representación política", dijo Quintana a La Nación desde México.
La secretaria de Estado sostuvo que este instrumento adquiere mayor relevancia para nuestro país, luego de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que entrará en vigencia el 15 de septiembre del próximo año. El tratado establece que los pueblos indígenas son sujetos de derechos colectivos, lo que significa reconocerles, entre otros aspectos, participación política.
El convenio fue publicado en octubre en el Diario Oficial, hecho que le permitió a Chile llegar con otro estatus a la asamblea, según comentó Quintana: "Nuestro país fue felicitado por la ratificación del Convenio 169. De hecho en sesiones anteriores del mismo fondo se había planteado como una situación que estaba pendiente".
Misión del fondo
El Fondo tiene como misión promover el fortalecimiento y desarrollo político, económico, cultural y social de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del continente, mediante la gestión y canalización de recursos, la concertación y el diálogo político, la asistencia técnica y financiera a programas y proyectos de desarrollo.
En este sentido, la ministra explicó que el organismo ha permitido generar becas de formación para personas y dirigentes indígenas. "Como país hemos contribuido a eso en el marco del desempeño de una Universidad Intercultural, donde mediante algunos cursos que se han desarrollado en Chile, a través de la Universidad de la Frontera, se ha podido becar a estudiantes en materias de salud intercultural y también en torno a la formación de derechos indígenas. Contamos, por otra parte, con chilenos que han podido ser becados, por ejemplo, en España para estudiar derechos humanos e indígenas".
La Universidad Indígena Intercultural es una red que se creó en 2006 y que une a 20 planteles de educación superior de la región que son los encargados de impartir las clases. Otro de los objetivos del fondo es la generación y transferencia de información especializada, la asesoría y el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la materia y la participación activa en ámbitos regionales y mundiales de interés para los destinatarios principales de su quehacer institucional.
La actual oferta de posgrados de la universidad se enmarca en cuatro áreas específicas de formación: Educación Intercultural Bilingüe, Salud Intercultural, Derechos Indígenas y Gobernabilidad, Derechos y Pueblos Indígenas.
Los cursos están dirigidos a los indígenas, porque históricamente esta población ha tenido limitado acceso a la oferta educativa superior de las universidades por diversas razones, como la imposibilidad de dejar de trabajar para estudiar, la lejanía de los centros de estudios o la discriminación por su origen étnico.
La asamblea general es el máximo órgano del Fondo Indígena.
Se reúne bianualmente y está conformada por los delegados gubernamentales y los delegados indígenas de los países signatarios del Convenio Constitutivo. En la actualidad la entidad la dirige la uruguaya Ana María Barbosa.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081107/pags/20081107180607.html
Carta Lof Quepuka Ralko a Bachelet: Aún no hay solución para el cementerio inundado por Ralco
Las familias Mapuche Pewenche afectadas por la inundación del cementerio tras el embalse de la hidroeléctrica Ralco, continúan con las gestiones para resolver este atropello. A través de una carta enviada a la Presidenta Bachelet solicitan al Estado asumir su responsabilidad en resolver de este conflicto y, frente a la burocracia e incompetencia de los organismos públicos, se determine cuanto antes la fecha en que efectivamente se realizará el rescate de los cuerpos…
* Cementerio Inundado por Ralco, Fotografía, Juan Meza-Lopehandía
En calidad de representantes de las familias afectadas por la inundación del cementerio ubicado en nuestra comunidad Quepuca Ralco, comuna de Alto Bío-Bío, nos hemos movilizado desde el año 2004 con el fin de hacer cumplir la resolución tomada por el Gobierno de Chile de DESENTERRAR LOS CUERPOS DE NUESTROS DEUDOS que están ahora inundados bajo las aguas del lago Ralco, y trasladarlos a otro sitio. No obstante, en respuesta a cada una de nuestras solicitudes, fuimos sistemáticamente derivados a diversas instituciones, que no han tenido la voluntad ni la capacidad de responder a nuestras legítimas demandas. Al respecto, es menester recordar que el pasado mes de septiembre fue ratificado en Chile el Convenio nº169 de la OIT, que obliga el Estado a respetar los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos a nivel internacional por este y otros textos como es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas. ES POR LO TANTO DEBER DEL ESTADO RESOLVER ESTE CONFLICTO.
En respuesta a nuestra última petición, con fecha 29 de enero del año en curso, fuimos derivados esta vez al Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, con quien nos hemos efectivamente reunido el 29 de agosto recién pasado. A pesar de nuestras esperanzas, el señor Egaña sólo procedió a informarnos de los avances de tramitación de un supuesto estudio encomendado al Consejo de Monumentos Nacionales, que debería determinar la “factibilidad” del rescate de los cuerpos. Dicho de otra forma, no hay hasta la hora ningún avance concreto, y este conflicto se estanca desde la misma fecha en que la empresa ENDESA decidió cerrar las compuertas del embalse Ralco. Para nosotros, no se trata de determinar la “factibilidad” del rescate, sino más bien determinar la fecha en que efectivamente se realizará este rescate.
Desde la reunión señalada hasta la fecha, no hemos sido informados ni contactados por el Señor Egaña, quien parece sencillamente no tener interés en resolver este conflicto, que no olvidemos él mismo contribuyó a crear en distintos cargos que ocupó anteriormente. A esta altura, consideramos haber agotado toda posibilidad de derivación y de diálogo con cualquier instancia de gobierno, ya que ninguna autoridad, ni dentro de las más competentes en asuntos indígenas, ha sabido atender nuestras justas reivindicaciones. Por eso, Señora Presidenta, le solicitamos por última vez reunirnos directamente con usted, con el fin de poner un término a este largo conflicto. Estamos cansados de tantas solicitudes y tramitaciones burocráticas que sólo nos han hecho perder tiempo, recursos y energía. De no obtener respuesta favorable de su parte, nos veremos en la obligación de reorientar la resolución de este conflicto desde la vía política a la vía jurídica, y DEMANDAR AL ESTADO DE CHILE ante las instancias correspondientes, acción que fuera inclusive incentivada por el mismo Señor Egaña.
MARÍA CURRIAO REINADO, Presidenta Comunidad Aukiñ Wallmapu
GABRIEL VERGARA VERGARA, Representante legal de las familias afectadas
Alto Bío-Bío, 29 de octubre de 2008
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3441
DERECHO PENAL ENEMIGO INTERNO:"Ley Antiterrorista en delitos que no son de sangre viola debido proceso" (07-11-08)
"Ley Antiterrorista en delitos que no son de sangre viola debido proceso"
Una profunda preocupación por la decisión del Fiscal Nacional Sabas Chahuán de aplicar la Ley Antiterrorista manifestó el senador Alejandro Navarro quien dijo que "el Ministerio Público no uede parecerse a un fiscal militar en dictadura. Es cierto que la ley antiterrorista no ha sido reformada, pero eso no le da derecho al fiscal a poner en peligro la imagen país de Chile. Los derechos humanos deben respetarse sí o sí".
El legislador señaló que "nos pone en alerta el uso de las facultades del fiscal nacional, especialmente el anuncio del usar la ley antiterrorista de manera indiscriminada. Esta es una ley de excepción, no de uso general, se debe usar sólo cuando los ataques hieren o matan personas. Sino empecemos a usarla ante la violencia intrafamiliar o contra las infracciones del tránsito".
"La ONU -prosiguió- nos ha dado suficientes tirones de oreja por violar derechos humanos al usar esta ley, para cometer la irresponsabilidad de volver a ella ante delitos que no son de sangre. La autonomía del Ministerio Público establecida en la Constitución no puede terminar siendo libertinaje".
Navarro aseveró que "Chahuán viola la Constitución, pues su artículo 5, inciso segundo, dispone que los tratados de derechos humanos deben ser respetados por todos los órganos del Estado. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU ya interpretó un tratado suscrito por Chile y dictaminó que aplicar la Ley Antiterrorista viola el derecho al debido proceso. La doctrina jurídica ya ha criticado aplicarla a delitos contra la propiedad. También Human Rights Watch y Amnistía Internacional han dicho que dicha ley viola el debido proceso".
El parlamentario advirtió que "esperamos que Chahuán no quiera convertirse en un nuevo fiscal Fernando Torres Silva. Los tribunales orales no pueden convertirse en Consejos de Guerra. La ley común garantiza el éxito de cualquier investigación. La ley antiterrorista suspende garantías constitucionales o es flexible para luchar contra el terrorismo de verdad, no contra hechos de violencia puntual, que de cualquier manera aún no se sabe qué origen exacto tienen. Su uso en los últimos casos conocidos en la IX región es exagerado".
El legislador dijo esperar que el fiscal Chauán "retorne a la ponderación y la calma. Su puesto no está en riesgo. Si ha fracasado en muchos juicios contra mapuches, entonces que entrene mejor a sus fiscales, que junte pruebas, pero que no venga a usar la vieja, gastada e innecesaria fórmula de la ley antiterrorista, porque de esa manera sólo nos está exponiendo a nuevos cuestionamientos internacionales, de la ONU y de sus órganos de derechos humanos, cuando además la Presidenta, por lo mismo, ha expresado claramente la voluntad del gobierno de no usarla cuando no corresponda ".
Navarro critica duramente a fiscal nacional por aplicación de Ley Antiterrorista
El senador espera que el titular del Ministerio Público "no quiera convertirse en un fiscal militar en dictadura".
05/11/2008 - 14:10
Una dura critica por la decisión del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, de aplicar la Ley Antiterrorista en el caso de tres jóvenes detenidos por violencia en la Araucanía, manifestó el senador Alejandro Navarro.
El menor R.H.I y junto a Félix Delgado Ahumada y Jonathan Vega Gajardo están acusados de lanzar elementos incendiarios contra personas y vehículos y "causar terror en la población", delito que contempla la ley 18-314 y que califica como "terroristas".
"Esperamos que Chahuán no quiera convertirse en un nuevo fiscal Fernando Torres Silva. Los tribunales orales no pueden convertirse en Consejos de Guerra", afirmó Navarro.
El parlamentario dijo que la ley común garantiza el éxito de cualquier investigación y calificó como "exagerado" su aplicación en los casos de violencia en la región.
"Es cierto que la Ley Antiterrorista no ha sido reformada, pero eso no le da derecho al fiscal a poner en peligro la imagen país de Chile. Los derechos humanos deben respetarse sí o sí", agregó el congresista.
Navarro, además, recordó que "la ONU nos ha dado suficientes tirones de oreja por violar derechos humanos al usar la ley", agregando que "la autonomía del Ministerio Público establecida en la Constitución no puede terminar siendo libertinaje".
"Chahuán viola la Constitución, pues su artículo 5, inciso segundo, dispone que los tratados de derechos humanos deben ser respetados por todos los órganos del Estado. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU ya interpretó un tratado suscrito por Chile y dictaminó que aplicar la Ley Antiterrorista viola el derecho al debido proceso", aseguró. Asimismo, explicó que la esta normativa suspende garantías constitucionales.
Navarro instó al titular del Ministerio Público a "entrenar mejor a sus fiscales" si ha considerado que "ha fracasado en muchos juicios contra mapuches".
http://www.latercera.cl/contenido/25_70372_9.shtml
Corte de Concepción aceptó uso de testigos protegidos para juicio contra comuneros
El caso corresponde al hecho ocurrido en noviembre de 2007 cuando un periodista de Radio Bio Bío fue víctima de un robo y la quema de su automóvil mientras cubría una toma en el sector de Huentelolén.
Tribunal rechazó recurso de amparo a favor de detenidos por Ley Antiterrorista
Sin embargo, hizo un llamado de atención a la jueza de Garantía.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por los defensores de tres jóvenes que fueron formalizados por la Ley Antiterrorista, luego de arrojar una bomba molotov contra un vehículo policial en la Región de La Araucanía, aunque sin causar daños mayores.
En la resolución de la Corte no se acoge ninguno de los considerandos de los abogados de la Defensoría Penal, aunque se hace un llamado a la jueza de Garantía por no haber protegido la integridad del menor de 16 años identificado con las iniciales R.H.I.
El adolescente fue detenido inicialmente por la policía, pasó por varios cuarteles y posteriormente fue derivado hasta la Cárcel Pública, en donde fue negado su ingreso, por lo que fue trasladado hasta un centro de detención juvenil.
Los otros dos detenidos por el hecho, Félix Delgado Ahumada y Jonathan Vega, ambos mayores de edad, se encuentran detenidos en la cárcel de Temuco, informó Radio Cooperativa.
http://www.latercera.cl/contenido/25_71172_9.shtml
07/11/2008 - 22:56
Luego que el Tribunal Oral de Cañete rechazara la presentación de dos testigos protegidos en la preparación de un juicio por la quema del automóvil de un periodista de Radio Bio Bío, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó el reintegro de la causa y le dio la razón al Ministerio Público.
El tribunal de alzada resolvió que la marginación de la Fiscalía correspondía hacerla durante la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los cinco comuneros mapuches detenidos, y no antes como lo hizo el juez de garantía de Cañete.
Es así como ordenó el reintegro de la Fiscalía al caso, cambiar al juez y estableció que el ente acusador sí tiene el derecho de resguardar la identidad de los testigos si pone en riesgo la seguridad.
El vocero de la fiscalía, Carlos Veloso se manifestó satisfecho por la determinación y dijo que "hay un compromiso en tratados internacionales, por normas que son de rango constitucional, en orden a que un juicio justo también pasa por proteger a las personas que colaboran con esto, en este caso los testigos".
En noviembre de 2007 el periodista de Radio Bio Bío Daniel Roa fue víctima de un robo y la quema de su automóvil mientras cubría una toma en el sector de Huentelolén, delito por el cual fueron detenidos cinco comuneros, entre ellos Luis Meñaco, hijo de un lonco que ahora se encuentra en libertad.
http://www.latercera.cl/contenido/25_71243_9.shtml
Los vacíos y las sombras: "La crisis financiera marca el fin de un modelo cultural cuya doctrina es el fundamentalismo del libre mercado" Chomsky
Agencia Reforma/ inSurGente.
- La crisis financiera actual representa también la crisis de un modelo cultural que tiene como principal doctrina al fundamentalismo del libre mercado, aseguró en entrevista Noam Chomsky (Philadelphia, 1928), calificado como el intelectual más influyente del planeta por las revistas Foreign Policy y Prospect Magazine en 2005.
Las lecciones de la crisis:
“La más inmediata es que el fundamentalismo de mercado fue un desastre, lo cual no debería sorprender a los latinoamericanos o a otros sometidos a esta disciplina. Más específicamente, la liberalización financiera conduce al desastre. También, que la liberalización es un serio golpe contra la democracia. Otra lección subraya la sensible observación del principal filósofo social estadounidense del siglo 20, John Dewey: la política es "la sombra que las grandes empresas proyectan sobre la sociedad".
"En una democracia, las organizaciones populares, sindicatos, partidos políticos y otros, podrían estar formulando soluciones y presionando a los representantes políticos para ponerlas en práctica y no hay ninguna señal de eso".
http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=15158
Amplia solidaridad con los estudiantes juzgados por la Ley Antiterrorista; Temuco (08-11-08)
Amplia solidaridad con los estudiantes juzgados por la Ley Antiterrorista
Asimismo, denuncia que se trata de un montaje más, en el cual "frente a la opinión pública, Fénix y Jonathan aparecen como culpables, cuando el proceso investigativo recién comienza, yendo en contra de la presunción de inocencia".
A continuación el texto completo de la declaración citada anteriormente, que está firmada por Familiares y Amigos de los Estudiantes Procesados
- Asamblea de Estudiantes de Antropología de la Universidad Católica
- Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Católica
- Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPRODH)
- Comisión Ética contra la Tortura (CECT)
- Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos (AFDD-EP)
- Polo Izquierda de la Memoria - Agrupación de Ex Presos Políticos
- Asamblea de Estudiantes Secundarios Populares
- Centro de Estudios Simón Bolívar
- Corporación de Defensa de Derechos del Pueblo (CODEPU)
- Colegio de Antropólogos A.G.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75601&titular=amplia-solidaridad-con-los-estudiantes-juzgados-por-la-ley-antiterrorista-
http://funachile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=27
Carpa frente Congreso, ayer terminó semana protesta y difusión sobre efectos sociales, económicos, ambientales etc. industria extractivas (08-11-08)
UNA SEMANA DE AYUNO, ESCRACHE E INFORMACION PARA FRENAR LA MINERIA
Mèxico: presidente Felipe Calderón, investigan qué pasó con el avión en que murieron su sucesor declarado y el zar antidrogas.(08-11-08)
SOBRE EL ACCIDENTE EN MEXICO
El mismo presidente dijo que se investiga qué pasó con el avión en que murieron su sucesor declarado y el zar antidrogas.
El presidente Felipe Calderón alimentó nuevamente las sospechas de que la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del ex zar antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos, al desplomarse el avión en el que viajaban, fue un atentado.
“Los lamentables acontecimientos del 4 de noviembre se esclarecerán a fondo. Por ello, el gobierno federal, en coordinación con las instancias competentes, está llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para averiguar las causas que originaron esta terrible tragedia. En esta delicada tarea contamos con el apoyo de los mejores expertos del mundo y de las agencias nacionales e internacionales especializadas y más calificadas. Como presidente de la República y como amigo y compañero del licenciado Mouriño y de sus colaboradores, soy el primer interesado en que surja la verdad y se esclarezcan las causas de estos hechos. Estamos actuando y actuaremos con transparencia y con responsabilidad, a fin de informar al pueblo de México exactamente lo que ocurrió”, dijo Calderón durante los funerales de Estado que le ofreció el jueves a su amigo y delfín.
Desde el momento en que se supo quiénes eran las nueve personas que viajaban en el avión tipo Learjet 25 que se estrelló el pasado martes 4, especialistas, analistas, periodistas y gente de la calle han especulado sobre las causas de lo que sólo unos pocos aseguran desde el principio fue un “accidente”. Incluso, la propia administración calderonista juega al doble discurso: mientras que la única voz oficial del gobierno federal para referirse a los hechos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, ha insistido en varias conferencias de prensa en que no existen “hipótesis diferentes a las de un accidente aéreo”, el presidente ha pronunciado dos discursos en los que no sólo ha evitado intencionalmente usar esa palabra, sino que ha insistido en que él es el primer interesado en saber “exactamente lo que ocurrió”.
Y no sólo en la prensa se registran voces que comparten la suspicacia presidencial. En varias redes sociales en Internet han surgido grupos que discuten el tema, y son cientos los mensajes de gente que se inclina por creer que la muerte del número dos del gobierno mexicano y del ex zar antidrogas fue un atentado, justo cuando la administración de Calderón libra una guerra declarada contra el crimen organizado que ha dejado un saldo de 4340 ejecutados en lo que va de este año. En la calle, ganan terreno las teorías de la conspiración.
Lo único que se sabe hasta el momento es que las condiciones meteorológicas no fueron un factor para que la nave cayera en picada sobre una congestionada zona de edificios de oficinas de la Ciudad de México, a sólo un par de kilómetros de la residencia oficial de Los Pinos, causando la muerte de otras cinco personas que salían de trabajar y dejando otras 40 heridas. Más de medio centenar de automóviles quedaron destruidos al caerles el avión que estalló con el impacto.
El jueves, al brindarles funerales de Estado a sus colaboradores, en presencia de todo su gabinete, de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, de gobernadores y alcaldes, y del cuerpo diplomático acreditado en México, Calderón pronunció un largo discurso en el que nuevamente omitió referirse al hecho como un accidente y utilizó la muerte de su colaborador y amigo no sólo para vestirlo de héroe, sino para acreditarse el mérito de haberlo elegido como responsable de la conducción política del país y la seguridad nacional.
En realidad, más que un sepelio de Estado, la ceremonia realizada en las instalaciones militares de Campo Marte fue una liturgia. Calderón no sólo prodigó adjetivos laudatorios a su amigo y delfín, y fustigó a sus críticos y acusadores de tráficos de influencias y negocios particulares desde el poder, sino que rompió todo protocolo republicano acorde con un Estado laico, como el mexicano, parafraseando las bienaventuranzas de Mateo: “Sabemos que son bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los perseguidos por causa de la Justicia, bienaventurados los que por causa de lo alto son insultados y se diga toda clase de calumnias en su contra, porque su recompensa será grande”.
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Jefe División Delitos Económicos quedó bajo sospecha al aparecer numerosas llamadas telefónicas suyas con uno de los detenidos por la estafa (08-11-08
UN ALTO JEFE POLICIAL QUEDO VINCULADO CON EL CASO DEL DENUNCIANTE ASESINADO
Tras la conexión azul en Santiago
Un jefe de la División Delitos Económicos quedó bajo sospecha al aparecer numerosas llamadas telefónicas suyas con uno de los detenidos por la estafa contra Rentas que había denunciado Raúl Domínguez, secuestrado y asesinado en mayo pasado.
El asesinato de Raúl Eduardo Domínguez, un ex empleado de la Dirección de Rentas de Santiago del Estero que había denunciado hechos de corrupción en ese organismo oficial, sigue sumando incógnitas y oscuras vinculaciones con sectores de poder de la provincia. La novedad es que la Justicia comprobó que un alto funcionario de la División Delitos Económicos de la policía local mantuvo una serie de comunicaciones telefónicas con una de las cuatro personas detenidas por la estafa contra Rentas. Esas llamadas, detectadas mediante la utilización del sistema VAIC, de entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas, se produjeron antes de la desaparición de Domínguez, el 13 de mayo pasado, y luego del hallazgo de su cadáver, en el barrio El Vinaral, el 27 del mismo mes. El juez que investiga el crimen, Gustavo Adolfo Herrera, recibió un informe de la Jefatura de Policía, en el que se confirmó que el teléfono celular detectado a través del sistema VAIC pertenece a un miembro de Delitos Económicos, cuyo nombre no fue revelado. Tampoco se sabe la identidad del detenido con el cual el jefe policial mantenía extensas y reiteradas conversaciones telefónicas.
En la causa por defraudación en Rentas, que se inició a partir de las denuncias presentadas por Domínguez, hay doce imputados, cuatro de los cuales siguen detenidos. La sospechosa de mayor jerarquía es la ex directora de Fiscalización de Rentas, María Virginia Cura, quien salió en libertad bajo fianza. Raúl Eduardo Domínguez hizo tres declaraciones ante la División Delitos Económicos. En la tercera ocasión fue acompañado por una de sus hijas, María Marta Domínguez, quien luego declaró que en esa oportunidad su padre mencionó el nombre de un funcionario del gobierno provincial que supuestamente estaba involucrado en las maniobras ilegales. Curiosamente, esa declaración nunca pudo ser encontrada.
Una fuente cercana al juez Gustavo Adolfo Herrera le confirmó a PáginaI12 que están investigando a un alto jefe policial, pero eludió dar precisiones. Lo que se pudo saber es que se ha comprobado que hubo “numerosos contactos” entre un funcionario de Delitos Económicos y al menos uno de los imputados en la causa por la defraudación. Los abogados Bernardo José Herrera y Daniel Escobar Correa, quienes representan a los familiares de Domínguez, precisaron que “es al menos llamativo, por no usar otras palabras, que se registraran 17 llamadas durante los días 12 y 13 de mayo pasados, es decir en el día previo y en la fecha exacta en la que se produjo la desaparición de la víctima”.
Por si fuera poco, las pericias realizadas revelaron, además, que los contactos entre el jefe policial y los imputados se repitieron horas después del hallazgo del cuerpo de Domínguez, quien estuvo desaparecido durante dos semanas. El miércoles pasado, la Jefatura de Policía entregó al juez Herrera el listado con los números de los teléfonos celulares y fijos del personal de la dependencia policial bajo sospecha. Por otra parte, los abogados de la familia Domínguez solicitaron al magistrado que determine si el teléfono celular investigado fue usado también para hacer contacto con otra persona detenida en un asalto millonario a la madre de un abogado del fuero local, Víctor Nazar. Todo indicaría que el mismo policía tiene una extraña vinculación con los dos hechos.
En fuentes judiciales se supo que el número sospechado tiene característica de la ciudad de San Miguel de Tucumán. “El policía está identificado, pero igual se mantiene reserva del nombre”, insistió el vocero judicial consultado por este diario. El juez Herrera anticipó a la prensa de Santiago del Estero que levantará el secreto de sumario una vez que reciba los resultados de la autopsia al cadáver de Domínguez, que fue realizada por el cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los resultados podrían llegar la semana próxima.
Algunas informaciones, no confirmadas por la fuente judicial, indican que el mismo jefe policial sospechado tendría una vinculación cercana con una mujer que es pareja de otro de los imputados en la defraudación contra la Dirección de Rentas. Las sospechas sobre la policía provincial vienen de lejos, ya que algunos testigos dijeron haber visto un Fiat Uno de color blanco horas antes de la desaparición de Domínguez y en los momentos previos a la aparición del cadáver, el 27 de mayo pasado. El mismo auto había sido sorprendido cuando, desde su interior, dos desconocidos tomaban fotografías de la casa de la familia Domínguez.
Un vecino, a su vez, le sacó una fotografía al auto. Esa foto fue llevada a la Justicia por Cristina Torres, esposa de Domínguez, bajo la sospecha de que sería un auto al servicio de la policía provincial, dato que nunca pudo confirmarse. Desde que comenzó el caso, los familiares del empleado provincial asesinado vienen reclamándole al juez que los reciba. Ellos dicen tener información que puede orientar la búsqueda hacia los autores del asesinato.
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Al “mago” se le acabaron los trucos- Claudio Orlando Pittana, alias “Fafá”. (07-11-08)
Claudio Orlando Pittana, alias “Fafá”.
Hace un cuarto de siglo hizo sus últimos trabajos sucios en la ESMA. Hace poco más de una década, tras el asesinato de José Luis Cabezas, trascendió que era jefe de custodios de Alfredo Yabrán. Hace tres años el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó su captura, que el juez Sergio Torres ordenó en marzo pasado. Hace menos de dos meses, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas publicó su foto en los principales diarios del país y ofreció una recompensa de cien mil pesos. Ayer, en la calle Jaramillo del barrio de Saavedra, miembros de la misma Policía Federal en la que se formó como suboficial pusieron fin a su libertad y a su impunidad. Claudio Orlando Pittana, que integró el sector de operaciones del más célebre grupo de tareas de la Armada desde 1978 hasta su disolución, pasó su primera noche tras las rejas. Con su captura, cuatro días después de que la misma fuerza detuviera al mayor Jorge Antonio Olivera, la cifra de represores prófugos se reduce a 39.
La única imagen conocida del ex cabo, con uniforme y bruto bigote reglamentario, la tomó Víctor Melchor Basterra durante su cautiverio en la ESMA, a principios de 1982. Según el dossier que el CELS publicó en los ’80 con el testimonio y las imágenes que el obrero gráfico Basterra logró sacar del centro clandestino, Pittana utilizaba el alias “Fafá” y los sosías Roberto Mario Erhardt y Juan Manuel Bravo, era un excelente tirador y, según sus propios dichos, jugaba al rugby en el club Pucará.
Según el dictamen elaborado en octubre de 2005 por el fiscal Taiano, el falso mago Fafá secuestró y mató como miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 entre 1978 y 1983. El 21 de noviembre de 1978 a la madrugada participó del secuestro de Carlos Muñoz, que sobrevivió para contarlo. Ese mismo mes, en la esquina de Rivadavia y San Pedrito, masacró a Daniel Vázquez, que antes había recibido un escopetazo por la espalda. Al verse cercado, el Ñato Vázquez arrojó una granada, que no lastimó a nadie. Estaba en el piso, herido, cuando Pittana se acercó y le vació el cargador de su nueve milímetros en la cabeza, según declaró Muñoz durante el Juicio a las Juntas. A principios de agosto de 1979 integró la patota que secuestró a la familia Villaflor y fue el encargado de entregar a sus abuelos a una niña de dos años y medio capturada junto con sus padres. A principios de 1982 fue el autor del disparo que hirió de muerte a Julio Jorge Villar, que pasó sus últimos días en la ESMA y continúa desaparecido.
Según un informe atribuido a la Secretaría de Inteligencia publicado tras el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, Pittana era entonces jefe de la custodia de Yabrán. El documento que la prensa publicó en mayo de 1997 lo ubicaba como cabeza del círculo más cercano al grupo íntimo del empresario, tareas que habría desempeñado como miembro de la empresa Brides. El nombre de la firma es en honor a las “brigadas de la ESMA”, que también aportó a la seguridad del sombrío cartero a célebres torturadores como Jorge Acosta o Adolfo Donda. A fines de los ’90 solía frecuentar mesas ultramenemistas como custodio del Joaquín Alonso, ex director del Banco Nación y jefe de gabinete de la SIDE.
A principios de marzo se ordenó su detención. El 7 de abril se convirtió en el séptimo prófugo de la causa ESMA junto al capitán Jorge Vildoza, los prefectos Jorge Díaz Smith y Gonzalo Sánchez y los policías Roberto González, Juan Carlos Linares y Pedro Salvia. Con su caída la lista de represores que burlan a la Justicia se redujo a 39. Incluye desde expertos como Vildoza, con paradero desconocido desde 1987, hasta el teniente Roberto Bravo, fusilador de la Base Zar en 1972 con orden de detención desde febrero. Luego de que PáginaI12 informara que Bravo es dueño en Florida de RGB Group, que provee de servicios al Pentágono, Interpol le solicitó al juez federal Hugo Sastre que le traduzca al inglés las pruebas en su contra, tarea que ya lleva nada menos que siete meses.
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La familia del fotógrafo asesinado José Luis Cabezas informó que el abogado Alejandro Vecchi presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja por el “beneficio” de libertad condicional otorgado a varios de los acusados del crimen, pese a que la sentencia aún no está en firme. Así lo dieron a conocer durante una conferencia de prensa brindada en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra). “Estas liberaciones para mí son tremendas. Al poco tiempo de ser condenados en el juicio oral, se vieron beneficiados (con la libertad condicional), se les otorgó el dos por uno”, precisó la hermana del fotógrafo, que fue asesinado en la ciudad de Pinamar el 25 de enero de 1997.
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Amnistía Internacional: Congreso chileno es un "gran obstáculo" para DD.HH. (08-11-08)
Sábado 8 de noviembre de 2008 09:20
Amnistía Internacional: Congreso chileno es un "gran obstáculo" para DD.HH.
La secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional, Irene Khan, aseguró que el Congreso chileno es ambivalente y en algunos casos un "gran obstáculo" para lograr la ratificación y adopción de instrumentos internacionales y cambios legales en la Constitución que permitan progresar en materia de Derechos Humanos.
"Mientras la Presidenta nos aseguró de su compromiso (en materia de DDHH), la delegación de Amnistía Internacional se reunió con integrantes del Congreso y seguimos preocupados de que el Congreso sigue siendo ambivalente y en algunos casos, ha sido un gran obstáculo en la ratificación de instrumentos internacionales de DDHH", dijo.
En esta línea, aseveró que la negativa del Parlamento para aprobar y ratificar este tipo de instrumentos legales se debe "a una falta de entendimiento por parte de los legisladores en materia de DDHH. Al respecto, dejó entrever que para algunos políticos nacionales este tema puede servir para presionar al Ejecutivo".
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081107/pags/20081107220333.html
OpiniónLas Condes, la Contraloría y la PDI
No es extraño que muchos mantengan un silencio sepulcral ante esta clase de corrupción clasista, porque ellos, rigurosos y mediáticos fiscalizadores de las actuaciones falaces del gobierno, la amparan cuando se produce en su sector. Aquellos inmobiliarios top son los mismos que figuran sonrientes en las coloridas páginas de las revistas sociales que se venden en el sector oriente de Santiago.
Patricio Herman*
En ocasiones anteriores nos hemos referido en esta tribuna a los engaños urdidos al interior de la Municipalidad de Las Condes para favorecer económicamente al sector inmobiliario prime que, gracias a ellos, ha obtenido decenas de permisos de edificación con normas urbanísticas permisivas ya derogadas por el imperio de la ley, asunto que fuera informado con todo detalle por esta Fundación a los presidentes de la UDI y RN, al candidato presidencial Sebastián Piñera, como también a la Cámara de la Construcción y a los denominados think tank que asesoran técnica e ideológicamente a esos partidos políticos.
No es extraño que muchos mantengan un silencio sepulcral ante esta clase de corrupción clasista, porque ellos, rigurosos y mediáticos fiscalizadores de las actuaciones falaces del gobierno, la amparan cuando se produce en su sector. Aquellos inmobiliarios top son los mismos que figuran sonrientes en las coloridas páginas de las revistas sociales que se venden en el sector oriente de Santiago y cuyas ediciones atrasadas son leídas a desgano en las peluquerías y en las salas de espera de los dentistas y médicos.
Tales ardides se posibilitaron valiéndose de la circunstancia de que el alcalde Francisco de la Maza, renunció a su prerrogativa de aplicar, previo a la modificación del Plan Regulador Comunal de Diciembre de 2003, el artículo 117º de la Ley de Urbanismo y Construcciones que prohíbe el ingresos de nuevas solicitudes de anteproyectos y permisos de edificación en el período anterior a la publicación en el Diario Oficial de la nueva normativa. Como consecuencia de lo anterior se aprobaron en desmedro de los nuevos criterios urbanísticos unos 50 edificios con alturas muy superiores a las permitidas.
A partir de la modificación urbana comentada, la elevación máxima en los sectores de alta densidad se fijó en 15 pisos, y en ellos, sin embargo, se han edificado torres de 30 o más pisos (sic). Para transgredir tal marco regulatorio, en esa municipalidad se urdió un tinglado con el cual los particulares que habían ingresado solicitudes de anteproyectos antes de la publicación del nuevo plan regulador, no dejaban constancia de las fechas de sus aprobaciones para que los plazos de sus vigencias, ampliándose irregularmente para evitar su caducidad, coincidieran con las fechas de las autorizaciones de los respectivos permisos de edificación. De esta forma la tramitación se adecuaba a lo ordenado en el artículo 1.4.11. de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. En todo caso, hay que reconocer la habilidad de esos "emprendedores" que, como hemos visto, sí saben sacar ventajas en los negocios, en contraste con aquellos ingenuos, quienes por creer que existe un Estado de Derecho en Chile, se ciñen a las normas generales.
Al respecto, la Contraloría General dijo: "Se concluye que el procedimiento ad hoc utilizado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes en cuanto a considerar vigentes anteproyectos en que había caducado el plazo legal desde la notificación de su aprobación, y a prolongar esa vigencia durante todo el lapso en que no se pagaron derechos municipales a la sazón inexistentes, no se ha ajustado a derecho, por lo que procede hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan, sin perjuicio de que la Administración debe examinar si resulta procedente el rechazo o la invalidación de los respectivos permisos de edificación".
Estamos hablando de actividades inmobiliarias "fuleras" que exceden los mil millones de dólares, razón por la cual, en su oportunidad, le solicitamos por escrito a ese alcalde que, como las construcciones ilegales en Chile no se demuelen, se contemplarán, al menos, como reparación, algunas formas de compensaciones ambientales.
Pensábamos en la materialización de áreas verdes públicas en favor de las comunas más pobres de la región por parte de los privados que se vieron beneficiados por esa municipalidad. Buscábamos que por tales ganancias mal habidas, de unos 120 millones de dólares en conjunto, esas inmobiliarias resarcieran a la ciudad en esas comunas vulnerables en un monto equivalente a unos 80 millones de dólares. A tal propuesta de bien público el municipio simplemente nos contestó que ello no era posible porque la figura de la compensación no estaba contemplada en la ley.
En consecuencia, en esa municipalidad, conocida por su desmedida vocación inmobiliaria, se otorgan permisos viciados, pero que, cuando son detectados, su autoridad se ampara en que la ley no considera reparación alguna por parte de los particulares que han lucrado excesivamente. Como vemos, Las Condes promueve el pecado capital de la codicia de lo cual tanto se ha hablado en el último tiempo, y tolera su impunidad para resguardar la obtención de utilidades privadas bastante mayores a las que se pueden obtener apegándose a la regulación urbanística.
Además, como si lo anterior fuera poco, la Contraloría General, a solicitud del concejal PPD Hugo Unda y de una proba arquitecta, ratificó las denuncias de éstos, en el sentido que varios de esos empresarios pagaron montos muy rebajados por los derechos municipales por concepto de la calidad de la construcción. Para el caso, la Dirección de Obras de esa municipalidad tomó la iniciativa de alterar motu propio el formulario oficial -documento público tipo- elaborado por el ministerio de Vivienda y Urbanismo en donde se debían describir los atributos de cada construcción en trámite de permiso. Se trataba de un cuestionario en el cual se clasificaban los proyectos y que debía ser completado por un funcionario municipal. Sin embargo, esa dependencia municipal les traspasó dicha responsabilidad a los profesionales solicitantes de cada proyecto. Así fue como éstos, para favorecer a los propietarios de los negocios, completaron la información con categorías menores a las reales a fin de disminuir los montos a pagar al municipio.
Estando así las cosas, el concejal Unda, adelantándose incluso a la Contraloría, presentó en el Ministerio Público una querella en contra de quienes resultaran responsables por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de los mismos y fraude al Fisco. Estamos hablando de pérdidas para las arcas municipales del orden de los 4 millones de dólares.
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada de Delitos Económicos, hizo su trabajo con esmero y dedicación, interrogando a una serie de funcionarios municipales de la Dirección de Obras y a empresarios inmobiliarios favorecidos o no con tal ardid. Entre otros, declararon representantes de empresas de las cuales es o era socio el alcalde de la Maza, quienes fueron parcos en sus dichos. Pero la clave la entregó la Directora de Obras, quien habló más de la cuenta al reconocer que había recibido una orden verbal para cambiar el “Cuestionario de Atributos para la Construcción”, no acordándose, eso sí, de quien se la había dado.
Agregando, además, que ella nunca supo que se estaba utilizando el nuevo cuestionario, es decir, el apócrifo. Los detectives expresaron en su informe policial que hay incoherencia en los dichos de esa funcionaria. Los hechos que estamos dando a conocer a la opinión pública, demuestran que la “doctrina” de la presunción de buena fe, a la que se ha echado mano para excusar los actos de unos y otros en supuestos errores administrativos, y en la que se han amparado permanentemente los inmobiliarios y la propia municipalidad a la hora de legitimar esos permisos ilegales, no pasa de ser una mera ficción legal, cómoda, inclusive, para aquellos que estaban llamados a fiscalizar.Por tanto, ahora, esperamos que el accionar y la jurisprudencia administrativa se abran a la realidad de los hechos, cual es la ausencia en estos casos, de la manida buena fe, para que la pujante labor del Ministerio Público esté en condiciones de revelar la corrupción que todos los actores del sector conocen, pero que, en pos de mantener la tranquilidad institucional se ha silenciado.
En honor a la verdad, es imposible no reparar en el hecho de que la Contraloría General, en la cruzada nacional de restauración de la probidad, en más de una ocasión no ha contado con el apoyo de los propios tribunales superiores de justicia, quienes sin medir las consecuencias, han imposibilitado que aquella ejerza una labor de fiscalización efectiva, relegándola a una tarea de control meramente formal de los actos administrativos. Sin embargo, ante el creciente ambiente de descomposición que estamos viviendo, la ciudadanía exige que los órganos fiscalizadores asuman con rigor todas las atribuciones que las leyes y la Constitución les entregan en resguardo del Estado Democrático de Derecho. A la codicia sin límites de algunos, capaz de corroer los cimientos mismos de la Nación, se le debe oponer una institucionalidad consciente de su deber, y sobre todo dispuesta a enfrentarse frontalmente a aquellos con convicción y a la altura de las circunstancias.
Por lo relatado, estamos seguros que la Contraloría General y el Ministerio Público develarán todos los hechos desconocidos a la fecha, lo que se verá facilitado cuando los fiscales descubran quien era el personaje investido de autoridad que ordenó verbalmente a la desmemoriada Directora de Obras Municipales de Las Condes cambiar el documento público en donde se reflejaban los atributos para determinar la calidad de la construcción.
*Patricio Herman es miembro de la Fundación “Defendamos la Ciudad”.
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/las_condes_la_contraloria_y_la_pdi/
Mapuches y elecciones municipales
Si asumimos que Nación Mapuche somos todos, rurales y urbanos, campesinos y profesionales, adultos y jóvenes, creyentes y aquellos no tanto, conservadores y liberales (el tradicionalismo siempre será conservador, seamos claros), y no solo aquellos que comulgan con determinada idea o manual de acción, bien vale la pena observar como se comporta la mayoría. Y sobre ello, diseñar estrategias de acción.
Por Pedro CAYUQUEO* I Azkintuwe
Como cada cuatro años, el pasado 26 de Octubre asistimos a una de las ceremonias cívicas que mayor arraigo manifiesta a nivel de nuestro pueblo: una elección popular de alcaldes y concejales. Lo que señalo no es un juicio de valor, más bien una constatación, guste o no a quien escribe, ciudadano condenado por la justicia chilena y por tanto despojado de derechos civiles hasta nuevo aviso. Pero lo anterior no alcanza para nublar la vista ni menos la razón. Nuestra gente vota, lo hace de manera bastante entusiasta en algunas comunas donde representan mayoría electoral -como Nueva Imperial, por ejemplo- y cumple sagradamente con el rito ciudadano aquel. Me atrevería a señalar que se trata de un comportamiento cívico y cultural, a riesgo de ser tachado como promotor de aquella “institucionalidad opresora” en la cual, para pesar de muchos activistas, los mapuches participan a diario y sin mayor remordimiento.
Cada cuatro años, plazas públicas repletas de mapuches, refrescándose del calor con una jarra de mote con huesillos previo o post a depositar su voto en las urnas, nos recuerdan lo porfiada que es la realidad. No se observa en ellos el menor asomo de crítica radical al sistema, de rechazo a la institucionalidad, de cuestionamiento al “colonialismo interno” que nos afecta como nación o cualquiera de los metarelatos que circulan por internet y a los cuales, todos y cada uno, hemos contribuido con su granito de arena. Tampoco, por cierto, son ciudadanos sumisos y obedientes que se compran de buenas a primeras aquello de la “fiesta cívica del voto”. Todos y cada uno vota por razones bastante terrenales. Lo que prima mayormente es un pragmatismo poco estudiado por nuestros intelectuales y en absoluto atendido por el movimiento en su conjunto. Pragmatismo que tiene mucho de cultural, agregaría.
Hablo de zonas donde el "conflicto" no pasa de ser un par de minutos en el noticiero. Imágenes en algunos casos tan ajenas a la realidad local como la disputa palestino-israelí. Existen lugares en Wallmapu donde hablar de presos políticos, militarización, abuso policial, remite a tiempos de dictadura y no necesariamente a nuestros días. Y esos lugares son mayoría, para desgracia de unos y beneplácito de otros.
Para quienes conforman las capas más desprotegidas de la sociedad de un país, y en ello los mapuches batimos todos los records, el municipio es el Estado. Allí nuestra gente encuentra solución a sus problemas más urgentes, de salud, vivienda, educación, trabajo, transporte, inclusive seguridad ciudadana, encarnado esto último en el nunca bien ponderado “señor Carabinero”, único asistente social y terapeuta familiar que atiende a domicilio, en cualquier horario y de manera gratuita. Obviamente no es esta la realidad de Temucuicui ni de Lleu Lleu. Y es que hablo de zonas donde el “conflicto” no pasa de ser un par de minutos en el noticiero. Imágenes en algunos casos tan ajenas a la realidad local como la disputa palestino-israelí. Existen lugares en Wallmapu donde hablar de presos políticos, militarización, abuso policial, remite a tiempos de dictadura y no necesariamente a nuestros días. Y esos lugares son mayoría, para desgracia de unos y beneplácito de otros.
¿A dónde voy con todo esto? A la necesidad de abordar políticamente un comportamiento social, cívico, inclusive cultural, presente de larga data al interior de nuestra sociedad. Si asumimos que Nación Mapuche somos todos, rurales y urbanos, campesinos y profesionales, adultos y jóvenes, creyentes y aquellos no tanto, conservadores y liberales (el tradicionalismo siempre será conservador, seamos claros), y no solo aquellos que comulgan con determinada idea o manual de acción, bien vale la pena observar como se comporta la mayoría. Y sobre ello, diseñar estrategias de acción. Lo contrario es pretender que la realidad de adecue a nuestra visión de las cosas, ejercicio si bien cargado de épica y romanticismo, a ratos bastante improductivo. Lo demuestran los innumerables fracasos de la izquierda chilena, especialmente aquella autodenominada “revolucionaria”, que hoy vislumbra en la lucha mapuche una nueva oportunidad para reinventarse a si misma. Sus proclamas, manifiestos, panfletos y arengas, nos remiten a una realidad que no es tal. Comprenderlo les ahorrará un gigantesco dolor de cabeza. Y no solo a ellos.
Abordar esta realidad se vuelve más urgente cuando las estadísticas, las porfiadas estadísticas, nos indican que del año 2000 a la fecha, no solo la cantidad de votantes mapuches ha aumentado. También los candidatos mapuches a concejales y alcaldes se han casi triplicado, pasando de 74 (en total) el año 2000 a 178 el año 2004. Interesante resulta observar además que de los 21 candidatos mapuches electos el año 2000, la cifra aumentó a 46 el año 2004. Es decir, se duplicó. Consiguientemente, el voto hacia candidatos mapuches también se duplicó. Paso del 6,1% el año 2000 a un no despreciable 11,9% el año 2004. Los datos anteriores se refieren a los municipios de la IX región y las comunas adyacentes de Lewfü, Los Alamos, Cañete, Kontulmo, Tirua, Mulchen, kilako, Alto Biobio, Mariküna, Lanko y Panguipülli. Y aclaro que no dan cuenta de las recientes elecciones 2008, por carecer aun de datos concretos. Sospecho, sin embargo, que la tendencia a la participación en votantes y candidatos habrá aumentado nuevamente. Para quienes busquen profundizar, descargar el documento PARTICIPACIÓN Y VOTO MAPUCHE EN LAS MUNICIPALES
Para unos y para otros, “sistémicos” y “anti-sistémicos”, por usar un reduccionismo conceptual muy en boga, las municipales y sus resultados representan un llamado de atención respecto de hacia donde avanza (o retrocede) nuestra sociedad. Para unos y para otros implican también desafíos que, a diferencia de lo que muchos plantean, en absoluto resultan excluyentes entre sí.
Fácil sería en apariencia cuestionar estos datos. Los mapuches votan, es cierto, pero ¿por quién votan? El mito dice que por la derecha, lo que ha sido desmentido por varios investigadores. ¿Por qué se nos culpa del voto derechista de la región si somos los mapuches minoría demográfica en ella? Buena pregunta. Las estadísticas muestran, al contrario, que el voto mapuche ha transitado desde la derecha (década de los 90') a la Concertación en las últimas elecciones, demostrando que se trata de un voto flexible, pragmático y en absoluto ideologizado. ¿Se trata de un voto clientelista? posiblemente y nada de raro en un País Mapuche donde el municipio es además la principal bolsa de trabajo. “Todo pareciera indicar que el voto mapuche no se inclina tanto por una opción política determinada sino que expresa más bien consideraciones de orden local o personal, a las cuales no son ajenas las redes de solidaridad familiar o de clientelismo”, nos dice Pedro Marimán. “Clientelismo que activaría el factor cultural de la reciprocidad”, agrega. Tú me apoyas, yo te apoyo. Basta remitirse a lo familiar y ver como votan nuestros padres. Más claro echarle agua.
¿Qué desafíos nos plantea como pueblo esta realidad? Muchos y de variado tipo. Para aquellos que señalan -no sin razón a ratos, debo admitir- que lo institucional winka no es el camino a seguir y más bien la tarea es refundar institucionalidad propia, “tradicional”, el desafío es convencer al 80 por ciento restante de mapuches que al parecer piensa distinto. O cuando menos, que piensa cualquier cosa menos precisamente aquello. Esto implica repensar estrategias, alianzas, discursos y mensajes. También los métodos, por cierto. Para los que asumen que lo institucional winka es un terreno válido de disputa ideológica y que más que convencer a nuestra gente de lo perdidos que andan es más práctico operar sobre lo ya existente, los desafíos también son múltiples. Uno de ellos, valorar la experiencia acumulada en diversas organizaciones mapuche en materia de gobiernos locales y aprender de sus aciertos y errores. Otro, observar con altura de miras los pasos que un sector del movimiento viene dando para levantar una fuerza política propia, un partido, quintaesencia de la disputa de poder político-institucional en nuestros días. Y nuevamente, repensar estrategias, alianzas, discursos y mensajes. No hay atajos.
Para unos y para otros, “sistémicos” y “anti-sistémicos”, por usar un reduccionismo conceptual muy en boga, las municipales y sus resultados representan un llamado de atención respecto de hacia donde avanza (o retrocede) nuestra sociedad. Para unos y para otros implican también desafíos que, a diferencia de lo que muchos plantean, en absoluto resultan excluyentes entre si. Ningún pueblo se ha liberado privilegiando una exclusiva trinchera de lucha. Irlandeses y vascos supieron en su tiempo complementar la desobediencia civil con la inscripción legal de colectividades nacionalistas. Mucho más cerca, el movimiento indígena ecuatoriano y boliviano a diario nos brinda lecciones de alta política. De la resistencia al poder. Ellos entendieron esto hace décadas. Hace menos tiempo lo hicieron los mayas en Guatemala, tras fundar el partido Winaq. Impulsado inicialmente por Rigoberta Menchú, hoy es apuntalado por diversos sectores del movimiento indígena local. Y es que profesionalizar la acción política se yergue como una necesidad imperiosa de nuestros pueblos. También mejorar la puntería. El voto mapuche existe, pero otros lo están capitalizando. Y frente a nuestras propias narices, tañi pu peñi, pu lamgen / AZ
* Periodista. Director de Azkintuwe.
Confirman condena por tortura en Academia de Guerra Aérea (07-11-08)
Confirman condena por tortura en Academia de Guerra Aérea
El fallo aumentó de 541 días de presidio a 3 años y un día de presidio la pena en contra de los dos condenados, Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, otorgando, además, el beneficio de la libertad vigilada a ambos ex oficiales.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas dictadas en contra de los ex oficiales de la Fuerza Aérea de Chile Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera por torturas en las dependencias de la Academia de Guerra Aérea (AGA) entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975.
En fallo dividido (en causa rol 5174-2007), la Novena Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Víctor Montiglio, Mario Rojas y el abogado integrante Patricio González Marín- confirmó la sentencia dictada por el ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar por el delito de tormento o rigor innecesario causando lesiones graves en contra de 17 personas que permanecieron detenidas en dependencias de la AGA.
Sin embargo, el fallo aumentó de 541 días de presidio a 3 años y un día de presidio la pena en contra de los dos condenados, otorgando, además, el beneficio de la libertad vigilada a ambos ex oficiales.
El ministro Montiglio era partidario de absolver a ambos imputados acogiendo la excepción de la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido desde la perpetración del delito.
El ministro Rojas y el abogado integrante González fueron partidarios de confirmar la condena por los delitos en contra de:
Bernardo Francisco Pizarro Meniconi,
Ignacio Abdón Puelma Olave,
Gastón Lorenzo Muñoz Briones,
María Emilia Honoria Marchi Badilla,
María Iris Elisa Padilla Contreras,
Margarita Iglesias Saldaña,
Sergio Gustavo Castillo Ibarra,
Carmen Gloria Díaz Rodríguez,
Liliana Mireya Mason Padilla,
Patricio Hernán Rivas Herrera,
Sergio Santos Señoret,
Ricardo Alfonso Parvex Alfaro,
Cecilia Olmos Cortés, Belarmino Constanzo Merino,
José Honorio Carrasco Oviedo,
Manuel Osvaldo López Oyanedel y Gustavo Raúl Lastra Saavedra.
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References: resolución 
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 artículo 5
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 resolución 
 artículo 117
 artículo 1