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Timestamp: 2017-12-17 04:08:42+00:00

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Llaman a concurso a estudiantes de Abogacía interesados en ingresar al Poder Judicial de Córdoba
La convocatoria está destinada a cubrir cargos de meritorios en el Área Jurisdiccional y sumariantes en las Unidades Judiciales del Ministerio Público Fiscal, en Capital e interior Hasta el 28 de febrero de 2018, a las 14 horas, los estudiantes de Abogacía interesados a ingresar a la Justicia de Córdoba deberán completar la solicitud de inscripción publicada en el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia (www.justiciacordoba.gob.ar) , en la sección Concursos de Cargos , y adjuntar una copia del DNI, un certificado analítico de la carrera y el resto de la documentación requerida. El llamado a concurso está destinado a cubrir los cargos de meritorios en el Área Jurisdiccional y sumariantes en las Unidades Judiciales del Ministerio Público Fiscal, tanto en Capital como en el interior de la provincia de Córdoba. Los requisitos para presentarse a la convocatoria son los siguientes: a) Ser estudiante de la carrera de Abogacía con un avance académico de entre el 10% y el 40% de los exámenes finales aprobados con promedio general no inferior a seis puntos, computando los aplazos. Solo de manera excepcional -y por esta única vez- se admitirán aspirantes que, sin haber finalizado sus estudios de grado, tengan un porcentaje de avance mayor al 40% de la carrera, con promedio general no inferior a seis puntos, computando los aplazos. b) Registrar actividad académica con examen final rendido entre el 4/12/2015 y el 4/12/2017. c) Tener aprobado al 31/05/2018 el examen de dactilografía y operador de PC en las instituciones establecidas en el acuerdo de convocatoria (adjunto en esta publicación). Durante 2018, los aspirantes deberán rendir y aprobar un examen sobre conocimiento jurídico cuya característica principal es que la identidad del aspirante se mantiene en el anonimato a través del uso de un código de barras. Los concursantes deberán canalizar sus consultas única y exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección: concursoingresantes@justiciacordoba.gob.ar
Salta: Autoridades de la Escuela de la Magistratura para el periodo 2017- 2019
La Corte de Justicia de Salta designó a quienes ocuparán las direcciones de las diferentes áreas de la Escuela de la Magistratura para el periodo 2017- 2019. También fueron designados los delegados y delegadas regionales con asiento en los distritos judiciales del interior. La jueza Lucía Brandan Valy dirigirá el Departamento de Postgrado y Formación Continua, el juez Guillermo Adriano Polliotto estará al frente del Departamento de Ingreso al Poder Judicial, la jueza Verónica Gómez Naar Soler será la directora del Departamento de Formación de Empleados del Poder Judicial, y la jueza Mónica Graciela Faber dirigirá el Departamento de Relaciones Institucionales y Extensión Cultural. Las delegaciones regionales, en tanto, estarán a cargo de los siguientes magistrados: Distrito Judicial Orán: Aldo Alberto Primucci (titular) y María Laura Toledo Zamora (suplente). Distrito Judicial Tartagal: Carmen Elena Juliá (titular) y Elba Susana Menéndez (suplente). Distrito Judicial Sur, Circunscripción Metán: Ramón Alberto Haddad (titular) y Carolina Poma Salvadores (suplente). Distrito Judicial Sur, Circunscripción Anta: Patricia Inés Rähmer (titular) y Héctor Sebastián Guzmán (suplente). Distrito Judicial del Centro, sede Cafayate: María Virginia Toranzos. La designación de directores, directoras, delegados y delegadas para el periodo 2017 – 2019 se realiza de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6 del Estatuto de la Escuela de la Magistratura, aprobado por Acordada 12026.
La Procelac denunció por evasión agravada al presidente de una cooperativa que administra puestos de venta callejera
EN ESTA NOTA: Tags Gabriel Pérez Barberá julian-axat Compartir: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, denunció ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico la posible comisión del delito de evasión tributaria agravada previsto en la ley 24.769, por parte del titular de una Cooperativa de trabajo limitada, tras una presentación que algunos de sus miembros asociados realizaron ante la Dirección General de Acceso a la Justicia. La denuncia se produjo luego de que ATAJO remitiera a la Procuraduría especializada los testimonios de siete integrantes de una cooperativa que administra puestos comerciales en el partido de General San Martín, en un predio lindante a las vías del Ferrocarril Mitre, en los que se detalla la maniobra por la cual habría sido desplazada ilegalmente de su cargo la anterior presidenta de la entidad, y el cobro de onerosos alquileres, sin contrato de locación ni recibos de pago. Los puestos de venta funcionan los días viernes, sábados y domingos entre las 10.00 y las 21.00, con excepción de los meses de diciembre y enero, cuando lo hacen durante quince días corridos. El predio habría sido cedido en comodato a la cooperativa por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y el plazo estaría por caducar. Sus inquilinos son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, según las 100 Reglas de Brasilia. La denuncia consigna que el actual presidente de la cooperativa realizaba operaciones inmobiliarias y alquilaba semanalmente los puestos de feria por una suma que oscilaría entre los 700 y 1500 pesos por puesto, incluyendo un pago adicional de 700 pesos en concepto de expensas y de 600 pesos por día feriado. Los feriantes señalaron que “esos montos eran modificados unilateralmente por el presidente, y que en el mes de diciembre de 2016 la suma del alquiler alcanzó los $18 mil por puesto”, no obstante lo cual “no se entregaba a los inquilinos copia del contrato de locación, como así tampoco de los respectivos comprobantes de pago”. Medidas de prueba En su denuncia, el fiscal general Pérez Barberá sugirió la producción de seis diligencias de instrucción, que podrían resultar útiles para la investigación de las conductas delictivas observadas (artículos 193 y 199 del Código Procesal Penal de la Nación). Las medidas solicitadas procuran “impedir el disfrute de los bienes a quienes los obtuvieron ilícitamente, con la finalidad de que sean devueltos a la sociedad, debiendo para ello adoptarse las medidas necesarias para no frustrar su recupero”.
Procesaron a los directivos del Laboratorio Finadiet por tráfico de influencias
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, Sebastián Ramos, decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Daniel Binder, Carlos Alberto Arredondo, Luis César Forte, Guillermo Enrique Yañez y Clara Catalina Gaivironsky –en su calidad de integrantes del directorio del Laboratorio Finadiet SACYFI-, tras considerarlos responsables del delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 258° del Código Penal, al tiempo que dispuso el embargo sobre sus bienes, hasta cubrir la suma de 150 mil pesos cada uno. La medida se da en el marco de la investigación iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo. La pesquisa -en la que también intervino la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Jorge Di Lello-, se inició a raíz de la presentación efectuada por uno de los médicos del plantel del Servicio de Urología del Hospital César Milstein (ex Hospital Francés), en la que denunciaba que el médico Jorge Escalera Sarabia –en su calidad de jefe de residentes- les había enviado un mensaje a través de la aplicación WhatsApp en el que los instruía para que sólo recetasen medicamentos del Laboratorio Finadiet y que, caso contrario, tendrían problemas. El denunciante refirió que en la maniobra también estaban implicados los médicos Julio Verdinelli y Esteban Damián Trucco, quienes junto a Escalera Sarabia, a cambio de recetar a los pacientes de PAMI, los medicamentos de la farmacéutica, recibían cheques en sus cuentas personales –que alcanzaron un total de 94.802 pesos, distribuidos en treinta y ocho cartulares-, que fueron librados por los integrantes del directorio de FINADIET entre abril de 2013 y 2015. “Es un caso emblemático de corrupción en el cual se pudo probar la entrega de dinero a través de cheques que se emitían de la cuenta del laboratorio a las cuentas personales de los médicos”, destacó el fiscal Arzubi Calvo. Oportunamente, los médicos fueron procesados en orden al delito de cohecho, conforme el artículo 256° del Código Penal de la Nación, y ahora el juez Ramos dispuso el procesamiento de Binder, Arredondo, Forte, Yañez y Gaivironsky, en su calidad de directivos del Laboratorio al momento de los hechos, en orden al delito de tráfico de influencias, al tiempo que trabó embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de 150 mil pesos cada uno. El fiscal Arzubi Calvo celebró la decisión del magistrado y destacó que “es un caso emblemático de corrupción en el cual se pudo probar la entrega de dinero a través de cheques que se emitían de la cuenta del laboratorio a las cuentas personales de los médicos”. Asimismo, agregó que “es ejemplificador el hecho que se haya procesado a la totalidad del directorio de la firma y a los médicos de PAMI. Toda vez que la investigación englobó a toda la cadena delictiva, es decir a quienes cumplían funciones públicas, como así también a los privados”. Y concluyó: “Es importante que este tipo de investigaciones que afectan a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad avancen para que quienes lucran con la salud de los adultos mayores sean efectivamente sancionados”.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema brindó un taller sobre derechos humanos para la Cámara Federal de Salta
La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que preside la vicepresidenta del Tribunal, Elena Highton de Nolasco, dictó el taller “Una aproximación a la problemática de la víctima delitos sexuales en las causas de lesa humanidad”, para integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el 12 de diciembre pasado. La actividad, que tuvo lugar en la capital de esa provincia, se enmarca en el programa llevado a cabo por la OM en coordinación con la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. El taller se propuso brindar herramientas para evitar la victimización secundaria de personas damnificadas y de testigos frente a delitos sexuales en estas causas. La formación se enmarca en el programa continuo de capacitación en perspectiva de género que lleva adelante la Oficina de la Mujer desde 2009.
RODOLFO URTUBEY NUEVO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La Corte le tomó juramento al senador Rodolfo Urtubey como integrante del Consejo de la Magistratura Fue en un acto que se realizó este martes, en el Palacio de Justicia. Participaron los ministros del Máximo Tribunal Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda y miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación
La Corte Suprema declaró la constitucionalidad del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias
En la causa CAF 4455/2014/CA1-CS1 “Piantoni Hnos”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, por mayoría, que las disposiciones de la ley 25.413, el decreto 380/01 y la resolución general (AFIP) 1135/2001, relacionadas con el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones, resultan constitucionalmente válidas. La empresa actora -distribuidora mayorista de cigarrillos y productos de tabaco-, cuestionó la constitucionalidad de esas normas conforme a las cuales, su operatoria, consistente en depositar, en forma regular, dinero en efectivo en la cuenta bancaria de su proveedora, constituía un sistema organizado de pago que permitía reemplazar el uso de cuentas bancarias en el ejercicio de una actividad económica y, en consecuencia, se encontraba alcanzada por el impuesto. La Corte Suprema, por mayoría, confirmó la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había dispuesto mantener la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por medio de la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de Piantoni Hermanos SACIFI y A con relación al mencionado impuesto. Para decidir de esa manera, los jueces Highton de Nolasco y Maqueda, recordaron que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional sólo el Poder Legislativo puede crear impuestos y modificar sus elementos sustanciales. A partir de ello, examinaron las normas involucradas en el caso y concluyeron que los elementos esenciales del impuesto cuestionado habían sido expresamente establecidos por una ley emanada del Congreso de la Nación y que tanto su decreto reglamentario como la resolución general 1135 de la AFIP, no habían modificado o alterado ninguno de dichos elementos ni lo habían ampliado con el fin de abarcar situaciones nuevas o no previstas en la ley, por lo que se cumplía plenamente con la manda constitucional. En función de ello concluyeron que la modalidad de pagos que utilizaba la empresa actora se encontraba incluida dentro de los supuestos descriptos por el legislador y, en consecuencia, alcanzada por el impuesto. Asimismo, sostuvieron que la decisión adoptada no significaba obligar a Piantoni Hnos. a depositar el dinero que recibía de sus clientes en sus propias cuentas bancarias, sino que sólo establecía que si el movimiento de fondos no se realizaba a través de ellas, traía como consecuencia que la alícuota del impuesto resultara mayor, según lo previsto en ley 25.413. Por su parte el juez Rosenkrantz, en su voto concurrente, coincidió con la solución mencionada agregando que el hecho imponible fue ampliado por la vía de la ley 25.453. Asimismo agregó que, la amplitud con la que es definido un hecho imponible por la ley no es, per se, una razón para fulminarlo bajo la acusación de que viola el esquema de distribución de competencias fijado en la Constitución, siempre que el Congreso hubiera determinado con suficiente certeza la conducta gravada de modo tal de permitirá los administrados prever las consecuencias de sus decisiones empresarias o comerciales, circunstancia que se verificaba en el caso. Finalmente el juez Lorenzetti, en su voto en disidencia, propició dejar sin efecto la sentencia objeto de recurso extraordinario. Para ello consideró inconstitucional la norma que se cuestionaba porque no respetaba el principio de legalidad ya que era por demás genérica e indeterminada y no contenía todos los elementos necesarios para producir el nacimiento de una obligación tributaria. Entendió que esto era así dado que no podía ser constitucionalmente aceptada la definición de hechos imponibles inasibles y de gran amplitud que no permitían determinar cuál era la conducta que se pretendía someter al pago del impuesto. También sostuvo que era inconstitucional la resolución general 1135/01 de la AFIP ya que al establecer que los movimientos de fondos sujetos al pago del tributo son aquellos que se efectúen a través de sistemas de pago organizados que reemplacen el uso de las cuentas bancarias en el ejercicio de actividades económicas, incorporó nuevos elementos que no estaban contemplados en la ley de creación del impuesto (25.413) y, por lo tanto, afectan el principio de reserva de ley en materia tributaria.
La Cámara Comercial confirmó la legimitación del MPF para intervenir en el concurso preventivo de Correo Argentino S.A.
La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la legitimidad del Ministerio Público Fiscal para intervenir en la causa por el concurso preventivo de Correo Argentino S.A.. Se consignan a continuación los párrafos más relevantes de la resolución: “Sin perjuicio de que no se encuentra previsto en el sistema concursal la participación del Ministerio Público en primera instancia en el trámite del concurso preventivo, la intervención de dicho órgano debe ser admitida en razón de lo normado por el art. 120 de la C.N. y los arts. 25, inc. a, b, g y h de la ley 24.946 (CSJN, in re “Clínica Marini SA s/ Quiebra” del 01.08.13, Fallos 336:908, en similar sentido, CNCom., esta Sala, in re “Buenos Aires Tur SRL s/ Acuerdo Preventivo Extrajudicial” del 14.11.06)”. “La Constitución Nacional asigna al Ministerio Público la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad (art. 120), mientras que el art. 31 de la ley 27.418 impone a los fiscales no penales el resguardo del debido proceso legal y otras cuestiones donde estén involucradas normas o principios de orden público”. “La legitimación de la Sra. Fiscal no puede verse cercenada como consecuencia del desistimiento del recurso de apelación que articuló la deudora, puesto que una disposición procesal no puede impedir el ejercicio de las facultades que le asisten al Ministerio Fiscal para tutelar el orden público configurado por la protección del activo concursal y el adecuado tratamiento de los créditos concursales (CSJN, in re “Abalo, María S s/ Quiebra” del 05.0490, Fallos: 313:425)”.
Corte Suprema: No podrá darse educación religiosa en las escuelas públicas en horario escolar y como parte del plan de estudios
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación, a través de la cual, en la provincia de Salta la enseñanza religiosa integra los planes de estudio, se imparte dentro de los horarios de clase y cuyos contenidos y habilitación docente requieren el aval de la respectiva autoridad religiosa. También invalidó la obligación de los padres de manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa”. El juez Horacio Rosatti consideró que la ley es constitucional, y exhortó a la Provincia para que instrumente las medidas necesarias para adaptar los contenidos curriculares de la materia y disponga el cese de todo rito religioso durante la jornada escolar. Exhortó asimismo a controlar socialmente el respeto por la tolerancia y pluralidad religiosa y de pensamiento, sin discriminación alguna. El juez Carlos Rosenkrantz no suscribió la sentencia pues se excusó de intervenir en la causa con motivo de que al momento de promoverse la acción de amparo era miembro de la Asociación por los Derechos Civiles, coactora en estas actuaciones. El derecho a recibir educación religiosa en la Constitución de Salta En la causa se cuestionó el artículo 49 de la Constitución provincial que establece el derecho de recibir en la escuela pública educación religiosa que esté de acuerdo con las convicciones de los padres o tutores de los alumnos. La Corte consideró que esta norma es válida porque está en consonancia con la libertad que reconocen los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional. Es inconstitucional el inciso “ñ” del art 27 de la ley de educación salteña n° 7546 En la causa se cuestionó esta norma en cuanto dispone que la instrucción religiosa integra los planes de estudio, se imparte dentro de los horarios de clase y sus contenidos y habilitación docente requieren el aval de la respectiva autoridad religiosa. En el mismo sentido, fue cuestionada la Disposición n° 45 de la Dirección de Educación Primaria de la provincia, que prevé la obligación de entregar un formulario en el que los padres deben manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa” y, en caso afirmativo, en qué creencia desean que sean instruidos. La Corte declaró ambas normas inconstitucionales porque consideró probado que en numerosas escuelas públicas de la provincia de Salta se enseña y practica la catequesis de un solo culto (el católico apostólico romano) y ello es discriminatorio y afecta la privacidad de los alumnos. El límite de la discriminación Debe existir un juicio de ponderación razonable ya que no se puede satisfacer un derecho de manera ilimitada y que, como consecuencia de esta extralimitación, se lesionen los derechos de otros grupos igualmente tutelados al situarlos en una posición desventajosa. En estos supuestos el examen debe ser estricto y quien establece la diferencia de trato debe justificar su necesidad. En el caso, la demandada no ha demostrado esa necesidad. En consecuencia, se puede afirmar que la norma cuestionada, al incluir la educación religiosa en horario escolar, dentro del plan de estudios y con el aval de la respectiva autoridad religiosa, favorece conductas discriminatorias hacia los niños y niñas que no integran el grupo religioso predominante ni ningún otro, generando, de este modo, mayor desigualdad. La Corte afirmó que cuando una norma admite una lectura que pone a un sector de la población en una situación de inferioridad respecto de un grupo determinado, se debe invalidar esa norma, porque de lo contrario la situación de discriminación se repetirá una y otra vez, más allá de que se invaliden las prácticas puntuales discriminatorias. En estos casos, hay que centrar el análisis en la norma como causante de la desigualdad. La Corte Suprema consideró que dentro del sistema educativo público de la Provincia de Salta existen patrones sistemáticos de trato desigualitario hacia grupos religiosos minoritarios y hacia los no creyentes. Existe claramente un tratamiento preferencial hacia las personas que profesan el culto mayoritario, sin que la provincia de Salta haya justificado de ninguna manera la necesidad de la política de educación religiosa que implementa. El límite de la privacidad La Constitución establece un ámbito en el que cada individuo es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea. En ese contexto, aceptar como principio que alguien pueda ser obligado a revelar sus creencias religiosas, por más insignificante que pudiera parecer en algunos supuestos, es abrir una grieta en el sistema de derechos fundamentales. La tolerancia de lo que parece irrelevante es lo que ha desencadenado, en otros países, un descenso progresivo hacia lo intolerable. Los principios que sirven para resolver un caso deben ser aplicables a toda una categoría de situaciones análogas. La creencia religiosa es algo privado y la coerción para revelarla genera graves afectaciones de derechos humanos. Este tipo de situaciones es lo que está causando graves problemas en otras regiones del mundo y es visible en el derecho comparado. La Corte finalmente invalidó la obligación de completar y entregar el formulario creado por la Disposición n° 45 de la Dirección de Educación Primaria de la Provincia de Salta por ser violatoria al derecho a la intimidad. La Corte consideró acreditada la presencia de alumnos en el aula durante las clases de catequesis pese a que sus padres habían exteriorizado su voluntad de que sus hijos no recibieran educación religiosa, o bien habían manifestado en forma expresa que no profesaban religión alguna. Hubo también casos en los que los padres, no obstante tales circunstancias, consintieron que sus hijos permanecieran en el aula durante las clases de enseñanza religiosa por cuestiones de seguridad o a los fines de que no fueran “individualizados y segregados”. El principio de neutralidad religiosa La Corte consideró que si bien es cierto que el mismo texto de la Constitución prevé el sostenimiento al culto católico, también es claro que esta afirmación se limita a un apoyo económico, tal como lo explicaron los redactores de la Constitución y lo ha entendido siempre la jurisprudencia de la Corte. Así, el respeto a todas las creencias –incluyendo aquellos que eligen no creer- es una base fundacional de la convivencia pacífica entre los distintos credos y comunidades que pueblan la Argentina, sin que pueda sostenerse ninguna preferencia: esta ecuanimidad del Estado frente a las creencias de sus habitantes da sentido al principio de neutralidad religiosa. La Corte Suprema también recordó que la Constitución Nacional establece la igualdad de oportunidades sin discriminación en el acceso a la educación. Para compatibilizar este derecho con la libertad de profesar el culto que cada uno desee, sostuvo que resulta necesario que en la escuela se pueda acceder a una formación neutral, en la que sean explicadas las religiones como fenómenos históricos y culturales, sin que en esa explicación introduzca preferencias de una creencia sobre otra. La enseñanza de la religión puede realizarse fuera del horario de clase También sostuvo que en la escuela, fuera del horario de clase, todos aquellos que deseen recibir enseñanza religiosa pueden hacerlo. Es la doctrina que surge del modelo que estableció la ley 1420 de educación pública de 1884, según la cual “la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión, antes o después de las horas de clase”. La Corte afirmó que la decisión de profesar una religión –o de no profesar alguna- es absolutamente personal, propia de la intimidad de cada persona. La obligación de completar y entregar el cuestionado formulario ─el que queda agregado al legajo escolar del alumno─ resulta claramente violatorio del derecho que tiene toda persona de no revelar un aspecto de su esfera personal ─tales como los pensamientos o la adhesión o no a una religión o creencia─ en tanto obliga a divulgar una faceta de la personalidad espiritual destinada a la dimensión propia de cada individuo y en ese sentido resulta contraria al derecho a la intimidad que reconoce el artículo 19 de la Constitución Nacional. La relación entre la Nación y las provincias en materia educativa El Estado Nacional delinea “las bases de la educación”, teniendo en cuenta la convivencia pacífica y el diálogo entre distintas religiones y filosofías de vida. Las provincias conservan la facultad de introducir sus propias particularidades en materia educativa, respetando sus tradiciones, símbolos e identidades locales y regionales. No obstante, resulta relevante señalar que existe un piso mínimo constituido por el diseño establecido en la Constitución Nacional. Pues, tanto sus fuentes históricas como los precedentes de este Tribunal permiten afirmar con claridad el principio de neutralidad religiosa en el ámbito de la educación pública. Disidencia parcial del juez Rosatti El juez Rosatti consideró, en su voto disidente, que la educación religiosa en las escuelas públicas primarias prevista en la constitución y la ley salteña constituye una elección que expresa el ‘margen de apreciación provincial’ para implementar la competencia educativa reconocida por el art. 5 de la Constitución Nacional. Señaló que debe evitarse que una interpretación restrictiva de las normas vigentes minimice el goce de los derechos de los alumnos y de sus padres o tutores ante el hecho religioso, ya sea imponiendo la voluntad de quienes expresen una posición mayoritaria al resto de los educandos o auspiciando que la minoría vete toda posible enseñanza a quienes quieran recibirla. Estimó que la legislación salteña genera la obligación de diseñar un sistema de ‘oferta obligatoria’ para el Estado provincial y de ‘demanda facultativa’ para los educandos. Agregó que el carácter no obligatorio -y por tanto renunciable- del derecho a recibir educación religiosa por parte de los alumnos no impide que la materia “religión” integre el currículo, pero si impide la exigencia de su cursado forzoso y, consecuentemente, la necesidad de su aprobación y la obtención de una calificación que incida sobre el promedio general del educando. El carácter facultativo o no forzoso para los alumnos exige, asimismo, la elaboración de una alternativa que importe la ocupación productiva –cualquiera fuera el área académica- de quienes elijan no cursar la materia. Rosatti afirmó que los principios constitucionales de no discriminación y de igualdad de trato conducen a que la oferta educativa estatal salteña deba ser plural y contemple el conocimiento de los cultos reconocidos, con obvia inclusión de los que expresen las convicciones de padres y/o tutores, como así también de las posiciones agnósticas y ateas, en un marco de respeto y tolerancia. Respecto del diseño de la oferta educativa (contenidos, bibliografía, selección docente y criterios pedagógicos), el magistrado señaló que en su implementación -y en el control subsiguiente- resultaba imprescindible la participación de la familia. Luego de reafirmar que las normas constitucionales y legales analizadas no eran auto-contradictorias y que las obligaciones que de ellas derivan no resultaban de cumplimiento imposible, afirmó que no ocurría lo mismo con la implementación de tales disposiciones. En particular, el juez Rosatti estimó que debía modificarse el actual sistema por el cual se manifiesta la voluntad de los padres y/o tutores respecto de la aceptación o no de la enseñanza religiosa y que el anoticiamiento de las autoridades escolares -a los fines organizativos- debía realizarse evitando toda forma de estigmatización y/o de discriminación, modificándose la presunción actualmente vigente que entiende al silencio de los padres como aceptación. El magistrado sostuvo también que debía resguardarse la libertad de no manifestar la posición frente a la religión de quienes no quisieran hacerlo y que la enseñanza religiosa debía evitar el ritualismo obligatorio y la catequesis durante la jornada escolar, pues esta actividad no es propia de la escuela pública sino del templo. Como consecuencia de lo dicho, el juez Rosatti sostuvo la constitucionalidad del art. 49 de la Constitución de la Provincia de Salta y de los arts. 8, inc. m, y 27, inciso ñ, de la ley de educación provincial nº 7546, en la medida en que la enseñanza de religión se lleve a cabo por medio de programas, docentes, pedagogía y bibliografía que difunda las distintas posiciones frente al hecho religioso y propicie en los educandos el hábito de respeto y tolerancia. El magistrado resolvió asimismo la inconstitucionalidad, por violación a los derechos a ejercer libremente el culto, de aprender y de privacidad (arts. 14 y 19 de la Constitución Nacional), de toda práctica que, en la implementación de la enseñanza de religión en las escuelas públicas salteñas, implique la prevalencia conceptual de un culto por sobre los demás, la discriminación de quien no profese ningún culto o de quien profese alguno en particular, la imposición en las clases de catequesis o ritos religiosos, o el ejercicio de alguna forma de coerción para expresar la posición frente al fenómeno religioso de los educandos, sea de modo directo o por vía de sus padres o tutores. Declaró además la inconstitucionalidad, por violación del principio de igualdad y de no discriminación (art. 16 de la Constitución Nacional), a la obligación para los alumnos de tener que permanecer en el aula cuando se desarrollen las clases de religión que no respeten las convicciones de sus padres y tutores. Finalmente, el juez Rosatti exhortó al Ministerio de Educación de la provincia de Salta y -por su intermedio- a las autoridades locales pertinentes, a que -a la brevedad y dentro del marco de su competencia- instrumente las medidas necesarias para adaptar los contenidos curriculares de la materia y disponga el cese de todo rito religioso durante la jornada escolar. Exhortó asimismo a controlar socialmente el respeto por la tolerancia y pluralidad religiosa y de pensamiento, sin discriminación alguna.
Bitcoins: realizaron allanamientos en el marco de una investigación por estafas
La investigación fue llevada adelante en forma conjunta por la Unidad Fiscal Especializada en Ciber-delincuencia (UFECI) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 25. Tuvo su inicio en mayo del año pasado, luego de que se detectaran varios casos de personas que denunciaron haber sido estafadas a través de supuestas compras realizadas en un portal denominado www.cuponsemanal.com, durante la semana de descuentos que en internet se conoce bajo el nombre de “Hot Sale”. La maniobra estaba compuesta de varios pasos. En primer lugar, sus autores montaron un sitio web identificado con el nombre CuponSemanal en el que ofrecían la venta on-line de una gran variedad de productos (desde teléfonos celulares hasta colchones) a un costo sumamente bajo. Luego, publicitaron las supuestas ofertas en sitios legítimos de venta, tales como www.MercadoLibre.com.ar. De esta forma, quien accedía a dichas publicaciones, era redirigido a la página que ellos administraban. Cuando los usuarios ofertaban por algún producto, los administradores iniciaban, a la par, operaciones de compra de Bitcoins en una plataforma de compra y venta por el mismo monto. Para concretar la adquisición de Bitcoins, este último sitio generaba un cupón de pago que podía ser abonado en la red Pago Fácil. Este cupón era adulterado y enviado a las víctimas, de modo tal que, al pagarlo, éstas creían estar adquiriendo un producto legítimo, cuando en realidad estaban pagando la compra de Bitcoins a favor de los autores de la maniobra delictiva. Hasta el momento se identificaron ocho víctimas, pero teniendo en cuenta la masividad que alcanzaron estas publicaciones, se estima que podría haber muchos más perjudicados. Tras una ardua investigación, que incluyó búsquedas en fuentes abiertas de información, pedidos a distintos proveedores de correo electrónico que se localizan en el exterior, análisis de listados de llamadas y trabajos sobre la trazabilidad y destino de los Bitcoins adquiridos; se identificó a los posibles autores de la estafa y, con la colaboración de la División Delitos Tecnológicos de la P.F.A., se realizaron distintos allanamientos en sus domicilios. Como resultado, se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que se encuentran en etapa de ser peritados.
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Que opinión le merece la renuncia de la Procuradora General Gils Carbo
Jurisdiccion Catamarca
Jurisdiccion Federal
Jurisdiccion Tucuman
Jurisdiccion Salta
Jurisdiccion Jujuy
La Columna (Sgo del Estero)
La Gaceta (Tucuman)
El Ancasti (Catamarca)
El Liberal (Sgo del Estero)
El Tribuno (Jujuy)

References: artículo 6
 artículo 258
 artículo 256
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 artículo 49
 artículo 19