Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-31-2011-ap-toledo-sec-1-rec-5-2008-04-07-2011-10681041
Timestamp: 2017-05-27 00:24:40+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 31/2011, AP - Toledo, Sec. 1, Rec 5/2008, 04-07-2011 | Iberley
Identificación InicioJurisprudencia PenalAP - Toledo2011Gutierrez Sanchez-caro, ManuelCondenaSentencia31/20115/2008
Sentencia Penal Nº 31/2011, Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1, Rec 5/2008 de 04 de Julio de 2011
Jurisprudencia Sentencia Penal Nº 71/2012, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 85/2011, 24-09-2012 Órden: Penal
Num. Recurso: 85/2011
Sentencia Penal Nº 37/2012, AP - Tarragona, Sec. 2, Rec 32/2010, 16-01-2012 Órden: Penal
Num. Recurso: 32/2010
PREVIO.- El Ministerio Fiscal y la acusación particular interesaron como medida de protección de la víctima, la interposición de una mampara para evitar la confrontación visual con el acusado en el momento de prestar declaración. La defensa nada opuso a la adopción de la medida solicitada. El Tribunal, previa solicitud de un informe al Equipo de atención a la victima, acordó en los términos interesados , al constatarse con claridad las razones justificativas de la medida a la luz de lo... Sentencia Penal Nº 189/2013, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 13/2012, 22-03-2013 Órden: Penal
Num. Sentencia: 189/2013
.- La acusación particular ejercitada en la presente causa, ya que el Ministerio Fiscal no formula acusación, imputa al procesado la comisión de: a) un delito de abuso sexual, del
art. 182.1 y 2 del Código Penal , en su redacción anterior a la LO 5/2010, de 22 de Junio y b) un delito de agresión sexual, de los
arts. 179 y 180.1.4º del Código Penal . El primero de tales delitos se caracteriza por el atentado contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima, cometido sin... Sentencia Penal Nº 397/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 104/2007, 04-07-2008 Órden: Penal
Num. Sentencia: 397/2008
Num. Recurso: 104/2007
Se absuelve, por la Sección Dédima de la Audiencia Provincial de Barcelona, al acusado de los delitos de amenazas, delito continuado de violación, delito de detención ilegal y falta de lesiones. La declaración del acusado reviste plena credibilidad, no hay prueba de cargo que establezca que la permanencia de la denunciante en la casa del acusado no fuera consentida en todo momento ni que existiera retención de la misma, durante o después de haber mantenido relaciones sexuales consentidas...
Sentencia Penal Nº 345/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 38/2007, 16-06-2008 Órden: Penal
Num. Sentencia: 345/2008
Num. Recurso: 38/2007
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados constituyen, dos delitos de agresión sexual, dos de ellos en su modalidad de acceso carnal por vía vaginal de los arts. 178 CP. y 179 CP.Integra delito de agresión sexual la vulneración de la libertad sexual por violencia o intimidación. Violencia equivale a acometimiento, coacción o imposición material, e implica una agresión real más o menos violenta, es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la víctima. En tanto que... Ver más documentos relacionados
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Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Proc... Denuncia por delito de abuso sexual no consentido Fecha última revisión: 29/03/2016 NOTA: Los abusos sexuales constituyen un delito de semipúblico,- también calificado como semiprivado-, son los delitos que, una vez denunciados por la víctima o por sus herederos, para su persecución penal, permiten que puedan intervenir acusadores particular, popular, y Ministerio Fiscal.
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SENTENCIA Vista en juicio oral y público la causa que, con el número 1 de 2006, tramitó el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Toledo, por delitos de agresiones sexuales y amenazas, figurando como parte acusadora el Ministerio Fiscal, contra
Juan Manuel , con DNI. núm.
NUM008 , hijo de Enrique y de Florentina, de estado civil desconocido, nacido en Erandio (Vizcaya), el 21 de mayo de 1.952, sin domicilio actual conocido, con instrucción, de mala conducta, y con antecedentes penales; y en libertad provisional por esta causa, de la que no ha estado privado, salvo ulterior comprobación, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. García Estruga y defendido por el Letrado Sr. López Díaz; contra
Blas , con DNI. núm.
NUM009 , hijo de Jesús y de María del Carmen, de estado civil desconocido, nacido en Basilea (Suiza), el 9 de agosto de 1.968, y vecino de Alcorcón (Madrid), con domicilio en c/
DIRECCION003 nº
NUM010 ,
NUM011 NUM012 , con instrucción, de mala conducta, y con antecedentes penales aquí no computables; y en libertad provisional por esta causa, de la que no ha estado privado, salvo ulterior comprobación, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Cabañas Basarán y defendido por el Letrado Sr. García García; contra
Higinio , con NIE. núm.
NUM013 , hijo de Ricardo y de María Domitila, de estado civil desconocido, de nacionalidad portuguesa, nacido el 25 de octubre de de 1.984, y vecino de Orgaz (Toledo), con domicilio en c/
DIRECCION004 nº
NUM014 , con instrucción, de no acreditada conducta, y sin antecedentes penales; y en libertad provisional por esta causa, de la que no ha estado privado, salvo ulterior comprobación, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Virtudes González y defendido por el Letrado Sr. Gálvez Gallardo; y contra
Rodrigo , con NIE. núm.
NUM015 , hijo de Francisco y de María Domitilia, de estado civil desconocido, de nacionalidad portuguesa, nacido el 27 de enero de 1.980, y vecino de Ventas con Peña Aguilera (Toledo), con domicilio en c/ DIRECCION005 nº
NUM016 , con instrucción, de no acreditada conducta, y sin antecedentes penales; y en libertad provisional por esta causa, de la que no ha estado privado, salvo ulterior comprobación, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Virtudes González y defendido por el Letrado Sr. Gálvez Gallardo.
Antecedentes PRIMERO: El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones elevadas a definitivas, calificó los hechos procesales como constitutivos de dos delitos de agresión sexual, previstos y penados en los
arts. 179, 180.1.3ª y 4ª ; y de seis delitos de amenazas del
art. 169.1º, todos del Código Penal, estimando criminalmente responsable en concepto de autor, de los dos primeros , al acusado
Juan Manuel y de los de amenazas a todos los acuados,
Higinio y
Rodrigo , con la concurrencia en
Juan Manuel y respecto de los delitos de amenazas, modificativa de la responsabilidad criminal, solicitando le fuera impuesta a
Juan Manuel la pena de 15 años de prisión por cada uno de los delitos de agresión sexual y 5 años de prisión por el delito de amenazas, con las accesorias correspondientes; y a Blas ,
Rodrigo , la de 4 años de prisión a cada uno de ellos, con los accesorias correspondientes, por el de amenazas; y a todos ellos pago de costas procesales por cuartas partes; y a que, en orden a la responsabilidad civil, todos los acusados indemnizaran conjunta y solidariamente a
Sagrario en 1170 €, a Ana en 800 €, a Flor , en 12.000 €, a Africa en 600 €, a Carolina en 400 € y a Conrado en 600 €; además, Juan Manuel indemnizará por daños morales a
Ana en 6.000 €, con aplicación de los intereses del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil.- SEGUNDO: Por la defensa del acusado Juan Manuel , elevando sus conclusiones a definitivas, solicitó su libre absolución; y de forma subsidiaria, entendiendo que respecto de los delitos de agresión sexual no se ha formulado por las personas presuntamente agraviadas, ni por sus representantes legales o el Ministerio Fiscal, denuncia o querella; así como la igual existencia de cuatro faltas de amenazas del
art. 620 del Código Penal ; concurriendo la circunstancia atenuante 6ª del art. 21 , de dilaciones indebidas para todas las infracción, suplicando su aplicación como muy cualificada; como la también absolución por no haberse denunciado las amenazas.-
TERCERO: La defensa del acusado
Blas , en el mismo trámite de calificación, solicitó la libre absolución y que subsidiariamente se estimara la presencia de dos faltas de amenazas del
art. 620 del Código Penal , que tenían como perjudicadas a Ana y Flor , aplicando en todo caso la atenuante de dilaciones indebidas.-
CUARTO: Por la defensa de los acusados
Rodrigo , en su calificación elevada a definitiva, solicitó su libre absolución.-
Hechos Se declara probado que "en fechas no específicamente determinadas pero comprendidas entre los meses de julio y agosto de 2004, el acusado
Juan Manuel , mayor de edad y ejecutoriamente condenado, entre otras, en
sentencia firme de 16 de julio de 2004 por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Bilbao , por delitos de estafa y amenazas, a las penas respectivas de seis meses de prisión y un año y seis meses de prisión, simulando pertenecer a una organización internacional y dedicarse al blanqueo de dinero, contactó en primer lugar con el también acusado
Blas , mayor de edad y con antecedentes penales no computables, a quien conocía de una estancia anterior en prisión, y luego con los también acusados
Rodrigo , ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, de todos los cuales consiguió dinero para sufragar los gastos de la operalan de blanqueo que aseveraba tener entre manos, y a estos últimos que les presentaran alguna chica de buena presencia, presentándoles a
Sagrario , para inmediatamente separarse del grupo que se formó por haber sufrido un accidente un familiar, sin volver a tener trato alguno con ellos.
Moviéndose por las localidades de Menasalvas, Navahermosa, Ocaña y Polán, con algunos desplazamientos a Madrid, a los hoteles Reina Victoria e Ibis de Leganés,
Juan Manuel , al que acompañaba siempre
Blas , comenzó a formar un grupo de jóvenes, en el que además de
Sagrario , se fueron integrando
Ana , de 17 años de edad,
Flor Africa ,
Casilda , a quienes proponía que participaran en el negocio, pidiéndoles que le entregaran dinero y que, a cambio, culminada la operación que estaba realizando, y que consistía en trasladar ese dinero negro a otros lugares, les devolvería lo prestado junto con varios millones más de las antiguas pesetas, a cuyo fin efectuaron varios desplazamientos a Madrid, a los hoteles reseñados, a la espera de la materialización de alguna operación que nunca se llegó a realizar, pagando los gastos las antes reseñadas, así como trasladándose desde aquellas localidades de la provincia de Toledo en los vehículos de tales colaboradoras. De esta forma consiguió que
Sagrario le entregara 1170 €, Ana en 800 €, Flor 12.000 €, Africa 600 €, y Carolina 400 €, en todos los casos bajo la promesa de devolvérselas muy aumentadas al conseguir el propósito que decía perseguir.
Dentro de la forma de operar que
Juan Manuel y que las jóvenes aceptaban voluntariamente, estaba que cuando pernoctaran en Madrid, o en los domicilios de ellas en que lo hicieran, habrían de acostarse desnudas en la cama junto con
Juan Manuel , bajo la excusa de que si se presentaba la Policía, estaría justificada la actitud al ser pareja y hacer el amor. En esta actitud durmieron varias noches, y concretamente, en día no determinado, pero en los meses de julio o agosto de 2004, en el domicilio de
Sagrario , que mantenía una relación sentimental con
Blas , se acostaron ambos en una habitación, y en la otra el acusado
Juan Manuel con
Ana , de 17 años de edad, haciéndolo ambos desnudos, comenzando a
Juan Manuel a tocarla hasta que la penetró vaginalmente, eyaculando en el exterior; y otro día, en el domicilio de
Africa , mayor de edad, al que se habían desplazado desde Madrid,
Juan Manuel se acostó con la misma, ambos desnudos, llegando a tener relaciones sexuales completas.
En el mismo período, conocedor el acusado
Juan Manuel de que
Conrado le debía la cantidad de 500 euros a
Sagrario , exigió a ésta que se la reclamara, llegando incluso a ir a casa de los abuelos de
Conrado para conseguir la entrega, exigiéndoselos sin conseguir que se los entregara, y como
Conrado no tuviera dinero,
Juan Manuel le amenazó con quemar la casa de sus abuelos de no saldar la deuda, y consiguiendo
Conrado 300 euros y se los entregó a
Juan Manuel , que persistió en exigirle lo que faltaba, lo que hizo al día siguiente, entregándole los 200 euros que faltaban, y que
Juan Manuel hizo suyos".-
Fundamentos PRIMERO: Formulada acusación por el Ministerio Fiscal contra el acusado, por sendos delitos de agresión sexual de los
arts. 179, 180.1, 3ª y 4ª del Código Penal , que tienen como perjudicadas a Ana , de 17 años de edad en el momento de los hechos, y a
Africa , mayor de edad; y hechos que se le imputan con exclusividad al acusado
Juan Manuel , su defensa, en trámite de calificación definitiva, adujo que en ambos casos no se había cumplido con el requisito de procedibilidad exigido por el
art. 191 del Código Penal , por lo que instó la absolución de dicho acusado. A la vista de tal alegato, y sin perjuicio de lo que luego resulte de la valoración de la prueba, debe ser examinada la concurrencia del requisito aludido, en tanto que de su existencia dependerá la posibilidad del enjuiciamiento. Resulta de las actuaciones, y aquí debe hacerse la primera referencia negativa de la investigación sumarial, que aquellas comenzaron en virtud de denuncia ante la Guardia civil por el Sr.
Virgilio , progenitor de una de la que luego se dicen perjudicadas, que denuncia que su hija hace desaparecer dinero de la caja del bar que regenta, así como que pide cantidades sin dar explicaciones, por lo que teme que su hija se encuentre inmersa en un asunto de drogas, al tiempo que aporta los datos que conoce para la investigación. La Guardia civil inicia la misma, y recibe declaración a las personas -denunciados y posibles víctimas- que entiende procedente, para luego remitir las actuaciones al Juzgado competente, que como investigación esclarecedora de los hecho, sin oír declaración a la perjudicada
Ana , que lo era por agresión sexual y así lo había manifestado en el atestado, se limita a facilitarse información para los perjudicados y víctimas de los delitos (folios 84 y 85), y concretamente al ofrecerles el procedimiento (folio 86), constando que, siendo ya por entonces mayor de edad, "... se reserva tanto las acciones penales como civiles, así como las posibles indemnizaciones que le pudiera corresponder por los hechos objeto de este procedimiento"; y con respecto a
Africa , sobre la que se limita a que se ratifique en el atestado ante el Juez de Paz correspondiente (folio 234), y donde solicita "... el archivo de las actuaciones". Sin otra investigación que la de oír en declaración a los luego acusados, se dicta auto de procesamiento, se concluye el sumario y, abierto el juicio oral, y calificados los hechos por la acusación, la perjudicada
Ana hizo relato -aquí aún no valorable- de la agresión y mantuvo su postura incriminando a
Juan Manuel , que designaba como su autor; y postura que no mantuvo la otra perjudicada
Africa , que al relatar el hecho habló de que no opuso resistencia e insistió en su no incriminación.
A la vista de tal relato, y de que el
art. 191.1 del Código Penal establece que "... para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal", debe ser declaro que, a priori, el requisito no ha sido cumplido en ambos casos, si bien con distintas consecuencias. En el caso de
Africa , persona mayor de edad en el momento de ocurrir los hechos, es instruida de los derechos que le asisten, y respeto del delito semi-público de la agresión sexual, no denuncia (tampoco existe querella al respecto del Ministerio Fiscal), y a manifiesta a la presencia judicial que solicita el archivo de la causa, antítesis de la denuncia, criterio que igualmente sostiene en el acto del juicio oral, por lo que procede concluir que respecto de la misma, por su voluntad obstativa e inequívoca, no se ha llenado tal requisito. El concepto jurídico de denuncia consiste en la emisión de una declaración de conocimiento en relación a un hecho punible formulada ante autoridad o funcionario encargado de su investigación, persecución o castigo (vd.
STS. 12.2.2001 y 18.12.), de manera que no cabe entender que sea el Juzgado el que haya iniciado de oficio la persecución de este hecho. Pues bien, como más arriba se dice, la denuncia la realizó un tercero, la perjudicada reconoció el yacimiento -luego aclaró en juicio la falta de resistencia-, pero en uno y otro momento hizo todo lo contrario a la emisión de una declaración de su deseo de que se persiguiera el delito, por lo que se insiste en la falta de concurrencia de tal requisito, ha estado presente en los Códigos penales respecto a las conductas contra la libertad sexual, precisamente, por sus derivaciones y por los aspectos críticos que pueden verse afectados por los hechos que se investigan; por lo que el Derecho Penal, respetuoso con la intimidad y los derechos de la persona, deja en manos del titular de los bienes jurídicos afectados la oportunidad de su persecución exigiendo que sea la persona perjudicada quien actúe la reprensión del hecho delictivo (
Auto TS. 23.6.2006 ).
Mayor dificultad ofrece la presencia o no de tal requisito de procedibilidad respecto de la perjudicada
Ana , que cuando declara ante la Guardia civil (folios 19 a 26), que se dice nacida el 4 de abril de 1987, por lo que a la fecha de la declaración y de los posibles hechos, tenía diecisiete años, y pese a ello se le hace información de derechos directamente y no en la persona de su legal representante; sin que luego se oiga a los que ostentan tal representación, siendo su padre es el denunciante aún por otros hechos; y recibidas las actuaciones en el Juzgado, a la vista de tal menor edad, ni el padre ni tampoco el Ministerio Fiscal, "ponderando los intereses en presencia" llenó tal requisito por denuncia o querella. Por tanto, y ab initio, no ha sido llenado tal requisito, como tampoco en el decurso de la investigación sumarial, donde más arriba se reseñó que al efectuarse el ofrecimiento de acciones, esta perjudicada, en ese momento ya mayor de edad, "... se reserva tanto las acciones penales como civiles, así como las posibles indemnizaciones que le pudiera corresponder...". Ahora bien, asevera la
STS. 20.11.2000 , que la previa denuncia es un requisito de procedibilidad para la persecución de estos delitos
(art. 191.1º C.P .), cuya inexistencia es convalidable; y en este sentido, la
STS. 25.10.1994 declaró que se trata de un vicio de simple anulabilidad susceptible de convalidación mediante la posterior actuación de la parte o partes perjudicadas; y actitud convalidadora que se da cuando la parte perjudicada comparece en el curso del procedimiento ya iniciado, colaborando a la investigación judicial, al ofrecer en sus manifestaciones datos precisos para el esclarecimiento de los hechos, aunque no presenten denuncia inicial, y no muestran reparo alguno a la prosecución del proceso (
STS. 20.11.1982 ,
14.11.1983 ,
13.3.1984 y 13.11. 1987); y esa pasividad inicial entiende la Sala que, haciendo una interpretación analógica de dicha jurisprudencia, se ve convalidado en este procedimiento por la actitud de persecución de
Ana en el acto de juicio.
Consecuencia de lo expuesto es la apreciación de la falta del requisito de procedibilidad respecto de la perjudicada
Africa , procediendo la absolución del acusado por tal delito respecto de la misma; al tiempo que ha de entrarse en el análisis de la conducta del acusado
Juan Manuel respecto de la agresión que se asevera padece la víctima
Ana , de diecisiete años de edad en el momento en que ocurrieron los hechos.
Juan Manuel de agresión sexual del
art. 179 , en relación con el art. 180.1, 3ª y 4ª, todos del Código Penal , en los que se castiga el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, elevando la penalidad cuando la víctima fuere especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, o cuando para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad. El textual relato que nos ofrece
Ana (folio 21, pues ya se dice que ni siquiera existe ratificación judicial), del hecho en el que se centra la acusación es que "... en una ocasión estando en la casa de
Sagrario , cuando las hacían desnudarse completamente, al igual las hacían acostarse junto a ellos,
Sagrario con
Juan Manuel con la dicente, que estando acostados,
Juan Manuel comenzó a tocarla diciéndola que esto era parte de la operación, para que si venía la Policía no sospecharan nada y creyese que eran pareja, que ella le dijo que no le tocase, pero ésta aún así siguió tocándola hasta que se le puso encima y la penetró sin preservativo, que eyaculó fuera de la vagina. Que ella no pudo hacer nada para evitarlo y apenas lo intentó más que de palabra debido al temor y al miedo que tenía de ellos y al creer que si había algo la pegaría una paliza o la mataría".
Tan escueto relato en nada se amplía en el acto del juicio oral, por lo que, cohonestado con el hecho probado y la declaración de los acusados y la propia testifical de quienes aparecen como víctimas globales, debe ser explicado para justificar la aplicación del principio "in dubio pro reo", que llevará a cabo finalmente la sala con relación a esta acusación. Tal principio, de formulación jurisprudencia, presupone la existencia en la causa de una actividad probatoria practicada con todas las garantías de inmediación, publicidad y contradicción inherentes al proceso penal, lo que exige que la misma se produzca en el acto del juicio oral, (
STC. 28.10.85 ,
17.12.85 ,
17.6.86 ,
18.2.88 ,
3.11.89 ,
15.1.90 ,
23.5.91 y
STS. 14.7.86 ,
1.10.86 ,
6.2.87 ,
3.5.88 ,
21.9.89 ,
18.4.90 ,
5.7.91 ); y, además, esa prueba ha sido lícitamente obtenida, así como practicada con plenas garantías formales, por lo que se la considera de cargo, esto es, que ofrece un contenido inculpatorio o incriminador, directo o indirecto, suficiente y adecuado para que sea susceptible de que se desprenda la realidad de los actos imputados y la participación del acusado, estando referido a hechos, datos o circunstancias vinculadas a la estructura típica de la figura delictiva o de los que racionalmente pueda inferirse la participación del reo, (
STC. 7.2.84 ,
27.11.85 ,
21.7.86 ,
10.11.87 ,
25.9.89 y
STS. 7.10.85 ,
28.5.86 ,
6.2.87 y 15.4.89 ). Ahora bien, el que haya existido prueba y de cargo, no supone la que misma haya llenado la convicción del Tribunal en orden a acreditar la culpabilidad del acusado, por lo que hace uso del principio del "in dubio pro reo" que tiene una finalidad instrumental y se aplica para resolver casos en los que el Tribunal sentenciador no puede llegar a alcanzar una convicción firme en su labor de evaluar críticamente la prueba practicada para declarar la existencia del hecho punible o la participación y culpabilidad del inculpado, situación en la cual la duda debe resolverse dictando sentencia en la que el Tribunal ha de decantarse por una resolución en favor del reo. Pero no es aplicable cuando el Tribunal en su tarea evaluadora de la prueba no expresa dudas sobre los extremos que estima probados porque falta entonces el presupuesto preciso para su aplicación que es la existencia de duda en el ánimo del juzgador (
STS. 20.1.93 ); y aplicación que deviene de la circunstancia (
S. AP. Toledo, Sec. 2ª, 17.2.98, 22.1.2001 ) de que se tiene declarado con reiteración (
STC. 24 y
28.7.81 ,
29.11.83 ,
28.10 y
20.2.89 ,
15.10.90 ,
23.11.91 ; y
STS. 2.4 ,
17.6 ,
31.10 y
19.12.85 ,
7.3.87 ,
20.6.89 ,
4.5.92 ,
22.3.95 ), que para destruir la presunción de inocencia basta que en el juicio oral se practique una mínima prueba de cargo que el Tribunal pueda valorar; siendo principio distinto al de
"in dubio pro reo" , que parte de la realización de una actividad probatoria normal, y que la misma deje dudas en el ánimo del juzgador, que deberá inclinarse en favor de la tesis más beneficiosa el procesado (
STS. 31.1.83 ,
10.7.92 ,
15.12.94 ), por lo que este principio es de aplicación cuando ha sido efectivamente practicada una prueba, pero no ha sido destruida la presunción de inocencia por ofrecérsele dudas al Tribunal (
STS. 1.3.93 ). Por tanto, y aplicando tal principio, no cabe dictar sentencia condenatoria.
Con independencia del vacío investigador en el sumario a que antes se hizo mención, en el juicio oral se ha practicado prueba bastante y directa (declaraciones de acusados y testigos-perjudicados), bastante para haber podido destruir el principio de presunción de inocencia que amparaba al acusado
Juan Manuel y, como consecuencia, a la acreditación de la existencia del delito de agresión sexual del que venía siendo acusado, siendo víctima la entonces menor
Ana . Valoradas declaraciones sometidas a contradicción conforme al
art. 741, LCFR ., se ofrecen a la Sala más que serias dudas sobre que el delito se haya cometido, y más parece un yacimiento voluntario. Inicialmente, sin que se tengan que valorar los comportamientos más allá de los límites de la concurrencia del ilícito penal, nos parece sorprendente el relato que se nos ofrece, en tanto que, como luego se dirá, lo que parece que perseguían ésta y las otras pretendidas perjudicadas es un pronto y sustancioso beneficio de su asociación con el acusado
Juan Manuel (
Blas no dejó de ser un mero comparsa, desde luego sin intervención alguna en la comisión del delito que se examina, y
Higinio abandonaron la "organización" casi ab initio, por lo que nada se les puede reprochar), como también esos yacimientos desnudos en la cama por motivos tan fútiles como que si venía la policía así representaban ser parejas haciendo el amor. Lo cierto es que, dentro de los que constituirían los requisitos necesarios para integrar el tipo penal de abusos sexuales objeto de acusación, no ha sido ofrecido al Tribunal, y ni siquiera el interrogatorio ha incidido sobre ello, relato alguno a través del cual se pueda llegar a la conclusión de la certeza del hecho. Se desconoce la fecha en que ocurre; pese a tratarse de un hecho tan humana y socialmente degradante, quien lo sufre calla que se ha producido; no se lo cuenta a sus padres, ni aún después de la situación escasamente creíble de amenazas en que aseveraba estar inmersa; no relata violencia alguna para que el acusado pudiera vencer la resistencia que pudiera vencer la oposición de la víctima, ni relata que se opusiera, no ya efectivamente, sino siquiera en forma testimonial a los deseos de quien yacía desnudo con ella en la cama, y lo hacía de forma voluntaria, sino que incluso ofrece serias dudas de credibilidad que existiera amenaza alguna, bastante para integrar intimidación a los efectos del tipo de agresión sexual, es decir, de una amenaza directa contra la vida o la integridad de la menor, bastante para inducirla a consentir a la penetración vaginal que asegura tuvo lugar; sino que incluso pudiera pensarse que se trata justificar un comportamiento global que estaba siendo objeto de investigación por la Guardia civil. Es más, se valora negativamente en orden a la credibilidad, que en la declaración inicial ante la Guardia civil se hace un relato intrascendente del hecho, sin ofrecer detalles, situaciones o comportamientos que hubieran evidenciado la certeza de lo ocurrido, máxime si se tiene en cuenta que su situación en la pretendida organización ya había cesado, por lo que se pudo ser más minuciosa; pero es que, a mayor abundamiento, un año más tarde, ya mayor de edad, muestra su deseo de no perseguir el hecho (folio 86: "... se reserva tanto las acciones penales como civiles, así como las posibles indemnizaciones que le pudiera corresponder...", ante el Juzgado al serle ofrecida las acciones). Finalmente, es su actitud en el juicio oral, donde cierto es que asevera la existencia de la agresión sin ofrecer ni contar ninguno de esos datos o situaciones que hubieran llevado a valorar la veracidad de su relato, la que nos llevan a considerar que existen muy serias dudas sobre la certeza de la agresión que se denuncia, por lo que procede la aplicación del principio in dubio pro reo, lo que necesariamente llevará a la absolución del acusado
Juan Manuel por éste delito.-
SEGUNDO: Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito de amenazas graves y no condicionales del
art. 169.2 del Código Penal . Integra tal tipo penal la que tiene como sujeto pasivo a Conrado , y se produce cuando se le exige, bajo la conminación de quemar la casa de sus abuelos, que le entregue la cantidad de dinero (500 euros), que le debía a
Sagrario ; tratándose de conminación que se entiende grave, y capaz como así fue, de influir en el ánimo del amenazado para proceder al pago, para el que no tenía dinero suficiente, por lo que hubo de hacerlo en dos días, y pese a que solicitó un aplazamiento hasta que cobrara su nómina a final de mes, hubo de reunirlo para completar el pago al día siguiente.
Señala la jurisprudencia (
STS. 16.4.2003, núm. 593/2003 ), que el delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo. Entre otras muchas, la
STS. de 5 de mayo de 2003 , ha establecido los requisitos o elementos que debe reunir una expresión para estimarla amenazante, resultando de esa sentencia y del criterio jurisprudencial que la misma sigue, que la amenaza ha de tratarse de una conminación dirigida a una persona consistente en el anuncio de causarle a ella o cualquier miembro de su familia o persona íntimamente vinculada a ella, un mal que, no siendo condicional, sí sea determinado y constitutivo de alguno de los delitos enumerados en el
artículo 169.1 , y además, futuro, más o menos inmediato, injusto, posible, dependiente en su realización de la voluntad del sujeto activo, y capaz de producir en el sujeto pasivo un sentimiento de inquietud, desasosiego o intranquilidad, aunque el mismo no llegue a producirse, pues el bien jurídico protegido es, según otro de los fundamentos de derecho de esa sentencia, la libertad personal y el derecho al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y cotidiano de la vida de toda persona, consumándose el delito aunque esa intranquilidad no llegue a producirse (pues estamos ante uno de los llamados "delitos de peligro presunto"), y debiéndose hablar de delito agotado en el caso de que el autor llegue a conseguir su propósito de causar tal desasosiego, inquietud, y por supuesto miedo; siendo el delito de amenazas de carácter circunstancial que hace que la valoración jurídica de la acción desarrollada deba analizarse desde las expresiones proferidas, las acciones ejercidas, el contexto en el que se vierten, las condiciones del sujeto pasivo y activo y cuantas circunstancias contribuyan a la valoración contextual del hecho (
STS. 1060/2001, de 1 de junio ).
Sentado así que la gravedad o levedad de la amenaza nada tiene que ver con el propósito real del autor de llevar a cabo el mal anunciado, sino exclusivamente con la entidad de éste y con el grado de verosimilitud o credibilidad aparente del anuncio, para valorar este último factor, en aplicación de los criterios jurisprudenciales arriba apuntados, ha de acudirse a un estándar mixto objetivo-subjetivo, que tenga en cuenta principalmente la entidad y credibilidad objetiva de la intimidación para una persona media, pero también, en su caso, la particular vulnerabilidad del sujeto pasivo, derivada de sus condiciones personales o de sus relaciones previas con el autor que doten de particular aptitud intimidatoria a la amenaza, siempre que tales circunstancias sean abarcadas por el dolo del sujeto activo. Se trata en definitiva, de un delito de los que mayor relativismo presenta, por lo que debería atenderse a las circunstancias concurrentes. El dolo del tipo de amenaza no condicional resulta del propio tenor de las frases utilizadas y de la forma y momento en que son proferidas en el ámbito de las relaciones entre autor y víctima, que los hechos probados reflejan (
STS. 57/2000 de 27.1 ,
359/2004 de 18.3 ).
Pues bien, las infracciones criminales tipificadas en los arts. 169 y 620 CP ., -en cuanto la defensa de este acusado subsidiariamente solicitó la condena por falta de ese carácter-, tienen identidad, denominación y estructura jurídica y se diferencian tan solo por la gravedad de la amenaza, ésta ha de valorarse en función de la ocasión en que profiere, personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y posteriores. La diferencia es circunstancial y radica en la mayor o menor intensidad del mal con que se amenaza para el bien jurídico protegido. La jurisprudencia ha venido decantándose por la existencia del delito cuando nos encontramos ante una amenaza grave, seria y creíble por ser potencialmente esperado un comportamiento agresivo que lleve a efecto el mal amenazado. El criterio determinante de la distinción, tiene aspectos mayoritariamente cuantitativos, pero no debe descuidarse el perfil cualitativo de la amenaza que habrá que extraer de una serie de datos antecedentes y concurrentes en el caso (
STS. 1489/2001 de 23.7 ,
832/98 de 17.6 ).
Aquí nos encontramos con que
Conrado -la víctima-, para nada conocía al acusado
Juan Manuel antes de estos hechos, ni le unía relación de clase alguna, siendo sólo deudor de una amiga suya (
Sagrario ), a través de la cual conoce
Juan Manuel la existencia de la deuda. Es
Sagrario quien inicialmente le reclama, sin conseguir a priori el pago, por lo que parece que el acusado, en compañía de la joven, se dirigieron a casa de los abuelos y allí se les reclama el pago de la deuda, a lo que estos se niegan (al no habérseles recibido declaración se desconoce el contenido de la conversación y reclamación, y si ésta se desarrollo en límites normales o conminativos), siendo más tarde cuando
Juan Manuel se entrevista con
Conrado y le pide el dinero, bajo el anuncio conminatorio descrito en el factum (parece que se encontraban también presentes
Sagrario y
Blas ), pero no tuvieron más intervención que la meramente presencial.
Juan Manuel consigue el pago a medias, y se niega a un aplazamiento, consiguiendo finalmente que la deuda se salde totalmente al día siguiente. Desconoce la Sala, pues no ha sido objeto de contradicción las causas a través de las cuales
Juan Manuel reclama, ni aquellas en virtud de las que
Sagrario le hace cesión de su crédito, pues parece que inicialmente le reclama ella; siendo lo que aquí importa que la amenaza, en sentido técnico-jurídico, quien la profiere es
Juan Manuel , que es quien en definitiva recibe y se queda con el dinero, por lo que en definitiva sólo al mismo le es imputable. Y en cuanto a su tipificación, se desecha, por su gravedad, que pudiera constituir falta del
art. 620 ; y entre la amenaza condicional del
art. 169.1 y la grave del
art. 169.2 , se encuadra en el último, a la vista de que toda expresión amenazadora o amenazante tiene un contenido intimidatorio con el que se trata de conseguir un determinado comportamiento por parte de quien la recibe; y siendo esto cierto, pese a que consiguiera el pago, siendo el acreedor un tercero, la ausencia de relación agresor-víctima, es que esta última, en su actuación sumarial no evidencia peligrosidad alguna, más allá de verbal, desecha el contenido de la más grave del
art. 169.1, aplicándose la penalidad correspondiente conforme al nº 2 del
art. 169 del Código Penal . Igualmente el Ministerio Fiscal consideraba autores de hasta cinco delitos de amenazas del
art. 169.1, CP., a los cuatro acusados, teniendo como sujetos pasivos al aludido
Conrado , y la las jóvenes
Sagrario (1.170 €), Ana (800 €), Flor (12.000 €), Africa (600 €) y Carolina (400 €). Desde luego, se evidencia la falta de participación absoluta en estos hechos de los acusados Higinio y
Rodrigo , que sin perjuicio del escaso tiempo en que estuvieron en el denominado grupo de
Juan Manuel , ninguna de las perjudicadas les imputa acción alguna delictiva, de la clase que fuera y no solo de la imputada de amenazas, respecto de las mismas, por lo que se debe dictar sentencia en la que se les absuelva libremente del delito de amenazas que se les imputa.
Otro tanto ocurre con el también acusado
Blas , del que no se declara probado que exigiera dinero o portara una pistola, como aseveraba una de las perjudicadas (otra asevera que la vio en casa de su madre), así como no está probado, ni la Sala así lo considera
(art. 741, LECR .), que tuviera más participación que la de acompañar la mayoría de las veces a Juan Manuel , ya a Madrid o a las casas donde pernoctaron y vivieron, pero de lo actuado ha quedado evidenciado que no pronunció o profirió amenaza alguna contra las jóvenes antes reseñadas, debiendo se absuelto por los delitos de amenazas imputados.
Por último, todas -excepción de
Conrado - la jóvenes que se entienden perjudicadas lo son porque dicen que
Juan Manuel consiguió que les diera dinero bajo amenazas de distinta entidad (propias, contra sus padres, familia, etc.). La Sala no considera probados tales comportamientos. Reconoce la entrega de distinto numerario, si bien la falta de investigación sumarial no determina su real cuantía; si bien no se acepta que el mismo fuera conseguido bajo amenazas, sino que si lo entregaron lo fue en contraprestación al rápido y espectacular beneficio que se les prometía una vez llegada a éxito la operación de blanqueo que les prometía el acusado
Juan Manuel para conseguir tales entregas. Es más, preguntada alguna de ellas (
Africa ), asevera que accedió a efectuar las entregas de numerario por el dinero que pensaba recibir a cambio. Es esa circunstancia, cómo se efectúan las entregas y no por amenazas, en tanto que todos los intervinientes en el juicio, por unanimidad, manifiestan que incluso las consumiciones que hacía en los establecimientos de restauración que visitaban las hacían ellos y no
No existe, por tanto, delito de amenazas imputable a
Juan Manuel en relación a las cantidades que se le entregaron como consecuencia de esos hechos, que podrían tener, en su caso, otra calificación jurídica, aquí no objeto de acusación.-
TERCERO: De expresado delito de amenazas resulta criminalmente responsable en concepto de autor, conforme a los
arts. 27 y ss. del Código Penal , el acusado Juan Manuel , por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en su ejecución y conforme ha quedado anteriormente relatado.
CUARTO: Concurre en el acusado y respecto del delito de amenazas, la
circunstancia agravante de reincidencia, art. 22.8ª , modificativa de la responsabilidad criminal.-
Juan Manuel entendió que también concurría, como muy cualificada, la
atenuante 6ª del art. 21 del Código Penal , modificativa de la responsabilidad criminal, lo que no se comparte. Cierto que la presente causa ha durado desde su inicio a su terminación algo menos de siete años, se tardó un año en conseguir averiguar el domicilio de los denunciados, hasta agosto de 2007 no se recibe declaración a
Juan Manuel , y éste y
Blas se habían encontrado durante casi tres años en averiguación de domicilio; siendo que cuando se dicta la conclusión del sumario, se retrasa su remisión por problemas de domicilio en las notificaciones; y efectuado, se ha de devolver hasta dos veces para nombramiento de defensores; siendo finalmente suspendida la celebración del juicio por la incomparecencia de uno de los acusados. Es por ello que entendiendo que cuando se ha producido actitud obstruccionista por parte de los acusados, y que en momento alguno estuvo la causa paralizada procedimentalmente, ni tan siquiera ralentizada en su tramitación, la aplicación de la atenuante analógica debe ser denegada (
STS. 20.5.2011 ,
14.2.2011 ).-
QUINTO: En orden a la pena a imponer, y conforme a lo establecido en el
art. 72 del Código Penal , según el tipo base, corresponde la pena de un año y seis meses, que se encuentre dentro de la parte más baja de la mitad superior de la que señala el
art. 169.2 para el delito de amenazas no condicionales, y ello por concurrir la
agravante de reincidencia (art. 66.3ª ), siendo además que se considera la adecuada al hecho cometido.-
SEXTO: Los responsables criminales de un delito o falta, lo son también civilmente, con la extensión determinada y el carácter expresado en los
arts. 109 y ss., así como los arts. 116 y concordantes del Código Penal , estimándose como indemnización a percibir por el perjudicado
Conrado la de 500 euros, que se fija en atención a la cantidad que le hubo de entregar; y cantidad a la que, en materia de intereses, se aplicará el
art. 576 de la Ley 1/2000. de Enjuiciamiento Civil .-
SEXTO: Las costas procesales se han de imponer por ley a todo criminalmente responsable de un delito o falta, ya totalmente ya en la parte proporcional correspondiente, si hubiere varios acusados o no fueren responsables de todas las infracciones criminales objeto del procedimiento, conforme establecen los
arts. 123 del Código Penal y 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; imponiéndose al condenado una séptima parte de las causadas, y declarando de oficio la sexta parte restante.-
Fallo Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado
Juan Manuel , como autor criminalmente responsable de un delito, ya definido de amenazas, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena, así como al pago de una séptima parte de las costas causadas en el procedimiento, y a que en orden a la responsabilidad civil, indemnice a
Conrado en la cantidad de 500 euros, que devengará los intereses del
art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS libremente al acusado
Juan Manuel de los dos delitos de agresión sexual por los que venía siendo acusado; y debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a los acusados
Rodrigo de los delitos de amenazas del que cada uno venían siendo acusados por el Ministerio Público, y declarándose de oficio una sexta parte de las costas causadas en el procedimiento.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Presidente D. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ CARO, en audiencia pública. Doy fe.-
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 281 Fecha de Publicación: 24/11/1995 Fecha de entrada en vigor: 24/05/1996 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 169.

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