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Timestamp: 2020-03-31 15:47:31+00:00

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Sentencia nº 0444 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 2 de Julio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593326534
Número de Expediente: 14-220
En el juicio que por cobro de indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo siguen las ciudadanas M.Y.J.D., en su condición de madre de los ciudadanos J.G.E.J. y J.A.E.J. (cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), y YESULIN YUSDELY CARABALLO IGUARO, en su condición de madre del ciudadano J.G.E.V. (cuya identidad igualmente se omite de conformidad con el referido artículo de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) representadas judicialmente por el abogado J.A.M., contra la sociedad mercantil INDUSTRIAS FILTROS LABORATORIO, C.A. (INFILCA), representada judicialmente por los abogados G.C.A., B.G., L.A.G., W.M.R., A.V.S., Á.B.N. y M.D.V..
El Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 21 de octubre de 2013, declaró parcialmente con lugar la demanda.
Por su parte, el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la referida Circunscripción Judicial, conociendo de las apelaciones intentadas por las partes intervinientes en el presente juicio, dictó sentencia en fecha 17 de enero del año 2014, mediante la cual declaró la nulidad del fallo dictado el 21 de octubre de 2013, de conformidad con el artículo 488-D de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y parcialmente con lugar la demanda.
Contra la decisión de alzada, el abogado W.M.R., actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, anunció recurso de casación, el cual fue admitido en fecha 31 de enero de 2014, por lo que se ordenó la remisión del expediente a este m.T..
En fecha 17 de febrero del año 2014, la parte recurrente consignó escrito de formalización del recurso de casación. No hubo impugnación.
Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 25 de febrero de 2014, y se designó ponente a la Magistrada Dra. C.E.G.C..
Por cuanto el 29 de diciembre de 2014 tomaron posesión en sus cargos los Magistrados Dra. M.G.M.T., Dr. E.G.R., Dr. D.A.M.M. y Dra. M.C.G., designados el 28 de diciembre de 2014 por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por un período constitucional de doce (12) años, se reconstituyó la Sala de Casación Social, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Magistrada Dra. C.E.P.d.R., Presidenta; Magistrada Dra. M.G.M.T., Vicepresidenta; y los Magistrados Dr. E.G.R., Dr. D.A.M.A.M. y Dra. M.C.G..
Mediante auto del 12 de enero de 2015, se reasignó la ponencia de la presente causa al Magistrado Danilo A. Mojica Monsalvo.
El 12 de febrero de 2015 se reconstituyó esta Sala, quedando conformada de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada Dra. M.C.G.; Vicepresidenta, Magistrada Dra. M.G.M.T.; Magistrada Dra. C.E.P.d.R.; Magistrado Dr. E.G.R. y Magistrado Dr. D.A.A.M.M.; conservando la ponencia el Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión.
Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a reproducir la sentencia dictada en fecha 9 de junio del año 2015, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones.
Por razones metodológicas esta Sala alterará el orden en que fueron expuestas las denuncias presentadas en el escrito de formalización, procediendo a revisar en primer término la fundamentada bajo el capítulo 3° de casación de forma, de la siguiente manera:
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la parte formalizante, la infracción por falsa aplicación de los artículos 119 y 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en los siguientes términos:
(…). Y en este sentido, (sic) Juez de la recurrida finaliza concluyendo:
"... con la documental antes apreciada se verifica sin duda alguna, que no resultó exhaustiva la notificación de riesgos que el formato contiene dejando constancia que el trabajador hoy de cujus declaró le fue impuesta por el patrono, no bastando para tener por cumplido tal deber, en criterio de quien juzga, con ponerle de vista y manifiesto para su firma al trabajador un formato general, que no contiene la notificación concreta de riesgos potenciales desde el punto de vista de seguridad (...) Por tanto, dicha documental desvirtúa que la empresa haya cumplido de manera efectiva con notificar los riesgos teniendo en cuenta el cargo que iba a desempeñar él trabajador ...".
Es por lo anterior, que LA SENTENCIA (sic) en definitiva determina el supuesto incumplimiento por parte de mi representada de los deberes contemplados en el Ordinal 22 (sic) del Artículo 119 de la LOPCYMAT, y en tal sentido la condena al pago de la responsabilidad subjetiva por accidente de trabajo con base al artículo 130 de la LOPCYMAT (sic).
Ahora bien, basta una revisión del informe y anexos (Certificación) de (sic) traída a juicio por la misma parte demandante y acogida bajo el principio de la comunidad de la prueba por esta representación, y a la cual la recurrida la consdieró (sic) idónea para demostrar los hechos, para verificar de forma clara, precisa e irrefutable, lo siguiente:
"…se constata que los hechos se sucedieron el día 03/11/2008, cuando el trabajador se dirigía hacia Barquisimeto en comisión de servicio... fue interceptado por sujetos desconocidos quienes abren fuego contra el vehículo, resultando herido el trabajador a nivel del abdomen, lo que le ocasionó la muerte por shock hipovolémico por herida por arma de fuego, según certificado de defunción No. 447037..."(Subrayado y negritas por la Sala).
Visto lo anterior, es claro que el juez de la recurrida apreció la certificación de INPSASEL (sic) para declarar la existencia de un accidente laboral, sin tomar en cuenta que en la misma certificación se establece que el agente causal del accidente laboral que le produjo la muerte es por un hecho de un tercero, específicamente hampa común y no el incumplimiento de los deberes de salud y seguridad laboral. Por tal motivo, el eventual incumplimiento de una deber de salud y seguridad, no puede considerarse como la causa o el motivo para declarar la responsabilidad subjetiva del empleador y en especial aplicar falsamente lo previsto en los artículos 119 y, en consecuencia, el 130 de la LOPCYMAT (sic) (…).
De los hechos descritos en la referida certificación de (sic) INPSASEL, lo que queda claro es que lo que le ocasiona la muerte al trabajador, es el hampa común y no la supuesta falta de información por parte de mi representada (…).
Ha sido pacifica y reiterada la jurisprudencia patria, cuando establece la condición necesaria para que estas indemnizaciones puedan ser declaradas procedentes, que el demandante demuestre: 1) el daño; 2) el hecho ilícito patronal; y, 3) la relación de causalidad entre ambas. Por interpretación en contrario, cuando el demandante no demuestre lo anterior, necesariamente han de ser declaradas improcedentes tales indemnizaciones (…).
En el caso sub examine, se observa que la sentenciadora de alzada condenó al pago de la indemnización establecida en el numeral 1 del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por considerar que, debido a la infracción por parte de la accionada de lo previsto en el numeral 22 del artículo 119 eiusdem, se originó el accidente laboral que trajo como consecuencia la muerte del trabajador. No obstante, al folio 29 de la primera pieza del expediente cursa copia de la Certificación N° 099-09, la cual fue dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en la cual expresamente se estableció que en fecha 3 de noviembre del año 2008, cuando el trabajador J.G.E.V. se dirigía hacia Barquisimeto en comisión de servicio, conduciendo un camión propiedad de la empresa y a la altura de la Autopista Centro Occidental R.C., a nivel del sector El Guayabo, calle El Chino, Municipio Veroes del Estado Yaracuy, fue interceptado por sujetos desconocidos quienes abrieron fuego contra el referido vehículo, resultando herido el trabajador a nivel del abdomen, lo que le ocasionó la muerte por shock hipovolémico por herida de arma de fuego. De lo anterior se constata, que la ocurrencia del accidente de trabajo que le ocasionó la muerte al trabajador, no se debió a ningún hecho o situación atribuible a la demandada, razón por la cual, mal se le puede condenar a las indemnizaciones basadas en la responsabilidad subjetiva del empleador.
En su libelo de demanda, las ciudadanas M.Y.J.D. y Yesulin Yusdely Caraballo Iguaro alegan que actúan con el carácter de administradoras de los bienes de los menores hijos del difunto J.G.E.V..
Que en fecha 3 de noviembre de 2008, el referido trabajador sufrió un accidente mortal, que constituye un infortunio laboral, y que todo ello puede ser constatado en el informe emitido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, N° 1-023.698, que anexan marcado "J", y del “oficio” N° 0099-09, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores M.d.I.N.d.P., Salud y Seguridad laborales, mediante el cual certifica que el de cujus sufrió accidente de trabajo que le ocasiono la muerte.
Que el día 21 de mayo del año 2009, la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores M.d.I.N.d.P., Salud y Seguridad Laborales, emitió informe de dictamen pericial, en el cual fijó el monto de la indemnización que les corresponde a los derechohabientes.
Que en virtud del accidente laboral mortal sufrido por el ciudadano J.G.E.V., las demandantes como legítimas administradoras de los bienes de los hijos del de cujus, reclaman el pago de seiscientos trece mil doscientos catorce bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 613.214,52), que a su decir, derivan de los siguientes conceptos:
De conformidad con lo previsto en los artículos 567 y 568 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva que rige en materia laboral, la indemnización por este concepto es por la suma de veintitrés mil setecientos diecisiete Bolívares con setenta céntimos (Bs. 23.717,70), esto es, el equivalente a dos (2) años de salario.
Como consecuencia de la violación de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, conducta esta que “a su decir” fue desencadenante del accidente laboral que le ocasionó la muerte al trabajador, solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se condene a la demandada al pago de la cantidad de ciento setenta y tres mil ochocientos sesenta y seis bolívares con setenta y cuatro céntimos (Bs. 173.866,74), esto es, el equivalente a dos años y medio (2,5) de salario integral.
En vista de la referida conducta negligente del patrono al garantizar las condiciones de trabajo relativas a la seguridad e higiene industrial y además de exponer al trabajador a la ejecución de una actividad laboral sin la debida formación y capacitación en materia de seguridad y salud laboral, bajo una condición especial riesgosa, que implicó su muerte, lo cual “en su opinión” configuró un hecho ilícito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.185 del Código Civil, reclaman el resarcimiento del lucro cesante, en virtud de haberse producido la más extrema de las consecuencias en accidentes laborales como lo es la muerte del trabajador. En este orden de ideas, señala que la vida útil y productiva de un hombre está calculada en una media hasta los sesenta (60) años de edad, cifra que sirve a la Dirección General de Estadísticas y Censos Nacionales para establecer el tiempo de vida útil de un venezolano, razón por la cual, considerando que el trabajador tenía treinta (30) años de edad, se concluye que se le ha privado de una vida útil productiva de treinta (30) años; por lo que, multiplicando ese número de años por los 365 días que los componen, se obtiene un resultado de diez mil novecientos cincuenta (10.950) días, que multiplicados por nueve bolívares con setenta y cuatro céntimos (Bs. 9,74) -que representan el treinta por ciento (30%) de treinta y dos bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 32,49), de salario básico diario devengado por el trabajador- se obtiene la cantidad de ciento seis mil setecientos veintinueve bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 106.729,65), a cuyo pago solicitan sea condenada la accionada.
Estiman la indemnización por daño moral en la cantidad de trescientos mil bolívares sin céntimos (Bs. 300.000,00), solicitando que la empresa demandada sea condenada al pago de dicho monto.
Antigüedad e intereses, la cantidad de cinco mil cuatrocientos veintiocho bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 5.428,26).
Vacaciones y bono vacacional, la cantidad de setecientos catorce bolívares con ochenta y cuatro céntimos (Bs. 714,84).
Vacaciones y bono vacacional fraccionado, la cantidad de setecientos catorce bolívares con ochenta y cuatro céntimos (Bs. 714,84), los cuales corresponden por vacaciones y bono vacacional del período comprendido entre octubre de 2006 a septiembre de 2007, y un monto de setecientos setenta y nueve bolívares con ochenta y dos céntimos (Bs. 779,82), que corresponden por vacaciones y bono vacacional del periodo comprendido entre octubre 2007 a septiembre 2008.
Utilidades, la cantidad de novecientos setenta y cuatro bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 974,78), por el período comprendido entre octubre de 2006 hasta septiembre de 2007. La cantidad de novecientos setenta y cuatro bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 974,78), por el período comprendido entre octubre de 2007 y septiembre de 2008. Y la cantidad de trece bolívares sin céntimos (Bs. 13,00), por el período comprendido entre octubre y noviembre del año 2008.
Que el ciudadano J.G.E.V., prestó servicios para la referida empresa, desde el 3 de octubre del año 2006, en el cargo de chofer.
Que su último salario básico fue la cantidad de treinta y dos bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 32,49).
Que el trabajador en referencia sufrió un accidente mortal en fecha 3 de noviembre del año 2008.
Copias simples de las partidas de nacimiento de los adolescentes J.G.E.J. y J.A.E.J., y del niño Y.G.E.C. (cuyas identidades se omiten de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). A estas instrumentales se les otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, evidenciándose de las mimas la filiación de los referidos niños y adolescentes con el trabajador fallecido. (Folios 10, 11 y 12 de la primera pieza del expediente).
Copia simple de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 5 de marzo del año 2009, mediante la cual se declararon únicos y universales herederos del de cujus J.G.E.V., a los adolescentes J.G.E.J.y J.A.E.J., y al niño Y.G.E.C. (cuyas identidades se omiten de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). A la presente documental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, evidenciándose de la misma, la filiación de los referidos niños y adolescentes con el trabajador fallecido. (Folio 13 de la primera pieza del expediente).
Copia simple del acta de defunción del ciudadano J.G.E.V.. A este documento se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, evidenciándose del mismo, el deceso del ciudadano prenombrado ciudadano. (Folio 14 y su vto de la primera pieza del expediente).
Original del instrumento poder notariado, mediante el cual las ciudadanas M.Y.J.D. y Yesulin Yusdely Caraballo Iguaro, en su condición de madres de los referidos adolescentes y del niño respectivamente, le confieren poder de representación al abogado J.A.M.. Documental que no fue atacada en forma alguna, y evidencia la legitimación al proceso del abogado, para actuar en el presente juicio. A este documento se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de no haber sido impugnada por la contraparte.
Copia simple de constancia de trabajo emitida por la empresa Industrias Filtros Laboratorios, C.A., a favor del ciudadano J.G.E.V., en la cual, en fecha 1° de septiembre del año 2008, se deja constancia que el referido ciudadano trabajó como transportista de la empresa demandada. A la presente documental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no haber sido impugnada por la parte contra quien fue opuesta, evidenciándose la relación de trabajo entre las partes intervinientes en el presente. (Folios 25 de la primera pieza del expediente).
Copia simple de la Certificación N° 099-09, emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en la cual se refiere a que en fecha 3 de noviembre del año 2008, el trabajador J.G.E.V., conduciendo un camión propiedad de la accionada, fue interceptado por sujetos desconocidos quienes abrieron fuego contra el referido vehículo, resultando herido el trabajador a nivel del abdomen, lo que le ocasionó la muerte por shock hipovolémico por herida de arma de fuego. A esta instrumental se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, evidenciándose de la misma, la ocurrencia del accidente que le ocasionó la muerte al trabajador.
Copia simple de la totalidad del expediente contentivo de la declaración de únicos y universales herederos de los adolescentes J.G.E.J. y J.A.E.J., y el niño Y.G.E.C. (cuyas identidades se omiten de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), A esta instrumental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de la mima se evidencia, la filiación de los referidos niños y adolescentes con el trabajador fallecido. (Folios 27, 28 y 29 de la primera pieza del expediente).
Marcada “A”, copia simple de la “Forma 14-02 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Registro de Asegurado” y “Constancia de Egreso del Trabajador”. A la presente documental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De la misma se evidencia, el cumplimiento por parte de la accionada, de su obligación de inscribir a sus trabajadores en dicha institución y de notificar a la misma, de la terminación de la relación laboral. (Folios 110 y 11 de la segunda pieza del expediente).
Marcada “B” copia simple del examen médico pre-empleo y examen médico pre-vacacional. A esta documental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no haber sido impugnada por la parte contra quien fue opuesta, evidenciándose de la misma, que en fecha 3 de octubre del año 2006, es decir, al inicio de la relación de trabajo, la empresa accionada le practicó el examen pre-empleo al ciudadano J.G.E.V., que la accionada consideró que se encontraba apto para desempeñar el cargo para el cual fue contratado y que la parte demandada cumplió con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, contenida en el numeral 10 del artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. (Folios 112 y 113 de la segunda pieza del expediente).
Marcada “C”, copia simple de la “Notificación de Riesgos”, realizada por la demandada a sus trabajadores. A esta documental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al no haber sido impugnada por la parte contra quien fue opuesta. De la misma se evidencia el cumplimiento por parte de la accionada, de lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. (Folio 114 de la primera pieza del expediente).
Marcada “D”, Certificado de Registro del Comité de Seguridad y Salud. A la presente instrumental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no haber sido impugnada por la parte contra quien fue opuesta, evidenciándose de la misma, el numero de código del referido comité, la fecha de renovación del mismo, la existencia de delegados de prevención, la identificación de dichos delegados y que el referido comité se encontraba vigente para el momento de la ocurrencia del accidente sufrido por el actor. (Folio 115 de la primera pieza del expediente).
Marcada “E”, copia simple de la declaración del accidente de trabajo que sufrió el ciudadano J.G.E.V. en fecha 3 de noviembre del año 2007. A este documento se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Del mismo se evidencia, que la accionada notificó al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), del accidente que sufrió el ciudadano J.G.E.V. en fecha 3 de noviembre del año 2008, en la autopista R.C. en el Estado Yaracuy. (Folio 115 de la primera pieza del expediente).
Marcados “G”, recibos de anticipos de prestaciones sociales emitidos por la demandada a nombre del actor. A la presente instrumental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no haber sido impugnada por la parte contra quien fue opuesta, evidenciándose de la misma, que la empresa demandada pagó al trabajador, el 27 de agosto de 2007, la cantidad de Bs. 700,00; el 12 de noviembre del mismo año, la cantidad de Bs. 300,00; y el 10 de julio de 2008, la cantidad de Bs. 500,00 por concepto de adelanto de prestaciones sociales. (Folios 123, 128 y 131 de la primera pieza del expediente).
Marcada “H”, solicitud de permiso no remunerado solicitado por el actor a la demandada. A esta documental se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no haber sido impugnada por la contraparte. De la misma se evidencia que el demandante, en fecha 30 de enero de 2008, solicitó 15 días de permiso no remunerado contados a partir de esa misma fecha, para resolver asuntos personales. (Folio 132 de la primera pieza del expediente).
Se solicitó prueba de informe al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Sub Delegación San Felipe, estado Yaracuy y a la Fiscalía 4° del Ministerio Público del estado Yaracuy, para que brindaran información relativa al ciudadano J.G.E.V.. En relación con estos medios de prueba observa la Sala, que la parte demandada promovente, en la celebración de la reanudación de la audiencia de juicio de fecha 2 de octubre del año 2013 (folios 109 al 118 de la segunda pieza del expediente), desistió de los mismos, por lo que no hay materia sobre la cual pronunciarse.
Copia simple del expediente N° S-3200-09, emanado del extinto Tribunal Primero de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sede Valles del Tuy. (Folios 213 al 24 de la primera pieza del expediente).
Copia simple del acta policial N° I-023.698 de fecha 11 de noviembre de 2008, expedida por la Sub-Delegación San Felipe, Estado Yaracuy, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. (Folio26 de la primera pieza del expediente).
Marcada “F”, copia simple del currículo vitae y planilla de solicitud de empleo suscrita por el ciudadano J.G.E.V.. (Folios 118 al 121 de la primera pieza del expediente).
Ahora bien, en el caso sub iudice quedó establecido que el ciudadano J.G.E.V. comenzó a prestar servicios como chofer a la empresa demandada Industrias Filtros Laboratorios, C.A. el 3 de octubre del año 2006, hasta el 11 de noviembre de 2008, fecha en la cual, en el cumplimiento de sus funciones como conductor de un camión propiedad de la accionada, al circular por la Autopista Centro Occidental R.C., fue interceptado por sujetos desconocidos quienes abrieron fuego contra el referido vehículo, resultando herido el trabajador a nivel del abdomen, lo que le ocasionó la muerte por shock hipovolémico por herida de arma de fuego.
Es importante acotar, que el accidente de tránsito en el que murió el trabajador, constituye un infortunio ocupacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, porque fue el resultado de una acción que sobrevino en el curso del trabajo, pues éste se encontraba en comisión de servicio, manejando un camión propiedad de la accionada, actividad propia del cargo que ejercía, es decir que el infortunio ocurrió con ocasión del trabajo, pues el trabajador se desplazaba en un vehículo en el que prestaba el servicio para el que fue contratado por la accionada, es decir que sucedió durante un traslado por razón de trabajo, en un vehículo propiedad de la empresa. No se trata de un accidente in itinere, pues como lo ha señalado la doctrina, no debe considerarse como tal “aquel accidente de tránsito sufrido por un trabajador cuya actividad laboral requiera el desplazamiento habitual en un vehículo de motor –propio o suministrado por el patrono- mientras sea durante su jornada de trabajo. En tal sentido se considerará como un accidente de trabajo pero inherente a la actividad que ejerce…” (Luis E.M.P. LA LOPCYMAT UN ENFOQUE PRÁCTICO, pp 32).
En este orden de ideas, igualmente quedó establecido que, si bien la empresa accionada presentó fallas en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo, como lo es, el no informar por escrito a los trabajadores sobre los principios de prevención de las condiciones peligrosas o insalubres, tanto al ingresar al trabajo como al producirse un cambio en el proceso laboral o una modificación del puesto de trabajo, así como no instruirlos y capacitarlos respecto a la promoción de la salud y la seguridad, la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, como tampoco en lo que se refiere a uso de dispositivos personales de seguridad y protección; también se evidenció que tal incumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad laborales, no fue la causa del accidente sufrido por el ciudadano J.G.E.V., puesto que aún cuando la empresa no le dio información respecto a las condiciones inseguras a las que podía estar expuesto, ese incumplimiento no resulta causal directa del infortunio, pues a pesar de la falta de la accionada, el accidente se debió al hecho de un tercero como lo es, la acción delictiva de los sujetos que dispararon contra el camión que manejaba el trabajador.
Como consecuencia de lo expuesto se observa que la parte demandante cumplió con su carga de demostrar que el accidente sufrido por el ciudadano J.G.E.V., ocurrió durante la jornada de trabajo, por lo que configura un accidente ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; pero como se indicó supra, no se comprobó que el mismo hubiere sido causado por el hecho ilícito del patrono derivado del incumplimiento de la normativa legal en materia de salud y seguridad laboral señalada supra; es por ello que de seguidas se analizará la procedencia de las indemnizaciones reclamadas, a saber, las contempladas en la Ley Orgánica del Trabajo de 1977 aplicable ratione temporis, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el Código Civil.
Con respecto al reclamo de la indemnización prevista en el artículo 567 de la Ley Orgánica del Trabajo, se declara su improcedencia, en virtud de que se evidenció que la empresa accionada inscribió al de cujus en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por tanto se aplican las normas de la Ley especial, pues conforme a lo establecido en el artículo 585 de la citada Ley, las disposiciones del Título VIII de la ley sustantiva laboral son de aplicación supletoria para lo no previsto en la Ley pertinente.
- El salario correspondiente a no menos de un (1) año ni más de cuatro (4) años, contados por días continuos, en caso de discapacidad parcial permanente de hasta el veinticinco por ciento (25%) de su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio habitual.
Ahora bien, en virtud de que el mencionado precepto jurídico, estipula que el empleador debe cancelar a los derechohabientes una indemnización en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de salud y seguridad en el trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta y la lesión, se observa que, al no haberse constatado en el presente caso que el infortunio sufrido por el ciudadano J.G.E.V., hubiese sido consecuencia del incumplimiento en esa materia por parte de la empresa accionada, resulta improcedente lo pretendido al respecto. Así se declara.
2006-2007 45
2006 - 2007 15 7
2007 - 2008 16 8
2008 - 2009 1,33 0,67
En consecuencia, la indexación laboral o corrección monetaria no resulta procedente en la responsabilidad objetiva donde se condene el daño moral, como es el presente caso. En tal sentido, esta Sala debe dejar asentado, en atención a lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que una vez entrado en mora el deudor de una obligación dineraria, ésta se convierte en una deuda de valor, por lo tanto, al proferirse la sentencia condenatoria del daño moral, el deudor debe dar cumplimiento voluntario a la misma, caso contrario se debe aplicar el método indexatorio por haber entrado el deudor en mora, ello con sujeción a las reglas generales de la responsabilidad civil por incumplimiento de sus obligaciones. Por lo que, de no haber cumplimiento voluntario la condena por daños moral se calculará desde la fecha de publicación de la sentencia hasta la ejecución, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa haya estado paralizada por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales, como así quedó establecido en sentencia N° 161 de fecha 2 de marzo de 2009, caso: R.V.P.F. contra Minería M.S., C.A., refiriéndose a los parámetros y criterios indexatorios contemplados en la sentencia N° 1.841 de fecha 11 de noviembre de 2008, de esta Sala de Casación Social.
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 17 de enero del año 2014, emanada del Juzgado Superior de Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; en consecuencia, SEGUNDO: ANULA el fallo recurrido; y TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por las ciudadanas M.Y.J.D. y Yesulin Yusdely Caraballo Iguaro, en representación de sus menores hijos J.G.E.J. y J.A.E.J., la primera, y J.G.E.V., la segunda (cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), contra la sociedad mercantil Industrias Filtros Laboratorios, C.A. (INFILCA).

References: artículo 65
 artículo 488
 artículo 168
 artículo 320
 Artículo 119
 artículo 130
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 artículo 130
 artículo 1
 artículo 65
 artículo 77
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 artículo 78
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 artículo 53
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 artículo 69
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 artículo 567
 artículo 585
 artículo 185
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