Source: http://carreteros.org/legislaciona/nautopistas/rd163_2002/apartados/t_c.htm
Timestamp: 2020-04-06 09:58:30+00:00

Document:
La Ley 8/72, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, establece, en su artículo 8.2, según la redacción dada al mismo por el artículo 59.dos de la Ley 55/99, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, la obligación del adjudicatario de la concesión de constituir, en el plazo y requisitos que los pliegos de la concesión establezcan, una sociedad anónima de nacionalidad española con quien aquélla se formalizará, y cuyo fin sea el cumplimiento del objeto de la concesión tal como se define en el artículo 1 de la misma Ley, así como, potestativamente, de cualesquiera otras concesiones de carreteras que en el futuro pudieran otorgársele en España.
Además del cumplimiento del objeto de la concesión, que constituye el fin primordial de la sociedad concesionaria, el mismo artículo 8.2 de la Ley 8/72 prevé que formen parte del objeto social de estas sociedades otras actividades y, en particular, su párrafo tercero admite la realización por éstas, directamente o a través de empresas filiales o participadas, de actividades en relación a infraestructuras de transporte y de comunicaciones previa autorización administrativa, en los términos y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine.
El presente Real Decreto tiene por objeto desarrollar lo establecido en el citado precepto legal, regulando los términos de la autorización administrativa prevista para garantizar el cumplimento del objeto primordial de la sociedad. Desde esta perspectiva el Real Decreto aborda los requisitos que han de reunir las sociedades concesionarias de autopistas de titularidad estatal que hagan uso de la mencionada facultad y el procedimiento a que deberán sujetarse sus solicitudes. En particular, y de acuerdo con el párrafo cinco del artículo 8.2 de la Ley 8/72, se regula la forma en que deberán llevarse las cuentas separadas de las actividades diferentes a la correspondiente a las concesiones preexistentes.
1. Requerirá autorización administrativa cada una de las actividades que las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje vayan a realizar directamente, o a través de sociedades filiales o participadas, en relación a infraestructuras de transporte y de comunicaciones, no incluidas en los dos primeros párrafos del artículo 8.2 de la Ley 8/72, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
2. El procedimiento podrá también finalizar mediante la suscripción de un convenio entre la Administración y el interesado o interesados sobre las características del acuerdo o acto sujeto a autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A tal efecto, los interesados o el Subdelegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje podrán en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, formular la correspondiente propuesta de convenio.
1. Será requisito para la aprobación por la Administración de un proyecto presentado por el concesionario para la instalación de una infraestructura de comunicaciones cuya capacidad exceda de la necesaria para la explotación de la autopista, la obtención, con carácter previo, de la autorización prevista en el presente Real Decreto y la correspondiente licencia individual para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
2. Una vez obtenidas las autorizaciones mencionadas en el apartado anterior, previamente a la aprobación del proyecto será de aplicación el procedimiento de uso compartido en los términos previstos en los artículos 47 de la Ley 11/98, y 49 del Reglamento de desarrollo del Título III de la Ley General de Telecomunicaciones, en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1736/98, de 31 de julio, respecto a aquellas instalaciones que excedan de las necesarias para la explotación de la
DISPOSICION ADICIONAL UNICA. NORMAS SUPLEMENTARIAS.
En todo lo no previsto en este Real Decreto, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1778/94, de 5 de agosto, de adecuación a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA. USO COMPARTIDO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES YA INSTALADAS.
1. Cuando la infraestructura de comunicaciones existente en la autopista a la entrada en vigor del presente Real Decreto tenga capacidad excedentaria respecto a las necesidades de explotación de la misma, la Dirección General de Carreteras, en aplicación de los criterios previstos en el artículo 94 del Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, podrá resolver la procedencia de la utilización total o parcial de la misma en los procedimientos de ocupación del dominio público de las autopistas nacionales de peaje instados por titulares de licencias individuales para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
2. En estos supuestos para determinar las condiciones de uso compartido resultará de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 48 y siguientes del Real Decreto 1736/98, de 31 de julio.
Si de los acuerdos alcanzados entre las partes en virtud este procedimiento se deriva la realización por la sociedad concesionaria correspondiente de alguna de las actividades mencionadas en el artículo 2 de este Real Decreto, su efectividad quedará condicionada a la obtención por ésta de la autorización regulada en el mismo y, en su caso, de la correspondiente licencia individual para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, de conformidad con la Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Primera. Régimen competencial.
Este Real Decreto se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.21.ª y 24.ª de la Constitución.

References: artículo 8
 artículo 59
 artículo 1
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 88
 Real Decreto 
 artículo 44
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 94
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 149