Source: http://vecinosvalladolid.org/spip.php?article7908
Timestamp: 2018-10-18 05:58:57+00:00

Document:
"¿Dónde vas? Manzanas traigo": el TSJ "no responde" a la demanda de la (...) - Federación Vecinal de Valladolid
Portada del sitio > Áreas > Solidaridad y ciudadanía > "¿Dónde vas? Manzanas traigo": el TSJ "no responde" a la demanda de la (...)
La sentencia del TSJ utiliza un truco procesal para evitar responder a los fundamentos jurídicos que exponían en su demanda
Jueves 7 de noviembre de 2013 · 130 lecturas ·
Podéis leer la sentencia de la Plataforma Ciudadana en Dfensa de las Libertades en la web de la Federación de Vecinos.
Ismael Rodrigo con la demanda contra la Ordenanza.
2º.- Los términos en los que se plantea el debate por los litigantes deben ser puestos de manifiesto, en cuanto de ellos depende, en buena medida, el resultado que se hubiera debido dar a la controversia según este voto. Así, es evidente que lo que se discute en este proceso, no es si la administración local demandada puede o no exigir una determinada forma de vestirse a los ciudadanos en supuestos concretos y determinados, como puede ser un centro público –v.g., un colegio o un edificio municipal- o un acto específico –v.g., un acto solemne o una manifestación cívica o religiosa-, sino que se discute la potestad municipal para prohibir, con carácter general, esto es, «excepto en las piscinas, las playas o cualquier otro lugar en que sea normal o habitual estar con este tipo de ropa»¸ un determinado tipo de conducta a una persona consistente en «estar desnuda o semidesnuda en los espacios y vías de uso público». Por lo tanto, habrá de resolverse, de acuerdo con el principio de congruencia procesal ‑artículos 24 y 120 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, y 33.1 y 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de julio, de Enjuiciamiento Civil- sobre dicha cuestión, es decir, si el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid puede, a través de una vía como la empleada, la de un reglamento, .prohibir un determinado y preciso tipo de conducta a los ciudadanos que están en Valladolid, con el carácter general que se ha puesto de relieve.
3º.- Parece fuera de toda duda que la razón de ser, en última instancia y en derecho positivo, de la potestad reglamentaria de las corporaciones locales, se ubica en la regulación de los artículos 140 y concordantes de la Constitución Española, que se desarrolla, a nivel general, en la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y, a nivel autonómico, en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, mientras que a nivel sectorial, tiene su más amplio desarrollo en ámbitos específicos, como el urbanístico y el fiscal, y se desarrolla más ampliamente en diversos Reales Decretos, tanto locales, como sancionadores. Del mismo modo, ha de ponerse de relieve que la potestad sancionadora de las administraciones locales fue enormemente ampliada por la reforma que la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, hizo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, concretamente de su artículo 127.1. -«La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.»-, y de la referida Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 139 -«Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes.»
Que esto sea así, es decir, que la administración local pueda tipificar como infracciones administrativas determinadas conductas y que esa potestad reglamentaria se haya efectivamente ampliado como ha sucedido en alguna legislación mediterránea de la que parece haberse hecho eco la española, no supone, sin más, que la administración local patria pueda tipificar como infracción administrativa en su término municipal, cualquier conducta que no se encuentre tipificada como infracción sancionable en cualquier otro ámbito distinto. En un estado de derecho, y más en uno que se califica, además, como social y democrático, como determina el artículo 1.1 de nuestra Ley de Leyes, para España, pocos poderes son tan absolutos y amplios como para sostener tal tesis de una manera tan amplia y desorbitada. Es claro que esa potestad reglamentaria debe respetar los principios esenciales, como el acatamiento a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico o al principio de jerarquía normativa, como se dispone, entre otros, en el artículo 9.1 y 3 de la Ley Fundamental de 1978. Más específicamente, nuestro Tribunal Supremo ha determinado que la potestad reglamentaria‑sancionadora de la administración local se halla sometida a la competencia de la propia administración, cuando dice, «Al razonar como lo hace la sentencia, se produce una rechazable inversión de los términos del problema, pues se antepone la consideración de la infracción, pretendiendo justificarla con base en el art. 139 y 140 LBRL, deduciendo de la legitimidad de la infracción la legitimidad de la prohibición» -STS de 14 febrero 2013-. Es decir, es antes la posibilidad de regular que la posibilidad de sancionar, de tal manera que solo si la administración puede disciplinar una materia, puede sancionar sobre ella. En un sentido semejante, para determinar los límites de la potestad reglamentaria de que se trata, será de considerar que el artículo 51.1 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –e, igualmente, el artículo 23.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno- determina que, «Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.» Y es aquí, en el ámbito de la potestad reguladora de los reglamentos y sus límites donde debe verse la ilegalidad de lo impugnado en este proceso, como plantea la parte actora y comparte este voto particular.
Por otra parte, es cierta, relativamente, la objeción de que lo que prohíbe, al sancionarla, es una conducta extrema, el ir desnudo. Relativamente porque también se prohíbe que “ninguna persona podrá estar desnuda o semidesnuda en los espacios y vías de uso público” y "en bañador o en cualquier otra pieza de ropa similar, excepto en las piscinas, las playas o cualquier otro lugar en que sea normal o habitual estar con este tipo de ropa”; es decir, no solo el caso extremo, sino también algo mucho más indefinido, como es la semidesnudez o el porte de ropa de baño es lo que se prohíbe. En todo caso, ha de señalarse que, efectivamente, se trata, en un supuesto, del extremo de una de las formas de mostrarse en público las personas en cuanto al vestuario se refiere. Si bien ello puede aceptarse así, es lo cierto que en nada se opone a cuanto se deja dicho sobre las potestades públicas administrativas incidiendo sobre la libertad personal y que la limitación en estos casos no se produce por una cuestión de medida, según se prohíba más o menos, el todo o un poquito, sino por principio, pues las limitaciones en materia de derechos fundamentales deben hacerse por ley y no vía reglamento, pues la Constitución no lo permite.
Finalmente, debe rechazarse que las relaciones de convivencia de interés local sean una suerte de criterio omnímodo que permita a la administración local en todo caso olvidar el sistema normal de fuentes y regular por medio de reglamentos u ordenanzas, todo. Ello vendría a colocar a la administración local al nivel de los Parlamentos bajo la idea de que, como todo sucede en el ámbito de cada ciudad, cada corporación puede regular lo que desee y no esté ya normativizado. Ello olvida el sistema de fuentes, la división de poderes y que su potestad reglamentaria está destinada a cumplir sus fines, porque, como ha dicho el Tribunal Supremo al respecto, en su citada STS de 14 febrero 2013, “la del burka”, «En todo caso, por muy amplia que sea la potestad de los Ayuntamientos para la regulación de infracciones y sanciones, no puede olvidarse que el art. 139 LBRL se refiere a "las relaciones de convivencia de interés local" [subrayado nuestro], lo que de por sí obliga a suscitar la cuestión de si la limitación de un derecho fundamental, que por definición constitucional corresponde a todos los ciudadanos de la nación, puede considerarse como concerniente al interés local, para así poder atribuir a los gestores democráticos de ese interés la posibilidad de emanar regulaciones, que, al circunscribirse al ámbito espacial del ente, no resultan coextensas con el ámbito propio del derecho, de modo que el derecho resulte limitado en una parte del territorio nacional y no en otras.». No constando, pues, prohibición al respecto por ley, que es quien debe hacerlo, no cabe que el ayuntamiento sancione.
8º.- Procede, por tanto, en opinión de este voto discrepante estimar la pretensión deducida en el escrito de demanda, al haberse llevado a cabo una regulación por la administración de un ámbito personal del individuo que el ordenamiento jurídico no le permite. Más allá, o acá, del juicio de valor que merezcan las tesis de la parte demandante, lo cierto es que su regulación por vía reglamentaria supone una merma de los derechos y libertades individuales que corresponden a los ciudadanos y que u máxima norma ha encomendado hacer a sus representantes parlamentarios, a ellos y no a otros diferentes.
Ver en línea : ¿Dónde vas? Manzanas traigo (WEB Federación Española de Naturismo)

References: artículo 218
 Real Decreto 
 artículo 127
 artículo 139
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 51
 artículo 23