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Timestamp: 2018-12-12 22:38:07+00:00

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Resolución de 31 de enero de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores, para el ejercicio 2011.
Séptima. Pago de las subvenciones.–
Octava. Plazo de la justificación.–
Novena. Forma de la justificación.–
Décima. Reintegro y control de las subvenciones.–
Undécima. Recursos frente a la presente resolución.–
Duodécima. Entrada en vigor.–
R Instituto Nacional del Consumo 26 Sep. 2012 (convocatoria subvenciones para asociaciones de consumidores y usuarios para promover el asociacionismo de consumo y actividades de información, defensa y protección de derechos, 2012)
Véase Res. 26 septiembre 2012, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores, para el ejercicio 2012 («B.O.E.» 8 octubre).
El artículo 15 del Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, establece que corresponde al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.
El Real Decreto 1258/2010, de 8 de octubre, establece en su artículo 13 que corresponde a la Dirección General de Consumo del nuevo Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la propuesta de regulación, en el ámbito de las competencias estatales, que incidan en la protección y la promoción de los derechos de los consumidores y usuarios; el establecimiento e impulso de procedimientos eficaces para la protección de los mismos; la cooperación institucional interterritorial en la materia; el fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios y el apoyo al Consejo de Consumidores y Usuarios.
Así, el apartado c) del punto segundo de dicho artículo13, enuncia como una de las funciones de la citada Dirección General de Consumo el fomentar el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico e impulsar el funcionamiento del Consejo de Consumidores y Usuarios.
A través de dicha Dirección General queda adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el organismo autónomo Instituto Nacional de Consumo, según establece el artículo 14 del Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
La Ley de Presupuestos Generales para el año 2011, en la aplicación 26.101.492O.482, incluye una partida destinada a la financiación de ayudas y subvenciones para impulsar, orientar y desarrollar las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito nacional, por importe de 3.641.140,00€
Conforme a lo previsto en la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio («BOE» núm. 155, de 29 de junio), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley, se dicta la presente resolución.
Estas subvenciones tienen como finalidad contribuir económicamente al funcionamiento de organizaciones consolidadas de consumidores y usuarios, con amplia implantación social y personal cualificada, para que puedan llevar a cabo la función social que tienen atribuida de representación y defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, mediante la realización de programas de ámbito estatal.
Es por ello que las bases reguladoras y esta convocatoria estructuran ese apoyo económico en torno a dos tipos diferenciados de actuaciones susceptibles de ser subvencionables.
Así, los programas de fomento previstos en esta Resolución y en el artículo 1.2, letra a) de la Orden de bases reguladoras, destinados a financiar el mantenimiento y funcionamiento ordinario de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito estatal, que legalmente tengan la condición de más representativas, tienen como objetivo asegurar que estas organizaciones cuenten con estructuras sólidas que les permitan realizar con eficacia las funciones de representación, no solo de sus asociados, sino de los intereses generales de los consumidores y usuarios de todo el Estado español.
En cuanto a la naturaleza de los programas y proyectos específicos que son objeto de subvención, previstos en esta convocatoria y en el artículo 1.2, letra b) de las bases reguladoras, justifican plenamente el ámbito estatal requerido de las organizaciones concurrentes, ya que se trata de financiar aquellas actuaciones concretas de información, defensa y protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios en general.
1. La presente Resolución tiene por objeto convocar en régimen de concurrencia competitiva las subvenciones para las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores para el ejercicio 2011, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio.
2. Estas subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 26.102.492O.482 de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011, por un importe estimado de 3.641.140,00 euros.
3. La concesión de las subvenciones convocadas por la presente resolución, queda condicionada a la existencia en la partida presupuestaria a que se refiere el apartado anterior, de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución.
1. Hasta un máximo del 50 por ciento de crédito presupuestario máximo estimado, se destinará a los programas de fomento previstos en el artículo 1.2, letra a) de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio, financiando el mantenimiento y funcionamiento ordinario de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito estatal que legalmente tengan la condición de más representativas, con el fin de asegurar el ejercicio de las funciones de representación institucional y defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios.
a) Realizar el seguimiento y análisis de las prácticas comerciales, en particular la publicidad, llevadas a cabo en medios de comunicación de ámbito estatal y a través de Internet, que puedan tener especial incidencia en la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y en su salud y seguridad.
b) Realizar el seguimiento y el análisis de las condiciones jurídicas y económicas en la contratación con los consumidores, en relación con bienes y servicios de uso ordinario y generalizado, y de las condiciones de calidad de los bienes y servicios ofertados.
c) Elaboración de materiales informativos o divulgativos, en particular en relación con la seguridad de productos y servicios, en los sectores que presentan un mayor número de reclamaciones o mayor dificultad para su tramitación, incluidos materiales sobre mecanismos de reclamaciones previstos por el ordenamiento jurídico, y en aquellos sectores de mayor riesgo económico para los consumidores.
d) Informar y asesorar a los consumidores y usuarios sobre los mecanismos de reclamación previstos por el ordenamiento jurídico para la solución de los conflictos planteados con los sectores que presentan un mayor número de reclamaciones o mayor dificultad para su tramitación, especialmente los correspondientes a servicios de suministro eléctrico y de gas, así como en materia de telecomunicaciones, comercio electrónico, contratación electrónica, televisión digital terrestre y comisiones bancarias, prestándoles el apoyo necesario ya sea de forma individual o colectiva.
No obstante lo previsto en este apartado, podrán ser objeto de subvención otros proyectos específicos que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 1.2, letra b) de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio.
3. El Presidente del Instituto Nacional del Consumo podrá acordar que la asignación presupuestaria destinada a financiar los programas previstos en el artículo 1.2, letra a) de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio, en el supuesto de que el crédito asignado no se hubiera agotado entre las organizaciones concurrentes a esta modalidad, se destine a los programas específicos, previstos en el artículo 1.2 letra b) de la citada Orden.
Los servicios contratados externamente que excedan de 6.000,00 euros, exigirán la presentación de tres ofertas detalladas, salvo que por las especiales características del servicio contratado no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten, debiendo optarse por la oferta que ofrezca una mejor relación calidad/precio. Se formalizará un contrato, siempre que el importe de la actividad exceda de 12.000,00 euros, o cuando sin exceder de este importe, la Comisión de Valoración entienda que es necesaria la formalización por escrito de la contratación y lo comunique a la entidad beneficiaria en la concesión.
5. En ningún caso se financiarán los gastos externos a la organización en los supuestos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 68, apartados 2 y 3 de su Reglamento, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El coste de adquisición de los gastos subvencionables no podrá ser superior al valor de mercado.
6. Las subvenciones a las organizaciones de consumidores, se destinarán a gastos devengados y realizados a lo largo del ejercicio presupuestario 2011, a excepción de los seguros sociales e IRPF correspondientes a diciembre de 2011, que serán asimismo objeto de financiación y que deberán ser justificados por el beneficiario conforme a lo dispuesto en la presente convocatoria.
1. A las subvenciones convocadas por la presente resolución podrán concurrir las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones, Uniones y Cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito estatal, inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se lleva en el Instituto Nacional del Consumo, en las que no concurran ninguna de las circunstancias impeditivas del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, y que, de conformidad con el artículo 3.1 y la disposición transitoria única, de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio, reúnan los siguientes requisitos:
2. Adicionalmente para ser beneficiarias de las subvenciones previstas en el artículo 1.2, letra a) de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio, las entidades concurrentes deberán acreditar la condición de más representativas, conforme a lo previsto en el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
a) Los anexos II, III, V y VI, serán cumplimentados por las entidades que concurran a los programas previstos en el artículo 1.2.a) de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio.
2. El plazo para presentar las solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
a) Documentación acreditativa de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no estar incurso en las causas de exclusión previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, acreditado conforme previenen los artículos 24 a 26, ambos inclusive, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) En el caso de las Federaciones, Confederaciones y Uniones, se adjuntará además, la relación nominal de las asociaciones o cooperativas integradas en ellas, especificando el ámbito territorial: local, provincial, de comunidad autónoma u otro cualquiera y su número de inscripción en los registros específicos existentes en las comunidades autónomas.
e) Certificación del representante legal de la entidad solicitante en la que conste la distribución por provincias y Comunidades Autónomas de sus socios individuales, señalando la dirección de las sedes, número de teléfono, correo electrónico, en su caso, y el horario de atención a los consumidores y usuarios.
f) Certificación emitida por los diferentes responsables de los Consejos de Consumidores u órganos equivalentes existentes en las comunidades autónomas y corporaciones locales en los que tenga presencia la organización o las asociaciones integradas en ella.
g) Certificación emitida por los diferentes responsables de las Juntas Arbitrales de Consumo, tanto de ámbito nacional, autonómico o local, acreditativa de la participación en ella de la organización.
h) Presupuesto de gastos debidamente detallado, conforme al anexo III y IV y relación de otras ayudas concedidas o solicitadas para la ejecución de los programas objeto de la subvención, por otras Administraciones Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas tanto nacionales como internacionales.
4. Adicionalmente, las entidades que concurran al programa de fomento previsto en el artículo 1.2 a) de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio, deberán presentar la siguiente documentación:
c) Memoria de realización de otros programas anteriores a la convocatoria en defensa de los intereses generales de los consumidores, distintos a los previstos en los anexos I, II, III y IV y no subvencionados por las Administraciones Públicas y la Unión Europea.
5. Las entidades que concurran a los programas específicos previstos en el artículo 1.2 b) de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio, adicionalmente deberán presentar una memoria resumen de las actividades desarrolladas en el mismo ámbito sectorial, correspondientes a los tres ejercicios precedentes, con una evaluación de los resultados objetivos obtenidos.
6. Sin perjuicio del derecho reconocido en el artículo 23.3 de la Ley de Subvenciones, en relación con la documentación exigida en el apartado 3, letras c), d), e) y f) y en el apartado 4 letras a), b), d) y e) de este artículo, las entidades que hubieran concurrido a estas subvenciones en el ejercicio 2010 y hubieran presentado esta documentación, bastará con que faciliten la información solicitada, justificando documentalmente las modificaciones producidas en relación con los datos facilitados en dicho ejercicio y dando por expresamente reproducida la documentación facilitada en la solicitud correspondiente a dicho ejercicio, mediante una certificación del responsable legal de la entidad concurrente a la presente convocatoria.
Los datos utilizados para la baremación de los criterios de valoración serán además de los aportados por los concurrentes a las subvenciones, los que figuren en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en la fecha de la publicación de la Resolución de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. En el plazo de quince días desde la recepción de la propuesta de resolución de la Comisión de Valoración, la Presidencia del Instituto Nacional del Consumo dictará, atendiendo a los criterios de valoración y previa fiscalización del gasto, la resolución de concesión que será motivada, debiendo contener la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y los programas e importes subvencionados, haciendo constar de manera expresa la desestimación, en su caso, del resto de las solicitudes, e indicará que pone fin a la vía administrativa, señalando el régimen de recursos que proceda.
3. La resolución que acuerde o deniegue la concesión de la subvención pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución, si el acto fuera expreso, y de tres meses en caso de silencio administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Alternativamente, podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. En caso de silencio administrativo, el plazo será de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se entienda desestimada.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses desde la publicación de la convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
5. La resolución se notificará a los interesados, en el lugar que éstos hayan indicado a tal efecto en su solicitud, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
6. Las subvenciones concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos establecidos en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
El pago de las subvenciones se hará efectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio.
La justificación de la subvención se deberá realizar a medida que concluyan los programas subvencionados en un plazo máximo de dos meses desde la conclusión del programa, que en ningún caso podrá ser posterior al 27 de febrero de 2012 y se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio.
La cuenta justificativa individualizada para cada uno de los programas subvencionados que, conforme a lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
a) El resumen de los gastos realizados, conforme al anexo III y IV. Si se hubiera realizado algún gasto autorizado en el presupuesto aprobado en la resolución de concesión no identificado en los subgrupos, cuentas o subcuentas que se detallan en dicho anexo, deberá indicarse expresamente mediante la adición de nuevas cuentas y subcuentas, de acuerdo a los criterios del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril.
2.º Servicios exteriores (subgrupo 62): Los gastos correspondientes al arrendamiento de la sede central que se financien conforme a lo previsto en el artículo 11.1 de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio, requerirán la presentación del contrato de arrendamiento de dicha sede.
Podrán ser objeto de subvenciones las dietas y los desplazamientos devengados por el personal, ya sea de la propia organización, incluido el personal Directivo que participe en el proyecto, ya sea contratado específicamente, voluntarios o destinatarios del programa, como consecuencia de las actividades desarrolladas en la ejecución del programa subvencionado hasta el límite establecido para el Grupo 2, como indemnización por razón de servicio para el personal al servicio de la Administración General del Estado. No serán objeto de subvención los gastos del tipo minibar, teléfono, etc.
La imputación de facturas de comidas o celebraciones en restaurantes estará supeditada a su inexcusable relación con el programa, incluyendo la certificación del representante legal de la entidad en tal sentido e indicando las fechas y relación de asistentes a las mismas.
Por lo que se refiere a los gastos previstos en la letra e), apartado 1 del artículo 11 de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio, subcuenta 629.3, a la cual se podrán imputar los gastos por asistencia a reuniones, en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios, en otros órganos de representación y consulta, se deberán acreditar mediante certificado del responsable o secretario del órgano que justifique la asistencia a las respectivas reuniones y el número de éstas y, por otra parte, certificación de que no se percibe ninguna indemnización por asistencia al citado Órgano.
El beneficiario procederá al reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas junto con los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio y, por lo que hace referencia al control de las subvenciones, éste se regulará por lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Orden.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia del Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

References: artículo 15
 Real Decreto 
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 artículo 13
 artículo13
 artículo 14
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 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 68
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 resolución 
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 38
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 artículo 1
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 artículo 13
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 artículo 1
 artículo 1
 artículo 23
 Resolución 
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 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 72
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 artículo 11
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 20