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Timestamp: 2019-08-25 15:41:57+00:00

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Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017 - Página 13
Esta Sentencia constituye, per se, una forma de reparación.
El Estado debe continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones y el proceso penal en curso, así como abrir las investigaciones que sean necesarias con el fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández en un plazo razonable, en los términos de los párrafos 192 y 193 de la presente Sentencia.
El Estado debe, dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que contribuyeron con su actuación a la demora del proceso y a la denegación de justicia y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley prevea, en los términos del párrafo 194 de la presente Sentencia.
El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que las víctimas o sus representantes, en particular el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz y la señora Zaida Hernández de Arellano, cuenten con las debidas garantías de seguridad para continuar con su búsqueda de justicia, en acuerdo y coordinación con las mismas, en los términos del párrafo 195 de la presente Sentencia.
El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten, de conformidad con lo establecido en el párrafo 199 de esta Sentencia.
El Estado debe realizar las publicaciones y la radiodifusión indicadas en los párrafos 203 a 205 de la presente Sentencia.
El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en el párrafo 209 de la presente Sentencia.
El Estado debe designar con el nombre de Johan Alexis Ortiz Hernández una promoción de egresados de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, de conformidad con lo establecido en el párrafo 212 de la presente Sentencia.
El Estado debe, de acuerdo a la naturaleza y finalidad de cada ejercicio en el ámbito de la instrucción militar de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, establecer de forma expresa el tipo de municiones a utilizarse y, en su caso, justificar de forma estricta la necesidad militar de utilizar balas reales en un ejercicio en concreto, de conformidad con lo establecido en el párrafo 217 de la presente Sentencia.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 235, 239, 246, 247, 248 y 255 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 260 a 265.
El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de los párrafos 259 y 265 de esta Sentencia.
El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 205 de la presente Sentencia.
Redactada en español en San José, Costa Rica, el 22 de agosto de 2017.
Corte IDH. Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2017.
Eduardo Vio Grossi Humberto A. Sierra Porto
** El Juez Presidente Roberto F. Caldas, por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno, no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia. Por tal motivo, de conformidad con los artículos 4.2 y 5 del Reglamento del Tribunal, el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente de la Corte, asumió la Presidencia en ejercicio respecto del presente caso.
**** La Secretaria Adjunta, Emilia Segares Rodríguez, no participó de la deliberación de esta Sentencia por razones de fuerza mayor.
1 La Corte se referirá a la madre de la presunta víctima indistintamente como “Zaida Hernández Hernández” o “Zaida Hernández de Arellano”.
2 La Comisión resolvió declarar admisible la petición en relación con los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández y de sus padres.
3 La Comisión designó como sus delegados ante la Corte al entonces Comisionado Felipe González y al entonces Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L., y designó como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Silvia Serrano Guzmán y Selene Soto Rodríguez, abogadas de la Secretaría Ejecutiva.
1 Luego de una comunicación remitida por la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte durante el examen preliminar del sometimiento del caso, el 22 de julio de 2015 las presuntas víctimas confirmaron que las señoras Gustava Soledad Aguilar Moraga y Johanny Elizabeth Castillo Sabarí continuarían actuando como defensoras públicas interamericanas para ejercer la representación legal de las presuntas víctimas en este caso en el trámite ante la Corte.
2 El Estado actuó inicialmente a través del señor Germán Saltrón Negretti, Agente del Estado para los Derechos Humanos. Posteriormente, el Estado designó como agente al señor Larry Devoe Márquez, y como agente alterno al señor Romer Pacheco Morales.
3 Cfr. Caso Ortiz Hernández Vs. Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 20 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/ortiz_20_12_16.pdf
4 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, y los abogados de la Secretaría Ejecutiva, Silvia Serrano Guzmán y Selene Soto Rodríguez; b) por las representantes de las presuntas víctimas: las señoras Gustava Soledad Aguilar Moraga y Johanny Elizabeth Castillo Sabarí, y c) por el Estado de Venezuela: los señores Larry Devoe Márquez, Agente del Estado ante el Sistema Internacional de los Derechos Humanos; Romer Pacheco Morales, Agente Alterno; Ana Beatriz Navarro, Directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, y Alexis Crespo Daza, Asesor.
5 La declaración testimonial de Wilmer Alberto Jaimes Flores no se recibió en el plazo otorgado para tal efecto.
1 En particular, el Estado enumeró los siguientes elementos de prueba: i) la declaración de la testigo Marelvis Mejía Molina, quien señaló que nunca se presentó formal denuncia de esos hechos ante el Ministerio Público; ii) la autopsia realizada por la doctora Ana Cecilia Rincón Bracho, en la que no hay constancia de rasgos o señales de tortura; iii) la propia declaración de la perita ofrecida ante esta Corte, en la que ratificó tal afirmación, y iv) el informe médico elaborado el 15 de febrero de 1998 por la doctora Lucy Vega Chávez en el Hospital San Rafael de El Piñal, el cual no contiene elementos que permitan presumir la existencia de tortura. La referida médica habría afirmado que lo único que presentaba en su cuerpo la víctima eran dos heridas ocasionadas por arma de fuego, y habría indicado no haber observado “ningún otro tipo de lesión”.
2 Artículo 62. ReconocimientoSi el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.
3 Artículo 64. Prosecución del examen del casoLa Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes.
4 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 24, y Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304, párr. 43.
5 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 17, y Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras, supra, párr. 43.
6 El artículo 62.3 de la Convención establece: “[l]a Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial”.
7 El artículo 63.1 de la Convención establece: “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
8Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 105, y Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328, párr. 54.
9 Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 16, párr. 17, y Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párr. 24.
10 Cfr. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párr. 57, y Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie C No. 326, párr. 46.
11 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra, párr. 18, y Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 32.
1 Mediante comunicación de 6 de febrero de 2017, las representantes indicaron que al declarante no le fue posible rendir su testimonio ante notario público, ya que al presentarse a la notaría pública, el notario habría rechazado las preguntas negándose a certificar su declaración conforme al cuestionario que le fue presentado. Mediante nota de secretaría de 7 de febrero de 2017, la Corte indicó que sobre el particular valorará la situación en el momento procesal oportuno.
2Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334, párr. 21.
3 Cfr. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 22, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 23.
4 Los objetos de todas estas declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución del Presidente de la Corte de 20 de diciembre de 2016, puntos resolutivos primero y quinto, la cual puede ser consultada en la página web de la Corte en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/ortiz_20_12_16.pdf
5 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 14; Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 249, párr. 30; Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256, párr. 31, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párrs. 42 a 44.
6 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrs. 69 a 76, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 26.
7 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 43, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 26.
1 Cfr. Partida de nacimiento de Johan Alexis Ortiz Hernández emitida por la Autoridad Civil del Municipio San Juan Bautista del distrito San Cristóbal del estado de Táchira (expediente de prueba, tomo X, anexo 1 al sometimiento del caso, folio 3033), e Informe socio-económico y familiar emitido por el Licenciado Frank Félix Sosa el 4 de agosto de 2015 (expediente de prueba, tomo XIII, anexo 21 al escrito de solicitudes, argumentos y prueba, folio 4532).
2 Cfr. Informe socio-económico y familiar emitido por el Licenciado Frank Félix Sosa el 4 de agosto de 2015 (expediente de prueba, tomo XIII, anexo 21 al escrito de solicitudes, argumentos y prueba, folios 4534 a 4535).
3 Cfr. Nota de prensa aparecida en el diario “La Nación” el 30 de marzo de 1998 titulada “La muerte le sorprendió en una práctica militar” (expediente de prueba, tomo XI, anexo 17 al sometimiento del caso, folio 3482), y Declaraciones rendidas por Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.
4 Cfr. Informe Caso Muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández elaborado por Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández de Arellano de 1 de septiembre de 1998 (expediente de prueba, tomo XI, anexo 15 al sometimiento del caso, folio 3453).
5 Cfr. Orden de Operaciones para el “I Curso Anti-Subversivo” febrero 98, dirigido al personal de alumnos integrantes del XXVIII Curso de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Gral. Div. “Víctor Anselmo Fernández Escobar” (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folios 4570 a 4762).
6 Cfr. Orden de Operaciones para el “I Curso Anti-Subversivo” febrero 98, dirigido al personal de alumnos integrantes del XXVIII Curso de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Gral. Div. “Víctor Anselmo Fernández Escobar” (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folios 4574 a 4575).
7 Cfr. Instructivo para actividades del batallón de alumnos (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folios 4670 a 4677), e Informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de Táchira emitido el 16 de enero de 1999 (expediente de prueba, tomo X, anexo 8 al sometimiento del caso, folio 3254).
8 Dicha información fue ratificada por Marelvis Mejía Molina, miembro del Ministerio Público, al prestar declaración testimonial ante esta Corte Interamericana. En efecto, en dicha oportunidad sostuvo que el instructivo no establecía si debían emplearse municiones reales o de fogueo. Sin embargo, destacó que éste preveía la provisión de cuatro mil quinientos (4.500) cartuchos de fogueo, motivo por el cual podía presumirse que eran éstas las que debieron utilizarse para el desarrollo de los ejercicios. Cfr. Declaración rendida por Marelvis Mejía Molina ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.
9 Cfr. Instructivo para actividades del batallón de alumnos (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folio 4710).
10 Cfr. Orden Administrativa N° 1/98 (expediente de prueba, tomo X, anexo 3 al sometimiento del caso, folios 3060 a 3061).
11 Cfr. Instructivo para actividades del batallón de alumnos (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folio 4675).
12 Cfr. Orden de Operaciones para el “I Curso Anti-Subversivo” febrero 98, dirigido al personal de alumnos integrantes del XXVIII Curso de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Gral. Div. “Víctor Anselmo Fernández Escobar” (expediente de prueba, tomo XXI, anexo a la contestación del Estado, folios 6706 a 6707).
13 Cfr. Escuela de Formación de Guardias Nacionales Gral. Div. “Víctor Anselmo Fernández Escobar”, Normas que deben cumplir los instructores en las canchas ubicadas en los terrenos de la base administrativa del Destacamento de Comandos Rurales Nro. 19 (expediente de prueba, tomo XXI, anexo a la contestación del Estado, folios 6735 a 6736).
14 Cfr. Informe enviado por el Teniente Comandante de la Primera Compañía al Teniente Coronel Comandante del Cuerpo Alumnos de ESGUARNAC-CORDERO el 12 de marzo de 1998 (expediente de prueba, tomo X, anexo 2 al sometimiento del caso, folios 3035 a 3036).
15 Cfr. Instructivo para actividades del batallón de alumnos (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folios 4670 a 4677 y folios 4706 a 4713, respectivamente).
16 Ello se desprende de las diferentes acusaciones formuladas a nivel interno en el transcurso de las investigaciones, tanto en el fuero militar como en el ordinario, que hacen alusión a que los hechos ocurrieron en el obstáculo número 5 que corresponde a la “cancha anti-subversiva”. Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Militar de Primera Instancia Permanente de San Cristóbal el 8 de octubre de 2001 (expediente de prueba, tomo XXV, anexo a la contestación del Estado, folio 7904); Acusación formulada por los representantes del Ministerio Público el 24 de noviembre de 2011 (expediente de prueba, tomo XXXV, anexo a la contestación del Estado, folios 9844 a 9945), y Acusación formulada por los representantes del Ministerio Público el 27 de febrero de 2013 (expediente de prueba, tomo X, anexo 14 al sometimiento del caso, folio 3306). Véase también, Anexo A “Ejecución cancha anti-subversiva” al Instructivo para actividades del batallón de alumnos (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folio 4676), e Informe enviado por el Teniente Comandante de la Primera Compañía al Teniente Coronel Comandante del Cuerpo Alumnos de ESGUARNAC-CORDERO el 12 de marzo de 1998 (expediente de prueba, tomo X, anexo 2 al sometimiento del caso, folios 3035 a 3036).
17 Vale señalar que, según la declaración del alumno Luis Eduardo Berrio Mercado quien también habría participado de la práctica, el hecho en que resultó herido Ortiz Hernández se habría producido a las 11.30 horas del día 15 de febrero de 1998. Cfr. Declaración testimonial rendida ante el Comando Regional N° 1, Destacamento de Comandos Rurales N° 19, el 16 de febrero de 1998 (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folio 4779). En cambio, para Gerson Daniel Varela Molina quien se desempeñaba como auxiliar de instrucción en los obstáculos 2 y 3, el hecho habría ocurrido entre las 12 y 12.15 horas. Cfr. Declaración testimonial rendida ante el Comando Regional N° 1, Destacamento de Comandos Rurales N° 19, el 21 de febrero de 1998 (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folio 4807). En la misma línea, un alumno que se encontraba asistiendo al funcionario que estaba operando la ametralladora AFAG manifestó que el hecho sucedió a las 12:15 horas. Cfr. Declaración testimonial rendida por Antonio Elías Linares Villalobos ante la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 17 de junio de 2003 (expediente de prueba, tomo XXXII, anexo a la contestación del Estado, folios 9011 a 9012). Mientras que para los alumnos Pedro Miguel Rodríguez Palmera y Víctor Alberto Lacruz Delgado éste aconteció a las 12.30 horas. Cfr. Declaraciones testimoniales rendidas ante el Comando Regional N° 1, Destacamento de Comandos Rurales N° 19, el 17 de febrero de 1998 (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folios 4789 y 4791, respectivamente). Por su parte, la médica tratante señaló que el ingreso de Johan Alexis al hospital se produjo a las 12:45 horas.

References: artículo 1
 Resolución 
 Artículo 62
 Artículo 64
 artículo 62
 artículo 63
 Resolución