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Timestamp: 2019-07-23 03:05:46+00:00

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﻿ SENTENCIA 2009-00330/47745 DE DICIEMBRE 19 DE 2017
SENTENCIA 2009-00330 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA DE LA VÍCTIMA EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE QUIEN EN SU CALIDAD DE REGISTRADOR DEL ESTADO CIVIL TRATÓ INADECUADAMENTE A UN MENOR DE EDAD. CONTRA EL ACTOR FUE DICTADA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO POR EL DELITO DE ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO, CON FUNDAMENTO EN LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PADRE DEL MENOR, QUIEN LO SEÑALÓ DE REALIZAR ACTOS ABUSIVOS CON EL MENOR DE EDAD, CUANDO ESTE IBA A RECLAMAR SU TARJETA DE IDENTIDAD EN LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL. EN CONSECUENCIA, EN EL PROCESO SE ACREDITÓ EL COMPORTAMIENTO GRAVEMENTE CULPOSO DEL SINDICADO, PUES EN SU CALIDAD DE REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL TRATÓ INADECUADAMENTE A UN MENOR DE EDAD, PROCEDER ABUSIVO Y REPROCHABLE QUE PROPICIÓ QUE SE LE VINCULARA A UNA INVESTIGACIÓN PENAL PARA ESTABLECER SI AGREDIÓ LA INTEGRIDAD SEXUAL DEL MENOR. ANTE LA SITUACIÓN GENERADA POR LA PROPIA VÍCTIMA, AL ENTE INVESTIGADOR NO LE ERA EXIGIBLE UNA CONDUCTA DIFERENTE QUE LA DE ORDENAR LA MEDIDA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD E INVESTIGAR AL SINDICADO CON FUNDAMENTO EN LOS INDICIOS Y PRUEBAS RECOLECTADAS QUE SUGERÍAN SU RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO. EN TAL VIRTUD, SE DECLARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA CAUSA EXTRAÑA QUE IMPIDE QUE EL DAÑO ANTIJURÍDICO SEA IMPUTADO A LA DEMANDADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CULPA DE LA VÍCTIMA, ACTO SEXUAL ABUSIVO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ACTO SEXUAL ABUSIVO EN MENOR DE EDAD
Sentencia 2009-00330/47745 de diciembre 19 de 2017
Rad.: 50001-23-31-000-2009-00330-01 (47745)
Actor: JEPM
2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).
La demanda se interpuso en tiempo —13 de octubre de 2006— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 16 de noviembre de 2004, fecha en que quedó en firme la sentencia que lo absolvió [hecho probado 5.4].
4. JEPM es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que es el sujeto pasivo de la investigación penal. La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva pues fue la entidad encargada de captura, investigación y medida de aseguramiento.
5. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
5.1. El 29 de septiembre de 2003, la fiscalía seccional de La Ceja, Antioquia, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra JEPM, sindicado del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (fls. 31 a 36, c. 1).
5.2. El 1º de octubre 2003, JEPM compareció a la fiscalía seccional de La Ceja, allí se hizo efectiva la medida de detención preventiva y fue capturado, según da cuenta la certificación emitida por el juzgado penal del circuito La Ceja, Antioquia (fls. 238 y 239, c.p.).
5.3. El 11 de noviembre de 2003, la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la medida de aseguramiento, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (fls. 37 a 43, c. 1).
5.4. El 28 de octubre de 2004, el juzgado penal del circuito de La Ceja, Antioquia, absolvió por atipicidad de la conducta a JEPM y ordenó su libertad, según da cuenta copia auténtica de la sentencia de esa fecha (fls. 44 a 58, c. 1). La providencia quedó ejecutoriada el 16 de noviembre de 2004, según da cuenta la certificación de la secretaria del juzgado penal del circuito de La Ceja (fl. 243, c.p.).
5.5. El 10 de noviembre de 2004, JEPM recobró su libertad, según da cuenta copia auténtica de la boleta de libertad (fl. 242, c.p.).
6. El daño está demostrado porque JEPM estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 1º de octubre de 2003 hasta el 10 de noviembre de 2004 [hechos probados 5.1, 5.2 y 5.5].
7. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.
8. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la non reformatio in peius.
La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima(9). Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado.
9. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debida a la culpa exclusiva de la víctima, cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley establece que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.
A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio(10).
10. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que JEPM desplegó varias conductas determinantes para que se le dictara medida de aseguramiento y se le adelantara la investigación penal.
En efecto, la fiscalía seccional de La Ceja, Antioquia, dictó medida de aseguramiento contra JEPM por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, con fundamento en la denuncia presentada por el padre del menor CAG [hechos probados 5.1 y 5.2], quien lo señaló de realizar actos abusivos con el menor de edad, cuando este iba a reclamar su tarjeta de identidad en la Registraduría Municipal del Estado Civil. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:
[…] Ciertamente CA estuvo solo, en la oficina de la Registraduría del Estado Civil del Retiro en la tarde del cinco de noviembre tal y como él y el propio sindicado lo refirieron; allí respondió a cada una de las preguntas que le hizo el servidor público, pese a que desde el inicio le acarició la mejilla y el mentón; cuando el registrador fue mucho más allá, y lo abrazó y lo besó y empezó a suspirarle en el oído, CA huyó de la oficina y de inmediato le relató lo ocurrido a su madre.
Don CE no ha tenido enfrentamientos de ninguna clase con quien denunció y el propio sindicado no conoce al menor ni a sus padres, por lo que pensar que la denuncia formulada en contra del señor registrador, obedezca a rencillas del pasado o persecución de cualquier índole, carece de fundamento dentro de la actuación. La magnífica relación que CA posee con sus padres, de acuerdo a lo que el propio JA puede observar a sus escasos once años, nos limitan en cuanto a la posibilidad que haya querido el menor reclamar atención de sus padres de tal forma.
El testimonio de CA es claro y lo manifestado por su padre al denunciar es una fiel reproducción de lo que él expresó en esta fiscalía seccional. CA ha relatado los hechos que vivió de una manera desprevenida y libre de intenciones malignas recónditas, por lo que hemos considerado veraz su dicho y sea dicho de paso, el que se trate de un menor de edad (menor de doce años), siempre que el legislador ha permitido su convocatoria y su testimonio resiste el análisis fundado en la sana crítica, tiene plena validez y pude ser el sustento a una aceptada decisión judicial […] (fls. 31 al 36, c. 1).
Ahora, el juzgado penal del circuito de La Ceja, Antioquia, absolvió a JEPM por atipicidad de la conducta, porque si bien el registrador tuvo un proceder inapropiado con el menor, este no tuvo una connotación sexual, pues los tocamientos no fueron efectuados en las partes íntimas del menor de edad:
[…] Redondeando todas estas ideas, no es que el despacho justifique o aplauda la actitud asumida por el funcionario investigado, por el contrario, ya se dijo que su comportamiento con el menor fue totalmente inadecuado e impropio de su cargo, pero de ahí a considerar que estas conductas tuvieron un tinte evidentemente sexual hay una gran distancia, en primer término, porque como ya se dijo los tocamientos no fueron dirigidos a zonas erógenas del cuerpo del joven y en segundo lugar porque no existe ninguna prueba de que el mencionado funcionario hubiera realizado tales actos con dolo de satisfacer su libido o iniciar al mozuelo en asuntos sexuales […]. (fls. 44 a 58, c. 1).
En consecuencia, en el proceso se acreditó el comportamiento gravemente culposo del sindicado, pues en su calidad de registrador municipal del Estado Civil trató inadecuadamente a un menor de edad, proceder abusivo y reprochable que propició que se le vinculara a una investigación penal para establecer si agredió la integridad sexual del menor.
Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad e investigar al sindicado con fundamento en los indicios y pruebas recolectadas que sugerían su responsabilidad en el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.
11. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
REVÓCASE la sentencia del 21 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:
1. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
3. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, Rad. 39.404 [fundamento jurídico 16].
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.3.2 y 2.3.3]. Se trató de una almacenista de la Dirección seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación, que fue privada de la libertad por la presunta comisión del delito de peculado de apropiación a raíz del faltante que se detectó en el almacén que estaba a su cargo.

References: artículo 68
 artículo 164
 artículo 70
 artículo 67
 artículo 70
 artículo 63
 artículo 171
 artículo 55