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Timestamp: 2017-09-23 11:11:16+00:00

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Entrevista al profesor Bermejo Vera, nuestro Presidente de Honor
Incorporamos a nuestra Web, por gentileza de Iusport, la entrevista realizada a nuestro Presidente de Honor, profesor José Bermejo Vera, por su Subdirector y directivo de esta Asociación, Javier Latorre Martínez.
Hemos tenido la ocasión de asistir en Zaragoza a la conferencia pronunciada magistralmente por D. JOSÉ BERMEJO VERA, “Reconstrucción o deconstrucción del asociacionismo deportivo”, con ocasión de la Jornada “Aspectos actuales del Derecho Deportivo en Aragón” celebrada el viernes 23 de junio en el Aula Magna del CPA Salduie. Bermejo Veraha presentado a los asistentes una visión panorámica sobre las leyes del deporte, la problemática con la que se encuentran las asociaciones deportivas y también ha analizado diversas cuestiones de interés en relación al Derecho deportivo.
El profesor JOSÉ BERMEJO VERAcuenta con un relevante prestigio en el mundo jurídico, en el ámbito del Derecho público aragonés y en la Universidad de Zaragoza, donde ejerció entre otros cargos, el de Secretario general. En el orden deportivo, fue Presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo desde su fundación y durante quince años, renunciando a continuar en el año 2004. Actualmente es Presidente de Honor de la misma.
Catedrático Emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, profesor del “Master en Derecho Deportivo” organizado por el INEFC-Universidad de Lleida y la AEDD, Vocal de la Junta Electoral de Aragón desde 1996 y Académico de Número de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, ha participado como ponente y conferenciante en numerosos Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios nacionales e internacionales, y es autor de numerosas publicaciones y artículos jurídicos en general y jurídico-deportivos en particular, de entre los que nos atrevemos a destacar “Constitución y Deporte” (Ed. Tecnos, 1998), “Estudio sistemático de la Ley del Deporte de Aragón”, (Ed. Cortes de Aragón, 1998), y “Administración y Deporte”, en “Derecho Administrativo. Parte Especial”, (Ed. Civitas, varias ediciones).
Participó en la primera Asamblea General del Deporte de 1977, y fue miembro destacado del equipo redactor de la actual Ley del Deporte estatal de 1990, y de la Ley del Deporte de Aragón. Ha sido también asesor (contratado) del Consejo Superior de Deportes entre 1983 y 1990, y desde dicho año ejerce como asesor jurídico de la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Fue autor de la importante Ponencia,“Deporte y Derecho. Presentación general de problemas" en el XVII Coloquio del Consejo de Europa (celebrado en la ciudad holandesa de Maastrich, en el año 1989).
Sr. BERMEJO, en primer lugar, queremos agradecerle su deferencia hacia IUSPORT y hacia sus lectores, permitiéndonos conocer de primera mano aspectos relevantes de la situación actual del Derecho Deportivo.
Comenzaremos la entrevista dándole nuestra más sincera enhorabuena por el merecido nombramiento como Presidente del Consejo Consultivo de Aragón, publicado en el Decreto 50/2017, de 11 de abril, del Gobierno de Aragón.El Consejo Consultivo de Aragón es el órgano consultivo más importante del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sr. BERMEJO, ¿qué supone para Vd. este nombramiento?
Un honor objetivo y un halago personal, digno de una feliz culminación de mi carrera académica, docente e investigadora, así como del ejercicio de jurista durante casi cincuenta años.
Vd. sigue siendo deportista federado. Dispone de licencia federativa como futbolista amateur desde 1959. Actualmente, si no estamos equivocados, participa en el equipo de veteranos de la Universidad de Zaragoza, en la Liga de la Federación Aragonesa de Fútbol. ¿Ha sido fácil compaginar su dilatada vida profesional en el ámbito universitario y jurídico con la práctica federada del fútbol?
No sólo ha sido fácil: ha sido una “palanca” decisiva para el desarrollo como ser humano en todos los sentidos: intelectual, físico, moral….Aunque parezca exagerado, compaginar el trabajo con el placer -y la práctica constante del deporte futbolístico ha sido placentera para mí- me ha ayudado a desenvolverme socialmente, a reforzar muchos de los principios y valores humanos que valen la pena, como la disciplina y el esfuerzo, afán de superación, solidaridad, compañerismo y amistad, fraternidad, igualdad bien entendida, aprender de los otros, en fin, a “ver la viga en el ojo propio y la paja en el ojo ajeno”, en lugar de lo contrario.
No se entendería hablar sobre Derecho del Deporte y sobre la Asociación Española de Derecho Deportivo y no citar la aportación del profesor Bermejo Vera. ¿Podría recordarnos sus inicios en este ámbito y su dedicación a la Asociación Española como Presidente?
Precisamente, con el fútbol empezó todo. Me explico. Jugando en categoría regional, y como profesor universitario, se me propuso, por el Rector, formar parte del Comité de competición de la Federación Aragonesa de Fútbol. Allí observé –hablamos de los años sesenta del siglo pasado- que había mucho que cambiar en las normas deportivas. Y, además de poner en práctica mis modestos conocimientos de jurista, comencé a escribir sobre la inevitable relación entre el Derecho y el Deporte. Recordemos que ya un texto bíblico (Epístola segunda de San Pablo a Timoteo, versículo 5) es bien significativo: “El atleta no puede conseguir la victoria, si no se atiene a las reglas del deporte”.
Después, leí el interesante libro de Carmelo González Grimaldo, El Ordenamiento jurídico del deporte (que fue en origen su tesis doctoral)y decidí hacer una recensión que, al parecer, leyeron otros juristas interesados en el deporte, como José Luis Carretero. Él, precisamente, me propuso participar en la institución andaluza UNISPORT, y ahí decidimos poner en marcha la Asociación (AEDED). Es cierto: fui presidente muchos años, con escasos medios y pocos asociados, pero absolutamente volcados en el perfeccionamiento de la normativa concerniente al deporte, para lo cual pusimos en marcha dos proyectos importantes: la Revista y el Master de Derecho Deportivo.
Hoy me alegra comprobar que AEDED está en muy buenas manos, especialmente con su Presidente Antonio Millán, y que sus actividades originarias y subsiguientes –que han sido muchas y fructíferas- se han multiplicado, como los asociados.
Su participación en la elaboración de la Ley del Deporte 10/1990 fue destacada y reconocida por todos los profesionales del Derecho y del Deporte. ¿Considera necesario un nuevo marco legal para el deporte español?. Si se llevara a término la citada reforma, ¿debería diferenciarse la regulación del deporte aficionado de la correspondiente al deporte profesional?
Cierto. Participé intensamente en la elaboración de la vigente (con modificaciones sustantivas) ley estatal del deporte. Y creo que puede demostrarse, por un lado, que dicha norma fue decisiva, ya no solamente en una ejemplar ordenación jurídica de la actividad deportiva –prueba de ello son los textos legales de la regulación del deporte en todas las Comunidades Autónomas-, sino en el impulso de la práctica de las actividades deportivas en España. Ha habido un salto espectacular, en efecto, que, en lo que se refiere al deporte, ha colocado a España en los principales puestos del “rankin” internacional deportivo.
Algunos juristas –entre los que, obviamente, me cuento- detectamos tempranamente la conveniencia, de “juridificar” el deporte –permítaseme este convencional y forzado término-, en el sentido de constatar y aplicar principios y preceptos generales del Derecho a una actividad que pretendía regularse al margen de los mismos. Téngase en cuenta que la genuina e indiscutible tradición de la autorregulación de los agentes del deporte –ese “complejo de isla” o corporativismo deportivo al que aludió con acierto Cazorla- oponía notorios obstáculos a la inevitable extensión de aquellos principios y preceptos que vertebran un Ordenamiento y justifican, por añadidura, al propio Estado de Derecho.
No veo imprescindible un nuevo marco legal, si se entiende como una completa vuelta de tuerca al Ordenamiento deportivo vigente. Reitero que lo demuestran las antiguas y recientes leyes autonómicas del deporte, que siguen con fidelidad el modelo de “corresponsabilidad” implantado en 1990. Pero, como en todos los ámbitos de la sociedad, es preciso hacer importantes ajustes, es decir, reformas, en el esquema normativo vigente.
Y, probablemente, sería conveniente una mejor o actualizada regulación de los “deportes profesionalizados” (prefiero esta expresión), a la vista de la pasada experiencia yde las actuales circunstancias.
En la citada Ley del año 1990, Vdes. ya vislumbraron la posibilidad de que los conflictos deportivos no necesariamente deberían ser resueltos en sede administrativa o judicial e incorporaron la posibilidad de acudir a métodos de resolución extrajudicial de conflictos como podían ser la conciliación o el arbitraje. En aquellas fechas todavía no se había promulgado la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
¿Considera que la mediación deportiva puede ser un mecanismo adecuado para resolver muchas de las controversias que se generan en el deporte? ¿Tenemos conciencia en España de acudir a este tipo de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos?
La resolución extrajudicial de conflictos deportivos ya fue, efectivamente, prevista en la ley estatal del Deporte de 1990. Se pretendía dar alternativas a la “judicialización” de esos conflictos, teniendo en cuenta, por una parte, que la sobrecarga dela Justicia dificultaba soluciones rápidas y eficaces a las contiendas que, inevitable y continuamente, se producen en el desarrollo de la actividad deportiva.
La vigente legislación de mediación y conciliación en asuntos civiles y mercantiles (derivada, por cierto, de una Directiva comunitaria, la 2008/52) proclama este “instrumento complementario de la Administración de Justicia” destacado entre los nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, como “instrumento eficaz para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible”, así como “institución ordenada a la paz jurídica” que “contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera voluntad de las partes, y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de aquéllos, reduciendo su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de controversia.
Ahora bien, no puede pasarse por alto la existencia de un derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución) que impide obligar a las partes contendientes a adoptar soluciones arbitrales de carácter extrajudicial. Si el Estado de Derecho -y su documento básico, el texto constitucional- exige la salvaguardia de la función del Poder judicial, en cuanto a la última palabra en la dilucidación del conflicto de Derecho, cualquier eventual planteamiento que pretenda el establecimiento de procedimientos sucedáneos obligatorios está condenado al fracaso.
La conciliación, mediación, arbitraje, son instrumentos jurídicos al servicio de todos los ciudadanos, y por ende, de los deportistas y demás agentes del deporte, que podrían servir para paliar la “congestión” judicial.Porque la “efectividad” de la tutela judicial que reclama de forma, a mi parecer concluyente, el artículo 24 de la Constitución, no puede quedar mancillada por la sobrevaloración de sus aspectos formales en detrimento de su propia sustantividad o esencia. También, porque, siempre en mi criterio, existen remedios eficaces y eficientes, fuera del estricto ámbito jurisdiccional, para garantizar, con tanta o mayor efectividad que la de los jueces, la protección de derechos e intereses legítimos determinados de los ciudadanos.
Pero, no se pueden imponer a quienes no lo desean, porque lo impide la existencia del derecho fundamental aludido.Conviene recordar que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en su día respecto de la imprescindible voluntariedad de las partes “contendientes” en la aceptación expresa de los métodos de arbitraje, y que abunda de nuevo en ello tantas veces cuantas sele somete la cuestión a la evaluación de constitucionalidad. Así, en una reciente Sentencia dictada a propósito de la ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se rechazaba de nuevo el arbitraje obligatorio impuesto en la citada norma legal, entendiendo que esta regulación era incompatible con el modelo constitucional, por vulnerar, especialmente, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
¿Qué hacer entonces?. En mi opinión, convencer a los agentes deportivos de que estos remedios son útiles y eficaces. También se podría reinterpretar un derecho de configuración legal –y esto sólo puede hacerlo el Tribunal Constitucional-, como es el derecho a la tutela judicial efectiva, estableciendo alguna traba o impedimento en ciertos casos. ¿Acaso las leyes procesales no ponen obstáculos al litigio, como, por ejemplo los plazos de prescripción del derecho o de caducidad de las acciones, o los plazos de interposición de los recursos contencioso-administrativos?. Que yo sepa, nadie cuestiona, en nombre del principio de la seguridad jurídica, la constitucionalidad de estas trabas procesales. ¿Por qué no pensar en limitaciones cuantitativas o sustantivas para acudir a las vías judiciales?.
En cualquier caso, valdría la pena concienciar a los agentes del deporte sobre la conveniencia o necesidad de utilizar estos remedios extrajudiciales.
Continuando con estos métodos alternativos, ¿Considera Vd. factible acudir al arbitraje en materias propias del Derecho Administrativo y en conflictos que se desarrollen en relación a las funciones públicas delegadas que ejercen las federaciones deportivas, o bien se trata de una quimera imposible de materializar?
En los instrumentos jurídicos extrajudiciales de carácter arbitral, “son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a Derecho”, lo que significa, en principio, una exclusión del arbitraje para las Administraciones públicas. Aunque, por razones subjetivas estrictas, no hay exclusiones en la ley, el caso es que son legalmente inviables los arbitrajes en controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica sobre las que las partes no tengan “libre disposición conforme a Derecho”. Este puede ser el caso de las “funciones públicas delegadas” desde la ley en las Federaciones Deportivas.
Conviene poner de manifiesto, sin embargo, que nuestro sistema jurídico no muestra proclividad, ni implícita ni explícitamente, hacia este tipo de soluciones extrajudiciales en los supuestos de deterioro o ruptura de las relaciones jurídico-administrativas.
En suma, las fórmulas de transacción y arbitraje son constitucionalmente inviables si con su realización efectiva se vulnera la ley, y en todo caso, tampoco cabría la imposición de ambas fórmulas a la otra parte de una hipotética relación conflictiva, salvo aceptación voluntaria y expresa de la misma. Es necesario el acuerdo bilateral en la transacción, como lo sería, en su caso, la aceptación multilateral para la validez y efectividad de la previsión del arbitraje y cualquier otra fórmula mediadora o conciliadora. ¿Por qué?. Sencillamente porque la eventual existencia de titulares de derechos colaterales o de interesados en el conflicto, identificables o indeterminados, a los que no cabría privar de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva irrenunciable -salvo renuncia voluntaria y expresa-, podría poner en cuestión los resultados de una solución transaccional o arbitral.
Esta semana hemos conocido la noticia de que el proceso electoral de la Real Federación Española de Fútbol seguirá estando presente en nuestros juzgados y tribunales, conla inmediata interposiciónpor parte de la candidatura de Jorge Pérez Arias de un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que desestimó las reclamaciones que solicitaban la nulidad del proceso. ¿Qué opina Vd. de la excesiva judicialización del deporte?
Primero, cualquier persona tiene derecho a defender sus derechos o intereses ante la Justicia. Segundo, que los procesos electorales desarrollados en las Federaciones deportivas se encuentren constantemente en el foro judicial, obedece, quizás, a la excesiva “administrativización” (permítaseme esta cacofónica palabra) del sistema electoral de las instituciones deportivas. Tercero, la judicialización del deporte –como Vd. mismo dice- no se evitaría solamente mediante la eliminación de alguna de las “funciones públicas delegadas” (por ejemplo, la disciplina deportiva, o las fórmulas electorales federativas), puesto que se produciría simplemente un traslado jurisdiccional. O sea, de la jurisdicción contencioso-administrativa se pasaría a la jurisdicción civil. En definitiva, siempre sería un juez o tribunal el encargado de dirimir los conflictos deportivos. Salvo, naturalmente, que exista la reinterpretación, como antes he insinuado, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Le hemos escuchado reflexionar sobre la “deconstrucción del asociacionismo deportivo”. ¿En qué situación se encuentra actualmente el mundo de los clubes deportivos? ¿Realmente existe el riesgo de que muchos clubes pequeños puedan desaparecer si continúan las inspecciones laborales y fiscales a estas entidades?
Estamos asistiendo a la gran falacia del club deportivo, como asociación. En mi opinión, el fracasado intento de la ley estatal del deporte de 1990 de “escalonar” el asociacionismo deportivo (clubes elementales, clubes básicos y Sociedades anónimas deportivas) ha perjudicado, más que beneficiado, al tejido asociativo del deporte. Lo diré muy claramente: no veo la razón de continuar exigiendo la forma de asociación, ni tampoco la de Sociedad anónima, en el deporte. ¿Qué motivo o argumento razonable impide la existencia de formas jurídicas distintas a los clubes, constituidos como asociaciones, para participar en las competiciones deportivas oficiales?.
Y la segunda parte de su pregunta es más fácil de responder: desaparecida la fórmula obligatoria del club deportivo, desaparecerían esos problemas que Vd. apunta. Inspecciones laborales o fiscales, sí, pero a los auténticos “responsables” de los grupos humanos que practican deporte. Piénsese en el “voluntariado” –y en la legislación aplicable- como forma de mantener la continuidad de quienes practican deporte, lo facilitan, lo favorecen, y, en definitiva, no se lucran. Porque si se lucran, ahí está el Poder público para exigir el cumplimiento de las leyes, de todas las leyes, administrativas, laborales y fiscales, incluso penales.
Cuando hablamos de asociacionismo deportivo, surge continuamente la expresión “entidades sin ánimo de lucro”. Si contemplamos la realidad actual del deporte estatal y autonómico, ¿puede sostenerse que nuestros legisladores sigan insistiendo en su incorporación en las leyes del deporte?
Si el ánimo de lucro se entiende como el beneficio, la ganancia individual o colectiva, resulta sorprendente que se mantenga la exigencia en los niveles ajenos al deporte profesionalizado. Es más, y como he dicho antes, no veo ningún inconveniente en que haya ánimo de lucro en la gestión deportiva, como existe en todos los ámbitos de la sociedad. Lo importante, lo esencial, es que “quien obtiene beneficio, pague”.
No podemos obviar el tema de las sociedades anónimas deportivas (SAD), que, en su día, su regulación vislumbraba la solución de “todos los problemas del deporte español”. Años después surgen numerosas incertidumbres de la viabilidad del modelo. ¿Es lógico que nuestro legislador siga imponiendo una determinada forma jurídica a las entidades deportivas para poder participar en competiciones profesionales?
La pregunta es clara, y así debe ser la respuesta. Las SAD se vislumbraban como solución, y se han convertido en un problema. Pero no porque la fórmula de sociedad anónima deportiva sea en sí misma incompatible con el desarrollo del deporte profesionalizado, sino porque, al tratarse de un actividad económica, la Unión Europea impone reglas muy distintas a las que perviven en el Derecho español. Por ejemplo, entre otras cosas, la libertad de forma jurídica para la gestión. De hecho, hay dos recientes Decisiones de la Comisión Europea que ponen en cuestión nuestra legislación vigente.
Las Federaciones deportivas ejercen funciones públicas por delegación de la Administración. ¿Están suficientemente definidas cuáles son esas funciones? ¿O no exponemos a que el legislador vaya añadiendo nuevas funciones para regular el sector?
Permítame que corrija un poco su pregunta. Es la ley estatal del deporte de 1990, la que enumeró (es verdad que con cierta ambigüedad) esas funciones públicas delegadas. Es decir, son delegadas “ex lege” (desde la ley), no por la Administración pública, cuya misión principal es ejecutar los mandatos legislativos. La precisión de esas funciones públicas aparece en su desarrollo reglamentario de 1991, que se atiene a lo que el Legislador decidió. He visto, con sorpresa, con gran sorpresa, que las recientes leyes autonómicas del deporte permiten a las disposiciones reglamentarias ampliar dichas funciones públicas. Lo lamento, pero no es eso lo que responde al modelo de relación entre la Ley (norma democrática por excelencia) y el reglamento (que sólo lo es, si respeta escrupulosamente la ley).
¿Era necesario publificar la disciplina deportiva en las federaciones deportivas?
Tal vez, bueno, estoy convencido, de que era necesario en ese contexto temporal (años noventa del pasado siglo) “publificar” la disciplina deportiva. Se trataba, sobre todo, de someter a los principios jurídicos y democráticos una potestad tan importante como la sancionadora, sea en el deporte o en cualquier otro sector de la sociedad. Actualmente, y ya consolidados suficientemente los esquema de desarrollo de la actividad deportiva, y especialmente las Federaciones, quizá convendría dejar a las instituciones y a los agentes del deporte regular, según modalidades y especialidades, las potestades disciplinarias. Pero, conste que semejante “despublificación” no eliminaría por sí sola el acceso y control de los jueces y tribunales. Como antes he dicho, de la jurisdicción contencioso-administrativa, pasaríamos a la jurisdicción civil.
¿Qué sentido tiene que la Administración intervenga en los procesos electorales de los clubes y de las federaciones deportivas, en lugar de acudir a la jurisdicción civil cuando se presenten conflictos en temas electorales?. En alguna Comunidad Autónoma, p.ej. Cataluña, los procesos electorales de los clubes son tutelados por las federaciones deportivas, y, en consecuencia, con posible recurso posterior a la instancia administrativa correspondiente.
Como he señalado anteriormente, me parece que la “administrativización” de los procesos electorales es una torticera o deficiente interpretación de la ley estatal del deporte que ha contagiado, agravándola, a la legislación autonómica. Las elecciones de las Federaciones, y mucho más de los clubes, constituyen un requisito esencial del derecho fundamental de asociación, lo cual significa que pertenece a las Federaciones y, mucho más, a los clubes, la potestad de organizar sus procesos electorales. Si el modo de organizar esos procesos se extralimita, corresponde a los socios (en las Federaciones, a los clubes; en los clubes, a sus asociados) acudir a la Jurisdicción. Lo que Vd. dice a propósito de la legislación catalana es trasladable a alguna otra Comunidad Autónoma. Y, francamente, no me parece jurídicamente aceptable.
Hablando de Tribunales deportivos, recordamos su posición respecto a la denominación de estos órganos. ¿Cómo puede entenderse que las nuevas leyes autonómicas del deporte denominen “Tribunales” a los órganos que resuelven las impugnaciones a las resoluciones federativas o a los que ejercen funciones arbitrales? ¿No deberíamos reservar el nombre “Tribunal” a otro tipo de órganos?.
Desde la creación del Comité Superior de Disciplina Deportiva, por la ley de la Cultura Física y del Deporte, de 30 de marzo de 1980, inmediatamente considerado por algunos sectores deportivos como (sic) “Tribunal Supremo del Deporte”, se ha intentado, sin éxito, desdibujar la inevitable judicialización del conflicto deportivo una vez que se han agotado las vías federativa y administrativa. Posteriormente, el Comité Español de Disciplina Deportiva (probablemente, para diferenciarlo de los Comités Autonómicos) actuaba como órgano administrativo definitivo, con carácter previo a la vía judicial.
Sin embargo, la legislación deportiva de Cataluña, en el año 2000, inauguró la nomenclatura de “Tribunal Administrativo del Deporte”.Las más recientes leyes autonómicas del Deporte insisten en calificar (nominalmente, claro) la regulación del ámbito disciplinario deportivo como “jurisdicción deportiva”, incluso estableciendo “Tribunales” (es el caso de las leyes de Baleares, de 2006, de la Comunidad Valenciana, de 2011, de La Rioja, de 2015) o Comités de Justicia Deportiva (leyes de Galicia, de 2012, y las recientes de Castilla la Mancha, La Rioja y Murcia, de 2015). En algunos casos, incluso, se habla de “órganos supremos de la jurisdicción deportiva” que ejercen “potestad jurisdiccional deportiva” (también el anteproyecto de ley aragonesa, de 2016, utiliza el sintagma Tribunal Administrativo del Deporte)…
Y, por fin, la propia reforma de la legislación estatal, de 2013, acoge la denominación de “Tribunal Administrativo del Deporte”. Pero, si bien se excluye expresamente el recurso de reposición contra sus resoluciones, se advierte de que contra las mismas cabrá recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.Es decir, que se trata de un órgano, eso sí, peculiar, de la Administración pública.
Obviamente, ni esos Comités, ni los “Tribunales” del Deporte son órganos jurisdiccionales, aunque actúen con total autonomía e independencia, pues se limitan a decidir en última “instancia administrativa” sobre cuestiones de carácter electoral, competitivas y disciplinarias, en el ámbito del deporte, y, por supuesto, sus acuerdos, aun adoptados por órganos integrados por personas ajenas a la Administración Pública, son siempre susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso- administrativa.
Sr. BERMEJO, Vd. se ha pronunciado en diversas ocasiones en la necesidad de variar la interpretación del artículo 24 de la Constitución Española, con objeto de adecuar la tutela judicial efectiva a la realidad. ¿Considera que afectaría esa reformulación o reinterpretación del artículo 24 en el ámbito deportivo?
Me excuso de responder a esta pregunta, y me remito a la contestación que he dado anteriormente.
Una cuestión que genera ciertas controversias es la relativa a la naturaleza de las Federaciones Deportivas. ¿Se puede considerar que forman parte de la llamada Administración Corporativa?. Es decir, ¿sería correcto definir a una Federación Deportiva como una Corporación de Derecho Publico?
Rotundamente, no. Las Federaciones deportivas son sencillamente –y así precisamente lo dicen las leyes, estatal y autonómicas- entidades privadas. Se insiste, una y otra vez, por parte de algunos autores (mi querido colega, el prestigioso profesor Parada Vázquez inauguró la corriente) en que se trata de Corporaciones de Derecho Público. Otros autores siguen esa estela. Pero no: para que sean Corporaciones de Derecho Público debe prescribirlo una ley.
No se hacen Corporaciones de Derecho público por opinión de los autores, sino por prescripción legal. Otra cosa es que, por motivos de forma y de contenido, las Federaciones ofrezcan una “apariencia corporativa”. Insisto, son entidades privadas que desempeñan, por delegación legal, funciones públicas de carácter administrativo y, en este sentido, son agentes colaboradores de las Administraciones públicas. Esto es exactamente lo que dijo en su día (sentencia 67/1985) el Supremo intérprete de la Constitución. Y, por cierto, no es el único supuesto de entes privados que desempeñan funciones públicas por delegación legal (entidades colaboradoras de inspección, de normalización, homologación, etc.).
Si todos coincidimos enla importancia del Derecho deportivo en la realidad deportiva, ¿por qué razón no disponemostodavía, de forma generalizada, en los Planes de Estudio de las Facultades de Derecho españolas de una asignatura como podría ser el Derecho del Deporte?
Querido amigo: esta es “la pregunta del millón”. Necesitaría mucho más espacio del que requiere la entrevista y no acabaría convenciendo a los agentes universitarios (por resumir) de la conveniencia de establecer una asignatura como la que Vd. sugiere. Pero le diré más: no creo que sea necesario. Una buena formación jurídica, como la que hoy no existe, sería suficiente, toda vez que, como he dicho en más de una ocasión, no hay un Derecho Deportivo. Hay un sector social, y muy importante, como es el deporte, que debe ser regulado, analizado, estudiado, etc., desde las diferentes dimensiones jurídicas. Así lo pienso y así lo expreso.
Muchas gracias, Sr. BERMEJO, por su deferencia hacia IUSPORT y a sus lectores, permitiéndonos conocer su visión sobre el Derecho deportivo actual.
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