Source: http://www.aliadosporlademocracia.org.sv/index.php/Propuestas?doc=6
Timestamp: 2018-12-16 18:20:00+00:00

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En el marco de los Acuerdos de Paz de 1992, se realizaron reformas constitucionales que modificaron la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de contar con una administración de justicia que garantizará un Estado Democrático Constitucional de Derecho. Si bien las reformas contribuyeron a avanzar en la democratización de la justicia, estas no han sido suficientes para abonar su independencia y desvincularla de influencias provenientes de intereses indebidos. Una muestra de ello es el reciente ataque a la estabilidad política y democrática que significó la aprobación del Decreto Legislativo 743 .
Un reflejo de la situación actual se manifiesta en la falta de independencia y transparencia que existe en los procesos de selección y elección de los magistrados de la CSJ. Las actuaciones del Consejo Nacional de la Judicatura CNJ y de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador FEDAES, en su función de filtros para la selección de los candidatos a magistrados, se fueron tornando flexibles, alejándose del propósito de la búsqueda de idoneidad en los postulantes a magistrados.
Asimismo, las ternas de candidatos que FEDAES y CNJ envían a la Asamblea Legislativa, al buscar apoyo de los partidos políticos para ser electos, podrían quedar como rehenes de los mismos, y estarían comprometidos para ser leales a los intereses de quienes les eligen. De esta manera, la polarización partidaria del Órgano Legislativo se traslada al seno de la CSJ, generando un vínculo de dependencia del poder legislativo al poder judicial, reduciendo la democratización del sistema por el debilitamiento de la división de poderes.
En consecuencia, el proceso de selección de magistrados está en riesgo de quedar desvirtuado porque imperan razonamientos de reparto de cuotas partidarias en lugar de prevalecer criterios de honorabilidad, capacidad manifiesta, experiencia profesional y docente, publicaciones y producción de conocimiento, entre otros.
Para elevar la calidad de los magistrados de la CSJ será clave realizar reformas tanto a los requisitos exigibles a los candidatos a magistrados, así como reformas a los procesos que realizan tanto CNJ y FEDAES, como la Asamblea Legislativa.
Toda la problemática anterior, adquiere mayor gravedad porque no existe disposición constitucional expresa que limite a cada legislatura elegir solo una vez a los magistrados propietarios y magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, en el seno de la Asamblea Legislativa han existido interpretaciones según las cuales una legislatura puede elegir dos tandas de magistrados, lo cual se materializó en el pasado reciente, des-configurando la voluntad de los “constituyentes de 1991-1992”.
Para fortalecer la separación de poderes y evitar que una legislatura adquiera un poder desproporcionado eligiendo magistrados de la CSJ en dos ocasiones, se vuelve imperativo que la Constitución limite concretamente esta facultad.
Todo la problemática anterior dificulta el ejercicio de una justicia independiente de los intereses de los partidos políticos, así como de otros Órganos del Estado y de intereses indebidos, la cual es fundamental para la consolidación de la democracia.
Consolidar la justicia constitucional a fin que exista tutela judicial de los derechos fundamentales
Garantizar plena independencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Hacer prevalecer el respeto al Estado Constitucional de Derecho
Fortalecer el proceso de selección y elección de magistrados basados en la meritocracia
Generar credibilidad en las decisiones judiciales, reforzando el vinculo con la ciudadanía
Para fortalecer la independencia de la Corte Suprema de Justicia, se propone lo siguiente:
Reformar el artículo 174 de la Constitución de la República para fortalecer las funciones de la Sala de lo Constitucional, de la manera siguiente:
Elevar a rango constitucional la regla de toma de decisiones en los procesos de inconstitucionalidad (con mayoría calificada) y los amparo y habeas corpus (con mayoría simple), y
Elevar a rango constitucional que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no podrán ser movidos a otras Salas en el periodo para el cual han sido nombrados, con lo cual se fortaleza la independencia de los magistrados
Establecer en el artículo 131 de la Constitución de la República que una legislatura sólo podrá elegir una vez los funcionarios de segundo nivel a que se refiere el ordinal 19, entre los cuales se encuentra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, salvo excepciones. De esta manera, ninguna legislatura no podrá acumular poder desproporcionado respecto del resto de legislaturas.
Reformar los requisitos para ser nombrado candidato a Magistrado, prevaleciendo los principios de máxima honorabilidad y máxima moralidad, encaminados a destacar criterios de comportamientos éticos, aspectos de probidad y transparencia, los cuales deben estar claramente sustentados en elementos objetivos y medibles, que puedan ser ponderados. En otras palabras, criterios de competencia notoria para los candidatos, entre los cuales destacan:
Poseer publicaciones especiales en revistas académicas arbitradas
Haber cursado estudios de postgrados en alguna rama del derecho o de las ciencias sociales, especificando la especialidad y experiencia como condición para ser propuesto para una determinada Sala.
Con ello, la selección que realicen las distintas asociaciones de abogados y el CNJ, así como la elección de la Asamblea Legislativa estarán fundamentadas con base al cumplimiento de los requisitos objetivos establecidos.
Reformar leyes y reglamentos al proceso de selección de los Magistrados de la CSJ con el objetivo de convertirlo en un proceso claro y transparente, que otorgue certidumbre en sus distintas etapas de selección y elección, considerando lo siguiente:
Regular el proceso de selección que lleva a cabo FEDAES en la ley y reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura, sustituyendo a las actuales disposiciones transitorias de la FEDAES. Con ello se busca lograr mayor certeza jurídica y evitar posibles modificaciones arbitrarias al procedimiento. Los aspectos a regularse son los siguientes:
Establecer requisitos que permitan comprobar el mínimo de miembros requeridos para que las asociaciones de abogados puedan proponer listas de candidatos, considerando la acreditación de los miembros de la asociación, no solo a través de los libros de afiliación sino también de los libros contables, que reflejen que han sido miembros contribuyentes como mínimo durante un año anterior al proceso electoral de magistrados. Asimismo, la entidad proponente se deberá acreditar anualmente, y cada vez que quiera participar en el proceso de elección, tanto en la FEDAES como en el registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. También se propone regular el asociacionismo en las organizaciones de abogados en ejercicio, de tal manera que miembros de la carrera judicial no formen parte de las organizaciones de abogados.
Desarrollar el requisito establecido en la Constitución de ser “abogado de moralidad y competencia notoria”, especificándose criterios objetivos que garanticen la idoneidad de los candidatos.
Dado que esta parte del proceso conlleva votación popular, es necesario que los candidatos cuenten con mecanismos como foros, conversatorios y debates públicos para que los electores conozcan su pensamiento jurídico y sus cualificaciones para desempeñar el cargo de magistrado. En este marco, mecanismos campañas electorales para los postulantes a magistrados, así como la utilización de afiches o publicidad desnaturalizan la idoneidad del proceso de selección, porque desacreditan a los mismos postulantes que las utilizan. Se debe implementar mecanismos de transparencia y control de fondos para la realización de cualquier actividad que tenga por objetivo atraer votos de los abogados.
Establecer controles que garanticen que la elección de magistrados sea únicamente realizada por abogados.
Integrar un consejo electoral de la FEDAES que controle el proceso eleccionario, el cual debe ser ajeno e independiente de las juntas o consejos directivos de las asociaciones de abogados que participen en el proceso de preselección.
En el proceso de selección que realiza el CNJ, se propone una revisión del reglamento de la Ley del CNJ, con el objetivo de establecer una regulación clara en los siguientes aspectos:
Transparentar el acceso a la información relacionada con la acreditación académica y profesional de los candidatos, y con la ponderación de los criterios objetivos para valorar la capacidad de los postulantes. Además se debe obligar a que los resultados de las evaluaciones que realiza el CNJ tengan una ponderación en el proceso de selección.
Prohibir la realización de campaña electoral para los postulantes a magistrados, para que la elección depende de las cualificaciones para desempeñar el cargo de magistrado. Por ello deberá prohibirse el uso de cualquier tipo de afiches o publicidad. Sin embargo, deben establecerse mecanismos para que los postulantes expresen su pensamiento jurídico. Asimismo, corresponde implementar mecanismos de transparencia y control de fondos para la realización de cualquier actividad que tenga por objeto a traer votos. De manera temporal, mientras no se prohíba la propaganda, se deben establecer claramente las bases para la campaña, financiamiento de los candidatos y rendición de cuentas, plazo y prohibiciones en la campaña, organización de foros o debates públicos de los candidatos, supervisión y transparencia en el proceso electoral y en el conteo de votos, intervención de la PDDH y facultades de Derecho en el proceso electoral, entre otros.
Realizar un proceso de escrutinio liderado por el CNJ, el cual debe ser público, y no a puertas cerradas, como lo es actualmente. La publicidad obligaría a reglamentar la fórmula por medio de la cual los votos de los consejeros del CNJ se transforman en candidaturas. Una opción viable, en esa línea, es la de institucionalizar la regla de la mayoría absoluta en votaciones escalonadas, de manera que, en cada fase de votación, se vayan asignando las candidaturas a quienes reciban al menos 4 votos y simultáneamente se vayan eliminando aquellos precandidatos que no reciban ningún voto. Esta técnica lleva a un proceso gradual de exclusión de candidatos similar al ballotage. En el sistema actual, no se sabe cuál es la regla vigente para la asignación de candidaturas (si la mayoría o la unanimidad), y no existe una regla clara de depuración progresiva, pues todos los precandidatos pueden volver a participar en las sucesivas votaciones (incluso cuando no hubiesen recibido ningún voto en la elección previa) hasta que se completan las vacantes.
Establecer controles que garanticen que participen exclusivamente los funcionarios judiciales, empleados públicos y servidores públicos del Ministerio Público.
Es importante que la ley recoja las medidas para garantizar la transparencia y la publicidad en el proceso, especialmente en la selección por medio de entrevistas públicas de los precandidatos y la publicidad de los debates internos en el CNJ y en la selección.
En el proceso llevado a cabo en la Asamblea Legislativa, donde concluye el proceso de elección de los magistrados, se proponen las siguientes modificaciones normativas:
Reglamentar el proceso de audiencia ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. En primer lugar, una vez que el CNJ envía la lista de candidatos, se debería abrir un plazo de 30 días hábiles durante los cuales la ciudadanía, a través de organizaciones, personas individuales, expertos, profesores de derecho, periodistas, entre otros, puedan opinar por escrito respecto de los candidatos. En segundo lugar, los candidatos deberían ser entrevistados en el seno de la Comisión, en audiencia pública televisada.
Metodología y contenido de las entrevistas. Las entrevistas deberían procurar dilucidar una variada gama de cuestiones que pueden ir desde la situación del candidato respecto de sus obligaciones impositivas, hasta su formación académica, sus posiciones sobre sentencias pronunciadas y sobre criterios usados en resoluciones en temas de interés de la nación, sus conocimientos gerenciales, sus ideas sobre teoría constitucional y todo aquello que resulte necesario para que los legisladores se formen una opinión respecto de los candidatos. Muchas de estas preguntas podrían tomar como insumos las posiciones que individuos y organizaciones hubieren hecho llegar previamente en el plazo de 30 días hábiles. Finalmente, las respuestas y el contenido de las entrevistas también deberán ser publicadas y se debe fundamentar en resolución razonada la ponderación del cumplimiento de requisitos por los distintos participantes.
Realizar estudio y abrir un proceso de discusión sobre la conveniencia de un Tribunal Constitucional, fijando condiciones bajo las cuales esta entidad podría contribuir efectivamente a fortalecer la separación de poderes y el sistema cruzado de vetos, frenos y contrapesos, propios de la democracia.
En este punto es relevante no sólo el análisis de derecho comparado, porque no se trata únicamente de seguir una tendencia. Para que contribuya a la consolidación de la democracia y al Estado Constitucional de Derecho, un eventual Tribunal Constitucional deberá tener necesariamente mayor independencia que la actual Sala de lo Constitucional, tanto en los aspectos resolutorios como en lo financiero.
ACUERDO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES No.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA EL SALVADOR,
Que las reformas constitucionales ratificadas mediante Decreto Legislativo número 64 del 31 de octubre de 1991, publicado en el diario oficial número 217, Tomo 313, del 20 de noviembre de 1991, buscaban fortalecer la independencia, confiabilidad, capacidad y organización del Órgano Judicial, para cumplir el papel que le corresponde en el proceso democrático salvadoreño.
Que la Constitución consagra en su artículo 174 la existencia de una Sala de lo constitucional cuya función es ejercer el control concentrado de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales y actos de autoridad, a fin de tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales.
Que para facilitar y hacer expedida la justicia constitucional y salvaguardar la correcta interpretación de las normas constitucionales es necesario elevar a rango constitucional la votación de los procesos de constitucionalidad que ante la Sala se inicien.
Que a fin de fortalecer la dinámica jurídico político constitucional, es indispensable la continuidad y estabilidad de los miembros encargados de impartir la justicia constitucional, lo que implica la necesidad de elegir de entre sus miembros la Presidencia de dicha sala.
Que a fin de consolidar lo señalado en los considerandos anteriores, se vuelve indispensable reformar el contenido de artículo 174 de nuestra Norma Suprema.
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados...
La siguiente reforma a la Constitución de la República, emitida por Decreto Constituyente No. 38 de fecha 15 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial No. 234, Tomo 281 de fecha 16 del mismo mes y año, y sus reformas posteriores, la cual se considera individual para su ratificación.
Refórmese el inciso segundo y adiciónese un tercero al artículo 174 de la Constitución, de la manera siguiente:
La Sala de lo Constitucional estará integrada por cinco Magistrados designados por la Asamblea Legislativa, los cuales durarán en sus funciones por un periodo de nueve años. Su Presidente se elegirá entre los magistrados más antiguos que estén en funciones en dicha Sala, en cada ocasión en que le corresponda a la Asamblea Legislativa elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”
Las sentencias en los procesos de inconstitucionalidad y la resolución de controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo deberán contar con el voto favorable de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y en los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus u otros que sean creados conforme a la ley, bastarán 3 votos favorables.
Artículo 2. Disposiciones Transitorias
Que la Constitución de la República en su artículo 131, ordinal 19º, establece los funcionarios públicos que le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir.
Que no existe una delimitación del número de veces que en un mismo periodo legislativo se pueden elegir a los funcionarios públicos antes señalados.
Que es indispensable que el proceso democrático ostente la legitimidad en cuanto a las elecciones de segundo grado se refiere, plasmando en una disposición constitucional expresa que a cada legislatura pueda únicamente realizar la elección de los funcionarios que le corresponde.
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados…
Reformar la Constitución de la República, emitida mediante Decreto Constituyente n° 39, de fecha 15 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial n° 234, Tomo n° 281, de fecha 16 del mismo mes y año, de la Asamblea Constituyente, lo cual se considera en forma individual para su ratificación.
Artículo 1. Refórmese el artículo 131 en su numeral 19, de la manera siguiente:
Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa:
El 6 de junio de 2011 se aprobó el Decreto Legislativo 743, que fue sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de ese mismo día, el cual neutralizaba las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, estableciendo como regla la unanimidad para la toma de resoluciones, violando el principio de independencia judicial.
La mayor parte de este capítulo está basado en el estudio “Proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, elaborado por FUSADES, Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad “Doctor José Matías Delgado”. 2011.
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References: artículo 174
 artículo 131
in fine
 resolución 
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 174
 resolución 

Artículo 2
 artículo 131

Artículo 1
 artículo 131

Artículo 131