Source: http://www.slideshare.net/qfranco/proyectodeleydematrimoniociviligualitariovenezuela
Timestamp: 2014-09-01 18:38:31+00:00

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Profesora/Traductora. Magíster en Lingüística Aplicada
Proyecto de Ley de matrimonio civil igualitario en Venezuela. Show more
Proyecto de Ley de matrimonio civil igualitario en Venezuela. Statistics
El Artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en conjunto con los
Principios de Yogyakarta No. 24 (derecho a formar una familia), No. 2 (derecho a la igualdad y
no discriminación) y No. 13 (derecho a la seguridad social y otras medidas de protección social),
conmina a la comunidad internacional y a los Estados-nacionales y sus poderes públicos a tomar
todas las medidas necesarias a fin de asegurarles el derecho humano al matrimonio (en su
constitución, permanencia y disolución) a las parejas que discrepan del modelo heterosexista
Sin embargo, el Estado venezolano reserva hasta hoy la institución matrimonial para las parejas
compuestas por un hombre y una mujer, o sea, parejas cuyos miembros son de distinto género y
sexo 1 y siendo que esta figura constituye un derecho humano, debe democratizársele para
alcanzar a las parejas sexodisidentes2:
del mismo género independientemente de su sexo (uniones de gays o de lesbianas).
del mismo sexo y distinto género (en las que hay transgéneros y transgéneras
de distinto género en las cuales uno o ambos presentan dos sexos (en las que hay
intersexuales heterosexuales).
Tal democratización es cónsona con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) que plasmando la voluntad del pueblo constituyente propugna en sus artículos 2, 3, 19,
20, 21 y 62, un modelo de democracia participativa y protagónica conforme al Estado Social de
Derecho y de Justicia que armoniza lo colectivo y lo individual, en apego a la progresividad y sin
discriminación del goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los Derechos
El Género se refiere a las características sico-sociales que hacen sentir como tales a las mujeres y a los hombres,
esto incluye un conjunto de elementos de aprendizaje de las costumbres y las normas de conducta que culturalmente
se consideran masculinas o femeninas, las cuales son transmitidas de generación en generación en el seno de la
familia y a través de otras instituciones (ideas, valores, roles, capacidad, rasgos de temperamento, carácter e
inclinaciones). El Sexo se compone de un conjunto de características biológicas entre las cuales están los
cromosomas, las gónadas (ovarios y testículos), las hormonas y los órganos genitales.
Término acuñado por Rodriguez, Chea que agrupa a la comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales,
Transgéneros/as (transexualizados/as o no) e Intersexuados/as, quienes mediante razonamiento crítico radical
disienten del modelo hetero-socio-cultural que impone: a) sólo dos sexos; b) “la” familia monogámica,
matrimoniada, heterosexista, sexista y patrimoniada; y c) las relaciones sexuales obligatoriamente reproductivas. El
modelo hetero-socio-cultural es una macroideología para la explotación de humanos y humanas por sus congéneres
en la comunidad internacional, los estados-nacionales y sus poderes públicos, tanto de derecha como de izquierda.
que mediatiza Derechos Humanos (DDHH) heteronormándolos.
Principal Maracay: 0412-8400516 – Caracas - San Cristóbal – Trujillo - Mérida - Barquisimeto – San Felipe – Puerto La Cruz.
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Humanos, tales como el Libre Desenvolvimiento de la Personalidad y la Igualdad frente a la Ley
Asimismo, el artículo 22 de la Carta Magna es una cláusula abierta que reconoce en la misma
jerarquía constitucional, sin necesidad de ley reglamentaria, a todo DDHH no normado aún (o no
vinculante como los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 23, 25 y 28 de la DUDH) aludiendo al
carácter enunciativo y progresivo y, en ningún momento taxativo, de los Derechos Humanos.
De igual modo, se reconoce en el artículo 23 la jerarquía constitucional de los Derechos
Humanos enunciados en los Pactos, Tratados y Acuerdos Internacionales que el Estado
venezolano de forma voluntaria ha suscrito, tales como acuerdos y compromisos frente a la
comunidad internacional en la Organización de las Naciones Unidas en materia de los Derechos
Humanos vinculados con la Orientación Sexual3 e Identidad de Género4 (ONU, 18/12/2008), las
cuales exhortan reconocer iguales derechos, sin discriminación por razón de Orientación Sexual
e Identidad de Género. Igualmente se han suscrito declaraciones homónimas y análogas en el
2008, 2009 y 2010 en la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Estado venezolano reafirma con estas manifestaciones de compromiso supranacional, las
cualidades del Estado Laico (Artículo 59 CRBV) como característica del modelo democrático de
desarrollo en aras del respeto a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas y sus
libertades civiles y sociales innatas. Sin que pueda invocarse de forma arbitraria y
segregacionista creencias o disciplinas religiosas para impedir a otro u otra el ejercicio de sus
derechos. La caracterización laica del Estado comienza con la secularización de sus instituciones
sociales a través de la Ley civil o común, permitiendo que los órganos del Poder Público
funcionen en virtud de éstas como expresión libre de la voluntad legítima del Pueblo y no de las
presiones de élites religiosas. Dicho esto, a propósito de que las principales oposiciones al
matrimonio civil igualitario provienen de actores/as con prejuicios hétero-socio-culturados de
origen religioso judeo-cristiano.
Por otra parte, La CRBV en su Artículo 75 expresa: “El Estado protegerá a las familias como
asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las
personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad,
el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado
garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.”,
consagrando así el Derecho Humano Social de protección a la Familia como institución primaria
De acuerdo a los Principios de Yogyakarta, la Orientación Sexual se define como la capacidad de cada uno de sentir una
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo (heterosexualidad), o de su mismo
género (homosexualidad), o de ambos géneros (bisexualidad).
La Identidad de Genero, se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través
de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones
de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales
de la composición social, pluralizándola. De este precepto constitucional deriva la Ley para
Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, la cual en su Artículo 3 define a la
Familia como: “la asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo de
sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos, jurídicos o de hecho, que
fundan su existencia en el amor, respeto, solidaridad, compresión mutua, participación,
cooperación, esfuerzo común, igualdad de deberes y derechos, y la responsabilidad compartida
de las tareas que implican la vida familiar”.
De esta manera, el Estado refundado por el proceso constituyente de 1999 y, el nuevo
ordenamiento jurídico subsumido en la naciente Carta Magna, acoge una concepción de familias
(en plural) adaptada a la realidad socio-cultural venezolana, superando la ideología imperante
excluyente y limitada de la familia trial o nuclear, enfocada en paradigmas anacrónicos más
propios de sociedades patriarcales y burguesas, que contemplan el matrimonio como un mero
contrato económico, planteando este vínculo solo desde lo patrimonial y reproductivo, dejando a
un lado el cúmulo de valores sociales implícitos y desarrollados a través de la vida o convivencia
en pareja donde pueden verse realizados la mayoría de las familias populares de la sociedad
venezolana. Ciertamente es la figura jurídica más adecuada, bajo el sistema socio-político y
cultural actual, para adquirir y exigir los diferentes derechos y deberes inherentes a las parejas
casadas y a sus hijos e hijas. No se trata simplemente de una forma de asegurar la perpetuación
de la especie, ni de la propiedad, donde las mujeres son simples instrumentos reproductivos que
a su vez garantizan la descendencia para hacerla heredera de su patrimonio, sostén de la cultura
capitalista. Se trata de solucionar problemas concretos y cotidianos, obteniendo los beneficios
reales materiales de las parejas casadas. Es entonces, totalmente legítimo que dos personas del
mismo sexo o género reivindiquen el derecho a conformar un hogar legal dentro de los
El matrimonio civil igualitario permite al Estado proteger a familias que de hecho existen5, sin
discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, dando a todas las
familias el reconocimiento jurídico efectivo necesario como garantía de amparo frente a las
situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, amplifica y adecua la institución matrimonial, pues
invita a repensarla dejando atrás la estructura de poder jerárquica patriarcal y machista con roles
específicos para cada uno de los cónyuges (donde una mujer puede dirigir una casa y que un
hombre puede criar a un niño), impuestos por una supuesta cosmovisión de la estructura social
desde las elites de poder fáctico judeo-cristianas. Por otra parte, empodera a los individuos para
que tomen decisiones sobre sus vidas sexuales y reproductivas y, promueve una verdadera
En Venezuela, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Censo realizado en el año 2011, se estimó una
población de entre 4.000 a 6.000 familias de conformadas por parejas del mismo sexo y/o género, cuya exactitud
pudo haber sido afectada reflejando una población muy inferior, tanto por el temor de los encuestados a visibilizar
su relación afectiva, como por las fallas inherentes a lo novedoso del instrumento y su aplicación por parte de los
mismos encuestadores.
La comunidad científica actual reconoce como un factor determinante para la elección de la
pareja, la orientación sexual de cada uno de los miembros, cuya decisión de convivir y
conformar familia, son expresión genuina y auténtica de la naturaleza humana y parte medular
del Derecho Humano al libre desenvolvimiento de la personalidad. Asimismo, los vínculos
establecidos entre las parejas se fundamentan básicamente en el afecto 6 y en el deseo de
desarrollar un proyecto de vida en común.
Dado que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe institución alguna que garantice los
derechos de las familias conformadas por los tres tipos de parejas mencionadas anteriormente, se
les deja de esta forma en inferioridad de condiciones frente a las familias formadas por parejas
del distinto sexo y género, que pueden acceder tanto a las uniones estables de hecho como al
matrimonio. Así mismo, se les deja en condiciones de indefensión frente a la Sociedad y el
Estado al quedar absolutamente desprotegidas.
En tal sentido, los preceptos legales, en constante evolución, son mecanismos de instrumentación
de las trasformaciones sociales inclusivas y profundas, de la cual no escapa la institución de la
Familia y sus diversos modelos intrínsecos de conformación. Esto implica que el Matrimonio
entre parejas de distinto sexo y género, deje de ser sinónimo exclusivo de la Familia y, que se
reconozcan bajo la efectividad y progresividad de la Ley otras formas de familia, las cuales
tienen derecho a optar por dicha institución, en virtud de la fuerza, exigencia y naturaleza de la
propia realidad actual.
Es sabido que los lazos o vínculos de familia forjan consecuencias legales entre sus miembros,
obligaciones y derechos de naturaleza privada, pero con regulaciones de carácter público y social
Protección estatal plural de parejas y de familias.
Impacto favorable físico y mental, autoestima, dignificación.
Constituciones de hogares.
Acceso a vivienda propia con ayuda estatal.
Hijos (as) conjuntos (as).
Hijos (as) beneficiados por la estabilidad legal de su filiación.
Reproducciones asistidas.
Patrias potestades.
Deberes de manutención mutuos o convenidos.
6 Mistral, Natalie (2013) La noción de amor en las parejas casadas, [...], en las sociedades occidentalizadas, es un factor
determinante en la elección de la pareja. [...] más que todo desde las clases populares, cuando la herencia y el patrimonio no
[tienen] mayor relevancia, que se fue imponiendo como norma. [...] La prioridad de la relación amorosa sobre la relación
económica es lo que ha permitido que se acepte poco a poco el divorcio, pues desapareciendo el amor, desaparece la razón de
seguir casados.
Socorro mutuo.
Tutela de parejas en caso de interdicción (locura, enfermedad grave, u otros).
Curatela (por ejemplo cuando uno/a de los miembros de la pareja o de sus hijos/as
mayores de edad, es pródigo/a y otro/a debe velar por sus intereses).
Protección estatal contra la violencia intrafamiliar.
Seguirse por el mundo (en caso de que un/a miembro/a parta al extranjero para trabajar o
estudiar o exiliarse, entre otras causas posibles).
Adquirir la nacionalidad de la pareja, de los padres y/o de las madres.
Reciprocidad generalizada.
Prohibición mutua de declarar en contra.
Prohibición de ocupar cargos públicos por consanguinidad y afinidad (conflicto de
Visitas íntimas penitenciarias.
Derechos sociales (en especial en el acceso conjunto a la seguridad social) concedidos a
las familias y a las parejas.
Protección equitativa en caso de separaciones.
Créditos (de vivienda y para vehículos, entre otros) con base en la situación familiar o de
En este sentido, el matrimonio y las uniones estables de hecho previstas en el artículo 77 de la
CRBV son los mecanismos jurídicos por excelencia en la cultura occidental para formalizar
legalmente y dar protección a las familias ante el Estado, creando un parentesco conyugal entre
dos personas que desean mantener una comunidad de vida e intereses en común. Pero es
necesario que se haga una interpretación judicial extensiva y contextualizada en DDHH para no
contradecir ni romper la coherencia de la carta magna pues una interpretación literal de dicho
artículo afecta la interdependencia e indivisibilidad de DDHH y excluye a las familias
conformadas por parejas sexodisidentes, quienes tienen derecho constitucional a la no
discriminación por su orientación sexual y afectiva, pero sólo tienen derecho a casarse con
personas de sexo opuesto, obligándoles a ser hipócritas, constituyéndose no en un derecho sino
que es una coacción heterosexista a la libertad disfrazada de derecho.
Permitir que la legislación actual sostenga una categorización fundamentada en la orientación
sexual e identidad de género de las personas otorgando protección solamente a las familias
constituidas por parejas de distinto sexo y género desconociendo los otros modelos de familia,
resulta discriminatorio en el plano social y moral, contrario al orden constitucional.
Por otra parte, sabido que las sociedades evolucionan constantemente, la institución social del
matrimonio no es estática, atraviesa un proceso histórico de adaptación a las necesidades de las
personas y a las nuevas realidades socio-culturales, colocándose además en un plano secundario
frente a esta.
El matrimonio civil en Venezuela nace con el Decreto-Ley del Matrimonio Civil de 1873, dicha
institución permanecía hasta esa fecha como un sacramento religioso exclusivo para los
ciudadanos pertenecientes a la Iglesia Católica. Con ello se inicia el proceso de adecuación de la
institución matrimonial a los valores comunes del Estado Laico mediante el Derecho; con la
sanción del Código Civil de 1904, se instituye el divorcio y a través de las subsiguientes
modificaciones en 1942 y 1982 se incluye como causal de éste la interdicción por causa de
demencia del cónyuge entredicho y establece la reducción a un año del lapso requerido para la
conversión de la separación de cuerpos en divorcio.
En este mismo orden, el Código Civil desde 1916 sufrió algunas reformas y modificaciones en
cuanto a los derechos de hijos legítimos y naturales, permitiendo ampliamente la investigación
de la paternidad natural y equiparándolos en cuanto a la herencia de la madre; en la reforma de
1922 se elimina la inquisición de paternidad natural como principio, y la limitó nuevamente al
caso de rapto; en 1942 se estableció la comunidad concubinaria que permite a la concubina
solicitar derechos patrimoniales de su concubino; se hicieron algunas reformas en materia de
obligaciones; se destacó la tutela del Estado para los menores abandonados y, con la avanzada
reforma de 1982, inspirado en los principios de equiparación jurídica del hombre y de la mujer, y
de los hijos y demás parientes naturales con los legítimos, se introdujeron distintas
modificaciones en materia de derecho de familia como Nombre, Tutela, Patrimonio y Patria
A este proceso evolutivo en materia de derechos de familia, se le suma la CRBV cuando define y
separa formalmente las Familias de la institución matrimonial en dos artículos distintos,
privilegiando a las familias, por encima del matrimonio:
En la CRBV, el Artículo 2 (Título I, Principios Fundamentales), establece la preeminencia de los derechos humanos, nombrando específicamente a la libertad y la pluralidad, entre otros; el Artículo 21 (Título III, De los Derechos Humanos y Garantías y de los Deberes, Capítulo I, Disposiciones Generales) garantiza la no discriminación, y el Artículo 75
(mismo Título III, Capítulo V, De los Derechos Sociales y de las Familias) sustenta las relaciones familiares en “la igualdad de derechos y deberes”. Los tres artículos están antepuestos al Artículo 77 (en el mismo Título III), por lo cual éste les está subordinado.
Es evidente que la institución matrimonial en función de los Derechos de Familia se ha venido
adaptando a la realidad de su tiempo y debe seguir avanzando, pues el Estado no debe someter a
la población a modelos ideales derivados de modelos excluyentes y burgueses, por el contrario
debe organizar de la mejor forma posible la vida social, y consagrar los Derechos Humanos de
todos los habitantes del territorio nacional.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su Sentencia N.° 190 de 28 de febrero
de 2008 sostiene el criterio de prohibir la discriminación por razones de orientación sexual así
como la necesidad de legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, pronunciándose
“La Sala quiere destacar que la norma constitucional no prohíbe ni condena las uniones
de hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura constitucional en el
derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad (…) Así, es pertinente
poner de relieve que la Constitución no niega ningún derecho a la unión de personas de
igual sexo; cosa distinta es, se insiste, que no les garantice ninguna protección especial o
extra que haya de vincular al legislador (…) encuentra la Sala que, con fundamento en el
artículo 21 de la Constitución, un individuo no puede ser discriminado en razón de su
orientación sexual, cuando tal condición implique colocarlo en un plano de desigualdad
respecto de aquellos aspectos en los que, por su condición de ser humano, es igual frente
al resto de los individuos de la colectividad. Así, en su condición de trabajador, en su
condición de ciudadano, y, en general, respecto del ejercicio de sus derechos individuales
(civiles, políticos, sociales, culturales, educativos y económicos) que le otorga la condición de persona, es, ante la Ley, igual al resto de la colectividad (…) En consecuencia, resulta claro que el artículo 21 de la Constitución de 1999, en atención a su carácter enunciativo, incluye dentro de los supuestos de prohibición de discriminación el relativo a la
orientación sexual del individuo; en otras palabras, que el Constituyente dispuso que no
puede existir discriminación entre los individuos de la sociedad que se encuentren en
análogas o similares situaciones de hecho, con fundamento en su orientación sexual. Así
se decide.”
En esta Jurisprudencias sobre la interpretación del artículo 21 y 77 de la Constitución nacional en
relación con los derechos patrimoniales y sociales de las parejas del mismo sexo, el máximo
Tribunal de la República declaró de forma precisa la competencia de la Asamblea Nacional para
legislar y regular los derechos de las parejas del mismo sexo sin que exista colisión con la
Constitución, al expresar que:
“…el hecho de que no se le dé una protección constitucional reforzada a las parejas de
igual sexo no quiere decir que el legislador no pueda establecer cuál es su régimen jurídico. Por el contrario, es competencia del legislador nacional, según se dijo, de acuerdo con
artículo 156, cardinal 32, la legislación civil y, en esa medida, es a la Asamblea Nacional
a la que le compete, según su prudente arbitrio, el reconocimiento y desarrollo legislativo
de los derechos patrimoniales y sociales que surjan como consecuencia de relaciones
propias del Derecho Civil, entre ellas las de parejas de igual sexo” (Sentencia 12 de Noviembre de 2008, recurso de aclaratoria de la sentencia 190-2008).
Sin embargo, dicha opinión jurisprudencial resulta limitada en la lucha por el pleno
reconocimiento a la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo y/o género, y las familias
que estas conforman, ya que cuando se analiza la decisión, como bien lo expresa la magistrada
disidente Carmen Zuleta:
La interpretación de la mayoría [… da] por implícito un modelo constitucional de heterosexualidad obligatoria que desconoce los valores del Estado […] en los cuales se fundamentó el Estado Social de Derecho y de Justicia que proclama [... la misma] Constitución
[… Para] el tratamiento de un tema en plena evolución desde el punto de vista jurídico,
social y ético, como lo es la diversidad sexual, debió […] extraer [se] el núcleo central
del derecho humano al libre desenvolvimiento de la personalidad para evitar discriminaciones y asegurar una vida digna a las personas con orientación sexual diversa.
En su voto salvado, la magistrada Carmen Zuleta considera además que la Sala Constitucional
del TSJ asumió una visión judeo-cristiana contra-constitucional, puesto que el Estado venezolano
es laico (Artículo 59 de la CRBV) y debe actuar respetando la pluralidad democrática, orientado
por la tolerancia y la inclusión en una sociedad moderna heterogénea, sin confundir familia y
matrimonio puesto que no son la misma cosa.
Asimismo, la Sala Constitucional justifica el trato desigual a las familias constituidas por
personas del mismo sexo, cuando en dicha sentencia reitera que el derecho a la igualdad implica,
que se dé igual trato a quienes estén en un plano de igualdad jurídica y expone que:
“el disfrute de los derechos sociales y, especialmente, de los económicos, es perfectamente posible en el caso de uniones entre personas del mismo sexo, no a través de la comunidad concubinaria, la cual no se generaría porque aquéllas no
cumplen con los requisitos para ello, pero sí a través de una comunidad ordinaria
de bienes, en los términos en que la legislación civil lo permite, siempre que no
haya fraude a la ley y dentro de los límites que impone el orden público
Lo cual resulta impropio, tal como lo señala la Magistrada Carmen Zuleta, ya que estos
regímenes no parten de la institución social familiar que reconocerían en toda su amplitud los
efectos de las uniones de personas de un mismo sexo.
Fundamentalmente las izquierdas progresistas a nivel internacional han propiciado la tendencia
en las distintas alianzas comunitarias, de reconocer los derechos de familia de las parejas de
personas del mismo sexo y/o género, influyendo positivamente en el plano de la legislación
interna de cada país, con base en los principios universales de igualdad y libertad, y garantizando
a cada persona el goce pleno de sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como
admitiendo la diversidad de formas de familia que han existido y existen actualmente.
En tal sentido, hasta ahora, son dieciocho (18) los países que han aprobado o reconocido
derechos, tanto por vía judicial como legislativa, a las parejas del mismo sexo y/o género para
conformar familia, por lo tanto tienen derecho al matrimonio para garantizar la protección de las
mismas. Estos países son: Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005),
Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), México (2010) 7 , Portugal (2010),
Islandia (2010), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Uruguay (2013), Nueva Zelanda (2013),
Francia (2013), Brasil (2013), Colombia (2013) 8 y Reino Unido –sólo Inglaterra y Gales(2014). Asimismo, en 18 estados federados y tres tribus de EEUU: Massachusetts (2004),
Connecticut (2008), Iowa (2009), Vermont (2009), Nuevo Hampshire (2010), Washington, D.C.
(2010), Nueva York (2011), Washington (2012), Maryland (01/2013), Maine (01/2013), Rhode
Distrito Federal (2010), Quintana Roo (2011), Oaxaca (2013), Colima (2013) y Yucatán (2013).
La Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011 autoriza la realización de “contratos solemnes” entre
parejas del mismo sexo para que constituyan formalmente sus familias, pero algunos funcionarios aun discrepan de
esta decisión..
Island (05/2013), Delaware (05/2013), Minnesota (05/2013), California (06/2013), New Jersey
(10/2013), Hawái (11/2013), Illinois (11/2013), New México (12/2013), Utah (12/2013). Tribus:
Coquille (2008), Suquamish (08/2011), y Little Traverse Bay Bans of Odawa Indians (03/2013).
Y, están en debate leyes de matrimonio igualitario en Andorra, Finlandia, Alemania, Irlanda,
Luxemburgo, Nepal, Escocia y Taiwán, así como algunas regiones de Australia y otros estados
de México y EEUU. La figura jurídica recibe espaldarazos políticos en Cuba, Chile y Tailandia.
Venezuela siempre es vanguardia en los cambios sociales, políticos y culturales en nuestra
América, asumiendo el liderazgo internacional en la gesta emancipadora, la instauración del
Estado Laico, la abolición de la esclavitud, la igualdad de género, la reivindicación étnica, racial
y de las personas con diversidad funcional, la participación ciudadana y los procesos
constituyentes del siglo XXI. Nuestro reciente ingreso en el Mercado Común del Sur (Mercosur)
nos obliga como Estado miembro a adaptarnos a los nuevos paradigmas comunitarios en el
ámbito de esta alianza internacional, los cuales van más allá de lo económico y trascienden a la
integración política, social y cultural de los pueblos nuestroamericanos. Es así que consagrar
derechos igualitarios a todos sus ciudadanos y ciudadanas será posicionar a Venezuela
nuevamente a la vanguardia de los países más evolucionados, inclusivos y promotores de una
verdadera cultura de paz y de respeto a las diferencias.
En el ámbito del derecho comparado, las constituciones de países vecinos como Colombia y
Brasil, tratan de manera análoga a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la
institución del matrimonio. Las respectivas Cortes Supremas de Justicia, realizaron
interpretaciones jurisprudenciales de sus cartas magnas de forma extensiva y contextualizada en
los Derechos Humanos y en la protección a los derechos de las parejas en coherencia con su
orientación sexual e identidad de género. A respecto señala Rodríguez, Chea (2013):
1. En Colombia el Artículo 42 de la carta magna establece “la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”, lo cual literalmente impediría a los y las sexodisidentes tomar similar decisión. No obstante, hay matrimonio igualitario en ese país
gracias a la interpretación judicial extensiva y contextualizada en DDHH de su constitución.
2. En Brasil el Artículo 226 constitucional, sección tercera, señala que “se reconoce la
unión estable entre el hombre y la mujer como entidad familiar, debiendo la ley facilitar
su conversión en matrimonio", lo cual literalmente obstaculizaría tal conversión a los y
las sexodisidentes. Sin embargo, allá hay uniones estables gays y lésbicas transmutadas
en matrimonio igualitario.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de la Patria 2013-2019 (hoy Ley de la República)
presentado el 11/06/2012 por Hugo Rafael Chávez Frías, ratificado por el Presidente Nicolás
Argentina, Brasil y Uruguay son Paises Parte del Mercosur junto a Venezuela y entre los paises asociados está Colombia, en los
cuales el Matrimonio Igualitario es una realidad, se hace necesario garantizar los derechos civiles en los intercambios
sociolaborales, culturales, turísticos, entre otros a las familias conformadas por parejas del mismo sexo o género legalmente
casadas en sus paises de orígen.
Maduro Moros, y aprobado por la inmensa mayoría de los diputados y diputadas de la Asamblea
El Estado Venezolano en función de asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad, se propone en el Objetivo
Nacional 2.2 “Construir una sociedad igualitaria y justa” especificando en el objetivo
2.2.4.2 la necesidad de “Incorporar la perspectiva de la igualdad de género en las
políticas públicas” así como la necesidad de promover “la no discriminación y la
protección a los grupos socialmente vulnerables”. Asimismo, el objetivo 2.2.4.3 propone
“Generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de diversidad
sexual.” Y el objetivo 2.2.4.4 persigue “Promover el debate y reflexión de los derechos
de la comunidad sexo-diversa”.
En los Objetivos estratégicos y generales 2.3.4.1 reconoce a la población sexo diversa
instancias participativas del poder popular en la lucha por la inclusión social y
erradicación de la pobreza a la que se deben dirigir planes integrales comunitarios y
políticas orientadas a la inclusión.
De igual forma, en función de defender y proteger el patrimonio histórico y cultural
venezolano y nuestroamericano propuesto en el Objetivo Nacional 5.3, se plantea como
objetivo específico 5.3.3.3 Desarrollar estrategias de liberación y emancipación cultural,
poniendo especial énfasis en grupos sociales especialmente vulnerables, tales como los
grupos sexodiversos, […], con la finalidad de garantizar el respeto a sus derechos e
Es por ello que el Poder Legislativo nacional tiene la competencia, la legitimidad y la obligación
moral, de acuerdo con el exhorto del Tribunal Supremo, como órgano intérprete del Derecho
Patrio, de normar mediante Ley compensatoria, progresiva y garantista los derechos civiles y
sociales de las parejas del mismo sexo y/o género y las familias que estas conforman, siendo el
medio más idóneo, pertinente y oportuno la figura del matrimonio y las uniones estables de
hecho por las condiciones de igualdad y no segregación que esta genera.
La discriminación social de la que son objeto las personas y sus familias por motivo de su
orientación sexual y su identidad de género, es una realidad concreta que perturba el correcto
devenir de una sociedad moderna que se reconstruye en el marco del socialismo progresista del
siglo XXI. Si bien expresar la homosexualidad, bisexualidad y transgeneridad no está tipificado
en el Código Penal venezolano, ni en ninguna ley penal especial, las personas que poseen estas
orientaciones sexuales e identidades de género forman un grupo de alta vulnerabilidad por la
violencia, asesinatos, chantaje, persecución e impunidad de la que son objeto, tanto de parte de
cuerpos de seguridad del Estado, como de particulares.
De acuerdo con estudios realizados en 2008, 2009 y 2013 por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) 10 en unión con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la
Defensoría del Pueblo11 y organizaciones pro-derechos humanos en Venezuela, se prueba que la
homofobia, bifobia, lesbofia y transfobia son fenómenos negativos presentes en la sociedad
venezolana, que generan crímenes de odio asociados a prejuicios por orientación sexual,
identidad de género y expresión de género, los cuales deben ser erradicados, de la misma manera
que el Estado se planteó erradicar las situaciones de violencia de género y la discriminación por
razones raciales, étnicas y diverso-funcional.
Adicionalmente la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Asamblea
General de Naciones Unidas ha emitido de manera sucesiva recomendaciones a los Estados
miembros para el cese de la discriminación por orientación sexual o identidad de género en sus
poblaciones, a través de políticas públicas y legislaciones especiales o compensatorias no
segregacionistas que permitan contrarrestar y erradicar las condiciones de vulnerabilidad.
Por lo que es un reto consolidar la inclusión y justicia social, asegurando una transformación
profunda en la sociedad y sus instituciones, promoviendo relaciones sanas y sinceras entre los
individuos y su sexualidad, reconociendo que el derecho a la No Discriminación por Identidad de
Género y Orientación Sexual es una lucha política inseparable de la lucha contra toda
dominación y que solo es posible a través de la ruptura del modelo hétero-socio-cultural, judeocristiano y eurocentrista que convierte la Ley común en un modelo exclusivo y excluyente de la
diversidad humana, como actualmente rige ideológicamente el Código Civil.
El reconocimiento del derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo y/o género es un
mecanismo para ir rompiendo dicho modelo, diferenciando socialismos progresistas de
socialismos que no lo son, atacando las estructuras típicas burguesas que estos últimos
comparten, donde subsiste una sola forma de familia posible: “la” familia proveniente del
matrimonio, heterosexista, sexista, con fines básicamente reproductivos y con fines
patrimoniales; donde impera la división sexual del trabajo, las relaciones machistas en la pareja y
los prejuicios que oprimen a los y las sexodisidentes. Haciendo visible y viable la convivencia
fundada en el amor y la protección, que no tiene la reproducción como meta; reivindicando las
parejas sexualmente diversas.
Adicionalmente, Rodríguez Chea (2013), expresa:
“El matrimonio igualitario no es una lucha burguesa. Es solicitado por parejas pobres,
clasemedias y ricas como una de las varias formas de uniones civiles posibles. Se trata de
un enfrentamiento con la macro-ideología hétero-socio-culturada con alcance jurídico
(hétero-normativo), es decir, un enfrentamiento con la burguesía (que practica la exclusión jurídica y evita así democratizar el poder socio-cultural).
En este sentido, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, como integrantes del Poder
PNUD, 2008
ONUSIDA y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), 2013
Legislativo legitimado para promulgar las Leyes de la nación, tienen el deber moral y la
competencia constitucional ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 1902008 de promover la transformación igualitaria del tejido social, reconociendo el derecho de
cada cual a decidir sobre su vida privada en coherencia y honestidad con su orientación sexual o
identidad de género en ruptura de los vestigios del orden anterior a la Constitución de 1999.
El presente Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario reforma la institución del
matrimonio, ampliando su alcance, sentido y propósito. Al establecer como objeto la protección
y garantías en condiciones de igualdad jurídica a las familias, permitiendo contraer nupcias a
personas del mismo sexo y/o género en los mismos términos con iguales efectos, formas, deberes
y obligaciones de celebración y disolución según el Código Civil en concordancia con la
Constitución Nacional y los Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos suscritos y
Se establecen garantías y principios en el texto de la Ley con el fin de asegurar su aplicabilidad y
eficacia, en vista de las situaciones de discriminación y vulnerabilidad presentes en la comunidad
sexo-diversa, previniendo así posibles escenarios de segregación tanto en las instituciones
públicas y privadas como en la sociedad a raíz de su sanción y promulgación. De esta manera se
determina cómo deben ser entendidos los valores socio-jurídicos de Igualdad Jurídica, No
Discriminación, Protección a la Familia, Justicia Social y Libertades Civiles, como parte de la
protección a los derechos de las personas y las familias aquí regulados.
Por otra parte, en aras de asegurar la tutela administrativa efectiva, se afirma la obligación de los
funcionarios públicos a cumplir la Ley como parte de su servicio a la Administración Pública,
prohibiéndose las objeciones de conciencia motivadas por cualquier razón que tengan como
intención no reconocer de forma arbitraria los derechos humanos de las parejas del mismo sexo
y/o género y sus familias, debido que violarían el principio relativo al Estado Laico, la garantía
jurídica del administrado, el principio de responsabilidad del funcionario público, que
compromete tanto la responsabilidad de la Administración Pública como su propia
responsabilidad individual civil, penal, administrativa y disciplinaria (Artículos 25, 51, 139 y 141
de la Constitución) y el principio de la eficacia de la actividad administrativa (Artículos 4, 6, 56
y 100 de la Ley Orgánica de Procesos Administrativos).
Se hace imprescindible la adaptación terminológica de los distintos artículos del Código Civil y
otras leyes que se refieren o traen causa del matrimonio, así como de una serie de normas del
mismo Código que contienen referencias explícitas al sexo de sus integrantes. En primer lugar,
las referencias al marido y a la mujer se han sustituido por la mención a los cónyuges, esposos,
pareja matrimonial o a los consortes. En virtud de la nueva redacción del artículo 44 del Código
Civil, la acepción jurídica de cónyuge o de consorte será la de persona casada con otra, con
independencia de que ambas sean del mismo sexo o género o de distinto sexo y género.
Igualmente se universaliza el uso optativo del apellido del cónyuge, el cual hasta ahora mantuvo
restos del legado patriarcal en la legislación.
Se suprimen los argumentos discriminatorios que menoscaban los derechos de las personas y que
además lleven por implícito el carácter biológico, reproductivo y sexista de la institución
matrimonial, tal como el impedimento por impotencia, el cual puede ser usado como un
argumento de nulidad en caso de que el o la contrayente afectado(a) así lo demande, y porque no
se le exigen pruebas médicas previas a la realización de la ceremonia que confirmen tal
condición. Se suprimen igualmente las figuras del rapto y la seducción por ser figuras que
pudieran ser utilizadas para constreñir el pleno y libre consentimiento.
La legitimidad de la presente propuesta legislativa incoada por iniciativa popular, está respaldada
por 20.000 firmas de ciudadanos electores inscritos en el Registro Electoral que superan el 0,1%
requerido por la Constitución Nacional en artículo 204 numeral 6, quienes acuden ante el
competente poder de la Asamblea Nacional en ejercicio de sus Derechos Políticos consagrados
en el artículo 70 de la misma y por 30 organizaciones sociales, asociaciones civiles, colectivos,
movimientos y fundaciones, para que la Ley de Matrimonio Civil Igualitario sea discutida y
sancionada de conformidad con los procedimientos y declaraciones de Ley.
Artículo 1. Esta Ley tiene como objeto permitir contraer nupcias a personas sin discriminación
por orientación sexual ni identidad o expresión de género en los mismos términos con iguales
efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil, para así brindar
protección y garantías en condiciones de igualdad jurídica a dichas familias.
Artículo 2. Las disposiciones sobre el matrimonio son las establecidas en el Código Civil, las
reformas del mismo y demás que regulen la materia. Quedan sujetas a los presentes supuestos
normativos las personas hábiles que contraigan válidamente matrimonio en la jurisdicción
nacional o, las que en el extranjero contraigan matrimonio reconocido en el territorio de la
A los fines de garantizar los propósitos de la presente Ley, están obligados a actuar conforme a la
misma; los funcionarios y funcionarias públicos que prestan servicio en los Registros Civiles,
Alcaldías de la República Bolivariana de Venezuela, los capitanes y capitanas de buques de
bandera venezolana, dentro o fuera del territorio de la República, las delegaciones diplomáticas y
consulares venezolanas y, en general, cualquier servidor público facultado para celebrar
matrimonios, en perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias que acarre su
Diversidad Sexual: se refiere a la diversidad dentro de la orientación sexual e identidad de
género de las personas. Es utilizado en muchos países del mundo refiriéndose exclusivamente a
las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales (GLBTI), o
sexodiversas o sexodisidentes.
Género: son todas aquellas características que la sociedad espera de un hombre o de una mujer,
que incluye valores, principios, roles, carácter, conductas, comportamientos, documentos y que
son cambiantes a lo largo del tiempo y del contexto geográfico-cultural. Se refiere a las
identidades, las funciones y las atribuciones construidas socialmente de la mujer y el hombre y al
significado social y cultural que se atribuye a las diferencias biológicas. La diferencia entre sexo
y género radica en que el sexo se concibe como un dato biológico y el género como una
Identidad de Género: se define como el sexo sentido o el sexo psicológico, que no siempre va
asociado al sexo biológico. Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de
otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género,
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Matrimonio: Se define el matrimonio como una institución social que tiene como finalidad,
crear un parentesco conyugal entre dos personas, independientemente de su sexo, identidad de
género u orientación sexual para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses de
manera igualitaria.
Orientación Sexual: es la atracción profunda afectiva, emocional y sexual que una persona
pueda sentir hacia otra persona de distinto sexo y género (Heterosexualidad); del mismo sexo y/o
género (Homosexualidad: incluye gays y lesbianas); y de ambos sexos y/o géneros
(Bisexualidad). Es independiente del sexo biológico y de la identidad de género.
Sexo: Se define como el conjunto de elementos biológicos (cromosomas, las gónadas (ovarios y
testículos), las hormonas y los órganos genitales) sobre cuya base una persona es clasificada
como macho o hembra al nacer. Diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus
características fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de
los humanos personas como mujeres y hombres.
Artículo 4: Los principios y garantías que rigen la presente Ley son la Igualdad Jurídica, la No
Discriminación, la Protección a la Familia, la Justicia Social y las Libertades Civiles de
conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República.
Igualdad Jurídica: Toda persona tiene derecho a la convalidación efectiva conforme a la
presente Ley de su vínculo conyugal y familiar, en iguales términos y, con los mismos derechos,
deberes, garantías, efectos, condiciones de celebración y disolución que los contenidos en el
Código Civil y demás Leyes que regulen la materia sin distinción de sexo, género, orientación
No Discriminación: Ninguna persona podrá ser sometida a privación arbitraria de los derechos y
libertades inherentes a la comunidad conyugal y, a los derechos familiares, patrimoniales,
sociales, laborales y cualquier otro subyacente de la relación de pareja y de familia de acuerdo
con la Ley, sin que sirva de excusa sexo, género, color, raza, religión, orientación sexual,
identidad de género u otro que implique el menoscabo de los Derechos Humanos estipulados en
La objeción de conciencia no podrá ser opuesta por ningún funcionario público, capitán de
buque, y cualquier otro, facultado para celebrar matrimonios y llevar los archivos y libros
registrales donde se asienten matrimonios y uniones estables de hecho para negarse celebrar o
asentar en los libros respectivos los matrimonios y concubinatos constituidos por personas del
Todos los matrimonios serán llevados en el mismo libro del Registro Civil, todo acto en contra se
considera segregación y violación de la Ley.
Protección a la Familia: Se protegen los Derechos Sociales de todas las formas de asociación
familiar de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República. Las familias constituidas
por parejas del mismo sexo y/o género gozan de los mismos derechos y deberes de naturaleza
civil, económica, laboral y educativa que las familias constituidas por parejas de distinto sexo y
No podrá ser causa de pérdida de la Patria Potestad sobre los hijos o hijas o de privación de los
derechos inherentes a la paternidad y maternidad la orientación sexual, la identidad de género o
la convivencia en pareja de personas del mismo sexo o género.
Justicia Social: Todas las personas gozan y tienen derecho a la protección de sus Derechos
Humanos sin distinción de su orientación sexual o identidad de género.
La progresividad de los Derechos Humanos es el fundamento de la organización del Estado
Social, de Derecho y de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, las políticas públicas
y la Ley son mecanismos de aplicación mediata de los fines del Estado en unión con la
participación protagónica, democrática y social del Poder Popular en el proceso de inclusión
social de los ciudadanos y ciudadanas sexodisidentes.
Libertades Civiles: Todas las relaciones conyugales debidamente protocolizadas, judicialmente
reconocidas o de hecho conformadas por personas del mismo sexo y/o género en coherencia con
su orientación sexual y conforme a la Ley, gozan de efectividad jurídica y protección social en
concordancia con el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad.
Toda persona tiene Derecho al respeto de su honor y reputación sin que la orientación sexual o
identidad de género pueda ser considerada contraria a los mismos.
La orientación sexual o la identidad de género de las personas y las familias que estas
conformen, no podrán ser consideradas contrarias al orden social y público, la moral y las buenas
costumbres. En efecto, el Estado garantiza el carácter laico, democrático y socialista de sus fines
y organización, en atención a la libertad religiosa y la suprema felicidad del pueblo.
Artículo 5: Se modifica el Artículo 44 (Título IV – Capítulo I - Sección II – Del Matrimonio y
su Celebración), quedando redactado así:
Artículo 44.- “El matrimonio solo puede contraerse entre dos personas cualquiera sea la
identidad de género u orientación sexual de estas. La Ley no reconoce otro matrimonio
contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único
que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes.
Artículo 6: Se deroga el Artículo 47 (Título IV – Capítulo I - Sección III – De los requisitos
necesarios para contraer Matrimonio).
Artículo 7: Se modifica el Artículo 49 (Título IV – Capítulo I - Sección III – De los requisitos
necesarios para contraer Matrimonio) quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 49.- “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre
consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad
competente para celebrarlo”.
Artículo 8: Se deroga el Artículo 56 (Título IV – Capítulo I - Sección III – De los requisitos
necesarios para contraer Matrimonio)
Artículo 9: Se modifica el Artículo 60 (Título IV – Capítulo I - Sección III – De los requisitos
necesarios para contraer Matrimonio), quedando redactado así:
Artículo 60.- A falta de padre(s) y/o madre(s) se necesita el consentimiento de los
abuelos y abuelas de los niños, niñas o adolescentes. En caso de desacuerdo bastará que
consientan en el matrimonio dos de ellos. Si esto no fuere posible, corresponderá al Juez
de Menores del domicilio de los niños, niñas o adolescentes autorizar o no el matrimonio,
oída la opinión de los abuelos y abuelas. Contra esta decisión no habrá recurso alguno.
Artículo 10: Se modifica el Artículo 66 (Título IV – Capítulo II - De las formalidades que deben
precederá al contrato de Matrimonio), quedando redactado así:
Artículo 66.- Las personas que quieran contraer matrimonio lo manifestarán así ante uno
de los funcionarios de la residencia de cualquiera de los contrayentes, autorizados para
presenciarlo e indicarán el que han escogido, entre los facultados por la Ley, para
celebrarlo; y expresarán, además, bajo juramento, su nombre, apellido, edad, estado,
profesión y domicilio, y el nombre y apellido de los padres y/o madres(s) de ambos, de
todo lo cual se extenderá un acta que firmarán el funcionario, las partes u otro a su ruego,
si ellas no pudieren o no supieren hacerlo, y el Secretario.
Artículo 11: Se modifica el Artículo 69 (Título IV – Capítulo II – De las formalidades que deben
preceder al contrato de matrimonio), eliminando el parágrafo segundo, quedando redactado así:
Artículo 69.- El funcionario ante quien se haga manifestación de la voluntad de contraer
matrimonio, formará un expediente, que deberá contener:
3º Copia de las partidas de nacimiento delos futuros contrayentes, las cuales no deberán
datar de más de seis meses antes de la celebración del matrimonio.
4º Los documentos que acreditan la dispensa de los impedimentos que pudieren existir
para la celebración del matrimonio.
5º En el caso de segundo o ulterior matrimonio, copia certificada del acta de defunción
del cónyuge fallecido, o copia certificada de la sentencia firme que declare nulo o
disuelto el matrimonio anterior, con la constancia de estar ejecutoriada.
7º En los casos de oposición al matrimonio, copia certificada de la decisión firme que la
haya declarado sin lugar.
8º Los documentos que exige el artículo 108 de este Código, si se trata de extranjeros.
Las partidas de nacimiento de los futuros contrayentes y la copia certificada de las actas
de defunción de los cónyuges fallecidos podrán suplirse con una justificación evacuada
ante un Juez. Los testigos deberán ser de notoria honorabilidad y darán razón
circunstanciada de su dicho. De todo lo cual dejará constancia en el expediente.
En el caso de que el funcionario ante quien se haya hecho la manifestación no sea el
escogido para celebrar el matrimonio, el expediente expresado deberá ser remitido a este
último, una vez vencido el lapso señalado en el artículo anterior.
Artículo 12: Se modifica el Artículo 98 (Título IV - Capítulo V – Del Matrimonio en artículo de
Muerte), en su segundo aparte y tercer aparte, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 98.- Cuando en el caso referido de artículo de muerte no fuese fácil o inmediata
la concurrencia de alguno de los funcionarios autorizados por, el artículo 82 para
presenciar el matrimonio, este podrá celebrarse en presencia de tres (3) personas,
mayores de edad, que no estén ligados con ninguno de los contrayentes por parentesco
ellos, por lo menos, sepa leer y escribir.
Una de las personas que sepa leer y escribir presidirá el acto, y recibirá de los
contrayentes la declaración de que se toman por cónyuges, respectivamente.
Inmediatamente se extenderá el acta en papel común y en la forma ya expresada, dejando
constancia de la existencia de los hijos. Quien haya presidido dejará una copia certificada
de ella en poder de los contrayentes, y el acta original se entregará, en el término de la
distancia, a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio.
Cumplidos los requisitos que establece el artículo siguiente, dicha autoridad civil
insertará el acta en los libros correspondientes, certificada por él, por el Secretario, y las
enviará para su inserción al Presidente del Concejo Municipal.
Artículo 13: Se modifica el Artículo 105 (Título IV - Capítulo VI - Sección II - Del Matrimonio
de los Extranjeros en Venezuela) quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 105.- No se reconocerán en Venezuela los impedimentos del matrimonio
establecidos por la Ley nacional del extranjero que pretenda contraerlo en Venezuela,
cuando se fundara en diferencias de raza, rango, religión, identidad de género u
Artículo 14: Se modifica el Artículo 137 (Título IV - Capítulo XI – Sección I – De los deberes y
derechos de los cónyuges) quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 137.- Con el matrimonio ambos cónyuges adquieren los mismos derechos y
asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de ambos cónyuges de
Será optativo para ambos cónyuges añadir a su apellido el del otro cónyuge, precedido
por la preposición “con”. Este derecho subsiste aún después de la disolución del
matrimonio por causa de muerte, mientras no contraiga nuevas nupcias.
La negativa de uno de los contrayentes a usar el apellido del otro no se considerará, en
ningún caso, como falta a los deberes que la Ley impone por efecto del matrimonio.
Artículo 15: Se modifica el Artículo 139 (Título IV - Capítulo XI – Sección I – De los deberes y
Artículo 139.- Ambos cónyuges están obligados a contribuir en la medida de los recursos
de cada uno, al cuidado y mantenimiento del hogar común, y a las cargas y demás gastos
Artículo 16: Se modifica el Artículo 140 A (Título IV - Capítulo XI – Sección I – De los deberes
y derechos de los cónyuges) quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 140 A.- El domicilio conyugal será el lugar donde ambos cónyuges tengan
establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso de que los cónyuges tuvieren
residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el
artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia común.
Artículo 17: Se modifica el Artículo 148 (Título IV - Capítulo XI - Sección II – Parágrafo 2- De
la Comunidad de Bienes) quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 148.- Entre ambos cónyuges, si no hubiere convención en contrario, son
comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el
Artículo 18: Se modifica el Artículo 151 (Título IV - Capítulo XI – Sección II –Parágrafo 3º Primera Parte - De los Bienes Propios de los Cónyuges) quedando redactado de la siguiente
Artículo 151.- Son bienes propios de ambos cónyuges los que pertenecen a cada uno de
ellos al tiempo de contraer matrimonio, y los que durante éste adquieran por donación,
herencia, legado o por cualquier otro título lucrativo. Son también propios los bienes
derivados de las acciones naturales y la plusvalía de dichos bienes, los tesoros y bienes
muebles abandonados que hallare alguno de los cónyuges, así como los vestidos, joyas y
otros enseres u objetos de uso personal o exclusivo de alguno de los cónyuges.
Artículo 19: Se modifica el Artículo 178 (Título IV - Capítulo XI – Sección II – Parágrafo 6º De la Disolución y de la Liquidación de la Comunidad) quedando redactado de la siguiente
Artículo 178.- Los acreedores de cualquiera de los cónyuges no pueden, sin su
consentimiento, pedir la separación de bienes.
Artículo 20: Se modifica el Artículo 198 (Título V – Capítulo I - De la Determinación y Prueba
de la Filiación Materna) agregando el numeral 3, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 198.- En defecto de la partida de nacimiento, son también pruebas de filiación
1º La declaración que hiciere la madre o después de su muerte, sus ascendientes, con el
fin de reconocer la filiación, en las condiciones y con las formalidades que se señalan en
el Capítulo III de este Título.
2º La posesión de estado del hijo, establecida de conformidad con las reglas
contempladas en ese mismo capítulo.
3º Los documentos que certifiquen la técnica de reproducción asistida en cualquiera de
sus modalidades por parte del cualquiera de los cónyuges (concibiente o no concibiente).
Artículo 21: Se modifica el Artículo 213 (Título V – Capítulo III – Sección I - Presunciones
relativas a la filiación) agregando un segundo párrafo, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 213.- Se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en
los primeros ciento veintiún (121) días de los trescientos (300) que preceden el día del
Y en aquellos casos que están imposibilitados biológicamente entre sí para la concepción,
y en conocimiento de la situación, en el momento del nacimiento, ambos aceptan
(concibiente y no concibiente), bajo acuerdo expreso y escrito ser padres y/o madres del
hijo matrimonial.
Artículo 22: Se modifica el Artículo 235 (Título V – Capítulo III - Sección IV - Determinación
del Apellido), quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 235: El hijo habido dentro del matrimonio llevará los apellidos de sus padres
y/o madres en el orden que ellos opten expresamente. En caso de no hacer uso de esta
opción supletoriamente se determinara por sorteo.
El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por ambos padres y/o madres, llevará los
apellidos de estos en el orden que los mismos determinen expresamente, siendo dispuesto
supletoriamente por sorteo sino hicieran uso de la opción precedentemente establecida.
Artículo 23: Se modifica el Artículo 767 (Título IV – De la Comunidad), quedando redactado de
Artículo 235: Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de
unión no matrimonial, cuando alguno de los miembros de la pareja, demuestre que han
vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere
establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos
legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los
herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.
Artículo 24: En todas las normas reguladoras del matrimonio o conexas a este de los cuales
emerjan menciones como “marido” y/o “mujer” u similares y por tanto limitativas de los
derechos consagrados en esta ley deberá sustituirse como expresiones como los cónyuges, pareja
matrimonial, esposos, u otras de similar tenor que no alteren el contenido sustantivo de la
Artículo 25: En todas las normas reguladoras del matrimonio o conexas a este de los cuales
emerjan menciones como “el padre” y/o “la madre” y por tanto limitativas de los derechos
consagrados en esta ley deberá sustituirse como expresiones como “los padres y/o las madres”, u
otras de similar tenor que no alteren el contenido sustantivo de la regulación.
Artículo 26: Por otra parte, y como resultado de la disposición adicional primera de la presente
ley, todas las referencias al matrimonio que se contienen en nuestro ordenamiento jurídico han de
entenderse aplicables tanto al matrimonio de dos personas del mismo sexo y/o género como al
integrado por dos personas de distinto sexo y género.
Artículo 27: Los derechos humanos y garantías constitucionales contenidos en esta ley no deben
entenderse como negación de otros contenidos en otras normas reguladoras del matrimonio o
conexas, sin menoscabo del ejercicio de los mismos.
Diversidad Sexual USB (DSx USB)
Jhan Gil
Orgullo LGBTI Mérida
Lesbianas y Ya
Acción Zuliana por la Vida (AZUL)
AXA Activistas
Gabriela Ercolani
Ejército Emancipador
Ciudadanía Diversa
Movimiento Proinclusión
Daniela de Jesús Rodríguez
Diversidad Sexual Mariño
AC Escuela de Paz
Willmer Quintero
Fundación Sexual e Igualdad de Géneros
Fredisex Vargas
Alianza Lambda de Venezuela AC
Transvenus Venezuela
Yonatan Matheus/Wendell Oviedo
Asesores: Abog. José Manuel Simons Abog. Marcel López Principal Maracay: 0412-8400516 – Caracas - San Cristóbal – Trujillo - Mérida - Barquisimeto – San Felipe – Puerto La Cruz.
Código Civil de Venezuela, Gaceta Oficial No. 2990 Extraordinario del 28 de Junio de 1982.
Rodríguez Feo, Chea (17/10/2013). Hacia una ley socialista bolivariana sobre el matrimonio
igualitario (fundamentos jurídicos socio-culturales sexodisidentes). Ensayo analítico críticoradical. Maracay: AC Venezuela Igualitaria (ONG solicitante)
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACDH) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Onufer Corrêa, Sonia (co-presidenta) y Muntarbhorn, Vitit (copresidente) del Panel Internacional de Especialistas en Legislación Internacional de Derechos
Humanos y en Orientación Sexual e Identidad de Género (03/2007). Principios de Yogyakarta
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Caracas: Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (04/12/2013). Plan de la Patria.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.118 Extraordinario. Caracas: Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial.
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (28/02/2008). Interpretación del Artículo 77
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en contra de las uniones de hecho
gais y lésbicas en Venezuela, de acuerdo con los artículos 21, cardinal 1, y 77, en conjunción
con los artículos 19, 20 y 22,. Parte actora: Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela y
otros. Sentencia No. 190, Exp. 03-2630, Pedro Rafael Rondón Haaz (magistrado ponente) y
Carmen Zuleta de Merchán (magistrada disidente). Caracas. [Sentencia en línea] Disponible:
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/190-280208-03-2630.htm [Consulta: 08/08/2013,
08:56 pm]
Chávez Frías, Hugo Rafael (11/06/2012). Propuesta del candidato de la Patria comandante Hugo
Chávez para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 (Plan de Gobierno acogido por su
sucesor, Nicolás Maduro Moros, ante el Poder Electoral el 11/03/2013). [Documento en línea]
Disponible: http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/#.UgPh6NIweBM
[Consulta: 08/08/2013, 01:56 pm]
ONUSIDA y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI). Informe Venezuela 2013 – Crímenes
de odio por Orientación sexual, Identidad de género y Expresión de género en la noticia de los
Medios de Comunicación y Organizaciones de la Sociedad Civil Revisión Hemerográfica. Enero
2009 - Agosto 2013.
PNUD. Informe sobre Homofobia, Violencia e Impunidad contra la Comunidad Lesbiana, Gay,
Transexual y Bisexual en la República Bolivariana de Venezuela 2008.

References: Artículo 16
 artículo 22
 artículo 23
 Artículo 75
 Artículo 3
 artículo 77
 Artículo 2
 Artículo 21
 Artículo 75
 Artículo 77

artículo 21
 artículo 21
 artículo 21

artículo 156
 Artículo 42
 Artículo 226
 artículo 44
 artículo 204
 artículo 70

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5
 Artículo 44

Artículo 44

Artículo 6
 Artículo 47

Artículo 7
 Artículo 49

Artículo 49

Artículo 8
 Artículo 56

Artículo 9
 Artículo 60

Artículo 60

Artículo 10
 Artículo 66

Artículo 66

Artículo 11
 Artículo 69

Artículo 69
 artículo 108

Artículo 12
 Artículo 98

Artículo 98
 artículo 82

Artículo 13
 Artículo 105

Artículo 105

Artículo 14
 Artículo 137

Artículo 137

Artículo 15
 Artículo 139

Artículo 139

Artículo 16
 Artículo 140

Artículo 140

artículo 138

Artículo 17
 Artículo 148

Artículo 148

Artículo 18
 Artículo 151

Artículo 151

Artículo 19
 Artículo 178

Artículo 178

Artículo 20
 Artículo 198

Artículo 198

Artículo 21
 Artículo 213

Artículo 213

Artículo 22
 Artículo 235

Artículo 235

Artículo 23
 Artículo 767

Artículo 235

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 Artículo 77