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Timestamp: 2018-12-18 15:41:58+00:00

Document:
﻿ Sigifredo Espinosa Pérez
AUTO 32310 DE 19 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN COMO INSTRUMENTO REPARADOR, CONTRA SENTENCIAS EJECUTORIADAS, Y MECANISMO PROTECTOR DE DERECHOS FUNDAMENTALES. CARÁCTER VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL UNIFICADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN
Auto 32310 de mayo 19 de 2010
Proceso 32310
Decide la Corte el recurso de reposición interpuesto por la apoderada especial del sentenciado XXX, en contra de la providencia que inadmitió la demanda de revisión promovida respecto de la sentencia de segunda instancia del 5 de junio de 2008, por cuyo medio el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal condenó al accionante a la pena principal de 177 meses de prisión, como autor penalmente responsable del concurso de delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
En la noche del 18 de octubre de 2005, cuando XXX departía con un amigo en la taberna “YYY” de la ciudad de Cali, terminó tranzado en una riña con otras personas, optando por retirarse de allí luego de recibir una golpiza.
Se dirigió entonces a la residencia de su amigo, tomó un arma de fuego de defensa personal y regresó a la taberna "YYY”, donde procedió a efectuar disparos indiscriminados que terminaron segando la vida de los estudiantes AAA y CCC.
Por auto del 3 de diciembre de 2009 la Corte inadmitió la demanda de revisión presentada en nombre del sentenciado XXX, tras considerar manifiesto el incumplimiento de los presupuestos de admisibilidad establecidos por el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000—, toda vez que la accionante no logró evidenciar de manera clara y precisa los fundamentos fácticos y jurídicos del motivo de revisión aducido, esto es, de la causal 6ª del artículo 220 ibídem, relativa al cambio jurisprudencial del criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.
En escrito oportunamente presentado(1) por la apoderada especial del sentenciado, reiteró los planteamientos incluidos en la demanda inicial relacionados con su inconformidad por la aplicación de los incrementos punitivos previstos por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en cuya virtud se verificó violación al debido proceso, sin ahondar acerca de la procedencia de la causal sexta de revisión a cuyo amparo se formuló la demanda.
Asimismo, acusó de ilegal la decisión del Tribunal Superior de Cali en punto a la revocatoria del reconocimiento de la diminuente punitiva de la ira e intenso dolor, por cuanto en su criterio se probó en aquel proceso “según testigos de la escena, que mi prohijado fue atacado violentamente por un grupo de personas, infligiéndole heridas en el cuerpo, en la cara”, todo lo cual, aunado a la situación de embriaguez en que se encontraba, vino a ocasionarle “un estado de locura transitorio” que ameritaba el reconocimiento de aquella rebaja punitiva admitida en sede de primera instancia.
Como sin dificultad se advierte, la exposición efectuada por la impugnante con miras a lograr la reposición de la providencia mediante la cual esta Sala inadmitió la demanda de revisión, no se muestra consecuente con el motivo de revisión alegado inicialmente, relativo al cambio favorable de jurisprudencia, cuyo alcance o probable aplicación al presente evento no ocupó un solo renglón del escrito de sustentación respectivo, dando al traste con su cometido de demostrar la incorrección de la decisión impugnada.
Adicionalmente, la impugnante trajo a colación otros argumentos extraños al motivo de revisión en comento, particularmente dirigidos a rebatir desde la perspectiva de la valoración probatoria, las conclusiones a las cuales llegó el ad quem en el fallo condenatorio cuya remoción se pretende.
Si bien tales defectos de sustentación serían suficientes para confirmar la decisión recurrida, sucede que del memorial sustentatorio del recurso de reposición, de la demanda de revisión que le antecede y, principalmente, de la copia del fallo ejecutoriado cuya remoción se pretende a través de esta acción excepcional, la Corte ha sido alertada acerca de la indebida aplicación del incremento de penas consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2005, respecto de un acontecer delictivo acaecido en la ciudad de Cali antes de que allí se implementara el sistema penal acusatorio, contrariándose con ello la postura interpretativa que frente a dicha materia ha trazado la Corte Suprema de Justicia.
En tales condiciones, encuentra la Corte que la procedencia de la revisión en el presente caso, donde surge evidente la injusticia de la pena irrogada al procesado, no puede limitarse al rígido examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda, sin más, sino que ha de corresponder a la naturaleza, fines y alcances que tal acción debe cumplir dentro del ordenamiento jurídico como parte de un sistema e instrumento a través del cual, precisamente, se pretende la realización plena del valor “justicia”, por cuya protección propende.
En efecto, aun cuando en principio pudiera considerarse que el yerro derivado de una interpretación judicial relacionada con la vigencia de un precepto sustantivo no llamado a regular la imposición de la pena a la cual se hacía acreedor el sentenciado, escapa al ámbito de aplicación de las distintas causales de revisión previstas por el legislador para la remoción de la cosa juzgada, un examen detenido de este instituto procesal desde la perspectiva de su evolución y fines, como del carácter vinculante de la interpretación jurisprudencial que en las materias de su conocimiento efectúa la Corte Suprema de Justicia como cabeza máxima de la jurisdicción ordinaria, incluida claro está aquella relativa al ámbito de aplicación de los incrementos punitivos previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, llevan a concluir que no solo es posible sino además necesario superar los inocultables defectos que la demanda acusa, para dar paso a la revisión demandada, como pasa a explicarse:
1. La acción de revisión como instrumento reparador de injusticias manifiestas.
Desde sus orígenes, la revisión se ha concebido como un remedio extraordinario tendiente a remover una sentencia injusta con fuerza de cosa juzgada, mediante la reapertura del proceso ya fenecido, a fin de eliminar los errores de fondo o de forma que sin ser inmanentes a él, trascienden al fallo que le puso fin(2).
En materia penal, su consagración se remonta a la Ley 61 de 1886, artículo 54, modificada por la Ley 105 de 1890 y, más tarde, adicionada a través de la Ley 33 de 1909, cuerpo normativo último que no solo amplió su ámbito de aplicación considerando eventos no previstos hasta entonces(3), sino que ahondó respecto de su naturaleza e importancia perfilándola desde entonces como un verdadero mecanismo protector de derechos fundamentales. En esa dirección se dijo en su exposición de motivos:
“(...) El espíritu de excesivo legalismo, tan arraigado entre nosotros, ha puesto siempre trabas al recurso de revisión, dándole alcance injusto e inhumano, a la autoridad de la cosa juzgada: res iuducata pro veritate habetur.
Es evidente que hay un interés general en reconocer esa presunción de verdad a las decisiones de la justicia; pero desde que estas decisiones puedan consagrar un error judicial, esto es una injusticia, debe prevalecer la excepción y establecerse la revisión reparadora (...) destruir un fallo injusto y anular sus consecuencias es un derecho del inocente y el recurso de revisión es el medio de hacer valer ese derecho.
De aquí que la ciencia penal moderna haya conciliado el respeto por la cosa juzgada con el respeto a los derechos de los injustamente castigados, en este aforismo: donde quiera que exista una pena injustamente aplicada existe el derecho de revisión; donde quiera que exista el derecho de revisión no puede sostenerse la cosa juzgada”(4).
Por su parte, la jurisprudencia de esta corporación siguiendo la misma línea interpretativa, de antaño ha destacado cómo frente a sentencias ejecutoriadas en las que subyace una evidente y manifiesta injusticia, debe optarse por eliminar la barrera que impone su obligatorio cumplimiento para, en su lugar, abrir paso a la reparación del daño con ella causado, el cual no solo afecta al sentenciado sino que trasciende hasta la propia colectividad, en tanto debe residir en ella la seguridad de que allí donde se advierta un error que conduzca a un tratamiento inequitativo o injusto, se dispondrá del remedio oportuno para conjurarlo, tesis igualmente apoyada desde la doctrina(5). En esa dirección tiene dicho la Corte:
“(...) Base fundamental del orden jurídico y garantía de los derechos ciudadanos es la inmutabilidad de la sentencia ejecutoriada, que los legisladores han reconocido y aceptado mediante la consagración positiva del principio de la cosa juzgada. Fundado en la presunción de legalidad y acierto que ampara al fallo definitivo, el anterior postulado no es sin embargo, absoluto: razones de equidad impulsa a exceptuar de él las sentencias proferidas en procesos en los cuales faltaron los elementos esenciales para la garantía de la justicia.
Con este fundamento, aparece consagrado por el derecho positivo como remedio que se endereza a quebrantar la fuerza de la cosa juzgada, el recurso de revisión, cuya finalidad es pues invalidar por injusta una sentencia firme, para que por consiguiente la jurisdicción pueda considerar nuevamente el litigio planteado en proceso anterior y fallarlo con arreglo a derecho”(6).
Ya en lo que atañe a la naturaleza de los motivos que permiten acceder a la acción de revisión para la remoción de la res iudicata, bien está recordar cómo hasta la expedición del Decreto 050 de 1987, estos fueron limitados por el legislador a una serie de eventos vinculados con el descubrimiento de hechos nuevos con capacidad de desvirtuar la verdad declarada en el fallo, bien por la aparición de pruebas cuya existencia ignoraba el juez al momento de fallar, ora por la comprobada falsedad de aquellas base de la condena.
A partir de ese ámbito de aplicación, donde se concibió la revisión básicamente como mecanismo que permitía reabrir la discusión sobre lo fáctico por el surgimiento de evidencias desconocidas al tiempo de los debates, esta corporación en reiterada jurisprudencia hizo énfasis en que no podía asimilársele a una instancia adicional con virtud para lograr la enmienda de errores in iudicando o in procedendo en que hubiera podido incurrir el sentenciador, pues para solucionar esos vicios se contaba con el extraordinario recurso de casación.
Con todo, al expedirse el Decreto 050 de 1987, se consagró un nuevo motivo de revisión a fin de lograr la remoción de sentencias en firme proferidas luego de consolidado el fenómeno de la prescripción de la acción penal o respecto de actuaciones donde no hubiese mediado querella válidamente formulada siempre que constituyera requisito de procedibilidad de la acción penal.
La introducción de esta causal sin duda implicó un giro conceptual en torno a la naturaleza de la revisión, que como viene de verse, había hecho radicar su esencia de manera invariable en aspectos íntimamente ligados al distanciamiento evidente entre la verdad histórica declarada en el fallo y la realmente acontecida, con virtud de demostrar la inocencia del condenado.
Así las cosas, el nuevo motivo de revisión introducido en el Decreto 050 de 1987, permitió la discusión de la firmeza del fallo con ocasión de temas de estricto derecho vinculados a la legalidad del ejercicio de la acción penal, bajo la consideración de que también estos inciden en la justeza de la sentencia, e implicó flexibilizar la concepción según la cual en sede de revisión no son discutibles ni corregibles los errores de juicio o de procedimiento acaecidos en desarrollo del proceso, pues a esas categorías y no a otras corresponden aquellos defectos consistentes en dictar sentencia cuando ha prescrito la acción penal, o adelantar y fallar el proceso sin que medie querella, cuando esta es requisito de procedibilidad.
Esta tendencia de apertura de la revisión para debates distintos al probatorio, posteriormente se reforzó con la expedición del Decreto 2700 de 1991, que además de cambiar su naturaleza de “recurso extraordinario” a “acción” y de ampliar el ámbito de aplicación del motivo de revisión atrás mencionado a “(...) cualquier otra causal de extinción de la acción penal”, consagró uno más de estricto derecho, alusivo a los eventos en que “(...) mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria” .
Acerca de esta última causal de revisión, fueron arduas las discusiones sostenidas al interior de esta Sala en torno a su ámbito de aplicación, esto es, si estaba llamada a operar solo respecto del criterio emitido sobre disposiciones sustantivas aplicadas al caso concreto o si se extendía a temas anejos como el de la punibilidad, optándose en un primer momento por restringirla a desarrollos jurisprudenciales sobre aspectos sustantivos base de la condena con potencialidad de desquiciar la lógica total del fallo y conducir a la absolución del sentenciado(7).
El entendimiento de la causal en los términos antes dichos se mantuvo inalterable hasta el 30 de septiembre de 2002, fecha última en que la tesis hasta entonces disidente logró el apoyo de la Sala mayoritaria. Expresamente se señaló en este precedente:
“(...) A partir de la fecha la Sala entiende que el cambio favorable del criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria que la Corte exprese en un pronunciamiento judicial suyo, es aplicable a la causal 6ª de revisión en cuanto degrade, varíe de alguna manera favorable, o simplemente cambie totalmente una situación de condena por una de absolución”(8).
La adopción de este nuevo criterio se basó en lo fundamental en que la variación favorable de la jurisprudencia de la Corte debía irradiar sus efectos tanto para los eventos en los cuales su aplicación imponía la adopción de un fallo absolutorio, como en aquellos en que implicaba una reducción en la pena impuesta, porque en el contenido de justicia material de una sentencia es tan trascendental el tipo básico como todas las circunstancias genéricas y específicas de agravación que inciden en la dosificación de la pena.
Desde entonces, la Sala ha concebido que el entendimiento acerca de los aspectos vinculados a las agravantes específicas consideradas en un caso concreto o respecto de las circunstancias de mayor o menor punibilidad aplicadas por el fallador, constituyen tema debatible en sede de revisión.
Dicho criterio jurisprudencial sin duda influyó en la redacción de esta causal de revisión dentro de la Ley 906 de 2004, artículo 192-7, que a la letra señala:
“ART. 192.—La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad” (se destaca).
Como se observa, la existencia de causales de revisión que involucran aspectos de puro derecho es representativa de la tendencia legislativa y jurisprudencial de reconocer en esta acción un mecanismo apto para remediar errores protuberantes de la sentencia en firme, capaces de afectar la verdad allí declarada como culminación del proceso penal, no necesariamente vinculados a aspectos fácticos ignorados al tiempo de los debates, como acontece precisamente con los yerros acaecidos en el proceso de dosificación punitiva, cuando fruto de ellos se somete al sujeto pasivo de la acción penal a un castigo de mayor entidad del que en estricto derecho le correspondía.
Ello porque, frente a errores como los acabados de mencionar, ni el juez a quien corresponde ejecutar la pena, ni mucho menos la Corte como tribunal de revisión, pueden hacer la ficción de que tales vicios no confrontan la justicia misma del fallo, ni abstraerse de la evidente vulneración de garantías fundamentales que de ese modo se conculcan, por manera que corresponde a unos y otra proveer la solución jurídica con miras a procurar la reparación del daño inflingido y, con ello, la restauración del orden jurídico.
2. El carácter vinculante de la interpretación legal que con criterio de autoridad efectúa la Corte Suprema de Justicia.
Corresponde a la Corte Suprema de Justicia como órgano máximo de la jurisdicción ordinaria, hacer efectivo el derecho material procurando el respeto de las garantías fundamentales, misión general dentro de la cual se inscribe la atinente a unificar la jurisprudencia nacional, con miras a la construcción de un sistema cohesionado que traduzca en criterios generales de aplicación de la ley y en pautas acerca de su contenido y alcance.
En este sentido, tiene dicho la Sala(9) que los jueces de la República, sin excepción, se hallan ligados al precedente judicial unificado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las materias de su competencia, el cual se torna vinculante pues este además de constituirse en criterio de la actividad judicial con fuerza normativa, extiende sus alcances y sus proyecciones al postulado de imperio de la ley válida.
De dicha fuerza normativa se ha ocupado la jurisprudencia constitucional, reconociendo cómo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia viene a constituir un “(...) derecho de los ciudadanos a que las decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico”(10), precisándose además que el respeto al precedente de esta corporación se impone en aras de,
“(...) proteger múltiples bienes constitucionales que se verían vulnerados si se extendiera el alcance de la autonomía judicial a un grado tal que permitiera el desconocimiento de dichas actuaciones. Entre ellos, la vigencia del principio de igualdad, en sus variantes de igualdad ante la ley, en la aplicación de la misma e igualdad de protección y trato por parte de las autoridades (C.P., art. 13) que compele a los funcionarios judiciales a decidir con los mismos parámetros casos similares, so pena de alterar el deber de imparcialidad al que se hizo referencia y afectar así la efectividad de los derechos fundamentales constitucionales, materializada en las decisiones de los órganos jurisdiccionales.
Igualmente, el respeto al precedente es presupuesto necesario para garantizar la seguridad jurídica, postulado que permite la estabilidad de la actividad judicial, permitiendo con ello que los asociados tengan cierto nivel de previsibilidad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y, de este modo, se asegure la vigencia de un orden justo. La realización del principio de seguridad jurídica, además, está relacionada con la buena fe (C.P., art. 83) y la confianza legítima, en el entendido que las razones que llevan a los jueces a motivar sus fallos determinan el contorno del contenido de los derechos y las obligaciones de las personas, la forma de resolución de las tensiones entre los mismos y el alcance de los contenidos normativos respecto a situaciones de hecho específicas, criterios que hacen concluir que la observancia del precedente jurisprudencial constituye un parámetro válido para efectuar un ejercicio de control sobre la racionalidad de la decisión judicial(11).
De suerte que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, cuyo fin básico es desentrañar el sentido, alcances e incluso las limitaciones de la ley penal sustancial y adjetiva, se integra a ella para estructurar un todo que hace viable su aplicación a los casos concretos en pro de la justicia material, constituyendo así un notable aporte a la uniformidad interpretativa, en búsqueda de la seguridad jurídica y con la finalidad de que todas las autoridades judiciales,
“(...) ante situaciones fácticas similares resuelva bajo las mismas razones de derecho, salvo que se expongan razones suficientes y justificadas para apartarse de la decisión anterior(12).
Es en ese contexto que esta Sala ha precisado cómo la realización plena de la seguridad jurídica impone a los jueces una doble limitante: “(...) (i) el respeto al precedente jurisprudencial y (ii) la observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica propia de la labor judicial”(13).
Lo anterior para recalcar que, una vez definido un tema jurisprudencial por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su funciones, ese criterio es aplicable intemporalmente para todos los supuestos de hecho que se enmarquen dentro del ámbito de cobertura de la norma interpretada por la corporación, sin que a esa hermenéutica sean oponibles otras opiniones doctrinales, por plausibles que sean, bajo las que se resolvió el problema jurídico, so pena de asistematizar la función unificadora de la Corte como tribunal de casación(14).
Precisamente, la fuerza vinculante del precedente uniforme de esta Sala en cuanto tiene que ver con el ámbito de aplicación de los incrementos punitivos previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, fue materialmente desconocido en la sentencia de segunda instancia cuya revisión se reclama.
En efecto, el referido tema ha sido constantemente abordado por esta Sala, siendo del caso recordar cómo desde la sentencia de casación del 1º de junio de 2006(15) se precisó:
“(...) el incremento punitivo generalizado dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 para ‘los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal’ de una tercera parte en el mínimo y de la mitad del máximo, solo encuentra justificación dentro del sistema penal acusatorio implantado por la Ley 906 de 2004, esto es, para aquellos distritos judiciales en los cuales haya entrado a operar gradualmente dentro del territorio nacional, tal como así lo establece el artículo 530 de esta última ley.
Para llegar a tal conclusión, la Sala examinó el contenido de los debates que precedieron a la aprobación de la Ley 890 de 2004 al interior del Congreso de la República (PL 251 de 2004 en la Cámara y 01 de 2003 en el Senado), en donde se concluyó fundamentalmente que por virtud de los mecanismos de negociación y preacuerdos estipulados en el nuevo sistema, resultaba indispensable incrementar las penas establecidas en la Ley 599 de 2000 para permitir un ‘margen de maniobra a la fiscalía’ e imponer penas que ‘guarden proporción con la gravedad de los hechos’.
En ese orden de ideas, el aumento generalizado de penas dispuesto en el artículo 14 de la aludida normatividad está supeditado, como se indicó en la providencia por cuyo medio se inadmitió la demanda de casación, a que en los respectivos distritos judiciales haya entrado a operar el sistema penal acusatorio, de acuerdo con las pautas establecidas en el referido artículo 530 de la Ley 906 de 2004”.
El precedente mencionado viene reiterándose desde aquella fecha(16), incluso a través de la casación oficiosa de sentencias de segunda instancia proferidas por el mismo Tribunal Superior de Cali en las cuales se verificó la aplicación indebida de los incrementos de pena previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, respecto de hechos acaecidos cuando en ese distrito judicial aun no había entrado a operar el sistema penal acusatorio(17).
Tal defecto es el que se advierte en la sentencia proferida por ese mismo tribunal de Cali en contra del señor XXX, toda vez que allí, sin alusión alguna al precedente uniforme de la Sala, se dijo:
“(...) Para determinar la sanción, el juez de instancia inició fijando la pena para uno de los delitos de homicidio teniendo como límites punitivos los establecidos en el artículo 103 sin las modificaciones introducidas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 (...) el cual para la fecha de los hechos, octubre de 2005, ya estaba en plena vigencia, tal como lo establecía la misma ley en el artículo 15.
Por esta razón y como quiera que en el presente no aplica la prohibición de la reformatio in pejus, como antes se señaló, la Sala fijará la pena entre trece (13) años aumentados en la tercera parte y veinticinco (25) años aumentados en la mitad, conforme lo establece la ley, es decir, entre 208 y 450 meses”.
En tales condiciones, la corrección de ese criterio interpretativo del que deriva un trato evidentemente inequitativo e injusto, es posible proveerlo a través de la acción de revisión, según se precisó en párrafos precedentes, a fin de restaurar el orden jurídico quebrantado y hacer efectivas las garantías fundamentales de igualdad y seguridad jurídica.
Por lo expuesto la Sala revocará la decisión recurrida, por cuanto el problema jurídico que subyace en la sentencia ejecutoriada que se profirió en contra de XXX, impone un pronunciamiento de fondo de la Corte, con miras a revisar y corregir, con criterio de autoridad y como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, la pena que le fue impuesta en la sentencia de segunda instancia.
Ello porque frente a la tensión que pudiera surgir entre el carácter rogado de la acción de revisión, que impone como obligación del accionante acreditar en debida forma los requisitos de la demanda so pena de su inadmisión y la necesidad de restablecer la justicia misma del fallo en punto a la correspondencia que debe existir entre la pena impuesta y los delitos objeto de la condena, se hace necesario de modo excepcional dar por superados los defectos que el libelo introductorio acusa, en orden a proveer una concreta solución frente al error objetivamente advertido.
De esa manera, con el fin de verificar la situación de evidente injusticia atrás precisada, se admitirá la demanda de revisión presentada a nombre del condenado XXX, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali del 5 de junio de 2008, con la cual lo condenó a la pena principal de 177 meses de prisión por los delitos de homicidio en concurso homogéneo y porte ilegal de armas de defensa personal.
Por tanto, se solicitará al Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali que remita el expediente completo radicado con el Nº 2007-00156-00, que se siguió en contra del sentenciado XXX.
1. Reponer la providencia objeto de impugnación, mediante la cual la Corte inadmitió la demanda de revisión interpuesta en nombre del sentenciado XXX.
2. Admitir, en consecuencia, la demanda referida.
3. Solicitar al Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali que remita el expediente completo radicado con el Nº 2007-00156-00, que se adelantó en contra del sentenciado XXX.
4. Notificar a los no demandantes, conforme al artículo 223 de la Ley 600 de 2000.
Magistrados: María del Rosario González de Lemos, Comisión de servicio—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez, salvamento de voto—Alfredo Gómez Quintero, salvamento de voto—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés, salvamento de voto—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz.
Con el respeto que siempre he profesado por las decisiones de la Sala, estimo necesario salvar el voto respecto de lo determinado en este asunto, como quiera que observo completamente adecuado a derecho y a lo que la normatividad procesal consagra, el auto del 3 de diciembre de 2009, por medio del cual se inadmitió la demanda de revisión promovida por la defensora de XXX, la cual ha sido objeto de reposición.
En efecto, en la providencia revocada la Sala concluyó, acertadamente, que procedía el rechazo de la demanda, tras considerar manifiesto el incumplimiento de los presupuestos de admisibilidad previstos en el artículo 222 de la Ley 600 de 2000, dado que la accionante no logró evidenciar de manera clara y precisa los fundamentos fácticos y jurídicos del motivo de revisión aducido, esto es, la causal 6ª del artículo 220 ibídem, “relativa al cambio jurisprudencial del criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria”.
Ahora la Corte, a pesar de reconocer que en la sustentación del recurso, la demandante no es consecuente con la causal aducida, y además trae a colación temas extraños, referidos ellos a la valoración probatoria, estima que “ha sido alertada” acerca de la indebida aplicación del incremento de penas consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, respecto de un delito perpetrado en la ciudad de Cali, antes de que allí fuera implementado el sistema penal acusatorio, lo cual contraría la postura interpretativa que ha trazado frente a dicha materia.
Por lo anterior, consideró la Sala, es procedente la revisión en este asunto, “donde surge evidente la injusticia de la pena irrogada al procesado”, lo cual no puede limitarse por el rígido examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda, en tanto que, dicha acción constituye un instrumento a través del cual se pretende, precisamente, la realización plena del valor “justicia”.
Así, luego de hacer unas precisiones generales sobre la acción de revisión como instrumento reparador de injusticias manifiestas y el carácter vinculante de la interpretación legal que con criterio de autoridad efectúa la Corte Suprema de Justicia, la Sala toma la decisión de revocar el auto impugnado, para en su lugar admitir la demanda de revisión presentada a favor de XXX.
Ahora bien, aunque considero plausible que la Sala propenda por la realización del valor “justicia”, estimo que también debieron ser tenidos en cuenta otros principios que igualmente se encuentran en juego, a los cuales me referiré a continuación, para sustentar el salvamento de voto.
Un primer punto a dilucidar refiere a las diferencias entre la casación y la revisión, abordando al tiempo el estudio de los principios de legalidad, taxatividad y cosa juzgada.
En efecto, respecto del recurso de casación y la acción de revisión, la jurisprudencia nacional ha insistido en que si bien ambos son medios extraordinarios de impugnación, por medio del primero se cuestiona la juridicidad del fallo, es decir, la estricta observancia de la Constitución y la ley, en tanto que, en la segunda, se cuestiona la decisión judicial por cuanto la realidad allí declarada no corresponde a la verdad objetiva o real, debido al surgimiento de hechos nuevos que no se conocieron durante el trámite del proceso penal y que, indefectiblemente, inciden en ella.
Tiénese, entonces, que la casación es un recurso y la revisión una acción. Ambas son rogadas y técnicas —las demandas que los promueven no son de libre formulación—. La revisión, adicionalmente, una vez cumplidos los requerimientos de fundamentación, se convierte en un proceso de partes que requiere de todas las exigencias procesales y requisitos legales.
Además de lo anterior, la casación puede ser objeto de prescripción de las acciones penal y civil, habida cuenta que la sentencia no ha quedado ejecutoriada. En la revisión, por su parte, solo puede empezar a correr el término prescriptivo luego de iniciado el nuevo proceso o de la declaratoria de nulidad.
De otro lado, el recurso de casación puede ser interpuesto por cualquier de los sujetos procesales, quienes pueden atacar los aspectos penales o civiles del fallo.
En la acción de revisión, en cambio, la Sala ha hecho una diferenciación muy específica, puesto que el demandante, además ha haber sido reconocido durante el respectivo proceso, debe tener un interés jurídico.
En efecto, en la providencia del 31 de julio de 2009 (Rad. 30.983), esto dijo la Corte:
“Acorde con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 600 de 2000, son titulares de la acción de revisión los sujetos procesales que legalmente fueron reconocidos en la actuación procesal. Conforme a la enunciación que dicho código hace de los sujetos procesales, en el título lll, ellos son: el fiscal, el defensor, el procesado, el agente del Ministerio Público, la parte civil, el tercero incidental, y el tercero civilmente responsable.
A su vez, la Ley 906 de 2004, en el título IV apenas enlista como partes al fiscal, el defensor y el procesado; y como interviniente a la víctima; aunque en el título III, indudablemente se desarrolla la intervención del agente del Ministerio Público; todo lo cual corresponde a “la nueva arquitectura” de un proceso penal de tinte adversarial, básicamente conformado por dos partes enfrentadas, con limitadas actuaciones de los intervinientes”.
En conclusión, mientras en la casación el tema patrimonial puede abordarse directamente (sujeto a la cuantía), en la revisión debe demostrarse previamente el interés jurídico del accionante.
Ahora bien, las anteriores distinciones es necesario hacerlas, con el objeto de determinar que bajo el ropaje de la acción de revisión se encierra una manifestación controversial que al amparo de las causales de casación busca derruir la legalidad del fallo, puesto que, no se cuenta aquí con hechos nuevos que por su magnitud impliquen necesario derrumbar el principio de cosa juzgada.
En providencia del 24 de abril de 2008 (Rad. 28.581), con ponencia del suscrito, la Corte precisó que la acción de revisión no reviste un carácter subsidiario o alternativo, a la manera de entender que cualquier vicio del procedimiento, irregularidad sustancial, defecto probatorio o yerro de valoración judicial puede tener acomodo en el especial trámite, sea o no que ello hubiese sido alegado en sede de casación.
Todo lo contrario, estimó la Sala, en nuestra sistemática penal claramente se han diferenciado la acción de revisión y el recurso extraordinario de casación, dentro de una teleología, fundamentos y alcances completamente diferentes, que parten, en una distinción elemental, de que el segundo remite a decisiones no ejecutoriadas, al tanto que la primera, y de allí surge su especificidad, busca derrumbar el principio básico de la cosa juzgada.
De ahí que ambos comporten escenarios diferentes en punto de su trascendencia, pues, para decirlo en pocas palabras, en el recurso de casación se busca atacar la legalidad y certeza del fallo, al tanto que la acción de revisión propugna por discutir la justicia de la decisión y el principio de verdad material que ha de animarla.
En efecto, esto se dijo en esa oportunidad:
“Bajo estos parámetros de distinción, es claro que las causales de uno y otro mecanismo se distancian notablemente, precisamente porque cada una de ellas busca desarrollar su particular objeto.
Entonces, no es posible verificar pasible de atacar por la vía de la acción de revisión, aspectos atinentes a la legalidad del trámite procesal, así como tampoco emerge adecuado presentar en casación nuevos elementos probatorios que se encaminen a determinar la injusticia de lo decidido.
Y, si en ambos institutos es posible obtener decisión favorable en punto de la prescripción de la acción penal, ello no deviene de que exista una causal que hermane las disímiles finalidades que los animan, sino que, en el caso de la casación, es necesario declarar el paso del tiempo como fenómeno que impide proseguir con la actuación procesal —respecto de un asunto que, se releva, no ha sido cubierto por el manto de la ejecutoria—, generando, por contera, la incompetencia para que se continúe conociendo de él.
Sobre el tema analizado, ha dicho la Corte Constitucional, cuando de abordar el carácter de la cosa juzgada y el principio non bis in ídem se trata(18):
“Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que esta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado.
La acción de revisión tiene su propia connotación, pues no comporta un preciso y restringido juicio jurídico sobre la sentencia y sobre la legalidad del proceso, como sí lo hace el recurso de casación. Por tal razón la jurisprudencia ha expresado que estos dos institutos no pueden confundirse.
“De ahí que se haya afirmado que la casación tiene como objetivo "desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad", en tanto que "en la revisión, el objetivo es desvirtuar la presunción de verdad, que ampara la cosa juzgada; por ello en la revisión, no hay lugar, a considerar errores in iudicando, ni in procedendo, los que se enmarcan dentro de las causales de casación, ni vicios sobre las pruebas soportes de la sentencia, ora por falsos juicios de existencia, o de falsos juicios de identidad, o por errores de derecho por falsos juicios de legalidad. En la revisión, la controversia gira, entre verdad formal o verdad jurídica y la verdad real, o acontecimiento histórico realmente dado”(19).
Teniendo en cuenta que la revisión está llamada a modificar providencias amparadas por la cosa juzgada, es un mecanismo extraordinario que solo procede por las causales taxativamente señaladas por la ley. Es por ello que la jurisprudencia ha dicho que las causales previstas para su procedencia deben ser interpretadas en forma restrictiva(20). Por lo tanto, corresponde al legislador determinar cuáles son las posibles causales que podrán justificar privar de efectos una sentencia que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada.
En ejercicio de su facultad de configuración en esta materia, el legislador ha establecido en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal que la acción de revisión procede por seis motivos, en principio frente a sentencias condenatorias, con el fin de proteger preferentemente los derechos del procesado. Es así como expresamente lo consagró para las causales primera, segunda, tercera y sexta de la citada disposición. Respecto de las causales referidas en los numerales cuatro y cinco, cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero (num. 4º) y cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa (num. 5º), conviene aclarar que aunque para estas, si bien el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal no dispuso tal consagración de manera expresa, debe entenderse que la acción de revisión en estos casos opera, en principio, para la sentencia condenatoria, dado que el último inciso del artículo que nos ocupa consagra la procedencia de la acción de revisión por las mismas causales en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria”.
De igual manera, en la que ha sido reiterada y pacífica jurisprudencia, la Sala ha sostenido(21):
“La acción de revisión es un medio para conseguir la realización de la justicia y un mecanismo excepcional contra la inmutabilidad de la cosa juzgada por la ocurrencia de hechos y conductas contrarias a derecho que una vez configuradas, desvirtúan la oponibilidad de la sentencia en firme y la seguridad jurídica que le sirve de fundamento. Dentro de este contexto, la razón de ser del instituto es la de subsanar los defectos materiales de aquellas providencias que ponen fin al proceso penal tanto en la instrucción como en el juicio, proferidas en contravía de una recta administración de justicia, atendiendo al interés general de la verdad y de la justicia como forma de garantizar una convivencia pacífica y un orden justo para el conglomerado social.
Por lo mismo, no es un mecanismo para revisar la legalidad de la sentencia como sucede con el recurso de casación, sino la justicia en su dimensión positiva, para evitar que se condene a inocentes o se absuelva a los responsables.
Dadas sus especiales características, que como se dijo se dirigen a derruir la cosa juzgada, su ejercicio no solo debe someterse a las taxativas causales que para su prosperidad indica el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, sino que además requiere del aporte de medios de prueba serios, procedentes, idóneos y con suficiente grado de credibilidad y trascendencia para conducir a la rectificación del error que se enrostra a la providencia demandada, superando en ella la injusticia que el actor le adjudica”.
Pues bien, lo anotado en precedencia perfila inconcuso que el fundamento básico de la acción de revisión no lo es la definición de si el proceso se tramitó o no adecuadamente, o si se impuso la legalidad, o si las decisiones operaron inmutables, o en fin, todos aquellos aspectos de rango procedimental que regular o irregularmente perfeccionaron la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
Al efecto, cualquier discusión en torno de la forma en que se adoptaron las decisiones, necesariamente debió formularse en curso del proceso, sea a través de la postulación interna que allí se contemplaba o por vía de las impugnaciones, ya ordinarias, para hablar de los recursos de reposición y apelación, ora extraordinaria, como ocurre con la casación”.
En suma, cuando el proceso está amparado por la cosa juzgada, se asume completamente legal su tramitación y ya no es posible discutir la regularidad del trámite, simplemente porque la acción de revisión, dada su naturaleza excepcional, solo faculta derrumbarlo, como se vio, cuando se demuestra que la decisión atenta contra la justicia o se lleva de calle la verdad material.
Por ello, cualquiera sea la causal aducida en revisión, ella necesaria e indispensablemente debe estar nutrida de un sustrato material, pues, se reitera, no se vigila la legalidad del trámite, o mejor, la formalidad inserta en las decisiones allí contenidas, sino el contenido y efectos del fallo.
En este evento, es indudable que se pretende discutir un tema que atañe con la legalidad del trámite y que toca puntualmente con el aspecto punibilidad, referido a la aplicación de una norma que, de haber sido irregularmente aplicada por los juzgadores, ello era susceptible de atacarse por medio del recurso extraordinario de casación, aduciendo una violación directa de la ley sustancial.
Los argumentos de la Sala conducen, en consecuencia, a erigir una causal de revisión no contemplada en la ley, con lo cual se menoscaban, además de la garantía de la cosa juzgada, los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, los cuales constituyen elementos fundamentales del Estado de derecho, en el que las funciones públicas se ejercen a través de competencias y procesos con base en normas preexistentes ajustadas al orden constitucional vigente, marco dentro del cual toda actuación judicial debe adelantarse conforme con las leyes llamadas a regular el caso.
El principio de legalidad, vale decir, se formula sobre la base de que ningún órgano del Estado puede adoptar una decisión que no sea conforme a una disposición por vía general anteriormente dictada, esto es, que una decisión no puede ser jamás adoptada sino dentro de los límites determinados por una ley material anterior. Siendo ello así, constituye un imperativo constitucional la observancia del ordenamiento jurídico por todos los órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Es que, reitero, el principio de cosa juzgada no opera porque sí, sino en atención a que la actuación judicial no puede prolongar el debate ad infinitum, conscientes de que siempre será posible hallar una mejor verdad o, como aquí sucede, una que se entiende mayor visión de algo tan abstracto como la “justicia”.
Esa seguridad jurídica que se nutre del principio de cosa juzgada, es también un valor caro al sistema democrático de derecho y solo por excepción, conforme las causales taxativas instituidas por el legislador, es dable derrumbarlo.
En contrario, esa especie de activismo judicial innecesario, además de convertir en legislador al funcionario judicial, representa una suerte de imperio de quien, en determinado momento, tenga en sus manos el asunto, prevalido de que consulta mejor el concepto de justicia.
Cuando la misma Corte entiende que la intervención de otros organismos, e incluso la Corte Constitucional, en procesos fallados en casación por ella, representa indebida injerencia, dado que, de un lado, la máxima autoridad ordinaria ya se ha pronunciado, y del otro, el principio de cosa juzgada resulta inmodificable, no puede ahora controvertir su propia postura, solo porque es ella la que advierte la “injusticia”, para prolongar indebidamente un proceso que terminó de manera legítima y legal.
Es que, siempre será posible, dada la fina tesitura del valor “justicia”, decir que la intervención de la Corte es necesaria, no importa que con ello se pasen por alto esos principios del debido proceso, la cosa juzgada, la taxatividad, la igualdad y la seguridad jurídica, bajo el entendido que en determinado momento histórico y conforme el criterio de la mayoría, la verdad se halla de su lado.
Incluso, si se tratase de hilar delgado, siempre será posible negar las acciones de tutela contra decisiones judiciales, pues, ya podrá decirse que la acción de revisión “abierta” postulada por la Sala mayoritaria, constituye efectivo medio de defensa, en el entendido que cualquier vulneración de derechos fundamentales puede estimarse absoluta “injusticia”.
Así las cosas, insisto en que no es por vía de revisión que debe corregirse el supuesto yerro del juzgador, siendo claro que se trata de una irregularidad ocurrida al momento de la emisión de la sentencia y, concretamente, en el proceso de tasación de la pena.
Por ello, considero que debió dejarse incólume el proveído por medio del cual se rechazó el libelo de revisión.
(1) Cfr. folios 141 y ss., cuaderno Corte.
(2) Cfr. Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, citado por la Corte Constitucional en Sentencia C-680-98.
(3) Cfr. El descubrimiento de hechos o documentos desconocidos al momento de los debates o a la comprobación de la falsedad de aquellos que sirvieron de fundamento a la sentencia; asimismo se eliminó el requisitos de contar con sentencia por perjurio en contra del testigo falaz para abrir paso a la revisión, reemplazándolo por una fórmula que otorgaba discrecionalidad a la Corte en orden a evaluar dicha circunstancia y se consagró el derecho del injustamente condenado a la reparación pecuniaria por el Estado, siempre que no mediase culpa de su parte por inactividad en el recaudo de las pruebas que le favorecían o por el no ejercicio de los recursos de ley.
(4) Cfr. Anales de la Cámara de Representantes, serie 1º, Bogotá octubre 2 de 1909, Nº 53, representante a la Cámara Carlos Eduardo Restrepo.
(5) Cfr. En tal sentido véase, entre otras la obra de Fabio Calderón Botero, Casación y revisión en materia penal, que en punto a la finalidad de la revisión señala como ella “encuentra su motivo esencial en el profundo conocimiento de la naturaleza humana. El hombre como tal, por su innata imperfección, está propenso a cometer errores con sus semejantes. El juez es un hombre y puede, en efecto, equivocar sus decisiones. Por eso no es raro que la sentencia, como obra suya, resulte errónea. El reconocimiento de la falibilidad del juez hace de la revisión la más sobresaliente expresión de madurez de un pueblo. Solo por una decantada cultura jurídica se puede llegar a comprender la urgencia de un medio legal que permita remediar el agravio con un acto paralelo de justicia que restituya las cosas a su estado natural. Se podría pensar que estas razones, sustentadoras del recurso, atacan la fe de los asociados en la certeza de la justicia. Sin embargo, el mantenimiento de un fallo inicuo constituye factor de alarma social, de recelo y desconfianza en las instituciones. En cambio, la posibilidad de su remoción, por encima de todo criterio formalista, restablece el sentimiento de seguridad en las decisiones judiciales, porque las gentes saben que su inocencia está protegida contra los posibles desafueros de la administración de justicia”.
(6) Cfr. Corte Suprema de Justicia, auto del 31 de enero de 1974, también citado en la Sentencia C-680-98 de la Corte Constitucional.
(7) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos de octubre 14 de 1993, marzo 14 de 1994, febrero 26 de 1996, entre otros.
(8) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 30 de agosto de 2002, Radicado 16015.
(9) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 18 de noviembre de 2009, Radicado 29632
(10) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001.
(11) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-048 de 2007.
(12) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-048 de 2007.
(13) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de julio 11 de 2007, Radicado 26945.
(14) Cfr. Corte suprema de justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de Casación del 4 de septiembre de 2003, Radicación 13358.
(15) Cfr. Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Penal, Radicación 24890, criterio que dicho sea de paso ya había adoptado la Sala en diferentes fallos de tutela.
(16) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 21 de abril de 2007, Radicado 26065; 25 de marzo de 2007, Radicado 24986; 20 de junio de 2007, Radicado 25667; 6 de agosto de 2007, Radicado 24786; 23 de enero de 2008, Radicado 28871; 29 de julio de 2008, Radicado 27263; 17 de junio de 2009, Radicado 28199; 23 de agosto de 2009, Radicado 26602, entre otras.
(17) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias del 6 de junio de 2007, Radicado 24753; 6 de agosto de 2007, Radicado 27549, entre otras.
(18) Sentencia C-871 del 30 de septiembre de 2003.
(19) Sentencia C-252 de 2001.
(20) Sentencia C-680 de 1996. Fundamento 4.2.
(21) Auto del 22 de junio de 2005, Radicado 23.807.

References: artículo 222
 artículo 220
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 54
 artículo 192
 resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 530
 artículo 14
 artículo 530
 artículo 14
 artículo 103
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 223
 artículo 222
 artículo 220
 artículo 14
 artículo 221
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 220