Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/1996/Sguatemala28-96.htm
Timestamp: 2014-10-25 12:01:50+00:00

Document:
Hern�ndez Lima v. Guatemala, Caso 11.297, Informe No. 28/96, Inter-Am.C.H.R.,OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 406 (1997). Hern�ndez Lima v. Guatemala, Caso 11.297, Informe No. 28/96,
Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 406 (1997). INFORME N� 28/96
4.	Estando recluido en el Centro Preventivo de Detención de la Zona 8, el Sr. Hernández falleció el día 2 de mayo de 1993, al parecer por causa de un edema cerebral y de un ataque de cólera. Según los peticionarios, los empleados encargados de la asistencia médica en el centro de detención dieron tratamiento médico insuficiente. El Director en funciones autorizó que se le trasladara a un hospital pero dicho traslado no se realizó. 5.	La madre del Sr. Hernández sólo se enteró de su detención el día 6 de mayo de 1993 por informaciones de vecinos, y fue informada de la muerte e inhumación de su hijo al presentarse ese día al Centro Preventivo de Detención.
6.	Los peticionarios indican que en fecha 2 de mayo de 1993 el Juez de Paz Penal de Turno inició el proceso penal por la muerte de Juan Hernández Lima. El 5 de mayo de 1993 dicho proceso fue remitido al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Instrucción (causa 1346-93 of. 7o.). 7.	Gabriela de María Lima Morataya, madre de la víctima, se constituyó en formal acusadora en fecha 9 de julio de 1993 y solicitó que se practicaran las siguientes diligencias: 1) ampliación del informe del médico forense para establecer las causas que provocaron el edema cerebral del señor Hernández Lima, y si se usaron armas o instrumentos contundentes para ocasionarle dicho edema cerebral; 2) si existe tratamiento médico para evitar la muerte de una persona por la enfermedad del cólera; 3) establecer la negligencia o impericia en el tratamiento del señor Hernández; 4) que el juez solicitara: a) informe al Centro de Detención Preventiva de la Zona 18 para establecer los nombres del Director de dicho Centro, y si existe alguna ficha de la víctima; b) establecer los motivos por los cuales no se informó a los parientes de la víctima de su fallecimiento; c) quiénes proporcionaron tratamiento médico a la víctima, cuál fue el tratamiento que se le dio y por qué no se le trasladó a un centro hospitalario.
11.	El 27 de marzo de 1995, el Gobierno envió a la Comisión la respuesta a la última información proveída por los peticionarios en el caso. La Comisión envió a los peticionarios las partes pertinentes de esta comunicación el día 30 de marzo de 1995, solicitando que hicieran llegar sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno. La Comisión reiteró este pedido el 6 de octubre de 1995. 12.	El 11 de diciembre de 1995, se recibió en la Comisión una comunicación de los peticionarios en la cual se pidió prórroga para dar respuesta a la comunicación del Gobierno, explicando que los peticionarios habían tenido dificultades en recabar la información y pruebas necesarias por la resistencia de las cortes de Guatemala de suministrar la información relevante. La Comisión otorgó una prórroga de 30 días con carta de fecha 14 de diciembre de 1995.
14.	Los peticionarios respondieron en el caso el día 18 de diciembre de 1995, y las partes pertinentes de dicha comunicación fueron remitidas al Gobierno el día 20 de diciembre de 1995. 15.	El día 24 de enero de 1996, la Comisión recibió del Gobierno una solicitud de prórroga para contestar en el presente caso, la cual fue concedida el mismo día, otorgándosele un plazo adicional de 30 días. El Gobierno envió una comunicación a la Comisión el día 27 de febrero de 1996 en respuesta a la comunicación de los peticionarios del 18 de diciembre de 1995.
[e]n todo caso, tanto las autoridades penitenciarias como los encargados de salud de la prisión, son directamente responsables por velar por la integridad física de los reos dentro del penal, y el respeto de la dignidad humana de los reclusos. 19.	Por otro lado, se refirieron a la detención arbitraria de la que fue objeto la víctima. Los peticionarios alegaron que el Sr. Hernández Lima fue detenido en violación de la Constitución de Guatemala debido a que el artículo 11 prohíbe que personas que porten documento de identidad sean arrestadas por faltas o infracciones. Argumentaron que:
25.	Los peticionarios reiteraron que consideran aplicable la excepción del artículo 46 a la regla del agotamiento de los recursos internos. B.	Posición del Gobierno
33.	La Corte ha declarado que cuando los recursos internos "no son efectivos", se aplican las excepciones al requisito del agotamiento de dichos recursos. [1]La Comisión ha podido establecer que los recursos internos han sido y son completamente ineficaces para la protección de los derechos fundamentales comprometidos en el presente caso. Han transcurrido 33 meses desde que el Sr. Hernández Lima murió en detención y el proceso penal no ha avanzado en lo más elemental a pesar de que la madre de la víctima solicitó que se realizaran una serie de diligencias judiciales. El Gobierno de Guatemala no alegó ni demostró lo contrario. 34.	La Comisión ha señalado en el contexto de otros casos que "el Estado de Guatemala se ha demostrado incapaz y negligente de llevar a cabo la investigación y el debido proceso legal para dar con los responsables del acto delictivo." [2]
36.	La petición cumple con los demás requisitos de admisión y admisibilidad establecidos en los artículos 44, 46 y 47 de la Convención Americana y 31 y 32 del Reglamento de la Comisión.	37.	Asimismo, la Comisión observa que los peticionarios manifestaron, mediante comunicación de fecha 18 de diciembre de 1995, que descartaban la posibilidad de llegar a una solución amistosa en el presente caso. No existiendo la intención por parte de los peticionarios para entrar en un proceso de solución amistosa de conformidad con los artículos 48 y 49 de la Convención Americana, la Comisión considera agotada esta etapa.
38.	La Comisión considera que Guatemala ha violado su obligación de aportar la información solicitada en el presente caso. El Gobierno de Guatemala en sus comunicaciones a la Comisión en el presente caso expresa que "no puede acceder a informar de las investigaciones y/o diligencias practicadas de conformidad al artículo 314 del Código Penal Procesal vigente (Decreto 51-92) que regula `...todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños...'". Además, aún en su más reciente respuesta del 27 de febrero de 1996, el Gobierno no proveyó información sobre las diligencias realizadas en el proceso penal relacionado con el caso ni tampoco respondió a las preguntas específicas hechas por la Comisión en comunicación del 15 de diciembre de 1995 sobre el estado del proceso y las diligencias realizadas. 39.	La Comisión rechaza plenamente la posición del Gobierno cuando argumenta que no puede suministrar cierta información de acuerdo a leyes internas que establecen que la información es secreta. Primero, la Comisión considera que la cláusula del Código Procesal Penal referida no prohíbe al Gobierno suministrar la información requerida a esta instancia. El Gobierno, que sería responsable de proveer la información a esta Comisión, no es "extraño" al proceso penal que mediante su órgano jurisdiccional está llevando adelante; tampoco lo es la Comisión. 40.	Segundo, la Comisión recuerda al Gobierno que es un principio de derecho internacional bien establecido que las obligaciones internacionales contraídas por los Estados no pueden supeditarse o condicionarse a las disposiciones legales domésticas. [3]Guatemala ha contraído diversas obligaciones internacionales en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre dichas obligaciones está aquella contemplada en el artículo 48.1.a. de la Convención que establece:
La Convención, entonces, obliga a los Estados a entregar la información solicitada por la Comisión en el desarrollo de un caso individual. 41.	También es necesario señalar que la información requerida por la Comisión es aquella que le permita tomar determinaciones sobre un caso sometido a su conocimiento. Como ejemplo relevante de este tipo de determinaciones cabe mencionar el artículo 8.1 de la Convención en cuanto a la necesidad de establecer si una persona ha sido oída por un juez en un tiempo razonable, o el artículo 46.2.c. con base en el cual la Comisión debe determinar si existe un retardo injustificado en el trámite de los recursos internos. En el marco de la Convención Americana, reñiría con la lógica pensar que un proceso penal pueda permanecer indefinidamente en una "etapa confidencial" del procedimiento, y que por ello la Comisión se vea impedida de poder determinar si el plazo es razonable o justificado.
42.	Las autoridades públicas de un Estado --en cualquiera de las tres ramas del poder público -- deben interpretar las normas internas de manera que sean consistentes con las obligaciones internacionales, so pena de generar, por sus acciones u omisiones como agentes del Estado, la responsabilidad internacional del Estado por violación de las normas internacionales. Cualquiera que sea la interpretación de las disposiciones domésticas de Guatemala, éste debe atender la obligación de aportar información a la Comisión respecto del caso individual que se está tramitando. De lo contrario el Gobierno de Guatemala estaría infringiendo la Convención y perjudicando su defensa en el caso. 43.	La Corte ha señalado que la cooperación de los Estados es una obligación fundamental en el procedimiento internacional del sistema interamericano en los siguientes términos:
44.	En el presente caso, el Gobierno no ha contestado sobre los hechos denunciados y ha rehusado proporcionar información relacionada con las diligencias realizadas en el proceso penal llevado a cabo en Guatemala. De lo dicho por la Corte debemos concluir que el Gobierno de Guatemala no puede defenderse negándose a aportar evidencia necesaria para que la Comisión realice un adecuado análisis del caso. Por lo tanto, la Comisión considera que Guatemala está renunciando a aportar información adicional y a controvertir los hechos alegados por el peticionario. 45.	En vista de esta situación, la Comisión considera necesario aplicar la jurisprudencia de la Corte, la cual dice que "el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial". [5]
46.	Estima la Comisión que los hechos no se presumen ciertos por el mero hecho de que el Gobierno de Guatemala haya respondido en forma ambigua o elusiva en el trámite del presente caso, sino que debe realizarse un análisis de los hechos alegados a la luz de los criterios aquí establecidos. [6] Los peticionarios deben satisfacer, entonces, los requisitos de admisibilidad (que se encuentran cumplidos, según el análisis ya realizado), y los elementos mínimos de consistencia, especificidad y credibilidad en la versión de los hechos que se presentan, para que puedan presumirse como ciertos. 47.	La Comisión considera que la información aportada le permite evaluar la versión misma de los hechos presentada por el peticionario de acuerdo con lo prescrito por la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión. El peticionario presentó una versión detallada y consistente de los hechos, sustentándolos con documentos a los que logró tener acceso. Por ejemplo, dentro del expediente ante la Comisión constan el oficio de sentencia de arresto dictada contra el Sr. Hernández y el certificado de fallecimiento del mismo. Cuando el Gobierno proveyó alguna información en relación con el caso, no controvertió los hechos alegados por los peticionarios ni suministró información o pruebas que harían dudar de la credibilidad de los mismos.
51.	El derecho a la libertad personal se encuentra consagrado por el artículo 7 de la Convención Americana. Este artículo garantiza un derecho humano fundamental cual es la protección del individuo contra las interferencias arbitrarias del Estado en el ejercicio de su derecho a la libertad personal. [9] 52.	El artículo 7, párrafos 1, 2 y 3 establece:
59.	El Estado de Guatemala, como garante especial de estos derechos de los detenidos, debió alegar y sustentar adecuadamente que tomó las medidas necesarias para garantizar la vida y salud del Sr. Hernández Lima. El Estado no controvirtió lo alegado por los peticionarios ni presentó evidencia que demuestre que actuó razonablemente para prevenir la muerte del Sr. Hernández. 60.	El Estado guatemalteco, por consiguiente, cometió una omisión que violó su deber de garantizar la salud y la vida del Sr. Hernández Lima, si se toma en cuenta que la víctima estaba bajo su custodia, sin la posibilidad de acudir a sus allegados, a un abogado o a un médico particular y que por lo tanto el Estado ejercía un control completo sobre su vida e integridad personal. 61.	La Comisión considera que el peticionario ha sustentado en forma consistente y específica, y con los medios a su alcance, que al Sr. Hernández Lima no le fue garantizada su integridad personal y su vida por parte del Estado de Guatemala. Asimismo, y más importante aún, la Comisión ha establecido que el Estado no ha demostrado que actuó con la diligencia requerida para proteger la vida y salud de la víctima y que, por el contrario, se ha negado a aportar información relevante en el presente caso.
64.	El Sr. Hernández Lima gozaba de las garantías establecidas en el artículo 8.2 de la Convención. La falta por la cual fue procesado está contemplada en el Código Penal, y por ameritar bajo ciertas circunstancias la detención del imputado, es asimilable a un delito. [12] 65.	En efecto, de acuerdo con lo alegado por los peticionarios y según consta en el oficio de sentencia, en el presente caso el Sr. Hernández Lima no contó con la asistencia de un abogado defensor. El Gobierno de Guatemala no controvirtió lo expuesto por los peticionarios. En consecuencia, la Comisión considera que Guatemala violó las garantías judiciales del artículo 8.2 de la Convención.
70.	La Comisión considera que el derecho a un recurso consagrado en el artículo 25, interpretado en conjunto con la obligación del artículo 1.1 y lo dispuesto en el artículo 8.1, debe entenderse como el derecho de todo individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido violado --sea éste un derecho protegido por la Convención, la Constitución o las leyes internas del Estado--, de obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente, en la que se establezca la existencia o no de la violación y de que se fije, cuando corresponda, una compensación adecuada. 71.	De este modo, la víctima tiene derecho a obtener del Estado una investigación judicial que se realice "seriamente con los medios a su alcance . . . a fin de identificar a los responsables, [y] de imponerles las sanciones pertinentes".[16]
78.	Es evidente para la Comisión que la conducta de los agentes judiciales del Gobierno ha sido negligente. Han transcurrido 33 meses desde entonces sin que el proceso haya avanzado en lo más elemental. Por esta razón la Comisión considera que no es necesario entrar a evaluar la complejidad del caso, ya que la total inactividad de un proceso durante un período de 33 meses es suficiente para considerar que el plazo no es razonable y que la Sra. Lima no ha tenido acceso a un recurso rápido. 79.	Concluye la Comisión que el proceso judicial mediante el cual se determinarían los derechos de la Sra. Lima no se ha desarrollado de conformidad con los requerimientos de los artículos 8 y 25 de la Convención.
80.	La Comisión en su 92� Período Extraordinario de Sesiones aprobó, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, el Informe 22/96 referido al presente caso y por nota de 31 de mayo de 1996, lo transmitió al Gobierno de Guatemala con las recomendaciones de la Comisión, solicitando al Gobierno que informara a ésta sobre las medidas que hubiese adoptado para cumplir con las recomendaciones y para resolver la situación examinada, dentro de un plazo de 60 días. Por nota de 6 de agosto de 1996, el Gobierno de Guatemala comunicó a la Comisión su respuesta al Informe 22/96.
{12} Véase Corte Europea de Derechos Humanos, Caso DeWilde, Ooms y Versyp vs. Bélgica, Serie A, No. 12. {13} Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 174.

References: artículo 11
 artículo 46
 artículo 314
 artículo 48
 artículo 8
 artículo 46
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 50