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﻿ SENTENCIA 15660 DE JUNIO 29 DE 2001
SENTENCIA 15660 DE 29 DE JUNIO DE 2001
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. PAGO EXTEMPORÁNEO DE APORTES DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:MUERTE DEL TRABAJADOR, PRESTACIONES SOCIALES, ISS, SISTEMA DE PENSIONES, PROCESO LABORAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:357 DE SEPTIEMBRE DE 2001, PÁG.1624
Sentencia 15660 de junio 29 de 2001
PAGO EXTEMPORÁNEO DE APORTES DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR
Radicación 15.660
Bogotá, Distrito Capital, veintinueve de junio de dos mil uno
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango
Se resuelve el recurso de casación contra la sentencia dictada el 11 de julio de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
En lo atinente al recurso basta decir que ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, Blanca Omaira Saldarriaga Jiménez y sus hijos Juan Esteban y María Camila Botero Saldarriaga llamaron a juicio al Instituto de Seguros Sociales y a Diego Luis Botero Jaramillo para que fueran condenados a pagarles “la pensión de sobrevivencia en la cuantía que determine la ley” (fl. 4), las mesadas adicionales y los intereses de mora como los señala la Ley 100 de 1993.
Los demandantes fundaron sus pretensiones en el hecho de haber Álvaro Enrique Botero Rodríguez trabajado para Diego Luis Botero Jaramillo en el establecimiento de comercio “Granero Currulao” y en que aquél falleció el 27 de octubre de 1994, habiendo sido afiliado desde el 8 de marzo de ese año al régimen de seguridad en pensiones del Instituto de Seguros Sociales, el cual les negó la pensión de sobrevivencia porque el empleador se encontraba en mora de cancelar el pago de los aportes al régimen de seguridad social; pero, según ellos, “el codemandado celebró(sic) con el Instituto de los Seguros Sociales el pago de la totalidad de los aportes de los cuales se encontraba en mora, sin que la entidad haya manifestado expresamente que no asumía el pago de prestaciones causadas en el período de mora” (fl. 3).
Al contestar la demanda el Instituto de Seguro Sociales adujo en su defensa que el hecho de pagarse los aportes adeudados “no genera necesariamente la causación de la pensión de sobrevivientes, porque no basta el pago de la mora, sino que es necesario que se reúnan los requisitos que exige la ley para la causación de la prestación económica” (fl. 62) y que si el causante fue afiliado el 8 de marzo de 1994, como lo afirman los demandantes, y no pagó los aportes sino que se constituyó en mora y posteriormente saldó dicha deuda, “es preciso diferenciar dos situaciones, si la mora fue pagada con anterioridad a la muerte del causante, es decir con anterioridad al 27 de octubre de 1994, o con posterioridad a dicha fecha” (fl. 63), pues en la primera hipótesis tendría que asumir la prestación económica, ya que se darían los presupuestos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993; pero si la mora fue pagada con posterioridad a esa fecha, “quien tendría que asumir el reconocimiento de dicha prestación sería el empleador, quien incumplió con la obligación del pago oportuno de los aportes obrero patronales por pensiones” (ib.).
También el demandado Diego Luis Botero Jaramillo se opuso a las pretensiones alegando que era el Instituto de Seguros Sociales el que debía pagar la pensión, pues, según él, con Álvaro Enrique Botero Rodríguez “nunca existió una relación laboral, sino más bien una relación de tipo comercial (sociedad de hecho)” (fl. 84); aunque igualmente alegó que por encontrarse a paz y salvo con el Instituto de Seguros Sociales, como codemandado “no puede soportar la obligación de hacer el pago demandado” (ibídem).
Por sentencia de 23 de mayo de 2000 el juzgado condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a Blanca Omaira Saldarriaga Jiménez y los menores Juan Esteban y María Camila Botero Saldarriaga la pensión de sobrevivientes “a partir del 28 de octubre del año de 1994 a razón del mínimo legal, $ 98.700 correspondiéndole a la cónyuge supérstite el 50% y a cada uno de los hijos el equivalente al 25% de dicha prestación” (fl. 264) y “la suma de $ 12''813.827,88 por concepto de mesadas pensionales causadas del mes de junio de 1995 al mes de mayo de 2000 inclusive” (ib.). Al demandado Diego Luis Botero Jaramillo lo absolvió “de todos los cargos que le formulara la señora Blanca Omaira Saldarriaga Jiménez, en nombre propio y de los menores Juan Esteban y María Camila Botero Saldarriaga” (fl. 374).
Al conocer de la apelación del Instituto de Seguros Sociales el tribunal confirmó lo resuelto por su inferior, pues, según lo asentó en el fallo, “el empleador se puso a paz y salvo con los aportes en mora, y que por ende el señor Álvaro Enrique Botero Rodríguez, su trabajador, estaba cotizando, sin solución de continuidad para todos los efectos legales” (fl. 281), razón por la cual concluyó que este demandado purgó la mora y que, por ello, el Instituto de Seguros Sociales estaba obligado a pagar la prestación demandada, dado que los demandantes cumplen con los requisitos de ley, pues “resulta obvio que el causante Álvaro Enrique Botero Rodríguez, al momento en que le sobrevino la muerte, tenía cotizado el número de semanas requeridas por la norma antes transcrita para trasmitir el derecho a la pensión de sobrevivientes a quienes los reclaman en la demanda que le dio origen a este proceso” (fl. 282).
En la demanda con la que sustenta el recurso (fls. 24 a 30), que no fue replicada, el Instituto de Seguros Sociales le pidió a la Corte que case la sentencia del tribunal, para que convertida en tribunal de instancia, revoque las condenas proferidas por el juzgado y, en su lugar, lo absuelva “de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra” (fl. 26).
Con dicha finalidad le formuló dos cargos, en el primero de los cuales la acusó por la aplicación indebida de los artículos 12 del Decreto 2665 de 1989, 87 del Acuerdo 44 de 1989, 15, 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, 13 del Decreto 692 de 1994, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo, “todo ello en relación con los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo” (fl. 26).
Violación de la ley que dijo fue consecuencia de haber incurrido el tribunal en los siguientes errores ostensibles de hecho:
“1. No dar por demostrado, pese a estarlo, que el pago de los aportes en mora de los meses de julio a octubre de 1994, fueron realizados por el empleador Diego Luis Botero Jaramillo con posterioridad a la muerte de su trabajador Álvaro Enrique Botero Rodríguez, ocurrida el 27 de octubre de 1994.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que los pagos de los aportes en mora por parte del empleador Diego Luis Botero, significaba que el occiso Álvaro Enrique Botero Rodríguez “estaba cotizando, sin solución de continuidad para todos los efectos legales”.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el causante Álvaro Enrique Botero Jaramillo (sic), “al momento en que le sobrevino la muerte, tenía cotizado el número de semanas requeridas” para transmitir el derecho a la pensión de sobreviviente a quienes lo reclaman en la demanda que le dio origen a este proceso” (fl. 27).
Desaciertos que atribuyó a la apreciación equivocada de los documentos de folios 8 a 28.
Cargo para cuya demostración aseveró que de las pruebas que indicó como apreciadas el tribunal solamente concluyó que el empleador del trabajador fallecido le pagó lo que le adeudaba y se puso en paz y salvo con él, lo que significaba que ese trabajador estaba cotizando sin solución de continuidad para todos los efectos legales, pero no advirtió que esos pagos fueron realizados después de su muerte, hecho que lo relevaba de reconocer las prestaciones que fueron reclamadas durante el período en mora, de acuerdo con los artículos 12 del Decreto 2665 de 1988 y 87 del Acuerdo 44 de 1989.
Afirmó que el juez de alzada tampoco tuvo en cuenta que dichos pagos correspondieron a los aportes en mora de julio a diciembre de 1984 y como el fallecido trabajó entre el 8 de marzo y el 27 de octubre de ese año, día en que murió, “fácilmente se desprende que las cotizaciones válidas eran las comprendidas entre la fecha de su ingreso y el 30 de junio de 1994, lo cual arroja un resultado de 16.14 semanas, número que indiscutiblemente es inferior al exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993” (fl. 28).
Concluyó aseverando que de no haberse dado ese error, el fallador no habría concluido que al momento de morir Álvaro Enrique Botero Rodríguez tenía el número de semanas cotizadas que deban derecho a sus causahabientes a reclamar la pensión reclamada, a cuyo pago no estaba él obligado, pues “la debía y debe satisfacer el empleador” (fl. 28).
Tiene razón el recurrente cuando le atribuye haber apreciado erróneamente la prueba obrante a folios 8 a 28, pues de estos documentos distinguidos como “comprobante de pago en el ISS” surge con claridad que los pagos que hizo Diego Luis Botero Jaramillo a esa entidad fueron realizados en el año de 1995, esto es, después del fallecimiento de Álvaro Enrique Botero Rodríguez, quien, como lo tuvo por probado el tribunal, murió el 27 de octubre de 1994.
En efecto, el comprobante de pago de folio 8, repetido en los folios 9, 10 y 11 correspondiente a los “ciclos 9407-9407”, tiene como fecha el 12 de julio de 1995; el comprobante correspondiente a los “ciclos 9408-9408” de folio 8 vuelto, repetido en los folios 12, 13 y 14, está fechado el 15 de agosto de 1995, y aparece un sello de recibido por el Banco Central Hipotecario de esa misma fecha; el comprobante de folio 15, iterado en los folios 16 y 17, que hace referencia a los “ciclos 9409-9409”, es del 13 de septiembre de 1995 y presenta un sello de recibido del Banco Central Hipotecario fechado el 15 de ese mes; del comprobante de folios 18 vuelto, duplicado en los folios 19 y 20, resulta que el pago del “ciclo 9410-9410” se efectuó el 12 de octubre de 1995; el comprobante que obra a folio 21, repetido al 23, acredita que el pago del “ciclo 9411-9411” se hizo el 15 de noviembre de 1995, fecha en la cual fue recibido por el Banco Central Hipotecario; y del comprobante de folios 22 y 23 vuelto se desprende que el pago de los “ciclo 9412-9412” se realizó el 7 de diciembre de 1995.
Y si bien en la constancia del técnico administrativo de la sección financiera del Seguro Social de Urabá del 11 de enero de 1996 (fls. 24, 25 y 28) se indica que “Diego Luis Botero canceló aportes patrono-laborales adeudados por los ciclos 9407-9412” y “que se encuentra a paz y salvo con la institución hasta la fecha indicada”, de esa constancia no es posible deducir cuándo fueron efectuados los aportes correspondientes a esos ciclos, ni que ellos fueron pagados antes del fallecimiento de Álvaro Enrique Botero Rodríguez.
Por tal razón, se equivocó el tribunal cuando concluyó que “Álvaro Enrique Botero Rodríguez, su trabajador, estaba cotizando, sin solución de continuidad para todos los efectos legales” (fl. 281) y cuando asentó que “al momento en que le sobrevino la muerte, tenía cotizado el número de semanas requeridas por la norma antes transcrita para transmitir el derecho a la pensión de sobrevivientes” (ib.), pues, como se dijo, los comprobantes de pago atrás examinados prueban que los aportes de los meses comprendidos entre julio y diciembre de 1994 los pagó Diego Luis Botero Jaramillo en el año de 1995, cuando su trabajador ya había fallecido y que, por la misma razón, no estaba él cotizando cuando se presentó su deceso.
Y si Álvaro Enrique Botero prestó sus servicios desde el 8 de marzo hasta el 27 de octubre de 1994 y durante los meses de agosto a octubre no fueron efectuados aportes al sistema de seguridad social en pensiones, es claro que para la fecha en que murió no alcanzó a completar las 26 semanas de cotización exigidas por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para generar a sus beneficiarios el derecho a la pensión de sobrevivientes, como con acierto lo destaca la acusación.
Por lo expuesto, el cargo es fundado pues demuestra los desaciertos que le atribuye a la sentencia, la que, en consecuencia habrá de casarse.
Estando demostrado que debido al incumplimiento en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, para la fecha de su fallecimiento Álvaro Enrique Botero Rodríguez no contaba con 26 semanas de cotización, debe concluirse que el Instituto de Seguros Social no está obligado a reconocerle a sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes, razón por la cual, la Corte como tribunal de instancia revocará la condena impuesta por el juzgado décimo laboral del circuito de Medellín.
De otra parte, es claro que cuando Diego Luis Botero Jaramillo efectuó el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en el año de 1995 el riesgo para el cual fue asegurado su trabajador Álvaro Botero Rodríguez ya se había presentado, de tal manera que dichos aportes efectuados extemporáneamente no puede producir el efecto de generar para el Instituto de Seguros Sociales la obligación de asumir el pago de prestaciones que dejaron de estar a su cargo por no haberse cumplido con las exigencias legales para cubrir el riesgo de muerte, pues, desde luego, el sistema integral de seguridad social en pensiones está concebido para asegurar riesgos y contingencias bajo el supuesto del pago oportuno de las cotizaciones establecidas por la ley para financiarlo.
Admitir la posibilidad de que con el pago de cotizaciones realizado después de haberse presentado el riesgo o la contingencia respectiva, el sistema de seguridad social en pensiones deba otorgar las prestaciones señaladas en la ley, iría en contra de uno de los principios de la seguridad social como es el de la solidaridad y afectaría gravemente su estabilidad financiera, además de significar el absurdo de amparar riesgos ya presentados.
Y dado que la circunstancia de no haber alcanzado Álvaro Enrique Botero Rodríguez a cotizar el número de semanas exigidas por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para que el Seguro Social pudiese reconocer a sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes obedeció al incumplimiento de quien fuera su empleador al no pagar oportunamente las cotizaciones a las que se hallaba legalmente obligado, es a éste a quien corresponde reconocer esa prestación a Blanca Omaira Saldarriaga y a María Camila y Juan Esteban Botero Saldarriaga, de acuerdo con el criterio expuesto por la Corte al determinar las consecuencias de la omisión del empleador en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
Así lo explicó la Corte en la sentencia del 30 de agosto de 2000 (Rad. 13818), a la que corresponden los siguientes apartes:
“Una de las principales características de un sistema de seguridad social es la de corresponder a un régimen contributivo que supone la obligación de cancelar unos determinados aportes por parte de los vinculados al mismo.
Como ese postulado resulta esencial para el equilibrio financiero del sistema y su consiguiente viabilidad depende del recibo oportuno de las cuotas correspondientes, existe mucho celo en la exigencia de esa obligación y así se muestra claramente en la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, disposiciones en las cuales no solo se enfatiza en la obligación de pagar oportunamente los aportes sino que se establece un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento. Los artículos 17 y 22 de la citada ley, señalan el derrotero inicial de ese deber y ubican en cabeza del empleador la mayor responsabilidad frente a su cumplimiento en los casos de relaciones laborales subordinadas...
... Frente a ello, como no puede concebirse la pérdida del derecho pensional reclamado por la incuria de la empleadora responsable del pago de las cotizaciones, resulta necesario ubicar la situación en la previsión legal correspondiente y sobre el particular el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995, en forma concatenada con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 12 del Decreto 2665 de 1988, impone al empleador privado incumplido la obligación de responder por la pensión de sobrevivientes que se llegare a causar en el tiempo de desprotección de su trabajador.
Lo anterior significa que la obligada a responde por la prestación perseguida en este proceso es la asociación de copropietarios del edificio Marina del Rey en su condición de empleadora del fallecido señor Luis Eduardo García Pérez, quien, como desafiliado del sistema general de pensiones para el momento de su fallecimiento, no pudo completar el mínimo de semanas de cotización exigidas por la ley dentro del año anterior a la muerte para generar, con su deceso, la pensión de sobrevivientes que persiguen las demandantes. No incide en lo anterior, la circunstancia de encontrase el fallecido desvinculado laboralmente de la citada asociación para el momento de ocurrir su muerte, pues de todas maneras, de haber ésta cumplido con su obligación de cotizar, se hubiera consolidado el derecho perseguido que ahora se ve frustrado ante la entidad de seguridad social, por el incumplimiento de la que tuvo la condición de empleadora y, en tal condición, de responsable por el pago de las cuotas correspondientes, ahora necesarias para trasladar a Protección S.A. la obligación pensional debatida”.
Y en la anterior decisión no tiene incidencia que los demandantes y Diego Luis Botero Jaramillo no hayan apelado el fallo de primera instancia que lo absolvió de las pretensiones de la demanda, por cuanto que con ello no se estaría violando el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, como tuvo oportunidad de explicarlo en la sentencia del 29 de julio de 1997, (rad. 8978), en la que explicó:
“Sea lo primero aclarar que no le asiste la razón al apoderado de la demandada Fundiciones y Respuestos, S.A. “Furesa”, en el contenido del escrito presentado dentro del término de traslado del dictamen pericial (fls. 87-88), al argumentar que la Sala carece de competencias para dictar el fallo de instancia, por no haber apelado la demandante el de primera instancia y por tanto haberse conformado con él. Lo anterior porque, entendida la reformatio in pejus como la extralimitación de la jurisdicción determinada por el recurso interpuesto, haciendo más gravosa la situación del único recurrente, no se da en el caso bajo examen, pues el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil faculta para interponer el recurso de apelación a la parte que le haya sido desfavorable la sentencia; y como quiera que en el sub lite el fallo de primera instancia favoreció a la parte actora y a Fundiciones y Respuestos S.A. en ese momento procesal, en sentido estricto y en aplicación de este precepto, no existía en esos sujetos procesales perjuicio que les otorgara interés para recurrir.
Ahora bien, el recurso de apelación encuentra fundamento en el interés de quien lo ejercita, razón por la cual el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil prescribe que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al recurrente, disposición que se traduce en una importante restricción para los juzgadores de segunda instancia en la materia objeto de revisión, al no ser dado desmejorar la posición del recurrente. Pero frente a esta limitación, la misma norma contempla expresas excepciones, tales como “que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”; que ambas partes hayan apelado, que quien no apeló se haya adherido (sin consagración expresa en materia laboral) o que la materia de alzada sea una sentencia inhibitoria.
Significa entonces, que el principio prohibitivo de la reformatio in pejus no es de carácter absoluto, pues con él no se trata de evitar que se introduzcan enmiendas o correcciones accesorias a la sentencia de primer grado orientadas a subsanar yerros en que aquella incurrió, por lo que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, se admite que en determinados eventos el superior pueda modificar la parte no impugnada de una decisión, como acontece cuando con motivo de la reforma de la resolución recurrida es necesario hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla, situación que es la configurada en el sub judice.
Obsérvese que la providencia del a quo fue favorable totalmente a uno de los sujetos pasivos de la litis, por lo que no resulta lógico exigirle que haya apelado, puesto que en tales circunstancias es deber del superior examinar las razones expuestas por esa parte, la que desde la iniciación de la relación jurídico procesal sostuvo que el accidente correspondió a actos de responsabilidad exclusiva de la codemandada y así lo reiteró en el recurso de casación interpuesto, el cual tuvo prosperidad.
Al respecto conviene transcribir un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil—, del 23 de mayo de 1985, con ponencia del magistrado Humberto Murcia Ballén, que en lo pertinente, dice:
“...El principio prohibitivo de la reformatio in pejus consiste, pues, en que el superior que conoce de un proceso por apelación interpuesta por una de las partes contra la providencia que ha sido consentida expresa o tácitamente por la otra no puede, por regla general, modificarla o enmendarla, haciendo más gravosa para el apelante la situación procesal que para éste ha creado la providencia recurrida.
“Pero la anterior regla procesal no es verdad absoluta: excepcionalmente puede el superior modificar la parte no apelada de una decisión jurisdiccional, como cuando por la conexidad íntima de esa parte con la apelada se hace indispensable introducir modificaciones íntimamente relacionadas con la que resulta reformada (CPC, art. 357)””.
Sobre el mismo tema la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció en sentencia del 28 de abril de 1995 (rad. 7410), así:
“...Las motivaciones contenidas en la sentencia de primera instancia no obligan necesariamente al superior en aquello que favorezca al apelante único o a la parte en cuyo favor se surte la consulta, limitación de competencia funcional referida solamente a las resoluciones o decisiones adoptadas por el a quo, en la medida que la prohibición de reforma en perjuicio impide hacerle más gravosa la situación. Por ello, aunque en este proceso el juez de la causa tuvo a la demandada como empresa industrial y comercial del Estado y al demandante como trabajador oficial, el tribunal no estaba obligado a aceptar esas mismas conclusiones por la sola circunstancia de que la demandada no hubiese apelado, impugnación que además le estaba vedada a esa parte por ausencia de interés, puesto que el fallo de primer grado, totalmente absolutorio, le había sido favorable...”.
Por lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia en cuanto condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión de sobrevivientes demandada, para, en su lugar, condenar a Diego Luis Botero Jaramillo a pagarla en los mismos términos y condiciones ordenados en ese fallo, respecto del cual, como se dijo, los demandantes no manifestaron su inconformidad.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 11 de julio de 2000 por el Tribunal Superior de Medellín en el juicio que promovieron Blanca Omaira Saldarriaga Jiménez y María Camila y Juan Esteban Botero Saldarriaga contra Diego Luis Botero Jaramillo y el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto condenó a esta entidad al pago de la pensión de sobrevivientes y, actuando en sede de instancia, dispone:
1. REVOCAR los numerales 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, y 4.6 de la sentencia dictada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el 23 de mayo de 2000 y en su lugar CONDENAR a Diego Luis Botero Jaramillo a pagar a Blanca Omaira Saldarriaga Jiménez y a los menores Juan Esteban y María Camila Botero Saldarriaga la pensión de sobrevivientes, desde 28 de octubre del año de 1994, en cuantía de noventa y ocho mil setecientos pesos ($ 98.700), correspondiéndole el cincuenta por ciento a la cónyuge supérstite y a cada uno de los hijos el equivalente al veinticinco por ciento de dicha prestación.
2. CONDENAR a Diego Luis Botero Jaramillo a pagar a Blanca Omaira Saldarriaga Jiménez y a Juan Esteban y María Camila Botero Saldarriaga la suma de doce millones ochocientos trece mil ochocientos veintisiete pesos con ochenta y ocho centavos ($ 12.813.827.88) por concepto de las mesadas pensionales causadas desde el mes de junio de 1995 hasta el mes de mayo de 2000, que se distribuirá entre los demandantes en la misma proporción señalada en la condena anterior.
3. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia.
4. Las costas de la primera instancia serán a cargo del demandado Diego Luis Botero Jaramillo.
Sin costas en la segunda instancia y en el recurso extraordinario.
Rafael Méndez Arango—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Náder—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero.
Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 8
 artículo 31
 artículo 12
 artículo 350
 artículo 357
 resolución