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Timestamp: 2020-07-12 15:40:03+00:00

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Sentencia de Tutela nº 147/16 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 640955145
Sentencia de Tutela nº 147/16 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2016
PENSION GRACIA PARA EDUCADORES. REGIMEN APLICABLE. Los accionantes, un grupo de profesores del Departamento de Cundinamarca, obtuvieron el reconocimiento de su pensión gracia entre los años 1997 y 2011 por parte de la extinta Caja Nacional de Previsión Social. Entre los años 2013 y 2015, los docentes presentaron ante la UGPP (entidad que asumió el pasivo pensional de Cajanal), una petición de reliquidación bajo el entendido de que tenían el derecho a la misma por el sobresueldo del 20% reconocido por una ordenanza del año 1947. La entidad accedió a la pretensión de reliquidación junto al pago del retroactivo legal correspondiente. Posteriormente, la UGPP corroboró que los documentos allegados como soporte de la solicitud eran falsos y procedió a suspender el 100% del pago de las pensiones gracia. Los actores consideran que esta decisión vulneró sus derechos fundamentales, porque la suspensión de la prestación no fue debidamente notificada y se adoptó de forma repentina y arbitraria. En sede de revisión la Sala constató que a los peticionarios los habían incluido nuevamente en la nómina de la entidad, pero detectó que a todos les están aplicando un descuento sobre su mesada de pensión gracia original, es decir, la que equivale al valor no reliquidado. Se aborda la siguiente temática: 1º. Elementos generales de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. 2º. El concepto de perjuicio irremediable. 3º. La carencia actual de objeto por hecho superado. 4º. La temeridad en la acción de tutela. 5º. El régimen de la pensión gracia y las herramientas de la administración pública para combatir irregularidades en el reconocimiento de prestaciones en el Sistema de Seguridad Social y, 6º. Alcance y contenido de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo; a la seguridad social y al mínimo vital, éste último como concepto cualitativo o multidimensional. Luego de analizar cada caso en concreto se toman las decisiones pertinentes, las cuales oscilan entre declarar la carencia actual de objeto por hecho superado o la improcedencia de la acción de tutela: Así mismo, la de ordenar a la accionada de suspender de manera inmediata los descuentos que se aplican a la pensión gracia y que resultan superiores a aquellos que se efectúan para el pago de seguridad social o, negar el amparo solicitado por existir temeridad.
Sentencia T-147/16
Referencia: Expedientes T-5.209.992; T-5.210.009; T-5.210.013; T-5.210.031; T-5.210.101; T-5.210.121; T-5.210.169; T-5.212.637; T-5.212.640; T-5.215.512; T-5.218.248; T-5.218.357; T-5.218.385; T-5.218.386; T-5.232.964; T-5.232.992; T-5.233.121; T-5.233.145.
Acciones de tutela interpuestas en forma independiente por N.C.C., R.E.L. de Borbón, M.E.P.P., M.S.A.P., I.M.B.P., H.G.R., J.E.C.M., L.A.A.G., A.S.V. de Cabanzo, B.L.G. de R., G.C.T., E.M. de M., R.M.V. de U., Blanca Lucía A.U., A.C.T.B., S.M. de Rojas, T.E.C. y E.J.L.D. contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Asunto: Régimen de la pensión gracia para educadores; debido proceso administrativo; contenido y alcance del derecho fundamental al mínimo vital.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados J.I.P.P. y J.I.P.C. y por la magistrada G.S.O.D., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos dictados por los respectivos jueces de instancia, dentro de los asuntos identificados en la referencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991. La Sala Once de Selección de Tutelas, mediante auto del 12 de noviembre de 2015, resolvió seleccionar para su revisión los procesos ya identificados, y por presentar unidad de materia, ordenó acumularlos entre sí para ser fallados en una misma sentencia.
Por el número considerable de casos, y para una mejor comprensión, la presente sentencia está dividida en cuatro grandes capítulos. En un primer capítulo, se presenta un recuento detallado de los hechos de cada caso y de los fallos de instancia a revisar. Asimismo, se incluye una relación de las pruebas recaudadas por el despacho de la Magistrada ponente durante el trámite de revisión. En el segundo acápite, se desarrollan las consideraciones y fundamentos constitucionales de la Sala para analizar todos los casos, ya que por unidad de materia han sido acumulados. En la tercera sección, se expone el análisis concreto de cada expediente. Finalmente, a manera de conclusión, se presentan las decisiones adoptadas.
Los accionantes, un grupo de profesores del Departamento de Cundinamarca, obtuvieron el reconocimiento de su pensión gracia entre los años 1997 y 2011 por parte de la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL). Sin embargo, entre el 2013 y el 2015 los docentes, por medio de apoderados judiciales, presentaron ante la UGPP –entidad que asumió el pasivo pensional de CAJANAL- una petición de reliquidación bajo el entendido de que tenían derecho a la misma por el sobresueldo del 20% reconocido por la Ordenanza 13 de 1947[1]. Para esos efectos, los apoderados de los docentes adjuntaron varios certificados laborales expedidos supuestamente por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Así, la UGPP procedió a reconocer la reliquidación respectiva en todos los casos junto al pago del retroactivo legal correspondiente. Posteriormente, la entidad accionada pudo corroborar a través de las autoridades departamentales que los documentos allegados por los abogados eran falsos por lo que procedió a suspender el 100% del pago de las pensiones gracia. Por estas razones, los peticionarios presentaron acciones de tutela por considerar que la decisión de la entidad vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso administrativo ya que indicaron que las decisiones de suspensión no fueron debidamente notificadas y se tomaron de forma repentina y arbitraria.
Ahora bien, para efectos de una mejor comprensión de la situación fáctica y los problemas jurídicos que le corresponde resolver a la Sala en esta oportunidad, se expondrán de manera individual los antecedentes de cada una de las acciones de tutela acumuladas, por existir elementos puntuales en ellas, que exigen su particular valoración. Así, primero se presentará un resumen general de las actuaciones desplegadas por el despacho de la magistrada sustanciadora durante el trámite de revisión de las tutelas y luego se resumirán los hechos de los casos.
Actuaciones realizadas en sede de revisión
En razón a la necesidad de obtener información suficiente para mejor prever, y en virtud del auto del 20 de mayo de 2014 y del artículo 170 del Código General del Proceso, la magistrada sustanciadora decretó la práctica de una audiencia de declaración de parte celebrada el 22 de febrero del 2015 en las instalaciones de la Corte Constitucional[2]. En la misma, la magistrada auxiliar comisionada para la práctica de la prueba[3], le preguntó[4] a los accionantes sobre sus fuentes de ingreso y el monto mensual de los mismos. Asimismo, también se indagó sobre las obligaciones económicas que ostentan en la actualidad y su condición médica. En el mismo auto, también se ofició a la UGPP para que informara sobre el estado actual de los peticionarios en la nómina pensional de la entidad[5]. De esta manera, a continuación se presentará un resumen particular de cada caso y de las pruebas correspondientes.
Expediente T-5.209.992
N.C.C., de 62 años de edad[6], señaló que mediante resolución No. 7887 del 2 de febrero de 2006 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por un valor de $1,251,611 pesos efectiva a partir del 21 de enero de 2004[7]. Asimismo, indicó que el 20 de enero de 2015 la entidad demandada reliquidó su pensión por nuevos factores salariales y fijó un nuevo monto pensional por un valor de $1,699,685 pesos[8].
La peticionaria manifestó que el 6 de julio de 2015, la entidad demandada le comunicó que iba a suspender a partir de ese momento el pago de la totalidad de la pensión gracia por una presunta falsedad en un certificado laboral que en su momento allegó para soportar su solicitud de reliquidación. Por esta razón, el 13 de agosto de 2015 presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión de esta entidad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo vital y a la seguridad social y solicitó mediante tutela ordenar a la UGPP restituir de manera inmediata los pagos de sus mesadas pensionales hasta que los jueces competentes determinen la veracidad sobre la presunta falsedad documental alegada por la entidad.
La UGPP, de manera extemporánea[9], se opuso a las pretensiones de la accionante al señalar que: (i) el 20 de enero de 2015, la entidad ordenó la reliquidación de la pensión gracia de la accionante por un valor de $1.699.685 por lo que se le reconoció un pago retroactivo de $15.719.853; (ii) el 10 de junio de 2015, la Directora de Personas de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca envió una comunicación señalando que el certificado laboral presentado por la educadora, y por el cual se le reconoció la reliquidación, era falso[10]; (iii) para la nómina del mes de julio de 2015, la Unidad procedió a dar una orden de no pago e inició un proceso de revocatoria directa contra la resolución de reliquidación; (iv) el 23 de julio del mismo año, la actora expresó su consentimiento para efectuar la mencionada revocatoria[11]; (v) mediante resolución del 20 de agosto de 2015, se revocó la resolución del 20 de enero de 2015 y se incluyó nuevamente a la peticionaria en la nómina de pago de la entidad descontando del retroactivo los valores superiores pagados por concepto de la reliquidación y el 50% de las mesadas pensionales futuras en caso de saldos pendientes en favor de la UGPP[12]; y (vi) no existe un perjuicio irremediable, ni mucho menos una afectación al mínimo vital, ya que actualmente la señora C.C. se encuentra percibiendo una pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)[13].
1.2. Decisión objeto de revisión
El 28 de agosto de 2015, en decisión de única instancia, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá negó la acción de tutela al considerar que la accionante fue debidamente notificada del inicio de un proceso de revocatoria directa contra la resolución de reliquidación por lo que no se puede concluir que existió una actuación arbitraria de la UGPP[14]. Por otra parte, le advirtió a la entidad que en el futuro debía contestar de manera oportuna los requerimientos judiciales y le solicitó enviar un informe detallado de las actuaciones desplegadas en el caso de la señora C.C..
1.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora C.C. no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[15]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y agosto[16]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.514.835 sobre la que se realiza un descuento del 50%[17].
Por otro lado, se tiene que la señora C.C. envió a la Corte Constitucional una comunicación, fechada el 19 de febrero de 2016, donde señala que “mi pretensión en la tutela que presenté, ya se cumplió por parte de la UGPP; por tal razón no creo conveniente seguir con este proceso”[18].
Expediente T-5.210.009
La señora R.E.L. de Borbón, de 59 años de edad[19], señaló que mediante resolución No. 21348 de 16 de mayo de 2007, se le reconoció una pensión gracia por una cuantía de $1,586,350 pesos[20]. Igualmente, manifestó que mediante resolución del 20 de diciembre de 2013 la entidad accionada ordenó la reliquidación de su mesada pensional[21] por lo que la misma quedó fijada en $1,907,243 pesos.
Sin embargo, el 25 de julio del 2015 la UGPP se abstuvo de pagar de manera oportuna la totalidad de la mesada ya que señaló que el certificado laboral aportado para la reliquidación era falso. Por esta razón, el 31 de julio del 2015, la actora interpuso una acción de tutela al considerar que la actuación de la administración vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso administrativo y en la que solicitó que se levantara la suspensión y se reanudaran los pagos ordinarios y reliquidados de su pensión gracia.
La UGPP, por fuera de término[22], se opuso a las pretensiones de la tutela al resaltar que: (i) el 20 de diciembre de 2013 se reconoció la reliquidación de la pensión gracia a favor de la accionante por un valor de $1.907.243; (ii) el 21 de julio de 2015 se ordenó la apertura de un proceso de revocatoria directa de dicha resolución como quiera que existen sospechas sobre la autenticidad de los documentos que sirvieron de base para reconocer ese beneficio[23]; (iii) el 31 de julio de 2015, la accionante mediante memorial escrito consignó su consentimiento para suspender la resolución de reliquidación[24]; y (iv) mediante resolución del 21 de agosto del mismo año se suspendió la resolución de reliquidación y se incluyó nuevamente a la peticionaria en la nómina de pago de la entidad descontando del retroactivo los valores superiores pagados por concepto de la reliquidación y el 50% de la mesada pensionada en caso de saldos pendientes en favor de la UGPP[25] por lo que se configuró la figura procesal del hecho superado.
2.2. Decisión objeto de revisión
El Tribunal Superior de Bogotá[26], mediante sentencia del 24 de agosto de 2015, amparó los derechos de la actora y ordenó que fuera incluida nuevamente en la nómina de pagos pensionales de la entidad pero sin incluir la reliquidación reconocida. Para llegar a esta conclusión, la Sala Laboral de la Corporación consideró que una actuación proporcional y ajustada al marco legal vigente no puede suspender la totalidad de la mesada sino solo aquella que está sujeta a sospecha como quiera que hay una duda sobre la autenticidad de los soportes presentados.
2.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora L. de Borbón no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[27]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y agosto[28]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.379.543 sobre la que se realiza un descuento del 50%[29].
Expediente T-5.210.013
La señora M.E.P.P., de 63 años de edad y quien al momento de presentar la tutela se encontraba en un proceso de quimioterapia ya que fue diagnosticada con un carcinosarcoma uterino (tumor maligno)[30], señaló que mediante resolución No. 26398 del 18 de noviembre de 2002 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por un valor de $903,247 pesos[31]. También señaló que el 30 de marzo de 2015 la UGPP le reconoció la reliquidación de su pensión y que el monto de la misma quedó fijado en $1,290,511 pesos.
Sin embargo, indicó que el 25 de mayo del mismo año la entidad suspendió el pago total de la mesada sin previa notificación alegando que los certificados laborales que aportó en la solicitud de reliquidación eran falsos. Por esa razón, el 24 de julio de 2015, la señora M.E.P.P., presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión que tomó la entidad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad social y al mínimo vital. Así, solicitó al juez constitucional levantar la suspensión del pago de su mesada pensional y reconocer de manera inmediata los valores adeudados.
La UGPP, de manera extemporánea[32], se opuso a las pretensiones de la accionante al señalar que: (i) para la nómina del mes de mayo de 2015 se dio una orden de no pago por cuanto se evidenció que el certificado laboral que los apoderados de la actora adjuntaron en su petición de reajuste pensional presentaban irregularidades ya que la Directora de Personas de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca envió una comunicación señalando que dicho documento era falso[33]; (ii) en razón de lo anterior, el 16 de junio de 2015 se inició un proceso de revocatoria directa de la resolución de reliquidación; (iii) el 2 de julio siguiente, la señora P.P. presentó un oficio donde se opuso a dicha actuación administrativa “hasta tanto se tenga certeza que los documentos expedidos por la Gobernación de Cundinamarca no corresponden a la realidad”[34]; (iv) mediante resolución del 30 de julio del mismo año, se revocó la resolución del 30 de marzo de 2015 y se incluyó nuevamente a la peticionaria en la nómina de pago de la entidad descontando del retroactivo los valores superiores pagados por concepto de la reliquidación y el 50% de las mesadas pensionales futuras en caso de saldos pendientes en favor de la UGPP[35]; y (v) existe temeridad en la acción de tutela ya que, por los mismos hechos y pretensiones, la peticionaria interpuso un amparo que fue negado el 7 de julio de 2015 por el Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá[36]; no existe un perjuicio irremediable, ni mucho menos una afectación al mínimo vital, ya que actualmente la señora P.P. se encuentra percibiendo una pensión de jubilación por parte del FOMAG[37].
3.2. Decisión objeto de revisión
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá[38], en sentencia de única instancia, declaró la improcedencia de la tutela al señalar que la accionante no probó encontrarse en un estado de indefensión o la configuración de un perjuicio irremediable ya que, aunque demostró que padece de cáncer, actualmente recibe el pago de otra pensión lo que desvirtúa cualquier afectación al mínimo vital. En ese sentido, para el Tribunal, la peticionaria puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, y a los mecanismos de suspensión provisional contemplados en la misma, para impugnar la actuación de revocatoria directa de la entidad.
3.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora P.P. no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[39]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de agosto de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre mayo y julio[40]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.308.873 sobre la que se realiza un descuento del 50%[41].
Por otro lado, el 4 de marzo del 2016, la Corte recibió una comunicación suscrita por D.M.C.P., hija de la actora donde, además de señalar que la accionante se encontraba hospitalizada en la Clínica Fundadores debido a que el cáncer que padece se encuentra en fase terminal[42], señaló que las fuentes de ingreso de la peticionaria “son sus dos pensiones (…) las mismas ascienden a $4.000.000”[43]. Con respecto a las obligaciones económicas indicó que las mismas se derivan de los gastos diarios asociados al sustento del hogar y a varias obligaciones bancarias pero no indicó el monto de las mismas[44].
Expediente T-5.210.031
La señora M.S.A.P., de 60 años de edad[45], manifestó que mediante resolución No. 39320 del 10 de agosto de 2006 la UGPP le reconoció una pensión gracia equivalente a $1,341,586 pesos[46]. De la misma manera, manifestó que el 28 de mayo de 2014 la entidad le reconoció una reliquidación pensional por lo que su mesada quedó tasada en $1,816,732 pesos. Sin embargo, sostuvo que el 25 de julio del 2015 la entidad suspendió la totalidad del pago de su mesada pensional ya que el día 22 del mismo mes inició un proceso de revocatoria directa por considerar que los certificados que aportó para sustentar su petición carecían de autenticidad.
Así. el 3 de agosto de 2015, la señora A.P., presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión que tomó la entidad de suspender los pagos de su pensión gracia vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad social y al mínimo vital. Por esta razón, solicitó al juez constitucional levantar la suspensión del pago de su mesada pensional y reconocer de manera inmediata los valores adeudados.
La entidad se opuso a las pretensiones[47] de la señora A.P. al manifestar lo siguiente: (i) el 28 de mayo de 2014 la UGPP reconoció la reliquidación de la pensión gracia de la accionante por un valor de $1.816.732; (ii) para el mes de julio del 2015 se dio la orden de no pago por cuando se evidenció que los documentos allegados para realizar el reajuste presentaban irregularidades, en particular la Secretaría de Educación de Cundinamarca envió un oficio donde se concluía que el certificado laboral aportado por la peticionaria era falso[48]; (iii) el 22 de julio de 2015 se dio apertura de un proceso de revocatoria directa contra la resolución de reliquidación, el cual fue notificado personalmente a la actora el 30 del mismo mes; y (iv) no existe vulneración al derecho al mínimo vital en este caso ya que la accionante, actualmente, se encuentra devengando una pensión concedida por el FOMAG[49].
4.2. Decisión objeto de revisión
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá[50], en sentencia de única instancia del 25 de agosto de 2015, amparó el derecho al debido proceso de la señora A.P. y ordenó que la UGPP la incluyera nuevamente en la nómina de pago sin incorporar la reliquidación disputada. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal manifestó que la suspensión de la pensión gracia no estuvo precedida de una decisión judicial o de una autorización expresa de la pensionada por lo que constituyó un acto que omitió respetar sus garantías procesales.
4.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora A.P. no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[51]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de septiembre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y agosto[52]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.381.071 sobre la que se realiza un descuento del 50%[53].
Asimismo, la accionante hizo llegar a la Corte un escrito radicado el 22 de febrero del 2016 donde indicó someramente que sus ingresos corresponden a su sueldo como docente por un valor de $2.688.226, a su pensión de jubilación por $2.001.000 y a su pensión gracia, descontada en la mitad, por $1.115.047 para un total de $5.804.273. Por otra parte, explicó que sus obligaciones económicas se derivan del sostenimiento de sus hijas ya que es madre cabeza de familia y del pago de un crédito de vivienda por un valor total de $63.150.000. Por último, señaló que no padece de ninguna enfermedad[54].
Expediente T-5.210.101
La señora I.M.B.P., de 55 años de edad[55], indicó que el 30 de mayo de 2011 CAJANAL le reconoció la pensión gracia por un valor de $2,137,310 pesos[56]. Posteriormente, el 6 de junio de 2014 la UGPP reliquidó la pensión por una solicitud de la peticionaria y estableció una nueva mesada de $2,375,213. Sin embargo, advirtió que la entidad suspendió el pago de la misma a partir del mes de julio de 2015 sin que existiera ningún acto administrativo que lo justifique.
Por esta razón, el 30 de julio de 2015, la señora B.P. interpuso una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión de la entidad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. En la misma, solicitó que se ordenara a la UGPP reactivar los pagos de su mesada de pensión gracia por el valor establecido con anterior a la reliquidación.
La entidad se opuso a las pretensiones porque: (i) el 6 de junio de 2014, la UGPP reconoció una reliquidación de la pensión gracia en favor de la accionante por y un retroactivo por concepto del reajuste por $15.133.237; (ii) en el mes de julio de 2015 se dio la orden de no pago de la pensión gracia debido a que tuvo conocimiento expreso sobre irregularidades en los documentos que la señora B.P. allegó a su petición de reliquidación, particularmente la Secretaría de Educación de Cundinamarca le informó a la entidad que el certificado laboral que la peticionaria aportó era falso[57]; y (iii) no existe perjuicio irremediable o una afectación al mínimo vital toda vez que la actora percibe un salario como docente[58].
5.2. Decisión objeto de revisión
En sentencia de única instancia del 14 de agosto de 2015, el Juez 8º Civil del Circuito de Bogotá negó por improcedente la tutela al considerar que: (i) no existe una vulneración al mínimo vital de la actora ya que actualmente devenga un salario; (ii) la suspensión de pago se encuentra ajustada a las reglas judiciales y jurisprudenciales sobre la materia; y (iii) la peticionaria cuenta con otros medios de defensa judicial, como la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, para controvertir la decisión de la administración.
5.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora B.P. compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[59]. En la audiencia, la actora manifestó que “la única fuente de ingreso que tengo es el salario que tengo como profesora activa y la pensión gracia. Soy profesora de la Institución Bolívar y tengo un ingreso neto de $2.866.699. La pensión gracia es de $2.476.000 pero mi ingreso tras descuentos es de $1.238.000. Los descuentos a mi pensión corresponden a la supuesta deuda con la UGPP”[60]. Frente a sus obligaciones financieras destacó que “contando con la pensión gracia quise adquirir un inmueble que tengo hipotecado (…) Las cuotas mensuales varían y oscilan entre $1.550.000 y $1.600.000. Adicionalmente mi hijo de 12 años depende de mi esposo y de mí. El sueldo de mi marido es de $1.200.000”[61]. Por último, frente a su estado actual de salud, indicó que estuvo hospitalizada hace un año por una infección urinaria[62].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y septiembre[63]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.643.6251 sobre la que se realiza un descuento del 50%[64].
Expediente T-5.210.121
6.1. Hechos
El señor H.A.G.R. indicó que el 19 de febrero de 2001, CAJANAL le reconoció una pensión gracia por un valor de $649,592 pesos[65]. Asimismo, advirtió que mediante resolución No. 8228 del 2 de marzo de 2015, la UGPP reliquidó la misma estableciéndola en $1.078.721 pesos. Con todo, señaló que sin previo aviso la entidad retuvo en el mes de mayo del mismo año el pago total de la respectiva mesada sin que mediara ningún acto administrativo.
Por estos hechos, el 30 de julio de 2015, el señor H.A.G.R. interpuso una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión de la entidad de suspender los pagos de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. En ese sentido, solicitó al juez de tutela que reanudara los pagos de la pensión gracia pero por el valor anterior a la reliquidación señalada.
De manera extemporánea la UGPP[66] se opuso a las pretensiones al indicar que: (i) mediante resolución del 2 de marzo de 2015, la entidad reliquidó la pensión gracia del accionante por un valor de $1.078.721; (ii) el 14 de mayo de 2015, la Secretaría de Educación de Cundinamarca envió un oficio a la entidad donde señaló que el certificado laboral aportado por el actor como soporte de su solicitud de reajusto era falso[67]; (iii) el 9 de julio del mismo año se inició el proceso de revocatoria directa contra la resolución de reliquidación la cual fue notificada personalmente al peticionario[68]; (iv) el 31 de julio del mismo año, se revocó la resolución del 2 de marzo de 2015 y se incluyó nuevamente al peticionario en la nómina de pago de la entidad descontando del retroactivo los valores superiores pagados por concepto de la reliquidación y el 50% de las mesadas pensionales futuras en caso de saldos pendientes en favor de la UGPP[69], y (v) no existe un perjuicio irremediable, ni vulneración al mínimo vital, ya que el actor actualmente percibe una pensión de jubilación de FOMAG.
6.2. Decisión objeto de revisión
En sentencia de única instancia del 24 de agosto de 2015, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá negó la acción de tutela al señalar que: (i) la actuación de la UGPP no fue arbitraria pues de las pruebas se tiene que el accionante conoció de la apertura del proceso de revocatoria directa; y (ii) no existe vulneración al mínimo vital ya que la pensión gracia no constituye el único ingreso del peticionario toda vez que éste goza de una pensión de jubilación.
6.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
El señor G.R. no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[70]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de septiembre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina al actor y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre junio y agosto[71]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente el peticionario goza de una pensión gracia de $1.601.227 sobre la que se realizó un descuento del 50% entre septiembre y diciembre. A su vez, para el mes de enero y febrero del 2016, según consta en el reporte aportado por la entidad, el descuento fue del 15%.
Expediente T-5.210.169
7.1. Hechos
El señor J.E.C.M., de 65 años de edad[72], señaló que 13 de diciembre de 2001 CAJANAL le reconoció una pensión gracia equivalente a $1,409,849 pesos. Indica que mediante resolución 321 del 6 de enero de 2015 la UGPP le reconoció la reliquidación de la pensión gracia y la fijó en $3,032,057 pesos[73]. Sin embargo, advirtió que el 25 de mayo del mismo año la entidad no realizó el pago de la totalidad mesada pensional aduciendo irregularidades en los documentos allegados para solicitar el reajuste. Con todo, indicó que la accionada no le notificó en ningún momento de una actuación formal donde se indicara las razones por las que se congeló el pago.
Por esta razón, el 26 de junio de 2015, el peticionario interpuso una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión de la entidad de suspender los pagos de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo vital y a la seguridad social. Así, solicitó la reanudación de los pagos de las mesadas pensionales adeudadas por la entidad.
La UGPP se negó a las pretensiones de la tutela al manifestar que: (i) el 14 de mayo de 2015 la Secretaría de Educación de Cundinamarca le informó a la entidad que el certificado laboral aportado por el accionante para justificar su solicitud de reajuste era falso[74]; (ii) no existe violación al mínimo vital ni perjuicio irremediable ya que el actor goza actualmente de una pensión de jubilación a través del FOMAG; y (iii) como quiera que desde un primer momento no se otorgó la reliquidación pensional, el 30 de junio de 2015 se archivó la actuación administrativa iniciada contra el actor por lo que para el mes de julio de 2015 el señor C. fue incluido nuevamente en la nómina de pagos.
7.2. Decisión objeto de revisión
En única instancia, el 12 de julio de 2015, el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá declaró el hecho superado por carencia actual de objeto, ya que se comprobó que el accionante fue incluido nuevamente en la nómina de la entidad.
7.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
El señor C.M. no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[75]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de julio de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina al actor y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre junio y agosto sin la reliquidación[76]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente el peticionario goza de una pensión gracia de $3.237.968 sobre la que se realiza en la actualidad un descuento del 50%[77] como quiera que la UGPP ordenó en la resolución de revocatoria directa descontar ese valor en razón de los valores adicionales que se alcanzaron a pagar en favor del señor M. mientras que su reliquidación de pensión gracia estuvo vigente.
Por otro lado, el peticionario envió un oficio a la Corte, calendado el 18 de febrero del 2016, donde señala que sus ingresos, sin los descuentos aplicados por la UGPP, ascienden a $5.400.911 y sus egresos a $812.602. También señaló que no padece de ninguna enfermedad[78].
Expediente T-5.212.637
8.1. Hechos
La señora L.A.A.G., de 61 años de edad[79], señaló que el 26 de enero de 2006 CAJANAL le reconoció una pensión gracia de $1,040,962 pesos[80]. También manifestó que el 1º de diciembre de 2014, la UGPP reconoció la reliquidación de su mesada y la ajustó a un valor de $1,420,355 pesos. Sin embargo advirtió que, sin previo aviso, la entidad suspendió el pago total de la misma en el mes de julio de 2015.
Por esta razón, la actora presentó una acción de tutela contra la UGPP el 28 de agosto del 2015. Señaló que la decisión de la entidad de suspender el pago de su pensión gracia, sin notificación ni previo aviso, constituyó una actuación que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la seguridad social y al mínimo vital. Por esta razón, solicitó que se reanudara el pago de su mesada pensional con anterioridad a la última reliquidación impugnada.
La UGPP se opuso a las pretensiones de la tutela señalando que: (i) mediante resolución del primero de diciembre de 2014 la entidad reconoció la reliquidación de la pensión gracia en favor de la actora por un valor de $1.420.355 y un retroactivo por $18.236.130; (ii) el 15 de julio del 2015, la Secretaría de Educación de Cundinamarca envió un oficio a la entidad donde señaló que el certificado laboral aportado por el accionante para solicitar el reajuste era falso[81]; (iii) el 31 de julio de 2015 la entidad ordenó dar apertura a un proceso de revocatoria directa que fue notificado personalmente a la señora A.G.[82]; (iv) el 1º de septiembre de 2015, mediante resolución, se revocó el acto que reconoció la reliquidación y se incluyó nuevamente a la peticionaria en la nómina de pago de la entidad descontando del retroactivo los valores superiores pagados por concepto de la reliquidación y el 50% de las mesadas pensionales futuras en caso de saldos pendientes en favor de la UGPP[83]; (v) no existe vulneración al mínimo vital ni perjuicio irremediable toda vez que la accionante percibe actualmente una pensión de jubilación del FOMAG.
8.2. Decisión objeto de revisión
El Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de única instancia del 15 de septiembre de 2015, amparó los derechos de la actora y ordenó restaurar los pagos de la mesada de la pensión gracia antes del reajuste objeto de la controversia. Asimismo, le advirtió a la UGPP que no podía volver a suspender el pago nuevamente sin que mediara una autorización judicial ya que la actuación de la entidad vulneró el derecho al mínimo vital de la peticionaria puesto que la suspensión parece ser de carácter indefinido con la que se afectó de manera repentina su ingreso.
8.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora A.G. compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[84]. En la audiencia, la actora manifestó que “mis fuentes de ingreso son mis pensiones, mi pensión gracia y la pensión de jubilación. La pensión de jubilación es de $1.700.000 y la de gracia es aproximadamente de $1.730.869. Este monto corresponde al valor anterior a los descuentos ya que por las dos me quitan el FOSYGA (sic)”[85]. Por otra parte, sostuvo que su núcleo familiar está compuesto por su esposo, quien actualmente se encuentra desempleado, y su hijo mayor de edad quien “no tiene ninguna profesión pues es adicto a las drogas y estoy pagando una mensualidad para una fundación”[86]. Frente a sus obligaciones económicas, señaló que además de las que se derivan de la atención de su hijo, debe pagar un arriendo mensual de $1.211.000 y una cuota mensual de $638.000 por un crédito de libre inversión que suscribió con la Cooperativa Cootradecum. Finalmente, señaló que debido al trabajo al aire libre que desempeñó como docente actualmente padece una discapacidad laboral del 96%, según el dictamen de la Junta Médica Laboral[87].
De otro lado, la UGPP informó durante el trámite de revisión del expediente que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y septiembre[88]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $1.848,049 sobre la que se realiza un descuento del 50%[89].
Expediente T-5.212.640
9.1. Hechos
La señora A.S.V. de Cabanzo, de 65 años de edad[90], señaló que el 21 de agosto de 2001 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por un valor de $454,685 pesos. Igualmente, señaló que mediante resolución No. 11194 del 20 de marzo de 2015 la UGPP aceptó su solicitud de reliquidación pensional y ajustó el monto de la misma a $657,601 pesos. Asimismo, manifestó que el 25 de mayo del mismo año la entidad suspendió el pago de su mesada pensional de manera indefinida sin que existiera un acto administrativo debidamente notificado.
Por estas razones, la actora presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión de la entidad de suspender los pagos totales de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso administrativo y a la seguridad social. Por esto, solicitó que se reanudaran los pagos de la pensión gracia por los montos ordinarios y reliquidados.
La UGPP controvirtió la tutela y argumentó que: (i) el 20 de marzo de 2015, la entidad reconoció la reliquidación de la pensión gracia en favor de la señora V. de Cabanzo por un valor de $657.601; (ii) el 14 de mayo de 2015 la entidad recibió una comunicación de la Secretaría de Educación de Cundinamarca que indicó que el certificado laboral aportado por la accionante para solicitar el reajuste era falso[91]; (iii) el 19 de junio de 2015 se dio apertura a un proceso de revocatoria directa contra el acto de reliquidación que fue notificado personalmente a la actora[92]; y (iv) la resolución de reajuste finalmente no fue incluida en la nómina de la entidad por lo que para el mes de agosto la actora fue incluida nuevamente en la misma por lo que no existe vulneración al mínimo vital, ni la configuración de un perjuicio irremediable además que, aunado a lo anterior, la peticionaria es actualmente beneficiaria de una pensión de vejez por parte del FOMAG.
9.2. Decisión objeto de revisión
El Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de única instancia del 16 de junio de 2015, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado al señalar que: (i) existen otro mecanismos ordinarios de defensa judicial para controvertir la decisión de la administración; y (ii) no se acreditó la vulneración de derecho fundamental alguno toda vez que la UGPP informó que procedió a reincorporar a la accionante en su nómina de pago para el mes de agosto de 2015 por lo que la suspensión no fue de carácter permanente.
9.3. Pruebas recaudadas durante el trámite de revisión
La señora V. de Cabanzo no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[93]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente a la actora en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre mayo y septiembre[94]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $1.248.273 sobre la que se realiza un descuento del 12%[95].
Expediente T-5.215.512
10.1. Hechos
La señora B.L.G. de R., de 64 años de edad[96], indicó que el 16 de julio de 2002 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por un valor de $868,144 pesos. Igualmente, manifestó que mediante resolución 557 del 8 de enero de 2015 la UGPP reliquidó la misma y estableció su nuevo valor en $1,201,444 pesos[97]. Sin embargo, advirtió que el 25 de mayo del mismo año la entidad suspendió el pago de la misma sin que existiera un acto administrativo debidamente notificado.
Por ello, el 26 de junio de 2015 presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión que tomó la entidad de suspender el pago de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso administrativo y al mínimo vital. Así, solicitó mediante tutela que se reanudaran los pagos ordinarios y reliquidados de su mesada pensional.
La UGPP contradijo la tutela señalando que: (i) el 8 de enero del 2015, la UGPP le reconoció la reliquidación de la pensión gracia a la actora por un valor de $1.201.444; (ii) para la nómina del mes de mayo la entidad dio orden de no pago toda vez que la Secretaría de Educación de Cundinamarca expidió un oficio en el que le informó que el certificado laboral adjuntado a la solicitud de reliquidación de la señora G. de R. era falso[98]; (iii) el 16 de junio del mismo año inició un proceso de revocatoria directa contra el acto administrativo que reconoció la reliquidación[99]; y (iv) no existe vulneración al mínimo vital ni perjuicio irremediable en la medida en que el actor percibe actualmente una pensión de jubilación por parte de FOMAG.
10.2. Decisión objeto de revisión
En sentencia del 10 de julio de 2015, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá negó por improcedente la acción de tutela al considerar que: (i) la peticionaria no acreditó que la pensión gracia que percibía constituía su ingreso exclusivo por lo que no existe un perjuicio irremediable que deba ser protegido por el juez de tutela; y (ii) la actora cuenta con otros medios de defensa judicial ordinarios para impugnar la decisión del actor.
El 16 de julio siguiente, la señora G. de R. impugnó el fallo señalando que la actuación de la UGPP fue arbitraria y desconoció su derecho al debido proceso administrativo. Así, en principio, le correspondió la segunda instancia a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, dicha Corporación, mediante auto del 3 de septiembre de 2015[100], declaró la nulidad de todo lo actuado por considerar que por virtud de lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000 la tutela debió ser conocida en primera instancia por el Tribunal toda vez que la UGPP es una entidad del orden nacional.
Así las cosas, en sentencia de única instancia del 18 de septiembre de 2015, la Sala Laboral del Tribunal negó la tutela al asegurar que: (i) la decisión de suspender los pagos de la pensión gracia se justificó en el deber que tienen las autoridades públicas de preservar los intereses económicos del Estado; y (ii) no se vulneró el mínimo vital ni se configuró un perjuicio irremediable toda vez que la peticionaria goza de una pensión de jubilación por parte del FOMAG por un valor de $2.079.627.
10.3 Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora G. de R. no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[101]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente a la actora en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre mayo y septiembre[102]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $1.766.742 sobre la que se realiza un descuento del 50%[103].
Expediente T-5.218.248
11.1. Hechos
La señora G.C.T., de 70 años de edad[104], indicó que el 1º de diciembre de 1997 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por un valor de $213,584 pesos[105]. Asimismo, manifestó que 29 de mayo del 2014 la UGPP ordenó la reliquidación de su mesada y se elevó la misma a $327,857 pesos. Sin embargo, señaló que a partir del mes de julio del 2015 la entidad accionada suspendió los pagos sin que, según la accionante, mediara un acto administrativo.
El 30 de julio de 2015, la actora presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión que tomó la entidad de suspender el pago de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social. Por esta circunstancia, solicitó que el juez de tutela reanudara los pagos establecidos antes de la reliquidación.
La UGPP se opuso a las pretensiones con los siguientes argumentos: (i) El 29 de mayo de 2014 se reliquidó la pensión gracia de la actora elevando el valor de la misma en $321.857 lo que llevó al pago de un retroactivo por $15.943.626; (ii) para la nómina de julio de 2015 se dio orden de no pago ya que la Secretaría de Educación de Cundinamarca le informó que el certificado laboral aportado por la accionante como soporte de su solitud de reajuste era falso[106]; (iii) de conformidad con lo anterior, el 29 de julio de 2015 se dio inicio a un proceso de revocatoria directa contra la reliquidación, el cual fue notificado personalmente a la accionante[107]; y (iv) no existe vulneración al mínimo vital ni la configuración de un perjuicio irremediable en la medida en que la señora Cañón Torres goza actualmente de una pensión de jubilación a través del FOMAG.
11.2. Decisión objeto de revisión
En sentencia de única instancia del 18 de agosto de 2015, el Juzgado Séptimo Civil de Bogotá negó la acción de tutela al señalar que: (i) la peticionaria no acudió al trámite interno de la UGPP para impugnar la decisión por lo que no se comprobó la idoneidad del amparo; y (ii) no se vulneró el derecho al mínimo vital ya que la accionante cuenta con un beneficio pensional de jubilación.
11.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora Cañón Torres compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[108]. En la audiencia, la actora indicó que “entre junio, agosto y septiembre se suspendieron los pagos pero en octubre me volvieron a incluir en la nómina pero con el 50% de descuento”[109]. También manifestó que debe cancelar mensualmente una cuota de $570,000 por concepto de un crédito de vivienda que adquirió con el fin de comprar una vivienda de interés social. Por último, manifestó que padece de algunos problemas de visión pero no presentó certificado médico que acreditará tal condición.
A su vez, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y septiembre[110]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $963.512 sobre la que se realiza un descuento del 12%[111].
Expediente T-5.219.357
12.1. Hechos
La señora E.M. de G., de 63 años de edad[112], señaló que el 22 de diciembre de 2003 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por un valor de $686,467 pesos[113]. De igual forma, indicó que la UGPP reliquidó el valor de la misma el 25 de marzo de 2015 y estableció un nuevo monto mensual de $925,787 pesos.. Sin embargo, advirtió que el 25 de mayo de 2015 la accionada suspendió el pago de su mesada sin previo aviso o acto administrativo alguno.
Por esta razón, presentó una acción de tutela contra la entidad accionada al considerar que la suspensión total del pago de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso administrativo. Por esto, solicitó que se reanudaran los pagos ordinarios y reliquidados de su pensión gracia.
La UGPP se opuso a las pretensiones de la señora M. de G. al indicar que: (i) el 25 de marzo de 2015 se reconoció la reliquidación de la pensión gracia de la accionante por un valor de $925.787; (ii) en el mes de mayo del mismo año se dio orden de no pago pues se corroboró, a través de un oficio enviado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que el certificado laboral presentado por la accionante como soporte de su solicitud de reajuste era falso[114]; (iii) el 17 de junio de 2015 se inició un proceso de revocatoria directa contra la resolución de reliquidación que fue comunicado personalmente a la actora[115]; y (iv) no existió vulneración al mínimo vital toda vez que la actora fue reincorporada a la nómina de la entidad el 25 de julio de 2015 y cuenta, además, con una pensión de jubilación por parte del FOMAG que no fue suspendida en ningún momento.
12.2 Decisión objeto de revisión
En sentencia de única instancia del 5 de agosto de 2015, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía tuteló los derechos de la actora y, además de ordenar el restablecimiento de los pagos pensionales dejados de percibir en los meses de mayo y junio por los valores anteriores al reajuste, conminó a la UGPP a que terminara el procedimiento de revocatoria directa en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la sentencia. Para llegar a esta conclusión, el juez señaló que la actuación de la administración no fue caprichosa ya que respondió a un evento de fraude, sin embargo la misma solo puede afectar la porción de la mesada afectada por el vicio ya que de otra manera se estaría vulnerando el derecho al debido proceso administrativo, al mínimo vital y a la seguridad social.
12.3. Pruebas recaudadas en sede de revisión
La señora G. de R. no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[116]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de julio de 2015 se incluyó a la actora nuevamente en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre mayo y junio[117]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $1.368.784 sobre la que se realiza un descuento del 50%[118].
Expediente T-5.218.385
13.1. Hechos
La señora R.M.V. de U., de 64 años de edad[119], señaló que CAJANAL le reconoció una pensión gracia de por $1,084,499 pesos el 26 de marzo de 2002[120]. Igualmente, señaló que la UGPP reliquidó su pensión y la fijó en $1,498,553 pesos el 27 de diciembre de 2013. Finalmente, manifestó que
sin previo aviso el pago fue suspendido en su totalidad en el mes de julio de 2015, pero que desconoce si su caso está incluido en dichas irregularidades.
La señora R.M.V. de U. presentó acción de tutela el 29 de julio de 2015 contra la UGPP por considerar que la decisión de la entidad de suspender el pago de su mesada de pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a debido proceso administrativo. Por esto, la accionante solicitó al juez de tutela reanudar los pagos de su pensión gracia por el monto anterior a la reliquidación.
La entidad accionada se opuso a la tutela e indicó que: (i) el 27 de diciembre de 2013, la UGPP reconoció la reliquidación de la pensión gracia de la actora por lo que se aumentó la mesada a un valor de $1.498.553 y se reconoció un pago retroactivo por la suma de $35.904.004; (ii) en el mes de julio de 2015 se dio orden de no pago ya que la Secretaría de Educación de Cundinamarca le informó a la entidad que el certificado laboral aportado por la actora como soporte a su petición era falso[121]; y (iii) no existió vulneración al mínimo vital ya que la actora goza de una pensión de jubilación a cargo del FOMAG.
13.2. Decisión objeto de revisión
En sentencia de única instancia del 13 de agosto de 2015, el Juzgado Promiscuo de Familia de Gachetá amparó los derechos fundamentales invocados por la accionante y ordenó a la UGPP que reanudara los pagos de la pensión gracia por el monto anterior a la reliquidación. Al llegar a esta decisión, el juez concluyó que: (i) la entidad accionada no observó los requisitos para revocar el acto ya que no es el resultado del silencio administrativo positivo y no se encuentra probado que el mismo fue obtenido mediante medios ilícitos; y (ii) la petición de la actora, que busca que se reanuden los pagos antes de la reliquidación, se entiende como un consentimiento expreso para revocar el acto que reconoció el reajuste pero no autoriza al Estado para suspender el pago de su mesada pensional de manera indefinida.
13.3. Pruebas recaudadas durante el trámite de revisión
La señora Valendia de U. compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[122]. Frente a la primera pregunta referida a sus ingresos mensuales, la peticionaria expresó que trabaja en una institución educativa en la zona rural de Gachetá por lo que recibe un salario mensual de $2.800.000. Además, advirtió que en estos momento no recibe la totalidad de su pensión gracia, indexada en $2.400.000, pues la UGPP descuenta el 50% de la misma. Por otro lado, manifestó que el juez de tutela en única instancia amparó sus derechos por lo que se le reconoció un retroactivo pero con el descuento antes señalado. Frente a sus obligaciones financieras destacó que está a cargo de una hija mayor de edad que no ha terminado sus estudios universitarios por lo que debe asumir sus gastos mensuales de manutención por un valor de $250.000 aproximadamente. También señaló que vive en arriendo y que tiene deudas con el Banco Popular, el Banco Agrario y la Cooperativa CANAPO por un total de $20.000.000. Frente a su estado de salud, señaló que padece una enfermedad vascular llamada F. y que, aunque inicialmente su EPS cubrió todos los gastos, por decisión personal decidió acudir a un médico particular por lo que asumió directamente el valor de una primera cita por $230.000.
Asimismo, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente a la actora en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre agosto y septiembre[123]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.541.907 sobre la que se realiza un descuento del 50%[124].
Expediente T-5.218.386
14.1. Hechos
La señora Blanca Lucía A.U., de 57 años de edad[125], indicó que mediante resolución 33088 del 17 de enero de 2011 CAJANAL le reconoció a su favor una pensión gracia por un valor de $2,174,216 pesos[126]. Por otra parte, manifestó que la UGPP reliquidó la misma y estableció una mesada de $2,540,908 pesos el 14 de noviembre de 2013. Para el mes de julio de 2015, advirtió que la entidad accionada suspendió sin previo aviso el pago de la totalidad de la mesada pensional.
Por esta razón, presentó una acción de tutela contra la UGPP el 29 de julio de 2015 por considerar que la decisión de la entidad de suspender el pago de su mesada de pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a debido proceso administrativo. En ese sentido, solicitó al juez de tutela reanudar los pagos de su pensión gracia por el monto anterior a la reliquidación.
La UGPP se opuso a las peticiones de la señora A.U. al manifestar que: (i) la entidad reconoció la reliquidación de la pensión gracia en favor de la actora mediante resolución del 14 de noviembre de 2013 por un valor mensual de $2.540.908 y un retroactivo de $19.041.602; (ii) en el mes de julio del 2015 se dio orden de no pago al constatar, por medio de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que los documentos aportados por la accionante en su solicitud de reliquidación eran falsos[127]; (iii) mediante auto del 31 de julio de 2015 se inició un proceso de revocatoria directa contra la resolución de reliquidación[128]; y (iv) no existió vulneración al mínimo vital ni perjuicio irremediable toda vez que la accionante goza de una pensión de jubilación a cargo del FOMAG.
14.2. Decisión objeto de revisión
En sentencia de única instancia del 13 de agosto de 2015, el Juzgado Promiscuo de Familia de Gachetá amparó los derechos fundamentales invocados por la accionante y ordenó que la UGPP reanudara los pagos de la pensión gracia por el monto anterior a la reliquidación. Al llegar a esta decisión, el juez concluyó que: (i) la entidad accionada no observó los requisitos para revocar el acto ya que no es un acto que sea el resultado del silencio administrativo positivo y no se encuentra probado que el mismo fue obtenido mediante medios ilícitos; y (ii) la petición de la actora, que busca que se reanuden los pagos antes de la reliquidación, se entiende como un consentimiento expreso para revocar el acto que reconoció el reajuste pero no autoriza al Estado para suspender el pago de su mesada pensional de manera indefinida.
14.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora A.U. compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[129]. En cuanto a sus ingresos aclaró que recibe un salario como docente activa por $2.600.000, una pensión de jubilación por $2.000.000 y una pensión gracia de $2.500.000. Frente a ésta ultima señaló que “hasta el mes de diciembre de 2015 la UGPP me descontaba el 50%. Sin embargo, a principios de este año ya no aplicaron esa reducción pero la UGPP se contactó conmigo indicando que iba a iniciar un cobro jurídico por la supuesta deuda que tiene con la entidad”[130]. En cuanto a sus gastos señaló que tiene una deuda con el Banco Popular y el Banco de Bogotá por un valor de $140.000.000 por lo que debe pagar una cuota mensual de $1.000.000. Señaló que debe sufragar un canon de arrendamiento de $500.000 y que su esposo depende económicamente de ella ya que se encuentra en condición de discapacidad por una fractura de pierna y cadera. Además, agregó que se encarga de la manutención de su hermano quien vive con ella ya que padece de trastorno bipolar. Asimismo, advirtió que debe cubrir los gastos de manutención de su hijo de 23 años por un valor mensual de $600.000 toda vez que es estudiante universitario. Finalmente, aunque no aportó certificado medico alguno, manifestó que padece de hipertensión, gastritis y artrosis crónica.
A su vez, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó a la actora nuevamente y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y septiembre[131]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.743.059 sobre la que se realiza un descuento del 12%[132].
Expediente T-5.232.964
15.1. Hechos
La señora A.C.T.B., de 65 años de edad[133], indicó que el 25 de septiembre de 2001 CAJANAL reconoció a su favor una pensión gracia de $1,084,499 pesos[134]. A su vez, agregó que el 7 de enero de 2015 la UGPP reliquidó y reajustó su pensión y estableció un nuevo monto para la misma que ascendía a $1,472,338 pesos. Sin embargo, que para el mes de mayo del mismo año la entidad suspendió el pago de su mesada pensional sin expedir un acto administrativo
De esta manera, el 17 de julio de 2015 la peticionaria presentó una acción de tutela contra la UGPP al considerar que la decisión de esta entidad de suspender los pagos de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo vital y a la seguridad social. Así las cosas, la accionante solicitó que el juez de tutela ordenara la reanudación de las mesadas pensionales ordinarias y reliquidadas.
La UGPP se opuso a la tutela e indicó que: (i) mediante resolución del 7 de enero de 2015 la entidad reconoció la reliquidación de la pensión gracia de la señora T.B. por un valor de $1.472.338; (ii) en mayo del mismo año se suspendió el pago de la pensión ya que la Secretaría de Educación de Cundinamarca le informó a la entidad que el certificado laboral aportado por la accionante era falso[135]; (iii) el 19 de junio siguiente se inició un proceso de revocatoria directa que fue notificado por aviso[136]; y (iv) no existe vulneración al mínimo vital ni perjuicio irremediable ya que la actora goza de una pensión de jubilación concedida por el FOMAG.
15.2. Decisiones objeto de revisión
El Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, declaró la improcedencia de la tutela en sentencia del 6 de agosto de 2015. Así, el juez señaló que: (i) no existe una amenaza inminente contra los derechos de la peticionaria ya que ésta cuenta con otros ingresos adicionales a su pensión gracia; y (ii) existen otros mecanismos ordinarios que le permiten a la señora T.B. impugnar la decisión de suspensión tomada por la UGPP.
La actora impugnó la decisión de tutela y reiteró que la decisión de la entidad fue un acto arbitrario que vulneró de manera flagrante sus derechos fundamentales. Así, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 8 de septiembre de 2015 revocó la providencia de primera instancia y ordenó que se reanudaran los pagos de la pensión gracia por el valor anterior a la reliquidación. La Corporación consideró que la UGPP estaba legalmente autorizada a iniciar el trámite de revocatoria directa pero que no podía suspender los pagos de manera repentina.
15.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora A.C.T. compareció en la diligencia de declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó al expediente[137]. Con respecto a sus ingresos señaló que tiene una pensión gracia por $2.191.685 y una pensión de jubilación por un valor de $1.950.478 para un total de $3.908.104. Sin embargo, advirtió que una vez fue incluida nuevamente en la nómina de pago pensional la UGPP empezó a aplicar un descuento del 50% sobre su pensión gracia. Sus gastos, que se pueden resumir de la siguiente manera: (i) una cuota mensual de $1.529.694 por un crédito hipotecario que tiene con el Banco BBVA por $70.000.000; (ii) una cuota mensual de $720.386 por un crédito educativo que suscribió por $30.000.000 con una entidad sin especificar; (iii) una mensualidad de $345.000 por un crédito de libre inversión por $15.000.000 con COOMAGISCUN; (iv) un pago mensual de $341.848 por un crédito con la Cooperativa Social de Cundinamarca por $12.000.000; (v) una cuota mensual de $323.000 por un crédito de libre inversión con Bancolombia por $7.000.000 que utilizó para cubrir un viaje a Estados Unidos; y (vi) gastos mensuales por concepto de uso de su tarjeta de crédito por $162.000 y una cuota mensual de $1.490.000 por una deuda adicional que tiene también con Bancolombia. Finalmente, manifestó que hace 7 años no convive con su exesposo y que tuvo que cubrir los costos de los servicios médicos de su hijo quien tuvo un accidente en Estados Unidos, además de atender los gastos de su nieto quien se encuentra en condición de discapacidad ya que su madre sufrió de toxoplasmosis durante el embarazo. Por último, aclaró que no padece de ninguna enfermedad.
A su vez, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó a la actora nuevamente en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre mayo y septiembre[138]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.490.585 sobre la que se realiza un descuento del 50%[139].
Expediente T-5.232.992
16.1. Hechos
La señora S.T.M. de Rojas, de 65 años de edad[140], señaló que el 24 de mayo de 2002 CAJANAL le reconoció una pensión gracia de $956,090[141]. También agregó que la UGPP, mediante resolución 5060 del 11 de marzo de 2013, reliquidó su pensión y elevó la misma a $1,016,285 pesos. Sin embargo, advirtió que para el mes de julio de 2015 la entidad suspendió, sin previo aviso y de manera repentina, la totalidad de los pagos de la pensión gracia.
Por estas razones, el 20 de julio de 2015 la peticionaria presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que su decisión de suspender el pago de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso administrativo y a la seguridad social. Así, solicitó mediante acción de tutela que se ordene la reanudación de los pagos de la pensión gracia por el valor anterior a la reliquidación.
La entidad se opuso a las pretensiones de la actora y señaló que: (i) mediante resolución del 13 de febrero de 2015, la UGPP ordenó la reliquidación de la pensión gracia de la accionante por un valor de $1.432.464 y un retroactivo de $19.966.871; (ii) para la nómina del mes de julio del 2015 se suspendió el pago debido a que la Secretaría de Educación de Cundinamarca le advirtió a la entidad que el certificado que aportó la señora M. de Rojas era falso[142]; (iii) el 22 de julio de 2015 se dio apertura a un proceso de revocatoria directa contra el acto de reliquidación que fue notificado personalmente a la actora[143]; y (iv) no se configuró un perjuicio irremediable ni una afectación al mínimo vital ya que la actora es beneficiaria de una pensión de jubilación por parte del FOMAG.
16.2. Decisión objeto de revisión
Inicialmente, el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia del 12 de agosto de 2015, declaró la improcedencia de la tutela. El despacho consideró que la actora no acreditó una condición de especial protección o la inminencia del supuesto perjuicio irremediable. Sin embargo, la peticionaria impugnó el fallo señalando que el mismo omitió examinar si la UGPP tiene la competencia legal de retener los pagos de la mesada pensional.
Sin embargo, en auto del 16 de septiembre de 2015[144], la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado ya que el juez de primera instancia debió vincular a la Gobernación de Cundinamarca como entidad encargada de verificar la autenticidad de los certificados laborales aportados por la señora M. de Rojas. Por esto, el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, profirió una nueva decisión el 30 de septiembre de 2015 donde negó la tutela por las mismas razones expuestas en la sentencia anulada.
16.3. Pruebas recaudadas durante el trámite de revisión
La señora M. de Rojas no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[145]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente a la actora en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y septiembre[146]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.513.134 sobre la que se realiza un descuento del 50%[147].
Expediente T-5.233.121
17.1. Hechos
La señora T.E.C., de 65 años de edad[148], indicó en su escrito de tutela que el 18 de marzo de 2002 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por un valor de $778,247 pesos. Por otra parte, señaló que la UGPP reliquidó el monto de la misma el 8 de enero de 2015 y se fijó un nuevo valor por $1,107,758 pesos. Sin embargo, la accionante advirtió que el 25 de julio la entidad suspendió la totalidad del pago de la mesada pensional sin un acto administrativo previo.
Por estos hechos, el 10 de agosto de 2015[149] presentó acción de tutela contra la UGPP al considerar que la decisión de la entidad de suspender el pago de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social. Así, la accionante solicitó que se ordenara el pago de la pensión gracia por su valor ordinario y reliquidado.
La UGPP se negó a aceptar las pretensiones de la actora e indicó que: (i) el 8 de enero de 2015 se reconoció la reliquidación de la pensión gracia de la accionante por un valor de $1.107.758; (ii) en julio del mismo año se ordenó la suspensión del pago ya que la Secretaría de Educación de Cundinamarca informó sobre la falsedad del certificado laboral aportado por la accionante como soporte a su petición de reajuste[150]; (iii) el 17 de julio siguiente se inició un procedimiento de revocatoria directa que fue notificado personalmente a la accionante[151]; y (iv) no existe un perjuicio irremediable porque la actora goza de una pensión de jubilación a cargo del FOMAG.
17.2. Decisiones objeto de revisión
En primera instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela mediante sentencia del 19 de agosto de 2015. Para llegar a esa decisión, el Tribunal señaló que: (i) la actuación de la UGPP no fue caprichosa ya que respondió a una serie de irregularidades frente a la autenticidad de los documentos aportados por la actora; y (ii) aunque otras Salas de Tutela del mismo Tribunal han decidido amparar los derechos de varios docentes en otros casos iguales, en este caso se considera que no existe un perjuicio irremediable ya que la señora E.C. cuenta con otros ingresos adicionales a los de su pensión gracia.
La actora impugnó el fallo de primera instancia pues consideró que el mismo desconoció el principio de legalidad de las actuaciones administrativas por lo que la actuación de la UGPP resultó ser abusiva. Así, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de septiembre de 2015, confirmó el fallo al asegurar que: (i) la peticionaria cuenta con los recursos ordinarios para impugnar el proceso de revocatoria directa; y (ii) la suspensión de los pagos pensionales, en circunstancias donde se compruebe el incumplimiento de los requisitos, es una facultad legal de la entidad.
17.3. Pruebas recaudadas durante el trámite de revisión
La señora E.C. no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el expediente[152]. Por su parte, la UGPP informó que para el mes de septiembre de 2015 se incluyó a la actora nuevamente en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y agosto[153]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.088.372 sobre la que se realiza un descuento del 50%[154].
Expediente T-5.233.145
18.1. Hechos
La señora E.J.L.D., de 64 años de edad[155], manifestó que CAJANAL le reconoció una pensión gracia de $911,914 pesos el 23 de mayo de 2002[156]. Igualmente, sostuvo que el 7 de enero de 2015 la UGPP reconoció la reliquidación de su mesada pensional y la fijó en $1,317,416 pesos. Adicionalmente, manifestó que repentinamente el 25 de mayo del mismo año la entidad suspendió los pagos.
Por estos hechos, el 30 de julio de 2015, la accionante presentó acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión de la entidad de suspender el pago de su pensión gracia vulneró sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso administrativo. De esta manera, solicitó que el juez de tutela reanudara los pagos de la mesada por los valores ordinarios y reliquidados.
La UGPP se opuso a las peticiones de la actora y explicó que: (i) mediante resolución del 7 de enero de 2015 ordenó la reliquidación de la pensión gracia en una cuantía de $1.317.416; (ii) para la nómina del mes de mayo de ese año se dio orden de no pago ya que se logró establecer, a través de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que el certificado laboral presentado por la peticionaria como soporte era falso[157]; (iii) la acción de tutela es temeraria ya que, por los mismos hechos y pretensiones, la peticionaria presentó un amparo ante el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá[158]; (iv) el 17 de junio de 2015 se inició un proceso de revocatoria directa contra la resolución de reliquidación[159]; y (v) no existió vulneración al mínimo vital en tanto que la accionante goza de una pensión de jubilación a cargo del FOMAG.
18.2. Decisiones objeto de revisión
En sentencia de primera instancia del 13 de agosto de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela interpuesta al considerarla temeraria ya que la peticionaria había interpuesto una tutela por los mismos hechos. En un corto escrito[160], la accionante impugnó el fallo señalando que la suspensión del pago resultó de una actuación arbitraria de la administración.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo en sentencia del 23 de septiembre de 2015. Para esa Corporación, las pretensiones de la señora L.D. ya fueron desestimadas por otro juez por lo que no es posible examinar de nuevo los hechos del caso.
18.3. Pruebas recaudadas en el trámite de revisión
La señora L.D. compareció en la audiencia de declaración de parte, como consta en el acta de declaración de parte que se adjuntó al expediente[161]. Con respecto a sus fuentes de ingreso, la actora contestó que los mismos se derivan de su pensión de jubilación, de $1.950.000 y su pensión gracia de $1,300,000. Frente a sus obligaciones indicó que mensualmente le envía a su hija $600.000 ya que se encuentra en el exterior estudiando inglés. También expresó que vive sola en casa propia pero que le debe a un familiar $12.000.000 con el que tiene un acuerdo de pago anual por su vivienda. Finalmente, indicó que padece de osteoporosis y de niveles elevados de azúcar pero que es atendida oportunamente por su EPS.
Aunado a lo anterior, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó a la actora nuevamente en la nómina y se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre mayo y septiembre[162]. Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.174.369 sobre la que se realiza un descuento del 50%[163].
Ahora bien, siguiendo el orden establecido en la introducción de la presente sentencia, la Sala pasará a presentar las consideraciones y fundamentos jurídicos que aplicará para resolver cada caso en concreto.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, a través de esta Sala de Revisión, los fallos proferidos dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Planteamiento de los problemas jurídicos
En la presente sentencia, la Sala de Revisión analizará los casos de dieciocho docentes del departamento de Cundinamarca a quienes CAJANAL les reconoció el beneficio de la pensión gracia en diferentes momentos, pagos que fueron asumidos por la UGGP a partir del 8 de noviembre de 2011, cuando la entidad fue reliquidada. Dicha entidad reconoció la reliquidación de estas pensiones, entre los años de 2013 y 2015. Sin embargo, entre los meses de mayo y julio de 2015, cuando la UGPP advirtió que existían varias irregularidades en los certificados que estos maestros presentaron como soporte a estas solicitudes, los pagos de la mesadas pensionales fueron suspendidos de manera inmediata. Así, la entidad accionada señaló que se tramitaron 3029 solicitudes de reconocimiento o de reliquidación de la pensión gracia con certificaciones presuntamente falsas expedidas por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. A su vez, indicó que de estos casos ha revisado 1045 peticiones que, como las acciones analizadas en esta sentencia, fueron tramitadas a través de apoderado judicial y se encontró que el porcentaje de falsedad de los documentos asciende al 99%[164].
Para los peticionarios, esta decisión vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso administrativo. Así, algunos solicitaron que se reanudara el pago total de la pensión reliquidada mientras que otros señalaron que les asistía el derecho a recibir la pensión gracia por el valor anterior al reajuste de la UGPP.
Los diferentes jueces constitucionales tomaron tres tipos de decisiones: (i) un grupo de jueces amparó los derechos al debido proceso administrativo, a la seguridad social y al mínimo vital y ordenaron que se reanudaran los pagos de la pensión gracia por el valor asignado antes de la reliquidación impugnada; (ii) otro grupo de jueces negó las tutelas argumentando que, como quiera que los docentes cuentan con otras fuentes de ingreso, no se comprobó vulneración al mínimo vital o un perjuicio irremediable que hiciera la tutela procedente como mecanismo transitorio; y (iii) el último grupo de despachos judiciales declararon la improcedencia de la acción por considerar que se está frente a hechos superados por carencia actual de objeto toda vez que los accionantes fueron incluidos nuevamente en la nómina de pago de la UGPP o debido a que el amparo es temerario.
Por otra lado, durante el trámite de revisión de las acciones de tutela, la Sala constató, y en las declaraciones de parte decretadas así lo corroboraron los accionantes, que ya todos los peticionarios habían sido nuevamente incluidos en la nómina de la entidad. Sin embargo, también observó que a todos los docentes se les está aplicando un descuento sobre su mesada de pensión gracia original, esto es la que equivale al valor no reliquidado. De esta manera, en el trámite de revisión y durante la declaración de parte decretada y practicada por la magistrada sustanciadora los docentes alegaron que sus derechos fundamentales se veían vulnerados por los descuentos que la UGPP está aplicando a sus mesadas pensionales. En ese sentido, el problema ya no se deriva de la suspensión aplicada por la UGPP sino de los descuentos sobre la pensión gracia por lo que los problemas jurídicos planteados girarán en torno a esta circunstancia y no sobre las peticiones de tutela iniciales.
De acuerdo con los antecedentes resumidos anteriormente, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, antes de resolver el problema de fondo, deberá verificar si las acciones son procedentes. Así, desde una perspectiva formal asociada a los requisitos generales de procedencia de las acciones constitucionales debe determinar sí:
i) ¿La inclusión en la nómina de la entidad, a pesar de que se aplican descuentos a los pagos mensuales, hace que se configure la carencia actual de objeto por hecho superado?
ii) ¿La temeridad en la acción de tutela se configura cuando se presentan dos acciones con identidad de hechos y pretensiones pero se hace en diferentes momentos?
iii) ¿Procede una acción de tutela para revisar la legalidad de un acto administrativo de revocatoria directa que revocó la reliquidación de una pensión gracia y decretó descuentos sobre la mesada original?
Para eso, la Sala reiterará los elementos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos. El mismo incluirá una presentación de las reglas jurisprudenciales sobre el concepto de perjuicio irremediable y la carencia actual de objeto por hecho superado y la temeridad en la acción de tutela. De la misma forma, analizará los casos concretos para determinar si estos cumplen con el examen de procedencia y así dilucidar si deben ser examinados de fondo.
Reglas generales de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos administrativos -Reiteración jurisprudencial[165]-
El artículo 86[166] de la Constitución -refrendado por las normas procesales de la tutela[167]- establece que esta acción constitucional procede como un mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Sin embargo, la misma regla constitucional establece un claro límite a la procedencia de la acción, al señalar que ésta solo será admisible cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos donde la tutela sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando el medio judicial no sea adecuado o idóneo.
Ahora bien, este Tribunal, en repetidas ocasiones, ha señalado que los jueces de tutela tienen una obligación general frente a la procedencia de esta acción:
“Es obligación del juez que estudia la procedencia de la acción de tutela tener en cuenta que ésta es (un) mecanismo sumario y preferente creado para la protección de los derechos fundamentales, que se caracteriza por tener un carácter residual o supletorio, obedeciendo a la necesidad de preservar las competencias atribuidas por el legislador a las diferentes autoridades judiciales a partir de los procedimientos ordinarios o especiales, en los que también se protegen derechos de naturaleza constitucional. Por lo anterior, el recurso de amparo no puede convertirse en un mecanismo alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario de los diversos procedimientos judiciales, salvo que dichas vías sean ineficaces, inexistentes o se configure un perjuicio irremediable. En relación con este último, esta Colegiatura ha determinado que se configura cuando existe el riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos exige la inmediatez de la medida de protección” (resaltado fuera del texto)[168].
Entonces, frente a esta obligación general el juez debe: (i) determinar sí se vulnera, por acción u omisión, un derecho fundamental protegido constitucionalmente o si existe un riesgo de que se vaya a actuar en detrimento del mismo; (ii) verificar que dicho riesgo sea inminente y grave, por lo que debe atenderse de manera inmediata; y (iii) comprobar que no existe otro remedio judicial o que el ordinario no es un medio adecuado o idóneo de defensa para el caso concreto, o que si lo es la tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Más aún, con respecto a la tutela contra actos administrativos de carácter particular, como en el presente caso (suspensión de los pagos pensionales y la apertura de un proceso de revocatoria directa) la Corte ha fijado una regla de excepcionalidad aún más severa[169]. Así, el Tribunal ha fijado como regla general que el amparo es improcedente en estos casos pues los ciudadanos pueden ejercer el medio de control de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho ante los jueces administrativos y solicitar, como medida preventiva dentro del proceso, la suspensión del acto que causa la vulneración.
La Corte ha señalado[170] que la tutela contra este tipo de acciones es procedente en aquellos casos donde se demuestre que el mecanismo ordinario carece de eficacia para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Para eso, los jueces deben verificar si: (i) el daño es inminente, es decir, que sea una amenaza que está por suceder; (ii) el perjuicio es grave, es decir de una magnitud o intensidad considerable; (iii) las medidas judiciales para conjurar el perjuicio se deben tomar de manera urgente; y (iv) que el amparo no se puede postergar toda vez que es la única medida para garantizar un adecuado restablecimiento de los derechos de los ciudadanos.
Adicionalmente, cuando se trata de personas en estado de indefensión o vulnerabilidad la Corte ha determinado que el examen de estos supuestos no debe ser tan riguroso, y que su condición amerita un tratamiento diferencial positivo[171]. En este sentido, la Corte ha determinado que una de las maneras en las que un ciudadano se puede encontrar en un estado de indefensión ocurre cuando son sujetos de especial protección constitucional. Dicha situación ha sido definida por la Corporación de la siguiente manera:
Tratándose de sujetos de especial protección (el Tribunal) ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos históricamente. Así la Constitución Política en su artículo 13 establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”[172].
Ahora bien, teniendo en cuenta que en algunas de las tutelas se plantean problemas jurídicos asociados al uso temerario del amparo constitucional y de la configuración de la carencia actual de objeto, la Sala considera necesario incluir en el análisis general de procedencia las reglas jurisprudenciales sobre estas dos figuras procesales.
Temeridad y carencia actual de objeto -reiteración jurisprudencial[173]-
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, hay temeridad cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, por lo cual se deberá rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes[174]. Así las cosas, la temeridad se configura al concurrir los siguientes elementos: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de demandante, ya sea que actúe directamente o por medio de representante; (iii) identidad de sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción[175]. Así, se ha entendido que una actuación en tal sentido vulnera los principios de buena fe y cosa juzgada, al emplear irrazonablemente el mecanismo constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que el asunto ya fue decidido previamente.
Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte también ha señalado, como en la sentencia T-089 de 2007[176], que al materializarse los presupuestos de la temeridad, el juez de tutela tiene la posibilidad de declararla improcedente o negar el amparo, siempre y cuando el amparo: (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción; o (iv) se pretenda asaltar la buena fe de los administradores de justicia.
Ahora bien, cabe anotar que de la presentación de dos acciones de tutela por hechos similares, no se deduce inmediatamente la temeridad, pues para ello, debe demostrarse que existen iguales sujetos procesales, hechos, pretensiones y que no hay justificación alguna para la interposición de una nueva acción.
En ese sentido, con el fin de evitar injusticias y sobre la base de que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los ciudadanos ante las autoridades públicas, la valoración de la temeridad debe ir más allá de los aspectos meramente formales, pues puede ocurrir que existan hechos o circunstancias nuevas que hagan procedente invocar un amparo adicional. Por lo tanto, el análisis de los presupuestos que configuran la temeridad debe realizarse en cada caso concreto, a partir, por supuesto, del mencionado principio de buena fe que ilumina las relaciones entre el ciudadano y la administración de justicia.
Con respecto a la carencia actual de objeto, la Sala reitera que en aquellas ocasiones en que las situaciones de hecho que amenazan o vulneran los derechos fundamentales de las personas cesan o desaparecen durante el trámite de la tutela, o cuando en razón de la vulneración a los derechos fundamentales, se ha ocasionado un daño irreparable que se pretendía evitar con la orden del juez a quien se acudió en amparo y ello no se logró a tiempo, se ha alegado en la jurisprudencia la existencia del fenómeno procesal denominado carencia actual de objeto por hecho superado o por daño consumado; fenómeno que puede ser fundamento de la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
La razón de ser de esa determinación, está fundada en que, ante las circunstancias de hecho evidenciadas en el caso, es inocuo un pronunciamiento judicial de fondo en tales situaciones, por no tener un impacto real y efectivo en la protección de los derechos fundamentales invocados. No obstante, conforme a la jurisprudencia reciente de esta Corporación, independientemente de si se da o no la carencia actual de objeto, la Corte como órgano de revisión de la acción de tutela puede pronunciarse de fondo sobre los problemas constitucionales planteados, en estos casos[177].
La Corte ha invocado entonces, la figura de la carencia actual de objeto en oportunidades anteriores, cuando se presenta alguna de las situaciones previamente descritas para negar por improcedente la tutela. Por ejemplo, frente a la idea de daño irreparable, en la sentencia T-498 de 2000[178] esta Corporación resolvió negar el amparo elevado por el padre de una menor de edad que padecía de un tumor cerebral, cuya EPS se negó a realizar la biopsia ordenada por los médicos tratantes. Cuando el caso llegó a esta Corporación, lamentablemente la niña había fallecido, por lo que la Sala de Revisión en aquella oportunidad consideró que el daño consumado impedía el fin primordial de la acción de tutela, que no era la protección inmediata de los derechos fundamentales de la niña, para evitar que se consumara una violación sobre los mismos. Como de acuerdo con esta visión, la tutela no fue diseñada como un instrumento para causar una protección posterior a la consumación de los hechos, lo conducente era entonces, buscar otros mecanismos judiciales de defensa para reclamar la debida indemnización.
En circunstancias similares, sin embargo, la Corte ha declarado la improcedencia por carencia actual de objeto, ante un hecho superado, y no por daño consumado. Así, en la sentencia T-936 de 2002[179] esta Corporación resolvió la tutela que presentó una persona, a través de agente oficioso, a la que no le fue reconocido un tratamiento integral por el lupus que padecía. Una vez seleccionado el caso, la Corporación constató que la demandante había fallecido y decidió declarar la improcedencia de la acción de tutela por hecho superado, aunque consideró que la negligencia de las entidades involucradas debía ser debidamente investigada, por lo que ordenó compulsar copias a la Procuraduría y a la Fiscalía.
Igualmente, en algunos casos, la Corte ha considerado que la carencia actual de objeto se produce por lo que se ha denominado sustracción de materia. Este es el caso de la sentencia T-414 de 2005[180] que revisó la situación de un menor de edad que falleció, por no recibir de manera oportuna un tratamiento por un cuadro severo de anemia que padecía. La Corte decidió no fallar de fondo, al considerar que cualquier decisión “caería en el vacío, por sustracción de materia”[181], pero concluyó que era necesario compulsar copias a las autoridades competentes, para que investigaran la negligencia en la prestación del servicio de salud.
Ahora bien, la jurisprudencia en casi todos estos supuestos, ha sostenido que la circunstancia de la muerte, conduce, como se dijo, a una situación de carencia actual de objeto y de allí, a la improcedencia de la tutela, por cuanto cualquier orden que se pudiera emitir sería ineficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados. Sin embargo, al llegar a esta conclusión la Corte, a través de sus Salas de Revisión de Tutela, ha optado por diferentes fórmulas para resolver el caso. Inicialmente, en algunos casos, se abstuvo de decidir de fondo sobre las circunstancias propuestas y en otros optó por reconocer que existen responsabilidades que causaron la muerte de los peticionarios, por lo que era necesario que las autoridades administrativas impusieran las sanciones correspondientes.
Con todo, frente a la poca claridad que existía entre la distinción entre hecho superado y daño consumado y sus efectos frente a la posibilidad de pronunciarse de fondo o no, la Corte Constitucional en la sentencia SU-540 de 2007[182] unificó los criterios sobre la materia y estableció un precedente de plena vigencia constitucional. Al conocer sobre una controversia laboral, la Corte señaló que el hecho superado[183] se presenta cuando, por la acción u omisión del obligado, se supera la afectación del derecho fundamental en una magnitud que hace inocuo cualquier pronunciamiento del juez de tutela. Bajo ese principio, el hecho superado se debe entender en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de si se produjo la satisfacción o no de lo solicitado en la tutela. Sí, por ejemplo, lo pretendido en era una orden de actuar o dejar de hacerlo, y previamente a la sentencia de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado porque simplemente desaparece la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales.
A su vez, a partir de esta sentencia de unificación, el daño consumado[184] ha sido entendido como una circunstancia donde se afectan de manera definitiva los derechos de las personas antes de que el juez de tutela logre pronunciarse sobre la petición de amparo (por ejemplo, la muerte del accionante). Así, a diferencia del hecho superado, la Corte reconoció en ese pronunciamiento, que en estos casos se impone la necesidad de pronunciarse de fondo, dada la posibilidad de establecer correctivos y prever futuras violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
En conclusión, según la sentencia citada, la carencia actual de objeto se ha fundamentado en la existencia de un daño consumado y/o de un hecho superado. En ese sentido, en términos generales, se puede entender entonces que la carencia actual de objeto es la consecuencia jurídica del hecho superado o el daño consumado y deberá ser el juez de tutela entonces, el que determina, en cada caso concreto, si se deben tomar o no algunas medidas de reparación conducentes a restaurar en parte el perjuicio ocasionado. Con todo, como se enunció previamente, la jurisprudencia constitucional reciente ha reconocido que si se configura un daño consumado, el juez constitucional no sólo tiene la facultad sino, en algunas oportunidades, el deber de pronunciarse de fondo, y exponer las razones por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza del accionante, además de realizar las advertencias respectivas, para indicar la garantía de no repetición[185].
A manera de recapitulación, la Sala reitera las reglas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos administrativos siempre que, en el caso concreto, se compruebe que los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento de derecho, no son el mecanismo idóneo para proteger el derecho de un ciudadano o si lo son la tutela sea necesaria para proteger transitoriamente un derecho fundamental. En este caso, entonces, el juez constitucional de tutela debe fijar un remedio judicial urgente para proteger los derechos fundamentales del ciudadano afectado. Igualmente, es importante destacar que, cuando se trata de casos que involucran personas en estado de vulnerabilidad, el escrutinio que debe hacer el juez frente a la procedencia de la acción es más flexible, pero no menos riguroso, pues dicha condición de especial indefensión obliga a una actuación judicial sumaria y eficaz.
Asimismo, resalta que frente a la figura de la temeridad es necesario precisar si existe una identidad material entre los hechos y las pretensiones. Esto se debe a que, aunque puedan existir dos tutelas que objetivamente guarden una relación sustancial no pueden ser desatendidas por el juez constitucional en la medida en que éste logre corroborar que exista un hecho nuevo que amerite un pronunciamiento de fondo. Por otro lado, frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, es necesario analizar el material probatorio en cada caso para definir, más allá de toda duda, que efectivamente la afectación del derecho cesó. A su vez, si se trata de un daño consumado, el juez debe entonces entrar a aplicar correctivos para reparar los perjuicios causados e imponer medidas preventivas hacia el futuro.
Análisis concreto de procedencia
Como metodología de análisis claro, la Sala dividirá los casos a partir de su unidad formal y material. En este sentido, un análisis riguroso de los antecedentes de cada caso permite agruparlos en dos grupos. El primero tiene como común denominador algunos de los siguientes elementos: (i) existe una solicitud escrita y expresa de desistimiento de la tutela por parte del accionante; (ii) son casos donde la UGPP actualmente solo está aplicando los descuentos correspondientes al pago de la seguridad social, tal y como consta en los certificados de pago que aportó como respuesta al auto de pruebas decretado por el despacho de la magistrada ponente; (iii) existe una actuación temeraria por parte del peticionario; o (iv) la UGPP incluyó nuevamente a los accionantes en la nómina de pago pero está aplicando un descuento del 50% sobre las mesadas pensionales en virtud del principio del pago de lo no debido a partir de la expedición de un acto de revocatoria directa debidamente notificado.
Por otra parte, un segundo grupo de casos puede ser identificado porque comparten todos los siguientes elementos: (i) son procesos donde se expidió un acto de revocatoria directa que fue debidamente notificado a las partes; (ii) la UGPP incorporó nuevamente a los peticionarios en la nómina de pago pero aplicó un descuento del 50% a la mesada pensional; y (iii) se trata de peticiones de tutela elevadas por personas en condición de debilidad manifiesta.
Primer grupo de casos
En la siguiente tabla, y como manera de recapitular los hechos y decisiones de cada caso, se presenta una somera referencia de los casos agrupados en este primer grupo.
Jueces y decisiones de instancia
T-5.209.992
Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá
Negó la tutela al considerar que la actuación de la UGPP no fue arbitraria.
T-5.210.121
H.A.G. R.
T-5.212.640
A.S.V. de Cabanzo
Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá
Negó la tutela al considerar que la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa y no se acreditó una vulneración de un derecho fundamental.
T-5.218.248
Juzgado 7º Civil de Bogotá
Negó la tutela al considerar que la accionante no agotó el trámite interno ante la UGPP y no se acreditó una vulneración de un derecho fundamental.
T-5.218.386
Blanca Lucía Acosta U.
Juzgado Promiscuo de Familia de Gachetá
El juez amparó los derechos invocados, pues la UGPP no observó los requisitos para revocar directamente el acto y el consentimiento expreso de la accionante. En el proceso se hace referencia al valor reliquidado pero no autoriza la suspensión de la mesada pensional.
T-5.233.145
E.J.L.D.
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
Negó la acción por temeridad
Confirmó el fallo por las mismas razones.
T-5.210.009
Rosa Elena L. Borbón
El juez amparó los derechos fundamentales de la accionante y ordenó que se incluyera nuevamente en la nómina de pago sin incluir el valor reliquidado.
T-5.210.031
T-5.210.101
I.M.B.P.
Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá
Negó por improcedente al considerar que no existe una vulneración al mínimo vital ya que la accionante tiene otro ingreso y cuenta con otros medios de defensa judicial.
T-5.210.169
J.E.C. M.
El juez declaró el hecho superado por carencia actual de objeto ya que el actor, durante el trámite de la tutela, fue incluido nuevamente en la nómina pensional.
T-5.215.512
B.L.G. de R.
Negó la tutela al considerar que la suspensión de los pagos de la pensión gracia se justificó en el deber que tienen las autoridades de preservar los intereses económicos del Estado y no existió vulneración al mínimo vital toda vez que la actora tiene otro ingreso.
T-5.218.357
E.M. de G.
Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Chía
El juez tuteló los derechos invocados y ordenó que se incluyera nuevamente a la actora en la nómina pensional pero por el valor anterior a la reliquidación. Asimismo, le dio dos meses a la UGPP para que terminara el proceso de revocatoria directa iniciado contra esa actuación.
T-5.218. 385
R.M.V. de U.
El juez amparó los derechos invocados porque la UGPP no observó los requisitos para revocar directamente el acto. El consentimiento expreso de la accionante en el proceso se refiere al valor reliquidado pero no autoriza la suspensión de la mesada pensional.
T-5.232.964
A.C.T. Betancourt
Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá
El juez declaró la improcedencia de la tutela al señalar que no existe una amenaza inminente a un derecho fundamental y existen otros mecanismos ordinarios que permiten impugnar la decisión de suspensión
Revocó el fallo y ordenó que se incluyera a la accionante nuevamente en la nómina de la UGPP pero por el valor correspondiente a la mesada anterior a la reliquidación.
T-5-232.992
S.T.M. de Rojas
Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá
Negó la tutela al señalar que la actora no acreditó alguna condición de especial protección o la inminencia de un daño a un derecho fundamental.

References: artículo 170
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 artículo 86
 artículo 13