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Timestamp: 2019-01-21 16:09:09+00:00

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Propuestas y proyectos | andalucistas
Andalucía Por Sí (AxSí) Mairena del Alcor
El Blog de Joaquín Bellido, nuestro Coordinador Nacional
Archive for Propuestas y proyectos
11 mayo, 2017 Administrador Propuestas y proyectos No comments
AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO de MAIRENA DEL ALCOR
Dª. María Antúnez González, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente
El Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, considerando el tema que a continuación de expone es de carácter social, y por ello, de interés general considerar oportuno y necesario elevar al pleno para sus debate y aprobación, si así se coincide como necesario por el resto de formaciones políticas que lo integran la siguiente
MOCIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE UNA LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL, DIRIGIDA AL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD EN BASE A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES
Ámbitos de intervención de las Educadoras y los Educadores Sociales (entre otras):
15. Migraciones, Derechos Humanos, Solidaridad y Cooperación Internacional
16. Personas mayores.
17. Aprendizaje a lo largo de la vida.
· Mejorar las competencias y aptitudes de los individuos a través de procesos de enseñanza-aprendizaje.
· Promocionar la autonomía e independencia de las personas,
· Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales.
· Favorecer la participación de los grupos e individuos.
· Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo.
· Favorecer el desarrollo sociocultural, socio-laboral, institucional y comunitario.
· Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica.
· Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social.
· Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y análisis de la realidad sociopolítica.
· Propiciar cambios de valores, actitudes y comportamientos de las personas acompañando a los sujetos en su adaptación, así como en los entornos comunitarios transformación social.
PRIMERO.- Apoyar la petición del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES), presentado ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Congreso de los Diputados con fecha 27 de diciembre de 2016, con las consideraciones y argumentos recogidos en este acuerdo Plenario.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo Plenario al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, al Consejo General de Colegios Profesionales y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En Mairena del Alcor, a 23 de abril de 2017.
Fdo: María Antúnez González
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Iniciativa Legislativa Popular para la Proposición de la Ley Andaluza Contra la Pobreza Energética
29 marzo, 2017 Administrador Otros, Propuestas y proyectos No comments
El pasado 14 de Febrero los Andalucistas de Mairena del Alcor elevamos a Pleno una Moción mediante la que se insta a los Grupos Políticos con representación en la Cámara Andaluza a su debate y aprobación. Muchos ayuntamientos, además del nuestro, la han aprobado ya a propuesta de los concejales del antiguo PA. Ahora esperamos que los grupos presentes en nuestro Parlamento estén a la altura y la saquen adelante tras haber fracasado la anterior. A continuación la reproducimos en su totalidad para todas aquellas personas interesadas en conocerla al detalle:
AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO de
El Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, considerando el tema que a continuación se expone de carácter social, y por ello, de interés general
Para su debate, y en su caso aprobación la siguiente:
INICATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL
La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, así como la Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo y del Con­sejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, contienen el mandato de garantizar el sumi­nistro de energía necesario para los clientes vulnerables estableciendo la prohibición de des­conexión de dichos clientes en períodos críticos, considerando, por otra parte, que podría aplicarse un enfoque integrado, por ejemplo, en el marco de la política social, de modo que las medidas para hacer frente a la pobreza energética puedan incluir políticas sociales o me­joras de la eficiencia energética para la vivienda.
Asimismo, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de oc­tubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece que debe asegurarse que los consumidores vulnerables de energía eléctrica tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética.
Tal ineficacia se produce por una definición errónea de los destinatarios de las ayudas. El bono social eléctrico, puesto en marcha en 2009, es una tarifa con un descuento fijado por el Gobierno de España sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la nueva denominación de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que pretende proteger a un grupo de consumidores considerados vulnerables. Dos son los problemas que tiene esta medida: el primero es que la distribución se realiza sin tener como elemento clave la renta de las familias. Y el segundo, que se solicita exclusivamente a través de internet. El hecho de que se aplique el bono social sin solicitud de renta hace que el 80% de las solicitudes se hagan bajo el criterio de tener menos de 3 KW contratados y que un porcentaje muy alto de estas sean viviendas de segunda residencia, en las que son más habituales este tipo de contratos. En definitiva, se destinan recursos a las segundas residencias de hogares no vulnerables en lugar de destinarlos a las viviendas habituales de familias vulnerables.
El hecho de que la solicitud solo se pueda hacer por medios telemáticos hace que para los hogares vulnerables se añada una dificultad, puesto que es frecuente que las familias con dificultades económicas dejen de contratar esta conexión. Dicha situación resulta especial­mente palpable si se consideran las familias numerosas solicitantes del bono social, dado que no todas ellas están en una situación de vulnerabilidad clara que justifique la prioridad en la percepción de estas ayudas. El cambio en la forma de solicitud y la intervención de los Servi­cios Sociales competentes son fundamentales para hacer eficientes estas medidas.
El resultado es que entre el año 2011 y 2014, de acuerdo a los datos de la Comisión Na­cional del Mercado y la Competencia CNMC, han ido disminuyendo los usuarios que se benefician de este tipo de tarifa social. Se trata de un descenso en el periodo en que la crisis económica en las familias ha sido más dura, por ejemplo con un notable aumento de hogares con todos sus miembros en paro. A ello debe añadirse que en estos años ha aumen­tado el gasto de municipios, y organismos privados, como Cáritas, a ayudas de urgencia, entre ellas, las que palían situaciones de pobreza energética.
Tabla 1. Evolución del número de consumidores con una potencia contratada inferior a 3Kw, distinguidos por tipo de consumidor. Años 2009 a 2014.
Años Consumidores con P<3 kW Desempleados Familias numerosas Pensionistas Total
2009 2646.928 15.032 64.832 277.815 3.004.607
2010 2.402.511 23.776 100.581 317.205 2.844.073
2011 2.169.869 31.067 118.611 307.893 2.627.440
2012 2.067.585 33.735 129.466 283.110 2.513.896
2013 1.986.822 48.881 150.872 283.790 2.470.365
2014 1.961.179 54.824 162.174 289.113 2.467.290
% 2014/2009 -25,91% 264,72% 150,14% 4,07% -17,88%
El bono social para el gas tiene una formulación más reciente, a través de la reformulación de la Ley de Hidrocarburos. Más allá de los supuestos de acceso a dicho bono, lo verdadera­mente relevante es que se asocie el desarrollo del bono a la promoción del fracking. Los su­puestos de acceso aún no han sido desarrollados.
Esta situación exige una inmediata respuesta de los poderes públicos para hacer efectivos los derechos proclamados por la Constitución Española a una vivienda digna y adecuada, con acceso a los suministros básicos para satisfacer las necesidades vitales que la dignidad de la persona requiere, así como para asegurar la protección social, económica y jurídica de la fa­milia y mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que ga­rantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, así como el derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, reconociendo asimismo en su artículo 16 que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad. En coherencia con la cláusula de transformación social que contiene el artículo 9.2 de la Constitución Española, también el Estatuto de Auto­nomía de Andalucía incluye un mandato expreso a los poderes públicos de nuestra comunidad en materia de bienestar y cohesión social, orientado a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social.
Del mismo modo, sin perjuicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de vivienda (artículo 25); consumo (artículo 27); acción social (artículo 61.1a); aguas (artículo 50); energía, calidad del suministro y eficiencia energética (artículo 49.2b), y actividad de fomento (artículo 45), debe tenerse en cuenta la posibilidad que la Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016, de 17 de marzo, reconoce al legislador autonómico de desarrollar medidas asistenciales consis­tentes en prestaciones económicas tendentes a evitar la interrupción del suministro de elec­tricidad y gas a las personas vulnerables.
En ejercicio de las indicadas competencias y para garantizar el suministro energético a los ciu­dadanos y adoptar medidas de ahorro a largo plazo, se definen unas situaciones de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad que combinan la consideración del nivel de renta de las personas o uni­dades de convivencia con otras circunstancias sociofamiliares que justifican una mayor protección. Estas categorías ofrecen a los servicios sociales competentes para la valoración unas condiciones objetivas, junto a la propia imposibilidad de hacer frente a las facturas energéticas, para valorar el acceso a la ayuda y la cuantía, que se define en distintos tramos de cobertura según la considera­ción de la situación como vulnerable o especialmente vulnerable.
En cuanto al procedimiento a seguir, se establecen dos vías de acceso a la ayuda, tanto a instancia de los usuarios afectados como a iniciativa de los propios servicios sociales compe­tentes. En este sentido, es importante la incorporación de las empresas suministradoras a la prevención de la pobreza energética, al establecer obligaciones de información al consumidor sobre la existencia de estas ayudas, así como deberes de abstención durante su tramitación que aseguren la efectividad de las ayudas.
A todo ello hay que unir la previsión de un conjunto de intervenciones de microeficiencia destinadas a generar ahorro en el consumo energético y, asimismo, a dinamizar sectores de producción que permiten una reconversión del modelo productivo hacia sectores de innova­ción que tienen el cuidado del medio ambiente como eje.
Con el objetivo de que las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnera­bilidad energética puedan tener acceso a formación y a un puesto de trabajo posterior, son precisos planes de cursos de formación y empleo específicos. Para enfrentar el problema de la pobreza energética hacen falta líneas de acción desde los diferentes departamentos exis­tentes a nivel laboral, social, sanitario y educativo que solucionen el problema no solo a corto plazo, sino también en el medio y largo plazo.
Constituye el objeto de la presente ley la adopción de medidas para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares en situación de vulnerabilidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A efectos de la presente ley, se entenderá por pobreza energética aquella situación de dificultad en la que se encuentra una persona o unidad de convivencia en la Comunidad Au­tónoma de Andalucía para hacer frente al pago del consumo energético con el que satisfacer sus necesidades domésticas básicas, lo que conlleva una falta de acceso normalizado a los servi­cios básicos de electricidad, gas y agua. Reglamentariamente, se determinarán el mínimo de servicios energéticos garantizados a los efectos de esta ley.
Se entenderá por medidas para paliar y reducir la pobreza energética todas las actua­ciones encaminadas a disminuir sus efectos inmediatos, así como el número de personas que la padecen.
Se entenderá por hogar en situación de vulnerabilidad la vivienda habitual de una per­sona o unidad familiar en situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad.
Tienen la consideración de personas o unidades de convivencia en situación de vulne­rabilidad aquellas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, que sufran o que tengan algún miembro que sufra violencia de género o violencia familiar, que sean o que tengan algún miembro que sea víctima de terrorismo, y aquellas que así se califiquen en virtud de las especiales circunstancias socioeconómicas que les afecten.
a) Se entenderá por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o infe­riores a dos veces el IPREM, en cómputo anual.
b) También se entenderá, entre otros supuestos, por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a dos veces el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se en­cuentren, además, bien individualmente o en el seno de la unidad de convivencia, en alguna de las situaciones que se relacionan a continuación:
6.ª Persona que tenga o unidad de convivencia en la que alguno de sus miembros tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33 %, situación de depen­dencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.
7.ª Persona que sea o unidad de convivencia que tenga un deudor hipotecario, que se en­cuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
8.ª Persona que sea o unidad de convivencia que tenga una persona deudora hipote­caria mayor de 60 años.
En situación de especial vulnerabilidad se encuentran las personas o unidades de con­vivencia cuyos miembros padecen una situación de vulnerabilidad agravada por sufrir una situación económica severa, o en la que se produce la concurrencia de factores como la edad, número de personas que integran la unidad de convivencia, discapacidad, dependencia, en­fermedad, exclusión social, víctimas de violencia de género o circunstancias que afecten a los derechos humanos, económicas, situaciones de desempleo, así como otras de naturaleza análoga que provoquen en la persona o unidad de convivencia una situación de especial riesgo de sufrir una grave desestructuración personal, económica, social o afectiva.
a) Se entiende que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad las per­sonas o unidades de convivencia cuyos ingresos totales sean iguales o inferiores a una vez el IPREM, en cómputo anual.
b) También se considerará en situación de especial vulnerabilidad a las personas o uni­dades de convivencia cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, además, en alguna de las situaciones relacionadas en la letra b del apartado anterior.
Además de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, se entiende que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad aquellos casos de emergencia social que determinen los servicios sociales, de acuerdo con los criterios estable­cidos en los apartados anteriores.
La situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad se acreditará, a solicitud de la persona o unidad de convivencia interesada, mediante informe de la Administración competente en materia de servicios sociales en los términos que se establezcan reglamentariamente.
El derecho de acceso a los suministros básicos energéticos se garantizará mediante la concesión de las ayudas que por su naturaleza correspondan en el marco de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales, además de las ayudas de urgencia destinadas a resolver necesidades básicas de subsistencia.
La situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad de una persona o unidad de convivencia conllevará el acceso a las ayudas de urgencia para el pago de los consumos energéticos que no puedan ser afrontados por su situación económica.
El pago de los consumos energéticos con cargo a esta ayuda se realizará previa acredita­ción de la necesidad por la persona o unidad de convivencia interesada y en las condiciones y cuantía que informen los servicios sociales correspondientes. Estas ayudas formarán parte del régimen de las ayudas de urgencia y tendrán naturaleza esencial.
Las personas o unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad que cumplan las condiciones de acceso al derecho recibirán un pago de hasta el 100% de la fac­tura energética que no puedan afrontar, en los términos de la valoración social y con la fina­lidad de evitar el corte de suministro.
Las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que cumplan las condiciones de acceso al derecho recibirán hasta el 50% de la factura energética que no puedan afrontar, en los términos de la valoración social y con la finalidad de evitar el corte de suministro. Se podrá incrementar hasta el 75% tomando en consideración los miembros de la unidad de convivencia.
En los dos casos anteriores se analizará, asimismo, la factura energética de los hogares para considerar si existen medidas disponibles de eficiencia energética que se puedan llevar a cabo de manera simultánea a la ayuda en la factura para evitar el corte del suministro.
Las ayudas en el pago de la factura del consumo energético se concederán tanto para evitar el corte del suministro como para restaurarlo en el supuesto de haber sido interrumpido, de manera que el importe de la ayuda podrá incluir el coste para el beneficiario de la reanu­dación del suministro.
El pago de los consumos energéticos con cargo a esta ayuda no podrá incluir los costes derivados de la interrupción del suministro ejecutado por el suministrador sin cumplimentar los procedimientos de información previstos en esta ley.
No obstante, el incumplimiento de los deberes de información que para asegurar la efecti­vidad de las ayudas establece la presente ley en ningún caso deberá impedir la reanudación del suministro a la persona o unidad de convivencia beneficiarios de la ayuda, por lo que ex­cepcionalmente podrán sufragarse los anteriores costes.
Artículo 5. Procedimiento para evitar la suspensión del suministro o proceder a su resta­blecimiento.
Cuando los profesionales de los Centros de Servicios Sociales detecten el caso de una persona o unidad de convivencia en que se haya procedido o pueda procederse a la suspensión del suministro correspondiente a su vivienda habitual como consecuencia del impago de la fac­tura, realizarán una valoración técnica para verificar si cumplen los requisitos para ser benefi­ciario de las ayudas previstas en el artículo anterior. En este supuesto, se pondrá en conoci­miento del suministrador a los efectos de posibilitar la continuidad o restablecimiento del servicio.
En el caso de que una empresa comercializadora de energía haya procedido o quiera proceder al corte del suministro en la vivienda habitual de una persona o unidad de convi­vencia por razones de impago, el usuario comunicará dicha circunstancia a los Servicios So­ciales competentes.
Con el objetivo de asegurar la eficacia de las medidas de protección social establecidas en esta ley, existiendo acreditación de persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad o encontrándose la misma en tramitación, la empresa suministradora no procederá a la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de la prestación económica que corresponda destinada al pago de la factura del consumo energético.
Las administraciones públicas establecerán los acuerdos o convenios necesarios con los suministradores de agua potable, de gas y de electricidad para el desarrollo de estas medidas para evitar la pobreza energética y apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad energética.
Para evitar la interrupción del suministro por falta de recursos económicos de las per­sonas o unidades de convivencia en situación de riesgo de emergencia social, se fomentará la concesión de ayudas o la aplicación de descuentos en el coste de los consumos mínimos.
El suministrador de los servicios básicos de agua potable, gas y de electricidad infor­mará a los usuarios, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, de las previsiones relativas a la pobreza energética establecidas en esta ley.
La prestación establecida en esta ley es incompatible con otras ayudas destinadas a paliar las situaciones de pobreza energética.
Se exceptúan de esta incompatibilidad las situaciones en las que las cuantías perci­bidas por estas ayudas sean inferiores a las establecidas en esta ley, en cuyo caso podrán completarse hasta el límite de las cuantías que como máximo cabe recibir conforme a esta ley, y durante los periodos del año en los que en un hogar en situación de vulnerabilidad no se esté recibiendo ningún pago en virtud de esta condición.
En cualquier caso, el beneficiario de la prestación establecida en esta ley deberá hacer constar que es beneficiario de otra ayuda o que ha iniciado un trámite similar ante otra Admi­nistración Pública.
El Gobierno de Andalucía elaborará un Plan de medidas de eficiencia energética en el que se priorizarán las actuaciones en hogares en situación de vulnerabilidad energética.
Estas medidas estarán destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, el ahorro energético que permitirá reducir el consumo y, por lo tanto, el coste de la factura de electricidad, agua y gas en los hogares en situación de vulnerabilidad.
El Plan se instrumentará de manera que facilite a estos hogares la realización de audito­rías energéticas y la posterior implementación de las medidas propuestas más rentables.
El Plan incluirá también acciones dirigidas a estudiar las posibilidades de reducir la po­tencia contratada de los hogares y se estudiará si concurre alguno de los presupuestos habi­litantes para solicitar el bono social, en caso de que el consumidor vulnerable no se estuviera beneficiando de dicha tarifa reducida.
Este Plan tendrá una duración de tres años y para su elaboración se creará un Comité de seguimiento, que trabajará con las entidades locales y sus servicios sociales, así como con los agentes sociales involucrados en la protección de los derechos de los consumidores y las em­presas de suministro energético a la hora de definir su alcance, diseñar sus objetivos y establecer una serie de indicadores que permitan evaluar los resultados de su implementación y arrojar datos sobre la reducción de la pobreza energética en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los hogares en situación de vulnerabilidad en esta materia tendrán prioridad en el acceso a las medidas de microeficiencia energética, con una financiación pública de sus intervenciones que supondrá entre el 25% y el 100% de su coste en función de la situación de vulnerabilidad.
La financiación de las prestaciones económicas dispuestas en esta ley dependerá de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Gobierno de Andalucía impulsará ante el Gobierno de España aquellas modificaciones legislativas que permitan obtener tarifas más accesibles a las personas y hogares en situa­ción de pobreza energética y vulnerabilidad energética.
La financiación de las medidas de microeficiencia energética se podrá realizar mediante financiación autonómica, mediante fondos procedentes de la Administración General del Es­tado, como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y a través de fondos europeos por la implementación de los Programas Operativos de los Fondos EIE correspondientes al periodo de financiación 2014- 2020, enmarcados en el Acuerdo de Asociación firmado entre España y la Comisión Europea para el mencionado periodo.
Las entidades locales pondrán a disposición de los ciudadanos los medios necesarios para que estos puedan solicitar las ayudas, así como otras medidas dispuestas en esta ley de manera pre­sencial, sin perjuicio de que se puedan habilitar los medios para solicitarla telemáticamente.
La Comunidad Autónoma de Andalucía y las administraciones locales establecerán los ca­nales de colaboración y comunicación oportunos para la tramitación de las solicitudes y demás obligaciones establecidas en esta ley. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Andalucía establecerá con las entidades locales competentes los convenios de colaboración pertinentes para que estas puedan afrontar sus costes.
La función de inspección, control y potestad sancionadora corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
a) El incumplimiento de la obligación de los beneficiarios de comunicar la percepción de otras ayudas para evitar o paliar el problema de la pobreza energética o de otras infor­maciones que les pudieran ser requeridas por los trabajadores sociales competentes para valorar la existencia del derecho a las ayudas reguladas en esta ley.
b) El incumplimiento por los suministradores de los deberes de información que para ase­gurar la efectividad de las ayudas establece el artículo 6.3.
b) El incumplimiento por los suministradores de los deberes que para asegurar la efecti­vidad de las ayudas establece el artículo 5.3.
Constituirá infracción muy grave la reiteración de las conductas tipificadas como infrac­ción grave en el apartado anterior.
Se establecen las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con la suspensión del derecho de acceso a las ayudas previstas en esta ley por un tiempo no superior a 3 meses o con multa equi­valente al resultado de multiplicar hasta 25 la cantidad adeudada.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de mul­tiplicar hasta 50 la cantidad adeudada.
La Administración de la Comunidad Autónoma, en el plazo de seis meses desde la apro­bación de esta ley, presentará un estudio de evaluación de las medidas aplicadas en materia de pobreza energética. En él se contendrá una memoria descriptiva de los procedimientos activados en el marco de los convenios firmados con los diferentes suministradores, para evitar la suspensión del suministro, el análisis de las necesidades básicas energéticas a los efectos de considerar el mínimo vital garantizado y recomendaciones de actuación.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales de Andalucía, con la participación de la Federación Andaluza de Municipios y Pro­vincias, actuarán bajo el principio de colaboración en el estudio, análisis e implantación de medidas para evitar y superar la pobreza energética.
En el seno del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales, se incluirá el análisis de la pobreza energética y las líneas de acción a desarrollar en el conjunto de las políticas sociales.
El Gobierno de Andalucía aprobará el reglamento de desarrollo de esta ley en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio de la inmediata implementación de las prestaciones para paliar las situaciones de vulnerabilidad en materia de pobreza energética.
La presente Ley se publicará en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”, y entrará en vigor el día si­guiente al de su publicación.
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista de Mairena del Alcor eleva al pleno la siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta.
SEGUNDO.- Como Ayuntamiento Promotor de la Iniciativa, se aprueba que el representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea Dª María Antúnez González como Portavoz del Grupo Andalucista, promotor de la iniciativa en Mairena del Alcor, y suplente el edil que la Corporación que se decida por mayoría suficiente.
En Mairena del Alcor, a 18 de enero de 2017.
Portavoz del Grupo Municipal Andalucista Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Documento íntegro del Pacto de Gobierno para Mairena del Alcor 2015-19
26 junio, 2015 Administrador Propuestas y proyectos No comments
ACUERDO-11-DE-JUNIO-DE-2015-FIRMADODescargar
A continuación, y por su interés para la ciudadanía mairenera, a la vez que dando curso a nuestro compromiso de transparencia, el Partido Andalucista de Mairena del Alcor comparte al detalle y en su integridad el documento firmado para la gobernabilidad del pueblo por el actual alcalde Ricardo Sánchez, y nuestra concejala y Secretaria Local María Antúnez. Documento rubricado y presentado públicamente el pasado 11 de junio a las 10,30 horas en la Sala de Prensa del Ayuntamiento, en la Villa del Conocimiento y las Artes. Además, complementamos el documento con una serie de fotos del acto y posteriores.
El Mirador y el Parque de los Molinos son una aportación del PA
10 mayo, 2011 Administrador Propuestas y proyectos No comments
Las dos propuestas que “vende” el PSOE iban en realidad en el programa de María Antúnez en las elecciones del año 2007. Los andalucistas agradecemos que se acoja nuestra idea, pero desconfiamos del modelo estético que se aplicará por inadecuado para el entorno
Por qué los Andalucistas hemos optamos por Andalucía por Sí (AxSí)
Andalucía Por Sí (AxSí) suma fuerza en Mairena del Alcor

References: artículo 97
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 9

Artículo 5
 artículo 6
 artículo 5