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Timestamp: 2017-06-28 20:59:29+00:00

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Sentencia Civil Nº 108/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 840/2014, 16-03-2016 | Iberley
InicioJurisprudencia CivilAP - Barcelona2016Vila i Cruells, CarlesSentencia108/2016840/2014
Sentencia Civil Nº 108/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19, Rec 840/2014 de 16 de Marzo de 2016
Jurisprudencia Sentencia Civil Nº 282/2015, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 579/2014, 08-12-2015 Órden: Civil
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de obligaciones subordinadas el 4 de julio de 2007 (15.000 €), y dos suscripciones de participaciones preferentes el 12 de julio y 7 de julio de 2009 (1.000 € y 16.000 €, respectivamente). El 19 de junio de 2013 se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de C... Sentencia Civil Nº 93/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 822/2014, 16-03-2016 Órden: Civil
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de participaciones preferentes el 2 de marzo de 2006 por un nominal de 20.000 €. La sentencia de instancia estimó la demanda. Tras exponer la naturaleza jurídica de los títulos suscritos y la normativa aplicable, aprecia la concurrencia de error esencial y excusable que vició el consentimiento contractual, declarando en consecuencia la nulidad de la orden de compra de las participacione... Sentencia Civil Nº 211/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 207/2015, 27-05-2016 Órden: Civil
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de participaciones preferentes el 30 de noviembre de 2008 por un nominal de 30.000 €. Posteriormente, se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), y ello por efecto de la Resolución de 7 de junio de 2013 de la Comisión Rectora del Fondo de Rees... Sentencia Civil Nº 178/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 143/2015, 04-05-2016 Órden: Civil
PRIMERO.- En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de dos suscripciones de obligaciones subordinadas el 1 de octubre de 2006 y 10 de junio de 2010 (19.232,32 € y 12.000 €, respectivamente), y una suscripción de participaciones preferentes el 2 de noviembre de 1999 (33.000 €); en total, 64.232,32 €. Posteriormente, se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garan... Sentencia Civil Nº 201/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 218/2015, 26-05-2016 Órden: Civil
Caso práctico: Nulidad del contrato de adquisición de participaciones preferentes por deficiente información. Fecha última revisión: 13/12/2012 PLANTEAMIENTO El juzgado estima la demanda dirigida contra XXX Banco por la parte actora, que no posee conocimientos de los mercados financieros, relacionado con el contrato que dicha parte actora había suscrito con la citada entidad para la adquisición de participaciones preferentes, y basándose en la acción de nulidad alegando una deficiente información por parte de la entidad en relación con los riesgos que asumió mediante dicha suscripción.RESPUESTAEn concreto, la Sen... Caso práctico: ¿En qué consiste el Fondo de Garantía de Depósitos? Fecha última revisión: 22/05/2013 PLANTEAMIENTO¿En qué consiste el Fondo de Garantía de Depósitos?RESPUESTASe encuentra regulado en el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos. (1)Todas las entidades de crédito españolas pertenecerán con carácter obligatorio al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito previsto en este Real Decreto-Ley.Esta obligación no será aplicable al Instituto de Crédito Oficial.Las sucursales de entidades de crédito de Es... Caso práctico: Tributación en el IRPF del canje de participaciones preferentes por importe inferior al nominal. Fecha última revisión: 02/02/2015 PLANTEAMIENTOUn ahorrador era titular de participaciones preferentes que han sido canjeadas por un importe inferior al nominal. Se pregunta acerca de la forma de compensar dicha renta negativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.RESPUESTANOTA: El Art. 49 ,LIRPF ha sido modificado por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, con efectos desde el 01-01-2015.En su consulta vinculante de 06/11/2013 (DGT V3285-13, de 06/11/2013), la Dirección General de Tributos(DGT) da respuesta a un ... Análisis de las novedades fiscales Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia Fecha última revisión: 29/01/2015 RESUMENAnálisis de las novedades fiscales del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.ANALISISDACIÓN EN PAGO DE LA VIVIENDA HABITUALCon efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, se añade una nueva letra d) al 33.4 ,LIRPF.Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto:“Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudo... Caso práctico: Plazo para reclamar por la venta de participaciones preferentes Fecha última revisión: 02/12/2014 PLANTEAMIENTO¿Qué plazo existe para reclamar por la colocación de participaciones preferentes de manera engañosa por un Banco a un particular, produciéndole una pérdida patrimonial ?RESPUESTAEn caso de que los tribunales consideren que se está ante un caso de vicio de consentimiento, el plazo de plazo general para reclamar la nulidad de un contrato es de cuatro años (cf. Art. 1301 ,Código Civil). Este tiempo empezará a correr en los casos de error, o engaño en el consentimiento, des... Ver más documentos relacionados
NormativaLey 13/1985 DA 2-1, DA 2-6CuestiónSi resultaría de aplicación a los referidos valores el régimen fiscal establecido en el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, para las participaciones preferentes.DescripciónLa consultante es una entidad residente en Reino Unido que se propone adquirir, así como colocar entre inversores no residentes en territorio español, determinados valores que se emitirían sometidos a la legislación española, con la denominaci... Resolución Vinculante de DGT, V1164-12, 29-05-2012 Órgano: Sg De Operaciones Financieras
Núm. Resolución: V1164-12
NormativaLey 13/1985 DA 2-2-dCuestión Si resulta aplicable a la entidad consultante la exención establecida para no residentes en el apartado 2.d) de la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, en relación con los intereses que perciba de dichas cédulas hipotecarias. Descripción La entidad de crédito consultante, residente en el Principado de Andorra, y sin establecimiento permanente en España, adquirió en los años 2009 y 2010 cédulas hipotecarias emitidas en el año 2002 por ... Ver más documentos relacionados
Núm. Sentencia: 108/2016 Núm. Recurso: 840/2014
Núm. Cendoj: 08019370192016100059
ROLLO Nº 840/2014- D
Procedimiento ordinario Nº 89/2014
S E N T E N C I A Nº 108/16
En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimonovena de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario, seguidos por el Juzgado Primera Instancia 8 Barcelona, a instancia de
Carlos Alberto Abate contra CATALUNYA BANC S.A.; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada CATALUNYA BANC S.A. contra la sentencia dictada en los mismos el dia 21 de octubre de 2014, por la Sra. Magistrada del expresado Juzgado.
Antecedentes PRIMERO.-La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: 'Que estimando la demanda interpuesta por DON
Carlos Alberto -ABATE contra CATALUNYA BANC, S.A., declaro la nulidad de las órdenes de compra de participaciones preferentes objeto de la demanda y condeno a la demandada a restituir al actor la cantidad de DIEZ MIL SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (10.007,52 €), con más el interés legal del dinero desde la fecha de los cargos hasta la de la venta de las acciones (5-7-2013), a calcular sobre la cantidad de 15.000 euros, y desde la fecha de la venta de las acciones hasta la de esta sentencia, a calcular sobre la suma de 10.007,52 euros, y el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta la del pago, a aplicar sobre el importe de la condena, con la consiguiente devolución de los intereses/cupones percibidos por el demandante, con más los intereses legales desde las fechas de las percepciones hasta la de esta sentencia y los intereses legales incrementados en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta la del pago.
Se imponen a CATALUNYA BANC, S.A. las costas del procedimiento.'
SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte CATALUNYA BANC S.A. mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria y elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.-Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 9 de marzo de 2016.
Fundamentos PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de dos suscripciones de participaciones preferentes el 2 de abril de 2001 y el 14 de marzo de 2011, por un total de 15.000 €. El 5 de julio de 2013 se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), y ello por efecto de la Resolución de 7 de junio de 2013 de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (BOE de 11 de junio de 2013), recuperando el demandante la cantidad de 4.992,48 €.
CUARTO.-Aun cuando la suscripción de las primeras participaciones preferentes se llevó a cabo antes de la publicación de la Directiva MiFID, esto no significa que los clientes bancarios y en particular los consumidores estuvieran desprotegidos. Además de la
Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, la Ley del Mercado de Valores, en sus arts. 78 y
79 , ya imponía la obligación a las entidades y demás personas intervinientes en los mercados de valores de comportarse diligente y transparentemente en interés exclusivo de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado y de mantenerlos siempre convenientemente informados. Y el Real Decreto 629/1993 (derogado luego por el Decreto 217/2008), advertía que las entidades debían suministrar a sus clientes todo tipo de información relevante en atención a su eventual decisión en materia inversora, habiendo de dedicar el tiempo y la atención precisos para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos. Y se añadía que la información tenía que ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos. (arts. 4 y 5 del Anexo).
Siendo evidente la consideración de cliente minorista del demandante (
QUINTO.-Descendiendo al caso que nos ocupa, al igual que el supuesto de hecho analizado en la sentencia transcrita, no ofrece duda que la entidad demandada llevó a cabo un servicio de asesoramiento financiero, pues los títulos no se suscribieron a iniciativa del cliente, sino que se ofertaban como una excelente inversión, ignorando aquél su verdadera naturaleza.
La única orden de suscripción firmada en el presente caso de la que se dispone, de 14 de marzo de 2011, se documentó en un breve documento en los que únicamente constan los datos básicos de la operación y en el que se define el producto como 'Agresivo'. Ninguna eficacia puede reconocerse a las genéricas declaraciones de conocimiento plasmadas al final del documento mencionado ('El/Los abajo firmante/s hacen constar que conocen el significado y la trascendencia de la presente orden, en todos sus términos...'). Estas declaraciones, ante la falta de prueba del contenido de la información ofrecida, se revelan como una simple fórmula predispuesta vacía de contenido (
art. 89.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , que califica como cláusulas abusivas las 'declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato'). No consta efectuado ningún test de conveniencia o idoneidad. Es pues claro que concurrió un manifiesto déficit de información y transparencia a la hora de suscribir los títulos.
Ya se ha descrito antes el contrato, o mejor, la orden de compra, que firmó el demandante. Mayor brevedad es casi imposible. Para la demandada la información proporcionada parece suficiente, y desde luego no es así. Conviene recordar en este punto que el déficit de información, como hecho negativo que es, no corresponde probarlo a la demandante, antes al contrario, corresponde a la demandada probar que cumplió con todas aquellas exigencias de información previa y transparente (
art. 217 LEC ), y no hay medio de prueba alguno del que inferir que la demandada cumpliera con todos aquellos deberes, advirtiendo al demandante que lo que estaba contratando no era ni mucho menos un depósito a plazo, que se trataba de productos complejos y de liquidez supeditada al Mercado AIAF, cuyo funcionamiento difícilmente hubieran llegado entender el demandante. Por tanto, concurre error esencial y excusable, lo que conlleva la nulidad de los contratos.
SEXTO.-Reitera la recurrente la caducidad de la acción de anulabilidad ya invocada en la instancia y que fue desestimada. Esta cuestión ya ha sido resuelta por
art. 1.301 del Código Civil dice que la acción de nulidad sólo durará cuatro años, y que este tiempo empezará a correr, en los casos de error, dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato. Sobre la naturaleza del citado plazo, esto es, si es de prescripción o caducidad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido fluctuante, si bien la doctrina mayoritaria se inclina por considerar que el plazo es de caducidad, como parece inferirse del empleo del verbo 'durar', que sugiere algo improrrogable y que dura lo que dura. Como ha reiterado el Tribunal Supremo (sentencias de 11 de julio de 2003 ,
'En orden a cuando se produce la consumación del contrato, dice la
art. 1301 del Código Civil señala que en los casos de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a correr 'desde la consumación del contrato'. Este momento de la 'consumación' no puede confundirse con el de la perfección del contrato, sino que sólo tiene lugar, como acertadamente entendieron ambas sentencias de instancia, cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes', criterio que se manifiesta igualmente en la
sentencia de 20 de febrero de 1928 dijo que 'la acción para pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad no comienza a contarse hasta la consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo durante el cual se concertó'.Posteriormente, en
art. 1.301 del Código Civil debe acomodarse, por imperativo del art. 3.1 CC , a la realidad social actual, muy distinta de la concurrente a finales del siglo XIX. Como dice dicha sentencia,
art. 1301 del Código Civil fue redactado, la escasa complejidad que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de la 'actio nata', conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113). En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento. Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error.De ahí que no haya razón para entender que el demandante conociera o estuviera en condiciones de conocer el error que vició su consentimiento hasta julio de 2013, cuando ante la necesidad de recuperar el capital que se pueda toma conciencia de la verdadera naturaleza del producto contratado en su día.
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2010 , similar al que nos ocupa. La operación de cambio de los títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) no fue estrictamente un negocio voluntario, sino la única salida para recuperar parte del capital invertido, de modo que no hay en ello convalidación alguna de las compras precedentes. Procede en consecuencia la íntegra desestimación del recurso.
Fallo Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de CATALUNYA BANC, S.A. contra la
sentencia dictada el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Barcelona , confirmando íntegramente la misma, imponiendo las costas de la alzada a la parte apelante y con pérdida del depósito para recurrir.

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