Source: http://alzeytun.org/ocupacion-colonizacion-apartheid-ante-derecho-internacional-la-situacion-palestina/
Timestamp: 2017-12-11 19:05:51+00:00

Document:
Ocupación, colonización y apartheid ante el derecho internacional: la situación de Palestina - Al Zeytun
Derechos Humanos, Número 2
Apartheid, Colonialismo
Nadia Silhi Chahin[1]
Este trabajo pretende reflexionar sobre conceptos del derecho internacional como son la ocupación, la colonización y el apartheid, en relación a la situación de Palestina. El objetivo es poder contribuir a caracterizar la situación jurídica de los territorios palestinos ocupados, específicamente Cisjordania.
Derecho internacional-Palestina-Ocupación-Colonización-Apartheid
Abstract This paper aims to reflect on concepts of the International Law, which are occupation, colonization and apartheid, in relation to the situation of Palestine. The objective is to contribute to the characterisation of the legal status of the Palestinian occupied territories, specifically the West Bank.
International Law- Palestine-Occupation- Colonization-Apartheid
Este trabajo pretende contribuir a la reflexión en torno a los conceptos de ocupación, colonización y apartheid desde el derecho internacional, en relación a la situación de Palestina.
Los instrumentos jurídicos fundamentales que regulan la materia son Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) e informes de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Estos instrumentos se estudiarán conjuntamente con trabajos de autores/as que han analizado la situación de Israel/Palestina.
En relación a los objetivos trazados en esta oportunidad, cuando se hace referencia a los territorios palestinos ocupados se alude a Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. Solo Cisjordania y no Gaza, porque, aunque de acuerdo al derecho internacional Gaza seguiría bajo ocupación israelí desde que éste mantiene un control efectivo respecto de la misma, en Gaza no tendrían lugar actualmente la colonización y el apartheid que sí tendrían lugar en Cisjordania. Tampoco seabordará la situación de los refugiados palestinos ni la de lospalestinos con ciudadanía israelí (también denominados “palestinos de 1948”o “árabes-israelíes”).
El derecho internacional ha definido y caracterizado los conceptos de “ocupación”, “colonización” y “apartheid”. El presente trabajo intentará reflexionar sobre cada uno de ellosy estudiar cómo se aplican en relación al caso de los territorios palestinos ocupados.
El concepto de ocupación en el derecho internacional
De acuerdo al artículo 42 de la IV Convención de La Haya (1907), “se considera un territorio como ocupado cuando se encuentra de hecho colocado bajo la autoridad o control efectivo del ejército enemigo. La ocupación se extiende a los territorios donde dicha autoridad se halla establecida y con medios para ser ejecutada.”
Habría que considerar que, de acuerdo al derecho internacional, la ocupación es un régimen para mantener temporalmente el orden público en un territorio durante un conflicto armado donde no se altera el estatuto originario de ese territorio, por lo cual la ocupación no está prohibida.
Durante la ocupación de un territorio, la potencia ocupante debe respetar el derecho internacional humanitario, representado por las Convenciones de La Haya (1907), de Ginebra (1949) y por normas consuetudinarias. Esta rama del derecho internacional protege los derechos humanos más básicos de los civiles en caso de conflicto armado y algunas de sus violaciones pueden constituir crímenes de guerra.
Entre los principios fundamentales del derecho internacional humanitario en relación a la ocupación, se consideran los siguientes: el ocupante no adquiere soberanía sobre el territorio; la ocupación es una situación temporal y los derechos del ocupante se limitan al periodo que ésta dure; la potencia ocupante debe respetar las leyes vigentes en territorio ocupado, por regla general, y además debe tomar las medidas necesarias para restablecer el orden público y la seguridad; se prohíben los traslados de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado; se prohíben los castigos colectivos; se prohíbe la confiscación de propiedad privada; etc.[2]
La ocupación de Palestina ante el derecho internacional
En el caso del pueblo palestino, se dice que vive bajo ocupación desde que en junio de 1967, tras la llamada “Guerra de los Seis Días”, el Estado de Israel ocupará Cisjordania –incluyendo Jerusalén oriental-, Gaza, la Península del Sinaí (Egipto) y los Altos del Golán (Siria).
Si bien, como se vio, la institución de la ocupación no es per se contraria al derecho internacional, sobre la ocupación que ejerce el Estado de Israel en Palestina, las Naciones Unidas se han pronunciado rechazándola en varias oportunidades.
En diciembre de 2016 se aprobó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la Resolución 2334. Mediante la misma se califica de “flagrante violación del derecho internacional” el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, que no tienen validez legal, y se exhorta a Israel a ponerles fin de inmediato y por completo.
Pese a su importancia, nada nuevo se advierte en la mencionada Resolución 2334. Ya en noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad dictó la Resolución 242,[3] donde dispuso dos principios: “el retiro de las fuerzas armadas del territorio ocupado en el reciente conflicto” y “la terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza.”
La recién citada Resolución 242 causó problemas de interpretación (pues no quedaba muy claro si la aplicación de los principios que consagra debía ser sucesiva o simultánea; y, además, las versiones francesa e inglesa diferirían entre sí, ya que mientras la primera habla de “retirada”, la segunda habla de “tendencia a la retirada”), lo que ha servido de excusa a Israel para no respetarla nunca y alegar que estas cuestiones deben resolverse mediante negociaciones directas con los Estados árabes (Escudero Alday, 2006: 27).
Sin embargo, huelga recordar que las resoluciones que emite el Consejo de Seguridad de la ONU son de obligatorio cumplimiento para los Estados.
Con todo, en la prolongada ocupación de los territorios palestinos, iniciada hace ya más de cincuenta años, se podría sostener que Israel no solo ha violado el derecho internacional de los derechos humanos, sino también el derecho internacional humanitario y perpetrado crímenes de guerra.
Como han constatado distintas instancias en el seno de Naciones Unidas, como los informes de los Relatores especiales sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados -a los que se hará mayor referencia más adelante-, la ocupación de Israel sobre territorio palestino ha tenido diversas consecuencias. Israel ha usado fuerza militar en contra de población civil; ha cambiado las leyes y la institucionalidad de manera tal que la población ocupada se ve privada de derechos; ha confiscado propiedades y tierras palestinas; ha destruido casas palestinas e infraestructura civil sin que mediara necesidad militar; ha desplazado forzosamente a la población, no de forma temporal ni atendiendo a sus necesidades de seguridad; ha impuesto restricciones arbitrarias a la libertad de movimiento de la población ocupada; ha transferido a civiles israelíes al territorio ocupado y construido asentamientos para este propósito; ha explotado los recursos naturales para su propio beneficio; y, por último pero de primera relevancia, permanentemente anexa territorio palestino ocupado donde establece asentamientos judíos.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la construcción de un muro en territorio palestino ocupado
Además de las referidas Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia emitió, en respuesta a la Resolución ES-10/14 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción del muro que levanta Israel, la potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores,donde concluye que la construcción del muro y su régimen conexo es contraria al derecho internacional.[4]
La Corte entiende como ocupados los territorios situados más allá de la línea verde (la frontera israelí establecida de facto en el armisticio de 1949, que se mantuvo de ese modo hasta 1967), como serían Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. El territorio afectado –por el muro- y respecto del cual se pronuncia la Corte, es Cisjordania y Jerusalén Oriental.
En relación a cuál es el derecho aplicable a la hora de fallar, la Corte resuelve dos cuestiones generalmente debatidas y de gran importancia práctica. La primera dice relación con la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, específicamente del IV Convenio de La Haya y del IV Convenio de Ginebra, declarando aplicables ambos. La segunda, dice relación con la aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos en los territorios ocupados, que también entiende aplicable. En otras palabras, ambos ordenamientos serían jurídicamente compatibles entre sí (Saura Estapa, 2004: 27).
Israel inició los planes de construir el muro en 2002 con la justificación de prevenir ataques terroristas. Sin embargo, de acuerdo al Informe del Relator Especial Richard Falk sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, de enero de 2014,[5] el punto crucial es que no hubiera sido contrario a derecho que Israel construyera un muro de seguridad en una frontera internacionalmente establecida, pero invadir unilateralmente territorio ocupado en 1967 constituye una violación flagrante del derecho internacional.
En realidad, en el escrito presentado por Israel ante la CIJ, Israel sólo analiza cuestiones de competencia y oportunidad, sin detenerse en el fondo del asunto. Para el Estado, se trataría de cuestiones políticas, no jurídicas. En otras palabras, argumentó que la cuestión era incierta y que no podía responderse jurídicamente en los términos en que se planteó (Bondía, 2006: 98).
Además, como ha señalado la propia Corte, Israel pretexta razones de legítima defensa basado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y es un deber del Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, la invocación de este artículo sería pertinente si la amenaza proviniera desde fuera y quien amenazara fuera otro Estado (no la población ocupada).
Ya al poco tiempo de iniciada la construcción del muro, se podía afirmar que éste iba a ocasionar la pérdida adicional de tierras palestinas a través de la confiscación y anexión de las mismas; aislamiento constante y permanente de la población palestina; e imposibilidad para los palestinos de ejercer el derecho a la libre determinación (Pizzini, 2006: 71).
Y, como en 2013 lo describió una misión internacional independiente de Naciones Unidas que investigó las consecuencias de los asentamientos israelíes en los derechos de la población de Palestina ocupada, hay un sistema de total segregación entre los asentamientos israelíes y la población palestina.[6]
Aquello va en franca contravención de lo que había ordenado la CIJ: frenar el levantamiento del muro divisorio dentro de los territorios ocupados y desmantelar lo construido hasta el momento; deshacer todo tipo de actos de regulación o legislativos referentes a dicha construcción; y reparar todo daño provocado por la construcción del muro.
En otras palabras, la “ocupación” de la Palestina de 1967 pareciera haber pasado a ser algo de naturaleza diferente de una ocupación.
El colonialismo ante el derecho internacional
El colonialismo se refiere a un periodo temporal caracterizado por la explotación y conquista de territorios; se trata del dominio de un pueblo sobre otro (Garrido, 2015: 68). Está prohibido en el derecho internacional desde la década del sesenta. Esta prohibición se refleja en varias resoluciones de Naciones Unidas, como la Resolución 1514 de la Asamblea General (1960), que garantiza la independencia de los países y sus habitantes que habían sido sometidos al dominio colonial por las potencias europeas. En ella se recoge el derecho a la libre determinación de los pueblos a los pueblos que fueron colonizados, oprimidos y/o ocupados. Literalmente, dicha Resolución,
“(…) Declara que:
Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial.”
El colonialismo y el caso palestino
Palestina pudo (y podría) entenderse en cualquiera de las tres situaciones: colonizada, oprimida, ocupada.
Sin embargo, en los años sesenta, durante el proceso de descolonización, no fue objeto del mismo, debiendo haberlo sido, ya que es un pueblo en el sentido del ordenamiento jurídico internacional y por tanto goza del derecho a la autodeterminación, como han reconocido Naciones Unidas y la comunidad internacional.[7]
Dicho de otro modo, Palestina no accedió a la independencia a pesar de encontrarse en una situación idónea para ello, en virtud de la aplicación del régimen de mandatos establecido por la Sociedad de las Naciones al cual las potencias coloniales sometieron a los pueblos que consideraron no capaces de gobernarse por sí mismos (Díaz Barrado, 2011: 7).
Por esta razón, sería posible sostener que Palestina continúa bajo el dominio colonial, que adquiere ciertas características y dimensiones particulares.
La colonización de la tierra palestina ocupada
En el seno de Naciones Unidas, se habla de colonialismo para referirse a la situación de Cisjordania.
Así, de acuerdo al Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, John Dugard: “Los asentamientos son ilegales a efectos del derecho internacional (…) constituyen una forma de colonialismo (…).”[8]
Posteriormente, su sucesor, Richard Falk,[9] puntualiza que cambiar el lenguaje enfatizaría lo inadecuado del marco legal internacional, que trata como ocupación a una situación que se extiende ya por más de cuarenta y cinco años.
Para Falk, hablar indefinidamente de ocupación no es consistente con el régimen “anexionista, colonialista y de limpieza étnica” de Israel. Más aún, específicamente en relación al lenguaje, refiere que el derecho internacional debe reflexionar sobre la base del día a día y no quedarse en terminología técnica o eufemismos que solo contribuyen a enmascarar el sufrimiento de quienes padecen las violaciones a los derechos humanos. Sería más apropiado hablar de la anexión o de las ambiciones coloniales de Israel que de ocupación.
En 2011, el Relator Especial reiteró el llamado que había hecho su predecesor en 2007 respecto de solicitar una opinión consultiva a la CIJ respecto de los elementos de la ocupación constituirían colonialismo, apartheid y limpieza étnica, y en su informe analizó él mismo si Israel practica el apartheid, para luego insistir en este llamado.
En la misma línea, el Relator Especial Michael Lynk acentúa las violaciones al derecho durante la prolongada ocupación israelí. Y sostiene “la duración de la ocupación ha ido más allá de la duración razonable para cualquier poder ocupante que actúa de buena fe (…) Sin la política de asentamientos de Israel, no habría razón para perpetuar la ocupación (…) Una de las más serias violaciones a los derechos humanos ha sido la consolidación de un régimen colonial en el territorio palestino ocupado, con dos sistemas separados y desiguales (…)Israel ha renunciado a su obligación de mantener, en el territorio palestino ocupado, el derecho al desarrollo y el derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte del pueblo palestino.”[10]
A mayor abundamiento, en el más reciente Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal en 2013,[11] varios de los Estados se refirieron expresamente a la “política colonizadora” de Israel.
La limpieza étnica de Palestina y el modelo colonial israelí
Además de lo anterior, entender que se trata de una ocupación que comenzó en 1967, desconoce el origen histórico de los hechos, que se puede reconocer en 1948, cuando se creó el Estado de Israel.
Esta tesis es sustentada porIlanPappé,entre otros historiadores, quien ha descrito los actos llevados a cabo para la fundación de Israel como una limpieza étnica, lo cual significaría que mediante la expulsión de los habitantes originarios de la tierra de Palestina, los árabes palestinos, se fundó el Estado judío de Israel.
Para ello, en seis meses, se desarraigó a cerca de ochocientas mil personas, más de la mitad de la población nativa. Se destruyeron quinientas treinta y una aldeas y se vaciaron once barrios urbanos (Pappé, 2008: 11).
El ochenta por ciento de Palestina histórica fue limpiado étnicamente en 1948; el restante veinte por ciento fue ocupado por Israel en 1967, encerrando a los palestinos en megaprisiones, bantustanes[12] y cantones sitiados, y sometiéndolos a políticas discriminatorias. “Incluso, mientras escribo esto –sostienePappé-, el Estado colonial israelí sigue multiplicando los asentamientos y desarraigando a la población originaria de Palestina” (Pappé, 2014: 49).
No obstante lo anterior,Pappéreconoce que el israelí no es un caso sencillo de colonialismo y que por ende no puede definirse como de descolonización la solución a la ocupación de Palestina. Ello se debe a que el movimiento sionista no tiene una metrópoli clara y además es anterior a la época del colonialismo, por lo cual sería un anacronismo describirlo como un proyecto colonial.
Aún así, sería para el autor útil ver la situación a través del prisma del colonialismo y del anticolonialismo por dos razones.
La primera, la cantidad de colonias judías en Palestina solo crece exponencialmente, y para los interlocutores en el proceso de paz, ellas no estarían en cuestión. En otras palabras, para Pappé las políticas de ocupación en Gaza y Cisjordania, de opresión en Israel y de negación respecto de los refugiados no estarían en cuestión en el llamado proceso de paz.
La segunda, es que Israel ha impuesto como condición en el proceso de paz que Israel se reconozca como Estado judío y que, en razón de su seguridad, el Estado palestino se establezca desmilitarizado y solo en algunas zonas de las ocupadas. Es decir, este proceso de paz se llevaría a cabo entre opresor y oprimido, no entre iguales (Pappé, 2014: 49-51).
En esta línea, Azmi Bechara describe las peculiaridades del colonialismo sionista, comparándolo con otros -ya extintos- modelos coloniales. Así, Bechara afirma que el colonialismo sionista habita el espacio entre el modelo francés en Argelia y el de África del sur, concentrando lo peor de cada cual.
El primero presentó un modelo repleto de separación geográfica, cultural y social entre las dos entidades: el ocupante y el ocupado. Los colonizadores de Argelia tenían una “madre patria”, una patria en ultramar. El impulso del colonialismo francés fue lograr la unidad dentro de la separación entre Francia y Argelia. Por eso el colonialismo francés fue acompañado por un intenso esfuerzo por dar a Argelia, y a sus habitantes, un barniz francés. Por eso también el movimiento de liberación adoptó un dogma de separatismo puro, subrayando su identidad. Más de un millón de colonos abandonaron el país, a pesar de que se les dio la alternativa de quedarse como ciudadanos argelinos.
En el segundo, en cambio, la segregación racial no fue absoluta, pues tuvo lugar en un marco de unidad política, donde los negros eran parte del régimen, teniendo un estatus diferente respecto de los blancos. Se buscó, en oposición al modelo francés, la separación dentro de la unidad. Los blancos no crearon muros de separación más allá de los muros de sus propiedades privadas, donde los negros eran sus sirvientes. La lucha fue contra el racismo y la segregación, para que ese Estado pasara a ser democrático.
Para Bechara, el caso de Palestina es diferente. Los israelíes se identifican con la tierra, quieren quedarse con ella, pero se alejan de la gente del lugar y les niegan la ciudadanía. O quieren separarse, pero quedarse con los asentamientos. Las barreras y los muros son la regla, no la excepción.
Ese tipo especial de colonialismo no trata de “desarrollar” a los habitantes, sino que desplaza a la gente, confisca su tierra o los circunvala. “Desarrolla” la tierra para asentamientos, pero no para sus habitantes.
Sostiene Bechara: “En todas las antiguas colonias uno encuentra trazas de arquitectura francesa, inglesa, holandesa, belga, o moscovita. Uno puede encontrar hospitales y oficinas administrativas, prisiones, ferrocarriles, e incluso universidades construidas por los ocupantes. No así en las áreas capturadas en 1967. Ni un solo edificio israelí, ni siquiera una prisión, se ve en Ramallah, Nablus o Gaza. Todo lo que hay ha sido construido por árabes.
No hay traza alguna de un edificio israelí en las áreas árabes, con la excepción de asentamientos y sus infraestructuras.La separación dentro de la separación es la lógica del colonialismo sionista, el pensamiento detrás del muro de segregación racial.Es difícil describir el laberinto de muros y barreras construidos alrededor de las aldeas cercanas a Jerusalén. Es difícil imaginar la violencia resultante del control de personas y tierras (…).”(Bechara, 2004).
En este sentido, el caso de Palestina no solo pareciera ser de ocupación ilegal y colonización. También estaría teniendo lugar un crimen de lesa humanidad: el apartheid.
El apartheid en el derecho internacional
El vocablo apartheid proviene del afrikáans y significa “separación.” Es el nombre que se le dio al sistema de segregación racial por colonos blancos respecto de la población africana y otras poblaciones no blancas en Sudáfrica entre 1948 y 1994. Por medio de las leyes del régimen, se consiguió la separación física y denegación de derechos igualitarios entre los diferentes grupos humanos en Sudáfrica (Coconi, 2010: 26-27).
El crimen de apartheid, entre otras convenciones internacionales, se consagra en el Estatuto de Roma (1998) como uno de los crímenes de lesa humanidad respecto de los cuales la Corte Penal Internacional tiene competencia. De acuerdo a esta convención, el apartheid consiste en un “régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.”
De forma similar y más específicamente, se consagra el crimen de apartheid en la Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid (1973). Aquí, además de definírsele, se detallan los actos que constituirían apartheid. De acuerdo a su artículo 2°,
“A los fines de la presente Convención, la expresión “crimen de apartheid”, que incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal como se practican en el Africa meridional, denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente:
f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales.”
Por otra parte, en la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965) se describe la discriminación racial como tal
Interpretando conjuntamente ambas convenciones, se puede definir el apartheid como “un conjunto de políticas y prácticas de discriminación legal, exclusión política y marginación social basadas en el origen racial, nacional o étnico.” Esta definición es deudora del apartheid sudafricano pero no puede reducirse a éste (Greenstein, 2014: 207-208).
El apartheid en el caso de Palestina
La legislación internacional sobre el apartheid podría aplicarse al caso de Israel/Palestina, ya que si bien este caso y el sudafricano no son idénticos, guardan similitudes. En lo que se diferencian fundamentalmente es que el modelo israelí de apartheid tiende realmente a la exclusión y eliminación de la población indígena a efectos de despejar el camino a la inmigración judía. Por el contrario, los colonos blancos sudafricanos se centraron en concentrar los recursos y la mano de obra no blanca para obtener lucro, constituyendo entonces la dominación política un camino hacia la dominación económica, mientras que en Israel/Palestina la dominación política es un objetivo en sí mismo (Greenstein, 2014: 209-210).
El académico sudafricano Ran Greenstein denomina a la situación en Israel/Palestina “un tipo especial de apartheid”, pues se trata de un sistema que combina normas democráticas, legislación militar y exclusión/inclusión territorial de población. Éste difiere del apartheid sudafricano en tres aspectos importantes.
A saber: primero, el apartheid sudafricano se basó en una distinción racial entre blancos y negros, más que en una diferenciación étnica y nacional; segundo, en Sudáfrica un objetivo clave para el Estado fue asegurarse que las personas negras siguieran siendo mano de obra que no planteara reivindicaciones sociales ni políticas, mientras que el imperativo económico del apartheid israelí ha sido crear empleo para los inmigrantes judíos; por último, se observa que para los judíos en Palestina la demografía es la clave de la supervivencia política, pero para los blancos en Sudáfrica, mientras su seguridad individual, inversiones y propiedades estuvieran garantizadas, el factor demográfico no era un problema serio.
No obstante, aquello que fundamentalmente ambos regímenes tienen en común es la intención de mantener y consolidar la dominación de un grupo respecto del otro a través de la ley.
A través de la ley en Sudáfrica se practicó el colonialismo de asentamientos[13], el desplazamiento forzoso de la población indígena, la división de la población colonizada en diferentes grupos con diferentes derechos, severas restricciones a la libertad de movimiento e impedimento violento de la resistencia. En Israel se hace prácticamente lo mismo respecto de los palestinos (Greenstein, 2014: 212-216).
La violación del derecho internacional se realiza amparada en el derecho interno. En este sentido, sostienen John Dugard y John Reynolds que los tres pilares del apartheid sudafricano se replican en Palestina hoy. Lo más interesante de su análisis para estos efectos, es que rescatan el carácter institucionalizado de un tercer pilar: la sistemática dominación en Palestina ocupada descansa en una matriz de leyes basadas en la seguridad que se invocan para validar reprimir a quien se oponga y mantener el sistema de dominación racial (Dugard y Reynolds, 2013: 911).
En palabras de Ruiz Socha, “bajo el amparo de la ley, se blindan prácticas sistemáticas como la tortura y otros crímenes de lesa humanidad. Bajo el sofisma de la seguridad se autorizan violaciones de derechos humanos y suspensión de garantías”(Ruiz Socha, 2008: 81).
De hecho, como explica Carmen Pérez, Israel se niega a aplicar los convenios de derechos humanos de los cuales es parte en territorios ocupados, con la excusa de que éstos solo se aplicarían en tiempos de paz, mientras que en los territorios ocupados debiera aplicarse solo el derecho internacional humanitario. Ello ha sido controvertidopor la Corte Internacional de Justicia -en la jurisprudencia revisada- y por comités convencionales de Naciones Unidas. Israel debiera aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en todos los territorios en que ejerza jurisdicción (Pérez, 2012: 238-239).
Los Relatores Especiales de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, como Richard Falk[14] y John Dugard,[15] se han referido al apartheid para caracterizar la situación de los territorios ocupados (y, podríamos decir, colonizados por Israel).
Más aún, en marzo de 2017, se publicó el informede la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de Naciones Unidas “Israeli practices towards the Palestinian people and the question of apartheid”, donde se establece que el régimen israelí mantiene un sistema de apartheid respecto de los palestinos.[16]
Tras revisar, desde el derecho internacional en relación a la situación en Palestina, específicamente en Cisjordania, los conceptos de ocupación, colonización y apartheid, pueden alcanzarse las siguientes conclusiones:
Primero. La ocupación en el derecho internacional no está prohibida. Sin embargo, la ocupación de los territorios de 1967 es considerada ilegal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Lo anterior fue ratificado por la Corte Internacional de Justicia en la jurisprudencia referida al muro que Israel construye en Cisjordania, al cual considera ilegal y obliga a su desmantelamiento.La Corte determinó que Israel debía aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, además del derecho internacional humanitario, en los territorios que ocupa.
Segundo. Si bien la colonización está prohibida en el derecho internacional, y se entiende que los pueblos que fueron colonizados vivieron un proceso de descolonización en los años sesenta, Palestina seguiría bajo dominio colonial y al pueblo palestino no se le permitiría la autodeterminación.
Tercero. El colonialismo sionista, sin embargo, revestiría características particulares. Buscaría cambiar la configuración demográfica de los territorios que ocupa, limpiándolos étnicamente de árabes e instalando a judíos en su lugar. Se separa a los árabes de los judíos y, más aún, a los árabes entre sí.
Cuarto. Lo anterior da paso a la configuración de un sistema de apartheid, según se definió para el caso sudafricano en el derecho internacional, en Cisjordania. La principal característica que el apartheid sudafricano tendría en común con el apartheid israelí, es que el sistema de dominación racial en ambos casos descansa en la matriz legal interna del Estado respectivo. En otras palabras, las violaciones al derecho internacional están consagradas en el derecho nacional.
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[1]Abogada egresada de la Universidad de Chile, diplomada en Cultura Árabe e Islámica por la misma casa de estudios, y candidata al Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.
[2] Fuente: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/63xknp.htm [Consultada el 14/08/2017]
[3]En el mismo sentido, el Consejo de Seguridad ha dictado también las siguientes Resoluciones: 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) y 1850 (2008).
[4]Corte Internacional de Justicia. Opinión Consultiva A/ES-10/273, de 9 de julio de 2004.
[5] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, Richard Falk, A/HCR/25/67, enero 2014.
[6]La nota de prensa sobre los resultados de la Misión pueden encontrarse en http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44045#.WIIm7fnhDIV y el Informe de la misma puede encontrarse en http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf[ambos enlaces consultados el 11/08/2017].
[7] En este sentido, las Resoluciones 2787 (1971) y 3236 (1974), ambas de la Asamblea General de Naciones Unidas.
[8] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, John Dugard, A/ HRC/17, enero de 2008.
[9] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos Ocupados desde 1967, Richard Falk, A/HCR/25/67, enero de 2014.
[10] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Michael Lynk, A/HCR/71/554, octubre de 2016.
[11]Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 2013-Israel (A/HRC/25/15).
[12] Los bantustanes fueron las “patrias independientes” (homelands) sobre las cuales se estructuró el apartheid sudafricano. Cada uno agrupó a los “racialmente homogéneos” y supusieron el hacinamiento de la mayoría negra en reservas que representaban solo el 13 por ciento del territorio sudafricano.Según determinó el Grupo Especial de Expertos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la “política de bantustanes” sería el primer elemento constitutivo del crimen de apartheid (Comisión de Derechos Humanos, Estudio sobre la cuestión del apartheid desde el punto de vista del derecho penal internacional, E/CN.4/1075, 15 de febrero de 1972, pp. 51 – 52). Respecto del caso palestino, de acuerdo al Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, en Misión a los territorios palestinos ocupados, la práctica de confiscación de tierras revela la existencia de una estrategia encubierta de “bantustanización” (E/CN.4/2004/10/ Add.2, 31 de octubre de 2003, p.3).
[13] Es un concepto más utilizado en el inglés (settlercolonialism).Siendo el colonialismo la práctica mediante la cual un Estado o grupo ejerce control sobre otro país o territorio, el colonialismo de asentamientos es una forma de colonialismo mediante la cual los colonos crean una sociedad diferente de la población nativa y buscan controlar la tierra y los recursos naturales para establecer su propia economía y sistema de gobierno.
[14] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, Richard Falk, A/HCR/25/67, enero 2014.
[15] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, John Dugard, A/HRC/7/17, enero 2008.
[16] Este Informe fue retirado de los sitios web oficiales de Naciones Unidas, pero puede encontrarse en: http://www.jadaliyya.com/pages/index/26223/un-report-establishes-israeli-apartheid;-fallout-b [Consultado el 11/08/2017].

References: artículo 42
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 51
 Resolución 
 artículo 2