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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 592/2013 de 18 de noviembre
ITP: Liquidación provisional. Escritura pública de compraventa de un inmueble. Expediente de comprobación de valores. Defectuosa motivación. Valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Se desestima.
SENTENCIA: 00592/2013
Recurso Contencioso-Administrativo n.º 274/10
SENTENCIA N.º 592
En Albacete, a dieciocho de Noviembre de dos mil trece.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, bajo el número 274/10 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la mercantil Camaconstru S.L., representada por el Procurador Sr. Ponce Riaza, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado; siendo parte codemandada la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representada y dirigida por sus servicios jurídicos, en materia de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Lorenzo Pérez Conejo.
Primero.—Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 27 de Abril de 2010, recurso contencioso- administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha de 26 de febrero de 2010, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa n.º NUM000.
Segundo.—Contestada la demanda por la Administraciones demandada y codemandada, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendieron aplicables, solicitaron sentencia desestimatoria del recurso.
Tercero.—Fijada la cuantía del recurso en 22.463'09 € y acordado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el 14 de Noviembre de 2013, en que tuvo lugar.
Primero.—En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Re gional de Castilla-La Mancha de 26 de febrero de 2010, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa n.º NUM000 presentada el día 10 de octubre de 2008 frente la resolución de la Oficina Liquidadora de Torrijos de 14 de agosto de 2008, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la mercantil ac­tora contra la liquidación provisional por el Impuesto sobre Transmi­siones Patrimoniales por un total a ingresar de 22.463,09 €, que tuvo lugar el día 13 de abril de 2010, en re­lación con el expediente de comprobación de valores NUM001 referente a la escritura pública de compraventa de un inmueble otorgada el día 7 de marzo de 2003, en el que se fija un valor comprobado de 444.570,94 €, habiéndose declarado un valor de 125.743,00 €.
Segundo.—La pretensión que se ejercita por la parte actora es el dic­­­tado de sen­­tencia en la que se admitan íntegramente las pre­­­­­­ tensiones vertidas en este recurso dejando sin efecto la liquidación provisional girada, procediendo a decretar que se devuelva el importe satisfecho de 22.463,09 €, procediendo a imponer las costas que genere este procedimiento a la parte demandada.
La Abogacía del Estado, en la represen­tación que ostenta de la Administración estatal de­­mandada, solicita el dictado de sentencia declarando la desestimación del recurso.
El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la represen­tación que ostenta de la Ad­ministración auto­­­ nómica de­­­mandada, solicita el dictado de sentencia desestimando la demanda con expresa declaración de conformidad a Derecho de la resolución impugnada.
Tercero.—La mercantil recurrente esgrime como argumentos impugna­torios de la resolución impugnada la ausencia de motivación y la valoración por la Administración de la finca en atención a sus expectativas urbanísticas y futura edificabilidad.
Por lo que se refiere al primer motivo fiscalizador esgrimido, la condición de agente del tráfico inmobiliario de la sociedad re currente (promoción y construcción de viviendas), tal y como consta en la escritura de constitución de 9 de septiembre de 1997 y reconoce en la propia demanda, influye en que una eventual defectuosa motivación de una resolución administrativa en la materia que nos ocupa sea considerada como mera irregularidad no invalidante y no un supuesto de anulabilidad del acto administrativo, siendo lo determinante en tales casos como ha postulado el Tribunal Supremo que la falta de motivación haya causado o no "indefensión material" para decretar su nulidad (STS de 25 de enero de 2000 y Sentencia de esta misma Sala y Sección de 29 de junio de 2009, dictada en el P. O. n.º 353/06, entre otras), resultando que la condición profesional de la entidad demandante la hace perfecta conocedora del mercado inmobiliario, por lo que no se le ha producido indefensión sustantiva, má­ xime cuando ha interpuesto el preceptivo recurso de reposición previo a la reclamación económico-administrativa, pudiendo haber ejercitado asimismo la tasación pericial contradictoria tras su previa reserva, no habiéndose por tanto visto mermado su derecho de defensa (Sentencia de esta misma Sala y Sección de 28 de abril de 2008, recaída en el P. O. n.º 23/05).
Cuarto.—Sobre este particular, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección núm. 222/08, de 9 de junio de 2008, dictada en el P. O. n.º 123/05, se dice en su F. de D. 4.º que: "..., pues en todo caso la anulación se produjo en cuanto a la forma de ejercitar dicha comprobación (concretamente por estimar insuficiente la motivación del acto) pero no se consideró nula la acción misma de comprobación...No siendo, por otra parte, la falta de motivación un supuesto de nulidad de pleno derecho de los del artículo 62 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, sino de mera anulabilidad".
Por otro lado, en el Dictamen del Perito de la Administración en el apartado denominado «descripción del inmueble» se señala el uso o destino del inmueble, según declaración del sujeto pasivo, por lo que concurre una suficiente aunque mínima descripción inmobiliaria a diferencia de lo argumentado por la mercantil actora.
Por su parte, la Sentencia del TSJ de Andalucía, con sede en Málaga, de fecha 31 de enero de 2002, mantiene que: "Es valo­ ración suficiente motivada aquella en la que el perito llega al valor unitario, individualiza la tipología del inmueble, la antigüedad de la edificación, el estado de conservación, las calidades, la ubicación del inmueble, y en base a todo ello aplica los correspondientes coeficientes...correspondiendo al contribuyente la utilización de los medios probatorios que en su caso desvirtúan el contenido de la misma, no bastando con la mera manifestación de desacuerdo".
Quinto.—Pues bien, en la valoración realizada por la Administración a través del dictamen de su perito figura que la metodología axiológica utilizada para la obtención del valor real ha sido la establecida en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuyas Normas 16 y 18 de su Anexo han sido modificadas por el Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, habiéndose empleado como valor de referencia el MR valor del suelo por repercusión, área homogénea según Catastro, aplicándosele al valor así obtenido unos coeficientes correctores referidos al destino, coeficiente de mercado e incluso de depreciación que se aplican por mor de lo establecido en las respectivas Normas del mencionado Reglamento, lo que ha llevado a un valor unitario (Vu) que distingue valores de referencia según el destino, no encontrándonos por tanto ante las repudiadas por la jurisprudencia mayor y menor como valoraciones genéricas, estereotipadas o no particularizadas y/o individualizadas del bien tasado, sino ante una básica y suficiente apre­­­­­­ ciación técnica del valor del inmueble por el perito de la Administración que permite dictaminar objetivamente su valor real, que en todo caso puede ser cuestionado mediante la oportuna tasación pericial contradictoria.
Sexto.—Por lo que respecta a la alegada por la empresa demandante errática valoración por la Administración del inmueble adquirido al haber sido tasado en función de sus expectativas urbanísticas y no como una finca rústica que es como figura en la escritura pública de compraventa de 7 de marzo de 2003, no obstante, hay que tener presente que en el mencionado documento público si bien es cierto que en el "exponen" se dice que la sociedad mercantil transmitente es dueña en pleno dominio de la siguiente finca rústica, no lo es menos que continúa diciendo que se trata de tierra, en término de Camarena al sitio Era Alta, conocida por Marrero, hoy terreno urbanizable aunque en el Catastro figura como suelo urbano pendiente de Programa de Actuación Urbanizadora, con cabida según título de 1 hectárea 13 áreas y 75 centiáreas, y, según Registro de 9.883,12 metros cuadrados, de ahí que en la Cédula Urbanística expedida por dicho Ayuntamiento se señale que la parcela 3 del polígono 28 está clasificada como suelo urbano dentro de la zona B para uso distinto con desarrollo por Plan Especial de Reforma Interior, una vez desarrollada unidad de actuación por P.A.U. de conformidad con la L.O.T.A.U. (folio 7 reverso), encontrándose clasificados tales terrenos según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal como suelo urbano dentro de la zona para uso mixto con desarrollo por P.E.R.I. (folio 62), habiéndose realizado la valoración por el perito de la Administración como suelo urbano, y no atendiendo a las expectativas urbanísticas, lo que conecta con el dato de que la empresa demandante se dedica a la promoción-construcción inmobiliaria, pudiendo acontecer que la tasación de tres fincas rústicas coincida aproximadamente con el valor de una finca urbana.
Por último, en cuanto a la posible falta de visita del técnico de la Administración al inmueble valorado hay que decir que ni le­ galmente ("ex" Ley autonómica 21/2002 y Ley 17/2005) ni jurisprudencialmente se considera su ausencia como un vicio invalidante de la comprobación de valor (Sentencias de esta misma Sala y Sección de 18 de julio de 2003 y de 1 de marzo de 2010 dictada en el P. O. n.º 978/06), por todo lo cual procede desestimar la demanda articulada en el presente recurso contencioso-administrativo y confirmar la resolución impugnada por ser conforme a Derecho.
Que debemos desestimar y desestimamos la demanda for­malizada en el recurso contencioso-adminis­trativo tramitado como P. O. n.º 274/10, interpuesto por la entidad "Camaconstru, S. L." con­tra la resolución des­­cri­ta en el Fundamento Jurídico Primero de es­ta Sentencia, confirmán­dola por ser ajustada a Derecho. Sin costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución