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Timestamp: 2020-08-07 15:16:46+00:00

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IPDP Chile | LA MOCIÓN DE VALENCIA Y EL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL CIVIL. HERNÁN CRISOSTO GREISSE
LA MOCIÓN DE VALENCIA Y EL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL CIVIL
HERNAN CRISOSTO GREISSE
Ministro Corte de Apelaciones Puerto Montt
Profesor sede Puerto Montt USS
Como he dicho anteriormente, es mí parecer que quienes participan del Estudio del Proyecto de Reforma al Procedimiento Civil Chileno, no deberían dejar considerar los postulados de la “Moción de Valencia”
La “Moción de Valencia” (1), tuvo su origen en Primera Jornada Internacional sobre Proceso Civil y Garantía que el día 27 de enero de 2006, reunió en Valencia, España a destacados procesalistas (2). La Moción propone las bases para un “Proceso Civil en el Siglo XXI”, fundamentalmente en lo que dice relación con Tutelas y Garantías. En su preámbulo nos indica como principios fundamentales, que todos los poderes del Estado democrático basan su legitimidad en el reconocimiento, la defensa y la garantía de las libertades y de los derechos de sus ciudadanos, esto es, de todas las personas. Por ello sostiene que el Poder Judicial, en el ejercicio de su potestad específica, se justifica en su misma existencia, en tanto sea garante real y efectivo de los derechos e intereses legítimos de las personas. Agrega que el monopolio de la potestad jurisdiccional asumido por el Estado, no puede justificarse desde la mera asunción de poder, sino desde la consideración de que ese poder está necesariamente al servicio de aquellos cuya libertad da razón de ser al propio Estado.
Nos ilustra que si la función de la jurisdicción, en general, debe radicar en la tutela de los derechos e intereses legítimos del individuo, y si la función del juez en el caso concreto consiste en ser el garante último de esos derechos e intereses, hay que aceptar de inmediato que ello no puede hacerse de cualquier modo sino necesariamente de una manera muy concreta: por medio del proceso, que desde la perspectiva del juez es garantía de acierto y desde la de las partes, garantía de la manera como han de tutelarse sus derechos. De este modo el proceso es, por un lado, el instrumento único para el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, el instrumento único de ejercicio del derecho de acción.
Siendo evidente lo anterior, la Moción nos indica que la situación se alteró sustancialmente, en los años finales del siglo XIX y en los iniciales del siglo XX, como consecuencia de la crisis sufrida por las instituciones propias del Estado. Esa crisis llevó a la aparición de movimientos ideológicos de exaltación de la autoridad, en los que se acabó por considerar que era el individuo el que estaba al servicio de los fines del Estado y no al revés. Esas concepciones de alteración de las relaciones entre el Individuo y el Estado son las que estaban en la base de la llamada -publicización- del proceso civil.
Finalmente nos señalan en su preámbulo, que a pesar del abandono de las concepciones ideológicas que primaban la autoridad frente a la libertad, y a pesar de lo que se desprende sobre el sentido de la función de la jurisdicción y del proceso de los principales documentos internacionales de derechos humanos (desde la fundamental Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y hasta las correspondientes convenciones regionales) e incluso de las constituciones de los propios Estados, parte de los cultivadores del Derecho Procesal siguen aún auspiciando algunas de las consecuencias de aquellas ideologías, como por ejemplo, el aumento de los poderes del juez y, obviamente, la disminución de los derechos de las partes.
II.-LA MOCIÓN Y NUESTRO PROYECTO
Pues bien, estimo que en el proyecto de Reforma al Proceso Civil Chileno , enviado recientemente al Congreso, existen algunas instituciones que tienden a dar más poder a los jueces para buscar la verdad real, como si ella fuere el fin último de la actividad jurisdiccional. Ello como veremos es, en cierto modo, inconsistente con la idea paralela de tener un juez imparcial, siendo que esto último no es sólo una idea, sino el pilar fundamental de un debido proceso: jueces impartiales e imparciales, y ello no se concibe con un proceso que autorice a los jueces a tomar la iniciativa para producir prueba o alterar las reglas del onus probando.
Para comprender que tanto se aleja nuestro proyecto de un proceso para el Siglo XXI, hagamos un análisis de las conclusiones de la “Moción de Valencia”, y qué mejor para hacerlo que seguir su texto.
1.- EN CUANTO A LA JURISDICCIÓN:
En cuanto a la actividad jurisdiccional la Moción nos dice:
“La jurisdicción no puede encontrar su justificación en fines ajenos a ella misma. La función de la jurisdicción consiste en la tutela de los derechos e intereses del individuo, y la función del juez en el caso concreto tiene que consistir en ser el garante último de esos derechos. Sólo de esta manera la jurisdicción y el juez pueden llegar a restablecer el orden jurídico.
a) Al servicio de esa función se debe respetar primero y garantizar después por los otros poderes del Estado la independencia del juez, que no es un fin en sí mismo, pero que supone el sometimiento exclusivo a la ley. La independencia no puede quedarse en una declaración meramente retórica de las constituciones, como sucede en tantos países en los que, por ejemplo, la creación de consejos de la judicatura no ha impedido que continúe el -apoderamiento- de la Justicia por la clase política (nombramientos, provisionalidades, confirmaciones de jueces).
De la misma manera, los titulares del Poder Judicial no deben convertirse en titulares de todos los poderes del Estado o en una especie de -suplentes- de los otros poderes o de -correctores- de su falta de actuación. Por eso, y sólo por ejemplo, no podrán pretender que dentro de su función está la de determinar las tarifas (eléctricas, telefónicas o ferroviarias de un país), ordenar al Estado que derribe una cárcel por obsoleta pero que dedique una parte del mismo edificio a museo, ordenar a las partes de un contrato que efectúen determinadas prestaciones para obras sociales no previstas en el mismo, etc. etc.
b) La condición del juez como tercero, esto es, extraño a los hechos y al objeto deducido en el proceso, es incompatible con la posibilidad misma de que las normas le permitan asumir en el proceso funciones que son propias de las partes (iniciar el proceso, determinar o cambiar el objeto del proceso, apreciar de oficio la existencia de hechos no alegados por las partes, decidir la práctica de pruebas de los hechos sí alegados por las partes). En esa condición de tercero, no pueden darse diferencias entre los tipos de procesos (civil y penal), no pudiendo admitirse procesos que puedan calificarse de inquisitivos.
c) Además de tercero el juez debe ser imparcial. La imparcialidad, que es algo diferente aunque añadido a la condición de tercero, en sentido estricto supone que el juez no puede tener interés ni con relación a las personas que son parte, ni respecto del objeto del proceso. Es necesario garantizar que en el caso concreto, el juicio del juez está determinado sólo por el cumplimiento correcto de su función de tutela de los derechos e intereses de las partes”
Como veremos, en este aspecto, nuestro proyecto de Reforma Procesal Civil, se aleja en parte de lo que debemos considerar un Proceso para el Siglo XXI, en efecto, se introducen instituciones que tienen relación con la antigua discusión sobre si la finalidad de la confirmación o prueba tiene por objeto obtener la verdad formal o la verdad real. El Mensaje pregona ( Mensaje 004- 360 de 12 de Mayo de 2012 ) que debe asumirse que en todo proceso civil hay un “interés público comprometido” y de ahí que asuma la postura de que es función del juez buscar la verdad real, de hecho, sostiene que “Se ha estimado que la determinación de la verdad de los hechos sometidos a juzgamiento, es un presupuesto indispensable de una sentencia que resuelva el conflicto en forma justa y, por ello, no cabe escatimar a ese respecto la intervención del Juez”
Asimismo, se introduce otra institución que muchos miran con entusiasmo, pero que otros juristas de países en las que ya se ha introducido, han llamado a revisar dado que en la casuística se ha dejado una puerta abierta para la inseguridad, esta es, la llamada “Cargas dinámicas de la prueba” , mal llamada por algunos como solidaridad probatoria.
a.-) Sobre la prueba oficiosa
Para la Escuela Garantista del Derecho Procesal, y como se afirma en la “Moción de Valencia”, la prueba oficiosa vulnera la imparcialidad del juez y la igualdad de armas entre los litigantes. Es más, en su acápite de análisis del “proceso”, nos señalan que por medio aquel se persigue reconstruir y conocer, dentro de lo humana y legalmente posible, los hechos del pasado para que puedan ser declarados y desde ellos tuteladas las posiciones jurídicas derivadas de esos hechos. El juicio es expresión de la certeza del derecho, que es cosa conceptual y jurídicamente muy distinta de la llamada verdad material.
El proyecto, si bien elimina las medidas para mejor resolver, mantiene la posibilidad de ordenar prueba de oficio. Es así como el inciso segundo del artículo 288 sostiene que: “ Hasta antes del término de la audiencia preliminar, el tribunal, de oficio, podrá ordenar las diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. En ejercicio de este derecho, las partes podrán solicitar, en el mismo acto, una contraprueba a la solicitada por el tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 290.”
La institución de la prueba oficiosa, es eminentemente inquisitiva buscando obtener la verdad real, sin embargo, esto amaga la imparcialidad del tribunal. Es cierto que muchos adscriben a lo que se llama “El Activismo Procesal” y reconocen en Michele Taruffo su maestro. Sin embargo, otros entre los que me incluyo, reconocemos en esta materia como la correcta doctrina la pregonada ´por el llamado “Garantismo Procesal”, con Adolfo Alvarado Velloso a la cabeza.
Como hemos dicho, el Proyecto de Reforma pregona que la determinación de la verdad de los hechos sometidos a juzgamiento, es un presupuesto indispensable de una sentencia que resuelva el conflicto en forma justa .
Pero la VERDAD, sin duda es un valor relativo, lo que es justo para algunos bien puede no serlo para otro, de hecho la simple posibilidad de que el tribunal ad quem revoque la decisión del tribunal inferior, demuestra lo relativo de la verdad. Al respeto, Alvarado Velloso nos señala que “hay tantas verdades o justicia como personas pretendan definirlas” y se pregunta ¿ cómo puede implementarse un sistema judicial en el cual se imponga al juez actuante el deber de buscar la verdad real , ¿ cual es la lógica de tan imprudente imposición?. Reconoce Velloso que sin embargo, es lo que ha ocurrido en casi todas las legislaciones procesales del continente con el auspicio de prestigiosos autores, que increíblemente continúan pontificando acerca de la necesidad de brindar más y mayores potestades a los jueces para buscar esa Verdad, a todas luces inalcanzable ( 3)
b.-) Sobre la carga de la prueba
El artículo 294 del proyecto, regula la carga de la prueba, señalando que corresponde la carga de probar los fundamentos de hechos contenidos en la norma jurídica a la parte cuya aplicación le beneficie, salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios diferentes o de una manera diversa la carga de probar los hechos relevantes entre las partes.
Pero luego, el inciso segundo del mismo artículo procede a introducir una institución que ha causado controversia entre procesalistas de renombre a nivel internacional, tema conocido como el de “las cargas dinámicas de la prueba ”, que puede amagar definitivamente el principio de imparcialidad de los jueces.
En efecto, el inciso segundo del artículo 294 dispone que: “ El tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio, lo que comunicará a ellas, con la debida antelación, para que asuman las consecuencias que les pueda generar la ausencia o insuficiencia de material probatorio que hayan debido aportar o no rendir la prueba correspondiente de que dispongan en su poder.”
La distribución dinámica de la carga de la prueba, no solo altera la regla de cargas probatorias, consignadas en el inciso primero del mismo artículo 294, también y de una manera trascendente, abre la puerta para que un juez pueda decidir caprichosamente, de acuerdo a sus propios conceptos de facilidad probatoria de las partes, quien debe probar, lo que no admitiría control, pues al hacerlo no alteraría norma jurídica sobre regulación de la prueba, pues las mismas normas lo han facultado para ello.
Lo correcto es que quien debe confirmar su afirmación y no lo hace, simplemente debe perder el pleito aunque la otra parte no haya hecho nada al respecto. Ello, por cuanto las cargas de la prueba no sólo fijan quien debe probar, sino que además quien asume el riesgo de no hacerlo.
Esta institución de las cargas dinámicas de la prueba a merecido a nivel internacional contundentes criticas, siendo una rica fuente de controversias, al punto que algunos procesalistas como el ya citado jurista argentino Adolfo Alvarado Velloso, nos dice que tal institución, más allá de las buenas intenciones que animan a sus sostenedores, se acerca peligrosamente al prevaricato (4). En la forma que se propone en el proyecto, no podríamos hablar de prevaricato, pues se faculta por ley al juez a la alteración de las cargas, pero es contradictorio con la obligación que se impone al demandante y al demandado, de señalar ya en la demanda o en la contestación, tanto el nombre de los testigos, como con claridad y precisión los hechos sobre los que recaerán sus declaraciones.
2.- EN CUANTO AL PROCESO
En cuanto al Proceso,la Mociónnos señala:
“El proceso civil, como en realidad todos los procesos, debe regularse desde la consideración de que es garantía para los individuos en la persecución de lo que estiman que es su derecho o interés legítimo y debe realizarse con estricta sujeción a esa ley reguladora. La norma procesal debe entenderse como norma de garantía y por ello su observancia por el juez y por las partes afecta a la esencia misma de la garantía de los derechos e intereses que prometen las constituciones.
El Estado democrático debe garantizar a todas las personas que podrán iniciar y realizar un proceso en condiciones de igualdad. A ese efecto, adoptará las medidas que se estimen necesarias, como la asistencia jurídica gratuita a cargo del propio Estado, pero no podrá el juez de un proceso concreto, en tanto que tercero e imparcial, asumir funciones o deberes de promoción de esa igualdad -sustancial-.
Son los partes las únicas que podrán iniciar el proceso; nunca el juez. Cuando exista un interés público en un proceso, la condición del juez como tercero debe mantenerse en todo caso y por ello nunca podrá el juez iniciar el proceso.
La regulación del proceso en la ley ordinaria deberá partir de la base fundamental del respeto a las garantías y principios procesales, plasmados en los tratados internacionales y en la constitución respectiva. Lo que promete a los individuos esos textos no puede acabar siendo desconocido por las leyes procesales civiles.
De la misma manera, en la realización de cada proceso concreto en la realidad, el juez debe respetar y hacer efectivas esas garantías y derechos, asegurando la contradicción y la igualdad entre las partes.
Las partes no pierden la titularidad y la disponibilidad de sus derechos por el mero hecho de que exista controversia sobre ellos ni porque, como consecuencia, necesiten de la declaración judicial y por ello del proceso. En ese proceso, el principio dispositivo no es una cuestión de mera técnica procesal, sino algo que caracteriza su misma esencia.
Por medio del proceso se persigue reconstruir y conocer, dentro de lo humana y legalmente posible, los hechos del pasado, para que puedan ser declarados y desde ellos tuteladas las posiciones jurídicas derivadas de esos hechos. El juicio es expresión de la certeza del derecho, que es cosa conceptual y jurídicamente muy distinta de la llamada verdad material.
La realización de los procesos concretos no puede olvidar que sí importa, desde luego, el resultado del mismo, esto es, el contenido de la decisión judicial. También importa, y no menos, el camino, el cómo se llega a ese resultado, pues el fin (el resultado o decisión judicial de tutela del derecho subjetivo) no justifica el desconocimiento de la legalidad procesal (el camino o modo de llegar a la decisión).
El resultado y el modo de llegar al mismo están indisolublemente unidos, de manera que si se prima el resultado sobre el camino para llegar a él, se convierte en inadmisible el resultado mismo, dado que a él se ha llegado sin respetar las garantías previstas para ello.
En el proceso entendido como instrumento de garantía, los abogados tienen un papel específico y fundamental, tanto que el derecho de defensa adquiere en la actualidad su verdadero sentido cuando se refiere a ellos. El abogado debe asumir la defensa de los derechos e intereses legítimos de su cliente, con todas las fuerzas de su inteligencia y capacidad y utilizando todos los medios que la ley regule y permita.”
En cuanto al proceso, nuestro legislador debería tener muy presente en el estudio del proyecto, las conclusiones de la “Moción de Valencia”, muy especialmente en cuanto nos ilustra , con mucha razón, que no basta con buscar un resultado concreto para la labor jurisdiccional, sino que ello debe ser conforme a un debido proceso, y para que esto se cumpla nos indica que si bien no puede olvidarse, que si importa, desde luego, el resultado del mismo, esto es, el contenido de la decisión judicial, también debe importar el camino, el cómo se llega a ese resultado, pues el fin (el resultado o decisión judicial de tutela del derecho subjetivo) no justifica el desconocimiento de la legalidad procesal (el camino o modo de llegar a la decisión).
No puedo sino compartir el pensamiento de estos destacados procesalistas, pues es muy cierto que en la labor jurisdiccional, el resultado y el modo de llegar al mismo están indisolublemente unidos. De esa manera, si como ellos dicen, de primar el resultado sobre el camino para llegar a él, se convierte en inadmisible el resultado mismo, dado que a él se ha llegado sin respetar las garantías previstas para ello.
Al respecto, reitero lo ya señalado en cuanto a la posibilidad del juez de producir prueba oficiosa, lo que amaga su imparcialidad, ya que es un hecho de la causa que dicha prueba invariablemente beneficia o perjudica la posición de una de las partes, por lo general va a beneficiar al que no fue eficiente en proponer los medios de confirmación de los hechos.
III.- OTRA INCONSISTENCIA ?
Finalmente, no puedo dejar de plantear mis reparos frente a lo que parece otra inconsistencia procesal sobre la que es tiempo de fijar una posición uniforme.
Nuestra jurisprudencia, desde antiguo, ha estimado que la no contestación de la demanda, constituye una contestación ficta, en la que se estiman negados los hechos afirmados en el libelo.
El Proyecto recoge expresamente esta institución, señalando en el inciso segundo del artículo 264, que la rebeldía del demandado importa “una negación de los hechos afirmados por el actor en la demanda”. Al respecto, cabe hacer notar que distinguidos procesalistas a nivel internacional, cuestionan tal posición, señalando que lo correcto para el mantenimiento del debido proceso, es que ante la rebeldía del demandado, se presuman cierto los hechos afirmados en la demanda, puesto que en realidad a la pretensión sostenida en ella no le habría seguido una resistencia, esto es, no habría controversia sobre los hechos afirmados en el libelo. Esta última forma de regular el proceso, se encuentra actualmente contemplada en el artículo 453 Nº 1, inciso séptimo del nuevo Código del Trabajo que a la letra señala: “Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos”.
Puede ser la oportunidad de introducir en nuestra legislación , en materia procesal civil, esta forma de regular las consecuencias de la no contestación de la demanda, esto es, la consecuencia de la falta de resistencia a las pretensiones contenidas en el libelo.
Sin embargo, aún cuando no se fuere partidario de la tesis anterior, cabe señalar que la norma del inciso segundo del artículo 264 del proyecto, cuando establece que la rebeldía del demandado importa una negación de los hechos afirmados por el actor en la demanda, se contradice con el artículo 272, que prescribe que, al contestar el demandado debe pronunciarse “categórica y precisamente” sobre la verdad de los hechos alegados en la demanda y que “su silencio” , así como sus “afirmaciones ambiguas o evasivas”, podrá ser considerada como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales.
Como vemos, se produce una inconsistencia entre si el demandado no contesta en que se tienen por negados los hechos y si lo hace pero no contradice categórica y precisamente la veracidad de los hechos afirmados en la demanda.
Es mi parecer, que con la misma razón debería también tenerse por admitidos o al menos presumidos ciertos, los hechos señalados en la demanda, si ésta no es contestada. Como vemos, quien no contesta queda en una posición más favorable que aquel que contesta pero lo hace en forma deficiente.
Cabe señalar además, que si bien en el proyecto se indica que en rebeldía del demando se tendrán por negados los hechos afirmados en la demanda, lo que constituye, como hemos dicho, una indebida alteración de las consecuencias de la falta de resistencia a la pretensión; en la práctica, al no contestar el demandado, pierde la oportunidad para ofrecer prueba, así lo señala el inciso final del artículo 273 del Proyecto a menos que se trate de hechos nuevos o desconocidos.
El principio dispositivo no es una cuestión de mera técnica procesal, sino algo que es una cuestión de su esencia, y el Proyecto de Código de Procedimiento Civil, en su versión conocida hasta ahora, introduce instituciones como las ya analizadas, que alteran esta esencia, esto es, la imparcialidad del juez.
(1)www.academiadederecho.org/index.cgi?wid_seccion=8&wid_item=&wAccion=news&wid_news=19&wid_grupo_news=0
(2) Participaron los profesores Adolfo Alvarado Velloso (Presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Profesor de Derecho Procesal y Abogado, de Rosario, Argentina); Juan Montero Aroca (Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Valencia, España). Franco Cipriani (Ordinario de Diritto Processuale Civile y Avvocato, Bari, Italia); Federico G. Domínguez (Presidente del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y Profesor de la Universidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina), Luís Correia de Mendonça (Juiz de Directo, Docente do Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, Portugal); Girolamo Monteleone (Ordinario di Diritto Processuale Civile y Avvocato, Palermo, Italia) y Eugenia Ariano Deho (Profesora de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú),
(3) “Garantísmo Procesal versus prueba judicial oficiosa” Adolfo Alvarado Velloso, Editorial Juris, Rosario Argentina, año 2006, página 174)
(4) “Garantísmo Procesal versus prueba judicial oficiosa” Adolfo Alvarado Velloso, Editorial Juris, Rosario Argentina, año 2006, página 191)

References: artículo 288
 artículo 290
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 264
 artículo 453
 artículo 264
 artículo 272
 artículo 273