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ATC 185/2015, 3 de Noviembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 589894122
ATC 185/2015, 3 de Noviembre de 2015
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 22 de junio de 2015 el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, promueve, de modo directo, conflicto positivo de competencia contra los arts. 1, 2, 3, y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; transitoria y finales primera, segunda, tercera y cuarta del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
Por providencia de 7 de julio de 2015 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia y dar traslado de la demanda y documentos presentados a la Generalitat de Cataluña, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el artículo 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes; tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 64.2 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde el día 22 de junio de 2015, fecha de interposición del conflicto, que será comunicado al Presidente de la Generalitat de Cataluña; comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por si ante la misma estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC y publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña”.
El Pleno del Tribunal, próximo a finalizar el plazo de cinco meses señalado en el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de los preceptos impugnados, acordó por providencia de 10 de septiembre de 2015 oír a las partes personadas acerca de la procedencia de mantener o levantar esa suspensión.
El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de septiembre de 2015, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados con fundamento en las alegaciones siguientes:
El Abogado de la Generalitat de Cataluña formuló sus alegaciones mediante escrito registrado el día 28 de septiembre de 2015, y solicitó el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados en el presente conflicto.
El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 1, 2, 3, y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; transitoria y finales primera, segunda, tercera y cuarta del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. Dichos artículos se encuentran suspendidos en su aplicación, como consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE, al promoverse el conflicto positivo de competencia contra los mismos por el Gobierno de la Nación.
Con carácter previo a cualquier otra consideración y a la vista de la petición formulada por el Abogado de la Generalitat de Cataluña acerca de la situación de determinados Registros, en relación con los efectos de la suspensión derivada de la admisión a trámite del presente conflicto, es preciso dejar sentado que el objeto de este incidente es, exclusivamente y tal y como se establece en la providencia del Pleno de este Tribunal Constitucional de 10 de septiembre de 2015, por la que se abrió el trámite de audiencia a las partes, pronunciarnos acerca del levantamiento de la suspensión inicialmente acordada de las normas impugnadas. Por tanto, y de acuerdo con lo que ya señalamos en ATC 156/2008 , de 12 de junio, FJ 2, “obvio es decir que en el mismo no pueden tener cabida otras consideraciones carentes de esa finalidad de proporcionar a este Tribunal Constitucional, para su ponderación, las razones que, a juicio de las partes en el presente proceso, aconsejan la continuación de la suspensión o, en su caso, su alzamiento” (en el mismo sentido, ATC 298/2013 , de 17 de diciembre, FJ 4, y 114/2014 , de 8 de abril, FJ 2). En todo caso, la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados constituye un efecto inmediato del conflicto positivo de competencia cuando es el Gobierno de la Nación el que interpone el recurso e invoca el art. 161.2 CE y se admite a trámite el conflicto, no siendo finalidad del presente incidente la determinación del eventual régimen de aplicación a concretos Registros, sino, exclusivamente, decidir, previa la correspondiente ponderación, acerca de la suspensión de la vigencia de los preceptos sobre los que se ha trabado la controversia.
Expuestos los contenidos de la norma impugnada, los términos en los que se ha planteado el conflicto y contestadas las alegaciones de la Generalitat de Cataluña, hemos de centrarnos en la cuestión de si procede o no procede levantar la suspensión de vigencia de las disposiciones impugnadas por el Estado.
Asimismo, hemos de partir de que la resolución de este incidente ha de quedar desvinculada de la que en su día se adopte respecto del debate de fondo, pues “de lo que en este incidente se trata no es de vindicar o defender la titularidad de la competencia discutida, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados durante el tiempo que dure el proceso constitucional” (ATC 265/2014 , de 4 de noviembre, FJ 2, con cita de otros).
Procede entrar en la ponderación propia de este incidente cautelar, examinando si los perjuicios que han sido alegados por el Abogado del Estado, sobre el que pesa la carga de acreditar su existencia y su imposible o difícil reparación, tienen la gravedad y consistencia necesarias como para justificar el mantenimiento de la suspensión, prevaleciendo sobre la presunción de legitimidad de la regulación autonómica y los intereses que se vinculan a su aplicación efectiva. De tal forma, en este incidente deberemos determinar los intereses que han de prevalecer, por ser menos resistentes al perjuicio o acreedores de una protección preferente, y cuáles deben ceder, por ser su lesión menos onerosa o de menor incidencia su sacrificio en caso de colisión. Para ello debemos tener cuenta, de una parte, la irreparabilidad o dificultad de reparación de las situaciones que pudieran generarse y, de otra, la trascendencia de los intereses subyacentes, generales y particulares.
Dicho esto, debemos constatar, en primer lugar, la ausencia de alegaciones por parte del Abogado del Estado para fundamentar el mantenimiento de la suspensión de las disposiciones finales segunda y tercera. Por tanto, sin perjuicio de lo que luego se dirá respecto a la disposición final segunda, procede el levantamiento de la suspensión de la disposición final tercera, por cuanto en relación con ella, el Abogado del Estado no mantiene que su entrada en vigor pudiera producir perjuicios a los intereses públicos generales, o de terceros. Tampoco ha formulado alegaciones sobre la disposición final cuarta, si bien en este caso su propio contenido, relativo a la entrada en vigor de la norma al día siguiente de su publicación oficial, hace que no sea posible que este Tribunal resuelva acerca del levantamiento o mantenimiento de la suspensión de una decisión que ya ha agotado sus efectos antes incluso de plantearse el conflicto (en un sentido similar, ATC 54/2015 , de 3 de marzo, FJ único).
Siguiendo el orden de las alegaciones formuladas por el Abogado del Estado comenzaremos la ponderación propia de este incidente con los perjuicios que asocia al levantamiento de la suspensión que pesa sobre los arts. 1, 2 y 3 del Decreto 69/2015.
En la ponderación que se nos demanda debemos tener presente que el Real Decreto 172/2007 realizó en su momento una amplia reordenación de la demarcación registral en toda España, que implicó, entre otras cosas, la creación de nuevos Registros de la Propiedad y Mercantiles, cuya ejecución en Cataluña tuvo lugar en los términos de las sucesivas órdenes dictadas al efecto, al amparo de la competencia ejecutiva del art. 147.1 c) del Estatuto de Autonomía de Cataluña (STC 31/2010 , de 28 de junio, FJ 90), órdenes que, en relación a determinados Registros, disponen, el aplazamiento de la ejecución y efectividad de la demarcación registral establecida en el mencionado Real Decreto 172/2007.
Señalado lo anterior, la ponderación que se nos exige conduce al mantenimiento de la suspensión inicialmente adoptada. Como señala el Abogado del Estado, no puede obviarse que si se aplicasen las previsiones de los artículos 1, 2 y 3, acerca de la supresión y reagrupación de Registros, modificación territorial de distritos hipotecarios y criterios de demarcación de los registros, serían notables los perjuicios derivados de la consolidación de situaciones jurídicas difíciles de reparar, con la consiguiente necesidad de removerlas, si, en su momento, llegara a apreciarse la inconstitucionalidad de los mismos (así, en los AATC 114/2011 , de 19 de julio, FJ 6; y 208/1991 , de 2 de julio, FJ 3). En efecto, si se alza la suspensión, los efectos de la alteración de la situación jurídica de los Registros afectados, derivados de la vigencia de los preceptos que examinamos, no pueden calificarse de irrelevantes en la medida en que el levantamiento de la suspensión determina la supresión y modificación de Registros y demarcaciones que, caso de estimarse el conflicto, deberían ser recreadas o corregidas para ajustarlas a lo previsto en el Real Decreto 172/2007. Pese a lo que parece sostener de contrario el Abogado de la Generalitat de Cataluña, específicamente respecto al artículo 1, desde el punto de vista de la reversión de las situaciones creadas, no es lo mismo, el que, por diversas razones coyunturales que ahora no vienen al caso, se encuentre aplazada la cobertura de determinadas plazas, con que dichas plazas, creadas en su momento por el Real Decreto 172/2007, hayan, simplemente, dejado de existir. Por el contrario, los efectos del mantenimiento de la suspensión, serían de menor entidad y más fácilmente reparables aunque posteriormente se declarara la constitucionalidad de las normas impugnadas.
A la misma conclusión conduce, por lo demás, la ponderación de los perjuicios asociados con la alteración que los preceptos ahora suspendidos podrían producir en el régimen de concursos y de sustituciones e interinidades de los registradores en Cataluña. Lo cierto es que se verían notablemente afectadas por la dificultad de revertir las consecuencias de la aplicación de estos preceptos, caso de que fueran declarados contrarios al orden competencial y, por tanto, inconstitucionales (en un sentido similar AATC 161/2012 , de 13 de septiembre, FJ 3; y 87/2012 , de 10 de mayo, FJ 3). Y ello pese a que no puede estimarse el perjuicio vinculado a la aplicación de los arts. 19 bis y 275 bis de la Ley hipotecaria, pues en ningún caso la aplicación de la norma pondría en cuestión el derecho de los interesados contemplado en dichos preceptos, en la medida en que no se pone en cuestión el derecho a solicitar una nueva calificación en caso de que la inicial fuera negativa.
Una vez ponderados los hechos e intereses en presencia, procede concluir que los posibles perjuicios a los intereses generales derivados del levantamiento de la suspensión de los arts. 1, 2 y 3 del Decreto 69/2015 son suficientes para que este Tribunal Constitucional se pronuncie a favor del mantenimiento de la suspensión en su día acordada en fase cautelar y aún sin anticipar la resolución de fondo que en su día resulte procedente. Esta decisión implica también el mantenimiento de la suspensión del segundo párrafo de la disposición adicional primera, de las disposiciones adicionales segunda y tercera, de la disposición transitoria y de la disposición final segunda, salvo su primer inciso, en cuanto que todas ellas, de un modo u otro, tienen una relación instrumental con los preceptos ahora suspendidos [AATC 88/2013 , de 23 de abril, FJ 4; 114/2014 , de 8 de abril, FJ 9, y 124/2013 , de 21 de mayo, FJ 4 c)].
Resta examinar los perjuicios que el Abogado del Estado vincula a la vigencia del primer párrafo de la disposición adicional primera y de la disposición final primera del Decreto 69/2015, sobre los que también ha formulado alegaciones.
Ambos perjuicios carecen de la consistencia suficiente para justificar el mantenimiento de la suspensión de este primer párrafo, pues debe partirse de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas en conflicto, de manera que no basta con invocar la existencia de perjuicios, sino que es necesario demostrar o, al menos razonar consistentemente sobre su procedencia. No se alega la existencia de un perjuicio verdaderamente irreparable o de muy difícil reparación, pues, en todo caso, los perjuicios a los intereses del registrador que se mencionan son, además de hipotéticos, en cuanto dependientes de una decisión que no se ha producido, de carácter patrimonial y, por tanto, susceptibles de reparación, ya que, en caso de que el precepto fuera en su día declarado inconstitucional, los —en este momento eventuales— perjuicios serían susceptibles de ser evaluados y, en su caso, indemnizados. Igualmente hay que descartar el alegato relativo a la falta de cobertura competencial de la norma cuestionada, pues se trata de una cuestión vinculada a la pretensión de fondo de este proceso constitucional, cuando lo jurídicamente relevante en este momento procesal es la determinación de las consecuencias que podrían derivarse del alzamiento o mantenimiento de la suspensión. En efecto, las divergencias de carácter competencial no pueden, por ese solo hecho, llevar irremisiblemente en los procesos en los que se ventilen cuestiones de este tipo a la suspensión de la norma autonómica, pues ello conduciría siempre al mantenimiento de la suspensión de las normas autonómicas impugnadas (ATC 107/2011 , de 5 de julio, FJ 4).
Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la disposición final cuarta del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
Mantener la suspensión de los arts. 1, 2 y 3 y del segundo párrafo de la disposición adicional primera, de las disposiciones adicionales segunda y tercera, de la disposición transitoria y de la disposición final segunda, salvo su primer inciso, del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
Levantar la suspensión del primer párrafo de la disposición adicional primera, de la disposición final primera, del inciso inicial de la disposición final segunda (“se autoriza al consejero o consejera competente en materia de notarías y registros públicos de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles a dictar las normas que sean necesarias para interpretar y ejecutar este Decreto”) y de la disposición final tercera del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
ATS 551/2004, 1 de Abril de 2004
STS 1550/2016, 27 de Junio de 2016

References: artículo 82
 artículo 161
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
e contrario
 artículo 1
 Real Decreto 
 resolución