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Timestamp: 2019-01-19 13:33:21+00:00

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﻿ Sentencia C-259 de abril 23 de 2014
SENTENCIA C-259 DE 23 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:EXEQUIBILIDAD DEL ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PARA LAS REUNIONES ESTATUTARIAS ENTRE COLOMBIA Y LA SECRETARÍA GENERAL DE INTERPOL. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA SIDO UNIFORME EN CONSIDERAR QUE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DIRIGIDOS A LA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL PENAL Y, DE UNA MANERA MÁS AMPLIA, A LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE DELITOS, SON COMPATIBLES CON LA CARTA EN TANTO CONFIEREN INSTRUMENTOS VALIOSOS PARA EL LOGRO DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA. SIN EMBARGO, ESA COMPATIBILIDAD GENERAL NO OBSTA PARA QUE LOS MECANISMOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA DEBAN MOSTRARSE COMPATIBLES CON EL DEBIDO PROCESO Y EN GENERAL, CON LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE TALES MODALIDADES DE COLABORACIÓN ENTRE ESTADOS. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA PREVISTO REGLAS DEFINIDAS EN LO QUE RESPECTA A LA JUSTIFICACIÓN Y LÍMITES DE LA FACULTAD DEL ESTADO DE SUSCRIBIR ACUERDOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES CON ORGANISMOS MULTILATERALES. POR ENDE, A PARTIR DE ESTAS REGLAS SE ANALIZARÁ LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO OBJETO DE EXAMEN. SE DECLARAN EXEQUIBLES EL ESTATUTO Y REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL), ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN EN SU VIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN, REALIZADA EN VIENA, EN 1956 Y EL ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PARA LAS REUNIONES ESTATUTARIAS ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL), SUSCRITO EN LA CIUDAD DE LYON, REPÚBLICA FRANCESA, EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012. Y SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1670 DEL 16 DE JULIO DE 2013, MEDIANTE LA CUAL FUERON APROBADOS LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACUERDO INTERNACIONAL, CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, COOPERACIÓN EN EL DELITO
Sentencia C-259 de abril 23 de 2014
EXTRACTOS: « II. Texto de la norma.
Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario; (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (C.P., art. 157), acreditándose en cada una de esta etapas la votación nominal y pública del proyecto de ley (C.P., art. 133); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (C.P., art. 160); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (C.P., art. 241-10).
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó(2) a esta corporación que el estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol fue adoptado por la Asamblea General de la Organización en 1956, a partir de la en ese entonces Comisión Internacional de Policía Criminal, CIPC, la cual había sido creada en 1926. A este respecto, la entonces denominada jefatura del servicio de inteligencia colombiano de la Presidencia de la República, solicitó en 1954 a la CIPC que Colombia fuera admitida como miembro de la organización, petición que fue respondida favorablemente.
El Ministerio expresa, del mismo modo, que el estatuto y reglamento general de Interpol “... no contiene disposición alguna en materia de suscripción, ratificación o adhesión a dicho instrumento internacional, por parte de los Estados enlistados en el Anexo I. || Como corolario de lo expuesto, la República de Colombia es actualmente reconocida a nivel internacional como Estado miembro de la Interpol, a la luz del derecho internacional. Por consiguiente, se precisa surtir el trámite de aprobación interna de los tratados dispuesto en la Constitución Política de 1991, a saber, la aprobación por parte del Congreso de la República y el examen de exequibilidad que adelanta la Corte Constitucional”.
De otro lado, en lo que tiene que ver con el acuerdo de privilegios e inmunidades, el Ministerio indica que el mismo fue suscrito en nombre y representación de Colombia, por parte del Ministro de Defensa Nacional y de acuerdo con los plenos poderes conferidos por el Presidente de la República, a través de documento del 8 de noviembre de 2012(3). Finalmente, el Ministerio expresa que tanto el estatuto y reglamento como el acuerdo mencionado fueron objeto de aprobación ejecutiva por parte del Presidente, la cual consta en documento suscrito el 22 de noviembre de 2012 por el Jefe de Estado y la Ministra de Relaciones Exteriores(4).
En conclusión, la Corte encuentra cumplidos los requisitos para que, conforme lo estipula el artículo 241-10 Constitución Política, proceda el control de constitucionalidad de los instrumentos internacionales antes mencionados. Esto debido a que bien a través de la aprobación ejecutiva o bien mediante la concesión de plenos poderes, el Estado ha expresado su voluntad de obligarse por tales instrumentos, de modo que los ha sometido a la aprobación del Congreso y al análisis jurídico de esta corporación.
El expediente legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República demuestra que el proyecto de Ley 169/12 Senado, 309/12 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013 “por medio de la cual se aprueba el “estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956” y el “acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.”, surtió el siguiente trámite:
2.2.1.2. Su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 847 del 26 de noviembre de 2012(5).
2.2.1.3. La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por la senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre y fue publicada en la Gaceta del Congreso 127 del 21 de marzo de 2013(6).
2.2.1.4. Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República(7), el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 2 de abril de 2013, según consta en el Acta 26 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 456 del 27 de junio de 2013. Sobre esta actuación, en el acta mencionada se advierte lo siguiente:
9. Proyecto de ley 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado por la asamblea general de la organización, en su vigésima quinta reunión realizada en Viena, el 1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 847 de 2012.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 127 de 2013.
Le informo señora Presidenta, que han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión”(8).
Como se ha terminado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a partir de las 10:00 a.m., rogándoles el favor colegas que ojalá seamos puntuales, para que podamos aprovechar un poco el tiempo, y salgamos adelante en la discusión de algunos proyectos que no son tan trascendentales, con el tema del Senador Guillermo García, la próxima semana se va a enviar mensaje de urgencia para el tema Acuerdo Asia Pacífico, de tal manera que le rogamos a los ponentes estar muy atentos en la discusión de este proyecto. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión”(9).
2.2.1.5. Según la certificación suscrita por el secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, citada en el numeral anterior, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 3 de abril de 2013, sesión contenida en el Acta 27 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 456 del 27 de junio de 2013. El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión mediante votación ordinaria. Además, de acuerdo con lo indicado en la mencionada certificación, “[l]a proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y se convierta en Ley de la República fueron aprobados conforme al artículo 129 del reglamento del Congreso y/o artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 || En relación al quórum se informa que este quedó integrado por once (11) de los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma”. En el acta correspondiente se acredita dicha actuación del siguiente modo:
El señor secretario Diego Alejandro González González, procede con la lectura de la proposición final. Por las anteriores consideraciones de conveniencia y de conformidad, propongo darle primer debate ante la honorable Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, al proyecto de Ley 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado por la Asamblea General de la Organización en su Vigésima Quinta Reunión, realizada en Viena en 1956y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
El señor secretario Diego Alejandro González González, le informa al Presidente, que ha sido aprobado por los Senadores de la Comisión el informe de ponencia del proyecto de ley 169 de 2012 Senado.
El señor presidente, senador Marco Aníbal Avirama, le informa a la comisión que está a consideración la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley 169. ¿Lo aprueba la comisión?
El señor secretario Diego Alejandro González González, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley 169 de 2012 Senado.
El señor presidente, senador Marco Aníbal Avirama, solicitó al señor secretario se sirva dar lectura al título del proyecto de ley 169 de 2012 Senado.
El señor secretario Diego Alejandro González González, sí señor Presidente, me permito leer el título del proyecto: Por medio de la cual se aprueba el “estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado por la Asamblea General de la Organización en su Vigésima Quinta Reunión, realizada en Viena en 1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la secretaría general de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012, y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
El presidente, senador Marco Aníbal Avirama, pregunta a los senadores de la Comisión: ¿aprueba la Comisión el título del proyecto de ley 169 de 2012 leído?
El señor secretario Diego Alejandro González González, le informo al señor Presidente que ha sido aprobado el título del proyecto de ley 160 de 2012.
El presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, nombra como ponente para el segundo debate a la Senadora Myriam Paredes. Señor Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día”(10).
2.2.1.6. La ponencia para segundo debate fue presentada por la senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre y fue publicada en la Gaceta del Congreso 186 del 5 de abril de 2013(11).
2.2.1.7. Según certificación suscrita por el Secretario General del Senado de la República(12), el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 7 de mayo de 2013, según consta en el Acta 58 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 472 del 8 de julio de 2013. Estudiado el texto de la referida acta, se encuentra sobre esta actuación lo siguiente:
“Proyecto de ley 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General dela Organización en su vigésima quinta reunión realizada en Viena, en 1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012”.
Están leídos y anunciados, señor Presidente los proyectos, para la próxima sesión plenaria del Senado dela República”(13).
En cuanto a la convocatoria para la siguiente sesión de la plenaria del Senado, al finalizar la reunión en comento la mesa directiva indicó que “[s]iendo las 11:45 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 8 de mayo de 2013, a las 3:00 p.m.”(14).
2.2.1.8. Igualmente, la certificación citada hace constar que el proyecto de ley fue considerado en segundo debate el 8 de mayo de 2013, sesión documentada en el Acta 59 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 507 del 22 de julio de 2013. El Secretario General del Senado hace constar que “[e]l mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, y un quórum de 92 de 98 senadores, según el llamado a lista de la sesión plenaria”(15), Sobre el particular, en el acta mencionada se encuentra lo siguiente:
Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, adoptado por la asamblea general de la organización en su vigésima quinta reunión realizada en Viena, en 1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Por secretaría se da lectura al título del proyecto de ley 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal - Interpol, adoptado por la Asamblea General de la Organización en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena, en 1956 y el “acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal – Interpol”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto”(16).
2.2.2 Cámara de Representantes.
2.2.2.1. Para primer debate rindió ponencia el representante Oscar de Jesús Marín, cuya publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 347 del 30 de mayo de 2013(17).
2.2.2.2. Según certificación expedida por la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes(18), en sesión del 4 de junio de 2013 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley. Ello de acuerdo con lo contenido en el Acta 32 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 627 del 6 de febrero de 2013. Acerca de este procedimiento, en el acta mencionada se lee:
Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
Proyecto de ley 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, adoptado por la Asamblea General de la Organización en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las Reuniones Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol” suscrito en las ciudades de Lion (sic), República Francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Publicaciones: Ponencia primer debate en Cámara: Gaceta del Congreso 347 de 2013 señor Presidente, este proyecto será discutido y votado en la próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley en Comisión”(19).
2.2.2.3. Como consta en la certificación citada en el numeral anterior, el proyecto de ley fue considerado y aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 6 de junio de 2013, en sesión contenida en el Acta de Comisión 33, publicada en la Gaceta del Congreso 627 del 16 de agosto de 2013. Expresa la certificación que la votación se hizo de manera nominal y pública, por solicitud del representante Iván Cepeda. Así, tanto la proposición con la que termina el informe de ponencia, como el articulado y el título del proyecto, fueron aprobados con 9 votos por el sí y uno por el no.
Proyecto de ley 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General dela Organización en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012.
Con mucho gusto señor Presidente. Si me lo permite señor Presidente, me permito registrar la presencia del doctor Albeiro Vanegas Osorio, para un quórum de once (11) honorables Representantes inscritos. Proposición con que termina el informe de ponencia, por lo anterior me permito presentar ponencia positiva y solicito muy respetuosamente a los integrantes de la Comisión Segunda Constitucional de la honorable Cámara de Representantes, se ponga a consideración y se apruebe en primer debate el proyecto de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el “acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Se designa como ponente para segundo debate en plenaria de Cámara, al doctor Oscar de Jesús Marín, Representante por Antioquia del Partido Liberal. Contamos con la presencia de la señora Viceministra de la Defensa, ella quiere intervenir. Tiene la palabra doctora con todo gusto”(20).
2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Óscar de Jesús Marín, publicándose en la Gaceta del Congreso 398 del 11 de junio de 2013(21),
2.2.5. De acuerdo con lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes(22), en sesión plenaria del 18 de junio de 2013 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley. Esta actuación está contenida en el Acta 215 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 751 de 2013.
Proyecto de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley para el día de mañana 19 de junio del 2013, de acuerdo al Acto Legislativo 1º de julio 3 del 2003 en su artículo 8º.
2.2.2.6. Según la certificación antes citada, en sesión plenaria del 19 de junio de 2013, a la cual se hicieron presentes 159 Representantes, se consideró y aprobó por unanimidad y en votación ordinaria, el informe de ponencia para segundo debate, como el título y articulado del proyecto de ley, decisión consignada en el Acta 216 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 757 del 23 de septiembre. En el acta correspondiente se comprueba dicha aprobación del siguiente modo:
Por medio de la cual se aprueba el “Estatuto y Reglamento General de la Organización internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General dela Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ¿, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012¿
Por lo anterior me permito presentar ponencia positiva y solicito muy respetuosamente a los integrantes de la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes se ponga a consideración y se apruebe en segundo debate el proyecto de ley 309 de 2013 Cámara y 169 del 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto y reglamento general de la Organiza Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena 1956 y el acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias ante la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, suscrito en la ciudad de Lyon República Francesa el 26 de Septiembre del 2012 y en la ciudad de Bogotá D.C el 13 de noviembre del 2012.
Por medio de la cual se aprueba el “Estatuto y Reglamento General de la Organización internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General dela Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012”.
Se deja constancia en el anterior proyecto que la última votación registrada de honorables Representantes fue de 96 congresistas”(23).
2.3.1. En efecto, el proyecto de ley inició su trámite en el Senado de la República, cumpliéndose con ello lo previsto en el artículo 154 Constitución Política, así como el artículo 143 del Reglamento del Congreso (R.C.).
2.3.2. El proyecto de ley fue objeto de las publicaciones de que trata el artículo 157-2 Constitución Política, tanto en lo que respecta a la iniciativa originalmente presentada, así como los informes de ponencia formulados ante comisiones y plenarias. Del mismo modo, las publicaciones se hicieron de manera previa a cada uno de los debates correspondientes, como se explica en el cuadro siguiente:
2.3.3. La iniciativa fue aprobada en cada uno los debates, tanto en comisiones como en plenarias. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que en cada una de las etapas del trámite legislativo, salvo en lo que respecta a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado por unanimidad y a través de votación ordinaria. Así, aunque el artículo 133 Constitución Política prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas, difirió las excepciones a la Ley. En tal sentido, el artículo 129 R.C., modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 estipula en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros”.
Estas circunstancias, sumadas al hecho que al tratarse de un proyecto de ley ordinaria no hay lugar a la exigencia de mayoría cualificada, llevan a la Corte a concluir la validez de la excepción a la votación nominal prevista en el artículo 129-16 RC, utilizada por el Senado y la Plenaria de la Cámara. A este respecto, debe indicarse que la jurisprudencia constitucional ha considerado que las circunstancias planteadas son indicativas de la existencia de unanimidad en la aprobación. Así, en la reciente Sentencia C-360/13 se expresó lo siguiente:
2.3.3. En el trámite fueron cumplidos los plazos de que trata el artículo 160 Constitución Política, relativos a que entre el primer y segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en cada una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días.
2.3.4. De igual forma, el requisito de anuncio previo a la votación de que trata el artículo 160 Constitución Política se cumplió a cabalidad. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, tanto en la Comisión Segunda del Senado como en plenarias la discusión y aprobación del proyecto de ley fueron anunciadas para una fecha determinada, en la que efectivamente se llevó a cabo tal procedimiento. Por ende, no se mostró ni ruptura en la cadena de anuncios, ni menos la falta de certeza sobre la sesión en que sería llevada a cabo la votación respectiva, acreditándose con ello la exigencia constitucional.
Aunque en apartado posterior se hará una explicación más extensa acerca del contenido material del estatuto y el reglamento de interpol, así como del acuerdo sobre privilegios e inmunidades suscrito por Colombia, la Corte advierte preliminarmente que se trata de instrumentos internacionales destinados a fijar aspectos institucionales y administrativos de Interpol, así como determinar las prerrogativas diplomáticas de sus funcionarios cuando ingresen al territorio nacional y con el ánimo de efectuar actividades propias de esa organización. Estas materias no afectan a las comunidades étnicas, en tanto no están vinculadas con asuntos propios de la definición de su identidad. De allí que el requisito de consulta previa de medidas legislativas de que trata el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, no resulta predicable en el asunto de la referencia.
La Ley 1670 fue sancionada por el Presidente de la República el 16 de julio de 2013, remitiéndose para su estudio a la Corte el 19 del mismo mes, a través de oficio radicado en esa fecha por la Secretaria Jurídica de la Presidencia(24), cumpliéndose con ello el término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la Constitución.
3.1. La cooperación internacional en materia de investigación y sanción de los delitos y su compatibilidad general con la Constitución.
Como se expresa en la exposición de motivos y en los diferentes informes de ponencia del proyecto de ley que dio lugar a la norma objeto de análisis, la pertenencia de Colombia a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, se justicia en la necesidad de hacer parte de un ente internacional que está enfocado en prestar asistencia a los Estados miembros en materia de previsión y represión del delito, tanto en su faceta nacional como transnacional.
La idea central que fundamenta esa compatibilidad general consiste en advertir que, de conformidad con el artículo 226 Constitución Política, una de las bases en que se fundamentan las relaciones internacionales de Colombia es la conveniencia nacional, que para el caso analizado se traduce en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, entre ellos el aseguramiento de la convivencia pacífica y el orden justo. Así, en la medida en que estos tratados están dirigidos a otorgar herramientas que faciliten la investigación y sanciones de delitos, entonces resultan exequibles en tanto satisfacen bienes jurídicos que interesan a la Constitución.
En ese orden de ideas, la Corte ha señalado que “...que la mutua colaboración y asistencia en materia legal y judicial, el intercambio de información y pruebas, la notificación de actos procesales, la localización e identificación de personas, el traslado de testigos y peritos, la ejecución, en los territorios de los Estados partes, de órdenes judiciales relativas a inmovilización y decomiso de bienes, productos e instrumentos con los que se hayan cometido los delitos, siempre dentro del marco de las limitaciones y condiciones que imponga el ordenamiento jurídico interno de los países signatarios, no solo constituyen acciones eficaces en un mundo en el que el delito, paralelamente con la economía y el avance tecnológico, presenta una clara y acelerada tendencia a la globalización y a la internacionalización, sino que contribuyen a la realización de los mandatos constitucionales consagrados en los artículos 9º, 150-16, 226 y 227 de la Constitución Política”(25).
Este mismo precedente ha puesto de presente que los mencionados mecanismos de cooperación y asistencia, a pesar de su constitucionalidad general, deben cumplir requisitos concretos para su exequibilidad, referidos al respecto de la cláusula general de debido proceso. Sobre este particular, la Corte ha considerado que es constitucional que los tratados de asistencia y cooperación judicial penal prevean instrumentos para que los Estados miembros hagan diversas solicitudes entre sí, la mayoría de las veces referidas al envío de información constitutiva de prueba judicial y la remisión de personas para su asistencia en diligencias, entre otras modalidades de colaboración internacional. Sin embargo, la jurisprudencia ha resaltado que dicha exequibilidad está supeditada a que en el marco del ejercicio de dichas modalidades de cooperación se dé estricto cumplimiento a las diferentes garantías que integran el derecho al debido proceso, comprendido en su carácter sustantivo. A este respecto, en la Sentencia C-939 de 2008, al declarar la exequibilidad del Protocolo adicional al acuerdo de cooperación judicial penal con el Reino de España, se determinó por la Corte que diferentes modalidades de asistencia judicial recíproca eran “...connaturales con la finalidad del Convenio en estudio, en la medida en que concretan la cooperación judicial internacional en materia penal, para lo cual las actuaciones y gestiones resumidas con anterioridad encuentran su sustento en la soberanía de los dos Estados, en la reciprocidad en los pactos que debe orientar la política exterior colombiana, la realización de la función pública de administrar justicia y la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las personas requeridas para que comparezcan. No obstante esa relación soberana entre los Estados contratantes para definir tales cláusulas, no puede perderse de vista que las autoridades colombianas encargadas de ejecutar las formas de asistencia relatadas, deben actuar en total concordancia con los principios del debido proceso que consagra la Constitución y la legislación interna, como aquellos que garantizan la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas que se vean involucradas, en vigencia de la superioridad de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico como “norma de normas”.
3.2. La exequibilidad del Estatuto de Interpol.
De manera preliminar, la Corte advierte que la regulación contenida en el estatuto de la organización internacional de policía criminal, OIPC, Interpol refiere, en su integridad, a asuntos institucionales y administrativos de ese ente. Normas de esta naturaleza prima facie no generan debate alguno en cuanto a su compatibilidad con la Constitución. Ello debido a que se trata de regulaciones usuales en la conformación de organismos naturales y que en su gran medida no versan sobre asuntos sustantivos sino enteramente procedimentales y dentro del ejercicio de las funciones de asistencia y cooperación judicial, cuya exequibilidad general ha sido explicada en el fundamento jurídico anterior.
El estatuto cuenta con cincuenta artículos y un anexo. El primer apartado refiere a las disposiciones generales sobre la denominación de la organización (art. 1º), las finalidades de Interpol, que consisten en (i) conseguir y desarrollar, dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal; y (ii) establecer y desarrollar todas las instituciones que puedan contribuir a la prevención y a la represión de las infracciones de derecho común. (Art. 3º); la prohibición que Interpol de ejercicio de cualquier actividad o intervención en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial y; la facultad de cada país de designar como miembro de Interpol a cualquier organismo oficial de policía cuyas funciones estén comprendidas en el marco de actividades de la organización (art. 4º).
Estos preceptos son compatibles con la Constitución. Así, en lo que respecta a las finalidades de Interpol, reiteran los objetivos que la Corte ha declarado exequibles en las sentencias que se han ocupado del análisis de acuerdos de cooperación y asistencia judicial penal, según se explicó en precedencia. A su vez, la prohibición contenida en el artículo 3º es desarrollo del principio de autodeterminación de los Estados, el cual es pilar del derecho internacional público y está expresamente consagrado en el artículo 9º C.P. como uno de los fundamentos de la relaciones exteriores del Estado colombiano.
Finalmente, la norma que prevé la posibilidad que los Estados designen qué autoridad de policía ejercerá como miembro de Interpol, tiene un carácter enteramente operativo, pues facilita el ejercicio de las actividades de asistencia entre Colombia y dicha organización. A este respecto debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha determinado que preceptos de esta naturaleza se insertan exclusivamente en el marco del cumplimiento de los fines del ente internacional, sin en que en modo alguno puedan comprenderse como la asignación de las funciones constitucionales de representación del Estado colombiano, las cuales son privativas del Presidente de la República. Sobre este tópico, al analizar una norma similar la Corte señaló que “[l]as facultades definidas en este acuerdo a favor de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia en modo alguno pretenden sustituir el ámbito político del Presidente en su calidad de jefe de Estado, ni la específica competencia constitucional que se le atribuye al Primer Mandatario con respecto a la “dirección” de las relaciones internacionales. En efecto, las funciones instituidas en el tratado objeto de estudio, definen atribuciones a la Fiscalía y al Ministerio en aspectos meramente técnicos e instrumentales, muy diferentes a los explícitamente políticos del Presidente, como puede verse de la naturaleza de las funciones asignadas a tales organismos. ||”A juicio de la Corte, en consecuencia, no atenta contra la Carta el reconocimiento por parte de este acuerdo de competencias técnicas e instrumentales a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones pertinentes en materia de cooperación en el ámbito penal, pues se trata de una competencia que se relaciona directamente con las funciones que estas entidades asumen en el régimen interno y que no comprometen ninguna disposición constitucional, al ajustarse a la legislación nacional”(26).
El artículo 5º del estatuto identifica como órganos que conforman a Interpol a la asamblea general, el comité ejecutivo, la secretaría general, las oficinas centrales nacionales, los asesores y la comisión de control de ficheros.
Los artículos 6º a 14 del estatuto regulan los aspectos relativos a la Asamblea General. La asamblea es el órgano supremo de la organización y está compuesta por los delegados de los estados miembros (art. 6º). Cada Estado miembro podrá estar representado por uno o varios delegados, con un solo jefe de la misión. Debe procurarse que estas delegaciones estén conformadas por altos funcionarios que ejerzan tareas de policía, así como autoridades y especialistas vinculados a la materia policial (art. 7º).
Conforme al artículo 8º, la asamblea general tiene como funciones (i) asumir las responsabilidades establecidas en el estatuto; (ii) establecer los principios y decidir las medidas generales conducentes al logro de los objetivos de la organización, tal como se enuncian en el artículo 2º; (iii) examinar y aprobar el programa de trabajo presentado por el secretario general para el año siguiente; (iv) fijar las disposiciones de cuantos reglamentos se estimen necesarios; (v) elegir las personalidades que hayan de asumir las funciones previstas en el estatuto; (vi) aprobar resoluciones y dirigir recomendaciones a los miembros sobre las cuestiones que sean de la competencia de la organización; (vii) determinar la política financiera de la organización; y (viii) examinar y aprobar los acuerdos concertados con otras organizaciones. A su vez, el artículo 9º contempla la cláusula según la cual los miembros de Interpol deberán hacer cuanto sea compatible con sus propias necesidades por cumplir las decisiones de la asamblea general.
La Corte advierte que estas normas, en cuanto refieren a asuntos propios del funcionamiento de la asamblea general, no ofrecen reproche alguno sobre su constitucionalidad. Frente a su contenido merece la pena destacar la cláusula contenida en el artículo 9º, pues la misma incorpora la eficacia del principio de soberanía y la imposibilidad que la aplicación del tratado implique el desconocimiento de las necesidades del Estado, entre las que se destaca el cumplimiento del orden constitucional interno. Así mismo, las reglas sobre votaciones, mayorías y representación de los Estados miembros de la asamblea general, reflejan aspectos básicos de proporcionalidad y equidad de los mecanismos democrático representativos, lo cual justifica su constitucionalidad.
La Sala considera que las normas analizadas fijan asuntos institucionales de la asamblea general y del comité ejecutivo, los cuales no se oponen a ningún canon constitucional. Ahora bien, en relación con el cuestionamiento expresado por la intervención de la Defensoría del Pueblo frente al artículo 22, literal c., la Corte advierte innecesario condicionar su exequibilidad. Ello debido a que si bien la norma confiere al comité competencia para someter a la asamblea general todo programa de trabajo y todo proyecto que estime conveniente, una lectura sistemática de este precepto obliga a concluir que dichos proyectos y programas deben hacer parte de las finalidades de Interpol, descritas en el artículo 2º del estatuto. A su vez, el comité carece de competencia para aprobar estos documentos, sino solo tiene la potestad de ponerlos a consideración de la asamblea general, de la cual el Estado colombiano hace parte. Por lo tanto, no concurre el riesgo de exceso que explica la intervención y, antes bien, la norma es en todo compatible con la Carta Política.
Los artículos 25 a 30 del estatuto estipulan las reglas sobre el funcionamiento de la secretaría general de Interpol. Esta Secretaría conforma los servicios permanentes de la organización (art. 25) y está conformada por el secretario general y el personal técnico y administrativo encargado de efectuar los trabajos de la organización (art. 27). Tiene como funciones, conforme al artículo 26, (i) aplicar las decisiones de la asamblea general y del comité ejecutivo; (ii) actuar como centro internacional de la lucha contra la delincuencia de derecho común; (iii) actuar como centro técnico y de información; (iv) tener a su cargo la administración general de la organización; (v) mantener el enlace con las autoridades nacionales e internacionales, tramitando las cuestiones de investigaciones criminales por conducto de las oficinas centrales nacionales; (vi) preparar y editar cuantas publicaciones se consideren útiles; (vii) organizar y ejecutar los trabajos de secretaría en las reuniones de la asamblea general, del comité ejecutivo, y, cuando las haya, de todos los demás órganos de la organización; (viii) preparar un plan de trabajo para el año siguiente, que presentará al examen y aprobación del comité ejecutivo y de la asamblea general; y (ix) mantener en todo lo posible un contacto directo y constante con el presidente de la organización.
Las disposiciones del estatuto que regulan las oficinas centrales nacionales, los asesores y la comisión de control de ficheros, en criterio de la Corte, no se oponen a la Constitución, puesto que se concentran en asuntos institucionales y operativos, estrechamente vinculados con el cumplimiento de los fines de Interpol. Sobre las normas citadas es importante resaltar el compromiso del estatuto en fijar, a través de la comisión mencionada, instancias para la protección de los derechos concernidos con el tratamiento de datos personales. Ello debido a que previsiones de esta naturaleza protegen el derecho fundamental al habeas data, el cual comprende, en los términos del artículo 15 C.P., tanto la vigencia de la cláusula general de libertad en los procesos de acopio, procesamiento y transmisión de datos personales, como la garantía de las facultades del sujeto concernido de conocer, actualizar y rectificar su información personal incorporada en bases de datos(27).
3.3. La constitucionalidad del reglamento de Interpol.
El artículo 1º prevé la regla de preferencia del estatuto sobre el reglamento, en caso de divergencia. Los artículos 2º a 8º determinan las reglas sobre convocatoria de la asamblea general; definición de la sede de las reuniones de la misma, según las invitaciones que efectúen los Estados miembros para que se desarrolle en su territorio; el procedimiento para el envío de la convocatoria; así como la definición de quiénes, además de los miembros de interpol, podrán ser invitados a las reuniones de la asamblea a título de observadores.
Los artículos 9º a 13 del reglamento regulan el desarrollo del orden del día para las reuniones de la asamblea general. Este orden del día será preparado por el comité ejecutivo al menos 90 días antes de la reunión y comprenderá los asuntos contenidos en el artículo 10, a los cuales se suma lo que los miembros inscriban como cuestión suplementaria 30 días antes de la apertura de la reunión. El orden de los asuntos será definido por el comité ejecutivo en razón de la urgencia y la prioridad de las cuestiones. Finalmente, se prevé que los miembros deban recibir, treinta días antes de la apertura de la reunión, la documentación necesaria para el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día.
3.3. La jurisprudencia constitucional sobre los acuerdos de privilegios e inmunidades.
Sobre este particular, la Sentencia C-578 de 2002, que realizó el control de constitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, determinó que a la luz del fenómeno de la globalización jurídica, se está ante una reconceptualización de la soberanía, escenario en que se reconoce que los Estados, en ejercicio de su voluntad en el ámbito internacional, pueden suscribir acuerdos que impliquen limitaciones o excepciones al ejercicio de sus competencias, a condición que las mismas no involucren la cesión total de las facultades nacionales. Así, se expresó que “[c]omo resultado de la creciente interacción e interdependencia entre Estados y de la constatación de desafíos globales que interesan a toda la humanidad, surgieron límites a la concepción absoluta de soberanía, justificados por la necesidad de preservar la coexistencia pacífica entre sujetos iguales de derecho internacional, así como el reconocimiento de otros límites adicionales a la soberanía, fundados en la necesidad de respetar valores protegidos por el derecho internacional y asociados a la dignidad del ser humano, a la paz mundial, a la democracia y a la conservación de la especie humana. || A pesar de esa evolución, se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia(28), en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (ii) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía(29), así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridas(30); y (iii) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacional(31). || Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones a los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos(32), y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda mutua(33). En ocasiones ello puede requerir la aceptación de la competencia de organismos internacionales sobre algunos asuntos de competencia nacional, o la cesión de algunas competencias nacionales a instancias supranacionales. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, tal posibilidad es compatible con nuestro ordenamiento constitucional(34), siempre que tal limitación a la soberanía no suponga una cesión total de las competencias nacionales”.
Para el caso de los acuerdos de privilegios e inmunidades, la jurisprudencia ha insistido en que una de las condiciones para que sean compatibles con la Constitución radica en que los beneficios o exclusiones de jurisdicción concedidas por el Estado estén unívocamente dirigidas a permitir la normal ejecución de las actividades de la organización correspondiente, sin que puedan fijarse o interpretarse como cláusulas abiertas que excedan ese marco. En términos de la Corte “[l]as inmunidades y privilegios conferidos a miembros de organismos internacionales se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la “defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas(35).” La Corte agregó que de no hacerse tal salvedad, “[b]ajo el manto de buenas intenciones patrocinadas por el convenio, que la Corte respeta y alienta, (...) cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios”(36).
De allí que la jurisprudencia de la Corte haya previsto que los acuerdos mencionados deban comprenderse como modalidades de inmunidad restringida, lo que supone (i) que las exclusiones de jurisdicción solo se predican en el marco del ejercicio de las actividades propias de la organización internacional correspondiente; (ii) que dichos tratamientos diferenciados no configuran inmunidad absoluta y por ende no pueden ser comprendidos como cláusulas abiertas, que faculten a sus beneficiarios para desconocer las normas del ordenamiento jurídico colombiano, ni menos para que se prevea la impunidad respecto de delitos y demás comportamientos antijurídicos en que incurran dichos beneficiarios; y (iii) que, en cualquier caso, ante la exclusión de la jurisdicción el Estado está llamado a reparar patrimonialmente el daño causado a terceros, en los términos del artículo 90 Constitución Política, cuando estos, en virtud de la inmunidad, no estén en capacidad de reclamar judicialmente el perjuicio causado al beneficiario responsable.
En lo que tiene que ver con el primer y segundo aspecto, la Corte ha señalado que la jurisprudencia ha claramente abandonado “... la teoría de la inmunidad absoluta por la figura de la inmunidad restringida con el objeto de salvaguardar esencialmente el principio de soberanía nacional. Desde la Sentencia C-137 de 1996(37), la Corte ha sostenido(38): “Sin embargo las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima”. Y, en la Sentencia C-863 de 2004(39), indicó que tales privilegios “no implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas internacionales(40), los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes amparados por ellas”. ||Luego, dichos privilegios e inmunidades no se confieren en beneficio personal, sino que atiende al sujeto internacional del cual emana, por lo que se encuentran limitados a los actos que realicen en el ejercicio de las funciones y cumplimiento de sus fines(41).”(42). (Destacado originales).
Sobre ese mismo particular y en lo referido a la precisa delimitación del régimen de privilegios e inmunidades al ejercicio de las funciones propias de la organización internacional, la Corte ha también expresado que dichos tratamientos diferenciados “... se circunscriben esencialmente a los que resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Beneficios de los cuales habrán de gozar mientras desempeñen sus funciones y después de la cesación en relación con el ejercicio de dichas atribuciones. No se otorgan en beneficio personal sino para defender el ejercicio autónomo e independiente de sus funciones, y están en la obligación de renunciar a ellos cuando constituyan un obstáculo a la justicia. Adicionalmente, quienes gocen de dichas concesiones estarán obligados a respetar la legislación del Estado Parte y a no inmiscuirse en los asuntos internos de este”(43).
De manera coincidente, se ha considerado que si bien las cláusulas de inmunidad de ejecución son compatibles con la Constitución, las mismas se insertan en las limitaciones propias del principio de inmunidad restringida, lo que implica la imposibilidad que, por esta vía, un Estado u organización internacional se sustraiga por completo de las obligaciones jurídicas contenidas en el ordenamiento nacional, a través de la imposibilidad plena e ilimitada de ser llamado a asumir sus responsabilidades ante los jueces. Esta limitación ha sido planteada por la jurisprudencia constitucional en sede de tutela, la cual ha admitido que, por ejemplo, la inmunidad de jurisdicción no cobija el cumplimiento de las obligaciones laborales en las que el Estado u organización internacional es responsable. Sobre este particular se ha planteado por la Corte, a manera de reglas derivadas de ese precedente, que “(1) De manera progresiva, el derecho internacional ha reconocido que los Estados y los organismos internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral, es decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos supranacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales “cuando se encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional (...).” || (2) Cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano, debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la que “un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales.” || (3) La celebración de contratos de trabajo con nacionales colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los organismos supranacionales a asumir el riesgo de vejez(44), “mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo”(45).
Finalmente, respecto de la obligación de asumir el daño antijurídico derivado de la exclusión de jurisdicción, la Sentencia C-1158 de 2006 sintetizó el precedente de la Corte sobre el particular, del modo siguiente:
“No obstante, debe indicarse que frente al eventual desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia de los nacionales (art. 229 superior), por las prerrogativas otorgadas a la Corte Penal Internacional y al personal, podrá obtenerse la reparación del Estado colombiano al haber sido víctima la persona de un daño antijurídico (C.P., art. 90(46)) . Así lo manifestó la Corte en la Sentencia C-315 de 2004(47):”(L)a Corte concluye que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado bajo revisión armonizan con la Carta. Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no solo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (C.P., art. 90).(...).
Y, lo había manifestado en la Sentencia C-254 de 2003, al indicar que i) la antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta sino de la no soportabilidad del daño, ii) si el daño sufrido por el particular es de aquellos que no está obligado a soportar, debe el Estado indemnizar los perjuicios generados por el sujeto de derecho internacional, y iii) para que Colombia asuma la responsabilidad patrimonial en los daños causados por quienes se encuentren amparados por la inmunidad es menester que obedezca a las actividades realizadas en cumplimiento de sus obligaciones.(...) Así pues, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la especializada del Consejo de Estado han dedicado sus reflexiones a delimitar el alcance del artículo 90 de la Carta, al punto que podría decirse, a propósito del artículo 10 de la Convención sub examine, que si del texto de la convención surge un título jurídico constitucional del cual pudiera derivarse que el Estado asume cierta responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante la asistencia, independientemente de que los mismos hayan sido causados por agentes internacionales, el daño antijurídico debería ser indemnizado por el Estado colombiano”.
El artículo 1º del acuerdo determina que con ocasión a las reuniones estatutarias de Interpol que tengan como sede Colombia, referidas al comité ejecutivo, la asamblea general o en caso de conferencia regional, nuestro país extenderá a Interpol los siguientes privilegios e inmunidades: (i) la organización gozará de inmunidad de jurisdicción en caso de acción civil, administrativa, penal y de ejecución, a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad; (ii) todos los documentos que pertenezcan a la organización o que esta tenga bajo la forma que sea, especialmente sus archivos y cuentas, serán inviolables independientemente del lugar en que se encuentren; (iii) se garantizará la inviolabilidad de la correspondencia oficial de la organización. Sus comunicaciones oficiales, que podrán ser cifradas, no serán objeto de censura; (iv) sin verse afectadas por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias de naturaleza alguna, la organización podrá recibir y guardar fondos y divisas de todo tipo y tener cuentas en cualquier moneda en el territorio colombiano y transferir libremente sus fondos y sus divisas tanto dentro del territorio colombiano como entre su sede o sus oficinas subregionales y Colombia; (v) estarán exentos de derechos de aduana y tasas de importación el material administrativo, técnico y científico suministrado por la organización para la celebración de las reuniones estatutarias, las publicaciones, los demás documentos oficiales de la organización destinados a sus trabajos y los regalos habituales ofrecidos o recibidos por el secretario general y los funcionarios de la organización durante las reuniones estatutarias. La organización se compromete a rexportar todo el material, publicaciones o regalos que al término de las reuniones no hayan sido utilizados o distribuidos.
Las disposiciones explicadas se ajustan a la Carta Política, de acuerdo con el marco general explicado en precedencia. Así, en cuanto a la inmunidad de jurisdicción, la jurisprudencia de la Corte ha explicado que esa una limitación aceptada por el derecho internacional y que se inscribe en el concepto de inmunidad restringida antes mencionado. Sobre el particular, se ha establecido que “[e]n lo concerniente al principio de inmunidad de jurisdicción, se reconoce principalmente a los representantes de los Estados como a los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares, así mismo, a los jefes de Estado y objetos como los buques y aeronaves del Estado. Pero, también se extiende a otros sujetos de derecho internacional como son las organizaciones y las instituciones internacionales, cobijando a quienes las integran y participan del ejercicio de sus funciones(48). || Para la doctrina extranjera, la inmunidad o exención de jurisdicción alude en términos generales al status que revisten determinadas personas por las tareas oficiales que cumplen y que deben ser excepcionadas de la jurisdicción para que puedan ejercer sin interferencias las tareas que les han sido asignadas(49). || La Corte ha señalado que las prerrogativas e inmunidades que se conceden en tratados internacionales no resultan en principio contrarias a la Constitución, toda vez que responden a la necesidad de dotar a los sujetos de derecho internacional de las garantías indispensables para ejercer las funciones que les corresponden con la mayor independencia y neutralidad”(50).
En virtud del artículo 2º del acuerdo, Colombia se compromete a permitir la entrada y salida de su territorio, de las siguientes personas durante el tiempo que duren las reuniones estatutarias: (i) miembros del comité ejecutivo de la OIPC-Interpol; (ii) representantes de los países miembros que figuran en la lista de participantes del respectivo evento, una copia de la cual se entregará a las autoridades de Colombia, al menos siete días antes del inicio de la reunión; (iii) miembros del personal de la secretaría general designados para prestar asistencia al comité ejecutivo y a la asamblea general; (iv) miembros de la comisión de control de los ficheros de Interpol y las personas que desempeñen funciones oficiales en su nombre; (v) intérpretes y redactores de actas contratados por la secretaría general; (vi) asesores de la organización; (vii) observadores y expertos invitados a asistir a las reuniones; y (viii) familiares y personal que acompañen a los anteriores.
De otro lado, en lo que respecta al cuestionamiento planteado por la defensoría del pueblo, relacionado con la excesiva amplitud de la cláusula analizada, al punto que incluye a los familiares y personal que acompañen a los funcionarios de Interpol, la Corte señala que este asunto es propio de la negociación del acuerdo por parte de Colombia e Interpol, sin que corresponda a este tribunal disponer su limitación o renegociación. Esto a menos que se acredite que la cláusula es contraria con la Constitución, lo que no sucede en el caso analizado. Así, para el caso de la autorización de ingreso a los familiares de los funcionarios, se está ante una disposición estrechamente ligada con la vigencia del derecho a la unidad familiar, previsto en el artículo 42 Constitución Política, plenamente exigible por los extranjeros en virtud de la cláusula contenida en el artículo 100 Constitución Política.
Conforme al artículo 3º del acuerdo, durante las reuniones estatutarias, así como durante el viaje Colombia extenderá los privilegios e inmunidades establecidos en el artículo IV de la convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, a los miembros del comité ejecutivo; representantes de los países miembros; miembros del personal de la Secretaría General designados para prestar asistencia durante las reuniones; intérpretes y redactores de actas contratados por la secretaría general; asesores de la organización; observadores, expertos invitados a asistir a las reuniones, con excepción del personal local . Así mismo, se dispone que al secretario general y a los miembros de comité ejecutivo, también se les extiendan los privilegios y las inmunidades previstos en los artículos V y VI de la convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas(51).
Sobre el particular, en la Sentencia C-137 de 1996, que realizó el control de constitucionalidad del estatuto del centro internacional de ingeniería genética y biotecnología, la Corte sostuvo que las inmunidades conferidas a los miembros de un organismo internacional son concesiones ofrecidas con fundamento en disposiciones de derecho internacional que no quebrantan por sí mismas el concepto de soberanía nacional(52). Para ilustrar el punto, la Corte trajo a consideración las normas que integran la convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946, así como y la “Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados” —aprobada por la misma asamblea el 21 de noviembre de 1947— y concluyó con que “... el otorgamiento de los privilegios anotados tiene asidero en el imperativo constitucional en virtud del cual las relaciones internacionales del Estado colombiano deben fundarse en el respeto de ‘los principios de derecho internacional aceptados por Colombia’ (C.P. art. 9º)”. A su vez, la Sentencia C-254 de 2003, que declaró exequible la convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, reiteró la regla antes expuesta, para llegar a la conclusión que tales tratamientos diferenciados no se oponen al texto constitucional.
A partir de estas consideraciones, la Corte concluye que las previsiones del artículo 3º del acuerdo son por entero compatibles con la Carta Política.
El artículo 4º determina las reglas sobre el uso adecuado de los privilegios y de las inmunidades. Al respecto, se estipula que dichos tratamientos diferenciados se concederán a sus beneficiarios no para su provecho personal sino para el buen funcionamiento de los órganos de la organización. A su vez, también se establece que las autoridades competentes de los países miembros de la organización, en este caso las autoridades colombianas, tendrán el derecho y el deber de levantar la inmunidad de los beneficiarios cuando esta suponga un obstáculo para la acción de la justicia, siempre que el hecho de levantarla no afecte a los intereses de la organización. Del mismo modo, se dispone que Interpol tendrá el derecho y el deber de levantar la inmunidad de los beneficiarios cuando esta suponga un obstáculo para la acción de justicia, siempre que el hecho de levantarla no afecte los intereses de la organización.
Finalmente, los artículos 5º y 6º del acuerdo regulan lo referente a la resolución de litigios en lo referente a la interpretación o la aplicación del instrumento internacional, al igual que la fórmula para la entrada en vigor del mismo. Disposiciones de esta naturaleza son propias de los tratados y comúnmente reconocidas como cláusulas genéricas en el derecho internacional público. En razón a ello, no ofrecen mayores debates sobre su exequibilidad.
1. Declarar EXEQUIBLES el estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la secretaría general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1670 del 16 de julio de 2013, mediante la cual fueron aprobados los instrumentos internacionales descritos en el numeral anterior.
(1) Sobre la aplicación de la regla de consulta previa a comunidades tradicionales en el control de constitucionalidad de tratados internacionales, Vid. Corte Constitucional, sentencias C-615/09 y C-941/10, inter alia.
(2) Comunicación del 22 de agosto de 2013, suscrita por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Folios 197 a 198 del cuaderno principal (Cdno. Ppal).
(3) Folio 199 Cdno. PPal.
(4) Folio 200 Cdno. PPal
(5) Folios 144-157 Cdno. Ppal.
(6) Folios 134-137 Cdno. Ppal.
(7) Folios 98-99 Cdno. Ppal...
(8) Folios 100 (reverso) – 101 Cdno. Ppal.
(9) Folio 104 (reverso) Cdno. Ppal.
(10) Folio 106 (reverso) Cdno. Ppal.
(11) Folios 127 (reverso) – 130 (reverso) Cdno. Ppal.
(12) Folios 1-4 Cuaderno de pruebas 1 (CP1)
(13) Folio 401 CP1.
(14) Folio 467 (reverso) CP1.
(15) Folio 2 CP1.
(16) Folio 347 CP1.
(17) Folios 11 (reverso) a 14 (reverso) Cuaderno de pruebas 2 (CP2).
(18) Folios 1 a 2 CP2.
(19) Folios 219 (reverso) a 220 Cdno. Ppal.
(20) Folios 222 (reverso) a 224 Cdno. Ppal.
(21) Folios 172 (reverso) a 175 (reverso) Cdno. Ppal.
(22) Folio 160 Cdno. Ppal.
(23) Folio 192 CP3.
(24) Folio 90 Cdno. Ppal.
(25) Corte Constitucional, Sentencia C-1259/00. En esta decisión la Corte declaró la exequibilidad del acuerdo de cooperación y asistencia judicial penal suscrito entre Colombia y Venezuela.
(26) Corte Constitucional, Sentencia C-404 de 1999. En esta decisión la Corte declaró la exequibilidad del Acuerdo de Cooperación Judicial en Materia Penal, celebrado entre Colombia y Paraguay.
(27) Para una exposición general acerca del contenido y alcance del derecho al habeas data, pueden consultarse las Sentencia C-1011 de 2008 y C-748 de 2011.
(28) Corte Permanente de Arbitraje, Caso de la Isla Palmas, 1928, Estados Unidos y Países Bajos, publicado en Reports of International Arbitral Awards, Vol. 2, pág. 829. En este caso se dijo que la soberanía en las relaciones internacionales debía entenderse como independencia para ejercer sobre un determinado territorio y habitantes las funciones de un Estado.
(29) Corte Permanente Internacional de Justicia, 1923, Caso Wimbledon, World Court Reports, Serie A, No. I.
(30) Sentencia Arbitral, Cámara de Comercio Internacional, 30 de abril de 1982, Caso Framatome contra Atomic Energy Organisation, J.D.I., 1984, págs. 58 y ss.
(31) Ver entre otros Nguyen Quoc Dinh, Droit International Public, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París 1994, pág. 410. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Fourth Edition. Clarendon Press. 1990, pág. 107 y ss. Verdross, Alfred. Derecho Internacional Público. Biblioteca Jurídica Aguilar. 1982, pág. 174 y ss. Henkin, Louis. International Law. Cases and Materials. Third Edition. West Publishing Co. St. Paul, Minneapolis, 1993, págs. 13 y ss.
(32) Reportes de la Corte Internacional de Justicia, 1986, Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, Nicaragua vs Estados Unidos de América, Fallo del 27 de junio de 1986, párrafos 202 a 209. La Corte definió como asuntos internos aquellos frente a los cuales el Estado goza de autonomía para decidir sin injerencia externa, tales como su organización política, económica, social, cultural y jurídica, así como la definición de su política internacional.
(33) Reportes de la Corte Internacional de Justicia, 1.949. Caso Estrecho de Corfú, Reino Unido vs. Albania
(34) Ver, por ejemplo, las sentencias: C-088/93, MP: Ciro Angarita Barón, que declaró la constitucionalidad de la Ley 11 de 1992, mediante la cual se incorporó al ordenamiento interno el Protocolos I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949; C-225/95, MP: Alejandro Martínez Caballero, que declaró ajustada a nuestra Carta el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 171 de 1994; C-331/96, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró la constitucionalidad de la Ley 216 de 1995, mediante la cual se aprobaba el Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe; C-231/97, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró la constitucionalidad de la Ley 323 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996”; C-137/95, M.P.: Jorge Arango Mejía, que declaró la constitucionalidad de la Ley 170 de diciembre 15 de 1994, “ Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marraketch (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de Bovino”.
(35) Sobre el particular se puede consultar la reiterada jurisprudencia de la Corte; en particular, las sentencias C-203 de 1995 y C- 442 de 1996.
(36) Corte Constitucional, sentencias C-200/99 y C-254/03
(37) Revisó la Ley 208 de 1995, por medio de la cual se aprueba el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología.
(38) Cft. sentencias C-859 de 2007, C-863 de 2004, C-820 de 2004, C-315 de 2004, C-254 de 2003, C-1333 de 2000, C-200 de 1999, C-442 de 1996 y C-137 de 1996.
(39) Revisó la Ley 877 de 2004, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado.
(40) Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor,” señala en el numeral 4 del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante.” Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (L. 17/71), establece en su artículo 41, para. 1 que: “Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente.” Igualmente, el Artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.” Ver. Sen B., “A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición, páginas 95-202 y 285 a 309
(41) Sentencias C-254 de 2003, C-534 de 2002, C-442 de 1996 y C-137 de 1996.
(42) Corte Constitucional, sentencia C-1156/08. Esta sentencia declaró la constitucionalidad del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.
(44) De forma similar, en la Sentencia T-628 de 2010, la Corte Constitucional afirmó que frente a los casos en que la vinculación de los nacionales se realice mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios, el organismo internacional contratante tiene el deber jurídico de verificar la afiliación al sistema de seguridad social en salud del contratista, para pagar los honorarios propios de la ejecución del contrato.
(45) Corte Constitucional, Sentencia T-814/2011.
(46) Artículo 90 de la Constitución. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.
(47) Revisó la Ley 824 de 2003, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre las misiones especiales.
(48) Ximena Fuentes, en su artículo “Las inmunidades de jurisdicción y el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, Ius et praxis , año/vol.6, número 002, Universidad de Talca, Chile, págs. 419 a 425, año 2000, nos recuerda: “En derecho internacional existe un principio según el cual un Estado debe abstenerse de juzgar los actos de otro Estado. Este principio da lugar al mecanismo de la inmunidad de jurisdicción, según el cual los tribunales internos de los Estados deben privarse de ejercer su jurisdicción sobre los actos de un Estado extranjero. La justificación de este principio se encuentra en otros principios, como el principio de no intervención, en el principio de igualdad jurídica entre los estados y en el principio de respeto a la honra y dignidad de los estados extranjeros”.
(49) Cft. Estudios de derecho penal internacional. Kai Ambos. Catedrático y director del departamento de derecho penal extranjero e internacional de la Universidad de Georg August de Cóttingen, Alemania. Capítulo VII. Inmunidades en derecho penal nacional e internacional. Editorial Leyer. 2005. Página 165.
Además, en la Sentencia T-883 de 2005, la Corte señaló: “La inmunidad de jurisdicción constituye un principio de derecho internacional que ha sido definido por la doctrina, como la exclusión de la posibilidad de que un sujeto específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones (González Campos, Julio D., Sánchez Rodríguez, Luis I. y Saenz de Santa María, Paz Andrés. “Curso de Derecho Internacional Público”, Editorial Civitas S.A. Sexta Edición, Madrid, España. 1998). Se trata de un principio de carácter procesal que opera como excepción, y que reviste dos manifestaciones fundamentales; (i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional, que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales; y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho internacional se hubiere llevado a cabo”.
(50) Corte Constitucional, Sentencia C-1156/2008.
(51) Las normas a las que alude la disposición son las siguientes:
Artículo IV. Representantes de los miembros.
Sección 11. Se acordará a los representantes de los miembros en los órganos principales y subsidiarios, y a los representantes a las conferencias convocadas por las Naciones Unidas, mientras estos se encuentren desempeñando sus funciones o se hallen en tránsito al lugar de reunión y a su regreso, las siguientes prerrogativas e inmunidades:
Sección 14. Se concederán privilegios e inmunidades a los representantes de miembros no en provecho propio sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus funciones en relación con las Naciones Unidas. Por consiguiente, un Miembro no solo tiene el derecho sino la obligación de renunciar a la inmunidad de su representante en cualquier caso en que según su propio criterio la inmunidad entorpecería el curso de la justicia, y cuando puede ser renunciada sin perjudicar los fines para los cuales la inmunidad fue otorgada.
Sección 16. La expresión “representante” empleada en el presente artículo comprende a todos los delegados así como a los delegados suplentes, asesores, peritos técnicos y secretarios.
Artículo VI. Peritos que formen parte de las misiones de las Naciones Unidas.
Sección 22. A los peritos (aparte de los funcionarios comprendidos en el artículo 5) en el desempeño de misiones de las Naciones Unidas, se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones inclusive el tiempo necesario para realizar los viajes relacionados con las mismas. En especial, gozará de:
(52) “Por otra parte, las disposiciones que consagran privilegios e inmunidades a favor del Organismo creado y de sus directivos y dignatarios se enmarcan dentro de los principios del Derecho Internacional, reconocidos por Colombia según el artículo 9 de la Constitución Política. (...) No puede decirse que la consagración de estos privilegios e inmunidades vulneren el derecho a la igualdad (C.P., art. 13), respecto de personas colombianas, ya que, como la Corte lo ha señalado reiteradamente, la igualdad se predica de situaciones iguales, de tal modo que las diferencias de trato pueden admitirse cuando se encuentran justificadas. En el caso de los funcionarios y representantes de organismos internacionales, las normas especiales acordadas entre los estados miembros y la protección que se les brinda tienen su razón de ser en la función que cumplen, como integrantes de delegaciones diplomáticas” (Sent. C-203/95).

References: artículo 241
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 154
 artículo 143
 artículo 157
 artículo 133
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 6
 artículo 241
 artículo 226
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 90
 artículo 13
 artículo 90
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 100
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 resolución 
 artículo 31
 artículo 41
 Artículo 43
 Artículo 90
 artículo 5
 artículo 9