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Timestamp: 2019-03-24 15:27:12+00:00

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Colegiatura de Abogados Laboralistas del Valle CALAV: Sentencia Corte Constitucional T-590 de 2008- Pension de Invalidez-
Sentencia Corte Constitucional T-590 de 2008- Pension de Invalidez-
Sentencia T-590/08
PROTOCOLO ADICIONAL A CONVENCION AMERICANA DERECHOS HUMANOS EN DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Deber de los Estados Parte de progresar en la realización de los derechos a los que se refiere la Convención
ACCION DE TUTELA A FAVOR DE PERSONAS AFECTADAS CON LIMITACIONES FISICAS, MENTALES Y SENSORIALES-Procedencia para resolver las controversistas que tienen que ver con los derechos de integración a la sociedad y rehabilitación en todos los órdenes
De suerte que sin perjuicio de las previsiones del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, a cuyo tenor corresponde a la jurisdicción ordinaria, con las salvedades establecidas en la norma, conocer de los conflictos relacionados con el derecho a la Seguridad Social, lo cierto es que la señora tiene derecho a contar con un recurso sencillo, rápido y acorde con su situación que la ampare contra la decisión de la Administradora de Pensiones accionada de exigir una fidelidad al Sistema que la misma no puede cumplir y que, si bien se encuentra previsto en el ordenamiento, resulta inaplicable en su caso.
ADMINISTRADORA DE PENSIONES-Deber de pronunciarse sobre el derecho a la pensión de invalidez sin considerar el requisito de fidelidad al Sistema previsto en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003
Referencia: expediente T-1.817.580
Sostiene que su representada cumple todos los requisitos establecidos en el ordenamiento para el reconocimiento de la prestación, en cuanto “tiene la valoración médica con concepto favorable, reiterado por la compañía Aseguradora, ha continuado cotizando y cumple con los demás requisitos de la ley 100 de 1993, siendo la fidelidad al sistema un pretexto para negarle su derecho (..)”.
Afirma que la señora Gil Gómez, además de sus precarias condiciones de salud, es una “persona de escasos recursos, no teniendo sustento para si y para su familia que dependía económicamente de su trabajo (..)”.
La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por intermedio de la señora María Cristina López Niño, Consultor Senior de la entidad, solicita declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional, pues “tratándose de una reclamación relativa al reconocimiento de una pensión de INVALIDEZ es claro que la parte actora cuenta con un instrumento judicial a través del procedimiento laboral para hacer valer su pretensiones ante esa jurisdicción (..)”.
Sostiene que la entidad accionada no vulnera los derechos fundamentales de la accionante, puesto que, acatando las disposiciones vigentes en materia de seguridad social, ha procedido a negar la prestación que la actora reclama, “toda vez que se advierte que por el tiempo transcurrido entre el momento en que la (sic) MARÍA NELLY GIL GOMEZ cumplió 20 años de edad (2006-10-25) la misma debía acreditar como requisito de fidelidad para con el sistema un total de 43.88 meses, equivalentes al 20%, no obstante lo anterior la afiliado (sic) sólo alcanzó a cotizar 37.63 periodos con lo cual, de bulto resulta advertir que la afiliada no cumple con el requisito de fidelidad del 20% exigido por la ley para acceder a la pensión de invalidez demandada”.
3.1 Concepto emitido por el Equipo Interdisciplinario de Salud Ocupacional Saludcoop EPS.
3.2 Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral, elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Seguros de Vida Alfa S.A., por solicitud del Fondo de Pensiones Porvenir S.A., el 27 de octubre de 2006, a cuyo tenor la pérdida de capacidad laboral de la señora María Nelly Gil Gómez es del 50.37%, de origen común “con fecha de estructuración Lunes, 17 de julio de 2006.”
3.3 Comunicación remitida a la actora, el 8 de junio de 2007, por el Director Jurídico de Prestaciones de Porvenir S.A. con el objeto de informarle que “puede optar por la devolución del saldo existente en la cuenta individual de ahorro pensional y el valor correspondiente a la redención anticipada de su bono pensional, si a este hubiere lugar, o bien por seguir cotizando para obtener una pensión de vejez (..), toda vez que no acreditó el requisito de fidelidad al sistema, previsto en la Ley 797 de 2003 (..)”.
3.4 Comunicación del 22 de agosto de 2007, dirigida por el Director Jurídico de Prestaciones de Porvenir S.A. al apoderado de la actora, para manifestarle “que no es procedente modificar la determinación de rechazo por cuanto su prohijada no cumplió con los requisitos consagrados en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003”, sino efectuar la devolución de saldos que posee la actora en su cuenta pensional, al tenor de lo reglado en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993.
3. Consideraciones preliminares. El requisito de fidelidad al Sistema de Seguridad Social y el mandato de progresividad de los derechos sociales
3.1 Esta Corte, con ocasión de la revisión constitucional del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, se detuvo en el deber de los Estados Parte del convenio de progresar en la realización de los derechos a los que se refiere la Convención, “hasta el máximo de sus recursos disponibles”, en procura de lograr su máxima efectividad.
“18- Los artículos 9º, 10 y 13 reconocen los derechos sociales que son considerados como más típicamente prestacionales, a saber los derechos a la seguridad social, a la salud y a la educación respectivamente.
Conforme a esa doctrina, y de acuerdo al tenor literal de este artículo, resulta claro que el carácter progresivo del deber de realización de estos derechos no implica que los Estados pueden demorar la toma de las medidas necesarias para hacerlos efectivos. Por el contrario, el deber de adoptar todas las medidas posibles es inmediato, ya que los Estados “tienen la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos contenidos en el Pacto.” Simplemente, teniendo en cuenta que en general los derechos sociales implican una prestación pública, la cual supone la existencia de unos determinados recursos y la necesidad de poner en marcha las instituciones prestatarias de los servicios, se reconoce que “la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo”, por lo cual la obligación de garantizarlos no puede ser inmediata, a diferencia de lo que sucede con el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual “incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes” . Sin embargo, este deber de realización progresiva “no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo” , ya que esta norma “exige que los Estados partes actúan tan rápidamente como les sea posible en esa dirección”, razón por lo cual “bajo ningún motivo esto se deberá interpretar como un derecho de los Estados de diferir indefinidamente los esfuerzos desplegados para la completa realización de los derechos ”.
3.2 En armonía con lo expuesto, esta Corte al establecer como un grupo social, beneficiario del sistema de seguridad social en salud, dejaba de serlo, declaró exequible la expresión “activo” contenida en el parágrafo 3 del artículo 24 del Decreto Ley 1795 de 2000, siempre que se entienda que los padres del oficial o suboficial que haya dejado de pertenecer a las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional por pasar a ser pensionado, pueden continuar recibiendo la prestación en salud, siempre que demuestren su vinculación al sistema y que no tienen la posibilidad de acceder a ningún otro régimen de seguridad social.
“(..) la Constitución y los tratados de derechos humanos señalan que si bien los derechos sociales prestacionales no son de aplicación inmediata e integral, sin embargo los Estados tienen no sólo el deber de tomar todas las medidas posibles para lograr su realización progresiva integral sino que además deben asegurar el goce de estos derechos a todos los habitantes, sin ninguna discriminación. Por ello, tal y como esta Corte ya lo ha explicado , en plena armonía con la jurisprudencia y la doctrina internacional sobre el tema, el mandato de progresividad no debe ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en la protección de esos derechos . Por el contrario, el Estado colombiano tiene claros compromisos internacionales y constitucionales en relación con los derechos sociales prestacionales, como la salud. De un lado, el Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de ese derecho.
De otro lado, existen unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de ese derecho que el Estado debe garantizar a todas las personas. Esto es, la progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales prestacionales, pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, coberturas universales de los contenidos mínimos de esos derechos, tal y como esta Corte ya lo había reconocido con anterioridad .
Finalmente, el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional (..) ”.
Advierte la providencia que toda exclusión del Sistema de Seguridad Social, de un grupo poblacional previamente incluido en el mismo y toda restricción en los niveles de protección alcanzados, implica un retroceso en el deber del Estado de asegurar coberturas universales de los contenidos mínimos de los derechos económicos sociales y culturales y por ende desconoce los artículos 1°, 2°, 13, 48 y 53 constitucionales.
3.3 En los términos de la Sentencia T-221 de 2006 , la Sala Quinta de Revisión pudo establecer que el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, tal como fue modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, desconocía los derechos fundamentales de la accionante, en cuanto hacía más gravoso su acceso a la pensión de invalidez , respecto de los requisitos previstos en el artículo 39 antes señalado , en el sentido de incrementarle el número de cotizaciones y exigir a la actora un porcentaje de fidelidad al Sistema, imposible de cumplir.
No obstante, la prestación de la seguridad social no puede ser entendida únicamente como una actividad empresarial en la que concurren el Estado y los particulares, sino que debe comprenderse como una actividad solidaria desplegada por todos los asociados en procura del bienestar general; así, se concluye que "La seguridad social es un asunto que "no sólo interesa a los fines del Estado, entendido éste como la institución organizada para lograr sus objetivos sociales, sino que debe comprometer a la sociedad en general, en la búsqueda de los objetivos de brindarle al hombre la protección contra todos los riesgos de carácter social y contra las distintas cargas familiares (…).” "
Ahora bien, centrando la atención en la calidad de derecho que le es inherente a la seguridad social, debe sostenerse que éste ha sido reconocido en el Estado colombiano, así como en la legislación comparada, como un derecho de segunda generación, un derecho de naturaleza asistencial o prestacional que debe ser garantizado de manera progresiva (..).
Reiteró la Sala Quinta de Revisión la jurisprudencia constitucional relacionada con deber del Estado de avanzar, tanto como fuere posible, en materia de derechos económicos, sociales, económicos y culturales , además de tener presente la prohibición de establecer medidas que desconozcan los reconocimientos asistenciales y prestacionales logrados.
“El principio de progresividad, inherente a los derechos de segunda generación y predicable del derecho a la seguridad social por expreso mandato del artículo 48 constitucional, ha sido desarrollado in extenso por la jurisprudencia de esta Corporación; así, la misma ha sostenido que "existen unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de ese derecho que el Estado debe garantizar a todas las personas. Esto es, la progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales prestacionales, pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, coberturas universales de los contenidos mínimos de esos derechos, tal y como esta Corte ya lo había reconocido con anterioridad " . (negrilla fuera de texto)”.
Se detuvo la Sala Quinta de Revisión en la regulación sobre pensiones de invalidez, prevista en la Ley 100 de 1993 y encontró que los artículos 38 y 39 de la normatividad en comento, en su versión original, en cuanto ampliaban sustancialmente la cobertura de la prestación por enfermedad común, procuraron la realización efectiva de los derechos de quienes, por su condición económica, física o mental, demandan de instrumentos acordes con su situación, con el fin de lograr su bienestar individual y su integración a la vida activa y comunitaria -artículos 5°, 13 y 47 C.P.-
En armonía con lo expuesto, esta Corte resolvió inaplicar, para el caso concreto, las modificaciones introducidas al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y disponer que la administradora de fondos de pensiones accionada se pronuncie sobre la pensión de invalidez de la entonces accionante, atendiendo al texto del citado artículo 39, publicado en el Diario Oficial No. 41.148 el 23 de diciembre de 1993, es decir la norma en su versión original , habida cuenta que “todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto ”
3.4 En reciente decisión, la Sala Segunda de Revisión concedió el amparo constitucional a una madre cabeza de familia, ciega, quien, a causa de un accidente que la dejó inválida, perdió el 95% de su capacidad laboral, en el sentido de disponer un pronunciamiento de la entidad accionada sobre el cumplimiento de la actora del requisito de fidelidad al sistema y la aplicación del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, de llegarse a establecer que la afectada no cumple con el mencionado requisito.
Consideró la Corte la necesidad de reiterar la jurisprudencia constitucional sobre la inaplicabilidad, en sede de tutela del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, hasta tanto no se cuente con un pronunciamiento del pleno de esta Corte sobre su exequibilidad, al establecer que una fidelidad de cotización para con el sistema no menor del 20%, entre el momento en que la persona cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, “es una medida regresiva en materia de derechos sociales, toda vez que con esta norma se imponen requisitos más exigentes para el reconocimiento de la pensión de invalidez”.
“En reiteradas oportunidades, la Corte ha precisado que el requisito para acceder a la pensión de invalidez contemplado en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 , según el cual la fidelidad de cotización para con el sistema deber ser de al menos el 20% entre el momento en que la persona cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, es una medida regresiva en materia de derechos sociales, toda vez que con esta norma se imponen requisitos más exigentes para el reconocimiento de la pensión de invalidez, ya que originariamente el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 no contemplaba esta obligación, pues tan sólo se requería la calificación de invalido según las normas pertinentes y un tiempo de cotización de 26 semanas anteriores al tiempo de producirse el estado de invalidez.
Por lo tanto, mientras no haya un pronunciamiento del pleno de esta Corte sobre la exequibilidad del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en sede de tutela el juez podrá inaplicar dicho artículo y ordenar que se aplique la norma anterior más favorable de la Ley 100 de 1993 (artículo 39), cuando se constaten circunstancias de especial vulnerabilidad”.
4. Caso concreto. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. reconocerá y pagará a la actora su pensión de invalidez
4.1 Procedencia de la acción. Compete a la Corte resolver de fondo la pretensión
Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 13, 47 y 86 de la Carta Política y en el artículo 25 de la Convención Americana, esta Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre la procedencia de la acción de tutela para resolver las controversias que tienen que ver con los derechos de integración a la sociedad y rehabilitación en todos los órdenes, reconocidos a las personas afectadas con limitaciones físicas, mentales y sensoriales, por la Carta Política e instrumentos internacionales de obligatoria aplicación.
De suerte que sin perjuicio de las previsiones del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, a cuyo tenor corresponde a la jurisdicción ordinaria, con las salvedades establecidas en la norma, conocer de los conflictos relacionados con el derecho a la Seguridad Social, lo cierto es que la señora Gil Gómez tiene derecho a contar con un recurso sencillo, rápido y acorde con su situación que la ampare contra la decisión de la Administradora de Pensiones accionada de exigir una fidelidad al Sistema que la misma no puede cumplir y que, si bien se encuentra previsto en el ordenamiento, resulta inaplicable en su caso.
4.2 La actora cumple los requisitos para acceder a la pensión de invalidez
De manera que la actora tendrá que pronunciarse sobre el derecho de la señora Gil Gómez a disfrutar de la pensión de invalidez, desde el 17 de julio del año 2006, sin considerar, en su caso, el requisito de fidelidad al Sistema previsto en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, al tenor de la jurisprudencia constitucional en la materia.
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por los Juzgados Séptimo Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de Tunja, el 24 de septiembre y el 31 de octubre del año 2007, para decidir la acción de tutela instaurada por María Nelly Gil Gómez contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de la actora a que se refieren los artículos 1°, 2°, 5°, 13, 47, 48 y 53 de la Constitución Política.

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 72
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 48
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 1