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Timestamp: 2020-08-05 03:22:21+00:00

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Auto Acordando Medida Cautelar 1 | Caso de ley | Mandato
Suspensión de la Instrucción sobre legalización de libros
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 06 de lo Contencioso-Administrativo - Pieza de Medidas Cautelares - 259/2015 - 02 1 de 15
C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004
28.079.00.3-2015/0007219
Pieza de Medidas Cautelares 259/2015 - 02 (Procedimiento Ordinario)
EMISORES ESPAÑOLES PROCURADOR D./Dña. MARIA PAULA VALLE ROBLES
DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO Sr. ABOGADO DEL ESTADO
A U T O Nº 84 ILMO. SR. PRESIDENTE:
D./Dña. Mª TERESA DELGADO VELASCO
D./Dña. CRISTINA CADENAS CORTINA D./Dña. EVA ISABEL GALLARDO MARTÍN DE BLAS
En la Villa de Madrid, a 27 de abril de dos mil quince.
ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO.-
Mediante escrito de 15 de abril de 2015 la asociación sin ánimo de lucro constituida por empresas cotizadas españolas EMISORES ESPAÑOLES interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Instrucción dictada con fecha 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros y Notariado/DGRN), sobre legalización de libros de los empresarios en aplicación del articulo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado
("BOE"
n°40 de 16 de febrero de 2015; y solicitando mediante otrosí la suspensión de la ejecución de la referida Instrucción.
De esta petición se dio oportuno traslado al Abogado el Estado, con el resultado que obra en autos.
Aportó el Abogado del Estado alegaciones con fecha 21 de abril de 2015.
Establece el artículo 130.1 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que, previa
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valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición recurrida pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.
Antes de nada , y con esta base normativa , conviene hacer una serie de precisiones al respecto para entender los argumentos de la parte actora. La primera
derivada inevitablemente de ese precepto- es que conforme a una consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 22 de julio de 2002 (RC 3507/1998), que se transcribe en el Auto de 16 de julio de 2004 (R 46/2004 (JUR 2005, 441)), la razón de ser de la justicia cautelar en el proceso en general, se encuentra en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso. Con las medidas cautelares se trata de asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación, como señalaba el artículo 122 LJ -o, como dice expresivamente el artículo 129 de la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), asegurando la efectividad de la sentencia-. Por ello el
forma parte de la esencia de la medida cautelar, pues, en definitiva, con ella se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil .En el caso analizado, la medida cautelar que se interesa consiste concretamente en la suspensión de la Instrucción dictada con fecha 12 de febrero de 2015 de
General de Registros y Notariado, sobre legalización de libros de los empresarios en aplicación del articulo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización. La segunda precisión se refiere a que por el mero hecho de que la Instrucción de la DGRN pueda ser una disposición de carácter general que goza de la correspondiente presunción de legalidad ello no impide de por sí la adopción de la medida cautelar solicitada. Pues de aceptarse tal argumento, se incurriría en una falacia: si el interés general radica en la presunción de legalidad de las disposiciones de carácter general, en tal caso sería imposible que se acordase medida cautelar alguna contra las mismas. Pero los Tribunales se han pronunciado en numerosos casos en los que se han aplicado medidas cautelares sobre disposiciones de carácter general (nos remitimos a las sentencias a las que ya nos hemos referido anteriormente para evitar reiteraciones innecesarias). Y la tercera precisión nos lleva a recordar también que lo único que la Dirección General de los Registros y del Notariado puede hacer es aprobar circulares y órdenes de servicio dirigidas exclusivamente a los Registradores, de conformidad con el art. 21 de la Ley 30/1992, con el Real Decreto 453/2012 de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia , con el artículo 23 de la Ley 50/1997 y con el 345 del Reglamento del Registro Mercantil. Pero no tiene
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facultad reglamentaria. Límites competenciales objetivos que se han de poner en relación con la Instrucción que nos ocupa. Y la última precisión se refiere al plazo de entrada en vigor de esa disposición pues aunque la Instrucción entró en vigor el 8 de marzo de 2015, su verdadera aplicación efectiva , según sus secciones 3ª,5ª,ª,7ªy 10ª ,tendría lugar el 30 de abril de 2015 cuando finaliza el plazo de 4 meses desde el cierre del ejercicio social para la presentación de libros pues suele ser coincidente con el año natural. Los argumentos que utiliza la sociedad actora EMISORES ASOCIADOS son los siguientes: 1-Que por el tenor y contenido del apartado 25ª
de la Instrucción , y
a pesar de su denominación y del órgano que la ha dictado, tiene naturaleza jurídica de
disposición de carácter general,
y sus efectos se despliegan hacia una pluralidad indeterminada de sujetos, que, como destinatarios de la Instrucción, deben acatar su contenido ; y esa pluralidad indeterminada abarca, en realidad, un ingente número de sujetos, pues la Instrucción resulta de aplicación a todos los empresarios constituidos en España (además de a los Registradores), lo que incluye la totalidad de sociedades de capital y, además todas las
"uniones temporales de empresas, comunidades de bienes, asociaciones de cualquier
fundaciones y otras personas físicas y jurídicas obligadas
contabilidad ajustada a las prescripciones del Código de Comercio"
.....Por lo que su ámbito subjetivo de aplicación excede, con mucho, de los Registradores del Registro Mercantil, abarcando también a las empresas y comunidades referidas y a los funcionarios competentes como a todos los operadores jurídicos
se relacionan con la materia.. Concluye pues que la Instrucción excede absolutamente de lo dispuesto en dicho art. 21 de la Ley 30/1992. 2- Que la Instrucción, en muchos de sus apartados,
no MERAMENTE desarrolla la Ley 14/2013,
sino que va más allá, de tal manera que está innovando el ordenamiento, lo que le está vedado a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Los siguientes aspectos de la Instrucción que suponen una clara extralimitación respecto de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 14/2013 según la asociación actora son los siguientes:

References: artículo 130
 resolución 
 artículo 122
 artículo 129
 Real Decreto 
 artículo 23