Source: https://tc.vlex.es/vid/sstc-l-p-32-24-6-15354682
Timestamp: 2019-09-16 14:07:56+00:00

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STC 63/1999, 26 de Abril de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 15354682
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 554/1994
1. El control constitucional de las decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa cuando aquéllas determinan la imposibilidad de obtener una primera respuesta judicial (SSTC 118/1987, 216/1989, 154/1992, 55/1995, 104/1997, 112/1997, 8/1998, 38/1998, 130/1998, 207/1998 y 16/1999, entre otras). El principio «pro actione» opera en este caso sobre los presupuestos procesales establecidos legalmente para el acceso a la justicia, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida. 2. También es un criterio reiteradamente mantenido por este Tribunal que los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, por lo que su incumplimiento no presenta siempre igual valor obstativo, con independencia de la trascendencia práctica del mismo. Antes al contrario, los requisitos formales han de examinarse teniendo en cuenta la finalidad que con ellos se pretende, para, de existir defectos, proceder a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas por la entidad real del defecto, pues debe existir proporcionalidad entre éste y aquéllas (SSTC 36/1986, 216/1989 y 172/1995). 3. En el caso de los defectos en el modo de plantear las demandas por despido no subsanados, hemos dicho que si se olvidaren requisitos esenciales no podrían ser admitidas a trámite, pero no es menos cierto que la interpretación de las exigencias formales de tales escritos ha de hacerse en atención más al espíritu que a la letra, evitando incurrir en la trampa del formalismo, perversión de la forma como instrumento de las garantías para convertirla en fin en sí misma. En concreto, si la omisión advertida fuese indiferente o neutral para el resultado del juicio, sin causar indefensión al empresario demandado, la consecuencia radical de su inadmisión y del archivo de las actuaciones, con los efectos consiguientes que tal decisión implica en un proceso donde la acción ejercida está sometida a plazos breves de caducidad (SSTC 118/1987, 216/1989, 335/1994 y 130/1998), ha de calificarse como manifiestamente desproporcionada. 4. La eventual decisión de archivar una demanda sobre despido por aplicación del art. 81.1 de la L.P.L., en un supuesto de incumplimiento de la exigencia formal de la demanda del art. 32 de la L.P.L., bien pudiera lesionar el art. 24.1 de la C.E. por su desproporción con la finalidad que persigue tal carga procesal, que no es otra sino permitir la mera acumulación de dos procedimientos, sin que por tanto tal omisión afecte a la posibilidad de un debate contradictorio sobre la cuestión planteada, siendo intranscendente para el resultado del juicio. 5. En el presente caso, el Auto que confirmó la decisión de archivo de un Auto anterior, le añadió una importante enmienda desde el momento en que lo confirmaba, pero «sin perjuicio de que el demandante plantee de nuevo la acción de despido una vez resuelta por Sentencia firme la demanda de extinción». Por tanto, ésta es la solución procesal que en definitiva debe ser analizada desde la perspectiva constitucional del derecho fundamental a la tutela judicial, pues de la primera decisión de archivo no se deriva necesariamente una definitiva falta de respuesta a la pretensión deducida por el demandante contra su despido. 6. La decisión judicial aquí enjuiciada constituye en definitiva una solución procesal que, sin prejuzgar su mayor o menor corrección a la luz de la legalidad, perspectiva que nos es ajena y desde la que tampoco se cuestiona la vulneración del art. 24.1 C.E., se ajusta a sus exigencias por no cerrar definitivamente el acceso al proceso sobre despido, como se alega, sino que el conocimiento de su pretensión se pospone a un momento posterior, cuando sea firme la Sentencia que resuelva la primera acción sobre resolución del contrato de trabajo. Esta solución, insistimos, en sí misma considerada, no puede ser calificada como rigorista, o excesivamente formalista, ni revela una clara desproporción entre los fines que se preservan y los intereses que se sacrifican, por lo que, en definitiva, no lesiona ni menoscaba la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la justicia, como pone de manifiesto la circunstancia de que el demandante hiciera uso de la vía procesal sugerida, lo cual hubiera permitido incluso calificar de prematuro al presente recurso de amparo.
Sentencia citada en: 1787 sentencias, 19 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 554/94, interpuesto por doña Rosina M. A. Procuradora de los Tribunales, en representación de don Javier A. M. con la asistencia letrada, contra los Autos del Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra, de 31 de enero de 1994 y de 15 de noviembre de 1993. Han sido partes, además del Ministerio Fiscal, «Industrial Navarra de Herramientas, S. A.» («Inaher, S. A.»), representada por el Procurador don Samuel Martínez de Lecea Ruiz y asistida por el Letrado don Jesús María Larumbe Zazu. Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 23 de febrero de 1994, don Javier A. M. representado por la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí, interpone recurso de amparo de que se hace mérito en el encabezamiento, y en la demanda aduce que con fecha de 23 de septiembre de 1993 el demandante aquí interpuso a su vez demanda sobre despido contra la empresa «Industrial Navarra de Herramientas, S. A.» («Inaher, S. A.»), que correspondió por turno de reparto al Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra. En el hecho 4. de la demanda de despido el actor aludía a la presentación con anterioridad de demanda sobre extinción de contrato contra la citada empresa. En providencia de 8 de octubre de 1993, que fue notificada al recurrente el día 19 de octubre, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra requirió al recurrente para que, conforme a lo establecido en el art. 81 de la Ley de Procedimiento Laboral, dentro del plazo de cuatro días subsanara el siguiente defecto: comunicar a este Juzgado la fecha de presentación de la demanda de rescisión y el Juzgado que conoce de la misma. A su vez, mediante escrito presentado en el Juzgado el día 21 de octubre de 1993 la parte actora, en cumplimiento del anterior proveído, comunicó al citado Juzgado que la demanda de rescisión fue presentada el día 6 de agosto de 1993, así como que la misma había correspondido al Juzgado de lo Social núm. 1 de Navarra, procedimiento núm. 749/93-1, habiéndose celebrado el acto del juicio el día 30 de septiembre de 1993 y sin que hasta la fecha hubiera recaído Sentencia. Comunicada dicha circunstancia al Juzgado de lo Social núm. 1 de Navarra, éste, por oficio de 8 de noviembre, contestó al Juzgado de lo Social núm. 2 que los autos 749/93 se hallaban en poder del Magistrado para dictar Sentencia.
El Auto del Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra, de 15 de noviembre de 1993, acordó archivar la demanda sobre despido presentada por el recurrente. El Juzgado parte de señalar que el demandante no hizo constar en su demanda, como manda el art. 32 de la L.P.L., la pendencia del proceso anterior sobre rescisión de contrato y el Juzgado que conocía del asunto, y sí únicamente el ejercicio de esa acción. Advertido del posible defecto resultó que la demanda de rescisión era anterior a la de despido, y que de ella conocía otro Juzgado, que, enterado por éste de la pendencia del segundo proceso, no ha solicitado la remisión de estos autos para su acumulación a los de rescisión, sin duda por entender que dicha acumulación no era posible una vez celebrado el acto de juicio. Para el Juzgado de lo Social lo anterior hace el defecto insubsanable, dada la finalidad de la comunicación que el art. 32 L.P.L. impone al demandante, y que éste, como vemos, incumplió. A su juicio, dicho defecto no puede entenderse subsanado por el hecho de que el demandante cumpliera en plazo lo ordenado por la providencia de 8 de octubre, por tratarse de una formalidad especial y ordenada a una acumulación que, excepción a la regla general (arts. 29 y 30 de la L.P.L.), tiene carácter preceptivo (art. 32 de la L.P.L.). Por ello, se afirma, «dicho defecto, mejor dicho su subsanación no puede tratarse -régimen general- como si de cualquier otro se tratare». Para el órgano judicial si la acumulación -que es preceptiva- no se produce por causas imputables al demandante (como ocurre en el presente caso) éste ha de correr con las consecuencias de su incumplimiento.
Y ha sido por causas imputables al demandante, puesto que, cuando presenta la demanda de despido, el 23 de septiembre de 1993, ya había presentado la de rescisión, el día 6 de agosto de 1993, y aún no se había celebrado juicio en esta segunda causa, y, no obstante lo anterior, ni advierte de la circunstancia con la precisión exigida por el art. 32 de la L.P.L., ni consta que inste la preceptiva acumulación.
Recurrido en reposición el anterior Auto, el mismo fue confirmado por el Auto de 31 de enero de 1994. Afirma el Juzgado que el recurrente no cumplió la exigencia prescrita por el art. 32 de la L.P.L., y que el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 C.E. se halla supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas procesales. En cuanto a la transcendencia de la acumulación impuesta por el citado art. 32, el Juzgado destaca su carácter preceptivo frente a la regla general, y las situaciones irresolubles que pueden crearse de tramitarse simultáneamente, pero separadamente, ambas demandas. Para el órgano judicial, en relación al carácter subsanable o no del defecto advertido, en este caso lo que era una subsanación posible en el momento en que se requirió la subsanación, luego se ha visto que no lo era, y es que el defecto no se subsana por el mero hecho de cumplir lo requerido dentro del plazo concedido, si, a la fecha de presentación del escrito, la acumulación -única finalidad del requisito- no es posible o no se acuerda por el órgano competente, que es el que tramita la demanda más antigua. El Juzgado concluye que «procede, por lo dicho, confirmar el auto recurrido sin perjuicio de que el demandante plantee de nuevo la acción de despido una vez resuelta por Sentencia firme la demanda de extinción, y con aplicación en suceso que aquí decimos obiter dicta de lo dispuesto por el art. 119.2 de la L.P.L. pues no debe perjudicar al empresario y tampoco al Estado el retraso sólo imputable al trabajador».
El recurso de amparo se interpone contra los Autos del Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra, de 31 de enero de 1994 y de 15 de noviembre de 1993, interesando su nulidad por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la C.E. En tal sentido se alega que para dar cumplimiento a lo establecido por el art. 24 de la C.E., hay que partir del principio pro actione, según establece reiteradamente la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, para que proceda la inadmisión de una demanda hay que considerar la naturaleza y finalidad del requisito procesal incumplido, pues hay que evitar convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo. En el presente caso se ha entendido que el defecto formal cometido es de tal gravedad que lleva consigo la insubsanabilidad del mismo. En primer lugar, ello va contra los propios actos del Juzgado que lo ha considerado subsanable, habiendo requerido al recurrente a tal efecto de conformidad con el art. 81 de la L.P.L. Pero es que, además, este requisito no tiene otra transcendencia que la de procurar una acumulación de acciones que redunde en un mejor funcionamiento, y en que el mismo juzgador analice las dos cuestiones, pero el mismo no afecta intrínsecamente al análisis del despido, de tal modo que la no acumulación tenga que llevar acompañada la imposibilidad de analizar el segundo de los temas. A su juicio, el art. 32 está pensado para casos en los que existe una gran identidad entre los hechos de una y otra demanda, algo que no concurre en este caso. También se aduce que la acumulación tampoco era ya posible cuando se le comunicó el defecto, el día 19 de octubre, pues el juicio se había celebrado el día 30 de septiembre. Presentada la demanda el día 23 de septiembre no se le requiere para la subsanación del defecto hasta el día 19 de octubre; el retraso pues en conocer la existencia del proceso no sólo ha sido imputable al actor.
El actor, que ha señalado que no existe precepto alguno que indique la insubsanabilidad del defecto apreciado en este caso, concluye destacando que ningún precepto legal prevé, ni ello sería lógico dada la transcendencia del tema, que la consecuencia de la no posible acumulación sea el archivo de la demanda y la imposibilidad del actor de que su despido sea examinado por el Juez.
4. El Ministerio Fiscal, por su parte, en escrito presentado el 10 de octubre de 1994, interesa la inadmisión a trámite de la demanda de amparo, por concurrir la causa de inadmisión prevenida por el art. 50.1 c) LOTC. En el presente caso, afirma, no puede ignorarse una grave negligencia en la conducta del actor, que infringió injustificadamente el art. 32 de la L.P.L. cuando presentó la demanda sobre despido, y que cuando se celebró la vista oral del pleito sobre rescisión del contrato no hizo advertencia alguna ni interesó la suspensión del mismo con el fin de acumular los dos pleitos, tal como establece el art. 32 de la L.P.L. Sin embargo, para el Ministerio Fiscal la adecuación al art. 24.1 C.E. de la decisión judicial de archivar puede plantear alguna duda. Es evidente, afirma, que la acumulación de los dos pleitos exigida por el art. 32 de la L.P.L. no obedece a una ratio formal o baladí. La acción de rescisión previa y de despido merecen verse en un solo pleito; no obstante lo cual se plantea si el incumplimiento del art. 32 merece el archivo de la segunda causa. A su juicio la respuesta afirmativa debería basarse en un criterio preventivo, evitar el fraude procesal subyacente; esto es, permitir a quien estratégicamente lo desee sustanciar con independencia dos pleitos. Pero, por otra parte, la sanción es enorme, pues impide una decisión de fondo. El Auto de 31 de enero de 1994 ofrece la solución de una nueva acción de despido una vez que haya Sentencia firme en la de rescisión. Con todo lo anterior, y aun admitiendo que el tema no es de fácil solución, el Ministerio Fiscal se inclina por entender que las resoluciones judiciales impugnadas no han vulnerado el art. 24.1 C.E., en buena parte atendiendo a la ratio del precepto y a la conducta ostensiblemente negligente de la parte.
5. La Sección, en providencia de 14 de noviembre de 1994, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra para que, en el plazo de diez días, remitiera testimonio de los autos núm. 991/93-2, y para la práctica de los emplazamientos pertinentes.
En el escrito registrado en el Tribunal el 28 de diciembre de 1994, don Samuel M. L. R. Procurador de los Tribunales, se persona en las actuaciones en nombre de «Industrial Navarra de Herramientas, S. A.», manifestando que en los autos sobre extinción del contrato ya ha recaído Sentencia de suplicación que devino firme el 12 de julio de 1994. El demandante de amparo ha formulado posteriormente nueva demanda sobre despido, con fecha de 1 de agosto de 1994 (procedimiento 557/94-2), resuelta por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra, de 30 de noviembre de 1994, que, apreciando la excepción de caducidad de la acción de despido, ha desestimado la demanda.
Por providencia de 12 de enero de 1995 la Sección acordó tener por personado al Procurador señor Martínez de Lecea Ruiz, en nombre de «Industrial Navarra de Herramientas, S. A.», dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, así como desglosar el poder presentado por el Procurador señor Martínez Lecea, dejando en autos copia autorizada.
6. «Inaher, S. A.», por escrito registrado el 4 de febrero de 1995, formuló alegaciones interesando la desestimación de la demanda de amparo. Entiende que, en el presente supuesto, el Auto de 31 de enero de 1994 dejaba abierta la puerta procesal para que el demandante pudiese presentar nueva demanda sobre despido. El recurrente en amparo utilizó la vía procesal reconocida en este Auto, si bien por razones sólo imputables al mismo plantea la demanda una vez ha transcurrido el plazo de caducidad previsto en la Ley. No puede por tanto afirmarse que el Auto impugnado haya impedido al actor, según afirma en su demanda de amparo, que su despido sea examinado en el correspondiente juicio, ni los propios actos de quien recurre permiten avalar tan errónea afirmación. El demandante ha tenido derecho a que el Juez conociese sobre su acción de despido. La Sentencia citada apreció la caducidad de la acción de despido, estimando la excepción formulada por esta parte, toda vez que el recurrente presentó su demanda sobre despido cuando habían transcurrido diecisiete días hábiles desde la fecha de la firmeza de la Sentencia de suplicación, y cuando el actor ya había empleado catorce días hábiles para presentar su primera demanda, por lo que sólo le restaban seis días hábiles para el vencimiento del plazo de caducidad.
7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en escrito de 6 de febrero de 1995, solicitó la desestimación de recurso de amparo, al estimar que los Autos impugnados no han vulnerado el art. 24.1 de la C.E. El Ministerio Público se ratifica en la tesis que ya definió en el trámite de inadmisión y que lleva a propugnar la denegación del amparo. A su juicio ello resulta más atinente a la jurisprudencia constitucional en este punto (SSTC 118/1987, 172/1987, 11/1988 y 216/1989). El Ministerio Fiscal entiende que la conducta del actor ha sido negligente en cuanto a los requisitos que para una demanda laboral del tipo de la de autos exige de modo terminante el art. 32 de la L.P.L. Ciertamente, como ya indicaba en el trámite de inadmisión, la decisión en favor de esta tesis o la opuesta sostenida por el demandante de amparo no puede ser clara ni terminante en un caso con datos fácticos como el de autos. Dos son los elementos, sin embargo, que le llevan a patrocinar la desestimación del amparo. En primer lugar, que cuando se celebra la vista oral en el primer pleito sobre rescisión del contrato, el 30 de septiembre de 1994, y habiendo ya deducido la segunda demanda el 23 de septiembre, el actor nada hizo en aquel pleito respecto del segundo. En segundo lugar, parece que la conclusión de la desestimación del amparo no produciría pérdida, una vez firme la Sentencia que pusiera fin al pleito de rescisión, de las pretensiones de despido por parte del actor.
1. Son objeto de este amparo los Autos del Juez de lo Social núm. 2 de Navarra cuya nulidad se predica por vulnerar el derecho a la efectividad de la tutela judicial configurado en el art. 24.1 de la C.E. en el que se dispone el archivo de la demanda de despido con base en una interpretación de los presupuestos procesales contraria al principio pro actione. En efecto, el art. 32 de la L.P.L. establece que, cuando el trabajador formule demandas por alguna de las causas previstas en el art. 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva con posterioridad se acumulará a la primera de oficio o a petición de cualesquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos el trabajador deberá hacer constar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso y el Juez que conoce del asunto.
En aplicación de esta doctrina, el control constitucional ha sido especialmente riguroso en relación con decisiones judiciales que, apreciando irregularidades formales en las demandas, decretaron el archivo de las actuaciones, o, en general, no dieron una respuesta sobre el fondo de la pretensión formulada (SSTC 118/1987, 11/1988, 216/1989, 25/1991, 335/1994, 84/1997, 112/1997, 8/1998, 38/1998, 130/1998, 16/1999, entre otras), respaldando la posibilidad de subsanar algunos de tales defectos de la demanda. En el seno concreto del proceso laboral, la STC 118/1987 ya manifestó que el trámite de subsanación previsto en la Ley de Procedimiento Laboral «se propone garantizar que los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudieran imputársele a aquélla» (fundamento jurídico 3.).
De cuanto antecede se deriva que la interpretación y aplicación de la ley, en lo que atañe a los requisitos formales de la demanda, tiene transcendencia constitucional, mientras que el derecho a la tutela judicial obliga a elegir una interpretación de aquélla que sea conforme con el principio pro actione, siempre que el interesado actúe con diligencia y que no se lesionen bienes o derechos constitucionales, no se grave injustificadamente la posición de la parte contraria, ni se dañe la integridad objetiva del procedimiento (SSTC 29/1985 y 216/1989). Ahora bien, como concreta la STC 207/1998, el principio de interpretación pro actione no debe ser entendido como la selección forzosa de la solución más favorable a la admisibilidad de entre todas aquellas posibles -ya que tal exigencia llevaría al Tribunal Constitucional a entrar en cuestiones de legalidad procesal que corresponden a los Tribunales ordinarios-, sino «como interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelan una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican» (STC 88/1997, fundamento jurídico 2.).
3. En el presente caso el actor formuló demanda por despido tras otra demanda sobre resolución del contrato de trabajo al amparo del art. 50 E.T., ambas contra la misma empresa. En aquélla no hizo constar, sin embargo, tal y como prescribe el art. 32 de la L.P.L., la pendencia del primer proceso y el Juez que conocía del mismo, aunque en el hecho 4. de los antecedentes se alude a que con anterioridad se había presentado una demanda para extinción del contrato. El Juez de lo Social núm. 2 de Navarra, a quien se le repartió la segunda demanda, le requirió para subsanar tal omisión, si bien cuando lo hizo ya se había celebrado el acto del juicio en el primer pleito, sin que, habiéndose comunicado la incoación del segundo proceso al Juez que conocía del primero, éste solicitara los autos de aquél para su acumulación.
4. Ahora bien, en el presente caso, el Auto de 31 de enero de 1994, aunque confirmó la decisión de archivo del anterior Auto de 15 de noviembre de 1993, le añadió una importante enmienda desde el momento en que lo confirmaba, pero «sin perjuicio de que el demandante plantee de nuevo la acción de despido una vez resuelta por Sentencia firme la demanda de extinción». Por tanto, esta es la solución procesal que en definitiva debe ser analizada desde la perspectiva constitucional del derecho fundamental a la tutela judicial, pues de la primera decisión de archivo no se deriva necesariamente una definitiva falta de respuesta a la pretensión deducida por el demandante contra su despido. Nos consta que el trabajador usó de la posibilidad arbitrada por el Juez de lo Social y ha interpuesto de nuevo, efectivamente, una segunda demanda por el despido (proc. 557/94), habiendo dictado Sentencia el Juez de lo Social núm. 2 de Navarra el 30 de noviembre de 1994, donde se desestima aquélla con base en la caducidad de la acción, Sentencia a su vez confirmada por otra que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia pronunció el 11 de mayo de 1995, decisiones ambas que no son objeto de este proceso.
De tal modo, el ámbito de este amparo constitucional, atendiendo al contenido de la demanda y a las alegaciones evacuadas de contrario, ha de quedar limitado a determinar si la solución ofrecida por el Auto impugnado de 31 de enero de 1994, en sí misma considerada, impide o no la tutela judicial por cerrar el acceso a la justicia como invoca quien demanda nuestro amparo. En tal sentido hemos señalado que su valoración desde tal perspectiva constitucional no puede ignorar de partida que la concurrencia temporal de dos demandas interpuestas por el mismo trabajador frente al mismo empresario por resolución contractual y por despido, dando lugar a sendos litigios estrechamente conectados, ha producido copia de inconvenientes procesales, a cuya prevención está dirigida precisamente la acumulación preceptiva prevista por la Ley en su tantas veces citado art. 32.
La decisión judicial aquí enjuiciada constituye en definitiva una solución procesal que, sin prejuzgar su mayor o menor corrección a la luz de la legalidad, perspectiva que nos es ajena y desde la que tampoco se cuestiona la vulneración del art. 24.1 C.E., se ajusta a sus exigencias por no cerrar definitivamente el acceso al proceso sobre despido, como se alega, sino que el conocimiento de su pretensión se pospone a un momento posterior, cuando sea firme la Sentencia que resuelva la primera acción sobre resolución del contrato de trabajo. Esta solución, insistimos, en sí misma considerada, no puede ser calificada como rigorista, o excesivamente formalista, ni revela una clara desproporción entre los fines que se preservan y los intereses que se sacrifican, por lo que, en definitiva, no lesiona ni menoscaba la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la justicia, como pone de manifiesto la circunstancia de que el demandante hiciera uso de la vía procesal sugerida, lo cual hubiera permitido incluso calificar de prematuro al presente recurso de amparo.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 554/94
Con el mayor respeto a los Magistrados que apoyan la tesis mayoritaria reflejada en la Sentencia, y haciendo uso de la facultad establecida en el art. 90.2 LOTC, considero conveniente manifestar mi disentimiento del acuerdo de la mayoría, formulando voto particular, para razonar en él la tesis de estimación del recurso de amparo que defendí, sin éxito, en la deliberación en Sala.
1. La clave esencial de la Sentencia radica en el hecho de que el archivo de la demanda de despido no cerraba al demandante el acceso a la jurisdicción, contenido básico del derecho de tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., en razón de que «el Auto de 31 de enero de 1994, aunque confirmó la decisión de archivo del anterior Auto de 15 de noviembre de 1993, le añadió una importante enmienda, desde el momento en que lo confirmaba, pero ``sin perjuicio de que el demandante plantee de nuevo la acción de despido una vez resuelta por sentencia firme la demanda de extinción''». Es esta oportunidad, otorgada al demandante, la que centra el objeto de posterior análisis de la Sentencia desde un prisma exclusivo de constitucionalidad, con expresa abstención de invadir ámbitos de enjuiciamiento de pura legalidad, llegando a la conclusión de su conformidad al art. 24.1 C.E., «por no cerrar definitivamente el acceso al proceso sobre despido, como se alega, sino que el conocimiento de su pretensión se pospone a un momento posterior, cuando sea firme la Sentencia que resuelva la primera acción sobre resolución del contrato de trabajo», solución, que, en criterio de la Sentencia, «no puede ser calificada como rigorista, o excesivamente formalista, ni revela una clara desproporción entre los fines que se preservan y los intereses que se sacrifican, por lo que, en definitiva, no lesiona ni menoscaba la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la justicia, como pone de manifiesto la circunstancia de que el demandante hiciera uso de la vía procesal sugerida, lo cual hubiera permitido incluso calificar de prematuro el presente recurso de amparo».
2. Comparto el relato de antecedentes y los fundamentos jurídicos 1., 2. y 3. de la Sentencia, si bien con la reserva de que en los dos últimos entiendo que no se ha utilizado la doctrina que en ellos se refleja para un enjuiciamiento más exhaustivo de la significación constitucional del archivo de la demanda de despido, como, a mi juicio, es obligado; lo que probablemente se explica por la incompatibilidad de las consecuencias de ese enjuiciamiento constitucional con la tolerancia de la fórmula de compensación admitida en el fundamento jurídico 4. Y discrepo por completo de la argumentación de este último y de la solución a que en definitiva conduce.
a) Se prescinde de la dilación del Juzgado, al ordenar la subsanación de la demanda, imputando en exclusiva la imposibilidad de la acumulación de acciones, fundamento de la decisión de archivo, al incorrecto cumplimiento por el demandante de su deber informativo.
b) Se olvida que después de la subsanación la demanda de despido llegó a ser admitida, teniendo por subsanado el inicial defecto, por lo que no se trata, en rigor, de una inadmisión a trámite de una demanda de despido, por no cumplirse en ella requisitos procesales de preceptiva observancia, sino de un archivo de una demanda después de admitida.
El hecho de que el Juzgado, con clara extralimitación de los plazos legales la providencia se dictó el 8 de octubre de 1993 y se notificó al demandante el 19 de octubre -antecedente 2 b)-, dictase la providencia de subsanación cuando ya no era posible acumular los procesos, por haberse celebrado el juicio en el de extinción el 30 de septiembre, arroja sobre el Juzgado una parte importante de la imputabilidad del hecho de que la acumulación de acciones no fuese procesalmente hacedera, y por ello no es razonable que las consecuencias (si es que esas consecuencias pueden ser las establecidas por el Juzgado) se carguen en exclusiva a la cuenta del demandante de despido. Debe observarse además que la negligencia de éste en el cumplimiento del deber informativo que el art. 32 L.P.L. le impone no era total, pues de los dos datos en él exigidos («... pendencia del primer proceso y el Juzgado que conoce del asunto») uno de ellos (el de la pendencia) podía perfectamente darse por cumplido con la alusión en el hecho 4. de la demanda de despido a la anterior presentación de la de extinción, de modo que es sólo la indicación del Juzgado el dato ausente (la fecha de presentación de la demanda precedente no viene, en rigor, exigida por el art. 32 L.P.L., aunque sea explicable su exigencia para facilitar la localización).
En el marco de la citada doctrina conviene detenerse en dos aspectos fundamentales, quizás implícitamente atendidos en la Sentencia, aunque no explicitados: la significación procesal del deber legal de acumulación de acciones establecido en el art. 32 L.P.L. y el deber informativo a ella preordenado por una parte, y la proporcionalidad, ex art. 24.1 C.E., de las consecuencias del incumplimiento de este último deber, que impida la acumulación, por otra. Pues no en balde dice la Sentencia, con toda justeza, que «si la omisión advertida fuese indiferente o neutral para el resultado del juicio, sin causar indefensión al empresario demandado, la consecuencia radical de su inadmisión y del archivo de las actuaciones, con los efectos consiguientes que tal decisión implica en un proceso donde la acción ejercitada está sometida a plazos breves de caducidad (SSTC 118/1987, 216/1989, 335/1994, 335/1994, 130/1998) ha de calificarse como manifiestamente desproporcionada».
Respecto a lo primero (significado procesal de la preceptiva acumulación de acciones) debe observarse que se trata de un simple expediente técnico procesal de ordenación del proceso más que de una exigencia sustancial de admisibilidad de las propias acciones acumulables. Lo evidencia el hecho de que en precedentes leyes de procedimiento laboral, cuya ordenación básicamente se reproduce en la aplicada en la resolución de archivo (Real Decreto Legislativo 521/1990) y en la actualmente vigente (R.D.L. 2/1995), dicha acumulación no existía, e incluso estaba expresamente vedada, por la imposibilidad de la acumulación de las acciones de despido a otras (Vid al respecto L.P.L. de 1980 -Real Decreto Legislativo 1568/1980, art. 16, correlativo al art. 27.2, Leyes de Procedimiento Laboral de 1990 y de 1995).
Téngase en cuenta que la L.P.L. no agota la regulación de la acumulación que en ella se establece, dejando una clara laguna respecto al «cuándo» de la acumulación posible, que necesariamente debe llenarse por la aplicación supletoria de la L.E.C. (arts. 157 y 163), según lo dispuesto en la Disposición adicional primera, 1, de aquélla.
Aun limitándonos al juicio de razonabilidad y de no arbitrariedad o error patente, que nos corresponde a la hora de enjuiciar las resoluciones de los órganos de la jurisdicción ordinaria desde el prisma del derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), (y expresando la opinión personal de que la holgura de ese juicio no puede ser la misma al enfrentarse con resoluciones del Tribunal Supremo -«órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales»: art. 123.1 C.E.-, que al enfrentarse a resoluciones irrecurribles de un órgano inferior de instancia, que cierran el acceso al proceso), debe observarse que el primer dato a considerar es el de si la resolución enjuiciada puede superar un primer análisis de contraste con la legalidad.
Si en casos de archivo por incumplimiento de requisitos de la demanda de despido, de indiscutible enunciación en la Ley, este Tribunal ha opuesto a la rigurosa exigencia una necesaria interpretación matizada de índole finalista, con observancia de un principio de proporcionalidad, considerando contraria al derecho fundamental de tutela judicial efectiva en esos casos la exigencia rigurosa del requisito legal, como se destaca en la doctrina aludida por la Sentencia de la que disiento (en cuya cita jurisprudencial es oportuno destacar la STC 216/1989, fundamento jurídico 3.), con mayor razón deberá considerarse vulnerado tal derecho fundamental, cuando el cierre del proceso se produce sin que ni tan siquiera exista la base de un requisito de procedibilidad inequívoco.
Esto es tanto como aplicar una causa de inadmisión inexistente, privando con ello de una resolución de fondo, que en otros órdenes procesales, en concreto en el contencioso-administrativo, hemos considerado vulnerador del derecho fundamental de tutela judicial efectiva (SSTC 159/1994 y la recentísima 35/1999).
En un cierto sentido podría buscarse un paralelismo del remedio abierto por el Juez de lo Social, y considerado constitucionalmente suficiente por la Sentencia de la que disiento, con los supuestos de determinados tipos de procesos de carácter sumario (por ejemplo, el juicio ejecutivo de los arts. 1.429 y siguientes de la L.E.C., el de ejecución del art. 131 de la Ley Hipotecaria, etc.), en los que determinadas defensas no tienen cabida, y en los que la solución de las mismas la remite la Ley a otro eventual proceso posterior. En estos casos, sin embargo, la remisión a ese proceso, como medio de satisfacción de las pretensiones que no tiene cabida en el sumario, tiene previsiones legales expresas e inequívocas (art. 1.479 L.E.C. en el juicio ejecutivo, art. 132 de la Ley Hipotecaria); y por ello, cuando en estos casos el Juez remite a las partes a un ulterior posible juicio, no dándoles respuesta a sus pretendidos planteamientos en el proceso al que han acudido primariamente, no hace sino aplicar los preceptos que así lo permiten. En estos casos es perfectamente explicable que las privaciones de ciertas respuestas de fondo y su remisión a otro ulterior proceso posible no afecten al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, habiéndolo reconocido así este Tribunal, cuando se ha cuestionado ante él la falta de respuesta en el juicio sumario (por ejemplo, en relación al proceso del art. 131 L.H., STC 158/1997, y las en ella citadas).
El grave reproche que se acaba de pronunciar se justifica con la lectura del Auto recurrido, en el que, sin cita legal alguna al respecto y sin razonamiento de apoyo de la reserva, el juzgador, en una pura formulación apodíctica, se limita a proclamarla en el segundo de sus fundamentos, in fine: «Procede, por lo dicho, confirmar el auto recurrido sin perjuicio de que el demandante plantee de nuevo la acción de despido una vez resuelta por sentencia firme la demanda de extinción, y con aplicación en suceso sic, sin duda por en su caso que aquí decíamos obiter dicta de lo dispuesto por el art. 192 de la L.P.L. pues no debe perjudicar al empresario y tampoco al Estado el retraso solo imputable al trabajador».
Lo mínimo para que con esa reserva de futuro pueda justificarse el silencio de presente a la acción ejercitada, que a ello equivale el archivo de la demanda, hubiera sido la motivación de la misma, exigencia del art. 120.3 C.E., que, como hemos dicho repetidas veces (por todas, STC 54/1997, fundamento jurídico 3.) «se integra sin violencia conceptual alguna en el derecho a una efectiva tutela judicial», y que tiene una doble función: «por una parte, da a conocer las reflexiones que conducen al fallo, como factor de racionalidad en el ejercicio del poder y a la vez facilita su control mediante los recursos que proceden (uno de ellos, este de amparo)».
STSJ Galicia , 5 de Mayo de 2001
STSJ Castilla y León , 18 de Julio de 2012

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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e contrario
 resolución 
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in fine