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Timestamp: 2019-05-26 06:19:21+00:00

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﻿ Sentencia 432 de noviembre 20 de 1986
SENTENCIA 432 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1986
CONTENIDO:CULPA PATRONAL EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO. SE RECUERDA QUE LA VALORACIÓN DE TESTIMONIOS NO SE DA EN SEDE DE CASACIÓN. DE IGUAL MANERA, SE HACE ÉNFASIS EN LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR POR ACCIDENTES DE TRABAJO. POR ÚLTIMO, SE PRECISA SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE LA INDEMNIZACIÓN CUANDO NO EXISTEN DESCENDIENTES NI CÓNYUGE, POR LO QUE CORRESPONDERÁ A LOS PADRES Y NO EN RELACIÓN COLATERAL, HACIENDO ALUSIÓN A LOS HERMANOS DEL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:MUERTE DEL TRABAJADOR, INDEMNIZACIÓN LABORAL, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR, CULPA EN LA ENFERMEDAD PROFESIONAL POR PARTE DEL EMPLEADOR, PRESTACIONES POR ACCIDENTE DE TRABAJO
PONENTE:HERNÁNDEZ SÁENZ, JUAN
Sentencia 432 de noviembre 20 de 1986
Ref.: Expediente 432
Dr. Juan Hernández Sáenz.
Bogotá, D.E., noviembre veinte de mil novecientos ochenta y seis.
La señora Otilia Álvarez de Restrepo y sus hijos Marleny Mejía Álvarez, Gustavo, Jaime, Omar, Nelly y Oscar Restrepo Álvarez demandaron a la firma “Suministros de Colombia SCA., Sumicol SCA” para reclamar el pago de indemnización plena de perjuicios derivados del accidente de trabajo en que perdió la vida el señor Alberto de Jesús Restrepo Álvarez, hijo de doña Otilia y hermano de los otros demandantes, con fundamento en que el dicho siniestro ocurrió por culpa de “Sumicol”.
En ambas instancias la empresa fue condenada a repararle perjuicios materiales y morales a la madre del difunto, pero no a sus hermanos. Así lo dispuso en el segundo grado la sentencia del 7 de febrero de 1986, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, que no dejó satisfecha a ninguna de las partes, ya que una y otra la recurrieron en casación.
Los demandantes para pedir que la indemnización se extienda a los hermanos del fallecido, se aumente la cuantía del resarcimiento de los perjuicios morales y se reajuste el monto de las condenas al compás de la tasa de devaluación del peso colombiano. La empresa para solicitar que se infirme la sentencia del tribunal, que se revoque la del juzgado y, finalmente, se la deje libre de todas las pretensiones de los demandantes.
Al sustentar su recurso (fls. 7 a 14 y 24 a 42 de este cuaderno), los actores formulan tres cargos y la empresa uno. Solo hubo réplica de “Sumicol” (fls. 18 a 21 ibíd.).
Cumplido como está el trámite de este recurso extraordinario, la Sala debe calificar el mérito de las impugnaciones. Ha de comenzarse por la de “Sumicol” por cuanto persigue su absolución integral.
Recurso de la parte demandada
Su cargo dice así:
“La sentencia acusada viola, en el concepto de aplicación indebida, los artículos: 57 num. 29, 199, 203, 204, 212, 216 y 218 del Código Sustantivo del Trabajo, 76 y 80 del Decreto 1260 de 1970; 63, 1494, 1604, 1613, 1614 y 1757 del Código Civil como violaciones de fin y los artículos 61 del Código Procesal Laboral en relación con los artículos 253, 254 y 264 del Código de Procedimiento Civil, como violaciones de medio.
“La violación de la ley sustancial, se produjo en forma indirecta, por haber incurrido el tribunal en manifiestos errores de hecho en la apreciación de las pruebas que sirvieron de sustento a la sentencia.
“VIII Errores de hecho señalados a la sentencia
“1º Dar por demostradas, sin estarlo, las causas del accidente.
“2º Dar por demostrada, sin estarlo, la culpa del patrono en la generación del accidente de trabajo.
“3º Dar por demostrada, sin estarlo, la negligencia y la conducta omisiva del patrono en el infortunio que causó la muerte del trabajador.
“4º No dar por demostrado, estándolo, que el patrono suministró al trabajador implementos de seguridad, protección y locales adecuados que le garantizan razonablemente la seguridad y la salud, que este no utilizó.
“5º No dar por demostrado, estándolo, la culpa inexcusable del trabajador en la ocurrencia del insuceso.
“6º Dar por demostrado, sin estarlo, que las causas de la muerte del extrabajador fueron: Esofagitis, aspiración de cáustico y quemaduras en la piel.
“7º No dar por demostrado, estándolo, que el patrono impartió instrucciones sobre higiene y seguridad industrial al trabajador.
8º No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador era experto en la realización del oficio en donde se afirma, encontró la muerte.
“IX. Pruebas erróneamente apreciadas
“1º El registro de defunción, folio 13.
“2º El informe del Instituto de los Seguros Sociales, folios 36 y 37.
“3º El informe patronal del accidente, folio 52.
Los testimonios de: Antonio María Claret Gonzlez (sic), Miguel Ángel Madrid Madrid y William de Jesús Patiño Castañeda.
“X. Demostración del cargo
“El tribunal, después de establecer los extremos de la relación laboral y el salario, se adentra en la cuestión de fondo para indagar las disposiciones relativas al accidente de trabajo. Luego, se remite al artículo 216 del Código Sustantivo Laboral para precisar que la culpa suficientemente comprobada en cabeza del patrono respecto a la generación del accidente de trabajo, lo hace responsable de la indemnización por daños materiales y perjuicios morales, y como se trata de un contrato de trabajo, bilateral, que reporta beneficios en favor de ambas partes, la especie de culpa a indagar para proferir condena, es la culpa leve.
“Para dar por demostradas las causas generadoras del accidente, el fallador se refiere al documento del folio 13 y transcribe de folios 100 a 101, apartes del documento que obra en los folios 36 y 37, emanados del Instituto de Seguros Sociales y concluye:
“‘Del aviso relacionado con el accidente (fl. 52) y del estudio que la dependencia de salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales hizo sobre las causas generadoras de la muerte de Alberto de Jesús Restrepo Álvarez, se concluye indudablemente y sin el menor esfuerzo, que hubo culpa patronal, siendo por lo tanto de recibo dar aplicación al contenido del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo’ (fl. 109).
“El documento del folio 13, es el registro de defunción del extra-bajador, que el honorable tribunal tiene como demostrador tanto de uno de los extremos de la relación de trabajo, como de las causas del deceso del trabajador.
“Significa lo anterior, que el documento solamente fue tenido en cuenta en ese solo sentido, mas no en todo lo que representa como prueba dentro de este proceso.
“En él, se indica la fecha de la muerte y la causa indicada por quien hizo la denuncia del fallecimiento (señor Mariano de J. Sánchez) pero se omite indicar el nombre y el número de registro como tal, del médico que certificó la causa del fallecimiento.
“Dispone el artículo 76 del Decreto 1260 de 1970.
“‘La defunción se acreditará ante el funcionario de registro del estado civil, mediante certificado médico, expedido bajo juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho de la firma. Tan solo en el caso de no haber médico en la localidad se podrá demostrar mediante declaración de dos testigos hábiles”.
“Basta leer el registro de defunción para observar que no aparece allí el nombre del médico que certificó la causa de la muerte. Y en el evento de inexistencia de médico en la población donde tuvo ocurrencia, caso imposible, pues se trata de un próspero municipio del Valle de Aburrá, la muerte solo se podía acreditar mediante declaración de dos testigos hábiles y en el certificado, solo aparece uno solo, que es el señor Sánchez quien denuncia la muerte.
“En tales condiciones, el contenido declarativo del documento resulta defectuoso y viciado, lo cual, hace divisible su alcance probatorio, pues aparece evidente que no guarda relación lo meramente enunciativo con lo dispositivo del acto, por lo cual, es forzoso concluir que, como prueba de la causa de la muerte, no puede tenerse el citado documento, pues ella no está certificada por médico alguno ni por dos testigos hábiles como lo exige el Decreto 1260 de 1970 en sus artículos 76 y 80.
“Respecto al documento de folios 36 y 37, valen parecidas anotaciones:
“El Instituto de Seguros Sociales, con fecha 18 de noviembre de 1981, esto es, quince días después del fallecimiento del trabajador, dice practicar una inspección al lugar de los acontecimientos y sin practicar experticio alguno, ni indicar el método de su investigación, solamente con una entrevista sostenida con la persona que dice llamarse Jorge Riveros, mediante suposiciones y a base de hipótesis, concluye la existencia de un accidente ocurrido 15 días atrás, que causó la muerte del señor Alberto de Jesús Restrepo A., cuyas causas determina así:
“‘a) En la atmósfera interior de los tanques existe insuficiencia de oxígeno debido a la oxidación del acero de las paredes, por lo cual, requiere el uso de equipo de respiración con suministro de aire. b) Por descargas potenciales de vapores a través de las tuberías, es recomendable taponarlas o desconectarlas. c) Para eliminar al máximo los riesgos, es necesario drenar el contenido hasta el mínimo nivel posible, desgasificar y someter el recipiente, así como el área que lo circunda, a prueba de gases”.
“Analicemos tales observaciones:
“Respecto a la conclusión del literal a). De qué método se valió el investigador para determinar que en la atmósfera interior del tanque existe insuficiencia de oxígeno?
“Es lógico pensar que se trata de una prueba técnica y por tanto, precisaba de elementos de laboratorio y de medición física para llegar a esta conclusión que no puede sacarse a ojo o a simple vista, ni como producto de una entrevista. Cómo pudo establecer el citado visitador, la relación de causalidad necesaria entre la insuficiencia de oxígeno y la muerte ocurrida en la persona del trabajador, sin tener a su disposición el cadáver? De qué métodos se valió para afirmar esta relación de causalidad respecto a sucesos acaecidos quince días antes?
“El visitador del Instituto de Seguros Sociales no tuvo a la vista ni a su disposición el cadáver del trabajador para determinar en primer lugar, la causa de la muerte y en segundo lugar, para deducir la relación de causalidad necesaria entre esta y la toxicidad que, según el informe, estaba encontrando en el citado tanque. No puede por tanto el fallador, sin incurrir en evidente error de hecho, deducir que se había demostrado de ese modo la causa de la muerte.
“Respecto a la conclusión b), el contenido de esta observación, no es una conclusión ni una demostración de culpa, sino una recomendación pura y simplemente.
“La conclusión c) es del mismo contenido y representa como tal, una recomendación, que de ninguna manera puede tenerse como un juicio de valor demostrativo de culpa alguna en el patrono.
“Y qué decir del análisis que acomete el visitador del Instituto de Seguros Sociales a folio 37 en donde determina como ‘Naturaleza de la lesión: Asfixia. Agente de la lesión; gases no especificados. Parte afectada: Sistema respiratorio. Tipo de accidente: Inhalación?’.
Vale igualmente preguntarse: Si la visita de inspección se efectúa 15 días después de ocurrida la muerte, cómo pudo determinar que la naturaleza de la lesión era ‘asfixia’, sin examinar el cadáver?
“Si en igualdad de circunstancias determina quince días después de la muerte, que el agente de la lesión es: ‘Gases no especificados’ con qué seriedad científica hace semejante precisión? Quiere decir ello, que el fenómeno es una novedad química no definida? o que sencillamente no había hecho la comprobación? Necesariamente, nos hallamos en presencia de esta última probabilidad, pues el visitador no hizo ninguna comprobación, por tanto, su informe carece de veracidad y precisión y recoge suposiciones o hipótesis que desdicen de la seriedad a que estaba destinado de lesa falsedad.
“Si el visitador no tenía en su presencia el cadáver, dictamina 15 días después que la parte afectada fue el ‘sistema respiratorio’, vuelve a preguntarse: De qué modo lo determinó?
“Cómo pudo decir que la muerte la había causado una ‘inhalación?’. Inhalación de qué? si precisamente su función consistía en determinarla dando la ciencia de su dicho o su versión científica?
“He ahí los yerros en la apreciación de tales documentos: Son el producto de suposiciones, imaginación, dicho de terceros (entrevista) hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido, pero nunca, una conclusión certera por la directa comprobación o percepción de los fenómenos externos que pudieron producir el insuceso y de ninguna manera, una definición de la culpa, cuya naturaleza objetiva, requiere de prueba de la misma naturaleza, una demostración y jamás, la edificación de su concepto sobre el supuesto de la duda, la, suposición, la conseja o la hipótesis.
“Algo más: Ni siquiera se tiene informe de que la persona que realizó la visita, tuviese la calidad de médico, como para determinar la causa de esa muerte. Y se afirma que no la tiene. Y como el único documento en donde consta la causa de la muerte es el registro de defunción del folio 13, solamente de ahí pudo extraerla, sin que lo pudiera hacer válidamente y confesando de paso la fuente de información de su inspección con lo cual queda dicho todo, pues no aparece allí médico ni registro que avalen tal declaración, ni los dos testigos hábiles que lo suplan. Luego el visitador carecía de elementos de juicio para hacer tal dictamen, y el haberlo acogido así por el tribunal, constituye error evidente de hecho en la apreciación de la prueba que su inspección refleja.
“Respecto al aviso de accidente, folio 52, existe igual error, que se evidencia con la afirmación del fallador a folio 109:
“‘Del aviso relacionado con el accidente y del estudio que la dependencia de salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales hizo sobre las causas generadoras de la muerte de Alberto de J. Restrepo Álvarez, se concluye indudablemente y sin el menor esfuerzo, que hubo culpa patronal, siendo por tanto de recibo, dar aplicación al contenido del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
“El error manifiesto que se denuncia, consiste en que el tribunal, acusa culpa patronal en el contenido de este documento, cuya lectura detenida, nos muestra que lo confesado en él, es que: ‘Las causas de este accidente se hallan en averiguación’, o sea que, el ad quem, tergiversó su contenido declarativo haciéndole producir otro significado y una consecuencia distinta.
“Regresando al documento de folios 36 y 37, tratándose de precisar su alcance, determínasele uno puramente administrativo o ‘prueba de informe’ dirigido a indagar los móviles del accidente y a formular recomendaciones para evitar futuros daños, al tenor de su exacto contenido.
“De ahí, a que constituya plena prueba de la culpa del patrono como lo deduce el ad quem, existe una abismal diferencia, pues el documento no la contiene ni demuestra, resultando por tanto, manifiesto el error señalado en su apreciación.
“El documento existe jurídicamente, pero carece de la eficacia probatoria que le señaló el fallador, pues no prueba por sí la culpa y no tiene más alcance que el de ser un informe rendido por un funcionario público sobre una visita posterior a los acontecimientos (15 días después), sin experimento, ni comprobación de su aserto, sin contacto con la víctima y sin tener la calidad científica para ello, resuelve diagnosticar una muerte que no presenció ni comprobó.
“Tampoco demuestra el documento que quien efectuó la visita hubiese sido un médico como para que pudiese determinar la causa de la muerte y si se atrevió a ello, lo hizo apriorísticamente, sin conocimiento de causa, sin examen clínico o de laboratorio, lo cual, descalifica probatoriamente el documento en la esencia que quiso tenerlo el ad quem.
“La prueba que resulta de los documentos de folios 13, 36 y 37, resulta pues, divisible, pues su contenido se puede admitir o rechazar independientemente de su fecha, firma u otorgamiento, lo cual, quiere decir que, no porque exista certeza acerca de estos elementos, necesariamente deba admitirse el contenido en su integridad, además, porque su parte enunciativa no tiene relación con la dispositiva, por lo que, de conformidad con las reglas de la sana crítica, ha de concluirse que carecen del poder demostrativo de culpa que les asignó el fallador.
“Queda demostrado el yerro en la apreciación de las pruebas por parte del tribunal, y la ausencia de demostración de la culpa patronal endilgada, con lo cual, queda demostrada igualmente la violación del artículo 63 del Código Civil. Y como al incurrir en tal equivocación condenó por el concepto de indemnización por culpa en la generación del accidente, se demuestra de modo claro la violación de los artículos 1494 y siguientes del Código Civil y 216 y 218 del Código Sustantivo Laboral en cuanto tabulan su monto.
“Demostrado con suficiencia el error manifiesto en la apreciación documental, me ocupo de las versiones testimoniales, así:
“Rodrigo de Jesús Quiceno Pulgarín. El tribunal solo transcribe este aparte de su dicho: ‘Antes de este accidente era costumbre hacer la limpieza del tanque entre dos operarios para uno sacar los combustibles y el otro para recibir desde afuera’.
“No señala esta versión ninguna especie de culpa, ni suministra elemento para determinarla.
“Antonio María Claret González Valencia. Hace una descripción detallada de la ubicación y demensiones (sic) del tanque, indicando que se trata de un tanque muy aireado de 1.40 por 1.00 metro de diámetro, con un agujero de 60 a 65 centímetros por donde se entra y se sale, indica que la empresa dota al trabajador de ‘mascarilla’, casco protector y botas especiales para determinados oficios, ‘pero para este oficio de limpieza del tanque no se usan esos implementos porque queda más cómodo y el tanque es muy aireado’.
“Demuestra este testimonio el cuidado y la diligencia del patrono al suministrar implementos de protección al trabajador. No señala /acción ni omisión generadores de culpa en el patrono y deja en claro si, que hubo negligencia del trabajador en no usarlos, pues de haberlo hecho, seguramente se habría • evitado el insuceso.
“Miguel Angel Madrid Madrid. Relata cómo el trabajador le expresó confianza, pues ya había realizado, el oficio, describe las medidas del tanque y las instrucciones que había recibido para realizar su oficio el citado trabajador, impartidas por la empresa no solo por medida de seguridad industrial, sino por el aprecio mismo que profesa a su personal. Alude a los elementos de seguridad que suministra la empresa y concretamente a este servidor tales como el casco, el respirador, zapatos especiales, ropa, guantes, que ese día no utilizó y que dice que el trabajador no los utilizó porque él (el fallecido) decía que es mejor trabajar así, porque eso le estorbaba mucho en la ‘nariz. Afirma que el día del accidente le dio al trabajador estas instrucciones: ‘Procure no pararse en el piso, sino en la pestañita que tenía a no ser que sea necesario hacerlo y me respondió: ‘Tranquilo don Miguel que yo ya sé cómo hacerlo’ yo le dije que no se parara en la (sic) piso sino en la pestaña para que no se humedeciera las botas’.
“La versión testifical transcrita, no demuestra omisión del patrono en la diligencia y cuidado con su trabajador. Antes bien, por el contrario, demuestra diligencia y cuidado elementales al adiestrar al trabajador en su oficio, instruirlo sobre seguridad industrial y suministrarle implementos de protección.
“Evidencia por el contrario, que el infortunado desatendió las recomendaciones y despreció el uso de implementos de protección y seguridad. Dijo también cómo el trabajador había manifestado conocer el oficio, por lo cual, si alguna especie de culpa ha de predicarse, lamentablemente tendrá que radicarse en cabeza del occiso y no del patrono.
“William de Jesús Patiño Castañeda. Ese día el señor Restrepo no tenía máscara o respirador, ni botas largas. Es obligatorio usar esa vestimenta porque así lo exige la compañía y no sé el motivo de que no las haya usado (...) Y si los tenía, porque ya se los habían dado esos implementos (...) Esos implementos los suministra la empresa para todos los trabajadores y la empresa obliga a que los usen y si no los usan les llama la atención. Yo siempre los uso. Yo no sé los motivos para no utilizar esos implementos en ese día. Yo no oí en la fábrica ningún comentario sobre las causas de ese accidente (...)’.
“Tampoco queda duda de que esta versión indica la conducta y diligencia prudentes del patrono para evitar el daño de sus trabajadores y la clara omisión por parte del trabajador, de sus deberes en el uso de sus implementos de protección y seguridad.
“Todas estas versiones son concluyentes en el sentido de afirmar la diligencia y cuidados del patrono en la prevención de accidentes y coinciden en afirmar que el trabajador no utilizaba los implementos de seguridad que brindaba la empresa, lo que constituye sin duda alguna, culpa inexcusable en el trabajador, pues a sabiendas del riesgo que comportaba no utilizar los implementos de seguridad, se confió imprudentemente en poder evitarlos hasta habituarse al peligro, olvidando las elementales precauciones que debía tomar.
“Bielsa, define así el concepto de culpa inexcusable:
“‘Se entiende que hay culpa grave de la víctima cuando el accidente se debe a una causa que por elemental pudo y debió preverse (por el obrero) por los medios a su alcance’ (La culpa en los accidentes de trabajo, pág. 172, Buenos Aires, J. Lajouane y Cía. Editores, 1926).
“Más adelante, agrega:
“La exposición al riesgo es culpable cuando sin constituir precisamente infracción a una disposición expresa del patrono, el operario hace lo que no debe hacer; esto es, falta a un deber elemental de previsión cuyo incumplimiento no puede, explicarse en el riesgo profesional, pues no se trata de accidentes causados por negligencia o despreocupación ‘excusable’ ni por esa confianza temeraria que nace del hábito en el peligro, sino de accidentes debidos a culpa o negligencia que sobrepasa, como se ha dicho, el coeficiente de culpa o negligencia excusable en el trabajo. Por eso la culpa de tal naturaleza se ha llamado ‘Culpa excusable’
“‘La falta o culpa inexcusable, es en materia de accidentes industriales, un concepto correlativo al de culpa grave en el derecho común. Ella puede ser activa o pasiva, es decir, que puede consistir en la ejecución de un ‘acto prohibido’, o en la inejecución de un acto ordenado’ (173).
“Adviértase pues, que el no uso de los implementos de seguridad, específicamente los respiradores y las botas altas, ubica al trabajador en el terreno de la culpa inexusable, por la omisión en el cumplimiento de sus deberes elementales de obediencia y prevención de accidentes prescritos por el patrono.
“‘El ‘acto generador del accidente, dice Sachet citado por Bielsa, es constitutivo de culpa inexcusable, cuando siendo peligroso y conocido como tal es realizado no obstante, voluntariamente por la víctima, sin autorización ni orden y sin necesidad ni utilidad’ (op. cit. pág. 174).
“Con los testimonios analizados, se comprueba la directiva impartida por el patrono en el sentido de prescribir de modo obligatorio, el uso de los implementos de seguridad y protección, su obligatoriedad y se deja establecido que el trabajador rehusó su empleo, sin justificación alguna. Igualmente, que el trabajador conocía el riesgo y el oficio, además, que en ningún momento, había consentido tácitamente o de modo expreso, la no utilización de tales elementos. Se prueba igualmente, que la utilización de ellos era obligatoria so pena de llamada de atención, de donde se concluye que el trabajador no observó la diligencia y cuidados necesarios que se precisan en los hombres prudentes en los actos ordinarios de la vida, cuya observancia, seguramente le hubiera evitado el infortunio.
“El tribunal pues, apreció con error manifiesto el dicho de los testigos y del mismo modo, los documentos ya referidos, de cuyo conjunto, dedujo la condena impuesta, con evidente error en §u apreciación.
“Sachet, ya citado, resume así, al igual que la legislación argentina, los siguientes elementos de la culpa inexcusable:
“‘1º Voluntad de hacer o no hacer.
“‘2º Conocimiento y discernimiento comprobado del peligro que pueda derivar del hecho o la omisión.
“‘3ºAusencia de excusa o de causa justificativa, es decir, de orden o autorización; falta de necesidad o utilidad que salve o atenúe su responsabilidad.
“‘Despréndese, pues, de los términos de esta reglamentación que para que haya culpa grave o inexcusable, es necesario la voluntaria exposición del operario al peligro, teniendo plena conciencia de la gravedad de las consecuencias; y que debió por eso evitarlas, con las limitaciones de orden, utilidad, etc., que quitan el aspecto moralizador de la exposición (pág. 175).
“Debe distinguirse pues, la conducta inexcusable del trabajador, con el simple acto inseguro diferenciado por la doctrina laboral, según el cual, el trabajador se inviste de cierta intrepidez, arrojo y confianza en sí mismo para lograr la eficiencia en su trabajo.
“Ello es admisible, cuando se trata de actividades en donde se requiere ese desafío al peligro que se identifica con el concepto de `hombría’ o ‘nervio de acero’ para la ejecución de ciertas labores como la construcción por ejemplo, de un edificio alto o de un puente colgante.
“A esta noción, debe contraponerse la de culpa inexcusable por la omisión de los deberes de protección y prevención de accidentes, como los que tenía el trabajador en este caso concreto, en donde, para la ejecución de la labor, no era necesaria tal presencia de ánimo, intrepidez, arrojo o valentía, que no se identifican con el concepto de prudencia y disciplina para evitar el riesgo.
“No puede ser acto de arrojo, intrepidez o pretensión de rendimiento, el negarse sistemáticamente al uso de implementos de seguridad o protección. Es un acto omisivo que origina un daño cuya reparación no ha de estar a cargo del demandado. De ese acto tampoco podría predicarse que por ejecutarlo el trabajador, elevase su concepto de valía, eficacia y seguridad en sí mismo como para garantizar que se aumente el prestigio entre sus compañeros.
“No se pretende en el presente caso, una desaparición de la responsabilidad como producto de una posible compensación de faltas en materia de neutralización de actividades peligrosas. No se predica una absoluta y total responsabilidad en el trabajador quien por actos voluntarios, conscientes, omisivos y graves, ha originado el infortunio que motiva esta demanda. Por tanto, la fórmula ‘volente non fit injuria’ tiene cabal aplicación y así se demanda.
“Los errores de hecho que pesan sobre la sentencia impugnada, condujeron al fallador a dar por demostrada la culpa del patrono en la ocurrencia del insuceso, sin que en verdad lo estuviera, por lo cual, resultan indebidamente aplicadas las normas sobre apreciación de documentos, o sea los artículos 253, 254 y 264 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral.
“Demostrados los yerros señalados a la sentencia en la apreciación de las pruebas individualizadas, debe casarse la sentencia como respetuosamente lo reitero a la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral”. (Las mayúsculas y subrayas son del texto transcrito).
Las pruebas de cuya mala percepción deriva el cargo los errores de hecho que denuncia, muestran lo siguiente:
a) La partida civil de defunción del señor Alberto de Jesús Res-trepo Alvarez (fl. 13, cdno. 1º) no la tuvo en cuenta el tribunal para determinar la existencia de culpa de la empresa en el siniestro en que dicho señor falleció. Luego es evidente que no pudo configurarse la falsa apreciación de ese documento, alegada en el cargo.
b) El resultado de la investigación que hizo el Instituto de Seguros Sociales sobre el accidente en que murió Restrepo Álvarez (fls. 36 37, cdno. 19), lo transcribe textualmente en todos sus pasajes fundamentales el fallo recurrido (fls. 100 a 101 ibíd.). Luego no aparece que lo hubiera percibido sensorialmente de manera defectuosa, que es lo que caracteriza el yerro fáctico, puesto que el fallador lo toma en su contenido literal y prístino. Cosa distinta es que para el recurrente ese informe no tenga en su significado intrínseco el mismo poder de convicción que sí tuvo para el tribunal. Pero esa mera discrepancia de conceptos sobre el significado de una prueba entre sentenciador y recurrente no puede poner de manifiesto, como se exige en casación, un dislate fáctico de aquel. Luego esta prueba no deja en evidencia los errores de hecho que el cargo acusa.
c) El informe de “Sumicol” sobre el accidente susodicho (fl. 52, cdno. 1º), solo contiene la versión patronal del siniestro que, por lo mismo, no puede probar en su favor ni, menos aún, dar un apoyo plausible para criticar por yerro fáctico el, concepto del sentenciador que se aparte del sostenido por el empresario en defensa de su posición en el proceso. Tampoco aparecen pues de este documento los errores alegados.
d) Como del estudio de las pruebas hábiles en casación no resultaron ostensibles aquellos desatinos Meteos, el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 le impide a la Sala analizar las declaraciones de testigos en que también se fundó el ataque.
Las reflexiones anteriores muestran que el cargo examinado no puede tener éxito.
II. Recurso de la parte demandante
Dice: “Violación directa y por aplicación indebida del artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo que lo llevó a inaplicar el artículo 216, idem, en relación con los artículos 2341, 2342, 2347 y 2356 del Código Civil.
“Demostración
“Del acertado análisis efectuado por el tribunal respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo ocurrencia el accidente de trabajo donde perdió la vida el joven Alberto de Jesús Restrepo Álvarez, mientras cumplía las labores asignadas por el superior inmediato, concluye que sin lugar a dudas la culpa patronal determinó el resultado fatal del malogrado extrabajador.
“De acuerdo con esta diáfana como enfática conclusión, la consecuencia inmediata surge evidente: La indemnización de los perjuicios se rige por el mandato legal consignado en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo que a la letra dice: ‘ART. 216.—Culpa del patrono. Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo’.
“De esta suerte, el sentido natural y obvio de la norma transcrita, como lo ha entendido la jurisprudencia patria, impone que los perjuicios así causados deben resarcirse en forma total y ordinaria, o sea, conforme lo estatuye al efecto la normatividad civil, tanto en la naturaleza del perjuicio a indemnizar en su acepción de perjuicios material o moral, como en la titularidad del derecho por quien se sienta lesionado con el hecho, lo que es apenas elemental por cuanto dicha disposición no remite a ninguna otra de su misma estirpe para los efectos de tener como derecho habientes a quienes lo son con ocasión de un accidente de trabajo o enfermedad profesional donde no ha mediado la culpa del patrono, en cambio sí lo hace para ordenar que esos perjuicios se satisfagan conforme a la jurisdicción ordinaria.
“Así las cosas, la sentencia impugnada distorcionó (sic) el sentido de la ley al punto de inaplicar el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando dijo: ‘En cuanto a los beneficiarios directos, por decirlo así, de la indemnización por los perjuicios morales, solo lo será la codemandante Otilia Álvarez de Restrepo, madre del trabajador fallecido, puesto que habiendo ascendientes en ningún momento puede mirarse a los colaterales para legitimarlos en la causa o proceso’. De esta manera se confirmaba la sentencia del a quo, en la que hace producir los efectos de una norma legal que contempla situaciones bien diferentes a las planteadas en la demanda, pues el artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo describe y regula otra clase de circunstancias, que así puedan partir del elemento común del accidente de trabajo o enfermedad profesional, no permite llegar al extremo de confundir las consecuencias derivadas del uno o del otro, pero que al hacerlo así el tribunal, se impone el quebrantamiento de su sentencia. En estos términos, los legítimamente llamados a reclamar el pago de estos perjuicios, lo son todos aquellos que hubiesen sufrido sus efectos nocivos y quiénes más afectados que los propios hermanos del óbito, tomando en cuenta las calidades especiales de este que con el fruto de su trabajo contribuía al sostenimiento de las obligaciones familiares, además de ser un hijo y hermano de inigualables condiciones humanas, aparte de que como lo tiene establecido la jurisprudencia de tiempo atrás, el solo hecho del parentesco hace presumir la causación de un perjuicio de esta índole’.
La lectura del fallo atacado (fls. 94 a 114, cuaderno 1º) deja ver que el sentenciador ad quem si aplicó el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para decidir este litigio, ya que fue precisamente con fundamento en esa norma que condenó a “Sumicol” al resarcimiento pleno de perjuicios materiales y morales a la señora Otilia Álvarez de Restrepo como madre del señor Alberto de Jesús Restrepo, fallecido en el accidente de cuya ocurrencia encontró culpable a la empresa demandada.
Y si no extendió el pago de indemnización plena a los hermanos del difunto, no fue por ignorancia o por rebeldía contra lo preceptuado por el dicho artículo 216, sino con base en que al existir un ascendiente legítimo del accidentado muerto, su señora madre, la reparación de los perjuicios debía hacerse a ella y no a los hermanos del desaparecido, por ser apenas parientes colaterales de este.
Ello no contradice tampoco en modo alguno el artículo 204 del mismo Código Sustantivo, porque allí se prevé que a falta de cónyuge y de hijos del fallecido en accidente de trabajo, la indemnización respectiva se le pague a los ascendientes de aquél, o solo a uno de ellos, cuando no existieren ambos, con preferencia a cualquiera otra persona dentro de los órdenes de prelación establecidos por este precepto.
Basta lo anterior para concluir que este cargo no merece triunfar.
Dice: “Violación directa por inaplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 106 y 107 del Decreto 100 de 1980.
“Al abordar el tema de los perjuicios morales, el tribunal transcribe un aparte de la sentencia proferida por la Sala Laboral de esa misma Corporación, con fecha de septiembre 27 de 1976; y otra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, calendada el 4 de agosto de 1981, para expresar: ‘De acuerdo con lo antes anotado y relacionado con los perjuicios morales, se tiene que la Sala acogerá el guarismo de los $ 100.000 a que alude la sentencia transcrita, por carecer de otros elementos de convicción para profundizar en el estudio de este aspecto, en cuanto a si puede elevarse o no el monto anotado’.
“Como puede observarse, para justipreciar la reparación de estos perjuicios, el análisis del tribunal sobre tan importante materia, no fue más allá de trasladar los fallos reseñados al asunto debatido, desconociendo expresas normas legales que regulan lo concerniente sobre el particular como lo son los artículos 106 y 107 del Código Penal, a más de la prolífica jurisprudencia nacional que en sus más recientes pronunciamientos, en especial del honorable Consejo de Estado, y tras estudios serios, analíticos y bien fundamentados, adopta la preceptiva penal para los efectos de fijar en los términos allí prescritos el valor de esta ,clase de perjuicios.
“Lo anterior pone de relieve lo desafortunado de la sentencia impugnada al estimar que carecía de elementos de convicción para profundizar en este estudio, sobre si puede elevarse o no el monto por ella acogido, cuando su labor de juez le imponía precisamente, determinar conforme a la ley, la valoración de dos perjuicios irrogados por la culpa del patrono, con cuyo objetivo se debió escudriñar, en este caso concreto, los lazos familiares existentes entre la víctima y sus parientes más cercanos, las mismas costumbres familiares y en general su conducta tanto social como moral, para luego y una vez establecido lo anterior, aplicar la norma concreta y a falta de ella, los principios generales del derecho, que como el de la analogía debió imponerse en este asunto con prelación sobre el mero criterio subjetivo del fallador que simplemente se limitó a revivir lo que el transcurso del tiempo y las nuevas realidades, han conservado como documento histórico de nuestra evolución jurisprudencial”.
La acusación se limita a una crítica personal de su autor a los criterios que aplicó el sentenciador ad quem para tasar el monto de los perjuicios morales a cuya reparación condenó a la empresa. Sostiene así que los parámetros que se tuvieron en cuenta en algunos fallos del Consejo de Estado, que no cita concretamente, son más certeros que los aplicados por la Corte Suprema, y ahora por el Tribunal de Medellín, para realizar aquel justiprecio.
Como de estas alegaciones, más propias de la instancia que del recurso extraordinario de casación, no se desprende quebranto de los textos que cita el cargo como infringidos, resulta por entero ineficaz.
Dice: “Violación directa por falta de aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1626 y 1649 inciso 2? del Código Civil, y como violación de medio de los artículos 51 54 del Código Procesal Laboral, 4? 37, 177, 180 y 187 del Código de Procedimiento Civil.
“Resulta indiscutible que el cumplimiento de las obligaciones debe realizarse en su integridad; y por tal se viene entendiendo el que comprende no solamente el pago de los intereses e indemnizaciones que se deban, sino también aquellos valores derivados de la desvalorización constante de la moneda, frente a los fenómenos económicos que la envilecen día a día, sin ser ello un secreto para nadie. Por esto, el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia, tanto en su Sala de Casación Civil como en la Laboral, ha sido el de reconocer este concepto por razones tanto de equidad como de igualdad de la justicia, en cuanto permiten admitir que la prestación se localice en el valor real y no en el estrictamente nominal. Por su parte, el ad quem se negó a hacer este reconocimiento al aducir: ‘No habrá lugar a dar aplicación al fenómeno de la indexación o corrección monetaria, puesto que la prueba de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, para calcular el monto respectivo, en un período determinado, debe aportarla al proceso el demandante y consiste en la certificación que al respecto debe expedir el Banco de la República.
“La apreciación que hace el tribunal en ese sentido, es completamente equivocada, toda vez que la desvalorización de la moneda es un fenómeno que se da por el simple transcurso del tiempo, o sea, cada día que pasa, irremediablemente deprecia nuestra moneda, motivo para que la misma Corte Suprema de Justicia, afirmara que dicha depreciación constituía un hecho notorio y como tal, exento de prueba.
“En este orden de ideas, la certificación que al respecto pueda expedir el Banco de la República nunca tendrá la virtualidad de demostrar el hecho de esa depreciación, sino que simplemente y por ser su labor eminentemente técnica, señalará el índice de esa devaluación en un momento dado.
“Ahora, como lo que se pretende con esta acción es el pago total de los perjuicios y si el cumplimiento de la obligación que se le ha impuesto a la demandada debe satisfacerse a plenitud, el índice de devaluación de la moneda solo interesa conocerlo al momento de liquidarse el crédito, pues hasta ese instante continúa desvalorizándose el dinero. Así mismo, es de censurar la actuación del tribunal que con absolutas facultades para obtener esta certificación, en auto para mejor proveer, se abstuvo de hacerlo, haciendo caso omiso a claros principios legales que como el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, declara que el objeto de los procedimientos es .1ª efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.
“La honorable Corte como ad quem.
“Al constituirse la honorable Corté en sede de instancia, solicito respetuosamente que, mediante auto para mejor proveer, se oficie al Banco de la República para que certifique cuál ha sido la tasa de devaluación entre el 4 de noviembre de 1981 y la fecha de su expedición”.
Saber si el peso colombiano se ha devaluado y en qué medida lo ha sido, es cuestión de hecho que exige su prueba y no de puro derecho, como es el planteamiento de este ataque.
Justamente fue por ausencia de tales pruebas que el tribunal denegó la súplica sobre “indexación” del monto de las indemnizaciones reclamadas.
Entonces la vía directa, o del derecho puro, escogida para el ataque, no es la técnicamente adecuada en este caso.
Se rechaza el cargo, en consecuencia.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA el fallo recurrido.
Sin costas en casación.
Magistrados: Rafael Buquero Herrera—Jacobo Pérez Escobar—Juan Hernández Sáenz
Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

References: artículo 216
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 artículo 76
 artículo 216
 artículo 63
 artículo 61
 artículo 7
 artículo 204
 artículo 216
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 artículo 4