Source: https://www.slideshare.net/EUROsociAL-II/62-la-introduccin-de-la-responsabilidad-penal
Timestamp: 2017-10-19 20:14:44+00:00

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La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas…
La responsabilidad penal de las per... by EUROsociAL II 3423 views
1. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf] La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile∗ Dr. Héctor Hernández Basualto Profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales hector.hernandez@udp.cl A la memoria de Sergio Politoff LifschitzResumenEl artículo analiza críticamente los aspectos centrales de la Ley Nº 20.393, de fines de2009, que introduce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en elderecho chileno. Luego de la descripción del contexto en que surge la ley, marcado por lasexigencias para el ingreso de Chile como miembro pleno a la OCDE, se abordaprincipalmente el modelo de “responsabilidad por defecto de organización” elegido por ellegislador chileno y sus alcances más relevantes. Por último, no obstante una valoración engeneral favorable, se señalan los desafíos y riesgos que deberá sortear la aplicación prácticade la nueva ley.Palabras claveCriminalidad de empresa, responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidadpor defecto de organizaciónAbstractThe paper critically reviews the core aspects of Chilean Act Nº 20.393, enacted at the endof 2009, which for the first time in this country introduces a provision on criminal liabilityof legal entities. After a brief account of the political context that led to this legalinnovation in Chile, marked by its need to comply with the requirements to become a fullmember of OECD, the paper focuses on the liability model chosen by the Chilean legislator- the so called “liability based on organizational fault” model, and its main consequences.Finally, and notwithstanding a general positive opinion of it, the author points at the risksand challenges the Act will face in its enforcement process.Key wordsCorporate crime, corporate criminal liability, liability based on organizational fault∗ Con ajustes formales mínimos, el artículo corresponde a la contribución del autor al libro colectivo “Chile enel club de los países desarrollados: oportunidades y desafíos del ingreso a la OCDE”, preparado por el Centrode Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Facultad de Derecho de lamisma Universidad y el Grupo de Estudio contra la Corrupción de la Universidad de Salamanca. 207
2. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.1. Contexto, legitimidad y ámbito de aplicación de la Ley Nº 20.393Sin duda la consecuencia más significativa en materia penal de los esfuerzos de Chile porincorporarse a la OCDE ha sido la introducción de la responsabilidad penal de las personasjurídicas, a través de la Ley Nº 20.393, de 2 de diciembre de 2009.1 Si bien con anterioridadel ordenamiento chileno había previsto esporádicamente sanciones en las que, en cuantoimpuestas por tribunales penales y con efecto directo sobre las personas jurídicas, podíanverse genuinas penas contra las mismas, 2 es la primera vez que esto se hace de un modo tanabierto y explícito, de la mano, además, del establecimiento de un verdadero sistema deresponsabilidad penal propio de tales entidades, con explicitación de los presupuestosespecíficos de la misma y de las circunstancias que la modifican, con penas y reglas dedeterminación también específicas y con las adaptaciones procesales básicas para suaplicación práctica.3Con esto se abandona – de un modo radical y, en buena medida, sorpresivo – el dogmatradicional societas delinquere non potest, consagrado legislativamente con carácter generalen el art. 58 del Código Procesal Penal (en lo sucesivo, CPP),4 lo que en concreto sólopuede explicarse por el afán de cumplir oportunamente con las exigencias de las quedependía la incorporación de Chile a la OCDE, en particular de las contenidas en laConvención de dicho organismo en materia de cohecho de servidores públicos extranjerosen transacciones comerciales internacionales, de 21 de noviembre de 1997. Porque, enefecto, atendido el conocido desinterés del legislador chileno por atacar la criminalidad de1 Las restantes innovaciones, correspondientes a la extensión del campo de aplicación de algunas figuraspenales preexistentes (cohecho activo), son, en comparación, de muy escasa significación.2 Especialmente expresivo era el art. 173 de la Ley Nº 13.305, de 6 de abril de 1959, cuyo inciso terceropreveía la “pena accesoria” de disolución (cancelación, revocación de autorización de existencia o disoluciónanticipada) de la persona jurídica en caso de reincidencia en conductas monopólicas, modelo que, si biensubsistió en lo fundamental hasta 2003 en el primitivo art. 3º del DL 211, de 22 de diciembre de 1973 (“LeyAntimonopolios”), lo hizo sin explicitación del carácter penal de la sanción, como es la regla en los ejemplospropuestos por la doctrina. E incluso en el caso de la Ley Nº 13.305 podría haberse discutido si no se trataba,en rigor, de una pena accesoria contra las personas naturales responsables.3 Al margen de cualquier valoración de fondo, es un acierto en sí que se hayan desechado soluciones másambiguas que, ya por lo mismo, acarrean serios problemas interpretativos. Tal es el caso paradigmático delconjunto que forman en el Código español las “consecuencias accesorias” del art. 129 y la imposición delpago solidario de la multa en el art. 31.2. Al respecto SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, “La responsabilidadpenal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art. 129 del Código penal”, Manuales deFormación Continuada, Nº 14 (2001), pp. 307-364, passim; SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, “La aplicaciónjudicial de las consecuencias accesorias para las empresas”, InDret, 2/2006, pp. 1-15, passim, en:http://www.indret.com/pdf/342_es2.pdf [visitado el 22.03.2010]; BACIGALUPO, Silvina, “Lasconsecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas en el Código penal de 1995”, en: BACIGALUPO,Enrique (Director), Curso de derecho penal económico, Madrid – Barcelona: Marcial Pons, 1998, pp. 65-86,passim; GÓMEZ-JARA DIEZ, Carlos, “El nuevo artículo 31.2 del Código penal”, en: GÓMEZ-JARA DÍEZ,Carlos (Editor), Modelos de autorresponsabilidad empresarial, Cizur Menor: Thomson-Aranzadi, 2006, pp.239-309, passim.4 “La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicasresponden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que lasafectare”. La disposición, como se sabe, reproduce en lo fundamental el inciso segundo del art. 39 (originalmente59) del Código de Procedimiento Penal de 1906. 208
3. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]empresa,5 la postura poco entusiasta y más bien renuente del conjunto de la doctrinanacional hacia la punibilidad de las personas jurídicas6 y la escasez previa de iniciativaslegislativas en ese sentido,7 sin el factor externo hubiera sido apenas imaginable un giro tanradical. No es casual, entonces, la importancia que el Mensaje del Ejecutivo (Boletín 6423-07)8 le atribuye no ya al cumplimiento de compromisos internacionales, sinoespecíficamente al inminente ingreso como miembro pleno de la OCDE,9 importancia quese destacó a lo largo de toda la tramitación. No es otra cosa lo que explica que un proyectotan complejo y sobre una materia tan delicada se haya despachado íntegramente en escasossiete meses de tramitación parlamentaria,10 justo a tiempo para exhibirlo a la OCDE: setrataba de un “desafío-país” que había que superar a como diera lugar.5 Al respecto HERNÁNDEZ, Héctor, “Perspectivas del derecho penal económico en Chile”, Persona ySociedad, Vol. XIX Nº 1 (2005), pp. 101-134, p. 119 y ss.6 Antes de la coyuntura de la incorporación de la OCDE en la literatura al parecer sólo habían abogadoabiertamente por la introducción de dicha punibilidad SILVA, Pedro, “La responsabilidad penal de laspersonas jurídicas”, Revista de Ciencias Penales, T. IV (1938), pp. 317-329, passim; POLITOFF, Sergio, “El‘autor detrás del autor’. De la autoría funcional a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en:POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre (Coords.), Gran criminalidad organizada y tráfico ilícito deestupefacientes, Santiago: ConoSur, 2000, pp. 333-414, p. 398 y ss.; BUSTOS, Juan, “Perspectivas actualesdel derecho penal económico”, Gaceta Jurídica, Nº 132 (1991), pp. 7-15, p. 13; y luego en BUSTOS, Juan,“La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en: MAIER, Julio; BINDER, Alberto (Compiladores),El derecho penal hoy. Homenaje al Prof. David Baigún, Buenos Aires: Editores del Puerto, 1995, pp. 15-26,p. 23 y ss.; y ONFRAY, Arturo, “Reflexiones en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”,Revista de Derecho (CDE), Nº 4 [Nº 1 del año 2] (2001), pp. 153-167, passim. La tendencia general era ladescripción del estado de la discusión y de la solución del derecho vigente, con aprobación explícita de variosautores, como NOVOA, Eduardo, Curso de derecho penal chileno, T. I, Santiago: Editorial Jurídica de Chile,1960, p. 238; ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho penal, 3º edición, T. I, Santiago: Editorial Jurídica de Chile,1998, p. 176; CURY, Enrique, Derecho penal. Parte general, 7º edición, Santiago: Ediciones UniversidadCatólica de Chile, 2005, p. 91; COUSIÑO, Luis, Derecho penal chileno, T. I, Santiago: Editorial Jurídica deChile, 1975, pp. 276 a 278, 281; GARRIDO, Mario, Derecho penal, T. II, Santiago: Editorial Jurídica deChile, 1992, p. 56 y s.; DEL VILLAR, Waldo, Manual de derecho penal. Parte general, Valparaíso: Edeval,1985, p. 57 y ss.; MORENO, Carlos, “Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sus órganos ydirectivos en derecho penal económico”, Revista Entheos, Año 2, Nº 1 (2004), pp. 43-69, p. 59; y al menosaparentemente implícita en otros como DEL RÍO, J. Raimundo, Derecho penal, T. II, Santiago: Nascimento,1935, p. 22; NÁQUIRA, Jaime, Derecho penal. Teoría del delito, Santiago: McGraw-Hill, 1998, p. 43 y ss.;ORTIZ, Luis, “Delincuencia económica”, en: AA. VV., Problemas actuales de derecho penal, Temuco:Universidad Católica de Temuco, 2003, pp. 191-226, p. 221.7 Hasta donde se alcanza a ver, sólo el Proyecto Silva-Labatut de 1938 consideró la introducción de laresponsabilidad penal de las personas jurídicas (Título VII del Libro I, arts. 93 a 100). El proyecto se puedeconsultar en Revista de Ciencias Penales, T. IV (1938), p. 79 y ss. En materia de lavado de dinero se cuentauna moción del senador Orpis (Boletín 5056-07), de efímera tramitación (presentado el 9 de mayo de 2007 yretirado el 5 de junio del mismo año) y en materia ambiental (aunque con potenciales efectos generales) unadel senador Ávila (Boletín 6204-07), de 14 de noviembre de 2008, en actual tramitación.8 Las citas a los materiales legislativos no se harán conforme a la paginación de los documentos originales,sino a la de la compilación “Historia de la Ley 20.393”, preparada por la Biblioteca del Congreso Nacional ydisponible en: http://recursoslegales.bcn.cl/jspui-rl/bitstream/10221.3/3894/1/HL20393.pdf [visitado el08.03.2010] (abreviado: “Historia”).9 Historia, p. 6 y ss. El propio Mensaje recuerda que al menos otros cinco convenios internacionales imponena Chile una obligación similar (“Historia”, cit. nota n° 8, p. 5), ninguno de los cuales, sin embargo, logró loque – también a su respecto, como se verá – logró la Convención de la OCDE.10 El Mensaje es de 16 de marzo y el oficio que informa al Ejecutivo la aprobación del proyecto por ambascámaras es de 27 de octubre, debiendo destacarse, además, que 2009 fue “año electoral”. 209
4. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.Curiosamente la Convención no prescribe el establecimiento de una responsabilidad penalde las personas jurídicas, sino sólo que las sanciones que en virtud de la misma seimpongan a dichas personas sean “eficaces, proporcionadas y disuasivas”.11 En el casochileno, sin embargo, la ausencia de un sistema realmente efectivo de sancionesextrapenales para estas entidades12 y el tratamiento previo poco diligente del asunto porparte de las autoridades responsables, 13 unido probablemente a una cierta preferencia de laConvención – y de los órganos de control de su cumplimiento – por el establecimiento deuna responsabilidad penal hizo que en algún momento de las negociaciones el campo demaniobra del Estado chileno se redujera al mínimo y en los hechos sólo resultarasatisfactorio un mecanismo inserto en el sistema de justicia criminal, por lo demás el únicodisponible con la cobertura necesaria para cumplir a tiempo.14 En este contexto, además, yen concordancia con el modelo adoptado, la más elemental honestidad impuso reconocer elcarácter penal de la responsabilidad atribuida a las entidades.1511 El art. 2 de la Convención prescribe: “Cada parte tomará las medidas necesarias, de acuerdo con susprincipios legales, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho a un servidorpúblico extranjero”. Por su parte, el art. 3.2 es mucho más claro al disponer: “Si, dentro del sistema jurídicode una de las Partes, la responsabilidad penal no es aplicable a las personas morales, esta Parte deberáasegurar que éstas queden sujetas a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas de carácter no penal,incluyendo sanciones pecuniarias, en casos de cohecho a servidores públicos extranjeros”.12 A esta conclusión se llegó luego de considerar los muy reducidos alcances de las normas civiles ymercantiles que permiten a la autoridad poner término a la existencia de la persona jurídica (cancelación de lapersonalidad jurídica de las corporaciones, disolución por revocación de autorización de existencia de algunostipos de sociedades), así como, especialmente, el carácter fragmentario (tanto en cuanto a la materia como altipo de entidad) del sistema administrativo de control y eventual represión de personas jurídicas en Chile. Alrespecto véanse los Informes de Evaluación del cumplimiento de la Convención para la Fase 1 (DOC. I-938/03, pp. 18 y 73) y para la Fase 2 (DOC. I-713/07, pp. 103 y 110), ambos citados conforme a la traducciónoficial del Ministerio de Relaciones Internacionales. Como se ve, se trata lisa y llanamente de la ausencia deun verdadero sistema de sanciones extrapenales para las personas jurídicas, y no de su menor “efectocomunicacional”, como sugirió Jean Pierre Matus en el Senado, “Historia”, cit. nota n° 8, p. 199, criterio, porlo demás, poco compatible con la letra del art. 3.2 de la Convención, que expresamente prevé la suficiencia desanciones extrapenales. El conjunto de las opiniones de este autor sobre la materia se encuentra ahora, conmayores referencias, en MATUS, Jean Pierre, “Informe sobre el proyecto de ley que establece laresponsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento delterrorismo y delitos de cohecho que indica, Mensaje 018-357”, Ius et Praxis, año 15, Nº 2 (2009), pp. 285-306, passim.13 Durante la Fase 1 del proceso de evaluación (2003) las autoridades chilenas informaron a la OCDE que sehabía encomendado a la Comisión Foro Penal la preparación de una propuesta sobre el tema, la que debíaestar lista a más tardar a fines de 2004 (Informe Fase 1, pp. 18 y 73), en circunstancias que dicha instancianunca recibió encargo alguno en ese sentido. La constatación de ese hecho durante la Fase 2 (2007), así comoque no se hubieran adoptado medidas alternativas adecuadas en el tiempo intermedio (Informe Fase 2, p. 102y ss.), llevó a la comisión a expresar su preocupación por el “sostenido incumplimiento” por parte de Chile delos arts. 2 y 3 de la Convención (pp. 106, 110, 130) y contribuyó a que se decidiera, por “la gravedad de lasituación observada en Chile”, realizar excepcionalmente una Fase 1 bis de revisión de la evoluciónlegislativa (p. 131).14 La escasa viabilidad de generar un sistema sancionatorio administrativo fue recalcada durante la tramitaciónespecialmente por René Abeliuk, “Historia”, cit. nota n° 8, pp. 37, 180 y ss.15 El Proyecto del Ejecutivo consagraba una “responsabilidad legal” de las personas jurídicas, denominaciónque fue prontamente abandonada ya en la Cámara (Historia, p. 58) por la crítica general que suscitó entre losespecialistas consultados, quienes, al margen de cualquier valoración del hecho mismo de consagrarse una talresponsabilidad, no podían sino constatar que era eso y no otra cosa lo que el proyecto hacía. 210
5. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]De este modo la Ley Nº 20.393 vino a zanjar una cuestión crucial para la configuración delordenamiento penal chileno en un contexto de urgencia, con poco espacio para unareflexión académica profunda al respecto, tanto sobre el hecho mismo del paso hacia elsocietas delinquere potest como, sobre todo, una vez adoptada la decisión política en esesentido, sobre los términos más adecuados para expresar dicha decisión.16 Dadas estascircunstancias poco propicias, ciertamente debe celebrarse que el resultado del trabajolegislativo parezca en lo fundamental acertado,17 como luego se tratará de justificar al hilodel análisis crítico de la ley que constituye el objeto de este trabajo.Sin embargo, ni el ineludible acto de autoridad legislativa ni su inserción en una tendenciamuy nítida en el derecho comparado,18 que da cuenta de cómo el debate político-criminalparece haberse resuelto ampliamente a favor de la responsabilidad penal de los entescolectivos, autorizan a desentenderse del todo de la discusión en cuanto al si de dicharesponsabilidad. Porque si bien en las actuales condiciones sociales, ante la existencia deestructuras y dinámicas criminógenas propias de las organizaciones, se consideraninsuficientes las sanciones a los individuos – muchas veces fungibles - que actúan por opara ellas, en tanto que la preferencia por las sanciones penales en desmedro de lassanciones administrativas19 se funda sobre todo en el mayor efecto simbólico de lasprimeras,20 potencialmente algunas de las objeciones contra la solución legal pueden incidirtodavía en la aplicación práctica de la misma, en cuanto sugieren compromiso de garantíasfundamentales y, con ello, una posible inconstitucionalidad.16 El escaso genuino debate académico sobre el proyecto – y sólo respecto del si de la responsabilidad penalde las empresas, no del cómo - tuvo lugar en rigor una vez que éste ya había sido despachado por el CongresoNacional. Véanse al respecto especialmente las opiniones vertidas a fines de 2009 en “El Mercurio” - comocolumna de opinión o carta al director – por Enrique Cury (12 y 23 de noviembre), Clara Szczaranski (18 denoviembre), Luis Ortiz (15 de diciembre) y Jean Pierre Matus (14 de noviembre, 27 de noviembre y 17 dediciembre).17 Gracias tanto al buen criterio en la valoración, elección y adaptación de los modelos comparadosdisponibles por parte de quienes prepararon el proyecto, como a las valiosas aportaciones de los especialistasinvitados a las comisiones del Congreso.18 Podría decirse que también en el derecho internacional, pero lo cierto es que los instrumentosinternacionales suelen emplear formulaciones que dejan espacios de libertad a los Estados. Entre los paísesdesarrollados que contemplan responsabilidad penal de las personas jurídicas destacan, junto a los de latradición del common law (como Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Australia), cada vez máspaíses de tradición continental como Francia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Suiza o Japón, sin contar consoluciones que si bien nominalmente no consagran responsabilidad penal, la sugieren fuertemente, comoocurre en Austria o, sobre todo, en Italia. Panoramas de derecho comparado se encuentran en BACIGALUPO,Silvina, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Barcelona: Bosch, 1998, pp. 314 y ss.; ZÚÑIGARODRÍGUEZ, Laura, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personasjurídicas, 2º edición, Cizur Menor: Thomson-Aranzadi, 2003, pp. 102 y ss. (también con referencias aderecho iberoamericano); más recientemente EIDAM, Gerd, Unternehmen und Strafe, 3. Aufl., Köln:Luchterhand, 2008, pp. 263 y ss.19 Sin perjuicio de que pueda hacerse presente que la persecución penal, en cuanto rodeada de mayoresgarantías y con menores posibilidades de especialización, puede resultar en los hechos menos eficiente que laadministrativa, sobre todo si los órganos encargados de esta última pueden ser dotados de facultadesintrusivas al menos aproximadas a las del Ministerio Público.20 Compárese, por ejemplo, incluso hoy, el efecto simbólico de la multa más alta impuesta por unaSuperintendencia, con la simple imposición por parte del juez de garantía de una medida - ¡que no suponecondena! - en el contexto de una suspensión condicional del procedimiento 211
6. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.Particularmente, si se prescinde de objeciones más bien pintorescas,21 si llegara a concluirseque, como sostienen muchos críticos, la responsabilidad penal de los entes colectivos esincompatible con los conceptos aceptados de culpabilidad, podría apreciarse unavulneración del principio de culpabilidad, al que, no obstante su déficit de consagraciónexpresa, se le reconoce en general rango constitucional.22 Todo parece indicar, sin embargo,que la posible objeción de inconstitucionalidad tendría poco asidero.Un indicio de esto es el hecho de que, en general, nadie ponga en duda entre nosotros lalegitimidad de la imposición a las personas jurídicas de sanciones administrativas que, porlo demás, suelen ser de contenido equivalente al de las penas previstas por la nueva ley.Porque de ser correcta la vulneración del principio de culpabilidad, en cuanto se admitecrecientemente que dicho principio rige también en el orden de las sancionesadministrativas,23 habría que reconocer, en consecuencia, que tampoco sería posiblesancionar a las entidades en ese orden.24 Visto que nadie parece dispuesto a asumir esaconclusión, no es descabellado pensar que lo que está en juego no es, en rigor, la21 Como aquélla conforme a la cual asignarle carácter de pena a sanciones distintas de la privación orestricción de la libertad ambulatoria, como son necesariamente las que se pueden imponer a una personajurídica, impediría distinguir entre sanciones penales y administrativas (así, por el Instituto Libertad yDesarrollo, Axel Buchheister en el Senado, “Historia”, cit. nota n° 8, pp. 216 y ss.). Como es obvio, elrazonamiento confunde dos cuestiones diferentes, porque si bien existe consenso (correctamente, aunque caberecordar que sin base en texto expreso de la Constitución) en que la sanción de privación de libertad sólo sepuede imponer en el orden penal, de modo que constituye un factor absoluto de distinción entre pena ysanción administrativa, al mismo tiempo nadie duda que las penas pueden consistir en algo distinto delencierro, cuyo contenido puede ser por cierto coincidente con el de las sanciones administrativas, contexto enel cual se reconoce que la delimitación es formal y está dada, a menos que la propia ley sugiera otra cosa, porel órgano competente para aplicar la sanción (autoridad administrativa o tribunal sin competencia criminal, enun caso; tribunales penales, en el otro). En otras palabras, que el encierro sólo se pueda imponer en sede penalno significa que en dicha sede sólo se pueda imponer encierro. Respecto de las multas, la objeción es tantomás sorprendente a la luz de la convivencia – no histórica, sino absolutamente actual (¡Libro III del CódigoPenal, procedimiento monitorio!) - de multas penales y multas administrativas. Que la decisión sobre si unhecho acarreará sanción penal o sanción administrativa no sea de competencia del legislador (“Historia”, cit.nota n° 8, p. 217) es, por último, una opinión tan insólita y problemática - más allá, por cierto, de su núcleopacífico consistente en que no puede haber privación de libertad administrativa – que seguramente se debe alcalor del debate y, por lo mismo, no parece merecer mayor atención.22 Una síntesis de la discusión chilena en HERNÁNDEZ, Héctor, “El régimen de la autointoxicación plena enel derecho penal chileno: deuda pendiente con el principio de culpabilidad”, Revista de Estudios de laJusticia, Nº 9 (2007), pp. 11-45, pp. 18 y ss.23 Entre nosotros CURY, Enrique, “Algunas reflexiones sobre la relación entre penas penales yadministrativas”, Boletín de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católicade Chile, Nº 44/45 (1979/1980), pp. 86-94, p. 91; VERGARA, Alejandro, “Esquema de los principios delderecho administrativo sancionador”, Revista de Derecho (UCN-Coquimbo), año 11 Nº 2 (2004), pp. 137-147, p. 143; ALCALDE, Enrique, “Relaciones entre la pena administrativa y la sanción penal”, Revista deDerecho Administrativo Económico, Nº 14 (2005), pp. 29-34, p. 31. Esta interpretación ha ganado fuerza conla jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Roles Nº 46, Nº 244, Nº 437, Nº 479 y Nº 480), que si bien nose refiere al principio de culpabilidad, declara que los principios constitucionales del orden penal debenaplicarse por regla general al derecho administrativo sancionador. En relación con la exigencia de dolo oculpa existirían atisbos de jurisprudencia ordinaria: al respecto, al margen de que en el análisis concretoaplique un concepto erróneo de dolo penal, RIED, José Miguel, “El caso Consorcio 2 – Banco de Chile:información privilegiada y potestad sancionatoria de la administración”, Sentencias Destacadas, 2005, pp. 31-44, p. 38 y ss.24 Lo hizo presente certeramente POLITOFF, “El ‘autor detrás del autor’”, cit. nota nº 6, pp. 123, 406 y ss. 212
7. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]legitimidad intrínseca de la sanción, sino sólo una determinada convicción en cuanto a loque puede denominarse pena y responsabilidad penal, convicción terminológica que, másallá de sus posibles bondades, en cuanto tal, obviamente, carece de protecciónconstitucional. En todo caso, en la medida en que es posible y razonable fundar una diversanecesidad de legitimación entre el orden penal y el administrativo en virtud de la diversagravedad – en último término, ante sanciones idénticas, del diverso status simbólico - de loque se denomina pena, de todos modos debe abordarse el examen de la conformidad de laresponsabilidad penal de las personas jurídicas con el principio de culpabilidad comogarantía constitucional específicamente penal.25Al respecto lo primero que cabría destacar es que es al menos discutible que una garantía deeste tipo rija también para las personas jurídicas y, en todo caso, que rija con la mismaintensidad.26 Adicionalmente, aunque se esté de acuerdo en que se trata de una garantíapertinente e igualmente intensa, no puede sino reconocerse que a su respecto, por la propianaturaleza del sujeto, sus alcances sólo mutatis mutandi pueden corresponder a los querigen para las personas naturales, esto es, no puede exigirse identidad, sino sóloequivalencia funcional.27Dicho esto, pareciera que el alcance del principio de culpabilidad que razonablementepueden reclamar para sí las personas jurídicas, atendida su propia naturaleza, consiste en laproscripción de la responsabilidad objetiva, esto es, de una responsabilidad que no admiteque el sujeto pueda eximirse de la misma observando un cierto tipo de comportamiento.28Desde esa perspectiva, podría ser dudosa la compatibilidad con el principio de culpabilidadde un régimen de responsabilidad de la persona jurídica basado exclusivamente en unhecho delictivo ajeno (el del agente individual relacionado con ella), sin atender de ningúnmodo al comportamiento propio de la misma,29 pero no lo es con aquellos modelos que al25 Así también FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo, “Sobre el fundamento de las sanciones penales para personasjurídicas y empresas en el derecho penal español y el derecho penal peruano”, en: GARCÍA CAVERO, Percy(Coordinador), La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes, Lima: ARA,2002, pp. 215-275, pp. 227 y ss.26 Que no todas las garantías constitucionales rigen para las personas jurídicas fluye, desde luego, de lanaturaleza de las cosas (proscripción de la tortura, libertad de reunión, entre otras). Más allá de esos límites seimpone una reflexión particular sobre el fundamento y los presupuestos de cada garantía. Así, por ejemplo, nila jurisprudencia estadounidense ni la alemana les reconocen derecho a guardar silencio (infra 3), en tanto quela jurisprudencia española (como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) matizan a su respecto lainviolabilidad del hogar, al respecto RODRÍGUEZ SOL, Luis, Registro domiciliario y prueba ilícita,Granada: Comares, 1998, pp. 49 y ss., con referencias. Específicamente sobre el principio de culpabilidad,véase NIETO MARTÍN, Adán, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Madrid: Iustel, 2008, pp.116 y ss., y la importante sentencia del Tribunal Constitucional español 246/1991, de 15 de enero de 1992.27 Al respecto (para el concepto mismo de culpabilidad), GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, “Autoorganizaciónempresarial y autorresponsabilidad empresarial”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 08 –05 (2006), pp. 1-27, pp. 16 y ss., en: http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-05.pdf [visitado el 17.03.2010].28 En otras palabras, el comportamiento y la actitud del sujeto son totalmente irrelevantes, porque responde atodo evento.29 Tal es el caso de los modelos tradicionales de responsabilidad penal derivada del derecho anglosajón,imperante también en el derecho francés y en el derecho contravencional alemán (§ 30 OWiG). Cabe llamarla atención, en todo caso, que el Tribunal Constitucional Federal alemán en un célebre obiter dictum enBVerfGE 20, 323 (336), de 25 de octubre de 1966, legitimó ese modelo desde la perspectiva específica del 213
8. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.menos en parte hacen depender la responsabilidad de la entidad del comportamiento queésta adopte, que es, como se verá, el caso en Chile. Desde luego puede objetarse que dichocomportamiento, en cuanto siempre y necesariamente es de los órganos que actúan por ella,es en rigor también un hecho ajeno a la entidad,30 pero aunque eso fuera cierto – lo que esrebatido por un sector de la literatura que cree posible ver un comportamiento injustopropio de la organización – con esto se estaría extremando el argumento de la ficción a unpunto que se vuelve contraproducente para quienes lo emplean, porque lo que es ficciónhasta las últimas consecuencias sencillamente no puede ser titular de garantíasfundamentales.31 No parece, en consecuencia, que se pueda impugnar con éxito – al menosen sus términos concretos – la constitucionalidad de la decisión legislativa en favor de laresponsabilidad penal de las personas jurídicas con base en el principio de culpabilidad.32Otra cuestión – y probablemente la de mayor complejidad – es si la responsabilidad penalde las personas jurídicas es integrable y de qué modo en los actuales términos del sistemadogmático de la teoría del delito, debate que, sin embargo, aquí y por ahora puede quedarsin abordar, porque en el nuevo escenario legislativo queda reducido a un debate “interno”en el seno de la dogmática penal como disciplina teórica, sin consecuencias prácticasinmediatas, al margen de sus legítimas pretensiones de lege ferenda.33principio de culpabilidad, considerando suficiente la culpabilidad de las personas naturales que actúan por laentidad.30 Así la crítica de SCHÜNEMANN, Bernd, “La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectivaeuropea”, Trad. PEÑARANDA RAMOS, Enrique; PÉREZ MANZANO, Mercedes, en: AA. VV., Hacia underecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Prof. Klaus Tiedemann, Madrid: BOE, 1995, pp.565-600, p. 588; también FEIJÓO SÁNCHEZ, “Sobre el fundamento”, cit. nota nº 25, p. 228.31 Sobre esta idea, expresada en el binomio atribución de derechos de ciudadanía / atribución deresponsabilidad, NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. nota nº 26, p. 107. Que la crítica deSchünemann y Feijóo está menos interesada en la protección de las personas jurídicas que en la preservaciónde un cierto concepto de responsabilidad penal se aprecia cuando se ve que ambos autores avalan sancionescon otro nombre y fundamento para las personas jurídicas, no necesariamente más exigentes. VéaseSCHÜNEMANN, “La punibilidad”, cit. nota nº 30, p. 589 y ss., especialmente p. 591; FEIJÓO SÁNCHEZ,“Sobre el fundamento”, cit. nota nº 25, pp. 246 y ss.32 En relación con otros posibles reparos de constitucionalidad, la objeción tradicional basada en el principiode personalidad de las penas en cuanto a que la pena a la entidad afectaría a terceros inocentes (accionistas,trabajadores, etc.), pasa por alto que ésa es una externalidad negativa de todas las penas (CURY, Derechopenal, cit. nota nº 6, p. 90; NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. nota nº 26, p. 108 y ss.). Encuanto a la posible vulneración del ne bis in idem, ésta no se sostiene si, por definición, persona natural ypersona jurídica son sujetos distintos, incluso tratándose de empresas muy pequeñas (como, sin embargo,argumentando con el principio de proporcionalidad propone NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit.nota nº 26, pp. 110 y ss.).33 Sin desconocer en absoluto que se trata de un debate ineludible, asumido que la dogmática, más que lasimple relación del derecho vigente, necesariamente equívoco e incompleto, es la reconstrucción conceptual,sistemática y coherente del mismo. Aunque se afirme la legitimidad de la decisión legislativa, debe resolversesi ella – en sus términos concretos, además - obliga a desarrollar una “teoría del delito” diferenciada para lasentidades, que al margen de la denominación legal pueda incluso llegar a considerarse una “tercera o cuartavía” de expresión del derecho penal; o si, por el contrario, es posible integrar la nueva situación en la teoríadel delito elaborada inicialmente para las personas naturales y contar con un único sistema de “primera vía”.La literatura al respecto es enorme; por sólo mencionar de modo preliminar libros especialmente dedicados alasunto, puede considerarse, la siguiente: HEINE, Günter, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit vonUnternehmen, Baden-Baden: Nomos, 1995, p. 248 y ss.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Bases para un modelo, cit.nota nº 18, p. 216 y ss.; BACIGALUPO, La responsabilidad penal, cit. nota nº 18, p. 148 y ss.; GÓMEZJARA DÍEZ, Carlos, La culpabilidad penal de la empresa, Madrid – Barcelona: Marcial Pons, 2005; 214
9. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]Por último, en lo que respecta al ámbito de aplicación de la ley, ésta se aplica a todas laspersonas jurídicas de derecho privado34 y a las empresas del Estado (art. 2º de la Ley Nº20.393),35-36 sin distinción de tamaño, 37 en tanto que, en lo que concierne a los delitos quedan lugar a la responsabilidad penal de las mismas, en vez de una previsión general, seconsagra un catálogo cerrado de tipos penales, inicialmente los siguientes (art. 1º): a) Lavado de dinero (art. 27 de la Ley Nº 19.913, ley que crea la Unidad de Análisis Financiero).38 b) Financiamiento del terrorismo (art. 8º de la Ley Nº 18.314, ley sobre conductas terroristas). c) Soborno o cohecho activo tanto de empleados públicos nacionales (art. 250 del Código Penal [en lo sucesivo, CP]) como de funcionario público extranjero (art. 251 bis CP).Como se puede ver, se trata de un catálogo extraordinariamente restringido, que en lofundamental abarca sólo las materias respecto de las cuales existía obligación internacionalGARCÍA CAVERO, Percy, La persona jurídica en el derecho penal, Lima: Grijley, 2008; BAIGÚN, David,La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Buenos Aires: Depalma, 2000; MODOLELL, Juan Luis,Persona jurídica y responsabilidad penal, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2002; ZUGALDÍAESPINAR, José Miguel, Responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones, Valencia: Tirant loBlanch, 2008. Véanse también los restantes artículos en: GARCÍA CAVERO (Coordinador), Laresponsabilidad penal, cit. nota nº 25.34 Habrá que entender que también a las empresas individuales de responsabilidad limitada (E.I.R.L.),conforme al art. 2º de la Ley Nº 19.857.35 En lo sucesivo, artículos sin otra mención corresponden a los de la Ley Nº 20.393.36 Las empresas con participación estatal (incluidas las “sociedades estatales”) que no constituyen “empresasdel Estado” en los términos del inciso segundo del art. 1º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional deBases Generales de la Administración del Estado, deben considerarse personas jurídicas de derecho privado ypor esa vía estar cubiertas por la ley, sin que el intenso debate jurídico-administrativo a su respecto deba tenermayores consecuencias en este contexto. Véase LATORRE, Patricio, “Las sociedades estatales en elordenamiento jurídico chileno”, Revista de Derecho (PUCV), T. XXX (2008 – I), pp. 223-240, passim.37 La responsabilidad penal de las entidades se ha fundado en la realidad de empresas de cierta complejidad,por lo que existe preocupación por la suerte de las empresas pequeñas (al respecto NIETO MARTÍN, Laresponsabilidad penal, cit. nota nº 26, p. 166 y ss.). El proyecto original eximía de responsabilidad (sinperjuicio de la designación de un interventor) a las personas jurídicas con menos de 25 empleados y cuyasventas netas anuales no superaran un cierto límite (art. 6º Nº 1), criterio que fue criticado por variosespecialistas (“Historia”, cit. nota n° 8, pp. 42 y ss. [Miguel Soto]; 48 [Jean Pierre Matus], 53 [Jorge Bofill] y55 [Gonzalo Medina]) y desechado en la Cámara de Diputados, por el justo temor de que se convirtiera enmecanismo deliberado para eludir la ley (“Historia”, cit. nota n° 8, pp. 70 y ss.). Como “compensación” seintrodujo la norma especial sobre suspensión de la condena que llegaría a ser el art. 29 (“Historia”, cit. nota n°8, pp. 96 y ss.), la que, sin embargo, no se refiere expresamente a las empresas pequeñas, sino sólo a que debeconsiderarse “especialmente el número de trabajadores o las ventas anuales netas o los montos de exportaciónde la empresa”, lo que perfectamente puede entenderse también en favor de las grandes compañías. En cuantoal modelo de prevención se consideraron también algunas concesiones, pero la única que subsistió fue laautorización para que en entidades de ingresos anuales que no excedan de 100.000 UF el encargado deprevención sea el propio dueño o controlador (art. 4º 1) letra b]).38 Durante el debate legislativo se sostuvo erróneamente que por la vía del lavado de dinero se podíasancionar a las personas jurídicas también por todos los delitos a que se remite esa figura (Juan Carlos Dörr,en la Cámara de Diputados, “Historia”, cit. nota n° 8, p. 45; en el mismo contexto pareció sugerirlo tambiénJorge Bofill, p. 50), lo que implicaba desconocer la diferencia entre “delito-base” y delito de lavado de dinero. 215
10. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.de sancionar a las personas jurídicas, las que, por lo demás, tienen una relativa escasaaplicación práctica, sin perjuicio del ámbito no despreciable de aplicación que deberíaasegurar la consideración del soborno doméstico. Durante la tramitación de la ley se hizopresente reiteradamente que quedaban fuera del catálogo los delitos de mayor trascendenciarelacionados con la actividad empresarial.39 Sin embargo, las iniciativas para revertir esasituación no fueron acogidas, apelándose para ello a la prudencia inicial que demandabauna innovación tan significativa.40 Esta razón podrá no ser muy convincente, pero encuanto reconoce abiertamente la excesiva circunspección del catálogo, al menos deja lapuerta abierta para la futura incorporación de un conjunto de figuras relevantes.2. El modelo de responsabilidad de la ley chilenaSintéticamente, se conocen dos grandes modelos legislativos ideales de responsabilidadpenal de personas jurídicas. Por una parte un modelo de responsabilidad derivada,conforme al cual se hace recaer sobre la persona jurídica la responsabilidad penal de unapersona natural41 en virtud de algún criterio de conexión entre una y otra, generalmente lacircunstancia de ser la persona natural órgano o al menos subordinado del ente moral.42 Porla otra un modelo de responsabilidad autónoma u originaria, de acuerdo con el cual laresponsabilidad surge directamente de una conexión entre el hecho prohibido y unacaracterística de (o un cierto estado de cosas en) la entidad, siendo irrelevante la eventualresponsabilidad de una persona natural.4339 “Historia”, cit. nota n° 8, pp. 35 (Marta Herrera, por el Ministerio Público), 40 (Fernando Londoño), 42(Miguel Soto), 48 (Jean Pierre Matus), 54 (Gonzalo Medina) y 191 (María Inés Horvitz).40 Véase la discusión sobre las indicaciones presentadas en ese sentido en la Cámara, “Historia”, cit. nota n° 8,pp. 58 y ss.41 Sin que esto implique, sin embargo, que la persona natural quede liberada de responsabilidad, como deberíaser si se aplicara coherentemente la idea de representación que subyace al modelo. Por esta razón se evita aquíhablar de “transferencia” o “transposición” de responsabilidad, como a veces se hace, giros que puedensugerir ese efecto que es ajeno al modelo. Tampoco se emplea la habitual expresión “modelo de imputación”,porque en rigor todo modelo de responsabilidad es un modelo de imputación. De hecho, durante latramitación legislativa en Chile ambas expresiones se usaron siempre como sinónimas.42 Éste es el caso de la larga tradición anglosajona, caracterizada por una fuerte tendencia a la responsabilidadobjetiva, en cuanto, por lo general, dadas las mayores o menores exigencias previstas para la conducta delsujeto individual, se impone sin más responsabilidad a la persona jurídica, cualesquiera que hayan sido lasmedidas adoptadas por ésta para evitar la comisión del delito. En el caso inglés esto ocurre a través de lallamada “teoría de la identificación” (al respecto GOBERT, James; PUNCH, Maurice, Rethinking corporatecrime, London: Butterworths, 2003, p. 59 y ss.), en tanto que en el caso estadounidense, en lo que se da enllamar modelo vicarial (vicarious liability), se da tanto a través de la doctrina del common law del respondeatsuperior (responsabilidad del superior) como de la influencia más reciente del, algo más restrictivo, high-managerial test previsto en la sección 2.07 del Código Penal Modelo (al respecto GOBERT / PUNCH,Rethinking, en esta misma nota, p. 55 y ss.; STRADER, J. Kelly, Understanding white collar crime, Newarketc.: LexisNexis, 2002, p. 15 y ss.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, “Corporate Criminal Liability”, en:GARCÍA CAVERO [Coordinador], Responsabilidad penal, cit. nota nº 25, pp. 277-327, passim). Una síntesisde ambas tradiciones desde perspectiva continental en NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. notanº 26, p. 88 y ss. En el derecho continental responde a estas características, por ejemplo, la regulación delderecho francés (art. 121-2 CP), al respecto LARGUIER, Jean; CONTE, Philippe, Droit pénal des affaires,11e édition, Paris: Armand Colin, 2004, p. 40 y ss.43 Si bien en doctrina se han formulado algunas propuestas estrictas de autorresponsabilidad – esto es, que almenos en alguna hipótesis prescinden totalmente de factores de conexión con un hecho individual (véase, porejemplo, HEINE, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit, cit. nota nº 33, p. 316 [versión en castellano en 216
11. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]Se suele hablar también de un modelo mixto, que en rigor no es más que una variante más omenos morigerada de las consagraciones históricas emblemáticas del modelo deresponsabilidad derivada, en el sentido de no satisfacerse – al contrario de dichos casosemblemáticos, de marcada tendencia hacia la responsabilidad objetiva - con una conexiónmeramente formal entre la entidad y la persona natural responsable y exigir, en cambio,algún tipo de “aporte” propiamente organizacional al delito. En la medida, sin embargo, enque la responsabilidad de la persona natural siga siendo presupuesto de la de la personajurídica, se tratará sin duda de una responsabilidad derivada.44Pues bien, la ley chilena ha abrazado precisamente un modelo atenuado de responsabilidadderivada, que, además de la conexión entre individuo responsable y su hecho con la personajurídica, requiere que ésta haya contribuido al hecho por la vía de haberse organizado de unmodo que favorece o en todo caso no impide ni dificulta la realización de ese tipo dehechos, esto es, la llamada responsabilidad por “defecto de organización”.45 En efecto,NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. nota nº 26, p. 136]; y GÓMEZ-JARA DÍEZ, “El nuevo art.31.2”, cit. nota nº 3, p. 302), el modelo prácticamente no ha conocido consagración legislativa. Se suelemencionar como excepción la responsabilidad imprudente de las entidades en el Código Penal Federal deAustralia de 1995 (Criminal Code Act, vigente desde 2000; el texto se encuentra disponible en:http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/1B4A2DD73EF9A4BBCA2576040024B600/$file/CriminalCode1995_WD02.pdf [visitado el 12.03.2010]), cuya sección 12.4 (2) dispone quecuando el elemento de culpabilidad no se da en ninguno de los empleados, agentes u oficiales, puede darse enla corporación si la conducta de ésta, vista como un todo, es negligente, agregando luego, en la sección 12.4(3), criterios de negligencia asociados a defectos de organización. Cabe destacar, sin embargo, que en lo querespecta a la realización del tipo objetivo (comisión del “elemento físico”), conforme a la sección 12.2, laatribución del mismo a la corporación parece suponer en todo caso que sea realizado por un empleado, agenteu oficial dentro del marco de su empleo o dentro de su autoridad actual o aparente. Algo similar rige en elReino Unido para el nuevo “homicidio corporativo” regulado por la Corporate manslaughter and corporatehomicide Act 2007 (disponible en: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga_20070019_en_1 [visitado el03.07.2010]), que si bien representa el abandono de la tradicional teoría de la identificación y ya no exigeresponsabilidad de ninguna persona natural, sino un grave incumplimiento de deberes de cuidado propios dela organización (sección 1 [1] y [4] [b]), sigue exigiendo expresamente para la condena que un elementoesencial de ese incumplimiento sea, en línea con la tradición, la forma en que el ente ha sido organizado yadministrado por su “senior management” (sección 1 [3] y [4] [c]), con lo cual sólo representa una varianteatenuada de responsabilidad derivada.44 Sólo tiene sentido hablar de un “modelo mixto” – aunque en todo caso de un modo equívoco - en casos deconvivencia de ambos modelos en un mismo ordenamiento, lo que, como se tratará de demostrar, no ocurre enel derecho chileno.45 En la discusión continental, la idea de “defecto de organización” (o “culpabilidad organizacional”) se debefundamentalmente a TIEDEMANN, Klaus, “Die ‘Bebußung’ von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zurBekämpfung der Wirtschaftskriminalität”, NJW, 1988, pp. 1169-1174, p. 1172 y ss., si bien inicialmentecomo fundamento abstracto, sin potencial de exculpación. Desde un punto de vista de los modeloslegislativos, han sido especialmente influyentes, no sin paradoja, las “Directivas de determinación de penaspara organizaciones” del derecho federal estadounidense (Sentencing Guidelines for Organisations), de 1991(modificadas en 2004), disponibles, con notas de aplicación en la forma de un verdadero manual, en:http://www.ussc.gov/2007guid/tabconchapt8.htm [visitado el 25.01.2010] (hay traducción castellana enGÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, La responsabilidad penal de las empresas en los EE. UU., Madrid: EditorialUniversitaria Ramón Areces, 2006, p. 115 y ss.), contexto en el cual, para la determinación del monto de lasmultas y una posible probation, se valora la organización de la empresa en términos de su apego al derecho,su preocupación por el cumplimiento de la ley, los mecanismos internos de control, las medidas adoptadascon posterioridad al delito, etc. (§8B2.1). Pues bien, pronto se advirtió fuera de las fronteras de los Estados 217
12. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.conforme al art. 3º de la ley los requisitos de la responsabilidad penal por los delitosprevistos en el art. 1º son los siguientes: a) Que el delito haya sido cometido por personas pertenecientes a un determinado círculo que la propia ley define, a saber, los dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes de la empresa o quienes realicen actividades de administración y supervisión en ella, o bien por otras personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de dichos sujetos. b) Que los delitos se hayan cometido directa e inmediatamente en interés de la persona jurídica o para su provecho, lo que viene reiterado luego cuando se señala que las entidades “no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero”. c) Y siempre que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte de la entidad, de sus deberes de dirección y supervisión, a lo que se opone expresamente la previa adopción e implementación de un modelo de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido, esto es, más sintéticamente, de un modelo de prevención de delitos.Como se ve, la responsabilidad de la entidad se construye al modo de una forma especial deintervención en el delito cometido por el sujeto relacionado,46 razón por la cual respondeprecisamente por ese título delictivo.47Antes de analizar con algún detalle sus rasgos más sobresalientes, cabe comentar que,desde un punto de vista político más amplio, el modelo de responsabilidad por defecto deorganización se inscribe en la estrategia de control del delito vía autorregulación forzada(enforced self-regulation), esto es, imponiéndole a las empresas en cuyo seno se produce laactividad delictiva el deber de organizarse y regularse de modo que sirvan también comoinstancias de prevención y detección de la misma, concretamente mediante la adopción eimplementación de programas de cumplimiento (compliance programs).48 Desde luego éseUnidos que tales criterios no sólo podían ser útiles para definir el quántum de la pena, sino también pararesolver sobre la procedencia misma de la punición. El caso más nítido de esta adaptación se da en el derechoitaliano, cuya regulación de la “responsabilidad administrativa” de las personas jurídicas por delito (Decretolegislativo Nº 231, de 8 de junio de 2001) ejerció reconocidamente gran influencia en la preparación delproyecto chileno. Lo mismo rige para la llamada “responsabilidad originaria” por ciertos delitos prevista en elapartado segundo del art. 100 quater del Código suizo introducido en 2003 (hay traducción castellana enGÓMEZ-JARA DÍEZ, “El nuevo art. 31.2”, cit. nota nº 3, p. 303), cuerpo legal donde, además, se da una“responsabilidad subsidiaria (autónoma)” cuando el delito no puede imputarse a ningún individuoprecisamente por la deficiente organización empresarial (apartado primero). Al respecto EIDAM,Unternehmen und Strafe, cit. nota nº 18, p. 278 y ss.46 Se prefiere hablar genéricamente de “intervención” para no entrar a la discusión dogmática sobre si, bajociertos supuestos, el ente no puede ser considerado también autor del delito (coautor o “autor detrás delautor”) y no sólo partícipe.47 No se ha establecido, en consecuencia, un delito sui generis propio de las personas jurídicas.48 No otra cosa es nuestro “modelo de prevención”. Véase al respecto la formulación original deBRAITHWAITE, John, “Enforced Self-Regulation: a new strategy for corporate crime control”, Mich. L. 218
13. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]es un efecto de cualquier modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero laconexión es mucho más clara y consciente, en particular en lo que concierne a la formaespecífica de organización, cuando dicha responsabilidad se funda precisamente en elhecho de no haberse organizado y regulado del modo debido.Si bien no es ésta la primera manifestación entre nosotros de esta estrategia en francaexpansión – considérese, por ejemplo, el sistema de prevención del lavado de dinero –49con seguridad es la de alcances más amplios, pues aunque inicialmente son muy pocos losdelitos relevantes, los deberes de organización afectan, si bien no a todas las personasjurídicas, sí al menos a todas las empresas. Por lo mismo podrían surgir, tal vez por primeravez entre nosotros, dudas respecto de la legitimidad de un modelo que traspasa a losprivados, al menos parcialmente, tareas privativas del Estado como son la prevención, ladetección y la investigación del delito, todo esto coactivamente – por la vía de la amenazade pena – y sin retribución por los gastos.50 Al respecto cabría replicar, sin embargo, poruna parte, que el deber de prevenir delitos en el desarrollo del “giro” de la empresa no essino consecuencia del sinalagma libertad / responsabilidad aplicado a la actividadempresarial: el ejercicio de la libertad de empresa impone, entre otros, el deber de velarporque el mismo no dé lugar a delitos,51 con lo cual sólo cabría discutir la virtud de detallesdel modelo concreto, no su legitimidad fundamental. Por otra parte, asumido que el Estadono puede dejar de adoptar medidas eficaces contra la criminalidad de empresa, laalternativa sería reforzar significativamente el control administrativo - tanto previo como aposteriori – de la operación de las entidades, con el consiguiente entorpecimiento de suactividad, de modo que probablemente resulte más conveniente para la empresa – que,como con orgullo se dice en otros contextos, es la que “mejor sabe” cómo hacer bien lascosas – hacerse cargo de la prevención de sus delitos.52Rev., 80 (1981-1982), pp. 1466-1507, passim; también NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. notanº 26, p. 215 y ss.; NIETO MARTÍN, Adán, “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación:sus influencias en el derecho penal de la empresa”, Polit. Crim., Nº 5 (2008), A3-5, pp. 1-18, passim, en:http://www.politicacriminal.cl/n_05/A_3_5.pdf [visitado el 22.03.2010]; escépticos, entre otros, THEILE,Hans, “Unternehmensrichtlinien: Ein Beitrag zur Prävention von Wirtschaftskriminalität?”, ZIS, 9/2008, pp.406-418, passim, en: http://www.zis-online.com/dat/artikel/2008_9_261.pdf [visitado el 22.03.2010];HEFENDEHL, Roland, “Corporate Governance und Business Ethics: Scheinberuhigung oder Alternativen beider Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität? ”, JZ, 2006, pp. 119-125, passim.49 Como se sabe, la Ley Nº 19.913, además de tipificar el delito de lavado, en lo fundamental imponeimportantes deberes de organización y colaboración a las empresas susceptibles de usadas como canales parala comisión del delito. Al respecto PRAMBS, Claudio, El delito de blanqueo de capitales, Santiago:LexisNexis, 2005, pp. 22 y ss.50 La constitucionalidad de la estrategia ha sido discutida en el derecho comparado, hasta donde se puede vercon respuesta favorable para la misma. Así, por ejemplo, específicamente para el modelo de prevención dellavado de dinero en Alemania, WERNER, Gerhard, Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft,Freiburg: Iuscrim Edition (MPI), 1996, p. 91 y ss.51 Sobre la idea central, por todos, FRISCH, Wolfgang, “Problemas fundamentales de la responsabilidadpenal de los órganos de dirección de la empresa”. Trad. PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel, en: MIRPUIG, Santiago; LUZÓN PEÑA, Diego Manuel (Coordinadores), Responsabilidad penal de las empresas ysus órganos y responsabilidad por el producto, Barcelona: J.M. Bosch, 1996, pp. 99-127, p. 110 y ss.52 Gana relevancia en este contexto la vieja tesis de TIEDEMANN, Klaus, Wirtschaftsstrafrecht undWirtschaftskriminalität AT, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1976, pp. 79 y ss., en cuanto a que la aplicacióndel principio de subsidiariedad en materia penal-económica debe tener en cuenta que la conminación penal 219
14. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.2.1. Comisión del delito por parte de un sujeto relacionadoEl primer requisito y factor de conexión del hecho con la persona jurídica consiste en queaquél haya sido cometido por una persona perteneciente a un determinado círculo depersonas, compuesto por los dueños, los órganos directivos de la entidad (controladores,responsables, ejecutivos principales, representantes o, en general, quienes realicenactividades de administración y supervisión) y cualquier otra persona natural que seencuentre bajo la dirección o supervisión directa de los dueños u órganos directivos. Deeste modo, la ley chilena establece un círculo amplio de sujetos relacionados, nocircunscrito a los órganos directivos,53 en tanto que, si bien hace la distinción entre éstos yel personal subordinado, no establece un régimen diferente para los delitos cometidos poruna u otra categoría de sujetos.54En la medida en que se trata de un factor necesario pero no suficiente, pierden fuerza losargumentos favorables a un círculo restringido de sujetos relacionados relevantes55 y parecepreferible esta solución amplia. Y si bien la exigencia de una relación de dirección osupervisión “directa” entre agente y órgano directivo56 va en sentido contrario, lo quepodría sugerir una exención injustificada de responsabilidad en casos de delegación defunciones, la circunstancia de que entre tales órganos directivos se cuenten genéricamente“quienes realicen actividades de administración y supervisión” permite disipar esas dudas.Por la misma razón, no se echa tanto de menos la exigencia – en todo caso obvia –contenida expresamente en varios ordenamientos en cuanto a que el agente haya actuado, almenos aparentemente, dentro del marco de los fines de la empresa, de sus competencias ode su empleo, entre otras formulaciones.572.2. Actuación directa e inmediata en interés de la empresa o para su provechoEl segundo factor de conexión entre la entidad y el delito consiste en que el sujetorelacionado lo haya cometido en interés o para provecho de aquélla, exigencia con la que enel derecho comparado sólo se quiere excluir que actuaciones que no son susceptibles depuede ser un mecanismo menos gravoso para el libre desarrollo de la actividad económica que la imposiciónde un denso sistema de controles extrapenales.53 A diferencia de lo que ocurre con la teoría de la identificación inglesa, que exige la comisión por parte deun senior manager, o la letra del Código francés, circunscrito a órganos o representantes (art. 121-2 CP). Lajurisprudencia tanto estadounidense como francesa (¡) favorecerían la extensión indiscriminada. VéaseNIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. nota nº 26, p. 97.54 En el derecho italiano, por ejemplo, la distinción sirve de base para un diverso régimen probatorio, en laforma de una brutal inversión de la carga de la prueba tratándose de delitos cometidos por órganos directivos(cfr. arts. 6º y 7º del Decreto Legislativo Nº 231/2001). NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. notanº 26, p. 95 y ss. habla de un “modelo europeo” al menos en ciernes.55 Los que deben entenderse en un contexto de responsabilidad objetiva. Al respecto, NIETO MARTÍN, Laresponsabilidad penal, cit. nota nº 26, pp. 91 y ss.56 Introducida a propuesta del senador Espina, Historia, p. 240, con el objeto de precisar lo que considerabauna formulación demasiado amplia.57 Al respecto, para el derecho estadounidense, GÓMEZ-JARA DÍEZ, “Corporate Criminal Liability”, cit.nota nº 42, p. 297 y ss.; STRADER, Understanding, cit. nota nº 42, p. 17; GOBERT / PUNCH, Rethinking,cit. nota nº 42, p. 57; más amplio NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. nota nº 26, p. 99 y ss. 220
15. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]reportarle ningún beneficio, especialmente aquéllas contrarias a los intereses de laorganización, le acarreen adicionalmente responsabilidad penal.58 Esta idea se ve nubladaen el derecho chileno por la poco inteligible exigencia adicional de actuación “directa einmediata” en ese sentido,59 la que, sin embargo, debería entenderse aclarada por el incisofinal, que, ahora en términos negativos, sólo deja fuera la comisión del delito“exclusivamente en ventaja propia [del agente] o a favor de un tercero”.60La redacción adoptada (“en su interés”, “para su beneficio”) sugiere fuertemente que setrata de una exigencia subjetiva, lo que en principio podría acarrear serias dificultadesprobatorias.61 Aclarado, sin embargo, que la exigencia tiene un sentido negativo, que, por lomismo, no es incompatible con la existencia de otros propósitos que incluso pueden serprincipales,62 conforme a las reglas generales de imputación subjetiva, si el hechoobjetivamente tiende a beneficiar63 – al menos también – a la entidad, dicha imputacióndebería decaer sólo en hipótesis plausibles de error, las que probablemente serán muyescasas.642.3. ¿Hipótesis de responsabilidad autónoma?La exigencia de una contribución de la propia persona jurídica al delito, como es el“defecto de organización”, puede sugerir la idea de una responsabilidad penal autónoma dela misma, idea que viene reforzada por el art. 5º, que precisamente afirma esa autonomía. 65Bien visto, sin embargo, se aprecia que esto puede ser así sólo desde un punto de vistaprocesal, porque materialmente no hay ninguna hipótesis de responsabilidad de la entidadsin persona natural responsable.58 GÓMEZ-JARA DÍEZ, “Corporate Criminal Liability”, cit. nota nº 42, pp. 300 y ss.59 Introducida en el Senado, al parecer a propuesta del Ejecutivo, siguiendo una sugerencia de Miguel Chaves,“Historia”, cit. nota n° 8, p. 240.60 Así también la jurisprudencia estadounidense, GÓMEZ-JARA DÍEZ, “Corporate Criminal Liability”, cit.nota nº 42, p. 301.61 Así lo hizo notar atinadamente Jean Pierre Matus en ambas cámaras, “Historia”, cit. nota n° 8, pp. 48 y 204.62 Esto es clave, pues de lo contrario habría que reconocer que, si bien es muy discutible, existe una extendidaopinión en la discusión comparada conforme a la cual los elementos subjetivos del tipo responden al esquemade exigencias del llamado dolo directo de primer grado o intención, esto es, con total preeminencia delelemento volitivo por sobre el cognoscitivo, de modo que ni aun conocimiento seguro (dolo directo desegundo grado o de las consecuencias necesarias) satisface la exigencia si es que falta el propósito especial,así WARDA, Heinz-Günter, “Grundzüge der strafrechtlichen Irrtumslehre”, Jura, 1979, pp. 1-4, 71-82, 113-118, 286-297, p. 4; JAKOBS, Günther, Strafrecht AT, 2. Aufl., Berlin – New York: De Gruyter, 1991, 8/15;véase también SAMSON, Erich, “Absicht und direkter Vorsatz im Strafrecht”, JA, 1989, pp. 449-454, p. 452.En este caso, sin embargo, no se aprecian dificultades para aplicar las reglas generales y hacer bastar elconocimiento del carácter beneficioso de la conducta.63 Manifiestamente no es necesario que se produzca efectivo beneficio.64 Destaca la objetivización de que es objeto esta exigencia en el derecho comparado NIETO MARTÍN, Laresponsabilidad penal, cit. nota nº 26, p. 101.65 El epígrafe del art. 5º reza “Responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica”, en tanto que elcomienzo del precepto es del siguiente tenor: “La responsabilidad de la persona jurídica será autónoma de laresponsabilidad penal de las personas naturales y subsistirá cuando, concurriendo los demás requisitosprevistos en el artículo 3°, se presente alguna de las siguientes situaciones...”. 221
16. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.En efecto, el art. 5º no altera el modelo previsto en el art. 3º, sino que se limita a aclarar queel requisito de delito cometido por un sujeto relevante y con la tendencia exigida puedetenerse por cumplido desde que constan fehacientemente sus extremos, aunque no seimponga condena a dicho sujeto. Y no sólo eso. Lo hace en unos términos que – encomparación con lo que se admite en general para estructuras similares - restringensignificativa e innecesariamente esa posibilidad, reforzando aún más el carácter derivado ydependiente de la responsabilidad del ente.66Porque si se toma como parámetro lo que rige, por ejemplo, para la relación entre losllamados “delitos de conexión” (receptación, lavado de dinero) y sus respectivos “delitos-base” 67 o entre los partícipes y el autor,68 también debería bastar en este contexto con laconstatación de que el sujeto relevante ha realizado un hecho típico y antijurídico con latendencia requerida, sin necesidad de condena al respecto. Más aún, también aquí sedebería asumir que en un ámbito como éste, en que los obstáculos para arribar a condenasuelen serlo también para un debate exhaustivo sobre aspectos relevantes para el caráctertípico y antijurídico del hecho, como la efectiva ausencia de error de tipo o de causas dejustificación,69 la actividad probatoria del órgano acusador podrá contentarse por lo generalcon la comprobación fehaciente de la “tipicidad objetiva”, todo esto sin apartarse66 El principal artífice de este reforzamiento fue Jorge Bofill en su rol de asesor clave en la tramitación delproyecto, especialmente en el Senado. No sólo fustigó los defectos manifiestos del proyecto del Ejecutivo eneste punto y veló porque la redacción garantizara que no habría responsabilidad de la entidad sinresponsabilidad individual, sino que incluso, a través de una determinada interpretación de las exigenciasprobatorias para ese fin, apoyó implícitamente la necesidad absoluta de condena (“si no estuviera identificadala persona natural responsable del hecho, tampoco sería posible determinar si se trató de un hecho voluntarioo involuntario, doloso o no, por lo que atribuir responsabilidad a la empresa en tal caso, constituiría unmecanismo de responsabilidad objetiva”, “Historia”, cit. nota n° 8, p. 52; en términos similares en p. 213), sinperjuicio de contribuir finalmente a la solución de compromiso que representó la indicación del Ejecutivocuyo texto llegaría a ser ley (p. 257), aunque siempre convencido de que con ello se iba “más allá” del modelodel art. 3º (“Historia”, cit. nota n° 8, pp. 257 y ss.).67 Respecto de la receptación MACKINNON, John, Autoría y participación y el delito de receptación,Santiago: LexisNexis, 2004, p. 235 y s.; respecto del lavado de dinero hay norma expresa en el inciso quintodel art. 27 de la Ley Nº 19.913 (sobre ello PRAMBS, El delito de blanqueo, cit. nota nº 49, p. 303 y ss.), sibien lo mismo debía regir ya bajo la vigencia del art. 12 de la Ley Nº 19.366, conforme a POLITOFF, Sergio,“El lavado de dinero”, en: POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre (Coordinadores), Lavado de dinero ytráfico ilícito de estupefacientes, Santiago: ConoSur, 1999, pp. 3-86, p. 71 y s.; MATUS, Jean Pierre,“Informe sobre algunos aspectos sustantivos y procesales del delito de lavado de dinero del art. 12 de la Ley19.366”, en: AA. VV., Informes en derecho, Santiago: Ministerio Público, 2005, pp. 305-319, p. 312 y ss.;HERNÁNDEZ, Héctor, “El delito de lavado de dinero”, en: AA. VV., Informes en derecho, en esta mismanota, pp. 321-354, pp. 322 y ss.68 Como se sabe, en Chile domina ampliamente la tesis de la “accesoriedad media”, conforme a la cual laresponsabilidad del partícipe está condicionada sólo por el carácter típico y antijurídico del hecho del autor,no por su culpabilidad. Así NOVOA, Eduardo, Curso de derecho penal chileno, T. II, Santiago: EditorialJurídica de Chile, 1966, p. 188 y s.; GARRIDO, Derecho penal, cit. nota nº 6, p. 330; CURY, Derecho penal,cit. nota nº 6, p. 641 y s.; POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre; RAMÍREZ, María Cecilia, Lecciones dederecho penal chileno. Parte general, 2º edición, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 422. Engeneral ésta es también la opinión de ETCHEBERRY, Derecho penal, T. II, cit. nota nº 6, p. 80, quien, sinembargo, asume para el encubrimiento la tesis de la accesoriedad máxima (p. 81).69 Así como sobre la efectiva concurrencia del propósito de beneficiar a la empresa, si no se le concibe, comose ha sugerido aquí (supra 2.2), como simple expresión de dolo. 222
17. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]mayormente de los criterios de racionalidad y legitimidad de nuestra práctica probatoria.70En vez de eso, sin embargo, la ley restringe los casos en que la ausencia de condena de lapersona natural no obsta a la responsabilidad de la entidad, a los siguientes: a) Cuando la responsabilidad penal del sujeto se ha extinguido por su muerte o por la prescripción de la acción penal71 (inciso primero Nº 1). b) Cuando se le sobresee temporalmente por su rebeldía o su enajenación sobreviniente72 (inciso primero Nº 2). c) Cuando, habiéndose acreditado la existencia del delito, no se logra establecer la identidad del responsable individual,73 siempre y cuando “se demostrare fehacientemente que el delito debió necesariamente ser cometido dentro del ámbito de funciones y atribuciones propias” de las personas relevantes74 (inciso segundo).El único supuesto que merece algún comentario especial es el último, aunque no por sufundamento, que es relativamente evidente a la luz de lo que se acaba de explicar,75 sinopor su formulación concreta. Por una parte, que la ley exija prueba de que el delito debióhaberse cometido necesariamente “dentro del ámbito” de funciones y atribuciones de lossujetos relevantes en vez de “por” uno de dichos sujetos,76 que es lo que la naturaleza delproblema hubiera sugerido, puede dar lugar a importantes dudas interpretativas. En cuantoa que dicho extremo deba estar acreditado “fehacientemente”, fórmula con la cual se quisoaludir a una alta exigencia de prueba,77 no se aprecia, sin embargo, cómo se puede superar– conceptualmente, que es lo que aquí importa – la exigencia del estándar general de70 La ausencia de dolo y las causas de justificación (como las de exculpación o disculpa) son reconocidamenteexcepcionales (por regla general las conductas típicas son antijurídicas, por regla general las personas sonimputables y actúan responsablemente, en tanto que en lo que concierne al dolo, sin necesidad de discutir lavigencia y alcances de la presunción del inciso segundo del art. 1º CP, rige lo mismo: por regla general laspersonas saben y quieren hacer lo que hacen). Por lo mismo, acreditada la tipicidad objetiva, sólo gananrelevancia cuando vienen sugeridas por las circunstancias mismas del hecho o son promovidas plausiblementepor la defensa (duda razonable en los términos del art. 340 CPP), caso en el cual, conforme al principio indubio pro reo, es deber del Ministerio Público disiparlas.71 Esto es, conforme al art. 93 Nº 1 y Nº 6 CP.72 Esto es, conforme al art. 252 letras b) y c) CPP.73 En rigor la ley dice que “no haya sido posible establecer la participación de el o los responsablesindividuales”, pero el contexto sugiere la lectura que se le da en el texto.74 Parece tratarse de una variante de lo que en la dogmática alemana se conoce como “comprobación electiva”(Wahlfeststellung), es decir, situaciones en que consta fehacientemente la concurrencia de los requisitos parauna consecuencia jurídica pero existe incertidumbre respecto de detalles relevantes para la denominación delcaso y a veces para los alcances de la consecuencia. Por ejemplo, cuando consta que la conducta del sujeto fuedelictiva, pero no si a título de hurto o receptación, caso en el cual la incertidumbre no impide condenar, peroobliga a preferir el título de imputación más favorable. En el caso que nos ocupa la incertidumbre respecto dela identidad de quien ejecutó el delito carece de consecuencias.75 No obstante toda la discusión que provocó, especialmente en el Senado, “Historia”, cit. nota n° 8, pp. 257 yss.76 Como hacía una indicación, que no prosperó, de los diputados Cardemil y Monckeberg, “Historia”, cit. notan° 8, p. 68.77 Así Jorge Bofill en la comisión del Senado, “Historia”, cit. nota n° 8, p. 261. 223
18. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.ausencia de duda razonable del art. 340 CPP.78 Por lo mismo, más allá del sanorecordatorio, la expresión no parece prometer mayores consecuenciasPero lo que realmente merece comentario es que en todos los demás casos de ausencia decondena al sujeto individual decae al mismo tiempo la responsabilidad penal de la personajurídica,79 lo que no siempre resulta razonable. El caso más problemático, que al parecertiene su origen en un lamentable error en la redacción del proyecto original,80 es el de laseximentes de responsabilidad. Por cierto nadie pondrá en duda que ése debe ser el efecto delas causas de justificación, porque sería absurdo sancionar a la persona jurídica en virtud dela comisión de hechos lícitos, pero no es en absoluto evidente que, por ejemplo, debafavorecerla a todo evento la enfermedad mental o el error de prohibición que sufre lapersona natural relevante, no sólo en virtud de la adhesión general al criterio de laaccesoriedad media, sino además porque se trata de hipótesis que exhiben conexionesobvias con los deberes empresariales de selección, capacitación y supervisión depersonal.81Por último, desde el punto de vista del procedimiento, la subordinación general de laresponsabilidad penal de la persona jurídica a la de una persona natural perteneciente alcírculo relevante de sujetos se refleja en que, salvo los casos del art. 5º, la formalización dela investigación contra la entidad supone la formalización al menos simultánea de lainvestigación o bien un requerimiento en procedimiento simplificado contra la personanatural que “pudiese comprometer la responsabilidad de la persona jurídica” de acuerdocon el art. 3º (art. 22).De lo anterior debería desprenderse con nitidez que la ley chilena no conoce nada quemerezca llamarse “responsabilidad autónoma” de las personas jurídicas. Más bien al78 Lo insinuó en el Senado el abogado del Ministerio Público Antonio Segovia, “Historia”, cit. nota n° 8, p.260.79 Si bien la ley no dice expresamente que la responsabilidad del ente subsiste “sólo” en los casosmencionados (como se llegó a aprobar en la Cámara de Diputados), la estructura de listado taxativo imponeesa interpretación. Nótese que el proyecto original decía que la responsabilidad independiente subsistía “auncuando” se dieran esos supuestos, lo que no excluía definitivamente otros casos.80 La redacción del art. 5º Nº 3 del proyecto del Ejecutivo era lamentable (¿una errónea adaptación de lapropuesta de NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal, cit. nota nº 26, art. 4.2, p. 328 y s.?), pero conteníalos elementos para desentrañar su probable propósito: por una parte dejaba subsistir la responsabilidad delente en general cuando “(c)oncurrieren respecto de la persona natural alguna de las eximentes contempladasen el artículo 10 del Código Penal”, para luego agregar que “(s)in perjuicio de lo anterior, si concurriere lascircunstancias N° 1 y N° 9 del artículo 10 del Código Penal, se excluirá asimismo la responsabilidad legal dela persona jurídica, salvo que ésta hubiera podido y debido evitar su aparición”. Combinando estas piezas sepuede conjeturar que lo que se quiso decir – y por desgracia no se dijo, porque hubiera sido una soluciónimpecable – era que las únicas eximentes que dejaban subsistente la responsabilidad penal eras las del art. 10Nº 1 y Nº 9 CP, esto es, precisamente las referidas a la culpabilidad, en tanto y en cuanto la persona jurídica“hubiera podido y debido evitar su aparición”. Con todo, la crítica – totalmente justificada – fue tan fuerte(“Historia”, cit. nota n° 8, pp. 52, 69, 213) que al parecer nadie se atrevió a intentar rescatar algo del precepto,que desapareció por completo, con la consecuencia señalada en el texto.81 En lo que respecta a otras razones por las cuales podría no imponerse condena no obstante ser ésta posible,como es el caso, por ejemplo, de las salidas alternativas (suspensión condicional del procedimiento y acuerdosreparatorios), la cuestión es por cierto opinable, pero en todo caso la solución confirma el marcado caráctersubordinado que la ley chilena le asigna a la responsabilidad penal de la persona jurídica. 224
19. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]contrario, cabe preguntarse si esta subordinación tan marcada a la condena del sujetoindividual, desconocida en los modelos de referencia82 e inconveniente desde el punto devista político-criminal,83 puede considerarse satisfactoria desde la perspectiva delcumplimiento de los compromisos internacionales de Chile, más si se tiene en cuenta lapreocupación especial de los órganos de la OCDE por el punto.842.4. La responsabilidad por defecto de organización y sus alcancesÉste es sin duda el elemento central del modelo: la persona jurídica no respondesimplemente porque un sujeto relevante haya cometido un delito en su interés o para subeneficio, sino porque dicho delito es consecuencia del incumplimiento de sus deberes dedirección y supervisión. Con esto la ley erige formalmente a la persona jurídica en garantede vigilancia respecto de su personal y connota que los deberes de dirección y supervisiónincluyen la prevención de delitos,85 al tiempo que aclara que si la entidad cumple como esdebido con sus deberes no tiene responsabilidad alguna, aunque se cometa algún delito conlas características previstas, simplemente porque a lo imposible – como es una garantíaabsoluta de ausencia de delitos – nadie está obligado.En cuanto a los alcances de los deberes en cuestión, la ley entiende que se les ha dadodebido cumplimiento cuando con anterioridad a la comisión del delito la entidad haadoptado e implementado un “modelo de prevención” con las características que luego lapropia ley detalla.86 Todo parece indicar, sin embargo, que esa forma indubitada de cumplircon los deberes en cuestión no es la única posible en el sistema de la ley, 87 porque en caso82 El Decreto Legislativo italiano emplea términos mucho más amplios, y dispone que la responsabilidad delente subsiste “aun cuando” el autor del delito no haya sido identificado o no sea imputable, así como cuandoel delito se extingue por causa distinta de la amnistía (art. 8º); la propuesta de NIETO MARTÍN, Laresponsabilidad penal, cit. nota nº 26, art. 4º, p. 328, es coincidente, aunque más explícita en sus alcancesamplios, e incluso afirma la responsabilidad – como en el Código suizo – cuando la efectiva ausencia deresponsable (no sólo la imposibilidad de identificarlo) se debe al defecto de organización.83 Lo hicieron presente certeramente ante la Cámara de Diputados Miguel Soto (“Historia”, cit. nota n° 8, pp.41 y ss.) y Gonzalo Medina (p. 54).84 Véase Informe Fase 1, p. 19; y, sobre todo, Informe Fase 2, p. 105, donde a propósito de un anteproyectoexhibido se expresa preocupación precisamente porque no se establece una responsabilidad realmenteautónoma, en la medida en que en cada caso debía identificarse una persona natural como imputado y serequería siempre condena de la misma, entre otros aspectos relacionados. Con seguridad fue por esto que elEjecutivo defendió tanto una fórmula como la del inciso segundo del art. 5º (“Historia”, cit. nota n° 8, p. 257),aunque al parecer sin ver que lo más grave se filtraba por el lado de las eximentes.85 Lo que ya se viene sosteniendo sin necesidad de texto expreso respecto de los órganos directivos de lasempresa y que debiera verse confirmado por esta declaración legislativa. Al respecto HERNÁNDEZ, Héctor,“Apuntes sobre la responsabilidad penal (imprudente) de los directivos de empresa”, Revista de Estudios de laJusticia, Nº 10 (2008), pp. 175-198, pp. 186 y ss.86 El inciso tercero del art. 3º dispone: “Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se hancumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado eimplementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido,conforme a los dispuesto en el artículo siguiente”, en tanto que el art. 4º emplea la fórmula más sintética de“modelo de prevención”.87 La cuestión podría haber sido meramente semántica, pues toda gestión preocupada seriamente por laprevención de delitos supone la adopción de medidas que en conjunto podría considerarse un “modelo deprevención”, pero no lo es desde que luego se definen ciertas características mínimas, algunas estrictamenteformales, de lo que es el modelo de prevención de la ley (art. 4º). 225
20. HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”.contrario ésta hubiera previsto derechamente la inexistencia de un modelo de ese tipo comopresupuesto de responsabilidad y no el incumplimiento de deberes que en principio puedencumplirse de muy diversos modos, lo que viene confirmado por el art. 4º cuando disponeque las personas jurídicas “podrán adoptar” el modelo de prevención previsto, carácterfacultativo que carecería de sentido si el ejercicio de la facultad conllevara necesariamentela responsabilidad de la entidad en caso de producirse un delito relevante88. Será tareajurisprudencial precisar cuándo las medidas de prevención delictiva adoptadas por unaentidad sin modelo de prevención en los términos del art. 4º pueden considerarseequivalentes a la adopción de dicho modelo y, en consecuencia, liberan deresponsabilidad.89En todo caso, para que el modelo de prevención pueda liberar de responsabilidad no puedelimitarse a un expediente meramente formal, a un simple retoque del organigrama, sino quedebe constituir en los hechos una herramienta idónea de prevención, entendiendo por“idóneo”, como ya se ha dicho, desde luego no una barrera infranqueable contra el delito,90pero sí un sistema que razonablemente y conforme con lo que es exigible bajo lascondiciones jurídicas y fácticas de la empresa puede obstaculizar significativamente lacomisión de delitos. Es lo que se desprende de las exigencias básicas del modelo previstasen el art. 4º, donde nítidamente se destacan las notas de autonomía y de suficiencia demedios con que se debe dotar a la estructura de prevención, así como especialmente lanecesidad de establecer métodos para la “aplicación efectiva” del modelo, considerando susupervisión, corrección y actualización ante cambios de circunstancias.91Al respecto la ley prevé que las personas jurídicas puedan obtener la certificación del hechode haber adoptado e implementado el modelo (art. 4 Nº 4 letra b]),92 certificación que,88 Hay razones para pensar que no era ése el propósito original. Desde luego la redacción facultativa del art. 4ºse introdujo recién en el Senado y hasta ese momento toda la discusión parecía discurrir sobre la base de unúnico mecanismo de liberación de responsabilidad (así lo entendieron, por ejemplo, los representantes delInstituto Libertad y Desarrollo, “Historia”, cit. nota n° 8, p. 219, y de la Confederación de la Producción y elComercio, p. 223; véase también la discusión en la comisión del Senado sobre el art. 3º, pp. 239 y ss.).Incluso el senador Chadwick, quien propone el cambio de redacción que hace facultativo el modelo, pareceasumir – sin ver la contradicción evidente - que esto no se opondría a que la única manera de liberarse deresponsabilidad pasara por adoptarlo: “como se tratará de un sistema nuevo, desconocido en nuestro medio yque, además, estará consagrado legalmente, si no se efectúa esta precisión, podría sostenerse –equivocadamente – que toda persona jurídica debería contar con este modelo, no obstante que, en realidad, elpropósito es que solamente lo adopten aquellas que busquen eximirse de responsabilidad” (“Historia”, cit.nota n° 8, p. 265, énfasis agregado), como si pudiera haber otra razón para hacerlo.89 Para que el diseño legal no sea letra muerta, el modelo de prevención previsto por el art. 4º debe operarnecesariamente como parámetro – material, ya que no formal - de cumplimiento de los deberes de prevencióndelictiva: se aceptan otras estrategias, pero sólo en la medida en que sean tan idóneas como el modelo legal.90 Como indican las Guidelines estadounidenses, “(e)l fracaso en prevenir o detectar el actual delito nosignifica necesariamente que el programa [de cumplimiento] no sea en general efectivo para prevenir ydetectar la conducta criminal” (§8B2.1 [a] [2]).91 Con total independencia de que, a instancia del senador Gómez, se haya suprimido la referencia a que elmodelo se hubieran adoptado e implementado “eficientemente”, “porque la definición de lo que es eficientecorresponde a un juicio de exculpación subjetivo, lo que resulta improcedente en la consagración de unaeximente”, “Historia”, cit. nota n° 8, p. 241.92 “Las personas jurídicas podrán obtener la certificación de la adopción e implementación de su modelo deprevención de delitos. En el certificado constará que dicho modelo contempla todos los requisitos establecidos 226
21. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf]conforme a los antecedentes legislativos, debería fundar una presunción de cumplimientode los deberes de dirección y supervisión en favor de la entidad.93 De los mismosantecedentes – y, sobre todo, de la letra de la ley, que en rigor no menciona presunción deningún tipo – se desprende que se trata de una presunción simplemente legal que puede serdesvirtuada por el Ministerio Público.94Como es obvio, la existencia de este mecanismo probatorio implica que, en caso de nocontar con certificado, es la empresa la que debe demostrar que ha cumplido con susdeberes de dirección y supervisión. Si bien en principio puede verse en esto una inversiónde la carga de la prueba, no puede desconocerse que cuando un sujeto especialmenterelacionado con una persona jurídica comete un delito directa e inmediatamente en interésde ella o para su provecho es muy probablemente porque algo no está funcionando bien enla entidad, de modo que el delito es un indicio fuerte de incumplimiento de deberes quepesan sobre la misma. Si esto es así, no parece objetable que el Ministerio Público puedadescansar al menos en principio en ese indicio, limitándose a acreditar los dos primerosrequisitos de la responsabilidad en tanto la entidad no aporte antecedentes plausibles deldebido cumplimiento de sus deberes.95No es posible abordar con un mínimo detalle las implicancias del modelo de prevenciónprevisto por la ley chilena, las que en el futuro deberían ser objeto privilegiado de análisis yen los numerales 1), 2) y 3) anteriores, en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos ycomplejidad de la persona jurídica”.93 La posibilidad de certificación tiene su origen en una propuesta del Ejecutivo en el Senado (“Historia”, cit.nota n° 8, p. 247 y ss.), donde expresamente se le daba al certificado el carácter de “presunción legal” de laexistencia y pertinencia del modelo adoptado. Si bien luego se suprimió esa explicitación, esto fue por merosavatares técnicos, sin que nadie pusiera en duda la función del certificado. Por lo demás, es de la esencia decualquier certificación que dé fe de ciertos hechos o circunstancias fácticas, lo que en este caso se vefortalecido por el hecho de que los certificados sólo puedan ser expedidos por “empresas de auditoría externa,sociedades clasificadoras de riesgo u otras entidades registradas ante la Superintendencia de Valores ySeguros que puedan cumplir esta labor, de conformidad a la normativa que, para estos efectos, establezca elmencionado organismo fiscalizador”, entidades que por expreso mandato legal cumplen una “funciónpública” en los términos del art. 260 CP, con lo cual sus empleados quedan equiparados para todos los efectoslegales a los empleados públicos (art. 4º Nº 4, letra c]).94 Como se dijo, ése era el carácter que expresamente le atribuía el Ejecutivo, y fue el sentido que en todomomento se le dio en el debate (“Historia”, cit. nota n° 8, pp. 250 y ss.). Esto se vio significativamentereforzado, además, por la supresión de buena parte de la reglamentación originalmente propuesta (doblecontrol: certificación inicial del modelo y posterior auditoría periódica de su funcionamiento; plazos devigencia de los certificados), que si bien no obstaba a la prueba en contrario, contribuía a que los certificadosparecieran cuanto menos que incontrovertible en la práctica. Al relajarse las exigencias en aras de evitarcostos excesivos a las empresas (véase el debate en “Historia”, cit. nota n° 8, pp. 253 y ss.), se rebajó en igualmedida el valor de la presunción, aunque sin duda sigue siendo un resguardo importante.95 El aspecto probatorio ha sido especialmente discutido en Italia, donde la inversión de la carga de la prueba,al menos respecto de los delitos cometidos por órganos directivos, es manifiesta y muy exigente, pues sedispone que la entidad no responde “si prueba que” se ha adoptado e implementado eficientemente modelosde prevención idóneos, que la competencia de vigilar el funcionamiento y cumplimiento de los modelos y develar por su actualización ha estado a cargo de un órgano con poderes autónomos, que el sujeto ha cometidoel delito eludiendo fraudulentamente los modelos, y que no ha habido omisión o insuficiencia de vigilancia(art. 6.1). Al respecto, críticamente, CERQUA, Luigi Domenico, La responsabilità da reato degli enti,Matelica: Halley, 2006, p. 65 y ss. Respecto de delitos de subordinados, en cambio, el texto legal es muchomás tenue (art. 7), muy similar al texto chileno. 227

References: artículo 31
de lege ferenda
sui generis
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 10