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Timestamp: 2019-07-20 03:18:34+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 185/02 de Corte Constitucional, 13 de Marzo de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618146
Sentencia citada en: 159 sentencias, 15 artículos doctrinales, una disposición normativa
COSA JUZGADA RELATIVA-C. y momento de la libertad bajo caución
LIBERTAD PROVISIONAL-C. y garantía
Actor: M.L.S.V.
El ciudadano M.L.S.V., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de la expresión "prendaria", tal como aparece contenida en el inciso 1º del artículo 365 y en el artículo 366 de la Ley 600 de 2000.
"Artículo 365. C.. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:..."
El actor demanda la inconstitucionalidad de la expresión "prendaria" contenida en las normas anteriormente transcritas, al considerar que, por su intermedio, el Congreso incurrió en una "omisión legislativa relativa", consistente en excluir del nuevo régimen de procedimiento penal la caución juratoria. Para el impugnante, tal omisión contraviene el preámbulo de la Constitución y los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad, pues impide que la caución juratoria pueda ser utilizada como garantía para hacer efectiva la medida de libertad provisional.
Que "[l]a nueva ley de procedimiento penal no reconoce la modalidad juratoria de caución que tuvo acogida en el Decreto 2700 de 1991, y que constituía alternativamente con la caución prendaria requisito para poder gozar de libertad pese a contar el sindicado con medida de aseguramiento de detención preventiva (Art. 416.1 del Decreto derogado)."
Que bajo el actual esquema procesal, la caución prendaria El artículo 369 de la Ley 600 de 2000, define a la caución prendaria como: "..el depósito de dinero o la constitución de una póliza de garantía, en cuantía de uno (1) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se fijará de acuerdo a las condiciones económicas del sindicado y la gravedad de la conducta punible".
se constituye en condición necesaria para afianzar el derecho a la libertad provisional, desconociéndose a la caución juratoria como instrumento sustitutivo, idóneo y apto para los casos en que el sindicado carece por completo de los recursos económicos exigidos.
Que si la Ley 600 de 2000 (art. 369) define la caución prendaria como "(...) el depósito de dinero o la constitución de una póliza de garantía, en cuantía de uno (1) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se fijará de acuerdo a las condiciones económicas del sindicado y la gravedad de la conducta punible", "quien no cuente entre sus activos disponibles con por lo menos un salario mínimo mensual o con el suficiente crédito personal y social para constituir una póliza, no podrá gozar de su libertad pese a que objetivamente está inmerso en una causal que impide que continúe bajo detención física."
Que la vigencia de la caución juratoria es entonces indispensable para corregir las imperfecciones a las que conduce la caución prendaria, tal y como lo recalcó la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al señalar que: "...la caución juratoria esta regulada por la ley procesal no como un medio para evadir la caución prendaria, sino como una equitativa manifestación del derecho penal demoliberal que fundamenta la libertad como un derecho y no como un beneficio, limitándose al poder punitivo del Estado a imponer exigencias que los destinatarios de la ley no puedan razonablemente cumplir y no a la imposición de deberes normativos imposibles de ejecutar, que a no dudarlo, cambian la legitimación del ius puniendi en simple poder represivo lejano de los fines garantizadores que guían al Estado en su función punitiva..." (Auto de junio 21 y octubre 11 de 1.989).
Que, de este modo, existe una abierta contradicción entre las normas demandadas y los cánones constitucionales referenciados, ya que las primeras establecen una "..discriminación fundada exclusivamente en la situación económica de los asegurados...". Si la igualdad, la libertad y la justicia son principios vinculantes a cuya realización aspira la Constitución, los apartes de las normas demandadas los vulneran, ya que mantienen una medida restrictiva de la libertad sobre la base de un factor ajeno a la materia penal, que coloca en desigualdad sustancial al sindicado que detenta recursos económicos con aquél que carece de aquellos.
Que frente al derecho fundamental a la libertad, la institución de la detención preventiva solamente resulta aplicable cuando se ajusta a los fines reconocidos por la Constitución y la ley, razón por la cual, privar de la libertad al sindicado por carecer de recursos económicos resulta contrario a la Carta Fundamental, mas aún cuando se sabe de antemano que aquél tiene derecho a un mecanismo sustitutivo de la pena, o se ha demostrado la ocurrencia de un eximente de responsabilidad o se ha reparado integralmente el daño (artículo 365 de la Ley 600 de 2000).
Que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación (Sentencia C-022 de 1996), únicamente es admisible un tratamiento desigual cuando existe una finalidad admisible con los principios constitucionales, por lo tanto, "...si seguimos la posición de la Corte hasta ahora, encontramos que las normas cuya inexequibilidad parcial se demanda no resisten el test de razonabilidad a la discriminación que introduce, pues no existe un objetivo loable en el criterio del legislador que permita sostenerla y de existir no tendría validez a la luz de la Constitución Nacional..".
Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 600 de 2000, en concordancia con el articulo 14 de la Ley 74 de 1968 (aprobatoria del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), es deber de los funcionarios judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en la actuación procesal, en especial la de aquellas personas que por su limitación económica se encuentran en inferioridad de condiciones.
En representación de la F.ía General de la Nación, el señor F. General presentó escrito en defensa de la constitucionalidad de la norma acusada.
A su juicio, una interpretación sistemática de la ley permite concluir que las normas acusadas se ajustan a los principios fundamentales que la Constitución y las normas rectoras del Código Procesal Penal establecen en relación con la libertad personal y la detención preventiva, cuyo objetivo constitucional, en últimas, apunta a la defensa de la dignidad del ser humano y a la consecución de un orden justo.
Según el interviniente, las limitaciones a la libertad personal, consagradas en las normas demandadas, se sustentan en exigencias sociales jurídicamente valoradas, ya que por la grave afectación de los intereses fundamentales de los asociados, el ciudadano infractor de la ley penal debe soportar la carga que el Estado le impone en desarrollo de su potestad punitiva, con las finalidades de hacer efectivas las funciones de "...prevención especial y general, retribución justa y reinserción social que orientan la aplicación de la pena..". Bajo estos parámetros debe comprenderse - a juicio del F. -, la institución de la libertad provisional como una figura que obedece a razones de política criminal.
Sostiene que aunque el sindicado adquiera el derecho a gozar de la libertad provisional, cuando se constata la aplicación de las causales que la hacen procedente, no por ello deja de permanecer vinculado al proceso. Por consiguiente, la ley procesal, al exigir al presunto infractor como garantía de su comparencia a la causa, el otorgamiento de la caución prendaria, simplemente pretende "..impedir el abuso del derecho de quien se hizo acreedor a gozar de su libertad provisional, a fin de que garantice que la administración de justicia no se verá afectada por su eventual incumplimiento , pues precisamente, con el propósito de no hacer nugatoria su comparencia, la nueva normatividad procesal eliminó la caución juratoria, al determinarse que ésta no constituía aval suficiente del cumplimiento de esas imposiciones...".
De acuerdo con su criterio, el ordenamiento jurídico permite garantizar el derecho a la igualdad cuando consagró los "...topes mínimos y máximos de la caución prendaria, que oscilan de uno hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales se fijan de acuerdo con las condiciones económicas del sindicado y con la gravedad de la conducta punible; igualmente, la ley previó la constitución de una póliza de garantía ante la eventual carencia de medios económicos...".
Aduce que de acogerse lo expuesto por el demandante, se llegaría al extremo de considerar inconstitucionales otros institutos jurídicos similares como las multas y la indemnización integral.
En relación con el derecho a la libertad personal, el interviniente concluye su exposición señalando que la exigencia de la caución prendaria, "...responde no sólo a la necesidad que tiene el aparato de justicia a que una vez se ha obtenido el derecho a la libertad provisional, se garanticen las obligaciones del procesado, sino que permite la efectividad de la potestad punitiva, ante una eventual desvinculación del investigado...".
De acuerdo con su criterio, las normas demandadas guardan una total consonancia con los principios rectores que a nivel constitucional y legal regulan el derecho a la libertad personal y sus limitaciones legítimas como son: asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, preservar incólume los elementos probatorios recaudados y proteger a la comunidad de nuevas conductas criminales.
En este contexto, teniendo en cuenta que en la nueva normatividad penal se incrementaron las exigencias procesales para imponer la detención preventiva, aumentando el cuantum punitivo y limitando su aplicación a aquellas conductas punibles consideradas de mayor importancia para la convivencia social - con pena mínima superior a 4 años -, es claro que la derogatoria de la caución juratoria y la exclusividad de la caución prendaria está plenamente justificada, pues permite cimentar una mejor garantía para la comparecencia de los sindicados a los procesos que se adelantan con motivo del quebrantamiento de las normas de convivencia establecidas en la ley penal.
El Ministerio Público concluye su intervención señalando que la "Constitución no previó como mecanismo de protección de la libertad a la caución juratoria o estimativa, quedando a discrecionalidad del legislador su regulación. Así las cosas, no se puede considerar que la exclusión que hizo éste de esta clase de caución sea inconstitucional, toda vez que ella no es de la esencia de este derecho ni en nada toca su núcleo esencial...".
Cuestión previa incidental.
En Sentencia C-774 de 2001 (M.P.R.E.G., esta Corporación declaró exequibles los artículos 365 y 366 de la Ley 600 de 2000 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Sin embargo, en dicha ocasión, la Corte restringió los efectos de la decisión a los cargos que fueron formulados en la respectiva demanda. Sobre el particular, se expresó en el numeral noveno de la parte resolutiva de la citada providencia, lo siguiente:
"Noveno: Decláranse EXEQUIBLES los artículos 354, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366 y 367 de la Ley 600 de 2000, por los cargos formulados por el actor." (N. y subrayas fuera de texto).
Competencia de la Corte Constitucional para conocer sobre demandas de inconstitucionalidad por la ocurrencia de una presunta omisión legislativa.
Tratándose de la omisión absoluta, es claro que el órgano de control carece de competencia para emitir pronunciamiento de fondo, pues la misma comporta una ausencia total e íntegra de normatividad que, en cualquier caso, impide una confrontación material, objetiva y verificable con el texto de la Carta Política, aspecto que resulta relevante al proceso de constitucionalidad, en cuanto responde a la técnica a partir de la cual éste último se edifica, configura y desarrolla. Al respecto, no sobra recordar que la acción pública de inconstitucionalidad ha sido definida por esta Corporación como el mecanismo judicial a través del cual "... [se] busca el cotejo, por la autoridad judicial competente - en Colombia, la Corte Constitucional- entre el precepto legal demandado y los mandatos constitucionales" Sentencia C-543/97, M.P.J.G.H.G... Por ello, si no ha sido expedida una ley en sentido formal y material, no puede hablarse de un cotejo entre normas legales y el texto de la Constitución Política y, de contera, no es posible que prospere el reproche que por omisión se formula ante este organismo de control. Sobre el particular, la Corte tuvo oportunidad de precisar:
"Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control." (Sentencia C-543/96, M.P.C.G.D..
"No obstante, la omisión del legislador también puede ser relativa, caso en el cual se la denomina, llanamente, omisión legislativa. Una omisión es relativa cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas -específicamente por razones constitucionales -, debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente. De lo anterior se deduce, entonces, que las omisiones legislativas relativas son susceptibles de control constitucional." (Sentencia C-041/2002, M.P.M.G.M.C..
Ahora bien, para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. Cfr. las Sentencias C-543/96 (M.P.C.G.D., C-427/2000 (M.P.V.N.M.) y C-1549/2000 (M.P. (e) Martha Victoria Sáchica de M., entre otras.
En este mismo contexto, haciendo referencia a los requisitos de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, la doctrina de esta Corporación ha definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada Cft. Las Sentencias C-543/96 y C-1549/2001.. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso. Concretamente, la Corte ha dicho al respecto que:
"Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta suerte, no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto indeterminado de normas Ídem.con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos." (Sentencia C-041/2002, M.P.M.G.M.C..
Y es que, reiterando la posición adoptada por la Corporación en abundante y reiterada jurisprudencia, "la técnica utilizada en la formulación de las demandas de inconstitucionalidad, derivada de las exigencias contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, le impone a quien pretende ejercer esta acción, la obligación de señalar con claridad las razones que sustentan la inexequibilidad del precepto impugnado, razones que, además, deben guardar correspondencia lógica con el texto acusado, de tal modo que le sean atribuibles directamente a éste" Sentencia C-986/99, M.P.V.N.M... Ha considerado la Corporación que el cumplimiento de tal exigencia, "lejos de afectar el núcleo esencial del derecho ciudadano a la participación, conformación, ejercicio y control político (art. 40 C.P.), busca garantizar su realización material y, a su vez, permitir un optimo funcionamiento en la administración de justicia" Sentencia C-519/98, M..P.V.N.M...
"...que la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano." (Sentencia C-320/97, M.P.A.M.C..
Análisis del cargo formulado.
5.1. I. sustancial de la demanda.
La caución juratoria constará en acta en donde el sindicado bajo juramento, prometa cumplir las obligaciones que le hayan sido impuestas. P., cuando a juicio del funcionario, el sindicado carezca de recursos económicos para constituir caución prendaria.
La caución prendaria consiste en el depósito de dinero o constitución de póliza de garantía, en cuantía de hasta mil salarios mínimos mensuales legales y se fijará teniendo en cuanta las condiciones económicas del sindicado y la gravedad del hecho. (N. y subrayas fuera de texto).
En consecuencia, una lectura juiciosa del artículo 369 de la Ley 600 de 2000, a la luz de la figura de la caución en los términos en que ésta había sido regulada por el régimen procesal anterior - artículo 393 del Decreto 2700 de 1991-, le permite a esta S. concluir que, de existir la omisión legislativa relativa alegada por el demandante, la misma devendría del precitado artículo 369 y en ningún caso de los artículos 365 y 366 parcialmente demandados. Si en gracia de discusión la Corte accediera al pedimento del demandante y optara por declarar la inexequibilidad de la expresión "prendaria", de forma tal que se entendiera que, en adelante, "el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional mediante caución..." (art. 365) y que la libertad se haría efectiva "después de otorgada la caución..." (art. 366), la decisión resultaría inoficiosa y no estaría llamada a producir el efecto querido en la acusación toda vez que, como ya se dijo, por expresa disposición del artículo 369, dentro del nuevo esquema procedimental la única caución aplicable es la prendaria, y lo es en los términos prescritos por el citado artículo 369 que no fue demandado en la presente causa.
En relación con esto último, es menester reiterar que los cargos de la demanda no se dirigen contra los artículos 365 y 366 del nuevo C.P.P. por lo que ellos consagran; esto es, por el hecho de condicionar la efectividad del derecho a la libertad provisional, luego de ocurrida algunas de las causas legales que lo justifican, al pago de una caución prendaria. En realidad, tal y como se explicó en el acápite de antecedentes, lo que en esta oportunidad se cuestiona, y de allí surge la ineptitud sustancial de la demanda que plantea la S., es que el legislador haya excluido del nuevo derecho penal adjetivo la caución juratoria como mecanismo sustituto de la prendaria, e igualmente, que le haya fijado a esta última un tope mínimo: el equivalente a un salario mínimo mensual vigente, desconociéndose en ambos casos la situación del sindicado que carece de recursos económicos para pagar o garantizar la caución. Como ya se ha explicado, estas imputaciones, antes que surgir de las preceptivas acusadas, son directamente aplicables a la norma en la que se reguló el instituto jurídico de la caución, es decir, al artículo 369 de la Ley 600 de 2000.
Sobre el precitado artículo 369, cabe advertir que, con fundamento en cargos similares a los aquí formulados, el mismo fue objeto de impugnación constitucional ante esta Corporación. La demanda contra la disposición fue radicada bajo el número D-3762 y, actualmente, luego de que el magistrado ponente dispuso su admisión, se registró ante la Secretaría General el correspondiente proyecto de sentencia, quedando el mismo a disposición de la S. Plena para que adopte la decisión que corresponda.
Que el H. Magistrado doctor M.J.C.E., no firma la presente sentencia por cuanto presentó excusa, la cual fue debidamente autorizada por la S. Plena.

References: artículo 365
 artículo 366
 artículo 369
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 369
 artículo 393
 artículo 369
 artículo 369
 artículo 369
 artículo 369
 artículo 369