Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531664.html
Timestamp: 2019-03-19 17:36:55+00:00

Document:
as201531664
Auto Supremo Nº 664
Expediente: 340/2011-S
Demandante: Carlos Fernando Monzón Ríos
Demandada: Universidad de Aquino Bolivia UDABOL
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 161 a 164 vta., interpuesto por Carlos Fernando Monzón Ríos, contra el Auto de Vista Nº 132/2011 de 21 de abril, cursante de fs. 156 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales, seguido por el recurrente contra la Universidad de Aquino Bolivia UDABOL; la respuesta de fs. 167 a 168; el Auto de fs. 169, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso social, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronuncio la Sentencia Nº 77/2010 de 19 de noviembre, cursante de fs. 130 a 132 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 1 y 2 de obrados y desestimada la excepción de falta de acción y derecho, ordenando a la UDABOL, que a través de su representante legal cancele al actor la suma de $us. 18.687 por concepto de beneficios sociales de acuerdo al detalle contenido en la parte resolutiva de dicha resolución.
En grado de apelación interpuesto por el representante de la UDABOL (fs. 137 a 138), la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 132/2011 de 21 de abril (fs. 156 y vta.), revocó la Sentencia Nº 77/2010 de fs. 130 a 132, y declaró improbada la demanda cursante de fs. 1 a 2. Salvando los derechos del demandante en la vía legal que corresponda. Sin costas por la revocatoria.
Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 160 a 164 vta., interpuesto por Carlos Fernando Monzón Ríos, con los siguientes argumentos:
Denuncia, la existencia de contradicción absoluta entre la resolución de fs. 21 y la sentencia de fs. 156, lo que vulneraría lo dispuesto por el art. 127 inc. a) del Código Procesal del Trabajo (CPT), al determinarse ilegalmente la inexistencia de relación laboral.
Indica que, hubo violación y negativa de aplicación de los arts. 151, 153, 154 y 155 del CPT., al ignorarse las pruebas de cargo de fs. 15 a 18 y 46 a 50, que demostrarían la existencia de una indiscutible relación de dependencia laboral directa que tuvo con la UDABOL. Señala que, se ha violentado el debido proceso y el derecho a la defensa, al no mencionarse estas pruebas en la fundamentación del auto de vista recurrido, pese a que las mismas no han merecido rechazo judicial por supuesta falsedad, otorgando por el contrario todo el valor legal al procaz e ilícito certificado cursante a fs. 78, firmada por una empresa inexistente.
Denuncia violación y negativa de aplicar los arts. 179 y 197 del CPT, al no considerar los vocales el tema de presunciones y de los indicios para determinar la existencia de relación laboral, tomando en cuenta la labor que cumplía dentro de las instalaciones, la obligación de cumplir un horario, el recibimiento de diplomas de ascenso y felicitación, así como la otorgación de un certificado de trabajo.
Denuncia errónea interpretación y peor aplicación del art. 149 del CPT, al permitírsele a la UDABOL a presentar pruebas de reciente obtención 30 días después de haber fenecido el plazo.
Señala la existencia de equivocada interpretación y aplicación de los arts. 66, 150 y 160 del CPT, en cuanto a la inversión de la prueba por la parte demandada, tomando en cuenta que, se solicitó al juez de la causa que la universidad demandada presente documentación y planillas de asistencia, y al no haberlo hecho debió aplicarse le presunción de certidumbre, sin embargo de forma contradictoria, el Tribunal de apelación indica que no cursa documento fehaciente que acredite una vinculación laboral directa, asegurando además la existencia de una relación laboral con la Empresa “Stigma Group”, sin que exista una planilla que figure su nombre o la presentación de un contrato de trabajo, violentándose de esta manera el proteccionismo laboral y el principio indubio pro operario.
Denuncia violación del art. 158 del CPT, al considerar que los vocales en lugar de dar validez a sus pruebas, se limitaron en forma parcializada a favorecer a la UDABOL.
Denuncia violación y pésima aplicación del art. 169 del CPT, al haber dado valor y el carácter de coincidentes a las declaraciones testificales, dejando a un lado la declaración del testigo de fs. 66 que indica que su persona trabajaba en la UDABOL plataforma.
Acusa violación flagrante de los arts. 397 y 399 del CPC, en relación al art. 252 del CPT, al considerar que los vocales no cumplieron arbitrariamente, con la apreciación, análisis y valoración de sus pruebas, expresando su criterio o sana critica.
Denuncia violación de los arts. 48 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), al considerar que el auto de vista recurrido en lugar de brindarle protección laboral a través de un debido proceso le ocasiono un grave perjuicio favoreciendo oscuramente a la parte demandada, a través de un fallo aberrante que resulta ser copia de la sentencia cursante de fs. 101 a 104.
Finalmente denuncia violación del art. 153 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en relación al Código Penal, al haber la resolución recurrida atentado contra normas constitucionales, así como leyes y normas laborales que bajo ninguna razón podían haber sido desconocidas.
Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, case en forma total el auto de vista recurrido, sujetando su determinación a lo dispuesto en los arts. 271 num. 4) y 274 del CPC.
Así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 160 a 164 vta., se evidencia una contradicción en su contenido al confundir el recurrente los motivos de casación en el fondo y en la forma, no obstante ello, tomando en cuenta el contenido de fondo con relación al petitorio final a través del cual se solicita casar el auto de vista, se entiende que el recurrente plantea recurso de casación en el fondo, por lo que la presente resolución estará limitada a aquello.
Efectuada esta apreciación, se sabe que la controversia principal radica en determinar si el tribunal de apelación incurrió en violación, negativa de aplicación y errónea aplicación de los arts. 48 y 115 de la CPE, arts. 66, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 158, 160, 169, 179 y 197 del CPT, así como los arts. 397 y 399 del CPC, en relación a la apreciación y valoración de la prueba documental producida por las partes, la prueba testifical de descargo, así como la presunciones e indicios, al haber determinado el tribunal de apelación la inexistencia de relación laboral, así como el derecho al cobro de beneficios sociales.
Al respecto, para resolver la problemática planteada, corresponde partir de los siguientes criterios:
Si bien por disposición constitucional y leyes laborales, resulta evidente que los derechos de las y los trabajadores son irrenunciables, siendo nulas las convenciones o acuerdos en contrario, y que todos los procedimientos y trámites deben estar basados en los principios de libre apreciación de la prueba, mediante los cuales el juez valora la misma con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios que rigen la materia, no es menos cierto que uno de los principios que rige el Derecho Laboral, es el de la “primacía de la realidad”, vinculado con el art. 180. I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que incorporan el principio de la verdad material, entendido como la prevalencia de la verdad material sobre la verdad formal, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
Tampoco debe perderse de vista que la aplicación del derecho protectivo del trabajador debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador a través de una errónea e inadecuada valoración de las pruebas aportadas, es decir, debe ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio.
Dentro del marco constitucional y legal señalado, en el caso de autos, el Tribunal de apelación en el considerando III de la resolución recurrida, afirmó, analizando la prueba producida por las partes, que: “…de la revisión de antecedentes procesales se llega a establecer que no cursa documento fehaciente alguno que acredite efectivamente una vinculación laboral directa con la UDABOL, mas al contrario a fs. 78 de obrados cursa documentación donde se certifica que le actor era parte de la empresa STYGMA GROUP en su condición de “Corredor” encargado de venta, promoción y marketing, por las que percibía comisiones por las ventas de los servicios señalados, empresa a la cual ingreso en fecha 06 de enero 2006 hasta el 20 de mayo de 2008, certificación expedida por Ramiro Sotomayor Murillo en su condición de Gerente General de la empresa STYMA GROUP, empresa contratada por la UDABOL para la comercialización de planes y ofertas educativas de la institución señalada, aspectos corroborados por los documentos cursantes a fs. 80 y 82 de obrados, antecedentes que contradicen lo expresado por el actor en su demanda a tiempo de señalar que ha prestado servicios en la UDABOL a partir del 06 de enero de 2006 al 22 de julio de 2008 y que su salario correspondía a la suma de $us. 1.300, aspectos que han sido considerados de manera superflua en la sentencia apelada, por cuanto en virtud a las disposiciones laborales citadas, el actor no ha creado convicción fehaciente para demostrar el salario pretendido con las boletas de pago u otro documento que acredite la percepción de salario o remuneración correspondiente…”. Razonamientos que este Tribunal Supremo de Justicia los comparte plenamente, en virtud a que, de la revisión de los antecedentes procesales, y conforme advirtió el tribunal de apelación en función de la prueba documental de cargo cursante de fs. 46 a 50, no existen elementos probatorios suficientes o racionales que demuestren que el actor hubiese ingresado a trabajar como dependiente de la UDABOL a partir de 6 enero de 2006 a 22 de julio de 2008 (contrato de trabajo, boletas de pago, planillas, recibos de pago, etc.), tomando en cuenta que, la documentación de cargo presentada por el demandante no resulta suficiente para amparar la pretensión del actor, debido a que, para evidenciarse la existencia de una relación laboral, entendida como aquella relación contractual entre una empresa o persona llamada empleador y una persona natural llamada trabajador o empleado, relación mediante la cual el trabajador pone a disposición del empleador su capacidad física e intelectual para desarrollar una actividad determinada.
Deben de cumplirse necesariamente todos los presupuestos establecidos en el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, ratificados por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que establecen: “1. La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. 2. La prestación de trabajo por cuenta ajena. 3. La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones”, lo que no acontecido en el presente caso por los siguientes aspectos: En cuanto a la relación de dependencia y subordinación, se tiene que, el demandante en su memorial de demanda fs. 1 y 2 no señaló si el presunto vínculo laboral emerge de un contrato, sea este verbal o escrito, en este último caso no cursa ningún contrato al respecto para acreditar la relación laboral.
Por otro lado, si bien existe el memorándums de fs. 49 firmando por Diego A. Sotomayor Murillo como Director Sub Nacional – Marketing, a través del cual se le llama la atención al actor por incumplimiento de funciones laborales, imponiéndosele un horario de trabajo, el contenido del mismo resulta confuso, al referir el incumplimiento de pilares fundamentales de la “empresa” (no se sabe a qué empresa) para concluir en la parte final haciendo mención a la Universidad de Aquino Bolivia, al respecto, de acuerdo a la declaración del testigo de descargo Jorge Antonio Espinoza Arriaran de fs. 65 a 66, el firmante de dicho memorándums resulta ser el Director con sede en La Paz de la Empresa “Stygma Group”.
Por otra parte, el certificado de fs. 48 de 10 de junio de 2008, a través del cual se establecería que el demandante ha fungido como Sub Gerente Ejecutivo del Departamento de Marketing de la UDABOL desde enero del 2006, se contradice con el contenido del documento de fs. 46 de 18 de febrero de 2006, que refiere un ascenso a Supervisor JR del demandante, es decir, no se sabe con certeza si el demandante fungió desde enero del 2006 como Subgerente Ejecutivo (cargo mayor) o ejerció funciones de Supervisor JR (cargo menor) hasta la cesación de sus supuestas funciones, observaciones que restan valor probatorio a dicha documental haciéndola insuficiente para general convicción en el juzgador como determino el Tribunal de instancia.
En cuanto al presupuesto de trabajo por cuenta ajena, no existe una sola referencia que acredite el cumplimiento de labores específicas directas para la universidad, a través de informes de trabajo, planes de trabajo, órdenes y directrices internas, publicidad u otros, para acreditar aquel aspecto, en relación a la referencia efectuada por el testigo de descargo de fs. 66, que en alguna oportunidad lo vio al demandante en plataforma de la UDABOL, está afirmación tampoco resulta ser contundente por si sola para acreditar el trabajo por cuenta ajena. Finalmente en cuanto a la percepción de remuneración o salario, correspondía al demandante en observancia del art. 66 CPT que señala: “En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes”, presentar en la etapa probatoria correspondiente la documental que acredite el pago de sus haberes como ser planillas de pago, boletas de pago, recibos, aportes al seguro a largo y corto plazo u otro documento similar que acredite la recepción de esta percepción económica de parte de la universidad demandada, tomando en cuenta lo manifestado por la universidad demandada sobre la inexistencia de tales documentos por considerar que el demandante nunca trabajo para la UDABOL.
De forma contraria a esta omisión, la universidad demandada en cumplimiento del principio de la inversión de la prueba, ha demostrado a través de la prueba documental de fs. 78 consistente en una certificación emitida por Ramiro Sotomayor Murillo en su calidad de Gerente General de Styma Group, a requerimiento del Juez de la causa, que la empresa Styma Group tiene como objeto el Marketing y la Publicidad para la venta de productos y servicios que ofrecen diversas empresas, centros educativos, universidades etc., y que el demandante Juan Carlos Monzón Ríos se ha desempeñado como corredor de la indicada empresa desde el 6 de enero de 2006 hasta el 20 de mayo de 2008 en que abandono el trabajo, y que el mismo no percibía un salario sino una comisión por las ventas el cual era fluctuante de acuerdo a la temporada; asimismo, a través del contrato de servicios de 11 de enero de 2006 cursante a fs. 80, ha demostrado que Styma Group como empresa especializada ha sido contratada por la UDABOL para realizar el Marketing, promoción, publicidad y venta de los paquetes educativos de UDABOL por su cuenta, de acuerdo a su técnica y medios propios, percibiendo por este servicio una comisión porcentual diferenciada por cada paquete vendido. Por otro lado, por la prueba testifical de descargo cursante de fs. 62 a 69, la universidad demandada demostró que el demandante trabajo como corredor de ventas para la empresa Styma Group y no así para la institución demandada recibiendo como salario un porcentaje de la venta de paquetes. Apreciaciones probatorias que impiden considerar favorablemente la pretensión del demandante para reconocérsele derechos laborales por parte de la UDABOL.
Por lo expresado, se evidencia que el Tribunal de apelación en observancia del art. 158 del CPT, ha efectuado una correcta valoración de los medios probatorios para determinar a través de un razonable criterio que no existen elementos probatorios que permitan concluir que entre el actor y la universidad demandada hubiere existido una relación de trabajo en los periodos mencionados. Decisión que se encuentra justificada por los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ), que establecen como un principio procesal a la verdad material, en el entendido de que toda resolución debe contemplar de forma inexcusable la manera y cómo realmente ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, dando prevalencia a la verdad pura y no a la formalidad; principio que guarda relación con el principio de primacía de la realidad, en cuya virtud, para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad, es decir, que son los hechos los que determinan la existencia o la naturaleza de la relación laboral.
En cuanto a la denuncia de contradicción absoluta entre la resolución de fs. 21 y la sentencia de fs. 156 (auto de vista), corresponde establecer que a consecuencia de la excepción previa de impersonería presentada por la universidad demandada (fs. 10 a 11 vta.), el Juez de la causa ha dictado la Resolución Nº 29/2009, de fs. 21 a 22, declarando “improbada la excepción de impersonería con el argumento que, la demanda va dirigida contra una persona jurídica, y estando identificados los sujetos procesales intervinientes y garantizando el debido proceso, la presente excepción no merece mayor fundamentación, determinando que en sentencia se establecerá si corresponde o no los derechos pretendidos”.
En virtud al antecedente manifestado y considerando que la excepción previa de impersonería, implica la falta de capacidad procesal en el demandante o demandado, y siendo que esta capacidad de las partes es un presupuesto de la relación procesal, hace falta que ellas tengan las condiciones que la ley exige para comparecer en juicio, porque de no tenerlas lo actuado es nulo, así se infiere del contenido de los arts. 52 y 53 CPC aplicable al caso por disposición del art. 252 del CPT. En el contexto referido, este Tribunal Supremo no observa contradicción entre la resolución que resuelve la excepción de impersonería, porque esta tan solo se refiere a la capacidad procesal que tiene la UDABOL para comparecer al juicio, mientras que el auto de vista resuelve el fondo de la demanda, y asume las consecuencias jurídicas emergentes de la declaratoria de improbada la pretensión sobre pago de beneficios sociales.
En cuanto a la violación y negativa de aplicar los arts. 179 y 197 del CPT, referidos a los indicios y presunciones, el recurrente no especifica si los hechos que menciona resultan ser presunciones legales establecidos en alguna normativa especial que lo eximen de toda otra prueba y que demuestren de forma contundente su pretensión, o resultan ser judiciales, debido a que el art. 179 del CPT tal solo refiere conceptos, omisión que impide que este Tribunal se pronuncie al respecto. En cuanto a la observancia de los indicios señalados en el art. 197 del CPT, corresponde establecer que, si bien de la prueba documental de cargo ha producido un indicio o pista como rastreo objetivo y cognitivo de la idea planteada, sin embargo al no existir una conexión clara con el hecho que se debía esclarecer, se entiende que no generaron convicción en el juzgador, de ahí que, esta figura jurídica no se hizo mención en la resolución recurrida.
En relación a la denuncia de errónea interpretación y peor aplicación del art. 149 del CPT, por haberse permitido la presentación de prueba fuera del plazo probatorio, así como violación de los arts. 48 y 115 de la CPE, por la no aplicación del principio protectivo y el debido proceso. Al respecto, como se dijo en la primera parte de la presente resolución, el recurrente ha confundido los motivos del recurso de casación en el fondo con los motivos de casación en la forma, de ahí que, la presente denuncia referida a la presentación de prueba fuera del plazo, la falta de aplicación del principio protectivo y el debido proceso, constituyen errores de las formas esenciales del proceso y como tales debieron ser acusados a través del recurso de casación en la forma y no mediante el recurso de casación en el fondo, lo que impide que este Tribunal Supremo se pronuncie al respecto.
Sobre la denuncia de violación flagrante de los arts. 397, en relación al art. 252 del CPT, al considerar que los vocales no cumplieron arbitrariamente, con la apreciación, análisis y valoración de sus pruebas, expresando su criterio o sana crítica. Al respecto, corresponde establecer que por disposición del art. 252 del CPT., los aspectos no previstos en la indicada ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil, lo que equivale a decir que, el tema de valoración probatoria al estar expresamente consignado en el art. 158 del CPT, de ningún modo puede valerse de otra norma supletoria como es el art. 397 del CPC.
Finalmente, en cuanto a la denuncia de violación del art. 399 del CPC, así como el art. 153 de la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en relación al Código Penal. Al respecto, corresponde establecer que, en el recurso de fondo solo puede acusarse violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, de ahí que, cuando se denuncia la aplicación indebida de una ley, es obvio de que dicha ley debe haber sido aplicada en la resolución recurrida. En el caso concreto, el recurrente denuncia violación de normas legales que no guardan relación con el caso en concreto, es decir, que no son pertinentes al caso, pero sobre todo, se acusa de aplicación indebida de normas que no fueron aplicadas en la Sentencia ni el Auto de Vista, desconociendo que a través del recurso de casación en el fondo, sólo puede acusarse de indebida aplicación de leyes que fueron aplicadas en la resolución recurrida, irregularidad procesal que hace que el recurso se lo declare infundado.
Bajo estos parámetros se concluye no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 160 a 164 vta., por el contrario el auto de vista recurrido se ajusta a las leyes en vigencia, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 160 a 164 vta., interpuesto por Carlos Fernando Monzón Ríos contra el Auto de Vista Nº 132/2011 de 21 de abril, cursante a fs. 156 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz.

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