Source: http://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/f_su120_03.htm
Timestamp: 2017-07-25 04:39:34+00:00

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[F SU120 03] - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
FICHA DE ANÁLISIS No. 250
Tribunal de origen:Corte ConstitucionalIdentificación de la sentencia:SU 120/03Ponente:ALVARO TAFUR GALVIS
Tipo de acción o recurso:Revisión de tutelasTipo de decisión:Concede
Hechos relevantes:Varias personas interponen acciones de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, acceso a la administración de justicia, prelación del derecho sustancial, imperio de la ley e igualdad, debido a que la demandada, negó la indexación de la primera mesada pensional.
Clase de interpretación:Interpretación del acto jurídico demandado a la luz de la ConstituciónNorma aplicable:Constitución Política, artículos 48, 53 y 230; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 261; Ley 100 de 1993, artículos 14, 36 y 117. Precedentes a Considerar:No aplicaDecisiones posteriores a considerar:No aplica
Tema:Indexación de la primera mesada pensional
Subtema:No aplica
ANÁLISIS DEL CASO. PROBLEMA JURÍDICO. ¿Cómo se debe interpretar el numeral 2o del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo que respecta a la indexación de la pensión allí consagrada? REGLA. Como quiera que la disposición, no prevé el factor económico que debe tenerse en cuenta para liquidar la primera mesada pensional, se requiere acudir a los criterios auxiliares de la actividad judicial, establecidos en los artículos 48, 53 y 230 de la Constitución a fin de determinar cuál año define, tanto el capital declarado de la empresa obligada a la prestación como el monto de la misma.De los artículos constitucionales mencionados, surge el principio constitucional que señala claramente que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales, por lo que el monto de la pensión debe equivaler al promedio de lo devengado, en el tiempo que les hacía falta para acceder a ella, o al equivalente cotizado durante todo el tiempo, si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en el índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE.
RATIO DECIDENDI [TEXTUAL]. REAJUSTE DEL SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. “ (…) De antemano ha de decirse que la congelación del salario para acceder a la pensión de jubilación no se encuentra prevista en ninguna norma, es más, habida cuenta que el artículo 261 del Código Sustantivo del Trabajo norma que la establecía para quienes habiendo cumplido el tiempo de servicio continuaban vinculados al mismo empleador fue derogado por el artículo 14 de la Ley 171 de 1961 y no ha sido restablecido, puede afirmarse que la liquidación de la base pensional a partir del último salario devengado, sin reajustes, no tiene asidero en el ordenamiento. (…) La Corte encuentra, entonces, i) que no existe normativa que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida el inciso segundo del artículo 260 del C.S.T no la precisa ; ii) que ninguna disposición ordena indexar ésta base salarial expresamente; iii) que no existe precepto que excluya o prohíba tal indexacción. No obstante existe un principio constitucional claro, esto es que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales” artículo 53 C.P., y suficientes disposiciones del ordenamiento que denotan un afán permanente del legislador por compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. En este orden de ideas, incumbe al juez confrontar la situación concreta de las personas que aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir conforme con la Constitución Política. De modo que en su misión de determinar el referente para resolver las situaciones planteadas por los accionantes, sobre la base salarial para liquidar la primera mesada pensional, la accionada tenía que proceder como lo indican las normas relativas al tema, como quiera que el legislador de haber considerado las particularidades que los actores afrontan habría optado por la indexación del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios artículo 260 C.S.T, o por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales el afiliado cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el caso. Lo anterior porque i) así acontece con el trabajador que es despedido después de diez o más años de trabajo, sin poder aspirar a una mesada pensional, ii) ésta es la solución adoptada por la ley para liquidar las pensiones, reajustes y sustituciones de los excongresistas, y iii) esto ocurre con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como las de los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional. Dado que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral indican que los espacios dejados por el legislador, no pueden ser llenados por el juzgador a su arbitrio, por su mera voluntad, sino consultando los criterios auxiliares de la actividad judicial artículo 230 C.P.-. (…) En suma, al decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la oportunidad de los reajustes pensionales (…).”
INTERPRETACIÓN DEL NUMERAL 2o DEL ARTÍCULO 260 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. “(…) De tal modo que el tiempo de prestación del servicio continuo o discontinuo al mismo empleador, y la calidad empresarial de éste, son factores que no demandan interpretación, cuando se trata de establecer el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, pero se requiere acudir a los criterios auxiliares de la actividad judicial, establecidos en el artículos 48, 53 y 230 de la Carta, a fin de determinar cuál año define, tanto el capital declarado de la empresa obligada a la prestación como el monto de la misma, porque estos factores no los prevé la norma “cuando el trabajador se retire o sea retirado de la empresa sin haber cumplido la edad expresada”. (…) En consecuencia, como el 1o de abril de 1994 a los señores Pachón Guevara y Vivas de Maya les faltaban menos de 10 años para alcanzar la edad que los hacia acreedores a exigir el pago de su primera mesada pensional, en los términos del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, los nombrados tienen derecho a exigir que el monto de su prestación equivalga al promedio de lo “devengado”, en el tiempo que les hacía falta para acceder a ella, o al equivalente cotizado durante todo el tiempo, si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en el índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE. (…)”
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL. “(…) El artículo 48 de la Constitución Política impone al legislador definir “los medios para que los recursos destinados a la seguridad social mantengan su valor adquisitivo constante”, y el artículo 53 del mismo ordenamiento dispone que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”. Sobre este particular, los artículos 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993, disponen mecanismos de actualización, tanto de las pensiones causadas, como de los recursos que atenderán las prestaciones futuras, mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE. Pero lo anterior no es todo, las entidades financieras obligadas Bancafé y Caja Agraria- han debido proveer, desde el retiro de cada uno de los accionantes, año por año, el pago de la prestación a la que están obligadas utilizando la tasa promedio de la inflación registrada por el Dane para los últimos diez años, como lo disponen el artículo 50 del Código de Comercio, los artículos 112, 113 y 206 del Estatuto Tributario, el Decreto 2498 de 1988 y la Circular Externa 063 de 1990 emitida por la Superintendencia Bancaria (…) De manera que la Sala accionada deberá considerar que el artículo 53 de la Constitución Política impone al interprete de las fuentes formales del derecho laboral el criterio de elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al trabajador, y en consecuencia optar por ordenar a las entidades financieras obligadas mantener el valor económico de la mesada pensional de los actores, por ser ésta la solución que los beneficia y que condice con el ordenamiento constitucional (…)”
PARTE RESOLUTIVA. REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá el 8 de Noviembre de 2000 -T-406.257-, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 3 de abril de 2001-T-453.539- y por la Sección Tercera de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Consejo de Estado el 18 de agosto de 2001 T-453539-, para decidir las acciones de tutela instauradas en su orden por Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Hernán Romero Perico contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de los accionantes a que se refieren los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política. Segundo. DEJAR SIN EFECTO los fallos proferidos los días 16 (expediente 13652), 17 de mayo (expediente 13609), y 20 de septiembre (expediente 13449) del año 2000, proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.Tercero. En consecuencia ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, decida los recursos de casación instaurados en los expedientes mencionados en el anterior numeral, con sujeción a lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 48 y al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política.
SALVAMENTO O ACLARACIÓN DE VOTO. Salvamento de voto: Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. OBITER DICTA [TEXTUAL]. Ninguno.

References: artículo 261
 artículo 260
 artículo 261
 artículo 14
 artículo 260
 artículo 53
 artículo 260
 artículo 230
 ARTÍCULO 260
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 50
 artículo 53
 artículo 53