Source: https://es.scribd.com/doc/59948539/la-flexibilizacion-laboral
Timestamp: 2016-05-06 21:42:44+00:00

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DESREGULARIZACIÓN LABORAL
La desregularización es un mecanismo para reducir el desempleo, porque si alguien crea un negocio propio así sea de comida rápida, pues este por lo menos necesita una o dos persona para trabajar y ya está creando empleos directos o en el caso de las empresas que hacen subcontrataciones a esto también se le conoce como outsourcing, que son empresas que se dedican a una actividad en específica y necesitan de otra para completar su actividad como por ejemplo: Una contratista construye un centro comercial, pero esta necesita del servicio de grúas telescópicas ya que no cuentan con ellas y hacen la contratación respectiva de otra empresa y puede ser hasta de su personal. Esto mejora la calidad del servicio dentro de la economía como proceso por el cual se eliminan algunas regulaciones específicas a los negocios para, en teoría, para favorecer la operación eficiente del mercado. Es que menos regulaciones conllevan a un aumento en el nivel de competitividad, conllevando a una mayor productividad, mayor eficiencia y en últimas a menores precios. Se ve como un proceso sin ley y sin regulaciones, pero el gobierno ha utilizado este concepto para eliminar algunas regulaciones y leyes específicas, en los negocios llevando este a una mayor competitividad y mayor producción siendo más eficiente y hasta se puede llegar al caso de bajar los precios. La desregulación difiere de la liberalización porque un mercado liberado, si bien permite un número arbitrario de ofertas, puede ser regulado para proteger los derechos de los usuarios y así garantizar unos precios máximos o una calidad mínima.
Outsourcing ha sido definido de varias maneras. Se pueden mencionar: Es cuando una organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un suplidor. La clave de esta definición es el aspecto de la transferencia de control. Es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades tradicionalmente ejecutadas por personal y recursos internos. Es una estrategia de administración por medio de la cual una empresa delega la ejecución de ciertas actividades a empresas altamente especializadas. Es contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos para un negocio, a un proveedor más especializado para conseguir una mayor efectividad que permita orientar los mejores esfuerzos de una compañía a las necesidades neurálgicas para el cumplimiento de una misión. Acción de recurrir a una agencia externa para operar una función que anteriormente se realizaba dentro de la compañía. Es el método mediante el cual las empresas desprenden alguna actividad, que no forme parte de sus habilidades principales, a un tercero especializado. Por habilidades principales o centrales se entiende todas aquellas actividades que forman el negocio central de la empresa y en las que se tienen ventajas competitivas con respecto a la competencia. Consiste básicamente en la contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón o actividad básica de su negocio. Productos y servicios ofrecidos a una empresa por suplidores independientes de cualquier parte del mundo. El Outsourcing es más que un contrato de personas o activos, es un contrato para resultados. En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por ello el Outsourcing ofrece una solución óptima. Básicamente se trata de una modalidad, según la cual determinadas organizaciones, grupos o personas ajenas a la compañía son contratadas para hacerse cargo de "parte del negocio" o de un servicio puntual dentro de ella. La compañía delega la gerencia y la operación de uno de sus procesos o servicios a un prestador externo (Outsoucer), con el fin de agilizarlo, optimizar su calidad y/o reducir sus costos. Transfiere así los riesgos a un tercero que pueda dar garantías de experiencia y seriedad en el área. En cierto sentido este prestador pasa a ser parte de la empresa, pero sin incorporarse formalmente.
La metodología del Outsourcing es parte de la toma de decisiones gerenciales, la misma incluye los pasos de todo proceso administrativo de evaluación, planeación y ejecución, ayuda a planear y fijar expectativas de negocios e indica aquellas áreas donde se necesitan conocimientos especializados para realizar las distintas actividades de la organización. Para ello es preciso pasar de un enfoque de abastecimiento tradicional que consiste en un conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios que la compañía requiere para su operación de fuentes internas o externas a una visión estratégica enfocada a aumentar el valor y la calidad de los productos de la empresa. Es preciso aclarar que Outsourcing es diferente de relaciones de negocios y contratación, ya que en éstas últimas el contratista es propietario del proceso y lo controla, es decir, le dice al suplidor qué y cómo quiere que se desempeñen y se fabriquen los productos o servicios comprados por lo que el suplidor no puede variar las instrucciones en ninguna forma. En el caso de Outsourcing el comprador transfiere la propiedad al suplidor, es decir, no instruye al mismo en como desempeñar una tarea sino que se enfoca en la comunicación de qué resultados quiere y le deja al suplidor el proceso de obtenerlos. Ejemplos: Contratación: Si se contrata una empresa para hacer el servicio de limpieza de una compañía, la empresa que solicita el servicio es quien determina que tipo de equipos y detergentes (químicos) utilizar para hacerlo, de que forma, cuántas personas serían necesarias y cuándo se realizaría. Outsourcing: En este caso la empresa que requiere del servicio solicita a la compañía proveedora, el servicio de limpieza. Entonces es el suplidor quien determina cuándo y cómo debe realizar la limpieza, cuáles detergentes va a utilizar y cuántas personas se necesitan para ello. .
GLOBALIZACIÓN Y LAS RELACIONES DE TRABAJO
Desde una perspectiva general, puede sostenerse que la globalización apuntala la idea de que una sociedad cohesiva y aislada, así como una economía doméstica, no son sostenibles y que, por el contrario, se han desarrollado una economía y una sociedad verdaderamente globales Sus elementos definitorios podrían sintetizarse de la siguiente manera: 1. Dominio de las finanzas sobre la producción. 2. La importancia en aumento de la estructura del saber (hacia una sociedad del Conocimiento científico, desvirtuando el vulgar o empírico)
3. Alienación a ciertas tecnologías sin importar lo novísimo de la misma. 4. El ascenso de los oligopolios en la forma de corporaciones multinacionales. 5. El sensible desgaste del poder regulatorio del Estado, con ocasión de un modelo que desarrolla la producción, el conocimiento y las finanzas en esferas supra estatales y que, por ende, previene el desmontaje de las barreras arancelarias y de las medidas de protección de los mercados nacionales. 6. El abaratamiento de los transportes y de las comunicaciones 7. Estandarización de las pautas de consumo mundial. De este modo, en síntesis, la globalización entraña un proceso de interacción e intercambio económico en un plano que desconoce las fronteras nacionales y dentro del cual los capitales pueden "emigrar" a velocidades vertiginosas hacia "climas" más "amables", esto es, que le permitan maximizar el lucro. Este fenómeno, como se reiterará en las próximas líneas, provoca significativas transformaciones en los procesos productivos a nivel de las empresas, trastoca en general las relaciones de trabajo, supone un desafío para las organizaciones sindicales y debilita los poderes regulatorios de los Estados nacionales.
¿Como reacciona el mundo neoliberal Capitalista y el Socialista moderno a esta influencia globalizadora?
1. Empleo y Desempleo Los neoliberales, conciben que el desempleo sea causado por la existencia de rigideces en los mercados de bienes y trabajo que son el resultado, en parte, de una regulación excesiva e inadecuada. Para la solución del desempleo es necesario introducir reformas estructurales drásticas que flexibilicen las relaciones laborales. Esta argumentación, concibe la actual etapa de globalización como la fase ideal y justificante de la liberalización de los mercados laborales. El acceso irregulado de los países a los mercados internacionales, lo que por un lado facilita la venta de sus productos y la adquisición de tecnologías y mercancías y promueve empleos y por el otro desprotege los de menor calibre económico y lleva al abandono de intentos organizados de promover progreso y justicia social.
2. Tercerización o Sub empleo.
3. Precarización del Trabajo El aumento de la competencia que por un lado incrementa la cantidad y calidad de los productos y por el otro amenaza las condiciones de trabajo (incluyendo salarios) y la sobrexplotación del medio ambiente, Posible sobrevaloración de lo material por sobre lo social o moral versus la satisfacción de necesidades materiales mínimas de amplios sectores.
4. Intervención del Estado en las Relaciones de trabajo Esta concepción del individualismo será el punto de partida para configurar escenarios positivos en la era de la globalización, las bases en la que se sustenta este optimismo no son otras que el desmoronamiento del Estado regulador, el fin de la rigidez del mercado de trabajo y el imperio del mercado. El neoliberalismo actual se enmarcaría dentro de la tendencia que considera al Estado como un obstáculo a la libertad, ya que es el intercambio mercantil sin ninguna intervención la manifestación esencial de la libertad humana. El mercado es, además, el fundamento de lo social.
* La creciente Privatización de los sectores económicos, junto al auge de la empresa multinacional y el decaimiento de empresas y estado nacionales. * El poder político de empresas sobre los países.
5. Nuevos Actores
Los movimientos sociales nacen esencialmente de las condiciones objetivas materiales, de la vida real, como una respuesta directa, inmediata y necesaria del movimiento popular ante las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales creadas con las transformaciones del capitalismo de fin de siglo. En otras palabras, los nuevos movimientos sociales son un producto genuino de esta época histórica, son un resultado del proceso de reestructuración que se ha producido en el tejido social, como consecuencia y respuesta de lucha al dominio del capitalismo,
En Venezuela podemos considerar algunos actores sociales que intervienen en las relaciones de trabajo tanto públicas como privadas:
* Consejos comunales en relación a la subordinación o función de acción conjunta con los maestros estatales. * Consejos de trabajadores * Fiscalía de seguridad y salud laboral * Cooperativas * Movimientos cogestionarios y autogestionarios dentro de las relaciones de trabajo. * Comité de salud en los trabajadores de la salud * El trabajador independiente organizado, acogimiento en el sistema de seguridad social. * Empresas de producción Social. * Trabajadores de las Misiones Sociales (Venezolanos y extranjeros) Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países el mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Dentro de la globalización existen las relaciones de trabajo que se establecen entre el trabajo y el capital en el proceso productivo. El cual está regulado por normas, procedimientos y prácticas que tienen por objeto regular las interacciones entre empleadores, trabajadores y el estado.
son un sistema que tiene por objeto regular el ejercicio tributario de una nación, y esta debe estar consagrada en la carta magna para asegurar su vigencia, evitando reformas
motivadas en intereses netamente fiscales, así como lo establece el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ³« Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante pago de impuestos, tazas y contribuciones que establezca la ley´. Por esta razón tanto las personas jurídicas como las personas naturales debemos pagar el impuesto y así mejorar una calidad de vida en cuanto a nuestros servicios, estos aspectos tributarios tienen que ver con lo político, esencialmente económica y social de un municipio, estado o nación. En Venezuela el fortalecimiento de la hacienda pública municipal específicamente en lo que respecta a la generación de ingresos propios se ha convertido en uno de los principales temas de análisis y discusión luego de los cambios introducidos con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
Los municipios obtienen sus ingresos principalmente de tres fuentes: el situado constitucional en su Art. 167 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, así como por la creación y recaudación de sus ingresos de acuerdo con lo establecido en el Art. 162 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ordenanza de impuesto sobre Actividades Económicas, esta última se refiere básicamente a los ingresos que se obtienen por tributos, por licencias o autorizaciones, los impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, servicios o de índole similar.
Tradicionalmente los Estados conjuntamente con los Municipios han sido financiados en buena parte por el situado constitucional transferido mediante ley por el gobierno central, lamentablemente en la actualidad es un hecho notorio la falta del debido apoyo a los mismos.
De tal manera que los Municipios hoy en día se encuentran frente al reto de aumentar sus fuentes de financiamiento muy específicamente a partir de los ingresos propios originados por la potestad tributaria que le ha otorgado la Constitución Nacional.
La potestad tributaria municipal se manifiesta en la facultad que tienen los municipios de crear y recaudar sus propios impuestos con la finalidad de satisfacer las necesidades de la colectividad.
Sin embargo existen localidades donde, sencillamente, no es posible cobrar impuestos, por el escaso desarrollo de las actividades comerciales e industriales, por el bajo nivel de ingresos promedio, de la población o porque el costo de la administración tributaria requerida superaría el monto recaudado, de igual manera muchos municipios no explotan adecuadamente su potencial de recaudación de impuestos y no poseen una base tributaria rentable ni han emprendido esfuerzos para mejorarla, y se conforman con los montos transferidos a través del situado constitucional.
Por otra parte los municipios que si disponen de una base impositiva, y han decidido explotarla, centran sus esfuerzos casi exclusivamente en aumentar la recaudación del impuesto a las Actividades Económicas mediante el incremento de tarifas, corriendo el riesgo de perjudicar a los buenos contribuyentes y agotar su única fuente significativa de ingresos, lo cual podría generar otro problema de índole económico y social.
El impuesto sobre Actividades Económicas; es una prestación en dinero exigida por el Municipio a las personas naturales o jurídicas que realizan en la jurisdicción municipal una actividad industrial, comercial de servicio o de índole similar, establecida mediante una ordenanza con objeto de financiar los gastos públicos municipales. La base imponible o base para el calculo del impuesto está formada generalmente por los ingresos brutos, las ventas u operaciones brutas en un determinado ejercicio o una determinada jurisdicción municipal.
Los ingresos brutos, están constituidos por todo aumento del valor del patrimonio, apreciable al comparar una situación patrimonial anterior con una final, sin disminuir ningún elemento del gasto, de tal manera dicho impuesto grava la actividad económica de acuerdo con los ingresos brutos obtenidos y por sus actividades propias, sin permitir la deducción de costos y gastos de la misma, es decir se determina con base imponible en los ingresos brutos sin tomar en cuenta si existe utilidad real en el ejercicio que se está gravando, atentando de forma coercitiva con el principio de progresividad debido a que no se toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente.
Dicha situación esta teniendo repercusiones sobre los contribuyentes causando una severa lesión a los empresarios y comerciantes generando una fuerte perdida de competitividad a la industria nacional por el desmesurado aumento de las alícuotas en la mayoría de los municipios del país.
Todo esto pudiese representar una merma considerable en la utilidad contable del estado de resultado de los contribuyentes impidiendo de esta manera que pueda reinvertir sus ganancias en la adquisición de maquinarias, renovación de sus inventarios, tecnología, mano de obra y mejoramiento de la calidad y servicios de sus bienes.
Lo cual podría traer como consecuencia desempleo, disminución de la producción, desestímulo de la inversión y cierre de comercios y que muchos de estos se trasladasen a otros municipios buscando mejores beneficios. La problemática planteada toma como ejemplo el Municipio Carlos Arvelo, del Estado Carabobo, ya que el mismo posee escaso desarrollo de las actividades industriales y por su bajo nivel de ingresos promedio, los sujetos pasivos dentro del municipio están representados en su mayoría por comerciantes los cuales representan un 90% con relación a las industrias que representan solo un 10%.
La gran mayoría de los constitucional.
los recibe a través del situado
En la actualidad el Municipio se encuentra en un proceso de modernización de su sistema tributario municipal, y siendo uno de ellos el más importante a desarrollar, como lo es los impuestos sobre Actividades Económicas.
Empresas de trabajo temporal son aquéllas cuya actividad consiste en poner a disposición de otra (empresa usuaria), con carácter temporal, trabajadores por ella. Ámbito Venezolano En el caso particular de nuestro país las ETT nacen en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 (RLOT), dándosele carácter sublegal a dicha figura, ya que la misma no estaba regulada en la LOT en forma expresa, sino que curiosamente fue reglamentada. El investigador Díaz (2005), indica que dicho instrumento normativo refiere una situación de preexistencia de las ETT, instaladas desde 1969 en nuestro país, cuando se domicilia ManPower y le sigue en 1995 otra transnacional, Grupo Adecco1, con el propósito de proveer personal temporal. De acuerdo a Carballo (2001) el régimen de las ETT establecido en el RLOT de 1999, respondía simplemente a la reglamentación de las figuras del intermediario y el contratista
previstas en los artículos 542 y 553 de la LOT. En efecto, en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, además del patrono y del trabajador, la LOT contempla el régimen de los contratistas e intermediarios, y bajo el régimen previsto en el RLOT (1999), la ETT ha de actuar en nombre y por cuenta propia y por tal virtud, asumía frente a quienes contrataba para la prestación de servicios o ejecución de obras, los derechos y obligaciones que dimanan del status de patrono o empleador, mientras que, por contraposición, el beneficiario del servicio ejecutado por la ETT no compromete con ello su responsabilidad patronal. Por tanto, según la tesis del referido autor, esto supone reconocer en las ETT los caracteres esenciales del contratista, quienes prestan con sus propios elementos, en nombre y por cuenta propia, un servicio en beneficio de un tercero, y para reiterar que el régimen de funcionamiento de las ETT, previsto en el RLOT (1999) corresponde a los contratistas en los términos previstos en el artículo 55 de la LOT, basta observar el contenido del artículo 24 del RLOT (1999), al advertir que la inobservancia del régimen de funcionamiento pudiera considerarla como intermediario en los términos del artículo 54 de la LOT vigente. Sin embargo, el maestro laboralista Alfonso Guzmán (2001), es de la opinión que la figura del intermediario es observable, en el contrato de provisión de trabajadores de las ETT, previsto en el artículo 27 del derogado RLOT (1999), destacando que al operar la cesión del empleado y/o obrero contratado por la empresa de trabajo temporal para prestar servicios en beneficio y bajo el control de otra empresa, en este caso, la cesión implicaría la pérdida automática de la condición de patrono que el Reglamento atribuye al cedente y de paso, la vinculación entre la empresa de trabajo temporal y sus empleados no se extinguiría por la terminación del contrato de provisión, sino por la cesión de los respectivos contratos individuales. Ahora bien, según el derogado RLOT (ob. cit), la figura de la ETT tenía por objeto poner a disposición del beneficiario, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados, y al efecto, debían celebrar un contrato de provisión de trabajadores (artículo 27), para que efectivamente, cediera los trabajadores que prestarían servicios a la empresa usuaria en beneficio de ésta última y bajo su control, pero manteniendo siempre el carácter de patrono, la empresa de trabajo temporal, y no la empresa beneficiaria. En dicho instrumento reglamentario se establecía en forma expresa en el -parágrafo único del artículo 24-, que en tanto se observara el régimen allí establecido, la ETT no se consideraría como intermediario en los términos del artículo 54 de la LOT4 Ciertamente, el derogado RLOT exigía una serie de requisitos para la constitución y funcionamiento de las ETT, y expresamente, establecía, si se incumple con ello, la empresa de trabajo temporal se consideraría intermediario, con sus consecuencias y efectos jurídicos.
ETT: ¿Eliminadas o modificadas en su naturaleza jurídica? Conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 38.236 del día martes 26 de julio de 2005, a través de la cual se promulga la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y según su
Disposición Derogatoria Tercera, fueron eliminadas expresamente las Empresas de Trabajo Temporal y cambiada la naturaleza jurídica de las existentes. En otras palabras, al derogarse efectiva y expresamente los artículos del Reglamento LOT (1999), que sustentaban dicha figura, siendo éstos los Artículos: 23, 24, 25, 26, 27 y 28, y cambiada la naturaleza jurídica, de las ETT ya constituidas, y debidamente registradas por ante el Ministerio del Trabajo, se crean una serie de efectos jurídicos que dificultan su funcionamiento, ya que teniendo a partir de ahora el carácter de intermediarias, el beneficiario de la obra (empresa usuaria), responderá solidariamente ante los trabajadores contratados por la ETT, y por otra parte, estos trabajadores deberán disfrutar de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que corresponden a los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria o beneficiaria. Desde el punto de vista jurídico, tanto la ETT como la empresa usuaria o beneficiaria, serán responsablemente solidarios en lo laboral, siendo que los trabajadores de las ETT son ahora titulares de las mismas condiciones socio-económicas de los trabajadores de la empresa usuaria. Por ello, el debate actual permite predecir, que la figura de las ETT desaparecerán de nuestro ordenamiento jurídico, al eliminarles la carta de navegación, que permite su constitución y/o funcionamiento, además al cambiar la naturaleza jurídica de las existentes, su contratación será poco atractiva para las empresas usuarias o beneficiarias, quienes ahora, serán solidariamente responsables. Medida Cautelar Innominada acordada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia En fecha 20 de septiembre del año 2005, los afectados tanto trabajadores permanentes de empresas de trabajo temporal, así como la Asociación Venezolana de Empresas de Trabajadores Temporales (AVETT), interponen ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un recurso de nulidad por inconstitucionalidad, con solicitud de medida cautelar innominada en contra de la disposición derogatoria tercera de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005), así como la nulidad parcial del artículo 57 ejusdem, en sus párrafos 1 y 5, alegando entre otras razones, que la ley impugnada en violación de la Constitución y en desconocimiento de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, establece nuevas obligaciones para las ETT y para las empresas usuarias, afectando derechos constitucionales de los trabajadores y de los empleadores y de empresas que en ellas intervienen. Apuntando además, que las disposiciones impugnadas atentan bien, contra la seguridad jurídica y el ejercicio de las libertades económicas de los empresarios, afectando la fuente de trabajo de miles de trabajadores, ya que conforme estaban reguladas las ETT al no ser intermediarias, no comprometían la responsabilidad laboral del cliente que contrataba sus servicios, quedando la ETT en libertad de negociar con su personal las condiciones de trabajo, respetando los límites y garantías previstas en la legislación laboral. El Reglamento de la LOT (1999), había logrado de esta manera regular una figura con gran potencialidad para generar empleos, por ello, al derogar las disposiciones reglamentarias contenidas en los artículos 23 al 28 ambos inclusive del RLOT, se violenta el principio de legalidad consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRVB), artículo 235, ordinal 10.
Por otro lado, los recurrentes impugnan parcialmente el contenido del artículo 57 de la LOPCYMAT, alegando que es violatorio del derecho al trabajo consagrado en el artículo 87 de la CRBV, además de introducir, una modificación de gran incidencia como es el establecimiento de una solidaridad, con relación al cumplimiento de las normas laborales, entre la empresa beneficiaria y la empresa de trabajo temporal. Al crearles a las ETT, nuevos efectos y obligaciones, su utilización se haría menos atractiva, ya que para las empresas usuarias les resultaría más costosa la utilización de la empresa de trabajo temporal, que la misma contratación directa de los trabajadores. Con ello violentan los derechos a la libertad económica y de empresa, valga indicar que los recurrentes en el escrito libelar señalan expresamente: al ³«cercenarles la carta de navegación legal que rige su actuación y crearles nuevas obligaciones que modifican la racionalidad de su esencia, así como se afectan también estos derechos a los potenciales nuevos actores económicos, que en ejercicio de dichas libertades pretendieron iniciar su actividad económica en el ramo de las empresas de trabajo temporal´ (www.tsj. gov.ve). Lo que significa, que al desincorporar los artículos 23 al 28 del RLOT, les eliminan a las ETT las únicas normas que en ordenamiento jurídico venezolano definen y establecen los requisitos para su constitución y funcionamiento, creando una verdadera situación de inseguridad jurídica para los involucrados, en consecuencia, lesionando el derecho al trabajo que tienen los empleados permanentes de las ETT, así como los trabajadores temporales. De esta manera, se visualiza una inestabilidad laboral, que podrían entenderse que los mismos trabajadores van a quedar cesantes. La Sala constitucional del TSJ, pasa a revisar y se pronuncia con respecto a la medida cautelar innominada solicitada, y en efecto, ordena mediante sentencia Nro. 3.092 Del 18 de octubre de 2005 (Caso Armando Loaiza y otros), la suspensión de los párrafos 1 y 5 del artículo 575 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, así como la disposición derogatoria tercera6 de la misma ley, mientras se decide el recurso principal, y en efecto dichas normas quedan inaplicadas, sin efecto jurídico alguno por medida cautelar innominada. Con esto la Sala Constitucional del TSJ, preserva y garantiza la certidumbre jurídica en torno a la situación de las empresas de trabajo temporal y de quienes laboran en ellas, mientras se decide el fondo del asunto, a través del recurso de nulidad interpuesto, fundamentado entre otros aspectos, a la violación del derecho a libertad de empresa, de iniciativa privada, propugnado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 112 concatenado con el artículo 299 del texto constitucional. Reforma Parcial del Reglamento de la LOT del año 1999 Posteriormente, en abril del año 2006, con la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, vuelven a la palestra nacional, las empresas de trabajo temporal, al producirse una suerte de inseguridad jurídica para ellas, al tambalear la certidumbre jurídica otorgada por la Sala Constitucional, ya que de ipso facto, le derogan la normativa en la cual se fundamentaban, es eliminada la carta de navegación prevista en el RLOT (1999), y obviamente, al desaparecer del instrumento reglamentario, ya no tienen cabida en la estructura jurídico-normativa venezolana a texto expreso. Estableciéndose en las disposiciones finales de la reforma parcial del
RLOT (2006), en su artículo 2407, la ³condición de intermediario de las empresas de trabajo temporal debidamente registradas ante la autoridad competente´ (Ministerio del Trabajo), lo que indica a todas luces, que las empresas de trabajo temporal, ya constituidas por ante la autoridad administrativa competente, asumen la condición de intermediarias con todas las consecuencias jurídicas que ello implica, haciéndolas poco atractivas para las empresas usuarias, debido a los efectos y obligaciones que ahora asume. Y por otro lado, esta reforma deja ver, que la figura de las ETT, desaparecerán de la estructura socio-económica venezolana, ya que al no existir las normas legales que permiten su nacimiento, su constitución y funcionamiento, mal podrían en el futuro inmediato o mediato, constituirse nuevas ETT, en el ámbito nacional. Toda esta situación crea confusión e inseguridad jurídica, por una parte, se encuentra vigente una medida cautelar, que suspende la aplicación de las normas impugnadas ya referidas-, y por otro lado, encontramos un RLOT (2006), que indica expresamente que las empresas de trabajo temporal, tienen el carácter de intermediarias, todo lo cual, afecta los intereses legítimos de las personas que intervienen en la relación jurídica establecida entre las ETT, la empresa usuaria y sus trabajadores. Además, al eliminar expresamente la normativa reglamentaria que permite el nacimiento/constitución o funcionamiento de las ETT, se configuró un futuro incierto, de inestabilidad laboral, de inminente cesación de actividades de estas empresas, siendo afectados, los trabajadores y empresarios de ETT, así como miembros actuales y futuros de la Asociación Venezolana de Empresas de Trabajadores Temporales, que ven desaparecer lo que ha sido su medio legítimo de actividad productiva, y de trabajo durante años, por cuanto las mismas serán poco atractivas para las empresas usuarias. La Seguridad y Salud de los Trabajadores contratados por ETT Uno de los supuestos que justificarían el cambio de naturaleza jurídica de las ETT, es lo relativo a la garantía de seguridad y salud del trabajador, y valga referir a la autora Quintanilla (2004), quien señala que los trabajadores puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal a las empresas usuarias, son un colectivo con un elevado índice de siniestralidad laboral, de allí, que sea imprescindible ofrecerles la información, la formación y los controles médicos previos y periódicos para el adecuado y seguro desarrollo de su prestación laboral. Al tratarse de una relación triangular entre el trabajador, las ETT y las empresas usuarias, se distribuyen las obligaciones y responsabilidades entre ellas, de modo que la empresa usuaria debe asumir las obligaciones, con respecto a las condiciones de ejecución del trabajo en lo relativo a la protección de la seguridad y salud laboral, debe informar a la ETT, al trabajador, y a los Servicios de Prevención de los riesgos de los puestos de trabajo a ocupar por los trabajadores cedidos -debiendo comprobar que dicha información llega a dicho trabajador-, además de informar por escrito a la ETT de todo daño para la salud del trabajador cedido, que se produzca como consecuencia de la prestación de servicios. La ETT no debe celebrar contratos de puesta a disposición para realizar actividades prohibidas, y debe obligarse a informar, a formar adecuadamente a los trabajadores cedidos y a vigilar periódicamente la salud de estos últimos. Ahora bien, en el marco de la novísima Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005), ya comentada, se perfilan los trabajadores de las
empresas de trabajo temporal, ampliamente protegidos y amparados en materia de seguridad y salud laboral, en efecto, el artículo 57 ejusdem, establece que los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar de las mismas condiciones de trabajo, y del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo que los restantes trabajadores y trabajadoras del empleador o de la empleadora al que prestan sus servicios. En el caso particular de esta figura triangular, la beneficiaria tiene la obligación de observar y cumplir con toda la normativa relativa a seguridad, salud e higiene en el trabajo, todo lo cual está en concordancia con lo planteado por la autora antes citada. De igual forma, preceptúa la norma antes citada, que la beneficiaria tiene la obligación de notificar por escrito a la empresa de trabajo temporal, y al trabajador temporal, los riesgos que implican su trabajo, y cuáles son las medidas de prevención necesarias. En efecto, la beneficiaria será responsable, por los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que por su culpa o inobservancia de la normativa que regula la materia de medio ambiente de trabajo y salud de los trabajadores, pueda ocasionar al trabajador temporal. Está previsto el elemento de la solidaridad, al señalar expresamente que tanto el empleador como el contratante serán solidariamente responsables de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y demás normas laborales de seguridad social. Al respecto, de la seguridad social se estableció que las ETT cotizarán al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo relativo a sus trabajadores temporales, en función al riesgo del proceso productivo de la empresa beneficiaria establecido de conformidad con la Ley. Asimismo, en el artículo 50 ejusdem, se indica que los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, designarán delegados o delegadas de prevención de acuerdo a lo establecido en esta ley. Posiciones Sindicales En lo atinente a las relaciones triangulares de trabajo y en el caso particular, de la empresa de trabajo temporal, donde se produce una triple relación, entre la ETT y el trabajador, entre la ETT y la Empresa Usuaria, y la existente entre la Empresa Usuaria y el propio trabajador, no es común observar la figura del sindicato. Aun cuando no fue objetivo central del artículo comentar las experiencias de organizaciones sindicales en este ámbito, se realizó una búsqueda documental en aras de encontrar algún viso del ejercicio a la libertad sindical en el seno de las empresas de trabajo temporal, no encontrándose nada al respecto, lo que evidenció que, son pocas o nulas las actuaciones del sindicalismo en estas relaciones especiales, quizás motivado por una parte, por la falta de identificación del trabajador con la ETT y con la empresa beneficiaria, debido a la inexistencia de estabilidad laboral que permita establecer lazos fuertes con una u otra empresa, que garantice el ejercicio del derecho a la libertad sindical y al eventual establecimiento de organizaciones sindicales. A pesar de que el mismo Convenio 181 y la Recomendación 188 de la OIT (no ratificado por Venezuela), sobre Agencias de Empleo, enfatizan que los trabajadores deberán gozar de protección en materia de libertad sindical, negociación colectiva, salarios mínimos, jornada y prestaciones de seguridad social, aún así, es inexistente la figura de la libertad sindical en estas relaciones laborales especiales, siendo necesario
y urgente que las bases sindicales fijen sus posiciones frente a estas relaciones triangulares de trabajo. El autor Díaz (2004), señala que la empresa es una unidad no sólo mercantil sino socio-laboral, convergiendo en ella diferentes identidades: la empresarial y obrera que se construyen en el tiempo, dinámico e intenso, en el caso particular de las ETT, el mero suministro de personal a la empresa usuaria, ello no logrará la identificación del trabajador con la empresa, y si es por el lado de los sindicatos, no aparecen en ese tipo de relación, por lo mismo; no hay empresa socio-laboral, ni tampoco trabajadores que se identifican entre sí; que no se ven, ni se sienten representados, salvo por ellos mismos, es una suerte de empresa sin trabajadores. Reflexiones Finales Ante las transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo, han surgido nuevas formas de prestación de servicios, relaciones triangulares de trabajo, que muchas veces no están a tono con ese trabajo típico, estable, asalariado, en la gran empresa y preferentemente sindicalizado. En este sentido, han sido los organismos internacionales quienes se han encargado de estudiar la situación actual, y vale señalar, la óptica de la Organización Internacional del Trabajo, con respecto, al objeto de estudio: empresas de trabajo temporal. La OIT en su 85ª reunión celebrada en el año 1997, adoptó el Convenio (núm. 181) y la Recomendación (núm. 188) sobre las denominadas: Agencias de Empleo Privadas (AEP). El funcionamiento de las ETT, plantea las dos caras de la moneda, por un lado, permiten a las empresas, administrar en forma más flexible los recursos humanos, brindando la posibilidad a muchas personas de optar por trabajos eventuales sin las exigencias que implican los trabajos estables, muchas veces resultan una forma de inserción laboral de los trabajadores que buscan por primera vez un empleo, cuando es difícil conseguir la colocación definitiva, y por el otro, han sido vistas como formas adoptadas por las empresas usuarias con un matiz fraudulento, que atentan contra los derechos y beneficios de los trabajadores. En lo que respecta, al ámbito nacional, y atendiendo a la óptica de la normativa emanada del seno de la OIT, es necesario indicar que Venezuela no ha ratificado el convenio 181 y la Recomendación 188, por tanto no es ley para nuestro país. Entre tanto, las Empresas de Trabajo Temporal, estuvieron reguladas en un primer momento en el RLOT (1999) y que de acuerdo a expertos laboralistas allí simplemente se reglamentaba la figura del contratista y el intermediario previstas en la Ley Orgánica del Trabajo. A escasos cinco años de su aparición en el referido reglamento, la suerte de las ETT ha cambiado, todo ha dado un giro de 360º con motivo de la promulgación de la novísima LOPCYMAT (2005), consecuencialmente, su futuro se encontró en manos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien conoce de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad, interpuesto por los actores sociales afectados por el contenido de la disposición derogatoria tercera, y del artículo 57 de la LOPCYMAT, todo lo cual en conjunto les derrumbaba las bases de funcionamiento a las ETT.
Ante tal recurso y medida cautelar solicitada, la Sala Constitucional suspende los efectos de las normas de la LOPCYMAT denunciadas como inconstitucionales, a través de medida cautelar innominada acordada el 18 de octubre de 2005, fundamentada, principalmente, en la supuesta violación de: y y La potestad reglamentaria del Ejecutivo Nacional. La seguridad jurídica y el ejercicio de las libertades económicas de los empresarios; y el derecho al trabajo.
Como consecuencia del pronunciamiento de la Sala, por cuya virtud se ordena la inaplicación de las disposiciones impugnadas, se restablece -con carácter transitorio- el régimen normativo de las Empresas de Trabajo Temporal previsto en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del año 1999. Luego, con la reforma parcial del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (2006), la certidumbre jurídica que de alguna forma, le había concedido la Sala Constitucional del TSJ, a las ETT, se desvanece cuando el poder ejecutivo nacional a través de la facultad reglamentaria, deroga expresamente los artículos que fundamentan el nacimiento y funcionamiento de las ETT en nuestro país, y además, le otorga a texto expreso, el carácter de intermediarias, a aquéllas que se encuentren debidamente registradas por ante el Ministerio del Trabajo. Todo lo cual evidencia que la figura de la empresa de trabajo temporal, desaparece de nuestro ordenamiento jurídico laboral, al no existir posibilidad jurídica alguna para la constitución de nuevas ETT, y por otra parte, las existentes cambian de naturaleza jurídica, al señalar expresamente el RLOT (2006), que tienen ahora, el carácter de ³intermediarias´, asumiendo una serie de obligaciones que de por sí, las harían poco atractivas para sus clientes, de este modo la ejecución de servicios a través de las ETT comprometerían la responsabilidad patronal de la empresa beneficiaria/usuaria y, además resultaría forzoso reconocer a los trabajadores contratados por aquéllas, las mismas condiciones laborales de las cuales gozan sus trabajadores. Pareciera que en definitiva, el carácter autónomo e independiente que tenían las ETT frente a la empresa usuaria se desvanece. Esta situación nos lleva a pensar que en nuestro país se tiende a la hiper-rigidización del Derecho del Trabajo, lo cual se observa en las reformas laborales realizadas recientemente, muy ajenas a las olas flexibilizadoras de otros países. Finalmente al ser derogada la carta aval, es decir, la fundamentación normativa que estaba prevista en el Reglamento de la LOT (1999), lo cual permitía la constitución y el funcionamiento de las ETT, es pertinente, concluir que han sido eliminadas, pues a partir de ahora, no podrán constituirse nuevas ETT, ya que no hay piso jurídico que permita su creación, pues se carece de normativa fundacional, siendo nula la posibilidad de iniciativa privada en aras de desarrollo y evolución del sistema económico a través de estas figuras, por otro lado, al otorgarles el carácter de intermediarias, entendemos que se le está cambiando la naturaleza jurídica a las ETT ya existentes, asumiendo diversas obligaciones, que las harían poco útiles e inconvenientes para las empresas usuarias. Mirando la otra cara de la moneda, se observa que la situación socio-laboral de los contratados por la ETT, fue protegida, amparada, ya que para los trabajadores cedidos implicaba no tener los mismos derechos que ostentaban los trabajadores ordinarios de la empresa usuaria, aun cuando se desempeñaban en condiciones de igualdad, siendo
que ellos se encontraban prestando sus servicios personales, ininterrumpidos, y si se quiere, subordinados a la empresa beneficiaria, pero careciendo de la estabilidad que todo trabajador desea, y sin la posibilidad de detentar garantías en materia de seguridad social, precisamente por su condición y por la temporalidad de la prestación del servicio. En el caso de la seguridad y salud del trabajador, de acuerdo a estudiosos de la materia, los trabajadores de empresas de trabajo temporal, puestos a disposición de las empresas usuarias, son un colectivo con un elevado índice de siniestralidad laboral, de allí que era inexorable ofrecerles la información, la formación y los controles médicos previos y periódicos para el adecuado y seguro desarrollo de su prestación laboral. Por ello, el contenido del artículo 57 de la LOPCYMAT (2005), estaría en sintonía con la garantía a la seguridad y salud en el trabajo, el cual consagra que los trabajadores de las ETT, deberán disfrutar de las mismas condiciones de trabajo y del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo que los restantes trabajadores y trabajadoras del empleador o de la empleadora al que prestan sus servicios. Lo contradictorio del asunto, es que al desaparecer la figura de la ETT del ordenamiento jurídico venezolano, y al cambiar la naturaleza jurídica de las existentes, haciendo más rígida y onerosa la contratación de la ETT por parte de la empresa usuaria, vale la pena preguntar: ¿cuántos trabajadores se beneficiarían y/o perjudicarían con el cambio de regulación normativa. Siendo el trabajo una de las bases fundamentales de la creación de la riqueza de las naciones, del bienestar y desarrollo de las sociedades, y, en fin, de la estabilidad y la paz social, esta situación es de una importancia capital, que requiere que se aborde y busque su conducción hacia formas más adecuadas de solución. Puede verse que el problema ha conllevado severos signos preocupantes en el orden social: el desempleo, el alto grado de pobreza en inmensas masas de la población, la carencia de mecanismos de seguridad social (por la disminución del empleo estable y adecuado), desencadenamiento de un alto índice delictivo en las sociedades y otras graves secuelas. Se observa, entonces, la creciente aparición del trabajo informal, sobre todo en la América Latina (buhoneros, agentes de libre comercio, entre otros), así como la contratación de pasantes (personal en formación para bajar los costos y que al superar la etapa de aprendizaje, son despedidos y nuevamente se ingresan candidatos de ese rubro), los llamados trabajos ³basura´ (con trabajadores, regularmente ilegales, a quienes se les suele pagar por debajo del salario mínimo nacional, sin seguridad social, sin que gocen de días de descanso, con violación de la jornada laboral, o también aquellos realizadas por niños o ancianos), o labores ejecutadas por presos (subpagados y sin ninguna verdadera retribución) todo lo cual viene a constituir un abierto atentado a las normativas laborales y de carácter social más elementales. Del mismo modo, surgen nuevas formas: teletrabajo, relaciones del contrato de franquicias o de alta autonomía, participación e iniciativa (empowerment). Las mismas han creado regularmente un ámbito de desprotección al laborante, dada la manera sui géneris de llevar a cabo su prestación de servicios.
Esta crisis, como se ve, toca también al Derecho Laboral, puesto que se ha pretendido desarticular todas las regulaciones de protección social, creándose un verdadero desajuste en el campo de trabajo. Es así como la política llamada de flexibilización de las relaciones laborales, que ha tenido sus mayores avances en América Latina desde los años noventa, ha buscado desregularizar el vínculo del trabajo, con el marcado fin de bajar los costos empresariales y la obtención de grandes ganancias para los patronos (a través de la desaparición o rebaja de prestaciones sociales laborales, la desarticulación del seguro social obligatorio, la eliminación de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y de los mecanismos de estabilidad laboral, predominio de libertad de jornadas laborales, de trabajos temporales, extensión de períodos de prueba inindemnizables, libertad de acogimiento a las normas de higiene y seguridad, etc.) Muchos estiman que la suavización de las leyes laborales y sociales sirven como incentivo para la captación de inversionistas extranjeros en América Latina que así, según este criterio, pueden colocar cómodamente sus dineros en el país, con la consiguiente creación de empresas, que en esos casos desarrollarían nuevas fuerzas de trabajo, sin las presiones del cumplimiento de disposiciones en el orden social, garantizándose, de ese modo, la rápida recuperación de lo invertido y grandes ganancias, lo cual sería atractivo para esos inversionistas, pues de acuerdo a esta tesis, eso es lo que en definitiva buscan con su colocación de dineros, y además, la nación logra insertarse en la carrera globalizadora. Se ha señalado que, en virtud del fenómeno globalizador de nuestro tiempo, no es posible escapar de estos signos de flexibilización y desregularización. Es decir, este enfoque pretende establecer que, en virtud de la globalización creciente, es el trabajador quien debe soportar los efectos de una modernización o actualización de la relación laboral; en otras palabras, debe aceptar cambios sustanciales que conducen a unas deficientes condiciones laborales, baja remuneración, aumento del horario, carencia de seguridad social, labores en días de descanso semanal, eliminación de beneficios y prestaciones sociales, alteración de las regulares u ordinarias relaciones laborales para convertirlas en precarios trabajos (sin arraigo), aceptar que su vinculación laboral con el patrono sea cambiada por una fingida relación mercantil. Todo ello, con el propósito de permitir al sector patronal elevar desmesuradamente sus ganancias y beneficios, sin que realmente se retribuya el esfuerzo del laborante. Esto produce desequilibrios inadecuados que conducen a graves dificultades para el trabajador. De allí, que el Papa Juan Pablo II haya clamado, en diversos y variados escenarios, por apartar este enfoque que resulta perjudicial para el prójimo, levantando su voz para combatir el neoliberalismo salvaje, que acorrala al ser humano y lo condena a la pobreza. Es igualmente comprensible entender al sociólogo teutón Beck (1999), quien en su estudio sobre la globalización, destaca que, en estos tiempos, ³...las empresas transnacionales están registrando unos beneficios récord...´. También, los autores alemanes Martin y Schuman (2000) han expresado que en la actualidad, de lo que se trata es de un regreso de las políticas liberales de finales del siglo XIX y comienzos del XX: A la misma utopía del mercado que se autorregula vuelven a entregarse hoy todos aquellos que han inscrito en sus banderas la eliminación del Estado de bienestar y la
desregulación incondicional. Pero su fundamentalismo de mercado es una forma de analfabetismo democrático... (p. 283). Estos autores indican que esa contradicción entre mercado y democracia es lo que ha permitido el desencadenamiento de explosivos conflictos sociales de trabajadores, a todo lo largo y ancho del mundo, pues en su opinión, sólo quienes tienen un empleo seguro y una vivienda son quienes hacen suya la democracia y la vivifican. Es evidente que estos planteamientos, de uno y de otro orden, llevan a estudiar la situación que realmente se presenta en el ámbito laboral, dadas las implicaciones que ellos conllevan. La presente investigación busca indagar, inicialmente, qué es una relación laboral. Así mismo, entra a establecer por qué el Estado interviene estas relaciones (interponiéndose entre patrono y laborante); cuál es la razón por la cual la sociedad está interesada en los nexos laborales y su destino; del mismo modo, la importancia de la protección laboral adecuada y estable, ante las presiones de la desregularización y, además, las formas de protección de la relación laboral. Indudablemente que la trascendencia y actualidad del tema están presentes, porque no hay habitante u hogar de este país, que no lo toque, bien por el lado del sector empresarial o desde el laborante. Y aún más por el peso que tiene en la economía, en general. ¿QUÉ ES UNA RELACIÓN LABORAL? sta interrogante, común en el tradicional Derecho Laboral, hoy día parece merecer un nuevo examen, dada la aparición de formas de nexos del trabajo, que resultan discutibles, a la luz de los principios legales. En tal sentido, dada la reaparición del liberalismo (con la nueva denominación de neoliberalismo), también pareciera que se repitieran las situaciones de volver la relación laboral a los tiempos del contractualismo privado cerrado, sin intervención pública. En los países en desarrollo, tal enfoque choca con la propia realidad, pues indudablemente, en el ámbito latinoamericano, por ejemplo (que es el que ocupa Venezuela), la situación laboral plantea actividades con vocación y finalidad distintas a las del primer mundo (industrializadas); de manera que, en aquéllos, el tratamiento de la relación del trabajo debe abordarse desde una perspectiva diferente. Así, cuando se establece en Venezuela que el trabajo es un hecho social y que la relación laboral existe cuando una persona presta su servicio para otra, quien lo recibe, mediante una contraprestación en dinero, que es la remuneración, lo que ha querido fijarse, es precisamente un vínculo que trasciende a la propia esfera individual de los sujetos vinculados, para constituir un asunto que interesa a todos. En otras palabras, el trabajo se reputa un hecho social, puesto que la sociedad está interesada en que las condiciones de los trabajadores sean dignas y adecuadas, ya que siendo Venezuela un país en desarrollo, esas condiciones constituyen parte de los
objetivos del Estado venezolano, para lograr sus metas de prosperidad y avance de su población, fines últimos que encierra el bien común. De suyo, ello explica entonces el principio de protección oficial del trabajo, garantizado constitucionalmente, sin ápice de dudas (artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1.999), pues lo laboral constituye un proceso fundamental y básico de este país (in fine artículo 3 ejusdem). ¿CUÁL ES LA RAZÓN PARA CONSIDERAR COMO PROCESO FUNDAMENTAL PARA VENEZUELA AL HECHO SOCIAL TRABAJO? o cabe duda que la Carta Magna de 1.999 es de neto corte social. Su preámbulo recoge la búsqueda del bien común, la justicia social, el derecho al aseguramiento del trabajo y la preservación de los derechos humanos, bajo el signo de una democracia participativa y protagónica, y un Estado de justicia social. Para poder garantizar todo lo señalado, es menester el predominio de una sociedad igualitaria y sin discriminaciones, que defienda y sostenga el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. El desarrollo de la persona sólo se logra, a través del acceso de ella a un trabajo digno, adecuado y permanente (estable), que le garantice ingresos para poder sostenerse a sí misma y a su grupo familiar y, además, para existir plenamente (junto con su grupo familiar) en su entorno, desarrollándose cabalmente. Es decir, que el trabajador pueda contar con un futuro material. Esa perspectiva de que los trabajadores puedan tener un futuro material, a través de un empleo seguro, es lo que permite comprender la importancia de la relación laboral adecuada y estable. Así, puede establecerse que, después de la vida, quizás el trabajo es el derecho humano más importante, porque toca el tema de la subsistencia y, evidentemente la actividad laboral debe desarrollarse en condiciones de dignidad. Es interesante traer a colación, lo que ha señalado el informe de la Organización Internacional del Trabajo, en la 89ª Reunión de junio del año 2001, sobre lo que ese ente denomina trabajo decente (OIT, 2001): La mejor expresión de la meta del trabajo decente es la visión que tiene de él la gente. Se trata de un puesto de trabajo y sus perspectivas futuras, de sus condiciones de trabajo, del equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, de la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela o retirarlos del trabajo infantil. Se trata de la igualdad de reconocimiento y de la capacitación de las mujeres para que puedan tomar decisiones y asumir el control de su vida. Se trata de las capacidades personales para competir en el mercado, de mantenerse al día con las nuevas calificaciones tecnológicas y de preservar la salud. Se trata de desarrollar las calificaciones empresariales y de recibir una parte equitativa de la riqueza que se ha ayudado a crear y de no ser objeto de discriminación; se trata de tener una voz en el lugar de trabajo y en la comunidad. En las situaciones más extremas, se trata de pasar de la subsistencia a la existencia. Para muchos es la vía fundamental para salir de la pobreza. Para muchos otros, se trata de realizar las aspiraciones personales en la existencia diaria y de manifestar solidaridad para con los demás. Y en todas partes, y para todos, el trabajo decente es un medio para garantizar la dignidad humana...El trabajo decente ofrece, pues, un medio para
combinar el empleo, los derechos, la protección social y el diálogo social en las estrategias de desarrollo. Venezuela, en la actualidad y más que en ninguna otra oportunidad, está comprometida con el desarrollo de sus habitantes y de su sociedad, para obtener un estado de satisfacción, que le permita prosperidad, dado el gravísimo momento de pobreza crítica y de desnutrición que azota a la mayor parte de su población, que vive en miserables ranchos, pese a la inmensa fortuna que ha salido de los pozos petroleros de este país. Debe decirse que no es casual que, tanto Venezuela, como los demás países latinoamericanos, sufren el terrible azote de la pobreza, que golpea a su clase intermedia, llevándola a niveles extremos nunca antes conocidos, y también a la clase obrera y a los trabajadores informales. Ello se localiza cuando se observa la proletarización de los niveles medios, hasta casi la desaparición de la clase media y también en el éxodo de profesionales universitarios hacia países avanzados, lo cual representa la dolorosa y grave ³fuga de cerebros´, que luego de grandes esfuerzos para formarlos, resulta sumamente difícil recuperarlo. Y en los estratos más bajos, los graves números de la pobreza crítica, que lleva a la población a la indigencia, sin lugar a dudas. Esta situación nos permite diagnosticar que es imprescindible atacar ese flagelo de la pobreza, y de allí que el trabajo sea un proceso fundamental para Venezuela. La reducción sustancial de los niveles de desempleo, a través del establecimiento de relaciones laborales adecuadas y permanentes será un factor esencial e importante para la baja de las altas tasas o porcentajes de inseguridad ciudadana (delincuencia urbana y rural), reducción de los explosivos números de la desnutrición, pobreza crítica y carencias sanitarias, la limitación de los juegos de envite y azar (que se traduce en grandes masas de personas dedicadas a la vagancia, el ocio y otras actividades deplorables), el combate a la prostitución y a las drogas. De allí que el Estado tenga como proceso fundamental al trabajo. Ahora, desde otro ángulo, debe observarse que el trabajo adecuado y permanente, permite garantizarle al laborante su acceso a los planes de vivienda, a la adquisición de bienes y servicios, de hospitalización, medicinas y seguridad social. De la misma manera, a servicios de comedores en la empresa, y así mismo, a disciplinarse en el uso de los implementos de higiene y seguridad y en la existencia de un lugar de trabajo adecuado (lo cual impide o limita los infortunios laborales). No hay que olvidar que un trabajador bien alimentado, que haya recibido capacitación para desarrollar sus labores, que cuente con un buen ambiente y condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, que reciba y use sus implementos para efectuar su actividad, que se siente a gusto en su empresa, porque recibe una remuneración adecuada, constituye una barrera para que se produzcan desgracias en las fábricas y establecimientos, y es un elemento vital en la productividad. Debe decirse que la garantía de una relación laboral adecuada y estable reside en el Estado, pues indudablemente la realidad del campo de trabajo indica que, regularmente, existen manejos y vicios que disminuyen los derechos del laborante, como: extensión arbitraria de la jornada laboral (sin retribución y sin consideración de las fuerzas físicas y psíquicas del trabajador), escamoteo de pagos (cesta-ticket,
bonos, etc.), la no inscripción en el seguro social obligatorio, pagos por debajo del salario mínimo y otras situaciones. También, no hay que olvidar que muchas veces se pretende esconder una relación de trabajo bajo formas distintas, para hacerlas aparecer como otro tipo de contrato (arrendamiento, concesión, sociedad, etc.). Es lo que en el medio laboral se conoce con el nombre de simulación contractual o fraude laboral, que buscan burlar la aplicación de las normas del trabajo y la legislación social. Ello no debía ocurrir y por eso, resulta necesaria la creación de los mecanismos directos de control y supervisión al respecto. Esto revela la importancia y trascendencia de la intervención del Estado, como parte protectora de una relación laboral adecuada y estable, ya que realmente, en otras situaciones, el trabajador está totalmente desasistido, pues una relación laboral irregular (donde no existe estabilidad, ni un salario justo y remunerador, donde carezca de seguro para enfrentar las enfermedades personales y las del grupo familiar, donde no se le garantice buenas condiciones de trabajo, ambiente adecuado e implementos para su labor, etc.) es una calamidad tanto para ese trabajador, para la sociedad y para el país, en general. FORMAS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO A UNA RELACIÓN LABORAL ADECUADA Y ESTABLE videntemente que el Estado debe ser el patrocinante mayor del acceso de todo ciudadano a una relación laboral adecuada y estable, sin que ello excluya la participación de la familia y la sociedad (sobre todo de los protagonistas directos: organizaciones patronales y de trabajadores) quienes están expresamente comprometidos como indica la Carta Magna en su artículo 7 (in fine), pues no debe olvidarse que el trabajo constituye un proceso fundamental para la nación venezolana. Este compromiso se localiza en tres instantes, que indican la vinculación del trabajador con la relación laboral: formas de obtenerla, mantenerla y retenerla. En el primer momento, se trata del acceso del individuo al puesto (obtenerlo). En tal sentido, en Venezuela existe la declaratoria del derecho y el deber del trabajo, en condiciones de dignidad, siendo una obligación del Estado. Así, el artículo 87 de la Carta Magna (1999), indica que: Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo, no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.
Se observan claramente las obligaciones que atañen a cada una de las personas (Estado y particulares) comprometidas con esta primera situación (acceso al empleo o forma de obtenerlo). Ahora, para el ingreso, el legislador ha buscado regular el período de prueba, por cuanto como se trata de un lapso de reconocimiento de las partes, la ruptura que se produce en su curso es sui géneris, puesto que se efectúa sin aviso previo y sin indemnización alguna, aunque el patrono está obligado a cancelar los salarios que se produzcan, por jornada cumplida. Por estas circunstancias, ese período de prueba no puede exceder de noventa (90) días continuos, conforme indica el artículo 103, parágrafo segundo, literal (a) de la Ley Orgánica del Trabajo (1.997), consagrándose la total igualdad del hombre y la mujer al ejercicio del derecho del trabajo (artículo 88 de la Carta Magna), estableciéndose constitucionalmente el principio de la no discriminación por razones políticas, de sexo, de raza, edad, religión o credo o cualquiera otra condición. (Artículo 89, numeral 5º ejusdem). Para el ingreso al trabajo, para obtener una relación laboral adecuada y estable, es indudable que deben potenciarse los mecanismos de acceso, a saber: Debe aplicarse una sostenida política de reducción de las jornadas laborales, llevándose a treinta y seis horas semanales, la diurna, aplicándose la reducción en igual proporción a las otras dos jornadas. Ello permitirá la incorporación de muchos trabajadores para cubrir las horas que quedan libres. De paso, quienes obtienen una ampliación del tiempo libre, desarrollarán actividades de recreo que incentivan las áreas de distracciones y espectáculos (creándose otros puestos). 2. La implementación de planes de rigurosos controles para reducir los trabajos extraordinarios (horas extras) en las empresas y las violaciones de las jornadas laborales (en general). Así mismo, debe crearse causales para poder permitirse el trabajo por horas, el cual será excepcional y sujeto a autorización. Y en caso de existir, al trabajador debe garantizársele los beneficios del seguro social obligatorio, descansos semanal y anual obligatorios remunerados y otros, con el fin de que sean transformados en un trabajo regular y no por horas. 3. Planes de capacitación (INCE, televisoras regionales, casas comunales de los barrios, etc.) para preparar a los jóvenes y a los otros trabajadores que desean seguir progresando. En este punto, es importante el concurso de los jubilados, quienes pueden ayudar a capacitar las nuevas generaciones, para darles paso y así no se repita el vicio que continúen laborando por contrato, pues ello genera desempleo. 4. Mejor organización y tratamiento a las agencias de empleo, así como a la información sobre mercado de trabajo, modernizándolas. Desde otra perspectiva, debe garantizarse que, al ingresar al trabajo un laborante, se aplique el principio de la conservación de la relación laboral, es decir, aquel que predica que todo nexo del trabajo se reputa a tiempo indeterminado, a menos que sea indispensable conforme a los casos específicos establecidos excepcionalmente en los artículos 75 y 77 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ello genera la seguridad en la permanencia del laborante en el puesto, lo cual evita las angustias del grupo familiar y del trabajador ante la ruptura del vínculo.
Este segundo aspecto, señalado anteriormente, es el que se corresponde a la forma de mantener la relación laboral. Nuestra Constitución en su artículo 93 establece la garantía de estabilidad, limitando toda forma de despido. Ahora, mantener un vínculo del trabajo genera específicos lineamientos constitucionales en cuanto a la duración máxima de la jornada de trabajo, al descanso semanal obligatorio y al derecho a vacar (artículo 90), el derecho a un salario digno y a utilidades (artículo 91), a prestaciones sociales (artículo 92), a sindicalizarse (artículo 95), a contratación colectiva (artículo 96) y a huelga (artículo 97). Estas disposiciones, que buscan elevar la calidad de vida del trabajador, concretan en la práctica, los supremos derechos humanos del venezolano y de quienes conviven con él en este país: el derecho a la vida (por cuanto al tener acceso a un empleo digno, puede subsistir o existir, junto a los suyos); el derecho a la salud (pues con su salario puede obtener alimentos, medicinas, ropas, etc. que lo proteja plenamente, aparte de su acceso a la seguridad social); derecho a una vivienda (porque con empleo tendrá mayor oportunidad de obtenerla, a través de su salario, prestaciones o caja de ahorro, o por lo menos de exigir de su sindicato el acceso a cooperativas para adquirirla); derecho a la educación (porque tendrá acceso a planes de capacitación del INCE, la obtención de becas para él y sus hijos conforme al respectivo convenio colectivo de trabajo, etc.); derecho al desarrollo de su personalidad (a través de los planes de creación y recreación que deben existir en empresas y sindicatos, incluso con la asesoría del Instituto Nacional de Creación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), instituto dependiente del Ministerio del Trabajo, para desarrollar actividades como: bibliotecas, teatros, grupos corales, planes vacacionales, etc., que incluso generan actividad cultural y turística); y así, una gran cantidad de derechos que se hacen realidad evidente. En cuanto a la tercera situación, relativa a retener la relación laboral, es evidente que esto se refiere a que el trabajador tiene garantizado el derecho de recuperar su trabajo, cuando lo ha perdido. Es decir, que el laborante puede ser reintegrado a su empleo, cuando fuere despedido injustificadamente, toda vez que el texto constitucional, en el artículo 93, reputa nulo todo acto de esa naturaleza, por ser contrario a la Carta Magna. La institución de la estabilidad laboral ha existido, desde hace muchos años en Venezuela (a través de los procedimientos de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, de la estabilidad absoluta y relativa), sin embargo, si se lee con detenimiento la actual Carta Magna puede atribuirse una nueva dirección, sin lugar a dudas; la forma como está redactada esta norma constitucional plantea nuevos lineamientos, que parecieran ser más rigurosos. Todo ello se concretará con la próxima reforma laboral. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CUMPLIMIENTO
Para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, indicadas en las formas
anteriores, la normativa constitucional ha establecido seis principios básicos, a saber: (a) Intangibilidad, progresividad y primacía de la realidad: Establece que ninguna norma podrá alterar los derechos y beneficios de los trabajadores, los cuales tienen carácter progresivo (es decir, que siempre se conservarán los derechos adquiridos y no podrán disminuirse ni eliminarse, sino superarse siempre). Y, además, debe predominar lo que existe, la realidad, sobre las formalidades. Ello con el objeto de la
protección del trabajo frente a la simulación y al fraude. (b) El principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales: con los cuales se tratan de evitar los atentados contra los beneficios del laborante. (c) La interpretación de las normas laborales a favor del trabajador, cuando haya dudas o cuando existan varias normativas. (d) La absoluta nulidad, tanto en su existencia como en sus efectos, de todo acto contrario a los lineamientos constitucionales del trabajo. (e) La consagración del principio de la no discriminación. (f) La protección de los menores contra toda explotación económica y social. La garantía del cumplimiento de cada una de las obligaciones y de los compromisos establecidos constitucional y legalmente reside en cada ciudadano, quien se encuentra respaldado por la institución de la Defensoría del Pueblo, facultada por los artículos 280, 281 y 282 de la Carta Magna para actuar en los casos atinentes a la defensa y preservación de los derechos laborales. Además de la existencia de los órganos administrativos del trabajo (Procuraduría, Inspectoría, etc.). Ello no obsta a que las organizaciones (sindicales o de cualquier otra índole) puedan actuar al respecto, debiéndose agregar, que cuentan también con el recurso especial de amparo constitucional, previsto en artículo 11 de la ley laboral. Todo esto es de suma importancia, por cuanto el cumplimiento de las referidas normativas constituye garantía para que se logre alcanzar la elevación en el nivel de vida del trabajador venezolano. Debe señalarse que la satisfacción de las necesidades del trabajador trae como elemental consecuencia su identificación con la empresa y elevación de su auto-estima, pues se siente cómodo y agradado, por lo cual su respuesta (en la ejecución de su prestación de servicio y trato) será más satisfactoria, indudablemente, lo cual valoriza la calidad de la prestación, la productividad y el mejor manejo en la administración de la empresa por el patrono. Es interesante anotar que Lares Soto (1998) ha indicado que la mayoría de los enfoques sobre la satisfacción en el trabajo le asigna una connotación positiva, de manera explícita o implícita. Agregando que la misma debe ser maximizada. Y ello es verdad, porque con buena productividad los empresarios obtienen mejores dividendos, lo cual hace posible un desarrollo sostenido. Como corolario surge que todo ello contribuye ostensiblemente a la paz social, el progreso y prosperidad en todo el ámbito del país. CONCLUSIONES
Se observa, del examen expuesto en esta investigación, que una de las bases del desarrollo económico del país es la actividad del trabajo, que debe llevarse a cabo con relaciones laborales adecuadas y estables, que garanticen a los laborantes su inserción en el ámbito económico, para tener acceso a bienes y servicios, que hagan factible la elevación de su calidad de vida y prosperidad. Ello posibilita el progreso en general de la sociedad. De allí que el Estado deba implementar los mecanismos de la nueva seguridad social universal, una política de generación de empleos y la creación de órganos controladores del buen cumplimiento de las leyes laborales, para así garantizar las relaciones de trabajo estables y adecuadas.
Hoy, en el plano mundial, se debaten las fuerzas de la comercialización general de los países, quienes han denunciado la práctica del llamado dumping social (que se traduce en la elaboración de productos, por parte de grandes corporaciones, con trabajadores
subpagados o de mano de obra semiesclava, o sin protección de leyes sociales), mecanismo que atenta contra la competitividad y la desajusta, desatándose una verdadera guerra de precios ³hacia abajo´, donde llevan la ventaja quienes conspiran contra los precios justos. Esto ha llevado a múltiples confederaciones sindicales mundiales a exigir que se inserte la cláusula sindical a todos los convenios entre las naciones, donde se garantice que los productos que se comercializan están elaborados por trabajadores bajo protección de las leyes sociales, que siguen los lineamientos de la OIT Vale la pena, finalmente, recordar la cerrada y terrible oposición que sufrió Roosevelt, en los Estados Unidos, con su política del New Deal, en los años siguientes a la gran depresión, donde grandes economistas y políticos descalificaron las necesarias intervenciones del Estado en la economía (que había sido liberal). De este modo, inició la creación del sistema Social Security, para protección del laborante (seguro paro forzoso, hospitalización, pensiones de vejez, etc.), políticas de pleno empleo y de inspección del trabajo, para garantizar el cumplimiento de los lineamientos normativos aprobados. Como dice Galbraith (2000), es hoy opinión generalmente aceptada que la revolución de Roosevelt salvó el sistema económico capitalista y la vida se hizo más estable y segura, hasta el punto que de un país quebrado (atrapado por el gangsterismo, el juego, la prostitución, el desempleo, etc.) pasó a ser la primera potencia del mundo
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