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Timestamp: 2020-03-30 01:10:55+00:00

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Resolución ENRE 0293/2013. Boletín Oficial n° 32.749, miércoles 23 de octubre de 2013, p. 10.
Citas Legales : Constitución nacional, Decreto 01172/2003, Decreto 02204/3-MP (Tucumán), Ley 06.253 (Tucumán), Ley 19.549 - artículo 07, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 17, Ley 19.549 - artículo 19 inciso b), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Memorándum AARyEE 0752/2013, Memorándum D.AMB. 0012/2008, Memorándum D.AMB. 0017/2013, Memorándum D.AMB. 0173/2010, Nota ENRE 094.882, Resolución DMA 0096/2010 (Tucumán), Resolución ENRE 0030/2004, Resolución ENRE 0039/1994, Resolución ENRE 0069/2001, Resolución ENRE 0069/2001 - anexo I - artículo 16 inciso c), Resolución ENRE 0137/2012, Resolución ENRE 0137/2012 - artículo 1, Resolución ENRE 0271/2012, Resolución ENRE 0410/2011, Resolución ENRE 0410/2011 - artículo 4, Resolución SE 0077/1998, Resolución SE 0106/2003, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II
Expediente Citado : ENRE 24306/2007
VISTO: El Expediente ENRE N° 24.306/2007, y
Que por Resolución ENRE N° 410/2011 se convocó a Audiencia Pública con el objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA” (“TRANSNOA S.A.”), por requerimiento del Ministerio de Economía de la provincia de TUCUMÁN, para las obras consistentes en DOS (2) campos de línea de 132 kV en la ET CEVIL POZO, el Cable Armado Subterráneo (CAS) 132 kV AYACUCHO - AVELLANEDA, de una longitud de DOS COMA SEIS (2,6) km., UN (1) campo de 132 kV en la ET AVELLANEDA, y la ET AYACUCHO - 2x30 MVA, 132/13,2 kV, compuesta por DOS (2) campos de línea en 132 kV, DOS (2) campos de transformador en 132 kV, CINCO (5) celdas de 13,2 kV, simple barra de 132 kV, y doble barra de 13,2 kV, obras enmarcadas bajo el Título II del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS; asimismo, la construcción, en el marco de la Resolución SE N° 106/2003, el CAS 132 kV ESTÁTICA - AYACUCHO, de DOS COMA UNO (2,1) km. de longitud, y la Ampliación de la ET ESTÁTICA en UN (1) campo de 132 kV, en la provincia de TUCUMÁN.
Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 4 de la Resolución ENRE N° 410/2011 referida, la Audiencia Pública se realizó en la ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, provincia de TUCUMÁN, a los 26 días del mes de enero de 2012.
Que al inicio de la misma se aclaró que su objeto era analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública presentado por “TRANSNOA S.A.”, por requerimiento del MINISTERIO DE ECONOMÍA de la Provincia de TUCUMÁN, para las obras consistentes en UN (1) cable armado de 132 kV, entre las EETT AYACUCHO Y AVELLANEDA, de DOS COMA SEIS (2,6) km., UN (1) campo de 132 kV en la ET AVELLANEDA, DOS (2) campos de 132 kV en la ET CEVIL POZO y la ampliación de la ET AYACUCHO, que sería del tipo simple juego de barra de 132 kV y doble juego de barra en 13,2 kV, con DOS (2) transformadores de 30 MVA de 132 / 13,2 kV, DOS (2) campos de línea de 132 kV, DOS (2) campos de transformación en 132 kV y CINCO (5) celdas en 13,2 kV, en el marco del Título II, “Ampliación por contrato entre partes”, del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que se manifestó que también formaban parte del objeto de esa Audiencia Pública, la instalación de UN (1) cable de 132 kV entre las ET ESTÁTICA Y AYACUCHO de (2,1) km y UN (1) campo de 132 kV en la ET ESTÁTICA, en el marco de la Resolución SE N° 106/2003.
Que el personal del Ente interviniente en la misma destacó al inicio de la referida Audiencia que, por un error material, en el Edicto publicado en los diarios, se mencionaron obras que fueron tratadas en una Audiencia Pública anterior y, que en honor a la economía de procedimiento, se proseguiría con la Audiencia Pública con el objeto determinado por la Resolución ENRE antes mencionada; como así también, que de existir alguna observación, la misma sería tomada en cuenta y posteriormente analizada.
Que teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, en cuanto a que, de existir alguna observación, la misma sería tomada en cuenta y posteriormente analizada y ante la noticia del Diario La Gaceta respecto a esta irregularidad, se juzgó conveniente asegurar la mayor participación de los interesados a través de una nueva Audiencia Pública, la que fue convocada por medio de la Resolución ENRE N° 271/2012 a los mismos fines y efectos que la dispuesta por la Resolución ENRE N° 410/2011.
Que asimismo, por medio de la referida resolución ENRE N° 271/2012 se resolvió suspender la validez del Certificado de Conveniencia y Necesidad otorgado por Resolución ENRE N° 137/2012, hasta tanto se cumpla debidamente con dicho procedimiento.
Que la nueva Audiencia Pública fue celebrada el día 8 de noviembre del año 2012, durante la cual se realizaron numerosas exposiciones.
Que en ese sentido, el Director de Industria y Energía de la provincia de TUCUMÁN, realizó una descripción sobre el estado actual del sistema de transporte eléctrico en esa provincia, y destacó que el Plan de Transporte 2006/2016 contiene las obras necesarias para recuperar gradualmente la confiabilidad del sistema de abastecimiento eléctrico, comprendiendo VEINTICUATRO (24) ampliaciones que incluyen DIEZ (10) estaciones transformadoras nuevas, NUEVE (9) vínculos de alta tensión entre estaciones, y CINCO (5) ampliaciones en estaciones existentes.
Que asimismo expresó que con la ET AYACUCHO se pretende incrementar la potencia de transformación en la zona del microcentro de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, evitar restricciones y a la vez incrementar la confiabilidad del sistema y que esta E.T. inmediatamente se encontrará en el OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83 %) de su máxima carga; sin considerar márgenes de falla, saturándose en UN (1) año.
Que con el cable que conectará la ET ESTÁTICA SUR con INDEPENDENCIA, se tendrá un doble vínculo que aseguraría el abastecimiento a SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.
Que en cuanto al edificio de la E.T. observó que el mismo tiene calles laterales de OCHO (8) metros de ancho, y que su diseño y los equipos de maniobra son de última generación.
Que señaló que los pliegos de especificaciones técnicas definen la arquitectura, características y configuración a utilizar en la estación, todo encuadrado en el marco de las normativas eléctricas, civiles y de seguridad vigentes IRAM, CIRSOC, IEC, etcétera y que el estudio de impacto ambiental contempla la normativa ambiental a nivel provincial y nacional.
Que destacó que en la provincia de TUCUMÁN las obras y acciones deben cumplir con los estudios de impacto ambiental establecidos por la Resolución 116 y las complementarias del Departamento de Ciencia y Técnica y Medio Ambiente de esa provincia, que el Consejo Provincial de Economía y Ambiente emite los dictámenes vinculantes, otorgando el Certificado de Aptitud Ambiental y que el Certificado fue otorgado el 24 de junio del año 2010 por Resolución DMA N° 96.
Que sobre la obra E.T. AYACUCHO observó que resulta indispensable para el desarrollo urbano y la sustentabilidad del abastecimiento del centro de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN y que a través de la misma se brindará una solución estructural al problema de abastecimiento de la zona, siguiendo los modelos constructivos mundiales.
Que el Señor José Luis Guinudinik, docente de la Universidad Tecnológica, Facultad Regional de Tucumán se refirió a la obra como colaborador, en el marco del convenio que tiene la Facultad con la provincia.
Que el mismo señaló que en el centro de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, la zona “dentro de cuatro avenidas”, es de demanda eléctrica insatisfecha; indicando que ante picos de calor, eventos climáticos o por alguna falla de algún elemento menor, es necesario recurrir a cortes para mantener el servicio eléctrico en funcionamiento y que de no contar con la estación transformadora Ayacucho probablemente todos los edificios y nuevas viviendas en la zona no van a poder contar con energía eléctrica.
Que el representante de ADEERA manifestó que, esta situación se presenta en distintas ciudades de nuestro país y solicitó que se otorgue el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública
Que el representante de EDET señaló que tanto la red de transporte como la red de distribución constituyen un sistema dinámico que va creciendo y acompañando a la demanda; que por eso es importante que se permita hacer esta obra, para que siga el desarrollo demográfico y económico de la región.
Que en cuanto a la ubicación de la E.T, destacó que tiene que permitir la asistencia entre las otras estaciones transformadoras existentes, para poder alimentarse en caso de una falla desde alguna de ellas.
Que, agregó que si al punto de inyección se lo desplazara hacia uno de los costados, en lugar de instalar UNA (1) estación harían falta DOS (2), para poder abastecer la demanda que está justamente en el centro; por lo que la ubicación elegida para el emplazamiento de la estación transformadora es la óptima, porque tiene que estar en la zona centro sur de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.
Que por último informó que contrataron para esta obra, a las mejores empresas a nivel local, nacional e internacional para cumplir con todos los estándares de calidad y de seguridad que requiere este tipo de construcción.
Que el representante de “TRANSNOA S.A.” ratificó lo expresado en ocasión de la audiencia realizada el día 26 de enero de 2012.
Que respecto de las magnitudes de campos eléctricos y magnéticos de esta ampliación, reseñó que su cálculo formó parte del proyecto, habiéndose verificado que respeta las exigencias de las normas vigentes, siendo procedente realizar las mediciones de los parámetros ambientales con un ente técnico calificado, independiente y homologado por el ENRE, previo a la habilitación de la obra.
Que en cuanto a las cuestiones técnicas reiteró lo expresado por el representante del Ministerio y por EDET y agregó que la ejecución de los campos de 132 kV de la E.T. CEVIL POZO permitirá una adecuada distribución de flujos de potencia por los DOS (2) vínculos entre El Bracho y Tucumán Norte, mejorando la confiabilidad del abastecimiento a las estaciones de la provincia de TUCUMÁN.
Que el representante de la Unión Industrial destacó, en una breve introducción, la necesidad de las obras, no solamente de la estación, sea cual sea el emplazamiento, y que obviamente beneficia a SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, sino de todo el plan energético 2006-2016 que ha planteado la provincia de TUCUMÁN y ratificó la necesidad de cumplir con las exigencias normativas.
Que el representante de APUAYE suscribió a la justificación y necesidad técnica, como asimismo a la viabilidad del conjunto de obras comprendidas en el Plan de Transporte de Tucumán.
Que señaló que es necesario que el ENRE salga a precisar la autoría del estudio de impacto ambiental presentado, los saberes involucrados en ese estudio, la responsabilidad profesional e institucional, como así también de su certificación, porque ese es el tema en controversia.
Que la Defensoría del Pueblo de Tucumán resaltó que hay acuerdo en la necesidad de realizar infraestructura y que la discusión está en la localización.
Que expuso que el informe de impacto ambiental, según lo recabado en la Dirección de Medio Ambiente de la provincia ha sido realizado por un grupo de ingenieros, como el geólogo Busnelli, el ingeniero Frosoni, Duarte, Foguet, y el ingeniero Álvaro Bravo y que no iba a discutir la localización de la E.T., sino que controlaba e iba a controlar el cumplimiento de las normas para su ejecución.
Que manifestó que en los estudios presentados los valores de campos eléctricos y magnéticos no superan los valores que están establecidos.
Que asimismo expresó que se va a exigir el estricto cumplimiento de las normas vigentes, la realización del plan de gestión ambiental, que tiene que ser presentado antes de la iniciación de la obra y que los controles y las verificaciones de ésta y de cualquier otra obra, que pueda afectar a la ciudadanía, de la ciudad y de la provincia se realicen con mayor frecuencia que la actual, para que se pueda controlar y verificar que se mantienen los parámetros de tolerabilidad.
Que el Señor Terraf manifestó que está a favor de que se haga la obra, pero solicitó que se realice donde no haya un ser humano que corra peligro de vida.
Que en igual sentido se expresaron la Señora Nélida Rosa Graneros, el Señor Matías Sosa Reto, la Señora Colelle, y las Señoras Cecilia y Claudia Graneros.
Que la Señora Graneros expresó que el ingeniero Díaz explicó que además del riesgo de estos campos electromagnéticos está el efecto sumativo, y que de sus investigaciones observó que numerosos estudios de metanálisis sostienen e identifican a los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja cómo cancerígenos, principalmente para los niños menores de 15 años. Al respecto cita a: Tenforde, 1993; Ahlbom, del año 2000, Greenland y colaboradores, en el año 2000; Agnir, en 2001; Kabuto, 2006; El grupo Seletum, en 2010; y estudios de Gab.
Que señaló además que, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el IARC, en el año 2001 clasifica a los campos electromagnéticos como el grupo 2 B, posiblemente cancerígenos, por lo que la expositora concluyó que no son inocuos.
Que en cuanto a la Resolución S.E. N° 77/1998 destacó que el valor de VEINTICINCO (25) microteslas corresponde a un valor ambiental, porque lo hizo el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; que de ninguna manera es un valor sanitario.
Que manifestó la necesidad de la obra pero que no es conveniente que esta planta se realice en el microcentro de la Provincia de TUCUMÁN, donde viven miles de niños, donde hay centros de salud y centros educativos e indicó que dentro del barrio Sur hay muchos lugares que están despoblados, donde no hay edificios, donde no hay escuelas, donde no está densamente poblado, donde no hay habitantes que transitan en todo momento.
Que el Señor José María Canelada se refirió a la ausencia del Defensor del Usuario y a las observaciones técnicas realizadas por “TRANSNOA S.A.”, en particular sobre la licencia técnica a otorgar por esa Transportista.
Que el Señor Alfredo Ignacio Neme Scheij, compartió la preocupación del doctor Canelada y solicitó que se declare la nulidad del apto ambiental y no su mera suspensión.
Que los Señores Jiménez Santillán y Jiménez Pastor se refirieron a la pérdida del valor patrimonial de los inmuebles por la instalación de la estación transformadora, y citaron la ley de servidumbre administrativa de electroducto.
Que el Señor Pedro Caparrós señaló que la audiencia pública realizada en enero del corriente año estuvo viciada de nulidad, como también está viciado de nulidad el apto ambiental.
Que el Señor Santiago Jandula expuso sobre la falta de un estudio demográfico serio y remarcó que el poder público debe intervenir para evitar que la calidad de vida de los habitantes se vea alterada por la instalación de dicha planta, en virtud de lo dispuesto por la Constitución Provincial.
Que la señora Sofía Guraiib señaló que escuchó al doctor Raúl Montenegro hablar sobre cuáles son los riesgos a los que se verían afectados los niños de una franja etárea que va de CERO (0) a QUINCE (15) años, en el caso de estar cerca de una planta transformadora de energía, como la que se pretende construir en Ayacucho al 200 y que en todo el informe de impacto ambiental no se menciona en ningún momento a los niños como población de alto riesgo.
Que reiteró su acuerdo con la necesidad de la construcción de plantas transformadoras de energía, pero que se tengan en cuenta los cuidados correspondientes.
Que la señora Karina Piovesan se opuso a la construcción de la estación transformadora en la calle Ayacucho 266 por considerar que no se cumplió con lo establecido en la Resolución N° 77/1998 de la Secretaría de Energía de la Nación, respecto de la gran cantidad de establecimientos educativos circundantes al lugar donde se pretende instalar la futura planta transformadora.
Que el Señor Juan Pablo Terraf manifestó que no puede entender que se realice la audiencia si el informe de impacto ambiental no se encuentra firmado por sus realizadores.
Que la Señora Silvia Elías de Pérez, legisladora de la provincia de TUCUMÁN en representación de la Capital, declaró que observó algunas inconsistencias tales como que ha comenzado la obra civil antes de que la propia Municipalidad le diera las autorizaciones correspondientes y que el presupuesto que se ha presentado para esta obra tiene, para el CAS, un sobre costo del CUARENTA POR CIENTO (40%).
Que la Señora Gloria Carrizo manifestó su apoyo a lo expresado por el doctor Terraf y el doctor Neme Scheij en cuanto a la nulidad de la evaluación de impacto ambiental, por las razones que ellos mismos han expuesto.
Que el Señor Víctor Martínez, titular de una organización ambiental en la provincia expuso que no hay en ese estudio de impacto ambiental un plan de evacuación por si llegase a haber un accidente
Que el Señor Antonio Mendía, concejal por la Unión Cívica Radical y el Señor Ezequiel Erimbaue, se refirieron a la ordenanza número 4.477 que aprueba la obra, a la excepción a superar la altura máxima del basamento para el distrito 61 A. y a que en el Código de Planeamiento está permitido una planta Distribuidora, no una planta transformadora.
Que el Señor Raúl Giménez Lascano, referente de Defensa Usuarios de Abastecimientos y Servicios (DUDAS) destacó que en la ET AYACUCHO, la transformación y la elevada tensión de CIENTO TREINTA Y DOS MIL (132.000) voltios que llegará a la misma por un cable subterráneo de alimentación, extendido a lo largo de la vía pública del municipio, producirá campos electromagnéticos que por su magnitud, en caso de no ser debidamente bloqueados, pueden llegar a afectar la salud humana
Que por eso recomendó comprobar con las debidas certezas y garantías que en la obra planificada se adoptaron, con un criterio de máxima precaución, las técnicas suficientes seguras para evitar tales efectos, que actúan en forma permanente, durante mucho tiempo y pueden llegar a afectar la salud humana, principalmente de los menores de QUINCE (15) años.
Que observó que el límite de VEINTICINCO (25) microteslas como factor hasta el cual podía llegarse, es SESENTA Y DOS (62) veces mayor que los valores de seguridad de 0,4 microteslas que se están considerando en todo el mundo y que en ninguna parte de las aproximadamente TRES MIL NOVECIENTAS (3.900) páginas del informe del Expediente Nº 24.306 se detalla con precisión objetiva cuáles serán las características, dimensiones y calidad de los materiales que serán empleados para la protección de las emisiones electromagnéticas
Que también solicitó que se considere extemporáneo y abstracto el Memorándum del Departamento Ambiental del ENRE, identificado como Nota D. Amb. Nº 12/2008, que declaró hace CUATRO (4) años que no existían cuestiones observables a la obra y que se informe si las construcciones y tendidos eléctricos planificados para construir la obra serán realizados de manera que produzcan efectos de Caja de Faraday, que bloquean e impiden la salida de las emisiones electromagnéticas.
Que por último requirió que por las falencias señaladas, hasta que no se subsanen o se resuelvan, no se otorgue el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública y que se realice un censo de las personas que habitan dentro del radio de aproximadamente DOSCIENTOS CINCUENTA (250) metros a la redonda de la obra de la ET AYACUCHO y de los CIEN (100) metros de distancia a lo largo de cada lado del tendido del cable subterráneo por la calle, a los fines de constatar y tener evidencias ciertas de posibles futuros efectos en la salud.
Que la Señora María Rosa Moreno se refirió a que las autoridades tienen que proveer a la protección al derecho ambiental, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales y que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para contemplarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Que el Señor Sergio Sánchez, Interventor del EPRET señaló que sería prudente, a los efectos de dar mayor transparencia a las obras, una comparación entre los costos incurridos en las obras realizadas por la provincia y el de las obras realizadas en el resto del país; que también sería muy bueno que se llevara adelante una auditoría de cuánto costaron, a cuánto están presupuestados los elementos o los presupuestos originales estimativos de las obras y cuánto fueron los valores que deben estar registrados en la contabilidad regulatoria de la empresa prestataria que asumió la responsabilidad de hacerlo.
Que la señora Sandra Manzone, concejal por la ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN mencionó que los resultados indican que el campo magnético no perturbado máximo sobre medianera a nivel de antena es VEINTE COMA SESENTA (20,60) microteslas y que cumple con la reglamentación de la Resolución N° 77/1998, la cual establece un máximo de VEINTICINCO (25) microteslas, pero agrega el informe que en funcionamiento esos valores pudieran eventualmente alterarse, superando los límites establecidos por la legislación.
Que también expresó que solicitó el informe de contingencia, de gestión y de monitoreo de la estación ante la eventualidad de que pudieran ocurrir siniestros o hechos fortuitos producto de la naturaleza como un rayo o un incendio o la explosión de los transformadores y que a la fecha no han respondido sobre ello.
Que el Señor José Cano, Senador Nacional por Tucumán por la Unión Cívica Radical, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación, observó que ninguno de los que firmó ese informe ambiental fue a defenderlo y a explicar por qué esa planta no contamina.
Que la Doctora Susana García, médica especialista en toxicología y en medicina del trabajo, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la cátedra de toxicología, y responsable del Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones en el Ministerio de Salud de la Nación informó que en el año 2009 el Ministerio de Salud decidió crear una Comisión Intersectorial para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes, (CIPERNI)
Que aclaró que la radiofrecuencia como la frecuencia extremadamente baja hoy está categorizada de la misma manera por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a su probabilidad de producir daños a la salud y están dentro de la categoría 2 B de la Agencia de Investigación del Cáncer.
Que continuó relatando que en el año 2003 hasta nuestros días, el Reporte Mundial de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud hizo referencia a que algunos estudios han mostrado riesgos de leucemia infantil ante la exposición residencial a altos niveles de campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, pero que la causalidad no ha sido establecida.
Que relató que interrogada la Doctora Elena Matos, Vicedirectora del Hospital Roffo, que es el Hospital Oncológico de la Universidad de Buenos Aires; epidemióloga, bióloga, ex-miembro de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, (IARC) comentó que las leucemias infantiles son, tanto en Argentina como en el mundo, la forma más frecuente de cáncer infantil.
Que también la Señora García señaló que entre los elementos que permiten decir que no hay una causalidad establecida está el hecho de que no hay efectos biológicos de los campos electromagnéticos que puedan explicar por qué se produce un cáncer porque no hay efecto ionizante. El único efecto que se ha visto de los campos electromagnéticos sobre los humanos es a nivel crítico, que es el mínimo nivel de exposición, y es el valor que vemos en pantalla de MIL (1000) microteslas, que produce lo que se llama fosfenos visuales, y que el valor considerado en el año 2010 para la ICNIR como un límite tolerable de exposición a campos electromagnéticos es de DOSCIENTOS (200) microteslas.
Que destacó que no se necesita hacer más estudios poblacionales y no se sometería -es su posición y la de CIPERNI- a un estudio de vigilancia epidemiológica a una población que vive cerca de una fuente de campos electromagnéticos.
Que mencionó que se realizaron estudios de este tipo en proximidad de la central Hidroeléctrica Salto Grande, en Aldea Escolar en Esquel y en Quilmes y Berazategui y que no se pudo encontrar ninguna prueba ni en la bibliografía internacional ni en los estudios que se hicieron a nivel nacional que sustentaran la sospecha de los vecinos de que hubiera un aumento de cáncer y que la construcción de la subestación constituyera un riesgo para la salud. En igual sentido observó que la Organización Mundial de la Salud, concluyó que los resultados existentes no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca alguna consecuencia para la salud.
Que afirmó que nuestro país ocupa el cuarto lugar entre los más bajos de la normativa internacional sobre campos electromagnéticos; la ICNIRP hoy está recomendando en un valor tolerable de DOSCIENTOS (200) microteslas. ITALIA y SUIZA fijaron TRES (3) y UN (1) microteslas, uno como objetivo de calidad y el otro como un valor de tensión y se fundamentan con un criterio de salud.
Que observó que la ICNIRP, que es la autoridad máxima en materia de campos electromagnéticos, en cuanto a radiación no ionizante, en el año 2010 dice: “Los datos epidemiológicos y biológicos sobre las enfermedades crónicas fueron revisados cuidadosamente y se concluyó que no existe evidencia convincente que causalmente esté relacionada con la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia”
Que afirmó que la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la aplicación del principio de precaución dijo que: “Una política cautelar para los campos electromagnéticos debería ser adoptada sólo con mucha atención y conciencia. Los requisitos para una política de este tipo parecen no haber sido satisfechos ni en el caso de los campos electromagnéticos de frecuencia industrial, ni en el de los campos de radiofrecuencia”. Esto figura en un documento de la OMS y lo planteó en el año 2005 el doctor Paolo Vecchia, por consiguiente de la información que hay hoy disponible no se justifica aplicar un principio de precaución, de acuerdo a lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Que como conclusión manifestó que: VEINTICINCO (25) microteslas es un valor que está por debajo del valor que protege la salud. En su momento surge como un estándar ambiental, porque lo establece la Secretaría de Energía, pero hoy un estándar de protección de la salud está fijado en CIEN (100) microteslas o en DOSCIENTOS (200) microteslas por la Organización Mundial de la Salud y por el ICNIRP.
Que la Señora Alejandra Arrieta, representante, UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE TUCUMÁN (UDECOT) señaló que estaba de acuerdo con la instalación de la estación transformadora, sea donde fuere el lugar, pero que hace falta el avance de la tecnología.
Que el Señor Julio Luna Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de TUCUMÁN expresó que el centro de distribución que se intenta renovar, dada su antigüedad y su exposición, podría generarles daño a los trabajadores como así también a los vecinos del lugar, y que el nuevo proyecto prevé en la estación transformadora una computadora que impedirá cualquier situación que lleve al transformador a situaciones de riesgo, por sobrecarga y temperatura sacándolo en forma inmediata de servicio mediante maniobra interna.
Que manifestó su rechazo a que los campos magnéticos a los que se hace mención puedan ser trasmisores de enfermedades de alta complejidad, dado que actualmente el microcentro tiene interconexión por cableado subterráneo y hay transformadores que distribuyen hacia los distintos puntos del centro de la ciudad la energía requerida, por ejemplo la Plaza Independencia, la Casa de Gobierno, Tribunales, los hospitales, colegios y otros puntos, sin haberse denunciado a la fecha ninguna patología como la leucemia y el cáncer.
Que agregó que los trabajadores del sector eléctrico, que a diario cumplen las riesgosas tareas de mantener el servicio eléctrico en funcionamiento, al final de su carrera laboral, son jubilados sin ningún tipo de secuelas y enfermedades que hagan suponer que han sido afectados o alcanzados por alguna patología como pueden ser leucemia o cáncer. Lo mismo ocurre con el personal femenino que presta servicios en instalaciones energizadas y que realizan tareas administrativas. Todo esto se puede comprobar en los estudios médicos que se realiza al personal que deja de prestar servicio, en todas las empresas eléctricas de la provincia en el momento de su retiro.
Que el Señor Héctor Galván, trabajador de la empresa EDET explicó que los trabajadores del sector, preocupados por su exposición a alta tensión, consultaron sobre los efectos de dicha exposición y los expertos les señalaron que no hay estudios científicos de los cual se pueda concluir relación con las patologías expuestas.
Que la Señora Miriam Suárez, secretaria de la Unión de Consumidores y Usuarios Nuestra Señora del Valle, Asociación Civil, Región NOA expresó que este tema hubiera requerido la realización de preaudiencias, dada la magnitud del debate y las obras que se iban a tratar y porque se ubican en distintos lugares.
Que con respecto a la ET CEVIL POZO solicitó que no se le otorgue el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, porque los vecinos no tienen conocimiento de la cuestión.
Que el Señor Santiago Andola se refirió a la charla del Doctor Montenegro, reiterando los conceptos vertidos por este de que los VEINTICINCO (25) microteslas de la Resolución S.E. N° 77/1998 corresponden a un estándar ambiental, y no sanitario.
Que el Señor Juan Domingo Arrieta expuso su experiencia en cuanto a que él ha trabajado con cables pelados a una distancia no mayor de un metro y medio y ha probado transformadores sin ninguna consecuencia.
Que durante la Audiencia Pública fue necesario que los funcionarios del ENRE aclararan aspectos relacionados con la Autoridad Ambiental y la participación del Defensor del Usuario.
Que respecto de este último se señaló que la normativa que fue aprobada por la Resolución ENRE N° 30/2004 no incluye la figura del Defensor del Usuario; el ENRE continuó convocando durante un tiempo la figura del Defensor del Usuario, como transición, pero el uso y costumbre han demostrado que nadie requiere la representación y participación del mismo.
Que por eso, en cumplimiento de la normativa del ENRE, que adopta el Reglamento de Audiencia Públicas, aprobado por Decreto PEN 1.172/2003, no participa el Defensor del Usuario, que es la figura que nombraron en algún momento basándose en una Resolución del ENRE N° 39/1994 derogada por la Resolución ENRE N° 30/2004.
Que en cuanto a la cuestión ambiental se informó que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, es autoridad en el ámbito eléctrico por lo que debería discutirse en las audiencias públicas que convoca específicamente la cuestión técnica, la necesidad eléctrica y las razones constructivas.
Que de acuerdo a las competencias que establece el actual Artículo 41 de la Constitución Nacional, corresponde a las autoridades locales el dictado de la legislación complementaria y la fiscalización y cumplimiento de las normas ambientales.
Que en consecuencia, se requirió a la solicitante de la ampliación que obtenga la habilitación y/o autorización correspondiente de la autoridad ambiental local, en este caso, la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán, que otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto “ET AYACUCHO Y CAS 132 KV AVELLANEDA - AYACUCHO - ESTÁTICA SUR “, mediante el dictado de la Resolución N° 96 (DMA) del 24 de junio de 2010.
Que el Señor Giménez Lascano, referente de DEFENSA USUARIOS DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS (DUDAS), efectuó un requerimiento explícito al ENRE respecto a requerir a la provincia de TUCUMÁN que emita un nuevo informe ambiental por haber vencido el original al haber transcurrido DOS (2) años desde su emisión, en función del “Artículo 16, inciso c), de la Resolución ENRE N° 69/2001”.
Que a ese efecto, aclaró, que el “Artículo 16. Revocación” de la Resolución ENRE N° 69/2001, se refiere a la revocación del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública otorgado por el ENRE.
Que de ello se deduce que la invocación de tal normativa no resulta procedente dado que el Certificado otorgado por Resolución ENRE N° 137/2012 fue suspendido por Resolución ENRE N° 271/2012 y que, por otro lado, la Resolución ENRE N° 69/2001 no habla en ningún momento de la caducidad de los estudios ambientales.
Que culminada la Audiencia Pública, por Memorándum AARyEE N° 752 de fojas 4200, se remitió el Expediente al Área de Seguridad Pública y Medio Ambiente del Ente para analizar las cuestiones atinentes a las incumbencias del Departamento Ambiental, el cual se pronunció en el Memorándum D.AMB. N° 17/2013, agregado a fojas 4201/4203.
Que en el mismo, Departamento Ambiental expuso respecto de la manifestación del Señor Giménez Lascano de considerar extemporáneo y abstracto el Memorándum de ese Departamento que declaraba CUATRO (4) años atrás que no existían cuestiones observables a la obra, y concluyó que tanto el Memorándum D.AMB. N° 173 del 15 de julio de 2010, como la nota ENRE N° 94.882 del 16 de julio de ese mismo año responden al análisis que se efectuara de los estudios presentados y, en tal sentido, siguen teniendo vigencia.
Que asimismo, cabe tener en consideración que el ENRE cumple su función de velar por el medio ambiente requiriendo a las empresas que fiscaliza que obtengan las pertinentes autorizaciones y/o habilitaciones ambientales para los proyectos de construcción o ampliación como el de autos, que deben ser otorgados por la autoridad local conforme las competencias establecidas por la Constitución Nacional y la Ley Provincial N° 6.253 y su Decreto reglamentario 2204/3- MP.
Que posteriormente, el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán y el Ministerio de Economía de la provincia de TUCUMÁN, por Notas de Entrada N° 200.003 y N° 202.999 solicitaron que se emita el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para las obras tratadas en la Audiencia Pública, excluyendo la E.T. AYACUCHO atento la oposición observada en la mencionada Audiencia.
Que por Nota ENRE N° 109.223 se le solicitó a “TRANSNOA S.A.” que se expida con respecto a la solicitud efectuada por el citado Ente Regulador Provincial.
Que por nota de Entrada N° 203.723, la Transportista respondió indicando que la suspensión de la construcción de la E.T. AYACUCHO es un grave antecedente para el abastecimiento de la región, sin embargo dan su consentimiento al otorgamiento del Certificado para la realización de las restantes obras destacando que la vinculación en las E.E.T.T. ESTÁTICA Y AVELLANEDA refuerza el sistema de transporte repotenciándolo y brindando reserva en condiciones sin un elemento de transmisión (N - 1) con estaciones cada vez más cargadas.
Que en función de lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente, en los términos del Artículo 19 inciso b) de la Ley N° 19.549, la Resolución ENRE N° 137/2012 que otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación del sistema de transporte solicitada por “TRANSNOA S.A:” a requerimiento del Ministerio de Economía de la provincia de TUCUMAN, consistente en las obras detalladas en su Artículo 1.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en los Artículos 11, 56 incisos a), j) y s) y 63 inciso g) de la Ley N° 24.065 y en los Artículos 7, 17 y 19 inciso b) de la Ley N° 19.549.
ARTÍCULO 1.- Levantar la suspensión dispuesta en la Resolución ENRE N° 271/2012.
ARTÍCULO 2.- Modificar el Artículo 1 de la Resolución ENRE N° 137/2012 y donde dice: “Otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA” (“TRANSNOA S.A.”), por requerimiento del MINISTERIO DE ECONOMÍA de la Provincia de TUCUMÁN, que comprende por DOS (2) campos de línea de 132 kV en la ET CEVIL POZO, el Cable Armado Subterráneo (CAS) 132 kV AYACUCHO - AVELLANEDA, de una longitud de (2,6 km) , UN (1) campo de 132 kV en la ET AVELLANEDA, y la ET AYACUCHO - 2x30 MVA, 132/13,2 kV, compuesta por DOS (2) campos de línea en 132 kV, DOS (2) campos de transformador en 132 kV, CINCO (5) celdas de 13,2 kV, simple barra de 132 kV, y doble barra de 13,2 kV, obras enmarcadas bajo el Título II del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS, y, en el marco de la Resolución SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 106/2003, el CAS 132 kV ESTÁTICA - AYACUCHO, de (2,1 km.) de longitud, y la Ampliación de la ET ESTÁTICA en UN (1) campo de 132 kV, obras pertenecientes a la provincia de TUCUMÁN”, deberá decir: “Otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA” (“TRANSNOA S.A.”), por requerimiento del MINISTERIO DE ECONOMÍA de la provincia de TUCUMÁN, que comprende DOS (2) campos de línea de 132 kV en la ET CEVIL POZO, el Cable Armado Subterráneo (CAS) 132 kV ESTATICA - AVELLANEDA de una longitud de CUATRO KILÓMETROS COMA SIETE (4,7 km.), UN (1) campo de 132 kV en la ET AVELLANEDA, y UN (1) campo de 132 kV en la ET ESTÁTICA, en la provincia de TUCUMÁN.
ARTÍCULO 3.- Notifíquese a “TRANSNOA S.A.”, al MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, a “EDET S.A.”, a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a las Asociaciones de Usuarios registradas en el RNAC (Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor), a la Señora ELIAS DE PEREZ SILVIA; al Señor BERTINI EDGARDO; al Señor GUINUDINIK; a ADEERA; al Señor IBARRA ; al Señor ALBARRACIN DANIEL ; al Señor DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN; AL Señor TERRAF FRANCIS ALFREDO; Señora GRANEROS DE NAZUR NELIDA; al Señor SOSA RETO MATIAS; a la Señora COLELLE JUANA ; a las Señoras GRANEROS CECILIA y GRANEROS CLAUDIA ; al Señor CANELADA JOSE MARÍA; al Señor NEME SCHEIJ ALFREDO; a los Señores JIMENEZ PASTOR JUAN y JIMENEZ SANTILLAN JUAN; al Señor CAPARROS PEDRO; al Señor JANDULA SANTIAGO; a la Señora GURAIIB SOFIA; a la Señora PIOVESAN KARINA; al Señor TERRAF JUAN PABLO; a la Señora CARRIZO GLORIA; al Señor MARTINEZ VICTOR H.; al Señor EZEQUIEL ERIMBAUE; al Señor MENDIA ANTONIO ROQUE; al Señor GIMENEZ LASCANO RAUL; a la Señora MORENO MARIA ROSA; al Señor SERGIO SÁNCHEZ; a la Señora MANZONE SANDRA; al Señor JOSE CANO; a la Señora SUSANA GARCÍA; a la Señora ARRIETA MARIA A.; al Señor LUNA JULIO; al Señor GALVÁN HECTOR; a la Señora SUAREZ MIRIAM; al Señor ANDOLA SANTIAGO; al señor ARRIETA JUAN DOMINGO.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 293/2013
Resolución ENRE 0271/2012
Ley 06.253 (Tucumán)
Transcripción taquigráfica de la Audiencia pública realizada el 8/11/212:

References: artículo 07
 artículo 07
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
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 artículo 16
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 artículo 1
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 artículo 4
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 Artículo 4
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 Artículo 41
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 Artículo 19
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 Artículo 1
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