Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920655.html
Timestamp: 2019-11-22 05:27:57+00:00

Document:
as201920655
Auto Supremo: 655/2019
Expediente: SC-32-19-S
Partes: Ruth Zarzar Álvarez c/ David Zarzar Suarez.
VISTOS: Los recursos de casación planteados por David Zarzar Suárez y de Ruth Zarzar Álvarez (fs. 251 a 256 y de fs. 259 a 262 vta., respectivamente), impugnando el Auto de Vista Nº 19/2019, pronunciado el 17 de enero, por la Sala Civil, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 246 a 249, en el proceso ordinario de nulidad de contrato, seguido por Ruth Zarzar Álvarez contra David Zarzar Suárez; contestaciones de fs. 265 a 269 y de fs. 271 a 273, Autos de concesión de fs. 270 y fs. 274, Auto Supremo de Admisión Nº 311/2019-RA de 3 de abril de fs. 282 a 284, y todo lo inherente:
1. Ruth Zarzar Álvarez demandó a David Zarzar Suarez, la nulidad de contrato por lesión a la legítima respecto a una propiedad agrícola ganadera denominada “El Roble” ampliando su demanda por memorial de fs. 57 a 58, por nulidad de las Escrituras Públicas Nº 30 y 31 de 8 de febrero de 2010 relativas a dos inmuebles, proceso ordinario tramitado hasta la emisión de la Sentencia Nº 04/2018 de 15 de febrero (fs. 139 a 147 vta.) que declaró improbada la demanda por no ajustarse a derecho, no existir ninguna causal de nulidad, falta de fundamento legal y otorgó valor legal al documento de 16 de noviembre de 2012. Motivando al recurso de apelación de la demandante de fs. 150 a 153 vta., que fue radicado en la Sala Civil, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
2. Apelada la Sentencia por la demandante por memorial de fs. 150 a 153 vta., el 3 de mayo de 2018, la Sala Civil, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 130/2018 (fs. 174 a 177), anuló obrados hasta fs. 28 inclusive, debiendo las partes acudir a juzgados agroambientales para la resolución de sus pretensiones. Resolución que motivó el recurso de casación de la parte demandante de fs. 187 a 195, generándose el Auto supremo Nº 888/2018 de 5 de septiembre que determinó anular el Auto de Vista de 3 de mayo para que emita pronunciamiento en relación a dos bienes inmuebles contenidos en las Escrituras Públicas Nº 30 y 31 descritas en la ampliación de la demanda.
3. El 17 de enero del año en curso la Sala Primera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dispuso la incompetencia en razón de la materia respecto a la demanda de nulidad del documento privado de compraventa de 16 de noviembre de 2012 y confirmar la sentencia de 15 de febrero de 2018, en cuanto a la nulidad presentada contra las Escrituras Públicas 30/2010 y 31/2010.
Resolución de segunda instancia que, fue recurrida en casación tanto por la parte demandante como por la parte demandada, recursos que pasan a ser considerados.
Conforme lo expuesto en ambos recursos de casación, se extractan los siguientes reclamos:
Recurso de casación de David Zarzar Suárez.
Denunció que el auto de vista recurrido es vulneratorio a los derechos y garantías constitucionales del demandado, lesionando derechos fundamentales, patrimoniales, falta de transparencia e igualdad que son principios rectores del debido proceso, porque se apartó y no cumplió el Auto Supremo Nº 888/2018, puesto que dicha resolución no dispuso nada en relación a que se resuelvan la incompetencia en razón de la materia, omitió señalar si se anulan obrados y hasta que fojas deben anularse, siendo que el tema de la competencia fue consentida por la parte demandante al haber iniciado la demanda ante el Juez Público Civil y Comercial.
Por ello, acusó que el Auto de Vista Nº 19/2019 en cuanto a la incompetencia en razón de la materia, vulneró los principios de motivación y fundamentación, porque omitió realizar un examen crítico de las pruebas y los razonamientos jurídicos y argumentos que expliquen el sentido de la decisión, vulnerando así el debido proceso, la igualdad de partes y la seguridad jurídica
Solicitó casar en forma parcial en lo que respecta a la incompetencia en razón de materia y se declare improbada en todas sus partes la demanda principal, o en su defecto sea anulando de forma parcial el Auto de Vista Nº 19/2019 de 17 de enero de 2019 en lo que respecta a la incompetencia en razón de la materia, dictándose nuevo auto de vista.
Recurso de casación de Ruth Zarzar Álvarez.
Manifestó que el auto de vista sería inaplicable, toda vez que siendo confirmatorio total de la sentencia, debió enmarcarse de acuerdo a lo establecido en el art. 218.III del Código Procesal Civil, resaltando que la decisión es inaplicable porque el juez no se pronunció respecto a los otros dos inmuebles y tampoco ninguna de las partes realizó reclamo alguno en apelación, puesto que la sentencia solamente se pronunció sobre “El Roble”. Interrogándose como se interpretaría la resolución confirmatoria de segunda instancia.
Solicitó casar parcialmente el auto de vista recurrido. Dejando incólume el tema de la incompetencia sobre la nulidad demandada sobre el inmueble “El Roble” y respecto al pronunciamiento oficioso en el fondo sobre los dos bienes urbanos, toda vez que en apelación no ha sido reclamado, deberá pronunciarse no ha lugar.
Respuesta de Ruth Zarzar Álvarez.
En lo principal, reclamó que el auto de vista al ser confirmatorio total de la sentencia y luego haber ingresado al fondo, resulta ser incomprensible, puesto que la sentencia nunca consideró la ampliación a la demanda, únicamente tomó en cuenta el bien inmueble agrario “El Roble”, porque asimilo como objeto de la demanda la pretensión principal por lo que la nulidad de los dos contratos siguientes que resultan ser accesorios deben sujetarse a la suerte de lo principal y ser pasibles a nulidad, en relación a ello solicitó casar el Auto de Vista recurrido confirmando respecto al bien “El Roble” y respecto a los dos bienes urbanos se pronuncie no ha lugar.
Respuesta de David Zarzar Suárez.
Expresó que debe confirmarse parcialmente el Auto de Vista de 17 de febrero de 2019 en cuanto a las Escrituras Públicas Nº 30 y 31, toda vez que a su criterio su contraparte con mal razonamiento jurídico a través del recurso de casación parcial confunde y tergiversa los lineamientos jurídicos de forma y fondo.
El auto de vista siguió los lineamientos del auto supremo y falló con la suficiente congruencia, estableció claramente la no existencia de lesión a la legítima porque no existió liberalidad del de cujus, no importó lesión a la legítima de los herederos al ser una transferencia onerosa en vida por venta real. Consiguientemente el fallo fue imparcial con la debida protección a las partes y al debido proceso, la seguridad jurídica y la legítima defensa.
En ese sentido solicitó que el recurso de casación de la demandante sea declarado infundado.
III.1. Respecto a nulidad de transferencia por disposición patrimonial onerosa realizada por los causahabientes.
Al respecto el Auto Supremo Nº 518/2014 de 8 de septiembre se estableció lo siguiente: “Es también necesario realizar diferencia de la nulidad sustentada en la afectación a la legítima, a esto es preciso partir nuestro análisis del art. 1059 del Código Civil, que señala: “I. la legítima de los hijos, cualquiera sea su origen, es de las cuatro quintas partes del patrimonio del progenitor, la quinta parte restante constituye la porción disponible que el de cujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, en favor de sus hijos, parientes o extraños”, ésta fórmula normativa prevé la proporción del patrimonio que el de cujus puede destinar a liberalidades, en cuatro quintas partes, situación legal que se considera antes o después de abierta la sucesión; en esa lógica el de cujus si no tiene herederos forzosos puede disponer de la totalidad de sus bienes (art. 1065 del Código Civil) y en caso de que los tuviera (herederos forzosos) la liberalidad de sus actos sobre su patrimonio se limita a la proporción que indica el art. 1059-I del Código Civil. Se debe dejar en claro que la liberalidad, referida, es la libre disposición no onerosa que tiene el de cujus en su patrimonio sea en donaciones (mediante actos entre vivos) y o legados (por testamento). En ese contenido, aún el causante por actos entre vivos haya dispuesto liberalmente sus bienes, es decir donado los mismos en exceso, no es pasible aquel acto de voluntad a ser sancionado con nulidad, pues si el de cujus sobrepasó la porción de liberalidad permitida, la ley prevé como remedio la reducción de la disposición testamentaria o la reducción de las donaciones efectuadas, conforme los arts. 1068 y 1254 del Código Civil; entonces queda claro que la afectación a la legítima por excederse el límite de liberalidad en las disposiciones, no da lugar a la nulidad de esos actos, sino que, una vez abierta la sucesión, su reducción hasta reponer la proporción fijada en ley como legítima, de otra manera, se entendería que todas las donaciones, per se, realizadas por el causante por actos entre vivos fueran nulos, lo que riñe con el poder que faculta el art. 105-I del Código sustantivo, además que a objeto de esa reducción lo primero es determinar la masa hereditaria y en función a ella verificar si aquel acto de disposición es susceptible de reducción conforme establecen las normas sucesorias.
Sin embargo no debe confundirse la liberalidad, limitada por el régimen sucesorio, con los actos de disposición que hubiere realizado el de cujus de su patrimonio en sujeción estricta del art. 105 del Código Civil, es decir aquellos actos en que onerosamente dispone el causante de su patrimonio antes de abierta la sucesión no pueden considerarse como actos de liberalidad que tiendan a violar la legítima, puesto que los actos que derivan de contratos sinalagmáticos, por naturaleza, tienen una contraprestación que recibe el causante a cambio, en ese contexto, la disposición de un bien tiene una retribución onerosa que no afecta el patrimonio, dese el caso de la compra venta, al vender un bien se tiene una retribución en dinero del mismo, por lo que en un sentido meramente económico el patrimonio no sufre ninguna afectación, por lo que si el patrimonio no es afectado, claro está, tampoco existe lesión a la legítima. (el resaltado nos corresponde).
III.2. Sobre la causa ilícita y motivo ilícito en la nulidad de los actos jurídicos.
La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC., nulidad que procede cuando el contrato u acto jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, nulidad que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico, en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación, es decir, se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, razón por la que la acción personal de demandar la nulidad es imprescriptible y no es susceptible de confirmación, en consecuencia la sentencia que dispone la nulidad de un contrato tiene un efecto retroactivo sobre los efectos aparentes que dicho acto nulo produjo, ya que se retrotraen al nacimiento del mismo del acto jurídico viciado y lo hacen desaparecer quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato.
En este entendido se debe precisar que del análisis del art. 549 del CC, se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por los cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico, de entre las cuales, resulta pertinente, para el caso en concreto, el análisis de la causal establecida en el inc. 3) referente a la nulidad “Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato”.
Al respecto, en lo que concierne a la causa ilícita, el Auto Supremo N° 518/2014 de 8 de septiembre, estableció lo siguiente: “Enfocando el análisis sobre la ilicitud de la causa y la ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, el art. 589 del Código Civil tipifica la causa ilícita señalando que: “La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa”; se hace preciso indicar que la causa como un elemento constitutivo del contrato, está en la función económica-social que el contrato desempeña, que a decir de los hermanos Mazeaud, "...ésta cumple una función económico-social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". Bajo esos términos el Auto Supremo Nº 120/2012 de 17 de mayo de 2012 señaló que: “…resulta necesario aclarar que como señala Francisco Messineo, la causa, entendida como el fin económico-social, tiene una función teleológica (es el porqué del contrato). En otras palabras, para analizar la causa de un contrato debemos tener en cuenta el fin económico y social del mismo. En un contrato de venta el objeto es la transferencia de la propiedad de una cosa, en tanto que la causa, en términos generales, será el intercambio de una cosa a cambio de un precio y, en particular, para el vendedor la obtención del precio de la cosa, mientras que para el comprador la adquisición de la propiedad de la cosa; aunque con ello de ninguna manera se quiere decir que el precio sea realmente cancelado o la cosa realmente entregada”, por lo que la causa se enmarca el fin económico-social que el contrato busca en su celebración, en ese margen el contrato se considera nulo por ilicitud de la causa cuando la finalidad del contrato es contraria al orden público (contrato prohibido) o a las buenas costumbres (contrato inmoral) o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa (contrato ilegal)”. (El resaltado nos corresponde).
Por su parte, en cuanto al motivo ilícito el Auto Supremo 311/2013 de 17 de junio, señala: “…el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir”.
De lo expuesto, podemos inferir que la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; contrario sensu, en un contrato con causa ilícita las partes persiguen una finalidad económico-social, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o a las buenas costumbres (contrato inmoral); y por otra parte el motivo se encuentra en la voluntad de la partes a momento de dar vida a un contrato (elemento subjetivo), por lo que la causa resulta siendo independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, de tal manera que si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, estableciéndose por ello que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil.
III.3. Sobre la jurisdicción y la competencia.
La jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado algunas conceptualizaciones respecto de la jurisdicción, indicando que la misma, se concibe como la potestad que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho, esa potestad, está encargada a un órgano estatal -el Judicial- y es a través de esta potestad, que el Estado administra justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de acuerdo con la Constitución y las leyes, a ese efecto el art. 11 de la Ley N° 025 refiere: “(JURISDICCION). Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades del Órgano Judicial”.
En ese entendido, si bien la jurisdicción es un poder-deber que tiene el Juez para administrar justicia, no pudiendo este negarse a resolver un asunto puesto en su conocimiento, la jurisdicción que le confiere el Estado, resulta insuficiente para lograr su cometido principal que sería la resolución de un conflicto particular, por ello la jurisdicción va acompañada de la competencia que conforme la define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial; “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”.
De lo referido se tiene que la jurisdicción es la potestad que emanada del pueblo boliviano para administrar justicia, mediante sus órganos judiciales, en cambio la competencia es la facultad que tiene una autoridad judicial, para administrar justicia en un determinado asunto, es decir, que la competencia es el modo o manera como se ejerce la jurisdicción por circunstancias concretas de materia, grado, turno, territorio, naturaleza, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico, en tal sentido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así, todos los jueces tienen jurisdicción, pero cada Juez tiene competencia para conocer y resolver solo determinados asuntos, coligiendo por lo tanto que, la jurisdicción así como la competencia son de orden público e indelegables y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.
Con similar criterio el Auto Supremo Nº 378/2013 de fecha 22 de julio, señalo: “…la Jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los Jueces y Tribunales; es de orden público, nace únicamente de la ley y es indelegable; en tanto que la “competencia” es entendida como la facultad que tiene un Juez o Tribunal para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto, la misma que según el art. 13 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial no admite ninguna prórroga en razón de la materia como ocurre excepcionalmente en el caso del elemento territorio; ambas son de orden público y de cumplimiento obligatorio”.
III.4. De la jurisdicción agraria.
El art. 179.I de la CPE., respecto al ejercicio de la función judicial, señala: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”, con similar contenido el art. 4 de la Ley del Órgano Judicial N° 025, refiere; “La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de: 1. La Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados; 2. La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales; 3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y 4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, según sus normas y procedimientos propios…”, en tal razón el art. 31 de la misma norma establece; “La jurisdicción ordinaria se ejerce a través de: 3. Tribunales de Sentencia y Jueces con jurisdicción donde ejercen competencia en razón de territorio, naturaleza o materia”, finalmente el art. 30 de la Ley N° 1715, modificado por el art. 17 de la Ley N° 3545, señala: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otros que le señala la ley”.
En ese marco normativo de acuerdo a lo estipulado por el art. 39 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificado por el art. 23 de la Ley Nº 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria de 28 de noviembre de 2006, se puede advertir que los jueces agrarios tienen competencia para conocer las acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria. Por su parte, de acuerdo al art. 69-2) de la Ley del Órgano Judicial los jueces públicos en materia civil y comercial tienen competencia para conocer en primera instancia, de las acciones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores.
Consiguientemente se dirá que tanto la jurisdicción agraria, así como la jurisdicción ordinaria, tienen la facultad de administrar justicia, empero existe una limitación en la atribución de sus competencias que se encuentra señalada por la ley, de tal manera que la Ley del Órgano Judicial, al describir las competencias para los jueces públicos en materia civil, faculta conocer las acciones reales, personales y mixtas emergentes de las relaciones del derecho privado y sobre la propiedad privada; atribución que es diferente de la que tiene la judicatura agraria que por medio de sus juzgados agrarios tiene la competencia para el conocimiento de acciones reales, personales, y mixtas emergentes de la propiedad o actividad agraria, que difiere de la jurisdicción ordinaria, que atiende litigios relativos a la propiedad privada.
A tal efecto el Tribunal Constitucional a través de la SC 0001/2010 de 17 de diciembre así como la Sentencia Constitucional Plurinacional 1988/2014 de 13 noviembre, establecieron lo siguiente: “…a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicaran las normas del Código Civil y la competencia será de los Jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley de Servicio Nacional de Reforma agraria, en cuyo caso la competencia será de los Jueces y tribunales agrarios (…) De acuerdo al razonamiento expresado, la definición del régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales, sino que también debe considerarse el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas (…) De todo lo dicho en este fundamento, se concluye que: …iii) Para definir la jurisdicción que conocerá la acción, no solo debe considerarse la ordenanza municipal que establezca los límites entre el área urbana y rural, sino fundamentalmente, el destino de la propiedad y el tipo de actividad desarrollada.” (El resaltado nos corresponde). Razonamiento asumido también por los Autos Supremos Nº 400/2003, 406/2003, 121/2010, 267/2010 y 448/2015.
De lo que se puede concluir que tanto los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, y los segundos los asuntos derivados de las relaciones del derecho privado sobre inmuebles, muebles, dinero y valores, empero, y en caso de producirse un cambio de uso de suelo, para definir la jurisdicción que conocerá de estas acciones, no sólo se considerara la ordenanza municipal que determine estos límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla.
Denunció que el Auto de Vista recurrido es vulneratorio a los derechos y garantías constitucionales del demandado, lesionando derechos fundamentales, patrimoniales, falta de transparencia e igualdad que son principios rectores del debido proceso, porque no cumplió el Auto Supremo Nº 888/2018, puesto que dicha resolución no dispuso nada en relación a que se resuelva la incompetencia en razón de la materia, omitió señalar si se anulan obrados y hasta que fojas deben anularse, siendo que el tema de la competencia fue consentida por la parte demandante al haber iniciado la demanda ante el Juez Público Civil y Comercial.
En relación a que el Auto de Vista recurrido sería vulneratorio por haber fallado en razón a la incompetencia por materia, corresponde referir que el art. 122 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
En esa misma línea respecto a la competencia, el art. 12 de la Ley Nº 025 señala: “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”.
En cuanto a la extensión de la competencia el art. 13 de la Ley Nº 025 expresa: “La competencia en razón del territorio, se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. Es expreso cuando convienen en someterse a un juez, que para una o ambas partes no es competente.
Es tácito cuando el demandado contesta ante un juez incompetente, sin oponer esta excepción. Se exceptúa lo dispuesto en leyes especiales”.
El art. 17 de la Ley N° 3545, describe: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otros que le señala la ley”.
La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1988/2014 de 13 de noviembre expresó: “…puesto que la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios...”.
La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0060/2016, en el extracto de la razón de la decisión estableció: “… En consecuencia genera un resultado muy extremo, determinar que por el sólo hecho de no haberse promovido “oportunamente” o “en un primer momento” el conflicto de competencias, implique automáticamente una “aceptación tácita de la jurisdicción”, cuando ésta por definición es una cuestión de orden público, por lo tanto, no está librada a la voluntad, acciones u omisiones de los justiciables, máxime cuando al respecto se tiene la garantía consagrada en el art. 122 de la CPE, en cuanto a la nulidad de los actos ejercidos sin jurisdicción ni competencia”. Razonablemente, es preciso cambiar el entendimiento de la referida SCP Nº 0017/2015, aplicando el principio de coordinación y cooperación interjurisdiccional conforme al mandato de los arts. 190 y 192.III de la CPE…”.
De la normativa expuesta supra, claramente la norma constitucional sanciona con nulidad todo acto realizado sin la competencia emanada por ley, así las autoridades que ejercen la jurisdicción ordinaria o agroambiental deben basar todos sus actuados en las competencias establecidas y conferidas por la normativa correspondiente, en ese entendido la jurisdicción civil no puede abarcar a la jurisdicción agraria o agroambiental, y por ello se puede establecer también, que en relación a la extensión de la competencia, el art. 13 de la Ley Nº 025 establece la ampliación únicamente en función del consentimiento expreso o tácito de las partes y en razón del territorio, más no refiere que se aplique en razón de materia, puesto que la competencia en materia agraria está regulada por normativa y leyes especiales que exceptúan justamente cualquier consentimiento expreso o tácito de las partes en conflicto, razonamiento modulado por la SCP Nº 0060/2016.
En ese sentido, claramente se entiende que en el caso concreto respecto a la pretendida nulidad del contrato de transferencia del bien inmueble agrario denominado “El Roble”, dicha pretensión se retrotrae hasta la admisión de la demanda, para que, si la parte demandante así lo quiere, inicie nuevamente la misma en la vía y jurisdicción agroambiental, tal como lo establece la Ley Nº 025 en el art. 152. num. 1) y 11) con relación a la competencia que tienen las juezas y los jueces agroambientales para conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados y sobre acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental. en concordancia con los puntos III. 3 y III. 4 de la doctrina expresada en la presente resolución.
Concluyendo que, para el tema de la resolución de la competencia en razón de la materia, el Tribunal de segunda instancia, no requirió necesariamente ingresar a valorar todas las pruebas sino estableció la competencia en razón a que el bien inmueble “El Roble” es un bien agrario que fue sometido a saneamiento por las instancias agrarias correspondientes, por lo que no corresponde ser tratado en la jurisdicción civil, en consonancia a la amplia normativa existente.
Por lo cual los reclamos relativos a la vulneración de garantías y derechos constitucionales en relación a todos sus reclamos, así como la vulneración a la motivación y fundamentación no tienen cimiento ni base legal que los sustenten, porque el Auto de Vista Nº 19/2019 de 17 de enero, falló conforme a derecho.
Manifestó que el Auto de Vista sería inaplicable, toda vez que siendo confirmatorio total de la sentencia, debió enmarcarse de acuerdo a lo establecido en el art. 218.III del Código Procesal Civil, resaltando que es inaplicable porque el juez no se pronunció respecto a los otros dos inmuebles y tampoco ninguna de las partes realizó reclamo alguno en apelación, puesto que la sentencia solamente se pronunció sobre “El Roble”. Interrogándose como se interpretaría la resolución confirmatoria de segunda instancia.
En lo referente a ello y de la revisión a la demanda se tiene que, la demandante planteó en un primer momento de fs. 23 a 27, la nulidad del contrato de transferencia del bien agrario denominado “El Roble” y posteriormente ampliando su demanda por memorial de fs. 57 a 58, solicitó se declare la nulidad de las Escrituras Públicas Nº 30 y 31 relativas a dos inmuebles urbanos, en ese tenor corresponde precisar que, tanto en la demanda como en su ampliación, las pretensiones de la demandante resultaron ser múltiples fundadas en tres títulos distintos, uno de naturaleza agraria y dos de naturaleza urbana civil, estableciéndose que dichas pretensiones no son conexas entre sí, ni necesariamente los dos contratos inmersos en las Escrituras Públicas Nº 30 y 31 deban seguir la suerte de la denominada primera pretensión esbozada en la demanda de fs. 23 a 27, siendo errado por ello denominar a la primera como principal y al resto como accesorias.
Con base a lo expuesto, se tiene que el Auto de Vista de fs. 246 a 249, en su segundo considerando, disgregó los contratos sujetos a nulidad en relación a los bienes y la competencia en razón a la materia, estableciendo en el punto 1) que el predio relativo al documento privado de compra venta de 16 de noviembre de 2012, resultó ser de naturaleza rural sometido a proceso de saneamiento por el INRA, por Resolución Administrativa RA-SS Nº 1115/2015 de 15 de junio, que mereció el título ejecutorial a favor de David Zarzar Suarez, concluyendo por ello que el juez careció de competencia en razón de materia.
Asimismo, el auto de vista recurrido, en el punto 2) del segundo considerando, hizo un análisis y fundamentación correcta respecto a los dos contratos relativos a los inmuebles urbanos inmersos en las Escrituras Públicas Nº 30/10 y Nº 31/10, ambas del 8 de febrero del 2010, confirmando la forma del fallo en función a la sentencia sin que quiera decir que sea exactamente igual en cuanto a su fundamentación puesto que en todo caso estaría complementando y corrigiendo la misma, entendiéndose como “improbados” (los restantes contratos) con la alusión clara de “…en virtud a los fundamentos del presente fallo”. (las negrillas son nuestras).
Es por ello que moduló correctamente disponer por una parte en relación a la pretensión respecto al contrato de 16 de noviembre de 2012 la incompetencia en razón de la materia, entendiéndose por lógica deductiva y de acuerdo a la doctrina legal aplicable puntualizada en los puntos III.3 y III.4 del presente fallo que, la jurisdicción es la potestad emanada del pueblo boliviano para administrar justicia, mediante sus órganos judiciales, en cambio la competencia es la facultad que tiene una autoridad judicial, para administrar justicia en un determinado asunto, es decir, que la competencia es el modo o manera como se ejerce la jurisdicción por circunstancias concretas de materia, grado, turno, territorio, naturaleza, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico, en tal sentido es que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así, todos los jueces tienen jurisdicción, pero cada juez tiene competencia para conocer y resolver solo determinados asuntos, coligiendo por lo tanto que, la jurisdicción así como la competencia son de orden público e indelegables y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.
Por lo cual y en base a los argumentos esgrimidos supra, se deduce que la demanda interpuesta respecto a la supuesta nulidad del contrato de transferencia del bien agrario, se reputa como si dicha pretensión no se la habría presentado, por razón de haberlo hecho ante un juez incompetente cuya jurisdicción estaba limitada a la materia en concreto, no siendo necesario precisar de qué fojas a que fojas quedaría sin efecto, entendiéndose que se anula todo lo obrado sin reposición en esta vía, debiendo la parte demandante si así lo dispone acudir a la jurisdicción agroambiental.
Concluyendo que el auto de vista recurrido, realizó un adecuado análisis y fundamentación del proceso, tanto de lo expresado líneas anteriores respecto al tema de incompetencia como de las Escrituras Públicas Nº 30 y 31 de 8 de febrero de 2010, que dispuso correctamente declarar improbadas dichas pretensiones, estableciendo confirmar la sentencia únicamente en cuanto a la similitud de la forma de la resolución de la misma, sin que signifique confirmar lo fundamentado por el A quo, ya que claramente puntualizó que la sentencia deberá acoger todos los fundamentos expresados en la resolución de segunda instancia, por lo que se entiende que la sentencia deberá aplicar el fallo de segunda instancia.
Así se observa que, el auto de vista disgregó las pretensiones adecuadamente, y suplió las omisiones del fallo de primer grado, debiendo el inferior acatar lo dispuesto en la misma y bajo los preceptos de la presente resolución, de tal forma se establece que los reclamos de la parte recurrente no contienen fundamento ni asidero para ser protegidos.
Al respecto, sus argumentos fueron respondidos al interior de su recurso de casación, no correspondiendo mayores explanaciones.
Se tiene que la presente resolución es conducente a lo argumentado en la respuesta, por cuanto siendo conducente a la misma, no amerita mayores explicaciones.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación contra el Auto de Vista Nº 19/2019 de 17 de enero, cursante de fs. 246 a 249 pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, interpuestos por David Zarzar Suárez y Ruth Zarzar Álvarez, mediante memoriales cursantes de fs. 251 a 256 y de fs. 259 a 262 vta., respectivamente; y, en consecuencia, se tiene firme y subsistente el Auto de Vista N° 19/2019 de 17 de enero, sin costas y costos por ser ambas partes recurrentes.

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