Source: https://boe.vlex.es/vid/reparar-inundaciones-temporales-15368228
Timestamp: 2019-10-22 23:29:43+00:00

Document:
REAL DECRETO-LEY 4/1997, de 14 de Marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los DaÑos causados por inundaciones y Temporales. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15368228
Fecha de Entrada en Vigor: 16 de Marzo de 1997
Marginal: BOE-A-1997-5631
Norma citada en: 13 sentencias, un artículo doctrinal, 14 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Desde el pasado mes de agosto, se han venido registrando fuertes temporales de lluvias y nieve a lo largo de gran parte de la geografía nacional, que han revestido especial importancia en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde se han provocado graves inundaciones en numerosos términos municipales, causando daños y pérdidas de diversa naturaleza en las infraestructuras, servicios públicos, viviendas, industria, agricultura y comercio. La magnitud de estos hechos, sus efectos catastróficos y su proximidad en el tiempo, exigen, desde el principio constitucional de solidaridad, una acción de los poderes públicos tendente a la adopción de medidas paliativas y reparadoras que sean adecuadas a la situación creada y contribuyan al restablecimiento gradual de la normalidad en las zonas siniestradas, estableciéndose, a su vez, los procedimientos que garanticen con la necesaria rapidez y flexibilidad, la financiación de los gastos que se deriven de la reparación de los daños producidos y de la rehabilitación de los servicios públicos afectados.
Las medidas establecidas en el presente Real Decreto-ley se aplicarán en los términos municipales o núcleos de población que se determinen por el Ministerio del Interior.
A los proyectos que ejecuten las Entidades Locales en los términos municipales o núcleos de población a que se refieren los apartados anteriores, relativos a las obras de reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios contemplados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y a la Red Viaria de Titularidad de las Diputaciones Provinciales se les aplicará el trámite de urgencia, pudiendo concedérseles por el Estado una subvención máxima del 50 por 100 de su coste.
Los créditos hipotecarios y pignoraticios, sus amortizaciones e intereses vencidos o que venzan en los períodos que se indican a continuación cuando los bienes gravados con hipoteca o constituidos en prenda hayan sufrido daños y estén situados en los términos municipales a que se refiere el artículo 1 de este Real Decreto-ley.
Los créditos de todas clases vencidos o que venzan en los períodos antes indicados:
Contra personas residentes o entidades domiciliadas en los términos municipales a que se refiere el artículo 1 y en ellos posean fincas rústicas o urbanas, instalaciones o explotaciones industriales o comerciales, siempre que hayan sufrido daños en las mismas o que su capacidad de pago se vea disminuida como consecuencia de los siniestros producidos por las recientes lluvias, temporales e inundaciones.
Contra personas o entidades que, aunque residan o estén domiciliadas fuera de los términos municipales aludidos, posean en ellos fincas rústicas o urbanas, instalaciones o explotaciones industriales o comerciales y hayan sufrido daños de consideración en ellas.
A partir de las fechas en que concluyen los períodos de duración de la moratoria establecidas en el apartado 1 de este artículo, los créditos antes citados serán exigibles por los acreedores en los términos pactados. El protesto de letras de cambio y efectos de comercio impagados podrá efectuarse en cualquiera de los ocho días hábiles siguientes al de vencimiento de la moratoria.
Quedan a salvo los pactos y convenidos que estipulen libremente las partes interesadas con posterioridad a la publicación de este Real Decreto-ley, que no será de aplicación a los créditos nacidos y a los no renovados después de la misma fecha.
Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica correspondientes al ejercicio de 1997, que afecten a explotaciones agrarias situadas en los municipios a que se refiere el artículo 1, en las que se hubieran producido destrozos en cosechas, ganados o bienes que constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado.
Igualmente, y para el mismo ejercicio económico, se concede la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de las lluvias y temporales, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos.
Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio de 1997 a las industrias, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocios o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como consecuencia directa de las lluvias y temporales, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre de la actividad. La indicada reducción será proporcional al tiempo en que se haya producido el cese de la actividad o, en su caso, se estime, previa valoración al efecto, del tiempo necesario para reiniciarla en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daños producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de la misma que surtirá sus efectos desde el día 31 de diciembre de 1996.
Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los apartados anteriores comprenderán la de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
Los contribuyentes que, teniendo derecho a las exenciones establecidas en los apartados anteriores, hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
El plazo de ingreso de las deudas tributarias, resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, excepto las practicadas como consecuencia de operaciones de comercio exterior, que se encuentren tanto en período voluntario de ingreso como apremiadas cuyos vencimientos estuviesen comprendidos entre el 15 de agosto de 1996 y el 31 de diciembre de 1996 o entre el 1 de diciembre de 1996 y el 15 de abril de 1997, dependiendo del período en que cada ámbito territorial haya resultado afectado, según se determine por el Ministerio del Interior, se prorroga hasta la última fecha indicada en cada caso.
Se minorará en la cantidad de 165.000 pesetas la cuota tributaria correspondiente al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, regulado por la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, por la primera matriculación definitiva que se produzca en España, de vehículos nuevos o usados, como consecuencia de la adquisición de automóviles efectuada para sustituir a otros que hubieran padecido siniestro total como consecuencia de las lluvias, temporales o inundaciones, siempre que se justifique la baja de los mismos, por tal motivo, en la Jefatura de Tráfico y que dicha adquisición se realice en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación del presente Real Decreto-ley. En ningún caso la deducción practicable en la cuota podrá superar el importe de la misma.
La disminución de ingresos que las normas de este artículo produzcan en los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Principado de Asturias, será compensada mediante la imputación específica de su importe con cargo a los recursos derivados del artículo 77 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños producidos por las inundaciones y temporales tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La autoridad laboral podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto, mientras dure el período de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, no incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de enero a marzo de 1997, ambos inclusive.
Para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las Corporaciones Locales podrán solicitar subvenciones al Instituto Nacional de Empleo, al amparo de lo previsto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994 por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por este Instituto en el ámbito de las Corporaciones Locales, para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social. En las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura los proyectos de obras y servicios podrán afectarse al Acuerdo para el Empleo Agrario de acuerdo con su normativa reguladora.
A los efectos prevenidos en el artículo 73 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y concordantes del Reglamento General de Contratación, tendrán la consideración de obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia los de reparación o mantenimiento del servicio de infraestructuras y equipamientos, así como las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe cualquiera que sea su cuantía.
A esos mismos efectos se incluyen, en todo caso, entre las infraestructuras, las hidráulicas, las educativas, las sanitarias, las agrarias de uso común, los regadíos, las carreteras y el dominio público marítimo-terrestre en la zona afectada.
Tales obras llevarán implícita la consideración de urgencia, a los efectos de aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
En la tramitación de los expedientes de contratación se dispensará del requisito previo de disponibilidad de terrenos a que se refieren los artículos 81 y 83 del Reglamento General de Contratación del Estado, sin perjuicio de que su ocupación efectiva no se haga hasta la formalización del acta de ocupación.
Se concede un crédito extraordinario, dotado con 3.000.000.000 de pesetas en el vigente presupuesto de gastos del Estado, sección 16, «Ministerio del Interior», servicio 01 «Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales», programa 223A «Protección Civil», concepto 480 «A familias e instituciones sin fines de lucro», subconcepto 00 «Para la concesión de ayudas de carácter inmediato en situaciones de emergencia, cualquiera que sea la naturaleza del gasto y el destinatario del mismo, según el Real Decreto-ley 4/1997».
Se concede un crédito extraordinario, inicialmente dotado con 17.000.000.000 de pesetas con el carácter de ampliable, en el vigente presupuesto de gastos del Estado, sección 31, «Gastos de diversos Ministerios», servicio 02 «Dirección General de Presupuestos. Gastos de los Departamentos Ministeriales», programa 633K «Actuaciones de emergencia ante catástrofes naturales», concepto 487 «Para atenciones de todo orden derivadas de la aplicación del Real Decreto-ley 4/1997, cualquiera que sea la naturaleza del gasto y el destinatario del mismo».
Los créditos extraordinarios a que se refieren los apartados anteriores, se financiarán con Deuda Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del texto refundido citado.
Los remanentes que presenten los indicados créditos al finalizar el ejercicio 1997, podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente.
Se crea una Comisión Interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en el presente Real Decreto-ley, coordinada por la Dirección General de Protección Civil e integrada por representantes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Economía y Hacienda; del Interior; de Fomento; de Educación y Cultura; de Trabajo y Asuntos Sociales; de Industria y Energía; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Administraciones Públicas y de Medio Ambiente, así como por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas en las que resulte de aplicación el presente Real Decreto-ley.
La determinación y evaluación general de las necesidades a atender con las medidas previstas en el presente Real Decreto-ley, se llevarán a cabo por la Comisión a que se refiere el apartado anterior, en coordinación con las Autoridades de las Comunidades Autónomas, a través de las Delegaciones del Gobierno, y con las correspondientes Comisiones Provinciales de Gobierno.
Sin perjuicio de lo establecido sobre determinación y evaluación general de las necesidades a atender, los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles podrán solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros, para una más correcta evaluación de los daños, las correspondientes valoraciones de los mismos, siempre que no afecten a bienes de titularidad estatal, o se hallen entre los contemplados en el artículo relativo a los ocasionados en producciones agrarias.
Los gastos generados por las valoraciones a que se refiere el apartado anterior, se atenderán con cargo al crédito extraordinario establecido en el artículo 11.2 del presente Real Decreto-ley.
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Real Decreto 2027/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica la concesión de la autopista AP-68, Bilbao-Zaragoza, y aprueba el convenio entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de La Rioja y Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad Anónima, por el que se establecen los términos para la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en los enlaces de dicha autopista que se encuentran dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
DECRETO 265/1999, de 14 de octubre, por el que se deniega la segregación de las entidades locales menores de Boada de Roa, Guzmán, Quintanamanvirgo y Valcavado de Roa, pertenecientes al municipio de Pedrosa de Duero (Burgos), para su constitución en nuevos municipios.

References: artículo 26
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 77
 Real Decreto 
 artículo 73
 artículo 52
in fine
 artículo 101
 artículo 11

Real Decreto