Source: https://gerindabaibi.blogspot.com/2017/11/
Timestamp: 2020-02-19 17:19:36+00:00

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Gerinda Bai bi: noviembre 2017
Durante muchos años, UPN para el ingreso del profesorado en los cuerpos docentes ofertados por el gobierno de Navarra, utilizaba el método de una doble lista separada (segregada) por idiomas para una misma especialidad, poniendo el examen en el mismo día con el fin de que el personal con dos idiomas no pudiera presentarse a las dos convocatorias. Este sistema especial ha discriminado al personal titulado en euskera, a los que no permitía presentarse a las plazas ofertadas en castellano, de esta forma, se premiaba al profesorado monolingüe en castellano, dándoles oportunidad a acceder a un mayor número de plazas. A través de este método, el que tiene más preparación por ser bilingüe, tiene menos oportunidades. Esto no pasa en ninguna otra comunidad autónoma del estado español con dos lenguas, en todas hay una lista única, tampoco pasa en otros departamentos del G.N. ni en otros puestos del departamento de educación que no sean profesores (conserjes etc.).
El año pasado, como una solución intermedia, se propuso hacer una doble lista y el examen en diferentes días, para que el profesorado pudiera presentarse a los dos exámenes. Esto no es una solución, ya que es un doble esfuerzo para el profesorado bilingüe al tener que presentare a dos exámenes de oposición para una misma especialidad. Lo lógico, es que las personas mejor preparadas y con mejor nota en una lista única, tengan más opciones de optar por una u otra plaza.
La realidad sociolingüística actual en Navarra tiende a un modelo de integración en diferentes lenguas, en educación no están los modelos lingüísticos tan diferenciados. En las listas de contratación se pide personal con varios perfiles lingüísticos: Se dan casos de profesorado de euskera que también imparte inglés, o de inglés que también imparte castellano. También hay demanda de otros idiomas como el francés o el alemán. Por otra parte, hay que recordar que en educación ya no existe la zonificación lingüística.
Nuestra alternativa es la lista única o lista integrada que no discrimine al profesorado vascoparlante, que permita al profesorado con dos o más idiomas, que más nota obtenga en el concurso oposición, que elija la plaza de su destino, sea en castellano en euskera o en inglés. ¡Es lo justo!.
La lista única beneficia al sistema educativo: Selecciona a la persona con mejor preparación para su profesión y a igual nota en el examen cuenta su curriculum en idiomas extranjeros o propios. Es una estrategia acertada para conseguir un sistema educativo, moderno y competitivo en un mundo cada vez más globalizado y para conseguir un alumnado más preparado para el acceso a programas europeos.
Si se bareman los idiomas, el euskera no puede ser excluido al ser uno de los idiomas propios de Navarra, de otra forma, se incluyen a los vascoparlantes en un guetto y se les obliga a estar en una discriminación lingüística permanente.
Tudela, a 30 de noviembre de 2017
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El Tribunal Oral Federal N° 5 difundió este miércoles la sentencia para 54 de los 68 acusados por la comisión de unos 789 delitos de lesa humanidad durante la dictadura Argentina de Jorge Videla.
Algunos de los imputados pertenecían al Grupo de Tareas 3.3.2 (GT332), y fueron dictadas las siguientes condenas a prisión:
- Perpetua para Alfredo Astiz, Mario Arrú, Juan Antonio Azic, Jorge "Tigre" Acosta, Randolfo Agusti Scacchi, Daniel Néstor Cuomo, Alejandro Domingo D’Agostino, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Cionchi, Hugo Enrique Damario, Francisco Armando Di Paola, Adolfo Miguel Donda, Miguel Ángel García Velasco, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González, Orlando González, Rogelio Martinez Pizarro, Luis Ambrosio Navarro, Antonio Pernías, Claudio Orlando Pittana, Jorge Carlos Rádice, Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Hugo Sifredi, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gonzalo Torres de Tolosa, Eugenio Vilardo y Ernesto Weber.
- 25 años para Juan Carlos Fotea.
- 24 años para Jorge Luis Magnacco.
- 20 años para Rubén Óscar Franco.
- 17 años para Eduardo Aroldo Otero.
- 16 años para Guillermo Pazos.
- 15 años para Carlos Octavio Capdevilla.
- 14 años para Víctor Roberto Olivera.
- 13 años para Juan Arturo Alomar.
- 12 años para Carlos Eduardo Daviou y Jorge Manuel Díaz Smith.
- 11 años para Héctor Francisco Polchi.
- Diez años para Daniel Humberto Baucero y Antonio Rosario Pereyra.
- Ocho años para Julio César Binotti, Paulino Oscar Altamira (ocho años y seis meses), Miguel Enrique Clements, Juan de Dios Daer, Mario Pablo Palet y Miguel Ángel Alberto Rodríguez.
Fueron absueltos de los cargos: Juan Alemann, Ricardo Jorge Lynch Jones, Roque Ángel Martello, Rubén Ricardo Ormello, Julio Alberto Poch y Emir Sisul Hess.
La Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina (ESMA) en principio estuvo dispuesta para la capacitación, recreación y alojamiento de los oficiales de la Armada, posteriormente tras el golpe de Estado al Gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, se convirtió en un centro clandestino para detener, torturar y exterminar a personas adversas a la dictadura militar entre 1976 y 1983, conocida también como "Proceso de Reorganización Nacional".
Los espacios dispuestos para la tortura y exterminio
Los lugares destinados para torturar y exterminar a los detenidos dentro del ESMA fueron el Casino de Oficiales, la Enfermería, el Taller de Automotores, la Imprenta y el Pabellón Coy.
En el lugar también operaba una sala clandestina de maternidad, en la cual tuvo lugar el robo sistemático de bebés de las mujeres detenidas y desaparecidas por los órganos represivos de la dictadura.
Crímenes solapados en democracia
Los actos cometidos en la ESMA, que incluyen la desaparición forzada de cinco mil personas, no recibieron atención durante los gobiernos que desempeñaron funciones desde la caída de la dictadura en 1983 hasta el año 2003.
Entre 1986 y 1990 se dictaron las llamada leyes de impunidad, que otorgaban beneficios a oficiales involucrados en crímenes de lesa humanidad, impidiendo su juzgamiento y la ejecución de sus condenas. Entre ellas están la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, además de los indultos militares otorgados por el entonces presidente Carlos Menem.
Con la llegada Néstor Kirchner a la Presidencia de la Argentina se anularon las leyes que solapaban todos los crímenes de lesa humanidad que se ejecutaron durante los siete años que duró la dictadura. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia convalidó la anulación en 2005, declarándolas inconstitucionales.
Tras el fin de la dictadura en 1983, sigue sin hacerse justicia. Los procesos judiciales contra los imputados por los crímenes que se cometieron en el ESMA aún no concluyen. Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, y reconocida periodista de investigación, opina que “el cambio de signo político sin dudas que influye en la Justicia”, teniendo en cuenta el cambio en las políticas de Gobierno que se han venido ejecutando tras la llegada de Mauricio Macri al poder.
La sentencia del megajuicio ESMA
Desde que inició la causa judicial hace cinco años, 11 los enjuiciados han fallecido y otros tres han sido apartados del juicio por motivos de salud. Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia determinarán la suerte de los imputados de la causa.
Txentxo Jiménez, Coordinadora de Aralar Navarra 2003-2012 (en Diario de Noticias)
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Nuestros abuelos también soñaron con esas condiciones cuando salían pautri, jornaleros, a la plaza del pueblo; nunca tuvieron vacaciones ni cobraron paro. A la vejez, beneficencia. América como recurso. De Rusia les vino toda esperanza: el derecho al descanso, la jubilación, la Seguridad Social, vacaciones pagadas, casas baratas para obreros, sanidad pública, educación general. De muetes creíamos que las chicas no sabían ni correr, hasta que comenzamos a ver a las soviéticas en las primeras televisiones: hacían atletismo, trabajaban de camioneras, torneras o astronautas; llenaban las universidades; se divorciaban y controlaban su natalidad. Aunque nos decían que el comunismo las hacía machorras, a nosotros nos parecían igual de hermosas y además, luego lo supimos, eran la vanguardia del feminismo.
Un espectro recorrió Europa, aterrorizando a los viejos poderes. La Iglesia comenzó a sacar encíclicas sociales que evitaran el socialismo. El fascismo inventó el socialnacionalismo para cortar el derrape de las masas hacia la izquierda. La derecha inventó la democracia cristiana, el ceder algo para que no les quitaran todo. Los tibios se agarraron a la socialdemocracia para impulsar el estado de bienestar. Creció el cooperativismo como fórmula intermedia; el sindicalismo, los frentes populares… Visitar la URSS y hacerse comunista era todo uno. Solo entendiendo esa fascinación se comprende que muchos de los fusilados en 1936 gritaran ¡Viva Rusia! y que vivan entre nosotros octogenarios de nombre Lenin.
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EMILIO MAJUELO: "LA POLÉMICA QUE ALGUNOS HAN GENERADO SOBRE CAMPIÓN SE BASA EN LA IGNORANCIA Y EL CINISMO"
Experto en la vida y en la obra de Arturo Campión, sobre el que ha publicado el libro La visión de la historia en Arturo Campión (Txalaparta), al que dedicó cuatro años y medio de su vida, Emilio Majuelo se debate entre la estupefacción y el enfado por todo lo que se está diciendo del intelectual navarro.
¿Qué opinión le merece todo este revuelo que se ha generado con la concesión de la Medalla de Oro a Campión?
–Cuando me enteré de esta polémica, que fue relativamente tarde, la recibí con estupefacción, por decirlo de una manera suave. Me da la sensación de que se mezclan cosas muy distintas con motivo de la concesión póstuma de la Medalla de Oro de Navarra a estos tres personajes de la cultura vasca y lo que fue realmente su aportación. Y digo con estupefacción porque no sé a qué obedece la rotundidad con la que se ha planteado en la prensa por las personas que han firmado determinados artículos o incluso en el Parlamento. No sé que argumentos históricos tienen para decir todo esto, porque, si mal no recuerdo, hay toda una posición estricta en la que, a priori, todo el mundo estaría de acuerdo, en el sentido de que hay que ser críticos con la Historia, con el pasado, sí pero, lo primero que pensé es que, para ser críticos con ese pasado, lo fundamental y primigenio es conocerlo. Y en las cuestiones que se han venido diciendo tengo la sospecha de que no se conoce lo suficiente como para poder hacer una valoración tan rotunda como se ha hecho. Y si estoy equivocado, sería maravilloso que esas personas que conocen tan bien la historia de Olóriz, Altadill y Campión dijeran a qué se sujetan para decir todo esto. Parece que estamos obligados ahora a hablar de Campión, pero es que Campión se defiende solo, y a mí me parece de escolares o de párvulos venir a tratar un tema tan enorme o profundo a cuenta de que algún periodista ha recogido unas comunicaciones de ciertos políticos que tienen más tinte de tertulianos que otra cosas, y lo digo como valoración negativa, en lugar de hablar de la obra de este señor, que es muy desconocida. Por lo tanto, primero habría que hablar sobre los que ponen estas cuestiones sobre la mesa, porque, insisto, no sé qué elementos de fondo o de reflexión utilizan para decir todo lo que están soltando. Y también es terrible el silencio ensordecedor de los historiadores cercanos a los partidos que han dicho algunas de estas cosas.
Incidiendo en esas cosas que ha argumentado algunos políticos, concretamente se ha dicho que Arturo Campión no merece la Medalla de Oro por que era "integrista, xenófobo y racista"...
–Vuelvo a lo mío. Esas personas tienen que preguntarse si es lícito, en un ejercicio anacrónico y desde un punto de vista intelectual acudir a la historia para valorar, enjuiciar o casi exigir... O que cada uno dé cuenta de su ideología a tenor de lo que han leído sobre ese posible integrismo o xenofobia. Esta polémica ronda sobre tres aspectos: uno es la ignorancia, otro el cinismo y el tercero, que me callo. Es algo que no se sostiene. No se puede valorar la obra de 50 años de una persona sacando un frasecita, a través de una lectura indirecta de un libro que se escribió hace años, y decir que Campión es no se qué. Campión no se reduce a una frase, ni a una actitud ni a un detalle, porque como ese tiene otros tantos. Por lo tanto, discutir de esto es lo que me parece inconveniente. ¿Se ha dicho, por ejemplo, si Cánovas del Castillo era racista o no? Porque lo era. ¿Y la tesis de Unamuno era sobre la raza vasca? ¿Existió la raza vasca? ¿Se acuerdan del machismo de Ortega y Gasset? ¿O decimos que era indigno porque cobraba de la embajada española en Buenos Aires y nos cargamos toda su filosofía? O cogemos a Max Weber, padre de la sociología moderna y como era militarista e imperialista en su momento, lo echamos al cubo de la basura. O a Thomas Mann porque era antiliberal. Discutir esto es entrar en el mundo de los tertulianos, y yo estoy en contra de los políticos y periodistas tertulianos. Y digo esto porque no hay capacidad ni preparación para, en el momento en el que se oye una tertulianada, pararle a esa persona los pies y rebatirle: ¿esto por qué lo dice? Si se coge cualquier texto de Marx o de San Ignacio de Loyola se le puede darle la vuelta que cada uno quiera. Y esa es la mejor manera para no entender la historia. Campión empezó a escribir en 1876, y hasta 1925 estuvo activo; la última reedición de su obra es de 1935. Si alguien tiene el aplomo de reducir 50 años de vida intelectual a una frase o a una actitud religiosa, apaga y vámonos, no hay discusión posible. Nos están llevando a la obligación de tener que defender a Arturo Campión, y yo no le tengo que defender porque fuera un papista o viviera en un mundo religioso que, por cierto, era mucho más abierto que muchas de las actitudes que yo estoy viendo en torno a él o a otras muchas cosas.
Esta entrevista no trata, o al menos lo intenta el que la firma, de hacerle el juego a esas afirmaciones, sino de poner luz, aunque resulte complicado en tan poco espacio, sobre la figura de Arturo Campión.
–Lo sé, pero es que hablar de esto es hacerles el juego. Efectivamente, Campión tiene frases xenófobas. Bien, ¿me pueden explicar qué decía, en buena parte, la Segunda Internacional sobre el colonialismo? Estaban en contra, y eran contrarios al belicismo y al imperialismo, pero claro, ahora vete a pedirle cuentas a Kautsky o Bernstein sobre lo que dijeron, porque llevaron al matadero de la Primera Guerra Mundial. Si hiciéramos eso, este sería un país de locos, no podemos ir a la historia a juzgar. Esa es mi opinión. Xenófobo era todo el mundo, pero da la sensación de que eso significaba ser racista, y eso presupone ser darwinista social, y de ahí a decir que era hitleriano... la gente ya se lo ha imaginado. Esto significa andar con una ligereza y un desparpajo dentro de la ignorancia que a mí me resulta muy molesto y me enfada. Todo el mundo era xenófobo, ¿y si le pedimos cuentas al Partido Socialista por la Ley de Extranjería y todos los inmigrantes que han expulsado ilegalmente? Pues ya me dirás. Esto es un despropósito. Pedirle cuentas a uno o a otro me parece terrible. En aquellos años todo el mundo hablaba de raza, porque se vivía la época del desarrollo científico. A partir de 1860 predomina el empirismo y el positivismo, se intentan encontrar leyes que permitieran controlar la naturaleza. Y todo el mundo pensaba así. Y efectivamente hay planteamientos eugenésicos en socialistas: uno de los mayores racistas era Albert Laduche, un socialista que tuvo un exitazo tremendo. Pero a nadie se le ocurre pensar que estos socialistas lo que pretendían era poner las semillas de un genocidio posterior. Y esta imagen que se puede dar de Campión es absurda, porque lo último que fue es darwinista social: ni era darwinista, porque no creía en esas leyes, ni era empirista ni nada por el estilo. Lo que él odiaba era que un imperio comiera a una nación pequeña, que un Estado poderosísimo engullera todas las realidades particulares bajo la suya. Si habla Campión de raza es por un concepto cultural, histórico, no darwinista ni nada por estilo. La gente que no ha leído no sabe que los modelos que Campión tiene en su filosofía y pensamiento no son los de finales del siglo XIX, sino los de los grandes hacedores del humanismo y cosmopolitismo alemán, que se llaman Wolfgang Goethe y Wilhelm Humboldt.
Permítame, aunque quizá sea incidir, pero es que un partido político ha utilizado como argumento la portada de un diario navarro, publicada un año antes de su muerte, en el que aparecía el titular "Campión con España", sobre un texto mecanografiado, solo con la firma autografiada, en el que manifiesta su repulsa por "el incalificable proceder del nacionalismo vasco" y muestra su "adhesión inquebrantable a la Junta Nacional de Burgos".
–Yo doy mi opinión. Lo que hay que preguntarse es por qué Diario de Navarra, por ejemplo, saca ese escrito cada cierto y cuando le conviene, precisamente para montar semejantes follones como el que se está montando ahora. Y, ¿por qué no ha defendido a Campión durante los años 40, 50 y 60 si era tan franquista? Debiera saberse que todo el legado de Campión, que ha sido el alma mater de la cultura vascona, que es lo mismo que Navarra, ¡estaba por los suelos en el Archivo durante esos años! Hasta el punto de que no nos consta lo que dejó. Afortunadamente, hace 25 años pusieron unos archivadores y ahora está allí. Si era tan franquista, ¿por qué no lo han puesto como modelo? Todos tenemos abuelos, ¿no? Si tú coges a tu padre, que está moribundo con 85 años, le dices que acaban de matar a unos sobrinos y que las masas revolucionarias, según el momento que se estaba viviendo, actuaron en San Sebastián haciendo la intemerata desde el 19 de julio de 1936... Hasta el punto de que Campión estaba bajo guardia de los gudaris del PNV, porque temían que fueran a por él. ¿Y ahora me quieren hacer creer que este hombre era tan franquista que estaba esperando a que llegaran a salvarlo? Una persona dolida que no sabía lo que estaba pasando fuera... Los últimos testimonios de los que tengo constancia, de personas que estuvieron con él, para nada tienen que ver con el texto de ese escrito, en el que, de su puño y letra, solo aparece la firmita, cuando resulta que estaba ciego desde hacía 10 años. ¡Me quieren hacer creer que ese abuelo de 80 años va a arruinar todo su pensamiento y obra de 50 años diciendo que estaba esperando a los fascistas! Cuando, si algo odiaba Campión era el militarismo, sobre todo el carlista de la segunda gran guerra porque les arruinó la vida y la juventud, a ellos y a mucha gente. Él vio que estaba arruinado este país, y eso no fue solo cuestión suya, fue generacional. Altadill dijo, en mil novecientos y mucho, que aquel acontecimiento marcó sus vidas porque los arruinó, y no veían más que ríos de sangre por parte de carlistas y liberales. Yo dediqué cuatro años y medio de mi vida, leyendo todo lo que escribió y todo lo que tenemos recogido en los archivos. Y si lees todo eso te das cuenta que lo que traspasa su obra es la guerra, porque les machacó. Y él sufrió por su país, que a fin de cuentas es de lo que estamos hablando. Es un hombre contrario a los germanófilos porque machacaban a los pequeños estados. Totalmente antimilitarista. ¡No va a saber Campión lo que hicieron los militares españoles en Euskal Herria, por favor! No se entiende su fuerismo si no es como una reacción a la abolición foral en Vascongadas y la merma de los fueros de Navarra. Y ahora me quieren decir que hay que tener en cuenta un papel que firmó un señor que está ciego, llevado por una cuadrilla de Pamplona y le someten, ya liberada Donosti, para que firme. ¡Y la imagen que se da es como si les estuviera esperando! Yo he oído de su sobrino, por vía indirecta, que se oían los gritos desde fuera de la habitación. Y ahora me vienen una serie de indocumentados a querer hacernos ver que este era un hombre que estaba esperando abrazarse al franquismo o al fascismo, ¡pero estamos bobos, o qué! Pero si no hay más que leerle para darse cuenta de su actitud ante el imperialismo español y la primera guerra mundial, él era un hombre tranquilo, de orden, pero en absoluto españolazo ni militarista. Su vida era otra cosa, pero hay que conocerla, y esta indigencia actual de la izquierda, y los que se le suman, es terrible, estamos en la prehistoria del conocimiento.
Dentro de los Presupuestos Generales de Navarra para 2018 se encuentra el de Medio Ambiente; sin duda la “cenicienta” de los Departamentos en relación a la cantidad económica que se les asigna. También es la “cenicienta” a nivel estatal en cuanto que está a la cola en asignación presupuestaria.
Cierto es que con la llegada del cuatripartito la asignación para 2017 subió un 10% respecto al año anterior y lo previsto para el 2018 representa un 8,4%. También que durante los Gobiernos de UPN se rebajó a la mitad la cantidad total asignada a ese fin, dejando al Departamento esclerotizado y sin capacidad para poder llevar adelante por falta de medios las funciones que le corresponden, principalmente de inspección y control.
Pero ese aumento raquítico del presupuestario no resuelve los problemas heredados y así se evidencia que la falta de personal y medios hace que no se pueden llevar adelante inspecciones ambientales a las empresas contaminantes y en el medio natural con el rigor y periodicidad necesarios. En la misma línea y por falta de personal, el Departamento no debería externalizar trabajos que podría hacer el mismo. No se trata de comparar el Gobierno actual con el de UPN en materia ambiental, ya que las diferencia son notables… pero esta es la realidad y es por esto que el Consejo Navarro de Medio Ambiente ha rechazado el Presupuesto para el Departamento de Medio Ambiente de 2018, lo mismo que lo hizo para el de 2017.
Sabido es que las arcas forales no están para tirar cohetes, pero también que otros Departamentos gozan proporcionalmente de mayor atención económica… Da la sensación de que el mantenimiento del Medio Ambiente no tuviera que ver con el bienestar de la sociedad navarra en su conjunto y que del buen estado de éste no dependiera todo lo demás.
Recientemente nuestra presidenta Uxue Barkos expuso en los medios 50 medidas para afrontar cinco retos de futuro en Navarra: Empleo de calidad, Revolución digital, Defensa del Estado del bienestar, Reconocimiento de la pluralidad y Fortalecer el autogobierno. Sorprende no apareciera el Medio Ambiente y que solamente se incluya “Proyecto de Ley de Residuos y su fiscalidad y Actualización Plan Forestal” en el capítulo de medidas.
Nos hubiera gustado que aparecieran en su agenda partidas económicas y compromisos para que desde nuestra Comunidad se den más pasos para intentar reducir las emisiones de carbono de forma rápida y profunda.
Nos hubiera gustado que en su agenda aparecieran más partidas económicas para evitar o minimizar los incendios forestales, dado que la subida de las temperaturas pueden crear situaciones insostenibles como las del veranos del 2016.
Nos hubiera gustado que en su agenda aparecieran partidas económicas para mejorar los espacios protegidos… entre ellos el Parque de Bertiz; espacio natural herencia de Pedro Ciga, sin duda la joya de la corona donde acuden anualmente 80.000 personas. En el decreto foral 68/2008/ 17 de junio, que aprobó el Plan de Gestión de Bértiz, al final, en el punto 10 habla de 750.000€ al año de presupuesto necesario para ejecutar dicho Plan. Pues bien, esta cantidad no se emplea ni de lejos, por lo que numerosas labores de mantenimiento y mejoras no se pueden realizar por falta de personal. ¿Y qué decir del Palacio de Aizkolegi que se está derrumbando?
Está claro que cualquier previsión de bienestar futuro resultará inalcanzable si no se cuenta con el Medio Ambiente.
Pero además de la importancia de las partidas económicas para Medio Ambiente, está el que desde las Instituciones se debería hacer mucho más, no sólo a nivel de gobierno, sino también pedagogía entre la ciudadanía alertando de que el modelo de vida actual nos lleva al desastre. Todo esto pese a la afortunadamente creciente percepción de que el modelo de sociedad consumista globalizada nos ha llevado –entre otros graves efectos- a que se superen los límites ambientales y ecológicos del Planeta.
Como acaba de indicarnos la Organización Mundial de la Meteorología, el nivel mundial de concentración de CO2 en la atmósfera aumentó en 2016 a niveles récord y que las aguas de los mares puede que crezcan 20 metros en este siglo. Este preocupante dato deja clara la urgencia -de la que no parece enterarse el Gobierno español ni muchas de las Comunidades Autónomas ni Ayuntamientos- de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias de adaptación al cambio y reducción del proceso. Es imprescindible acabar con el autismo mayoritario en nuestra sociedad, que debería comprender que ya no se trata solo de reducir emisiones -que también- sino de preparar urgentemente a nuestra sociedad y a nuestros territorios para las gravísimas consecuencias económicas, sociales y sobre la salud que va a tener el inevitable proceso de calentamiento global.
Resulta urgente dedicarle, tanto desde la Administración como desde la Sociedad, la atención y medios necesarios para paliar en lo posible los efectos que nos anuncian. ¿Todavía estamos a tiempo…? A ver si a nivel de nuestra Comunidad se demuestra ya empezando por los Presupuestos del 2018 para Medio Ambiente.
Juan del Barrio (Miembro del Consejo Navarro de Medio Ambiente)
La suma de factores emocionales, jurídicos y políticos que se entremezclan en el catártico desarrollo de la realidad catalana permite extraer lecciones importantes en su proyección hacia Euskadi y su futuro.
Por un lado, y con todo el respeto a la argumentación estratégica de la defensa jurídica de Carme Forcadell para eludir la medida cautelar de prisión provisional (la cárcel es dura, por tanto nada que reprochar desde esta dimensión personal) no deja de sorprender la incoherencia entre el discurso político mantenido hasta el momento por ella y por su formación política y el sostenido al acudir a declarar ante el juez y afirmar expresamente que acata la aplicación del artículo 155 de la Constitución o que, como señala la decisión judicial del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, «renuncia a cualquier actuación fuera del marco constitucional».
Todo ello es así desde la vertiente jurídica; pero la derivada política no deja ser igualmente compleja y permite extraer lecciones importantes: ¿Cómo explicar a la ciudadanía catalana esta suma de declaraciones, tanto en sede judicial como en el marco estrictamente político preelectoral, en el sentido de acatar la aplicación del 155, o afirmar que la Declaración de Independencia fue simbólica, o, como también ha manifestado desde Bruselas Puigdemont, «no se implementó», o que hay otras soluciones distintas a la independencia, u otros líderes políticos catalanes independentistas admitiendo abiertamente que no había fuelle o respaldo social suficiente para llevar a cabo la proclamación de la república o que el Govern no estaba preparado para ello?
¿Qué van a hacer ahora los catalanes que apoyan ese proceso independentista?; ¿van a desmentir a sus promotores, van a decir que mienten, van a insistir en reconocer una independencia que según sus promotores no se declaró sino de manera simbólica?
Es el momento de preguntarse si era ésta la única y la mejor manera de zanjar el procés, concretado en llegar como sea a la orilla y luego ya se verá, o cabe interrogarse acerca de si la unilateral declaración de independencia ensancha el apoyo social al mismo o divide y fractura más todavía la sociedad catalana. Y no es un pregunta menor, porque el verdadero problema para los independentistas es la ausencia de un apoyo social mayoritario que le hubiera otorgado mayor legitimidad democrática y social.
Otra cuestión abierta radica en preguntarse por qué tras tanto ruido se ha silenciado todo debate acerca del modelo de sociedad, de país, de educación, de ciudadanía, de lengua, de cultura, de identidad, de sistema industrial o de andamiaje institucional, y frente a ello se ha optado por ir a por la independencia sin más y luego ya se verá.
Con todo el respeto personal a otros planteamientos creo que sería un tremendo error secundar desde Euskadi esta vía tanto en la dimensión política como en la social y en la jurídica, porque es, además de poco deseable, inviable.
Tres grandes binomios de reflexión pueden abrirse en relación al futuro estatus político vasco: oportunidades y bases para el desarrollo del Autogobierno (valoración del desarrollo del Estatuto de Gernika); en segundo lugar, el principio democrático y los mecanismos de profundización democrática (Derecho a decidir, Derecho de autodeterminación, legalidad y legitimidad, consulta-referéndum) y por último el concepto de soberanía y modelo territorial (necesidad o no de reforma constitucional, simetría-asimetría, derechos históricos, unilateralidad y/o bilateralidad).
El reconocimiento de la plurinacionalidad es clave para que el sistema de distribución territorial del poder político en España deje de ser como un corcho que flota, no se hunde, pero que carece de rumbo y que mantiene enquistados y sin solución viejos problemas derivados de la ausencia de un encaje, de una acomodación política a realidades nacionales como la vasca o la catalana.
En el marco político vasco el fondo de la cuestión remite a la necesidad de un nuevo Acuerdo o Pacto político cuyos aspectos esenciales a abordar podrían ser los siguientes:
1)Responder en primer lugar a la necesidad de completar el Estatuto y actualizar su contenido. 2)Hacer efectiva la plurinacionalidad del Estado, lo que implica el reconocimiento de Euskadi en el plano jurídico, simbólico, político e institucional como comunidad nacional. 3)Articular una división territorial del poder judicial acorde al carácter plurinacional del Estado. 4)Favorecer que Euskadi mantenga una nítida proyección exterior, con capacidad propia para intervenir en los asuntos europeos o de carácter internacional. 5)Avanzar en la institucionalización de relaciones con los territorios que comparten la comunidad cultural y lingüística vasca, el territorio del euskera. 6)Garantizar la bilateralidad efectiva, de tal forma que el acuerdo/pacto alcanzado no se pueda modificar unilateralmente por una de sus partes.
Profundicemos en lo que nos une, porque tenemos capacidad de alcanzar un nuevo pacto desde el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva. Nuestros derechos históricos, amparados y respetados, pueden dar de sí tanto cuanto pueda alcanzar nuestra capacidad de lograr pactos institucionales y adoptar así decisiones políticas que sean refrendadas por la ciudadanía y respetadas.
Juanjo Álvarez, Catedrático de derecho internacional privado de la Upv-Ehu (en El Diario Vasco)
“Flaco favor hace usted, señor Rivera, al envolverse en la bandera nacional para crear otro conflicto territorial. Por unos votitos en Catalunya es capaz de enfrentar al resto de los ciudadanos. Sepa usted que la Constitución reconoció y blindó el fuero foral vasco y navarro. Es usted un populista irresponsable”.
Adivine el lector quién pronunció estas palabras ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados. ¿La diputada del Partido Nacionalista Vasco, Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea? No. ¿La portavoz de la izquierda abertzale, Marian Beitialarrangoitia Lizarralde? No. ¿Íñigo Jesús Alli Martínez, jefe de filas de la foralista Unión del Pueblo Navarro? No. ¿Ferran Bel Accensi, portavoz económico del efímero PDECat, ahora Junts per Catalunya, ayer Convergència Democràtica? No. ¿Algún diputado de Esquerra Republicana de Catalunya? No, porque ERC no quiso intervenir ayer en el debate sobre el cupo vasco. La invectiva más dura contra Albert Rivera la pronunció la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.
Los canarios también tienen su asimetría. Se llama Régimen Económico y Fiscal (REF) y lo renegocian con uñas y dientes cada vez que tienen la posibilidad de influir en los presupuestos generales del Estado. El REF está reconocido por la Constitución y contribuyó a frenar el secesionismo del MPAIAC (Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), grupo panafricanista que llegó a poner en serios aprietos al Gobierno de Adolfo Suárez a finales de los años setenta. Activamente respaldado por Argelia, el independentismo canario ha sido la principal amenaza separatista que ha tenido España desde la pérdida del Sáhara Occidental en 1976, sostienen algunos historiadores rigurosos. A consecuencia indirecta de una bomba del MPAIAC en el aeropuerto de Gran Canaria hubo un terrible percance el 23 de marzo de 1977. Se desviaron aviones a Tenerife y dos Boeing 747 chocaron en la pista del pequeño aeropuerto de Los Rodeos, provocando el mayor accidente aéreo de la historia (583 muertos). En abril de 1978, el líder del MPAIAC, el abogado canario Antonio Cubillo, fue apuñalado por dos mercenarios en Argel. Quedó paralítico. Algunas pistas apuntaron a los servicios secretos españoles, que habrían contado con el apoyo de un agente alemán. La transición –conviene recordarlo– no fue una sucesión de alegres juegos florales.
Ciudadanos ha visto brecha y se ha lanzado al ataque, sin manías. Van a saco, oliendo la pólvora igualitarista de las encuestas. La ofensiva contra el cupo les sale gratis en el País Vasco y Navarra, donde su presencia es testimonial. Y les ayuda en Catalunya.
Nunca hasta ahora se había abierto en España una gran discusión pública sobre el sistema de cálculo del cupo vasco. El PNV hace tiempo que se temía que la inflamación catalana podía acabar abriendo la caja de Pandora.
¡Todos iguales! La ofensiva es tremenda. Ciudadanos quiere pasar el rastrillo en la España enfadada, para dejar en la cuneta a Podemos, saltarle a la yugular a Mariano Rajoy y provocar nuevas tensiones en el PSOE. Han visto brecha y van a tope, forzando las costuras. Esa fue la advertencia de la diputada Oramas.
El fuero fiscal es el alma de la autonomía vasca y navarra. Poner al País Vasco y Navarra en pie de guerra en las actuales circunstancias históricas es jugar con ­nitroglicerina.
La revisión del cupo ha sido aprobada.
“Más internacional y más completa”. Esas son las dos premisas que ha remarcado ñigo Remírez de Ganuza, director del festival, docente y trompeta de La Pamplonesa, en la rueda de prensa celebrada esta mañana el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Remírez ha destacado la internacionalidad de la propuesta, que cuenta con artistas invitados como la noruega Tine Thing Helseth o los venezolanos Simón Bolívar Trumpet Ensemble. La habitual oferta de masterclasses, talleres, conciertos y exposiciones se ve ampliada con la inclusión de charlas con los artistas y la proyección del documental Tocar y Luchar, sobre el sistema de orquestas venezolano, destinado a poner en contexto al grupo que se encarga del concierto de clausura del festival.
El módulo docente se mantiene como una de las apuestas importantes de Tubala Brass, ya que se este año se ofrecen clases de todos los instrumentos de la familia del viento metal, no solo de trompeta y trombón. La plantilla de docentes se compone del Quinteto de metales de la Sinfónica de Castilla y León, el quinteto aragonés Pirena Brass, el trombonista Daniel Perpiñán y los venezolanos Simón Bolívar Trumpet Ensemble, miembros además de la Orquesta Simón Bolívar. El volumen de alumnos se mantiene con respecto a otros años, rondando los ochenta. No solo llegan desde Navarra, sino también de Madrid, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Asturias. Además, continúa la apuesta por hacer cantera con los talleres de Tubala Kids para los alumnos de corta edad y la inclusión de un taller en familia sobre cuidados del instrumento.
Tine Thing Helseth inaugurará junto a la OSN el primer concierto de la edición, dando el pistoletazo de salida a varias actuaciones entre las que se incluyen conciertos de profesores, una audición de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Tafalla acompañada por un cuento escrito para la ocasión y el estreno absoluto, el domingo 26 de noviembre, de la obra BrassTafalla, encargo al compositor residente José Rafael Pascual Vilaplana. Todavía quedan entradas a la venta que pueden conseguirse a través de la web www.tubalabrassweek.com.
Óscar Insausti, director en Navarra de Banca de Instituciones de CaixaBank, entidad colaboradora, ha insistido en el poder de cohesión social que ejerce la cultura. Por su parte el alcalde de la localidad, Arturo Goldaracena, ha subrayado la importancia para Tafalla de este evento cultural, describiéndolo como un festival que sube su nivel pero que no pierde su lado amable y en el que se respira un ambiente hogareño, de pequeña gran familia.
FIGAROL SIGUE SIN COBRAR LOS 12.300 EUROS QUE ADEUDA EL PRESIDENTE DEL CONCEJO
Ante el incumplimiento reiterado del Concejo de Figarol de reclamar a la Asociación Club Hípico Dos Haches el abono de los aproximadamente 12.300 euros que adeuda por el arrendamiento de La Residencia (desde abril de 2012 hasta abril de 2016), el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha puesto en conocimiento del Gobierno de Navarra los hechos para que ejecute subsidiariamente la resolución que establece dicho pago, a través del Departamento de Administración Local. Se da la circunstancia de que en aquella época, el presidente del Concejo, Rafael Martínez Beorlegui (UPN), presidía, a su vez, la citada asociación y que el inmueble es propiedad del Gobierno de Navarra.
Aunque la cifra adeudada supera los 12.300 euros, ésta ha quedado mermada al haber prescrito el equivalente a 11 meses de alquiler. Recordar que fue el concejal regionalista Agustín Fadrique quien, respaldado por vecinos, antiguos ediles y presidentes, decidió dar un paso al frente e interponer un recurso de alzada ante el TAN para reclamar dicha suma al considerar que se estaba dañando la economía local.
Los hechos se remontan a 1998, fecha en la que el Ejecutivo foral cedió gratuitamente La Residencia al Concejo. En un primer momento, el Concejo decidió ceder a título gratuito el inmueble a la asociación hípica por un periodo de nueve años y seis meses con la condición de que invirtiese un mínimo de seis millones de pesetas en acondicionar las instalaciones. Transcurrido ese plazo, no obstante, se acordó en 2008 establecer una nueva cesión, pero fijando una renta de 450 euros al mes, más el IPC.
Hasta el primer trimestre del año 2012, la Asociación Club Hípico Dos Haches pagó la cuantía estipulada. A partir de abril de 2012, sin embargo, la asociación comenzó a pagar, sin que existiera acuerdo alguno de Pleno para reducir la renta y coincidiendo con el nombramiento de Rafael Martínez como presidente del Concejo, 162,02 euros al mes en lugar de 486,66 euros (aplicando la subida del IPC).
Tras ser preguntado por esta cuestión, Martínez lo achacó a un “error administrativo”, que lejos de solventar, zanjó de la siguiente manera: eliminando en mayo de 2016, por dos votos a favor y uno en contra, la tasa cobrada por el arrendamiento de La Residencia, dejando “el uso del inmueble que reportaba unos ingresos a la economía de nuestro pueblo, totalmente gratuito al Club Hípico Dos Haches”, lamentan los vecinos.
Pocos meses después, en septiembre de 2016, Fadrique propuso reclamar el dinero que se había dejado de percibir, pero el Concejo decidió por mayoría no pedir la cuantía. De ahí que denunciase la cuestión ante el TAN, que le dio la razón a la hora reclamar los débitos no satisfechos. Fadrique, entonces, solicitó la celebración de un pleno extraordinario para llevar a cabo la resolución y volver a establecer un canon por la utilización del inmueble en cuestión, pero el Concejo “lejos de rectificar y asumir responsabilidades” critican los vecinos, decidió agotar todos los plazos y no ejecutar las resoluciones y providencias del TAN. En este sentido, los ciudadanos reprochan que además de agotar dichos plazos, “los escritos de alegaciones presentados por el Concejo a las resoluciones y providencias del TAN, que no hacen otra cosa que defender los intereses del Club Hípico Dos Haches, le cuestan al pueblo 1.440 euros”.
Pero aquí no queda la cosa, porque el 8 de noviembre el TAN declaró “fraude de ley” la sesión celebrada el pasado 27 de octubre en la que el presidente, “aprovechando la ausencia de Fadrique, introdujo una moción de urgencia para tratar otra resolución del tribunal sobre el cálculo de gasto energético y costes que le han supuesto al Concejo el enganche, ilegal, al alumbrado público del inmueble gestionado por el Club Hípico Dos Haches”, desvelan.
Por todo ello, y viendo que “el presidente goza de una impunidad absoluta por el respaldo que tiene de dos de los concejales y que, claramente, los intereses de Figarol están totalmente desatendidos”, la ciudadanía ha creado una campaña de colaboración económica para contratar a un abogado que defienda los intereses del pueblo a través de la web figarol.org o de los siguientes números de cuenta: ES30 2100 5339 9721 0018 0690 (Caixa Bank) y ES82 3008 0053 7116 2326 2910 (Caja Rural).
Rafael Martínez, por su parte, subraya que el Concejo sí está cumpliendo la resolución del TAN y que ha informado al Club de los hechos, pero que ahora será el propio Club el que deberá reunirse (dice que él se mantiene al margen al ser parte implicada) y responder lo que crea conveniente. “Pagará, si debe pagar”, concluye, poniendo en duda la deuda atribuida a la asociación que él mismo presidía.
"Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo": célebre frase que se atribuye erróneamente al ilustrado francés, Voltaire, pero que en realidad es de su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall y que define atemporalmente ese principio democrático básico que sigue siendo necesario reivindicar aún hoy en pleno siglo XXI y que a las autoras nos sirve de perfecta introducción al presente artículo.
Mucho se ha hablado estos días de lo que diagnosticó Naomi Klein a través de su “Doctrina del shock” y que es necesario repetir para llegar a asimilar que, efectivamente, estamos siendo víctimas de ello. Klein demostró cómo circunstancias excepcionales -sea una catástrofe natural o, por ejemplo, el miedo infundido por la posesión de armas de destrucción masiva- que sucedan en un momento determinado ante una población desorientada, son elementos idóneos para que el poder se atreva a aplicar duras medidas económicas o políticas que, en otras circunstancias, no tendrían éxito. Por ejemplo, el huracán Katrina no sólo se llevó por delante a la ciudad de Nueva Orleans, sino que se aprovechó la gran catástrofe para implementar recortes de derechos básicos y políticas neoliberales, que en otros momentos no habrían sido posibles: sobre la destrucción, la creación de un sistema nuevo, el neoliberalismo más vergonzante.
Es la aplicación de esta Doctrina del capitalismo más salvaje la que se comenzó a poner en práctica, aquí, durante la crisis financiera de 2006 -sin obviar que no fuimos las únicas víctimas de un cataclismo económico con consecuencias a gran escala. Gracias a la crisis y apelando a ella se arrasó con las condiciones de nuestro modelo económico y social previo basado en los principios del llamado "estado del bienestar", como concesión temporal a quienes históricamente habían conquistado los derechos más básicos. El capitalismo a ultranza acechaba el momento más oportuno para imponerse, de ahí que no sólo no nos hayamos recuperado de la crisis sino todo lo contrario, hemos sido despojados poco a poco de servicios públicos, que han sido traspasados a las empresas acechantes. Los recortes en educación y sanidad públicas han sido explicados, por ejemplo, desde criterios de necesidad, de escasez de fondos. Las empresas se habían arruinado, nos decían, por eso fue necesario bajar salarios y, sin embargo, los miles de millones de euros de ganancias, a costa de precarizar el trabajo, fueron aprovechados por algunos empresarios para realizar cuantiosas donaciones para la investigación de enfermedades sin que faltara una buena campaña de comunicación para encumbrarlos; un miserable proceso de privatización del derecho a la salud al que sólo se puede acceder a través del favor del millonario oportuno.
Ante estas injustas políticas, la gente se echó a la calle, pues su organizada voz colectiva fue la única herramienta que quedaba para protestar. El 15 M fue una clara muestra de que la gente podría lograr grandes cambios desde el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de manifestación. A este fenómeno social le siguieron numerosas y multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se intentaron criminalizar por parte del poder a través de todos los medios posibles. Mediante la denominada “ley mordaza”, para impedir y obstaculizar derechos fundamentales a través de multas administrativas -forma discreta y dañina de disuadir- y la mordaza penal -reguero de procedimientos penales atentatorios contra la libertad de expresión-. El intento de reprimir derechos y libertades públicas obtuvo una amplia contestación social y una opinión pública mayoritariamente contraria a esta represión de derechos fundamentales. Muchos jueces tampoco estaban dispuestos a enjuiciar hechos no delictivos, como la concentración “Rodea el Congreso” o los escraches a los representantes políticos. No sucedió lo mismo con la Audiencia Nacional que pasó de enjuiciar a terroristas a investigar a tuiteros, titiriteros y artistas.
En este contexto social, emergió “la cuestión catalana”: un conflicto político de grandísima envergadura que ha provocado un enorme shock como consecuencia del lamentable nivel político de nuestros gobernantes quienes, haciendo dejación de sus funciones se parapetaron tras los jueces, judicializando un problema político y, contribuyendo así, a criminalizar social y penalmente una opción política legítima.
Ese preparado caldo de cultivo provocó las circunstancias idóneas para generar un estado de shock que acometiera una involución democrática sin precedentes desde la Transición. Hemos asistido a una devastación de los pilares básicos del Estado de derecho. Sin tapujos y sin disimulos porque, recordemos, es tras la destrucción de las estructuras preexistentes, cuando emerge sin pudor el talante de un estado con tendencia al autoritarismo que acecha el momento propicio para abordar medidas autoritarias, recentralizadoras, con ayuda de las fuerzas policiales y del Fiscal General. Sin olvidar el papel de la Audiencia Nacional. Todos estos elementos se pusieron a la labor de reprimir violentamente lo que se debió haber resuelto a través de los cauces oportunos existentes en una democracia, como el diálogo y el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos. Sin embargo, el gobierno de Rajoy persiguió desde el principio las condiciones óptimas para una polarización social dinamitadora de la convivencia y propiciadora del "shock" que necesitaba.
Con el revestimiento aparentemente judicial de la acción represiva, monitoreada desde el Gobierno, a través del reprobado Fiscal General del Estado, hemos asistido a una de las mayores cargas policiales de los últimos años en Europa: la jornada del 1 de octubre en Catalunya, con cerca de 1.000 personas que requirieron asistencia médica, contra una población que salió a votar en una consulta popular, previamente anulada. No hubo ningún detenido, lo que demuestra lo gratuita y desproporcionada que fue la carga policial.
Hemos visto al Fiscal General del Estado anunciar detenciones a 400 alcaldes catalanes; también anunció que pediría la prisión provisional para quienes habían impulsado el Procés catalán desde el Parlament. Y por fin, presentó una querella contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Previamente, la Fiscalía había impulsado acciones penales contra dos activistas que organizaron las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre, consiguiendo que ingresaran en prisión provisional.
Ni los delitos de rebelión y sedición pueden calificar estos hechos, consistentes en ejercer el derecho de representación política y cumplir el programa político para el que fueron elegidos los ahora querellados ni debieran haberse considerado como sedición las movilizaciones de cerca de dos millones de personas, las mismas que eligieron libremente a su gobierno cuando concurrieron a las elecciones autonómicas allá por el 27 de octubre de 2017.
Inquietante parece el hecho de que se incluya en la querella del fiscal que los escraches, las movilizaciones ciudadanas y la organización de la protesta social sean insurrecciones violentas para perseguir un objetivo político. Muy alarmante que el Tribunal Supremo haya asumido todos y cada uno de los elementos de esta represión, reescribiendo, de paso, el significado de los derechos fundamentales en juego.
Se equivocan cuando lo llaman "la cuestión catalana" y puede que fuera así antes, pero no ahora. Un Estado de Derecho debe garantizar la separación de poderes y los hechos demuestran una actuación judicial basada en interpretaciones de carácter político. Hace tan sólo unos años nadie habría creído posible que gran parte de un gobierno pudiera acabar en prisión en nuestro país. Un escándalo que, sin embargo, no sólo ha sido normalizado sino justificado. El estado de shock ha propiciado el proceso de involución democrática que nos ha llevado a situaciones tan lacerantes como que en un plató de televisión en prime time el público arranque a aplaudir al anunciar el envío a prisión de Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, por una decisión parlamentaria y adoptada en el ejercicio de su cargo. Eso hace unos años no habría sido posible. Sin embargo, a pesar de las grandes manifestaciones pidiendo la libertad de los presos políticos, sigue siendo una gran mayoría del Estado la que justifica y aplaude medidas que creíamos relegadas a las crónicas de otros tiempos.
Es muy impactante la forma en la que las sociedades de forma mayoritaria pueden normalizar e incluso banalizar la corrupción, la precariedad, la desigualdad, las carencias de participación democrática y la represión. Pero, además de Naomi Klein, sobre este proceso social de "banalización del mal" ya nos alertó décadas atrás otra mujer, Hannah Arendt, para explicar el proceso de aceptación de la barbarie nazi en toda una sociedad culta y adelantada, como lo era la alemana. Tal vez por lo extremo del caso sea más sencillo aplicarlo a cualquier proceso social de pérdida de derechos y valores, en los que la sumisión y aceptación de las situaciones conducen al peligro de la banalización del mal, que ya se está dando en otros países de Europa a través de un ascenso inusitado de la extrema derecha que ha llegado a ocupar este fin de semana masivamente las calles de Varsovia.
El terreno pues, se ha vuelto fértil para que germinen las peores actitudes y talantes que acechaban a la espera del momento oportuno. Mientras la mayor parte de la sociedad acepta de buen grado esta inusitada represión. Pero que nadie se lleve a engaño: cuando la represión se activa ya no hay quién la gradúe. La represión tiene, además, carácter expansivo: ni se detendrá en el territorio catalán ni se limitará a la cuestión soberanista. O lo enfrentamos como lo que es, una involución democrática que puede plasmarse en los próximos meses en una nueva reforma reaccionaria de la Constitución o sufriremos en nuestras propias carnes ser las próximas víctimas de esta escalada represiva. Y entonces, quizás, ya no quede nadie para salvarnos.
Isabel Elbal y Esther López Barceló, en eldiario.es
Los abogados de la defensa en el caso de Altsasu han comparecido este martes en Madrid y han denunciado que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas. Remarcan la indefensión que sufren los acusados desde el inicio del proceso.
“La crisis catalana dispara a Ciudadanos en el CIS”, titulares de un destacado medio madrileño para ilustrar el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que daba al partido de Albert Rivera un aumento de tres puntos. El proceso independentista catalán no solo ha agitado las aguas en Catalunya, también en el resto del Estado, donde ha despertado una pasión nacionalista que solo se había dejado ver en los grandes eventos deportivos. Enseñas y proclamas patrióticas que van más allá del momento coyuntural, y que son la respuesta de una visión del Estado más jacobino y centralizado que empieza a dudar del sistema autonómico de 1978.
La crisis económica también ha mostrado las costuras de una organización administrativa que pronto cumplirá 40 años con un consenso generalizado de la necesidad de una reforma. De momento, PP y PSOE ya han pactado poner en marcha una comisión permanente en el Congreso que revise el modelo territorial. Sin embargo, la dirección en la que apuntan unos y otros protagonistas es en muchos aspectos opuesta. Y aunque el objetivo, al menos público, es dar una salida al problema catalán, a nadie se le escapa que el resultado final del debate afectará al propio modelo de Estado.
También al régimen foral, que una vez más vuelve a estar en el punto de mira de quieres ven las excepciones de Navarra y la CAV como una anomalía. El problema para los territorios forales es que la corriente recentralizadora llega esta vez con más fuerza que nunca. A PP y PSOE les ha salido un nuevo competidor en su visión jacobina del Estado, que sin vinculación histórica con el 78 ni responsabilidades institucionales habla abiertamente de una uniformización del modelo territorial.
Con 32 escaños y la simpatía de buena parte de la prensa madrileña, Ciudadanos cuenta con altavoces para hacer llegar un mensaje que siempre ha tenido buen predicamento en una parte importante de la sociedad española, que hasta ahora se había mantenido contenida dentro de los dos grandes partidos, siempre cómodos en el status quo. Salvo las habituales declaraciones de algunos dirigentes regionales, tanto PP como PSOE han venido respetando hasta ahora la excepción fiscal.
Pero el conflicto catalán ha dado alas a Ciudadanos, que esta semana ha vuelto a poner el foco sobre la autonomía económica de la CAV y Navarra. “El cupo lo pagan las comunidades del régimen común, que llevan tres años esperando que se renueve el sistema de financiación autonómica y ven cómo se acuerda a oscuras y a puerta cerrada”, denunciaba en el Congreso su portavoz, Juan Carlos Girauta, consciente de la rentabilidad electoral del discurso antiautonomista. A él se ha abrazado ya sin complejos Ciudadanos para remontar en las encuestas gracias a que el debate político gira casi en exclusiva en torno al modelo territorial. Un camino en el que empieza a arrastrar al PP, que temeroso de una fuga de votos agita también la bandera centralista.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL A la espera del escenario que dejen en Catalunya las elecciones del 21-D, el debate constitucional se abrirá con más fuerza en la próxima primera. Lo hará con las mayorías actuales en Madrid, lo que en principio parece blindar el régimen foral, que cuenta con el apoyo en el Congreso de PP, PSOE y Podemos. “Suprimir el Convenio Económico no es una prioridad porque ahora no tenemos mayoría”, apuntó el propio Rivera en su última visita a Pamplona.
Ha pasado casi un año desde entonces, y Ciudadanos ha vuelto a ver el filón. Quizá no tanto como para proponer directamente la supresión del Convenio navarro y del Concierto vasco, pero sí como para poner sobre la mesa un agravio con fuerza suficiente como para arrastrar a PP y PSOE. De la nación de naciones que planteó Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias poco más se ha sabido, y en el PP ya hay quien habla abiertamente de recuperar competencias para el Estado. “No se si estamos en el momento de ampliar competencias o de que el Gobierno central recupere políticas públicas esenciales”, apunta el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Con la crisis como excusa, el Estado ya ha limitado estos últimos años el margen de inversión pública de Navarra, y ha condicionado aspectos clave como la gestión del personal público o la posibilidad de generar nuevos tributos. Y ahora se plantea también la revisión de algunas competencias como Educación, que con el argumento de un supuesto “adoctrinamiento” nacionalista se pretende fiscalizar en el futuro desde Madrid. Una iniciativa rechazada recientemente en el Congreso, curiosamente, con el apoyo de UPN.
Es el escenario en el que Navarra encara un debate que llega tras varios años de progresivo deterioro del autogobierno, y en el que presumiblemente volverá a salir la Transitoria Cuarta como espantajo habitual. Una salvedad constitucional que deja en manos de los ciudadanos navarros la posible vinculación con Euskadi, pero cuya supresión centrará la atención por encima de otras cuestiones mucho más importantes en el día a día. Sobre todo el Convenio Económico, que corre el peligro en convertirse el gancho electoral con el que seducir a la creciente visión centralista del Estado. Y que pese a las buenas palabras del ministro Cristóbal Montoro, sigue pendiente de un acuerdo con Madrid. Toca navegar, y viene marejada.
El artículo 155 CE tiene sujetos activos y pasivos. Hay partidos que han activado la “coacción federal” con las medidas ya conocidas y hay partidos que está soportando las consecuencias de la aplicación de tales medidas. Tanto los primeros como los segundos van a competir en el proceso electoral abierto por el Presidente del Gobierno a través de la activación del artículo 155 CE, que culminará el próximo 21D.
La pregunta se impone: ¿van a participar los sujetos activos y pasivos en dicho proceso electoral en condiciones de igualdad?; ¿van a ejercer el mismo derecho de sufragio activo y, sobre todo, pasivo los candidatos de los sujetos activos que los de los sujetos pasivos?; más todavía, ¿van a ejercer el mismo derecho de sufragio los ciudadanos que opten por los candidatos de los sujetos activos que por los que opten por los candidatos de los sujetos pasivos? Porque todo lo que afecta al derecho de sufragio pasivo de los representantes afecta también al derecho de sufragio activo de los ciudadanos que los eligieron. Un derecho de sufragio pasivo amenazado es una amenaza para el derecho de sufragio activo de los potenciales votantes.
Esto es lo que significa la querella registrada por el fiscal general del Estado al día siguiente de que el presidente del Gobierno destituyera al Govern y disolviera el Parlament contra los miembros del primero ante la Audiencia Nacional y contra los miembros de la mesa del segundo ante el Tribunal Supremo.
Ambas querellas han sido admitidas a trámite y en ambas se ha iniciado la instrucción, si bien con la adopción de medidas cautelares distintas, como el lector sin duda ya sabe.
Tanto la AN como el TS han dado por buena la calificación que ha hecho el fiscal general de la conducta de los querellados. A todos se les acusa del delito de rebelión. En esto no hay diferencia entre la AN y el TS. Hay diferencia en las medidas cautelares, pero no en lo sustantivo. Tan acusados de rebelión estos los miembros del Govern como los de la mesa del Parlament.
El TS no ha desescalado nada. Ha aligerado momentáneamente la presión, que no es irrelevante. Pero no es decisivo. Los miembros de la mesa del Parlament no están en prisión, pero políticamente no están en libertad. Buena prueba de ello es que Carme Forcadell no pudo asistir el sábado a la enorme concentración que se produjo en Barcelona para reclamar la libertad de los presidentes de ANC y Òmnium. La expresidenta de ANC y del Parlament está en libertad, pero, por indicación de su abogado, no puede acudir al acto político más importante de la semana, acto que materialmente se inscribe en la campaña electoral, aunque esta, formalmente, no se abra hasta el 5 de diciembre.
En estas condiciones en el mejor de los casos, es decir, si los miembros del Goven que están en prisión dejan de estarlo, van a tener que actuar durante todo el proceso y hacer la campaña electoral los candidatos de los sujetos pasivos de la “coacción federal”. Con una amenaza de que, según lo que digan o lo que hagan, pueden volver a prisión y, sobre todo, con la amenaza de un proceso por rebelión, que puede conllevar hasta treinta años de condena.
El pasado sábado eldiario.es publicaba un escrito de 100 profesores de Derecho Penal de las distintas Universidades españolas, en el que se decía y argumentaba que la conducta de los miembros del Govern y de la mesa del Parlament no era constitutiva del delito de rebelión o de sedición. Que podía ser constitutiva de otros delitos, que debían ser investigados, pero que, en ningún caso, podía ser calificada como rebelde o sediciosa. Esta ha sido opinión unánime en toda la doctrina jurídica. No solo la penal, sino la procesal o la constitucional.
Contra esta opinión unánime es contra la que se ha alzado el Fiscal General del Estado, la AN y el TS. Si los protagonistas de la conducta no son nacionalistas catalanes, no hay delito de rebelión o sedición. Pero si son nacionalistas catalanes, entonces si lo hay. Porque basta con salir a la calle y decir aquí estamos, para que se entienda que estamos ante una amenaza portadora de violencia. Eso es lo que dice el auto del Magistrado del TS. No lo dice así, obviamente, pero es lo que dice.
Que nadie se llame a engaño. Estamos asistiendo a la primera fase de una operación de esterilización del nacionalismo catalán. La convocatoria electoral del 21D es, para el Gobierno, la primera medida de esterilización. De ahí que sus agentes electorales no sean los militantes del PP, de los que casi no se sabe nada, sino el fiscal general del Estado y, a través de él, la AN y el TS. Es a ellos a los que se confía la tarea no tanto de la movilización del electorado propio, como la de disuasión de la parte menos firme del electorado ajeno.
Una vez que se tengan los resultados electorales y se haya comprobado la eficacia de la medida, se verán cuales se tienen que tomar a continuación. De momento las querellas están vivas y sobre ellas el Fiscal General dispone de una margen de actuación por el momento más que notable.
Quiere decirse, pues, que el 21D los ciudadanos de Catalunya van a ejercer el derecho de sufragio en condiciones desiguales. La distancia entre el ejercicio del derecho por los candidatos y los votantes de los sujetos activos del artículo 155 CE y el ejercicio por los candidatos y votantes de, los sujetos pasivos, es enorme. La amenaza de que sea todavía mayor a partir del 22D no solo no puede descartarse, sino que puede anticiparse como más que probable.
¿De verdad alguien piensa que de esta manera se va a conseguir la integración razonablemente satisfactoria de Catalunya en el Estado?
Nadie en su sano juicio va a decir que la España actual es como la España de Franco. Estaría bueno. Tampoco se dice que la Alemania de Merkel sea nazi, pero si crece la extrema derecha, se mira al pasado y la reflexión es: algo hemos hecho mal cuando estos criminales no se han ido definitivamente. En España es más evidente, porque cada mañana hay 114.000 desaparecidos, asesinados por Franco -ese que ha muerto- que siguen gritando a nuestra democracia que quieren una sepultura digna para que sus familiares sepan qué fue de ellos y dónde están. Pero ni el PSOE ni el PP ni Ciudadanos tienen el más mínimo interés por recuperar esos cadáveres. Sinvergüenzas de esos partidos, como Pablo Casado o Rafael Hernando, dicen que eso son batallitas del abuelo o una búsqueda de negocio de las víctimas. No como las asociaciones de víctimas del PP, que destacan por su altruismo. A Rivera le molesta que hablemos del pasado, porque su partido cada día huele más a falangismo.

References: e contrario
 artículo 155
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 155
 artículo 155
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