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Timestamp: 2019-10-19 18:29:15+00:00

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STS 759/2017, 4 de Mayo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 679097773
Número de Recurso: 1578/2016
Número de Resolución: 759/2017
INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PODER ADMINISTRADOR SOLIDARIO. Se examinan los requisitos para la interposición del recurso contencioso-administrativo del artículo 45 LJCA. A la exigencia de acompañar al escrito de interposición el documento que acredite la representación del compareciente, se une la necesidad de aportar también el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones contra las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación. No ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina
Esta Sala ha visto el recurso de casación para unificación de doctrina 1578/2016, interpuesto por la entidad ESARODA , SL, representada por el procurador don Aníbal Bordallo Huidobro y dirigida por letrado, contra la sentencia de 5 de octubre de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo 89/2012 , relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, que no presentó escrito de oposición.
La sentencia impugnada declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad ESARODA, SL, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña de 3 de noviembre de 2011, que desestimó la reclamación deducida contra el acuerdo de liquidación del Inspector Regional Adjunto de 11 de abril de 2007, del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2002, por un importe de 102.221,59, estimando, en cambio, en parte la reclamación formulada contra el acuerdo de imposición de sanción, por importe 81.682,11 euros, ordenando dictar otro nuevo.
Basó dicho pronunciamiento la Sala de instancia en la falta de presentación del acuerdo societario para recurrir exigido en el art. 45.2 d) de la Ley Jurisdiccional , sin que el defecto hubiera sido subsanado cuando fue denunciado por el Abogado del Estado en el escrito de contestación a la demanda, no formulándose tampoco alegaciones para oponerse a la excepción procesal, argumentando que el hecho de que la Sala no requiriese a la recurrente de subsanación antes de dictar sentencia no producía vulneración del artículo 24.1 de la Constitución como declaró la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2015 (rec. 3826/2013 ).
La recurrente había aportado al interponer el recurso escritura de poder para pleitos, otorgada por un administrador solidario, que incluía la facultad de ostentar la representación y comparecer ante cualquier autoridad, e "instar, seguir y terminar como actor, demandado o en cualquier otro concepto toda clase de expedientes. Dirigir, recibir y contestar notificaciones y requerimientos", pero el Abogado del Estado, en el escrito de contestación a la demanda alegó la concurrencia de la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 69. 1 b) de la Ley Jurisdiccional , en relación con los artículos 18 , 19 y 45.2 a) de la misma Ley , por no haber acreditado la entidad actora su voluntad de promover el proceso, al no aportar el correspondiente acuerdo del órgano estatutariamente competente para adoptar la decisión, invocando, en su apoyo las sentencias del Pleno de esta Sala de 5 de noviembre de 2008 y de la Sección 5ª de 11 de marzo de 2011 , que distinguen entre el poder de representación y la decisión de litigar, por el órgano competente, así como otras en el mismo sentido de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de enero de 2007 ( Sección. 2ª) y de 18 de octubre de 2007 ( Sección 3ª).
Contra la referida sentencia la representación de ESARODA, SL, interpuso recurso de casación para unificación de doctrina por entender que llega a un pronunciamiento distinto al de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010 , suplicando sentencia por la que se declare haber lugar al mismo, casando y anulando la impugnada para dictar otra en la que se estime la doctrina mantenida en la sentencia alegada como contradictoria, reponiendo las actuaciones del recurso contencioso-administrativo al momento anterior al de dictar sentencia, entrando a valorar el fondo de las cuestiones controvertidas en el mismo.
Conferido traslado al Abogado del Estado para el trámite de oposición transcurrió el término conferido sin que la representación estatal presentara escrito alguno, por lo que se le tuvo por caducado el derecho al referido trámite por diligencia de ordenación de 11 de abril de 2016.
Remitidas las actuaciones a esta Sala se señaló para deliberación y fallo la audiencia del día 25 de abril de 2017, fecha en la que tuvo lugar la referida actuación procesal.
La representación de la entidad ESARODA, SL, impugna la sentencia de 5 de octubre de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , que declaró la inadmisión del recurso que había entablado contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña de 3 de noviembre de 2011, que desestimó la reclamación formulada contra el acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2002 y estimó en parte la formulada contra el acuerdo de imposición de sanción.
La sentencia recurrida fundamentó la declaración de inadmisión del recurso contencioso administrativo en la falta de aportación del acuerdo corporativo para recurrir exigido en el art. 45.2. d) de la ley Jurisdiccional , reproduciendo la doctrina sentada por el Pleno del Tribunal Supremo en sentencia de 5 de noviembre de 2008 (rec. de cas. 4755/05 ) sobre la correcta interpretación de los artículos 45. 2.d) 45.3 y 138 de la Ley Jurisdiccional .
Aporta como sentencia de contraste la dictada por esta Sala el 9 de diciembre de 2010, rec. 1304/2007 , que declaró la improcedencia de inadmitir el recurso, por no ser aplicable la doctrina establecida por el Pleno en 5 de noviembre de 2008, al haberse aportado el acuerdo para recurrir en el momento inicial del proceso, concretamente el Decreto del Presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo que hacía necesario antes de inadmitir el recurso requerir la subsanación si lo consideraba insuficiente por entender que la competencia correspondía al Pleno, no siendo posible hablar de simple inacción de la entidad recurrente cuando ya había aportado un documento que reflejaba la voluntad corporativa de interponer el recurso.
A juicio de la recurrente, no obstante la concurrencia de las identidades exigidas, pues en ambos casos se alegó la inadmisión por no constar el acuerdo de la entidad actora sobre su voluntad de promover el recurso, pese a haberse presentado un poder en el que se insertaba la facultad de decidir la iniciación del litigio (sentencia recurrida) o un acuerdo adoptando la decisión de recurrir aunque por un órgano que se consideraba incompetente (sentencia de contraste), los pronunciamientos finales son distintos al no considerar necesario la sentencia recurrida el previo requerimiento de subsanación para apreciar la parte demandada, a diferencia de la de contraste que entiende que el hecho de haberse aportado el acuerdo para recurrir en el momento inicial suponía una circunstancia que se separaba del caso resuelto por el Pleno, lo que hacía necesario requerir la subsanación antes de inadmitir al recurso.
Para la parte resulta más correcta la interpretación que realiza la sentencia aportada como contradictoria del artículo 138 de la Ley Jurisdiccional , en relación con los artículos 45. 2 d ) y 69 b) del mismo texto legal , en aras de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución , frente a la postura de la sentencia impugnada, que inadmite directamente el recurso sin entrar a valorar la documentación aportada con el escrito de interposición, en base a una interpretación rigorista en exceso de los presupuestos procesales, a la vez que errónea, pues no sólo se había aportado el documento controvertido, sino que la forma jurídica de la actora era el de la sociedad limitada y no el de sociedad anónima.
Ante todo, conviene recordar que el recurso de casación para la unificación de doctrina tiene carácter excepcional y es subsidiario respecto de la casación ordinaria [véanse las sentencias de 24 de mayo de 1999 (casación para la unificación de doctrina 2725/1994 , FJ 2º; ES:RS:1999:3587), 26 de mayo de 1999 (casación para la unificación de doctrina 4379/1994 , FJ 2º; ES:TS:1999:3657), 26 de julio de 1999 (casación para la unificación de doctrina 6329/1993 FJ 2º; ES:TS:1999:5434 ), 1 de abril de 2008 (casación para la unificación de doctrina 200/2007 , FJ 1º; ES:TS:2008:1057), 15 de febrero de 2010 (casación para la unificación de doctrina 496/2004 , FJ 1º; ES:TS:2010:559), 20 de marzo de 2012 (casación para la unificación de doctrina 178/2010 , FJ 2º; ES:TS:2012:1863), 28 de abril de 2014 (casación para la unificación de doctrina 461/2013 , FJ 2º; ES:RS:2014:1717), 14 de julio de 2014 (casación para la unificación de doctrina 395/2013 , FJ 2º; ES:TS:2014:2969), 16 de marzo de 2015 (casación para la unificación de doctrina 2644/2013, FJ 1º; ES:TS:2015:1111 ) y 13 de julio de 2015 (casación para la unificación de doctrina 3648/2013, FJ 1º; ES:TS :2015:3368) , entre otras muchas].
Con esta modalidad de recurso de casación se trata de que determinadas sentencias, que por razón de la cuantía tienen vedado el acceso a esa casación común, puedan revisarse cuando, superando el interés litigioso los treinta mil euros [ artículo 96.3 de la Ley 29/1998 , en la redacción de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal (BOE de 11 de octubre)], contradicen otros pronunciamientos, a los solos efectos de unificar criterios y de declarar la doctrina correcta.
Sentado lo anterior, resulta patente que el caso analizado por la sentencia recurrida es muy distinto al que examina la sentencia de contraste, en el que se había aportado un documento que reflejaba la voluntad de interponer el recurso, si bien la decisión había sido adoptada por un órgano que se consideró incompetente, situación que difiere cuando lo que se cuestiona es la validez del acuerdo para promover el recurso contencioso-administrativo en los supuestos de administrador solidario en responsabilidad limitada.
Estas diferencias explican que en el caso de la sentencia de contraste el Tribunal declare que ante la objeción suscitada por la parte adversa la Sala no podía limitarse a declarar la inadmisión, como hizo, sin valorar las posiciones contrapuestas en los autos, ya que no podía hablarse de simple inacción de la entidad recurrente cuando ya había aportado un documento que reflejaba esa voluntad corporativa, por lo que "la aportación de dicho documento y la alegación de la contraparte requerían en una adecuada interpretación pro actione de los preceptos invocados en ambos motivos ( de casación), muy especialmente del artículo 138 de la Ley de la Jurisdicción y en evitación de la indefensión, según se advierte en la referida sentencia del Pleno ya citada, que la Sala hubiera justificado la adecuación o no de dicho documento para acreditar la voluntad corportativa de ejercer la acción y, en caso de considerarlo insuficiente por entender que la competencia correspondía al Pleno de la Corporación, dar ocasión de subsanar dicho defecto con la correspondiente ratificación plenaria del acuerdo presidencial", mientras la impugnada se atiene estrictamente a la doctrina del Pleno.
En todo caso hemos de recordar que la doctrina jurisprudencial a la hora de abordar la peculiar situación que se plantea cuando quien recurre es una sociedad mercantil de capital y se da la circunstancia de que quien ha otorgado el poder para litigar es, precisamente, el administrador único de dicha sociedad, no es unánime
Así, entre las sentencias que sostienen la primera tesis (esto es, la que sostiene que el administrador único debe justificar sus facultades para acordar el ejercicio de acciones) pueden citarse las de 8 de mayo de 2009 (RC 8824/2004), 30 de septiembre de 2010 (RC 5984/2009), 24 de noviembre de 2011 (RC 2468/2009) y 14 de febrero de 2013 (RC 2007/2011). En cambio, apartándose del criterio seguido en las sentencias que se acaban de recoger, las sentencias de 16 de febrero de 2012 (RC 1810/2009 ) y 20 de septiembre de 2012 (RC 5511/2009 ) admitieron como suficiente a los efectos que nos ocupan el otorgamiento del poder notarial de representación por el Administrador único, invocando los artículos 62 y 63.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada .
"S éptimo.- Pongamos ahora estas consideraciones que acabamos de expresar en relación con el artículo 45 de la Ley Jurisdiccional contencioso-administrativa. Este precepto regula los requisitos de interposición del recurso contencioso-administrativo, y concretamente detalla los documentos que han de adjuntarse a dicho escrito. De estos, interesa destacar los recogidos respectivamente en los apartados a) y d) del apartado 2º del mismo. El apartado a) establece que ha de acompañarse al escrito de interposición "el documento que acredite la representación del compareciente" (esto es, generalmente el poder de representación), mientras que el apartado d) apunta la necesidad de aportar asimismo " el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado" .
Desde esta perspectiva, el artículo 45.2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998, adquiere una razón de lógica jurídica. Si el apartado d) de este precepto se refiriera únicamente, al igual que el a), al ámbito de la representación de la empresa, sería redundante y superfluo, pues esa representación ya ha quedado acreditada a través del documento exigido por el apartado a). Justamente al contrario, esto es, porque uno y otro apartado se refieren a momentos y ámbitos diferentes (el apartado a] al de la representación de la empresa y actos con trascendencia ad extra , el apartado d] al de la gestión interna de la empresa), cobra pleno sentido que uno y otro apartado se refieran a la acreditación documental de aspectos distintos. Sólo así se explica la coexistencia de ambos apartados en el mismo precepto y referidos a la misma actuación procesal. Más aún, si el propio apartado d) del artículo 45.2 matiza que no será exigible el Acuerdo autorizatorio del ejercicio de acciones cuando ya conste incorporado en el texto del Poder, es porque parte de la base de que ese Acuerdo es distinto del Poder de representación, y uno y otro documento tienen contenido y finalidad distintas.
Así las cosas, como quiera que al fin y a la postre al administrador único de la sociedad de responsabilidad limitada le corresponde con carácter general y ordinario no sólo la representación sino también la administración y gestión de la empresa, puede entenderse razonablemente que en principio la decisión de ejercitar acciones judiciales y promover la interposición de un recurso contencioso-administrativo entra dentro de sus facultades típicas o características, pues tal es la regla organizativa general y la dinámica habitual de esas sociedades. Por ello, mientras no se suscite controversia en el proceso sobre la cuestión, puede asumirse que el otorgamiento del poder de representación por el administrador único de la sociedad resulta suficiente para tener por cumplido el requisito del art. 45.2.d) LJCA .
Por lo anteriormente expuesto procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto, con imposición de costas a la parte recurrente, de conformidad a lo previsto en el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el apartado 3, limita su importe a la cantidad máxima de dos mil euros, siguiendo el criterio que viene aplicando en supuestos similares.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1.- No ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por ESARODA, SL, contra la sentencia de 5 de octubre de 2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . 2.- Imponer las costas a la parte recurrente, con el limite máximo establecido en el último Fundamento de Derecho.
D. Nicolas Maurandi Guillen, presidente D. Emilio Frias Ponce D. Angel Aguallo Aviles D. Jose Antonio Montero Fernandez D. Francisco Jose Navarro Sanchis D. Juan Gonzalo Martinez Mico D. Rafael Fernandez Montalvo PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Emilio Frias Ponce, hallándose celebrando audiencia púbica en el mismo día de su fecha, ante mi la Letrada de la Administración de Justicia. Certifico.
SAP Valencia 505/2000, 13 de Junio de 2000

References: artículo 45
 resolución 
 artículo 24
 artículo 69
 resolución 
 artículo 138
 artículo 24
 artículo 96
 artículo 138
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45