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Timestamp: 2020-01-17 20:23:49+00:00

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ORDEN AYG/1698/2010, de 26 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda al suministro de frutas y/o verduras a los alumnos de centros escolares en la Comunidad de Castilla y Leon. | Iberley
ORDEN AYG/1698/2010, de 26 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda al suministro de frutas y/o verduras a los alumnos de centros escolares en la Comunidad de Castilla y León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 20-12-2010
Plazo: CERRADO , 20/12/2010 hasta 31/01/2011
Acción subvencionable: Los costes subvencionables son los siguientes: a) Costes de frutas y/o verduras cubiertos por la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León entregados para su consumo en... el centro escolar, incluyendo los de transporte y distribución. b) Costes de adquisición, alquiler o arrendamiento financiero de equipos para la preparación del producto en el centro escolar con el fin de facilitar el desarrollo de la actividad subvencionable. c) Costes de comunicación, que incluyen los de impresión de los carteles.
Requisitos: a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social.
b) Estar autor...izados conforme a lo establecido en el artículo 5 de la
Cuantía: El importe total de las subvenciones concedidas podrá llegar hasta el cien por cien de los costes de tales actividades, sin que en ningún caso se superen las disponibilidades presupuestarias.
El 18 de diciembre de 2008 se aprobó el Reglamento (CE) n.º 13/2009 del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común y el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) con el fin de establecer un plan de consumo de fruta en las escuelas.
Asimismo, el 7 de abril de 2009 se aprobó el Reglamento (CE) n.º288/2009 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo en lo relativo a la concesión de una ayuda comunitaria para la distribución de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y productos del plátano a los niños en los centros escolares, en el marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas.
Entre los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 33 del Tratado se encuentran estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. La concesión de una ayuda comunitaria mediante un plan de consumo de fruta en las escuelas podría contribuir a que se alcanzasen esos objetivos. Por otra parte, el plan debería contribuir a que los jóvenes consumidores apreciasen la fruta y la verdura y, por lo tanto, debería aumentar el consumo futuro, impulsando de ese modo los ingresos agrícolas, que también constituye uno de los objetivos de la PAC. Además los expertos coinciden en que una dieta sana desempeña un papel fundamental en la reducción de los índices de obesidad y de los riesgos de enfermedades graves en la edad adulta. Para ello es imprescindible que la dieta incluya un consumo suficiente de frutas y verduras.
Esta medida pretende acercar las políticas de la Unión Europea a las necesidades de la sociedad contribuyendo a la promoción de hábitos saludables, así como a la disminución de la obesidad y enfermedades asociadas.
La Comunidad de Castilla y León es consciente de que la mayor capacidad de aprendizaje y de asimilación de hábitos es en los primeros años de la vida, y que a edades muy tempranas existe una mayor concienciación de las pautas a seguir para llevar una vida más saludable que permitirán una mejora de la calidad de vida de toda la sociedad. Por ello, la Comunidad de Castilla y León muestra interés en participar en este programa que contribuye a la promoción de hábitos saludables y a la disminución de la obesidad y enfermedades asociadas, utilizando el sistema educativo como instrumento para canalizar el acceso a toda la población destinataria del producto auxiliado con estas ayudas y así implantar el fomento de consumo de frutas y hortalizas en los niños. Conforme al artículo 103 octies bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1234/2007, el Estado miembro que desee participar en el programa de fruta escolar deberá elaborar una estrategia nacional o de varios planes regionales bajo un marco de coordinación común.
Para participar en el programa de fruta en las escuelas, la Comunidad de Castilla y León elabora una estrategia regional conforme al artículo 103 octies bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º1234/2007, y en base al Reglamento (CE) n.º 288/2009, de la Comisión, que será enmarcada en un programa de coordinación nacional común, y cuya ayuda se solicitará anualmente a la Comisión Europea. Con el fin de desarrollar el plan de consumo de fruta en las escuelas, las Consejerías de Educación, Agricultura y Ganadería y Sanidad han llegado a un acuerdo formalizado mediante la elaboración de la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León, cuyo objetivo principal es fomentar programas y actividades en materia de promoción de la salud en los centros escolares de la región.
Las ayudas se cofinanciarán al 50% entre fondos FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y dotación autonómica de la Comunidad de Castilla y León. La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de Industrialización y Modernización agraria, tiene competencia en esta materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.b) del Decreto 86/2006, de 7 de diciembre, por el que se designa al Organismo Pagador y al Organismo de Certificación de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el artículo 3.a) del Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, («B.O.C. y L.» n.º 237, de 12 de diciembre) por el que se establecen las normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y se desconcentra la competencia en esta materia, y en el Decreto 74/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece una serie de normas básicas aplicables a todas las Administraciones Públicas, disponiendo la necesidad de aprobar con carácter previo a la convocatoria de las subvenciones, las correspondientes bases reguladoras adaptadas a la citada norma.
Por su parte la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, regula en el ámbito de nuestra Comunidad el régimen aplicable a las subvenciones, partiendo de la normativa estatal básica, por lo que resulta necesario que las bases reguladoras se ajusten a este marco normativo.
En virtud de lo anterior, y conforme a lo previsto en la Ley 38/2003 antes citada, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y en el artículo 26.1.f de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y oídas las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, DISPONGO:
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas, que convoque la Consejería de Agricultura y Ganadería, destinadas a desarrollar en la Comunidad de Castilla y León un plan de consumo de fruta y/o verdura en las escuelas.
2. La ayuda contemplada en esta Orden tiene como finalidad fomentar el consumo de fruta y verdura en los niños a edades tempranas y crear hábitos saludables alimentarios en los escolares.
Artículo 2. Grupo destinatario.
Las ayudas contempladas en esta Orden serán destinadas al suministro gratuito de fruta y/o verdura a los niños que frecuenten regularmente un establecimiento escolar, ubicado en la Comunidad de Castilla y León, administrado o reconocido por las autoridades competentes de la región y que pertenezca a la categoría de primaria y secundaria obligatoria.
1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en esta Orden aquellas sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación, ambas del sector de frutas y hortalizas, así como las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, con domicilio social y fiscal en la Comunidad de Castilla y León y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social.
b) Estar autorizados conforme a lo establecido en el artículo 5 de la presente Orden.
c) Los proveedores deberán llevar un registro de los nombres y direcciones de los centros escolares, así como de la naturaleza y las cantidades de los productos suministrados.
2. No podrán acceder a las ayudas previstas en esta Orden aquellos solicitantes en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).
3. Los solicitantes autorizados deberán cumplir las obligaciones previstas para los beneficiarios en el artículo 14 de la LGS que a continuación se indican:
b) Justificar ante la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto autonómicos como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar a la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las presentes bases, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.
4. Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.
5.Si el solicitante tiene la consideración de empresa de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de los criterios de valoración y referencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad, o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha obligación en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
La acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 el Decreto 75/2008. El solicitante deberá cumplimentar la declaración responsable prevista a tal efecto en la correspondiente convocatoria y, en el momento de la justificación para el pago, aportar la documentación que se especifique en la convocatoria. 6. A los efectos de la aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los solicitantes autorizados tendrán la consideración de beneficiarios de la ayuda.
Artículo 4.Obligaciones de los centros escolares.
Cada centro escolar interesado en participar en la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León designará un responsable que deberá:
a) Presentar un Programa de distribución de la fruta y/o verdura para el centro escolar con las acciones a desarrollar y la descripción de sus actividades.
Dichos programas deberán incluir la siguiente información, conforme al Anexo adjunto al efecto en la correspondiente Orden de convocatoria, que en todo caso será:
a.1. Datos identificativos de la empresa proponente.
a.2. Datos identificativos del centro escolar acogido a la Estrategia.
a.3. Título del programa y descripción de la materia sobre la que versa.
a.4. Número de alumnos participantes.
a.5. Plan de trabajo a desarrollar con descripción detallada de las actividades.
a.6. Objetivos que se pretenden.
a.7. Fecha y estimación de las horas de ejecución de las actividades.
a.8. Descripción de los materiales y recursos necesarios para llevar a cabo el plan.
a.9. Número de profesores implicados, así como de profesionales de otros campos que podrían participar en el proyecto.
a.10. Evaluación del programa indicando los indicadores a valorar.
a.11. Cantidad estimada del consumo de fruta y/o verdura.
a.12. Materiales y recursos previstos.
b) Desarrollar las acciones del apartado anterior incluidas en el marco de la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León que se describirán en la correspondiente Orden de convocatoria de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
c) Cumplimentar y firmar el compromiso con el suministrador de los productos subvencionados.
d) Controlar las facturas que presente el proveedor firmando y sellando éstas, como condición imprescindible para gestionar el pago de la ayuda.
e) Destinar la fruta y/o verdura a su consumo únicamente en el propio centro y durante el curso escolar. Los programas presentados por los centros escolares al amparo de la correspondiente Orden de convocatoria de esta ayuda estarán sometidos a los criterios de la Comisión Regional para la promoción de la salud en los Centros Escolares, conjuntamente con los propios de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Artículo 5. Autorización de los solicitantes de la ayuda y renovación de autorizaciones.
1. El Director General de Industrialización y Modernización Agraria será el órgano competente para autorizar a los solicitantes de las ayudas el suministro de frutas y/o verduras a los alumnos de los centros escolares que se ubiquen en el territorio de Castilla y León.
2. La solicitud de autorización se presentará con carácter previo a la solicitud de ayuda de la correspondiente convocatoria.
3. La solicitud de autorización se presentará preferentemente en el Registro del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia donde tengan su domicilio social la entidad solicitante o en cualquiera de los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Igualmente las solicitudes de autorización podrán ser objeto de tramitación telemática. Para ello es imprescindible que los solicitantes utilicen la aplicación electrónica «Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)» aprobada mediante Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.
Para acceder a esta aplicación los solicitantes deberán disponer de D.N.I. electrónico, o de un certificado digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como aquellos otros certificados electrónicos que hayan sido previamente reconocidos por esta Administración y sean compatibles con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica (http:/www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
Los interesados podrán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la documentación que se digitalizará y aportará como archivos Anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El modelo de solicitud estará disponible en la sede electrónica (http:/www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El registro telemático emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente en una copia autenticada de la solicitud, escrito o comunicación, que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. Cualquiera que sea la forma de presentación entre las indicadas anteriormente, la solicitud de autorización se formalizará según el modelo que se recoge en el Anexo II de esta Orden, adjuntando una memoria técnica de las instalaciones de producción, distribución y/o almacenaje que incluya lo siguiente:
Explicación general de los sistemas de producción y procesado.
Explicación detallada del sistema de trazabilidad.
Previsiones de producción y comercialización.
No será necesario aportar la documentación referida en el párrafo anterior cuando ya obre en poder de la Administración actuante y no haya experimentado variación alguna.
4. La autorización se concederá a quienes, de acuerdo con la documentación presentada acrediten que se trata de una entidad que está autorizada conforme a lo establecido en el Decreto 131/1994, de 9 de junio, por el que se regulan las Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento de las industrias, establecimientos y actividades de Castilla y León y que dispone de instalaciones y medios de distribución que garantizan la producción y entrega de las frutas y/o verduras durante el curso escolar en las condiciones higiénicosanitarias exigidas por la legislación vigente.
5. El plazo máximo para notificar la resolución de la solicitud de autorización será de 3 meses contados a partir del día siguiente al de su entrada en el registro del órgano competente para tramitar dicha solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique resolución expresa, la autorización se entenderá concedida.
6. Quienes hayan sido autorizados en virtud del presente procedimiento están obligados al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Anexo II de esta Orden.
7. Los solicitantes ya autorizados que sufran cualquier modificación de las condiciones que motivaron su autorización deberán renovar su solicitud comunicándolo a la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria para su validación.
8. Contra la resolución del Director General de Industrialización y Modernización Agraria que decida sobre la autorización y/o renovación solicitada, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
9. En caso de que se compruebe que un solicitante de la ayuda ha dejado de cumplir los compromisos establecidos en la presente Orden, o incumple cualquier otra obligación derivada del Reglamento (CE) n.º 288/2009, de la Comisión, la autorización será suspendida por un período de uno a doce meses o retirada, en función de la gravedad del incumplimiento.
10. Las medidas contempladas en el apartado anterior no se impondrán en caso de fuerza mayor o cuando la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria considere que el incumplimiento no se ha cometido deliberadamente o por negligencia, o es de poca importancia.
11. En caso de retirada, la autorización podrá volver a concederse a petición del interesado, pero sólo tras un período de doce meses, como mínimo.
Artículo 6. Productos subvencionables.
1. Los productos objeto de subvención son los que se incluirán en la correspondiente Orden de convocatoria dentro de la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León, siempre que cumplan con los requisitos relativos a la preparación de un producto en un establecimiento autorizado y con los de marcado de identificación, así como los demás que sean exigidos por la legislación vigente en esta materia.
2. En aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 288/2009, de 7 de abril, de la Comisión, la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León no cubrirá los productos enumerados en el Anexo I de esta Orden.
No obstante en casos debidamente justificados, la Estrategia puede contemplar la inclusión de estos productos en su plan, a condición de que únicamente se hayan añadido cantidades limitadas de las sustancias contempladas en este Anexo I.
Artículo 7. Costes subvencionables.
a) Costes de frutas y/o verduras cubiertos por la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León entregados para su consumo en el centro escolar, incluyendo los de transporte y distribución.
b) Costes de adquisición, alquiler o arrendamiento financiero de equipos para la preparación del producto en el centro escolar con el fin de facilitar el desarrollo de la actividad subvencionable.
c) Costes de comunicación, que incluyen los de impresión de los carteles.
2. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
3. Los costes subvencionables serán los efectuados durante el curso escolar establecido por la autoridad competente para el desarrollo de las actividades programadas por el centro incluido en la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León.
4. Los costes de comunicación mencionados en la letra c) del apartado 1 del presente artículo no podrán ser financiados por otros regímenes de ayuda comunitarios.
5. El importe total de los costes de adquisición, alquiler o arrendamiento financiero de equipos más los costes de comunicación representará un importe fijo y estará sujeto a un límite que no podrá exceder del 5% de la dotación de ayuda comunitaria.
6. Cuando el importe del coste subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría y asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los costes subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse junto con la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
7. En el supuesto de adquisición de bienes inventariables, éstos habrán de destinarse al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un plazo que no será inferior a cinco años en el caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de los bienes. El incumplimiento de dicha obligación, que se producirá en todo caso con la enajenación o gravamen del bien subvencionado, será causa de reintegro. No se considerará incumplida la obligación de destino cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 31.5 de la LGS.
1. El importe total de las subvenciones concedidas podrá llegar hasta el cien por cien de los costes de tales actividades, sin que en ningún caso se superen las disponibilidades presupuestarias.
2. Las subvenciones se concederán para cada producto subvencionable que se contemple en la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León, y para su cálculo se tendrá en cuenta el número de alumnos del centro por los que se solicita la ayuda y la cantidad de fruta y/o verdura por alumno de cada uno de los productos según se establecerá en la orden de convocatoria.
3. Los precios máximos que se deberán pagar por los diferentes costes subvencionables serán los establecidos en las correspondientes convocatorias.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva previa convocatoria aprobada por Orden de la titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Así, las subvenciones se otorgarán a aquellos solicitantes que, cumpliendo con los requisitos exigidos, hayan obtenido un orden preferente como resultado de comparar las solicitudes presentadas aplicando los criterios previstos en el artículo 10 de la presente Orden, con el límite de los créditos presupuestarios asignados en la respectiva convocatoria.
2. No obstante lo anterior, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en esta Orden para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación de éstas.
Artículo 10. Criterios objetivos de valoración para el otorgamiento de las subvenciones.
1. En el caso de que la cuantía de las ayudas solicitadas que cumplan los requisitos exigidos, supere las disponibilidades presupuestarias de la correspondiente convocatoria, la concesión de las mismas se realizará priorizando las solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo, en función de:
La metodología participativa presentada por cada centro y la implicación en el programa de todos los sectores de la comunidad educativa, considerando especialmente el papel de las familias, hasta 2 puntos.
El reconocimiento de la entidad suministradora como una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas en base al Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, sobre reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, 2 puntos.
El suministro de toda la gama de productos incluidos en la estrategia, 1 punto.
Haber participado en la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León en cursos anteriores, 1 punto.
La continuidad del programa en el tiempo, a lo largo del curso escolar y/o ciclo educativo, hasta 1 punto.
El mayor ámbito provincial en que se va a realizar cada proyecto y el mayor número de alumnos a los que se distribuye el producto, con el fin de acometer progresivamente actuaciones en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, hasta 1 punto.
La adecuación del programa a la evidencia científica disponible y a las recomendaciones consolidadas de organismos oficiales nacionales e internacionales del ámbito de la salud, hasta 0,5 puntos.
La programación de las acciones en consonancia con las edades de los alumnos, con objetivos específicos que permitan desarrollar habilidades estructuradas y adecuadas a la edad a la cual se dirijan, hasta 0,5 puntos.
Las empresas, según la definición dada por el artículo 2.2 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, que se hallen en alguna de las circunstancias establecidas en su artículo 4, hasta 1 punto.
2. Aquellos solicitantes que no obtengan una puntuación mínima de 1 punto en la valoración del apartado anterior no podrán beneficiarse de estas subvenciones.
3. No obstante, si después de aplicar la baremación establecida en el apartado 1 del presente artículo existieran solicitudes con la misma puntuación, dicho empate se resolverá a favor del solicitante que acredite ocupar el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con su respectiva plantilla o bien, que cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de subvención o ayuda.
Artículo 11. Iniciación del procedimiento de concesión de la subvención.
El procedimiento para la concesión de las ayudas reguladas en la presente Orden se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por Orden de la titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Artículo 12. Solicitudes de ayuda.
1. Quienes pretendan acceder a las ayudas previstas en esta Orden deberán presentar una solicitud para cada centro escolar, según el modelo previsto en la correspondiente convocatoria.
2. Las solicitudes, dirigidas al Director General de Industrialización y Modernización Agraria, se presentarán, preferentemente, en el Registro del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia donde radique el domicilio social del solicitante o en cualquiera de los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El registro telemático emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente en una copia autenticada de la solicitud, escrito o comunicación, que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes será el previsto en la correspondiente convocatoria que en ningún caso podrá ser superior a 5 meses desde su publicación.
4. No se admitirá la presentación por telefax de las solicitudes ni de la documentación exigida en la convocatoria, dada la complejidad de aquella, de conformidad con el Decreto 118/2002 de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales. 5. Cualquiera que sea la forma de presentación entre las descritas en el apartado segundo de este artículo, con la solicitud deberá acompañarse la documentación que se indique en la correspondiente convocatoria, la cual se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de las medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos.
6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá al interesado en la forma establecida en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que, en un plazo máximo e improrrogable de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto.
7. La Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria podrá recabar del solicitante cuanta documentación e información complementaria estime necesaria para la adecuada valoración y resolución del expediente, atendiendo, en todo caso, a los criterios de simplificación documental.
8. Toda la documentación deberá ser original o copias compulsadas.
Artículo 13. Ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la subvención.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria, el cual, previa petición en su caso de los datos e informes necesarios, examinará las solicitudes y la documentación recibidas y determinará la concurrencia o no de los requisitos y circunstancias previstas en la presente Orden.
2. Realizada la comprobación prevista en el apartado anterior, las solicitudes y el resto de documentación se trasladarán a la comisión de valoración, a fin de que ésta emita informe que ha de servir de base para la elaboración de la propuesta de resolución, priorizando las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios fijados en la presente Orden. Dicha comisión es un órgano colegiado, adscrito a la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria, que tendrá la siguiente composición:
El Jefe del Servicio de Gestión y Apoyo de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
- Un funcionario designado por el Director General de Salud Pública I+D+i de la Consejería de Sanidad.
- Un funcionario designado por el Director General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de Educación.
- Un funcionario designado por el Director General de Industrialización y Modernización Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que actuará como secretario con voz y voto. 3. El órgano instructor deberá elaborar un informe en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los solicitantes propuestos cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.
4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe vinculante de la comisión de valoración, formulará propuesta de resolución motivada, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, ordenados en función de la valoración obtenida, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Igualmente, se expresará la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención, debidamente motivada, de la que se dará traslado al órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación de la subvención.
Artículo 14. Resolución del procedimiento de concesión de la subvención.
1. El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de estas ayudas será el titular de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria en virtud de la desconcentración prevista en el artículo 3.a) del Decreto 87/2006, de 7 de diciembre.
2. El plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda y notificar las resoluciones será de seis meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, entendiéndose desestimadas las no resueltas y notificadas en dicho plazo.
1. Sin perjuicio de que se notifique a los interesados las correspondientes resoluciones, con indicación, en su caso, del importe de ayuda concedido, se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», una relación de las ayudas concedidas, en los términos establecidos en el artículo 18 de la LGS y en el resto de normativa aplicable.
2. En todo caso, los solicitantes, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, deberán dar publicidad de la financiación pública obtenida para la realización de las actividades reguladas en la presente Orden de bases mediante la colocación en el tablón de anuncios de sus sedes sociales de carteles o placas publicitando su participación en el plan de consumo de frutas en las escuelas.
3. A su vez, el centro escolar deberá colocar un cartel mostrando la bandera europea e informando de la participación del mismo en el plan de consumo de frutas y/o verduras en las escuelas, con carácter permanente en un lugar visible y legible en la entrada principal del centro, de acuerdo con los requisitos mínimos exigidos en el Anexo III del Reglamento (CE) n.º288/2009 de la Comisión.
1. Se admitirá una modificación de la resolución de concesión cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:
Cambios en la programación educativa del centro escolar.
Problemas en el suministro de los productos subvencionables. 2. Las modificaciones deberán ser autorizadas, previa solicitud del beneficiario, por el titular de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria con anterioridad a la ejecución de la modificación prevista.
3. La solicitud se presentará preferentemente en el Registro del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia donde radique el domicilio social del solicitante o en cualquiera de los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Las modificaciones deberán ser debidamente justificadas y en ningún caso deberán alterar el objeto, la finalidad y los requisitos exigidos para ser solicitante de las ayudas, ni suponer un incremento de la subvención concedida.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la ayuda revestirá la forma de cuenta justificativa de las acciones y del gasto realizado y se cumplimentará según los modelos de los Anexos correspondientes de la Orden de convocatoria.
2. La cuenta justificativa contendrá la documentación prevista en la correspondiente Orden de convocatoria.
La presentación de la cuenta justificativa tendrá la consideración de solicitud de pago.
3. El plazo para la presentación de la cuenta justificativa finaliza el último día del tercer mes siguiente al término del periodo objeto del suministro de los productos subvencionables y deberá presentarse preferentemente en el Registro del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia donde radique el domicilio social del solicitante o en cualquiera de los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, cuando se rebase el plazo de los tres meses previsto para la presentación de la cuenta justificativa, en menos de dos, la ayuda se pagará aunque estará sujeta a una de las reducciones siguientes:
a) Un 5% si el retraso es igual o inferior a un mes;
b) Un 10% si el retraso es superior a un mes, pero inferior a dos meses.
Cuando el plazo fijado, se rebase en dos meses, la ayuda se reducirá en un 1% por cada día adicional.
5. Si se apreciara la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el solicitante, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
1. La presentación de la justificación, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo precedente, será condición indispensable para que pueda procederse al reconocimiento de la obligación a favor del solicitante y a su pago.
2. La Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el solicitante no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Comunidad de Castilla y León, y con la Seguridad Social, en los términos que reglamentariamente se establezcan, mientras sea deudor de reintegro y si en el correspondiente expediente no consta el cumplimiento de la obligación del solicitante de comunicar las subvenciones solicitadas y las obtenidas para el proyecto, la actividad o la adopción del comportamiento.
4. Al expediente que se tramite para el pago de la subvención deberá incorporarse una certificación expedida por el Jefe del Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria, en la que quede de manifiesto:
b) Que no ha sido dictada resolución declaratoria de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS.
c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al solicitante, referidos a la misma subvención.
5. El pago de la liquidación de las ayudas se someterá a los requisitos y procedimientos previstos en el Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, («B.O.C. y L.» n.º237, de 12 de diciembre) que establece las normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y desconcentra la competencia en esta materia.
6. El pago de la ayuda se efectuará en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del día de presentación de la solicitud de pago, correctamente cumplimentada y válida, haciéndose efectiva mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante en su solicitud de ayuda.
1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar en todo o en parte lo cobrado, en los supuestos de falta de justificación, justificación fuera de plazo o concurrencia de cualesquiera otras causas previstas en el artículo 37 de la LGS, en otras normas básicas, en la Ley 5/2008 de 25 de septiembre de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, o en las presentes bases reguladoras.
2. En caso de fraude o negligencia grave atribuibles al solicitante, éste, además de la devolución de los importes pagados indebidamente, pagará un importe equivalente a la diferencia entre el importe pagado inicialmente y el importe al que tiene derecho.
3. En el caso de que el solicitante no justifique la realización de la totalidad de la actividad objeto de la ayuda, se procederá a la reducción proporcional de las subvenciones concedidas.
4. En los procedimientos de incumplimiento que den lugar a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención se garantizará el derecho a la audiencia del interesado con carácter previo a la resolución que se dicte.
5. El reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 73, apartados 1, 3, 4 y 8 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión, de 21 de abril, en la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, por la que se determina el procedimiento de actuación del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agraria Común en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. Dicho procedimiento se resolverá en un plazo máximo de 12 meses.
Artículo 20. Compatibilidad de las subvenciones.
1. Las ayudas reguladas en la presente Orden serán compatibles con cualesquiera otras que puedan percibirse para la misma finalidad.
2. No obstante, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá superar, individualmente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, destinadas al mismo fin, el coste de la actividad a desarrollar por la entidad solicitante.
En estos casos, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión al objeto de que no supere el límite de las actividades subvencionables.
Artículo 21. Controles.
1. La Consejería de Agricultura y Ganadería y los demás órganos competentes llevarán a cabo las medidas de control administrativo necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º288/2009, de la Comisión. Podrán realizar los controles administrativos y financieros y las inspecciones que consideren oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos exigidos para la percepción de la ayuda. El solicitante estará obligado a colaborar en dichos controles e inspecciones, proporcionando los datos que le sean requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a la sede social. 2. Se realizarán controles administrativos de todas las solicitudes de ayuda y, en particular, de la cuenta justificativa de los suministros y de la observancia de las cantidades y precios máximos subvencionados.
3. Los controles previstos en el apartado anterior se completarán con inspecciones físicas sobre el terreno, destinadas a comprobar concretamente:
a) Los registros mencionados en el artículo 3.1 c) de esta Orden, incluidos los documentos financieros tales como facturas de compra y de venta y extractos bancarios.
b) La utilización de los productos subvencionables de conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria, especialmente en caso de sospecha de la existencia de alguna irregularidad.
Artículo 22. Fin a la vía administrativa.
1. Las resoluciones de los procedimientos de concesión de las subvenciones, de los procedimientos de gestión y justificación de subvenciones y de los procedimientos para determinar el incumplimiento, así como los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión ponen fin a la vía administrativa.
2. Contra las resoluciones y actos previstos en el apartado anterior podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que los dictó en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar, en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación o notificación al interesado.
1. En relación a las ayudas reguladas en la presente Orden, el régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la legislación estatal en esta misma materia.
2. Será órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador el Jefe del Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria.
3. Será órgano competente para la imposición de las sanciones y para la resolución del procedimiento sancionador el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunidad, en la prohibición para celebrar contratos con la Comunidad u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con otras subvenciones, la competencia corresponderá al titular de la consejería competente en materia de hacienda.
4. La designación del instructor del procedimiento sancionador será efectuada por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la ORDEN AYG/1839/2009, de 27 de agosto, por la que se establecen las Bases Reguladoras de la concesión de la ayuda al suministro de frutas y/o verduras a los alumnos de Centros Escolares en la Comunidad de Castilla y León («Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 180 de 18 de septiembre).
Valladolid, 26 de noviembre de 2010.
(ANEXO I del REGLAMENTO (CE) N.º288/2009, de la Comisión, de 7 de abril de 2009)

References: artículo 5
 artículo 33
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 4
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 26

Artículo 2
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 18
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 6

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 38
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 6
 artículo 3

Artículo 7
 artículo 31
 artículo 10

Artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 4

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 71
 resolución 
 resolución 

Artículo 13
 resolución 

Artículo 14
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 31
 resolución 
 artículo 38
 artículo 38
 resolución 
 artículo 37
 artículo 37
 resolución 
 artículo 73

Artículo 20
 resolución 

Artículo 21
 artículo 13
 artículo 3

Artículo 22
 resolución