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Javier Villarreal – Página 40 – Javier Villarreal · Abogado
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Artículos de revistas jurídicas. Urbanismo
Boletín del Colegio de Registradores
Revue de Droit Inmobiliere
El Arrendamiento Urbano
Conceptoy regulación legal.
Laduración del arrendamiento.
Lasubrogación por muerte del arrendatario.
Larenta en el arrendamiento.
Gastos,reparaciones y mejoras.
Formadel contrato y fianza.
Elderecho de adquisición preferente.
Extincióndel arrendamiento.
Lacesión y el subarriendo.
Eldesistimiento del arrendamiento.
Arrendamientoy pérdida de la propiedad de la vivienda
El arrendamiento de local comercial.
Posibilidad deinscripción del arrendamiento.
Gastos e Impuestos queinciden en el arrendamiento inmobiliario.
Actualizaciónde las rentas en los arrendamientos
supuesto práctico de actualización
Calculo actualizacion de rentas en función del IPC
Indicespara actualización de la renta
Modelo contratoarrendamiento
LEY 29/94 DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (24 de Noviembre 1.994; BOE núm. 282, de 25 de Noviembre de 1.994). TEXTO COMPLETO.
Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
Leyde Arrendamientos Rústícos
Leyde Arrendamientos Rústicos Históricos
Es toda manifestación de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juiciorealizada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestadadministrativa
Actos municipales : Ordenanzas, Bandos,Licencias
Los actos discrecionales son aquellos dictados en ejercicio depotestades igualmente discrecionales. no hay, ni competencias o potestadesabsolutamente discrecionales
Control de la actividad administrativa discrecionalidad técnica y motivación apuntes a partir de la reciente jurisprudencia española
Es improcedente que la Administración sea sustituida totalmente por losTribunales en la valoración de las circunstancias que motivan la aplicación dela potestad discrecional, pues ello transciende de la función específica delos Tribunales
Actos reglados son en cierta forma actos debidos, que están previstospor la norma cuando se dan los supuestos de hecho, pero entonces se produce elproblema de la interpretación de cuando se da la situación prevista por lanorma cuando esta utiliza conceptos jurídicos indeterminados queha de otorgarse alcance y significación específicos a la vista de unos hechosconcretos excluye la existencia de varias soluciones igualmente legítimas,imponiendo como correcta una única solución en el caso concreto incompatiblecon la discrecionalidad. puede distinguirse a la hora de su aplicación odel control judicial entre un círculo de certeza positiva (supuestos queclaramente encajan en el concepto), un halo de incertidumbre (supuestosde dudoso encaje)y un círculo de certeza negativa (supuestos que claramente noencajan en el concepto). La técnica de los conceptos jurídicos indeterminadoses común a todas las esferas del Derecho. Así: buena fe, negligencia
Los Actos firmes y consentidos, son actos que, al margen de que hayancausado o no estado, se consideran manifestaciones judicialmente indiscutiblesde la voluntad de un órgano administrativo porque su recurribilidad resultavetada por el transcurso de los plazos establecidos para su impugnación sin quela persona legitimada para ello haya interpuesto el correspondiente recursoadministrativo o jurisdiccional.
Los Actos reproductorios y confirmatorios, son aquellos que reiteranpor reproducción o por confirmación, otros anteriores firmes y consentidos. Sise prohíbe su impugnación es justamente para evitar que, a través de unanueva petición y su denegación por la Administración, se reabra un debatejudicial sobre lo que ya ha sido definitivamente resuelto en vía administrativao judicial.
actos favorableso declarativos de derechos son, los que amplían laesfera jurídica de los particulares. Son actos fáciles de dictar pero difícilesde anular o revocar. Admisiones, Concesiones, Autorizaciones Aprobaciones, Dispensas.Son actos por los que la Administración exonera a un administrado o a otraAdministración del cumplimiento de un deber ya existente. Sólo puede tenerlugar cuando está prevista en la ley, la regla de la inderogabilidad singularde los reglamentos
limitan la libertad o los derechos de los administrados o bien les imponensanciones. sin que en ningún caso pueda reconocérseles efecto retroactivo
Las Órdenes. Son actos por los que la Administración impone a unsujeto un deber o conducta positivo o negativo y de cuyo incumplimiento puedederivarse, sin perjuicio de su ejecución por la propia Administración, unasanción penal o administrativa al obligado. La orden presupone una potestad desupremacía general, como la que ostentan las administraciones territorialessobre todos los ciudadanos que residen en un determinado territorio o bienespecial sobre algunas clases de ellos, dentro de una relación jurídica entrela Administración y el destinatario e la orden.
Los Actos Traslativos de Derechos. Son aquellos cuyo efecto estrasferir la propiedad o alguna de sus facultades a una Administración o a untercero, destacan las expropiaciones.
Los Actos Extintivos. Son aquéllos cuyo efecto es extinguir underecho o una relación jurídica, bien actuando directamente sobre éstos osobre el acto origen del derecho o de la relación. Entre los que actúandirectamente pueden incluirse la confiscación, que se produce sobre objetos ilícitoso peligrosos (drogas, armas prohibidas) y que no suponen un derecho a laindemnización; la caducidad o decadencia de derechos que se origina como sanciónde un comportamiento contrario a la finalidad por la que se otorgó el derecho(por ej. en materia de concesiones, la no utilización o explotación de losbienes concedidos).
Los Actos Punitivos. Son aquellos por los que la Administraciónimpone una sanción como consecuencia de la infracción a lo dispuesto enuna norma o en un acto administrativo.
Por la forma de su exteriorización, los actos administrativos pueden serexpresos o presuntos, en virtud de silencio administrativo. La falta derespuesta, el silencio de la Administración, frente a una petición o elrecurso de un particular se atribuye al silencio el valor de una decisión designificado unas veces negativo o desestimatorio y otras estimatorio o positivo.De aquí que se hable de dos clases de silencio: positivo y negativo.
la falta de resolución en plazo (3 meses) se considera como estimación positivade la solicitud en los siguientes casos:
Solicitudes cuya estimación habilitaría al solicitante para el ejercicio dederechos preexistentes.Las solicitudes en cuya normativa de aplicación no seestablezca que quedarán desestimadas si no recae resolución expresa. Seentiende producida la desestimación de la solicitud en el ejercicio del derechode petición y en la resolución de recursos administrativos.
La desviación de poder.
Los móviles de cualquier acto de la Administración deben adecuarse aaquellos fines públicos por los que la competencia ha sido atribuida.Justamente por ello el ejercicio de la competencia, con finalidad diversa de laque justificó su atribución legal, constituye el vicio conocido como desviaciónde poder
El contenido y los elementos accidentales de los actos administrativos.
Contenidos accidentales y eventuales de los actos son: él término,condición y modo.
término. Es el momento, ordinariamente un día determinado, apartir del cual debe comenzar o cesar la eficacia del acto. El momento en que elacto administrativo adquiere eficacia es aquel en que alcanza la perfección yla expresión de un término distinto sirve para que el acto despliegue susefectos en un momento anterior o posterior
condición. Es la cláusula por la que se subordina el comienzo o lacesación de los efectos de un acto al cumplimiento de un suceso fortuito oincierto. En el primer caso se habla de condición suspensiva y en el segundo decondición resolutoria, estas se distinguen de las condiciones iuris.
modo. Es una carga específica impuesta a la persona en cuyo interésse ha dictado el acto, por la cual se le exige un determinado comportamiento delque depende de la posibilidad de disfrutar de los beneficios del acto, lo que,sin embargo, no debe confundirse con los deberes que directamente impone la leycomo contenido implícito de aquél.
El procedimiento. Es el conjunto de actuaciones preparatorias yconducentes al acto o resolución final cuya finalidad es asegurar el acierto yla eficacia de la Administración, además de garantizar los derechos ylibertades de los particulares.es un requisito esencial
La regla general sobre la forma de declaración de los actos administrativoses la exigencia de forma escrita
La motivación los actos necesitados de motivación expresa los queresuelvan procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos,recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial yprocedimiento de arbitraje, los acuerdos de tramitación de urgencia y los quese dicten en ejercicio de potestades discrecionales
Publicacióny notificación.
La comunicación de los actos administrativos a los interesados se actúa pormedio de la notificación o publicación. La notificación es una comunicaciónsingular a persona o personas determinadas, mientras la publicación se dirige aun colectivo de personas o singulares pero en paradero desconocido. son unacondición de la eficacia de los actos administrativos . hay deber de notificara los interesados «las resoluciones o actos administrativos que afecten asus derechos o intereses», modalidades de la notificación. la personal,por edictos, la publicación y la publicación-notificación.
El plazo en que deberá iniciarse la notificación es de 10 días a partir dela fecha en que el acto sea dictado la superación de este plazo no determina lanulidad de la notificación, pues se trata de una irregularidad no invalidante..
El contenido de la notificación «deberá contener el texto integro dela resolución, con indicación de si es o no definitivo en la víaadministrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el quehubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que losinteresados puedan ejercitar, en su caso, cualquier oro que estimenprocedente». El Tribunal Supremo tiene declarado que debe notificarse la»totalidad de la notificación» y que no es válida a la de unaliquidación tributaria omitiendo los elementos esenciales «como la baseimpositiva y el tipo de gravamen».
Si a la notificación le faltan algunos de estos extremos estamos enpresencia de una notificación defectuosa, por lo que el acto carece deeficacia. Las notificaciones defectuosas son convalidables; de no producirse lasubsanación ni darse el interesado por notificado, el acto incorrectamentenotificado no adquiere firmeza.
En cuanto a los medios de practicar las notificaciones se practicaránpor cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por elinteresado o su representante, así como de la fecha, la identidad y elcontenido del acto notificado
La notificación se hará primordialmente en el lugar que haya designado elinteresado en la solicitud, que puede o no coincidir con su domicilio, siendo ésteel lugar en el que en otro caso debe practicarse la notificación. El sujetopasivo de la notificación personal es el propio interesado o su representante.Si éstos rechazaren la notificación se hará constar en el expediente,especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrápor efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento
cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore ellugar de la notificación o el medio, etc. La notificación se hará por mediode anuncios en tablón de edictos del Ayuntamiento y en el B.O.E. de las CCAA oBOP.
La tercera forma de notificación es la publicación de la resolución y queconsiste en insertar la resolución, con los mismos elementos que la notificaciónpersonal, en el tablón de anuncios de la sede del órgano administrativo omedios de comunicación que se hayan indicado previamente. cuando el acto tengapor objeto una pluralidad indeterminada de personas o cuando se trate de actosintegrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva decualquier tipo.
La publicación notificación, consiste en publicar en el diario oficial quecorresponda una somera indicación del contenido del acto para que después elinteresado comparezca en el plazo que se le señale para enterarse de sucontenido íntegro y dejar constancia de tal conocimiento. Esta fórmula decomunicación puede emplearla el órgano competente cuando apreciase que lanotificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesionaderechos o intereses legítimos
En los sectores de suelo urbanizable y en los ámbitos de suelo urbano, el planeamiento establecerá los aprovechamientos urbanísticos global y medio en función de los usos, intensidades, tipologías edificatorias y circunstancias urbanísticas de los terrenos que no estén destinados a viales, zonas verdes y demás dotaciones.
El Plan General establece los coeficientes que expresan el valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás. También podrá establecer un coeficiente para cada sector o ámbito, en función de su situación dentro de la estructura territorial.
El aprovechamiento urbanístico de cada área será el resultado de multiplicar la superficie de las parcelas lucrativas de la misma por la edificabilidad correspondiente, expresada en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo, y por el coeficiente de homogeneización, expresándose el resultado en unidades de aprovechamiento. El aprovechamiento urbanístico de un sector o ámbito será la suma de los aprovechamientos que correspondan a todas sus áreas diferenciadas.
El aprovechamiento urbanístico medio de cada sector o ámbito se obtendrá dividiendo su aprovechamiento urbanístico por su superficie total, incluida la de los sistemas generales comprendidos o adscritos al mismo. El resultado se expresará en unidades de aprovechamiento por metro cuadrado.
El Aprovechamiento que corresponde a cada propietario (Aprovechamiento Patrimonializable) es el Aprovechamiento Medio multiplicado por la superficie del terreno aportado por dicho propietario mermado con el porcentaje de cesión obligatoria (10%)
Elaprovechamiento medio y la distribución equitativa de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento
EFICACIADE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
la producción de los efectos propios del acto administrativo. los actos dela Administración serán válidos y producirán efecto desde la fecha en que sedicten
validez supone la concurrencia en el acto de todos los elementos que lointegran y tiene lugar desde el momento que se dictan o acuerdan
la eficacia hace referencia a la producción temporal de efectos y puedehallarse supeditada a la notificación, publicación o aprobación posterior delacto válido.
La DEMORA EN LA EFICACIA del acto administrativo, es decir, el retrasoen la producción de sus efectos propios, puede producirse porque así lo exijala naturaleza del acto, porque incluya una condición suspensiva o términoinicial o porque la eficacia quede supeditada a su notificación, publicación oaprobación superior
IRRETROACTIVIDAD, principio sin excepción para los actos de gravamen olimitativos de derechos. Para los actos favorables o ampliativos el principiogeneral es también la irretroactividad, salvo la posibilidad de darles eficaciaretroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados, siempre que lossupuestos de hecho necesarios existieren ya en la fecha a que se retrotraiga laeficacia del acto y éste no lesiones derechos o intereses legítimos de otraspersonas
La eficacia retroactiva de los actos favorables estará siempre condicionada,en primer lugar, a que los supuestos de hechos necesarios existieran ya en elmomento en que se retrotraiga la eficacia del acto y, en segundo término, a queno lesiones derechos e intereses de otra persona,
Sin embargo este límite no puede jugar en vía de reclamación para losactos resolutorios de recursos o las sentencias judiciales cuando un nuevo actose dicta en sustitución de otro anulado.
los actos administrativos, aún siéndo nulos, pasan por válidosmientras esa nulidad no ha sido declarada administrativa o judicialmente.
La presunción de validez del acto administrativo no es, sin embargo unapresunción iure et de iure, sino una simple presunción iuris tamtum es decir,que admite prueba en contrario. La presunción de validez cubre los actosdefinitivos, pero no toda la actividad probatoria previa a estos y que serefleja en el expediente administrativo, pues como dice el Tribunal Supremo»la presunción de legalidad que adorna los actos administrativos nosignifica un desplazamiento de la carga de la prueba, que conforme a las reglaspor las que se rige corresponde a la Administración, cuyas resolucioneshan de sustentarse en el pleno acreditamiento del presupuesto fáctico queinvoquen.
Sin embargo las actas de inspección gozan de presunción de certeza siempreque el acto refleje la convicción personal del inspector, resultado de supersonal y directa comprobación in situ de los hechos y se trate de verdaderosservicios de inspección pues, en caso contrario tiene el valor de denuncia.
Es la acción de oficio o privilegio de decisión ejecutoria, esto es, lapotestad de la Administración para llevar a efecto el mandato que el actoincorpora violentando la posesión y la libertad personal del administrado.
Esta cualidad es la que realmente separa y distingue los actosadministrativos de los actos privados que necesitan del apoyo judicial paratomar sobre otro medidas ejecutorias.se manifiesta de manera diversa según lanaturaleza y contenido de éstos. En unos casos la ejecución forzosa como talno es necesaria porque el acto se cumple sin resistencia de sus destinatarios;en otros porque la naturaleza del acto no comporta ninguna actuación materialde ejecución por la Administración.
Tampoco puede hablarse de ejecución forzosa del acto administrativo encontra de la propia Administración, es decir, cuando el acto reconoce derechosa los particulares e impone correlativos deberes a la Administración. Si éstano cumple voluntariamente, el administrado no tiene más alternativa que forzarsu cumplimiento por la vía judicial, provocando previamente los actosdesestimatorios.
Otro supuesto en que no es necesario recurrir a la ejecutoriedad paraexplicar el efecto compulsivo del acto administrativo se da cuando las medidasde ejecución de éste se pueden subsumir en el ejercicio natural de laautodefensa posesoria. Así ocurre cuando la Administración ordena la expulsiónde un particular de una dependencia del dominio público o del seno de unservicio público.
Fuera de hipótesis anteriores, el supuesto necesario para la ejecuciónforzosa lo constituyen los casos en que el acto administrativo impone deberespositivos o negativos al administrado que impliquen, en cuanto este se niega alcumplimiento voluntario, una agresión sobre aquel mediante la alteración de suius posesionis sobre sus bienes, o una violencia sobre su libertad personal. Entales supuestos, la Administración utiliza el privilegio de decisiónejecutoria del acto administrativo o acción de oficio, regulada en la LRJAP ydel PAC.
para la legitimidad de la ejecución forzosa de la Administración elcumplimiento de las siguientes condiciones:
1) La existencia de un acto de la Administración y que se trate de actosadministrativos y no de actos privados de aquélla
2) Que el acto sea ya plenamente eficaz porque no ha sido suspendidaadministrativa o judicialmente su ejecutoriedad o su eficacia no esté pendientede condición, plazo o autorización o aprobación de autoridad superior.
3) Que la ejecución vaya precedida del oportuno requerimiento oapercibimiento a fin de que el obligado no sea sorprendido por aquella y se lede la oportunidad de cumplir voluntariamente el mandato de la Administración
4) La ejecución administrativa está condicionada, a que la ley no hayaconfigurado con relación al acto que se pretende ejecutar un régimen deejecución judicial.
1.- La OCUPACIÓN: Es la forma de ejecución de los actos que imponen a losparticulares la entrega de un bien determinado del que aquéllos están en laposesión; si el particular no lo entrega la Administración toma posesión deél por medio de sus funcionarios.
2.- la ejecución sobre los bienes o elAPREMIO SOBRE EL PATRIMONIO mobiliario o inmobiliario del ejecutado se utilizapara garantizar el cumplimiento de las obligaciones de dar que se concretan enuna suma de dinero, sea por causa tributaria o cualquiera otra.
3.- La EJECUCIÓNPOR COERCIÓN sobre el obligado por el acto administrativo es utilizada cuandose trata de prestaciones que, por ser personalísimas e infungibles, no sirvenlos medios anteriores. Esta fórmula de ejecución puede ser directa o indirecta(Zanobini). Nuestra LRJAP y del PAC., alude solo a la coerción directa.distinguiendo la económica a través de las llamadas multas coercitivas, de lafísica, que llama compulsión sobre las personas.
propios de la Administración.
La rigidez del principio de ejecutoriedad de los actos administrativos estáatemperada por la posibilidad de que la Administración o los Tribunales cuandoesté pendiente una reclamación suspendan, de oficio o a instancia delinteresado. la eficacia del acto administrativo, paralizando la ejecución mismadel acto. La suspensión de efectos de los actos administrativos es una válvulade escape y de seguridad, excepcional que permite enjuiciar la corrección delacto antes de que su ejecución haga inútil el resultado de ese juicio.
Es el procedimiento más generalizado de ejecución de los actosadministrativos. Se aplica al cobro de toda suerte de débitos frente a lasadministraciones públicas y no sólo para las deudas tributarias del Estado,incluso esta prevista su utilización en favor de particulares cuando desempeñanactividades consideradas como públicas, como es el caso de las Entidades urbanísticas.
En el procedimiento de apremio interviene el juez en garantía dedeterminados derechos fundamentales, lo que permite configurarlo como unprocedimiento mixto judicial-administrativo (art. 18 de la Constitución..inviolabilidaddel domicilio) se requiere la autorización motivada del juez penal de instrucción.
Una segunda intervención judicial, articulada en defensa de la propiedadconsistía en la constitución de una Mesa en los locales de los juzgados parala subasta de los bienes inmuebles presidida por el juez. El procedimiento seinicia cuando existe un acto que obligue al pago de apremio por no haber sidoatendido por el deudor en el plazo de pago voluntario.
Una vez iniciada la tramitación del procedimiento de apremio sólo sesuspende en dos circunstancias: a) si se realiza el pago o se garantiza ladeuda, b) cuando se produzca reclamación de tercería de dominio y otra acciónde carácter civil (art. 136 de la L.G.T.).
Trámite fundamental es el aseguramiento del crédito a través de loscorrespondientes embargos de bienes en cantidad suficiente para cubrir elimporte total de la deuda más los recargos, para los inmuebles, el embargo serealiza mediante la correspondiente anotación preventiva en el Registro de laPropiedad. El procedimiento termina con la subasta pública de los bienestrabados, a menos que se produzca reclamación por tercería del dominio ante eljuez civil. Si los bienes inmuebles no llegan a enajenarse en dos subastassucesiva, podrán adjudicarse a la Hacienda en pago del crédito insatisfecho(art. 134 de la L.G.T.).
Este medio de ejecución consiste en la imposición de multas reiteradas enel tiempo hasta doblegar la voluntad del obligado para cumplir el mandato delacto administrativo de cuya ejecución se trata. Es una técnica importada delDerecho alemán, que denomina penas ejecutivas.
Siguiendo el modelo germánico, la regulación de la multa coercitiva viene aresaltar su diferencia respecto de las multas de Derecho penal afirmándose queaquélla no tiene carácter de pena con la grave consecuencia de la inaplicacióndel principio non bis in idem en relación con las multas sucesivas que implicaesta técnica. En un claro exceso de dureza y autoritarismo se acepta, lacompatibilidad de la multa coercitiva con otras sanciones penales oadministrativas, «la multa coercitiva dice el art. 99 de la LRJAP y delPAC, será independiente de las que puedan imponerse en concepto de sanción ycompatible con ellas».
Los supuestos en que procede la imposición de multas coercitivas son muyamplios, pues comprenden desde «los actos personalísimos en que no procedala compulsión directa sobre las personas» o «la Administración no laestimará conveniente», hasta aquellos otros «cuya ejecución pueda elobligado encargar a otra persona», art. 99 de la LRJAP y del PAC.
La multa coercitiva sólo es aplicable en la fase de ejecución de un actoadministrativo. No es lícita su utilización en actuaciones inspectoras paradoblegar la voluntad del inspeccionado y obligarle a declarar en su contra o afacilitar documentos o pruebas que le comprometan como ocurre en materia fiscal(art. 83 de la LGT).
La multa coercitiva actuada en un expediente sancionador equivale a unasuerte de coacción, de amenaza económica, para forzar a determinadasdeclaraciones. La misma inconstitucionalidad cabría predicar de cualquier leypor la que se atribuyese al juez penal el poder de imponer multas coercitivaspara obligar a declarar o exhibir documentos comprometedores a los inculpados enel proceso. De ahí que el Tribunal Constitucional haya planteado lainconstitucionalidad del art. 83.3 de la LGT, que sanciona la falta de aportaciónde pruebas y documentos contables o la negativa a su exhibición ante los órganosde la Inspección Tributaria. No obstante el TC. ha admitido la validez de esteprecepto (sentencia de 1990).
Como último medio de ejecución de los actos administrativos, el art. 100 dela LRJAP y del PAC, permite el empleo de la compulsión directa sobre laspersonas. La doctrina advierte que estas medidas de coerción directa pueden sermuy variadas, ya que van desde el simple impedimento de progresar en undeterminado camino, de impedir la entrada en un lugar, hasta comportar eldesplazamiento físico de una persona, etc.
La extrema gravedad de esta técnica obliga a postular que su aplicación sóloes lícita cuando los demás medios de ejecución no se corresponden en absolutocon la naturaleza de la situación creada, a parte de que «la leyexpresamente lo autorice» (art.100). Por ello leyes posteriores a la L.P.A.de 1958 incrementan las cautelas de su empleo y las medidas reparadoras de loseventuales excesos, con la exigencia «dentro del respeto debido a lapersona humana y a los derechos fundamentales «.
La compulsión ha de actuarse previo un acto formal y personal de intimidaciónpara el debido cumplimiento del acto u orden de cuya ejecución se trata. Cuandola compulsión actúa sobre un colectivo de personas la orden previa seconvierte en una acción de conminación que a veces se expresa de una formasimbólica, como ocurre con las intimidaciones para la disolución demanifestaciones por medio de toques de corneta.
La invalidez puede definirse, como una situación del acto administrativo,caracterizada porque faltan o están viciados algunos de sus elementos. Unosvicios originan simplemente una nulidad relativa o anulabilidad que cura elsimple transcurso del tiempo o la subsanación de los defectos, mientras queotros están aquejados de la nulidad absoluta o de pleno derecho, lo que conduceirremisiblemente a la anulación del acto.
La LRJAP y del PAC, ha extendido notablemente los supuestos de nulidad depleno derecho, incluyendo en ellos «los actos que lesionan el contenidoesencial de los derechos y libertades» o cualquier otro que se establezcaexpresamente en una disposición de rango legal. Las disposicionesadministrativas son nulas de pleno derecho cuando «vulneren la Constitución,las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las queregulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad dedisposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechosindividuales».
La anulabilidad, son anulables «los actos que infringen el ordenamientojurídico, incluso la desviación de poder La irregularidad noinvalidante, son los actos con vicios o defectos menores, es decir, el»defecto de forma que no prive al acto de los requisitos indispensablespara alcanzar su fin, ni provoque la indefensión de los interesados», asícomo a los actos «realizados fuera del tiempo establecido, salvo que el términosea esencial
El acto nulo de pleno derecho es aquél, que, por estar afectado de un vicioespecialmente grave, no debe producir efecto alguno y, si lo produce, puede seranulado en cualquier momento sin que a esa invalidez pueda oponerse la subsanacióndel defecto o del transcurso del tiempo.
La tarea de calificar la nulidad de pleno derecho relaciona los supuestos enque concurre ese vicio especialmente grave.
A) Actos que lesionan el contenido esencial de los derechos y libertadessusceptibles de amparo constitucional:
Este supuesto ha sido introducido por la reforma de l992, con la intenciónde reforzar la protección de los derechos fundamentales. Hay dos cuestiones deinterés: la determinación de esos derechos y libertades y de su contenidoesencial y las incidencias, en segundo lugar, de esa declaración de nulidad depleno derecho sobre el proceso especial de protección y el recurso de amparo.
Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de lamateria y del territorio:
Es manifiesta la incompetencia por razón de la MATERIA cuando seinvaden competencias de otros poderes del Estado como el Judicial o elLegislativo, también cuando las competencias ejercidas corresponden por razónde la materia o del territorio a otro órgano administrativo, siempre y cuandoesa incompetencia aparezca de forma patente, sin necesidad de un esfuerzo dialécticoo de una interpretación laboriosa.
la «incompetencia manifiesta» no queda reducida en la versiónjurisprudencial a los supuestos de incompetencia por razón de materia y delterritorio, pues incluye la incompetencia jerárquica, pero limitada a los casosde incompetencia grave, la que tiene relevancia para el interés público o paralos administrados y que no es sólo la que aparece de modo patente y claro
C) Actos de contenido imposible:
Los supuestos de actos con contenido imposible se deben más a razonamientoslógicos de la doctrina que a experiencias reales resueltas por lajurisprudencia. Se alude a una imposibilidad por falta de substrato personal(nombramiento de funcionario a una persona fallecida), por falta de substratomaterial como cuando la ejecución de lo que el acto impone es material o técnicamenteimposible; y por falta de substrato jurídico como puede ser el caso de larevocación de un acto administrativo
D) Actos que sean constitutivos de delito:
Este supuesto se refiere a los delitos que pueda cometer la Autoridad o elfuncionario con motivo de la emanación de un acto administrativo, pues laAdministración como persona jurídica no puede ser sujeto activo de conductasdelictivas.
El concepto de acto constitutivo de delito debe comprender toda incriminaciónpenal de una conducta y también de las faltas. Debe tratarse en todo caso deuna conducta tipificada en el Código penal o en las Leyes penales especiales nobastando que el hecho sea una infracción administrativa o disciplinaria.
Se distinguen los actos con contenido delictivo en que el acto es anterior ala comisión del delito en que el factor determinante de la responsabilidadcriminal se produce en un momento lógico anterior a la producción del acto. Entodos estos casos el acto administrativo debe ser anulado una vez firme lasentencia penal.
E) Actos dictados con falta total y absoluta de procedimiento
Frente al principio de esencialidad de las formas se reduce al mínimo losefectos invalidatorios de procedimiento, de manera que o bien este defecto esmuy grave, en cuyo caso estamos ante la nulidad de pleno derecho o absoluta o nolo es tanto y entonces no invalida el acto, constituyendo simplemente unairregularidad no invalidante. Con esta interpretación, los dos supuestos devicios de forma como supuestos de anulabilidad lo serían realmente de nulidadde pleno derecho.
El defecto de forma, se puede referir en primer lugar al procedimiento deproducción del acto, siendo nulo de pleno derecho si como dice la Ley»falta absolutamente el procedimiento legalmente establecido».
En los actos de gravamen sancionadores y arbitrales la simple falta de vistay audiencia del interesado provoca asimismo la nulidad, como ha advertido unatradicional y sabia jurisprudencia.
La nulidad de pleno derecho debe comprender asimismo los más graves defectosen la forma de manifestación del acto administrativo, que como los actosjudiciales, requiere unas determinadas formas y requisitos, algunas esencialescomo la constancia escrita y la firma del titular de la competencia que dicta laresolución o del inferior que recibe la orden.
F) Actos dictados con infracción de las reglas esenciales para la formaciónde la voluntad de los órganos colegiados:
Para la Jurisprudencia son esenciales la convocatoria, siendo nulo el acuerdotomado sobre una cuestión no incluida en el orden del día. También lo es lacomposición del órgano, como los Jurados de Expropiación; el quórum deasistencia y votación que es lo que determina también la existencia jurídicamisma y la voluntad del órgano y que debe concurrir no solo en la iniciaciónde esta, sino durante todo el curso de la sesión.
En la aplicación jurisprudencial ha habido exageraciones como la sentenciaque calificó de vicio insubsanable en la formación de voluntad municipal lafalta de una autorización previa de la diputación para que un Ayuntamientocediese determinados terrenos a una Universidad.
G) Cualesquiera otros que se establezcan expresamente en una disposiciónlegal:
Al margen de la enumeración que establecía el art. 47 de la LPA de 1958,otras normas con rango de ley o reglamentos, alteraron esa enumeración desupuestos de nulidad de pleno derecho. Así asimismo la Ley del Suelo dispuso lanulidad de pleno derecho de las reservas de dispensación que se contuvieren enlos Planes u Ordenanzas y de los actos que comporten una diferente zonificaciónde las zonas verdes o espacios libres previstos en los Planes de Ordenaciónurbana, así como de las licencias de autorización
Otro supuesto es el art. 60 de la LGP, que impone la nulidad de pleno derechopara los actos y disposiciones administrativas de rango inferior a Ley queimpliquen la adquisición de compromisos de gastos no autorizados en lospresupuestos limitativos o por cuantía superior a su importe. La Ley deColegios Profesionales, contiene también una diversa redacción y enumeraciónde los actos nulos de pleno derecho, incluyendo los manifiestamente contrarios ala Ley y los adoptados con notoria incompetencia
H) La nulidad radical de las disposiciones administrativas:
El grado de invalidez aplicable a los reglamentos es por regla general, lanulidad de pleno derecho, pues a las causas o supuestos que determinan lanulidad de pleno derecho de los actos se suman a los supuestos en que ladisposición administrativa infrinja la Constitución, las leyes u otrasdisposiciones, las que regulen materias reservadas a la ley y las queestablezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables orestrictivas de derechos individuales (art. 62.2).
LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO.
diferencias entre el régimen jurídico del acto nulo de pleno derecho y delsimplemente anulable como las siguientes:
a) El carácter automático de la nulidad frente al carácter de laanulabilidad los actos de la Administración que incurran en cualquier infraccióndel Ordenamiento Jurídico, incluso la desviación de poder.
b) La posibilidad de convalidación sólo prevista para los actos anulablesestablecida en
c) La imposibilidad de alegación de los vicios, motivo de la invalidezdel acto, por los causantes de los mismos en los casos de anulabilidad, pero noen los de nulidad plena prevista
d) La mayor facilidad para la suspensión de la ejecutividad de los actosnulos de pleno derecho cuando son impugnables y al margen de que ocasionen o noperjuicios de imposible o difícil reparación
al regular la revisión de los actos inválidos, permite que la acción denulidad se actúe de oficio o a instancia de parte, en cualquier tiempo,mientras el plazo para la revisión de oficio de los actos anulables se fija en4 años.
La posibilidad de esta acción como derecho del interesado a que laAdministración tramite el expediente de declaración de nulidad y contra cuyanegativa podría recurrirse en sede jurisdiccional tiene ya en su favor uncierto apoyo jurisprudencial. El Tribunal Supremo ha establecido un límite a laextemporaneidad de la acción en este tipo de nulidades: la acción de nulidades improcedente cuando, planteada en vía administrativa, no se recurre entiempo y forma contra su desestimación ante los Tribunales
Esta Jurisprudencia y la regulación legal de la revisión de los actos en víaadministrativa que consagra la acción de nulidad deben llevar lógicamente a unretroceso de la doctrina de los actos consentidos, permitiendo su impugnaciónpor la acción de nulidad, aunque hayan transcurrido los plazos de interposiciónde los recursos administrativos o judiciales.
ANULABILIDAD E IRREGULARIDAD NO INVALIDANTE.
la anulabilidad en la regla general de la invalidez Los vicios que originanla anulabilidad del acto administrativo son, convalidables por la subsanaciónde los defecto de que adolecen y por el transcurso del tiempo establecido parala interposición de los recursos administrativos o por el de 4 años frente alos poderes de la Administración para la revisión de oficio
Pero no todas las infracciones del Ordenamiento Jurídico originan vicios quedan lugar a la anulabilidad. De estos hay que exceptuar los supuestos deIRREGULARIDAD NO INVALIDANTE que comprende las actuaciones administrativasrealizadas fuera del tiempo establecido
El Tribunal Supremo exigiendo que la naturaleza del plazo venga impuestaimperativamente por la norma y además, la notoriedad o la prueba formal de lainfluencia del tiempo en la actuación de que se trate
En cuanto a los defectos de forma, sólo invalidan el acto administrativocuando carecen de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o producenla indefensión de los interesados Fuera de estos supuestos una jurisprudenciarestrictiva mantiene la tesis de que la forma tiene un valor estrictamenteinstrumental que sólo adquiere relieve cuando realmente incide en la decisiónde fondo, la cual se considera verdadera frontera de la invalidez.
La calificación de la indefensión como vicio que aboca a la anulabilidad yno a la nulidad absoluta, tiene en su favor una corriente jurisprudencialmayoritaria que admite la convalidación del vicio por el hecho de laoportunidad de defensa a posteriori que comporta la interposición de lospertinentes recursos administrativos y judiciales contra el acto viciado deindefensión. Sin embargo esta doctrina está en abierta contradicción con lade otros pronunciamientos que afirman la insubsanabilidad de la indefensión envía de recurso o que reducen esa posibilidad al supuesto en que la oposicióndel interesado se apoya «única y exclusivamente en consideraciones deDerecho».
la CONVALIDACIÓN de los actos anulables subsanando los vicios de queadolezcan. Los efectos de la convalidación se producen sólo desde la fecha delacto convalidatorio, a menos que se den los supuestos de eficacia retroactiva Dela convalidación se excluyen la omisión de informes o propuestas preceptivas.
En cuanto a la forma, la convalidación de la incompetencia jerárquica deberáefectuarse por ratificación del órgano superior, admitiendo el TribunalSupremo la que tiene lugar al desestimar éste el recurso de alzada interpuestocontra el acto del órgano inferior incompetente. En la convalidación por lafalta de autorizaciones administrativas la jurisprudencia exige no sólo que seproduzca a posteriori, sino que el otorgamiento por el órgano competente sehaga ajustadamente a la legalidad vigente.
La regla de la INCOMUNICACIÓN de la nulidad, este principio sanatorio evitalos contagios entre las partes sanas y las viciadas y se admite tanto de actuacióna actuación dentro de un mismo procedimiento como de elemento a elemento dentrode un mismo acto administrativo. Consecuencia de ambas reglas es el deber deconservación de aquellos actos o trámites cuyo contenido hubiera permanecidoen el mismo de no haberse realizado la infracción origen de la nulidad
CONVERSIÓN, técnica mediante la cual un acto inválido puede producir otrosefectos válidos de los previstos por su autor»los actos nulos, que sinembargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán losefectos de éste».
LA ANULACIÓN DE LOS ACTOS INVÁLIDOS A INICIATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN. DELPROCESO DE LESIVIDAD A LA ANULACIÓN DIRECTA.
A esa declaración de invalidez se puede llegar por iniciativa de losinteresados canalizados por los recursos administrativos o judiciales ante laJCA, pero al margen de estas vías de recurso, el principio de legalidad obligaa la Administración a reaccionar frente a cualquiera de sus actos o actuacionesque contradigan al ordenamiento acomodándolos a aquél.
Respecto a las garantías, se exigió, para declarar la nulidad de los actosnulos de pleno, el dictamen favorable del Consejo de Estado. Para los actosanulables declarativos de derechos que infringen la ley se limitó el plazo paraesta declaración a 4 años desde que fueron adoptados, siempre que el Consejode Estado informe positivamente sobre esa circunstancia de la infracciónmanifiesta. Fuera de esos casos, la Administración debía soportar la carga deacudir al proceso de lesividad. Toda la garantía del administrado favorecidopor un acto declarativo de derechos frente al poder anulatorio de laAdministración residía en el informe vinculante del Consejo de Estado y asíse reconocía mayoritariamente en la doctrina. Este sistema funcionócorrectamente y la doctrina no le opuso reparos.
B) La facultad anulatoria directa y la marginación del proceso de lesividaden la anulación de los actos declarativos de derecho.
Para los actos anulables, se admite su anulación y el consiguientedesconocimiento de los derechos, también de oficio o a solicitud delinteresado, dentro del plazo de 4 años desde que fueron dictados, siempre queinfrinjan gravemente normas de rango legal o reglamentario, pero se disminuye lagarantía, pues no es necesario el dictamen del Consejo de Estado y órganoconsultivo de la CCAA
Con las facilidades, que la Ley da para la anulación de los actos anulablesno es lógico imaginar que la Administración opte por calificar el acto de nulode pleno derecho o que, menos aún, se le ocurra recurrir la anulación de unacto declarativo de derechos. Lógicamente la Administración tratará siemprede calificar la invalidez del acto dentro de su grado menor, la anulabilidad.
C) Condiciones del proceso de lesividad:
El proceso de lesividad, que implica someter al juez la pretensióninvalidatoria de la Administración, está previsto para los actosadministrativos declarativos de derechos. Pero también se puede ampliar a loscontratos administrativos. El Tribunal Supremo, después de negarla, haterminado por admitir el proceso de lesividad ante la inexistencia de preceptoprohibido. Por el contrario, y sin fundamento jurídico claro, la ha rechazadopara la anulación de licencias municipales otorgadas erróneamente, remitiéndosea la revocación en el art. 16 del RSCL y asimismo para la anulación de laslicencias urbanísticas.
Históricamente se exigió que el acto cuya anulación se pretendía reunierael requisito de la doble lesión, es decir, infracción jurídica y al tiempouna lesión económica para la Administración. La Ley no exige ahora de formaexpresa la lesión económica pero normalmente se dará una lesión de estanaturaleza o de otra para el interés público y constituirá el interés, elmotor que tire de la Administración hacia la anulación del acto.
LIMITES Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD
El que un acto sea inválido, de pleno derecho o anulable, no quiere decirque deba ser necesariamente invalidado, pues es posible que esa adecuación delacto al ordenamiento engendre una situación todavía más injusta que laoriginada por la ilegalidad que se trata de remediar.
no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones el tiempotranscurrido u otras circunstancias, su ejercicio resultare contrario a laequidad, al derecho de los particulares o a las leyes
Cuando la anulación sigue adelante hay que considerar los posibles efectosinvalidatorios sobre los derechos reconocidos o las prestaciones efectuadas. Siel acto anulado reconocía derechos al ejercicio de actividades o al percibo deprestaciones únicas o periódicas, el desconocimiento de la autorización parael futuro o la devolución de las prestaciones recibidas debe depender de que eltitular de esos derechos haya confiado de buena fe en la validez del acto y quesu confianza sea digna de protección (ley alemana). Esta solución espredicable en nuestro derecho en analogía con lo dispuesto en el Cc., sobre lasconsecuencias de la anulación de los contratos en que la buena fe y la falta deculpa es criterio decisivo para decidir sobre la devolución de las prestacionesrecibidas.
LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
La revocación equivale a su eliminación o derogación por motivos deoportunidad o de conveniencia administrativa. El acto es perfectamente legal,pero ya no se acomoda a los intereses públicos y la Administración decidedejarlo sin efecto.
La revocación se fundamenta en el principio de que la acción de la Adm. Públicadebe presentar siempre el máximo de coherencia con los intereses públicos y nosólo cuando el acto nace, sino a lo largo de toda su vida.
Los problemas más graves de la revocación se presentan, al igual que en laanulación, cuando la Administración pretende la revocación de los actosdeclarativos de derechos como ocurre con las autorizaciones, concesiones,nombramientos, etc. En estos casos, aceptándose la legitimidad de la revocación,se cuestionan las causas y motivos y su precio, es decir, el derecho aindemnización del titular del derecho revocado.
El titular del derecho revocado tendrá o no derecho a indemnización enfunción de las causas que determinan la revocación y de la naturaleza delderecho afectado. Nada habrá que indemnizar en principio, por la revocación»cuando se incumplieren las condiciones» a que el acto administrativosujeta el derecho que en él se reconoce Si es,indemnizable la revocación delos actos administrativos cuando la causa legitimadora de la revocación es elcambio de circunstancias o de legislación o la adopción de nuevos criterios deapreciación sobre el interés público a los que responde el acto revocatorio,como ocurre con la revocación o rescate de las concesiones de bienes yservicios públicos o las licencias urbanísticas.
En cuanto al plazo en que la Administración ha de ejercitar la revocaciónsinprecisar un plazo específico, prohíbe que las facultades de revisión seanejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido uotras circunstancias su ejercicio resultare contrario a la equidad o al derechode los particulares.
El acto administrativo, como cualquier otro acto jurídico, puede contener unerror. El error, como el dolo, provoca un falso conocimiento de la realidad.Pero las consecuencias sobre el acto son las mismas: la anulación del acto. Esasí porque el error de hecho supone una apreciación defectuosa del supuesto fácticosobre la que se ejercita la correspondiente potestad administrativa. El mismoefecto anulatorio debe predicarse del error de derecho, en cuanto supone laindebida aplicación del ordenamiento jurídico, siendo irrelevante a losefectos de la invalidez que esa infracción se produzca por error ointencionadamente por la autoridad o funcionario que es su autor.
Ambos errores, de hecho y de derecho, son vicios que originan la anulabilidadprevista en el art. 63 de la LRJAP y del PAC. Por ello la Administración debeseguir para la anulación de los actos viciados de error propiamente dicho, losprocedimientos establecidos para la anulación.
Al error MATERIAL O ARITMÉTICO se refiere el art. 105 de la LRJAP y del PAC;para legitimar una inmediata rectificación de oficio por la Administración almargen de cualquier procedimiento: «Las Administraciones Públicas podránrectificar en cualquier momento, de oficio, o a instancia de los interesados,los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos»(art. 156 de la LGT con una limitación temporal de 5 años).
El error material y el error aritmético para que la Administración puedaeliminarlos expeditivamente han de caracterizarse, según el Tribunal Supremo,por ser ostensibles, manifiestos e indiscutibles; es decir, que se evidencianpor si solos, sin necesidad de mayores razonamientos. Por ello son susceptiblesde rectificación sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que loscontiene.
En relación con los errores materiales, se plantea la cuestión de lasrectificaciones de la publicidad de las disposiciones y actos administrativos,que frecuentemente aparecen insertos en el B.O.E. o diarios oficiales bajo ladenominación de «corrección de errores» de las disposiciones o actosanteriores. Estas correcciones solo son lícitas cuando el error se ha producidoen la imprenta durante el proceso de impresión del acto o disposición en elboletín o periódico oficial, constituyendo un notable abuso la utilización dela «corrección de errores» para alterar substancialmentedisposiciones y actos anteriores no afectados de tales errores materiales oaritméticos
Órdenesindividuales.
Licenciasy autorizaciones.
Clases.
LosReglamentos y ordenanzas son disposiciones administrativas de carácter generaly de rango inferior a la ley. La LBRL establece que en su calidad deAdministraciones públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de suscompetencias, corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, entre otras lapotestad reglamentaria y de autoorganización.
Partiendode la idéntica naturaleza de Ordenanzas y Reglamentos podemos establecer lasiguiente clasificación:
Ordenanzaslocales en general.
Reglamentoorgánico.
Ordenanzasfiscales.
Ordenanzasde edificación o construcción
Ordenanzassobre aprovechamiento de bienes comunales.
Tramitación.
Laaprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimientogeneral:
Aprobación inicial por el Pleno yInformación públicay audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para lapresentación de reclamaciones y sugerencias. Resoluciónde todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobacióndefinitiva por el Pleno.
Enel caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, seentenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional (art.49 LRBL).
Lasordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos,así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva seacompetencia de los Entes locales, se publican en el Boletín Oficial de laProvincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente sutexto y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles (art. 70.2 LBRL).
Ordenanzas municipales de policía
Actividadesmolestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (Orden de 15 de marzo de 1963 por laque se aprueba la Instrucción Complementaria del RAM)
LasOrdenanzas municipales, además de lo que a emplazamientos pudiere afectar,precisarán las condiciones de seguridad e higiene complementarias de las que sedeterminan con carácter general en el Reglamento de Actividades Molestas,Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que deben imponerse a cada una de lasactividades por él reguladas, acomodando sus normas a las peculiares característicasy condiciones de las localidades donde hayan de regir, pero sin que puedancontradecir sus preceptos.
Enlos Municipios capital de provincia, en los de más de 50.000 habitantes y, engeneral, en todos aquellos en los que predomine el censo industrial sobre el delresto de las actividades en ellos desarrolladas, será obligatoria la existenciade una Ordenanza especial exclusivamente dedicada a regular en todos susaspectos las actividades afectadas por el Reglamento.
EstaOrdenanza habrá de clasificar las actividades molestas, insalubres, nocivas ypeligrosas de forma sistemática, tipificando al máximo las medidas correctorasaplicables en cada una de ellas, con indicación de aquellas actividades cuyaubicación deba ser forzosamente en zonas industriales y de las que seconsideren compatibles con la vivienda.
Enla propia Ordenanza o en los planes de urbanización de los respectivosAyuntamientos se completarán las normas de instalación de dichas actividadescon las limitaciones pertinentes de potencia, superficie, ruidos admisibles ysituación del local respecto de la vivienda, todo ello teniendo presentes lascaracterísticas peculiares del municipio y de la zona de emplazamiento de laactividad.
Sonmanifestación típica de la potestad reglamentaria (indelegable) de losAlcaldes
Puedendiferenciarse entre las dos clases siguientes:
Bandos recordatorios o reproducción de otrosanteriores, como por ejemplo, el relativo al uso de normas de higiene urbana.
Bandosde policía y buen gobierno, que contienen nuevas normas.
Menciónespecial merecen los llamados Bandos de necesidad o urgencia, cuya propiadenominación expresa su posible contenido. Ha de entenderse derogado, inclusosin
Esotro tipo de acto administrativo, que tiene por objeto imponer de modo concreto,a un ciudadano o administrado -o a un grupo de ellos, determinado odeterminable- una cierta conducta, que puede ser positiva (mandato de hacer),negativa (no hacer o prohibición), o simplemente pasiva a (de soportar opadecer), y con ello, en cualquier caso, de un deber que el sujeto o sujetosafectados vienen obligados a cumplir en consecuencia. En cualquier caso, comoexcepción a una situación general de libertad, propia del ciudadano, que laorden administrativa viene a exceptuar o limitar, la orden de policía presuponeesta situación jurídica general, en la que ha de hallarse la necesariacobertura jurídica. El incumplimiento de una orden, dictada legalmente,determina como consecuencia la ejecución forzosa de su contenido, e incluso laadopción de medidas sancionadoras, de conformidad en cualquier caso con loprevisto en la Ley y, de modo general, en la LRJAP y PAC, por lo que se refierea la forma de llevar a cabo, cuando proceda, su ejecución subsidiaria, imponermultas coercitivas, etc.
LasCorporaciones Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a travésdel sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. Entreestos últimos actos se hallan, por ejemplo, las inscripciones en determinadosregistros o listas administrativas, homologaciones y comprobacionesadministrativas, la comunicación previa del ejercicio de una actividad, etc.
Lalicencia constituye un acto administrativo mediante el que el Ente localfiscaliza o supervisa el ejercicio de un derecho del administrado, antes dellevarse a cabo su actuación.
 Licenciasde actividades yTramitación (Art.9 RSCL).
Lassolicitudes de licencias se resolverán con arreglo al siguiente procedimiento,cuando no exista otro especialmente ordenado por disposición de superior oigual jerarquía:
1)Se presentarán en el Registro General de la Corporación y si se refieren aejecución de obras o instalaciones, deberá acompañarse proyecto técnico conejemplares para cada uno de los Organismos que hubieren de informar la petición.
2)En el plazo de los cinco días siguientes a la fecha del registro se remitiránlos duplicados a cada uno de los aludidos Organismos.
3)Los informes de éstos deberán remitirse a la Corporación diez días antes, almenos, de la fecha en que terminen los plazos, transcurridos los cuales seentenderán informadas favorablemente las solicitudes.
4)Si resultaren deficiencias subsanables se notificarán al peticionario antes deexpirar el plazo para que dentro de los quince días pueda subsanarlas.
5º)Las licencias para el ejercicio de actividades personales, parcelaciones ensectores para los que exista aprobado Plan de urbanismo, obras e instalacionesindustriales menores y apertura de pequeños establecimientos habrán deotorgarse o denegarse en el plazo de un mes, y las de nueva construcción oreforma de edificios e industrias, apertura de mataderos, mercados particularesy, en general, grandes establecimientos, en el de dos, a contar de la fecha enque la solicitud hubiere ingresado en el Registro General.
LasCorporaciones locales podrán reducir en cuanto a ellas afecte los plazos señalados.Los documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles transmisionesserán expedidos por el Secretario de la Corporación.Las licencias oautorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sustitulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales,respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyessectoriales (art. 84.3 LBRL).

References: resolución 
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e contrario
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