Source: https://www.notariosyregistradores.com/informes/informe216.htm
Timestamp: 2019-06-19 15:23:13+00:00

Document:
Informe 216. BOE septiembre de 2012
INFORME Nº 216. (BOE SEPTIEMBRE de 2012)
Exp. Nacionalidad
Galicia: Montes
Galicia: Vivienda
Pago el mismo día
Presentación denegada
Embargo contra masa
¿Liq. parcial sin disolver?
Normas en Estatutos
JURADO. Real Decreto 1271/2012, de 31 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, por el que se regula el sorteo para la formación de las listas de candidatos a jurados.
La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, regula, entre otras materias, la designación de los jurados y la realización del sorteo que se celebrará en sesión pública previamente anunciada en un local habilitado al efecto por la correspondiente Audiencia Provincial.
Según el Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, conforme a su redacción vigente hasta ahora, el sorteo se tenía que anunciar mediante su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en dos periódicos de máxima difusión provincial, con una antelación mínima de siete días a la fecha señalada
Esta reforma sustituye el anuncio en periódicos por su publicación en las páginas web de la Oficina del Censo Electoral, accesibles en la dirección www.ine.es.
*NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la relación de concesiones de nacionalidad durante el primer semestre de 2012.
En esta Resolución, la DGRN, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Reglamento del Registro Civil, hace pública la relación de concesiones de nacionalidad correspondiente al primer semestre de 2012.
En total, la lista incluye a 22.225 personas.
Conforme al artículo 23 del Código Civil, son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por residencia;
a) Que el mayor de 14 años y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
Notas: La cifra, aunque muy voluminosa, es modesta en comparación con los más de 400.000 expedientes cuya tramitación no ha concluido.
La necesidad de dar respuesta a la petición de tantas personas ha motivado la firma de un Convenio entre el Ministro de Justicia, don Alberto Ruiz-Gallardón y el Decano Presidente de los Registradores, don Alfonso Candau, por el que se encomienda a todos los registradores de España labores en la tramitación de los expedientes, lo que harán de modo gratuito. En concreto, tras el estudio de los expedientes, realizarán propuestas de resoluciones.
En la rueda de prensa, celebrada a finales del pasado junio, se fijó el plazo de un año para concluir la ingente tarea.
Cara al administrado, la situación no cambia, pues ha de dirigirse, como hasta ahora, al Ministerio de Justicia.
Para ser conscientes del problema, se apuntan algunos datos procedentes del propio Ministro:
- Anualmente se reciben unas 150.000 solicitudes
- Se resuelven, según el Ministro, 120.000 al año, con un retraso adicional de 30.000 anuales.
- El retraso por expediente se cifra en dos años y medio y va aumentando.
De lo publicado en el BOE, podemos obtener los siguientes datos:
- En el último medio año tan sólo se han publicado 22.225 concesiones.
- Durante el segundo semestre de 2011 fueron 59.853. Ojo con los tres enlaces que son muchos megas.
- Durante el primer semestre de 2011 fueron 54.763.
- Durante el segundo semestre de 2010 fueron 59.171.
Así, pues, por las estrecheces presupuestarias, que implican menos personal dedicado, el Ministerio ha reducido el ritmo durante 2012 a menos de la mitad con respecto al de 2011, por lo que, con su capacidad actual, se produciría una acumulación de unos 100.000 expedientes/año al ritmo de publicación de este último semestre.
Publicado en la Sección III del BOE.
Ver: Cinco Días. Audio Rueda de Prensa Uno, Dos y Tres
Ver Instrucción de 2 de octubre de 2012 DGRN, sobre el plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia.
PDF (BOE-A-2012-11374 - 251 págs. - 19391 KB) Otros formatos
INCENDIOS FORESTALES. Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.
El objetivo de esta norma es el de aprobar un catálogo de medidas que afectan a diversos departamentos ministeriales, abarcando aspectos tales como las ayudas por daños personales o la disminución de las cargas tributarias, para intentar paliar el impacto en los ciudadanos y las empresas afectados.
Las medidas establecidas en este real decreto-ley se aplicarán a las personas y bienes afectados por los incendios forestales acaecidos desde primeros del mes de junio hasta su entrada en vigor. También serán de aplicación a las consecuencias de las fuertes tormentas de pedrisco producidas desde el pasado mes de mayo.
Los términos municipales y núcleos de población afectados se determinarán por Orden del Ministro del Interior. El Gobierno, mediante real decreto, podrá extender la aplicación de las medidas previstas en este real decreto-ley a otros incendios y tormentas de características similares que sucedan hasta el 1 de noviembre de 2012.
Beneficios fiscales. Entre ellos:
- Exención de las cuotas y recargos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio de 2012.
- Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio de 2012.
- Estarán exentas del IRPF las ayudas excepcionales por daños personales a que se refiere el artículo 2.
También se incluyen Medidas laborales y de Seguridad Social, como las relativas a expedientes de regulación de empleo, moratorias en las cuotas o adscripción de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social.
Entró en vigor el 8 de septiembre de 2012.
La Orden INT/2269/2012, de 23 de octubre determina los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre.
PDF (BOE-A-2012-11409 - 9 págs. - 200 KB) Otros formatos Convalidado
GALICIA. Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.
Objeto de la Ley: establecer el marco normativo de los montes o terrenos forestales existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia
- Todos los montes o terrenos forestales de Galicia. El artículo 2 define los terrenos que lo son y los terrenos que no lo son.
- Los montes vecinales en mano común se regirán por lo dispuesto en su normativa específica, en la presente Ley, la legislación de derecho civil de Galicia y la costumbre.
Clasificación por su titularidad.
- Montes públicos. Pertenecen a las administraciones públicas y otras entidades de derecho público y pueden ser patrimoniales (tipo residual) o demaniales. Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal:
a) Los montes públicos declarados de utilidad pública y que se incluyan en el Catálogo de montes de utilidad pública
c) Aquellos otros montes públicos que, no estando incluidos en el Catálogo de montes de utilidad pública, hayan sido afectados a un uso o servicio público.
- Montes privados. Pertenecen a personas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea de forma colectiva, individualmente o en régimen de copropiedad. Pueden ser:
a) Montes de particulares, aquellos cuya titularidad pertenece a personas físicas o jurídicas de derecho privado.
b) Montes denominados de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo que son los conservados pro indiviso cuyas personas copropietarias, sin perjuicio de realizar en común aprovechamientos secundarios, tenían o mantienen la costumbre de reunirse para repartirse entre sí porciones determinadas de monte o sernas para su aprovechamiento privativo.
a) los montes vecinales en mano común, montes privados, de naturaleza germánica, que pertenecen colectivamente, y sin atribución de cuotas, a las respectivas comunidades vecinales titulares, estando sujetos a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Se regirán por lo dispuesto en su normativa específica, en la presente Ley, en la legislación de derecho civil de Galicia y en la costumbre.
Otros tipos de montes:
- Montes de utilidad pública. Son los montes públicos incluidos en el Catálogo de montes de utilidad pública, por razones como la de ser esenciales para la protección del suelo frente a la erosión, los ubicados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas o las demás recogidas en el art. 27.
- Montes protectores. Podrá declararse como tales a aquellos montes o terrenos forestales públicos de naturaleza patrimonial o privados que cumplan alguna de las condiciones que permita declarar de utilidad pública a los montes públicos.
El Catálogo de montes de utilidad pública es un registro público de carácter administrativo en el que se inscriben todos los montes declarados de utilidad pública, así como los actos de permuta, prevalencia o cualquier otro que pueda afectar a su situación.
- La titularidad que en el catálogo se asigne a un monte solo puede impugnarse en juicio declarativo ordinario de la propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones reales del artículo 41 de la Ley Hipotecaria y del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- La administración titular o gestora inscribirá los montes catalogados, así como cualquier derecho sobre ellos, en el Registro de la Propiedad, mediante certificación que se acompañará de un plano topográfico del monte o el levantado para el deslinde, a escala cartográfica suficiente para su adecuada identificación y con referencia catastral.
Concesiones. Arts 39 al 42. Podrán otorgarse concesiones para uso privativo en montes de dominio público cumpliendo los requisitos que se ¡determinan. En el Catálogo de montes de utilidad pública se tomará razón de las concesiones demaniales que pudieran otorgarse sobre los montes de utilidad pública, sin perjuicio de la posibilidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Servidumbres en montes públicos. En los no demaniales se regirán por el régimen jurídico aplicable a la administración titular y, subsidiariamente, por el del derecho privado que les fuese de aplicación. Los incendios producidos en los montes públicos podrán determinar la suspensión temporal del ejercicio de las servidumbres existentes, cuando así se estimase para la regeneración forestal.
Deslinde de los montes. Arts 47 al 55.
Adquisición preferente de propiedades forestales. Arts. 56 y 57
- La Administración autonómica tendrá derecho de adquisición preferente en las transmisiones onerosas de montes de superficie superior a 250 hectáreas y de los declarados protectores y otras figuras de especial protección. Se fijan excepciones.
- Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se les acreditase previamente la práctica de la comunicación de forma fehaciente.
- Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán derecho de adquisición preferente tanto de las superficies colindantes, cuya integración permita una disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal, como de sus enclavados. Habrá comunicación al Registro.
- Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán plena capacidad jurídica para la realización de actos y negocios jurídicos vinculados a la adquisición de nuevos terrenos que redunden en beneficio de la comunidad vecinal.
Superficie mínima. No podrán realizarse ni autorizarse, «inter vivos» o «mortis causa», parcelaciones, divisiones o segregaciones definitivas voluntarias de terrenos calificados como monte o terreno cuando el resultado sean parcelas de superficie inferior a 15 hectáreas, salvo cuando se transfiera parte de la propiedad a una parcela colindante.
Concentración parcelaria en terrenos forestales. Si afecta a terrenos mayoritariamente forestales, se regirá por la presente ley y, en lo no previsto, por la normativa gallega en materia de concentración parcelaria.
Sistema registral forestal de Galicia. Se crea el sistema registral forestal de Galicia, como registro administrativo de consulta pública adscrito a la consejería competente en materia forestal, que regulará su funcionamiento, en el que se inscribirán, como secciones diferenciadas, el conjunto de datos pertenecientes a los siguientes registros:
a) Catálogo de montes de utilidad pública.
b) Registro de Montes Vecinales en Mano Común.
c) Registro de Montes de Gestión Pública.
d) Registro de Montes Protectores.
e) Registro de Montes Ordenados (que tengan un instrumento de ordenación o gestión forestal aprobado).
f) Registro de Materiales Forestales de Reproducción.
g) Registro de Empresas del Sector Forestal.
h) Registro de Cultivos Energéticos Forestales.
i) Registro Público de Terrenos Forestales de Pastoreo.
j) Registro de Sociedades de Fomento Forestal.
k) Registro de Montes de Varas, Abertales, de Voces, de Vocerío o de Fabeo.
l) Registro de Asociaciones y Colegios Profesionales Forestales.
m) Registro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.
n) Y cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.
Actos que no precisan licencia municipal. Según la D. Ad. 1ª, las plantaciones forestales y las acciones de tipo silvícola, así como las de aprovechamiento, incluidos las cortas y los abatimientos de los árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso o arbolado, haya o no planeamiento urbanístico municipal aprobado, no requerirán licencia municipal si se realizan en suelo rústico o urbanizable no delimitado, debiendo someterse a lo estipulado en la presente Ley.
Incendios forestales. Cuenta con una amplia regulación, no siendo posible, por ejemplo, salvo excepciones, el cambio de actividad de forestal a agrícola o pastizal desde la fecha en que se produjese el incendio forestal hasta el 31 de diciembre posterior a la fecha en la que se cumplieran dos años del mismo
Entre las disposiciones derogadas se encuentra la disposición adicional segunda de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, que se refería al deslinde contradictorio de montes en mano común.
Entró en vigor el 12 de agosto de 2012.
La Ley estatal es la 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
PDF (BOE-A-2012-11414 - 94 págs. - 1847 KB) Otros formatos
GALICIA. Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia.
El artículo 2 define el ámbito de aplicación objetivo (todo edificio cuyo destino, total o parcialmente, sea el residencial de vivienda, tanto de nueva construcción como proveniente de actuaciones de rehabilitación, renovación o reforma, desde el momento en que se inicia la promoción y durante su vida útil, con independencia de su carácter libre o protegido. Asimismo, será de aplicación a los alojamientos protegidos y, en materia de depósitos de fianzas, a arrendamientos de fincas urbanas) y territorial de la Ley (Comunidad Autónoma de Galicia).
En el glosario de términos define la licencia de primera ocupación: Acto administrativo que acredita que los edificios o viviendas cumplen los requisitos exigidos para ser destinados a uso residencial y se ajustan a la licencia urbanística otorgada.
Regula el artículo 10 el contenido del libro del edificio, de modo minucioso, constituido también por la información sobre la situación jurídica del inmueble, en la cual figurará una copia de la escritura o del título de propiedad, una nota simple informativa del registro de la propiedad sobre la titularidad del edificio, así como, en su caso, la calificación definitiva como vivienda protegida, en la que se indicará su régimen de protección; si existiesen, la descripción de las cargas y gravámenes que tenga la parcela; y además, en caso de edificios en régimen de propiedad horizontal, la copia del título constitutivo de este régimen.
Interesa destacar los artículos 18 a 24 ambos inclusive, relativos a la Información previa a la venta que debe prestársele a los usuarios tanto jurídica como referente a las características físicas del inmueble a adquirir y previsión sobre plazos de entrega y en el supuesto de que se requiriese la entrega de cantidades anticipadas en concepto de pago del precio, la indicación de las garantías que aseguren la eventual devolución, si procediese, de tales entregas.
Información sobre el precio de venta. En la oferta de vivienda para venta deberá necesariamente proporcionarse información escrita sobre el precio de venta de la vivienda, indicarse con claridad el importe de su precio final total y especificarse que el IVA o impuesto equivalente, cuando proceda, está incluido, con la indicación de forma expresa y singularizada de su cuantía. El precio de los anexos, cuando sean inseparables de la vivienda, se entenderá comprendido en el precio de venta. En los restantes casos, la información indicará su precio, y se hará constar con claridad que no está incluido en el precio final de la vivienda. Si se omitiese la referencia expresa al IVA, a un impuesto equivalente, cuando proceda, o al precio de los anexos, se entenderá que el precio indicado incluye todos los conceptos.
En ningún caso, se le impondrán a la persona compradora los gastos correspondientes al otorgamiento de la escritura de obra nueva y división horizontal, cancelación de cargas u otros análogos que las disposiciones legales atribuyen a la persona vendedora.
En el supuesto de que el promotor vaya a percibir cantidades a cuenta del precio total, deberá informarse, por escrito, sobre la forma de garantizar la devolución de dichas cantidades, conforme a lo señalado en el artículo 23 de la presente Ley. Se regula la Información y garantías en la venta de viviendas en proyecto o en construcción. El artículo 20 señala en su número 2 que las modificaciones que se realicen durante el proceso constructivo, salvo que sean consentidas expresamente por todas las personas compradoras, en ningún caso podrán consistir en la supresión de servicios previstos, en la imposición de nuevas cargas o gravámenes, en la alteración de la distribución de espacios en elementos de aprovechamiento común o privativo, en la creación de nuevos espacios constructivos, en el cambio de naturaleza jurídica de algunos de los ya configurados o en la constitución de ámbitos de comunidad, distintos de los contemplados en el proyecto técnico de obra, con edificios con los que se forme un complejo inmobiliario.
La escritura de división horizontal que el promotor otorgue sin la intervención de las personas compradoras en los supuestos en que legalmente proceda en ningún caso podrá amparar alteraciones sustanciales del proyecto técnico existente en el momento de perfeccionarse los contratos ni introducir cláusulas que minoren los derechos de las personas compradoras sobre los elementos comunes o privativos o que alteren el contenido contractual pactado. A estos efectos, se considerarán alteraciones sustanciales las recogidas en el apartado 2 del artículo 20.
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo facultará a la persona compradora a resolver el contrato, con las indemnizaciones a que hubiese lugar, sin perjuicio de la imposición a la persona vendedora de las sanciones que procediesen.
El artículo 21, regula la reserva de viviendas de futura construcción.
Y el artículo 23, la garantía de devolución de cantidades anticipadas. La entrega por parte de la persona compradora de cantidades anticipadas a cuenta del precio total de la vivienda obligará al promotor, en los términos previstos en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, a garantizar su devolución, junto con los intereses legales del dinero, hasta el momento de hacerse efectiva la devolución, para el caso de que, por cualquiera causa, la construcción no llegue a iniciarse o a concluirse en los plazos establecidos en el contrato, sin perjuicio de que la persona compradora que pretenda la resolución del contrato reclame, además, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios que proceda.
Las garantías solo se extinguirán cuando el promotor acredite la entrega de las viviendas ya finalizadas, tras la obtención de la correspondiente licencia de primera ocupación.
El artículo 24 se refiere a la Información y requisitos en la venta de viviendas finalizadas.
El promotor que pretenda transmitir viviendas de nueva construcción con la consideración de finalizadas deberá disponer de la licencia de primera ocupación y de la calificación definitiva, si son viviendas protegidas.
Simultáneamente a la firma del contrato en el que se formalice la compraventa de una vivienda ya finalizada, el promotor deberá entregar a la persona compradora, además de las exigencias establecidas en el artículo 18, la siguiente documentación, entre otras,
b) En su caso, el importe de préstamo hipotecario que corresponda a la vivienda, las condiciones de este y los requisitos de subrogación de la persona compradora. Las personas compradoras podrán subrogarse o no en el préstamo del promotor. Serán por cuenta de éste los gastos de cancelación cuando la persona compradora optase por no subrogarse en dicho préstamo.
En materia de DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA, artículo 44, Notarios y Registradores de la propiedad exigirán, para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra nueva finalizada que acredite el otorgamiento de la licencia urbanística, la expedición de la certificación final de obra y el otorgamiento de la licencia de primera ocupación. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, las notarías y los notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como la certificación expedida por el técnico competente acreditativa de que la obra se ajusta al proyecto que fue objeto de dicho acto administrativo.
La disposición transitoria octava señala que a las viviendas con licencia concedida o solicitada antes de la entrada de la vigor de la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de Galicia, a los efectos de lo indicado en el artículo 44 de la presente Ley, referido a la declaración de obra nueva, no les será exigible el otorgamiento de la licencia de primera ocupación.
VIVIENDAS PROTEGIDAS. El régimen de protección de las viviendas protegidas de promoción pública, así como el de las viviendas protegidas de protección autonómica construidas en un suelo desarrollado por un promotor público, tendrá una duración de treinta años desde la fecha de su calificación definitiva.
Para el resto de las viviendas protegidas, la duración del régimen legal de protección se determinará en función del ámbito territorial de localización de las viviendas.
El régimen de protección de las viviendas de protección autonómica situadas en el denominado ámbito territorial de precio máximo superior tendrá una duración de veinticinco años, el de las viviendas ubicadas en la zona territorial primera tendrá una duración de veinte años y el de las viviendas ubicadas en la zona territorial segunda, de quince años, desde la fecha de la calificación definitiva. Reglamentariamente se determinarán los ayuntamientos incluidos en cada zona territorial.
En todo caso, para las viviendas que se acojan a financiación o a ayudas estatales, se estará, en cuanto a la duración del régimen de protección, a lo que disponga la correspondiente normativa reguladora de las citadas ayudas.
Extinción del régimen de protección y descalificación. Se extingue por el transcurso del plazo de duración del régimen jurídico de protección o también por la descalificación de la vivienda a solicitud de su titular.
El transcurso del plazo de duración del régimen de protección en las viviendas de protección autonómica determinará la extinción del régimen de protección de la vivienda, que, sin necesidad de declaración administrativa, se considerará libre a todos los efectos si, transcurridos seis meses desde el cumplimento del plazo de duración del régimen de protección, no consta en el registro de la propiedad ningún asiento contradictorio. En estos casos, las registradoras o registradores cancelarán de oficio las notas marginales relativas al régimen de protección. En las viviendas de promoción pública será necesaria una declaración administrativa emitida por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo en la que se determine la extinción del régimen de protección.
Situaciones excepcionales en el régimen de acceso. Excepcionalmente, podrán acceder a una vivienda protegida las personas que sean propietarias de otra vivienda cuando esté sujeta a expediente de expropiación forzosa, las personas separadas o divorciadas que se encuentren al corriente en el pago de las pensiones alimenticias y compensatorias y que hayan sido privadas del uso de la vivienda por sentencia o convenio regulador y las que ocupen alojamientos provisionales como consecuencia de actuaciones de emergencia o remodelaciones urbanas que impliquen la pérdida de su vivienda o cualquier otra situación excepcional declarada por el organismo competente en materia de vivienda.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 50 y en el apartado 1 del artículo 57, también podrán adquirir por dación en pago una vivienda protegida las entidades de crédito que, con respecto a las viviendas, hubiesen formalizado préstamo hipotecario, con el fin de evitar mayores gastos a los propietarios, con la obligación de destinarlas exclusivamente a la finalidad y a los destinatarios que determine el régimen jurídico aplicable a ellas, de conformidad con lo previsto en su calificación como viviendas protegidas.
Destino y ocupación (artículo 65).
Precio de venta o renta. Artículo 66.
Limitaciones de la facultad de disponer. Artículo 67.
Cláusulas obligatorias y visado de contratos. Artículo 68. Los contratos de arrendamiento y de transmisión de las viviendas protegidas deberán contener las cláusulas que se determinen reglamentariamente y presentarse para su visado ante el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo mientras dure su régimen legal de protección.
Registro de la propiedad. Artículo 69. Las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer que resulten de la calificación como vivienda protegida de acuerdo con la normativa aplicable deberán constar en la correspondiente escritura pública, y se consignarán en el registro de la propiedad en el respectivo asiento registral, para lo cual se deberá aportar el contrato visado o certificado del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
POTESTADES SOBRE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Derechos de tanteo y retracto. Artículo 75.
Procedimiento para el ejercicio del derecho de tanteo. Artículo 76.
Procedimiento para el ejercicio del derecho de retracto. Artículo 77.
Constancia registral. Artículo 78.
Precio de la transmisión. Artículo 79.
Competencia para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. Artículo 80. Corresponde a la persona que ejerza la dirección del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en los artículos anteriores.
Entrada en vigor: día 13 de agosto de 2012.
Inmaculada Espiñeira Soto. Notaria de Santiago de Compostela.
PDF (BOE-A-2012-11415 - 53 págs. - 835 KB) Otros formatos
GALICIA. Ley 9/2012, de 3 de agosto, de adaptación de las disposiciones básicas del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en materia de empleo público.
Supresión paga extraordinaria de diciembre
Se suprime, para el año 2012, la paga extraordinaria del mes de diciembre, así como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.
Esta supresión afectará, en primer lugar, al personal del sector público definido en el artículo 13.Seis de la Ley 11/2011, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012.
Reducciones salariales: Asimismo, se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales de determinados altos cargos de la Administración que se enumeran en la Ley.
Se contempla la previsión de adaptar las tarifas de las encomiendas de gestión a las entidades declaradas medio propio y servicio técnico de la Comunidad.
Se establece el régimen de incompatibilidades de la compensación económica establecida en el artículo 11, apartado 7, párrafo 2.º, de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia,
Se crean dos registros: el del Personal Directivo de la Administración Instrumental y el de los Órganos de Representación del Personal al Servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
Se extiende la aplicación del artículo 2 de la Ley 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas materias del empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia, al personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia que se encuentre adscrito a los regímenes especiales de seguridad social del mutualismo administrativo.
Entró en vigor el 10 de agosto de 2012. (GGB)
PDF (BOE-A-2012-11416 - 16 págs. - 402 KB) Otros formatos
CONVENIOS COLECTIVOS. Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Este Real decreto tiene por objeto regular la composición, organización y funciones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en ejecución de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
Esta Comisión es un órgano colegiado tripartito creado con la función de asesoramiento y consulta a las partes de la negociación colectiva en orden al planteamiento y determinación del ámbito funcional de los convenios, pero que ha ido asumiendo otras funciones a lo largo de sus treinta años de vida.
La reciente reforma del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores relativo al régimen de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable ha añadido una importante función decisoria, pues prevé, a falta de acuerdo entre las partes, la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para la solución de la discrepancia cuando los procedimientos de solución de conflictos de preferente aplicación, previstos en la negociación colectiva, no sean aplicables o no hayan finalmente solucionado la discrepancia.
Así pues, tras treinta años de vigencia del anterior reglamento, se hace preciso sustituirlo por otro adaptado a la nueva situación y funciones, con los siguientes objetivos:
- Unificar y sistematizar la regulación de la composición y funciones de la Comisión, hasta ahora dispersa.
- Desarrollar las funciones decisorias atribuidas por el nuevo artículo 82.3 ET para la solución de discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo de aplicación.
- Adaptar su organización y el funcionamiento, creando una Comisión Permanente a la que se encomienda el funcionamiento ordinario de la Comisión, reservando al Pleno las decisiones más importantes.
El real decreto se estructura en cinco capítulos:
El capítulo I incluye las disposiciones generales de la norma
- Naturaleza: órgano colegiado tripartito adscrito a la D. G. de Empleo del Mº de Empleo y Seguridad Social
- Funciones (consultivas, de observatorio y decisorias).
El capítulo II se centra en la composición y funcionamiento de la Comisión, formada por 18 miembros (Administración, organizaciones empresariales y sindicatos, seis de cada).
El capítulo III regula las funciones consultivas de la Comisión:
- determinación del ámbito funcional de un convenio colectivo que se pretenda negociar,
- interpretación de un convenio vigente en orden a determinar su ámbito funcional de aplicación,
- determinación del convenio colectivo de aplicación a una empresa en función de sus actividades.
El capítulo IV se refiere a la actividad de la Comisión como observatorio de la negociación colectiva.
El capítulo V, quizás el más importante, regula las funciones decisorias de la Comisión relativas a la solución de las discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable (descuelgues de convenios).
- Son sujetos legitimados para solicitar su actuación las empresas y los representantes de los trabajadores y, si no los hay, estos podrán atribuir su representación a la Comisión designada conforme al art. 41.4 ET.
- Hay dos métodos de solución de discrepancias en el procedimiento:
a) resolución en el seno de la propia Comisión o
b) mediante la designación de un árbitro
- El procedimiento lo elegirán las partes y, si discrepan, la Comisión.
- En sección aparte se desarrolla el procedimiento.
- En todo caso, la decisión habrá de dictarse en un plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento de la discrepancia a la Comisión.
- Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en el periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 ET.
La D. Ad. 3ª regula su aplicación parcial al sector público.
La D. F. 3ª modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Entró en vigor el 29 de septiembre de 2012.
PDF (BOE-A-2012-12136 - 16 págs. - 265 KB) Otros formatos
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Al ser la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera piezas clave para la confianza en la economía, en septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución Española para introducir una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El artículo 135 CE incluye el mandato de redactar una Ley Orgánica, el cual se cumplió mediante la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con tres objetivos fundamentales: garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en esta materia.
Así pues, la sostenibilidad financiera se convierte en principio rector de la actuación económico-financiera de todas las Administraciones Públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social.
Durante este año se han adoptado diversas medidas de apoyo a la financiación de las CCAA y Entidades Locales, como los anticipos de tesorería de los recursos del Sistema de Financiación, la denominada línea ICO-Comunidades Autónomas o el Plan de pago a Proveedores, siempre complementadas con la debida condicionalidad fiscal y financiera.
Y estas medidas, fundamentalmente, son las que han exigido la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, para aclarar la forma en la que computa esta nueva deuda, dar mayor flexibilidad al límite temporal e intensificar la disciplina fiscal y financiera de las Administraciones territoriales.
El artículo único de la Ley modifica la D. Ad. 1ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril para:
- Poder prorrogar, mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los plazos para acceder a los mecanismos extraordinarios de liquidez. Afecta en el mismo sentido a la D.TR. 4ª.
- Obtener información mensual de las CCAA que participen en los mecanismos extraordinarios de liquidez que deberá ser remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Disponer que las Administraciones autonómicas participantes en nuevos mecanismos de apoyo a la liquidez que puedan ponerse en marcha, deberán cumplir con obligaciones de información adicionales al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la ejecución de sus Planes de ajuste.
- Añadirle una D. Ad. 4ª referida al cumplimiento del pago de los vencimientos de la deuda financiera. En ella se establece que todas las Administraciones Públicas deberán disponer de planes de tesorería que pongan de manifiesto su capacidad para atender el pago de los vencimientos de deudas financieras. Esta mayor información se complementa con el refuerzo de las garantías del pago de los vencimientos de deuda, pues se considerará que una situación de riesgo de incumplimiento de dichos pagos si lo aprecia así el Gobierno- atenta gravemente al interés general, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 2/2012 (medidas de cumplimiento forzoso).
Tiene también sólo una Disposición Adicional que concreta cómo se deben aplicar los criterios de distribución del volumen de deuda pública de las Administraciones Públicas: el incremento del volumen de deuda que pueda producirse en la Administración central, de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de Déficit Excesivo, como consecuencia de las operaciones de endeudamiento que realice o haya realizado el Estado con el fin de desarrollar los mecanismos adicionales de financiación, se computará, respectivamente, en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la cuantía equivalente a las cantidades percibidas por dichas Administraciones con cargo a aquellos mecanismos.
Entró en vigor el 30 de septiembre de 2012.
PDF (BOE-A-2012-12192 - 5 págs. - 166 KB) Otros formatos
MODELOS 202 Y 222. Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática y se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.
Se aprueba el modelo 202 «Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español). Pago fraccionado» que figura como anexo I de la orden.
El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico, ya que su presentación se realizará exclusivamente por vía telemática
El modelo 202 de pago fraccionado será de uso obligatorio para efectuar los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) previstos en el artículo 45 LIS, y en los artículos 23 y 38 LIRenta de no Residentes, así como, respecto de cada año natural, en las disposiciones al efecto contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. No es para los grupos fiscales que tributen por el régimen fiscal especial establecido en el capítulo VII del título VII de la LIS (han de usar el modelo 222).
La presentación del modelo 202 será obligatoria para aquellas entidades cuyo volumen de operaciones haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores. Para el resto de entidades, en los supuestos en que no deba efectuarse ingreso alguno, no será obligatoria la presentación del modelo 202.
Modelo 222. La Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, sufre dos modificaciones:
- El anexo II publica un nuevo formato de modelo.
- Se dispone que la comunicación de datos adicionales a la declaración sólo será obligatoria para los grupos fiscales cuyo importe neto de la cifra de negocios del grupo sea al menos sesenta millones de euros.
PDF (BOE-A-2012-12193 - 15 págs. - 561 KB) Otros formatos Corrección de errores
VALENCIA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2063-2012, contra la Exposición de Motivos y los artículos 1 a 15 del Decreto-ley de la Generalitat Valenciana 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana.
Está promovido por cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista y afecta a las medidas en materia de Personal.
PDF (BOE-A-2012-11833 - 1 pág. - 128 KB) Otros formatos
SISTEMA DE SALUD. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4585-2012, contra los artículos 1. uno y dos; 4. uno y cuatro y 10. cuatro y cinco del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Está promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y afecta entre otras materias a las siguientes:
- Condición de asegurado
- Adscripción de médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales
PDF (BOE-A-2012-11837 - 1 pág. - 128 KB) Otros formatos
CASTILLA-LA MANCHA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4761-2012, contra la Ley 4/2012, de 17 de mayo, de las Cortes de Castilla-La Mancha, por la que se adecua la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha.
Lo promueven más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista. La Ley impugnada aumenta de 47 a 53 el número de diputados, correspondiendo a Albacete 10; a Ciudad Real, 12;, a Cuenca, 9; a Guadalajara, 9, y a Toledo, 13 diputados.
PDF (BOE-A-2012-11838 - 1 pág. - 127 KB) Otros formatos
SEGURIDAD SOCIAL. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3361-2012, en relación con el apartado b) de la regla 3ª del número 1 de la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social por posible vulneración de los arts. 9.3 y 14 de la CE.
Dice así el precepto cuestionado: b) A efecto de las pensiones de jubilación y de la incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, la integración de los períodos durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término.
PDF (BOE-A-2012-11839 - 1 pág. - 129 KB) Otros formatos
CONCURSO REGISTROS DGRN. Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario n.º 285 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resolución de 3 de julio de 2012 y se dispone su comunicación a las Comunidades Autónomas para que se proceda a los nombramientos.
Se han cubierto 29 Registros de los 30 anunciados. Quedó vacante Villarrobledo (Albacete).
PDF (BOE-A-2012-11785 - 2 págs. - 183 KB) Otros formatos
CONCURSO REGISTROS CATALUÑA. Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por la Resolución JUS/1406/2012, de 3 de julio.
Se han cubierto 3 Registros de los 4 anunciados. Quedó vacante Barcelona nº 17.
PDF (BOE-A-2012-11795 - 1 pág. - 137 KB) Otros formatos
Se jubila al notario de A Coruña, don Alfonso García López.
Se dispone la jubilación voluntaria del notario de Las Rozas de Madrid, don José Ramón Regó Lodos.
Se jubila al notario de Albacete, don Pedro Nieto y Guijarro.
Se jubila al notario de Sanlúcar la Mayor, don Manuel Santos López.
Se jubila al notario de El Prat de Llobregat, don Gabriel Martín Martín.
Se declara la jubilación anticipada del notario de Gernika-Lumo, don Emilio Fernández-Valdés Cruzat.
Se jubila al notario de Valladolid, don Francisco Javier Sacristán Lozoya.
Se jubila al notario de Madrid don José Marcos Picón Martín.
266. INMATRICULACION MEDANTE DOS TITULOS OTORGADOS EL MISMO DIA: APORTACION A LA SOCIEDAD CONYUGAL Y APORTACION A SOCIEDAD CIVIL. Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Lugo n.º 2 a inscribir una escritura pública de aportación inmobiliaria a una sociedad civil.
Fuenlabrada, Santa Fé, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santiago de Compostela, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Boltaña, a 9 de octubre de 2012.
ResetValue="25" I-Digits="0" U-Custom="" startspan --> visitas desde el 1 de septiembre de 2012

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 223
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 41
 artículo 250
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 23
 resolución 
 artículo 24
 artículo 18
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 50
 artículo 57
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo 77
 Artículo 78
 Artículo 79
 Artículo 80
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real decreto 
 artículo 82
 artículo 82
 real decreto 
 resolución 
 artículo 91
 Real Decreto 
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 26
 artículo 45
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución