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BOE.es - Documento BOE-A-2019-12158
Documento BOE-A-2019-12158
«BOE» núm. 196, de 16 de agosto de 2019, páginas 92061 a 92066 (6 págs.)
BOE-A-2019-12158
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el Presidente del Organismo Público Puertos del Estado, han suscrito, con fecha 9 de julio de 2019, un Convenio de asistencia jurídica.
Madrid, 6 de agosto de 2019.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio J. Hidalgo López.
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y el Organismo Público Puertos del Estado
En Madrid, a 9 de julio de 2019.
De una parte, la Sra. Dña. Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE n.º 158; en virtud de Orden JUS/125/2019, de 5 de febrero, por la que se delegan competencias, actuando en nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, el Sr. D. Salvador Antonio de la Encina Ortega, actuando en nombre y representación del Organismo Público Puertos del Estado, con domicilio social en Avenida del Partenón, 10 28042 Madrid y NIF Q2867022B, en su condición de Presidente, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 184/2019, de 22 de marzo, publicado en el BOE de fecha 23 de marzo de 2019.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente que la Abogacía General del Estado pueda prestar asistencia jurídica mediante la oportuna formalización de un convenio.
En especial y por lo que se refiere al Organismo Público Puertos del Estado, el artículo 16.4 del TRLPEMM, dispone que el asesoramiento jurídico, la defensa y la representación en juicio del Organismo Público Puertos del Estado podrá ser encomendada a los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurídicos del Estado, mediante convenio en el que se determinará la compensación económica a abonar, la cual generará crédito en los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia.
El artículo 17 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, bajo la rúbrica «Asistencia Jurídica a la Administración Portuaria», dispone lo siguiente:
1. La asistencia jurídica al ente público Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias se prestará por el Servicio Jurídico del Estado, en los términos establecidos en este reglamento y en los convenios de naturaleza jurídico-pública que se suscriban al efecto.
Ello no obsta la posibilidad de que el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio del ente público Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias puedan ser encomendados a abogado colegiado y, en su caso, procurador especialmente designados al efecto por el Consejo Rector o los consejos de administración de las respectivas entidades, si bien, en el supuesto de actuaciones procesales, será precisa la comunicación previa a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
2. A estos efectos, la Administración General del Estado y los respectivos entes públicos suscribirán los oportunos convenios de colaboración, en los que se determinará la compensación económica que las entidades públicas portuarias abonarán como contraprestación por los servicios de asistencia jurídica, la cual generará crédito en las partidas presupuestarias de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Que Puertos del Estado de acuerdo con lo establecido en el TRLPEMM, en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de fecha 1 de septiembre de 2005, modificado por Adendas de 31 de octubre de 2012 y de 20 de enero de 2015, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Puertos del Estado tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica a Puertos del Estado, ambas partes consideran conveniente la designación por la Abogada General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes:
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a Puertos del Estado por medio de los Abogados del Estado integrados en aquél.
La asistencia Jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
En relación la asistencia jurídica procesal a los miembros del Consejo Rector de Puertos del Estado y a sus empleados, comprendida en el párrafo anterior, se acuerda que en los casos de detención, prisión o cualquier otra medida cautelar, Puertos del Estado podrá solicitar a través de la jefatura de su Asesoría Jurídica directamente de la Abogacía del Estado correspondiente que preste la asistencia jurídica, si bien comunicándolo al mismo tiempo a la Abogacía del Estado a los efectos de su autorización.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará en forma alguna al derecho de las citadas personas a designar defensor, o a que se le designe de oficio.
Puertos del Estado colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral entre Puertos del Estado y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda. Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, Puertos del Estado se reserva la facultad de ser asesorado, representado y defendido por Abogado y, en su caso, procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Tercera. Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de Puertos del Estado y los del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, Puertos del Estado será asesorado, representado y defendido por abogado y, en su caso, procurador, especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre Puertos del Estado y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía General del Estado.
Cuarta. Designación de Abogado del Estado coordinador.
Corresponde al/los coordinador/es del presente convenio de asistencia jurídica mantener una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
A propuesta de la Abogada General del Estado, el Presidente de Puertos del Estado podrá designar un Abogado del Estado, destinado en la Abogacía del Estado del Departamento ministerial del que dependa Puertos del Estado que asistirá a las reuniones del Consejo Rector, y podrá, en ausencia del Secretario del Consejo Rector, realizar las funciones de éste.
Quinta. Duración.
El presente Convenio tiene una duración de cuatro años. Sin embargo, se entenderá prorrogado como máximo por cuatro años más mediante acuerdo expreso de las partes adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia.
Sexta. Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el Convenio, Puertos del Estado satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de ciento cincuenta mil cuatrocientos setenta y tres euros con treinta y dos céntimos (150.473,32 €) más IVA, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el MODELO 069 como documento de ingreso que se enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. Puertos del Estado deberá efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.
Séptima. Costas.
1.ª Cuando la condenada en costas sea Puertos del Estado corresponderá a éste el abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de Puertos del Estado.
Novena. Control y vigilancia de la ejecución del convenio.
Décima. Causas de resolución.
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio o, en su caso, la prórroga acordada expresamente.
b) El mutuo acuerdo.
c) El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este convenio.
e) Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Undécima. Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
Duodécima. Finalización de vigencia del convenio anterior.
Una vez el presente convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior convenio suscrito entre las partes en fecha 1 de septiembre de 2005 modificado por adenda de fecha 31 de octubre de 2012 y de 20 de enero de 2015, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el presente convenio sustituirá en su totalidad al extinto convenio firmado por las partes en fecha 1 de septiembre de 2005 modificado por adenda de fecha 31 de octubre de 2012 y de 20 de enero de 2015.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, Consuelo Castro Rey.–El Presidente del Organismo Público Puertos del Estado, Salvador Antonio de la Encina Ortega.
• Abogado del Estado de la Subdirección General de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento. En defecto del Abogado del Estado, un Gestor de Apoyo Jurídico de la referida Subdirección.
– Por el Organismo Público Puertos del Estado:
• El Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado.
• El empleado del Organismo que sea designado por el Jefe de la Asesoría Jurídica.

References: Real Decreto 
 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 62