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Timestamp: 2019-07-16 15:04:46+00:00

Document:
Práctica de pruebas por videoconferencia - Italia
No existe una referencia específica en el sistema jurídico italiano ni, en concreto, en el Código de Procedimiento Civil (Codice di Procedura Civile) en relación con la obtención de pruebas por videoconferencia.
No obstante, la videoconferencia es de hecho una característica de nuestro sistema jurídico.
El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil contempla que el juez instructor, al disponer que se proceda a la obtención de pruebas, debe establecer el tiempo, el lugar y el método para la obtención de las pruebas. De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1206/2001 del Consejo, los métodos de obtención de pruebas que puede utilizar el juez incluyen la videoconferencia.
En el artículo 261 del Código de Procedimiento Civil se prevé que el juez pueda utilizar material grabado que requiera el uso de medios, herramientas y procedimientos mecánicos.
Las videoconferencias están previstas explícitamente en el Código de Procedimiento Penal (Codice di Procedura Penale) (por ejemplo, en el artículo 205 ter).
Así, con respecto al procedimiento regulado mediante los artículos 10 y ss. del Reglamento, la limitación que se menciona en el artículo 10, apartado 4, es decir, la «incompatibilidad» con el marco legal italiano, puede descartarse.
La única limitación aplicable a una solicitud de videoconferencia sería si existieran dificultades prácticas significativas.
En relación con el método de obtención de varios tipos de pruebas, se aplican el Reglamento de la UE y el Código de Procedimiento Civil italiano, así como las disposiciones de aplicación correspondientes.
En cuanto al procedimiento regulado por el artículo 17, después de verificar que los requisitos previstos en el apartado 5 se han cumplido y de autorizar posteriormente la obtención directa de pruebas, el Estado miembro requerido debe «alentar» el uso de la videoconferencia, la cual, como método de obtención de pruebas, debe ser verificado ante el órgano jurisdiccional requerido caso por caso.
Por consiguiente, salvo en el caso de dificultades prácticas significativas que se produzcan cuando el órgano jurisdiccional requerido no pueda utilizar este instrumento de comunicación, todas las pruebas pueden obtenerse mediante videoconferencia sobre la base de una solicitud conforme a la ley de acuerdo con el artículo 10 y ss. o autorizada según el artículo 17.
La videoconferencia es una herramienta útil para interrogar a los testigos y a las partes que intervienen en los procesos judiciales. A ese respecto, no existen problemas de compatibilidad con la legislación italiana, la cual, por el contrario, prevé la obtención de pruebas de los testigos, el interrogatorio informal de las partes y el interrogatorio de las partes bajo juramento.
En relación con la intervención de expertos, debe abordarse la causa principal del problema relativo a la admisibilidad de los dictámenes de los expertos, especialmente en relación con la obtención directa de pruebas (artículo 17).
En la legislación italiana, los testimonios de los expertos están regulados por el artículo 61 y los artículos 191 a 201 del Código de Procedimiento Civil. Los expertos suelen redactar un dictamen (artículo 195, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil) pero el órgano jurisdiccional también puede solicitar una aclaración. Por tanto, una vez admitida la posibilidad de un dictamen elaborado por expertos, no debe haber obstáculos para interrogar a los expertos mediante videoconferencia. Ciertamente, el Código de Procedimiento Civil italiano prevé que «cuando el Presidente lo considere apropiado, podrá invitar al experto a participar en el debate en presencia de los miembros del órgano jurisdiccional y expresar su opinión en una sesión cerrada en presencia de las partes, que podrán aclarar y presentar su caso a través de su abogado».
En términos prácticos, la videoconferencia parece una herramienta eficaz para la obtención de pruebas, el interrogatorio de los testigos cara a cara y la obtención de declaraciones de las partes procesales.
No obstante, las normas no abordan directamente la cuestión o el carácter obligatorio de las pruebas y podrían surgir problemas prácticos en relación con la consulta de los expertos, por ejemplo, las pruebas escritas a mano, los datos genéticos o las pruebas telefónicas.
Las pruebas se obtienen normalmente en las dependencias de las instancias judiciales o policiales territorialmente competentes del Estado miembro requerido que cuenten tanto con el equipo como con el personal técnico necesario para las grabaciones. Hasta el presente, no obstante, no existen «antecedentes» de uso de videoconferencias en los procesos civiles.
Cuando se utiliza la videoconferencia en los procesos penales, normalmente se utiliza un local que cuenta con las instalaciones adecuadas situado en el distrito del Tribunal de Apelación del órgano jurisdiccional requerido (sala del tribunal, tribunal protegido por medidas de seguridad o sala en el caso de las instalaciones penitenciarias).
No existen obstáculos legislativos en torno al registro de las vistas, en caso de que esté permitido por la legislación del Estado requirente.
No obstante, para la obtención de pruebas de conformidad con el artículo 4 y ss., se aplican el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 46 de las disposiciones de aplicación de este mismo código relativas a la redacción de las actas procesales.
Este aspecto no está regulado directamente por el Reglamento.
El artículo 5, en el que se establece que las solicitudes y comunicaciones deben redactarse en la lengua oficial del Estado miembro requerido, podría proporcionar una indicación sobre la lengua en que deben realizarse las vistas.
En el caso de las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 10 y ss., a las que se aplica la legislación nacional, la vista deberá efectuarse en italiano.
En el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil se dispone que «durante todo el juicio, es obligatorio el uso de la lengua italiana». En caso de que deba declarar una persona que no hable italiano, el juez puede designar a un intérprete.
En los procedimientos mencionados en el artículo 17, no obstante, se aplica la legislación del Estado requirente. Esta disposición también puede tener consecuencias en relación con la lengua en que se obtienen las pruebas. De nuevo, la lengua debe ser la del Estado requirente. En este caso, podría solicitarse la intervención de intérpretes.
El órgano jurisdiccional con competencia para autorizar la obtención directa de pruebas también puede facilitar orientaciones sobre las condiciones para la obtención de pruebas, entre las que podría incluirse la lengua que debe utilizarse.
El Reglamento no contiene disposiciones concretas a ese respecto.
En los procedimientos mencionados en el artículo 10 y posteriores, se aplica la legislación del Estado requerido.
En cualquier caso, se aplica el artículo 122, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil.
El Código prevé la designación de un intérprete cuando debe interrogarse a una persona que no habla el italiano. Por ello, se asume que la lengua del juicio (y del juez) será el italiano.
El coste de los honorarios de los intérpretes debe ser reembolsado y correrán a cargo del órgano jurisdiccional requirente (véase el artículo 18).
En relación con el procedimiento conforme al artículo 17, véase el punto 6. La lengua de la vista debe ser la del Estado requirente. Por ello, debe hacerse referencia a la legislación del Estado requirente para determinar quién es el responsable de designar al intérprete o intérpretes. En este caso, el órgano jurisdiccional competente para autorizar la obtención directa de pruebas podría solicitar información en relación con la designación del intérprete.
El artículo 250 del Código de Procedimiento Civil prevé que el funcionario judicial, a petición de la parte interesada, informe a los testigos de que deben comparecer en un lugar determinado, en una fecha determinada y a una hora determinada y les comunique el órgano jurisdiccional encargado de obtener las pruebas y el juicio durante el cual serán interrogados. En el artículo 103 de las disposiciones de aplicación del Código de Procedimiento Civil se declara que los testigos deben ser informados al menos siete días antes de que se celebre la vista a la que han sido convocados.
Las disposiciones que regulan el interrogatorio de los testigos están recogidas en los artículos 244 a 257 bis del Código de Procedimiento Civil y los artículos 102 a 108 de sus disposiciones de aplicación.
Los costes de las videoconferencias realizadas de conformidad con el artículo 4 (pruebas indirectas), según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 4, se reembolsarán a petición del órgano jurisdiccional requerido, conforme a lo establecido en el artículo 18, apartado 2.
Esta obligación relativa al reembolso no se contempla para la obtención directa de pruebas mediante videoconferencia por parte del órgano jurisdiccional extranjero, de conformidad con el artículo 17.
Es responsabilidad del órgano jurisdiccional requirente informar a la persona que será interrogada de que las pruebas se obtendrán de forma voluntaria; de conformidad con el artículo 17, esta condición es uno de los factores en los que se basa la autorización para la obtención directa de pruebas.
No obstante, las normas no prevén ninguna obligación similar por parte del órgano jurisdiccional requerido.
En general, el órgano jurisdiccional requirente encargado de efectuar la videoconferencia es responsable de verificar la identidad de los testigos de conformidad con el artículo 17. En el caso de las pruebas indirectas, en lo que al examen de testigos se refiere, la verificación de la identidad del testigo está regulada por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: el juez instructor solicitará al testigo que indique su nombre, apellido, nombre del padre, edad y ocupación e instará al testigo a declarar si tiene algún tipo de relación familiar con las partes o un interés en el juicio. La identificación tendrá lugar después de efectuarse el juramento, según lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. En la práctica, el juez examinador también solicita al testigo un documento identificativo e introduce los datos en las actas literales del procedimiento.
En relación con las partes que serán interrogadas, si interviene un apoderado especial, también se requerirá un poder especial.
En relación con el procedimiento mencionado en el artículo 17, no se contempla ninguna norma específica. Puede resultar útil recibir información sobre la relevancia penal (para el sistema jurídico del Estado requirente) del perjurio o la omisión, que depende de la legislación del Estado solicitante que regula los procesos judiciales.
El Departamento de Administración Penitenciaria de Italia, que es responsable de los enlaces de videoconferencia, realiza pruebas de compatibilidad con el personal técnico extranjero en los instantes inmediatamente previos a la videoconferencia.
Junto con la solicitud de asistencia judicial internacional, el órgano jurisdiccional requirente también debe facilitar, si dispone de ella, información técnica en relación con el sistema de videoconferencias utilizado en su país y el nombre y número de teléfono de una persona de contacto, preferiblemente un técnico especialista, así como la lengua que debe utilizarse durante estas actividades.

References: artículo 202
 artículo 261
 artículo 205
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 61
 artículo 4
 artículo 126
 artículo 46
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 122
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 122
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 250
 artículo 103
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 252
 artículo 251
 artículo 17