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Timestamp: 2019-05-21 13:07:50+00:00

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﻿ SENTENCIA C-425 DE MAYO 31 DE 2006
SENTENCIA C-425 DE 31 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:EL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. EL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA EJERCER PLENAMENTE SU DERECHO DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL DECRETO Y PRÁCTICA DE MEDIDAS CAUTELARES EN SU CONTRA. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, FACULTADES DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, VINCULACIÓN DE TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, CITACIÓN DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL, DERECHO DE DEFENSA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:417 DE SEPTIEMBRE DE 2006, PG.1685
Sentencia C-425 de mayo 31 de 2006
Sentencia C-425 de 2006
Ref.: expediente D-6027
ART. 107.—Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado.
El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente”.
Agrega el demandante que todas las anteriores circunstancias, que merecen un atento análisis y discusión, no pueden dilucidarse en un simple incidente de regulación de perjuicios al cual fue vinculado tardíamente el tercero civilmente responsable, luego de haber sido proferida la sentencia condenatoria, negándole a aquel la posibilidad de controvertir las pruebas de cargo, de solicitar las necesarias para ejercer su defensa y “de ejercitar cualquier medio de exculpación que pueda relevarlo de la obligación de pagar esos perjuicios pretendidos”.
En apoyo de su decisión, trae a colación la Sentencia C-541 de 1992, al igual que ciertos fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia.
Afirma que en el presente caso no se ha presentado el fenómeno de la cosa juzgada en relación con las sentencias C-541 de 1992 y C-1075 de 2002, por cuanto estas fueron proferidas bajo un sistema procesal diferente.
Agrega que cuando el legislador incorporó la “citación” del tercero civilmente responsable solo durante el incidente de reparación integral, esto es, una vez emitido el sentido del fallo, violó los derechos fundamentales contenidos en la Carta Política y en el bloque de constitucionalidad, ya que desconoció el derecho a ser oído con las debidas garantías para la determinación de sus obligaciones de carácter civil. De allí que solo pueda entrar a discutir el monto de los perjuicios “pero no puede discutir si existe la condición primigenia por la que nuestro ordenamiento jurídico le atribuye compromiso pecuniario y es si existió el hecho naturalística y jurídico, penalmente determinado, y es si existe o no responsabilidad de la persona por la que se responde en el hecho”.
Indica igualmente que al tercero civilmente responsable se le debe permitir ejercer su derecho de defensa en relación con la existencia del hecho delictivo, y no tan solo en lo que concierne a la discusión en torno a la existencia o no de un vínculo con el responsable directo del delito o en lo que atañe al monto de los perjuicios.
En pocas palabras, para el interviniente la norma acusada es contraria a la Constitución por cuanto el tercero civilmente responsable solo puede comparecer al proceso penal una vez se encuentre establecida la responsabilidad penal del autor del delito, es decir, una vez concluido que incurrió en la conducta descrita en el estatuto penal, y solo resta por establecer el vínculo jurídico en razón del cual, y de conformidad con la preceptiva civil, debe responder a la víctima.
5. Marcela Castro Ruiz y María Lorena Slebi Asela.
Las ciudadanas Marcela Castro Ruiz y María Lorena Slebi Asela intervienen en el proceso de la referencia para coadyuvar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 107 del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En atención a los impedimentos formulados y aceptados del Señor Procurador General de la Nación y del Señor Viceprocurador, la Dra. Sonia Patricia Téllez Beltrán, procuradora delegada, rindió el concepto de rigor en el proceso de la referencia, solicitándole a la Corte declarar exequible el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal.
Señala que el panorama jurídico de las partes e intervinientes dentro del proceso penal varió luego de las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 03 de 2002, mediante el cual se adoptó un sistema acusatorio, no así, el derecho de las víctimas a obtener una indemnización por los perjuicios ocasionados con la conducta punible, ni la responsabilidad civil que compromete a terceros por los hechos de otros en razón a la actividad peligrosa que realizan y respecto de los cuales se tiene el deber de vigilancia y control de la cual surge esa responsabilidad civil extracontractual aquiliana, indirecta o solidaria, aspectos jurídicos que lejos de eliminarse fueron ratificados y resaltados en la reforma constitucional referida (Constitución, art. 250, nums. 6º y 7º).
Agrega que en el nuevo sistema acusatorio, los sujetos procesales son el acusado, la fiscalía, el juez de control de garantías y el de conocimiento, en tanto que las víctimas y el tercero civilmente responsable son solo intervinientes. En concordancia con ello, la ley procesal modificó la forma y oportunidad como tales personas pueden intervenir dentro de la actuación procesal, sin que este cambio haga per se inconstitucional las disposiciones demandadas, pues la Carta Política no fija taxativamente las reglas de intervención procesales de tales intervinientes.
Indica asimismo que aunque en el desarrollo del proceso el tercero civilmente responsable no puede intervenir en defensa del procesado o para discutir aspectos relativos a su responsabilidad civil solidaria, por ser el proceso penal el escenario en donde se discute la responsabilidad del acusado y no asuntos como la responsabilidad civil extracontractual de un tercero, “ello no afecta la constitucionalidad de la norma acusada, pues de un lado el interviniente cuenta con todas las garantías procesales para presentar pruebas y controvertir la fuente de la obligación indemnizatoria dentro del incidente de reparación integral, y de otro lado, para que sea condenado al pago de perjuicios dentro de la actuación penal es preciso que haya sido citado dentro de la audiencia que abra el incidente de reparación se le haya dado la oportunidad de conciliar sobre la pretensión indemnizatoria, y en el evento de no llegarse a un acuerdo, la ley le reconoce el derecho a citar al asegurar, a ofrecer sus propios medios de prueba tendientes a exonerarse del pago de los perjuicios, y a que los mismos sean practicados dentro de la audiencia”.
La totalidad de los intervinientes, salvo el Ministerio del Interior y de Justicia, coadyuvan la demanda de inconstitucionalidad, por cuanto consideran que el incidente de reparación de perjuicios no es el escenario indicado para desvirtuar la responsabilidad penal del sindicado, fundamento inicial de la responsabilidad de los terceros. En otros términos, alegan que el legislador solo le permite a estos últimos entrar a defenderse del vínculo que los ata a los autores del delito, o cuestionar el monto de la reparación, mas no atacar la responsabilidad penal de los partícipes en el ilícito. La vista fiscal, por el contrario, considera que tal limitación al ejercicio del derecho de defensa es conforme con la nueva estructura constitucional del proceso penal, según la cual ni la víctima ni los terceros civilmente responsables son sujetos procesales sino tan solo intervinientes. Insiste entonces en que la jurisprudencia constitucional sobre el tema debe ajustarse al nuevo marco constitucional, y que en tal sentido, la Corte debería declarar exequible la norma acusada.
En este orden de ideas, la Corte (i) interpretará sistemáticamente el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal; y (ii) examinará las diversas posiciones respecto a la participación del tercero civilmente responsable en el nuevo sistema acusatorio.
3. Interpretación sistemática del artículo 107 del Código de Procedimiento Penal.
Así pues, el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo importantes modificaciones en el sistema procesal colombiano. En tal sentido, en lo que concierne a los actores que integran la relación jurídico-procesal, el nuevo esquema procesal prevé expresamente las intervenciones (i) de las víctimas; (ii) del imputado; (iii) del fiscal; (iv) del juez de conocimiento; (v) del Ministerio Público; (vi) del juez de control de garantías y (vii) de los jurados, encargados de administrar justicia en forma transitoria, en los términos que señale la ley (1) . Por el contrario, el tercero civilmente responsable no es considerado ni parte ni interviniente en el mismo, lo cual no obsta para que, en los términos de la Ley 906 de 2004, sea citado al incidente de reparación integral de perjuicios.
La disposición demandada alude entonces a una responsabilidad indirecta o refleja, en contraposición con la directa o propia. Sobre el particular en el Código Civil de Napoleón, en su artículo 1384, como lo comentan Planiol y Ripert (2) , se estableció que, en ciertos casos excepcionales, la ley establece una obligación de reparar el daño causado por otro sin que la víctima tenga que probar la culpa del responsable; en los demás casos, la condena a reparar un daño causado por otro supone la prueba de una falta en la ejecución de una obligación que nos incumbe personalmente o culpa in vigilando. Así, los hermanos Mazeaud explican que, en el caso de los daños causados por menores de edad, la culpa próxima es el hecho de estos últimos, quienes se encuentran bajo el cuidado de otra persona, en tanto que la culpa lejana o remota, pero determinante en relación con el daño, es aquella del padre o tutor, quienes habiendo podido evitar el perjuicio, no lo hicieron (3) .
El artículo 2347 del Código Civil colombiano, a su vez, dispone que “Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. En tal sentido, se establece una forma de responsabilidad por el hecho ajeno, de carácter excepcional, basada en que se presume la culpa mediata o indirecta del responsable. De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa (4) ; el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado; los directores de colegios y escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices o dependientes, en el mismo caso (5) . Así pues, la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquellos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar (i) el daño causado y el monto el mismo; (ii) la imputación del perjuicio al directo responsable; y (iii) que este último se haya bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato legal o vínculo contractual.
En tal sentido, se tiene que el incidente de reparación integral tiene lugar una vez emitido el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, es decir, una vez agotadas las etapas procesales de investigación y juicio oral. En cuanto a la legitimación activa para solicitar el adelantamiento del mismo, el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal establece una clara distinción, según la pretensión sea exclusivamente económica, situación en la cual solo podrá ser formulada por la víctima directa, sus herederos o causahabientes, en tanto que, en los demás casos, esto es, cuando la petición no sea meramente pecuniaria, la solicitud deberá ser presentada por la víctima o por solicitud “del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella”. Quiere ello decir que la Ley 906 de 2004, al igual que sucede en el derecho internacional de los derechos humanos, consagra el derecho de las víctimas de los delitos a ser plenamente reparadas y no simplemente indemnizadas. En otras palabras, quien acude a un incidente de reparación integral, como lo señala la norma citada, puede tener una pretensión meramente económica, caso en el cual, la legitimación activa para solicitar la apertura del incidente se encuentra limitada a los interesados; por el contrario, cuando se busca no solo ser indemnizado pecuniariamente sino ser reparado integralmente, esto es, se persiguen la adopción de medidas de restitutium in integrum, modalidades de reparación del daño sufrido por una determinada comunidad, medidas de satisfacción o simbólicas, la legitimación se extiende a la Fiscalía y al Ministerio Público. De hecho, puede suceder que las víctimas acudan al incidente de reparación integral sin la pretensión de la obtención de una indemnización económica, sino con el propósito, por ejemplo, de obtener otra forma de reparación del daño, como lo es la simbólica, por parte del victimario.
Ahora bien, en lo que concierne al trámite del incidente de reparación integral, se tiene que, una vez emitido el fallo condenatorio, dentro de los ocho días siguientes el juez de conocimiento convocará a una audiencia pública. Una vez iniciada la misma, el inciden tantee formulará oralmente su pretensión, sea económica o no, expresando concretamente la forma de reparación a la cual aspira, indicando asimismo las pruebas que hará valer. Acto seguido, el juez examinará el contenido de la pretensión y verificará si quien la promueve se encuentra o no legitimado para ello.
Una vez admitida la pretensión, el juez la pondrá en conocimiento del declarado penalmente responsable, ofreciendo la posibilidad de llegar a una conciliación; caso de no ser esta posible, se fijará una nueva audiencia durante la cual el condenado deberá ofrecer sus propios medios de prueba. De tal suerte que, de no llegarse a conciliación alguna, con base en las pruebas aportadas por las partes, y sus respectivos alegatos, el juez finalmente tomará una decisión que ponga fin al incidente, la cual se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal.
Ahora bien, en materia de citaciones, es preciso aclarar que el nuevo Código de Procedimiento Penal distingue entre notificaciones y citaciones, procediendo estas últimas cuando se convoque a la celebración de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial. De igual manera, la ley prevé la forma de realizar la citación, poniendo el acento en que “podrán utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se guardará especial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y verazmente informados de la existencia de la citación” (6) . Así mismo, en la citación deberá quedar claro la clase de diligencia para la cual se requiere a la persona, si debe acudir con abogado, y de ser factible, la clase de delito, la fecha de comisión del mismo y el nombre de la víctima.
En este orden de ideas, la Corte encuentra que (i) el tercero civilmente responsable en el sistema acusatorio no es una parte o interviniente, en los términos del título IV del libro I del Código de Procedimiento Penal sino que su actuación se limitará a participar, en igualdad de condiciones que la víctima, en el incidente de reparación integral al cual (ii) deberá ser citado, de conformidad con la ley, o acudirá al mismo en caso de buscarse una reparación de carácter económico; (iii) podrá llamar en garantía a un asegurador; y (iv) gozará de todas las garantías procesales, en especial aportar y controvertir pruebas, para desvirtuar la presunción legal según la cual los daños que ocasionaron las personas a su cuidado le son imputables por no haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquellos; rebatirá la existencia del daño causado, el monto el mismo, la calidad de víctima, e incluso, podrá llegar a una conciliación con la misma.
El ciudadano demandante sostiene que el artículo 107 de la Ley 906 de 2004 vulnera el artículo 29 superior, por cuanto prevé que el tercero civilmente responsable solo puede intervenir durante el incidente de reparación integral, cuando ya ha sido establecida la responsabilidad penal de la persona por la cual debe entrar a responder económicamente. De allí que, en su concepto, la participación de dicho tercero debía haber sido asegurada por el legislador desde la etapa de investigación y no con posterioridad a la celebración del juicio oral, cuando aquel simplemente es llamado a controvertir asuntos referentes a la responsabilidad civil, tales como el cumplimiento de los deberes de vigilancia, el monto del perjuicio, la prueba del mismo, etcétera. En igual sentido, la intervención presentada por la Fiscalía General de la Nación apunta a que la Corte declare la exequibilidad de la norma acusada, condicionándola a entender que el tercero civilmente responsable puede participar desde la audiencia de formulación de la imputación.
“En otras palabras, el legislador, en virtud del artículo 29 superior, debió haber garantizado el ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable en el curso del proceso penal, en lo que atañe únicamente a decisiones judiciales que afecten de manera directa, no potencial o hipotética, sus intereses patrimoniales, como lo es el decreto y práctica de una medida cautelar; por el contrario, como salvaguarda del principio de igualdad de armas, no estaba ante el deber de permitir, antes del incidente de reparación integral, la participación del tercero civilmente responsable en el proceso. De tal suerte que el ejercicio del derecho de defensa de los mencionados terceros, inicia con el decreto y práctica de la medida cautelar, extendiéndose por el tiempo que esta se encuentre vigente, sin perjuicio de su plena intervención durante el referido incidente procesal”.
De allí que esta corporación resolvió “Declarar exequible el artículo 100 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, en el entendido de que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra”, condicionamiento que igualmente se hará extensivo en el presente fallo al artículo 107 del Código de Procedimiento Penal.
Sumado a lo anterior, es necesario tomar en consideración que, si bien es cierto, como lo sostiene el demandante, que al tercero civilmente responsable no se le permite participar activamente en las etapas de investigación y juicio oral en defensa de la persona por cuyos actos eventualmente deberá entrar a responder económicamente, como sí sucedía en anterior sistema procesal de carácter mixto, lo cierto es que, en el nuevo sistema acusatorio, solo una vez se dé inicio al incidente de reparación integral, la víctima va a presentar su pretensión económica, expresará en forma concreta la forma de reparación que espera, e igualmente, aportará las correspondientes pruebas. En otros términos, no se pueden equiparar, en materia de participación de terceros, el anterior con el nuevo sistema procesal penal, y por esta vía, tratar de extrapolar la manera de participación del tercero del uno al otro.
En efecto, en el anterior sistema procesal, a lo largo del capítulo V del título I del libro I del Código de Procedimiento Penal, se establece que la víctima, durante la etapa de investigación y antes de que se profiriera la providencia que ordenaba el cierre de la investigación, presentaba una demanda de parte civil, contentiva de sus pretensiones económicas, la cual era notificada personalmente al tercero civilmente responsable, el cual, a partir de entonces, ejercía su derecho de defensa. En efecto, en los términos del artículo 70 de la Ley 600 de 2000, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la demanda de parte civil, el tercero debía indicar cuáles eran los medios probatorios que pretendía hacer valer “para oponerse a las pretensiones relativas a su responsabilidad”. De igual manera, en el fallo condenatorio se concretaban las correspondientes indemnizaciones económicas. Por el contrario, en el nuevo sistema, se suprimió la demanda civil, el fallo emitido en el sentido de declarar la responsabilidad penal no contiene condena alguna pecuniaria, motivo por el cual se creó el incidente de reparación integral para determinar y precisar los aspectos civiles de la responsabilidad del acusado y de los terceros. Por consiguiente, ni durante las etapas de investigación y juicio oral se debaten realmente aspectos relacionados con la determinación de la responsabilidad civil por el ilícito, con lo cual, dejar participar al tercero en el curso de aquellas resultaría injustificado; es más, conduciría a romper el equilibrio procesal en relación con la víctima, la cual, en materia de responsabilidad civil únicamente entraría a participar en el proceso durante el incidente de reparación integral. Con todo, la Corte precisa que, la garantía del ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable durante el incidente de reparación integral, presupone que este sea efectivamente citado, de conformidad con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal, es decir, se trata de un requisito sine qua non para el establecimiento de su eventual responsabilidad patrimonial.
(Sentencia C-425 de 31 de mayo de 2006. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto).
Magistrados: Jaime Córdoba Triviño, Presidente ausente en comisión—Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Rodrigo Escobar Gil, ausente en comisión—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández, ausente en comisión.
(1) Ver al respecto sentencias C- 873 de 2003 y C- 591 de 2005.
(2) Marcel Planiol y Georges Ripert, Traité Prátique de Droit Civil Français, París, 1930, pág. 854.
(3) H. y L. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, Tomo I, Buenos Aires, 1965, pág. 708.
(4) Artículo 65 del Decreto 2820 de 1974.
(5) Artículo 70 del Decreto 2820 de 1974.
(6) Artículo 172 del Código de Procedimiento Penal.

References: ARTÍCULO 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 1384
 artículo 2347
 artículo 102
 artículo 107
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 100
 artículo 107
 artículo 70
 Artículo 65
 Artículo 70
 Artículo 172