Source: http://www.slideshare.net/AmeraunGoizueta/libro-xaman-1-255-cast-ok
Timestamp: 2016-08-24 01:57:12+00:00

Document:
Cul tributaria guatemala
by Nazareth Luna
dentro del genocidio guatemalteco
y experiencias comparadas
Contexto histórico - 1
Foto portada: Ameraun
ISBN: 84-87303-92-7
Depósito Legal: NA 3045-2006
- Fuentes y autores
- Preámbulo de Rigoberta
- Caso Xamán
- La masacre de Xamán desde una
- Experiencias comparadas de América
Latina; Argentina.
- Auto de la Audiencia Nacional, respecto a
la impartición de justicia en el genocidio
Compilador de autores:
Diálogo en la película de Montxo Armendáriz,
Más que los actos de los malos,
me horroriza la indiferencia de los buenos
Stella Calloni: Operación Cóndor, pacto criminal; Ediciones La Jornada,
Jennifer Schirmer: profesora de estudios sociales en la Universidad de
Harvard, asociada al Centro para Asuntos Internacionales en Harvard. Publicó el libro, ´Las intimidades del proyecto político de los militares en
Guatemala´, editado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO, Guatemala, el año 1999.
Carlos Figueroa Ibarra: Doctor y profesor-investigador del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, especializado en Sociología de la Violencia. Guatemalteco de origen, con militancia política en el Partido Guatemalteco del
Trabajo durante los años setenta, Carlos Figueroa opta por exiliarse a México
después de la ejecución extrajudicial de sus padres perpetrada en Ciudad
Guatemala el 6 de junio de 1980, por miembros del “Ejército Secreto
Anticomunista”. Es él mismo sobreviviente de una lista de personas a ser
Fuentes y autores - 9
ejecutadas. Ha publicado numerosos artículos y trabajos, además de varias
obras entre las cuales destacan “El Proletariado Rural en el Agro Guatemalteco” (1980), “El Recurso del Miedo. Ensayo sobre el Estado y terror
en Guatemala” (1991), “América Latina, violencia y miseria en el crepúsculo del siglo” (1996), “Los que siempre estarán en ninguna parte. La desaparición forzada en Guatemala” (1999) y “Paz Tejada, militar y revolucionario” (año 2001).
Gustavo Meoño Brenner: Cuadro y militante del Ejército Guerrillero de
los Pobres –EGP- desde su fundación hasta el año de 1993, Gustavo Meoño
se reinserta a la vida civil asesorando los campamentos organizados del
refugio indígena guatemalteco en México, así como otras expresiones de la
sociedad civil de Guatemala. En 1994, integra la recién nacida Fundación
Rigoberta Menchú Tum en calidad de Director General para, en 1999, convertirse en su Director Fundador. Reconocido analista político, ha publicado numerosos artículos y columnas de opinión sobre los temas de la lucha
contra la impunidad, de la justicia y de la democracia, además de ser uno de
los principales integrantes del equipo multidisciplinario que persigue ante
los tribunales españoles y belgas a los genocidas guatemaltecos. En septiembre del año 2005, tras haberse descubierto en Ciudad Guatemala los
“archivos del terror” de la Policía Nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos le ofrece la Dirección de dicho Archivo2, responsabilidad
que sigue asumiendo hasta la fecha, impulsando el Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Escribió “Guatemala:
laboratorio del terror de Estados Unidos”, “La desclasificación en años recientes de los documentos publicados por el Pentágono, el Congreso, la
CIA y el FBI ha permitido la reconstrucción de sucesos dudosos del pasado
militar de Estados Unidos”. Algunos de estos documentos desclasificados
publicados el 12 de mayo de 2005, encontrados en el Archivo de Seguridad
Nacional por la Universidad George Washington, sacan a la luz los manuales de interrogatorios de la CIA redactados en los años 60 y 70 que revelan
“técnicas coactivas” similares a las practicadas recientemente en Abu Ghraib.
Es director de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia.
Rigoberta Menchú Tum: Premio Nobel de la Paz 1992, indígena, MayaQuiché, nacida el 9 de enero de 1959 en Chimel, Municipio de Uspantán,
Departamento de El Quiché, en Guatemala, Centroamérica. Hija de Vicente Menchú Pérez, luchador por la tierra y los derechos de los indígenas,
quien murió calcinado el 31 de enero de 1980, junto con otras 36 personas,
en la masacre de la Embajada de España; y Juana Tum K'otoja', indígena
experta en partos, secuestrada el 19 de abril de 1980 y desaparecida desde
entonces. Rigoberta Menchú Tum, ha sabido desarrollar como pocos la "especialidad" a que aludía Elytis: la defensa de los derechos humanos y de los
pueblos indígenas, la lucha por la paz. Menchú ha sido la segunda gran
figura guatemalteca en recibir el Nobel, después de que a Miguel Angel
Asturias se le concediera el de Literatura en 1967. Fue el 16 de octubre de
1992 cuando la Academia anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz
a Menchú, por su trabajo en favor de la justicia social y la reconciliación
entre los diferentes grupos étnicos. Entre otros fue apoyada, por figuras de
la talla del obispo sudafricano Desmond Tutú o del argentino Adolfo Pérez
Esquivel (ambos reconocidos con el mismo Premio).
Humberto Rolando Cabrera: miembro de la Fundación Rigoberta
Menchú. Fundación que nació en el 1993 y cubre cuatro áreas de trabajo:
derecho e identidad de los pueblos indígenas, derechos humanos, proyectos para el desarrollo sostenible y participación ciudadana», explicó. Cabrera hizo un repaso a la historia reciente de su país, marcada por la sucesión de gobiernos dictatoriales. ´La paz se alcanzó en 1996, pero las secuelas son muy grandes´, dijo. Y añadió: ´Se están haciendo esfuerzos para
construir un nuevo modelo de sociedad´. Guatemala vive una situación económica precaria, y se excluye a los indígenas (que constituyen el 60 por
ciento de la población), a las mujeres y a los jóvenes. ´El trabajo que hacemos se consigue gracias a la coordinación entre distintos organismos´, dijo
Cabrera. La aspiración de los movimientos sociales de Guatemala es ´un
mundo mejor con la participación de mujeres, jóvenes e indígenas´, dijo
Cabrera. Y concluyó afirmando que la solidaridad es recíproca: ´Nosotros
la recibimos y tenemos la esperanza de colaborar con ustedes en una nueva
humanidad que respete los derechos humanos´.
William Ramírez: abogado peruano, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Asesor jurídico del Area de Investigación
y Análisis de la Fundación Myrna Mack, Ciudad de Guatemala.
María Luisa Cabrera Pérez-Armiñan: Psicóloga y Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencia Política y Sociología, departamento de Antropología Social. Residente en Guatemala desde
1988 con amplia experiencia en el campo de la Salud Mental Comunitaria
y los Derechos Humanos, intervención psicosocial en ayuda humanitaria e
investigación antropológica con comunidades mayas así como con grupos
desplazados, refugiados y mujeres. Ha publicado varias investigaciones y
Fuentes y autores - 11
artículos y participa en varios proyectos de apoyo psicosocial sobre memorias de la violencia y producción de materiales educativos. Su tesis doctoral
(2005) versó sobre, ´Violencia e impunidad en Comunidades Mayas de
Guatemala : la masacre de Xamán, en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, Departamento de Antropología Social. http://www.ucm.es/
BUCM/tesis/cps/ucm-t28075.pdf
Martín Beristain. Médico y especialista en educación para la salud. Desde
1989 ha trabajado en El Salvador, México, Guatemala, Colombia, Perú, y
en programas de atención a personas y comunidades afectadas por la violencia y apoyo a los grupos de Derechos Humanos. Fue asesor de salud
mental del Proyecto de Reconstrucción de la Memoria Histórica y coordinador del informe Guatemala Nunca Más. Trabaja en la formación de profesionales de salud, personas voluntarias y cooperantes, en el área de salud
mental y Derechos Humanos. Profesor del Diploma Universitario Europeo
en Ayuda Humanitaria Internacional. Universidad de Deusto. Red NOHA
(ECHO). Es autor de varios libros sobre esta temática, entre ellos: Afirmación y Resistencia. La comunidad como apoyo (Virus,1991); Reconstruir
el tejido social. Un enfoque crítico de la ayuda humanitaria (Icaria,1999); o
Violencia, Apoyo a las víctimas y reconstrucción social. Experiencias internacionales y el desafío vasco (Fundamentos, 2000).
Eduardo Salerno: Abogado militante de Derechos Humanos y Libertades
Públicas desde su matriculación en 1970. En marzo de 1976, fue detenido
por las Fuerzas Armadas y llegó a ser considerado desaparecido. Sobrevivió al campo de torturas y exterminio llamado "La Cueva", ubicado dentro
de la guarnición militar de la Fuerza Aérea Argentina en Mar del Plata. Fue
liberado el 27 de septiembre de 1976. En 1984 formula la denuncia ante la
Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. En marzo de 1985 y
hasta noviembre de 1988, se desempeña como abogado de la asociación
Madres de Plaza de Mayo. Durante la década de los 90 expone en diferentes países de Europa, invitado por el Departamento Jurídico de Amnesty
International, sobre el copamiento del cuartel militar La Tablada. Es abogado de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú en juicios por delitos
de lesa humanidad, como la causa por la Matanza de Xamán como se conoce el asesinato de indígenas guatemaltecos que retornaban del exilio en
México. Conoce a fondo el aparato de procuración de justicia guatemalteco. Ha chocado frontalmente con él como asesor en las demandas de la
antropóloga Mirna Mack, del obispo Gerardi, de la matanza de Xamán y
otros. Sabe cómo desaparecen, burdamente, las pruebas de las masacres,
cómo se compran testigos, cómo actúan los jueces por consigna, o cómo
son presionados si pretenden salirse del carril. Hace votos para que en los
procesos por la represión del pasado en México no se cometan los mismos
errores que en Guatemala, "donde el Poder Judicial sigue igual o peor que
en tiempos del conflicto armado".
María Estela López Funes: Abogada de la FRMT que prestó asistencia
legal a los sobrevivientes de la masacre de Xamán, realizada en 1995 por
elementos del ejército... Primera mujer abogada, en el primer juicio a militares guatemaltecos, llevando la defensa de las víctimas de la masacre de
Xamán, que trabajó junto a la querellante adhesiva, Premio Nobel de la Paz
Rigoberta Menchú, en el mismo caso, que manifestó, 'que se ha necesitado
de la sabiduría, abnegación y valentía de mucha gente, dejando dos personas una huella muy profunda en este camino, una mujer pequeñita de estatura, pero muy grande por su valor e inteligencia, la abogada guatemalteca
María Estela López Funes que ha llevado todo el peso de la conducción del
juicio. Y un hombre, argentino de nacimiento e hijo de Nuestra América
por vocación, el doctor Eduardo Salerno, que ha sido fundamental con su
experiencia y talento para trazar el camino correcto en medio de tantos
obstáculos y peligros. El golpe frontal a la impunidad representada en el
Fuero Militar; llevar a la cárcel y abrir un juicio legal, por primera vez en
Guatemala, a los responsables materiales de una masacre; lograr por primera vez la calificación del delito de "ejecución extrajudicial"; hacer regresar a la cárcel a varios de los soldados y al oficial que los mandaba, que
habían sido dejados en libertad condicional por un juez corrupto. Se logró
sacar a ese juez corrupto de su silla, aunque no logramos que fuera castigado por la ley. Y haber ido derrotando una a una todos los trucos y trampas
legales utilizadas por los abogados militares de la defensa. Partícipe en la
elaboración de la demanda por el genocidio guatemalteco...
Lila Victoria Pastoriza: Es Periodista argentina, redactora de la agencia
ANCLA, ensayista e integrante de la organización “Memoria Activa” y
Asesora del Archivo Nacional de la Memoria en Buenos Aires. Fue detenida-desaparecida y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención y
Exterminio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
Estudió Derecho y Sociología en la Universidad de Buenos Aires y participó en numerosos seminarios de capacitación en comunicación social. Actualmente trabaja como periodista en la Defensoría del Pueblo de la ciudad
de Buenos Aires y colabora regularmente con el periódico "Página 12" y en
su suplemento “Las 12”. Su tarea profesional – reportajes, investigaciones
Fuentes y autores - 13
periodísticas, relatos testimoniales y historias de vida - siempre ha estado
vinculada a temas de los movimientos sociales - mujer, ecología y pobreza
– y a partir de 1998 incluyó cuestiones relacionadas con su intensa actividad en el campo de los derechos humanos y la memoria del terrorismo de
estado que golpeó su país durante los últimos años. A partir de 1985, cuando vuelve a su país después del exilio, Lila Pastoriza trabaja como redactora y/o coordinadora editorial para diversas publicaciones (entre otras, “El
periodista de Buenos Aires”, “Crisis”, “Vivir”, “Humor”, “Señales”, “Informe de Situación”, “Cuadernos de El Caminante”, “Página 12”, “Las 12”).
Ha publicado “Participación política de la mujer en el Cono Sur” (“Mujer
Hoy”, 1987), “La Mujer y el Trabajo” (Mención en el II Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, 1987), “Pobreza: el país de los excluidos”
(IPA, 1988), “Impacto del ambiente en las mujeres” (CEADEL, 1992),
“Mujeres, ecología y medio ambiente en la crisis” y numerosos trabajos en
publicaciones especializadas, como las historias de vida publicadas en “Página 12” (de 1998 hasta ahora), las entrevistas de “Campesinas” (a “Travesías11”, 2002) y un texto testimonial, “El Pañol” (a “Nexo”, 2001). En el
ámbito de los derechos humanos, participó en numerosas tareas orientadas
a la recuperación de la memoria colectiva.
Prólogo -15
Tal como señalaba Human Rights Watch, en su informe sobre los Derechos
Humanos en Guatemala, después de dieciocho años del regreso del gobierno civil y diez de la firma de los Acuerdos de Paz, se han hecho pocos
avances con respecto a la protección de los derechos humanos y el Estado
Es innegable que Guatemala ha sufrido una serie de cambios en los últimos
años, que se caracterizan por la búsqueda de un Estado de derecho, lo que
fue favorecido por la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el año 1996.
Los años previos, fueron marcados por la violación sistemática de los derechos humanos: el genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución e intimidación de civiles, que dieron unas cifras de 200.000 víctimas refrendadas por el informe de la C.E.H, Comisión de Esclarecimiento
Histórico, creado en el marco de los Acuerdos de Paz, y apoyado por Naciones Unidas y su Secretario General.
Pero aún hoy, las cifras de violencia se acercan a las cifras de los períodos
del conflicto, que este año 2006, en el intervalo de enero a agosto, se elevan a 2.617 muertes, y respecto al último mes, hay un aumento de 13 casos
más que en el mismo período de 2005, sumando un total de 329 casos en el
Una parte importante de estos hechos derivan de la situación de la población de Guatemala, que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad,
siendo la violencia, linchamiento, amenaza, violación y muerte, parte del
lenguaje de la vida cotidiana, que bien reflejan las cifras señaladas sin que las
autoridades impulsen políticas o programas que garanticen su erradicación.
La respuesta contra la delincuencia y el crimen organizado ha sido sumamente pobre, porque no se cuenta con capacidad o porque no se tiene voluntad para investigar y dar con los responsables materiales o intelectuales
Prólogo -17
Guatemala se ha convertido en un país sumamente violento, que presenta
graves dificultades para vivir y para desarrollarse. En 2005 se dieron cerca
de dos mil muertes en las que se aplicó violencia extrema, y constituye uno
de los factores que viene generando descomposición y debilidad institucional
que se traduce en ingobernabilidad.
La muerte violenta contempla fenómenos que hasta hace poco tiempo no
existían o por lo menos se desconocían, el feminicidio, la limpieza social o
las muertes de niños y niñas. Siendo fenómenos nuevos en la sociedad
El feminicidio se ha convertido desde hace más de cinco años, en una de las
formas nuevas de violencia, que al día de hoy reporta un número de mujeres muertas superior a 2.500, que en la mayoría de los casos suponen, secuestro previo, tortura, violación sexual y muerte, siendo las causas, la violencia intrafamiliar, violencia común, violencia provocada por maras, por
el crimen organizado, etc.
Es de señalar la limpieza social dirigida contra supuestos integrantes de
maras o pequeñas bandas de delincuentes, desapariciones forzadas que en
la mayoría de los casos, las víctimas son jóvenes.
Los guatemaltecos siguen padeciendo al día de hoy, un sistema judicial,
que no ataja la impunidad, sino que muchas veces imposibilita la obtención
de justicia, que supone en muchos casos, que organismos de derechos humanos se enfrenten a obstáculos de enormes proporciones, por su determinación de exigencia y solicitud de justicia.
Esta situación viene dada también, por la inadecuada formación de fiscales
e investigadores, junto a unos recursos seriamente inadecuados y la nula
voluntad de resolver en favor de una aplicación de los derechos humanos
La resolución de los tribunales es en muchos casos nula, tanto por el procedimiento de no resolución expedita de las solicitudes, como por las prácticas dilatorias que se permite efectuar a los abogados defensores. Un ejemplo ilustrativo, el bloqueo de la comisión rogatoria, que visitó Guatemala,
dentro del sumario de Demanda por Genocidio interpuesta en la Audiencia
Nacional, para la indagación de los acusados de genocidio en la causa 331/
99, que no se pudo practicar, por el elevado número de recursos que interpusieron los abogados de los militares implicados en el mismo.
Instituciones como el ejército y otros estamentos estatales no cooperan plenamente con las investigaciones de abusos cometidos por sus actuales o
antiguos miembros, y de ello tenemos buena muestra en el desarrollo del
juicio del caso Xamán.
También hay que señalar la nula o no adecuada protección que la policía
ofrece a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos políticamente
conflictivos, de lo que tenemos numerosos ejemplos, de miembros de la
judicatura guatemalteca que han tenido que salir del país, en aras de preservar su integridad.
Casos como el de las Dos Erres, donde se ha enjuiciado a antiguos oficiales
del ejército presuntamente responsables de la masacre, cometida el año
1982, en la que murieron 162 personas, se ha retrasado durante años mediante las peticiones dilatorias de la defensa.
Entre los principales problemas que se presentan en el funcionamiento del
sistema de justicia, tenemos: a) La obstaculización intencionada de las investigaciones por parte de las autoridades del propio Estado. Esto es
atribuíble a que todavía permanecen intactas las estructuras controladas
por el Ejército, que se ocupan de ocultar y negar la información requerida
por los tribunales. Cada vez que un juez solicita información, Defensa Nacional responde alegando improcedencia según supuestos ´secretos de Estado´; b) La alteración o ´pérdida´ de material probatorio obtenida por el
Ministerio Público o la querella; c) Las dificultades para exhumaciones en
cementerios clandestinos; d) Las intimidaciones y amenazas a los operadores de justicia y testigos de un hecho criminal, lo que a veces conduce al
exilio y en el peor de los casos al asesinato de los mismos; e) La corrupción, que se encuentra arraigada en todos los niveles del sistema judicial; f)
La falta de colaboración de jueces y fiscales; g) Los retrasos injustificados
en el trámite de los procesos; h) La negativa de los representantes del Ministerio Público a iniciar una investigación seria en relación con los crímenes cometidos.
Las pocas condenas dictadas en casos de derechos humanos han conllevaPrólogo -19
do un costo considerable. En el caso de Myrna Mack, antropóloga asesinada en 1990, llevó más de una década obtener la condena del coronel del
ejército Valencia Osorio por su participación en la organización del asesinato. Durante ese tiempo, un investigador de la policía que reunió pruebas
incriminatorias fue asesinado, y otros dos investigadores, además de tres
testigos, recibieron amenazas y huyeron del país. La condena fue anulada
posteriormente por un tribunal de apelaciones en 2003, y fue finalmente
confirmada por la Corte Suprema en 2004. Sin embargo, Valencia Osorio
pudo escapar de la custodia policial y no ha cumplido su sentencia.
Recorrido histórico y perspectivas de futuro
Este recorrido de la situación de violación de los derechos humanos y la
permanente impunidad, mantiene a la sociedad guatemalteca con el peso
de la losa de la impunidad, que la imposibilita para un avance real y efectivo en sus condiciones de vida y de disfrute de sus derechos humanos.
El Caso Xamán, dentro de este recorrido de violaciones al debido derecho
se ha convertido en un caso paradigmático sobre los derechos humanos y la
impartición de justicia en Guatemala.
La firma de los Acuerdos de Paz fue un paso que pareciera enfrentar una
insostenible situación de ruptura de los derechos humanos permanente, de
dar vida a la realidad de la sociedad guatemalteca, multilingüe, multiétnica
y pluricultural, pero a los 10 años de su firma, la realidad que se vive es
poco esperanzadora, por el grado de violencia y víctimas que se siguen
Parte importante de esa realidad, de ese no cumplimiento de los derechos
humanos, es la realidad a la que está condenada una gran parte de la sociedad, que sufre unas condiciones de vida extremas, con falta de seguridad
extrema, desarrollo económico escaso o inexistente, impunidad que al día
de hoy continúa, aunque haya algunos destellos fugaces positivos, lo mismo que un sistema político que mantiene un grado de participación y de
posibilidades de mejora, prácticamente pírricas, con unas reglas de actuación que son poco asequibles a las grandes mayorías del país.
Y que decir de la realidad cultural, que sigue sin ser reconocida, sin ser
apoyada, con nulos esfuerzos que posibiliten su normalización, su situa20 - Xamán
ción lingüística, patrimonio cultural ancestral, que no encuentra caminos
de apuesta para su normalización y uso, reconocimiento, posibilidad de ser
instrumento de uso moderno y válido en las relaciones de comunicación,
enseñanza, relaciones públicas y trato con la administración.
Es en gran medida como si se hubiese apostado por mantenerse en el pasado, o mantener a la gran mayoría de la población en el pasado, sin avances,
sin reconocimiento de las realidades propias del país, sin apostar porque la
población del país tenga el derecho a la vida, al desarrollo, a la cultura, a la
lengua, etc., que es necesario reconocerla y proponerle los medios que hagan posible la consecución de todos los derechos humanos, políticos, económicos, culturales y de desarrollo que se quisiera proponer e implantar,
por los propios detentadores de esos derechos, la población de Guatemala.
Algunos de los avances de los derechos humanos han sido logrados con su
demanda en países o estamentos externos al país, Mirna Marck, Demanda
de genocidio interpuesta por Rigoberta Menchú, que tiene el respaldo judicial, en el marco de la jurisdicción universal, por ser los crímenes que se
juzgan, crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier país, lo mismo que apoyos por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, o recientemente el pronunciamiento del Parlamento Europeo, exigiendo el juzgamiento de los imputados por
el genocidio guatemalteco.
En lo que respecta a la violencia, hay que poner medios que hagan frente al
alto número de víctimas, que año a año superan varios miles, incluido un
importante número de mujeres, niños y niñas entre ellos. Y para que el
derecho a la seguridad que exige el cese de esta violencia se materialice, la
misma sólo podrá ser abordada y resuelta por medio de aplicar la justicia,
resolver los problemas por medio del diálogo y la participación, logrando
de esta forma el disfrute de los derechos humanos, que son derechos que
corresponden a toda la ciudadanía.
Prólogo -21
Contexto histórico - 23
Guatemala la dulce, cada losa
de tu mansión lleva una gota
de sangre antigua devorada
por el hocico de los tigres.
Alvarado machacó tu estirpe,
quebró las estelas astrales,
se revolcó en tus martirios
El caso Xamán: ejemplo paradigmático
de la construcción de la impunidad en
En el presente trabajo se aborda la historia de la impunidad en Guatemala
desde una perspectiva poco usual, a través de un caso paradigmático: la
masacre de los pobladores de la finca Xamán, ubicada en la parte Norte de
Guatemala, en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz.
El 5 de octubre de 1995 una patrulla militar de 26 soldados y un subteniente
procedentes de un destacamento militar próximo entraron en la comunidad
Aurora 8 de Octubre, Xamán.
Cuando se encontraban delante de un grupo de población que se había concentrado para exigirles su retirada y pedían la presencia de MINUGUA,
Misión de Naciones Unidas para Guatemala, para que verificara los hechos, los soldados dispararon contra el grupo en el que se encontraban unas
100 a 150 personas entre hombres, mujeres y niños, con el resultado de 11
personas muertas, incluyendo 2 niños y 27 heridos de diversa consideración, 6 de los cuales quedaron muy graves
El juicio de Xamán, como se conoce interna e internacionalmente, ha marcado la historia de Guatemala. Por primera vez una comunidad indígena
Contexto histórico - 25
reclama ante los tribunales de justicia que se enjuicie a miembros del Ejército, y por primera vez un expediente judicial en donde intervienen militares, es trasladado de un Juzgado Militar a un Juzgado de Orden común.
El traslado y desaparición del fuero militar al civil, generó la necesidad de
plantear una iniciativa de ley que concluyó con el cierre de los Juzgados
Militares, y la desaparición del fuero militar. Fuero en el que los militares
eran juzgados exprofeso. Pasan a tener que dar cuenta de sus delitos en los
juzgados civiles, por primera vez en la historia de Guatemala.
También por primera vez, una patrulla militar es acusada de la comisión del
delito de ejecución extrajudicial. Los logros obtenidos con esa modificación jurídica han sido significativos para Guatemala en la lucha contra la
impunidad y la construcción de un estado de derecho.
Sin embargo no ha sido una tarea fácil. Ha supuesto una lucha constante
contra una institución armada, que ha gozado a lo largo de varias décadas
de total impunidad, y que cumplió un papel determinado y determinante,
para entorpecer el normal procedimiento del juicio: destruir y contaminar
los elementos de prueba que podrían utilizarse para condenarles. Con este
proceso también se inició una lucha contra un sistema de justicia corrupto,
que se plegó a los requerimientos de la institución armada.
Hasta ahora se han realizado 3 juicios públicos. Dos fueron suspendidos
en sus inicios y dos fueron concluidos. La primera sentencia que se dictó
fue anulada y la segunda, dictada el 8 de julio del 2004, condenó a los
responsables, que al día estaban en prisión, a 40 años de prisión
inconmutables por los delitos de Ejecución extrajudicial y lesiones graves.
Es de señalar que esta condena a sólo una parte de la patrulla militar se debe
a que algunos de ellos, menos de la mitad de la patrulla militar, se dieron a
la fuga. El estado de Guatemala no se interesó por su captura para ponerlos
a disposición de los jueces, condenando por tanto sólo a los presentes.
Tribunal de Cobán
La actitud mantenida por el tribunal que juzgó el Caso Xamán siempre se
manifestó por sus parcialidades y facilidades a los defensores de los militares acusados. Actitud contraria a la mantenida con la acusación y la quere26 - Xamán
llante adhesiva, a las que se les opusieron todo tipo de trabas e impedimentos para dificultar su trabajo.
A este respecto hay que señalar la maniobra de vaciar el contenido del juicio, que se produce en la última etapa del proceso, la de la vista oral de la
causa o debate, que es precedida por la etapa procesal del ofrecimiento de
Aquí se verifica un verdadero atropello en contra de la querellante adhesiva
y también contra las posibilidades de que se haga justicia. En términos
jurídicos procesales no puede calificarse más que como una verdadera trampa
Ésta se materializa después de que las partes ofrecen pruebas, para que el
tribunal las rechace o acepte, medida tomada por el tribunal mediante una
resolución del 6 de abril de 1998 que las partes rechazan.
Ante la oposición a lo allí resuelto, se dicta la última y definitiva resolución
con fecha 16 de abril de 1998, mediante la cual se rechaza y elimina del
expediente una cantidad amplia de elementos de prueba presentadas por la
querellante adhesiva, entre las que el contenido de los Acuerdos del 8 de
Octubre de 1992, que establecía el estatuto jurídico especial de los refugiados de la finca Xamán, espacio en el que no debían ingresar los militares.
Pero lo más grave es que mediante esta resolución, el tribunal acepta las
pruebas periciales presentadas, realizadas por los peritos militares en regimientos militares, sin autorización, ni participación, ni conocimiento del
Ministerio Publico, ni de la querellante adhesiva, ni del propio juez.
En definitiva, en un primer momento el tribunal rechaza a los abogados de
los militares numerosas pruebas por improcedentes. Luego, cuando no había posibilidad de apelar, se las acepta todas y quedan incorporadas en el
Este procedimiento es manifiestamente ilegal tanto en su contenido como
en su incorporación. Es la sustancia de la trampa. Por el contrario, a la
Querellante y al Ministerio Público, se le rechazan la mayoría de sus pruebas, sin dar razones serias para ello. En ese momento el proceso quedó
vacío de prueba de acusación.
Contexto histórico - 27
La trampa jurídica queda así configurada porque no existe ya procesalmente
posibilidad de que la querellante adhesiva o el Ministerio Público se opongan. Se completa la trampa notificando la resolución el día 17 de abril del
mismo año, un día viernes, a un solo día hábil antes del 21 de abril, en que
se inicia el debate.
Por otra parte y también en contra de todo el ordenamiento legal, el día 20
de abril después de las 2:00 PM llega una única notificación convocando a
los testigos, consultores técnicos y peritos de la querellante adhesiva. La
notificación se hace en Guatemala ciudad capital, y la convocatoria es para
el día siguiente a las 8:00 horas AM en la ciudad de Cobán, a más de 206
kilómetros de distancia por caminos de montaña, que requieren por lo menos 5 horas de viaje.
Intentos por reconducir la situación
Frente a esta situación, la querellante elabora de inmediato un Recurso de
Amparo que presenta justo antes del inicio del debate, y en el que inclusive
solicita la suspensión del mismo hasta que se remedie esta situación de injusticia. Se utiliza esta vía en la medida en que la solicitud de Amparo es una
medida sumaria y formal establecida para resolver en el menor tiempo posible, y con la menor exigencia y formalidad la violación de normas de origen y
soporte constitucional.
Este Amparo ni aún pasado un mes tuvo solución. Inclusive se le exigió a la
querellante adhesiva para tratarlo, y sin ninguna razón jurídica que lo sostenga, la entrega de 50 juegos completos de copias cuando en realidad debería haber presentado 8.
Es una burda solicitud que se transforma en tener que aportar, teniendo en
cuenta la extensión del Recurso, un total de 11.700 copias. 2.000 para reproducir el memorial, 4.000 para reproducir la primera resolución del tribunal, 1.300 para reproducir la segunda resolución del tribunal, 350 para
reproducir el mandato de la Premio Nobel de la Paz, más 3.300 del ofrecimiento de prueba hecho por la querellante adhesiva, más 750 del Recurso
de Reposición presentado por la querellante adhesiva donde se respondía la
primera resolución del tribunal sobre la prueba.
En definitiva, una solicitud que ni el propio tribunal solicitante tenía forma
material de realizar, dados los escasos recursos y plazos para ello. De esta
forma, teniendo presente que es en la segunda resolución donde se configura la trampa jurídica, ésta no pudo ser respondida ya que procesalmente es
De esta forma, el tribunal no cumple con las propias leyes que el Estado de
Guatemala se ha obligado a cumplir cuando ha firmado instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, como por ejemplo el Pacto
de San José de Costa Rica, o el derecho a un Recurso rápido y efectivo en el
marco del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de Naciones Unidas, que
entre otras cuestiones deben garantizar, cumplir con los estándares de gratuidad, rapidez y eficacia que conceptualmente tiene y que por otra parte el Estado de Guatemala se ha obligado a cumplir.
El debate fue iniciado de todos modos y desde el primer momento quedó evidenciada la grosera parcialidad del tribunal, que obligó a la querellante adhesiva
a recusarlo.
Sólo en una semana de audiencias se acumularon 29 causales de recusación. A
ello se unió el marcado empecinamiento del tribunal en seguir entendiendo en
la causa, una vez recibida la recusación y luego de darle tramite para que fuera
resuelta por otro tribunal.
De todas formas el tribunal siguió entendiendo en la causa sin apartarse de la
misma y resolvió a favor de los militares. Cuestión prohibida por el propio
Código Procesal sobre la defensa Común de los procesados.
Finalmente, después de todas estas incidencias el tribunal se vio obligado
a suspender el debate.
En la práctica el tribunal demostró, que previo a la propia dinámica de las
audiencias, de hecho, ya tenía tomada posición, lo que demostró
convalidándolo, con posiciones autoritarias de su presidente, que a su vez
se sustentaban en su falta de pericia y formación jurídica para tratar procesos orales y públicos. Todo ello acompañado de actitudes que manifestaban
Contexto histórico - 29
opiniones de ´eso ya está resuelto´, ´eso ya está precluido´, en clara línea
violatoria de las normas del debido proceso, sin tener el menor inconveniente en violar normas de fondo y forma para favorecer las posiciones de
Recusación y posterior salida del proceso de la querellante adhesiva
Finalmente, la desaparición de mapas militares y diagramas usados por el
Subteniente Antonio Lacán Chaclán y su decisión de no responder a las preguntas que se le hacían, lo mismo que el intento de usar otros mapas como
prueba, determinó un pedido de investigación por parte de la querellante que
nunca fue contestado por el Tribunal, que sin embargo la sancionó por dichas
La querellante mantuvo su solicitud de reintegración de las pruebas aportadas al tribunal de forma insistente, pruebas que éste manifestaba habían
sido extraviadas. Por tanto la no garantía de las pruebas, la pertinaz negativa del tribunal a otorgarle la palabra, junto a las graves, reiteradas e irreversibles anomalías ya relatadas, determinó la salida de la querellante adhesiva
del proceso para no convalidar con su presencia la farsa jurídica a la que
Teniendo presente el Pacto de San José de Costa Rica que reconoce la competencia de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para
conocer las denuncias de la violación de derechos humanos protegidos en
el sistema interamericano, la querellante adhesiva remitió el caso de las
irregularidades del proceso de Xamán a la CIDH, donde se ha abierto una
causa con ´Número 11.150 Maurilia Coc Max y otros´.
Con respecto a las expectativas de que la CIDH reconociera la actuación
irregular en el cumplimiento de las normas del debido proceso, y de la no
prestación del servicio de justicia, la Comisión al día de hoy no ha reconocido la solicitud realizada, una vez vistas las alegaciones presentadas, con
lo que todavía no ha dado paso a que la misma sea tratada por la Corte
La demanda se presentó en la CIDH con el objeto de que la Corte decida si
el Estado de Guatemala violó los derechos humanos y el debido proceso en
el caso del juicio de Cobán por el Caso Xamán, y ratifique si en el caso
presentado hay indicios suficientes de violación de derechos humanos, por
las irregularidades cometidas, y no otorgamiento de la debida justicia, en
perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares, y para que dicte la
sentencia que corresponda. Caso que al día de hoy sigue en trámite.
El caso Xamán, se ha cotejado de forma permanente con otros hechos de
las mismas características, y que son los más emblemáticos en la historia
contemporánea de Guatemala; el asesinato de la antropóloga Myrna Mack,
la matanza colectiva de la Aldea de las Dos Erres, el asesinato de Monseñor
Juan José Gerardi y el tratamiento que la justicia le está dando a las
exhumaciones que se están realizando en el país. Por medio del caso Xamán
se detalla cuál es el modus operandi del aparato de justicia del país, siempre funcional a la impunidad.
De esta forma, pretendemos mostrar que la prestación de justicia en Guatemala es absolutamente acorde a la impunidad, y que se hace mediante una
mecánica maliciosa desde el inicio, cuyo diseño no es más que una prolongada política de estado con fundamento en la histórica actitud de tributación
del judicial al poder político, la que a su vez admite y recepta los ancestrales
prejuicios de índole personal, económica y social que expresa una concepción racista que afecta a la mayoría indígena del país.
Historia de la impunidad en Guatemala
El genocidio y la impunidad hunden sus raíces en Guatemala desde los
años 1954, con el golpe de estado contra el presidente electo Jacobo Arbénz.
La injerencia del departamento de estado norteamericano y de la agencia
central de inteligencia, CIA, creó las condiciones para el tremendo conflicto interno que Guatemala vivió desde 1954 hasta 1996.
Con la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala se convierte en un caso
paradigmático en toda América Latina en lo referente a violaciones de los
derechos humanos, con un genocidio reconocido por Naciones Unidas, en
el informe de Esclarecimiento Histórico, C.E.H., de más de 200.000 víctiContexto histórico - 31
mas, así como en el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica,
REMHI, realizado por el Departamento de DD.HH. del Arzobispado de
Ciudad de Guatemala, siendo también un caso paradigmático en lo referente a la injerencia de los Estados Unidos en América Latina.
La intervención norteamericana en Guatemala en 1954, para derrocar al
gobierno democrático de Jacobo Arbénz, fue el inicio de una intervención e
injerencia en los países del área latinoamericana por parte de EE.UU. con
la participación directa de la CIA en la planificación de los actos para desestabilizar aquel gobierno. Así como su responsabilidad en la organización, entrenamiento y financiación del grupo de mercenarios, que, con el
flamante nombre de Ejército de Liberación, sirvió para encubrir la traición
del alto mando del Ejército Nacional.
La intervención de los hermanos John Foster Dulles, Secretario del Departamento de Estado y Allen Dulles, alto funcionario de la United Fruit
Company, fue decisiva para precipitar el desenlace.
Los pormenores de la historia están registrados, en los libros publicados
por Luis Cardoza y Aragón, ´La revolución guatemalteca´, Edit. del Pensativo, Guatemala 1994, Manuel Galich, ´Por qué lucha Guatemala´, Edit.
Cultura, Guatemala 1994 y Guillermo Toriello Garrido, ´La batalla de Guatemala´, Edit. Cuadernos Americanos, México 1955. Uno de los estudios
recientes mejor documentados, es el libro Shatered Hope. ´The Guatemala
Revolution and the United States´, publicado por la Princeton Universitary
Press en 1991.
La desclasificación en años recientes de documentos del Pentágono, el
Congreso, la CIA y el FBI de los Estados Unidos, ha servido para hilar fino
en la reconstrucción de los hechos. Y por si algo faltaba, ahí está la petición
de disculpas por aquella intervención política, financiera y militar, formulada públicamente por el propio presidente William Clinton en los últimos
años de su administración.
Existen dos razones para mencionar estas referencias. La primera, para recordar que desde 1954, hace ya 52 años, la intervención estadounidense en
Guatemala ha sido activa y permanente, principalmente para asesorar, entrenar, financiar y equipar al ejército de este país. La segunda para aclarar
que los delitos de genocidio y terrorismo de Estado cometidos en Guatemala, se inician con esa intervención hace casi medio siglo, y no como reac32 - Xamán
ción desproporcionada del estado frente a la resistencia y rebelión popular.
Esta aclaración es vital para dejar abiertamente establecido el papel y la
responsabilidad de los Estados Unidos en los crímenes de lesa humanidad
cometidos en Guatemala.
Por otro lado se puede afirmar, que aunque los lazos directos entre los casos
guatemaltecos y el resto del continente no necesariamente tienen una ligazón directa, el paralelismo es evidente al igual que la cronología temporal.
Aunque no se pueda hablar estrictamente de la Guatemala de los años sesenta como un antecedente directo de lo que ocurrió en la década siguiente
en el Cono Sur y en particular con Operación Cóndor, es indiscutible que se
trata de un precedente muy importante.
En 1966 aparecen por primera vez en Guatemala y en América Latina los
escuadrones de la muerte, el secuestro político masivo, la tortura sin límites y la desaparición definitiva de los prisioneros políticos, lanzándolos
vivos o muertos al mar o al cráter de un volcán activo.
Los grupos paramilitares existieron siempre en el mundo, lo mismo que el
empleo de esbirros y matones a sueldo. Ese fue el papel que como
torturadores cumplieron en Guatemala los Bernabé Linares o los Siete Litros, terrible y tenebroso, pero que de alguna manera, siempre fue oficial.
Lo novedoso del método iniciado por el ejército de Guatemala en 1966 con
la aparición de la Mano Blanca, es la creación de una estructura secreta e
ilegal, pero al mismo tiempo orgánica, disciplinada y vertical, encargada de
realizar el trabajo sucio de la represión.
Eso incluye el discurso público de condena y persecución a los grupos armados ilegales y clandestinos, vengan de donde vengan y sin importar su
signo ideológico, para aparentar deslindes e inocencia oficial. Implica también la extensión acelerada del terror y la absoluta falta de límites para su
actuación. La represión ya no tiene obstáculos, pues no se detiene ante formalismos, leyes o estructuras de ninguna naturaleza, pues el Estado y en
particular el ejército y los demás cuerpos de seguridad son aparentemente
ajenos a esos actos y excesos extremistas.
Contexto histórico - 33
En Guatemala inicialmente ensayaron poner una cara visible al frente de
los escuadrones de la muerte. Raúl Lorenzana fue el más conocido de ellos,
pero ante sus intentos por lograr cierto margen de autonomía, lo asesinaron
y nunca más volvieron a insistir en la fórmula.
El mando directo sobre ese tipo de estructuras, lo asumieron oficiales con
mucha autoridad como los coroneles Rafael Arriaga Bosque, Carlos Arana
Osorio, Maximiliano Serrano y Máximo Zepeda, entre otros. Los escuadrones de la muerte se fueron perfeccionando, cambiándoles de nombre
periódicamente y ampliando o reduciendo el número de unidades, en dependencia de los planes represivos.
De esa intervención continental y con una actuación particularmente lacerante para los guatemaltecos, y para todos los seres humanos que tienen un
sentido de dignidad, junto a la experiencia que desgraciadamente se ha compartido con otros países de América Latina, es la desaparición forzada.
Así, en el caso argentino, el Informe Sábato nos indica que hay 8.960 casos
documentados de desaparición forzada entre 1976 y 1982. Las estimaciones más generales hablan de la desaparición de entre 15 y 20 mil personas
En el caso de Perú durante el gobierno de Fujimori, se habla de alrededor
de 8.000 desaparecidos.
En el caso chileno, en el período más cruel de la dictadura de Augusto
Pinochet, las informaciones periodísticas nos hablan de entre 2.000 y 3.000
En un país pequeño como Honduras, las cifras son menos cruentas, pero
entre los años 1980 y 1993 desaparecieron de manera forzada 179 personas, y en Panamá ha surgido una Comisión de la Verdad que está señalando, que en los momentos posteriores al golpe militar de 1978, fueron desaparecidas 124 personas.
En el caso de México, la lista de desaparecidos alcanza un número cercano
de 800 personas desaparecidas.
A veces, no siempre, las dimensiones de una dictadura están asociadas a las
del terror que implanta. Es el caso de Brasil, que durante todos los años de
su larga y enorme dictadura, en la gestión de la misma se hizo desaparecer
a 136 personas, la mayor parte de ellas entre los años 1970 y 1975.
En cambio en un país tan pequeño como Guatemala, que durante todos los
años del conflicto tenía una población de entre 6 y 7 millones, alcanzando
al día de hoy 11 millones, en esos 36 años fueron desaparecidas entre 40 y
45 mil personas.
Es por ello que señalamos el caso de Guatemala como un caso paradigmático en cuanto a la intervención o a la injerencia de los Estados Unidos,
puesto que determinó toda la vida del país en la segunda mitad del siglo
XX. Y es paradigmático en cuanto a la sofisticación, la amplitud y la profundidad de las cifras del terror: entre 140 y 150 mil ejecutados extra judicialmente, y entre 40 y 45 mil desaparecidos de manera forzada.
El caso emblemático del inicio de la aplicación en Guatemala de este conjunto de métodos, es el secuestro masivo, la tortura, la muerte y desaparición de un grupo de más de 30 mujeres y hombres, opositores políticos del
gobierno militar. Se le conoce desde entonces como el caso de los 28 desaparecidos, secuestrados todos durante los primeros días del mes de marzo
Los datos más precisos sobre este caso, en el que el número de víctimas
pudo llegar hasta 35, se encuentran en el libro ´Los que siempre estarán en
ninguna parte, La desaparición forzada en Guatemala´, del investigador
guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra, México, D.F. 1999, pag. 46-61.
El escritor uruguayo Eduardo Galeano también se refiere detalladamente a
este caso en su libro ´Guatemala país ocupado´, 1967, pag. 60-61.
Los cuerpos de varios de estos líderes opositores fueron arrojados al mar,
en aguas territoriales del océano pacífico, desde un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca pilotado por el coronel de aviación Octavio Zea
Carrascosa. Algunos de los secuestrados que lograron sobrevivir, aparecieron meses después en cárceles de Nicaragua y El Salvador, víctimas de los
planes secretos de cooperación establecidos entre los gobiernos militares y
los ejércitos de Centro América.
Aunque la intervención de la Embajada de los Estados Unidos siempre
estuvo presente desde 1954, este conjunto de métodos se fueron afinando
Contexto histórico - 35
en Guatemala entre 1966 y 1970, con la participación directa de asesores
norteamericanos de la CIA y del Pentágono.
Podemos afirmar, en ese sentido, que Guatemala fue una especie de laboratorio del horror que sirvió para perfeccionar nuevos métodos de represión y
experiencias de terror oficial, que los asesores estadounidenses transmitieron posteriormente a los demás ejércitos del continente. La Escuela de las
Américas, Fort Gulick, Fort Benning y Fort Leavenwort fueron algunos de
los centros de adiestramiento del ejército de los Estados Unidos, en donde
en los años siguientes se entrenó en esos sistemas de terror a miles de jóvenes oficiales latinoamericanos.
Una forma complementaria para la transmisión de las experiencias acumuladas en ese laboratorio del horror, financiado y asesorado por los Estados
Unidos, pudo ser el envío de oficiales militares guatemaltecos en calidad
de becados a las escuelas militares de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.
La aplicación casi calcada y sistemática de esos métodos en la década de
los años 70 en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, entre
otros países, y su enriquecimiento sobre la base de la asesoría francesa e
italiana, permite reafirmar la importancia de la experiencia del terrorismo
de Estado que, bajo la asesoría estadounidense, aportó el ejército de Guatemala desde la segunda mitad de la década de los sesenta.
En el libro de Stella Calloni, ´Operación Cóndor, pacto criminal´; Ediciones La Jornada, Ciudad de México 2001, se registran algunos datos interesantes en la línea de las presentes afirmaciones.
En las páginas 77 y 78 de su libro, Calloni refiere que durante la última parte
del exilio de Perón en España, su secretario particular, José López Rega, trabó amistad con el agregado militar de la Embajada de Guatemala en Madrid.
Este agregado era el coronel Máximo Zepeda, quien había jugado un papel
de primera línea en la creación de los escuadrones de la muerte a partir de
1966 en Guatemala. Apoyándose en las investigaciones del periodista y
escritor argentino Ignacio González Janzen, contenidas en su libro ´La Triple A´, Stella Calloni dice textualmente:
Entre los contactos que López Rega trajo desde Madrid, uno es clave: su
amistad con el embajador estadounidense en España Robert Hill, quien fue
´uno de los políticos-empresarios que durante la administración del presidente Dwigth Eisenhower participó activamente en la invasión contra Guatemala para derrocar al gobierno popular del presidente Jacobo Arbenz´.
Esto explica también las buenas relaciones de los jefes de los Escuadrones
de la Muerte guatemaltecos con sus pares de la región. Con Hill tenían un
contacto de primera.
Hill designó a uno de sus asistentes para mantener una relación permanente con
López Rega y eran usuales los encuentros de ambos en el bar del hotel Ritz. Fue
allí donde fueron presentados López Rega y el coronel guatemalteco Máximo
Zepeda, fundador y jefe del escuadrón de la muerte Nueva Organización
Anticomunista (NOA), que dejó miles de víctimas en ese país.
Los intereses de ambos coincidían, por distintos caminos, en la lucha contra lo
que llamaban la infiltración marxista en el peronismo, cuando surgió al interior
de ese partido un vasto movimiento progresista y la guerrilla de Los Montoneros.
Zepeda era uno de los más conocidos criminales de la región centroamericana.
Fue en los años sesenta cuando en Guatemala se produjeron las primeras desapariciones masivas en América Latina cuando un grupo de disidentes fue secuestrado en ese país…
De esta forma Guatemala comenzó a ser el campo de experimentación de las
políticas estadounidenses, convirtiéndose en el laboratorio de la CIA en materia
de terrorismo derechista con un saldo de miles de muertos y desaparecidos. Un
registro elemental de las bandas guatemaltecas que actuaron durante un cuarto de
siglo, desde la famosa Mano Blanca..., da cuenta del buen laboratorio que tuvieron allí los hombres de la CIA. Los escuadrones al estilo Guatemala fueron reproducidos en diversos países, como El Salvador, donde proliferaron en los años
Una investigación realizada en Guatemala, en la que participaron varias organizaciones de derechos humanos, como el GAM, Grupo de Apoyo Mutuo, y el
Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, y que coordinaron una amplia investigación sustentada en datos hemerográficos y en
entrevistas hechas a sobrevivientes y familiares de desaparecidos en las distintas regiones del país, logró acopiar una base de datos de 4.042 casos con
nombres y apellidos de desaparición forzada durante los 36 años de conflicto.
Otras organizaciones que participaron en la elaboración de esta enorme
Contexto histórico - 37
base de datos fueron: El Consejo de Comunidades Étnicas, La Comisión de
Derechos Humanos de Guatemala, y otros organismos agrupados en el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, CONADEGUA.
4.042 casos suponen aproximadamente entre un 9 y 10% del total de los
desaparecidos en Guatemala. Por tanto podríamos decir que es una muestra
más o menos representativa del fenómeno de la desaparición forzada en el
Una de las cuestiones fundamentales a destacar en el caso guatemalteco, es
que es un caso distinto al colombiano, por ejemplo, donde podemos ver
que distintos sectores, distintos actores, que no necesariamente son del estado, participaron o participan en la violencia.
En el caso de Guatemala, la teoría oficial de los dos demonios: guerrilla y
estado, cada uno por su lado, igualmente culpables de violaciones de derechos humanos, no se sustenta de acuerdo a lo que son las cifras que la
C.E.H., Comisión de Esclarecimiento Histórico, y la Comisión de DD.HH.
del arzobispado de Guatemala han logrado determinar.
Estas comisiones estiman que entre el 85 y el 90% de las cifras de ejecutados
y desaparecidos fueron obra de los distintos organismos del gobierno y estado.
En cuanto a los datos de las desapariciones, aproximadamente el 61% corresponden al rubro de hombres desconocidos. Y el término de hombres
desconocidos en Guatemala se refiere a los escuadrones de la muerte, organizaciones que en los años 60 se llamaban La Mano Blanca y en los 80
pasaron a denominarse Ejército Secreto Anticomunista.
Pero las cifras de desapariciones forzadas se elevan a un 86% si unimos las
correspondientes a los llamados hombres desconocidos con las vinculadas
al ejército, la infantería, policía nacional y otros aparatos represivos.
A lo largo de los 36 años que duró el conflicto en Guatemala, se pueden
observar tres cúspides en las que las desapariciones forzadas llegaron a
niveles nunca vistos anteriormente en el país.
La primera cúspide corresponde al año 1966, fecha en que se inicia de manera sistemática la práctica de la desaparición forzada en el país, a mano de
La cúspide que corresponde al período del general Carlos Arana Osorio,
político y militar guatemalteco, presidente de la República entre los años
1970-1974, que fungió desde el año 1966 hasta 1968 como comandante de
la zona militar General Rafael Carrera en Zacapa, fue el primer periodo
particularmente cruento en el país.
Es importante mencionarlo puesto que esta cúspide del año 1966 es cuando
han transcurrido ocho años de la intervención de los Estados Unidos en
Guatemala, y comienza de una manera muy sofisticada, y en un plano superior toda la intervención encubierta de los Estados Unidos en la labor de
contrainsurgencia, donde las cifras de entrenamientos y de reconversión de
las tácticas contrainsurgentes se empiezan a observar de una manera sostenida en Guatemala.
El período de los años 1982/83 en el que gobernó el general Efraín Ríos
Montt corresponde a la máxima cúspide de la desaparición forzada. En los
17 meses que gobernó el general Efraín Ríos Montt, el número de desaparecidos forzados, se elevó a niveles como nunca antes se había observado
en el país. Podemos decir que la década de los 80 concentra, en la muestra
trabajada, el 56% de los desaparecidos forzosos en Guatemala, y el período
de Ríos Montt concentra entre el 20 y el 25% de los desaparecidos en los 36
años del conflicto.
A señalar que el general Efraín Ríos Montt ocupó la presidencia del Congreso de la República de Guatemala entre los años 2000/04, siendo un clarísimo ejemplo de impunidad y de impunidad verdaderamente exitosa porque no es solamente un señor que estuvo en su casa tranquilo, sino que ha
actuado abiertamente en política y gozado del poder.
Es importante destacar que en el período que ocupan la presidencia Lucas
García1, 1978/82, Ríos Montt, 1982/83, y Mejía Víctores, 1983/86 se concentra el 40% del total de las desapariciones forzadas en Guatemala. Los
tres generales han vivido muy tranquilamente el paso del tiempo, sin que
en ningún momento les haya preocupado la acción de la justicia, principalmente la guatemalteca, que en estos cuarenta años no ha hecho mención
alguna por impartir justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos en
Es con la presencia de la Comisión Rogatoria española en Guatemala que
las cosas han cambiado, ya que dicha comisión, que responde al procediContexto histórico - 39
miento de investigación y toma de declaraciones a los imputados en la causa 331/99, Demanda por Genocidio, interpuesta por Rigoberta Menchú el
año 1999, la que ha derivado en este momento de investigación, que ha
llevado a los implicados en la citada demanda, a utilizar los procedimientos de obstaculización e intervenir en el proceso, toda vez de sentirse señalados, imputados y con posibilidades de ser llevados a proceso.
Romeo Lucas gobernó Guatemala desde 1978 a marzo de 1982, cuando un
golpe militar llevó a Ríos Montt al poder, uno de los gobernantes más sanguinarios que ha conocido Guatemala, según las organizaciones de derechos humanos.
Durante el gobierno de Romeo Lucas y el de Efrain Ríos Montt se produjo
el mayor número de masacres. Están contabilizadas 626, de las que 538 se
produjeron en el área rural. El asesinato de 35 líderes de los partidos FUR
y PSD, y el de más de 100 estudiantes y catedráticos de la USAC, Universidad San Carlos de Guatemala, acciones en las que poblaciones enteras,
intelectuales, estudiantes, sindicalistas y dirigentes campesinos fueron eliminados.
La tercera cúspide, más o menos parecida a la del periodo cruento, fue la
del general Arana Osorio. Durante su período presidencial, florecieron los
´escuadrones de la muerte´ y miles de opositores al gobierno militar fueron
asesinados. Este general es recordado en la memoria histórica de Guatemala, como uno de los generales genocidas del país, período que corresponde
al gobierno de la democracia cristiana, en la que gobernó Jorge Antonio
Jorge Antonio Serrano Elías candidato del Movimiento de Acción Solidaria, llegó a la presidencia en enero de 1991. En 1993 disolvió el parlamento
a partir de un auto golpe de Estado, que fracasó al producirse otro intento
de golpe dirigido por el vicepresidente de la República, que se vio frustrado
por el descontento popular. Acusado de corrupción, Serrano Elías se asiló
en Panamá donde reside desde entonces, y el parlamento designó como
presidente a Ramiro de León Carpio.
En esa época la situación de la desaparición forzada en ese momento evidenciaba una notoria mejoría en relación a lo que había sucedido en el
período inmediatamente anterior. Pero se trata de una mejoría realtiva, porque si comparamos las cifras de acuerdo a esta muestra representativa, de
los gobiernos de transición democrática, que son gobiernos civiles, éstas
son parecidas a las del período de Carlos Arana Osorio, o a la del período
de Julio César Méndez Montenegro, presidente de la República, 1966/70,
Desaparición forzada y victimización de las víctimas
En relación a la desaparición forzada, la situación de la misma debe ser
denunciada, pero también hay que señalar un hecho muy significativo: la
victimización de la víctima.
Dentro de las conclusiones a las que se ha llegado en el estudio, destaca que
la mayor parte de los ejecutados y de los desaparecidos lo fueron porque
estaban de acuerdo con la contrainsurgencia. Se les vinculó a las actividades
de subversión del elemento excluyente, que se estableció a partir de 1954.
Este tipo de apreciaciones saca a la luz cuan introyectada está la cultura del
terror en países como Guatemala, donde pareciera que todos aceptásemos
que si alguien se metía en actividades subversivas tenía garantizada una detención extrajudicial, que era el secuestro; un interrogatorio extrajudicial,
que era la tortura más atroz, y una condena extrajudicial, que era la ejecución
extrajudicial. No hay argumento, de acuerdo a la legalidad y las convicciones de Derechos Humanos, que justifique acciones de esta naturaleza.
La desaparición forzada en la década de los 60, la hemos podido captar a
nivel de municipios. Así los municipios del nororiente del país, del oriente,
del centro, y la costa sur registran la desaparición forzada más numerosa.
No quiere decir que no haya habido en otros lugares, lo que pasa es que
para efectos ilustrativos estos municipios padecieron desapariciones forzadas significativas.
Del conjunto de las regiones de Guatemala, la que registra un número mayor de desapariciones es la capital de la República donde en todos los períodos han existido desapariciones.
Creemos que hay varias hipótesis para explicar eso:
1) los familiares de los desaparecidos en todas las regiones rurales,
probablemente tuvieron menos posibilidades de denunciar la situaContexto histórico - 41
ción de sus familiares;
2) la prensa no recogió estos hechos, ya que, que una persona fuera
desaparecida no era noticia en el ámbito rural, y por tanto no aparecía
en los periódicos. Si en cambio en las ciudades; y
3) es probable también que los aparatos represivos hayan privilegiado la capital como un escenario de desaparición forzada para eliminar al oponente político.
La desaparición forzada es un elemento o un proceso represivo que se da
para eliminar adversarios oponentes, sin enfrentar el costo político que
implica una ejecución abierta, o incluso, un juicio abierto o un fusilamiento en el caso de que éste se diera, que fue lo que en un determinado momento quiso hacer Efraín Ríos Montt.
Los períodos de la desaparición forzada y áreas geográficas
La desaparición forzada tuvo distintos escenarios. En la década de los 60,
se centró en el nororiente, empezando a desaparecer en la década de los 70.
En esa década se desplaza y comienza a aparecer en el sur occidente, continuando en esa década en la costa sur y en la capital.
En la década de los 80, se trasladó a Petén, a la vez que aparece en todo el
altiplano septentrional, el altiplano central, la costa sur y la zona sur occidental, siendo éste el periodo más cruento en relación a las desapariciones
En la década de los 90, todavía se observa en la parte septentrional, el escenario de desaparición forzada de los 80.
La explicación de estas variaciones geográficas se encuentra en el hecho de
que la violencia del aparato del estado un acto racional. El terrorismo de estado es profundamente racional, siendo una adecuación de medios y objetivos.
Así mismo, la violencia que se aplicó en Guatemala para la reestabilización
política, subvirtiendo la legalidad, por supuesto. De esta forma, estas variaciones de carácter geográfico, corresponden precisamente a una historia
inversa; la represión de la historia de la rebelión en Guatemala.
Naturaleza, etnia e idioma de las víctimas
Teniendo presente la naturaleza lingüística, las desapariciones según el uso
del idioma corresponden, un 66% a idiomas mayas y un 34% a idioma
español. Esto refleja la naturaleza, etnia e idioma de uso que hablaba la
víctima de la desaparición forzada, pudiéndose a partir de ello, inferir la
composición étnica de la desaparición forzada en Guatemala, señalando
que el 34% eran ladinos y aproximadamente un 66% eran comunidades
étnicas mayas.
En cuanto a qué variedades lingüísticas pertenecían los hablantes de los
idiomas mayas, podemos señalar de forma desglosada, exceptuando el idioma español, que al Q´iché corresponde un 39% seguido por el Achí, el
Kachiquel, el Mam, el Q´echí y otras variedades. Esto lleva a inferir con
reservas, y sujeto a ulteriores investigaciones que probablemente éstas fueron las etnias más afectadas por el fenómeno de la desaparición forzada en
Respecto a la edad en la que se concentra la mayor cantidad de desaparición forzada, es entre los 21 y 30 años, y básicamente podríamos decir que
el 56% más o menos de los desaparecidos oscilaron entre los 11 y los 40
años. El fenómeno de la desaparición forzada afectó preferentemente a la
población más joven .
La desaparición según sexo, no arroja datos concluyentes en relación a si
hubo variaciones de género. Lo que sí podemos concluir, de acuerdo a las
bases de datos existentes, es que la inmensa mayoría de desaparecidos de
manera forzada en Guatemala pertenecían al sexo masculino.
Cuando uno analiza todas estas cifras de la desaparición forzada, teniendo
en cuenta la lucha por la memoria contra el olvido, y la mayor cantidad de
datos empíricos del fenómeno acaecido, es con objeto de poder demostrar
lo más fehacientemente posible el fenómeno del terrorismo de estado en
Cuando se analizan todas estas cifras, hay que ser respetuoso. Los desaparecidos y desaparecidas no deben convertirse en un dato estadístico. No nos
olvidemos que detrás de cada una de estas cifras, detrás de los 45 mil desaparecidos ó 140 mil, de los 150 mil ejecutados en Guatemala, o detrás de
estos 4.042 desaparecidos de la investigación se encuentra un hombre, una
Contexto histórico - 43
mujer, un niño, una niña, que tuvieron sueños, aspiraciones, familiares, que
tuvieron una vida cotidiana, como la tiene el lector de esta publicación. No
es justo olvidarlo, y menos cuando queremos luchar por la memoria y en
contra del olvido.
En algunos de los archivos de desaparecidos desclasificados recientemente, podemos contemplar sus rostros, aunque en la mayoría de los casos nos
encontramos con archivos sesgados. Pero entre ellos podemos ver algunas
caras, como la de Hugo Adail Navarro, ferviente interesado en empaparse
de la cultura maya, siendo ladino, que fue capturado y torturado. Está fechado con el número 300, que es el código que usó la agencia represiva
para decir que fue ejecutado el 29 de marzo de 1984.
También está Julio César Pereira Vásquez. Él sobrevivió, pero ha confesado que no aguantó las torturas y que proporcionó información que llevó a la
captura de Sergio Raúl Linares Morales. Julio César ha tratado de sobrevivir a ese sentimiento de culpa. Lleva 3 intentos de suicidio, y hoy está apenas tratando de recuperarse y asumir que él también fue víctima a pesar de
Está el caso de un señor al que llamamos Rigo, que permaneció vivo unas
dos o tres semanas, mientras duró todo el proceso de la tortura. Cuando le
sacaron toda la información fue ejecutado. Algunos casos en los que suponían que la víctima tenía mayor información, éstas llegaron a mantenerse
con vida entre 3, 4, 5 y 6 meses. Otros lograron salvar la vida.
Está el caso del hombre al que se le decía Miguel, que entregó tres casas, y
se convirtió después en un agente muy activo de la represión en Guatemala,
llegando a tener el grado de mayor asimilado en el ejército de Guatemala.
Producto de los méritos que hizo vinculado a la contrainsurgencia, fue dejado en libertad. En 1987 fue asesinado, sin saberse por quién, si fue el
propio ejército o algunos de sus ex compañeros, que le pasaron factura por
Benjamín Rolando Orantes Zelada, conocido como Fito, es una de las víctimas de Miguel, que participó directamente en su ejecución .
Los sobrevivientes tenemos que ser los mayores impulsores en mantener la
memoria contra el olvido tal como señaló Julis Wisick;
´Sólo pido un cosa, los que sobreviváis, no olvidéis, no olvidéis ni a los
buenos ni a los malos, reunir con paciencia los testimonios de los que han
caído por sí y por vosotros, un día el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia.
Quisiera que todo el mundo supiese que no ha habido héroes anónimos,
eran personas con su nombre, su rostro, sus deseos y sus esperanzas, y el
dolor del último de ellos, no ha sido menor que el del primero, cuyo nombre perdura´.
El proyecto político de los militares
Un libro de gran valor e importancia, que realiza un estudio profundo, es el
titulado ´Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala´. Fue escrito por Jennifer Schirmer, profesora de estudios sociales en
la Universidad de Harvard, y asociada al Centro para Asuntos Internacionales en Harvard. Dicho libro fue publicado por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, FLACSO, Guatemala, 1999.
El estudio está construido sobre la base de entrevistas a 50 oficiales del
ejército guatemalteco, entre ellos seis ministros de la Defensa y Jefes de
Estado, entre enero de 1986 y noviembre de 1996. En la página 265, citando una entrevista con el General Héctor Gramajo, alto oficial
contrainsurgente y ex ministro de la Defensa, la investigadora escribe: Según Gramajo, ´Quien nos entrenó mucho en Inteligencia, fue Argentina´. Como
parte de este nuevo ´manejo´ de la situación, desde 1980 por lo menos, se incluyó el control del uso del agua y de la electricidad en las casas de sospechosos en
la ciudad de Guatemala, mediante un sistema computarizado israelí situado dentro
del Estado Mayor Presidencial, en el anexo que está detrás del Palacio Nacional. Este sistema se combinaba con una sofisticada red computarizada de análisis, desarrollada durante la “guerra sucia” en Argentina. Podía localizar al
mismo tiempo que proporcionar direcciones de los edificios que tenían cuentas
altas por consumo de electricidad y agua o que aumentaban su uso durante la
noche, por lo que se suponía que se llevaban a cabo reuniones clandestinas, o
que estaba funcionando una imprenta ilegal.
En la página 300, en la nota de referencia número 8, se lee: En este mismo
periodo, agosto de 1981, la CIA y el asesor especial del Secretario de Estado de
los Estados Unidos, y ex Subdirector de la CIA, el Embajador Plenipotenciario
Vernon Walters, arregló una reunión en la ciudad de Guatemala con el fin de
integrar a la antigua Guardia de Somoza con los Contras y para que oficiales
del ejército de Argentina sirvieran de asesores y capacitadores, quienes fueron
Contexto histórico - 45
luego reemplazados por personal de la CIA. Declaración jurada de Edgar
Chamorro, desertor de la Contra, en el juicio Nicaragua versus EE.UU, Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, 5 de septiembre de 1985. Además,
según varios informes, a finales de septiembre de 1981, Walters se reunió con el
General Lucas García mientras que el Capitán de Navío de los Estados Unidos
Jean Thurber se reunía con el Jefe del Estado Mayor, Benedicto Lucas García,
Televisión Nacional, 28 de septiembre de 1981.
En la página 279 se lee: Al pedirle a un director de la D-2 (Inteligencia Militar)
que describiera brevemente las estructuras de Inteligencia durante los últimos
treinta años dijo: “Es sencillo. De los años 60 a 90 era una estructura de la CIA.
Por supuesto, estamos hablando de la CIA, después DEA, pero definitivamente,
era porque el ejército guatemalteco tenía que servir a los intereses norteamericanos. Nosotros, en realidad, no teníamos por qué pelear esta guerra. (Capitán
de Navío Julio Alberto Yon Rivera, entrevista de 1996.)
En la página 296 se lee: El informe de la Junta de Supervisión de los Servicios
de Inteligencia de los Estados Unidos. La Junta de Supervisión de los Servicios
de Inteligencia de los EE.UU (Intelligence Oversight Board, IOB), que en 1996
investigaba las actividades desarrolladas por la CIA en Guatemala entre los
años 1984 y 1995, confirma que la CIA no sólo mantuvo una ´estrecha relación´
con los servicios de seguridad guatemaltecos, especialmente la G2 y ´El Archivo´, sino que la Dirección de Operaciones (Directatorate for Operations, DO) en
la sede de la CIA, estaba consciente de que ´se podía dar credibilidad a las
acusaciones contra sus informantes y enlaces por haber ordenado, planificado o
participado en graves violaciones de los derechos humanos, tales como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura o secuestros, mientras servían como informantes´ y que la Agencia encubría esos crímenes. De hecho, ´continuaban las
atroces violaciones´, y ´algunos de los contactos más cercanos de la CIA en los
servicios de seguridad continúan siendo parte del problema´ (IOB Report,
1996:20). No sólo se nos dice que la DO ´intencionalmente no le dio´ esa información a las Comisiones de Supervisión del Congreso (página 3 y 20), sino que
también se nos informa que los jefes de la estación de la CIA no respetaban la
obligación de presentar informes semestrales sobre derechos humanos ante el
Congreso (P.27)…. Asimismo, los jefes de la Estación ´seguían considerando
que los insurgentes comunistas... eran el principal enemigo´, y al gobierno guatemalteco y los servicios de seguridad como ´socios en la lucha contra este enemigo común...´ (p.20). Por lo tanto, los Jefes de la Estación de la CIA en Guatemala y de la DO en Washington, por lo menos durante diez años, sino desde
1966, cuando se estableció la G-2, actuaron bajo el supuesto de que miles y
miles de guatemaltecos y varios estadounidenses y europeos, seguirían siendo
torturados, desaparecidos, y asesinados por sus propios ´informantes´, mientras
que en sus informes al Congreso manifestaban “estar apoyando la transición y
el fortalecimiento del gobierno democrático civil, estimulando el respeto de los
derechos humanos y del Estado de Derecho...”, luchando contra la insurgencia
comunista y, en años recientes, acompañando el proceso de paz.
Como parte de los acuerdos de paz establecidos entre el gobierno de Guatemala y las fuerzas insurgentes de la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca, URNG, se constituyó la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, C.E.H, encargada de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del enfrentamiento armado
Las partes acordaron dejar en manos del Secretario General de la ONU la
integración de dicha comisión y el suministro de los recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de su actividad. El Secretario General
nombró al académico alemán Profesor Christian Tomuschat para encabezar la
Comisión. El Profesor Tomuschat escogió a su vez a dos destacados ciudadanos guatemaltecos, el abogado Alfredo Balsells Tojó y la pedagoga Maya Otilia
Lux de Cotí para completar la Comisión.
Esta versión guatemalteca de ´comisión de la verdad´ tuvo como principal
peculiaridad contar con el respaldo, asesoría y seguimiento de las Naciones
Unidas, lo que le dio mayor independencia para el cumplimiento de su misión.
En febrero de 1999, la Comisión entregó los doce tomos del informe ´Guatemala Memoria del Silencio´ al Secretario General de la ONU, a las partes
signatarias de los acuerdos de paz, al pueblo de Guatemala y a la Comunidad
Los casos investigados por la C.E.H. sólo son una muestra de la realidad de
las violaciones de los derechos humanos y de los hechos de violencia que
ocurrieron durante el enfrentamiento armado. Se han registrado más de
42.000 víctimas de violaciones: entre éstas más de 29.000 fueron ejecutadas o desaparecidas. La conclusión es que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llega a más de 200.000 personas (discurso del Profesor Christian Tomuschat).
En Guatemala y en el ámbito internacional, se ha valorado dicho informe
como uno de los mejores productos que han arrojado las distintas comisio-
Contexto histórico - 47
nes de la verdad establecidas en diversos países que han sufrido graves
conflictos internos. Se ha ponderado reiteradamente el carácter objetivo y
el rigor científico del trabajo realizado por la CEH.
El Tomo V del Informe contiene las conclusiones y recomendaciones de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Todas ellas son importantes y
constituyen un todo articulado. Por su relación con el tema que se aborda
en estas notas, resulta oportuno citar algunas de dichas conclusiones:
1. Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala
entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de
enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró un total de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23.671 corresponden
a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6.159 a víctimas de desaparición
forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el
17% eran ladinos.
2. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia
política en Guatemala, la C.E.H. estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas.
13. La C.E.H. reconoce que el avance de la sociedad y del Estado hacia la
polarización, la militarización y la guerra intestina no sólo fueron efectos
procedentes de la historia nacional. La Guerra Fría tuvo también influencia especial. La política anticomunista promovida por los Estados Unidos
en el marco de sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de los
partidos políticos de derecha y los diversos sectores de poder guatemaltecos,
mientras aquel país se mostró dispuesto a brindar su respaldo a regímenes
militares fuertes en su traspatio estratégico. En el caso guatemalteco se
concretó en el plano militar mediante asistencia destinada a reforzar los
aparatos de Inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra contrainsurgente, factores claves que incidieron en las violaciones de
los derechos humanos durante el enfrentamiento armado.
15. Durante el período del enfrentamiento armado la noción de ´enemigo
interno´, intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada
vez más amplia para el Estado. Esta doctrina se convirtió, a la vez, en
razón de ser del Ejército y en política de Estado durante varias décadas.
Mediante su investigación, la C.E.H. recogió uno de los efectos más
devastadores de esta política: las fuerzas del Estado y grupos paramilitares
afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por
la C.E.H., incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las
desapariciones forzadas. Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y
niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos étnicos, pertenecientes al pueblo maya.
86. Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada,
planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y
otros elementos de sobrevivencia. La C.E.H. registró 626 masacres
atribuibles a estas fuerzas.
108. El marco jurídico adoptado por la C.E.H. para analizar la eventual
comisión de actos de genocidio en Guatemala durante el enfrentamiento
armado interno es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 9 de diciembre de 1948 y ratificada por el Estado de Guatemala
en virtud del Decreto 704, el 30 de noviembre de 1949.
109. El artículo II de dicho instrumento jurídico define el delito de genocidio y sus requisitos en los términos siguientes: ´Se entiende por genocidio
cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso, como tal:
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo´.
Sobre esta base, se definen dos elementos fundamentales constitutivos del
delito: la intencionalidad y que los hechos cometidos sean al menos uno de
los cinco citados en el anterior artículo.
Contexto histórico - 49
El conflicto vivido en Guatemala, que se cobró más de 200 mil víctimas
entre muertos y desaparecidos, constituye el mayor genocidio de la historia
contemporánea de América Latina. El 83% de sus víctimas, fueron indígenas mayas, la política de Estado llamada ´tierra arrasada´, fue la responsable de 626 masacres y de la aniquilación de más de 450 aldeas en operaciones militares y paramilitares realizadas entre 1980 y 1983.
Tras la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, C.E.H., sobre el
conflicto guatemalteco, Rigoberta Menchú Tum presentó en la Audiencia Nacional de España el 2 de diciembre de 1999 ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia la denuncia por una serie de hechos que se pretenden constitutivos de los delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención
ilegal, delitos imputados conjunta e indistintamente a las siguientes personas:
1.- GENERAL EFRAÍN RIOS MONTT, Jefe de Gobierno por Golpe de Estado,
del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.
2.- GENERAL OSCAR HUMBERTO MEJÍA VÍCTORES, Jefe de Gobierno por
Golpe de Estado, del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986.
3.- GENERAL FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA, Presidente de la República de Guatemala de 1978 a marzo de 1982, residente en la República de Venezuela y fallecido en marzo de 2006.
4.- GENERAL ANGEL ANIBAL GUEVARA RODRíGUEZ, Ministro de Defensa, residente en Guatemala.
5.- LICENCIADO DONALDO ALVAREZ RUIZ, Ministro de Gobernación, residente en México durante 20 años y actualmente prófugo de la justicia internacional.
7.- PEDRO GARCÍA ARREDONDO, Jefe del Comando Seis de la Policía Nacional durante el gobierno del General Lucas García, residente en Guatemala.
8.- GENERAL BENEDICTO LUCAS GARCIA, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Romeo Lucas García.
Contexto histórico - 51
Hechos, objeto de denuncia
Los hechos objeto de la denuncia se circunscriben cronológicamente al tiempo de ´guerra que azotó durante treinta y seis años Guatemala´ y más concretamente, al período investigado por la ´Comisión para el Esclarecimiento Histórico´ (CEH), creada en el ámbito de los Acuerdos de Paz de Oslo en 1994,
período que comprende los años 1962 a 1996. En el relato de los hechos
pretendidamente constitutivos de delito de genocidio, se incluyen otros que se
califican de torturas, asesinatos, terrorismo, lesiones graves a la integridad
física o mental de las personas y detenciones ilegales, describiéndose las matanzas, los desplazamientos forzosos de la población y otros actos encaminados a la destrucción del pueblo maya.
En la denuncia se hace especial referencia a la matanza ejecutada en la Embajada de España en Guatemala en Enero de 1980, y a los asesinatos de sacerdotes españoles y de otras nacionalidades acaecidas entre los años 1972 a 1983,
y la desaparición y muerte de la familia de la propia Premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú Tum. Su padre fallecido en la quema de la embajada española, su madre desaparecida y muerta, su hermano Patrocinio asesinado...
La imputación de culpabilidad a las personas denunciadas se asienta en su
calidad de responsables directos, como integrados en el aparato estatal, de
las acciones militares y de las paramilitares, cuyo objetivo, fuera de lo propiamente bélico, era la comisión de los hechos denunciados, de finalidad
genocida, esencialmente.
El escrito de denuncia formula algunas consideraciones acerca de la pasividad, cuando no complicidad, de la Administración de Justicia de Guatemala, Jueces y Fiscales, por razón de la inactividad investigadora de los hechos denunciados y de paralizaciones o suspensiones injustificadas de los
procesos pendientes, que deben seguirse en virtud de los acuerdos con el
Gobierno español de 1984.
Por auto de 9 de diciembre de 1999 se incoaron las presentes diligencias
previas, en las que se acordó requerir a la denunciante para que ratificara en
presencia judicial el escrito inicial, que así verificó el 20 de diciembre de
1999, dándose traslado ese mismo día al Ministerio Fiscal, para que informara sobre la competencia de este Juzgado Central de Instrucción para
instruir y a la Audiencia Nacional para resolver.
El 2 de diciembre de 1999 se presentó la Demanda por genocidio, torturas,
y terrorismo de estado, en contra de diversos generales, ex jefes de estado y
otros altos mandatarios guatemaltecos, por parte de Rigoberta Menchú Tum.
De esta forma se da paso al incoamiento de la demanda que fue aceptada
por el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, que se convierte en la causa 331-99, la cual abrió la posibilidad de que pudieran ser
investigadas las denuncias por genocidio, terrorismo de estado y torturas
en Guatemala, en el marco de la legislación de Justicia Universal.
La doctrina de Justicia Universal tiene potestad para juzgar los crímenes de
lesa humanidad como el genocidio, tortura, terrorismo y asesinato, los cuales tienen la consideración de no prescriptibles.
El 13 de diciembre del año 2000, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dicta resolución, declarando que ´por el momento´ no procede la jurisdicción de la justicia española para conocer sobre los crímenes de Lesa
Humanidad cometidos en Guatemala, porque no ha sido debidamente probado que los tribunales guatemaltecos no están en disposición y capacidad
de juzgar a los responsables de los mismos.
Toman esta resolución sin tener presentes los datos que se aportaron para la
denuncia de genocidio, previamente y exhaustivamente documentados por
la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, C.E.H., con su calificación técnica de genocidio, ni la cifra de víctimas mortales que corrobora dicho informe, más de 200.000. Esta documentación se acompañó dentro de la denuncia presentada el año 1999 por Rigoberta Menchú y diversas
instituciones, contra altos responsables de algunos de aquellos delitos de
La demanda presentada y que dio lugar a la sentencia de la Audiencia Nacional de la fecha señalada, consistió en negar la jurisdicción española para
tales crímenes, adoptando así una sentencia restrictiva que contradice el
marco de la intervención jurisdiccional universal para casos no prescriptibles.
Contexto histórico - 53
La Sala establece el 25 de febrero de 1999, día en que se presentó el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, C.E.H., como la fecha a partir de la cual se pudo exigir el juzgamiento de los responsables del
genocidio. Pretendió ignorar que desde 1985 está en vigor una nueva Constitución y que el 14 de enero de 1986, el último dictador militar de facto le
entregó el gobierno a un presidente civil.
De manera formal, desde hace 14 años se deberían haber iniciado los procesos judiciales en contra de los genocidas. Jamás un solo militar ha sido
juzgado por esos crímenes en Guatemala.
La audiencia nacional dispone el archivo de la querella por genocidio en
Guatemala iniciada el 2/12/1999
Los argumentos principales para soportar la denegación son;
a) falta de agotamiento de los procesos judiciales en Guatemala;
b) principio de subsidiaridad con las jurisdicciones nacionales y el
Tribunal Penal Internacional y,
c) que la C.E.H. estableció que estos delitos no están incluidos en los
Desde el punto de vista del derecho interno español, éste establece claramente la utilización del derecho internacional y del ´iu cogens´ como normas aplicables en el derecho interno. El Auto dio por finalizado y dispuso
el archivo de diligencias del procedimiento sin entrar en la valoración de
los hechos denunciados en la querella.
El 25 de febrero del año 2003, el Tribunal Supremo dicta sentencia sobre el
Recurso de Casación presentado ante dicho tribunal, en contra de la resolución
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 13 de diciembre de
2000. Sentencia que sigue sin reconocer, lo mismo que hace la sentencia de la
Audiencia Nacional el marco de la jurisdicción universal, ya que sólo reconoce
la competencia de juzgar los casos de víctimas de nacionalidad española, negando dicha posibilidad a las víctimas guatemaltecas o de otra nacionalidad.
El concepto de Justicia Universal queda nuevamente postergado, sometido
a la existencia o no, de algún ´vínculo´ suficiente o de otros requisitos prácticamente imposibles de cumplir. Es de destacar la votación que acompañó
dicha resolución, en la medida en que el resultado de la votación: ocho
votos contra siete, evidenció la propia debilidad de aquel pronunciamiento.
El 6 de octubre del año 2006, con la resolución favorable del Tribunal Constitucional, al que se recurrió la sentencia del Tribunal Supremo, se adopta
una resolución favorable en la causa 331/99 para el juzgamiento del genocidio en Guatemala en el marco de la jurisdicción universal.
Obliga a dar curso al recurso presentado el año 1999, por parte de Rigoberta
Menchú Tum y otras organizaciones de DD.HH. que se sumaron a la causa
incoada, en aras de solicitar justicia por los crímenes de genocidio, torturas, terrorismo, y asesinatos cometidos en Guatemala, y poder ser los mismos juzgados en el marco de la Justicia Universal, ante la nula posibilidad
de que sean juzgados en su propio país, por la inhibición del sistema de
justicia en las causas acaecidas.
El gran drama, la terrible tragedia que clama desde décadas atrás, Guatemala. Las atrocidades cometidas por aquel ejército centroamericano durante varias décadas, con sus máximos horrores, especialmente concentrados
en un período concreto que la reciente sentencia sitúa entre 1978 y 1986.
El genocidio perpetrado contra la población maya, supera todo lo conocido
en Chile, Argentina, El Salvador y cualquier otra de las dictaduras militares
padecidas por América Latina en aquellas décadas de los 70 y 80 del siglo XX.
La sentencia del Tribunal Constitucional, restableciendo la primacía del
principio de Justicia Universal para los delitos de lesa humanidad reintegra
la esperanza de que por fin los crímenes cometidos en Guatemala y en otros
países, puedan ser juzgados.
A nivel internacional, es el único marco en el que pueden ser juzgados, ya
que instancias como la Corte Penal Internacional, que instaló su sede en La
Haya, no tienen competencias, por carecer de facultades retroactivas y tratarse de hechos muy anteriores a su puesta en vigor el 1 de julio de 2002.
Contexto histórico - 55
El Tribunal Constitucional adoptó una resolución favorable en la causa 331/
99 de juzgamiento del genocidio en Guatemala, en el marco de la jurisdicción universal.
Realizada la Vista para conocer el recurso de amparo presentado por los
acusadores particulares y la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú
Tum, el 26 de septiembre de 2005, dicho tribunal otorgó el amparo solicitado en el caso de genocidio en Guatemala.
Así se aplica la jurisdicción universal y se equipara el juzgamiento de las
víctimas de dicho genocidio, sean de la nacionalidad que sean, ya que se
consideran crímenes de lesa humanidad, por ello no prescriptibles.
De esta forma el Tribunal Constitucional revocó la sentencia del Tribunal
Supremo dictada en febrero de 2002, por la que se declaraba la competencia de los tribunales españoles, sólo para los casos de víctimas de nacionalidad española. El amparo concedido señala la violación de las garantías
constitucionales al limitar la jurisdicción, a aplicar el criterio de personalidad pasiva que no existe en la legislación española.
En la misma resolución se revoca igualmente el auto de diciembre de 2000
del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que impuso
como requisito para la competencia, la subsidiariamente de los tribunales
españoles ante la inacción comprobable de la jurisdicción penal
guatemalteca, dejando en firme, el auto del juez instructor Guillermo Ruiz
Polanco, que señaló la competencia de los tribunales españoles para todas
las víctimas, independientemente de su nacionalidad.
El Tribunal Constitucional ha considerado que en la legislación española se
´instaura un principio de jurisdicción universal absoluto´, sin sujeción alguna a ´criterios restrictivos de corrección o procedibilidad, y sin ordenación jerárquica alguna, con respecto al resto de las reglas de atribución
competencial´. Criterios restrictivos que en el caso de un delito tan grave
como el de genocidio, ´contradicen la propia naturaleza del delito y la aspiración compartida de su persecución universal´.
Una vez ejecutado el amparo para el regreso del expediente al Juzgado
Central de Instrucción n° 1 de la Audiencia Nacional, ha debido de reiniciarse
la investigación por genocidio, terrorismo y torturas tal como se presentó la
denuncia inicial en el año 1999.
Con la resolución del Tribunal Constitucional la causa 331/99 ante la Audiencia Nacional se convierte en un medio de obtención de justicia para las
víctimas del genocidio, terrorismo de estado y tortura en Guatemala, y contribuye a que se entienda que el principio de jurisdicción universal, prima sobre
cualquier interés nacional cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
Comisión rogatoria a Guatemala y órdenes de captura
El día 11 de noviembre de 2005 el Juez de la Audiencia Nacional, Santiago
Pedraz realizó una nueva petición a las autoridades guatemaltecas para que
le autorizaran a tomar declaración a testigos e imputados en relación con
los crímenes de genocidio, asesinatos y detenciones ilegales cometidos en
Guatemala durante el período que va de 1978 a 1986. Fue acompañado en
estas diligencias por el fiscal Juan Antonio García Javaloy.
Es una petición reiterada, pues fue girada por primera vez a mediados del
año 2004 y respondida, dilatoria e ineficientemente, por los órganos de la
judicatura competentes de Guatemala sin que la Comisión Rogatoria se
pudiese concretar en ese momento.
De igual manera el Juez Santiago Pedraz confirmó la orden de detención contra
el dictador y genocida Romeo Lucas García y el Ministro de Gobernación de la
época, Donaldo Alvarez Ruiz. Este último, prófugo de la Justicia desde diciembre de 2004, cuando evadió su detención en México y se refugió en Panamá
gracias al apoyo que le brindó el ex presidente golpista Jorge Serrano Elías.
El informe de la investigación, debidamente documentado, fue entregado a
las autoridades panameñas para que actuaran legalmente conforme a lo establecido en los tratados internacionales. Hasta la fecha tanto la Interpol
como el Estado de Panamá han hecho caso omiso a la orden de captura
internacional librada por el tribunal Español.
Desde el año 2004, que se libró desde la Audiencia Nacional una solicitud
para la realización de una Comisión Rogatoria Internacional, con el correspondiente desplazamiento del Juzgado a territorio de Guatemala para hacer
indagaciones, éstas no han tenido fruto.
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Nazareth Luna

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