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Timestamp: 2020-06-02 11:24:09+00:00

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Sentencia de Tutela nº 045/16 de Corte Constitucional, 10 de Febrero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 609974786
Sentencia de Tutela nº 045/16 de Corte Constitucional, 10 de Febrero de 2016
PENSION DE JUBILACION POR APORTES. REQUISITOS. REGIMEN DE TRANSICION. Se aduce que Colpensiones y la UGPP vulneraron derechos fundamentales del actor, al negarle la pensión de jubilación por aportes que considera tener derecho, por presentarse un supuesto conflicto de competencia administrativa entre ambas entidades, al estimar no haber sido el último fondo en el que cotizó los aportes. Se aborda la siguiente temática: 1º. El derecho a la seguridad social en pensiones. 2º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de un derecho pensional. 3º. El régimen de transición pensional consagrado en la Ley 100 de 1993 y, 4º. Principales regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993. La Sala concluye que el accionante es beneficiario del régimen de transición y que cumple con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes reclamada. Establece, que la UGPP es la obligada a reconocer y pagar esta prestación, mientras que a Colpensiones le corresponde trasladar los aportes realizados por el peticionario al ISS, en el período comprendido entre diciembre de 1976 y agosto de 1984. Se TUTELAN los derechos al mínimo vital y a la seguridad social.
Acción de Tutela instaurada por C.A.L.S., contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.
En el proceso de revisión del fallo proferido el 5 de agosto de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B., que confirmó la sentencia del 23 de junio de 2015, por medio de la cual el Juzgado Noveno Civil del Circuito de B. declaró improcedente el amparo de los derechos de petición, mínimo vital, igualdad, dignidad humana, confianza legítima y favorabilidad en materia pensional del señor C.A.L.S..
El señor C.A.L.S. interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante -COLPENSIONES- y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante -UGPP-, por cuanto estimó vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, ya que dichas entidades se han abstenido de dar trámite a su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a que dice tener derecho, lo anterior por presentarse un supuesto conflicto de competencia administrativa.
1.1.1.1. El señor C.A.L.S. manifiesta que desde el 17 de diciembre de 1976 hasta el 17 de agosto de 1984 laboró para el señor B.V.L., aportando para pensión al Instituto de Seguros Social –ISS, hoy COLPENSIONES, para un total de 400.14 semanas cotizadas.
1.1.1.2. Indica que desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 31 de julio de 2002 prestó sus servicios en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Departamento de Arauca, y desde el primero de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004 en la misma entidad en B., realizando cotizaciones a la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante CAJANAL, durante 14 años, 3 meses y 1 día, lo que equivale a 733 semanas de cotización, para un total cotizado en el Sistema General de Pensiones –Régimen de Prima Media- de 1.133 semanas.
1.2.1. Mediante auto del 10 de junio de 2015, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de B. admitió la solicitud de amparo, vinculó a la UGPP, a COLPENSIONES y al señor C.A.L.S., y corrió traslado de la misma para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
Mediante fallo del 23 de junio de 2015, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de B. declaró improcedente el amparo solicitado, argumentando que al tratarse el presente caso de un conflicto de competencia suscitado entre dos autoridades administrativas, la acción de tutela no procede para resolverlo, a menos que se evidencie la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
De conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante, señor C.A.L.S., impugnó el fallo de tutela. Como argumentos de su impugnación sostuvo que es necesaria la revisión de la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que: “i) no se ajusta a los hechos que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho en el examen y consideración de mi petición; ii) se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de mi derecho como lo establece la ley; iii) se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente erróneas; y iv) incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acción de tutela, que resulta inane a mis pretensiones, por errónea interpretación de sus principios”.
Mediante fallo del 5 de agosto de 2015, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B. confirmó la sentencia impugnada, aduciendo que el actor cuenta con otra vía para acceder a la protección de las garantías que invoca.
En el mismo sentido, manifestó el fallador de segunda instancia que se aparta de las razones esgrimidas por el Juzgado Noveno del Circuito de B., en el sentido en que negó el amparo solicitado por C.A.L.S., “pues no existen razones para sostener que el accionante deba hacer uso del mecanismo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 para dirimir un supuesto conflicto de competencia entre las entidades accionadas, pues a la luz de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que el objeto de la presente tutela escapa a un simple conflicto de competencia, y se trata más bien de los derechos pensionales del actor”.
1.4.1. Copia de la resolución GNR 285910 del 14 de agosto de 2014, por la cual COLPENSIONES “niega el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por el señor C.A.L.S.”.
1.4.2. Copia del recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por el señor C.A.L.S. en contra de la resolución GNR 285910 del 14 de agosto de 2014.
1.4.3. Copia de la certificación proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual certifica el tiempo laborado por el señor C.A.L.S..
1.4.4. Copia del certificado de información laboral del señor C.A.L.S., proferido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Santander.
1.4.5. Copia de la resolución RDP 011137 del 20 de marzo de 2015, por la cual la UGPP “niega el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por el señor C.A.L.S.”.
1.4.7. Copia del derecho de petición presentado por el señor C.A.L.S. ante la UGPP el 14 de noviembre de 2014, encaminado a obtener su “pensión de vejez”.
1.4.8. Copia de la resolución ADP 003804 del 6 de mayo de 2015, mediante la cual la UGPP rechazó el recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por el señor C.A.L.S. contra la resolución RDP 11137 del 20 de marzo de 2015.
“PRIMERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se ponga en conocimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Avenida Calle 26 # 51-50 – CAN, Bogotá), de la Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Departamental de Arauca (Calle 22 Nº. 21-30, piso 2, Arauca, Arauca), de la Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Departamental de Santander (Calle 28 Nº. 48-51, B. y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Carrera 8 Nº. 6C-38, B.D.C.), la solicitud de tutela de la referencia y los fallos de instancia, para que dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, expresen lo que estimen conveniente.
i) Haga llegar a esta Corporación una relación detallada mes a mes del fondo o los fondos de pensiones en los que aportó las cotizaciones para pensión del señor C.A.L.S..
TERCERO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR al señor C.A.L.S. (Calle 150 Nº. 27-22 Tarragona II Etapa, Floridablanca, Santander) para que dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, informe cuál fue el último Fondo de Pensiones al que cotizó para pensión. De ser posible, se solicita que adjunte los documentos pertinentes que así lo certifiquen.
CUARTO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR a COLPENSIONES y a la UGPP, para que dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación informen el trámite interno dado por el Instituto de Seguros Sociales –ISS y por la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL- a la solicitud pensional del señor C.A.L.S..
QUINTO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR a la UGPP, para que dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación informe si CAJANAL debía o no expedir bono pensional a favor del señor C.A.L.S.. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior y de no haberse hecho, explique las razones por las cuales se omitió dicho procedimiento.
SEXTO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR a COLPENSIONES, para que dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación informe si el ISS debía o no expedir bono pensional a favor del señor C.A.L.S.. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior y de no haberse hecho, explique las razones por las cuales se omitió dicho procedimiento.
1.6.1. Mediante escrito del 15 de enero de 2016, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Arauca, manifestó que revisada la historia laboral del señor C.A.L.S. se constató que prestó sus servicios en esta circunscripción desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 31 de julio de 2002, y que desde su vinculación y durante su permanencia sus aportes a pensión fueron dirigidos a CAJANAL.
No obstante lo anterior, dicha entidad indicó que una vez revisados los antecedentes administrativos que reposan en la historia laboral de C.A.L.S., el Nivel Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, competente para la época, expidió los formatos laborales de información laboral bajo el consecutivo Nº. GTH 555-2010 de fecha 12 de octubre de 2010, en los cuales se evidencia que la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó los aportes de pensión en CAJANAL, entidad a la que se encontraba afiliado C.A.L.S. durante su periodo de vinculación laboral, comprendido entre el 9 de mayo de 1990 al 8 de agosto de 2004[5].
1.6.3. A través de escrito del 18 de enero de 2016, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Santander, manifestó que[6] “de conformidad con los documentos que reposan en la historia laboral del señor C.A.L.S. se identifica que laboró en la Delegación Departamental de Santander desde el primero (1) de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004, como Registrador Municipal del Estado Civil, y que los aportes a pensión fueron realizados a CAJANAL (ISS hoy COLPENSIONES)”.
La entidad adjuntó constancia expedida conforme a la historia laboral que reposa en sus archivos, en la que se lee que “el señor C.A.L.S. realizó aportes desde el 1 de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004 en CAJANAL”.
1.6.6. Mediante escrito del 29 de enero de 2016, el señor C.A.L.S. envío al Despacho del Magistrado Sustanciador declaración juramentada presentada por las señoras Lucía del C.E.P. y M. delC.P.P., quienes manifestaron ante el Notario Octavo de B. que conocen al señor L.S. desde hace 45 años, y que les consta que en la actualidad no se encuentra trabajando, por lo que es su esposa quien labora por días en “oficios varios” para cubrir los gastos del hogar[9].
El accionante manifiesta que desde el 17 de diciembre de 1976 hasta el 17 de agosto de 1984 laboró para el señor B.V.L., lapso de tiempo en el que aportó para pensión al ISS, hoy COLPENSIONES, para un total de 400.14 semanas cotizadas.
Desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 31 de julio de 2002 prestó sus servicios en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Departamento de Arauca, y desde el primero de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004 en la misma entidad en B., realizando cotizaciones a CAJANAL, durante 14 años, 3 meses y 1 día, lo que equivale a 733 semanas de cotización, para un total cotizado en el Sistema General de Pensiones –Régimen de Prima Media- de 1.133 semanas.
Por lo anterior, el expediente fue remitido a la UGPP, quien mediante resolución Nº. RDP 011137 del 20 de marzo de 2015 manifestó no tener competencia para tramitar lo solicitado por el actor. Como fundamento de su decisión, la UGPP manifiesta que la Registraduría Nacional del Estado Civil en el certificado de tiempos de servicio Nº. GTH-555-2010 expedida el 12 de octubre de 2010 incurrió en una imprecisión, en el sentido en que manifestó que los aportes a pensión del señor L.S. se efectuaron a CAJANAL del 9 de mayo de 1990 al 8 de agosto de 2004, sin embargo, también indicó que éste laboró del 9 de mayo de 1990 al 12 de enero de 1993 y del 11 de enero de 1994 al 4 de septiembre de 1994, es decir que no laboró un año.
Así mismo, sostiene la UGPP que de conformidad con las sábanas de cotización del interesado, se establece que “aportó a pensión al ISS como independiente, del primero al 30 de julio de 2001, y como trabajador de la Registraduría Nacional del Estado Civil del primero al 30 de octubre de 2001, por lo que los tiempos laborados para la Registraduría con posterioridad al primero de noviembre de 2001 debieron ser cotizados al ISS, como quiera que según los artículos 4 y 34 del Decreto 692 de 1994, el señor L.S. optó por pasarse al ISS en el periodo comprendido entre el primero y el 30 de octubre de 2001, por lo que este caso se ciñe por el Decreto 692 de 1994, por lo tanto CAJANAL no puede por disposición legal haber recibido nuevamente al afiliado después de haberse cambiado de fondo (…)”.
En el caso sub examine se observa que el señor C.A.L.S., quien es la titular de los derechos que se alegan vulnerados, interpuso la acción de tutela por sí mismo, por lo que la Sala encuentra que representa sus propios intereses.
La Sala estima que aunque el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, ese instrumento resulta no ser idóneo para lograr dicha protección, teniendo en cuenta que el señor L.S. tiene 61 años de edad, por lo que, impetrar una acción por la vía ordinaria y esperar una sentencia que resulte favorable a sus intereses, podría superar la expectativa probable de vida del petente.
Aunado a lo anterior, vale la pena tener presente que el señor L.S. ha tenido que trabajar esporádicamente en trabajos informales para poder ayudar a su esposa en el sostenimiento de su casa, situación que se presenta desde el año 2004 –fecha en la que dejó de laborar en la Registraduría Nacional del Estado Civil-. Por ello, es desacertado, ahora que cumple con los requisitos para acceder a su pensión, la cual se constituye en la esperanza de tener una vida digna, someterlo a esperas injustificadas, pese a que diligentemente, desde agosto de 2014, ha realizado los trámites pertinentes ante la UGPP y ante COLPENSIONES para solicitar tal prestación. No obstante, COLPENSIONES no ha accedido a su petición por cuanto manifiesta que el último fondo al que cotizó el accionante fue CAJANAL, quien a su vez manifiesta no tener claridad respecto a haber sido el último fondo de pensiones del actor.
Como fundamento de lo anterior, sostiene CAJANAL que la información presentada por el antiguo empleador del señor L.S. es inconsistente, pues en ciertas oportunidades precisa que el último fondo al que cotizó el accionante fue el ISS y en otras ocasiones manifiesta que fue CAJANAL.
3.3. EXAMEN DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SEÑOR C.A.L.S.
3.3.1. El señor C.A.L.S. nació el 27 de marzo de 1954, por lo que, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, a primero de abril de 1994, tenía 40 años de edad; por tanto, según lo establecido en el artículo 36 de la mencionada ley, es beneficiario del régimen de transición.
3.3.2. En vista de lo anterior, encuentra la Sala que el régimen pensional al que pertenecía el señor L.S. a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 es la Ley 71 de 1988, por cuanto a esa fecha contaba con tiempos de servicio tanto en el sector público como en el sector privado, por lo que es beneficiario de las condiciones establecidas en el artículo 7 de dicha ley, que consagra que “Apartir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”.
En ese orden de ideas, se tiene que el señor L.S. puede acceder a su pensión de jubilación por aportes siempre y cuando cumpla los requisitos señalados en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, por lo que, a continuación pasará la Sala a estudiar si en esta oportunidad procede el reconocimiento de dicho derecho pensional.
Respecto a esta información, se tiene que la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Arauca, adjuntó a su escrito de contestación “certificado de salarios mes a mes para liquidar pensiones en el régimen de prima media” del señor L.S., en el que se lee que prestó ininterrumpidamente sus servicios a esa delegación desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 31 de julio de 2002[27].
Ahora bien, del material aportado a este proceso por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Santander, se tiene que ésta sostuvo que “de conformidad con los documentos que reposan en la historia laboral del señor C.A.L.S. se identifica que laboró en la Delegación Departamental de Santander desde el primero (1) de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004, como Registrador Municipal del Estado Civil, y que los aportes a pensión fueron realizados a CAJANAL (ISS hoy COLPENSIONES)”[28].
No obstante la contradicción anterior, dicha delegación adjuntó la “certificación de salarios mes a mes para liquidar pensiones del régimen de prima media” del señor L.S., en la que se prueba que el actor trabajó ininterrumpidamente para dicha entidad desde el 2 de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004, periodo de tiempo en el que cotizó para pensión a CAJANAL[29].
Por otra parte, se tiene que la Registraduría Nacional del Estado Civil informó a esta Sala que el señor C.A.L.S. trabajó (entre la Delegación Arauca y Santander) desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 8 de agosto de 2004, tiempo en el que realizó sus aportes para pensión a CAJANAL, acumulando 733 semanas[30], para un total de 1.133 semanas cotizadas en el régimen de prima media. Para mayor ilustración de lo anterior, la entidad adjuntó “certificación de salarios mes a mes para liquidar pensiones del régimen de prima media”.
Así las cosas, la Sala considera que pese a la inicial inconsistencia en la información presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el presente caso se debe dar por probado que el señor L.S. trabajó ininterrumpidamente para esa entidad desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 8 de agosto de 2004, tiempo en el que hizo sus aportes para pensión a CAJANAL, ello en virtud de que detalladamente las sábanas de la historia laboral del accionante, las cuales fueron adjuntadas al proceso, demuestran que mes a mes en la fecha en mención, las cotizaciones a pensiones del actor se realizaron a CAJANAL.
3.3.5. Por lo anterior, se evidencia que el señor C.A.L.S. cumplió requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988 desde el mes de marzo de 2004, y que en agosto de esa misma anualidad solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por aportes, pero le fue negada bajo el argumento de que ello era competencia de la CAJANAL hoy UGPP, por cuanto fue el último fondo al que realizó aportes.
Así las cosas, encuentra la Sala que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, a 25 de julio de 2005, el señor L.S. había cotizado 1.133 semanas, por lo que el régimen de transición se le mantiene hasta el 2014, año en el que cumplió el requisito de edad para acceder a su pensión de jubilación por aportes, y en el que efectivamente solicitó su pensión.
3.3.7. Precisado que el señor L.S. sí tiene derecho a su pensión de jubilación por aportes, entra la Sala a definir cuál es la entidad encargada de reconocer y pagar su derecho, pues se tiene conocimiento de que COLPENSIONES y la UGPP se niegan a reconocer y pagar la pensión por él solicitada, aduciendo ambos no haber sido el último fondo en el que cotizó sus aportes.
En ese orden de ideas, la Sala vuelve a traer a colación la prueba presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que certifica que desde 1990 hasta el 2004, fecha en la que el señor L.S. se retiró del servicio, realizó aportes para pensión en CAJANAL, siendo esta entidad su último fondo de pensiones, por tanto, la obligada a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación por aportes a que tiene derecho.
En esa medida, la UGPP será la obligada a reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes a que tiene derecho el señor C.A.L.S.. No obstante, COLPENSIONES debe trasladar los aportes realizados por el accionante al ISS en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 1976 hasta el 17 de agosto de 1984, para que sean contabilizados para efectos del reconocimiento de su pensión.
3.3.8. En virtud de lo antes dicho, la Sala revocará la decisión proferida el 5 de agosto de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B., el cual confirmó a su vez el fallo del 23 de junio de 2015, proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de B., que declaró improcedente el amparo solicitado. En su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales del señor C.A.L.S. a la seguridad social y la mínimo vital. En consecuencia, se ordenará a la UGPP que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de este fallo, proceda a reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes a que tiene derecho el señor C.A.L.S., de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.
3.4.2. En el mes de agosto de 2004 el señor L.S. cumplió con el requisito de los 20 años de aportes, por cuanto para esa época tenía un total de tiempo aportado en el régimen de prima media de 1.133 semanas, lo que equivale a 22 años. Respecto al requisito de la edad, se encuentra que el accionante lo acreditó en marzo de 2014, cumpliendo así con los requerimientos para acceder a su derecho pensional.
3.4.3. Respecto a la información del tiempo laborado y cotizado para pensión por parte del accionante, existió en principio una inconsistencia derivada de las pruebas presentadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil como antiguo empleador del señor L.S., situación de la que se valieron las entidades accionadas para negar el reconocimiento del derecho del actor, aduciendo ambas no haber sido el último fondo al que éste cotizó para pensiones, por tanto, no estar obligadas al reconocimiento y pago de dicha prestación.
3.4.4. No obstante lo anterior, la Sala da por probado que el señor L.S. trabajó para esa entidad desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 8 de agosto en 2004, tiempo en el que además realizó sus aportes para pensión a CAJANAL, ello en virtud de que las sábanas de la historia laboral del accionante demuestran que mes a mes en la fecha en mención, las cotizaciones a pensiones del actor sí se realizaron a CAJANAL, razón por la es la obligada a reconocer y pagar la prestación solicitada. Además porque esta prueba goza de presunción de legalidad, por cuanto no ha sido rebatida por ninguna de las entidades accionadas, quienes no desvirtuaron la autenticidad de la información.
PRIMERO: REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida el 5 de agosto de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B., la cual confirmó a su vez el fallo del 23 de junio de 2015, proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del señor C.A.L.S..
SEGUNDO: ORDENAR a la UGPP que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de este fallo, proceda a reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes a que tiene derecho el señor C.A.L.S., de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.
[1] Folio 103 del cuaderno 2. Mediante resolución VPB 23563 del 12 de marzo de 2015, por medio de la cual C. resolvió un recurso de apelación en contra de la resolución 285910 del 14 de agosto de 2014, sostuvo que: “una vez revisados los aplicativos de la historia laboral y bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se pudo determinar que la entidad definitiva y encargada de resolver la prestación económica solicitada es la UGPP”.
[2] Folio 106 del cuaderno 2. Mediante resolución RDP 011137 del 20 de marzo de 2015, por medio de la cual la UGPP “negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez del señor C.A.L.S.”, sostuvo que: “(…) El certificado de tiempos de servicio Nº. GTH-555-2010 expedida el 12 de octubre de 2010 por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el cual se informa que los aportes a pensión se efectuaron a CAJANAL -hoy en liquidada- del 9 de mayo de 1990 al 8 de agosto de 2004, sin embargo, también indica que laboró del 9 de mayo de 1990 al 12 de enero de 1993 y del 11 de enero de 1994 al 4 de septiembre de 1994, es decir que no laboró 358 días, lo cual resulta contradictorio frente al periodo de cotización.
Así mismo se observa que de conformidad con sábanas de cotización aportadas en copia simple y con la página de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se establece que el interesado aportó a pensión al ISS, como independiente del primero al 30 de julio de 2001, y como trabajador de la Registraduría Nacional del Estado Civil del primero al 30 de octubre de 2001, por lo que los tiempos laborados para la Registraduría con posterioridad al primero de noviembre de 2001 debieron ser cotizados al ISS, como quiera que según los artículos 4 y 34 del Decreto 692 de 1994, el señor L.S. optó por pasarse al ISS en el periodo comprendido entre el primero y el 30 de octubre de 2001, por lo que este caso se ciñe por el Decreto 692 de 1994, por lo tanto CAJANAL no puede por disposición legal haber recibido nuevamente al afiliado después de haberse cambiado de fondo (…)”.
[10] M.P.J.I.P.C..
[11] Sentencia C-107 de 2002, M.P.C.I.V.H..
[15] M.P.M.G.C..
[17] M.P.J.C.H.P..
[22] M.P. Esta sentencia fu reiterada en la T- 892 de 2013. M.P.J.I.P.P..
[23] Ver sentencia T- 892 de 2013. M.P.J.I.P.P..
[24] Sentencia T- 417 del 25 de mayo de 2010. M.P.M.V.C.C..
[25] Sentencia T-343 de 2014. M.P.L.E.V.S..
[26] Sentencia T-855 de 2011. M.P.N.P.P..
[31] Sentencia T-855 de 2011. M.P.N.P.P..

References: artículo 31
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 36
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución