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INFORME UCSP Nº: 2010/030 - PDF
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Eva Acuña de la Fuente
1 MINISTERIO DE LA POLICÍA Y DE CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA INFORME UCSP Nº: 2010/030 FECHA 24/03/2010 ASUNTO DELITO DE INTRUSISMO EN EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. ANTECEDENTES El presente informe se emite como consecuencia de un escrito de una Unidad Territorial de Seguridad Privada, quien a su vez, remite otro un Delegado de Organización de una Central Sindical, a través del cual, solicita informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, en relación a diferentes cuestiones sobre la posible comisión de un delito de intrusismo en el ámbito de la seguridad privada, cuando personas que carecen de habilitación expedida por el Ministerio del Interior, realizan funciones propias del personal de seguridad privada. CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. El Artículo 403 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, regula dentro del título XVIII, el delito de intrusismo, en los siguientes términos El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acreditare la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco meses. El actual Código Penal, supera las discrepancias anteriores relacionadas con la interpretación de si por título oficial debía entenderse únicamente titulo académico o si por el contrario debía ampliarse a cualquier título expedido por el Estado que habilitara para el ejercicio de una profesión, diferenciando en el propio precepto entre título académico y título oficial. CORREO ELECTRÓNICO C/ Rey Francisco, MADRID TEL.: FAX:
2 Por título académico hay que entender los títulos universitarios (Doctores, Licenciados etc...) expedidos por España, o en un país extranjero, siempre que se trate de un título reconocido en España. Por título oficial, hay que entender, además de título académico, cualquier título que sea otorgado o reconocido por el Estado Español, siempre que habilite para el ejercicio de una profesión. En este sentido, la Secretaría General Técnica ya se pronunció en un primer informe de fecha 20 de noviembre de 2001, estableciendo que, la autorización administrativa que habilita para el ejercicio de la profesión de vigilante de seguridad no es un título académico puesto que, ni su obtención requiere estudios superiores específicos, ni es la Autoridad Académica quien la concede, sino el Ministerio del Interior, dejando claro que, en ningún caso permite la aplicación del primer inciso del Artículo del Código Penal. Por lo que se refiere al concepto título oficial, la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se pronunció en informe de fecha de 19 de febrero de 2002, a petición de la propia Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior estableciendo que dentro de este concepto, pueden incluirse los títulos profesionales, no académicos, expedidos por la Autoridad Administrativa competente, de acuerdo con la normativa sectorial que corresponda, si bien es cierto que la propia Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada otorga el carácter de Autorización Administrativa a la habilitación del personal de seguridad privada previsto en el Apartado 2 del Artículo 1, es decir vigilantes de seguridad y especialidades, Jefes y Directores de Seguridad, Guardas Particulares de Campo y especialidades y Detectives Privados, y, por lo tanto, no lo considera expresamente como título oficial. El propio Secretario de Estado de Seguridad establece, en el apartado primero de las Resoluciones por las que se convocan pruebas de selección de Vigilantes de seguridad y sus especialidades que, la superación de las pruebas habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional. Atendiendo a los razonamientos anteriormente expuestos, la propia Secretaría General Técnica, emitió otro informe con fecha 19 de febrero de 2002 considerando que la Autorización Administrativa que habilita para el ejercicio de las distintas profesiones de seguridad privada, no tiene la consideración de título oficial a los efectos de lo previsto en el Artículo 403 del Código Penal, por las siguientes razones: MINISTERIO
3 a. Distinción entres títulos y autorizaciones, siguiendo la doctrina del Consejo de Estado, contraria a que los títulos académicos puedan considerarse autorizaciones (Dictamen de la Comisión permanente de 19 de noviembre de 1998 nº 3.302/98). b. Imposibilidad de afirmar, en virtud de la normativa general o sectorial en la materia, que la autorización administrativa que concede el Ministerio del Interior tenga la consideración de Título Oficial y, por lo tanto, su conceptuación como tal, a los efectos del Art. 403 del Código Penal, podría vulnerar el principio de tipicidad. Si bien lo expuesto hasta ahora, parece afectar a todo el personal de seguridad privada, esta Unidad Central entiende que existen diferencias claras en el caso de los Detectives Privados, ya que, siguiendo lo previsto en el Artículo 53 del R.D. 2364/1994, sí se les exige estar en posesión del Diploma de Detective Privado en la forma que se determine por Orden del Ministerio del Interior, después de cursar las enseñanzas programadas y de superar las pruebas, habiendo sido desarrollados los estudios, en lo que se refiere a su contenido y duración, en la Orden de 7 de julio de 1995 del Ministerio del Interior y en la Resolución de 19 de enero de 1996 de la Secretaría de Estado de Interior. En este sentido, el Juzgado de lo Penal número 1 de León, en Sentencia 68/02, ratificada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en Sentencia 37/2002 de 17 de mayo, aprecia delito de intrusismo en la conducta de dos personas que realizan actos propios de la profesión de Detective Privado, careciendo de la titulación oficial para el ejercicio de la misma, y en consecuencia, careciendo también de la habilitación otorgada por el Ministerio del Interior. Hay que señalar, y así lo expresa el Juzgado en su sentencia, que para la consumación del delito, además del elemento subjetivo de intencionalidad -solo es posible la comisión dolosa- exige que, para que se dé la conducta delictiva del delito de intrusismo, es necesario que concurran los elementos de, realizar ejercicios de actos de una profesión (elemento material) y, además, no estar en posesión del necesario título académico u oficial (elemento formal o normativo), siendo este un delito de mera actividad, por lo que la consumación se produce desde que se realiza un acto propio de la actividad invadida, sin que sea necesario que se cause resultado alguno, siendo posible también la tentativa, si antes de realizar el acto propio de la profesión invadida, es interrumpido por una actuación policial MINISTERIO
4 De la necesidad de que concurran los dos elementos, se deduce que no sería punible, por no resultar típico, la realización de actos de una profesión para la que no se requiera título académico u oficial, siendo, a juicio de esta Unidad Central, el caso del resto de personal de seguridad privada. Por lo que respecta a la consulta relativa a la posibilidad de la detención, por parte del personal de seguridad privada, de las personas responsables de este delito, para poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, esta Unidad Central entiende que no es posible realizar un pronunciamiento, sin conocer las circunstancias en cada uno de los casos, para determinar si procede la detención, o bien es posible la imputación sin detención. Respecto a la pregunta relacionada con la responsabilidad en que incurre el personal de Seguridad Privada que no ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes los actos delictivos de los que tenga conocimiento, se estará a lo dispuesto en las normas penales y administrativas vigentes. CONCLUSIÓN En atención a las consideraciones anteriores, cabe concluir lo siguiente: 1. No es posible la apreciación del delito de intrusismo previsto en el Art. 403 del Código Penal, simplemente por realizar funciones de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria, toda vez que se trata de una autorización administrativa que no tiene la consideración de título oficial. 2. En el caso de los Detectives Privados, la realización de funciones, careciendo del Diploma de Detective necesario, siguiendo el criterio jurisprudencial, sí pueden incurrir en esta tipología delictiva, si concurren los elementos necesarios en la conducta (elemento formal y material) y, además, se da el elemento subjetivo de la intencionalidad. 3. Para proceder a la detención o no del autor de esta conducta, es necesario apreciar otras circunstancias, toda vez que lo mas adecuado parece la imputación sin detención, por lo que en el caso del personal de seguridad privada, la actuación correcta sería la simple comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, para que sean estas las que actúen en consecuencia MINISTERIO
5 4. El incumplimiento de la obligación que tiene el personal de seguridad privada de comunicar el conocimiento de actos delictivos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, generará las responsabilidades penales o administrativas, previstas en la legislación vigente. Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA Fdo.: Esteban GÁNDARA TRUEBA MINISTERIO
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References: Artículo 403
 Artículo 1
 Artículo 403
 Artículo 53
 Resolución 
 Artículo 35
 artículo 321
 artículo 6
 artículo 56
 REAL DECRETO 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto