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Timestamp: 2019-09-20 23:15:30+00:00

Document:
Acontecer Legislativo, 14 de junio del 2019. – Asociación Bancaria Costarricense
Acontecer Legislativo, 14 de junio del 2019.
Reforma LOSBN: ABC solicita modificar proyecto ante Comisión.
Reforma Ley Mercado de Valores: Asesor Legal de Bolsa Nacional de Valores, realiza observaciones a iniciativa.
El 11 de junio el Plenario aprobó en segundo debate la iniciativa de Ley, pasando al Poder Ejecutivo para su trámite respectivo.
El 10 de junio el Plenario Legislativo conoció el primer informe de mociones vía artículo 137, posteriormente, el proyecto fue aprobado en primer debate.
El 13 de junio el Plenario Legislativo aprobó en segundo debate la iniciativa de Ley, pasando al Poder Ejecutivo para su trámite respectivo.
El 10 de junio en el Diario Oficial La Gaceta No. 108, Alcance Digital 129 se publicó lo siguiente:
Decreto No. 41779 – Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.
El 13 de junio en el Diario Oficial La Gaceta No. 110, Alcance Digital No. 133, se publicó lo siguiente:
Ley 9694 – Ley del sistema de estadística nacional. Exp. 20.404.
Exp. 21.201. Autorización emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito. Proponente: Poder Ejecutivo. EUROBONOS. (Texto dictaminado en Comisión de Económicos).
Exp. 21.456. Fusión por absorción del Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica. Proponente: Walter Muñoz Céspedes (PIN). Resumen.
Exp. 21.446. Autorización al Ministerio de Hacienda para que reciba en dación en pago y como crédito fiscal dos fincas, propiedad del Banco de Costa Rica, para trasladarlas al Ministerio de Agricultura y Ganadería para la instalación de una finca experimental, la segregación y entrega de parcelas a agricultores de la provincia de Cartago y la instalación de una zona de bodegas para la instalación de una agroindustria en Cartago. Proponente: Xiomara Rodríguez Hernández (PRN). Resumen.
Exp. 21.436. Ley concursal de Costa Rica. Proponente: Welmer Ramos González (PAC) y otros. Resumen.
Proyectos asignados a Comisión
El Presidente Legislativo asignó un total de cincuenta y seis proyectos a Comisión. Dentro de las iniciativas asignadas a Comisión, se incluyen los siguientes proyectos de interés:
Exp. 21.184. Ley de fortalecimiento de la norma de subcapitalización. Reforma del artículo 9 bis de la Ley del impuesto sobre la renta, Ley 7092 del 21 de abril de 1998 y sus reformas. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA). Comisión Asuntos Hacendarios.
Exp. 21.210. Ley de cero tolerancia a la evasión fiscal. Proponente: Gustavo Viales Villegas (PLN). Comisión Asuntos Hacendarios.
Exp. 21.275. Ley de creación de una tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria. Proponente: Rodolfo Peña Flores (PUSC). Comisión Asuntos Hacendarios.
Exp. 21.346. Ley reguladora de las actividades de lobby y de gestión de intereses en la administración pública. Proponente: María Inés Solís Quirós (PUSC). Comisión Asuntos Jurídicos.
Exp. 21.364. Reforma al artículo 460 del Código de Comercio, Ley No. 3284 del 30 de abril de 1964, Ley de digitalización del cobro judicial. Proponente: María José Corrales Chacón (PLN). Comisión Asuntos Hacendarios.
Exp. 21.369. Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472. Proponente: Welmer Ramos González (PAC). Comisión Asuntos Económicos.
Exp. 20.076. Ley marco del derecho humano a la alimentación y de la seguridad alimentaria y nutricional. Proponente: Ex diputada Marlene Madrigal Flores (PAC) y otros.
El 11 de junio los Diputados que integran la Comisión aprobaron una moción de texto sustitutivo, posteriormente, aprobaron enviarlo a consultar ante: Instituciones autónomas del Estado, entre otras.
El 11 de junio los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia a las señoras Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes de la República, Hazel Díaz, Directora de Gestión Administrativa y Ana Karina Zeledón, Directora de Asuntos Económicos, también de la Defensoría de los Habitantes de la República.
Reducción honorarios
Exp. 20.987. Ley de reducción de honorarios profesionales a créditos de interés social. Proponente: Yorleni León Marchena (PLN).
El 12 de junio los Diputados que integran la Comisión aprobaron recibir en audiencia a los Señores Gustavo Vargas Fernández, Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica y Juan León Blanco, Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
El 12 de junio el Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por la (os) Diputada (os) Paola Vega Rodríguez (PAC), Luis Fernando Chacón Monge (PLN) y Mileidy Alvarado Arias (PRN), con un plazo para rendir informe de 30 días hábiles.
El 12 de junio el Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por las (el) Diputadas (o) María José Corrales Chacón (PLN), Catalina Montero Gómez (PAC) y Walter Muñoz Céspedes (PIN), con un plazo para rendir informe de 30 días hábiles.
El 13 de junio el Presidente de la Comisión integró una subcomisión para su estudio y presentación de informe conformada por los (a) Diputados Roberto Thompson Chacón (PLN), Carolina Hidalgo Herrera (PAC) y Harllan Hoepelman Páez (I), con un plazo para rendir informe de 60 días hábiles.
Adicionalmente, aprobaron enviar a consulta el expediente ante: Corte Suprema de Justicia.
Reforma artículo 69 – Ley 8204
Exp. 20.325. Ley de reforma al artículo 69 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786, de 30 de abril de 1998 y sus reformas. Proponente: Marcela Guerrero Campos (PAC) y otros.
El 10 de junio los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia a Sra. María Isabel Cortés, Directora Ejecutiva, Señores Ronulfo Jiménez, Asesor Económico y Mario Gómez, Asesor Jurídicos, todos de la Asociación Bancaria Costarricense. Resumen.
El 10 de junio los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia a la Sra. Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior y el Sr. Ricardo Hernández, Asesor Legal de la Bolsa Nacional de Valores. Resumen.
Fusión BCR - BNCR
Exp. 21.456. Fusión por absorción del Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica.
Proponente: Walter Muñoz Céspedes (PIN).
Resumen: Señala el proponente que la iniciativa busca la fusión entre el BNCR y el BCR, para fortalecer la estructura financiera de la Banca Comercial del Estado, y convertirla en una Banca moderna, sólida y competitiva que pueda aprovechar las ventajas de concentrar las operaciones del Estado y a la vez ofrecer un servicio de primera línea a los costarricenses.
Indica que la fusión bancaria propuesta, consiste en que el Banco de Costa Rica sea absorbido por el Banco Nacional de Costa Rica, rescatando las virtudes comerciales que el mercado costarricense ha estado reconociendo y demandando, reconociendo las fortalezas de cada entidad, y generando el menor impacto en el recurso humano.
Traslado de propiedades BCR - Hacienda
Exp. 21.446. Autorización al Ministerio de Hacienda para que reciba en dación en pago y como crédito fiscal dos fincas, propiedad del Banco de Costa Rica, para trasladarlas al Ministerio de Agricultura y Ganadería para la instalación de una finca experimental, la segregación y entrega de parcelas a agricultores de la provincia de Cartago y la instalación de una zona de bodegas para la instalación de una agroindustria en Cartago.
Proponente: Xiomara Rodriguez Hernández (PRN).
Resumen: La iniciativa busca autorizar al Ministerio de Hacienda para que reciba en dación en pago por concepto de deudas tributarias pendientes o como un crédito fiscal que mantenga con el Banco de Costa Rica, que se irá descontando conforme éste se constituya en obligado tributario, dos fincas de su propiedad.
Exp. 21.436. Ley concursal de Costa Rica.
Proponente: Welmer Ramos González (PAC) y otros.
Resumen: Manifiestan los proponentes que el proyecto de ley busca “determinar y ejecutar soluciones justas y funcionales, a las crisis patrimoniales de deudores privados, que les impidan el normal cumplimiento de sus obligaciones. En la solución de situaciones concursales, siguiendo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, se procurará de manera armónica y equilibrada: a) Restablecer y, en su caso, asegurar la viabilidad de las empresas. b) Preservar, de ser posible, la unidad del patrimonio concursado. c) Organizar el pago de las deudas del concursado, a través de la tutela efectiva de los intereses de los acreedores que integran la masa y d) Respetar los principios de igualdad y proporcionalidad en el trato de acreedores de una misma clase, salvo los casos de excepción expresamente establecidos por la ley.
Audiencia Sra. María Isabel Cortés, Directora Ejecutiva, Señores Ronulfo Jiménez, Asesor Económico y Mario Gómez, Asesor Jurídico, todos de la Asociación Bancaria Costarricense, quienes señalaron:
Sra. María Isabel Cortés:
Indicó que el proyecto ha sido analizado en detalle y que la Asociación en representación de los 14 Bancos que integran el Sistema Bancario Nacional, apoyan el proyecto. Adicionalmente, señaló que si bien están de acuerdo con la competencia sana y en igualdad de condiciones, consideran oportuno llamar la atención sobre algunos aspectos que no están relacionados con el fondo, sino con la forma.
Señaló que para que haya competencia en igualdad de condiciones se requiere una serie de precisiones en algunos de los artículos que contiene la propuesta de Ley, las cuales no alteran el contenido o el espíritu de la norma.
Dentro de las observaciones realizadas señaló los temas relacionados con temas de capital, gobernanza de la junta directiva y temas relacionados con cargas cuasi fiscales, que desde la perspectiva jurídica, consideran necesario que quede expresamente mencionado en la Ley.
Sr. Mario Gómez:
Manifestó que la ABC realizó una serie de observaciones de carácter técnico para que se cumpla con los temas jurídicos de taxatividad y seguridad jurídica.
Dentro de las observaciones señaló: debe quedar claro que se debe contar con un capital mínimo igual al de los Bancos Privados, que deben cumplir con el encaje mínimo y el impuesto a favor de CONAPE. Con respecto al tema de la gobernanza, manifestó que recomiendan que las sucursales tengan una Junta Directiva Local, lo anterior, basado en que existen disposiciones que tiene que ver con Gobierno Corporativo y con supervisión prudencial que hacen referencia a la Junta Directiva.
Mencionó que el proyecto de ley debe ser más específico y claro con respecto a qué estas sucursales deben cumplir con la regulación monetaria y prudencial.
Con referencia al tema de la gobernanza, indicó que es importante precisar que la ABC está observando una serie de disposiciones que quedarán a criterio de esta Comisión como resolverlas, tales como el reporte oficial de cumplimiento directamente a la Junta Directiva, la relación directa entre la Junta Directiva y el Auditor Interno, existen aspectos del Comité de Riesgo, los cuales están estrictamente vinculados con la Junta Directiva, además, existen una serie de normas dentro del Reglamento de Idoneidad, dictado por el CONASSIF que también están vinculadas al directorio de la entidad, entre otras.
Finalmente, señaló que quieren evidenciar que la Comisión debe resolver quién será esa contraparte en caso de que la figura de la Junta Directiva local no se incorpora en el proyecto de ley.
La Diputada Ivonne Acuña Cabrera (I) consultó ¿cuál es la diferencia en las observaciones de la ABC entre los términos de autorización, licencia y permiso, y por qué en el artículo 141 del proyecto de ley, la ABC sugiere cambiar las palabras “derechos y obligaciones” por “podrán realizar las mismas actividades que los bancos privados costarricenses”?, el Sr. Mario Gómez explicó que la autorización es un acto más calificado que un permiso; cuando hay una autorización existe un involucramiento mayor de la autoridad reguladora. Indicó que la ABC considera que las palabras “derechos y obligaciones” son términos muy difusos y que la observación es un tema de especificidad, no de fondo.
La diputada solicitó a la ABC el envío de una lista que indique en cuáles países exigen la existencia de juntas directivas locales. El Sr. Mario Gómez contestó que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que las sedes provinciales de Bancos requieren la existencia de juntas directivas; la ABC elaboró un listado de las situaciones en que la ley actual exige la presencia de una junta directiva. El Sr. Ronulfo Jiménez agregó que les preocupa la determinación de juntas directivas locales debido a que la regulación bancaria debe ver al futuro y preocuparse por cómo se regula una institución.
La Diputada Carolina Hidalgo Herrera (PAC) consultó si la ABC recomienda la figura de junta directiva para sucursales, ¿cuál podría ser otra figura?, ¿si la interpretación de la ABC es propia o se basa en derecho comparado?, y ¿en qué se diferenciaría la junta directiva local de las subsidiarias?, el Sr. Ronulfo Jiménez afirmó que existe un vacío en este proyecto si se aprueba su versión actual y que, por lo tanto, se está frente a dos vías: establecer juntas directivas locales o establecer una figura diferente. El Sr. Mario Gómez expresó que las juntas directivas locales consisten la manera más sencilla de llenar este vacío. Las juntas directivas locales no se diferencian en prácticamente nada de las subsidiarias.
Finalmente la Sra. María Isabel Cortés reiteró la disposición de la ABC para apoyar esta iniciativa porque creen en una competencia sana y en igualdad de condiciones.
Audiencia Sra. Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior y al Sr. Ricardo Hernández, Asesor Legal de la Bolsa Nacional de Valores, quienes señalaron:
Señaló que el proyecto de ley pretende alcanzar estándares internacionales y mejores prácticas con los mercados financieros; así como, adaptarse a nuevas prácticas internacionales en mercados de valores, a través de lo pautado por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV).
Indicó que la iniciativa propuesta fortalece a las Superintendencias, ya que les permite cooperación mutua e internacional al elaborar normas financieras que se adapten a estándares altos de cooperación.
Añadió que el proyecto fue elaborado por diferentes entidades, tales como el Banco Central de Costa Rica y la Superintendencia General de Valores.
Resaltó la importancia de comprender que la evaluación como país a las observaciones de la OCDE se dará pronto a través de tres comités.
Sr. Ricardo Hernández:
Mencionó que el proyecto no viene acompañado por una pretensión de racionalizar el gasto de las instituciones financieras y le llama la atención que si bien hay una carga importante del presupuesto, no se brinde participación a la Bolsa Nacional de Valores en la elaboración del presupuesto de las Superintendencias.
Manifestó su preocupación en torno a los términos de creación de un fuero de protección para los Superintendentes. Precisó que resulta conveniente plantear una consideración de que se debe levantar el fuero, no solo en casos de culpa grave, sino también en casos de negligencia.
El Diputado Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC) consultó ¿si este aumento de presupuesto podría afectar a los inversionistas?, el Sr. Ricardo Hernández contestó afirmativamente, indicando que aumenta los costos de gestión de las entidades financieras. La Sra. Dyalá Jiménez informó que se pretende aumentar el presupuesto atendiendo a la realidad nacional, pero no necesariamente es lo ideal según lo que plantean organismos financieros internacionales.
El Diputado Erwen Masís Castro (PUSC) alegó que le preocupa que no se establezca en la normativa insumos de productividad y de eficiencia; así como que no debería quedar tan abierto el establecimiento de los reglamentos y los cánones. Afirmó que es pertinente revisar el fuero de protección, ya que no es algo usual y cambia el concepto establecido. La Sra. Dyalá Jiménez explicó que el aumento será gradual y que las Superintendencias tienen una capacidad de manejo regulatorio prudencial. Aclaró que la protección legal obedece a estándares para dar a los Superintendentes protección, no es inmunidad ni impunidad. El diputado consultó ¿si lo indicado por la Sra. Jiménez lo recomienda la OCDE?, la Sra. Dyalá Jiménez mencionó que se ha discutido con la OCDE que esta protección no sea amplia ni difusa y que se sepa a quiénes se está protegiendo. Advirtió que los Superintendentes son propensos a presiones y por ende, su protección es importante.

References: artículo 137
 artículo 9
 artículo 460
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 141