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Timestamp: 2018-01-22 16:08:21+00:00

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Sentencia T.S. 841/2010 (Sala 2) de 6 de octubre. Delito de homicidio. Conducción temeraria - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 841/2010 (Sala 2) de 6 de octubre
Delito de homicidio. Conducción temeraria. Concurso ideal de delitos. Eximente de alteración psíquica. Error apreciación de la prueba. No procede. Vulneración tutela judicial efectiva. No procede.
Primero.-El Juzgado de Instrucción número 1 de los de Benavente, instruyó el Sumario con el número 1/2.008, contra Florian, y, una vez declarado concluso el mismo, lo remitió a la Audiencia Provincial de Zamora (Sección 1.ª, rollo 2/08) que, con fecha veintitrés de Diciembre de dos mil nueve, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
- Que el día 11 de julio de 2007, en torno a las 12,15 horas, el acusado, Florian, nacido en Palencia el 25/04/982, hijo de José y Elena, titular del DNI NUM000, sin antecedentes penales, circulaba, por la A-231, sentido León, con el vehículo Opel Astra, matrícula Y.....-F, debidamente autorizado por el propietario, su padre, D. Romulo y asegurado en la entidad Zurich, n.º de póliza NUM001, junto a su compañera sentimental, Zaida, que ocupaba el asiento del copiloto.
- La aseguradora del vehículo que conducía el procesado, Zurich, consignó en el Juzgado, el 9/10/07 , la cantidad de 90.954,14 euros, que fueron entregados a la representación de la perjudicada el 10/12/07.
Segundo.-La Audiencia Provincial de Zamora en la citada sentencia, dictó la siguiente Parte Dispositiva:
Se condena, asimismo, al acusado al pago de las siguientes indemnizaciones: a la cónyuge, 99.222 euros, b) a cada hijo menor de edad, 41.342,79 euros; c) a la madre, 8.268,56 euros; d) a la Dirección de Tráfico de la Guardia Civil, en la suma de 6.917,56 euros; cantidades todas ellas que se incrementarán con el interZres legal previsto en el art. 576 de la LEC., declarándose la responsabilidad civil directa de la entidad aseguradora ZURICH, hasta el límite del seguro obligatorio y, subsidiaria, del propietario del coche y padre del acusado, Romulo.
Tercero.-Notificada la resolución a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de Ley y de precepto Constitucional así como por quebrantamiento de Forma, por Florian y Eufrasia, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los correspondientes recursos.
Cuarto.-El recurso interpuesto por Florian, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1.- Por indebida aplicación del artículo 68 del Código Penal.-
2.- Por indebida aplicación del artículo 550, 551.1. y 552 del Código Penal.-
3.- Por vulneración del artículo 116 del Cödigo Penal y artículos 24 y 14 de la C.E., conforme autoriza el Art. 5.4 de la LOPJ, en lo concerniente al derecho a un procedimiento con las debidas garantías.-
Quinto.-El recurso interpuesto por Eufrasia, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1.- Por infracción de precepto constitucional al amparo del apartado 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, por entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.-
2.- Fundado en el número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación de los artículos 138 y 139 del Código Penal.-
3.- Se funda en el número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la apreciación dela prueba.-
4.- Por quebrantamiento de forma al amparo artículo 851.1.inciso 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por haberse consignado como hechos probados que el acusado es consumidor de cocaína y que sufría un trastorno psicótico, los cuales implican la predeterminación del fallo.-
5.- Se funda en el número 2 del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por quebrantamiento de forma, por no haber resuelto la Sentencia sobre las solicitudes de penas accesorias interesadas por esa partes.-
Sexto.-Instruido el Ministerio Fiscal, se opone a todos los motivos de los recursos interpuestos, que subsidiariamente se impugnan; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sétimo.- Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la votación prevenida el día veintinueve de Septiembre de dos mil diez.
Primero.-El recurrente ha sido condenado como autor de un delito de homicidio en concurso ideal con un delito de conducción temeraria y otro de atentado, concurriendo la eximente incompleta de alteración psíquica, a la pena de nueve años y seis meses de prisión y al pago de las indemnizaciones que se fijan en el fallo. Contra la sentencia interpone recurso de casación. En el primer motivo se queja de la indebida aplicación del artículo 68 del Código Penal, pues entiende que al haber declarado el Tribunal que en la comisión de los hechos se produce una alteración importante de las bases de la imputabilidad, al estar afectado por un trastorno mental transitorio, debió reducir la pena tipo en dos grados, haciéndolo sin embargo en uno solo y sin razonamiento que lo explique.
1. El artículo 68 del Código Penal, desde la reforma operada por la LO 15/2003, que en caso de eximentes incompletas los jueces y tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley. De lo que resulta que la reducción en un grado es impuesta por la norma, mientras que en dos grados resulta potestativa. De otro lado, la jurisprudencia ha reiterado que la obligación de motivar las sentencias que resulta de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución se refiere también a las consecuencias punitivas del delito, tal como, por otro lado, resulta del artículo 72 del Código Penal. Lo cual es aplicable a los casos en los que se acuerde por la ley al Tribunal algún grado de discrecionalidad.
2. En el caso, el Tribunal, en el FJ 6.º que dedica a la individualización de las penas, recoge expresamente un gran número de aspectos de los hechos concretos enjuiciados que permiten valorar su gravedad, lo que le condujo a imponer la pena en una extensión cercana al máximo legal, tras optar por la pena correspondiente al delito de mayor gravedad en su mitad superior como opción más beneficiosa para el acusado, solución que en esta sede casacional no es impugnada por ningún recurrente.
Segundo.-En el segundo motivo, al amparo del artículo 849.1.º de la LECrim, denuncia la indebida aplicación de los artículos 550, 551.1 y 552 del Código Penal, pues entiende que los hechos son incardinables en el delito de desobediencia a agentes de la autoridad, pues no se describe una agresión propiamente dicha sino una desobediencia a los mandatos de los agentes para que detuviera el vehículo. Ni tampoco, en su caso, que se ejecutara empleando un medio peligroso.
1. El motivo de casación que sirve de apoyo a la queja del recurrente solamente permite verificar si el Tribunal de instancia ha interpretado y aplicado correctamente los preceptos sustantivos pertinentes, pero siempre a los hechos que previamente ha declarado probados, sin prescindir de ninguno de ellos y sin añadir otros diferentes.
2. En la sentencia impugnada se declara probado que en curso de la persecución emprendida ante la actitud del acusado, al llegar al km. 199 de la A-66 en dirección Benavente, habiéndose colocado un motorista a cada lado del coche haciéndole señales de alto, el acusado dio un volantazo a la derecha por lo que el motorista que circulaba por el arcén quedó aprisionado entre el vehículo y la protección de la vía, saliendo despedido de la motocicleta y falleciendo en el acto.
3. En cuanto a la posibilidad de considerar al automóvil como medio peligroso cuando es empleado contra el agente de la autoridad, como recuerda la STS n.º 79/2010, de 3 de febrero, "la jurisprudencia de esta Sala ha reputado instrumento peligroso la utilización de un automóvil como elemento de agresión (SSTS 226/2009, 26 de febrero, 798/2008, 12 de noviembre, 589/2008, 17 de septiembre)". Lo cual debe reiterarse ahora, teniendo en cuenta que cuando es lanzado contra una persona se incrementa de forma muy relevante la potencialidad lesiva del acto agresivo. Ninguna duda ofrece tal valoración en el caso actual, en el que circulando a gran velocidad el acusado lanzó el vehículo contra el agente que circulaba en paralelo a él en una motocicleta, arrojándolo fuera de la vía con el resultado mortal descrito en el relato fáctico.
Tercero.-En el tercer motivo se queja de la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en cuanto se ha condenado a su padre D. Romulo como responsable civil sin que haya sido parte en el procedimiento.
1. El artículo 854 de la LECrim dispone que podrán interponer el recurso de casación, entre otros, quienes sin haber sido parte resulten condenados en la sentencia.
2. El recurrente no ostenta la representación de su padre, por lo que carece de legitimación para sostener un motivo de casación en su nombre. Y la condena de aquél no supone un gravamen para el recurrente que pudiera justificar su queja.
Cuarto.-La acusación particular, en nombre de Eufrasia, viuda del agente fallecido, interpone contra la sentencia de instancia recurso de casación, formalizando cinco motivos. En el cuarto, al amparo del artículo 851.1.º, inciso 3.º, de la LECrim, denuncia que se han consignado en los hechos probados que el acusado es consumidor de cocaína y que sufría un trastorno psicótico, los cuales implican la predeterminación del fallo, y sostiene que no existe prueba suficiente que avale tales afirmaciones.
1. En los hechos probados deben constar todos aquellos que el Tribunal considere acreditados por la prueba practicada y que sean relevantes respecto de los pronunciamientos jurídicos que debe contener la sentencia en relación con las cuestiones propuestas por las partes. En esa medida, los hechos consignados en el relato fáctico vienen a predeterminar el fallo, pues éste debe mantener una relación de congruencia con aquellos. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, la predeterminación del fallo que se contempla y proscribe en el art. 851.1.º de la LECrim, es aquella que se produce exclusivamente por conceptos jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal aplicado y que según una reiteradísima jurisprudencia (Sentencias de 7 de mayo de 1996, 11 de mayo de 1996, 23 de mayo de 1996, 13 de mayo de 1996, 5 de julio de 1996, 22 de diciembre de 1997,30 de diciembre de 1997, 13 de abril de 1998, 20 de abril de 1998, 22 de abril de 1998, 28 de abril de 1998, 30 de enero de 1999, 13 de febrero de 1999 y 27 de febrero de 1999, entre otras muchas) exige para su estimación: A) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado. B) Que tales expresiones sean por lo general asequibles tan sólo para los juristas o técnicos y no compartidas en el uso del lenguaje común. C) Que tengan un valor causal apreciable respecto del fallo, y D) Que, suprimidos tales conceptos jurídicos dejen el hecho histórico sin base alguna y carente de significado penal (STS n.º 667/2000, de 12 de abril).
2. En el caso, el Tribunal se ha limitado a consignar dos hechos: que el acusado era consumidor de cocaína y que sufría un trastorno de tipo psicótico, dejando para la fundamentación jurídica la oportuna valoración de ambos desde la perspectiva de la aplicación de las normas sustantivas del Derecho Penal.
Quinto.-En el motivo quinto, al amparo del artículo 851.3.º de la LECrim, denuncia que en la sentencia no se ha resuelto sobre las solicitudes de penas accesorias interesadas por la acusación. Argumenta que solicitó en sus conclusiones provisionales que en ese aspecto elevó a definitivas, que se impusiera al acusado, por el delito de homicidio, la pena de privación del derecho a residir en la ciudad de León y/o donde resida la familia de D. Aquilino durante el tiempo de diez años, guardando silencio el Tribunal sobre ese particular.
1. El vicio de incongruencia ha de ser entendido como un desajuste material entre el fallo judicial y los términos en los cuales las partes formulan sus pretensiones.
El Tribunal Constitucional ha señalado que la congruencia exigible, desde la perspectiva del respeto al derecho fundamental que consagra el artículo 24.1 CE, comprende la obtención de una respuesta razonada a las pretensiones de las partes, pero no un razonamiento autónomo y pormenorizado a todos y cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquéllas se sustenten. También se ha mantenido constantemente que "las exigencias derivadas de aquel precepto constitucional han de entenderse cumplidas en la denominada motivación implícita y no sólo y necesariamente en la expresa o manifiesta", (STC 70/2002, de 3 abril y STC 189/2001, de 24 de septiembre), si bien tal criterio debe aplicarse con cautela, habiendo señalado ese Tribunal que "para que sea posible apreciar la existencia de una respuesta tácita a las pretensiones sobre las que se denuncia la omisión de pronunciamiento es preciso que la motivación de la respuesta pueda deducirse del conjunto de los razonamientos de la decisión" (STC n.º 67/2001).
Esta Sala, por su parte, en constante doctrina, ha señalado que es preciso que la omisión padecida venga referida a temas de carácter jurídico suscitados por las partes oportunamente en sus escritos de conclusiones definitivas y no a meras cuestiones fácticas, lo que a su vez debe matizarse en dos sentidos: A) que la omisión se refiera a pedimentos, peticiones o pretensiones jurídicas y no a cada una de las distintas alegaciones individuales o razonamientos concretos en que aquéllos se sustenten, porque sobre cada uno de éstos no se exige una contestación judicial explícita y pormenorizada siendo suficiente una respuesta global genérica (según los términos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de abril de 1996); B) que dicha vulneración no es apreciable cuando el silencio judicial pueda razonablemente interpretarse como una desestimación implícita o tácita, constitucionalmente admitida (SSTC núms. 169/1994; 91/1995; y 143/1995), lo que sucede cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos fundamentadores de la respuesta tácita (STC 263/1993; y SSTS de 9 de junio y 1 de julio de 1997).
Se exige, además, que, aun existiendo el defecto, éste no pueda ser subsanado por la casación a través de la resolución de otros planteamientos de fondo aducidos en el recurso. En estos últimos casos, esta Sala ha procedido a dar respuesta razonada a la pretensión no resuelta por el Tribunal de instancia. En atención al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas "cuando exista en el recurso un motivo de fondo que permita subsanar la omisión denunciada, analizando razonadamente y resolviendo motivadamente la cuestión planteada, se ofrece a esta Sala la oportunidad de examinar la cuestión de fondo cuyo tratamiento ha sido omitido, satisfaciendo a su vez el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, evitando las que se producirían si la causa hubiese de volver al Tribunal de instancia y posteriormente, de nuevo, a este Tribunal de casación", (STS n.º 1095/99, de 5 de julio de 1999).
2. La estimación de un motivo de esta clase produce efectos negativos en el derecho a un proceso en un plazo razonable, reconocido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales. Tales efectos se derivan del transcurso del tiempo que resulta imprescindible para tramitar y resolver los recursos procedentes según la ley. El legislador ha previsto sistemas orientados a evitar el retraso en la decisión jurisdiccional, especialmente, cuando lo omitido no sea un pronunciamiento sobre el núcleo de la cuestión controvertida, lo que habrá de ser determinado en cada caso, sino sobre otros aspectos que, reclamando del Juez o Tribunal una resolución expresa, son, sin embargo, complementarios del contenido esencial del fallo. El artículo 267.5 de la LOPJ, al regular la aclaración de las sentencias, dispone que "Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla", refiriéndose en el apartado 6 a la posibilidad de que el Tribunal actúe de oficio con la misma finalidad.
3. En el caso, efectivamente, la acusación particular solicitó en sus conclusiones provisionales la imposición de la pena de privación del derecho a residir en la ciudad de León y/o donde resida la familia de D. Aquilino, durante un tiempo de diez años, en relación con el delito de homicidio, que calificó como asesinato, solicitud que no modificó en sus conclusiones definitivas. Así consta en los antecedentes de la sentencia impugnada.
La pena solicitada no es de imposición obligatoria, sino que cabe imponerla según las circunstancias del caso, previa petición de la acusación. Así se desprende del artículo 57 del Código Penal, según el cual, en los delitos de homicidio, los Tribunales "podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48 ", que tienen la consideración de penas según el artículo 33.
4. El Tribunal, que ha resuelto de forma ampliamente razonada las demás cuestiones planteadas, ha omitido cualquier consideración sobre el particular, y las decisiones adoptadas no resultan incompatibles, con la correspondiente a la cuestión planteada, sea cual fuere su sentido. No puede entenderse que se trate de una desestimación implícita de la pretensión, pues según la doctrina antes expuesta sería preciso que en la fundamentación jurídica apareciera una exposición de las razones del Tribunal, de las que se desprendiera con suficiente claridad la improcedencia de acordar la imposición de la pena solicitada. O, en otro caso, que se adoptaran razonadamente resoluciones incompatibles con lo solicitado.
5. Sin embargo, el recurrente tuvo a su alcance plantear la omisión en la forma prevista en el artículo 267.5 de la LOPJ, antes mencionado, sin que lo hiciera, y sin que conste ninguna causa que lo impidiera. Esa omisión condiciona, como hemos dicho, la posibilidad de alegar tal incongruencia en la casación, pues pudo y debió ser planteada ante el Tribunal de instancia y resuelta con anterioridad a la preparación del recurso. Habiendo renunciado implícitamente a esa posibilidad de reclamar la subsanación de la incongruencia interesando la respuesta omitida sobre un aspecto complementario de la sentencia, no es posible su planteamiento en casación.
Sexto.-En el primer motivo, al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues entiende que se condena al acusado como autor de un delito de homicidio a pesar de que de las pruebas practicadas, especialmente las testificales, se deduce la voluntariedad en el giro del vehículo al objeto de embestir al agente y la existencia de alevosía que supondría la comisión de un delito de asesinato.
1. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener de los Tribunales una resolución fundada sobre las cuestiones que hayan sido debidamente planteadas. Como reconoce el recurrente, no atribuye a las partes el derecho a que el Tribunal resuelva según sus pretensiones, lo cual por otro lado resultaría imposible cuando se trata de pretensiones contradictorias.
2. En el caso, el Tribunal razona ampliamente sobre la no concurrencia de la alevosía apoyándose en precedentes de esta Sala sobre el particular. No puede sostenerse, pues, que se haya omitido una respuesta debidamente fundada.
Séptimo.-En el motivo segundo, al amparo del artículo 849.1.º de la LECrim, sostiene la infracción del artículo 139.1.º, del Código Penal, pues entiende que debió apreciarse la alevosía.
1. Como ya hemos dicho, el Tribunal se apoyó en precedentes de esta Sala para negar la existencia de alevosía. De acuerdo con la definición legal, para apreciar la alevosía, es necesario, en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, que el autor ejecute los hechos empleando medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurar el resultado, precisamente mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su significado tendente a asegurar la ejecución y a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Y en cuarto lugar, como consecuencia, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades, (STS n.º 1866/2002, de 7 noviembre).
La forma tradicional del ataque alevoso viene constituida por la agresión a traición, pues es claro que en esos casos la acción agresiva pretende principalmente la supresión de una posible defensa. Así, es ataque alevoso el realizado por sorpresa, de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino (STS n.º 382/2001, de 13 de marzo y las que se citan en ella), ejecutado contra quien está confiado en que tal clase de ataque no se produzca. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión, es decir, la acción a traición, lo que tiende a suprimir la posibilidad de defensa, pues quien, confiado, no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo posible. Esta modalidad de la alevosía es apreciable en los casos en los que se ataca sin previo aviso. Pero también reviste este carácter cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce, imprevisiblemente, un cambio cualitativo en la situación (STS n.º 178/2001, de 13 de febrero, ya citada), de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno en función de las concretas circunstancias del hecho. (STS n.º 1031/2003, de 8 de setiembre).
2. En el caso, la agresión se ejecuta en el marco de una persecución iniciada por los agentes de la autoridad a bordo de sus motocicletas después de que el acusado, conduciendo su vehículo hiciera caso omiso de las órdenes de detenerse en un control establecido para la detección de elementos terroristas e iniciara una huida, en el curso de la cual obligó a uno de los agentes a retirarse a un lado para evitar ser atropellado. Por lo tanto, además de que ya puede esperarse un acto agresivo por parte de quien no se detiene en un control policial debidamente señalizado, en el caso, el acusado ya había ejecutado poco antes un acto seriamente violento contra otro agente, por lo cual los agentes que le perseguían pudieron considerar la posibilidad de que tales actos violentos se repitieran, al menos con intensidad similar a los ya ejecutados.
Octavo.-En el motivo tercero, al amparo del artículo 849.2.º de la LECrim, denuncia error en la apreciación de la prueba y designa como documentos el atestado policial y el informe del Psiquiatra de la Prisión de Foncalent e informe Forense. Sostiene que demuestran que no debió apreciarse el trastorno psicológico que se declara probado en la sentencia.
1. La jurisprudencia ha negado carácter de documento al atestado policial a los efectos del motivo de casación por error en la apreciación de la prueba resultante del particular de un documento, en cuanto a las manifestaciones plasmadas en el mismo por quienes intervienen en él en uno u otro concepto.
2. En el caso, la Audiencia Provincial ha valorado expresamente en la causa los distintos informes disponibles sobre el estado mental del acusado al momento de los hechos y se ha apoyado en aquellos para establecer la conclusión que se contiene en los hechos probados, es decir, que sufría un trastorno psicótico de etiología no determinada que limitaba de forma importante su capacidad para entender la ilicitud de los hechos cometidos.
De esta forma, los informes citados por el recurrente, pueden contener una opinión divergente de la contenida en otros, pero no demuestran un error del Tribunal al establecer el hecho probado.

References: resolución 
 artículo 68
 artículo 550
 artículo 116
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 851
 artículo 851
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 72
 artículo 849
 artículo 854
 artículo 851
 artículo 851
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 267
 resolución 
 artículo 57
 artículo 48
 artículo 33
 artículo 267
 artículo 5
 resolución 
 artículo 849
 artículo 139
 artículo 849