Source: https://es.scribd.com/document/75672933/Consecuencias-de-La-Jerarquia-Constitucional-de-Los-Tratados
Timestamp: 2019-04-23 14:20:49+00:00

Document:
Cargado por Alejandro Morales Bustamante
SUMARIO INTRODUCCIÓN……….…...……….…...….…...……...……….…..….…. I. II. III. LA JERARQUÍA DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNO……………..……………..……….……… LA DETERMINACIÓN DE LOS TRATADOS “RELATIVOS” A LOS DERECHOS HUMANOS …………………………………………… CONSECUENCIAS DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS TRATADOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS 1. Incorporación de los tratados al bloque de la Constitución…...….....….….....…… 2. La prevalencia de los tratados más favorables a los derechos humanos sobre las normas de la propia Constitución …...…...…...…...…...…...….…...…… 3. La incorporación in totum de los tratados de derechos humanos ...….….............. . 4. La rigidez constitucional de los tratados incorporados…...….…...........….…...….. 5. La operatividad inmediata de los tratados de derechos humanos.….…...… ...… … 6. El contorno abierto y la dinámica constitucional…...…...…...…...….…...…...… REFLEXIÓN FINAL”.. …………..……………..……….….……….……
INTRODUCCIÓN El tema referido a los Derechos Humanos es objeto de estudio tanto por el Derecho Constitucional (interno), como por el Derecho Internacional. En el Derecho Constitucional se estudia el tema de los Derechos Humanos, dentro del capítulo que Bidart Campos ha denominado el "Derecho Constitucional de los Derechos Humanos"1. Mientras que en el Derecho Internacional Público, el tema de los Derechos Humanos ha adquirido una proyección tal, que su evolución ha permitido consolidar la formación de una nueva rama denominada el "Derecho Internacional de los Derechos Humanos" 2. Afortunadamente, los constitucionalistas no hemos dejado o abandonado el tema de los Derechos Humanos, al tratamiento exclusivo de los internacionalistas. Ello ha permitido la elaboración doctrinaria del tema de los Derechos Humanos, desde ambas perspectivas. Sin embargo, aún así ya se advierte que el tema de los Derechos Humanos no puede ser abordado exclusivamente por el Derecho Internacional ni por el Derecho Constitucional, sino por un multidisciplinario método por las razones que expondremos en el presente trabajo. La especificidad de los Derechos Humanos requiere así de un tratamiento singular, que en los próximos años debe permitir la formación de un "Derecho de los derechos humanos" como disciplina y rama jurídica autónoma. A manera de introducción sobre el tema, debemos decir que los Derechos Humanos tuvieron su primera evolución en el Derecho Interno, y particularmente en una rama del Derecho Público Interno como es el Derecho Constitucional. En el Constitucionalismo clásico del siglo XVIII y XIX, vemos nacer las primeras manifestaciones en materia de Declaraciones de Derechos 3. En las Declaraciones de las colonias americanas y luego en las primeras enmiendas a la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de América se comenzaron a verter declaraciones sobre derechos individuales, que consistían en limitaciones al poder del gobierno. Con ocasión de la Revolución Francesa, casi un mes más tarde en el mes de agosto de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano comienza por proclamar, que "El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre". De esta manera, durante el siglo XIX va a iniciarse un primer movimiento constitucional que comienza por afirmar lo que se conoce con el nombre de "Principio de juridicidad"; en otras palabras el "Principio de Legalidad" o el "Estado de Derecho" conforme al cual el Poder Público únicamente tiene asignado los poderes, las atribuciones, ó las competencias que expresamente derivan del Texto Fundamental. Con ello, se pretende limitar la arbitrariedad generada por la personalización del poder. Este principio va a ir acompañado de la afirmación de los derechos del individuo, fundamentalmente en cuatro vertientes: la libertad, la igualdad ante la ley, la seguridad personal y la propiedad privada. En torno a estos cuatro derechos individuales van a girar las declaraciones europeas y americanas, y fundamentalmente las contenidas en las constituciones de los nacientes Estados en América Latina.
BIDART CAMPOS, Germán J. y HERRENDORF, Daniel. Principios de Derechos Humanos y Garantías, Buenos Aires, 1991, páginas 195 y siguientes. 2 Cfr. NIKKEN, Pedro. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, número 72. Caracas, 1989; y PIZA R., Rodolfo E. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: La Convención Americana, San José, 1989. 3 Antecedentes preconstitucionales de declaraciones de derechos los constituyen la Carta Magna de 1215; la Petition of Rights de 1628; el Habeas Corpus Act de 1679; el Bill of Rights de 1689; y la Declaración de Derechos de Virginia de 1776. Ver, BREWER-CARÍAS, Allan R. Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776) y la Revolución Francesa (1789) y sus aportes al constitucionalismo moderno, Caracas, 1992.
Sociales y Culturales. en las áreas laboral. surge la Convención Europea de Derechos Humanos que entra en vigencia en 1953. Ello va a dar lugar a lo que en la doctrina alemana se llamó más tarde el Estado Social. como titular de la soberanía. se profundiza la democracia política. si bien se afirman los derechos económicos. la cual entra en vigencia en 1978. con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. como los que se generan en Europa. y luego la formación del constitucionalismo clásico va. en virtud de su función social va a asumir una serie de limitaciones. Dentro de estos principios y compromisos internacionales. unido a la idea de la "soberanía absoluta" del Estado. educación. en el ámbito interno. la Asamblea General aprobó y abrió a la firma tres convenciones: el Pacto Internacional de Derechos Económicos. va a generar una nueva visión sobre los parámetros fundamentales de la organización del Estado. y de principios universales que van a ser aceptados por los Estados. y vivienda. Dos años más tarde en 1950. restricciones y contribuciones. que inspiró la República de Wëimar. este concepto de soberanía absoluta va a llevar a la afirmación de que cada Estado es autónomo. el derecho a la participación directa en los asuntos públicos. después de la ratificación del número de Estados requeridos. En el seno de las Naciones Unidas en 1966. Conforme a ésta. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. el cual entra en vigencia en 1976. los cuales van a reconocer a la persona como sujeto de Derecho Internacional. hacia la "Democracia Participativa". En dicho modelo de Estado prestacionista. Convenios y Pactos Internacionales. sin embargo. que son los derechos sociales. que van a explicitar estos derechos. indudablemente que tanto los movimientos socio-políticos que se generan en América Latina. y meses más tarde. los derechos políticos se amplían en torno al concepto de Democracia. como veremos a continuación. van a dar lugar al nacimiento de un nuevo constitucionalismo que a la par de poner en crisis al constitucionalismo clásico. Ésta va a ser relativizada. y los derechos del ciudadano. Si bien este movimiento Constitucional afirma los derechos individuales anteriormente expresados. Con la entrada del siglo XX. en la cual se le reconoce al pueblo. y en el ámbito externo. En el ámbito americano surge la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. sólo reconoce iguales pero no superiores. Después de la Segunda Guerra Mundial surgen una serie de Declaraciones. en su ámbito interno. admitiéndose así límites al Derecho Interno que van a derivar de los compromisos internacionales.El proceso de formación del Estado nacional. de los Derechos Humanos. de este movimiento nace una segunda ola de derechos. y la de Gemirá en Alemania (1919). y éstos van a comenzar a estar influenciados por corrientes humanistas. esta evolución comienza con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En definitiva. El impacto de los crímenes ocurridos en la pre-guerra y durante la Segunda Guerra Mundial va a llevar al reconocimiento expreso por los Estados integrantes de la comunidad internacional. Así en 1948. fundamentalmente por los Estados. y el Protocolo Facultativo. salud. la propiedad que era un típico derecho individual absoluto e ilimitado. fundamentalmente en México. abriéndose a un universo mucho más complejo. se va a completar este panorama de instrumentos internacionales básicos. Por otro lado. el Estado no reconoce ni iguales ni superiores. En los años 60. los Derechos Humanos van a jugar un rol fundamental. Este movimiento en torno a los derechos va ir acompañando de una superación del concepto mismo de soberanía. Las Constituciones representativas de este movimiento son la de Querétaro en México (1917). Más recientemente. fundamentalmente en Alemania. . para fijar las reglas de su comportamiento frente a los ciudadanos.
Como lo expresó Jiménez de Aréchaga. ORTEGA. Madrid. Lo mismo ocurre con la decisión que adopte cada Estado. se han adoptado no menos de setenta tratados en materia de derechos humanos. está regida por el Derecho Constitucional de cada país 5. 6 Ver PIZA R. 1983.. es una materia a ser determinada fundamentalmente por la Constitución de cada país. Eduardo. la jerarquía de los diversos instrumentos internacionales en general. op. 4 . independientemente de la jerarquía que éstos ostenten en el Derecho Interno. la cual entra en vigencia en 1986. con relación a su posición monista o dualista sobre el Derecho Internacional: la determina su propia Constitución. y cómo aquéllos pueden priorizarse de manera de vincularlos al resto del ordenamiento jurídico. Enrique. y en particular sobre Derechos Humanos dentro del ordenamiento jurídico estatal. pacto o convenio internacional sobre derechos humanos. el Estado se halla obligado al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Tratado. en Revista IIDH. El artículo 105 de la referida Constitución de 1979 establecía: Ver. cuyo objeto es velar por el respeto de las obligaciones de los estados en esa materia 4. 1991. los tratados se equiparan con la misma jerarquía normativa de la Constitución.cit. 5 JIMENEZ DE ARECHAGA. LA JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNO Conforme a este sistema. Modelo de este sistema lo configura la Constitución de Perú de 1979. y 4) legal 6. Miguel. El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. 2) constitucional. En momentos en los cuales se ha propuesto un apoyo y fortalecimiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. la Organización de Unidad Africana aprobó en 1981 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es. páginas 86 y siguientes. resulta interesante destacar las modalidades de jerarquía que tienen los tratados sobre derechos humanos en el Derecho Interno. la cuestión de cuál norma prevalece en caso de conflicto entre las reglas de Derecho Internacional y las de Derecho Interno. Ahora bien. Es indiscutible que desde la perspectiva del derecho Internacional. 3) supralegal. NIKKEN. En otras palabras. LINDE. dentro del ordenamiento jurídico interno o las fuentes del Derecho estatal. Caracas. R. derogada por la que fue aprobada en 1993 que entró en vigencia en 1994. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. y GARCIA DE ENTERRIA. I. propias de la Constitución.. Luis Ignacio. y SANCHEZ MORON. cuatro tipos de rango o valor: 1) supraconstitucional. por tanto. Eduardo. los tratados internacionales tienen rango constitucional. y adquiriesen la supremacía y en consecuencia la rigidez. la Constitución la llamada a establecer el rango normativo de un tratado. Desde la creación de la ONU se han proclamado alrededor de treinta declaraciones internacionales sobre derechos humanos. incluidas dos cortes judiciales. y se han establecido numerosas organizaciones internacionales. “La Convención Interamericana de Derechos Humanos como Derecho interno”. Código de Derechos Humanos. San José. las Constituciones le otorgan a estos instrumentos internacionales. En términos generales. Enero/Junio 1988.. páginas 27 y 28. Pedro.En el caso de África.
Sólo podrán ser denunciados en su caso. tienen jerarquía constitucional. los tratados sobre derechos humanos gozan de la misma jerarquía que la Constitución. les otorga la "jerarquía constitucional". Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. si bien le da a los tratados en general una jerarquía "superior a las leyes". previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. esos tratados sólo pueden ser denunciados previo cumplimiento de un procedimiento agravado. previsto en la Constitución: la previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 7 . La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. y los demás tratados sobre derechos humanos. a los tratados y declaraciones vigentes sobre derechos humanos. la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.. luego de ser aprobados por el Congreso. acuerdos. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución. requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional (Subrayados añadidos). no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Sociales y Culturales. en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. El artículo 16 de dicho Proyecto propuso agregar un nuevo aparte al artículo 50 de la Constitución de 1961. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. tendrán aplicación preferente sobre cualquier disposición legal o reglamentaria del orden jurídico interno". conforme a dicha norma. que enumera expresa y taxativamente en el artículo 75 inciso 22. Inhumanos o Degradantes. consagró –a propuesta nuestra- La tendencia del Proyecto de Reforma Constitucional presentado en 1992. A pesar de la tendencia de los proyectos de reforma constitucional anteriores7. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. la Convención sobre los Derechos del Niño. con el siguiente texto: "Los derechos y garantías establecidos por los tratados.22. la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Con lo cual. podrán gozar de la "jerarquía constitucional". pactos y declaraciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por Venezuela. por el Poder Ejecutivo nacional. la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Corresponden al Congreso: . La nueva Constitución de Argentina resultante de la reforma de 1994. fue la adopción del sistema de rango supralegal. Por ello. Dicha norma expone el siguiente contenido: Artículo 75. convenciones. en caso de que luego de ser aprobados por el Congreso se les imponga el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional. y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. pactos y convenciones relativos a derechos humanos. debe entenderse por tratado. En efecto..a).. en los últimos cincuenta años. conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art.. la jurisprudencia de la Sala IV (Constitucional) le ha reconocido a los tratados referentes a derechos humanos un valor constitucional. es importante precisar que a diferencia del sistema constitucional argentino. tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. Por lo cual. cualquiera que sea su denominación particular: ej. la Constitución de Venezuela le otorga a los tratados. Los tratados. suscritos y ratificados por Venezuela.2. sobre la jurisdicción constitucional. No obstante el aparente rango supralegal que se deriva para todos los tratados en Costa Rica. (pero se entiende. pactos y convenciones relativos a derechos humanos. Resta entonces por determinar. Los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica. . la jerarquía constitucional. convención. cuándo estamos en presencia de un tratado “relativo” a derechos humanos.3435-92 y su Aclaración No. sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas. pudiendo incluso resultar en supraconstitucional en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas: . es tal vez la mayor conquista que desde el punto de vista jurídico ha experimentado Costa Rica. de los tratados relativos a los derechos humanos: Artículo 23. tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen.1.. El caso singular de Costa Rica.. otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. al expresar: Los tratados públicos. quedan excluidos otros instrumentos no convencionales como son específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. privan por sobre la Constitución (Sentencia No. II. que consagra la jerarquía al menos constitucional. donde la Constitución le otorgó a los tratados una jerarquía supralegal. pacto u otro. (Sentencia No. en Costa Rica.5759-93).El artículo 48 Constitucional tiene norma especial para lo que se refiere a derechos humanos. autoridad superior a las leyes. los únicos instrumentos de derecho internacional a los cuales se les asigna esta jerarquía constitucional. LA DETERMINACIÓN DE LOS TRATADOS “RELATIVOS” A LOS DERECHOS HUMANOS Como quedó visto. Con relación al término “tratado”. (Subrayados nuestros).una norma singular. Por eso algunos estudiosos han señalado que la reforma constitucional de 1989. suscritos y ratificados. pero la jurisprudencia le ha asignado una jerarquía constitucional . los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política. En primer término. el artículo 7 (incorporado en 1968) establece el rango superior de los tratados sobre las leyes. inferior a la Constitución). en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República. son a los tratados.2313-95).
. La Comisión Europea. diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes ("Austria vs. que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa. de fecha 24-9-82 (OC-2/82). Opinión Consultiva No. 140). es decir. 16. sin embargo. 788/60. por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando declaró que las obligaciones asumidas por las Altas Partes Contratantes en la Convención (Europea) son esencialmente de carácter objetivo. y establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas. afecta o interesa a esta materia. cuando en definitiva su objeto y propósito es el reconocimiento y la protección de los derechos de la persona humana. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. 2. cuando afecta o interesa a la protección de éstos. 8 9 CorteIDH. Application No. y. sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Para los fines de esta Opinión la Corte debe determinar si este Tratado concierne a la protección de los derechos humanos en los 33 Estados americanos que son Partes en él. los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos. características que los diferencian del resto de los tratados tradicionales que se celebran para el beneficio mutuo de los Estados Partes.2. si es necesario. enfatizó. CorteIDH. 138). en particular. pág. cuyo objeto y fin es la protección de los derechos fundamentales de la persona humana. European Yearbook of Human Rights. que los tratados modernos sobre derechos humanos. y para este análisis. concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos. En este sentido. Ello es. (1961). si atañe. además. la CorteIDH expresó lo siguiente 9: 29. La CorteIDH ha puntualizado la naturaleza propia de los tratados de derechos humanos. El carácter especial de estos tratados ha sido reconocido. para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. el Tribunal reitera que la interpretación de toda norma debe hacerse de buena fe. de fecha 1-10-99 (OC-16/99). ha expresado lo siguiente 8: 72. tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. no en relación con otros Estados.. es necesario ver el tratado en su conjunto. pág.Ahora bien. Al realizar este estudio. no son tratados multilaterales de tipo tradicional. Serie A: Fallos y Opiniones. basándose en el Preámbulo de la Convención Europea. un tratado se entiende que es relativo a derechos humanos. Opinión Consultiva No. . vol. En ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).. Serie A: Fallos y Opiniones. en general. entre otros. Los tratados relativos a los derechos humanos tienen por su contenido. por el bien común. asumen varias obligaciones. la Convención Americana. en su Opinión Consultiva No. tanto frente al propio Estado como frente a los demás Estados Partes. La Corte debe enfatizar. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos. independientemente de su nacionalidad. conforme al sentido corriente que ha de atribuirse a los términos empleados por el tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin (artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) y que dicha interpretación puede involucrar el examen del tratado considerado en su conjunto. ideas y régimen de derecho (Ibíd. Italy". 4.
III. Por otra parte. con independencia de cuál sea su objeto principal. Así. deben entenderse incorporados todos los tratados relativos a los derechos humanos que hayan sido ratificados por Venezuela. que dicho Tratado pueda concernir a la protección de los derechos fundamentales de la persona en el continente americano”. 1999. . sí tienen por propósito la protección de las víctimas de violación de los derechos humanos o asegurar la investigación y sanción de los responsables de los crímenes internacionales contra los derechos humanos. esto no obliga a descartar. tiene las siguientes consecuencias: 1. no obstante haber sido ratificado con anterioridad mediante depósito del instrumento en la Secretaría General de la ONU en fecha 7-6-2000. que ha interpretado que un tratado puede concernir a la protección de los derechos humanos. IIDH/Comisión de la Unión Europea. por ejemplo de la Convención de Viene sobre Relaciones Consulares. aun cuando son exactas algunas apreciaciones presentadas al Tribunal sobre el objeto principal de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.507 de fecha 13-12-2000.. para comenzar. sino si una norma de ésta concierne a dicha protección. Por lo tanto. Código de Derechos Humanos. la cual contiene normas sobre la notificación o aviso consular de nacionales. De allí que en las fuentes del Derecho Constitucional además de las normas constitucionales contenidas en el texto mismo de la Constitución. Incorporación de los tratados al Bloque de la Constitución La primera consecuencia es la incorporación de los tratados relativos a derechos humanos al Bloque de la Constitución. por mandato expreso de la norma contenida en el artículo 23. Caracas. D. aunque el objeto y fin de todo el tratado no sea el reconocimiento de los derechos de la persona humana y su protección. Washington. 5. Sin embargo. CIDH/Corte. figurativamente podemos decir que en los sistemas como el de Venezuela. y Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano (actualizado a mayo de 2001). CONSECUENCIAS DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS TRATADOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS La incorporación de los tratados relativos a los derechos humanos en la Constitución. Tal es el caso de los tratados sobre derechos humanos tanto del sistema universal (ONU) como del Sistema Interamericano (OEA)10. NIKKEN Pedro. Ello es. México no solicita al Tribunal que interprete si el objeto principal de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es la protección de los derechos humanos. 1991.En consecuencia. en el sentido de que ésta es un tratado destinado a "establecer un equilibrio entre Estados".C. en los cuales los tratados concernientes o relativos a los derechos humanos tienen jerarquía constitucional. 2001. la misma jerarquía que la propia Constitución. Tal es el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)11. 11 Suscrito por Venezuela el 14-10-98. que conforme a la CorteIDH son normas que conciernen a los derechos humanos 12 . aunque los tratados no tienen el objeto propio de reconocer derechos humanos. lo cual adquiere relevancia a la luz de la jurisprudencia consultiva de este Tribunal. el 10 Ver entre otros. Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. puede ser que éste contenga una norma o un grupo de éstas que conciernen a esta materia. fue publicado en la Gaceta Oficial No. de plano. en otros casos. y particularmente el otorgamiento de la jerarquía constitucional a éstos en la Constitución de Venezuela. En otros casos. Tal es el caso. en Venezuela los tratados de derechos humanos tienen. los tratados que tienen por objeto y propósito la protección de los derechos que emanan de la dignidad de la persona humana son tratados relativos a los derechos humanos. 12 En este sentido la CorteIDH estableció lo siguiente en la OC-16/99: “76.
todos los jueces. de fecha 11-10-89. mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad” 14. No. a diferencia de Venezuela donde los tratados relativos a los derechos humanos sí integran el Bloque de la Constitución. al estar obligados a asegurar la integridad de la Constitución. según los casos. de los decretos de estado de excepción. En este sentido. por tanto. En consecuencia. Además. Universidad de Sevilla. el cual debe sujetarse a ellos al igual que a la propia Constitución. Madrid. sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (art. se aplicarán las disposiciones de dicho tratado. para revisar las sentencias definitivamente firmes. cuando una ley. Consideramos que en nuestro sistema tiene sentido la utilización del término el Boque de la Constitución. República de Costa Rica. decidir lo conducente (art. 1991. le corresponde declarar su nulidad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (art. deben igualmente garantizar la integridad de los tratados relativos a derechos humanos (art. 25). de los actos de gobierno. Por lo cual. para declarar la nulidad de las leyes nacionales. y para controlar la inconstitucionalidad por omisión legislativa. o lo que equivale a estar contenidos en la propia jerarquía de la Constitución. el control concentrado de la constitucionalidad por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. aun de oficio. ya que desde 1989 en Costa Rica. 13 FAVOREU Louis y RUBIO LLORENTE Francisco. en Francia el término el Bloque de la Constitucionalidad puede ser hoy en día utilizado con precisión –a diferencia de España donde es confuso. segundo párrafo). Esta tesis no es novedosa en el derecho comparado. 334. 336). 7135. Por lo que. . en Francia las normas internacionales no forman parte del referido bloque de la constitucionalidad. 334. Ese bloque de la constitucionalidad contiene en Francia los siguientes elementos esenciales: la Constitución de 1958.para referirse a los instrumentos jurídicos que tienen el valor y el rango constitucional. el Preámbulo de la Constitución de 1946. al igual que la constitución. encabezamiento). La consecuencia jurídica de que los tratados sobre derechos humanos tengan jerarquía constitucional y. y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal. estadales y municipales. 14 Ley de la Jurisdicción Constitucional. un acto que tenga rango de ley u otro acto de los órganos que ejercen el poder público dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución colida con un tratado sobre derechos humanos. y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República (elementos marginales). En efecto. civil y administrativa. 7). como variante del término del Bloque de la Constitucionalidad introducido en Francia por el profesor Favoreu y la jurisprudencia del Consejo Constitucional 13. en caso de incompatibilidad entre un tratado sobre derechos humanos y una ley u otra norma jurídica. De allí que todo acto del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en los tratados sobre derechos humanos es nulo. El bloque de la constitucionalidad.Bloque de la Constitución está integrado por el propio texto de la Constitución y por todos los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado. la jurisdicción constitucional tiene asignada específicamente la competencia de controlar la “conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario. 334. la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. correspondiendo a los tribunales en cualquier causa. Sin embargo. Cuadernos Civitas. primer párrafo). integren el Bloque de la Constitución es que vinculan al resto del ordenamiento jurídico. puede en definitiva ser ejercido con base en los tratados sobre derechos humanos en virtud de su jerarquía constitucional (art. los tratados sobre derechos humanos son “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” por lo que “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos” a ellos (art.
Además de ello. Yabarana. se declaró parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad ejercida por miembros y autoridades de los pueblos indígenas del Estado Amazonas (Yanomami. en Tribunales Constitucionales Andinos. en virtud de la solidaridad y protección de los intereses superiores del pueblo venezolano (artículos Ver lo expuesto en nuestro trabajo “Algunas consideraciones sobre la jurisdicción constitucional en Venezuela”. Piaroa. y Unión Maquiritare del Alto Ventuari) y miembros del Vicariato Apostólico del Puerto Ayacucho. la Corte aclaró las discusiones sobre el tema planteadas en anteriores oportunidades. consagra la protección de la maternidad y de la mujer trabajadora. ya desde la sentencia dictada el 3 de diciembre de 1990 por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en Sala Político Administrativa se estableció el siguiente principio sobre la materia 15: … De modo que toda esta normativa de carácter supranacional y en particular el mandato contenido en el artículo 74 de la Constitución. del ámbito de los derechos humanos de las minorías. 15 . la Corte fundó su afirmación en el análisis del derecho a la participación política consagrado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Venezuela: artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. precisó el Alto Tribunal. Sanema). afirmando diáfanamente que los tratados sobre derechos humanos “forman parte integrante del ordenamiento jurídico venezolano”. constituye una forma de expresión política en el contexto del régimen de excepción previsto en el artículo 77 de la Constitución de 1961. Unión Guahiba Venezolana. Ye´Kuana. materializando tal protección a través de la consagración de la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada y el derecho a disfrutar del descanso pre y post-natal … … Con fundamento en tan claras y terminantes disposiciones esta Corte considera que cualquier intento del patrono o empleador de cercenar el derecho a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada sin que medie causal de despido o de retiro por razones disciplinarias y al no permitir el disfrute del derecho al descanso pre y post-natal. Ese derecho de participación ciudadana – afirmó la Corte-. Jevi. y el Derecho Comparado fue el haber analizado y reconocido el derecho a la participación política como derecho humano de rango constitucional. Lima. Piapoco. Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia con escasos precedentes en Venezuela. y de aislamiento. En efecto. Dicha consideración la fundamentó la Corte en virtud de que los indígenas constituyen uno de los grupos sociales más expuestos a la violación de sus derechos humanos. contra la “Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas” de 1994. la lesión de los derechos humanos de las minorías no sólo atañe a esas comunidades. en el caso del as comunidades indígenas. y artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. organizaciones indígenas (Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Amazonas –ORPIA-. en fecha 5-12-96 en la cual. el tema de la incorporación de los tratados sobre derechos humanos como parámetro de la constitucionalidad no es nuevo tampoco. constituye una evidente y flagrante violación al principio constitucional consagrado en los artículos 74 y 93 de la Constitución … (Subrayados añadidos) El segundo antecedente en Venezuela sobre la consideración de los tratados sobre derechos humanos como integrantes del bloque de control de la constitucionalidad de las leyes. artículo 20 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.Entre nosotros. culturales. Asimismo. lo representó la sentencia líder dictada por la Corte Suprema de Justicia en Pleno de Venezuela (como órgano de la jurisdicción constitucional). artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Baré. publicado por la Comisión Andina de Juristas. 1997. por cuanto en su hábitat intervienen intereses distintos y a veces contrarios a los legítimos derechos de la población autóctona. En efecto. sino a la nación entera. por sus condiciones socio-económicas.
decretada por la Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas. 1996. la Corte Suprema de Justicia de Venezuela concluyó declarando la inconstitucionalidad de la mencionada Ley de División PolíticoTerritorial del Estado Amazonas. La Corte expreso en los siguientes términos lo que denominó una “lesión constitucional” a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos 16: Ahora bien. se circunscribe. características étnicas. número 2146 Extraordinaria. 1997. Disposiciones similares se encuentran en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21). el artículo 25 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. conforme al artículo 215 ordinal 4º de la Carta Magna y el artículo 42 ordinal 30.51 y 57 constitucionales). en el contexto del régimen de excepción previsto en el artículo 77 de la Constitución de 1961. Con base en las anteriores consideraciones. . instrumentos formales de derecho. resulta ser nula de nulidad absoluta. En este sentido. en el sentido de que no se efectuó la consulta popular. Por haberse violado entonces el derecho constitucional de participación ciudadana en la formación de la ley. en sus disposiciones lesivas de los mencionados derechos. situación que permite. con fundamento en el artículo 46 del Texto Fundamental: “Todo acto de Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo” anular el acto impugnado. la delimitación estadal y fronteriza 16 Ver lo expuesto en nuestro trabajo “El derecho a la participación política de los pueblos indígenas” (Jurisprudencia Constitucional en Venezuela). requieren de la participación ciudadana-política. quedando vigente de la misma ley. religiosas o lingüísticas (reconocidas en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) … Según lo expuesto. conforme al censo de 1992 –44% de la población. publicado en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Así se declara. sus derechos relacionados con sus tradiciones y costumbres. por violar el derecho constitucional de participación de los pueblos indígenas como derecho humano internacional constitucionalizado de las minorías. la normativa concerniente a la división política territorial del Estado Amazonas.de dicho Estado). la minoría indígena (que tal estatus tiene. se reitera. tales presupuestos de la mencionada ley. previstos en la Carta magna y en los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Medellin. Esta Normativa fue consagrada expresamente en la propia Constitución del Estado Amazonas en su artículo 15: “La Asamblea Legislativa promoverá la realización de referendos en las comunidades para la modificación de los elementos relativos a la organización municipal en la jurisdicción estadal” … La Corte precisa que mediante la participación ciudadana. la presente decisión a la lesión constitucional de los derechos de las minorías. Adenauer. en concordancia con el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. de fecha 28 de enero de 1978 prevé el derecho de participación en la dirección de los asuntos públicos. identificable como grupo. Fundación K. publicada en gaceta Oficial. ejerce. en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 20) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23). efectivamente. Ciedla. con prescindencia del análisis de violaciones de rango legal. conforme al citado artículo 46. ratificados por Venezuela y que forman parte integrante del ordenamiento jurídico venezolano.
Así lo establecen los artículos 9 y 14 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. a los efectos de reducir las violaciones a los derechos humanos. referente a los sujetos de la misma. por lo que debe velar por su uniforme interpretación y aplicación (art. esa interpretación no es “soberana” o “autárquica”. incluyendo el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Es característico y propio de una acción penal y omite las garantías establecidas por las normas internacionales para un juicio justo. sin discriminación. la incorporación de los tratados sobre derechos humanos como “parámetro de constitucionalidad” culminó su desarrollo jurisprudencial en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en Pleno en fecha 14-10-97 publicada el 6-11-97. al siguiente tenor: Todas las personas son iguales ante la ley. Existen los informes de instituciones defensoras de los Derechos Humanos. 36330 de fecha 10-11-97. Sobre todo se ha hablado de la necesidad de impulsar la discusión de la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana. que supuestamente se encontraba en ese proceso. y como tal es el máximo y último intérprete de la Constitución. estableciendo la siguiente doctrina jurisprudencial sobre la materia 17: La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) se ha incorporado a nuestro Derecho Interno como norma ejecutiva y ejecutable reforzada por la jurisprudencia. Si bien le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Dichos documentos censuran abiertamente la ley venezolana sobre Vagos y Maleantes. tienen derecho. Son muchas las recomendaciones orientadas a poner fin a su vigencia. Conviene observar que se ha exhortado al Gobierno venezolano a adoptar e implementar una serie de recomendaciones. . De otra parte. Ello entraña la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno del régimen previsto en convenciones internacionales. ya que debe respetar los estándares interpretativos mínimos que emanan de la jurisprudencia de los órganos de protección 17 La sentencia fue consultada en su publicación en la Gaceta Oficial No. nacional y constitucional (artículo 17). con relación al Bloque de la Constitución. conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte estima que el procedimiento aplicable. sus disposiciones sean compatibles con el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia. la cual le ha dado el carácter de parámetro de constitucionalidad. Finalmente. la modalidad de solución de las controversias (artículos 18 y 19) y la entrada en vigencia de la ley (artículo 20).internacional (artículos 1 y 3 inclusive) y las disposiciones referentes a la aplicación de la normativa estadal. (Subrayados añadidos). es necesario precisar los límites interpretativos de la jurisdicción constitucional con relación a los tratados sobre derechos humanos. mediante la cual declaró la inconstitucionalidad de la Ley de vagos y Maleantes. a igual Protección de la Ley. 335). derivadas de la aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes. conforme a lo previsto en la Ley sobre Vagos y Maleantes. (Resaltados y subrayados añadidos) Por último. la definición de vago y maleante es tan imprecisa que plantea serias dudas sobre el hecho según el cual.
IIDH/EJV. a fin de tutelar los derechos humanos de la víctima conforme a los estándares internacionales y con ello. conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido. por tanto. esa interpretación será válida en virtud del principio de progresividad en la materia (art. pero sólo en el orden interno.1). además. la jurisdicción propia de los tribunales nacionales tiene por límite la jurisdicción del propio Estado. contiene once “considerandos” en los cuales se expresan los motivos que tuvo el Tribunal Supremo para dictarlo. Sin embargo. (Resaltados añadidos). En estos casos. por causa de la sentencia violatoria del tratado. suscritos y ratificados por Venezuela. de los tratados sobre derechos humanos –en virtud de su jerarquía constitucional-. En efecto. las interpretaciones que hagan los tribunales de la jurisdicción interna de los Estados deben respetar los estándares mínimos establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y particularmente la jurisprudencia de sus órganos de protección. dicha sentencia será contraria a la propia Convención Americana. la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos le otorga una competencia consultiva genérica a la Corte Interamericana para interpretar dicha Convención y los otros tratados de derechos humanos (art. en virtud del mismo principio de progresividad (art. si bien la competencia judicial interna de Venezuela le asigna a dicha Sala la interpretación última de la Constitución y. Entre estos considerandos. sentencia 1. se comprometería la responsabilidad internacional del Estado. la doble importancia de la aplicación de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por los tribunales nacionales: por un lado. para lograr la protección efectiva de la persona humana con base en esos estándares Internacionales como reglas mínimas (principio de progresividad). pactos o convenciones relativos a los derechos humanos. en el ejercicio de su jurisdicción nacional. los tribunales de derecho interno pueden aplicar y. .internacional de los derechos humanos. el Tribunal Supremo de Justicia es su máximo y último intérprete. esa disposición debe entenderse en el siguiente sentido: conforme al artículo 335 de la Constitución. y por el otro. 29. No es correcto afirmar de manera excluyente que “la interpretación jurídica” de los tratados relativos a los derechos humanos “corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal 18. Ahora bien. En este sentido. resulta errada la interpretación dada por el propio Tribunal Supremo de Justicia en el Acuerdo dictado en Sala Plena en fecha 25 de julio de 2001. tienen jerarquía constitucional y por tanto su interpretación jurídica corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal. En efecto. Dicho Acuerdo. interpretar los tratados relativos a los derechos humanos. la interpretación auténtica de los tratados le corresponde a los órganos de la jurisdicción internacional. para evitar hacer incurrir al Estado en la responsabilidad 18 Sobre este aspecto seguimos lo expuesto en nuestro trabajo “Comentarios sobre la incompatibilidad de la sentencia 1. 2001. 29. Por ello. la sentencia nacional es susceptible de ser controlada por los órganos de protección internacional. De allí. si la interpretación de un tratado realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resulta contraria a los estándares mínimos de protección establecidos en la jurisprudencia de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana). atípico en la historia judicial venezolana.013 con la Convención Americana sobre Derechos Humanos” publicado en la obra colectiva La libertad de expresión amenazada. Ello quiere decir que si un Estado al interpretar un tratado establece normas más garantistas para la protección de la persona que las establecidas en la jurisprudencia internacional. llama la atención desde el punto de vista que venimos comentando lo siguiente: CONSIDERANDO Que los tratados. Por el contrario. Caracas/San José. 64). con ocasión de ello.013.
sino que incluso “prevalecen en el orden interno. Caracas. como una reminiscencia transitoria. tanto en el número como en el contenido de los derechos protegidos. lo que indica que ésta es entendida como una situación excepcional y. las instituciones internacionales han venido estableciendo diversas prácticas. 1988. En este sentido. que un mismo derecho se encuentre regulado simultáneamente en varios instrumentos internacionales en diversos grados de beneficio a las personas. que por un lado. . el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no llega a pronunciarse expresamente. Por lo cual puede ocurrir. no obstante. se está en presencia de tratados de rango supraconstitucional en el Derecho interno. También puede ocurrir. los tratados relativos a derechos humanos no sólo tienen como principio general la misma jerarquía que la propia Constitución. de modo continuado e irreversible. Esta disposición puede dar lugar a considerar que en estos casos en los cuales el tratado prevalece sobre la Constitución por contener normas que son más favorables a los derechos humanos que la propia Constitución y las leyes. pág. El fenómeno antes descrito evidencia una tendencia manifiesta hacia la extensión de los derechos humanos. 2. cuando las sentencias nacionales no sean reparatorias de violaciones ocurridas o cuando puedan resultara en sí mismas en violaciones a dichos derechos fundamentales. en los diversos instrumentos internacionales a través de los años. La prevalencia de los tratados más favorables a los derechos humanos sobre las normas de la propia Constitución De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de Venezuela de 1999. con carácter cada vez más favorable a los ciudadanos. que ese mismo derecho humano encuentre un reconocimiento mucho más favorable a las personas. es consagrado en los Textos Constitucionales. con la aprobación implícita de los Estados. pero. Por ejemplo. Esta evolución ha ocasionado. Esta aplicación preferente de los tratados más favorables a los derechos humanos por encima de la Constitución se fundamenta en el principio de la progresividad de los derechos humanos. su orientación implícita es claramente coincidente. por la influencia ya sea internacional o interna. en el caso de la pena capital. Y aunque no llega a pautarse expresamente la irreversibilidad de su abolición. así como en su eficacia y vigor. en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República”. 58. En otros casos. el párrafo 2 de dicho artículo 6 contiene una serie de limitaciones para la aplicación de tal condena "en los países que no hayan abolido la pena capital". sí se establece que "ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la penal capital" (párrafo 6) 19. en el Texto Constitucional correspondiente o viceversa en un instrumento internacional. en el ámbito internacional. que han servido para que la interpretación y aplicación del derecho haya sido también un vehículo para fomentar la virtualidad expansiva del sistema. Los derechos humanos están en constante evolución. un mismo derecho sea reconocido en formas cada vez más evolucionadas. A través de la práctica se ha reforzado y se han abierto nuevas posibilidades a la 19 NIKKEN Pedro. ese mismo derecho. En efecto. En defensa de la persona humana. en cierta forma. hasta el punto en que lo ha hecho el citado artículo 4 de la Convención Americana. al menos desde 1948.internacional por violación a los derechos humanos.
1993. dicho principio está reconocido en otra serie de instrumentos internacionales como es el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. recibió reconocimiento judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. se deberá aplicar siempre la disposición que resulte más favorable a la persona. el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos. y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 41). CANCADO TRINDADE Antonio. 266 a 268. en algunos casos. Igualmente.iniciativa procesal del individuo ante las entidades internacionales de protección. Esta tendencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos consolida como método de interpretación. la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (artículo 5). San José.. en instrumentos internacionales y en la Constitución. 171-228. aplicado por la Comisión Europea de Derechos Humanos desde la década de los cincuenta. el principio de la "cláusula del individuo más favorecido". Luego la progresividad de los derechos humanos como principio interpretativo define la aplicación de la norma más favorable al individuo. Este principio puede considerarse expresamente incorporado en la Convención Americana. se deberá aplicar aquél que resulte más favorable a la persona. (OC-5/85). El principio de la progresividad. esta interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional debe resultar en que si un mismo derecho es regulado con un contenido diferente por la Constitución y por un tratado. op. Un enfoque a partir de los derechos humanos. Opinión Consultiva No.b). Serie A: Fallos y Opiniones. independientemente del instrumento donde éstos se encuentren regulados. IIDH. en El Juez y la Defensa de la Democracia. en la Opinión Consultiva OC-5/85 de fecha 13 de noviembre de 1985 sobre la colegiación obligatoria de periodistas (artículo 13 y 29 de la Convención)22. Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (artículo 4). . la Convención sobre la Eliminación sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 23). El principio de la primacía de la disposición más favorable a las víctimas. el principio de la progresividad lleva como consecuencia a que deba aplicarse la disposición más favorable a la persona. el cual consagra un principio general en su artículo 5. la Convención sobre el Estatuto de Apátridas (artículo 5). La progresividad de los derechos humanos significa que cuando un mismo derecho se encuentre regulado al mismo tiempo. Asimismo. que ninguna de las disposiciones de dicha Convención puede ser interpretada en el sentido de: Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados. 5 de fecha 13-11-85. si el mismo derecho se encuentra regulado al mismo tiempo. al consagrarse en el artículo 29. se han flexibilizado reglas procesales para superar obstáculos para la protección más eficaz y se ha abierto.cit. así entendido. el camino para la "cristalización" del derecho internacional consuetudinario" 20. págs. contribuye a obtener una mayor coordinación entre tales instrumentos en su dimensión tanto vertical (tratados y Derecho Interno). en distintos instrumentos internacionales. “La interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en la Protección de los Derechos Humanos”. Y así mismo. El criterio de la primacía de la norma más favorable a las personas contribuye así a minimizar las posibilidades de conflictos entre instrumentos legales. 22 CorteIDH. significa acoger la 20 21 NIKKEN Pedro. págs.2.. como horizontal (entre dos o más tratados) 21. En consecuencia.
ello es en definitiva. según el cual "la enunciación de los derechos y garantías contenido en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que. estableció la siguiente doctrina. caso “Mariela Morales vs. la Corte Suprema de Justicia al analizar la protección solicitada por la funcionaria pública removida sin causal de despido o retiro. sino igualmente el de progresividad 23: . la cual ratifica al mismo tiempo no sólo el principio de auto ejecución. Ministro de Justicia”.interpretación pro cives. consultada en original. Sala Político Administrativa. es concluyente la existencia y el reconocimiento del derecho a la protección a la maternidad. la Corte Suprema analizó igualmente el carácter de normas operativas. cuando es aplicado por los organismos internacionales. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. siendo inherentes a la persona humana. y al no permitirse con ello el disfrute del derecho al descanso pre y post-natal.. sobre la norma internacional. como derechos inherentes a la persona humana. Este principio.. pro hominis. la cual había sido despedida sin causa o motivo por su superior jerárquico. 23 . En las consideraciones para decidir. cuyo cumplimiento y protección es exigible por los ciudadanos y constituye un deber de los tribunales acordar su protección en caso de que sea evidente su vulneración. pro libertatis. en consecuencia. cualquier interpretación tendente a desconocerla por falta de legislación que desarrolle su contenido. la progresividad puede llevar en el Derecho Interno.. consagra la protección de la maternidad y de la Sentencia de fecha 3-12-90. Corte Suprema de Justicia.. puede incluso llevar a la aplicación del Derecho Constitucional con preferencia sobre el Derecho Internacional. . de conformidad con el artículo 50 de nuestro Texto Fundamental. Este principio ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional de Venezuela aún antes de la Constitución de 1999. la norma de la Constitución de 1961 sólo consagra un derecho con contenido genérico de protección de la maternidad (artículo 74). para esta Sala.. no figuren expresamente en ella. dicho derecho no se encontraba regulado en la legislación nacional. en aquellos casos en que el primero consagre una norma más favorable a los derechos humanos. la interpretación que resulte más favorable a la persona. a la aplicación de la norma internacional más favorable por sobre la norma constitucional o legal. que constituyen derechos subjetivos constitucionales.. y la naturaleza de los derechos denunciados (no consagrados expresamente en la Constitución). la norma constitucional (o legal) sobre derechos humanos más beneficiosa. declaró con lugar la protección constitucional de amparo. Igualmente debe señalarse que el derecho a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada y el derecho a disfrutar del descanso pre y post-natal constituyen derechos inherentes a la persona humana los cuales se constitucionalizan. La sentencia dictada el 3 de diciembre de 1990 por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.. Sin embargo. Por lo expuesto. se trata de normas operativas. . sino en instrumentos internacionales tales como el Convenio N° 103 de la OIT. Ello es. y la Convención sobre Eliminación sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer -aprobado por ley de la República. De modo que toda esta normativa de carácter supranacional (instrumentos internacionales antes mencionados) y en particular el mandato contenido en el artículo 74 de la Constitución.. Para ese momento (anterior a la promulgación de la vigente Ley Orgánica del Trabajo).. rechazándose. en un caso en el cual se solicitó a la Corte Suprema de Justicia la protección de inamovilidad por una funcionaria pública embarazada. la Recomendación 93 de la OIT. Por su lado. De ahí que. Pero bajo el mismo principio interpretativo.. a acoger en la instancia internacional de protección.
. como fue la Base Comicial Octava de la Asamblea Nacional Constituyente aprobada mediante el referendo popular el 25-599 que decidió su convocatoria.estableció unas regulaciones al derecho a la libertad de educación de los particulares. permiten concluir afirmativamente en la protección del derecho a la vida desde su concepción. materializando tal protección a través de la consagración de la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada y el derecho a disfrutar del descanso pre y post-natal . 29 Constitución de Venezuela de 1999. art. art. conllevaría necesariamente a la aplicación preferente de dicho tratado por encima de la Constitución. art. requisitos extremos para establecer la educación privada 30. art. 31 Pacto Internacional de Derechos Económicos. en cuanto a la protección del derecho a la vida de los no nacidos. 26 Constitución de Venezuela de 1999. en general a partir del momento de la concepción 25. 30 Constitución de Venezuela de 1999. En nuestra opinión. Con fundamento en tan claras y terminantes disposiciones esta Corte considera que cualquier intento del patrono o empleador de cercenar el derecho a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada sin que medie causal de despido o de retiro por razones disciplinarias y al no permitir el disfrute del derecho al descanso pre y post-natal.1. 79.. por lo que éstas resultan de aplicación preferente a las normas sobre la materia contenidas en la Constitución 31. 76. (Subrayados y paréntesis añadidos). con una orientación de corte estatista: ej.. constituye una evidente y flagrante violación al principio constitucional consagrado en los artículos 74 y 93 de la Constitución . 102.. consideradas aisladamente. Sociales y Culturales. 13. En primer lugar. Estas normas constitucionales.mujer trabajadora. En esta materia la Constitución de 1999 – a diferencia de la de 1961 28.4. 27 CADH. La Constitución de 1999 –a diferencia de la de 1961 24. 106. art. art. En la situación actual. art. 28 Constitución de Venezuela de 1961. 74..4 y 13. El segundo caso donde las normas de los tratados resultan de aplicación preferente frente a las constitucionales es el derecho a la libertad de educación.5 (este último instrumento aún no había sido ratificado por Venezuela en el año 2001). . art. esta norma de la Constitución de 1999 junto con la norma que garantiza el derecho a la vida 26.. Constitución de Venezuela de 1999. la aplicación preferente de los tratados más favorables a los derechos humanos por encima de la misma Constitución puede plantearse en concreto en al menos dos materias. la cual estableció entre los límites de este Cuerpo: Constitución de Venezuela de 1961. educación es un servicio público 29. por ser una norma más favorable al goce y ejercicio del derecho humano a la vida. art. Sin embargo. 4.3 y 13. y solo se limitó a declarar la protección integral de la maternidad. Sociales y Culturales. las normas sobre esta materia contenidas en los tratados internacionales resultan mucho más favorables al goce y ejercicio del derecho a la libertad de educación de los particulares. 25 24 . Pero si ésta no fuera la conclusión interpretativa de las referidas normas constitucionales aisladas.guardó silencio en cuanto a la protección de la vida del niño desde su concepción. Tanto la jerarquía constitucional de los tratados relativos a los derechos humanos como su aplicación preferente sobre la propia Constitución en aquellos casos en que el tratado contenga normas más favorables a los derechos humanos pueden considerarse que son el resultado de una norma de carácter constituyente y por tanto supraconstitucional. permitirían concluir en una interpretación restrictiva del derecho a la libertad de educación de los particulares. la consagración del derecho a la vida “a partir del momento de la concepción” en Convención Americana 27. 13. 43. y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos.
Cappelletti lo concibió de amparo individual a nivel supranacional” el cual se ejerce con base en un “bill of rights transnacional” ante un organismo también transnacional (la Comisión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos) 33. págs. en consecuencia. págs. 1994. así como el cumplimiento de los tratados internacionales.A. Los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos son mundiales o regionales. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Restructuring the Control Machinery Established Thereby.. la Comisión Europea de Derechos Humanos y. CAPPELLETTI Mauro. Los mecanismos internacionales regionales consolidados son tres: el interamericano. 35 Protocol No.. el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos. los mecanismos internacionales de la Organización de Naciones Unidas consisten en los órganos convencionales creados por los tratados y sus protocolos. cuando las violaciones a los mismos no son reparadas efectivamente por los recursos judiciales internos. (Cursivas añadidas). Dicha jurisdicción la ejerce en primer lugar. 45 y siguientes. Editorial PORRUA. Los procesos de amparo (ordinario constitucional e internacional). 237 y siguientes. C. La incorporación in totum de los tratados de derechos humanos Los tratados sobre derechos humanos no sólo reconocen los derechos fundamentales sustantivos. 1993. 35 AYALA CORAO. version original en inglés. y GARBERI LL. November 1. acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República. si no que además. México.. como pueden ser en muchos casos los diversos instrumentos de amparo y hábeas corpus. En efecto. al cual podrán acudir directamente las víctimas de violación de sus derechos humanos bajo el Convenio Europeo. se habilita la jurisdicción internacional de los derechos humanos. 32 . 1996. Dimensiones de la Justicia en el Mundo Contemporáneo. Council of Europe. en segundo lugar. la jurisdicción nacional debe considerarse agotada y. 12. Caracas/San José. Del Amparo Constitucional al Amparo Interamericano Instituto Interamericano de Derechos Humanos/EJV. 33 Ver. José. 3. el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este último mecanismo lo hemos denominado “amparo internacional”32. 34 GIMENO SENDRA Vicente. ambos con sede en Estrasburgo. con ocasión de la entrada en vigencia del Protocolo Adicional No. Madrid. como es el caso del Comité de Derechos Humanos creado por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. el europeo y el africano. Sin embargo.. Carlos M. 1997.Los valores y principios de nuestra historia republicana. cuya obligación internacional de respeto y garantía le corresponde a los Estados Parte. estos tratados suelen establecer órganos y mecanismos internacionales de protección de esos derechos. la Comisión y la Corte Europeas se habrán fusionado a finales de 1998 en un solo órgano denominado Tribunal Europeo de Derechos Humanos. cuando las violaciones a los derechos humanos no son reparadas por los mecanismos de Derecho interno. Gimeno Sendra emplea el término de “amparo internacional” 34 para referirse a las reclamaciones individuales de las personas (víctimas) ante la Comisión Europea de Derechos Humanos frente a las lesiones a sus derechos humanos o libertades fundamentales provenientes de los poderes públicos de los Estados integrados al Consejo de Europa y signatarios del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. En el primer caso.
mediante las cuales se le señala al Estado las medidas que debe adoptar para restablecer la situación jurídica infringida.. CADH. en consecuencia. en el caso concreto de los Estados latinoamericanos. culmina con una sentencia. y efectuar las reparaciones e indemnizaciones pertinentes. para que una petición sea admisible es necesario que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. op. 36 El amparo interamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su base en el caso de los Estados miembros de la OEA que no han ratificado la Convención Americana. víctima de una violación a sus derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. “Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Cualquier persona o grupo de personas. 38 Artículos 51 y 61. informe preliminar del artículo 50. la Comisión debe decidir. 37 Artículo 46. 39 En todo caso. de un “amparo interamericano”. el proceso ante la Corte se inicia por una demanda introducida por la Comisión con la asistencia de la víctima o familiares y sus abogados. a interponer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. en virtud de haber ratificado la Convención Americana. pruebas. la Comisión debe emitir un informe con las conclusiones y recomendaciones. por la mayoría absoluta de sus miembros. o cualquier otro instrumento internacional sobre la materia. el cual dirigirá al Estado. en el procedimiento. 38 Si no somete el caso ante la Corte. en Documentos Básicos . Los informes de la Comisión normalmente culminan con dos capítulos: A) Conclusiones. 39 Artículo 51. 37 Conforme a la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión Americana. si ha comprometido por ello su responsabilidad internacional. si el Estado ha adoptado o no las medidas adecuadas y si publica o no su informe. 1979. . si el Estado no ha solucionado el asunto. el derecho de amparo interamericano está consagrado expresamente en dicho instrumento como una acción popular. en la propia Carta de la Organización..En términos similares al sistema europeo antes de su fusión. e informes definitivos del artículo 51.. se incluyen las fases de admisibilidad. Durante el plazo de 3 meses a partir de la remisión de estado del referido informe de la Comisión. o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización. que consiste en el derecho de toda persona humana. (y a los peticionarios) y fijará un plazo para su cumplimiento. CADH. en los siguientes términos: Artículo 44. págs. 101 y siguientes. la cual se pronuncia igualmente sobre la 36 Ver. en las cuales se determina si el Estado ha violado los derechos humanos y. en las Américas podemos hablar de un amparo internacional o mejor.. la cual luego de su tramitación procesal. CADH. o se encuentre ante una de las excepciones previstas en la Convención. cuando dicha violación provenga de cualquiera de los órganos del poder público de un Estado miembro de la OEA. Vencido este plazo. la Comisión (o el Estado parte). Evidentemente. y B) Recomendaciones. y en el Estatuto de la Comisión y su Reglamento.cit. Ahora bien. ofrecimiento de la solución amistosa. puede someter el caso ante ésta. audiencias. puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte. y dicho Estado ha reconocido la jurisdicción obligatoria contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
una jurisdicción consultiva para interpretar la Convención u otros tratados concernientes a la protección de los Derechos Humanos en los Estados Americanos. Artículo 68. y como consecuencia de declarar su responsabilidad internacional. 40 41 Artículo 63. pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República. (Destacado nuestro). 40 La Convención refuerza el carácter de jurisdicción internacional plena de dicha facultad reparatoria de la Corte Interamericana. a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines. Los casos originados en actos o actuaciones (u omisiones) violatorios de derechos humanos no reparados por los mecanismos de Derecho interno. además. en los términos siguientes: Artículo 31. “Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Ver.violación de los derechos humanos por parte del Estado. El Estado adoptará. es decir. . 41 Ello permite configurar la jurisdicción internacional de la Corte IDH como una verdadera jurisdicción internacional de amparo frente a las violaciones a los derechos humanos atribuibles a los agentes de un Estado parte.cidh. La anterior situación permite apreciar que la jurisdicción internacional de los derechos humanos puede configurarse bajo ciertas circunstancias. que no hayan sido reparadas eficaz y oportunamente en su jurisdicción interna. La Corte Interamericana posee. CADH. y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. San José de Costa Rica. Y con relación a la parte del fallo que disponga la indemnización compensatoria. con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. CADH. de resultar procedente. la Convención dispone la ejecutabilidad u operatividad inmediata de sus sentencias por el procedimiento interno para la ejecución de sentencias contra el Estado. 2. las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo. la Corte IDH tiene una jurisdicción reparatoria plena. Los casos por violaciones de derechos humanos causadas directamente por sentencias. incluso de aquéllas emanadas de las altas jurisdicciones constitucionales. tiene poderes para disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad o derechos conculcados. puede disponer que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos. de la Comisión. y asimismo. En este sentido. y los demás órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la OEA. 1998.org 42 Artículo 64. a partir del 1º de mayo de 2001. CADH. conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley. el cual se encuentra publicado en la página web: www. al establecer el compromiso de los Estados partes de cumplir sus decisiones en todo caso en que sean partes. en una verdadera «jurisdicción constitucional internacional en materia de derechos humanos» en los siguientes supuestos: 1. 42 Este derecho al amparo internacional ha sido reconocido también como un derecho constitucional en el nuevo Texto Fundamental venezolano. en los términos establecidos por los tratados. a solicitud de éstos. ya que cuando decide que ha habido violación de un derecho protegido por la Convención. Toda persona tiene derecho. establece las reparaciones e indemnizaciones compensatorias correspondientes. entrará en vigencia el nuevo Reglamento de la CIDH. cuando los mecanismos de protección nacional como el amparo constitucional no resulten efectivos o reparadores.
2000. Sobre el particular.. 44 Esta materia.3. 1997. Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana sobre la compatibilidad de las leyes internas de un Estado y los mencionados instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Madrid. fue objeto de sendos recursos de amparo ante el TC: en el primero negó la ejecución de la sentencia internacional por razones formales. cit. En la sentencia definitiva (STC 245/1991) el TC afirmó que la sentencia del TEDH tenía un carácter “obligatorio” incuestionable. y de la inmutabilidad de la cosa juzgada (Providencias de 31-1-1994 recaídas en los recursos de amparo 2291/93 y 2292/93). IIDH/CCE. AYALA CORAO... de conformidad con la regla de interpretación contenida en el artículo 31. la “obligatoriedad” de sus recomendaciones ha sido establecida por la propia Corte Interamericana. RUIZ MIGUEL Carlos. Terceras Jornadas de Derecho Procesal Penal. 1997. La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así. 45 En el caso de los Informes de la CIDH. Barberá. el reconocimiento de la obligatoriedad de las decisiones de la Comisión por la Corte Interamericana. SCHIFFRIN Leopoldo. sin embargo. VANOSSI Jorge R. usado por la Convención Americana. A. MAIER Julio y otros. Sin embargo. San José. Sentencia de 17-9-97. el término “recomendaciones”. 43 Esto ha sido posible por diversas razones. ha sido sólo recientemente cuando las jurisdicciones constitucionales nacionales han venido reconociendo y aplicando expresamente la jurisprudencia emanada de los distintos órganos internacionales autorizados. en el caso Ruiz Mateos (expropiación Rumasa). 44 Sobre el particular ver. PINTO Mónica. MONCAYO Guillermo R. CANÇADO TRINDADE Antonio Augusto. la sentencia del TEDH (STEDH. ver. CELS. en los siguientes términos: 46 79. por lo que en algunas jurisdicciones constitucionales aún existen posiciones encontradas y aún adversas sobre el particular. La Corte ha dicho anteriormente que. los cuales están destinados naturalmente a ser aplicados por los tribunales nacionales. dicha doctrina fue desmontada en un caso siguiente. TRAVIESO Juan A. Caracas. está en plena evolución. Buenos Aires. ver. caso “Loayza Tamayo”. Sentencia del 8 de diciembre de 1995. y aunque aun falta mucho camino por recorrer. Dicho proceso terminó en un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC). Messeguer y Jabardo. Ello ha sido así en algunas jurisdicciones constitucionales en Europa. 46 Corte IDH. sobre la base de la buena fe en el cumplimiento de los compromisos internacionales libremente adquiridos. 45 La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Bultó (STEDH. A. sobre la base de la supremacía de la Constitución española cuyo intérprete supremo es el TC. el Tribunal Constitucional ha adoptado decisiones contradictorias con relación al carácter “obligatorio” de la ejecución en su derecho interno de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Serie 43 Este corpus iuris comprende toda una rica jurisprudencia que incluye estándares sobre garantías judiciales y debido proceso. Carlos “Derechos Humanos y Proceso Penal” en La aplicación efectiva del COPP. En efecto.146) fue objeto de un proceso judicial para lograr su ejecución ante los tribunales españoles mediante la nulidad de las sentencias penales condenatorias.262). . La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. a excepción de la condena a las indemnizaciones compensatorias. debe ser interpretado conforme a su sentido corriente (Caso Caballero Delgado y Santana. GORDILLO Agustín. BIDART CAMPOS Germán J. “La interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en la protección de los derechos humanos” en El juez y la defensa de la democracia. ALBANESSE Susana.. y el segundo fue rechazado por razones de fondo. en virtud del carácter fundamentalmente declarativo que se le atribuye a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. UCAB. así como el reconocimiento del carácter obligatorio de las jurisprudencias de la Comisión y la Corte por las jurisdicciones internas de los Estados ha significado un importante paso de avance para la consolidación del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. en el caso de la jurisprudencia constitucional española.1. la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de todo el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sobre estos estándares. como son en el ámbito americano. 1993. de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
de la Convención de Viena. página 571. 1995. al ratificar dicha convención. 48 CS. establece el compromiso de los Estados partes de cumplir las decisiones en todo caso en que sean parte. si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional. dichos procedimientos están llenos de excepciones y privilegios públicos. dicha jurisprudencia fue consolidada en los siguientes términos: 49 De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer de todos los casos 47 La propia CADH establece en su artículo 25. 30. Sin embargo. 1995-III. No. “Giroldi H. la propia Convención. uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos. José Antonio “La ejecución según el Derecho Venezolano. 81. . la Corte aplicó la Opinión Consultiva OC-7/86. la Corte Suprema de Justicia de la Nación. t.c. En 1995. Asimismo. consagrado en el mismo artículo 31. En el caso de las sentencias de la Corte.. por las autoridades competentes. y en materia de indemnizaciones. (Resaltados nuestros).ha venido sentando ese criterio al indicar: 48 Que la interpretación del Pacto debe. y como introducción al tema. Ariel E. los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes. Julio 7. Costa Rica y Colombia. 67 y Caso Genie Lacayo. ya en 1992 -antes de la reforma del 94 que constitucionalizó tratados sobre derechos humanos. en Jurisprudencia Argentina. Carlos “La ejecución de sentencias contencioso-administrativas” y MUCI BORJAS. las sentencias pueden ejecutarse por los procedimientos internos de cada Estado de ejecución de sentencias contra el Estado. autores varios. que tiene como función “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” en el hemisferio (Carta de la OEA. abril 7. 47 La obligatoriedad de las decisiones tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana ha venido siendo reconocida expresamente por las propias altas jurisdicciones latinoamericanas. que no sólo violan las constituciones sino la propia Convención. de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. además guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desafortunadamente. Funeda/EJV. ver “La jurisprudencia internacional en el derecho interno” en La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. además. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. de los fallos dictados por los jueces contencioso-administrativos” todos estos trabajos publicados en Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo “Allan Randolph Brewer-Carías”. que los Estados se comprometen “a garantizar el cumplimiento. como es el caso de la Convención Americana. 1995. 80. s/recurso de casación” CS. Caracas.cit. artículo 1). Ver referencias en DULITZKY. AYALA CORAO. 49 CS. Miguel A.C. en virtud del principio de buena fe. Gerardo y otros”. especialmente si se trata de derechos humanos. tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es. el artículo 33 de la Convención Interamericana es un órgano competente junto con la Corte “para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes”. “La ejecución de las sentencias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el Derecho Español”. En general. uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José (Estatuto. PAREJO ALFONSO Luciano. 1992 “Ekmkdjiam. En dicho caso. Párr. libro de autores varios. artículos 52 y 111). Sentencia de 29 de enero de 1997. “La Aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales: un estudio comparado”. particularmente en casos relativos a Argentina. op. párr. 1994. c Sofovich. 93). San José. 22. por lo que.2. En Argentina.1. Sobre el tema en particular ver. No. como se vio. Serie C.
puesto que la interpretación efectuada por el a quo del art. 2312-95 de 9-V-95. 53 . a los efectos de reducir las violaciones a los derechos humanos. Baste citar entre su vasta CS “Bramajo” Sentencia del 12-9-96. y ver PIZA E.390 ha sido incompatible con la jurisprudencia elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.cit. Ley 23.D. la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica sentenció la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas que exigía la colegiación de los periodistas para ejercer sus funciones. que fue resuelta determinándose su incompatibilidad con el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Convención Americana. que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Vagos y Maleantes. La Corte Suprema Argentina ha establecido también la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana para los tribunales argentinos. la Corte Constitucional de Colombia se ha convertido..H. también ha ocurrido un tanto digno de reseñarse. R. ese mismo Estado solicitó a la Corte Interamericana la Opinión Consultiva número 5 sobre la colegiación obligatoria de periodistas.. La colegiación obligatoria de periodistas.330 de fecha 10-11-97. la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar las leyes nacionales a la luz de esta normativa. derivadas de la aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes. tendrán -de principio. 52 Corte I. 53 Sentencia No. incluyó expresamente las siguientes consideraciones.el mismo valor de la norma interpretada. la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno al adoptar la antes referida sentencia de 1997. 52 Diez años más tarde. Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. y publicada en Gaceta Oficial No.. página 143. a través de tesis de avanzada en relación con el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales.relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana y artículo 2º. publicada el 06-11-97. 1 ley 24. 36. Dichos documentos censuran abiertamente la ley venezolana sobre vagos y maleantes. En Costa Rica. 20-11-96.. op. Conviene observar que se ha exhortado al Gobierno venezolano a adoptar e implementar una serie de recomendaciones.054. asignándole esas sentencias “el mismo valor de la norma interpretada”. en términos generales. en Jurisprudencia Argentina.. referidas a informes y recomendaciones formulados al Estado venezolano: 51 Existen los informes de instituciones defensoras de los Derechos Humanos. En Venezuela. Sobre todo se ha hablado de la necesidad de impulsar la discusión de la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana. Por su lado. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno de fecha 14-10-97. En 1985. Son muchas las recomendaciones orientadas a poner fin a su vigencia. 51 50 . La Sala Constitucional costarricense motivó su decisión en la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana en la OC-5..Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). ya sea en caso contencioso o en una mera consulta. que supuestamente se encontraba en ese proceso. al disponer que: 50 Debe revocarse la resolución impugnada. en el tribunal con la jurisprudencia más garantista del hemisferio.
T-447/95. 1º. que la Constitución y los Tratados Públicos son la ley suprema del país y sus disposiciones prevalecen sobre las simplemente legales que les sean contrarias aunque fuesen posteriores (cursivas no originales)… Con relación a las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales sobre derechos humanos y el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas obligaciones. cit. de 23-10-95. se encontraba plenamente garantizado durante la vigencia de la Constitución de 1886 y de igual manera en los preceptos constitucionales que inspiraron la filosofía de la Constitución de 1991. En efecto. garantizar. 93). publicada en Derechos Fundamentales e interpretación constitucional (Ensayos-Jurisprudencia). la que comenzó reconociendo la jerarquía constitucional y supraconstitucional de los tratados sobre derechos humanos bajo la nueva Constitución: 54 hasta Efectuado el análisis anterior. en particular.que esa superioridad ha sostenido como doctrina invariable que “es principio de Derecho Público. “Este principio de efectividad encuentra perfecta correspondencia con la normativa internacional en materia de derechos humanos y. la Convención Interamericana y los pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalan que es deber de los Estados no sólo respetar los derechos civiles y políticos sino. el mismo fallo estableció: 55 (Omissis) Determinado el rango supraconstitucional de los pactos internacionales ratificados por el Congreso. cómo el Derecho a la Identidad. Por ello. con los deberes de respeto y garantía que los Estados tienen en este campo. de 23-10-95. además. art. tiene el deber de garantizar su plena efectividad. estos pactos. op. publicada en Derechos Fundamentales e interpretación constitucional. y del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica artículo 2º. como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia: Agrégase a ello –continúa. Estableciéndose así la fuerza coercitiva de preceptos a los cuales el Estado firmante. su libre y pleno goce a toda persona sujeta a su jurisdicción (Convención Interamericana art. . T-447/95. 1º). 2º.cit. Valor supralegal expresamente contenido en el artículo 93 de la Constitución política de Colombia y que también tenían pleno valor supralegal. esta disposición de orden constitucional encuentra sustento en los contenidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos artículo 2º ord. En efecto. entraremos a revisar en primer término.jurisprudencia. 55 Sentencia No. sin discriminación alguna. Pacto de derechos civiles y políticos art. que por voluntad del Estado Colombiano entraron a formar parte del ordenamiento jurídico con carácter supralegal. A partir de 1928 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia otorgó un valor prevalente a los tratados Internacionales sobre el ordenamiento jurídico legal. Normas estas últimas de naturaleza internacional. señalan que los Estados Partes se comprometen a adoptar. 2º ord. con arreglo a sus procedimientos constitucionales. Comisión Andina de Juristas. Lima. “las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos (cursivas no originales)” los derechos 54 Sentencia No. 1997. que han sido todos ratificados por Colombia y por ende prevalecen en el orden interno (Constitución Política. se concluye que es deber del Estado colombiano garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
y muy particularmente las decisiones de esta Corporación. Ahora bien. quedaron implícitamente garantizados en virtud de tal disposición. que el contenido de distintos preceptos vinculantes en tratados internacionales determinaban desde ya. 2º). dar la eficacia jurídica a los Tratados Internacionales. al momento de tomar sus decisiones. dándole a estos rango directamente constitucional”. Sobre la fuerza vinculante de los pactos internacionales y de las decisiones que adopten los órganos de protección creados por ello. y de carácter vinculante en el orden jurídico interno de Colombia a través de la ley 16 de 1972.humanos (Convención Interamericana art. (Omissis) Hay que adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos humanos. el fallo en comento se expresó diáfanamente en los siguientes términos: 56 De un lado.cit. Por consiguiente. En tal sentido Bidart Campos señala: “La Corte tiene la posibilidad de modular de muy diversas maneras los efectos de sus sentencias. 56 . hace explícita la obligación estatal de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. las sentencias de los jueces –como medidas de otro carácter diferentes a las leyes. aprobado en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 23 de noviembre de 1969. El artículo 2º del Pacto de San José de Costa Rica. manifestación a su vez de la dignidad humana y garantía del libre desarrollo de la personalidad. la plena protección del Derecho a la identidad. y en particular la Corte Constitucional. los derechos reconocidos en la Constitución y en los Pactos. de 23-10-95. y éste se ha comprometido a tomar las medidas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas”. T-447/95. publicada en Derechos Fundamentales e interpretación constitucional. Es pues legítimo que los jueces. 2º. integren a la normatividad. en acuerdo con una doctrina muy autorizada en este campo. 2º ord. cit. pues la rama judicial es uno de los órganos del Estado colombiano. considera que entre las medidas “de otro carácter” deben incluirse las sentencias de los jueces.deben buscar hacer efectivos los derechos reconocidos por los pactos de derechos humanos. pues la Constitución le permite adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permite asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución misma”. la Corte Constitucional. Esto nos permite desarrollar. Corresponde entonces tratándose de una materia de interés vital como los Derechos del Hombre. Pacto de Derechos Civiles art. el artículo 29 inciso c) nos permite comprender el efecto vinculante de otros derechos que aun cuando no fueron expresamente recogidos por los pactos internacionales ratificados por Colombia. Sentencia No. op.
En igual forma. Esta consideración. De otro lado. la propia Carta señala no sólo la prevalencia en el orden interno de los tratados de derechos que 57 Sentencia C-251. Corte Constitucional de Colombia. son idénticos. si ello fuera procedente que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. . o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización (art.. de 28-5-1997. previa evaluación de las denuncias de cualquier persona o grupo de personas. ya sea por iniciativa de cualquier Estado (artículo 62 Pacto de San José de Costa Rica). está garantizada por el control que sobre su efectividad ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos.. y en consecuencia objeto de protección jurídica. o a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con relación a las competencias de la CIDH y la Corte IDH como mecanismos de protección internacional de los derechos humanos.. párrafo 24. en los asuntos que esté conociendo. tal significación permite considerar al derecho a la identidad consagrado de manera implícita en todos los pactos o convenios de carácter internacional. Y en caso de extrema gravedad y urgencia. La decisión de la Corte Interamericana en la protección de los derechos humanos. . de los derechos inherentes a la persona. libertad e igualdad protegidos por los instrumentos internacionales y por la Constitución. tal como tuvo oportunidad de mostrarlo en anterior decisión. esta internacionalización de la garantía de los derechos humanos representa un avance democrático indudable. la Corte Constitucional Colombiana ha expresado: 57 La Corte no encuentra ninguna objeción constitucional a estos mecanismos internacionales de protección pues. podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. así como lo preceptuado en el artículo 29 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.La fuerza vinculante de los tratados de derechos humanos. la Corte. (Artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica).. Además. y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. La disposición contenida en el literal c) del artículo 29 establece de un lado la expresa prohibición de excluir los derechos inherentes al ser humano y por otra parte otorga un amplio sentido de interpretación. quedan expresamente garantizados por el literal c) del artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica. 44 Pacto de San José de Costa Rica). el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al consagrar en su numeral 1 “Toda persona tiene deberes respecto de la Comunidad. puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. por cuanto la fuerza vinculante de pactos internacionales así lo determinaba al igual que la consagración del derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. puede consistir en ordenar que se garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertad conculcados. nos permite afirmar que el derecho a la identidad como derecho inherente a la persona humana para la época de ocurridos los hechos estaba plenamente garantizado. los valores de dignidad humana. disponiendo.
el Comité de Ministros al emitir un concepto favorable hace obligatoria la celebración del trámite indemnizatorio interno previsto en dicha ley. La Comisión Interamericana ha puesto de presente la necesidad de respetar esta garantía aun durante los estados de excepción. en su Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. además. que ha ratificado innumerables instrumentos internacionales en esta materia (CP art. de 25 de enero de 1993. Sentencia C-019/93. Por consiguiente. Más específicamente. son una proyección en el campo internacional de los mismos principios y valores defendidos por la Constitución. Así. con relación a la tesis expuesta en el presente trabajo sobre la tutela de los derechos humanos a través de los mecanismos de amparo constitucional para ejecutar las decisiones de la CIDH y la Corte IDH. por 58 59 Sentencia C-301/93. 167. la Corte considera que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos en manera alguna desconocen la Constitución o vulneran la soberanía colombiana. En un caso en el que debió analizar la razonabilidad de la duración de la prisión preventiva. en algunos casos la medida reparatoria puede consistir total o parcialmente en la derogación de una ley. La sentencia hace referencia a una recomendación de la Comisión Interamericana efectuada al Gobierno de Uruguay. En este sentido. ejecutiva. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. la Corte Constitucional hizo referencia. 288 “Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos. la Corte colombiana ha expresado: 59 Por su estrecha relación con los cargos a examinarse. pág. 9). le corresponderá al órgano del poder legislativo correspondiente adoptar la medida legislativa derogatoria. por el contrario. en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de Derechos Humanos”.han establecido tales mecanismos (CP art. 93) sino que. Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón. Una solución complementaria interesante ha sido la dada en Colombia mediante la Ley No. de 2 de agosto de 1993. . Ello dependerá en definitiva de la naturaleza de la medida reparatoria que sea necesario adoptar en el derecho interno para dar cumplimiento efectivo a la decisión de órgano internacional. precisa que Colombia orienta sus relaciones internacionales con base en los derechos humanos. Conforme a dicha ley. la obligación de los Estados de adoptar las decisiones necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de la CIDH y la Corte IDH puede materializarse en actos de naturaleza legislativa. en su fundamentación. a la jurisprudencia y la doctrina internacionales: 58 La jurisprudencia y la doctrina internacionales han precisado lo que debe entenderse por un plazo razonable para la investigación y el juzgamiento. judicial o de cualquier otra. esta Corte destaca la atinente al derecho del menor acusado de infracciones a la ley a ser juzgado por Tribunales especializados. Tal fue el caso. si un informe a la Comisión Interamericana concluye en un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y recomienda que deben indemnizarse los perjuicios correspondientes. 1978. condicionando sus límites a las circunstancias del caso y a la existencia de un verdadero interés público que justifique la restricción del derecho a la libertad personal sin llegar en ningún caso al extremo de desconocerlo. En definitiva. En tales casos. es al Estado a quien le corresponde adoptar en su derecho interno las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión internacional. pues tales principios han sido reconocidos en numerosas ocasiones por nuestro país.
la CIDH concluyó que las Leyes No. En efecto. “5. En acatamiento a dicha sentencia. sentencia de reparaciones en dicho caso. Serie Estudios de Derechos Humanos. Tomo X. 2000. Tal fue el caso. 10. el 17 de septiembre de 1997 la Corte IDH dictó sentencia sobre el fondo del caso “María Elena Loayza Tamayo vs Perú”. adoptada por el poder ejecutivo y entes de su administración pública. Dichas medidas fueron calificadas por la Corte IDH como de “cumplimiento parcial” en su sentencia de reparaciones en dicho caso. párrafos 109. . por ejemplo.24. entre otras publicaciones en Estudios Básicos de Derechos Humanos X. quedando pendientes para esa fecha la Universidad San Martín de Porres y la Escuela de Arte Dramático) mediante la Resolución Directorial 2273 de fecha 17-121997. de la peculiar sentencia dictada por los tribunales del Distrito Federal de México mediante la cual se reconoció la inocencia de Manuel Manríquez. los peticionarios pusieron en conocimiento de la Comisión que el señor Manuel Manríquez fue declarado inocente por el Tribunal Superior de 60 Ver. 28/94 de fecha 2-10-1992. por ejemplo.…”. publicado en el Informe Anual. caso 11.181. en la cual resolvió entre sus particulares. la medida reparatoria podrá materializarse mediante la adopción de actos judiciales o sentencias por parte del poder judicial. 10.28/94 de fecha 2 de octubre de 1992 (casos Argentina). San José. garantías judiciales y tutela judicial efectiva). la medida reparatoria podrá materializarse mediante la adopción de actos de gobiernos o actos administrativos por parte del poder ejecutivo. En efecto. en cumplimiento de las recomendaciones del informe de la CIDH.521 de fecha 24 de diciembre de 1986 llamada “ley de punto final” y No. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. en virtud de los derechos que le fueron conculcados --especialmente el valor de plena prueba dado a la confesión bajo tortura.012 (Argentina) sobre la solución amistosa en el caso Verbistky. 60 o la derogatoria de las leyes de amnistía por el Congreso de ese mismo país. CIDH: Informe No.240.8 y 25.ejemplo. en cumplimiento del arreglo de solución amistosa y la recomendación correspondiente al informe de la CIDH en el caso “Verbistky”.2/99 de fecha 23 de febrero de 1999 adoptado por en el caso “Manuel Manríquez”. casos 10. Casi 6 años después de publicarse dicho Informe por la CIDH. y fue acordada su reincorporación a actividades docentes (como profesora en Historia y Geografía del Colegio Nacional de Mujeres “Rímac”. de las medidas de la liberación de María Elena Loayza Tamayo y su reincorporación al servicio docente. la liberación de la víctima fue realizada por el Estado el 16 de octubre de 1997.23. 112 y 113. el 25 de marzo de 1998 el Congreso de la nación argentina aprobó la derogación de dichas leyes conocidas también como las “leyes de amnistía”. Tal fue el caso. Que ordena que el Estado del Perú ponga en libertad a María Elena Loayza Tamayo dentro de un plazo razonable. la CIDH recomendó al Estado mexicano:“1. dictada el 27 de noviembre de 1998. 62 Corte IDH caso “María Elena Loayza Tamayo”. a fin de que los órganos jurisdiccionales analicen debidamente su responsabilidad tanto por su eventual participación material en los homicidios de Armando y Juventino López Velasco. mediante la ley No. 61 Ver. Que adopte las medidas necesarias para revisar la validez del proceso de Manuel Manríquez. CIDH: Informe No. derecho a la justicia) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1. de la derogatoria del delito de desacato (vilipendio) que adoptó el Congreso de la nación argentina. mediante el Informe preliminar (artículo 59) No. 10. 61 En otros casos.521 de fecha 8 de junio de 1987 llamada de “obediencia debida” eran incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVIII. en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. como por su participación en los actos posteriores al homicidio de dichas personas”.147.952 promulgada el 14 de abril de ese mismo año. mediante el Informe No. luego de haberse aprobado la publicación del informe definitivo. dictada el 27-11-1998.262. 62 En otros casos. 10.309 y 10. En efecto. en ejecución de las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH. y el Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de fecha 17-2-1995. como elemento para su condena--.311 (Argentina). sentencia sobre el fondo de fecha 17-9-1997. 22/94 de fecha 20-9-1994.23. El 26 de marzo de 1999.
a fin evitar 63 CIDH. la CIDH acordó medidas cautelares de protección inmediata mientras se tramitaba el caso ante esa instancia internacional. 2/99 (México) de fecha 23-2-1999 adoptado en el caso No.Justicia del Distrito Federal de México. No obstante este importantísimo avance en el nuevo Texto Fundamental venezolano. la naturaleza jurídica de la CIDH y sus implicaciones como órgano internacional de protección de derechos humanos bajo la Convención Americana. las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo. Dicha tendencia en la jurisprudencia constitucional latinoamericana arriba anotada ha sido reconocida incluso a nivel del propio texto constitucional –a propuesta nuestra. . Toda persona tiene derecho. pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República. Ello ocurrió en un caso en el cual la CIDH había decretado medidas cautelares en un caso abierto contra Venezuela. En su resolución. a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines. el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se refirió en los siguientes términos al informe de la CIDH: Es de aceptar que es a través de sus recomendaciones que se inició la investigación de la comisión del delito de tortura… razones por las que estimamos que el informe en análisis puede ser tomado en consideración como medio de prueba. la nueva Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desconoció. el señor Manríquez fue puesto en libertad el 29 de marzo de 1999. 1998. la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de estos órganos: Artículo 31. Frente a la denuncia de acoso judicial de las dos víctimas (una periodista y el director de la revista “Exceso”) y el no funcionamiento oportuno de la acción de amparo intentada por ellos en la jurisdicción interna. (Destacado añadido). El Estado adoptará. por denuncia de violación de los derechos humanos de libertad de expresión y debido proceso. se trata del reconocimiento del derecho constitucional al amparo internacional para dirigir peticiones a los órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Informe No. a la cual se acompañó como "prueba superviniente" el Informe preliminar Nº47/98 sobre dicho caso. En efecto. con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. en ejecución de buena fe de sus obligaciones internacionales asumidas. “Manuel Manríquez”.en la nueva Constitución de Venezuela.509. 63 En fin. publicado en el Informe Anual. 11. en un caso concreto. La misma CIDH concluyó en la publicación definitiva de su informe. en los términos establecidos por los tratados. conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley. con ocasión de decidir una acción de amparo constitucional. Dicha decisión fue adoptada con motivo de la solicitud de reconocimiento de inocencia promovida por la defensa de Manuel Manríquez. Como resultado de esta decisión. y a la vez constituye un precedente importante para el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH por parte de las autoridades competentes del Estado mexicano”. que “la información que antecede demostró el cumplimiento pleno de recomendación 1 supra. la ejecución de las medidas restablecedoras y reparadoras de los derechos de las víctimas adoptadas por los organismos de protección internacional debe ser adoptadas por los órganos competentes de los Estados. y como contrapartida de complemento necesario.
Dicho Acuerdo.daños irreparables. SC/TSJ. aparte lo previsto en el artículo 46. 64 65 Sentencia de fecha 17-5-2000. En la oportunidad de decidir el fondo de la acción de amparo. medidas que sólo pueden tomar los jueces en ejercicio de su competencia e independencia jurisdiccional. llama la atención desde el punto de vista del derecho internacional. en el cual resolvió: 1. no están sometidas a ninguna revisión por parte de instancias internacionales. aparte b) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (Costa Rica). por no haber ocurrido retardo judicial imputable a esta Sala según lo indicado en la parte narrativa de este fallo.. según lo disponen la Carta Fundamental y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Expresar su “solidaridad” con los cinco magistrados de la Sala Constitucional. como la suspensión del procedimiento judicial en contra de los accionantes. Entre estos considerandos. y 4. 3. caso “Faitha Nahmens y Ben Amí Fishman” (Revista Exceso). Exhortar a quienes expresen críticas de las decisiones judiciales.1. Este pronunciamiento resulta inaceptable por arbitrario al ser contrario no sólo a las obligaciones internacionales del Estado venezolano bajo la Convención Americana. conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos” lo cual fue permitido en el caso de autos.1013. los siguientes: CONSIDERANDO: Que las decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes Salas. ante “esta grave situación que los hace víctima de injustos e inmerecidos ataques públicos”. Manifestar su “respaldo a la mencionada sentencia”. sino además al texto expreso de la propia Constitución de Venezuela.con relación a las medidas cautelares acordadas por la CIDH. para que las formulen con “serenidad de espíritu”. Caracas. ver. con fecha 25 de julio de 2001. hizo el siguiente pronunciamiento –por demás innecesario. que dispone que la petición sobre denuncias o quejas de violación de dicha Convención por un Estado parte.013 de la Sala Constitucional 65.013 con la Convención Americana sobre Derechos Humanos” en La Libertad de Expresión Amenazada. requerirá que “se haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna. contiene once “considerandos” en los cuales se expresan los motivos que tuvo el Tribunal Supremo para dictarlo. atípico en la historia judicial venezolana. Posteriormente. Carlos M. IIDH/EJV. el Tribunal Supremo de Justicia dictó un “Acuerdo” en Sala Plena –la cual por cierto incluye a la Sala Constitucional-. 2. si bien la Sala Constitucional declaró con lugar el amparo constitucional a las garantías del debido proceso (no así a la libertad de expresión). AYALA CORAO. Sobre la sentencia No. calificándolas de una “inaceptable” injerencia en la competencia e independencia de los jueces venezolanos: 64 Igualmente considera inaceptable la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en el sentido de solicitar la adopción de medidas que implican una crasa intromisión en las funciones de los órganos jurisdiccionales del país. en nombre del pueblo venezolano y como expresión de una patria libre. 2001. “Rechazar las declaraciones que en términos peyorativos e irrespetuosos“ se han expresado a través de los medios de comunicación social contra la sentencia No. . “Comentarios sobre la incompatibilidad de la sentencia 1. porque ellas constituyen ejercicio pleno de nuestra soberanía y se dictan conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. puede verse en este fallo el “voto concurrente” del Juez Antonio A. desde su Constitución hasta los actos administrativos individuales. recientemente en su sentencia en el caso La Última Tentación de Cristo. o cualesquiera otras. defensorías del pueblo. la Corte Interamericana estableció la siguiente jurisprudencia sobre el particular 66: 72. Los derechos humanos y la protección internacional de la persona son una conquista irrenunciable de la humanidad. pactos o convenciones relativos a los derechos humanos. En efecto. judiciales. cuando éstas son producto del respeto a un debido proceso y no son violatorias de los demás derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales correspondientes. todos los actos del Estado. a las medidas de cualquier naturaleza que deben adoptar los órganos del Estado: legislativos. No puede alegarse la soberanía ni la conformidad con el ordenamiento jurídico interno ni la patria libre como causas para excluir la sujeción de determinados actos del Estado a la jurisdicción internacional y mucho menos a la de los derechos humanos. Sobre un desarrollo más en detalle de la responsabilidad internacional del Estado por los actos del poder judicial. están sometidos al control de los órganos internacionales de protección de la persona humana creados por los tratados. párrafo 72. Es decir. los Estados asumen el compromiso integral de respeto de los derechos humanos como obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. según los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. es incorrecto afirmar que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes Salas no están sometidas a ninguna revisión por parte de instancias internacionales. determina los actos de los Poderes Ejecutivo. 66 Corte IDH. Las decisiones judiciales emanadas de las Cortes Supremas de Justicia que violen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos están siempre sujetas al control de los órganos del sistema interamericanos de protección de la persona humana. (Resaltados añadidos). conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. . En el presente caso ésta se generó en virtud de que el artículo 19 número 12 de la Constitución establece la censura previa en la producción cinematográfica y. que violen la Convención Americana. En este caso en el cual se cuestionó una sentencia de la Corte Suprema de Chile emitida con ocasión de un amparo (recurso de protección) casualmente vinculada a la restricción de la libertad de expresión. tienen jerarquía constitucional y por tanto su interpretación jurídica corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal. En este sentido. compromete la responsabilidad internacional del Estado. expresó de manera diáfana el principio de la responsabilidad internacional del Estado por todos sus actos. En primer lugar. Cançado Trindade. esos órganos internacionales no tienen por objeto el control de las normas de derecho interno aplicadas por las sentencias emanadas de los tribunales nacionales. por lo tanto. Estos fundamentos del Acuerdo nos merecen unos breves comentarios. suscritos y ratificados por Venezuela. imputable al Estado. ejecutivos. Caso La Última Tentación de Cristo. Este compromiso de respeto y garantía plena a los derechos humanos comprende. ministerios públicos. Por el contrario. (Resaltados añadidos). todo acto u omisión. independientemente de su jerarquía. Legislativo y Judicial. en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. incluyendo sus sentencias. autoridades electorales. sentencia de fondo de fecha 5 de febrero de 2001.CONSIDERANDO: Que los tratados. Esta Corte entiende que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste.
establece en su artículo 27. Convención Americana). la sentencia nacional es susceptible de ser controlada por los órganos de protección internacional. En todo caso. la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos le otorga una competencia consultiva genérica a la Corte Interamericana para interpretar dicha Convención y los otros tratados de derechos humanos (art. por tanto. la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ratificada por Venezuela). las interpretaciones que hagan los tribunales de la jurisdicción interna de los Estados deben respetar los estándares mínimos establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y particularmente la jurisprudencia de sus órganos de protección.1 que: Un Estado parte de un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Sin embargo. si bien la competencia judicial interna de Venezuela le asigna a dicha Sala la interpretación última de la Constitución y. En efecto. para lograr la protección efectiva de la persona humana con base en esos estándares internacionales como reglas mínimas (principio de progresividad). Ello quiere decir que si un Estado al interpretar un tratado establece normas más garantistas para la protección de la persona que las establecidas en la jurisprudencia internacional.64).29. De esta forma. En efecto. a fin de tutelar los derechos humanos de la víctima conforme a los estándares internacionales y con ello. y por el otro. para evitar hacer incurrir al Estado en la responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos. esa disposición debe entenderse en el siguiente sentido: conforme al artículo 335 de la Constitución. se comprometería la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido. la obligación internacional de los Estados partes de la Convención ahora reforzada mediante su “constitucionalización” en el orden interno. Por ello. En estos casos. De allí. implica la consagración de un derecho a que el Estado adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos.1). la doble importancia de la aplicación de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por los tribunales nacionales: por un lado. pero sólo en el orden interno. según la cual un Estado no puede alegar sus propios actos para pretender justificarse o eximirse de las obligaciones internacionales derivadas de un tratado. en el ejercicio de su jurisdicción nacional. debemos aclarar que no es correcto afirmar de manera excluyente que “la interpretación jurídica” de los tratados relativos a los derechos humanos “corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal”. de los tratados sobre derechos humanos -en virtud de su jerarquía constitucional-. la jurisdicción propia de los tribunales nacionales tiene por límite la jurisdicción del propio Estado. además. por causa de la sentencia violatoria del tratado. En este sentido. dicha sentencia será contraria a la propia Convención Americana. los tribunales de derecho interno pueden aplicar y con ocasión de ello interpretar los tratados relativos a los derechos humanos. la interpretación auténtica de los tratados le corresponde a los órganos de la jurisdicción internacional. en virtud del mismo principio de progresividad (art. 29. cuando las sentencias nacionales no sean reparatorias de violaciones ocurridas o cuando puedan resultar en sí mismas en violaciones a dichos derechos fundamentales. Ahora bien. Con relación al segundo considerando del Acuerdo. el Tribunal Supremo de Justicia es su máximo y último intérprete. si la interpretación de un tratado realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resulta contraria a los estándares mínimos de protección establecidos en la jurisprudencia de la Comisión o de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.Esta jurisprudencia no es más que la aplicación de normas convencionales del derecho internacional. como derecho . Por el contrario. esa interpretación será válida en virtud del principio de progresividad en la materia (art.
como son la enmienda y la reforma constitucional 69. art. art. De allí que la protección formal de la supremacía de la Constitución está contenida en la rigidez para su reforma por los procedimientos agravados y especiales establecidos en el propio Texto Fundamental. Ahora bien. Este principio de la rigidez constitucional de los tratados de derechos humanos se justifica en que “fue la intención del constituyente cerrar un sistema de protección de las normas sobre derechos humanos que le impida al Poder Ejecutivo denunciar un tratado con el fin de sortear la Constitución de Venezuela. Tal es el caso por ejemplo. si éstos no establecen una cláusula expresa de denuncia ésta no es posible. el mismo es exigible al Estado en caso de ser necesario. las jurisdicciones constitucionales han iniciado el importante paso de convertirse en parte de un sistema integrado para la protección de los derechos humanos. lo cual ha sido incluso reconocido expresamente a nivel del texto constitucional. Con estos importantes avances en el Derecho Constitucional y en el Derecho Judicial en Latinoamérica. aplicando no sólo los instrumentos internacionales. En este sentido la Constitución no sólo es la “norma suprema” del ordenamiento jurídico67. sino necesariamente su rigidez. sino además la propia jurisprudencia de los órganos internacionales. HRI/GEN/1/Rev. Aparte de estos mecanismos. su incorporación al bloque de la Constitución en virtud del artículo 23 trae como consecuencia no sólo su jerarquía constitucional. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. conforme ha sido además el criterio del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 70. 333. 70 Ver. porque dada la naturaleza propia de los tratados de derechos humanos. incluso por la vía jurisdiccional del propio amparo constitucional. sino que además no pierde vigencia en caso de que pretenda ser derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella 68. 156) a los estados y municipios.humano internacional y derecho constitucional. 4. En el caso de los tratados relativos a los derechos humanos. Naciones Unidas. el mismo sólo podrá ser denunciado –en los casos en que proceda conforme al derecho internacional. 157). autoriza a la transferencia de determinadas competencias del poder nacional (art. los tratados relativos a los derechos humanos que habían sido ratificados por Venezuela antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 (el 30-12-99) adquirieron a partir de ese momento el rango constitucional. Constitución de Venezuela.sino siguiendo para ello los procedimientos de enmienda o reforma constitucional. y los tratados que hayan sido y sean ratificados después de la entrada en vigencia de la Constitución adquirirán la jerarquía constitucional a partir del momento de su ratificación. el criterio del Comité de Derechos Humanos de la ONU frente a la pretendida denuncia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Corea del Norte en “Recopilación de las Observaciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por los Órganos de Derechos Humanos creados en virtud de Tratados”. la cláusula de la descentralización (art. arts. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 68 67 . Los mecanismos formalmente previstos para la modificación de la Constitución requieren de procedimientos agravados y mayorías especiales. La rigidez constitucional de los tratados incorporados La supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico está representada en la imposibilidad de que ésta sea modificada o derogada por los mecanismos ordinarios establecidos para la legislación ordinaria. una vez incorporado un tratado relativo a derechos humanos al bloque de la Constitución. Decimos “en los casos en que proceda conforme al derecho internacional”. 69 Constitución de Venezuela. 340 a 346. 7. En consecuencia. 3.
pág. si en la negociación. Además. 73 Constitución de Venezuela. Méndez Juan. art. art. sino que además. resulta evidente la intangibilidad de los tratados sobre derechos humanos para los poderes constituidos. 78. debe aclarase que una denuncia de un tratado de derechos humanos siguiendo las formalidades antes establecidas y en los casos que lo autorice el derecho internacional. 52 y 53. Buenos Aires. y en su aprobación interviene el Poder Legislativo.responsabilidad internacional que pudiera atribuírsele por incumplimiento de algunas de sus normas” 71. Por lo cual. con el argumento de que al tener jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos se incorporaban a la Constitución. En todo caso. . Es decir. LLAMOSAS Esteban Miguel. A diferencia de otros tratados que pueden someterse expresamente por los Estados Partes al desarrollo de acuerdos posteriores o a medidas legislativas en el orden interno. los decretos que restrinjan garantías constitucionales deben cumplir con las exigencias. La rigidez constitucional de los tratados de derechos humanos ha sido sostenida en el sistema constitucional argentino. y Cristina. RUTH FAUR Marta. En virtud de ello. el Poder Ejecutivo. op. CADH. por tanto. La operatividad inmediata de los tratados de derechos humanos El artículo 23 constitucional establece expresamente que los tratados relativos a los derechos humanos “son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. no sólo no tiene vigencia inmediata. 136. aprobar y ratificar un tratado deben estar presentes para su denuncia. y Cristina. 52. Jerarquía Constitucional de los tratados internacionales. en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. LLAMOSAS Esteban Miguel.cit. los tratados de derechos humanos tienen la característica de tener como sujetos beneficiarios a las 71 CAFIERO Juan Pablo. sino además porque el texto original de esta norma (art23) la cual fue propuesta por nosotros a la Asamblea Nacional Constituyente. sino que tampoco libera al Estado de las obligaciones asumidas mientras el tratado estuvo en vigencia 75. esa denuncia del tratado de derechos humanos no hace perder a los derechos fundamentales reconocidos en el tratado su condición de derechos inherentes a la persona humana y. firma y ratificación del tratado interviene el Poder Ejecutivo. 5. en la norma constitucional correspondiente a los estados de excepción establece que en esos casos. En Venezuela esta tesis también resulta aplicable. 72 CAFIERO Juan Pablo. 74 Constitución de Venezuela. incluía expresamente la necesidad de la autorización previa por mayoría calificada del legislativo para la denuncia de los tratados relativos a los derechos humanos. y sólo podían ser desincorporados por los mecanismos de enmienda y reforma constitucional. los incorporó expresamente como parte y complemento de la normativa y el propio orden constitucional. su condición de derechos constitucionales tutelables en todo momento en el orden interno constitucional. En efecto. Astrea. PONCE DE LEÓN Rodolfo. entonces en la autorización de la denuncia debe intervenir el Poder Legislativo y en la denuncia internacional. la propia Constitución no sólo le otorgó jerarquía constitucional en el derecho interno a todos los tratados relativos a derechos humanos. los principios y las garantías establecidas en esos tratados74. Ponce De León Rodolfo. MÉNDEZ Juan. Y esta última parte de la norma fue suprimida. pág. con base en el principio del paralelismo de competencias entre los poderes del Estado72. 1996. no sólo en virtud del principio constitucional de colaboración de los poderes del Estado 73. Según este principio. 339. las mismas voluntades que se requieren para celebrar. RUTH FAUR Marta. . 75 Art.
Monrroy Cabra. de naturaleza convencional. Eduardo loc.cit. la existencia de disposiciones ejecutables por sí mismas en un tratado. OEA. 125 y 126. la doctrina ha concluido a favor de la admisión de una presunción a favor de la autoejecución o autoaplicabilidad ("self-executing") de las normas sustantivas contenidas en los tratados respectivos. BIDART Germán y HARRENDORF. de la intención de las Partes Contratantes. Buenos Aires. El carácter de autoejecutividad o autoaplicabilidad de los tratados o convenciones en general y sobre derechos humanos en particular. “La Convención Interamericana de Derechos Humanos como Derecho Interno” en Revista IIDH. sin necesidad de exigir su desarrollo legislativo previo.. Antonio. En el caso específico de la Convención Americana. 1984. op. .. el de establecer un régimen de "protección internacional. “Aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el orden jurídico interno” en Derechos Humanos en las Américas. cit... excepto si contienen una estipulación expresa de su ejecución por medio de leyes subsecuentes. International Law Cases and Materials. Principios de Derechos Humanos y Garantías. desarrollo y garantía de los 76 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA Eduardo. Washington.C. IIDH. 29. 1982. aquellas normas que pueden (y deben) ser aplicadas de manera directa o inmediata por el juez o la administración. que condicionen enteramente el cumplimiento de las obligaciones contraidas. JIMÉNEZ DE A. Los principios de interpretación de los tratados conforme al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados son el fin. que siendo el fin de la Convención Americana el establecimiento de un régimen de protección de los derechos humanos. Eduardo. Dicha doctrina es particularmente coincidente con relación a la autoejecutividad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 78. depende así en definitiva. pág. quienes pueden invocar la aplicación inmediata del tratado frente al Estado respectivo. a las "normas operativas" de la Constitución. la regla debe ser lo suficientemente específica como para poder ser aplicada judicialmente. de conceder un derecho definido y exigible al individuo que solicita a los órganos del Poder Público del Estado. NIKKEN Pedro.. 77 FOSTER Laso y Neilson. D. 1991. págs. se exigen dos condiciones. el objeto.C.. in memoriem a Carlos Dunshee de Abranches. Luego sería inaceptable. Conforme a Jiménez de Aréchaga. la aplicación de dicha norma a su favor 77. es decir. pág. sin necesidad de exigir su desarrollo legislativo previo. San José. Enero/Junio 1988. su Preámbulo establece entre los fines o propósitos de dicha Convención. y M. Como lo ha reconocido la Corte Permanente de Justicia Internacional.cit. loc. debe ser una norma de la cual sea posible derivar en forma directa un derecho o una pretensión en favor de un individuo que tenga un interés legítimo en la aplicación de la regla en su caso y que comparece ante el juez o el administrador solicitando esa aplicación. BUERGENTHAL Thomas. “El sistema interamericano para la protección de los derechos humanos” en Anuario Jurídico Interamericano 1981. coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos". sin que su ejecución esté subordinada a un acto legislativo o a medidas administrativas subsiguientes. para que una norma sea autoejecutiva 76: Primero. en segundo lugar. 78 Ver. consiste en la posibilidad de aplicar sus disposiciones directamente en el Derecho interno. D. loc.. 29. el sentido de los términos del tratado y la buena fe. Dicha característica equivale en Derecho Constitucional.personas sometidas a su jurisdicción. y su objeto el compromiso de los Estados de asumir obligaciones de respeto. citado por JIMÉNEZ A. En materia de derechos humanos. Bishop W.cit. Washington. CANCADO T.
es una obligación complementaria y no sustitutiva. San José. no ocasiona que ésta pierda su autoejecutividad. si por cualquier circunstancia. que ninguna de sus 79 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Ello llevó al Poder Ejecutivo de ese país.1. en el sentido de considerarla como una disposición que desprovee de autoejecutividad a la Convención en su conjunto. Por ello.1. En virtud de esta doctrina judicial. Concluye así la Corte señalando que. Costa Rica. sobre la interpretación y alcance al artículo 14.. ello constituiría una violación de la Convención. 7-22 de noviembre de 1969. la propia Convención establece como una de sus normas de interpretación.2. no son "self-excuting" 79 . se refiere a cuestiones tales como "si los afectados tienen derecho a responder en espacio igual o mayor. éstas tuvieran que postergarse en espera de la adopción de las requeridas disposiciones en el Derecho interno. que la Opinión Consultiva estableció que la frase "en las condiciones que establece la ley" contenida en el artículo 14. con ocasión del envío de la convención para su consentimiento ante el Senado. qué terminología es admisible.. con ocasión de la solicitud formulada por el gobierno de Costa Rica. D. por lo cual "reconoce un derecho de rectificación o respuesta internacionalmente exigible". y 1.1. En consecuencia. resulta igualmente inaceptable la tesis que sostuvo la delegación de los Estados Unidos de América respecto a la interpretación de la norma del artículo 2 de la Convención. En su Opinión Consultiva OC-7/86 de fecha 29 de agosto de 1986 80. el hecho de que un artículo de la Convención haga referencia a la ley. en relación con los artículos 1. de adoptar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos por ella reconocidos. que la obligación de los Estados Partes contenida en el artículo 2 de la Convención Americana. . de las obligaciones de respeto y garantía consagradas en el artículo 1..". El hecho de que los Estados partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. de dicha Convención. es forzoso concluir. En consecuencia. Es importante destacar. etc.1. 80 CorteIDH. Opinión Concultiva No. conforme a la doctrina de la Corte Interamericana. 7 de fecha 29-8-86 (OC-7/86). no impide la exigibilidad conforme al Derecho Internacional de las obligaciones que aquellos han contraído según el Artículo 1. ello es. cuándo debe publicarse la respuesta una vez recibida.derechos en ella reconocidos. en qué lapso puede ejercerse el derecho. 1973. la Corte rechazó el argumento sobre el carácter no autoejecutable de la disposición en cuestión. Actas y Documentos (OEA/Ser K/XVI/1. En todo caso. a proponer una declaración interpretativa según la cual los artículos 1 al 32 de dicha Convención no se aplican directamente. el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por "toda persona" sujeta a la jurisdicción de un Estado parte. (omissis) . Como si fuera poco clara la doctrina establecida por la Corte Interamericana. sobre el derecho de rectificación o respuesta. la cuestión de la autoejecución o autoaplicabilidad de las normas sobre derechos humanos contenidas en la Convención Americana ha sido resuelta de manera expresa por la Corte Interamericana. en virtud de que "el sistema mismo de la Convención está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo". Washington. contenida en el artículo 2.C.. Serie A.2).
los tratados de derechos humanos que habían sido ratificados por Venezuela para el momento de la entrada en vigencia de la Constitución (30-12-99). o mediante la cláusula de derechos inherentes a la persona humana. siendo inherentes a la persona. grupo o persona. Ahora bien. La fecha de la ratificación del tratado normalmente coincide con la fecha del depósito (notificación) del instrumento. donde la Constitución muta y cambia a medida de que se van incorporando nuevos tratados sobre la materia que impacten su contenido original. el cual dispone: La enunciación de los derechos y garantías contenida en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que. . sino además al contenido de los nuevos tratados sobre derechos humanos y la jurisprudencia internacional relativa a su evolución interpretativa. ello puede ser desarrollado por la técnica de incorporar en el Texto Constitucional la declaración expresa de reconocimiento de los derechos consagrados en instrumentos internacionales. suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Ello nos plantea una dinámica necesaria para interpretar la Constitución teniendo en cuenta los estándares mínimos emanados de los instrumentos internacionales y su jurisprudencia. el intérprete de la norma constitucional ya no sólo debe estar atento al desarrollo de la jurisprudencia constitucional. Como fue expuesto supra. En este último caso. el artículo 29. en la recepción autoejecutiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ahora bien. es importante resaltar la influencia o importancia del Derecho Constitucional. En este sentido.disposiciones puede ser interpretada. 6. en el sentido de suprimir los derechos por ella reconocidos. el catálogo de tratados sobre derechos humanos no es un numerus clausus o lista cerrada al momento de aprobarse la Constitución. En este sentido. no figuren expresamente en ellos. la Constitución venezolana plantea un nuevo modelo que añade un contorno abierto y dinámico en materia de derechos humanos. y los demás tratados de derechos humanos se van incorporando sucesivamente a la Constitución a medida que sean ratificados. la incorporación de los derechos humanos como verdaderos derechos constitucionales. Tal es el caso del artículo 22 de la Constitución de Venezuela.a) de la Convención establece: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados Partes. se entienden incorporados a la jerarquía constitucional desde ese mismo momento. el artículo 23 del texto fundamental consagra la jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos. En este sentido. En este sentido. (Subrayado añadido). La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. El contorno abierto y la dinámica constitucional Como quedó dicho supra. se aprovecha además de las disposiciones expresas de la Constitución sobre el carácter operativo de las normas constitucionales sobre derechos. o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. frente a las Constituciones rígidas clásicas que únicamente pueden ser modificadas por procedimientos agravados y mayorías especiales.
8 y 25. por las internacional 81 Constitución de Venezuela. y “mandatos de seguridad” “habeas data”. IV. acompañada de la garantía de rigidez constitucional. . Estas tendencias del constitucionalismo moderno y del Derecho Internacional contemporáneo están permitiendo con ello. el principio de derecho internacional sobre la progresividad de los derechos humanos ahora también de rango constitucional81. cuyo objeto y fin común es la protección de la persona humana. Esta jerarquía constitucional. art. es decir. tanto por las jurisdicciones nacional como. constituyen un parámetro mínimo. es importante resaltar la importancia y hasta la necesidad de desarrollar en el Derecho interno de los Estados. Dichas acciones y recursos suelen denominarse en Latinoamérica “amparo” y/o “habeas corpus”. En este sentido. y en especial del poder judicial. En efecto. “tutela” “protección”. En un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. En definitiva.Pero en todo caso. debe tener en cuenta que los estándares que emanan de los tratados y su jurisprudencia internacional. el fortalecimiento de los derechos humanos depende de la vinculación de los poderes públicos nacionales. la tendencia iniciada por la Constitución peruana de 1979 y perfeccionada por la reforma Constitucional argentina de 1994. los individuos deben tener a su disposición recursos y acciones judiciales efectivas para su protección y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas. así como a la doctrina y jurisprudencia interpretativa y contenciosa desarrollada por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. nuevas modalidades que tiendan a reforzar la vinculación jurídica de los derechos humanos. en su caso. un piso pero nunca un techo para la protección de la persona humana. 19.). desde el punto de vista jurídico refuerza la vinculación del resto del ordenamiento jurídico y los poderes públicos. En este sentido anotamos. breves y sencillos. y otros similares. REFLEXIÓN FINAL En momentos en los cuales se ha iniciado el “fortalecimiento” del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. lo lógico es que frente a las violaciones a los derechos humanos. 2. la formación de un Derecho Constitucional Internacional. C. a los propios derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales.A. en el sentido de requerir mayorías calificadas o reforzadas para su eventual modificación o renuncia. y por tanto justiciables y objeto de protección judicial en el ámbito interno de los Estados. exige por parte de los Estados el desarrollo efectivo de acciones y recursos judiciales. no debe perder de vista en todo caso. además de configurar una señal de compromiso valorativo por el Estado. para la protección de todos los derechos consagrados en la Convención Americana. la importancia de que los derechos consagrados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos sean reconocidos como derechos constitucionales o fundamentales. el reto consiste en fortalecer esta vinculación para hacerla efectiva. en el sentido de asignarles a los tratados sobre derechos humanos una jerarquía o rango constitucional. Este movimiento iniciado en el sentido anotado. la obligación de garantía y protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano (artículos 1.
Documentos similares a Consecuencias de La Jerarquia Constitucional de Los Tratados
Más de Alejandro Morales Bustamante

References: artículo 105
 artículo 16
 artículo 50
 artículo 75
 Artículo 75
 Artículo 23
 artículo 48
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 74
 artículo 25
 artículo 77
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 215
 artículo 42
 artículo 77
 artículo 46
 artículo 27
 artículo 15
 artículo 43
 artículo 46
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 335
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 50
 artículo 74
 artículo 50
 Artículo 46
 Artículo 51
 artículo 51
 Artículo 44
 Artículo 68
 Artículo 63
 Artículo 31
 Artículo 64
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 33
 artículo 22
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 artículo 93
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 Resolución 
 Artículo 31
 artículo 46
 artículo 23
 artículo 19
 artículo 27
 artículo 335
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 31
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 Artículo 1
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 22
 artículo 23