Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20030607.htm
Timestamp: 2020-04-02 00:38:07+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Sábado 7 Junio 2003
Editorial La Razón 7 Junio 2003
El cinismo antidemocrático
EDURNE URIARTE ABC 7 Junio 2003
Carlos María de Urquijo Libertad Digital 7 Junio 2003
Editorial ABC 7 Junio 2003
Empujados a una situación límite
LUIS IGNACIO PARADA ABC 7 Junio 2003
Los bravos gudaris
JAIME CAMPMANY ABC 7 Junio 2003
Izquierda Unida, contra la legalidad vigente
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 7 Junio 2003
La gracia de insultar en privado
Ignacio Villa Libertad Digital 7 Junio 2003
Lorenzo Contreras La Razón 7 Junio 2003
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 7 Junio 2003
TONIA ETXARRI/ El Correo 7 Junio 2003
Problemas concatenados
Germán Yanke Libertad Digital 7 Junio 2003
Desobediencia suicida
Editorial El Correo 7 Junio 2003
El «laborategi» vasco
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 7 Junio 2003
La trama nacionalista vasca
Editorial El Ideal Gallego 7 Junio 2003
Atutxa tiene un sillón
Esther Esteban El Ideal Gallego 7 Junio 2003
Pujol y De Parga
Francisco Marhuenda La Razón 7 Junio 2003
Sabino Arana: Un hombre de su tiempo
Pío Moa Libertad Digital 7 Junio 2003
El PNV y EA desafían al Supremo al negarse a disolver el grupo de Batasuna
OLATZ BARRIUSO/VITORIA El Correo 7 Junio 2003
Ibarreche reta a Aznar con el Concierto y se «apropia» de 5.000 millones con la excusa de las transferencias
I. G. de M. - Madrid.- La Razón 7 Junio 2003
Lo ocurrido ayer en el Parlamento autónomo vasco no es sólo la escenificación de una argucia vergonzante, auténtica burla del sistema democrático, es, también, la culminación de un proceso de enfrentamiento con las instituciones del Estado de una gravedad sin precedentes en la reciente historia constitucional de España. Poco hay que decir sobre la «habilidad leguleya» demostrada por Juan María Atucha y sus compañeros de partido. En un sistema parlamentario normal, lo lógico sería que el presidente de la cámara presentara su dimisión irrevocable, una vez que le ha sido rechazada una propuesta por los mismos grupos parlamentarios que le apoyan. Pero aquí no se trataba de cumplir la ley, de acatar una resolución judicial firme, si no de desobedecer al Tribunal Supremo y, al mismo tiempo, esquivar las consecuencias penales de una decisión contraria a todos los principios en los que se basa el Estado de Derecho. Ha habido «habilidad», pero, sin duda, ha faltado gallardía y valor para afrontar las repercusiones de esta ruptura institucional.
A partir de ahora, la cuestión ya no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito judicial. Es probable que el Tribunal Supremo acabe por pedir a la Fiscalia del Estado que deduzca testimonio de lo ocurrido, tanto por si se hubiera producido un presunto delito de desobediencia, como por un fraude de ley. Es una situación nueva de difícil diagnóstico procesal y que puede complicarse si Juan María Atucha decidiera trasladar la decisión a un pleno de la cámara regional donde el voto es secreto. Pero, en cualquier caso, la actitud del PNV y de sus coaligados debe ser afrontada desde la política.
Porque el desafío para la estabilidad de España, de una gravedad inocultable, exige de los dos grandes partidos nacionales un verdadero ejercicio de unidad y firmeza. El PP y el PSOE están obligados a coordinar esfuerzos y a sacrificar las pequeñas disputas de poder por una causa tan digna como la defensa del ordenamiento jurídico y constitucional de España. Y no pueden limitar su acción exclusivamente al País Vasco. Deben hacer comprender a Llamazares, que ha tolerado la abstención de Izquierda Unida en un asunto de Estado de tal calibre, que no se puede mantener una doble actitud frente a la Constitución y la Ley. Es momento, por ejemplo, de replantearse las pactos postelectorales, exigiendo a los futuros socios un compromiso claro con el actual modelo de Estado y una actuación política en consecuencia. La gran mayoría de los electores lo comprenderá.
Por EDURNE URIARTE ABC 7 Junio 2003
El cinismo antidemocrático de los nacionalistas vascos supera cada día sus propios límites. Cada nuevo acto de desfachatez antidemocrática rebasa en un grado al anterior. Y lo sorprendente a estas alturas no es tanto que ocurra, sino el estado de perplejidad paralizada al que nos reduce una y otra vez al conjunto de los españoles.
Unas horas después de que los países de la UE incluyeran a Batasuna en su listado de grupos terroristas, el PNV y EA han maniobrado con ese mismo grupo para desobedecer al Supremo y mantener la protección e impunidad de Batasuna. Además, han perpetrado el acto de ilegalidad y de protección del terrorismo en el Parlamento Vasco.
Si un escándalo de estas dimensiones ha pasado es en buena medida por esa perplejidad paralizada que alimenta desde hace tiempo la pérdida del norte democrático de los nacionalistas vascos. Todavía el jueves el socialista Manuel Huertas confiaba en la buena fe de la resolución de Atutxa, incapaz de reconocer o de aceptar la ya inquebrantable voluntad nacionalista de la unidad con los radicales. Y todavía ayer una coalición que pretende ocupar un espacio de honor en nuestra democracia como IU colaboraba con toda tranquilidad en este nuevo golpe a la democracia con su ausencia.
Y es que entre la ingenuidad y la confusión hemos sido capaces de absorber casi todo en nuestro país. Otra cosa es que seamos capaces de absorber algo más. Atutxa se teme que no y por eso ha organizado esta última trampa para buscar una protección frente a unas consecuencias legales que supone esta vez sí van a llegar. Y creo que no se equivoca. Y no sólo porque el Tribunal Supremo no puede permanecer pasivo ante este gravísimo acto de desobediencia, sino porque hasta la perplejidad paralizada de los ciudadanos se ha removido esta vez y espera una pronta clarificación de las fronteras de la democracia y de la legalidad y de la vigencia de las normas para todos los españoles, incluidos los nacionalistas vascos.
Resulta difícil ya encontrar adjetivos para calificar, sin repetirse, la actitud del nacionalismo vasco en su permanente desafío al Estado de Derecho. Con la decisión adoptada el viernes por la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco en relación con la disolución de Batasuna, el PNV ha consumado la ruptura del único eslabón que le mantenía unido al Estado de Derecho. Su oposición a disolver de hecho lo que ya estaba disuelto de derecho por el Supremo, supone un acto de insumisión que hasta la fecha ni los cómplices de ETA se habían atrevido a dar con esa claridad. Con el agravante además de que todo ello se hace no desde la clandestinidad, sino desde un Gobierno y un Parlamento que deben su existencia a la misma Constitución a la que ahora traicionan.
Las fuerzas políticas que hacemos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía nuestra razón de ser y estar en el País Vasco, hemos puesto todo nuestro empeño en incorporar al nacionalismo a la democracia española. Pusimos todo nuestro esfuerzo, cediendo quizá demasiado en ocasiones, en satisfacer a los nacionalistas para que se sintieran cómodos en la nueva España que surgía tras la dictadura. Hoy hay que decir que ese esfuerzo ha resultado baldío. El trabajo desplegado, las contrapartidas obtenidas de los gobiernos de coalición con el PSE, o la investidura de José María Aznar hace siete años, por poner dos ejemplos, no han servido para saciar al nacionalismo y obtener un compromiso de lealtad al sistema de convivencia refrendado por todos los españoles, también en el País Vasco, hace ahora veinticinco años.
Tristemente cuando las cotas de autogobierno de que hoy gozamos los vascos son de tal envergadura que jamás habrían sido soñadas por los Arana, Aguirre y demás prohombres del Nacionalismo, el partido de Ibarretxe tira por la borda el esfuerzo y los consensos tejidos con tanta paciencia durante los últimos años. Se han echado al monte además sin posibilidad de retorno a corto plazo y aunque ello sea a costa de quebrar la convivencia entre vascos dibujando ante nosotros uno de los panoramas políticos más oscuros de la historia reciente. Y todo eso únicamente por un puñado de votos. Por heredar los votos de la banda terrorista ETA y sustituirles políticamente asumiendo su proyecto independentista y etnicista. Un proyecto que, aunque ellos saben de imposible realización, dejará todavía por su obstinación mucho más dolor y miseria por el camino.
Llegados pues a este punto, sólo cabe confiar en la respuesta de nuestras instituciones. El protagonismo en esta hora no es ya de los partidos políticos sino del Poder Judicial. La respuesta tiene que ser implacable con quienes se han burlado de la Ley y de las Resoluciones de los Tribunales. Frente al desafío y la insumisión del Nacionalismo Vasco solo cabe una respuesta serena pero firme y contundente. Los Tribunales tienen la urgente obligación de colocar a quienes se sitúan al margen del Derecho frente a sus responsabilidades. Eso es lo que esperamos todos los españoles que siempre hemos hecho de la observancia de la Ley nuestra norma de conducta.
LA coartada que se buscó Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, para eludir su responsabilidad en el cumplimiento del auto de disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) ha empujado definitivamente los acontecimientos a una crisis institucional sin precedentes. La propuesta de la Mesa de la Cámara a la Junta de Portavoces para que ésta decidiera sobre la disolución dictada por el Supremo fue diseñada como una táctica de encubrimiento, tanto de Atutxa, frente a un delito de desobediencia, como de SA, frente a su disolución. Con el resultado amañado, el PNV ha permitido a los parlamentarios batasunos participar en este desacato orquestado, compartiendo todos el deseado plante al Estado, el mismo día que se conocía que el Ejecutivo vasco no ha abonado a la Administración central un total de 32,2 millones de euros correspondientes al pago en concepto de Cupo. Al parecer, el Gobierno vasco vuelve a abrir ese escenario de confrontación. Incumpliendo la Ley, por supuesto.
Desde que los nacionalistas intuyeron que, tarde o temprano, tendrían que implicarse en la disolución del entramado batasuno, su única preocupación ha sido urdir conflictos artificiales y montar polémicas de apariencia jurídica para evitar el compromiso. Han aplicado este método de la discordia desde que Garzón suspendió cautelarmente las actividades de Batasuna, hasta alcanzar su máxima cota de hostilidad contra el auto de 20 de mayo, de la Sala especial del Tribunal Supremo. La verdadera dimensión de la crisis provocada por el nacionalismo vasco se percibe únicamente valorando el comportamiento de la Mesa del Parlamento a la luz de la Constitución. El PNV y sus socios han mantenido vivo el conflicto jurídico gracias, en parte, a que desde fuera del nacionalismo se ha caído en el error de invertir los términos, es decir, poner la actuación del Supremo bajo la lupa de los argumentos de Atutxa. Las ideas del conflicto de competencias y de la usurpación de funciones han desenfocado el problema. Algunos han seguido el señuelo del PNV, pero aquellas ideas no dejaban de ser una variante del victimismo de los nacionalistas.
COMO bien reflejaba el auto de 20 de mayo, el grupo parlamentario SA quedaba disuelto por la decisión del Supremo, en ejercicio de su función jurisdiccional. La intervención que se ordenaba a la Mesa del Parlamento y a su presidente se limitaba a trasladar dicha decisión al ámbito interno de la Cámara. En ningún caso tenía que ser sometida a la aceptación de la Mesa o de la Junta de Portavoces, cuya incompetencia para revisar decisiones jurisdiccionales es absoluta, de la misma manera que el auto del Supremo no implica la invasión de competencias de la Mesa, pues este órgano ni crea ni disuelve por sí mismo los grupos parlamentarios. Atutxa sólo tenía que enfrentarse a la situación de los parlamentarios de SA, los cuales, extinguido su grupo, tenían que ser adscritos al Mixto. Para tomar esta decisión no es preciso modificar el Reglamento de la Cámara, que atribuye a la Mesa la genérica función de «adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y Gobierno interiores de la Cámara».
La teatral negativa de PNV, EA y SA a la propuesta de Atutxa cierra este cúmulo de desafíos y abre el capítulo de las consecuencias jurídicas. Igualmente esclarecedora y grave es la negativa de IU a votar el asunto, aunque en este caso se agradece la sinceridad de Llamazares, que ha reconocido que la disolución de SA sería el suicidio político de su partido, pues los batasunos llenarían el Grupo Mixto que ahora ocupan los comunistas, además de tener que repartir con ellos la subvenciones. Mal negocio.
Ahora ya no es el momento de empezar a discutir la oportunidad política de esas consecuencias. El requerimiento del Supremo a Atutxa era inequívoco: en cinco días debía darse efecto a la disolución de SA o, por el contrario, se procedería por un delito de desobediencia. Sin duda alguna, el decepcionante Atutxa se escudará en la Junta de Portavoces y apelará a la voluntad de los representantes del pueblo como excusa absolutoria. Hacer caso a esta defensa de leguleyo sería nuevamente aceptar la paridad de criterios entre el Supremo y la Mesa de la Cámara vasca, lo cual es romper la superioridad de los Tribunales de Justicia en la aplicación de la legalidad y, por tanto, quebrar la base fundamental del Estado de Derecho.
MÁS que dudar de si es políticamente correcto u oportuno investigar penalmente la conducta de Atutxa y, en su caso, la de los miembros de la Mesa que han impedido la efectividad de la disolución, habría que preguntarse si existe otra opción legal y constitucionalmente admisible. Han sido los nacionalistas vascos los que, con su burla continua a la Ley, han asumido el riesgo de las más graves responsabilidades jurídicas, que se deben exigir sin dilación y en toda su extensión.
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 7 Junio 2003
«LAS autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.» La aplicación de este artículo del Código Penal en el caso del presidente del Parlamento Vasco debe ser inmediata.
La Junta de Portavoces del Parlamento vasco había rechazado anteayer, con los votos nacionalistas vascos, la iniciativa de Atutxa que establecía la posibilidad de disolver un grupo parlamentario cuando exista una sentencia firme que así lo disponga. Ayer, en un montaje doloso, esos mismos partidos, además de SA, impidieron en la Junta de Portavoces la aprobación de la fórmula que hubiera permitido la disolución del grupo sucesor de la ilegalizada Batasuna. No estamos sólo ante una desobediencia individual sino con complicidad y cooperación. Porque son también autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. Y podríamos estar, incluso, ante enmascarados delitos de rebeldía, resistencia a la autoridad, conspiración -que existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo-; de provocación -que se produce cuando directamente se incita a la perpetración de un delito mediante los medios de comunicación-; de apología de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
El Estado de derecho no puede aceptar desafíos, subterfugios y falsos conflictos de jurisdicciones si no se quiere poner patas arriba el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Por JAIME CAMPMANY ABC 7 Junio 2003
JUAN María Atucha es un valiente gudari parlamentario. Desde su sillón del Parlamento vasco sigue bravamente el ejemplo temerario de los gudaris etarras, que colocan bombas a distancia y disparan por la espalda sobre víctimas desapercibidas, o sea, inermes. El valor y la audacia es una nota característica común a muchos nacionalistas, tanto los de discurso como los de pistola. Y Atucha ha hecho una demostración de ello. ¡Bravo, gudari!
Atucha, ante la orden del Tribunal Supremo para que disuelva el grupo parlamentario de la disfrazada Batasuna, se esconde detrás de la Junta de Portavoces. Se enfrenta al peligro de que el Supremo lo procese por desobediencia pero se oculta detrás de los peneuvistas, los eusko-alkartasunos y tal vez los imbéciles de Madrazo, o sea, sus leales «caballeros», igual que una dama que esquivara el combate. Es el viejo truco de la responsabilidad colectiva. La orden del Supremo va dirigida al presidente del Parlamento, y es él y sólo él quien tiene que aceptar la responsabilidad de cumplirla o de desobedecerla. Pero he aquí que el señor presidente se presenta ante el Tribunal en medio del corro de los gudaris dialécticos. «Señor juez, yo cumpliría la orden, pero estos niños no me dejan». Atucha ha convertido el Parlamento en un parvulario.
Y a todo esto, Javier Arzalluz representa a la perfección el papel de doña Urraca. Manda a sus capitanes a que se enfrenten con los jueces, a que incumplan las leyes y a que se pasen el Estado de Derecho por el arco del triunfo. Y él se queda sentadito en el trono del PNV, esperando el desenlace, coleccionando los desplantes, clasificando los desafíos y, sobre todo, contando los muertos que le ofrecen los bravos gudaris del tiro en la nuca. O sea, recogiendo las nueces. De boca salen sin duda las órdenes de echar el órdago al Estado, de buscar situaciones al límite de las leyes, de quebrar y romper las reglas de juego de la democracia, mientras se aprovecha del terror que siembran los pistoleros que luego los etarras de escaño rinden homenaje y dedican alabanzas.
Atucha, monigote y pelele de Arzalluz, ha aceptado con obediencia la responsabilidad de tomar al Tribunal Supremo de España por el pito del sereno. Obedece las instrucciones de Arzalluz para desobedecer las órdenes de los jueces y el orden jurídico y legal. Grave responsabilidad, porque obliga al Estado a tomar decisiones enérgicas. A partir de la conducta de Atucha, todo es lamentable. El Estado no puede aceptar el reto que supone la desobediencia al Supremo, y deberá tomar medidas estrictamente legales, pero enérgicas, y ya sabemos que los gudaris de escaño aprovecharán esas medidas para proclamar que son ofensas inferidas al pueblo vasco.
No puede caber duda acerca de los propósitos perversos de los actuales dirigentes del PNV. No se detienen ni ante la consideración de que debieran preservar la moderación y la sensatez de aquel de ellos que fue elegido para presidir la máxima institución democrática del País Vasco. Atucha y su partido que un tiempo fue democrático han quedado con las vergüenzas a la intemperie.
Hace unos días, Gaspar Llamazares anunció iniciativas legales contra un dirigente del PP, el madrileño Güemes, que dijo que el PSOE estaba pactando el Gobierno de la Comunidad con una fuerza política que “bordeaba la ilegalidad”. Más que de equivocado, el juicio del político popular pecaba de insuficiente. Izquierda Unida está dentro de la Ley en un solo sentido: la Ley contempla todos los comportamientos, legales e ilegales, para protegerlos o sancionarlos, según sean ejercicio responsable de la libertad propia o agresión intolerable de la libertad ajena. Pero como fuerza política, IU está desde hace ya algún tiempo en abierta rebeldía contra la legalidad vigente, contra la Constitución y contra el Estado de Derecho, contra la nación y contra los jueces, contra la ciudadanía y contra las libertades, tanto en el extranjero como en España. Porque IU es Llamazares… y Madrazo, porque Ezker Batua (Izquierda Unida en euskera y en el País Vasco) es Madrazo… y Llamazares.
Madrazo ha proclamado públicamente que su modelo político es la dictadura de Fidel Castro y forma parte del nunca archivado Pacto de Estella, proyecto totalitario y genocida en el que ETA y PNV, con su ayuda, proyectan destruir la nación y la constitución españolas, la nación y la constitución francesas y anexionarse Navarra para crear una ínsula totalitaria en el corazón de Europa, una Cuba en el Cantábrico y no un Puerto Rico en el Mediterráneo, donde los españoles, por el hecho de serlo, serían expulsados o exterminados. Ahora, Madrazo ha maniobrado conjuntamente con el PNV y en contra del PP y el PSOE en el Parlamento vasco para proteger una rama de ETA que, según el Tribunal Supremo, se refugia bajo las siglas batasunas y debe ser disuelta. Madrazo se niega a cumplir la ley en la lucha antiterrorista. Madrazo, que es Llamazares, está no sólo fuera de ley sino trabajando activamente contra ella. Ezker Batua, que es Izquierda Unida, o Izquierda Unida, que es Ezker Batua, es una fuerza política que trabaja activamente por la destrucción de la nación española y del régimen constitucional. Si, pese a todo esto, Zapatero sigue pactando con Llamazares, es como si Aznar pactase con Tejero o con los skin-heads. No un acuerdo dentro del sistema, sino un apaño, un arreglo alegal y de tinte mafioso con los enemigos del sistema. Güemes debería matizar, endureciéndola, su frase contra Izquierda Unida y su socio el PSOE. Y la justicia española debe empezar ya a perseguir a los que, como el PNV e IU, están abiertamente a favor de los terroristas y en contra del Estado de Derecho.
¿De qué lado está Zapatero? ¿Con Aznar y con la Ley o contra la Ley y con Llamazares?
Por lo que estamos viendo estos últimos días en España, estamos todavía hipotecados con viejos e históricos complejos que sirven para medir a los políticos con distintos raseros. Ahora quieren hacernos creer que el comentario realizado por el presidente del Parlamento catalán Joan Rigol calificando de "animales" a las Fuerzas de Seguridad del Estado es una simple anécdota, un desgraciado desliz. El comentario, incluso justifica el propio Rigol, ha sido realizado en un ambiente privado, aunque con el pequeño detalle de que los micrófonos estaban abiertos. Una "casualidad" que lejos de romper una intimidad ha servido para saber lo que dice y lo que piensa "en privado" el Presidente del Parlamento catalán.
Seguro que todos nos podemos imaginar fácilmente qué habría pasado si el mismo comentario se hubiera escuchado "por casualidad" a la Presidenta del Congreso Luisa Fernanda Rudi o al Presidente del Senado Juan José Lucas.
Pero nos les quiero ni contar el terremoto político que estaríamos viviendo si alguno de los dos citados presidentes se les hubiera escapado algo "a escondidas" sobre Cataluña o el nacionalismo catalán. A estas horas estaríamos escuchando peticiones de dimisión, comparecencias del Gobierno en pleno y exigencia de Plenos extraordinarios para que el presidente del Gobierno explicara las razones de esos "comentarios privados". Esto sin contar con los calificativos que el Partido Popular y sus dirigentes estarían recibiendo desde todo el arco parlamentario. En fin, ya lo vimos y escuchamos no hace mucho tiempo, cuando crucificaron públicamente al Presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga, por unas consideraciones teóricas sobre las comunidades históricas. Entonces fue un maremoto, ahora es una simple equivocación.
Es cierto que Rigol ha perdido perdón, ¡faltaría más! Es cierto que mantiene una trayectoria política equilibrada; aunque, más que un mérito, debería de ser una obligación. Pero también es cierto que el micrófono ha evidenciado un comentario de alguien que desempeña una de las funciones institucionales más importantes de Cataluña, y que por lo tanto no se puede permitir esos errores. La política tiene sus propias reglas, reglas en ocasiones muy crueles pero que se deberían aplicar por igual a todos. Rigol no ha realizado un comentario más o menos atrevido sobre una cuestión de importancia; Rigol ha insultado a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y, por lo tanto, en política no es suficiente con pedir perdón, es necesario responder de las propias responsabilidades políticas. Y esa respuesta es muy amplia, incluida la dimisión o la puesta a disposición de la Cámara de su propio cargo. La democracia es así. Cuando hay un error se renuncia o se dimite, y no pasa nada. Por lo tanto, no es fácil entender las razones de la "bondad" que ha mostrado el Vicepresidente Rajoy con todo lo sucedido. Eso se llama poner la otra mejilla. Parece que en el Gobierno no les importa recibir; ellos a dar jabón por si las necesidades del futuro hacen necesaria a Convergencia i Unió en un nuevo Gobierno del PP con apoyos externos. En fin, visto lo visto, parece que mientras los políticos insulten en privado, no pasa nada. ¡Menudo ejemplo a los ciudadanos!
Es curioso y llamativo que en medio de las prolija, consideraciones sobre responsabilidades políticas y también penales en torno a la desobediencia del Parlamento vasco cuando no acata la orden del Tribunal Supremo para que el grupo Sozialista Abertzaleak desaparezca como Grupo parlamentario, se omita, al parecer cuidadosamente, cualquier referencia al artículo 155 de la Constitución, cuyo texto podría sugerir «algo» a los observadores y a los poderes públicos. Es inevitable transcribir lo esencial de su contenido: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, (...) el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido, con la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquellas al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones...»
Centrar inevitablemente el conflicto en un «choque» (de trenes, se dice) entre el Parlamento de Vitoria y el Tribunal Supremo, tiende a indicar que la Comunidad Autónoma, representada por el Gobierno soberanista del señor Ibarreche y por el Parlamento que preside el señor Atucha, queda al margen de toda responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones que la Constitución impone. Que se sepa, si es que el artículo noveno sigue vigente, «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Ahora bien, el principio de separación de poderes permite placenteramente al Gobierno de Ajuria Enea contemplar el espectáculo tan grato a sus designios y lavarse las manos. El Grupo Parlamentario del PNV, mayoritario en la Cámara y sustentador del Gobierno de Vitoria, constituye la pieza principal de la desobediencia al Tribunal Supremo. Pero el reparto institucional de papeleo deja seguramente exento al Ejecutivo. El resultado práctico es que la Comunidad Autónoma vasca, bajo su actual dirección política, queda en rebeldía sin que formalmente lo parezca. Se burla de la ilegalización de los de herederos nominales de Batasuna y mantiene de paso los objetivos soberanistas que desafían la legalidad constitucional sin que el Estado de todos pueda actuar contra la parte.
Estas consideraciones serán jurídicamente no ortodoxas, pero los hechos son los hechos. Y las «medidas necesarias» para obligar al respeto de la Constitución se convierten en papel mojado. La propia Constitución rezuma humedad destructiva de sí misma. Imaginar un encausamiento penal del presidente de la Cámara vasca y de la Junta de Portavoces en aquellos de sus miembros que se opongan a la ordenada disolución de Sozialista Abertzaleak parece una quimera. Al final, la deducción práctica es que el Gobierno central se metió en un lío mayúsculo. Con las manos atadas.
Imaginen el escenario siguiente: último partido de Liga. Falta un minuto para el final y el Real Madrid va ganando y la Real Sociedad empata. Los donostiarras perderían la Liga con esos resultados. Entonces, entre los vítores del público de Anoeta, el delantero centro de la Real Sociedad, coge el balón con la mano, corre hasta introducirse en la portería contraria, jugadores y público gritan «¿gol!» y salen por las calles festejando su triunfo. La Federación no reconoce a la Real como ganador del partido ni de la Liga y el lehendakari dice que eso es una muestra más de la falta de libertad del pueblo vasco, porque ellos en su campo juegan como les sale de las narices. ¿Qué ocurre ahora con la negativa del Parlamento vasco a acatar una sentencia del Supremo para suspender a Batasuna? Pues que la gente no se sabe las reglas del juego y se asusta por la bravuconería de la ultraderecha nacionalista. El TS ha dicho que ese Grupo Parlamentario tiene que extinguirse, y se hará. Tardarán más o menos tiempo en sortear todas las tonterías que se les van ocurriendo a nacionalistas y a IU, pero fijo que se acata la sentencia. Son las reglas del juego de la Democracia: hay que cumplir las sentencias. Y si quieren romperlas, tienen perdida la batalla. Se rasgarán las vestiduras, pero ni la Real ganaría la Liga metiendo un gol como si fuera rugby, ni Batasuna seguirá en el Parlamento porque lo digan los testículos de Arzalluz. Así están las cosas: cuando el Supremo tenga que actuar contra Atutxa, sólo tendrá que leer el libreto de las reglas del juego. Y está claro.
Sorpréndanos de nuevo señor Atutxa!», venía a decir la oposición del Parlamento vasco, emulando al diputado Alcaraz (IU), que se dirigía en estos términos al ministro Trillo en la Comisión de Defensa del Congreso. Y es que al lehendakari del Parlamento le está pasando, salvando la distancia (faltaría más), lo mismo que a este ministro. Que se desdice a sí mismo pero que, además en su caso, incurre en flagrante contradicción con su propio partido que, empeñado en seguir bloqueando la suspensión del grupo de Otegi, es capaz de sacar de la chistera cualquier cosa: Resoluciones de las que venía renegando hasta ahora; fórmulas que desbordan las sentencias de la Justicia al situar, en el mismo plano jurídico, a un partido ilegalizado que a su grupo parlamentario; mostrándose a favor de la disolución del grupo de la ex Batasuna en la Mesa del Parlamento y en contra de la misma cuestión en la Junta de Portavoces. Eso sí, lanzando la 'patata caliente' a la Junta de Portavoces en donde, más que votar, sus representantes «emiten pareceres», con la intención de liberarse del peso de la Justicia a la que evita obedecer. Total, como dice Otegi, si el Tribunal Supremo es «extranjero»... Siguen las sorpresas.
En el PNV y EA tienen una chistera sin fondo. De ella sacaron ayer el incomprensible espectáculo de renegar de la propuesta de Atutxa cuando el día anterior la habían apoyado sabiendo que no iba a prosperar. Alguien está jugando con las instituciones y no es, precisamente, la oposición, se queja el popular Barreda. Y en ese juego se perdió el socialista Huertas, que fue algo ingenuo al creerse que la propuesta de Atutxa significaba «cumplir con la legalidad» sin darse cuenta del doble juego para impedir la disolución del grupo de Otegi y librarse, a la vez, del peso de la Justicia. En fin, que algunos sólo quieren acatar las leyes que les gustan.
Todavía no se ha celebrado el referéndum y Egibar ya habla como si fuéramos independientes. En su opinión, un parlamento «sometido al tribunal de turno» es, ni más ni menos, que «un parlamento de tercera». Con estas ideas preconcebidas no es de extrañar que el Parlamento parezca más bien un laboratorio.
En la Cámara de Navarra, la ex Batasuna forma parte del Grupo Mixto desde hace meses. En el Parlamento vasco, bastaría con aplicar el artículo 20.3 del reglamento. Pero es cuestión de voluntad política. Y Atutxa no quiere. Los nacionalistas necesitan el apoyo de la ex Batasuna, con votos favorables o abstención, en el Parlamento porque gobiernan en minoría. Cuando presente Ibarretxe su plan en septiembre y cuando proponga el referéndum. Ésa es la clave. Todo lo demás son adornos. Aunque el lehendakari sabe bien, y así se lo han advertido no pocos interlocutores europeos, que no hay mayoría legítima si se rompe la ley.
El problema ETA-Batasuna está ya diagnosticado –aunque ha tardado– tanto en España como en Europa y todo el mundo civilizado: es un grupo terrorista que tiene en su entraña ideológica la violencia. Por lo tanto, hay que aislarlo y combatirlo política y policialmente hasta su destrucción.
El problema PNV-EA debería estar diagnosticado con igual claridad, aunque todavía hay quienes, acomplejados o cómplices, se resisten. Pero la realidad es que, ahora, es una coalición totalitaria y etnicista que pretende el desistimiento o la exclusión de los no nacionalistas y la convergencia con la banda terrorista. Debería ser aislada y combatida política y legalmente hasta las últimas consecuencias.
El problema IU está cada día más claro: ha derivado hacia el comunismo totalitario y liberticida. Sólo por eso Madrazo piensa que, para destruir la economía de mercado y el sistema de libertades, se puede pactar con otros partidos totalitarios y proteger, una y otra vez, a bandas terroristas. Tiene el objetivo y valen todos los medios. Hay que dejar ya de poner paños calientes: si fuera otra cosa, a estas alturas, Madrazo y los suyos estarían expulsados de Izquierda Unida. Si no lo está, es que la desobediencia a la ley, el desprecio al Estado de Derecho y la protección de criminales forma parte de su horizonte político.
El problema PSOE no es que se muestre incapaz por el momento de ganar las elecciones y sustituir democráticamente al PP, que es el síntoma, sino su debilidad ideológica y estratégica. Trata de sustituirla sumando todo lo que encuentra a su paso y lo que encuentra son los tres problemas precedentes. Y me temo que sólo llegará de nuevo al Gobierno si los deja, todos, a un lado para combatirlos mejor.
Se apuntan “acuerdos puntuales” del PSOE con el PNV en algunos municipios guipuzcoanos. Se negocian pactos más amplios con IU. El problema de todos los españoles es que un partido socialista, que pertenece a lo que se llama la sociedad abierta, no haya anunciado ya que una y otra cosa son imposibles. Dirán algunos que no se pacta con Madrazo, pero es una disculpa idiota: se pacta con una formación política que asume lo que hace Madrazo: totalitarismo comunista en conjunción con totalitarismo etnicista y protección del terrorismo.
El nacionalismo podrá alimentar la sensación de que las instituciones vascas no están obligadas a cumplir y hacer cumplir aquellas decisiones judiciales de las que discrepen abiertamente. Pero tales planteamientos no significan otra cosa que la quiebra del Estado de Derecho que garantiza también -no hay que olvidarlo- el funcionamiento de las instituciones autonómicas vascas en relación a las demandas y necesidades de sus ciudadanos. Esta vez el PNV y EA -beneficiados por la actitud huidiza de IU- no tuvieron empacho en unir sus votos a los de Sozialista Abertzaleak para echar abajo la engañosa resolución propiciada por Juan María Atutxa. Lo cual constituye una imagen reveladora de sus verdaderas intenciones: convertir la ilegalización de Batasuna en motivo que les permita, por un lado, agrandar el abismo respecto a la legalidad constitucional mientras, por el otro, recaban la adhesión de la base social de la izquierda abertzale a su proyecto soberanista.
A estas alturas sería ingenuo pensar que el nacionalismo gobernante está improvisando respuestas instintivas o movimientos meramente tácticos. Lo sucedido en los últimos días atestigua la existencia de una estrategia de fondo que, más allá de estratagemas juridicistas, trata de conducir las profundas discrepancias en torno al Plan Ibarretxe al terreno victimista de la insumisión frente a las resoluciones del Tribunal Supremo. Paradójicamente, Juan María Atutxa ha sido designado por su partido para pilotar un viaje sin retorno que, si sus principales actores no varían de rumbo, acabará embarrancando a toda la sociedad vasca en un clima de desobediencia suicida.
TODOS LOS estudiantes de Derecho deberían visitar el Parlamento vasco, convertido por el nacionalismo gobernante en un auténtico laboratorio de experiencias anticonstitucionales. Un laboratorio donde el despropósito jurídico y político parece no tener punto final.
Primero fueron unos presupuestos aprobados por porciones (como los célebres quesitos) que terminaron por ser declarados inconstitucionales; después el alucinante «Dictamen de la comisión de autogobierno», en el que los nacionalistas acordaban dar un ultimátum al Estado democrático, al que amenazaban con ejercer unilateralmente las competencias controvertidas con Madrid. La guinda de esa tarta, cocinada a partes iguales con el ventajismo político derivado de la presión de las pistolas y el desprecio de las leyes, acaba de ponerla el PNV: su negativa a cumplir la sentencia del Supremo que ordena la disolución del grupo parlamentario de Socialista Abertzaleak, sucesor de la ilegalizada Batasuna.
Tal negativa supone, pura y simplemente, mandar a hacer puñetas un principio esencial de cualquier Estado de derecho, el del cumplimiento obligatorio de las resoluciones judiciales, que nuestra Constitución recoge en su artículo 118. Un principio sin el que el Estado no puede en modo alguno funcionar. ¿Se imaginan qué ocurriría si el cumplimiento de las sentencias de los jueces quedará en cada caso al libre arbitrio de los obligados a cumplirlas? Da pavor sólo pensarlo.
Ese pavor no parece haber afectado, sin embargo, a los diputados nacionalistas que han decidido montar, para escarnio de nuestras leyes y de nuestra inteligencia, un vergonzoso vodevil. Sí, un vergonzoso e indecente vodevil, en el que los mismos partidos que votan en la mesa del Parlamento vasco a favor de la posibilidad de que su presidente ordene la disolución de Batasuna, deciden luego en la junta de portavoces bloquear tal decisión, en un acto que pone de relieve con una meridiana claridad el acuerdo al que han llegado todos los participantes en la farsa: el de proteger al brazo armado de un grupo terrorista que ha asesinado a casi mil personas.
Pues de eso se trata nada más: de proteger a un grupo parlamentario del que forma parte un criminal (Josu Ternera), que es el trasunto de un partido ilegalizado por decisión unánime del Supremo en aplicación de una ley, aprobada por la inmensa mayoría de las Cortes, y considerada conforme a la Constitución unánimemente por el Tribunal Constitucional. Un grupo, en fin, cuyos diputados son miembros de un partido que los quince Estados de la Unión acaban de incluir sin apenas discusión en la lista europea de organizaciones terroristas.
Si no fuera porque se trata de un asunto muy serio, cabría calificar de comedia de enredo lo que ha ocurrido en el Parlamento vasco desde que el Supremo ordenó la disolución del grupo sucesor de Batasuna. Primero, el presidente de la cámara, Juan María Atutxa, se niega a acatar la sentencia e intenta justificarse con argumentos ridículos. El alto tribunal le da entonces un ultimátum de cinco días, advirtiéndole de que será procesado en el caso de que continúe desobedeciendo el auto. Para liberarse de esa amenaza, Atutxa redacta el jueves una propuesta de resolución en la que se recoge la disolución de Sozialista Abertzaleak y la integración de sus miembros en el grupo mixto. La Junta de Portavoces rechaza, sólo 24 horas después, la moción gracias a los votos de los propios etarras, del PNV (el partido del presidente de la cámara) y de EA. Izquierda Unida, el tercer socio del gobierno autonómico, se abstiene, con lo cual evita tener que dar cuentas a nadie. El PP y el PSOE se quedan en minoría y la trama ideada por los nacionalistas concluye con el desenlace que deseaban. No obstante, falta por conocer el epílogo, que afortunadamente no será escrito por los mismos autores, sino que llevará la firma de la Justicia, que está obligada a hacer que se respeten los principios constitucionales que han violado los “apóstoles de Euskadi”, generando una crisis desconocida en España. La defensa de la ley obliga a llegar hasta las últimas consecuencias y la Carta Magna recoge la posibilidad de suspender la autonomía de una comunidad; una opción que habría que tener en cuenta.
La estrategia de Atutxa para no cumplir a la resolución del Supremo, además de vergonzosa e indigna del máximo representante de una institución, es inútil. Puede hacer los malabarismos que quiera. Pasarle, en un ejercicio de cinismo sin límites, la patata caliente a la Junta de Portavoces e intentar trampas dentro de su estrategia de confusión, pero, al final, no tendrá nada que hacer. La resolución del Supremo fue impecable. Decía que no existen dentro del Estado poderes autónomos o autoinmunes. Está claro que todas las instituciones se rigen por el respeto a la legalidad y, en última instancia, a la Constitución. Aquí, diga Atutxa lo que diga, está establecida la separación de poderes y ni el Parlamento vasco ni el español ni nadie se puede situar al margen de la ley.
El alto tribunal le ha dicho que debe cumplir la ley y hacerla cumplir y, por lo tanto, la desobediencia a este auto sería una cuestión de extrema gravedad y perseguible penalmente. Pero más allá de esto, resulta aberrante que la nueva triquiñuela haya coincidido con la decisión de que Batasuna sea incluida en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Con esta decisión, los dirigentes del partido ilegalizado no podrán organizar actos públicos en ningún país de la Unión, por lo que el PNV tendrá que dar explicaciones en Europa de su apoyo al partido de ETA. Ya lo dice el refrán “dime con quién andas y te diré quien eres” lo cual viene al caso para reflejar lo que, no sólo en nuestro país sino en todos los de la UE, piensan de los apoyos políticos que se le den a organizaciones terroristas.
Atutxa debería volver a la cordura. Claro que lo mismo lo que pretende es distraer la atención sobre su voluntad de dimitir si el tema les sale mal y lo que está haciendo es preservar su sillón a costa de lo que sea. Atutxa tiene un sillón y lo demás no importa... Si fuera un hombre de palabra esa dimisión tendría que haber sido presentada de forma irrevocable.
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se equivocó al presentar una demanda contra el presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, por las declaraciones en las que cuestionaba que la denominación de comunidades históricas sólo correspondiera al País Vasco, Cataluña y Galicia. El Supremo ha desestimado la demanda, algo que era más que previsible. Lo sucedido permite dudar del rigor de los letrados que asistieron a Pujol y que han permitido que haga el ridículo.
Dentro del delirio nacionalista que nos tienen acostumbrados llegaron a aducir la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de Violeta Friedman y el honor del pueblo judío. La utilización de los tribunales de justicia para dirimir querellas políticas o partidistas es siempre cuestionable y criticable, pero lo es aún más cuando los dardos se lanzan sin fundamento contra el presidente del Constitucional, uno de los mejores constitucionalistas españoles y maestro de numerosos catedráticos.
El presidente del TC sufrió durante semanas los ataques grotescos del aparato nacionalista como si fuera un pérfido centralista. El Supremo ha restituido las cosas en su justo lugar, aunque siento que haya puesto en evidencia a Pujol y los juristas que le rodean.
Lo sucedido permitiría, incluso, la burla cruel pero bastante han quedado en ridículo al presentar la demanda.Con respecto al término «nacionalidad histórica», es una evidencia que no tiene contenido jurídico, más allá de los hechos diferenciales constitucionalmente reconocidos, y que algunas comunidades lo han incluido en su estatuto. Se ponga como se ponga Pujol. Su alternativa es promover la reforma de la Constitución.
Cuando varias asociaciones democráticas catalanas propusieron suprimir el nombre de Sabino Arana de una calle de Barcelona, los nacionalistas locales rehusaron, alegando que Arana “fue un hombre de su tiempo”, y debía ser entendido en su contexto. Lo mismo responde el PNV a las acusaciones de racismo a su fundador, pues, aseguran, en aquella época “todo el mundo era racista”. Es más, Arana habría sido menos racista que otros, como lo probaría al denunciar “la inhumana crueldad con que los blancos han tratado siempre y dondequiera a las razas de color”, o cómo los holandeses en Suráfrica consideraban a los cafres “como animales”.
Pero esas frases de Arana, muy infrecuentes, aludían a sucesos distantes miles de kilómetros de España. Lo que cuenta para definir sus ideas no son palabras excepcionales, sino las comunes y referidas a su entorno. Y aquí encontramos a un exaltado empeñado en crear un sentimiento racista donde no existía, despotricando contra sus paisanos por sentirse hermanos y compatriotas de los maketos. Sabino podía pasar por un español corriente en cualquier región, y su hermano Luis, que le había iluminado sobre las cualidades inenarrables de la raza vasca, poseía un físico algo desdichado, muy distante del ideal descrito por él mismo, pero eso no les impedía describir a los inmigrantes como “simios poco menos bestias que el gorila”, cuyos rostros carecían de “expresión de la inteligencia humana ni de virtud alguna; su mirada sólo revela idiotismo y brutalidad”. Sabino cantaba incansablemente la absoluta superioridad moral de los vascos, pero su propia calidad moral brilla en su absoluta falta de compasión o simpatía por los inmigrantes que en durísimas condiciones trabajaban y contribuían a la prosperidad de Vizcaya, y contra quienes intentaba azuzar los peores instintos de los vizcaínos. No hará falta citarle aquí, porque sus escritos son bastante conocidos.
El contraste entre sus repentinos y excepcionales transportes de simpatía por las razas de color, y su actitud real y constante en su tierra, indica un posible desequilibrio psíquico, visible también en sus lamentaciones ocasionales por “la bandera de bestias”, “la era del odio” predominante en Europa, a su juicio, a principios del siglo XX … cuando él no hizo otra cosa que predicar el odio, literal y textualmente, a sus compatriotas no vascos, así como a los vascos maketófilos.
Arana no fue racista “como todo el mundo”. No todo el mundo lo era, y Arana lo fue más que nadie en España. Y su creación, el PNV, continúa en la misma línea, como muestra su intento de camuflar la historia. Por otra parte, si el PNV prescindiera sinceramente del racismo solapado, pero intensísimo y verdadera sustancia de su política, ¿qué le quedaría? Se convertiría en un partido regional, solución razonable que no aceptará a ningún precio. ¡Debe de ser duro renunciar a creerse parte de “la raza más noble de la tierra”, “sin ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa, ni con raza alguna del mundo”!
Egibar alerta de que este «episodio» es sólo «un aperitivo de lo que tienen preparado» y dice que «no nos van a humillar con procesamientos»
Fieles al guión que ya habían anunciado, PNV y EA consumaron ayer su maniobra para impedir la disolución del grupo de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco y rubricaron así su desafío al Tribunal Supremo, que el miércoles dio a la Cámara de Vitoria un ultimátum de cinco días para ejecutar el auto y, en consecuencia, enviar al Grupo Mixto a los seis parlamentarios de la antigua Batasuna.
En la Junta de Portavoces celebrada por la tarde, los representantes nacionalistas unieron su parecer -no se trataba de una votación formal- al de los propios perjudicados por la sentencia y tumbaron así por mayoría absoluta una resolución favorable a la disolución redactada por el presidente del Parlamento, el peneuvista Juan María Atutxa, que habían respaldado con su voto en la Mesa sólo veinticuatro horas antes.
No hubo, por lo tanto, sorpresas en la reunión vespertina de los portavoces, que despacharon el trámite en apenas media hora. Tal como había anunciado, IU-EB -que, en esta cuestión, discrepa abiertamente del método elegido por sus socios en el tripartito-, no acudió como grupo a la reunión, aunque a la diputada Kontxi Bilbao no le quedó más remedio que estar presente en calidad de secretaria de la Mesa, ante la ausencia del socialista Manuel Huertas. La presencia, con voz y voto, del portavoz de SA, Antton Morcillo, provocó la protesta de populares y socialistas, al entender que se «violaba» así la sentencia firme del Supremo.
Pero si algo quedó claro es que la Cámara no ejecutará el mencionado auto. De hecho, Atutxa comunicará en breve -probablemente a principios de la próxima semana- al Alto Tribunal su «incapacidad» para hacer efectivo su cumplimiento, al haber sido expresamente rechazada la disolución de SA por la Junta de Portavoces. Y quedó patente también que el empecinamiento del PNV y de EA en bloquear a toda costa el paso al Grupo Mixto de los diputados radicales ha ahondado hasta extremos insospechados la brecha entre nacionalistas y constitucionalistas. Populares y socialistas volvieron a denunciar la «burla» al Parlamento que supone la «cobarde» maniobra «urdida» por el presidente de la Cámara y los grupos de PNV y EA, cuyos representantes respaldaron y rechazaron el mismo texto en un lapso de un día.
Atutxa, «correcto»
No obstante, el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, y el de EA, Rafael Larreina, se limitaron a considerar que cada órgano parlamentario cumple su función, y distinguieron entre la responsabilidad institucional de la Mesa y el carácter político de las decisiones adoptadas en la Junta. Tampoco hicieron demasiados esfuerzos por ocultar la finalidad principal de sus decisiones -evitarle a Atutxa eventuales responsabilidades penales-, y el propio Egibar calificó de «escrupulosamente correcta» la actuación del presidente. En opinión del portavoz peneuvista, su compañero de partido es «una institución» por sí mismo en el Parlamento y, como tal, redactó la resolución para «dar cauce» a la ejecución de la sentencia, de modo que «ha cumplido al cien por cien con su responsabilidad».
Además de la defensa a ultranza de Atutxa, Egibar se extendió sobre todo en exponer la «lectura política» que su grupo hace de la sentencia del Supremo, que atenta, a su juicio, contra la autonomía de la Cámara. Para el portavoz del PNV, este «episodio» debe entenderse como un paso más en la «estrategia» que, desde hace años, sostiene el PP «con el acompañamiento acrítico del PSOE para «embestir» contra el nacionalismo vasco. Sin despegarse de este argumento, Egibar quiso enviar «a la ciudadanía» un mensaje de «alerta». «Esto es sólo una antesala de lo que va a venir, un aperitivo de lo que nos tiene preparado el Estado», advirtió. En tono desafiante, el portavoz del PNV dejó claro al Gobierno de Aznar que no ha logrado su propósito de «doblegar» al Parlamento vasco ni de ver a Atu-txa «arrodillado» ante los poderes del Estado. «¿Pero es que se creen que nos van a humillar con procesamientos?», se preguntó.
Minutos antes, tanto el popular Leopoldo Barreda como el socialista Rodolfo Ares habían advertido a los nacionalistas de que tendrán que asumir «responsabilidades penales» por su actitud, al haber evitado a conciencia la disolución de un grupo integrado «en el entramado de ETA».
El Gobierno vasco ha echado un último órdago al Gabinete de Aznar al incumplir el Concierto Económico a sólo un año de su vigencia. En la última liquidación del Cupo, la del 30 de mayo, descontó, de manera unilateral, 32,2 millones de los 373,38 que debía al Estado, al esgrimir que esa cifra equivale a la parte que le corresponde por las transferencias de sanidad acordadas en 2001 para las autonomías de régimen común. El Ejecutivo vasco informó por fax a Hacienda de su decisión el mismo 30 de mayo.
Sin embargo, el País Vasco tiene asumida la competencia de sanidad desde 1987 y, por tanto, ya está contabilizada y prevista. Por si fuera poco, en febrero del año pasado se cerró un acuerdo sobre el Concierto para los próximos cinco años, que puso el contador del Cupo a cero e hizo tabla rasa de los pagos pendientes. Por eso, Hacienda está dispuesta a llevar a Ibarreche a los tribunales para recuperar los 32,2 millones, si fallan el resto de mecanismos administrativos.
Como primera medida, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos remitió ayer a Gobierno vasco un requerimiento, en el que se le hace constar «su olvido» de 32,2 millones de euros (5.357 millones de pesetas) en su última liquidación con el Estado. Si Ibarreche hace caso omiso al mismo, se convocarán las comisiones de seguimiento y coordinación, integradas por los Gobiernos central y vasco y las Diputaciones forales. En caso de que no se llegue a un acuerdo, como todo apunta, el Estado puede descontar al País Vasco los 32,2 millones de las liquidaciones del IVA y de los Impuestos Especiales. Como último recurso, puede acudir a los tribunales.
El secretario general de Hacienda Territoriales mostró ayer su perplejidad por esta decisión, sobre todo, porque tres días antes se había reunido con el viceconsejero vasco. El pasado 27 de mayo Juan Miguel Bilbao y Rafael Cámara analizaron los temas pendientes de la comisión mixta de Cupo (la estabilidad presupuestaria, la ampliación de la Ertzaintza y el régimen del procedimiento de los gastos causados por el hundimiento del «Prestige»). En ningún momento de la reunión Bilbao informó a Cámara del descuento que se aplicó en la liquidación por una transferencia asumida hace ya quince años.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 155
 artículo 20
 resolución 
 artículo 118
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución