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Timestamp: 2019-07-23 22:42:54+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 215 DE MARZO 22 DE 2007
RESOLUCIÓN 215 DE 22 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO BREVE Y SUMARIO A SEGUIR PARA DEJAR SIN EFECTO LA INSCRIPCIÓN IRREGULAR DE CÉDULAS. DEROGA LAS RESOLUCIONES 424 DE 2000 Y 4172 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, ATRIBUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, DELITO CONTRA LA INSCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 333 DE 2015 ARTÍCULO 17 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
(Nota: Derogada por la Resolución 333 de 2015 artículo 17 del Consejo Nacional Electoral)
Que los numerales 1º y 5º del artículo 265 de la Carta Política, confirieron competencia al Consejo Nacional Electoral para “ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral”, y para “velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”;
Que el artículo 316 de la Constitución Política, preceptúa que “En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”;
Que el artículo 78 del Código Electoral dispone:
La presentación personal aquí ordenada se cumplirá ante el funcionario electoral del municipio o del lugar donde se desea sufragar, quien expedirá el comprobante de la inscripción donde conste el número de la cédula inscrita y el número del puesto de votación. No surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de los requisitos prescritos en el presente artículo y los funcionarios que las realicen serán sancionados con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal”;
Que la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expidió el Código Penal Colombiano vigente, tipifica como delito esta conducta, en el artículo 389, el cual dispone: “Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
Que la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-135 de 2000, respecto de la trashumancia electoral manifestó:
“Debe anotarse al respecto, que el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40), se radica en cabeza de todos los ciudadanos, pero está expresamente limitado por la Carta Política a los residentes en el municipio, cuando se refiere a la elección de autoridades locales o la decisión de asuntos del mismo carácter (C.P., art. 316), pues el constituyente colombiano encontró que de esta forma debía cumplirse con el fin esencial del Estado (C.P., art. 2°), de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Así, la práctica de incluir en los censos electorales municipales a personas que no residen en el lugar, a fin de que estos votantes sean escrutados junto con los residentes en la elección de las autoridades locales o la decisión de asuntos que afectan a los habitantes de determinado municipio, claramente viola las disposiciones constitucionales aludidas, y es una actuación irregular que debe ser controlada por el Consejo Nacional Electoral, pues en esos casos, esta entidad debe ejercer de conformidad con la ley, la atribución especial de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías al tenor del numeral 5º del artículo 265 de la Carta Política”;
Que esta corporación, por medio de la Resolución 754 del 6 de septiembre de 2000, manifestó: “La trashumancia electoral es una práctica maligna e inveterada que es preciso combatir y eliminar porque:
a) Distorsiona los mecanismos de participación y afecta el derecho a la autodeterminación, especialmente en las pequeñas comunidades, al someterlas a una manipulación externa indebida, cuando se trata de discutir y decidir sobre sus propios asuntos;
b) Atenta contra la eficacia del voto al generar la nulidad de la elección, si los votos de los no residentes inscritos llegaren a ser determinantes en la elección;
c) Malea la transparencia del proceso electoral, al permitir que personas extrañas, sin vínculos permanentes con las comunidades, sin ningún sentido de pertenencia a las mismas, carentes en ellas de arraigo social, cultural, político o económico, aparezcan influyendo desfavorablemente en decisiones que las afectan”;
Que las disposiciones electorales propugnan por el mejoramiento del proceso electoral, para que las votaciones populares traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y para que los escrutinios sean el reflejo de los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas;
Que dentro de las modalidades del denominado “trasteo de votos”, se encuentran:
a) Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que inscriban su cédula, con fines de participación en los procesos electorales de carácter local;
b) Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que obtengan su cédula de ciudadanía y estas sean incorporadas al censo electoral de ese municipio;
c) Nombrar como jurados de votación en el respectivo municipio a las personas cuya inscripción se ha declarado sin efecto por violación al artículo 316 de la Constitución Política;
e) Trashumancia histórica: Estar inscrito en el censo de un municipio distinto a aquel en el cual reside y como consecuencia haber ejercido el derecho al sufragio en anteriores procesos electorales de carácter local,
ART. 1º—Competencia. El Consejo Nacional Electoral es competente para iniciar de oficio o a petición ciudadana las investigaciones a que haya lugar por inscripción irregular de cédulas de ciudadanía cuyos titulares no residan en la correspondiente circunscripción, o cuya inscripción haya sido realizada contraviniendo lo prescrito en el artículo 78 del Código Electoral. Para el efecto podrá comisionar a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil o a otros servidores públicos vinculados a la organización electoral para la práctica de pruebas o para cualquier otra diligencia que fuere necesaria dentro de la investigación correspondiente.
ART. 2º—Publicidad del censo y de los registros de inscripción. Durante el plazo de inscripción de cédulas fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y durante los quince (15) días calendario siguientes, los registradores distritales, municipales o auxiliares pondrán a disposición del ciudadano que así lo solicite, los formularios de inscripción de cédulas E3 ya diligenciados, así como el censo electoral de la correspondiente circunscripción vigente a la fecha de inicio del proceso de inscripción, junto con la relación de los ciudadanos titulares de las cédulas expedidas durante el proceso de inscripción, de manera que el ciudadano pueda enterarse de la totalidad de ciudadanos que están habilitados o aspiran a estarlo para sufragar en ese municipio.
ART. 3º—Formulación de la petición. Toda persona podrá presentar petición escrita ante el registrador del respectivo municipio, para ante el Consejo Nacional Electoral con el fin de solicitar que se deje sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanos realizada en cualquiera de los eventos señalados en el artículo anterior.
ART. 4º—Plazo de presentación de la petición y publicación del censo electoral. La petición a que se refiere el artículo anterior podrá ser presentada durante el último mes calendario del período de inscripciones, y hasta dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del plazo de inscripción de cédulas fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
ART. 5º—Requisitos de la petición. La petición mencionada deberá contener:
c) Narración de los hechos en que sustenta la petición, de manera clara y precisa, o las razones en las cuales se apoya;
d) Indicación de los ciudadanos que han inscrito su cédula de ciudadanía para votar, y que no tienen su residencia electoral en el respectivo municipio;
e) Relación de las pruebas que pretende hacer valer o de aquellas cuya práctica solicita;
ART. 6º—Rechazo de la petición. La petición será rechazada por el Consejo Nacional Electoral en cualquiera de los siguientes eventos:
a) Cuando no reúna los requisitos señalados en el artículo 5° de esta resolución;
b) Cuando su presentación se realice en forma extemporánea.
ART. 7º—Inicio del procedimiento. La petición será sometida a reparto inmediatamente sea recibida en la subsecretaría. El magistrado sustanciador, mediante auto de trámite asumirá el conocimiento de la petición dentro de los dos (2) días siguientes a su recibo, y procederá a su admisión o rechazo.
PAR.—Los registradores distritales, municipales o auxiliares ante quienes sea presentada la petición, la remitirán al Consejo Nacional Electoral por el medio más rápido posible a más tardar el día siguiente.
ART. 8º—(Modificado).* Conformación de la comisión instructora. El magistrado sustanciador, en el auto que admite la petición podrá conformar una comisión instructora integrada por al menos dos (2) servidores públicos - asesores, vinculados al Consejo Nacional Electoral, y por el registrador municipal de la correspondiente circunscripción, quien actuará como su secretario. En todo caso, se indicará claramente quién actúa como coordinador de la comisión.
Igualmente, ordenará fijar por diez (10) días calendario, en la secretaría de la respectiva registraduría, un aviso, mediante el cual se informe a los ciudadanos la solicitud de dejar sin efecto dicha inscripción.
*(Nota: Modificado por la Resolución 597 de 2011 artículo 1° del Consejo Nacional Electoral)
ART. 9º—Acumulación de peticiones. En el evento en que dentro del término establecido se presente más de una petición relacionada con el mismo municipio, estas se acumularán para su trámite.
ART. 10.—Pruebas. El magistrado sustanciador o la comisión instructora, mediante auto, decretará las pruebas necesarias de conformidad con el artículo 175 del CPC.
Igualmente el magistrado sustanciador podrá ordenar de oficio el cotejo de las bases de datos entidades públicas y privadas por medio de los cuales se pueda establecer la residencia de los ciudadanos.
ART. 11.—Duración del período probatorio. La comisión instructora contará con un término de quince (15) días calendario para practicar pruebas. El magistrado sustanciador, mediante auto, podrá prorrogar el término hasta por quince (15) días adicionales.
ART. 12.—Informe evaluativo. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del período probatorio, la comisión instructora rendirá informe evaluativo al magistrado sustanciador, el cual será acompañado del proceso administrativo y sus antecedentes.
ART. 13.—Decisión. El magistrado sustanciador, con base en las pruebas recaudadas por la comisión instructora, radicará dentro de los quince días (15) siguientes el proyecto de resolución motivada por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral decide dejar o no sin efecto las inscripciones de cédulas de ciudadanía objeto de investigación administrativa.
Si se dejare sin efecto la inscripción de cédulas en un municipio por vulneración de la exigencia establecida en el artículo 316 superior, estas se incorporarán al censo electoral del municipio de su residencia si esta se hubiere acreditado en el proceso; o donde el ciudadano afectado sufragó en las últimas elecciones, siempre y cuando fuere diferente del municipio en cuyo censo electoral haya sido dejada sin efecto la correspondiente inscripción.
La resolución se notificará de conformidad con el inciso 4° del artículo 44 del CCA y en todos los eventos, el registrador municipal fijará en lugar público de su despacho copia de la parte resolutiva por el término de cinco (5) días.
ART. 14.—Recursos. Contra la resolución mediante la cual se ponga fin al proceso administrativo por inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, procederá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, la cual se entenderá surtida, en todo caso, y para todos los intervinientes, en el momento de la desfijación de la parte resolutiva de que trata el artículo anterior.
ART. 15.—Prohibición. No podrán ser nombrados como jurados de votación ni como miembros de las comisiones escrutadoras los ciudadanos cuya inscripción de cédula de ciudadanía haya sido dejada sin efecto por vulneración el artículo 316 de la Constitución Política.
ART. 16.—Impedimentos y recusaciones. A los consejeros y servidores públicos de la organización electoral que deban realizar investigaciones y practicar pruebas, se les aplicarán las causales de impedimentos y recusaciones previstas para los jueces en el CPC.
ART. 17.—Recursos logísticos. El Registrador Nacional del Estado Civil deberá proveer el personal y los recursos necesarios para el desarrollo del proceso administrativo regulado mediante esta resolución.
ART. 18.—Comunicaciones. Copia de los actos administrativos que pongan fin al proceso por inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, se comunicarán a la dirección de censo electoral, a las respectivas registradurías municipales, a la oficina de control interno disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y si es del caso, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.
ART. 19.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las resoluciones que le sean contrarias, en especial las resoluciones 424 de 2000 y 4172 de 2003.
Dada en Bogotá, D.C., a 22 de marzo de 2007.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 17
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 265
 artículo 316
 artículo 78
 artículo 389
 artículo 265
 Resolución 
 artículo 316
 artículo 78
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 175
 resolución 
 artículo 316
 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 artículo 316
 resolución