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Timestamp: 2020-08-13 00:11:05+00:00

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Registro Oficial No,62- Viernes 19 de octubre de 2018 Edición Constitucional
Viernes19 de octubre de 2018 (R. O.62, 19 -octubre -2018) Edición Constitucional
013-18 -................................................................................... DTI-CC Declárese que la "Convención lnteramericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", requiere aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional
0023-18-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos.- Legitimado activo: Manuel Muñoz Araque y otro
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Quito, D. M.,18 de julio de 2018DICTAMEN N.° 013-18-DTI-CC
CASO N.° 0021-17-TI
La doctora Johana Pesantez Benítez, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio N.° T.176-SGJ-17-0499, recibido en este Organismo el 4 de diciembre de 2017, remitió copia certificada de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”, adoptada en la ciudad de La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013, durante el Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos1.
En el referido oficio N.° T.176-SGJ-17-0499, la secretaria general jurídica de la Presidencia de la República se refiere a las atribuciones de la Corte Constitucional del Ecuador establecidas en los artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a los tratados internacionales, esto es, el análisis de si estos requieren o no aprobación legislativa y la emisión del respectivo dictamen de constitucionalidad de su contenido.
En virtud del sorteo de causas constitucionales efectuado el 13 de diciembre de 2017, durante la sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, y de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 29 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, correspondió conocer y sustanciar la presente causa a la jueza.
1 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A- 68_racismo_firmas.asp
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constitucional doctora Tatiana Ordeñana Sierra, quien dictó el respectivo auto de avoco conocimiento el 27 de marzo de 2018, que obra a foja 10 del expediente constitucional.
De esta manera, la jueza constitucional sustanciadora, en su informe aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional el 16 de mayo de 2018, respecto a la necesidad de contar con la aprobación legislativa previo a la ratificación del Estado Ecuatoriano sobre la "Convención ínter americana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia"2 determinó que "tomando en consideración el contenido del instrumento internacional sub examine, el cual establece estándares internacionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos, proscribiendo toda forma de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia; se concluye que, por su objeto y regulación, la presente Convención guarda relación directa con el numeral cuarto del artículo 419 de la Constitución de la República, el mismo que establece que los tratados internacionales que comprometan derechos y garantías establecidas en el texto constitucional, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional para su ratificación".
Por su parte, el Pleno de la Corte Constitucional ordenó, según providencia de 16 de mayo de 2018, que consta a foja 24 del expediente constitucional, la publicación de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional, de modo que cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total del instrumento, en el término de diez días, contados a partir de la referida publicación.
Posteriormente, mediante memorando N.° 0813-CCE-SG-SUS-2018 de 15 de junio de 2018, el secretario general de la Corte Constitucional remitió la causa N.° 0021-17-TI a la jueza constitucional sustanciadora, doctora Tatiana Ordeñana Sierra, con el fin de que proceda a la elaboración del dictamen de constitucionalidad respectivo.
2 En adelante se lo citará como "la Convención" o "el Convenio"
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TEXTO DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL
RECONOCIENDO la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos tos individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico;
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2. Discriminación racial indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico
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basado en los motivos establecidos en el artículo 1.1, o los pone en desventaja; a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.
El racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial.
No constituyen discriminación racial las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.
Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.
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defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;
viii. Cualquier restricción racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales apicables y en la
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jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, en especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación racial.
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iii. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar
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que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Corte.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar la legislación interna de los Estados Partes que ofrezca protecciones y garantías iguales o mayores a las establecidas en la Convención.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar las convenciones internacionales sobre derechos humanos que ofrezcan protecciones iguales o mayores en esta materia.
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La presente Convención está abierta a la firma y ratificación por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.
2, Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la Convención después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
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Intervenciones dentro de la presente causa
De la revisión del proceso no consta la comparecencia de la Asamblea Nacional, ni de la Procuraduría General del Estado, o representante de los mismos.
Una vez publicada la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia" en la Edición Constitucional del Registro Oficial N.° 51 del 11 de junio de 2018; no se produjo intervención ciudadana para defender o impugnar la constitucionalidad del presente instrumento internacional.
Identificación de las normas constitucionales y normativa internacional pertinente
Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
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Artículo 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.
Artículo 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación .racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.
Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas:
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Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
Artículo 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
Artículo 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley:
Artículo 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:
Artículo 331.' El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.
Artículo 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de. Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
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discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.
Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.
Artículo 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.
Artículo 416,- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:
5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso en sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.
Artículo 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:
Artículo 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales
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regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia.
Artículo 438.- La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley:
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS
TRATADOS3
Artículo 11.- Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado.
Artículo 26.- "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Artículo 27.- El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
De conformidad con lo prescrito en los artículos 429 y 438 numeral 1 de la Constitución de la República, así como en los artículos 75 numeral 3 y 110 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la competencia para formular un dictamen vinculante sobre la constitucionalidad de los instrumentos internacionales, de forma previa a su ratificación por parte de la
3 Ratificación publicada en el Registro Oficial N.° 134, de 28 de julio de 2003.
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Asamblea Nacional, le corresponde al Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador.
En esta línea, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 82 numeral 3 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional determinan las modalidades para efectuar dicho control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales, entre los que se encuentra el control previo de constitucionalidad de los instrumentos- que requieren aprobación legislativa4.
En consecuencia, y por corresponder al estado procesal de la causa N.° 0021-17-TI, la Corte Constitucional procede a examinar por la forma y por el fondo la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia".
Naturaleza jurídica, alcances y efectos del control constitucional de los tratados internacionales
El artículo 417 de la Constitución de la República prescribe "los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución...", en razón de lo cual, corresponde verificar que los instrumentos
4 Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 108: Tratados que requieren aprobación de la Asamblea Nacional.- La ratificación o denuncia de los tratados y otras normas internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 1. Se refieran a materia territorial o de límites; 2. Establezcan alianzas políticas o militares; 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley; 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución; 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales; 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio; 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional; y, 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. En todos estos casos, en un plazo máximo de diez días después de que se emita el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad expedido por la Corte Constitucional, la Presidencia de la República deberá remitir a la Asamblea Nacional, el tratado u otra norma internacional junto con el referido dictamen. En este caso, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, verificará la documentación correspondiente y remitirá el tratado a la comisión especializada, para que en el plazo máximo de veinte días, emita el informe que será puesto a conocimiento del Pleno. La aprobación de estos tratados requerirá el voto de la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional.
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internacionales con carácter vinculante para la República del Ecuador sean compatibles con los preceptos contenidos en la Constitución de la República; luego de lo cual, éstos podrán formar parte del ordenamiento jurídico y del bloque de constitucionalidad.
En este escenario, la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia5, y de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 438 numeral 1 de la Constitución de la República y en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debe efectuar el control de constitucionalidad sobre la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia" a través del presente dictamen, con el objeto de verificar si el contenido de tal instrumento internacional es compatible o no con los enunciados, principios y derechos establecidos en la Constitución de la República.
Al respecto, vale enfatizar que el control previo y vinculante de constitucionalidad tiene como finalidad precautelar que el Estado Ecuatoriano adquiera compromisos u obligaciones, a través de la suscripción de un acuerdo o tratado de carácter supranacional, que transgredan enunciados constitucionales.
En lo referente al control constitucional de actos normativos internacionales, el Pleno de la Corte Constitucional enfatizó en el dictamen N.° 008-15-DTI-CC, de 21 de octubre de 2015, dentro del caso N.° 0008-15-TI, que:
Nuestro ordenamiento jurídico consagra el principio de supremacía normativa de la Constitución sobre todas las normas que integran dicho orden jurídico, incluyendo aquellas que se integran a éste por un acto normativo internacional, de tal suerte que el control constitucional realizado por esta Corte se hace extensivo hacia la necesaria revisión de las normas convencionales de derecho internacional, que se pretende formen parte de nuestro orden normativo, en el sentido de que las mismas, previo a su integración, deben guardar armonía y conformidad con las normas constitucionales, es decir, sujetarse a ésta sin perjuicio de la aplicación de los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta.
5 Artículo 429 de la Constitución de la República del Ecuador.
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Con base en lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a este Organismo, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió en sesión de 16 de mayo de 2018, aprobar el informe presentado por la jueza constitucional doctora Tatiana Ordeñana Sierra, en calidad de jueza sustanciadora de la causa N.° 0021-17-TI, según el cual, la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", al versar sobre los aspectos establecidos en el numeral 4 del articulo 419 de la Constitución de la República, requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, previo a su ratificación por parte del Estado Ecuatoriano.
Rol de la Asamblea Nacional en la ratificación o denuncia de los tratados y convenios internacionales
Con base en las atribuciones establecidas en el artículo 120 numeral 8 de la Constitución de la República, le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar o improbar los tratados internacionales que suscriba el Estado ecuatoriano cuando la materia sobre la que versen corresponde a los casos prescritos en el artículo 419 de la Constitución de la República, así:
Se refieran a materia territorial o de límites.
Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.
En razón de lo advertido, en su informe relativo a la necesidad o no de aprobación legislativa para la ratificación de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia" por parte del Estado Ecuatoriano, la jueza constitucional sustanciadora de la, causa N.° 0021-17-TI, doctora Tatiana Ordeñana Sierra estableció que la
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naturaleza del instrumento guarda relación con lo prescrito en el numeral 4 del citado precepto constitucional, por cuanto se refiere a derechos y garantías establecidos en la Norma Fundamental ecuatoriana.
De forma consecuente con aquello, la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia" deberá contar con la aprobación o desaprobación de la Asamblea Nacional, como requisito sirte qua non para su ratificación.
Examen constitucional de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia
La "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia" fue adoptada en la ciudad de La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013, durante el Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y fue suscrita por el Estado Ecuatoriano el 6 de junio de 2013.
Según se desprende de la parte motiva del texto del instrumento internacional, su finalidad primordial es que los derechos que se consagran "sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos, a fin de consolidar en las Américas el contenido democrático de los principios de la igualdad jurídica y de la no discriminación"6.
En cuanto al trámite para la emisión del presente dictamen de constitucionalidad sobre la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", el artículo 111 numeral 2 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina la atribución exclusiva del Presidente de la República para remitir a la Corte Constitucional una copia auténtica del instrumento internacional en un plazo razonable; y en caso de no hacerlo, este Organismo podrá conocerlo de oficio.
6 A fojas 2 del expediente constitucional N.° 0021-17-TI.
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En el presente caso N.° 0021-17-TI, se advierte del respectivo expediente constitucional que se origina con el oficio N.º T.176-SGJ-17-0499, recibido en la Corte Constitucional el 4 de diciembre de 2017, el cual se encuentra suscrito por la secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, doctora Johana Pesantez Benítez, en calidad de representante del Presidente Constitucional de la República.
Al oficio N.° T.176-SGJ-17-0499 se anexó por parte de la secretaria general jurídica de la Presidencia de la República una compulsa de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", obtenida de los archivos de la dirección de asesoría jurídica en derecho internacional público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Lo descrito anteriormente permite observar el cumplimiento de las formalidades prescritas en el referido literal a) del numeral 2 del artículo 111 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El control material de constitucionalidad sobre la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia" que corresponde realizar a continuación a este Organismo, tiene el objeto de verificar que el instrumento internacional guarde o no armonía con la Constitución de la República.
Tal control material debe iniciar precisando que el Convenio está conformado por 22 artículos en total, comprendidos en cinco capítulos titulados así: 1) Definiciones; 2) Derechos Protegidos; 3) Deberes del Estado; 4) Mecanismos de Protección y Seguimiento de la Convención; y 5) Disposiciones Generales.
En este marco, el capítulo I contiene un solo artículo que deriva -a su vez- en 6 numerales que establecen definiciones de términos a ser aplicados en el texto del Convenio. En tanto que, en el capítulo II, que contiene dos artículos, se consagran el derecho a la igualdad y derechos conexos. En esta línea se advierte que, en el capítulo III se establecen los compromisos concretos que adoptan los Estados Parte de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y
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Formas Conexas de Intolerancia" para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos discriminatorios y de intolerancia.
En el capítulo IV se determinan los mecanismos a seguir para garantizar el cumplimiento del Convenio y de los compromisos inherentes al instrumento internacional; así como en el capítulo V se estipulan -en 7 artículos- las cuestiones relativas a la entrada en rigor, ratificación, reserva y denuncias de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia".
Por lo anotado, esta Corte Constitucional advierte que la parte medular del Convenio se encuentra en sus capítulos II y III, en tanto establecen los derechos protegidos y los deberes de los Estados contratantes, que deben ser trasladados a su legislación interna y políticas gubernamentales, constituyéndose en la parte pragmática de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia".
En consecuencia, el análisis sobre la constitucionalidad del contenido del instrumento internacional in examine debe centrarse en aquellos capítulos II y III de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", con el fin de dilucidar si en tales derechos y deberes establecidos en el instrumento referido existe compatibilidad o incompatibilidad con la Norma Fundamental ecuatoriana. Ahora bien, los derechos que se reconocen en el capítulo II de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", son:
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En armonía con tales enunciados del instrumento internacional, en la Constitución de la República se garantiza el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación con razones de etnia, identidad cultural o por cualquier otra distinción en el numeral 2 del artículo 11, que prescribe:
En este orden de ideas, la Norma Fundamental ecuatoriana también desarrolla la igualdad formal y material; de esta forma:
El contenido de la igualdad formal y de la igualdad material, prescritos en el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República, fue definido por la jurisprudencia de esta Corte Constitucional, en la sentencia N.° 009-14-SIN-CC de 20 de noviembre de 2014, dentro del caso N.° 0037-12-IN, como sigue:
Aquel tratamiento igual ante la ley (igualdad formal) significa que la ley tiene que ser aplicada para todos, es decir implica la paridad de trato en la legislación y en la aplicación del derecho -igualdad en el tratamiento hacia determinadas personas en
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situaciones paritarias o idénticas-; en cambio la igualdad material se refiere en general, a que la igualdad debe traducirse en igualdad de oportunidades, para alcanzar esta igualdad de oportunidades el Estado se ve en la necesidad de recurrir a diferentes mecanismos, como son las acciones afirmativas de carácter temporal en favor de determinados grupos de la sociedad que tradicionalmente han sido discriminados.
De lo anotado, resalía que el Estado ecuatoriano, a partir de los preceptos constitucionales que constituyen la norma suprema del ordenamiento jurídico, garantiza y precautela el derecho a la igualdad de iodos los seres humanos, así como proscribe la discriminación por cuestiones raciales y étnicas.
En este punto vale resaltar que en la Constitución de la República, se erigió al Ecuador como "un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico"; en concordancia con aquello, el artículo 57 de la Norma Fundamental se enfoca en el reconocimiento y protección estatal a los pueblos indígenas, así:
Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con tos pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
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Frente a tal reconocimiento -constitucionalmente consagrado- de que en el Ecuador se garantiza la igualdad y no discriminación y se precautela la convivencia de distintas nacionalidades, culturas y pueblos, también se estableció en la Constitución de la República el siguiente deber para las ecuatorianas y los ecuatorianos:
De esta forma, a través del mandato impuesto a todas las ecuatorianas y ecuatorianos en los numerales 5, 10 y 14 del citado artículo 83, en tanto ello se enfoca a respetar, tolerar e incluir las diferencias de índole racial, étnica o cultural, el Estado provee al andamiaje legal e infra legal de una base constitucional para desarrollar y promover la igualdad y sancionar los actos de discrimen o segregación.
En este sentido, en el Código Orgánico Integral Penal promulgado el 10 de febrero de 20147; el legislador ecuatoriano trasladó al ámbito penal la prohibición de discriminación al tipificar los siguientes delitos penales basados en la intolerancia racial:
Artículo 79.- Genocidio.- La persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o político, realice cualquiera de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años:
Sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial.
4. Adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
7 Publicado en el Registro Oficial Suplemento N.° 180 de 10 de febrero de 2014
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5. Traslado forzado de niñas, niños o adolescentes, de un grupo a otro.
Artículo 80.- Etnocidio.- La persona que, de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario, será sancionada con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Artículo 87.- Apartheid.- La persona que cometa actos viólatenos de derechos humanos, perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o más grupos étnicos con la intención de mantener ese régimen, será sancionada con pena privativa de veintiséis a treinta años.
Delitos contra el derecho a la igualdad
Adicionalmente, con base en el artículo 156 de la Constitución de la República, se creó en el Ecuador la figura de los Consejos Nacionales de Igualdad, como "órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos", cuya labor se enfoca de manera principal en "la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
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relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana".
En esta línea de acciones, también se estableció en el artículo 340 de la Constitución de la República al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, como un "conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos", a la vez que prescribe como principios rectores para este Sistema a la interculturalidad y no discriminación. De forma concomitante, en el artículo 341 de la Norma Fundamental, se establece la obligación para el Estado ecuatoriano de "generar condiciones para la protección integral de sus habitantes que aseguren los derechos", lo que se enfoca primordialmente a la igualdad y no discriminación.
En consecuencia, de los preceptos constitucionales referidos en líneas anteriores se advierte que los derechos reconocidos en los artículos 2 y 3 de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", que versan concretamente sobre la igualdad y la no discriminación por razones de etnia, raza o cultura, guardan concordancia y correspondencia con el derecho a la igualdad consagrado en el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República y con el principio de la igualdad para el ejercicio de los derechos establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la Norma Fundamental ecuatoriana.
En este marco, la Constitución de la República establece formas específicas de garantizar y proteger el goce del derecho a la igualdad para todos los pueblos y culturas que conforman el Estado ecuatoriano, a la vez que proscribe constitucional y legalmente todo acto o trato que promueva la desigualdad y discriminación en razón de la etnia o raza de un ser humano.
Por otro lado, retomando el análisis del contenido de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", es menester estudiar los compromisos que adquiere el Estado ecuatoriano en atención a lo establecido en el capítulo II del instrumento internacional.
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Al respecto, el artículo 4 del Convenio establece, en sus 15 numerales, los actos y formas de discriminación e intolerancia que el Estado parte deberá prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, así:
viii. Cualquier restricción racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales aplicables y en la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, en
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especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación racial.
xiv. La restricción o limitación basada en algunos de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención, del derecho de todas las personas a acceder o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte de3 patrimonio natural de cada Estado, protegido por los instrumentos internacionales pertinentes y por su propia legislación nacional.
De los deberes del Estado enunciados en el artículo 4 de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", vale hacer especial énfasis en aquellos establecidos en los numerales ii; vi; ix y xiv, debido a la identidad de finalidad que persiguen respecto de los enunciados de la Constitución de la República que se citan a continuación:
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Artículo 19.- La 3ey regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la" toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.
En razón de lo anotado, los compromisos que la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia" establece para los Estados parte, se encuentran consagrados en la Constitución de la República del Ecuador o son afines a los deberes y obligaciones que el Estado ecuatoriano debe observar en razón de los enunciados y principios contemplados en la Norma Fundamental.
Por todo lo anterior, esta Corte Constitucional arriba a la conclusión que la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y
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Formas Conexas de Intolerancia" no contempla contradicción o incompatibilidad alguna respecto a lo prescrito en la Constitución de la República sobre el derecho a la igualdad y las garantías de respeto a los derechos para todos los seres humanos sin distinción de raza, etnia o identidad cultural, en relación con las garantías de no discriminación.
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente:
Declarar que la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia", adoptada el 5 de junio de 2013, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, requiere aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los supuestos previstos en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República.
Declarar que las disposiciones contenidas en la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia" son compatibles con la Constitución de la República, en consecuencia de lo cual, esta Corte Constitucional expide dictamen favorable del mismo.
Notificar al presidente constitucional de la República con el presente dictamen, a fin que se lo haga conocer a la Asamblea Nacional.
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4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñaría Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia del juez Manuel Viteri Olvera, en sesión del 18 de julio del 2018. Lo certifico.
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CASO Nro. 0021-17-TT
RAZÓN.- Siento por tal, que el dictamen que antecede fue suscrito por el señor Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 09 de agosto del dos mil dieciocho.- Lo certifico.
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RESUMEN CAUSA No. 0023-18-IN
En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 08 de agosto del 2018, a las 16h28 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:
LEGITIMADO ACTIVO: Manuel Muñoz Araque y Fernando Ríos Quiroz, presidente y secretario de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador.
CASILLA JUDICIAL: 3546 y 061
CORREOS ELECTRÓNICOS: ernestop@defensoria.gob.ec; boletaspichincha@defensoria.gob.ec; jjiménez@defensoria.gob.ec; confederacionjubilados@holmail.com;
LEGITIMADOS PASIVOS: presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Procurador General del Estado.
Artículos 1: 3 numeral 1; 11 numeral 9; 85 numeral 1; y, 370 de la Constitución de la República del Ecuador.
PRETENSIÓN JURÍDICA: Solicita se declare la inconstitucionalidad de: "el artículo 3 de la Resolución No, C.D. 501 del Consejo Directivo del IESS del 13 de noviembre de 2015, de acuerdo a lo que determina los artículos 74 y 75.1.d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional".
LO CERTIFICO.- Quito D.M., 29 de agosto del 2018, a las 12:30.
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References: artículo 195
 artículo 29
 artículo 419
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 11

Artículo 19

Artículo 46

Artículo 57

Artículo 66

Artículo 83

Artículo 158

Artículo 230

Artículo 261

Artículo 331

Artículo 340

Artículo 341

Artículo 393

Artículo 416

Artículo 419

Artículo 422

Artículo 438

Artículo 11

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 107
 artículo 82
 artículo 417
 Artículo 108
 artículo 438
 artículo 107
 Artículo 429
 artículo 120
 artículo 419
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 11
 artículo 66
 artículo 57

Artículo 57
 artículo 83

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 87
 artículo 156
 artículo 340
 artículo 341
 artículo 66
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4

Artículo 19
 artículo 419
 artículo 80
 artículo 3
 Resolución