Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510449.html
Timestamp: 2019-03-25 14:02:59+00:00

Document:
as201510449
AUTO SUPREMO Nº 449/2015-RRC
Expediente : Santa Cruz 19/2015
Parte Imputada : Gregorio Zambrana Rojas
Por memorial presentado el 3 de febrero de 2015, cursante de fs. 325 a 328, Gregorio Zambrana Rojas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 30 de 22 de diciembre de 2014, de fs. 318 a 322 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 55 con relación al art. 76 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 14/2014 de 14 de agosto (fs. 280 a 287), el Tribunal de Sentencia de Buena Vista del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Gregorio Zambrana Rojas, autor y culpable de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 55 con relación al art. 76 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de seis años de presidio.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 294 a 303 vta.), resuelto por el Auto de Vista 30 de 22 de diciembre de 2014 (fs. 318 a 322 vta.), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación interpuesto por Gregorio Zambrana Rojas, y del Auto Supremo 213/2015-RA de 31 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):
Denuncia el recurrente que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación y motivación, situación que constituye a la vez una incongruencia omisiva y la correspondiente violación de los arts. 398, 124, 370 inc. 5), 169 inc. 3) del CPP, como defecto absoluto; por cuanto en su apelación restringida fundamentó ampliamente los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 4) y 5) del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada, se limitó a señalar de manera muy subjetiva que la Sentencia se encuentra debidamente fundamentada ya que contiene la relación del hecho histórico y fáctico; y realizó un análisis in extenso respecto a la actividad desarrollada en juicio, realizando una especie de deducción de los elementos de pruebas desarrollados, sin otorgar respuesta clara y específica sobre los puntos denunciados en la apelación restringida, vulnerando así su derecho a la defensa, al debido proceso y de recurrir.
En la misma línea de denuncia, señala que el Auto de Vista incurrió en una serie de errores procedimentales y que apartándose de las reglas de congruencia que debe existir entre los puntos de la apelación y la resolución que se espera, se fundamentó en criterios doctrinarios del delito de complicidad en general y no en los aspectos que fueron motivos de la apelación restringida, constituyéndose en defecto absoluto, previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP. Situación que, además, de afectar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, resulta ser contradictoria a lo establecido en los Autos Supremos 73/2013-RRC de 19 de marzo, 348/2013-RRC de 24 de diciembre y 215 de 28 de junio de 2006.
Solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, estableciendo la doctrina legal aplicable.
Mediante Auto Supremo 213/2015-RA de 31 de marzo, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente al observarse los requisitos de admisiblidad.
Concluida la audiencia de juicio oral el Tribunal de Sentencia de la Provincia de Ichilo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Sentencia 14/2014 de 14 de agosto, teniendo como base a todas las pruebas desfiladas en juicio oral y como hecho probado que el 14 de febrero de 2013, por inmediaciones de la tranca de San Juan de Palometrillas a horas 00:15 a.m. se aproximó un vehículo Toyota conducido por Elvio Guillen Maldonado, acompañado de tres personas, una de ellas era una menor que se encontraba en el asiento trasero junto a su padre Gregorio Zambrana Rojas, quien en voz alta llamó a la policía, señaló que le querían robar a su hija, haciendo parar el motorizado el policía, pidió que baje el imputado con su niña, quien portaba una mochila y ante la pregunta de qué llevaba, el imputado se dio a la fuga internándose en el monte dejando a su hija, entonces el policía cuando hizo la revisión de la mochila encontró en su interior una bolsa nylon que contenía una sustancia blanquecina, dando parte inmediata a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR). En horas siguientes el imputado retornó por inmediaciones del retén y fue arrestado. Cuando llegaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se procedió a la prueba de narco test de la sustancia encontrada que dio como resultado positivo para cocaína, con un peso de 3.570 gramos.
El Tribunal de juicio señaló que se tiene demostrado que Gregorio Zambrana Rojas, fue cómplice en el Transporte de la Sustancia Controlada, pues admitió que recibió la mochila para transportar la misma y que fue utilizado por otras personas, por lo que se considera víctima. Concluyó que el imputado sabía que se trataba de sustancia controlada y prestó su colaboración para transportarla.
Fundamentó jurídicamente que la conducta del imputado se subsumió en el delito de Complicidad de acuerdo al art. 76 de la Ley 1008 en relación al art. 23 del Código Penal (CP), al haber aceptado voluntariamente los riesgos de cooperar para transportar una mochila con cocaína y que se le iba a pagar una suma de dinero a cambio de llevar la mochila a Montero; consecuentemente, lo declaró autor del delito de Complicidad en el Transporte de Sustancia Controlada, previsto y sancionado por los arts. 55 con relación al 76 de la Ley 1008, condenándole a la pena de seis años de presidio, la multa de Bs. 2000.- (dos mil bolivianos) a razón de Bs. 2.- por día, el pago de costas y gastos ocasionados al Estado.
Notificado con tal determinación, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 318 a 322 vta.), en el que planteó lo siguiente: i) Saneamiento de oficio, por vulnerarse los derechos constitucionales, previstos en los arts. 115, 116, 117, 118 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 1, 5, 6, 12, 13, 71 del CPP, que son defectos absolutos, ya que el Tribunal de Sentencia tomó como fundamento para condenar su intervención en el juicio cuando participó utilizando la última palabra; pudiendo haber considerado el Tribunal de juicio sólo las pruebas producidas en juicio y no concluir “que es el mismo acusado quien les da los elementos de prueba de convicción mediante la utilización de la última palabra…” (sic), al haber ejercido solamente su derecho constitucional. Pidió que dichos defectos sean corregidos de oficio en razón del art. 17 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); ii) Inobservancia o errónea aplicación de ley sustantiva, defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por la inobservancia de los arts. 55 y 76 de la Ley 1008, al no demostrar el Tribunal de Sentencia los hechos o la relación fáctica para constituir la adecuación al tipo penal acusado, al precisarse para dicha configuración que el acto debió ser doloso y evidenciar la cooperación en el hecho ilícito endilgado, lo cual no fue acreditado por el Ministerio Público, constituyendo defectos absolutos no convalidables; asimismo, no se señaló el tipo penal acusado con pruebas contundentes que otorguen certeza de la cooperación dolosa de parte del apelante, limitándose los juzgadores a interpretar simplemente su última declaración -que es medio de defensa- como elemento de prueba para fundar la sentencia condenatoria, y ante la existencia de duda sobre su responsabilidad debió ser aplicada la Sentencia a su favor; iii) Que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, defecto previsto en el art. 370 inc. 4) de la norma adjetiva penal, al basar la decisión de la condena en el informe del asignado al caso, utilizando además su declaración a momento de realizar la última palabra, el cual es un medio de defensa; fundamentándose la determinación de la Sentencia en las pruebas que no fueron debidamente obtenidas, ni producidas en juicio oral, por no corroborar el informe con la declaración del policía investigador; y, iv) Ausencia de fundamentación de la Sentencia, defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que carece de fundamentación por parte la defensa, siendo contradictoria, sin hacer mención al valor que otorgó a cada una de las pruebas judicializadas; asimismo, se tiene una ausencia de fundamentación jurídica, ello vulneró sus derechos y garantías constitucionales, siendo un defecto absoluto.
Radicado el recurso ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se emitió el Auto de Vista 30 de 22 de diciembre de 2014, que fundamentó:
i) “…en cuanto al saneamiento del proceso, debemos indicar que no es cierto ni evidente que el Tribunal se haya basado en la declaración del imputado, ya que la misma sentencia hace alusión a la consideración de otros medios de prueba que fueron relevantes para la consumación del delito de complicidad en transporte de sustancias controladas, previsto en el Art. 55 y 76 de la Ley 1008, por lo que no se ha incurrido en defecto absolutos como argumenta el recurrente…” (sic).
ii) Luego del desarrollo doctrinal de la complicidad, refieren los Vocales que la conducta del imputado se subsumió al tipo penal previsto en los arts. 55 y 76 de la Ley 1008, al haberse dirigido su conducta a una meta planificada. En su declaración informativa inicial refirió el imputado que una persona NN le pidió que lleve una mochila desde Yapacani hasta Santa Cruz en el mismo vehículo que conducía su amigo, quien aceptó llevar la misma, además argumentó que le habían amenazado con un arma de fuego por lo que pidió ayuda a la Policía, habiéndose determinado por las investigaciones que incurrió en el ilícito endilgado al haber ayudado, cooperado y facilitado a la consumación del delito de Transporte, ratificando que la complicidad se dio porque manifestó el imputado que la droga era de su amigo quien conducía el vehículo, siendo entonces este el autor y el imputado el cómplice.
iii) Sobre la valoración defectuosa de la prueba, no se incurrió en dicho defecto al haberse cumplido a cabalidad conforme disponen los arts. 124, 171 y 173 del CPP, demostrándose que la prueba presentada por el Ministerio Público generó la convicción plena de la responsabilidad del imputado en el ilícito de Complicidad del Transporte de Sustancias Controladas. El imputado fue aprehendido en flagrancia quien tuvo pleno conocimiento de la ilegalidad del transporte de la mochila, que este hecho ilegal fue descubierto por la intervención oportuna de los policías, habiendo incurrido a sabiendas de la gravedad de su acción. Respecto a la objeción a las pruebas de cargo, la prueba inicial y gravitante es la científica que es la prueba de campo o narco test, ratificada por la prueba pericial, esta fue introducida y judicializada por su lectura; asimismo, sobre el informe elaborado por el asignado al caso quien vivió los hechos otorgándosele total grado de confiabilidad, al haber esclarecido en gran medida los hechos juzgados; además “...se establece que el Tribunal inferior no ha basado su fallo exclusivamente en el informe del policía asignado al caso que fue observado por el recurrente, sino en el conjunto de pruebas aportadas por el Ministerio Público…” (sic), tomando en cuenta lo establecido en los arts. 360, 361 y 365 de la norma adjetiva penal. También el art. 333 del CPP, refiere que la denuncia, la prueba documental, los informes y las actas de reconocimiento, registro o inspección practicadas conforme a ley, podrán ser incorporadas al juicio por su lectura, aspecto que fue tomado en cuenta por el Tribunal de juicio, siendo inexistente el defecto de sentencia denunciado.
iv) Sobre la falta de fundamentación inmersa en el art. 370 inc. 5) del CPP, se considera que la Sentencia condenatoria contiene los motivos de hecho y de derecho sobre los que basó sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, además de existir una relación histórica y correctamente acreditada en juicio, conocida como fundamentación fáctica. También la Sentencia se basó en hechos existentes y debidamente acreditados, habiéndose valorado las pruebas tanto de cargo como de descargo en el juicio contradictorio y conforme a los criterios de la sana crítica, relacionando los actos de investigación, los elementos de prueba recolectados en la etapa preliminar y preparatoria, la introducción a juicio oral de las mismas, verificando que estas se relacionan con la conducta del imputado.
Consiguientemente, el Tribunal de alzada declaró admisible e improcedente el recurso planteado.
En el presente caso, denuncia el recurrente la falta de fundamentación del Tribunal de alzada de los motivos planteados en su apelación restringida, incurriendo con ello en omisión de pronunciamiento, y vulneración del derecho a la defensa, el debido proceso y el derecho de recurrir, lo cual contradice la doctrina legal aplicable.
Por lo cual, previo a desarrollar el análisis del caso es preciso establecer en el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal, el entendimiento sobre las temáticas de la falta de fundamentación e incongruencia omisiva.
III.1. Fundamentos jurídicos y doctrinales sobre la incongruencia omisiva, la falta de fundamentación y cuál su diferencia.
Ahora bien, en relación a la debida fundamentación, en base a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino sea clara, concisa y responda a todos los puntos denunciados.
Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, para llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, en vulneración los derechos al debido proceso y debida fundamentación.
Entonces, queda clara la diferencia entre lo que se debe comprender por falta de fundamentación y lo que significa incongruencia omisiva en apelación; si bien, ambos agravios vulneran el art. 124 del CPP, el primero, concurre cuando la respuesta de parte del Tribunal de alzada a los cuestionamientos planteados por el apelante, incumple con los parámetros esenciales de ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; en cambio, la omisión de pronunciamiento o fallo corto, se presenta cuando el Tribunal de alzada, no se pronuncia positiva ni negativamente sobre los cuestionamientos apelados. Esta distinción es vital, toda vez que no es posible atender el reclamo en un recurso de casación confundiendo estos dos agravios totalmente diferentes, de incurrirse en ese error, el reclamo será rechazado.
Estos fundamentos fueron establecidos como línea de razonamiento doctrinal de este Tribunal mediante el Auto Supremo 342/2014-RRC de 18 de julio y que fue establecido como doctrina legal aplicable en el Auto Supremo 394/2014-RRC de 18 de agosto.
En el presente caso, denuncia el recurrente que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación y motivación, situación que constituye a la vez una incongruencia omisiva, ya que en su apelación restringida reclamó sobre los defectos de la Sentencia establecidos en los arts. 370 incs. 1), 4) y 5) de la norma adjetiva penal; sin embargo, el Tribunal de alzada, no otorgó respuesta clara y específica sobre los puntos denunciados en su apelación, vulnerando de esta manera los arts. 398, 124, 370 inc. 5), 169 inc. 3) del CPP; e infringiendo su derecho a la defensa, al debido proceso y de recurrir. Asimismo, los Vocales se apartaron de las reglas de congruencia fundamentando su decisión en criterios doctrinales sobre la complicidad y no en aspectos que fueron motivos de la apelación restringida. Aspecto contradictorio a lo establecido en los Autos Supremos 73/2013-RRC de 19 de marzo, 215 de 28 de junio de 2006 y 348/2013-RRC de 24 de diciembre.
El primer precedente invocado, Auto Supremo 73/2013-RRC de 19 de marzo, estableció la doctrina legal en sentido que: “Una vez desarrollado el acto de juicio oral y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia, en observancia del derecho al debido proceso, en su vertiente de debida fundamentación de toda resolución judicial, deberá emitir la Sentencia que corresponda, a través de una resolución debidamente motivada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad, precisión y en términos positivos; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta, esto implica que en la Sentencia debe dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de la prueba, así como su relevancia o no; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, esto es la labor, a partir de los hechos estimados probados, de adecuar o no el hecho al presupuesto normativo aplicable; y, en caso de optarse por la responsabilidad del imputado, la determinación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP”.
El segundo Auto Supremo 215 de 28 de junio de 2006, estableció la doctrina legal aplicable fundamentando que: “En el caso de Autos el Tribunal de alzada al anular en su totalidad la sentencia y disponer el reenvío al Tribunal de Sentencia Nº 1 incurre en defecto absoluto insalvable porque incurre en `error injudicando´ al no tomar en cuenta el delito de transporte de sustancias controladas inmerso en el artículo 48 de la Ley Nº 1008 en el entendido de que el Tribunal de Sentencia al haber condenado a los imputados por el delito de transporte de sustancias controladas habiendo sido estos acusados por el delito de tráfico de sustancias controladas incurrirían en violación al Derecho a la Defensa y a la garantía constitucional del `debido proceso´ en perjuicio de los imputados, sin tomar en cuenta que el delito de transporte de sustancias controladas se encuentra inmerso en el artículo 48 de la Ley Nº 1008 que corresponde al delito de tráfico, por lo que el Tribunal de Sentencia al condenar a los imputados por el delito de ‘trasporte’ simplemente hace uso de los principios penales de `especificidad´ y `favorabilidad´ porque este tipo penal contiene una sanción menor al de tráfico, lo contrario significaría pensar que los imputados reclamaron en el recurso de apelación restringida ser condenados por el delito de `tráfico de sustancias controladas´ con una condena mayor y no por el delito de `transporte de sustancias controladas´, lo que es contraproducente e ilógico”.
Finalmente sobre el Auto Supremo 348/2013-RRC de 24 de diciembre, su primer motivo esencialmente consistió que ante la denuncia de omisión de pronunciamiento del Tribunal de alzada sobre todos los aspectos que fueron materia de impugnación, determinó que efectivamente, el primer reclamo del imputado no fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de apelación y sobre el segundo reclamo no se dio cumplimiento con la previsión del art. 124 del CPP, al no estar la respuesta del Tribunal Departamental suficientemente motivada, pues su afirmación debe contener un mínimo de explicación atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión esté debidamente motivada.
Ahora bien, de la denuncia del recurrente y el contenido de los precedentes invocados como contrarios a la decisión judicial departamental, debe precisarse conforme se estableció en el apartado III.1. de esta Resolución que no debe confundir el denunciante entre la falta de fundamentación con la incongruencia omisiva, ya que ambos aspectos si bien son parecidos, presentan una marcada diferencia, teniendo el primero una respuesta, pero que carece de la debida fundamentación y la segunda no tiene respuesta alguna, omitiéndose otorgar la solución al requerimiento planteado; consiguientemente, de la lectura del recurso se deduce que se denunció la falta de fundamentación en la que incurrió el Tribunal de alzada, por no responder a las denuncias planteadas en su apelación restringida conforme establecen los arts. 398 y 124 del CPP, invocando para ello los Autos Supremos precedentemente identificados respecto a su doctrina legal aplicable.
Así, del análisis del primer precedente invocado, se tiene que la problemática procesal está referida a que la resolución emitida en forma posterior a la audiencia de juicio oral, debe estar debidamente motivada conteniendo los elementos de fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, suponiendo la certeza de los hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados; mientras que en el presente caso el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no fundamentó conforme establecen los arts. 398 y 124 del CPP a lo planteado en su apelación restringida; lo que supone, la concurrencia de un hecho procesal diferente en cuanto a la ausencia de fundamentación, toda vez que la Resolución invocada está orientada a la falta de fundamentación emergente de la sentencia respecto a elementos que debe contener posterior al juicio oral desarrollado; y el segundo apunta a la decisión del Tribunal de apelación que no fundamentó su decisión respecto a los puntos reclamados en apelación restringida. Consecuentemente, al no ser hechos similares tampoco el sentido jurídico asignado al Auto Supremo 73/2013-RRC de 19 de marzo, difiere de la Resolución impugnada, al ser la norma inaplicada el art. 124 del CPP; asimismo, el alcance resultaría distinto, ya que la Resolución invocada deviene del juicio oral que deriva en una falta de fundamentación de la sentencia y la problemática actual a la carencia de fundamentación del Auto de Vista impugnado que es emergente de la apelación restringida; esto demuestra, que no son hechos similares, ni que la aplicabilidad de la norma contenida en el Auto de Vista recurrido tenga el mismo sentido jurídico a la doctrina legal invocada.
En relación al segundo precedente judicial invocado como contradictorio, está referido a una temática de anulación de la sentencia determinada por el Tribunal de alzada, incurriendo en error in iudicando al no tomar en cuenta que el acusado al haber sido juzgado por el delito de Transporte de Sustancias Controladas y absuelto no consideró que dicha conducta se encontraba inmersa en el art. 48 de la Ley 1008 que es el Tráfico; dicha temática procesal no es similar a la problemática actual relacionada a la ausencia de fundamentación que está inmersa en el art. 124 del CPP, al no haberse dado respuesta fundada a todos los puntos apelados; lo que implica hechos procesales distintos, ya que el primero está referido a un aspecto sustantivo de subsunción de la conducta desplegada por el acusado al tipo penal correspondiente, error in iudicando, en cambio el segundo está relacionado a una norma de procedimiento que es la incorrecta aplicación de la norma procesal por no haber fundamentado debidamente el Tribunal de apelación a los aspectos que fueron cuestionados sobre la sentencia; a esto se suma que el sentido jurídico es distinto, uno está orientado a la correcta aplicación del art. 48 de la Ley 1008 y el otro a la supuesta inaplicabilidad del art. 124 del CPP; lo que denota que el Auto Supremo 215 de 28 de junio 2006, no es contrario a la Resolución de alzada recurrida de casación.
Sobre el tercer precedente invocado, Auto Supremo 348/2013-RRC de 24 de diciembre, la primera denuncia en su problemática procesal está orientada a que ante la denuncia de omisión de pronunciamiento del Tribunal de alzada sobre los puntos apelados, determinó el Tribunal de casación dejar sin efecto ya que el reclamo del imputado no mereció una respuesta; en cambio, el reclamo en el motivo denunciado se orienta a la ausencia de la debida fundamentación del Tribunal de apelación; lo cual deviene en un hecho procesal totalmente diferente; porque el primero está vinculado al vicio de incongruencia omisiva que concurre cuando ante la petición de la parte en la resolución emitida no existe ningún pronunciamiento a dicho reclamo; en cambio, la segunda está dirigida a la existencia previa de una respuesta que carece de una debida fundamentación, cual es el reclamo presente del recurrente. Ahora bien, el sentido jurídico asignado en la resolución invocada tiene una orientación diferente al reclamo presente, ya que se aplicó una norma con distinto alcance, respecto al art. 124 del CPP, el primero relacionado a la incongruencia omisiva y el segundo a la ausencia de fundamentación; lo que refleja que no son hechos similares, ni que la aplicabilidad de la norma jurídica inserta en el Auto de Vista recurrido tiene sentido distinto al primer motivo de la Resolución judicial invocada.
Sin embargo, sobre el segundo motivo de este precedente invocado, el reclamo del apelante señaló que pese a la apelación restringida presentada en contra de la sentencia por la falta de fundamentación, el Tribunal de casación determinó que la respuesta del Tribunal de apelación no estuvo suficientemente motivada y no respondió a lo reclamado por el imputado, ya que la afirmación desplegada debe contener un mínimo de explicación atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables; consecuentemente, esta Resolución Judicial invocada como contradictoria respecto a la carencia de fundamentación de parte del Tribunal de apelación en la decisión asumida será considerada para el análisis de fondo del presente recurso.
Conocida la denuncia planteada y el Auto Supremo sujeto al análisis sobre la falta de fundamentación en que hubiere incurrido el Tribunal de alzada, corresponde ingresar a su análisis de fondo, a partir de los puntos cuestionados en apelación restringida, para luego constatar con la respuesta del Tribunal de apelación y verificar si esta estuvo debidamente fundamentada.
En ese sentido, se verifica que el recurrente en apelación restringida denunció contra la Sentencia los siguientes cuatro aspectos: i) Saneamiento de oficio, al haber utilizado como fundamento para condenarlo la intervención en el juicio oral de la última palabra, señalando el Tribunal de Sentencia: “que es el mismo acusado quien les da los elementos de prueba de convicción mediante la utilización de la última palabra…” (sic); sin embargo, solamente ejerció su derecho constitucional, siendo una vulneración a sus derechos y garantías constitucionales; ii) Inobservancia o errónea aplicación de ley sustantiva, defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por la inobservancia de los arts. 55 y 76 de la Ley 1008, por no demostrarse los hechos o la relación fáctica para constituir la adecuación al tipo penal acusado, tampoco el dolo mediante pruebas, ni la cooperación, lo que constituye defectos absolutos; iii) Que se basó en medio o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, defecto previsto en el art. 370 inc. 4) de la norma adjetiva penal, al fundar la decisión de la condena en el informe del asignado al caso que no fue corroborado con su testifical y utilizar la declaración del imputado a momento de realizar la última palabra; en consecuencia, al basarse en pruebas que no han sido debidamente obtenidas ni producidas en juicio oral; y, iv) Ausencia de fundamentación de la sentencia; defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por carecer de fundamentación de la defensa, al ser contradictoria, por no dar valor a cada una de las pruebas judicializadas y no existir la fundamentación jurídica; vulnerando con ello sus derechos y garantías constitucionales.
Ante estos planteamientos, el Tribunal de alzada respondió en los siguientes términos: a) Sobre el saneamiento del proceso: “…que no es cierto ni evidente que el Tribunal se haya basado en la declaración del imputado, ya que la misma sentencia hace alusión a la consideración de otros medios de prueba que fueron relevantes para la consumación del delito de complicidad en transporte de sustancias controladas, previsto en el Art. 55 y 76 de la Ley 1008…” (sic), por lo cual no se incurrió en ningún defecto absoluto; b) Desarrollando doctrinalmente la temática de complicidad, señaló que la conducta del imputado se subsumió al tipo penal previsto en el art. 55 y 76 de la Ley 1008, al dirigir el imputado su conducta a una meta planificada. Extracta de la declaración informativa inicial que el imputado refirió que una persona NN le pidió que lleve una mochila desde Yapacani hasta Santa Cruz, -en el mismo vehículo que conducía su amigo-, aceptó llevar la misma; asimismo, argumentó que fue amenazado con un arma de fuego, pidiendo ayuda a la Policía, determinándose de todas las investigaciones que incurrió en el ilícito endilgado al haber ayudado, cooperado y facilitado para la consumación del delito de Transporte, reiterando los vocales que la complicidad se dio porque manifestó el imputado que la droga era de su amigo quien conducía el vehículo, siendo entonces este el autor y el imputado el cómplice; c) Sobre la valoración defectuosa de la prueba, se cumplió con la previsión de los arts. 124, 171 y 173 del CPP, demostrándose la responsabilidad del imputado en la comisión del ilícito endilgado que es la Complicidad en el Transporte de Sustancias Controladas, al haber sido detenido el imputado en flagrancia, quien tuvo conocimiento de la gravedad de sus actos. La prueba inicial y gravitante es la científica que es la prueba de campo o narco test, ratificada por la prueba científica que demostró que la sustancia encontrada en la mochila correspondía a una sustancia controlada, esta prueba fue introducida y judicializada por su lectura; también, en relación al informe elaborado por el asignado al caso, quien vivió los hechos y se le otorgó todo grado de confiabilidad, habiendo esclarecido en gran medida los hechos juzgados; de igual manera, estableció que el Tribunal de juicio no basó su fallo exclusivamente en el informe del policía asignado al caso que fue observado por el recurrente, sino en el conjunto de pruebas aportadas por el Ministerio Público, considerando lo establecido en los arts. 360, 361 y 365 de la norma adjetiva penal. A esto se añade que el art. 333 del CPP, refiere que los informes y otros actos practicados conforme a ley, pueden ser incorporados al juicio por su lectura, aspecto tomado en cuenta por los juzgadores, no siendo evidente el defecto denunciado; y, d) Sobre la falta de fundamentación inmersa en el art. 370 inc. 5) del CPP, el Tribunal de alzada encontró en la Sentencia los motivos de hecho y de derecho en los que basó sus decisiones y el valor que otorgó a los medios de prueba, también la fundamentación fáctica con la relación histórica que fue acreditada en juicio; asimismo, la Sentencia se basó en hechos existentes y debidamente acreditados, siendo valoradas todas las pruebas del juicio conforme a los criterios de la sana crítica; relacionando los actos de investigación, los elementos de prueba recolectados en la etapa preliminar y preparatoria, la introducción a juicio oral de las mismas, verificando que todas se relacionan con la conducta del imputado.
De lo anterior se comprende que el Tribunal de alzada respondió a cada uno de los puntos acusados en apelación restringida, cumpliendo con los parámetros exigidos conforme la doctrinal legal aplicable establecida en los Autos Supremos: 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, al ser la resolución expresa, clara, completa, legítima y lógica; de ello se infiere el planteamiento erróneo del recurso de casación interpuesto por el recurrente.
En efecto, estos parámetros fueron cumplidos por el Tribunal de alzada, al ser la Resolución impugnada expresa, clara, completa, legítima y lógica:
Expresa, porque ante el primer reclamo de la apelación restringida de saneamiento de oficio, fundamentaron los Vocales que no fue tomado solamente en cuenta la declaración del imputado sino que el Tribunal de juicio consideró otros medios de prueba importantes para terminar la responsabilidad del imputado en el delito de Complicidad del Transporte de Sustancias Controladas; en relación a la segunda denuncia, del defecto de sentencia establecido en el art. 310 inc. 1) de la norma adjetiva penal, sobre los arts. 55 con relación al 76 de la Ley 1008, consideró el Tribunal de alzada que la Sentencia determinó en base a todas las investigaciones que el imputado incurrió en el ilícito endilgado al haber ayudado, cooperado y facilitado así la consumación del delito de Transporte de Sustancias Controladas, ratificando además que la complicidad se produjo al haber manifestado el imputado que la droga era de su amigo quien conducía el vehículo, siendo entonces este el autor y el imputado el cómplice; lo cual evidencia que el Tribunal de alzada no incurrió en el defecto denunciado identificando cual el hecho fáctico acusado y demostrado en juicio oral; sobre la tercera denuncia, del defecto de sentencia establecido en el art. 370 inc. 4) del CPP, de la mala valoración por condenar al imputado con el informe del asignado al caso, que no fue corroborado con su misma declaración y con la del imputado a momento de pronunciarse con la última palabra, el Tribunal de alzada argumentó que no existe dicho defecto denunciado, toda vez que la prueba inicial consistente en la prueba de campo o narco test fue corroborada científicamente con la prueba de laboratorio que reafirmó la prueba inicial; además que al informe elaborado por el asignado al caso, se le otorgó todo grado de confiabilidad, quien esclareció los hechos juzgados, basándose los juzgadores para dictar la Sentencia aparte del informe del policía asignado al caso, el conjunto de pruebas aportadas por el Ministerio Público, cumpliendo de esta manera la previsión de los arts. 360, 361 y 365 del CPP; asimismo, el art. 333 de la citada norma adjetiva refiere que los informes pueden ser incorporados al juicio por su lectura, aspecto que observó el Tribunal de Sentencia; y, del cuarto reclamo, sobre la falta de fundamentación de la sentencia, el Tribunal de apelación sustentó su decisión en sentido que la Sentencia basó su decisión en fundamentos de hecho y de derecho, y sobre el valor que se otorgó a los medios de prueba conforme a los criterios de la sana crítica, constatándose la existencia de la fundamentación fáctica, basándose la Sentencia en hechos existentes y debidamente acreditados; esta afirmación desplegada por los Vocales es coherente con la Sentencia, de la cual se evidencia que se consideró las pruebas tanto de cargo como de descargo en el punto IX titulado, “valoración de la prueba” (sic); asimismo, sobre la fundamentación jurídica extrañada, esta se encuentra claramente explicada en el punto X, “fundamentación jurídica” (sic); por lo cual el reclamo del recurrente carece de sustento.
Clara, ya que en relación al primer reclamo de la apelación restringida, la respuesta otorgada por los Vocales no deja lugar a dudas sobre cuál el fundamento otorgado a la cuestionante del apelante, refiriendo que además de la declaración del imputado el Tribunal de juicio consideró otros elementos de prueba para establecer su culpabilidad; sobre el segundo, el razonamiento desplegado por los Vocales es clara y no existe dudas que el defecto denunciado es inexistente, al haberse demostrado los elementos fácticos que establecen la correcta subsunción de la conducta del imputado en el ilícito sentenciado, estableciendo de qué manera cooperó para la realización del Transporte de Sustancias Controladas; del tercer interrogante, la contestación del Tribunal de apelación a la denuncia fue comprensible, no dejando lugar a dudas sobre los alcances de su decisión, señalando que la toma de declaración del asignado al caso tiene total validez y no fue el único elemento probatorio tomado en cuenta para la decisión; y, sobre la cuarta denuncia, el razonamiento de los Vocales en la resolución de apelación es comprensible y no precisa mayor análisis, ya que se denota de su respuesta que el Tribunal de juicio efectuó una correcta fundamentación.
Completa, toda vez que ante el primer reclamo, la respuesta del Tribunal de alzada no sólo abarca el aspecto fáctico que fue, que la Sentencia se basó en la declaración y otros medios de prueba para endilgar la responsabilidad del imputado, sino el legal al explicar fundadamente su respuesta, cumpliendo así la previsión del art. 124 del CPP; del segundo reclamo, el Tribunal Departamental identificó los hechos acusados y demostrados en juicio oral, aplicando de manera correcta no únicamente el hecho sino el derecho a la problemática llevada a su conocimiento controlando que la Sentencia adecuó como es debido la conducta del imputado en el ilícito de los arts. 55 relacionado al 76 de la Ley 1008; sobre la tercera denuncia, el Tribunal de apelación explicó -controlando la Sentencia- abarcando los hechos porqué la declaración del asignado al caso tenía validez y que no ameritaba fuera a declarar, de acuerdo al art. 333 del CPP, y que la Sentencia no se basó en una sola prueba sino en el conjunto de los elementos probatorios, conforme establece los arts. 360, 361 y 365 de la Norma Adjetiva Penal citada; y, sobre la cuarta cuestionante, la decisión asumida por el Tribunal de apelación en relación a la Sentencia conforme precisó estaría basada en hechos y derecho respecto al reclamo del apelante, identificando plenamente la fundamentación fáctica en la Sentencia; y respecto a la fundamentación jurídica, si bien el Tribunal de alzada no relata en este punto, pero se encuentra desplegado dicho razonamiento jurídico en el segundo punto, además que como se señaló en la Sentencia cabalmente se encuentra en el acápite X de fundamentación jurídica extrañada por el recurrente.
Legítima, porque en relación a la primera denuncia, el Tribunal de alzada se basó en la determinación realizada por el Tribunal de juicio, quien asumió que aparte de la declaración del imputado se tomó en cuenta otros medios de prueba, lo que denota que las pruebas fueron legales y válidas; del segundo reclamo, según la respuesta del Tribunal de apelación, sí existió una meta planeada conforme se desprende de la declaración inicial del imputado y de todas las investigaciones, habiendo el imputado ayudado, cooperado y facilitado como cómplice en el delito de Transporte, dicha complicidad se produjo al señalar el imputado que la droga era de su amigo, conductor del vehículo; de la tercera cuestionante, el Tribunal de alzada al emitir pronunciamiento lo hizo tomando en cuenta que la Sentencia se basó en todo el conjunto de elementos de prueba para la decisión final y no sólo en una declaración, además de que las pruebas fueron incorporadas legalmente a juicio.
Lógica, ya que ante el primer reclamo del apelante, la respuesta otorgada por el Tribunal de apelación fue coherente, conteniendo en ella las reglas de la sana crítica; en la segunda denuncia, el criterio esbozado por el Tribunal de apelación respeta las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica, toda vez que por la cooperación realizada en el ilícito de transporte se habría establecido la responsabilidad de imputado en el ilícito endilgado; del tercer interrogante, la devolución del Tribunal Departamental a la petición efectuada por el apelante respeta los criterios transversales de la correcta motivación además de ser coherente; y, de la cuarta cuestionante, la decisión asumida por los Vocales sobre este motivo fue coherente, respetando las reglas de la sana crítica, la experiencia y la psicología.
Por todo lo referido se advierte que el Tribunal de apelación dio cumplimiento a la previsión del art. 124 del CPP y a la doctrina legal aplicable de este Tribunal, que estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; en sentido de que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; consiguientemente, se evidencia que no existe contradicción del Auto de Vista impugnado con la Resolución judicial invocada como precedente, y la ausencia de vulneración de derechos a la defensa, al debido proceso y de recurrir, deviniendo el presente recurso en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gregorio Zambrana Rojas.

References: resolución 
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 artículo 48
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