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Timestamp: 2017-12-12 00:42:39+00:00

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Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en lo relativo al reembolso del coste de las garantías prestadas para suspender la ejecución de las deudas tributarias y al régimen de actuaciones de la inspección de los tributos y se adapta a las previsiones de dicha Ley el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
B.O.E. Nº 40 de 16/02/2000
Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, en lo relativo al reembolso del coste de las garantÃ­as prestadas para suspender la ejecuciÃ³n de las deudas tributarias y al rÃ©gimen de actuaciones de la inspecciÃ³n de los tributos y se adapta a las previsiones de dicha Ley el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
La plena implantaciÃ³n de los derechos y garantÃ­as contenidos en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, requiere, en algunos casos, la adecuaciÃ³n a los mismos de los principales textos reglamentarios en materia de procedimiento tributario, asÃ­ como el desarrollo de las cuestiones que la propia Ley remite al Ã¡mbito reglamentario.
A responder a esta necesidad, de completar el desarrollo normativo de la Ley 1/1998, atiende el presente Real Decreto, el cual, junto con el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el rÃ©gimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos, constituyen los principales instrumentos normativos que trasladan al ordenamiento tributario los importantes principios consagrados por la citada Ley 1/1998, con la finalidad de reforzar la seguridad jurÃ­dica y los derechos y garantÃ­as de los contribuyentes.
De acuerdo con lo expuesto, el presente Real Decreto establece el procedimiento para el reembolso del coste de las garantÃ­as prestadas para suspender la ejecuciÃ³n de las deudas tributarias y modifica el Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, para desarrollar, fundamentalmente, el procedimiento de solicitud de comprobaciÃ³n general formulada por el contribuyente y la regulaciÃ³n del cÃ³mputo del plazo de duraciÃ³n de las actuaciones inspectoras, asÃ­ como el procedimiento para la ampliaciÃ³n, en su caso, de dicho plazo.
El presente Real Decreto modifica, asimismo, el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, al objeto de adecuarlo a los preceptos de la citada Ley 1/1998.
El Real Decreto consta de 10 artÃ­culos, una disposiciÃ³n transitoria, una disposiciÃ³n derogatoria y cuatro disposiciones finales.
La regulaciÃ³n del reembolso del coste de las garantÃ­as prestadas para suspender la ejecuciÃ³n de las deudas tributarias se estructura en tres capÃ­tulos: el primero de ellos referido a la regulaciÃ³n del derecho al reembolso del coste de garantÃ­as ; el segundo, al procedimiento para obtener dicho reembolso y, el tercero, a la reducciÃ³n proporcional de garantÃ­as.
El principio que preside esta regulaciÃ³n es el de la asunciÃ³n, por la AdministraciÃ³n, del coste de las garantÃ­as aportadas por el contribuyente para suspender la ejecuciÃ³n de una deuda tributaria que, como consecuencia de una sentencia o resoluciÃ³n administrativa firme, es declarada improcedente. En el caso de que la improcedencia fuera parcial, el reembolso serÃ¡, tambiÃ©n, parcial y se referirÃ¡, evidentemente, a la parte de la garantÃ­a afectada por la declaraciÃ³n efectuada pudiendo, ademÃ¡s, en tal caso y, de continuar la vÃ­a de recurso por el resto de la deuda pendiente, obtener la reducciÃ³n proporcional de la garantÃ­a inicialmente aportada.
A estos efectos, se considera que es la AdministraciÃ³n tributaria que dictÃ³ el acto de liquidaciÃ³n de la deuda cuya improcedencia se declara, la que debe efectuar el reembolso legalmente previsto, el cual se refiere, exclusivamente, en el supuesto de avales, a las cantidades efectivamente satisfechas a entidades de crÃ©dito o sociedades de garantÃ­a recÃ­proca en concepto de comisiones y gastos por formalizaciÃ³n, mantenimiento y cancelaciÃ³n del aval y, en el caso de hipotecas y prendas, a los gastos incurridos para su constituciÃ³n, formalizaciÃ³n y cancelaciÃ³n.
Por su parte, la disposiciÃ³n final primera lleva a cabo una nueva modificaciÃ³n parcial del Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos, que completa la iniciada por el Real Decreto 1930/1998, con la finalidad de adaptar el citado Reglamento a los principios generales introducidos por la Ley 1/1998, introduciendo, ademÃ¡s, ciertas modificaciones y mejoras de carÃ¡cter tÃ©cnico.
Las modificaciones que se realizan afectan a los artÃ­culos 11, 29, 31, 32, 33, 35, 57 y 63 bis.2 y suponen, asimismo, la introducciÃ³n de nuevos preceptos en el Reglamento, como artÃ­culos 31 bis, 31 ter, 31 quarter, 32 bis, 33 bis y 33 ter. Asimismo, se deroga el apartado 5 del artÃ­culo 60.
Los aspectos mÃ¡s relevantes de estas modificaciones son los que ataÃ±en a la incidencia en el procedimiento inspector de la solicitud de comprobaciÃ³n general, si bien referida al tributo y ejercicio objeto de comprobaciÃ³n parcial por la inspecciÃ³n, asÃ­ como los que se refieren a las reglas de cÃ³mputo del plazo general de duraciÃ³n de las actuaciones inspectoras, en lo que concierne a la determinaciÃ³n de las que se consideran interrupciones justificadas en el cÃ³mputo de dicho plazo, motivadas, generalmente, por las actuaciones complementarias que la AdministraciÃ³n debe realizar, asÃ­ como a las que se consideran dilaciones imputables al contribuyente, las cuales, igualmente, interrumpen el cÃ³mputo de dicho plazo, por cuanto que el efecto que produce su incumplimiento, no habiÃ©ndose dado las causas justificadas descritas, es que no se considere interrumpida la prescripciÃ³n como consecuencia de las actuaciones realizadas.
Se precisan, asimismo, en mayor medida, los supuestos que habilitan para la ampliaciÃ³n del plazo inicial y se regula el procedimiento para la adopciÃ³n del correspondiente acuerdo de ampliaciÃ³n, que serÃ¡ motivado y se notificarÃ¡ al interesado, si bien no serÃ¡ susceptible de recurso.
La disposiciÃ³n final segunda modifica parcialmente el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la devoluciÃ³n de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, con la finalidad principal de incorporar el nuevo plazo de prescripciÃ³n del derecho a la devoluciÃ³n de ingresos indebidos, que se reduce a cuatro aÃ±os, en virtud de lo previsto en la Ley 1/1998 y como consecuencia de la reducciÃ³n, en iguales tÃ©rminos, del plazo general para exigir las deudas tributarias, asÃ­ como para reconocer la procedencia del abono de intereses de demora, con ocasiÃ³n de la prÃ¡ctica de tales devoluciones, en la forma ya prevista por el artÃ­culo 10 de la Ley 1/1998.
Las disposiciones finales tercera y cuarta se refieren, respectivamente, a la habilitaciÃ³n al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para el desarrollo y ejecuciÃ³n del presente Real Decreto y a la entrada en vigor del mismo, debiÃ©ndose destacar, a estos efectos, la menciÃ³n que, en relaciÃ³n a la aplicaciÃ³n de los nuevos plazos de prescripciÃ³n, se realiza, para evitar las posibles divergencias que pudieran surgir en su interpretaciÃ³n.
En su virtud, haciendo uso de lo dispuesto en la disposiciÃ³n final quinta de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, con la aprobaciÃ³n del Ministro de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 4 de febrero de 2000,
Alcance del reembolso del coste de garantÃ­as
La AdministraciÃ³n tributaria reembolsarÃ¡, previa acreditaciÃ³n de su importe, el coste de las garantÃ­as aportadas para suspender la ejecuciÃ³n de una deuda tributaria, en cuanto Ã©sta sea declarada improcedente por sentencia o resoluciÃ³n administrativa y dicha declaraciÃ³n adquiera firmeza.
A estos efectos, serÃ¡ la AdministraciÃ³n, entidad u organismo que hubiese dictado el acto de liquidaciÃ³n de la deuda cuya improcedencia se declara, la obligada a efectuar dicho reembolso.
El reembolso de los costes de las garantÃ­as aportadas para obtener la suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n de las deudas tributarias alcanzarÃ¡ a los costes necesarios para su formalizaciÃ³n, mantenimiento y cancelaciÃ³n, en los tÃ©rminos previstos en el presente Real Decreto.
Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente por sentencia o resoluciÃ³n administrativa y dicha declaraciÃ³n adquiera firmeza, el reembolso alcanzarÃ¡ a la parte correspondiente del coste de las referidas garantÃ­as.
El procedimiento previsto en el presente Real Decreto se limitarÃ¡ al reembolso de los costes anteriormente indicados, si bien, el obligado tributario que lo estime procedente podrÃ¡ instar, en relaciÃ³n a otros costes o conceptos distintos, el procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto en el TÃ­tulo X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, cuando se den las circunstancias previstas para ello.
ArtÃ­culo 2. GarantÃ­as objeto de reembolso.
A los efectos de lo previsto en el artÃ­culo anterior, el derecho al reembolso contemplado en el presente Real Decreto alcanzarÃ¡ a las garantÃ­as que, prestadas de conformidad con la normativa vigente, hayan sido aceptadas para la suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n de deudas tributarias y que, a continuaciÃ³n, se mencionan:
a) Avales prestados por entidades de crÃ©dito y sociedades de garantÃ­a recÃ­proca.
d) Cualesquiera otras que hubiera aceptado la AdministraciÃ³n o los Tribunales.
ArtÃ­culo 3. DeterminaciÃ³n del coste de las garantÃ­as prestadas.
1. A efectos de proceder a su reembolso, el coste de las garantÃ­as antes mencionadas se determinarÃ¡ en la siguiente forma:
a) En los avales, por las cantidades efectivamente satisfechas a la entidad de crÃ©dito o sociedad de garantÃ­a recÃ­proca en concepto de comisiones y gastos por formalizaciÃ³n, mantenimiento y cancelaciÃ³n del aval, devengados hasta los treinta dÃ­as siguientes a la notificaciÃ³n al interesado de la correspondiente resoluciÃ³n y sentencia.
b) En las hipotecas y prendas mencionadas en el artÃ­culo anterior, el coste de las mismas incluirÃ¡ las cantidades satisfechas por los siguientes conceptos:
1.Âº Gastos derivados de la intervenciÃ³n de fedatario pÃºblico.
2.Âº Gastos registrales.
3.Âº Impuestos derivados directamente de la constituciÃ³n de la garantÃ­a y, en su caso, de su cancelaciÃ³n.
4.Âº Gastos derivados de la tasaciÃ³n o valoraciÃ³n de los bienes ofrecidos en garantÃ­a a que se refiere el artÃ­culo 76.5 del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones econÃ³mico-administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.
c) En los depÃ³sitos en dinero efectivo constituidos de acuerdo con la normativa aplicable, se abonarÃ¡ el interÃ©s legal correspondiente a las cantidades depositadas hasta los treinta dÃ­as siguientes a la notificaciÃ³n al interesado de la correspondiente resoluciÃ³n o sentencia.
d) Cuando se hubieran aceptado por la AdministraciÃ³n tributaria o tribunales garantÃ­as distintas de las anteriores, se admitirÃ¡ el reembolso de las mismas, limitado, exclusivamente, a los costes acreditados en que se hubiera incurrido de manera directa para su formalizaciÃ³n, mantenimiento y cancelaciÃ³n.
2. En el supuesto de que la AdministraciÃ³n, por causa imputable a la misma, no hubiera devuelto o cancelado la garantÃ­a en el plazo anteriormente indicado, dicho plazo se ampliarÃ¡ hasta que dicha devoluciÃ³n o cancelaciÃ³n se produzca.
Procedimiento para el reembolso del coste de las garantÃ­as aportadas
ArtÃ­culo 4. Normas de aplicaciÃ³n.
El procedimiento para reembolsar el coste de las garantÃ­as aportadas para suspender la ejecuciÃ³n de deudas tributarias, a que se refiere el artÃ­culo 1, se regirÃ¡ por lo dispuesto en el presente Real Decreto.
ArtÃ­culo 5. Ãrganos competentes.
1. SerÃ¡n Ã³rganos competentes para acordar el reembolso del coste de las garantÃ­as aportadas para la suspensiÃ³n de deudas tributarias liquidadas por la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, los Jefes de las dependencias de recaudaciÃ³n de las Delegaciones de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria.
A estos efectos, serÃ¡n Ã³rganos competentes para la tramitaciÃ³n del procedimiento y para elevar la propuesta de resoluciÃ³n al Jefe de la dependencia de recaudaciÃ³n, los Ã³rganos de recaudaciÃ³n que hayan tramitado la suspensiÃ³n de la que trae causa la correspondiente solicitud de reembolso, o los Ã³rganos de recaudaciÃ³n competentes en razÃ³n de la adscripciÃ³n del deudor, cuando la suspensiÃ³n de la que trae causa la solicitud de reembolso hubiera sido acordada en un recurso de reposiciÃ³n, cualquiera que sea el Ã³rgano competente para resolver Ã©ste Ãºltimo.
Cuando se trate de suspensiones cuyas garantÃ­as obren en poder de los Tribunales EconÃ³mico-administrativos, o de los Ã³rganos de la JurisdicciÃ³n Contencioso-administrativa, corresponderÃ¡ tramitar la peticiÃ³n de reembolso de costes al Ã³rgano de recaudaciÃ³n competente por razÃ³n de la adscripciÃ³n del deudor.
No obstante lo previsto en los dos pÃ¡rrafos anteriores, cuando las necesidades del servicio asÃ­ lo aconsejen y a fin de agilizar la tramitaciÃ³n de la solicitud de reembolso, el Jefe de la dependencia de recaudaciÃ³n podrÃ¡ atribuir la instrucciÃ³n del expediente a la unidad de la dependencia de recaudaciÃ³n que designe.
2. Cuando el reembolso del coste de garantÃ­as tenga su origen en la suspensiÃ³n de deudas tributarias liquidadas por Departamentos ministeriales o entidades u organismos, serÃ¡n competentes los correspondientes Ã³rganos liquidadores.
3. Los Ã³rganos competentes de las Haciendas Territoriales para el reembolso del coste de garantÃ­as aportadas para suspender la ejecuciÃ³n de deudas tributarias liquidadas por las mismas serÃ¡n los que se determinen en su normativa propia y, en defecto de Ã©sta, los que ejerzan funciones anÃ¡logas a las de los Ã³rganos mencionados en el Ã¡mbito de la AdministraciÃ³n del Estado.
ArtÃ­culo 6. IniciaciÃ³n.
1. El procedimiento se iniciarÃ¡ a instancia del interesado mediante escrito que Ã©ste deberÃ¡ dirigir al Ã³rgano, competente para su tramitaciÃ³n de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo anterior, haciendo costar las siguientes circunstancias:
a) Nombre y apellidos o denominaciÃ³n social y nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, asÃ­ como domicilio a efectos de notificaciones.
b) Hechos, razones y peticiÃ³n en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
d) Firma del solicitante o acreditaciÃ³n de la autenticidad de su voluntad expresa por cualquier medio.
e) Ãrgano al que se dirige.
2. A la solicitud de reembolso se acompaÃ±arÃ¡n los siguientes datos o documentos:
a) Copia de la resoluciÃ³n, administrativa o judicial, por la que se declare improcedente total o parcialmente el acto administrativo cuya ejecuciÃ³n se suspendiÃ³ con menciÃ³n de su firmeza.
b) AcreditaciÃ³n del importe al que ascendiÃ³ el coste de las garantÃ­as cuyo reembolso se solicita. En el supuesto de avales, deberÃ¡ aportarse certificado expedido por la entidad de crÃ©dito o sociedad de garantÃ­a recÃ­proca concedente del aval, haciendo constar las cantidades satisfechas a la misma por la concesiÃ³n, mantenimiento y cancelaciÃ³n del aval, con expresiÃ³n de la cantidad avalada asÃ­ como copia del aval presentado. En relaciÃ³n con el resto de garantÃ­as a que se refiere el artÃ­culo 2 del presente Real Decreto, deberÃ¡ acreditarse el pago efectivo de los gastos mencionados en los pÃ¡rrafos b) y d) del apartado 1 del artÃ­culo 3, asÃ­ como la fecha de constituciÃ³n del depÃ³sito a que se refiere el pÃ¡rrafo c) del mismo precepto.
c) DeclaraciÃ³n expresiva del medio elegido por el que haya de efectuarse el reembolso, pudiendo optar por:
1.Âº Transferencia bancaria, indicando el nÃºmero de cÃ³digo de cuenta y los datos identificativos de la entidad de crÃ©dito o bancaria.
2.Âº Cheque cruzado o nominativo.
3.Âº CompensaciÃ³n en los tÃ©rminos previstos en el Reglamento General de RecaudaciÃ³n, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
ArtÃ­culo 7. InstrucciÃ³n.
1. El Ã³rgano que instruya el procedimiento podrÃ¡ llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias para comprobar la procedencia del reembolso que se solicita, pudiendo solicitar los informes o actuaciones que juzgue necesarios.
2. Si el escrito de solicitud no reuniera los datos expresados en el apartado 1 del artÃ­culo anterior o no adjuntara la documentaciÃ³n prevista en los pÃ¡rrafos b) y c) del apartado 2 del mismo, los Ã³rganos competentes en la tramitaciÃ³n requerirÃ¡n al interesado para que, en un plazo de diez dÃ­as, subsane la falta o acompaÃ±e los documentos preceptivos, con indicaciÃ³n de que, si asÃ­ no lo hiciera, se le tendrÃ¡ por desistido de su peticiÃ³n, archivÃ¡ndose la misma. No obstante, si el interesado solicitara que la AdministraciÃ³n declare que se ha producido dicho desistimiento, Ã©sta quedarÃ¡ obligada a resolver sobre tal solicitud.
3. El plazo anterior podrÃ¡ ser ampliado a peticiÃ³n del interesado o a iniciativa del Ã³rgano instructor, cuando la aportaciÃ³n de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
4. Finalizadas las actuaciones, el Ã³rgano instructor, antes de redactar la propuesta de resoluciÃ³n, darÃ¡ audiencia al interesado para que pueda alegar lo que considere conveniente a su derecho.
No obstante, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artÃ­culo 22 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, podrÃ¡ prescindirse del trÃ¡mite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
ArtÃ­culo 8. ResoluciÃ³n.
1. El Ã³rgano competente dictarÃ¡ resoluciÃ³n y la notificarÃ¡ en un plazo mÃ¡ximo de seis meses, a contar desde la fecha en que el escrito de solicitud del interesado haya tenido entrada en el registro del Ã³rgano competente para su tramitaciÃ³n.
2. Cuando en virtud de los actos de instrucciÃ³n desarrollados resulte procedente el reembolso del coste de la garantÃ­a aportada, se acordarÃ¡ el reembolso de las cantidades contempladas en el pÃ¡rrafo b) del apartado 2 del artÃ­culo 6, en cuanto hayan quedado debidamente acreditadas y correspondan a la suspensiÃ³n de la deuda declarada total o parcialmente improcedente.
En caso de estimaciÃ³n parcial, el reembolso alcanzarÃ¡ sÃ³lo al importe del coste que corresponda a la parte de la deuda que sea declarada improcedente.
3. Transcurrido el plazo para dictar resoluciÃ³n sin que Ã©sta se haya dictado, se podrÃ¡ entender desestimada la solicitud, a efectos de interponer contra la resoluciÃ³n presunta el correspondiente recurso o reclamaciÃ³n. La resoluciÃ³n expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptarÃ¡ por la AdministraciÃ³n sin vinculaciÃ³n alguna al sentido del silencio.
4. La resoluciÃ³n que ponga fin a este procedimiento serÃ¡ reclamable en vÃ­a econÃ³mico-administrativa, previo el recurso de reposiciÃ³n si el interesado decidiera interponerlo.
ArtÃ­culo 9. EjecuciÃ³n.
Dictada la resoluciÃ³n por la que se reconoce el derecho al reembolso del coste de la garantÃ­a aportada, se expedirÃ¡, en un plazo mÃ¡ximo de diez dÃ­as a contar desde dicha resoluciÃ³n, el oportuno mandamiento de pago en favor de la persona o entidad acreedora, en la forma de pago elegida por Ã©sta, de acuerdo con lo establecido en el pÃ¡rrafo c) del apartado 2 del artÃ­culo 6 del presente Real Decreto.
ReducciÃ³n proporcional de garantÃ­as
ArtÃ­culo 10. ReducciÃ³n proporcional de garantÃ­as.
En los supuestos de estimaciÃ³n parcial del recurso o reclamaciÃ³n interpuestos y hasta que la sentencia o resoluciÃ³n administrativa adquiera firmeza, el contribuyente tendrÃ¡ derecho, si asÃ­ lo solicita, a la reducciÃ³n proporcional de la garantÃ­a aportada, si bien la garantÃ­a anterior seguirÃ¡ afectada al pago de la deuda subsistente, manteniendo su vigencia hasta la formalizaciÃ³n de la nueva garantÃ­a que cubra el importe de la deuda subsistente.
A los solos efectos de la reducciÃ³n o sustituciÃ³n de las garantÃ­as aportadas, el Ã³rgano gestor practicarÃ¡ en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de presentaciÃ³n de la solicitud del interesado, la liquidaciÃ³n que hubiera resultado de la resoluciÃ³n del correspondiente recurso o reclamaciÃ³n, la cual servirÃ¡ para determinar el importe de la reducciÃ³n procedente y, en consecuencia, de la garantÃ­a que debe quedar subsistente.
SerÃ¡n Ã³rganos competentes para proceder a la sustituciÃ³n de la garantÃ­a los Ã³rganos que en su momento acordaron la suspensiÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. AplicaciÃ³n de las modificaciones realizadas en el Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos.
Las disposiciones contempladas en el presente Real Decreto, en cuanto modifican el Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos, se aplicarÃ¡n a los procedimientos de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n a los que, no habiendo finalizado a la entrada en vigor del presente Real Decreto, les resulte de aplicaciÃ³n la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, en cuanto a las actuaciones que se practiquen con posterioridad a su entrada en vigor.
2. En particular, queda derogado el apartado 5 del artÃ­culo 60 del Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.
DisposiciÃ³n final primera. ModificaciÃ³n parcial del Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.
Con efectos desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, se da nueva redacciÃ³n a determinados artÃ­culos del Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, y se adicionan nuevos preceptos al citado Reglamento, en la forma que a continuaciÃ³n se indica:
1. "ArtÃ­culo 11. Alcance de las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n.
1. Las actuaciones inspectoras de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n podrÃ¡n tener carÃ¡cter general o parcial.
2. TendrÃ¡n carÃ¡cter general cuando tengan por objeto la verificaciÃ³n en su totalidad de la situaciÃ³n tributaria del sujeto pasivo u obligado tributario, en relaciÃ³n con cualquiera de los tributos y deberes formales o de colaboraciÃ³n que le afecten dentro de los lÃ­mites determinados por:
a) La competencia del Ã³rgano cuyos funcionarios realizan las correspondientes actuaciones.
b) Los ejercicios o perÃ­odos a que se extienda la actuaciÃ³n inspectora.
c) La prescripciÃ³n del derecho a la AdministraciÃ³n para determinar las deudas tributarias mediante la oportuna liquidaciÃ³n y de la acciÃ³n para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones tributarias que, en su caso, se aprecien.
3. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 28 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, y en el artÃ­culo 33 bis de este Reglamento, cuando el obligado tributario solicite que una actuaciÃ³n parcial tenga carÃ¡cter general, la InspecciÃ³n de los Tributos deberÃ¡, en el plazo de seis meses desde la solicitud, proceder a la iniciaciÃ³n de la comprobaciÃ³n de carÃ¡cter general o a la ampliaciÃ³n del carÃ¡cter de la comprobaciÃ³n parcial en curso, si bien, exclusivamente, en relaciÃ³n con el tributo y ejercicio afectados por la actuaciÃ³n parcial.
4. Las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n serÃ¡n parciales cuando se refieran sÃ³lo a uno o varios de los tributos o deberes que afectan al sujeto pasivo u obligado tributario, o a hechos imponibles determinados o cuando de cualquier otro modo se circunscriba su objeto a lÃ­mites mÃ¡s reducidos de los que se seÃ±alan en los apartados anteriores.
5. En principio, las actuaciones inspectoras de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n tendrÃ¡n carÃ¡cter general. PodrÃ¡n tener carÃ¡cter parcial dichas actuaciones en los siguientes casos:
b) Cuando asÃ­ se acuerde por el Ã³rgano competente, haciÃ©ndose constar al inicio de las actuaciones inspectoras mediante la correspondiente comunicaciÃ³n.
c) En el caso de las comprobaciones abreviadas a que se refiere el artÃ­culo 34 de este Reglamento.
6. Las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n de carÃ¡cter general podrÃ¡n limitar su objeto cuando en el curso de su ejecuciÃ³n se pongan de manifiesto razones que asÃ­ lo aconsejen y se acuerden por el Ã³rgano competente. Del mismo modo, a juicio de los actuarios, se podrÃ¡ ampliar el Ã¡mbito de aquellas actuaciones que inicialmente tuvieran carÃ¡cter parcial.
7. Cualquier actuaciÃ³n inspectora dirigida a regularizar una determinada situaciÃ³n tributaria no extingue el derecho de la Hacienda PÃºblica a determinar y exigir otras deudas anteriores no prescritas, mediante ulteriores actuaciones."
2. "ArtÃ­culo 29. Modos de iniciaciÃ³n.
Las actuaciones de la InspecciÃ³n de los Tributos se iniciarÃ¡n:
a) Por propia iniciativa de la inspecciÃ³n, como consecuencia de los planes especÃ­ficos de cada funcionario, equipo o unidad de inspecciÃ³n, o bien sin sujeciÃ³n a un plan previo por orden superior escrita y motivada del Inspector-Jefe respectivo.
b) A peticiÃ³n del obligado tributario, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 28 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, y en el artÃ­culo 33 bis de este Reglamento."
3. "ArtÃ­culo 31. Plazo general de duraciÃ³n de las actuaciones inspectoras.
Las actuaciones de comprobaciÃ³n, investigaciÃ³n y las de liquidaciÃ³n se llevarÃ¡n a cabo en un plazo mÃ¡ximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliaciÃ³n de dicho plazo en la forma prevista en el artÃ­culo 31 ter de este Reglamento.
A efectos de este plazo, no se computarÃ¡n las dilaciones imputables al obligado tributario ni los perÃ­odos de interrupciÃ³n justificada en los tÃ©rminos que se especifican en el artÃ­culo 31 bis de este Reglamento." 4. "ArtÃ­culo 31 bis. CÃ³mputo del plazo.
1. El cÃ³mputo del plazo de duraciÃ³n de las actuaciones inspectoras de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n, asÃ­ como de las de liquidaciÃ³n, se considerarÃ¡ interrumpido justificadamente cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) PeticiÃ³n de datos o informes a otros Ã³rganos de la AdministraciÃ³n del Estado, Comunidades AutÃ³nomas o Corporaciones locales o a otras Administraciones tributarias de Estados miembros de la UniÃ³n Europea o de terceros paÃ­ses, por el tiempo que transcurra entre su peticiÃ³n o solicitud y la recepciÃ³n de los mismos, sin que la interrupciÃ³n por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos o informes que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo serÃ¡ de doce meses.
b) RemisiÃ³n del expediente al Ministerio Fiscal, por el tiempo que transcurra hasta que, en su caso, se produzca la devoluciÃ³n de dicho expediente a la AdministraciÃ³n tributaria.
c) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la AdministraciÃ³n a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duraciÃ³n de dicha causa.
2. A su vez, se considerarÃ¡n dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de Ã©ste en la cumplimentaciÃ³n de las solicitudes de informaciÃ³n, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspecciÃ³n dentro del Ã¡mbito de sus competencias, asÃ­ como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren Ã­ntegramente cumplimentadas no se tendrÃ¡n por recibidas a efectos de este cÃ³mputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirÃ¡ al interesado. A efectos de dicho cÃ³mputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contarÃ¡ por dÃ­as naturales.
3. El contribuyente tendrÃ¡ derecho, si asÃ­ lo solicita, a conocer el estado de tramitaciÃ³n de su expediente y el cÃ³mputo de las circunstancias reseÃ±adas en los apartados anteriores, incluyendo las fechas de solicitud y de recepciÃ³n de los informes correspondientes.
En los supuestos de interrupciÃ³n justificada, se harÃ¡n constar, sin revelar los datos identificativos de las personas o autoridades a quienes se ha solicitado informaciÃ³n, las fechas de solicitud y recepciÃ³n, en su caso, de tales informaciones. Sin perjuicio de ello, cuando el expediente se encuentre ultimado, en el trÃ¡mite de audiencia, previo a la propuesta de resoluciÃ³n, el contribuyente podrÃ¡ conocer la identidad de tales personas u organismos.
4. La interrupciÃ³n del cÃ³mputo del plazo de duraciÃ³n de las actuaciones inspectoras no impedirÃ¡ la prÃ¡ctica de las que durante dicha situaciÃ³n pudieran desarrollarse." 5. "ArtÃ­culo 31 ter. AmpliaciÃ³n del plazo de duraciÃ³n de las actuaciones inspectoras.
1. El plazo a que se refiere el artÃ­culo 31 podrÃ¡ ser ampliado, previo acuerdo del Inspector-Jefe, por un plazo no superior al inicialmente previsto, cuando concurra, en cualquiera de los ejercicios o tributos a que se refiere la actuaciÃ³n, alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. Se entenderÃ¡ que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersiÃ³n geogrÃ¡fica de sus actividades o su tributaciÃ³n como grupos consolidados, o en rÃ©gimen de transparencia fiscal internacional.
A estos efectos, y sin perjuicio de su necesaria apreciaciÃ³n a la vista de las circunstancias del caso concreto objeto de comprobaciÃ³n, podrÃ¡ considerarse que las actuaciones revisten especial complejidad cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:
1.Âº Cuando el volumen de operaciones de la persona o entidad sea igual o superior al requerido para la obligaciÃ³n de auditar sus cuentas.
2.Âº Cuando el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales de la persona o entidad, la desapariciÃ³n de los libros o registros contables o su falta de aportaciÃ³n por el contribuyente determine una mayor dificultad en la comprobaciÃ³n que requiera de la ampliaciÃ³n del plazo.
3.Âº Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y dichas actuaciones requieran la realizaciÃ³n de comprobaciones a diversos sujetos pasivos en el Ã¡mbito de diferentes Delegaciones de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria.
4.Âº Cuando el obligado tributario realice actividades fuera del Ã¡mbito territorial de la DelegaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria que corresponda a su domicilio fiscal, que requieran la realizaciÃ³n de actuaciones de comprobaciÃ³n de la inspecciÃ³n fuera de dicho Ã¡mbito territorial.
b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha ocultado a la AdministraciÃ³n tributaria alguna de las actividades, empresariales o profesionales, que realice.
A estos efectos, podrÃ¡ considerarse que el contribuyente ha ocultado a la AdministraciÃ³n tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realiza, cuando la inspecciÃ³n disponga de datos que pongan de manifiesto la realizaciÃ³n por el obligado tributario de cualquier actividad empresarial o profesional respecto de la que no presentÃ³ declaraciÃ³n, o de actividades empresariales o profesionales distintas de las declaradas por el mismo.
Se considerarÃ¡ como actividad distinta de la declarada, aquÃ©lla que hubiera dado lugar a la tributaciÃ³n por el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas en grupo distinto a aquÃ©l que corresponda al del epÃ­grafe en que se encuentra dado de alta el contribuyente, o cuando se desarrolle la actividad descubierta en una unidad de local no declarada a efectos de dicho impuesto, asÃ­ como cuando la actividad hubiera dado lugar a la inscripciÃ³n en un CÃ³digo de actividad y de establecimiento en el Ã¡mbito de los Impuestos Especiales, distinto de aquÃ©l en que se encuentre dado de alta el obligado tributario.
2. A efectos de la ampliaciÃ³n del plazo de duraciÃ³n de las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n, la apreciaciÃ³n de la concurrencia de alguna de las circunstancias mencionadas en los apartados anteriores se realizarÃ¡ por el funcionario, equipo o unidad que estÃ© desarrollando la actuaciÃ³n de que se trate. La propuesta de ampliaciÃ³n se dirigirÃ¡ por escrito al Inspector-Jefe, ponderando la importancia de las circunstancias reseÃ±adas en orden a la necesidad de ampliar el plazo. Cuando sea el Inspector-Jefe el que aprecie la concurrencia de dichas circunstancias, dictarÃ¡ acuerdo en tal sentido. En ambos casos, se concederÃ¡ al interesado, previamente, un plazo de diez dÃ­as para que alegue lo que considere oportuno.
El acuerdo del Inspector-Jefe serÃ¡ motivado, se notificarÃ¡ al interesado y no serÃ¡ susceptible de recurso, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la ampliaciÃ³n del plazo, con ocasiÃ³n de los recursos y reclamaciones que, en su caso, se interpongan contra la liquidaciÃ³n que finalmente se dicte.
3. El acuerdo del Inspector-Jefe no podrÃ¡ dictarse en tanto no hayan transcurrido al menos seis meses desde el inicio de las actuaciones, al objeto de que, durante dicho plazo, pueda apreciarse la necesidad de ampliar su duraciÃ³n. A estos efectos, no se tomarÃ¡n en consideraciÃ³n las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al interesado que concurran en la actuaciÃ³n."
6. "ArtÃ­culo 31 quarter. Efectos del incumplimiento de los plazos.
Iniciadas las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n, deberÃ¡n proseguir hasta su terminaciÃ³n, de acuerdo con su naturaleza y carÃ¡cter aun cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto.
No obstante lo anterior, la interrupciÃ³n injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras anteriores y de las de liquidaciÃ³n, producida por causas no imputables al obligado tributario, en la forma prevista en el apartado 3 del artÃ­culo 32, o el incumplimiento del plazo previsto para la finalizaciÃ³n de las actuaciones, producirÃ¡ el efecto de que no se considere interrumpida la prescripciÃ³n como consecuencia de las actuaciones realizadas hasta la interrupciÃ³n injustificada o hasta la finalizaciÃ³n del plazo de duraciÃ³n de las mismas.
Los ingresos pendientes realizados despuÃ©s de la interrupciÃ³n injustificada o del incumplimiento del plazo previsto para la finalizaciÃ³n de las actuaciones, sin nuevo requerimiento previo, comportarÃ¡n el abono de los correspondientes recargos o intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 61 de la Ley General Tributaria, sin que proceda la imposiciÃ³n de sanciÃ³n por la ausencia inicial de dicho ingreso.
Las demÃ¡s declaraciones o comunicaciones presentadas fuera de sus plazos reglamentarios se entenderÃ¡n realizadas espontÃ¡neamente a cuantos efectos procedan."
7. "ArtÃ­culo 32. Desarrollo de las actuaciones inspectoras.
1. La inspecciÃ³n podrÃ¡ requerir la comparecencia del obligado tributario los dÃ­as que resulten precisos para el desarrollo de sus actuaciones, en lugar y hora que se estime conveniente a tal efecto.
Cada dÃ­a la inspecciÃ³n practicarÃ¡ las actuaciones que estime oportunas. Al tÃ©rmino de las actuaciones de cada dÃ­a, la inspecciÃ³n podrÃ¡ fijar el lugar, dÃ­a y hora para su reanudaciÃ³n ; Ã©sta podrÃ¡ tener lugar desde el dÃ­a hÃ¡bil siguiente. Los requerimientos de comparecencia en las oficinas pÃºblicas no realizados en presencia del obligado tributario deberÃ¡n habilitar para ello un perÃ­odo mÃ­nimo de diez dÃ­as.
2. Asimismo, podrÃ¡ personarse en los locales de la empresa u otras dependencias de la misma para la prÃ¡ctica de las actuaciones que se estimen pertinentes.
3. Las actuaciones inspectoras se considerarÃ¡n interrumpidas de forma injustificada cuando no se hayan practicado durante seis meses seguidos, salvo que ello sea consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artÃ­culo 31 bis.
4. La InspecciÃ³n de los Tributos deberÃ¡ practicar sus actuaciones procurando siempre perturbar en la menor medida posible el desarrollo normal de las actividades laborales, empresariales o profesionales del obligado tributario.
Cuando las actuaciones se desarrollen en las oficinas o locales del obligado tributario, deberÃ¡ ponerse a disposiciÃ³n de la inspecciÃ³n un lugar de trabajo adecuado, asÃ­ como los medios auxiliares necesarios."
8. "ArtÃ­culo 32 bis. Comparecencia del obligado tributario.
1. El obligado tributario, requerido al efecto por escrito, deberÃ¡ personarse en el lugar, dÃ­a y hora seÃ±alados para la prÃ¡ctica de las actuaciones, teniendo a disposiciÃ³n de la inspecciÃ³n o aportÃ¡ndole la documentaciÃ³n y demÃ¡s elementos solicitados.
2. Cuando la inspecciÃ³n se persone sin previo requerimiento en el lugar donde hayan de practicarse las actuaciones, el obligado tributario deberÃ¡ atenderla si se hallase presente. En su defecto, deberÃ¡ colaborar con la inspecciÃ³n cualquiera de las personas a que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 30 de este Reglamento y, en su caso, la inspecciÃ³n requerirÃ¡ en el mismo momento y lugar para la continuaciÃ³n de las actuaciones inspectoras en el plazo procedente que se seÃ±ale, sin perjuicio de las medidas cautelares que proceda adoptar.
3. La inspecciÃ³n podrÃ¡ exigir que se le acredite la identidad, carÃ¡cter y facultades de la persona o personas con cuyo concurso y asistencia se vayan a realizar las actuaciones.
Si compareciera persona sin facultades suficientes para intervenir en las actuaciones, la inspecciÃ³n lo harÃ¡ constar y considerarÃ¡ al obligado tributario como no personado, pudiendo, no obstante, entregar al compareciente requerimiento al efecto o exigir inmediatamente, si procediera, la presencia de persona adecuada.
4. Cuando el obligado tributario pueda alegar justa causa que le impida comparecer en el lugar, dÃ­a y hora seÃ±alados, podrÃ¡ solicitar un aplazamiento por escrito dentro de los tres dÃ­as siguientes a la recepciÃ³n de la notificaciÃ³n correspondiente. En el supuesto de que esta circunstancia acaeciera transcurrido el citado plazo de tres dÃ­as, se podrÃ¡, en su caso, solicitar el aplazamiento, con la mÃ¡xima antelaciÃ³n posible a la fecha seÃ±alada para la comparecencia. En tales casos, se seÃ±alarÃ¡ nueva fecha para la comparecencia, debiendo, en todo caso, el obligado tributario adoptar cuantas medidas de Ã©l dependan y le permitan atender adecuadamente a la inspecciÃ³n."
9. "ArtÃ­culo 33. Permanencia de los funcionarios en las actuaciones inspectoras.
1. Las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n se llevarÃ¡n a cabo, en principio, hasta su conclusiÃ³n, por los funcionarios, equipos o unidades de la InspecciÃ³n de los Tributos que las hubiesen iniciado, salvo cese, traslado, enfermedad, o bien, otra justa causa de sustituciÃ³n, atendiendo especialmente al carÃ¡cter especÃ­fico de las actuaciones a desarrollar, y sin perjuicio de la facultad de cualquier superior jerÃ¡rquico de asumir tales actuaciones cuando proceda.
2. Los funcionarios de la InspecciÃ³n de los Tributos deberÃ¡n abstenerse de intervenir en el procedimiento, comunicÃ¡ndolo a su superior inmediato, cuando concurra cualquiera de los motivos a que se refiere el artÃ­culo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
3. PodrÃ¡ promoverse la recusaciÃ³n en el procedimiento de la InspecciÃ³n de los Tributos en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn."
10. "ArtÃ­culo 33 bis. Solicitud de comprobaciÃ³n de carÃ¡cter general.
1. Todo obligado tributario que estÃ© siendo objeto de una actuaciÃ³n de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n de carÃ¡cter parcial, llevada a cabo por la InspecciÃ³n de los Tributos, podrÃ¡ solicitar que dicha actuaciÃ³n tenga carÃ¡cter general respecto del tributo y ejercicio afectados por la misma, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.
2. El obligado tributario deberÃ¡ efectuar la solicitud en un plazo de quince dÃ­as contados desde la notificaciÃ³n del inicio de las actuaciones inspectoras de carÃ¡cter parcial, mediante escrito dirigido al Inspector-Jefe correspondiente o haciÃ©ndolo constar expresamente al actuario, quien deberÃ¡ recoger esta manifestaciÃ³n en diligencia.
3. Recibida la solicitud de comprobaciÃ³n de carÃ¡cter general, el Inspector-Jefe acordarÃ¡ si Ã©sta se llevarÃ¡ a cabo como ampliaciÃ³n de la ya iniciada o si, por el contrario, darÃ¡ lugar al inicio de otra actuaciÃ³n distinta. En este caso, el Inspector-Jefe deberÃ¡ seÃ±alar el funcionario, equipo o unidad a quien se atribuye la nueva comprobaciÃ³n, la cual deberÃ¡ iniciarse en el plazo de seis meses contados desde la recepciÃ³n de la solicitud.
4. A efectos de determinar el plazo de duraciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 31 de este Reglamento, de las actuaciones de comprobaciÃ³n de carÃ¡cter general, contempladas en el apartado anterior, deberÃ¡ tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Si la InspecciÃ³n de los Tributos hubiese concluido las actuaciones de comprobaciÃ³n e inves tigaciÃ³n de carÃ¡cter parcial antes del inicio de las actuaciones de comprobaciÃ³n de carÃ¡cter general y siempre en el plazo de seis meses a que se refiere el apartado anterior, el plazo de duraciÃ³n de las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n de carÃ¡cter general se computarÃ¡ a partir del inicio de las mismas.
b) Si la InspecciÃ³n de los Tributos no hubiese concluido las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n de carÃ¡cter parcial, una vez concluido el mencionado plazo de seis meses, tales actuaciones pasarÃ¡n a tener carÃ¡cter general respecto del tributo y ejercicio afectados por aquÃ©llas, computÃ¡ndose, en tal caso, el plazo de duraciÃ³n de las mismas desde el inicio de las actuaciones de carÃ¡cter parcial.
Si la actuaciÃ³n de carÃ¡cter parcial hubiese finalizado antes de transcurridos seis meses desde la solicitud del contribuyente, pero en dicho plazo no se hubiese iniciado la de carÃ¡cter general, el inicio de Ã©sta con posterioridad determinarÃ¡ que, a efectos del cÃ³mputo del plazo general a que se refiere el artÃ­culo 31 de este Reglamento, se considere iniciada al dÃ­a siguiente del transcurso del referido plazo de seis meses."
11. "ArtÃ­culo 33 ter. Alegaciones del interesado y audiencia previa a la formalizaciÃ³n de las actas.
1. En cualquier momento anterior al trÃ¡mite de audiencia, el interesado podrÃ¡ aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serÃ¡n tenidos en cuenta por el Ã³rgano competente, al redactar la correspondiente propuesta de resoluciÃ³n.
2. En todo caso, y con carÃ¡cter previo a la formalizaciÃ³n de las actas, se darÃ¡ audiencia al interesado para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en relaciÃ³n con la propuesta que se vaya a formular.
Con ocasiÃ³n de este trÃ¡mite, el contribuyente podrÃ¡ obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta a la hora de dictar la resoluciÃ³n.
Los interesados, en un plazo no inferior a diez dÃ­as ni superior a quince, podrÃ¡n alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes."
12. "ArtÃ­culo 35. Medidas cautelares.
1. La inspecciÃ³n podrÃ¡, de acuerdo con la ley, adoptar las medidas de precauciÃ³n y garantÃ­a que juzgue adecuadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren los libros, documentos, registros, programas informÃ¡ticos y archivos en soporte magnÃ©tico y demÃ¡s antecedentes sujetos a examen o se niegue posteriormente su existencia y exhibiciÃ³n.
Las medidas podrÃ¡n consistir, en su caso, en el precinto, depÃ³sito o incautaciÃ³n de las mercaderÃ­as o productos sometidos a gravamen, asÃ­ como de archivos, locales o equipos electrÃ³nicos de tratamiento de datos que puedan contener la informaciÃ³n de que se trate.
A tales efectos, la inspecciÃ³n podrÃ¡ recabar de las autoridades competentes y sus agentes el auxilio y colaboraciÃ³n que considere precisos.
La adopciÃ³n de estas medidas deberÃ¡ documentarse adecuadamente, mediante inventario de los documentos u objetos precintados, depositados o incautados.
2. Las medidas cautelares habrÃ¡n de ser proporcionadas al fin que se persiga o al daÃ±o que se pretenda evitar. En ningÃºn caso se adoptarÃ¡n aquÃ©llas que puedan producir un perjuicio de difÃ­cil o imposible reparaciÃ³n.
Las medidas cautelares asÃ­ adoptadas se levantarÃ¡n si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopciÃ³n."
13. "ArtÃ­culo 57. Actas con prueba preconstituida.
1. Cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artÃ­culo 146 de la Ley General Tributaria, podrÃ¡ extenderse acta sin la presencia del obligado tributario o su representante.
ExistirÃ¡ prueba preconstituida del hecho imponible cuando Ã©ste pueda reputarse probado, segÃºn las reglas de valoraciÃ³n de la prueba contenidas en los artÃ­culos 114 a 119 de la Ley General Tributaria.
En el acta se expresarÃ¡n, con el detalle necesario, los hechos y medios de prueba empleados y a la misma se acompaÃ±arÃ¡, en todo caso, informe del actuario.
2. Con carÃ¡cter previo a la formalizaciÃ³n del acta, se notificarÃ¡ al obligado tributario la iniciaciÃ³n del correspondiente procedimiento y se abrirÃ¡ un plazo, no inferior a diez dÃ­as ni superior a quince, en el que se le pondrÃ¡ de manifiesto el expediente, para que el interesado pueda alegar lo que a su derecho convenga y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes."
14. "ArtÃ­culo 63 bis, apartado 2.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, serÃ¡ competente para acordar la iniciaciÃ³n del expediente sancionador el funcionario, equipo o unidad que hubiera desarrollado la actuaciÃ³n de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n, o aquÃ©l que se designe por el Inspector-Jefe, mediante autorizaciÃ³n que Ã©ste podrÃ¡ conceder, en ambos casos, en cualquier momento del procedimiento de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n."
ModificaciÃ³n parcial del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
Los artÃ­culos 2 y 3 y los apartados 2 y 4 del artÃ­culo 16 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, quedarÃ¡n redactados en la siguiente forma:
1. "ArtÃ­culo 2. Contenido del derecho a la devoluciÃ³n.
1. La cantidad a devolver a consecuencia de un ingreso indebido estarÃ¡ constituida esencialmente por el importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido a favor del obligado tributario.
2. TambiÃ©n formarÃ¡n parte de la cantidad a devolver:
a) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento cuando el ingreso indebido se hubiere realizado por vÃ­a de apremio.
b) El interÃ©s de demora regulado en el artÃ­culo 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en el Tesoro hasta la de la ordenaciÃ³n del pago, salvo que dichas cantidades sean objeto de compensaciÃ³n con deudas tributarias, en cuyo caso se abonarÃ¡n intereses de demora hasta la fecha en que se acuerde la compensaciÃ³n.
El tipo de interÃ©s de demora aplicable serÃ¡ el vigente a lo largo del perÃ­odo en que dicho interÃ©s se devengue."
2. "ArtÃ­culo 3. PrescripciÃ³n.
1. PrescribirÃ¡ a los cuatro aÃ±os el derecho a la devoluciÃ³n de ingresos indebidos.
2. El plazo de prescripciÃ³n comenzarÃ¡ a contarse desde el dÃ­a en que se realizÃ³ el ingreso indebido y se interrumpirÃ¡ por cualquier acto fehaciente del obligado tributario, o de sus herederos o causahabientes, dirigido a la obtenciÃ³n de la devoluciÃ³n del ingreso indebido o por cualquier acto de la AdministraciÃ³n en que se reconozca su existencia.
3. Reconocida la procedencia de la devoluciÃ³n, prescribirÃ¡, asimismo, a los cuatro aÃ±os el derecho para exigir su pago, si Ã©ste no fuese reclamado por los acreedores legÃ­timos. Este plazo se contarÃ¡ desde la fecha de notificaciÃ³n del reconocimiento de dicha obligaciÃ³n.
4. Lo dispuesto en este precepto no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los ingresos indebidos de derecho pÃºblico no tributarios, que se regirÃ¡n por su normativa especÃ­fica."
3. "Apartados 2 y 4 del artÃ­culo 16.
CondonaciÃ³n y extinciÃ³n de sanciones.
2. La resoluciÃ³n que acuerde la condonaciÃ³n graciable de una sanciÃ³n tributaria servirÃ¡ para que en su ejecuciÃ³n se proceda a la devoluciÃ³n correspondiente. Del mismo modo se procederÃ¡ a raÃ­z de la declaraciÃ³n de haberse extinguido la responsabilidad derivada de una infracciÃ³n a causa de la muerte del sujeto infractor.
4. El derecho a las devoluciones de naturaleza tributaria a que se refiere este artÃ­culo prescribirÃ¡ a los cuatro aÃ±os, desde el dÃ­a en que fuera notificada la resoluciÃ³n acordando la condonaciÃ³n graciable o se produjo el fallecimiento del sujeto infractor.
Este plazo se interrumpirÃ¡ en la misma forma prevista en el artÃ­culo 3 de este Real Decreto."
1. Se autoriza al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuciÃ³n del presente Real Decreto.
2. Se autoriza al Presidente de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria para que, por ResoluciÃ³n, modifique, en el Ã¡mbito de dicha Agencia, la determinaciÃ³n de los Ã³rganos a que se refiere el artÃ­culo 5 de este Real Decreto.
1. El presente Real Decreto entrarÃ¡ en vigor a los veinte dÃ­as de su publicaciÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Estado".
2. La nueva redacciÃ³n dada por la disposiciÃ³n final segunda de este Real Decreto al artÃ­culo 2 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, se aplicarÃ¡ a los ingresos indebidos efectuados a partir del dÃ­a 19 de marzo de 1998, fecha de entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes.
3. Lo dispuesto en el artÃ­culo 24 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, y la nueva redacciÃ³n dada por dicha Ley al artÃ­culo 64 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y al artÃ­culo 15 de la Ley OrgÃ¡nica 12/1995, de 12 de diciembre, de RepresiÃ³n del Contrabando, en lo relativo al plazo de prescripciÃ³n de las deudas, acciones y derechos mencionados en dichos preceptos, se aplicarÃ¡ a partir de 1 de enero de 1999, con independencia de la fecha en que se hubieran realizado los correspondientes hechos imponibles, cometido las infracciones o efectuado los ingresos indebidos, sin perjuicio de que la interrupciÃ³n de la prescripciÃ³n producida, en su caso, con anterioridad a aquella fecha produzca los efectos previstos en la normativa vigente.

References: Real Decreto 
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