Source: https://www.slideshare.net/libertadaliaga/comunicacion-y-derechoshumanos
Timestamp: 2017-03-24 16:10:03+00:00

Document:
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Libertad Aliaga, Working
Comité Editorial del CEIICH
Maya Victoria Aguiluz Ibargüen
José G. Gandarilla Salgado
Elke Koppen Prubmann
Rogelio López Torres
Isauro Uribe Pineda
Comunicación y derechos humanos / Aimée Vega Montiel, coordinadora ; traducción,
Alfonso Cuevas Meza, Judith López Rodríguez = Communication and human
rights / Aimée Vega Montiel, editor ; translation, Robert Carter, Klara Chlupata.
– México : UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades : Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social
= International Association for Media and Communication Research, 2012.
180, 175 p. – (Colección Alternativas) ISBN 978-607-02-2820-9
1. Libertad de palabra – Congreso. 2. Libertad de información – Congreso. 3. Libertad
de expresión – Congreso. 4. Derechos humanos – Congreso. I. Vega Montiel, Aimée,
ed. II. Cuevas Meza, Alfonso, tr. III. López Rodríguez, Judith, tr. IV. Carter, Robert, tr.
V. Chlupata, Klara, tr. VI. Ser.
D. R. © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México
Torre II de Humanidades 4º piso
Coyoacán, México 04510 D. F.
© 2012, Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social
Traducción: Alfonso Cuevas, Judith López, Robert Carter, Klara Chlupata, Amelia Arreguín.
Revisión de la versión en inglés: Annabelle Sreberny, Klara Chlupata, Toby Miller.
Corrección y cuidado de la edición: Bertha Trejo, Wenceslao Huerta.
Transcripción de ponencias: Amelia Arreguín, Gabriela Cervantes.
Portada: María Eugenia Guzmán.
Formación de páginas: César Susano.
Presentación..............................................................................................................11
Prefacio.....................................................................................................................13
Prólogo.....................................................................................................................	15
Introducción: comunicación y derechos humanos.....................................................17
Néstor García Canclini	COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS:
Comunicación y derechos humanos: Index on Censorship..................................31
Comunicación y derechos humanos: el papel de la Unesco.................................37
Comunicación y derechos humanos: Artículo 19 ................................................51
Comunicación y derechos humanos:
la Relatoría Especial de Naciones Unidas..............................................................55
Frank La Rue Lewy	LAS LENGUAS EN LA AIECS	El imperativo árabe en la aiecs................................................................................63
Ibrahim Saleh	Hacia la diversidad lingüística en la aiecs..............................................................69
Aimée Vega Montiel	Lenguas, investigación y derechos humanos..............................................................73
Divina Frau-Meigs	El impulso iberoamericano.....................................................................................81
Maria Immacolata Vassallo de Lopes	INVESTIGACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS	Los derechos humanos y a comunicar de las mujeres...........................................87
Margaret Gallagher	La ciudad comunicativa..........................................................................................95
Cees Hamelink	Educación en medios y derechos humanos..........................................................103
Divina Frau-Meigs	Derecho a la comunicación, todavía no para todos............................................111
Raúl Trejo Delarbre	8
PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS SOBRE
COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	Derechos del hombre y comunicación en América Latina.................................117
Antonio Pasquali	Derecho a la identidad y comunicación..............................................................125
Fátima Fernández Christlieb	Telenovela y derechos humanos: la narrativa de ficción
como recurso comunicacional..............................................................................131
Maria Immacolata Vassallo de Lopes	Políticas democráticas de comunicación.............................................................153
Miquel de Moragas	Desafíos estratégicos: sociedad de la información..............................................161
Autores....................................................................................................................175	9
WASK O
P R ES I DEN TA DE
L A AIE CS
Comunicación y derechos humanos es una recopilación de ensayos derivados de la
Conferencia de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social
(aiecs) celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ciudad
de México, en julio de 2009.
La aiecs es la organización mundial más importante de profesionales en el
campo de la investigación sobre medios y comunicación. Es una organización no
gubernamental que mantiene relaciones oficiales de consultoría con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde 1957.
Constituye un organismo verdaderamente internacional, que tiene socios de todo
el mundo. Sus miembros promueven la inclusión global y la excelencia dentro de
las mejores tradiciones de la investigación crítica en el campo.
La Asociación representa a una comunidad de estudiosos que utilizan las oportunidades en línea y fuera de línea para la construcción de redes sólidas, colegiadas
y de apoyo. Difunde información sobre investigación y necesidades de investigación
a través de diversas plataformas. Asimismo, mantiene relaciones con profesionales
de una amplia diversidad de organizaciones y medios de comunicación, incluidos
organismos regionales, como la Asociación Latinoamericana de Investigadores de
la Comunicación, el Asian Media Information and Communication Centre, la International Communication Association y la European Communication Research
and Education Association, además de organizaciones nacionales.
En términos generales, la aiecs pretende estimular el interés en la investigación
sobre medios y comunicación, y procura impulsar políticas y prácticas de comunicación, especialmente desde una perspectiva internacional e interdisciplinaria.
Busca fomentar y fortalecer la investigación sobre comunicación en todo el mundo
y promover la plena participación de los nuevos académicos, las mujeres y los especialistas de regiones económicamente desfavorecidas. Además de los proyectos
de investigación en una variedad de áreas, la aiecs ha contribuido al desarrollo y
mejora de la educación y formación de periodistas y profesionales de los medios a
través de investigación y otras actividades.
Las conferencias de la aiecs se rotan con regularidad entre los continentes y las
regiones, cada una con temas apropiados y oportunos que marcan la agenda de
las reuniones. La selección del tema “Comunicación y Derechos Humanos” para
la conferencia de 2009 en la ciudad de México no causó extrañeza, dada la rica y
extensa discusión de estas materias por parte de investigadoras e investigadores de
la comunicación en todo el mundo. La discusión acerca de los derechos humanos
está íntimamente ligada a la comunicación, en especial al derecho a comunicar,
como se aborda en los textos que conforman este volumen. Y si bien este debate ya
se ha desarrollado en conferencias previas de la aiecs, el énfasis en la comunicación
y los derechos humanos, como eje de la conferencia de ciudad de México, centró la
atención con éxito en torno a las definiciones, historia y explicación de este tema.
Tenemos la suerte de contar ahora con este volumen que incluye la conferencia
de apertura, así como los debates y reflexiones entre expertas y expertos sobre una
amplia gama de cuestiones relacionadas con el tema. Es particularmente apreciable
el apartado sobre la aiecs y las lenguas, asunto que sigue siendo un problema difícil y complejo para una asociación verdaderamente internacional. Cabe destacar
también las invaluables secciones que presentan el trabajo de los investigadores
latinoamericanos a los lectores de habla inglesa.
Esta colaboración entre la aiecs y la Universidad Nacional Autónoma de México
es un ejemplo de las actividades bilingües necesarias para construir una comprensión de los problemas globales relacionados con los medios y la comunicación.
Damos la bienvenida a esta compilación y esperamos con interés los debates y
acciones futuras que estos trabajos puedan inspirar en el área de la comunicación
E X P RES I DEN TA DE
S reberny
LA A IE CS
Me parece muy apropiado que la conferencia de la aiecs de 2009 en México se haya
enfocado a los derechos humanos. Éste se ha convertido en un tema clave del desarrollo político, social y económico en todo el mundo, con frecuencia reconocido
más por su violación que por su aplicación.
El discurso de los derechos humanos fue formalizado en los años cuarenta del
siglo xx luego de las atrocidades de la segunda Guerra Mundial, junto con el reconocimiento del genocidio, término desarrollado en 1944, y la noción de crímenes
contra la humanidad. Sin embargo, la noción de derechos humanos tiene larga
historia y ha sido abordada por filósofos y teóricos provenientes de un amplio
espectro de tradiciones culturales; en tanto que la formalización de los derechos
humanos se puede rastrear al desarrollo de la legislación humanitaria internacional
Los derechos humanos gozan de reconocimiento universal, aun cuando los
diferentes sistemas culturales y políticos articulan diferentes nociones sobre ellos.
Las formulaciones originales se han extendido al reconocimiento de los derechos
de grupos específicos, incluidas las mujeres, los niños y los indígenas.
Los derechos están en el centro de muchos de los debates contemporáneos. Algunos alegan que los discursos sobre los derechos están demasiado individualizados
y dejan de lado la preocupación por las colectividades. A otros les preocupa que
los derechos políticos se han priorizado por encima de las prestaciones económicas;
incluso, que el discurso de los derechos se ha convertido en arma de los Estados
poderosos para promover formas específicas de desarrollo. Sin embargo, otros
temen que los derechos signifiquen poco si no van acompañados de las obligaciones
concomitantes. Mucha gente lucha por el cumplimiento de los derechos humanos,
en tanto que otros dan por hecho que éstos existen y hasta permiten su erosión sin
poner gran resistencia.
Para nuestro campo académico y profesional de estudio y práctica, los temas
relacionados con los derechos humanos son particularmente delicados. En muchos
países los periodistas y otros profesionales de los medios son amenazados por las
duras restricciones a la libertad de expresión. Hay una preocupación creciente
por la erosión de los derechos a la información y a la privacidad en la actual era
digital. Los derechos de propiedad intelectual son punto de confrontación entre
el capital y la creatividad. El ya largo debate filosófico y legal sobre el significado
y la práctica del “derecho a comunicar” sigue siendo intenso. En las sociedades
multiculturales dentro del entorno globalizado, la libertad de expresión ejercida
por algunos se confronta con las sensibilidades culturales de otros, en ocasiones,
con consecuencias violentas.
Así, el complejo de temas relacionados con los derechos humanos está en el
centro de los intereses de investigación y de políticas de la aiecs. Representa también
un reto para nosotros como organización internacional que busca intervenir en los
ámbitos de la política y tener voz en los debates internacionales. ¿Cómo decidimos
cual debe ser nuestra posición?
Éstos son algunos de los temas más cruciales de nuestro tiempo y México proporcionó una espléndida oportunidad para debatirlos. Fue una conferencia fascinante.
AI MÉE
VEG A M ON T IEL
La adopción de los estatutos de las Naciones Unidas en 1945 y de la Declaración
Universal de Derechos Humanos en 1948 obligó a los Estados miembros a reconocer, establecer, proteger y fortalecer los derechos humanos en los ámbitos global,
regional, nacional y local. Desde entonces, el respeto a la dignidad de las personas y
su derecho a la igualdad ha impulsado a la comunidad internacional a reconocer
y asumir su responsabilidad en la promoción, respeto y protección universal de
los derechos humanos. Asimismo, a garantizar la indivisibilidad de los derechos
humanos y su interdependencia con la paz y el desarrollo.
Como lo señala Cees J. Hamelink (1994), los derechos humanos proveen un
marco universal de estándares para la integridad y la dignidad de todos los seres
humanos. Este marco está basado en los principios de libertad, igualdad, equidad,
solidaridad, inviolabilidad, inclusión, diversidad, participación y comunicación.
En este tenor, el Informe MacBride (1980) expresa que el derecho a comunicar
es un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos. En particular,
debemos reconocer la relación que existe entre el derecho a comunicar y aquellos
que garantizan la participación pública. Así, el derecho a comunicar va de la mano
de la libertad de expresión, del derecho a la información y del acceso universal a
las nuevas tecnologías y al conocimiento, pero, también, de la participación de los
ciudadanos en los procesos de toma de decisión relacionados con las políticas
de comunicación e información, de la promoción de la diversidad cultural por
parte de los medios y las nuevas tecnologías, del acceso de los grupos sociales que
históricamente han sido excluidos de la esfera pública a las herramientas de la
comunicación, así como de la protección y confidencialidad de la comunicación.
La importancia de la comunicación como derecho humano ha quedado establecida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que
expresa: “Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión”.
Sin embargo, al mismo tiempo que reconocemos la importancia de la comunicación en las sociedades contemporáneas y su impacto positivo, no debemos
ignorar los aspectos negativos que resultan de la falta de acceso de muchos
grupos sociales al ejercicio de sus derechos comunicativos.
Por todo ello, consideramos que la paz, la democracia y el desarrollo sólo se
alcanzarán si garantizamos los principios de la comunicación como un derecho humano, esto es, el derecho a la comunicación de todas las personas. En consecuencia,
pensamos que es imperativo promover el análisis, la discusión y la formulación de
estrategias y políticas de comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos. Es una responsabilidad que no podemos aplazar; tal es la razón de ser de esta
obra, la cual reúne la participación de especialistas provenientes de diversas áreas
del conocimiento y la acción pública, quienes contribuyeron a la discusión de este
tema central para la coexistencia mundial en el marco de la Conferencia de la aiecs,
celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México en julio de 2009.
El volumen que el lector tiene en su manos reúne esos manuscritos y ofrece una
diversidad de perspectivas y reflexiones en torno a la relación entre comunicación
El Comité Organizador Local de la Conferencia de la aiecs en 2009 desea expresar
su gratitud a todos los autores que han hecho posible este libro. Asimismo, a la aiecs
y a la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, por su confianza y gran apoyo.
Hamelink, Cees J. 1994. The politics of world communication: a human rights perspective, Londres, Sage.
MacBride, Sean et al. 1980. Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro
tiempo, México, fce.
INTRODUCCIÓN: COMUNICACIÓN
G ARCÍ A C AN CLIN I
Muchas gracias por la invitación a participar en esta Conferencia de la aiecs. Mi
especialización en comunicación ha sido más bien una parte de mi forma de analizar la cultura y la sociedad como antropólogo, pues considero que para hacer
antropología es necesario incluir las industrias culturales y la formas más recientes
de comunicación, no sólo las locales.
Me siento un poco inseguro respecto del tema de los derechos humanos porque
no lo he trabajado de modo permanente. Sigo, como todos ustedes, la actualidad y
la historia de la problemática de los derechos humanos. He participado en distintas
instituciones dedicadas a esta materia; en la actualidad lo hago en la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información.
Es muy importante que el Comité Organizador de esta Conferencia haya elegido
este asunto, que resulta estratégico en todo el mundo, así como es de gran relevancia
la situación actual de los medios de comunicación. Me parece celebrable que se haya
seleccionado a México como la sede de este encuentro, porque sin duda este país
es uno de los lugares donde se atenta más contra los derechos humanos, situación
ante la cual una fuerza social intenta reivindicar esos derechos.
Hace poco asistí a una mesa de artistas que hablaron acerca de los derechos
humanos en el arte contemporáneo; una de las participantes, especialista en temas
de género y feminismo, dijo que si bien el hecho más conocido y con más trascendencia internacional en derechos humanos en México es, quizá, el de las muertas
de Juárez, en realidad en los últimos años han sido muchos más los muertos. Así
es: vivimos una situación en la cual el feminicidio y la violencia de género siguen
siendo, por supuesto, muy importantes, pero también lo es la violencia contra los
indígenas y otros grupos discriminados históricamente, y su extensión abarca a
Durante estos días se está proyectando en las pantallas de los cines mexicanos
–como en las pantallas de casi todo el mundo, lo cual constituye uno de los
efectos de la simultaneidad de la globalización– la película italiana Gomorra. Si
han tenido oportunidad de verla, se habrán dado cuenta de que al final de ella hay
algunas aclaraciones sobre los efectos de esa narración presentada como ficción
y documento a la vez; uno de los datos que se menciona es que la camorra italiana
tiene una enorme repercusión en la economía internacional, pues invierte en muchos
países del mundo; por ejemplo, ha invertido en Nueva York, en la reconstrucción
de las torres gemelas. También se señala como un escándalo, que lo es, que en 30
años la camorra ha asesinado a cuatro mil personas.
En México, sólo en los dos últimos años, se ha duplicado esa cifra. Ante situaciones como ésta, que ocurren en nuestra nación, lo mismo que en otras, me gustaría
comenzar con la pregunta: ¿a quién le importan hoy los derechos humanos? La investigación y la discusión acerca de este tema han estado encabezadas por abogados,
filósofos, políticos y militantes de movimientos sociales. En esta Conferencia quiero
tratar, principalmente, dos perspectivas que se han desarrollado en años recientes:
la de la antropología y la de los estudios sobre comunicación. Me interesan estas
dos disciplinas por su modo de presentar el problema de la universalidad de los
derechos humanos y los diferentes sentidos en que los consideran.
Una pregunta más que tenemos que hacernos tiene relación con la anterior:
¿puede afirmarse que los derechos humanos son universales? En realidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es más un deseo
que una realidad. Demos un ejemplo: la Revolución francesa, como un antecedente
clave en el origen de la elaboración y reivindicación de los derechos humanos, ocurrió hace más de dos siglos, pero un siglo y medio después de ese acontecimiento
histórico, en la mayoría de los países las mujeres no podían votar.
En este sentido, conocemos las diferentes concepciones que existen sobre lo humano, la cultura y los derechos individuales y colectivos en los países occidentales, asiáticos
y africanos. Acaso habría, pese a las divergencias, posibilidad de generalizaciones de
tipo universal acerca de las formas y los contenidos de la cultura y los derechos a la
cultura y la comunicación. A las diferencias que hay entre las culturas en su manera
de concebir los derechos humanos se agregan las que existen entre las distintas organizaciones del saber, desde la filosofía y la teología, hasta las ciencias sociales.
Por eso quisiera referirme brevemente a la necesidad de una concepción interdisciplinaria de los derechos culturales y comunicacionales. Hay, como saben,
INTRODUCCIÓN: COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
modos distintos de estudiar las sociedades en cada una de las ciencias sociales. Para
los antropólogos, esa investigación implica trabajar sobre todo con las diferencias
y preocuparse por lo que nos homogeneiza; los sociólogos acostumbran más bien
detenerse a observar los movimientos que nos igualan y los que aumentan la disparidad; los especialistas en comunicación suelen pensar las diferencias y desigualdades
en términos de inclusión y exclusión en las redes de información y entretenimiento.
De acuerdo con el énfasis de cada disciplina, los derechos culturales son leídos con
claves distintas.
Para la antropología, especializada en las diferencias, los derechos culturales
tienen que ver con la pertenencia comunitaria y la posibilidad de diferenciarse de los
otros. Desde la perspectiva de algunas teorías sociológicas críticas de la desigualdad,
la cultura es algo que se adquiere al formar parte de las élites, que se adhiere al pensamiento y a los gustos. Las diferencias culturales procederían, según autores como
Pierre Bourdieu, de la apropiación desigual de los recursos económicos y educativos.
Los estudios comunicacionales consideran, casi siempre, que tener cultura es estar
conectado; por tanto, el debate comunicacional sobre derechos culturales suele
referirse a la libertad de expresión, la propiedad intelectual y el acceso a los medios.
No hay en estas discrepancias posibilidad de imaginar un proceso evolucionista de
sustitución de unas teorías por otras.
El problema es más bien averiguar cómo coexisten, chocan o se ignoran la cultura comunitaria, la cultura como distinción y la cultura punto com. Es un asunto
teórico y es un dilema clave en las políticas sociales y culturales de este trabajo
transdisciplinario, que no consiste sólo en cómo reconocer las diferencias, cómo
corregir las desigualdades y cómo conectar a las mayorías a las redes globalizadas.
Para definir cada uno de estos tres términos –diferencia, desigualdad y conexión­– es
necesario pensar los modos en que se complementan y se desencuentran. Ninguna
de estas tres cuestiones tienen los formatos de hace 20 o 30 años y mucho menos
el de hace 50 años, cuando se fundó la aiecs. Sobre todo, han cambiado desde que
la globalización tecnológica interconectó de forma simultánea a casi todo el planeta
y creó nuevas diferencias, desigualdades y desconexiones.
¿Cuál es la situación de este debate y de esta interrelación transdisciplinaria
en América Latina? En las declaraciones de los organismos gubernamentales del
Occidente moderno, los derechos culturales suelen concentrarse en el desarrollo
de las potencialidades personales y el respeto a las diferencias de cada grupo. Se
piensa que los derechos humanos tienen que ver con la protección del idioma, de
la propia tierra, de las relaciones comunitarias; en los últimos años, organismos
como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) han dado un lugar central a los derechos socioeconómicos: el derecho al trabajo, la seguridad social, la alimentación,
la educación, la vivienda y la equidad en el acceso a estos bienes. En sus estudios, la
cepal y la cidh, así como otras instituciones, han ampliado la noción de derechos
humanos hacia los derechos culturales; incluso, la propia noción de derechos culturales, que ve a éstos no sólo como el derecho a la lengua o a la propia cultura local
y territorial, muestra que la valoración de las diferencias debe complementarse con
lo que llamaría derechos conectivos, o sea, la participación en las industrias culturales
El derecho a la diferencia se analiza junto con los derechos a la integración y
la equidad, con la participación relativa en las diversas redes de intercambio. En
América Latina no tenemos un modo unificado de organizar las distintas diferencias,
desigualdades, conexiones y desconexiones, ni la reivindicación de los derechos en
estas tres áreas. Algunos prefieren destacar sobre todo las diferencias étnicas, nacionales o de género y por eso auspician proyectos de autonomía tan diversos como
el de los indígenas aymaras –que quieren convertir a Bolivia en la República del
Qullasuyo–, el de los zapatistas mexicanos y los movimientos análogos en Ecuador,
Panamá, Perú o Guatemala, que buscan el autogobierno de las comunidades para
lograr que sus posiciones sean respetadas dentro de las naciones modernas en las
cuales están incluidas.
En otro registro sociopolítico están los gobiernos que asumen en alguna
medida las diferencias y los intereses nacionales, pero se dedican sobre todo a
impulsar proyectos más independientes de desarrollo endógeno. En estos casos,
en el centro del proyecto político se coloca no la diferencia étnica o nacional definida en términos identitarios, sino la caracterización de la desigualdad interna
e internacional como algo generado por una historia de intercambios injustos;
asumen como producto histórico la asimetría producida por el capitalismo de la
primera modernidad liberal y se preguntan cómo superar las desigualdades impuestas por la apertura irresponsable de las economías nacionales; la desposesión
de recursos educativos, económicos y culturales; la transferencia de riqueza de las
mayorías a las élites financieras improductivas y especuladoras, tanto nacionales
Los sectores tradicionales de la izquierda y de movimientos populistas –o así
llamados– persiguen la movilización de los frentes populares, incluidos a veces
obreros, desempleados, migrantes, indígenas, asociaciones de campesinos sin tierra
y ciudadanos urbanos, como ocurre en Brasil, Argentina, Chile, México y muchos
otros países de la región, con el argumento de recuperar capacidad nacional de
gestión, mejorar la distribución de la riqueza y lograr posiciones más justas en las
negociaciones globalizadoras.
Hay una tercera línea, con menor desarrollo, que destaca el papel decisivo de
las tecnologías informáticas y comunicacionales en la recomposición trasnacional
y los procesos de trabajo, comercio y consumo. Encuentra que los resortes clave
para desarrollar cualquier programa eficaz se hallan en la incorporación de amplios sectores a los avances tecnológicos. El programa político de esta línea busca
renovar la educación, actualizar el sistema productivo y de servicios, movilizar y
ensanchar los recursos modernizadores. No todos los integrantes de esta línea lo
hacen del mismo modo, pues en ella hay unos sectores más tecnocráticos y otros
que tratan de no asociar simplemente a las élites con los movimientos empresariales
trasnacionales sin interrogarse críticamente por el sentido social de esta articulación
interna y globalizada.
Es difícil imaginar algún tipo de transformación hacia un régimen más justo
sin el impulso a políticas que comuniquen estas distintas escenas para la reivindicación de derechos, o sea, que comuniquen a los diferentes con políticas étnicas,
de género, de regiones, que también corrijan las desigualdades surgidas de esas
diferencias y de las otras distribuciones inequitativas de recursos, y a la vez conecten a las sociedades con la información, con los repertorios culturales de salud y
bienestar expandidos globalmente.
Sabemos poco aún sobre las maneras eficientes de actuar de forma simultánea en estas tres escenas y cómo se potencian entre sí. Creo que éste es uno de
los desafíos mayores para la investigación en comunicación y cultura. Según las
posiciones teóricas y políticas asumidas en las tres líneas que he esbozado en los
párrafos anteriores, se concibe de manera diferente la ciudadanía desde la cual
pensamos que hay que reivindicar los derechos. Como demostró Amartya Sen al
analizar la problemática desde la pobreza como desposesión absoluta, el umbral de
ciudadanía se conquista no sólo teniendo respeto a las diferencias, sino contando
con los mínimos competitivos en relación con cada uno de los recursos capacitantes para participar en la sociedad. ¿Cuáles son esos recursos capacitantes?: el
trabajo, la salud, el poder de compra y los otros derechos socioeconómicos junto
con lo que él llama la canasta educativa, informacional, de conocimientos, o sea,
las capacidades que pueden ser usadas para conseguir mejor trabajo, mayores
ingresos y también para comunicarnos con la información del mundo.
El acceso segmentado y desigual a las industrias culturales, sobre todo los bienes
interactivos que proveen información actualizada, ensanchan, dice Amartya Sen, “las
distancias en el acceso a la información oportuna y en el desarrollo de las facultades
adaptativas que permiten mayores posibilidades de desarrollo personal, generando
así mejores posibilidades de integración socioeconómica efectiva”.
En estas condiciones, llegamos a preguntarnos qué políticas de derechos
culturales y comunicacionales serían pertinentes en una época de concentración
económica y polarización de las que llamaremos diferencias desigualadas. Sabemos
que la diversidad no se presenta sólo porque distintos sectores de la sociedad
eligen desenvolverse de maneras diferentes, sino también porque tuvieron oportunidades desiguales de acceder a los bienes. En suma, hay diferencias de carácter étnico,
lingüístico, de género y de edad, que no necesariamente están condicionadas por la
desigualdad, y hay otras diferencias provocadas por la desigualdad.
La autora argentina Ana María Fernández publicó en la revista Nómadas (número
30, abril de 2009), que se edita en Colombia pero tiene repercusión internacional,
un artículo muy interesante en el que propone esta noción de diferencias desigualadas para describir la construcción de diferencias dentro del dispositivo de poder:
de género, de clase, de etnia o geopolítico. Destaca que no se constituye primero
una diferencia y luego una sociedad injusta desigual; no se trata, entonces, sostiene,
de describir diferencias o desigualdades solamente, sino de realizar el trabajo de
elucidación de categorías hermenéuticas que puedan visibilizar y enunciar la producción-reproducción de los dispositivos biopolíticos que configuran en un mismo
movimiento esa diferencia y esa desigualdad. No basta contar a los pobres y hablar
de la pobreza, describir las características culturales de una comunidad subalterna
o revelar especificidades de las mujeres, sino que –dice Fernández– hay que elucidar
los dispositivos biopolíticos que construyen las identidades de esa manera desigual,
hacer visibles las múltiples redes de dominios y sujeciones de los subalternos y de los
dominantes en las construcciones de sus identidades como diferencias desigualadas.
Ambas formas de diversidad, las que existen históricamente entre culturas y
las que generan la desigualdad socioeconómica y comunicacional, resultan afectadas
por los procedimientos que podríamos llamar de embudo mediático. La variedad
de estilos y formas de interacción y convivencias de las culturas se reduce a medida que es capturada por los medios. La pluralidad sociocultural que fue antes
homogeneizada por las políticas de unificación o mestizaje, sobre todo nacionales,
ahora sufre un reduccionismo mayor, proporcional al grado de concentración monopólica de las industrias editoriales y audiovisuales de las empresas periodísticas
y los medios musicales trasnacionales.
En el momento en que las ciencias sociales y las políticas culturales de muchos
Estados reconocen e investigan la heterogeneidad, ésta es seleccionada y empobrecida mediante lo que el antropólogo brasileño José Jorge de Carvalho ha llamado
políticas de ecualización intercultural. Este autor da el ejemplo muy conocido de la
world music o música mundializada en la que se trata de evitar los extremos aun
recogiendo músicas diferentes, sometiéndolas a una melodización unificada, estereotipada, que sea compatible para los oídos formados en distintos continentes.
¿Qué sucede en el contexto actual con las políticas de diversidad y los derechos
de los diferentes? En el número 4, de mayo de 2009, de la revista Pensamiento Iberoamericano, que coordinamos don Alfons Martinell y yo, especialistas en diversidad
étnica, de género, educativa y mediática de América Latina y de España presentan
un balance de los avances y retrocesos en estas áreas. Hay una conclusión generalizada: la diversidad es innegable pero tiene escaso poder; las declaraciones de las
cumbres iberoamericanas y de presidentes y ministros de cultura suelen reconocer
esa diversidad y al mismo tiempo exaltar vocaciones históricas compartidas.
¿Por qué tienen tan poca eficacia, entonces, los programas de integración? Preguntas semejantes suscitan la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural
adoptada en 2001 por los Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Convención sobre
la Diversidad de Expresiones Culturales, aprobada por abrumadora mayoría, con
la sola oposición de Estados Unidos e Israel, en la 33ª Conferencia General de la
Unesco en noviembre del 2005, cuya demorada aplicación a procesos específicos
muestra una y otra vez más dificultades que logros. De modo análogo se observan
avances cuando las constituciones nacionales llegan a incluir el reconocimiento de
países pluriculturales –en Colombia en 1991, en Ecuador en 1998–; sin embargo, la
discriminación y los conflictos interétnicos persisten y los derechos de los excluidos
alcanzan poco reconocimiento efectivo.
¿Qué consecuencias tiene esta discrepancia entre declaraciones de pluriculturalidad y procesos sociales en los que se niegan los derechos respectivos? ¿Es posible la
cooperación nacional en la defensa de los derechos humanos? Reencontramos aquí
la diversidad de culturas y la dificultad de generalizar el sentido de la convivencia.
Quiero retomar aquí algunas ideas de un texto que leí en la reunión que tuvimos en Buenos Aires hace unas pocas semanas entre españoles y latinoamericanos
acerca de la situación actual de la cooperación cultural en nuestra región. Vale la
pena recordar que ahora pensamos –es ya un lugar común de la bibliografía– que
la pretendida unidad de América Latina existe menos como una identidad común
que como un espacio sociocultural. En vez de buscar una definición esencial de lo
latinoamericano conviene hablar de un espacio compartido, un espacio cultural,
político, socioeconómico y comunicacional en el que conviven muchas identidades
y lenguas, itinerarios de audiencias heterogéneas. No existe una base biológica ni
una única tradición común que garanticen su desenvolvimiento compartido, unificado, ni que permitan derivar automáticamente iguales derechos para todos. Pero
esta diversidad no es la que genera más dificultades al encarar políticas cooperativas
de desarrollo, derechos humanos y comunicación, sino el desprecio a las diferencias
y el agravamiento de la desigualdad socioeconómica y comunicacional.
¿Cómo trabajar entonces para la superación de estos procesos centrífugos y de
frustraciones? En la base de las malogradas relaciones de cultura, desarrollo y cooperación, algunos autores encuentran las crónicas diferencias en las desigualdades
educativas y la incapacidad de las escuelas para asumir las exigencias actuales del
desarrollo. ¿Cómo formar a las nuevas generaciones en el conocimiento de las migraciones, el multilingüismo y también para que sean capaces de comprender las
conexiones de las industrias culturales y las redes digitales que propician nuevos
modos de acceso e intercomunicación? Si el acceso a los bienes culturales está condicionado en primer lugar por la educación debido al rezago y la decadencia de los
sistemas escolares en América Latina, ello obstaculiza casi todos los vínculos con el
desarrollo y también el avance de los derechos sociales y culturales.
¿Qué alcance puede tener la enseñanza generalizada que dice garantizar para
todos el acceso a los valores nacionales compartidos, si no se incluye la actualización y especialización necesarias para situarse en las innovaciones globales?
Llegamos a una etapa distinta de aquella del siglo pasado cuando en reuniones
como ésta se debatía la diversidad de los medios. Las cuestiones irresueltas de la
diversidad y la interculturalidad se vuelven más acuciantes al inscribirse las industrias
audiovisuales en circuitos digitales y engendran nuevas diferencias y desigualdades, ya no sólo territoriales o de origen histórico, sino según los nuevos modos de
acceso. En la medida en que la gestión de estas interacciones queda en manos de
empresas trasnacionales en el campo editorial, del cine, la televisión y los servicios
digitales, los derechos culturales de cada ciudadano y de cada sociedad se reducen.
La integración política y los objetivos de igualdad y justicia pierden importancia
ante nuevas agendas de negociación comercial. La multiplicación de experiencias
de integración entre Estados, como la del Mercado Común del Sur (Mercosur)
o la de España y la Unión Europea con algunos países latinoamericanos, ha dado
pocos resultados continuos, constantes, en parte a causa de la inestabilidad política y
también por las debilidades de los organismos públicos y las fracturas entre bloques
de países producidas por confrontaciones económicas entre intereses privados y
estatales. En el campo de la comunicación, tanto el proceso de integración europea
como los precarios programas de integración latinoamericana han hecho muy poco
para superar las brechas comunicacionales y expandir los derechos.
¿Podemos aspirar, al finalizar la primera década del siglo xxi, a que la investigación y las políticas culturales intervengan en los circuitos estratégicos, en las
redes digitales, en su acceso público y privado y en la creatividad en línea? ¿O apenas
es posible esperar que sigan ocupándose de las antiguas “especies protegidas”: los
libros, los museos y el cine de autor? ¿Qué derechos humanos y comunicacionales
somos capaces de sostener y promover? Si miramos lo que sucede en las políticas
que tratan de desarrollar la cultura, la conclusión es que prevalecen nociones
equivocadas en lugares anacrónicos, fatiga sin imaginación. La mayor parte de las
políticas culturales nacionales y de cooperación internacional se siguen centrando
en personas, bienes físicos e instituciones espacialmente localizadas. Todo esto
tiene su utilidad. Pero en la época de la desmaterialización y digitalización de los
bienes simbólicos, los ministerios de cultura dedican los porcentajes más altos de
sus presupuestos a la gestión de museos, la construcción de centros culturales que
sean referencias arquitectónicas espectaculares, y a pagar salarios en instituciones
como museos, teatros, orquestas y bibliotecas, representativas de la cultura ilustrada
y situadas en lugares específicos de una ciudad.
Los Estados que cedieron a las empresas privadas desde la expansión masiva de
los medios, la decisión unilateral sobre los contenidos y las condiciones económicas
de explotación de las pantallas de cine y televisión, no dedican fondos ni personal
a estudiar y promover los aportes de la comunicación digital a la reconfiguración
de la esfera pública de los derechos de acceso a las redes comunicacionales.
En la era del acceso a las comunicaciones trasnacionales, las acciones gubernamentales y la mayoría de los sectores sociales –incluso muchas organizaciones no
gubernamentales, sindicatos y movimientos sociales–, siguen colocando en el centro
de sus preocupaciones las interrogantes de cómo lograr que el público visite las
instituciones localizadas en ciudades grandes o medianas, en barrios privilegiados,
en teatros, museos y sala de conciertos, y cómo inventar algún recurso para que los
editores y libreros sobrevivan y los jóvenes lean más. Las encuestas sobre los públicos
de esas instituciones y sus hábitos de lectura muestran que los jóvenes –y no sólo
ellos– ven más cine que antes, pero no en las salas sino en la televisión, video, y por
Internet, vía la descarga de películas. ¿Y para qué usan la computadora y la Internet
en los últimos años, así como los teléfonos móviles? Para informarse, enviar o recibir
mensajes, y para estudiar, hacer tareas escolares y compartir datos. Todas son formas
de lectura y escritura; sin embargo, en la época del iPhone siguen haciéndose libros
y documentos gubernamentales que oponen los libros a la televisión.
Desde hace unos años, en algunos países latinoamericanos los ministerios de
cultura han impulsado, finalmente, estudios sobre los consumos culturales, pues
sigue habiendo prácticas de consumo de bienes localizados, por lo que resulta útil
investigar quiénes van a los teatros, cines, bibliotecas y museos. Hoy valoraríamos
que la política se rediseñara de acuerdo con esos datos para atender mejor los derechos culturales de la población, pero estamos en la época del acceso. Además
de apoyar a los cineclubes independientes e impulsar ediciones no comerciales de
autores clásicos y dar respiración artificial al arte que no interesa a las galerías ni a
las bienales, si queremos encarar en serio la articulación de la cultura y la comunicación con el desarrollo, hay que enfrentar cuestiones incómodas.
Menciono dos ejemplos. Una primera necesidad en este momento parece ser
el paso de la cooperación cultural internacional a la coproducción y la codistribución. El único continente que ha hecho avances de relativa importancia en estos
campos es Europa.
Uno de los pocos programas posretóricos generados por las cumbres de jefes
de Estado en América Latina es Ibermedia. Comenzó en 1998 y al cabo de 10 años
exhibe aportes comprobables al crecimiento de la producción fílmica en español y
el reconocimiento de la diversidad; otorgó apoyos a 348 películas e impulsó redes
de coproducción y convenios de cooperación que favorecen a la cinematografía
consolidada de España, Argentina, Brasil y México. En esos proyectos ha incluido
a 14 países más que pudieron incrementar su producción, desde Colombia y Chile
hasta Ecuador, Panamá y la República Dominicana, que ahora también tienen una
producción cinematográfica de cierta importancia.
Los propios directivos de Ibermedia reconocen que son sólo los primeros
pasos en la formación de un espacio audiovisual iberoamericano entorpecido por
las trabas para distribuir y exhibir. Por supuesto, hay que mencionar, en primer
lugar, el obstáculo que representa la hegemonía estadounidense en las salas, pero
también la falta de políticas para entrar en ventanas distintas –televisión, video y
dvd– y así amortizar los costos de la producción. Si bien se trata de un avance de
la cooperación a la coproducción, ese gran paso es insuficiente si no se alcanza la
codistribución, que mejore la circulación en nuevas pantallas, y se logra la formación de públicos que sepan asumir sus derechos como espectadores. Los cineastas
se benefician con la coproducción, sobre todo en los países periféricos, pues esta
modalidad ayuda a promover los derechos de creación de los propios cineastas; sin
embargo, únicamente los programas de la redistribución de la oferta que faciliten
la exhibición multicultural de todos los continentes contribuirán a afirmar los
derechos de las audiencias y a alcanzar una comprensión intercultural del mundo.
El último asunto al que me referiré es quizá bastante más complejo y difícil:
¿cómo trabajar con los incluidos, con los excluidos y con los que no quieren ser
incluidos en las políticas de desarrollo cultural? La defensa de los derechos culturales
de acceso universal a los bienes supone casi siempre un universo social que gira de
modo más o menos coherente en torno a un eje; sin embargo, el mundo actual,
interconectado por la globalización tecnológica y la interdependencia económica,
se fractura y se desintegra en crisis como la actual.
El economista Paul Krugman cita al poeta William Butler Yeats para describir
al desorden global como un “remolino que no para de agrandarse”. Recuerdo a
este premio nobel que ya en marzo de 2008 hablaba de la tendencia de muchas
economías a desacoplarse de la recesión estadounidense y de las que siguieron.
Esto ha traído, entre otras consecuencias, que se suspendan las líneas de crédito y
las inversiones entre países, que se desactiven programas de cooperación internacional para un desarrollo más equilibrado. Uno de los efectos principales de esta
desintegración y crisis mundiales es que se cortan –aun en Estados Unidos y en las
principales economías europeas– créditos e inversiones en los campos culturales
y comunicacionales, y también, de forma notoria, aquellas inversiones necesarias
para financiar innovaciones como la digitalización de los medios audiovisuales, cuya
ampliación de frecuencias podría extender el ejercicio de los derechos de acceso a
Ya había trastornos serios desde que estalló la burbuja tecnológica y digital,
pero la explosión de las burbujas inmobiliarias y demás ha agravado las podas
al financiamiento de museos, teatros, editoriales y canales de televisión cultural
en Estados Unidos, Europa y América Latina. La metáfora de un universo que
giraba en torno de un eje está siendo reemplazada por la de la burbujas fugaces y
los recortes presupuestales reiterados.
Quiero detenerme un momento en la imagen de desacoplamiento, no sólo de
unas economías respecto de otras, sino de amplios sectores sociales. En la literatura
sobre el desarrollo solía argumentarse que las acciones culturales y comunicacionales son recursos incluyentes; las políticas sociales y culturales eran mejor valoradas
cuando favorecían la participación de las instituciones y el ejercicio de la ciudadanía.
Ahora abunda el rechazo a estas pretensiones integradoras. Doy unos pocos ejemplos. En la Argentina catastrófica de 2001 las multitudes salían a la calle diciendo:
“Que se vayan todos”. En varias de las últimas elecciones en América Latina se han
escogido presidentes por fuera de los partidos políticos, con signos distintos, desde
Alberto Fujimori hasta Hugo Chávez y Fernando Lugo. El aumento del abstencionismo en las elecciones de estos últimos años, y sobre todo entre los jóvenes, está
ligado, por supuesto, a una creciente desafección política, a una búsqueda de trabajo
en los mercados informales, a un consumo de productos piratas y, en su expresión
más drástica, al abandono del país por los migrantes. Todas son maneras prácticas
de descreer de la organización social imperante. Las encuestas recientes entre jóvenes de España, México y Argentina muestran su desinterés ante las ofertas de
bienestar y participación estatales y escepticismo respecto de que las acciones ciudadanas –como votar en las elecciones– amplíen el cumplimiento de sus derechos.
Muchos de esos jóvenes prefieren la inserción en redes más experimentales con sus
compañeros de edad, con los que ofrecen trabajo –aunque sea precario e ilegal– y
bienes de consumo y comunicación –aunque sean piratas–. Hasta la comunicación
a distancia por medios digitales les brinda mayor concreción, como es el caso de la
voz y las imágenes que los relacionan al instante y consiguen efectos verificables y
los sitúan, no en estructuras en abstracto, sino en redes expresivas.
Para concluir destaco que elegí estos dos ejemplos con el propósito de señalar el
doble registro en que se hace necesario recolocar la articulación cultura-desarrollocomunicación-derechos humanos. Un registro es el de las acciones políticas dentro
de las instituciones y programas existentes –por eso hablé de Ibermedia–. La otra
vertiente se sitúa en un campo que suele ubicarse como el de la antipolítica, y es la
de quienes sospechan de los grandes relatos de las instituciones y a quienes no les
interesa ser incluidos ahí, sino explorar formas de desarrollo grupal o colectivo no
reductibles al antagonismo inclusión-exclusión.
Asumir esta doble vía implica comprender las actuales condiciones más allá
de los modos de pertenencia e interconexión estructurados por la cultura letrada, en
los que se concentran los organismos nacionales e intergubernamentales. Supone
cambios tan radicales como dejar de simplificar las descargas libres con contenidos culturales llamándolas piratería y abandonar la idea de que las redes de
comunicación no empresariales son amenazas al desarrollo.
Quizá los asuntos de la diversidad en el desarrollo y los derechos humanos
puedan sonar atractivos para las nuevas generaciones si somos capaces de imaginar la cultura como algo más que un portafolios comercial de Google, cinco o
seis editoriales y dos o tres disqueras interrumpidos por la aparición de videos
clandestinos en las pantallas de Youtube. Tal vez las palabras cultura, comunicación,
derechos humanos, están reinventando su expresividad en otras construcciones de
sentido, cuyo poder depende de lo que sucede con los derechos intelectuales de los
creadores y los derechos conectivos de las audiencias.
G LANVILLE
Estamos llegando al final de una era en la Gran Bretaña, una era que se inició con
la elección del nuevo Partido Laborista hace 12 años, con sus grandes promesas
de gobierno abierto. Resulta una experiencia ligeramente amarga para el público
británico recordar los compromisos que se hicieron en ese momento. Tony Blair
llamó inquebrantable a la promesa de transparencia que el nuevo Partido Laborista
le hizo al pueblo británico. Esto, dijo nuestro primer ministro en ciernes, sería un
antídoto para la desafección hacia la política que prevalecía entre los ciudadanos. En
gran medida, ésta fue una reacción contra la mezquindad del Partido Conservador
después de 18 años en el poder.
Cualquiera que haya seguido la política británica en los últimos meses sabrá
que nunca ha habido una mayor crisis de confianza hacia el medio político. Y la última
ironía es que fue la joya de la corona del gobierno en lo que concierne a transparencia, la Ley de Libertad de Información del 2005, lo que precipitó esta crisis. Fuimos,
asombrosamente, uno de los últimos países europeos en tener un derecho legal a
Permítanme esbozar brevemente lo que pasó. Cuando se aprobó la Ley de Libertad de Información, sus partidarios solicitaron el detalle de los gastos de los políticos
británicos de acuerdo con sus asignaciones. El gobierno se resistió con todas sus
fuerzas a cumplir esa solicitud; junto con el Parlamento, trató de controlar qué tanta
información se liberaba al público. A final de cuentas, gracias a una filtración a la
prensa –a la vieja usanza–, todo salió a la luz y la clase política quedó exhibida casi
por completo. Uno tras otro, los políticos se han visto expuestos haciendo trampa
con sus gastos o, por lo menos, tomándole el pelo al público británico.
Hemos perdido a la primera mujer que ocupó el Ministerio del Interior, luego de la revelación de que había incluido entre sus gastos oficiales el costo de las
películas pornográficas que adquiría su esposo. Hemos tenido ministros que han
reclamado hipotecas inexistentes; tuvimos otro que reclamaba la limpieza de su
foso –para aquellos que no lo saben, el foso es el cuerpo de agua que rodea el castillo
para mantener fuera a los bárbaros–, y aun otro que reclamaba la construcción en
su jardín de una isla especial para que habitaran ahí sus patos… Si cualquiera de
ustedes tiene una visión estereotipada de los británicos, un poco tacaños en un
extremo y excesivamente afectados en el otro, esto ayudará a reforzarla.
Resulta claro que uno de los mayores errores del nuevo Partido Laborista fue
creer que podía comprometerse con la transparencia a la vez que seguía protegiendo
la cultura de la secrecía. Podrá parecer obvio, pero no se puede prometer un gobierno
abierto sin tener un gobierno que sea, pues, abierto… Y de nuevo las palabras de
Tony Blair regresan para perseguirlo. El manifiesto del nuevo Partido Laborista decía:
“La reserva innecesaria en el gobierno conduce a la arrogancia…”. Fue gracias a una
campaña persistente e inagotable que todo esto se hizo del dominio público. Y no
es mera coincidencia que la más entusiasta de quienes impulsaron la campaña haya
sido una estadounidense, Heather Brooke, que vive en la Gran Bretaña. Viniendo
de una cultura en la que el acceso a la información es el torrente sanguíneo del
periodismo, en la que los periodistas se apoyan con fuerza en los registros públicos,
ella se sentía intrigada por la cultura política británica y su falta de transparencia,
donde lo que cuenta no es qué se sabe, sino a quién se conoce.
En esta debacle de gastos, lo que queda expuesto, creo yo, es una ambivalencia
fundamental hacia la libertad de expresión y la libertad de información en la cultura británica. Y esto a pesar del hecho de que la libertad de expresión es ahora un
derecho positivo en la ley inglesa. Esto último no ocurrió sino hasta que el nuevo
Partido Laborista incorporó la Convención Europea de Derechos Humanos a la
legislación; habrá que darle crédito por eso.
De hecho, existe una percepción creciente de que se ha retirado el apoyo a la
libertad de expresión. Tomando otro ejemplo, si se observa la legislación a lo largo de
los últimos 12 años, resulta particularmente notable el aumento en la aprobación
de leyes que restringen el derecho de manifestación. Hubo una gran indignación
en abril de 2009 luego de la actuación de la policía durante las protestas contra la
cumbre del Grupo de los 20 en Londres; un transeúnte murió tras ser agredido
por la policía. Hubo 250 protestas por el comportamiento de la policía hacia los
manifestantes, incluyendo 50 protestas por el uso excesivo de fuerza. Lo que resulta
alentador, después del clamor, es que la policía ha reconocido que no cumplió su
COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: INDEX ON CENSORSHIP
obligación de respetar los derechos humanos. Si se trató de una declaración de
dientes para fuera o si se realizará el ajuste prometido, aún está por verse.
Pero creo que en la cultura británica hay menor tolerancia hacia la libertad de
expresión. Ha habido una creciente aceptación de que es mejor para la sociedad
suprimir la libre expresión que darle rienda suelta, y existen múltiples ejemplos de
ello, tanto en las artes como en la política. Las raíces del fenómeno datan de hace
20 años, con la respuesta que provocó la publicación de Los versos satánicos, de
Salman Rushdie. Vimos en aquella ocasión a intelectuales y políticos argumentar
por primera vez que la censura podría ser buena en aras de evitar que otras culturas fueran insultadas. En fecha más reciente, la muy difundida justificación para la
censura ha sido la seguridad nacional, aunque realmente no es nada nuevo; lo que
ha cambiado desde el 11 de septiembre del 2001 ha sido su enfoque.
El cambio sigue teniendo impacto en periodistas, académicos, estudiantes,
activistas políticos. De modo directo, claro, los presos en Guantánamo y los ciudadanos británicos que han sido detenidos en Pakistán, Bangladesh y Dubai, algunos
de los cuales están acusando al servicio de inteligencia británico, el MI5, de haber
sido cómplice de las torturas que sufrieron.
El año pasado, en un caso particularmente preocupante, un estudiante de
posgrado de la Universidad de Nottingham descargó el Manual de entrenamiento
de Al Qaeda desde la Internet y lo mandó por correo electrónico a un amigo suyo
que trabajaba en ese centro de estudios para que se lo imprimiera para su investigación. No lo descargó, por cierto, de un sitio yihad, sino de una página web del
gobierno de Estados Unidos de América, de acceso gratuito. El documento incluso
se puede adquirir a través de Amazon. Sin embargo, alguien en la Universidad vio
el documento y llamó a la policía, lo que provocó que ambos jóvenes estuvieran
detenidos durante seis días con imputaciones basadas en la ley antiterrorista. Lo
que resultó más preocupante en este caso no fue la interpretación de la ley, que la
mera posesión de un documento pudiera ser una ofensa criminal, o la respuesta de
la policía, sino el hecho de que alguien que trabaja en una universidad haya creído
que la aparición de este documento en una impresora de esa institución fuera
motivo para llamar a la policía. Seguramente las universidades son lugares donde
el descubrimiento y libre flujo de la información tienen una importancia central.
Ésta es una muestra de cómo el miedo y la suspicacia han infiltrado la conciencia
pública, y cómo se ha extendido la idea de que se deben poner límites a la libertad.
Bajo esta legislación se ha perseguido a estudiantes e incluso a niños. En esos
casos, a diferencia de lo sucedido en Nottingham, todos los acusados habían mostrado un preocupante interés en el terrorismo y la violencia, pero no eran culpables
de ningún crimen o conspiración; hablaron de ir a Pakistán, se sentían claramente
atraídos por la violencia pero no había prueba de ningún tipo de conspiración; la
principal evidencia en su contra era el material que habían bajado de la Internet.
Fueron procesados por posesión de un artículo –en circunstancias que dan lugar a
una razonable sospecha de que ese hecho se vincula con la comisión, preparación
o instigación de un acto de terrorismo–. Todos fueron declarados culpables y sentenciados, y la condena fue anulada a través de una apelación. Estos jóvenes pasaron
casi dos años en prisión.
Tengo la esperanza de que luego de estos casos la policía y la Fiscalía de la
Corona lo piensen dos veces antes de detener y procesar a cualquiera sobre la base
de su material de lectura. En estos dos casos las acusaciones se ampararon en la
ley antiterrorista del 2000, y lo que preocupa a muchos abogados es la manera tan
general como han sido diseñadas estas leyes, lo que ha permitido que se persiga a
la gente por estar en posesión de literatura “extremista”.
Pero creo que estos casos también son indicativos de una tendencia más amplia, que se trata de cómo accedemos a la información en línea. Nos encontramos
con que la legislación está cambiando de manera tal que los individuos pueden ser
perseguidos por posesión de la información que descargan, y vemos que esto está
sucediendo también en el caso de materiales obscenos o pornográficos. En los viejos
tiempos, era al editor a quien se llevaba a los tribunales; hoy es al consumidor. Y ese
es un cambio sustancial en la forma como el gobierno pretende controlar nuestro
En la revista Index on Censorship hemos puesto especial interés en la manera
como se usa la legislación antiterrorista contra los periodistas que investigan el terrorismo. Hemos encontrado con suma frecuencia que los periodistas que informan
acerca del terrorismo, que escriben un artículo o hacen una película para televisión,
están a expensas de recibir una visita de la policía, que les pedirá que le entreguen
todas sus notas y revelen sus fuentes de información. En la mayoría de los casos se
requerirá de muchos alegatos en el tribunal, y a la postre el juez limitará el rango
de la petición policiaca; el periodista podrá, las más de las veces, conservar la confidencialidad de sus fuentes y acabará entregando el material menos sensible a las
autoridades. La mayoría de los periodistas tienen la impresión de que la policía está
tanteando el terreno sólo para ver qué puede pescar, sin preocuparse demasiado
si con eso atenta contra la integridad profesional de los comunicadores o pone en
peligro su subsistencia y a veces hasta su vida; sin que le importe el principio de la
confidencialidad de las fuentes, que ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos como pilar fundamental de la libertad de prensa. En algunos
casos hemos comprobado que los materiales que pide la policía son del dominio
público, se encuentran en sitios web e incluso en revistas impresas. En un caso más
reciente, a principios de 2009 la policía exigía conocer las fuentes de la periodista de
Irlanda del Norte Suzanne Breen, cuya vida habría corrido serio peligro si hubiera
entregado a las autoridades la información que le pedían.
En la actualidad, las amenazas a la seguridad nacional, por supuesto, se reconocen como motivo para anular la libertad de expresión; sin embargo, lo que parece
haberse ampliado de forma alarmante es la definición de terrorismo, así como el uso
de la ley para criminalizar actividades que no pueden considerarse como terrorismo ni siquiera desplegando la imaginación. Con sustento en la sección 44 de la
ley antiterrorista, la policía puede detener y revisar a cualquiera, aun sin motivos
razonables. Esto se ha usado en contra de personas que han protestado por el cambio climático y ahí está el muy famoso caso en contra de un anciano de 80 años
que imprecó al ministro del Exterior en una conferencia. En otras palabras, se ha
convertido en una rutina para controlar las expresiones políticas. El gobierno ha
puesto en práctica legislación adicional después de los bombazos en el Metro de
Londres en el año 2005, que han convertido la glorificación del terrorismo en un
crimen, y que técnicamente significa que clamar por la caída de un régimen autoritario puede ser un delito.
Al principio de mi intervención hablé de mi impresión de que estamos cerca
del fin de una era; una apreciación que apenas comienza y que, estoy segura, continuará
en los próximos meses, pues tanto el gobierno como los servicios de inteligencia
han sancionado la tortura. Hay muchos casos actualmente en los que ciudadanos y
residentes británicos que fueron arrestados y torturados en Pakistán y Bangladesh
han denunciado que fueron interrogados por la inteligencia británica durante su
detención. Existen pruebas de que el servicio secreto británico aportó información
que fue usada en interrogatorios en los que se aplicó la tortura. Ha salido a la luz
que los funcionarios de inteligencia recibieron órdenes de no intervenir si ocurrían
actos de tortura, ya que los prisioneros no estaban bajo su custodia o control, pero
en la legislación internacional este grado de involucramiento convierte a la inteligencia británica en cómplice de la tortura.
Ahora mismo hay un caso que están dirimiendo los medios (incluido Index)
ante la Suprema Corte en Londres a fin de liberar la información sobre el trato
dado a Binyam Mohamed, quien estuvo detenido en Guantánamo. El gobierno
quiere censurar un compendio de 42 documentos que relatan su maltrato. Binyam
Mohamed fue torturado, primero en Pakistán, donde también fue interrogado por
un funcionario del MI5; luego fue remitido a Marruecos, donde sufrió torturas
espantosas. El interrogatorio al que fue sometido en Marruecos incluía detalles de
su vida en Inglaterra, lo que deja en claro que la información debe de haber sido
proporcionada por los británicos. Sabemos ahora que el servicio secreto británico
MI5 dio información a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y que
ésta a su vez se la entregó a los marroquíes para que la usaran como base del interrogatorio. El gobierno está haciendo todo lo posible para ocultar la información,
incluso se le ha acusado de confundir al tribunal en sus esfuerzos para detener la
publicación del compendio informativo. La policía apenas ha empezado la indagación del caso de Binyam Mohamed y Amnistía Internacional está pidiendo una
investigación pública de todos los alegatos.
Éste no es el único ejemplo de asuntos de interés público en los que las pruebas
se mantienen en secreto. Ahí está el caso de Rangzieb Ahmed, en el cual permanece
reservada no sólo parte de la evidencia, sino también la sentencia del juez. Martin
Scheinin, reportero de derechos humanos de las Naciones Unidas, ha acusado al
gobierno británico de ocultar actos ilegales para protegerse de la crítica y vergüenza,
y más importante, de la responsabilidad.
Es éste, entonces, un fin deprimente para un gobierno que prometió ser minuciosamente limpio y transparente. Me llama la atención que nadie haya renunciado
a causa de estas revelaciones y que, de hecho, no exista mayor indignación. Tampoco es un aliciente ver en Estados Unidos de América al presidente Barack Obama
regateando el cumplimiento de su promesa de dar a conocer las fotografías de los
graves abusos que se infligieron a los prisioneros en Afganistán e Irak.
Para cuando toda la verdad de la aprobación gubernamental de la tortura vea
la luz, probablemente el gobierno del nuevo Partido Laborista ya esté fuera del
poder, y los conservadores que hoy están del lado de los ángeles podrán, al igual
que Obama, encontrar razones convenientes para mantener la información fuera
del alcance del público.
BO AFO
Realmente es bueno tener la oportunidad de estar presente en otra conferencia de la
aiecs. La última a la que asistí fue en Barcelona, España, hace ya muchos años. Como
saben algunos de ustedes, yo solía ser un integrante muy activo de la Asociación;
participé durante mucho tiempo como miembro del Consejo Internacional, y fui
electo vicepresidente de la Asociación en la Conferencia de Brasil en 1992. Tuve que
dejar ese cargo cuando me incorporé a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en marzo de 1993. Debo también
agradecer a los organizadores de este encuentro por ofrecerle a la Unesco la oportunidad de compartir información acerca de nuestras perspectivas y programas en el tema
de la Conferencia: Comunicación y derechos humanos. Éste es un tema apropiado y
oportuno, pues en 2008 se cumplieron 60 años de la proclamación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Estoy convencido de que en los próximos días
habrán de presentarse muchas ponencias que se referirán a diferentes aspectos y
perspectivas del tema de esta Conferencia, incluyendo tratamientos académicos y análisis conceptuales, así como resultados de investigaciones. En mi caso, me propongo
compartir con ustedes no tanto un análisis conceptual sino más bien información
acerca de acciones normativas, programas operativos y proyectos recientes de la
Unesco, que se relacionan con la comunicación y los derechos humanos.
Para empezar, hay que recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(onu) en diciembre de 1948, fue el primer instrumento normativo universal destinado a proclamar la igualdad, la dignidad y los derechos de todos los miembros de la
familia humana. Ahí se consagró un conjunto de derechos individuales y libertades
fundamentales que debían ser implementadas para “todos, en todas partes y siempre”,
como dijo el señor Koïchiro Matsuura, director general de la Unesco [1999-2009].
Tal vez sea un signo de su universalidad el hecho de que, desde su adopción hace 61
años, la Declaración ha sido traducida a más de 330 lenguas. Permítanme hacer notar
que cuatro de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos son competencia directa de la Unesco. Éstos son:
•	Derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo el derecho a buscar,
recibir e impartir información (artículo 19).
•	Derecho a la educación (artículo 26).
•	Derecho a tomar parte en la vida cultural (artículo 27).
•	Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones
La Unesco trabaja en estos cuatro derechos para: a) apoyar y difundir la investigación
en el campo de los derechos humanos; b) promover la educación con respecto a los
derechos humanos; c) dirigir la acción en la lucha contra todas las formas de discriminación en los ámbitos regional e internacional; d) apoyar la cooperación entre todos
los actores y redes, y e) promover la democracia y una mayor reflexión respecto de las
nuevas formas de violencia, intolerancia, discriminación y violaciones de los derechos
humanos. A partir de sus funciones –laboratorio de ideas, organismo normativo,
centro de intercambio de información y organismo de desarrollo de capacidades–, las
acciones de la Organización se centran alrededor de la generación y el intercambio del
conocimiento en la protección de los derechos humanos, mediante la renovación y
el fortalecimiento de su compromiso con la educación en los derechos humanos y al
brindar asesoría y asistencia técnica a los Estados miembros. De hecho, la Constitución
de la Unesco, adoptada en noviembre de 1945, la obliga a promover y proteger los derechos humanos, pues en su artículo 1 proclama que el propósito de la Organización es:
“… contribuir a la paz y seguridad promoviendo la colaboración entre las naciones a
través de la educación, la ciencia y la cultura, a fin de asegurar el respeto universal
a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin
distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a
todos los pueblos del mundo”. Con el propósito de reforzar su trabajo en el campo de los
derechos humanos, en 2003 la Unesco adoptó la Estrategia en derechos humanos, la cual
está encaminada a integrar dicho tema en todos sus programas y proyectos, estimular
la investigación de políticas de orientación, difundir los conocimientos acerca de los
derechos humanos y fortalecer a las asociaciones que laboran en este ámbito.
COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: EL PAPEL DE LA UNESCO
Para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Unesco, junto con sus redes de asociados, organizó una serie de actividades
en todo el mundo para promover los derechos consagrados en ese instrumento y
sensibilizar al público en general respecto de la contribución esencial de la Unesco
en el reforzamiento de los derechos en sus diversos ámbitos de competencia (bajo
el lema general de la onu de Dignidad y justicia para todos). El director general de la
Unesco puso en marcha las celebraciones el 10 de diciembre –Día de los Derechos
Humanos– del año 2007. En esa ocasión afirmó: “La Declaración Universal ha dado
un invaluable impulso al avance de los derechos humanos. El 60 aniversario de su
adopción es ante todo una oportunidad para evaluar la situación de los derechos
humanos en el mundo, para analizar los obstáculos que impiden su disfrute y reflexionar acerca de los retos que pudieran convertirse en obstáculos el día de mañana en el
ejercicio de los derechos humanos”. Las actividades que se organizaron con motivo
de esta celebración incluyeron exhibiciones, simposios, conferencias, publicaciones
especiales y otros documentos. Lo más relevante para el tema que hoy nos ocupa
fueron un simposio internacional y una exposición acerca de libertad de expresión en
las oficinas centrales de la Unesco en París, en octubre de 2008. Ese simposio reunió
a más de 400 participantes, incluyendo a representantes de los Estados miembros, así
como de las principales organizaciones no gubernamentales, diseñadores de políticas,
ganadores del Premio Nobel y del Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco,
así como periodistas profesionales, quienes examinaron el significado particular
del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra
la libertad de expresión como un derecho humano fundamental inalienable1 en el
contexto del diálogo, la democracia y el desarrollo.
Otro acto que vale la pena mencionar fue la presentación del Premio Unesco/
Bilbao para la Promoción de una Cultura de los Derechos Humanos,2 efectuada por
el director general de la Unesco el 10 de diciembre de 2008. En esa ocasión se entregó
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El Premio Unesco/Bilbao para la Promoción de una Cultura de los Derechos Humanos (que remplaza al
Premio Unesco de la Educación para los Derechos Humanos, creado hace 30 años) recompensa los esfuerzos
de instituciones, organizaciones e individuos que han contribuido de manera significativa a la promoción
de los derechos humanos a través de la educación, de la investigación y de los esfuerzos por crear conciencia
en este ámbito en las clases políticas y el público en general. El premio se otorga cada dos años y se funda
en una contribución hecha por la ciudad de Bilbao (Comunidad Autónoma del País Vasco, España).
a Stéphane Hessel,3 de Francia, quien participó en el borrador de la Declaración Universal hace 61 años y se mantiene como un incansable adalid de los derechos humanos.
La Unesco organizó también una mesa redonda titulada “Poniendo en práctica los
derechos humanos: el papel de la educación” , que se efectuó en París los días 10 y 11 de
diciembre de 2008, la cual reunió a investigadores, académicos y representantes de los
ministerios de educación de muchos países para discutir la aplicación de la educación
en derechos humanos en contextos nacionales, compartir experiencias y prácticas e
identificar áreas en las que se deba reforzar la educación en derechos humanos . Hubo
otros eventos similares organizados por las Comisiones Nacionales para la Unesco y
sus asociados en todo el mundo para promover los cuatro derechos pertinentes en el
campo de su competencia y estimular la reflexión sobre ellos. La conmemoración de
la Declaración Universal de Derechos Humanos concluyó en febrero de 2009 con el
establecimiento del Centro Internacional para el Avance de los Derechos Humanos,
en Buenos Aires, Argentina. El principal objetivo de este Centro es alentar y favorecer
la educación en derechos humanos en los ámbitos nacional, regional e internacional,
mediante la investigación, la capacitación, la difusión y el intercambio de “mejores
prácticas” y lecciones aprendidas. Se espera que el Centro inicie sus labores en 2010,
en ocasión del 200 aniversario de la República Argentina.
He citado las actividades antes dichas como ejemplos de las acciones operativas de la Unesco referentes a los derechos humanos en lo general. El resto de esta
presentación se enfocará hacia las acciones normativas y operativas específicas
del programa de comunicación e información de la Unesco.
ACCIONES NORMATIVAS DE COMUNICACIÓN
En cuanto al lado normativo en comunicación e información, la Unesco tiene un
mandato específico, consagrado en su Constitución, y que es fomentar “el libre
Stéphane Hessel fue premiado por su excepcional contribución “a la promoción de una cultura de los
derechos humanos, de la justicia y de la dignidad”, así como su “participación personal en la adopción de
la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Nacido en 1917, Stéphane Hessel ha sido un incansable
defensor de los derechos humanos y ayudó en la elaboración del texto de la Declaración. En 1962 creó la
Asociación de Formación de los Trabajadores Africanos y Malgaches. Fue miembro de tres instituciones
francesas importantes: el Alto Consejo para la Integración, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos
Humanos y el Alto Consejo de la Cooperación Internacional; a sus casi 80 años, se desempeñó como mediador entre las autoridades y los inmigrantes ilegales que ocuparon la iglesia de Saint Bernard en 1996.
intercambio de ideas y conocimientos” y “el libre flujo de ideas mediante la palabra
y la imagen”. Está mandatada a fomentar “el conocimiento y la comprensión mutuos
de las naciones prestando su concurso a los órganos de información para las masas;
a este fin, recomendará los acuerdos internacionales que estime convenientes para
facilitar la libre circulación de ideas por medio de la palabra y la imagen…”. Así, la
Unesco es la única agencia de la onu con un mandato especial para la defensa de
la libertad de prensa y su organización; reconoce que la libertad de prensa es central
para la construcción de democracias sólidas, la promoción de la participación cívica
y el imperio de la ley, así como el fomento del desarrollo humano y la seguridad.
Se puede argumentar que la libertad de opinión y de expresión constituye la piedra
angular de cualquier sociedad democrática, y que es una base sólida e indispensable
para el desarrollo. En efecto, el derecho que garantiza la libertad de expresión es
ampliamente visto como el entramado de todos los demás derechos humanos y las
libertades democráticas. Si los individuos no tienen el derecho de buscar, recibir y
difundir sus ideas y opiniones libremente, pudieran no beneficiarse tampoco de otros
derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión y opinión tiene también
un corolario, la libertad de prensa, que normalmente se percibe como el derecho del
individuo a la libertad de expresión extendido a los medios. Es cada vez más aceptado
que la libertad de expresión y la libertad de prensa son importantes para las Tres D:
desarrollo, democracia y diálogo. Una gran cantidad de estudios y trabajos académicos han documentado la correlación o interrelación entre una prensa libre y las Tres
D. Sin un espacio abierto donde pueda florecer la multiplicidad de ideas, fracasará el
desarrollo político, social, cultural, económico y humano de las sociedades.
En 1976 la Unesco dio a conocer el Informe sobre las modalidades y posibilidades de una activa participación en el proceso de la comunicación y análisis del
derecho a la comunicación. Esto fue en respuesta a la Resolución 4.121, aprobada
por la Conferencia General en su 18a reunión, la cual autorizó al director general
a “estudiar las modalidades y posibilidades de una activa participación en el proceso de la comunicación y a analizar el derecho a la comunicación, en consulta
con los órganos competentes de las Naciones Unidad, los Estados miembros y las
organizaciones profesionales”. Entre otras cosas, el informe examinó el concepto
derecho a la comunicación y sus relaciones con otros derechos humanos y discutió
las posibilidades de acceso y participación en el proceso de comunicación.
Ahí se expresó:
La cambiante situación mundial está produciendo profundos cambios en
la comunicación humana. Estos cambios están abriendo a su vez nuevas y
más amplias perspectivas. Es evidente que hay una estrecha relación entre
las necesidades humanas de la comunicación, el desarrollo de los recursos de
comunicación y los derechos humanos. Esta relación puede enunciarse como
sigue: la humanidad tiene derecho a los recursos de comunicación requeridos
para satisfacer las necesidades de la comunicación humana. El derecho a la
comunicación se basa en la necesidad de comunicación de todo ser humano
(Unesco, 1976: 8).
Más aún, el informe anotó que “el concepto [del derecho a la comunicación]
aún se encuentra en plena evolución y lo que se necesita de inmediato es conocer y
comprender más profundamente el significado y las repercusiones de ese derecho
en diversos sistemas socioeconómicos y en diferentes culturas, así como suscitar
el interés de todos por los problemas que entraña y promover debates sobre ellos”
(Unesco, 1976: 8). He citado este informe seminal porque dio lugar a una gran
cantidad de debates, presentaciones académicas, investigaciones, análisis y publicaciones, así como a grupos promotores en esa área. La Unesco, a lo largo de los años,
se ha involucrado, dado apoyo y promovido estos debates políticos, investigaciones
académicas y publicaciones, incluida la multicitada Comisión MacBride, cuyo
informe señaló:
Todos tienen derecho a comunicarse: los componentes de este derecho humano
integral incluyen los siguientes derechos de comunicación específicos: (a) el
derecho de reunión, de discusión, de participación y los derechos de asociación relacionados; (b) el derecho de inquirir, de estar informado, de informar,
y los derechos de información relacionados; (c) el derecho a la cultura, a la
elección, a la intimidad y los derechos de desarrollo humano relacionados…
La adquisición de un derecho a comunicarse requeriría que los recursos de la
comunicación estén disponibles para la satisfacción de las necesidades de
comunicación humana (MacBride, 1993: 146).
El compromiso de Unesco con los principios fundamentales de la libertad de
expresión, su accesibilidad y el libre flujo de información va más allá del aspecto
normativo, más allá de la promoción y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Se debería destacar el otro lado del derecho a la libertad de expresión; es
decir, la habilidad para usarlo. De esta forma, el desarrollo de las capacidades de los
profesionales de los medios, así como la garantía de que cada ciudadano cuente con
las habilidades de alfabetización informacional permean el programa de comuni42
cación e información de la Unesco. En las secciones siguientes de mi presentación
quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de las acciones prácticas que la
Unesco ha adoptado en la promoción y ejercicio del derecho de comunicación. Estos
ejemplos abarcan nuestras acciones de: a) promoción de la libertad de expresión,
libertad de prensa, sistemas de medios plurales e independientes; b) establecimiento
de las Cátedras Unesco en Derechos Humanos y Democracia; c) fortalecimiento del
servicio público de difusión; d) educación en medios y alfabetización informacional,
y e) promoción y reforzamiento de los medios comunitarios.
PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LIBERTAD DE
PRENSA, SISTEMAS DE MEDIOS INDEPENDIENTES Y PLURALES
En 1945, tres años antes de la adopción y proclamación de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, los fundadores de la Unesco identificaron “el libre flujo de
ideas mediante la palabra y la imagen” como un prerrequisito del mutuo conocimiento y comprensión de los pueblos, así como de su cooperación.
Por desgracia, las realidades de la guerra fría, durante la cual la lucha por el
control de la información fue uno de los puntos centrales, redujeron este principio
fundamental a una declaración de intenciones sin mayor peso fuera de las democracias occidentales. El libre flujo de información fue, de hecho, el principio que entró
en contradicción con las constricciones de los regímenes autoritarios y totalitarios
prevalecientes en la mayoría de los países en aquel momento. A decir de la filósofa
alemana Hannah Arendt, en su obra Los orígenes del totalitarismo: “La fuerza de la
propaganda totalitaria reside en su habilidad para aislar a las masas del mundo real”.
En 1989, cuando cayó el muro de Berlín, hecho que marcó el fin de la guerra fría,
la 25ª Conferencia General de la Unesco adoptó una nueva estrategia de comunicación para reemplazar al concepto, muy controvertido, de Nuevo Orden Mundial de la
Información y la Comunicación. El objetivo de esa nueva estrategia de comunicación
fue “hacer más operativo el interés de la onu para asegurar la libre circulación de la
información en los planos nacional e internacional; promover la más amplia y más
equilibrada difusión de la información, sin traba alguna a la libre expresión; desarrollar
la capacidad de comunicación de los países en vías de desarrollo, a fin de aumentar
su participación en el proceso de la comunicación”. Al adoptar esta nueva estrategia
de comunicación, la Conferencia General expresó con claridad la intención de los
Estados miembros de retomar el objetivo primero de la Unesco, como se define en su
Constitución y que es facilitar el “libre flujo de ideas mediante la palabra y la imagen”.
Como parte de los planes estratégicos de traducir la estrategia en actividades
concretas, la Unesco, en colaboración con el Departamento de Información Pública
de la onu y las organizaciones de libertad de prensa de todo el mundo, organizó
seminarios en diferentes regiones diseñados para la promoción de los sistemas de
medios libres, independientes y plurales. Éstos tuvieron lugar en todas las partes
del mundo: África, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, los países árabes y
Europa. Las declaraciones de Windhoek, Almaty, Santiago de Chile, Sana’a y Sofía
fueron adoptadas al cierre de los seminarios y respaldadas, subsecuentemente, por
los Estados miembros de la Unesco.4 El primero de estos seminarios tuvo lugar en
Windhoek, Namibia, del 29 de abril al 3 de mayo de 1991; en esa última fecha, los
participantes adoptaron la Declaración de Windhoek para la Promoción de una
Prensa Independiente y Plural en África. La declaración de Windhoek fue respaldada por la 26ª sesión de la Conferencia General de la Unesco, en noviembre de
1991 y dio lugar a la decisión de la Asamblea General de la onu, el 20 de diciembre de 1993, de establecer el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de
Prensa. Desde aquella proclamación de la Asamblea General de la onu en 1993 y
el establecimiento en 1997 del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UnescoGuillermo Cano, el Día Mundial de Libertad de Prensa y el Premio Mundial de
la Libertad de Prensa Unesco se han convertido en actos clave en las acciones de la
Unesco para la promoción, sensibilización y concientización sobre la libertad de
expresión y la libertad de prensa. La Unesco también da apoyo a organizaciones
internacionales y regionales como la red Intercambio Internacional por la Libertad
de Expresión, el Instituto de Medios de África del Sur, la Fundación de Medios de
África Occidental, y la Red de Diarios de América Latina para una Cultura de Paz y
la Red Latinoamericana de Radios para una Cultura de Paz en América Latina para
proveer información acerca de temas de libertad de expresión así como abusos y
violaciones en ese ámbito y generar conciencia sobre los peligros que enfrentan los
profesionales de los medios en todo el mundo. De igual manera, la Unesco apoya
la elaboración de las legislaciones nacionales referentes a la libertad de expresión
para asegurar que estén acordes con los estándares validados internacionalmente,
los cuales reconocen el derecho de acceso a la información. La Unesco está trabajando para el reconocimiento como derecho universal del acceso a la información
de los organismos públicos. En este momento hay alrededor de 70 leyes de acceso
a la información en todo el mundo, y entre 20 y 30 más están en fase de preparación. Este organismo internacional proporciona soporte técnico y financiero
Para una presentación en detalle de estas declaraciones, véase Unesco (2003).
para fortalecer los sistemas independientes y plurales, en particular en países en
desarrollo y en zonas donde ha habido conflictos.
ESTABLECIMIENTO DE LAS CÁTEDRAS UNESCO EN DERECHOS
HUMANOS Y DEMOCRACIA
Como parte de sus acciones de promoción de los estudios, el debate y la difusión de las investigaciones en derechos humanos, y en consonancia con sus
funciones como laboratorio de ideas, la Unesco ha establecido alrededor de 60
Cátedras Unesco de Derechos Humanos, Democracia y Paz en diferentes países.
Estas Cátedras Unesco se han desarrollado en universidades e instituciones de estudios superiores en países como Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana
y México (en América Latina y el Caribe); Benin, Etiopía, Mali, Sudáfrica (en África); Bielorrusia, Bulgaria, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos (en Europa);
Egipto, Israel y Marruecos (en el Medio Oriente), y la India y Tailandia (en Asia y el
Pacífico). El propósito general de estas Cátedras es promover: a) la investigación de
alto nivel, la capacitación, la documentación y la difusión de información sobre los
derechos humanos, la democracia y la paz; b) la colaboración internacional entre
los investigadores y académicos e impulsar la difusión del conocimiento de temas de
derechos humanos, y c) la educación en derechos humanos, paz y democracia. Debo
mencionar también en este punto que la Unesco estableció Cátedras de Libertad de
Expresión en Argentina y Fiji para, entre otras cosas, crear una cultura de libertad
de expresión mediante el fomento de una educación universitaria en temas de libertad de prensa. Sin embargo, debido a varias razones, las Cátedras de Libertad de
Expresión no han sido tan activas como las de Derechos Humanos, Democracia y Paz.
PROMOCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DIFUSIÓN
Durante varias décadas, la Unesco ha estado muy activa en la promoción del concepto y el fortalecimiento del servicio público de difusión para la educación en
derechos humanos, la diversidad cultural y el desarrollo de la sociedad civil. Esto se
ha llevado a cabo sobre todo a través del apoyo para la investigación, conferencias,
servicios técnicos y de asesoría a los Estados miembros o instituciones que desean
convertir sus sistemas de difusión en sistemas de servicio público. También hemos
editado publicaciones tales como Public service broadcasting: cultural and educational
dimensions y Radiotelevisión de servicio público: un manual de mejores prácticas. Estas publicaciones proveen información para profesionales de los medios, tomadores
de decisiones, investigadores y otras personas o instituciones interesadas en los conceptos centrales de la radiotelevisión de servicio público relativos a temas legales,
de regulación, financieros y otros reconocidos por la comunidad internacional. En
octubre de 2005, la Unesco, en colaboración con la Comisión Nacional Portuguesa
para la Unesco, organizó una conferencia internacional acerca de la promoción de
servicios públicos en los medios: derechos humanos, tolerancia, multilingüismo
y lucha contra la discriminación. La conferencia proporcionó el espacio para que
los representantes de los organismos regulatorios de medios, los profesionales de los
medios, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil y los promotores
de los derechos humanos discutieran e intercambiaran ideas en torno a la manera
como los medios pueden apoyar de una mejor manera los derechos humanos, la
diversidad cultural y la lucha contra el racismo, la xenofobia y todas las formas
de discriminación. Estas acciones se basan en la premisa de que la radiotelevisión de
servicio público, genuinamente independiente en su línea editorial, puede reforzar
el diálogo abierto y proporcionar a la sociedad programas diversos.
EDUCACIÓN EN MEDIOS Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL
La Unesco sostiene que la alfabetización informacional es esencial en todas las
sociedades para lograr el empoderamiento por parte de diversos segmentos de
la población, de modo que puedan disfrutar del derecho a la comunicación. Para
participar en su propio desarrollo, la población debe tener la libertad de “investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas”, como estipula el artículo
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto de inclusión
total de medios y alfabetización informacional tiene tres objetivos relacionados,
mayormente: a) dar acceso a toda clase de medios, los cuales son herramientas
potenciales para la comprensión de la sociedad y la participación en la vida democrática; b) el desarrollo de habilidades para el análisis crítico de los mensajes,
trátese de noticias o de entretenimiento, para poder fortalecer las capacidades de
individuos autónomos y usuarios activos, y c) promover la producción, la creatividad y la interactividad de los diferentes medios de comunicación. La alfabetización
informacional y en medios capacita para el mejor entendimiento de las funciones
de los medios en una democracia e inculca el conocimiento crítico requerido para
valorar los contenidos y colaborar con los medios. Durante más de un cuarto de siglo,
la Unesco ha dado apoyo, promoción e impulso, así como cooperación internacional,
a programas relacionados con la educación en medios y la alfabetización informacional, desde la Declaración de Grünwald de 1982,5 que reconoció que los sistemas
políticos y de educación debían asumir las obligaciones para promover entre los
ciudadanos una comprensión crítica del “fenómeno comunicativo”. La estrategia
de la Unesco en la promoción de la educación en medios consiste en la generación
de una conciencia acerca de la importancia de estos campos en todas las etapas del
proceso educativo –en la preparación de los profesores, en la educación primaria,
secundaria y la educación continua–, así como el establecimiento de líneas guía y
políticas de promoción de desarrollo curricular. En el contexto de esta estrategia,
la Organización inició en mayo de 2008 un proyecto enfocado a la promoción de la
alfabetización informacional y en medios entre los jóvenes del mundo, a través de
la integración de estos temas en los planes de estudio.
El proyecto piloto intenta enriquecer el currículo de preparación de los profesores con elementos de alfabetización informacional y en medios en un buen
número de países de África, Europa y América Latina y el Caribe. Los resultados
del programa piloto se sintetizarán y compartirán con el propósito de mejorar
las habilidades de los maestros para impartir alfabetización informacional y en
medios y alentar a los tomadores de decisiones y autoridades en los ministerios de
educación para introducir estos componentes en el currículo escolar.
PROMOCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS
Cuando hablamos del derecho de comunicación, debemos reconocer que los diferentes segmentos de la población nacional en cada sociedad deben tener acceso
a estructuras de comunicación, a recursos y a recibir las facilidades pertinentes.
Sin embargo, con frecuencia los habitantes de las comunidades populares no
están en posición de investigar y difundir información y opiniones, como se estipula en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Casi
no tienen la posibilidad de expresar sus necesidades, aspiraciones y temores, ni
participar en las decisiones relativas a su desarrollo. De ahí la pertinencia de la
acción para incrementar el acceso de esa población a los medios de comunicación, en especial de las mujeres, los jóvenes y los pobladores que viven en las
Declaración Grünwald sobre Educación en Medios, adoptada en el Simposio Internacional sobre
Educación en Medios de la Unesco, Grünwald, Alemania, 22 de enero de 1982.
CCSP Email 2.20.03

References: Artículo 19
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 Resolución 
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