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Timestamp: 2020-04-02 21:41:43+00:00

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Sentencia de Tutela nº 1134/04 de Corte Constitucional, 11 de Noviembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43622267
Sentencia de Tutela nº 1134/04 de Corte Constitucional, 11 de Noviembre de 2004
Derecho a la dignidad humana de interno por las condiciones en las que esta obligado a subsistir en la penitenciaria, solicita se ordene la dotación de vestidos y utiles de aseo con periodicidad no menor de cuatro meses. Principio de dignidad humana. Los reglamentos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben ser expedidos conforme a la constitucion. Suspension y restricción de derechos fundamentales en centros de reclusión. Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos. Las condiciones en que se desarrolla la reclusión en nuestro pais no garantiza el respeto a la dignidad humana. Concedida
Sentencia T-1134/04
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Respeto
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CARCELARIA Y PENITENCIARIA-Potestad reglamentaria dentro de los parámetros de la Constitución y la ley colombiana/DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO-Límites razonables y proporcionales
La potestad de reglamentación interna de la autoridad administrativa carcelaria y penitenciaria envuelve, a su vez, la facultad para limitar o restringir algunos derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en virtud de la relación de especial sujeción que existe entre los internos y la Administración''. De conformidad con la providencia transcrita, la facultad del Director del INPEC no es discrecional; debe basarse en criterios razonables, proporcionales y objetivos. Las medidas adoptadas con miras a restringir los derechos del interno, deben estar condicionadas a la consecución del fin para el cual fueron creados los respectivos establecimientos de reclusión. Dentro de este contexto, teniendo en cuenta los derechos de los reclusos, los reglamentos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios deben ser expedidos conforme a la Constitución Política, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), el Acuerdo 011 de 1995 (reglamento general al cual se sujetaran los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios) y demás decretos y resoluciones expedidos por el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario -INPEC-, respectivamente. Puesto que, los derechos suponen un trato acorde con la naturaleza humana, y que, en el establecimiento carcelario, se brinden condiciones mínimas de higiene, salubridad y comodidad, de modo que los reclusos, aún habiendo perdido el beneficio de la libertad, puedan cumplir la pena, sin detrimento de la dignidad e integridad.
Los reclusos se encuentran vinculados con el Estado, mediante una especial relación de sujeción, la cual los somete a un régimen jurídico especial, caracterizado por una regulación más estricta de sus derechos y obligaciones. Lo anterior significa que por su misma condición de detenido o condenado, las autoridades carcelarias y penitenciarias pueden exigirles el sometimiento a un conjunto de condiciones que comportan precisamente la suspensión y restricción de distintos derechos fundamentales.
DERECHOS DEL INTERNO-Parámetros mínimos para su tratamiento
DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Vulneración por no suministrar los elementos necesarios para el aseo personal/SERVICIO PUBLICO DE AGUA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Continuidad en la prestación/SERVICIO PUBLICO DE AGUA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-La no prestación de este servicio vulnera la dignidad humana y el derecho a la salud
Referencia: expediente T-964744
Acción de tutela instaurada por el señor F.R.Z. contra la Penitenciaria Nacional ''D.J.'' de La Dorada - Caldas, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados A.B.S., M.J.C.E. y J.C.T. en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
en el proceso de revisión del fallo adoptado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales -Caldas, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el señor F.R.Z. en contra de la Dirección de la Penitenciaria Nacional ''D.J.'' de La Dorada - Caldas, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
El actor F.R.Z., presentó acción de tutela el día veintiuno (21) de mayo de 2004, ante el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada -Caldas (reparto), contra la Penitenciaria Nacional ''D.J.'' de La Dorada, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por las siguientes razones:
El actor se encuentra recluido en el pabellón No 7 de la Penitenciaria Nacional ''D.J.'' de La Dorada -Caldas, desde el día veinticinco (25) de febrero del dos mil cuatro (2004).
Al momento de su ingreso a la penitenciaria, le fue entregado un ''K. de útiles de aseo'' que consideró insuficiente para cubrir sus necesidades personales, el cual constaba de 1 toalla, 1 sabana, 1 sobresabana, 1 funda y 2 camisetas, sin tener en cuenta y sin hacer entrega de los elementos de aseo complementarios.
Por lo que, agregó que algunos de los internos, actuando a nombre propio y en el de sus demás compañeros, solicitaron mediante acción de tutela resuelta favorablemente en diferentes oportunidades para todos, el suministro de los útiles de aseo necesarios para su subsistencia y su efectiva periodicidad durante la permanencia en el penal. Razón por la cual, el día primero (1) de abril de 2004, y a consecuencia de fallo de tutela, le fue entregado un jabón, un tubo de crema dental, dos rollos de papel higiénico, un cojín desodorante, cepillo dental y una cuchilla de afeitar, elementos que supuestamente deberían ser entregados cada cuatro (4) meses (abril, agosto, y diciembre).
Igualmente, afirmó que la dotación tanto de vestido como de los útiles de aseo debe ser entregada a cada uno de los internos dependiendo la situación jurídica en que se encuentre (condenado o sindicado), lo que no se cumple por parte de las entidades demandadas ni siquiera en la forma periódica y completa como se encuentra estipulada en la Resolución 3152 de 2.001 modificada por la Resolución 4328 de 2.001 del INPEC, la cual consagra las normas del régimen interno para los pabellones de alta seguridad, y es por la que se rige el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de la Dorada- Caldas.
Al respecto y haciendo alusión a los artículos de la ley 65 de 1.993 ''Código Penitenciario y Carcelario'' el interno expuso su inconformidad con el reglamento por el cual es regido el establecimiento en el que se encuentra recluido, puesto que este a pesar de estar siguiendo los lineamientos y las facultades otorgadas por la ley 65 de 1993 al expedir el mismo, no tiene en cuenta los factores más favorables para los internos.
Por otra parte, señaló las pésimas condiciones de higiene y salubridad en la que mantienen todos los internos debido a la escasez en el suministro del agua y al horario del racionamiento manejado dentro de toda la penitenciaria, el cual se encuentra estipulado de la siguiente manera:
El pabellón No 7 (en el que se encuentra el actor) consta de 178 internos, y en cada celda habitan 2 personas (el centro penitenciario cuenta con 10 pabellones para 1.520 internos):
De 5:30 a 6:00 a.m - 10 minutos antes de salir de la celda
Después de salir - 10 minutos por patio - ducha
De 9:00 a 9:40 a.m - Baños comunitarios
De 12:00 a 12:15 p.m - 15 minutos por pabellón - ducha
De 4:00 a 4.15 p.m - Ducha por pabellón
En términos generales, el actor considera que la Penitenciaría Nacional ''D.J.'' de la Dorada - Caldas y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, está vulnerando sus derechos fundamentales y los de los demás internos, debido a las condiciones en las que están obligados a subsistir. En consecuencia, solicita se ordene a los establecimientos demandados, efectuar la dotación completa de vestido y de útiles de aseo necesarios, con una periodicidad menor a los 4 meses estipulados en el reglamento interno. De igual forma, solicita se ordene realizar las gestiones necesarias para solucionar el problema presentado por el suministro del agua dentro de todo el centro penitenciario, para así lograr una óptima calidad de vida durante la permanencia en el penal.
Mediante sentencia del cuatro (4) de junio de 2004 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada -Caldas, concedió la acción de tutela.
Así mismo, ordenó a las entidades demandadas, entregar al interno F.R.Z. los elementos que constituyen dotación de vestido y elementos de dotación de cama, con el fin de completar la dotación a que alude la Resolución 3152 de 2001 modificada por la Resolución 4328 de 2001 del INPEC. Hace extensiva está orden a favor del resto de personal de internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Dorada -Caldas. Se abstiene de ordenar el suministro de elementos de aseo con una periodicidad de un (1) mes, menor a la estipulada que es de cuatro (4) meses.
El despacho judicial expresó que el Estado a través del INPEC y del establecimiento penitenciario y carcelario de la Dorada -Caldas, aún no le ha suministrado al actor los elementos que constituyen dotación completa (folio 54), ha omitido la entrega de varios elementos de acuerdo con la Resolución 3152 de 2001 modificada por la Resolución 4328 de 2001 del INPEC, los cuales debió entregar al interno al momento de ingresar a la penitenciaria para así poder permanecer en el lugar de manera digna.
Teniendo en cuenta la declaración rendida por el jefe de transporte y mantenimiento en el establecimiento carcelario de la localidad (folios 37, 38, 39), se expuso que se trata de un hecho cierto que en el establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Dorada, se vienen haciendo reparaciones por parte del Consorcio Penitenciaria de Caldas, encargado de la construcción de la penitenciaria, en razón a los daños presentados en la tubería por la presión del agua , lo que ha dado lugar a la suspensión del servicio de agua durante todo el día en los sanitarios de los patios. Asimismo, advirtió que el Consorcio informó al INPEC que era necesario regular el consumo del agua en el lugar, porque su entrada por el acueducto era muy pequeña para abastecer los tanques del suministro continúo de agua a los internos en las celdas y en todo el centro penitenciario, requiriéndose para lograr la solución una acometida adicional para cada tanque, por lo que el proyecto y la cotización para la realización de la obra habían sido enviados a la División Financiera del INPEC y se ha hecho caso omiso al respecto. Adicionalmente agregó, que la falta de la obra en mención es lo que ocasiona daños en la tubería.
Finaliza afirmando que no se requiere mayor esfuerzo para concluir que la anomalía que se presenta en la Penitenciaria de la Ciudad en el suministro del agua a sus internos, constituye un hecho atentatorio para su salud y para la dignidad humana, pues en las horas de la noche en las celdas no es posible contar con este elemento vital en los baños, teniendo así que someterse los dos internos que permanecen en cada celda a inhalar olores nauseabundos de sus baños, causantes de proliferación de bacterias, y tampoco es posible contar con un baño de ducha en horas de la noche durante la permanencia en las celdas, a pesar de las altas temperaturas que se registran en la región. Y en cuanto al lavamanos, no es posible su uso a ninguna hora del día, a pesar de que es necesario lavarse las manos después de utilizar el baño y antes de ingerir los alimentos. Agregó de igual forma, que fueron los mismos entes demandados quienes al contestar el escrito de tutela aceptaron hechos que vulneran los derechos fundamentales de los internos.
- Instituto Nacional Penitenciario INPEC.
Mediante escrito presentado el quince (15) de junio de dos mil cuatro (2004), el INPEC solicitó desestimar las pretensiones del actor, expresó, que no es competencia de ésta entidad, la construcción de Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, por mandato legal dicha competencia radica en la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior, de conformidad con el Decreto No 1890 de 1999. En la actualidad con la nueva reestructuración del Estado el Decreto 200 del 2003 fue creada la Dirección de Infraestructura DIN adscrita al Ministerio del Interior con énfasis en objetivos, funciones, operaciones, recursos entre otros aspectos, igualmente responderá por los actos, contratos o convenios que se suscriban o adquieran con cargo al presupuesto asignado.
En consecuencia, conforme a la normatividad señalada, es el DIN, el competente para hacer efectiva las pólizas de cumplimiento o realizar reclamaciones al contratista , razón por la cual no existe legitimidad por parte del INPEC en las reclamaciones de tipo contractual en el Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada, siendo imposible cumplir lo ordenado por el juez de tutela.
Finalmente manifestó que ''no puede el Juez de Tutela entrometerse en el campo de acción de otros órganos del Estado, so pena de resquebrajar el principio del Juez Natural''.
- Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Dorada - Caldas.
Afirmó, que lo que se pretende con la construcción de la acometida es aumentar el caudal del ingreso del agua a los tanques para mantener un nivel adecuado para el óptimo consumo, lo que conllevaría a una verdadera
catástrofe, ya que de suministrarse de la forma ordenada por el juez de primera instancia se agotaría el líquido de los tanques; y además la ejecución de la obra en nada cambiaría el horario de suministro de agua, ''debido a que este debe ser racional con el fin de evitar desperdicios por parte de los internos''.
De igual forma, señaló que en cuanto al tiempo concedido para el suministro de dotación de vestido y cama, al actor y al resto de población carcelaria es demasiado corto, ya que debe tenerse en cuenta el INPEC que se están realizando las gestiones necesarias para la confección de uniformes, entre otros, por lo que solicita se modifique la decisión adoptada, para que se de un término prudencial par dotar a los internos de los elementos que se necesitan.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisión Civil, mediante providencia del dieciséis (16) de julio de dos mil cuatro (2004), revocó la decisión del a-quo, bajo los siguientes argumentos:
En cuanto al suministro de los elementos que constituyen dotación de vestido y elementos de dotación de cama a favor del actor y los demás internos del centro penitenciario, estimó que se hace necesario aclarar que en razón a que el reglamento que rige al Centro Penitenciario y Carcelario ''D.J.'' de la Dorada, ya fue expedido y en él se establecieron períodos durante los cuales deben ser entregados los elementos de dotación, las autoridades carcelarias tienen que ceñirse a dicho reglamento y en caso de incumplimiento del mismo los afectados pueden acudir a la acción de cumplimiento, más no a la acción de tutela.
La Sala Segunda de Revisión es competente para decidir el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 9o. de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales y los de los demás internos del Centro Penitenciario y Carcelario ''D.J.'' de la Dorada - Caldas, por parte de las entidades demandadas al negar la posibilidad de permanecer y subsistir de manera digna en el establecimiento penitenciario.
El a-quo, concedió la acción de tutela de la referencia al considerar que la forma en la que es suministrada el agua en el establecimiento y entregada la dotación de los elementos de aseo y cama, constituye un hecho atentatorio para la salud y la dignidad humana de los reclusos. Por otra parte, el ad-quem revocó la decisión, denegando de tal forma y por completo el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor.
Por otra parte, sobre el tema objeto de discusión, la ley 65 de 1993 '' Por el cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario'' en su artículo No 5 expresa que :
Tal y como fue expresado por la Corte en sentencia T- 023 de 2003, M.P Dra. Clara I.V.H.:
''La facultad de reglamentar el sistema nacional penitenciario y carcelario del país se encuentra en cabeza del Presidente de la República, de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 que consagra dentro de sus competencias el "ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes".
En los términos de la Corte Constitucional, la Ley 65 de 1993, "por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario", en su artículo 52, faculta al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- para expedir un reglamento general basado en los parámetros establecidos por el mismo código, en los siguientes términos.
Por otra parte, el artículo 36 de la Ley 65 de 1993 establece que el Director de cada centro de reclusión es el jefe de gobierno interno, quien responderá ante el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, del funcionamiento y control del establecimiento a su cargo, quedando sometido al cumplimiento de las normas del Código Penitenciario y Carcelario y a las reglamentaciones que se dicten.
Dentro de este contexto, teniendo en cuenta los derechos de los reclusos, los reglamentos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios deben ser expedidos conforme a la Constitución Política, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), el Acuerdo 011 de 1995 (reglamento general al cual se sujetaran los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios) y demás decretos y resoluciones expedidos por el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario -INPEC-, respectivamente. Puesto que, los derechos suponen un trato acorde con la naturaleza humana, y que, en el establecimiento carcelario, se brinden condiciones mínimas de higiene, salubridad y comodidad, de modo que los reclusos, aún habiendo perdido el beneficio de la libertad, puedan cumplir la pena, sin detrimento de la dignidad e integridad.
La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la naturaleza de la vida carcelaria y penitenciaria, con el fin de explicar el por que se justifica la suspensión y restricción de ciertos derechos fundamentales de las personas bajo detención preventiva o condenados por medio de sentencia judicial. Así mismo ha establecido, cuales de estos derechos deben permanecer intactos.
"Si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el derecho al descanso nocturno, entre otros".(Sentencia T-596 de 1992 MP Dr. C.A.B.). (Se subraya)
Siendo ello así en el caso objeto de revisión, es deber de las entidades demandadas, proporcionar a los internos las condiciones mínimas de vida, para lo cual se hace necesario contar con los elementos de vital importancia para la subsistencia dentro de la penitenciaria.
Así el artículo 15 y 16, señalan que: ''en cuanto a la higiene personal, se exige a los reclusos aseo personal y a tal efecto se dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos. La ropa y dotación de cama: todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas (condenados) recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud...Las prendas deben permanecer limpias y en buen estado, la ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene''. Documentos de las Naciones Unidas reproducidos por la Defensoría del Pueblo, Junio de 1998.
Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, entre otras, de lo cual se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios, tales como la dignidad, la vida, la integridad personal etc. Situación analizada por esta corporación en Sentencia T- 153 de 1998, Dr. E.C.M.
En el presente caso, es claro para la Sala, que las pretensiones del actor, difieren de la decisión del ad-quem, quien no tiene en cuenta, la posibilidad de presentarse un empeoramiento en las condiciones de salud de los internos por las circunstancias de desaseo en la que están obligados a subsistir, como consecuencia de no dar por lo menos posibles soluciones para evitar la continuidad del problema presentado.
Se hace necesario entrar a estudiar, si la decisión de fondo hubiera sido totalmente contraria, y si se hubieran tenido en cuenta realmente las necesidades presentadas, ya que debe existir conciencia de que las cárceles colombianas se han convertido en un problema de orden público y en centros donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los internos. Caso en el cual, tendría mayor relevancia la autoridad que los demandados ostentan, ya que han sido creados precisamente para la vigilancia y control de los Centros Penitenciarios y Carcelarios del país. Entonces, resulta reprochable la negatoria de todo el petitum de la demanda, para lo que no han encontrado una mínima solución al problema planteado, puesto que son verdaderamente los internos en general las personas realmente afectadas con tal situación.
En consecuencia, la Sala concluye que el problema carcelario representa no sólo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida.
Por tal razón, aunque para el INPEC sea el DIN la institución encargada de realizar la obra de infraestructura antes mencionada, la Sala encuentra que independientemente de sobre quien recaiga la responsabilidad, la dignidad humana del interno Z. se está viendo afectada al no contar con los elementos necesarios para el aseo personal.
Por consiguiente, y en aras de proteger los derechos vulnerados del actor y de los demás internos, se ordenara al INPEC, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación de esta providencia, inicie las gestiones necesarias para solicitar, autorizar o requerir a quien corresponda, la materialización de la obra de acometida adicional en tubería, para solucionar así el problema del suministro de agua presentado en la penitenciaria, para que de esta forma mejore su almacenamiento.
De igual manera, se ordena a la Penitenciaria Nacional ''D.J.'' de la Dorada, que efectúe los trámites que a ella correspondan, para la realización de la misma, y realice la entrega de los elementos que constituyen dotación completa en su calidad de condenado de la forma estipulada en el Reglamento interno en el cual se rige.
Primero: REVÓCASE la sentencia proferida el día 16 de julio de 2004, por el Tribunal Superior de Manizales, Sala de Decisión Civil, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor F.R.Z. en contra la Penitenciaria Nacional ''D.J.'' de la Dorada, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. En su lugar, CONCÉDASE la protección del derecho fundamental a la dignidad humana.
Segundo: ORDÉNASE al INPEC, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación de esta providencia, inicie la realización de las gestiones necesarias para solicitar, autorizar o requerir a quien corresponda, la materialización de la obra de acometida adicional en tubería, para solucionar así el problema del suministro de agua presentado en la penitenciaria. Término que no podrá exceder de un (1) mes.
De igual manera, ORDÉNASE a la Penitenciaria Nacional ''D.J.'' de la Dorada, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, efectúe los trámites que a ella correspondan, para la realización de la misma, y realice la entrega de los elementos que constituyen dotación completa en calidad de condenado al señor F.R.Z..

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 241
 artículo 189
 artículo 52
 artículo 36
 artículo 15