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Timestamp: 2018-11-21 20:40:38+00:00

Document:
﻿ Auto 1999-01063 de julio 2 de 2014
AUTO 1999-01063 DE 02 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:REGLA DEL TURNO. EN LOS SIGUIENTES EVENTOS PUEDE SER ALTERADO EL TURNO PREVIAMENTE ASIGNADO A UN PROCESO: A) POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, B) POR PREVENCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL, C) POR GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y D) POR ESTAR EN PRESENCIA DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, TURNO PARA EL FALLO, SISTEMA DE TURNOS PARA EL FALLO, TURNO PARA LA SENTENCIA
Auto 1999-01063 de julio 2 de 2014
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN (B)
Rad.: 050012325000199901063 01
Expediente 32988
Demandantes: Félix Antonio Zapata Gonzalez y otros
Estima la Sala que al presente asunto debe dársele prelación, por los motivos expuestos a continuación:
1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, “es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”. Esta preceptiva introduce la regla general de lo que hoy es conocido por nuestra jurisprudencia como el derecho al turno, el cual se despliega dentro del conjunto de derechos de rango constitucional, en tanto los principios constitucionales que informan dicho fenómeno jurídico propenden por la materialización del orden justo, y los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso en forma oportuna a la administración de justicia. Es en esta regla donde adquiere mayor relevancia la máxima jurídica según la cual “el primero en el tiempo es primero en el derecho”, logrando la dimensión cronológica suma importancia al momento que el operador judicial administra justicia.
2. En este orden de ideas, el mismo artículo 18 de la Ley 446 de 1998 consagra el régimen, de excepciones del derecho al turno. Allí se estipulan claramente, como ya se anotó arriba, la sentencia anticipada y la prelación legal como los dos primeros casos en los que no es obligatorio atender el mandato general. No obstante, el aludido artículo menciona otros dos eventos en los que se exime al juez de la aplicación de la regla general toda vez que establece que podrá alterarse el orden de decisión en los procesos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa en atención a la naturaleza del asunto y/o de conformidad a solicitud del agente del Ministerio Público en tanto sea el caso de suma importancia jurídica y trascendencia social.
3. La extensión del mandato excepcional que permite modificar el derecho al turno bajo las anteriores denominaciones, no se ha limitado al agotamiento de las mismas, sino que, por el contrario, ha sido ampliamente desarrollada por la Sección Tercera de esta corporación, de suerte que a estas disposiciones generales deben sumarse otras asumidas como consecuencia del examen de sucesos particulares dentro de la individualidad de cada proceso, instadas en la mayoría de los casos por solicitudes expresas de prelación realizadas por las partes, cuestión que se ha presentado no pocas veces.
4. De otra parte, encontramos en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 otras excepciones a la regla del turno distintas a las establecidas en la Ley 446 de 1998. Esta norma señaló que en los siguientes eventos podría ser alterado el turno previamente asignado a un proceso: (i) por razones de seguridad nacional, (ii) por prevención de la afectación del patrimonio nacional, (iii) por graves violaciones de los derechos humanos, y (iv) por estar ante la presencia de crímenes de lesa humanidad.
5. Ahora, en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad, el artículo 7º del Estatuto de Roma señala:
Artículo siete. Crímenes de lesa humanidad
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo tres, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
2. A los efectos del párrafo uno:
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo uno contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política;
h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo uno cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede(1).
6. En cuanto a las llamadas ejecuciones extrajudiciales o asesinatos selectivos, es preciso indicar que dichas denominaciones no han sido objeto de definición en los instrumentos internacionales. Sin embargo, la doctrina ha definido este fenómeno criminal como aquella privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con su complicidad o tolerancia, sin un proceso judicial o legal que así lo disponga.
7. Así las cosas, comoquiera que en el presente asunto se alega la responsabilidad del Estado por la presunta desaparición forzada y ejecución extrajudicial de algunos familiares de los demandantes, estima la Sala que esas circunstancias, se enmarcan en las excepciones al turno contenidas en los numerales 3º y 4º del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009.
8. Por lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a la excepción legal antes mencionada, la cual tiene por objeto privilegiar la situación de las personas perjudicadas con actos violatorios a los derechos humanos, la Sala procederá de oficio a dar prelación al asunto de la referencia.
9. Por último, en aras de atener la solicitud elevada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se ordenará a través de la Secretaría remitirle copia de la presente decisión, agregando que tan pronto se encuentre ejecutoriada la providencia se ingresará el expediente de manera prioritaria para elaborar proyecto de fallo.
1. DECRÉTESE la prelación de fallo en el asunto de la referencia, conforme a la parte motiva de ésta providencia.
2. ORDÉNASE por Secretaría de la Sección Tercera notificar con copia de la presente providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3. Una vez ejecutoriada esta providencia, ingrésese el expediente de manera prioritaria para elaborar proyecto de fallo.
(1) Artículo 7º del Estatuto de Roma, el cual entró en vigor el 1º de julio de 2002.

References: artículo 18
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 7
 artículo 16
 Artículo 7