Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/665170769
Timestamp: 2017-11-20 04:05:38+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 043/17 de Corte Constitucional, 1 de Febrero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 665170769
Actor: GLORIA CORDERO VASQUEZ Y OTRO
Demandado: LEY 1306 DE 2009, ARTICULO 25 PARCIAL
Expediente: D-11498
DISCAPACIDAD MENTAL. SE DEMANDA LA CALIFICACIÓN COMO DISCAPACITADO UTILIZADA EN LA NORMA ACUSADA Y SE SOLICITA SEA REEMPLAZADA POR EL VOCABLO PERSONA. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 (parcial) de la Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. Los demandantes consideran que la expresión del discapacitado contenida en la norma acusada contraría lo dispuesto en los artículos 1º y 13 Superiores, en lo que corresponde al respeto de la dignidad humana y al principio-derecho a la igualdad, así como de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial, su artículo 4º. Aducen, que dicha expresión contiene un lenguaje excluyente, además de resultar discriminatoria y tener una carga negativa, ya que califica una característica de la persona e implica un trato peyorativo que atenta contra la dignidad humana de las personas en situación de discapacidad. Fundamenta sus consideraciones en la Sentencia C-458/15, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada de varias expresiones que hacían referencia a personas con algún tipo de discapacidad, precisamente en razón de los términos del lenguaje allí utilizados y de sus implicaciones. La Corte profiere una sentencia modulada, aclarando que ello no implica la invasión de la libertad de configuración del legislador o el quebrantamiento del principio de la división de poderes públicos, puesto que no está construyendo una disposición legal nueva sino que simplemente está adecuándola para que ésta armonice con el sentido de la institución jurídica que desarrolla y resulte coherente con las demás sobre la materia presentes en el ordenamiento jurídico, incluso en el mismo Estatuto y con el objetivo mismo del artículo en su conjunto y, simultáneamente respetuosa de las normas constitucionales pertinentes. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 25 demandado, en el entendido que la expresión del discapacitado deberá reemplazarse por la expresión de la persona en situación de discapacidad.
Sentencia C-043/17
Bogotá D. C., primero (1º) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la presente
Los ciudadanos Gloria Cordero Vásquez y Oscar Danilo Flórez Ramírez presentaron demanda de inconstitucionalidad contra una expresión del artículo 25 de la Ley 1306 de 2009, "por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados".
Mediante auto del 7 de julio de 2016, el Magistrado sustanciador dispuso: i) admitir la demanda; ii) fijar en lista el asunto por el término de 10 días y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor; iii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que si lo consideraban oportuno intervinieran; iv) invitar a las facultades de derecho de las universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Libre de Colombia, Nacional de Colombia, del Rosario, Sergio Arboleda y Santo Tomás, así como a la Academia Colombiana de la Lengua y al Instituto Caro y Cuervo para que emitieran su opinión sobre la demanda de la referencia.
"LEY 1306 DE 2009[1]
ARTÍCULO 25. INTERDICCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA. La interdicción de las personas con discapacidad mental absoluta es también una medida de restablecimiento de los derechos del discapacitado y, en consecuencia, cualquier persona podrá solicitarla".
Los accionantes consideran que la expresión “del discapacitado”, contenida en el artículo 25 de la Ley 1306 de 2009, contraría lo dispuesto en los artículos 1º y 13 superiores, en lo que corresponde al respeto de la dignidad humana y al principio-derecho a la igualdad, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial su artículo 4º.
Como sustento de lo anterior aducen que dicha expresión contiene un lenguaje excluyente, es discriminatoria y tiene una carga negativa, ya que califica una característica de la persona e implica un trato peyorativo que atenta contra la dignidad humana de las personas en situación de discapacidad; consideraciones que sostiene con base en lo dicho en la sentencia C-458 de 2015, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada de varias expresiones que hacían referencia a personas con algún tipo de discapacidad, precisamente en razón de los términos del lenguaje allí utilizados y de sus implicaciones.
Señalan, asimismo, que se debe realizar control de constitucionalidad al lenguaje empleado por el legislador, sobre todo en atención a los recientes pronunciamientos de la corporación, en los que de forma clara se ha proscrito el lenguaje peyorativo o que en sí mismo pueda implicar discriminación.
De igual forma, aseguran que la expresión del discapacitado contenida en el artículo 25 de la Ley 1306 de 2009 genera discriminación porque corresponde a un tipo de marginación sutil y silenciosa consistente en usar expresiones reduccionistas que radica la discapacidad en el sujeto y no en la sociedad.
Afirman que "al Legislador le corresponde ir de la mano con los cambios sociales y de Derechos Humanos, para así poder hacer un ejercicio legislativo conforme a estos parámetros, estableciendo normas no solo eficaces en materia de protección, sino que ellas sean ejemplarizantes en su finalidad y lenguaje encaminadas al respeto a la Dignidad Humana de todos los sujetos del Pacto Social”.
En conclusión, según los accionantes, la expresión demandada es contraria a la Constitución y, en particular, "al derecho fundamental a la dignidad humana", por incluir expresiones que representan un lenguaje excluyente y discriminatorio en contra de las personas con algún tipo de discapacidad.
Interviene con el fin de que se declare la inexequibilidad de la norma acusada. Expresa compartir los argumentos de la demanda, ya que la expresión demandada puede vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, por el uso inapropiado del término.
Indica que el gobierno nacional ha generado una política pública que busca crear conciencia en todas las entidades del Estado en torno a esta población, involucrando en su creación a toda la sociedad civil. La considera consensuada y afirma que responde a las necesidades reales de dicho grupo humano. Por ello considera que el término demandado atenta contra dicha política y con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.
Solicita que se condicione la disposición acusada en el sentido de reemplazar la expresión “el discapacitado” por “la persona en situación de discapacidad”. Para el interviniente el problema jurídico planteado por los actores guarda identidad con aquel resuelto en la sentencia C-458 de 2015. Toda vez que en dicho fallo la Corte dejó claro que no resulta ajustado a la Carta referirse a las personas en situación de discapacidad con un lenguaje despectivo, en el presente caso el Tribunal debe decidir en igual sentido.
Pide que se declare exequible la norma acusada. Considera que los demandantes no interpretaron de manera adecuada la disposición que acusan, ya que la lectura que hacen es contraria al contexto normativo. Aseguran que la constitucionalidad de la expresión demandada se desprende de una mínima labor hermenéutica, que permite reconocer de inmediato que se trató de un desacierto momentáneo intrascendente del redactor del artículo impugnado, sin que ese yerro refleje la verdadera voluntad del legislador.
Solicita a la Corte condicionar la constitucionalidad de la norma demandada. Recuerda que como se señaló en sentencia C-458 de 2015 al realizar el análisis a expresiones como “los discapacitados” (artículo 157 de la ley 100 de 1993), “personas discapacitadas” (del artículo 4 de la ley 119 de 1994), “discapacitado” y “discapacitados” (artículo 66 de la ley 1438 de 2011), a razón de que no son criterios definitorios de técnica jurídica, sino palabras que responden a formas para hacer referencia a determinada población, es decir, “opciones para designar que no son sensibles a los enfoques más respetuosos de la dignidad humana”. Considera que de acuerdo al bloque de constitucionalidad y al deber que por esta vía tiene el Estado colombiano se debe velar por tomar las medidas pertinentes y necesarias que contribuyan a erradicar la discriminación de las personas en situación de discapacidad.
De ahí -señala- que los actores han referido de manera correcta la relación del término “del discapacitado” usado por el legislador, dado que se descalifica a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, al hacer uso de este léxico, ya que lleva una doble connotación, que si bien no era la intención del legislador referirse de manera reduccionista, implica interpretaciones e ideas no apropiadas.
Lo anterior, en el entendido que según la terminología estudiada y el contexto de la norma demandada tal expresión hace referencia a las personas en situación de discapacidad absoluta que serán sujetos de interdicción de ahí que la finalidad del legislador fuese referirse “no solo a personas con profundas y severas limitaciones a nivel psíquico y de comportamiento, sino también a quien padezca deficiencias de comportamiento como los inmaduros negociales”, lo que significa que la expresión demandada no es adecuada al momento histórico en el que nos encontramos y debe ser remplazada por los términos que “sean un vehículo de construcción y preservación de estructuras sociales y culturales”[2], para evitar que se contraríe la Constitución.
Por las razones expuestas, la Universidad Libre solicita declarar la exequibilidad condicionada del aparte demandado, bajo el entendido que la expresión “del discapacitado” resulta inapropiada para hacer referencia a la población que se encuentra en situación de discapacidad y se hace necesario que sea reemplazada por la expresión “personas en situación de discapacidad”, acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a la jurisprudencia de esta Corporación.
El jefe del ministerio público solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad condicionada de la expresión "del discapacitado" contenida en el artículo 25 de la Ley 1306 de 2009, de manera tal que se entienda como una referencia exclusiva a una determinada condición o situación fáctica en la que se encuentran las personas con algún tipo de discapacidad y no un juicio valorativo sobre las mismas y su dignidad humana. Subsidiariamente, que se profiera una sentencia sustitutiva reemplazando la expresión por "de la persona con discapacidad".
Del lenguaje constitucionalmente admisible
A Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf se les considera los fundadores de la etno-lingüística, que dio lugar a nombre de hipótesis de Sapir-Whorf, difundida principalmente en la obra Lenguaje, pensamiento y realidad, de 1956. Dicha hipótesis se puede sintetizar esencialmente en dos reglas: 1) El lenguaje es un producto social que configura nuestra forma de aprehensión del mundo que nos rodea; y 2) considerando las diferencias entre los sistemas lingüísticos que son reflejo de los distintos medios que crean esos sistemas, las personas que piensan por medio de estos lenguajes aprehenden el mundo de formas distintas.[3]
Sin embargo, esta posición nunca ha sido pacífica ni lo es en la actualidad. El uso de expresiones que se consideran más correctas que otras ha suscitado una verdadera controversia cultural y política[4].
“A los tan denostados eufemismos de los políticos y los economistas, que enmascaran o edulcoran, como sabemos, tantos aspectos de la realidad, parece que ha de agregarse ahora un nuevo código artificial, ajeno al lenguaje común, constituido por nuevos circunloquios, restringidos —como antes— al mundo oficial. A la vez, se acepta paradójicamente su propia artificiosidad al reconocer implícitamente que no tienen aplicación en la lengua de todos los días”[5].
Todo eso es verdad. Pero la discriminación no está en el lenguaje, sino en la manera como se usa y en el contexto en el que se usa…”[6]
“¿Dónde debemos marcar el límite del lenguaje ofensivo? Los tuertos, como los mancos o los cojos, existen y el lenguaje no tiene por qué ocultarlo. El problema no está en mencionar la limitación física, sino en insinuar que, por causa de ello, tales personas son inferiores a los demás. Lo malo no son las palabras, sino la manera como se usan”[7].
En efecto, esta Corporación ha reconocido expresamente que el lenguaje legislativo tiene no solo un efecto jurídico-normativo sino un poder simbólico que no puede pasar desapercibido al tribunal constitucional. El poder simbólico del lenguaje apareja un doble efecto: tiende a legitimar prácticas culturales y configura nuevas realidades y sujetos (a esto se ha referido la Corte al estudiar el carácter preformativo del lenguaje[8]).
En ese sentido, el uso de un lenguaje denigrante, discriminatorio o insultante, tiende a legitimar e incluso constituir prácticas sociales o representaciones simbólicas inconstitucionales. Un lenguaje respetuoso de los valores y principios constitucionales, sin embargo, tiende a poner en evidencia esas prácticas reprochables y a constituir -al menos simbólicamente- un sujeto dignificado.
No obstante, la Corte también ha entendido que al estudiar la constitucionalidad del lenguaje del legislador es necesario tener presente la importancia que la Carta asigna al principio democrático -del cual se deriva el principio de conservación del derecho-, así como el efecto normativo de la disposición estudiada. Por ello, para que una disposición pueda ser parcial o integralmente expulsada del ordenamiento jurídico en virtud del lenguaje legislativo, es necesario que las expresiones utilizadas resulten claramente denigrantes u ofensivas, que “despojen a los seres humanos de su dignidad”[9], que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación constitucionalmente inaceptable o que produzcan o reproduzcan un efecto social o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva constitucional.
La jurisprudencia constitucional sobre el lenguaje legislativo
Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991, la Corte ha desarrollado una doctrina constitucional específica sobre el alcance del control de constitucionalidad del lenguaje legislativo. En aplicación de esta doctrina, ha declarado la constitucionalidad condicionada o la inexequibilidad de numerosas expresiones legales que no corresponden “al contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional”[10].
Al respecto señaló que “el reconocimiento de la dignidad humana implica la concepción de la persona como un fin en sí misma y no como un medio para un fin. En otras palabras, como un ser que no es manipulable, ni utilizable en vista de un fin, así se juzgue éste muy plausible. El Estado está a su servicio y no a la inversa. Llamar “recursos humanos” a las personas que han de cumplir ciertas funciones, supone adoptar la perspectiva opuesta a la descrita, aunque un deplorable uso cada vez más generalizado pugne por legitimar la expresión.”. Y finalmente señaló: “Es deber de la Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga”[11].
En otra oportunidad[12], la Corporación encontró constitucionalmente reprochable el lenguaje empleado por el legislador en la Ley Nacional del Deporte, al señalar que “ningún club profesional podrá transferir más de dos jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo”. Según la Corte, el lenguaje empleado por la ley parecía implicar que la carta de transferencia y los derechos deportivos conferían a los clubes una verdadera propiedad sobre sus jugadores. A este respecto, indicó:
Y más adelante señaló: “Conforme a lo anterior, el lenguaje de las normas legales revisadas es incompatible con la Constitución ya que desconoce la dignidad de los deportistas, a quienes cosifica, y vulnera la terminante prohibición de la esclavitud y de la trata de personas (CP arts. 1º, 18 y 53), pues parece convertir a los clubes en propietarios de individuos”.
Sin embargo, en esa oportunidad este Tribunal indicó que en todo caso al estudiar la constitucionalidad del lenguaje -y no del contenido normativo- de una determinada disposición, el juez constitucional debía ser particularmente respetuoso del principio de conservación del derecho, “según el cual, los tribunales constitucionales deben siempre buscar preservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al principio democrático[13].”
La misma doctrina sobre el control de constitucionalidad del lenguaje aplicó la Corporación al estudiar la constitucionalidad del artículo 89 del Código Civil en el que se disponía que el domicilio de una persona sería también el de los “criados” y dependientes. La Corte declaró inexequible esta disposición por razones jurídicas materiales pero adicionalmente indicó que el uso de la expresión “criado” resultaba inconstitucional, “por su carácter despreciativo, en abierta oposición a la dignidad de la persona (arts. 1 y 5 C.P.)”[14].
Posteriormente[15], este Tribunal estudió una norma legal que concedía efectos jurídicos al “robo violento de la mujer”. En criterio de la Corte la conducta del robo o del hurto se refiere al apoderamiento o sustracción de bienes o cosas muebles ajenas. En consecuencia, encontró que no era lógicamente posible que exista el robo de una mujer. En criterio de la Corte, lo que hacía la norma demandada al dar efectos al “robo” de la mujer, era cosificarla y darle un trato jurídico contrario a la dignidad humana. Por tanto, consideró que, en principio, la expresión debía salir del ordenamiento jurídico.
No obstante, en aplicación del principio de conservación del derecho[16], la Corte señaló que “si una disposición admite varias interpretaciones, una de las cuales es constitucional, debe dejar la norma en el ordenamiento jurídico y retirar la lectura inconstitucional”. En tal virtud, se intentó una lectura de la disposición impugnada a partir de su significado común y no jurídico y terminó por considerar que, al menos por este cargo, la disposición demandada podía declararse exequible de manera condicionada. Al respecto dijo la Corporación:
“Sin embargo, otra acepción del término robar que el lenguaje común permite se refiere a "raptar", que significa "sacar a una mujer con violencia o con engaño de la casa y potestad de sus padres o parientes"[17]. Como se observa, este significado del verbo robar no cosifica a la mujer ni otorga un trato contrario a la Constitución. Por ello, en razón a que la disposición normativa acusada puede leerse en un sentido que no vulnera la Carta, la Corte debe aplicar el principio de conservación del derecho y dejar en el ordenamiento jurídico la disposición objeto de análisis, por lo que así lo declarará”.
A través de la sentencia C-983 de 2002, la Corporación declaró la inconstitucionalidad de la expresión “... y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes...”, contenida en el artículo 560 del Código Civil. Al respecto señaló: “para la Sala resulta violatorio de la Constitución la frase “y tuviere suficiente inteligencia”, pues no sólo contiene la misma concepción discriminatoria de la cual ha venido dando cuenta la Corte en esta Sentencia, sino que resulta lesiva de la dignidad humana, uno de los derechos fundamentales más importantes de la persona, pues ello implicaría someter al individuo a una prueba para determinar el grado de inteligencia. Tal expresión choca con el principio constitucional sobre la no discriminación y con la exigencia superior de la igual dignidad de todos los seres humanos. Dicha frase, entonces, será también retirada del ordenamiento jurídico.”
No obstante, en aplicación del principio de conservación del derecho y en defensa de los derechos especiales de los grupos constitucionalmente protegidos, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad de estas expresiones pero sustituyéndolas por expresiones que designaran a los sectores merecedores de especial protección, conservando así el contenido normativo de la disposición parcialmente demandada[18].
Posteriormente, la Corte estudió la constitucionalidad del uso de las expresiones “criado”, “sirviente” y “amo”[19]. La Corporación encontró que dichas expresiones admiten interpretaciones discriminatorias y denigrantes de la condición humana. Dijo en esa oportunidad: “Al respecto, se tiene que dichas locuciones tienden a la cosificación del ser humano y refieren a un vínculo jurídico que no resulta constitucionalmente admisible, cual era el denominado en el propio Código Civil como “arrendamiento de criados y domésticos”, el cual consistía en una modalidad de arrendamiento que en realidad hacía al “criado” sujeto pero sobre todo objeto del contrato, como si tratara de un bien más”.
“Podría pensarse que en virtud del principio de conservación del derecho, lo mejor sería proferir una sentencia interpretativa que adecue al contenido axiológico de la Carta de 1991 las expresiones contenidas en el artículo 33 del Código Civil, sin embargo, encuentra esta Corporación que en esta oportunidad tal opción resulta impracticable, precisamente porque el uso generalizador de la palabra hombre y en general de los vocablos que identifican a los individuos del género masculino para referirse a todos los individuos de la especie humana es lo que se encuentra inconstitucional por su contenido discriminador y excluyente. Por consiguiente declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas bajo el entendido que cobijan también al género femenino sería simplemente reproducir el contenido de la disposición demandada.”[20].
“Cobra aquí pleno sentido el principio de conservación del derecho, y en consecuencia tales expresiones deben ser interpretadas de conformidad con el orden axiológico constitucional, y por lo tanto, sólo en casos excepcionales, cuando ello no sea posible, como acontece precisamente con la definición objeto de examen en la presente decisión, habrá lugar a una declaratoria de inexequibilidad”[21].
En resumen, dado que, como lo ha reconocido la Corte “el lenguaje no solo refleja y comunica los hábitos y valores de una determinada cultura sino que conforma y fija esos hábitos y valores” sobre el lenguaje del legislador cabe el control de constitucionalidad. Sin embargo, para que una disposición sea parcial o integralmente expulsada del ordenamiento en virtud del lenguaje empleado en ella -es decir de su efecto simbólico y no jurídico-normativo-, es necesario que no exista ninguna interpretación alternativa de las expresiones cuestionadas. De otra manera, en virtud del principio de conservación del derecho, la Corte deberá adoptar una decisión de constitucionalidad simple o modulada según el caso concreto.
“la relevancia del análisis del lenguaje en sede constitucional, también debe considerar que éste responde a un contexto temporal que determina las categorías socialmente aceptadas. Sin embargo, tales contextos y categorías admitidas por la sociedad son dinámicos y por tanto deben ser actualizados a medida que se presentan cambios. No obstante, es indiscutible la imposibilidad de actualizar -por medio del trámite legislativo- un amplio cúmulo normativo en sincronía perfecta con el cambio social. Por esta y otras razones, el ordenamiento constitucional ha previsto algunos elementos de actualización que pretenden preservar los derechos de las personas, en particular de quienes enfrentan una situación de discapacidad o de capacidad excepcional, a fin de evitar el estigma o la descalificación. Uno de estos dispositivos de actualización es el bloque de constitucionalidad, que al integrar diversos instrumentos internacionales de protección de las personas en discapacidad al ordenamiento colombiano, permite transformar el lenguaje a los estándares sociales vigentes, a la vez que preserva los derechos de sujetos que merecen especial protección constitucional. Con base en estas circunstancias, la Corte analizó varias expresiones que podrían contener una carga discriminatoria y condicionará su constitucionalidad a una comprensión ligada a la normativa internacional vigente, que no tiene cargas peyorativas para los sujetos que el ordenamiento pretende proteger.”[22]
“(i) La función de la expresión.[23] (ii) La ubicación de la expresión en un sistema complejo de normas que interactúan con otras para lograr sus objetivos.[24] (iii) El objetivo imperioso perseguido por las normas en que se encuentran las expresiones, cuya declaratoria de inexequibilidad generaría efectos negativos a la población beneficiaria.”[25]
En primer lugar, esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha afirmado que las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional. Esta declaración se soporta en la existencia de un deber constitucional de protección fundado en las condiciones singulares de vulnerabilidad y eventualmente de desprotección, que hace que tal población requiera de atención especial por parte del Estado y de la sociedad en general[26]. Este deber constitucional de protección está cualificado por las obligaciones del Estado colombiano adquiridas con la celebración de tratados internacionales y por obligaciones especiales recogidas en disposiciones legales y reglamentarias[27].
De igual forma, tanto en diversos tratados internacionales[28] como en la Constitución de 1991 se establecieron importantes garantías para aquellas personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales se encuentran en situación vulnerabilidad. Por ejemplo, en el artículo 13 de la Constitución se dispone que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”. En el mismo sentido, el artículo 47 prescribe que: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran”; el artículo 54 prescribe “la obligación del Estado de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”; y finalmente en el artículo 68 de la C.P. se establece el derecho a “(…) la educación de personas con limitaciones físicas o mentales (…)”[29].
Adicionalmente, en cuanto a la determinación y definición del concepto de discapacidad, que es parte del objeto de la presente demanda, la Corte consideró en la sentencia C-478 de 2003 que “La elaboración de una noción de discapacidad ha sido un proceso muy lento y difícil. En cada momento de la historia, con base en los conocimientos científicos con los que se ha contado, los legisladores han regulado diversos aspectos de esta problemática. En un comienzo, el tema se abordó para efectos principalmente civiles y penales; en el S. XX, como se ha visto se amplió considerablemente el panorama hacia el derecho laboral, la seguridad social y la educación, vinculando además la situación que padecen estas personas con los derechos fundamentales, en especial, con los derechos a la dignidad humana y la igualdad formal y material. De allí que la terminología empleada en la materia haya cambiado con el paso del tiempo. De hecho hoy por hoy, se trata de un concepto en permanente construcción y revisión, por lo cual, es usual encontrar legislaciones internas que no se adecuan a los avances científicos en materia de discapacidad”[30].
En suma, recogiendo lo anteriormente reseñado, la sentencia C-606 de 2012 puntualizó lo siguiente sobre el ámbito de protección de las personas en situación de discapacidad: “En conclusión las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección por parte del Estado y de la sociedad en general, por lo que, tanto instituciones como individuos deben facilitar de una forma activa el ejercicio de los derechos de este sector de la población. En la normatividad internacional, constitucional y legal está prescrito que el concepto de personas en situación de discapacidad engloba a “aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. En dicho colectivo se encuentran las personas con limitación, con alguna deficiencia, con alguna discapacidad y las personas minusválidas. Dicha terminología no debe ser entendida de manera lineal sino comprensiva ya que debe incluir las deficiencias físicas o mentales de carácter temporal y permanente que implique limitaciones en las funciones y estructuras corporales, restricciones o barreras en el acceso. Por ende las personas en situación de discapacidad deben ser tuteladas en primer lugar (i) mediante la prohibición de medidas negativas o restrictivas que constituyan obstáculos o barreras para hacer efectivos sus derechos; y en segundo término (ii) mediante medidas de acción positiva o acciones afirmativas de tipo legislativo, administrativo o de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de dicho colectivo de personas. En este último caso dichas medidas no deben ser entendidas como una forma de discriminación, sino como una preferencia que tiene como fin promover la integración social o el desarrollo individual de las personas en situación de discapacidad para su integración efectiva en la sociedad.”
5.1. Test para determinar la constitucionalidad de la expresión demandada
En cuanto a la función de la norma y de la expresión “del discapacitado”, considera la Sala que la misma carece de connotación agraviante, discriminatoria o atentatoria de la dignidad humana; su función es jurídicamente relevante al tiempo que es neutral. Ella es útil para establecer parámetros de protección acordes con la situación de un grupo determinado de personas que por su condición cognitiva son consideradas vulnerables y, en esta medida, sujetos de especial protección. Por tanto, la expresión examinada no tiene una función peyorativa ni agraviante.
Respecto al contexto de la norma, la expresión se ubica en un sistema amplio de normas en el que se entrelazan varios textos para lograr el objetivo de brindar protección especial a un grupo determinado de personas. Le Ley 1306 de 2009 contiene disposiciones destinadas a la protección de personas con discapacidad mental, ha sido demandado un segmento de su artículo 25; esta Ley cuenta con 120 artículos distribuidos en IX capítulos a lo largo de los cuales la expresión “del discapacitado” aparece varias veces, dando a entender que la misma pretende rodear a sus destinatarios de un especial de protección. Es esta medida, la expresión sometida al test no contraviene los dispositivos superiores.
El objetivo de la norma y de la expresión examinada lejos de ser discriminatorio pretende elaborar una categorización para garantizar protección a un grupo determinado de personas constitucionalmente consideradas vulnerables y, por tanto, sujetos de especial tratamiento. La inexequibilidad del segmento analizado tendría efectos altamente nocivos para los destinatarios del mismo, al tiempo que vaciaría de contenido otros textos jurídicos que se valen de la misma expresión para procurar la protección que desde la Carta es impuesta en favor de cierto grupo de personas. Por tanto, el aparte examinado antes que controvertir los textos superiores los desarrolla.
5.2. Las personas en situación de discapacidad no deben ser tratadas como enfermos
De su parte, los artículos 54 -deber de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran y de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud-[31] y 68-obligación de fomentar la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales-[32] establecieron una serie de obligaciones a cargo del Estado, tendientes a adoptar medidas para lograr una igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades de todas las personas, con un especial interés en la promoción, protección y garantía de quienes se encuentran en condición de discapacidad.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la protección debida en esos casos tiene una doble dimensión, en la medida que comporta, por un lado, un mandato de abstención o interdicción de tratos discriminatorios y, por otro, un mandato de intervención, a través del cual el Estado está obligado a realizar acciones tendientes a superar las condiciones de desigualdad material que enfrentan dichos grupos.[33] Por consiguiente, reitera que “De conformidad con la Constitución el compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas es doble: por una parte, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar una igualdad de oportunidades, remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas.”[34]
el Estado debe adoptar medidas con el objetivo de propiciar la inclusión en la sociedad de las personas en situación de discapacidad.[35] En consonancia con lo anterior, la Corte estableció los parámetros constitucionales que el Estado debe cumplir a cabalidad para “eliminar, mediante actuaciones positivas del Estado y de la sociedad, la silenciosa y sutil marginación de las personas con cualquier tipo de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo más profundo de las estructuras sociales, culturales y económicas predominantes en nuestro país, y [que] es fundamentalmente contraria al principio de dignidad humana sobre el que se construye el Estado Social de Derecho”.[36] Una estructura de discriminación tan naturalizada que se asume evidente, el punto de creer que el problema está en las personas y no en la forma en que se les trata.
El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia;
La no discriminación por razón de discapacidad,
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad mental como parte de la diversidad y la condición humana;
La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad mental;
El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad mental y de su derecho a preservar su identidad”.[37]
Sobre las sentencias integradoras y la decisión a proferir en el presente asunto.
“[para que] una disposición pueda ser parcial o integralmente expulsada del ordenamiento jurídico en virtud del lenguaje legislativo, es necesario que las expresiones utilizadas resulten claramente denigrantes u ofensivas, que 'despojen a los seres humanos de su dignidad', que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación constitucionalmente inaceptable o que produzcan o reproduzcan un efecto social o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva constitucional”[38].
Para esta Corte es evidente que sería inconveniente eliminar la expresión demandada, ya que por vía de aquella se establecen medidas de protección a favor de la población en situación de discapacidad, por lo que eliminarla no lograría precisar los sujetos de protección y podría generar un mayor grado de desprotección para esta población. Lo que quiere decir que también “en el presente caso, la ausencia del texto que parece inexequible puede resultar más gravosa que su presencia debido al vacío normativo en la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad”[39].
Por su parte, en la misma sentencia anteriormente reseñada (C-458 de 2015), se consideró que en esta clase de casos no es factible “adoptar un fallo de inexequibilidad debido a la naturaleza de las normas que, a pesar de que quisieron adoptar medidas para las personas en condición de discapacidad usaron una terminología vejatoria y discriminatoria. En efecto, de declararse la inconstitucionalidad de las normas, que cumplen fines constitucionales imperiosos -buscar la igualdad real y efectiva, dignificar a una población marginada, integrar a esa población a la sociedad, entre otros- a través de diversos sistemas -seguridad social, educación, mecanismos de integración y de acceso a la vivienda- generaría un mayor grado de desprotección para esta población. De tal suerte, el resultado de una declaratoria de inexequibilidad no solo es indeseable sino que generaría efectos claramente inconstitucionales por ir en contra de las obligaciones del Estado encaminadas a la protección especial de sujetos vulnerables ordenada por la Carta Política y por los tratados internacionales en la materia.” (Subrayas fuera de texto original)
En efecto, la Corporación ha establecido que este tipo de sentencias integradoras “son una modalidad de decisión por medio de la cual, el juez constitucional proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal. Las sentencias integradoras, en cualquiera de sus modalidades -interpretativas, aditivas o sustitutivas-, encuentran un claro fundamento en el carácter normativo de la Carta Política (C.P. art. 4°) y en los principios de efectividad (C.P. art. 2°) y conservación del derecho (C.P. art. 241), llamados a gobernar el ejercicio del control de constitucionalidad, ya que facilitan la labor de mantener vigente en el ordenamiento jurídico la norma que ofrece insuficiencias desde la perspectiva constitucional, en el sentido que le permite al órgano de control constitucional ajustar su contenido a los mandatos superiores parcialmente ignorados por el legislador.
(…) Las sentencias integradoras de tipo sustitutivas se producen en aquellos casos en que la Corte retira del ordenamiento jurídico la disposición acusada o un aparte de la misma, y procede a llenar el vacío de regulación generado por la decisión con un nuevo texto que se ajuste a la Constitución Política. Las sentencias sustitutivas son entonces una mezcla de sentencia de inconstitucionalidad simple y de sentencia integradora, en el sentido que si bien en ellas se anula el precepto acusado, éste es reemplazado por un mandato que el propio fallo decide incluir o agregar al ordenamiento. De acuerdo con la doctrina especializada, el tipo de sentencia sustitutiva se caracteriza por adoptar, en forma sucesiva y concurrente, una postura ablativa, por medio de la cual se neutraliza la inconstitucionalidad advertida, y una postura reconstructiva, dirigida a llenar la laguna normativa creada por el vicio de inconstitucionalidad detectado”.[40]
[1] Diario Oficial No. 47.371 de 5 de junio de 2009.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-458 de 2015.
[3] PARRA Marina; La hipótesis Spir Whorf; En: http://www.bdigital.unal.edu.co/30627/1/29488-105881-1-PB.pdf
[4] A este respecto, el semiólogo y escritor italiano Umberto Eco, en su libro A paso de Cangrejo (2007), explicaba el fenómeno en los siguientes términos: “Considero que el término “políticamente correcto” se utiliza hoy día en un sentido políticamente incorrecto. En otras palabras, un movimiento de reforma lingüística ha generado usos lingüísticos desviados. Si leemos el artículo que Wikipedia (una enciclopedia on line) dedica a lo PC (así se designa ahora, mientras no se produzcan confusiones con las computadoras o con el antiguo Partido Comunista), encontraremos también la historia del término. Parece ser que en 1793 el Tribunal Supremo de Estados Unidos (en el caso denominado “Chisholm versus Georgia”) argumentó que era muy frecuente citar un Estado en vez del pueblo, para cuyo bien existe el Estado, y que por tanto era not politically correct en un brindis hablar de Estados Unidos en lugar de “el pueblo de Estados Unidos”.
[5] http://www.rae.es/sites/default/files/Bosque_sexismo_linguistico.pdf
[6] http://www.elespectador.com/opinion/el-lenguaje-politicamente-correcto
[8] Cfr. sentencia C-804 de 2006.
[9] Cfr. Entre otras, la sentencia C-1088 de 2004 “al poder político ya no le está permitido aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una terminología que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de las cosas”. Y añadió, “expresiones de esa índole, susceptibles de un uso emotivo que resulta jurídicamente degradante y discriminatorio, no son compatibles con los fundamentos de una democracia constitucional y deben ser retirados del ordenamiento jurídico”.
[10] Ver entre otras, las sentencias C-105 de 1994; C-222 de 1994; C-544 de 1994; C- 397 de 1995; C-446 de 1995; C- 591 de 1995; C- 174 de 1996; C-004 de 1998; C-742 de 1998; C-068 de 1999; C-082 de 1999; C- 112 de 2000; C- 289 de 2000; C- 641 de 2000; C- 800 de 2000; C-1111 de 2000; C- 1440 de 2000; C-1492 de 2000; C-1495 de 2000; C-1264 de 2000; C-007 de 2001; C- 1298 de 2001; C-174 de 2001; C-092 de 2002, C-379 de 2002; C-478 de 2003; C-1088 de 2004; C-1235 de 2005; C-804 de 2006; C-458 de 2015; C-182 de 2016 y C-258 de 2016, entre otras.
[11] Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996.
[12] Corte Constitucional, sentencia C-320 de 1997.
[13]Ver, entre otras, las sentencias C-100 de 1996 y C-065 de 1997.
[14] Corte Constitucional, sentencia C-379 de 1998.
[15] Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2001.
[16] Al respecto, ver las sentencias C-600A de 1995, C-070 de 1996, C-499 de 1998, C-559 de 1999 y C-843 de 1999, entre otras.
[17] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima primera edición. 1992. Páginas 1277 y 1278.
[18] Corte Constitucional, sentencia C-478 de 2003. Al respecto dijo la Corte: Sobre el particular, cabe señalar que para la Corte el lenguaje legal debe ser acorde con los principios y valores que inspiran a la Constitución de 1991, ya que " es deber de la Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga[18]. Posteriormente[18], esta Corporación consideró que "el uso de términos jurídicos que tiendan a cosificar a la persona no es admisible"[18]. Sin embargo, en algunas ocasiones, el juez constitucional, aplicando el principio de hermenéutica constitucional de conservación del derecho[18], que exige que el tribunal constitucional preserve al máximo la ley, en defensa del principio democrático, ha considerado que si una disposición admite varias interpretaciones, una de las cuales se ajusta al Texto Fundamental, debe dejar la norma en el ordenamiento jurídico y retirar la lectura inconstitucional. (…) El problema jurídico consiste entonces en determinar si la permanencia en la legislación civil de expresiones que si bien en su momento correspondieron a los términos técnicos empleados por los estudiosos de las ciencias de la salud, en la actualidad pueden ser considerados como peyorativos u ofensivos, y por ende, contrarios al principio de dignidad humana, y en consecuencia, deberían ser expulsados del ordenamiento jurídico colombiano, siempre y cuando la disposición respectiva no pierda sentido, y se preserven otros principios constitucionales, en especial la igualdad, para no caer en un estado de desprotección legal de los incapaces, igualmente contrario a la Constitución. En efecto, si la norma legal emplea términos científicos revaluados, pero éstos hacen parte de una institución civil encaminada a asegurar una igualdad de trato a los incapaces, el juez constitucional debe acudir al principio constitucional de conservación del derecho, examinando la posibilidad de expulsión de los términos que resulten discriminatorios sin afectar el derecho a la igualdad o el sentido de la disposición correspondiente.
[19] Corte Constitucional, sentencia C-1235 de 2005.
[20] Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2006.
[22] Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015. En similar sentido ver las sentencias C-182 de 2016 y C-258 de 2016
[23] Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Dice la sentencia: “49. La función de estas expresiones no es agraviar o restar dignidad a las personas en condición de discapacidad. (…) 54. La discriminación aludida se manifiesta porque las expresiones acusadas (…) contribuyen a la generación de una mayor adversidad para las personas en situación de discapacidad, pues ubican su situación como un defecto personal, que además los convierte en seres con capacidades restringidas que tienen un menor valor. Esta carga propia de las palabras citadas hace que los procesos de dignificación, integración e igualdad sean más complejos.”
[24] Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Sostiene la providencia “Las palabras acusadas son elementos normativos de disposiciones que regulan sistemas complejos, que interactúan constantemente con otros, por ejemplo el sistema de seguridad social en pensiones. || […] || Aunque todas estas expresiones también hacen parte de subsistemas normativos que buscan la protección de los sujetos a los que hacen referencia, la Corte considera que el lenguaje utilizado sí atenta contra la dignidad humana y la igualdad, pues no se trata de palabras o frases que respondan a criterios definitorios de técnica jurídica; son solamente formas escogidas para referirse a ciertos sujetos o situaciones, opciones para designar que no son sensibles a los enfoques más respetuosos de la dignidad humana.”
[25] Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). “Además, pretenden determinar los procedimientos y destinatarios de ciertas prestaciones sociales, que obviamente tienen como objetivo proteger a poblaciones consideradas vulnerables y que han perdido capacidad laboral. También regulan esquemas de educación y acceso a oportunidades laborales, por lo cual no tienen una finalidad inconstitucional, por el contrario persiguen objetivos constitucionalmente imperiosos. Aunque las expresiones consideradas de manera aislada puedan parecer discriminatorias –dada su carga emotiva- cuando se entienden como parte del entramado de un sistema jurídico esa visión cambia. Tal transformación se presenta no sólo por el análisis normativo ya mencionado sino por las consecuencias de una declaratoria de inconstitucionalidad. En efecto, considerar que se trata de disposiciones inexequibles, anularía beneficios para las personas a las que aluden las normas, les quitaría medidas diseñadas en su favor, sin considerar su rol descriptivo dentro de proposiciones jurídicas complejas y que se trata de preceptos previos a varios tratados sobre la materia que han incorporado el llamado enfoque social.”
[26] Corte Constitucional, sentencias T- 096 de 2009 y C- 824 de 2011.
[27] Corte Constitucional, sentencia C-606 de 2012.
[28] Ver entre otros: la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, el Convenio 159 de la OIT “sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”, las “Declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social”; el “Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad”, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad.
[29] Corte Constitucional, sentencia C-606 de 2012.
[31] Artículo 54. “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”
[32] Artículo 68. (…) La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.
[33] Corte Constitucional, sentencia C-793 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio) En este caso los accionantes demandaron los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6º de la Ley 1259 de 2008 “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”., toda vez que dicha norma atentaba contra grupos marginados y discriminados como aquellas personas dedicadas al reciclaje. La Corte encuentra importante incentivar al Estado a adoptar medidas necesarias para lograr una mayor igualdad real y efectiva de las personas en condiciones de marginación y discriminación. Todo esto, gracias a que los recicladores tienen que enfrentar los múltiples estigmas sociales, que se generan por la simple asociación de una actividad, con elementos que la sociedad desecha.”
[34] Corte Constitucional, sentencia C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández, AV Jaime Araujo Renterí
En este caso los accionantes demandaron los artículos 140 numeral 3, 545, 554 y 560 (parciales) del Código Civil. Toda vez que a su juicio, estas normas contenían expresiones como ‘‘furiosos locos, mentecatos, imbecilidad, idiotismo, entre otras’’ las cuales vulneraban la dignidad e igualdad de las personas con alguna discapacidad psíquica o física. Para este caso, la Corte sostuvo que estas expresiones atendían los conceptos médicos de la época en la cual fue redactado el Código Civil, y conforme a la evolución que ha tenido la ciencia médica y el propio ordenamiento jurídico estas expresiones hoy en día son despectivas y vulneraban la dignidad humana, además de violar claramente el principio de igualdad en donde las personas que padezcan alguna variedad de discapacidad deben gozar sin discriminación alguna, de los mismos derechos y garantías que los demás colombianos.
[35] Corte Constitucional, al respecto ver: sentencia C-293 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinill
En este caso se explica el contexto de las acciones afirmativas, entendidas como ‘‘todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social’’; sentencia C-824 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) En este caso la Corte Constitucional reiteró que la Consitucion de 1991 ha reconocido también de manera amplia los derechos fundamentales de las personas con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales, o con discapacidad, concediéndoles la condición de sujetos de especial protección, enfatizando en la intangibilidad de sus derechos fundamentales, a la vez que ha garantizado su plena inserción e integración a la sociedad; sentencia C-765 de 2012. (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV María Victoria Calle Correa) En este caso la Corte Constitucional consideró que las personas en estado de discapacidad tienen que tener un enfoque de rehabilitación, que le permite a través de tratamientos médicos mejorar sus condiciones de vida, además de un enfoque social en donde haya una reinserción en completa normalidad en la sociedad, otorgando mayor autonomía en las personas con discapacidad y mayor autosuficiencia en la toma de decisiones que tengan que ver con sus necesidades.
[36] Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2009 (MP María Victoria Calle; SVP Juan Carlos Henao, María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio). En este caso la Corte analizó la demanda de inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 68 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, y se refirió a las medidas que debe implementar el Estado para prevenir la discriminación de los grupos marginados.
[37] Ley 1306 de 2009. Artículo 3.
[38] Corte Constitucional, sentencia C-078 de 2007.
[39] Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015.
[40] Corte Constitucional, sentencia C-325 de 2009.

References: artículo 25
 artículo 4
 artículo 25
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ARTÍCULO 25
 artículo 25
 artículo 4
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 artículo 4
 artículo 25
 artículo 89
 artículo 560
 artículo 33
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 54
 artículo 68
 artículo 25
e contrario
 Artículo 54
 Artículo 68
 artículo 6
 artículo 68
 Artículo 3