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Timestamp: 2013-06-19 00:01:28+00:00

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LEY DE MEMORIA HIST�RICA - Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl�an derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuci�n o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura - Fundaci�n ACCI�N PRO DERECHOS HUMANOS (www.fundacionpdh.org)
LEY DE MEMORIA HIST�RICA
LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl�an derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuci�n o violencia durante la guerra civil y la dictadura
EXPOSICI�N DE MOTIVOS Art�culo 1. Objeto de la Ley. Art�culo 2. Reconocimiento general. Art�culo 3. Declaraci�n de ilegitimidad.
Art�culo 4. Declaraci�n de reparaci�n y reconocimiento personal. Art�culo 5.
Mejora de las prestaciones reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia m�dico-farmac�utica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y dem�s familiares de los espa�oles fallecidos como consecuencia o con ocasi�n de la pasada Guerra Civil. Art�culo 6.
Importe de determinadas pensiones de orfandad. Art�culo 7.
Modificaci�n del �mbito de aplicaci�n de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisi�n como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a. Art�culo 8. Tributaci�n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privaci�n de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a.
Ayudas para compensar la carga tributaria de las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 por privaci�n de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a. Art�culo 10. Reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el per�odo comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977. Art�culo 11.
Colaboraci�n de las Administraciones p�blicas con los particulares para la localizaci�n e identificaci�n de v�ctimas. Art�culo 12. Medidas para la identificaci�n y localizaci�n de v�ctimas. Art�culo 13. Autorizaciones administrativas para actividades de localizaci�n e identificaci�n. Art�culo 14.
Acceso a los terrenos afectados por trabajos de localizaci�n e identificaci�n. Art�culo 15.
S�mbolos y monumentos p�blicos. Art�culo 16.
Valle de los Ca�dos. Art�culo 17.
Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos. Art�culo 18.
Concesi�n de la nacionalidad espa�ola a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. Art�culo 19.
Reconocimiento a las asociaciones de v�ctimas. Art�culo 20.
Creaci�n del Centro Documental de la Memoria Hist�rica y Archivo General de la Guerra Civil.
Art�culo 21. Adquisici�n y protecci�n de documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura. Art�culo 22.
Derecho de acceso a los fondos de los archivos p�blicos y privados. Disposici�n adicional primera. Adecuaci�n del Archivo General de la Guerra Civil Espa�ola. Disposici�n adicional segunda.
Disposici�n adicional tercera. Marco institucional. Disposici�n adicional cuarta. Habilitaci�n al Gobierno para el reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias. Disposici�n adicional quinta.
Disposici�n adicional sexta.
Disposici�n adicional s�ptima. Adquisici�n de la nacionalidad espa�ola. Disposici�n adicional octava. Acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles. Disposici�n derogatoria. Disposici�n final primera. Habilitaci�n para el desarrollo. Disposici�n final segunda. Entrada en vigor. JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. EXPOSICI�N DE MOTIVOS El esp�ritu de reconciliaci�n y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pac�fica de todas las ideas, que gui� la Transici�n, nos permiti� dotarnos de una Constituci�n, la de 1978, que tradujo jur�dicamente esa voluntad de reencuentro de los espa�oles, articulando un Estado social y democr�tico de derecho con clara vocaci�n integradora. El esp�ritu de la Transici�n da sentido al modelo constitucional de convivencia m�s fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el per�odo democr�tico, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constituci�n, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del r�gimen dictatorial que la sucedi�. Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan a�n iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el �mbito parlamentario como por distintas asociaciones c�vicas. Se trata de peticiones leg�timas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su esp�ritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constituci�n, no puede dejar de atender. Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisi�n Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprob� por unanimidad una Proposici�n no de Ley en la que el �rgano de representaci�n de la ciudadan�a reiteraba que �nadie puede sentirse legitimado, como ocurri� en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones pol�ticas y establecer reg�menes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democr�tica�. La presente Ley asume esta Declaraci�n as� como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en Par�s el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en Espa�a entre los a�os 1939 y 1975. Es la hora, as�, de que la democracia espa�ola y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos pol�ticos o ideol�gicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos per�odos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. Tambi�n a quienes perdieron su libertad, al padecer prisi�n, deportaci�n, confiscaci�n de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentraci�n dentro o fuera de nuestras fronteras. Tambi�n, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y, por �ltimo, a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democr�ticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros, cuya rehabilitaci�n fue un�nimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la Uni�n Militar Democr�tica, que se autodisolvi� con la celebraci�n de las primeras elecciones democr�ticas. En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes p�blicos lleven a cabo pol�ticas p�blicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democr�tica. La presente Ley parte de la consideraci�n de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de car�cter p�blico, forman parte del estatuto jur�dico de la ciudadan�a democr�tica, y como tales son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, que encuentra su primera manifestaci�n en la Ley en el reconocimiento general que en la misma se proclama en su art�culo 2. En efecto, en dicho precepto se hace una proclamaci�n general del car�cter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequ�vocamente pol�ticos o ideol�gicos, durante la Guerra Civil, as� como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior. Esta declaraci�n general, contenida en el art�culo 2, se complementa con la previsi�n de un procedimiento espec�fico para obtener una Declaraci�n personal, de contenido rehabilitador y reparador, que se abre como un derecho a todos los perjudicados, y que podr�n ejercer ellos mismos o sus familiares. En el art�culo 3 de la Ley se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u �rganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneraci�n de las m�s elementales garant�as del derecho a un proceso justo, as� como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de car�cter personal impuestas por motivos pol�ticos, ideol�gicos o de creencias religiosas. Se subraya, as�, de forma inequ�voca, la carencia actual de vigencia jur�dica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitaci�n moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas. En este sentido, la Ley incluye una disposici�n derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jur�dica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsi�n del ordenamiento jur�dico e impedir su invocaci�n por cualquier autoridad administrativa y judicial. En los art�culos 5 a 9 se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos econ�micos ya recogidos en nuestro Ordenamiento. En esta misma direcci�n, se prev� el derecho a una indemnizaci�n en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos, y que no hab�an recibido hasta ahora la compensaci�n debida (art. 10). Se recogen diversos preceptos (arts. 11 a 14) que, atendiendo tambi�n en este �mbito una muy leg�tima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero de sus familiares, algunos a�n en fosas comunes, prev�n medidas e instrumentos para que las Administraciones p�blicas faciliten, a los interesados que lo soliciten, las tareas de localizaci�n, y, en su caso, identificaci�n de los desaparecidos, como una �ltima prueba de respeto hacia ellos. Se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 15 y 16) en relaci�n con los s�mbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltaci�n de la sublevaci�n militar, de la Guerra Civil y de la represi�n de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que as� sea, a que los s�mbolos p�blicos sean ocasi�n de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. El legislador considera de justicia hacer un doble reconocimiento singularizado. En primer lugar, a los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales, a los que se les permitir� acceder a la nacionalidad espa�ola sin necesidad de que renuncien a la que ostenten hasta este momento (art. 18); y, tambi�n, a las asociaciones ciudadanas que se hayan significado en la defensa de la dignidad de las v�ctimas de la violencia pol�tica a que se refiere esta Ley (art. 19). Con el fin de facilitar la recopilaci�n y el derecho de acceso a la informaci�n hist�rica sobre la Guerra Civil, la Ley refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra Civil Espa�ola, con sede en Salamanca, integr�ndolo en el Centro Documental de la Memoria Hist�rica tambi�n con sede en la ciudad de Salamanca, y estableciendo que se le d� traslado de toda la documentaci�n existente en otros centros estatales (arts. 20 a 22). La presente ley ampl�a la posibilidad de adquisici�n de la nacionalidad espa�ola a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente espa�oles. Con ello se satisface una leg�tima pretensi�n de la emigraci�n espa�ola, que incluye singularmente a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad espa�ola por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura. En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todav�a abiertas en los espa�oles y a dar satisfacci�n a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represi�n de la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el esp�ritu del reencuentro y de la concordia de la Transici�n, no son s�lo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino tambi�n la Democracia espa�ola en su conjunto. No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Pero s� es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las v�ctimas, consagrar y proteger, con el m�ximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresi�n de plena ciudadan�a democr�tica, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexi�n sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violaci�n de derechos humanos como las entonces vividas. Este es el compromiso al que el texto legal y sus consecuencias jur�dicas responden. Art�culo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecuci�n o violencia, por razones pol�ticas, ideol�gicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparaci�n moral y la recuperaci�n de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de divisi�n entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesi�n y solidaridad entre las diversas generaciones de espa�oles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. 2. Mediante la presente Ley, como pol�tica p�blica, se pretende el fomento de los valores y principios democr�ticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservaci�n de los documentos relacionados con ese per�odo hist�rico y depositados en archivos p�blicos. Art�culo 2. Reconocimiento general. 1. Como expresi�n del derecho de todos los ciudadanos a la reparaci�n moral y a la recuperaci�n de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el car�cter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones pol�ticas, ideol�gicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, as� como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura. 2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboraci�n o relaci�n con partidos pol�ticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minor�as �tnicas, sociedades secretas, logias mas�nicas y grupos de resistencia, as� como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, ling��sticas o de orientaci�n sexual. 3. Asimismo, se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos espa�oles durante la Guerra Civil y la Dictadura. Art�culo 3. Declaraci�n de ilegitimidad. 1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros �rganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos pol�ticos, ideol�gicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de car�cter personal, as� como la de sus resoluciones. 2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las m�s elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represi�n de la Masoner�a y el Comunismo, el Tribunal de Orden P�blico, as� como los Tribunales de Responsabilidades Pol�ticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos pol�ticos, ideol�gicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 2 de la presente Ley. 3. Igualmente, se declaran ileg�timas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos pol�ticos, ideol�gicos o de creencia por cualesquiera tribunales u �rganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un r�gimen democr�tico en Espa�a o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constituci�n. Art�culo 4. Declaraci�n de reparaci�n y reconocimiento personal. 1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaraci�n de reparaci�n y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los art�culos anteriores. Este derecho es plenamente compatible con los dem�s derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, as� como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia. 2. Tendr� derecho a solicitar la Declaraci�n las personas afectadas y, en caso de que las mismas hubieran fallecido, el c�nyuge o persona ligada por an�loga relaci�n de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado. 3. Asimismo, podr�n solicitar la Declaraci�n las instituciones p�blicas, previo acuerdo de su �rgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de c�nyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempe�ado cargo o actividad relevante en las mismas.
4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podr�n interesar del Ministerio de Justicia la expedici�n de la Declaraci�n. A tal fin, podr�n aportar toda la documentaci�n que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, as� como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos. 5. La Declaraci�n a que se refiere esta Ley ser� compatible con cualquier otra f�rmula de reparaci�n prevista en el ordenamiento jur�dico y no constituir� t�tulo para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administraci�n P�blica, ni dar� lugar a efecto, reparaci�n o indemnizaci�n de �ndole econ�mica o profesional. El Ministerio de Justicia denegar� la expedici�n de la Declaraci�n cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley. Art�culo 5. Mejora de las prestaciones reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia m�dico-farmac�utica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y dem�s familiares de los espa�oles fallecidos como consecuencia o con ocasi�n de la pasada Guerra Civil. 1. Con el fin de completar la acci�n protectora establecida por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia m�dico-farmac�utica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y dem�s familiares de los espa�oles fallecidos como consecuencia o con ocasi�n de la pasada Guerra Civil, se modifican las letras a) y c) del n�mero 2 de su art�culo primero, que quedan redactadas como sigue: �a) Por heridas, enfermedad o lesi�n accidental originadas como consecuencia de la guerra. c) Como consecuencia de actuaciones u opiniones pol�ticas y sindicales, cuando pueda establecerse asimismo una relaci�n de causalidad personal y directa entre la Guerra Civil y el fallecimiento.� 2. Las pensiones que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior tendr�n efectos econ�micos desde el primer d�a del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, siendo de aplicaci�n, en su caso, las normas que regulan la caducidad de efectos en el R�gimen de Clases Pasivas del Estado. Art�culo 6. Importe de determinadas pensiones de orfandad. 1. La cuant�a de las pensiones de orfandad en favor de hu�rfanos no incapacitados mayores de veinti�n a�os causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, se establece en 132,86 euros mensuales. 2. A las pensiones de orfandad a que se refiere el presente art�culo les ser� de aplicaci�n el sistema de complementos econ�micos vigentes y experimentar�n las revalorizaciones que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada a�o. 3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores tendr� efectividad econ�mica desde el primer d�a del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de las normas que sobre caducidad de efectos rigen en el R�gimen de Clases Pasivas del Estado. Art�culo 7. Modificaci�n del �mbito de aplicaci�n de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisi�n como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a. 1. Con el fin de incorporar supuestos en su d�a excluidos de la concesi�n de indemnizaciones por tiempos de estancia en prisi�n durante la Dictadura, se modifican los apartados uno y dos de la disposici�n adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 1990, que quedan redactados como sigue: �Uno. Quienes acrediten haber sufrido privaci�n de libertad en establecimientos penitenciarios o en Batallones Disciplinarios, en cualquiera de sus modalidades, durante tres o m�s a�os, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, y tuvieran cumplida la edad de sesenta a�os en 31 de diciembre de 1990, tendr�n derecho a percibir por una sola vez una indemnizaci�n de acuerdo con la siguiente escala: Tres o m�s a�os de prisi�n: 6.010,12 �. Por cada tres a�os completos adicionales: 1.202,02 �. Dos. Si el causante del derecho a esta indemnizaci�n hubiese fallecido, y en 31 de diciembre de 1990 hubiera podido tener cumplidos sesenta a�os de edad tendr� derecho a la misma el c�nyuge sup�rstite, que sea pensionista de viudedad por tal causa o que, aun no teniendo esta condici�n, acredite ser c�nyuge viudo del causante.� 2. Se a�aden un apartado dos bis y un apartado siete a la Disposici�n adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado con la siguiente redacci�n: �Dos bis. Una indemnizaci�n de 9.616,18 � se reconocer� al c�nyuge sup�rstite de quien, habiendo sufrido privaci�n de libertad por tiempo inferior a tres a�os como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, hubiese sido condenado por ellos a pena de muerte efectivamente ejecutada y no haya visto reconocida en su favor, por esta circunstancia, pensi�n o indemnizaci�n con cargo a alguno de los sistemas p�blicos de protecci�n social.� �Siete. Quienes se consideren con derecho a los beneficios establecidos en los apartados uno y dos anteriores, ya sean los propios causantes o sus c�nyuges sup�rstites o pensionistas de viudedad por tal causa, deber�n solicitarlos expresamente ante la citada Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas.� Art�culo 8. Tributaci�n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privaci�n de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a. Con efectos desde el 1 de enero de 2005, se a�ade una nueva letra u) al art�culo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que quedar� redactada de la siguiente manera: �u) Las indemnizaciones previstas en la legislaci�n del Estado y de las Comunidades Aut�nomas para compensar la privaci�n de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a.� Art�culo 9. Ayudas para compensar la carga tributaria de las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 por privaci�n de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a. 1. Las personas que hubieran percibido desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley las indemnizaciones previstas en la legislaci�n del Estado y de las Comunidades Aut�nomas para compensar la privaci�n de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a, podr�n solicitar, en la forma y plazos que se determinen, el abono de una ayuda cuantificada en el 15 por ciento de las cantidades que, por tal concepto, hubieran consignado en la declaraci�n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas de cada uno de dichos per�odos impositivos. 2. Si las personas a que se refiere el apartado 1 anterior hubieran fallecido, el derecho a la ayuda corresponder� a sus herederos, quienes podr�n solicitarla. 3. Las ayudas percibidas en virtud de lo dispuesto en el presente art�culo estar�n exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas. 4. Por Orden del Ministro de Econom�a y Hacienda se determinar� el procedimiento, las condiciones para su obtenci�n y el �rgano competente para el reconocimiento y abono de esta ayuda. Art�culo 10. Reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el per�odo comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977. 1. En atenci�n a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnizaci�n, por una cuant�a de 135.000 �, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el per�odo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicaci�n de las libertades y derechos democr�ticos. 2. Ser�n beneficiarios de la indemnizaci�n a que se refiere el apartado primero de este art�culo los hijos y el c�nyuge de la persona fallecida, si no estuviere separado legalmente ni en proceso de separaci�n o nulidad matrimonial, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con an�loga relaci�n de afectividad a la del c�nyuge durante, al menos, los dos a�os inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en com�n, en cuyo caso bastar� la mera convivencia. Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, ser�n beneficiarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona conviviente, cuando dependieren econ�micamente del fallecido. Cuando se produzca la concurrencia de diversas personas que pertenezcan a un grupo de los que tienen derecho a la indemnizaci�n, la cuant�a total m�xima se repartir� por partes iguales entre todos los que tengan derecho por la misma condici�n, excepto cuando concurran el c�nyuge o persona con an�loga relaci�n afectiva y los hijos del fallecido, en cuyo caso la ayuda se distribuir� al 50 por ciento entre el c�nyuge o la persona con an�loga relaci�n de afectividad y el conjunto de los hijos. 3. Proceder� el abono de la indemnizaci�n siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnizaci�n o compensaci�n econ�mica alguna o, habi�ndose recibido, sea de cuant�a inferior a la determinada en este art�culo. 4. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinar� las condiciones y el procedimiento para la concesi�n de la indemnizaci�n prevista en este art�culo. 5. Los beneficiarios de la indemnizaci�n establecida en este art�culo dispondr�n del plazo de un a�o, a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto a que se refiere el apartado anterior, para presentar su solicitud ante la Comisi�n en �l mencionada. Art�culo 11. Colaboraci�n de las Administraciones p�blicas con los particulares para la localizaci�n e identificaci�n de v�ctimas. 1. Las Administraciones p�blicas, en el marco de sus competencias, facilitar�n a los descendientes directos de las v�ctimas que as� lo soliciten las actividades de indagaci�n, localizaci�n e identificaci�n de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represi�n pol�tica posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el p�rrafo anterior podr� aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines. 2. La Administraci�n General del Estado elaborar� planes de trabajo y establecer� subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este art�culo. Art�culo 12. Medidas para la identificaci�n y localizaci�n de v�ctimas. 1. El Gobierno, en colaboraci�n con todas las Administraciones p�blicas, elaborar� un protocolo de actuaci�n cient�fica y multidisciplinar que asegure la colaboraci�n institucional y una adecuada intervenci�n en las exhumaciones. Asimismo, celebrar� los oportunos convenios de colaboraci�n para subvencionar a las entidades sociales que participen en los trabajos. 2. Las Administraciones p�blicas elaborar�n y pondr�n a disposici�n de todos los interesados, dentro de su respectivo �mbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas a que se refiere el art�culo anterior, incluyendo toda la informaci�n complementaria disponible sobre los mismos. El Gobierno determinar� el procedimiento y confeccionar� un mapa integrado que comprenda todo el territorio espa�ol, que ser� accesible para todos los ciudadanos interesados y al que se incorporar�n los datos que deber�n ser remitidos por las distintas Administraciones p�blicas competentes. Las �reas incluidas en los mapas ser�n objeto de especial preservaci�n por sus titulares, en los t�rminos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, los poderes p�blicos competentes adoptar�n medidas orientadas a su adecuada preservaci�n. Art�culo 13. Autorizaciones administrativas para actividades de localizaci�n e identificaci�n. 1. Las Administraciones p�blicas competentes autorizar�n las tareas de prospecci�n encaminadas a la localizaci�n de restos de las v�ctimas referidas en el apartado 1 del art�culo 11, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio hist�rico y el protocolo de actuaci�n que se apruebe por el Gobierno. Los hallazgos se pondr�n inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes. 2. Las Administraciones p�blicas, en el ejercicio de sus competencias, establecer�n el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las v�ctimas referidas en el apartado 1 del art�culo 11, o las entidades que act�en en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificaci�n y eventual traslado a otro lugar. 3. En cualquier caso, la exhumaci�n se someter� a autorizaci�n administrativa por parte de la autoridad competente, en la que deber� ponderarse la existencia de oposici�n por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados. A tales efectos, y con car�cter previo a la correspondiente resoluci�n, la administraci�n competente deber� dar adecuada publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en todo caso su existencia a la Administraci�n General del Estado para su inclusi�n en el mapa referido en el apartado primero del art�culo anterior. 4. Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados ser�n inhumados en el cementerio correspondiente al t�rmino municipal en que se encontraran. Art�culo 14. Acceso a los terrenos afectados por trabajos de localizaci�n e identificaci�n. 1. La realizaci�n de las actividades de localizaci�n y eventual identificaci�n o traslado de los restos de las personas referidas en el apartado 1 del art�culo 13 se constituye en fin de utilidad p�blica e inter�s social, a los efectos de permitir, en su caso y de acuerdo con los art�culos 108 a 119 de la Ley de Expropiaci�n Forzosa, la ocupaci�n temporal de los terrenos donde deban realizarse. 2. Para las actividades determinadas en el apartado anterior, las autoridades competentes autorizar�n, salvo causa justificada de inter�s p�blico, la ocupaci�n temporal de los terrenos de titularidad p�blica. 3. En el caso de terrenos de titularidad privada, los descendientes, o las organizaciones legitimadas de acuerdo con el apartado anterior, deber�n solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones p�blicas podr�n autorizar la ocupaci�n temporal, siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideraci�n de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnizaci�n a cargo de los ocupantes. Art�culo 15. S�mbolos y monumentos p�blicos. 1. Las Administraciones p�blicas, en el ejercicio de sus competencias, tomar�n las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltaci�n, personal o colectiva, de la sublevaci�n militar, de la Guerra Civil y de la represi�n de la Dictadura. Entre estas medidas podr� incluirse la retirada de subvenciones o ayudas p�blicas. 2. Lo previsto en el apartado anterior no ser� de aplicaci�n cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltaci�n de los enfrentados, o cuando concurran razones art�sticas, arquitect�nicas o art�stico-religiosas protegidas por la ley. 3. El Gobierno colaborar� con las Comunidades Aut�nomas y las Entidades Locales en la elaboraci�n de un cat�logo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior. 4. Las Administraciones p�blicas podr�n retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no act�en del modo previsto en el apartado 1 de este art�culo. Art�culo 16. Valle de los Ca�dos. 1. El Valle de los Ca�dos se regir� estrictamente por las normas aplicables con car�cter general a los lugares de culto y a los cementerios p�blicos. 2. En ning�n lugar del recinto podr�n llevarse a cabo actos de naturaleza pol�tica ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. Art�culo 17. Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos. El Gobierno, en colaboraci�n con las dem�s Administraciones p�blicas confeccionar� un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, as� como por prisioneros en campos de concentraci�n, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas. Art�culo 18. Concesi�n de la nacionalidad espa�ola a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. 1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoci� el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les ser� de aplicaci�n la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el art�culo 23, letra b, del C�digo Civil, en lo que se refiere a la adquisici�n por carta de naturaleza de la nacionalidad espa�ola. 2. Mediante Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se determinar�n los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisici�n de la nacionalidad espa�ola por parte de las personas mencionadas en el apartado anterior.
Art�culo 19. Reconocimiento a las asociaciones de v�ctimas. Se reconoce la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan destacado en la defensa de la dignidad de todas las v�ctimas de la violencia pol�tica a la que se refiere esta Ley. El Gobierno podr� conceder, mediante Real Decreto, las distinciones que considere oportunas a las referidas entidades. Art�culo 20. Creaci�n del Centro Documental de la Memoria Hist�rica y Archivo General de la Guerra Civil. 1. De conformidad con lo previsto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, se constituye el Centro Documental de la Memoria Hist�rica, con sede en la ciudad de Salamanca. 2. Son funciones del Centro Documental de la Memoria Hist�rica: a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Espa�ola creado por Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo. A tal fin, y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, se integrar�n en este Archivo todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represi�n pol�tica subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales, quedar� una copia digitalizada de los mencionados documentos. Asimismo, la Administraci�n General del Estado proceder� a la recopilaci�n de los testimonios orales relevantes vinculados al indicado per�odo hist�rico para su remisi�n e integraci�n en el Archivo General.
b) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposici�n de los interesados los fondos documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de inter�s para el estudio de la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de espa�oles en campos de concentraci�n durante la Segunda Guerra Mundial y la transici�n. c) Fomentar la investigaci�n hist�rica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la Transici�n, y contribuir a la difusi�n de sus resultados. d) Impulsar la difusi�n de los fondos del Centro, y facilitar la participaci�n activa de los usuarios y de sus organizaciones representativas. e) Otorgar ayudas a los investigadores, mediante premios y becas, para que contin�en desarrollando su labor acad�mica y de investigaci�n sobre la Guerra Civil y la Dictadura. f) Reunir y poner a disposici�n de los interesados informaci�n y documentaci�n sobre procesos similares habidos en otros pa�ses. 3. La estructura y funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Hist�rica se establecer� mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. Art�culo 21. Adquisici�n y protecci�n de documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura. 1. La Administraci�n General del Estado aprobar�, con car�cter anual y con la dotaci�n que en cada caso se establezca en los Presupuestos Generales del Estado, un programa de convenios para la adquisici�n de documentos referidos a la Guerra Civil o a la represi�n pol�tica subsiguiente que obren en archivos p�blicos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean en versi�n original o a trav�s de cualquier instrumento que permita archivar, conocer o reproducir palabras, datos o cifras con fidelidad al original. Los mencionados fondos documentales se incorporar�n al Archivo General de la Guerra Civil Espa�ola. 2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Hist�rico Espa�ol, los documentos obrantes en archivos privados y p�blicos relativos a la Guerra Civil y la Dictadura se declaran constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliogr�fico, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 22. Art�culo 22. Derecho de acceso a los fondos de los archivos p�blicos y privados. 1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos p�blicos y la obtenci�n de las copias que se soliciten. 2. Lo previsto en el apartado anterior ser� de aplicaci�n, en sus propios t�rminos, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos p�blicos. 3. Los poderes p�blicos adoptar�n las medidas necesarias para la protecci�n, la integridad y catalogaci�n de estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradaci�n.
Disposici�n adicional primera. Adecuaci�n del Archivo General de la Guerra Civil Espa�ola. Se autoriza al Gobierno a que lleve a cabo las acciones necesarias en orden a organizar y reestructurar el Archivo General de la Guerra Civil Espa�ola. Disposici�n adicional segunda. Las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por Espa�a.
Disposici�n adicional tercera. Marco institucional. En el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno establecer� el marco institucional que impulse las pol�ticas p�blicas relativas a la conservaci�n y fomento de la memoria democr�tica. Disposici�n adicional cuarta. Habilitaci�n al Gobierno para el reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias. 1. Se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de 6 meses, mediante Real Decreto, determine el alcance, condiciones y procedimiento para la concesi�n de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes por hechos y en las circunstancias y con las condiciones a que se refiere el apartado uno del art�culo 10 de la presente Ley. 2. Proceder� el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en esta disposici�n siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnizaci�n o compensaci�n econ�mica con cargo a alguno de los sistemas p�blicos de protecci�n social. 3. Las indemnizaciones establecidas en esta disposici�n se abonar�n directamente a los propios incapacitados y ser�n intransferibles. Disposici�n adicional quinta. A los efectos de la aplicaci�n de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, el personal de la Marina Mercante que fue incorporado al Ej�rcito Republicano desde el 18 de julio de 1936 se considerar� incluido en el Decreto de 13 de marzo de 1937 que establec�a la incorporaci�n a la reserva naval, el Decreto de 12 de junio de 1937 que aplicaba el anterior fijando el ingreso y escalafonamiento en la citada reserva y la orden circular de 10 de octubre de 1937 que aprueba el reglamento del citado escalafonamiento en desarrollo de los anteriores. Proceder� el abono de la pensi�n correspondiente siempre que, por el mismo supuesto, no se haya recibido compensaci�n econ�mica alguna, o, habi�ndose recibido, sea de cuant�a inferior a lo determinado en las mencionadas disposiciones. Disposici�n adicional sexta. La fundaci�n gestora del Valle de los Ca�dos incluir� entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represi�n pol�tica que la sigui� con objeto de profundizar en el conocimiento de este per�odo hist�rico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentar� las aspiraciones de reconciliaci�n y convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello con plena sujeci�n a lo dispuesto en el
art�culo 16. Disposici�n adicional s�ptima. Adquisici�n de la nacionalidad espa�ola. 1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente espa�ol podr�n optar a la nacionalidad espa�ola de origen si formalizan su declaraci�n en el plazo de dos a�os desde la entrada en vigor de la presente Disposici�n adicional. Dicho plazo podr� ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el l�mite de un a�o. 2. Este derecho tambi�n se reconocer� a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad espa�ola como consecuencia del exilio. Disposici�n adicional octava. Acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles. El Gobierno, a trav�s del Ministerio de Justicia, en cuanto sea preciso para dar cumplimiento a las previsiones de esta Ley, dictar� las disposiciones necesarias para facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado. Disposici�n derogatoria.
En congruencia con lo establecido en el punto 3 de la Disposici�n Derogatoria de la Constituci�n, se declaran expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936, de la Junta de Defensa Nacional aprobado por Decreto n�mero 79, el Bando de 31 de agosto de 1936 y, especialmente, el Decreto del general Franco, n�mero 55, de 1 de noviembre de 1936: las Leyes de Seguridad del Estado, de 12 de julio de 1940 y 29 de marzo de 1941, de reforma del C�digo penal de los delitos contra la seguridad del Estado; la Ley de 2 de marzo de 1943 de modificaci�n del delito de Rebeli�n Militar; el Decreto-Ley de 18 de abril de 1947, sobre Rebeli�n militar y bandidaje y terrorismo y las Leyes 42/1971 y 44/1971 de reforma del C�digo de Justicia Militar; las Leyes de 9 de febrero de 1939 y la de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades pol�ticas y la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represi�n de la masoner�a y el comunismo, la Ley de 30 de julio de 1959, de Orden P�blico y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden P�blico. Disposici�n final primera. Habilitaci�n para el desarrollo. Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el �mbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaci�n de lo establecido en esta Ley. Disposici�n final segunda. Entrada en vigor. La presente Ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Estado, con excepci�n de la Disposici�n Adicional S�ptima que lo har� al a�o de su publicaci�n. Por tanto, Mando a todos los espa�oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 26 de diciembre de 2007. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, JOS� LUIS RODR�GUEZ ZAPATERO
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