Source: http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-F/flo-gar.htm
Timestamp: 2017-12-16 18:45:36+00:00

Document:
JOSE EDILIO FLORES GARRIDO
Rut : 5.527.967 Santiago
F.Nacim. : 08 12 47, 28 años a la fecha de su detención
Domicilio : Nahuelhuapi 3581, Población Magallanes, San Miguel
Actividad : Ex estudiante de Administración Pública de la Universidad de Chile
C.Repres. : Militante Partido Comunista. Presidente Club Deportivo.
José Edilio Flores Garrido, padre de un hijo, ex estudiante universitario, militante comunista, el día 11 de agosto de 1976, alrededor de las 16:00 hrs., salió de su hogar, transitando por la vía pública, con el objeto de dirigirse a tomar movilización. Encontrándose en la intersección de las calles Pirihueico con Club Hípico, a sólo tres cuadras de su domicilio, fue abordado súbitamente por un individuo que le apuntaba con un arma de fuego, quien le obligó a subir a un automóvil Marca Peugeot, patente FM 1 de Santiago, de color celeste, en cuyo interior se encontraban otros agentes, todos vestidos de civil.
Se advertía también claramente la presencia de otros dos vehículos, uno de los cuales era una renoleta, patente EM 81 de Santiago, de color crema y ocupado por sospechosos individuos de civil en su interior.
Una vez que el afectado fue subido al automóvil Peugeot, los tres vehículos partieron rápidamente, con rumbo desconocido.
Los hechos descritos fueron presenciados casualmente por Esteban Munizaga, amigo de la familia Flores, y por la madre del afectado, doña María Garrido Espinoza.
El día 15 de agosto de 1976, el padre del afectado, José Roberto Flores Flores, se dirigió a la Oficina Central del Banco de Talca, ubicada en Bandera N°237, y preguntó por la Cuenta Corriente que mantenía su hijo en dicha Institución Financiera. Para su sorpresa se le informó que el 12 de agosto ?un día después de la detención? se habían entregado los fondos de ella a dos personas que portaban cheques con la firma de José Edilio Flores Garrido. Las personas que en conjunto retiraron una suma superior a los $8.000, respondían a los nombres de María Pilar Valdés Yáñez y Francisco Mansilla Elgueta, cédulas de identidad N°s.114.841 y 123.316, ambas de Punta Arenas.
Análoga situación ocurrió con los fondos de la Cuenta Personal de José Flores Garrido en la Cooperativa de Ahorros y Préstamos "Casa propia", ascendentes a la suma de $3.000, los cuales fueron retirados por María Pilar Valdés Yáñez, mediante el certificado de depósito N°83958 de fecha 16 de agosto de 1976. Esta gestión no cumplió con el requisito que la referida Asociación exige, en el sentido de notificar el respectivo endoso con cuatro días hábiles de anticipación y utilizando para ello un formulario establecido.
En la querella interpuesta por los delitos de secuestro y robo, ante el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, se pudo establecer que el vehículo Marca Peugeot ?utilizado en la detención de la víctima? pertenecía a la Armada Nacional, con domicilio en Santo Domingo N° 3998. Asimismo, se estableció la falsificación de las identidades de las dos personas que retiraron dolosamente los fondos de las Cuentas Personales de José Edilio Flores Garrido.
El afectado fue visto en el recinto secreto de detención y tortura a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), conocido como Villa Grimaldi, en el mes de agosto de 1976, por el ex detenido y militante del Partido Comunista Isaac Godoy Castillo.
El 12 de agosto de 1976, Roberto Flores Garrido, interpuso en favor de su hermano, un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que roló con el N°742 76.
Habiéndose solicitado se oficiara a los Sres. Ministros del Interior y de Justicia, como a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Corte sólo dio lugar al primero de ellos, y respecto de los restantes resolvió que debía pronunciarse sobre dichas diligencias la Sala a la que por turno correspondiera entrar en el conocimiento del recurso.
El 17 de agosto de 1976, el entonces Ministro del Interior, General de División Raúl Benavides Escobar, informó en forma negativa respecto a la detención del afectado por orden de esa Secretaría de Estado.
Con el sólo mérito del informe transcrito, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo, el 23 de agosto de 1976, ordenando en la misma resolución la remisión de los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, a fin de que se investigara la posible comisión de un delito en el desaparecimiento de José Edilio Flores Garrido.
Apelada la resolución precedente, la Primera Sala de la Corte Suprema resolvió, para mejor resolver, remitir un nuevo Oficio al Sr. Ministro del Interior, a fin de que se informe si el amparado se encuentra detenido o arrestado por orden de ese Ministerio o de algún servicio de su dependencia o de otra autoridad y, en particular, de la Dirección de Inteligencia Nacional. Cumpliendo con lo ordenado, el General Raúl Benavides E. envió a la Corte un nuevo informe negativo, en los mismos términos que el anterior.
El 7 de septiembre de 1976, la Corte ordenó la remisión de Oficio directamente a la Dirección de Inteligencia Nacional, en forma previa al pronunciamiento del recurso de apelación interpuesto por el recurrente de amparo.
De esta forma, el Ministro del Interior expresa ?en respuesta al Oficio despachado a la DINA? que dicha Dirección ha enviado los antecedentes a esta Secretaría de Estado, atendiendo a la decisión adoptada, en el sentido de canalizar a través del Ministerio del Interior toda información respecto a personas detenidas o presuntivamente arrestadas, de tal suerte que ello se traduzca en una debida y oportuna respuesta a los distintos Tribunales de Justicia o a familiares de los afectados. Tal procedimiento?agrega? radica en el hecho de que este Ministerio lleva, por encargo especial del Presidente de la República, un estricto control de las detenciones que puedan llevarse a cabo en el territorio nacional y que han debido materializarse de conformidad a decretos dictados por este Departamento de Estado. Finalmente señala que José Edilio Flores Garrido no registra antecedente alguno en los kardex de este Ministerio y no se ha dictado orden o resolución alguna que le afecte.
Con el informe transcrito, el 21 de septiembre de 1976, la Excma. Corte Suprema confirmó la resolución apelada que rechazó el amparo interpuesto en favor del afectado.
Los antecedentes del recurso de amparo fueron en definitiva remitidos al Tercer Juzgado del Crimen del Departamento Presidente Aguirre Cerda, para continuar la investigación, siendo acumulados a la causa por secuestro y robo cometidos en la persona de José Edilio Flores Garrido, que desde el 14 de septiembre de 1976 se sustanciaba ante el mismo Tribunal y que fue rolado con el N°25071?3. La querella en cuestión se dirigió en contra de María Pilar Valdés Yáñez y Francisco Mansilla Elgueta, quienes retiraron dolosamente los fondos que el afectado mantenía en sus Cuentas Personales del Banco de Talca y Asociación de Ahorro y Préstamo "Casapropia".
A petición de la querellante, se informó por el Banco de Talca y Asociación de Ahorro y Préstamo "Casapropia" sobre la efectividad de los retiros de dinero efectuados en dichas Instituciones por los querellados, y se acompañaron fotocopias de los respectivos documentos.
La parte querellante, con el objeto de ayudar al buen progreso de la investigación y a la pretensión de esclarecer la situación del detenido, solicitó en el curso del proceso, la realización de diversas diligencias esenciales, las que fueron denegadas por la Jueza doña Berta Rodríguez Monardes. Ello obligó a la defensa, en las diversas ocasiones, a apelar ante la Corte de Apelaciones, lo que significó, en definitiva, un dilatamiento de la investigación. La Corte, en algunas ocasiones, acogió el planteamiento de la defensa y ordenó a la Jueza realizar la diligencia.
Así ocurrió frente a las siguientes peticiones que en el curso de la tramitación de la causa fueron denegadas por el Tribunal.
El 28 de marzo de 1977 la parte querellante solicitó se oficiara a la Armada Nacional, propietaria del vehículo marca Peugeot que participó en la detención de José Flores Garrido, a fin de que informara qué funcionario tenía a su cargo dicho automóvil el día 11 de agosto de 1976. Esta solicitud fue rechazada por el Tribunal.
El 18 de mayo de 1977, la defensa solicitó al Tribunal que se constituyera en calle Santo Domingo N°3998, a fin de determinar en forma precisa qué funcionario de la Armada Nacional tenía a su cargo el ya mentado vehículo Peugeot, que participó en la detención del afectado. El Tribunal rechazó tal petición por "improcedente".
El 14 de octubre de 1977, la querellante solicitó se exhortara al Juzgado Militar correspondiente, a fin de que se constituyera en el recinto del mismo carácter ubicado en Santo Domingo 3998, con el objeto de interrogar a los funcionarios que allí trabajan sobre el vehículo Peugeot, patente FM?1 de Santiago, de esa repartición.
El 16 de diciembre de 1977 se solicitó al Tribunal se oficiara a la Ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a fin que informara sobre el detenido José Edilio Flores Garrido.
En el mes de julio de 1980, la defensa, mediante un cúmulo de antecedentes, expuso al Tribunal que lo ocurrido al afectado no era un hecho aislado y único, sino que se insertaba en un plan de los servicios de seguridad contra el Partido Comunista, organización de la que éste formaba parte.
Así, se hizo presente que en el mes de agosto de 1976, fueron detenidos otros 21 dirigentes y militantes del Partido Comunista, todos los cuales permanecen desaparecidos. Se acompañaron fotocopias de publicaciones de prensa, merced a las cuales, en el mes de julio de 1976, la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) hizo saber a la opinión pública ?con relación a la detención del abogado Hernán Montealegre? que el Gobierno se encontraba empeñado en una campaña contra el "Partido Comunista clandestino de Chile", agregando en comunicado posterior que la autoridad debió reservarse, por razones obvias, todos aquellos antecedentes que pudieran afectar la investigación en curso.
Asimismo, se expuso que la Revista "Qué Pasa", en sus números 235 (de 23 de octubre de 1975) y 277 (de 12 de agosto de 1976) hizo saber a sus lectores que "en estos meses los militantes y dirigentes comunistas que han desaparecido de sus actividades y domicilios habituales alcanzan cifras significativas", agregando que "no se trata de hechos sueltos, aislados o sin conexión entre sí, sino que se está frente a una campaña sostenida". También se hace presente que en este mismo semanario se transcribieron las opiniones del Almirante José Toribio Merino Castro, en todo coincidentes con los planteamientos ya expuestos. El Almirante, luego de dejar asentada la peligrosidad del Partido Comunista, añadió "se le está buscando y tratando de eliminar, enviando al extranjero, porque no es el espíritu matar a nadie".
Fue en virtud de estos antecedentes, en síntesis expuestos, que se solicitaron al Tribunal diversas diligencias, entre ellas: la citación de quien fuera en 1976 Director de Dinacos, sr. Gastón Zúñiga; la citación del Director del Semanario "Qué Pasa", en el mismo año, Sr. Jaime Martínez Williams; la remisión de Oficios al Almirante Sr. José Merino C., para que informara sobre el Plan de Represión contra el Partido Comunista, y al Director General de la Policía de Investigaciones, Sr. Baeza Michelsen (este último habría reconocido participación en las detenciones de dirigentes del Partido Comunista ante el 2° Juzgado del Crimen de Santiago, en causa por desaparecimiento de Mariano Turiel Palomera).
Con fecha 8 de julio de 1980, el Tribunal no dio lugar a las peticiones expresadas, por "no tener estas relación directa ni indirecta con el caso que se ventila en autos". Apelada esta resolución, fue revocada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, negando lugar sólo el Oficio a remitir al Almirante Merino.
A pesar de lo anterior, las gestiones no arrojaron resultados positivos. La Policía de Investigaciones encargada de practicar la citación del Sr. Gastón Zúñiga, informó al Tribunal que dicha persona se encontraba fuera del país, por desempeñar el cargo de Cónsul General Militar en Río de Janeiro, Brasil. Asimismo, compareciendo a la presencia judicial, el abogado y periodista Jaime Martínez W., señaló que las publicaciones referidas de la Revista "Qué Pasa" no pasan de ser una mera interpretación periodística de hechos que eran públicos, agregando carecer personalmente de antecedentes concretos que la respalden, que no sean los consignados en la misma.
Por su parte, el 13 de octubre de 1980, el Director General de Investigaciones, General Fernando Paredes Pizarro, informó que en la Institución no se registran antecedentes de José Flores Garrido.
En el mes de noviembre de 1980 se solicita la remisión de exhorto al Juzgado correspondiente de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, a fin de citar e interrogar a Gastón Zúñiga. El Tribunal, el día 6 del mismo mes y año, resolvió, que no siendo la diligencia atingente a acreditar la identidad legal de las personas responsables de los hechos que se investigan, ésta se rechazaba, aduciendo además que tal gestión "sólo serviría para mantener la causa vigente y no poder llegar a su término". Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, el 16 de abril de 1981.
Siguiendo con el análisis del proceso por los delitos de secuestro y robo cometidos contra el afectado, cabe destacar que el Tribunal no realizó mayores gestiones tendientes a ubicar a los querellados de autos.
La querella en cuestión se dirigió contra dos personas determinadas, individualizadas por medio del cobro de documentos bancarios y de ahorro.
Respecto a María del Pilar Valdés Yáñez, requerido el prontuario civil de esta persona, se determinaron todos sus datos de identidad, como el hecho de residir en la ciudad de Valdivia y tener una cédula de identidad distinta de la exhibida para el cobro de los documentos aludidos.
El Tribunal despachó orden de investigar con facultad de detener a esta persona, el 14 de octubre de 1976. Seguidamente, el 2 de diciembre de ese año, el Tribunal ordenó exhortar al Juzgado de turno de la ciudad de Valdivia solicitando se "investigue la personalidad de María del Pilar Valdés Yáñez", y en caso de ser habida, ordenó ponerla a su disposición.
El Servicio de Investigaciones de Valdivia informó que María del Pilar Valdés no se encontraba en esa ciudad, ya que había viajado temporalmente a Santiago. Se entrevistó a familiares de ella y se concluyó que se trata de "una familia aparentemente sin problemas de ninguna índole".
En vista de lo anterior, el 21 de febrero de 1977, el Tribunal ordenó citar a la querellada Valdés Yáñez. No se ubicó en el domicilio señalado por Investigaciones.
Nuevamente el 28 de junio de 1977 el Juzgado exhortó a Valdivia, a fin de que María o Miriam Valdés Yáñez fuera interrogada sobre los hechos planteados en la querella. Carabineros informó el 13 de julio de ese año, al 2° Juzgado del Crimen de Valdivia, que no pudo ser citada por no ser habida ni conocida en el domicilio que se señalaba como el suyo; además se agregó que "en el lugar indicado vive Sofía Yáñez Yáñez, quien no conoce a la afectada". Sin embargo, el informe de Investigaciones de Valdivia, anteriormente referido, señalaba que en el domicilio indicado se entrevistó a doña Sofía Yáñez Yáñez, madre de Miriam Valdés.
Lo anterior motivó un nuevo exhorto al Juez del Crimen de Valdivia. Esta vez la orden fue diligenciada por Investigaciones de esa ciudad, quienes entrevistaron a Sofía Yáñez Yáñez. En esta ocasión la querellada también fue entrevistada y declaró no tener ninguna participación en los hechos que motivaron la presentación de la querella de autos.
Luego que el Tribunal, el 7 de enero de 1982, declaró cerrado el sumario y sobreseyó temporalmente la causa, en consideración a haber sido declarados rebeldes los inculpados María del Pilar Valdés Yáñez y Francisco Mansilla Elgueta, y a instancia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que, conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución, la revocó, se ordenó se despachara una nueva orden de aprehensión en contra de los querellados.
En el cumplimiento de esta orden se estableció que el domicilio actual de Miriam del Pilar Valdés Yáñez, se ubicaba en Cerrillos, Santiago.
Sólo con fecha 28 de abril de 1982, y voluntariamente, se presentó ante el Tribunal doña Miriam Valdés Yáñez, quien señaló que en agosto de 1977 fue entrevistada por personal de Investigaciones de Valdivia, quienes le consultaron si había cobrado unos cheques de José Edilio Flores Garrido, a quien no conoce ni siquiera por su nombre. Agrega que sólo hace un año extravió su anterior cédula de identidad, que llevaba el N°144.599 de Valdivia, pero que está segura se encuentra en algún lugar de la casa de sus padres. Finalmente, afirma no haber tenido participación alguna en los hechos investigados.
Respecto a Francisco Mansilla Elgueta, al igual que en el caso de María Valdés, se determinaron todos sus datos de identidad, así como el hecho de residir en la ciudad de Talca y de poseer un número de cédula de identidad distinto del exhibido para el cobro de los documentos bancarios y de ahorro.
El 2 de diciembre de 1976, el Tribunal ordenó exhortar al Juzgado de turno de la ciudad de Castro, "a fin de que se proporcionen datos sobre el querellado y la ubicación de su actual paradero, y para el caso de ser habido, ponérsele a disposición del Tribunal".
Carabineros de Castro informó el 4 de enero de 1977 que no fue posible dar con Mansilla Elgueta ni con sus padres, "quienes no son personas conocidas en el sector" correspondiente al domicilio que figura en el prontuario civil del mentado sujeto.
Bastándole el informe precedente, el Tribunal no realiza mayores diligencias para ubicar al querellado Mansilla. Y aún más, en una de las tantas oportunidades en que se cerró el sumario, el Tribunal fundó la resolución respectiva en que "no había indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor".
Asimismo, se estableció en autos que las cédulas de identidad exhibidas para el cobro de documentos bancarios y de ahorro, N°s.114.841 y 123.316 de Punta Arenas, correspondían a personas con identidades distintas a la de los querellados.
El 2 de diciembre de 1976 el Tribunal ordenó exhortar al Juzgado de turno de la ciudad de Punta Arenas, a fin de citar a la presencia judicial a las personas cuyos números de cédula de identidad se usaron en el cobro de los referidos documentos e interrogarlas acerca de "si conocen o son amigos de María Valdés Yáñez y Francisco Mansilla Elgueta, si les proporcionaron a estas personas sus cédulas de identidad o si recuerdan haber extraviado las mismas".
No habiendo respuesta, se reiteró el exhorto el 8 de julio de 1978, enviándose el 12 del mismo mes y año, sin que constara en autos remisión anterior.
El 28 de julio de 1978 se agregó al proceso el exhorto diligenciado, estableciéndose que no fue posible citar a las personas cuyos números de carnet fueron usados tras la detención de Flores, una por encontrarse ésta en la República Argentina desde 1973, y el otro por no vivir en el domicilio señalado ni ser conocido en el lugar.
Por otra parte, en relación a la patente MF?1, la Prefectura del Tránsito de Carabineros informó el 2 de noviembre de 1976, que correspondía a un automóvil marca Peugeot 404, cuyo propietario era la Armada de Chile, con domicilio en Santo Domingo N°3998 de Santiago.
El 16 de noviembre de 1976 el Tribunal ofició a la Central de Telecomunicaciones Navales (dependencia que ocupa el inmueble de calle Santo Domingo). El 2 de diciembre se pidió cuenta de este Oficio y sin perjuicio de ello el Tribunal ordenó reiterarlo en los siguientes términos: "se sirva informar a cargo de qué funcionario (o persona) se encuentra el auto MF?1 de Santiago, del año 1976 de la Armada".
El 23 de diciembre de 1976 el Jefe de Estado Mayor de la Armada, Contra Almirante Carlos Le May Délano, informó al Tribunal que "dispuso una investigación completa en el personal de Santiago", obteniendo como resultado que "efectuadas las diligencias internas que el caso exige, se ha determinado que el citado vehículo no participó en acción alguna como la descrita".
Por petición de la defensa de la querellante, el Tribunal ordenó el 28 de marzo de 1977 pedir el sumario instruido en la Armada Nacional sobre los hechos, respecto al automóvil Peugeot 404, patente FM 1 de Santiago. El 23 de mayo el Jefe del Estado Mayor de la Armada informó al Tribunal que no se había efectuado "una investigación sumaria administrativa de carácter procesal".
Habiéndose denunciado al Tribunal jerárquicamente superior la no cooperación a la Justicia por parte de la Armada Nacional, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Juez instructor el 22 de junio de 1977, que "oficiara al Jefe del Estado Mayor de dicha Institución, a fin de que se sirva informarle si la investigación que dicho Estado dispuso realizar en su oportunidad, en relación con los hechos que se investigan en estos autos, determinó concretamente el nombre del funcionario o funcionarios que tenían a su cargo el vehículo Peugeot patente FM?1 de Santiago, el día 11 de agosto de 1976 y, además, para que exprese si los vehículos de la Armada de Chile tienen algún libro de bitácora o existe algún otro tipo de control escrito o documentario referente a la ocupación que de cada uno de ellos se hace con relación a una fecha determinada". Con tal objeto se ofició el 28 de junio de 1977. El 10 de agosto el Jefe del Estado Mayor de la Armada, informó que "con respecto al nombre de determinado funcionario que conducía el vehículo Peugeot MF?1 de Santiago, no fue posible determinarlo". Agregó que con respecto al control de cada vehículo, éste "corresponde a su vida mecánica y mantenimiento, lo que en ningún caso guarda relación con la ubicación del vehículo en determinada fecha".
El 3 de marzo de 1978 la Corte de Apelaciones ordenó al Juez reabrir el sumario que había declarado cerrado el 14 de diciembre del año anterior, "a fin de que el Juez agote la investigación en orden a determinar la persona o personas que usaron el automóvil Peugeot de que trata este proceso el día en que se sitúan los hechos materia del desaparecimiento de José Edilio Flores Garrido, para cuyo efecto requerirá a la respectiva Jefatura de la Armada Nacional". Con tal objeto el Tribunal ofició el 23 de marzo de 1978, solicitando se sirva determinar la persona o personas que el día 11 de agosto de 1976 manejaron el auto Peugeot, patente FM 1 de Santiago". Este Oficio fue reiterado el 28 de abril. El 8 de mayo esta petición de informe fue evacuada por el Ministro del Interior, quien señaló que "el referido vehículo no ha tenido participación en los hechos consultados".
Una vez más, el 8 de julio de 1978 el Tribunal ordenó oficiar a la superioridad de la Armada, "a fin que dé cabal cumplimiento a lo solicitado por la parte querellante y ordenado por la Corte de Apelaciones, en cuanto a informar concretamente qué persona o personas utilizaron el día 11 de agosto de 1976 el vehículo Peugeot patente MF 1, o a cargo de quién se encontraba dicho automóvil en aquella época". No habiendo respuesta, se reiteró el Oficio el 28 de agosto, dándose cuenta a la Corte de Apelaciones.
La Armada Nacional comunicó a la Excma. Corte Suprema (Tribunal al que se comunicó la renuncia de dicha Institución a cumplir lo ordenado judicialmente) que por Oficio de 12 de octubre de 1978 había informado al Juez del Crimen sobre las personas que utilizaron el tantas veces mencionado vehículo Peugeot, el día 11 de agosto de 1976. Sin embargo, según lo certificó el Tribunal el 7 de noviembre, tal Oficio no se había recibido, por lo que ordenó su reiteración a la Armada.
El 1° de diciembre el Tribunal recibió el Oficio de fecha 12 de octubre, en el que sólo se señala que "no se cuenta con otros antecedentes que agregar".
El 28 de diciembre el Jefe de Estado Mayor de la Armada, en respuesta a un requerimiento de la Corte Suprema, señaló que "el vehículo era y es actualmente operado por los choferes que están disponibles, por lo cual resulta prácticamente imposible determinar quién o quiénes lo han conducido a una hora precisa y en un día determinado del año". Sin embargo, luego agrega que ha quedado "sí en claro que el vehículo no había tenido otra utilización que no fuese la del desempeño de comisiones administrativas, sin vinculación con hechos de tipo delictuoso como los que investiga US.". Finalmente, señala la Jefatura de la Armada que "no obstante lo anterior, si a US. le parece necesario que el Tribunal reciba similar declaración de los choferes que puedan haber empleado el vehículo en la fecha indicada, esta Jefatura no tendrá inconvenientes en proporcionar tales nombres y poner el personal a disposición de US.".
En vista de lo anterior, el 4 de enero de 1979 el Tribunal solicitó a la Armada que proporcionara los nombres de los choferes que pudieren haber empleado el día 11 de agosto de 1976 el automóvil Peugeot, patente FM 1 de Santiago, y que se les citara a primera audiencia. No habiéndose recibido respuesta, el Tribunal reiteró la petición el 7 de febrero de 1979.
No habiendo llegado aún la respuesta, el 12 de abril el Tribunal ofició a la Corte Suprema, para poner el hecho en su conocimiento. Con todo, y no habiéndose aún recibido respuesta de la Armada, se ordenó pedir cuenta del oficio decretado.
Esta vez la Armada informó al máximo Tribunal que por Oficio de 28 de febrero de 1979 se había remitido al Juez del Crimen la lista de funcionarios que pudieron haber conducido el vehículo Peugeot el 11 de agosto de 1976. Se hace presente que este Oficio no había llegado al Tribunal.
La respuesta de la Armada a la Corte Suprema fue firmada por el Almirante José T. Merino Castro, Comandante en Jefe. En ella expresa que "en cada oportunidad que el Tercer Juzgado ha requerido informaciones, se ha cumplido con proporcionarlas". Y agrega luego copia del supuesto Oficio enviado el 28 de febrero de 1979.
Con este antecedente, el Tribunal citó a declarar a los seis funcionarios individualizados, a saber: José Patricio Aliaga Mujica, Luis Antonio Burgos Vera, Jorge Andrés Durán Yáñez, Raúl Fuentes Guerra, Hugo Eduardo Fernández Henríquez y Pedro Valenzuela Maturana, todos los cuales declararon judicialmente no recordar, por el tiempo transcurrido, haber conducido el automóvil Peugeot patente FM 1, o no haber conducido jamás autos Peugeot en sus años de servicio en la Armada.
Por otra parte, por petición de la defensa, el Tribunal ofició el 9 de agosto de 1979 a la Central Nacional de Informaciones (CNI), a fin que informara si registra algún antecedente sobre actividad política o militancia en algún partido político de José Flores Garrido.
No habiendo respuesta, este Oficio fue reiterado el 16 de octubre del mismo año. El 21 de noviembre el Tribunal pidió cuenta a la CNI del Oficio que aún no era evacuado, y el 26 de diciembre lo reiteró.
Con la misma fecha el Coronel Fernando Arancibia Reyes, Vice? Director Nacional de la CNI, informó que revisados los libros de ingreso de documentos, no aparece llegado a la Central el Oficio N°1637 de 16 de octubre de 1979, ignorándose, en consecuencia, la materia del mismo.
Y, el 25 de enero de 1980, el Vice Director subrogante de la CNI, Coronel Fernando Suau Baquedano, señaló al Tribunal que "la Central Nacional de Informaciones no puede dar respuesta al Oficio, pues toda información que se requiera de ella, debe ser solicitada a través del Ministerio del Interior, prohibiéndose expresamente a este Organismo proporcionarla directamente a los Tribunales de Justicia".
Fue así como el 17 de marzo de 1980, el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Fernández, informó que en esta Secretaría de Estado no se registra antecedente alguno relativo a José Edilio Flores Garrido.
Asimismo, el Tribunal cerró el sumario en diversas ocasiones, e incluso en una oportunidad sobreseyó definitivamente la causa.
En efecto, el 14 de diciembre de 1977 el Tribunal declaró cerrado el sumario, no estando completa la investigación y existiendo importantes indicios que determinados antecedentes podrían llevarla a buen término.
Apelada la precedente resolución ante la Corte de Apelación de Santiago, fue revocada el 3 de marzo de 1978, ordenándose al Juez del Crimen la práctica de determinadas diligencias.
El 9 de mayo de 1978 el Tribunal vuelve a declarar cerrado el sumario y con fecha 16 del mismo mes y año dictó sentencia de sobreseimiento definitivo "en virtud del mérito del proceso y de lo dispuesto en el Decreto Ley N°2.191 de fecha 18 de abril de 1978 sobre amnistía". Apelada esta resolución ante la Corte de Apelaciones, se resolvió que el Juez debía continuar la investigación; además, la Corte señaló en su resolución que uno de los delitos imputados era el robo, figura que, de acuerdo con el DL 2191, se encontraba exento de amnistía.
El 24 de abril de 1980 el Tribunal vuelve a declarar cerrado el sumario, y expresando que "aún cuando resulta legalmente acreditado en autos haberse cometido los delitos de secuestro y robo, no hay indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor", se dictó sobreseimiento temporal de la causa el 30 de abril.
Tal resolución fue apelada y, una vez más, la Corte de Apelaciones del Departamento Presidente Aguirre Cerda la revocó, declarando que se encontraba incompleta la investigación, y ordenando reponer la causa al estado de sumario, dispuso se citara a declarar por el Juez de primera instancia al testigo presencial de la detención del afectado, Esteban Munizaga, diligencia que jamás se verificó. El 29 de julio de 1981 nuevamente se declara cerrado el sumario. Apelada esta resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones del Departamento Presidente Aguirre Cerda el 3 de septiembre del mismo año, ordenándose al Juez del Crimen practicar las diligencias pertinentes, a fin de ubicar y hacer comparecer a la presencia judicial a la querellada María del Pilar Valdés Yáñez.
El 7 de enero de 1982, teniendo presente que los querellados de autos han sido declarados rebeldes y que existen méritos suficientes para formular cargos en su contra, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa hasta que los inculpados se presenten o sean habidos.
Apelada dicha resolución, fue nuevamente revocada por la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda el 25 de marzo de 1982, ordenándose al Juez de primera instancia despachar una nueva orden de aprehensión a la querellada Valdés y a su domicilio registrado en la ciudad de Valdivia.
Por último, el 8 de octubre de 1982 se declaró cerrado el sumario, y con fecha 16 del mismo mes y año, se sobreseyó temporalmente la causa.
Consultada la resolución precedente, ésta fue aprobada por la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda, con fecha 23 de diciembre de 1982.

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