Source: http://almeria-confidencial.blogspot.com/2012_10_26_archive.html
Timestamp: 2017-03-24 02:04:08+00:00

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Almería Confidencial: 26-oct-2012
ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería ha aprobado
el plan de trabajo elaborado por la empresa Alban&inedit SL, adjudicataria del contrato para el desarrollo y puesta en marcha del programa 'Aire', siglas en inglés de 'Almería Integración y Responsabilidad Social', que tiene como objetivo la empleabilidad estable y de calidad de los colectivos vulnerables. La 'hoja de ruta' de este programa, que tiene un presupuesto total de 749.000 euros cofinanciado por el Fondo Social Europeo
y ha sido aprobada en junta de gobierno, se dirige a jóvenes menores de
30 años, mayores de 45 y parados de larga duración, así como personas con discapacidad e inmigrantes a través de itinerarios integrados de inserción y procesos de formación y prácticas laborales, con especial incidencia en la población femenina.
Desde hoy cuenta también con "la hoja de ruta necesaria para poder
desarrollar acciones formativas, de orientación laboral así como la realización de prácticas profesionales con este sector de población", tal y como ha destacado la edil de Desarrollo Económico y Empleo, Ana Martínez Labella.
El desarrollo de este programa se vertebra a través de cuatro acciones que vienen a reforzar los objetivos marcados por le Pacto Local
por el Empleo, aprobado por unanimidad por el pleno municipal: La creación de un Observatorio Ocupacional Solidario, la puesta en marcha de una Oficina de Territorios Socialmente Responsables, el establecimiento de dos centros de Dinamización Laboral y la realización de prácticas remuneradas. Mediante estos ejes el programa pretende alcanzar unos objetivos concretos que pasan por, además de promover la empleabilidad dentro de los colectivos más desfavorecidos, promover actuaciones integradas de desarrollo sostenible en la ciudad de Almería que respondan a necesidades locales generadoras de empleo, en particular en el sector de
servicios de atención a personas con especiales necesidades y turismo.
Así mismo, persigue impulsar la participación de administraciones públicas, agentes sociales, tejido empresarial y ciudadanía en redes que
refuercen la cohesión social y económica para conseguir un territorio socialmente responsable y con duración más allá del fin del proyecto y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el entorno laboral.
El programa incorporará una completa planificación funcional y temporal de las labores a desarrollar que se extenderá por un periodo de
dos años, de acuerdo con las condiciones de adjudicación del contrato que el Ayuntamiento suscribe con la empresa encargada de su puesta en marcha.
El Comité Provincial del PSOE reclama para el sector del Mármol un plan estatal de rehabilitación
ALMERÍA.- El Comité Provincial del PSOE de Almería ha aprobado este viernes una resolución con la que ha expresado su apoyo a la Comarca del Almanzora en la que aboga por la defensa del empleo, la industria, las infraestructuras y los servicios de la zona y reclama para el sector del Mármol un plan estatal de rehabilitación, que incida en la recuperación de la actividad económica y la creación de puestos de
trabajo. Según informa el PSOE en una nota, la resolución también urge a la
puesta en marcha de un plan de empleo específico, a los efectos de reducir el "enorme desempleo" en el Mármol y la construcción, como consecuencia de la crisis económica. Además de potenciar la política industrial, el texto de la resolución incide en que "es necesaria"
una política energética como herramienta para hacer frente a la situación económica actual del país y de la provincia de Almería.
El PSOE de Almería considera que Andalucía "debe liderar la
política energética en materia de I+D+i, de empresas renovables y de empleo, luchando contra la política del PP, que hunde el sector industrial español y, por consiguiente, el empleo". La resolución también incluye una referencia a la Autovía del Almanzora, a la que define como "un elemento fundamental y vertebrador de la provincia, cardinal para el desarrollo económico y la modernización de la Comarca".
Ante esto, considera que "la finalización de la variante de Albox es una urgente necesidad", como también lo es "que se aborde la conclusión de la totalidad del proyecto y demás accesos comarcales".
El PSOE, que ha impulsado la constitución del Consorcio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento del Valle del Almanzora, exige que este Consorcio asuma las instalaciones y el personal del Parque de Extinción de Incendios comarcal ubicado en Albox, "además de reconocer la labor realizada durante 23 años por este parque en la prestación de servicios a la comarca". El Comité Provincial del PSOE también ha aprobado una segunda resolución en la que se refiere al Banco de Alimentos y prevé la colaboración de las agrupaciones locales del PSOE en toda la provincia con esta institución. Así, ha pedido a las agrupaciones almerienses que "jueguen un papel activo"
en la defensa y el fortalecimiento de los Bancos de Alimentos, "poniendo las instalaciones del partido a su disposición, ya que estas instituciones suponen el último recurso para muchas personas que se han quedado literalmente en la indigencia". El secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha expresado el "compromiso" de los socialistas almerienses con la creación de empleo y especialmente con la inserción social de los ciudadanos "a los que más duramente está afectando la crisis económica". "Tenemos que ser el partido del pueblo, no el partido ni de los militantes ni mucho menos de los dirigentes",
ha insistido Sánchez Teruel, quien cree que "éste es el mejor servicio que le podemos prestar al partido y la mejor manera de ejercer nuestra responsabilidad como dirigentes y como militantes".
La reunión celebrada en Macael por el máximo órgano de control y participación entre congresos, ha sido la primera que se celebra desde que, en julio, se renovaran los órganos provinciales, en el transcurso del XII Congreso Provincial del PSOE de Almería.
La consejera Elena Cortés urge al Gobierno a "escuchar el clamor social" contra los desahucios
ALMERÍA.- La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha pedido este viernes a las personas en riesgo de ser desahuciadas, o que ya lo han sido, que "superen el miedo y el sentimiento de culpa" y defiendan sus derechos al tiempo que ha reclamado al Gobierno que preside Mariano Rajoy que "escuche el clamor social contra esta injusticia".
"La culpabilización de la víctima forma parte del gravísimo problema social que combatimos", según ha señalado Cortés, quien ha recordado que existen en las ocho provincias andaluzas oficinas del Plan
Andaluz en Defensa de la Vivienda que ofrecen servicios de asesoramiento, intermediación y protección.
La consejera, quien ha visitado esta mañana en Huércal-Overa y Zurgena las actuaciones de emergencia de su departamento para restablecer la normalidad tras la 'gota fría' de finales de septiembre y
se reunió por la tarde con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), ha indicado que, a través de este programa, la Junta "se alía con
los más débiles y con las víctimas de la crisis".
"Nuestro mensaje es claro: las víctimas de la crisis, las víctimas
de la injusticia, las víctimas de los desahucios tienen ahora en la Junta un aliado", ha trasladado al tiempo que ha remarcado que la consejería continúa trabajando para sumar a la iniciativa a otras entidades como ayuntamientos, diputados, entidades financieras y colegios profesionales.
Al hilo de esto, ha considerado que este "drama social" pasa "desapercibido en demasiadas ocasiones" y ha asegurado que existe una "desproporción entre la magnitud del desastre social y la escasez de atención al mismo en el debate público", un fenómeno que, según ha ahondado, contribuye a que las víctimas "no superen el miedo y la vergüenza que a menudo padecen".
Cortés ha señalado que es "fundamental" que el "drama" de los desahucios se sitúe "en el centro del debate público", objetivo en el que "está empeñado el nuevo equipo" de la consejería. "Con nuestras políticas, con nuestra renuncia a la equidistancia y a la neutralidad, pretendemos acabar con el miedo y la vergüenza de las víctimas de la crisis", ha afirmado para, a continuación, reclamar al Gobierno central "que escuche el clamor social" en contra de esta "injusticia".
En esta línea, ha remarcado que las medidas "antisociales" del Gobierno y de la Troika sólo contribuyen a crear "más paro y por lo tanto más desahucios", y ha defendido que la política esté al servicio de la economía productiva y la creación de empleo.
"Reclamamos al Gobierno que apruebe la dación en pago e impulse el
alquiler social, y por supuesto que emplee todos los instrumentos a su alcance para que las entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público no realicen desahucios", ha concluido.
Elena Cortés, ha exigido al Gobierno central, ya en Almería de vuelta de Huércal-Overa, que lleve como "medida urgente" al próximo Consejo de Ministros los cambios legislativos precisos en el decreto ley de desahucios y en el Código de Buenas Prácticas para impedir que las entidades financieras que hayan recibido dinero público puedan ejecutar desahucios así como para permitir la dación de la vivienda en pago y el alquiler social. La titular andaluza de Fomento ha incidido en que "el Gobierno tiene la sartén por el mango, es el que puede cambiar las leyes, así que no es
que no descarte, sino que debe de ser una medida urgente en el próximo Consejo de Ministros si quiere ser un Gobierno que responda a una situación de emergencia social".
La consejera cree que "es de justicia" atender a las familias tras
haber cubierto "las necesidades de los bancos atendiendo su rescate" y que además, esta atención tiene que partir de la "voluntad política" y no de la "caridad" de ningún gobierno. "Las familias no deben tener vergüenza ni sentirse culpables, vergüenza debe sentir un gobierno que consiente y permite esto porque no es capaz de cambiar las leyes", ha ahondado Cortés.
En una reunión con colectivos sociales de afectados por la hipoteca, la consejera andaluza ha afirmado que la Junta trabaja ya en un convenio mediante el que quiere involucrar a los ayuntamientos a través de sus empresas municipales de vivienda que permita poder realojar a las familias afectadas por el embargo de sus casas.
Asimismo, ha valorado la puesta en marcha de la oficina de mediación por parte de la Junta, que, en el caso de Almería, ha atendido
ya 27 casos y ha permitido paralizar una orden de desahucio que pesaba sobre una familia residente en el barrio de Pescadería de la capital. Cortés ha explicado que esta herramienta tiene como objetivo asesorar preventivamente, intermediar ante el primer aviso de impago desde el lado del particular y realojar en caso de no haber podido parar el desahucio.
ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería ha aprobado este viernes en sesión plenaria ordinaria bajo la unanimidad de
todos los grupos --PP, PSOE e IULV-CA-- la modificación de créditos del
presupuesto de 2012 y destinar un gasto plurianual de 4,4 millones de euros a la reparación de las infraestructuras básicas dañadas en el Levante
almeriense tras la lluvias torrenciales del pasado 28 de septiembre. La
modificación incluye así un gasto para estas actuaciones de dos millones de euros para lo que queda de 2012 y 2,4 millones para el ejercicio 2013. En sesión plenaria, el diputado provincial de Hacienda, Manuel Alías
(PP), ha explicado que "el mismo día del suceso el presidente ordenó que los diputados implicados nos pusiéramos a trabajar en esto y lo hemos llevado a cabo tras la cuantificación de los daños en el Levante".
En esta misma línea, el pleno ha aprobado de forma unánime una moción conjunta de cooperación y colaboración entre administraciones públicas con el fin de lograr una rápida actuación, coordinada y efectiva ante una catástrofe natural. Según recoge el texto aprobado por los tres grupos políticos, "es en estos momentos donde las Administraciones Públicas debemos responder decididamente y con total disposición a las necesidades de nuestros pueblos y sus vecinos, abandonando cualquier partidismo, para hacer frente organizada y eficazmente a las consecuencias de la catástrofe, socorriendo a los afectados y procediendo a la pronta reparación de los daños causados por la misma y facilitando las ayudas necesarias".
De esta forma, la moción insta al Gobierno central, a la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial y a los propios ayuntamientos a trabajar de forma coordinada para dar pronta respuesta a las necesidades
de los municipios y vecinos afectados por esta catástrofe.
En este sentido, el vicepresidente de la Diputación ha señalado que "la deuda de la Junta de Andalucía con la Diputación en materia de servicios sociales va a ascender este año a 11 millones de euros, si no han pagado a final de este ejercicio". García ha explicado que "lo que hace la Junta es establecer convenios con administraciones como la Diputación para que nos encarguemos de servicios que son de su competencia, prometen que van a pagar ese servicio en el primer trimestre pero luego son las instituciones como ésta las que tenemos que
soportar el gasto en materias que no son de nuestra competencia".
La moción insta al Gobierno andaluz a proceder con carácter "de urgencia"
al abono de las obligaciones pendientes de pago con las corporaciones locales para que éstas puedan continuar atendiendo las demandas de los ciudadanos en materia de servicios sociales, así como a que la Junta de Andalucía garantice el mantenimiento de todos los programas y proyectos sociales que se desarrollan en los ayuntamientos andaluces, dada su repercusión en los sectores "más desfavorecidos de la sociedad andaluza y en el empleo".
El texto propone además la creación de un Fondo de Emergencia Social destinado a las corporaciones locales andaluzas, de manera que puedan hacer frente a las urgencias sociales y atender las necesidades más acuciantes de los andaluces afectados por la crisis económica y el desempleo, implementado con los recursos fraudulentos recuperados de las
ayudas sociolaborales y a empresas, librados a través del programa 31L.
La Diputación aprueba la subida al 4% de la tasa por la prestación de servicios tributarios a los municipios almerienses
ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería ha aprobado provisionalmente este viernes la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por la prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación tributaria que presta a los municipios de la provincia, de forma que esta misma refleja una subida del uno al cuatro por ciento de los precios por servicio. La propuesta, aprobada en sesión plenaria ordinaria con los votos a
favor del equipo de gobierno (PP), ha contado con el rechazo de los grupos de IULV-CA y PSOE, quienes han considerado "excesiva" dicha subida y han solicitado que se realizara de forma "escalonada" y "en coordinación y consenso"
con los alcaldes y responsables de Hacienda de los distintos municipios, con especial atención a los de menos de 20.000 habitantes. En este sentido, el pleno ha rechazado una enmienda a la propuesta
presentada por el grupo del PSOE, que solicitaba que se diera traslado a
los ayuntamientos de la medida para tratar de "consensuar" con los regidores los extremos de la misma y darles la oportunidad de formular "alegaciones". El rechazo de dicha enmienda, con los votos del PP, ha sido duramente criticada por la portavoz del grupo socialista, Esperanza Pérez, quien ha acusado al equipo de gobierno de aprobar la ordenanza "por la puerta de atrás". El portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente de la institución, Javier Aureliano García
(PP), ha explicado que las razones para efectuar la subida del tipo impositivo se deben al aumento de la prestación de servicios y trámites a
cargo de la Diputación durante los últimos años más allá de la recaudación del IBI y del IAE, con lo que incluso la actualización de la
tasa se mantiene aún por debajo del coste del servicio, que, en su caso, conllevaría una subida del 4,17 por ciento. García ha señalado el "déficit" que la Diputación arrastra con la prestación de este servicio en el año 2011 se ha cifrado en 2,6 millones
de euros y ha ahondado en que la decisión viene avalada por un acuerdo plenario adoptado bajo el anterior gobierno de la Diputación --PSOE-- en
la que se expresaba que la tasa se incrementaría conforme a que el servicio fuera deficitario. Ante esto, Pérez ha incidido en la necesidad de mantener un encuentro con los ayuntamientos puesto que, según ha comentado, "cualquier
cláusula para incrementar los porcentajes de las cuotas tendría que contar con el previo acuerdo de los ayuntamientos" a fin de llegar a un "consenso". Deudas En cuanto a las deficiencias del servicio, la portavoz socialista ha pedido que "como alternativa" se reclamara la deuda "de más de nueve millones de euros"
que en su conjunto tienen los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, ya que, según ha ejemplificado, la subida de tasa supondrá para un municipio de 10.000 habitantes el pago de 144.000 euros de los 36.000 euros que se calculan en la actualidad. "Es razón de ser" de la Diputación la defensa de los municipios pequeños, ha añadido.
El vicepresidente ha reprochado a Pérez que exija el pago de la deuda a los ayuntamientos y no haga lo mismo con la Junta de Andalucía, que, según ha afirmado, debe a la institución 5.077.427,85 a través de 4.675 recibos. Así, según el detalle trasladado por la Diputación, existen 1.089 facturas relativas a la Agencia Andaluza del Agua por un importe total de 4.109.278 euros y otras 2.254 facturas de EPSA por un importe de 323.960,65 euros.
Igualmente, los datos de la Diputación indican un montante adeudado de 400.885 euros de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 127.513 euros de la Consejería de Medio Ambiente, 86.804,99 euros del Centro Andaluz de Salud, y 13.897 euros de Verificaciones Industriales de Andalucía, entre otros conceptos.
La dirigente socialista ha mostrado sus sospechas de que la Diputación trate de "condonar" la deuda a los ayuntamientos más grandes que "da la casualidad que son los gobernados por el PP", con lo que ha expresado que se podría pensar que existe un "interés partidista" a la hora de reclamar deudas a las distintas administraciones.
SANTANDER.- La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana,
ha confirmado que quedan unos 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales españoles por delitos fiscales, tal y como ha adelantado este jueves el director del servicio jurídico del organismo, Juan Manuel Herrero.
En este sentido, el director del servicio jurídico ha señalado que
le hubiese gustado que esta medida hubiera podido tener retroactividad y
se hubiese extendido a los casos anteriores, aunque ha aclarado que hubiera supuesto problemas técnicos a los tribunales y que, por ello, no
MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las
administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo
lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible
de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.
Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a
ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen
otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".
Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para
ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.
Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado
de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro"
para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.
La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se
acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.
La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y
ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA.
Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica
del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en
este último caso, con dedicación exclusiva.
El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y
en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".
MADRID.- El Gobierno obligará a las empresas de más de
100 trabajadores con beneficios a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas empresas de cargar este coste sobre las arcas públicas.
El Real Decreto aprobado este viernes recoge el sistema de cálculo para calcular las aportaciones económicas que tendrán
que hacer las empresas y que se realizará a través de liquidaciones anuales. El Servicio Público de Empleo será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de las aportaciones.
Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en
el plazo de 30 días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que, en los años de bonanza, "grandes grupos empresariales con beneficios" ajustaron plantilla a través de los denominados 'ERE preventivos', que incluían prejubilaciones y despidos con cargo a los recursos públicos. "Aunque el anterior Gobierno puso coto a esto, nosotros llegamos un poco
más lejos", ha dicho Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha precisado que con esta medida no se limita el derecho de las empresas a hacer un ERE, sino que se trata de impedir que
los contribuyentes paguen estos despidos.
El Consejo de Ministros ha aprobado también el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o
En el reglamento se concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y
las circunstancias de las medidas previstas.
la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor,
continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.
En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa. La norma refuerza los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.
Almería se coloca a la cabeza del paro en Andalucía con el 38,44% de su población activa desempleada
SEVILLA.- El paro aumentó en Andalucía en 61.300 personas durante el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento en relación con el trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 1.424.200 parados y la tasa de paro se
situó en el 35,42 por ciento, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre. En los últimos doce meses, el desempleo aumentó en 191.300 personas, lo que supone un incremento del 15,51 por ciento.
Por su parte, el número de ocupados descendió en 155.700 personas en los últimos 12 meses, lo que supone un descenso porcentual del 5,66 por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior. De julio
a septiembre la cifra de ocupados en Andalucía descendió en 58.400 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un descenso del 2,20 por ciento, de forma que la cifra total de ocupados alcanza las 2.597.000 personas.
A nivel nacional, el paro subió en 85.000 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 1,5 por ciento más,
situándose el número total de desempleados en 5.778.100 personas, cifra
inédita hasta ahora para la economía española.
La tasa de paro escaló al cierre de septiembre hasta el 25,02 por ciento, porcentaje casi cuatro décimas superior al del trimestre anterior (24,63 por ciento).
Andalucía ascendió en el tercer trimestre de 2012 a ser la segunda
comunidad con mayor tasa de paro, solo superada por Ceuta (41,03 por ciento). La Comunidad es la zona que mayor incremento del número de parados absoluto registró tanto en relación con el trimestre anterior, como en relación con el mismo trimestre del pasado año.
La Comunidad andaluza ocupa el puesto noveno respecto a la tasa de
actividad, con una tasa del 59,10 por ciento, por detrás de Baleares (69,14 por ciento), Madrid (64,07 por ciento), Canarias (63,3 por ciento), Murcia (62,66 por ciento), Cataluña (62,16 por ciento), Navarra
(60,26 por ciento), Comunidad Valenciana (59,84 por ciento) y Aragón (59,68 por ciento).
La tasa de paro andaluza del 35,42 por ciento es 10,4 puntos superior a la nacional (25,02 por ciento). La tasa de desempleo femenina
es 1,16 puntos mayor que la masculina en Andalucía. De esta forma, la tasa de paro masculina se sitúa en Andalucía en el 34,9 por ciento, 10,22 puntos por encima de la media nacional, que es del 24,68 por ciento, mientras que la tasa de paro femenino es del 36,06 por ciento, 10,65 puntos más que la media del país (25,41 por ciento).
Por lo que respecta a la tasa de actividad quedó establecida en el
59,10 por ciento, 1,02 puntos por debajo de la media nacional, que es del 60,12 por ciento. En este caso, la tasa de actividad masculina se sitúa en el 66,47 por ciento, 0,71 puntos por debajo de la media nacional (67,18 por ciento), mientras que la tasa de actividad femenina se sitúa en el 52,02 por ciento, 1,39 puntos inferior a la media nacional (53,41 por ciento).
Asimismo, el número de activos en el tercer trimestre fue de 4.021.300 personas, por lo que se registró un aumento de 2.900 personas,
un 0,07 por ciento más respecto al trimestre anterior, mientras que en relación con el mismo trimestre del año anterior subió en 35.600 personas, un 0,89 por ciento más.
En cuanto a tasa de actividad, Almería, con 66,4 por ciento, es la
única provincia andaluza con porcentaje superior al 60 por ciento en el
tercer trimestre del año. En el resto de provincias, en Sevilla la tasa
de actividad asciende a 59,48 por ciento, en Málaga (59,33 por ciento),
Huelva (58,61 por ciento), Cádiz (58,41 por ciento), Granada (57,83 por
ciento), Córdoba (57,73 por ciento) y Jaén (54,93 por ciento).
A continuación, los datos de la EPA por provincias, con el número total de ocupados y desempleados, así como la tasa de actividad y de paro:
Almería..........230.200........143.700............66,40........38,44
Cádiz............375.600........211.500............58,41........36,03
Córdoba..........233.200........141.400............57,73........37,75
Granada..........273.100........161.700............57,83........37,19
Huelva...........157.300.........89.200............58,61........36,19
Jaén.............179.200........115.200............54,93........39,13
Málaga...........532.000........262.900............59,33........33,07
Sevilla..........616.500........298.600............59,48........32,63
-------------------------------------------------------------------------- TOTAL..........2.597.000.....1.424.200.............59,10........35,42
La Junta destinará 60 millones a un plan extraordinario para familias sin recursos
SEVILLA.- El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado que los Presupuestos de la Junta para 2013 incluirán un plan extraordinario de acción social, que estará dotado con 60 millones, y que irá destinado a los desempleados sin recursos y también a mujeres en riesgo de exclusión social.
Así se ha pronunciado Griñán en respuesta a una pregunta oral formulada en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento por el portavoz del grupo de IULV-CA, José Antonio Castro, en
relación a las líneas maestras y objetivos políticos del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2013.
El líder del Ejecutivo andaluz, que ha explicado que la Junta pretende facilitar recursos e incrementar posibilidades de incorporación
de todos estos grupos sociales al mercado de trabajo, ha señalado también su intención de que estas ayudas se realicen en colaboración con
Griñán ha asegurado que la "prioridad absoluta" del Gobierno andaluz para los presupuestos de 2013 es el empleo y la protección de las familias "más castigadas" por el grave aumento del paro, al tiempo que garantizado que se van a mantener "en la medida de lo posible" las políticas de estímulo directo, como fue el plan de choque aprobado al inicio de esta legislatura".
De igual modo, ha destacado que su Gobierno va a mantener las políticas que sostienen "el futuro del empleo y no solamente el presente", mencionando así la educación, la investigación y el desarrollo, la internacionalización de la economía y el fomento del emprendimiento o el apoyo a la financiación de la economía.
El líder del Ejecutivo andaluz ha señalado durante su intervención
que la Junta, gracias al acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Nación
contará con casi 3.000 millones más para la elaboración del Presupuesto
de 2013, si bien ha subrayado que el límite de déficit fijado en un 0,7
por ciento va a "limitar" la capacidad de dichas cuentas, junto con la "drástica" reducción de las inversiones del Estado.
De otro lado, Griñán ha dicho que lleva días escuchando como el PP-A le pide que le separe de las que considera "las malas influencias" de IULV-CA. "Yo no sé si es sectarismo o una muestra más de que hay algo
distinto al pensamiento único. Yo me siento cómodo en este gobierno, que es capaz de fijar las prioridades que se alejan de la doctrina oficial que está muy bien escrita en los Presupuestos Generales del Estado".
Ha pedido a todos los presentes que tengan la "plena seguridad" de
que Andalucía le iría "mucho peor" si tuviera que hacer un presupuesto y
tomar decisiones económicas bajo las premisas "de un modelo económico cuyo único objetivo es transferir rentas de los trabajadores al capital,
de un modelo social que rompe la igualdad de todos los ciudadanos en educación y sanidad, y de un modelo en relaciones labores cuyo único objetivo ha sido acabar con el sindicalismo y la negociación colectiva".
El presidente de la Junta ha mostrado su confianza en la voluntad del pueblo andaluz para encontrar "soluciones progresistas a sus problemas".
"Tenemos un pueblo que sabe que romper el lazo social y los principios de igualdad de oportunidades o de representación colectiva para caer en el individualismo o en el egoísmo siempre es una salida en falso", ha añadido.
De ahí, que el presidente de la Junta crea en la necesidad de acompañar la política presupuestaria con "un gran pacto por Andalucía" que sepa dar recorrido a las ansias de progreso y de igualdad de Andalucía. En su opinión, "solamente vamos a ser capaces así de seguir progresando, de iniciar el camino de la creación de empleo y de mantener
los servicios públicos".
Por su parte, José Antonio Castro ha mostrado su satisfacción por el anuncio realizado por el presidente en relación al plan extraordinario de exclusión social, ya que, a su juicio, la lucha contra
la pobreza debe ser, junto con la creación de empleo, la prioridad del Gobierno andaluz en los Presupuestos de 2013.
"Andalucía, a pesar de las deficiencias en los recursos que le vienen por parte del Estado, debe seguir apostando por las políticas activas de empleo, en un momento en el que están demonizadas", ha apuntado Castro, quien ha pedido la continuidad del Plan OLA y la puesta
en marcha de otros planes relacionados con la rehabilitación de viviendas y la conservación de carreteras autonómicas.
El portavoz de IULV-CA ha indicado también que el Presupuesto de la Junta para 2013 debe ser un "proyecto global" con propuestas de izquierdas formuladas por un gobierno progresista. Entre las líneas maestras que debe contener, ha mencionado la defensa de la sanidad, la educación y el bienestar social; la prestación de servicios de calidad desde lo público; el empleo, y la inclusión social.
En su opinión, el Gobierno andaluz está obligado "política y moralmente" a defender estas políticas, en virtud del acuerdo programático firmado entre IULV-CA y PSOE-A. "Los Presupuestos de la Junta deben suponer una respuesta a la ofensiva neoliberal y a la continua asfixia a la que la Comunidad se ve sometida por parte del Gobierno de la Nación", ha apostillado.

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