Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A137-00.htm
Timestamp: 2017-11-20 15:09:00+00:00

Document:
A137-00
Auto 137/00
Para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
Referencia: expediente I.C.C.-151
Peticionario: Federico García Meyer
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil (2000)
1° El peticionario de la referencia, interpuso acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por considerar vulnerados sus derechos de petición e información, en la medida que el demandado no dio respuesta a la solicitud que le formulara, relacionada con el proceso disciplinario que esa corporación adelanta en contra de la fiscal jefe de la unidad de vida por los daños y perjuicios causados a un bien de propiedad del actor.
2° La acción fue interpuesta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal, el cual, a través de providencia del 8 de agosto del presente año, resolvió declararse incompetente para conocer de la tutela en referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 2° del Decreto 1382 de 2000, entendiendo que, como lo dispone esta norma, al no ser superior funcional del demandado, no podía asumir el conocimiento de dicho asunto. Por ello, resolvió remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para que, una vez surtidos los trámites correspondientes, decidiera sobre el objeto de la acción de tutela.
3° Surtida la anterior remisión, correspondió conocer del proceso a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual, mediante providencia de septiembre 22 del año en curso, considerando que el Decreto 1382 de 2000 es un decreto reglamentario y que, por lo tanto, no podía modificar las normas del Decreto 2591 de 1991 sobre competencia para conocer de las acciones de tutela, inaplicó el artículo 1°, numeral 2° de este acto administrativo y, en consecuencia, decidió proponer un conflicto negativo de competencias. Para tal efecto, y ante la inexistencia de un superior jerárquico común entre las partes en el conflicto, remitió el expediente a la Corte Constitucional.
4° Es importante destacar que el peticionario, mediante escrito presentado el 24 de agosto del presente año ante la secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, desistió de la acción en referencia, toda vez que cesó la situación de hecho que dio origen a la demanda.
1º De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y la abundante jurisprudencia de esta Corporación[1], los conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela deben ser decididos por el superior jerárquico común de las entidades judiciales involucradas, siguiendo el trámite establecido por el Código de Procedimiento Civil. Sólo en la medida en que las autoridades involucradas en el conflicto de competencia no tengan superior jerárquico común, le corresponde a la Corte Constitucional, como máximo organismo de la jurisdicción constitucional, definir la controversia suscitada.
2° En el presente caso, el conflicto de competencias que se plantea se origina entre jueces de distinta jurisdicción respecto de los cuales no existe superior jerárquico común -el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal, y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, razón por la cual esta Corporación es la competente para dirimirlo.
3° A partir de lo anterior, teniendo en cuenta los motivos que originaron el referido conflicto, cabe destacar también que esta misma Sala, al resolver sobre situaciones análogas a la que se plantea, amparada en la excepción de inconstitucionalidad (C.P. art. 4), ha venido inaplicando el artículo 1° numeral 2° del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, por considerar que el mismo contraviene lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto, ha dicho la Corte:
Pues bien, siguiendo el criterio de interpretación adoptado por la Corte, el citado artículo 1° numeral 2° del Decreto 1382 de 2000 tampoco es aplicable al caso presente, en cuanto que, como se anotó, el mismo modifica lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, restringiendo irrazonablemente el derecho de acceso a la administración de justicia. En realidad -lo ha dicho esta Corporación-, la norma aplicable para efectos de determinar la competencia en sede de tutela es el citado artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”
4º Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente caso la acción fue interpuesta ante el juez competente, esto es, ante la autoridad donde tuvo lugar la presunta violación de los derecho invocados, esta Corporación ordenará a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dar trámite a la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, determinar la procedencia del desistimiento de dicha acción, tal como fue propuesto por el actor.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política, NO APLICAR el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000.
SEGUNDO. Resolver el presente conflicto indicando que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal, es competente para conocer el proceso de tutela de la referencia.
TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal, para lo de su competencia.
[1] Cfr. Ley 270 de 1996, artículo 18 y 112, sentencia C-037 de 1996 y Auto de Sala Plena del 19 de agosto de 1998, entre otros.

References: artículo 37
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 18