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1 1 Sugerencias para el mejor desempeño del Defensor Público del área Penal en el contexto de las medidas cautelares de carácter personal 1 La presencia del defensor, que represente o asiste a la parte, es garantía de ciencia y de probidad. Piero CALAMANDREI - Demasiados Abogados Sumario Presentación. Primera parte: Criterio de actuación. Medidas cautelares. Medidas reconocidas en el CPP que implican privación de libertad (en particular): a) Aprehensión, b) Detención, c) Prisión Preventiva. 1 Criterio Convencional. Segunda parte: Aspectos prácticos a considerar (I): Audiencia luego de la aprehensión (con privación de libertad) en el Ministerio Público. Aspectos prácticos a considerar (II): Audiencia del artículo 242 del CPP en el Juzgado Penal de Garantías. Caso Difícil desde el Perfil de la Defensa Pública. Notas importantes a los fines del recurso de apelación general. Pretensión subsidiaria. Tiempo de reclusión. Peligros procesales: de fuga y de obstrucción a un acto concreto de investigación. Para finalizar. Biografía. Presentación Durante el mes de mayo de 2013 en Asunción, el Ministerio de la Defensa Pública organizó jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios y Defensores Públicos de distintos fueros sobre temas específicos y usuales que hacen al día a día del ejercicio profesional de los componentes de la Institución. En el encuentro hicimos una breve presentación sobre las medidas cautelares en el proceso con pretensión penal y unas reglas básicas de lo que entendemos buena práctica en el ejercicio profesional de acuerdo a consejos recibidos y una modesta experiencia como defensor penal de capital desde Con el fin de socializar dicha información adaptamos a un formato escrito, más explicativo y detallado de la actividad realizada para que el lector posea una idea general y a la vez práctica de las diferentes cautelas aplicables en el ámbito penal. Por ello, en principio está destinado para los defensores públicos del fuero penal sin perjuicio de adaptarlo al profesional independiente cuando la situación lo requiera por variedad de notas comunes. Para ello, en la primera sección nos referimos a una parte general de las medidas cautelares e intentamos explicar con método sencillo sus principales aspectos a partir de preguntas básicas. Cuando el caso amerita apuntamos elementos que consideramos fundamentales repasar. La segunda parte aludimos a las buenas prácticas del defensor público al tiempo de interactuar con el defendido sobre quien ya pesa una cautela, sea ante el Ministerio Público o Juzgado Penal de Garantías. 1 Raúl Eligio CABALLERO CANTERO. Abogado (UNA). Diplomado en Derechos Humanos y Juicio Justo. Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Especialización Teórico Práctico La Sentencia y los Recursos en el Proceso Civil y Penal. Universidad de Belgrano, República Argentina. Desde mayo/2007 es Defensor Público en lo Penal de Asunción. (Noviembre 2013).
2 2 Precisamos aclarar algunos aspectos. Este trabajo tiene una finalidad práctica --y por tanto limitada a ciertos aspectos excluyendo de propósito otros-- en el sentido de compartir estándares de actuación profesional a partir de experiencias positivas y negativas propias y ajenas en el ejercicio de los derechos e intereses de los representados por la Defensa Pública. Son tips de actuación que presentamos de acuerdo a un esquema. Coherente con ello, no se encontrarán profundas y detalladas explicaciones sobre ideologías de los sistemas procesales, facultades jurisdiccionales de oficio, naturalezas de las cautelas y temas conflictivos del derecho procesal y constitucional para lo cual el lector deberá recurrir a la doctrina especializada. Utilizamos denominadores comunes que se presentan usualmente por lo que de profeso omitimos otras como aquellas concernientes a las medidas cautelares en el contexto de la extradición pasiva (CPP, artículo 150) En paralelo, tampoco se pretende que sea un material estático sino referencial o más bien un punto de partida a fin de que cada operador enriquezca su contenido, agregando aspectos no trabajados suficientemente o suprimiendo otros que ya no correspondan a su realidad que variarán de acuerdo al tiempo, legislación, interpretación jurisprudencial y localidad de la controversia. Es más bien un esqueleto que el operador cargará con los músculos de la actuación cotidiana. Incluimos una mirada distinta del fenómeno cautelar. En el año 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el Informe 35/07 relativo a afectaciones ilegítimas del Estado Uruguayo al tiempo de procesar penalmente a los hermanos Peirano Basso por delitos asociados a la crisis financiera de comienzos del año La Comisión hizo severas advertencias y realizó recomendaciones pues la legislación uruguaya y su aplicación por parte de los jueces resultaba incompatible con los estándares de derechos humanos en cuanto al encarcelamiento preventivo. Al observar dicho informe --y otro posterior bajo el N 86/09 sustancialmente idéntico encontramos un sinnúmero de similitudes con nuestro Paraguay actual, resultando esos estándares igualmente compatibles y aplicables a nuestro país. A pesar de su poca difusión y entendimiento lamentablemente usual en cuanto al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos dichos informes son valiosos instrumentos de interpretación y aplicación de la Constitución, el Derecho Internacional y la ley interna a la hora de aplicar una cautela al caso concreto por lo que nos permitimos sugerir su lectura pues otorga un perfil novedoso no contemplado en la ley procesal. El documento completo puede ser obtenido fácilmente desde cualquier buscador de la web. Finalmente, la lectura de este sencillo material ya es de por sí una honra. Por ello, la satisfacción será doble en caso que surja alguna duda, sugerencia, crítica, comentario que sea trasmitido al correo electrónico Muchas gracias. Criterio de actuación Postulamos que la actuación del Defensor Público 2 debe dirigirse a un servicio profesional en el cual converjan la legalidad y la conveniencia. 2 Al referirnos al defensor público resultará aplicable, en lo pertinente, a todo funcionario del Ministerio de la Defensa Pública que esté al servicio del interés protegido por el usuario del servicio.
3 3 Así, toda su actuación deberá circunscribirse a actuar conforme a la Constitución, al derecho internacional vigente y a la ley dictada en consecuencia de aquella. Por ello, deberá hacer respetar los derechos y garantías contemplados en dichos instrumentos sin discriminación alguna. Apuntamos de propósito que la ley que debe ser aplicada es aquella que guarde armonía con la Constitución, y por tanto no cualquier ley en sentido formal. Por lo que si una disposición no se halla en sintonía con la Constitución y el Derecho Internacional vigente, debe atacarse su aplicación pues no fue dictada como consecuencia de la carta magna. Puede ser una ley vigente pero inválida al no resistir postulados constitucionales o convencionales. Por ello, la frase de que eso está en la ley no debe generar en forma automática la resignada aceptación que opere un determinado estado de cosas pues por jerarquía constitucional (artículo 137) o conveniencia (artículo 29, a) y b) del Pacto de San José) aquella cede ante otra disposición normativa supra legal. Por otra parte, toda actuación debe ser en beneficio del representado en aras a su conveniencia con lealtad, probidad y buena fe. De entre varias prioridades posibles la primera es con el defendido y la defensa de sus intereses. A tal fin guardando las reglas éticas aplicables al caso el Defensor Público debe extremar los recaudos que el sistema legal ofrece para proporcionar la solución más satisfactoria a los intereses del representado. Para ello la comunicación debe ser en un lenguaje claro, ameno, sencillo, si se quiere amistoso, para que el dato a trasmitir sea el que finalmente es conocido y aceptado. Naturalmente, si la proposición a la cual debe hacerse frente es legal y conveniente a los intereses de nuestro representado, se optará por ella. Empero, llegará el caso en que la legalidad con la conveniencia no coincidan y aparecerán al menos las siguientes posibilidades: Si la propuesta de solución planteada está acorde con el sistema legal pero a nuestro entender inconveniente para el representado, se le debe hacer saber en forma clara la situación procesal, formulándole una sugerencia (que opción existe, cuáles son sus características, los efectos negativos y positivos que tendrá en caso de aceptarla, etc.). Y la elección será suya con las consecuencias que ello acarrea. Del mismo modo, si entendemos que la solución pretendida se basa en una ilegalidad o vicio importante, pero nuestro representado la considera conveniente a su situación particular pudiendo o no trasmitir dichas razones a su defensor--, nuevamente la elección será suya y se deberá aceptar su decisión voluntaria y obrar en consecuencia, pues, en definitiva, el defensor público se rige por las reglas del mandato. Se tiene por descontado que el defendido comprendió el mensaje y las consecuencias de la situación. Finalmente, si notamos en el caso concreto una ilegalidad y a la par de ello, que la solución propuesta y construida sobre dicha ilegalidad es inconveniente a los intereses del representado, deben realizarse todos los planteamientos tendientes a hacer notar dicha situación y buscar una solución potable a sus intereses. Hay que representar celosamente al defendido dentro de los límites de la ley.
4 4 Medidas cautelares La voz cautelar proviene del adjetivo cauto y mediante dicha actividad se busca asegurar la eficacia del proceso, que en el área penal significa: Evitar el peligro de fuga. Eliminar la obstrucción a un acto concreto de investigación. Los peligros procesales aceptados en nuestro sistema son sólo dos. Todo ello a pesar que la doctrina del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas admite como tercer motivo que justifica la detención la peligrosidad del imputado y su posibilidad de reincidencia 3 También, en el año 1997 la Comisión Interamericana admitió este criterio a nuestro parecer erróneo. Al respecto en aquella oportunidad se manifestó: Riesgo de comisión de nuevos delitos. Considerando 32: Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad 4 Esta posición ya fue rectificada posteriormente y sin variación en la actualidad tal como luce en el Informe N 86/2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular, considerandos 81 5 y El CPP reconoce las medidas cautelares: Personales: aprehensión, detención y prisión preventiva (Fin: evitar el peligro de fuga / obstrucción a un acto concreto de investigación Art. 235 CPP) Reales: de acuerdo al Código Procesal Civil (Fin: asegurar la reparación del daño Art. 260 CPP) El CPP no reconoce expresamente otras medidas cautelares de carácter personal pero las cita en el artículo 245 del CPP, a saber: Medida cautelar de carácter personal que SÍ implica privación de libertad: Arresto domiciliario 7. 3 "Hugo van Alphen contra Países Bajos" (305/1988), 23/7/90, citado por BOVINO, Alberto. Problemas de Derecho Procesal Penal Contemporáneo. Editores del Puerto, Bs As, 1998, página 141 y ss. 4 Informe Nº 2/97, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Varios casos en contra de la Argentina. 11 de marzo de La Convención prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial, en su artículo 7(5): "Toda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio". Por medio de la imposición de la medida cautelar, se pretende lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los peligros procesales que atentan contra ese fin. 6 A su vez, el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas. La mera alegación sin consideración del caso concreto no satisface este requisito... 7 Nótese que el tiempo del arresto domiciliario como medida cautelar integra el cómputo a los fines de imponer una pena privativa de libertad pues es otra privación de libertad. Así, el artículo 69 del Código
5 5 Medida cautelar de carácter personal que NO implica privación de libertad: prohibición de salir de país, comparecencia mensual ante el Juzgado, prohibición a acercarse a determinadas personas o lugares, entre otras. (cfr. Artículo 245 del CPP). Los requisitos --en general de las cautelas son: Temporales: Tienen duración limitada, no son indefinidas 8. Proporcionales: de acuerdo a la pena eventual que soportaría el procesado 9 Provisionales: Subsisten mientras duran las circunstancias que la generaron 10. Excepcionales: pues la regla es la Libertad y la excepción es restringir aquella. 11 Fundadas: En la Constitución y la ley dictada en su consecuencia 12. Así, el Pacto de San José dispone nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios (Art. 7.3 ), en sintonía con el artículo 11 de la Constitución: nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. Medidas reconocidas en el CPP que implican privación de libertad (en particular) a) Aprehensión La base constitucional de la aprehensión se encuentra en concreto en el artículo 12 cuando se refiere a la Detención y el Arresto. Quién debe ordenar la aprehensión? o No es necesaria orden de autoridad 13. Cuando se ordena la aprehensión? o Nos referimos a los requisitos que debe tener una situación en concreto para privar de su libertad a una persona bajo esta cautela. En tal sentido debe: Ser sorprendida en flagrancia en la comisión de hecho punible, Penal, relativo al Cómputo de privación de libertad anterior dispone: 1º Cuando el condenado haya sufrido prisión preventiva u otra privación de libertad, éstas se computarán a la pena privativa de libertad o de multa. 8 CPP, artículo 236: Las medidas cautelares durarán el tiempo absolutamente imprescindible para cubrir la necesidad de su aplicación. 9 CN, artículo 19:. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo. ; CPP, artículo 236: La privación de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se espera. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la terminación del procedimiento o durar más de dos años. 10 CN, artículo 19: La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio ; CPP, artículo 248: La resolución que imponga una medida cautelar, la rechace o sustituya, es revocable o reformable, aun de oficio, en cualquier estado del procedimiento, cuando hayan desaparecido sus presupuestos ; artículo 250: El juez, de oficio o a petición de parte, dispondrá la inmediata libertad del imputado cuando no concurran todos los presupuestos exigidos para el auto de prisión preventiva. 11 CPP, artículo 234:... Las medidas cautelares sólo serán impuestas, excepcionalmente ; Artículo 235: Las medidas cautelares de carácter personal consistirán en la aprehensión, la detención preventiva y la prisión preventiva, cuya aplicación se hará con criterio restrictivo. 12 CPP, artículo 234:... Las medidas cautelares sólo serán impuestas siempre mediante resolución judicial fundada 13 Salvo lo aplicado para el testigo de acuerdo a la literalidad del artículo 212 del CPP: APREHENSIÓN INMEDIATA. El juez podrá ordenar de inmediato, la aprehensión de un testigo cuando haya temor fundado de que se oculte, fugue o carezca de domicilio. Esta medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, que nunca excederá de veinticuatro horas.
6 6 Ser perseguida inmediatamente después de la comisión de un hecho punible. o La ley define que existe flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de: a) intentarlo; b) cometerlo; c) inmediatamente después; d) mientras es perseguido por la fuerza policial, por la víctima o por un grupo de personas. o Fuera de los supuestos de flagrancias aceptados por la Constitución, la ley amplía la posibilidad de aprehender a las personas, aún sin orden judicial, en los casos de: Fuga de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención; y, cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en los que procede la detención preventiva. De acuerdo con autorizada doctrina el indicio es un medio de confirmación indirecto que permite al juez obtener el resultado de una presunción 14, y así los indicios para que sean válidos a fin de fundar cualquier determinación más aún si implica una cautela de orden personal-- deben ser ciertos (debidamente confirmados), varios (más de uno), graves (de importancia), precisos (indispensables y necesarios para su fin) y concordantes (conformidad de un hecho con otro). Reunidos todos esos presupuestos (y no sólo algunos) servirá únicamente para crear una sospecha o presunción. Quién realiza la aprehensión? o Cualquier persona (autoridad policial o particular) 15 Cuánto dura la aprehensión? o Hasta 6 horas contabilizadas a partir de que la persona entra en contacto con la autoridad policial 16 b) Detención Quién debe ordenar la detención? o La orden de detención puede ser dictada por: Ministerio Público: por lo general, en los casos del artículo 239 del CPP, Juez: en los casos de declaración de rebeldía 17 o del testigo remiso Cfr. ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Prueba Judicial, en Temas procesales conflictivos 1. Juris, Rosario, 2007, páginas 98/ CPP, artículo 239: en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e impedir que el hecho punible produzca consecuencias. 16 CPP, artículo 239: La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona lo deberá comunicar, dentro de las seis horas, al Ministerio Público y al juez. 17 CPP, Artículo 82. REBELDÍA: Será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido, desobedezca una orden de aprehensión o se ausente sin aviso de su domicilio real. La declaración de rebeldía y la consecuente orden de captura serán dispuestas por el juez. 18 CPP, Artículo 210. COMPULSIÓN: Si el testigo no se presenta a la primera citación se lo hará comparecer por la fuerza policial, sin perjuicio de su procesamiento, cuando corresponda. Si después de
7 7 Tanto el órgano jurisdiccional como el agente fiscal en casos de de incomparecencia injustificada de cualquier persona a un acto procesal al que haya sido citado. 19 Cuando se ordena la detención? o El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida, según el artículo 239 del CPP, en los siguientes casos: cuando: a) sea necesaria la presencia del imputado; b) exista probabilidad fundada para sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible (sin distinguir entre delito o crimen); y c) que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. (La ecuación puede ser: presencia necesaria+ mérito + peligro de fuga). cuando al inicio de la investigación no se puede distinguir entre posibles testigos o imputados, evitando fugas o comunicaciones entre sí, y se debe proceder con urgencia para no perjudicar la pesquisa. cuando exista un indiciado o testigo renuente. (tal como previenen los artículos y del CPP). Cómo se ordena la detención? o Por lo general la orden de detención se dispone por escrito. o Deben consignarse los datos personales del imputado, descripción del hecho, autoridad que lo dispuso. 22 Y debe serle exhibida a la persona sospechada al tiempo de ejecutarse la orden 23. o Existen excepciones y puede ordenarse en forma verbal como en los casos de allanamiento de recintos privados 24 o en los casos de comparecer se niega a declarar, se dispondrá su detención por veinticuatro horas, a cuyo término, si persiste en su negativa injustificada se iniciará contra él causa penal 19 CPP, Artículo 162. CITACIÓN. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, el juez, el tribunal, o el fiscal en su caso, ordenará su citación Se les advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no comparecen y que, en este caso serán obligados a comparecer por la fuerza policial, de no mediar causa justificada. El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente. 20 Ver nota al pie anterior. 21 Ver nota al pie N CPP, artículo 240: La orden de detención deberá contener los datos personales del imputado que sirvan para su correcta individualización, la descripción sucinta del hecho que la motiva y la identificación de la autoridad que dispuso su detención 23 Artículo 12 - DE LA DETENCIÓN Y DEL ARRESTO: Toda persona detenida tiene derecho a: En el acto de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la dispuso. En sintonía con ello, CPP, artículo 75. DERECHOS DEL IMPUTADO. Al imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, informándole de manera inmediata y comprensible, por parte de la Policía Nacional, del Ministerio Público y de los jueces, los derechos a: 2) que se le exprese la causa o motivo de su captura y el funcionario que la ordenó, exhibiéndole según corresponda la orden de detención emitida en su contra 24 CPP, artículo 241. ALLANAMIENTO: Cuando sea necesario allanar dependencias cerradas o recintos habitados, para el cumplimiento de la aprehensión o la detención preventiva, la orden judicial deberá consignar expresamente esta autorización, salvo las excepciones previstas por este código. Del mismo modo, el artículo 188. Los siguientes casos quedarán exceptuados de lo dispuesto por el artículo precedente -- orden de allanamiento escrita y fundada del juez--: 1) cuando existan denuncias fundadas sobre personas extrañas que fueron vistas introduciéndose en un lugar con evidentes indicios de que van a cometer un hecho punible; 2) cuando el imputado, a quien se persigue para su aprehensión, se introduzca en una propiedad privada; y, 3) Cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que allí se está cometiendo un hecho punible o desde él se pida socorro.
8 8 detención según el artículo 239 del CPP, numerales 1 y 2. Entendemos que dicha enumeración es taxativa pues la orden de detención verbal no constituye la regla y debe estar limitada sólo a esos casos. Cuánto dura la detención? o En los casos de imputados privados de su libertad por el Ministerio Público en los primeros momentos en que la notitia criminis ingresa al sistema judicial, la detención dura 24 hs computadas desde la aprehensión y no desde la comunicación policial 25. Igual situación acontece con el testigo renuente 26 cuando lo dispone el juez. Pero al Ministerio Público se le otorgan hasta seis horas de acuerdo al artículo 212 del CPP 27 c) Prisión Preventiva 28 Quién debe ordenar la Prisión Preventiva? o La prisión preventiva sólo puede ser ordenada por el órgano jurisdiccional. Cuando se ordena la Prisión Preventiva? o La prisión preventiva se podrá disponer, previa audiencia con el procesado, cuando exista verosimilitud en el derecho junto con el peligro en la demora o urgencia. Así, la verosimilud en el derecho o apariencia se buen derecho se funda en la existencia de hecho punible grave junto con participación probable del imputado en el suceso. Ello lo resumimos como mérito sustantivo. Entendemos por mérito sustantivo la existencia de una sospecha fundada de que alguien es autor o partícipe de un hecho punible grave, es decir de un ilícito con un marco penal que supera los cinco años de pena privativa de libertad, o sea un crimen de acuerdo al artículo 13.1 del Código Penal. La necesaria comprobación del mérito sustantivo (y no de cualquier mérito) de la atribución delictiva deriva de la prohibición de realizar privaciones de libertad en forma 25 CN, artículo 12 DE LA DETENCIÓN Y DEL ARRESTO: Toda persona detenida tiene derecho a: 5. que sea puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente, para que éste disponga cuanto corresponda en derecho. 26 CPP, artículo 210. COMPULSIÓN. Si después de comparecer [el testigo] se niega a declarar, se dispondrá su detención por veinticuatro horas, a cuyo término, si persiste en su negativa injustificada se iniciará contra él causa penal. 27 Artículo 212. APREHENSIÓN INMEDIATA. El juez podrá ordenar de inmediato, la aprehensión de un testigo cuando haya temor fundado de que se oculte, fugue o carezca de domicilio. Esta medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, que nunca excederá de veinticuatro horas. El Ministerio Público podrá ordenar la detención del testigo por el plazo máximo de seis horas, para gestionar la orden judicial. 28 Una definición no convencional podría ser la siguiente: es la privación de libertad, previa audiencia del ciudadano, por tiempo indeterminado que se impone por un hecho pasado (que no se ha podido determinar con certeza), justificada por un hecho que podría ocurrir en el futuro (que en ese momento es imposible de probar).
9 9 arbitraria. El Pacto de San José dispone nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios (Art. 7.3 ), en sintonía con el artículo 11 de la Constitución: nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. Por su parte el peligro en la demora o urgencia tiene su sustento en pretender evitar los dos únicos peligros procesales que consagra el sistema judicial nacional: peligro de fuga y el peligro de obstrucción a actos concretos de investigación. Cómo se ordena la Prisión Preventiva? o La prisión preventiva es dictada por escrito mediante resolución fundada con sustento en el artículo y con los requisitos del artículo , todos del CPP. Duración de la Prisión Preventiva (3 posibilidades legales + 1 criterio convencional) o El CPP estable tres criterios, de acuerdo con el artículo o Dichos criterios juegan en forma alternativa de acuerdo al caso concreto y debe aplicarse la opción (una de las tres) que más favorezca el ejercicio de las facultades conferidas al imputado y, en paralelo, dejando de lado aquella que restrinja o limite el derecho o garantía concedido al ciudadano (CPP, artículo 10). o Estas tres opciones legales son: La prisión preventiva cesa a los dos años; La prisión preventiva cesa al cumplirse el plazo de duración de procedimiento. Anteriormente, de 3 años (Ley 1286, artículo 137). En la actualidad, 4 años según la ley 2341/2002. La prisión preventiva no puede durar más de la pena mínima prevista para el hecho de acuerdo a la calificación otorgada por el Juzgado, concordante con el 252 apartado 3 del CPP. El enunciado normativo encuentra su sustento en el artículo 19 de la CN. Usualmente, las 29 Artículo 125. FUNDAMENTACIÓN. Las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Del mismo modo el artículo 256 de la CN: Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. 30 CPP, artículo 247. FORMA Y CONTENIDO DE LAS DECISIONES. Las resoluciones que decreten la prisión preventiva, la internación o las medidas alternativas o sustitutivas, deberán contener: 1) los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo; 2) una sucinta enunciación del hecho o hechos que se atribuyen al imputado; 3) los fundamentos, indicando concretamente, todos los presupuestos que motivan la medida, en especial, la existencia de peligro de fuga o de obstrucción; 4) el lugar o establecimiento donde deberá cumplirse; y, 5) la parte dispositiva, con clara expresión de las normas aplicables. 31 CPP, artículo 236 La privación de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se espera. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la terminación del procedimiento o durar más de dos años.
10 10 penas mínimas de los hechos punibles más frecuentes desde la Defensa Pública son de 6 meses; 1 año; 2 años; 5 años. Empero, existe una tendencia bien pronunciada de los tribunales de la capital de la República del Paraguay a no disponer la libertad ambulatoria (con o sin medidas sustitutivas a la prisión) de las personas a pesar de haber soportado más de dos años con dicha cautela personal 32. Tales supuestos abarcan por lo general- los procesos por homicidio doloso (artículo 105, numeral 1 del Código Penal), robo agravado (artículo 167 del Código Penal), tenencia sin autorización de drogas (artículo 27 de la ley 1881/2008), entre otros crímenes calificados por la ley penal, cuyo marco sancionador oscila entre cinco a quince años de pena privativa de libertad. El argumento central para su rechazo es que con cita del artículo 19 de la Constitución- aún no se han cumplido los cinco años de la cautela personal para que proceda la posibilidad de litigar con libertad ambulatoria. Así se han cerrado filas en el sentido de que no procede la libertad ambulatoria pues aún no se ha compurgado la pena mínima según la calificación provisional a pesar del cumplimiento de los dos años o del plazo máximo de duración del procedimiento. Pero creemos que esto encierra un falso dilema 33. Técnicamente, el falso dilema es la afirmación que se basa en la existencia de una dualidad y se intenta hacer creer que las opciones son excluyentes entre sí cuando ciertamente no lo son 34. En el caso del artículo 19 Constitucional y según la tendencia mayoritaria, se intenta reducir las eventuales respuestas a dos posibilidades alternativas y contrarias entre sí, a saber: la prisión preventiva cesa cuando se ha cumplido un tiempo igual al de la pena mínima establecida para ese hecho punible de acuerdo con la calificación efectuada en la resolución judicial respectiva; o bien: si no se ha cumplido el término equivalente a la pena mínima según la resolución judicial, la prisión preventiva no cesa y se mantiene. Entendemos que no existe contradicción entre el artículo 19 de la Constitución y los artículos 236 y 252 apartado 3 del Código Procesal Penal, sino una complementación. En puridad, existe un mejoramiento de las condiciones para el reconocimiento de la 32 Como algunos Agentes Fiscales del Ministerio Público han formulado su oposición en tal sentido. Así, al fundamentar el rechazo al pedido de libertad ambulatoria, La Fiscalía pretende la aplicación de los términos del artículo 19 CN que establece que en ningún caso la prevención puede prolongarse por mayor tiempo que la condena mínima Revisión de medida cautelar a favor del encausado J.P.P. en los autos Ministerio Público C/ J.P.P. y otros s/ homicidio Doloso, AI Nº 274 del 10 de septiembre del 2007, Tribunal de Apelación en lo Penal, 2da Sala. 33 WESTON explica que el falso dilema consiste en Reducir las opciones que se analizan sólo a dos, a menudo drásticamente opuestas e injustas para la persona contra quien se expone el dilema. Por ejemplo, «Estados Unidos: Ámalo o déjalo». El siguiente es un ejemplo más sutil extraído de un trabajo de un estudiante: «Dado que el universo no podría haberse creado de la nada, debe haber sido creado por una fuerza viva inteligente...» Es la creación por una fuerza viva inteligente la única otra posibilidad? Argüir a partir de un falso dilema es, a veces, una manera de no jugar limpio; obviamente, también olvida alternativas WESTON, Anthony. Las Claves de la Argumentación. Titulo original: A Rulebook for Arguments. Traducción de JORGE F. MALEM SERÁ. HUROPE, S. L. Barcelona, España., s/p. 34 Conviene dejar en claro que las reglas de la correcta argumentación pueden quebrantarse en forma voluntaria o involuntaria.
11 11 garantía que posee todo ciudadano, en el sentido que la prisión preventiva tiene necesariamente un plazo razonable para su mantenimiento, luego del cual cesa en forma automática. El legislador ordinario nada ha alterado la voluntad del constituyente sino que la ha mejorado dotándola de un mejor contenido y alcance. El cumplimiento de la pena mínima con prisión preventiva no es la única vía para lograr la excarcelación (en sentido amplio). La Constitución no dice que únicamente, sí y solo sí, sólo con el cumplimiento del plazo mínimo de privación de libertad -según la calificación del hecho- se procederá a dejar sin efecto la prisión preventiva. Al contrario, la Constitución expresa como tope que en ningún caso se superará dicho mínimo, sin prohibir que dadas otras posibilidades se pueda acceder a la libertad de acuerdo a las previsiones de la ley procesal. Ante el cumplimiento preciso de los dos años de prisión preventiva cuando la calificación provisional oscila entre los 5 y 15 años de pena privativa de libertad-, dicha medida cautelar debe cesar, pues la Constitución no lo prohíbe y la ley lo permite. 1 Criterio Convencional Agregamos, mejor, presentamos otro criterio supra legal al abrigo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH) que luce en el Informe N 86/09 del Caso Jorge, José y Dante Peirano Basso República Oriental Del Uruguay - Fondo. Para clarificar la idea transcribimos los siguientes párrafos: 136. Sin embargo, la Comisión considera que se puede fijar un criterio rector, indiciario, que configure una guía a los fines de interpretar cuándo se ha cumplido el plazo razonable. En este sentido, luego de un análisis de las legislaciones penales de los países del sistema, la Comisión estima bastante el cumplimiento de las dos terceras partes del mínimo legal previsto para el delito imputado. Esto no autoriza al Estado a mantener en prisión preventiva a una persona por ese término sino que constituye un límite, superado el cual se presume prima facie que el plazo es irrazonable. Ello no admite una interpretación a contrario sensu en el sentido de que, por debajo de ese límite, se presuma que el plazo sea razonable. En todo caso habrá que justificar, debidamente y de acuerdo con las circunstancias del caso, la necesidad de la garantía. En el supuesto en que se haya superado ese término, esta justificación deberá ser sometida a un examen aun más exigente En cuanto a la relación entre la medida cautelar y el pronóstico de pena efectuado con anterioridad a la acusación formal, sin perjuicio de que en el caso no se ha justificado debidamente la prisión preventiva, se ha violado el principio de proporcionalidad (artículo 7(5)). La relación entre la restricción del derecho y fin precautorio de la medida no debe igualar a la pena. Esa relación debe ser lo suficientemente desequilibrada como para que no se convierta en una pena anticipada, en violación al principio de inocencia (artículo 8(2), primera parte). En este caso, se ha superado ampliamente el límite razonable porque, a pesar de que los imputados han permanecido en detención un plazo que supera ampliamente las dos terceras partes de las penas mínimas previstas para los
12 12 delitos por los que habían sido procesados o acusados formalmente, esa situación ha sido sostenida más allá de ese término sin una debida justificación. La obligatoriedad de la libertad en caso que se supere las dos terceras partes de la pena que le pueda ser impuesta opera, por ejemplo, en casos que el defendido haya sido condenado a seis años de pena privativa de libertad por sentencia (no firme) y que guarda ininterrumpidamente encierro cautelar por más de cuatro años de acuerdo a las disposiciones de los órganos de interpretación del sistema interamericano. Pero, que acontece si el marco penal es de entre 1 a 15 años? Usualmente se interpreta de acuerdo al máximo de la pena privativa de libertad. Es decir, el peligro de fuga se fundamenta por la alta expectativa de condena lo cual es contradictorio en razón a la etapa incipiente del proceso--. Así, la experiencia tribunalicia señala que en casos de hurto agravado o de robo, debe mantenerse privada de su libertad a las personas pues la expectativa de pena es de hasta 10 o 15 años, respectivamente, y el análisis no se realiza sobre el mínimo (6 meses o 1 año de privación de libertad, según el caso). Nuevamente, la Comisión Interamericana afirma lo contrario. Para ello y sin pretender falsificar su espíritu, transcribimos los siguientes párrafos en abono de nuestra posición: Considerando 91: Al realizar el pronóstico de pena para evaluar el peligro procesal, siempre se debe considerar el mínimo de la escala penal o el tipo de pena más leve prevista. De lo contrario, se violaría el principio de inocencia porque, como la medida cautelar se dispone con el único fin de asegurar el proceso, ella no puede referir a una eventual pena en concreto que suponga consideraciones que hacen a la atribución del hecho al imputado. Asimismo, en los supuestos en los que se intenta realizar un pronóstico de pena en concreto, se viola la imparcialidad del juzgador y el derecho de defensa en juicio. Considerando 111 A estos fines, como derivación del principio de inocencia, corresponde la consideración en abstracto de la pena prevista para el delito imputado y la estimación, siempre de la imposición del mínimo legal de la clase de pena más leve. Porque cualquier pronóstico de pena que se realice en una etapa anterior a la valoración de pruebas y sentencia y que supere ese mínimo, conculcaría el derecho de defensa en juicio y la garantía de juez imparcial 35. Así, al abrigo del Pacto de San José, la Comisión Interamericana clarifica la cuestión: no se puede utilizar el máximo del marco penal aplicable al caso pues afecta ilícitamente al estado de inocencia (se presume su culpabilidad), se vulnera su imparcialidad y el derecho a la defensa en juicio (asume posición acusadora al pronosticar la aplicación del máximo de la pena prevista para negar la libertad). En contrario, se debe utilizar el mínimo de la escala penal por derivación del estado de inocencia y por aplicación sin citarlo expresamente pero surge de su contexto del artículo 29 numerales a y b del Pacto de San José referentes a la interpretación pro homine. Ella consiste en que siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe: a) acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva 35 Los subrayados nos pertenecen.
13 13 cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, b) a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio 36. Segunda Parte Aspectos prácticos a considerar (I) Momento: Audiencia luego de la aprehensión (con privación de libertad) Lugar: Ministerio Público Fase previa a la declaración o abstención Se sugiere lo siguiente: o Acudir ante el llamado del Ministerio Público estimando el tiempo para ello (1 hora aproximadamente). Ello dependerá de la situación actual, la cantidad de llamados anteriores, número de defendidos y complejidad del asunto a los fines cautelares. o Una vez en sede del Ministerio Público, observar y analizar las actuaciones del cuaderno de investigación fiscal que generalmente son escasas. o Solicitar información al Agente Fiscal o Funcionario que actividad realizará el Ministerio Público. Interesa a los fines de esta presentación lo que generalmente acontece 37 : es darle la oportunidad a prestar declaración, luego formular acta de imputación y solicitar prisión preventiva. Preguntar el porqué, y sobre qué datos, elementos y circunstancias: se formulará la imputación (pocas veces discutible 38 si ya se tomó la decisión de imputar) y solicitará la prisión preventiva (sí se puede discutir, ya que se alegan antecedentes vigentes, causas compurgadas, que tiene muchas denuncias en la Policía, etc. consideraciones que no hacen a lo estrictamente cautelar--). Toda actuación del defensor sin conocer los detalles del caso y obviando la entrevista previa con el asistido, constituye una 36 De acuerdo con calificada doctrina: Una de las formas es aplicar la regla de interpretación pro homine cuando a una determinada situación concreta, le es posible aplicar dos o más normas vigentes, nacionales e internacionales, cualquiera que sea su jerarquía. Con esta regla, el juez y el intérprete deben seleccionar de entre varias normas concurrentes, eligiendo a aquella que contenga protecciones mejores o más favorables para el individuo o la víctima en relación con sus derechos humanos En síntesis, el principio pro homine es un principio interpretativo del derecho internacional de los derechos humanos, que debe ser utilizado por los tribunales locales, y que permite aplicar la solución normativa más favorable al caso sin impugnar otras normas de posible aplicación, y aun cuando éstas sean de mayor jerarquía normativa. Cfr. PINTO, Mónica, "El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos", La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales, Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales-Editorial del Puerto, 1997, p Existen naturalmente otras posibilidades: criterio de oportunidad, conciliación, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado sin privación de libertad que sin menoscabar su importancia no se tratan en esta ocasión pues sólo damos énfasis a las situaciones que pueden implicar privación de libertad en forma cautelar. 38 Para que no se malentienda, la posibilidad de formular acta de imputación es una facultad del Ministerio Público que como tal puede o no hacerlo de acuerdo al mérito del caso (existencia del hecho más participación del imputado en el mismo). Empero, la necesariedad de la prisión preventiva exige un escrutinio aún más riguroso y es allí donde estimamos no se puede relajar el respeto a los derechos y garantías del ciudadano y consentir la aplicación del encierro preventivo fuera de los límites de lo estrictamente cautelar.
14 14 improvisación que no se ajusta a los estándares mínimos de una defensa técnica seria. Entrevista con el defendido: Conviene retirarlo de la presencia policial (a la vista de la policía pero no al alcance de su oído). Nos debemos presentar como defensores públicos, explicarle que necesita un abogado para este acto y nuestra función, la gratuidad del servicio, la posibilidad de que puede contar con un abogado de su confianza para ése acto o para posteriores si así lo desea. Preguntarle si ya ha hablado con su familia, si quiere comunicarse con alguien, si le han maltratado o golpeado fuera o dentro de la sede policial, si desea que un médico forense lo observe. También, si fue o es adicto a alguna sustancia prohibida por ley, al alcohol, y si ya tuvo problemas anteriores precisando de ser posible años o lugares. Conversar, de ser posible, con algún familiar que esté presente (no en simultaneo con el defendido, sino en forma separada 39 ) y preguntar más datos o que otra información relevante puede agregar para dicho acto. Siempre en un lenguaje claro, franco, sin tecnicismos y ameno. Luego, explicarle en términos sencillos que hay en su contra, es decir, hacerle un resumen de lo que existe en el cuaderno de investigación que le resulta perjudicial, a más la decisión que tomó el Ministerio Público. Es importante aclararle que la información negativa que se le otorga no es la opinión del defensor sino que éste únicamente repite lo que obra en el cuaderno de investigación y los datos que le fueran proporcionados. Hacerle comprender que el Defensor está de su lado. A partir de allí, invitarlo a que cuente su versión de los hechos, poniendo hincapié en que es importante escuchar su percepción sincera de los sucesos ya que cualquier información falsa o incompleta irá en directo perjuicio suyo. También, que la información dada forma parte del secreto profesional y no puede ser develada a menos que él lo consienta y que sea en su beneficio. No obstante, si no va a decir la verdad al defensor en forma completa o no quiere hablar con el defensor en ese momento, es importante hacerle saber de dicha posibilidad; y que no existe inconveniente señalando que el ejercicio de la defensa será de otra forma. Si habla, hay que escucharlo y chequear su propia información con repreguntas. Si no quiere compartir con el defensor lo que aconteció y prefiere el silencio, o bien otorga un relato inconsistente, superficial o poco serio, conviene no hacerle preguntas, sino, directamente sugerirle que se abstenga, que por lo general se acepta. Luego se hace un rápido mérito de la información para sugerirle que declare o se abstenga. Si la sugerencia es la abstención pero insiste en declarar, hay que dejar que preste declaración bajo su propia cuenta y riesgo. Es válido dar una opinión preliminar sobre otros posibles cursos de acción para ajustarse a salidas alternativas. Al momento de declarar o de la abstención, en su caso: Se realiza el acto de declaración o de abstención. El defendido debe ingresar libre de esposas. 39 Muchos defendidos no desean que sus familiares conozcan ciertas actuaciones suyas por razones privadas que deben ser respetadas, por ejemplo, vergüenza.
15 15 Sea o no su primer contacto con el sistema judicial explicarle previamente que se le preguntaran sobre las generales de la ley (nombre, apellido, apodo, dirección, lugar y fecha de nacimiento, número de teléfono, nombre de sus padres, etc.) Finalmente declara cuanto crea conveniente o se abstiene de ello, restringiendo a que sólo responderá preguntas del defensor público si tal estrategia conviene a sus intereses. Luego de la abstención o declaración, El Defensor debe solicitar en todos los casos la libertad CPP, 240 última parte-- en base a cualquiera de los siguientes motivos (ejemplificativo y de acuerdo a cada caso): a) Afectación ilícita al artículo 12 de la CN pues: no existió flagrancia: (el hecho supuestamente ocurrió el 8 de abril, a las 12:00 hs, en la vía pública sito en Palma y Ayolas; pero su aprehensión fue el 10 de abril, a las 05:00 hs, en la Estrella y 15 de Agosto) orden judicial de autoridad competente: no existió orden privativa de libertad del juez ni del Ministerio Público, destacando que el hecho se produjo el 8 de abril y la Resolución Fiscal que ordena la detención es del 10 de abril, de fecha posterior, y la misma rige para el futuro, no tiene efectos retroactivos ni sirve para convalidar actuaciones policiales irregulares 40. El acta de procedimiento: incumple las previsiones del artículo 179 del CPP pues no consta la firma de dos testigos ajenos a la policía nacional. b) Falta de mérito sustantivo: A plantearse cuando no hay elementos acerca del hecho y su gravedad, como tampoco de la participación del defendido en el suceso. En los hechos punibles contra los bienes de la persona: no se ha acreditado la existencia ni la propiedad de los hechos punibles que fueran supuestamente hurtados/robados/apropiados. A esta fecha y hora no existe declaración en sede fiscal del denunciante. A esta fecha y hora no existe declaración en sede fiscal del personal policial interviniente al tiempo de la comisión del hecho o al tiempo de la privación de libertad del defendido. A esta fecha y hora sólo consta la actuación policial (nota policial y acta de procedimiento) sin ningún otro elemento adicional. c) Presencia de Mérito Sustantivo Se da en ocasiones que sí existe mérito sustantivo (hecho punible grave más probable participación en el mismo) pero de todos modos corresponde que litigue en libertad sobre la base del artículo 243 CPP (ausencia de peligro de fuga). Ello en consideración a que: 40 Este argumento de defensa no aplica cuando sí exista orden de detención previa firmada por el Agente Fiscal o el Juez, en el mismo u otro procedimiento penal.
16 16 o Tiene arraigo en el país pues ha proporcionado una dirección y un número de teléfono propio o de un tercero-- a los fines de una mejor ubicación y comunicación. o Tiene familia en el país y contención familiar (si es un adulto joven años se sugiere referir el domicilio de los padres/hermanos para alegar contención familiar). Si es mayor de 20 años, referirse si existen hijos menores siempre que hayan sido reconocidos por el procesado. o Carece de capacidad económica para sustraerse temporal o definitivamente a los mandatos del sistema judicial. o En su caso, tiene trabajo, se dedica a actividades lícitas (especificar) y posee solvencia económica (elementos que hacen al arraigo), por lo que es razonable suponer que no se va a fugar y está a disposición de las autoridades judiciales para cuando sea llamado. d) Pena de hasta 5 años o multa Si el hecho tiene una expectativa de pena de hasta 5 años o multa (delito): o Manifestar que estamos en presencia de un suceso que no es grave (por ejemplo, artículo 161 del CP); es decir, conforme al artículo 13 del CP el hecho investigado es un delito y no un crimen o hecho punible grave de acuerdo al artículo 242, apartado 1 del CPP pues la expectativa de pena no supera los 5 años de privación de libertad o multa, y en tal sentido no existe mérito sustantivo para mantener privado de su libertad al representando. e) Importancia del perjuicio causado: Si el ilícito investigado fue cometido con algún arma (fuego/blanca) u objeto (p/ej, destornillador) que no haya sido enviado por la Policía Nacional, es preciso analizar la conveniencia de resaltar dicha situación. Los objetos en cuestión fueron recuperados (total o parcialmente) y no existe perjuicio en concreto, destacando que el representado no opuso resistencia al tiempo de su privación de libertad, habiendo colaborado con la investigación (esto último, en caso que así haya sido: por ejemplo, señalando a la persona o lugar en donde están los objetos). A simple vista los objetos tienen un escaso valor comercial y constituye un hecho bagatelario de conformidad al artículo 172 del CP (10 jornales mínimos). f) Si luce algún trastorno mental: Solicitar la libertad del representado a fin de que sea sometido a un examen mental (CPP, ) pues a simple vista luce algún trastorno de acuerdo al artículo 23 del CP 42 y en tal sentido necesita de tratamiento médico 41 Artículo 79. EXAMEN MENTAL. Cuando de las características del hecho pueda suponerse la existencia de un trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia, el imputado será sometido a un examen mental. 42 Artículo 23.- Trastorno mental: 1º No es reprochable el que en el momento de la acción u omisión, por causa de trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento
17 17 especializado para garantizar su salud (CN, 68 Derecho a la Salud 43 ) y no de privación de libertad. Al terminar el acto: Finalmente, solicitar al funcionario del Ministerio Público que toma la declaración/abstención que registre en el acta el horario de finalización. Esto es importante, al menos, por dos motivos: o pues a la hora de finalización no existían ciertas actuaciones (declaraciones, notas ampliatorias, resolución de detención, etc.) por si sea conveniente para una estrategia futura; o para justificar que no se pudo asistir a otra audiencia por superposición (por ejemplo, en casos del Turno) y así evitar altercados innecesarios si existieren restantes llamados. Aspectos prácticos a considerar (II) Momento: Audiencia del artículo 242 del CPP Lugar: Juzgado Penal de Garantías Situaciones a tener presente en forma previa a la audiencia en el Juzgado Si ya se ha asistido a la misma persona en sede del Ministerio Público, en términos generales conviene repetir los aspectos básicos del ejercicio de la defensa en busca de su libertad ambulatoria. Si es la primera de que se lo asiste: o Observar quien asistió al defendido ante el Ministerio Público (si fue un defensor público o un defensor particular). Allí pueden presentarse algunas opciones: Que fue asistido por un defensor público: preguntarle si lo vio y habló con él y si le proporcionó algún número de teléfono. En caso que el colega no haya facilitado sus datos, se debe proporcionar el número de teléfono y dirección de la oficina de quien primero intervino. Explicarle que el defensor público actuante en la Fiscalía es quien ejercerá su defensa técnica, que la intervención en ese momento empieza y culmina en dicha audiencia. La presencia del defensor será al sólo efecto de dicho acto. Si fue asistido por un defensor particular: preguntarle si lo vio y habló con él y si le proporcionó algún número de teléfono. En caso que no lo haya visto en la fiscalía ni sabe el número de teléfono, sugerimos que el defensor público tome intervención por el imputado, constituyendo domicilio, pues resulta notorio que no hubo defensa real en el Ministerio Público y que el abogado particular concurrió sólo a convalidar la actuación fiscal. Conviene retirarlo de la presencia policial (a la vista de la policía pero no al alcance de su oído) y aclarar nuestra presencia (al sólo efecto o con intervención fija, en todos los casos). Luego, presentarnos como defensores públicos, manifestarle que necesita un abogado para este acto y nuestra función, y en general pueden esgrimirse idénticos argumentos a los presentados ante el Ministerio Público a los cuales nos remitimos. Finalmente, explicarle que como pasa en la mayoría de 43 Artículo 68 - DEL DERECHO A LA SALUD: El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad
18 18 los casos el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva, que se pedirá su libertad (con o sin medidas alternativas a la prisión) y finalmente el Juez Penal de Garantías resolverá. Aspectos a considerar durante la audiencia del artículo 242 del CPP: Por lo general, al imputado se le preguntan las generales de la ley : datos personales, ocupación, domicilio, teléfono, nombre de sus padres, ingresos, grado de instrucción, etc. De acuerdo a prácticas consagradas no es usual que deponga sobre los hechos ya que es una audiencia exclusiva sobre la medida cautelar-- pero es importante que lo haga si conviene a sus intereses pues no existe disposición que lo prohíba (CPP, artículo 10, primera parte). En concreto y sin extenderse, puede referir sobre la existencia del hecho, su participación en el mismo, o alguna condición personal (enfermedad, amenaza en contra de su vida o integridad física en caso de ser recluido, etc.) Qué puede alegar el Defensor Público? Luego, observar el requerimiento de prisión preventiva y el defensor público debe solicitar la libertad del defendido --con o sin imposición de medidas alternativas a la prisión A título de ejemplo: a) El pedido de prisión vulnera el artículo 55 del CPP. o El requerimiento de prisión preventiva no se halla fundado e incumple las previsiones del artículo 55 del CPP 45 ya que contiene frases formularias y luce afirmaciones sin fundamentos pues sólo transcribe los artículos que hacen al peligro de fuga o peligro de obstrucción, eliminando la numeración, sin agregar otro detalle adicional. b) Afectación ilícita al artículo 12 de la CN: o Pueden esgrimirse idénticos argumentos a los presentados ante el Ministerio Público a los cuales nos remitimos. c) Falta de mérito sustantivo o Pueden esgrimirse idénticos argumentos a los presentados ante el Ministerio Público a los cuales nos remitimos, con los siguientes salvedades: Al tiempo de presentarse el acta de imputación ni a este momento no existe constancia de la declaración en sede fiscal del denunciante 46. Al tiempo de presentarse el acta de imputación ni a este momento no existe declaración en sede fiscal del personal policial interviniente Interesa referir, nuevamente, a las situaciones que pueden implicar privación de libertad en forma cautelar. El lector notará argumentos comunes desarrollados por el defensor al tiempo de la audiencia en sede fiscal. 45 Artículo 55. FORMAS Y CONTENIDO DE SUS MANIFESTACIONES. El Ministerio Público formulará motivada y específicamente sus requerimientos, dictámenes y resoluciones, sin recurrir a formularios o afirmaciones sin fundamento. Procederá oralmente en las audiencias y en el juicio; y por escrito en los demás casos. 46 Es corriente encontrar copias de partes del cuaderno de investigación acompañando al acta de imputación y requerimiento de medida cautelar. Esto es aplicable cuando no fueren remitidas dichas constancias. 47 Idem anterior.
19 19 d) Presencia de mérito sustantivo o Pueden esgrimirse idénticos argumentos a los presentados ante el Ministerio Público a los cuales nos remitimos. e) Pena de hasta 5 años o multa. o Pueden esgrimirse idénticos argumentos a los presentados ante el Ministerio Público a los cuales nos remitimos. f) Importancia del perjuicio causado. o Pueden esgrimirse idénticos argumentos a los presentados ante el Ministerio Público a los cuales nos remitimos. g) Si luce algún trastorno mental. o Pueden esgrimirse idénticos argumentos a los presentados ante el Ministerio Público a los cuales nos remitimos. Caso Difícil desde el Perfil de la Defensa Pública Se presenta cuando no hay muchos motivos de valía para el ejercicio de la defensa técnica en forma favorable a los intereses del representado y la posición fiscal luce un argumento fuerte. Por ejemplo, crimen en flagrancia con inmediata aprehensión. De cualquier modo, se debe solicitar la libertad (con o sin medidas alternativas) al amparo del artículo 17.1 de la CN, concordante con el artículo 234 y 236 del CPP, en razón al carácter excepcional de la privación de libertad Como vimos en la primera parte de este material, la posición asumida es legal (no está en contra de la ley) y conveniente (se hace en beneficio de los derechos e intereses del representado) sin faltar a la verdad. Puede resultar perturbador más aun en casos de alarma social o exposición mediática y desde la perspectiva de que se percibe un sueldo estatal para defender cierto tipo de situaciones con fuerte impresión negativa. El colectivo social catalogaría al defensor como un patrocinador de la delincuencia 48. Sobre el punto vale recordar que hace más de 90 años el genial CALAMANDREI ya nos enseñaba: La experiencia cotidiana demuestra que la cualidad de empleado público no impide llegar a la lucha abierta con el Estado. 49 Por ello, debemos hacer notar que percibir un sueldo estatal y litigar firmemente, pero con respeto contra el Estado (representado por el Ministerio Público) no es un impedimento, puesto que cada sujeto procesal debe cumplir su rol natural en el marco de una contienda pacífica por medio de la palabra ante un tercero imparcial. Y en dicho contexto, las garantías son como la luz del sol que llega a todos sin distinción, por lo que con lealtad, probidad y sin discriminación deben defenderse los derechos e intereses de los asistidos. 48 Frase atribuida a Vicenzo MANZINI de claro corte fascista, recogida por VELEZ MARICONDE, Alfredo en Estudios de Derechos Procesal Penal, Imprenta de la Universidad, Córdoba, Argentina, 1956, tomo II, página CALAMANDREI, Piero. Demasiados Abogados, Editorial El Foro, Bs. As, 2003, Página 25.
20 20 Notas importantes a los fines del recurso de apelación general Al tiempo de sustanciarse una situación cautelar de carácter personal hay casos en donde sólo se labra acta de la audiencia sin resolverse la cuestión, o bien consta únicamente la parte resolutiva sin que se entregue copia de la resolución recaída. Por ello, es de buena práctica hacer consignar en todos los casos -- antes de la impresión final y firma la fecha y hora de entrega de la resolución o solicitar notificación por cédula 50. Esto se aplica a toda audiencia que implique una medida cautelar -- primera audiencia de imposición de medidas cautelares (242 CPP) o audiencias de revisión (251 CPP)-- Con ello se logra: a) dar certeza al defendido de lo resuelto por el Juzgado y no mantenerlo en la incertidumbre, b) para presentar el recurso de apelación general correspondiente con más tiempo y estudio dentro de los cinco días hábiles, computables desde la fecha de entrega de la copia la resolución recaída, o bien desde la notificación cursada por cédula. Pretensión subsidiaria Es aquella que se solicita en caso que se rechace la primera. Por ejemplo: se solicita la libertad ambulatoria por los motivos a, b, c y d. Y en carácter subsidiario y por idénticos motivos -- a, b, c y d --, se solicita el arresto domiciliario. Así, distinguimos la cuestión propuesta (libertad ambulatoria/arresto domiciliario) del argumento propuesto (motivos a, b, c y d ). Es importante esto pues en caso de rechazarse la libertad ambulatoria y disponiéndose la prisión preventiva, el Juzgado Penal de Garantías --por lo general-- omite referirse a la pretensión subsidiaria que cobra vida cuando se rechaza la primera. Así, la resolución puede ser atacada por falta de fundamentación (125 CPP) por citra petita ya que el juez tiene el deber de resolver todas las cuestiones que le fueron planteadas y ello hace que el AI sea arbitrario pues no está fundado en la CN ni en la Ley (CN, 256), afectado al debido proceso por ausencia de respuesta jurisdiccional. Tiempo de reclusión También, es de buena práctica manifestar algo similar a esto: en caso que se disponga la privación de libertad de mi representado, ruego que se determine con precisión el tiempo de su reclusión en días corridos a fin de que el MP pueda realizar las diligencias imprescindibles para evitar los peligros procesales de fuga y de obstrucción a actos concretos de la investigación, ello en atención al artículo 19 segunda parte de la Constitución, así como el 234, 2p del CPP Ello se funda en que no existe disposición que prohíba una decisión con esos caracteres (CPP, artículo 10, primera 50 Existen supuestos en que el Juez por recargo de actividades no está presente en la totalidad del desarrollo de la audiencia. Sin compartir esa situación pero sabiendo de su existencia, usualmente el encargado de redactar el acta comparte la tendencia del Juzgado al tiempo de resolver y que puede ser: privación de libertad, libertad ambulatoria, o bien, desconoce de lo que el Juzgado resolverá. En el primero y el tercer caso necesariamente debemos hacer consignar el día y hora de la entrega de la resolución recaída en la audiencia a los fines recursivos de acuerdo al caso.

References: artículo 242
 artículo 150
 artículo 245
 artículo 7
 artículo 69
 Artículo 245
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 236
 artículo 19
 artículo 236
 artículo 19
 artículo 248
 resolución 
 artículo 250
 artículo 234
 Artículo 235
 artículo 234
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 artículo 212
 artículo 239
 artículo 239
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 Artículo 82
 Artículo 210
 artículo 239
 Artículo 162
 artículo 240
 Artículo 12
 artículo 75
 artículo 241
 artículo 188
 artículo 239
 artículo 212
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 210
 Artículo 212
 artículo 11
 resolución 
 artículo 10
 artículo 137
 artículo 19
 Artículo 125
 artículo 256
 artículo 247
 artículo 236
 artículo 19
 artículo 19
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 artículo 19
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 179
 artículo 243
 artículo 161
 artículo 13
 artículo 242
 artículo 172
 artículo 23
 Artículo 79
 Artículo 23
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 artículo 242
 Artículo 68
 artículo 242
 artículo 10
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 12
 Artículo 55
 artículo 17
 artículo 234
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 artículo 19
 artículo 10
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