Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500623.html
Timestamp: 2019-03-23 17:11:56+00:00

Document:
se201500623
SENTENCIA: 623/2015.
EXPEDIENTE Nº: 213/2011.
PARTES: SOSERTEL S.R.L. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Soluciones, Servicios y Telecomunicaciones (SOSERTEL SRL) representada por Hussein Abdelhalin Adala, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 18 a 21, la contestación a la demanda de fojas 43 a 47, los antecedentes administrativos de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I (Contenido de la demanda): Que el 31 de diciembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula al representante legal de SOSERTEL SRL, con la Orden de Verificación Nº 0009OVI1316, F-7520, Operativo Nº 430, en la modalidad Operativo Específico IT cuyo alcance comprende el IT no declarado, obtenido de la comparación de las bases imponibles de las declaraciones juradas del IVA e IT de los períodos enero a diciembre 2006; solicitando además detalle de deferencias presentación del original de las declaraciones juradas, Forms. 200 y 400 y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso.
Que, el 8 de enero de 2009, SOSERTEL S.R.L., mediante nota aclara y justifica que mantiene un contrato con ENTEL SA por comisiones por tráfico de llamadas, por lo que los impuestos declarados en el IT, Form. 400 de la gestión 2006 corresponden al total de la comisión mensual percibida, y en cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 0009OVI1316 adjunta la documentación requerida, consistente en: Formularios originales y fotocopias del IVA e IT de enero a diciembre 2006; fotocopias del cuadro de comisiones Punto ENTEL de enero a diciembre 2006 y fotocopia del contrato de Afiliación a ENTEL S.A.
Que el 29 de mayo de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1284/2009 en el cual señaló que el contribuyente presentó documentación para desvirtuar la diferencia según orden de verificación, empero, señala que dichos documentos no tienen fundamento legal, por lo que ratifica el adeudo emergente de la de la fiscalización, consecuentemente el 8 de julio de 2009, el SIN notifica con la Vista de Cargo N° 100/2009 de 29 de mayo a SOSERTEL S.R.L. determinando obligaciones tributarias relativas al IT de los períodos fiscales enero a diciembre 2006, por el monto de Bs23.238, otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos.
En consecuencia el 5 de agosto de 2009, SOSERTEL S.R.L., presenta mediante nota descargos, consistente en otra copia del citado contrato, recalcando la cláusula 4.4. inc. B donde se define su calidad de comisionista, sin embargo el 31 de agosto de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2475/2009, en el señala que los descargos presentados a la Vista de Cargo no son suficientes para darles validez, ratificando la determinación obtenida en el proceso, por lo que SOSERTEL SRL, interpone recurso de alzada y posterior recurso jerárquico impugnando la citada Resolución Determinativa (RD) N°378/2009 de 14 de octubre, resoluciones que entran en contradicción legal y vulneración de normas por los siguientes fundamentos.
Que el contribuyente de la firma SOSERTEL S.R.L, manifestó que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no consideró las violaciones a sus derechos suscitados en la fase de determinación, al no existir la presentación de documentos legalizados u originales, incurriendo en un silencio malicioso, vulnerando su garantía al debido proceso y al principio de legalidad, en consideración a que en el recurso de alzada señaló que se habría pagado sus impuestos en su justa medida, por lo que legalmente son comisionistas, extremo que se podía demostrar con la prueba documental que acredita lo manifestado, empero dicha prueba se presentó con la interposición del recurso jerárquico como prueba de reciente obtención, al haber sido estas recientemente legalizadas, las cuales no fueron observadas por la Administración Tributaria a momento de la fiscalización, en aplicación de sus obligaciones previstas en el art. 68 de la Ley N° 2492 CTB, salvo en la Resolución Determinativa (RD) N°378/2009 de 14 de octubre.
Continuó exponiendo que las pruebas deberían haber sido consideradas como tales, puesto que la sana critica no consiste en una valoración arbitraria y discrecional, sino en la aplicación de la lógica y racional, apartándose de todo dogmatismo.
Finalmente señaló que existe una serie de contradicciones en la resolución de alzada y jerárquica, puesto que en su momento debió exigir la copia legalizada u original del contrato en análisis, en aplicación de sus obligaciones previstas en el art. 66 de la Ley 2492 que señala su obligación de prevenir los ilícitos tributarios y mucho menos accedido a sus derechos de contribuyente de conformidad al art. 68.1 de la citada Ley; sin embargo, maliciosamente nunca nos exigieron tal extremo y solamente en la emisión de la RD, menciona que dicho contrato no puede ser considerado como tal porque no tiene la validez legal pertinente.
Por lo que solicitó que se declare probada la demanda y proceda a anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria, exija la presentación de prueba legalizada o en original o en su defecto hasta que la autoridad demandada considere la validez de la prueba legal adjunta.
CONSIDERANDO II (Contestación a la demanda): Apersonándose Juan Carlos Maita Michel en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria respondió en forma negativa la demanda señalando que el 5 de agosto de 2009, mediante nota el contribuyente presentó documentación de descargo, entre la que se encontraba la copia del contrato suscrito con ENTEL S.A., de 1 de octubre de 2004, prueba que según informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2475/2009, no fue suficiente para dar validez a sus afirmaciones, notificando al contribuyente el 17 de junio de 2010 con la RD N° 0378/2009 el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), disponiendo en la parte resolutiva que el contrato de filiación a la Red de Ventas y Franquicia, presentado en fotocopia fue verificada pero no desvirtuó la deuda reflejada en la Vista de Cargo, careciendo de fuerza probatoria.
En consecuencia, el sujeto pasivo en el término probatorio en instancia jerárquica presentó prueba de reciente obtención, consistente en fotocopias legalizadas del Contrato para la Afiliación a la Red Ventas en Franquicia “Punto ENTEL Petrolero”, cursante a fs. 82-102 y 109 de antecedentes administrativos del Anexo N° 2, por lo que SOSERTEL SRL, demostró las diferencias señaladas en la Orden de Verificación N° 0009OVI1316 argumentando su condición de comisionista sustentada en el Contrato suscrito con ENTEL SA por tráfico de llamadas, el cual fue presentado ante la Administrativa Tributaria en el plazo dispuesto en el art. 98 de la Ley N° 2492 CTB, pero no manifestó si se trataba de una copia original o fotocopia simple, prueba que según Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2475/2009 fue valorada pero “no fue suficiente para dar validez a dichas aseveraciones” afirmación que resulta ambigua y no permitió establecer que el contrato hubiese sido observado por falta de la formalidad relacionada con su legalización u otra causa; situación que se aclaró en la RD N° 0378/2009 cuando señala: “…… la misma carece de fuerza probatoria…”, refiriéndose al contrato, empero de acuerdo a la RA 05-0042-99 num. 9, la condición de comisionista debe demostrarse a través de un contrato, por cuanto debió verificarse si el contribuyente cumplió con lo establecido por el art. 217 de la Ley N° 3092, tal como observó la resolución de alzada, confirmada en la instancia jerárquica la cual se constituyó prueba de reciente obtención.
Refirió que, el art. 76 de la Ley N° 2492 CTB, señala que: “...quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”, entendiéndose que, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá señalar, que dicha prueba documental se encuentra en poder de la Administración Tributaria, respondiendo a las observaciones de la resolución de alzada mediante la presentación del Contrato en fotocopias legalizadas y como prueba de reciente obtención ante la instancia jerárquica por el contribuyente, empero no pueden ser prueba de reciente obtención en la referida instancia, porque fueron presentadas en fotocopias simples y valorada en ese contexto por la Administración Tributaria, incumpliendo el sujeto pasivo con la carga de la prueba prevista en el artículo sobredicho.
Finalmente manifestó que, los argumentos expuestos más lo establecido por el art. 81 de la Ley N° 2492 CTB, prevé en los numerales 2 y 3 que cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentar prueba nueva con juramento de reciente obtención, por lo que se puede deducir en el caso presente, la prueba no fue oportunamente presentada conforme contemplada el art. 81.3 de la Ley N° 2492 CTB, es decir, que dicha prueba ofrecida se encontraba fuera de plazo, debido a que la fotocopia legalizada del Contrato pudo ser presentada el 8 de enero de 2009 cuando fue entregada al contribuyente, dentro el plazo señalado por el art. 98 de la misma norma citada; dicho en forma breve, que al no haber demostrado el sujeto pasivo que no fue por causa atribuible del mismo la no presentación de la prueba, no puede ser considerada como prueba de reciente obtención.
Por lo expuesto, solicitó se declare improbada la demanda por carecer de sustentó jurídico tributario.
No habiendo presentado la parte demandante réplica, se concluyó el trámite, decretando autos para sentencia.
CONSIDERANDO III (Competencia del Tribunal Supremo de Justicia): Que así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias recursivas de impugnación, así como de la Administración Tributaria.
CONSIDERANDO IV (ANTECEDENTES DE HECHO): El 31 de diciembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula al representante legal de SOSERTEL S.R.L, con la Orden de Verificación Nº 0009OVI1316, F-7520, Operativo Nº 430, en la modalidad Operativo Específico IT cuyo alcance comprende el IT no declarado, obtenido de la comparación de las bases imponibles de las declaraciones juradas del IVA e IT de los períodos enero a diciembre 2006; asimismo, notificó el Anexo Nº 2 Detalle de Diferencias, donde solicita para cada uno de los períodos observados, la presentación del original de las declaraciones juradas, Forms. 200 y 400 y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso.
En consecuencia, el 8 de enero de 2009, SOSERTEL S.R.L., mediante nota aclara y justifica que mantiene un contrato con ENTEL S.A. por comisiones por tráfico de llamadas, por lo que los impuestos declarados en el IT, Form. 400 de la gestión 2006 corresponden al total de la comisión mensual percibida, y en cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 0009OVI1316 adjunta la documentación requerida, consistente en: Formularios originales y fotocopias del IVA e IT de enero a diciembre 2006; fotocopias del cuadro de comisiones Punto ENTEL de enero a diciembre 2006 y fotocopia del contrato de Afiliación a ENTEL S.A.
Que el 29 de mayo de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1284/2009 en el cual señaló que el contribuyente presentó documentación para desvirtuar la diferencia según orden de verificación, no existiendo incumplimiento, empero la misma no tiene fundamento legal para desvirtuar la diferencia detectada, motivo por el cual y a objeto de recuperar el monto establecido a favor del fisco de Bs35.381 equivalente a 23.238.- UFV que corresponden a tributo omitido IT, accesorios de Ley y sanción por la conducta, se sugiere se emita la Vista de Cargo correspondiente, es así que el 8 de julio de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula al presentante legal de SOSERTEL S.R.L. con la Vista de Cargo SIN/GDLP/DF/SVI/100/2009 de 29 de mayo, en la que sobre base cierta determinó las obligaciones tributarias relativas al IT de los períodos fiscales enero a diciembre 2006, en 23.238 UFV equivalentes a Bs35.381; que corresponden al impuesto omitido, intereses y la sanción preliminar por la conducta tributaria, otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos.
Que el 5 de agosto de 2009, SOSERTEL S.R.L., mediante nota, ofreció descargos a la Vista de Cargo argumentando que en tiempo oportuno se presentó documentación de descargo; sin embargo, a fin de que se consideren como descargos válidos presenta Copia del Contrato suscrito con ENTEL S.A. de 1 de octubre de 2004, que en su Cláusula 4.4, inc. B define de forma clara su condición de comisionista; y otros documentos; finalmente solicita la anulación de la Vista de Cargo por omitir su condición de comisionista de ENTEL S.A. (fs. 96-146 de antecedentes administrativos).
El 31 de agosto de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2475/2009, en el cual establece que cumplido el plazo otorgado en la Vista de Cargo el contribuyente presentó una carta en la que solicita la anulación de la Vista de Cargo y presenta el contrato suscrito con ENTEL S.A., fotocopias de las resoluciones de recurso jerárquico y de alzada de otros contribuyentes y copias de notas presentadas por otros contribuyentes con casos similares, respecto a los cuales señala que no son suficientes para dar validez a dichas aseveraciones por lo que ratifica la determinación obtenida en el proceso de verificación y solicita que los antecedentes pasen al Departamento Jurídico para el proceso correspondiente.
Posteriormente el 17 de junio de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó personalmente al representante legal de SOSERTEL S.R.L. con la Resolución Determinativa Nº 0378/2009 de 14 de octubre, que resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en 15.162. UFV equivalentes a Bs23.279 importe no declarado como venta o ingreso en el formulario correspondiente al IT de los períodos enero a diciembre 2006 que incluye impuesto omitido e intereses; asimismo sanciona con la multa de 9.796 UFV equivalentes a Bs 15.041 por la contravención de omisión de pago, contra la indicada resolución el contribuyente interpuso Recurso de Alzada emitiéndose la Resolución de Alzada ARIT-LPAZ/RA 0406/2010 de 11 de octubre que resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 0378/2009, por lo que interpuso Recurso Jerárquico dictando la Autoridad General de Impugnación Tributaria la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0091/2011 de 10 de febrero, confirmando la Resolución de Alzada; en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 0378/2009 de 14 de octubre, de la Administración Tributaria.
CONSIDERANDO V (Problemática Planteada y Análisis Jurídico del Problema): Que la controversia radica en establecer si “tenía validez o no el Contrato suscrito por el demandante SOSERTEL SRL con ENTEL S.A. de 1 de octubre de 2004 presentado en fotocopias simples, el que comprobaría la calidad de comisionista del demandante”.
En el caso en concreto, es necesario referirse a la valoración de la prueba, puesto que es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia convencional de los elementos de pruebas recibidas, es decir, cuál es su real utilidad a los fines de resolver la causa puesta a conocimiento del juzgador y que valor le otorga el juzgador a fin de resolver la causa, toda vez, que sea una resolución administrativa de recurso de revocatoria o de recurso jerárquico, que resuelve una controversia, debe necesariamente valorar la prueba aportada por la parte recurrente, aún está fuese presentada fuera del término en aplicación del principio de verdad material e informalismo, previstos en los incs. d) y l) del art. 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo.
Consecuentemente, también es importante destacar sobre la valoración de la prueba presentada fuera del plazo que otorga la Ley, que en función al nuevo enfoque del Derecho Administrativo del autor Agustín Gordillo quien sostiene que: “nada obsta o desaprueba a que tanto la administración como el administrado produzcan pruebas luego de terminado el período probatorio; en este caso no cabe ya estar a las reglas formales de reglamento. Debe procurarse una adecuada merituación de las circunstancias de cada caso. En lo que hace a la administración, ella puede perfectamente considerar relevantes hechos que hasta ese momento no se acreditaron y producir la prueba pertinente luego de cerrado el período probatorio; también puede variar el enfoque del problema, en tanto no lesione el principio de la inadmisibilidad de la reformatio in pejus, y puede consecuentemente necesitarse la prueba, de ella o del particular, conducente al nuevo enfoque administrativo. En forma paralela, es obvio que el particular tiene también en estos casos el derecho a producir la prueba que sea adversa a la posición de la administración, a su nuevo enfoque, a sus nuevos hechos, etc.” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo cuarto Tomo página VII 14). De manera que, según ese nuevo enfoque, que no es contrario a las prescripciones Constitucionales, es posible presentar prueba después de los plazos establecidos fuera del periodo de prueba, la misma que deberá ser examinada y valorada, dependiendo de cada caso para determinar su relevancia o no para resolver el conflicto jurídico.
Por consiguiente, se desprende que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, debe ser aplicado a todos los ámbitos, con especial relevancia en el ámbito administrativo; en ese orden, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que impidan su materialización, siendo precisamente uno de los rectores del derecho administrativo, el principio de informalismo, bajo esa premisa todo administrado tiene derecho a la justicia material y si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales para garantizar la paz social, evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico, sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados sobre los deberes constitucionales, como el de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales, accediendo a una justicia material y verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello, con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal, que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento.
En el presente caso se tiene que en el plazo dispuesto por el art. 98 de la Ley 2492 CTB, según la nota de 5 de agosto de 2009, SOSERTEL S.R.L., presentó la copia del Contrato, sin especificar si se trata de una copia original o fotocopia simple, prueba que según el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2475/2009 fue valorada por la Administración Tributaria que al respecto expresamente señaló “no son suficientes para dar validez a dichas aseveraciones”, afirmación que resulta confusa y no permite establecer que el contrato hubiese sido observado por la Administración Tributaria por la falta de la formalidad relacionada con su legalización u otra causa; sin embargo, dicha situación se aclara en la Resolución Determinativa Nº 0378/2009 en cuya parte considerativa expone: “…la misma carece de fuerza probatoria…”, refiriéndose a la prueba consistente en el contrato.
De esta última afirmación se entiende que la Administración Tributaria consideró en el análisis de la prueba, los requisitos o las condiciones para que un documento tenga fuerza probatoria respecto a un hecho que se pretende demostrar, entre los cuales, ciertamente se encuentra la legalización de los mismos, ya que sólo de esa manera se puede tener certeza de que la prueba presentada en fotocopia sea fiel reflejo del original y que el funcionario que firma la legalización da fe plena del original, descartando posibles alteraciones del documento.
Empero SOSERTEL S.R.L., el 5 de agosto de 2009, mediante nota, presentó documentación de descargo, entre la que se encuentra la Copia del Contrato suscrito con ENTEL S.A. de 1 de octubre de 2004; prueba que según el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2475/2009, no es suficiente para dar validez a sus aseveraciones, por lo que el 17 de junio de 2010, el SIN notifica la Resolución Determinativa Nº 0378/2009, en cuya parte considerativa señala que SOSERTEL SRL presentó fotocopias de un contrato de filiación a la Red de Ventas y Franquicia, documentación que una vez verificada no desvirtúa la deuda reflejada en la Vista de Cargo, toda vez que el mismo carece de fuerza probatoria, lo cual apunta hacia la conclusión de que no fue pertinente considerarla como prueba de descargo; igualmente la Administración Tributaria manifestó que si bien el sujeto pasivo responde a las observaciones de la resolución de alzada con la presentación de la prueba, no puede ser tratada la misma como prueba de reciente obtención ya que los antecedentes del proceso de determinación demuestran que el mismo fue presentado en fotocopias simples y valorado en ese sentido por la Administración Tributaria durante el proceso de determinación.
Por otro lado, en el recurso jerárquico la autoridad demandada manifestó que la prueba ofrecida se encuentra prevista en el art. 81.3 de la Ley 2492, dicho en otras palabras, la prueba ofrecida se encontraba fuera de plazo, por lo que en dicha instancia no puedo ser admitida, más aun cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria no probó que no fue por causa atribuible a el mismo. De ello resulta necesario admitir que el contrato de franquicia es anterior al recurso de alzada, pero se presenta de forma posterior en el recurso jerárquico sin manifestar el sujeto pasivo porque presentó posteriormente el documento ya que fue quien lo suscribió y tampoco menciona cual fue la imposibilidad para presentar oportunamente dicho documento.
Del mismo modo SOSERTEL S.R.L. en su recurso jerárquico señaló que, según la resolución de alzada, no cursa en antecedentes y no se habrían presentado en la etapa de alzada, pruebas que acrediten la suscripción de un Contrato de comisionista con ENTEL S.A. y tampoco que el Gerente Regional de ENTEL S.A., haya firmado contrato alguno; no obstante añade que pone en consideración el contrato legalizado para la Afiliación a la Red de Ventas en Franquicia Punto Entel Petrolero por el cual se demuestra la suscripción del contrato extrañado con ENTEL S.A. y que su relación se circunscribía a la normativa señalada en los recursos de alzada y jerárquico, siendo las comisiones percibidas producto de la relación jurídica establecida por dicho documento legal, no teniendo pretexto legal la pretensión de la Administración Tributaria, por los argumentos de la Resolución de Alzada, que versa solo en el aspecto y hecho de demostrar una verdad material relativa a la presentación del contrato suscrito con la copia original o legalizada.
Continuó refiriendo que la Administración Tributaria manifestó que del nomem juris del contrato se tiene que se trata de un contrato de afiliación para ventas en franquicia del punto ENTEL, siendo la franquicia una figura jurídica contradictoria a la de comisión, donde el franquiciante otorga al franquiciado un “know how”, una licencia de goce y uso de un nombre comercial reconocido pero en este caso no se da un “know how”, ni un servicio técnico, sino un nombre, un logotipo; estableciendo que el contrato en el que basa su petición el sujeto pasivo es una franquicia; del examen anterior se advierte que tanto la Gerencia Distrital La Paz del SIN y la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, incurrieron en serias contradicciones.
En tal caso la Ley del Procedimiento Administrativo es aplicable a la presente demanda de conformidad a los arts. 200 y 201 del Código Tributario y por consiguiente a los principios de verdad material e informalismo, previstos en el art. 4. d) y l) de la misma Ley citada, que no tuvieron presente la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al no considerar la validez del Contrato, siendo su obligación, limitándose solo a mencionar que el citado Contrato no tenía validez o que carecía de fuerza probatoria, sin considerar que en materia administrativa rigen los principios de verdad material e informalismo previstos en el artículo referido anteriormente, haciendo errónea interpretación de los arts. 76 parte final y 81.3 de la Ley N° 2492 CTB.
Como resultado, la instancia de Alzada, deberá realizar un correcto análisis y valoración del Contrato, evaluando conforme a procedimiento y a los principios que rigen el derecho tributario por calificar a dicha documentación inválida con los fundamentos expuestos con base en el principio de congruencia, por lo que esta máxima instancia judicial se ve imposibilitada de ejercer control de legalidad de los actos de la administración sobre los demás puntos impugnados y resolverlos, sin que previamente la Resolución de Alzada compulse y valore objetivamente la prueba, corrija y repare su planteamiento incompleto en cuanto a las deficiencias que se advierten.
Del análisis precedente, este Tribunal de Justicia concluye que de la misma manera la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0091/2011 de 10 de febrero, no fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, constituyendo infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulneran el derecho al debido proceso y los principios de verdad material, de legalidad y presunción de legitimidad e informalismo; actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde revocar las resoluciones de recurso jerárquico y de alzada, anulando obrados hasta el vicio más antiguo.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, por lo dispuesto en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 18 a 21, incoada por SOSETEL S.R.L., y conforme los argumentos expuestos DEJA SIN EFECTO las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0091/2011 de 10 de febrero, así como la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0406/2010 de 11 de octubre, anulando obrados hasta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, en aplicación del principio de oficialidad previsto en el art. 200. I de la Ley 2492 abra el término de prueba y se pronuncie en el fondo respecto a los hechos debidamente sustentados.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución