Source: http://www.economiaciudadana.org/2012/10/opeuribor-publica-un-modelo-de.html
Timestamp: 2017-09-26 21:45:51+00:00

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Opeuribor publica un modelo de oposición a la ejecución hipotecaria que basado el la falta de operaciones interbancarias diarias y que supone un Euribor de interés al 0% | Economía Ciudadana
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Un anexo a dicha acta de reconocimiento de falsedad en los datos y aceptación de sanción consistente en multa a cambio de cerrar la investigación y el posible proceso judicial (se trata de un acuerdo “no-procesal), se contiene el siguiente documento, que transcribe las pruebas de manipulación del Euribor. Se comprende por las autoridades norteamericanas que el euribor son ofertas de un banco a otro banco. De uno a uno. No se entiende bien que entienden ellos por oferta de un depósito de un banco a otro banco. Desde luego, ese concepto no encaja en la definición legal.
En cualquier caso, en la página 22 y 23 de este documento anexo, documento nº 16 bis, parágrafo 50, literalmente dice:
http://www.stopfraud.gov/iso/opa/resources/9312012710173426365941.pdf
50. Barclays reconoce/admite que los actos ilícitos cometidos por los empleados que han participado en apoyo a la falta de ética profesional (¿dolo?) descrita se encontraban dentro del ámbito de su empleo en Barclays. Barclays admite que los empleados involucrados pretendían, como mínimo en parte, beneficiar a Barclays a través de los actos descritos. Barclays admite que debido a esta falta de ética profesional (¿dolo?) Barclays, incluyendo Barclays en Nueva York, ha sido expuesto a un riesgo económico substancial y como resultado de las multas impuestas por este trato no-procesal y bajo tratos a los que ha llegado con otras autoridades gubernamentales ha sufrido perdidas económicas.
Parece como si las autoridades quisieran, a cambio de recaudar multas sustanciosas que se ingresan en las arcas públicas, dar “carpetazo” al asunto. El último documento de los que se exponen, de las autoridades de otros estados, habla de la multa en la pág. 30, ORDER, punto B. y dice: "Los demandados, conjunta y solidariamente, deberán pagar una multa civil monetaria de 200 millones de dólares,...". Documento nº 17
Es decir, no contemplan que lo que sancionan, alteración del índice, requiere la colaboración de todos los miembros del mismo. No contemplan qué el comportamiento descrito y sancionado, sólo, única y exclusivamente puede producirse si al manifestar o comunicar o enviar el dato del interés de los contratos de depósitos que cada entidad comunica a Thomson Reuters, no hay en realidad ni un solo euro, dólar o libra implicado en ninguna transacción real de la que esa cifra que se comunica dependa o sea un reflejo o se haya aplicado.
Esa conducta viola todos los pactos. Y todas las normas. El índice no refleja un mercado. El índice es fruto de un concierto de todos, en el que el valor es una arbitrariedad de los implicados, que lo determinan según sus necesidades y según sus servicios de estadística les informan de en que momento es conveniente hacer subir el índice (número de contratos en los cuales las entidades de crédito son acreedoras) o bajarlo (numero de contratos en los que son deudoras)(Si como industria financiera he “vendido” varios millones de contratos con “cláusula suelo”, un interés fijo sólo variable al alza, y me he asegurado un ingreso constante mínimo del 3%, es el momento de bajar el índice, para pagar menos interés en los contratos en los que soy deudor, por ejemplo, obligaciones subordinadas y participaciones preferentes. Todo referido al mismo índice).
Exactamente lo mismo que si el prestatario decidiera unilateralmente cual será el tipo de interés que pagará por el capital prestado en su préstamo. Exactamente.
No es que el índice sea o hay sido manipulado. Es qué el índice es inventado cada mañana “de los días de mercado”. Y todos los implicados lo saben. Desde el momento en que no realizan ninguna operación de depósito con otra entidad durante días y días. Todas, no solo las entidades que componen el panel de bancos de primera “calidad”.
¿O por qué creer que no han sido capaces de informar de ni una sola operación real?
Indudablemente queda probado lo que los documentos a que anteriormente nos hemos referido (documentos 1 a 14), mostraban, relacionados con las autoridades españolas (Banco de España) y europeas (Comisaría de Competencia) y los implicados (EBF y todos las entidades de crédito, incluso las que no participan en la comunicación de datos a la agencia de información privada):
No hay operaciones en el índice, luego el valor del índice es cero, 0 %.
Hasta aquí, el por qué de la complejidad anunciada del asunto.
Ahora, las consecuencias procesales y sustantivas de lo expuesto como fundamento de la oposición a esta ejecución hipotecaria concreta, la que afecta a mi mandante.
CUARTO.- LOS EFECTOS SENCILLOS DE LAS NORMAS JURÍDICAS ELEMENTALES.
En los presentes autos, junto con la correspondiente primera copia autorizada de escritura notarial del contrato de préstamo y de constitución de hipoteca, así como el certificado del Registro de la Propiedad de la inscripción del derecho de hipoteca a nombre del actor ejecutante, se ha de acompañar por el mismo el Acta Notarial de Liquidación de la deuda intervenida por un notario, que debe coordinarse y coincidir con el cuadro de amortización que se incluye en las escrituras de contrato de préstamo y de constitución de hipoteca, en cuanto a las cifras que resultan de la correspondiente cuota mensual a abonar por mi mandante.
En dichos documentos podrá el Juzgador determinar que cada cuota esta compuesta por una cantidad que se divide en dos conceptos. Esto se ve de manera muy sencilla en el cuadro de amortización, en el que se distinguen por columnas tales conceptos (ver documental de la actora):
La Amortización, primero de los conceptos, que son una serie de números mostrados en una columna, y los intereses, el otro de los conceptos que completan lo que debe ser cada cuota de pago mensual.
Como verá, la cuantía correspondiente a cada cuota está compuesta de unos euros que se destinan a devolver el capital prestado a mi mandante por el actor ejecutante, y de otros euros que se destinan a satisfacer los intereses de acuerdo con lo pactado en el contrato, los intereses según el valor del indice conocido como Euribor.
Expuesto lo anterior, con la debida precisión, pasamos a mostrar los puntos en los que discrepamos respecto a la liquidación practicada por la entidad ejecutante e intervenida en acta notarial.
1. En la primera cuota, de fecha ……., en la que mi mandante pagó la cantidad de …… euros, de los cuales … … euros correspondían a capital, y …. euros a intereses, de acuerdo con el contrato, debió pagar la suma de …. euros que era lo correcto, a la luz del verdadero valor del índice: cero. El tipo de interés que el acreedor debió aplicar debió ser cero más el diferencial pactado sobre esa cifra.
Por lo tanto, si sobre la suma total de la cantidad que en cada cuota se pagó en conceptos de intereses es….., y sobre esa cantidad el diferencial representa el … % del total de esa suma de esos intereses, debió haber pagado ….. euros.
2. Respecto a la segunda cuota pagada, de fecha ….. , la suma correcta que mi mandante debió haber pagado era la cantidad de … euros.
3 ****Continuar con los cálculos, por todas las cuotas que si se pagaron. Detalladamente. Cambiando los tipos según las revisiones fueran semestrales o anuales.
Por lo tanto, una vez detalladas las cantidades mensuales que mi mandante abonó en exceso en concepto de un tipo de interés que no respondía a lo pactado en el contrato ni a lo establecido en la Ley, la suma total abonada indebidamente es de …. euros (y en cuya manipulación o invención la actora ejecutante puede haber participado directamente o indirectamente, pues pertenece a la EBF; y en cualquier caso debió conocer dicho suceso).
Así pues, en la presente ejecución debe determinarse que la suma realmente adeudada serían … euros en concepto de cantidades que efectivamente no han sido cobradas por la actora y que tiene derecho a cobrar. Pero en ningún caso las que resultan del acta notarial de liquidación presentada con la demanda de ejecución hipotecaria.
A ellos hay que añadir que las cantidades correspondientes a los intereses no pagados como tales en las cuotas que efectivamente no se pagaron, correspondientes a las fechas que median entre el día ….. y el día …….., en que se dio por vencido el préstamo, cuotas impagadas que provocaron el vencimiento anticipado del préstamo, son en realidad …….. euros, puesto que igualmente, durante ese tiempo, a la deuda a amortizar se ha aplicado por el acreedor ejecutante un tipo interés que no es el real pactado en el contrato, sino el erróneamente publicado en el boletín oficial.
Volver a repetir los cálculos para estas cuotas.
***(O bien, y eso dependerá de cada caso en concreto, pudiera resultar que la cantidad reclamada en el momento de presentar esta oposición a la ejecución hipotecaria fuera inferior a lo que la entidad crediticia a cobrado demás durante todo el tiempo en que el ejecutado si ha estado pagando sus cuotas, teniendo en cuenta que el índice tiene un valor cero, al que hay que añadir el diferencial pactado. En ese caso, determinar del mismo detalladamente los cálculos, y solicitar el archivo de la ejecución, pidiendo al Juzgado que declare en el correspondiente auto que resulta un saldo a favor del ejecutado de … euros)
Imaginemos un préstamos concedido el 15 de diciembre de 2007 y que comienza a pagarse el 1 de enero de 2008, y esa sería la fecha de revisión del tipo. Si el interés aplicado durante el año 2008, por ejemplo, fue del 5% más un diferencial del 0’75 % y la cuota abonada durante los meses de ese año sería por ejemplo de 620 euros, y resultaría la siguiente aplicación de lo que hemos expuesto (de manera simple y sin decimales ni exactitud, para facilitar la comprensión del lector): Sobre 620 euros de cuota mensual pagada al banco en concepto de devolución del préstamo hipotecarios, 100 euros lo serían en concepto de amortización de capital, y 520 euros en concepto de intereses. A su vez, de esos 520 euros de intereses, y considerados en su totalidad, el 13 % de esa cantidad correspondería el diferencial. Es decir, 67’60 € si se pagaron correctamente, en concepto de un interés que se pactó en el contrato del ejemplo. Pero el resto de los 520 € cobrados en concepto de interés, no debió pagarse. Es decir, 452’40 € resultarían mensualmente durante todo 2008 , los doce meses, una cifra pagada indebidamente, ocasionando su pago por el ejecutado al banco, como mínimo un enriquecimiento injusto al banco. Al año, 5.428 euros se le habrían pagado de más al banco.
Es muy importante que los profesionales no comentan ningún fallo en la realización de las operaciones de cálculos al incorporarlas al escrito de oposición a la ejecución por esta causa.)
Las razones jurídicas elementales que justifican que Su Señoría resuelva admitir y estimar la presente oposición, son:
Como se ha indicado al inicio, son extraordinarias las normas que permiten al acreedor hipotecario disfrutar de un procedimiento sumario y casi sin defensa posible para el deudor. Pero aún así, todas esas normas se encuentran dentro de un procedimiento judicial, que por muy especial que sea, trata de garantizar que haya una autoridad judicial supervisando el mismo.
La autoridad judicial, sometida al imperio de la Ley debe, siempre que aprecie razones para ello, aplicar el artículo 7 del Código Civil, de su título preliminar, conjunto de normas que constituyen la verdadera Constitución de nuestro ordenamiento jurídico. Si la Constitución de 1978 es la norma fundamental a todos los efectos por la que nos debemos de regir los ciudadanos, el título preliminar es la norma fundamental por la que debe regirse la aplicación del derecho. Tal artículo dice lo siguiente:
“1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”
Lo expuesto y narrado en este escrito demuestra irrebatiblemente que el acreedor cometería un abuso de magnitud considerable si no se corrigiera la pretensión del mismo. El acreedor, persona jurídica, ha abusado de la creencia de todos en la existencia de las operaciones que determinaban un valor, un número, en un índice, y ha ocasionado una distorsión en la ejecución del contrato que puede haber sido la causa misma del incumplimiento de mi mandante; incumplimiento de un contrato al que habiéndose aplicado en su momento el valor del tipo de interés real, no el ficticio, probablemente no se habría producido, dadas las circunstancias económicas.
Por otra parte, en el efectivo cumplimiento del contrato, mi mandante, aún no habiendo pagado unas cantidades y encontrándose por ello sometido a la autoridad de este Tribunal, tiene, como todos, derecho a un juicio justo. Y eso implica que si es deudor, debe serlo por la cantidad exacta que de acuerdo con su contrato deba, no por otra que unilateralmente, a través de un índice secreto, determine el acreedor. Para resolver la injusticia y la incorrecta aplicación de lo pactado y de las propias normas, no parece caber otra solución que ordenar judicialmente al acreedor que traiga al proceso los número exactos de las operaciones diarias que son la base del índice. Con ello quedarán despejadas todas las posibles dudas. Pero si no lo hacen, si no son capaces de justificar conforme a lo pactado en el contrato y lo dispuesto en las leyes aplicables que el índice no tiene un valor cero, entonces, el peso de la Ley debe caer sobre el acreedor.
Somos conscientes de que estamos alegando la no coincidencia con la realidad de una cifra que publica el BOE y de la transcendencia de tal alegación, pero es igualmente cierto que se ha mostrado toda la prueba posible mediante documentos que suponen el cumplir con la carga de la prueba hasta donde es posible en este momento. Se trata de la prueba que fundamenta una alegación de un hecho negativo: que el índice no responde a los datos reales de operaciones de depósitos. Probar lo negativo es “probatio diabólica” y se entiende afectado por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La prueba de contrario consiste en demostrarnos su existencia, para lo que solo puede valer algo que según las normas debe estar a su alcance: las operaciones diarias de depósitos a un año en euros, realizadas y cruzadas entre las entidades que se integran en el índice todos los días de vigencia del contrato de préstamo de mi mandante, cuya garantía real se pretende ejecutar en este procedimiento. Su importe en euros y los sujetos que las concertaron o cruzaron.
Sencilla prueba documental para el actor; imposible para el demando.
Las causas de oposición están tasadas. Una de ellas es la que ahora se alega. Error en la liquidación, discrepancia en las cifras.
Su Señoría puede apreciar que no se ajusta la oposición planteada a lo prescrito en la norma. Que la discrepancia la refiera la Ley de Enjuiciamiento Civil a apuntes distintos en dos contabilidades. Ese es un caso. Pero entonces habría que entender que, aún mostrando al Juzgado el error, la ejecución continúa de todas formas, porque el error no es de los contemplados en la norma. ¿Y entonces, en qué casos podría un deudor como mi mandante alegar tal causa y cosa?¿Quedaría restringido solo a los comerciantes o las lineas de crédito la causa segunda de oposición prevista en el artículo?
Su Señoría podría apreciar que la discrepancia planteada debe discutirse en el juicio declarativo ordinario que corresponda, por exceder de los límites de un procedimiento de ejecución la cuestión planteada. Pero, si ahora no se admitiere y estimare la oposición planteada, los efectos podrían ser irreversibles. Con independencia de que efectivamente mi mandante, tras oponerse ahora en el plazo legal de diez días, presente la correspondiente demanda de juicio declarativo demandado la resolución y nulidad del contrato de préstamo por incumplimiento doloso del acreedor, y la restitución de lo indebidamente cobrado, amén de la indemnización de los daños y perjuicios y la declaración de la extinción del contrato de préstamo por afectar el dolo al elemento esencial del mismo. Y con la pertinente resolución judicial donde se obtenga un pronunciamiento favorable, acudir inmediatamente al Registro de la Propiedad a inscribir dicha resolución que declare resuelto un contrato para el que se constituyó en garantía el derecho real de hipoteca y solicitar su cancelación.
La propiedad del inmueble se adjudicaría al acreedor que, de acuerdo con las normas recientemente aprobadas, debe transferir dicho inmueble al conocido como “banco malo”, entidad jurídica que aparecería registralmente (ex art. 34 de la LH) como un tercero de buena fe, haciéndose el bien irrecuperable para mi mandante.
Sin perjuicio de que en ese caso habría que plantear una demanda en un proceso declarativo alegando que en una ejecución civil se ha ejecutado por más cantidad de la debida, a lo que naturalmente se responderá por el Juzgado que conozca de tal demanda que esa es precisamente una cuestión de las hay que alegar en el proceso de ejecución, no en un juicio declarativo.
Lo que se plantea en esta oposición no es una cuestión de fondo. Es que, de acuerdo a la misma legitimidad que la ley concede al acreedor para iniciar la especialísima ejecución en la que nos encontramos, esa misma legitimidad se atribuye al deudor para reclamar la revisión de la cuenta, que debe ajustarse y realizarse de acuerdo con lo establecido en su contrato.
Este contrato se sujeta a un valor o resultado aleatorio y esa sujeción implica un riesgo para ambas partes. No se trata ahora de que se haya o no manipulado el valor del índice. Se trata de que, de acuerdo con lo pactado, cada parte asuma el riesgo que voluntariamente aceptó. Y esta vez el riesgo ha ido a parar a la esfera del acreedor. Si las reglas determinan que el valor será el resultado del interés aplicado a las operaciones realizadas y no hay posibilidad de conocer las operaciones, ese riesgo se carga en la cuenta del acreedor, no del deudor.
El interés de que un sujeto no le preste dinero a otro ciudadano es cero.
Y eso es lo que resulta en este caso. 0%, es un dato objetivo, cierto. Cualquier otro número, si no ha habido operaciones, habría de ser aceptado por las dos partes, novando el contrato.
Si se acepta cualquier otro número distinto de cero en el caso de que no haya operaciones de depósito cruzadas, se estará aceptando la voluntad única y unilateral del acreedor. Y por la misma razón, debería de ser el deudor el que determinara el índice, el valor, unilateralmente. Para el caso sería lo mismo, una de las partes determinando por su sola voluntad lo que debía ser aleatorio. Mi mandante no se comprometió a participar en ningún mercado. Ni a publicar ni comunicar ningún dato de ninguna operación. Ni siquiera introdujo él la cláusula del contrato que estipula que en caso de que el índice no se publicara se aplicaría otro que lo sustituyese. El índice se ha publicado, pero el número no es el correcto. Y desde luego, si conociendo la falta de operaciones, no se optó por la autoridad competente o por los implicados, por su sustitución, como en el año 1999 con el Mibor, no puede atribuirse a mi mandante ningún efecto derivado del dolo o de la negligencia del contrario. Y aunque la entidad ejecutante lograra demostrar que no tuvo ni conocimiento ni posibilidad de conocer tales hechos, ni que los números reales fueran otros, no es excusa para que el contrato no se aplique en sus estrictos términos ahora que se pide, simplemente, revisar la cuenta desde lo más profundo de su origen. Es, como decimos, su riesgo.
No se puede siquiera contemplar que no se aplique ahora un valor real de un índice porque el mismo ha sido publicado con error. El acreedor no puede pedir eso. Sería algo parecido a decir que a él no se le apliquen las normas.
Una hipotética sustitución (que en todo caso requeriría de una nueva demanda de ejecución) se produciría de cara al futuro y siempre por acuerdo de las partes. También por un cambio de la norma, que quisiera proteger a las entidades crediticias, pero no por la sola voluntad del ejecutante, al encontrarse con una cifra que no le beneficia. Menos aún fundamentando la causa en que el ejecutante no es responsable del índice. Solo en caso de falta de publicación, se sustituye. Y publicación ha habido.
En su caso, si le parece oportuno a la actora, que sea ella, la ejecutante, quien demande y exija responsabilidades y daños y perjuicios a los implicados. Pero no a mi mandante. No puede imponerse a mi mandante la carga de cumplir con un dato que no responde a lo pactado en el contrato, y que después sea él quien demande. Mi mandante lo que pide es que se cumpla la ley y el contrato en sus estrictos términos.
Ampararse en que el índice ha sido alterado, publicado con error o cualquier fundamento similar y pretender que se aplique otro, cuando el ejecutante está integrado en la organización que lo hizo, sería poco menos que conceder la no aplicación de una cláusula de un contrato a quien provocó que la cláusula fuera oscura o que ocasionara daños.
Si las circunstancias, ajenas a la voluntad de mi mandante y por completo dependientes de la voluntad de la ejecutante y su homçologos, han provocado que no haya cruce de operaciones, los sujetos lo han consentido y no pueden pretender ahora, derivando de sus propios actos, un efecto diferente a cargar con el resultado de sus actos, que determinan un valor cero. Aplíquese.
Porque “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos.” Art. 1091 del Código Civil. El tenor es la determinación del tipo de interés mediante un mercado objetivo.
“En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.” Art. 1.114 del Código Civil. El cobrar uno u otro tipo de interés depende del índice, que si bien no es propiamente condición, es un elemento abierto en la vida del contrato. Se cobra porque el BOE publica un dato que remite el Banco de España, dependiente, a su vez, de un mercado que es el que se ha descrito a lo largo de esta oposición.
“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.” Artículo 1255 del Código Civil.
“La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.” Artículo 1.256 del Código Civil.
“Cuando se trate de los préstamos a que se refiere el artículo 6.2 de la Orden sobre préstamos hipotecarios, las entidades únicamente podrán utilizar como índices o tipos de referencia aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que no dependan exclusivamente de la propia entidad de crédito, ni sean susceptibles de influencia por ella en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades.”
“Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Artículo 1258 del Código Civil.
La consecuencia derivada de lo alegado es que el contrato se ha ejecutado de manera incorrecta, sin cumplir estrictamente con las disposiciones legales ni contractuales. Y quien por su parte no ha cumplido exactamente, no puede exigir el cumplimiento exacto de la contraparte.
La naturaleza de la alegación supone un problema de aplicación e interpretación de la cláusula relativa los intereses. Se ha pactado un tipo de interés en concreto, pero a,l indagar sobre el contenido del pacto, encontramos secretos los datos de conformación. Igualmente, lo que para los demás índices es una fórmula de cálculo matemática objetiva, publicada en el BOE, en el caso del Euribor, dicha fórmula permanece oculta e inaccesible en manos de una empresa privada, Thomson Reuters.
Nadie puede verificar la realidad de la cifra.
Mi mandante ha sido demandado y ni siquiera puede disponer de la información necesaria para poder defenderse.
Los datos y cálculos del actor son erróneos. Los cálculos de este escrito son los correctos.
Si no hubiera manera de resolver el problema de la ausencia de datos, debe aplicarse el apartado 2º del Artículo 1289 del Código Civil:
“Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo.”
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, junto con los documentos que lo acompañan y, en virtud de lo expuesto en el mismo, tenga por formulada oposición a la ejecución hipotecaria instada de contrario, fundamentada en la causa segunda del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de acuerdo a las prescripciones legales, proceda:
1º A la declaración de la suspensión del proceso,
2º A convocar a las partes a la pertinente y legal comparecencia, fijando en la resolución de admisión de la oposición día y hora para la celebración de la misma
3º Comparecencia en la que, con base en los documentos y las alegaciones que se realizarán, acuerde,
a) Estimar mediante Auto la oposición planteada, declarando que la cantidad exacta adeudada por mi mandante, y por la que en su caso debiera proseguirse la ejecución es la suma de …….
b) Igualmente, declare que no proceden los intereses que la ejecutante pretende cobrar del periodo correspondiente a las cuotas impagadas, por ser intereses igualmente calculados con error. Así mismo, se proceda a corregir lo relacionado con los intereses procesales o moratorios judiciales, pues la cantidad base para el cálculo es errónea.
**** (En caso de que la suma cobrada en exceso por el acreedor supere a lo inicialmente adeudado por el deudor antes de dar por vencido el préstamo o antes de despacharse ejecución, simplemente pedir el archivo de la ejecución, puesto que se trata de cantidades líquidas, y compensables, pero en cualquier caso sería el acreedor deudor del ejecutado, y no al revés)
c) Se impongan las costas de este incidente de oposición al actor para el caso de que sea impugnado el mismo.
d) Se impongan las costas al actor para el caso en que se deba proceder al archivo del procedimiento judicial de ejecución de título extrajudicial.
OTROSI DIGO.- Que para facilitar la labor del Juzgador, se acompañan los documentos nº 18, documento nº 19 y nº 20.
El documento nº 18 consiste en una copia simple, en la que se destacan los elementos normativos que muestran cómo se reguló exactamente la cuestión
y las páginas del BOE que recogen los fundamentos de la petición.
El documento nº 19 muestra qué es el Euribor. Unos números, en una página de excel, que supuestamente comunican los bancos cada mañana de los días de mercado. Un documento de excel, colgado en una página web privada. Cualquiera podría hacerlo. No tiene más credibilidad que la que cada uno quiera darle. Y en este caso, la credibilidad que se le da por mi mandante es cero. Ninguna credibilidad.
El documento nº 20 contiene las tablas gráficas de la evolución del índice en los último años. Su observación indice a la siguiente conclusión: si se hace referencia en los informes del Banco Central Europeo a la inexistencia de un mercado interbancario desde 2008 y, por dicha razón, y esto es un hecho notorio, exento de prueba, el mismo inyecta miles de millones de euros a las entidades crediticias privadas del todo el continente, ¿cómo es posible que se haya publicado el índice sin interrupción?
SUPLICO DEL OTROSI.- Se tengan por presentados los documentos complementarios, se sirva el Juzgado admitirlos. Aún imponiendo la ley las costas en toda ejecución, se declare que excepcionalmente, por presentar el caso dificultad extrema, se declaren de oficio, para el caso de continuar la ejecución por cifra inferior a la que consta en la demanda.
Por ser justicia que pido en …. a …….. de …….. de 2012.

References: artículo 7
 artículo 217
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 1255
 Artículo 1
 artículo 6
 Artículo 1258
 Artículo 1289
 resolución 
e contrario
 artículo 695
 resolución