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Timestamp: 2018-10-18 13:51:08+00:00

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Resoluciones Dirección General de los Registros y el Notariado. Octubre 2018 | Notarios y Registradores
Resoluciones Dirección General de los Registros y el Notariado. Octubre 2018
367. COMPRA POR CASADA BAJO EL RÉGIMEN DE COMUNIDAD DE LA LEY BELGA
368. INSTANCIA DE HEREDERO ÚNICO
369. CONSTITUCIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. SUBDIVISIÓN. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
371.* RECURSO CONTRA ASIENTOS YA PRACTICADOS: NO PROCEDE
372.** RECURSO CONTRA LA SUSPENSIÓN DE LA CALIFICACIÓN POR FALTA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. RECURSO CONTRA ASIENTOS YA PRACTICADOS.
373. DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS.
374. EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON UNA TRANSMISIÓN DE ACCIONES: TRACTO SUCESIVO.
375. HERENCIA SIN QUE CONSTE EL NIF O NIE DE ALGUNO DE LOS INTERVINIENTES
376. AUTO DE APROBACIÓN DE OPERACIONES PARTICIONALES PROTOCOLIZADO NOTARIALMENTE. FALTA DE CONSTANCIA DEL TÍTULO SUCESORIO Y DE COMPARECENCIA DE UNA LEGITIMARIA
377. CANCELACIÓN DE HIPOTECA. PAGO PARCIAL Y CONSENTIMIENTO
378. VENTA POR SOCIEDAD REPRESENTADA POR ADMINISTRADOR NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EXISTIENDO JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA
379. VENTA POR SOCIEDAD REPRESENTADA POR ADMINISTRADOR NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EXISTIENDO JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA
380. *** OBRA NUEVA EN MADRID DE CENTRO COMERCIAL. LICENCIA PARA EL ACTO EDIFICATORIO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESTINO SI LA LEY LO PREVÉ
381. EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA SIN DEMANDAR AL TERCER POSEEDOR
382. ** EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA. COSTAS: LÍMITE DEL ART. 575-1 LEC
383. ANOTACIÓN CADUCADA. NO CABE CANCELAR CARGAS POSTERIORES
384. *** VENTA DE FINCA DE ENTIDAD CONCURSADA
385. EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA. DACIÓN EN PAGO. CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES
387. EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCER POSEEDOR
388. ANOTACIÓN CADUCADA. NO PERMITE CANCELAR CARGAS POSTERIORES. PERSPECTIVA REGISTRAL Y JUDICIAL
389. NULIDAD DE INSCRIPCIÓN. CANCELACIÓN DE ASIENTOS POSTERIORES
394. DERECHO DE TRANSMISIÓN. INTERVENCIÓN DE LA VIUDA DEL TRANSMITENTE
390. DEPÓSITO DE CUENTAS. INFORME DE AUDITOR NOMBRADO A INSTANCIA DE LA MINORÍA
AVANCE INFORME Nº 288. (BOE OCTUBRE de 2018)
MINI INFORME DEL MES DE AGOSTO CON LOS 10 PLUS
Ir a la Primera Parte (Disposiciones y Sección II Octubre)
Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Cebreros, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
Resumen: Es inscribible, sujeta al régimen económico legal belga, y de acuerdo con el artículo 92 del RH, la compra de una finca en España, por persona de nacionalidad belga, casada bajo el régimen legal belga de comunidad (y que actualmente, se encuentra en trámite de divorcio o separación) quien paga el precio con dinero confesado privativo por su sola manifestación. La DG estima que la finca adquirida es inscribible a nombre de la compradora, con sujeción a su régimen legal de comunidad, especificando que éste es el legal supletorio de comunidad, vigente en Bélgica.
Hechos: Doña R.K., de nacionalidad belga, casada bajo el régimen legal belga de comunidad (dado que había tenido en Bélgica su primera residencia, tras su matrimonio), compra una finca en España, manifestando, que se encuentra en procedimiento de separación o divorcio de su esposo, y que adquiere con dinero que confiesa ser privativo suyo, pero sin acreditar ninguno de ambos extremos.
Registrador: El registrador suspende la inscripción de la escritura, ya que, la compradora, no acredita el carácter privativo del dinero empleado en la compra y considera, además, necesaria, la ratificación de la compra, por el esposo de la compradora, en documento público, extremo que ya había advertido, el Notario autorizante, en la escritura de compraventa.
Recurrente: La compradora recurre a través de letrado, alegando lo siguiente:
Que el esposo de la compradora, dado el carácter contencioso del divorcio, nunca va a comparecer en documento público para ratificar la adquisición de su esposa, y además se estima que la duración del divorcio contencioso, con el esposo, puede durar de 2 a 10 años.
Se alega también que, la compradora recurrente, no tiene limitada su capacidad de obrar, y la inscripción (si el registrador lo estima oportuno) se podría hacer, considerando el bien adquirido como presuntivamente ganancial, pero lo que no cabe es privar, a la compradora, del pleno ejercicio de sus dchos civiles, al exigir el concurso del esposo para la inscripción de la compra, y alegando además que, la falta de inscripción de la compraventa, puede acarrear graves daños a la adquirente, al haber sido pagado totalmente el precio y permanecer inscrita la finca a nombre de los vendedores.
Que el CC español no considera nulo el acto, por falta del consentimiento del cónyuge y si sólo anulable (art 1320 y 1376-78 CC).
Resolución: La DG estima el recurso y revoca la calificación registral.
Doctrina de la Dirección General:
1.- En primer lugar, hace constar que, dado que el Rto (UE) 2016/1103 de 24 de junio que determina la ley aplicable en materia de regímenes matrimoniales, entrará en vigor el 29 enero 2019, para matrimonios contraídos a partir del 19 enero 2019, al presente supuesto se le aplica la normativa de nuestro CC, art 9.2, así como el art 159 del RN, según el cual para la determinación del régimen económico “bastará la declaración del otorgante” y que, por lo que hace a extranjeros tiene lugar la aplicación del art 92 del RH. Y en cuanto a la aplicación de los art 51.6ª y 51.9ª del RH, están flexibilizados en cuanto a adquirentes casados sometidos a una legislación extranjera, ya que no se exige la acreditación “a priori” del régimen económico matrimonial, bastando “que la inscripción se practique a favor del adquirente o adquirentes, haciéndose constar en la inscripción que la misma se hace con sujeción a su régimen matrimonial”. De aquí que la postura inicial de la DG fue en este punto, la de “aplazar la prueba del régimen matrimonial de un extranjero a un momento posterior, en el momento de la enajenación o gravamen del bien adquirido, inscribiéndose la adquisición en el Registro, sin necesidad de expresar dicho régimen matrimonial, al tiempo de la inscripción. En base a ello, el art 92 RH dice que “cuando el régimen económico matrimonial del adquirente estuviere sometido a la legislación extranjera, la inscripción se practicará a favor de aquel o aquellos, haciéndose constar que se verifica con sujeción a su régimen matrimonial, con indicación de éste, si constare”.
2.- En el presente caso, el notario ha precisado la ley material aplicable al determinar que el régimen económico es el legal de comunidad belga, extremo que no cuestiona el registrador, pero exigiendo la ratificación del cónyuge de la adquirente, aunque no expresa que ésta sea necesaria según la ley belga, por lo que, a falta de prueba del Dcho Belga o manifestación por el registrador sobre su conocimiento, ningún obstáculo existe para que -habida cuenta de la solicitud de “inscripción parcial” del acto- expresada en la escritura por la compradora, la finca adquirida se inscriba con sujeción al régimen matrimonial de ésta, especificando que es el legal supletorio de comunidad, vigente en Bélgica (art 92 del RH).
Comentario: La entrada en vigor del Rto (UE) 2016/1103, de 24 de junio de 2016 (con aplicación a partir del 29 de enero de 2019), establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes económico-matrimoniales, con repercusiones transfronterizas. Estos esposos, podrán, pues, elegir la ley aplicable, bien sea la de su residencia habitual o su nacionalidad, y la elección se podrá realizar, antes del matrimonio, al tiempo de éste o durante el mismo. Ello obliga a los distintos notariados europeos a ponerse el día en cuanto a conocimiento y aplicación de los distintos países, estén o no dentro de la aplicación del Rto.
Lo anterior viene de la mano en relación con las dos últimas RS dictadas por la DG, tanto la presente, como la de 7 de septiembre de 2018, dado que en ambas parece que la DG ha fijado el camino de dar constancia registral al régimen económico matrimonial en los distintos recursos planteados, de suerte que, con aplicación de los artículos 92 del RH y 159 del RN, se estima que basta la simple alegación, por los interesados, de su régimen económico, para darle constancia registral. Es decir que, o bien acreditan su régimen al tiempo de solicitar la inscripción registral o simplemente lo manifiestan, quedando relegada la prueba de éste, a un momento posterior (venta, ejecución, hipoteca etc..).
En el presente supuesto, la recurrente, estando en trámite de divorcio y a través de su letrado, solicita inscribir la finca comprada, pagada, según indica, con dinero privativo y admitiendo incluso, dicho representante, la inscripción parcial o incluso con carácter “presuntivamente ganancial”. La DG indica que: “A falta de prueba del Dcho belga…ningún obstáculo existe para que, habida cuenta de la solicitud de inscripción parcial que pide el recurrente en su escrito de impugnación, lo que procede es inscribir la compra “con sujeción a su régimen matrimonial, especificando que éste es el legal supletorio de comunidad vigente en Bélgica (de acuerdo con el art 92 RH)”.
Sin embargo, el Código Civil Belga (que es la norma que rige el matrimonio de la compradora) establece que, determinados actos de gestión patrimonial de uno de los esposos exigen, necesariamente, el consentimiento del otro. Dice el artículo 1418 del CC belga “Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 1417, el consentimiento de los dos esposos es preciso para: Adquirir, vender o gravar con derechos reales, los bienes susceptibles de hipoteca…” Y en este sentido dice Philippe de Page, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bruselas, en su Tratado de Régimen Matrimonial: “El art 1418 del Code Belge, hace referencia a ciertas operaciones importantes, susceptibles de poner gravemente en peligro los intereses morales de un esposo o incluso los económicos del patrimonio común”
Por tanto, aunque el acto realizado por la esposa, sin consentimiento del esposo, se pueda considerar, desde el punto de vista del Dcho belga, anulable por éste -al poder dañar el patrimonio todavía común- el Profesor De Page llega a más, al considerar la posible nulidad del acto, no consentido por el otro consorte y manifestar en su obra antes citada (“El Régimen Matrimonial” de la Editorial Bruylant, págs. 149 y ss.) “la violación de este artículo (1418) permite demandar la nulidad del acto, si el esposo, cuyo consentimiento no se ha obtenido o solicitado, justifica un interés legítimo que puede ser moral…La nulidad se debe solicitar, en el plazo de un año, desde que tuvo conocimiento o antes de la liquidación del régimen…”
Cuando los dos esposos han consentido el acto, la ley presume que el interés familiar y el del patrimonio común están salvaguardados…Por lo demás este consentimiento se prueba: – por la comparecencia de ambos en el acto; -por una autorización concedida previamente, si un esposo no comparece, o -por la renuncia respecto a la posible nulidad del acto o -una posterior ratificación de este”. ( “Le Regime Matrimonial” de Philippe De Page, Encargado de Tribunal en la Universidad Libre de Bruselas y director de Máster Complementario en el Notariado, de la Universidad Libre de Bruselas, Editorial Bruylant). (JLN)
Ver artículo de Vicente Martorell sobre el asentimiento del cónyuge y la confesión de privatividad.
PDF (BOE-A-2018-13371 – 6 págs. – 247 KB) Otros formatos
Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Cartagena n.º 3 a la inscripción de una adjudicación de herencia mediante instancia privada de heredero único. (JAR)
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Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Torrelavega n.º 1 a inscribir una escritura de constitución de edificio en régimen de propiedad horizontal. (JAR)
Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Bande, por la que se suspende la inmatriculación de una finca. (AFS)
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Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Terrassa n.º 2, por la que se procedió a la inscripción de un decreto de adjudicación y cancelación de cargas.
Resumen: Practicada la inscripción, no puede instarse recurso gubernativo ante la DGRN para su cancelación por nulidad de aquélla o del titulo, ni por falsedad ni por otras causas, debiendo acudirse a la vía judicial.
– Hechos: En 2015 se otorga una escritura de venta que se presenta a inscripción la cual se suspende por falta de acreditación de la liquidación de impuestos (ITPAJD e IIVTNU). La escritura ni se subsana ni se retira del registro por la compradora. Posteriormente se presenta e inscribe un Auto Judicial de adjudicación de la finca en procedimiento de ejecución hipotecaria seguido contra la vendedora.
– El Registrador: lógicamente califica negativamente, conforme al Ppio de legitimación (arts 1 y 38 LH) pués los asientos están bajo la salvaguarda de los Tribunales y solo ante ellos puede solicitarse su nulidad.
– El abogado de las partes: recurre exponiendo que el registrador no devolvió los títulos presentados ni comunicó los defectos a la compradora; y, además, expone una larga lista de hechos y argumentos para intentar demostrar que la adjudicación al rematante de la ejecución sería nula por fraudulenta y existir un fraude entre la adjudicataria y la entidad acreedora ejecutante.
– Resolución: La DGRN, como no podía ser de otro modo, desestima el recurso y confirma la calificación.
– Doctrina: Reitera, por citar las más recientes, las RR de 18 abril y 17 mayo de 2018 que el objeto del expediente de recurso gubernativo contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como resulta de los arts 19 y 19 bis LH, pero que practicado el asiento, al estar bajo la salvaguarda de los Tribunales solo ante ellos podrá obtenerse su nulidad. (ACM)
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Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la suspensión de la calificación de una escritura de compraventa por el registrador de la propiedad de Terrassa n.º 2, así como contra su calificación por la que se procedió a la inscripción de un decreto de adjudicación y cancelación de cargas
Resumen: Procede recurso contra el acuerdo del registrador por el cual suspende la calificación, bien por falta de liquidación del impuesto, bien por existir pendiente de despacho un título previo, pero no cabe contra un asiento ya practicado al estar bajo la salvaguarda judicial.
Hechos: Se solicita la inscripción de una escritura de compraventa presentada por el recurrente respecto de la que se había suspendido su calificación y que se anule una inscripción de un decreto de adjudicación y cancelación de cargas practicada en virtud de mandamiento judicial, así como una inscripción de compraventa posterior.
El registrador suspende la calificación por no acreditar el pago del impuesto considerando que al no haber emitido nota de calificación no es posible interponer recurso gubernativo.
Resolución: La Dirección General desestima el recurso interpuesto en los términos que veremos a continuación.
Doctrina: La DG reitera que en el caso de no haber presentado el documento ni en la oficina liquidadora de la Generalidad de Cataluña ni en el Ayuntamiento procede suspender la inscripción tal y como resulta del artículo 254 de la Ley Hipotecaria.
A continuación aclara que la suspensión de la calificación por parte del registrador, bien por no acreditarse la liquidación del impuesto (artículo 255, párrafo primero, de la LH), bien por existir pendiente de despacho un título previo (artículo 18, párrafo segundo, de la misma ley) es un acto ante el que se puede interponer recurso gubernativo ya que lo contrario supone violentar el principio de proscripción de la indefensión.
Asimismo en relación a la solicitud de anulación de la inscripción practicada deja claro dos cuestiones:
Que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores es exclusivamente determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, (artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria), pero no cualquier otra pretensión, como puede ser, en este caso, la cancelación de un asiento ya practicado, por considerar que se basa en una calificación errónea al estar esta materia reservada al conocimiento de los tribunales (artículo 66 de la Ley Hipotecaria) y
Que una vez practicado un asiento, se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud por la parte interesada o por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).
También solicitaba el recurrente la nulidad de una inscripción de compraventa posterior respecto de la que sería aplicable la doctrina anterior, aparte de que tal y como resulta del expediente la misma solo se hallaba asentada en el diario pero no inscrita en el Registro y sin que se pueda acordar la suspensión de la misma como medida cautelar, ya que ello sólo puede ser acordado por la autoridad judicial competente.
Comentarios: Con esta resolución se reitera que en el concreto ámbito del expediente del recurso gubernativo contra las calificaciones de los registradores no es posible en ningún caso “revisar la legalidad en la práctica de dicho asiento ni de la calificación positiva previa en que encuentran su fundamento los efectos de legitimación que dichos asientos generan”. (MGV)
PDF (BOE-A-2018-13376 – 18 págs. – 313 KB) Otros formatos
Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Ontinyent, por la que se suspende la inscripción de una adjudicación de finca como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria y la consiguiente cancelación de hipoteca. (CB)
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Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Madrid n.º 29, por la que suspende la inscripción de un testimonio de sentencia dictada en procedimiento ordinario ordenando la cancelación de determinadas inscripciones. (MGV)
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Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Cullera, por la que se suspende la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad de gananciales, aceptación y adjudicación de herencia. (JAR)
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Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Granada n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad conyugal y adjudicación de herencia. (JAR)
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Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad interino de Sevilla n.º 7, por la que se suspende la cancelación de una hipoteca. (CB)
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Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Tías a inscribir una escritura de compraventa. (AFS)
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Resumen: la declaración responsable sólo sustituye la licencia de uso o actividad pero no la licencia de obras, que es requisito necesario para la inscripción de la obra nueva declarada.
Hechos: se presenta en el Registro escritura pública de declaración de obra nueva terminada destinada a actividad comercial acompañado de los dos siguientes documentos: declaración responsable para actividades económicas y certificado de conformidad comprobación formal declaración responsable expedidos por el Ayuntamiento de Madrid.
El Registrador califica negativamente apreciando los siguientes defectos:
1º. No constan las coordenadas de referenciación geográfica de la parcela ni de la porción de suelo ocupada por la edificación. Este defecto no es objeto de recurso.
2º. No se incorpora licencia municipal de obras. El registrador opone que, conforme a la doctrina de la DGRN, la declaración responsable sólo sustituye la licencia de uso o actividad pero no la licencia de obras, que es requisito necesario para la inscripción de la obra nueva declarada, pues la inexigibilidad de licencia no es aplicable a la realización de las obras que exijan la redacción de un proyecto de obra conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación.
Doctrina: El Centro Directivo analiza en esta resolución el tipo de intervención administrativa que es exigible a efectos de permitir la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva en construcción con destino a edificio de uso comercial alimentario, en la ciudad de Madrid. El supuesto es sustancialmente idéntico al ya resuelto en la R. de 26 de febrero de 2018, resumido en el informe del mes de marzo de 2018. (ER)
PDF (BOE-A-2018-13576 – 18 págs. – 311 KB) Otros formatos
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Alcalá de Guadaíra n.º 2 a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y el correspondiente mandamiento de cancelación librados en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados. (MGV)
PDF (BOE-A-2018-13750 – 8 págs. – 258 KB) Otros formatos
Resumen: en los casos de ejecución sobre la vivienda habitual del deudor, la de que las costas exigibles al mismo no superen el 5% de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva, según establece con carácter imperativo el artículo 575.1 bis LEC. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, debiendo el Registrador rechazar el acceso al Registro de la adjudicación.
Hechos: se presenta en el Registro de la Propiedad un decreto de adjudicación acompañado de mandamiento de cancelación de cargas dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
La Registradora aprecia el siguiente defecto: “El importe de las costas tasadas supera el límite del 5% de la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva” con fundamento en el artículo 575.1 LEC.
Doctrina: Tras recordar el alcance de la calificación cuando se trate de documentos judiciales, el Centro Directivo realiza las siguientes afirmaciones:
1º. Es evidente que la privación de la titularidad de una finca como consecuencia del cumplimiento forzoso de una resolución judicial, solo puede llevarse a cabo por los trámites del procedimiento de apremio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho procedimiento sólo será reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del demandado que va a terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de ejecución.
2º. Entre esas garantías fundamentales está, en los casos de ejecución sobre la vivienda habitual del deudor, la de que las costas exigibles al mismo no superen el 5% de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva, según establece con carácter imperativo el artículo 575.1 bis LEC. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, debiendo el Registrador rechazar el acceso al Registro de la adjudicación.
3º. Han de computarse a los efectos de la aplicación del límite del 5%: los honorarios de defensa y representación técnica, la inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso y se incluye también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que se devenga en las facturas de honorarios de los abogados y procuradores que hayan intervenido en el procedimiento (artículos 241 y 243 LEC). (ER)
PDF (BOE-A-2018-13751 – 8 págs. – 257 KB) Otros formatos
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Santa Fe n.º 2 a practicar las cancelaciones de cargas posteriores a una anotación de embargo caducada ordenados en el correspondiente mandamiento judicial. (ACM)
PDF (BOE-A-2018-13752 – 9 págs. – 258 KB) Otros formatos
Resumen: Realizada la enajenación durante la fase de liquidación y presentado el correspondiente título a inscripción en el Registro de la Propiedad el registrador debe calificar la congruencia de ese título con las reglas de enajenación contenidas en el plan o con las reglas legales supletorias. Para llevar a cabo tal calificación, el registrador tiene que tener a la vista el plan de liquidación.
Hechos: se presenta a inscripción escritura de cesión onerosa de diversos créditos garantizados con hipoteca sobre inmuebles de los que es titular una entidad mercantil. Dicha entidad había sido declarada en concurso y se encontraba en fase de liquidación. En la escritura comparece la administración concursal y consta que mediante el oportuno auto dicado por el Juzgado de lo Mercantil se acordó el cese de los administradores sociales y la disolución de la sociedad. Dicha auto se exhibió al notario autorizante. Asimismo, se añade en la escritura calificada que el administrador concursal acreditaba a dicho notario su nombramiento y su aceptación por la exhibición de la credencial expedida por el secretario judicial.
La Registradora califica negativamente apreciando los dos siguientes defectos:
1º. Dado que no se prevé en el plan de liquidación aprobado judicialmente, la forma de enajenación de los créditos hipotecarios, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley Concursal, en cuyo apartado 2 remite para la enajenación de los demás bienes y derechos del concursado, en defecto de las previsiones del plan, a las disposiciones establecidas en la LEC para el procedimiento de apremio.
2º. No se ha determinado el precio de la cesión, al no conocerse el valor de recuperación del crédito previamente, ni fijarse regla alguna para su determinación, siendo así que conforme al art. 1445 CC, la cesión onerosa -compraventa- exige la fijación de un precio cierto, en los término señalados por el art. 1447 CC.
La DGRN estima parcialmente el recurso, respecto del segundo de los defectos impugnados, y lo desestima en cuanto al primer defecto.
1º. Realizada la enajenación durante la fase de liquidación y presentado el correspondiente título a inscripción en el Registro de la Propiedad ¿debe el registrador calificar la congruencia de ese título con las reglas de enajenación contenidas en el plan o con las reglas legales supletorias?. SÍ.
La Ley Concursal guarda silencio pero es competencia del Registrador calificar la validez del acto dispositivo; el Registrador debe calificar si la operación es o no conforme con el plan de liquidación aprobado por el juez, con o sin modificaciones, o, en defecto de aprobación o de específica previsión, con las reglas legales supletorias (artículos 18 LH, 148 y 149 LC).
2º. ¿Debe inscribirse el plan de liquidación en el Registro de la Propiedad?
– Cuando el auto aprobatorio del plan lo reproduzca íntegramente, el registrador podrá conocer ese plan si el auto se hubiera protocolizado como anejo en la escritura de compraventa del bien o del derecho.
– En los demás casos, será necesario aportar el correspondiente testimonio: la calificación del título presentado a inscripción exige que el registrador tenga a la vista el plan aprobado, sea el originariamente presentado por la administración concursal, sea el modificado por el juez.
3º. En el caso resuelto, la escritura de cesión de créditos calificada no incluye ninguna referencia al plan de liquidación si bien éste se ha acompañado a dicho título y debe por tanto ser objeto de interpretación para resolver la primera de las cuestiones planteadas, relativa a la forma de enajenación de los créditos hipotecarios pertenecientes a la sociedad concursada. Y, centrándonos en el caso de este expediente, señala el Centro Directivo que:
“En relación con los créditos hipotecarios objeto de enajenación, ciertamente, según el artículo 334.10 del Código Civil, la hipoteca sobre inmuebles es un bien inmueble, y el crédito queda reforzado con la hipoteca (mayor plazo de prescripción, ventajas en caso de concurso, procedimiento de ejecución), pero debe tenerse en cuenta que, habida cuenta de la accesoriedad de la hipoteca, ésta no es un valor patrimonial distinto del crédito cedido, que tiene naturaleza mueble, de modo que la transmisión de la hipoteca es un simple efecto anexo o colateral de la transmisión del crédito (cfr. artículo 1528 del Código Civil)” (…). “de una interpretación adecuada del plan de liquidación aprobado judicialmente resulta que se contempla un procedimiento para realizar el valor de los créditos de que es titular la sociedad concursada. (…) Lo que ocurre es que aun cuando el recurrente afirma en su escrito de impugnación que tales reglas se han respetado, es un extremo del que ni siquiera se expresa nada en la escritura calificada y, por tanto, no pudo ser tenido en cuenta en el momento de la calificación. Por ello, habida cuenta de los términos de la escritura calificada no puede comprobarse si la cesión de créditos documentada se ha realizado conforme a las referidas reglas contenidas en el plan de liquidación aprobado por el juez”.
4º. El precio de la cesión de los créditos.
La Registradora aprecia el siguiente defecto en relación con el precio: “No se ha determinado el precio de la cesión, al no conocerse el valor de recuperación del crédito previamente, ni fijarse regla alguna para su determinación, siendo así que conforme al art. 1445 CC, la cesión onerosa -compraventa- exige la fijación de un precio cierto, en los término señalados por el art. 1447 CC”. La DGRN revoca este defecto al considerar que dado que el precio convenido está constituido por una cantidad fija a la que se añade un porcentaje del valor que cobrado de los créditos que se cobren, el precio es cierto por referencia a otra cantidad que aun cuando no es determinado, sí que es determinable objetivamente sin necesidad de un nuevo convenio entre las partes. (ER)
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Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Martorell n.º 1, por la que suspende la inscripción de un mandamiento de cancelación de cargas expedido en procedimiento de ejecución directa de bienes hipotecados. (MGV)
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Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Elda n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de ampliación y final de obra. (JAR)
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asientos ya practicados, objeto recurso gubernativo, suspensión de la calificación
JavierOnate 09/10/2018 en 20:24
Interesante comentario de Jorge López Navarro sobre el CC belga (que originariamente era el de Napoleón).
Sin embargo sería necesario conocer la jurisprudencia belga en un caso como el de la Resolución. En España, habiéndose entablado un pleito de divorcio, se considera extinguida la sociedad de gananciales y aunque no se puedan vender los bienes gananciales sin previa liquidación o consentimiento común, los bienes que se adquieren ya no son gananciales.
Por tanto la solución de la DGRN es ortodoxa y la única posible. Luego, en el momento de la enajenación o gravamen será el momento de probar si el cónyuge adquirente puede o no vender sin el consentimiento de su (ex) cónyuge.
El problema no habría existido si el adquirente hubiera manifestado que estaba soltero. En caso de estar divorciado, quizás podría tener sentido solicitar la acreditación de tal estado.

References: Resolución 
 artículo 92
 artículo 1418
 artículo 1417

Resolución 

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Resolución 
 artículo 254
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Resolución 

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Resolución 
 artículo 575
 artículo 575
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 artículo 575

Resolución 
 artículo 149
 artículo 334
 artículo 1528

Resolución 

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