Source: https://www.elderecho.com/foro_legal/penal/Anteproyecto-agilizacion-acotamiento-temporal-instruccion_12_790185001.html
Timestamp: 2018-08-14 06:32:34+00:00

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Anteproyecto de agilización de la justicia penal: el acotamiento temporal de la fase de instrucción
Desde el inicio de la presente legislatura, y de igual forma que durante el transcurso de la anterior, los sucesivos equipos ministeriales de Justicia han acometido la redacción de diferentes textos para una nueva norma procesal penal, que pudiera reemplazar a la vetusta Ley de enjuiciamiento criminal vigente.
Si en el año 2011 se redacta un Anteproyecto que no llega a ver la luz, en el 2012 una comisión de juristas designada al efecto por el Ministerio de Justicia, elabora el que se denominó «Código Procesal Penal» que aunque como tal, parece va a seguir la misma suerte que el proyecto anterior (...) determinados preceptos de su contenido se han reproducido casi textualmente, en un nuevo Anteproyecto de Ley de -enésima- modificación de la LECr, especialmente ordenado hacia «la Agilización de la Justicia Penal, el Fortalecimiento de las Garantías Procesales y la Regulación de las Medidas de Investigación Tecnológicas», tal y como reza su título.
Aprobado por Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre, la Exposición de Motivos razona su oportunidad (...) «en tanto se mantiene el debate para encontrar el máximo acuerdo posible sobre el nuevo modelo procesal penal» que diseña el citado Código Procesal Penal; y justifica su contenido en «la necesidad de establecer disposiciones eficaces de agilización de la justicia penal, con el fin de evitar dilaciones indebidas».
En esta línea el pre-legislador acomete la reforma de determinados preceptos, y entre ellos, se plantea en este Foro la que se dispone en el Anteproyecto en torno a la necesidad de acotar temporalmente, el desarrollo de la fase de instrucción de los delitos (...). Cuestión que se aborda concretamente con la reforma del art.324 LECr, que quedaría redactado como sigue:
2. Si la investigación es compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que podrá ser prolongado por igual plazo o por uno inferior por el Juzgado de Instrucción, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, cuando menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo.»
Si en términos abstractos, de cara a los ciudadanos y a la sociedad, puede parecer ésta una solución adecuada y directamente orientada al logro de la efectividad de la tutela judicial, lo cierto es que en el ámbito de opinión de los diferentes operadores jurídicos, conocedores de la realidad judicial en que se desarrolla su respectiva actividad (...) la pretendida reforma provoca cierta polémica, que llega incluso a cuestionar no ya su aptitud para el objetivo que -según se dice- se pretende, sino la de crear espacios de impunidad real, como consecuencia de la imposibilidad de concluir las diligencias propias de la instrucción, en los plazos previstos.
Así se deduce claramente de mayoría de las respuestas ofrecidas a la cuestión planteada, por los componentes de nuestro Foro.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de febrero de 2015.
El anteproyecto de LO de modificación de la LECr modifica el art.324 -EDL 1882/1-, con la finalidad según el preámbulo de agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.
Este comentario se enfoca desde la perspectiva del Instructor partiendo de la necesidad de abreviar que no acotar la instrucción. De una primera lectura de la reforma, en relación con la realidad, se concluye que tal y como está planteada convierte lo ordinario en extraordinario.
Si la reforma se limita a establecer plazos para la instrucción, diferenciando los asuntos sencillos de los complejos, añadiendo trámites, la resolución que acuerde las sucesivas prórrogas será susceptible de recursos, la reforma será inoperante. La brevedad de la instrucción depende básicamente de la creación de órganos y la dotación de medios, acortándose los plazos sin necesidad de fijar límites.
Lo cierto es que en la actualidad, un asunto sencillo de salud pública, si el imputado está preso, la instrucción cumpliría en principio el nuevo plazo, si está en libertad, el informe de la sustancia tarda unos 8 meses, siempre que no se trate de una sustancia no frecuente, en cuyo caso puede prolongarse hasta una año, conforme a la nueva regulación del anteproyecto, hay que preguntarse si el análisis de la sustancia es de los calificados como complicado (LECr art.324.2. d -EDL 1882/1-). En un robo con fuerza cuya única prueba sea ADN, tardará aproximadamente un año. La imprudencia médica que dependa de un informe pericial de especialista, sólo el nombramiento de este y la aceptación del cargo puede prolongarse de tres a cuatro años, el informe de traumatología, en Madrid, lleva un demora de 12 a 18 meses, en un juicio de faltas. Sin olvidar las posibles comisiones rogatorias necesarias en instrucciones sencillas, o los informes periciales contables en estafas no complejas, e incluso la instrucción de los delitos fiscales que se prologan de 3 a 5 años.
En la reforma no se determina que investigación es compleja y cual no, ni en qué momento se determina la complejidad, el tema no es inocuo, ya que el plazo que se establece para la instrucción se computa desde el auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, y parece lógico que una investigación sencilla pueda convertirse en compleja, pero precisará una resolución susceptible de recurso y aún cuando nada se dice del régimen de recursos, serán de aplicación el régimen general , lo que conlleva más trámites, salvo que el legislador reduzca los recursos durante la instrucción o se acumulen cuando se clausure.
Por otra parte la reforma no regula las consecuencias legales de sobrepasar los plazos y sucesivas prórrogas, se limita a señalar que se procederá conforme a lo dispuesto en la LECr art.779 -EDL 1882/1-. Es cierto que este límite no es novedoso en los países de nuestro entorno, pero en nuestro caso, esta renuncia del Estado a ejercer la acción penal, no determina las consecuencias, ni los supuestos en que procederá la reapertura, ni cómo debe actuar el Instructor en los casos de sobreseimiento provisional por autor desconocido o no localizado, ¿se podrán reabrir las actuaciones, trascurridos los plazos del nuevo art.324? ¿Existen causas de reapertura de las actuaciones? ¿Es una prescripción encubierta? No se establecen las consecuencias para las víctimas.
Habrá que esperar a la publicación de la reforma y su puesta en práctica. La experiencia nos muestra que no hay brevedad sin recursos materiales, pudiendo quedar la reforma en papel mojado, con trámites ficticios que suponen un incumplimiento encubierto de la Ley.
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Agilización de la Justicia Penal, el Fortalecimiento de las Garantías Procesales y la Regulación de las Medidas de Investigación Tecnológicas (en adelante, AMLECrim) adoptado por el Consejo de Ministros introduce una modificación en el art.324 LECr actualmente vigente -EDL 1882/1-, en el sentido de establecer un plazo máximo, a contar desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, para la práctica de las diligencias de instrucción. El nuevo texto propuesto para el art.324 LECr reproduce casi literalmente los aptdo 1 a 4 del art. 127 de la Propuesta de Código Procesal Penal (en adelante, PCPP) presentado por la Comisión Institucional constituida en marzo de 2012, con la salvedad de adaptar este último precepto a un sistema en que la investigación en la fase previa al juicio oral es dirigida por el Juez de Instrucción (y no por el Ministerio Fiscal, como en el modelo adoptado por la PCPP).
En línea de principio debo señalar que la idea de fijar un plazo máximo al que deben sujetarse los órganos estatales encargados de la investigación en la fase previa al juicio oral (ya sea el Juez de Instrucción o el Ministerio Fiscal) para llevar a cabo las diligencias necesarias a los efectos del esclarecimiento del delito me parece positiva, en la medida en que ello supone una mayor protección de los derechos e intereses del imputado -quien no se vería sometido de forma indefinida a las consecuencias negativas en su esfera jurídica que se derivan de la prolongación de la instrucción sumarial-, es coherente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas consagrado en la CE art.24.2, y permite evitar los efectos perniciosos que la excesiva separación temporal entre el momento de la comisión del delito y el de su enjuiciamiento tiene para el sistema de justicia penal en su conjunto. De hecho, no es excepcional que los ordenamientos procesales penales de los países de nuestro entorno establezcan la limitación de la duración de la fase de investigación previa al juicio oral en sus leyes procesales (p.ej. art.405 a 407 del Código Procesal Penal Italiano). En este mismo sentido, las dos últimas propuestas articuladas para una nueva ley procesal penal en España han optado por fijar un límite temporal máximo a la actividad investigadora previa al juicio oral, ya que, además del ya citado art.127 PCPP, también se estableció un límite a la duración del procedimiento de investigación en los art.481 a 484 del Anteproyecto de LECrim elaborado en 2011.
Sin embargo, creo que cualquier propuesta de limitación temporal del procedimiento de investigación debe ser realista a la vez que flexible para acomodarse a las circunstancias específicas del concreto sistema procesal en el que está llamada a operar, lo que supone valorar no solo las particularidades estructurales de dicho sistema, sino además otros factores adicionales como los recursos disponibles por el mismo y la carga de trabajo que soportan los operadores jurídicos encargados de la función investigadora (como consecuencia, en parte al menos, de esas particularidades estructurales), especialmente si la consecuencia del agotamiento del plazo fijado para la investigación consiste en la falta de validez de las diligencias investigativas realizadas o acordadas una vez vencido este plazo. A nadie se escapa que el acotamiento temporal del procedimiento de investigación de forma poco realista y flexible puede provocar un efecto no deseado de impunidad generalizada, que afectará normalmente a formas delictivas particularmente graves y generadoras de rechazo social (como la criminalidad organizada o económica o los delitos relacionados con la corrupción), por la complejidad de las tramas objeto de investigación para el esclarecimiento de los hechos.
Un primer examen de la regulación que se propone para la limitación temporal del procedimiento de instrucción por medio del AMLECrim permite constatar, a mi juicio, algunas graves deficiencias, entre las que -sin ánimo de exhaustividad- destacaría las siguientes: a) la fijación de un plazo genérico excesivamente corto (6 meses), claramente desconectado de la situación real de sobrecarga de trabajo que soportan la mayor parte de los tribunales de la jurisdicción penal en España y que no queda sujeto a la posibilidad de prórroga ordinaria, sino tan solo a la prórroga excepcional del nuevo art.324.5 LECr -EDL 1882/1-; b) la falta de regulación expresa de las consecuencias que se derivan de la práctica de las diligencias de investigación una vez agotado el plazo máximo o las prórrogas acordadas por el Juez de Instrucción; c) el carácter objetivo de las circunstancias que permiten la aplicación del plazo más extenso de 18 meses, que se vincula únicamente a la supuesta complejidad de la investigación, sin valorar la posibilidad de que el imputado obstaculice la investigación con su comportamiento o intente eludir la acción de la justicia (situándose en paradero desconocido, p. ej.); y d) la limitación de la posibilidad de práctica de las diligencias complementarias que resulten indispensables a juicio del Ministerio Fiscal o de las partes acusadoras, una vez que el Juez de Instrucción haya decidido que se siga el trámite de preparación del juicio oral en el denominado procedimiento abreviado (LECr art.779 y 780), tal como se desprende del tenor del nuevo art.324.6 LECr.
Se nos pregunta en esta ocasión por una cuestión de candente actualidad jurídica dado que se ha producido tras los cambios producidos en el Ministerio de Justicia, en uno de los proyectos más importantes que en materia jurídica tiene entre manos el actual ejecutivo.
Quizás fuese deseable una reforma más ambiciosa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1-, que como todos sabemos constituye una norma de gran calado y calidad, pero obsoleta, que da respuesta a una delincuencia decimonónica en el seno de una sociedad agrícola, pero que en modo alguno es un instrumento útil para la instrucción y juicio de las formas modernas de delincuencia, y muy especialmente de los asuntos complejos basados en la delincuencia organizada, y en uno de los lastres de la actualidad de los juzgados españoles, la corrupción.
Desterrada la idea de abordar en esta legislatura una nueva ley en su integridad, el anteproyecto que se somete a debate, contempla dos medidas importantes, a saber, la intervención telefónica con anterioridad a la autorización judicial en supuestos de extrema urgencia, y la fijación de un plazo máximo a la instrucción de los procesos.
Aunque lo primero no es expresamente objeto de este foro me gustaría recalcar que coincido con el análisis que del mismo ha elaborado el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, conforme al cual las dudas de su constitucionalidad son serias, ya que nuestra Constitución prevé en su art.18 -EDL 1978/3879- el secreto de las comunicaciones como un elemento esencial de nuestro ordenamiento jurídico, sin más excepción que la contempla el art.55.2 de nuestra Carta Magna conforme al cual una Ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, el derecho puede suspenderse para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, excepción rotunda y clara, de la que difícilmente se puede salir mediante ninguna reforma legal como la que pretende el actual ejecutivo, y que básicamente consistía en que el Ministro del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad pudieran ordenarlo en caso de urgencia en investigación de delitos de organizaciones criminales, contra menores u otros que puedan ser considerados de especial gravedad, comunicándolo al Juez en veinticuatro horas, quien en el plazo de setenta y dos tendría que convalidarlo o anularlo.
En cuanto al plazo máximo para la instrucción de los delitos, he de advertir que el mismo se contempla por lo general en aquellos ordenamientos en los que la instrucción recae en manos del Ministerio Fiscal, tal y como en su momento se pretendió por el anterior Ministerio de Justicia. Ello es así, porque cuando dicha instrucción compete a la Fiscalía General del Estado, no se inicia la judicialización de la misma, sin que antes el Ministerio Fiscal cuente con toda la documentación precisa para iniciar esa fase procesal. Por ello una vez se advierte la apertura de la instrucción al Juez, el plazo comienza a correr y es perentorio.
Por dicho motivo el Poder Judicial evidencia los problemas que puede suscitar la existencia de un plazo máximo de la instrucción en un proceso judicial tal y como aparece redactado en el anteproyecto, seis meses para las instrucciones ordinarias y dieciocho para las extraordinarias. Creo que todos estamos conformes con la bondad de la existencia de un plazo máximo de instrucción, máxime cuando el que contempla actualmente la ley para el sumario es ridículo y hasta eufemístico, no existiendo plazo alguno para el procedimiento abreviado, cuyo propio nombre se antoja bastante lejano a la práctica. Ahora bien lo verdaderamente importante de los plazos máximos de instrucción no es tanto el plazo en sí, como las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear.
El no poder contar con una respuesta categórica para lo anterior, genera sin lugar a dudas una tremenda inseguridad jurídica, pues no sabemos qué valor tendrían las diligencias practicadas fuera de plazo, ni lo que es peor, que suerte correría el ejercicio de la acción penal, algo que evidentemente tiene que estar fuera de toda duda. Al margen de lo anterior también es importante que se permita la reapertura si surgiesen elementos nuevos que pudieran afectar gravemente al proceso, la posibilidad de prorrogar la instrucción ordinaria al igual que está prevista para las causas más complejas y que la prórroga pueda ser solicitada por todas los partes personadas en el proceso penal.
Fijar plazos máximo de seis meses , dieciocho meses para causas complejas, es una opción del legislador en la que ha primado criterios de oportunidad, proporcionalidad y eficacia, sobre todo teniendo en cuenta que la finalidad de la instrucción es preparar el juicio, que en esencia es el acto más relevante del procedimiento penal, por lo que esta fase de instrucción no puede tener carácter decisivo ni dilatarse, sino que tiene que ser rápida, con ello se posibilitará conforme señala en la CE art.24.2 -EDL 1978/3879- y el CEDH art.5.3 y 6.1, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En consecuencia, aplaudimos la constancia de los plazos, pero es preciso conocer las consecuencias de su más que previsible incumplimiento en atención al estado actual de la Justicia penal.
No es preciso acudir a la conocida frase de que una justicia lenta no es justicia, para evidenciar el interés que toda la sociedad, y entre ella, por supuesto, el operador jurídico, tiene en que los procesos, en todas las ramas del derecho, se desarrollen con prontitud dando una adecuada respuesta al conflicto a resolver.
Por ser la que afecta con mayor intensidad a los derechos fundamentales de las personas, la justicia penal ha sido en este aspecto ciertamente criticada, y por ello, el intento del legislador de adoptar medidas que agilicen el desarrollo del proceso penal, es un objetivo que todos acogemos con esperanza. No obstante lo anterior, acotar temporalmente la fase de instrucción, es algo que sólo podemos compartir desde un punto de vista abstracto, pues la propia estructura del proceso penal, la finalidad que persigue en defensa del interés público y de dar una correcta resolución a los asuntos, junto a la necesidad de salvaguardar los derechos de las partes, y la innegable realidad de escasez de medios personales y materiales, no solo de los juzgados de instrucción, sino de los cuerpos, organismos e instituciones colaboradores, nos impiden mostrarnos abiertamente a favor de su imposición.
En nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1-, son muchas las actuaciones que en fase de instrucción están sometidas a plazos, y desafortunadamente, no siempre los mismos pueden ser cumplidos, sin que ello suponga dejadez por parte de los que estamos llamados a respetarlos. Así, y por poner un ejemplo, resulta más que difícil que, en todos los muchos procedimientos de los que al mismo tiempo conoce un Juez de Instrucción, éste pueda dictar los autos «en el día siguiente al en que se hubiesen entablado las pretensiones que por ellos se hayan de resolver» (LECr art.204), o que se logre que las notificaciones se practiquen, «lo más tarde al siguiente día de dictada resolución que deba ser notificada» (LECr art.207), máxime cuando de particulares, ya sean testigos o imputados, se trata. El intento de cumplir estos plazos, entra en colisión con la realidad: el Juez de Instrucción, los Secretarios Judiciales y los Fiscales que activamente participamos en la misma, debemos compaginar el estudio de cada problema investigado y su celeridad en su resolución, cuando la sobrecarga de trabajo queda evidenciada, aunque sólo considerásemos las estadísticas, sin entrar en la complejidad de cada asunto.
La celeridad en la instrucción está condicionada también por todos aquellos que están llamados a colaborar en la misma. Es raro el procedimiento, por poco complejo que pueda parecer, que no requiera de una pericia, no sólo del más que insuficiente cuerpo de médicos forenses, sino de la policía científica, en sus distintas secciones de identificación lofoscópica, documentoscopia, balística, ADN, toxicología (...), por no hablar de aquellos otros profesionales llamados a colaborar en determinados asuntos con la administración de justicia.
Junto a ello, la dificultad de conseguir que una persona denunciada o imputada -si es que puede ser localizada- comparezca voluntariamente ante el Juez de Instrucción para la práctica de diligencias imprescindibles, o que los testigos acudan al primer llamamiento, añaden otro factor que condiciona la pretendida celeridad en la investigación.
El problema de fijar un plazo máximo para concluir la fase de instrucción es que en la práctica, son tantas las consideraciones a tener en cuenta, como tantas las variables sobre las que habría de desarrollarse la determinación de los plazos y sus prórrogas, y aún así, siempre surgiría un factor imprevisible que dificultaría su cumplimiento.
Destacaremos entre las respuestas emitidas, la única que se pronuncia de manera más favorable a la reforma (...) «aplaudimos la constancia de los plazos», que deduce que fijar en la instrucción «es una opción del legislador en la que han primado criterios de oportunidad, proporcionalidad y eficacia (...) y con ello, se posibilitará conforme señala el artículo 24.2 CE -EDL 1978/3879- y los artículos 5,3 y 6,1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -EDL 1979/3822-, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas».
Se aduce en dos de las respuestas emitidas, que «no es excepcional que los ordenamientos procesales penales de los países de nuestro entorno, establezcan la limitación de la duración de la fase de investigación previa al juicio oral en sus leyes procesales (p.ej. el Código Procesal Penal Italiano o el Anteproyecto de LECrim elaborado en 2011)» que se suele vincular «por lo general, a aquellos ordenamientos en los que la instrucción recae en manos del Ministerio Fiscal... porque no se inicia la judicialización de la misma, sin que el Fiscal cuente con toda la documentación precisa para iniciar esa fase procesal...y por ello, una vez se advierte la apertura de la instrucción al Juez, el plazo comienza a correr, y es perentorio».
Y aún no discutiéndose que «la finalidad de la instrucción es preparar el juicio, que en esencia es el acto más relevante del procedimiento penal (...) y esta fase de instrucción no puede tener carácter decisivo ni dilatarse, sino que tiene que ser rápida» (...) merece en este punto destacarse el enfoque de la respuesta emitida «desde la perspectiva del Instructor» que aporta datos irrefutables, conocidos además por todos los operadores que concurren procesalmente en dicha fase:
«en la actualidad, en un asunto sencillo de salud pública, si el imputado está en libertad, el informe de la sustancia tarda unos 8 meses, siempre que no se trate de una sustancia no frecuente, en cuyo caso puede prolongarse hasta una año (...). En un robo con fuerza cuya única prueba sea ADN, tardará aproximadamente un año. La imprudencia médica que dependa de un informe pericial de especialista, sólo el nombramiento de éste y la aceptación del cargo, puede prolongarse de tres a cuatro años. El informe de traumatología, en Madrid, lleva un demora de 12 a 18 meses, en un juicio de faltas. Sin olvidar las posibles comisiones rogatorias necesarias en instrucciones sencillas; o los informes periciales contables en estafas no complejas, e incluso la instrucción de los delitos fiscales que se prologan de 3 a 5 años.»
Así las cosas, la mayoría de las respuestas concluyen que «si en línea de principio... la idea de fijar un plazo máximo al que deben sujetarse los órganos estatales encargados de la investigación en la fase previa al juicio oral (ya sea el Juez de Instrucción o el Ministerio Fiscal) para el esclarecimiento del delito (...) parece positiva» (...) «acotar temporalmente la fase de instrucción, es algo que sólo podemos compartir desde un punto de vista abstracto, pues la propia estructura del proceso penal, la finalidad que persigue en defensa del interés público y de dar una correcta resolución a los asuntos, junto a la necesidad de salvaguardar los derechos de las partes, y la innegable realidad de escasez de medios personales y materiales, no solo de los juzgados de instrucción sino de los cuerpos, organismos e instituciones colaboradores, nos impiden mostrarnos abiertamente a favor de su imposición».
Todas las respuestas alertan además sobre que «lo verdaderamente importante de los plazos máximos de instrucción no es tanto el plazo en sí, como las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear» y su falta de regulación en el texto de la reforma que «en relación con la realidad, tal y como está planteada, convierte lo ordinario en extraordinario (...) pues si se limita a establecer plazos para la instrucción, diferenciando los asuntos sencillos de los complejos, añadiendo trámites, pues la resolución que acuerde las sucesivas prórrogas será susceptible de recursos, y la reforma será inoperante».
Por otro lado «a nadie se escapa, que el acotamiento temporal del procedimiento de investigación de forma poco realista y flexible, puede provocar un efecto no deseado de impunidad generalizada, que afectará normalmente a formas delictivas particularmente graves y generadoras de rechazo social (como la criminalidad organizada o económica o los delitos relacionados con la corrupción), por la complejidad de las tramas objeto de investigación para el esclarecimiento de los hechos.»
Se concluye de manera crítica: «la brevedad de la instrucción depende básicamente de la creación de órganos y la dotación de medios, acortándose los plazos sin necesidad de fijar límites»; el tenor de la reforma que se aborda aparece «claramente desconectado de la situación real de sobrecarga de trabajo que soportan la mayor parte de los tribunales de la jurisdicción penal en España».

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 artículo 24
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