Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A091-09.htm
Timestamp: 2017-11-24 01:43:00+00:00

Document:
A091-09
Auto 091/09
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO DE FAMILIA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Acción de tutela por considerar que resolución contra DMG y ser inversionista de dicho grupo vulnera el derecho al debido proceso
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS DEL ORDEN NACIONAL O AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN DEPARTAMENTAL-Conocimiento por jueces de circuito o con categoría de tales en primera instancia/SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Entidad del orden nacional del sector descentralizado por servicios
ACCION DE TUTELA CONTRA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Facultades atribuidas en virtud de la declaratoria de estado de emergencia social
ACCION DE TUTELA CONTRA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Competencia de Tribunal Administrativo o Tribunal Superior como superiores funcionales
ACCION DE TUTELA-Competencia de todos los jueces de la República/PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS-No se puede declinar la competencia después de avocar el conocimiento pues su propósito es garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-No es susceptible de anulación mientras actúa en ejercicio de las funciones jurisdiccionales conferidas por el Decreto 4334/08
ACCION DE TUTELA CONTRA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Competencia de Tribunal Administrativo
Referencia: expediente ICC-1352
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Familia de Neiva y la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila
Acción de tutela de Carlos Alberto Mosquera Perdomo contra la Superintendencia de Sociedades.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil nueve (2009)
1. Carlos Alberto Mosquera Perdomo interpone acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades, por considerar que al haber dictado la resolución 400014079, contra DMG, y al ser él inversionista de dicho grupo, le vulneran su derecho fundamental al debido proceso.
2. El veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008), el Juzgado Segundo de Familia de Neiva se abstuvo de conocer la acción de tutela. En su concepto, la acción de tutela iba dirigida además contra el Presidente de la República y, por esa razón, debía repartirse ante los tribunales superiores de distrito, tribunales administrativos y consejos seccionales.
Expresa que, en caso de no ser aceptada su interpretación por los tribunales, propone de antemano conflicto de competencias.
3. El veintisiete (27) de noviembre del mismo año, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, se rehusó a conocer del amparo. A su juicio, aunque el concepto del Juzgado Segundo de Familia de Neiva es respetable, no es acertado, pues “es clara la pretensión de la parte actora en la acción y en la solicitud especial de medida cautelar que interpone, consistentes en la suspensión inmediata y urgente de la aplicación del auto de fecha 17 de Noviembre de 2008 proferido por el accionado SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y en declarar la nulidad del mismo”. Por esa razón, y de conformidad con el artículo 1°, numeral 1°, inciso 2° del Decreto 1382 de 2000, estimó que le corresponde conocer de la acción de tutela, por reparto, a los jueces de circuito o con categoría de tales, pues la Superintendencia aludida es una entidad del orden nacional, del sector descentralizado por servicios. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que desatara el conflicto de competencia.
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre el Juzgado Segundo de Familia de Neiva y la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila.
2. La acción de tutela fue presentada contra la Superintendencia de Sociedades. La actuación que supuestamente amenaza o viola los derechos fundamentales del peticionario, fue dictada en ejercicio de una facultad jurisdiccional, atribuida por el Decreto 4334 de 2008, ‘por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008’[2]. Por consiguiente, en principio parecería aplicable el último inciso del numeral 2°, artículo 1° del Decreto 1382, que prescribe, de modo específico:
“[c]uando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1° del presente artículo”.
Si se diera aplicación a ésta última norma, el reparto debería hacerse de conformidad con el artículo 1°, numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382, que prescribe: “[a] los Jueces del Circuito o con categoría de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”. Esto sería así, debido a que la Superintendencia de Sociedades es una entidad del orden nacional, del sector descentralizado por servicios.[3]
No obstante, a juicio de la Corte es necesario tomar en consideración el contexto jurídico en el cual se enmarca la expedición de los actos cuestionados por el amparo. De ese modo, puede advertirse, en primer lugar, que las facultades fueron atribuidas en virtud de la declaratoria de un estado de emergencia social.[4] En segundo lugar, que los actos de intervención o de toma de posesión para devolver –que originan, en este caso, la presentación del amparo- no tienen recurso alguno.[5] En tercer lugar, que si no tienen recurso alguno, el medio de defensa expedito, sucedáneo del recurso de apelación, es la acción de tutela (art. 86, C.P.).[6] En cuarto lugar, que de no haber sido por el estado de emergencia social, esas facultades estarían radicadas, en principio, en los jueces de circuito.[7]
De ese modo, puede apreciarse que si se aplicaran las reglas de reparto desatendiendo el contexto en el cual se confirieron las facultades jurisdiccionales, las tutelas contra la Superintendencia de Sociedades, por actuaciones surtidas en desarrollo del proceso de intervención, serían conocidas por el juez que ordinariamente tomaría las decisiones –es decir, el juez de circuito-, y no por el superior funcional –es decir, el Tribunal Superior o el Tribunal administrativo-. Sin embargo, por tratarse del recurso específico que puede dirigirse contra dichas actuaciones, debería conocer de él el superior funcional del juez de circuito, pues es la autoridad judicial desplazada por la Superintendencia.
En consecuencia, el reparto debe efectuarse ante los tribunales administrativos o tribunales superiores de distrito judicial, por ser los superiores funcionales de la autoridad judicial desplazada por la Superintendencia Sociedades, en este caso concreto.
3. Ahora bien, la Corte debe clarificar que esta es una regla de reparto, que no asigna competencias, ya que todos los jueces de la República son competentes para conocer de las acciones de tutela (arts. 86, C.P. y 37 del Dcto 2591 de 1991).[8] Por otra parte, debe anotar que un juez, después de asumir competencia para conocer de una tutela, no puede declinarla, argumentando que las reglas de reparto no fueron observadas debidamente. Después de avocar conocimiento, rige el principio de la prepetuatio jurisdictionis, cuyo propósito es el de garantizar “la protección inmediata” de los derechos fundamentales (art. 86, C.P.).
De tal suerte, las acciones de tutela dirigidas contra la Superintendencia de Sociedades, mientras actúa en ejercicio de las funciones jurisdiccionales conferidas por el Decreto 4334 de 2008, que ya hayan sido resueltas, o estén en trámite de resolución, por autoridades judiciales distintas de los tribunales administrativos o de distrito, son válidas, ya que se surtieron ante un juez competente y, en consecuencia, no son susceptibles de anulación.[9]
4. Así pues, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[10] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia[11] y el respeto a los derechos fundamentales de Carlos Alberto Mosquera Perdomo,[12] la Corte Constitucional ordenará en el presente caso, de acuerdo a la reglamentación y su jurispru­dencia, remitir el expediente a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila.
Primero.- REMITIR, por intermedio de Secretaría General, el expe­diente de la referencia a Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, para que ejerciendo sus competencias constitu­cionales y legales, resuelva la acción de tutela de Carlos Alberto Mosquera Perdomo contra la Superintendencia de Sociedades.
Segundo.- COMUNICAR, por medio de Secretaría General, el presente auto al Juzgado Segundo de Familia del Huila, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia de la presente providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 091 DE 2009
Referencia: ICC-1352
Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo de Familia de Neiva y la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila
Magistrada Sustanciadora (E):
[2] Dice el artículo 3° del Decreto 4334 de 2008: “Artículo 3°. Naturaleza. El presente procedimiento de intervención administrativa se sujetará exclusivamente a las reglas especiales que establece el presente decreto y, en lo no previsto, el Código Contencioso Administrativo. Las decisiones de toma de posesión para devolver que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter jurisdiccional”.
[3] Concuérdense el artículo 38.2.c) de la Ley 489 de 1998, y el artículo 1° del Decreto 1080 de 1996, que define a la Superintendencia de Sociedades como “un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio”.
[4] Declarado por el Decreto 4333 de 2008.
[5] El artículo 3° del Decreto 4334 de 2008 dice específicamente que las decisiones proferidas en la toma de posesión para devolver “que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter jurisdiccional” (Subrayas añadidas).
[6] El artículo 86 de la Carta dice que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (Subrayas añadidas).
[7] De hecho, el artículo 14 del Decreto 4334 dice, expresamente: “Artículo 14. Las actuaciones remitidas a los jueces civiles de circuito por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde no se hubiere avocado conocimiento, trasladados con ocasión de lo previsto en el Decreto 1228 de 1996, deberán ser enviadas a la Superintendencia de Sociedades para que asuma competencia en los términos de éste Decreto”.
[8] Auto 071 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] Cfr., los Autos 262 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y 157 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el primero de ellos, la Corte dijo: “el Tribunal Administrativo del Cauca decidió avocar el conocimiento de la acción interpuesta mediante auto del 13 de septiembre de 2005, radicándose de esa manera la competencia (a prevención) en esa colegiatura, que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis no puede ser alterada, dado que si ello ocurriera se afectarían gravemente la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. || En este orden de ideas, el juez individual o colegiado de instancia en quien se radicó la competencia para decidir la acción de tutela no puede, so pretexto de observar una regla de reparto,[9] suspender el trámite constitucional y omitir el pronunciamiento respectivo. En este contexto tiene aplicación la prohibición contenida en el artículo 86 Superior al establecer que ‘En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución’”. En el segundo Auto, la Corte Constitucional dejó sin efecto una declaración de nulidad, que había tenido como causa la decisión de tutela proferida por un juez al que no le correspondía el reparto.
[10] Constitución Política de Colombia, artículos 86 y 241; Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), artículo 43.
[11] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia), artículo 4° (Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumpli­miento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar) y artículo 7° (Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley).
[12] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia), artículo 9°.- Respeto de los derechos. Es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 116
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 86
 artículo 14
 artículo 86
 artículo 43
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 9