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Timestamp: 2018-01-22 00:25:46+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72078
La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a los Ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar a esta soberanía sobre las medidas de protección que se están tomando para salvaguardar la integridad física y el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los periodistas en el país, bajo las siguientes:
La libertad de expresión es un derecho humano, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual está definida como un medio para exponer las ideas, y así fue concebida durante el movimiento cultural e intelectual europea que se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, teniendo como fenómeno histórico simbólico y problemático la Revolución francesa. Los pensadores de esa época sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor.
Esa libertad de expresión como derecho humano, que se encuentra respaldada por diversos instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte, así encontramos:
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se lee: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Conforme el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue ratificada la anterior libertad en 1966, en su artículo 10 que dispone: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda hacer injerencia de actividades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como el “Pacto de San José de Costa Rica” de 1969, en el artículo 13, señala:
“Libertad de pensamiento y expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.
b) La protección a la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de los establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, collo, orientación sexual religión u origen nacional.
En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos en el artículo 6° que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión…”. La libertad de expresión es un derecho humano que todos los miembros de la sociedad deben de gozar, todos tienen el derecho a la libertad de opinión, sin interferencias, a buscar, recibir y difundir, información e ideas a través de cualquier medio de difusión, esa libertad de expresión va acompañada de la libertad de prensa.
La libertad de expresión entendida como ese derecho que tenemos a pensar y compartir con otras personas nuestras ideas, reflexiones y opiniones, es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que pensamos y conocemos, este mismo derecho incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio, derecho que se encuentra consagrado en los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cada 7 de junio desde 1951 se celebra el Día de la Libertad de expresión en México, conmemoración instituida por el presidente Miguel Alemán Valdés, que para 1976 el presidente Luis Echevarría añade a esta celebración, la entrega en este día, del Permio Nacional de Periodismo a los más destacados miembros de la prensa escrita y electrónica por sus trabajos desarrollados durante el año anterior en los diversos géneros periodísticos. Reconocer la labor periodística en el Día de la Libertad de Expresión es algo plausible, sin embargo, también es importante aceptar el gran riesgo y los obstáculos que están corriendo todos aquellos profesionales que ejercen la libertad de expresión en nuestro país, salvaguardar su integridad física debe ser una obligación del Estado.
A últimas fechas, nuestro país se ha caracterizado por la forma en que han sido silenciados, los profesionales de la libertad de expresión, han sido asesinados, secuestrados, levantados, desaparecidos, lesionados, profesionales encargados de difundir información, ideas y opiniones, en algunos casos se trata de reporteros, fotoperiodistas directores entre otros y lo más lamentable es la impunidad generalizada que estamos viviendo, ante tan lamentables pérdidas humanas. De 2000 a la fecha, la organización defensora de la libertad de expresión “Artículo 19” ha documentado el asesinado de 104 periodistas en México, por posible relación con su labor periodística.
El martes 16 del mes próximo pasado, grupos de periodistas se manifestaron en diversos puntos de algunas ciudades de nuestro país, con frases como:
“En México nos están matando. No al silencio”.
“Cada periodista asesinado es una voz que se silencia y nos daña a todos”.
“No se mata la verdad matando periodistas”.
“FEADLE, previene, investígale, danos justicia”.
En Mexicali, Baja California, los periodistas leyeron un posicionamiento en que acusan que “La escalada de violencia que se vive en el país ha subido cada vez más de tono”. Quienes se desenvuelven en la actividad periodística han alzado la voz, exigiendo resultados por parte de las autoridades ya que no puede ser posible que este tipo de asesinatos queden impunes porque el mensaje que envían es que no hay castigo para asesinos, para agresores, para quienes buscan callarlos y con eso callar a la sociedad.
Contamos con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.
Así mismo, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, con la cual se creó un “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, sin embargo, dicha legislación y su correspondiente Mecanismo han resultado claramente insuficientes para afrontar la grave ola de violencia contra periodistas en nuestro país, como señaló Human RightsWatch en su más reciente informe sobre México: «el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento e insuficiente». El fracaso de dicho Mecanismo se ha puesto claramente en evidencia frente a las numerosas agresiones que padecen los periodistas a lo largo de todo el país.
En la celebración de este Día de la Libertad de Expresión en México, seguramente recordaremos los crímenes de Javier Valdez y Jonathan Rodríguez con los que ya suman ocho los periodistas asesinados en este 2017: Cecilio Pineda Birto, en Guerrero; Filiberto Álvarez, en Morelos; Juan José Roldán, en Tlaxcala; Maximino Rodríguez Palacios, de Baja California; Miroslava Breach, en Chihuahua, y Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz, estas muertes nos remiten nuevamente a la valentía con que estos profesionales de la comunicación ejercen su profesión en un entorno totalmente carente de seguridad, por todos ellos que han dado su vida, en tan noble labor como lo es la comunicación, es necesario saber que se está haciendo para que no se queden en la impunidad.
Por todo lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración el siguiente:
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar a esta soberanía sobre las medidas integrales que utilizan para combatir la impunidad en la muerte de periodistas a fin de que se encuentre y castigue a los responsables.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre los planes y proyectos para la protección que salvaguarde la integridad física y el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los periodistas.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que informe a esta soberanía sobre las quejas y las medidas de protección que se han tomado, para salvaguardar la integridad física y la labor informativa de todos los periodistas en el país.
Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de junio el año dos mil diecisiete.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72078

References: artículo 78
 artículo 122
 artículo 58
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 6