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Timestamp: 2020-06-01 19:14:16+00:00

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﻿ SENTENCIA 8811 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2003
SENTENCIA 8811 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:RÉGIMEN DE CABOTAJE. COMPETENCIA PARA DECLARAR SU INCUMPLIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ADUANA, GARANTÍAS EN EL CABOTAJE, TÉRMINO DEL CABOTAJE
Sentencia 8811 de septiembre 18 de 2003
Ref.: Exp. 8811
250002324000200100600-01
Bogotá, D.C., septiembre dieciocho de dos mil tres.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante respecto de la providencia de fecha 28 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, subsección B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
EXTRACTOS: «IV.Consideraciones de la Sala
El punto central del presente caso gira alrededor de establecer si la administración especial de servicios aduaneros del aeropuerto Eldorado de Bogotá tiene o no competencia, como aduana de partida, para declarar el incumplimiento del régimen de cabotaje y para hacer efectiva la respectiva garantía, y en caso negativo si la competencia al efecto es de la administración especial aduanera de Bogotá.
En el caso en estudio, verificada la documentación respectiva e inspeccionada la mercancía que había sido transportada por Avianca S.A., en su calidad de usuario aduanero permanente, se encontró que la aduana de destino dio aviso de llegada de la mercancía de forma extemporánea, cuestión que no fue desvirtuada por las demandantes.
Previo el aviso de las razones de hecho y de derecho en que se fundamentó la administración aduanera, y del requerimiento de la documentación respectiva se declaró el incumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de cabotaje. Al respecto, la parte actora no discute sobre la extemporaneidad en el cumplimiento de su obligación, pues la fecha límite para terminar el tránsito era el 6 de febrero de 1998, llegando la mercancía el 9 de febrero de 1998; solo insiste en la falta de competencia de la administración aduanera especial de Bogotá para la expedición de los actos acusados bajo el argumento de que, siendo la aduana de partida la administración especial de servicios aduaneros del aeropuerto Eldorado, correspondía a esta, y ninguna otra administración especial aduanera, la declaratoria del incumplimiento del régimen de cabotaje.
Para declarar no próspero este cargo basta a la Sala revisar las funciones que se atribuyen a la administración especial de servicios aduaneros del aeropuerto Eldorado. En efecto, el artículo 33 del Decreto 1265 de 1999 indica que tal administración no tiene facultad para expedir actos administrativos que declaren el incumplimiento de regímenes aduaneros.
“ART. 33.—Administración especial de servicios aduaneros aeropuertoEldorado de Bogotá. Conforme a las políticas, instrucciones y delegaciones del director general, son funciones de la administración para ejercerlas directamente o a través de las divisiones creadas por este decreto en el Aeropuerto Internacional Eldorado de Bogotá, las siguientes:
2. Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar los servicios aduaneros que se ofrecen en el aeropuerto Eldorado de Bogotá.
Como se observa, la competencia señalada a la administración especial de servicios aduaneros del aeropuerto Eldorado de Bogotá difiere de la que se asigna a las demás administraciones especiales de aduanas en la medida en que se encuentra prevista para brindar la atención directa que necesita el usuario y para ejercer funciones operativas y de policía judicial que señale la ley, y en relación con mercancías decomisadas y abandonadas, las atribuciones llegan sólo hasta la supervisión de su guarda y enajenación.
El Decreto 1071 de 1999 distribuye competencias entre las administraciones especiales, locales y delegadas y si bien en el literal a) del artículo 33 precisa que la imposición de sanciones corresponde a cada administración, no es menos cierto que, conforme ya se señaló, las normas que organizan la actividad de la administración especial de servicios aduaneros del aeropuerto Eldorado no comprenden la competencia relativa a la imposición de sanciones por hechos que tengan ocurrencia dentro de tales instalaciones.
Si el apoyo de la demanda estuviera en el artículo 7º de la Resolución 5634 de 1999, expedida por el director general de la DIAN, que señala la jurisdicción de la administración especial de aduanas de Bogotá indicando expresamente que se excluyen de dicha jurisdicción las instalaciones del Aeropuerto Internacional Eldorado, argumento que se desecha por cuanto si bien el literal a) de dicho artículo señala que la jurisdicción de la administración especial de aduanas de Bogotá comprende el territorio de los departamentos de Cundinamarca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Meta, Caquetá, Boyacá, Vichada y el Distrito Capital de Bogotá, “excepto las instalaciones del Aeropuerto Internacional Eldorado”, no lo es menos, que el artículo 41 de la Resolución 1794 de 1993, expedida también por el director general de la DIAN, modificada por la Resolución 4324 de 1995, en lo que se relaciona con la competencia para declarar la efectividad de las garantías indica que: “La división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente o la que haga sus veces, declarará de oficio, mediante resolución motivada, el incumplimiento de las obligaciones aduaneras respaldadas con garantía bancaria o de compañía de seguros, previa recepción del expediente...”, es decir, existe una radicación especial de competencia para la declaratoria de efectividad de garantías, competencia que no puede ejercer en forma directa el director de la administración especial de servicios aduaneros del aeropuerto Eldorado de Bogotá, como lo sugiere la sociedad demandante, porque, como se vio, dentro de las funciones de la mencionada administración especial no se encuentra la relacionada con esta materia.
De manera que aunque la administración especial de servicios aduaneros del aeropuerto Eldorado fue la aduana de partida de la mercancía transportada por la actora bajo el régimen especial de cabotaje, y que, de otra parte, por regla general la aduana de partida es la competente para hacer la declaratoria de incumplimiento del régimen de tránsito aduanero y/o cabotaje (1) , tal administración especial, al no tener competencia para la declaratoria de incumplimiento de dicho régimen y la consecuente efectividad de la garantía, no podía válidamente expedir tales actos administrativos, y ante tal situación la llamada a hacerlo era la administración especial aduanera de Bogotá, como sucedió en el presente caso.
(1) Parágrafo 2º del artículo 14 del Decreto 2295 de 1996 que señala: En todo caso cuando el transportador o la empresa declarante que realiza la operación en sus propios medios incumpla su obligación de finalizar el régimen en tiempo autorizado, la aduana de partida impondrá a la empresa transportadora o declarante una multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por operación incumplida, los cuales se harán efectivos mediante la exigibilidad de la garantía, previa la declaración de incumplimiento por parte de la aduana de partida. Lo anterior sin perjuicio de la efectividad de la garantía que ampara el pago de tributos aduaneros suspendidos, cuando a ello hubiere lugar.
Y en cuanto al cargo de falta al debido proceso, se encuentra que el no cumplimiento del régimen de cabotaje dentro del término señalado por la aduana de partida amerita la declaratoria de dicho incumplimiento y, consecuentemente, la de la efectividad de la garantía, mediante el procedimiento dispuesto en la Resolución 2450 de 1997, reglamentaria del Decreto 2295 de 1996. El que dicho incumplimiento acarreará, además, imposición de multa, no implica que la declaratoria del siniestro y la consecuente efectividad de la garantía debieran igualmente tramitarse previa actuación regulada por el Decreto 1800 de 1994, como para que se justificara el planteamiento de la parte demandante en el sentido de que debía adelantarse toda una actuación administrativa tendiente a la imposición de una multa para luego sí hacer la declaratoria de siniestro y la consecuente efectividad de la garantía, pues el mencionado Decreto 1800 unifica los procedimientos en materia aduanera en lo que respecta a la definición de la situación jurídica de las mercancías aprehendidas (art. 1º), para la aplicación de sanciones y multas (art. 2º), para proferir liquidaciones oficiales de corrección o de revisión de valor (art. 3º) y, como es obvio, no regula procedimiento alguno para la expedición de actos como los demandados, en los cuales de declara el incumplimiento del régimen de cabotaje (siniestro) y, como consecuencia, ordena la efectividad de la póliza.
(2) Sentencia de 18 de abril de 2002, actor: Sociedad Sercarga S.A. expediente 7375, magistrada ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero. Sentencia de noviembre 22 de 2001, expediente 6282, magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
En cuanto al desconocimiento del principio de favorabilidad por no aplicación del Decreto 2685 de 1999, quedó sentado por la Sala que la declaratoria del siniestro amparado por una póliza no constituye una actuación sancionatoria y no corresponde el análisis de la aplicación o inaplicación de normas más favorables, en igual sentido se pronuncia sobre la caducidad de la acción sancionatoria, pues como ya se dijo no se trata de la imposición de una sanción sino la declaratoria de un incumplimiento asegurado por una póliza.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en su sesión de fecha septiembre 18 de 2003.

References: artículo 33
 artículo 33
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 41
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 14
 Resolución