Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1999/00095-1998-AA.html
Timestamp: 2017-12-11 11:21:52+00:00

Document:
0095-1998-AA
EXP 095-98-AA/TC
CARLOS A. GARCIA CISNEROS Y OTROS.
Recurso Extraordinario que formulan don Carlos Alberto García Cisneros y otros contra la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento treinta y nueve, su fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que revocó la apelada y reformándola declaró infundada la demanda.
Don Carlos AlbertoGarcía Cisneros y otros, con fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, interponen Acción de Amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Anita; por considerar que se han violado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la defensa; solicitando la inaplicabilidad a los demandantes de la Resolución de Alcaldía Nº 0401-97-ALC-MDSA. Sostienen que aprobaron la evaluación de personal llevada a cabo por la demandada en el mes de junio de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al primer semestre de dicho año. Indican que las evaluaciones se realizaron aún cuando no había vencido el segundo semestre; y que con fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis se expide la Resolución de Alcaldía Nº 1297-96-ALC/MDSA publicada el veintinueve de dicho mes y año, mediante la cual se cesa por causal de excedencia a treinta y dos trabajadores, como resultado de la referida evaluación. Posteriormente, el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y siete, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución de Alcaldía Nº 401-97-ALC-MDSA de fecha veinticinco del mes y año últimos mencionados, a través de la cual se les cesa por causal de excedencia, cuando ya no estaba vigente la Ley Nº 26553, Anual de Presupuesto, para el ejercicio de mil noventa y seis, habiendo caducado el plazo para que la demandada pudiera cesar por la causal prevista en el Decreto Ley Nº 26093.
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Anita contesta la demanda manifestando que la misma debe ser declarada improcedente, atendiendo a que los demandantes fueron declarados excedentes por no haber obtenido el puntaje aprobatorio, que la ahora cuestionada Resolución ha sido expedida conforme a ley, y que la Acción de Amparo por su carácter residual, opera cuando la ley no señala otra vía para reclamar un derecho que se considere amenazado o conculcado.
El Juez del Tercer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas setenta y uno, con fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, declara fundada la demanda por considerar principalmente que ni la norma que sirve de sustento a la evaluación del personal municipal ni el reglamento que la regula establecen que la evaluación o los resultados de la misma pueden efectuarse en etapas, resultando incongruente que existan dos informes finales que fundamenten una misma evaluación.
La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, a fojas ciento treinta y nueve, revoca la apelada y declara infundada la demanda, por estimar que los propios demandantes reconocen que la resolución que pretenden invalidar se ha producido como consecuencia de la evaluación del segundo semestre del año mil novecientos noventa y seis, lo cual resulta acorde a la normativa entonces vigente. Contra esta resolución, los demandantes interponen Recurso Extraordinario.
1. Que, la cuestionada Resolución de Alcaldía ha sido ejecutada sin haberse vencido el plazo para que quedara consentida, lo que exime a los demandantes de la exigencia de agotar la vía previa, ya que opera a su favor la excepción prevista en el inciso 1) del artículo 28º de la Ley Nº 23506, de Hábeas Corpus y Amparo.
2. Que, la Octava Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 26553, que aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año de mil novecientos noventa y seis, incluyó a los gobiernos locales, dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 26093, el mismo que los autorizaba a efectuar evaluaciones de personal, de acuerdo a las normas que para el efecto establezcan, pudiendo cesar por causal de excedencia al personal que en las mismas no califique.
3. Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01184-96-ALC/MDSA del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, de fojas quince se aprobó el Reglamento Evaluación del Personal de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, correspondiente al segundo semestre de mil novecientos noventa y seis.
4. Que, del texto de la demanda se advierte que los distintos rubros de evaluación estipulados en el artículo 6° del mencionado Reglamento de Evaluación se desarrollaron en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, es decir, con estricta observancia de lo establecido en dicho Reglamento y con sujección al plazo legal estipulado por la ley autoritativa citada precedentemente.
5. Que, de la lectura de las resoluciones de alcaldía Nos 01297-96-ALC/MDSA y 0401-97-ALC/MDSA de fechas veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis, y veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, se advierte que la Municipalidad demandada, a través de dos relaciones de personal, --conforme se detalla en las indicadas resoluciones, las cuales se sustentan en un mismo Informe Final N° 03-96-MDSA/CE remitido por la Comisión de Evaluación encargada para dicho fin--, dispuso el cese de trabajadores por causal de excedencia, entre los cuales se encuentran los demandantes, que en los mencionados exámenes de evaluación, a los cuales concurrieron en forma voluntaria, no obtuvieron el puntaje mínimo aprobatorio establecido en el citado Reglamento de Evaluación.
CONFIRMANDO la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Publico de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento treinta y nueve, su fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 artículo 6
 resolución