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Timestamp: 2018-12-18 23:48:38+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1037 DE OCTUBRE 23 DE 2008
SENTENCIA T-1037 DE 23 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:RESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN PERSONA PROTEGIDA. EL HECHO DE QUE LA ENTIDAD DEL ESTADO ENCARGADA DE PROTEGER LAS PERSONAS EN RIESGO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD PONGA EN DUDA INFORMES DE SEGURIDAD, SIN APORTAR LAS PRUEBAS PARA DESVIRTUAR TALES INFORMES O MANIFESTACIONES, VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA VÍCTIMA DE AMENAZAS O VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO, DERECHOS HUMANOS, DERECHO A LA SEGURIDAD, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA, OMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERSONA PROTEGIDA, PROTECCIÓN BAJO AMENAZA
Sentencia T-1037 de octubre 23 de 2008
Ref.: Expediente T-1829618
Acción de tutela instaurada por Claudia Julieta Duque O. contra el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Bogotá D.C., veintitrés de octubre de dos mil ocho.
Dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub-sección “A” y la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado.
3. Continua el apoderado señalando que en el año 2002 se comprobó que uno de los carros que perseguían a la actora pertenecía al Departamento Administrativo de seguridad (DAS); en el 2004 la Policía Nacional verificó la existencia de 22 placas gemelas o clonadas, es decir falsas, en los carros que seguían o vigilaban la casa de la periodista; además del hecho de que varias de las llamadas amenazantes que ella recibió en aquella época fueron realizadas desde una oficina de verificación de placas del Ejército Nacional y desde la Estación Sexta de Policía. En aquella época, las amenazas contra Claudia Julieta Duque estuvieron relacionadas con su participación activa en la investigación del caso Jaime Garzón, por cuyo trabajo además afronta una denuncia penal por injuria y calumnia instaurada por el entonces subdirector del DAS y hoy director de la Escuela Aquimindia, Emiro Rojas Granados, “en un nuevo intento por acallar los hallazgos que vinculan al DAS en la elaboración de un sofisticado montaje que buscaba dar cobertura a los verdaderos autores del homicidio, como ha sido ya establecido en sendas sentencias judiciales de primera y segunda instancia”.
7. Señala que desde su regreso al país en febrero de 2006, las amenazas y hostigamientos contra Claudia Julieta Duque se han dado en razón de distintas investigaciones que ella ha realizado, todas relacionadas con temas de derechos humanos en Colombia. Durante el último año y medio la periodista ha recibido mensajes amenazantes en su celular, ha sido seguida por motos y carros en distintos lugares, ha sido hostigada por miembros del DAS cuando sale del país, entre otros hechos. Indica que todas estas situaciones han sido reportadas en su momento a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR, peticionario de las medidas de protección ante el Ministerio del Interior y de Justicia. A su vez, la FLIP ha puesto en conocimiento del comité de reglamentación y evaluación de riesgos, (en adelante CRER) estos hechos.
10. En abril de 2007, Claudia Julieta sufrió un accidente —el estallido de una llanta— en el carro blindado que le fue asignado a su esquema de seguridad. Pese a que desde un comienzo la periodista solicitó se investigarán las causas del accidente y se realizara un peritaje independiente al vehículo, y no obstante que ambas solicitudes fueron aprobadas por el CRER, dicha investigación nunca se llevó a cabo. En este sentido solo existe un diagnóstico de la aseguradora según el cual el vehículo presentaba un daño previo al accidente.
12. Debido a los hechos anteriores, el 4 de junio de 2007, el CRER citó a un comité extraordinario por cuanto consideró que el hecho de que la periodista estuviera manejando el vehículo era una causal de retiro de las medidas de protección. Desde entonces comenzó una discusión entre el CRER y Claudia Julieta Duque. En el comité extraordinario en el que se discutieron los hechos mencionados, la policía informó que el estudio de seguridad había arrojado que ella se encontraba en un nivel de riesgo extraordinario, pese a lo cual las decisiones versaron sobre quién manejaría el vehículo y no sobre las medidas reales de protección que habría que tomar para que la situación de seguridad de la periodista mejorara en forma ostensible y práctica. De esta reunión la periodista fue enterada por la FLIP y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESOFIP.
19. Señala el apoderado que el 29 de agosto, el CRER en sesión ordinaria determinó la suspensión de las medidas de protección a Claudia Julieta Duque, por considerar que ésta estaba dándole mal uso al vehículo blindado, decisión que le fue comunicada el 4 de septiembre siguiente, mediante oficio enviado por fax al CCAJAR. A su juicio con esta decisión el CRER “deja en total situación de desprotección a la periodista, y en un grave riesgo contra sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y a la protección por parte del Estado. De igual manera, se ha vulnerado su derecho al debido proceso por cuanto a la periodista no se le ha escuchado ni se han tomado en cuenta sus argumentaciones sobre el uso del vehículo blindado”.
20. En consecuencia, la señora Claudia Julieta Duque tuvo que entregar el vehículo que le había sido asignado.
1. Se ordene al Ministerio del Interior restablecer las medidas que le han sido retiradas, al menos en las mismas condiciones que venían operando antes de que se resolviera su suspensión por presunto manejo irregular de las mismas. Esto significa, que le sea restablecido o devuelto el vehículo blindado y que se le nombre de inmediato la persona de confianza que acompañará el esquema. En otras palabras se requiere:
b. Que el esquema cuente con un conductor de confianza escogido por Claudia Julieta Duque.
Al respecto, por ejemplo, sobre la afirmación de que en el 2002, algunos vehículos del DAS le “hicieron inteligencia” y la persiguieron por investigar crímenes cometidos por los paramilitares, indica que al Ministerio no le constan tales hechos dado que “en ningún momento (la actora) ha aportado elementos fácticos que corroboren lo manifestado.” Al respecto indica: “Es más, creemos que su apreciación es una forma de rechazar los escoltas que le han brindado protección para deslegitimar los informes que éstos han presentado contra su protegido por el mal uso que ha dado al esquema de protección, más concretamente al vehículo que se le había asignado, como lo indicaremos más adelante”.
“Consideramos que el hecho de que la beneficiaria manifieste en el escrito de tutela que el DAS es culpable de sus amenazas y hostigamientos, constituye una acción temeraria, ya que son los organismos judiciales y de investigación, los encargados de determinar los responsables de estas conductas delictivas; máxime cuando es este organismo de seguridad del Estado, el que le está prestando la protección que ella requiere desde el año 2004”.
En segundo lugar, respecto de la afirmación según la cual la actora ha sido forzada al exilio, indica: “no nos consta (que) se haya sido exiliada en otro país ni lo demuestra. Sabemos que como corresponsal de la Radio Equipo Nizcor (ong) cuyas sedes están en Madrid y Bruselas, viaja constantemente fuera del país“.
En tercer lugar, manifiesta que si bien la actora señala que las amenazas y hostigamientos en su contra se han dado en razón a las investigaciones que está ha realizado con temas de derechos humanos en Colombia, sin embargo, “nunca se ha dignado presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Las veces que nos ha manifestado estas presuntas amenazas, el programa de protección las ha puesto en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación, y la Procuraduría, sin que hasta el presente (la actora) haya aportado elementos fácticos que nos permitan tener una certeza razonable de que tales hechos que manifiesta sean realmente ciertos”.
24. En el segundo aparte, el representante del ministerio recuerda las disposiciones que reglamentan el programa de protección, en particular, el artículo 28 de la Ley 782 del 2002, prorrogado por la Ley 1106 del 2006 y reglamentado por el Decreto 2816 de agosto de 2006 (1) .
Así mismo, recuerda los requisitos para acceder al programa de protección, y los procedimientos para la inscripción en dicho programa. Señala el procedimiento de acceso al programa de protección. Indica que la misión principal del CRER, es evaluar las solicitudes de protección que presentan los ciudadanos que están dentro de la población objeto del programa de protección. Así mismo, el comité recomienda a la DDH-MINJUS implementar las medidas de protección que considera más convenientes, en cada caso, sin que por tal motivo las medidas que recomiende el CRER, sean las que aspira el solicitante y no necesariamente las recomendaciones del CRER las debe acoger la mencionada dirección, pues éstas deben ser ponderadas por su director, teniendo en cuenta: 1. Que estén de acuerdo con las normas que regulan el programa de protección. 2. Que se cuente con disponibilidad presupuestal para implementar los medios de protección recomendados y, 3. Que el beneficiario acepte las medidas de protección que se le han aprobado y manifieste su disposición de recibirlas oportunamente, realizando las gestiones necesarias para tal fin.
Indica el representante del ministerio que si bien los funcionarios de la dirección general para los derechos humanos deben partir del principio de la buena fe de los solicitantes de medidas de protección en razón a las presuntas amenazas que manifestaban recibir, en todo caso tienen en cuenta para ponderar la seriedad de la solicitud: 1. La denuncia penal ante la fiscalía, y 2. El estudio técnico del nivel de riesgo y grado de amenaza.
En cuanto a la denuncia indica que la persona presuntamente amenazada debe allegar copia de la denuncia por el delito del cual es víctima, “en el caso que nos ocupa como presunto dirigente de una organización social”. Indica que este es un requisito del programa de protección por que “la no denuncia y la no colaboración con la justicia es otro factor de riesgo, que asume la persona que demanda protección, ya que con su conducta antijurídica se hace más vulnerable, porque impide que las autoridades actúen en procura de neutralizar el agente que amenaza.”. Luego explica las razones por las cuales encuentra que el deber de denunciar es una medida de seguridad “ya que la impunidad de los autores materiales e intelectuales del hecho ilícito no denunciado eficazmente, permite que los presuntos autores puedan actuar “libremente”, sobretodo cuando la autoridad judicial u organismo de seguridad del Estado no tiene conocimiento concreto del hecho delictuoso”.
25. A juicio del ministerio “no deja de ser una razón pueril, el manifestar que no denuncia por que no confía en el sistema judicial de la nación y en este sentido, la Ley es muy clara al decir, que la persona que demanda medios de protección debe demostrar que realmente esta amenazada, y esta demostración se hace allegando copia de la denuncia formalmente instaurada ante la Fiscalía General de la Nación; tal como lo señala el artículo 28 de la Ley 782 de 2002 en su parágrafo primero”. En palabras del señor Echeverri “Aceptar la no denuncia oportuna de todo hecho delictivo, sin colaborar con la justicia como mecanismo para lograr acciones protectivas del Estado, es carecer de elemental presupuesto para la seguridad de cualquier ciudadano, su familia, de la comunidad o del grupo poblacional amenazado. Es faltar al principio de solidaridad, exigido a todo ciudadano dentro de los deberes consagrados en la Carta Política”.
26. En segundo lugar, entiende que se requiere un estudio técnico del nivel de riesgo y grado de amenaza del solicitante que generalmente es efectuado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y en algunos casos por la Policía Nacional. Recuerda que el DAS en la Directiva 11923 del año 1997, señaló los parámetros del denominado “Estudio técnico del nivel de riesgo y grado de amenaza”, y determinó la presente tabla de clasificación de niveles de riesgo, a saber: 1. Bajo. 2. Medio-bajo. 3. Medio-medio 4. Medio-alto 5. Alto. Estos niveles de riesgo son equivalentes a los que determinó la Corte Constitucional en sus sentencias T- 719 de 2003 y T-976 de 2004.
Para fundamentar su aserto comienza por señalar que la actora se encuentra vinculada al programa de protección a periodistas y comunicadores sociales desde el año 2003, momento desde el cual no se ha suspendido nunca la protección requerida. Indica que luego del correspondiente estudio elaborado por la Policía Nacional en 2004, el riesgo de la periodista fue calificado como de “Medio alto”. Esta evaluación fue ratificada por el Comité en el 2007. Frente a este nivel de riesgo el comité de reglamentación y evaluación de riesgos, CRER, en su sesión del 21 de enero de 2004 recomendó la asignación de un esquema de seguridad para la protección de la periodista. En consecuencia señala que la actora ha sido beneficiaria de las siguientes medidas de protección:
• Tres medios de comunicación Avantel
• Dos tiquetes aéreos Internacionales
• Esquema de seguridad compuesto por un vehículo blindado, y 2 escoltas
• Blindaje de residencia
• Dos apoyos de transporte por valor de $ 900.000 C/U
• Dos apoyos de reubicación temporal por valor de $ 1.000.000 C/U
• Dos apoyos de transporte por valor de $ 1.920.000 C/U
Considera que esto demuestra que el Ministerio “siempre ha estado en disposición absoluta para atender la seguridad de la accionante, y sus solicitudes siempre se han puesto en consideración del CRER, el cual ha recomendado las medidas de protección efectivas y necesarias que la periodista ha requerido para salvaguardar sus derechos fundamentales”.
Indica el representante del ministerio, que el comportamiento irregular ha tenido lugar de tiempo atrás. Señala que una de las personas que la periodista ha tenido asignada para su seguridad es quien ha reportado al DAS en informe reservado —al menos no ha sido entregado a la actora— que ella conducía en algunas ocasiones dicho vehículo. En efecto, en mayo de 2007 luego de un accidente (el estallido de una rueda) y de otros altercados personales, el escolta personal que tenía asignado renunció y le solicitó al DAS ser asignado a otra tarea dentro de la entidad. En consecuencia, la periodista solicitó la contratación de una nueva persona de su confianza. No obstante, al momento de presentación de la tutela, el DAS no había realizado el estudio de confiabilidad. Mientras se realizaba dicho estudio, le fueron asignados dos agentes del DAS que sin embargo la actora no aceptó por no tratarse de personas de su confianza. En todo este tiempo, la actora ha seguido conduciendo personalmente el vehículo blindado.
Dados los hechos anteriores, el CRER, como órgano asesor de la dirección de derechos humanos, “encontró dentro de las causales que establece el artículo 18 del Decreto 2816 de agosto de 2006 que la tutelante estaba haciendo mal uso del esquema asignado”. En consecuencia, ordenó retirarle dicho esquema y otorgarle una ayuda de trasporte.
Sin embargo, señala el representante del ministerio que la actora no ha acatado las instrucciones recibidas (la entrega del vehículo blindado) y ha continuado conduciendo ella misma el vehículo propiedad del Estado. Y señala “Si bien es cierto el carro asignado era para su protección este fue entregado al señor (al antiguo escolta de la actora) mediante acta de fecha 28 de junio de 2006, quedando el manejo del esquema bajo su responsabilidad”.
Y continúa: “Tampoco entendemos como la accionate pretende usufructuar bienes que son del Estado, como es el caso del vehículo asignado a su esquema de protección, e infringir las normas internas frente a la utilización de dichos bienes”.
A juicio del ministerio, la conducta de la accionante ha sido imprudente y se distancia de las instrucciones que “le habían impartido o que señala el sentido común, si es que realmente uno se encuentra seriamente amenazado”.
Indica —citando a la Corte— que no se puede exigir a las autoridades que suplan la negligencia de las personas. A juicio del ministerio “acatar las medidas preventivas, es evitar ser vulnerable, no asumir esta responsabilidad - aparte de ser una torpeza, es abrogarse una conducta irresponsable”. Señala que como las recomendaciones de auto-protección no fueron acatadas, el CRER se vio obligado a recomendar al programa de protección, suspenderle el vehículo asignado y más bien asignarle un apoyo económico para su transporte.
En virtud de lo anterior, el representante del ministerio concluye que “la dirección de derechos humanos es consciente de la presunta situación de riesgo de la tutelante, por ello se le ha ofrecido apoyo económico para su trasporte, con acompañamiento. Sin embargo es importante destacar que cuando un beneficiario del programa hace uso indebido de las medidas de protección asignadas, no importa la población objeto que sea, es decir, sindicalistas, periodistas, lideres miembros de la misión médica, etc, nuestro deber es cumplir las normas y no permitir que estos bienes que son propiedad del Estado sean utilizados de manera indebida y en contra de los procedimientos”. En razón de los argumentos anteriores solicita “denegar” las pretensiones “de la acción tutelar”.
28. Por sentencia de dieciocho (18) de octubre de dos mil siete, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub-sección “A”, decide tutelar los derechos de la actora. Para proferir esta decisión, el tribunal tiene en consideración los argumentos que se resumen a continuación.
Sin embargo, señala que “para la Sala es claro que, en tratándose de la protección del derecho a la vida y la integridad personal, no es viable anteponer el cumplimiento de una norma de carácter meramente formal, como es el hecho de que los vehículos asignados a esquemas de protección solo sean manejados por agentes del DAS, aún más si como en el presente caso, la señora Claudia Julieta Duque desconfía del personal que ha sido encargado para cumplir esta misión, pues en el asunto que nos ocupa, se trata precisamente de proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad personal, los cuales se encuentran en inminente peligro”.
A su juicio, en el presente caso “no se puede considerar como uso indebido del esquema de protección el hecho de que la señora Claudia Julieta Duque sea quien maneje el vehículo blindado, ya que, la falta de confianza en el conductor que le había sido asignado, su posterior renuncia y la demora en la realización del estudio de seguridad para efectos del nombramiento del conductor activo del DAS que ella postuló para ocupar el mencionado cargo, no le dejaban otra alternativa, pues tal y como lo ponderó la Policía Nacional en el estudio técnico de nivel de riesgo y amenaza, la accionante está en un nivel extraordinario” de riesgo (fl. 23 C-1), razón por la que ella se ve avocada a utilizar el vehículo blindado bajo su responsabilidad, situación que no mejora con el hecho de que le sean asignados dos escoltas del DAS, pues ella ya ha denunciado la desconfianza que tiene hacia los agentes de dicha entidad (fls. 87 vuelto, y 89 a 91 C-1).”
La Sala advierte “que la demora en la implementación de las medidas adecuadas para que la señora Claudia Julieta Duque se beneficie del sistema de protección se debe a la misma entidad, pues desde la fecha en que se propuso la hoja de vida del señor (XXX), agente activo del DAS y persona de confianza de la beneficiada, hasta la instauración de la presente acción, la entidad ya ha debido efectuar los estudios correspondientes para su nombramiento”.
29. Por las razones expuestas, la Sala concede el amparo solicitado y advierte a la accionante que en la medida de lo posible debe ceñirse a los lineamientos establecidos por las normas y por el esquema de protección del cual es beneficiaria en aras de garantizar la adecuada protección a su derecho a la vida e integridad personal. En consecuencia, ordenar (1) al Ministerio del Interior y de Justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad, que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la providencia, proceda a restablecer en los mismos términos el esquema de protección reconocido a la accionante, compuesto por un vehículo blindado, una unidad de escolta de confianza de aquélla y dos medios de comunicación avantel; (2) que en el mismo término, se acuerde la realización de una reunión de los funcionarios competentes del Ministerio del Interior y de Justicia y del Departamento Administrativo de Seguridad con la señora Claudia Julieta Duque Orrego, con miras a optimizar su esquema de protección y nivel de seguridad.
• Los escoltas sean de su “confianza”.
• Que dichos escoltas no sean armados.
• Que el vehículo blindado que se le da para su protección, de hecho pueda estar a su libre disposición”.
En todo caso señala que “el escolta debe asumir las exigencias profesionales que le exige el DAS, entre ellas hacer uso adecuado de los medios de protección y no permitir que el protegido tampoco (sic) haga uso indebido de los mismos. Es difícil en muchos casos que el escolta de “confianza” asuma esta responsabilidad, sobre todo cuando considera que su empleo se lo debe al protegido. No vemos porque el DAS, ni el Programa de Protección deban tener que aceptar que el servicio de escoltas sea elegido al capricho de los protegidos. Tampoco el programa de protección de la DDH-MIJ, tiene la potestad de imponerle al DAS políticas de selección o contratación de sus escoltas”.
En cuanto a las acusaciones contra el DAS señala que “hasta el presente no se ha llegado a demostrar que realmente el DAS o algunos miembros de esa entidad, estén haciéndole una persecución a la tutelante. El hecho de que aceptemos la buena fe que ésta ha llevado al programa de protección a otorgarle las medidas de protección que están a su alcance. Ahora bien si una persona está realmente amenazada, como presuntamente es el caso de la periodista, con mayor razón debe aceptar su responsabilidad compartida con las carga que tiene el Estado en brindarle protección, con el fin de disminuir al máximo su vulnerabilidad”.
Indica que la exigencia de que los escoltas no estén armados, no es razonable atendiendo especialmente al “presunto nivel de riesgo que presenta la señora Duque Orrego”. Al respecto indica: “Esta exigencia verdaderamente no es razonable, y menos cuando se parte del presupuesto de que se odia la violencia y por tal motivo no se deben portar armas”.
Frente a la solicitud destinada a usar personalmente el vehículo blindado, indica que “esta exigencia (…) abre una puerta francamente lesiva para la protección de la accionante”. En este sentido controvierte la posición del tribunal según la cual cuando una persona está gravemente amenazada no es razonable impedirle la utilización del vehículo con el único argumento de que una norma formal ordena que los bienes del Estado sean utilizados sólo por agentes del Estado. A este argumento, el Ministerio señala que: “la forma como aprecia la honorable Sala la conducta de la accionante se podría considerar válida, en el evento de que tal circunstancia de conducir un vehículo que tiene una destinación específica y deba ser manejado por la persona a la cual se le encomendó la misión de protegerle, se vio en la necesidad temporal de hacer uso del vehículo. Pero otra cosa es que ésta ha sido una conducta reiterada, con escoltas o sin ellos —según me han informado y es lo que tengo entendido— lo que ha llevado al enfrentamiento que ha tenido con el escolta que le brindaba protección y era de su confianza, solo que la protegida le quitó su confianza cuando dicho escolta informó —como era su responsabilidad— de lo que realmente estaba sucediendo. Así las cosas, no vemos porque no es válido facilitarle a la protegida los medios económicos para que a su gusto contrate un medio de trasporte de confianza para que le facilite su movilidad, máxime cuando la protegida no acepta que sus escoltas porten armas”.
32. Sobre las afirmaciones del Ministerio del Interior según las cuales a esta entidad “no le constan las amenazas, hostigamientos y persecuciones que la periodista Claudia Julieta Duque ha sufrido desde el año 2001” y que “en ningún momento ha aportado elementos fácticos que corroboren lo manifestado”, el apoderado adjunta denuncia penal instaurada en julio de 2001 sobre los primeros hechos denunciados, así como ampliaciones, testimonios y denuncias realizadas por Claudia Julieta y el colectivo de abogados entre los años 2003 y 2004, dirigidas, entre otras entidades, al Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos.
Sobre la afirmación según la cual no le consta que la periodista “haya sido exiliada”(sic), señala que esta aseveración, además de constituir una burla para las organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa que han apoyado a Claudia Julieta Duque durante todos estos años, es una afrenta contra la dignidad de una persona que durante los últimos seis años ha tenido que salir en dos ocasiones por períodos largos del país y en varias más por períodos cortos, como manera de huir a los intensos ataques psicológicos que han sufrido ella y su hija. Como constancia de los exilios de Claudia Julieta, anexa certificaciones y cartas de la Embajada de España en Colombia, de Amnistía Internacional - España, y documentos privados en los cuales la periodista asegura que se ve obligada a salir del país por cuestiones de seguridad. Adicionalmente, anexan acciones urgentes emitidas por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y la corporación colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR, al respecto.
“Escribo esta carta a pocas horas de abandonar el país debido a las reiteradas amenazas que ustedes ya conocen, y en respuesta a su oficio del pasado 9 de diciembre, en el que se me informa sobre la aprobación de nuevas “medidas de protección”, incluidas en ellas los tiquetes aéreos que me llevaran rumbo al exilio”.
Sobre la afirmación del ministerio según la cual no le consta el hecho de que el DAS hubiere participado en las amenazas en contra de la actora, señala lo siguiente: “En primer lugar, es importante anotar que el taxi de placas SHH 348 (no SSH 348, como mal lo transcribió la fiscalía, con lo que probablemente se haya desviado la investigación penal), registrado por el celador del edificio donde vivía Claudia Julieta Duque en el año 2001, el cual estuvo parqueado durante varios días en ese lugar a diferentes horas durante la época de los hostigamientos contra ella, es de propiedad exclusiva del DAS, y que esos datos le fueron pasados al colectivo de abogados por el coronel Luis Alfonso Novoa Díaz, entonces director de derechos humanos de la Policía Nacional, como bien puede él corroborarlo en el momento en que su despacho así lo requiera. Es decir, Claudia Julieta no se inventó ese dato, ni mucho menos los seguimientos de que fue objeto, sino que fue la propia Policía la que le recomendó a la periodista irse del país tras descubrir que el DAS se encontraba involucrado en los acosos contra ella”.
Adicionalmente indica que “Para el año 2001, época en la que fue visto este automóvil siguiendo a la periodista, no existía el programa de protección a periodistas del Ministerio del Interior y por lo tanto Claudia Julieta no contaba ni con escoltas ni con vehículo blindado, así que mal pudiera tratarse de un señalamiento irresponsable para “deslegitimar los informes” presentados contra ella por miembros del DAS. Este hecho, además, corrobora las denuncias de Claudia Julieta en el sentido de que sus escoltas han realizado informes en su contra que, al serle reservados, sólo pueden ser calificados como informes de inteligencia”.
Así mismo, señala que entre diciembre de 2006 y enero de 2007, “mientras la periodista se encontraba de vacaciones en su ciudad natal (…), luego de tres años de no estar con su familia debido al exilio y las amenazas, hubo miembros del DAS preguntando por el vehículo blindado en el que ella se movilizaba en el parqueadero donde éste era guardado, como pudo corroborarlo el administrador del lugar, quien en todo momento estuvo dispuesto a declarar, sin que hasta la fecha ninguna entidad lo haya requerido para ello. El 5 de enero Claudia Julieta fue seguida por una camioneta blindada y una moto, ambas de características similares a las que fueron vistas por el administrador del parqueadero, de la primera de las cuales se bajó una persona que portaba un chaleco del DAS. Estos datos fueron entregados por la periodista a la FLIP, el colectivo de abogados y la Policía Nacional en febrero de 2007, y la FLIP a su vez los entregó al CRER. Como si ello fuera poco, a la FLIP le consta que poco después de que la periodista hablara con el administrador del parqueadero para corroborar si él estaba dispuesto a declarar en caso de que fuera necesario, éste fue hostigado por miembros del DAS y por ello llamó a la periodista para preguntarle qué estaba pasando”.
Además, sostiene el apoderado que “se tiene que el accidente ocurrido el 6 de abril de 2007 se dio dos días después de que el carro blindado asignado al esquema de seguridad de la periodista saliera de los talleres del DAS, donde se encontraba en revisión mecánica. Existe también un diagnóstico de la aseguradora (que anexa) en el que consta que previo al accidente había un daño en la dirección del vehículo. Por lo tanto, se trata de un indicio al menos de omisión en la responsabilidad del DAS en el accidente. El DAS y el Ministerio del Interior lograron desviar la atención sobre el hecho de que la periodista iba conduciendo el vehículo ese día, sin tener en cuenta que fue ella misma quien solicitó la investigación del siniestro y el peritaje del vehículo, ambas medidas aprobadas por el CRER, sin que nunca se llevaran a cabo”.
Sobre la afirmación del Ministerio según la cual Claudia Julieta Duque “nunca se ha dignado (sic) presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación”, indica el apoderado que este dicho falta totalmente a la verdad, pues desde los primeros ataques en contra de la periodista, ésta ha venido entregando denuncias a las autoridades competentes. Anexa copia de las citadas denuncias.
Adicionalmente, durante todo este tiempo Claudia Julieta ha considerado (como consta en numerosas comunicaciones entregadas al CRER, varias de las cuales se anexan a este escrito) que sin la investigación y sanción de los responsables de las amenazas en su contra será imposible normalizar su situación de seguridad. Es por ello que en el año 2004 varias de las medidas de protección solicitadas ante el CRER para la periodista estuvieron relacionadas con este particular, como por ejemplo los datos de las placas de los carros que ella registró durante esa época, los cuales fueron entregados parcialmente en octubre de 2004 y le permitieron, tras una sistematización concienzuda, encontrar 15 placas falsas o gemelas en los vehículos que la seguían, entre ellos una de los que inicialmente ella había tomado en el año 2001. A juicio del apoderado, es claro que si la Fiscalía, la Procuraduría y el DAS se hubieran tomado seriamente estas denuncias e investigaciones, Claudia Julieta no estaría actualmente en un riesgo calificado como de “extraordinario”. Anexa como ejemplo un escrito que Claudia Julieta entregó al DAS en octubre de 2004, en el cual cuestiona seriamente la “investigación interna” que llevó al archivo de la investigación disciplinaria sobre las amenazas en su contra.
Más adelante señala que en el presente caso es la actora y no las autoridades, quien frente a la inacción del Estado se ha dedicado a investigar el origen de las amenazas en su contra, “lo cual la ha puesto en un mayor riesgo de seguridad”. Como ejemplo de lo anterior, se anexan las órdenes de trabajo expedidas por la fiscal 23 de la unidad de derechos humanos luego de escuchar la denuncia de Claudia Julieta Duque, todas las cuales están basadas en su declaración y sus hallazgos. Adicionalmente, el apoderado hace un detallado recuento de todas las denuncias que han sido entabladas por la actora, de cada diligencia a la que ha asistido, así como las pruebas que ella misma ha aportado a las autoridades para intentar esclarecer la autoría de quienes la han amenazado a ella y a su pequeña hija. Finalmente, anexa un documento elaborado para la organización Front Line Defenders en junio de 2007, en el cual se relatan en detalle los hechos irregulares que han afectado la seguridad de la actora desde febrero de 2006.
33. Anota que “el día 17 de mayo de 2007 la Policía Nacional certificó que el estudio de seguridad que me había sido realizado en febrero 21, arrojó como resultado un nivel de riesgo extraordinario, que constituye el mayor nivel de riesgo que puede tener una persona incluida en los programas de protección del Ministerio del Interior. Por todo lo anterior, varias personas me han recomendado salir del país nuevamente, como manera de “bajar” la presión que a todas luces existe y ha existido en mi contra desde mi regreso a Colombia en febrero del año 2006” (resaltado en original).
34. Frente a las denuncias sobre amenazas por parte de las Águilas Negras - Bogotá Centro, señala las razones por las cuales ha omitido su denuncia, pues luego de la investigación que ella misma ha realizado ha encontrado que existen dificultades técnicas para avanzar y en este sentido “si ninguna entidad judicial o policial ha logrado esclarecer amenazas anteriores, a las cuales se han adjuntado fotografías, direcciones físicas, números de placas, teléfonos, etc., poco menos podría hacerse con este tipo de datos”. Adicionalmente, por razones de seguridad frente al importante riesgo que corre, ha decidido negarse a hacer públicas algunas intimidaciones.
Indica que no es cierto que la periodista tenga blindaje en su residencia. Esta medida fue aprobada hace más de tres años y hasta la fecha no se ha cumplido. Tampoco es cierto que la periodista haya recibido nunca dinero por auxilio de transporte, pues siempre ha dejado en claro que su situación de seguridad no depende de auxilios económicos sino de medidas certeras de protección. Aclara que el apoyo de reubicación temporal fue por $ 2.000.000 y por una sola vez, en diciembre de 2004, pues la periodista se vio forzada a salir de su residencia antes de irse del país.
“Agradezco su respuesta del 19 de octubre, recibida el 25 del mismo mes, en la que se me hace zarza relación de algunos de los oficios que me han sido enviados por el CRER desde diciembre de 2003. // Dado que de acuerdo con su comunicación dichos oficios constituyen una muestra de la manera como han sido atendidos en forma “oportuna” mis requerimientos de seguridad, de ahora en adelante las cartas del CRER serán pegadas tanto en las ventanas como en la puerta de mi apartamento, mientras las verdaderas medidas de protección se hacen realidad. Asimismo pegaré a mi espalda uno de sus oficios, con la esperanza de frenar un eventual ataque contra mi vida e integridad física, a la espera de que se concrete la entrega del carro blindado y el blindaje de mi apartamento. Confío en que los perpetradores dispararán directo al avantel que me fue dado hace poco menos de un año y se frenarán frente a las copias de las comunicaciones del Ministerio del Interior. Quiero creer que esas muestras de burocracia institucional servirán para salvar mi vida, que es en suma lo único que he venido reclamando desde el día en que me presenté ante el CRER. ¿Desde cuándo a las personas perseguidas por el Estado se les protege a través de cartas y más cartas?”
El apoderado de la actora señala que la periodista ha debido salir del país como forma de reducir su situación de riesgo. No obstante, el Ministerio del Interior no duda en calificar su actitud de “imprudente y temeraria”.
El referido programa tiene como fines, proteger a las personas que se acojan a él, de acuerdo a la valoración que realiza el comité de reglamentación y evaluación de riesgos, CRER. Este, en unión con los cuerpos especializados, disponen el esquema de seguridad apropiado al caso especifico; luego son éstos los que disponen la forma como debe desarrollarse dicho esquema; no la persona protegida. A juicio del tribunal, son los cuerpos de seguridad del Estado, quienes tienen la idoneidad para señalar la forma y condiciones en que dicha garantía puede cumplirse. Salirse del mismo, cualquiera que sea la razón, releva de responsabilidad al Estado y a los organismos encargados de brindar la protección.
Respuesta del Departamento Administrativo de seguridad, DAS
39. En su respuesta a la Corte el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, indica que “los programas de protección en estos casos, son de competencia exclusiva y excluyente del Ministerio del Interior y de Justicia, y el DAS, solamente actúa como cuerpo de apoyo para la administración de los esquemas protectivos que han sido aprobados previamente”.
En respuesta al punto primero del cuestionario, la entidad señala que mediante Acta 2 del 14 de marzo de 2006 del CRER, se adoptó a favor de la actora una medida de protección consistente en un carro blindado, dos escoltas y dos medios de comunicación (avanteles). Sin embargo, indica que “la beneficiaria manifestó que no recibía personal que no fuera postulado por ella”. Por esta razón se adelantaron los trámites que concluyeron con la contratación de una persona de su confianza. Sin embargo, el 16 de mayo de 2007, esta persona renunció por lo cual la actora presentó una nueva hoja de vida el día 6 de junio. Mientras el DAS elaboraba el estudio de confiabilidad correspondiente, le fueron asignados a la actora dos escoltas que fueron “enviados a la oficina del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, obedeciendo a que este es el único contacto para su ubicación”. Señala sin embargo que “los señores destinados para su servicio de seguridad no fueron recibidos”.
En respuesta al cuarto punto del cuestionario, señala que no es de competencia de esa entidad “entregar ayudas económicas a los beneficiarios del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia”, pese a lo cual, “mientras hizo uso del esquema, el vehículo tuvo asignado rubro para combustible y mantenimiento preventivo y correctivo”.
En respuesta al último punto del cuestionario, la entidad señala que “en cumplimiento del fallo del Tribunal Contencioso de Cundinamarca, se llevó a cabo la reunión el 28 de octubre de 2007 en la cual se le dio a conocer a la protegida que se cumpliría con el fallo que ordenaba implementar el esquema. Para el 29 de octubre se le asignó el vehículo blindado y le fue presentado el escolta (…) quien había sido presentado por la periodista y se contrató para su servicio. Con posterioridad el 10 de noviembre de 2007, solicitó el cambio del escolta (…) aduciendo problemas con el mismo y por tal requiere que se le asigne al señor (XX), petición que no pudo ser resuelta positivamente por que el señor XX se encontraba trabajando con un esquema que lo había solicitado. Para darle solución a este inconveniente se le envía otro escolta contratista, que no es recibido por la Señora Duque”.
En reunión de fecha 14 de enero de 2008, que se desarrolló entre la beneficiaria y el Director encargado del Departamento, se acuerda la asignación temporal de un escolta, quien fue aceptado. Posteriormente por inconvenientes que le fueron aclarados, la señora Duque en un CRER Extraordinario lee una carta en la que renuncia al esquema protectivo. Se supo en este Comité que la señora viajaba el 12 de abril (…)”.
En respuesta al primer punto del cuestionario indica que desde el año 2003, el comité de reglamentación y evaluación de riesgos, CRER, ha recomendado las siguientes medidas de protección para la actora:
Añade que “dichas medidas fueron implementadas conforme a lo dispuesto por la beneficiaria, quien no aceptó realizar estudio de seguridad del inmueble donde reside para efectuar el blindaje del mismo; tampoco aceptó la asignación de los apoyos de transporte cuando le fue suspendido el esquema de protección”.
En respuesta al tercer punto del cuestionario, indica que “el comité de reglamentación y evaluación de riesgos, CRER, en su sesión del 21 de enero de 2004 recomendó la asignación de un esquema individual de seguridad para la protección de la periodista, compuesto por dos unidades de escolta y un vehículo blindado (…). Este esquema de protección fue suspendido según recomendación del CRER por decisión unánime de sus miembros en sesión fechada 29 de agosto de 2007, con fundamento en el artículo 18 del Decreto 2816 de agosto de 2006, como quiera que la tutelante estaba haciendo mal uso del esquema asignado, (…). Una vez que el CRER recomendó al programa de protección suspender esta medida por la razón antes expuesta, se ofrecieron las garantías necesarias para la seguridad de la periodista, a través de acompañamientos con Policía Nacional y apoyos de transporte, estos últimos no aceptados por la señora Duque”.
En respuesta al cuarto punto del cuestionario, indica que el esquema de seguridad que tuvo asignado la periodista hasta el 10 de abril del presente año, estaba administrado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
En respuesta al último punto del cuestionario, indica que la reunión ordenada por el Tribunal de instancia se llevó a cabo el día 24 de octubre de 2007 en la cual asistieron la coordinadora (E) del programa de protección, el delegado del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el delegado de la fundación libertad de prensa, FLIP, la señora Claudia Julieta Duque Orrego, el doctor Reinaldo Villalba, apoderado de la señora Claudia Julieta Duque y miembro de la Corporación Colectivo de Abogados y la asesora jurídica del programa de protección. De dicha reunión se elevó un acta (anexa) que sólo fue firmada por los funcionarios de esa dirección, en la cual quedaron plasmados los compromisos relacionados con el fallo de tutela, entre ellos, la entrega del esquema de seguridad. Acordaron las partes que la reunión de seguimiento para optimizar la medida de protección asignada se llevaría a cabo el día 8 de noviembre de 2007, en las instalaciones de la dirección de derechos humanos. Efectivamente se llevó a cabo la citada reunión, donde asistieron los delegados de la Dijin, Sijin, las entidades accionadas, y la tutelante (anexa comprobante).
Añade en este punto el representante del Ministerio: “Vale la pena resaltar que el honorable tribunal, tampoco manifestó que la optimización del esquema dependía de los resultados de investigaciones de amenazas en contra de la tutelante, evidentemente ya que este tema se sale del resorte de este despacho, ya que no somos entes investigativos ni tenemos la infraestructura para tal fin”.
Indica que el ministerio le ha manifestado a la actora que la optimización del esquema también depende del deber de acatar las normas de “autoprotección y autoseguridad”, especialmente omitiendo conducir “el vehículo de propiedad del Estado, que se les ha asignado para su protección”.
Esto viene pasando constantemente porque le estoy llevando un registro de kilometraje a diario a la entrada y a la salida, situación que la doctora desconoce”.
Las causas que la llevaron a la interposición de la acción se explican más detalladamente como sigue. En primer lugar, luego de la renuncia del escolta de confianza de la actora, ésta le solicitó al DAS la contratación de una nueva persona de su confianza. Sin embargo, hasta la interposición de la acción de tutela (aproximadamente, cuatro meses después), el DAS no había adoptado ninguna decisión al respecto. Dado que durante ese lapso no aceptó a los escoltas armados que el DAS seleccionó unilateralmente y en virtud del alto riesgo que corría, decidió continuar manejando personalmente el vehículo blindado que le fue asignado. Esto motivó que el ministerio le solicitara la devolución del mencionado vehículo y, en su lugar, le asignara un apoyo económico de trasporte. En consecuencia, la actora solicita que se ordene al Ministerio del Interior restablecer las medidas que le han sido retiradas, lo que supone que le sea devuelto el vehículo blindado; que se le nombre de inmediato la persona de confianza que acompañará el esquema de seguridad; y que se le dote de comunicación rápida a través de dos Avanteles. Solicita instar a las autoridades encargadas de investigar y sancionar las amenazas y hostigamientos contra ella. Adicionalmente, solicita que se realice una reunión urgente entre ella y las entidades accionadas, “para acordar otras medidas que puedan garantizar mayores niveles de seguridad”.
3. El Ministerio del Interior y de Justicia intervino el proceso para solicitar al tribunal que denegara la tutela interpuesta. Señala la entidad mencionada, que la periodista ha sido objeto de protección constante por parte del ministerio. Pese a que la entidad se contradice constantemente al momento de aclarar las medidas de que ha sido objeto la actora, lo cierto es que señala que la misma fue beneficiaria de un esquema “duro” de protección que incluye, al menos, un carro blindado, una persona para su seguridad y dos Avanteles (2) . Sin embargo, indica que en el 2007 tales medidas fueron suspendidas y, en su lugar, se le concedió a la actora una ayuda económica para trasporte. Informa a la Corte que el esquema duro de seguridad le fue suspendido porque la actora hizo mal uso de las medidas aprobadas. El mal uso consiste en el hecho de que la periodista ha conducido personalmente el vehículo blindado de seguridad que hace parte de su esquema de protección. Según el Ministerio, la actora condujo tal vehículo durante el periodo en el cual no quiso aceptar los escoltas oficiales del DAS pero, incluso, mientras tuvo asignado un escolta de confianza. Para fundamentar esta afirmación aporta un informe elaborado reservadamente por el escolta del DAS y entregado a dicha institución, en el cual se afirma:
Finalmente, la Corte debe resolver si vulnera el derecho al hábeas data de la actora, el hecho de que en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, existan, al margen de su conocimiento y consentimiento, reportes reservados sobre su conducta.
Dado el nivel de riesgo encontrado, la periodista fue incluida dentro de las personas protegidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, dado su nivel de riesgo, la decisión de incluirla dentro del grupo de personas protegidas no sólo tiende a proteger su derecho a la vida y a la integridad sino, adicionalmente, tiende a la protección del derecho a la libertad de expresión. En efecto, como lo señala el principio 9º de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada (3) ”.
En efecto, en repetidas oportunidades, la Corte ha señalado que ante personas que se encuentran en situación de riesgo alto o extraordinario, el Estado —es decir todos los servidores públicos cuya conducta compromete al Estado— tiene deberes especiales, uno de los cuales es el reconocimiento de la citada situación. Adicionalmente, deben actuar de manera particularmente cuidadosa para no aumentar el riesgo en el cual estas personas se encuentran.
En otro caso relevante, la Corte conoció un asunto en el cual la entidad encargada de proteger a la población desplazada negó el registro de una mujer que aseguraba que grupos al margen de la ley la habían desplazado luego de asesinar, frente a ella, a su padre y secuestrar a su cónyuge. Según la entidad accionada, los hechos de violencia mencionados, de ser ciertos, se debían a actos criminales de naturaleza individual y selectiva, ajenos al conflicto, dado que el lugar del cual provenía la actora no reportaba problemas de violencia en los últimos 22 años. La actora provenía de una vereda ubicada en el municipio de Aguachica, en el sur del Cesar. Según reportes oficiales, se trata de una zona gravemente afectada por la violencia. Incluso la vereda de la cual provenía (El Limoncito) había sido catalogada como vereda expulsora de población desplazada, por la ACNUR. En este caso la Corte estudió la decisión de la entidad pública de negar —de manera contraevidente— la versión de la actora sobre los hechos de violencia que la habían afectado y en virtud de los cuales había sido víctima del crimen de desplazamiento forzado y al respecto sostuvo:
“(C)omo ya lo ha reconocido la Corte, la víctima (de violaciones a los derechos humanos) tiene derecho a que los actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche público de dichos actos. Por consiguiente una manera de vulnerar de nuevo sus derechos es la actitud del Estado destinada a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar los crímenes cometidos (4) ”.
“La Cortecita […] Una Sala, un tribunal pues, donde la mayoría de los magistrados estaban vendidos a los intereses de la oposición golpista, y una noche resulta que se consiguió y se capturó, un cuerpo policial capturó al chofer de uno de esos magistrados llevaba un expediente, es decir, sustrajeron del archivo de allí, un expediente de corrupción, el chofer del magistrado llevaba el expediente para entregárselo a los defensores del acusado, que es un dirigente de uno de estos partiditos de oposición que en el fondo no son sino acción democrática y COPEI (5) ”.
La reacción del gobierno se produjo porque judicialmente se consideró que la conducta de sacar un expediente de la corporación no constituía prueba de actividades ilegales, dado que era una práctica usual en el poder judicial. Sin embargo, poco tiempo después los magistrados de la Corte mencionada en la cita anterior fueron destituidos. A juicio de quienes defendieron su posición ante la Corte Interamericana, “con ese tipo de descalificaciones se estaba preparando el camino para [la] destitución [de los miembros de la Corte Primera] o para amedrentar[los] y plegar[los] al proyecto político gubernamental”. Sin embargo, el Estado consideró que las declaraciones de “altos funcionarios de Gobierno […] no constituyen ope legis, abuso de poder”. Agregó que si éstas “son llevadas a su debido contexto, resulta evidente que fueron realizadas en aras de un interés público que se produjo como consecuencia de una inconfundible necesidad en una sociedad democrática”.
“La Corte ha reiterado numerosas veces la importancia que posee la libertad de expresión en una sociedad democrática, especialmente aquella referida a asuntos de interés público (6) . Con todo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeta a restricciones (7) , en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la convención (8) . Por lo anterior, no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones (9) , y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos (10) . Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos. Del mismo modo, los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador (11) ”.
En suma, el derecho a la libertad de expresión cuando es ejercido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un ciudadano del común. En este sentido, el derecho a la libertad de expresión se encuentra ordenado, como el resto de los derechos, por el principio fundamental de legalidad según el cual mientras los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido, los servidores públicos sólo aquello que les está permitido. Como consecuencia de este principio, los servidores públicos, cuando actúan en ejercicio de su poder, tienen un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la defensa de todos los derechos fundamentales de todas las personas habitantes del territorio, con independencia de que se trate de personas afectas a su proyecto político o a cualquier otro interés personal. Por esto, por ejemplo, los funcionarios del Estado no pueden tener manifestaciones racistas o discriminatorias respecto de los miembros de determinado sector social (12) .
ART. 18.—Suspensión de las medidas de protección. El comité de reglamentación y evaluación de riesgos podrá suspender las medidas de protección otorgadas, en las siguientes circunstancias: 1. Uso indebido de las medidas asignadas. 2. Salida del beneficiario de su zona de riesgo, por un lapso superior a tres (3) meses. 3. A solicitud del beneficiario. 4. Por recomendación motivada y unánime de sus miembros.
17. Tal y como queda demostrado en el expediente, a la periodista le fue sustituido el esquema de seguridad que le había sido originalmente asignado, sin que existiera una variación del nivel de riesgo extraordinario en que se encontraba. Dicho esquema se suspendió luego de una reunión privada del comité de reglamentación y evaluación de riesgos, CRER, a la cual la persona afectada no fue invitada. Tampoco pudo controvertir las razones que justificaban tan importante decisión. La decisión del ministerio y del comité no fue motivada. Al parecer, la razón fundamental en la cual se soportó dicha decisión fue el hecho de que la periodista ha conducido personalmente el vehículo blindado asignado para su protección. La prueba fundamental de este dicho es un informe reservado entregado por el escolta del DAS a la institución, informe que no fue ni conocido ni controvertido por la actora. Esta decisión se funda adicionalmente en el hecho de que la actora no devolvió el vehículo a pesar de que no aceptó a los escoltas del DAS y esta entidad no le ha asignado un escolta de confianza. El esquema “duro” originalmente otorgado fue sustituido por un esquema consistente en una ayuda económica para trasporte.
En consecuencia, si una persona que está siendo objeto de protección va a ser privada de tal medida, por supuestos malos o irregulares comportamientos, es necesario que se surta un proceso en el cual se garanticen, cuando menos, las garantías mínimas del debido proceso (13) .
Ciertamente, como lo ha señalado la Corte (14) , las garantías del debido proceso deben extenderse a todos aquellos ámbitos penales o administrativos en los cuales el Estado ejerza el derecho sancionatorio, es decir, cuando quiera que pueda afectar los derechos de una persona como consecuencia de actuaciones u omisiones de esta persona que vulneren o lesionen un bien jurídicamente tutelado por el ordenamiento. Algunas de estas garantías, tal y como lo ha señalado la Corte de manera reiterada son, por ejemplo, el principio de estricta legalidad (15) , la proporcionalidad en la reacción (16) , la presunción de inocencia (17) , el derecho a un recurso efectivo (18) y el derecho a la contradicción (19) , entre otros.
21. Pero en el presente caso procede una reflexión adicional. En ciertos casos, los periodistas amenazados y protegidos que se han resistido a ceder a las amenazas y han podido continuar en el ejercicio de su profesión, pueden necesitar, para mantener la garantía constitucional de la reserva de la fuente, hacer uso de dicho vehículo sin la compañía de persona alguna. En efecto, es cierto que una conducta como esta disminuye el nivel de protección y puede aumentar el riesgo. También es cierto que las personas protegidas deben seguir las recomendaciones de autoseguridad y evitar comportamientos temerarios que puedan aumentar el nivel de riesgo. Sin embargo, no es menos cierto que las personas, en todo caso, son las únicas titulares de sus derechos y, entre ellos, de su derecho a la seguridad. Adicionalmente, una evaluación personal puede conducir a una persona, incluso, a renunciar definitivamente a la protección del Estado, cuando considere que ello afecta de manera más sensible derechos como, por ejemplo, el derecho a la intimidad o al trabajo. Cuando se trata de un periodista que pese a las amenazas decide continuar sus investigaciones, es probable que requiera de esquemas especiales que tengan en cuenta la totalidad de los derechos involucrados. En particular, es obvio que los comunicadores pueden requerir cierta privacidad para poder entrevistarse con una fuerte reservada o hacer ciertas indagaciones. En estos casos es entonces necesario que puedan contar con esquemas especialmente diseñados para garantizar tanto su seguridad como su trabajo y los importantes derechos asociados a la libertad de expresión. En particular no pasa desapercibido a la Corte que en estos casos, no sólo está de por medio el derecho de todas las personas al libre desarrollo de su personalidad, sino el derecho a la libertad de expresión y a la reserva de la fuente.
“De otra parte, la Sala considera indispensable advertir que el derecho a la seguridad personal, como cualquier derecho, ha sido reconocido en beneficio del ser humano y como garantía de una órbita de supervivencia digna y de libertad, por lo cual no puede ser invocado por las autoridades en contra de los derechos de una persona, ni para justificar limitaciones o restricciones a su libertad. Por lo mismo, su protección se debe efectuar de tal forma que se garantice el respeto por sus demás derechos fundamentales. Por ejemplo, no podrá invocarse el derecho a la seguridad personal para impedir que una persona se exponga por su propia voluntad, con pleno conocimiento y conciencia, y sin comprometer los derechos de terceros, a situaciones que pueden ponerla en peligro y, de contera, comprometer intereses públicos constitucionalmente protegidos, salvo medidas de protección adoptadas respetando los parámetros constitucionales, en especial el principio de proporcionalidad (20) ”.
“Con base en los mandatos constitucionales e internacionales indicados abajo, y el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la protección de la seguridad de las personas en nuestro ordenamiento, según se reseña más adelante, para la Sala resulta claro que la seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar. // (…) el derecho a la seguridad personal, es aquel que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad;(…)”.
7. La prohibición de que la administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados (21) ”.
23. En el presente caso, la actora solicita que le sea entregada la información que contenga datos personales captados sin su autorización que reposen en los archivos de las entidades de seguridad. En particular respecto del Ministerio del Interior y de Justicia y del DAS (únicas entidades de las mencionadas por la actora en la tutela, accionadas y vinculadas al proceso) constata la Corte la existencia de reportes reservados hechos por el escolta de la actora y dirigidos al DAS sin el conocimiento y consentimiento de la apersona protegida. A este respecto, tanto la actora como importantes y reconocidas organizaciones de defensa de la libertad de expresión le han solicitado al DAS y al Ministerio del Interior, que los escoltas asignados se limiten exclusivamente a reportar novedades relacionadas directamente con sus funciones de protección y de ninguna manera practiquen estudios de inteligencia que impliquen reportar cualquier dato adicional sobre la vida de la persona protegida, como, por ejemplo, sus horarios, las personas con las cuales se reúne, los temas de conversación, etc (22) .
Adicionalmente, cualquier información provisional que pueda comprometer la responsabilidad de una persona debe ser formulada siempre de manera condicional o dubitativa, para dar a entender que no existe ninguna seguridad acerca de lo expuesto. Esta doctrina originalmente formulada por la Corte en la Sentencia T-525 de 1992 fue reiterada por esta decisión en la Sentencia Comentada T-066 de 1998 y posteriormente en la Sentencia T-729 de 2002. En el mismo sentido se han manifestado reiteradamente los órganos de supervisión de tratados internacionales de derechos humanos, al solicitar al Estado que omita la captación de datos privados o reservados que no puedan hacer parte de una investigación judicial y, en todo caso, que cualquier información sea captada de buena fe, atendiendo a los principios constitucionales de protección de inocencia y respeto estricto por la honra, el buen nombre y la integridad de las personas. En este sentido, por ejemplo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en las recomendaciones del informe de 2006, en el párrafo 125, señala: “125. La alta comisionada recomienda al Congreso que expida una ley estatutaria del derecho de hábeas data, que regule los derechos de las personas naturales y jurídicas para rectificar las informaciones sobre ellas recogidas en los archivos de inteligencia de los organismos estatales. Asimismo alienta a las autoridades a avanzar en la anunciada revisión de los criterios aplicables a la información constitutiva de los archivos de inteligencia (23) ”. De la misma manera, en múltiples informes, la comisionada “alienta al Procurador General a establecer y llevar a cabo, en coordinación con el Ministro de Defensa, la revisión anual de los archivos de inteligencia militar sobre defensores y organizaciones de derechos humanos, con el fin de examinar la veracidad e imparcialidad de la información contenida en tales archivos y de excluir datos erróneos o tendenciosos (24) ”.
26. En el mismo sentido de la doctrina mencionada, la Corte ha señalado de manera reiterada que, en principio y salvo la existencia de una ley que establezca lo contrario, la información que repose en los archivos del Estado es pública (25) . Sin embargo si esta información se refiere a los datos privados, íntimos o reservados de una persona y los mismos no son de relevancia pública, en principio, no pueden ser ni capturados y archivados ni divulgados, pues se encuentran protegidos por el derecho a la intimidad (26) . No obstante, si el dato reposa en un archivo oficial, la persona titular de dicho dato, salvo expresa reserva legal, tiene derecho fundamental de acceso a dicha información (27) . Este derecho se deriva claramente del derecho al habeas data consagrado en el artículo 15 de la Constitución según el cual:
En el mismo sentido, el principio tercero de la declaración de principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala: “Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla (28) ”.
27. Desde sus comienzos la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho al hábeas data es un derecho fundamental que, en principio, tiene primacía constitucional, pues de su protección dependen derechos de tanta importancia para las personas como el derecho a la intimidad. Como lo ha señalado la Corte, esta norma consagra varios derechos: (i) el derecho a la intimidad personal y familiar; (ii) el derecho al hábeas data; y (iii) el derecho al buen nombre. En particular, respecto al derecho al hábeas data, la Corte ha indicado que apareja, al menos, las siguientes tres facultades: (i) el derecho de la persona a conocer las informaciones sobre sí misma; (ii) el derecho a actualizar tales informaciones; y (iii) el derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad (29) .
28. En todos los casos estudiados, la Corte ha señalado que corresponde al legislador definir los límites del derecho al hábeas data, siempre dentro del respeto de los principios de razonabilidad y proporcionalidad (30) . Mientras tal reglamentación no se hubiere producido, se deben aplicar los principios constitucionales pertinentes. A este respecto, resulta relevante recordar la doctrina de la Corte sobre administración de datos en archivos tanto de agencias del Estado (de cualquier naturaleza) o privadas. Al respecto ha dicho la Corte:
“El derecho fundamental al habeas data, es aquel que otorga la facultad (31) al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así como la limitación en la posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios (32) que informan el proceso de administración de bases de datos personales (…).
Según el principio de libertad (33) , los datos personales sólo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento (34) libre, previo y expreso del titular, de tal forma que se encuentra prohibida la obtención y divulgación de los mismos de manera ilícita (35) (ya sea sin la previa autorización del titular o en ausencia de mandato legal o judicial). En este sentido por ejemplo, se encuentra prohibida su enajenación o cesión por cualquier tipo contractual.
Según el principio de necesidad (36) , los datos personales registrados deben ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de datos de que se trate, de tal forma que se encuentra prohibido el registro y divulgación de datos que no guarden estrecha relación con el objetivo de la base de datos (37) .
Según el principio de veracidad (38) , los datos personales deben obedecer a situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos.
Según el principio de integridad (39) , estrechamente ligado al de veracidad, la información que se registre o se divulgue a partir del suministro de datos personales debe ser completa, de tal forma que se encuentra prohibido el registro y divulgación de datos parciales, incompletos o fraccionados. Con todo, salvo casos excepcionales, la integridad no significa que una única base de datos pueda compilar datos que, sin valerse de otras bases de datos, permitan realizar un perfil completo de las personas.
Según el principio de finalidad, tanto el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales, debe obedecer a una finalidad (40) constitucionalmente legítima, definida de manera clara, suficiente y previa; de tal forma que queda prohibida la recopilación de datos sin la clara especificación acerca de la finalidad de los mismos, así como el uso o divulgación de datos para una finalidad diferente a la inicialmente prevista (41) .
Según el principio de utilidad, tanto el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales, debe cumplir una función (42) determinada, como expresión del ejercicio legítimo del derecho a la administración de los mismos; por ello, está prohibida la divulgación de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara o determinable.
Según el principio de circulación restringida, estrechamente ligado al de finalidad, la divulgación y circulación de la información está sometida a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos (43) , por la autorización del titular y por el principio de finalidad, de tal forma que queda prohibida la divulgación indiscriminada de los datos personales (44) .
Según el principio de incorporación (45) , cuando de la inclusión de datos personales en determinadas bases, deriven situaciones ventajosas para el titular, la entidad administradora de datos estará en la obligación de incorporarlos, si el titular reúne los requisitos que el orden jurídico exija para tales efectos, de tal forma que queda prohibido negar la incorporación injustificada a la base de datos.
Según el principio de caducidad, la información desfavorable al titular debe ser retirada (46) de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad (47) y oportunidad, de tal forma que queda prohibida la conservación indefinida (48) de los datos después que han desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración.
Según el principio de individualidad, las administradoras deben mantener separadamente las bases de datos que se encuentren bajo su administración, de tal forma que queda prohibida la conducta dirigida a facilitar cruce de datos a partir de la acumulación de informaciones provenientes de diferentes bases de datos (49) .
Además de las obligaciones derivadas de los principios rectores del proceso de administración de bases de datos personales, existen otros que tienen su origen directo en normas constitucionales y legales, sobre todo lo realtivo a la obligación de diligencia en el manejo de los datos personales y la obligación de indemnizar los perjuicios causados por las posibles fallas en el proceso de administración (50) ”.
Por las razones anteriores, una vez que por casualidad dicho informe fue dado a conocer a la actora y a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, tanto aquella como ésta manifestaron públicamente su preocupación “por el hecho de que las personas asignadas a la protección de un periodista estén llevando a cabo actividades de inteligencia, en contravía de la función natural de ese servicio (51) ”. Adicionalmente, la FLIP solicitó a los directivos de el DAS y la policía que desautoricen cualquier actuación en ese sentido e investiguen a los responsables y exhortó a la Fiscalía para que impulse las investigaciones relacionadas con las diversas denuncias presentadas por la periodista (52) .
1. LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el presente asunto, ordenada mediante auto del nueve (9) de julio de dos mil ocho (2008).
2. CONFIRMAR las decisiones del dieciocho (18) de octubre de 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub-sección “A”, y del seis (6) de diciembre de dos mil siete (2007), del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, y en consecuencia, proteger los derechos fundamentales de la actora.
3. ORDENAR al Ministro del Interior y de Justicia que formule una declaración dirigida a la actora, en la que de forma clara y sin inducir a error, dudas o contradicciones, ponga de presente la situación de riesgo en que ella se encuentra, según lo establecen los estudios de riesgo existentes. Sin embargo, si tiene alguna prueba sobre la falsedad de dichos estudios, debe ponerla de presente y adelantar las actuaciones correspondientes.
4. ORDENAR al Ministro del Interior y de Justicia que instruya a sus funcionarios y asesores sobre la importancia de respetar en extremo la situación de personas que sienten, con razones objetivas, que su vida o su integridad se encuentra amenazada, con independencia de su posición frente al gobierno o de la opinión que profesen sobre las distintas agencias del Estado.
5. ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia que restablezca —si no lo ha hecho— e implemente de manera efectiva las medidas de seguridad aprobadas originalmente a la actora, que incluyen el uso de un carro blindado, con nivel alto de seguridad, que cuente con un presupuesto mensual de mantenimiento y gasolina; un conductor de confianza de la actora; Avanteles que permitan la fluida comunicación entre el conductor, la periodista y entre éstos y las autoridades. Deberá adicionalmente realizarse una reunión entre la actora y las autoridades competentes para definir posibles adecuaciones al sistema de protección que le permitan la protección y garantía integral de los derechos fundamentales comprometidos en este caso.
6. ORDENAR a la Dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que permita a la actora el acceso a la información que sobre ella repose en la entidad, con la única excepción de aquella que haga parte de una investigación sometida a la reserva del sumario, por tratarse de una investigación judicial a la que la actora no tenga legalmente derecho de acceso.
7. EXHORTAR a la Directora del DAS y al Director de la Policía Nacional para que instruyan por escrito a sus agentes en el sentido que las labores de protección no son labores de inteligencia, y sobre la prohibición de llevar a cabo actividades de inteligencia respecto de las actuaciones de las personas protegidas.
Magistrados: Jaime Córdoba Triviño— Rodrigo Escobar Gil— Mauricio González Cuervo.
(1) Decreto 2816 de 2006 incluyó otras poblaciones objeto que ya se habían incluido en el programa de protección a saber:
• Periodistas y comunicadores sociales.
• Alcaldes, diputados, concejales y personeros.
• Dirigentes de organizaciones de población en situación de desplazamiento funcionarios responsables del diseño, coordinación o ejecución de la política derechos humanos o de paz del Gobierno Nacional.
• Exfuncionarios que hayan tenido bajo su responsabilidad, el diseño, coordinación ejecución de la política de derechos humanos o de paz del Gobierno Nacional.
(2) La Corte omite en este aparte hacer alusión de las otras medidas que según el ministerio ha adoptado pues de una parte no ha demostrado que las mismas han sido implementadas y de otra sobre este tema la entidad incurre en múltiples contradicciones. Sobre este punto no puede la Corte dejar de lamentar que un asunto tan serio como el que se refiere a la información precisa sobre las medidas adoptadas e implementadas a favor de la protección de la vida y la seguridad de una persona amenazada, sea tratado con tanta ligereza e impresión por un representante de la entidad que justamente se encuentra encargada de protegerla.
(3) http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm.
(4) Sentencia T-821 de 2007 de la Corte Constitucional.
(5) “Cfr. declaración del Presidente de la República Hugo Chávez Frías de 26 de octubre de 2003 en Gobierno en Línea, Aló Presidente No. 169, supra nota 13”.
(6) “Cfr. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C Nº 107, párrs. 112 y 113; Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C Nº 111, párrs. 82 y 83, y Caso Kimel, supra nota 8, párr. 87.”
(7) “Cfr. Caso Kimel, supra nota 8, párr. 54”.
(8) “Cfr. Caso Kimel, supra nota 8, párr. 56”.
(9) “Cfr. Caso Kimel, supra nota 8, párr. 79”.
(11) “En este punto resulta relevante la declaración del señor Param Curawasmany (supra nota 59, fl. 830) quien afirmó que “[s]i bien la crítica pública constructiva de fallos o decisiones de los jueces en un lenguaje moderado sería permisible incluso cuando proviene de las fuerzas políticas, cuando dicha crítica se expresa en un lenguaje virulento, inmoderado, amenazante e intimidador y en mala fe, se considerará como una amenaza o una interferencia a la independencia judicial”.
(12) En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido: “La Sala considera pertinente reiterar lo dicho en Sentencia T-1191 de 2004, en donde la corporación enfatizó que el poder que le asiste al Presidente de la República para dirigirse a la comunidad a través de los medios de comunicación no es libre, pues implica un deber correlativo de respeto por la objetividad, el cual, incluso, se exige cuando el primer mandatario expresa su opinión sobre tópicos específicos, pues allí también, en el ejercicio de su libertad de expresión, aquél debe hablar sobre justificaciones mínimas, en uso de criterios razonables.” Sentencia T-1062 de 2005.
(13) En un caso anterior, en el cual la Corte tuvo que resolver si un servidor público sancionado en virtud de un supuesto informe de inteligencia del DAS tenía el derecho a conocer y controvertir dicho informe, antes de que se le impusiera la correspondiente sanción. Al respecto dijo la Corte: Cuando se desvincula a un servidor de carrera en razón de informes reservados de organismos de inteligencia del Estado, dicha decisión debe adoptarse consultando el debido proceso. Es decir, la misma autoridad administrativa, o disciplinaria en caso de que el retiro sea producto de un procedimiento de esta naturaleza, debe poner en conocimiento de la persona el informe reservado que en su contra se aduce, a fin de que materialmente pueda defenderse y controvertir lo alegado en su contra; así mismo, al adoptar la decisión de retiro debe valorarse la presunción de inocencia y que al Estado le corresponde desvirtuar dicha presunción; lo cual, además, lleva a la Sala a concluir que, sin perjuicio de la carga probatoria mencionada, en el evento de que el servidor de carrera logre acreditar que los hechos imputados no corresponden a la realidad o no se pueda desvirtuar la presunción de inocencia de que éste último goza, surge para el Estado la obligación de corregir la información que sobre este particular repose en sus bases de datos. Por otra parte, cuando se trate de un servidor de libre nombramiento y remoción, también debe brindarse la oportunidad de conocer el informe reservado y defenderse de las imputaciones que ahí se realizan, cuando la causa del retiro se sustente precisamente en este motivo. Sentencia T-928 de 2004.
(14) Sentencias T-438 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-492 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-796 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y finalmente la C-124 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, en la que se hace una relación sucinta de varios pronunciamientos jurisprudenciales, en los cuales se señala precisamente que existe una igualdad relevante entre los Derechos sancionatorios, que amerita, justamente, un tratamiento semejante.
(15) Sentencia C-087 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(17) Sentencia C-1440 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(18) Sentencia C-117 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(19) Sentencia T-490 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(20) Por eso en la sentencia sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los automotores la Corte admitió la constitucionalidad de limitaciones a la autonomía de los ocupantes del vehículo, distinguiendo entre políticas perfeccionistas – prohibidas- y “medidas de protección (que)... no son en sí mismas incompatibles con la Constitución”. Sentencia C-309 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(21) Sentencia T-719 de 2003. F.J. 4.2.3.2..
(22) Sobre este caso la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, expidió un comunicado en el cual se lee: “Periodista renuncia a esquema de seguridad del gobierno por falta de garantías. // (…) La periodista tomó la decisión después de conocer informes internos que sus escoltas le remitían al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Allí se daba cuenta de las actividades que realizaba la periodista y se le hicieron falsas imputaciones. A esto se sumó una serie de inconsistencias que Duque denunció de manera permanente mientras recibió protección oficial. // la periodista ha denunciado ante las autoridades judiciales y la FLIP seguimientos sospechosos, amenazas e intimidaciones. Según ella, detrás de estos hechos están agentes del Estado. Estás denuncias no han arrojado ningún resultado. // (…) En respuesta a un derecho de petición presentado por la FLIP al respecto, el subdirector del DAS, Joaquín Polo, afirmó que “no es política de esta entidad llevar a cabo actividades de inteligencia por conducto de los escoltas contratistas” y suministró la reglamentación sobre la materia de esa entidad. // La FLIP exhorta al gobierno para que le suministre a la Claudia Julieta Duque medidas de protección confiables y de conformidad con su riesgo, que le permitan reconsiderar su decisión. Por otro lado, manifiesta su preocupación por el hecho de que las personas asignadas a la protección de un periodista estén llevando a cabo actividades de inteligencia, en contravía de la función natural de ese servicio. La FLIP le solicita a los directivos de el DAS y la Policía que desautoricen cualquier actuación en ese sentido e investiguen a los responsables. Por último, exhorta a la Fiscalía para que impulse las investigaciones relacionadas con las diversas denuncias presentadas por la periodista.”. http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=292.
(23) http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/recomendaciones2005/Recomendaciones2005.pdf.
(24) http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/recomendaciones2005/Recomendaciones2005.pdf.
(25) Cfr. Ver, entre otras, las sentencias T-473 de 1992, T-695 de 1996, T-074 de 1997, C-491 de 2007, T-705 de 2007, C-491 de 2007 y T-1025 de 2007.
(26) Cfr. C-872 de 2003 y T-1025 de 2007, entre otras.
(27) En este sentido se puede confrontar, entre otras, la sentencia C-851 de 2005 que declaró exequible el registro y reporte de datos financieros personales en archivos del Estado no autorizados expresamente por el titular del dato. Una de las razones por las cuales consideró que esta disposición no vulneraba el artículo 15 de la Carta era que la misma estaba contenida en una ley precisa y clara que establecía el archivo razonable de los datos estrictamente necesarios para salvaguardar bienes públicos.
(28) http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm.
(29) Corte Constitucional, Sentencias SU-082 y SU-089 de 1995, T-160 de 1993, T-443 de 1994 y T-309 de 1999, C-851 de 2005.
(30) C-851 de 2005.
(31) En este sentido, en Sentencia T-414 de 1992, la Corte afirmó: “la libertad informática, consiste ella en la facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás”. Así mismo, en sentencia SU-082 de 1995, afirmó: “La autodeterminación informática es la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, de conformidad con las regulaciones legales.“ Y en la Sentencia T-552 de 1997 afirmó: “...el derecho a la autodeterminación informativa implica, como lo reconoce el artículo 15 de la Carta Fundamental, la facultad que tienen todas las personas de “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.
(32) El fundamento de validez de los llamados principios de la administración de datos personales, se encuentra en el segundo inciso del artículo 15 de la Constitución, el cual constituye en términos de la Corte, “el contexto normativo y axiológico dentro del cual debe moverse, integralmente el proceso informático” y del cual derivan “unas reglas generales que deben ser respetadas para poder afirmar que el proceso de acopio, uso y difusión de datos personales sea constitucionalmente legítimo”, y que a su vez son el resultado “de la aplicación directa de las normas constitucionales al proceso informático”. Así en Sentencia T-307 de 1999 (consideración 20).
(33) En la sentencia T-022 de 1993, la Corte resolvió el caso de la circulación de datos personales de contenido crediticio sin el consentimiento del titular de los datos. Es así como la Corte, bajo la necesidad de “favorecer una plena autodeterminación de la persona” y ante la “omisión de obtener la autorización expresa y escrita del titular para la circulación de sus datos económicos personales”, resolvió conceder la tutela de los derechos a la intimidad y al debido proceso (léase propiamente habeas data) y ordenó a la central de información financiera el bloqueo de los datos personales del actor. Este principio encuentra su justificación, en la necesidad de evitar el riesgo que el poder informático entraña, en la medida que con el mismo se pueden afectar derechos fundamentales del titular del dato.
(34) Véase esta cualificación del consentimiento como libre, previo y expreso, en Sentencia SU-082 de 1995 (consideraciones sexta y décima). Así mismo en sentencias T-097 de 1995, T-552 de 1997 T-527 de 2000 y T-578 de 2001.
(35) Sobre esta prohibición, a propósito de la interpretación del enunciado del artículo 15 de la Constitución y de la manera como se deben manejar los datos en relación con el principio de libertad, la Corte en la Sentencia SU-028 de 1995, afirmó: “los datos conseguidos, por ejemplo, por medios ilícitos no pueden hacer parte de los bancos de datos y tampoco pueden circular. Obsérvese la referencia especial que la norma hace a la libertad, no sólo económica sino en todos los órdenes. Por esto, con razón se ha dicho que la libertad, referida no sólo al aspecto económico, hace parte del núcleo esencial del habeas data”. En el mismo sentido en la Sentencia T-176 de 1995, consideró como una de las hipótesis de la vulneración del derecho al habeas data la recolección de la información “de manera ilegal, sin el consentimiento del titular de dato”.
(36) Sobre este principio y su relación con el principio de finalidad, la Corte en sentencia T-307 de 1999, afirmó: “la información solicitada por el banco de datos, debe ser la estrictamente necesaria y útil, para alcanzar la finalidad constitucional perseguida. Por ello, los datos sólo pueden permanecer consignados en el archivo mientras se alcanzan los objetivos perseguidos. Una vez esto ocurra, deben desaparecer” (consideración 20).
(37) En este sentido, la Corte en Sentencia SU-082 de 1995, bajo la clasificación de los datos personales, en datos íntimos y datos personales no íntimos, consideró prohibida la inclusión de información que pertenezca a la esfera íntima de la persona, por considerarla violatoria del derecho a la intimidad, con lo cual empieza a perfilar el llamado principio de necesidad determinado por el objeto y la función específica de cada base de datos. Ya en la sentencia T-176 de 1995, la Corte consideró como una de la hipótesis de vulneración del derecho al habeas data, que la información recaiga “sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de ser conocidos públicamente”.
(38) Sobre el principio de veracidad, en las sentencias SU-082 de 1995 y SU-089 de 1995, la Corte afirmó como contenido del derecho al habeas data, la facultad de solicitar la rectificación de la información que no corresponda a la verdad (consideración quinta) Así mismo afirmó que no existe derecho alguno a “divulgar información que no sea cierta” (consideración sexta). Reiterada en la Sentencia T-097 de 1995. Véase igualmente sentencias T-527 de 2000 y T-578 de 2001, entre otras. En la Sentencia T-1085 de 2001, la Corte tuteló el derecho al habeas data al considerar que la entidad administradora vició de parcialidad la información, al suministrar datos negativos sin haber atendido la petición de dación en pago que presentara el actor.
(39) Sobre el principio de integridad, la Corte en la Sentencia SU-082 de 1995, estudió el caso de la divulgación de datos personales de contenido crediticio incompletos. Bajo el principio de la integridad, la Corte decidió tutelar los derechos tanto a la información de que son titulares, en este ámbito las entidades financieras, como el del habeasdata del cual es titular el propietario de los datos personales y ordenó a la entidad administradora de datos, completar la información acerca del comportamiento comercial del actor.
(40) En la Sentencia T-022 de 1993, la Corte reconoce la existencia de un “verdadero interés general” en la actividad de administración de los datos personales de contenido crediticio, cuando con la misma en términos de la Corte se “satisfaga la exigencia de dicho interés”, es decir, cuando la divulgación de la información se ajuste única y exclusivamente a la finalidad para la cual se administra: que las entidades financieras puedan medir el crédito y el nivel de riesgo de sus futuros clientes.
(41) En este sentido, la Corte ha perfilado la llamada teoría de los ámbitos, de tal forma que se admite que el suministro de datos personales se realiza en un contexto más o menos delimitado. En consecuencia, la referida información se destinará a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el titular, en relación con el objeto de la base de datos y con el contexto en el cual estos son suministrados. Así, en Sentencia T-552 de 1997, la Corte afirmó como derivación del derecho a la autodeterminación informativa, la facultad de poder exigir “el adecuado manejo de la información que el individuo decide exhibir a los otros” (consideración 2.1.).
(42) Para la Corte, la utilidad de la información constituye una exigencia a partir de una concepción relativa de los derechos, de tal forma que la ausencia de utilidad legítima constituiría un abuso del derecho. En este sentido, en la Sentencia T-119 de 1995, la Corte consideró que la sola autorización de funcionamiento de las entidades administradoras de datos, no constituía garantía de la legitimidad de sus conductas. Dijo la Corte: “...es claro que, por una parte, los derechos consagrados en la Constitución Política no son absolutos sino que encuentran sus límites en el orden jurídico y en los derechos de los demás, y, por otra, que quien abusa de su derecho, afectando a sus congéneres, no puede reclamar para sí el reconocimiento de una conducta legítima, menos si con ellos deja indefensa a su víctima”.
(43) Así, en Sentencia SU-082 de 1995, la Corte se pronunció sobre el derecho de las entidades financieras a obtener información sobre los perfiles de riesgo de los eventuales usuarios de sus servicios, el cual se encuentra justificado y a la vez restringido a la defensa de los intereses de la institución financiera. Dijo la Corte: “Obsérvese que cuando un establecimiento de crédito solicita información sobre un posible deudor, no lo hace por capricho, no ejerce innecesariamente su derecho a recibir información. No, la causa de la solicitud es la defensa de los intereses de la institución que, en últimas, son los de una gran cantidad de personas que le han confiado sus dineros en virtud de diversos contratos”.
(44) Es el caso de la llamada “información específica” en materia registral. Como bien se sabe, la inscripción del nacimiento se descompone en dos secciones, una genérica y otra específica; aquella es de público conocimiento, ésta está sometida a circulación restringida. La información específica, según el artículo 52 del Decreto-Ley 1260 de 1970 incluye: la hora, el lugar de nacimiento y las huellas plantares del registrado, los nombres de padre y madre, su oficio, nacionalidad y estado civil, así como el nombre del profesional que atendió el parto. Esta información según el artículo 108 del Decreto-Ley 1260 de 1970 está sometida a circulación restringida. Dice el artículo 115, “las copias y los certificados de las actas, partidas y folios de nacimiento se reducirán a la expresión del nombre, el sexo, el lugar y la fecha de nacimiento. Las copias y certificados que consignen el nombre de los progenitores y la calidad de la filiación, solamente podrán expedirse en los casos en que sea necesario demostrar el parentesco y con esa sola finalidad, previa indicación del propósito y bajo recibo, con identificación del interesado. La expedición y detentación injustificada de copias o certificados de folios de registro de nacimiento con expresión de los datos específicos mencionados en el artículo 52 (D.L. 1260/70) y la divulgación de su contenido sin motivo legítimo, se considerarán atentados contra el derecho a la intimidad y serán sancionados como contravenciones, en los términos de los artículos 53 a 56 del Decreto-Ley 1118 de 1970”.
(45) En la Sentencia T-307 de 1999, al resolver el caso de una actora que después de intentar infructuosamente durante varios años su inclusión al régimen subsidiado de salud mediante el sistema Sisben, y dada la inexistencia de bases de datos que permitieran llevar un control efectivo y real de los beneficiarios de dicho régimen por parte de la entidad territorial responsable, la Corte, a partir de la existencia del llamado habeas data aditivo, ordenó a la entidad territorial implementar mecanismos que permitiera dispensar la información necesaria para efectos del reconocimiento de los derechos a la salud, a la seguridad social , a la igualdad y al habeas data de la peticionaria.
(46) Sobre el alcance de la obligación de retirar la información negativa, la Corte, en Sentencia T-022 de 1993, afirmó que una vez satisfechos los presupuestos para solicitar la cancelación de los datos, "ésta deberá ser total y definitiva. Vale decir, la entidad financiera no podrá trasladarlos ni almacenarlos en un archivo histórico. Tampoco limitarse a hacer una simple actualización del banco de datos cuando lo procedente es la exclusión total y definitiva del nombre del peticionario favorecido con la tutela. Porque ello no sólo iría en menoscabo del derecho al olvido sino que se constituiría en instrumento de control apto para prolongar injerencias abusivas o indebidas en la libertad e intimidad de su titular”.
(47) Bajo el principio de razonabilidad, la Corte desde la sentencia SU-082 de 1995, fijó reglas jurisprudenciales sobre los términos de caducidad de los datos personales negativos, relativos a la información financiera. Términos que están llamados a operar en casos similares, debido a la ausencia de norma expresa y sobre todo a la necesidad de evitar “el abuso del poder informático” como desarrollo necesario del derecho a la autodeterminación informática. Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: SU-089 de 1995, T-527 de 2000, T856 de 2000, T-578 de 2001, entre otras. Así mismo, en la Sentencia T-119 de 1995, la Corte, tras haber transcurrido el tiempo razonable de permanencia de la información adversa, tuteló el derecho al habeas data y ordenó a la entidad administradora la cancelación inmediata de los datos personales negativos.
(48) Correlativo a este “deber”, la Corte, desde la sentencia T-414 de 1992, afirmó la existencia del llamado “derecho al olvido”, fundado en los principios de vigencia limitada en el tiempo del dato personal y de integridad y veracidad de las informaciones. Principios que imponen a las administradoras de datos, entre otras, la obligación de permanente actualización o la de eliminación de los mismos según las circunstancias del caso. Lo que no implica de manera alguna la negación o la supresión de la historia de las personas, sino que en relación con los principios de libertad y de no discriminación, la permanencia del dato negativo ante la posibilidad y el riesgo de que de los mismos se desprendan futuras privaciones a diversos derechos de su titular, impone la necesidad de su cancelación o supresión de las bases de datos.
(49) Sobre la descripción de este riesgo, la Corte, en sentencia T-414 de 1992, afirmó: “Es preciso, de otra parte, recordar que a partir de la década del cincuenta máquinas tales como los computadores han hecho posible no sólo crear e interconectar enormes “bancos de datos” que pueden suministrar inmediatamente una vasta cantidad de información personal a grandes distancias y en forma más comprensiva, sino también establecer correlaciones entre datos que aisladamente son las más de las veces inofensivos pero que reunidos pueden descubrir aspectos cuya revelación atenta contra la libertad e intimidad del ciudadano”.
(50) Sentencia T-729 de 2002.
(51) http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=292.
(52) http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=292.

References: artículo 28
 artículo 28
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 52
 artículo 108
 artículo 115
 artículo 52