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Ley de Competencia Penalen Procesos de Mayor Riesgo
DECRETO NÚMERO 21-2009
Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, lalibertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas.
Que una de las condiciones básicas de mantener la independencia de la justiciaes la seguridad personal de los jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia.
Que la independencia de la justicia en materia penal es especialmente vulnerableal empleo de la fuerza física, amenazas, intimidaciones y otras formas decoacciones, con el fin de influir en el comportamiento de los jueces, magistrados,fiscales y auxiliares de la justicia en el cumplimiento de sus funciones, en lainvestigación y persecución penal y juzgamiento.
Que existen procesos de mayor riesgo que se caracterizan por requerir medidasextraordinarias para garantizar la seguridad personal de los jueces, magistrados,fiscales y auxiliares de la justicia, testigos y demás sujetos procesales, en loscuales resultan insuficientes las medidas ordinarias de protección.
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de laConstitución Política de la República de Guatemala,
LEY DE COMPETENCIA PENAL EN PROCESOS DE MAYOR RIESGOArtículo 1. Tribunales competentes para procesos de mayor riesgo.
(Reformado por el Artículo 1 del Decreto 35-2009 del Congreso de laRepública).
La Corte Suprema de Justicia determinará los tribunales competentespara conocer en la fase procesal que corresponda, en los procesos por hechosdelictivos cometidos en el territorio de la República y que presenten mayor riesgopara la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia,así como de los imputados, testigos y demás sujetos procesales que intervenganen estos procesos.
Artículo 2. Procesos de mayor riesgo.
Los procesos a que se refiere el artículoanterior son los procesos en los que concurren delitos de mayor riesgo y sepresentan riesgos para la seguridad personal de las personas a que se refiere elartículo anterior, por lo que se requieren medidas extraordinarias de seguridadpara:a)
El resguardo de la seguridad personal, en la realización de los actos jurisdiccionales, las actuaciones procesales, la investigación, acusación ydefensa; o,b)
El resguardo y traslado de los procesados privados de libertad; o,c)
El resguardo de la seguridad personal en el espacio físico de Juzgados yTribunales incluyendo los aspectos de logística.
Artículo 3. Delitos de mayor riesgo.
Para los fines de la presente Ley, seconsideran delitos de mayor riesgo los siguientes:a)
Genocidio;b)
Los delitos contra personas y bienes protegidos por el DerechoInternacional Humanitario;c)
Desaparición forzada;d)
Tortura;e)
Asesinato;f)
Trata de personas;g)
Plagio o secuestro;h)
Parricidio;i)
Femicidio; j)
Delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada;k)
Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la LeyContra la Narcoactividad;l)
Delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos;m)
Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la Leypara Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y,n)
Los delitos conexos a los anteriores serán juzgados por los tribunalescompetentes para procesos de mayor riesgo.
El requerimiento para que losprocesos de mayor riesgo se puedan tramitar en los tribunales competentes paraprocesos de mayor riesgo, deberá formularse solamente por el Fiscal General yJefe del Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia, la cual resolverá dichasolicitud por medio de la Cámara Penal.El requerimiento para otorgar competencia en procesos de mayor riesgo podráformularse desde el inicio de la investigación hasta antes del inicio del debate oraly público. Promovido el requerimiento, la Cámara Penal citará al Ministerio Públicoy a las demás partes procesales a una audiencia oral que se celebrará únicamentecon las partes que asistan, dentro del plazo de veinticuatro horas más el términode la distancia, si procediere. Para tales efectos, la Cámara Penal de la CorteSuprema de Justicia notificará a todas las partes acerca de la audiencia oral por elmedio más rápido posible.Inmediatamente de celebrada la audiencia oral, la Cámara Penal de la CorteSuprema de Justicia resolverá sin más trámite la cuestión planteada y remitirá losautos al juez que corresponda, notificando a las partes.La Cámara Penal otorgará la competencia, si en conformidad a sus antecedentes,el proceso requiere de mayores medidas de seguridad y concurre uno de losdelitos de mayor riesgo, según los artículos dos y tres de la presente Ley.Si la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia considera que no es viableacceder al requerimiento por deficiencias en la solicitud, deberá comunicarinmediatamente al Fiscal General tales deficiencias, a efecto de que éstas puedanser subsanadas en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no lograrsesubsanar tales deficiencias, la Cámara Penal dictará la resolución correspondientecon la debida fundamentación.La Cámara Penal podrá rechazar el requerimiento del Fiscal General,fundamentando dicho rechazo en que el otorgamiento de competencia provoca enel caso concreto un obstáculo o impedimento para que las partes ejerzan susderechos en cualquier actuación o diligencia en la que tengan derecho a intervenir.Las partes podrán apelar la decisión de la Cámara Penal dentro del término detres días, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Dicha apelación seráresuelta inmediatamente.
Artículo 5. Derecho de acceso a la justicia.
El Ministerio Público, la CorteSuprema de Justicia y el Instituto de la Defensa Pública Penal, tomarán lasmedidas necesarias para garantizar en cada uno de los procesos de mayor riesgo,que el derecho de acceso a la justicia de imputados y agraviados no se veaafectado.
Artículo 6. Disposiciones derogatorias.
Quedan sin efecto las disposiciones quecontravengan la presente Ley.
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional conel voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados
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 Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 resolución 

Artículo 5

Artículo 6