Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2010/02/
Timestamp: 2019-08-21 20:36:15+00:00

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POLITICA Y DERECHO: febrero 2010
MÉXICO: PARAÍSO BANCARIO
Casi de manera simultánea conocimos dos datos reveladores de la situación económica de México, que podrían parecer contradictorios pero que más bien son muestra fiel de la estructura productiva, de acumulación de beneficios y de poder económico en el país. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puso en negro sobre blanco las cifras del descalabro económico de México en 2009, con una contracción del PIB de 6.5 puntos porcentuales frente a 2008; y por el otro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo público que, en el mismo periodo, las utilidades de la banca privada en el país aumentaron 10.95 por ciento, esto es, en 62 mil 068 millones de pesos.
De acuerdo con el INEGI, la contracción de la actividad económica general se debió a un desempeño en el PIB del sector industrial de menos 7.3 por ciento, a una reducción del 6.6 por ciento en el valor generado en el sector servicios y a una expansión de 1.8 por ciento en 2009 de las actividades primarias. Lo anterior ilustra que fue el sector más moderno de la economía, el dedicado a la transformación, el que se vio más afectado por la crisis. Los servicios, donde se emplea el grueso de la fuerza de trabajo de nuestro país también tuvo una severa disminución y sólo el sector más tradicional, menos productivo, el que concentra a la menor cantidad de trabajadores, como es el primario –agro y actividades extractivas– tuvo una actividad favorable, si bien su situación es de estancamiento. Para que una economía tenga un tropiezo tan grande deben ocurrir varias cosas a la vez, como la caída del consumo privado –las familias compran menos, porque ven reducir su ingreso y pierden sus fuentes de empleo, porque el crédito no es suficiente o es caro, y porque sus expectativas sobre el futuro no son halagüeñas, por ejemplo–, así como una reducción de la inversión de las empresas –que no tienen perspectivas de mejoras de ventas y por lo tanto disminuyen su acumulación de inventarios y se resisten a iniciar nuevos proyectos o no cuentan con los recursos para hacerlo–, además de que hay una caída del componente externo de la demanda agregada, y el gasto del gobierno no alcanza a compensar esas tendencias negativas. En suma, puede decirse que una crisis de demanda y producción, como la que tenemos, se ve agravada por el papel del sector financiero, que no capta ahorro para trasladarlo a proyectos productivos y que, por sus altos costos, tampoco contribuye al consumo familiar.
¿Cómo es posible que en un escenario de empresarios en apuros y de familias empobrecidas, que son los generadores de ahorro y también los deudores del sistema financiero, crezca la utilidad de la banca? Sin duda estamos ante un fenómeno de incremento de transferencias de ingresos de las unidades económicas privadas –negocios e individuos– a las instituciones bancarias, bien a través de un diferencial aún muy alto entre los intereses que paga la banca y los que cobra, así como por el cobro excesivo de comisiones por manejo y servicios.
En el panorama actual, ¿qué incentivos tendrá la banca privada en México para hacerse más eficiente, para prestar más al sector productivo, para captar más ahorro, para aumentar el nivel de bancarización, en fin, para cumplir con su fin principal que es llevar de manera eficiente recursos a las actividades productivas si, en plena crisis económica, está en jauja? La banca puede mantenerse con los patrones de actuación que viene desarrollando en los últimos años, de espaldas a la necesidad de crecimiento e innovación productiva de la economía, pues al final sus libros siempre están en números negros, sus utilidades superan a las de las casas matrices de las instituciones en el extranjero, e incluso les permiten contribuir a contrarrestar las pérdidas en los países centrales. Todo ello a pesar de que los indicadores de eficiencia del desempeño de la banca en México vayan a la cola de la OCDE. La lógica de ganancias privadas y pérdidas públicas se vuelve a hacer patente en nuestro caso.
Lo anterior ocurre sin que, desde las autoridades económicas de México, se dé la más mínima reacción ante el hecho de que la ineficiencia y el abuso de un sector estén dañando al conjunto del tejido productivo y lesionando al bienestar general de las familias, ya sea como ahorradoras o como deudoras de la banca.
Mientras tanto, en el mundo entero se abre paso la discusión política de cómo volver a regular a la banca, de cómo evitar que el dejar hacer, dejar pasar, genere nuevos episodios de derroche privado y destrucción productiva, de cómo incluso limitar sueldos y beneficios estratosféricos, en suma, de cómo hacer para que la búsqueda del lucro individual no comprometa al progreso colectivo. Pero en nuestros circuitos de toma de decisiones económicas –muy cercanos a los diagnósticos y percepciones de quienes siguen incrementando sus ganancias–, ese debate se da por inexistente. He ahí otra paradoja: para los paladines de la apertura y el liberalismo económicos, lo único en lo que somos autárquicos es en el pensamiento y la reflexión intelectual que pueden comprometer los intereses de los nacidos para ganar.
Como aconteció hace un mes, publico esta vez parte de otro documento que está vinculado a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución El texto que Juan Francisco de Azcárate presentó a la Regencia como primer programa de política exterior en 1821. Varios alumnos, entre ellos Anais Kamffer Zea y Marcos Tamariz Kauffmann hicieron reflexiones que me parece conveniente mencionar.
"Azcárate, en un esfuerzo notable, logró establecer en su documento las prioridades que debería enfrentar el Imperio con respecto a sus relaciones con el exterior. Con base en elementos de estrategia, jerarquizó la agenda por círculos geográficos, considerando la importancia de los Estados vecinos. El programa establece las relaciones con el extranjero en cuatro categorías: por Naturaleza, Dependencia, Necesidad y Política.
Las naciones dentro de la categoría de relaciones por Naturaleza, son las naciones bárbaras de los indios, Estados Unidos, Rusia, Guatemala y Gran Bretaña. Respecto a los indios, se debe promover relaciones comerciales y amistosas para lograr de manera pacífica que vayan adquiriendo las costumbres mexicanas, lo que disminuirá los gastos de guerra. Con respecto a Estados Unidos, el dictamen menciona que el tratado Onís-Adams, firmado por Estados Unidos y España, no saciará los deseos expansionistas de la Unión. Por lo tanto, en aras de proteger el territorio nacional, se debe promover la migración de mexicanos y/o irlandeses católicos a Texas. En cuanto a Rusia, que es limítrofe de México a través de la región de Alaska, se deberá negociar un tratado de límites para prevenir así cualquier intento de expansión. Respecto a Guatemala, el Imperio respetará la decisión de ésta y las demás provincias centroamericanas, sean independientes o unidas a México. En el caso de Gran Bretaña, al poseer el territorio de las Honduras Británicas, es también vecino de nuestro país.
En las relaciones denominadas de Dependencia, son aquellos reinos que durante la época colonial habían recibido fondos para su sostenimiento y defensa por parte del virreinato de la Nueva España. El dictamen establece que el Imperio, al declararse independiente, podía considerarse libre de esta carga. Sin embargo, debido a su importancia geoestratégica, sería muy valioso para México lograr unir a Cuba y Puerto Rico al Imperio. Por ello, en caso de que buscaran ayuda para lograr su independencia, México debía proveérsela.
En cuanto a las relaciones por Necesidad (refiriéndose a la espiritual), el caso de la Santa Sede, acepta el Imperio mexicano la religión católica como única y se debían iniciar cuanto antes los contactos diplomáticos, enviando un representante mexicano al Vaticano y recibiendo a un nuncio apostólico en territorio nacional.
En cuarto lugar, el dictamen habla de las relaciones por Política, las naciones que si bien no limitan con México, su peso económico, cultural, político e histórico es innegable. España, a condición de que ésta reconozca la independencia mexicana. El dictamen reconoce que México debe su educación, lengua, religión, instrucción civil y política a los españoles. Por lo tanto, México debe continuar admitiendo españoles en su territorio y alentar el comercio con esta nación. Aun así, se advierte que, si España mantuviera su posición de guerra, México no tendría otra opción que defenderse y verla como enemiga. Francia, que al poseer la más grande población de Europa y al ser fuente de sabiduría y poder industrial, debe ser de primordial interés para el Imperio. Se le debe informar cuanto antes de la emancipación de México e invitarla a realizar tratados comerciales.
Por último, las relaciones con los recién independizados Estados de América del Sur. Una vez eliminado el yugo colonial, no habrá impedimento alguno para entablar relaciones comerciales entre sí. Se exalta también un espíritu de hermandad para ayudarse en caso de ataque por parte de cualquier potencia extranjera. El sueño de una América Latina unida se ve plasmado en estos enunciados.
Resulta sobresaliente del análisis elaborado por Azcárate, posee una visión global, donde si bien se marca que debemos poner especial atención a los países limítrofes con el Imperio, no descuida o abandona las relaciones con los demás países. Al contrario, Azcárate es capaz de divisar cómo los distintos nexos que nos unen a los diferentes países deben ser explotados de acuerdo a su naturaleza particular, para así resultar en el mejor beneficio para nuestro país."
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:07 No hay comentarios:
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:10 No hay comentarios:
Hay un aspecto en el que todas las iniciativas de reforma política que se han presentado ante el Senado parecen coincidir: abrir espacios mucho más amplios y generosos para la participación ciudadana. Unos entienden que la participación debe ser en el terreno electoral y proponen las candidaturas independientes. Para otros el servicio a la ciudadanía se presta a través de una mejor rendición de cuentas y para ello se proponen figuras como la ratificación del gabinete o la autonomía del Ministerio Público. Aunque no lo parezca la reforma del Estado no solamente tiene que ver con los políticos profesionales y con las mezquindades a las que nos tiene acostumbrados la política. Al contrario: tiene que ver con todos nosotros; tiene que ver con la forma en que queremos vivir y con lo que nuestros representantes deben hacer. La discusión fue puesta en la mesa por el presidente Calderón, por medio de la iniciativa que hizo llegar al Senado el pasado 15 de diciembre. En ese documento propuso introducir en la Constitución figuras como la iniciativa legislativa popular, las candidaturas independientes y una cierta forma de referéndum, para el caso de algunas reformas constitucionales. El PRD y otros partidos de izquierda fueron más allá y en su iniciativa de reforma política propusieron la revocación de mandato. El grupo parlamentario del PRI en el Senado dice, con toda razón, que las candidaturas ciudadanas ya existen como posibilidad a nivel constitucional y que, en todo caso, lo que hace falta es regularlas a nivel de la legislación electoral; la suya parece ser la iniciativa que aborda con mayor sistematicidad e imaginación los temas que deben ser discutidos. Las iniciativas presentadas permiten abrir una discusión nacional de mayor importancia, creo que olvidan un aspecto fundamental de la reforma del Estado, entendida en clave democrática: me refiero al catálogo de derechos fundamentales que tenemos o deberíamos tener todos los habitantes. Ninguna de las iniciativas se detiene a proponer un régimen jurídico renovado para nuestras libertades, a pesar de que hoy están bajo fuego en tantos aspectos. La iniciativa del PRI contiene el asunto de la suspensión de derechos: propone que haya ciertos derechos que por ningún motivo se puedan suspender, lo que es congruente con los tratados internacionales que México ha firmado en la materia. Sería ideal que los partidos políticos nos dijeran la forma en que visualizan una reforma profunda en materia de derechos fundamentales. Es decir, una reforma que nos aproxime más al ideal de una sociedad en la que no haya discriminación, en la que todos tengamos las mismas oportunidades para triunfar, en la que nuestras libertades no puedan ser recortadas de forma arbitraria, en las que estemos protegidos frente a la delincuencia organizada (incluyendo la que se perpetra o escuda en las instituciones oficiales). Ojalá que esa reforma a favor de la ciudadanía no tarde en llegar. Esa es la que nos interesa más y la que puede generar un espacio fuerte para una ciudadanía que sigue inerme. El otro gran tema que se tendrá que analizar es el del federalismo. El nudo de atribuciones y competencias que actualmente tenemos no le sirve a nadie. La omnipotencia presidencial de antaño se ha sustituido por la lógica pequeño feudal de gobernadores que no rinden cuentas a nadie y que tienen más recursos que nunca. Entre 1945 y 1991 los estados ejercían un 14% del presupuesto nacional. Hoy ese gasto es cercano al 60%, pero la transparencia en su ejercicio sigue siendo muy precaria. El arreglo federal que México necesita no ha sido planteado todavía por nadie. Ojalá pronto podamos ver alguna propuesta seria que nos permita caminar hacia el federalismo mexicano del siglo XXI. Las iniciativas de reforma que ya están a consideración de los integrantes del Senado suministran una excelente plataforma para avanzar en la dirección correcta. No hay excusas que valgan. Los senadores tienen todo para aprobar, durante el actual periodo de sesiones, una reforma que sea sistemática y que abone en el proceso democratizar el país, que todavía es tan precario e incierto. La reforma política es, hoy en día, la mejor apuesta que se puede hacer a favor del ciudadano. Ojalá todos lo entiendan así.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:08 No hay comentarios:
La discusión de la reforma política pareciera situarse entre restaurar la Presidencia con amplias facultades o mayores atribuciones para el Congreso, o bien, entre la política y los ciudadanos. Los senadores del PRI creemos necesario hacer de la reforma la oportunidad de renovar el régimen, fortalecer democráticamente a la Presidencia, ampliar los cauces ciudadanos y modernizar la representación política. Algunos temas han sido resueltos en momentos anteriores de la reforma del Estado. Las candidaturas ciudadanas son posibles ya conforme al texto constitucional, así lo votamos en 2007. La iniciativa preferente fue votada en 2008 y es minuta en la Cámara de Diputados, con lo que los proyectos del Presidente podrían resolverse en el mismo periodo de presentación y, en contrapartida, los decretos del Legislativo no podrían ser congelados por el famoso “veto de bolsillo”. A partir de ahí, la iniciativa de reforma política del grupo parlamentario del PRI en el Senado propone:
1. Resolver la ausencia o incapacidad absolutas del Presidente de la República, con el secretario de Gobernación como encargado del despacho o, en su defecto, el de mayor rango ratificado, en tanto el Congreso realiza la designación respectiva.
2. Ratificación por el Senado de los nombramientos del gabinete presidencial y otros cargos relevantes de la regulación económica, con excepción de los titulares de Defensa y Marina, lo que propicia mayor profesionalismo y calidad en los mismos y establece bases para construir una mayoría estable, con gobernabilidad democrática.
3. Reducción del Congreso, sin senadores de representación proporcional y una Cámara de Diputados con 300 de mayoría y 100 de lista proporcional.
4. Reelección consecutiva de legisladores federales y locales, una vez en el Senado y dos para los diputados, para fortalecer el vínculo entre ciudadanos y representantes.
5. Mejora en el trabajo del Congreso, con un mecanismo que obligue a las comisiones a sesionar y acordar dictámenes un mes previo al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.
6. Rendición de cuentas, informe presidencial y vías para el diálogo entre poderes, para hacer del informe el inicio de un diálogo republicano, con derecho al uso de tribuna, la pregunta parlamentaria, las comparecencias juramentadas, las sesiones de control legislativo y, eventualmente, la moción de censura.
7. Reconducción presupuestal, en la cual ingresos y presupuesto seguirán vigentes en tanto se aprueban los del ejercicio siguiente.
8. Revisión ágil de la Cuenta Pública, cancelando las partidas secretas, y abreviando los plazos, con nuevas facultades para la Auditoría Superior de la Federación.
9. Referéndum en temas de relevancia nacional; la ciudadanía resolverá en última instancia los asuntos de mayor importancia.
10. Autonomía del Ministerio Público, con actuación imparcial e interés ciudadano en la procuración de justicia.
11. Acotamiento del fuero constitucional al estricto desempeño del cargo, dejando en manos de los jueces los casos de abuso.
12. Facultad de investigación a la CNDH en violaciones graves a garantías individuales.
13. Solución de conflictos entre estados por límites territoriales, previendo el mecanismo de conciliación o, en su caso, arbitraje.
14. Regulación de la suspensión de derechos y garantías con aprobación del Congreso y supervisión de la Suprema Corte.
15. Creación del Instituto Nacional de Identidad, con autonomía para dotar de identificación incuestionable a los habitantes de la República, con salvaguarda estricta de los datos personales. Adicionalmente, el régimen transitorio plantea un carácter virtuoso para que las propuestas, de aprobarse, entren en vigor diferencialmente con sus principales efectos hacia un próximo ejercicio de gobierno dado que el actual fue electo con reglas diferentes. De esta forma, la reforma política habrá sentado las bases para el despegue del país con crecimiento y justicia, que es lo que finalmente todos los mexicanos deseamos.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:06 No hay comentarios:
Muchos cocineros hacen mal la sopa. Eso fue lo que sostuve en mi entrega pasada para argumentar que en materia del combate al narcotráfico se requiere un solo mando. Lo que ahora deseo es desarrollar esta idea con más detalle. ¿Dónde colocar este mando único? Doy por sentado que tiene que ser civil y sujeto al sistema de rendición de cuentas, transparencia y tribunales sin ningún tipo de fuero y debe ubicarse en una nueva Secretaría del Interior. ¿Cómo debería establecerse dentro de esta nueva secretaría? Tendría que constituirse una agencia integrada por un cuerpo de agentes élite, con experiencia en el combate al narcotráfico. Este personal ya existe, de manera dispersa, en el gobierno federal. La idea sería agruparlo y dotarlo de una estructura apta para combatir un fenómeno criminal que rebasa, con mucho, cualquier otra actividad de seguridad pública o de seguridad interior, realizada por las actuales dependencias del Estado mexicano. Ninguna de las secretarías está ideada o pensada para combatir al crimen organizado como hoy se despliega. Esta nueva agencia debería de organizarse como un cuerpo policial, con reglamentos de disciplina y con mandos operativos que tuvieran un control puntual de funciones y facultades, que permitiera fijar objetivos de desempeño medibles para evaluar, por resultados, a cada uno de sus integrantes. El área más importante de esta agencia sin duda sería la de inteligencia. Es mucho más importante poder pensar bien las cosas que propiamente actuar en esta materia. Una mala decisión puede costar muchas vidas humanas y crear secuelas irreversibles. En el área de investigación lo fundamental y quizá lo que pueda tener más éxito y mejores resultados en el corto plazo, es atacar la economía y las finanzas del crimen organizado. Para este combate no se requiere poder de fuego sino solamente poder de inteligencia para identificar la ruta del dinero, que es el corazón de la actividad criminal. Estamos hablando de que sus operaciones implican en México, entre 20 y 30 mil millones de dólares por año. Nadie puede pensar que ese dinero está debajo de los colchones. Por el contrario: se encuentra de alguna manera en nuestra economía que lleva aparejada una alta complicidad de todo tipo y no solamente de funcionarios, sino también de particulares. El sistema de inteligencia tendría como objetivo principal identificar puntualmente el origen, el destino y, por consecuencia, la ubicación de ese dinero. Con esa información ministerios públicos y jueces requerirían en vez de armas de fuego, órdenes judiciales para congelar cuentas bancarias, intervenir negocios o quitarles a los delincuentes operadores de este gran negocio, el dominio de sus bienes. Precisamente para eso acabamos de promulgar la Ley de Extinción de Dominio. Encontrar las fuentes de financiamiento se convierte en un elemento fundamental del éxito en este combate, pero no solamente se necesita saber qué hacen con el dinero los narcotraficantes y dónde lo guardan, sino entender de una manera más amplia la economía del narcotráfico, es decir, cómo operan y se mueven los mercados, hasta dónde llegan sus efectos, cómo se entrelaza con nuestra economía formal y qué repercusiones tienen con las economías de nuestros vecinos. El asunto que no puede excluirse de este análisis, es el impacto que tendría permitir, bajo ciertas circunstancias, la venta de algunas drogas como lo han planteado especialistas y un grupo de ex presidentes latinoamericanos. No hay manera de lidiar con este mal si no es atacando su resorte más fuerte que es su economía, independientemente de los operativos en campo que de cualquier manera deben llevarse a cabo con puntualidad. Reitero, lo que puede dar con la clave del éxito en el combate al narcotráfico, es una organización élite con un mando único, arropado por una Secretaría del Interior, que enfoque buena parte de sus esfuerzos a atacar la economía del narcotráfico. Una anécdota histórica: el Día D en la Segunda Guerra Mundial tuvo muchas características para su éxito, pero son dos las más destacables: un mando único de las fuerzas aliadas —el general Eisenhower— y un sistema de inteligencia que hasta el estado del tiempo pudo prever.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:04 No hay comentarios:
Nicolás Maquiavelo aún tiene algunas lecciones que dar a quienes queremos participar de la vida común del Estado. En su rico sentido común, decía que un pueblo puede acostumbrarse a todo: a la represión, y a las carencias, pero a lo que nunca puede habituarse es a la desorganización. La falta de certeza y de justicia aniquila a las sociedades porque son hijas del caos y del desaseo en la política. Las siguientes dos propuestas del decálogo de cambios propuesto por el presidente Calderón versan sobre estas dos aspiraciones fundamentales de toda ciudadanía. La primera, propone una segunda vuelta electoral en las votaciones para la Presidencia de la República. No es raro que un mandatario se dé a la tarea de corregir y mejorar las elecciones que le dieron el triunfo; así, por ejemplo, López Portillo propone su reforma política después de su desalentadora experiencia como candidato único; Felipe Calderón propone un sistema que busca una mayor certeza electoral. Sin embargo hay que considerar, por ejemplo, el costo de una segunda vuelta electoral que, aunque muchos de los insumos de la primera serían reutilizables, los partidos y el IFE necesitarían incrementar considerablemente sus gastos, dado que, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la elección pasada costó al Estado 12 mil 800 millones de pesos. En las democracias donde existe segunda vuelta, en la primera se elimina y en la segunda se elige y no siempre el ganador de la primera suele ser el de la segunda. La pregunta es si nuestros partidos sabrían aceptar los resultados no en una sino en dos ocasiones. Hay que discernir si estamos tratando de disimular con una doble elección el problema de fondo: la dilución de las ideologías y posturas de los partidos y su difícil identificación por el ciudadano. Una propuesta más es dar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultad de iniciativa de leyes federales. La política es el arte de la negociación y el que negocia cede, ofrece y conquista. El capital de los partidos consiste en sus posibilidades de empujar sus intereses o bien de refrenarlos en aras de un acuerdo beneficioso para todos. Sin embargo, la Corte, por su naturaleza, sólo tiene un capital: la justicia, y ésta no se negocia. No podemos imaginar a los ministros cabildeando una ley, ¿que podrían ofrecer a cambio del voto de tal o cual bancada?, lo único que tienen no puede ofrecerse, sino impartirse. Si de veras se quiere que la SCJN participe de la democracia existen otras formas discutidas por los constitucionalistas desde hace mucho. Suprimir el principio de individualidad del amparo, por ejemplo. Hoy, una sentencia al respecto sólo beneficia a quien la obtiene y se puede explorar que sean extensivas a toda la población las disposiciones de esas sentencias, pero no parece adecuado exponer a la Corte a los vaivenes de la política, a sus arreglos y a sus modos, tan distintos del foro y del tribunal.
Recientes acciones políticas desataron denuncias de violaciones éticas. Un ejemplo son las alianzas que dejan en entredicho a cúpulas partidistas, coordinadores legislativos y al secretario de Gobernación. Jesús Ortega del PRD defiende sus alianzas con el PAN, porque sus decisiones tácticas no están sometidas a principios éticos, serán entonces acciones inmorales. Beltrones califica de alianza contra natura las del PRD y PAN y no la suya con el PAN. Gómez Mont acróbata queda como leal, confiable por haber sellado acuerdos secretos con la cúpula priísta, que pretendieron someter al PAN en lo electoral a cambio de que el PRI violentara compromisos de campaña. Rojas, coordinador priísta, ante la prensa reconoce: sí es cierto. Gómez Mont pretende convencer que Calderón ignoraba las alianzas de Nava, pero se afirma, que Calderón aprobó acciones contradictorias, el acuerdo con la cúpula priísta de no aliarse con el PRD y con Nava que sí lo hiciera. El secretario de Gobernación termina de encubridor, claro que es confiable, pero no para la sociedad. También “trascendió” que el acuerdo Gómez Mont fue con Beatriz Paredes y los coordinadores legislativos, quienes aceptaron aprobar el incremento del IVA y del ISR a costillas del pueblo, pese a que el PRI lo considera impuesto regresivo que lesiona al pueblo, por lo que los diputados priístas prometieron impedirlo. No importa, la “dirigencia” hace lo que quiere, sobre todo si el PAN les garantizaba que no se aliarían con el PRD, elección pactada por encima de sus electores. Pero Rojas cree que si lo confiesa a los medios el pecado se limpia. Parecen profesar que “el fin justifica los medios”; el fin de quiénes, preguntaríamos, porque al ser oculto no es general, sino de camarillas y la aplicación del apotegma convierte a la política en práctica sin valores, al servicio de unos cuantos usufructuarios de poder en su beneficio. Pero se presentan como pragmáticos, algunos los calificarían de cínicos. Desde el PAN son esclarecedoras las declaraciones del senador García Cervantes en una revista nacional: La cúpula del PAN ha impuesto un pragmatismo extremo capaz de signar el pacto absolutamente aberrante, de aprobar acuerdos de impuestos a cambio de cancelar alianzas electorales… lo que ha incubado la sospecha sobre “otros arreglos”, como la aprobación de eximir de impuestos la concesión del espectro radioeléctrico, sabiendo su destinatario. Ha generado desconfianza —afirma— que cupularmente se acuerde sin informar a quienes obligados a apoyar devienen idiotas útiles. Se viola la ética política. Recuerda que Gómez Mont salió del PAN en 1996 denunciado por panistas de ser al mismo tiempo asesor de Zedillo y Salinas. Condena panista de las decisiones cupulares y las negociaciones ocultas. La política cupular que denuncia García Cervantes es la que produce las negociaciones privadas con la cúpula priísta: el PRIAN. Veo —sentencia— una invasión del poder económico sobre el poder político, colusión de intereses. Otro ejemplo de política sin principios, es la manipulación del Congreso para abortar una controversia constitucional que se gestaba por la publicación de disposiciones en Pemex reglamentando contratos de exploración y producción, abiertamente inconstitucionales. Rojas “reconoce” violaciones, coopera en la redacción de la demanda pero, casualmente, retrasa la decisión hasta que se vence el término. Lástima, pero hubo diálogo —dice— Pemex aceptó hacer ajustes, resultó innecesaria la controversia. Claro, siempre estuvieron de acuerdo. Con adecuaciones menores, todos se lavan la cara. La Suprema Corte habría encontrado la inconstitucionalidad de la ley y su reglamento. Alejaron el peligro. Recordemos, el secretario de Economía confesó en Davos: los contratos fueron redactados por las transnacionales, son intocables. ¿Hasta cuándo diputados, senadores, militantes, ciudadanos aceptarán ser manejados dócilmente, “como idiotas útiles” por una claque?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:00 1 comentario:
Desde hace mucho tiempo, y en distintas ocasiones en esta misma columna, vengo diciendo en conferencias, mesas redondas y libros que he escrito, que el mal llamado fuero constitucional no existe. Afirmar lo contrario es un exabrupto de leguleyos y políticos convenencieros. Para confirmarlo no hay más que leer y confrontar con cuidado los artículos 13 y 61 de la Constitución. El primero prescribe que "ninguna persona o corporación puede tener fuero", y el segundo que "los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de sus cargos", añadiendo de manera equivocada en su párrafo segundo que el Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma". ¿Cuál fuero si el artículo 13 lo prohíbe? Por eso coincido con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las opiniones de aquellos expresadas fuera del desempeño de sus cargos, lo que puede ser en el recinto parlamentario o en otro lugar, no se hallan amparadas por la inmunidad. Lo anterior a propósito de un amparo interpuesto por Manuel Bartlett Díaz con motivo de las palabras difamatorias de Germán Martínez en contra del propio Bartlett, en relación con la "caída del sistema" durante las elecciones de 1988. En alguna nota periodística, equivocadamente, se lee al respeto que con lo anterior la Suprema Corte de Justicia fijó límites al fuero. No es verdad. El fuero, repito, no existe salvo que se pase por alto el artículo 13 de la Constitución. Lo que hizo la Corte, en cambio, fue precisar con apego estricto al texto constitucional la naturaleza de la inviolabilidad (en el caso palabra del mal gusto), mejor inmunidad, de diputados y senadores cuando manifiesten sus opiniones en el desempeño de sus cargos, cosa diferente al fuero. No se trata, por cierto, de que se acote una facultad inherente al cargo de diputado o senador, ni de que éstos se deban cuidar de no excederse en lo que digan. ¿O acaso los elegimos para que estén al margen de la ley, ellos que precisamente hacen la ley? Es que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio de excepción ni una patente de corso sino una característica que salvaguarda la responsabilidad del cargo. Nada más. Vale recordar aquí que la irresponsabilidad de diputados y senadores, que arranca doctrinariamente del derecho inglés, tuvo concreta formulación en la proposición de Mirabeau a la Asamblea Constituyente el 23 de junio de 1789. ¿Con qué propósito? Con el de que cuando un representante del pueblo hablara no fuera interrumpido ni tampoco reconvenido, sobre todo con insolente gritería. Nada más.
Ahora bien, en la especie la Suprema Corte ha resuelto un caso específico aunque del mismo se deducen importantes consecuencias. Y la primera es que el fuero queda fuera. Es cierto que por allí anda suelta en el Título Cuarto de la Constitución la llamada declaración de procedencia, concretamente en los artículos 110 y 111 que conciernen respectivamente a la aplicación de las sanciones en el juicio político y al procedimiento penal. Pero sería erróneo identificarla con el fuero por las razones ya expuestas aparte de que es exclusiva de la mecánica procesal constitucional, siendo que un procedimiento no es un privilegio ni una exención sino un camino legal a seguir. Sin embargo ha habido confusión en la materia por la presencia de la palabra "fuero" en el párrafo segundo del artículo 61, llegándose al extremo de suponer que cuando se someta a un individuo a la declaración de procedencia se le estará quitando o conservando el fuero; de donde se ha inferido que diputados y senadores por el mero hecho de serlo tienen fuero, extendiéndose dicho absurdo hasta otros servidores públicos e ignorando que la Constitución sólo se refiere a la inviolabilidad, en rigor irresponsabilidad, de diputados y senadores. En tal virtud es conveniente resaltar los aspectos medulares de la resolución de la Suprema Corte, mismos que provienen del proyecto del Ministro Juan Silva Meza. En su proyecto se habla de inmunidad parlamentaria y de que los únicos que tienen el privilegio de la inviolabilidad son los diputados y senadores, de que la inviolabilidad sólo se actualiza en atención al sitio en que se encuentre un diputado o un senador y a las características de su actuación en el momento de emitir su opinión, de que la opinión del parlamentario se debe determinar por el contexto de que se trate y por el foro en que se realice. El Ministro José Ramón Cossío Díaz opuso a lo expuesto algunas propuestas de interés como la distinción entre inviolabilidad e inmunidad, voz ésta que a su juicio se confunde con fuero; aunque yo creo que la inviolabilidad conduce en la especie a la inmunidad, o sea, si se es inviolable (insisto en que mejor irresponsable) se es inmune.
En suma, al conceder la Suprema Corte de Justicia el amparo al quejoso Manuel Bartlett Díaz ha aclarado en parte, con el control constitucional que ejerce y constriñéndose por supuesto al estudio y resolución del caso específico, el verdadero sentido del artículo 61 de la Carta Marga, precepto que a tantos abusos y tergiversaciones se ha prestado. Lo deseable sin embargo es que de ello tome debida nota el Poder Legislativo en vez de protestar, como algunos lo han hecho, por la justa suspensión de un privilegio, y que se avoque a la tarea eminentemente legislativa de sustituir del referido artículo 61 la palabra "inviolables" por "irresponsables", quitando así mismo la voz "fuero". Porque mucho se habla de la reforma del Estado, que en realidad debería ser de las instituciones políticas y jurídicas del Estado, omitiendo los reformadores que hay artículos constitucionales y legales -en las leyes secundarias- que impiden la cabal realización del Estado de Derecho.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:57 No hay comentarios:
“Quiero agradecerles, en primer lugar, la oportunidad de poder platicar, de poder escucharnos, de poder entendernos, que me parece ha sido uno de los faltantes que nos impedían a todos poder avanzar… La única manera de vencer una problemática tan compleja… es contar con una sociedad fuerte, una sociedad participativa, que nos exija a las autoridades, que denuncie a las autoridades y, por supuesto, que supervise lo que hagamos las autoridades”, expresó el presidente Felipe Calderón, el miércoles 17 en Ciudad Juárez. Sin embargo, las respuestas y las acciones ordenadas no corresponden a esas palabras. En la reunión del jueves 11, los integrantes de la mesa de trabajo de Derechos Humanos entregaron al presidente documentos para demostrar la violación de los derechos humanos por parte de los militares, en al menos mil casos. Además, exigieron la salida del Ejército, el restablecimiento del estado de derecho y que se investiguen las desapariciones de varios juarenses. Hugo Almada, quien formó parte de esa mesa, planteó en una entrevista con El Diario de Juárez: “Lo que él dice es que el operativo no generó la violencia, sino que vino a responder a una violencia que ya estaba; pero lo que sí es cierto es que después de la Operación, en lugar de reducirse, la violencia se ha incrementado muchísimo más”. En su discurso de ese día, Calderón puso en duda algunas de esas aseveraciones y, como la ha hecho de manera reiterada, salió en defensa del Ejército y los militares: “… todos esos casos deben investigarse. Que seguramente haya habido abusos, no lo dudo, pero también no estamos dispuestos a tolerar o a cubrir un abuso. Pero también sinceramente creo que mil casos, mil casos en Juárez de desapariciones forzadas del Ejército, yo sí quisiera, yo sí quisiera que se documentaran. Y además que lo hiciéramos público y que presentáramos las pruebas no sólo ante los Ministerios Públicos, porque sé que hay desconfianza, sino ante la propia sociedad, porque así como no se vale que haya abuso de nadie, de ninguna autoridad, tampoco se vale denostar a soldados mexicanos que están arriesgando su vida por otros ciudadanos”. El miércoles 17, los integrantes de la mesa de trabajo de Derechos Humanos no fueron invitados a la reunión con el presidente. Aunque en un primer momento se les negó el acceso, los dejaron entrar ya avanzado el evento. En su primera intervención Calderón volvió a reiterar su estribillo: “… lo que motivó la presencia del gobierno federal y de las fuerzas federales en Juárez, el súbito, notable e inaceptable incremento de la violencia y la criminalidad en esta ciudad que hizo que las fuerzas federales vinieran aquí, no tanto al revés; es decir, la violencia no surge, no surge porque vienen las fuerzas federales. Las fuerzas federales vienen por un fenómeno de violencia inaceptable…”. Nadie duda de las palabras del presidente, pero él no menciona, en ningún momento, que la violencia se incrementó a partir de que el Ejército llegó a Ciudad Juárez. Se niega a reconocer que los operativos militares no sólo no disminuyeron la criminalidad, sino que han exacerbado la inseguridad. Este hecho obliga no únicamente a ampliar la estrategia y recurrir a una más integral, sino a revisar críticamente la que se está aplicando en estos momentos. Y eso es lo que todavía no acepta. Llaman la atención estas palabras del presidente: “Para mí, por ejemplo, fue muy revelador encontrar que en diversas propuestas que estuvimos analizando ahí en el gabinete del Ejecutivo había diagnósticos y propuestas hechas por la sociedad juarense desde hace, no sólo años, sino décadas. Estudios formulados, por ejemplo, por la universidad que venían, como alguien dijo aquí, en la mesa, diagnosticando una problemática que ahora, finalmente, estalló socialmente. Una problemática que está asociada, precisamente, a la evolución y al comportamiento demográfico de Ciudad Juárez…”. De lo anterior se desprende que ni él ni su gente se habían tomado la molestia de revisar lo que se había hecho en la localidad; que las soluciones se pretenden imponer desde el centro, a miles de kilómetros de distancia de donde se encuentra el problema. Pero resulta aún más sorprendente que después de esa revelación continué impasible su marcha. Hasta el miércoles 17, las autoridades estatales y federales se han limitado a anunciar la realización de obras públicas, el control del parque vehicular y la realización de trabajos para el adecuado funcionamiento de los teléfonos de emergencia. Estas acciones, salvo por el presupuesto involucrado, son más propias de una presidencia municipal, que de la Presidencia de la República. Como bien señala la activista comunitaria y también académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Teresa Almada: “Me parece que hay temas que todavía no se aterrizan; creo que es fundamental la atención a la adolescencia y a la juventud en situación crítica, a los adolescentes en pandillas, a los jóvenes fuera del sistema escolar. Eso que todavía no se ve, y no se ve porque no hay instituciones para ellos”. Así, a pesar de dos visitas presidenciales, la presencia de 11 secretarios de Estado y de tres representantes personales del mismo presidente, las decenas de horas de reuniones de trabajo y un largo etcétera, la respuesta que hoy se conoce es muy elemental. Y lo fundamental, que es la implementación de una estrategia integral de combate a la inseguridad, la cual pasa por una revisión crítica de lo que se hace actualmente, aparece únicamente en frases aisladas de los discursos presidenciales. Obviamente, esto no contribuye en nada a la solución del problema de la inseguridad.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación cumple 15 años de existencia, lo que, sin duda, es una buena ocasión para hacer una reflexión sobre sus logros y sus retos de cara al futuro. Para ello es obligado recordar primero la más importante función que desempeña el Consejo dentro del Poder Judicial de la Federación y del Estado de derecho. Demasiado a menudo se percibe al Consejo como un simple órgano de administración del Poder Judicial. Y sin desestimar su importante labor administrativa, dicha perspectiva es bastante corta, pues pasa por alto la función más importante de esta institución en el contexto del Estado de derecho, que es dar vida a la garantía de la independencia de los jueces y autonomía del Poder Judicial. Dichas garantías institucionales se traducen en la inamovilidad en el cargo, y el mantenimiento del salario y demás prestaciones laborales de los juzgadores, que no deben estar sujetas a ningún tipo de manipulación para evitar el sometimiento de los jueces a voluntades ajenas.
Los jueces que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación resolvemos conflictos. En primer lugar entre personas, entre individuos, entre particulares. En segundo lugar resolvemos diferencias entre los particulares y los agentes del poder público. Y en tercer lugar mediamos en los conflictos que surgen entre los órganos de poder del Estado. Para todo ello el juez necesita las aludidas garantías para desempeñar con independencia su función: garantías tanto frente a los poderosos como frente a los peligrosos, esto es, frente a poderes fácticos o el crimen organizado; garantías frente a los operadores políticos que aplican la fuerza del Estado sobre los particulares, para que los jueces puedan efectivamente erigirse como escudos protectores de los gobernados contra el uso arbitrario del poder por parte de los gobernantes. Y garantías de los jueces frente a los políticos que operan los órganos de poder del Estado, para que los jueces puedan someterlos mediante sus sentencias al imperio de la Constitución y de las leyes. Las garantías judiciales son pues medios de protección contra las acechanzas externas a la autonomía del Poder Judicial en beneficio de los gobernados.
Las garantías de los jueces pueden ser equiparables al llamado fuero constitucional del que gozan los miembros del Poder Legislativo. Al igual que el fuero, la garantía de los jueces es una institución del Estado democrático de derecho concebida para defender la Constitución, no para ofenderla impunemente. Esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación definimos los alcances del fuero constitucional de los representantes populares para evitar la triste confusión que privaba entre no pocos políticos investidos como autoridades populares, y que tanto daño pueden causar a la democracia representativa en general y a la percepción ciudadana sobre su Congreso en particular. No más. En este mismo orden de ideas deben entenderse las garantías judiciales de los jueces que el Consejo de la Judicatura debe proteger. Al igual que los diputados y senadores, los jueces del Poder Judicial de la Federación no están por encima de la Constitución y de las leyes y deben responder por sus actos oficiales y no oficiales.
La Constitución otorga a los jueces garantías, pero no son prerrogativas de los jueces en sus personas sino para proteger la función jurisdiccional; es una proyección del derecho de las personas a juez imparcial.
Cabe señalar que la garantía de los jueces se establece para preservar su independencia hacia fuera del Poder Judicial, pero también hacia dentro. Los ministros de la Corte nos encontramos en el peldaño más alto del edifico judicial, pero ello no nos hace jefes de los jueces de menor jerarquía. Todo el sistema de apelación y del juicio de amparo del derecho procesal mexicano reposa precisamente en la independencia de cada uno de los jueces al interior del Poder Judicial. Es este uno de los puntos débiles de la institución que han sido señalados por estudiosos del derecho. La forma de integración del Consejo debe ser revisada para garantizar cotas superiores de imparcialidad que proscriban en definitiva la endogamia que se produce en el seno del Poder Judicial de la Federación. Es esta una asignatura de la reforma del Estado.
En medio de la intensa y provechosa discusión que desde hace meses se sostiene sobre la reforma política, resulta indispensable repensar el estatus jurídico del DF y completar la tarea de plena reivindicación de los derechos políticos de los habitantes de la capital que, intermitente e inacabadamente, se ha gestado en los últimos 25 años.
El estatus constitucional actual del DF es, en efecto, contradictorio. Por un lado el artículo 43 de la norma fundamental, al enumerar a los estados que integran la Federación, lo reconoce con la misma calidad que a las otras 31 entidades (y por ello en una correcta interpretación constitucional debe asumírsele como una de las partes fundadoras del pacto federal); sin embargo, en el artículo siguiente se le instituye como una entidad en ciernes que adquirirá estatus como Estado federado (el “Estado del valle de México”) en el momento en el que los poderes federales muden su residencia a otro sitio.
Originalmente, el DF se constituyó (siguiendo —mal, por cierto— el modelo estadounidense del Distrito de Columbia) como un territorio de dos leguas (unos 8 kilómetros) de radio alrededor del Zócalo en donde se asentarían los poderes federales y en donde éstos tendrían plena jurisdicción sobre los asuntos político-administrativos del mismo. A lo largo del siglo XIX su extensión fue modificándose hasta que, durante el porfiriato, el DF adquirió las dimensiones que actualmente tiene.
Ese estatus jurídico particular, en donde la administración recaía en los poderes federales, supuso que (si asumimos que el DF está reconocido, se insiste, como una entidad fundadora del pacto federal) los ciudadanos que habitaban la capital vieron reducidos sus derechos políticos a la mera elección de los poderes federales, pero, a diferencia de los habitantes del resto de las entidades, no elegían a sus gobiernos locales y municipales ni participaban en ellos. Así, bajo el pretexto de evitar una confrontación entre poderes locales y federales, los capitalinos vivimos durante más de un siglo y medio una virtual capitis diminutio política.
Con la reforma electoral de 1986-87, algo de esa dignidad política perdida se recuperó al determinarse la creación de la Asamblea de Representantes, un órgano colegiado con facultades eminentemente reglamentarias. Más tarde, con la reforma electoral de 1996 se extinguió el carácter de Departamento Administrativo que había caracterizado al DF y se institucionalizó la elección popular del jefe de Gobierno (desde 1997) y de los jefes delegacionales (a partir del año 2000), además se transformó la Asamblea en un órgano legislativo —casi— en forma.
Sin embargo, la reforma del DF sigue estando trunca. El pleno reconocimiento de la completa dignidad política de los casi 7.5 millones de ciudadanos que habitamos la capital está inacabada y numerosos ejemplos lo demuestran: a) aún la ALDF no tiene plena potestad legislativa al no poder participar, por ejemplo, del proceso de reforma de la Constitución federal como sus homólogos estatales; b) carecemos de una Constitución local siendo el Congreso de la Unión el órgano facultado para modificar el estatuto de gobierno; c) el DF no tiene capacidad para determinar su propio endeudamiento público; d) la sustitución del jefe de Gobierno es competencia del Presidente y del Senado; e) el nombramiento del secretario de Seguridad Pública y del procurador de Justicia corresponde al Presidente; e) no existen órganos que representen la pluralidad política en las Delegaciones y que sirvan de contrapeso y control político a los titulares de esas demarcaciones (como ocurre con los cabildos a nivel municipal), entre otros.
Por otra parte, el alegato histórico de que la situación particular del DF busca evitar los conflictos entre poderes es obsoleto y rebasado. Si bien numerosas capitales federales en el mundo todavía se asientan en territorios con un estatus diferenciado frente a los Estados federados, también hay casos, como el de Berlín, en donde la capital tiene el mismo estatus que los Länder que componen la federación alemana.
Es hora de que asumamos la tarea de completar la reforma del DF que inevitablemente pasa por restituirle su plena dignidad política como entidad federativa.
'¡NOMÁS NO SE ME JUNTEN!'
La alianza electoral que en 1988 permitió la creación del Frente Democrático Nacional (FDN) se convirtió en una obsesión para el presidente Carlos Salinas de Gortari; en 1990 el primer Cofipe proscribió las candidaturas comunes (fórmula que había utilizado el FDN para postular a Cuauhtémoc Cárdenas) y sobrerreguló las coaliciones electorales, situación que habría de prolongarse hasta la promulgación del nuevo Cofipe, en 2008.
En marzo de 1993, el presidente Salinas, comentando los pormenores de una nueva reforma electoral con dos colaboradores de la revista Voz y Voto -que lo acompañaban a bordo del avión- apuntó, entre preocupado y sarcástico, su disposición a impulsar nuevos cambios, siempre y cuando, les dijo (refiriéndose a eventuales alianzas entre el PAN y el PRD) "¡nomás no se me junten!". El primero de esos partidos había apoyado la prohibición legal de las candidaturas comunes y avaló, con el voto de sus legisladores, los exagerados requisitos impuestos a las coaliciones.
Durante la discusión de la reforma que culminó a finales de 1996, el presidente Ernesto Zedillo manifestó en reiteradas ocasiones su objetivo de "normalizar el sistema electoral", lo que, entre otras cosas, significaba que su gobierno no admitiría negociar con los partidos opositores los resultados de los procesos comiciales, ni las condiciones de la competencia. Los primeros quedarían garantizados por las autoridades electorales y las segundas por la propia ley. Terminar con las llamadas concertacesiones estaba en el trasfondo de la decisión presidencial.
En el nuevo Cofipe (2008) las coaliciones electorales quedaron establecidas con una regulación mucho menos exigente, pero con la novedad de que cada partido coaligado debe aparecer con su propio emblema en la boleta electoral; buscando mitigar el posible efecto negativo sobre los partidos emergentes, los legisladores aprobaron una norma para permitir la transferencia de votos, a la que el ingenio periodístico llamó cláusula de la vida eterna. La SCJN declaró inconstitucional la "piadosa transfusión de votos" (como la denominó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo) y esa norma quedó expulsada del orden jurídico-electoral.
Por esos antecedentes resulta, al menos, sorprendente, que el secretario de Gobernación, el PRI y el PAN hayan vuelto a las andadas de querer arreglar en la mesa de Bucareli asuntos de naturaleza estrictamente electoral, mezclando otros que corresponden al ámbito de las negociaciones fiscales en la Cámara de Diputados. El cambalache ha derivado en un rosario de reproches y confusos deslindes entre los participantes, así como en la muy comentada decisión de Fernando Gómez Mont de renunciar, por segunda vez, a la militancia en su partido.
Diputados, dirigentes y gobernadores del PRI denuncian y reprochan el incumplimiento de lo pactado; el jefe nacional del PAN (César Nava) dice que a él no le informaron; su ahora ex compañero de partido dice que sí le informó, precisando que el desinformado fue el presidente Felipe Calderón, quien a su vez respalda a su subordinado, el secretario Gómez Mont, afirmando que éste actuó conforme a su "leal saber y entender", lo que resulta incomprensible en el marco de las atribuciones legales y capacidades políticas de cualquier secretario de Estado, así sea el de Gobernación de un gobierno panista.
La repetición de la exigencia salinista de "nomás no se me junten", mediante el cambalache de compromisos privados en Gobernación por votos públicos en San Lázaro, ha fracasado de manera estruendosa; dejando en claro que para el presidente Calderón y su partido la prioridad, por encima de cualquier reforma, es derrotar al PRI en las urnas en julio próximo, y si para eso es necesario ir del brazo y por la calle con el PRD, PT y Convergencia, pues a tragar sapos.
PRD y PAN apuestan a que "la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas" (Froylán López Narváez dixit). El PRI seguirá descalificando tales alianzas, mientras hace, o intenta, las suyas. Serán los electores quienes digan, con su voto, la palabra final.
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LA REELECIÓN LEGISLATIVA
Tanto el PRI como el PRD se aprestan a presentar esta semana en el Senado, sus iniciativas de reforma constitucional y legal en materia política. Ello marca un compromiso para entrar a discutir y complementar el conjunto de las iniciativas presentadas por el Presidente que, en un primer momento, recibieron como respuesta una descalificación casi total, al menos del PRI. El PAN ha hecho suya la propuesta presidencial, de ahí que, al quedar formalizada la visión de los tres principales partidos sobre cómo debe ser la reforma, es de esperarse que el debate se torne más preciso sobre las propuestas específicas, en un marco de negociación abierto y transparente a la sociedad pues no es admisible suponer a los partidos como actores exclusivos de tales transformaciones. El ciudadano es el sujeto esencial del sistema democrático, debiera ser por lo tanto el destinatario final del esfuerzo legislativo. Si esta visión fuese realidad, se espera que la coincidencia mayor sea la reelección consecutiva de legisladores. Sería un buen inicio para la búsqueda de acuerdos que rediseñen el entramado constitucional de la actual división de poderes, para una mejor colaboración entre ellos. Sólo un poder legislativo fuerte, profesional e independiente puede colaborar con los demás poderes. Las cámaras débiles no son eficaces y por lo tanto, ni colaboran, ni funcionan, sólo se someten. Soy un convencido de la reelección legislativa, que es diferente a la presidencial. El Congreso hace las leyes y el ejecutivo dirige la administración pública que gobierna en función de esas leyes. El ejecutivo como suprema autoridad administrativa sí influye dentro de las esferas de actividad del Estado, y ahí sí, puede generarse un mecanismo de perpetuación del poder. Por ello el estado de Derecho establece mecanismos de acotamiento del poder supremo administrativo, entre ellos la no reelección. La naturaleza de las funciones del poder legislativo es diferente, por lo que su reelección sería una consecuencia natural del principio de la soberanía popular. Es el ciudadano quien tiene o no el derecho de elegir a sus representantes. Esta reelección fortalecería el poder de la ciudadanía y le daría un mecanismo de sanción al desempeño de sus representantes. Lo que el Presidente propuso es reinsertar a la Constitución una figura que ya existía hasta 1933, la reelección consecutiva, sólo que limitándola hasta por 12 años. Frente al mundo democrático, México y Costa Rica son los únicos países que no permiten a los legisladores ser reelectos de manera inmediata. En México esta condición tiene su origen en que se buscó fortalecer el poder del Presidente quien acostumbraba ser jefe de partido y por tanto elector único de los candidatos a cargos electivos. La reelección consecutiva favorecería la profesionalización y especialización de los legisladores, su permanencia incrementaría su conocimiento sobre lo que legislan. Además, los legisladores electos de manera consecutiva podrían transmitir su experiencia a los nuevos. Así habrá mayor calidad y eficiencia. La experiencia dicta que esta figura le daría un contrapeso al Ejecutivo, independientemente del partido que gobierne las cámaras. Los legisladores deben ser influyentes no sólo frente a sus adversarios en el parlamento, tienen que ser también equilibrio dentro de sus partidos y frente a sus gobiernos. La reelección daría al ciudadano representantes de ellos y no de las clases dirigentes de los partidos políticos. En tanto el poder legislativo es un poder fragmentado en diversas personas a diferencia del ejecutivo, por ejemplo, la exposición comunicacional es menor y por ello tiene menor impacto en los ciudadanos. Esto origina que se tenga la percepción de que los legisladores no sirven o que simplemente no trabajan, aunque los asuntos más decisivos para la nación se discutan en el Congreso. La reelección incentivaría la rendición de cuentas y fortalecería la legitimidad del poder legislativo. Una percepción positiva es básica para que funcione la democracia representativa. Habría mayor continuidad en los proyectos y podrían realizarse proyecciones que valoren más la calidad que la urgencia de la inmediatez. Existirían legisladores que serían un puente estable y continuo de comunicación con otros poderes, esto es muy valioso para la gobernabilidad en un contexto de gobiernos divididos.
LOS LINCHAMIENTOS SON OTRA LLAMADA DE ATENCIÓN
Tras robarse violentamente un taxi, el jueves 18 de febrero un joven de 17 años de edad fue linchado y quemado en Salina Cruz, Oaxaca, por un grupo de taxistas que reaccionaron de esa forma en defensa de su compañero. En noviembre del año pasado, hace poco más de tres meses, los choferes habían denunciado a las autoridades la ola de asaltos en la región, sin embargo, éstos continuaron en un promedio de dos a tres diarios, hasta que los taxistas se hartaron y se hicieron justicia por su propia mano. Pero en la región del Istmo de Tehuantepec los linchamientos también son comunes, en los últimos cinco años se tienen registrados tres: uno en marzo del 2005, en Magdalena Tequisistlán, donde lincharon a un policía por haberle disparado a un taxista; otro en enero de 2007, en Tierra Blanca, municipio de San Blas Atempa, donde apedrearon a un asaltante; y este último, el pasado jueves, en Salina Cruz, donde lincharon y quemaron a Jordi Alberto Gómez Ortega de 17 años, que previamente había despojado de su auto a un taxista, a quién también había herido en el hombro con un arma blanca. Particularmente los choferes se quejan de la inseguridad y a pesar de que denuncian e identifican a sus victimarios, éstos no son sancionados; pero según Jorge Alberto Quezada Jiménez, director de Seguridad Pública del Estado, los sucesos son producto de "...la falta de tolerancia, poca paciencia en la gente que provocó que se hiciera justicia por su propia mano..." Bajo ninguna circunstancia se puede justificar la barbarie; pero las declaraciones de Quezada Jiménez son irritantes, no puede hablar de falta de paciencia, cuando él mismo reconoce que no han podido frenar la ola criminal. Pedirle paciencia a esa población es prácticamente condenarlos a aceptar la delincuencia y resignarse a vivir con ella y tolerarla. Los linchamientos son la expresión más brutal de la impotencia. Lo lamentable es que éstos se vuelven cada día más comunes y no se limitan a una región del país. Basta recordar que el 23 de noviembre de 2005 el país entero presenció en televisión nacional, en vivo y a todo color, el linchamiento de dos policías federales en la delegación Tláhuac del Distrito Federal. Los hechos conmovieron a la opinión pública nacional, pero al final la respuesta de la autoridad fue meramente mediática: al día siguiente de los hechos la entonces Policía Federal Preventiva realizó un espectacular operativo en la zona para detener a cuanto sospechoso se les apareció, muchos de ellos fueron liberados varios meses o años después, por los jueces ante la falta de pruebas; el entonces presidente Vicente Fox removió al entonces Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y fuera de eso poco o nada se hizo. En aquel entonces escribí: "Hechos similares, también con pérdidas de vidas humanas, se han sucedido en varios estados de la república mexicana: Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y muchos más, conforme a los recuentos que han hecho los distintos medios de comunicación en los últimos días. El Distrito Federal, particularmente en la zona sur: Tlalpan, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y la misma Tláhuac, había sido escenario de actos de barbarie en el pasado, sin embargo, nada se había hecho para evitarlos. La práctica es tan común que los ciudadanos lo advierten abiertamente y ya tienen formas de convocarse de emergencia. En Santa Rosa Xochiac, en la Delegación Álvaro Obregón, hay mantas desplegadas en las calles que advierten: "Toda agresión a alguno de nosotros lo pagarás al doble: piénsalo". En San Lorenzo Tlacoyuca, Delegación Milpa Alta, las campanas de la iglesia repicaron para convocar a la gente a la plaza para linchar a un hombre que intentó robarse un reproductor de DVD y una grabadora de la Casa de la Cultura del pueblo. Pero así se pueden reconstruir varias docenas de precedentes, que lo único que demuestran es que la ciudadanía harta de la delincuencia y la incapacidad, complicidad o tolerancia de la autoridad decide tomar la justicia por su cuenta." Ya pasaron más de cuatro años de aquéllos acontecimientos y todo sigue igual. Los linchamientos surgen a partir de actos de la delincuencia común, la que normalmente ni siquiera porta armas de fuego, eventualmente alguna arma blanca o una pistola de calibre menor. La población reacciona violentamente contra el delincuente aislado o el grupo de delincuentes desarmados, no contra la delincuencia organizada o el narcotráfico, éstos los paralizan. Así que la persistencia de los linchamientos es una clara manifestación de que la autoridad tampoco puede frenar a la delincuencia común; la impunidad también campea en éste ámbito y desnuda también las debilidades de las policías. Aquí no enfrentan a grupos delictivos organizados y con armamento sofisticado, sino delincuentes improvisados o consuetudinarios pero aislados y desarmados, que viven de lo ajeno merced a la incapacidad, complicidad o tolerancia de las autoridades. Las ejecuciones de jóvenes en Ciudad Juárez y Torreón conmocionaron a la opinión pública nacional, entre otras razones por la movilización presidencial y el despliegue que recibieron en los medios masivos de comunicación; pero los linchamientos de delincuentes son igual o más preocupantes, pues muestran como ante la incapacidad del Estado por garantizar la seguridad volvemos a la ley de la selva, la sobrevivencia del más fuerte. Así, aunque duela, son otra manifestación del "estado fallido".
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:27 No hay comentarios:
EN DEFENSA DEL CABRON IRRESPONSABLE
Ajeno ya al PAN, refrendado en su cargo por un reticente y nada entusiasta espaldarazo del presidente de la República, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont demoró en mostrar la lealtad que le reconoce Felipe Calderón. Frente a la insólita, tremenda, apabullante acusación del diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, quien llamó al Ejecutivo “cabrón irresponsable… que no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato”, es decir, de emprender la guerra al cártel de Sinaloa, Gómez Mont descalificó de modo virulento sus apreciaciones. Las llamó “falsas”, “irresponsables” y “moralmente condenables”. El domingo 14 Proceso ofreció una singular, demoledora entrevista de Álvaro Delgado a Clouthier Carrillo, en que el hijo mayor de Maquío denuncia la falta de acción gubernamental contra el narcotráfico en su natal Sinaloa: “El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente!” No sólo eso. El antiguo director de los diarios Noroeste, de Culiacán y Mazatlán, ve en su tierra “cosas muy extrañas”, como la compra de terrenos propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuya época (1980-1986) florecieron en esa entidad bandas de narcotraficantes como la de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, emparentado con el exgobernador que como secretario de la Reforma Agraria bajo López Portillo hizo grandes negocios (con los que favoreció a sus allegados y a no pocos periodistas) a través de un programa nacional de desmonte que cuenta entre las grandes estafas nacionales. Fonatur compró a Toledo Corro 2 mil hectáreas, a un costo de mil 200 millones de pesos para establecer un desarrollo turístico.
Clouthier consideró ese hecho “muy emblemático y sospechoso”. Y se pregunta si no había otros terrenos: “¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense y a la comunidad mexicana. ¡Para mí eso es extrañísimo… ¿Qué tipos de arreglos hay allí, qué cosas extrañas están sucediendo. No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente.” Sin embargo, Clouthier no tenía sólo interrogaciones, sino también contundentes denuncias. Se refiere a la “camarilla mafiosa en el poder”, que “actúa aliada con el crimen organizado”. E implica en esa camarilla no sólo a los gobernantes priistas de Sinaloa (los dos más recientes, y Jesús Vizcarra, el que viene), que ahora cuenta según su visión con la complicidad del gobierno federal. Álvaro Delgado realizó esa entrevista a Clouthier el jueves 11. En la víspera el secretario de Gobernación había renunciado a su militancia panista y había quedado en el limbo. Pretendió ocultar sus razones tras una endeble discreción profesional pero pronto tuvo que admitir que la decisión panista de gestar alianzas opositoras al PRI contrarió su propia estrategia de entendimiento con el partido antaño dominante y en trance de serlo de nuevo. Entre ambigüedades se reconoció autor de una promesa que no podía haber formulado en nombre del PAN, la de abstenerse de formar coaliciones con el PRD, y su partido lo hacía quedar mal ante el PRI, que había cumplido su parte del pacto aprobando el paquete económico de 2010. La entrevista con Clouthier apareció el domingo, como queda dicho y saben los lectores de Proceso y ni ese día, ni el lunes, el martes y el miércoles siguiente preocupó a Gómez Mont, más interesado en establecer su propio derrotero que en defender al Presidente de la grave acusación lanzada no por un seguidor de López Obrador o por este mismo sino por el actual jefe de una familia que dio al PAN un singularísimo candidato presidencial, y él mismo es legislador federal y eventual candidato a la gubernatura sinaloense (aunque por ahora haya declinado serlo). En medio de especulaciones sobre la durabilidad de su encargo como secretario de la política interior que abandona su propio partido tras generar desconfianza en el principal interlocutor, por fin el martes 16 fue confirmado en su cargo. En una entrevista de circunstancias ante una televisora local de Puebla, Calderón, visiblemente fatigado tras una gira y desatento a su expresión al punto de repetir la palabra clave dos veces en tres líneas, el Presidente definió a su colaborador: “Es un hombre leal, un secretario de Gobernación que cumple su encomienda, como se dice entre abogados, a su leal saber y entender, es decir, con plena voluntad, que goza además de toda mi confianza”. Desde Los Pinos se emitió un comunicado con ese párrafo, que quizá más que a beneficiar a Gómez Mont estaba destinado a deslindar al propio Calderón de las percepciones de que había incurrido en un juego doble al cabo del cual hizo pagar las consecuencias al secretario de Bucareli. Confirmado en su cargo, Gómez Mont escribió apenas el miércoles 17 la carta a Clouthier llena de rotundos reproches e información que buscaba contradecir al diputado. A pesar del carácter abierto y público de la declaración del hijo de Maquío, Gómez Mont prefirió responder en privado, pues su oficina no presentó la carta en formato oficial, dentro de un comunicado. Clouthier, en cambio, siguió su táctica de gritar sus inconformidades. Dio una entrevista el jueves 18 a Adriana Pérez Cañedo. Dijo estar “helado” y “tristísimo” ante la respuesta de Gómez Mont, a quien señaló como defensor de oficio del gobierno de Culiacán, que había preferido guardar silencio. En su respuesta, el secretario rechazó que el gobierno federal se abstuviera de combatir al narcotráfico en Sinaloa. Aportó nombres y cifras de detenidos que avalan su afirmación. Y concluyó con una tontería: “no es con descalificaciones como se combate el narcotráfico” (pues no, y nadie lo pretende). Y contraacusó diciendo que “las acusaciones falsas e infundadas en nada contribuyen a un esfuerzo colectivo como nación, que merece y necesita el compromiso de todos los mexicanos”. Ese último párrafo inquietó a Clouthier: “me está dando la razón… me está diciendo que Sinaloa es intocable. Desde el momento en que él se convierte en defensor de oficio del gobierno estatal pues, caramba, digo yo: ahora sí me cargó el carajo”.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:08 No hay comentarios:
LOS SECRETARIOS EN CONFLICTO
En días recientes, Felipe Calderón ha logrado algo sorprendente: aparecer simultáneamente como un mentiroso, un incompetente, o un hombre deshonroso en cuya palabra no es posible confiar. Mentiroso, si es que sabía lo que su secretario de Gobernación negociaba con el PRI, aún cuando su subalterno lo niega. Incompetente, si es que no estaba al tanto de algo tan importante y ahora mantiene a Fernando Gómez Mont a pesar de haber actuado al margen de la voluntad presidencial. Deshonroso, si es que armó un acuerdo con los priistas y ahora lo rompe. En los tres casos queda mal. Pero lo que se ha perdido de vista detrás de la falta de operación política de Los Pinos, de la Secretaría de Gobernación y del PAN es un hecho insoslayable y más grave: el tipo de pacto que el PRI propuso y que Fernando Gómez Mont avaló.Ése es el escándalo más grande. Ése es es el acto más condenable. Ése es el proceder que huele a podrido y que mantiene a México anclado en la mediocridad permanente. El PRI propone apoyar el presupuesto a cambio de que el PAN no vaya en alianza con el PRD en las próximas elecciones. El PRI acepta aumentar el gravamen a los contribuyentes a cambio de dejar intacta su estructura en Oaxaca, y el PAN acepta la transacción. En pocas palabras, impuestos a cambio de impunidad. Impuestos a cambio de cacicazgos. La anuencia fiscal del PRI canjeada por la abstinencia electoral del PAN. Exprimir aún más a la población a cambio de permitir que camarillas como la de Ulises Ruiz continúen gobernándola de manera autoritaria en los estados. Asegurar el financiamiento para los gobernadores a cambio de coartar la competencia en contra de sus delfines designados. El PRI negoció -en lo oscurito- un pacto perverso y Gómez Mont lo suscribió con el beneplácito de su jefe, porque de no ser así ya lo hubieran despedido por deslealtad.Dentro de todas las versiones contradictorias que se han vertido y todas las explicaciones abigarradas que se han dado, sobresale algo que nadie puede negar: el pacto se dio y en esos términos. Gómez Mont lo admite: "Constantemente fuimos buscando acuerdos entre las fuerzas políticas a fin de posibilitar una alineación parlamentaria para posibilitar la aprobación del paquete financiero". Peña Nieto lo subraya: "Fue un acuerdo general entre los partidos y, bueno, hoy vemos después de pasar el tiempo pareciera que hubo omisión". Francisco Rojas lo sugiere: "Había que vigilar la equidad de la contienda" y que no se "distorsionara la competencia". Unos y otros reconociendo una negociación escandalosa que en México parece normal, pero que en una democracia funcional sería impermisible.Porque el acuerdo buscado constituye una acción claramente antidemocrática. Revela que las decisiones de política pública no se toman con base en sus méritos técnicos, sino en función de criterios electorales cortoplacistas; que las preferencias de los electores en estados como Oaxaca pueden ser ignoradas o utilizadas como moneda de cambio en cualquier negociación cupular; que Felipe Calderón estaba dispuesto a intercambiar la permanencia del PRI a cambio de una bolsa de dinero o de la "gobernabilidad", construida a base de chantajes.Y llevamos 10 años de pactos de este tipo; pactos PRI-PAN negociados de espaldas a la opinión pública que le han permitido a los panistas gobernar al país, pero sin poder transformarlo verdaderamente. Al ir de la mano con los artífices del pasado, Vicente Fox y Felipe Calderón han promovido su resurrección. Al decirle al PRI que cualquier cosa es negociable, el PAN ha acabado cediéndolo todo. Al sucumbir -una y otra vez- a la presión de Pritramposaurios como Ulises Ruiz, el PAN ha acabado acorralado por ellos. Como botón de muestra basta lo que Gómez Mont estuvo dispuesto a negociar sin ruborizarse siquiera: la rendición adelantada de su partido en la siguiente temporada electoral. Ahora, por fin, parece que el pacto detrás de la Pax Prianista se ha roto y enhorabuena. Las alianzas PAN-PRD sugieren que Felipe Calderón no va simplemente a regresarle la banda presidencial al PRI, o entregar la plaza sin dar la pelea por su conservación.Y para quienes critican este viraje estratégico, lamentando que producirá la parálisis legislativa, la falta de gobernabilidad, la ausencia de reformas, la "ventanilla cerrada" ante las propuestas presidenciales, basta con recordar algo crucial. En alianza con el Partido Verde, el PRI es mayoría en el Congreso. Y aún así, ¿dónde está la reforma fiscal profunda? ¿La reforma política integral? ¿La reforma laboral modernizadora? ¿La reforma energética competitiva? ¿La reforma a la Ley de Medios y a la Ley de Competencia Económica? Si el PRI quisiera, podría elaborar, proponer, negociar y aprobar reformas de largo alcance. Pero no lo hace ni lo hará, debido al tipo de intereses monopólicos que defiende, al tipo de pactos corporativos que mantiene, al tipo de políticos malolientes que apuntala. El PAN se ha equivocado al negociar pactos que huelen a podrido, pero no olvidemos que el PRI es responsable de su mal olor.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 10:42 No hay comentarios:
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