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Timestamp: 2018-04-26 16:59:05+00:00

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6 efectos jurídicos que entraña la Rendición de Cuentas | Baker Tilly Blogs | Auditoría, contabilidad, finanzas, leyes, impuestos
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julio 13, 2017 Comments (0) Views: 1444 BLOGS
Departamento Legal de Baker Tilly
A la fecha, se encuentra a estudio del Parlamento el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2016-
A continuación expondremos los principales puntos que, desde el punto de vista jurídico, poseen especial relevancia:
1) Destitución de funcionarios públicos y prohibición de nueva designación o contratación pública
El artículo 9 introduce algunos cambios en relación a la situación de los funcionarios públicos, al momento de su cese:
Por un lado, se otorgan mayores garantías respecto de quienes son destituidos en caso de delito ya que, si bien se establece como sanción la prohibición –sin plazo- del ejercicio de la función pública, para ello se exige una sentencia ejecutoriada dictada por la justicia penal; elemento que en la redacción anterior no se exigía.
Por otra parte, se agrega como sanción la prohibición de nueva designación o contratación pública por el plazo de 10 años, en casos de funcionarios destituidos por ineptitud u omisión. Esta nueva sanción presenta aspectos que deberían revisarse, tal como lo señalamos en nuestra entrevista en el diario El Observador, dado que se estaría aplicando una sanción gravísima –inhabilitación del ejercicio de la función pública por 10 años-, por una decisión administrativa aun cuando ella no se encuentre firme. A nuestro juicio la norma debería modificarse y, al menos esperar para aplicar la sanción a que la norma adquiera firmeza administrativa, esto es, que se hayan resuelto los recursos administrativos y, en su caso, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para aplicar esta sanción.
2) Cumplimiento de sentencias por el Estado
El artículo 15 del proyecto dispone que el cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de los artículos 24 y 25 de la Constitución se cumplirán por parte del Poder Ejecutivo, “salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo. En éste último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales”.
La solución prevista en esta norma, fue criticada oportunamente en cuanto a su inconstitucionalidad por profesionales del Departamento Legal de Baker Tilly Uruguay. A tal efecto, pueden verse entrevistas realizadas por Telemundo 12 y diario El Observador por afectación del principio de responsabilidad del Estado y Tutela Jurisdiccional Efectiva.
3) Derecho a la asistencia en situaciones de urgencia y emergencia
El artículo 149 del proyecto dispone que se reconoce en todo el territorio nacional, el derecho a la asistencia en situaciones de urgencia y emergencia de todos los habitantes residentes.
La norma proyectada brinda mayor cobertura de salud a todos los residentes en Uruguay, ampliando el régimen anterior y disponiéndose la atención en todo el territorio, sin importar la naturaleza del vínculo contractual, siempre que comprenda la atención integral.
Asimismo, se establece en casos de urgencia la posibilidad de ser atendido en cualquier parte del territorio, en cualquier servicio de salud.
4) Agravante del delito de defraudación tributaria
El artículo 252 del proyecto introduce como circunstancia agravante en caso de configurarse un delito de defraudación tributaria, “… cuando se hubieren utilizado, en forma total o parcial, facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos”.
Nuestros asesores del Departamento Legal de Baker Tilly fueron consultados por El Observador sobre el alcance de esta norma señalando que, la agravante proyectada surge como respuesta a situaciones concretas detectadas por la DGI. Por intermedio de la norma, cuando la defraudación se hubiere cometido mediante esta modalidad, la pena no es excarcelable dado que el mínimo es de 2 años y el máximo de 8 años.
5) Entrega de bienes del Estado objeto de un litigio
El artículo 268 del proyecto prevé que, en procesos judiciales en los que exista cuestionamientos sobre un bien de propiedad del Estado o de una persona pública no estatal o de persona privada con capital estatal, el titular podrá solicitar al Juez la entrega inmediata de los bienes.
Nuestros asesores legales fueron consultados por el Semanario Búsqueda sobre el alcance de la citada norma y sus consecuencias.
6) Secreto Tributario
Por otra parte, el artículo 72 faculta a la DGI a publicar los datos de los deudores del impuesto a Primaria, afectando el secreto tributario. Según el jurista, debería tener una justificación especial que no se alcanza a percibir. “Parece ser la intención del Poder Ejecutivo exponer a una condena social a los deudores de este impuesto”, dijo.
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References: artículo 9
 artículo 15
 artículo 149
 artículo 252
 artículo 268
 artículo 72