Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920303.html
Timestamp: 2019-11-15 18:22:45+00:00

Document:
as201920303
Auto Supremo: 303/2019
Expediente: LP-101-18-S.
Partes: Pedro Mamani Gerónimo c/ Mery Elena Pareja Aranibar.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 649 a 651 vta., interpuesto Pedro Mamani Gerónimo contra el Auto de Vista Nº 188/2018 de fecha 13 de marzo, cursante de fs. 646 a 647 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de documentos, seguido por el recurrente contra Mery Elena Pareja Aranibar; el Auto de concesión de fecha 10 de julio de 2018 cursante a fs. 667 de obrados, el Auto de admisión del recurso Nº 820/2018-RA cursante de fs. 674 a 675, los antecedentes del proceso; y:
El Juez Público Civil y Comercial Nº 17 de la Ciudad de La Paz pronunció Sentencia Nº 331/2016, de fecha 10 de octubre, cursante de fs. 596 a 604 de obrados, en la que declaró: 1.- IMPROBADA la demanda de nulidad de documento y registros cursante de fs. 69 a 70 vta., y reformulación de fs. 75 a 76 vta., y de fs. 78 a 78 vta., planteada por Pedro Mamani Gerónimo, sin costas por ser demanda doble. 2.- IMPROBADA la demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios cursante de fs. 81 a 87 vta., planteada por Mery Elena Pareja Aranibar, sea sin costas por ser demanda doble. 3.- IMPROBADO el incidente de nulidad de obrados a fs. 335 de obrados planteado por Fausto Genaro Flores Salazar y Clorinda Albornoz de Flores, sin costas por ser juicio doble.
Contra la referida resolución Pedro Mamani Gerónimo mediante memorial cursante de fs. 611 a 613 vta., interpuso recurso de apelación, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció Auto de Vista Nº 188/2018 de fecha 13 de marzo, cursante de fs. 646 a 647 vta., donde el Tribunal de alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:
En relación a que en la Escritura Pública Nº 446/87 de fecha 14 de septiembre hubo un error esencial que recae en la naturaleza del contrato, ya que la firma del documento era para garantizar un préstamo de dinero con garantía personal y no así la venta del terreno de 30.000 m2, al respecto el Tribunal de alzada señaló que el apelante no indica de que forma la labor interpretativa del juez A quo, resulta insuficientemente motivada, o que norma mal interpretó, más aún cuando en el proceso no adjunta prueba objetiva que haga evidente dicho error sobre la naturaleza del contrato.
Refirió en relación a la prueba que se debe considerar lo establecido en el art. 1328 num. 2) del Código Civil que declara inadmisible la prueba testifical, teniendo en cuenta los instrumentos públicos y respecto a que la escritura pública de transferencia no leída, señala que en dicha escritura consta y expresa que “…los comparecientes aprueban el tenor de la presente Escritura de compraventa de terreno, así dijo otorga y firma juntamente con los testigos.” Por lo que manifestó que este aspecto no merece mayor consideración.
Con relación a la no existencia de fundamentación en la sentencia por que los Autos Supremos usados no son aplicables al caso, en este punto el Tribunal de alzada refiere que el apelante no indicó de que forma la consideración de los mismos le causa algún agravio, ya que el A quo solo hizo referencia a lo que debe entenderse por escritura pública, abocado más al concepto que a la consideración de los hechos análogos aplicables al caso. Aspectos que llevaron al Tribunal de alzada a concluir en que la sentencia apelada cumplió de manera correcta con lo establecido por ley.
Fundamentos por los cuales el Tribunal de alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II num. 2) del Código Procesal Civil CONFIRMÓ la Sentencia Nº 331/2016 de 10 de octubre. Con costas.
Contra el Auto de Vista Pedro Mamani Gerónimo interpuso recurso de casación, mediante memorial cursante de fs. 649 a 651 vta. de obrados, mismo que obtiene el presente análisis.
1. Aduce que la sentencia fue dictada cuando estaba en vigencia el Código Procesal Civil, sin embargo se aplicó exclusivamente normas del Código de Procedimiento Civil, a cuyo efecto el recurso de apelación también se amparó en normas del código de Procedimiento Civil, empero contrariamente el Auto de Vista sin explicación alguna aplicó el Código Procesal Civil indicando el art. 265, por lo que, el juez A quo después de emitir la sentencia debió dictar un Auto interlocutorio conducente del tránsito de las normas del Código de Procedimiento Civil al Código Procesal Civil, esto con el rol que tiene el Juez como máxima autoridad del proceso, al no haberlo realizado violó el art. 1 num. 4) de la Ley Nº 439 relativo al principio procesal de dirección.
2. Manifiesta la errónea aplicación del art. 1283 del Código Civil que fue relativizada en su aplicación con el art. 136 del Código Procesal Civil, desconociendo los cambios del proceso judicial civil donde el Juez como director del proceso, debe desarrollar la gestión del proceso bajo el principio de eficiencia en búsqueda de lograr la tutela judicial efectiva de las pretensiones insatisfechas puestas a su consideración, por lo que correspondía al Tribunal de alzada anular obrados con la finalidad de que el juez reconduzca la causa y utilice la facultad de iniciativa probatoria para el que se encuentra plenamente facultado, en consecuencia se tiene que el Tribunal de alzada emitió un criterio que no es compatible con el principio de verdad material señalado en el art. 1 num. 17 del Código Procesal Civil y art. 180.I de la Constitución Política del Estado.
3. Refiere la aplicación errónea del art. 549 num. 4) del Código Civil puesto que la pretensión principal del recurrente dentro del proceso fue la nulidad de la Escritura Pública Nº 446/87 de fecha 14 de septiembre, por que existió error esencial sobre la naturaleza del contrato, dado que al recurrente le hicieron firmar dicho documento como si se tratara de un préstamo de dinero, y no así de la venta del terreno de 30.000 m2, por lo que no sabía que estaba firmando debido a que no sabe leer ni escribir, al margen de que no recibió ni un centavo a la suscripción de dicho documento, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de alzada pues señala que el recurrente no ha acreditado legal y objetivamente la existencia de error esencial sobre la naturaleza del contrato sin considerar que dicho aspecto se demostró no solo con las pruebas testificales que el Auto de Vista descalifica, sino con todo el sistema probatorio incluida la confesión provocada, inspección judicial, prueba pericial y documental.
4. Arguye que el Tribunal de alzada aplicó erróneamente el art. 549 num. 4) del Código Civil, ya que para su aplicación debieron estudiar y analizar el contenido del art. 521 del Código Civil que señala que la transferencia tiene lugar por efecto del consentimiento salvo el requisito de forma en los casos exigibles, en el caso de Autos no existió consentimiento por parte del demandante para la venta de 30.000 m2.
Por lo que solicita se emita un Auto Supremo que case el Auto de Vista y declare probada la demanda principal.
De la revisión de obrados se tiene que pese a su legal notificación la demanda no contesto al recurso de casación.
III.1. De la prueba de oficio y el principio de verdad material.
El art. 233.II del Código de Procedimiento Civil dispone: “El juez o Tribunal podrá, asimismo, antes del decreto de Autos disponer se produzca la prueba que estimare convenientes.”, en esta misma lógica el art. 4 num. 4) del mismo cuerpo legal, que regula entre las facultades del Juez o Tribunal las de: “Exigir las pruebas que consideren necesarias, como exhibiciones, peritajes y juramentos, llamar a los testigos ofrecidos por las partes, efectuar careos y emplear cuantos medios fueren conducentes al mayor esclarecimiento del proceso.”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto establecen la facultad de los jueces y Tribunales de producir prueba de oficio esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, que se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocido por la Constitución Política del Estado.
En ese entendido, este Supremo Tribunal de Justicia ha orientado a través de diversos fallos, entre ellos los Autos Supremos Nº 690/2014, 889/2015 y 131/2016, que en este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado en los arts. 4 num. 4) y 233.II del Código de Procedimiento Civil, el Juez o Tribunal tiene la posibilidad incluso más amplia (por el principio de verdad material art. 180 de la C.P.E.), de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales. Razonamiento que tiene sustento en diversos fallos constitucionales que fundamentaron sobre el nuevo Estado Constitucional de Derecho que hoy rige en la justicia boliviana entre ellas podemos citar a la S.C.P., Nº 0112/2012 de 27 de abril (hito) que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.
Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función de Juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.
La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso.
Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”.
En este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, pues una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos viene a generar una desconfianza generalizada hacia el Órgano Judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.
Consiguientemente, y toda vez que las partes acuden al órgano jurisdiccional para encontrar una solución a los conflictos que se les presenta, es que las decisiones de los jueces y Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria deben basarse en la verificabilidad de los hechos comprobados, así como en la legitimidad de los mecanismos probatorios. Asimismo, en el caso de que se genere duda razonable sobre algún hecho o extremo, es decir que no exista convicción suficiente que le permita al juzgador fallar sobre la pretensión deducida en el proceso por no contar con los suficientes medios que le permitan llegar a la verdad real de los hechos (verdad material), este, es decir el juez o Tribunal en quien se generó dicha duda, en virtud al principio de verdad material, desarrollado supra, y lo establecido en el art. 233.II del Código de Procedimiento Civil, tiene la facultad de solicitar la producción de prueba de oficio que considere conveniente y de esta manera dilucidar aquel aspecto sobre el cual no tiene certidumbre o convencimiento, para así poder emitir un fallo eficaz sustentado en medios probatorios que respalden el mismo.
Sobre el particular, es decir sobre la producción de prueba de oficio, este Tribunal emitió varios fallos, entre ellos corresponde citar el Auto Supremo Nº 92/2013 de 7 de marzo, que señala: “El art. 233 del Código de Procedimiento Civil cuenta con dos parágrafos, el primero referido a que el Juez o Tribunal podrá abrir un plazo probatorio no mayor a veinte días en caso de los cuatro numerales siguientes que se detallan y el parágrafo segundo, por el que el Juez o Tribunal, antes del decreto de Autos, podrá disponer se produzcan las pruebas que estimare convenientes, facultad como señala el Dr. Gonzalo Castellanos Trigo: "Con el fin de esclarecer la verdad jurídica objetiva de los hechos controvertidos, se permite a los Jueces complementar, por propia iniciativa, el material probatorio para adoptar las medidas para mejor proveer o resolver, para aclarar las dudas que puede tener el juzgador en el momento de resolver el Auto de Vista..."; es decir si bien en uno y otro caso los de instancia tienen facultad potestativa para abrir un plazo probatorio y producir prueba; es también evidente que dicho Juez o Tribunal encuentra en la normativa dos opciones de poder contar con prueba que le ayude a mejor resolver.
En el sub lite, el Auto Supremo Nº 89/2012 es lo bastante claro cuando señala que en virtud al art. 233 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal Ad quem debe solicitar la prueba idónea a fin de determinar si el inmueble motivo de la litis se trata del mismo y con su resultado resolver; en momento alguno refiere que conforme señala el parágrafo I de la norma antes citada deba el Tribunal de Alzada abrir un plazo probatorio no mayor de veinte días, sino que antes de resolver produzca prueba que estime conveniente y saque de dudas respecto a que si los dos inmuebles de los que se impetra la declaratoria de mejor derecho propietario tienen la misma ubicación geográfica, aspecto que se dejó muy en claro en el Auto Supremo antes citado a tiempo de anular, en virtud al Principio de Verdad Material por el que los Jueces de instancia tienen un rol más activo en la tramitación de los procesos a los fines de resolver de la manera más justa, por lo que interesaba en el sub lite contar con mayores elementos de probanza que hagan mejor el resolver…”
III.2. De la carga de la prueba.
Sobre el tema en el AS 659/2016 de fecha 15 de junio 2016 se ha señalado: “Previamente a ingresar a considerar la carga de la prueba, nos referiremos a lo que debe entenderse por prueba, para dicha finalidad citaremos a Carlos Morales Guillen quien en su obra titulada Código Civil Concordado y anotado, citando a Messineo, señala: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente, es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos naturales, hechos humanos y actos y negocios jurídicos…”.
Ahora bien, dicho Autor, sobre la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “….el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit, nom qui negat). Más si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo (v. gr. Pago), impeditivo (v. gr. Vigencia de plazo pactado) o modificativo (v. gr. Excesiva onerosidad sobrevenida) está obligado a probar su excepción conforme a la segunda parte del axioma citado supra”.
En relación a dichas consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia emitió varios Autos Supremos, entre ellos el Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo de 2015, que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil….”
III.3. Error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato.
Al respecto, podemos citar entre otros el Auto Supremo Nº 921/2015 de 12 de octubre que sobre el tema, ha señalado: “…Para el caso de Autos nos interesa centrar nuestro razonamiento en el denominado error vicio, porque es el error propiamente dicho que afecta al proceso cognoscitivo del sujeto, dado que su voluntad interna se forma en base a un conocimiento equivocado o contrario a la realidad.
En ese sentido la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió el Auto Supremo Nº 209, de 17 de junio 2010, a través del cual precisó que: “el error esencial es el concepto equivocado que se tiene de la realidad, consiste en creer verdadero lo que es falso, y viceversa. Atendiendo su gravedad y a los efectos que produce, los artículos 474, 475 y 476 del Código Civil, clasifican al error en: 1) esencial, 2) substancial y 3) de cálculo, respectivamente. Ciertamente el error esencial constituye causa de nulidad según establece el numeral 4) del artículo 549 del Código Civil, empero, éste debe recaer sobre la naturaleza del contrato o sobre el objeto del mismo; cuando una de las partes incurre en él, se dice que no hay acuerdo de voluntades. Cuando el error recae sobre la naturaleza del contrato, cada parte tiene en mira un negocio jurídico distinto, como cuando una entiende concurrir a un empréstito y la otra a una donación, o una entiende arrendamiento y la otro comodato, no hay ni empréstito ni donación, ni arrendamiento ni comodato, porque cada una de las partes ha querido algo diferente, razón por la cual sus voluntades no se han encontrado. En cambio, el error esencial sobre el objeto del contrato, es aquel que recae sobre la identidad del objeto, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra”.
1. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el punto 1 está enmarcado a observar que la sentencia fue dictada en vigencia del Código Procesal Civil, sin embargo se aplicó exclusivamente normas del Código de Procedimiento Civil, a cuyo efecto el recurso de apelación también se amparó en en este último, empero contrariamente el Auto de Vista, sin explicación alguna aplicó el Código Procesal Civil indicando el art. 265, por lo que el juez A quo después de emitir la sentencia debió dictar un Auto interlocutorio conducente del tránsito de las normas del Código de Procedimiento Civil al Código Procesal Civil, esto con el rol que tiene el Juez como director del proceso, al no haberlo realizado, violó el art. 1 num. 4) de la Ley Nº 439 relativo al principio procesal de dirección.
Con la finalidad de dar respuesta al presente agravio se tiene que la disposición transitoria cuarta parágrafo primero del Código Procesal Civil señala: “los procesos en curso y presentados con anterioridad a la vigencia plena del presente código continuaran rigiéndose por el código de procedimiento civil, hasta la resolución en primera instancia…” así también la disposición quinta parágrafo primero, inciso b) señala: “los asuntos en los que estuviese abierto y en curso el plazo de prueba en lo principal de la causa, deberán sujetarse a lo determinado por el código de Procedimiento Civil, hasta dictarse sentencia” de lo que podemos inferir que conforme la revisión de obrados cuando el Código Procesal Civil entró en vigencia el termino probatorio dentro del presente proceso ya se encontraba aperturado, motivo por el cual el Juez A quo emitió la sentencia sujetándose a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, sentencia que fue apelada en base a la misma norma, sin embargo el Tribunal de alzada dando cumplimiento a la disposición transitoria sexta del Código Procesal Civil emitió el Auto de Vista recurrido en casación, bajo ese contexto este Tribunal evidencia que el actuar del Tribunal de alzada es correcto al haber emitido el Auto de Vista en base al Código Procesal Civil en vigencia, al margen se debe tener presente que es una cuestión formal, toda vez que en el hipotético caso de que se hubiera emitido el Auto de Vista con el Código de Procedimiento Civil, el recurrente no explica como dicho fundamento dentro de los principios que sustancian a la nulidad, este llega a ofender su derecho a la defensa, en ese entendido al no ser dicho aspecto trascendente, hace que el reclamo traído por el recurrente en casación no merezca mayor análisis por carecer de asidero legal.
2. Continuando con la dilucidación del recurso de casación se tiene que el reclamo que se encuentra en el punto 2 está enmarcado a observar la errónea aplicación del art. 1283 del Código Civil que fue relativizada en su aplicación con el art. 136 del Código Procesal Civil, desconociendo los cambios del proceso judicial civil donde el Juez como máxima autoridad, debe desarrollar la gestión del mismo bajo el principio de eficiencia en búsqueda de lograr la tutela judicial efectiva de las pretensiones insatisfechas puestas a su consideración, por lo que correspondía al Tribunal de alzada anular obrados con la finalidad de que el juez reconduzca la causa y utilice la facultad de iniciativa probatoria para el que se encuentra plenamente facultado, en consecuencia se tiene que el Tribunal de alzada emitió un criterio que no es compatible con el principio de verdad material señalado en el art. 1 num. 17) del Código Procesal Civil y art. 180.I de la Constitución Política del Estado.
Sobre el particular, cabe señalar que el art. 1283 del Código Civil, refiere a la carga de la prueba que les asiste a las partes para que respalden su pretensión, en el caso de Autos la carga de la prueba con la que debe cumplir la parte actora ahora recurrente para demostrar su pretensión de nulidad de Escritura Pública Nº 446/87 por error esencial en la naturaleza del contrato, toda vez que alega que pretendía firmar un contrato de garantía de deuda de su fallecido hijo y no así un contrato de compra venta en el que transfería 30.000 m2 de su propiedad, por lo que es obligación del demandante probar los extremos señalados con todos los medios probatorios que la ley le faculta, (Aspecto desarrollado en la doctrina establecida en el punto III.1), sin embargo, de la revisión de obrados se puede establecer que no ocurrió tal aspecto dado que no acreditó haber cumplido con los presupuestos jurídicos establecidos para la interposición de la demanda de nulidad.
Así, debemos considerar que si bien la autoridad jurisdiccional tiene la facultad de iniciativa probatoria, vale decir tiene la facultad de decretar pruebas de oficio, dichas pruebas deben determinar la verdad real de los hechos que puede favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues la autoridad jurisdiccional solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto, empero este aspecto solo puede realizarlo en el caso de que conforme acontece el proceso se haya generado una duda razonable sobre algún hecho o extremo, es decir que no exista convicción suficiente que le permita al juzgador fallar sobre la pretensión deducida en el proceso por no contar con los suficientes medios que le permitan llegar a la verdad real de los hechos (verdad material), es decir la autoridad jurisdiccional en quien generó dicha duda, en virtud al principio de verdad material tiene la facultad de solicitar la producción de prueba de oficio que considere conveniente y de esta manera dilucidar aquel aspecto sobre el cual no tiene certidumbre o convencimiento, para así poder emitir un fallo eficaz sustentado en medios probatorios que respalden el mismo, aspecto que no concurrió en el caso de autos, ya que se puede evidenciar que el demandante no demostró que el negocio jurídico que quiso realizar sea diferente al documento del cual pretende su nulidad (conforme a la doctrina aplicable en el punto III.2).
Bajo ese criterio se puede advertir que el reclamo descrito supra no es evidente, pues el recurrente no cumplió con la carga de la prueba al que está obligado, lo que no implica que haya una errónea interpretación del art. 1283 del Código Civil con relación al art. 136 del Código Procesal Civil, ya que si bien el juez tiene la iniciativa probatoria, se genera a raíz de una duda razonable; duda que no se generó en el caso de autos, más aún si consideramos que no se habla sobre la ausencia de medios probatorios dentro del proceso, sino que la prueba presentada no es idónea, en consecuencia carece de sustento para acreditar lo fundamentado en su memorial de demanda, en ese contexto este Tribunal establece que no es evidente lo señalado por el recurrente, toda vez que no existió la vulneración al principio de verdad material, motivo por el cual se tiene que su reclamo deviene en infundado.
3. Del análisis del recurso de casación se desprende que el punto 3 está enmarcado a observar la aplicación errónea del art. 549 num. 4) del Código Civil puesto que la pretensión principal del recurrente dentro del proceso fue la nulidad de la Escritura Pública Nº 446/87 de fecha 14 de septiembre, por que existió error esencial sobre la naturaleza del contrato dado que al recurrente le hicieron firmar el documento como si se tratara de un préstamo de dinero, y no así de la venta del terreno de 30.000 m2, por lo que no sabía lo que estaba firmando debido a que no sabe leer ni escribir, al margen de que no recibió ni un centavo a la suscripción de dicho documento, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de alzada, pues señala que el recurrente no ha acreditado legal y objetivamente la existencia de error esencial sobre la naturaleza del contrato sin considerar que dicho aspecto se demostró no solo con las pruebas testificales que el Auto de Vista descalifica, sino con todo el sistema probatorio incluida la confesión provocada, inspección judicial, prueba pericial y documental.
Al respecto, y conforme a la doctrina aplicable en el punto III.3, se tiene que el error esencial sobre la naturaleza del contrato se da cuando las partes creen celebrar contratos distintos, es decir cuando ambas partes tienen en mente negocios jurídicos diferentes, y a consecuencia de ello las voluntades de las partes en lugar de integrarse se distancian y no dan nacimiento al consentimiento.
En el caso de autos, de la descripción del memorial de demanda, se puede establecer que la pretensión realizada por la parte actora refiere a que sin tener conocimiento alguno y aprovechando de su ignorancia al no saber leer, ni escribir la demandada le hizo firmar una minuta de fecha 08 de septiembre de 1987 y luego la Escritura Pública Nº 446/87 de fecha 14 de septiembre, indicándole al actor que suscribían un documento para garantizar un préstamo de dinero de su difunto hijo, y no así la transferencia de 30.000 m2 de su propiedad, llevándole donde el notario y suscribiendo dicho documento con su consentimiento viciado, estableciendo en consecuencia la existencia de error que recae sobre la naturaleza del contrato ya que el negocio jurídico que pretendía era garantizar el préstamo de dinero de su difunto hijo con garantía personal y no como erradamente lo hizo de transferir una superficie de su inmueble.
De lo expresado se tiene que en el caso de Autos no existió error esencial en la naturaleza del contrato por que ambas partes tanto el vendedor como la compradora tenían presente que se estaba realizando la transferencia del bien inmueble motivo de litis, máxime si consideramos que días después de la firma de la minuta de transferencia realizada en fecha 08 de septiembre de 1987, recién se suscribió la Escritura Pública Nº 446/87 de fecha 14 de septiembre ante la Notaria de Fe Pública a cargo del Dr. Fidel Zumaran Mercado, al margen de considerar que en obrados no cursa prueba alguna que evidencie al momento de la suscripción de la transferencia el demandante no sabía leer, ni escribir, o que solo habría cursado el segundo curso de primaria como alega, pues de la prueba documental que adjunta la parte actora consistente en Testimonio de Comprobante de la partida Nº 57 que corre a fs. 57 del Libro 43 de inscripciones definitivas de la provincia Los Andes del departamento de La Paz, correspondiente a 1981 cursante de fs. 3 a 12 vta., fotocopias legalizadas de la Escritura Pública Nº 446/87 de fecha 14 de septiembre sobre la compra venta de un terreno ubicado en el Ex Fundo Alto Chijini, Cantón Laja, provincia Los Andes otorgado por Pedro Mamani Gerónimo en favor de Mery Elena Pareja Aranibar por la suma de $us. 8.000 cursantes de fs. 14 a 15 vta., fotocopias legalizadas del proceso de nulidad de escritura pública de transferencia seguido por Joaquina Sirpa de Mamani (esposa del ahora demandante) contra Mary Elena Pareja Aranibar y Pedro Mamani Gerónimo, prueba que no respalda la pretensión planteada por el actor.
Así también tenemos que de la revisión de obrados el acta de inspección judicial no aporta elementos de convicción que ayuden al juzgador a tener certeza de la existencia de error en la naturaleza del contrato del cual se pretende su nulidad, toda vez que el único hecho evidenciado con dicha audiencia es que el demandante tiene la posesión de la superficie transferida, sin embargo se debe tener presente que el objeto del presente proceso es la nulidad de documentos, por lo que los aspectos concernientes a la posesión no entran en debate al no ser parte de las pretensiones de las partes dentro el caso de autos.
Con relación a la prueba testifical descalificada por el Auto de Vista como arguye el recurrente, se debe establecer que si bien en obrados cursa dicha prueba propuesta por ambas partes, sin embargo es pertinente indicar que el num. 2 del art. 1328 de la norma sustantiva (prohibición de la prueba testifical) establece: “Tampoco se admite en contra y fuera de lo contenido en los instrumentos, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, a tiempo o después que ellos se otorgaron…” en ese entendido la prueba testifical no puede ser admisible como prueba, contra o a favor del contenido de los contratos suscritos por las partes, ni sobre lo que se alegue referente a los mismos. En el caso concreto analizado se verifica aquel aspecto, es decir, que el recurrente pretende que con las declaraciones testificales se desvirtué la existencia de un contrato suscrito entre las partes de este proceso plasmado en la escritura pública cuestionada, emergente de una minuta de fecha 08 de septiembre de 1987 en el que según el demandante el supuesto negocio jurídico que se pretendía era la suscripción de un documento de garantía sobre un préstamo de dinero realizado por el difunto hijo del actor, sin embargo como ya se dijo anteriormente según la norma civil aplicable al caso de autos, la prueba testifical no es admisible cuando va en contra de instrumentos públicos tal como se tiene de la prueba documental adjunta en obrados con la cual se evidencia la existencia del contrato suscrito por ambas partes sobre el negocio jurídico respecto a la venta de 30.000 m2 de superficie.
De dicho contexto se puede inferir que no existe prueba que evidencie que el demandante no sepa leer, ni escribir, al margen de considerar que tampoco existe prueba idónea que respalde el hecho de que los negocios jurídicos pretendidos por ambas partes sean diferentes, por lo que se arriba a la conclusión que la parte actora ahora recurrente no reunió los presupuestos para la procedencia de la nulidad por error esencial sobre la naturaleza del contrato, como ser la existencia de realizar un acto jurídico, y que dentro de ese acto jurídico exista una errónea interpretación de la verdad en la naturaleza del contrato, por lo que este Tribunal establece que no es evidente lo manifestado por el recurrente, al no existir una aplicación errónea del art. 549 del Código Civil, motivo por el cual su reclamo deviene en infundado.
4. Finalmente respecto al punto 4 acusado en casación se tiene que dicho reclamo está enmarcado a observar que el Tribunal de alzada aplicó erróneamente el art. 549 num. 4) del Código Civil, ya que para su aplicación debieron estudiar y analizar el contenido del art. 521 del Código Civil, que señala que la transferencia tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles, en el caso de autos, no existió consentimiento por parte del demandante para la venta de 30.000 m2.
Al respecto como ya se describió supra, se debe tener presente que es evidente la no concurrencia de medios probatorios que demuestren la existencia de error en la naturaleza del contrato, aspecto por el que se llegó a la conclusión de que ambas partes tenían como objeto el mismo negocio jurídico, vale decir suscribir la compra venta del lote de terreno de 30.000 m2 de superficie, por lo que ambos negocios jurídicos se integraron y formaron el consentimiento, habiendo señalado esto se acredita que no es evidente que el Tribunal de alzada haya aplicado erróneamente lo establecido en el art. 549 num. 4) del Código Civil, motivo por el cual no existe la necesidad de analizar el art. 521 de la misma norma referente a los contratos con efectos reales toda vez que se evidenció que la parte actora dio pleno consentimiento como primer requisito de validez y eficacia para la celebración de este negocio jurídico, suscribiendo primeramente la minuta para luego suscribir la Escritura Pública, y así cumplir con todas las formalidades que requiere la compra venta, de dicho análisis se tiene que no siendo evidente lo acusado su reclamo, no tiene asidero legal por cuanto deviene en infundado.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 649 a 651 vta. de obrados, interpuesto Pedro Mamani Gerónimo contra el Auto de Vista Nº 188/2018 de fecha 13 de marzo, cursante de fs. 646 a 647 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 549
 resolución