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Timestamp: 2019-10-14 22:47:24+00:00

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Conclusiones - Jorge ignacio pretelt chaljub
4 DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
T-768 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
La facultad de terminar el contrato de trabajo por justa causa con base en el acto `inmoral` debe enmarcarse en lo dispuesto en la ley. Para el caso, deben aplicarse criterios como los señalados en la jurisprudencia ya citada sobre la aplicación de conceptos indeterminados, en el sentido de que: (i) dicho concepto debe entenderse como moral social y debe producir una desaprobación objetiva de acuerdo con los parámetros axiológicos aceptados por la sociedad, lo que excluye un reproche subjetivo crítico o intolerante; y (ii) la realización del acto considerado `inmoral` debe darse en el lugar de trabajo o en ejecución de las labores, y afectar el normal desarrollo de las funciones de la empresa. Es decir, dicho acto debe trascender la esfera privada y del interés particular a un ámbito laboral, por afectar derechos de terceros, y la convivencia digna y respetuosa que debe guiar las relaciones de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Adicionalmente, los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por Colombia que integran el bloque de constitucionalidad, y la jurisprudencia de tribunales internacionales como el europeo, contemplan que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por razones de moralidad pública para garantizar el orden jurídico y el interés general.
En este caso concreto el empleador al interpretar el concepto jurídico de inmoral, debe analizar el comportamiento de manera razonable, objetiva e imparcial, máxime cuando el propio ordenamiento, como quedó visto, suministra los parámetros para la determinación del concepto.
Por todo lo expuesto, la Corte Constitucional encuentra que la expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no contraviene los postulados constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral, ya que no da lugar a una aplicación caprichosa ni arbitraria del empleador de la misma, por cuanto, se reitera, dicha conducta debe realizarse en el lugar de trabajo o en ejercicio de las labores y que, además, afecten el normal desarrollo de la vida laboral, lo cual no constituye ni falta disciplinaria ni implica una invasión del área privada ni del fuero interno del trabajador como lo plantea el demandante, esfera que es excedida cuando su conducta incide en el cumplimiento de sus obligaciones, como el deber de “guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros”76, afectando el ambiente laboral.
1 M.P. María Victoria Calle Correa
2 M.P. Jorge Arango Mejía
3 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
4 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
5 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
6 M.P. Rodrigo Escobar Gil
8 M.P. Fabio Morón Díaz
10 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
11 M.P. Jaime Araújo Rentería
12 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
13 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz
15 M.P. Carlos Gaviria Díaz
17 “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.”
19 M.P. Jorge Arango Mejía
20 Sentencia C-224 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía
21 “…No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.
22 “CONTENIDO DEL INVENTARIO… Comprenderá, así mismo, los títulos de propiedad, las escrituras públicas y privadas los créditos y deudas del pupilo de que hubiere comprobante o sólo noticia, los libros de comercio o de cuentas, y en general, todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o que sea necesario destruir con algún fin moral.”
23 “Son incapaces de ejercer tutela o curaduría…8o.) Los de mala conducta notoria”
24 “…CAUSALES DE REMOCIÓN… 5o.) Por conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo.”
25 “CAUSA DE LAS OBLIGACIONES. No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
26 “CONDICION FALLIDA… Y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales”
27 Sentencia C-224 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía
28 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
29 M.P. Jorge Arango Mejía
30 M.P. Fabio Morón Díaz
31 Sentencia C-427 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz
32 Sentencia C-404 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz
33 Sentencia C-309 de 1997. A.V. Hernando Herrera Vergara
34 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz
35 Sentencia C-404 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz
36 M.P. Carlos Gaviria Díaz
37 Mag. Hernando Herrera Vergara
38 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
39 M.P. Rodrigo Escobar Gil
40“ Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. Ed. Civitas S.A., Madrid, 1986, Tomo I, p. 433”
41 Sentencia C-371 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad, la Corte Constitucional, además de declarar la inexequibilidad del numeral 2 del artículo 368 de la Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal, declaró “la exequibilidad del numeral 2º del artículo 65 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, siempre que se entienda que, en este contexto, la obligación de observar buena conducta solo es relevante en función del efecto que las eventuales infracciones de los específicos deberes jurídicos que la misma comporta, pueda tener en la valoración acerca de la necesidad de la pena en cada caso concreto, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.2.2. de esta providencia”
45 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
46 M.P. Mauricio González Cuervo
47 M.P. Fabio Morón Díaz
48 M.P. Álvaro Tafur Galvis
49 Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
50 Sentencia C-952 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis: “La disposición acusada establece una regulación que persigue asegurar la transparencia en el ejercicio del cargo de alcalde municipal o distrital, mediante un mecanismo que es razonable y proporcionado con el fin perseguido, como es asegurar la idoneidad, moralidad y probidad de quienes lo desempeñen. Lo anterior, no sólo tiene como norte la generación de un ambiente de confianza y legitimidad con respecto del manejo de los asuntos de interés de la comunidad, sino que también pretende hacer efectivos los resultados propuestos en materia de la moralización del Estado colombiano, en términos que se ajustan a la Constitución y a la jurisprudencia referenciada”.
51 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
52Sentencia C 431 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver también sentencia C- 350 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa (S.V. Nilson Pinilla Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
53 M.P. María Victoria Calle Correa
54“ The margin of appreciation is the discretion that a judicial body (in this case the Europeanb Court for Human Rights) acknowledges to the member States in assessing the prerequisites to apply certain measures. On the margin of appreciation doctrine see Howard Charles Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence (Kluwer 1996), and Yutaka Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Theory and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR. (Intersentia 2002); in Italian doctrine see Rosario Sapienza, ‘Sulmargine d’apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo’ [1991] Rivista di diritto internazionale 571. Citado por University Of Leicester School of Law Research Pape No. 14-02. “Public Morals and the ECHR. Roberto Perrone. University of Ferrrara”.
55 “La acción que se llevó a cabo en contra de la publicación del Schoolbook se inició con base en la Ley de 1959 referente a las publicaciones obscenas, y la cual fue enmendada por la de 1964 sobre el mismo tema (Leyes de 1959-1964).
56 Cour Européenne Des Droits De L`Homme. AFFAIRE HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI (Requête no 5493/72), 7 Décembre 1976. Traducción libre.
57 SERNA, Pedro (Director), De la Argumentación Jurídica a la hermeneútica. Revisión Crítica de algunas teorías contemporáneas, Granada, 2005.
58 Corte Constitucional, sentencia C-350 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
59 Sentencias C-224 de 1994, C- 427 de 1994 y T-503 de 1994
60 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, radicación número 23508, Acta 51, del 19 de mayo de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.
61 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
62 Sentencia C-371 de 2002
63 M.P. Eduardo López Villegas
64 Bajo esta misma línea argumentativa, la sentencia T-768 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), analizó el caso de un trabajador que solicitó al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la dignidad humana, al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas, en razón a que fue registrado en medios fílmicos sin su autorización en los que se grabó el momento en el que se besó con una trabajadora de la misma entidad en su hora de descanso, conducta que originó la terminación unilateral del contrato de trabajo por haber incurrido en acto inmoral.
65 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
66 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
67 M.P. María Victoria Calle Correa. En este fallo se emitieron las siguientes órdenes: “(i)…el reintegro transitorio del señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez a un cargo en iguales o similares condiciones al que desempeñaba al momento de su despido. Dicho reintegro deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia. El amparo cesará si en el término de cuatro (4) meses el actor no instaura la acción ordinaria ante el juez laboral para que se decida definitivamente la controversia; (ii) …cancelarle al señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez todos los salarios, prestaciones sociales y aportes a salud y pensiones a que tiene derecho, causadas a su favor entre el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) y la fecha de reintegro, sumas que deberán cancelarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia y (iii) … modificar su Reglamento Interno de Trabajo con el ánimo de precisar de manera clara, expresa e inequívoca los comportamientos considerados como “inmorales” y catalogados como faltas disciplinarias graves, establecer las clases de faltas, los criterios para evaluar las conductas. Estableciendo un sistema que permita la clasificación de la falta y la graduación de la sanción…” (Subraya fuera de texto)
68“ Ver folio 22 del cuarto cuaderno”
69“ En respuesta al Auto de Pruebas que profirió la Corte Constitucional el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), Prodeco S.A. aportó copia de la Convención Colectiva de Trabajo fijada a través de laudo arbitral (folios 7 a 24 del cuarto cuaderno. La norma transcrita se encuentra específicamente en el folio 10)”
70 Ver sentencia C-350 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa. SV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio Pretelt y Nilson Pinilla Pinilla). En esa ocasión, se presentó acción de inconstitucionalidad contra el numeral 9° del artículo 35 del Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002–, por considerar que establecía una sanción con base en dos conceptos muy amplios, el de ‘moral’ y el de ‘buenas costumbres’, lo cual a su juicio conllevaba una violación constitucional de los principios de tipicidad y claridad al cual deben acogerse las normas sancionatorias. La Corte le dio la razón al demandante, tras sostener que la norma acusada contemplaba una prohibición disciplinaria con expresiones cuyo grado de indeterminación no es aceptable constitucionalmente.
71 Sentencia T-546 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: “En cuanto a la forma como se debe llevar a cabo la terminación unilateral del contrato de trabajo, el empleador tiene diversas obligaciones. La primera de tales obligaciones consiste en manifestarle al trabajador los hechos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior. Tal deber tiene, a su vez, dos propósitos fundamentales, por un lado, garantizarle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y, por otra, impedir que los empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores, alegando un motivo a posteriori, para evitar indemnizarlos”.
72 Ver sentencia C-299 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
73 Sentencia T- 546 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
74 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, radicado No. 36123, del 23 de febrero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas.
75 Ibídem
76 Artículo 58, numeral 4 del Código Sustantivo del Trabajo.

References: artículo 62
 artículo 368
 artículo 65
 Artículo 37
 artículo 95
 artículo 35
 Artículo 58