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Timestamp: 2019-06-16 03:53:53+00:00

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Destruir el muro ilegal en Cisjordania | El Dipló
Mientras el proyecto de retirada de Gaza, aprobado por el Parlamento israelí el 26 de octubre pasado, divide a la clase política, las autoridades brindan solapadamente un apoyo masivo al centenar de colonos denominados “salvajes” de Cisjordania, tal como acaba de revelar el diario Haaretz: el Ejército los protege, el Ministerio de Infraestructura les garantiza electricidad, el Ministerio de Educación les financia los jardines de infantes. Paralelamente, las colonias “reconocidas” por Tel Aviv siguen desarrollándose y el Ejército ejecuta en Gaza una política de tierra arrasada. El gobierno israelí, que goza del apoyo incondicional de la administración estadounidense, aprovecha el silencio de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, y considera la Hoja de Ruta como papel mojado. Lo aseguró el 6 de octubre Dov Weiglass, uno de los principales asesores de Ariel Sharon: el plan de separación apunta a “congelar el proceso político por un período indeterminado” y a impedir la creación de un Estado palestino. Mientras tanto prosigue la construcción del muro de separación, que atraviesa aldeas, aísla a campesinos de sus tierras e impide a los niños acceder a sus escuelas. La Corte Internacional de Justicia condenó casi por unanimidad este muro. ¿Naciones Unidas tomará las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones de la Corte y destruir este monumento al odio?
El proyecto israelí de encerrar a los palestinos mediante un muro ha sido objeto de una enérgica condena por parte de la Corte Internacional de Justicia, el 9 de julio de 2004. Pero a pesar de esta desaprobación, el gobierno de Ariel Sharon continúa con su construcción en un clima de creciente violencia, especialmente en Gaza.
El 10 de diciembre de 2003, el secretario general de la ONU había presentado ante la Corte, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, una solicitud de opinión consultiva de la Asamblea General sobre la siguiente cuestión: "¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la edificación del muro que Israel, potencia ocupante, está construyendo en el territorio palestino ocupado, incluso en el interior y sobre el perímetro de Jerusalén-Este, según lo expuesto en el informe del secretario general, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, especialmente la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y las resoluciones adoptadas sobre la cuestión por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General?"
La fuerza y la claridad de la opinión emitida contrastan enormemente con las actitudes ambiguas de numerosos países occidentales. La Corte debió refutar múltiples argumentos, especialmente de Estados europeos, tendientes a convencerla de que no se pronunciara. La opinión consultiva que finalmente emitió adquiere una importancia fundamental, ya que ubica en el campo del derecho la búsqueda de una solución al dramático conflicto palestino-israelí. Más aun cuando el fracaso de la vía militar se ha consumado desde hace tiempo y no avanzan los intentos recientes de solución política y diplomática 1.
Las naciones democráticas fundadas sobre la preeminencia del derecho en las relaciones internacionales tenían motivos para alegrarse de que se haya recurrido a la Corte, garantía judicial para resolver una situación que se había tornado caótica. Sin embargo, nada de esto sucedió. Y al no haber logrado oponerse a dicha presentación, algunos Estados hicieron todo lo posible para evitar el debate valiéndose de múltiples pretextos.
Argumentos desechados
Así, se planteó el argumento de incompetencia, alegando que la Asamblea General que impulsó la solicitud de opinión carecería de competencia para resolver sobre una cuestión presentada ante el Consejo de Seguridad. Aunque éste, tal como hizo saber la Corte, tiene a su cargo la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz, no lo ejerce de manera exclusiva. Comparte esta responsabilidad con la Asamblea General, que estaba haciendo pleno uso de sus funciones al preocuparse por lograr un pronunciamiento conforme a derecho sobre una situación tan preocupante para la paz.
Otro argumento presentado: la Asamblea General no podía reunirse en sesión extraordinaria basándose en la resolución 377 A (V) 2 -que autoriza este tipo de reunión en caso de inacción del Consejo de Seguridad- porque al aprobar la Hoja de Ruta este último habría cumplido con su función. En efecto, el Consejo de Seguridad había rechazado un proyecto de resolución condenando la construcción del muro, el 14 de octubre de 2003, debido al voto negativo de uno de sus miembros permanentes. Dado que existe inacción por parte del Consejo de Seguridad, la Asamblea General está autorizada a intervenir.
La Corte debió además rechazar el argumento referido al supuesto carácter no jurídico de la cuestión planteada y su naturaleza supuestamente política. Recordó que los aspectos políticos y jurídicos de una cuestión internacional están estrechamente ligados, lo que no podría privarla de su competencia.
Muchos de los grandes países intentaron no obstante convencer a la Corte de que era inoportuno hacer lugar a la solicitud de opinión. Pero si bien ésta dispone de un poder discrecional en la materia, deben existir razones decisivas para negar su pronunciamiento. La objeción planteada por Israel, según la cual la Corte no podía resolver su diferendo con Palestina si se oponía a ello no se tuvo en cuenta: la construcción del muro, que tiene una incidencia en la paz y la seguridad internacionales, no atañe únicamente a las relaciones bilaterales entre Israel y Palestina; interesa directamente a la Organización de las Naciones Unidas, que asume respecto de Palestina una responsabilidad permanente surgida del mandato y la resolución relativa al proyecto de repartición de Palestina (29 de noviembre de 1947).
Más allá de las objeciones no aceptadas, se sostuvo además que una opinión consultiva era inapropiada porque interferiría en los esfuerzos de solución política en curso y acabaría con el proceso iniciado con la Hoja de Ruta. O incluso que la Corte no disponía de información adecuada respecto de la situación en el terreno y debía renunciar a pronunciarse. La Corte hizo saber que los diferentes informes de Naciones Unidas y la información de otras fuentes constituían elementos de apreciación confiables sobre la construcción del muro y sus consecuencias humanitarias y socioeconómicas sobre la población palestina.
Otro argumento contundente: la inutilidad de la opinión solicitada, dado que la Asamblea General ya había declarado ilegal el muro. La Corte hizo saber que no le correspondía decidir si la Asamblea General necesitaba realmente la opinión solicitada. Este órgano sólo está autorizado para decidir con respecto a sus propias necesidades.
Último argumento, presentado por Israel: Palestina, responsable de los actos de violencia que dieron origen al muro, no podría solicitar a la Corte pronunciarse sobre una situación que ella misma contribuyó a crear. Pero, tal como le respondió la Corte, es la Asamblea General la que solicitó esta opinión y no un Estado u otra entidad. Dicha opinión será dirigida a la Asamblea General.
Un voto casi unánime
Así, la Corte no cayó en ninguna de las numerosas trampas que se le tendieron. Continuó su camino para acceder a lo esencial: las consecuencias jurídicas de la edificación del muro. Esto la condujo a trazar nuevamente los caminos dolorosos y tortuosos de la historia de la región. Se destacan entonces, superpuestos, el estallido del Imperio Otomano 3; el Estatuto de Territorio Bajo Mandato reconocido a Palestina en 1922; las numerosas crisis y guerras que, de 1947 a 1967 y posteriormente, constituyen la trama política de Medio Oriente.
De este conjunto de elementos, se desprende que el territorio en el que se encuentra el muro cuestionado es desde el punto de vista del derecho internacional un territorio bajo ocupación militar y, por consiguiente, se aplican en él todos los instrumentos jurídicos internacionales que rigen los conflictos armados. En consecuencia, el respeto del derecho internacional humanitario, contemplado por el Reglamento de La Haya de 1907 y por la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, se impone a Israel sin restricciones.
En igual sentido, las Convenciones Internacionales relativas a los derechos de la persona -reconocidas por Israel- fueron declaradas aplicables sobre el territorio palestino ocupado. Y sin embargo Tel Aviv pretendía, sin tener en cuenta el valor universal de los derechos del hombre, que estos textos sólo fueran aplicables en tiempos de paz, descartándoselos en situación de guerra en beneficio del solo derecho humanitario. La Corte deslegitima esta tesis peligrosa y confirma que la protección garantizada por estas convenciones no cesa en tiempos de conflicto armado. En consecuencia, son objeto de condena las numerosas violaciones de los derechos perpetradas por la edificación del muro: usurpación territorial, traslado de la población civil israelí al territorio ocupado (implantación de colonias), destrucción y allanamiento de propiedades, restricciones a la libertad de circulación y deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población palestina, etc.
La Corte desestimó también los argumentos de seguridad y de legítima defensa para justificar la construcción del muro. Desde luego, reconoce a Israel el derecho e incluso el deber de protegerse contra los actos de violencia mortífera. Pero las medidas tomadas deben ajustarse al derecho internacional e Israel no podría valerse, en este caso, de las disposiciones relativas al derecho natural de legítima defensa 4, que sólo es operativo en caso de agresión armada por parte de un Estado contra otro. Ahora bien, la violencia de la que es víctima Israel no es imputable a un Estado extranjero. Israel debe remitirse a su propia responsabilidad en la situación porque cabe recordar que esta violencia tuvo lugar en el interior de un territorio que se encuentra bajo su control.
También rechazó el argumento de "el estado de necesidad" que permite al Estado involucrado violar los derechos garantizados si carece de otros medios para protegerse. Para la Corte, la construcción del muro no constituye el único medio de protección de que dispone Israel.
Finalmente -y este aporte es fundamental- la Corte destaca en su opinión el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y hace de la aplicación de este principio en el conflicto palestino-israelí la condición de una paz justa y duradera en la región. Todos los Estados deben respetarlo estrictamente y facilitar su aplicación. Cómo no destacar que la Corte permitió a Palestina expresarse, mientras que, en los términos de su estatuto, únicamente pueden hacerlo los Estados y las organizaciones internacionales. Lo que es tanto más destacable cuanto que las posiciones a favor de la causa palestina tendieron más bien a restringirse a lo largo del procedimiento 5.
En suma, se declara ilegal la construcción del muro por parte de Israel en el territorio palestino ocupado. El Estado tiene la obligación de destruir el muro, derogar todos los actos legislativos y reglamentarios correspondientes y reparar, en virtud de su responsabilidad jurídica, todos los daños causados 6. Los terceros Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilícita así creada.
Cabe destacar el voto casi unánime de los quince jueces en favor de esta opinión. Hubo una sola abstención sobre lo esencial del texto y se registraron dos votos negativos respecto de las obligaciones de los terceros Estados. Aunque las opiniones de la Corte no son de carácter vinculante, se pronunció conforme a derecho, y la Asamblea General así como la comunidad internacional disponen en adelante de elementos susceptibles de orientar su acción futura. Es necesario detener urgentemente, en el terreno, el ciclo sin fin de violencia ciega y oponerse a las estrategias de anestesia política cuyo objetivo es impedir la creación de un Estado palestino que conviva en armonía con Israel 7. El tiempo del derecho no es el de la política, pero nuestro deber es lograr que el primero alcance al segundo.
Cabe señalar la iniciativa denominada Hoja de Ruta, aprobada el 19-11-03 por la Resolución 1515 del Consejo de Seguridad y apoyada por el cuarteto Estados Unidos, Unión Europea, Federación Rusa, Organización de las Naciones Unidas; y el Acuerdo de Ginebra. Sobre este último, ver Qadura Fares, "Una ventana abierta a la esperanza", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2003; Monique Chemillier-Gendreau, "Israel-Palestina, una paz conforme a derecho", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2004.
Titulada "Unión para el mantenimiento de la paz".
Henry Laurens, «Comment l'empire ottoman fut dépecé», Le Monde diplomatique, París, junio de 2003.
En particular, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
La Resolución ES-10/13 que exige el cese de la construcción del muro fue aprobada por 143 votos, 4 en contra y 13 abstenciones, durante la Asamblea General del 27-10-03. La resolución sobre la solicitud de opinión consultiva sólo fue apoyada por 90 votos (8 votos en contra y 90 abstenciones).
Sobre la problemática de los daños de guerra, ver Monique Chemillier-Gendreau, "Los daños de guerra debe pagarlos el responsable", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2003.
Le Monde, París, 8-10-04.
Conflictos Armados, Justicia Internacional, Estado (Política), Unión Europea, Política internacional
Estados Unidos, Cisjordania (ver Autoridades Palestinas), Gaza (ver Autonomías Palestinas), Israel, Palestina

References: resolución 
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 Resolución 
 artículo 51
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