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Timestamp: 2019-12-13 12:47:13+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 708 DE 10 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:CREA LA UNIDAD NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMUNICADO 62 DE LA MESA DE CONVERSACIONES DE LA HABANA, COMO INSTRUMENTO PARA CONTRIBUIR A LA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN ESTE CONTEXTO Y COLABORAR EN FORMA EFICIENTE EN TODO LO QUE GUARDE RELACIÓN CON LAS DILIGENCIAS DE EXHUMACIÓN DE CUERPOS, LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DEL PARADERO DE LOS CUERPOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y TODAS LAS DEMÁS LABORES DE CAMPO REQUERIDAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:RAMA JUDICIAL, DERECHOS DE LA FAMILIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEBERES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EXHUMACIÓN, PROCEDIMIENTO PENAL, CONFLICTO ARMADO, VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, CONFLICTO ARMADO INTERNO, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, MEDIDAS DE REPARACIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA FAMILIA, FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REPRESENTANTE DE LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ, CÓDIGO PENAL, TERMINACIÓN DE CONFLICTO ARMADO
“Por medio de la cual se crea y organiza la estructura y el funcionamiento de la Unidad Nacional para la implementación del comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana, así como su sede de operación”
en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Decreto-Ley 16 de 2014, y
Que el 26 de agosto de 2012, delegados del Gobierno de la República de Colombia (en adelante Gobierno Nacional) y de las “Fuerzas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular del Pueblo FARC – EP” (en adelante FARC – EP) firmaron el denominado “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Que el Presidente de la República, mediante Resolución 339 del 19 de septiembre de 2012, autorizó la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo entre los representantes autorizados por el Gobierno Nacional con miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC – EP, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la contracción de una paz estable y duradera, en la ciudad de La Habana (Cuba).
Que en el marco de dicho acuerdo se establece una agenda, en la que se señalan los puntos sobre los cuales discutirán el Gobierno Nacional y las FARC – EP, así: (i) política de desarrollo agrario integral, (ii) participación política, (iii) fin del conflicto, (iv) solución al problema de drogas ilícitas y (v) víctimas.
Que a partir de lo anterior las partes mencionadas han expedido una serie de comunicados conjuntos para informar a la sociedad sobre los avances y puntos acordados, entre ellos, el expedido el día 7 de junio de 2014, a través del cual declararon que “la discusión del punto 5 estará enmarcada en los siguientes principios (...)”: (i) el reconocimiento de las víctimas, (ii) el reconocimiento de responsabilidad, (iii) satisfacción de los derechos de las víctimas, (iv) la participación de las víctimas, (v) el esclarecimiento de la verdad, (vi) la reparación de las víctimas, (vii) las garantías de protección y seguridad, (viii) la garantía de no repetición, (ix) principio de reconciliación, y (x) enfoque de derechos.
Que en Comunicado Conjunto 60 sobre el “acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”, fechado el 23 de septiembre de 2015, informaron que se encuentran en la construcción de “(...) un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
Que el Comunicado Conjunto 62 del 17 de octubre de 2015, informa sobre el acuerdo al que llegaron las partes, con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas inhumadas como no identificadas, y de esta manera contribuir a la satisfacción de sus derechos, así: En primer lugar, poner en marcha antes de la firma del acuerdo final unas primeras medidas inmediatas y con propósitos estrictamente humanitarios de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, inhumadas como personas no identificadas (en adelante PNI) en cementerios identificados en las zonas más afectadas del conflicto. En segundo lugar, tras la firma del Acuerdo Final, crear una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
Que en la Mesa de conversaciones también se acordó la creación de un Protocolo para la implementación de las medidas inmediatas que contribuyan a la búsqueda, identificación y entrega de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, con el fin de dar inicio a lo acordado en el comunicado 62.
Que dicho protocolo señala que para el diagnóstico, selección e intervención de los cementerios “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios de la Fiscalía General de la Nación, recaudarán toda la información judicial que tengan a disposición con el fin de intervenir el cementerio correspondiente de acuerdo con los protocolos legales”.
Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de la no repetición, con fecha del 13 de septiembre de 2012, expone que “(...) todas las medidas de justicia de transición están diseñadas para que las víctimas obtengan reconocimiento, no solo por sus historias y el sufrimiento que han soportado, sino también y de manera fundamental, por su condición de titulares de derechos. También pueden percibirse como medios de promover la confianza, no solo horizontalmente, entre las víctimas y otras partes, sino también, y de manera más significativa, en sentido vertical, entre las víctimas y las instituciones del Estado”.
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado “(...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan y en la vida económica, política, administrativa de la Nación (...) Las autoridades de la República, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”; y el artículo 22 refiere que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Que a pesar de estos importantes avances, es esencial que la Fiscalía General de la Nación cuente con una Unidad Nacional que, pueda acelerar y brindar una respuesta eficiente, oportuna y digna a los posibles familiares de las víctimas referidas en los términos del acuerdo contenido en el Comunicado Conjunto 62.
Que mediante el Decreto-Ley 16 del 9 de enero de 2014 y la Resolución 0-0567 del 2 de abril de 2014, se crea y conforma la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios. Sus funciones están orientadas al acceso y fortalecimiento de la atención integral a las víctimas del delito y son transversales a las labores desarrolladas por las demás dependencias de la Fiscalía General de la Nación.
Que mediante el numeral 3º del artículo tercero de la Resolución 0-0567 del 2 de abril de 2014, se crea al interior de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios la denominada Unidad de Atención a Víctimas en el marco de Justicia Transicional (Acto Legislativo 1 de 2012, Ley 1448 de 2011 y normas complementarias), la cual tiene como fin “(...) fortalecer la atención integral a las víctimas en el marco de Justicia Transicional”, así como “(...) apoyar y articular con la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional en la ejecución de lineamientos y estrategias para la atención y orientación a víctimas en el marco de la justicia Transicional”.
Que el artículo 4º del Decreto 16 del 9 de enero de 2014 define que entre las funciones del Fiscal General de la Nación se encuentra “Crear, conformar, modificar o suprimir secciones, departamentos, comités, unidades y grupos internos de trabajo que se requieran para el cumplimiento de las funciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación”, y “Distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de las plantas globales y flexibles de la entidad y determinar sus funciones, de acuerdo con las necesidades del servicio”.
ART. 1º—Creación. Crear la Unidad Nacional para la implementación del comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana, como instrumento para contribuir a la satisfacción de los derechos de las familias de las personas dadas por desaparecidas en este contexto y colaborar en forma eficiente en todo lo que guarde relación con las diligencias de exhumación de cuerpos, la recolección de información acerca del paradero de los cuerpos de personas desaparecidas y todas las demás labores de campo requeridas.
ART. 2º—Finalidad. la Unidad Nacional para la implementación del comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana, dirigirá, coordinará y articulará las actividades de búsqueda, exhumación, identificación y entrega “(...) de cuerpos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como personas no identificadas en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto (...)”; así como “(...) de la ubicación e identificación de los restos de víctimas (...)” y de aquellos que en adelante informe la mesa de conversaciones a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se adelantarán por los fiscales delegados, la policía judicial, criminalística y demás servidores que se designen para el apoyo de su gestión, ejerciendo las demás funciones que expresamente señale el señor Fiscal General de la Nación.
Para el desarrollo de sus funciones, la Unidad coordinará y articulará con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los términos del Comunicado Conjunto 62 del 17 de octubre de 2015 de la Mesa de conversaciones de La Habana, autorizada mediante Resolución 339 de 2012.
ART. 3º. Conformación. La Unidad Nacional para la implementación del Comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana, estará compuesta por un Fiscal coordinador y los siguientes grupos: i) unificación, consolidación, depuración y clasificación (estadístico/as, ingeniero/as y profesionales de ciencias sociales o jurídicas), ii) despachos de fiscal y policía judicial, iii) equipos interdisciplinarios (antropólogo/as, fotógrafo/as, topógrafo/as y auxiliares de campo), iv) equipo forense (médico/a, odontólogo/a, antropólogo/a y auxiliar de laboratorio), v) equipo de apoyo psicosocial (psicólogo/as y trabajador/as sociales) y; vi) grupo de correspondencia y asignaciones.
ART. 4º—Planta de personal. La Unidad Nacional para la implementación del comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana, estará integrada por la siguiente planta:
Fiscales Delegado ante los jueces penales del circuito especializados
Asistentes de fiscal IV
Profesionales investigador (sic) II
Grupo de unificación, consolidación, depuración y clasificación.
Profesionales investigadores III
Profesionales investigadores II
Técnicos investigadores IV
Técnicos investigadores III
Técnicos investigadores II
Técnicos investigadores I
Grupo despacho de fiscales y policía judicial
Fiscales delegados ante los jueces penales del circuito
Asistentes de fiscales IV
Asistentes de fiscales III
Asistentes de fiscales II
Grupo equipos interdisciplinarios
Grupo equipo forense
Profesionales investigadores I
Profesionales especializados II
Profesionales especializados I
Grupo de correspondencia y asignaciones
Asistentes de fiscal II
PAR. 1º—La Unidad Nacional para la implementación del Comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana, asumirá el proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de todos aquellos casos presentados por la Mesa, a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
PAR. 2º—La planta de personal propuesta para esta Unidad Nacional podrá ser ampliada en la medida que las necesidades del servicio lo exijan, para así asegurar el cumplimiento oportuno, eficaz y efectivo de las funciones y labores encomendadas, encaminadas a ahorrar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas.
ART. 5º—La Unidad Nacional para la implementación del Comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana, creada a través de la presente resolución, cumplirá las siguientes funciones:
• Acelerar la identificación y entrega de cuerpos de personas desaparecidas ya exhumados en el marco del conflicto armado.
• Depurar, unificar y consolidar las bases de datos y la información con que cuenta la Fiscalía General de la Nación respecto a los casos de desaparición forzada.
• Establecer el universo de cadáveres no identificados, inhumados en los cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto.
• Establecer los antecedentes que precedieron cada inhumación.
• Establecer las personas y autoridades que realizaron cada inhumación.
• Allegar constancias y registros de cada inhumación.
• Obtener protocolos de necropsia.
• Obtener actas de levantamiento.
• Establecer la existencia de investigaciones penales.
• Establecer la ubicación e identificación de los restos de víctimas que las FARC –EP informen.
• Ubicar familiares.
• Consultar bases de datos (Sisbén, Fosyga, Sirdec, otras).
• Realizar jornadas de atención o ferias de servicios para la ubicación de posibles familiares de víctimas dadas por desaparecidas.
• Realizar acompañamiento psicosocial a los familiares de personas dadas por desaparecidas durante el proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de cuerpos.
• Establecer la plena identidad de los cuerpos no identificados inhumados en cada cementerio.
• Entregar dignamente los restos óseos de los desaparecidos a sus familiares.
• Realizar programas de orientación, capacitación y difusión a los servidores públicos de la entidad para la atención a víctimas de desaparición forzada.
PAR. 1º—El funcionamiento de esta Unidad no modifica ni interfiere las actividades propias del grupo interno de trabajo de exhumaciones de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, establecidas en el artículo 13 de la Resolución 574 de 2014.
PAR. 2º—Aquellos casos que sean puestos en conocimiento de la Unidad Nacional para la implementación del Comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana y que estén en curso en otras dependencias de la Fiscalía General de la Nación, serán asumidas por esta Unidad sin perjuicio de las investigaciones que se encuentren radicadas en los respectivos despachos.
ART. 6º—Como quiera que el protocolo para la implementación de las medidas inmediatas en el contexto y en razón del conflicto armado, señala que la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios recaudará toda la información judicial que tenga a disposición con el fin de intervenir los cementerios correspondientes; teniendo en cuenta que las funciones de dicha Subdirección se encuentran orientadas al acceso y fortalecimiento de la atención integral a las víctimas, que son transversales a las labores desarrolladas por las demás dependencias de la Fiscalía General de la Nación; y en consideración a que la Unidad Nacional para la implementación del Comunicado 62 de la Mesa de conversaciones de La Habana tiene un fin estrictamente humanitario; esta Unidad se adscribe a la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios.
PAR. 1º—Se faculta al Subdirector(a) Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios para que imparta a los servidores que integren la Unidad Nacional, las directrices necesarias para el eficiente y eficaz desempeño de las funciones que le competen, así como para articular y coordinar con las demás dependencias de la Fiscalía General de la Nación que realicen actividades relacionadas con los procesos de búsqueda, exhumación, identificación y entrega, en el marco de los acuerdos de paz de La Habana.
PAR. 2º—Para los efectos de la presente resolución y en los términos del acuerdo de la Mesa de conversación de La Habana, divulgado a través del Comunicado 62, la interlocución y articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como con las demás entidades del Estado, organismos internacionales, representantes de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y la Mesa de Conversaciones de La Habana - Cuba, estará a cargo del Subdirector(a) Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios.
PAR. 3º—Las funciones de la Unidad Nacional de búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado interno, en razón a los acuerdos de Paz de La Habana, serán desarrolladas desde el nivel central en la ciudad de Bogotá.
De su Policía Judicial
ART. 7º—Todas las acciones que se deriven del proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entrega en el marco del acuerdo de la Mesa de conversaciones de La Habana, divulgado a través del Comunicado 62, que requieran funciones de policía judicial, se coordinarán con el Departamento de Criminalística de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones.
ART. 8º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga expresamente todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 22
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 resolución 
 resolución