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Timestamp: 2017-03-24 00:05:53+00:00

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AMLOTV: 06-ene-2009
Israel ataca escuelas de ONU
PLAZA PÚBLICA - Cero pesca 2009
Miguel Ángel Granados Chapa6 Ene. 09Como una forma de protesta por el alza desproporcionada del diesel marino, una porción importante del sector pesquero nacional ha paralizado sus actividades, en espera de un cambio de actitud de las autoridades fiscales que decretaron un nuevo incrementoAl paro de pescadores sinaloenses que protestan por el excesivo precio del diesel marino, el gobierno respondió inmediatamente... con un nuevo incremento al precio de ese combustible. Se trata en este momento de un problema localizado, que afecta a un sector del ramo pesquero, pero que puede crecer hasta convertirse no sólo en una porción grave de la crisis económica que se desplegará este año, sino también puede suscitar un conflicto social por desempleo en comunidades donde es imposible hallar alternativas.La delegación en Sinaloa de la Cámara nacional de la industria pesquera y acuícola convocó a una protesta denominada Cero Pesca 2009, una paralización de labores que se inició el jueves pasado, al comenzar el año. A ese paro se unieron de inmediato pescadores de Salinas Cruz, en Oaxaca; de la capital campechana, de Tampico. Los sonorenses de Guaymas, Puerto Peñasco y Yavaros anunciaron que lo harán la próxima semana. Los iniciadores de esa movilización se dedican a la captura del camarón, que encuentran en el alza inmoderada del diesel un factor contrario a su competitividad, ya lesionada por la pesca ilegal que se practica consuetudinariamente sin que las autoridades la impidan. Por si fuera poco, el precio del crustáceo en el mercado internacional ha venido a la baja, en sentido contrario al costo de las refacciones necesarias para la operación, encarecidas por la devaluación del peso frente al dólar.La sección de congeladoras de la cámara pesquera se ha unido a la protesta y sólo procesará el camarón que sus afiliados tienen en sus bodegas, suficiente para dos semanas. Su decisión incluye negarse a recibir la carga que pretendan entregar los pescadores que no han parado y que no tendrían modo de conservar su producto. Los trabajadores de las empacadoras, a su vez, que laboran a destajo, y sólo tienen ingresos cuando trabajan, se quedarían sin materia prima para sus faenas. Y disminuiría hasta cesar la provisión de ese marisco a los mercados de consumo, especialmente el de la Ciudad de México, donde si la situación se agravara se produciría también desempleo en el abasto y en la industria gastronómica. No anuncio que esos efectos se producirán inexorablemente, pero sí que son consecuencia lógica de la suspensión de tareas en la pesca y captura de especies marinas.El diesel marino (como el de uso agropecuario y la gasolina empleada para el transporte ribereño) está subsidiado a partir de marzo de 2005. El presupuesto del sector encabezado por la Sagarpa incluye una partida para que esa Secretaría (a través de la Comisión nacional de pesca y acuacultura) cubra una porción del combustible a que tienen acceso las empresas y los pescadores individuales. El año pasado, 2008, se dedicaron 885 millones de pesos a este rubro. Pero lo que el gobierno da con una mano, lo quita con la otra. En ese mismo año, la política fiscal asestó 33 incrementos al precio de ese combustible, lo que redundó en un aumento de 23.6 por ciento en dicho precio, una tasa considerablemente por encima de la inflación general. Al finalizar 2007, el litro de diesel marino costaba menos de 6 pesos al consumidor y al cerrar 2008 el precio había subido a 7.33 pesos. El sábado 3 de enero, 48 horas después de iniciado el paro motivado por esas alzas, el precio aumentó cinco centavos. Hoy quienes no se han sumado a la protesta pagan 7.38 pesos por litro, más del doble del que se fijó al crearse el subsidio, que fue de 3.50, hace menos de cuatro años.En septiembre pasado se estableció el mecanismo de incrementos semanales al precio de los combustibles. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, explicó entonces que los aumentos buscaban reducir el subsidio gubernamental a esos insumos. Dijo que en el curso del año pasado el importe de tal subsidio era de 260 mil millones de pesos, y que se buscaba que en este 2009 la cifra se redujera a la mitad, 138 mil millones de pesos. Se dijo también que los altos precios del petróleo en el mercado internacional encarecían la importación de esos combustibles (aunque después, cuando el precio del barril se ha abatido a un tercio del prevaleciente entonces, no se ha interrumpido el alza continua). El anuncio generó reacciones encontradas, pues un sector de la opinión pública encontró razonable que no se beneficie con dinero público a los consumidores de la gasolina Premium, utilizada generalmente en vehículos de alto precio, al alcance de personas con gran poder adquisitivo que por ello deberían pagar su combustible sin la reducción fiscal. Pero otra porción de la sociedad encontró injusta el alza en la gasolina Magna, con la que se mueven vehículos de uso más generalizado. Pasó casi inadvertida el alza aplicada al diesel, cuyo incremento genera aumentos en los costos de transporte de mercancías en general y en la producción de algunos bienes.El efecto de esas alzas ha conducido a una situación insoportable a sectores de la actividad pesquera, principalmente el de la captura de camarón pero no sólo. La paralización perjudica inicialmente a sus propios practicantes. Se trata de una forma de protesta, no de un mecanismo de presión. Por ello puede ser de breve duración, salvo que anunciara en realidad el cierre de operaciones de las unidades de producción que no pueden realizar actividades donde invierten y gastan más de lo que obtienen. Si de eso se tratara, de un colapso de las pesquerías, el problema requeriría la pronta atención que ahora se le regatea. Cajón de Sastre A los 66 años de edad murió el abogado Felipe Remolina Roqueñí. Formado en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sirvió con sus conocimientos jurídicos en diversas instancias del Estado mexicano. Fue director de Derechos de Autor en la Secretaría de Educación Pública, y de Asuntos Legales en la de Relaciones Exteriores. A la hora de su muerte era magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya tercera sala presidió y desde cuya responsabilidad preparó una vasta compilación del Derecho burocrático mexicano, en dos volúmenes. Recientemente había preparado también una propuesta de reforma constitucional para dar participación al Senado de la República en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Respalda amlo instalar aquí una refinería
En Tribuna Campeche.El ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la propuesta de instalar en Campeche una refinería, aseguró que estará al margen de la postulación de candidatos, respetará el diálogo que pudiera haber entre el PRD, PT y Convergencia, y pronosticó que los campechanos votarán contra el PRI y el PAN, “porque ya están hartos de ellos”.Además, demandó que el apoyo gubernamental para los senectos sea general y no sólo en el medio rural ni en poblaciones menores a 20 mil habitantes.“Aquí también hay gente adulta con necesidades, por eso la ayuda debe ser universal para crear una pensión alimentaria no de 500, sino de cuando menos 750 pesos mensuales, así como becas a discapacitados, madres solteras, estudiantes de preparatoria, etcétera”.Acusó a Felipe Calderón de copiar sus ideas y reveló que en los próximos días el Gobierno panista presentará un “plan anticrisis”, al que calificó de faramalla, porque en realidad está diseñado para potentados y chipocludos, “y no como nosotros, que incluimos bajar los precios de la gasolina, el diesel y la luz, es decir, un plan social”.Entrevistado en el Aeropuerto Internacional “Alberto Acuña Ongay”, en donde transbordó rumbo a la capital del país, luego de una gira el pasado fin de semana por municipios de Chiapas, López Obrador aseguró que su movimiento sigue fuerte. “Hay quienes no quisieran que existiera, pero no lo han podido destruir, ni podrán”, sentenció.De la refinería, opinó que debe instalarse en Campeche, porque aquí se genera la mayor parte del petróleo que se produce en México. “Desde luego que debería haber una refinería y no sólo hace falta una, como se anunció, sino tres”.En el caso de Tabasco hay una participación del Gobierno Federal un poco más satisfactoria y le entregan más recursos. “En Campeche es menos, y la verdad es que este Estado tiene muchas necesidades; en varios de sus municipios persiste la pobreza, incluso en El Carmen, que ha resultado afectado en el campo y la pesca.En un acto de solidaridad, los estados petroleros debieran hacer un frente común para apoyar la instalación de una refinería en Campeche, a fin de que hayan más recursos, se dé trabajo a la gente de aquí y se atiendan las necesidades de las comunidades y sus pueblos”.López Obrador consideró necesaria la participación de la sociedad civil en la exigencia de instalar la refinería. “No hay que olvidar que el Gobierno de Campeche es parte del régimen, el PRI y el PAN son lo mismo, es la misma gata nomás que revolcada, y sólo exigiendo los derechos se van a conseguir beneficios.Respecto al proceso electoral que vivirá Campeche en los próximos meses, aseguró que será respetuoso del diálogo entre PRD, Convergencia y PT.Aseguró que Layda Sansores San Román es su amiga, una mujer de lucha, de compromiso social, a la que aprecia mucho; una mujer de primer orden. “Depende de ella y de los partidos si se postula, pero Layda es una extraordinaria mujer que tiene cabeza, corazón y carácter, y en Campeche la gente ya no quiere nada ni con el PRI ni con el PAN”.Finalmente, vaticinó oportunidades para la oposición, pues hay descontento, inconformidad y necesidades, “y no olviden que el 6 de julio de 2006, a pesar del fraude, nosotros ganamos aquí”.
Por subasta de dólares, bajan reservas internacionales a 85 mil 187 mdd
El Banco de México informó que la semana previa, las reservas se ubicaron en 85 mil 274 millones de dólares.Reuters Publicado: 06/01/2009 México, DF. Las reservas internacionales de México bajaron levemente a 85 mil 187 millones de dólares al 2 de enero, desde los 85 mil 274 millones de dólares de la semana previa, dijo este martes el Banco de México (BdeM).Las reservas internacionales tocaron un máximo histórico de 86 mil 885 millones de dólares el 18 de julio, gracias a los ingresos derivados del petróleo, del cual México es uno de los 10 principales productores y exportadores del mundo.El monto bajó tras un programa de subasta de dólares en el mercado cambiario para detener el desplome del peso mexicano en medio de la crisis financiera global.
Buscan casa por casa a gente de Hamas; soldados de Israel matan a tres de sus compañeros; más de 500 muertos, la mayoría civiles en Gaza
HernándezEl Fisgón
Entrevista con Mohammad Hassan Ghadiri embajador de Iran
JAVIER SOLORZANO ENTREVISTA AL DR. MOHAMMAD HASSAN GHADIRI, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EN MÉXICO.LOS BOMBARDEOS DEL EJÉRCITO ISRAELÍ A TERRITORIO PALESTINO
Entrevista con Hosny Abdel Wahed
JAVIER SOLORZANO ENTREVISTA A HOSNY ABDEL WAHED, CONSEJERO DE LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN MÉXICO.LOS BOMBARDEOS DEL EJÉRCITO ISRAELÍ A TERRITORIO PALESTINO.
Muchas familias mexicanas están en fase empobrecimiento permanente: Agustín Rodríguez.
Consideró secretario general del STUNAM se tiene que promover un acuerdo social donde participen todos los sectores. Escuche entrevista.Escucha entrevista Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), señaló en entrevista con Ricardo Rocha que el panorama en materia de salarios y empleo para el 2009 no es distinto al que se ha vivido en los últimos 20 años y se ha recrudecido porque se ha insistido en mantener un modelo económico que no ha producido los resultados esperados.De acuerdo a Agustín Rodríguez, “se tiene la acumulación del capital en unas cuantas manos y muchas familias mexicanas están en la fase del empobrecimiento permanente”, por lo que se tiene que promover un acuerdo social donde participen todos los sectores.“El que tiene que convocar es el Presidente de la República, tiene que ser bastante cuidadoso, atento, responsable, para que de esta manera puedan participar todos… yo creo que hay muchas formas de abordar la problemática en el país pero tiene que ser de manera conjunta”.Al respecto, el dirigente del STUNAM hizo un llamado al Gobierno federal para que inicie esta convocatoria lo más rápido posible. “Es tiempo de construir propuestas de manera urgente”, indicó.En tanto, aseguró que no tienen contemplado un paro nacional como medida de apremio, ya que se tiene que ver con cuidado y en un mejor momento.
Vende Infonavit cartera vencida a dos empresas extranjeras.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vendió a las empresas extranjeras Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2), la cartera vencida de 110 mil familias del país a un precio promedio de 15 mil pesos cada una.Cabe mencionar que en Sinaloa y Sonora, donde hay unos 38 mil créditos vencidos, el monto asciende a casi 570 millones de pesos.
Recibe la CIDH los argumentos de Proceso
JORGE CARRASCO ARAIZAGA"Este texto viene en el número 1679 de Proceso, que está en circulación".La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió los argumentos de Proceso para que admita la demanda presentada contra el Estado mexicano por su negativa a permitir el acceso a los paquetes de la elección presidencial de 2006.Entregado en las oficinas del organismo interamericano en Washington el 23 de diciembre pasado, este documento es la respuesta al escrito que el gobierno de México presentó el 8 de octubre pasado para que la comisión deseche la demanda.Contrario a lo señalado por el gobierno de Calderón, Proceso sostiene que sí agotó todas las instancias internas antes de acudir a la justicia interamericana; que sufrió violación de sus garantías judiciales, y sobre todo que México carece de mecanismos para garantizar plenamente el derecho de acceso a la información.Conocidos ya los argumentos jurídicos de las dos partes, la CIDH resolverá en los próximos meses si admite o rechaza la demanda iniciada en abril de 2007 por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, por la presunta violación a su derecho de acceso a la información. Esa garantía está protegida tanto por la Constitución Política mexicana como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.El escrito del 23 de diciembre siguió a la decisión de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), de mantener las medidas precautorias a favor del demandante para que las autoridades mexicanas eviten la destrucción de las boletas de los comicios que adjudicaron el triunfo a Calderón (Proceso 1670).Ese dictamen fue impugnado por el gobierno de Calderón. En un escrito fechado el 18 de julio de 2007, éste advirtió a la CIDH que el acceso a las boletas "puede generar daños a los intereses nacionales", incluso le reprochó no haber valorado "el impacto" que tendrían tales medidas no sólo en México, sino en todos los países de la región.Y el 8 de octubre reciente, antes de ser derrotado en su pretensión de revertir esas prevenciones, el gobierno de Calderón entregó a través de la misión permanente de México ante la OEA otro escrito al organismo interamericano. En éste arguyó que la demanda no debe ser admitida porque el peticionario "no agotó los recursos internos" ni hubo "violación alguna de sus derechos de garantías y protección judicial".Esto motivó que Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano, abogados del Centro de Análisis e Investigación Fundar que patrocinan a la revista, expusieran por escrito a la CIDH que con esos argumentos el gobierno de Calderón oculta los obstáculos legales que pone el Estado mexicano para impedir el acceso a la información.Ambos señalan que los propios razonamientos del Estado mexicano demuestran la falta de recursos legales que existen en México para que los ciudadanos accedan a la información contenida en las boletas electorales, a pesar de tratarse de documentos públicos.Según el gobierno calderonista, Rodríguez Castañeda no agotó los recursos internos porque, ante la negativa del Comité de Información del Instituto Federal Electoral (IFE) de darle acceso a las boletas, debió impugnar mediante un recurso de revisión ante la Unidad de Enlace del propio instituto.Además, que en el ámbito jurisdiccional debió promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).En lugar de esas instancias, el director de Proceso optó por buscar un amparo de la justicia federal en contra de la negativa del IFE. Pero después de año y medio de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una votación dividida de seis a cinco, rechazó en definitiva conceder el recurso por considerar que la petición de acceso a las boletas es un asunto electoral y no de acceso a la información.Los abogados le dicen a la CIDH que con el argumento de los recursos internos, el Estado mexicano oculta que la impugnación de la revista es en contra del artículo 254 del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).Ese ordenamiento -que quedó intacto en el artículo 302 del Cofipe, vigente a partir de enero de 2008 como resultado de la reforma electoral- dispone la destrucción de todos los documentos electorales una vez concluido el proceso electoral.El documentoLos abogados Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano explican que mediante las instancias señaladas por la administración de Calderón no es posible combatir la constitucionalidad de esa norma, que ordena la destrucción sin considerar la garantía constitucional de acceso a la información.En el caso del IFE se trata de un recurso administrativo, mientras que en el del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el momento en que Proceso solicitó el amparo, el TEPJF no estaba facultado para resolver asuntos relacionados con la inconstitucionalidad de leyes electorales. La reforma electoral de diciembre de 2007 le regresó al tribunal electoral esa facultad que en 1999 le había retirado la SCJN.Los litigantes también le dicen a la CIDH que el camino era el de la justicia federal. Arguyen que, de acuerdo con la propia Ley de Amparo, este recurso tiene por objeto "restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada". En el caso de la demanda, insisten, se trata de una presunta violación al derecho constitucional de acceso a la información.Aseguran que así como ocurrió en el caso de Jorge Castañeda, las instancias internas mencionadas por el gobierno de Calderón no se ajustan a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido de que los recursos jurídicos de protección de los derechos ciudadanos deben ser "idóneos y efectivos".En agosto pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por no garantizar la protección de los derechos políticos -considerados como un derecho humano- de Jorge Castañeda Gutman. El exsecretario de Relaciones Exteriores careció de mecanismos efectivos para impugnar la decisión del IFE de negarle su registro como candidato presidencial independiente para las elecciones de 2006.En su resolución, la Corte estableció con claridad que hasta antes de la reforma electoral "no era posible" que mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el TEPJF revisara la constitucionalidad del anterior Cofipe, también impugnado por Castañeda.Los abogados remiten también a los integrantes de la CIDH al caso Camacho, referido al amparo interpuesto por el exregente Manuel Camacho Solís cuando fue impedido para inscribirse como candidato al gobierno del Distrito Federal.En ese juicio, la propia SCJN determinó que en ciertas ocasiones el amparo es adecuado para salvaguardar derechos humanos fundamentales o garantías individuales frente a ordenamientos generales de contenido político-electoral.Rodríguez y Cano señalan que el amparo intentado por Proceso "era el medio idóneo y efectivo... porque no se trataba de combatir vulneración a derechos político-electorales... sino que se tenía que buscar (la reparación de) una violación al derecho de acceso a la información".Aclaran incluso que, a diferencia de lo asegurado por el gobierno mexicano para que la CIDH no admita la demanda, la revista no cuestiona en su totalidad el régimen de transparencia en el país, mucho menos algo que pueda "alterar los resultados electorales de 2006".Lo que se aduce como violación al derecho humano es que el IFE, en su calidad de autoridad administrativa, y la SCJN, como máximo tribunal del país, hayan negado el acceso a las boletas y previsto su destrucción, sin permitir su consulta una vez concluido el proceso electoral.El argumento central del gobierno de Calderón para negar el acceso a la papelería electoral es que la solicitud de Rodríguez Castañeda tiene que ver con la materia electoral, ámbito reservado para las autoridades y partidos políticos.En su escrito del 23 de diciembre, los abogados insisten en que la petición tiene que ver con la transparencia, sobre todo si se trata de información que no es reservada ni confidencial: "La opacidad que se combate no se sitúa del lado de los resultados electorales, sino... (en el) acceso a las boletas".La negativaCuando el Estado mexicano dio respuesta a la demanda (Proceso 1657) le dijo a la CIDH que la información "exacta" de las boletas se encuentra en las actas electorales, que de acuerdo con la normatividad electoral son los únicos documentos de acceso público.La defensa le recuerda a la CIDH que las actas levantadas el día de los comicios presidenciales de 2006 no necesariamente reflejan la información contenida en las boletas electorales, "como se demuestra en las sentencias (de) los juicios de inconformidad promovidos en ese año por distintos partidos políticos" ante la Sala Superior del TEPJF.En esa ocasión, la máxima instancia judicial en materia electoral después de haber ordenado un recuento rectificó el cómputo distrital reflejado en las actas originales al hallar inconsistencias con las boletas de las casillas impugnadas.Ante la justificación que pretende hacer valer el gobierno para negar el acceso a partir de los principios constitucionales de certeza y definitividad de las elecciones, los abogados sostienen que el acceso a las boletas no compromete el carácter anónimo del voto porque no se pidió el acceso a las listas nominales.Subrayan que el acceso requerido no se enmarca en un proceso electoral en marcha, "por lo que ninguna disposición electoral resulta aplicable".Lo único que sostiene la alegada indisponibilidad de las boletas y la pretensión de destruirlas "es la propia actuación estatal violatoria de derechos, consistente en crear un precepto como el artículo 254 del anterior" Cofipe, dice el escrito de la defensa.Añade: Mientras no se tenga acceso al dato duro que conforman las boletas y no se cancele en definitiva la destrucción prevista por mandato legal, de nada sirve que las actas electorales sean públicas. Lo contrario, insisten los abogados en el documento, equivale a "suplantar el derecho a saber por un acto de fe", como es creer que las actas reflejan fielmente los contenidos de las boletas electorales.Los abogados aseguran que en tanto las actas no puedan contrastarse con las boletas, en lo que sería un ejercicio de rendición de cuentas respecto a las autoridades electorales, continuará la violación denunciada al derecho a la información.Sobre el argumento de Calderón de que "no existió violación alguna a los derechos de garantías y protección judicial" del demandante, sostienen que tanto el IFE como la SCJN "se apartaron del principio de debido proceso, al desconocer las disposiciones normativas y los precedentes judiciales que debían regir su actuación".Así mismo, mencionan que las autoridades mexicanas "le atribuyeron el carácter de indisponible a información pública", además de asumir como electoral algo que no lo es, "con lo que dejó sin recurso efectivo y sin garantía el derecho a la información".Precisan que la SCJN privó a Rodríguez Castañeda de un recurso efectivo para garantizar su derecho de acceso a la información, pues caracterizó como resultado del ejercicio de un derecho político-electoral la resolución del Comité de Información del IFE cuando le negó el acceso a los paquetes electorales.Aclaran que, contrario a lo sostenido por el gobierno de Calderón, no se solicita a la CIDH que se constituya en un tribunal de alzada ni que se convierta en una cuarta instancia, ya que no se busca la revocación de la sentencia de la SCJN.Según explican, el propósito de la demanda es solicitar a la CIDH que verifique que la negativa del gobierno de Calderón a tener acceso a las boletas invalida el recurso efectivo para enfrentar las violaciones al derecho de acceso a la información en nuestro país, ocurridas fuera de un proceso electoral y a partir de un código y no de una ley electoral.
LA REDACCIóNMÉXICO, D.F., 5 de enero (apro).- El fiscal general de Ecuador, Washington Pésantez, confirmó que desde la semana pasada inició las gestiones diplomáticas con el gobierno mexicano para lograr la extradición de la estudiante universitaria, Lucía Morett, por atentar contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano.El 1 de marzo del año pasado, Lucía Morett sobrevivió, junto con dos colombianas, a un ataque contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), perpetradas por el ejército de ese país en territorio ecuatoriano.Pésantez reiteró que Morett, una estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las dos colombianas fueron llamadas a juicio y tienen "orden de prisión" por ser presuntas miembros de las FARC.En declaraciones a una estación radiofónica ecuatoriana, el fiscal Pésantez, reiteró que desde la semana pasada se iniciaron los trámites para solicitar la extradición de las tres mujeres, quienes en abril pasado recibieron asilo político en Nicaragua.En el bombardeo del 1 de marzo murieron 25 personas, entre ellas cuatro mexicanos, un ecuatoriano y el líder rebelde Raúl Reyes. Como consecuencia del ataque, declarada como una violación a su soberanía, Ecuador rompió relaciones diplomáticas con ColombiaEl pasado 3 de diciembre, Lucía Morett regresó a México. Fue recibida como heroína por legisladores federales del PRD, y por la activista y senadora Rosario Ibarra de Piedra. Al día siguiente, el Consejo Universitario de la UNAM le ofreció su respaldo total a la estudiante y exigió a la PGR desechar cualquier cargo contra ella.En México, José Antonio Ortega Sánchez, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, interpuso una denuncia en su contra por el presunto delito de "terrorista internacional"
FECHA: Del jueves 8 al domingo 11 de enero de 2009 ESTADOS: SONORA (Benjamín Hill, Santa Ana, Cucurpe, Magdalena de Kino, Imuris, Cananea, Santa Cruz, Nogales, Trincheras, Altar, Caborca, Sáric, Tubutama, Atil, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Sonoita, San Luis Río Colorado); BAJA CALIFORNIA (Mexicali, Playas de Rosarito) JUEVES 08 DE ENERO DE 2009 10:00 horas Mitin en Benjamín Hill 11:20 horas Mitin en Santa Ana 12:50 horas Mitin en Cucurpe 14:10 horas Mitin en Magdalena de Kino 16:20 horas Mitin en Imuris 18:20 horas Mitin en Cananea VIERNES 09 DE ENERO DE 2009 10:00 horas Mitin en Santa Cruz 11:50 horas Mitin en Nogales 16:00 horas Mitin en Trincheras 17:40 horas Mitin en Altar 18:50 horas Mitin en Caborca SÁBADO 10 DE ENERO DE 2009 10:00 horas Mitin en Sáric 11:10 horas Mitin en Tubutama 12:10 horas Mitin en Atil 13:15 horas Mitin en Oquitoa 14:25 horas Mitin en Pitiquito 18:10 horas Mitin en Puerto Peñasco DOMINGO 11 DE ENERO DE 2009 10:00 horas Mitin en Sonoita 12:50 horas Mitin en San Luis Río Colorado 16:00 horas Mitin en Mexicali, BC 19:00 horas Mitin en Playas de Rosarito, BC • • • • • Publicado por
Ante la cuesta del 2009, el Gobierno Legítimo de México urge a que se aplique un Plan AnticrisisMéxico, Distrito Federal Lunes 05 de enero de 2009* Bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz, propone * Aumentar de emergencia el salario mínimo para recuperar lo perdido por la inflación plantea * Se deben extender los apoyos al desarrollo social, indica Debido a la difícil situación económica que afecta a la mayoría de los mexicanos y que se agravará en el transcurso del año, volvemos a exigir al gobierno usurpador que ponga en marcha, con urgencia, un plan anticrisis utilizando todos los instrumentos del Estado para la protección del pueblo. Como lo hemos venido reiterando y lo hicimos por última vez el 16 de diciembre de 2008, este plan anticrisis debe incluir, cuando menos, las siguientes medidas: 1. Debe bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz. 2. Aumentar de emergencia el salario mínimo para recuperar, cuando menos, lo perdido por la inflación en la canasta básica durante los dos últimos años. 3. Se debe derogar el IETU como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas. 4. El gobierno debe intervenir para evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores. 5. Se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero. 6. Es urgente fortalecer a la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos. 7. Se deben extender los apoyos al desarrollo social (pensiones alimentarias y becas a adultos mayores, madres solteras y a personas con discapacidad; atención médica y medicamentos gratuitos; becas para estudiantes de preparatoria y acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas). 8. Es indispensable reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y aplicar un plan de austeridad republicana para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y al bienestar social. Por último, reafirmamos nuestro compromiso de utilizar toda la organización, la capacidad de movilización y la fuerza de nuestro movimiento para ayudar al pueblo de México a enfrentar la difícil situación económica y social que nos aqueja. Fuente Gobierno Legítimo
TRES AUDIOS SOBRE EL NUEVO ORDEN MUNDIAL, SEGUNDA PARTE
TRES AGRUPACIONES LLENAS DE PODER Y CONOCIMIENTO ESTAN RENCONFIGURANDO EL MUNDO. DICTAN EL PORVENIR EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL La familia Rothischil Francmasoneria Illuminaty Publicado por
5 de Enero de 2009. No dejó de trascender que este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual el IFE ordena que se abran las bodegas de las Juntas Distritales Ejecutivas, para efecto de que se haga el traslado y almacenamiento de los paquetes electorales, de valga la redundancia, de las elecciones federales del 2006.Es interesante leer este acuerdo, pues en los antecedentes se da constancia de lo que ha sido un largo camino de batallas legales para que se den a conocer las boletas electorales de esta controvertida jornada electoral.Tal vez muchos piensen que es vano que algunos ciudadanos hayan promovido juicios de amparo e incluso recursos ante instancias internacionales, contra la negativa de dar conocer dichas boletas, sin embargo, como se puede ver en el Acuerdo de marras, gracias a estos procedimientos judiciales se ha evitado la quema de las boletas electorales, como es el caso de la suspensión de la quema de los paquetes electorales concedida por el Juez Noveno de Distrito al quejoso Sergio Aguayo Quezada. En el mismo sentido, existe un requerimiento de suspensión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para evitar que las boletas electorales sean incineradas, en tanto no se dé respuesta a la CIDH sobre una petición presentada en relación a la presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención Americana, el cual de acuerdo con el artículo 133 Constitucional tiene carácter de ley federal en nuestro país y por lo tanto debe ser respetado su contenido.Así pues, debido a que ya está muy próximo el proceso electoral del 2009, y debido a los impedimentos legales que tiene el IFE para quemar las boletas del 2006, se ha visto obligado a tener que emitir este acuerdo para efecto de desocupar las bodegas de las Juntas Distritales y concentrar esta paquetería en 32 bodegas Estatales y del Distrito Federal, para efecto de tener el espacio libre para la documentación que se genere en las elecciones del 2009.Por lo tanto, se puede concluir que una vez más el poder ciudadano se ha dejado sentir ante los abusos de autoridad, falta mucho es cierto, no se ha ganado la guerra pero si varias batallas que sin duda serán decisivas para lograr el tan anhelado cambio en la vida pública de nuestro país, lo cual sólo se va a lograr como dice el Presidente Legítimo, mediante una revolución de conciencias que derive en una nueva corriente de pensamiento que se arraigue en las mentes y corazones del pueblo de México.L.D. Jesús Palma.
En Chiapas, ni para comer...
CARLOS ACOSTA CóRDOVA"Este texto viene en el número 1679 de Proceso, que está en circulación".Tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas el 1 de enero de 1994 -que puso al descubierto la magnitud de los rezagos sociales en el país-, el gobierno federal inyectó presupuestos millonarios a esa entidad y diseñó políticas públicas para revertir, en todo el país, la pobreza extrema y la profunda desigualdad.En su sexto informe de gobierno Carlos Salinas de Gortari se jactó incluso de que ese año los recursos federales para Chiapas fueron "1000% más que en 1989". Sus sucesores Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, en los dos años que lleva, apostaron todo al gasto social para esos propósitos.Tan sólo entre 1996 y 2007 dicho gasto creció 276% en términos reales, al pasar de 537 mil millones de pesos a poco más de 1.1 billones de pesos. Los dos años previos, de desaceleración económica (1994) y severa crisis posdevaluatoria (1995), el gasto social se retrajo 23%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).De hecho, desde que los zapatistas obligaron a poner el reflector en la descomunal miseria de Chiapas y la pobreza extendida en el país, el presupuesto federal para el desarrollo social concentra cada año, hasta la fecha, alrededor de 60% del gasto público no programable.Junto con la andanada de recursos, se han multiplicado programas sociales específicos, que se suman o forman parte del programa general de cada gobierno. Inició Salinas con Solidaridad; siguió Zedillo con Progresa; Fox, con Oportunidades, que continúa Calderón, quien no acierta a hacer sentir la nueva estrategia "Vivir Mejor".Junto con ellos, se han ido creando en el tiempo programas sociales federales para atender necesidades específicas, del campo y las ciudades. A la fecha hay 179 programas, que consumen 80% del gasto social. De ellos, 145 están concentrados en cinco secretarías: Sagarpa, Educación, Salud, Sedesol y Hacienda. Los 34 restantes están distribuidos en otras nueve dependencias.De los programas 25% tiene como área de atención la agropecuaria; otro 14% va dirigido a educación, ciencia y tecnología; 12% va al fomento de la actividad económica o productiva, y 7%, a la infraestructura.Además de los programas que son comunes a todos los municipios y regiones -como Empleo Temporal, Jóvenes por México, Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Opciones Productivas, Microrregiones- existen específicos por entidad. En Chiapas, por ejemplo, están los programas Altos-Selva-Norte y Cañadas Inversión Municipal, entre otros.A todos estos se suman los programas sociales estatales y municipales, con recursos públicos y privados locales. También participan, en la misma cascada de apoyos para combatir la pobreza, dineros provenientes de organizaciones no gubernamentales, del país y del extranjero.No faltan, tampoco, los apoyos -en efectivo, en organización, en asesoría, en capacitación- de organismos internacionales. En Chiapas, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón apoya en programas de fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres. Así mismo, el gobierno de esa entidad tiene convenios con agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para definir estrategias y programas de combate a la pobreza.No han faltado, tampoco, recursos de organismos financieros internacionales para el combate a la pobreza. En diciembre, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por 2 mil millones de dólares, que se canalizarán, a través de Oportunidades, a zonas marginadas, rurales y urbanas del país. Con ese préstamo sumaron 6 mil millones las líneas de crédito otorgadas por el BID durante 2008.Sin embargo, a 15 años de la irrupción del EZLN, y de la embestida presupuestal de los distintos gobiernos, la situación en Chiapas y en las demás entidades no es muy distinta: Chiapas sigue siendo el estado con la pobreza más extrema, acompañado por Guerrero y Oaxaca, y el país sigue registrando altos niveles de pobreza -alrededor de 45 millones, según cifras oficiales- y de desigualdad: mientras que el 10% de la población más pobre del país concentra 1.6% del ingreso nacional, el 10% más rico acapara 40% de ese ingreso, según el Coneval."México es uno de los países donde el ingreso presenta mayor concentración. Esta situación la comparte con varios países de África y América Latina. La distribución del ingreso en México es tan desigual como lo era hace 15 años", dice el Consejo en su primer Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008, presentado a principios de diciembre.El propio Consejo ilustra así la desigualdad: "Mientras que Baja California tiene un ingreso mensual promedio estimado de 4 mil 998 pesos, el de Chiapas tan sólo alcanza mil 215 pesos". En Baja California, 9.2% de su población es pobre; en Chiapas, 76% de sus habitantes está en esa condición.EufemismosLa actual metodología para medir la pobreza desechó los términos "pobreza extrema" y "pobreza en general". Ahora se consideran tres niveles de pobreza -en función del ingreso corriente total de las personas-, que se definen así:Pobreza alimentaria, la más grave, es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. Sería lo que en la terminología anterior era la pobreza extrema. Las personas que están en esta condición no alcanzan a tener un ingreso neto diario de 20 pesos, que -según el Coneval- sería, en la zonas rurales, el mínimo (en 2006) para cubrir apenas las necesidades básicas de alimentación. En las zonas urbanas, este mínimo sería, para el mismo año, de 27 pesos diarios.Pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines. Están en este nivel de pobreza quienes tienen un ingreso neto diario por debajo de los 24 pesos en las zonas rurales, y de 33.10 pesos en las urbanas.Pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Caen en esta condición quienes no alcanzan a percibir, al día, 36.20 pesos en las zonas rurales, y 54.15 pesos en las urbanas.En función de esas definiciones, se tiene -de acuerdo con el informe del Coneval- que la entidad con mayor pobreza alimentaria es Chiapas: 47% de su población (2 millones 18 mil personas, en 2005) está en situación de sobrevivencia: sus ingresos no le alcanzan ni para comer.Le siguen Guerrero, con 42% (poco más de 1 millón 300 mil habitantes); Oaxaca, con 38.1% (1 millón 340 mil personas); Tabasco, con 28.5% (567 mil), y Veracruz, con 28% (casi 2 millones de personas).Todos esos estados rebasan por mucho el promedio nacional: en todo el país, la pobreza alimentaria alcanzaba en 2005 a 18.2% de la población total, es decir, a casi 19 millones de habitantes.En contraste, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California (1.3%), Nuevo León (3.6%), Baja California Sur (4.7%), Distrito Federal (5.4%), Coahuila y Chihuahua (ambos con 8.6%).En el segundo nivel de pobreza, la de capacidades, mientras la tasa nacional es de 24.7% (dato de 2005, equivalente a 26 millones de habitantes), Chiapas tiene a 56% de su población (2 millones 400 mil) en esa condición; Guerrero, a 50.2% (casi 1 millón 600 mil), y Oaxaca, a 47% (1 millón 650 mil).La pobreza de patrimonio alcanza en el país a poco menos de la mitad de la población, pero -otra vez- en Chiapas la media es rebasada ampliamente: para 2005, el 76% de su población (casi 3 millones 300 mil habitantes) estaba en esa condición; en Guerrero, 70% (2 millones 200 mil), y en Oaxaca, 68% (2 millones 400 mil).Si las cifras por estado evidencian la gravedad de la pobreza en el país, a nivel municipal ésta se advierte en toda su profundidad. Y Chiapas sigue a la cabeza: de los 20 municipios con mayor incidencia de pobreza alimentaria en el país, 11 son de esa entidad; cinco, de Oaxaca, y los cuatro restantes están ubicados en Puebla, Durango, Veracruz e Hidalgo. Todos ellos localizados en zonas montañosas y de difícil acceso. En su mayoría, con población predominantemente indígena.La pobreza alimentaria en ellos va desde 84% de la población en Santiago el Pinar (Chiapas), cuyas condiciones de vida son -según la ONU- equiparables a las del Congo, en África, hasta 78% en Yahualica, en Hidalgo.En el extremo opuesto de la desigualdad nacional, de los 20 municipios con menor incidencia de población en pobreza alimentaria, ocho son de Chihuahua; cuatro, de Baja California; tres, de Nuevo León; dos, del Distrito Federal; los estados de Puebla, Baja California Sur y Quintana Roo tienen uno respectivamente.El rango de población en ese nivel de pobreza va de 1.9% (6 mil 800 personas) en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal a 0.1% en Gómez Farías, Chihuahua, equivalente a ocho personas (en 2005), y San Pedro Garza García, Nuevo León, con 143 personas (2005) en pobreza alimentaria.Mejoras ficticiasEl Coneval reconoce en su informe que diversos indicadores de salud y educación han mejorado en el país en los últimos 15 años, inclusive para 20% de la población más pobre. Sin embargo, la calidad de esos servicios deja mucho que desear.Entre los logros se cuentan los siguientes: la esperanza de vida al nacer, a nivel nacional, se incrementó de 71.7 años a 74.8 años entre 1992 y 2006. En el caso de la educación, el porcentaje de jefes de familia con educación básica o más pasó de 29.9% en 1992 a 47% en 2006.También: para 20% más pobre de la población entre 1992 y 2006, el porcentaje de niños entre ocho y 12 años que no asistían a la escuela pasó de 8.9% a 3.5%; el porcentaje de niños entre 13 y 15 años que trabajaban y no asistían a la escuela se redujo de 15.6% a 9.8%; el porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más bajó de 26.8% a 20.8%, y el porcentaje de personas de 15 años y más con primaria incompleta pasó de 64.8% a 44.8%.Otra: El porcentaje de viviendas sin energía eléctrica, en 20% de la población más pobre del país, disminuyó de 19.9% a 3.1%; el porcentaje de viviendas con piso de tierra pasó de 46.2% en 1992 a 22.3% en 2006; el porcentaje de viviendas sin agua entubada disminuyó, en el mismo grupo de población, de 43.9% a 23%.Pero una cosa es que se haya ampliado la cobertura, con todo y lo positivo que sea, y otra es la calidad de los servicios. Pone ejemplos el Coneval: la mortalidad materna ha disminuido en los últimos años, pero se está lejos de llegar a la meta de 22 defunciones por cada 100 mil nacimientos -una de las metas del Milenio a las que se comprometió el gobierno de México-: en 2004 se registraron 62.4 muertes por cada 100 mil nacimientos; aun con toda la tecnología disponible, 90% de esas muertes pudo evitarse.Otros indicadores también muestran que el avance ha sido más cuantitativo que cualitativo: En 2006, México disponía de 1.4 médicos, en contacto con el paciente, por cada mil habitantes, mientras que en el mismo año Cuba, Uruguay y Argentina contaban, respectivamente, con 6.2, 3.9 y 3.2 facultativos por cada mil habitantes. Además, la entidad que más enfermeras tiene es el Distrito Federal, al contar con cuatro por cada mil habitantes, mientras que estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Michoacán tenía sólo una enfermera por cada mil habitantes.En materia educativa, pese a los grandilocuentes anuncios de cada sexenio, la calidad sigue siendo baja, dice el Coneval. En las pruebas de matemáticas que cada año hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México siempre ocupa los últimos lugares entre los países miembros del organismo. Y entre quienes no forman parte de ese grupo, en 2006, de 26 países analizados por la OCDE México apenas llega al lugar 18.Reconoce el Coneval que entre 2004 y 2006 la pobreza, en números absolutos, se redujo, particularmente en las zonas rurales, "aunque esta reducción no es estadísticamente significativa". Dice el informe: "El número de personas pobres alimentarias (en el país) disminuyó de 17.9 millones a 14.4 millones; las personas en pobreza de patrimonio pasaron de 48.6 millones a 44.7 millones.Ello fue posible, en efecto, debido a las transferencias monetarias a los beneficiarios de los programas antipobreza, pero también a las remesas y a un crecimiento notable del empleo informal, que inciden en un aumento de los ingresos de las personas. Los envíos de dinero de mexicanos que trabajan en Estados Unidos crecieron 405.5% entre 1992 y 2006. En ese último año, fueron superiores a los 24 mil millones de dólares, más que lo que entró por Inversión Extranjera Directa y más que lo captado por el turismo.Dice el Coneval: si no hubiera entrado ese dinero, la pobreza alimentaria en 2006 se hubiera ubicado en 15.9% de la población, pero fue de 13.8%. Es decir, gracias a las remesas, 2.3 millones de personas pudieron rebasar la línea de pobreza extrema.También, dice el Consejo, gracias a que millones han podido emplearse en la informalidad se han podido abatir, así sea ligeramente, los índices de pobreza. Entre 1992 y 2006, mientras se crearon apenas 5.1 millones de ocupaciones formales, el número de trabajadores en el mercado informal -sin protección y seguridad social- creció en 10.2 millones de personas, el doble del crecimiento que registró el empleo formal.Y, de hecho, en los últimos años creció el número de familias sin protección y seguridad social. Dice el informe del Coneval: "Los jefes de hogar sin derechohabiencia, es decir, sin afiliación a una institución pública para recibir seguridad social -IMSS, ISSSTE, Sedena o Marina- pasaron de 69.3% en 1992 a 71% en 2006. La situación de derechohabiencia formal para el 20% más pobre de la población es más precaria: 89.8% de los jefes de hogar no tenían derechohabiencia en 2006".Finalmente, como "existe una estrecha relación entre el desempeño económico y el desarrollo social, especialmente reflejado en la pobreza medida con ingresos", el futuro inmediato no es nada halagüeño: menos empleos, bajas remesas y una caída en la actividad económica se traducirán, sin duda, en un aumento de la pobreza. Como pasó entre 1994 y 1996, con la crisis devaluatoria, que significó una brutal caída del PIB de 7%, y que llevó a la pobreza extrema a 16 millones de personas más, según el Coneval.
ROSALíA VERGARAMÉXICO, DF, 5 de enero (apro).- El autodenominado "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, urgió al gobierno de Felipe Calderón a echar a andar un plan de contingencia que incluya la reducción en precios de gasolinas, diesel, gas doméstico y suministro eléctrico.En un comunicado, el político tabasqueño propuso además un aumento de emergencia el salario mínimo. "Debido a la difícil situación económica que afecta a la mayoría de los mexicanos --y que se agravará en el transcurso del año--, volvemos a exigir al gobierno usurpador que ponga en marcha, con urgencia, un plan anticrisis".López Obrador recordó que ya había hecho esta propuesta el 16 de diciembre pasado y el plan incluía bajar el precio de las gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.También exigió derogar el llamado impuesto empresarial a tasa única (IETU), como una manera de apoyar a asalariados, comercios y empresas; además instó a evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores.Dijo que se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero; fortalecer a la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos, y extender los apoyos al desarrollo social.Entre éstos, destacó las pensiones a adultos mayores, madres solteras y a personas con discapacidad; atención médica y medicamentos gratuitos; becas para estudiantes de preparatoria, y acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas.Consideró indispensable reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y aplicar un plan de austeridad para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y al bienestar social.Por último, refrendó su "compromiso de utilizar toda la organización, la capacidad de movilización y la fuerza de nuestro movimiento para ayudar al pueblo de México a enfrentar la difícil situación económica y social que nos aqueja".
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 artículo 254
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 artículo 254
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 artículo 13
 artículo 133