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Timestamp: 2020-08-04 11:10:59+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2010-00135/56563 DE DICIEMBRE 19 DE 2017
SENTENCIA 2010-00135 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA DE LA VÍCTIMA EN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR SUSCRIBIR ACTAS DE UNA OBRA QUE FUERON FIRMADAS POR PERSONA DISTINTA AL INTERVENTOR. LE FUE IMPUESTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO AL ACTOR POR LA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA POR LOS DELITOS DE CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO Y PECULADO POR APROPIACIÓN OFICIAL DIFERENTE, POR SUSCRIBIR COMO CONTRATISTA UNAS ACTAS DE INTERVENTORÍA DE OBRA QUE FUERON FIRMADAS POR UNA PERSONA DISTINTA DEL INTERVENTOR. ASÍ, AUNQUE EN SEGUNDA INSTANCIA SE CONFIRMÓ LA ABSOLUCIÓN DEL ACTOR PORQUE LA CONDUCTA NO CONSTITUÍA HECHO PUNIBLE, EL COMPORTAMIENTO DEL SINDICADO REVELA UN ACTUAR GRAVEMENTE CULPOSO, PUES COMO CONTRATISTA FIRMÓ VARIAS ACTAS PARCIALES Y FINALES DE RECIBO DE OBRA EN LAS QUE SE CONSIGNÓ QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES TODOS LOS QUE LAS SUSCRIBÍAN, A PESAR DE QUE EL INTERVENTOR NO LO ESTUVIERA Y FUERON SUSCRITAS POR UN TERCERO, SITUACIÓN QUE INDICÓ QUE EL DEMANDANTE NO ERA AJENO A LOS HECHOS INVESTIGADOS. ANTE LA SITUACIÓN GENERADA POR LA PROPIA VÍCTIMA, AL ENTE INVESTIGADOR NO LE ERA EXIGIBLE UNA CONDUCTA DIFERENTE QUE LA DE IMPONER LA MEDIDA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD Y ACUSAR AL SINDICADO CON FUNDAMENTO EN LOS INDICIOS GRAVES RECOLECTADOS Y QUE APOYABAN LA TESIS DE LA FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INTERVENTOR, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, CONTRATANTE DE LA OBRA, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATO, PECULADO POR APROPIACIÓN, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO
Sentencia 2010-00135/56563 de diciembre 19 de 2017
Rad.: 70001-33-31-001-2010-00135-01 (56563)
Actor: B.M.E.N. y Otros
Demanda en tiempo
La demanda se interpuso en tiempo —4 de junio de 2010— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 11 de marzo de 2008, fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que lo absolvió (hecho probado 7.15).
En efecto, como el 5 de marzo de 2010 se presentó solicitud de conciliación prejudicial (fl. 578 Cdno. 2), el término de caducidad se suspendió hasta el 4 de junio de 2010, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, fecha en la que se celebró la audiencia y fue declarada fallida, según da cuenta la certificación original expedida por la Procuraduría General de la Nación (fl. 578 Cdno. 2). Al día siguiente se reanudó el conteo por los seis días faltantes, que vencían el 10 de junio de 2010.
4. B.M.E.N., C.I.V.V., N.C.E.V., B.M.E.V., J.A.E.V. y J.E.V. son las personas en las que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo del proceso penal y los demás conforman su núcleo familiar (hecho probado 7.16).
La Nación-Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva pues fue la entidad encargada de la investigación, imposición de medida de aseguramiento, acusación y juzgamiento.
7.1. El 5 de mayo de 2000, la Fiscalía Quince Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Sincelejo profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de B.M.E.N., por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Además, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva con beneficio de libertad provisional por el delito de falsedad ideológica en documento público y medida de aseguramiento de caución prendaria por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 39 a 53 Cdno. de pruebas 2).
7.2. El 5 de mayo de 2000, miembros del CTI capturaron a B.M.E.N. y recluído en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Sincelejo, según da cuenta copia auténtica del acta de derechos del capturado, certificación de examen médico (fls. 510 y 511 Cdno. de pruebas 1) y certificación suscrita por el director de dicho establecimiento (fl. 674 Cdno. 2).
7.3. El 22 de mayo de 2000, la Fiscalía Quince Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Sincelejo revocó a B.M.E.N. la medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de peculado por apropiación y sustituyó la medida por la de detención domiciliaria, por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 59 a 63 Cdno. de pruebas 2).
7.4. El 23 de mayo de 2000, B.M.E.N. firmó diligencia de compromiso de detención domiciliaria, según da cuenta copia auténtica de la resolución proferida por la Fiscalía Quince Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo (fl. 51 Cdno. de pruebas 6). En la fecha salió del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Sincelejo, según da cuenta certificación suscrita por el director de dicho establecimiento (fl. 674 Cdno. 2).
7.5. El 8 de noviembre de 2000, la Fiscalía Quince Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo concedió a B.M.E.N. el beneficio de libertad provisional, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 143 a 146 Cdno. de pruebas 6).
7.6. El 14 de noviembre de 2000, B.M.E.N. suscribió diligencia de compromiso de libertad provisional, según da cuenta copia auténtica de la diligencia (fl. 153 Cdno. de pruebas 6).
7.7. El 28 de marzo de 2001, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre resolvió la solicitud de control de legalidad de la medida de aseguramiento que había interpuesto uno de los sindicados y revocó las providencias del 5 y 22 de mayo de 2000, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 346 a 350 Cdno. de pruebas 6).
7.8. El 12 de julio de 2001, la Fiscalía Quince Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo se negó a acatar la revocatoria y profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de B.M.E.N. por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y le impuso medida de aseguramiento con libertad provisional por el delito de falsedad material en documento público ,según da cuenta copia auténtica de la providencia y del formato de medida de aseguramiento (fls. 71 a 100 Cdno. de pruebas 2 y fls. 118 y 119 Cdno. de pruebas 5).
7.9. El 26 de julio de 2001, la Fiscalía Quince Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo sustituyó, a favor de B.M.E.N., la detención preventiva por detención domiciliaria, según da cuenta copia auténtica de la providencia y del formato de sustitución de medida de aseguramiento (fls. 102 a 105 Cdno. de pruebas 2 y fl. 178 Cdno. de pruebas 5).
7.10. El 2 y 3 de agosto de 2001, B.M.E.N. pagó la caución y suscribió acta de compromiso por detención domiciliaria, según da cuenta copia auténtica de la consignación y del acta de compromiso (fls. 217 y 232 Cdno. de pruebas 5).
7.11. El 31 de enero de 2002, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal del Sincelejo, Sucre concedió a B.M.E.N. el beneficio de libertad provisional, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 182 a 185 Cdno. de pruebas 7).
7.12. El 5 de febrero de 2002, B.M.E.N. suscribió diligencia de compromiso de libertad provisional, según da cuenta copia auténtica de la diligencia (fl. 207 Cdno. de pruebas 7).
7.13. El 16 de agosto de 2002, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal del Sincelejo, Sucre profirió resolución de acusación contra B.M.E.N. como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público y profirió resolución de preclusión a su favor por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y peculado por destinación oficial diferente, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 134 a 160 Cdno. de pruebas 2).
7.14. El 18 de diciembre de 2003, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre absolvió a B.M.E.N. porque la conducta no constituía hecho punible, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 173 a 200 Cdno. de pruebas 2). El 9 de noviembre de 2007, el Tribunal Superior de Sincelejo confirmó la anterior decisión, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 201 a 234 Cdno. de pruebas 2).
7.15 El 29 de febrero de 2008, el Tribunal Superior de Sincelejo declaró desierta la casación interpuesta por la parte civil en contra de la sentencia absolutoria, según da cuenta copia auténtica del auto (fl. 248 Cdno. de pruebas 2). La providencia quedó ejecutoriada el 11 de marzo de 2008.
El artículo 197 del Decreto 2700 de 1991 establecía que las providencias quedaban ejecutoriadas tres días después de notificadas. Como el auto que declaró desierta la casación fue notificado por estado el 6 de marzo de 2008 (fl. 248 Cdno. de pruebas 2) y, además, obra constancia de archivo expedida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre (fl. 640 Cdno. de pruebas 7), el 11 de marzo de 2008 la providencia quedó ejecutoriada.
7.16 B.M.E.N. es cónyuge de C.I.V.V. y padre de N.C.E.V., B.M.E.V., J.A.E.V. y J.E.V., según da cuenta copia auténtica del registro civil de matrimonio y de los registros civiles de nacimiento (fls. 340 a 346 Cdno. de pruebas 2).
8. El daño está demostrado porque B.M.E.N.estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal desde el 5 de mayo al 14 de noviembre de 2000 y del 26 de julio de 2001 al 31 de enero de 2002 (hechos probados 7.2, 7.6, 7.9 y 7.11).
A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Título Preliminar del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio(11).
12. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que B.M.E.N. desplegó una conducta determinante para que se iniciara una investigación penal y se dictara medida de aseguramiento y acusación en su contra por el delito de falsedad ideológica en documento público.
En efecto, la Fiscalía Quince Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública impuso medida de aseguramiento a B.M.E.N. (hecho probado 7.1), porque como contratista suscribió unas actas de interventoría de obra que fueron firmadas por una persona distinta del interventor:
(...) Se les censura el delito de falsedad ideológica en documento público a los procesados porque como se desprende v.gr. de la injurada del mismo J.B.A.T., las actas de interventoría no fueron firmadas por él en su calidad de interventor sino por una persona de su entera confianza, un familiar suyo, cree que algunas actas parciales y otras finales. Sostiene que en realidad las firmas que aparecen en algunos documentos no son las de él sino de un familiar que las hizo por una autorización verbal dada por su persona por la necesidad de que estaban esperando el documento ya que se encontraba en una parte inaccesible.
(...) Vemos pues que la falsedad ideológica en documento público se da en toda su plenitud por cuanto la misma tiene su razón de ser en el momento de extender los contratos y las actas aludidas, con falencias respecto de la veracidad. No obstante que las actas, cheques y contratos falseados bien sirvieron de prueba de soporte para gestionar el siguiente desembolso y cobro de dichos cheques, por tanto se impondrá medida de aseguramiento en contra de los procesados por esta hipótesis delictiva en calidad de coautores. (fl. 47 cdno. 5)
La misma Fiscalía, en la providencia en la que se negó a acatar la orden de revocatoria de medida de aseguramiento —proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre al resolver la solicitud de control de legalidad de dicha medida— indicó que cuando los contratistas firmaron las actas de interventoría se convirtieron en cómplices del delito de falsedad ideológica en documento público, pues en ellas se consignó que al momento de la firma estaban todos presentes, aunque el interventor no lo estaba (hecho probado 7.8). Así lo resaltó la providencia al indicar:
(...) Conducta que contaminó a todos los contratistas al convertirse en cómplices también, dado que con la falsedad de las firmas en las actas parciales de obra se “empujaron” por así decirlo, los trámites para el desembolso dinerario de otro anticipo para cada uno de ellos, y se valora así por cuanto en dichas actas se consigna que estaban presentes todos, y a conformidad firman tanto el que entrega la obra como el que la recibe y si el interventor acepta que no las firmó latente allí la complicidad que se les atribuye. (fl. 97 cdno. 5)
La Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal del Sincelejo, Sucre profirió resolución de acusación contra B.M.E.N. (hecho probado 7.13):
(...) En calidad de cómplices de la falsedad ideológica en documento público por haber convenido con sus firmas en las actas de los recibos finales, consignando que habían pavimentado las calles objeto del convenio Municipio-Findeter, con la plena conciencia que no eran las realmente ejecutadas sino otras consistentes en las descritas en la modificación realizada por la Alcaldía en mención mediante las resoluciones 351, 367 y 395, y además por asegurar, sin ser cierto, que se firmaban conjuntamente con el interventor, contribuyendo de esa manera eficazmente a la realización de la conducta antijurídica (fl. 157 cdno. 5).
Aunque el Tribunal Superior de Sincelejo confirmó la absolución de B.M.E.N. porque la conducta no constituía hecho punible (hecho probado 7.14), el comportamiento del sindicado revela un actuar gravemente culposo, pues como contratista firmó varias actas parciales y finales de recibo de obra en las que se consignó que se encontraban presentes todos los que las suscribían, a pesar de que el interventor no lo estuviera y fueron suscritas por un tercero, situación que indicó que E.N. no era ajeno a los hechos investigados.
Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de imponer la medida restrictiva de la libertad y acusar al sindicado con fundamento en los indicios graves recolectados y que apoyaban la tesis de la falsedad ideológica en documento público.
REVÓCASE la Sentencia del 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, la cual quedará así:
1. DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por la Nación-Rama Judicial.
2. DECLARÁSE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones.
2. El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el Auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 (fundamento jurídico 3), con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la Sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 (fundamento jurídico 1).
3. Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 (fundamento jurídico 3).
4. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.
5. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 (fundamento jurídico 1). El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la Sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.
6. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 (fundamento jurídico 2.2.2).
7. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 (fundamento jurídico 5) y Sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 (fundamento jurídico 2.3.2).
8. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la Sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 (fundamento jurídico 3).
9. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960 (fundamento jurídico 3.3).
10. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693.
11. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 20 de febrero de 2014, Rad. 39.404 (fundamento jurídico 16).
12. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 (fundamento jurídico 2.3.2 y 2.3.3). Se trató de una almacenista de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, que fue privada de la libertad por la presunta comisión del delito de peculado de apropiación a raíz del faltante que se detectó en el almacén que estaba a su cargo.

References: artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 197
 artículo 63
 resolución 
 artículo 73