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Timestamp: 2019-02-18 21:33:45+00:00

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Son ya 70 cambios de criterio
El gota a gota que no cesa de la Dirección General dictando resoluciones que devalúan la función notarial, aun a costa de complicar la vida a los ciudadanos, obliga a esta Revista a incrementar el muestrario de ejemplos que ya se han consignado en números anteriores. Ahora se trata de cuatro nuevas resoluciones (que se transcriben en tinta roja para destacarlas). En una de ella, se invalida en una ejecución hipotecaria la notificación practicada por el notario en el domicilio del requerido con entrega de la cédula de requerimiento a quien dijo ser amigo del requerido, por no tratarse (conforme a la literalidad reglamentaria) de pariente o familiar ni de portero o vecino. En otra, se exige acreditar el estado y la vecindad civil, sin que baste la mera manifestación de interesado. En otra, se reitera la insuficiencia de la comunicación notarial al Ayuntamiento a efectos de levantar el cierre registral en la plusvalía municipal. Otra, en fin, extiende al fiador con excesivo rigorismo las exigencias sobre determinación de la duración de la hipoteca.
La línea corporativista registral propiciada por la DGRN empieza, sin embargo, a tener algún tropiezo serio en los tribunales. En este número damos cuentas de dos sentencias que enmiendan la plana a la Dirección General de Registros y del Notariado.
67) Resoluciones 15-11-2013 y 7-12-2013. Reiteran el criterio sentado en la Resolución 28-08-2013, según la cual la comunicación realizada por el Notario a la Federación Española de Municipios y Provincias, conforme al convenio entre ésta y el Consejo General del Notariado sobre la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, no es suficiente a los efectos de levantar el cierre registral establecido por el art. 254 LH.
68) Resolución 16-11-2013.- Extremo rigor en la calificación de los requisitos del requerimiento notarial en el procedimiento de realización extrajudicial de hipoteca.- No considera admisible el requerimiento de pago realizado por el notario autorizante del acta para la venta extrajudicial de finca hipotecada practicado en el domicilio señalado al efecto en la escritura de constitución de hipoteca mediante entrega de cédula a quien dice ser amigo de los requeridos. Se trata de una interpretación excesivamente estricta e incongruente, pues, atendiendo al interés jurídico protegido, no es lógico que se pueda entregar la cédula “al pariente más próximo, familiar o dependiente mayores de catorce años que se hallasen en el mismo, y si no se encontrase nadie en él, al portero o a uno de los vecinos más próximos” (art. 236-c RH) y no al amigo o, por ejemplo, a su pareja de hecho u otro conviviente en el domicilio indicado (cfr. art. 202 RH).
69) Resolución 30-11-2013.- Infundada exigencia de acreditación de la modificación de estado y vecindad civiles.- En un caso en que vendedor de una vivienda declara en la escritura que está divorciado y que su vecindad civil es la aragonesa, cuando según el Registro de la Propiedad compró cuando su vecindad civil era la catalana y adquirió en régimen de separación de bienes legal supletorio en Cataluña, la registradora exige que se acredite el divorcio o que manifieste que la vivienda que se vende no es la habitual de su familia. Contradice abiertamente la doctrina reiterada del Centro Directivo según la cual no es necesaria la acreditación del cambio de estado civil –pues, según el art. 159 del Reglamento Notarial, se trata de circunstancias que “se harán constar por el Notario por lo que resulte de las manifestaciones de los comparecientes”- o de vecindad –pues, conforme al artículo 160 del mismo Reglamento, se expresará “por lo que conste al Notario o resulte de las declaraciones de los otorgantes y de sus documentos de identidad”. Tampoco puede exigirse manifestación alguna sobre el carácter de la vivienda, ya que, frente a la manifestación sobre el estado civil “…no puede oponer el Registrador un dato que obre en el Registro a los solos efectos de identificar al titular registral como es su estado civil -cfr. 51.9.a) del Reglamento Hipotecario- recogido del título que motivó su adquisición, por cuanto ni tal dato es objeto de la publicidad registral y está amparado, en consecuencia, por el principio de legitimación registral, ni puede dar prevalencia al posible error padecido al reseñar tal circunstancia personal en el título inscrito sobre el que ahora se presenta a inscripción, ni puede, por último, exigir prueba alguna sobre el cambio de tal circunstancia como, por ejemplo, la nulidad de un matrimonio existente en su momento, al igual que no podría exigirla de que en la actualidad el transmitente se encuentra viudo o divorciado si así consta en el título traslativo, frente a la situación de casado que constase en el asiento anterior” (véase, entre otras, la Resolución de 6 de marzo de 2004).
70) Resolución 19-12-2013. En relación con una escritura de constitución de hipoteca de contra-aval, prescinde de la necesidad de interpretación lógica, sistemática y teleológica de sus cláusulas para exigir con excesivo rigor la determinación de la duración de la hipoteca. Y, también con una interpretación rigorista, extiende indebidamente al fiador las exigencias que en relación con los pactos de ejecución, impone el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que condiciona el vencimiento anticipado al incumplimiento de las obligaciones de pago correspondientes a tres meses.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 160
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 693