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Blog - Galán Abogados Córdoba
LA CONTINUIDAD DEL IRPH EN LOS CONTRATOS HIPOTECARIOS
2 febrero, 2018 2 febrero, 2018 Posted ByadminDerecho tributarioderecho tributario0
El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas durante el mes al que se refieren los índices. Ofrece tres modalidades diferentes: Bancos, Cajas de Ahorro y la totalidad de las Entidades.
En Noviembre de 2013, se implantó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La misma contempla la derogación del IRPH-Cajas e IRPH-Bancos, siendo ambos sustituidos por el tipo previsto en el contrato hipotecario. Y, en caso de inexistencia, por un nuevo valor: el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España. Es su Disposición adicional decimoquinta.- Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia; donde se contempla lo siguiente:
“Con efectos desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España dejará de publicar en su sede electrónica y se producirá la desaparición completa de los siguientes índices oficiales aplicables a los préstamos o créditos hipotecarios de conformidad con la legislación vigente:
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos.
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros.
Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros.
Las referencias a los tipos previstos en el apartado anterior serán sustituidas, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato.
En defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo.
La sustitución de los tipos de conformidad con lo previsto en este apartado implicará la novación automática del contrato sin suponer una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita.
Las partes carecerán de acción para reclamar la modificación, alteración unilateral o extinción del préstamo o crédito como contrapartida de la aplicación de lo dispuesto en esta Disposición.”
Sin embargo, El IRPH Conjunto de Entidades se mantiene vigente tras la eliminación de los IRPH Bancos e IRPH Cajas.
La Sentencia nº 669/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 14 de Diciembre de 2017 dispone que para determinar la transparencia de la cláusula que incorpora el índice de referencia (IRPH-Entidades) habrá que ver si el consumidor era consciente, porque hubiera sido informado, de que esa cláusula configuraba un elemento esencial del préstamo, así como la manera en que se calculaba el interés variable. Se establece claramente que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no supone falta de transparencia o abusividad.
A pesar de la claridad y concisión de dicha Sentencia, diferentes Audiencias Provinciales, posteriormente, se están pronunciando en sentido contrario, como es el caso de la Audiencia Provincial de Girona y el Juzgado de Primera Instancia de Amurrio, en Álava, siguiendo planteamientos diferentes.
Para concluir, y a modo de resumen, la Sentencia del Supremo revela que el IRPH no desaparecerá a corto plazo. La modalidad de entidades sería por tanto la única oficial actualmente, ya que las otras dos, IRPH cajas e IRPH Bancos, fueron eliminadas en 2013.
Ahora la cuestión sobre la abusividad de la cláusula del IRPH dependería de la posición que adopte en esta cuestión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya decisión pudiera contradecir el criterio del Tribunal Supremo.
Como siempre estamos a su disposición para cualquier aclaración.
Paloma Galán
-Abogada –
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES EN ANDALUCÍA
26 diciembre, 2017 Posted ByadminDerecho tributarioderecho tributario0
A partir del primer día de enero de 2018, entra en vigor el pacto a través de los Presupuestos del año 2018, la reforma de medidas urgentes relativas al impuesto sobre sucesiones y donaciones en la C.A Andaluza.
Esta reforma a la Ley 29/1987 de 18 de diciembre y su Reglamento Real Decreto 1629/1991 de 8 de noviembre y para Andalucía regulada en los artículos 17 a 22 quater del Decreto Legislativo 1/2009 de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de tributos cedidos.
Esta Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para los andaluces ha tenido varias reformas desde su entrada en vigor, concretamente en lo relativo a la subida de la cantidad considerada “mínimo exento”, lo que en román paladino significa que se ha subido la cantidad exenta de contribución del impuesto en cuestión, para que se pague menos e incluso, según los casos, no se tenga que pagar nada del impuesto de sucesiones y donaciones.
Vamos a explicar, siquiera someramente, el alcance de esta reforma.
Pues bien, en las sucesiones hay varios grados según la cercanía o lejanía de parentesco respecto al causante, y también la edad del heredero.
En el Grupo I están los Descendientes o adoptados, menores de 21 años.
En el Grupo II, los Descendientes o adoptados, de 21 años o más. Cónyuges, ascendientes o adoptantes.
En el Grupo III los Colaterales de 2º y 3º grado por consanguinidad o afinidad. Ascendientes o descendientes por afinidad
En el Grupo IV están los que tienen un grado de parentesco más distante y extraños.
Desde el día 1 de enero de 2017 y hasta la actualidad el denominado mínimo exento para las herencias recibidas por parientes directos (grupos I y II) era de 250.000 euros por cada heredero. Es decir que todo heredero comprendido en los grupos I y II, que heredaran menos de los 250.000, no pagaba el impuesto de referencia.
Realmente, con esa cantidad y teniendo en cuenta los valores catastrales actuales, totalmente desproporcionados respecto a los valores de mercado, llegar a esa cantidad no es tan difícil, piénsese en una familia de dos hijos, en la que existen varios inmuebles, vamos a suponer una vivienda en la ciudad y otra de recreo en la campo o la playa, algunos ahorros de los causantes, alguna parcela rustica de olivar o viñedo, algunas acciones en entidades bancarias, eso que es muy probable, ya superaría ese mínimo exento de 250.000 euros por heredero.
Como este es un impuesto cuya recaudación y gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, son estas las que fijan ese mínimo exento, dándose la curiosidad de que en algunas de ellas, el impuesto de sucesiones es prácticamente inexistente por lo elevado del mínimo exento. Todos hemos sabido a través de los medios de comunicación, como en la C.A de Madrid heredar sale gratis, mientras que en la C.A Andaluza, se pagaba por el mismo impuesto una barbaridad.
Esa diferencia tan llamativa y discriminatoria para los ciudadanos entre CCAA, ha llevado a los políticos a intentar arreglar, en la medida de lo posible, esa disparidad y de ahí que los grupos políticos de Ciudadanos y PSOE en el Parlamento Andaluz, acordaran el pasado 20 de septiembre que, a través de la Ley de Presupuestos para el año 2018, los familiares directos del causante estuvieran exentos de tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones si heredaran menos de un millón de euros cada uno de los llamados a la herencia. Lo mismo sucede si se donan en vida bienes por importe inferior al millón de euros.
Esta reforma además del mínimo exento para familiares directos, contempla otras medidas que conviene destacar, cómo las relativas a los discapacitados a los que además de la aplicación del mínimo exento ya referenciado, se establece a su favor, una reducción autonómica del 99% de la base imponible por la donación de vivienda habitual a descendientes con discapacidad.
Si en el patrimonio del causante se encuentran participaciones de empresa, el heredero de la misma puede obtener una reducción del 99% del valor de dichas participaciones, siempre que concurran tres requisitos: 1º.- Que la entidad ejerza una actividad económica y no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
2º.- Que el heredero ostente un 5% individual o un 20 % con su cónyuge, ascendientes, colaterales hasta el segundo grado.
3º.- Que uno de los miembros del grupo familiar indicado en el segundo requisito, ejerza funciones de dirección y su sueldo o retribución sea superior al 50% del conjunto de sus rendimientos de trabajo y actividades económicas.
Este caso concreto requiere que las personas interesadas en la aplicación de esta reducción, acudan a profesionales que les puedan asesorar respecto de si esas participaciones pueden ser consideradas empresa familiar a efectos fiscales.
Para los herederos del Grupo III, no existe reducción ni modificación en el impuesto, manteniéndose las reducciones establecidas en el Decreto Ley 4/2016 de 26 de julio, así como también se encuentra en dicha disposición la reducción por la adquisición “mortis causa” e “inter vivos” de una explotación agraria, que flexibilizo esta norma en relación al requisito establecido con anterioridad a la misma, y después de la norma citada, solo se exige el ejercicio de la actividad de manera personal y directa por el transmitente y el mantenimiento de la explotación durante cinco años
Para cualquier aclaración, estamos a su disposición.
Soledad Galán Jordano
27 octubre, 2017 Posted ByadminDerecho administrativo, Derecho tributarioDerecho administrativo, derecho tributario0
A los efectos de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del trabajo autónomo, “Se entenderá por trabajador autónomo o por cuenta propia, aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar.
La Ley 18/2007 de 4 de julio regulo el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, con sus peculiaridades, regulaba a los trabajadores autónomos, mayores de 18 años, que fueran titulares de una explotación agraria, que las labores agrarias las realizasen de forma personal y directa, aun cuando ocuparen trabajadores por cuenta ajena, que los ingresos obtenidos fuesen al menos el 50% de su renta total de la realización de actividades agrarias y otras complementarias siempre que la parte procedente de la actividad agraria de su explotación no fuera inferior al 25% de su renta total, que los rendimientos anuales netos obtenidos por la explotación no superasen el 75% en cómputo anual de la base máxima de cotización establecida en cada momento en el RGSS.
Algunas modificaciones puntuales desde la entrada en vigor de la denominada Ley de Autónomos, a través de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, Ley 36/2011 de 10 de octubre, Ley 14/2013 de 27 de septiembre, Real Decreto Ley 4/2015 de 22 de marzo, Ley 25/2015 de 28 de julio, Ley 31/2015 de 9 de septiembre, han llevado a la última modificación con la publicación en el BOE de la Ley 6/2017 de 24 de octubre.
Si bien todas las modificaciones han perseguido adaptar la Ley inicial a la realidad vigente, esta última ha dado un paso importante en la regulación de la conocida Ley de autónomos, acercándola a la realidad de un colectivo, el de autónomos, que contrata a más de un millón de asalariados y lleva más de cuatro años creando empleo.
Esta última reforma ha sido aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios tanto en el Congreso cómo en el Senado. Se compone de una seria de nuevas medidas para fomentar el aumento de autónomos y su empleabilidad, la mejora de la calidad del trabajo autónomo, a través de la formación, la seguridad y estabilidad del trabajo, la jubilación activa, así como la flexibilización de los trámites y su regulación.
El día 25 de octubre del presente año ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE excepto los artículos 1, 3, 4 y 11 y las disposiciones finales primera, segunda, tercera y novena, que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018.
Vamos a ver la reforma y su alcance;
1º.- Ampliación de la “Tarifa Plana”.(arts. 3 y4 Ley 6/2017, arts. 31 y 32 Ley 20/2007)
La Ley 31/2015, de 9 de septiembre , introdujo la denominada tarifa plana en la cotización de los nuevos autónomos, que pasaron a pagar 50 euros al mes durante los primeros 6 meses de alta nueva en ese Régimen Especial, si además no lo habían estado en los 5 años anteriores y cotizaban por la base mínima.
Con la entrada en vigor de la Ley 6/2017 se amplía la Tarifa Plana de 50 euros a doce meses, frente a los seis actuales, el período de duración de la cuota reducida para los autónomos que causen alta inicial por primera vez en el sistema de Seguridad Social. Esta medida entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
2º.- Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos. (Art. 7 L 6/2017, art. 38 bis L 20/2007, Art. 5 L 6/2017, art. 30 L 20/2007, Art. 6 L 6/2017, art. 38 L 20/2007)
La Ley 31/2015, de 9 de septiembre, estableció una bonificación del 100% de la cuota resultante de aplicar el tipo mínimo de cotización en el Régimen Especial de Autónomos a la base media del trabajador por cuenta propia en los 12 meses anteriores, por cuidado de un hijo menor de 7 años, o por tener a cargo un familiar dependiente o discapacitado hasta el segundo grado.
La nueva reforma, mantiene esta medida y la amplia hasta la edad de los doce años posibilitando la bonificación por un plazo de doce meses del 100% de la cuota de autónomo por contingencias comunes
En este caso, se elimina el requisito de sustituir al trabajador autónomo mediante un contrato de interinidad con un desempleado para disfrutar de esta bonificación.
Las mujeres autónomas que se reincorporen al trabajo después de maternidad, adopción, acogimiento y tutela, de forma que aquellas mujeres que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha de cese por uno de los motivos anteriores, podrán acogerse a la tarifa plana de 50 euros durante los 12 meses siguientes a su reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por base mínima.
La Ley 31/2015, de 9 de septiembre , estableció una bonificación del 100% de la cuota para aquellos trabajadores autónomos sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante contratos de interinidad celebrados con desempleados conforme al Real Decreto-Ley 11/1998 de 4 de septiembre .
A partir del 1 de marzo de 2018, las prestaciones económicas por maternidad y paternidad de los trabajadores autónomos y de los trabajadores del mar por cuenta propia del grupo 1º, consistirán en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora diaria, resultado de dividir la suma de las bases de cotización en este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta.
La prestación por paternidad podrá ser denegada, anulada o suspendida por las mismas causas establecidas para la prestación por maternidad.
3º.- Capacidad de contratar. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo. (D.F. 5ª L 6/2017, art. 214 LGSS)
Se incentiva la capacidad para contratar y se impulsa la jubilación activa y la transmisión de conocimiento.
Si se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo autónomo alcanzará al 100 por ciento.
4º.- Bonificación por la contratación de familiares. (D.A. 7ª y D.F. 6ª y 10ª L 6/2017, D.A. 10ª y 13ª L 20/2007, art. 12.2 LGSS.
Se dará en el supuesto de contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. No debe haber despedido de forma improcedente durante los doce meses anteriores al contrato bonificado, ni podrá exigir por las mismas causas un contrato de trabajo en los seis meses posteriores a la celebración del contrato bonificado.
Base de cotización.
Asimismo, los autónomos, a partir del 1 de enero de 2018 van a poder cambiar hasta 4 veces al año su base de cotización (actualmente son dos veces) para adecuarla mejor a sus ingresos, deducirse gastos de suministros y manutención vinculados a su actividad. También se reducirá a un 10% del recargo de la deuda por cotización durante el primer mes siguiente al debido, fijado actualmente en un 20%.
5º.- Recargos por ingresos de las cuotas a la Seguridad Social.( Art. 1 y D.F. 3ª L 6/2017, art. 30 LGSS, art. 10 RD 1415/2004)
Se rebaja a la mitad el recargo en el caso de abono de las cuotas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo.
6º.- Devolución de oficio del exceso de cotización. Pluriactividad. (Art. 2 L 6/2017, art. 313 LGSS)
7º.- Medidas para mejorar la formación profesional para el empleo de los trabajadores autónomos. (Arts. 8, 9, 10, 13, D.A. 2ª y D.F. 8ª L 6/2017, arts. 19, 21, 22 y D.A. 12ª L 20/2007)
Las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de la economía social participarán en la detección de necesidades, diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores autónomos a que hace referencia la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
8º.- Accidente de Trabajo “in itinere” . (Art. 14 L 6/2017, art. 316.2 LGSS)
Otra novedad es que dentro del concepto de accidente de trabajo, se incluye el accidente de trabajo sufrido por el trabajador autónomo al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional, considerándose como tal el establecimiento donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad y esté así declarado fiscalmente.
9º.- Modificación de las altas y bajas de los autónomos en el Régimen Especial de Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA) (D.F. 2ª L 6/2017, nuevo art. 43 bis RD 2064/1995 )
A partir del 1 de enero de 2018 se permitirá que hasta tres altas y tres bajas en el RETA dentro de cada año natural tengan efectos desde el momento de inicio o de cese en la actividad, en lugar de por meses completos (solo pagarán por días trabajados). Los efectos de la baja deberán coincidir con el día real en que el trabajador comunica su cese de actividad y la cuota fija mensual se divide por 30.
También se modifica la infracción grave de los autónomos relativa a la afiliación inicial o alta, a fin de adecuarla a esa nueva posibilidad. (D.F. 1ª, 2ª y 9ª Ley, art. 46 RD 84/1996, art. 45 RD 2064/1995, art. 22.7LISOS)
10º.- Posibilidad de deducirse gastos asociados. (Art. 11 L 6/2017, art. 30.2.5ª L 35/2006, art. 9.B.1 b RD 439/2007)
Los trabajadores autónomos podrán deducirse gastos de suministros y manutención vinculados a su actividad.
11º.- Posibilidad de abonar la cuota por días trabajados. (DF1ª,2ª L 6/2017, art. RD 84/1966, art. 45 RD 2064/ 1995art.22. 7 LISOS)
La Ley 6/2017 introduce la posibilidad, a partir del 1 de enero de 2018, de afiliación y hasta tres altas y bajas dentro de cada año natural con efecto a esas fechas. El resto de altas y bajas dentro del año tendrán efectos como siempre, desde el primer día del mes.
12º.- Domiciliación obligatoria del pago de cuotas. (D.F. 3ª Ley, D.A. 8ª RD 1415/2004)
A partir del 1 de enero de 2018, los trabajadores autónomos y los trabajadores del mar por cuenta propia vendrán obligados a la domiciliación obligatoria del pago de cuotas.
13º.- Mejoras para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo.
Se reduce el grado de discapacidad exigido (que se fijará en el intervalo entre el 33% y el 65%) a los hijos del trabajador autónomo, mayores de 30 años, afectados por una discapacidad física o sensorial, a efectos de permitir que sean contratados por aquél como trabajador por cuenta ajena.
A partir del 1 de enero de 2018, se recogen beneficios para aquellas personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que quieran ser autónomos.
SOLEDAD GALAN JORDANO
FORMAS LEGALES MATRIMONIALES DEL SISTEMA ESPAÑOL
19 octubre, 2017 Posted ByadminDerecho civil, Derecho de familiaDerecho civil, Derecho de familia0
FORMAS MATRIMONIALES DEL SISTEMA ESPAÑOL
La mayor parte de las personas, creen que en España solo se puede contraer matrimonio de dos formas, el matrimonio civil o laico y el religioso por el rito de la Iglesia Católica. Nada más lejos de la realidad. Es nuestra intención en este artículo, dar a conocer las distintas formas de contraer matrimonio en el sistema jurídico español, junto a los requisitos exigidos para su celebración.
Antes de la celebración del matrimonio:
Previa a la celebración del matrimonio, quienes deseen contraerlo, (hombre y mujer, hombre y hombre y mujer y mujer) deberán iniciar expediente al efecto ante el Registro Civil (RC), acreditando que cumplen los requisitos exigidos por nuestra legislación. En dicho expediente deberá constar;
– Las menciones de identidad, incluso la profesión de los contrayentes.
– En su caso, el nombre y apellidos del cónyuge o cónyuges anteriores y fecha de disolución del matrimonio.
– La declaración de que no existe impedimento para el matrimonio (1).
– El Juez o funcionario elegido, en su caso, para la celebración.
– Pueblos en que hubiesen residido o estado domiciliados en los dos últimos años.
El escrito de solicitud deberá estar firmado por un testigo del contrayente que no pueda hacerlo. La solicitud debe de ir acompañada de la certificación de nacimiento y testimonio de la sentencia que declare, en su caso, la disolución del anterior o anteriores matrimonios, la emancipación, en su caso o la dispensa (2). Una vez cumplidos los requisitos anteriores se ratificarán ambos contrayentes ante el encargado del Registro Civil, y si está correcto se publicaran edictos por espacio de quince días exclusivamente en las poblaciones en cuya demarcación hubiesen residido o estado domiciliados, los contrayentes los dos últimos años, y la población tenga al menos 25.000 habitantes de derecho según el último censo oficial, o bien que correspondan a la circunscripción de un Consulado español con menos de 25.000 personas en el Registro de Matrícula.
Los edictos anunciaran el casamiento con todas las indicaciones contenidas en el artículo 240 Reglamento Registro Civil y con el requerimiento a los que tuviesen noticia de algún impedimento para que lo denuncien. Una vez publicados los edictos y transcurrido el plazo previsto, el encargado devolverán al Instructor los edictos con la certificación de haberse cumplido todos los requisitos legales y de haberse denunciado o no algún impedimento.
(1) Impedimentos para el matrimonio
No pueden contraer matrimonio: Los menores de edad no emancipados, los que estén ligados por vínculo matrimonial, los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos, con la salvedad de que el Ministro de justicia, puede dispensar del último de los supuestos y que el Juez de Primera Instancia, con justa causa puede dispensar de la consanguinidad hasta el tercer grado a instancia de parte y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores.
(2) La dispensa ulterior convalida desde su celebración el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes.
Una vez cumplidos los requisitos reseñados, corresponde al Juez encargado del Registro Civil o al Alcalde o concejal en quien este delegue la celebración del matrimonio. En los lugares donde no resida dicho juez, lo celebra el delegado designado reglamentariamente, y en su caso, en el extranjero el funcionario diplomático o consular encargado del R.C en el extranjero. Es necesaria la presencia de dos testigos comunes que han de ser mayores de edad.
El acto solemne del matrimonio consiste en la lectura por parte del oficiante de los artículos 66, 67y 68 del Código Civil y después preguntar a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente consienten, declarara que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá la certificación correspondiente al acto donde firmaran los contrayentes y testigos además del autorizante, acto seguido el funcionario encargado del RC inscribirá en el libro de matrimonios el correspondiente acta y entregara a los contrayentes el Libro de Familia. El matrimonio surte efectos civiles desde su celebración, por lo que la inscripción es un acto de naturaleza declarativa, no constitutiva.
MATRIMONIO RELIGIOSO.
Junto al matrimonio civil coexisten cuatro formas de matrimonio religioso, reconocidos por el Estado español, a saber:
– Matrimonio Canónico, articulo VI del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 4 de diciembre de 1979.
– Matrimonio Islámico, artículo VII de la Ley 26/1992 de 10 de noviembre, de Acuerdo de cooperación del Estado Español y Comunidad Islámica.
– Matrimonio Evangélico, articulo VII de la Ley 24/1992 de 10 de noviembre, de acuerdo de cooperación del Estado Español con la Federación de Entidades Evangélicas de España.
– Matrimonio Israelí, articulo VII de la Ley 25/1992 de 10 de noviembre, de acuerdo de cooperación del Estado Español con la Federación de Comunidades Israelitas de España.
Después de la CE, se promulgo la LO de Libertad Religiosa, que estableció la posibilidad de que el Estado cooperase con las confesiones religiosas mediante la adopción de Acuerdos o Convenios de Cooperación, cuando aquellas debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas hubieran alcanzado un arraigo notorio en la sociedad española. El sistema es básicamente el mismo, el Estado Español, reconoce eficacia al matrimonio celebrado según el rito religioso pertinente. El estado civil de persona casada se consigue desde el momento de la celebración del matrimonio contraído según el rito religioso de dichas religiones, los contrayentes deberán promover el expediente matrimonial ante el encargado del RC correspondiente y acreditar que los contrayentes reúnen los requisitos de capacidad exigidos a todos los ciudadanos para la celebración del matrimonio y la inscripción del mismo en el RC para el reconocimiento de sus efectos civiles.
Los artículos 54 y 64 del CC regulan esta forma de matrimonio además de los preceptos de la Ley y Reglamento del Registro civil relativos a su inscripción. Contiene tres requisitos;
-La concurrencia de causa grave.
– La autorización por el Ministro de Justicia.
– La inscripción en el libro especial del Registro Civil Central, pero esta inscripción no perjudicara los derechos adquiridos por terceras personas hasta que no se publique en el Registro Civil ordinario.
Esta forma de celebración tiene su origen en el derecho canónico, en este ámbito se denominó en principio “matrimonio de conciencia” (Código derecho canónico (CIC) 1917) y posteriormente el CIC 1983 utilizaba la expresión “celebración del matrimonio secreto” .Requiere la tramitación de expediente previo, pero se suprimen, obviamente los edictos como forma de publicidad. Es competencia del Ministerio de Justicia la apreciación de la gravedad del caso para autorizar esta modalidad de matrimonio. Es la modalidad especial que más controversias provoco en sede parlamentaria, pues se discutió acerca de la inconstitucionalidad del mismo por infringir, presuntamente, el artículo. 14 de la CE y entender que la publicidad del matrimonio es propio de la naturaleza jurídica de este acto constitutivo de un nuevo estado que debe ser oponible erga omnes.
MATRIMONIO EN PELIGRO DE MUERTE
El artículo. 52 del CC regula el matrimonio celebrado en peligro de muerte y establece tanto la competencia para su autorización cómo los presupuestos que debe cumplir. Esta forma de matrimonio se caracteriza por la urgencia, en realidad es una modalidad de matrimonio civil. Pueden autorizarlo el Juez encargado del Registro Civil, el delegado o el Alcalde aunque los contrayentes no residan en la localidad donde se celebre. Respecto a los militares en campaña, el Oficial o Jefe Superior inmediato. Cuando se celebre en aeronave o a bordo de nave el Capitán o Comandante de la misma.
No requiere expediente previo, dada la situación, aunque si la presencia de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada, la situación de urgencia flexibiliza la norma. El artículo 253 del RRC desarrolla aspectos de esta modalidad de matrimonio en relaciona a la inscripción del mismo. así, establece que : ” la autoridad o funcionario competente para autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte, extenderá el cata oportuna que deberá contener las circunstancias necesarias para practicar la inscripción. El Delegado del Registro Civil, designado conforme a lo previsto en el artículo71 de este Reglamento, tiene competencia para autorizar este matrimonio y levantar acta. El Juez de Paz esta dispensado de pedir instrucciones al encargado cuando lo impida la urgencia del caso, pero le dará cuenta inmediata del matrimonio autorizado”.
Aunque la urgencia del caso exima de la formación del expediente previo, hay que señalar que habrá de garantizarse por quién celebre el matrimonio y los testigos, la capacidad suficiente del contrayente en peligro de muerte para prestar válidamente el consentimiento matrimonial , fundamentalmente la capacidad mental del mismo, valiéndose para ello, si así lo considera necesario, de un dictamen médico, si llegara a la conclusión de que el contrayente no esta en condiciones de emitir un consentimiento libre y consciente, debe abstenerse de autorizar el matrimonio.
La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del Juez, Alcalde o funcionario autorizante, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente. La ley soluciona la posible falta de legitimidad a favor del acto del matrimonio, con lo que confiere seguridad a los contrayentes y estabilidad social. No obstante la legitimación del acto no es incondicional pues requiere, por un lado, la buena fe de uno de los contrayentes y, por otro, el ejercicio público de la función.
Esta modalidad de matrimonio, regulada en el art. 55 del CC, es de viejo arraigo y se ha utilizado fundamentalmente en épocas de guerra y de migración. Supone que uno de los contrayentes (poderdante) no podrá asistir a la celebración de su matrimonio y que será otra persona (apoderado) quien preste por el consentimiento matrimonial. El apoderado en el acto de la celebración del matrimonio emite una voluntad ajena y los efectos del matrimonio recaen directamente en el poderdante.
De ahí la importancia del poder, que debe ser especial para el acto concreto, otorgado en escritura pública notarial y en forma autentica, deberá contener todas las circunstancias personales del poderdante, del apoderado y la determinación de la persona con quien celebrara el matrimonio el poderdante, es decir del cónyuge que lo celebra ante el Juez , Alcalde o funcionario de su domicilio incluyéndose en el acta todos sus datos personales y la constancia de la prestación del consentimiento para el acto futuro. Se requiere el expediente previo ante el RC, y la presencia personal en el acto del otro contrayente y su inscripción en el RC. El poder se extingue por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. La revocación debe hacerse en escritura pública notarial y se pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez Alcalde o funcionario competente.
MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO CONFORME A LA “LEX LOCI“
El artículo 49-2º párrafo segundo establece la posibilidad de que los españoles puedan contraer matrimonio fuera de España, según la ley del lugar de celebración. Para su validez en España es necesario el preceptivo expediente ante el encargado del RC, y su inscripción en el mismo. Es admisible su inscripción mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración, siempre que haya constancia de la realidad de la celebración y de su legalidad conforme a la ley española.
Para cualquier aclaración estamos, como siempre a su disposición.
-ABOGADA-
PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES
3 julio, 2017 Posted ByadminDerecho de familiaDerecho de familia0
Si bien es cierto que en algunas Comunidades Autónomas, cuando se contrae matrimonio el régimen económico del mismo, salvo pacto en contrario, es el de separación de bienes, en la mayor parte del territorio español, ante el hecho del matrimonio, se aplica el régimen de gananciales, salvo pacto en contrario. No obstante el Código Civil tiene mecanismos propios de libertad de pactos para que los cónyuges puedan optar en cualquier momento de su matrimonio por el régimen de separación de bienes, que es al que nos referimos hoy.
Así pues, los artículos 1435 a 1444 del Código Civil, regulan el Régimen de Separación de Bienes, que es aquel en el que cada cónyuge es dueño de su propio patrimonio y de la gestión del mismo, independientemente del otro cónyuge, sin que se produzca ningún tipo de confusión o comunidad de bienes por el hecho del matrimonio.
Así, el art. 1437 del C.Cv, establece que “En el régimen de separación de bienes pertenecen a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo corresponderá a cada uno (cónyuge) la administración, goce y libre disposición de tales bienes”.
Nos encontramos ante una disponibilidad absoluta de cada cónyuge de sus bienes propios, es decir los adquiridos antes de optar por el régimen de separación de bienes, además de los que vayan adquiriendo cada cual durante y constante el matrimonio, con separación absoluta de titularidades y administración de bienes propios.
¿ES TAN ABSOLUTA ESA DISPONIBILIDAD?
Hay una disponibilidad relativa porque el art. 1318 C.Cv establece que “Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio”
Y el art. 1438 establece que “Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalara a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación”.
¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR CARGAS DEL MATRIMONIO O FAMILIARES?
Son cargas del matrimonio los gastos de subsistencia, en el más amplio sentido, (colegios, seguros médicos, profesores de apoyo, médicos y medicinas no cubiertos por la Seguridad Social, alimentos, vestido, vivienda, ocio etc.) entendida la familia como familia nuclear, es decir la compuesta de padres e hijos. Cada cónyuge, con independencia de los bienes que tengan, tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de su familia, en proporción a sus respectivos recursos económicos. El que tiene más deberá aportar más que el que tenga menos, siempre teniendo en cuenta los recursos que cada cual genera con su trabajo y sus bienes propios. Otra forma de contribuir, es el trabajo para la casa llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, generalmente la mujer.
¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR TRABAJO PARA LA CASA?
La reforma del C.Cv., llevada a cabo por la Ley 11/1981, en su art. 1438, recoge que el trabajo doméstico es una contribución a las cargas familiares y la reforma de la Ley 13/2005, incorporo al art. 68 del mismo texto legal, el deber de compartir las responsabilidades domésticas, cuyo incumplimiento será resarcible en caso de extinción del régimen de separación de bienes por separación o divorcio.
El trabajo para la casa es el que comúnmente conocemos como la limpieza del hogar, la atención a los hijos, el cuidado de la ropa, educación, comida, aseo, dirección económica y administrativa del hogar, cuidados y atención de mayores o incapacitados que convivan en la casa con la familia a cargo de los cónyuges, llevar a los niños al colegio, al médico, a las actividades extra-escolares, organizar el ocio familiar, hacer la compra, conducir vehículos para el traslado de niños, familiares y otros similares.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011, sentó el derecho a obtener una compensación económica por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes. Así pues, el trabajo para la casa no solo es una forma de contribución sino que es también un título para conseguir una compensación económica en el momento en que se extinga el matrimonio en régimen de separación de bienes.
El fundamento de este derecho se encuentra en la desigualdad que se produce cuando un cónyuge se dedica exclusivamente a hacer un trabajo en el que tienen que contribuir ambos cónyuges, y el que asume todo el trabajo para la casa no se beneficia de las ganancias que obtiene para su patrimonio personal el cónyuge que no contribuye a los trabajos para la casa, permitiendo a este quedar liberado de dichos trabajos en su propio beneficio.
¿QUÉ EXIGE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL PARA EL DERECHO A LA COMPENSACIÓN UNA VEZ EXTINGUIDO EL MATRIMONIO EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES?
En primer lugar la dedicación exclusiva a la familia. Si el cónyuge ha contribuido con el trabajo para la casa al levantamiento de las cargas familiares, es suficiente para obtener una compensación económica una vez se extinga el matrimonio y, como venimos repitiendo, el régimen matrimonial haya sido el de separación de bienes. El que el otro cónyuge haya conseguido o no un incremento patrimonial durante el matrimonio no afecta al derecho a la compensación del cónyuge dedicado al trabajo de la casa.
No afecta que el cónyuge se haya ayudado de personal para el trabajo de la casa, lo importante que haya asumido todo lo relacionado con la casa y la organización y orden domestico de forma exclusiva durante y constante el matrimonio. En este sentido la AP de Córdoba en Sentencia de 6 de febrero de 2004 establecía “…no todo lo que precisa una casa lo realiza el servicio doméstico que pueda tener, ni el persona que realiza este cometido esta normalmente, el día entero ni todos los días…”
¿QUÉ DERECHOS ASISTEN AL CÓNYUGE DEDICADO AL TRABAJO DOMESTICO EN UN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES CUANDO SE EXTINGUE EL MATRIMONIO POR SENTENCIA DE SEPARACIÓN O DIVORCIO?
El derecho a la pensión compensatoria, es un derecho dispositivo, es decir que es el cónyuge beneficiario quien lo tiene que solicitar, puede también no ejercerlo. No es un derecho automático por el hecho de la separación o divorcio.
La pensión compensatoria es compatible con la pensión por desequilibrio económico prevista en el art. 97 del C.Cv, que puede solicitar el cónyuge al que la separación o divorcio haya producido un desequilibrio en relación al estatus o nivel de vida que mantenía durante su matrimonio en cualquier régimen, tanto el de gananciales como el de separación de bienes.
Ambas pensiones son totalmente compatibles.
¿CÓMO SE CUANTIFICA LA PENSIÓN COMPENSATORIA?
A falta de acuerdo, tendrá que decidir el Juez, por lo que aconsejo llegar a un acuerdo sobre el tema.
Las últimas sentencias han aplicado el criterio del sueldo del servicio doméstico y han establecido una pensión mensual de 600 euros durante todo el tiempo que duro el matrimonio. Eso no empece a que en otras la cantidad sea superior pues son varios los factores a tener en cuenta, por ejemplo, si el cónyuge que se ha dedicado a las tareas de la casa tuvo que renunciar al ejercicio de su profesión para dedicarse al trabajo de la casa por favorecer al esposo en su profesión, en casos de traslado de destino etc. etc.
¿SE PUEDE PREVER ESTA SITUACIÓN EN LOS PACTOS PREMATRIMONIALES?
Los pactos prematrimoniales renunciando a la pensión compensatoria son posibles, dado el carácter de derecho dispositivo de la norma que lo regula, siempre que los pactos prematrimoniales, como ya dijimos en su día, se realicen con las garantías legales de la constitución en escritura pública y mutuo consenso así como la renovación y /o confirmación de los mismos a lo largo del tiempo.
Para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición en Galán Abogados.
21 junio, 2017 22 junio, 2017 Posted ByadminDerecho administrativoDerecho administrativo0
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más popularmente conocido como “plusvalía municipal” es un impuesto directo, de devengo instantáneo, municipal y de establecimiento voluntario por los ayuntamientos, a quienes corresponde íntegramente su gestión.
¿QUÉ GRAVA LA PLUSVALÍA?
– La transmisión de su propiedad por cualquier título, tales como la transmisión por herencia o legado; la declaración de herederos “ab intestato” y/o la transmisión por donación, compraventa o permuta.
– La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre dichos terrenos. Como ejemplos a tener presente el usufructo y el derecho de uso y habitación.
¿QUIÉN LO SOPORTA?
Cuando es a título lucrativo (por ejemplo, por donación) es sujeto pasivo el adquirente del terreno o la persona o entidad a cuyo favor se constituye o transmite el derecho real.
En cambio, si es a título oneroso (por ejemplo, una compraventa) es sujeto pasivo el transmitente del terreno o la persona o entidad que constituye o transmite el derecho real.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 11 de mayo de 2017, ha declarado inconstitucional el pago de este impuesto cuando el vendedor ha obtenido una pérdida por la venta del inmueble.
Por consiguiente, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.
Por tanto, se desprende del contenido de la STC la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.
Existen dos opciones según el caso:
Si se realizó una liquidación del impuesto (es el ayuntamiento quien realiza el cálculo), el plazo para recurrirla será de 1 mes. Después de esa fecha la liquidación pasa a ser firme.
Si se consumó una autoliquidación del impuesto (realizada a iniciativa de la propia persona afectada o contribuyente), el plazo para poder reclamarla y solicitar la oportuna rectificación y devolución del ingreso indebido será de 4 años. El paso de esos 4 años significará la prescripción.
Ultima el Tribunal Constitucional que, a partir de la publicación de la sentencia, “corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
Galán Abogados se encuentra a su disposición para el estudio de su caso y proceder a su impugnación tras el abono de dicho impuesto requerido, con el fin de recuperar las cantidades pagadas de más junto con los intereses de demora que procedan.
LA MEDIACION COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
2 mayo, 2017 Posted ByadminMediaciónMediación0
LA MEDIACIÓN COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se abre al justiciable como un abanico de posibilidades en la resolución de sus conflictos, más amplio que la concurrencia obligatoria a los Tribunales o al Arbitraje.
Pienso que es una norma muy interesante para resolver conflictos entre partes y no entiendo porque no se le ha dado la importancia debida, a través de los medios de comunicación, pues el ciudadano debe saber y comprender todos los medios a su alcance para resolver cualquier problema que le pueda sobrevenir.
El ciudadano debe saber;
¿Qué es la ley de Mediación?
Como dice en su exposición de motivos, esta Ley nace por la necesidad de establecer sistemas alternativos de resolución de conflictos, existentes en otros países de nuestro entorno desde los años sesenta del pasado siglo. Su característica fundamental, además de la voluntariedad, es la deslegalización, o perdida del papel de la ley en beneficio de un principio dispositivo de las partes en conflicto, es decir que las partes pueden resolver sus controversias obviando la legalidad para satisfacer sus intereses, lo que no quiere decir que los acuerdos así adoptados puedan ser ilegales, sino que el acuerdo se desarrolla en un marco de consenso, distinto al de la imposición legal.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a los conflictos entre partes en España y entre españoles y ciudadanos o entidades de la Unión Europea (Directiva 2008/52/CE)
Todos conocemos la mecánica de los Juzgados y el coste que, para el ciudadano supone cualquier conflicto que le sobrevenga con otra persona o entidad, además del tiempo empleado por los juzgadores, sobrecargados de trabajo, para su solución, solución que, basada en la dicotomía vencedor/ vencido, finalmente o en muy pocas ocasiones satisface a las partes en conflicto.
La mecánica de la mediación es bien distinta, pues se busca la satisfacción de ambas partes llegando a una solución en la que ninguna de ellas es vencedora ni vencida, sino que se acuerda una solución, que ambas partes consideran justa.
El coste es mínimo, y la rapidez en la resolución del conflicto, inimaginable, comparado con el tiempo de una resolución judicial.
El acuerdo alcanzado es equiparable a la sentencia dictada por cualquier tribunal y exigible entre las partes de la misma forma.
El Mediador es la pieza esencial de la mediación, puesto que su misión consiste en ayudar a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida entre las partes. Debe ser una persona formada, con conocimiento general de la Ley aplicable al asunto, para conseguir una solución ajustada a derecho, y puede ayudarse de peritos, si lo considera conveniente. No puede tener incompatibilidad con las partes en conflicto, (amigo, socio, etc.) y tampoco interés en el asunto que se le somete a mediación. La mediación es confidencial de modo que el Mediador no podrá comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo que esta lo autorizara expresamente.
La mediación necesita el consenso de las partes en conflicto. Ambas partes deben decidir quién debe ser la persona a la que, como Mediador, sometan ese conflicto.
¿Quiénes pueden ser mediadores?
En primer lugar las personas físicas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, también pueden serlo las personas jurídicas, quienes designaran a personas físicas para el ejercicio de la mediación.
Tienen que estar en posesión de un Título Universitario o de Formación Profesional Superior y contar con formación específica para ejercer la mediación.
¿Sobre que materias no es posible la Mediación?
Sobre el derecho civil, mercantil y laboral no dispositivo. Por ejemplo, se puede mediar en una separación o divorcio, con hijos, pero lo acordado debe presentarse al Juez competente y darle traslado al Ministerio Fiscal para la aprobación del acuerdo, porque no se puede transigir sobre los derechos de los menores. Si no hay hijos, el acuerdo alcanzado con la mediación, una vez elevado a escritura pública, sobre la que después volveré, tiene el mismo valor que una sentencia judicial.
¿Cuál es el proceso de mediación?
Una vez elegido el Mediador, se acude a su despacho y se le expone el tema de conflicto.
Se redacta un contrato de mediación, en el que identificadas las partes , el mediador y el conflicto, se establece un plazo para la resolución del mismo, (entre 1 y 3 meses) los honorarios del Mediador, y la provisión de fondos, así como la indicación de que ambas partes satisfarán sus honorarios en la forma convenida, que generalmente es del 50%.
El mediador llamara, por separado, a cada una de las partes, para conocer las distintos puntos de vista del conflicto, y celebrara una o varias sesiones conjuntas, indicando a las partes las posibilidades de solucionar el conflicto, el mediador no adopta la solución del conflicto solo ayuda a las partes a encontrar la solución que ambas consideran justa y que suscribirán.
¿Si tengo un pleito en el Juzgado, puedo intentar la mediación?
Si tenemos un pleito en el Juzgado y queremos intentar la mediación, solo hay que ponerlo en conocimiento del Mediador para solicitar la suspensión del procedimiento a resultas de la mediación.
¿Qué valor tiene al acuerdo alcanzado en la mediación?
Una vez alcanzado el acuerdo, las partes pueden elevarlo a escritura pública. Es decir acuden al Notario para que eleve a público el acuerdo. Caso de incumplimiento el acuerdo elevado a público se ejecuta como una sentencia.
El proceso es fácil, relativamente económico, rápido y efectivo, por lo que confío en que en un futuro próximo, y ya en el presente inmediato, sirva de solución a conflictos entre partes de forma voluntaria, pues hay un aforismo en derecho que dice “más vale un mal acuerdo que una buena sentencia.”
Mediador Civil – Mercantil
LOS PACTOS PREMATRIMONIALES, CONCEPTO Y ALCANCE.
17 abril, 2017 19 abril, 2017 Posted ByadminDerecho de familiaDerecho de familia0
CON CARÁCTER PREVIO AL MATRIMONIO ¿SE PUEDEN ESTABLECER ACUERDOS PARA EL CASO DE UNA POSIBLE FUTURA RUPTURA MATRIMONIAL?
Durante los últimos cuarenta años el derecho de familia español, se ha venido caracterizando por el reconocimiento, cada vez mayor, de la autonomía de la voluntad. Esta evolución ha venido marcada, en principio por la Ley 14/1975 de 2 de mayo, que elimino las limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada, pasando por la Ley 11/1981 de 13 de mayo, que estableció la libertad de los cónyuges para poder celebrar entre si cualquier clase de negocio jurídico, y la Ley 30/1981 de 7 de julio, que a través del reconocimiento de la separación y divorcio matrimoniales introdujo el convenio regulador, que permitía a los cónyuges en proceso de ruptura matrimonial consensuar, de mutuo acuerdo, los efectos de esa ruptura, y finalmente la Ley 15/2005 de 8 de julio, que ha reconocido a los cónyuges el derecho a la ruptura matrimonial no causal, es decir, sin más causa que el transcurso del tiempo de tres meses de casados para solicitar el divorcio, lo que supone una ampliación de la autonomía de la voluntad, para separarse o divorciarse, determinando los efectos de la ruptura matrimonial.
Seguro que todos sabemos que en nuestro derecho común, está permitida, por así contemplarlo nuestra legislación las denominadas Capitulaciones Matrimoniales, que tienen lugar con carácter previo a la celebración del matrimonio, como reminiscencia de la antigua prohibición de poder contratar los esposos entre sí. La celebración de capitulaciones matrimoniales, trae como consecuencia lógica que sea la separación de bienes el régimen económico por el que se regirá el futuro matrimonio, siendo esta la norma en autonomías como Cataluña, con derecho Foral, que a través del Código Civil de Cataluña regula el derecho de familia.
En nuestro derecho común, la norma es al revés, las capitulaciones matrimoniales son la excepción siendo la norma general la ausencia de capitulaciones lo que automáticamente nos lleva al régimen económico matrimonial de gananciales, que se caracteriza por la presunción de ganancialidad de todo lo que se adquiera durante y constante el matrimonio, lo adquiera uno u otro cónyuge, o ambos con su trabajo.
¿Qué ocurre cuando en el matrimonio se instala el régimen de gananciales? Pues que en caso de ruptura se da un proceso largo, complicado, costoso y sin sentido por la cerrazón a veces de ambos cónyuges, otras de uno de ellos, auspiciado por el malestar personal que, evidentemente, se crea cuando se está instalado en un proceso de ruptura conyugal.
Pero si el llegar a un acuerdo, en el plano económico de reparto de bienes, es complicado, más penoso y sobre todo doloroso es determinar las futuras relaciones paterno filiales, la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores, como se ejerce la patria potestad, si se considera la posibilidad de una custodia compartida, el régimen de visitas, en su caso, la pensión de alimentos a los hijos, la prestación por desequilibrio económico al otro cónyuge, la atribución del uso de la vivienda familiar, que hacer en caso de hijos incapacitados, medidas todas ellas a adoptar necesariamente al momento de la ruptura conyugal.
Todos hemos pensado alguna vez, que si todas estas cuestiones se hubieran resuelto con carácter previo al matrimonio, en el momento de la ruptura, momento delicado donde los haya, solo habría que aplicar lo acordado sin más presiones que las ya ocasionadas por el hecho de la ruptura en sí.
¿Admite nuestro derecho positivo los pactos o convenios en previsión de ruptura?
Aunque nuestro Código Civil no contempla expresamente la posibilidad de estos convenios preventivos, no es menos cierto que estos encuentran su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, (art. 1255 CC), la plena capacidad de los cónyuges para contratar entre sí (art. 1323 CC), y, la de adoptar cualquier estipulación por razón de su matrimonio (art.1325 CC), la aplicación a lo acordado de las normas generales de la contratación (art. 1255 CC) que admite su validez siempre que lo acordado no sea contrarios a la ley, la moral o el orden público y la posibilidad de invalidar los acuerdos adoptados por vicios de consentimiento o falta de capacidad (art. 1279 CC).
La existencia de la normativa señalada, así como gran cantidad de sentencias de interpretación de estos convenios preventivos, nos llevan a concluir que estos pactos o convenios son posibles y deseables, y que su eficacia, siempre que los mismos cumplan lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico está garantizada.
En Galán Abogados le asesoramos acerca de los pactos en previsión de ruptura, si fuere asunto de su interés.
La cláusula suelo en las hipotecas inmobiliarias
3 abril, 2017 19 abril, 2017 Posted ByadminDerecho mercantilDerecho mercantil0
El suelo establece el límite concreto referido a las cláusulas suelo, en el sentido de constituirse un interés mínimo a pagar en las cuotas de un préstamo hipotecario.
Dicho límite mínimo se lleva a cabo en aquellas hipotecas con tipo de interés variable; en el sentido de que toma como referencia la evolución de un determinado índice, en general, el Euribor. Ello quiere decir que, pese a una posible bajada de los tipos de interés del índice referenciado, la tasa de interés aplicada por el banco no bajará más allá de un determinado nivel.
Según explicaciones del Banco de España, las cláusulas suelo no son ilegales como norma general. Lo cual no obsta para que las entidades bancarias estén obligadas a informar de forma adecuada a sus clientes acerca de las particularidades y consecuencias de la presencia de un suelo en sus préstamos hipotecarios. Contrario sensu, dicha cláusula podrá ser consideraba abusiva y anulada del contrato.
En este sentido, la sentencia de 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia en el tratamiento que las cláusulas suelo, declarando que la nulidad de las mismas se debe a la falta de transparencia que tuvo lugar durante el proceso de contratación de la hipoteca. Los prestatarios podían entonces reclamar dicha abusividad y recuperar la cantidad dineraria correspondiente desde la fecha de dicha sentencia.
Entonces, ¿no se podía recuperar las cantidades abusivas abonadas con anterioridad al 9 de mayo de 2013? Fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien, en fecha 21 de diciembre de 2015, dio a conocer el fallo en relación con la retroactividad de los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo.
El Tribunal de Justicia entiende que, según la Directiva, las cláusulas abusivas no podrán vincular al consumidor, en las condiciones acordadas por el Derecho de los Estados miembros, correspondiendo a éstos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para el cese del uso de tales cláusulas.
El Tribunal de Justicia explica que incumbe al juez nacional dejar sin aplicación la cláusula abusiva, de manera que se considere que dicha cláusula no ha existido nunca y que, en ese sentido, no produzca efectos vinculantes para el consumidor mediante el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Es por ello por lo que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor.
A la vista de esta doctrina del TJUE, se arbitra un cauce extrajudicial de carácter voluntario para el consumidor, facilitándose el poder llegar a un acuerdo con la entidad de crédito en España: el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
Todos los afectados por una hipoteca con cláusula suelo pueden reclamar extrajudicialmente ante su entidad bancaria. Si la entidad reconoce la citada cláusula abusiva, puede compensar mediante el cobro en efectivo o la minoración del principal que quede pendiente de pagar de la hipoteca en una cantidad equivalente, entre otros.
Galán Abogados se encuentra a su disposición para el estudio de su caso y proceder a la reclamación judicial, con el fin de obtener la declaración de nulidad de su cláusula suelo y confirmar que el cálculo del perjuicio causado es el adecuado, así como el re-cálculo del cuadro de amortización.
Custodia Compartida: Evolución y Aplicación
30 marzo, 2017 31 marzo, 2017 Posted ByadminDerecho de familiaDerecho de familia0
A PROPÓSITO DE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA
Desde la Ley 30/1981, que introdujo en nuestra legislación el divorcio y la posibilidad de atribuir a uno de los progenitores la guarda y custodia y la patria potestad conjunta, hasta el momento actual, mucho ha ocurrido en nuestro derecho de familia.
La Ley 30/1981, atribuía de modo casi exclusivo la guarda y custodia de los hijos menores a la madre, salvo que se acreditase que no era una “buena madre”, fijando para el padre un régimen de visitas restrictivo, y atribuyendo a los hijos y a la madre el domicilio familiar hasta que estos tuvieran independencia económica, imponiéndole al progenitor no custodio la obligación de alimentos cuantificada según sus ingresos y posición social.
El objetivo de esta ley, principalmente, fue regular la situación de matrimonios en crisis que no podían acceder al divorcio porque no existía normativa al respecto.
Me atrevo a decir, desde mi experiencia, que esta ley no tenía en cuenta el interés de los menores, que pasaban, de poder estar con sus progenitores todos los días, a ver a su progenitor no custodio dos días cada quince, la consabida coletilla de “fines de semana alternos” y algunos días de vacaciones, entregando las riendas de la educación de los hijos menores a la madre, sin la intervención paterna.
La Ley 15/2005 de 8 de julio, supuso un avance en la denominada custodia compartida, pero contaba con obstáculos a veces insalvables, como el consentimiento de ambos progenitores y el informe favorable del Ministerio Fiscal, digamos que suponía una apertura favorable al interés del menor, pero se quedaba corta, se debería avanzar más.
Es, por un lado el clamor popular de esos padres, que quieren ser coparticipes de la educación de sus hijos, de esas madres que trabajan y que finalmente tienen el mismo tiempo y, a veces menos, que el otro progenitor para dedicarlo a la formación de sus hijos, y de otro, la jurisprudencia, que va adaptando esa Ley 15/2005 a las circunstancias de vida actuales, y sobre todo al entendimiento de que, por encima de disputas personales y de pareja, muy por encima de medios económicos, lo único que de verdad debe importar en el momento del divorcio, es el interés del menor, que es la parte indefensa e inocente de la ruptura conyugal.
A partir de ese entendimiento jurisprudencial, en sentencias, entre otras muchas, la de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 29/04/2013, Resolución 257/2013, siendo ponente Seijas Quintana, que establece que: “la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino que habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible”…, o cómo precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : “se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel…,puede entenderse que el gobierno haya presentado y aprobado un anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de separación nulidad o divorcio.
Ya el tratamiento del lenguaje adivina un cambio a favor de los menores exigiendo una colaboración de ambos padres para llegar a esa corresponsabilidad en la educación de los hijos, a la que todo menor tiene derecho, esté vigente o no el matrimonio de sus padres. Qué duda cabe que los órganos judiciales están hoy más abiertos a la custodia compartida que cuando se promulgo la ley 15/2005, pero aún hay que batallar más en ese sentido, nadie negara, mirando retrospectivamente a su niñez y adolescencia, la importancia de su padre y su madre en la educación que recibió, seguramente no pueda decir quién de los dos aportó más, pero los sintió igualmente necesarios.
En nuestro despacho, desde siempre, hemos batallado por la custodia compartida y hemos cosechado para nuestros clientes resoluciones favorables en ese sentido. Apoyamos y apoyaremos el derecho del menor a estar de forma igualitaria con sus dos progenitores, orientamos a los progenitores a despojarse de ese derecho a la educación, que a veces sienten de forma exclusiva y a entender que la educación y formación de los hijos es corresponsabilidad de ambos progenitores, ejercida de forma conjunta en beneficio exclusivamente de esos menores que sienten derrumbarse su mundo cuando sus padres deciden terminar la relación conyugal.
Soledad Galán.
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 240
 artículo 253
 artículo71
 artículo 49
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 92
 artículo 9