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Timestamp: 2018-02-23 16:30:10+00:00

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Real Decreto Ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia).
Artículo 2 Ayudas de emergencia
Artículo 4 Límite y compatibilidad de las ayudas
Artículo 7 Daños en infraestructuras municipales
Artículo 8 Habilitación de créditos
Artículo 11 Convenios de colaboración con otras Administraciones públicas
R Congreso de los Diputados 10 Mar. 2005 (acuerdo de convalidación RDL 2/2005 de 11 Feb., medidas urgentes para reparar daños causados por movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días de febrero de 2005 en Lorca, Murcia)
Véase Res. 10 marzo 2005, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del R.D. Ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia) («B.O.E.» 16 marzo).
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de los Ministros del Interior, de Administraciones Públicas y de Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de febrero de 2005,
Las medidas establecidas en este real decreto ley se aplicarán a la reparación de los daños ocasionados por los movimientos sísmicos producidos el día 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca, del municipio de Lorca (Murcia).
4.º La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe de 70,87 euros/m²/alquiler año por vivienda.
Véase Orden INT/758/2005, de 14 de marzo, por la que se delegan determinadas competencias en el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de concesión de ayudas de emergencia previstas en el R.D. Ley 2/2005, de 11 de febrero («B.O.E.» 29 marzo).
b) Para los gastos de emergencia en que haya incurrido el Ayuntamiento de Lorca y sus pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca en relación con los movimientos sísmicos que han afectado a estas últimas, que hayan resultado imprescindibles e inaplazables para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y para aquellos gastos ocasionados por la prestación personal o de bienes o servicios de aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido requeridas por la autoridad competente con motivo de la situación de emergencia. Véase Orden INT/758/2005, de 14 de marzo, por la que se delegan determinadas competencias en el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de concesión de ayudas de emergencia previstas en el R.D. Ley 2/2005, de 11 de febrero («B.O.E.» 29 marzo).
3.º Podrán también ser beneficiarios de estas ayudas previstas para la reconstrucción, rehabilitación o reparación de una vivienda siniestrada los que la ocuparan como residencia habitual, en calidad de usufructuarios o arrendatarios con contrato sometido a prórroga forzosa. En tal caso, a los efectos de su reconstrucción, rehabilitación o reparación, resultará perceptor de la ayuda correspondiente quien acredite ser propietario del inmueble.
2. Las ayudas de emergencia que se establecen en este artículo tendrán carácter extraordinario y se regirán por lo dispuesto en este real decreto ley. Para su concesión no será de aplicación lo establecido sobre la materia en la Orden del Ministerio del Interior, de 18 de marzo de 1993, por la que se regula el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas, modificada por la Orden de 30 de julio de 1996.
El valor de las ayudas concedidas en aplicación de este real decreto ley, en lo que a los daños materiales se refiere, no podrá superar en ningún caso la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por igual concepto, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.
1. La financiación de las ayudas previstas en el artículo 2.1.a) se financiarán en un 50 por ciento por la Administración General del Estado, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.01.134 M.482, «Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia», dotada con el carácter de ampliable, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior, y, en su caso, el restante 50 por ciento por las otras Administraciones públicas según los acuerdos que se alcancen.
2. Las ayudas previstas en el artículo 2.1.b) se costearán en su totalidad por la Administración General del Estado, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 16.01.134 M.461, «A corporaciones locales para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia», y 16.01.134 M. 471, «A empresas privadas por actividades realizadas a requerimiento de la autoridad competente en situaciones de emergencia», dotadas, con el carácter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior. Los gastos originados deberán acreditarse ante el órgano competente para resolver por medio de las correspondientes facturas emitidas de conformidad con el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
3. La financiación de las ayudas para reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, que se determinan en el apartado 1.c) del artículo 2, se efectuará en un 50 por ciento por la Administración General del Estado, con cargo al crédito al que se refiere el apartado 1 del artículo 8 de este real decreto ley y, en su caso, el restante 50 por ciento, por las otras Administraciones públicas según los acuerdos que se alcancen.
1. A los proyectos que ejecuten las entidades locales a los que son de aplicación las medidas extraordinarias previstas en este real decreto ley, relativos a obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios previstos en el artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se les aplicará el trámite de urgencia, y el Estado podrá concederles una subvención máxima del 50 por ciento de su coste.
1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2005 que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo y similares, de naturaleza urbana, situados en las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca, del municipio de Lorca (Murcia), dañados como consecuencia de los movimientos sísmicos a que se refiere el artículo 1 de este real decreto ley, cuando se acredite que, tanto las personas como los bienes ubicados en aquéllos, hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos.
1. Se crea una comisión interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en este real decreto ley, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, e integrada por representantes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Economía y Hacienda; del Interior; de Administraciones Públicas; y de Vivienda, así como por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros.
2. La determinación de daños y la evaluación general de las necesidades atendidas con las medidas previstas en este real decreto ley se llevarán a cabo por la comisión a que se refiere el apartado anterior, en coordinación con las autoridades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno en dicha comunidad autónoma.
La Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso, el Ayuntamiento de Lorca podrán celebrar los convenios de colaboración que resulten necesarios para la aplicación de las medidas previstas en este real decreto ley.
Las Administraciones intervinientes en la financiación de las ayudas previstas en este real decreto ley se reservan la facultad de controlar el cumplimiento de su objeto, condiciones y finalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y disposiciones concordantes.
Lo establecido en este real decreto ley se entiende sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al amparo de su Estatuto de Autonomía.
El Gobierno y los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución de lo establecido en este real decreto ley.

References: Artículo 2

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 11
 artículo 86
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 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 2
 artículo 8
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 artículo 26
 artículo 1
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