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Timestamp: 2019-09-23 11:59:47+00:00

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Nuevo régimen de exoneración del software: DGI reglamenta sus disposiciones
El pasado 30 de noviembre la DGI emitió la Resolución 10403/018, la que regula algunas cuestiones relacionadas con la exoneración del IRAE aplicable a las actividades de producción de soportes lógicos –en lo sucesivo, «programas»- y de los servicios vinculados a los mismos –de ahora en más, «servicios»- introducida por la Ley 19.637 y el Decreto 244/018. A continuación, y por razones de brevedad, se versará sobre los aspectos más salientes de la resolución de marras.
La resolución establece la obligatoriedad de presentar, a fin de cada ejercicio fiscal, sendas declaraciones juradas para las actividades de programas y de servicios. En apretada síntesis, para el caso de los programas, deberá detallarse, por cada activo, información relativa a su registro de acuerdo con la Ley 9739 (requisito preceptivo para acceder a la exoneración), la determinación del coeficiente de exoneración y el monto de los ingresos exonerados. Por otra parte, para la actividad de servicios deberá incluirse información, en forma global, sobre los recursos humanos empleados, la cantidad de horas contratadas con otros prestadores de software ubicados en territorio nacional, el importe de los gastos y costos directos incurridos en el país y en el exterior; además del monto de los ingresos exonerados.
El plazo para la presentación de las declaraciones juradas de referencia será el mismo que el de la declaración jurada de IRAE asociada a las mismas.
En caso de que el programa se haya registrado a nombre de una persona física –en lo sucesivo, «PF»- socia o accionista de un contribuyente de IRAE, es necesario que la PF le ceda el uso del programa a la persona jurídica para permitir su explotación. Esta operación de cesión de uso cumpliría con la definición de incremento patrimonial contenida en el IRPF, puesto que se trata de la transmisión de un desmembramiento del derecho de dominio sobre un bien; por lo que teóricamente se encontraría gravada por el impuesto.
No obstante, la resolución, en postura que compartimos, preceptúa que a los solos efectos fiscales los programas registrados se reputarán propiedad de la persona jurídica que los desarrolló, a condición de que la PF socia o accionista de aquella conceda el derecho a su uso y explotación exclusivas. En suma, la cesión de uso del socio o accionista al contribuyente de IRAE no desencadenará un incremento patrimonial en sede del IRPF.
Un aspecto no menor de la exoneración aplicable a los programas es que para acceder a la misma debe dejarse constancia en la documentación que respalde las operaciones, el número de registro del activo correspondiente, además del porcentaje de exoneración aplicable.
Por otro lado, para el caso de los servicios, también deberá indicarse en la documentación si las rentas derivadas de tales actividades se encuentran exoneradas del IRAE o no.
Sin perjuicio de lo anterior, el contribuyente tiene la potestad de renunciar a la exoneración, documentando sus operaciones sin las constancias. Esta opción puede ser de utilidad para aquellos contribuyentes que facturan el grueso de sus ingresos a otros contribuyentes de IRAE, quienes al momento de aplicar la regla candado se verían privados de deducir los gastos incurridos en materia de programas o de servicios si los ingresos del prestador constituyeran rentas exentas.
La emisión de documentación sin constancia en materia de programas o de servicios (sea por haber ejercicio voluntariamente la opción o por mera omisión) impedirá acceder a las exoneraciones aplicables a los programas o a los servicios durante todo el ejercicio fiscal en que se haya verificado la ausencia de tales constancias. A nuestro entender, opinamos que desde el punto de vista de la técnica jurídica tributaria, incluir una disposición tan drástica a través de una resolución fue una decisión algo infeliz.
INGRESO A E-FACTURA
Persiguiendo obvios propósitos de control, la resolución constriñe a las entidades que desarrollen programas o brinden servicios, y cumplan con el aspecto subjetivo de la exoneración (estar comprendidas dentro de los numerales 1 a 7 del literal A del artículo 3 del Título 4); a adherirse al régimen de e-factura. La resolución concede un plazo de 90 días a las empresas nuevas para la postulación, mientras que las empresas en marcha deberán postularse antes del 1 de marzo de 2019.
Si bien no cabe duda que la resolución arroja luz sobre varias cuestiones vinculadas al régimen de exoneración del software, no es menos cierto que subsisten vacíos normativos y definiciones poco precisas en sus disposiciones que ameritarán ulteriores modificaciones a la misma, además de la inclusión de una serie de cláusulas de vigencia transitoria que acarrearán dificultades prácticas en su implementación para los contribuyentes, dada la proximidad de los vencimientos.
Con todo, el intento por parte del legislador de crear una normativa que simultáneamente cumpliera con los estándares en materia de fiscalidad internacional, mantuviera un régimen exoneratorio para la actividad y no implicara una intolerable pérdida de recaudación derivó en la redacción de un cuerpo normativo demasiado complejo, obviando una vez más el principio tributario de simplicidad, supuesta inspiración y pilar de la reforma tributaria de 2007.

References: Resolución 
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 artículo 3
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